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Timestamp: 2019-10-20 06:11:12+00:00

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DECRETO1961971197102 script var date = new Date(12/02/1971); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO CVII. 33255. 10, MARZO, 1971. PÁG. 2.MINISTERIO DE JUSTICIAPor el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacíaVigentefalsefalseJusticia y del DerechofalsefalseDECRETO LEYfalse01/03/197101/03/1971332556102
DIARIO OFICIAL. AÑO CVII. 33255. 10, MARZO, 1971. PÁG. 2.
Arts.: [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
Arts.: [28] [29] [] [30] [] [31] [32] [33] [] [34] [35] [36] [37] [38]
Arts.: [] [39] [40]
Arts.: [] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]
Arts.: [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65]
CAPITULO 3°.
CAPITULO 4°.
Arts.: [69] [70] [71] [] [72] [73] [74] [75] [76] [] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90]
Adicionado Artículo 54 LEY 23 de 1991
Reglamentado DECRETO 765 de 1977
Modificado Artículo 1 LEY 583 de 2000
Modificado Artículo 2 LEY 583 de 2000
Modificado Artículo 10 LEY 17 de 1975
Modificado Artículo 4 LEY 17 de 1975
Declarada inhibida para conocer de los cargos Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sentencia 1073 de 1983
Declarado exequible Sentencia de la Corte Constitucional C-60 de 1994
Declarada exequible la expresión ... Sentencia de la Corte Constitucional C-69 de 1996
Declarado exequible (inciso 2 ) Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sentencia 1300 de 1985
Estarse a lo resuelto ... (literal f ) Sentencia de la Corte Constitucional C-109 de 1997
Estarse a lo resuelto ... (literal f ) Sentencia de la Corte Constitucional C-366 de 2006
Declarado exequible Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sentencia 1073 de 1983
Declarada inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda (literal f ) Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sentencia de 1971
Declarada exequible la expresión ... (literal f) ) Sentencia de la Corte Constitucional C-619 de 1996
Estarse a lo resuelto ... Sentencia de la Corte Constitucional C-109 de 1997
Estarse a lo resuelto ... Sentencia de la Corte Constitucional C-366 de 2006
Declarada inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sentencia de 1971
Declarado exequible Sentencia de la Corte Constitucional C-619 de 1996
Declarado exequible (literal a) ,d) ) Sentencia de la Corte Constitucional C-617 de 1996
Declarada exequible la expresión ... Sentencia de la Corte Constitucional C-34 de 1997
Declarado exequible Sentencia de la Corte Constitucional C-25 de 1998
Declarado exequible salvo la expresión ... Sentencia de la Corte Constitucional C-744 de 1998
Estarse a lo resuelto ... Sentencia de la Corte Constitucional C-744 de 1998
Declarado inexequible Sentencia de la Corte Constitucional C-49 de 1996
Estarse a lo resuelto ... Sentencia de la Corte Constitucional C-219 de 1996
Declarado exequible el aparte ... ("salvo los casos expresamente designados en la ley" ) Sentencia de la Corte Constitucional C-507 de 2001
Declarado exequible (numeral 1 ) Sentencia de la Corte Constitucional C-658 de 1996
Declarado inexequible (numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6 ) Sentencia de la Corte Constitucional C-98 de 2003
Declarada exequible la expresión ... (numeral 8 ) Sentencia de la Corte Constitucional C-98 de 2003
Declarada inexequible la expresión ... (numeral 8 ) Sentencia de la Corte Constitucional C-98 de 2003
Declarado exequible (numeral 2 ) Sentencia de la Corte Constitucional C-393 de 2006
Declarado exequible (numeral 6 ) Sentencia de la Corte Constitucional C-2 de 1993
Declarada inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda (numeral 4 ) Sentencia de la Corte Constitucional C-819 de 2011
Declarado exequible (inciso 2 ) Sentencia de la Corte Constitucional C-212 de 2007
Declarado exequible Sentencia de la Corte Constitucional C-190 de 1996
Estarse a lo resuelto ... (literal d) ) Sentencia de la Corte Constitucional C-60 de 1994
Estarse a lo resuelto ... (literal d ) Sentencia de la Corte Constitucional C-190 de 1996
Declarado exequible (literal d) ) Sentencia de la Corte Constitucional C-540 de 1993
Declarado exequible (numeral 2 ) Sentencia de la Corte Constitucional C-540 de 1993
Estarse a lo resuelto ... Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sentencia 1704. de 1987
Declarada inhibida por carencia actual de objeto Sentencia de la Corte Constitucional C-540 de 1993
Declarada inhibida para fallar Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sentencia 1704. de 1987
Declarado exequible Sentencia de la Corte Constitucional C-540 de 1993
Declarado exequible Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sentencia 1094 de 1984
Declarada inhibida Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sentencia 1094 de 1984
Declarada inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Sentencia de la Corte Constitucional C-693 de 2003
Derogado en lo pertinente Artículo 112 LEY 1123 de 2007
Reglamentado DECRETO 1137 de 1971
Artículo 1°. La abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia.
