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Timestamp: 2019-01-20 00:52:40+00:00

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Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. TÍTULO II. De la gestión del dominio público portuario (Vigente hasta el 01 de Enero de 2004).
De la gestión del dominio público portuario
UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO PORTUARIO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS
Artículo 53 Contenido del dominio portuario estatal
a) Los terrenos, obras e instalaciones fijas portuarias de titularidad estatal afectados al servicio de los puertos.
b) Los terrenos e instalaciones fijas que las Autoridades Portuarias adquieran mediante compraventa, expropiación o por cualquier otro título para el cumplimiento de sus fines, cuando sean debidamente afectados.
d) Las obras construidas por los titulares de una concesión de dominio público portuario, una vez extinguida ésta.
e) Los terrenos, obras e instalaciones fijas de señalización marítima, afectados a las Autoridades Portuarias para esta finalidad.
Artículo 53 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 54 Utilización del dominio público portuario estatal
1. La ocupación y utilización del dominio público portuario estatal se ajustará a lo establecido en la legislación reguladora del dominio público marítimo-terrestre estatal, con las salvedades y singularidades que se recogen en esta Ley.
La atribución de competencias en materia de gestión de la utilización del dominio público marítimo-terrestre efectuada en favor de diferentes órganos de la Administración del Estado se entenderá hecha a las Autoridades Portuarias correspondientes respecto del dominio público portuario estatal.
2. La utilización del dominio público portuario estatal para usos que tengan especiales circunstancias de exclusividad, intensidad, peligrosidad o rentabilidad, o que requieran la ejecución de obras e instalaciones no ejecutadas por la correspondiente Autoridad Portuaria, exigirá, en todo caso, el otorgamiento de la correspondiente autorización o concesión, con sujeción a lo previsto en esta Ley.
3. Las autorizaciones y concesiones otorgadas según esta Ley no eximen a sus titulares de obtener los permisos, licencias, y demás autorizaciones que sean exigidos por otras disposiciones legales. No obstante, cuando éstos se obtengan con anterioridad al título administrativo exigible conforme a esta Ley, su eficacia quedará suspendida hasta que se otorgue el mismo.
4. El otorgamiento de concesiones de ocupación de dominio público portuario para actividades amparadas por otra concesión administrativa otorgada por la Administración del Estado, se realizará por el procedimiento que reglamentariamente se determine.
5. Cuando el objeto de una concesión de ocupación de dominio público portuario, extinguida por el transcurso del plazo máximo de duración previsto en el artículo 66.2 de la Ley de Costas, fuese el ejercicio de una actividad amparada por otra concesión, otorgada por la Administración del Estado por un plazo superior, para extracción de recursos minerales o para usos energéticos o industriales, su titular tendrá derecho a que se le otorgue una nueva concesión de ocupación de dominio público portuario por un plazo igual al que reste de vigencia a la concesión de la actividad extractiva, energética o industrial, con un máximo de treinta años. Esta renovación de la concesión podrá reiterarse hasta completar el plazo superior.
En todo caso, será condición necesaria para el otorgamiento de la concesión de utilización del dominio público, que se mantenga la misma actividad industrial, extractiva o energética para la que se otorgó la concesión inicial, y que se encuentre el concesionario al corriente en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión.
6. El plazo de vencimiento de las concesiones será improrrogable, salvo que en el título de otorgamiento se haya previsto expresamente lo contrario, en cuyo caso a petición del titular y a juicio de la Autoridad Portuaria, podrá ser prorrogado siempre que aquél no haya sido sancionado por infracción grave, se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión y no se superen en total el plazo máximo de treinta años.
Excepcionalmente, y de acuerdo con los criterios que se determinen reglamentariamente, entre los que se deberán de tener en cuenta, al menos, la cuantía de la inversión y el interés estratégico de la concesión, la Autoridad Portuaria podrá acordar, previo informe favorable de Puertos del Estado la prórroga de aquellas concesiones cuyo plazo inicial sea de veinticinco a treinta años y cuyo objeto se encuentre directamente vinculado con la explotación portuaria. Dicha previsión deberá establecerse expresamente en el título concesional y la prórroga no podrá exceder, en ningún caso, del plazo de treinta años, y su consideración permitirá la revisión de las condiciones de la concesión, que deberán ser aceptadas por el concesionario con anterioridad a la resolución de otorgamiento de la misma.
