Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2004/C-315-04.htm
Timestamp: 2017-10-21 13:44:11+00:00

Document:
C-315-04
Revisión constitucional de "la Convención sobre las Misiones Especiales”, abierta a la firma en Nueva York, el dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969), así como de la Ley No. 824 de 2003, que aprueba dicha convención.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 10, de la Carta, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación copia auténtica de la Ley 824 de 2003, “Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre las Misiones Especiales, abierta a la firma en Nueva York, el dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969)” para efectos de su revisión constitucional. El Magistrado Sustanciador entró a conocer del presente asunto mediante auto del catorce (14) de agosto de 2003, y ordenó la práctica de algunas pruebas relacionadas con el trámite legislativo de la citada ley. Recibidas las pruebas, se fijó el proceso en lista para permitir la intervención ciudadana y de las autoridades públicas, y se corrió el traslado del expediente al Procurador General de la Nación. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de este tipo de procesos, la Corte Constitucional procede a decidir acerca del asunto de la referencia.
“LEY 824 DE 2003
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la f echa en que haya sido depositado el vigésimo segundo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
a) las firma de la presente Convención y el depósito de instrumentos de ratificación o de adhesión conforme a los artículos 50, 51 y 52;
Je certifie que le texte qui précéde est une copie conforme de la Convention sur les missions spéciales, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies lo 8 décembre 1969, dont l'original se trouve déposé du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Bogotá, D. C., 20 de noviembre de 2001.
1. En relación con el tratamiento debido a los altos dignatarios del Estado, quienes en muchos casos forman parte integrante de una misión especial (como el Jefe de Estado, el Ministro de Relaciones Exteriores y "otras personas de alto rango"), el artículo 21 consagra una salvaguardia general, en el sentido de que la aplicación de la Convención no prejuzga en ningún sentido la aplicabilidad a dichas personas de los privilegios e inmunidades que les son propios en virtud del derecho internacional general.
2. Con respecto a la inmunidad de jurisdicción de los representantes del Estado y los miembros del personal diplomático en la misión especial, en el artículo 31, párrafo 2, se enumeran los casos en los que dicha inmunidad no podrá ser alegada en relación con asuntos civiles o administrativos y se añade un supuesto que no figura en la Convención de Viena de 1961, consistente en que la inmunidad no se aplica en relación con:
3. En el artículo 44 se contempla una norma especial dirigida a asegurar que en el evento de que un miembro de la misión especial fallezca, sus bienes muebles puedan ser removidos del territorio del Estado receptor, para los fines de sucesión a que haya lugar.
La ciudadana Gloria Angelina Navarro Bustos, actuando como apoderada del Ministerio de Relaciones Exteriores, interviene en el proceso y solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de la ley y del tratado revisados. La ciudadana recuerda los antecedentes de la Convención sobre misiones especiales y describe brevemente la estructura del acuerdo, y concluye que éste es constitucional, pues permite la institución de misiones distintas a las diplomáticas tradicionales, con lo cual “busca facilitar el establecimiento de elaciones diplomáticas diferentes a las tradicionales.”
La ciudadana Ana Lucía Gutiérrez Guingue, en su calidad de Directora del Ordenamiento Jurídico y apoderada del Ministerio del Interior y de Justicia, interviene para solicitar a la Corte que declare la constitucionalidad de las normas revisadas.
La ciudadana procede entonces a examinar el contenido de la convención sometida a revisión, para lo cual resume las definiciones y regulaciones establecidas en los 55 artículos del tratado. Esto la lleva a resaltar la importancia de este convenio, el cual regula lo que se conoce como la “Diplomacia Ad Hoc”, que es aquella que se realiza no por intermedio de las misiones diplomáticas permanentes sino por medio de “misiones especiales”, que se caracterizan por ser temporales y tener un propósito específico.
