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Timestamp: 2018-07-21 19:37:11+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Viernes 11 Diciembre 2015
El último conejo en la chistera de Rajoy
Editorial El Espanol 11 Diciembre 2015
El gran anzuelo electoral del PP, el compromiso anunciado este jueves por Mariano Rajoy de perdonar el IRPF a los mayores de 65 años que decidan no jubilarse, arroja muchos más interrogantes que respuestas sobre su efecto real en las cuentas públicas.
Claro que es oportuno prever iniciativas encaminadas a ahorrar el gasto en pensiones e incentivar el retraso en la edad de jubilación, cuando se trata de uno de los retos imprescindibles para tratar de corregir los efectos nefastos de que fallezcan más personas de las que nacen en un país cada vez más envejecido. Pero la ausencia de un planteamiento preciso sobre las condiciones para adherirse a esta medida según los distintos segmentos del empleo (funcionarios, autónomos y trabajadores por cuenta ajena) impide hacer estimaciones sobre a cuánta gente podría afectar y cuánto ahorraría el Estado, lo que de momento sitúa este compromiso en el ámbito de las ocurrencias y del electoralismo más descarado.
Tal y como recordó el exministro socialista Miguel Sebastián en Twitter, cerca de dos tercios de los empleados en edad de jubilarse no tributan por el IRPF y, en el caso de los funcionarios, una medida así sería absurda porque el Estado ahorraría la pensión pero seguiría pagando los salarios sin cobrar la parte del impuesto.
Lo que está claro es que esta exención no servirá para solucionar el gran escollo que para la sostenibilidad del Estado de bienestar supone el déficit de la Seguridad Social, que en la última legislatura ha pasado de 487 millones de euros en 2011 a la friolera de 13.762 en 2014, ni presupone una garantía de que el Gobierno no seguirá esquilmando la hucha de las pensiones, que en los últimos cuatro años ha pasado de 66.815 a 34.221 millones. Por otro lado, no es descabellado temer que su puesta en marcha podría agravar la brecha generacional abierta durante una crisis que se ha cebado en los menores y los segmentos más jóvenes de la población.
Retrasaría el relevo generacional
Llama además la atención que la principal baza electoral de Rajoy no vaya dirigida tanto a aliviar el 50% del desempleo juvenil, sino a pelear el voto de los cerca de cinco millones de personas entre 55 y 64 años a los que podría resultar atractiva una medida así. En este punto hay que subrayar que desde 2011 hay 873.000 ocupados más de menos de 40 años y que una política propuesta así retrasaría el relevo generacional en el mercado de trabajo.
El presidente ha aprovechado una entrevista en televisión para anunciar esta exención fiscal, que no afectaría a las rentas más altas, aunque ha evitado dar detalles. En un intento de compensar este compromiso con una propuesta a los más jóvenes, el colectivo más olvidado en el programa popular, Rajoy también ha prometido la misma exención del IRPF a quienes accedan a su primer contrato durante el primer año; una médida en la práctica casi irrelevante si tenemos en cuenta que los nuevos contratos suelen tener remuneraciones tan bajas que no llegan al mínimo para tributar el IRPF.
Al concentrar su ofertón fiscal en los mayores, el PP focaliza la campaña en el último caladero del bipartidismo y dirige una auténtica OPA electoral a uno de los segmentos de edad en los que el PSOE es más fuerte.
A por los votantes del PSOE
Esta iniciativa pone el foco en el segmento de edad en el que los viejos partidos disputan su hegemonía. Un 20% de los ciudadanos entre 55 y 64 años se declararon votantes o simpatizantes del PP en el barómetro de junio del CIS frente a casi un 28% que se mostró próximo o fiel al PSOE. Si tenemos en cuenta estos datos, resulta evidente que Mariano Rajoy quiere socavar las opciones de Pedro Sánchez concentrando la atención de un segmento de votantes muy numeroso, batante monolítico en sus preferencias electorales, que no se abstiene y especialmente sensible a las propuestas relacionadas con la jubilación y las pensiones.
La música de la exención fiscal a los mayores que no se jubilen resulta interesante, pero resulta frívolo que todo un presidente del Gobierno aborde un asunto tan serio como este con vaguedades por mero interés electoral.
PP y Ciudadanos, al saqueo del IRPF
El IRPF es el objeto de deseo de C's y PP. Ambos partidos han prometido sustanciosas rebajas fiscales a costa del impuesto que pagan, precisamente, los trabajadores asalariados
Carlos Sánchez El Confidencial 11 Diciembre 2015
A Benjamin Franklin le empiezan a salir adversarios. Su más célebre pensamiento es aquel que sostiene que en este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos. El ministro Montoro ha utilizado en muchas ocasiones el célebre aforismo, pero tanto él como Luis Garicano, el cerebro económico de Ciudadanos, han comenzado a cuartear su aguda reflexión.
Al menos, en el IRPF, un impuesto a la deriva que todos los gobiernos de la democracia (unos más y otros menos) han decidido que paguen los asalariados y, en particular, las rentas medias y altas. Las muy altas, como se sabe, ya disponen de subterfugios para escapar de tan elevados tipos de gravamen, mientras que las muy bajas (las inferiores a 12.000 euros) están exentas. Es un impuesto, por lo tanto, que facturan las clases medias, a quienes es fácil encontrar -pura gestión tributaria- simplemente porque tienen nómina.
No es que el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C's) hayan prometido una rebaja general del IRPF para aligerar la carga fiscal de los contribuyentes, lo cual puede ser razonable. Lo que han hecho es anunciar rebajas selectivas del Impuesto sobre la Renta. Pero no para crear empleo o estimular la demanda haciendo un impuesto más equitativo, sino para favorecer a determinados colectivos que a priori son votantes potenciales.
Rajoy ha anunciado que quienes se jubilen después de la edad legal de jubilación (entre 65 y 67 años, según los casos) no pagarán el Impuesto sobre la Renta, mientras que Albert Rivera ha prometido poner en marcha un sistema de complementos salariales para las rentas más bajas que saldrá, cómo no, del IRPF, la vaca a la que se ordeña con fruición en periodo electoral (otra cosa es que se haga cuando se llega al Gobierno).
El anuncio más reciente ha sido el de Rajoy. No suficientemente satisfecho con esa medida, se ha comprometido a que los trabajadores autónomos puedan elegir en el momento de su jubilación si la cuantía de su pensión se calcula sobre los últimos 18 años de su vida laboral -como al resto de los mortales- o sobre toda la vida laboral. Eso significa que los trabajadores por cuenta propia podrán elegir el método que más les beneficie.
El anuncio, en sí mismo, no es malo. Es verdad que la crisis ha golpeado con especial dureza a muchos trabajadores con edades próximas a la jubilación, y eso les ha hecho reducir sus ingresos, toda vez que en los últimos años de su vida laboral han tenido que vivir de los ahorros, del desempleo o de prestaciones no contributivas, lo cual merma sus rentas futuras. El problema es que esa realidad ha afectado, sobre todo, a los trabajadores por cuenta ajena, que no tendrán derecho a esa ventaja anunciada por Rajoy.
Déficit de autónomos
Con todo, la solución no sería mala si no fuera porque mientras que el régimen general de trabajadores por cuenta ajena (los asalariados) está saneado y cuenta con superávit, el de autónomos es claramente deficitario. Hasta el punto de que sus aportaciones apena cubren el 60% de lo dispuesto por la Seguridad Social. O expresado de forma más concreta, el beneficio anunciado por Rajoy lo disfrutarán los trabajadores encuadrados en un régimen que genera cada año más de 5.000 millones de déficit. Y por extensión, no beneficia a quienes proporcionan superávit. Lo cual es todavía más significativo si se tiene en cuenta que mientras el 71,6% de los trabajadores del régimen general se jubila después de haber cotizado 35 o más años, en el caso de los autónomos baja hasta el 57,8%. Como se observa, un sustancial diferencia.
