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control interno posterior | Blog de Ricardo Ayala Gordillo
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MEMORANDO NO ES PARA SANCIONAR
3 comentarios Publicado en agosto 9, 2015 marzo 25, 2019 Uncategorized
RESPUESTAS BREVES A PRINCIPALES BUSQUEDAS
En la RENIEC puede aparecer el hijo de mi padre y otra mujer?
Si, si tienes los nombres de la madre o del hijo y siempre que el lo haya reconocido.
Heredar pensión por viudez
Tiene derecho a pedir pensión por viudez quien fue casada por civil o la conviviente (legalmente, no es conviviente quien vive o vivió emparejada con el fallecido sin haberse divorciado previamente de su matrimonio anterior) que acredite haber convivido por mas de dos años como si fueran casados y acredite tal condición con su DECLARACION DE HECHO (hecha notarialmente cuando ambos vivían, o bien tramitarla judicialmente cuando el ya falleció), ACREDITAR DOCUMENTADAMENTE; la Escritura de la SUCESION INTESTADA, verificar que no se encuentra en alguno de los impedimentos establecidos en el régimen pensionario que perteneció el fallecido, documentos que adjuntados al DNI deben ser presentados a la ONP o a la AFP .
Mi bebe nació en provincia pero vivo en lima como hago para registrarlo?
Te sugiero que te acerques a cualquier oficina de RENIEC. Siendo de carácter nacional el alcance de la RENIEC confío que exista la opción de registrarlo en Lima precisando su lugar de nacimiento de tu bebé.
Mi mamá falleció en la clínica, como hago para solicitar el acta de defunción
Cualquiera de ustedes tu papá, tu o cualquiera de tus hermanos, acreditando la condición con el DNI y la Partida de Matrimonio o de Nacimiento, tienen derecho a solicitar que se otorgue el Acta de Defunción.
Plazo de ejecución de resolución administrativa para destitución de trabajador
En Perú la normativa de SERVIR dispone que sea inmediatamente emitida la resolución que así lo declare. La Ley del Procedimiento Administrativo General como las disposiciones contenidas en el Procedimiento Administrativo Sancionador a cargo de la Contraloría General dispone que la sanción se ejecuta una vez agotada la vía judicial, lo cual preservaría de eventuales arbitrariedades que pudieran existir en la resolución de primera instancia.
6. Puedo inscribir a mi hijo sin acta de nacimiento?
Excepcionalmente si ante RENIEC, solo en los casos que el parto no hubiera sido constatado por el médico o profesional de la salud; a solicitud de autoridad política o religiosa siempre que no hubiera profesional de salud que constate; que cuentes con testigos del nacimiento mayores de edad , por mandato judicial.
Responsabilidad de un ingeniero residente en una empresa
Al ser contratado por la empresa representa los intereses de ésta, correspondiéndole proceder con honestidad y profesionalismo, estándole por Ley y éticamente prohibido inmiscuirse en acuerdo ilícitos con la otra parte; caso contrario incurriría en responsabilidades administrativas, civiles y/o penales, según fuera el caso.
Estoy por dar a luz y como asiento a mi hijo si su padre no quiere reconocerlo
La Ley peruana faculta a la madre soltera inscribir al nacido dando el nombre del padre o bien únicamente sólo con sus apellidos.
Asi de sencilla es la respuesta; sin embargo, por la diversidad de experiencias contadas por cada protagonistas en el blog, vemos que la decisión que adoptes es crucial.
Lo ideal es que la mujer, especialmente, pero también los varones, pensaran sobre este tema mucho antes de iniciar relaciones sexuales.
Lo importante es que tu hijo cuente con su Acta de Nacimiento y su DNI desde que nace, por eso esta decisión, en el caso de las no casadas o no declaradas en Unión de Hecho, debe ser pensada desde el primer dia del embarazo.
Si dudas sobre la responsabilidad o del buen trato del padre hacia ti o especialmente hacia el bebé, lo prudente es que lo reconozcas solo con tus apellidos.
Si das el nombre del padre, la RENIEC pondrá su apellido , pero no significa que legalmente sea el padre en tanto él no lo haya reconocido.
Si mas adelante decides que el padre lo reconozca deberás seguirle un proceso de Filiación Extramatrimonial y Alimentos o bien; prescindiendo de lo anterior, mas adelante hallar a quien te ame realmente como a tu hijo y pueda adoptarlo judicialmente dándole sus apellidos.
9. Entrega de Cargo Norma interna de Contraloria
La entrega de cargo de los altos funcionarios públicos es regulada además de las normas internas establecidas por cada entidad por las formalidades establecidas por la Contraloría General de la República para la TRANSFERENCIA DE GESTION, RENDICION DE CUENTAS Y DECLARACIONES JURADAS cuyas normas puedes encontrarlas en el portal electrónico de la Contraloría:
Guía Técnica de Probidad Administrativa – “Transferencia de Gestión” aprobada por Resolución de Contraloría General N° 373-2006-CG.
Ley N° 26997- Ley que establece la conformación de Comisiones de Transferencia de la Administración Municipal, modificada por Ley N° 28430 – Ley que modifica los artículos 1°, 3° y 4° e incorpora el artículo 8° en la Ley N° 26997.
Directiva Nº 08-2006-CG/SGE-PC – Lineamientos preventivos para las entidades del Estado sobre Transferencia de Gestión y Directiva Nº 09-2006-CG/SGE-PC – Lineamientos preventivos para el control de la Transferencia de Gestión en las entidades del Estado, aprobadas por Resolución de Contraloría Nº 372-2006-CG,
Directiva N° 04-2007-CG/GDES “Rendición de cuentas de los titulares” aprobada con R.C. 332-2007-CG de 10.OCT.2007 y modificada por R.C. N° 001-2010-CG
Ley N° 27482, Reglamento y modificatorias “Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado”
10. Donde reclamar abuso de autoridad
Puedes denunciar ante la Secretaría Técnica que existe en cada entidades pública; o ante la Fiscalía Penal, en este caso siempre que reúna los componentes del ilícito penal.
Que es la destitución administrativa
Es la mas grave de las tres sanciones que se imponen al servidor o funcionario público, luego de haber sido sometido, necesariamente, al correspondiente proceso administrativo disciplinario, cuyo efecto será separarlo de su trabajo sin poder reingresar a ninguna otra entidad que pertenezca a la administración pública durante el plazo de 5 años.
