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Timestamp: 2020-05-27 01:02:05+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 389, de 14/10/2009
Año 2009 IX Legislatura Núm. 389
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON ANTONIO CUEVAS DELGADO
Sesión núm. 25 celebrada el miércoles 14 de octubre de 2009
Ratificación de la ponencia y aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre las siguientes iniciativas legislativas:
- Proposición de ley de creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática, a fin de asumir la representación de los intereses profesionales en el ámbito nacional e internacional, así como la defensa y desarrollo de la sociedad de la información. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 122/000144.) ... (Página 2)
- Proposición de ley de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 122/000162.) ... (Página 2)
- Proposición de ley de creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Técnica en Informática, a fin de asumir la representación de los intereses profesionales en el ámbito nacional e internacional, así como la defensa y desarrollo de la sociedad de la información. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 122/000145.) ... (Página 2)
- Proposición de ley de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 122/000163.) ... (Página 3)
- De simplificación administrativa y fiscal de la producción de energía mediante fuentes renovables en el ámbito doméstico y de las PYMES.
(Número de expediente 161/000782.) ... (Página 6)
- Relativa a la consolidación de Navantia Fene Ferrol como astilleros de construcción naval, civil y militar, así como a la creación de un gran centro de reparaciones navales. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000501.) ... (Página 8)
- Relativa a la aplicación del plan de ayudas al calzado. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000532.) ... (Página 11)
- Sobre la reducción de emisiones en gasolineras. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000803.) ... (Página 14)
- Sobre contenidos digitales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000937.) ... (Página 17)
- Sobre medidas de apoyo y promoción del sector del camping. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001002.) ... (Página 19)
- Relativa a la ubicación en Galicia de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001074.) ... (Página 21)
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA Y APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:
- PROPOSICIÓN DE LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA, A FIN DE ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES PROFESIONALES EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, ASÍ COMO LA DEFENSA Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 122/000144.)
- PROPOSICIÓN DE LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 122/000162.)
PROPOSICIÓN DE LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA, A FIN DE ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES PROFESIONALES EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, ASÍ COMO LA DEFENSA Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 122/000145.)
PROPOSICIÓN DE LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 122/000163.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión número 25 de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, con el orden del día que tienen en su poder. Vamos a agrupar el punto 1.º porque se trata de la misma materia, que tiene que ver con la proposición de ley de creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática, a fin de asumir la representación de los intereses profesionales en el ámbito nacional e internacional, así como la defensa y desarrollo de la sociedad de la información. Esta proposición de ley ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y hay otra idéntica del el Grupo Parlamentario Socialista. Hay otra más que tiene que ver con la proposición de ley de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática, presentada por el Grupo Socialista, y otra en el mismo sentido presentada por el Grupo Popular. Estas cuatro proposiciones de ley, en el trámite de ponencia, se han refundido en una sola y, por tanto, las vamos a tramitar conjuntamente en un solo acto. A continuación, veremos las proposiciones no de ley. La votación de todos los puntos la efectuaremos al final de la sesión y calculamos que no antes de las seis de la tarde. Quizás nos vayamos a las seis y media o a las siete, pero para su organización no antes de las seis de la tarde, pero si terminamos antes sí votaremos a las seis.
Para defender esta proposición de ley tiene la palabra por el Grupo Popular don Adolfo Luis González.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (don Adolfo Luis): Voy a hacer lo posible para que la votación pueda ser antes de las seis de la tarde, porque será mejor para todos. Voy a ser muy breve porque hoy nos encontramos ya en el punto y final de un largo proceso que, tanto para los ingenieros técnicos informáticos como para los ingenieros informáticos, ha sido una reivindicación que ha tenido un largo recorrido, una reivindicación que no siempre ha tenido los cauces ni el apoyo adecuados por parte de los distintos organismos, instituciones, el propio Congreso, los grupos políticos. De ahí que considere que el día de hoy es un momento feliz para todos los miembros de los colegios informáticos, tanto los técnicos como los conocidos anteriormente como ingenieros superiores -actualmente se puede decir de ciclo corto o de ciclo largo-. Esta tarde, en esta Comisión de Industria, estamos dando un paso más que importante para este objetivo, para esta reivindicación de la creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Técnica en Informática y de Ingeniería en Informática. Ya expuse en las dos ocasiones correspondientes en el hemiciclo, en las distintas exposiciones de motivos y en los distintos articulados de las dos leyes, las características de ambas, por qué se hacía esto y qué es lo que querían.
