Source: http://caracazo1989.blogspot.com/2008/04/
Timestamp: 2017-11-19 10:12:27+00:00

Document:
27 de Febrero: abril 2008
El Turbió del 27F
La dimensión de los hechos
Antecedentes socio-políticos
Autoridades y militares designados
El costo de un programa de reforma
El descontento se manifiesta
El turbión del 27F
La irracionalidad del caos
Orden y democracia
La intervención de las Fuerzas Armadas
Organizados para cumplir
El Plan Ávila
Las FAN restituyen el orden
“La ley es el origen de todo bien y su obediencia es el primer y fundamental deber del soldado. La Constitución de la República se hace para el bien común de sus ciudadanos e instituciones. Si en su observancia y obediencia hay algo equivocado, cambiarlo es deber del Poder Legislativo. Las Fuerzas Armadas, en situaciones de conflicto externo o interno, están sujetas a un ordenamiento legal que les determina el modo, tiempo y forma de actuar para cumplir con sus deberes constitucionales en beneficio de su país. En conflictos internos su “IMPERATIVO” es el restablecimiento del orden público a solicitud de las autoridades civiles legítimamente constituidas.”
Cuando la formación recibida durante la mayor parte de nuestra existencia está dirigida a obedecer y a mandar, el concepto que se tiene sobre la vida es orden. Las cosas son como son y están donde deben estar. No hay espacio para dudas, ni para el desorden. Ni para leyendas.
Soy un convencido de que los vacíos en la historia hay que llenarlos. Del desconocimiento y del vacío histórico nacen las leyendas. Aspiro llenar un vacío en la historia. Uno de esos que se presta para que a su alrededor se tejan leyendas. El vacío que ha quedado desde el 27F fue dejado por toda la dirigencia política que tuvo participación en esos acontecimientos. Incluyéndome. Y estuve allí. En donde se tomaron las decisiones, en donde se analizaron las consecuencias y donde se asumieron las responsabilidades.
Los periodistas escribieron varios aspectos de mi versión acerca de lo ocurrido. Me hicieron algunas entrevistas. Sin embargo, hasta ahora, no he abundado por escrito sobre esos días que marcaron a la nación entera y a mi mismo profundamente. Aún pasados tantos años, no es fácil describirlo, pero lo considero un compromiso. Un deber con mi familia, con mi país, con la historia.
Aún a riesgo de que el contenido de este libro sea interpretado como un despropósito, he querido hacerles conocer la parte de esta historia, tal como yo la viví. Habrá quienes lo tomen como una explicación o justificación ante el pueblo y no es así. Escribo por la cuota de responsabilidad de mi participación. Como un protagonista que estuvo en silencio voluntario.
¿Pero… por dónde comenzar? ¿Cómo iniciar este relato? Describo acontecimientos. Lo ocurrido en el pueblo y lo que sucedió en el núcleo de la toma de decisiones para resolver la crisis. Expongo el resultado de los análisis realizados sobre los orígenes y causas del conflicto y sustento los fundamentos legales de los partícipes de la solución. No es una tesis de carácter metodológico, pero sí menciono nombres, cargos, leyes y reglamentos que considero deben ser de conocimiento público. Quiero ofrecer la oportunidad para que se conozcan lineamientos que son rutinas para los militares y que la mayoría de los civiles ignora. Esas disposiciones legales que rigen las actuaciones dentro de la estructura democrática y que se omiten como si fuesen tabúes.
Es mi opinión. Con todo lo que encierra el término: juicio, sentimiento y parecer, de un venezolano cuya circunstancia histórica le hizo participar el 27F, colocado en papel protagónico.
Los disturbios ocurridos en Venezuela el 27 y 28 de febrero de 1989, no son únicos ni extraños en la historia de la Humanidad. En mayor o menor intensidad, ocurrían a menudo similares situaciones en las primeras civilizaciones.
Los pueblos, unidos por sus costumbres y valores, delimitaron un territorio y decidieron delegar en unas determinadas personas la defensa de la vida y bienes propios y de su familia frente a las amenazas y agresiones de integrantes de la misma comunidad o de invasores de pueblos vecinos. El ejercicio de la defensa de la vida y propiedad de los ciudadanos, suponía el uso de una fuerza superior y suficientemente armada capaz de inhibir conductas delictivas o de reprimirlas si era preciso. La progresiva institucionalización de esa decisión comunitaria de delegar, en un grupo de personas, el uso de la fuerza persuasiva o represiva, dio paso al denominado poder político. Las sociedades organizadas decidieron crear lo que hoy se conoce como Estado. Quedaron establecidos como elementos fundamentales del Estado: pueblo, territorio y poder político.
Con el avance evolutivo de tiempos y costumbres, se llegó a la figura del
Estado Constitucional o Estado de Derecho, conforme al cual toda decisión, toda acción adoptada por el poder político debía circunscribirse a lo previsto en la Carta Constitucional y demás leyes que de ella derivaran, sobre cuyo contenido asienten, respetan y acatan los miembros de esa sociedad.
Aunque la supervivencia de los primeros Estados en el mundo y de las sociedades que amparadas por él, aspiraban a una paz y seguridad duraderas, se caracterizaba por la constante intervención del poder político; es decir, por el ejercicio del poder de coacción y la utilización de las armas que son monopolio del Estado, para resolver situaciones conflictivas que se producían en los pueblos. Hoy día esas circunstancias se pueden catalogar de excepcionales. La razón es que a medida que las sociedades se desarrollan, surgen nuevos retos que debe afrontar y resolver el poder político: salud, educación, economía, vías de comunicación, transporte colectivo, relaciones internacionales, tecnología y medio ambiente.
No obstante, el poder político, incluso para cumplir y hacer cumplir los nuevos cometidos estatales cuenta con el poder de coacción, que ejerce por medio de la policía administrativa: vigilancia de las ciudades; tránsito; o de la fuerza armada: contrabando, fronteras, conflictos externos e internos.
Venezuela como país independiente y soberano, inicia su ya larga vida como nación bajo las premisas del Estado Constitucional o Estado de Derecho.
La intervención del poder político para resolver situaciones de conflictos externos e internos, son excepcionales pero no improbables. Sigue siendo la justificación y el cometido esencial de todo Estado.
Lo es también del Estado venezolano según consta en el primer párrafo del preámbulo de la Constitución de 1961, bajo cuya vigencia ocurren los lamentables sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989. El legislador expresa que esa Carta Magna sienta las bases de la institucionalidad política venezolana:
"con el propósito de mantener la independencia y la integridad territorial de la nación, fortalecer su unidad, asegurar la libertad, la paz y la estabilidad de las instituciones".
El uso de la fuerza pública, entendida como el poder de coacción, preventivo o represivo, está siempre presente y actuante en el seno del Estado. El poder es también responsabilidad del Presidente de la República, quien bajo el imperio de la Constitución de 1961 y ahora de la Constitución de 1999, es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
Un triunfo de la institucionalidad del Estado venezolano, cuya historia republicana desde su nacimiento y ya bien entrado el siglo XX se caracterizó por la presencia de montoneros y caudillos militares como condicionantes de la vida política, lo constituyó el hecho de que en la Constitución de 1961 se consagrara la absoluta supeditación, jerárquicamente mediante una disciplina férrea a la autoridad civil de la fuerza armada.
En la Constitución de 1961, se produce una franca armonización de los tres poderes civiles de la República, a objeto de salvaguardar la paz y la seguridad ciudadanas, tantas veces amenazada a lo largo de la historia nacional, por vía de la insurgencia, de la guerrilla, de las rebeliones y de otras manifestaciones que con mayor o menor intensidad se produjeron a lo largo de la vida democrática que se inició en enero de 1958.
En ese lapso, absolutamente breve si se compara con otros períodos de la historia político-constitucional venezolana, las Fuerzas Armadas no sólo se mantuvieron fieles a la institucionalidad republicana, sino que actuaron disciplinadamente bajo la suprema autoridad jerárquica de la autoridad civil, ejercida por el Presidente de la República en su condición de
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, según lo consagraba el ordinal 3o del artículo 190 constitucional.
El apego a las normas constitucionales venezolanas y el respeto a los derechos humanos y a los propósitos fundamentales de todo Estado, fundamentado en los valores de la ley, la paz y la seguridad ciudadanas, constituyeron la orientación fundamental de la actuación de las Fuerzas Armadas durante los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989. Por ello las bajas en vidas ciudadanas, como consecuencia de la acción represiva a la violencia y el vandalismo, no sólo resultó inferior a las esperadas si tales actos hubieran continuado sin control, sino que fueron producto del ejercicio de una fuerza proporcional a la repelida, como es mandato y honor de todo militar. En los saqueos y protestas, quienes fueron sus actores: pueblo espontáneo, incitadores organizados, francotiradores y hampa común, utilizaron fusiles automáticos livianos, sub ametralladoras UZI, rifles de varios calibres, escopetas, chopos de fabricación casera, pistolas, revólveres, bombas molotov, armas blancas y armas contundentes: bates, palos, cabillas.
El Estado actuó armónica y orgánicamente como es su deber. Mediante las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y por los órganos de ejecución de los cuales disponen, cumplieron con los
mandatos constitucionales de un Estado orgánico e integrado con separación plena de los poderes. Como lo contempla la Constitución, el Ministerio de la Defensa, a través de su Ministro, fue el órgano de ejecución, para aplacar la violencia desatada. El Ministro no actuó ni tomó “motu propio” decisiones de ninguna índole. Actuó acatando las disposiciones constitucionales que establecen la subordinación del poder militar al poder civil: al Presidente de la República como Comandante de las Fuerzas Armadas.
La evolución social de Venezuela había sido lenta antes del desarrollo de la industria petrolera. A partir de allí se aceleraron los cambios. Una serie de transformaciones marcó el paso de aldeas rurales a ciudades. Cada gobierno, dentro de sus gestiones no exentas de corruptelas, dejó aportes significativos en beneficio del pueblo. Hacia la mitad del siglo XX, en Caracas, las escuelas públicas atendían con esmero a los alumnos en sus necesidades. Había programa de alimentación complementaria, enfermería, ropero, capellán, laboratorios. Eran colegios de una altísima calidad en la enseñanza, que competían con la educación privada superándola en algunos casos. En esas escuelas y liceos se educó mucha de la dirigencia política contemporánea del país. Al mismo tiempo, cuando el pueblo se enfermaba acudía a los hospitales públicos, que eran instituciones bien dotadas, comparables a las clínicas privadas. Esa había sido la costumbre del venezolano promedio de los años treinta hasta cerca de los sesenta. Pero este estado de cosas no permaneció como tal en la década de los setenta.
En la década de los ochenta se produjo una constante y continua caída del salario real. A partir del mes de diciembre de 1988 se comentaba con marcada frecuencia e insistencia cierta debilidad e indolencia por parte de las autoridades competentes frente a las, cada vez más notorias y descaradas, acciones de acaparamiento de los productos básicos de la alimentación diaria del venezolano. Con ello se creó un desabastecimiento ficticio de los mismos con fines netamente especulativos. Esta situación afectaba directamente a toda la población en general y en lo particular, golpeaba con mayor dureza a las clases más necesitadas creándose con ello un caldo de cultivo de rabia, de impotencia y de irritación. Igualmente, en los meses finales del año 88, eran comunes las críticas, sobre toda América Latina y en especial sobre nuestro país, hacia las políticas económicas de la CEPAL que favorecían la intervención excesiva del Estado en las actividades económicas del mismo. Según los críticos, esta ingerencia desproporcionada del estado había sido considerada como nociva, perjudicial y causante de todos los males de nuestras economías, acrecentando en consecuencia la miseria, el desempleo, la inflación y la baja productividad. Se hacía necesaria una revisión, un cambio. Era absolutamente necesario hacer transformaciones en una serie de aspectos.
He repasado la Venezuela previa al 27 de febrero. Había plena paz social y una democracia que era modelo para América Latina. El presidente del recién finalizado gobierno, Jaime Lusinchi, culminó su mandato con un altísimo porcentaje de aprobación popular. No existían presos políticos, ni perseguidos por sus creencias políticas. En diciembre del 88, durante los comicios presidenciales, se produjo la más baja abstención en la historia electoral del país. El presidente electo obtuvo más de cuatro millones y medio de votos.
La nación había elegido, frente a los otros candidatos, a un presidente que ganó con un proyecto que contenía una serie de cambios estructurales en la economía nacional anunciados en su propuesta electoral. Muchísimos venezolanos, entre ellos quien eso escribe, compartíamos este proyecto de modelo económico.
El nuevo mandatario designó Ministro de relaciones Interiores a don Alejandro Izaguirre; Ministro de Justicia a Luis Beltrán Guerra y Gobernador del Distrito Federal a Virgilio Ávila Vivas. Por su investidura de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas procedió a nombrar el Alto Mando Militar designando Ministro de la Defensa al GD (ej) Italo del Valle Alliegro; Comandante del Ejército GD (ej) Jesús Mara Troconis Peraza; Comandante de la Armada VA Francisco Alvarado; Comandante de la Aviación GD (av) José Aveledo Penso; Inspector General de las FAN GD (av) Julio Torres Uribe; Jefe del Estado Mayor Conjunto VA Carlos Larrazábal; Comandante de la FAC GD (GN) Luis Contreras Laguado.
En general había tranquilidad y expectativas por el inicio de un nuevo período de gobierno, por lo tanto no era predecible un cambio tan violento como el que se presentó dos meses después. Ese mismo pueblo que decidió en las urnas electorales sale a la calle en una manifestación violenta de repudio, contra todo, y contra todos. Esa explosión social del 89 hizo aflorar el profundo descontento general, acumulado en el trasfondo, que no había sido leído por los gobiernos.
El 16 de Febrero de 1989, el Presidente de la República anunció un programa de ajustes macroeconómicos, con aplicación inmediata de un conjunto de medidas tales como: liberación de los precios de prácticamente todos los productos, excepto algunos correspondientes a la cesta básica; aumento gradual de las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua, gas, teléfono; liberación de las tasas de interés activas y pasivas en el sector financiero; “tasa de interés de cambio flotante de acuerdo al mercado”; aumento gradual aunque inmediato, de los precios de los productos derivados del petróleo: gasolina, diesel, aceites; incremento de la tarifa del transporte público; congelación de cargos de la administración pública; modificación en el sistema de aranceles; el proceso de reprivatizaciones y finalmente aquella que ya había sido aplicada por gobiernos anteriores sin que nada sucediera, pero que esta vez sucedería: la amenaza de desabastecimiento y el aumento de los precios del aceite, la
harina de trigo y derivados. El brusco anuncio sorprendió a todos, pues no sólo se liquidaba a RECADI (oficina creada para operar el Régimen de Cambios Diferenciales), “símbolo de corrupción” para sustituirlo por un cambio único flexible, sino también los subsidios y la exoneración para la importación de bienes. Eso entusiasmaba a quienes anhelan transparencia en el manejo de la economía, no así las medidas que iban a dinamitar las bases del nuevo e incompleto quinquenio.
No se evaluó lo pertinente de las medidas, sino la estrategia de su inmediata aplicación sin haber preparado a la población. Tampoco disponían de autoridades con experiencia política y social, aunque estaban ampliamente capacitados y experimentados en el aspecto técnico económico.