12. Plazo para la entrega de cargo
Dependiendo de la complejidad del cargo puede ser hecha en el mismo día o dentro de un término prudencialmente acordado, de 8 a 15 dias hábiles, entre quien entrega y recibe con la anuencia de la superior autoridad administrativa.
La entrega de cargo no solo ocurre al término de una relación laboral sino antes de salir de licencia, comisión o por vacaciones y tiene por objeto que las labores y funciones encomendadas a quien se retira, no se paralicen y afecten con ello a los usuarios o administrados, por tal razón, sean asumidas en su ausencia por quien es designado en asumir sus funciones.
Consiste en la entrega formal de la documentación inventariada de los expedientes pendientes de resolver, como de los equipos y materiales que le fueron entregados, contenida en las respectivas Actas de Entrega.
Procedimiento disciplinario para la empresa
Las empresas en Perú laboralmente se regulan por el régimen laboral de la administración privada D. Leg. 728 y su Reglamento, la cual establecen que cada empresa debe contar con su respectivo RIT (Reglamento Interno de Trabajo) documento que debe ser entregado a cada trabajador para su conocimiento y aplicación sobre contiene la forma en que se organiza la empresa, los derechos, deberes, obligaciones y funciones de los servidores, y entre ellos el procedimiento administrativo previo sancionador aplicable, en el marco del antes enunciado régimen laboral, pudiendo recoger las garantías establecidas en el procedimiento administrativo sancionador del régimen público.
Difamación laboral servidores publico
La DIFAMACION (consiste en atribuir a una persona hechos como si fueran verdaderos propalándolo por escrito o verbalmente ante otras personas reunidas o por separado, a sabiendas de su falsedad,) en la legislación peruana está calificada como uno de los 3 delitos contra el honor de la persona (los otros son la INJURIA (insultos) y la CALUMNIA (Atribuir falsamente haber cometido un delito) que por tal razón se denuncia ante el Juez penal sólo por interés y a pedido de quien se considere agraviado, y no por el Fiscal Penal como ocurre con los demás delitos.
En las entidades públicas es usual que servidores o funcionarios incurran en estos ilícitos, y muchas veces la autoridad a sabiendas, los ignore aduciéndose en ocasiones no ser competentes.
No somos partidarios que la autoridad administrativa, entendiéndose por tal al Jefe inmediato del cual depende el servidor o funcionario afectado o las Oficinas de Recursos Humanos o de Personal, ignore o se mantenga al margen de estos hechos, debiendo al contrario evitar que el personal a su cargo no sufra ninguna mella en su honor, como suele ocurrir con quienes son permanente u ocasionalmente agredidos con alguna de estas formas o con muchas otras formas de HOSTILIZACION, verbal o física o directa o indirectamente, pues su relación y rendimiento laboral, personal como familiar se verá seriamente mellado hasta grados insospechados, evidenciándose cuadros de estress o depresión que, en ocasiones puede llevar a graves resultados, que repercuten en la imagen institucional como en la persona.
De ahí que todo acto como los antes anotados deben ser detectados y corregidos con la urgencia del caso, pudiendo ser materia de denuncia y sanción previo proceso administrativo quienes incurren en hostilización o infracción al deber de buen trato y respeto a los compañeros de trabajo.
Categoría : PAD/Derecho civil y penal
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14 comentarios Publicado en enero 24, 2014 julio 19, 2015 CURSOS, Proceso Administrativo Disicplinario, Uncategorized
NO BASTA …PEDIR DESCARGO Y SANCIONAR
Cuando de sancionar administrativamente disciplinariamente se trata, no es suficiente la sola constatación del hecho y la sola petición del descargo, lo cual aún suele ser cotidiano en muchas entidades públicas.
No basta incluso que el servidor infractor hubiera reconocido que se apoderó de bienes de la entidad o de terceros ni que la policía haya constatado el acto como es el caso resuelto y publicado por el Tribunal de SERVIR http://files.servir.gob.pe/WWW/files/Tribunal/2013/Sala1/Res_01800-2013-SERVIR-TSC-Primera_Sala.pdf, que en vía de apelación declara FUNDADA, que si bien precisa que el ex servidor CAS no tiene derecho a ser reincorporado pero si a ser indemnizado por despido arbitrario.
De acuerdo a lo expuesto en la indicada Resolución, es preciso que cuando el JEFE INMEDIATO DEL PRESUNTO INFRACTOR (quien de acuerdo al Art. 92 de la Ley N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL es ahora primera instancia en el Procedimiento Sancionador -Ley en proceso de implementación progresiva-) tome conocimiento del hecho COMUNIQUE AL SERVIDOR ESE HECHO CALIFICANDO LA PRESUNTA FALTA COMETIDA lo cual implica que esa comunicación cite expresamente los artículos infringidos de la Ley especial aplicable y/o del contrato o manual de organización y funciones como del régimen laboral aplicable relacionados al caso, estas normas serán el marco legal dentro del cual el servidor tiene derecho a ejercer su constitucional derecho a la defensa formulando su descargo, dentro del plazo de 5 días y en caso lo solicite, a una prórroga por igual plazo; siendo dentro de ese marco legal que se circunscribirá el eventual proceso administrativo disciplinario y eventual sanción, en caso de corresponder; de no ser así, la entidad podría afrontar resultados como el antes anotado.
De ahí que si antes predominaba que el jefe inmediato CUMPLIA CON INFORMAR el hecho al superior jerárquico y asi en cadena hasta que muchas veces el infractor resultaba impune y la falta sino olvidada o prescrita, hoy está aclarado lo que en vía interpretativa dice aún el D.S. N° 005-90-PCM, es función de LOS JEFES INMEDIATOS, LAS JEFATURAS DE LAS OFICINAS DE PERSONAL, COMO QUIENES CONFORMAN LAS CPPAD, ABOGADOS, ASESORES y TITULARES DE ENTIDADES, quienes tienen el poder de sancionar; como quienes participan instruyendo, asesorando, revisando o visando las resoluciones sancionatorias, verifiquen si en la etapa de requerimiento de descargo al infractor se le precisó o no la OBLIGACION LEGAL O CONTRACTUAL INFRINGIDA O INCUMPLIDA, asimismo, estimen que tipo de FALTA ADMINISTRATIVA presuntamente habría cometido, de no ser así, lo mas probable es que la apelación contra la sanción sea declarado FUNDADA y/o NULA la sanción como todos los actuados.
