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Timestamp: 2020-07-03 23:58:44+00:00

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La sustentabilidad como nuevo paradigma: la implementación de energías limpias en México como modelo de desarrollo sustentable
Título: La sustentabilidad como nuevo paradigma: la implementación de energías limpias en México como modelo de desarrollo sustentable
Autor: Mizrahi Rosas, Jacobo
Fecha: 15-03-2017 Cita: IJ-CCLXIII-807
De la tesis de maestría del autor
La noción de desarrollo ha sido siempre entendida en términos de crecimiento, recuperación o aceleración de un camino trazado de antemano. Es decir, hasta hace pocos años, el objeto de conocimiento de la teoría del desarrollo había obedecido a una noción determinista que interpretaba la historia material de los hombres guiada por las tendencias registradas en los países desarrollados, y éstos, a la vez, por una tendencia universal dada de crecimiento ilimitado.
Se puede sostener que la cultura contemporánea dominante y el modelo de desarrollo que ésta impulsa, han provocado una crisis ambiental que se han manifestado en el deterioro global de las condiciones naturales que hacen posible la vida en el planeta y que ponen en riesgo el futuro de la especie humana. Olivier Godard explica que el término sustentable inspira entonces la definición de un proyecto de transformación de la organización económica y social actual.[1]
Esta nueva visión, parte de los problemas que se identifican en un primer momento como desastres ambientales, pero afectan directa o indirectamente aspectos sociales y económicos de una ciudad, país o región, y que han acontecido a lo largo ya de muchos años, pero con mayor gravedad, al menos, en las últimas décadas. Los problemas atmosféricos, por ejemplo, surgen por el incremento y acumulación gases que conforman la capa atmosférica, como el oxígeno y el nitrógeno; otros como el bióxido de carbono, el vapor de agua, el óxido nitroso, el ozono y el metano, lo cual genera el llamado efecto invernadero,[2] al obstaculizar la emisión de energía al exterior, provocando un aumento no natural en la temperatura, consecuencia de actividades como el cambio de uso de suelo o la quema de combustibles fósiles. También son problemas comprometedores la deforestación desmedida, el incremento de la población en áreas muy concentradas e incluso ya en zonas antes completamente naturales, así como la pérdida de la biodiversidad. Los cambios radicales provocados por la suma de todos estos factores, son los que han provocado lo conocido como cambio climático.[3]
La principal actividad humana que ha causado problemas en la atmosfera es el consumo de combustibles fósiles, en particular petróleo y carbón, los cuales emiten dióxido de carbono. El mecanismo mediante el cual este gas y otros originan el calentamiento global, es el llamado efecto invernadero[4] . El efecto neto de este fenómeno es el calentamiento de la superficie del planeta a la temperatura actual; ya hoy en día existen evidencias de que el calentamiento global observado se está desarrollando desde el siglo XX de manera inequívoca, y que éste se asocia a las acciones humanas, como la mencionada quema de combustibles fósiles, además de procesos irregulares de cambio de uso de suelo.
Las consecuencias particulares de cada país dependerán en gran medida de la región en la que se encuentren –y de las medidas de mitigación y de adaptación que se lleven o no a cabo–; así, por ejemplo, en muchas regiones de América Latina, se sufrirá en el suministro de agua, la afectación grave a los sistemas de agricultura y ganadería, y con todo ello, una mayor exposición a enfermedades como la malaria y el dengue. El calentamiento global modifica las condiciones de evaporación de los océanos, lo que resulta en el aumento de intensidad de los periodos de inundaciones y de sequías, lo que afectaría gravemente a regiones como las capitales de Argentina y Uruguay, así como las costas de México tanto del lado del océano Pacífico como del Atlántico.
