Source: http://investigacionenjuventud.org/?p=796
Timestamp: 2019-02-16 01:44:35+00:00

Document:
Youth organizations in Spain. An innovative contribution to the international legal scene as a tool for promoting the participation of young people
Ás associações de jovens em Espanha. Uma contribuição inovadora ao panorama jurídico internacional como uma ferramenta para promover a participação da juventude
Since the approval of the Spanish Constitution in 1978, the Spanish legal system has included among its guiding principles the promotion of youth participation (article 48). In addition, it has created an exceptional legal instrument in the international arena, youth associations, non-profit legal entities, defined by the age of their members, between 14 and 29 years and where minors fully exercise the right of association, including their participation in governing bodies. The Youth Associations as a specific type, are part of the Youth Movement or Youth Association as a general type in the broad sense, a group of non-profit legal entities that act in the youth field with different legal and organizational profiles, which also includes other figures such as student associations, the youth sections of adult entities, the entities that provide services to young people and the youth councils.
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Desde a Constituição espanhola em 1978, o sistema jurídico espanhol tem incluído entre os seus princípios o fomento da participação dos jovens (art. 48). Além disso, tem um instrumento jurídico excepcional na panorama internacional, as associações de jovens, pessoas jurídicas como associações sem fins lucrativos, definidas pela idade de seus membros, entre os 14 e os 29 anos e onde os menores exercem com plenitude a direito de associação, incluindo sua participação nos órgãos de direcção. As associações de jovens como tipo específico fazem parte do Movimento Juvenil ou Associacionismo Juvenil como tipo geral em amplo sentido, conjunto de pessoas jurídicas não lucrativas que operam na âmbito da juventude com diferentes perfiles jurídicos e organizacionais, que inclui também outras figuras, tais como associações do estudantes, as secções de jovens da instituições de adultos, as entidades que prestam serviços para jovens e conselhos de juventude.
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► Juventud, movimientos y organizaciones juveniles. Antecedentes ► Las asociaciones juveniles. Notas definitorias ► Apuntes sobre las asociaciones juveniles en el derecho autonómico ► A modeo de conclusiones. Trascendencia de las asociaciones juveniles del derecho español
1 JUVENTUD, MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES JUVENILES. ANTECEDENTES
El posicionamiento que los sectores juveniles ocupan en la pirámide social de cualquier estructura humana, os cambios radicales que experimentan en sus años formativos y su voluntad de cuestionamiento de los valores tradicionales, han motivado a lo largo de la historia conflictos y tensiones respecto del poder controlado por las generaciones precedentes, originando cuestiones que han tenido un importante tratamiento en el ámbito de las ciencias sociales, especialmente en los ámbitos históricos, sociológicos y educativos, y en menor medida en el jurídico.
Respecto a la figura de las asociaciones juveniles, aunque podamos encontrar antecedentes ya en el Derecho Romano, con la figura de las “Colleguia Iuvenum” del emperador Augusto, desde la segunda mitad del XIX arranca el interés de los adultos por encuadrar a los jóvenes en estructuras más o menos organizadas con los objetivos o bien de impedir que su comportamiento resultase incontrolable, o bien que pudieran ser un elemento útil a sus intereses políticos, religiosos o ideológicos en general (Reverte Martínez, 2016)1.
En nuestro país, uno los primeros debates parlamentarios sobre la aplicación del nuevo derecho de asociación reconocido en la Constitución de 1869, tuvo lugar en 1871, en relación con la prohibición de la Asociación “La Juventud Católica” (Flaquer Montesqui, 1999). Y también es de esta época, 1873, la que podemos considerar como primer proyecto de legislación de protección de menores (López Cordón, 1976: 61).
Hay que tener en cuenta la situación social y cultural de la población joven en España a finales del siglo XIX y valorar los factores esenciales sobre los que se iría conformando la cuestión juvenil durante el siglo XX en nuestro país: en primer lugar, la prestación del servicio militar, con carácter obligatorio, con el fenómeno de los sorteos anuales de los “quintos”, que trasladaría al imaginario social la figura literaria de la “quinta” como unidad generacional, y daría origen a las primeras luchas y protestas contra la militarización obligatoria (Reverte Martínez, 2016); en segundo lugar, la progresiva extensión de la educación generalizada a toda la población infantil, y su lenta ampliación en los estudios superiores y universitarios, y en tercer lugar, el inicio y desarrollo de la legislación de protección laboral de los menores2.
Igualmente, a finales del siglo XIX comenzó a hacerse patente un fenómeno nuevo: la aparición y el desarrollo de movimientos juveniles organizados con cierto grado de autonomía que apostaban decididamente por un cambio sociopolítico radical, una realidad que se hizo francamente perceptible en las primeras décadas del siglo XX, y que trastocó los modos de protesta colectiva durante el resto de la centuria. De este modo, la juventud comenzó a vincularse estrechamente a las ideologías políticas. En la mayor parte de Europa, este salto cualitativo en la participación pública de la juventud se hizo de la mano de los movimientos políticos y sociales existentes, que asumieron el control de sus manifestaciones más extremas. En ocasiones, la conciencia generacional trató de ser fijada en estructuras orgánicas como las juventudes de partido3.
1.1 Del nacimiento conceptual de la condición juvenil
De lo dicho hasta ahora, se hace necesario situarnos, no sólo históricamente sino también sociológicamente, en los términos sobre juventud, para ayudarnos a construir la conceptualización del movimiento juvenil, o de los movimientos juveniles en general. El debate y construcción teórica sobre los conceptos de juventud, la teoría de la condición juvenil, su conflictividad en el tránsito a la plena incorporación en la sociedad, es plenamente rico y vivo en el ámbito de las ciencias sociales y políticas durante todo el siglo XX y hasta la actualidad. Como ha sido señalado (González Calleja, 2009: 15.54), podría hablarse de diferentes líneas teóricas explicativas sobre la condición de los jóvenes y los posibles procesos conflictivos en su incorporación social, pudiendo proponer tres posibles sentidos del término generación, relacionadas con la condición juvenil (González Calleja, 2009: 18-24):
La primera sería un concepto limitado de generación como etapa determinada en el curso de la existencia del ser humano. La protesta juvenil, sería consecuencia del desarrollo psicológico y físico de los jóvenes.
La segunda idea sería la de una cohorte de personas nacidas en la misma época de la historia, y que actúan juntas por afinidad electiva. Los acontecimientos históricos dramáticos tienen un impacto especial en los jóvenes que están en proceso de formación de su aprendizaje político. Señas de identidad de una generación respecto a una cohorte de edad serían conciencia, especificidad, solidaridad y capacidad de movilización para el cambio social y político, siendo autores a destacar en esta línea Ortega y Mannheim (Ander Egg, 1980: 20).
La tercera concepción de generación sería la de un grupo especial en la historia que no sólo es una cohorte de edad, sino que toma conciencia de su especificidad, desarrolla distintas actitudes y conductas en relación con otros grupos de la sociedad y une sus fuerzas para trabajar por el cambio social, con ejemplos como la generación de la Gran Depresión, la de las protestas juveniles de los años 60, la de la transición democrática española, y, en tiempos más cercanos y en proceso de evolución y de análisis, la posible generación del 15 M española (Benedicto Millán, Feixa Pampols, 2015: 96-98) o como se interroga Carlos Feixa, en un contexto internacional “¿Una Generación Indignada?” (Feixa Pampols, Sánchez García, 2015)4.