De ahí que hoy me vea exento de tener que repetir nuevamente todo ello -por ello me he referido a la brevedad-, pero no puedo ocultar algo muy importante, porque sin ello en la tarde de hoy no estaría hablando de lo que estoy hablando, como es la ayuda que hemos tenido, por lo menos este diputado que les está hablando, de los colegios profesionales de las distintas comunidades autónomas, que han trabajado duro por todo ello, que se han comunicado maravillosamente, como no puede ser de otra forma -son informáticos- a través de la red y que han proporcionado los cauces, las inquietudes, las realidades que deseaban que ocurrieran. También me van ustedes a permitir que dé las gracias al letrado de la Comisión, porque también ha tenido un trabajo importante en esta Comisión.
Estas dos leyes, la de los ingenieros técnicos en informática y la de los ingenieros, pueden ser un ejemplo de lo que significa consenso. Siempre estamos hablando de que tenemos que llevar a cabo políticas de consenso.
Creo que estas dos leyes han disfrutado del consenso que tiene que tener este Congreso de los Diputados para la sociedad y, en este caso, para un sector muy concreto como es el de la informática. Estas leyes son de un corto pero intenso articulado, que cumple a la perfección las expectativas de los ingenieros informáticos. Solo voy a leer dos párrafos de esta ley, que para ellos son muy importantes. El primero es del artículo 1, donde se habla de la creación del consejo general, y dice: Se crea el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Técnica en Informática y de Ingeniería en Informática -en la otra ley- como corporación de derecho público, que tendrá personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines con arreglo a la ley.
Y, en segundo lugar, la disposición final primera, que textualmente dice lo siguiente: En el plazo de seis meses el Gobierno procederá a la modificación del Real Decreto 1029/2002, de 4 de octubre, por el que se establece la composición y el régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, para garantizar una presencia justa y ecuánime de los Colegios Profesionales de Ingeniería Técnica y de Ingeniería en Informática en dicho consejo asesor.
Señor presidente, termino aquí mi intervención. Reitero mi agradecimiento a todos aquellos que han intervenido en la elaboración de estas leyes.
Doy la enhorabuena y felicito a todos los informáticos que están dentro de este mundo colegial de la informática y agradezco a todos aquellos que han participado en la labor de estas dos importantes normativas para un sector profesional muy llamativo de España en estos momentos por el interés prestado, por la ayuda prestada y porque por fin -espero- llegue a buen término el gran sueño que tenían de que esto se creara en el día de hoy con el consenso y la votación posterior.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señorías, la posición de nuestro grupo parlamentario es favorable, como no podía ser de otra manera, a la creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática y de Ingeniería Técnica en Informática porque supone un paso más, aunque no suficiente, hacia el pleno reconocimiento de la profesión de ingenieros informáticos y de los técnicos en informática. En su conjunto, nuestro grupo parlamentario considera que estamos hablando de un colectivo muy importante en nuestro tejido profesional y que juega y ha de jugar un papel decisivo en el proceso de transformación de nuestra economía. Una economía que ha de avanzar hacia la modernización e impulsar en mayor medida la sociedad de la información y del conocimiento, que son las claves del crecimiento y de la competitividad de nuestra sociedad y de nuestro sistema. En este contexto, hablamos de una disciplina que ofrece innegables potencialidades de mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. También es un instrumento facilitador de la salida de la crisis, porque como impulsor de la sociedad del conocimiento es determinante en la competitividad y productividad de nuestro tejido social y productivo. La historia de los ingenieros y de los técnicos informáticos no ha estado exenta de dificultades, señorías.