Artículo 2°. La principal misión del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares. También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas.
Artículo 3°. Es abogado quien obtiene el correspondiente título universitario de conformidad con las exigencias académicas y legales.
Artículo 4°. Para ejercer la profesión se requiere estar inscrito como abogado, sin perjuicio de las excepciones establecidas en este Decreto.
Artículo 5°. Es requisito para la inscripción haber obtenido el título correspondiente, reconocido legalmente por el Estado.
Artículo 6°. No podrá ser inscrito como abogado y si ya lo estuviere deberá ser excluido:
b. El responsable de delito que tenga señalada pena de presidio, de prisión o de relegación a colonia, cometido con posterioridad a la vigencia de este Decreto, si por las modalidades y circunstancias del hecho, los motivos determinantes y la personalidad del agente, el Tribunal competente lo considera indigno de ejercer la abogacía.
Artículo 7°. Quien pretenda su inscripción como abogado deberá solicitarla por escrito al Tribunal superior del Distrito Judicial de su domicilio, acompañando certificación del Ministerio de Educación Nacional, sobre reconocimiento oficial del título universitario respectivo y el comprobante de consignación de los derechos a que se refiere el artículo 20 de este Decreto.
Artículo 8°. La solicitud será repartida inmediatamente al Magistrado Sustanciador, quien resolverá sobre su admisión dentro de los tres días siguientes.
Parágrafo. Las solicitudes de inscripción de abogados serán repartidas por el Presidente del Tribunal a los Magistrados, en orden alfabético. El Magistrado a quien corresponda el reparto actuará como sustanciador e integrará la Sala de Decisión con los dos Magistrados que le sigan en orden alfabético.
Artículo 9°. En la actuación a que diere lugar la solicitud de inscripción será parte el Ministerio Público, representado por el respectivo Fiscal del Tribunal.
Artículo 10. La publicación será a costa del interesado y deberá contener:
2°. Tribunal ante el cual se tramita la solicitud.
3°. Universidad que expidió el título, y
4° Término para presentar oposición.
Artículo 11. Dentro de los diez días siguientes al de la publicación cualquier persona podrá oponerse a la inscripción.
Artículo 12. Vencido el término de que trata el artículo anterior, la respectiva Sala decretará la inscripción si no hubiere oposición.
Artículo 13. Contra la providencia de la Sala que decida sobre la inscripción procede el recurso de súplica ante el Tribunal en pleno, el cual resolverá dentro de los diez días siguientes.
Artículo 14. La negativa de la inscripción solo podrá fundarse en la carencia de las condiciones requeridas para la admisión al ejercicio de la abogacía.
Artículo 15. En firme la providencia que decrete la inscripción se comunicará al Ministerio de Justicia para que incluya al interesado en el Registro Nacional de Abogados, expida la Tarjeta Profesional y publique la inscripción, a costa del interesado, en la Gaceta del Foro, o en su defecto, en un periódico de circulación nacional.
Artículo 16. El aviso de inscripción expresará:
Artículo 17. Los abogados inscritos con anterioridad a la vigencia de este Decreto, solicitarán del Ministerio de Justicia, directamente o por conducto del Tribunal Superior de su domicilio, su inclusión en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de su Tarjeta Profesional. Mientras ésta se entrega, la copia del Acuerdo que los admitió al ejercicio de la profesión producirá los mismos efectos que la Tarjeta.
Artículo 18. Los Tribunales expedirán licencia provisional a los abogados que se inscriban a partir de la vigencia de este Decreto, mientras el Ministerio de Justicia les entrega la correspondiente Tarjeta profesional.
