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Timestamp: 2017-11-21 01:02:34+00:00

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Desde nuestros archivos (107) Publicado el 23-02-2010 | U.P.T. :Unidad de los Pueblos y los Trabajadores
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2014/10/06 · 1:35 PM
Desde nuestros archivos (107) Publicado el 23-02-2010
https://unidadmpt.wordpress.com/2010/02/23/la-%e2%80%9cinstitucionalidad-ambiental%e2%80%9d-decide-la-suerte-de-mehuin/
Valparaíso.- La Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de Valdivia deberá tomar una trascendental decisión: decidir la aprobación o rechazo del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que la Planta Valdivia de Celco presentó –el 19 de febrero de 2009- con el fin que se le autorice construir un ducto que permita arrojar sus residuos tóxicos al mar.
Para ello se congregarán este martes 23 de febrero, a las 16 horas, en el Liceo Comercial de la citada ciudad los 22 miembros de esta Comisión, que estará presidida por el intendente (s) Francisco Mena.
Cabe considerar que la intención de Celco es descargar los desechos de sus procesos productivos (sulfato de aluminio, compuestos órganoclorados, grasas, entre otros) en la Bahía de Maiquillahue –donde se enclava la playa de Mehuín- para cumplir con lo solicitado a través de la resolución 377 de la Corema (de junio de 2005) que obliga a esta empresa a buscar un lugar alternativo para sus descargas, dado los devastadores daños provocados en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter –ubicado en el río Cruces- apenas iniciada la producción de pasta de papel el 8 de febrero de 2004.
Esa resolución obligó también a la industria a reducir su capacidad autorizada de producción en un 20%, así como elaborar un plan para recuperar el río Cruces.
La determinación que tomará la Corema es de la mayor relevancia puesto que el rechazo al ducto de Celco se ha convertido –junto a los conflictos por Pascua Lama e Hidroaysen- en la más emblemática de las luchas que han desarrollado las comunidades afectadas por la imposición de proyectos destructivos del medio ambiente desde que la Concertación de Partidos por la Democracia se hizo del poder el 11 de marzo de 1990.
Las comunidades costeras que rechazan el ducto y que se congregan en torno al Comité de Defensa del Mar temen –con justa razón- que de construirse este, su mar sufrirá similar conmoción que la verificada por el humedal del Río Cruces tras el arribo de Celco.
Desde fines de 2008 el Comité de Defensa del Mar está liderado por las comunidades lafquenches y su vocero Boris Hualme dado que los sindicatos de pescadores de Mehuín, tras 12 años de encabezar la resistencia, terminaron cediendo a las presiones y ofrecimientos de Celco, arriando sus banderas. Eliab Viguera –histórico defensor del mar de Mehuín- acompaña en la vocería a Hualme.
El rechazo al ducto experimentó un sorpresivo y valioso apoyo el pasado viernes 19, con el pronunciamiento unánime de las directivas provincial y comunal de Valdivia de la Democracia Cristiana, quienes emitieron una declaración en la que expresaron “la necesidad de rechazar la aprobación del sistema de conducción y descarga al mar de los efluentes de la Planta Valdivia, intensificar las inversiones por parte de la empresa para el tratamiento terciario de sus riles y el mantener y ampliar los sistemas de monitoreo de los efectos en el Santuario de la Naturaleza”.
La Democracia Cristiana considera “indispensable” considerar el daño social, económico y ambiental que podría traer la colocación de un ducto de residuos tóxicos en el mar. “La costa de Mehuín se caracteriza por su poca profundidad siendo notable por su ubicación litoral hacia el este, lo cual puede influir en un mayor grado de residencia de sus aguas y, por ende, favorecería la acumulación de sustancias exógenas con peligro de daño para todo el sistema vivo que aloja”. El documento estaba suscrito por 14 dirigentes y personalidades de dicho partido entre las que destacaban el ex rector de la Universidad Austral Carlos Amtmann; el presidente provincial del PDC Gonzalo Espinoza, su similar a nivel comunal Omar Assef. Además de los concejales de Corral Moisés y Carlos García; así como la concejala de Mariquina María Cristina Epuante.