El pueblo estaba desconcertado. En palabras de la periodista Elizabeth Araujo, en su reportaje de ese día ‘El día que el FMI asustó a todo el País’, recoge la reacción de varios entrevistados y llega a la conclusión de que “en realidad no fue fácil extraer una gota de optimismo en la calle” Sus entrevistados expresaron comentarios como éste: “imagínate un huevo a cinco bolívares, ciento ochenta bolívares la leche en polvo”, “la situación no puede ser más espantosa”. En primera página del cuerpo D de ese mismo
día y diario, se leían declaraciones del presidente Pérez donde aseguraba “Enfrentaré errores y omisiones del pasado de manera definitiva”.
El 18, entre los titulares de El Nacional que abrieron el cuerpo D se leía, Aumento de gasolina arrancará el día 26. La nota, de Omar Lugo, anunciaba que el aumento de los precios de los combustibles generaría diez por ciento de la inflación global anual y que incidiría sobre los costos de transporte en treinta y cinco por ciento y sobre los costos de carga en veinte por ciento.
En su nota Dólar único sin control de cambios Amado Fuget explicaba las implicaciones de la nueva política cambiaria y el desmontaje de RECADI.
Se anunciaba también Liberadas las tasas de interés, que serán pactadas entre la Banca y el cliente aclarando que los créditos hipotecarios, las tasas de redescuento, anticipo y operaciones financieras se fijaron en 23 por ciento excepto para las actividades agrícolas cuya tasa era 7 puntos más bajas. Pero un trimestre después de la liberación, las tasas quedaron fijadas entre el Ejecutivo y la Banca en 28 por ciento.
El 19 un policía de la Metropolitana disparó por la espalda a un estudiante de ingeniería de la UCV, de 23 años, el cual presuntamente estaba
involucrado en un acto delictivo y se había dado a la fuga al ser detenido. Las heridas le produjeron la muerte.
El Nacional publica en su cuerpo D el día 20 la entrevista de Agustín Beroes a Miguel Rodríguez donde éste afirma que “el gobierno sólo reconocerá 40% de deudas del sector privado” .
En la página D-4 de El Nacional se publicó el discurso que Antonio Ledesma pronunciara durante los actos de celebración del Día de la Juventud, una semana antes titulado por mera coincidencia “La juventud está insatisfecha”.
El 21 se reseñan los disturbios que el día anterior hubo alrededor de la Universidad Central y un empleado de la Facultad de Medicina murió al ser alcanzado por un proyectil en el momento de que se presentó un choque entre la Policía Metropolitana y un grupo de encapuchados que controlaba las entradas al recinto universitario por la plaza Las Tres Gracias y el Hospital Universitario.
El miércoles 22, seis días después del anuncio del plan de ajustes, el diario El Nacional desplegaba en sus titulares: “La oposición derrotó a AD en Diputados al discutirse la Carta de Intención que se firmará con el FMI”;
“MAS: las medidas tendrán un efecto súper inflacionario”; Curiel: “COPEI se opone a las medidas económicas”.
Collage de primeras páginas de EU y EN
Mientras la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, concertaba con Fedecámaras una ley salarial, los modernizadores de la economía suponían que aquellas no pasaban de ser las típicas reacciones contra el “régimen anterior”, y confiaban en una Venezuela nueva.
La fachada de todos estos cambios, de todos estos ajustes, fue desmejorando con la carta de entendimiento, la llamada carta de Washington, en cuyo diseño participaron calificados economistas, entre ellos algunos latinoamericanos, que venía aplicándose en varios países en donde comenzaban a verse sus frutos.
Desde el denominado “viernes negro” la moneda nacional, el bolívar, se había depreciado en poco más de 900%. Ese día el dólar se situó en 39,45.
El preludio de los acontecimientos era un país encendido, colmado de problemas y situaciones inconclusas.
A la semana de conocerse el plan de ajustes, el día 23, el diario El Nacional recogía en primera página noticias como éstas: “Venezuela suspende pagos de deuda externa privada”; “Prohíben importar bienes suntuarios”; “Cordiplan: El Congreso no tiene que aprobar la Carta de Intención”; “Sin clases seis millones de estudiantes”.
El 23 aparece como noticia firmada por Iris Castellano en El Nacional “Congelar matrícula en privados proponen padres y representantes” y hace una descripción de la difícil situación que enfrenta la clase media para darle educación a sus hijos, viéndose en la obligación de pagar cuotas elevadas dentro de su presupuesto familiar. Piden intervención del Estado para que controle la situación.
En Mérida se generalizaba la violencia. Se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y policías y algunos comercios fueron apedreados.
En El Universal, el panorama nacional se resume en sus titulares de primera página: Aprobado subsidio para viviendas adquiridas hasta febrero de
1989, Préstamos por 900 millones de dólares concederá el Banco Mundial este año, Aumento salarial es de 32% promedio, Consejo Supremo podría organizar elecciones municipales en meses…en el Congreso la comisión interpartidista analizará el sistema de votación adoptado y la reforma a la Ley del Sufragio, Afirma la nueva Ministra de Hacienda: Sólo después de firmada con el FMI se hará pública la carta de intención.
En el cuerpo 1-12: Hoy y mañana paro del Magisterio,1-16: El presidente Pérez ordenó Iniciar discusión de las cláusulas salariales del contrato colectivo de los maestros.
1-25: Se cumplió paro de tribunales. Ocho mil trabajadores acataron el paro nacional de 4 o 5 días; Fedecámaras y la CTV discutirán los ajustes salariales sin que incidan en prestaciones sociales.
En la sección de opinión 1-4 Henry Cotte Velasco analiza la Libertad económica de las medidas y señala que 26 productos de la cesta familiar aumentaron y el costo de la vida aumentará 50%.
Estaba en marcha y a gran velocidad lo que Pérez calificó como el Gran Viraje. Es así como sin haberse vendido y divulgado acertadamente al país las nuevas medidas que afectarían la orientación de nuestra economía, apenas a 10 días de la primera y única explicación televisada sobre el
programa de cambios, era aplicada como primera medida el aumento de los precios del combustible. Se ha dicho que el aumento del precio de la gasolina y, en consecuencia, el aumento del servicio de transporte público fueron los detonantes del descontento popular. Eso pudo haber influido y fue mal manejado por el sector político. Y aquí me incluyo, porque formaba parte del poder político. No eludo responsabilidades, me las llevaré a la tumba. Pero tampoco aceptaré cargar con las que no tengo.
Yo no era miembro del gabinete económico, pero participaba en él. Y si bien estuve de acuerdo en la aplicación de los ajustes económicos que se planificaron, también es verdad que consideré que debían ser acompañados de mayor profundización. Consideraba necesario explicarle al país cuáles eran los cambios, el por qué de los cambios, cómo se iban a implementar estos cambios y cuáles eran las consecuencias que podían traer.
Eso no se hizo. Criticaban mi posición y llegaron a calificarme como el defensor de los pobres. No tuve oposición en cuanto a lo que se iba a hacer. Pero sí tuve objeciones en cuanto al momento y a la oportunidad de hacerlo, porque estaba convencido de que no era el momento. Se debía vender esta idea repetidamente. Porque las circunstancias no estaban dadas para entender este tipo de cambios en la forma en que se estaban proponiendo.
Durante el gobierno anterior se habían comenzado los cambios y se fueron haciendo en forma gradual. No se habían hecho de una sola vez.
Mi recuerdo de la reunión del gabinete económico*, de ése gabinete donde se discutió el aumento al precio de la gasolina, es muy claro. Y está grabado. Expresé que era inoportuno el momento para el aumento de la gasolina y del transporte. El entonces ministro de energía, Celestino Armas, insistió en que había que hacerlo inmediatamente. Le sugerí que esperara hasta el final de la quincena, cuando la gente tiene dinero en los bolsillos porque acaba de cobrar su salario. Él respondió: No. Eso hay que hacerlo hoy mismo. Sin saberlo, premonitoriamente, le dije: Entonces, el próximo cementerio de Caracas se va a llamar Celestino Armas. ¡Y no era porque no estaba de acuerdo con las medidas! ¡Es que no era el momento de aplicarlas!, insisto. No se tomó en cuenta al Alto Mando Militar, para escuchar sus opiniones sobre las reacciones que pudiesen ocurrir. La discusión sobre la aplicación de estas medidas, antes de ejecutarlas, debió ser amplia y prolongada en todos los sectores. Esa era mi posición.
El día viernes 24 de febrero de 1989 en Guarenas, ciudad satélite distante unos 20 kilómetros al este de Caracas, específicamente en el Terminal de pasajeros, se generaron acciones de protesta por parte de los usuarios del transporte interurbano. No aceptaron un incremento exagerado y no autorizado en las tarifas correspondientes al servicio prestado por los conductores de las unidades. Estos conductores habían considerado que el aumento de 30% en las tarifas, que les autorizó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, no era suficiente para compensar otros aumentos en los costos causados por concepto de repuestos, neumáticos, gasolina y otros rubros de la cesta básica. Consideraban justo elevar 80% el costo de las tarifas. Y así lo hicieron. Cuando se iniciaron los disturbios en Guarenas, que no eran propiamente disturbios, sino pequeñas manifestaciones contra el sindicato de transporte, no se les prestó suficiente atención por parte del sector político.
En medio de la protesta hizo acto de presencia el gobernador del Estado Miranda, Ángel Zambrano, acompañado de otros funcionarios. Fue el único
personaje que se hizo presente en el lugar. Muy preocupado, se reunió con los jefes de transportes y medió en el conflicto. Sostuvo un diálogo conciente y logró una tregua por parte de los conductores de los autobuses, haciéndoles saber que el aumento del combustible no los iba a afectar a ellos. Les explicó que el aumento no incidiría en el precio de los repuestos. Zambrano logró convencer a los sindicalistas de que hablaran con los personeros del gobierno y les prometió una reunión para el siguiente domingo, donde los políticos les explicarían lo que estaba sucediendo. Inmediatamente gestiona reuniones con las autoridades del MTC.
Ese día la primera página de El Universal destaca “Paralizado el debate sobre medidas económicas” COPEI se retira de Diputados hasta tanto no se presente la Carta de Intención con el FMI; A partir del domingo suben 40% tarifas de libres y por puestos; Fuerte caída de acciones en la Bolsa; Continúa impasse sobre sistema para elecciones municipales; Senado aprobó investigar hechos irregulares en siete empresas del estado INH, Bandagro, Foncafe, Cordiplan, Fundandes y Recado; CTV pide incrementos de 50% para trabajadores que ganen hasta 10.000 bolívares.
En las páginas interiores 1-15 el rector de la UCV Luis Fuenmayor Toro hace un análisis de la situación en que se encuentra la universidad como
guarida de delincuentes, estudien o no en ella: “Los encapuchados son terroristas cobardes que se refugian en el régimen autonómico”; 1-15 Se cumplió primer día del paro educacional; 2-18 Comenzó huelga de médicos en Monagas; Finaliza toma de la sede de Foncafe en San Cristóbal, tomada por caficultores hace 45 días; En Anzoátegui paralizados costosos equipos de investigación en la Universidad de Oriente; 4-31 Golpes, atropellos y detenciones por parte de Jueza que hacía embargo en Los Palos Grandes; en Yaracuy En peligro 75 viejecitos, Miembros de un sindicato tomaron un ancianato en San Felipe. Los tomistas demandaban el pago de su quincena e impidieron que atendieran a los internos del asilo.
El Nacional hace conocer a sus lectores que La carta de intención incluye impuesto a las ventas.
El 25 El Universal anuncia que finalizó el paro tribunalicio, que la CTV y Fedecámaras no han llegado a ningún acuerdo sobre aumento salarial y que el Banco Mundial invertirá recursos en Venezuela.
El Nacional destaca que la ciudad de Mérida está bajo control de las Fuerzas Armadas; que la policía va sobre las oficinas de Recadi; que hay paro médico en Monagas.
El domingo 26 de febrero entra en vigencia el aumento, previamente anunciado, en el precio de los combustibles.
Entre los titulares de El Nacional, Pedro Tinoco, presidente del Banco Central dice que Suspenderemos pagos del capital y los intereses; otros titulares En vigencia nuevos precios de la gasolina; Aumentaron 30 por ciento por tres meses los precios de la gasolina; Venezuela ofreció plantas eléctricas a Guyana.
Los transportistas esperaban la reunión con representantes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Pero los dejaron esperando. Del gobierno, nadie fue a esa reunión. Se acaba el fin de semana y las reuniones no se dan, quedan postergadas para el lunes. La Cámara de Transportistas decide convocar un paro del servicio para el lunes 27.
En los momentos iniciales de la crisis, algunas de las nuevas autoridades, evidenciaron enormes carencias en cuanto a un verdadero liderazgo
personal así como también de capacidad para el manejo de la misma. El Gobernador del Distrito Federal para la fecha, Virgilio Ávila Vivas, posiblemente por inexperiencia en el ejercicio de sus atribuciones legales, incluyendo el uso de la fuerza pública y otros recursos, no evaluó adecuadamente el conflicto iniciado cuarenta y ocho horas antes, en Guarenas, descuidando la planificación y consecuentes medidas preventivas a fin de impedir que se extendieran a la capital. Del domingo 26 al lunes 27 sólo transcurrieron 24 horas y al final de las cuales la chispa incendiaria alcanzó a Caracas.
El turbión del 27F o Las turbias aguas del 27F
Al mediodía del 27 la ruta interurbana Guarenas – Caracas prácticamente se paraliza y los usuarios del servicio de transporte inician simultáneamente en los terminales de ambas ciudades violentas acciones de protesta. Están obligados a cubrir la ruta hacia Caracas, donde están sus fuentes de trabajo. Las horas no laboradas no son remuneradas. Quienes de alguna manera lograron llegar a Caracas tampoco podrían regresar a Guarenas, su ciudad dormitorio, para alimentarse, descansar y reiniciar el ciclo al día siguiente.
La impotencia, ante el abuso de los transportistas y ante la apatía de las autoridades, se transformó en ira. Toda la furia contenida consiguió un drenaje. Abierta la válvula de escape a la presión contenida, se expande el eco. Rápidamente se suman las protestas en Caracas y en otras ciudades del interior. Aumentaban de intensidad en forma vertiginosa y el caso fue insuficientemente atendido por las autoridades civiles.
A mitad de la tarde, las escasas autoridades y agentes del orden público son totalmente desbordados.
Los estudiantes, molestos por el desconocimiento de los conductores del pasaje estudiantil, que representa un descuento que necesitan, se suman a las protestas y se sientan en medio de las avenidas, sobre el pavimento. Son muchos y están pacíficos alrededor de El Nuevo Circo y de la UCV. A las cinco, aparecen piquetes de la Policía Metropolitana que arremeten contra los manifestantes. Cerca de Parque Central muere una estudiante durante los disturbios. En la morgue de Bello Monte ya se había registrado la muerte de otras cinco personas, por armas de fuego.
Esa misma tarde comienza la quema de unidades de transporte público, pertenecientes a pequeñas empresas privadas y a algunos conductores propietarios de sus unidades. La protesta viene ahora acompañada de acciones vandálicas, de saqueo, destrucción e incendio de vehículos particulares y de transporte público y de locales comerciales.
El sistema de transporte masivo subterráneo, el Metro de Caracas, cierra operaciones dejando una multitud de usuarios atascados en el centro de la ciudad. Caracas está semiparalizada dentro de la misma agitación.