Número 6 del artículo 54 introducido por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Artículo 54 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 55 Actividades, instalaciones y construcciones permitidas
1. En la zona de servicio de los puertos, sólo podrán llevarse a cabo las actividades, instalaciones y construcciones que sean acordes con los usos portuarios y con los fines propios de las Autoridades Portuarias.
2. En concreto, quedan prohibidas aquellas ocupaciones y utilizaciones del dominio público portuario que se destinen a edificaciones para residencia o habitación, al tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión y a la publicidad comercial a través de carteles o vallas, medios acústicos o audiovisuales.
Excepcionalmente y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, el Consejo de Ministros podrá autorizar instalaciones hoteleras en aquellos espacios de los puertos de interés general que estén destinados a las actividades complementarias a que se refiere el apartado 6 de artículo 3, siempre y cuando tales usos hoteleros se acomoden al plan especial o instrumento equivalente referido en el artículo 18. En ningún caso las Autoridades Portuarias podrán participar directa o indirectamente en la explotación o gestión de las instalaciones hoteleras de conformidad con lo previsto en el artículo 37.1.q).de establecimientos o Empresas autorizados por la Autoridad Portuaria.
Número 2 del artículo 55 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
3. El régimen de prohibiciones establecido en la Ley de Costas para la utilización del dominio público marítimo-terrestre no resultará de aplicación a las instalaciones y actividades a realizar en el dominio público portuario.
Artículo 55 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 56 Solicitud de autorización o concesión
1. Para que la Autoridad Portuaria resuelva sobre la ocupación o utilización del dominio público portuario de su competencia, deberá formularse por el interesado una solicitud que irá acompañada del correspondiente proyecto básico y de un estudio económico-financiero.
2. El proyecto básico incluirá:
a) La descripción de las actividades a desarrollar.
b) Las características de las obras e instalaciones.
c) La extensión de la zona de dominio público portuario a ocupar o utilizar.
d) El presupuesto estimado de las obras.
e) Las demás especificaciones que se determinen por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
3. El proyecto deberá adaptarse el plan especial de ordenación del espacio portuario aprobado o, en su defecto, al plan de utilización del mismo.
4. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto de construcción que en cada caso se apruebe por la Autoridad Portuaria, que completará el proyecto básico.
5. Reglamentariamente se regularán los requisitos necesarios para formular las solicitudes de autorizaciones y concesiones en el dominio público portuario, y el contenido del estudio económico-financiero, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 54.4.
6. Los titulares de concesiones y autorizaciones de dominio público portuario deberán prestar fianza, de acuerdo con las normas de la Ley de Costas, ante la Autoridad Portuaria.
Artículo 56 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 57 Ambito de exigencia
1. Las actividades que se desarrollen en el espacio portuario que no requieran obras o instalaciones de ningún tipo y la ocupación del dominio público portuario con instalaciones desmontables o con bienes muebles, estarán sujetas a previa autorización de la Autoridad Portuaria.
2. Las autorizaciones sólo podrán otorgarse para instalaciones o actividades que no se opongan a las determinaciones establecidas en el plan especial de ordenación del espacio portuario o, en su defecto, al respectivo plan de utilización.
3. Las autorizaciones se otorgarán con carácter personal e intransferibe «inter vivos», salvo las autorizaciones de ocupación de dominio público para los supuestos de vertidos.
Artículo 57 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 58 Extinción
1. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Autoridad Portuaria en cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con obras o planes aprobados con posterioridad, entorpezcan la explotación portuaria o impidan la utilización del espacio portuario para actividades de mejor interés. Corresponderá a la Autoridad Portuaria apreciar las circunstancias anteriores mediante resolución que, en todo caso, será motivada, previa audiencia del titular de la autorización.
2. Las autorizaciones caducarán por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas o condiciones incluidas en el título de las mismas, mediante expediente instruido al efecto y previa audiencia de su titular. Este incumplimiento, sin perjuicio de la tramitación del oportuno expediente sancionador y de la posible caducidad de la autorización correspondiente, podrá dar lugar a la baja de la Empresa en el Registro de usos del dominio portuario de cada Autoridad Portuaria, suspendiéndose su actividad temporalmente.
3. Las autorizaciones que supongan ocupación del dominio público portuario se otorgarán a título de precario y se extinguirán por cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 78 de la Ley de Costas.
El plazo de vencimiento se determinará en el título correspondiente y no podrá exceder de tres años, salvo en los casos en que esta ley establece uno mayor. No podrá ser objeto de prórroga en ningún caso.
4. Revocada, caducada o extinguida la autorización, el titular tendrá derecho a retirar fuera del espacio portuario los materiales, equipos o instalaciones correspondientes, estando obligado a hacerlo cuando así lo determine la Autoridad Portuaria. En todo caso, estará obligado a restaurar la realidad física alterada, reponiendo el dominio público portuario a su estado anterior. La Autoridad Portuaria podrá efectuar la retirada de los materiales, equipos o instalaciones, con cargo al titular de la autorización revocada, caducada o extinguida, cuando él mismo no la efectúe en el momento o plazo que se le indique.
Artículo 58 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 59 Actividades industriales, comerciales o de servicios al público
1. Para el desarrollo, en el ámbito portuario de actividades industriales, comerciales o de servicios al público, será necesaria la correspondiente autorización de la Autoridad Portuaria.
2. Las autorizaciones se sujetarán a los pliegos de condiciones generales y, en su caso, a las condiciones concretas que determine cada Autoridad Portuaria para el puerto o puertos de su competencia.
Dichos pliegos de condiciones serán aprobados por Puertos del Estado y determinarán las garantías y exigencias que condicionarán el libre acceso a la prestación de servicios al público en el ámbito por cada una de las Autoridades Portuarias.
El desarrollo en el ámbito de los Puertos del Estado de las actividades de practicaje, de consignación de buques, de agencia o consignación de mercancías, de mayoristas de pescado y de venta o subasta de pescado requerirán, en todo caso, la aprobación de pliegos de condiciones generales a los que se sujetarán las mismas.
Artículo 59 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 60 Régimen de vertidos
1. Se prohiben los vertidos o emisiones contaminantes, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos, en el dominio público portuario, procedentes de buques o de medios flotantes de cualquier tipo sin perjuicio de lo establecido en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 21 de la presente Ley.
Los restos o desechos sólidos y líquidos procedentes de sentinas, lastres, lavado de tanques o bodegas, aceites usados, aguas sucias y demás líquidos contaminantes, deberán descargarse a tierra y depositarse en los recipientes, instalaciones o cisternas que determine la Autoridad Portuaria en cada caso, o que estén previstos en los reglamentos de policía del puerto.
Los recipientes, instalaciones o cisternas habrán de ajustarse, en su caso, a las recomendaciones técnicas promulgadas por la Administración competente.
2. Los vertidos contaminantes procedentes de buques o medios flotantes de cualquier tipo en las aguas no portuarias en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción se regularán por las normas específicas aplicables y por los Convenios suscritos por España sobre estas materias.
3. Todos los vertidos desde tierra al mar requerirán autorización de la Administración competente, que se otorgará con sujeción a la legislación aplicable, sin perjuicio de la autorización de ocupación de dominio público que, en su caso, otorgará la Autoridad Portuaria.
4. El régimen jurídico de estas autorizaciones se ajustará a lo prevenido en la legislación de costas para las autorizaciones de vertidos.
Artículo 60 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 61 Recepción de residuos