Artículo 19. La Tarjeta Profesional será firmada por el Ministerio de Justicia y contendrá las indicaciones señaladas en el artículo 16 de este Decreto.
Artículo 20. La inscripción no causará derechos distintos a los que demanden las publicaciones y la expedición de la Tarjeta Profesional. El Ministerio de Justicia fijará anualmente su valor con base en los costos y podrá encargar de estos servicios al Fondo Rotatorio.
Artículo 21. La inscripción, mientras esté vigente, habilita al abogado para el ejercicio de la profesión en todo el territorio de la República, con las limitaciones establecidas en la Constitución y la ley.
Artículo 22. Quien actúe como abogado deberá exhibir su Tarjeta Profesional al iniciar la gestión, de lo cual se dejará testimonio escrito en el respectivo expediente. Además, el abogado que obre como tal, deberá indicar en todo memorial el número de su tarjeta. Sin el cumplimiento de estas formalidades no se dará curso a la solicitud.
Artículo 23. El Tribunal Superior que haya decretado la inscripción de un abogado podrá en todo tiempo, de oficio o a solicitud del ministerio Público, o de cualquier persona, y con audiencia del interesado, revisar la actuación sobre inscripción y ordenará la cancelación de ésta, mediante el trámite de un incidente, si comprobare que se realizó sin el lleno de los requisitos legales.
Artículo 24. No se podrá ejercer la profesión de abogado ni anunciarse como tal sin estar inscrito y tener vigente la inscripción.
Artículo 25. Nadie podrá litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito, sin perjuicio de las excepciones consagradas en este Decreto.
Artículo 26. Los expedientes y actuaciones judiciales o administrativas solo podrán ser examinados:
Artículo 27. Los dependientes de abogados inscritos solo podrán examinar los expedientes en que dichos abogados estén admitidos como apoderados, cuando sean estudiantes que cursen regularmente estudios de derecho en universidad oficialmente reconocida y hayan sido acreditados como dependientes, por escrito y bajo la responsabilidad el respectivo abogado, quien deberá acompañar la correspondiente certificación de la universidad.
Artículo 28. Por excepción se podrá litigar en causa propia sin ser abogado inscrito, en los siguientes casos:
Artículo 29. También por excepción se podrá litigaren causa propia o ajena, sin ser abogado inscrito, en los siguientes casos:
Artículo 30. Las facultades de derecho oficialmente reconocidas organizarán, con los alumnos de los dos (2) últimos años lectivos, consultorios jurídicos cuyo funcionamiento requerirá aprobación del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial, a solicitud de la facultad interesada. Los consultorios jurídicos funcionarán bajo la dirección de profesores designados al efecto o de los abogados de pobres, a elección de la facultad, y deberán actuar en coordinación con éstos en los lugares en que este servicio se establezca.
Artículo 30. Las facultades de derecho oficialmente reconocidas organizarán, con alumnos de los dos últimos años lectivos, consultorios jurídicos cuyo funcionamiento requerirá aprobación del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial, a solicitud de la facultad interesada. Los consultorios jurídicos funcionarán bajo la dirección de profesores designados al efecto o de los Abogados de Pobres, a elección de la facultad y deberán actuar en coordinación con éstos en los lugares en que este servicio se establezca.
Los estudiantes, mientras pertenezcan a dichos consultorios, podrán litigar en causa ajena en los siguientes asuntos:
Vigente desde: 12/02/1971 y hasta el: 20/03/1991
Vigente desde: 21/03/1991 y hasta el: 11/06/2000
Artículo 31. La persona que haya terminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho en universidad oficialmente reconocida podrá ejercer la profesión de abogado sin haber obtenido el título respectivo, hasta por dos años improrrogables, a partir de la fecha de terminación de sus estudios, en los siguientes asuntos:
Artículo 32. Para poder ejercer la abogacía en las circunstancias y asuntos contemplados en el artículo anterior, el interesado deberá obtener la respectiva licencia temporal en la cual se indicará la fecha de su caducidad.
Artículo 33. En materia penal los procesados pueden, sin necesidad de apoderado, adelantar todas las actuaciones que les autoriza el Código de Procedimiento Penal.
Artículo 34. Declarado inexequible por la Sentencia de la Corte Constitucional del 8 de Febrero de 1996.