El uso indiscriminado de la violencia se generaliza en los alrededores del Terminal de pasajeros del Nuevo Circo e igualmente en toda la zona del centro de Caracas. Las casuchas que fungen como pensiones en los
alrededores del Nuevo Circo se convierten rápidamente en depósitos de mercancías y artefactos eléctricos obtenidos durante los saqueos a los locales comerciales de esa zona central.
La Policía Técnica Judicial (PTJ) informa a su superior inmediato haber observado a un grupo de motorizados dirigiendo y propagando acciones de violencia, particularmente a lo largo de la avenida Bolívar, al frente de la misma sede de dicho cuerpo judicial. La DISIP* y la DIM* no produjeron ningún tipo de alerta, sin embargo, pudo conocerse que los grupos de comando de esas organizaciones de inteligencia actuaron esa noche.
Los hospitales públicos, muchos de los cuales dependen de la gobernación del Distrito Federal, ese mismo día 27 de febrero recibieron gran cantidad de heridos por diversas causas.
La medicatura forense, en cumplimiento de su obligación legal, realizó el levantamiento de numerosos cadáveres, los cuales fueron trasladados a la morgue de Bello Monte quedando constancia de ello según lo informó el Ministro de Justicia en la interpelación que posteriormente le hiciera la Comisión de política interior de la Cámara de Diputados.
Las malas noticias se propagaban velozmente y con ellas se desataban la violencia, el robo y el saqueo en diferentes puntos de la ciudad. Para la
media noche, a lo largo de la avenida Lecuna y en varias de sus calles transversales, los locales comerciales en su mayoría, habían sido saqueados y destruidos. Muchos de ellos fueron también incendiados.
En la avenida Andrés Bello, la tienda por departamentos, proveeduría de los empleados públicos, esa noche fue totalmente saqueada y destruida por habitantes del cercano barrio Santa Rosa. De esta tienda no quedó nada. De su depósito fueron sacadas diez mil cajas de whisky, electrodomésticos, muebles, ropa. Toda la mercancía.(Ilustrar)
Iguales acciones de saqueo y destrucción ocurrieron esa noche en el amplio recorrido de las avenidas: Sucre y Pérez Bonalde de Catia; San Martín, Baralt, Lecuna, Andrés Bello, Libertador, Francisco de Miranda a la altura de Chacao y Petare. El oportunismo caracterizó el pillaje en sectores y barriadas de todos los puntos cardinales de la ciudad incluidos La Florida, San Bernardino, Sarría, Pinto Salinas, Lídice, Los flores, Gramovén, Santa Cruz, Alta Vista. En el Litoral Central se produjeron disturbios en las parroquias de Catia la Mar y Maiquetía. Igualmente en Guarenas.
Esa tarde y la noche del 27 de febrero de 1.989 quedaron caracterizadas por acontecimientos de tal magnitud y con efectos y consecuencias tan fatales, como no se habían presentado en el país en los últimos veinte años.
A un par de meses de habernos mostrado al mundo como una democracia sólida y consolidada, los sucesos de febrero y marzo de 1989, con sus revueltas callejeras y medidas de emergencia, pusieron en entredicho nuestra lucida estabilidad política y prolongada paz social, reconocida internacionalmente por más de dos décadas.
Habían pasado 15 días de la toma de posesión del gobierno de Carlos Andrés Pérez, quien ganó las elecciones con el mayor número de votos que presidente alguno haya ganado en el país, hasta el presente… Y se dan unos estallidos de esa naturaleza ¿Cuál era el descontento previo entonces? Porque… si hubiese habido un descontento previo de esa magnitud, no habrían acudido los ciudadanos a las elecciones. Habría habido una gran abstención. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo explicar un estallido social no previsto por nadie con la violencia que presentó? ¿Representaba el comienzo del final de la Venezuela conocida hasta ahora?
Hay cantidad de variables presentes, donde causas y efectos parecen entrecruzarse trayendo como consecuencias resultados no previstos ni deseados por nadie, mas aún cuando en su análisis, interpretación y diagnóstico posterior privan factores de carácter particular y político que distorsionan la realidad de lo ocurrido con el discurrir del tiempo.
Para mí, lo acontecido fue el resultado de un acelerado desgaste que se venía produciendo en la sociedad venezolana, entre una estructura económica cambiante y unas relaciones políticas incapaces de manejar las inmensas contradicciones existentes generadoras de frustraciones y descontento. La dirigencia política de los treinta años precedentes, con la acumulación de errores cometidos, intrigas, pactos, traiciones y cinismo, puso al descubierto su deterioro ético y moral. Se le cayó la máscara y dejó ver un erosionado y débil liderazgo político.
La turba, inicialmente movida por el efecto general de las medidas económicas sobre su economía personal, reaccionó de acuerdo a sus intereses individuales. Ante la impunidad sobre el delito, con el saqueo decidió proveerse mientras le fuera posible, por la vía fácil, de bienes que le eran poco accesibles a su nivel ingreso personal. Al romperse las normas campeaba el desorden. La masa aprovechó la oportunidad para crear nuevas reglas de juego donde la convicción de sentirse con derecho sobre cualquier clase de bienes, básicos o suntuosos, era lo primordial. No importó el medio o modo de obtenerlos.
Desaparecieron las barreras morales y daba lo mismo asaltar la quincalla del sector, aún a sabiendas de que el dueño era un vecino, que una gran
tienda por departamentos cuyos propietarios se encuentran diluidos en las grandes corporaciones capitalistas y en los altos estratos de la sociedad.
El anonimato hizo más audaces a los que se convirtieron en delincuentes incidentales, ya que sintieron la seguridad ante la ausencia de castigo. Un pequeño porcentaje del pueblo hizo eco al dicho vulgar “que no me den, que me pongan donde haiga”. La facilidad de esconder lo saqueado, mientras no hubiese autoridad que reclamara la propiedad ajena, contribuyó al incremento de los delitos durante las primeras horas. La cercanía tendió un puente entre los escondrijos y los comercios desvalijados. Fueron vistos muy pocos vehículos con mercancías desplazándose por las calles. En esta primera reacción espontánea masiva, el oportunismo caracterizó el pillaje.
El oportunismo también caracterizó a las minorías extremistas, disidentes, guerrilleros, terroristas, anarquistas y resentidos inmersos en las ciudades, organizados, preparados, armados, esperando aplicar sus recetas contra los esquemas políticos elegidos e impuestos por las mayorías. Tuvieron su oportunidad y le sacaron provecho de inmediato.
Se hizo evidente que la serie de factores que se venía acumulando desde el punto de vista social, no había tenido una válvula de escape, porque no se había dado el motivo. No se había dado la justificación. Esto se dice rápido y fácilmente, hasta que se analiza. No tengo elementos de juicio ni pruebas suficientes como para calificar los sucesos acontecidos más allá de lo que es una reacción espontánea.
Era mi forma de pensar tanto mientras ocurrían los hechos, como al final de mi gestión como Ministro. Ni los organismos de seguridad del Estado, ni mis análisis personales permitieron calificar la movilización de masas de esos días como una movilización política, sino como una reacción propia de la psicología de masas. Percibí que fue un estallido espontáneo de la población. Posteriormente, al paso del tiempo, con el cúmulo de
información revisada, surgieron dudas sobre lo que afirmé en un primer momento. Los informes que llegaron de múltiples y diversas fuentes, sin intereses comunes, reflejaban como resultado evidente que había un conductor o varios, que sacaron provecho del descontento del pueblo, capitalizándolo y convirtiéndolo en lo que vivimos.
No podría asegurar que hubo una organización previa detrás del movimiento de masas. Sería una irresponsabilidad de mi parte decirlo, porque no lo comprobé. Sin embargo, con el transcurrir de los años y con la cantidad de información que hemos podido revisar, es indudable que detrás del 27 F hubo una organización a posteriori y quizás una inicial.
Hubo simultaneidad en los acontecimientos que se dieron en las principales ciudades del país y en todas sus zonas. Los sucesos ocurrieron al mismo tiempo, en todas partes.
Aquel desfile de grupos motorizados, vestidos con chaquetas o camisas del mismo color, como identificándose entre ellos, que organizaban y conducían a las masas hacia los saqueos, que llevaban herramientas para romper rejas, candados, forzar puertas de seguridad, que abrían paso y se marchaban sin participar, hace pensar que hubo una organización.
El cierre de la avenida Bolívar, que fue despejado en la madrugada por una unidad del batallón de ingenieros de las fuerzas armadas, tenía detrás una organización. Porque ¿quién hizo eso allí? ¿Público que se convierte en turba? parece escalar al ámbito de una protesta organizada. Al comienzo fue una protesta encendida, posteriormente orientada y aprovechada por activistas subversivos, quienes se aprovecharon del estado de indefensión general existente para convertir los brotes de inconformidad en pillaje.
Reconozco que en aquellos aciagos días no logré o logramos identificar un liderazgo u organización que superase al del hampa común, aprovechada del anonimato de la masa. O, en menor medida, la de una escasa vanguardia revolucionaria que creyó ver cristalizadas las condiciones objetivas de las que les habla su manual y actuó impunemente, hasta que se enfrentó al organismo con el cual nuestra Constitución dota al Estado para detener la violencia y restablecer el orden público.
Estas dudas no surgieron sólo en mí. Hubo muchos conocedores de la conducta y comportamiento humanos que percibieron móviles ajenos a las masas. Y opiniones de analistas y columnistas de prensa. Cito algunas de ellas:
- El Dr. Hugo Fonseca Viso para la época Presidente de FEDECAMARAS, diez años después, tituló su artículo en el diario El Nacional “Violencia provocada” y escribía: “Mucho se ha comentado, interpretado y, sobre todo, especulado con lo sucedido el 27 y 28 de febrero de 1989. A diez años de los hechos es necesario puntualizar: A las protestas iniciales por el aumento del precio del transporte en Guarenas, siguieron desórdenes en Caracas que no fueron espontáneos. Estos demostraron la existencia de una organización previa a los disturbios. Organismos de seguridad detectaron movilización de agitadores del interior hacia la capital los días anteriores a los sucesos. Las primeras manifestaciones violentas en las paradas del transporte público fueron provocadas por personas que actuaban coordinadamente, lo cual fue seguido por acciones dirigidas a entorpecer el tráfico de vehículos e iniciar saqueos. En todo esto se pudo observar la presencia de bandas de motorizados y de peatones que sabían lo que iban a hacer. A Fedecámaras llegó una turba dirigida el lunes 27 a las 5 de la tarde.
No fue una rebelión. No fue una manifestación masiva, porque el número de participantes que tomó parte en estos hechos representó un porcentaje mínimo de la población. La impunidad y negligencia de las
autoridades policiales que protegió a los primeros saqueadores, hecha imagen a través de las pantallas de televisión, estimuló la incorporación de mayores contingentes al vandalismo...
…Se ha tratado de criticar y establecer responsabilidades a las Fuerzas Armadas por su actuación. Es fácil a “posteriori”, lejos de lo acontecido, señalar con el dedo. Al respecto quiero resumir lo siguiente:
1. -Actuaron en cumplimiento de la ley.
2. -No es su culpa que el poder civil no se haya ocupado de organizar fuerzas antimotines, dotadas y equipadas para actuar en este tipo de acontecimientos.
3. -Muchas muertes ocurrieron en el intercambio de disparos que provocaron elementos subversivos, francotiradores apostados en sitios estratégicos en las barriadas caraqueñas. Estos fueron los responsables de esas muertes violentas. Pero eso se calla acomodaticiamente.”
Entre las razones que contribuyeron a la expansión de los disturbios está la crisis que envolvía a la Policía Metropolitana. Estaba prácticamente en huelga. Era evidente el estado de rebelión, desorganización e insubordinación en que se encontraba la policía sin que sus responsables directos, órganos de comando, hubiesen tomado los correctivos del caso ya que tenían conocimiento de la situación. Eran notorias las carencias de los organismos policiales y de inteligencia con que contaba el Estado. Por sus carencias internas. De equipo, de formación, de moral, de liderazgo… La policía metropolitana estaba especialmente afectada por problemas graves. Sus niveles altos de mando estaban asignados a personas ajenas a la jerarquía ganada por el esfuerzo de los componentes del cuerpo. El número de sus efectivos, su disciplina, grado de entrenamiento y dotaciones la hacían muy vulnerable para actuar debidamente y cumplir eficientemente con las labores del restablecimiento del orden público.
Algunos de sus funcionarios tuvieron una conducta ambigua mientras ocurrían los hechos. Son muchos los testimonios de personas que vieron
algunos policías como participantes y colaboradores en los saqueos o como actores pasivos o convidados de piedra.
No se actuó con rapidez para canalizar los primeros brotes de manifestaciones. La Guardia Nacional, organismo entre cuyas funciones en ese entonces estaba el mandato sobre los cuerpos policiales del país, no actuó en el momento que debió actuar. Así, un conflicto que pudo ser detenido oportunamente, se extendió.
Hacía mucho tiempo que Venezuela no vivía una situación de este género, quizás desde la época de Castro, no se había vivido una situación de este tipo, donde se perdió por completo el control. Donde desaparecieron prácticamente todos los liderazgos, inclusive muchas autoridades civiles desaparecieron del escenario. Esa fue otra de las fallas importantes. ¿Dónde estaban los líderes de los partidos políticos? Y no me refiero a los presidentes de los partidos, sino a todos. Los líderes de los partidos políticos de todos los niveles ¿qué se hicieron? Hubo carencia y ausencia inexplicable de los líderes y conductores de los diferentes partidos, llamados del status, que se dedicasen a la tarea de orientar las acciones de su militancia para que desistiesen de las alteraciones que se estaban presentando. ¿Por qué no salieron ellos a las calles a canalizar estos
desórdenes por el sendero de la paz y del reclamo? Pero desde el reclamo democrático, canalizando toda esta violencia. ¿Dónde estaban esos líderes políticos? ¿Dónde se metieron?
La virulencia con que se dieron los saqueos se extendió por toda la ciudad. Tampoco fueron atendidos con la necesaria celeridad. Eso es algo que asumió el gobierno dentro de sus responsabilidades.
El historiador Alejandro Mendible resume así lo ocurrido: “La gravedad de los sucesos motivó una hondada de comentarios tendiente a racionalizar la magnitud de la ‘falla geológica’ que había determinado ‘el estremecimiento del sismo humano’. De tal manera que para Uslar Pietri simplemente se produjo ‘una orgía de saqueos indiscriminados, sin ninguna justificación política determinada’; para Prieto Figueroa ‘una explosión popular cuyo signo es la toma de conciencia (...) por donde camina la liberación del pueblo’; para Manuel Caballero “los acontecimientos (...) se inscriben dentro de cierto tipo de ‘poblada’, muy comunes en las sociedades preindustriales y que algunos historiadores tienden a clasificar como las ‘revueltas del hambre’, diferentes a las huelgas económicas e incluso a las insurrecciones de los primeros obreros fabriles”. Y a esas clasificaciones, Mendible añadirá algunas
interpretaciones, “mas o menos triviales, de términos como “motín”, “explosión social”, “sacudón”.
Emití la "orden preparatoria" en previsión a la activación completa del Plan Ávila, a las 20:00 hrs. (8 p.m.) procediéndose de inmediato con acuartelamiento tipo "B".
A las 21:00 hrs. (9 p.m.) se reúne el Estado Mayor del Comando Estratégico, presidido por el General de Brigada (EJ) Oscar Roviro Villamizar y con la presencia del Oficial de Operaciones, Coronel (Ej) James Prato Navas y los demás miembros del Estado Mayor (EM).