En este contexto, es necesario emprender de inmediato en la Argentina estudios y relevamientos en un marco programático y operativo de acciones concretas para forjar una cultura ambiental del país, instalando políticas realmente intensas sobre la cuestión ambiental. El cuidado y uso racional y sustentable de los recursos naturales en general; la sencilla colaboración por cada habitante en el uso de elementos tan insustituibles como el agua y la energía, se engloban ya en un problema de conciencia nacional, que debe reflejarse de manera impostergable en políticas y normativas de pleno respeto a la naturaleza a fin de alcanzar el desarrollo equilibrado que haga posible la vida.”[5]
Entonces, la idea del desarrollo sustentable surge como una propuesta que integra tres dimensiones: la económica, la ecológica y la social, y constituye el resultado de un intenso esfuerzo por construir una visión integral sobre los problemas más acuciosos del cómo pensar el desarrollo, recuperando las aportaciones desde la aparición de la teoría de desarrollo como una especialidad de la economía hasta la etapa actual, de construcción multidisciplinaria, del desarrollo sustentable.
Desde la investigación de la problemática y los esfuerzos para afrontarlo, se han desarrollado dos principales categorías: la adaptación y la mitigación.[6] Los sistemas ecológicos, sociales y económicos deben efectuar ajustes en respuesta al clima cambiante y a las repercusiones o los efectos del mismo, a fin de minimizar los posibles efectos negativos. Este “ajuste” de los sistemas naturales y humanos se denomina comúnmente adaptación. Por otra parte, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) define la mitigación como los “cambios y reemplazos tecnológicos que reducen el insumo de recursos y las emisiones por unidad de producción”.[7] Aunque hay varias políticas sociales, económicas y tecnológicas que reducirían las emisiones, la mitigación, referida al cambio climático, se fundamenta en la aplicación de políticas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a potenciar los sumideros[8] .
Como señala Julia Martínez Fernández, el informe del PNUMA de 2012, “Emissions Gap Report” (Informe sobre la disparidad en las emisiones) afirma que existe una disparidad significativa entre las promesas actuales y la reducción de las emisiones que es necesaria para alcanzar el segundo objetivo. Según el informe, sería preciso que antes de 2020 las emisiones anuales se situaran en torno a las 44 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) para que existiera la posibilidad real de que el calentamiento no supere los 2ºC.[9]
Tres de los conceptos pilares para la comprensión y correcta dimensión de estos procesos, son es de resiliencia, capacidad adaptativa y vulnerabilidad. La resiliencia, en primer lugar, se entiende como la capacidad de un sistema social o ecológico de absorber alteraciones externas y tensiones que resultan de cambios sociales, políticos o ambientales. Se reconoce la resiliencia de un sistema cuando, frente a estos cambios, demuestra una aptitud de auto–organización, de amortiguar las alteraciones, y una capacidad de adaptación al estrés.[10]
La capacidad adaptativa es la capacidad de un sistema de ajustarse al cambio climático (incluidos la variabilidad y los extremos climáticos), de moderar los daños potenciales, de aprovechar las oportunidades y de hacer frente a las consecuencias También puede definirse como el “conjunto de capacidades, recursos e instituciones de un país o región que permitirían implementar medidas de adaptación eficaces”.[11] Por último, la vulnerabilidad es el “grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que esté expuesto un sistema, y de su sensibilidad y capacidad de adaptación”.[12]
Para monitorear el desarrollo en sus debidas dimensiones, y ayudar a quienes toman las decisiones y elaboran las políticas a todo nivel a mantenerse enfocados en el camino hacia el desarrollo sustentable, es necesario que la planificación se desenvuelva en torno a diversos indicadores.[13]
Un indicador, es una variable que, en función del valor que asume en determinado momento, despliega significados ligados a un constructo cultural y de significado social que se asocia al mismo. De ahí que no cualquier tipo de estadística pueda ser considerada como indicador, pues para entrar en esta última categoría, el dato que se está considerando debe decir varias cosas de primera importancia a un grupo determinado de personas, sin lugar a dudas o interpretaciones encontradas; conforma una variable. Una variable es una representación operativa de un atributo (calidad, característica, propiedad) de un sistema.
