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Timestamp: 2018-11-18 04:24:54+00:00

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﻿ Sentencia 1999-2324 de mayo 11 de 2011
SENTENCIA 1999-2324 DE 11 DE MAYO DE 2011
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR JUDICIAL. SE CONFIGURA SIEMPRE QUE SE REUNAN LAS SIGUIENTES EXIGENCIAS: QUE EL ERROR ESTUVIERA CONTENIDO EN UNA PROVIDENCIA JUDICIAL EN FIRMEQUE SE INCURRIERA EN ERROR FÁCTICO O NORMATIVOSE CAUSARA UN DAÑO CIERTO Y ANTIJURÍDICO, Y EL ERROR INCIDIERA EN LA DECISIÓN JUDICIAL EN FIRME.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DAÑO ANTIJURIDICO, ERROR EN LA PROVIDENCIA JUDICIAL
Sentencia 1999-2324 de mayo 11 de 2011
Rad. 08001233100019992324-01 (22.322)
Actor: Jaime González Arjona
Demandados: Nación - Consejo Superior de la Judicatura
Bogotá, D.C., once de mayo de dos mil once.
La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, dado que la cuantía de la demanda supera aquella exigida para el efecto al momento de proponer el recurso, esto es, antes de la vigencia de las cuantías establecidas en la Ley 446 de 1998.
2. La responsabilidad de la entidad demandada por error judicial.
En el sub lite, se demanda la reparación de los daños causados por el error judicial e indebido funcionamiento de la administración de justicia. De acuerdo con la fecha de la ocurrencia de los hechos, esto es, la época en la cual se adelantó el proceso laboral, la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le fueran imputables estaba regulada en la Ley 270 de 1996, que desarrolló el artículo 90 de la Constitución.
En relación con la actividad jurisdiccional, en la jurisprudencia de la Sala, elaborada antes de la vigencia de la Constitución de 1991, se distinguió entre la actividad propiamente judicial y las actuaciones administrativas de la jurisdicción. En relación con las segundas admitió la responsabilidad por los daños que se causaran en ejercicio de dicha actividad, bajo el régimen de falla del servicio(1). Sin embargo, tratándose de la actividad jurisdiccional, se consideró que no era posible deducir responsabilidad patrimonial del Estado, porque los daños que se produjeran como consecuencia de dicha actividad eran cargas que los ciudadanos debían soportar por el hecho de vivir en sociedad, en orden a preservar el principio de la cosa juzgada y, por tanto, la seguridad jurídica; de manera que la responsabilidad en tales eventos era de índole personal para el juez, en los términos previstos en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, bajo el presupuesto de que este hubiera actuado con error inexcusable.
En la Constitución de 1991, al consagrar la responsabilidad del Estado por “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”, se previó una fórmula general de responsabilidad, con fundamento en la cual no quedaba duda de que había lugar a exigir la responsabilidad extracontractual del Estado por acción u omisión de la administración de justicia(2).
Con posterioridad a la entrada en vigencia del artículo 90 constitucional, se mantuvo la diferencia entre la actividad propiamente judicial, reservada a las providencias judiciales por medio de las cuales se declarara o hiciera efectivo el derecho subjetivo y la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que se siguió predicando de las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales, sin que hicieran parte de ella las de interpretar y aplicar el derecho. “Dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales...”(3). Así, se declaró la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en eventos como las dilaciones injustificadas(4), o pérdida o deterioro de bienes decomisados, que no fueron entregados al depositario, o que no eran de propiedad del demandado(5).
Bajo la nueva disposición constitucional se admitió la responsabilidad del Estado por error judicial, el cual se consideró que se configuraba siempre que se reunieran las siguientes exigencias: (i) que el error estuviera contenido en una providencia judicial en firme; (ii) que se incurriera en error fáctico o normativo; (iii) se causara un daño cierto y antijurídico, y (iv) el error incidiera en la decisión judicial en firme. Consideraba la Sala, en jurisprudencia que se reitera:
“a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, sí esta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional (...).
“b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta Sección(6), el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso. El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares.
“d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española: “el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución —auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquella—, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquel de la solución únicamente querida por el legislador(7)”(8).
Consideró la Sala además, que el error que podía dar lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado no se reduce a la “vía de hecho”, ni se identifica con las llamadas por la Corte Constitucional “causales de procedibilidad”: esto es, un defecto sustantivo, orgánico o procedimental, un defecto fáctico, un error inducido, una decisión sin motivación, un desconocimiento del precedente o una violación directa de la Constitución, porque el error judicial que da lugar a la reparación es toda disconformidad de la decisión del juez con el marco normativo que regula el tema de la decisión, incluida la valoración probatoria que corresponda realizar. Además, que el error judicial debe estar contenido en una providencia judicial que de manera normal o anormal ponga fin al proceso, pero dicha providencia no debe ser analizada en forma aislada, sino en relación con los demás actos procesales(9).
La Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, reguló la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales, en estos términos: “el Estado deberá responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad” (art. 65).
El error jurisdiccional fue definido en el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 como “aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.
Al declarar la exequibilidad de este artículo, la Corte Constitucional precisó que: (i) dicho error se materializa únicamente a través de una providencia judicial; (ii) debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia ha definido como una “vía de hecho”, y (iii) no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la Rama Judicial, porque ello comprometería en forma grave la seguridad jurídica. En tal sentido condicionó la decisión de exequibilidad de la norma(10).