Este llamamiento había estado precedido por uno similar emanado por el departamento de acción social del Obispado de Valdivia que fue emitido por su titular Roberto Giubergia el mismo 19 de febrero: “La autoridad no debe olvidar que Celco ya ha provocado un conflicto social de envergadura al comprar la conciencia y la voluntad de un grupo de pescadores, para oponerlos a sus propios hermanos y vecinos de la defensa al mar. Por tanto, no seamos cobardes testigos de lo que puede convertirse en un conflicto de mayores envergaduras si se pretende confrontar a esforzados hombres de mar y comunidades Lafkenche con ideales, sueños y costumbres, con un grupo de pescadores que pretende sacar provecho económico de las circunstancias recibiendo dinero mal ganado de parte de Celco”.
Y agregó: “Con fuerza seguiremos apoyando la defensa del mar, que es también la defensa de la Creación de Dios”.
La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), emitió una declaración de apoyo a la defensa del mar y en rechazo a la pretensión de arrojar el ducto. En conversación con este redactor, Cosme Caracciolo, secretario general de esta organización, expresó que “la Corema tiene la obligación moral y legal de impedir que el desastre ecológico provocado por Celco en el Santuario del Río Cruces, se reproduzca ahora en el mar”. Caracciolo apuntó a que “la Constitución consagra el derecho de todos los habitantes de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el que sería vulnerado en caso de aprobarse este proyecto”.
En relación al apoyo que sus pares de Mehuín le están dando a la construcción del ducto, el dirigente sostuvo que “ellos están amarrados por un contrato inmoral firmado con Celco por medio del cual esta empresa les pagará en caso de lograr construir el ducto”. Caracciolo acusó a los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos de haber apoyado las pretensiones de la empresa sin importarles las consecuencias ambientales ni sociales que esta produciría.
El rechazo al ducto es sostenido también por otras agrupaciones de pescadores artesanales que podrían verse afectadas de construirse el ducto en Mehuín. Se trata del Sindicato de Pescadores Artesanales de Queule -localidad costera ubicada tres kms. al norte de Mehuín- que es presidido por Patricio Olivares, y por la Federación Provincial de Pescadores Artesanales del Sur (Fipasur) que es liderada por Marcos Ide. Este, en una declaración dada a conocer este lunes 22 de febrero, sostiene que el ducto “debe quedar donde está y solo se debe mejorar la
tecnología”. Ide criticó duramente la labor de la prensa valdiviana en particular al Diario Austral al que acusó de favorecer en sus informaciones a Celco y ocultar el pensamiento contrario a esta empresa.
En la vereda del frente se encuentra la Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín (Fepacom) que es encabezada por Joaquín Vargas. Este fue a la Intendencia Regional de los Ríos -el pasado 16 de febrero- a entregar una carta dirigida al titular de esta repartición Francisco Mena (subrogante) con el fin de respaldar la construcción del ducto. En su misiva sostienen que “durante 16 años nos opusimos a la instalación del ducto. Pero, con la misma convicción, tomamos la decisión de iniciar un diálogo con la empresa, cuando nos dimos cuenta que solamente nosotros estábamos representando los intereses de las familias de Mehuín y la costa de Mariquina, pues había muchas personas que tenían otros intereses, distintos a este conflicto y que no les importaba el desarrollo de nuestra comunidad”.
Boris Hualme, en declaraciones dadas a la prensa en Valdivia el pasado 17 de febrero, restó toda importancia a la posición de Vargas: “las opiniones de Fepacom están compradas”, aseguró.
Acción por los Cisnes ha solidarizado activamente en las comunidades costeras y ha mantenido su rechazo a la construcción del ducto. Este lunes 22 la vocera de este movimiento Ximena Rosales formuló un llamado a las autoridades regionales de la Corema a rechazar el ducto de Celco.
Afirmó que el verdadero interés de Celco es aumentar su capacidad de producción y de descarga de residuos tóxicos lo que se hará más factible si el ducto está en el mar.
Rosales aseguró que la citada resolución 377 de 2005, “fue un error que el tiempo se encargó de demostrar”.
Fundamentó: “Luego de casi 5 años de esta resolución, donde se supone que la empresa ha invertido en mejorar sus tratamientos de aguas, el río sigue en la misma condición y los censos de aves al interior del santuario son un indicador de que no hay la prometida recuperación”, expresó.