A las 22:00 hrs. (10 p.m.) el Jefe del Comando Estratégico emite la "orden preparatoria" a los diferentes comandantes de los agrupamientos definidos en la organización prevista para la ejecución del Plan: General de Brigada (Ej) José de la Cruz Pineda comandante del agrupamiento "Bolívar", sector noroeste; Coronel (Ej) Fabio Ramón Figueredo comandante de la agrupación "Monagas", sector sureste, Coronel (Ej) Miguel Fuguet Smith comandante de la agrupación "San Martín", sector noreste.
A las 23:00 hrs. (11 p.m.) el comando de Guarnición ordena agregar al sector bajo responsabilidad del componente ejército el área correspondiente a las parroquias El Valle y Santa Rosalía ya que aparentemente la GN no disponía de los efectivos suficientes para cumplir lo previsto en el plan. Estos sectores son asignados al agrupamiento "Codazzi" de la reserva, bajo el mando del Coronel (Ej) Juan Cristóbal Mendoza (Q.E.P.D). Con esta organización se dio inicio a la primera fase del Plan Ávila.
El 28 a las dos de la madrugada el Presidente de la República se reunió en Miraflores con los ministros del Interior, Justicia, Defensa y Secretaría; Gobernador del Distrito Federal, Comandante General de la Guardia Nacional, Comandante General del Ejército, Jefe del Comando Regional CORE 5, Jefe del CEEE*, Jefe de la DISIP*, Jefe de Policía Técnica Judicial, El Procurador, y César Gil, presidente de la Confederación Trabajadores de Venezuela. El Presidente les informó haber regresado de Barquisimeto a las diez de esa noche, y luego de descansar había convocado a los presentes a objeto de enterarse bien sobre la situación para tomar las medidas del caso.
Los diarios matutinos El Nacional y El Universal reflejaban los acontecimientos del día anterior. Extensos reportajes gráficos daban fe de lo ocurrido. Las noticias se centraban en la Violencia en todo el país; Destruido sector Comercial en Guarenas; Suspendidas clases en ULA, el Rector tuvo que huir después de hablar a los alumnos; Tomada el área metropolitana por efectivos militares; el presidente pide confianza “no me
sorprende la situación pero sí me preocupa”. Entre todas estas noticias en la página 1-11 de El Universal aparece una nota cuyo particular contenido la hace interesante: Denuncia Nueva Generación democrática “Agitadores se infiltraron en protesta estudiantil en Guatire y Guarenas” y se extiende en las denuncias de su vocero Germán Febres.
Se informaba igualmente que a las 6:15 en Petare y otros sectores del este de la ciudad estallaron nuevos focos de violencia.
Dentro de este escenario, se destacó la actuación de los medios de comunicación quienes en su afán de informar, como es su deber y razón de ser, fueron involuntariamente estimuladores de los desórdenes. Durante los disturbios del 89 todos los venezolanos vimos por televisión lo que estaba ocurriendo. Las televisoras locales estaban luchando por el rating. El televidente veía la inexistencia de autoridades que frenaran los saqueos y lo fácil que era realizarlos. Los saqueos se sucedían aceleradamente y nadie hacía nada. Los policías presentes en los disturbios muchas veces no se podían distinguir entre protectores o instigadores. Tal era el caos. Todo esto tuvo una repercusión tremenda.
A tempranas horas del 28 de febrero pudimos observar en la TV imágenes correspondientes al saqueo del Centro Comercial Anauco en San Bernardino, con participación muy organizada de gentes con buena apariencia. De manera que ese día la situación de saqueos, destrucción e incendios que se había intensificado al final de la tarde del día anterior, se
generalizó prácticamente en toda la ciudad, ante la pasividad e inacción de la policía metropolitana y de la Guardia Nacional. En las barriadas populares el saqueo y las acciones vandálicas del hampa común, terminaron por destruir la red de distribución de alimentos y otros víveres. La ciudad estaba tomada por el hampa, particularmente por bandas de extranjeros indocumentados. Se producen numerosos heridos y muertos por armas de fuego y por otro tipo de armas, en diferentes barrios, como consecuencia de venganzas personales, ajustes de cuentas y peleas por el control y posesión de lo robado.
Por lo tanto, la carencia de seguridad permitió que una minoría, al margen de la ley, actuara para perjudicar a las mayorías. Todo ello como consecuencia de la irresponsabilidad de los organismos policiales, al no prever durante años la necesidad de contar con unidades especiales, antimotines, debidamente equipadas y entrenadas para tal fin.
Cada vez que en nuestro devenir histórico han surgido conflictos de orden público, queda en evidencia nuestra ineficiencia para su restablecimiento con las acciones de las autoridades policiales. Estas carencias se presentan a manera de círculo que se inicia por nuestra incapacidad de controlar civilmente los hechos de violencia por parte del Estado. De allí viene la anarquía y el pánico y, consecutivamente, el llamado a las Fuerzas Armadas para restablecer el orden. Normalmente las Fuerzas Armadas toman cierto espacio de tiempo para actuar. En el caso del 27 de febrero de 1989, iniciaron sus operaciones 36 horas después del comienzo de los actos violentos, dando así suficiente margen a las autoridades civiles para controlar la situación y para cumplir las responsabilidades a las cuales están obligadas y que frecuentemente eluden por razones de tipo político, dejando así todo el peso del problema a la Fuerza Armada Nacional.
La peligrosa evolución del conflicto interior llevó al Presidente de la República a reunir el Consejo de Ministros y posteriormente a enviar el decreto de suspensión de garantías al Congreso de la República para aplicarlo. Es el Congreso quien declara “estado de conmoción interna” para ordenar la actuación de las Fuerzas Armadas. El Poder Legislativo dio su apoyo unánime.
Pero esto exigía un alto costo político. Un gobierno que saca las tropas a la calle, después de que su presidente fue electo con tan abrumadora mayoría, se echa de enemigo al pueblo. Los políticos deben medir las consecuencias de estas acciones antes de ordenarlas. Este no es un caso diferente. Todo se analiza, se mide y se estudia. Se recordaba la experiencia de Chile, cuando Pinochet le dijo al presidente Allende: “si saco las tropas a la calle, no regresarán”. Y no regresaron.
Cuando se ordena a la Guardia Nacional que salga a la calle, no se saca a la calle porque le da la gana al Presidente. Es una cuestión que se discute en el Gabinete y donde están de acuerdo los ministros. En este caso, en el país político también hubo consenso, no sin presentarse grandes discusiones.
Hubo muchas reuniones, pequeñas y grandes donde estaban Pompeyo Márquez, Teodoro Petkoff, Humberto Celli, Freddy Muñoz. A las dos de la madrugada aún estaba reunido en Miraflores el gabinete con grandes líderes de los partidos políticos: Gonzalo Barrios, Leandro Mora, Canache Mata, Eduardo Fernández, Izaguirre, Reinaldo Figueredo. Cuando el presidente plantea el uso de las Fuerzas Armadas y activar el Plan Ávila, yo soy el Ministro de la defensa.
En una de esas reuniones di mi opinión: Es urgente suspender las garantías y decretar el toque de queda, de lo contrario el problema se nos va de las manos”. El doctor Gonzalo Barrios, quien se encontraba presente, se opuso de forma radical: “No estoy de acuerdo. Eso es un golpe de Estado” Le repliqué: “No soy ningún golpista. Pero si esto no se hace, renuncio. Porque las consecuencias van a ser peores. Y pongo mi cargo a la orden porque yo no nací ministro”.
Para comprender esta posición, que no era de uno solo, es preciso recordar que la democracia venezolana tuvo como costo un gran esfuerzo. Esta democracia se constituyó con unos partidos políticos que se fueron consolidando después de la caída de la dictadura. Y su dirigencia política, los fundadores de esos partidos, tuvieron sus méritos. Con aciertos y errores
situaron a Venezuela como el ejemplo de democracia en América Latina. Mientras en la mayoría de los países latinos había una dictadura, Venezuela era democrática. A veces, eso se olvida. También explica por qué algunos dirigentes políticos presentes en Miraflores en febrero del 89 estuviesen tan reacios a volver nuevamente a las dolorosas experiencias ya superadas: toque de queda, suspensión de garantías. No era fácil acceder a esas decisiones. Hubo múltiples factores involucrados y el retraso en la toma de decisión de las medidas fue uno de ellos.
Sin embargo, los Estados tienen estructuras que se ponen en funcionamiento en los momentos de emergencia. En Venezuela se activaron las que tenían que ser activadas de acuerdo a la magnitud de los sucesos. Después de evaluar la situación, todos estuvimos de acuerdo en que había que actuar. No hubo una sola voz disidente.
Las manifestaciones y saqueos continuaron desarrollándose con gran intensidad en toda el área metropolitana de Caracas y sus alrededores durante el día 28, sin que las acciones de la policía Metropolitana y del Comando Regional No 5 de la Guardia Nacional, acantonado en Caracas, tuvieran éxito en su control y neutralización. En su intenso y destructivo avance, era inminente que la situación amenazaba en convertirse en un caos
total incontrolado, hasta devenir la situación tipificada en nuestra Constitución como conflicto interno. Es inexplicable tratar de criticar y atribuir responsabilidades a las Fuerzas Armadas por su actuación. Las Fuerzas Armadas salieron a las calles de Caracas treinta y seis horas después de iniciados los disturbios. Eso representó la diferencia. Si hubieran actuado antes , los daños a propiedades y el número de pérdidas de vidas hubiera sido mucho menor.
Quede claro que cualquiera que hubiese sido el número de personas fallecidas: una sola, pocas o muchas, es doloroso y negativo. Es algo que hay que impedir. Me sentí entonces, y aún me siento, acongojado y dolido por la muerte de aquellos que fallecieron. Este es un hecho de conciencia, y no tengo el más mínimo interés en ocultar cifras, pues jamás concebí el tema de los costos en vida de las operaciones ejecutadas como bandera política o controversia subalterna. Se trata para mí, y para todas las Fuerzas Armadas –lo repito-, de un hecho doloroso e indeseable, que esperamos jamás vuelva a ocurrir; pero el legislador establece sabiamente el deber de las Fuerzas Armadas en el restablecimiento del orden público sin establecer condicionamientos. Carece de coherencia exigir a las Fuerzas Armadas la obediencia y el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el
ordenamiento legal del país durante los momentos de crisis y luego, cuando la angustia y el miedo pasan, criticarlas, vituperarlas y señalarlas por su actuación. Con esto no avalo que las desviaciones que se pudieron haber cometido no sean investigadas. En tal caso ratifica lo que anteriormente he dicho, ya que en ningún momento oculté o falseé la realidad de lo acontecido. Asumí mis responsabilidades como consta en la interpelación a la que fui sometido por la Comisión de Política Interior del Congreso.
Dentro del análisis de los hechos ocurridos durante el 27 y 28 de febrero de 1989, no puede haber descontextualizaciones históricas, ni políticas, ni jurídicas, porque ello desvirtúa y niega la veracidad de los acontecimientos en sí mismos. Y fiel a ese primer e inmediato propósito del Estado venezolano, la Carta Constitucional de 1961, en su Título IX De la Emergencia, expresa las medidas a adoptar frente a situaciones como las ocurridas en febrero de 1989.
El aspecto formal más importante es que la declaratoria de emergencia y consecuente activación de la fuerza pública, para disminuir, contener o erradicar las amenazas, riesgos y daños a la vida y a los bienes que se estaban sucediendo, es adoptada por el Presidente de la República en Consejo de Ministros y sometida al control del Poder
Legislativo, conforme al mandato del artículo 242 constitucional, con lo cual toda la representación del poder político y civil de la República, confluye en la necesidad de utilizar la fuerza armada en defensa del primer propósito institucional del Estado venezolano, señalado en el Preámbulo constitucional: asegurar la paz, la libertad y la institucionalidad.
La peligrosa evolución del conflicto interior efectivamente llevó al Presidente de la República, a convocar al Consejo de Ministros. El Presidente envía el decreto de suspensión de garantías al Congreso de la República y para aplicarlo, es el Congreso quien declara “estado de conmoción interna” para ordenar la actuación de las Fuerzas Armadas. El Poder Legislativo dio su apoyo unánime.
La decisión adoptada por el Presidente en ejercicio constitucional del gobierno, se hizo mediante el Decreto N° 49 de fecha 28 de febrero de 1989, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.168, de esa misma fecha; y se fundamenta en los artículos 190, ordinal 6o, 241 y 242 constitucionales, que conferían tal facultad al Jefe del Ejecutivo Nacional en "caso de emergencia, de conmoción que pueda perturbar la paz de la República o de graves circunstancias que afecten la vida económica o social".
La suspensión de las garantías constitucionales, contenida en el decreto presidencial, cumplió con los requisitos de fondo y de forma que pautaba la Constitución de 1961, entre ellos, el más importante e incontrovertible, las graves alteraciones del orden público, los estallidos de violencia, actos de vandalismo y atentados contra la seguridad personal y familiar de los venezolanos con la pérdida de vidas y cuantiosos bienes, que constituyen los fundados motivos a que aludían los artículos 241 y 242 constitucionales como justificación de la declaratoria de emergencia. De las garantías establecidas en la Constitución Nacional venezolana vigente se suspendieron: la libertad individual, contemplada en los artículos 60.1, 2 6 y 10; la inviolabilidad de domicilio, artículo 62; libertad de tránsito, artículo 64; libertad de expresión, artículo 66; derecho a reunión, artículo 71 y derecho a la manifestación pacífica, artículo 115.
Las decisiones ejecutivas y legislativas, contenidas en las Gacetas Oficiales N° 34.175, 34.183 y 34.184, estuvieron en vigencia durante el tiempo mínimo indispensable requerido para la restitución de la paz y la seguridad ciudadanas.
La inmensa preocupación que recayó sobre el presidente Pérez, se ve reflejada en sus declaraciones al ser entrevistado por el periodista Roberto
Giusti, porque él estaba consciente de lo que podía ocurrir. Tiene que ser muy doloroso para un presidente demócrata, llámese como se llame, tener que enfrentar una situación como la que enfrentó en ese momento Carlos Andrés Pérez. Pretender que estuvo ausente de sus funciones, es otro de los mitos elaborados alrededor del 27 F. Pérez siempre estuvo al frente de sus responsabilidades y ejerció su condición de presidente de la República. Esa es la verdad y hay que reconocerla. Lo hizo dando siempre la cara y con mucha gallardía. Es fácil criticar a posteriori sin haber tomado parte activa en la solución de los problemas.
El 28 de febrero de 1.989, el presidente declara el estado de emergencia y dicta el decreto en el cual suspende algunas garantías constitucionales. El Congreso aprueba el decreto N° 49 a las cuatro de la tarde. Ordena al Ministro de la Defensa el empleo de las Fuerzas Armadas Nacionales, y activar el denominado “Plan Ávila” en la jurisdicción correspondiente a la Guarnición del Distrito Federal y del Estado Miranda.
El Plan Ávila está dirigido a proteger a la ciudadanía, garantizar el transporte y el funcionamiento de los servicios públicos, a garantizar la vida de las personas. Ese Plan está diseñado desde hace muchísimo tiempo y se le hacen ajustes periódicos, de acuerdo al crecimiento poblacional de
Caracas. No está diseñado para matar a nadie. El Alto Mando reunido, organizó y dispuso las instrucciones. Desde el día anterior, se dio inicio a la primera fase del Plan. Unidades de la Guardia Nacional y del Ejército comienzan la custodia de puntos críticos y patrullaje con una presencia disuasiva. Pero es sólo a partir de la publicación del Decreto N° 49, a eso de las cinco de la tarde, que las Unidades Operativas del Comando Estratégico del Ejército inician la tercera fase del Plan Ávila al ocupar los sectores asignados bajo responsabilidad.