Artículo 34. El cargo de apoderado para la indagatoria del sindicado, cuando no hubiere abogado inscrito que lo asista en ella, podrá ser confiado a cualquier ciudadano honorable, siempre y cuando no sea empleado público.
Vigente desde: 12/02/1971 y hasta el: 07/02/1996
Artículo 35. Salvo los casos expresamente determinados en la ley no se requiere ser abogado para actuar ante las autoridades administrativas; pero si se constituye mandatario, éste deberá ser abogado inscrito.
Artículo 36. La persona legalmente autorizada para litigar en causa propia que no supiere leer ni escribir, deberá formular personalmente sus peticiones a fin de que el funcionario se cerciore de su identidad y de que su voluntad real coincide con lo que la petición expresa. De esta doble verificación se dejará constancia, y además, se tomará la impresión digital del litigante.
Artículo 37. Las personas que sin título profesional fueron autorizadas para ejercer la abogacía con anterioridad al 16 de febrero de 1945, podrán continuar ejerciéndola, siempre que no hayan perdido ese derecho en virtud de sentencia penal o disciplinaria.
Artículo 38.Las personas autorizadas para ejercer la abogacía de conformidad con los artículos 30, 31 y 37 de este Decreto, quedarán sometidas a las normas reglamentarias y al régimen disciplinario de la profesión, en las mismas condiciones que los abogados inscritos.
Artículo 39. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:
1o. Los empleados públicos y los trabajadores oficiales, aún en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo o cuando el respectivo contrato se los permita. Pero en ningún caso los abogados a contrato podrán litigar contra la Nación, el Departamento o el Municipio, según la esfera administrativa a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual presten sus servicios, excepto en causa propia y los Abogados de pobres en las actuaciones que deban adelantar en ejercicio de sus funciones.
2o. Los Senadores de la República, Representantes a la Cámara, Diputados a las Asambleas, Consejeros Intendenciales y Comisariales y Concejales Distritales y Municipales, en los casos de incompatibilidad señalados en la Constitución y la Ley.
3o. Los militares en servicio activo con las excepciones consagradas en el ordenamiento procesal penal militar.
4o. Los que estén privados de su libertad como consecuencia de auto de proceder, excepto cuando la actuación sea en causa propia, sin perjuicio de los reglamentos carcelarios.
Vigente desde: 12/02/1971 y hasta el: 11/06/2000
Artículo 40. En ningún caso podrá el abogado actuar en relación con asuntos de que hubiere conocido en desempeño de un cargo público o en los cuales hubiere intervenido en ejercicio de funciones oficiales; tampoco podrá hacerlo ante la dependencia administrativa en la cual haya trabajado, dentro del año siguiente a la dejación de su cargo.
Artículo 41. Incurrirá en ejercicio ilegal de la abogacía y estará sometido a las sanciones señaladas para tal infracción:
Artículo 42. El funcionario público que, fuera de los casos de excepción señalados en este Título, admita como apoderado, asesor o vocero de otra persona a quien no sea abogado inscrito o tolere la actuación en causa propia de quien no tenga esta calidad, o permita examinar los expedientes o actuaciones de su oficina a quien no esté legalmente autorizado para verlos, o en cualquier forma facilite, autorice o patrocine el ejercicio ilegal de la abogacía, incurrirá en falta disciplinaria que será sancionada con la suspensión del cargo por la primera vez, y en caso de reincidencia con la destitución.
Artículo 43. Cualquier persona podrá denunciar ante las autoridades las infracciones por ejercicio ilegal de la abogacía de que tenga conocimiento.
Artículo 44. Corresponde al Ministerio de Justicia con relación a la profesión de abogado:
Artículo 45. Para el cumplimiento de las funciones señaladas en el artículo anterior, el Ministerio de Justicia estará asistido por un Consejo Consultivo, presidido por el Ministro e integrado por el Procurador General de la Nación, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente del Consejo de Estado y por dos abogados en ejercicio designados por la Academia Colombiana de Jurisprudencia para período de dos años.
Artículo 46. El Ministerio de Justicia podrá encomendar a su fondo Rotatorio la impresión de la Tarjeta Profesional y las publicaciones mencionadas en el artículo 44 de este Decreto.
Artículo 47. Son deberes del abogado:
Artículo 48. Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión:
1o. La pública embriaguez consuetudinaria o el hábito injustificado de drogas estupefacientes.