La importancia del establecimiento adecuado de indicadores se puede ver por su propia función; reducir el número de medidas y parámetros que normalmente se requieren para ofrecer una presentación lo más cercana posible a la realidad de una situación, y con ello simplificar los procesos de comunicación, proporcionando información concisa y sustentada científicamente a diversos usuarios, tomadores de decisiones y al público en general de manera que pueda ser entendida y usada fácilmente.
Desde un punto de vista más práctico, se han desarrollado modelos que integran los diversos indicadores que podrían ser utilizados, agrupándolos de acuerdo a los aspectos o dimensiones que forman parte del desarrollo sustentable. Así, nos encontramos con tres principales dimensiones, más una cuarta que recientemente se ha añadido a la explicación. Los aspectos económico, social y ambiental son el resultado de la sistematización de este nuevo paradigma, y un cuarto elemento, el aspecto institucional o político, como planificador y regulador del sistema.
El derecho al desarrollo constituye un proceso consistente con los derechos humanos y sus estándares, trabajando a la par con principios como la igualdad, la no discriminación, la participación y la transparencia. Es un derecho compuesto, al tener interdependencia con otros derechos y buscar la conjunción de todos ellos; esto implica la mejora constante del cumplimiento y disfrute de un derecho, pero sin menoscabar otro derecho. En otras palabras, esta doble naturaleza, o desempeño, del derecho al desarrollo, es el de funcionar como un derecho instrumental, al incluirse en el proceso de mejora de derechos, y un rol sustancial, al ser también el resultado de la mejora y cumplimiento de todos esos derechos.[14]
El principio de sustentabilidad y la importancia del derecho a un distinto tipo de desarrollo, no solo tiene su génesis en los problemas ambientales. Los problemas expuestos están íntimamente ligados a los problemas sociales como la desigualdad y la justicia social, sin mencionar la ineludible verdad: todo problema de índole social o ambiental, afectará en mayor medida a los sectores de la población con escasos recursos. Solo hasta que se garantice un mayor grado de igualdad social y un cambio en el modelo económico, se podrá hablar de un desarrollo sustentable.[15]
El derecho del desarrollo sustentable debe estudiarse y aplicarse en un doble sentido nacional e internacional, en el que se enfoque al ser humano con un fin en sí, pero considerando su entorno como medio de vida y armonía. Su estudio implica una visión multi e interdisciplinaria, tendiente a la sistematización de los factores que trastoque; debe ser un derecho disperso, en tanto influye no solo en una esfera de la sociedad, y también dinámico y flexible, que se adapte a todo cambio político, social, ambiental o económico, con facilidad en su adecuación. Este nuevo derecho debe considerar. Existe una urgente necesidad de enmarcar los derechos ambientales como un componente significativo en las discusiones sobre lo que se constituye como derechos humanos.[16]
Los elementos de empatía, vínculo con la naturaleza, e intersubjetividad, en la perspectiva del pensamiento de lo sustentable se expresan desde plano ético, o moral, por autores como el profesor de derecho, Peter Singer. Con tendencias aún utilitaristas, Singer destaca conceptos aplicables prácticamente, pero con fundamentos de racionalidad y moralidad. El autor identifica las razones del por qué actuar moralmente partiendo de ese sentido utilitarista señalado, pero evocando los beneficios que se consiguen no solo a corto sino a largo plazo, no solo individual sino colectivamente. Asimismo, explora los fundamentos de las concepciones de “valor”, y con ello la idea del valor intrínseco que conlleva la relación del hombre con otros y con su medio. Pero más aún, expone las ideas de la búsqueda de un bien, basado en un artículo del filósofo noruego ArneNaess sobre la “ecología profunda” y las reflexiones sobre el cuidado del medio ambiente, no solo por la satisfacción de realizarlo, sino de la ayuda a otros y la conciencia del cuidado al medio en función de ser el hogar en que habitamos.[17]
La enseñanza de un mundo que se desarrolle sustentablemente no implica la eliminación total de los medios de producción ni del capital monetario, pero sí el nuevo enfoque hacía el capital natural, hacia los recursos que se han ido y se seguirán agotando. La sustentabilidad implica también una nueva relación con el tiempo, organizar sobre bases nuevas las relaciones intergeneracionales, acomodarse de manera racional a los ciclos temporales de la biosfera, e interiorizar la mortalidad y la finitud; la conciencia ecológica no se transforma de manera inmediata ni automática en acción favorable al medio ambiente, es un hecho evidente que si uno decide comportarse ecológicamente, en muchos casos, ello le resultará sencillamente imposible, hay situaciones en las que sólo podemos elegir mal, la única salida es esforzarnos por cambiar el marco dentro del cual elegimos.