Hay en consecuencia la tarea de capacitar a unos y otros, como sin ninguna duda, con igual exigencia a los servidores públicos a efectos de procurar lo mejor de sí y esencialmente de evitar que afronten estas ingratas situaciones que pudieran ver afectado el privilegio de contar con un puesto de trabajo.
Otra es la eventual responsabilidad penal que pudiera seguir la admnistración a través del Procurador en la respectiva vía penal.
Si gustas puedes contactarme directamente escribiendo o llamando a
CORREOS ELECTRONICOS: asesoriadefensa02@gmail.com
Lima 24 de enero del 2014
Categoría : PROCESO ADMINSTRATIVO DISCIPLINARIO
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8 comentarios Publicado en agosto 31, 2013 julio 19, 2015 Proceso Administrativo Disicplinario
CALIFICACION DE LA DENUNCIA y FACULTAD SANCIONADORA DEL JEFE INMEDIATO
Por RICARDO P. AYALA GORDILLO
Si te encuentras en casa o en tu centro de labores o donde estés y de pronto ves una chispa de fuego, ¿cual es tu reacción inmediata, que es lo primero que haces? Y después?
Cierto, lo mas probable es que tomas acción inmediata y que grites como alerta a todos pero a la vez, de inmediato, lo mas probable es que, procuras apagarlo con cuanto tengas a tu alcance, pisándolo, o cubriéndolo para que la falta de oxígeno apague la llama incipiente, con agua o extintor, si tienes la suerte de tenerlo a la mano.
No faltarán, algunos pocos, que por temor o inexperiencia, salgan corriendo y tras él cuantos lo oyen, en automático, sin verificar la magnitud de la alarmante noticia, piden llamar a los bomberos que, con toda su buena voluntad seguro que si, llegarán, aunque, tardíamente, cuando poco o nada pueda rescatarse, acaso por nuestro caótico tránsito citadino o porque, antes, debieron socorrer a muchos otros como los que llamaron.
Ahora bien, sustituyamos el fuego por la conducta infractora de un servidor o funcionario, ¿que sueles hacer como jefe inmediato?
Este es un tema de todos los días en diversas instituciones, donde predominan los arraigados usos y costumbres, o mantener el status quo, o por diversidad de razones, suelen evidenciarse conductas infractoras, por acción u omisión del causante como del llamado a corregirlo, limitándose a informar del hecho y reclamar la falta de correctivo oportuno por parte de la superior autoridad, olvidando o desconociendo que la Ley le ha delegado cierta cuota de poder de la administración pública que lo faculta desde verificar periódicamente los procedimientos y actuaciones del personal a su cargo, reunirse a conversar, acordar, disuadir, exhortar -individual o grupalmente-, o a emitir disposiciones internas y hasta, previo descargo, a imponer las sanciones directas en los casos que asi lo amerite, como parte de las medidas oportunas destinadas no solo a prevenir sino a corregir, e incluso a mejorar la calidad de los servicios a su cargo, todo lo cual, forma parte del CONTROL INTERNO PREVIO Y CONCURRENTE, exigible a todo gestor por parte de la Ley del Sistema Nacional de Control y a cuyo fortalecimiento apostamos, en bien de los gestores como de los usuarios, razón principal del servicio encomendado por parte la administración pública.
Este artículo propugna que solo en casos aislados se actúe como el supuesto descrito en el tercer párrafo, esperando a que sea la CPPAD o el titular de la entidad u otras instancias superiores se hagan cargo del CONTROL POSTERIOR cual los bomberos del ejemplo.
La consulta y su respectiva absolución nos ilustra de situaciones como la comentada.
1.- Dentro de un examen especial de OCI se comprendió a un servidor.
2.- Dicho documento fue derivado a la CPPAD para su evaluación.
3.- La CPPAD encontró responsabilidad administrativa y civil, pero opina que no procede la apertura de PAD, pero recomienda la suspensión de 30 días sin goce de haber.
4.- El jefe inmediato del servidor es integrante de la CPPAD y participa en el pronunciamiento.
¿Quién recomienda la suspensión? considerando que el jefe inmediato es integrante de la CPPAD y ha participado del pronunciamiento final.
Si el OCI emitió un informe comprendiendo en responsabilidad al servidor, lo mas probable es que tal responsabilidad sea relevante, dado que los Informes de OCI como regla, revelan únicamente los actos materialmente significativos (importantes).
De ser ello así, lo mas probable es que la CPPAD al calificar debió recomendar apertura de PAD, tanto mas cuando, en el caso en concreto, inapropiadamente, sin previo descargo se asume, recomienda imponer suspensión por el máximo de 30 dias cuya facultad se encuentra reservada al jefe inmediato.
Tal recomendación nos conduce a inferir, que algo no esté bien por parte de la CPPAD, siendo recomendable verificar la fecha en que ocurrió el hecho, en que dicho órgano colegiado recibió el expediente para calificar la denuncia y el tiempo transcurrido hasta que emitió su recomendación; en razón a que, en ocasiones suele recurrirse a este remedio, no siempre efectivo, en procura de exonerarse de responsabilidad por haber dado lugar a la prescripción para abrir PAD, recomendando la imposición de sanción directa o bien calificando la conducta como encuadrada en otras normas generales, como el Código de Etica que no necesariamente resulta aplicable en primer orden; conllevando a que, en vía de apelación ante el Tribunal de Servicio Civil o en sede judicial, tales decisiones sean declaradas nulas.
En adición a lo anterior, en mi opinión, la CPPAD al calificar la falta de leve, debe limitarse a recomendar que el expediente que contiene la denuncia sea remitida al jefe inmediato para que sea él, quien proceda conforme a su competencia y atribuciones establecidas por los artículos 152, 156 y 157 del D.S. 005-90-PCM, y a quien asiste, para ello, desde estudiar el expediente, pedir el correspondiente descargo, hasta aplicar la correspondiente amonestación o proponer a su superior inmediato los días de suspensión sin goce de haber e, incluso proponer su archivamiento, solo cuando así correspondiera y según fuera el caso en particular; decisiones que no están sujetas a su libre albedrío sino sujetas a los criterios puestos en los artículos 151 y 154 de la norma antes mencionada como a los PRINCIPIOS LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA contenidos en el artículo 230 en concordancia a los PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (Titulo Preliminar Art. IV) de la Ley Nº 27444.
