Source: http://www.popjuris.com/biblioteca/clavelo-perez-v-hernandez-garcia-2010-tspr-4177-dpr-____/
Timestamp: 2018-02-23 22:29:44+00:00

Document:
Clavelo Pérez v. Hernández García, 2010 TSPR 4,177 DPR ____ – Biblioteca PopJuris
Clavelo Pérez v. Hernández García, 2010 TSPR 4,177 DPR ____
Ángel Francisco Clavelo Pérez
Gloria Ester Hernández García
177 DPR ____
Número del Caso: CC-2007-1166
Tribunal de Apelaciones:Región Judicial de Arecibo
Jueza Ponente:	Hon. Nydia M. Cotto Vives
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Sixto Román Torres
Abogado de la Parte Recurrida:Lcdo. Jorge L. Marchand Heredia
Materia: Liquidación de Usufructo Viudal
Gloria Esther Hernández García
Tenemos ante nuestra consideración un asunto sobre el cual no nos hemos expresado hasta el presente. Se trata del efecto que pueda tener el matrimonio del cónyuge supérstite sobre el usufructo viudal. Específicamente, debemos resolver si en nuestro ordenamiento jurídico el usufructo viudal, que es la legítima del cónyuge supérstite, se extingue al éste contraer nuevas nupcias. Exponemos los hechos según fueron estipulados por las partes.
El 19 de agosto de 1995, el Sr. Ángel Francisco Clavelo Pérez contrajo matrimonio con doña Amelia García Peraza, madre de Gloria Esther Hernández García. Seis años después del casamiento, el 13 de junio de 2001, doña Amelia falleció intestada y el Tribunal de Primera Instancia declaró como únicos y universales herederos, a la señora Hernández García y al señor Clavelo Pérez, a quién reconoció como viudo. Desde el fallecimiento de doña Amelia, la señora Hernández García tiene el control exclusivo de los bienes del caudal, que consisten en dinero depositado en cuentas bancarias y bienes inmuebles dedicados al negocio de alquiler.
El señor Clavelo Pérez contrajo matrimonio nuevamente el 4 de junio de 2002. Tres años después, la señora Hernández García le entregó un cheque por $16,666.00, con el propósito de conmutar y satisfacer su cuota viudal usufructuaria. Por estar en desacuerdo con la cantidad del pago, el señor Clavelo Pérez endosó el cheque y se lo devolvió a la señora Hernández García. En vista de que los legitimarios de doña Amelia no lograron un acuerdo sobre el valor de la cuota usufructuaria, el señor Clavelo Pérez presentó, en el Tribunal de Primera Instancia, una demanda sobre liquidación de usufructo viudal. Tras varios trámites procesales, la señora Hernández García solicitó la desestimación de la reclamación, bajo el fundamento de que el señor Clavelo Pérez no tenía derecho a recibir el usufructo viudal porque había contraído nuevas nupcias. Argumentó que la condición precedente para que naciera el derecho a la cuota usufructuaria es la viudez y como el señor Clavelo Pérez ya no era viudo, no tenía derecho a dicha cuota.
Estipulados los hechos y trabada la controversia, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que en nuestro ordenamiento jurídico no hay disposición legal que requiera que la legítima del viudo se extinga al éste contraer nuevas nupcias. Por lo tanto, le ordenó a la señora Hernández García pagarle al señor Clavelo Pérez la cuota usufructuaria que le correspondía.
Insatisfecha con la sentencia del foro de instancia, la señora Hernández García acudió al Tribunal de Apelaciones y alegó, en esencia, que aquel foro había errado al concluir que el derecho al usufructo viudal no se extingue cuando el viudo contrae matrimonio. El tribunal intermedio apelativo resolvió que el derecho al usufructo viudal termina cuando el viudo contrae nupcias. Concluyó, por tanto, que el señor Clavelo Pérez sólo tenía “derecho a disfrutar de la cuota usufructuaria viudal hasta la fecha en que contrajo nuevas nupcias y su estado civil pasó de soltero [por viudez] a casado”. Así, el Tribunal de Apelaciones devolvió el caso al tribunal de instancia para que se hiciera el cómputo de la cuota usufructuaria desde la muerte de la causante hasta la fecha en que el señor Clavelo Pérez contrajo nuevo matrimonio.
Inconforme, el señor Clavelo Pérez recurre ante nosotros, mediante recurso de certiorari y alega que el Tribunal de Apelaciones erró al limitar o restringir su derecho a percibir la cuota usufructuaria viudal porque contrajo matrimonio, ya que esto constituye “preterición de la legítima viudal y un discrimen por razón de matrimonio prohibido por la Constitución del Estado Libre Asociado”.