La eliminación de los impuestos a quienes se jubilan más allá de los 65 o 67 años es, sin embargo, mucho menos relevante de lo que ayer se estimaba de forma rigurosa. Entre enero y junio de este año, las altas por demora en la edad de jubilación apenas afectaron a 7.481 trabajadores. O 14.877 en el conjunto de 2014, lo que da idea de que la medida es mucho menos ambiciosa de lo que se pretende. Probablemente, porque los incentivos actuales son escasos (ingresos adicionales del 2-4% en función de los años cotizados).
En todo caso, lo que está claro es que beneficiará a las pensiones medias y altas, toda vez que la demora en la jubilación afecta sobre todo a profesionales o funcionarios, mientras que en las actividades laborales más penosas es más difícil que un trabajador quiera retrasar su edad de jubilación. Ni qué decir tiene dónde está uno de los caladeros de votos del PP.
El caso de Ciudadanos no es menos llamativo. Es, incluso, más aparente. Albert Rivera ha prometido la puesta en marcha de un complemento salarial anual garantizado para quienes hayan obtenido rentas salariales sin llegar a alcanzar una cuantía mínima anual. De esta manera, dice C`s, se lucha contra la desigualdad y se fomenta la remuneración digna del empleo, a la vez que se aflora la economía sumergida. Es decir, que para combatir el dinero negro, se subvenciona por parte del Estado. Por supuesto, a costa del IRPF, lo que supone -dada la estructura de su base imponible- una transferencia de las rentas salariales hacia las empresariales, que paradójicamente declaran en el IRPF menos rendimientos que los asalariados.
Pobre financia rico
Ciudadanos puede argumentar, y eso es lo que hace, que en otros países (EEUU y Reino Unido) el sistema funciona, pero la literatura más reciente no dice precisamente eso. Una investigación del Congreso estadounidense, realizado por la economista Margot L. Crandall-Hollick, ha revelado que lo que nació hace 40 años como un instrumento de ayuda fiscal para los más necesitados -lo cual puede parecer razonable- ha derivado en un mero programa de lucha contra la pobreza. Es decir, que los efectos del Earned Income Tax Credit (EITC) han sido mucho más limitados de lo que inicialmente pretendía el legislador. Pero con un aspecto mucho más negativo: la persistencia de amplias bolsas de fraude derivadas de un sistema que si es complicado de controlar en los estados de EEUU que lo han aplicado (una veintena) o en el Reino Unido, con sistemas fiscales más eficaces, no es difícil adivinar lo que pasaría en España.
Ese informe dice, por ejemplo, que el efecto que ha tenido en el número de horas trabajadas por las madres solteras es escaso. O que ha aumentado la inequidad entre contribuyentes con hijos o sin hijos. Lo del fraude no es un asunto baladí. La Hacienda norteamericana ha revelado que en el año fiscal 2013, entre el 22% y el 26% de las declaraciones reclamando el complemento salarial contenían errores. Es decir, uno de cada cuatro contribuyentes se equivocó.
Los beneficiados son los trabajadores de rentas bajas y las empresas que pagan salarios bajos, mientras que el coste de la medida lo soporta el Estado
Otro estudio, en este caso del economista Miguel Almunia sobre el sistema británico, denominado Working Tax Credit (WTC), coincide en algunos aspectos. Por ejemplo, una pareja británica con un hijo pequeño en la que ambos padres trabajan más de 16 horas y tienen una renta anual conjunta de 10.000 libras recibiría en total unas 15.000 libras después de impuestos, un 50% por encima de su renta bruta. Es decir, estamos ante un impuesto negativo. El canciller del Tesoro, George Osborne, intentó en verano compensar ese coste para el erario público aumentando el salario mínimo por hora trabajada, lo que hubiera suavizado la transferencia de rentas, ya que serían los empresarios quienes tendrían que pagar unos sueldos más decentes, pero al final, y por la presión de los Comunes, retiró su propuesta.
Una de las conclusiones del economista Miguel Almunia es que “aunque la teoría predice que esta política incrementa la tasa de empleo, no está claro que aumente el número total de horas trabajadas en la economía”. En todo caso, hay una evidencia: los beneficiados son los trabajadores de rentas bajas y las empresas que pagan salarios bajos, mientras que el coste de la medida lo soporta el Estado. Precisamente, el instrumento más potente con que cuentan los pobres para elevar sus rentas y salir de la exclusión.
Juan Ramón Rallo www.vozpopuli.com 11 Diciembre 2015
Si nos centramos específicamente en lo que podríamos llamar gastos de funcionamiento —salarios de empleados públicos y consumos intermedios—, el recorte anual asciende a 14.000 millones de euros. La mitad de lo que afirma Soraya. Ahora bien, tengamos presente que estos 14.000 millones de euros de “reforma de las administraciones públicas” no se corresponde exclusivamente con la eliminación de duplicidades administrativas, la supresión de gastos superfluos o el cierre de empresas públicas: en su práctica totalidad estamos hablando de la reducción del empleo público (incluyendo el empleo público en escuelas u hospitales) o de la restricción del material hospitales, comisarias o escuelas. Conste que no estoy criticando la magnitud de este necesario ajuste —de hecho, se queda corto— pero ni asciende a 30.000 millones de euros ni es imputable a una mera reorganización de la grasa de la burocracia estatal.
En cifras: al cierre del tercer trimestre de 2015, el total de empleos por cuenta ajena en España era de 14,95 millones, de los cuales sólo 3,9 millones eran trabajadores temporales. Ahora bien, en noviembre de 2015, se firmaron 1,6 millones de contratos, de los cuales sólo 132.000 eran indefinidos (. La explicación es simple: imaginemos que en un mes se crean dos empleos, uno con contrato indefinido y otro con una renovación diaria de contratos temporales. El número de contratos firmados habrá sido de 31 (un contrato indefinido y 30 contratos temporales, uno por día), mientras que los empleos serán dos (un empleo indefinido y otro temporal): es decir, el 97% de los contratos totales serán temporales, pero sólo el 50% de los empleos lo serán.
Pablo Iglesias estima el fraude fiscal en aproximadamente 90.000 millones de euros anuales e imputa ese nivel de defraudación “a los que están arriba”. ¿De dónde obtiene estas cifras? Presumiblemente (ya que no existen otras), de Gestha: el sindicato de técnicos de Hacienda lo cifran en 90.000 millones y afirma que en un 72% lo cometen grandes empresas. El problema de estas cifras es que son ficticias: no existe ningún informe de Gestha donde se demuestre semejante estimación a través de una metodología contrastable. Yo mismo reté públicamente en televisión al sindicato en junio a que presentaran el informe y, medio año después, todavía no lo han hecho: ni a mí ni ante nadie. Dicho de otro modo, uno podría llegar a argumentar que el fraude fiscal en España asciende a 90.000 millones de euros, pero no existe base alguna para afirmar que éste se concentra en los más ricos (máxime cuando la mayor parte del fraude procede de la economía sumergida: y no parece que las grandes empresas tengan a la mayor parte de su plantilla sin dar de alta a la Seguridad Social).
La deuda pública española crece en más de 9.800 millones en el tercer trimestre
Lorenzo Ramírez Okdiario 11 Diciembre 2015
La deuda pública española que reconoce Bruselas en el protocolo de déficit excesivo ha aumentado en 9.800 millones de euros en el tercer trimestre del año y supone ya el 99,3% del PIB. La deuda total en circulación roza el 150% del PIB.