Por su parte, el artículo 67 de la misma ley dispone que para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional, es preciso que: (i) el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial y (ii) que la providencia contentiva de error esté en firme.
Al resolver sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por el error judicial, esta corporación se ha planteado el problema de fondo que supone el concepto de error y la pretensión de corrección, con el hallazgo de la única respuesta correcta y ha concluido que esta no es más que una aspiración y que, por lo tanto, pueden resultar igualmente válidas varias respuestas, incluso contradictorias, cuando todas ellas están justificadas, son coherentes, razonables y jurídicamente atendibles, pero si alguna de ellas no goza de esos atributos la misma será errónea. Ha dicho la jurisprudencia:
“...la responsabilidad directa por el hecho de los jueces debe partir del reconocimiento de los límites del razonamiento jurídico y, en consecuencia, de que no frente a todos los problemas jurídicos será posible identificar una única respuesta o solución correcta. De hecho, el denominado ‘principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa’ de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables —en cuanto correctamente justificadas— pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de este ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, solo las decisiones carentes de este último elemento —una justificación o argumentación jurídicamente atendible— pueden considerarse incursas en error judicial”.
“Por tanto, sólo las decisiones judiciales que —sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales— resulten contrarias a derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional...”(11).
En cuanto al indebido funcionamiento de la administración de justicia y concretamente, en relación con las dilaciones injustificadas, asunto relevante para el caso concreto, cabe señalar que la Constitución ha consagrado el derecho a una pronta justicia. En efecto, el artículo 29 de la Constitución de 1991 establece como garantía del debido proceso, el trámite sin dilaciones injustificadas y el 228 ibídem consagra los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial, al disponer que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. Por su parte, el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce esa garantía como elemento básico del debido proceso legal, aplicable a todos los procesos judiciales(12) y aunque en el artículo 8º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue reconocido concretamente el derecho del acusado de delito “a ser juzgado sin dilaciones indebidas”, la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos considera que dicha garantía es aplicable a procesos de otra índole(13).
“La comprensión de lo que es funcionamiento anormal de la administración de justicia, debe partir de una comparación de lo que sería o debía ser el funcionamiento normal, lo que remite a unos criterios de actuación, a unos standards de funcionamiento, a unos conceptos jurídicos indeterminados de una extrema variabilidad y sujetos a una serie de condicionamientos históricos, técnicos y políticos. Importa señalar que no todo funcionamiento anormal, que no toda deficiencia en la administración de justicia, son generadores de responsabilidad, sino aquellos que no van acordes con unos patrones básicos de eficacia y funcionamiento de acuerdo con las necesidades sociales y los intereses de los justiciables. El concepto de funcionamiento anormal es ajeno a toda idea de culpa o negligencia aunque tenga en estas su origen y se basa únicamente en la causación del daño que actúa como factor desencadenante de la imputación”(14).
Por su parte, el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre al interpretar el artículo 6º, número 1º de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ha considerado que el “carácter razonable de la duración de un procedimiento debe apreciarse según las circunstancias de cada caso y teniendo en cuenta fundamentalmente `la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente y la forma en que el asunto haya sido llevado por las autoridades administrativas y judiciales’(15).
Ese mismo tribunal ha precisado que no existe dilación indebida por el mero incumplimiento de los plazos procesales legalmente establecidos, esto es, que no se ha constitucionalizado el derecho a los plazos sino que la Constitución consagra el derecho de toda persona a que su causa se resuelva en un tiempo razonable(16).
Ya en vigencia de la Constitución de 1991, la Sala ha reconocido el derecho a la indemnización por fallas en la administración de justicia y, en particular, por el retardo injustificado de adoptar decisiones que causan daño a las partes o a terceros(17).
En síntesis, para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demandada que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla(17)(sic).
Finalmente, se advierte que el artículo 70 de la Ley 270 de 1997, dispone que “El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.
A propósito del concepto de culpa grave, la Sala de manera reiterada ha considerado que:
‘ART. 63.—La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
‘Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado...’.
“De la norma que antecede se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas pone en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo.
“Respecto de la culpa grave señalan los hermanos Mazeaud, que si bien es cierto no es intencional, es particularmente grosera. ‘Su autor no ha querido realizar el daño, pero se ha comportado como si lo hubiera querido; era preciso no comprender quod omnes intellgunt para obrar como él lo ha hecho, sin querer el daño’. De acuerdo con jurisprudencia citada por estos autores incurre en culpa grave aquel que ha ‘...obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves...’ (...)(19) y agregan que “...reside esencialmente en un error, en una imprudencia o negligencia tal, que no podría explicarse sino por la necedad, la temeridad o la incuria del agente...”(20).
Hay culpa grave de la víctima cuando el interesado no cumple las cargas que impone el proceso, tales como el agotamiento previo de la vía gubernativa. Una omisión en tal sentido se constituye en la causa eficiente del daño que el mismo padece al no poder acudir ante la jurisdicción. Sólo al interesado le es imputable en tales eventos el resultado adverso a sus intereses, porque ese resultado se genera por su incuria, al haber desaprovechado la oportunidad que el ordenamiento jurídico le concede de acudir ante la autoridad que expidió el acto para interponer los recursos administrativos a que hubiera lugar.