1. Las refinerías de petróleo, las factorías químicas y petroquímicas, las instalaciones de almacenamiento y distribución de productos químicos o petroquímicos, las instalaciones para el abastecimiento de combustibles líquidos que posean terminales de carga o descarga de hidrocarburos en zonas portuarias y los astilleros e instalaciones de reparación naval deberán disponer, en las cercanías de los terminales o muelles, de instalaciones para la recepción y tratamiento de residuos petrolíferos y químicos y de aguas de sentinas y para la limpieza de aceites, de grasas y de otros productos contaminantes, así como de los medios necesarios para prevenir y combatir los derrames. Corresponde a la Capitanía Marítima determinar las instalaciones y medios que resulten precisos, de acuerdo con la reglamentación aplicable.
2. La disponibilidad de estas instalaciones y medios será exigida por la Autoridad Portuaria para autorizar el funcionamiento de las instalaciones portuarias incluidas en el apartado anterior.
Artículo 61 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 62 Obras de dragado
1. Toda ejecución de obras de dragado en el dominio público portuario requerirá la correspondiente autorización de la Autoridad Portuaria.
Cuando las obras de dragado afecten a la seguridad de la navegación en los canales de entrada y salida a la zona de servicio portuario o a la determinación de las zonas de fondeo o maniobra, se exigirá informe previo y vinculante del Capitán Marítimo.
2. Los proyectos de dragado portuarios, incluso los ejecutados por la Autoridad Portuaria, incluirán un estudio de evaluación de sus efectos sobre la dinámica litoral y la biosfera marina, así como, cuando proceda, sobre la posible localización de restos arqueológicos. Se solicitará informe de las Administraciones competentes en materia de pesca y de arqueología.
En el caso de que se produzcan vertidos de productos de dragado fuera de la zona interior de las aguas del puerto, se estará a lo previsto en el artículo 21.4 de la presente Ley.
Número 2 del artículo 62 declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 40/1998, 19 febrero («B.O.E.» 17 marzo), en la medida en que no prevé intervención alguna de las Comunidades Autónomas en defensa de su competencia de protección del medio ambiente.
3. La Autoridad Portuaria remitirá a la Capitanía Marítima los datos de las cantidades vertidas de material de dragado, la localización de la zona o zonas de vertido y, cuando exista riesgo de que el posible desplazamiento del material afecte a la navegación marítima, los resultados del seguimiento de la evolución de dicho material vertido.
Número 3 del artículo 62 declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 40/1998, 19 febrero («B.O.E.» 17 marzo), en cuanto no dispone el envío de la información en él citada a la Comunidad Autónoma en la que radique el puerto.
Artículo 62 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 63 Ambito de exigencia
1. La ocupación de bienes de dominio público portuario con obras o instalaciones no desmontables o por plazo superior a tres años estará sujeta a previa concesión otorgada por la Autoridad Portuaria.
Número 1 del artículo 63 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
2. Las solicitudes de concesión sólo podrán referirse a obras, instalaciones o usos compatibles con las normas y preceptos que establezca el plan especial de ordenación del espacio portuario o, en su defecto, el plan de utilización del mismo.
3. El procedimiento para otorgar concesiones se sujetará a lo establecido en la legislación de costas. Se dará trámite de información pública, salvo en los supuestos en que la concesión se refiera a la utilización total o parcial de edificaciones existentes, sin modificación de su arquitectura exterior y para los usos autorizados en el plan especial de ordenación de la zona de servicio del puerto, en su defecto, en los planes de utilización del espacio portuario.
Artículo 63 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 64 Actos de disposición o gravamen
1. Las concesiones podrán transmitirse por actos «inter vivos» previa autorización de la Autoridad Portuaria, que podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto en los términos que reglamentariamente se establezcan.
2. La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre las concesiones deberá ser autorizada por la Autoridad Portuaria concedente.
3. En los supuestos de adjudicación de la concesión mediante remate judicial, la Autoridad Portuaria podrá ejercer el derecho de retracto en el plazo de tres meses, a contar desde el momento en que aquélla tenga conocimiento de la adjudicación.
Artículo 64 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 65 Rescate
