Source: http://proconsumer.org.ar/index.php/tematicas/retrospectiva/80-proconsumer/295-reestructuracion-tarifaria-kichner
Timestamp: 2017-08-24 04:37:28+00:00

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Reestructuracion Tarifaria- Kichner
Jueves, 24 Agosto 2017 Identificarse
(Administración Kirchner)
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LA RENEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS
A PARTIR DEL 25 DE MAYO DE 2003
La presente exposición respecto a la renegociación y situación de los servicios públicos, ha sido elaborado en base a investigaciones, análisis y notas periodísticas de los principales diarios del país y otras fuentes consideradas responsables.
A efectos de fortalecer el movimiento de consumidores y usuarios en el proceso de renegociación y/o reestructuración tarifaría de los servicios públicos, lo invitamos a que nos envíe sus ideas, posiciones, comentarios o cualquier tipo de recomendación que pueda estimar.
Asimismo, debemos agradecer a nuestro Coordinador Miguel Fernández Madero, por su colaboración en forma incondicional y continua en la elaboración del presente documento.
Pte. de Proconsumer
NUEVAS AUTORIDADES y PARTES EN LA UNIDAD RENEGOCIADORA
SITUACIÓN GENERAL. DIFERENTES POSICIONES DEL GOBIERNO
DEMANDAS INTERNACIONALES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
a. La provisión de servicios de agua potable y desagües cloacales.
b. El servicio de transporte y distribución de energía eléctrica.
c. El servicio de transporte y distribución de gas.
d. El servicio de telecomunicaciones de telefonía básica (fija).
e. El transporte público automotor y ferroviario de personas, de superficie y subterráneo.
f. El servicio ferroviario de cargas.
g. Las concesiones viales con cobro a usuarios, incluidos los accesos a la ciudad de Buenos Aires
h. El servicio portuario
i. Las vías fluviales por peaje
j. La concesión del servicio de la Terminal de Omnibus de Retiro de la ciudad de Buenos Aires.
k. El servicio Postal, Monetario y de Telegrafía.
l. El Sistema Nacional de Aeropuertos
NUEVAS AUTORIDADES - PARTES EN LA UNIREN (Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos) y BICAMERAL DE SEGUIMIENTO.
El 04/07/03 se publicó en el B.O. el Decreto 311/2003 que crea la UNIDAD DE RENEGOCIACION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PUBLICOS en el ámbito de los Ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con la misión de asesorar y asistir en el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos dispuesta por la Ley Nº 25.561, y la transferencia de los procesos de renegociación a que hubiere lugar respecto del Contrato de Concesión del Servicio Postal, Monetario y de Telegrafía y del Contrato de Concesión del Sistema Nacional de Aeropuertos a la Unidad mencionada.
La UNIDAD DE RENEGOCIACION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PUBLICOS será presidida por los señores Ministros de Economía y Producción, Roberto LAVAGNA, y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio DE VIDO, quienes designarán a sus respectivos alternos que los reemplazarán en el caso de producirse su ausencia o impedimento temporal.
Con fecha 11 de julio de 2003 (BO 15/7/03) se designó a Jorge Gustavo SIMEONOFF como Secretario Ejecutivo de la UNIDAD DE RENEGOCIACION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PUBLICOS, por Resolución Conjunta 118/03 y 25/03 de los Ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Con la misma fecha se designó a Eduardo Angel PÉREZ como Representante alterno del Ministro Lavagna por Resolución 119/2003, y a Carlos Lisandro SALAS como Representante alterno del Ministro De Vido por Resolución 26/2003 .
En septiembre de 2003 la UniRen formó un comité de renegociación por sector para llevar adelante la primera parte de la discusión. Está integrado por los titulares de la Unidad, es decir el Coordinador Gustavo Simeonoff, el representante de De Vido, Lisandro Salas y el delegado de Lavagna, Eduardo Pérez, junto al secretario de Estado de Energía, Transporte, etc. y la cabeza del ente regulador respectivo. Según anticipo la Subsecretaria de la Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor, se estaría instrumentando la representación de los usuarios en la UniRen y las asociaciones formarían parte de un Comité paralelo dividido por sector respecto de cada sistema de servicios públicos.
BICAMERAL DE SEGUIMIENTO de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo por la Ley de Emergencia 25.561. Controlarán con voz y voto lo que acuerden los ministros Julio De Vido y Roberto Lavagna con las privatizadas. Deberán revisar los 64 contratos del Estado con las empresas de servicios públicos. Según establece el reglamento los deben revisar después de que los pliegos hayan pasado por la Procuración del Tesoro y por la Sindicatura General de la Nación. Este trámite es previo a la ratificación en el plenario de las Cámaras sobre lo que acordó el Ejecutivo con las privatizadas. Ante ello se constituyó la Comisión el 27 de Abril de 2004, integrándose con un presidente Ernesto Sanz y otros protagonistas: los diputados bonaerenses Graciela Camaño (vice de la comisión) y Hugo Toledo, así como la senadora bonaerense Mabel Muller, la senadora porteña María Laura Leguizamón, Jorge Milton Capitanich y Mirian Curletti y de la Cámara baja se sumarán María América González y María Silvina Leonelli. Estos funcionarios en dos meses deben avalar o rechazar las renegociaciones, con carácter vinculante.
SITUACIÓN GENERAL. DIFERENTES POSICIONES DEL GOBIERNO.
En principio el nuevo Gobierno Nacional busca que las asociaciones de consumidores, el Defensor del Pueblo de la Nación o la Defensora del Pueblo de la Ciudad, no recurran a la Justicia para frenar las subas de tarifas. Por ello, el Gobierno apurará un nuevo marco legal para renegociar las tarifas de los servicios públicos. Enviarán al Congreso un proyecto de ley para poder dictar aumentos en los servicios sin que sean trabados por la justicia. Por otro lado Lavagna y De Vido elevaron al presidente una propuesta de decreto para renovar el funcionamiento de la comisión que estaba discutiendo los contratos de las empresas concesionarias. En las cuatro ocasiones anteriores en que el Ministro Lavagna apuró los ajustes tarifarios, las asociaciones de consumidores recurrieron a la justicia con el argumento de que no se había hecho la renegociación previa como exige la Ley de Emergencia. Este es el punto fundamental que ahora pretende modificar el Gobierno. Se quiere poner en claro que la facultad de manejar tarifas es del Ejecutivo.
Consumidores exigen ser parte del debate tarifario. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor va a incluir en su nueva agenda, un rol participativo en la discusión de las tarifas de los servicios públicos. Como correlato a esto ayer asumió en el cargo de Subsecretaria de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor Patricia Vaca Narvaja. Minutos después que ésta bregara por la participación de los consumidores en la discusión de tarifas representantes de los usuarios criticaron el anuncio del ministro Lavagna de enviarle al Congreso un proyecto para devolverle al poder ejecutivo sus facultades para decidir sobre las tarifas. La presidenta de Adecua, Sandra González opinó que el Poder Ejecutivo no tiene porqué tener la potestad total sobre las tarifas.(7/06/03)
Uno de los criterios saludables, detectados en la primera semana de junio de 2003, es que se quiere imponer a los aumentos es la gradualidad: que tengan mayores ajustes aquéllos que más pueden pagar. Sin embargo eso está prohibido en la mayor parte de los servicios públicos ya que se debe tender a la igualdad tarifaria de los sectores. La idea es que se contemple una modificación de este criterio.
El Gobierno aclaró que la suba de las tarifas será ecuánime. Esto se debe a que hay que advertir que la población registró una degradación de sus ingresos. El presidente planea evitar subas de precios en los primeros 90 días de gobierno. En el Congreso ya se está debatiendo la creación de la tarifa social para los sectores más pobres de la población. Economía pide la facultad para concretar los aumentos antes de ese plazo. Planificación analiza los contratos y niega incrementos inmediatos.
Se pretende una revisión de los contratos con aportes del Banco Mundial. La decisión de Kirchner de renegociar algunos contratos y de congelar por 90 días más las tarifas, pusieron a las compañías privatizadas en el centro de las negociaciones entre el Gobierno y el Banco Mundial. Julio De Vido solicitó el aporte técnico del BM para la revisión de contratos ya que fue uno de los que financió las privatizaciones en los años 90. Se analizaron algunos aportes técnicos para la confección de nuevos pliegos licitatorios y la modificación de futuros marcos regulatorios. Los funcionarios del BM se interesaron en conocer la política que Kirchner llevará a cabo en materia de privatizaciones. De Vido comunicó la necesidad de contar con financiamiento del organismo multilateral de crédito para revitalizar las áreas de infraestructura, en especial en aquellas no concesionadas. En la actualidad el organismo financia 38 proyectos en el país por 4.800 millones de dólares.(10/06/03)
El FMI vuelve a presionar por el aumento de tarifas. Junto con E.E.U.U. el FMI presionó para que el gobierno de Kirchner negocie un plan económico de largo plazo que incluya ajustes de tarifas, el pago de la deuda externa y la reestructuración del sistema bancario. La Dama de Hierro del Fondo Anne Krueger se encargó de hacer público el reclamo y señaló que el sistema bancario argentino no es de ningún modo viable. La reestructuración de la deuda argentina es complicada porque tienen más de 700.000 tenedores de bonos agregó. La insistencia de la funcionaria del FMI respecto de los ajustes tarifarios se da en el marco del anuncio del Gobierno de que no habrá ajustes en los servicios en los próximos 90 días. Sin embargo el Departamento del Tesoro y el Fondo no están dispuestos a flexibilizar sus posiciones. Las negociaciones todavía no han comenzado pero ya todos dan por sentado que serán durísimas.(13/06/03)
De suma importancia es que el Gobierno de la Prov. de Bs. As. a través del Ministro de Infraestructura Raúl Rivara solicitara el 17 de junio de 2003 a Julio De Vido la participación en el proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos, en razón que en su territorio vive la mayoría de los usuarios de los servicios públicos.
Audiencias Públicas: El Ministerio de Planificación Federal contempla, en la primera quincena de junio de 2003, convocar a los usuarios y a las asociaciones de consumidores que los representan a una serie de audiencias públicas durante el proceso de revisión y renegociación de los contratos de servicios públicos, del que depende un eventual aumento de las tarifas. Es decir que se van a escuchar las exigencias y necesidades de las empresas pero también de los usuarios. Esperamos que las audiencias salgan del mero formalismo.
El Gobierno anunció que puso en marcha el proceso de revisión de todos los contratos de los servicios privatizados y anticipó que algunas concesiones podrían definirse antes del plazo de los 90 días que se fijó como referencia para la aprobación de las nuevas reglas de juego. Voceros del ministro de Planificación dijeron que los equipos técnicos ya iniciaron el análisis de los contratos caso por caso para saber su situación y que se convocará a audiencias públicas para debatir los alcances de los cambios y siguen planificando una tarifa social para los usuarios de menos recursos. Luego se remitirán las actuaciones al Congreso para que los legisladores emitan una opinión no vinculante sobre las renegociaciones.
La revisión de todas las privatizaciones la están efectuando los integrantes de la Comisión Renegociadora de los Contratos que tiene la conducción a cargo de Lavagna y De Vido, aunque sigue estando bajo el único control del Ministerio de Economía. Hasta ahora la única medida concreta que adoptó el Gobierno en el terreno de las privatizadas es la relicitación de las concesiones viales.(14/06/03)
Renegociarán todos los contratos de las empresas privatizadas. El Gobierno fijó un nuevo plazo de negociación que se extenderá hasta fines del 2004 y descartó la aplicación de aumentos de tarifas "parciales y de emergencia" para los servicios.
El nuevo mecanismo para realizar las tratativas con las empresas privatizadas prevé el nacimiento de la "Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos", que será comandada en forma conjunta por los ministros de Economía y Planificación Federal (Lavagna y De Vido).
El lanzamiento del nuevo organismo que negociará las concesiones corrió por cuenta de estos ministros. Se procederá al análisis, revisión y renegociación de todos los contratos de los servicios privatizados, incluidas las concesiones de los aeropuertos y el correo. Al confirmar que éstos entrarán en la nueva instancia de renegociación, el Gobierno está descartando prácticamente la posibilidad de rescindir esos contratos.
La Unidad Negociadora adecuará 61 contratos de servicios.
Tras destacar que no se prevén aumentos de tarifas a cuenta ni parciales, Lavagna indicó que la nueva etapa de revisión de los contratos se hará teniendo en cuenta: el impacto sobre la economía general, la distribución del ingreso, calidad de los servicios, planes de inversión, acceso del público a los servicios, etc. Antes de cada aprobación de los contratos se convocará a una audiencia pública para que los usuarios puedan expresar su opinión. La decisión final de las renegociaciones la tendrá el Congreso.(4/07/03)
Anuncian más controles para las privatizadas. En efecto, los entes que controlarán a las empresas recibirán órdenes de un gran controlador general elegido por concurso. La condición para esa nueva estructura supervisora es la aprobación de una ley que le dé un marco regulatorio general a los servicios públicos. En una conferencia realizada la semana pasada, De Vido dio detalles sobre el decreto que el Gobierno elaboró sobre cómo se renegociarán los servicios.
Subas: Podrá no haber aumentos en las tarifas en los próximos 18 meses, depende de las renegociaciones de los contratos. La prioridad para el Gobierno es revisar el cumplimiento de las inversiones realizadas por las prestadoras de servicios desde que comenzaron las concesiones y que luego se analizaría la posibilidad de subir la luz, el gas, el agua, los teléfonos, los peajes, los trenes, los colectivos.