Se ha avanzado en su reconocimiento académico pero hemos de dar pasos más decisivos, y el más importante es llegar a su pleno reconocimiento profesional. Nuestro grupo parlamentario apoya claramente la creación de los consejos generales de colegios profesionales, pero también es consciente de que no servirá de nada si no se consigue el pleno reconocimiento de la profesión y de sus atribuciones. Y ello hay que hacerlo con una mentalidad abierta, con una visión de futuro y una visión también europea. Hay que definir el papel de los ingenieros informáticos y el de los técnicos en informática desde diferentes vertientes y decidir qué papel le corresponde a los colegios en las funciones tan relevantes de cara a garantizar la calidad de los servicios a la ciudadanía.
Ya manifestamos, señor presidente, señorías, en su momento desde nuestro grupo parlamentario y ante esta misma Comisión, el valor de la profesión informática tanto en términos cuantitativos como cualitativos; cualitativos por el valor añadido que aporta la profesión a la actividad económica y al crecimiento de país. Las TIC son hoy el mejor instrumento, como decía antes, de innovación que las empresas han de incorporar en sus procesos, con retornos claros en términos de competitividad y productividad, y son también una fuente de ocupación y de crecimiento en un sector estratégico para nuestra economía. Desde el punto de vista cuantitativo, la profesión está formada por un colectivo de profesionales muy relevantes, ingenieros y técnicos que premian desde sus estudios de ingeniería o técnica la colaboración con el tejido empresarial. También en este marco sus universidades son universidades de excelencia e incorporan no solo la docencia, sino también la investigación científica y la colaboración con este tan imprescindible tejido empresarial para conseguir la tan ansiada y necesaria transferencia real de la investigación al tejido productivo.
En este debate, señorías tampoco podemos olvidar que es un debate que enmarcamos en un contexto europeo, como decía también antes. Nos situamos en un momento en el que se está modificando nuestro modelo de educación superior y, al mismo tiempo, la estructura económica en lo que a servicios se refiere. Los dos tienen un impacto en el ámbito que nos ocupa, y ello evidencia aún más la necesidad de dotar a la profesión de un marco estable, que hable de servicios cuando nos referimos a la profesión y no solo aplicaciones o programas. Hemos de apostar por la regulación profesional y académica y todo ello hacerlo en el marco de las directrices europeas en materia de servicios y en el marco de Bolonia.
Ambos, servicios y Bolonia, nos acercan a Europa y es la Europa en la que la profesión está reconocida académicamente y regulada en aquellos países que tienen regulación. Por todo ello, señorías, esperamos que la creación de los consejos sea un paso más que acelere el pleno reconocimiento de la profesión y asegure su papel en el crecimiento y la competitividad y modernización de la economía y de nuestra sociedad en general.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Hoy debatimos la aprobación de dos leyes, la creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática y la creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática. Lo hacemos porque cumplimos con la ley, porque estamos convencidos que no solo beneficia a los profesionales del sector de las ingenierías, sino que beneficia y tiene un interés general. Existen nueve colegios de ingenierías técnicas de diferentes comunidades autónomas, once de ingenierías informáticas y, por tanto, cumpliendo la Ley de Colegios Profesionales de 1974 que cuando hay uno o más colegios constituidos a nivel autonómico se ha de crear el consejo, creamos en este momento estos consejos con el trámite de esta ley que hoy se aprobará en esta Comisión. ¿Por qué lo hacemos? Por una parte, porque resolvemos la representación de una profesión importante, sobre todo en un momento de la nueva sociedad en red, basada en las TIC, en las tecnologías de la información y la comunicación, y desde el convencimiento de que casi todo lo que utilizamos hoy en día tiene de soporte una aplicación informática y las personas nos reclaman cada vez más seguridad y confianza, sobre todo, para participar en la red. La segunda cuestión es que cuantitativamente hablamos de una ingeniería informática importante. Hay 81 centros que imparten la
titulación, más de 100.000 titulados, el 25 por ciento de las ingenierías y el 70 por ciento de los ingenieros en el ámbito TIC. Además, no es una ingeniería reciente, hace 32 años se crearon las primeras escuelas, en 1976. Por tanto, hablamos de una ingeniería mayoritaria, importante para la nueva sociedad en la que estamos.