3.1. Se adujo en la demanda que la Nación es patrimonialmente responsable del daño, porque incurrió en falla del servicio por omisión en el control de legalidad de la forma y contenido de la demanda, actuación que se debió adelantar en obedecimiento a lo establecido en el artículo 28 del Código Procesal del Trabajo, antes de admitirla y ordenar su traslado.
3.2. Obran en el expediente las copias auténticas de las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario laboral, adelantado por el señor Jaime González Arjona, en contra de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, las cuales fueron remitidas al a quo por el secretario del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla (fls. 1-328, cdno. 3). Con estas pruebas quedó demostrado lo siguiente:
— Mediante escrito presentado el 27 de abril de 1994, ante la oficina judicial de Barranquilla, el señor Jaime Antonio González Arjona interpuso demanda ordinaria laboral en contra de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca, con el fin de que se declarara que el despido del demandante de la corporación demandada fue injusto y, en consecuencia, se condenara a la entidad a pagarle la indemnización establecida en la convención y la indemnización por mora en el pago de sus prestaciones sociales.
Junto con la demanda, aportó copia del oficio expedido por el Secretario General de Corelca, el 22 de diciembre de 1993, mediante el cual se le comunicó al trabajador la decisión de la empresa de dar por terminado el contrato de trabajo, “con justa causa, en razón de su participación en el frustrado retiro irregular de materiales (cabrería de diferentes tipos) de la planta de Termobarranquilla, el día 22 de octubre del presente año y teniendo en cuenta que su conducta en los hechos fue negligente y omisiva, con respecto a sus funciones, en detrimento de la imagen y patrimonio de la corporación”; la solicitud del trabajador a la empresa para que se le explicaran los hechos que se tuvieron en cuenta para cancelar su contrato de trabajo y la respuesta dada a esa solicitud por la empresa, en la cual señala que las razones expuestas en el escrito de comunicación de la decisión fueron suficientemente claras.
Se destaca para los efectos de este fallo, que el contenido de la solicitud formulada por el trabajador a la empresa fue el siguiente:
“Jaime Antonio González Arjona..., en mi calidad de ex empleado de esa entidad oficial..., me permito solicitar a usted se sirva explicar al suscrito en forma concreta los hechos que se tuvo (sic) en cuenta para dar por cancelado el contrato de trabajo, toda vez que de la misiva calendada el 22 de diciembre de 1993 no se señala explícitamente la presunta conducta negligente y omisiva que se me endilga, sino que genéricamente se limita a hacer referencia a una eventual participación en una irregularidades que ha detectado o detectó la empresa.
Como estas razones no me convencen y las estimo infundadas, además de ser una decisión infortunada e injusta de la empresa, como se demostrará, insisto que la empresa me explique en forma concreta estos motivos y hechos que se tuvieron para esta decisión de cancelación unilateral del contrato…”.
— La demanda fue repartida al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, que mediante auto de 7 de junio de 1994, la admitió y ordenó correr traslado a la entidad demandada.
— En escrito presentado de manera oportuna, Corelca dio respuesta a la demanda. Se opuso a las pretensiones de la misma y formuló las excepciones de: (i) prescripción de cualquier derecho que por el transcurso del tiempo no pudiera ser reclamado; (ii) inexistencia de la obligación, por haber procedido la demandada conforme a derecho al dar por terminada la relación laboral con el actor y (iii) carencia de derecho, porque la corporación había procedido a cancelar al extrabajador todas las acreencias laborales, conforme a sus obligaciones legales y convencionales.
— Agotado el procedimiento, esto es, luego de celebradas las audiencias de conciliación y de trámite, dentro de las cuales se practicaron las pruebas testimoniales y se aportaron las pruebas documentales decretadas, integradas básicamente por la investigación administrativa que adelantó Corelca, por el retiro irregular de materiales de las dependencias de la entidad, en contra de varios funcionarios, entre ellos, del señor González Arjona, se produjo el juzgamiento en audiencia celebrada el 27 de enero de 1998, en la cual el juzgado resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso, a partir del autoadmisorio de la demanda, por no haberse agotado la vía gubernativa. Se dijo en esa providencia:
“La empresa demandada tiene el carácter de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Minas y Energía...
Visto lo anterior, para poder iniciar acción contra la demandada, el actor debió agotar previamente la vía gubernativa, tal como lo prevé el artículo 6º del Código de Procedimiento Laboral...
Es pues el agotamiento de la vía gubernativa factor de competencia para el juez laboral, debiendo estar satisfecha la exigencia de agotamiento previo de la vía gubernativa al momento de la admisión de la demanda. Y para que la vía gubernativa se entienda agotada, es necesario que los derechos que se reclamen en la demanda que da lugar al proceso hayan sido previamente reclamados ante la entidad respectiva antes de presentar la demanda, es decir, que deben reclamarse y expresarse de manera clara y precisa los derechos que se pretenden al formular la correspondiente reclamación directa ante la entidad respectiva, y si tal hecho no ocurre no se tiene por agotada la vía gubernativa.