Expedimos el auto y, luego de un detenido examen del expediente y el derecho aplicable, estamos en posición de resolver.
Siempre que nos enfrentamos a una controversia nueva, relativa a una figura jurídica compleja, es necesario estudiarla y analizarla en todos sus detalles. En este caso es particularmente imprescindible estudiar el desarrollo histórico de los derechos sucesorios del cónyuge viudo, porque, según explica Cano Tello, éstos surgieron “en un marco jurídico social producto de una época y [están] más influidos que otras instituciones por criterios morales, religiosos y filosóficos mayoritariamente aceptados en determinado momento”.
Nuestro recorrido histórico comienza durante la dominación romana del territorio que actualmente es España, pues es en esa época que la doctrina identifica por primera vez una institución afín al usufructo viudal. Las leyes romanas no le reconocían ningún derecho hereditario al cónyuge supérstite en la sucesión del premuerto, hasta que en tiempos del emperador Justiniano se introdujo la cuarta marital a favor de la mujer que no aportó dote, es decir, la esposa pobre. Más tarde, en la Novela 117, publicada en 541, se le atribuyó a la mujer el derecho en propiedad a dicha cuarta parte, cuando el marido muerto no tuviese descendencia y solamente el usufructo cuando la tuviese.
A los romanos le sucedieron los godos, quienes invadieron la península ibérica hace mil quinientos años. Entre los germanos, primero por costumbre y después mediante legislación, la viuda participaba en los bienes hereditarios del marido difunto. Pero, en este caso, era porque en dicha civilización se miraba a la mujer con “benevolencia”, lo cual elevaba su dignidad dentro de la familia. Por eso, en el estatuto godo conocido como el Fuero Juzgo, redactado en Castilla en 1241, se le asignó a la viuda una cuota igual a la que por legítima recibirían sus hijos legítimos de la herencia paterna, mientras no contrajere nuevo matrimonio, pero con independencia de su posición social y económica. La viuda tenía este derecho solamente cuando había hijos, porque lo que pretendía asegurar este cuerpo legal era la conservación de la familia.
Así las cosas, en el siglo ocho, los moros invadieron la mayor parte del territorio español, terminando con ello la dominación germana en la península. Entonces, durante todo el periodo de reconquista, que se extendió hasta el siglo XV, la nobleza o regiones liberadas recibieron de los reyes privilegios o fueros. Sin embargo, los preceptos del Fuero Juzgo mantuvieron vigencia en algunas regiones y se transformaron conforme al tiempo, la localidad, las costumbres y la guerra. En Aragón, el derecho a usufructo se le concedió al cónyuge supérstite sobre todos los bienes del premuerto, es decir, la ley impuso un usufructo viudal universal. Según este ordenamiento, el derecho de viudedad se extinguía si la viuda o viudo llevaba una vida pública deshonesta o contraía nuevo matrimonio, a menos que se le hubiese concedido de por vida y el consorte difunto no tuviese otros herederos forzosos, o se tratase de “casamiento en casa” autorizado, y de la consiguiente conversión del usufructo universal en ordinario.
También, desde el siglo XIII, el Fuero General de Navarra estableció el usufructo de fidelidad o viudedad, que le otorgó al viudo o viuda el uso y disfrute de todos los bienes de su difunto consorte, mientras mantuviera fidelidad, es decir, mientras no contrajera nuevo matrimonio ni llevara una vida deshonesta. Estas causas de extinción del usufructo viudal foral, que surgen de la legislación tanto de Navarra como de la aragonesa, demuestran que en dichos ordenamientos los derechos sucesorios del cónyuge viudo persiguen, además del propósito de favorecer a la viuda, el objetivo principal de “robustecer y perpetuar la familia dándole cohesión y vigor mediante la no disgregación del patrimonio familiar,” a pesar de la muerte de uno de los esposos.
Sin embargo, en Castilla, tras la reconquista, la concesión parcial de los fueros municipales borró todo vestigio del Fuero Juzgo con relación a los derechos del cónyuge viudo en la sucesión de su consorte. Entonces, en el siglo XIII, cuando se había reconquistado la mayor parte del territorio español, el derecho carecía de unidad y se comenzaron a realizar esfuerzos para resolver este problema. Así surgieron las Partidas. Este cuerpo normativo, redactado durante el reinado de Alfonso X, resucitó la cuarta marital romana, de manera modificada. Específicamente, le concedió a la viuda pobre, que no podía vivir honestamente de sus bienes, el derecho en propiedad a una cuarta parte en la herencia de su cónyuge premuerto, con independencia de que hubiese hijos. Dicha ley pretendía proteger a la viuda en su carácter personal, más que a la institución familiar que era el bien tutelado por el Fuero Juzgo y las legislaciones forales.