La economía española sigue endeudándose a pesar de crecer por encima del 3%. En el tercer trimestre del año el pasivo oficial reconocido en el protocolo de déficit excesivo que se presenta a Bruselas alcanzó los 1,06 billones de euros. El aumento respecto al periodo marzo-junio es de 9.851 millones de euros, según revelan los datos publicados hoy por el Banco de España.
Estos 1,06 billones de euros representan el 99,3% del PIB, lo que quiere decir que España debe casi la totalidad del precio de mercado de todos los bienes y servicios que se producen en España durante un año. La previsión del Gobierno para el conjunto de 2015 es el 98,7% del PIB, es decir, que se van a superar las estimaciones al cierre del ejercicio.
Los pasivos totales en circulación alcanzan así el 150% del PIB, con una deuda per cápita de 32.000 euros
La deuda real de la economía española es mucho mayor que la contabilizada en el protocolo de déficit excesivo. El pasivo total de las Administraciones Públicas españolas roza los 1,5 billones de euros, tal como reflejan las Cuentas Financieras de la Economía Española que publica el Banco de España. Los pasivos totales en circulación alcanzan así el 150% del PIB, con una deuda per cápita de 32.000 euros.
La diferencia entre la deuda real que aquí exponemos y la que oficial que refleja la Contabilidad Nacional radica en el citado protocolo de déficit excesivo de la UE, que elimina una parte de los pasivos y sitúa la deuda pública en poco más de un billón de euros (el 100% del PIB). Por lo tanto, la normativa europea permite no contabilizar casi medio billón de euros como deuda, aunque exista.
Esta deuda total de 1,5 billones comprende la totalidad de los pasivos contraídos por el sector público español, independientemente de su naturaleza. Es decir, que incluye emisión de moneda, valores representativos de deuda, participaciones en el capital y en fondos de inversión, préstamos no comerciales, a corto y a largo plazo, en euros y en monedas distintas del euro, créditos comerciales y otras obligaciones pendientes de pago.
El truco para sacar este medio billón de la deuda oficial es no incluir los pasivos del sector público en poder de Administraciones Públicas, ni los créditos comerciales y otras cuentas pendientes de pago. En cuanto a los métodos de valoración, los valores representativos de deuda se computan por su valor nominal en la deuda elaborada según el protocolo de déficit excesivo de la UE.
La catedrática de Derecho Penal y experta en financiación de partidos Inés Olaizola analiza para EL ESPAÑOL los fallos del nuevo blindaje legal que pueden aprovechar los corruptos.
Montse Ramírez El Espanol 11 Diciembre 2015
La corrupción es uno de los debates insoslayables de esta campaña electoral. Lo ha sido durante la larga precampaña y los niveles tan altos alcanzados en España fueron una de las causas de la irrupción de los dos partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, que amenazan el bipartidismo representado por PP y PSOE, inmersos en grandes casos judicializados. Todos los partidos presentan en sus programas propuestas regeneradoras y el Gobierno de Mariano Rajoy ha promovido a lo largo de esta legislatura reformas legales encaminadas a erradicar las prácticas corruptas. Este año acaba con la introducción de más limitaciones y controles a través de una nueva Ley de Financiación de los Partidos Políticos, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, la modificación de Ley de Enjuiciamiento Criminal y la tipificación como delito de la financiación ilegal de las formaciones políticas.
¿Son suficientes estas medidas?, ¿La batería legal recién estrenada impedirá que se reproduzcan casos como el de la trama Gürtel, el de los ERE, o el de los papeles de Bárcenas? ¿El sistema ofrece ya garantías de no repetición o sigue habiendo agujeros por los que pueden colarse los corruptos?
Inés Olaizola Nagore (Pamplona 1966), catedrática de Derecho Penal y secretaria general de la Universidad Pública de Navarra, ha analizado la situación por la que atraviesa España en su libro La financiación ilegal de los partidos políticos: un foco de corrupción. Participa además en la Fundación por la Justicia, un foro de juristas y otros profesionales presidido por el magistrado de Valencia José Tomás, que promueve un pacto estatal contra la corrupción y hace un año puso sobre la mesa 99 iniciativas a implementar. La vigencia de ese listado indica el camino aún por recorrer que Olaizola se encarga de detallar en múltiples conferencias, como la última del día 2 que tuvo lugar en Vitoria.
“El sistema ha mejorado bastante con la Ley de Financiación, donde la rendición de cuentas es mucho más rápida y la transparencia y el control, mucho mayor”, responde la catedrática de Derecho Penal a las preguntas de El Español, a quien muestra las lagunas que sigue habiendo, a su juicio, pese a tanta legislación.
El peligro de las Fundaciones
Sobre la Ley 3/2015 de Financiación destaca principalmente la laxa regulación de las Fundaciones vinculadas a los partidos, aunque también discrepa de la vía abierta a la negociación de los préstamos otorgados por bancos y entidades financieras.
Fundaciones como FAES, Ideas o Sabino Arana atraen la atención de Olaizola. Las restricciones impuestas a las organizaciones políticas no alcanzan a sus fundaciones, que pueden recibir donaciones sin una cantidad límite y de cualquier empresa –algo vetado a los partidos-, contrate o no con la Administración, y sólo están obligadas a formalizarlas en documento público si pasan de los 120.000 euros. Por otro lado, la exigencia de transparencia y los controles aplicados son menores con lo que aumenta el riesgo de trasvase ilegal de dinero. “Son auténticos coladeros, que hay canales entre las fundaciones y los partidos no lo pueden negar ni los propios partidos; es más las Fundaciones se crean no tanto para difundir ideas sino para actuar como pasarelas”, sostiene.
En 2013, el último ejercicio analizado por el Tribunal de Cuentas, los partidos debían a los bancos más de 205 millones de euros. La Ley impide ahora las condonaciones que se hicieron en el pasado. Una prohibición “positiva” porque evita que el partido quede ‘capturado’ por quien le perdona el reingreso de cantidades sustanciosas de dinero; pero según Olaizola “se mantiene abierta la posibilidad de obtener créditos ventajosos mediante la negociación” aunque ésta venga paliada por la exigencia de adaptarse a los tipos de interés del mercado, -“algo muy relativo”-, y de publicar las condiciones contractuales de los préstamos.
En contra del criterio de muchos de sus colegas la catedrática navarra es muy crítica con la medida estrella y más aplaudida de la Ley, que prohíbe que las empresas donen dinero a los partidos. En su opinión la corrupción no nace del sistema de financiación y la prohibición lo único que conseguirá es que se burle la normativa, -porque ésta no impide donar a los directivos a título personal-, y traerá ocultamiento, - porque ningún partido lo hará público.
Las ayudas de las empresas
“Que una empresa dé dinero a un partido no es malo de por sí, lo importante es que se haga público y saberlo. Yo quiero saber si, por ejemplo, la Banca Ética o Caritas favorece a un partido o si lo hace una compañía eléctrica. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el partido hará una política ideológicamente afín, y no necesariamente espuria, a lo que defienden unos u otros. Yo quiero saberlo y así decidir mi voto. ¿Qué va a pasar ahora? Que las empresas seguirán engrasando a los partidos –¿quién impide donar a los miembros de un Consejo de Administración?- pero no nos enteraremos porque nadie lo va a publicar en su web”, mantiene, rotunda, Olaizola.
Ella sería partidaria, no obstante, de limitar las cantidades de los donativos de las empresas para preservar al partido de una absorción y disminuir las diferencias de financiación con las formaciones minoritarias. Esta última razón anida también en su defensa de una mínima base de financiación pública, muy alejada del sistema actual.