El reconocimiento constitucional de los derechos ambientales integra, junto con el paradigma de la sustentabilidad, un enfoque intergeneracional en la eficiencia y la utilidad de las normas, esto es, la visión del establecimiento de normas que sirvan ya no únicamente a un sujeto existente en el presente, sino que no menoscaben, y por el contrario ayuden, a un sujeto que aún no existe; como se dijo anteriormente, puede resultar difícil de concebir un derecho que sea objeto de estudio sin un sujeto al cual adjudicársele directamente ese derecho.
Edward Page comienza su idea de justicia intergeneracional desde una aproximación de igualdad en la distribución de recursos a través de las generaciones, entendiendo la igualdad como la procuración en la similitud de cantidad de recursos, o en la recomposición y posibles acciones compensatorias por la falta de estos. Su estudio se desarrolla a partir de dos políticas que, a su consideración, el ser humano puede tomar: El agotamiento o la conservación.
El constitucionalista Peter Häberle ha planteado la idea de un contrato generacional, como modalidad del contrato social; en Un derecho constitucional para las futuras generaciones. La otra forma del contrato social: el contrato generacional[18] , Häberle hace una revisión de la protección, directa o indirecta, implícita o explícita, de los derechos intergeneracionales plasmados en las constituciones actuales, muchos de ellos incluidos dentro de los reconocidos derechos ambientales; teniendo como primer ejemplo de ello la Constitución de Baviera de 1984.
Las nociones de sustentabilidad, la nueva reflexión sobre el ambiente, el paradigma “eco–céntrico”, la diversidad cultural y natural, la redimensión de los recursos naturales, el impacto que el ser humano ha ocasionado al ambiente, el orden económico mundial que ha dividido al mundo, así como el repensar de nuestro legado, la herencia y las futuras generaciones, forman parte del esquema conceptual y fundamento del sistema de derechos ambientales e intergeneracionales.
Las energías limpias representan el beneficio del autoconsumo, esto potencializa la independencia del exterior (y de ciertas empresas), y generarían más empleo local. Reducir la dependencia energética es algo positivo por la autonomía frente a conflictos geopolíticos, o con las grandes empresas petroleras. Son energías limpias pues cuentan con escaso riesgo de contaminación, y sin producir Gases de Efecto Invernadero ni residuos peligrosos. Son fáciles de desmantelar y no requieren custodiar sus residuos durante millones de años.
Son además energías seguras, pues no es comparable el riesgo de una central nuclear, por ejemplo, con el riesgo de que falle una placa solar. Y los residuos no pueden emplearse para bombas atómicas o sucias. Son energías prácticamente inagotables, pues el sol, el viento y los océanos estarán dispuestos por muchos años más. Se caracterizan por ser diversas, pues su generación en distintos escenarios. Energías responsables, por todo lo anterior, y porque respetan más los recursos naturales, consumiendo menos agua, por ejemplo. Por último, son energías que cuentan cada vez con mayores beneficios económicos.