No obstante, ninguno de los esfuerzos realizados en ese tiempo logró unificar el derecho en el territorio español, hasta que, en el siglo XIX, las ideas políticas revolucionarias recogidas en el nuevo Código Civil francés hicieron renacer los deseos de lograr una codificación uniforme del derecho español. Durante la elaboración del Proyecto de Código Civil español de 1851 y de la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, se discutió “honda y largamente” sobre la legítima del viudo. Sin embargo, en ese momento histórico, la razón del usufructo viudal, además de proteger económicamente al cónyuge supérstite y a su familia, se expresó como sigue:
…la intima sociedad que se forma entre marido y mujer, la comunión de afectos, la asidua y común participación en los trabajos de la vida, los cuidados que en común prestan a la prole, dan lugar a la formación de ciertos vínculos que la ley no puede ni debe desconocer.
Los codificadores españoles estudiaron las diversas fórmulas adoptadas dentro y fuera del territorio español para proteger al cónyuge supérstite, entre éstas, las legislaciones forales que le asignaban un usufructo universal legal, otras que establecían un usufructo parcial o sobre una parte de los bienes de la herencia y unas que le atribuían al viudo una cuota en pleno dominio. Se optó por el usufructo parcial, reviviendo, aunque modificada, la fórmula del Fuero Juzgo que, a su vez, coincidía con las disposiciones del Código Civil italiano de 1865.
En el seno de la comisión codificadora también se discutió si la cuota viudal había de extinguirse con la celebración de nuevas nupcias, prevaleciendo el criterio de que continuara el viudo disfrutando su legítima. Dicho de otro modo, en la redacción final del proyecto del Código Civil español de 1888, no se siguió el criterio de las provincias regidas por fueros especiales. Así, en el derecho civil común se entendió, en vez, que el usufructo viudal no termina ni porque el viudo no lleve una vida recatada y honesta ni porque contraiga nuevas nupcias. Tampoco finaliza este derecho por indignidad o por otros motivos particulares. Valverde nos explica las razones en las que se apoya este criterio:
[S]i a primera vista parece absurdo que participe de los beneficios de ella el cónyuge de segundas nupcias que viene a ocupar el lugar del fallecido, no obstante, razones superiores de moralidad aconsejan el aceptar el criterio de subsistencia de la cuota aun contrayendo segundo matrimonio.
Finalmente, los artículos 834 y subsiguientes del Código Civil español establecieron a favor del cónyuge viudo el derecho al usufructo de una cuota en la herencia del causante. Por otro lado, dicho cuerpo legal, que es, en esencia, igual al nuestro, guardó silencio en torno a las causas especiales para el cese o extinción del usufructo viudal.
Manresa ha expresado que el silencio del Código es, sin duda, prueba de que el legislador entendió que no era necesario usar la autorización que le otorgaba la Ley de Bases de 1888, para determinar las causas de extinción del usufructo viudal. Por el contrario, demuestra que los parlamentarios prefirieron equiparar este derecho a los demás usufructos y dejar subsistentes, respecto a éste, las causas generales de extinción del usufructo, en lo que sean aplicables. Cónsono con ello, los tratadistas Borrell y Soler afirman que “la causa más natural de extinción [del usufructo viudal] es la muerte del viudo usufructuario, pero puede también ocurrir por cumplimiento de condición resolutoria convenida en el título del derecho, por confusión o por renuncia”.
En Puerto Rico, hasta finales del siglo XIX, el derecho privado era organizado por estatutos particulares, como las Leyes de Indias, que regían en los territorios españoles de ultramar. Sin embargo, aunque el artículo 89 de la Constitución española de 30 de junio de 1876 mantuvo el principio de que “las provincias de Ultramar serían gobernadas por leyes especiales”, también autorizaba al Gobierno a aplicar a dichas provincias las leyes promulgadas o que se promulgasen en España, con las modificaciones que estimara pertinentes y dando cuenta a las Cortes. De este modo, “la obra más importante de la legislación española, el Código Civil, fue extendida íntegramente a la Isla” por Real Decreto de 31 de julio del 1889.
Poco tiempo después, en virtud del artículo II del Tratado de Paz o Tratado de París de 10 de diciembre de 1898, que terminó la Guerra Hispanoamericana, el Reino de España le cedió el archipiélago de Puerto Rico a Estados Unidos. Desde ese momento hubo una “alteración natural y comprensible en la orientación jurídica puertorriqueña”, pues aunque la estructura jurídica y gubernamental dejada por España se mantuvo durante el periodo del gobierno militar, eso es, entre 1898 y 1900, ésta fue alterada por medio de órdenes militares.