Si al entender de la CPPAD se trata de una falta leve, razón mas que suficiente para que en analogía al que ve el incendio incipiente, con arreglo a los principios de INMEDIATEZ, EFICIENCIA, EFICACIA, OPORTUNIDAD Y ECONOMIA PROCESAL la calificación de la denuncia por parte de la CPPAD sea inmediata, como inmediato el rectificatorio proceder, originariamente omitido por paarte del Jefe inmediato, a efectos de evitar que con ello el infractor indebidamente se considere validado o impune.
De ahí que cuando la CPPAD concluya que se trata de una falta leve y acuerde recomendar remitir al jefe inmediato, tiene la obligación de sustentar porque es una falta leve y no una falta grave; no asistiéndole en la etapa de calificación, proponer el tipo de sanción a aplicar por cuanto, a nuestro entender, resultaría un exceso en sus atribuciones.
De otro lado, si el Jefe inmediato participó como miembro de la CPPAD, órgano colegiado que recomendó la antes anotada sanción directa al servidor a su cargo, al recibir el expediente para la aplicación de la sanción directa, deberá promover, dentro de un plazo de dos días, ante el superior inmediato, la correspondiente ABSTENCION (con arreglo a lo previsto en el Art. 88 a 90 y 75 de la Ley 27444) para que sea éste quien se pronuncie al respecto y determine el funcionario que hará sus veces.
POTESTAD SANCIONADORA DEL JEFE INMEDIATO/GESTOR PUBLICO
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309 comentarios Publicado en octubre 1, 2012 mayo 27, 2018 Gestión Pública, Procedimiento Administrativo General, Proceso Administrativo Disicplinario
PRESCRIPCIÓN del Proceso Administrativo Disciplinario : JURISPRUDENCIA del TC
El Decreto Supremo Nº 005-90-PCM trata la PRESCRIPCION en un sólo Artículo del Proceso Administrativo Disciplinario :
“Artículo 173º.- El proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año (1) contado a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario se declarará prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar.”
De la aplicación de este único párrafo se pone de manifiesto que :
El proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año. El año se computa en días naturales o calendarios, es decir, se cuentan feriados, sábados y domingos.
El cómputo del año se cuenta a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria. Nótese que la Ley no dice desde que conoce el hecho. Aquí la primera gran diferencia con lo establecido para las acciones civiles o penales, y también con el plazo establecido para la prescripción en algunos regímenes especiales de la administración pública, como podemos verificar en el caso de la Jurisprudencia del TC que hoy nos ilustra.
Adviértase que la Ley dice que el cómputo corre desde que la autoridad competente conoce del hecho sino desde que conoce de la comisión de la falta, entendiéndose por tal, el momento en que la CPPAD o el OCI o el Abogado u órgano competente para imputarla concluye e informa al titular de la entidad que el hecho materia de la imputación constituye falta administrativa disciplinaria.
La única autoridad competente para abrir o no el proceso administrativo disciplinario (PAD) es el titular de la entidad, salvo que el decida delegar esta facultad a otro funcionario.
Si transcurre el plazo de un año desde que la autoridad competente conoció de la falta administrativa disciplinaria y no abrió PAD incurre en responsabilidad.
Si el PAD se abre pasado ese año, el proceso se halla afectado por la prescripción de la acción.
Corresponde al procesado invocar la prescripción, a la CEPAD acogerla y al titular de la entidad emitir la resolución reconociéndola, bajo responsabilidad de unos y otros.
La declaración de la prescripción de la falta administrativa disciplinaria, pone fin y hace inhábil a la autoridad encargada de abrir PAD, al órgano encargado de proponer su apertura como de tener a su cargo el PAD como potestad sancionadora de la administración pública sobre ese hecho.
Hay innumerables aspectos que el artículo en comentario y el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM no dice pero que son de obligatoria aplicación, unas mas sencillas y otras mas complejas, como es el caso de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que precisa en su artículo 233 numeral 233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años”; precisando en numeral 233.2 “EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción continuada; siendo otro el análisis cuando como ocurre en este caso, con la afectación de la INTERRUPCION del plazo de la prescripción desarrollado en la presentada jurisprudencia del TC.
Las interpretaciones sobre el sentido correcto de la Ley no siempre es uniforme inclusive entre expertos, de allí que no siempre es dilucidado debidamente dentro del PAD, algunas veces es amparado en sede administrativa vía impugnación y otras veces en sede judicial. Ello explica una vez mas, porqué la Ley faculta a la CEPAD a ser asesorado por especialistas en la materia y porqué sus miembros deben capacitarse de manera especializada en ella.
ÁNGEL EDUARDO ALATRISTA TORREBLANCA
En Lima, a los 16 días del mes de agosto de 2006, reunido el Tribunal Constitucional en sesión del pleno jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados García Toma, Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Eduardo Alatrista Torreblanca contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 228, su fecha 29 de noviembre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos.
El recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), alegando vulneración de sus derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la irretroactividad de la ley, a la motivación, a la defensa y a la prescripción, y solicita que se declare inaplicable la Resolución N.º 107-2002-CNM, de 18 de octubre de 2002, que declara infundada la excepción de prescripción deducida por el recurrente, y se disponga su inmediata reincorporación al cargo de Fiscal Adjunto Provincial Titular del Cuzco, con el reconocimiento de los derechos que indebidamente dejó de percibir. Manifiesta que el Consejo abrió un procedimiento disciplinario en su contra pese a que habían transcurrido más de dos años desde el momento en que transcurrieron los hechos materia de investigación. Asimismo, alega que el Consejo aplicó retroactivamente el artículo 233.2 de la Ley N.º 27444, con el objeto de declarar infundada la excepción de prescripción deducida por el accionante y procedió a su destitución. Contra dicha resolución, el recurrente interpuso recurso de reconsideración, el mismo que también fue desestimado.