Benedicto Millán y Morán Calvo Sotelo, nos aportan la visión de que la juventud de mayor impacto en el imaginario común de las sociedades occidentales fue la formada en la década de los 60, apareciendo los jóvenes ante el resto de la sociedad, como el “icono de la transformación cultural y social, con todas sus connotaciones positivas y negativas” [….] “los jóvenes pasaban a representar, en unos casos, el nuevo sujeto histórico del cambio sociopolítico y en otros, la amenaza más explícita al orden social” (Benedicto Millán, Morán Calvo-Sotelo, 2008).
A pesar de su evidente interés, no cabe en este artículo continuar profundizando en los estudios desde la sociología sobre juventud y sobre la idea de generación, una de las cuestiones en las que más interesante ha sido la aportación de la ciencia española, como nos recuerdan Leccardi y Feixa Pampols (2011), ni tampoco en su aplicación en relación a la sociología del tiempo y la condición juvenil, con sus últimas transformaciones, ya en el siglo XXI, en el que los citados autores plantean abiertamente la realidad de una generación “global” (Leccardi, Feixa Pampols, 2011:27).
Podemos afirmar, para continuar avanzando en nuestra investigación, que desde mediados del siglo XX se produce el nacimiento de una nueva elaboración del concepto generacional de juventud y de la condición juvenil en general, que significará su consideración específica en el conjunto de la sociedad y, por tanto, de las ciencias sociales.
Desde entonces y hasta la fecha, las aportaciones científicas han sido importantes, escasas desde el ámbito jurídico y limitadas casi en su totalidad a la cuestión de la minoría de edad, y cuantiosas especialmente en el ámbito de la sociología especializada. De sus avances podemos extraer en síntesis, para finalizar nuestra breve introducción en ámbitos no estrictamente ligados al mundo normativo, la presencia de dos líneas fundamentales en el acercamiento o aproximación al estudio del fenómeno juvenil, aparentemente opuestas: las investigaciones centradas en la juventud como transición a la vida adulta, frente a las dirigidas al análisis de las peculiaridades de las culturas juveniles (Leccardi, C., 2015).
Ahora bien, las últimas tendencias de futuro, ante un escenario de crisis del modelo social y político y falta de perspectivas para la juventud, como aporta Leccardi (2015), parecen tender puentes entre ambas tendencias, ya que, en su opinión, la denominada como transición de los jóvenes a la vida adulta no puede ser considerada por más tiempo como la única forma de construir el futuro de la juventud, porque, entre tanto, la afirmación de la cultura juvenil representa un desafío abierto hacia una sociedad que niega los derechos de los jóvenes al futuro. En este escenario, las sociedades occidentales han de construir un nuevo sentido del valor del tiempo si quieren fomentar la participación social y política de los jóvenes (Leccardi, C., 2015).
Finalmente, dentro de la línea de últimas tendencias en los estudios de juventud, subrayar que la cuestión de género está adquiriendo creciente importancia, como igualmente aporta Leccardi (2015), y a nivel de nuestro país Berga i Timoneda (2015).
1.2 Precisión terminológica
Pese a su interés en el objeto de nuestro estudio, no podemos profundizar en el conocimiento de los movimientos o grupos juveniles, en un sentido amplio, creados por las iglesias, los grupos políticos, las iniciativas sociales y educativas, o los estados, que han ido realizando desde mediados del siglo XIX propuestas e iniciativas de socialización, encuadramiento o intervención, pero siempre desde una perspectiva tanto jurídica, como organizativa, o educativa, protagonizada por el mundo adulto, con mayor o menor autonomía juvenil. Esta característica del predominio del factor adulto, podríamos definirla, en palabras de Gramsci, como “la subordinación real de los jóvenes a los mayores como generación” (1975)5.
Nuestro acercamiento desde la perspectiva del derecho, al concepto de asociación juvenil, se pretende centrar en aquellas figuras dentro del campo de la persona jurídica, en su modalidad de asociación no lucrativa de interés general que recoge nuestro Código Civil en su art. 35, y que presenten nítidamente tres características definitorias, que conformarán a las asociaciones juveniles y marcarán su especificidad:
La determinación legal de una edad precisa y determinada de sus componentes como requisito subjetivo imprescindible para la constitución válida de la persona jurídica, incluyendo la posibilidad de tener como asociados de pleno derecho a menores de edad.
La voluntad libre e independiente de sus asociados, comprendidos exclusivamente entre la edad normativamente determinada, tanto para la constitución como para el funcionamiento pleno de la asociación, sin dependencia obligada de otra persona jurídica.
Tratarse de un ente colectivo de estructura horizontal, sin subordinación a una jerarquía superior determinada por el mundo adulto, como ya aportaban las primeras construcciones doctrinales en nuestro país sobre el asociacionismo juvenil (Mendizábal Oses, 1970).
Ahora bien, no significa esta afirmación que no podamos considerar, en términos amplios e inclusivos, otras manifestaciones de la participación y el asociacionismo entre la población joven en diferentes tipos de entidades asociativas, e incluso, en entidades o grupos no formalizados en términos registrales, sino que el objeto central de nuestra investigación estará centrado, en las asociaciones juveniles como forma asociativa de régimen jurídico especial caracterizada por la edad, la independencia y la horizontalidad (Mendizábal Oses, 1970:105).
Para distinguir de forma precisa la figura específica de la general, denominaremos como ASOCIACIÓN JUVENIL a aquellas entidades colectivas de tipo asociativo que presenten plenamente, en términos jurídicos, las tres características indicadas anteriormente: la edad legalmente determinada de sus componentes, autonomía sin dependencia y horizontalidad sin jerarquía. Y calificaremos como MOVIMIENTO JUVENIL, o bien como ORGANIZACIONES JUVENILES o ASOCIACIONISMO JUVENIL en sentido amplio, al conjunto de personas jurídicas no lucrativas que actúan en el ámbito de la juventud con diferentes perfiles jurídicos y de organización dentro de los cuales se incluirían las asociaciones juveniles, además de las asociaciones estudiantiles, las secciones juveniles de entidades de adultos, las entidades prestadoras de servicios a la juventud, etc.
Si en términos históricos, psicológicos, sociológicos e incluso pedagógicos, el asociacionismo juvenil en sentido amplio ha tenido unos niveles de estudio relativamente importantes, en términos jurídicos no ha sido así. En el último tercio del siglo XX, cuando se generalice la visión social de la existencia de la población juvenil como un ente colectivo diferenciado, requerirá también “ser objeto, en una parte muy importante, del Derecho” (Mendizábal Oses, 1970: 122-123).
2 LAS ASOCIACIONES JUVENILES. NOTAS DEFINITORIAS
2.1 Las asociaciones juveniles en España como resultado de la confluencia de diversos procesos de cambio social
El ejercicio del libre derecho de asociación, y la lucha por los derechos de ciudadanía han estado vinculados a lo largo de nuestra historia a procesos de cambio y transformación social en nuestro país (Reverte Martínez, 2016: 27-78).