La razón de exponer las fuentes descritas anteriormente es el uso en aumento que se ha presentado, las condiciones favorables que representan y en muchos casos la eficiencia en la producción de energía que ellas representan; esta lista no es en absoluto exhaustiva. El desarrollo tecnológico es tan avanzado en la actualidad que día a día se encuentran nuevas formas de procesos que mejoren la calidad de vida, sin afectar drásticamente al ambiente como se ha hecho con otros hábitos.
En México, el desarrollo de tecnologías, investigación y la propia aplicación de fuentes de energías renovables tiene, como la legislación de las mismas, un crecimiento aún incompleto ocasionado en mayor parte por la cultura política del país. Sólo ante la realidad de una futura pérdida de éste combustible y de los daños irremediables que se han generado al medio ambiente, es que ha sido posible una naciente preocupación política por la implementación de nuevas energías que otorguen más ventajas económicas y ambientales.[19]
En el marco legislativo México ha sufrido históricamente en poder conjuntar leyes adecuadas y solo las necesarias para tratar determinados problemas; en materia ambiental no es la excepción. Hasta diciembre de 2013 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contemplaba desde su artículo 4° el derecho fundamental a un medio ambiente adecuado para el desarrollo individual, en su artículo 25° la búsqueda de un desarrollo nacional sustentable a cargo del Estado y en el 26° el principio de planeación nacional para su propio desarrollo. En el artículo 27° se establece el derecho que se otorga a la Nación de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana; y la necesidad que se establece de asegurar la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes; además, el artículo 28° señala el control unitario por parte del Estado para el manejo de los energéticos y de la electricidad.[20]
El 20 de diciembre del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a diferentes disposiciones de la propia constitución en las que se agregaban aspectos referentes a la estructura del sistema energético y su modernización, el manejo de los recursos energéticos y la futura inversión de empresas privadas en el sector energético como impulso para el desarrollo del país. Sin embargo, acerca del medio ambiente y específicamente respecto a la inclusión de nuevas alternativas en materia de energía la intervención es aún escasa. Es hasta el artículo 25, en su párrafo sexto, donde se añade el principio de sustentabilidad, con el fin de brindar seguridad futura a los recursos y su aprovechamiento, esto implicaría la intención de buscar formas menos dañinas de obtención de energía. Por otra parte, no es sino hasta el artículo décimo octavo transitorio que se trata de manerala regulación de la energía geotérmica, señalando: “…el Congreso de la Unión emitirá unaley que tenga por objeto regular el reconocimiento, la exploración y la explotación de recursos geotérmicospara el aprovechamiento de la energía del subsuelo dentro de los límites del territorio nacional, con el fin degenerar energía eléctrica o destinarla a usos diversos”.[21]
Al hablar de relaciones políticas, crisis y sistemas humanos, es ineludible la mención a los aspectos económicos. La política ambiental en el sentido económico es el enfoque en el análisis de los procesos a través de decisiones políticas relacionadas con la protección ambiental. La política económica ambiental es un área mayor de las políticas de desarrollo en la teoría económica y de la teoría política, cuyos efectos a corto y a largo plazo tienen un profundo impacto en el desarrollo humano. Este tipo de política desarrolla métodos e instrumentos para el tratamiento de los problemas ambientales globales.
La ecología política[22] , como rama emergente del estudio de lo político, resignifica el sentido de las relaciones del poder basado en el paradigma ecológico, complemento de las estrategias y políticas que –aun cuando se elaboren de manera participativa– son la parte instrumental de la racionalidad ambiental.
La política ambiental, entendida como la praxis de la ecología política, es una esfera de las relaciones políticas que surge a consecuencia de la crisis ecológica en el marco global para vincular países y/o subsistemas de coordinación regional de grupos de países y dentro de estos a partidos, grupos sociales, e individuos con el objetivo de armonizar las relaciones de los sistemas humanos con las condiciones naturales que los sustentan para mitigar y evitar los problemas ambientales locales y regionales y las puntuales catástrofes ecológicas que inciden en la cuestión ambiental a escala global.