La interviniente explica que las regulaciones del presente tratado se inspiran en las convenciones sobre relaciones diplomáticas, pero adaptándolas a la temporalidad propia de esas misiones especiales, para lo cual, en el fondo, lo que hace es “recoger la costumbre que en el derecho internacional se viene aplicando en relación con los agentes de Estados que por desempeñar funciones de carácter temporal en el Estado receptor, como representantes del Estado que los envía, requieren de un tratamiento especial, análogo, si se quiere, al de las misiones permanentes”. Según su parecer, esas misiones especiales han adquirido cada vez mayor importancia, y ninguna de las regulaciones del convenio contradice la Carta, lo cual muestra la constitucionalidad de este tratado, que desarrolla los principios constitucionales, “garantiza el respeto por la soberanía nacional, a la par que implementa un mecanismo adecuado para el fortalecimiento de las relaciones internacionales por el que propende nuestra Carta”.
El Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, en concepto No 3411, recibido el 6 de noviembre de 2003, solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de la convención bajo revisión y de su ley aprobatoria.
La Vista Fiscal comienza por analizar el trámite de suscripción del tratado y de aprobación de la ley, y concluye que éste cumplió con las exigencias constitucionales, “salvo lo consignado en relación con la falta de datos sobre el número de Senadores que aprobaron el proyecto en plenaria”, aspecto que según su parecer no implica ningún reparo a la constitucionalidad de la ley.
Luego el Procurador entra al análisis del contenido material de la Convención, a la que caracteriza como una “codificación de las normas fundamentales del derecho diplomático” que busca regular aquellas relaciones bilaterales entre los Estados que no se realizan por medio de misiones diplomáticas permanentes sino por misiones especiales. Por ello concluye que el presente tratado complementa las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares de 1961 y 1963, “de las cuales Colombia es Estado parte, y por tanto resulta conveniente que el país se vincule a este instrumento internacional.”
La Vista Fiscal procede entonces a presentar y analizar el contenido de los 55 artículos que conforman el tratado, lo cual la lleva a concluir que éste no sólo se ajusta a la Carta sino que además es de gran importancia, pues recoge y codifica normas imperativas de derecho internacional en relación con esas misiones especiales, que permitirán a Colombia “enfrentar los nuevos desafíos en el marco de una sociedad internacional en transformación”.
1- De conformidad con lo previsto en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta, esta Corte es competente para ejercer un control constitucional integral, previo y automático sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueben. Tal es el caso de la “Convención sobre las Misiones Especiales”, abierta a la firma en Nueva York, el dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969) y de la Ley 824 de 2003 por medio de la cual se aprueba dicha convención. Entra pues la Corte a estudiar la constitucionalidad, tanto por razones de procedimiento como de fondo, de esta Convención y de su ley aprobatoria.
2.- Según constancia expedida el 21 de agosto de 2003 por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores (folio 44), la presente Convención no fue suscrita por el Gobierno colombiano, y por ello se busca la adhesión a la misma. La constancia explica que el Presidente y el Ministro de Relaciones Exteriores suscribieron la correspondiente aprobación ejecutiva para someter este tratado a la aprobación del Congreso. Conforme a lo anterior, la Corte considera que no hubo irregularidades en la suscripción del presente tratado, pues el Presidente de la República impartió la aprobación ejecutiva al presente instrumento internacional, lo cual subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado (artículo 8º de la Convención de Viena de 1969).
4. El proyecto de ley fue presentado al Senado de la República el 20 de noviembre de 2001, por el Ministro de Relaciones Exteriores Guillermo Fernández de Soto y, con la respectiva exposición de motivos, fue publicado en la Gaceta del Congreso 647 del 13 de diciembre de 2001. La ponencia para primer debate fue presentada por la Senadora Piedad Córdoba Ruiz y fue publicada en la Gaceta del Congreso 207 de 5 de junio de 2002. El 5 de junio de 2002, la comisión aprobó en primer debate el proyecto de ley con 10 votos a favor y ninguno en contra, según certificación expedida el día 25 de agosto de 2003, por el Secretario general de la Comisión Segunda del Senado de la República. La ponencia para segundo debate fue presentada por la Senadora Piedad Córdoba Ruiz, y publicada en la Gaceta del Congreso 259 del 2 de julio de 2002, folio 60. El Proyecto de Ley No. 170/03 Senado, fue aprobado en sesión plenaria del 13 de diciembre de 2002, de acuerdo a la certificación expedida por el Presidente del Senado, Luis Alfredo Ramos Botero.