La Ley Foraker puso fin al gobierno militar y estableció en Puerto Rico el primer gobierno civil el 1 de mayo de 1900. Esta ley también ordenó la creación de una Comisión cuya encomienda era revisar y compilar las leyes de Puerto Rico en un corto periodo de tiempo que finalizaba el 12 de abril de 1901. Debido a la tardanza en nombrar los miembros de dicha comisión, éstos tuvieron sólo nueve meses para familiarizarse con la situación prevaleciente en la Isla, acordar los cambios que recomendarían y hacer su informe al Congreso. El informe de la Comisión, que recomendó cambios en las leyes existentes para “adaptarlas a los principios fundamentales del derecho americano”, fue sometido a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a principios del 1902. Además, otra comisión codificadora, creada en 1901 por una ley de la Asamblea Legislativa, también entregó su informe para esa fecha. El 12 de marzo de 1902, la Asamblea Legislativa aprobó el Código Civil de Puerto Rico. Este contenía algunas modificaciones importantes, entre éstas, los artículos 821 al 823 declararon al cónyuge viudo heredero en propiedad, sin disponer sobre la terminación de este derecho. Tres años después, la Ley del 9 de marzo de 1905 restableció íntegramente la doctrina del Código Civil español sobre el usufructo viudal.
Posteriormente, la Ley Núm. 48 de 28 de abril de 1930, enmendó más de cincuenta artículos que así modificados se incorporaron, con una nueva enumeración, al texto de otra edición de Código Civil de Puerto Rico. En dicha edición se incluyeron otras leyes civiles que antes no se encontraban en el Código. Sin embargo, los artículos 761 al 766, que regulan los derechos sucesorios del cónyuge viudo, se mantuvieron prácticamente inalterados.
Trazados los orígenes de los derechos sucesorios del cónyuge supérstite, precisemos la naturaleza de esta institución jurídica, conforme ha sido interpretada por la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal.
El artículo 736 del Código Civil dispone que son legitimarios del causante sus descendientes y, en ausencia de estos, sus ascendientes. También el cónyuge supérstite es heredero forzoso, pero su cuota es en usufructo. Por consiguiente, este tiene que concurrir a las operaciones particionales hasta que los herederos le satisfagan o conmuten su cuota, lo cual puede hacerse asignándole una renta vitalicia, los productos de determinados bienes o capital en efectivo. En otras palabras, hasta que no se haga la conversión, todos los bienes de la herencia estarán gravados por el usufructo viudal. Ahora bien, para que queden adecuadamente protegidos los derechos del cónyuge supérstite, se tomará en consideración el valor de los bienes de la herencia al momento en que se formalice la conversión o conmutación. Además, el viudo no es un extraño a la sucesión en lo que se refiere al retracto sucesoral.
Por otro lado, el derecho del viudo es exigible tanto en la sucesión testada como en la intestada. Además, el usufructo viudal puede atribuirse por el causante a cualquier título: herencia, legado, partición efectuada por el propio causante o por vía de reglas particulares dictadas por éste sobre la partición. Hemos afirmado que el suceso que da vida a este derecho es la muerte del causante. También hemos destacado que el usufructo viudal legal es la legítima del cónyuge supérstite, de la cual no se le puede privar por testamento, ni puede el testador imponer sobre ella carga o gravamen alguno, como, por ejemplo, que el viudo no contraiga nuevas nupcias. Ello es así, toda vez que “siendo vitalicio el usufructo viudal concedido, no hay más plazo ni condición que la vida del usufructuario”.
Explicado lo anterior, debemos resolver si en nuestro ordenamiento jurídico el usufructo viudal cesa o se extingue cuando el viudo o viuda contrae nuevas nupcias. Hemos visto que este asunto se consideró y discutió en la comisión que redactó el Código Civil español y, finalmente, prevaleció la posición de que el derecho al usufructo viudal no se extingue ni cesa por esa causa. También hemos visto que en aquellas jurisdicciones como Navarra y Aragón, donde las nuevas nupcias son causa para terminar el usufructo viudal, la ley foral lo dispone expresamente. Sin embargo, en el Código Civil español y, por consiguiente, en el nuestro, se optó por no hacer expresión alguna sobre la extinción del usufructo viudal. Por tanto, para conocer las causas de extinción del usufructo viudal debemos referirnos al articulado general de extinción del usufructo, que no contempla esta causal.