Los datos del Tribunal de Cuentas sobre 2013 reflejan que los partidos recibieron ese año de las distintas Administraciones más de 216 millones de euros (196 para gastos de funcionamiento y 20 como subvenciones electorales), mientras que las donaciones privadas se elevaron a 70 millones, sólo un 24% del total del dinero que engullen las fuerzas políticas.
“La realidad demuestra que el tipo de financiación no influye en la corrupción. Ya hemos visto que la financiación pública no constituye una garantía, Hay que acabar con ese mantra”, asegura Olaizola, defensora del modelo alemán que condiciona la ayuda pública a la obtención de la privada. Nuestra interlocutora está convencida de que no es el modelo de financiación sino la transparencia y el control los que garantizan la ausencia de corrupción y, en ese sentido, aplaude la exigencia de que las cuentas consolidadas de los partidos incluyan las de sus organizaciones locales, ajenas antes pese a su vinculación a los ayuntamientos, máximo foco de corrupción por sus competencias urbanísticas.
Lamenta, en cambio, que no se haya aprovechado la modificación legislativa para reclamar un modelo unificado de las auditorías internas que los partidos elevan al Tribunal de Cuentas, un órgano siempre carente de medios que afronta así un trabajo mucho más complejo.
Repara igualmente en la oportunidad perdida para unificar los gastos de las organizaciones políticas y dejar de distinguir entre los ordinarios y los electorales, incluyendo la regulación de ambas financiaciones en una sola norma. Así, comenta Olaizola, se acabaría con la tendencia de camuflar gastos electorales, limitados por ley, como ordinarios ateniéndose a la difusa frontera que en ocasiones los separa. Otro agujero del sistema.
Las pesadas maquinarias de los partidos, con potentes aparatos burocráticos, innumerables sedes físicas y costumbres como el buzoneo de propaganda electoral elevan los costes y descontrolan su tesorería. Si a ello unimos que el índice de afiliación en España es el más bajo de Europa, nos encontramos ante dos nuevas causas que facilitan las conductas corruptas. La autora del estudio que pone el foco sobre los fallos legislativos propone fijar un límite máximo de gasto autorizado que obligue a las fuerzas políticas a reducir sus necesidades económicas. Y para empezar a recortar plantea congelar o reducir las aportaciones públicas en los Presupuestos Generales del Estado, “donde en ningún caso la actualización de las partidas anuales tendría que subir por encima del IPC”.
Disolución de partidos
La tipificación de la financiación ilegal como delito había sido reclamada mayoritariamente desde sectores judiciales. Entró en vigor el pasado 1 de julio a través del artículo 304 del Código Penal e impone considerables multas tanto a quien entregue como a quien reciba donaciones que vulneren la ley, como ocurriría en el caso de que éstas fueran anónimas, de empresas, o superaran los 50.000 euros al año si se tratara de una misma persona física. Se castiga con la cárcel, con hasta cuatro años de reclusión, a los ciudadanos españoles que otorguen u acepten aportaciones superiores a los 500.000 euros, o a los 100.000 si su procedencia es extranjera.
Las objeciones de Olaizola sobre la reforma del Código Penal son “fundamentalmente técnicas”, aunque tanto de carácter formal como de fondo, “porque son delitos muy complejos, difíciles de aplicar”. Considera, entre otras cosas, que no toda conducta de financiación ilegal debe ser merecedora de sanción penal. Distingue entre financiación irregular, ilegal y corrupta y concluye que es esta última, la que tiene un carácter finalista y está basada en el quid pro quo o intercambio de prestaciones sobre algo muy concreto como una contrata, la que debe conllevar siempre un reproche penal. Incide en la necesidad de castigar esa contraprestación con independencia del monto total de la cantidad comprometida, que es el criterio que utiliza el legislador.
Frente a la opinión de otros penalistas ella no es partidaria de llegar a disolver un partido político por sus prácticas corruptas. “Estamos ante el mayor escándalo de financiación ilegal que ha tenido este país, que es la Gürtel, y yo no me atrevería a disolver el PP. El Partido Popular no son solo aquellos que han corrompido el partido sino todos sus millones de votantes a los que dejaríamos sin una organización que los represente. ¿Disolveríamos el PP? Yo no “, afirma. “El Derecho Penal ya nos permite castigar no sólo al autor en sentido estricto, que puede ser el tesorero, sino a todos los partícipes y al propio partido, al que se le puede imponer una multa”.
El 7 de diciembre entra en funcionamiento la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, con su controvertida reforma de los plazos, al establecer límites máximos de seis o 18 meses para la instrucción de sumarios. Con esta modificación se aspira a agilizar la rendición penal de cuentas de los corruptos y a acortar los largos procesos judiciales que hacen de la Justicia un arma lenta y a veces ineficaz para combatir la corrupción. La sensación de impunidad que se traslada es una de las causas que anida en gran parte de los casos que acaban en los juzgados.
Inés Olaizola expone en sus conferencias la experiencia relatada por el juez Pablo Ruz sobre su investigación de la trama Gürtel, “una instrucción sin personal ni medios, apoyándose en voluntarios, un sumario con casi 30.000 folios y teniendo que pedir doscientas veces una comisión rogatoria a Suiza”.
“Si no se descubren las tramas o se tarda años en llegar a una sentencia se genera mucho efecto criminógeno. El efecto intimidatorio es básico para la prevención”, apunta antes de rechazar, sin embargo, la reforma que se ha hecho de la ley. “No estoy de acuerdo en absoluto. Se puede atajar la negligencia o dejación de funciones, pero un procedimiento no puede terminar si por su complejidad no ha terminado. Sería una locura. Hay colegas que dicen que el plazo no se va aplicar nunca, que se prolongará por la vía de los hechos… Si no se va a aplicar, mejor que no se ponga”.
Mucho por hacer en Urbanismo
Olaizola identifica como “otro gran agujero” que resquebraja el sistema el enorme grado de discrecionalidad existente en algunas áreas de la Administración, fundamentalmente en la de Urbanismo. Es tajante en este sentido. Reconoce que ahora existe un mayor control que rebaja el “poder enorme” que tenían las Corporaciones sobre las recalificaciones y los planes de ordenación urbana, su gran fuente de financiación. Admite que se “ha avanzado” mediante modificaciones en las leyes urbanísticas y de contratación, pero asegura que “el urbanismo no puede estar tan descentralizado y solo en manos de los Ayuntamientos”. “Queda mucho por hacer”, sostiene.
Para empezar aboga por que los interventores municipales, a quienes se somete el control de las cuentas, sean funcionarios públicos “inamovibles”, no sujetos a “libre designación”, y que permanezcan en sus puestos cualquiera que sea el color político del Ayuntamiento. Defiende que el régimen financiero sea controlado por un “cargo técnico puro”, con independencia de quien esté gobernando, y extiende este criterio a otros ámbitos del sector público. “El volumen de puestos de confianza es excesivo. No puede ser que tengamos el doble que Alemania con casi la mitad de población”.
La causa, o la consecuencia, de esta situación la lleva a abordar el clientelismo que mina a los partidos y su funcionamiento, necesitado de una mayor democracia interna. “Es evidente que a más democracia menos corrupción, porque si a los dirigentes o candidatos se les elige en primarias, se les vota, ya no hay alguien, o una camarilla, con un poder omnímodo sobre ellos. Y cuanto menos centralizada sea la maquinaria electoral menos posibilidad también de corrupción, porque nadie concentra el poder sobre las listas electorales de hasta el último rincón de España”.