La valoración del rescate de las concesiones se efectuará con arreglo a lo dispuesto en la legislación de costas, debiendo tenerse en cuenta entre las reglas allí establecidas, además, las relativas a la posible obsolescencia tecnológica de la inversión ejecutada y a su rentabilidad que modularán el valor de las obras o instalaciones no amortizadas.
Artículo 65 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
La prestación de los servicios portuarios
Artículo 66 Concepto de servicios portuarios
1. Son servicios portuarios las actividades de prestación que tiendan a la consecución de los fines que a las Autoridades Portuarias se asignan por la presente Ley y se desarrollan en su ámbito territorial. En todo caso tendrán este carácter los siguientes:
- El practicaje.
- El remolque portuario.
- La disponibilidad de las zonas de fondeo y la asignación de puestos de fondeo.
- El amarre y desamarre de los buques, atraque y, en general los que afecten al movimiento de las embarcaciones.
- El accionamiento de esclusas.
- La puesta a disposición de espacios, almacenes, edificios e instalaciones para la manipulación y almacenamiento de mercancías y vehículos y para el tránsito de éstos y de pasajeros en el puerto.
- La puesta a disposición de medios mecánicos, terrestres o flotantes para la manipulación de mercancías en el puerto.
- El suministro a los buques de agua y energía eléctrica y de hielo a los pesqueros.
- La recogida de basuras y la recepción de residuos sólidos y líquidos contaminantes procedentes de buques, plataformas u otras instalaciones fijas situadas en el mar.
- Los servicios contra incendios, de vigilancia, seguridad, policía y protección civil portuarios, sin perjuicio de los que correspondan al Ministerio del Interior o a otras Administraciones Públicas.
2. Las labores de carga, descarga, estiba, desestiba y transbordo de mercancías objeto de tráfico marítimo en los buques y dentro de la zona portuaria, se regularán y ejercerán de acuerdo con su normativa específica.
3. Asimismo, corresponde a las Autoridades Portuarias prestar el servicio de señalización marítima en el ámbito geográfico que se les asigne.
4. Las actividades y servicios prestados por las Autoridades Portuarias se regirán por las normas del Derecho Privado.
Artículo 66 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 67 Régimen de prestación
1. La prestación de los servicios portuarios podrá ser realizada directamente por las Autoridades Portuarias o mediante gestión indirecta por cualquier procedimiento reconocido en las leyes, siempre que no implique ejercicio de autoridad.
Los contratos que se celebren por la Autoridad Portuaria para la prestación por gestión indirecta de los servicios portuarios estarán sujetos al ordenamiento privado, excepto en lo que se refiere a los aspectos que garanticen la publicidad y concurrencia en su preparación y adjudicación, que se ajustarán a los criterios contenidos en la legislación de contratos del Estado relativos al contrato de gestión de servicios públicos, para los actos preparatorios.
Número 1 del artículo 67 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
2. Cuando la gestión indirecta del servicio precise el otorgamiento de concesión o autorización de ocupación de dominio público portuario, ambas relaciones serán objeto de expediente único, y su eficacia quedará vinculada recíprocamente.
3. Con anterioridad a la celebración del contrato para la prestación por particulares de los servicios portuarios que se estimen convenientes, la Autoridad Portuaria deberá aprobar los respectivos pliegos de cláusulas de los servicios, previo informe de Puertos del Estado, en los que deberán figurar las condiciones, garantías, precios y, en su caso, la productividad mínima exigible para cada actividad o tipo de operación portuaria, así como las penalidades que se establezcan por su incumplimiento, debiendo asegurarse el libre acceso a la prestación del servicio, siempre que se cumplan los requisitos que se establezcan en dicho pliego.
Artículo 67 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
REGIMEN ECONOMICO DE LA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO PORTUARIO ESTATAL Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS
Artículo 68 Objetivos a cubrir
1. Los ingresos de las Autoridades Portuarias deberán responder al objetivo de lograr la rentabilidad global del conjunto del sistema portuario y de cada uno de los puertos. A tal fin, la suma de sus productos en el conjunto del sistema y en cada Entidad portuaria deberá cubrir, al menos, los siguientes gastos:
a) Los de explotación, conservación y administración propios de las Entidades públicas portuarias.