Rescisión de contrato: En el caso de que el Estado rescinda contratos por descubrir irregularidades en los cumplimientos de lo firmado, De Vido consideró que no será ése el desenlace obligatorio. Cada caso tendrá un trato particular y se penalizará según lo que establece cada documento para esas situaciones.
El Congreso: Los diputados y senadores tendrán participación en las discusiones para reformular los acuerdos con las empresas de servicios públicos. Aprobarán o rechazarán el contenido de cada negociación pero no tendrán potestad para modificar los términos de las discusiones. (5/07/03)
El Gobierno considera que para renegociar los contratos con las empresas no es necesario modificar la ley de Emergencia Pública. El ministro de Planificación Federal consideró que podría prorrogarse porque todavía no se ha salido del estado de crisis. La Ley de Emergencia Pública vence en diciembre de este año. Y el Gobierno ahora piensa en extenderla, al menos por un año más.(5/07/03)
El Presidente Néstor Kirchner cargó hoy contra los sectores empresarios al señalar que critican una supuesta falta de claridad en las políticas económicas del gobierno por estar mal acostumbrados a la implementación de las políticas que ellos necesitan y quieren. Esto se dijo en el marco del lanzamiento del programa "El hambre más urgente" que se llevó a cabo éste mediodía. El presidente resaltó que se queden tranquilos, que su gobierno sabe hacia dónde orientar económicamente y productivamente el país. A su vez destacó cuáles son las prioridades que debe tener la sociedad argentina: Una política que consiste en transferir fondos, alimentos y asistencia técnica a las provincias y comunas del interior del país para la atención alimentaria de los sectores más humildes, con prioridad de los niños de hasta 5 años de edad y en mujeres embarazadas y el otro gran desafío es erradicar el trabajo infantil.(7/07/03)
El Presidente mantiene distancia con empresarios. El ministro de Planificación transmitió que las concesionarias de servicios no tendrán una suba de tarifas hasta que no estén con la lengua afuera y quiere que devuelvan lo que ganaron en los 90. El Presidente con un poco más de diplomacia repitió el mensaje, pidiendo al establishment que deje de lado los vicios que tanto daño le causaron al país. Las palabras del presidente sólo aportaron más desconcierto a los empresarios preocupados por la distancia que les había puesto Kirchner. Conscientes de la situación endeble que enfrenta su sector, La Asociación de Empresas de Servicios Públicos Argentinos ni siquiera buscó una audiencia en la Casa Rosada. La Sociedad Rural Argentina invitó a Kirchner a inaugurar la tribuna de Palermo y todavía no obtuvo respuesta. Después de las palabras de ayer del presidente durante la puesta en funcionamiento de un plan de seguridad alimentaria, algunos representantes de la Bolsa de Comercio temían que en lugar de asistir a la reunión el jueves para hacer anuncios económicos, Kirchner se despache con nuevos reclamos contra el establishment.(8/07/03)
Piden informes sobre privatizadas. El ministro de economía, Roberto Lavagna, solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Sindicatura General de la Nación(SIGEN) informes sobre el nivel de cumplimientos de contratos por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos y sobre el desempeño de los entes reguladores. Recordamos que la AGN no tiene facultades para hacer una denuncia ante la justicia solo puede hacer recomendaciones. Por su parte la SIGEN funciona como órgano de control del Poder Ejecutivo. La solicitud de Lavagna se suma al acuerdo que el Ministro de Infraestructura De Vido firmó con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) - conocida por sus documentos críticos sobre las privatizadas - para que asesore en la renegociación de los contratos, en especial sobre la Tarifa Social..
Mientras tanto las empresas de servicios públicos desempolvaron una vieja idea la de formar una Cámara, para lo cual ya están estudiando los estatutos y buscando una sede. En rigor, ya se encuentran nucleadas en la Asociación de Empresas de Servicios Públicos Argentinos, dentro de la Cámara Argentina de Comercio, integrada por Aguas Argentinas, Telefónica, Telecom, Camuzzi, Gas Natural, Metrogas, Edesur, litoral Gas, Edenor, Edelap, Ecogas, Eden, Edes y Metrovías. Actualmente la entidad es presidida por Juan Carlos Cassagne, presidente de Aguas Argentinas.(15/07/03), esperemos que no les den poder.
ENVIAN AL CONGRESO NUEVO PROYECTO DE TARIFAS: Por supuesto, sin dar vista a las asociaciones de consumidores el Poder Ejecutivo envió el 16 de julio al Senado el proyecto de ley por el cual se extiende hasta diciembre de 2004 el plazo para renegociar los contratos con las empresas privatizadas. Así, ingresó el 17 de julio a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, a cargo de Jorge Pardal (PJ Mendoza) su Presidente, el proyecto que permite al Poder Ejecutivo renegociar las tarifas de los servicios, así como los contratos de obras públicas, con la exigencia de que los nuevos contratos sean aprobados por el Poder Legislativo, en un plazo de no más de 60 días. El día miércoles 23 de julio el Congreso trató el proyecto, donde se acordó que elaboren los senadores integrantes los informes respectivos a efectos de tratarse el 5 de agosto. Estuvieron presentes en el desarrollo de la reunión de la Comisión representantes de varias asociaciones de consumidores, presentando notas por separado las asociaciones Adecua y Proconsumer.
En el Proyecto ingresado bajo el N° 207/03 en su art. 1° dispone la extensión hasta el 31 de diciembre de 2003 el plazo para llevar a cabo la renegociación de los contratos. El art. 2° prevé que las decisiones que adopte el PEN en el desarrollo del proceso de renegociación no se hallarán limitadas o condicionadas por las estipulaciones contenidas en los marcos regulatotrios que rigen los contratos de concesión o licencias de los respectivos servicios públicos. Las facultades de los Entes Reguladores en materia de revisiones contractuales, ajustes y adecuaciones tarifarias previstas en los marcos regulatorios respectivos, podrán ejercerse en tanto resulten compatibles con el desarrollo del proceso de renegociación que lleve a cabo el PEN en virtud de lo dispuesto por el art. 9° de la Ley 25.561. El art. 3° del proyecto es muy particular, porque deja dos tipos de interpretaciones, ya que afirma que "Los acuerdos de renegociación podrán abarcar aspectos parciales de los contratos o licencias, contemplar fórmulas de adecuación contractual o enmiendas transitorias del contrato, incluir la posibilidad de revisiones periódicas pautadas y así como establecer la adecuación de los parámetros de la calidad de los servicios. En caso de enmiendas transitorias, las mismas deberán ser tenidas en consideración dentro de los términos de los acuerdos definitivos a que se arribe por las empresas concesionarias o licenciatarias. Por declaraciones de Lavagna en Francia, en la misma fecha en que se envió el proyecto, el art. 3° implica devolver al PEN la facultad de fijar tarifas, lo cual permitirá evitar las acciones judiciales de los representantes de los consumidores. El art. 4° establece que "El PEN remitirá las propuestas de los acuerdos de renegociación al Honorable Congreso de la Nación en cumplimiento de la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento prevista por el art. 20 de la Ley 25.561. Corresponderá al Honorable Congreso de la Nación expedirse dentro del plazo de 60 días corridos de recepcionada la propuesta. Cumplido dicho plazo sin que se halla expedido, se tendrá por aprobada la misma. En el supuesto del rechazo de la propuesta el PEN deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato respectivo." La posición de Proconsumer al respecto es que a la fecha no hay norma ni decreto que prevea la representación de los consumidores en la Unidad de Renegociación y Análisis,que si bien el art. 8° del Decretó 311/03 prevé las audiencia públicas, no así el proyecto de ley; que el art. 3° es ambiguo porque no determina si hay que celebrar audiencias públicas en acuerdos transitorios o definitivos. Y con respecto a los 60 días corridos, el plazo es irrisorio (supóngase que se remitan 10 contratos para estudiar, analizar?
Recordemos la posición de Julio De Vido, que en varias oportunidades dijo "antes que haya aumentos de tarifas, el gobierno va a revisar las concesiones" refiriéndose en especial al grado de cumplimiento de las inversiones, pero estando en el medio la presión del Fondo Monetario que antes de septiembre exigirá una señal sobre las tarifas para firmar el acuerdo. Si bien De Vido dijo que no habrá subas de tarifas sin audiencia pública, en el proyecto de ley no se mencionan las audiencias como previas a los acuerdos de renegociación con las concesionarias. Esperemos que el proyecto no sea un artilugio y que no se transforme en un arma filosa para cortarle el bolsillo al usuario. Va a estar en manos del Congreso y en las acciones del movimiento de consumidores, que se determine el alcance de las "enmiendas transitorias" de los contratos. Según surge del proyecto, el Ejecutivo "remitirá las propuestas de los acuerdos de renegociación al Congreso, pero no ocurriría lo mismo con las adecuaciones transitorias. Estas, según el proyecto "deberán ser tenidas en consideración dentro de los términos de los acuerdos definitivos". Respecto al rol del Congreso, el proyecto establece que corresponderá al Parlamento "expedirse dentro del plazo de 60 días corridos de recepcionada la propuesta" de renegociación. Agrega que cumplido ese plazo si el Congreso no se expidió "se tendrá por aprobada la norma", según el conocido sistema fast track, originario de EE.UU. El proyecto contempla que en el "supuesto de rechazo de la propuesta, el Poder Ejecutivo deberá reanudar el proyecto de renegociación del contrato. En sus finales el proyecto incluye que "las disposiciones de la presente ley (en caso de aprobarse) en ningún caso autorizan a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones".
El Congreso anunciaba que antes de fin de año no se firmaría, pero ahora, ante el apuro por parte de algunos legisladores por llevar adelante el tratamiento del proyecto, se elevará el informe para el 5 de agosto.
Visita del Ministro Julio De Vido al Senado de la Nación del 12/08/03 para exponer en el plenario de comisiones las "Consideraciones sobre el Proyecto de Ley de Renegociación de los Contratos - Mensaje N° 313/03 del PEN". (Texto leído por el ministro).
Al retirarse De Vido del Senado, según informa el Diario Clarín del 13-8-03 pág. 15 Economía, y lo testimoniamos nosotros, "RECLAMO DE LOS CONSUMIDORES. Los que se fueron masticando bronca del Congreso fueron los representantes de las asociaciones de usuarios. Por medio de una nota entregada a los senadores, los emisarios de Deuco, Consumidores Libres, Consumidores Argentinos, Unión de Usuarios, Proconsumer y Cruzada Cívica advirtieron que las 'enmiendas transitorias que prevé el proyecto resultan claramente inconvenientes porque abren el camino a la autorización de aumentos a cuenta antes de revisar el cumplimiento de los concesionarios'. Según destacaron las entidades, la falta de mención de las audiencias públicas en el proyecto hace suponer que los usuarios no serán tenidos en cuenta." Téngase presente al respecto que si bien el Decreto 311/03 menciona la celebración de audiencias públicas sin especificar en que casos se llevarán a cabo -si es por aumentos definitivos o transitorios- debe considerarse que no se trata de un decreto de necesidad y urgencia, y ante una ley de fondo su disposición queda en la nada. El proyecto ya tiene sanción del senado falta de diputados, se estima que en la segunda quincena de septiembre este sancionado.
La Subsecretaria de la Defensa de la Competencia y del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, por su parte asegura que va a haber Audiencias Públicas.
Se juntaron De Vido y Lavagna ante la presión del FMI, y sorpresivamente apuran los trámites y agilizan el proceso de renegociación. Por ello la unidad está avanzando en la renegociación de los contratos de las autopistas, energía eléctrica, trenes de carga y Aguas Argentinas. Estudian incrementos del 9 % en luz, 7 % en gas y 10 % en autopistas. La Unidad Renegociadora no habla de audiencias públicas por ahora.
Con fecha 4 de setiembre ACUCC, ADECUA, CRUZADA CÍVICA, PROCONSUMER y PROCURAR, solicitaron la participación de las asociaciones de consumidores en el esquema de renegociación de los contratos. (Texto de la nota enviada a De Vido)
Un nuevo régimen: El Gobierno está estudiando la posibilidad de instrumentar Fondos Fiduciarios para cada área mediante los cuales se podrá financiar las futuras obras de expansión. El Estado administraría dichos fondos y determinaría las futuras obras por realizar en los servicios de aguas, electricidad, gas y teléfonos, por fuera de los contratos específicos de cada una de esas empresas privatizadas.
Puntalizamos:
Los concesionarios de los servicios públicos privatizados se comprometieron por contrato a realizar determinadas obras, con un mínimo de inversión.
En el modelo que está en estudio, la empresa tendría a su cargo el gerenciamiento y mantenimiento de los servicios, como así también las obras ya comprometidas en el contrato original.
El Estado definiría las futuras obras de ampliación del servicio.
Para la financiación se conformarán fondos fiduciarios administrados por el Estado y alimentados con aportes públicos y de organismos multilaterales de crédito. Asimismo, podrían recibir un porcentaje de las tarifas que se cobran.
En forma similar se manejarían con las nuevas concesiones de rutas por peaje, cuyas licitaciones se llevarán a cabo en el mes de octubre.
En el caso de Aguas Argentinas, se formó un fondo fiduciario de 43 millones de pesos, provenientes de aumentos de tarifas que la empresa cobró en 2001 y 2002, pero que no fue aplicada a la expansión de las redes.
En lo que respecta a las telecomunicaciones, las empresas del sector fueron convocadas por el Gobierno para colaborar con un fondo fiduciario. Hasta el momento se reunieron 75 millones de pesos.