En las horas previas a la trascendental decisión, se pronunciaron también en contra del ducto los presidentes comunales del Partido Socialista en Lanco y Los Lagos, Francisco Bascur y Richard Ibáñez respectivamente.
Ellos expresaron, a través de una declaración pública dada a conocer este lunes 22, que “los pobladores mapuche-lafkenche corresponden a población protegida según el artículo 11, letra E de la Ley 19.300 (medio ambiente), artículos de la Ley 19.253 (indígena), así como del Convenio 169 de la OIT”. Los mencionados dirigentes recuerdan que en el artículo 6 del mencionado acuerdo internacional -que tiene vigencia plena en Chile desde septiembre pasado- se establece la obligación de realizar una consulta a las comunidades indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas susceptibles de afectarles directamente (autorización del ducto), “lo cual ha sido omitido por la empresa, no cumpliendo con este Convenio internacional que tiene rango constitucional” .
El Comité de Defensa del Mar
En entrevista con este redactor, Eliab Viguera denunció que “todo el proceso que ha permitido la autoridad ambiental de la región llevar adelante el proyecto del ducto está viciado”. Viguera fundamenta esta apreciación al sostener que Celco no hizo los estudios requeridos para realizar el EIA. Sostiene que no existen los documentos que acrediten los zarpes de las embarcaciones participantes en la colección de muestras. Dice que no se ha establecido la identificació n del personal que habría operado a bordo de las embarcaciones; Añade que en el EIA no aparecen las fechas exactas de la instalación y ubicación de los correntómetros, fechas de levante de los correntómetros y embarcaciones autorizadas para la ocasión.
Viguera señala que de aprobarse el proyecto en estas circunstancias, en las que –en su parecer- no se ha considerado la aplicación del convenio 169 de la OIT, que obliga al estado a consultar de buena fe a las comunidades indígenas, “se cometerán actos ilegales de parte del gobierno a través de la Corema Regional, lo que sin duda nos llevará a levantar demanda en contra de una resolución de calificación ambiental aprobada.
Explicó que existiría un escenario favorable para su causa, puesto que hace un mes la Corte de Apelaciones de Temuco anulo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la Corema de la Araucanía que autorizaba la piscicultura Palguín por no considerar la aplicación del Convenio 169 en vigor, que ordena la consulta a las comunidades indígenas afectadas por proyectos de inversión privada o pública, como se precisa en los artículos 6 y 7 de dicho Convenio.
El vocero dice que también cuentan con herramientas relacionadas con las pertenecías marítimas: “hemos puesto a trámite vastos sectores costeros a través de la ley 20.249 (ley lafquenche) que crea los espacios costeros marinos de pueblos originarios (ECMPO). Relata que estas solicitudes ya han paralizado las concesiones marítimas que Celco solicita en la bahía de Mehuín, esto, acogiéndose al artículo 10 de la citada ley, que ordena “suspender cualquier tramitación de solicitudes que afecten el espacio costero marino de pueblos originarios, hasta que se resuelva su uso consuetudinario o reclamen con un recurso de reclamación. Esto quiere decir que las comunidades indígenas tienen preferencia en la tramitación del espacio costero”, afirma Viguera.
La ley que crea el ECMPO tiene por objeto proporcionar la administració n del borde costero a las asociaciones de comunidades indígenas para la protección de los recursos marinos, de la biodiversidad y la protección de los lugares ancestrales de uso indígena.
Estos argumentos le dan pie a Viguera para señalar que “aunque se resuelva una RCA favorable a Celco, esta empresa no tiene donde instalar su ducto, pues para ello necesita la concesión marítima, y sobre el espacio marino de los pueblos originarios ¡no podrá ser!”, exclama con fuerza.
Consultado acerca de la situación en la zona de conflicto, después de que en los últimos años y meses se han producido numerosos incidentes que han derivado en heridos y detenidos, Viguera expresó que “después de la apuesta de Celco por comprar la dignidad de la mayoría de los pescadores de Mehuín, y de los hechos de violencia comandados por los dirigentes de la Fepacom, se ha producido una tensa calma, que es derivada de una estrategia de Celco de hacer creer que el conflicto terminó ya que los pescadores de Mehuín aceptaron el ducto por lo que los defensores del mar perseguirían otros intereses, pero esto es solo un distractivo, para ocultar su verdadera apuesta. Celco continua con la estrategia de comprar conciencias. Ahora se traslada hasta las comunidades indígenas de la zona, a través de agentes directos con el relacionador publico Iván Chamorro, que buscan lograr que las comunidades desistan de las peticiones de los espacios costeros (como lo hizo con la comunidad Rayen Lafken de Maiquillahue) que son la piedra de tope para el ducto”.