Es cierto que en los últimos meses ha habido un cierto malestar en el sector, la reclamación de una ordenación, la demanda de igualdad de oportunidades, igualdad de representación respecto a otros colectivos de ingenierías, especialmente de ámbitos profesionales similares o cercanos, pero también es cierto que cuando dialogamos con colegios, con asociaciones y con representantes de estudiantes, coincidían en que había habido una falta de representatividad clara, de voz clara, de las aspiraciones globales. En este sentido, ellos mismos y yo queremos reconocer el papel que ha tenido la Mesa que ha acogido tanto a personas de la universidad, los rectores y decanos, como directores de escuela, colegios, estudiantes, asociaciones y han aunado en una voz y, por tanto, el colectivo ha tenido objetivos comunes para que luego puedan ser asumidos por los diferentes partidos e instituciones. He de decirles que desde el 1 de abril que nos sentamos con representantes de estos sectores, hemos acelerado este proceso, que si bien en el tiempo tardó mucho, una vez que hemos estado de acuerdo en el qué y en el cómo, hemos ido muy rápido. Desde el 1 de abril que hubo el compromiso, registramos la ley y debatimos en el Pleno del Congreso, el 26 de mayo y el 5 de junio, las dos leyes. Todos conocemos los tiempos parlamentarios, por tanto, hemos priorizado la entrada en el cupo del orden del día de estas leyes y además es el Grupo Socialista el que utilizó su cupo para debatirlo en Pleno. A partir de ese momento -creo que estarán de acuerdo otros partidos- hemos trabajado por el acuerdo y por el consenso que se merecía dar una solución. Primero, cuando nos pidió el Grupo Popular acumular los debates, lo aceptamos. En Pleno nos votamos mutuamente las leyes de los demás grupos, con lo cual conseguimos que las iniciativas fueran aprobadas no por mayoría sino por unanimidad. Después, en ponencia hemos fusionado las dos leyes también por unanimidad. La única diferencia sustancial que había entre las dos leyes es que la ley del Grupo Popular contenía la inclusión de los consejos en el Catsi, en el Consejo de representación de los temas de sociedad de la información. Como saben, el Grupo Socialista ha aceptado la inclusión en la fundición de los textos.
Está incluido por acuerdo unánime. Por tanto, los colegios que de hecho ya el Gobierno se había puesto en contacto con ellos para que formaran parte del Catsi, pero no formalmente, ahora incluimos en un artículo de la ley que se modifique el decreto de formación de este consejo para que estén formalmente en él con derecho. Además, hay una segunda cuestión importante para las ingenierías informáticas, que es que la creación de los consejos permiten la representación en ámbitos internacionales que tienen un especial interés para ellos, como es la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingeniería y también la Asociación Mundial de Ingeniería Informática, que actualmente no tienen representación.
En resumen, quiero felicitarme y felicitarnos por el consenso, porque damos un mensaje de avance en su representación a las ingenierías informáticas y, por tanto, en su voz como profesionales. Ha habido avances importantes, como el reconocimiento de contenidos mínimos o las llamadas fichas en el ámbito académico y ahora la representación en el ámbito profesional e institucional, y creo que lo hacemos convencidos, lo que es muy importante en este momento, porque representan una profesión clave en el desarrollo y en la modernización de nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, me dicen que quiere intervenir.