El vicepresidente del CNM alega que el demandante fue destituido mediante una resolución motivada; la que, a su vez, fue emitida luego de un procedimiento disciplinario en que se garantizó el derecho de defensa. En consecuencia, sostiene que el CNM ha actuado en el ejercicio regular de sus atribuciones, siendo de aplicación los artículos 142 y 154, inciso 3, de la Constitución. Por su parte, el Procurador Público del Ministerio de Justicia agrega que en el caso planteado no ha operado la prescripción, toda vez que su plazo se interrumpió cuando la Fiscalía Suprema de Control Interno dio inicio a las investigaciones, mediante resolución de fecha 12 de enero de 2001.
3. Resolución de primer grado
Con fecha 3 de diciembre de 2003, el Decimoséptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declara infundada la demanda, por considerar que el plazo de prescripción se interrumpió una vez iniciadas las investigaciones por parte de la Fiscalía Suprema de Control Interno, motivo por el cual no ha operado la prescripción.
4. Resolución de segundo grado
Con fecha 29 de noviembre de 2005, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda, por considerar que la Resolución N.º 107-2002-CNM ha sido debidamente motivada y dictada con previa audiencia del interesado, con lo cual es de aplicación la causal de improcedencia contemplada en el artículo 5, inciso 7, del Código Procesal Constitucional.
Precisión del petitorio de la demanda
1. El demandante pretende que el Tribunal Constitucional declare inaplicable a su caso la Resolución N.º 107-2002-PCNM, de fecha 18 de octubre de 2002, por haber prescrito la acción disciplinaria del Consejo; y que en consecuencia se ordene su reincorporación al Ministerio Público en el cargo que desempeñaba antes de su destitución. Asimismo, solicita que se le reconozca como efectivo el tiempo durante el cual estuvo suspendido y destituido.
2. Antes de resolver la cuestión de fondo, conviene reafirmar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el control constitucional de la resoluciones del CNM. En sentencia anterior (Exp. N.º 2409-2002-AA/TC, FJ 1b) se ha señalado que
(…) cuando el artículo 142.° de la Constitución establece que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de Jueces, limitación que no alcanza al Tribunal Constitucional por las razones antes mencionadas, el presupuesto de validez de dicha afirmación se sustenta en que las consabidas funciones que le han sido conferidas a dicho organismo sean ejercidas dentro de los límites y alcances que la Constitución le otorga, y no dentro de otros distintos, que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al margen de la misma norma que le sirve de sustento. En el fondo, no se trata sino de la misma teoría de los llamados poderes constituidos, que son aquellos que operan con plena autonomía dentro de sus funciones, pero sin que tal característica los convierta en entes autárquicos que desconocen o hasta contravienen lo que la misma Carta les impone. El Consejo Nacional de la Magistratura, como cualquier órgano del Estado, tiene límites en sus funciones, pues resulta indiscutible que estas no dejan en ningún momento de sujetarse a los lineamientos establecidos en la norma fundamental. Por consiguiente, sus resoluciones tienen validez constitucional en tanto las mismas no contravengan el conjunto de valores, principios y derechos fundamentales de la persona contenidos en la Constitución, lo que supone, a contrario sensu, que si ellas son ejercidas de forma tal que desvirtúan el cuadro de principios y valores materiales o los derechos fundamentales que aquella reconoce, no existe ni puede existir ninguna razón que invalide o deslegitime el control constitucional señalado a favor de este Tribunal en los artículos 201.° y 202.° de nuestro texto fundamental.
3. El demandante alega que se le ha sometido a un procedimiento sancionador habiendo prescrito la acción disciplinaria del Consejo; es decir, a un procedimiento irregular que afecta sus derechos fundamentales y garantías judiciales que reconocen el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos y los artículos 138 y 139 de la Constitución (fojas 46-47). El actor afirma que la conducta irregular que se le atribuye tuvo lugar el 3 de marzo de 2000, por lo que la acción disciplinaria del CNM prescribía el 3 de marzo de 2002.
4. No obstante, según alega, la Resolución N.º 015-2002-PCNM, de fecha 28 de febrero de 2002, que dispone el inicio del procedimiento disciplinario se le notificó el 5 de marzo de 2002; es decir, dos días después de haber prescrito la acción disciplinaria del Consejo. Es más, al momento de dictarse la Resolución N.º 107-2002-PCNM, con fecha 18 de octubre de 2002, había transcurrido más de dos años de la fecha en que ocurrió la conducta atribuida.
5. Por su parte, el Consejo, en la Resolución que ahora se cuestiona, señala que “(…) en cuanto a la excepción de prescripción de la acción disciplinaria deducida, de conformidad con el artículo 233, numeral 233.2, de la Ley 27444, Ley del Procedimiento administrativo General, aplicable supletoriamente al presente proceso, en virtud de la Segunda Disposición Transitoria y Final de la Resolución 042-2000-CNM, Reglamento de Procesos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura, debe declararse infundada, porque el plazo de prescripción se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador, y toda vez que por resolución de 12 de enero de 2001, la Fiscalía Suprema de Control Interno abrió investigación en su contra, consecuentemente, el plazo de prescripción se ha interrumpido” (fojas 51).
6. El Tribunal Constitucional no comparte el argumento del demandante por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la legislación vigente al momento en que se produjeron los hechos, establecía que el acto procesal “(…) [i]nterpuesta la denuncia, en todo caso, prescribe a los 2 años de ocurrido el hecho, acto o conducta”. En el caso concreto, la conducta irregular que se le imputó al actor tuvo lugar el 3 de marzo de 2000, por lo que la prescripción debía operar el 3 de marzo de 2002. Sin embargo, con fecha 28 de febrero de 2002, se dictó la Resolución N.º 015-2002-PCNM, la misma que dio inicio al proceso disciplinario contra el recurrente; es decir, antes de que transcurrieran dos años desde que se produjo la conducta antes mencionada.
7. En segundo lugar, el demandante sostiene que se le ha aplicado retroactivamente el artículo 233.2 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Sin embargo, ello no es exacto porque, cuando se inicia el procedimiento disciplinario –28 de febrero de 2002– contra el recurrente, dicha Ley –que prevé la interrupción del plazo de la prescripción– ya estaba vigente. Por ende, era plenamente aplicable el artículo 233.2, según el cual “[e]l plazo de prescripción sólo se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo si el expediente se mantuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al administrado”.
8. Más aún, la Primera Disposición Transitoria de dicha Ley señala que “[l]os procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión (…)”. En el presente caso, el procedimiento disciplinario se inició con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo General; por lo que no puede alegarse que la misma haya sido aplicada de manera retroactiva y en perjuicio de los derechos del recurrente. En consecuencia, en el caso concreto, el Consejo no ha vulnerado los derechos invocados, motivo por el cual la demanda no puede ser estimada.