En el caso presente, el actor acompaña copia al carbón con la debida constancia de haber sido recibido por la entidad demandada, de un escrito de fecha 22 de febrero de 1994, en el cual aparece consignado lo siguiente:
Se observa que el demandante en su escrito presentado a la demandada..., no le formula en concreto reclamación de indemnización por despido injusto, limitándose a solicitarle le expliquen o concreten los hechos tenidos en cuenta para desvincularlos, lo que lleva a este juzgado a que no se ha acreditado haberse agotado debidamente agotamiento previo de la vía gubernativa, de donde surge que al admitirse la demanda, en tales condiciones, la actuación nació viciada, por lo que el juzgado declara nulo el proceso..., conforme a lo previsto en el artículo 140, numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, por carecer el juzgado de competencia, ya que la exigencia del artículo 6º del Código de Procedimiento Laboral, para poder accionar en caso como el presente, no se encuentra satisfecho”.
— El señor González Arjona impugnó esa decisión. Adujo que sí agotó la vía gubernativa y que prueba de ello era el escrito de 22 de febrero de 1994, aportado con la demanda, en el cual solicitó el reconocimiento y pago de sus derechos sociales y pidió que se le señalaran las razones por las cuales se le desvinculó injustamente de la entidad, solicitudes mediante las cuales formalizó el agotamiento de la vía gubernativa, de manera tan cierta que la empresa demandada dio respuesta a las mismas.
— Mediante sentencia de 27 de mayo de 1998, el Tribunal Superior de Barranquilla, confirmó la sentencia apelada, por considerar que:
“La petición de agotamiento de la vía gubernativa laboral no exige requisitos de procedibilidad, basta que el trabajador oficial mencione o reclame claramente, en términos claros, correctos y precisos acerca de los derechos que pretende, sin formativas especiales, argumentaciones jurídicas, etc. Aunque la petición laboral administrativa no exige condiciones o formas especiales, la jurisprudencia ha determinado que el reclamo debe ceñirse a los requisitos de la demanda laboral, particularmente en las pretensiones y en los hechos, con el fin de prevenir la incompetencia del juez y la indebida acumulación de peticiones en el petitum de la demanda. Es decir, que las pretensiones y los hechos del reclamo administrativo deben coincidir en todo con los hechos y las pretensiones de la demanda laboral.
“Al examinar el memorial de reclamo administrativo y la demanda laboral, debemos concluir que los hechos y pretensiones planteados en ambos eventos no coinciden o no son los mismos, puesto que en la solicitud administrativa solamente se pide y se reitera que la demanda de una explicación explícita y concreta de los hechos o motivos que tuvo en cuenta para la rescisión del contrato de trabajo, anunciando de antemano el otorgamiento de poder al profesional del derecho para que le gestione el reconocimiento y pago de los derechos sociales; y en la demanda laboral las peticiones son: ‘...se condene a la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca a que se reconozca y pague... la indemnización convencional... una indemnización por mora en el pago de las prestaciones sociales... todas aquellas sumas de dinero que resulten probadas (ultra y extra petita) y las costas del proceso’.
“Como en la demanda laboral no se aceptan pretensiones o hechos que no fueron alegados en la vía gubernativa, por tratarse en el fondo de un mismo conflicto jurídico existente entre la administración y el trabajador oficial, la juez de primera instancia debió al momento de estudiar la demanda para su admisión apreciar si la trabajadora (sic) oficial había o no dado cumplimiento al artículo 6º del Código de Procedimiento Laboral, que ordena el agotamiento de la vía gubernativa, para en su defecto disponer tal como lo faculta el artículo 28 del Código de Procedimiento Laboral la devolución del libelo introductorio con el objeto de subsanar tal falencia. Ante la omisión anterior, lo procedente era declarar mediante autointerlocutorio la nulidad de todo lo actuado, como se hizo, por cuanto no se agotó debidamente el procedimiento gubernativo exigido en el artículo 6º del Código de Procedimiento Laboral para poder demandar y sabido es que el agotamiento de la vía gubernativa es factor de competencia.
“Respecto al factor de competencia, la jurisprudencia de la Sala Laboral ha declarado sin vacilaciones que esta exigencia de agotamiento de la vía gubernativa es sin duda alguna un factor de competencia para el juez laboral, y que como tal debe estar satisfecha en el momento de la admisión de la demanda. Constituye por tanto uno de los llamados ‘presupuestos procesales’ (...), cuyo cumplimiento es necesario ‘para la constitución regular de la relación jurídico-procesal’ (...). En ocasiones, teniendo en cuenta los distintos aspectos básicos de este problema procesal, se ha confundido el requisito de agotamiento de la vía gubernativa, cuyo incumplimiento conduce a la nulidad de la actuación (incompetencia), con otro requisito procesal denominado ‘demanda en forma’, cuya inobservancia lleva a que se pronuncie sentencia inhibitoria (ineptitud de la demanda)...”.
3.3. Como antes se señaló, solo las decisiones carentes de una justificación o argumentación jurídicamente atendible pueden considerarse incursas en error judicial. No se configura dicho error cuando frente a un caso concreto, se da una solución jurídica razonable, de la que, sin embargo, otro juez pueda disentir con razones igualmente válidas.
En el caso concreto, considera la Sala que la decisión definitiva adoptada en el proceso laboral, no constituye un error judicial, porque se fundamentó en normas jurídicas ineludibles, conforme a las cuales para la reclamación judicial de los derechos laborales de los servidores públicos, se requiere que en forma previa la administración decida sobre la reclamación que formule el trabajador, en aplicación de los principios del privilegio de lo previo y la legalidad del gasto público.