Disculpe, pero no había visto su petición de intervención. Tiene la palabra para fijar posición en esta ley.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No formo parte del escenario de esta Comisión, por lo que es comprensible que no me haya visto pedir la palabra. Le pido disculpas anticipadas por si mi intervención, al no ser una persona con unos conocimientos forenses adecuados a los exigentes requerimientos de esta Comisión, resulta un tanto heterodoxa, pero yo también quiero regocijarme y regodearme en esta especie de éxtasis de consenso (Risas.) que se ha producido en relación a estas dos proposiciones que, por cierto, ya fueron objeto de debate en el Pleno del Congreso, donde sí tuve la oportunidad de manifestar la opinión de nuestro grupo parlamentario. No hay nada nuevo bajo el sol en lo que uno puede leer en una especie de lectura rápida, un obiter dicta, podríamos decir. En este momento es importante invocar la estrategia de Lisboa, los gaps que tenemos en relación a la sociedad de la información, la importancia de los TIC -sobre todo en una situación de crisis económica- y sobre todo una reivindicación de derecho positivo ordinario, que son los requerimientos de la Ley de Colegios Profesionales, que han provocado un cierto calvario en el iter legislativo de esas dos proposiciones, puesto que existiendo ya colegios profesionales sobre las dos profesiones nada menos que en Murcia, Valencia, el País Vasco, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Andalucía, Extremadura y Galicia, no se le escapa al señor presidente -avezado conocedor de los requerimientos normativos en esta materia- que existiendo más de un colegio de límite inferior al estatal es necesario -por requerimiento de la Ley de Colegios Profesionales- crear un colegio de ámbito estatal o una organización colegial de ámbito estatal. Luego estamos atendiendo a requerimientos normativos tan elementales que me uno a esta adhesión punto menos que incondicional, y desde esa perspectiva, señor presidente, también quiero manifestar el sentido positivo de nuestro voto en relación con la creación de ambos colegios.
El señor PRESIDENTE: Le reitero que no ha sido un problema de falta de visión; sí le he visto sentado, pero no he visto que había levantado la mano para intervenir. Corregido ese asunto y sustanciada, por tanto, la iniciativa que procede de la unificación de posiciones en el texto resultante de la ponencia, pasaríamos a la votación, no sin antes hacer un trámite que, quizá por la urgencia, a este presidente se le ha pasado por alto, y es que deberíamos haber ratificado la ponencia designada para informar las siguientes iniciativas legislativas, que son las que leí al principio. Por tanto, ¿ratificamos por asentimiento la ponencia designada? (Asentimiento.)
(Número de expediente 161/000782.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las proposiciones no de ley. Hay una alteración en el orden consensuada por todos los grupos. En primer lugar, vamos a ver la número 9, que es una proposición no de ley de simplificación administrativa y fiscal de la producción de energías mediante fuentes renovables en el ámbito doméstico y de las pymes a iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Efectivamente, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una proposición no de ley que va orientada básicamente a la simplificación administrativa y fiscal de la producción de energía mediante fuentes renovables en el ámbito doméstico y de las pequeñas y medianas empresas. Es por este motivo por lo que al final de nuestra iniciativa legislativa lo que básicamente pretendemos es instar al Gobierno a incluir... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un segundo, señor Sánchez i Llibre. Ruego a SS.SS.
silencio, porque entre el ruido que tenemos de la obra de la calle y el ruido habitual de la Comisión, no se oye nada. Así que si les parece, como la obra de la calle no la podemos detener, vamos a parar el ruido habitual. Señor Sánchez i Llibre, tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Tal como les manifestaba al inicio de mi intervención, lo que básicamente planteamos en esta enmienda es instar al Gobierno para que pueda incluir en el futuro proyecto de ley de la eficiencia energética y energías renovables -proyecto de ley que no va a ser posible que entre en el Parlamento porque el Gobierno lo va a incorporar con toda seguridad, o al menos así lo creemos dada la información que hasta ahora tiene nuestro grupo parlamentario, en la ley de la economía sostenible- todas aquellas medidas destinadas a potenciar la producción de energías renovables en los hogares y en las pequeñas y medianas empresas y, en su caso, su conexión a la red. También instamos al Gobierno a simplificar todos aquellos trámites y obligaciones fiscales y administrativas en el ámbito de sus competencias que deben cumplimentar las empresas productoras de energías renovables que deseen vender sus excedentes a la red. Nosotros planteamos esta iniciativa parlamentaria porque estamos en un momento en el que es necesario intensificar todas aquellas acciones dirigidas al ahorro y a la eficiencia energética, así como al desarrollo de las energías renovables.