Un repaso mayor obligaría a analizar también La ley de Transparencia y de Buen Gobierno, con la que Olaizola está fundamentalmente de acuerdo, aunque opina que las infracciones deberían estar más presentes en los incumplimientos de los partidos sobre la exigencia de informar a los ciudadanos.
A diferencia de otros analistas que mantienen que se cambian las leyes para que todo siga igual, la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra se muestra optimista aunque prudente.
-¿El blindaje legal de 2015 impedirá que tengamos nuevos Filesa, Gürtel, ERE, Pujol, Bárcenas….?
- No lo sé, no puedo poner la mano en el fuego, pero yo creo, francamente, que se está yendo por el buen camino
Cuatro charlatanes para gobernar un país en ruina
Pío Moa www.gaceta.es 11 Diciembre 2015
***El Almirante Director del Instituto de Historia y Cultura Naval
tiene el honor de invitarle a la conferencia “La memoria robada del Pacífico: el descubrimiento español de Australia y la política del olvido tras los viajes de Cook”, que impartirá D. José María Lancho, el jueves 17 de diciembre a las 19,00 horas en el Salón de Actos del Cuartel General de la Armada (calle Juan de Mena, 7. Madrid)
Instructivo el debate, hace unos días, entre los cuatro politiquillos de cuarta regional que aspiran a gobernar España. Claro que después de Zapo, cualquier mindundi parece estar en condiciones de aspirar "a lo más alto".Al parecer, España ha dejado de ser un país independiente con intereses propios en política exterior: ni problemas de defensa, ni Ceuta y Melilla, ni Gibraltar, ni Marruecos, ni nuestra posición en la UE y la OTAN, ni el terrorismo islámico, ni la desestabilización inducida en los países árabes y sus consecuencias de radicalización yijadista y masas de gentes que afluyen a Europa... Los cuatro botarates dan por sentado que España ya no existe como nación, reducida a una dependencia provincial de la burocracia de Bruselas. Por consiguiente se centran en los problemas provinciales... tales como ellos los ven: nada del amenazante estancamiento demográfico, del aborto, del homosexualismo, de la corrosión de la familia y sus consecuencias morales y de violencia doméstica (de “género”, dicen los tontines) y de mala salud social: droga, delincuencia, fracaso escolar... Nada de la totalitaria y chekista ley de “memoria histórica”, del premio político a los asesinatos de la ETA, de la degradación de la justicia... Cosillas sin interés para los cuatro parleros.
Hablaron en cambio de economía solo para demostrar que no tienen ni idea de las causas de la crisis ni de cómo afrontarla (un misterio para todo el mundo, por lo demás). La Soraya jactándose de su experiencia en gobernar, sin que nadie pusiera en claro lo mal que lo viene haciendo; el Iglesias con su demagogia barata; el Sánchez parecido; el Rivera pasteleando. La corrupción, tratada con absoluta superficialidad por dos corruptos que prometen sacar nuevas leyes contra ella, como si hasta ahora no hubiera leyes al respecto; y otros dos que simplemente no han tenido ocasión todavía. Alusiones iinsignificantes a los separatismos. En educación, todos coinciden en hacer el inglés cooficial, en posición de idioma superior... Todo con una bajeza y falta de nivel espeluznante. Pues bien, estos son los “estadistas” que aspiran a gobernar o gobiernan un país con España, con absoluto desvergüenza. Hemos vuelto a la república de imbéciles, tal como la describe Azaña.
Los comentarios de los analistas y expertos, así como de las redes sociales, han estado casi todos al mismo nivel de absoluta irrelevancia. Lo más interesante, al parecer, ha sido una bobada de Iglesias –una de las muchas de este profesor universitario que confunde a Newton con Einstein y con el liberalismo-- sobre House no sé qué, y otras pequeñas o mezquinas picaditas entre ellos. Porque los medios y los analistas, en general, están al mismo nivel que estos cuatro botarates desvergonzados que aspiran a mandarnos a todos. ¿Qué se puede esperar de un país degradado por sus dirigentes a este extremo? He aquí el gran problema.
Y la gente parloteando sobre "el voto útil". Ninguno puede ser más inútil que el obsequiado a estos cuatro partidos. Muchos de derecha votarían a VOX, que es una opción algo mejor en todo caso, pero... dicen que es tirar el voto, porque VOX apenas tiene proyección en los medios. Es decir, que se alían con los medios, deseosos de que el PP los siga engañando. La izquierda tiene un partido, Ciudadanos, que es igual que PPSOE aunque habla de España y con ello engatusa a muchos ingenuos. De todas formas, no dejará de ser una ventaja que en el poder, monopolizado hasta ahora por PPSOE y separatistas, entre un nuevo contrincante. Cabe suponer que hará algo más difíciles los chanchullos entre ellos. Otro partido de izquierda, un poco mejor que los demás, UPyD, parece destinado a correr la misma suerta de VOX. Las perspectivas son de una mayor putrefacción de un sistema más que democrático, kakistocrático (poder de los peores).
La batalla por las ideas y por la historia
Dada la penosa situación a la que han llevado al país el PSOE y el PP, algunos me preguntan, y muchos se preguntan qué va a pasar. Si se refieren a las próximas elecciones, digo que el voto útil es, para una persona de derecha, el que va a VOX y para alguien de izquierda, el que va a Ciudadanos o a UPyD. Pero replican que VOX tiene muy poca cancha en los medios y por tanto su voto es un voto inútil. Bien, si ustedes quieren colaborar con el boicot de los medios a VOX y prefieren que el PP les siga engañando, pues háganlo. En mi opinión no hay voto más inútil que el que va al PP o al PSOE.
En un plano más amplio, no sabemos qué va a pasar, pero podemos diagnosticar fácilmente que seguirá empeorando el proceso de putrefacción de la democracia, con amenazas de balcanización de España por una parte, y de destrucción de su soberanía nacional, por otra, con gobiernos que no cumplen ni hacen cumplir la ley. En cuanto a mí, procuro seguir el consejo de Julián Marías: “No pienses tanto en lo que va a pasar como en lo que puedes hacer”. Así que por mi parte hago lo que puedo, planteando la batalla de las ideas y luchando por la clarificación política e histórica en la medida de mis luces.
Me parece claro que los muchos males de esta democracia tan degradada tienen una de sus principales causas en la negación de sus orígenes reales en el franquismo, lo que la priva de continuidad histórica y de la posibilidad de construir sobre lo mucho logrado bajo el régimen anterior. La democracia de ningún modo podía venir del antifranquismo que básicamente era totalitario, es decir, comunista y terrorista. En cambio el franquismo fue un régimen autoritario que superó la mayor parte de las taras queel país heredó del “desastre del 98”, de la derrota frente a Usa y la pérdida de las últimas colonias en las Antillas y el Pacífico y la profunda crisis moral y de autodesconfianza que generó. Esto lo he analizado en el libro Los mitos del franquismo.
En definitiva, el franquismo creó las condiciones sociales para una democracia sana, y el antifranquismo se ha convertido en un verdadero cáncer de la democracia. Resulta que la propaganda y la demagogia de comunistas y terroristas ha sido admitida incluso por la derecha. Y así cuando ya no existe Franco son antifranquistas lo mismo Soraya que De Juana Chaos, Zapatero que Rajoy, Josu Ternera que Mas o Pujol o Cospedal, o Carmena o Ada Colau o Sánchez o Pablo Iglesias... Los politicastros que nos han llevado a esta crisis, todos juntos en unión para derrotar al franquismo.