En efecto, no es dable al juez decidir sobre derechos de carácter laboral antes de que la administración se pronuncie sobre las reclamaciones de sus servidores, en actividad o en retiro, ni de sus pensionados por sustitución. El principio de la autotutela de la administración, es decir, de su capacidad “como sujeto de derecho para tutelar por sí misma sus propias situaciones jurídicas”(21), de marcada presencia en la relación laboral que rige el vínculo entre el Estado y sus servidores, ya sea este regido por una relación legal o reglamentaria, o por un contrato de trabajo, otorga a la administración la posibilidad de decidir los asuntos de su competencia, sin intervención judicial previa, mediante actos administrativos, que gozan de presunción de legalidad y ejecutividad. Sólo cuando el interesado en la decisión la hubiere discutido, en su caso, ante la misma administración, podrá acudir ante la jurisdicción a cuestionar la legalidad de ese acto, exigencia que, por demás, tiene entre sus finalidades la de favorecer al mismo afectado.
En otros términos, no hay lugar a reclamar directamente ante la jurisdicción un derecho de carácter laboral cuando previamente no se ha reclamado ante la administración. Es lo que la doctrina francesa denomina privilége du préalable, o el privilegio de decidir previamente a toda intervención del juez, el cual sólo podrá ejercer control del acto cuando la administración ha decidido de manera ejecutoria(22). Criterio que esta corporación ha sostenido reiteradamente:
“Corresponde al actor reclamar en la vía gubernativa las pretensiones que pretende hacer valer ante la instancia judicial. Así lo manda el privilegio de la decisión previa conforme al cual, por regla general, la administración pública, a diferencia de los particulares, no puede ser llevada a juicio contencioso si previamente no se le ha solicitado por el administrado una decisión sobre la pretensión que se propone someter al juez. La reclamación previa, que se opone al derecho de citación directa que tienen los demandantes en los procesos civiles, constituye un privilegio por cuanto le permite a la administración volver a pensar o considerar mejor la decisión que se impugna o resiste; y para el administrado también puede resultar ventajosa ya que mediante su gestión podrá convencer a la administración y evitarse así un pleito(22)(sic).
Privilegio de lo previo que se traduce no sólo en la previa reclamación ante la Administración, sino en el agotamiento de la vía gubernativa, que la Corte Constitucional encontró ajustado a la Constitución, como requisito de procedibilidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de actos particulares al declarar la exequibilidad del artículo 135 del Código Contencioso Administrativo(23)(sic). Dijo la Corte:
“El artículo 135 de Código Contencioso Administrativo, dispone que la demanda para impetrar la nulidad de un acto administrativo particular y concreto que ponga término a un proceso administrativo y restablezca el derecho del afectado con dicho acto, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo.
En efecto, el agotamiento de la vía gubernativa como requisito de procedimiento establecido por el legislador, permite que el afectado con una decisión que considera vulneratoria de sus derechos, acuda ante la misma entidad que la ha proferido para que esta tenga la oportunidad de revisar sus propios actos, de suerte que pueda, en el evento en que sea procedente, revisar, modificar, aclarar e inclusive revocar el pronunciamiento inicial, dándole así la oportunidad de enmendar sus errores y proceder al restablecimiento de los derechos del afectado, y, en ese orden de ideas, se da la posibilidad a las autoridades administrativas de coordinar sus actuaciones para contribuir con el cumplimiento de los fines del Estado (C.P., art. 209), dentro de los cuales se encuentran entre otros los de servir a la comunidad y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (C.P., art. 2º).
La vía gubernativa se constituye en un mecanismo, que muchas veces es sustituto del judicial, en la medida en que contribuye a satisfacer plenamente la pretensión del interesado y, además, es una institución que garantiza su derecho de defensa en cuanto le permite impugnar la decisión administrativa, a través de los recursos de ley”(25).
En síntesis, dado que corresponde a la administración resolver sobre las reclamaciones laborales que le formulen los servidores estatales, decisiones que pueden ser controvertidas por los interesados ante la misma administración a través de los recursos que la ley señale, agotada la instancia gubernamental podrá acudirse ante el juez para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos expresos o fictos que en respuesta a tales solicitudes se profieran.
Aduce el demandante que el requisito de procedibilidad de que se trata quedó formalizado con el escrito que presentó ante Corelca el 22 de febrero de 1994, mediante la cual solicitó a la empresa explicaciones sobre su despido y el pago de las prestaciones sociales que se le adeudaban, escrito que el Tribunal de Cartagena consideró que no agotaba la vía gubernativa, porque lo expuesto en él no coincidía con los hechos y pretensiones planteados en la demanda.
Las razones aducidas en la providencia cuestionada para valorar la reclamación presentada por el actor ante la entidad demandada, a la luz de las exigencias legalmente establecidas para el agotamiento de la vía gubernativa, se consideran igualmente razonables y por lo tanto, no constitutivas de error judicial. Esa prueba fue valorada por la autoridad judicial competente a la luz de las normas y de los criterios jurisprudenciales, conforme a los cuales debía existir identidad entre los hechos y fundamentos de la reclamación previa y los de la demanda.