Por este motivo, consideramos que desde las administraciones públicas se debe poner de manifiesto la necesidad de que la ciudadanía tome conciencia en su vida diaria de todas aquellas medidas que puedan adoptarse en esta materia, especialmente en los hogares. Entendemos que con esta iniciativa se deben realizar todas aquellas actuaciones relacionadas con el fomento de los electrodomésticos, lámparas eficientes, campañas de sensibilización y formación sobre el correcto uso de los electrodomésticos, calefacción y refrigeración, al mismo tiempo que se elaboran manuales de consejos para el ahorro de energía en el hogar. Todo ello parece adecuado, pero cuando el ciudadano opta por producir electricidad limpia en el ámbito doméstico, la complejidad burocrática y las obligaciones administrativas que conlleva significa en muchos casos un encarecimiento económico y desincentivador de esta iniciativa. En su caso también podríamos añadir que se pretenda incorporar todos aquellos sistemas de producción de energía para su conexión a la red -las dificultades también se multiplican-, como podría ser en este caso la presentación de la declaración censal, el alta en el impuesto sobre las actividades económicas, la obtención del código de actividad y establecimiento, la licencia de obras y actividades, legalización de la instalación mediante la autorización administrativa previa, certificación de las instalaciones eléctricas, acta de puesta en marcha, negociación con la empresa eléctrica distribuidora para establecer el punto de conexión, inscripción en el registro especial de la producción de energía eléctrica, declaración y liquidación del impuesto sobre el valor añadido. Todo esto son algunos trámites que deberán realizar, gastos que deberán abonar y obligaciones que deberán asumir los particulares o las pequeñas o medianas empresas que pretendan instalar en su domicilio o establecimiento algún sistema de producción de energía eléctrica mediante fuentes renovables, de tal forma que al mismo tiempo se pueda evacuar parte de la energía que genera y no consuma. Por lo tanto, desde Convergència i Unió consideramos que tanto si nos referimos a emplazamientos aislados de red, como a instalaciones conectadas a la red, la carga burocrática desincentiva la voluntad de los ciudadanos de abastecer con energía limpia todos sus domicilios. Habiendo manifestado ya el Gobierno su voluntad de
presentar un proyecto de ley de eficiencia energética y de energías renovables, entendemos que también se deberían acometer complementariamente todas estas medidas de simplificación administrativa en este ámbito, tanto desde el punto de vista de la máxima simplificación de los trámites administrativos, como de todas aquellas obligaciones fiscales en todas estas actividades para obtener finalmente una facilidad y que aquellos hogares o pequeñas y medianas empresas que quieran realizar o plantear la fabricación o la elaboración de energías renovables lo puedan conseguir lo antes posible.
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que hablen un poco más despacio porque la acústica de esta sala hace imposible que se pueda seguir tomando la sesión.
Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Moraleda.