Nuevos marcos generales: SIN INFORMAR A LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
Los economistas de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), contratados por el Gobierno como asesores en la renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos, se encuentran actualmente trabajando en la confección de un borrador de un marco regulatorio general para todos los servicios, como así también respecto de un diseño general para todos los entes reguladores existentes.
Todos los referidos entes serán conformados por ley (hoy tan solo el ENRE y el ENARGAS cumplen con ello) y las cuestiones contractuales sólo podrán ser dirimidas en la justicia local. Además de FLACSO está colaborando en el tema la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), organismo de las Naciones Unidas con sede en Santiago, Chile.
Roberto Lavagna, por su parte, pidió informes a la Auditoría General de la Nación sobre el grado de cumplimiento de las empresas de servicios públicos privatizados.
El Banco Mundial exige un ajuste de las tarifas. El aumento de las tarifas de los servicios públicos es una de las cuestiones centrales pendientes de resolución en la negociación con el FMI, cuyo acuerdo permitirá establecer un nuevo programa bajo la supervisión del organismo financiero internacional. El Banco Mundial detalló que las tarifas de los servicios públicos han sido mantenidas bien por debajo de la tasa de inflación. El Banco proyectó un crecimiento en América latina del 1,8% este año, del 3,7% para el año próximo, y del 3,8% para 2005. Según el organismo, la región retornó al crecimiento tras la recesión gracias al regreso de la confianza en Brasil y del comienzo de la recuperación en la Argentina y Uruguay; para seguir creciendo a niveles altos en los próximos años se necesitarán nuevas inversiones en toda la economía, incluyendo los servicios públicos; y que es muy duro imaginar cómo tendrán nuevas inversiones de empresas de servicios públicos si no se resuelve el problema de las tarifas.
Buenas noticias, el staff del FMI acordó que no quedará incluido un compromiso para aumentar las tarifas a un determinado nivel. Si se incluirá entre las reformas estructurales la necesidad de darle rápida aprobación al proyecto que le da al gobierno la potestad unilateral de renegociar los contratos y disponer medidas tarifarias, en caso de considerarse necesario.
Primer paso, el Gobierno reunió informes de todos los entes reguladores sobre el grado de cumplimiento de los contratos de concesión. El primero que recibió fue del ENRE y el viernes 12 se estimaba que iban a recibir del ETOSS un informe elaborado que sería un resumen de la gestión de Aguas Argentinas, informe que inexplicablemente no pasó por la Comisión de Usuarios del ETOSS.
Busca el Gobierno saber en qué incumplieron las empresas sus contratos desde el primer día de la concesión. Qué tarifas aumentaron para financiar una obra en particular que no se hizo, por ejemplo. O los vaivenes o modificaciones que tuvieron los contratos. Asimismo, si en los sectores detectaron situaciones de control monopólico, en qué se beneficiaron algunas empresas y el registro de multas. Para ello, Economía requirió a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General. Se formo un comité para trabajar sobre cada sector (ver AUTORIDADES).
El Presidente Kirchner anunció que en la segunda quincena de septiembre tomará determinaciones sobre las concesiones de servicios públicos, afirmación que se interpretó destinada sobretodo al Correo Argentino y aseguró que 22 contratos no van a tener ninguna adecuación tarifaria (entre los que no tendrán incrementos están los FERROCARRILES DE CARGA y DE PASAJEROS, EL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS y LA TERMINAL DE OMNIBUS RETIRO), mientras que sobre el resto habrá que concluir la renegociación para determinar el grado de cumplimiento de las empresas y decidir la suba que se autorizará. Dijo además que va ser una discusión fuerte, cristalina y de cara a la gente.
La Defensoría del Pueblo de la Nación informo que la Argentina es uno de los países del mundo donde más peso tienen los impuestos sobre el consumo de servicios públicos. Los cargos fijos y los impuestos que incluyen las facturas de los servicios públicos gravan fuertemente a los sectores más pobres de la población, especialmente sobre 50 % de la población que percibe un ingreso mensual inferior a $ 376 (U$S 130). Según el análisis en el sector telefónico, entre los que consumen hasta cincuenta pulsos bimestrales el cargo fijo le aplica 92 % del total que debe abonar por el servicio, mientras que para quienes consumen 1.000 pulsos bimestrales, el cargo fijo explica el 36 % de lo que debe abonar.-
El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo al Congreso sigue solo con sanción del Senado, y al estar incluido en el acuerdo firmado en septiembre con el FMI, motiva que De Vido el martes 23 de septiembre se presente ante las tres Comisiones de Diputados que lo analizan. Ello en razón de la resistencia por parte de la oposición, entre ellos el Diputado Jorge Bucco que preside la Comisión de Defensa del Consumidor y el Diputado Polino miembro de la Bicameral que quedaría finalizada de aprobarse el proyecto.
Por otra parte, la Subsecretaria de la Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor reiteró que en el corto plazo no se instrumentarán ajustes de tarifas en los servicios públicos.
Cambiarán Régimen de Control de Privatizadas
Anunció el Ministro De Vido que el gobierno enviará en breve al Congreso el Proyecto de Ley que establece el nuevo marco regulatorio general para los servicios públicos y reglamentará el funcionamiento de los entes reguladores, donde se incluirá el rol que tendrán los usuarios en la renegociación de los contratos. Aclaramos que las Asociaciones de Consumidores no fuimos invitadas por el Ministro para conocer el texto. Si bien lo recibimos a través de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor, aún no efectuamos observaciones. Por otra parte, el Consejo Consultivo de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad, en el inicio de la segunda quincena de diciembre bajo la dirección del Arq. Fortuna y el Dr. Dorenztein, observó varios artículos y omisiones; algunas de ellas se incluyen en el texto que se transcribe a continuación. (Proyecto de ley: Régimen Nacional de Servicios Públicos)
El Presidente Kirchner planteó en España las nuevas reglas a las privatizadas. Ratificó el proyecto del nueva marco regulatorio y de un superente e invitó a las empresas a participar. Por otra parte manifestó que el ajuste tarifario recién podrá hacerse una vez que el PBI se haya recuperado en un 16% desde el piso tocado en la peor de las crisis. Y dependerá, también, de las inversiones que realicen.
Lavagna por su parte, se comprometió con el FMI a terminar la discusión de 54 contratos para fines de junio de 2004, incluyendo los correspondientes a electricidad, gas, caminos interurbanos, ferrocarriles de carga, vías urbanas, de acceso a puertos, aeoropuertos, terminales, aguas y depuración, y vías maritimas. Y para el segundo semestre del 2004 se prevé finalizar las renegociaciones de las demás contratos, donde se incluyen los correspondientes a ferrocarriles urbanos y telecomunicaciones.
Los expertos universitarios de FLACSO se distanciaron del Gobierno. Así se manifiestan en un par de informes que castiga la política energética del oficialismo, y en uno de ellos carga especialmente contra la perfomance del Grupo Techint en el cumplimiento de sus obligaciones como contratistas. Cabe acotar que Techint son los amigos más nuevos del Gobierno. Apoyan al mismo tiempo a De Vido y a Lavagna. Tal vez por eso en sus meditaciones energéticas Lavagna no puso énfasis en las curiosidades de la compra de fueloil a Venezuela. Por ejemplo que el fueloil no será venezolano sino brasileño. ¡Porque no comprarlo directamente a Brasil?. Porque Petrobras seguramente no aceptaría que se le pague con alimentos -como se dijo en un comienzo- sino con productos de Techint, como los caños para la explotación petrolera. ¡Habrá sido el del fueloil venezolano un negocio a la medida de los Rocca (Techint)? En el Gobierno lo niegan diciendo que, además de caños, habrá otras especies como parte de pago al gobierno de Hugo Chavez.
ENIGMA DE LOS CONTRATOS: Lavagna realizó el 17 y 18 de abril declaraciones muy extensas sobre el problema energético. Dijo que en relación a las decisiones del Gobierno frente a la crisis energética solo pudo decir que el Presidente Kirchner envió al Congreso una ley, una de las primeras de su gobierno, limitando la intervención judicial. Es decir, limitando a las Asociaciones de Consumidores la presentación de acciones colectivas. Por otra parte, dijo que la Uniren cumplió con su tarea de reformular los contratos. "El trabajo ya está hecho. Se han hecho avances. Si me preguntan si se pueden terminar en junio, le digo que sí" afirmó el Ministro. Significativo que si la tarea está hecha se hizo a espalda de los consumidores. Seguimos ignorando todo lo que hace la UNIREN.
AHORRO CON CASTIGOS Y PREMIOS?
El 29/04/04 se publicó la Resolución 415/2004 - SE que aprueba el PROGRAMA DE USO RACIONAL DE LA ENERGIA e instruye a los entes reguladores del gas y la electricidad para promoverlo mediante campañas de ahorro de energía, difundidas por los medios de comunicación masiva, y tomar las medidas necesarias para su implementación.
El 11/05/04 se publicó la Resolución 416/2004 - SE que establece los precios de referencia a los que deberán valorizarse los premios por la reducción de los consumos por debajo de los umbrales definidos, como así también los cargos adicionales a aquellos consumidores que excedan los mismos que se establezcan en virtud del Programa de Uso Racional de la Energía aprobado por Res. 415/2004 SE.
El 31/05/04 se publicó la Resolución 552/2004 - SE que aprueba el Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica, que será de aplicación en las áreas concesionadas a las firmas Empresa Distribuidora Norte S.A. (EDENOR S.A.), Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR S.A.) y Empresa Distribuidora La Plata S.A. (EDELAP S.A.).
Nuevos conflictos en las renegociaciones con las empresas de gas y electricidad. Si bien la UNIREN está proponiendo un acta de entendimiento, advierten dichas empresas que hay variaciones sobre el alcance y la vigencia de ese acuerdo. Posiblemente las empresas no van a renegociar ni van a ir a las audiencias públicas programadas (ver más adelante, en cada sistema, sus fechas anunciadas). Solo se advierten avances en trenes de carga, que son los que tienen accionistas argentinos.
23/7. Josefina Giglio de la redacción del Diario La Nación nos dice:
La renegociación con las empresas de servicios públicos privatizados ya suma carillas y carillas en tono de sainete. Ayer, la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos y Servicios Públicos (Uniren), que preside Jorge Gustavo Simeonoff, levantó el cronograma de audiencias públicas que había sido publicado anteayer en Internet, tras conocerse la negativa de las empresas transportistas de gas que, al igual que las eléctricas, rechazaron la propuesta del Gobierno para readecuar sus contratos.
Sumándole cierto grado de surrealismo a la cuestión, el ministro de Planificación, Julio De Vido, declaró en Venezuela, ante la consulta de periodistas, que "no hay un cronograma para las audiencias", a pesar de que en www.uniren.gov.ar todavía se podía leer que se llevarían a cabo entre el 19 de agosto y el 22 de septiembre próximos. Más tarde, la página web fue modificada y las fechas desaparecieron, quedando sólo las ciudades donde se realizarían los encuentros.... En teoría, la Uniren depende de Economía y del Ministerio de Planificación. Sin embargo, hay disidencias entre la forma en que ambos ministros buscan renegociar con las empresas. "Hay diferencias en cuanto al tiempo y la forma en que se quieren ajustar las tarifas", admitió un funcionario que sigue de cerca las negociaciones.
La Uniren planteó, en el caso de las empresas de electricidad, subas en las tarifas que impactarían entre un 10 y un 15 por ciento en las facturas que pagan los usuarios, teniendo en cuenta ajustes para distribuidores, como Edesur, Edenor y Edelap, y también para transportistas, como Transener. Para las empresas de gas, el ajuste propuesto sería similar.
A cambio, se les exige a las compañías que renuncien a los juicios ante el Ciadi, y que, en caso de que los accionistas no quieran dar marcha atrás con las demandas, que las empresas se hagan cargo de un eventual fallo negativo para el Gobierno. También se establecen nuevas inversiones obligatorias para la expansión de los servicios. Y se establece que un organismo independiente de los entes reguladores respectivos fiscalizaría las nuevas inversiones.
En estas idas y venidas se dejan ver las discrepancias de criterios entre Economía y Planificación. El 12 de este mes, el secretario de Energía, Daniel Cameron, que depende de Julio De Vido, envió una nota -a la que accedió LA NACION- a Simeonoff en la que especificaba que "como mecánica de trabajo a futuro, sería importante que la Secretaría de Energía... siendo la encargada de definir la política energética a nivel nacional, tenga la oportunidad de opinar previamente a la emisión por parte de la Uniren de documentos que estén relacionados con la política energética a nivel federal. Todo ello con objeto de que las medidas que se tomen o impulsen en materia energética estén alineadas con los objetivos de gestión ya fijados".
Las empresas argumentan que la negociación no es tal; que el Gobierno busca imponer las condiciones; y que no convalidarán con su presencia las audiencias públicas convocadas a tal fin. "Nos están proponiendo los mismos aumentos que nos quisieron dar hace dos años, y con una serie de condiciones inaceptables", se quejó un empresario de una firma energética. La negociación con las empresas de gas y electricidad se realiza mientras que el Gobierno da por superada la crisis energética, gracias a las importaciones de gas desde Bolivia , y a la compra de fuel oil venezolano, que se extenderá durante el año próximo. También, al Plan de Uso Racional de la Energía (PURE), que incentiva el ahorro en los usuarios residenciales.
Los técnicos de Planificación argumentan que la recomposición tarifaria debería ser entre 2005 y 2006, para no tener problemas en 2007, un año con elecciones presidenciales. Pero la propuesta que la Uniren envió a las empresas propone un primer aumento en febrero próximo, y luego una nueva ronda de ajustes sólo en 2007.