Sirva de ejemplo la lucha de las asociaciones obreras por superar las desigualdades generadas por el sistema capitalista y por conseguir sus plenos derechos de reivindicación y representación de la clase trabajadora, iniciada a mediados del XIX, que se prolongaría durante largos años y tendría como una consecuencia jurídica la Ley de Asociaciones Profesionales de patronos y obreros de 1932, texto normativo que consolidaría en nuestro ordenamiento el fenómeno de desgajar del derecho de asociación general, representado hasta entonces por la Ley de Asociaciones de 1887, determinados tipos asociativos de especial importancia o significación, bifurcando la regulación del derecho de asociación en dos grandes grupos, el derecho asociativo general y el derecho especial de asociaciones, con su legislación propia (López y López, 2012:104).
Las asociaciones juveniles representan un modelo paradigmático de la concepción del derecho de asociación como un instrumento jurídico que refleja los cambios sociales y políticos que se producen en nuestra sociedad. En este sentido, en un contexto de transformaciones sociales que transcurren desde finales de la II Guerra Mundial, se produce el nacimiento de la figura jurídica específica de las asociaciones juveniles, que se irá conformando en un proceso de construcción y consolidación que llega hasta nuestros días. Nos encontramos ante transformaciones sociales múltiples y poliédricas, por lo que, en mi opinión, podemos hablar de estas asociaciones como fruto de cuatro procesos de cambio social.
En primer lugar, la nueva concepción de la realidad de los jóvenes que surge en la década de los años 60 del siglo pasado, porque hasta entonces no se había dado cuenta la sociedad adulta de la trascendencia de la denominada “rebelión juvenil”. Esta nueva concepción tiene carácter internacional global, pudiendo señalar el “Mayo francés del 68”, o en la “Matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco” de México”, en octubre de ese mismo año, como algunos de sus procesos episódicos más significativos, y supondría, en términos generales, la necesidad de una atención especial al fenómeno juvenil desde unas perspectivas específicas, y la irrupción en nuestras ciencias sociales de la necesidad de afrontar el estudio y el tratamiento de la juventud como “esa tendencia concreta que motiva la existencia del grupo juvenil como un ente colectivo diferenciado” (Mendizábal Oses, 1970:122-123)6.
El segundo de los procesos, sería la transformación de la sociedad española, del mundo político, cultural y social, producido en nuestro país, en la década de los años 70, en el tránsito de un régimen dictatorial y autoritario a un Estado social y democrático de derecho, proceso de transformación en el que los jóvenes habían estado implicados de forma muy activa, siendo una de sus reivindicaciones importantes la de su libertad para organizarse y asociarse. En este contexto, en el año 1977 se produciría el nacimiento de las primeras asociaciones juveniles en la democracia, a través del R.D. 3481/1977 de 18 de diciembre por el que se regula provisionalmente el reconocimiento de Asociaciones Juveniles7. El art. 48 de la Constitución de 1978 introduce entre los principios rectores de nuestro ordenamiento el fomento de la participación de los jóvenes, al instar a los poderes públicos a promover las condiciones que hagan posible su “participación libre y eficaz”.
En tercer lugar, el cambio en las políticas públicas de juventud, impulsadas en la década de los 80, a nivel europeo por las instituciones comunitarias y a nivel mundial por la ONU, en el sentido de fomentar la participación directa de los jóvenes para su implicación en el desarrollo de la sociedad, en la línea de las políticas integrales de juventud desarrolladas con motivo del Año Internacional de la Juventud (1985), que conceptualmente planteaban una participación plena de la juventud, entendida como la necesidad de “involucrar a los jóvenes en todas las decisiones que afecten a la sociedad” (Schwartz, 1984).
Y en cuarto lugar, los profundos cambios en la concepción y en las figuras de protección de los menores de edad, representados a nivel internacional por la Convención de los Derechos del Niño, de 1989, al disponer que: “Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas” [cfr. art. 15.1]. En nuestro país, este cambio social en la protección del menor se desarrollaría en 1996 a través de la Ley orgánica 1/ 1996, de 15 de Enero de Protección Jurídica del Menor (LOPJM), que introduce en nuestro ordenamiento jurídico la concepción de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social, de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás.
Los cambios sociales, las modificaciones legislativas y el fenómeno demográfico del progresivo crecimiento cuantitativo de la población juvenil, justifican el nacimiento, evolución y desarrollo de la figura de las asociaciones juveniles, como fiel reflejo de los profundos cambios sociales producidos en torno a los derechos de los jóvenes y de los menores de edad en España.
Como símbolo de este proceso de cambio social, político y jurídico en torno a la juventud como categoría social específica, en 2005 se firma en la ciudad española de Badajoz, el primer tratado internacional que tiene como contenido normativo la protección de los derechos humanos en el ámbito de la juventud: la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes[30], que reconoce plenamente el derecho de asociación de los jóvenes así como el compromiso de los Estados firmantes para promover y fomentar las asociaciones y organizaciones de los jóvenes. Este tratado internacional supone la confirmación del avanzado papel realizado por España en el ámbito internacional en términos del fomento de las políticas públicas de juventud y de la participación de los jóvenes.
2.2 Concepto y regulación
La primera definición del concepto de asociaciones juveniles estaba contenida en el art. 1 del R.D. de 1977, como “agrupaciones voluntarias de personas naturales mayores de catorce años y menores de treinta, cuya finalidad sea la promoción, formación, integración social o entretenimiento de la juventud, sin interés lucrativo alguno”.
El vigente R.D. 397/ 1988, de 22 de abril, no aporta definición expresa, tan sólo sitúa la edad como elemento característico, en su art. 1: “Las Asociaciones cuyos miembros tengan una edad comprendida entre los catorce años cumplidos y los treinta sin cumplir, que no estén sometidos a un régimen jurídico específico, deberán inscribirse a los solos efectos de publicidad como Asociaciones juveniles en los registros correspondientes”. Conjugando estas definiciones, con el contenido del art. 7. de la LOPJM, especialmente su apartado 2.b. que precisa que “los menores podrán formar parte de los órganos directivos de estas asociaciones”, planteamos como notas características definitorias de las aa.jj, las siguientes:
Personas jurídicas sin fines lucrativos en los términos previstos en el art. 35 del Código Civil;
Organización de base personal, siendo por tanto asociaciones sin fines lucrativos caracterizadas por la voluntariedad, independencia y horizontalidad.
Régimen jurídico especial definido por la edad de los asociados, entre 14 y 29 años cumplidos como elemento subjetivo determinante,
Nota esencial del tipo asociativo, que las diferencia radicalmente de cualquier otra figura asociativa, es la posibilidad de participación como asociados de los menores de edad, con capacidad para formar parte de los órganos directivos.
Con la finalidad de garantizar la validez de sus actos que impliquen obligaciones civiles, deberán nombrar, de acuerdo con sus Estatutos, un representante legal con capacidad suficiente, en el caso de que los representantes de sus órganos de gobierno, no tengan plena capacidad de obrar por ser menores de edad.
Nuestra propuesta de definición, en términos de derecho, de la figura de las asociaciones juveniles en el vigente ordenamiento español sería la siguiente: “personas jurídicas del tipo asociación sin fines de lucro, caracterizadas por la voluntariedad, independencia y horizontalidad, de régimen jurídico especial definido por la edad de sus miembros, desde los 14 hasta los 29 años cumplidos, como elemento subjetivo determinante. Su nota esencial radica en ser el tipo asociativo donde los menores de edad ejercen con plenitud el derecho de asociación, incluyendo su participación en los órganos directivos con capacidad de obrar, que tan sólo deberá ser completada en los actos jurídicos aislados en que sea necesario para obligarse civilmente la asociación, a través de una representación legal con capacidad de obrar, nombrada en los términos previstos en sus Estatutos”.