2o. El hábito de frecuentar garitos, lenocinios u otros lugares de mala reputación.
3o. La provocación reiterada de riñas o escándalos públicos.
4o. La mala fe en los negocios.
5o. La dilapidación del patrimonio en perjuicio de los acreedores.
6o. La administración o participación en negocios incompatibles con el respeto que exige la abogacía.
7o. La utilización de intermediarios para obtener poderes o la participación de honorarios con quienes lo han recomendado, y
8o. El patrocinio del ejercicio ilegal de la abogacía o del ingreso a la profesión de personas de malos antecedentes o que no reúnan las condiciones habilitantes.
Vigente desde: 12/02/1971 y hasta el: 10/02/2003
Artículo 49. Son faltas contra el decoro profesional:
1a. La propaganda por anuncios hablados o escritos que no se limiten al nombre del abogado, sus títulos y especializaciones académicas, los cargos desempeñados, los asuntos a que atiende de preferencia o con exclusividad y los datos relativos a su domicilio profesional, y
2a. La solicitud o consecución de publicidad laudatoria para sí o para los funcionarios que conozcan o hayan conocido de los asuntos concretos a cargo del abogado.
Artículo 50. Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia, las injurias y las acusaciones temerarias contra los funcionarios, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar comedidamente, por los medios competentes, las faltas cometidas por dichas personas.
Artículo 51. Son faltas contra la recta administración de justicia:
1a. Emplear medios distintos de la persuasión para influir en el ánimo de los funcionarios o de sus colaboradores.
3a. Recurrir en sus gestiones a las amenazas o a las alabanzas a los funcionarios o a sus colaboradores; invocar méritos particulares, credos políticos o religiosos de éstos, vínculos de amistad o de cualquier otra índole, y
4a. Valerse de dádivas, remuneraciones ilegales, atenciones injustificadas o insólitas o de cualquier otro acto equívoco que pueda ser interpretado como medio para lograr el favor o la benevolencia de los funcionarios o de los auxiliares de la justicia.
Artículo 52. Son faltas contra la lealtad debida a la administración de justicia.
1a. La proposición de incidentes, interposición de recursos, formulación de oposiciones o de excepciones, manifiestamente encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y de las tramitaciones legales; la solicitud de medidas cautelares desproporcionadas y, en general, el abuso de las vías de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad.
2a. El Consejo, el patrocinio o la intervención en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos.
3a. Las afirmaciones o negaciones maliciosas o las citas inexactas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios encargados de definir una cuestión jurídica, y
4a. El uso, a sabiendas, de pruebas falsas o la desfiguración o amaño de las pruebas.
Artículo 53.Constituyen faltas de lealtad con el cliente:
1o. No expresarle su franca y completa opinión acerca del asunto consultado o encomendado.
2o. Garantizarle que, de ser encargado de la gestión, habrá de obtener un resultado favorable.
3o. Callar, en todo o en parte, hechos o situaciones o alterar la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto.
4o. Asesorar, patrocinar o representar, simultánea o sucesivamente a quienes tengan intereses contrapuestos, sin perjuicio de que pueda realizar, con el consentimiento de todos, gestiones que redunden en provecho común.
5o. Comunicar o utilizar indebidamente los secretos que le haya confiado el cliente, aún en virtud de requerimiento de autoridad, a menos que haya recibido autorización de aquel, o que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito, y
6o. Adquirir del cliente parte de su interés en causa, a título distinto de la equitativa retribución de los servicios y gastos profesionales.
Artículo 55. Incurre en falta a la debida diligencia profesional:
1o. El abogado que injustificadamente demore la iniciación o prosecución de las gestiones que le han sido encomendadas o deje de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, y
2o. El abogado que sin justa causa descuide o abandone el asunto de que se haya encargado.
Artículo 56. Constituyen faltas a la lealtad profesional:
2a. Aceptar la gestión profesional a sabiendas de que le fue encomendada a otro abogado, salvo que medie la renuncia o autorización del colega reemplazado, o que se justifique la sustitución.
3a. Negociar directamente con la contraparte, sin la intervención o autorización del abogado de ésta, y
4a. Propiciar la elusión o el retardo del pago de los honorarios debidos a un colega.
Artículo 57. La amonestación consiste en la reprensión privada que se hace al infractor por la falta cometida.