SS. GARCÍA TOMA Gonzales Ojeda Alva Orlandini Bardelli Lartirigoyen Vergara Gotelli Landa Arroyo Mesía Ramírez
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4 comentarios Publicado en enero 7, 2011 septiembre 22, 2012 Proceso Administrativo Disicplinario
HALLAZGO ABSOLUCION ANTE OCI Y DESCARGO ANTE CPPAD
Andrés consulta:
Dr. como puedo levantar un hallazgo de auditoria que ha derivado en la apertura de un proceso administrativo sancionador, según el fondo del asunto es que para la evaluación en un proceso de selección, para el comité considera como válidas las facturas presentadas por el postor y para el auditor no le parece, nuestro criterio esta amparado en los principios que rigen las adquisiciones y contrataciones demostrado técnicamente en sujeción estricta a la normativa de contrataciones en el descargo presentado oportunamente. Como poder demostrar que nuestra actuación (a falta de norma expresa) esta sujeta a los principios que rigen las contrataciones y que a criterio del auditor no son así . aquí lo que se trata es de interpretaciones de la normatividad y nuestro criterio como comité y el criterio del auditor, quien audita a los auditores cuando no saben formular bien sus hallazgos con los requisitos que estos deben de tener ( condición ,causa, criterio, efecto)
Si ya hay un Proceso Administrativo Disciplinario (PAD) aperturado lo que corresponde es que ante la CPPAD formules tu descargo documentado; ya no cabe que levantes hallazgo alguno de auditoría, término este último reservado para el momento en que eres requerido por el OCI u Organo de Control que te audita, de manera previa a la emisión del respectivo Informe de Control.
Tanto la posición del Comité Especial, de las autoridades administrativas que acogen su decisión deben ser arregladas a la Ley y/o a la opinión especializada de la OSCE como ente normativo y rector, que con igual rigor es el fundamento legal en el cual se basa el “criterio” en el cual el auditor sustenta su hallazgo, observación y conclusión.
Cierto es que los principios resultan de aplicación en ausencia de norma expresa mas su aplicación debe ser congruente con el hecho observado y debidamente ponderado.
Justamente por el principio de legalidad que es de aplicación predominante en la adminstración pública, una defensa, un descargo o una absolución de hallazgo jamás puede sustentarse únicamente en el criterio del auditado o en una interpretación general de un principio.
Del mismo modo, un hallazgo de auditoría plasmado en un informe de Control, o un cargo atribuído en una denuncia, o la imputación de responsabilidad por parte de la CPPAD, o la sanción impuesta porla autoridad administrativa o judicial , tampoco puede sustentarse únicamente en el criterio del auditor o de la autoridad .
Los respectivos Códigos de Etica como la legislación especial que, respectivamente, regulan a auditados y a auditores reprueba y sanciona una conducta arbitraria de quien contraviene o se excede en sus atribuciones, dejan abierta la posibilidad de accionar por parte de quien demuestre su condición de agraviado.
Cierto es que eventualmente pueden darse caso de errores o abusos por parte de determinados auditores, como los que hemos dado cuenta en alguno de nuestros artículos, lo cual, es de suponer debería ser conocido y corregido, de oficio o a pedido de parte, por las instancias superiores del Sistema Nacional de Control, lo cual, es verdad, también hemos demostrado que, en ocasiones, tampoco, ha sido ni oportuno ni expeditivo. En todo caso, estas situaciones deben entenderse como la excepción y no la regla.
Cierto también es que, es mucho mas satisfactorio que, cuando la Comisión auditora traslada el hallazgo ese es el primer momento que tiene el auditado para procurar revertirlo y con ello, lograr no ser comprendido en observación o responsabilidad alguna en el Informe de Control finalmente emitido.
Si lo anterior no prosperase, el PAD se presenta entonces como la siguiente primera posibilidad administrativa, dentro de gestión, ante la cual el procesado con su descargo escrito y oral, podría procurar demostrar la certeza de su posición ante la CPPAD en cuyo informe final aspiraría ser absuelto o con una responsabilidad diminuta, según fuera el caso.
Mas si, a pesar de ello fuera hallado en responsabilidad y sancionado, al no hallarse con la impuesta a él le asiste impugnar interponiendo la correspondiente reconsideración o apelación, en este último caso será resuelto por el Tribunal de Servicio Civil en el caso de las entidades de alcance nacional o por la autoridad competente en el caso de Gobiernos Regionales o Locales.
De persistir la disconformidad con la sanción, le asistirá impugnar el acto adminstrativo en sede judicial, en la vía contenciosa administrativa.
El asunto que hoy es materia de tu consulta pone de manifiesto recordar cuando menos cuatro aspectos esenciales previstos en la Ley con antelación, pero que en la práctica habitual suele preterirse o soslayarse:
1. La CAPACITACION en la función pública encomendada, en este caso, en materia de Contrataciones del Estado. Recuerda que la Ley exige que es obligatoria para quienes se desempeñan en tal función;
2. La ASESORIA LEGAL y/o ADMINISTRATIVA especializada con la cual la Ley de Contrataciones faculta contar a los Comités Especiales.
3. La ASESORIA LEGAL especializada con la cual deberían contar las CPPAD como los titulares de las entidades públicas para minimizar los riesgos previos, concurrentes o posteriores en las decisiones que adopte y en las sanciones con justeza y ecuanimidad.