Ni siquiera señaló el actor cuál fue el error en el que se incurrió en esa apreciación. Su alegación en este proceso más bien pretende que se revise esa decisión, como si se tratara en este caso de una nueva instancia, revisión que resulta completamente ajena a la que debe realizarse cuando se demanda la reparación de perjuicios derivados de las fallas en la administración de justicia, como antes se señaló.
Sin duda, no resulta afortunado en el caso concreto que solo en el momento de proferirse la sentencia, el juez hubiera advertido que no se dio cumplimiento a la exigencia de agotamiento previo de la vía gubernativa, omisión que le impedía proferir sentencia de mérito por falta de competencia; sin embargo, es claro que esta era una carga del demandante, quien debe soportar los efectos adversos de su incumplimiento.
A juicio de la Sala, el actor incurrió en culpa grave por no haber dado cumplimiento a la reclamación previa ante la entidad pública, en la forma prevista en la ley. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, ha de entenderse que el daño se produjo por culpa exclusiva de la víctima.
3.4. Se afirmó en la demanda que al omitir “el control de legalidad en la forma y contenido” de la demanda laboral para declarar la nulidad del proceso tres años, 5 meses y 20 días después de haber presentado la demanda le causó al señor Jaime González Arjona un daño patrimonial, porque le impidió adelantar las acciones laborales o contencioso administrativas correspondientes para la defensa de sus derechos.
Entiende la Sala que el demandante acusa la actuación adelantada por la jurisdicción laboral con ocasión de la demanda que interpuso no sólo por el error judicial, al que ya se hizo referencia, sino también por fallas que consistieron en haber demorado la decisión por un lapso superior a aquél con el que contaba para adelantar las respectivas acciones laborales, esto es, que según el actor, el Juez Primero Laboral del Circuito de Barranquilla incurrió en lo que la Ley 270 de 1996 denomina como indebido funcionamiento de la administración de justicia, el cual puede derivarse de dilaciones injustificadas.
Al revisar el proceso se advierte que en él se adelantaron las siguientes actuaciones: la demanda se interpuso el 27 de abril de 1994; fue admitida el 7 de junio siguiente; la misma fue notificada y contestada oportunamente por la entidad demandada el 11 de julio de 1994; la audiencia de conciliación y primera de trámite se adelantó el 12 de diciembre de 1994. En ella se decretaron las pruebas solicitadas por las partes y se señaló el 20 de enero de 1995 para celebrar la segunda audiencia de trámite, dentro de la cual se habrían de recibir los testimonios. En la fecha señalada se abrió la audiencia, pero las partes solicitaron suspenderla y fijar nueva fecha, por la inasistencia de los testigos. Esta fue fijada para el 25 de mayo de ese mismo año, la cual el apoderado de la demanda solicitó suspender y fijar nueva fecha, por aducir que los testigos se hallaban fuera de la ciudad y con el fin de obtener el expediente administrativo adelantado contra el actor.
De nuevo se fijó fecha para continuar con la diligencia el 17 de agosto de 1995, la que efectivamente se celebró y en la cual se recibió declaración al único testigo que concurrió. Las partes pidieron que se suspendiera la audiencia y se fijó el 15 de noviembre de 1995 para su continuación, pero a esa audiencia tampoco asistieron los testigos, por lo que los apoderados de las partes, una vez más, pidieron su suspensión y que se ordenara librar boletas de comparendo contra los testigos renuentes. La audiencia fue fijada para el 11 de abril de 1996. En ella el apoderado del actor solicitó el traslado de las declaraciones rendidas por algunos de los testigos renuentes en proceso similar. A esa petición accedió el juzgado que dispuso oficiar al despacho judicial señalado por el demandante y fijó el 26 de julio de 1996, para la práctica de la inspección judicial decretada y la recepción de otros testimonios. En esa oportunidad, el apoderado del actor, de nuevo, solicitó trasladar testimonios de otro despacho judicial y fijar fecha para recibir declaración a los testigos solicitados por la parte demandada y que en el evento de que estos no acudieran, se procediera a señalar fecha para audiencia de juzgamiento.
La nueva audiencia fue fijada para el 12 de febrero de 1997, pero antes de su iniciación, el apoderado de la parte demandada solicitó su aplazamiento, por imposibilidad de asistencia. El juzgado accedió a su solicitud y fijó el 28 de mayo para continuar la audiencia, en la cual las partes insistieron sobre la práctica de algunas pruebas, para lo cual se fijó el 18 de septiembre de 1997, como fecha para continuar la tercera audiencia de trámite, para recibir tales testimonios, quienes tampoco acudieron en esa última audiencia, pero dentro de la cual las partes aportaron prueba documental. La audiencia de juzgamiento fue fijada para el 27 de enero de 1998, la cual se celebró en esa fecha. En ella se declaró la nulidad que en este proceso acusa el demandante.
Como se advierte, el proceso se prolongó por más de tres años, por causas no imputables a la administración de justicia, sino a la dinámica del proceso mismo. Fueron las partes las que en repetidas ocasiones solicitaron el aplazamiento de la tercera audiencia de trámite, porque insistieron en la necesidad de que se practicara la prueba testimonial decretada. El juzgado mostró siempre diligencia para tratar de agotar el procedimiento y oír a los testigos, con el fin de obtener los elementos de juicio que le permitieran establecer si el despido del demandado se produjo o no con justa causa y por eso, ordenó en repetidas oportunidades la comparecencia de los mismos; además, practicó la inspección judicial; incorporó la prueba documental y accedió a oficiar a los despachos judiciales señalados por las partes, con el fin de obtener el traslado de las declaraciones que no pudieron recibirse en el proceso.