DEMANDAS INTERNACIONALES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA EL ESTADO
Entre las 60 (sesenta) demandas entabladas contra la Argentina -parte de ellas son empresas de servicios públicos- debemos mencionar las presentadas ante el CIADI (Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) que esta constituido en el marco del Banco Mundial , con sede en Washington. A las que pueden sumarse la de algunos bancos extranjeros en el futuro inmediato, si es que no se dispone la compensación por el subsidio otorgado a deudores por la pesificación. Las demandas se basan en los Tratados Internacionales de Protección a las Inversiones. El Gobierno presentó, sin discutir el fondo del asunto, cuestiones procesales de incompetencia o falta de jurisdicción.
Cabe destacar entre el listado relacionadas a empresas de servicios a ENRON CORP. Y PONDEROSA ASSETS; CMS GRAS TRANSMISSION COMPANY; AZURIX CORP.; LG&E ENERGY; SEMPRA ENERGY; AES CORP.; CAMUZZI INTERNATIONAL; GAS NATURAL SDG; PIONEER NATURAL RESOURCES; PAN AMERICAN ENERGY Y BP EXPLORATION COMPANY; EL PASO ENERGY; ELECTRICITE DE FRANCE Y SUEZ.-
El procedimiento ante este Tribunal indica que el laudo es de cumplimiento obligatorio para las partes y que no es factible recurso de apelación u otros, a excepción de los casos previstos en el Convenio, al que la Argentina adhiriera en 1991, ratificándolo en el año 1994.-
Con Aguas Argentinas, y demás empresas demandantes, el Gobierno entiende que en caso de continuar la renegociación de su contrato deberán retirar las demandas.
Los franceses dijeron en reunión con el Gobierno que aceptarían suspender por este año el juicio contra el Estado.(ver Febrero provisión de aguas)
En el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios -ETOSS- que controla a Aguas Argentinas, el Estado Nacional nombró ante la renuncia de Eduardo Cevallo a Carlos VILAS, quien fuera subsecretario de Seguridad durante el gobierno anterior. Roberto IGLESIAS ha reemplazado a Sergio Mileo.
Como el contrato de Aguas Argentinas es uno de los más cuestionados por el movimiento de consumidores y demás actores, merecerán un tratamiento mas exhaustivo y se espera que el gobierno designe a hombres de confianza en el ETOSS. Por otra parte, recordamos que el gobierno no puede intervenirlo al ser tripartito, ello porque hay otros 2 directores por la Prov. de Bs. As. y otros 2 por la Ciudad de Bs.As.
Demanda del Grupo Suez al Estado Argentino. El grupo Suez tiene a su cargo las concesiones de los servicios de Aguas Argentinas, Aguas Provinciales de Santa Fe y Aguas Cordobesas. Este grupo elevó una demanda, en la segunda quincena del mes de abril, contra la Argentina ante el Tribunal de arbitraje del Banco Mundial. El expediente fue presentado en el Centro Internacional de Arreglo de Contenciosos sobre Inversores (CIADI) del Banco Mundial. El objeto de la demanda internacional es que el CIADI constituya un Tribunal Arbitral para restablecer el equilibrio económico de las tres concesiones, para permitir la continuidad de las explotaciones. Ello por incumplimiento del tratado de inversiones recíprocas entre la Argentina y Francia, debido a la pesificación y congelamiento de las tarifas.
A fines de junio de 2003, Aguas Argentina reclamó la elaboración de un marco legal y económico sustentable para la operación de los servicios y la universalización del acceso a las prestaciones.
Con fecha 23 de julio la Comisión de Usuarios del Etoss solicitó a los Ministros Lavagna y De Vido la participación de los usuarios en el proceso de renegociación. (Texto del Comunicado)
El Ente regulador de Aguas Argentinas definió el nuevo sistema de Fondo Fiduciario para la expansión de los servicios, con un fondo de 43 millones de pesos, provenientes de aumentos de tarifas que la empresa cobró en 2001 y 2002, pero que no fue aplicada a la expansión de las redes. Como contrapartida el ETOSS determinó que la empresa deberá brindar el servicio en Ezeiza y en Esteban Echeverría donde antes no estaban.
Una concesión que viene haciendo agua. El ente regulador elevó un documento lapidario sobre AA: entre otros cuestionamientos, dice que logró aumentar las tarifas en un 88 por ciento prometiendo inversiones que luego no hacía; que por incumplir obras hay 800 mil personas sin agua potable, y que sólo pagó el 42 por ciento de las multas aplicadas. La conducta empresaria de Aguas Argentinas está "imbuida de falta de colaboración, contumacia, reticencia y hasta manifiesta rebeldía", según el informe del Etoss. El dictamen confidencial desmonta y examina un mecanismo por el cual el contrato de concesión "fue modificado en sucesivas oportunidades" a favor de la compañía; esas alteraciones "comprometieron mayores inversiones que justificaran aumentos tarifarios, para luego incumplirlas"; aun con esas renegociaciones a su favor, "la concesionaria incurrió en reiterados incumplimientos" y, cuando fue sancionada, "sólo pagó el 42 por ciento de las multas". Resultado de todo esto fue que la factura promedio, que según la oferta que en 1993 ganó la concesión era inferior a 15 pesos, ahora supera los 27. La empresa incumplió inversiones por casi mil millones de pesos-dólares; como resultado, ochocientas mil personas no reciben agua potable, más de un millón no tiene cloacas y más de seis millones carecen de tratamiento de aguas servidas. En contrapartida, la empresa obtuvo una rentabilidad superior al 20 por ciento anual durante toda la Convertibilidad. Ello no le impidió "evitar el aporte de capital propio", lo cual derivó "en una situación crítica de endeudamiento". Como frutilla del amargo postre, en la atención a usuarios "ha demostrado baja eficacia y falta de interés". El pormenorizado informe del Etoss (Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios) tiene más de 180 páginas y circula por reservadísimos pasillos de la Unidad Renegociadora de Contratos de Obras y Servicios Públicos (UniRen), a la cual fue destinado. Corresponde leerlo en el marco de la calificación informal de "compañía al borde de la rescisión del contrato" que se aplicó a Aguas Argentinas -junto con Correo Argentino y Aeropuertos Argentina 2000- en una reunión efectuada el 21 de agosto pasado, en la que participaron Roberto Lavagna, ministro de Economía, y Julio de Vido, de Planificación Federal. El Etoss señala que, en el primer quinquenio de la concesión (1993-98), Aguas Argentinas "incurrió en numerosos incumplimientos, destacándose en materia de inversiones la no ejecución de la Cuarta Cloaca Máxima y del Tratamiento Primario en Berazategui", lo cual redundó en "un grado de ejecución de sólo el 58 por ciento de las inversiones previstas". El porcentaje de cumplimiento de la inversión fue del 88 por ciento en 1993 y bajó al 75 por ciento en 1994, para caer al 45 por ciento en 1995, al 50 por ciento en 1996 y al 59 por ciento en 1997/98. El primer quinquenio de la concesión totaliza un incumplimiento de 611.900.000 pesos (dólares). En los nueve años de concesión, debían haberse invertido 2.202 millones de pesos pero sólo se invirtieron 1265,9, con un incumplimiento de 936,3 millones. Por eso, "Aguas Argentinas ha incumplido las metas contractuales de expansión" de modo que "a los nueve años, se verifica una cobertura de agua potable del 79 por ciento de los habitantes del área, frente al 88 por ciento estipulado en el contrato (equivalente a 840.000 habitantes sin servicio)". En desagües cloacales, "la cobertura es del 63 por ciento, frente al 74 por ciento previsto (930.000 habitantes sin servicio). Además, "esta ineficacia se ha traducido en problemas de baja presión en casi el 70 por ciento de la red". Aún más impresionante es el incumplimiento de la meta contractual de tratamiento primario de aguas servidas, que debería haber llegado al 74 por ciento y es sólo del siete por ciento, lo cual afecta a 6.180.100 habitantes. El informe también explica cómo fue que las tarifas subieron el 88 por ciento durante la concesión: ya en 1994 hubo "una Revisión Extraordinaria de Tarifas" que las subió un 13,5 por ciento y aumentó el 38 y el 45 por ciento los cargos de infraestructura de agua y cloacas. En 1997, una renegociación del contrato de concesión "resultó en un incremento del 37 por ciento en la tarifa media residencial, para financiar la expansión y costo del Plan de Saneamiento Integral, PSI". Al año siguiente, una nueva "Revisión Extraordinaria de Tarifas" las elevó un 5,31 por ciento. Pero ya se venía la "Primera Revisión Quinquenal de Tarifas, de la que resultaron aumentos de 12,3 por ciento" (en tres tramos; el último, previsto para 2003, no se aplicó). En definitiva, en 2001 la tarifa media residencial aumentó un 10,4 por ciento, y un 4,4 por ciento en 2002. La factura promedio, de 14,56 pesos en mayo de 1993, llegó a 27,40 en enero de 2002. Por supuesto, "estos aumentos se han traducido en cifras altamente satisfactorias para una empresa que actúa en un mercado regulado y cuya demanda media resulta segura". La rentabilidad de Aguas Argentinas fue del 20 por ciento en 1994; del 29 por ciento en 1995; del 25 por ciento en 1996; del 21 por ciento en 1997; del 13 por ciento en 1998; del 19 por ciento en 1999; del 21 por ciento en 2000 y del 17 por ciento en 2001. En promedio, el 20,625 por ciento anual en dólares. Sin embargo, la empresa se endeudó excesivamente. "Aguas Argentinas optó por un nivel de endeudamiento superior al previsto en la oferta así como a los admisibles para este tipo de compañías a nivel internacional". Es que el Estado "fue nuevamente flexible en favor de la empresa en la renegociación de 1997-99 al aceptar niveles de endeudamiento superiores a la oferta", lo cual le permitió "evitar el aporte de capital propio para cubrir las exigencias financieras de la concesión, lo que derivó en una situación crítica de endeudamiento a partir de 2002". Esto "expuso a la compañía a una debilidad extrema que impidió afrontar mejor la emergencia económica" de ese año. "En cuanto a la atención a usuarios, Aguas Argentinas ha demostrado baja eficacia en atender reclamos que afectan su rentabilidad". Esta "falta de interés" se manifiesta como "reticencia en la provisión de información, desacuerdos constantes, descargos y recursos de reconsideración frente a las intimaciones del Etoss", que califica a la concesionaria como "imbuida de falta de colaboración, reticencia, contumacia y en algunos casos hasta manifiesta rebeldía". El Etoss observa que Aguas Argentinas fue multada por un total de 40.603.114 pesos de los cuales sólo abonó el 42,15 por ciento, adeudando así 23.488.446 pesos.
El Gobierno y Aguas Argentinas se encuentran en tratativas para la firma de un "acta transitoria" tendiente a garantizar la prestación del servicio y realizar las inversiones pendientes, mientras avanza la renegociación global del contrato.
Según las condiciones establecidas por el proyecto de Régimen Nacional de Servicios Públicos, se fijan las pautas centrales que guiarán la explotación de la distribución de los servicios públicos, determinando los ajustes de las tarifas para poder garantizar la continuidad del servicio, cumpliendo las normas de calidad y seguridad, pero debiendo asegurarse la tarifa más baja posible y sin garantizar rentabilidad al prestador.
Los franceses dijeron en reunión con el Gobierno que aceptarían suspender por este año el juicio contra el Estado. En la misma reunión postergaron hasta fin de mes la firma de un acuerdo de transición que contemple un plan de inversiones para este año y la suspensión del juicio iniciado ante el CIADI, Tribunal Arbitral del Banco Mundial. Por otra parte, el grupo Suez afirma que la negociación se encuentra encaminada en sus principales aspectos y que presentaron en una reunión mantenida con Rafael Bielsa, Lavagna, De Vido los grandes lineamientos de una nueva asociación entre la empresa y el concedente (Estado Nacional), basados en la continuidad del servicio y la expansión de las prestaciones. Ratificó el Pte. de Aguas Argentinas Yves Thibault de Silguy que es también delegado general de Suez, su voluntad de continuar con el servicio al afirmar que "ha propuesto al gobierno argentino las bases de una negociación tendiente a establecer de manera duradera un acuerdo económicamente equilibrado para todas las partes". Por nuestra parte estimamos que sería bueno que estas tratativas sean conocidas por la Comisión de Usuarios del Ettos a efectos de evaluar su posición en representación de los usuarios del sistema. El Defensor del Pueblo Mondino, por su parte cuestiona la firma de un acta transitoria con Aguas Argentinas. Dijo razonablemente que "en un principio no resuelve los incumplimientos de la emprensa" y que "aparece como una impasse entre el Estado y el concensionario, fijándose obligaciones de obras iguales a las que se habían comprometido en enero de 2001 y no se cumplieron."
El 11 se firmó el Acta Acuerdo entre el gobierno y la empresa Aguas Argentinas S.A.. (ver Acta Acuerdo)
La Comisión de Usuarios del Etoss, (integrada por ACUCC, ADELCO, ADECUA, CEC, CECUC, Consumidores Activos, Consumidores Argentinos, Consumidores Libres, Cruzada Cívica, DEUCO, DUC, PROCONSUMER, PROCURAR, Unión de Consumidores de Argentina y Unión de Usuarios y Consumidores) a los efectos de solicitar información y manifestar su posición en relación al Acta Acuerdo suscripta entre el Estado Nacional y la Concesionaria con fecha 11 de mayo de 2.004 y que fuera ratificada por Decreto Nº 735/04, envió una nota a la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos, donde, a los efectos señalados, se analiza el articulado del Acta Acuerdo referida. (ver nota)
La Comisión Bicameral (de seguimiento de las facultades delegadas al Ejecutivo por la Ley de Emergencia) recomendó ayer al congreso aprobar el acta transitoria firmada entre Aguas Argentinas y la unidad de renegociación de contratos, que ya está ratificada por decreto. Por este acuerdo que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre se establece una inversión de $ 242 millones para este año, se suspenden multas y se mantienen las tarifas sin variantes.