Lo que logra el enfoque filosófico–ecológico de la política es poner al descubierto la alianza estratégica entre ciencia y política como la condición multidisciplinaria que se refería, sin la cual no habrían podido desarrollarse ni el Estado–nación, ni la economía capitalista, ni la hegemonía de Occidente sobre el resto del mundo.
Aquel 20 de diciembre del año 2013 se decretó y llevó a la realidad un conjunto de decisiones que se habían intentado fraguar desde hace ya varios años en México: La Reforma Energética. Se puede referir desde 20 años atrás, desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se establece como principio que “Las Partes reconocen que es deseable fortalecer el importante papel que el comercio de los bienes energéticos y petroquímicos básicos desempeña en la zona de libre comercio, y acrecentarlo a través de su liberalización gradual y sostenida”.[23]
La dicotomía del ejercicio de poder y la búsqueda de dominio es el elemento primero y último (en la búsqueda de las causas y los fines) de la filosofía política, continuando con el análisis estas causas externas atentan contra el concepto de soberanía, en el sentido expuesto por Georg Jellinek, por su carácter político de autonomía y libre organización del Estado para la toma de decisiones[24] y la muestra de debilidad frente al poderío –fáctico, económico o político– de otro, lo cual afecta tanto al correcto ejercicio del poder como a las idea de democracia entendida en tanto participación, inclusiva y en las mismas condiciones, en la toma de decisiones[25] . El estudio de estos términos se entiende en el ámbito de la afectación a la soberanía –como libertad en la toma de decisiones– desde el exterior hacía el interior. Profundizar en las reflexiones filosófico–políticas ahora desde el interior, lleva a otros terrenos, también ligados a la soberanía –ahora como ejercicio máximo del poder– hacia el interior, pero más aún hacia terrenos de la democracia.
Las decisiones que rodean a la elaboración de la Reforma Energética se entienden en torno a un pacto nacional (“Pacto por México”) que se convino desde el poder, consistiendo en un acuerdo entre los partidos políticos –como representantes de la sociedad–, justificando así la decisión en vistas de un ‘compromiso que incluyera a todos los sectores de la población’. Estas decisiones políticas, el consenso y la elección, pueden entenderse desde el punto de vista de Norberto Bobbio, en términos de una democracia como método.[26]
Una política de desarrollo sustentable, como tema de la filosofía, la política y la ecología en conjunto, debe partir de la realidad sociocultural de las comunidades para la protección de sus recursos naturales y sociales mediante un proceso de participación comunitaria en las decisiones concernientes con la transformación económica, política, social y cultural de las relaciones de producción, distribución y consumo tendientes a lograr una mayor equidad y una mejor calidad. La globalización, puede, bien enfocada, afectar positivamente el contexto ecológico a través de la política.
Las decisiones ambientales, la responsabilidad ambiental y la visión sustentable, se fundamentan en el acto solidaridad que debe tener el ser humano como ente política y socialmente organizado, la construcción de un movimiento político por una sociedad sustentable, está relacionada con poner en acción a todos esos individuos que han adquirido una nueva conciencia.
Incluso ante las reformas más recientes que traten el aspecto energético sigue sin establecerse una política nacional y un plan integro para lo que debería considerarse prioritario, la transición hacia métodos más efectivos de obtención de energía y que ocasionen menos impacto ambiental; es necesaria la elaboración de un plan integro tanto legislativo como de políticas públicas, en el que se establezcan disposiciones más estructuradas y profundas sobre nuevas fuentes de energía y sobre cómo conjuntar los programas aislados que hasta ahora se tienen al respecto, y no solo recurrir a los mismos mecanismos que ha perjudicado al país de manera económica y ambiental.