Estos criterios de definición genérica del tipo, también serían válidos con ligeros matices, para las peculiaridades de las asociaciones juveniles en el derecho autonómico español.
Su regulación jurídica básicamente vendría conformada por el RD 397/ 1988, de 22 de abril, y el art. 7 de la LOPJM [en cuanto a su régimen especial relativo a la edad y la capacidad de los menores de edad], y por la Ley orgánica 1/ 2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (LODA), que le será de aplicación de forma directa en todas aquellas normas de carácter orgánico o que afecten al contenido esencial del derecho de asociación [Disp. Final 1ª] y de forma supletoria en el resto de su contenido normativo [Disp. Final 2ª]. A nuestro juicio, la totalidad del articulado de la LODA será de aplicación a las asociaciones juveniles, salvo lo dispuesto en el art. 3. a y primer párrafo del b, en relación a los menores de edad no emancipados y mayores de 14 años, y lo dispuesto en el art. 11.4, en relación a la exigencia de mayoría de edad para ser miembros del órgano de representación de la asociación.
En los términos previstos en el art. 13 de la LODA, en lo que afecte al desarrollo de sus actividades, todas las asociaciones, incluidas las juveniles, deberán atenerse a la legislación específica que le sea de aplicación por el tipo de actividad.
El Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones viene a confirmar el carácter preciso y específico de la figura de las asociaciones juveniles en el derecho español, al determinar en su artículo 23.7 que “La expresión «asociación juvenil» queda reservada a aquellas sometidas al Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripción registral de Asociaciones juveniles”.
2.3 Elementos diferenciadores del tipo asociativo juvenil específico del derecho español
En relación con otros ordenamientos jurídicos del ámbito internacional, no es tarea fácil encontrar en nuestro entorno modelos asociativos semejantes al del tipo de asociaciones juveniles hasta ahora descrito, con un régimen propio y específico diferente del tipo general asociativo, con personalidad jurídica, capacidad de obrar y edad determinada para su elemento personal y plenitud de derechos para los menores de edad asociados.
Ahora bien, en estrictos términos jurídicos, como notas de especial relevancia en materia de peculiaridades sobre tipos asociativos vinculados a los jóvenes tan sólo podemos reseñar, en nuestra opinión, cuestiones de trascendencia en el derecho francés y en el derecho portugués, y en ambos casos se trata de innovaciones introducidas ya entrados en el siglo XXI.
En este sentido, en relación al vecino país Francia, el derecho de asociación está regulado desde hace más de un siglo por la “Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association”, siendo de interés en nuestra materia señalar que la introducción de una reforma legal en la Ley de Asociaciones, [por medio de la LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 – art. 45], permite a los menores de edad mayores de 16 años, participar en la creación de asociaciones con la autorización de sus padres o representantes y realizar los actos necesarios para su administración excepto los de disposición8.
Siendo una medida favorecedora de los derechos de los menores de edad y de su participación social, a mi juicio es reducida y limitada en su extensión [tan sólo desde los 16 años, y no desde los 14 que se plantean en nuestra LODA para constituir y formar parte de asociaciones, en su art. 3.2], no regula un tipo específico de asociacionismo juvenil donde los menores tengan plenitud de derechos, [como las asociaciones juveniles del art. 7. 2. LOPJM] y técnicamente es incompleta, al no establecer mecanismos que superen la excepción de falta de capacidad para los actos de disposición de los menores de edad y mayores de 16 años9.
Por estos motivos, en mi opinión, la regulación jurídica española respecto al derecho de asociación de los menores de edad, es más respetuosa con su libertad de asociación y más acertada técnicamente que la recogida en el derecho francés.
En lo que respecta al derecho portugués, parece adecuado afirmar la existencia de un tipo asociativo juvenil específico, con ciertas similitudes con el tipo asociación juvenil del derecho español, mas con nítidos matices diferenciadores.
La Ley nº 23/ 2006, de 23 de Junio establece el régimen jurídico del asociacionismo joven, y procede a regular, en su extenso articulado [55 artículos] la figura de asociaciones juveniles en Portugal, así como las medidas de fomento desde el gobierno10. Serán asociaciones juveniles en sentido amplio, en los términos de esta ley (art.2) por un lado las asociaciones juveniles y las de estudiantes [y sus federaciones] que sean así reconocidas. Y por otro, junto a estas asociaciones juveniles, incluye como beneficiarios de la ley, a los grupos juveniles informales [grupos que sean constituidos exclusivamente por jóvenes con edad igual o inferior a 30 años en grupo no inferior a cinco elementos].
Respecto a la figura concreta de asociaciones juveniles, el artículo 3 establece los criterios para su reconocimiento como tal, que combinan por un lado la edad de 30 años o inferior [o la de 35 en las asociaciones socio-profesionales] con un porcentaje de los asociados, y de los miembros del equipo directivo, superior al 75 %, que debe tener esa edad, en lo que podríamos denominar “asociaciones de mayoría juvenil superior a 3/4”. También podrán ser “homologadas” como juveniles aquellas asociaciones de partidos o sindicatos que cumplan los requisitos, así como las entidades del Movimiento Scout reconocidas por las Federaciones internacionales del escultismo. Por último se añaden a esta posible homologación las entidades sin fines lucrativos de reconocido mérito e importancia social que desarrollen actividades destinadas a los jóvenes.
Sobre el procedimiento de reconocimiento, además de requerir un mínimo de 20 personas en la asociación para poder acceder a ese reconocimiento, el art. 9 parece plantear dos vías de acceso, relacionadas con la tenencia de personalidad jurídica de la asociación.
La mayor parte del amplio articulado se dedica a completar y detallar diferentes tipos de apoyo y recursos para el fomento asociativo, así como los derechos, deberes y los requisitos exigidos para los distintos tipos [juveniles, de estudiantes, grupos de jóvenes], incluyendo un, a nuestro juicio, innovador capítulo V: “Estatuto do dirigente associativo jovem”, así como otro dedicado al Registro Nacional de Asociaciones Juveniles.
No cabe duda, por tanto, de que el derecho de nuestro país vecino peninsular, dispone de un régimen jurídico propio de las asociaciones juveniles, más, en nuestra opinión, sus diferencias con el derecho español son significativas, sobre todo al desconocer totalmente las circunstancias de la menor edad en su régimen asociativo juvenil. A nuestro juicio, esta regulación portuguesa parece atender más bien a un régimen de reconocimiento por la Administración Pública portuguesa de pertenencia al movimiento juvenil en sentido amplio [secciones juveniles de partidos y sindicatos, movimiento scout, entidades prestadoras de servicios a la juventud…] como requisito para el acceso a determinadas ayudas públicas de fomento, que tienen una amplia y detallada regulación en esta ley.
2.4 Distinción de las asociaciones juveniles de otras figuras asociativas afines en el ordenamiento español
Trataremos ahora de realizar un trabajo de diferenciación, dentro ya de nuestro ordenamiento jurídico, del tipo asociación juvenil en sentido preciso, frente a otras figuras que ciertamente pueden ser afines.