El señor MORALEDA QUÍLEZ: Antes de nada el Grupo Socialista quiere señalar que ha leído con atención la proposición no de ley planteada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y tiene que manifestar su coincidencia con el objetivo central que persigue, primero, en lo que se refiere a dotar de la importancia estratégica que tiene en estos momentos el ámbito de las energías renovables, unido al de la eficiencia energética. El ministro de Industria, en una de sus últimas comparecencias, vino a poner de manifiesto que existían tres factores fundamentales en el escenario energético internacional, que el Grupo Socialista comparte, el primero de ellos, la necesidad de incrementar la seguridad del suministro energético en nuestro país. Es de todos conocido que el 84 por ciento de dependencia en importaciones de combustibles fósiles para soportar la demanda energética española es un porcentaje alto que tiene que disminuir en función del incremento de energías autóctonas y por tanto aumentar la seguridad en el suministro. El segundo factor en este escenario internacional, además recientemente puesto en valor por cumbres internacionales y por visitas bilaterales -la última entre el presidente Zapatero y el presidente Obama-, es la necesidad de acometer de manera conjunta actuaciones para hacer frente a los efectos del cambio climático. Por último, el incremento de los precios de las materias primas ha hecho que algunos expertos digan que estamos ante la tercera crisis del petróleo. Esos tres fenómenos nos sitúan en un escenario en el que la eficiencia energética y el aumento de la seguridad del suministro es o debería ser, estratégico para el conjunto de las fuerzas políticas en tanto en cuanto sea esta sin duda alguna una política de Estado. Aumentar la eficiencia energética significa ser más eficaces en la intensidad energética y en el consumo energético. Producir más energía autóctona significa tener más porcentaje de energías renovables en el mix energético respecto al conjunto de ofertas de fuentes energéticas. Por eso decimos que compartimos la oportunidad y la prioridad sobre esta materia.
También podemos decir que compartimos lo relativo a la necesidad de eliminar el conjunto de condiciones administrativas, siempre y cuando no se ponga en tela de juicio la seguridad jurídica de las inversiones ni, por supuesto, la capacidad del Estado en la obtención de recursos a través de las citadas inversiones. El Gobierno debe promover actuaciones para evitar trabas administrativas en hogares y pequeñas empresas. Sin embargo, en la proposición no de ley vemos que también se hace hincapié en cuestiones fiscales, lo que, admitiendo que también puede ser tratable por la especificidad de la materia en la que estamos inmersos, creo que tiene otro cuerpo jurídico distinto al cuerpo de esta proposición no de ley. Por tanto, lo que persigue la enmienda es el acercamiento al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), limitarse -como creo que es su objetivo- a eliminar o disminuir, en la medida de lo posible, las trabas administrativas e instar al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a que el tema fiscal se pueda recoger en un cuerpo jurídico propio pero separado en este caso de la exigencia de disminución de trabas administrativas.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere fijar posiciones? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular el señor Mariscal tiene la palabra.
El señor MARISCAL ANAYA: El Grupo Parlamentario Popular piensa apoyar esta iniciativa tras la corrección que ha introducido el Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de intentar que la nueva Ley de eficiencia energética y de energías renovables potencie la producción de energías renovables en los hogares y en las pequeñas y medianas empresas y, naturalmente, facilitar su conexión a la red, además de simplificar los trámites administrativos, como anteriormente decía el señor Moraleda, fundamentalmente por criterios políticos nacionales y por los compromisos internacionales que España ha suscrito en el sentido de reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero en un 20 por ciento, además de incluir que el 20 por ciento de nuestro mix energético esté sustanciado por energías renovables. Y esto es así por tres razones, desde nuestro punto de vista. En primer lugar, porque de esta manera nos adaptamos al Plan de Energías Renovables 2005-2010, en el sentido de intentar que el 30,3 por ciento del consumo bruto de energía español sea de energías renovables. En segundo lugar, para intentar que la estrategia de ahorro y eficiencia energética 2004-2012 se lleve a cabo, y con el impulso que se le ha dado desde el 1 de agosto de 2008 para el Plan de activación del ahorro y la eficiencia energética 2008-2012, porque nos parece que la excesiva volatilidad que el petróleo produce convierte a España en un país con grandes dificultades debido a nuestra dependencia energética. Y en tercer lugar, por los nuevos modelos de generación distribuida, en los que la energía renovable puede contribuir
aún más a nuestra independencia y a dejar de ser, como ocurre actualmente, una isla energética en Europa.
Nos parece -y aprovecho la ocasión para hablar de energías renovables- ciertamente importante apostar por las fuentes de energías endógenas -en este caso la energía renovable- en cuanto a reducción de dependencia energética y también por un sector estratégico que sin duda alguna contribuirá al cambio de modelo económico; un modelo que transformará nuestra economía actualmente basada en otros sectores en una economía basada en el conocimiento, que hable de desarrollo, de investigación e innovación, economía del conocimiento. Ahora, lo que nos parece absolutamente contradictorio es la actual postura tanto del Partido Socialista como de Convergència i Unió. Y aprovecho la ocasión para referirme a que mañana debatiremos en el Congreso de los Diputados...