En 1995, la Forestal Arauco –mejor conocida como Celco- del grupo Angelini, hizo público su interés por instalar en Valdivia una fábrica de celulosa, que sería la más grande de Sudamérica. La inversión estimada: mil 300 millones de dólares. La Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) ofreció a la Celulosa dos posibilidades para arrojar los residuos industriales líquidos: el Santuario del río Cruces, previa purificación de los fluidos. O simplemente el mar. La empresa optó por la segunda alternativa.
El 30 de mayo de 1996 la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) aprobó la instalación de la celulosa en el Santuario del Río Cruces. Ese mismo día Celco anunció que los residuos industriales líquidos (riles) serían descargados en Mehuín. La decisión la tomaban por una razón economicista: la construcción del ducto costaba 40 millones de dólares. La planta terciaria que necesitan edificar para depositar sus residuos en el Santuario, valía tres veces ese valor.
La respuesta de la comunidad costera fue feroz. Encabezada por los sindicatos de pescadores artesanales fue apoyada también por comunidades mapuche-lafquenches de una amplia faja costera.
La estrategia de ellos fue simple aunque implicó grandes sacrificios: impedir la realización de los estudios técnicos necesarios para la confección del EIA. Consideraron entonces que la institucionalidad ambiental chilena era permeable al cabildeo de las empresas y que los EIA eran un mero formalismo para justificar la instalación inconsulta e insustentable de los proyectos. El tiempo les daría la razón.
Aunque Celco ofreció el oro y el moro, no consiguió comprar voluntades. Optó entonces por hacer, sin el consentimiento de la comunidad, sus estudios en la bahía de Maiquillahue.
En agosto de 1997 se verificó lo que se ha conocido como el “combate naval de Mehuín”. Un centenar de funcionarios técnicos y marineros contratados por Celco intentó llegar a la zona de prospecciones en dos barcos que portaban lanchas Zodiac. Fueron detectados por los vigías de los Comité de Defensa del Mar apostados sobre estratégicos acantilados. Pescadores de varias localidades salieron a hacerles frente armados de hondas y palos. Atacaron a los invasores. Hubo enfrentamientos y heridos. Después de varios intentos, la empresa desistió.
La resistencia retrasó el proyecto 5 años. Finalmente la empresa volvió a su idea original que era instalar el ducto en el Santuario sobre el río Cruces.
Es importante mencionar que cuando la Planta Valdivia de Celco –ubicada a 8 kilómetros de San José de la Mariquina- comenzó a funcionar el 8 febrero de 2004, lo hizo sin contar con la recepción municipal de obras, ni las autorizaciones sanitarias requeridas por la normativa vigente. Se violaba de esta manera la resolución ambiental, que viabilizaba el proyecto.
A poco de comenzar a producir pasta de papel, el 8 de febrero de 2004, comenzaron los malos olores que levantaron la alerta entre los habitantes de San José de la Mariquina, Lanco, Loncoche y Valdivia. Con esto quedaba rápidamente en entredicho la promesa de Celco –mencionadas en el EIA- de que “las emisiones de esta planta no serán detectables por el olfato humano en los lugares poblados aledaños al sitio del proyecto”.
En octubre de 2004 los efectos adversos de esta planta se volvieron nefastos: la colonia de cisnes de cuello negro más grande del mundo, que habitaba allí, sucumbió ante el embate de masas enormes de sulfatos y deshechos clorados. En un informe -de febrero de 2005- la CONAF dio a conocer que en el Santuario del río Cruces quedaban apenas 289 cisnes de los 6.000 censados en el mismo período de 2004.
Un estudio de la Universidad Austral descubriría que la empresa utilizaba ductos clandestinos para arrojar en el santuario elementos tóxicos que no había declarado en su EIA.