4. La DEFENSA LEGAL especializada en derecho administrativo, aún suele ser no ponderada por la mayoría de servidores o funcionarios procesados en razón que suelen prescindir de contar con aquella, del mismo modo que el peruano prefiere ir al boticario que al médico y sólo buscar a éste cuando el estado es tardío o irreversible, del mismo modo, hay la tendencia de buscar al abogado especializado cuando se afronta una eventual suspensión, cese temporal o destitución
Actualmente hay todo un todo un engranaje legal para perseguir y sancionar todo asomo de fraude en materia de Contrataciones del Estado y delitos contra la Administración Pública, por un lado:
a) La Contraloría General legalmente ahora cuenta con facultades de sancionar a quienes audita, posición que si bien no comparto en razón de los riesgos y experiencia expuesta, mas en tanto resulte Ley no queda sino acatarla, albergando únicamente la confianza que dichas sanciones no resulten una mera prolongación y ratificación de confirmar lo concluído en el Informe de Control.
b) Por Ley se ha dispuesto que, a partir del 15 de enero del 2011, en el caso de Lima y del 1erode junio 2011 a nivel nacional la entrada en vigencia o aplicación del Código Procesal Penal en el Poder Judicial para los funcionarios o servidores que incurran en la mayoría de los delitos cometidos contra la Administración Pública, lo cual implica que los juicios serán breves y las condenas impuestas con prontitud y ya no con largos e interminables procesos como ocurría con la legislación procesal penal anterior.
c) Existen Juzgados y Salas Penales especializados en ANTICORRUPCION exclusivamente creadas para procesar a quienes se encontrasen involucrados en los antes mencionados delitos contra la Administración Pública.
Finalmente, justamente estos días ha comenzado el cambio de autoridades en los Gobiernos Locales y en pocos meses del Gobierno Central, nuestro deseo sería que ningún servidor o funcionario afrontara la maquinaria descrita en ninguno de las instancias o vías.
Una cosa es afrontar este ingrato periplo estando en ejercicio del Poder o del cargo o función y otra, después de estarlo.
NUEVO CORREO : asesoriadefensa02@yahoo.es
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Deja un comentario Publicado en julio 5, 2010 julio 6, 2010 adolescentes, DE MORELOS MEJICO, denuncias, Derecho de Familia, Gestión Pública, Práctica Legal, Procedimiento Administrativo General, Proceso Administrativo Disicplinario, SE FELIZ, Uncategorized
ADOLESCENCIA Y AUTO ESTIMA
En estos difíciles tiempos en que la violencia familiar en casa o el entorno del trabajo o la calle con fácil recurrencia se convierten en diarios sangrientos titulares de los medios de comunicación, cuan gratificante es escuchar a quienes tienen una propuesta que no dudo en compartir.
Hace poco menos de 20 días fuí invitado y concurrí al Colegio Santo Tomás de Aquino del Cercado deLima – Perú en el cual, Aarón, el mayor de mis dos hijos, con sus 12 vertiginosos e inquietos años cursa el primero de secundaria.
Era un dia especial, la entrega de libretas realizada nada menos que en el Auditorio del colegio, minutos previos al inicio de la brillante exposición magistral de FERNANDO MONTERO RODRIGUEZ destacado peruano facilitador-conferencista.
Fue la anestesia puesta antes de una acaso acalorada y no siempre feliz reacción, antes de tomar conciencia de las notas puestas en el primer trimestre escolar.
La cálida técnica motivacional para romper el frio entre los participantes cayó de perillas para que con la facilidad, que caracteriza al orador nos clarifique e ilustre diversidad de situaciones y como abordarlas, de las cuales con las excusas de alguna involuntaria distorsión con su venia, voy a referirme puntualmente a dos conceptos y uno de sus varios tips :
1) Autoestima: . Es la dignidad personal, Es el valor nuclear. Es el yo me quiero, yo me amo. Es lo que te lleva de por vida a donde vas. Es el motor puesto desde la niñez y que de por vida puede sellar tu destino.Dice el orador “Se nos acusa en Perú de tener la peor autoestima” Urge revertirla: Ten cuidado como disciplinas y crias a tus hijos; cualquier método es válido mas no el físico. Quien entrega autoestima logra EXITO. Formemos hijos y personas de Exito. No compare a sus hijos entre sí. No te angusties por sus nimiedasdes, pero tampoco las ignores. No digas nunca, no digas siempre. No bombardees con palabras en negativo (cállate, torpe, tu no puedes) No dañes a tu hijo. Ama al pecador, detestando el pecado.No cuestiones ni mitigues sus iniciativas. ELOGIALO hazlo sentir agradable y deseable, con EXCELENTE , GENIAL, ESTUPENDO, QUE VIVA, BRAVO. Elogia siempre, es mágico.
2) Adolescencia, en esencia es adolecer. Todo adolescente es un niño no los critiques. No lo juzgues. No lo condenes. Los niños de hoy tienen una madurez emocional de 3 años mas que la generación anterior. Ello explica, porque en los tiempos actuales un muchachón o chica de 12 años pida ser comprendido(a) y tratado(a) como un autosuficiente de 15, 16 o mas años. Si estamos claros en esta situación y comportamientos, queda en los padres darles cuanto emocionalmente adolecen, lo que no necesariamente significa la complasencia de cuanto pidan sino de cuanto realmente requieran, aunque se resistan a afirmar y aceptar que ello no es así.
Como en todo, no es fácil y cuestionable engarzar cada situación a una receta general, de allí la necesidad de acudir a los expertos como el destacado motivador quien consigna como sus direcciones fmonteno @proyectolife.com y web: www.proyectolife.com.
3) Todos los dias, abraza y besa a tu ser Adolescente y todo otro ser querido, muy fuerte, cuando menos 1 minuto por lo menos 7 veces al día y dile lo mucho que lo quieres y necesitas. Si no lo haces otros u otras personas, drogas o caminos, lo harán.
Te invito a reflexionar al repecto y a probar lo último en cuanta situación atravieses.
Me han participado y he sido testigo de sus buenos resultados en situaciones airadas.
Si conoces de otros tips exitosos, quedas invitado a compartirlos.
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10 comentarios Publicado en marzo 5, 2010 septiembre 22, 2012 adolescentes, Derecho de Familia, Uncategorized
Muchas madres gestantes, transcurridos los 9 meses del embarazo y llegado el momento del parto aún no decidieron que nombre poner a sus hijos o hijas o no se pusieron de acuerdo con el padre en el nombre del hijo o hija; algunas otras, del padre sólo saben su apelativo o sólo un nombre; otras no saben quien es el padre. Estas realidades salen a flote cuando llegado el momento del parto, el médico o la obstetriz le piden el nombre del hijo o hija y el nombre del padre.
Algunas veces, en el Certificado de Nacimiento esos datos quedan en blanco y por causa de ello y de una elemental orientación, se dan casos de muchos niños que quedan sin ser inscritos por varios años, en tanto, la vida y destino de algunos de esos niños o niñas se vuelve incierta.