Tras un arduo debate, la Bicameral decidió dar por aprobado el acuerdo transitorio, ateniéndose a "una razón de prudencia política, de carácter necesariamente excepcional" debido a que el problema surgió por el procedimiento del gobierno y no por el contenido del acta.
Según la Comisión, "en lo sucesivo, el Poder Ejecutivo deberá abstenerse de omitir la intervención del Congreso en forma previa a la suscripción de acuerdos de renegociación".
El dictamen enfatizó que la Ley 25.790 que extendió hasta el 31 de diciembre de este año, la renegociación de los contratos con las privatizadas, estableció que el Poder Ejecutivo debe remitir al Parlamento todos los acuerdos con las compañías, aunque no sean los definitivos, sino parciales o transitorios.
Dentro de la Bicameral, algunos legisladores de la oposición y del propio oficialismo, habían amenazado con rechazar el acta firmada con Aguas Argentinas, por haberse dictado el decreto de ratificación, antes de la evaluación del Congreso.
Finalmente primó la mesura y todo quedó en una advertencia al gobierno.
El Secretario de Energía Daniel Cameron asegura que está haciendo todos los esfuerzos posibles para ir dando repuestas cuanto antes a los problemas estructurales energéticos, privilegiando a los de mayor impacto social. Por ello esta trabajando para generar un panorama claro, previsible y rápido.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad ENRE integró provisoriamente su directorio, por Decreto N° 204/03, con la designación de Martínez Leone como Vicepresidente, que desempeñará las funciones de Juan Legisa. Recordamos que fue vocal de dicho ente entre 1996 y 1999 propuesto por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica que representa a las provincias. La designación provisoria estará vigente hasta que se llame a concurso para designar las nuevas autoridades. Por otra parte el Gobierno decidió abrir una nueva convocatoria de antecedentes para completar los cinco puestos que componen al directorio del ENRE y ENERGAS. Esperemos que solucionen y apliquen una multa ejemplar ante los 5900 reclamos de usuarios afectados por el corte de TRANSENER, que dejó a oscuras a 12.000.000 de personas en noviembre ppdo.
A partir de septiembre de 2003 el directorio del ENRE estaá formado por el Pte. Alfredo Martínez Leone, segundo vocal Julio Molinas nombrado por el Consejo Federal de Energía y el 10 de septiembre de 2003 el Secretario Cameron puso en funciones a JORGE BELENDA como vocal tercero del ENRE, quien proviene de la Administración de Energía de La Pamapa y fue designado por decreto del PEN en la necesidad de asegurar el funcionamiento del ente, ante el hecho que se requiere tres miembros como quorum mínimo para tomar decisiones. Estos nombramientos son transitorios hasta que se concreten los concursos exigidos por la ley del marco regulatorio eléctrico.
Los servicios bajo revisión en este sistema son Distribución eléctrica (Edenor, Edesur, Edelap) y Transporte de Energía Eléctrica (Distrocuyo, Transener, TransBA, TransNOA, TransNEA, Transpa, Transcomahue).
INCIO DE LA GESTION KIRCHNER
Se estima que subirá el 14 % la luz en invierno (para cubrir el gasto de generar energía con gasoil por falta de gas). Se analiza seriamente una lamentable suba de 40 % para el nivel mayorista, lo cual significa que tendrá un impacto promedio del 14 % en tarifas. La empresa Cammesa manifiesta que se quedó sin recursos en el fondo de donde sale dinero para pagar a las generadoras parte del precio de invierno. Aduciendo que en el invierno el suministro de gas no alcanza para todos.
Generar luz con combustible líquido cuesta hoy 200 % más que hacerlo con gas. El precio de este último está congelado desde la devaluación mientras que el precio del gasoil subió. De este modo Cammesa debe pagar más cara la energía.
El secretario de Energía negoció con el Ministro de Economía un crédito del Tesoro Nacional de 150 millones de pesos. Hoy su aprobación es una de las urgencias del ministro Julio De Vido para poder pagar a las generadoras en junio. Una vez conseguido el crédito el gobierno deberá instrumentar un aumento en el precio de la energía para pagar el préstamo y recomponer el fondo estabilizador. Se sostiene que la culpa fue de Duhalde que al no autorizar ajustes en el precio mayorista llevó a usar dineros del fondo. Cammesa podría entrar en default en los primeros días de junio si no se aprobara el crédito. (28/05/03)
El ministro de Planificación, Julio De Vido, aseguró ayer que no está previsto en el corto plazo impulsar un aumento en las tarifas de los servicios públicos. La idea era (o es) ajustar dos precios: el del gas en yacimiento que perciben las petroleras y la energía mayorista, aplicando aumentos diferenciales de modo que el mayor peso recayera sobre la industria y sobre los residenciales de mayor consumo. Es posible que De Vido no se haya referido a esos ajustes cuando dijo que no habrá aumentos en las tarifas.(29/05/03)
Tampoco habrá subas de invierno en luz y gas. Según trascendió tras una ardua negociación con la Secretaría de Hacienda, el secretario de energía. Daniel Cameron, obtuvo un préstamo del Tesoro de 150 millones de pesos para Cammesa. Este préstamo es imprescindible y debe cubrir por lo menos los costos variables de las generadoras eléctricas para que éstas sigan operando. Estos costos se incrementan en un promedio de 200 % en invierno durante las jornadas en que las centrales térmicas deben operar con gasoil porque el suministro del gas se les corta para cubrir las demandas residenciales e industriales que no pueden interrumpirse. Si no hay aumento del precio mayorista, los 150 millones que salieron de Hacienda operarán como un subsidio a la tarifa eléctrica de todos los usuarios.(30/05/03)
Antes de finalizar la primera quincena de junio de 2003, se ha parado una suba del 15 % en la luz. Para ello, el Gobierno desvió hacia el mercado eléctrico 150 millones de pesos para compensar los mayores costos operativos que enfrentarán las empresas generadoras en los próximos meses. Recordamos que desde que se privatizó el negocio eléctrico el precio de la energía mayorista se ajusta (hacia arriba o hacia abajo) cuatro veces al año: en noviembre, febrero, mayo y agosto. Según los cálculos que hicieron los colaboradores del Secretario de Energía, los 150 millones de pesos que desembolsará el Tesoro alcanzarán para llegar sin aumentos tarifarios hasta agosto. A partir de ese mes, la Cammesa tendrá que empezar a devolver el préstamo, mientras que los usuarios deberán soportar el postergado ajuste estacional más el que se defina para las compañías distribuidoras, que vienen con sus tarifas congeladas desde diciembre del 2001. (13/06/03)
El consumo de luz crece más en el interior que en la Capital y Gran Buenos Aires, donde se concentra casi el 40 % del consumo total de electricidad. En el primer semestre de 2003, la demanda de energía eléctrica registró un aumento del 6,7 % promedio respecto a igual período del año pasado. Cuyo fue la región que más creció (13 %), seguida por el interior bonaerense (9,8 %) y la zona del NOA (8,5 %). La tasa de crecimiento más baja que registró en el primer semestre del 2003 versus igual período del 2002 correspondió a la región Capital Federal y Gran Buenos Aires, con una variación del 4,5 %. Por encima de ese registro se ubicaron las regiones de Comahue (8,3 %); centro (8,1 %); Litoral (6 % ) y NEA (4,9 %). El ranking por provincia lo lideró San Juan con una suba del 19,2 %, seguida por Catamarca (16,6 %) y San Luis (15,5 %). La demanda jujeña cayó un 0,2 %, mientras que el consumo de los salteños sólo creció un 0,9 %. Las diferencias en las variaciones de la demanda eléctrica reflejan que en el interior existe un crecimiento de la actividad productiva más firme que el que se registra en el área de Capital - Gran Bs. As.(13/07/03).
Agosto (21). La Unidad Renegociadora piensa que quienes cumplieron con los contratos merecen recibir 9 % de aumento. Sin mencionar la celebración de Audiencias Públicas al respecto.
Con la constitución del directorio del ENRE, después de estar tres meses acéfalo, es decir sin quórum para sesionar y aplicar multas, se preanuncia un cúmulo de sanciones a las distribuidoras. En ese sentido se publicó el 18 de septiembre en el B.O. una resolución del ente aplicando dos multas a Edesur, una por $ 240.970.- y otra por $ 43.461.- por incumplimientos en el semestre comprendido entre septiembre de 2000 y febrero de 2001. En la semana anterior también se aplicaron multas abultadas a Edelap y a Edenor. El monto de las multas, una vez firme, debe ser reintegrado a los usuarios a través de la factura.
El gerente general de EDESUR advierte que puede haber cortes de luz este verano.
AGEERA es la Asociación Generadora de Electricidad a cargo de Ernesto Badaraco .
ADEERA es la Asociación de Distribuidores a cargo de Fernando Panoso.
Se programa para el 2 de diciembre próximo una reunión con las compañías eléctricas (generación y distribución), que es otro de los sectores que podría conseguir un incremento tarifario.
Las empresas de transporte y distribución retoman con el Gobierno la renegociación de sus contratos. El temario para debatir incluye las inversiones efectuadas por las empresas, el cumplimiento de obras comprometidas en sus contratos, costos de la operación y la metodología empleada para efectuar ajustes, programa de inversión y su financiamiento, tasa de rentabilidad, tarifa social y calidad del servicio.
Si bien se ratifica que no suben las tarifas el Gobierno autorizó un préstamo de $ 150 millones para pagar a las empresas generadoras de electricidad a las que se le adeudaba alrededor de 390 millones de pesos.
20/7. Los contratos a renegociar son en Transporte:
Transener/TransNoa/TransNea/Transba/Distrocuyo/Trasnpa/ Transcomahue.
25 de agosto 2004 en Necochea: Transener y Transpa
30 de agosto de 2004 en Tucumán: TransNoa
6 de septiembre de 2004 en San Juan: DistriCuyo
15 de septiembre de 2004 en Corrientes: Transnea
20 de septiembre de 2004 en Trelew: Transpa
22 de septiembre de 2004 en Neuquen: Transcomahue
Aclaramos que no sabemos si se van a celebrar las audiencias. Al igual que dos de las transportadoras de gas (TGN y TGS), rechazaron las renegociaciones parciales o transitorias hasta el 2007 que propuso la UNIREN y ratificaron que no concurrirán a las audiencias.
23/7. Marcha atrás con las audiencias públicas programadas para debatir las renegociaciones. Se ha empantanado la renegociación de los contratos con las empresas de gas y electricidad. Si bien la UNIREN había publicado un cronograma de celebración de audiencias, las compañías de servicios públicos -gas y electricidad- rechazan las condiciones impuestas por el Gobierno.
En el Ente Nacional Regulador del Gas ENARGAS fue designado, en forma provisional y como Vicepresidente del Directorio Hugo Muñoz.
En este sistema, no habrá aumento del gas hasta agosto. En efecto, el Ente Regulador del Gas decidió postergo hasta agosto la audiencia pública que había convocado para debatir el "ajuste estacional" que iban a tener los precios del gas en le período invernal. Los fundamentos son: el alto grado de dispersión de interpretación por parte de los productores de gas respecto de la ley de emergencia y la necesidad de proteger adecuadamente los derechos de los consumidores. Los reguladores además aprobaron que hasta agosto continúen vigentes los actuales cuadros tarifarios para el servicio de gas por redes. Si bien todas las productoras vienen reclamando una actualización del precio del gas desde el año pasado se diferencian entre ellas por la variable de ajuste que toman en cuenta. Algunas se inclinan por pedir un aumento que siga la evolución del CER, otras empresas exigen directamente una dolarización del valor del gas. Si se hubieran aprobado los incrementos que pretendían las productoras, las tarifas de los usuarios finales debían registrar subas del 30 al 70 %, según los casos. La audiencia que ahora se trasladó para agosto debió haberse realizado a fines de abril. El Gobierno logró que el ente regulador postergara la convocatoria para no tener que anunciar los ajustes antes de las elecciones. La decisión de Enargás de dar marcha atrás con los aumentos estuvo precedida de un pedido conjunto que las asociaciones de consumidores le hicieron al ministro De Vido para que se suspendiera el tratamiento de las subas estacionales. (30/05/03).
La Audiencia Pública a designarse es exclusivamente para definir los pedidos de aumentos estacionales del gas en boca de pozo que hicieron los productores. En tanto, el Gobierno definió un préstamo de 150 millones de pesos par el sector eléctrico, destinado a absorber los costos dolarizados de las empresas desde que la ley de emergencia pública congeló sus tarifas. Esta medida se tomó para compensar la falta de dinero del "Fondo Estabilizador" que componen las empresas del mercado eléctrico y que se utiliza para evitar, precisamente, las fuertes subas en los períodos invernales, en que la energía es más cara por la baja de la generación hidráulica. Si bien el consumo en la Prov. de Bs. As., en la segunda quincena de junio, aumentó un 9 % en relación al 2001. En el nivel residencial el consumo bajó, pero hay industrias que se benefician porque están exportando en dólares y tienen todos los servicios pesificados.
Petrobras no invertirá si no suben las tarifas. La relación con el Gobierno es buena pero, si no hay aumentos de tarifas tampoco habrá inversiones en gas en el futuro. Esto es lo que opina Petrobras, la firma estatal que compró el año pasado Pecom Energía en casi 1.200 millones de dólares.