Las tropas salieron a las seis de la tarde.
Como Ministro de la Defensa Italo del Valle Alliegro tenía tres salidas: en primer lugar podía renunciar, lo cual hubiera sido un acto de cobardía y de irresponsabilidad. Pude también rebelarme con un golpe de Estado, en el que no creo. No creo en ninguna salida violenta por medio de un golpe de Estado. Lo considero nefasto para los países y para las Fuerzas Armadas. Siempre salen perjudicadas cuando se toman atribuciones políticas. Además, creo en la democracia, no como un concepto etéreo y vacío, sino en la democracia participativa del ciudadano como el mejor sistema de vida. He sido siempre un defensor de las libertades. De todas las libertades. No hay nada en el mundo que pueda estar por encima de la libertad. Donde
los ciudadanos podamos actuar, decir, participar, disentir, eso es importantísimo. La tercera alternativa, que elegí, fue asumir las responsabilidades que están contempladas en la Ley. Y, asumir las responsabilidades, conlleva el empleo de las Fuerzas Armadas para restituir el orden público entonces alterado y el llamado de reconocimiento a las autoridades legítimamente constituidas. Porque nuestras Fuerzas Armadas no están entrenadas para restablecer el orden público. Pero las Fuerzas Armadas tampoco son responsables de que un Estado, durante cuarenta años, no haya formado una policía con los equipos necesarios para restituir el orden público. Inclusive en la academia de preparación militar esa materia se retiró del pensum, muchos años antes. Se había dejado en el olvido la posibilidad de que un acto así ocurriera.
Asumo mi responsabilidad, ajustado dentro de lo que las leyes de la República contemplan en un Estado estructurado con base a la separación de poderes. No podíamos dejar que el país se fuera por el abismo del caos y de la violencia. Como Ministro de defensa, mi insistencia para mis tropas ante todo fue el máximo cuidado en el uso de las armas. Eso lo pueden atestiguar todos los soldados que participaron en la restitución del orden. A nadie se le ordenó disparar. Porque eso no lo puede ordenar un Ministro.
Sería una inconsciencia, una monstruosidad. Como militar y como venezolano, jamás hubiera podido ordenar que se le disparase al pueblo. Ni lo hice, ni lo habría hecho. Eso sí, hay un reglamento que establece claramente cuándo el soldado puede hacer uso de sus armas. Está escrito. El soldado actúa de acuerdo al reglamento del servicio de guarnición. Ningún oficial pudo haber dado la orden de matar.
Las leyes y reglamentos que desarrollan las competencias, deberes y atribuciones de las Fuerzas Armadas son esencialmente la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas; la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa; y el Reglamento de Servicio en Guarnición.
Es así como en el artículo 8° de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas se establecen como funciones para el ejército:
1°. Defender la integridad, independencia y libertad de la nación.
2°. Asegurar el cumplimiento de la constitución y las leyes.
3°. Mantener el orden público.
4°. Proteger el tráfico, industrias y comercios legales.
5°. Apoyar las autoridades y funcionarios públicos federales y estadales, legalmente constituidos, en la forma prevista en las leyes y reglamentos militares.
6°. Proteger las personas y sus propiedades.
7°. Desempeñar las funciones del servicio militar a que fuere destinado por el Presidente de la República.
En la ley orgánica de seguridad y defensa se establecen las normas generales sobre las movilizaciones y las atribuciones del presidente de la República, una vez declaradas la emergencia interna o internacional y las diferentes obligaciones para cumplir con dicho proceso. El reglamento de servicio en guarnición tiene por objeto dictar las normas que los militares deben observar en la ejecución de las actividades que realicen fuera de sus cuarteles y las relaciones que deben existir entre las autoridades militares y las civiles.
Para cumplir con ese objeto, se denomina guarnición en ese reglamento al conjunto de instalaciones, tropas, servicios y demás personal existente en una localidad delimitada por el presidente de la República en su calidad de Comandante en Jefe y para lo cual designa un Comandante de Guarnición, quien no está excluido del desempeño del empleo que ejerce en las Fuerzas Armadas.
Nuestro ejército, cuyo entrenamiento es constante, está preparado para el combate bélico y no para cumplir funciones de orden público que corresponden más bien, a unidades profesionales especialmente capacitadas para tal fin. Las Fuerzas Armadas actúan en tiempo de paz y en tiempos de conflicto. En tiempo de paz, su misión fundamental está en lograr y mantener su apresto operacional para el momento en que su empleo sea requerido. El apresto operacional es una condición de alistamiento, previamente definido por las autoridades responsables en respuesta a las previsiones futuras y a las distintas misiones que pudiesen exigirse, en base a estudios previos de inteligencia y planes previamente elaborados. En principio, esos planes deben responder a exigencias de perturbaciones de bajo impacto como alteraciones de orden público los cuales son preparados, revisados, ensayados y mantenidos al día por los comandos de guarnición.
Los planes de empleo para hipótesis de conflictos externos son preparados por los Estados Mayores de las distintas dependencias en los niveles correspondientes, previas directivas emanadas del ministerio de la defensa. Esos planes son periódicamente ensayados por fases o completos en los llamados ejercicios o maniobras.
Para lograr el apresto operacional a los comandos y unidades organizadas, se les asignan recursos, personal y entrenamiento.
En tiempos de guerra las fuerzas armadas son organizadas en función de la misión que deban cumplir tomando partes u organizaciones completas y asignándolas a un comando específico mientras que el resto de las organizaciones continúan sus funciones de adiestramiento.
El empleo obligatorio y legal de las unidades acantonadas en la Guarnición del Distrito Federal y Estado Miranda se materializó al ordenarse la activación del plan de empleo, para esa contingencia, elaborado por el Comando de Guarnición, denominado "Plan Ávila". Este Plan de Empleo de Unidades de la Guarnición, fue revisado y actualizado durante el mes de octubre de 1.988 con motivo del apoyo que prestó la Guarnición al Consejo Nacional Electoral durante las Elecciones Nacionales realizadas en Diciembre de 1988, en los aspectos de conservación del orden público, previstos en el denominado "Plan República". De manera que, la organización de las unidades de tropa, por ejemplo, prevista y ensayada para garantizar la seguridad de instalaciones públicas de carácter crítico: estaciones de gasolina, plantas eléctricas, estaciones de bombeo, plantas de radio y TV, en el Plan República, coincidió en buena medida, con la organización empleada en el Plan Ávila.
A grandes rasgos el Plan Ávila, al igual que otros planes de empleo de unidades militares, contiene: los fundamentos legales que legitiman y
obligan su elaboración, en particular lo correspondiente al Reglamento de Servicio de Guarnición en cuanto al empleo de las tropas en el restablecimiento del orden público; la definición precisa de las misiones a cumplirse en caso de su activación; la organización de las unidades operativas previstas para el cumplimiento de las misiones asignadas en el plan de empleo, con demarcaciones precisas de los sectores bajo responsabilidad de las unidades organizadas para cumplir determinadas tareas; apoyo logístico e instrucciones de coordinación referentes al comando, control, comunicaciones e inteligencia.
La ejecución del Plan Ávila, y de cualquier otro plan de empleo en el restablecimiento del orden público, se realiza en varias fases cada una de las cuales se caracteriza por un determinado tipo de actividades. Así, las fases definidas en la aplicación gradual del Plan Ávila fueron:
(1) Primera fase: (a) las unidades se preparan para la ejecución del Plan. (b) Acuartelamiento tipo A (100%); *
(2) Segunda Fase: (a) Ocupación de los puntos críticos ubicados en los sectores de responsabilidad asignados e iniciar el patrullaje militar. (b) Acuartelamiento tipo A. (c) Preparación para asumir el control total en su sector de responsabilidad.
(3) Tercera Fase: (a) Ocupación de los sectores asignados. (b) Los efectivos policiales y de seguridad del Estado continuarán cumpliendo sus funciones específicas pero bajo el control del Comandante militar del sector. (c) Continúa acuartelamiento tipo A.
(4) Cuarta fase: (a) Restablecer la normalidad de la situación. (b) Consolidar posiciones y prestar ayuda a la población civil afectada por los disturbios. (c) Efectuar una evaluación de los daños sufridos. (d) Continúa acuartelamiento tipo A.
(5) Quinta fase: (a) Retiro de las unidades a sus instalaciones militares, a orden.
En el Plan Ávila el área geográfica bajo la jurisdicción de la Guarnición quedó divida en tres zonas de operaciones: a) Litoral Central (antiguo municipio Vargas) bajo responsabilidad del componente naval correspondiente al Comando de la Infantería de Marina al mando del Vicealmirante Edgard Escobar Ochoa; (b) Centro y suroeste de la ciudad de Caracas, los límites exactos estuvieron definidos en el mismo Plan y en los calcos anexos, bajo responsabilidad del Comando Regional No 5 de la Guardia Nacional al mando del General de División de la Guardia Nacional
Freddy Ventura Cardona; y (c) El noreste, este y sureste de la ciudad de Caracas bajo responsabilidad del componente Ejército correspondiente al Comando Estratégico del Ejército al mando del General de División del Ejército Manuel Heinz Azpúrua. El Comando de Guarnición era ejercido por el Ministro de la Defensa, el General de División del Ejército Italo del Valle Alliegro.
Durante los días 28, 29 y siguientes recibimos muchas solicitudes de protección física de: los depósitos de alimentos de Central Madeirense en Filas de Mariche, que estuvo fuertemente amenazada por saqueadores y hampones; urbanizaciones enteras como Caricuao, incluyendo sus comercios, donde el pánico se apoderó de los habitantes ante la amenaza de saqueo por parte de habitantes de la zona alta que rodea la urbanización. El Ejército tuvo que enviar a este sector al Batallón de Cazadores acantonado en Cúpira, Edo. Miranda, al mando del Teniente Coronel Azuaje. Fueron múltiples las acciones desarrolladas para dar protección física a instalaciones industriales, comerciales, residenciales, de servicios públicos o particulares, a la estación de televisión Radio Caracas TV, en los Ruices.
Quienes insisten en que las Fuerzas Armadas fueron un factor de perturbación del orden durante la crisis del 27F, no tienen base para sostenerlo. Las FAN fueron homenajeadas posteriormente en varios sitios de la cuidad como Los Magallanes de Catia y Petare por la gente más humilde de esas zonas. Esas personas respiraron aliviados ante la presencia de la Guardia Nacional y no querían que se fueran. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que le brindaron protección al pueblo en el momento crítico. Los destrozos perjudicaron a los más necesitados. No hubo destrozos en Altamira, en La Lagunita, en La Castellana. No. Los saqueos ocurrieron en los sectores más pobres. La gran mayoría de las bodegas de Petare fueron saqueadas, las de las Lomas de Urdaneta, las de lugares apartados, todas fueron saqueadas.
En ese momento, en Venezuela nadie se movía sin la protección de las Fuerzas Armadas. Autobuses, vehículos de transporte público, transporte de suministro de combustibles, transportes de alimentos y suministros para la capital, empresarios, nadie. Se organizó un plan de alimentación para distribuir en Caracas, porque escaseaban los alimentos.
En todo caso, los diferentes comandantes de agolpamientos de unidades operativas empleadas inicialmente a partir del 28 de febrero, y otras agregadas en transcurso de esos días, que tuvieron que ser transportadas desde otras guarniciones del país, elaboraron sus correspondientes informes finales sobre la aplicación del Plan Ávila. En su ejecución participó un considerable número de Oficiales, SOPC, tropa profesional y alistados, por cuanto nunca antes había ocurrido un conflicto interior similar a éste que abarcó principalmente el área metropolitana y sus alrededores. Para el día 4 de Marzo de 1989 habían participado, según el parte de ese día: 3 Oficiales Generales, 139 Oficiales Superiores, 334 Oficiales Subalternos, 122 Sub-Oficiales Profesionales, 180 Tropas Profesionales, y 6.625 Alistados.
El retiro de las unidades a sus instalaciones militares es completado el 15 de Marzo de 1989 y finaliza la ejecución de la quinta fase del Plan Ávila.
El Informe Preliminar de la Comisión Permanente de Política Interior sobre los sucesos ocurridos en el país los días 27 y 28 de febrero y siguientes, de fecha 6 de junio de 1.989, basado en las exposiciones presentadas durante el desarrollo de las comparecencias de los ministros ALEJANDRO IZAGUIRRE, Ministro de Relaciones Interiores; ÍTALO DEL VALLE
ALLIEGRO, Ministro de la Defensa; y LUIS BELTRÁN GUERRA, Ministro de Justicia, dice en sus conclusiones:
“El 27 de febrero puso de manifiesto que el país requiere de unas fuerzas policiales bien entrenadas, dotadas y capacitadas para cumplir funciones de orden público, que no deben ser las F.A.N., las que cumplan esta tarea. Ahora bien, nuestras leyes contemplan que las F.A.N. tienen que hacerlo”.
Quienes intentan revisar los hechos a través de la bruma de la guerra para tergiversarlos, tienen interés en crear la leyenda. Obvian, olvidan y no toman en cuenta, todo lo positivo que se tuvo que hacer para lograr la normalización paulatina de la crisis, hasta llevarla a la normalidad. Con sus errores e injusticias, indudablemente.
Y más que injusticias y errores, abusos. Pero no es menos cierto que no desestimé ninguna de las denuncias planteadas, como fue el caso de Teodoro Petkoff y Enrique Yoanti u otras personas. En todos esos casos se abrió, por órdenes mías, la correspondiente averiguación judicial.
Teodoro Petkoff y Freddy Muñoz, acudieron a mi oficina para reportar una denuncia con relación a seis o siete personas fallecidas en Nueva Tacagua, solicitando una averiguación. Les mostré el mapa de zonas y allí no aparecía Nueva Tacagua, porque no estaba indicada. La denuncia hecha por
Teodoro, salió publicada en la prensa y fue el párroco de Nueva Tacagua quien aclaró la situación. Resulta que hubo un enfrentamiento entre dos grupos de ciudadanos que viven en la zona por problemas personales, y aprovecharon el momento para saldar rencillas. Dos días después del enfrentamiento, el párroco llamó a las Fuerzas Armadas. Cuando acudieron a retirar los cadáveres con ostensibles signos de descomposición, el asunto quedó claro en el sentido expuesto.