El proyecto pasó entonces a la Cámara de Representantes y la ponencia para primer debate en la Comisión Segunda fue presentada por el Representante Jairo de Jesús Martínez Fernández, y aparece publicada en la Gaceta del Congreso 149 del 4 de abril de 2003. El 7 de mayo de 2003, el proyecto fue aprobado en primer debate por unanimidad, con la asistencia de 18 Representantes, según certificación expedida el 21 de agosto de 2003, por el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. La ponencia para segundo debate fue presentada también por el Representante Jairo de Jesús Martínez Fernández y aparece publicada en la Gaceta del Congreso 65 del 10 de junio de 2003. De conformidad con la certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley fue aprobado, en la sesión plenaria del 20 de junio de 2003, por 135 de sus miembros. El 10 de julio de 2003, el Presidente de la República sancionó el proyecto, que se convirtió en la Ley 824 de 2003, y fue remitida por el Gobierno a la Corte Constitucional, el 21 de julio de 2003.
7- Esta situación podría generar perplejidad normativa pues no es claro qué fue lo que aprobó el Congreso: ¿quiso ese cuerpo legislativo volver a aprobar la Ley 424 de 1998? ¿Qué implicaciones tiene esa eventual reaprobación de ese cuerpo normativo? ¿Quiso el Congreso conferir fuerza normativa a la exposición de motivos? ¿O simplemente el Congreso quería aprobar la Convención pero por una inadvertencia en el texto final aprobado por las cámaras y sancionado por el Presidente quedaron incluidos cuerpos extraños a esa decisión normativa?
Pero no sólo esa situación provoca perplejidades normativas sino que suscita interrogantes constitucionales sobre la regularidad del procedimiento de aprobación de la ley misma, y por ello debe la Corte determinar si constituye o no un vicio de procedimiento en la formación de una ley el hecho de que ésta tenga como título “por medio de la cual se aprueba determinado tratado”, pero incorpore elementos extraños al acto normativo de aprobación.
10- De otro lado, el mismo análisis literal, histórico y sistemático permite determinar que los elementos extraños que aparecen en la Ley 824 de 2003 no tienen realmente vocación normativa propia. Así, la incorporación de la Ley 424 de 1998 únicamente se explica por cuanto el artículo 3º de esa ley dice que el texto completo de la misma deberá incorporarse “como anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del Congreso”, y por ello el Congreso y el Gobierno lo incorporaron a la ley 824 de 2003, en el entendido de que se trataba de un anexo, que no tiene fuerza normativa propia, sino que únicamente recuerda los mandatos de esa ley 424 de 1998.
Por ende, como los apartes que podrían ser considerados extraños al contenido dominante de la Ley 824 de 2003 carecen en realidad de verdadera fuerza normativa, la Corte concluye que la irregularidad consistente en incorporarlos en la Ley 824 de 2003 resulta irrelevante, y en esa medida no configura un vicio de procedimiento. Y por ello la Corte no encuentra razón para cuestionar la constitucionalidad de la presente ley por ese aspecto, como no lo hizo tampoco en el pasado cuando tuvo que estudiar leyes aprobatorias de tratados que tenían aparentemente un problema semejante[1].
11- El presente tratado regula las llamadas “misiones especiales”, que representan lo que a veces se conoce como la diplomacia “ad hoc”, la cual se enmarca dentro del derecho diplomático, pero se distingue de las relaciones diplomáticas ordinarias, en la medida en que no se funda en misiones permanentes sino en misiones transitorias para objetivos específicos. Una misión especial es entonces definida por el artículo 1° del tratado bajo revisión, como aquella que es “enviada por un Estado ante otro Estado con el consentimiento de este último para tratar con él asuntos determinados o realizar ante él un cometido determinado”. Por consiguiente, y como bien lo destaca la exposición de motivos gubernamental, estas misiones especiales se caracterizan por ser (i) temporales, (ii) tener carácter representativo, (iii) ser enviada por un Estado ante otro, con el consentimiento de éste, y (iv) tener un propósito específico.