Por otro lado, como hemos podido observar, la filosofía que originó la figura del usufructo viudal universal y de la cuarta marital romana, que protegía a la viuda de la pobreza y tenía el propósito de mantener la unión familiar, ha evolucionado de acuerdo a los cambios sociales. En la época moderna, reconocemos que también se trata “de un derecho recíproco, moldeado al fuego del mutuo cariño… común a los dos cónyuges, [e] independiente de su estado económico de pobreza o riqueza…”. De esta forma, se reconocen los años de amor, sacrificio y convivencia del compañero o compañera. Por eso, el propio Código Civil consagró la calidad de legitimario que tiene el cónyuge supérstite, asignándole un derecho en la herencia del difunto. Cónsono con ello, según ya expresamos, nuestra jurisprudencia ha resuelto que el testador no puede privar a su cónyuge de su legítima ni imponer sobre ésta carga o gravamen alguno.
Finalmente, debemos mencionar otros dos artículos de nuestro Código Civil que se refieren a los derechos del cónyuge supérstite. El primero es el artículo 420, que exceptúa al cónyuge sobreviviente de prestar fianza respecto a la cuota usufructuaria que le corresponde en la herencia del otro cónyuge, siempre que los nudo-propietarios sean sus descendientes y mientras no contraiga segundo matrimonio. 31 L.P.R.A. sec. 1542. Véase, además: Artículo 421 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1543. Por otro lado, la reserva viudal, regulada en los artículos 923 al 935 del Código Civil, le impone al viudo o viuda que contrae nuevas nupcias, la obligación de reservar, para los descendientes del matrimonio anterior, la propiedad de los bienes que adquirió del causante, de los hijos de éste y de los parientes del difunto por consideración a éste, mediante testamento, sucesión intestada, donación u otro título lucrativo. Estas disposiciones confirman que la única consecuencia que el Código Civil asigna para cuando el cónyuge supérstite contrae nuevas nupcias surge en esta situación, para la cual adopta una norma específica. Habiendo previsto y regulado este supuesto en los artículos 421 y 923 al 935, antes mencionados, debemos concluir que la ausencia de condiciones al regular la vigencia de la cuota usufructuaria revela la intención de no sujetarla a condición alguna. Dado que el Código es un sistema coherente de normas, podemos deducir que las nuevas nupcias no son causa de extinción de los derechos sucesorios del cónyuge supérstite.
Más aun, sería antagónico que se le exigiera la fianza sobre el usufructo viudal al cónyuge supérstite que va a contraer nuevas nupcias y, por otro lado, se extinga dicho usufructo por razón del vínculo matrimonial. Así lo expresa el tratadista Manuel Albaladejo, refiriéndose al artículo 492 del Código Civil español, que es homólogo al 490 de nuestro Código Civil, al afirmar que:
[e]ste precepto, indirectamente, confirma que no se extingue por ulteriores nupcias el usufructo legal del cónyuge viudo, puesto que ellas sólo dan lugar a que el viudo deba prestar fianza.
La intención de los codificadores, la filosofía tras la figura del usufructo viudal y la interpretación lógica de todas las disposiciones del Código Civil demuestran que en nuestro ordenamiento jurídico el derecho de usufructo viudal no cesa ni se extingue cuando el cónyuge supérstite contrae nuevas nupcias. Ahora bien, según las disposiciones citadas, tendría que prestar fianza y reservar ciertos bienes para la descendencia de su anterior matrimonio.
Cuando murió doña Amelia, que conforme a nuestra jurisprudencia es el momento determinante para la concesión del usufructo viudal, ésta estaba casada con el señor Clavelo Pérez. Conforme a lo aquí resuelto, el matrimonio de el señor Clavelo Pérez, cinco años después de la muerte de doña Amelia, no extinguió el usufructo viudal. Por consiguiente, el señor Clavelo Pérez es acreedor a la cuota viudal usufructuaria.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se reinstala la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera Pérez concurre sin opinión. El Juez Asociado señor Martínez Torres está inhibido.
Posted on February 6, 2010 February 6, 2010 Author PopJurisCategories Derecho de obligaciones y contratos, Derechos Reales, Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto RicoTags usufructo, usufructo viudal
Previous Previous post: Domínguez Castro y otros v. E.L.A., 2010 TSPR 11, 177 DPR ____
Next Next post: Ley para crear la Comisión para la Implantación de la Política Pública relativa a las Personas Deambulantes, Ley Núm. 250 de 18 de agosto de 1998

References: artículo 89
 Real Decreto 
 artículo 736
 artículo 420
 Artículo 421
 artículo 492