b) Las cargas fiscales y, en su caso, los intereses de los empréstitos emitidos y de los préstamos recibidos.
d) Un rendimiento razonable de la inversión neta en activos fijos, para el conjunto del sistema portuario.
2. Corresponde a Puertos del Estado fijar para cada una de las Autoridades Portuarias tal objetivo, atendiendo a sus propias características y condicionamientos.
Artículo 68 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 69 Canon por ocupación o aprovechamiento del dominio público portuario
4. En el supuesto de ocupación de terrenos y de agua del puerto, el tipo de gravamen será del 6 por 100 del valor de la base. En el caso de ocupación de obras e instalaciones el tipo será el 100 por 100 de la anualidad de amortización y el 6 por 100 del valor del suelo y del valor de las obras e instalaciones. En el supuesto de aprovechamiento, el tipo de gravamen será el 100 por 100 del valor de los materiales aprovechados.
6. La Autoridad Portuaria fijará en las condiciones de la concesión o autorización la cuantía del canon que será actualizada anualmente en la misma proporción que la variación experimentada por el índice general de precios al consumo para el conjunto nacional total (IPC) en el año natural anterior, y será revisada de acuerdo con las nuevas valoraciones que sean aprobadas por el Ministerio de Fomento.
8. En el supuesto de que la Autoridad Portuaria convoque concursos para el otorgamiento de las concesiones o autorizaciones, los pliegos de bases podrán contener entre los criterios para su resolución la mejora de los cánones.
Artículo 69 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Artículo 69 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 69 bis Canon por prestación de servicios al público y el desarrollo de actividades comerciales o industriales
a) Se establecerá sobre el volumen de tráfico portuario en la cuantía máxima que se establezca, por tonelada de granel liquido, sólido o mercancía general, cuando aquél exista y sea objetivamente medible. Dichas cuantías máximas se fijarán por Real Decreto. Téngase en cuenta que la Disposición Transitoria 4.ª de la Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, establece: "Hasta que por Real Decreto se aprueben las cuantías máximas a que hace referencia la letra a) del apartado 3 del artículo 69 bis, se aplicarán las siguientes: Hasta 40 pesetas por tonelada de granel liquido. Hasta 80 pesetas por tonelada de granel sólido. Hasta 160 pesetas por tonelada de mercancía general".
El criterio y el tipo establecidos por la Autoridad Portuaria deberán figurar expresamente en las condiciones de la autorización de actividad o en su caso, de la concesión o autorización de ocupación o aprovechamiento del dominio público. Cuando la cuantía del canon se establezca sobre el volumen de tráfico, las cantidades señaladas con arreglo a lo establecido en el apartado a) serán actualizadas anualmente en la misma proporción que la variación experimentada por el índice general de precios al consumo para el conjunto nacional total (IPC) en el año natural anterior.
6. Cuando la Autoridad Portuaria convoque concursos para el otorgamiento de autorizaciones, será de aplicación lo establecido en el apartado 8 del artículo 69.
Artículo 69 bis derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 69 bis introducido por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Artículo 69 ter Exenciones
2. Se encontrará exenta del abono del canon la Cruz Roja Española respecto a las actividades propias que tiene encomendada esta institución.
Artículo 69 ter derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 69 ter introducido por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Artículo 70 Ambito y determinación
1. Las Autoridades Portuarias exigirán por los servicios portuarios que presten el pago de las correspondientes tarifas. Estas tarifas tendrán el carácter de precios privados y deberán garantizar el objetivo de autofinanciación evitar prácticas abusivas en relación con los tráficos cautivos, así como actuaciones discriminatorias y otras análogas.
3. El tráfico portuario que utilice instalaciones en régimen de concesión administrativa construidas o no por particulares estará sujeto al pago a la Autoridad Portuaria correspondiente de las tarifas que se establezcan en las cláusulas concesionales, con las bonificaciones y exenciones que vengan determinadas en las mismas.
Artículo 70 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Artículo 70 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 71 Exenciones
1. Estarán exentos del pago de las tarifas los servicios prestados a:
- Los buques de guerra y aeronaves militares nacionales y, en régimen de reciprocidad, los extranjeros siempre que no realicen operaciones comerciales y su visita tenga carácter oficial o de arribada forzosa.
- El material de las Autoridades Portuarias y las embarcaciones dedicadas por las Administraciones Públicas a labores de vigilancia, investigación, protección y regeneración costera, represión del contrabando, salvamento, lucha contra la contaminación marina, enseñanzas marítimas, y, en general, a misiones oficiales de su competencia.
- El material y embarcaciones de la Cruz Roja Española dedicados a las labores propias que tienen encomendadas esta institución.
2. El Ministro de Obras Públicas y Transportes podrá establecer exenciones o bonificaciones para actividades de relevante interés humanitario o social.
Artículo 71 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 72 Tarifas de servicios de gestión indirecta
1. Las Autoridades Portuarias podrán establecer tarifas máximas, de obligado cumplimiento, para aquellos servicios portuarios que se presten en régimen de gestión indirecta.
2. Estas tarifas podrán recogerse en las cláusulas de los contratos que se celebren o bien aprobarse por acuerdo de la Autoridad Portuaria correspondiente.
3. Las tarifas máximas a que hacen referencia los apartados anteriores se actualizarán periódicamente de acuerdo con los criterios de política portuaria que se establezcan.
Artículo 72 derogado por el párrafo 1.º del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Artículo 73 Consignatario de buques
1. A los efectos de esta Ley, se considera agente consignatario de un buque a la persona física o jurídica que actúa en nombre y representación del naviero o del propietario del buque.
Número 1 del artículo 73 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
2. El consignatario, en el supuesto de que exista, será responsable directamente ante las Autoridades Portuarias y Marítimas de las liquidaciones que se establezcan por tarifas u otros servicios prestados al buque por dichas Autoridades, u ordenadas por éstas, durante la estancia del buque en puerto. En el supuesto de que el buque no estuviera consignado, será responsable del pago de dichas liquidaciones el Capitán del buque. En ambos casos estará obligado al pago el naviero o el propietario del buque con carácter solidario.
La responsabilidad del consignatario no se extenderá al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el naviero para con los cargadores o receptores de las mercancías transportadas por el buque.
Número 2 del artículo 73 redactado por el apartado catorce de la disposición final segunda de la Ley 48/2003, 26 noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general («B.O.E.» 27 noviembre).
Número 2 del artículo 73 redactado por Ley 62/1997, 26 diciembre («B.O.E.» 30 diciembre), de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
3. Para garantizar las obligaciones del consignatario frente a la Autoridad Portuaria o la Capitanía Marítima, el consignatario de buques deberá depositar ante la Entidad portuaria garantías económicas o avales bancarios suficientes, de acuerdo con los criterios que se determinen en el pliego de condiciones generales a que se refiere el artículo 59.2 de la presente Ley.
4. El agente consignatario de un buque podrá renunciar unilateralmente a la consignación del mismo, debiendo comunicar de forma fehaciente a la Autoridad Portuaria y a la Capitanía Marítima tal renuncia, que será efectiva respecto de cada Autoridad, una vez que se haya satisfecho a cada una de ellas sus deudas pendientes, hasta el momento de las respectivas comunicaciones.

References: Artículo 53

Artículo 53

Artículo 54
 artículo 66
 resolución 
 artículo 54

Artículo 54

Artículo 55
 artículo 3
 artículo 18
 artículo 37
 artículo 55

Artículo 55

Artículo 56
 artículo 54

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 57

Artículo 58
 resolución 
 artículo 78

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 59

Artículo 60
 artículo 21

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 61

Artículo 62
 artículo 21
 artículo 62
 artículo 62

Artículo 62

Artículo 63
 artículo 63

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 66

Artículo 67
 artículo 67

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 68

Artículo 69
 resolución 

Artículo 69

Artículo 69

Artículo 69
 Real Decreto 
 artículo 69
 artículo 69

Artículo 69

Artículo 69

Artículo 69

Artículo 69

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 70

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 72

Artículo 73
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 59