En la práctica contemporánea, los Estados recurren con mucha frecuencia al envío de estas misiones especiales, para negociar temas específicos, o adelantar rondas de consultas políticas o para participar en eventos o ceremonias de alto nivel, y para otros asuntos particulares. Por ello, estas misiones especiales son conocidas como formas de la llamada diplomacia “ad-hoc”, que ha tenido un desarrollo importante en las relaciones entre los Estados. En tal contexto, la presente Convención codifica a nivel internacional las normas diplomáticas aplicables a estas misiones, para lo cual se funda, con las obvias adaptaciones a las particularidades y transitoriedad de estas misiones especiales, en los principios y normas del derecho diplomático, que ya han sido recogidos y sistematizados en tratados ratificados por Colombia, como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, aprobada por la Ley 6ª de 1972, y la Convención sobre Relaciones Consulares de 1963, aprobada por la Ley 17 de 1971. Como bien lo destacan la exposición de motivos y las ponencias para los respectivos debates, estos tratados, al igual que la presente convención, en el fondo lo que hacen es sistematizar y precisar las normas de derecho internacional consuetudinario relativas a las relaciones diplomáticas entre los Estados. Todo esto explica que muchos contenidos del presente tratado coincidan, en lo esencial, con las normas contenidas en las referidas Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y Convención sobre Relaciones Consulares de 1963, ambas ya ratificadas por Colombia.
Conviene igualmente recordar que la Corte Internacional de Justicia ha resaltado en varias decisiones la importancia de los principios y normas del derecho diplomático y consular, a los que reconoce un “carácter básico” en el derecho internacional, por su trascendencia en el mantenimiento de las buenas relaciones entre los Estados[2].
16- Ya en anteriores oportunidades, esta Corte había señalado que los privilegios del personal diplomático armonizaban con la Carta, pues no vulneran por sí mismos el principio de igualdad, ya que constituyen mecanismos jurídicos de larga tradición, que han existido para asegurar la independencia de los representantes diplomáticos y la propia igualdad entre naciones soberanas[3]. Ha dicho al respecto esta Corporación:
En tratándose del reconocimiento de un principio de derecho internacional, mal puede afirmarse que la mera concesión de prerrogativas e inmunidades de que trata el artículo 13, contravenga lo dispuesto en la Carta Política. Por el contrario, el otorgamiento de los privilegios anotados tiene asidero en el imperativo constitucional en virtud del cual las relaciones internacionales del Estado colombiano deben fundarse en el respeto de "los principios de derecho internacional aceptados por Colombia" (C.P. artículo 9).[4]”
“Las prerrogativas e inmunidades otorgadas no son, ni pueden ser, totales o absolutas. Ningún Estado constitucional estaría en capacidad jurídica de otorgar plena inmunidad a todo agente de un gobierno extranjero o representante de un organismo de derecho internacional, respecto de cualquier actividad que cumpla en su territorio, pues ello implicaría sacrificar las atribuciones que le competen como estado libre y soberano para asegurar la defensa de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción. De la misma manera, a la luz del artículo 13 de la Carta, tampoco sería posible afirmar que toda prerrogativa es legítima. Para que la concesión de estos derechos y beneficios especiales resulte constitucional, se requiere que concurra la defensa de los principios de independencia, soberanía e igualdad - reciprocidad - entre los Estados. Son estos principios y no una mera liberalidad o una imposición del derecho internacional, los que tornan legítimas e incluso necesarias las garantías y privilegios que se conceden a funcionarios de Estados extranjeros o de organismos internacionales en el territorio de cada Estado”[5].