2.4.1 Las asociaciones del alumnado
Este tipo asociativo, de larga tradición en nuestro derecho y ampliamente estudiado (González Calleja, 2009), acompaña a las asociaciones juveniles en las dos leyes orgánicas que inciden en la cuestión de derecho de asociación, jóvenes y minoría de edad. En primer lugar, el artículo 7.2 de LOPJM, y en segundo lugar en el artículo 3.2 de la LODA. Ello significa, por tanto, que nos encontramos ante las dos únicas figuras asociativas, en las que los menores de edad pueden ejercer con plenitud su derecho de asociación [juveniles y alumnos].
Ahora bien, sentada esta premisa de forma indubitada, hemos de conocer igualmente las diferencias, que son sustanciales. El régimen de las asociaciones de alumnos está regulado por la Ley Orgánica 8/ 1985, de 3 de Julio, reguladora del Derecho a la Educación, que en su artículo 7.1 determina que los alumnos podrán asociarse, en función de su edad, formando organizaciones de acuerdo con la Ley y con las normas que se establezcan.
Posteriormente, el Real Decreto 1533/ 1986, de 11 de Julio, por el que se regulan las asociaciones de alumnos, vendrá a implementar esta figura en el ámbito de los centros educativos no universitarios, que en nuestra opinión, presenta las siguientes diferencias fundamentales respecto a las asociaciones juveniles:
El elemento personal no tiene como nota esencial la edad [14-29 años exclusivamente], sino que estará conformado por los alumnos de los Centros docentes señalados legalmente.
La constitución se hará mediante Acta que deberá ser firmada al menos por el 5% de alumnos del centro con derecho a asociarse, y, en todo caso, por un mínimo de cinco. En los estatutos deberá contener una mención el centro en que se constituye, tanto en el nombre como en el domicilio.
La asociación de alumnos deberán contar con dos gestores no retribuidos para “velar por el buen uso de sus recursos económicos”, que serán designados por “la Junta Directiva de entre sus propios miembros mayores de edad, profesores o padres de alumnos”, y cuya actuación “no podrá contradecir los acuerdos adoptados por los órganos competentes de la Asociación”.
En relación a las asociaciones de estudiantes de ámbito universitario, el marco regulatorio es de mayor complejidad y heterogeneidad, al no existir normas concretas que precisen de forma detallada el régimen de las asociaciones en este ámbito con carácter general. Ello supone que continúen en vigor, al menos formalmente, el Decreto 2248/1968, de 20 de septiembre, sobre Asociaciones de Estudiantes al igual que la Orden de 9 de noviembre de 1968, por la que se aprueban las normas para la constitución, funcionamiento y registro de las asociaciones de estudiantes.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades., en el artículo 46, sobre derechos y deberes de los estudiantes, reconoce, en su apartado 1. g). La libertad de expresión, de reunión y de asociación en el ámbito universitario”.
Por otro lado, el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, reconoce este derecho en su art. 7.1.r., procediendo a darle un cierto desarrollo en su artículo 38, que trata sobre el impulso a la participación estudiantil, facilitando recursos desde la universidad para tales fines, disponiendo las universidades de la capacidad de crear un registro de asociaciones propias.
A falta de un mayor análisis exhaustivo de la cuestión del asociacionismo universitario en España, podemos plantear, que mientras existe un tipo específico de asociaciones de alumnado para el caso de centros no universitarios, no lo hay de forma semejante para el supuesto de los estudiantes de centros universitarios, pudiendo acceder al Registro de Asociaciones de las diferentes universidades españolas, cualquier entidad, del tipo asociativo sin fines lucrativos, incluidas las asociaciones juveniles, que esté inscrita en el correspondiente registro regional o nacional y que cumpla los requisitos requeridos por cada entidad universitaria.
A estos efectos, y a modo de ejemplo, puede ser de interés reseñar que, una parte relativamente importante de las asociaciones juveniles constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia en los últimos años, podemos identificarla, por sus fines y actividades, como estudiantiles (Reverte Martínez, 2014)
2.4.2 Las secciones juveniles de entidades de adultos
En el proceso de puesta en marcha de los primeros organismos de juventud “democráticos”, era necesario determinar la tipología de entidades que podrían incluirse en la categoría de juveniles, a efectos de las medidas de fomento previstas. Con esta finalidad se dictó la Resolución de 29 de abril de 1980, de la Dirección General de la Juventud y Promoción Sociocultural (Mº de Cultura), por la que se regulaba el procedimiento para la elaboración de Censos, nacionales y provinciales, de Asociaciones juveniles y Entidades prestadoras de Servicios a la Juventud.
Tras el proceso descentralizador y los traspasos de competencias en la materia a las CCAA, era necesario actualizar esta normativa a las competencias del INJUVE, en relación con aquellas entidades de ámbito nacional que pudieran acceder a sus medidas de fomento. Para tal fin se crea el Censo de entidades juveniles de ámbito nacional, mediante Orden de 5 de diciembre de 1986 por la que se regula el Censo de Asociaciones y Organizaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud, de ámbito nacional.
En esta Orden, vigente en la actualidad, podemos encontrar los elementos descriptores de otros tipos asociativos afines, comenzando por las secciones juveniles de asociaciones, cuyos elementos definitorios legalmente requeridos serán los siguientes [art. 2.1.b) de la Orden]: que sean entidades constituidas legalmente; que los Estatutos reconozcan formalmente una autonomía de funcionamiento, y que dispongan de régimen organizativo propio para las cuestiones específicas de juventud.
Se trataría por tanto de que, dentro del régimen de auto-organización reconocido en nuestro derecho, la asociación que no es del tipo juvenil, sea de régimen general o especial [partidos, sindicatos…], tenga reconocida en sus Estatutos la existencia de una concreta sección juvenil, que estará dotada de autonomía funcional, con organización y gobierno propios diferenciados de los generales de la entidad. En nuestra opinión, ello ha de significar la existencia de un elemento personal propio que deberá disponer del requisito de la edad [menor de 30 años], así como de representantes de su propia organización y gobierno.
A nuestro juicio, las principales diferencias con las aa.jj, consisten en la ausencia de independencia y, por tanto carencia de personalidad jurídica propia y capacidad de obrar no dependiente de la entidad de adultos, así como en la falta de plenitud de derechos participativos de los menores de edad.
2.4.3 Las entidades prestadoras de servicios a la Juventud
Para tener tal consideración, los requisitos que habrán de cumplirse [según el art. 2.1.d de la Orden de 5 de diciembre de 1986], serán los de tratarse de entidades sociales legalmente establecidas que carezcan de interés lucrativo, y que en su actuación realicen actividades a favor de la juventud y lo hagan con criterios formativos o participativos.
El anterior Censo del año 1980 era más preciso y restrictivo, criterio que fue seguido por alguno de los primeros Censos de Entidades Juveniles autonómicos, como el caso del valenciano [1983], que al tratar sobre las entidades prestadoras de servicios a la juventud, las definía del siguiente modo: “que incluyan entre sus finalidades y con carácter exclusivo o preferente la programación de actividades para los jóvenes”11.
Ahora bien, sean más o menos restrictivos los criterios sobre el carácter general, exclusivo o preferente de las actividades para los jóvenes, la diferencia con la figura de las asociaciones juveniles es manifiesta, ya que, en primer lugar, podemos encontrarnos con asociaciones o fundaciones prestadoras de servicios a la juventud, en segundo lugar, no tiene carácter juvenil, y en tercer lugar, no hay planteamiento alguno respecto a la participación de los menores de edad, que en todo caso debería realizarse según lo dispuesto en el art. 3.2 de la LODA.