Durante los días de conmoción, la Junta Superior de las Fuerzas Armadas realizaba evaluaciones diarias de los acontecimientos y presentaba sus recomendaciones. Personalmente, ordené averiguaciones en cada hecho extraño del que tuve conocimiento, en cualquier sitio. No oculté nada. En este tipo de eventos, en todas partes del mundo y a través de la historia, somos conscientes de que se comenten excesos. Pero la Ley es muy clara. Los excesos, en estos casos, son responsabilidades individuales. Se castiga a quien comete el abuso, al que actúa indebidamente. Las responsabilidades penales no pueden ser transferidas. En una situación de conflicto interno como la vivida en febrero y marzo del 89 y con toda la experiencia de nuestra vida democrática, es impensable que las Fuerzas Armadas pudiesen actuar a espaldas del ordenamiento legal. Todo lo contrario, el Estado actuó
con el respeto absoluto de la separación de los poderes y teniendo como norma fundamental la defensa de los derechos humanos, por ello las violaciones que puedan haber acontecido en este campo son ineludiblemente de responsabilidad individual y no transferible a la totalidad del cuerpo. En cada oportunidad que se me informó sobre supuestos abusos, ordené la apertura de averiguaciones administrativas correspondientes ante los tribunales con jurisdicción. El 1° de marzo de 1989, al Juez Militar Segundo de Primera Instancia Permanente de Caracas, se le encomendó apertura de averiguación sumarial número 0805. Al Juez Militar Primero de Primera Instancia Permanente de Caracas, la averiguación sumarial 808 de fecha 3 de marzo de 1989. Al Juez Militar de Primera Instancia de La Guaira, la averiguación sumarial 0806 de fecha 3 de marzo de 1989. Al Juez Militar Tercero de Primera Instancia Permanente de Caracas, la averiguación sumarial 807 de fecha 3 de marzo de 1898. Estos expedientes fueron abiertos de inmediato y las averiguaciones ordenadas por delitos contra la integridad, independencia y libertad de la Nación. Allí finalizaba mi autoridad para conocer de esos asuntos. Era hasta donde podía llegar.
Dentro del inmenso dolor que causaron esas fechas en todos los venezolanos, personalmente me he visto muy afectado. No sólo por la
circunstancia de haber sido parte activa de la solución del problema, sino por mi formación y mis convicciones personales. Siempre fue mi deseo prepararme para aportar algo positivo a mi país. He luchado con el propósito de que Venezuela tenga una sociedad más justa. Y una sociedad más justa no quiere decir igualitaria, sino una sociedad donde todos tengan la posibilidad que yo tuve, de superarme, gracias a la movilidad social que existía en ese momento. Una sociedad donde es necesario entender que hay que distribuir, pero que para poder distribuir hay que producir. Y para poder producir hay que trabajar.
En un ciclo que se ha repetido varias veces a lo largo de nuestra historia republicana, el país parece recitar un argumento aprendido en el cual convergen tres elementos comunes: los saqueos y violaciones; las Fuerzas Armadas; y los derechos humanos. Quiero hacer una reflexión sobre estos tres aspectos en los sucesos de febrero y marzo del 89.
Hoy día, pareciera perfectamente adecuado el momento que transitamos para buscar soluciones radicales a este problema cíclico que, cada vez que sucede, deja huellas imborrables en sus protagonistas, cualquiera que sea la posición en la cual se encuentren.
Después de los eventos del 89 ha quedado bien definido que: la imagen de las Fuerzas Armadas quedó afectada cuando por obligación constitucional tiene que intervenir en hechos de naturaleza civil y que el saqueo como método para acceder a bienes y servicios escasos, negados a una porción de la población, lamentablemente se expresa de manera violenta, vandálica y atentatoria contra otra parte de la sociedad.
En cuanto a los derechos humanos, la Constitución Nacional del 99 produjo un interesante debate acerca de su significado. En cierta forma,4 este aspecto se erigió como parte sustancial y preocupación fundamental de algunos protagonistas de este tiempo, quienes abundaron en comentarios propios y ajenos, hechos por destacados conocedores de la materia. El aporte más importante al tema, debió basarse en propuestas concretas y acciones de orden práctico que sirvieran tanto a lo relativo a la política de Estado, como al papel protagónico de la sociedad civil. Al darle carácter jurídico y rango constitucional al principio de los Derechos Humanos, el propósito principal es producir el equilibrio social para que la sociedad, en su conjunto, perpetúe su desarrollo. El principio del equilibrio surge a su vez, de la existencia de porciones de la sociedad en desventaja con respecto a otras, teniéndose como ejemplos críticos las minorías étnicas, religiosas, desplazados y otros. En sentido general, los derechos elementales de la población a los que se hace referencia, en el caso de nuestros países, es preciso contar con las mayorías. En términos más amplios hay que hacer entrar en juego los derechos humanos en relación con lo económico.
A mi juicio, para entender el tema, el principio de los derechos humanos se asocia al concepto del equilibrio social basado en premisas elementales como la vida, la propiedad y la dignidad.
Aceptando la premisa de que el saqueo y otras formas de violencia asociadas, forman parte de un mecanismo de reacción de un sector de la población ante la imposibilidad de acceder a ciertos bienes y derechos, su expresión violenta y desmedida, atenta al mismo tiempo contra los derechos de otro sector de la población. Mi visión sobre lo que es el pueblo va más allá de quienes perciben un salario mínimo o menos que éste… Se trata de la población entera. El derecho del pueblo también incluye el derecho de propiedad, expresado en la obtención de bienes y otros ingredientes de la calidad de vida. Es parte esencial del equilibrio. Si no se admite que la propiedad es parte esencial de los derechos ciudadanos y se garantiza legalmente, entonces la anarquía no tendrá límites. Después de los sucesos del 27F ¿alguien acaso pagó 22 mil millones de bolívares de la época en pérdidas y destrozos? ¿Quién indemniza al comerciante, al pequeño productor e industrial por la pérdida de sus bienes y de su capacidad de producir ingresos? ¿Ha sido procesado y castigado alguien por estos daños?
El derecho a la vida, y a su defensa cuando es amenazada, forman parte de lo que una sociedad debe tratar de preservar por todos sus medios; igualmente, el derecho a la dignidad, a la protección contra las violaciones de mujeres y menores. El vandalismo debe tener límites y no debe quedar impune aunque se produzca durante conflictos sociales y/o políticos. Quienes alteren el orden público deben ser sancionados.
Recordemos, que el denominado Mayo francés, transcurrió sin efectos y daños a terceros si es que tratamos de interpretar políticamente lo que ha ocurrido en nuestro país. Por el contrario, en Venezuela el respeto a la vida está en crisis y nos estamos acostumbrando. Casi respiramos aliviados, cuando la cifra de muertes en el área metropolitana no supera las 30 víctimas durante el fin de semana. ¿Dónde quedan los derechos humanos de las seis mil personas víctimas de muertes violentas por el hampa común, oficialmente reconocidas durante 1999 y las otras tantas en el 2000, 2001 y cada año? ¿Estas cifras repetitivas y aumentadas de la última década, no merecen ir más allá de una sencilla acción policial y ser tomadas como un grave problema de Estado?
Una vez superado el pánico colectivo y normalizada la situación, como resultado de la acción de la Fuerza Armada, se inicia el ciclo de críticas y la búsqueda de culpables. En esta etapa, su fragilidad se pone de manifiesto. Aún cuando se tomen medidas, como las que personalmente adopté al frente del Ministerio de la Defensa, ordenando las averiguaciones ante los tribunales competentes y asumiendo institucionalmente la disposición de poner a la orden de la justicia pertinente, a aquellas personas que resultasen culpables de las averiguaciones encomendadas, surgieron las críticas y señalamientos de hechos violatorios de las leyes de la República.
Muchos quieren responsabilizar la actuación de las Fuerzas Armadas en el control de la situación y en el restablecimiento del orden, descalificando por igual al elemento humano que intervino. Las fuerzas que actuaron estaban integradas por oficiales generales, oficiales superiores, suboficiales y tropas. En total intervinieron poco más de siete mil hombres, de los cuales menos de diez por ciento dictaba órdenes. Iniciadas las acciones, durante el
cumplimiento de operaciones, se da un proceso donde se diluyen los niveles de decisión y comando a su mínima expresión.
Las tropas, que cumplen las funciones de calle durante conflictos, son jóvenes provenientes de las jornadas de conscripción y alistamiento que se producen en el país cada seis meses y cuyas edades oscilan entre 18 y 20 años. Los detractores de oficio se dedicaron a desprestigiarlos. Por su falta de preparación, por su corta edad, por su ignorancia. Sin indagaciones ulteriores, sin tomar en cuenta el peso de los hechos.
En la Venezuela de 1989, el servicio militar era de carácter obligatorio. El hombre venezolano al cumplir los 18 años, debe inscribirse en el Registro Militar y quienes no se inscriban en el plazo establecido serán considerados renuentes y penados.
Anualmente, se hace un llamamiento a los registrados a fin de incrementar el personal de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo a la Ley de Conscripción Militar, la autoridad máxima es el presidente de la República, quien decide tanto las cuotas como la frecuencia de los llamados de alistamiento y ejerce esta función por intermedio de los Ministerios de Relaciones Interiores y de Defensa.
Los Gobernadores, el poder político civil, son la máxima autoridad en materia de conscripción, en sus respectivas jurisdicciones, siguiendo las órdenes del Ministerio de Relaciones Interiores. Los jefes de Zonas Militares jurisdiccionales designarán una jefatura de Conscripción en cada entidad federal que será el órgano encargado de la ejecución del servicio de alistamiento. Esta es la disposición legal.
¿Qué es lo que no aparece en el papel? ¿Qué es lo que ocurre realmente? ¿Cuáles son los seres humanos que el país entrega a las Fuerzas Armadas para que los convierta en tropas? ¿Quiénes, en verdad, son los conscriptos, los reclutas de un país cuya población es mayoritariamente joven? Adolescentes. Acababan de cumplir 18 años. No son bachilleres, ni licenciados. Son muchachos recogidos en los más apartados rincones del país. Jóvenes que apenas han salido de sus pueblos, carentes de recursos. Entre ellos, algunos son analfabetas que nunca tuvieron posibilidades de estudiar, o huérfanos, desocupados, desnutridos. Son los más necesitados de este país. Muchos han esperado el momento de alistarse como la tabla de salvación, el remedio para su futuro. El modo de subsistir un par de años y, al mismo tiempo, lograr un entrenamiento que les permitirá después incorporarse a la sociedad como personas útiles.
Es allí, en la institución armada, donde los solemnes pobres de nuestro campesinado han tenido la oportunidad de verse por primera vez con un médico, con un odontólogo. Donde pueden ponerse un par de zapatos nuevos a la medida, bañarse todos los días, cepillarse los dientes, sentarse en un pupitre a recibir conocimientos, instrucción.
Los muchachos que ingresan cada año al servicio militar para ser formados, pueden identificarse dentro de estos parámetros. Esas son las tropas de Venezuela. Es lo que hay.
Se ha querido modificar los requisitos para el ingreso muchas veces. Cuando fui teniente, intervine en discusiones sobre la selección de los reclutas, en el sentido de que debían tener aprobado sexto grado o más y no aceptar analfabetas. Me opuse. Con el argumento que aún sostengo: esto es lo único que reciben del petróleo los pobres de Venezuela. Estas son las migajas que les llegan de la riqueza petrolera.
Nuestra institución armada es heredera de una historia gloriosa, historia que también pertenece al pueblo venezolano, y que es enarbolada con orgullo por nuestra gente y por nuestros soldados como una herencia invalorable de heroísmo y de nobleza. La formación de hombres es una de las noblezas de la institución de las Fuerzas Armadas Nacionales. Ha sido un medio para
aportar un beneficio al país. Su historia nada tiene que ver con represión, odio o división entre los venezolanos. Tiene que ver con una aspiración y una realidad de crecientes igualdades y libertades, logradas con el esfuerzo unitario de pueblo y ejército.
Para nuestros soldados ha sido y siempre será doloroso, verse colocados en una situación como la que imperó aquéllos fatídicos días de febrero y marzo de 1989. Pero las leyes de la República están por encima de lo que individualmente cada uno puede sentir o pensar. La ley es el origen de todo bien y la obediencia a la misma es el primer deber del soldado. La constitución de la República se hace por el bien común y si en su obediencia hay algo malo o erróneo es deber del poder legislativo hacer los cambios necesarios y no de las Fuerzas Armadas, cuyo deber es ineludible en el restablecimiento del orden público cuando las autoridades civiles legítimamente constituidas así lo exijan.
Las Fuerzas Armadas Nacionales son un instrumento del Estado y del gobierno legítimamente electo por el voto popular, que actúa adscrito a leyes claramente establecidas, y que tiene obligaciones y deberes explícitamente señalados por la Constitución Nacional.
De acuerdo a ese ordenamiento legal, es deber primordial de la institución armada, actuando siempre dentro de ese contexto de normas constitucionales, y en función de una línea de mando encabezada por el Presidente de la República, restablecer y mantener el orden y la paz internas en el país.
Al evaluar la actuación de las Fuerzas Armadas, hay que tomar en cuenta que, afortunadamente, desde hace varios años, tanto la doctrina como el despliegue estratégico de nuestra institución castrense habían sido dirigidos a estudiar y prepararse ante hipótesis de conflictos externos y de seguridad fronteriza. Califico esta situación de “afortunada”, pues sería muy triste que nuestras Fuerzas Armadas tuviesen que dedicarse a responder ante hipótesis de crisis internas, en un panorama de división y odio entre los propios venezolanos. Nuestras tropas no están entrenadas para acometer el tipo de misión que realizan los ejércitos en otras partes, dirigidos a reprimir a la propia ciudadanía de su patria, a sus conciudadanos.
El llamado “combate en localidad”, por establecer alguna referencia, es decir, el combate que tiene lugar en centros urbanos densamente habitados, con calles, casas, edificios, y toda suerte de vericuetos y escondrijos, constituye el más complejo y desafiante escenario del conflicto armado,
mucho más que el combate en espacios abiertos no urbanos. En esta situación de “combate en localidad”, el comando militar se disemina y reduce a la más pequeña célula organizacional de la unidad militar, es decir, a la escuadra y equipos de combates, donde cada uno de sus integrantes se ve colocado frente a un adversario impreciso y difícil de identificar, que tiene mil rostros y se esconde en todas partes, amenazando directa y permanentemente su vida como individuo aislado, acechado y expuesto.
Esa fue la situación de combate que vieron nuestros oficiales y tropas de distintas ciudades el 27-F y los días subsiguientes. Es esencial tomar en cuenta éste y los otros factores indicados para evaluar, con equilibrio, la actuación de las Fuerzas Armadas ante el reto planteado.
Mis órdenes fueron: actuar con la firmeza que requiriese el pronto y eficaz cumplimiento de la misión asignada y a la vez, evitar a toda costa los excesos de cualquier tipo. Mi mayor satisfacción habría sido llevar a cabo la misión sin costo alguno. Eso es casi imposible en los asuntos humanos, en especial, en una situación como la vivida entonces en nuestra patria. Esos días fueron testigos de una conmoción que codujo a saqueos, robos, pillaje a gran escala, violencia generalizada en la capital y en varias de las más importantes ciudades del país.
Hoy, pasados los años, existe un consenso casi unánime entre la población, e inclusive la convicción de que sólo a través de la intervención eficaz de las Fuerzas Armadas Nacionales, fue posible detener la anarquía; controlar los desórdenes, proteger las vidas y propiedades de miles de compatriotas; y evitar que el país se deslizase por un abismo de caos que habría podido llevarnos a un fatal destino. Esto ha sido reconocido por millones de venezolanos que durante esos días experimentaron el fundado e ineludible terror que suscita la anarquía en la sociedad, y quienes respiraron aliviados una vez que las Fuerzas Armadas lograron restablecer el orden para el desarrollo normal y pacífico de las actividades de nuestro cuerpo social.
En las democracias, el empleo de las fuerzas está pautado en diferentes normativas y, dependiendo de las características de cada situación, se procede así:
En casos de conflicto externo, solamente el Presidente de la República puede autorizar su empleo.