Si bien el desarrollo de nuevas tecnologías en diferentes sectores del país ha sido favorable, el potencial estimado para su aplicación, implica la ejecución de acciones nacionales encaminadas a estrategias comunes, fundamentadas en una política nacional. Esta política no solo deberá basarse en la simple expectativa futura del aprovechamiento de energías renovables, debe abarcar un plan estructural sustentable en que se fomente la aplicación gradual de estas nuevas fuentes de energía.
Un plan estructural con el objetivo prioritario de fomentar la transición energética, la modernización de energía y la inversión privada a la utilización de las mismas. Es necesaria la coordinación, en primer lugar, entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía y la Secretaria de Hacienda para la elaboración de programas integrales para la diversificación energética; además, la cooperación entre las secretarías y Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, las Instituciones y el Sector Privado para el desarrollo consolidado a través de la investigación, la difusión y la correcta planificación de las nuevas tecnologías.
Se requiere también un cambio en el modelo de participación de instituciones como Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, ejes rectores de la generación y distribución de energía en el país, a fin de procurar el mejoramiento de las tecnologías para el uso de las energías ya utilizadas, así como la procuración de nuevos modelos tecnológicos y de aprovechamiento. De ésta manera, la creación de programas y fondos dedicados a las nuevas fuentes energéticas y las acciones que se tomen por parte de la iniciativa privada, el sector público y las instituciones encargadas, tendrán el objetivo común de fomentar el desarrollo y habituar la utilización de nuevas fuentes de energía, dejando atrás la dependencia histórica a una sola de ellas.
Es indispensable también la unificación del marco legal para las nuevas fuentes de energía, siendo también una sola institución en la que recaiga el desarrollo e implementación de los nuevos modelos, así como una política de incentivación fiscal a los sectores que dediquen investigación, implementen nuevos sistemas de autoabastecimiento y promuevan de manera efectiva la transición energética; el conjunto de incentivos y modificaciones al marco legal y regulatorio promoverían el desarrollo de nuevos proyectos y así asegurar su rentabilidad con objeto de incrementar el aprovechamiento de las energías renovables, el abasto constante de energía a lo largo del país y la mitigación a los problemas ambientales.
Por su parte, dentro de los requisitos materiales a nivel institucional para un desarrollo con la perspectiva de la sustentabilidad, así como su efectiva adopción, se encuentran la conciliación de intereses entre los diferentes sectores sociales, empresariales y gubernamentales, y un manejo diferente de las relaciones de poder; esta gobernabilidad se logra a través de la integración la participación ciudadana, el acceso a la información, un mejor acceso a la justicia y una nueva visión de competencias para los actores principales del Estado.
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[1] cfr.Godard, Olivier, “L’inscription économique du développement durable”, en Cahiers Français, núm. 306, Paris: La documentation française. Francia, 2002.
[2] El nombre proviene de su similitud con las instalaciones para cultivar plantas en un ambiente más cálido que el exterior, el techo de un invernadero tiene la misma propiedad de deja rentrar la radiación solar y bloquear la generada en su interior.
[3] Cfr. Martínez, Julia, Cambio Climático: Una visión desde México, México, Editorial Jiménez Editores e Impresores S.A. de C.V.,2004,pp.31-37.
[4] El nombre proviene de su similitud con las instalaciones para cultivar plantas en un ambiente más cálido que el exterior, el techo de un invernadero tiene la misma propiedad de dejar entrar la radiación solar y bloquearla generada en su interior.
[5] Bellorio Clabot, Dino,Derecho del cambio climático, Argentina, Ad-Hoc, 2007, p.55.
[6] Cfr. Delgado, Gian Carlo, Gay, Carlos, Imaz, Mireya y Amparo Martínez, María (coord.), México frente al cambio climático- Retos y oportunidades, México, Centro de Ciencias de la Atmósfera-UNAM, 2010, p. 30.
[8] Un sumidero estodo proceso, actividad o mecanismo que detrae de la atmósfera un gasdeefectoinvernadero,unaerosol,oalgunodesusprecursores.