Artículo 58. La censura consiste en la reprobación pública que se hace al infractor por la falta cometida.
Artículo 59. La suspensión consiste en la prohibición definitiva del ejercicio de la abogacía, que conlleva la cancelación de la licencia de abogado.
Artículo 60. La exclusión consiste en la prohibición definitiva del ejercicio de la abogacía, que conlleva la cancelación de la licencia de abogado.
Artículo 61. Las sanciones disciplinarias se aplicarán dentro de los límites señalados en este Título, teniendo en cuenta la gravedad, modalidades y circunstancias de la falta, los motivos determinantes y los antecedentes personales y profesionales del infractor y sin perjuicio de las acciones y sanciones civiles y penales a que hubiere lugar.
Artículo 62. Las sanciones disciplinarias se anotarán en el Registro del abogado y, excepto la amonestación, se publicarán en la Gaceta del Foro, o en su defecto en el Diario Oficial.
Artículo 63. La reincidencia del abogado en faltas disciplinarias se sancionará así:
Artículo 64. El Abogado excluido de la profesión podrá ser rehabilitado por el Tribunal Disciplinario, cuando se den las siguientes condiciones:
Artículo 65. En las actuaciones sobre rehabilitación es parte del Ministerio Público. La decisión se emitirá dentro de los treinta días siguientes a la práctica de las pruebas decretadas de oficio o a solicitud de parte, durante los términos que prudencialmente señale el Tribunal, sin que excedan de treinta días.
Artículo 66. La jurisdicción disciplinaria se ejerce:
1o.Por el Tribunal Disciplinario creado por el artículo 217 de la Constitución que conocerá en segunda instancia por apelación o consulta, y
2o. Por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que conocerán en primera instancia de las infracciones cometidas por los abogados en el territorio de su jurisdicción.
Artículo 67. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial ejercerán la jurisdicción disciplinaria en Sala Penal.
Artículo 68. Mientras la ley organiza el funcionamiento del Tribunal Disciplinario, las funciones atribuidas a él en este Decreto, serán ejercidas por la Corte Suprema de Justicia en Sala Penal.
Artículo 69. Contra el presunto responsable de una de las infracciones establecidas en el Capítulo 1o. de este Título, se procederá de oficio o en virtud de denuncia que cualquier persona pueda formular.
Artículo 70. El funcionario público que por cualquier medio tuviere conocimiento de una infracción disciplinaria, deberá dar inmediato aviso al Presidente del Tribunal Superior competente, suministrándole todas las informaciones pertinentes, las generalidades del infractor, los elementos probatorios recogidos y los demás datos de que tuviere noticia.
Artículo 71. Si los hechos materia del proceso disciplinario fueren, además, constitutivos de delito perseguible de oficio, se ordenará ponerlos en conocimiento del Juez competente, acompañándole copia autorizada de los necesarios. La existencia de un proceso penal sobre los mismos hechos no dará lugar a suspensión de la actuación disciplinaria.
Artículo 72. Recibida la denuncia o el aviso de la posible comisión de una infracción disciplinaria, el Presidente del Tribunal Superior inmediatamente hará el reparto, entre los Magistrados que integran la corporación, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto. El Magistrado Sustanciador hará sala con otros dos de diferentes especialidades, escogidos por orden alfabético de apellidos. El Tribunal Superior ejercerá la jurisdicción disciplinaria por medio de las salas de decisión que se establecen en este artículo. Las referencias que en el presente capítulo se hacen a Tribunal Superior y Sala Penal se entienden hechas a dichas Salas de Decisión.
Artículo 72. Recibida la denuncia o el aviso de la posible comisión de una infracción disciplinaria, el Presidente del Tribunal Superior pasará el asunto, dentro de las veinticuatro horas siguientes, al Presidente de la Sala Penal, quien de inmediato hará el reparto entre los Magistrados que la integran.
Vigente desde: 12/02/1971 y hasta el: 01/04/1975
Artículo 73. La Sala Penal decidirá dentro de los quince días siguientes, en providencia motivada, si es o no el caso de iniciar el proceso.
Artículo 74. En el auto que inicie el proceso disciplinario se ordenará correr traslado al inculpado, con copia de la denuncia y de los documentos que la acompañan, por el término de diez días.