Lo único que podría aducirse como dilación sería el hecho de no haber fijado las audiencias en unos plazos más breves; sin embargo, este asunto, que no fue ni siquiera objetado por el aquí demandante, obedece al hecho notorio e irrebatible de la congestión que padecen los despachos judiciales, en consideración al volumen de trabajo, que impide adelantar los procesos en los términos legalmente previstos.
En consecuencia, considera la Sala que en el caso concreto, la duración del proceso laboral, no constituyó una dilación injustificada, que dé lugar a la reparación de los perjuicios que adujo haber sufrido el demandante.
Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia impugnada.
CONFÍRMASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 11 de junio de 2001.
(1) Por ejemplo, en relación con los actos de los secuestres que ocasionaran grave deterioro a los bienes o la sustracción de títulos o bienes que se encontraran bajo la custodia de las autoridades judiciales. Sentencias del 10 de noviembre de 1967, exp. 868; 31 de julio de 1976, exp. 1808 y del 24 de mayo de 1990, exp. 5451.
(2) En sentencia de 13 de diciembre de 2001, exp. 12.915, dijo la Sala: “La Carta Política de 1991 indicó que el Estado responderá patrimonialmente de los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas (art. 90). Esa norma, de contenido abierto, no restringió la responsabilidad estatal a una función del Estado; es extensiva a todo escenario de la función pública, independientemente del contenido y la forma que adopte, por lo tanto comprende, entre otros, los daños antijurídicos que se causen en desarrollo de la función judicial... De ese texto constitucional se infiere que siempre que se ocasione daño antijurídico por una actuación de autoridad pública, por acción o por omisión, en principio puede haber responsabilidad, porque la Carta Política no hizo distingos. Por tanto la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que causa, puede surgir también cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. En sentencia de 5 de agosto de 2004, exp. 14.358, reiteró: “Pero, como es bien sabido, el fundamento y alcance de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en general, sufrió una sustancial modificación con la expedición de la Constitución de 1991, ya que a partir de esta, hoy en día la fuente primaria y directa de imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado, tanto contractual como extracontractual, está contenida en el inciso 1º del artículo 90 de la Carta, conforme con el cual: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas”. De tal manera que, en el caso concreto de la responsabilidad de naturaleza extracontractual, el Estado tiene la obligación de indemnizar todo daño antijurídico que produzca con su actuación, lícita o ilícitamente, voluntaria o involuntariamente, ya sea por hechos, actos, omisiones u operaciones administrativas de cualquiera de sus autoridades, o de particulares especialmente autorizados para ejercer función pública, pero que la víctima del mismo no está en el deber jurídico de soportar, cuya deducción puede ser establecida a través de distintos títulos de imputación, tales como la falla del servicio, el daño especial, el riesgo, la ocupación temporal o permanente de inmuebles, el error judicial, el indebido funcionamiento de la administración de justicia, la privación injusta de la libertad, entre otros”.
(3) Ver sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13.164.
(4) Por ejemplo, en sentencia de 25 de noviembre de 2004, exp. 13.539, se declaró la responsabilidad del Estado por dilación injustificada del proceso. Dijo la Sala: “...en el caso concreto, la duración del proceso penal por más de cinco años, sin que hubiera quedado ejecutoriada la resolución de acusación, constituyó una dilación injustificada, que da lugar a la reparación de los perjuicios sufridos por el demandante, porque, además de esa falla de la administración de justicia, están acreditados en el expediente la probabilidad de que la decisión hubiera sido adversa al sindicado Pedro Antonio Corredor Forero y consecuencialmente, favorable a la parte civil y que la reparación del perjuicio hubiera sido posible, en consideración a la capacidad económica del responsable de los daños, si se tiene en cuenta que para tal fin le fue embargado y decomisado un vehículo de su propiedad”.
(5) Sentencia de 3 de junio de 1993, exp. 7859, dijo la Sala: “La abundante prueba aportada al proceso permite concluir que este es un caso más, de otros similares de que ha conocido la Sala, en que se condena a la administración, no con apoyo en la filosofía jurídica que informe el llamado “Error judicial”, sino por un “Mal servicio administrativo de la justicia”, pues no otra cosa cabe predicar de la conducta del juez primero superior, que en providencia calendada el día 15 de noviembre de 1985 ordena el depósito bajo comiso del vehículo objeto del presente conflicto de intereses, nombra depositario del mismo al señor Sergio Luis Córdoba, pero no lleva a cabo la diligencia correspondiente, limitándose a remitirlo al cuerpo de bomberos, donde queda abandonado, al sol y al agua, realidad que determinó el deterioro con el cual fue entregado posteriormente a su dueño. Esa conducta negligente de la juez lesionó un bien del demandante, causando un daño antijurídico, por omisión de la autoridad, que el actor no tiene por qué soportar. Así las cosas la administración debe indemnizar los perjuicios causados con apoyo en el artículo 90 de la Constitución Nacional. La misma posición jurisprudencial se adoptó en relación con la demanda de reparación formulada con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios sufridos con el embargo de un vehículo, que no era propiedad del demandado, decretado por un juez dentro de un proceso ejecutivo, que permaneció varios años secuestrado, a pesar de que era fácil verificar la propiedad o posesión del bien. Sentencia del 4 de diciembre de 2002, exp. 12.791.