En casos de conflicto interno u orden público su empleo según el reglamento de servicio en Guarnición podrá ser autorizado por: el Presidente de la República; el Ministro de la Defensa; el Comandante de la
Guarnición, a pedido de la autoridad civil cuando ésta se considere incapaz de mantener el control de la situación; y a iniciativa del Comandante de la Guarnición, cuando se halle en inminente peligro la vida de personas o propiedades. El uso de la fuerza está amparado por la ley.
La Constitución de la República vigente para la fecha, indicaba en su artículo 132 que las Fuerzas Armadas Nacionales forman una Institución apolítica, obediente y no deliberante, organizada por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará por encima de cualquier otra obligación. Las Fuerzas Armadas estarán al servicio de la República y en ningún caso de una persona o parcialidad política.
El Artículo 190 describe las atribuciones del presidente de la República en 22 numerales, de los cuales destaco:
3.- Ejercer, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, la suprema autoridad jerárquica de ellas.
6.- Declarar el estado de emergencia y decretar la restricción o suspensión de garantías en los casos previstos en esta Constitución.
7.- Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, la integridad del territorio y de su soberanía, en caso de emergencia internacional.
17.- Nombrar y remover los Gobernadores del Distrito Federal y de los Territorios Federales.
En el título IX todo lo referente a la Emergencia comienza en el artículo 240: el presidente de la República podrá declarar el estado de emergencia en caso de conflicto interior o exterior, o cuando existan fundados motivos de que uno u otro ocurran. Y continúa en los artículos 241, 242, 243 y 244.
Por su parte de Ley Orgánica de la Administración Central determina las competencias de los diferentes Ministerios así:
Del Ministerio de Relaciones Interiores: Artículo 24. Corresponde al Ministerio de Relaciones Interiores la planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en el sector de la política interior que comprende las relaciones políticas de éste con los demás organismos del Poder Público, la seguridad y el orden público, y en particular las siguientes actividades:
4) La coordinación de las medidas a tomar en el caso de que haya estallado una guerra civil o internacional que afecte a la República, o de epidemia o de cualquier calamidad pública.
5) Lo relativo a la tramitación y ejecución de los decretos de suspensión y restricción de las garantías constitucionales.
12) Lo relativo a la seguridad del Estado y el mantenimiento del orden público en todo el territorio de la República.
13) Lo relativo a la coordinación de los órganos de policía y a la superior dirección de los cuerpos de policía de la República.
Del Ministerio de Justicia: Artículo 34. Corresponde al Ministerio de Justicia la planificación y la realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en el sector de justicia y de defensa social, que comprende las relaciones con el Poder Judicial, la Legislación y Seguridad Jurídica, la prevención y represión del delito y las relaciones con los cultos establecidos en el país y, en particular las siguientes actividades:
4) Las relaciones con los órganos auxiliares de la administración de justicia, Defensoría Pública de Presos y Medicaturas Forenses.
8) La Policía Judicial. Estudios criminológicos y colaboración con los organismos internacionales del ramo en la prevención y represión del delito.
Los Comandantes de Guarnición dependen directamente del Ministro de la Defensa. En el caso particular de la Guarnición de Caracas, su Comandante es el propio Ministro de la Defensa por ser el militar de mayor tiempo en servicio activo.
En el capítulo VI del reglamento, en lo relativo al orden público, se establecen dos secciones referidas a la intervención de las tropas en el restablecimiento del orden público y a los casos en los cuales las tropas pueden hacer uso de sus armas.
Este lineamiento legal de competencias, permite asegurar la conservación de la paz pública como condición indispensable al disfrute del bienestar y seguridad de los ciudadanos, así como la protección de sus bienes materiales y el libre desenvolvimiento de sus actividades. Esta es una actividad fundamental e ineludible de las diferentes autoridades civiles en los diferentes niveles del poder público nacional. Indica también que ante graves perturbaciones de la paz pública o ante situaciones de conflicto interior, cuya magnitud supere las acciones preventivas o las capacidades y acciones de la fuerza pública orgánica, el ordenamiento legal autoriza y obliga a tales autoridades civiles a adoptar medidas excepcionales de alta
política, abarcando la declaratoria del estado de emergencia, la restricción y suspensión de algunas garantías constitucionales y en última instancia la solicitud o la autorización del empleo de las Fuerzas Armadas en apoyo a la autoridad civil desbordada por tales situaciones, con el propósito obligado de restablecer la paz ciudadana.
Como soldado tengo el convencimiento de que circunstancias particulares en la vida de una nación no pueden determinar conductas no previstas ni autorizadas constitucionalmente. Aceptar lo contrario, el libre albedrío en la interpretación de la misma, no es sino el parapeto tras del cual se escudan los regímenes despóticos. Las leyes, es bueno recordarlo siempre, son el paladín de la sociedad y no de los gobiernos. Dentro de este concepto, las Fuerzas Armadas tienen reglas particulares que determinan el modo, tiempo y forma para cumplir sus deberes en beneficio de la sociedad, de modo que las mismas son el apoyo del Estado y la égida de los ciudadanos, en vez de ser lo contrario. Estas reglas tan necesarias e importantes en cualquier Estado bien organizado, son las que constituyen la disciplina militar. Si se alteran, las Fuerzas Armadas, cambian su naturaleza y de esencialmente obedientes se erigen en cuerpos deliberantes y con ello pueden ser una amenaza para las instituciones que el país se ha dado legítimamente.
El legislador asigna, sabiamente a las FAN., el deber de restablecer el orden público cuando la autoridad civil así lo requiera y ni siquiera se establece cómo hacerlo. En esto, la Constitución es tajante y si es inconveniente para el país, pues que los mismos legisladores lo cambien. No se le puede exigir a las Fuerzas Armadas la obediencia y el cumplimiento de las leyes y luego, pasada la angustia, los mismos que exigen el cumplimiento de sus deberes las vituperan.
Las Fuerzas Armadas Nacionales son un instrumento del Estado, que actúa dentro de un ámbito legal claramente establecido, y que tiene obligaciones y deberes explícitamente señalados por la Constitución nacional. Es deber primordial de la Institución Armada, actuando siempre dentro de ese contexto de normas constitucionales, y en función de una línea de mando encabezada por el presidente de la República, restablecer y mantener el orden y la paz interna en nuestra nación.
A partir del momento en que el 28F se inició la actuación de las Fuerzas Armadas, se mantuvo informado al país de lo que estaba ocurriendo. Durante cinco días ininterrumpidos se evaluaba la información que llegaba de todas las fuentes y se transmitía a la ciudadanía. Mis asistentes Cedán, Cedeño Cabello, Almeida, Navega, me comunicaban con las fuerzas vivas del país a quienes les informaba personalmente de lo que estaba pasando. Por múltiples razones. Y también tuve que ser la cabeza visible del gobierno. Correspondía hacerlo al Dr. Alejandro Izaguirre, hombre valiente, responsable, cumplidor de sus deberes, pero le dio una baja de tensión y tuve que salir en televisión a hablar al pueblo venezolano. Ante las difíciles circunstancias que se vivieron, tuve que asumir un rol unitario dirigido a convocar la solidaridad de los venezolanos, y a que aquellos que se habían salido del marco constitucional depusiesen razonablemente su actitud de manera pacífica. Hice todo lo que pude para sostener los valores de libertad, paz, y democracia que dan sentido a nuestra existencia como comunidad
nacional, y con quienes me comprometí defender cuando presté juramento de soldado ante nuestra bandera. Mi conciencia está limpia.
En mi primera intervención ante las cámaras hice un ruego a los padres y madres venezolanos para que me ayudaran a solucionar la difícil situación que estábamos confrontando. Anunciando, al mismo tiempo, que iba a cumplir con mi deber, les pedí su colaboración. Todos los días, durante una semana, salí en la televisión explicando al país lo que estaba sucediendo. Cada día recibía la asignación de mayores responsabilidades. Las asumí. Y me hice popular entre la gente al convertirme en vocero del Estado. Sin embargo, no siento ni satisfacción ni orgullo de haber sido uno de los protagonistas en un hecho tan doloroso para nuestra nación, por haber ejercido en ese momento el cargo que ejercía.
Considero que los venezolanos olvidaron muchas cosas. Al hablar de que hubo desaparecidos el 27 F no me explico de quiénes están hablando. Aquí no había presos políticos ni perseguidos en ese momento. Había paz social completa. El proceso de pacificación se había consolidado. Hubo consenso en las decisiones que hubo que tomar. Los supuestos desaparecidos no tienen nada que ver con la intervención de las Fuerzas Armadas.
En Venezuela, históricamente, se ha manifestado una mezquindad hacia una serie de nuestros líderes, civiles y militares. Porque cuando fracasamos, hacemos responsables del fracaso a otros y cuando triunfamos nos apoderamos del triunfo. Triunfo y fracaso son la actitud y el comportamiento de uno ante la vida. Creo que somos muy mezquinos. Que nos gusta restarle méritos a quien los tiene. Creo que nos gusta ser trepadores, aunque ello involucre pasar por encima de principios. No nos
importa lo que pueda arrastrarse. Por eso la historia de Venezuela está llena de tantas desavenencias, de tantas tragedias, de tantas desventuras para nuestro pueblo. Para mí, un ejemplo clásico fue Simón Bolívar, ese hombre que dio todo por la patria. Cuando murió, hubo quienes dijeron que era lo mejor que pudo pasarle al país.
Aquí ha habido muchos líderes buscando mejorar las condiciones sociales de todos los trabajadores y las familias. A la larga, todo ha sido peor para los más necesitados. Veremos en qué termina el actual llamado “proceso” y si beneficia en algo a la masa trabajadora.
Doscientos cuarenta y ocho personas perdieron la vida. En la morgue de Caracas fue imposible albergar la cantidad de fallecidos que ingresó en esos tres días.
Mil ochocientas personas sufrieron heridas, los hospitales no podían atender esa excesiva demanda de auxilio. Sus capacidades quedaron sobrepasadas con la afluencia de pacientes. Fueron las víctimas del turbión del 27F, sobre las cuales no queda otro consuelo que lamentar tan triste destino.
Al examinar los daños del conflicto hay que tomar en cuenta las elevadísimas cifras de dinero que tuvieron que cancelar las empresas aseguradoras por los siniestros. El Sr. William Phelan, presidente de la Cámara de Aseguradores y del Consejo Nacional de Aseguradores, informaba a la periodista Rosita Regalado de El Nacional en su edición de día 7 de Marzo de 1989, que para ese día, sobre la base de proyecciones posibles, los siniestros oscilaban entre los 2.500 millones a 3.000 millones de bolívares en todo el territorio nacional. Igualmente informó que en el área metropolitana, el abastecimiento de la ciudad por medio de las cadenas
de supermercados disminuyó a un catorce por ciento, y que el resto del abastecimiento lo hicieron directamente pequeños abastos, que en los casos inspeccionados no sólo perdieron sus existencias de mercancías, sino que les fueron destruidos sus equipos, tanto de refrigeración, como de congelación. Explicó que el tratamiento que dieron a los hechos ocurridos, era como si hubiera ocurrido un terremoto, un tratamiento similar al de un fenómeno telúrico.
En la edición de El Nacional del día 11 de Marzo de 1989, Pastor Heydra (OCI) y el general Martínez Serrano, jefe del Estado Mayor de la Guarnición, suministraron a la prensa cifras oficiales sobre las pérdidas por saqueo y destrucción que elevaron a dos mil ochocientos noventa y dos (2.892) comercios en el área metropolitana, Miranda, Aragua y Carabobo. El vocero oficial de la O.C.I apuntó que en las estimaciones de la Cámara Aseguradora sobre comercios amparados mediante pólizas, las pérdidas alcanzaron a tres mil millones 862 mil bolívares. Y que en cuanto a los no asegurados se calcula un monto similar. Un 75% de los negocios afectados fueron precisamente las bodegas y otros pequeños comercios que servían a los cerros y barriadas.
El Dr. Raúl Arrieta, abogado de la República ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos en las investigaciones realizadas de los hechos acontecidos aseguró: “No puedo aceptar que a Venezuela se le equipare con Chile donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. En las observaciones que la CIDH me solicita, y que presenté en noviembre de 1999, no hay ni una sola referencia que aluda a las víctimas como saqueadores, delincuentes o francotiradores. Yo no refuté hechos, sencillamente, presenté las pruebas necesarias para establecer los montos en la determinación de reparaciones, pues la propuesta que presentó Cofavic excedía las estimaciones del Gobierno. Por eso anexé, además de los prontuarios que había, los periódicos de la fecha para comprobar que en muchas de las zonas donde ocurrieron los acontecimientos que denuncia Cofavic, la situación era de violencia incontrolable. Los francotiradores apostados en esos lugares ni siquiera habían permitido que se retiraran los cadáveres. Eso introduce “la duda razonable” en la que se produjeron esas circunstancias claras en la fijación de los montos”.
- En el diario El Nacional (¿?) el periodista Edgar López recoge lo dicho por la doctora Liliana Ortega quien señala que el agente del Estado ante la CIDH, Dr. Raúl Arrieta, dado su alto grado de responsabilidad en las
averiguaciones de los sucesos, debe ofrecer un análisis objetivo y profundo de lo acontecido y no meras especulaciones: Dr. Raúl Arrieta solicitó:
1. -Que se considere que los hechos ocurrieron durante un estado de emergencia;
2. -Que la mayoría de las personas que fallecieron eran delincuentes, saqueadores y francotiradores;
3. -Que el estado venezolano cumplió con los requisitos y exigencias del derecho interno y del ordenamiento internacional;
4. -Que el fundamento de las denuncias de asesinatos, desapariciones y lesiones son especulaciones de los peticionarios;
5. -Que rechaza la calificación de ejecución extra judicial o desaparición forzada que se da a los casos en el escrito de reparaciones presentado por los peticionarios, por cuanto a su juicio, no se presentaron las pruebas que aseguran que la muerte de los ciudadanos fue ocasionada por la acción punitiva de agentes del estado;
6. -Que no admite la procedencia del daño moral.
Estas apreciaciones reflejan, que el Estado venezolano procedió en todo momento ajustado a las leyes de la República y, por lo tanto, que la
actuación de sus Fuerzas Armadas estuvo sujeta a la Constitución y las leyes de la misma y no a capricho del Ministro de la Defensa.
Desde el punto de vista del análisis histórico, el tiempo es un factor clave para tener una visión adecuada frente a los elementos que autoricen una evaluación lo más exhaustiva posible. Este fenómeno, denominado “perspectiva histórica”, constituye una observación de la historia desde otro punto de la misma.
Esta suerte de narración cronológica, tiene como propósito la evaluación de lo ocurrido el 27 de febrero de 1989 que puede verse ahora con mayor nitidez. Al mismo tiempo, significa que lo ocurrido en aquella fecha no quedó aislado en el pasado. Por el contrario, hoy estamos obligados a sopesar estos hechos de nuestra historia reciente, dentro de la dinámica que se inició, precisamente en esa fecha, cuya proyección está todavía presente en la conciencia de la sociedad venezolana.
La magnitud de los eventos desencadenados en 1989 fue de tal naturaleza, que cuesta pensar que hubiera existido alguien, en su sano juicio, capaz de haberlos desencadenado. En general, fueron movilizaciones espontáneas
que adquirieron cuerpo a medida que se desenvolvieron y cuya contención, no puede ser atribuida a una política de Estado. En conjunto y dentro de unas perspectivas históricas, han sido objeto de apreciaciones diferentes e, incluso, contradictorias.