En relación a la determinación del ámbito nacional, en todos los supuestos [asociaciones, secciones o entidades prestadoras de servicios], el criterio es el previsto en el art. 2.2, que requiere que cuenten con órganos de representación y dirección y sedes en funcionamiento en dos o más comunidades autónomas.
Un ejemplo del tipo de entidades prestadoras de servicios a la juventud, podría ser la figura específica del escultismo, de gran importancia de su labor educativa no formal y formativa en el tiempo libre, de respeto a la naturaleza, los derechos humanos y el fomento del voluntariado.
En la Federación de Escultismo en España (FEE) se integran la inmensa mayoría de organizaciones del movimiento scout en nuestro país, en un proceso de evolución histórica que comenzó hace más de 100 años como señalan en sus propios Estatutos (Reverte Martínez, 2016: 270-274).
Hemos de manifestar expresamente que podríamos ampliar y completar esta distinción de tipos similares a las asociaciones juveniles, aportando un breve tratamiento a otras posibles formas de participación de los jóvenes, como los grupos informales no constituidos como asociación, los programas y entidades de voluntariado o la implicación de los jóvenes en movimientos sociales alternativos12, que, en mi opinión, todos ellos suponen un cauce importante de participación de los jóvenes (Reverte Martínez, 2009). Más por su carácter mayoritariamente sociológico o político, antes que estrictamente jurídico, y una vez destacada su importancia en términos de realidad social, hemos descartado la idea, y por ello, vamos a proceder a adentrarnos, casi imperceptiblemente, en el ámbito del derecho público y las entidades juveniles.
2.4.4 Los consejos de juventud, como entidades asociativas de naturaleza mixta público-privada, formadas por entidades del movimiento juvenil
Para abordar la figura de los consejos de la Juventud, [figura jurídica de cierta complejidad y no exenta de controversia casi desde antes de su nacimiento en la España democrática] en nuestra opinión, debemos situarnos desde el ámbito corporativo del derecho público, [o al menos, de la entidades asociativas de configuración legal, o de naturaleza mixta público – privada], y desde un punto de vista material, como órganos de participación o expresión del movimiento asociativo juvenil en un sentido amplio.
No cabe en esta sede un estudio de los antecedentes en la materia, ni profundizar en detalle en el proceso de gestación de los consejos de juventud en el proceso de transición democrática. A efectos jurídico normativos, por la Ley 18/1983, de 16 de noviembre, de creación del Organismo Autónomo Consejo de la Juventud de España, se da carta de nacimiento a esta entidad, determinando la Ley, en su artículo primero, que se instituye el Consejo de la Juventud de España como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, constituyendo el fin esencial del mismo ofrecer un cauce de libre adhesión para propiciar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de España.
Sin entrar en más detalles, las principales diferencias respecto al anterior modelo del Consejo Nacional de Juventud de 1965 eran [aparte de las diferencias entre un sistema autoritario y dictatorial de partido único y un sistema democrático parlamentario pluralista], por un lado, su composición exclusivamente por entidades juveniles, en un sentido amplio, y por otro, su importante independencia respecto al gobierno. En sus propias palabras: “El Consejo de la Juventud de España (CJE) es una plataforma de entidades juveniles, creada por ley en 1983 y formada por los Consejos de Juventud de las Comunidades Autónomas y organizaciones juveniles de ámbito estatal. Propiciar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de nuestro Estado en un entorno global es nuestro fin esencial, tal como recoge el artículo 48 de la Constitución Española. En la actualidad 76 entidades juveniles formamos parte de este proyecto común”.
A partir de la Ley 18/ 1983, de creación del CJE, todas las Comunidades Autónomas fueron procediendo a desarrollar su normativa propia en materia de consejos de juventud del ámbito de su autonomía, con lo que la totalidad de las CC. AA., desde mediados de los años 90 del siglo pasado, contaban con un régimen jurídico de su propio consejo de la juventud, como organismos autónomos de derecho público, de composición de base asociativa privada, formada por entidades del movimiento juvenil y con estrechas relaciones de cooperación con las Administraciones Públicas autonómicas, para el fomento de la participación de los jóvenes, en cumplimiento y desarrollo del art. 48 de la Constitución Española.
Con respecto a la figura de los consejos en el ámbito de la Administración Local, en nuestra opinión, más compleja ha sido la definición jurídica de los consejos locales de juventud, de la que algunos autores destacan la heterogeneidad de su naturaleza jurídica, como muestra de la complejidad del desarrollo de las políticas municipales en materia de juventud, ante la ausencia de un marco jurídico claro y preciso, mencionando hasta cuatro posibles tipos de Consejos Locales de Juventud:
Entidad de derecho privado tipo Federación.
Entidad de derecho público, con base asociativa privada
Órgano de la Administración (Reverte Martínez, López Rojo, 2009).
En las últimas décadas del siglo pasado y los primeros años del siglo XXI parecía haberse establecido en nuestro país, un pacífico consenso mayoritario sobre la naturaleza jurídica de los Consejos de Juventud, como entidades/corporaciones de derecho público, de base asociativa privada, formada por entidades y organizaciones del movimiento juvenil y con estrategias de cooperación con las Administraciones Públicas para el fomento de la participación, aunque su desarrollo fuera ejecutado de forma muy desigual según comunidades autónomas y municipios.
Ahora bien, a mi juicio, la llegada de la crisis económica y los recortes en servicios públicos ha hecho tambalearse este modelo, tanto por la “radical” reducción de recursos económicos destinados a las políticas públicas de juventud (Reverte Martínez, 2015), como por los cambios normativos de trascendencia que desde el Gobierno de la Nación, se han puesto en marcha, generando incertidumbres y dudas sobre el futuro del modelo, así como contradicciones en las posibles propuestas e iniciativas gubernamentales sobre el futuro modelo de consejos de juventud, cuestiones que ha sido tratadas con rigor y profundidad por Álvarez García y Hernández Díez (2016).
3 APUNTES SOBRE LAS ASOCIACIONES JUVENILES EN EL DERECHO AUTONÓMICO
La existencia de una diversidad de ordenamientos civiles especiales, es una peculiaridad del ordenamiento jurídico español, que la Constitución viene a consagrar al reconocer la pluralidad de competencias en materia de legislación civil, en una situación que podríamos denominar de coexistencia en situaciones de igualdad de los ordenamientos de las Comunidades Autónomas con su propio derecho civil.
En esta materia de jóvenes y derecho de asociación encontramos una gran diversidad en el ámbito normativo civil. Ahora bien, el desarrollo en el ámbito de su competencia por parte de una Comunidad Autónoma deberá realizarse siempre observando el más escrupuloso respeto y conformidad con los preceptos con rango de ley orgánica y de directa aplicación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, del Derecho de Asociación, con análogo cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor que le fueran de aplicación, y respetando la doctrina del Tribunal Constitucional y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.
En mi opinión éste ha sido el caso de los desarrollos del tipo asociativo juvenil realizados por el Código Civil Catalán, y de la regulación asociativa en las legislaciones autonómicas vasca y canaria, todos con posterioridad a la LODA.
