Source: http://boletinlegalve.blogspot.com/2014/03/
Timestamp: 2018-07-16 23:41:24+00:00

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Boletín Legal Venezuela: marzo 2014
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 10:31 No hay comentarios:
Consecuencias del desistimiento del procedimiento y de la demanda en el proceso laboral
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/marzo/162147-0321-20314-2014-11-1027.HTML
Mediante sentencia N° 321 del 20 de marzo de 2014, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, diferenció lo que debe entenderse por desistimiento del procedimiento y de la demanda, conforme a lo establecido en los artículos 130 y 62, respectivamente, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo a los efectos de saber a cuál de ellas se les aplica la consecuencia de condenatoria en costas procesales.
A tales efectos, señaló que el desistimiento del procedimiento es el acto del demandante que extingue el proceso o renuncia a los actos del juicio, en estos casos se refiere a la no comparecencia a los actos relacionados con la audiencia preliminar, pudiendo presentar de nuevo la demanda a los 90 días continuos siguientes a que haya operado el desistimiento; mientras que el desistimiento de la demanda es la declaración unilateral del actor, por el cual renuncia a la pretensión que ha hecho valer en la demanda y, por ende, una renuncia al derecho subjetivo invocado en el proceso, por lo que no puede volver a presentar una demanda invocando la protección de esos derechos. En concreto, se señaló que:
“Es importante recordar que en materia procesal laboral, además de la posibilidad de desistir expresa y voluntariamente del procedimiento, se prevé legalmente el desistimiento tácito, como consecuencia de la incomparecencia a los actos orales. En efecto, al consagrarse un proceso oral y preverse en el iter procesal la realización de diferentes audiencias, las partes o una de ellas, según el caso, tienen la carga procesal de asistir a las mismas, siendo sancionado el incumplimiento de tal carga, por parte del actor, en el caso de la audiencia preliminar, con el desistimiento tácito del procedimiento.
La intención del legislador al establecer sanciones por el incumplimiento de esta carga procesal, en el caso específico de la audiencia preliminar, busca darle obligatoriedad a la comparecencia de las partes, con el objeto de garantizar y facilitar un primer encuentro ante el Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, quien estimula los medios alternos de resolución de conflictos, ello por mandato de la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Así las cosas, se precisa claramente del artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que la declaratoria del desistimiento de procedimiento, como consecuencia jurídica ante el incumplimiento de la carga procesal de comparecencia del demandante a la audiencia preliminar, extingue la instancia de pleno derecho, impidiendo el curso del proceso; sin embargo, es de destacar que la aplicación de esta consecuencia en modo alguno deja resuelta la controversia, ni constituye un medio de autocomposición procesal con efecto de cosa juzgada, toda vez que más adelante la norma permite al demandante proponer nuevamente la demanda después de transcurridos noventa (90) días continuos, quedando así viva la pretensión.
Bajo el contexto legal y doctrinario que antecede, considera esta Sala que el desistimiento de la demanda o más bien de la pretensión, es un acto procesal irrevocable del demandante, que en modo alguno requiere el consentimiento del accionado, el cual resuelve la controversia produciendo, a partir de la homologación del tribunal, el efecto de cosa juzgada, lo que impide cualquier proceso futuro sobre la pretensión abandonada.
De acuerdo con el sentido evidente que aparece reflejado del significado propio de las palabras del referido artículo 62, en atención a lo dispuesto en el artículo 4 del Código Civil, esta Sala pondera que la intención del legislador fue excluir la condenatoria en costas, cuando el desistimiento recaiga sobre el procedimiento, toda vez que en la norma solo se hace mención de la imposición de las mismas en caso de desistimiento de la demanda, cuyos caracteres y efectos son totalmente diferentes al primero. Así, siguiendo la literalidad de la disposición, la condenatoria procede ante el desistimiento de la demanda y de los recursos –lo que explica la obligatoria condenatoria en costas, en caso de desistimiento del recurso de casación, según lo dispuesto en el artículo 175 de la ley adjetiva laboral–, de modo que, pretender incluir el desistimiento del procedimiento, implicaría alterar el texto de la ley.