El deterioro político y social puede terminar en catástrofe. Para que esto no ocurra hay que dar de una vez la batalla de las ideas y de la historia, y en ello debemos colaborar todos los que sentimos lo que está pasando.
Este año es el del aniversario de la muerte de Franco, y con ese motivo hemos podido leer una avalancha de escritos, artículos, libros, etc., que en su mayoría repiten “esa irritante mentira” que decía Marañón o la mentira profesionalizada que denunciaba --en vano-- Julián Marías. Pero por fortuna no todo ha sido esa bazofia intelectual. Han salido obras mejores, como la biografía de Franco por Stanley Payne y Jesús Palacios, o el libro de Suárez Franco y el Tercer Reich, o mi libro Los mitos del franquismo. Los tres aclaran muchas cosas y es preciso que las personas alarmadas por la deriva que sufre el país procure informarse y entender las razones históricas de los retrocesos políticos actuales. Precisamente estamos en época navideña, en la que se hacen muchos regalos. Creo que algunos de los mejores regalos posibles, muy adecuados a la situación, pueden ser alguno de estos tres libros, o los tres.
Con ello contribuiremos todos a la batalla por las ideas. Porque, desgraciadamente, la izquierda y los separatistas se han dedicado a falsear nuestra historia, mientras que la derecha ha querido privar de su pasado a los españoles con peligrosas simplezas como que la economía lo es todo o que hay que mirar al futuro, sin aprender nada de lo vivido.
Así que terminaré con tres citas célebres: “Un pueblo que olvida su historia se condena a repetirla” frase de Santayana, grabada en Auschwitz. A repetir lo peor de ella. “Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño”, de Cicerón, Y también de Cicerón: “La verdad se corrompe tanto por la mentira como por el silencio”. Son tres frases muy verdaderas. El olvido de la historia está abonando los mayores desvaríos y la infantilización de la sociedad, en particular de los jóvenes. Y una sociedad infantilizada es propensa a todas las demagogias. Tampoco debemos olvidar que el silencio es el mejor aliado de la mentira. No hay mayor corrupción que la corrupción intelectual, pues de ella derivan otras muchas corrupciones. Así que aprovecho esta época navideña para llamar a nuestros oyentes a informarse, conocer mejor la historia y plantar cara al Himalaya de falsedades en que nos quieren mantener unos personajes que, ellos sí, viven muy a gusto en ese ambiente de farsa en que se ha convertido la política.
A cuantos respeten la verdad y sientan la necesidad de defenderla: pic.twitter.com/rUPtw9Fdlf
No es por Vox, es por nuestra Democracia
Agustín Rosety Cózar www.gaceta.es 11 Diciembre 2015
La estrategia de VOX está siendo clara. Sin cobertura de los medios de comunicación y sin financiación pública, la Ley D’Hont aparece como un obstáculo descomunal.
El pluralismo político es uno de los valores sobre los que se sustenta nuestro ordenamiento jurídico. Para que exista, es necesario que todas las fuerzas políticas tengan la oportunidad de darse a conocer y explicar su programa electoral a la ciudadanía.
Desgraciadamente, en esta campaña electoral, no todos los partidos políticos están teniendo las mismas oportunidades de darse a conocer. Algunos partidos emergentes como Ciudadanos y Podemos, aupados por las encuestas y por el cariño de ciertos medios de comunicación, están disponiendo de mucho espacio para explicar sus propuestas. Otros, como UPyD y Vox, no están teniendo tanta suerte.
La estrategia de VOX está siendo clara. Sin cobertura de los medios de comunicación y sin financiación pública, la Ley D’Hont aparece como un obstáculo descomunal. Por ello su campaña, diseñada con mucha ilusión y pocos recursos, parecía tener un objetivo claro: conseguir 100.000 votos en Madrid. Un escaño para Santiago Abascal, una voz en el congreso para defender las ideas que ningún otro partido de ámbito nacional está dispuesto a defender.
Para conseguir este objetivo habían diseñado una acción de marketing de alto impacto. Un envío postal de 900.000 sobres con los puntos principales de su programa electoral. Unos preciosos sobres que reproducen la bandera y el escudo nacional. Una forma de transmitir a su electorado que el amor a la Patria y la defensa de la Unidad de España son los valores principales sobre los que se sustenta su propuesta política. Todo financiado al 100% con el dinero de sus afiliados. Ni un solo euro procede del contribuyente.
Pues bien, la Junta Electoral Central ha paralizado el envío. El motivo alegado es el incumplimiento del artículo 46.5 de la LOREG que prohíbe “La utilización de la bandera de España en cualesquiera símbolos o siglas de partidos políticos”. La resolución también cita la Ley de Banderas que prohíbe la inclusión de siglas políticas en la Bandera de España
Y es que en España es legal que un partido político luzca en su logo la estelada o la bandera de la segunda república, pero no los colores de la enseña nacional. Nos puede gustar la Ley o no, pero es un Estado de Derecho y la Ley está para ser cumplida.
Pero es que VOX no ha incumplido la Ley. Ni los colores nacionales están en su verde, ni la palabra VOX está impresa en el sobre que contiene los colores nacionales. Un sobre en el que se deja claro que se trata de un envío de propaganda electoral y que, por lo tanto, no puede ser confundido con una comunicación del Estado.
Y como la resolución de la JEC no puede ignorar estos hechos, añade a su resolución una frase que no puede hacer otra cosa que escandalizar a cualquier persona que tenga una mínima formación jurídica:
“la utilización en los sobres de propaganda electoral del escudo y la bandera de España no resulta admisible, pues su vinculación con cualesquiera partidos políticos se encuentra prohibida implícitamente por los preceptos mencionados”
Una barbaridad. Un atropello. Un despropósito sin precedentes en nuestra historia democrática. No se puede realizar una interpretación restrictiva de un derecho fundamental. No se puede condenar a un partido político pequeño, con escasos recursos y sin repercusión mediática, al ostracismo aplicando una norma inexistente de forma absolutamente arbitraria.
Pero es que, además, el uso de los símbolos nacionales en la propaganda política es una constante en nuestra historia democrática. Todos recordamos el corazón con los colores de la bandera española, catalana y europea que Ciudadanos utilizó en su campaña #Mejorunidos. Y en esta misma campaña en la que estamos, hay anuncios del PP que utilizan la bandera nacional. Por no hablar de Pedro Sánchez y su mitin debajo de la bandera rojigualda. O del sobre con los colores verde y blanco que Susana Díaz mandó a los andaluces en las últimas elecciones autonómicas.
La interdicción de la arbitrariedad y el escrupuloso respeto a las normas es la base del Estado de Derecho. Y sin Estado de Derecho no hay democracia, por mucho que haya votaciones. Habrá a quién no le parezca bien que VOX envíe publicidad utilizando la bandera de España. También habrá quien piense que es desafortunado que partidos de izquierda exhiban los colores de la bandera republicana en su publicidad. Pero en un Estado de Derecho lo que no está prohibido, está permitido.
VOX recurrirá la resolución de la JEC. Esperemos que tenga éxito. Porque lo que está en juego no es que unas papeletas de un pequeño partido conservador lleguen a la ciudadanía. Lo que está en juego es nuestro Estado de Derecho y la calidad de nuestra democracia.
Es inaceptable que la JEC se salte las normas y decida que partidos pueden hacer publicidad y que partidos no. Nos jugamos mucho en esto.
OTROS HAN EMPLEADO LA BANDERA SIN PROBLEMAS
VOX atribuye a una 'decisión política' el secuestro de su campaña
El partido de Santiago Abascal defiende la legalidad de su información electoral y apunta directamente a la JEC y al presidente de Correos de realizar un ‘’juicio paralelo y secreto’’ a la formación.