Artículo 75. Cuando no fuere posible hallar al inculpado para notificarle el auto de traslado dentro de los diez días siguientes a la fecha de su pronunciamiento, se le emplazará por edicto que permanecerá fijado por igual término en la Secretaría del Tribunal que conoce del proceso y en la Secretaría del Tribunal de su domicilio profesional, y transcurrido éste, si no compareciere, se le nombrará defensor de oficio con quien se adelantará la actuación.
Artículo 76. Vencido el término del traslado, las partes tendrán cinco días para pedir pruebas. Dentro de los dos días siguientes el Magistrado sustanciador decretará la práctica de las que fueren conducentes.
Artículo 77. Las pruebas serán practicadas por el Magistrado sustanciador, quien para tal objeto podrá comisionar a un juez de instrucción criminal, del circuito o superior.
Artículo 77. Las pruebas serán practicadas personalmente por el Magistrado sustanciador, quien solo podrá comisionar para la práctica de aquellas que hayan de recibirse fuera de su sede, al Juez en lo Penal de mayor categoría del lugar.
Artículo 78. En cualquier estado del proceso, antes de dictar sentencia, el Tribunal o el Magistrado sustanciador podrán interrogar libremente al denunciante y al denunciado y hacer careos entre ellos. Esta facultad es indelegable.
Artículo 79. Vencido el término probatorio, al día siguiente se ordenará pasar el proceso al Fiscal, por diez días, para que emita concepto y a continuación se dará traslado por igual término al inculpado para su alegación.
Artículo 80.Surtidos los traslados, el ponente tendrá diez días para registrar proyecto de fallo, y la sentencia deberá ser pronunciada por el Tribunal dentro de los veinte días siguientes.
Artículo 81. Contra la sentencia de primera instancia procede el recurso de apelación que podrá imponerse dentro de los cinco días siguientes al de su notificación y se concederá en el efecto suspensivo. Las sentencias que no se apelaren deberán consultarse con el superior.
Artículo 82. Recibido el expediente por el Tribunal Disciplinario, se ordenará que pase en traslado al Ministerio Público por cinco días para concepto y que enseguida se fije en lista por igual término para la alegación.
Artículo 83. El proyecto de fallo deberá registrarse en el término de veinte días y la sentencia se dictará dentro de los diez días siguientes. Tales términos se interrumpirán en caso de decreto probatorio.
Artículo 84. Toda sentencia que ponga fin a un proceso disciplinario deberá comunicarse al Ministerio de Justicia.
Artículo 85. El denunciante solo podrá intervenir como coadyuvante en los procesos disciplinarios y su desistimiento no extingue la acción.
Artículo 86. El proceso disciplinario se adelantará en papel común, en original y copia y sobre esta se surtirán los traslados al acusado.
Artículo 87. El Ministerio público será parte en los procesos disciplinarios y estará representado en la primera instancia, por el respectivo Fiscal del Tribunal Superior y en la segunda por el Procurador General de la Nación o un delegado suyo.
Artículo 88. La acción disciplinaria prescribe en dos años que se contarán desde el día que se perpetró el último acto constitutivo de la falta. La iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción.
Artículo 89. El Magistrado, el Agente del Ministerio Público o el Juez comisionado, que injustificadamente deje de cumplir cualquiera de los términos establecidos en este Capítulo incurrirá en causal de mala conducta, sancionable de conformidad con las normas legales pertinentes.
Artículo 90. En lo no previsto en el presente Título se aplicarán las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal.
Artículo 91. La Tarjeta Profesional de Abogado se exigirá a partir del 1o. de julio de 1971.
Artículo 92. Deróganse las Leyes 62 de 1928, 21 de 1931, y 69 de 1945, y los Decretos 320, 764, 1158, 1350 y 1766 de 1970.
Deroga LEY 21 de 1931
Deroga DECRETO 320 de 1970
Deroga DECRETO 764 de 1970
Deroga DECRETO 1158 de 1970
Deroga DECRETO 1350 de 1970
Deroga DECRETO 1766 de 1970
Deroga LEY 62 de 1928
Deroga LEY 69 de 1945
Artículo 93. Este Decreto rige desde su promulgación.

References: Artículo 54
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 10
 Artículo 4
 Artículo 112

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 20

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19
 artículo 16

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

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Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46
 artículo 44

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66
 artículo 217

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

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Artículo 77

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Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93