El director general de la empresa Alberto Guimaraes dijo que lo ideal para una integración energética regional en el futuro sería tener tarifas comunes, determinadas por el mercado y sólo alteradas por los sobrecargos en el transporte. Hoy, en la Argentina, el precio del gas mayorista (a boca de pozo) está casi tres veces por debajo de lo que las empresas consideran adecuado. (1/07/03)
Falta gas para habilitar nuevas estaciones de servicio de GNC. Por falta de gas en las redes, en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz, entre otras están rechazando la instalación de nuevas estaciones de servicios GNC. El fenómeno podría extenderse a la Capital Federal y el conurbano poniendo un freno a uno de los fenómenos más dinámicos de estos últimos meses que es la conversión de los autos de nafta a gas comprimido.
El sistema empieza a mostrar problemas. Los grandes caños de conexión entre los centros de consumo y los campos gasíferos de la Patagonia y del norte del país están al máximo de su capacidad, y ya no pueden abastecer a nuevas demandas. La semana pasada la carencia se extendió a La Pampa. Una veintena de potenciales usuarios de gas vieron rechazados sus pedidos de conexión. Entre ellos dos estaciones de GNC. Allí opera Gas Pampeana, de Camuzzi.
Atrás de todo el debate están los reclamos de tarifas. Las transportistas y las distribuidoras dicen que sin ajustes no pueden hacer las obras necesarias para ampliar la capacidad. En tanto en todo el sistema de gas empiezan a prenderse luces amarillas. En MetroGas y GasNatural reconocen que ellos tampoco tienen capacidad para seguir ampliando la oferta de gas. En algún momento empezarían a decir no a nuevas estaciones de servicios.(13/07/03).
Agosto (21). La Unidad Renegociadora piensa que quienes cumplieron con los contratos merecen recibir 7% de aumento. Sin mencionar la celebración de Audiencias Públicas al respecto.
Dura advertencia del Ministro De Vido a las eléctricas. Dicen que no admitirán la suspensión del servicio de ningún tipo y cargó así contra la empresa Edesur, que alertó sobre la posibilidad de cortes durante el verano por la falta de inversiones que registra el sector.
Ante la tensión de las empresas los petroleros insisten en la suba del gas. El Gerente General de Repsol YPF (Bulgheroni) dijo que se violan las reglas, que un aumento sería buena señal para el exterior. El Pte. de PanAmerican Energy advirtió que ya hay problemas en los gasoductos.
El Ministro De Vido ratifica la posición oficial de incrementar las tarifas del gas solo a usuarios que tengan un consumo intensivo, considerando que esa actitud no discrimina, sino por el contrario, implica un criterio de inclusión. El criterio que va a adoptar el Estado Nacional es que la mayor carga del peso tarifario como impositivo a futuro, va a recaer en aquellos que más ganan. Esto lo afirmó al concluir la firma del Acuerdo Federal, para la viabilización del proyecto de construcción del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA).
Por otra parte, el día 26 comienzan las negociaciones que lleva adelante la UNIREN con las transportadoras y distribuidoras de gas. Informan que simplemente comienzan con algunas conversaciones.
Ratifica lo expuesto el Secretario de Energía, Daniel Cameron, al considerar que el acuerdo con las empresas para efectuar ajustes se dará en el corriente año y dentro del plazo que marca la ley, que sigue siendo el año entrante, negando dar precisiones sobre posibles incrementos. La renegociación es una cuestión integral -en cuanto a las tarifas- entre las necesidades del Estado, la gente y las empresas, aclarando que hay que hacer que los servicios sean sustentables desde el punto de vista económico, porque -admitió- no se puede avanzar con voluntarismo y esto en algún momento tendrá que ver con las tarifas.
Proconsumer sigue esperando que la UNIREN nos abra la puerta para la participación y espacio que merecen los usuarios.
Decidirían en enero aumentos para el gas, que impactarían 2 % en tarifas residenciales medias y altas y hata 9 % en industrias.
PRIORIDADES: YA SE SABE QUE EL PRIMER AUMENTO QUE AUTORIZA EL GOBIERNO SERA PARA LA GENERADORAS DE ELECTRICIDAD, A LAS QUE SE LE DEBE MAS DE $ 350 MILLONES.
Prioridades: se sabe que el primer aumento que autorizará el Gobierno será para las generadoras de electricidad, a las que se les debe más de $ 350 millones. Ahora trascendió que en la segunda quincena de enero se discutirían en audiencias públicas actas acuerdo con las petroleras para ajustes en el gas, que significarían subas de 1,7 % a 9 % en tarifas finales.
En las actas, las petroleras comprometerían inversiones y renunciarían a juicios mientras el Gobierno prometería adecuar el precio del gas gradualmente en 36 meses.
20/7. Los contratos a renegociar son:
Transporte de Gas: Transporte de Gas del Norte/ /Transportadora de Gas del Sur, respecto a estas las fechas programadas son:
25 de agosto 2004 en Paraná: TGN
31 de agosto de 2004 en B. Blanca: TGS
Aclaramos que no sabemos si se van a celebrar las audiencias. Al igual que las de transportorte eléctrico, rechazaron las renegociaciones parciales o transitorias hasta el 2007 que propuso la UNIREN y ratificaron que no concurrirán a las audiencias.
Se designó como Secretario de Comunicaciones a Guillermo Mario Moreno.
Como interventor de la CNC se designó al Dr. Fluvio Madaro, quien a su vez designó como flamante asesor al Dr. Alejandro Groglio, letrado de reconocida trayectoria en la Defensa del Usuario-Consumidor.
Antes de dejar la Secretaria de Comunicaciones Marcelo Kohan ha frenó un pedido de aumento de tarifas en la Capital Federal y el Área Metropolitana de Buenos Aires. Anteriormente Telefónica y Telecom habían reclamado la liberación de precios. La nueva Resolución SC 304/03, dictada a fines de mayo de 2003, establece que Telefónica y Telecom deberán demostrar que efectivamente han perdido en su zona el 20 % de sus ingresos a manos de la competencia para que se liberen las tarifas. En noviembre de 2000, el entonces secretario de comunicaciones firmó la desregulación que permitía el ingreso de nuevos competidores al mercado. Si se declara la competencia efectiva se podrían liberar las tarifas. Esta se da si las operadoras dominantes pierden un 20 % de los ingresos por los competidores. Apenas firmada la desregulación, Telefónica y Telecom solicitaron la declaración argumentando que se daban las condiciones para la misma. Ese expediente fue reflotado el año pasado para forzar un aumento de tarifas. La negociación se dilató y el ajuste pedido no se concedió. Entonces Telefónica acudió a la justicia para que exigiera a la Secretaría que aclarara el tema. La semana pasada la juez Carrión de Lorenzo le pidió que en el plazo de 40 días se pronuncie. En la resolución Kohan destacó la necesidad de que se demuestre la perdida del 20 % de los ingresos. (27/5/03)
Piden a las telefónicas demostrar competencias. El secretario de comunicaciones Marcelo Kohan, clausuró las esperanzas de Telecom y Telefónica de poder reajustar sus tarifas al menos en el área metropolitana. Ambas deberán demostrar la existencia de competencia efectiva en los servicios de telefonía local y de larga distancia nacional e internacional en el AMBA. Para reajustar libremente sus precios deberán verificar una pérdida de al menos 20 % de sus respectivos mercados. Las empresas presentaron sendos recursos administrativos de pronto despacho. Telefónica fue a la Justicia en queja porque la SECOM no se expedía. Lo hizo ayer pero con un dictamen que no las satisface porque pone la pelota de nuevo en el campo de las telefónicas. Las empresas afirman haber presentado datos suficientes para que la SECOM se expida en un sentido o en otro. Lo hicieron con números auditados por consultoras externas. A tres años de su pedido original siguen discutiendo de que si querían más datos deberían habérselos pedido en ese entonces. Según un informe se establece la necesidad de solicitar mayor desagregación geográfica de los ingresos y otras variables respecto de la información presentada de manera que resulte útil para los estudios relativos a la existencia de competencia efectiva en el área local.(28/05/03)
"Telefónica podría cerrar". Afirma la consultora Deloitte & Touche en un informe a la autoridad bursátil de los EE.UU. que Telefónica de Argentina podría no sobrevivir si la empresa no puede subir las tarifas u obtener una nueva financiación.
El Secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, convocó a fines de agosto a todas las empresas de telecomunicaciones a colaborar con un fondo fiduciario a administrarse por el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) y que saldrá a la Bolsa el día 3/9. Se llevan recaudados 75 millones de pesos, de los cuales 30 millones aportaron Telefónica de Argentina y Telecom.
La Secretaría de Comunicaciones publicó el reglamento en el que se detalla como se definirán los proyectos en los que se va a invertir, entre otros aspectos relevantes.
La redefinición de los contratos de Telefónica y Telecom quedarían para última instancia. La cuestión en discusión es el tema tarifario, que se encuentra congelado desde fines de 2001.
Hasta ahora, el Gobierno firmó dos acuerdos transitorios que vencen en diciembre de este año: uno con Aguas Argentinas y otro con Telefónica y Telecom. En ambos casos se acordó que las tarifas seguirán congeladas. (Ver Carta Entendimiento con las telefónicas)
Según el informe elaborado por la Auditoría General de la Nación, las empresas concesionarias de los ferrocarriles: 1° no cumplen con las inversiones comprometidas; 2° modifican las obras sin autorización; 3° no cumplen con el patrimonio mínimo; 4° adeudan cánones por la concesión; 5° no efectúan el mantenimiento de los bienes; 6° realizaron ajustes a las tarifas que violan los contratos y la Ley de Convertibilidad; 7° no abonan las multas impuestas por el Ente Regulador; 8° no cuentan con un sistema eficaz de recepción de quejas de los usuarios del servicio; 9° no cuentan con seguros; y 10° No responden reclamos del Estado.-
TRENES: CRUCES POR LOS NUEVOS SUBSIDIOS. El aporte estatal a los concesionarios subió a 600.000 pesos diarios Sin Convocatoria Pública. La decisión del gobierno de aumentar casi 18 millones de pesos los subsidios mensuales cosechó fuertes cuestionamientos ante la atípica forma de renegociar los funcionarios estos contratos y que quedaría un peligroso antecedente frente a los aumentos tarifarios que exigen las otras empresas de servicios públicos. El Defensor del Pueblo calificó de INEXPLICABLES E INJUSTOS estos incrementos y advirtió que implican una modificación parcial de los contratos y que deberían pasar por una Audiencia Pública. Es significativo que el Gobierno sigue haciendo todo a espaldas de los consumidores y de sus representantes.
22/7. Los Contratos a Renegociar son en Ferrocarriles Urbanos: Metrovías/TBA (Sarmiento- Mitre) /Ferrovías/Metropolitano (Roca-San Martin-Belgrano Sur)
El informe elevado al Gobierno Nacional por la Auditoría General de la Nación, asienta que existe un incumplimiento generalizado de las inversiones comprometidas según el Plan de Inversiones y Mantenimiento, como así también una falta de ejecución de las obligaciones referidas al mantenimiento. La consecuencia es la pérdida del valor económico de los bienes del Estado, el creciente deterioro del sistema y un nivel de calidad que pone en riesgo la seguridad del servicio.
En cuanto al pago del canon, indica que existe un alto grado de incumplimiento. Los Pliegos de Bases y Condiciones establecían como causal de rescisión del contrato la falta de pago de seis mensualidades acumuladas. No obstante, ya en el pasado, existen múltiples casos en los que, al momento de realizarse las auditorías, los atrasos en el cumplimiento de esta obligación superaban holgadamente ese plazo.-
22/7. los Contratos a Renegociar son:
Nuevo Central Argentino/Ferrusur Roca/Buenos Aires al Pacifico/Ferroexpreso Pampeano/Ferrocarril Mesopotánico.
Las fechas programadas de Audiencias Públicas son:
19 de agosto de 2004 en Olavarría: FERROSUR
20 de agosto de 2004 en B. Blanca: FERROEXPRESO
30 de agosto de 2004 en R. Cuarto: NCA y ALL
g. Las concesiones viales con cobro a usuarios, incluidos los accesos a la ciudad de Buenos Aires.
Ante la finalización de los contratos viales habrá nuevas concesiones. Se licitarán dichas rutas antes de octubre. Pese a los apoyos de usuarios y concesionarios no será fácil licitar las rutas antes de octubre. Previamente el Gobierno deberá resolver varios temas pendientes. La finalización de los contratos viales que provienen de la primera etapa menemista y la entrada en vigencia de las nuevas concesiones implicará para las autoridades tener que resolver cinco aspectos clave que condicionan el negocio de los peajes: tarifas, subsidios, obras no cumplidas, reclamos pendientes y marco regulatorio.
1- Se debe definir el cuadro tarifado de las nuevas concesiones. Actualmente los peajes presentan un esquema de bonificaciones otorgadas por el Gobierno de Fernando De la Rúa. Los camiones sólo desembolsan en las cabinas el 28 % del peaje que les corresponde. Los colectivos de larga distancia abonan el 40 % y está en proceso un nuevo descuento que los eximiría de pagar. Los automóviles y las camionetas pagan el 70 % de la tarifa. En todos los casos la diferencia que no pagan los usuarios es compensada por el Estado mediante los subsidios tarifarios. El Gobierno deberá optar por mantener las tarifas actuales con algún mecanismo de compensación o subir los valores que están pagando los usuarios con el costo político que implica.