La prensa suele dar cuenta de muchos niños y niñas que por esa razón terminan siendo traficados, otros, los abuelos creen que es mejor que ellos los reconozcan como padre, se han dado caso de madres que esperan conocer un nuevo compromiso que quiera darle “su apellido” a su hijo o hija Hoy , la Ley faculta a la madre soltera inscribir a su niño con el apellido del padre o bien sólo con los apellidos de la madre.
De otro lado, hay personas llegan a la adultez sin percatarse que sus nombres y apellidos o el de sus padres puestos en sus Partida de Nacimiento no son iguales al que aparecen en su DNI, por lo general, sólo reparan en ello, cuando alguien les hacen notar al llegar la hora de hacer algún trámite, un viaje, una compra venta, cobro de seguros, pensiones, fallecimiento de algún familiar, pretender alguna herencia, etc.
Nada pierdes dando una mirada a los tuyos y de tus seres queridos.
Con el correr de los años, por lo general, perdemos noticia de la importancia de cada uno de ellos, hasta que, por la maternidad o paternidad o por razones de migración son vueltos a recordar. El siguiente es, en Perú, el orden según su emisión :
CERTIFICADO DE NACIMIENTO: Documento emitido obligatoriamente por el(a) médico, obstetra u obstetríz que atendió o constató el parto.
Su emisión es coetánea al procedimiento administrativo de verificación de identidad a cargo del personal Criminalística de la PolicíaNacionaldel Perúencargado de la toma de la huella digital de la madre y huella pelmatoscópica (huella plantar) del(a) recién nacido (a).
El certificado de nacimiento prueba: El lugar del nacimiento La hora, el día, mes y año del nacimiento. El sexo del(a) recién nacido(a) La identidad de la madre : Nombre, Edad, Estado Civil El nombre del(a) recién nacido(a) Debería contener también la identidad del padre La huella pelmatoscópica (huella plantar del pie derecho del recién nacido) Sello, nombre, colegiatura y nombre del profesional que atendió el parto Sello del establecimiento donde ocurrió el nacimiento
PARTIDA DE NACIMIENTO (hoy llamado ACTA DE NACIMIENTO): Documento Público emitido por el funcionario autorizado de las Oficinas de Registro Civil de las Municipalidades del país donde se produjo el nacimiento.
Lo expide el funcionario previamente autorizado, teniendo a la vista o presentando el Certificado de Nacimiento y el documento de identidad de los padres o del progenitor que lo inscribe.
El formato que lo contiene es una hoja de papel con membrete de la Municipalidad, llenado en una sola carilla en formato A-4 u Oficio.
Al dorso suele ir sello y firma certificando su originalidad. Además de los datos que contiene el Certificado de Nacimiento, lleva una numeración correlativa y espacio para la firma de los funcionarios y progenitores que intervienen.
La Partida de Nacimiento contiene: El lugar del nacimiento La hora, el día, mes y año del nacimiento. El sexo del(a) recién nacido(a) La identidad de ambos padres : Nombre, Edad, Estado Civil El nombre del(a) recién nacido(a) Domicilio de los padres Nombre y domicilio de los testigos.
El Código Civil establece que éste es el primer documento público con el cual la persona acredita su nombre y a partir de él, su derecho y pertenencia a una familia, a recibir alimentos, sus expectativa a heredar, a la seguridad social, educación, etc. La ley dispone que el primer ejemplar debe ser entregado a los padres de manera gratuita.
ACTA DE NACIMIENTO (ha venido a reemplazar a las llamadas PARTIDAS DE NACIMIENTO): Documento Público emitido por el funcionario autorizado de las Oficinas de Registro Civil de las Municipalidades del país.
Al igual que las partidas de nacimiento, lo expide el funcionario previamente autorizado, teniendo a la vista o presentando el Certificado de Nacimiento y el documento de identidad de los padres o del progenitor que lo inscribe.
Ha pasado a reemplazar a las tradicionales Partida de Nacimiento y aunque también se emite en una hoja de papel tamaña A-4, preimpresa por una sola carilla, la diferencia mas saltante es que lleva el logotipo y membresía del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) y ya no de la Municipalidad. RENIEC ya ha incorporado en su Base de Datos las Actas de Nacimiento, Actas de Matrimonio y Actas de Defunción que poseen las Oficinas de Registros Civiles (ORECs) de los diversos Distritos de Lima : San Borja, Santiago de Surco, Surquillo, San Isidro, San Luis, Santa Anita, Breña, Lince, Comas, Los Olivos, Independencia, San Martín de Porres, Magdalena, Ate, Rímac, La Molina, La Perla, Jesús María, Barranco, La Punta, Puente Piedra, Carmen de la Legua, La Punta, San Miguel, Carabayllo, Lurigancho- Chosica, Chaclacayo, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Bellavista, El Agustino, Pueblo Libre, La Victoria, Villa El Salvador, Lurín, Cieneguilla; además de los Departamentos de Piura, Trujillo, Chiclayo y Cusco.
En cualquier momento, tal vez no extrañe que instale mas Plataformas Virtuales Multiservicios que consisten en máquinas que cual cajero automático de un banco sea la que te expida el Acta que necesitas, de las cuales el año pasado inauguró en Lima en el patio de comidas del centro comercial Jockey Plaza ubicada en el Distrito de Monterrico, donde está a disposición de cualquier ciudadano.
Contiene los mismos datos que el Certificado de Nacimiento los que son extractados de la Base de Datos del establecimiento de salud.
Es comprensible que para su expedición se cobre una tasa, razón por la cual debe formar parte de los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA (Texto Unico de Procedimientos Administrativos) del establecimiento de salud. Todo aporte será bienvenido.
Tus inquietudes o servicios legales que requieras, puedes escribírmelas a asesoriadefensa@yahoo.es
No es obligatorio, pero a efectos de propiciar la coordinación necesaria con los contactos que pudieran existir, te invito a consignar desde donde me escribes, el País y Estado en los casos que son fuera de Perú; y la Región, Departamento, Provincia o Distrito si eres residente en Perú. Si tienes algún cargo público y gustas compartir, mejor. Tus datos son reservados.
Categoría : Derecho de Familia/ De la Persona
Lima, 22/12/12
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 Resolución 
 artículo 8
 Resolución 
 artículo 230
 resolución 
 artículo 233
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 Resolución 
 artículo 233
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 artículo 5
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 artículo 142
 artículo 8
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