El 27F significó sin dudas el fin de una forma de hacer política en Venezuela. La credibilidad en el sistema democrático se debilitó considerablemente. El gobierno que acaba de inaugurarse, no se atrevió a acelerar el proceso de cambio que se había propuesto. Igualmente, el Poder Legislativo tuvo temor de implementar las leyes que requería la nueva orientación de la economía y, por lo tanto, el país quedó entre dos aguas. Tanto la situación política como la económica, continuaron agravándose y radicalizándose. La sociedad venezolana quedó en conjunto traumatizada y asustada ante la posibilidad de una recurrencia de los motines populares.
Aún dentro de la percepción que podía tenerse en aquel momento acerca de la proximidad del agotamiento del modelo político venezolano, era difícil afirmar que el 27 de febrero era en sí mismo una manifestación embrionaria de una cadena de eventos que marcaron la evolución política y social de Venezuela durante la década de los noventa y que continuarían manifestándose en el inicio de este nuevo siglo.
No tengo la menor duda de que cuando concluya esta etapa, de la manera que sea y sin importar los resultados, su génesis se inició el 27F de 1989, será un punto de referencia en el horizonte social de lo que este país pueda dar de sí.
Se vivieron días de horror, de división entre la gente, de incertidumbre, decepción y pesimismo ante el futuro. Nos queda la enseñanza de haber dejado al descubierto que padecemos de una pobreza endémica, que mata pero no muere, que se multiplica rápidamente y que su solución es política.
Nuestros líderes políticos debieron haber entendido que gobernar es lograr unir esfuerzos a favor del bien común, que esta es la única manera de abrir caminos que entrelacen la actividad política con la actividad social para poder resolver las contradicciones más importantes del país.
El pueblo debió aprender que los problemas no se resuelven con “paños de agua caliente”. Que es necesaria una concepción de país mucho más consensuada sobre lo que será nuestro esquema de desarrollo. Esta estructuración tiene que ser radical. Es imposible seguir ocultando los defectos del sistema con dinero inorgánico. Un país sólo puede construirse sobre la base de la educación, en el trabajo y en el esfuerzo de cada uno de sus ciudadanos y ello tiene su precio. Las crisis no se resuelven
ocultándolas, sino enfrentándolas. De lo contrario, el problema crece, cada día se hace mayor.
El pueblo descubrió que democracia no significa solamente elecciones libres, tiene que ser más. Es consolidar un sistema de libertades con equidad social; es lograr un sistema de justicia expedita e igual para todos; es utilizar mecanismos eficientes y respetables para canalizar los conflictos; es el disfrute de una seguridad real; es transparencia en cada una de las acciones del gobierno; es la existencia de autoridades que respondan por sus actos; es logar un crecimiento económico armónico unido a políticas sociales exitosas.
Además de estas reflexiones hago énfasis en que el respeto a la ley parte del principio de autoridad, el cual tiene el deber de hacerse sentir mediante la aplicación de las sanciones correspondientes. La alteración del orden público debe ser sancionada. La violación de los derechos a la vida, a la propiedad y a la dignidad no puede quedar impune. Tampoco la frustración y el dolor provocados en quienes de una manera o de otra hemos estado involucrados. El mejor correctivo sería aquel que durara eternamente.
Hay que tomar las acciones necesarias, tanto las aquí propuestas como las resultantes de la consulta que debe hacerse a especialistas en el asunto, ya
que es indispensable asumir una política de Estado en materia de orden público. No puede seguir convocándose a la Fuerza Armada para que asuma un papel represivo invocando su facultad constitucional para luego criticarla y exponerla cuando el orden se restablece.
Entiendo que producir este cambio en la percepción del papel de la Fuerza Armada y las situaciones de orden público forma parte de un proceso pero, mientras tanto, mientras el país se compone y la violencia sea sólo un recuerdo, hacer cumplir la ley y la justicia es la gran tarea para todos.
Con relación al 27 de febrero de 1989, les confieso que asumir las tareas de control del orden público en determinado momento, no es una misión grata. Por el contrario, es de un impacto tremendo, sobre todo, si el desorden se convierte en tragedia. Sin embargo, la realidad y la necesidad de preservar la integridad de un país, de defender sus leyes, buenas o malas, es una responsabilidad inherente alas funciones de oficiales del Gobierno y el Estado a todas sus escalas, especialmente cuando se forma parte de la Fuerza Armada. Porque existe una realidad muy particular para la institución armada: las leyes de la República están por encima de lo que individualmente uno pueda sentir o pensar.
La Ley es el origen de todo bien y la obediencia es el primer deber del soldado. Es bueno recordar que las leyes son, en sentido neto, un instrumento de la sociedad y no de los gobiernos. La tarea por cumplir era muy difícil y compleja, se trataba de hacer imperar la razón sobre una violencia desatada espontáneamente y que amenazaba con extenderse a todo el país. Era un dilema muy personal pero sin más alternativa que asumir la responsabilidad ordenada por las leyes o eludirla. Haciendo honor a la conducta de toda mi vida y mi carrera, opté por asumir la responsabilidad del caso. Aún sabiendo lo frágil que son las líneas que separan la necesidad de preservar la integridad formal de la República, amenazada como estaba, al menor costo social posible, que es una consecuencia inevitable y muy aparejada a las tareas de restablecimiento del orden público y, al mismo tiempo, la trayectoria de una Institución Armada con todo lo que ella representa en sus más altos valores de defensa de la libertad y la dignidad humana. Las Fuerzas Armadas actúan según estos postulados, y no puede ser de otra forma. La gran preocupación del Alto Mando y del Ministro de la Defensa, fue cuidar escrupulosamente de que se cumpliera con la legislación vigente durante los procedimientos que se estaban cumpliendo para restablecer el orden público. Se cumplió con lo
que había que hacer. Agradezco a los venezolanos el respaldo que me dieron y al Alto Mando que me acompañó que en todo momento tuvo la voluntad para enfrentar con profesionalismo estos acontecimientos, sin caer en la tentación de acceder al poder por medio de un golpe de estado. Ninguno de nosotros tenía vocación antidemocrática.
He sido responsable de mis actos. El pueblo venezolano puede estar seguro de que cumplí mi deber con honestidad, con dignidad, afrontando todas las dificultades que se presentaron. No violé ninguna disposición legal del Estado venezolano. No dicté ninguna instrucción que fuese en contra de la libertad o de los derechos humanos de los venezolanos. Porque lo que más respeto en la vida es la libertad.
Fundamentalmente, deseaba compartir estas reflexiones sobre unos sucesos en los que la Providencia me destinó a jugar un papel relevante, como venezolano, como soldado, y como Ministro de la Defensa, disciplinado y sujeto a las leyes de la República y a las instrucciones del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Con claridad y sin falsas modestias, considero haber cumplido con mi deber. Así me lo han testimoniado desde entonces centenares de compatriotas a través de los más diversos canales, y así lo he
sentido en mis constantes recorridos por el país, sin engaños ni ocultamientos de ninguna especie.
Confío que acontecimientos semejantes no se repitan. Los venezolanos nos hemos dado libremente un orden democrático, que debemos cuidar y mejorar para promover el progreso y el bienestar de todos. No es un orden perfecto, pero nos permite mejorar las cosas sin el uso de la violencia. Ese orden debe perfeccionarse, y hay que alcanzar mayor igualdad y justicia social, sin perder el supremo valor de la libertad, que no puede existir sino dentro del orden y la paz.
He querido hacer a mis lectores participantes de esta historia, tal como yo la viví. No soy otro que el protagonista que se mantuvo callado durante muchos años. Como Comandante de las Fuerzas Armadas de Venezuela, mi conciencia está tranquila.
Cumplí mi deber con dignidad y respetando las leyes de la República. Hice lo que tenía que haber hecho. Lo aquí narrado corresponde a la objetividad de los hechos.
Uno de los episodios de mayor crueldad en la novela Les Bienveillantes de Jonathan Littell, ocurre durante la conversación entre un capitán de las SS, y un comisario político del ejército soviético hecho prisionero durante la batalla de Stalingrado. Sabe el ruso que, a pesar de su capacidad dialéctica reflejada en su conocimiento a fondo sobre lingüista en la que es también un especialista el capitán alemán, se trata de un ejercicio inútil en el que la discusión ha derivado sobre el socialismo del que son portavoces el nazismo, por una parte, y el materialismo dialéctico soviético, por otra.
-Si los nazis llegaran a ganar la guerra- dice el comisario ruso- ustedes saldrán mucho más nacionalsocialistas que nunca, pero ese socialismo no va a ser otra cosa que una palabra vacía.
La respuesta del alemán no se hace esperar.
-En lo países capitalistas se dice que el comunismo ha arruinado a Rusia, pero creo que es lo contrario, es Rusia la que ha arruinado al comunismo.
La razón por la que estaban en guerra y por la que se libraba la batalla de Stalingrado dependía de la forma como ambas naciones interpretaban una ideología basada en el socialismo que trataba de mejorar, en apariencia, al mundo al que les empujaba su ambición expansionista, invocando la voz de un sistema que les enfrentaba a muerte, incluso a nivel personal. Porque en circunstancias normales, el comisario ruso y el capitán de las SS hubieran sido, sobre todo a partir del hecho de que el ruso habla fluidamente el alemán, colegas de una rama tan importante del conocimiento como es la lingüística. Se lo impedía la condición cruelmente subjetiva de estar en guerra, de modo que al concluir de fumar el cigarrillo que el alemán había ofrecido al comisario ruso, éste sería entregado a un pelotón de fusilamiento.
Cuento esto porque los sucesos que afectaron a los venezolanos durante el llamado Caracazo hace una década y media, que constituyen el objeto de este libro, conforman una situación análoga a la que enfrenta a estos dos personajes de la novela de Littell.
¿Qué fue lo que causó aquel estallido de violencia en una sociedad pacifista, sufridora, aparentemente resignada con su destino e inmune hasta ese momento a ciertas prédicas en el pasado incitando a la que podría considerarse una suerte de lucha de clases?
Por cierto, a la pregunta por la razón en virtud de la cual comenzaron a suceder de manera tan intempestiva, violenta e inesperada aquellos desmanes, es preciso añadir otra cuestión, ¿a quién beneficiaban o, lo que es lo mismo, quién estaba detrás de aquellos acontecimientos? Porque se hace muy cuesta arriba a estas alturas seguir aceptando ingenuamente la hipótesis de tan difícil digestión de que todo ocurrió de manera espontánea.
Sea cual fuere la respuesta, lo cierto es que se ha pretendido suplantarla con el paso de los días por una interpretación que no pasa de ser una de las tantas generalizaciones a que se es proclive el venezolano. Y ello con la finalidad meramente artificial de buscar culpables y motivaciones que, escapando a un análisis medianamente razonable, tratan de desfigurar artificialmente el verdadero sentido de lo acontecido.
Me he referido en un punto de este libro al caso de dos dirigentes políticos que se me acercaron en aquel trance de total confusión para denunciar el asesinato de unas personas en una zona de Caracas, atribuyendo al ejército que salió a controlar la situación, la autoría de aquellas muertes, cuando lo que realmente sucedió fue una venganza entre familias aprovechando la situación de desconcierto, según se comprobaría después. Y no es que, de acuerdo al dicho escolástico, un caso sirva para explicarlo todo, pero lo que pasa es que hubo estamentos políticos que trataron de politizar el asunto y llevar a su situación particular ideológica unos hechos que tienen poco que ver con el entramado de una sociedad en la que bien podría haberse planteado la pregunta de los dos interlocutores a las puertas de Stalingrado: ¿es el petróleo el que ha arruinado la cohesión de la sociedad venezolana o es la sociedad venezolana la que ha arruinado el sentido del petróleo como instrumento de cambio?
Pues bien, de lo que no hay duda es de que en la sociedad venezolana para el momento en que se disparaban los hechos de violencia conocidos como el Caracazo, preexistían gérmenes de descontento, frustración y resentimiento. Que todo ello dependiera como suele ocurrir en las familias que viven de una renta, repartida en condiciones ventajosas para unos y desventajosas para los otros, es cosa que podría explicar en alguna medida este estado de resentimiento que una década y media después ha aflorado ya descaradamente. Lo que pasa es que cuando las aguas vuelvan a su cauce, se sabrá que a todo aquello precedió un soterrado proceso de incitación en unos casos y manifiesto, en otros.
Por lo cual, afinando la hipótesis y tendiendo un puente sobre acontecimientos y analogías habría que llegar a la conclusión de que se trataba de huevos del mismo canasto. La diferencia fue la oportunidad en la que al calor de la incubación, de esos huevos nacieron aquellos y otros pollos.
Yo no soy ni historiador ni siquiera presumo ser un hombre de letras. Soy el general a quien le tocó actuar a la manera como debe hacerlo un militar para contener la violencia y el desorden generalizado que se produjeron con motivo del Caracazo. Soy, además, un demócrata como quedó demostrado, sin otras ambiciones de poder que mi capacidad logística para reestablecer estado de cosas que había sido quebrantando, en el menor tiempo posible.
Mi conciencia me dice que cumplí con mi deber sin haberme dejado empujar por las circunstancias, haciendo más bien que fueran ellas quienes se sometieran al designio de una atribulada sociedad conmocionada por el derramamiento de sangre venezolano.
Así se reconoció entonces.
Con el paso del tiempo, me he preguntado con frecuencia, qué hubiera sucedido de no haber hecho lo que hice, es decir, si desde mi puesto de mando y de coordinación militar, aquello se hubiera enredado y alargado de manera que en alguna forma hubiera terminado, mas allá de una explosión social, momentánea, en una de una guerra civil.
¿Flotaba ya en el ambiente la idea de exclusión e inclusión, la idea de crear una barrera insalvable entre marginación y desarrollo? O dicho en otras palabras ¿se comenzó entonces a atizar la hoguera entre el odio y el miedo por una parte y la esperanza y el valor, por otra?
La razón que me ha llevado a dejar por escrito mis propias reflexiones a lo largo de estos años, se debe a la convicción de que actué bajo el signo de la esperanza, contribuyendo a aumentar la de una sociedad que necesitaba de esa esperanza mucho más que yo mismo y mi propia circunstancia personal.
Si las cenizas de todo aquello han vuelto a revivir con el tiempo es una explicación que corresponde a historiadores y a los que han sentado plaza de analistas políticos.
Yo he dejado constancia a lo largo de este libro de cómo viví aquellos hechos, con objetividad y sin acrimonia como podrá constatar el lector.
Formaba entonces parte de una estructura gubernamental como Ministro de la defensa y es sabido que toda estructura va más allá que la suma de sus partes. Fui, pues, parte de esa estructura de gobierno y nunca traté de suplantar a la estructura en su conjunto. En el lenguaje marinero para casos como éste, se pide a cada palo que aguante su vela, yo aguanté la mía con decisión y valentía para llevar a buen puerto a una nación encallada en los peligrosos arrecifes de la violencia social.
Así lo hice y así lo cuento.
Publicadas por Caracazo a la/s 11:40:00 a. m. No hay comentarios.:

References: artículo 190
 artículo 242
 artículo 62
 artículo 64
 artículo 66
 artículo 71
 artículo 115
 artículo 8
 artículo 132
 Artículo 190
 artículo 240
 Artículo 24
 Artículo 34