Gaceta.es 11 Diciembre 2015
‘’La Junta Electoral Central Central ha prevaricado al actuar en contra del Código Penal, art.404’’. Con esta contundencia denuncia el partido VOX el ‘’secuestro del envío de la información electoral sin conocimiento de la formación’’. El partido de Santiago Abascal denuncia que ha tenido conocimiento de la retención de su información electoral, alrededor de 900.000 sobres, por el aviso de un simpatizante que explicaba que las sacas con los sobres de VOX ‘’eran las únicas separadas y tiradas en el suelo’’.
''La bandera es patrimonio de todos y tenemos el derecho a lucirla, mostrarla y portarla’’, defienden desde VOX. ''En España se vive una anormalidad democrática donde se estigmatiza el uso de la bandera de España y los símbolos nacionales. Por contra se ha permitido la eliminación, ausencias, agravios, insultos y destrucción o quema de banderas de España sin que los órganos del Estado, la Fiscalía, los tribunales o los partidos hayan actuado. Salvo VOX, en sus múltiples denuncias y querellas’’, explican.
‘’VOX ha sido sometido a un juicio paralelo y secreto, sin ser informado de la paralización de su campaña electoral’’, denuncian, tras apuntar a la ‘’decisión política’’ que ha tomado el presidente de Correos, ‘’un cargo político del Gobierno de Rajoy’’.
El partido de Santiago Abascal defiende que no ha vulnerado ninguna norma, ya que los sobres que han enviado sólo portaban la bandera nacional y sin ningún logo de su partido. Además, la candidatura electoral carece de cualquier referencia infográfica a la enseña nacional, por lo que se respetaría el art. 46,5) de la Ley Electoral.
Otros partido, sin embargo, han venido utilizando la bandera de España (y alguna regional) durante las campañas electorales sin tener consecuencia alguna. Justo este jueves, las NNGG del PP la han utilizado sin ningún problema.
VOX ha recibido una comunicación de la Junta electoral Central (JEC) directamente con una resolución que se resume en estos puntos:
-Se ha abierto expediente a VOX y su autor es el presidente de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
-Se comunica a VOX directamente un acuerdo, sin información previa
-El citado acuerdo cita dos normas, en las que se prohíben: “presentar candidaturas con símbolo que reproduzcan la bandera o símbolo de España” (la candidatura de VOX es un símbolo de su nombre en verde, que no contiene la bandera de España), y “prohíbe la utilización en la bandera de España de símbolos o siglas” ( sobre la bandera de España en los sobres de VOX no se ha superpuesto símbolo o sigla del partido alguno)
-La JEC dice que su resolución es “dejar fuera de la contienda electoral lo que es patrimonio de todos los españoles”, cuando en actos, y soportes de campaña otros partidos están usando (lo que alaba VOX) este símbolo nacional. Tampoco puede considerarse que utilizar la bandera sea una “apropiación en beneficio de un partido político”, ya que “utilizar” no es apropiarse excluyendo a otros.
-La JEC dice en su resolución, sorprendentemente, que las normas que menciona dejan prohibida “Iimplícitamente”, aunque no lo digan en sus textos legales, este uso en campaña.
Pascual Tamburri esdiario 11 Diciembre 2015
LAS VÍCTIMAS DE ETA ROMPEN CON RAJOY
La AVT denuncia los incumplimientos del Gobierno en la lucha contra ETA
La asociaciones de víctimas, a las que el PP mimaba y acompañaba en sus concentraciones cuando Mariano Rajoy era el líder de la oposición, acusan al Ejecutivo de traición.
El Partido Popular se comprometió, en la página 187 de su programa electoral para las elecciones de 2011, a impulsar la aplicación de la ley de partidos y de la ley electoral a las organizaciones políticas vinculadas a ETA. "Instaremos las actuaciones oportunas en tanto esta banda terrorista continúe existiendo y existan organizaciones políticas que quieran legitimar, continuar, gestionar, justificar o defender el terrorismo perpetrado o el proyecto incompatible con un régimen democrático de libertades que ETA ha pretendido imponer. Adoptaremos las medidas precisas para impedir la utilización de las instituciones en cualquier actividad de apoyo, legitimación o justificación del terrorismo y de sus responsables".
Cuatro años después no sólo no se han aplicado dichas medidas a Sortu, Bildu y Amaiur, sino que estos han sido reconocidos como agentes políticos válidos por el Gobierno y por el Partido Popular en aquellas instituciones en las que participan.
Etarras enfermos
Pese a que el Partido Popular aseguró, en la página 185 de su programa, el derecho de las víctimas a la dignidad, a la memoria, y a la reparación a través de la justicia, durante la legislatura el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido responsable de una serie de decisiones contrarias a estas promesas. Ejemplo de ello es la concesión del tercer grado a etarras enfermos supuestamente terminales pero con una esperanza de vida de años -es el caso de Bolinaga o Ventura Tomé-.
Los populares se comprometieron también a realizar "ingeniería jurídica" para limitar al máximo los efectos de una supuesta condena a España en el caso de la etarra Inés del Río. La inacción previa del Gobierno de España y su incapacidad para explicar en Europa los efectos de la derogación de la doctrina Parot hicieron que finalmente España resultara condenada. Esa inacción y la aplicación extensiva de manera inadecuada a todos los delincuentes a los que se les había aplicado la doctrina Parot favoreció que, en escasos dos meses, casi un centenar de terroristas fueran excarcelados.
La inacción del Gobierno a la hora de legislar sobre la manera de aplicar la Decisión Marco de la Unión Europea sobre la acumulación de condenas dictadas en otros países ha posibilitado la puesta en libertad y la fuga de etarras como Alberto Plazaola y podría posibilitar la puesta en libertad de otros 50 etarras más.
El Partido Popular se comprometió, públicamente y en reiteradas ocasiones, a reformar la ley electoral para que los exiliados vascos por causa de la acción terrorista de ETA pudieran votar en sus lugares de origen.
Cuatro años después no sólo no se tiene noticia alguna sobre esta promesa, sino que el Gobierno se encuentra más ocupado en regularizar la situación de aquellos terroristas que se encontraban huidos de la justicia y que no tengan causas pendientes. Desde enero de 2013 a septiembre de 2014, un total de 125 etarras huidos habrían regularizado su situación.
En Génova se comprometieron a "mantener sin reservas las actuaciones del Estado de derecho contra el terrorismo de ETA y sus responsables, impediremos la legitimación de su trayectoria, el enaltecimiento de los terroristas, la equiparación de las víctimas con los delincuentes y la vuelta a la utilización de un supuesto conflicto histórico entre vascos y españoles para justificar la violencia, exigir la impunidad e iniciar un proceso de imposición y ruptura, disfrazado de negociación política".
Finalizada la legislatura, gracias a la inacción del Gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular, no sólo se ha dejado al Gobierno Vasco poner en marcha un Plan de Paz y Convivencia que se basa precisamente en todo lo contrario, sino que por parte del Partido Popular del País Vasco se ha buscado la equidistancia, pretendiendo rebajar las exigencias al entorno de ETA, siguiendo la línea marcada por el Gobierno vasco a través de una nueva ponencia en el Parlamento vasco.
Pese a que las víctimas del terrorismo destaparan hace años la existencia de la escalofriante cifra de más de 300 asesinatos cometidos por ETA que están sin resolver, y a la promesa del Partido Popular en su programa electoral de asegurar el derecho de las víctimas a la dignidad, a la memoria, y a la reparación a través de la justicia, nada se ha hecho por parte del Gobierno para el esclarecimiento de los atentados terroristas que no están resueltos. Esta inacción se refleja de manera patente en la no exigencia del requisito legal de colaboración con la justicia antes de la concesión del tercer grado, permisos de salida, etc. a los terroristas supuestamente arrepentidos.