Pero además, en refuerzo de lo anterior debe recordarse que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, acogió en materia de costas procesales el sistema de vencimiento total de la demanda, como está contemplado en el Código de Procedimiento Civil promulgado en 1987, de manera que declarada con lugar o desechada la misma, en todas sus partes, el juzgador debe imponerlas obligatoriamente a la parte totalmente vencida, -esto es, sin posibilidad de exención por el arbitrio del juez-, lo cual deviene de lo dispuesto en el artículo 59 de la mencionada ley adjetiva laboral, cuyo tenor es el siguiente: “A la parte que fuera vencida totalmente en un proceso o en una incidencia, se le condenará al pago de las costas”.
Partiendo de tal previsión, cuya premisa fundamental se reitera es el vencimiento total, esta Sala considera que ante el desistimiento del procedimiento no se podría imponer costas al demandante, en virtud a que si se toman en cuenta las consideraciones efectuadas en acápites anteriores respecto a esta figura procesal, su declaratoria simplemente implica la extinción de la instancia, poniendo fin a la relación procesal, pero de ninguna manera deja resuelta la controversia, componiendo la litis, máxime si se atiende a la previsión del Parágrafo Primero del artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, conteste con la cual el demandante podrá interponer nuevamente la demanda, luego de transcurridos noventa (90) días continuos y, de resultar desestimada la pretensión, imperativamente procedería tal condenatoria”.
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 11:33 No hay comentarios:
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/marzo/162315-196-21314-2014-12-1292.HTML
Mediante sentencia N° 196 del 21 de marzo de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró el criterio establecido en la decisión Nº 1840 del 28 de noviembre de 2008 (caso: Hilda Licide Suárez Almeida), según el cual la incongruencia omisiva puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva cuando ésta se refiere a la pretensión de la parte en el juicio y no sobre meros alegatos en defensa de esas mismas pretensiones. En concreto, se afirmó que:
“Esta norma impone al juzgador la inexcusable obligación de pronunciarse sobre todos y cada uno de los alegatos y defensas opuestas por las partes so pena de incurrir en citra petita y lesionar con ello los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de las partes.
Bajo la perspectiva del criterio jurisprudencial citado, esta Sala pasa a examinar la sentencia dictada el 16 de marzo de 2005 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, objeto de la solicitud de revisión y, en este sentido constata que, en efecto, no existe un pronunciamiento expreso o que pueda deducirse de la motivación del fallo respecto de la pretensión laboral del ciudadano Rómulo Navas; asimismo, se verificó que la respuesta a tal pretensión no se desprende del contenido de la sentencia; igualmente se estima que ese era el momento en el cual el Juzgado Superior debía analizar, valorar y decidir dicha pretensión, en atención al principio de exhaustividad del fallo y a la tutela judicial efectiva, de modo que éste debió abarcar la totalidad de los alegatos y pretensiones de la parte en la causa con ocasión de la apelación interpuesta; en virtud de lo cual esta Sala Constitucional aprecia que la sentencia aludida, incurrió en citra petita o falta de pronunciamiento y en la consecuente vulneración de la doctrina de esta Sala sobre el vicio de incongruencia negativa del fallo; y así se decide”.
Nuevo criterio con respecto a la presentación del recurso de revisión constitucional
Mediante sentencia N° 196 del 21 de marzo de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, modificó el criterio con respecto a la necesaria presentación del recurso de revisión constitucional ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La modificación del criterio obedece a que de conformidad con el artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (G.O. Nº 39.483 del 09 de agosto de 2010), es posible presentar ese recurso ante cualquier tribunal que ejerza competencia territorial en el lugar donde tenga su residencia el solicitante, cuando su domicilio se encuentre fuera del área metropolitana de Caracas. Al respecto, se afirmó lo siguiente:
“Al respecto, este Alto Tribunal de la República había sostenido de manera reiterada que la solicitud de revisión tenía que ser presentada y fundamentada directamente ante la Sala Constitucional, no siendo posible remitir dicha solicitud a través de otros órganos como si se tratara de un recurso de casación o una tercera instancia, criterio que se había reiterado en las sentencias números 2.097 del 30 de octubre de 2001, 1.425 del 26 de junio de 2002, 1.223 del 19 de mayo de 2003, 730 del 30 de abril de 2004, 2.793 del 6 de junio de 2004, 3.397 del 7 de noviembre de 2005, 1591 del 10 de agosto de 2006, 419 del 13 de marzo de 2007, 466 del 28 de marzo de 2008, 655 del 27 de mayo de 2009, 747 del 8 de junio de 2009, 663 del 29 de junio de 2010.