19- De otro lado, de conformidad con el artículo 12 de la Convención, el Estado receptor siempre cuenta con la posibilidad de declarar, sin tener que brindar explicaciones particulares, “persona non grata” a cualquier miembro del personal diplomático de la misión especial, y el otro Estado deberá retirar a esa persona del país receptor, o ponerle término a sus funciones, pues si no lo hace, el Estado receptor podrá negarse a reconocer como miembro de la misión especial a la persona de que se trate, lo cual significa que cesan sus privilegios e inviolabilidades. Esta figura de la “persona non grata” logra entonces, como bien lo ha señalado la Corte Internacional de Justicia, un fino equilibrio entre las inmunidades y prerrogativas del personal diplomático y el respeto de la soberanía del Estado receptor, pues la eventual declaratoria de persona non grata inhibe el abuso de las prerrogativas por parte de los diplomáticos. Ha dicho al respecto la Corte Internacional de Justicia que este instrumento es de una “eficacia total” para lograr ese equilibrio, “ya que si el Estado acreditante no retira en el acto al miembro de la misión que se haya indicado, la perspectiva de la pérdida casi inmediata de sus privilegios e inmunidades –porque el Estado receptor deja de reconocerle como miembro de la misión- tendrá en la práctica como resultado obligarle, por su propio interés, a salir sin dilaciones”[6].
21- Por todo lo anterior, la Corte concluye que las inmunidades e inviolabilidades previstas por el tratado bajo revisión armonizan con la Carta. Con todo, podría argumentarse que la inmunidad de jurisdicción podría afectar gravemente en determinados casos el derecho de acceso a la justicia, pues impediría a los nacionales demandar a los miembros de las misiones diplomáticas que les hubieren podido ocasionar un daño. Sin embargo, la Corte considera que ese reparo no se encuentra justificado, no sólo porque esa inmunidad es un elemento esencial del derecho diplomático sino además por cuanto, en esos eventos, la persona puede obtener una reparación del Estado colombiano, ya que habría sido víctima de un daño antijurídico (CP art. 90). Así lo ha entendido el Consejo de Estado, con criterios que esta Corte comparte plenamente. En efecto, en sentencia del 25 de agosto de 1998 de la Sección Tercera, MP Jesús María Carrillo Ballesteros, Radicación número IJ-001, estudió la demanda de la señora Vitelvina Rojas Robles contra el Estado colombiano. Esa persona, debido a la inmunidad diplomática, no pudo demandar a la embajada de Estados Unidos por la muerte de su esposo y padre, quienes habían sido arrollados por un vehículo de esa embajada. El Consejo de Estado concedió la indemnización, con base en la siguiente doctrina que esta Corte acoge plenamente:
En anteriores oportunidades, esta Corporación había indicado que este tipo de exenciones tributarias se justifican pues fortalecen la autonomía e independencia de las representaciones diplomáticas y de las organizaciones internacionales, por lo cual “tienen pleno sentido en el contexto del derecho internacional público. Se trata de conceder, en condiciones de reciprocidad, ciertos privilegios fiscales y aduaneros, que se justifican plenamente tanto por la naturaleza de los organismos beneficiados como del interés público que reviste la función a ellos confiada por el conjunto de Estados que los crean”[7]. Por ello, la Corte considera que estas exenciones se ajustan a los criterios señalados por la doctrina constitucional sobre la legitimidad de los privilegios conferidos a las organizaciones internacionales y a las representaciones diplomáticas.
24- En varias ocasiones, esta Corte ha considerado que los tratados, en la medida en que son para estos efectos asimilables a una ley, no pueden conceder exenciones a los tributos de las entidades territoriales. Con base en ese criterio, las sentencias C-1333 de 2000 y C-160 de 2000 condicionaron la constitucionalidad de los artículos de ciertos tratados, a que se entendiera que la exención no cubría los tributos de las entidades territoriales. Por ejemplo, la sentencia C-1333 de 2000 condicionó la constitucionalidad del artículo 2º ordinal 6º de la "CONVENCIÓN SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DEL ORGANISMO PARA LA PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES EN LA AMÉRICA LATINA (OPANAL)”, a que se entendiera que las exenciones otorgadas deben limitarse a aquellas que traten sobre tributos nacionales.