2- Subsidios: Las compañías viales embolsan una compensación estatal que promedia los 45 millones de pesos por mes. Se llega a esa suma por las subas tarifarias aprobadas que no se trasladaron al público; las deudas por los subsidios atrasados; el pago de obras que no figuraban en los contratos y las compensaciones por las rebajas de peajes que rigen desde el 2001. Si no se subsidian las nuevas tarifas a partir de octubre las autoridades tendrán disponibles para obras nuevas cerca de 600 millones de pesos anuales que ahora van a parar a los bolsillos de las empresas.
3- Obras e inversiones incumplidas. Los concesionarios llegarán a octubre sin haber cumplido todas las inversiones comprometidas. El índice de incumplimiento llega al 65 %. El índice de estado está en promedio en 5,5. Los contratos establecen que deben entregarse al finalizar la concesión con un índice de 6,5. Para eso habría que repavimentar todos los corredores, cosa que no se puede hacer antes de octubre. Esa inversión no realizada trepa a 300 millones de pesos que ahora el Estado puede reclamarle a las empresas.
La intención oficial es incluir en los corredores que se relicitarán un paquete de obras adicionales. Ya se mandó a pedir a todas las estaciones de peaje el listado de las obras que reclaman los intendentes y jefes comunales (pavimentación de accesos, banquinas, semáforos en cruces peligrosos, puentes peatonales e iluminación de las rutas)
4 y 5- Reclamos y marco regulatorio: Las empresas viales mantienen en pie un reclamo por la alteración económica que produjo la devaluación. Por otro lado las rutas carecen de un marco regulatorio como los de la luz y el gas. El ente de control fue creado por decreto y sus autoridades se siguen eligiendo a dedo y sin concurso de antecedentes.(1/06/03)
Relicitarán los peajes con el respaldo del Banco Mundial. Con la nueva licitación el Gobierno busca mayor transparencia en los contratos, tarifas más realistas y sobre todo eliminar subsidios estatales. Las concesionarias perciben unos 50 millones de pesos mensuales, en total 600 millones de pesos anuales que podrían redestinarse a mantener y mejorar las rutas que no están concesionadas.
El Gobierno además sentó un precedente: los que quieran participar de las nuevas licitaciones, deberán desistir de iniciar acciones judiciales contra el Estado por los reclamos del pasado. En el futuro cuando se trate de renegociar los contratos de las otras privatizaciones , las empresas y sus accionistas en el exterior deberán también cerrar las acciones iniciadas en tribunales internacionales contra el Estado argentino.(2/06/03)
Que ante el anunciado llamado a licitación para otorgar en concesión quince corredores viales de nuestro país, cuyos contratos vencen el próximo 31 de octubre de 2003, Proconsumer -velando por los derechos e intereses económicos de los usuarios viales- se presentó ante el Ministro De Vido solicitando que se omita en las bases y condiciones de los pliegos el sistema de cobro con cabinas en rutas, sistema este que ha sido establecido desde la década del 90 en forma inconstitucional e ilegal en las rutas nacionales. A continuación el texto íntegro de la nota enviada por Proconsumer.
"Buenos Aires, 3 de julio de 2003
Ricardo Leandro NASIO y Marcelo FERNÁNDEZ GRASSI, en nuestra condición de Presidente y Secretario, respectivamente, de PROCONSUMER – ASOCIACIÓN PROTECCIÓN CONSUMIDORES DEL MERCADO COMÚN DEL SUR, con domicilio en la sede de la calle Viamonte 885, 2º Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, y con el asesoramiento del Dr. Arturo GIANNULLO, a vuestra Autoridad, respetuosamente, nos presentamos y decimos:
Que ante el anunciado llamado a licitación para otorgar en concesión quince corredores viales de nuestro
país, cuyos contratos vencen el próximo 31 de octubre de 2003, es que venimos a solicitar velando por los derechos e intereses económicos de los usuarios viales, que se omita en las bases y condiciones de los pliegos el sistema de cobro con cabinas en rutas, sistema este que ha sido establecido desde la década del 90 en forma inconstitucional e ilegal en las rutas nacionales.
Así como el Gobierno, y en especial vuestro Ministerio, determinaron que no existen razones técnicas, sociales ni económicas para prorrogar los mentados quince corredores viales, de igual manera no existe impedimento alguno para eliminar las cabinas de peaje, máxime si, como expresáramos, éstas se tornan abiertamente contrarias a la letra y espíritu de nuestra Carta Magna.
Nos permitimos recordar que el régimen de peaje para el mantenimiento de las rutas –y para obra nueva- fue conceptuado en su momento como el negociado más escandaloso en el marco de las concesiones y privatizaciones. En ese sentido, las tasas de rentabilidad obtenidas por los concesionarios de la red vial nacional superan varias veces la de otros sectores de la economía.
Por otra parte, jamás se determinó el pago como contraprestación por el servicio brindado con la realización de un estudio técnico-económico desde el punto de vista de la ingeniería económica del transporte. Es decir, que se configura de este modo una clara violación a la Ley de Peaje N° 17.520 que expresa que "el nivel medio de las tarifas no podrá exceder el valor económico medio del servicio ofrecido".
Teniendo en consideración, que el Gobierno aún no se pronunció en cuanto a si va a seguir o no con el viejo régimen de peaje con cabinas de cobro en nuestra rutas y a los efectos de fundamentar nuestra propuesta exponemos:
1. Que la eliminación de todas las cabinas de peaje establecidas en las rutas nacionales de nuestro país, sería reemplazado por otros sistemas más modernos y más económicos, como por ejemplo, el implementado en Inglaterra, denominado "peaje en la sombra", el peaje indirecto, el impuesto a los combustibles, la tasa vial, el llamado sistema COT (Construir-Operar-Transferir) o el CREMA (Construir-Reparar-Mantener), entre otros. Sistemas que se pueden adoptar con las licitaciones transparentes como desde vuestro Gobierno pretenden imponer y con financiación proveniente de los fondos recaudados a través de los impuestos a los combustibles y lubricantes, y la tasa vial. En este sentido, hay distintos trabajos realizados por entidades de usuarios, que serían de mucha utilidad, donde explican que el costo km./año por el sistema COT y el CREMA, sin ningún tipo de peaje, aplicado en algunas rutas nacionales oscila entre $ 8.000.- y $ 17.000.- como máximo; mientras que en las rutas nacionales con peaje el costo km./año es de $ 40.000.- promedio, llegando en algunos casos a los $ 60.000.-
2. En efecto, se busca y se reclama por un sistema de peaje indirecto SIN CABINAS DE PEAJE, financiado como dijéramos por los impuestos a los combustibles y contribuciones anexas, sufragando el costo de construcción y mantenimiento de la red vial nacional y provincial por tramos, cuyo contralor, obviamente, sería responsabilidad de los órganos oficiales competentes. Caso contrario, solicitamos se adjudique el mantenimiento de los corredores viales nacionales, actualmente concesionados por el régimen de peaje, por otro sustancialmente mas económico como el denominado CREMA.
La adopción del Sistema Crema, sin cabinas de cobro de peaje en ruta, que proponemos, es viable para los vigentes 12.000 km. de la red, cuyo costo en relación km./año es inmensamente inferior al actual sistema y que obliga además a detener millones de veces a los vehículos en las cabinas de cobro, con más los gastos adicionales que generan las acostumbradas demoras, frenadas y la puesta nuevamente en movimiento de las unidades de los usuarios.
3. Los puntos fundamentales para observar que se debe terminar de una vez por todas con el sistema de financiamiento vial por peaje, radican en que:
3.1. Es inconveniente desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte;
3.2. La baja densidad de tránsito existente en las rutas nacionales y provinciales de nuestro país no permite cumplir con lo ordenado por la Ley de peaje que expresa, como señaláramos, que la tarifa debe ser inferior al beneficio del usuario que transita por la ruta;
3.3. Origina un nuevo costo o impuesto al tránsito y no el pago de una contraprestación real ofrecida (Principio universal del peaje);
3.4. Son anticonstitucionales al no existir caminos alternativos libres de pago tal como lo prescribe la Ley.
4. Para observar la necesidad de implementar este nuevo sistema se debe exigir que:
4.1. Se auditen los corredores viales concesionados, de acuerdo a la Res. N° 258/01 de la Auditoría General de la Nación (AGN) del 27-12-2001;
4.2. Se verifiquen los volúmenes de obra realizados por las empresas;
4.3. Se controle el Indice de estado (I.E) y la calidad de los pavimentos;
4.4. Se analice la transferencia indebida e ilegal de millones de pesos o dólares abonados por los usuarios, ya que las tarifas no cumplieron con los previsto en la Ley de Peaje N° 17.520;
4.5. Sean reasignados los recursos por los denominados Impuestos Específicos -Ley 11658/32- a las naftas, neumáticos, lubricantes, transferencias y a las autopistas que generan fondos estimados en 4.000 millones de pesos anuales;
4.6. Se utilicen los recursos proporcionados por el Art. 3° del Decreto 976/01 denominado "TASA SOBRE EL GASOIL", cuyo consumo anual es del orden de los 10.500 millones de litros (18,5 % sobre el precio base sin impuestos), que aportan al Estado fondos superiores a los 1.500 millones de pesos anuales.
Aclaramos al Señor Ministro que esta presentación no es otra que el reclamo que desde hace años viene realizando la Sociedad Civil –con marchas, manifestaciones, propuestas y demás solicitudes a distintos organismos- representada por distintas organizaciones como APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios), CADIA (Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos), FAN (Frente Agropecuario Nacional) y en especial el "Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial" (CONADUV) que también integramos.
Somos todas organizaciones que peticionamos la elaboración de un verdadero proyecto vial nacional que contemple una estrategia geopolítica, los intereses de todos los argentinos y el desarrollo de todas las regiones. Un proyecto diseñado con la participación de todos los sectores involucrados y por encima de cualquier interés o negocio subalterno. En este sentido debemos destacar que ya existe una Comisión de Diputados nacionales avocados al tema; proyectos de las direcciones de vialidad y proyectos privados que merecen ser tenidos en cuenta y debatidos a fondo hasta lograr el consenso mayoritario necesario para determinar finalmente las obras y las prioridades del proyecto vial y polimodal nacional que la Argentina como Nación merece.
Partiendo de la base que los caminos son bienes del dominio público y que justamente somos nosotros, los usuarios y consumidores, quienes aportamos los recursos, es por ello que tenemos el derecho legítimo y constitucional de solicitar expresamente se nos permita participar en los temas de actual decisión inherentes a tales derechos e intereses económicos y de seguridad vial.
En atención a lo expuesto, venimos a solicitar al señor Ministro que nos conceda una reunión personal, con la participación de los representantes de las entidades mencionadas en esta presentación, donde se ampliarán verbalmente los fundamentos vertidos.
A la espera de una favorable respuesta, saludamos al señor Ministro con nuestra más distinguida consideración.
Secretario Presidente"
Esperarán a Kirchner para la relicitación de los peajes. El Ministro de Planificación, De Vido, anunció en Córdoba que esta semana se realizará el llamado a licitación para las rutas nacionales por peaje. En Bs.As., voceros del ministro dijeron que los pliegos están a consideración del presidente por lo cual el lanzamiento de las licitaciones se demoraría hasta el regreso del primer mandatario. Se relicitarán 15 corredores viales en rutas nacionales y según afirmó el ministro van a poder participar todas las empresas incluso las actuales concesionarias si cumplen con desistir de iniciar acciones judiciales contra el Estado Nacional por incumplimientos de los contratos firmados en 1990.
El 17 de julio, trascendió que el Gobierno va a reagrupar los corredores viales de las rutas nacionales por peaje concentrándolos en 6 corredores a los 15 actualmente concesionados a 11 empresas. Se relicitarán en las próximas semanas. En efecto, habrá 6 corredores
Si bien la relicitación de los corredores viales está fuera de la renegociación y del ámbito de la Unidad Renegociadora, incluimos la situación de los mismos respecto al llamado a Licitación Pública Nacional. El objeto de la misma es otorgar la concesión por peaje, bajo el régimen de las leyes 17.520 y 23.696 de los corredores viales que componen la red nacional descriptos en el Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobados por Resolución MPFIPyS N° 60/03.
Quince empresas ya compraron los respectivos pliegos para la licitación de las rutas por peaje, que totalizan unos 8.000 kilómetros, divididos en 6 corredores. Las referidas empresas son: Supercemento, Chacofi, Benito Roggio e hijos, Decavial, Vialco, Caminos del Abra, EMEPA, Dycasa, Panadile Argentina, Semacar, HAMAQ, Perales Aguiar, Luis Losi, Helport y JCR. La apertura de sobres está prevista para el 17 de octubre.
Las Concesionarias tendrán bajo su responsabilidad la conservación, el mantenimiento y los servicios al usuario de las rutas, mientras que la pavimentación y las obras de mejoras y ampliación de las redes quedarán a cargo del Estado. Habrá Fondos Fiduciarios para la expansión de los servicios que podrían recibir aportes de organismos multilaterales como el Bco. Mundial; se estudia que los fondos se constituyan, también, con un porcentaje de las mismas tarifas que se cobran.
Con respecto a los accesos a la Ciudad de Bs.As. la Unidad Renegociadora piensa que quienes cumplieron con los contratos merecen recibir 10% de aumentos, entre las autopistas están Autopistas del Sol, del Oeste y Ezeiza-Cañuelas. Sin mencionar la celebración de Audiencias Públicas al respecto.
h. El servicio portuario.
i. Las vías fluviales por peaje.
j. La concesión del servicio de la Terminal de Ómnibus de Retiro de la ciudad de Buenos Aires.