De allí pues que, a pesar de que esta Sala durante un largo periodo sostuvo que no era posible interponer la solicitud de revisión ante otros tribunales, se abandona tal criterio, pues como lo señaló la sentencia arriba citada, lo dispuesto en el artículo 129 es aplicable a los procedimientos que no requieren sustanciación, entre los cuales se encuentra la solicitud de revisión; por lo tanto, resultaría admisible la posibilidad de interposición de solicitud de revisión presentada ante cualquiera de los tribunales que ejerzan competencia territorial en el lugar donde tenga su residencia el solicitante, cuando su domicilio se encuentre fuera del Área Metropolitana de Caracas”.
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Marzo/162109-RC.000140-19314-2014-13-623.HTML
Mediante sentencia N° 140 del 19 de marzo de 2014, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró el criterio establecido en la decisión Nº 438 del 21 de junio de 2007 (caso: Felice Calandriello Pizzo) según el cual, el diferimiento de 30 días para dictar sentencia al cual alude el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil debe hacerse para un día de despacho determinado (dentro de esos 30 días), de modo de que las partes tengan seguridad jurídica de saber el momento en qué comenzarán a corren los lapsos para interponer cualquier tipo de recurso. El anterior criterio también será aplicable a las decisiones que deban producirse en las incidencias a las que se refiere el artículo 607 eiusdem. En efecto se señaló que:
“Conforme al criterio antes transcrito que en esta oportunidad esta Sala reitera, puede el sentenciador diferir el fallo pero sólo una vez, independientemente de cual sea la naturaleza de la decisión, es decir, aun cuando se trate de decisiones que deban producirse en las incidencias a que se contrae el artículo 607 antes referido, por razones justificadas del tribunal.
En efecto, no prohíbe el legislador en el aludido artículo 607, que se pueda diferir el fallo por razones justificadas del Tribunal, razón por la cual, esta Sala considera que el juzgador de la causa sí podía diferir el fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, pues esta disposición también resulta aplicable a las sentencias que deban producirse en la sustanciación de una incidencia.
Por otra parte, esta Sala corrobora de la revisión de las actas del expediente que no se produjo el delatado vicio de indefensión, pues no consta en autos que la empresa Automercado La Loma C.A., -quien se encontraba a derecho al momento de producirse el auto de diferimiento en fecha 1° de marzo de 2007-, hubiera impugnado o apelado de tal actuación. Tampoco consta ni se ha alegado que se le haya limitado o impedido la interposición del recurso de apelación o su revocatoria, razón por la cual no evidencia este Alto Tribunal que se haya lesionado ni limitado el ejercicio de su derecho de defensa”.
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 10:23 No hay comentarios:
Gaceta Oficial: http://www.tsj.gov.ve/gaceta/marzo/1032014/1032014-3928.pdf#page=8
En la Gaceta Oficial N° 40.368 del 10 de marzo de 2014, se publicó el Convenio Cambiario Nº 27 dictado por el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública. El contenido de ese Convenio Cambiario lo puedes revisar aquí.
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 10:44 No hay comentarios:
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 7:55 No hay comentarios:
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/febrero/161637-127-26214-2014-11-0188.HTML
Mediante sentencia N° 127 del 26 de febrero de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró el criterio establecido en la decisión Nº 442 del 04 de abril de 2001 (caso Estación Los Pinos), según el cual el lapso de 30 días para que el Tribunal de Alzada decida la apelación ejercida contra una sentencia de amparo, es un lapso preclusivo para que las partes consignen cualquier escrito relacionado con la causa.
Además reitiró el criterio Nº 1689 del 19 de julio de 2002 (caso Duhva Angel Parra Díaz y Yender Halit Pineda Marquez), cuyo contenido se relaciona con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Criterio que precisó que el concepto de orden público se refiere a la amplitud en el que el hecho supuestamente violatorio que sirve de fundamento de amparo afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de al accionante.