Cárceles vacías
Desde que Mariano Rajoy accediera a la Presidencia del Gobierno, alrededor de 200 etarras han sido excarcelados. Aunque en algunos casos se trata de etarras que han cumplido íntegramente sus condenas, la mayoría de los casos se deben a artimañas jurídicas empleadas por los terroristas que no han sido debidamente neutralizadas por el Gobierno del Partido Popular (derogación de la doctrina Parot, liberación de etarras supuestamente enfermos, concesión del tercer grado, incorporación tardía de la Decisión Marco europea a nuestro ordenamiento jurídico, etc.).
Vía Nanclares / Servicios penitenciarios
El mantenimiento, por parte del Gobierno, de la denominada Vía Nanclares, a través del Plan integral de reinserción de terroristas, ha posibilitado que periódicamente una veintena de terroristas se vean beneficiados por permisos de salida de las prisiones sin la exigencia del requisito legal de colaborar con la justicia, como es el caso de Valentín Lasarte, Rafael Caride Simón, Jesús García Corporales o Kepa Pikabea.
Interlocución con las víctimas del terrorismo
Durante estos cuatro años de legislatura el Gobierno ha demostrado que mientras se comulga con sus postulados y propuestas todo son alabanzas y reconocimientos, pero en el momento en el que las víctimas del terrorismo alzan la voz contra la política llevada a cabo se les intenta aislar, ningunear y despreciar.
Las 8 razones del varapalo al fiscal por denunciar a Ayuntamientos catalanes
El juez José de la Mata ni siquiera abre diligencias contra San Cugat del Vallés por apoyar la resolución independentista.
María Peral El Espanol 11 Diciembre 2015
El juez de la Audiencia Nacional Jose de la Mata ha archivado de plano la denuncia presentada por el fiscal contra el Ayuntamiento de San Cugat del Vallés por aprobar una moción expresando su "pleno apoyo" a la resolución independentista del Parlamento de Cataluña.
El instructor ni siquiera ha aceptado abrir diligencias para determinar si los miembros del Consistorio -uno de los cinco Ayuntamientos denunciados por la Fiscalía- pudieron incurrir en delitos de rebelión, sedición, prevaricación, desobediencia, uso indebido de fondos públicos o usurpación de atribuciones por haber adoptado "acuerdos de la misma naturaleza", señalaba el fiscal, al aprobado por el Parlament el 9 de noviembre.
Esa resolución, en la que la Cámara catalana declaraba el inicio del proceso de "desconexión" de España, se encontraba suspendida por el Tribunal Constitucional cuando el Ayuntamiento de San Cugat acordó respaldarla.
De la Mata no ve indicio de delito alguno. Éstas son sus razones:
1.- El fiscal no ha denunciado a los miembros del Parlamento de Cataluña que aprobaron la resolución independentista. "Resulta llamativo que se considere que puede constituir delito de rebelión o de sedición cualquier acto de apoyo a la resolución parlamentaría por parte de los miembros de una Corporación Local y, sin embargo, no se estime lo mismo en relación con los propios parlamentarios que lo aprobaron", señala el juez.
2.- La moción municipal fue promovida por asociaciones civiles que tampoco han sido denunciadas por la Fiscalía. La Asociación de Municipios por la Independencia y la Asociación Catalana de Municipios propusieron a los Consistorios el texto de la moción en la que se manifestaba "el pleno apoyo y adhesión" a la resolución del Parlament. El Ministerio Público no ha actuado contra los directivos de esas entidades.
3.- El Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la resolución independentista cuando fue impugnada por el Gobierno pero "no declaró su ilegalidad ni ésta quedaba 'certificada', como indica el fiscal, por el mero hecho de que el TC la hubiera suspendido".
4.- El TC "no dedujo testimonio y lo remitió al fiscal por si los hechos ya realizados por los parlamentarios catalanes hubieran constituido delito alguno", resalta De la Mata.
5.- La moción se aprobó antes de que el TC se pronunciara sobre la resolución independentista: "Los hechos objeto de la denuncia supuestamente se produjeron justo después de la suspensión de la resolución por el Tribunal Constitucional, pero desde luego antes de que se dictara la sentencia sobre el fondo del asunto que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución parlamentaria".
Libertad ideológica, libertad de expresión
6.- Libertad para opinar: "El TC no derivó de la suspensión de la resolución un mandato u orden general que impidiera referirse a ella, opinar o pronunciarsesobre la misma o eventualmente apoyarla", argumenta De la Mata, que actualmente es juez de instrucción en la Audiencia Nacional pero fue letrado del TC.
La doctrina del Constitucional, parafrasea, consagra "la más amplia libertad para la exposición y defensa públicas de cualesquiera concepciones ideológicas, incluyendo las que pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional, incluso como principio desde el que procurar la conformación de una voluntad constitucionalmente legitimada para, mediante la oportuna e inexcusable reforma de la Constitución, traducir ese entendimiento en una realidad jurídica. El debate público, dentro o fuera de las instituciones, sobre tales proyectos políticos o sobre cualesquiera otros que propugnaran la reforma constitucional goza, precisamente al amparo de la misma Constitución, de una irrestricta libertad".
7.- "No consta" que la moción municipal se adoptase. El juez señala que el fiscal se limita en su denuncia a afirmar que la moción se pretendía incluir en el orden del día del pleno municipal del pasado 16 de noviembre, pero "no consta" que ello se hiciera ni que fuera aprobada. Éste es, no obstante, un hecho notorio que el juez podría haber comprobado en la propia web oficial del Ayuntamiento de San Cugat. La moción fue aprobada el 16 de noviembre con los votos a favor de CiU, CUP y ERC y el voto en contra de ICV-EA y PSC. Ciudadanos y PP no participaron en la votación.
8.- Fue un "posicionamiento político". Para el juez, la moción "no pretendía ignorar o eludir la suspensión de la resolución tratando de convertir alguna parte de su contenido en normas, sorteando, eludiendo o ignorando la suspensión acordada, siquiera en la micro esfera municipal".
"Basta leer la moción y la nota jurídica que la acompañaba", añade, "para comprobar que lo pretendido era un posicionamiento político sin consecuencia jurídica alguna, ejercitando la capacidad de pronunciarse 'sin efectos jurídicos sobre asuntos de interés general', 'sin ninguna concreción ni efecto práctico o jurídico posible', 'con un alcance retórico', para concluir diciendo que la moción pretendía 'un posicionamiento político sin que se derive ninguna consecuencia jurídica y ser enmarca en el marco de la libertad ideológica y de expresión de aspiraciones o anhelos políticos'".
De la Mata concluye que, dado el "contexto concreto" y el "momento temporal" en que se presentó la moción, "no estamos ante un hecho que pudiera revestir características de ilícito penal" ni existe indicio alguno de que "quienes [la] impulsaron desde el Grupo Municipal de CiU pudieran representarse que expresar su opinión sobre esta cuestión pudiera constituir delito de rebelión o sedición".
El juez considera que "no concurre elemento alguno que permita deducir que existió un alzamiento violento y público con el fin de declarar la independencia de una parte delterritorio nacional (delito de rebelión), ni alzamiento público y tumultuario para impedir, con la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes mediante la declaración de la independencia de una parte del territorio nacional violando la legalidad constitucional y cambiando la organización territorial del Estado (delito de sedición), ni tampoco un acto preparatorio de estos delitos".

References: artículo 304
 artículo 46
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