La Autoridad de Aplicación es la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) a cargo de Guillermo M. Moreno.
La Comisión Nacional de Comunicaciones intimó al Correo Argentino a suspender mudanzas y cualquier otra alteración de los inmuebles otorgados en comodato por el Estado nacional y afectados al servicio. La decisión de organismo cuestiona un acuerdo suscripto por el Correo con el Organismo Nacional de Bienes Estatales para devolver 114 inmuebles concesionados. El Correo debe cumplir la disposición bajo apercibimiento de la aplicación de multas (el plazo vence hoy). Trasciende que no habrá decisiones drásticas y que deben revisarse primero todas las situaciones de cada concesión . Mientras tanto se obligaría al Correo a cumplir con el contrato con el mantenimiento de los inmuebles. Según voceros oficiales ya hay causales para rescindir la concesión basadas en anteriores dictámenes de organismos del Estado. La CNC manifestó el jueves pasado la existencia de denuncias sobre las sucursales de Salta y Jujuy que sumado a la falta de intervención oficial compromete en forma gravísima la continuidad del servicio.
La empresa Correo Argentino apeló ante la CNC para que éste lo eleve a la Secretaría de Comunicaciones la resolución en la que amenaza con sanciones por haber devuelto 114 inmuebles al Estado. La empresa negó haber incurrido en violación del contrato de concesión y afirma que en ninguna parte del mismo se prohibe reemplazar un local por otro y que el nuevo local sea propiedad de ellos. También expresa que hoy resulta mucho más económico (aun pagando una locación) abrir una sucursal más chica pero en un centro comercial activo, que mantener una enorme superficie en un sitio muerto y que no le sirve a la población. Los reemplazos vienen conversándose desde hace un año ya que en el contrato no se establece un mecanismo para hacerlo. El ONABE se comprometió a informarnos de ese mecanismo lo que hasta ahora no sucedió. Hay conflictos de jurisdicción entre dos organismos del Estado en el que la Empresa queda en el medio. Según aseguró el vocero todas las sucursales que se devolvieron ya fueron reemplazadas y se mantuvo al personal. (11/06/03)
CNC no frena proceso de sanción económica al Correo. Si el Correo no cumple en las próximas horas la intimación a certificar que cesará el abandono de 114 inmuebles pertenecientes al Estado Nacional y afectados a la prestación, se iniciará lo que domina "proceso sancionatorio" con imputación. El plazo de ese proceso podría resolverse en unos 5 o 7 días porque previamente debe auditar el incumplimiento. El Gobierno está decidido a demostrar que obligará a cumplir las obligaciones del contrato al Correo, como a las demás privatizadas. Recién a principios de julio estaría aplicando eventualmente multas a la empresa.(12/06/03)
La Comisión Nacional de Comunicaciones inició el 17 de junio de 2003 el proceso sancionatorio para multar al Correo Argentino por no haber dado marcha atrás en aumentos de servicios internacionales. La empresa había sido intimada en mayo bajo apercibimiento de aplicar una multa de hasta 100.000 pesos mensuales. El vocero del correo aseguró que del contrato y de las disposiciones de la Unión Postal Universal surge el derecho que los asiste a mantener los precios actuales. Según la CNC tanto respecto de los precios de cartas internacionales como en el conflicto de los inmuebles (respecto de frenar la devolución al Estado de 114 inmuebles afectados a la actividad postal), la empresa debe cumplir las intimaciones, aunque las objete en instancia superior.
Multaron al Correo por una suma de 100.000 pesos por los aumentos en los franqueos internacionales y por la negativa a dar marcha atrás con esos ajustes. Esta es la primera sanción económica que se aplica al Correo desde la privatización en 1998 y en un marco donde funcionarios de alto nivel del Gobierno aseguraron que se haría cumplir estrictamente el contrato.
Según versiones, una parte del Gobierno considera que la concesión del Correo debe rescindirse. La sanción debe pagarse y no puede ser recurrida por el Correo; el Correo tiene un plazo de diez días para abonar la multa de 100.000 pesos mensuales; si la empresa no paga la multa, se expedirá el correspondiente certificado de deuda y se procederá a su ejecución judicial.(19/06/03).
En la primera reunión, antes de finalizar junio de 2003, que mantuvieron el Correo Argentino con el Secretario Guillermo Moreno, este sorprendió a los empresarios al expresarle que antes de empezar a conversar debían pagar el Canon. Cuando los representantes del CASA le manifestaron que ellos, también, tenían reclamos para hacer, el Secretario les dijo:" Esta ventanilla es para pagar; para cobrar tienen que ir a otro edificio" (sic)>.
El Presidente de la UPU (UNION POSTAL UNIVERSAL, representa a los correos del planeta y dependientes de las Naciones Unidas), Thomas Leavey, le solicitó a Guillermo Moreno la necesidad de poner en marcha un marco regulatorio para la actividad postal y que es necesario financiar o compensar de algún modo la prestación del Servicio Postal Básico Universal (SPBU) ya que es deficitario en todo el mundo. Este servicio debe ser preservado, y obligatorio para el Estado garantizar que todos los usuarios sean atendidos. Estima que los 800 operadores ilegales causan un claro deterioro y pueden hacer peligrar el SPBU.(26)
Si bien el Correo había depositado una parte de los 36 millones de pesos de canon que venció el 10 de este mes y respondió a una intimación de la CNC respecto que pagara el día 15, circula la versión que el Gobierno le rescindiría la concesión. El único obstáculo es que el CA esta en concurso de acreedores. El CA asegura que no pagó el canon porque el Estado no cumplió con las condiciones pautadas en la licitación, entre ellas la modificación de los convenios colectivos de trabajo en la empresa, un marco regulatorio para la actividad que impidiera la competencia desleal de los que no pagan impuestos, y la exclusividad de determinada franja de servicios. La Auditoría General de la Nación y una comisión interministerial integrada en el 2000, indicaron en cambio que esas condiciones no fueron comprometidas al licitarse, y que corresponde exigir el pago del canon.
El Gobierno intima al Correo el pago de otra cuota anual que no había cubierto.
El Juez Javier Dubois a punto de decretar la quiebra del Correo que ya debe 900 millones.
Macri logró que la Cámara Comercial frenara la quiebra del Correo.
El Gobierno RESCINDIO el contrato del Correo. (Decreto 1075/2003)
Se decretó la quiebra del Correo Argentino, con prohibición de salida de Macri, lo cual es significativo que solo le quedaría un eventual resultado favorable si le hace juicio al Estado por la rescisión de la concesión.
l. El sistema nacional de aeropuertos.
En el ente de control Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos ORSNA su presidencia quedó a cargo de HORACIO OREFICE ante la renuncia de Orlando Caporal. Oréfice es un brigadier mayor retirado de la Fuerza Aérea a fines de 2001, y su última función fue la de comandante de Regiones Aéreas, cargo desde el cual monitoreaba la seguridad en los aeropuertos de todo el país. Para el gobierno este nombramiento es de suma importancia ya que se está revisando el decreto de renegociación firmado por Duhalde.
En efecto, Aeropuertos Argentina 2000 logró inexplicablemente renegociar su contrato en forma más que ventajosa a través del dictado del Decreto N° 1227/03. Eduardo Duhalde resolvió antes de irse de la presidencia un insistente pedido de Eduardo Eurnekian: la renegociación del contrato de su empresa Aeropuertos Argentina 2000, concesionaria de 33 terminales aéreas. Del decreto surge que el empresario pagará un canon variable según los ingresos y el tráfico aéreo de pasajeros. Además será mensual y no anual como antes. El Aeroparque de la ciudad no será trasladado. Y AA 2000 deberá invertir más de lo estipulado en el contrato inicial ( $ 400 millones más). Con las viejas reglas AA 2000 abonaba al estado 171 millones de pesos por año. Ahora serán 70 millones menos. El argumento utilizado fue que al momento del contrato original había un movimiento en los aeroparques de 23 millones de personas por año y que ahora con la crisis cayó a unos 15 millones. La renegociación excluyó la deuda que tiene la empresa con el Estado por el canon impago, unos 350 millones de pesos. El desenlace de la renegociación se hizo efectivo luego de un año de conversaciones. Duhalde pudo firmar el decreto luego de que la Justicia rechazó una medida cautelar presentada por usuarios aeroportuarios que pretendían participar en la negociación.(22/5/03)
Por otra parte la empresa Aerolíneas Argentinas anunció que recurrirá a la Justicia para bloquear el acuerdo del concesionario de las terminales aéreas con el gobierno porque incurre, en principio, en ignorancia de una medida judicial precautoria. En un fallo la juez en lo federal administrativo Dra. Susana Córdoba donde había decidido que Aerolíneas Argentinas en su carácter de usuaria en la infraestructura concesionaria de AA 2000 debía participar en la renegociación del contrato en resguardo de sus legítimos derechos y había dispuesto la suspensión de la renegociación de dicho contrato. Aerolíneas ve como una deslealtad esta rebaja injustificada al canon y reiteraron su pretensión de que el gobierno haga valer los términos del contrato. Aerolíneas Argentinas agrega que el contenido del decreto otorga condiciones sumamente ventajosas que en la práctica equivalen a un nuevo contrato en cuya renegociación no ha sido siquiera consultada, haciéndose caso omiso al dictamen judicial citado.El ex gobierno justificaba su derecho en razón que otro Juez en lo federal Dr.Guglielmino les permitía avanzar en la renegociación. (23/5/03)
El 30 de mayo de 2003, el Gobierno anuncia que ha de suspender la renegociación del contrato de Aeropuertos. La prensa informaba que el Gobierno dará marcha atrás con dos decretos que firmó Duhalde. Uno es el que aprueba la renegociación del contrato entre el Estado y Aeropuertos Argentina 2000. Otro el que crea una nueva aerolínea estatal y que tiene como objetivo absorber al personal de LAPA. La estrategia del Poder Ejecutivo no sería por medio de otro decreto sino en cumplimiento de una orden judicial. En efecto, el juez federal de San Martín Dr. Alfredo Bustos dispuso la suspensión del decreto ante la denuncia de un usuario contra la renegociación. El mensaje político de Kirchner sería que el nuevo gobierno si bien no está dispuesto a estatizar empresas con dificultades financieras, las que se renegociarán por decreto deben contar con el visto bueno del Congreso.
Se cuestionan tres puntos de la concesión de AA 2000 : Tras dar marcha atrás con la renegociación de los aeropuertos el Gobierno comenzó ayer a revisar el cumplimiento del contrato. Puso la mira en tres puntos clave: 1)-el canon impago de 171 millones de pesos anuales que la empresa quedó obligada a desembolsar cuando ganó la licitación con la oferta más alta. Solo efectuó cancelaciones parciales sin respetar los vencimientos fijados. A fines del 2002 la deuda fue calculada en 351 millones de pesos. El vencimiento del plazo de pago provoca la mora automática sin necesidad de interpelar y la falta de pago del canon constituye una causal de rescisión del contrato por culpa del concesionario; 2)-las inversiones mínimas que exigía el pliego licitatorio no realizadas. Del "plan de inversiones contractuales" de 562 millones de pesos que debía cumplir sólo concretó aproximadamente la mitad; 3) -la composición societaria de Aeropuertos Argentina 2000. En este punto se transgredió la normativa societaria que establecía que las acciones no podían ser gravadas ni prendadas sin autorización y que los titulares no podían modificar su participación ni vender sus acciones por el término de los primeros 5 años de la concesión. Antes de que se cumpliera dicho plazo los accionistas modificaron sus participaciones.
Néstor Kirchner, en la primera quincena de junio de 2003, decidió no convalidar las modificaciones contractuales que apuntaban a una rebaja sustancial del canon de 171 a 80 millones de pesos anuales a favor de la sociedad. Si se comprueban estos incumplimientos podrían rescindir la concesión.
El informe llevado a cabo por la Auditoría General de la Nación, recomendó al Poder Ejecutivo Nacional la sanción al concesionario Aeropuertos Argentina 2000 S.A. por incumplimientos en el contrato de concesión, en lo atinente a las fuertes deudas que este consorcio mantiene con el Estado en concepto de cánones adeudados hasta el año 2001, suma que asciende a unos 500 millones de pesos.-
Próximamente se sentará el Gobierno con AA2000, pero no ya para escuchar ofertas, sino para explicarles cuáles son las condiciones bajo las que le permitirán seguir operando las áreas concesionadas. Se estima que estará listo próximamente un esquema "transitorio" por el que operará AA2000 hasta que se defina el contrato definitivo, lo que deberá ocurrir en mayo de 2004.
ANEXO NORMATIVO Y JURÍDICO
Decreto N° 1227/03 (Convenio AA 2000)
Resolución SC 304/03 (Competencia efectiva en telecomunicaciones)
Decreto 311/2003 (Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos)
Resolución Conjunta MEP 118/03 y MPFIPS 25/03 (Desígnase Secretario Ejecutivo)
Resolución MEP 119/2003 (Desígnase representante alterno)
Resolución MPFIPS 26/2003 (Desígnase representante alterno)
Resolución Conjunta MEP 188/2003 y MPFIPS 44/2003 (Continuidad de las normas de procedimiento para la renegociación)
Resolución MPFIPyS N° 60/03 (Licitación de peajes)
Decreto 1075/2003 Rescíndese el contrato de Correo Argentino S.A.
Resolución 415/2004 - SE (Programa de Uso Racional de la Energía)
Resolución 416/2004 - SE (Precios de referencia para Premios y Castigos)
Resolución 552/2004 - SE (Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica)
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