Sin embargo, en otras ocasiones, esta Corte ha considerado que las exenciones tributarias contenidas en un tratado no vulneraban el artículo 294 superior. Así, la sentencia C-255 de 2003 estudió el artículo de un tratado que disponía que la Soberana Orden de Malta podía ingresar donaciones a Colombia, libres de todo impuesto, tasa o derecho nacional, departamental o municipal sobre aquéllas. La Corte consideró que aunque en algunos casos de tratados internacionales en materia de cooperación recíproca entre Estados, se había considerado contrario a la Constitución el otorgamiento de exenciones tributarias que afectaban las finanzas de las entidades territoriales, eso no sucedía en el caso del “Tratado de Cooperación para la Asistencia en materia humanitaria entre La Soberana Orden de Malta y el Gobierno de la República de Colombia”, por cuanto en ese caso la prohibición de gravar con cualquier impuesto, tasa o derecho nacional, departamental o municipal se encontraba justificada “por el fin que se persigue alcanzar con la ejecución del instrumento internacional, cual es socorrer a las víctimas de los desastres naturales y de los conflictos armados internos (desplazados) e internacionales (refugiados), así como a la población más necesitada del país, además de que se realiza la exención sin exigir reciprocidad alguna, y por ello no viola el artículo 294 constitucional.” En sentido semejante, la sentencia C-254 de 2003 consideró ajustado a la Carta el artículo de la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica, que ofrece una exención de impuestos al personal que actúe en misión de asistencia en el Estado solicitante. Esta exención, según esa sentencia, se justifica desde el punto de vista constitucional, porque la asistencia prestada en caso de emergencia nuclear se vería claramente perjudicada si, además del sacrificio implícito a la colaboración ofrecida por los Estados o las organizaciones asistentes, a éstos se les exigiera el pago de impuestos durante su estadía en la zona afectada.
30- Conforme a lo anterior, la Corte concluye que la presente “Convención sobre las Misiones Especiales, abierta a la firma en Nueva York, el dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969)”, es exequible. En ese mismo orden de ideas, esta Corporación considera que también es constitucional la Ley 824 de 2003 bajo revisión, la cual se limita a aprobar el texto de ese instrumento internacional (art. 1º) y a señalar que sus normas sólo obligarán al país cuando se perfeccione el respectivo vínculo internacional (art. 2º), lo cual concuerda perfectamente con los principios generales del derecho de los tratados (CP art. 9º).
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la “Convención sobre las Misiones Especiales, abierta a la firma en Nueva York, el dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969)”.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 824 de 2003, “Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre las Misiones Especiales, abierta a la firma en Nueva York, el dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969)”.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte, los suscritos magistrados MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, MARCO GERARDO MONROY CABRA y EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, nos vemos obligados a aclarar parcialmente el voto en la sentencia de la referencia. Compartimos las decisiones tomadas en la parte resolutiva, así como la casi totalidad de la parte motiva de la sentencia. Sin embargo, nos distanciamos parcialmente de la tesis establecida frente a las exenciones a los tributos territoriales contenidas en tratados.
No compartimos esa tesis, pues según nuestro criterio, el problema que plantean estas exenciones no debe ser resuelto por medio de compensaciones mecánicas sino a través de un análisis de proporcionalidad. Esto es, según nuestro parecer, si se admite que la prohibición prevista por el artículo 294 superior no opera como una regla estricta y absoluta frente a los tratados sino como un principio sujeto a ponderación, entonces el problema constitucional que plantean las exenciones a tributos territoriales contenidas en un convenio no era el de establecer compensaciones por una eventual reducción de los ingresos territoriales –como lo hace la sentencia- sino el de evaluar si dicha reducción es o no proporcionada. Y según nuestro parecer, dicha reducción es proporcionada, como lo muestra el siguiente análisis.
“Las relaciones entre la unidad y la autonomía, en general, están constituidas por una serie de limitaciones recíprocas, en el sentido de que la autonomía habrá de ejercerse dentro de los lineamientos trazados por la ley (art. 287, C.P.), la cual, a su vez, habrá de respetar un mínimo intangible de autonomía, para no vaciar de contenido los mandatos del constituyente. Se ha admitido, en general, que ese núcleo esencial está constituido por los cuatro elementos básicos que constan en el citado artículo 287 constitucional. Sin embargo, en materia presupuestal, la Corte parte de la base de que el alcance de dicho núcleo esencial es más reducido, no en el sentido de contar con menos elementos constitutivos que el de la autonomía territorial en general, sino en cuanto admite un mayor grado de intervención por parte del Legislador nacional, el cual cuenta con amplias facultades constitucionales para regular el devenir económico de la República; eso sí, tales intervenciones deben ser razonables y proporcionadas, lo cual habrá de evaluarse en cada caso concreto de conformidad con las reglas jurispurdenciales abajo señaladas.