En concreto en el derecho autonómico catalán, el título II del libro tercero del Código Civil de Cataluña, de 2008, comprende el régimen jurídico privado de las asociaciones y aporta al tipo algunas novedades en la figura de las asociaciones juveniles, que presenta notas características diferenciadoras respecto al régimen general español, como el criterio de la capacidad natural frente al de la edad mínima de 14 años [art. 323.1], o el del órgano adjunto, frente al del representante legal, para suplir las posibles faltas de capacidad obligacional en determinados casos [arts. 322-1 y 322-11]. Pero ambas innovaciones nos parecen acertadas en su construcción jurídico – civil, [incluso tal vez sean más correctas técnicamente que el régimen general español], así como respetuosas tanto con el art. 22 de la C.E, con el art. 7 de la LOPJM, con la LODA, y la Jurisprudencia, pudiendo afirmar por tanto, que según la regulación del CCCat, las asociaciones juveniles son la figura jurídica donde los menores de edad pueden ejercer con plenitud su derecho de asociación. Del mismo modo ocurre con la Ley 7/ 2007, de 22 de Junio, de Asociaciones de Euskadi, que trata en su art. 2.b sobre asociaciones juveniles e infantiles, y con la Ley 4/ 2003, de 28 de Febrero, de Asociaciones de Canarias, que precisa las características de las asociaciones juveniles o de menores de edad no emancipados en su Disposición Adicional primera.
Somos especialmente críticos respecto a la legislación valenciana, Ley 14/ 2008, de 18 de noviembre, de Asociaciones de la Comunitat Valenciana, a la normativa andaluza en materia juvenil, en concreto el Decreto 68/ 1986, de 9 de abril, sobre constitución y funcionamiento de asociaciones juveniles en Andalucía, y el Decreto 247/ 2005 de 8 de noviembre, por el que se regula el censo de entidades de participación juvenil de Andalucía, así como con la normativa extremeña recogida en el Decreto 27/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el Registro de Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud de Extremadura, pues entendemos que no respetan el pleno derecho de asociación de los menores de edad.
En los tres casos se vulnera el derecho de asociación de los menores de edad en un doble fórmula restrictiva: no pueden constituir asociaciones sin que estén presentes personas mayores de edad, y además, se les impide formar parte de los órganos de dirección de sus propias asociaciones, en el caso valenciano de forma parcial, al prohibirles ser presidentes de sus asociaciones, y en el caso andaluz y extremeño de forma plena, ya que ningún menor podrá formar parte de sus órganos directivos.
4 A MODO DE CONCLUSIONES. TRASCENDENCIA DE LAS ASOCIACIONES JUVENILES DEL DERECHO ESPAÑOL
4.1 La peculiaridad de las asociaciones juveniles del derecho español en el panorama internacional y en el conjunto del movimiento juvenil
Las asociaciones juveniles configuradas en el ordenamiento jurídico español son hoy un referente en el ámbito del derecho comparado, pues en ordenamientos de nuestro entorno, la legislación francesa, permite a los menores de edad y mayores de 16 años constituir y formar parte de asociaciones, con el consentimiento expreso de sus representantes legales, pudiendo realizar actos de administración con excepción de los actos de disposición, pero no regula un tipo específico de asociacionismo juvenil donde los menores tengan plenitud de derechos, y técnicamente es incompleta, al no establecer mecanismos que superen la excepción de falta de capacidad para los actos de disposición de los menores de edad y mayores de 16 años.
Igualmente existe un tipo específico de asociaciones juveniles en el derecho portugués, con ciertas similitudes con el tipo del derecho español, regulado en la “Lei n.o 23/2006 de 23 de Junho”, que, en nuestra opinión, presenta diferencias significativas con el derecho español, sobre todo al desconocer totalmente las circunstancias de la menor edad en su régimen asociativo juvenil
Las Asociaciones Juveniles como tipo específico y exclusivo del derecho español, forman parte del Movimiento Juvenil o Asociacionismo Juvenil como tipo general, definido como el conjunto amplio de personas jurídicas no lucrativas que actúan en el ámbito de la juventud con diferentes perfiles jurídicos y de organización, que incluiría además de las asociaciones juveniles, otras figuras de derecho privado como las asociaciones del alumnado, las secciones juveniles de entidades de adultos con reconocimiento estatutario y autonomía organizativa y funcional propia y las entidades prestadoras de servicios a la juventud que incluyan entre sus fines la programación de actividades para los jóvenes, entre las que podría destacarse el movimiento asociativo del escultismo.
Asimismo, se incluiría dentro del tipo genérico del Movimiento Juvenil a los consejos de juventud, como entidades con personalidad jurídica propia e independiente, de configuración legal y base asociativa privada representativa del movimiento asociativo juvenil, con funciones de fomento de la participación juvenil en cooperación con las Administraciones Públicas. Tras su generalización en todas las CCAA y un número importante de administraciones locales a partir de la Ley 18/ 1983, de 18 de noviembre, de creación del Consejo de la Juventud de España, la derogación de esta Ley y la supresión del CJE por la Ley 15/ 2014, de 16 de septiembre, manteniéndolo en funciones hasta que se desarrolle un nuevo consejo, genera dudas e incertidumbres sobre el futuro de este tipo de organismos de juventud, de naturaleza jurídica público-privada, cuestión que generará líneas de debate, como se refleja en el proceso de creación del Consejo de Juventud de la Comunidad de Madrid, durante el año 2016.
4.2 La inconstitucionalidad de las normativas autonómicas que limiten el derecho de asociación de los menores de edad en las asociaciones juveniles
Consideramos que debería ser cuestión indubitada, que asociaciones juveniles y ejercicio del derecho de asociación del menor de edad, de forma plena, van unidos en el ordenamiento jurídico español en su conjunto. Cualquier otra interpretación que vulnere este derecho, además de una posible aplicación errónea de las normas jurídicas, supondría una limitación al derecho fundamental de asociación, en plena contradicción con lo previsto en el art. 22 de la Constitución, en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación, en el art. 48 de la Constitución Española, así como la doctrina del Tribunal Constitucional.
Nuestra afirmación, ya realizada en 2004, está confirmada en la Sentencia del Tribunal Constitucional 133/ 2006, de 27 de abril de 2006, que admite sin restricción el régimen de las asociaciones juveniles como el tipo asociativo donde los menores ejercen con plenitud el derecho de asociación.
En lo que corresponde a nuestra materia específica de jóvenes y asociaciones juveniles, la Sentencia, en su fundamento jurídico 7, referido al artículo 4 de la Ley 7/ 1997 de Asociaciones de Cataluña, contiene dos pronunciamientos de gran importancia en relación a la titularidad y condiciones de ejercicio del derecho de asociación por los menores de edad.
El primero, viene a ratificar y perfilar nítidamente el régimen de las asociaciones juveniles como el tipo asociativo donde los menores ejercen con plenitud el derecho de asociación, como se refleja en el siguiente contenido literal de Fundamento jurídico 7.a): “A lo dicho debemos añadir, ahora, que bajo la denominación “asociaciones juveniles”, empleada por el art. 4.1 c) de la Ley del Parlamento de Cataluña impugnada para acotar los tipos asociativos donde los menores ejercen con plenitud el derecho de asociación, deben entenderse comprendidas tanto las asociaciones infantiles, según lo dispuesto en el art. 7.2 b) de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, como las asociaciones de alumnos a las que se refiere el art. 7 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 julio, reguladora del derecho a la educación, a tenor de la mención que a éstas se hace en el art. 3 b) LODA …”.