(6) Sentencias citadas del 4 de abril de 2002 y 30 de mayo de 2002.
(7) Reyes Monterreal, José María. La responsabilidad del Estado por error y anormal funcionamiento de la administración de justicia. Editorial Colex. Madrid, 1995, pág. 24.
(8) Sentencia de 27 de abril de 2006, exp. 14.837.
(9) Sentencia de 5 de diciembre de 2007, exp. 15.128: “La Sala precisa que el error judicial siempre está contenido en una providencia judicial, por medio de la cual se pone fin, en forma normal o anormal al proceso, por esta razón el yerro sólo se configura cuando se han agotado los recursos previstos en la ley para impugnar la providencia judicial. Su configuración se logra mediante el análisis comparativo entre las fuentes del derecho que rigen la función de administrar justicia y la providencia judicial respecto de la cual se predica el error judicial, a cuyo efecto deberá considerarse también el conjunto de actos procesales que integran el correspondiente proceso. En efecto, no es dable tomar como hecho independiente o autónomo únicamente la providencia judicial, pues esta debe analizarse mediante el estudio de los otros actos procesales, demanda, contestación, pruebas, etc. Pues sólo de esta manera es dable deducir la inconformidad de la providencia con el deber ser definido por el ordenamiento jurídico, en su aspecto sustancial y procedimental”.
(10) Sentencia C-037 de 1996. Para declarar la exequibilidad condicionada del artículo 66 de la Ley 270 de 1996, razonó así la Corte: “...debe decirse que el error jurisdiccional no puede ser analizado únicamente desde una perspectiva orgánica como parece pretenderlo la norma bajo examen. Por el contrario, la posible comisión de una falla por parte del administrador de justicia que conlleve la responsabilidad patrimonial del Estado, debe ser estudiada desde una perspectiva funcional, esto es, bajo el entendido de que al juez, por mandato de la Carta Política, se le otorga una autonomía y una libertad para interpretar los hechos que se someten a su conocimiento y, asimismo, aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico (C.P., art. 228). Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacía la autonomía funcional del juez. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas —según los criterios que establezca la ley—, y no de conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una “vía de hecho”.
(11) Sentencia de la Sección Tercera de la corporación de 2 de mayo de 2007, exp. 15.576.
(12) Esa norma dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
(13) CIDH, Detención arbitraria, Diez años de actividad. 1982, pág. 320. Citado por Daniel O’Donnell en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2004, págs. 306-307 y 442.
(14) Perfecto Andrés Ibáñez y Claudio Movilla Álvarez. El poder judicial. Madrid, Edit. Tecnos, 1986, pág. 358.
(15) Citada por Luis Martín Rebollo. Jueces y responsabilidad del Estado. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, págs. 164 y 165.
(16) No obstante, sobre este criterio existe controversia en la doctrina. Por ejemplo, Montero Aroca considera que “Todo incumplimiento de los plazos debe dar lugar a declarar la existencia de un funcionamiento anormal de la administración de justicia, sin que ello signifique sin más el derecho a la indemnización, pero por la razón distinta de que puede o no puede haber existido daño o perjuicio”. Responsabilidad civil del juez y del Estado por la actuación del poder judicial. Madrid, Edit. Tecnos, 1988, pág. 35.
(17) Por ejemplo, el deterioro de un vehículo puesto a disposición de un juzgado penal, que no se entregó al secuestre sino que se ordenó su remisión a un patio donde permaneció a la intemperie por un período prolongado. Sentencia del 3 de junio de 1993, exp. 7859; el embargo de un vehículo, que no era propiedad del demandado, decretado por un juez dentro de un proceso ejecutivo, y que permaneció varios años secuestrado, a pesar de que era fácil verificar la propiedad o posesión del bien. Sentencia del 4 de diciembre de 2002, exp. 12.791.
(17)(sic) “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Sentencia del 15 de febrero de 1996, exp: 9940.
(19) Cfr. Sentencia de 25 de julio de 1994, exp. 8493, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. La jurisprudencia de la Sección antes de la expedición de la Ley 678 de 2001 se apoyó en esta doctrina para precisar el alcance de la culpa grave.
(20) Sentencia de 8 de marzo de 2007, exp. 24953.
(21) Al respecto, ver Eduardo García de Enterría - Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo I. Thomson Civitas, Madrid, 20 ed., 2004, pág. 515.
(22) Al respecto, ver Eduardo García de Enterría - Tomás-Ramón Fernández, op. cit.
(22)(sic) Consejo de Estado - Sección Segunda, sentencia de 9 de junio de 2005, exp. 15001-23-31-000-2000-00629-01(2270-04).
(23)(sic) Sentencia C-319 de 2000.
(25) Sentencia C-060 de 1996.

References: artículo 90
 artículo 40
 artículo 90
 resolución 
 artículo 66
 artículo 67
 artículo 29
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 70
 artículo 28
 artículo 6
 artículo 140
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 28
 artículo 6
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 70
 artículo 90
 resolución 
 artículo 90
 artículo 66
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