La mayor potestad del legislador nacional en materia económica, y la correlativa reducción del alcance del núcleo esencial de la autonomía territorial en materia presupuestal, se ejemplifican claramente en el poder que asiste al titular de la función legislativa para intervenir en las finanzas territoriales, siempre que se encuentre de por medio la preservación de la estabilidad macroeconómica nacional. En estos casos, podrá intervenir no sólo sobre los recursos territoriales de fuente exógena, esto es, los provenientes de las arcas nacionales - lo cual es la regla general -, sino también sobre los recursos de fuente endógena; ello, se reitera, únicamente cuando esté de por medio la preservación de la estabilidad macroeconómica del país, y sin desconocer el núcleo esencial de la autonomía territorial, lo cual habrá de definirse, en cada caso concreto, por la proporcionalidad y razonabilidad de la intervención.[8]”
“Colombia es un país unitario (CP art. 1º) y la Carta establece un procedimiento específico para la aprobación de los tratados, que está radicado exclusivamente en las autoridades nacionales. Así, el Presidente dirige las relaciones diplomáticas y suscribe los convenios (CP art. 189 ord 2º) , el Congreso, que es órgano plural de representación de todo el pueblo colombiano, los aprueba (CP art. 150 ord 16), y corresponde a esta Corte Constitucional revisar su constitucionalidad, para que se pueda proceder a la ratificación.
La Corte considera que esa tensión, en materia de tratados, la propia Constitución la resuelve en favor del Estado unitario y de las autoridades nacionales, pues ninguna cláusula constitucional establece que en el procedimiento de aprobación de los convenios se debe consultar a las autoridades territoriales o a comunidades específicas. El trámite previsto es puramente nacional, lo que muestra que existe una clara opción de la Carta, en este campo, en favor del manejo nacional y unitario de los tratados. Por ello, en principio, en nuestro derecho, los tratados no requieren de consultas particulares a poblaciones específicas, aunque obviamente pueda ser deseable que éstas se realicen. Pero una cosa es que tales consultas sean convenientes y tengan sustento constitucional; y otra muy diferente que ellas sean obligatorias, lo cual no es cierto, ya que la participación ciudadana en el caso de los tratados aparece centralizada en el debate en el órgano de representación nacional, que es el Congreso de la República.[9]”
[1] Ver las sentencias C-037 de 2004, MP Jaime Córdoba Treviño, C-012 de 2004, MP Clara Inés Vargas Hernández, C-1034 de 2003 MP Manuel José Cepeda Espinosa C-1033 de 2003 MP Rodrigo Escobar Gil y C-962 de 2003, MP Alfredo Beltrán Sierra.
[2] Ver sentencia de 24 de mayo de 1980 en el asunto relativo al personal consular de Estados Unidos en Teherán (Estados c Irán), en donde ese tribunal señaló que Irán había desconocido “las obligaciones que le impone el conjunto de reglas constituido por el Derecho diplomático y consular, cuyo carácter básico el Tribunal ha de proclamar con firmeza”.
[3] Ver, entre otras, las sentencias C-203 de 1995, C-137 de 1996 y C-1333 de 2000.
[4] Sentencia C-137 de 1996, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, Fundamentos 31 y 32
[5] Sentencia C-137 de 1996. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento 33.
[6] Sentencia del 24 de mayo de 1980, Párrafo 86.
[7] Sentencia C-137 de 1996. MP Eduardo Cifuentes Muñoz, Fundamento 37, criterio reiterado en la sentencia C-442 de 1996, fundamento 6.
[8] Sentencia C-579 de 2001. MP Eduardo Montelagre Lynett. Fundamento 6.1.
[9] Sentencia C-1022 de 1999. MP Alejandro Martínez Caballero, Fundamentos 19 y 20.

References: artículo 241
 artículo 21
 artículo 31
 artículo 44
 artículo 241
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 9
 artículo 13
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 294
 artículo 294
 artículo 294
 artículo 287