Y el segundo, de gran trascendencia, viene a determinar el régimen de participación de los menores de edad en aquellas asociaciones que no sean “específicamente juveniles”, estableciendo, de forma adecuada en nuestra opinión, en su Fundamento Jurídico 7.b), los siguientes criterios: “para el ejercicio de la vertiente positiva del Derecho de asociación los menores no emancipados deben tener, al menos, catorce años cumplidos, y exige, como único complemento de la eficacia de sus actos, la prestación previa de su consentimiento por quienes “deban suplir su capacidad”. Ahora bien, una vez integrados en el ente asociativo, el art. 21 LODA no establece, en línea de principio, limitación alguna de sus derechos como asociados y únicamente el art. 11.4 LODA exige como requisito indispensable “para ser miembros de los órganos de representación” (en la terminología de la Ley 7/1997, órganos de gobierno). ser mayor de edad”.
Podemos afirmar que el ordenamiento jurídico español ha desarrollado un amplio reconocimiento del derecho de los menores de edad a ejercer su derecho fundamental de asociación, con carácter general, y para todo tipo asociativo, permitiendo que a partir de los 14 años puedan ser miembros de pleno derecho de cualquier asociación, en sus propios términos estatutarios y con la única limitación de no poder ser miembros del órgano directivo hasta tener 18 años.
Pero además, ha creado un instrumento jurídico propio y peculiar, excepcional en el panorama internacional, que son las asociaciones juveniles, personas jurídicas del tipo asociación sin fines de lucro, caracterizadas por la voluntariedad, independencia y horizontalidad, de régimen jurídico especial definido por la edad de sus miembros, como elemento subjetivo determinante, desde los 14 hasta los 29 años. Su nota esencial radica en ser el tipo asociativo donde los menores de edad ejercen con plenitud el derecho de asociación, incluyendo su participación en los órganos directivos, con plena capacidad, que sólo deberá ser completada en los actos jurídicos aislados en que sea necesario para obligarse civilmente la asociación, a través de una representación legal con capacidad de obrar, nombrada en los términos previstos en sus Estatutos.
Esta definición genérica del tipo, también sería válida con ligeros matices, para las peculiaridades de las asociaciones juveniles en el derecho autonómico, como el caso del Código Civil Catalán, que sustituye los 14 años por la “capacidad natural” del menor y la representación legal, por un “órgano adjunto”.
Cualquier otra interpretación que vulnere este derecho de los menores de edad a ejercer con plenitud su derecho de asociación, como ocurre en el caso de las Administraciones Autonómicas de Andalucía, Valencia y Extremadura, en relación con las asociaciones juveniles, además de una posible aplicación errónea de las normas jurídicas, supone una grave limitación al derecho fundamental de asociación, en plena contradicción con lo previsto en el art. 22 de la Constitución, en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación, en la legislación de protección de menores, en el art. 48 de la Constitución Española, así como en la doctrina del Tribunal Constitucional.
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1 El derecho fundamental de asociación como instrumento de cambio social. Las asociaciones juveniles. Tesis doctoral presentada en el departamento de Derecho Civil de la Universidad de Murcia. La obra incluye como Cap. I, parte tercera, págs. 192-225, el apartado “Jóvenes y derecho de asociación. El movimiento juvenil democrático y el proceso de construcción de la figura jurídica de las asociaciones juveniles como tipo asociativo no lucrativo de régimen especial”. Tesis completa en https://pacomanuelreverte.wordpress.com y http://hdl.handle.net/10201/48250
2 Como ejemplo en el ámbito jurídico positivo, mediante la Ley de 13 de Marzo de 1900, publicada en la Gaceta de Madrid de 14 de marzo, por primera vez se prohíbe en nuestro país el trabajo a los menores de 10 años, y se regula que entre los 10 y los 14 años, el trabajo no podrá ser superior a 6 horas en la industria y 8 en el comercio. http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1900/073/A00875-00876.pdf 21-12-2016.
3 Entre otros trabajos y estudios podemos reseñar especialmente el nº 59 de Ayer, Revista de Historia Contemporánea (2005).
4 De las culturas juveniles a los estilos de vida: etnografías y metaetnografías en España, 1985-2015, en la Revista de Estudios de Juventud nº 110, desde una perspectiva internacional y citando a la profesora Alcinda Honwanda, se plantean la cuestión de una posible generación Indignada, al tratar sobre “Espacio, poder y cultura en los movimientos juveniles de 2011”
5 “La generación “anciana” siempre cumple con la educación de los “jóvenes”; se producirá conflicto, discordia etc. Pero estos son fenómenos superficiales, inherentes a cada trabajo educativo y de aquietamiento, a menos que no hablemos de interferencias de clases sociales, es decir que los “jóvenes” (o gran parte de ellos) de la clase social dirigente (en el sentido más amplio, no solo económico, sino político-moral) se rebelan y pasan a la clase progresista, la cual ha sido históricamente capaz de tomar el poder: pero en este caso hablamos de “jóvenes” que desde las directivas de los “ancianos” de una clase pasan a las directivas de los “ancianos” de otra clase: de todos modos se queda la subordinación real de los “jóvenes” a los “ancianos” como generación, aunque con diferencias de temperamento y vivacidad, antes mencionadas”. Traducción de Claudio Matarazzo.
6 Es significativo destacar que es por estas fechas, 1970, cuando podemos señalar, con la obra de este autor, el nacimiento de la doctrina en relación a las asociaciones juveniles como figura jurídica específica.
7 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-2576
8 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458 23-09-15
9 http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/etre_jeune.html 9-01-17
10 https://www.juventude.gov.pt/Legislacao/Documents/lei_23_2006.pdf
11 Art. 3.d) Orden de 10 de noviembre de 1983, Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia
12 En mi opinión, el concepto movimiento social tiene carácter más político que jurídico, siendo válida la siguiente conceptualización: “conjunto de agrupaciones, “movimientos” más o menos espontáneos, organizaciones, acciones, actitudes y formas de vida alternativos, que en el seno de la sociedad se ponen en marcha, de forma consciente o no, para la transformación de la misma. Este movimiento, que en última instancia encarna personas concretas, individuos y colectividades, instituciones y medios de opinión e información, tiene sus más variadas expresiones en las huelgas, las luchas de las asociaciones de vecinos, la lucha política, la difusión de nuevas formas de convivencia y nuevos valores, las experiencias de comunas y autogestión, los movimientos culturales de los trabajadores, los mítines y manifestaciones anticapitalistas, el movimiento del arte en la calle, las ocupaciones de viviendas, los festivales de música y canciones populares alternativas, el movimiento de asambleas, las recuperaciones en los grandes almacenes y supermercados, las escuelas auto-gestionadas, la autorreducción de facturas y recibos, la agitación social sobre temas de la política real, la politización de la vida cotidiana [con temas como los del control y gratuidad de la enseñanza, …, marginación y problemas de la juventud, movimientos y organizaciones juveniles …] y un largo, casi interminable, etcétera, …“. (Colectivo…, 1979).

References: in fine
in fine
in fine
 Real Decreto 
 artículo 23
 Real Decreto 
 artículo 3
in fine
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 46
 Real Decreto 
 artículo 38
in fine
 Resolución 
 artículo 48
 artículo 4
in fine