Con respecto al fraude procesal, la Sala recordó los criterios establecidos en las decisiones Nº 910 del 04 de agosto de 2000 (caso Hans Gotterried), Nº 1085 del 22 junio de 2001 (caso Estacionamiento Ochuna, C.A.) y Nº 2749 del 27 de diciembre de 2001 (caso Urbanización Colinas de Cerro Verde, C.A.), con base a las cuales se puede concluir que el fraude procesal debe ser demandado a través de un juicio ordinario, ya que el juzgador necesita -para decidir- un importante aporte probatorio para formar su convicción necesaria. Excepcionalmente, es posible que las actuaciones en autos sean suficientes para dar como consumada tal actuación dolosa. Al respecto, se afirmó que:
“Todo lo anterior en criterio de quien juzga, constituyen indicios respecto a la mala fe con que actuaron tanto el ciudadano JOSÉ RUBÉN ALBISSINI MICHELANGELLI como la ciudadana Ruth Angelina Riani de Troconis (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 1346/13), para evitar que la sociedad mercantil AGRO REPUESTOS M.M., C.A., ejerciera los eventuales derechos de las pretensiones contenidas en los procesos identificados como 1 y 2 supra, en virtud de las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso por resolución de contrato de venta con reserva de dominio, incoado por la ciudadana RUTH ANGELINA RIANI TROCONIS, contra JOSÉ RUBÉN ALBISSINI MICHELANGELLI, que va dirigido a producir un perjuicio a un tercero con beneficio propio, mediante el cual se obtuvo sentencia declarada parcialmente con lugar y cuya consecuencia es la entrega material del bien mueble objeto de la referida resolución de contrato en detrimento de la hoy accionante en amparo.
Las anteriores consideraciones conducen a esta Sala Constitucional a afirmar que el juicio por resolución de contrato de venta con reserva de dominio incoado (el 26 de febrero de 2008) ante elJuzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de esa Circunscripción Judicial con sede en San Juan de los Morros, por la ciudadana RUTH ANGELINA RIANI TROCONIS, contra el ciudadano JOSÉ RUBÉN ALBISSINI MICHELANGELLI (expediente número: 6738-08), es producto de un acuerdo que se concertó para burlar los derechos e intereses derivados de la existencia previa de medidas cautelares sobre un vehículo automotor con las siguientes características: CLASE: Camión, Placas: 93TABI, SERIAL DE CARROCERIA: 8ZCJC34R65V342310, SERIAL DEL MOTOR: 65V342310; MARCA: Chevrolet; MODELO: C3500-Chassis C; AÑO: 2005, lo cual como ha sido declarado por esta Sala Constitucional en anteriores oportunidades, constituye un fraude procesal, al pretender utilizar el proceso, en este caso, en detrimento de un tercero ajeno al mismo, con infracción a sus derechos y garantías constitucionales.
En consecuencia, con fundamento en los artículos 11 y 17 del Código de Procedimiento Civil, conforme el sentenciador puede tomar las medidas necesarias tendentes a prevenir o a sancionar “las faltas a la lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética profesional, la colusión y el fraude procesal, o cualquier acto contrario a la majestad de la justicia”, a fin de evitar que el proceso se convierta en un fraude contra la administración de justicia, en resguardo del orden público constitucional conforme a los fallos citados ut supra, esta Sala estima, que debe declararse inexistente el juicio de resolución de venta con reserva de dominio intentado por la ciudadana Ruth Angelina Riani Troconis, contra el ciudadano José Rubén Albissini Michelangelli, por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros, por lo que se anula el fallo dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico el 8 de abril de 2008. Así se declara.
Ahora bien, esta Sala advierte que el a quo erró al declarar sin lugar el amparo toda vez que la pretensión del accionante -ello sin perjuicio de las potestades del juez constitucional conforme a la sentencia N° 7/00 de esta Sala- comportaba la denuncia tanto de la violación del derecho a la defensa desestimada como la de fraude procesal como fundamento principal de su acción, por lo que procedía la declaratoria con lugar de la acción de amparo interpuesta y en consecuencia la declaratoria de inexistencia del juicio antes mencionado, razón por la cual se revoca el fallo del 12 de noviembre de 2010 y su respectiva aclaratoria del 19 del mismo mes y año, dictado por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, mediante el cual se declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta. Así se decide”.
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 14:11 No hay comentarios:
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 13:50 No hay comentarios:

References: resolución 
 artículo 130
 artículo 62
 artículo 4
 artículo 175
 artículo 59
 artículo 130
 decisión Nº 
 artículo 129
 artículo 129
 decisión Nº 
 artículo 251
 artículo 607
 artículo 607
 artículo 607
 artículo 251
 decisión Nº 
 artículo 6
 resolución 
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