El Santuario Anwandter era un humedal de importancia internacional adscrito a la Convención Ramsar. El Estado chileno tenía el compromiso de mantener sus condiciones ecológicas, según convenio firmado en 1981 y que es ley de la República.
Un informe de la Universidad Austral de Chile, entregado en diciembre 2004, daba cuenta que los cisnes murieron de inanición, a causa de la ausencia de una planta acuática, el luchecillo, que era su principal alimento. Este vegetal desapareció por una excesiva concentración de metales pesados en el sedimento del río.
No sólo los cisnes murieron. Centenares de especies vegetales y animales fueron afectadas. El daño se volvía irreparable.
Ante la evidencia, la COREMA de la Región de los Lagos, decidió el 18 de enero de 2005 el cierre indefinido de la planta. En su fundamentació n acusaba a Celco de haber aumentado en más de 100 mil toneladas anuales de producción de celulosa respecto de lo que se le había permitido; haber vertido residuos industriales en el río con temperaturas que superaban por amplios márgenes las autorizadas; haber usado pozos para extraer agua sin la debida autorización ambiental; haber descargado mezclas de aguas de refrigeración en ductos de aguas lluvias; entre otras irregularidades.
El 17 de febrero 2005 la COREMA autorizo a Celco a reabrir la planta bajo el compromiso de aceptar la realización de dos auditorías externas, una diaria y otra anual; de permitir un monitoreo permanente de su funcionamiento; a inhabilitar el ducto de descarga no autorizado y no producir por encima de las 550 mil toneladas.
Respecto del tema de donde verter los fluidos, el entonces presidente Ricardo Lagos Escobar, propuso una solución: “tiene que haber una forma definitiva de resolver el problema de los residuos a través de un ducto que llegue al mar” (La Segunda, 5 de agosto de 2005). Mehuín aparecía otra vez como la lógica candidata, por distancia y costos, para ser depositaria de los residuos mortíferos de Celco.
Hoy la “Institucionalidad Ambiental” deberá decidir si corregir decisiones anteriores que gran daño han provocado. O, si por el contrario, optará por enmendar rumbos, y darle un descanso a una ciudadanía que ha debido entregar muchos años de su vida a luchar por vivir en un ambiente libre de contaminación.
Corresponsal revista Proceso – México
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“En la página del informe del Hunter—dice el Dr. Simon en su dictamen sanitario oficial—se acredita cuán deficiente es la cantidad y cuán mísera la calidad de la vivienda de nuestros obreros agrícolas. Desde hace muchos años, el estado de la vivienda de estos jornaleros ha venido empeorando progresivamente en ambos sentidos. Hoy, es para ellos un problema mucho más difícil seguramente que desde hace siglos encontrar viviendas, y cuando la encuentran, es siempre insuficiente para sus necesidades. Sobre todo desde hace veinte o treinta años, el mal ha ido creciendo vertiginosamente, y en la actualidad las condiciones de vivienda del campesino son deplorables en el más alto grado. Fuera de los casos en que aquellos que se enriquecen con su trabajo entienden que merece la pena tratarle con un poco de compasión y de indulgencia, el campesino vive en el mayor desamparo, en lo que a vivienda se refiere. El que encuentre o no en la tierra que trabaja un techo que le albergue, el que este refugio sea un poco humano o un cubil de cerdos, el que tenga o no un pequeño huerto que alivie un poco las estrecheces de la miseria; todo depende, no de que quiera o pueda pagar una renta prudencial, sino del uso que otros hagan del derecho a disponer de su propiedad como s eles antoje. Por grande que sea la finca cultivada, no existe ninguna ley que obligue a levantar en ella un determinado número de viviendas obreras y a que éstas sean un poco decentes, por la misma razón, sería necio esperar que las leyes reservasen al bracero del campo ni el derecho más insignificante a la tierra, que necesita de su trabajo como del sol y de la lluvia…Y aún hay una circunstancia notoria que viene a poner en el platillo de la balanza un peso más abrumador en contra suya: la acción de la ley de beneficencia, con sus normas sobre residencia y los gravámenes que impone para el tributo de pobreza*…
*Pie de página*: En 1865 esta ley se corrigió un poco. La experiencia no tardará en demostrar cuán poco sirven estos retoques chapuceros.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 6
 resolución 
 Resolución 
 artículo 10
 resolución