[9] Almacenar CO2 convirtiendo en nuevo bosque un área más grande que el tamaño de Alemania y Francia juntas (900,000km2); utilizar las tecnologías de producción existentes para la producción de biocombustibles, destinando un área de cerca de 2 veces el tamaño de ReinoUnido, para este fin (un total de 480,000 km2 e instalar la capacidad para producir aproximadamente 4 veces la generación de energía eólica de aprox. de 74 GW (equivalente a 270,000 turbinas eólicas de 1MW) son acciones que compensan o mitigan 1Gt de CO2 poraño. Véase Martínez Fernández, Julia, Tecnologías para la mitigación de gases de efecto invernadero del sector residuos, México, SEMARNAT, 2012.
[10] Véase Delgado, Gian Carlo, Gay, Carlos, Imaz, Mireya y Amparo Martínez, María (coord.), op.cit., p. 19.
[11] Pachauri, R.K. y Reisinger, A., IPCC,2007: Cambioclimático 2007:Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajoI, II y III al Cuarto Informe deevaluac ióndelGrupo Intergubername ntaldeExpert ossobreelCa mbioClim ático, Suiza, IPCC, 2007, p. 78.
[13] Foladori, Guillermo y Nína Pierri, ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable, México, Porrúa, 2005, p. 53.
[14] Véase Sengupta, Arjun, “The human right to development” enOxford Development Studies, Volumen 32, Número2, EstadosUnidos, 2004, p. 184.
[15] Véase Agyeman, Julian, Bullard, Robert D. y Evans, Bob, “Exploring the Nexus: Bringing Together Sustainability, Environmental Justice and Equity” enSpace and polity, Volumen 6, Tomo 1, EstadosUnidos, 2002. p.77.
[16] Adeola, Francis O., “Cross-National environmental injustice and human rights issues”, en American Behavioral Scientist, Volumen 43, Número 4, Estados Unidos, 2000, p.687.
[17] Cfr. Singer, Peter, Ética Práctica, trad. Rafael Herrera Bonet, 2ª edición, Cambridge University Press, 1995, pp. 335-354.
[18] Véase Haberle, Peter, Un derecho constitucional para las futuras generaciones. La otra forma del contrato social: el contrato generacional, trad, de Milton Fellay y Ferreyra Leandro, en Lecciones y Ensayos, Universidad de Buenos Aires-Facultad de Derecho, número 87, Argentina, 2009, pp. 17-37.
[19] Cfr. Martínez, Julia, op.cit., p.155-157.
[20] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente) Consultable en http://info4 .juridicas. unam.mx/ijure /fed/9/Fec ha de consulta: 18-septiembre-2015.
[21] Diario Oficial de la Federación. 20 de diciembre de 2013. Consultable en http://ww w.dof.gob.mx/no ta_detalle.php?c odigo=53 27463&fe cha=20/1 2/2013 Fecha de consulta: 20-septiembre-2015.
[22] Si se ha de tomar el consenso de los que estudian estos temas, es válido hablar y a de una disciplina formada, como rama de la Filosofía Política y variante de la Ciencia Política, que sería una Ecología Política.
[23] Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Artículo 601, numeral segundo. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993. Consultable en https://www .nafta-sec -alena .org/Ini cio/Texto s-juridico s/Tratado-d e-Libre-C omercio -de-Am %C3% A9rica-de l-Norte Fecha de consulta: 17-octubre-2016.
[24] Jellinek, Georg, Teoría General del Estado, trad. Fernando de los Ríos, 2ª edición,México,FCE,2000,pp.300a320.
[25] Cfr. Crespo Coello, Patricio, Decisiones ambientales y liberalismo, Ecuador, Abya Yala,2008,pp.24a34
[26] Cfr. Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, trad. Fernández Santillán, José, México, FCE, 1986, pp.21, 65-70.

References: artículo 4
 artículo 25
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 25
 Artículo 601
 Artículo 601