El señor PRESIDENTE: Señor Mariscal, estamos en un turno de proposiciones no de ley y está en un turno de fijación de posiciones sobre esta materia. No podemos abrir el debate de otras materias. Le ruego que eso lo deje para mañana porque habrá ocasión en el Pleno.
El señor MARISCAL ANAYA: Simplemente quiero decir que nos parece contradictorio que el Partido Socialista y Convergència i Unió apoyaran recientemente una enmienda que destroza y paraliza el desarrollo de las energías renovables en España y que penaliza la inversión y por tanto no contribuye a una mejor balanza comercial de nuestro país, contribuye a una escasa credibilidad de nuestro sector de las energías renovables y castiga especialmente a una industria que le daba valor añadido a nuestra economía. Me parece que la enmienda que se debatirá mañana y que esperamos que tanto el Partido Socialista como Convergència i Unió rectifiquen, contribuye...
El señor PRESIDENTE: Señor Mariscal, usted tiene todo el derecho a argumentar en relación con esta proposición no de ley pero no en relación con la enmienda de mañana. Se lo he dicho al principio y no se lo vuelvo a repetir. Por favor, cíñase al contenido de la proposición no de ley y a la posición de su grupo en relación con la propuesta y la enmienda.
El señor MARISCAL ANAYA: Señor presidente, solo quiero decir que las energías renovables a las que hoy se pretende apoyar con esta proposición no de ley de Convergència i Unió están en grave riesgo si mañana Convergència i Unió y el Partido Socialista continúan en la defensa de esa enmienda que presentaron en el Senado la semana pasada.
El señor PRESIDENTE: Señor Mariscal, veo que me ha hecho poco caso.
Tiene la palabra, para defender... (El señor Mariscal Anaya pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, señoría, este es un debate que está en el Reglamento, está tasado. No hay necesidad de hacer ninguna referencia a la enmienda de mañana, se trata simplemente de fijar una posición y punto. No sé por qué tenemos que violentar el Reglamento porque el mismo derecho que tiene S.S. a hablar de la enmienda de mañana lo tendrán otros diputados a hablar, y no es posible si no respetamos las reglas del juego.
El señor Sánchez i Llibre tiene la palabra para fijar su posición en relación con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SÁNCHEZ i LLIBRE: Señor presidente, en primer lugar, por el respeto y la sensibilidad que me merece el Grupo Parlamentario Popular no voy a contestar a las manifestaciones que ha hecho el señor Mariscal, pues realmente no venían a cuento y creo sinceramente que tampoco obedecen al rigor ni al prestigio que dicho grupo siempre ha mantenido en temas energéticos, por lo cual no voy a manifestar nuestra posición de mañana, y si este señor está mañana en el Pleno la podrá conocer debidamente. En segundo lugar, después de escuchar la brillante intervención que ha hecho de la enmienda que ha presentado el señor Moraleda, no me queda más remedio que aceptarla, y eso es por tanto lo que vamos a hacer.
- RELATIVA A LA CONSOLIDACIÓN DE NAVANTIA FENE FERROL COMO ASTILLEROS DE CONSTRUCCIÓN NAVAL, CIVIL Y MILITAR, ASÍ COMO A LA CREACIÓN DE UN GRAN CENTRO DE REPARACIONES NAVALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000501.)
El señor PRESIDENTE: Para continuar con el orden, volvemos al punto 7.º, proposición no de ley relativa a la consolidación de Navantia Fene Ferrol como astilleros de construcción naval, civil y militar, así como a la creación de un gran centro de reparaciones navales, que presenta en esta Comisión el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Para su defensa tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Señorías, esta proposición no de ley, aunque tiene un año de antigüedad a la hora de presentarla en el Registro de la Cámara, conserva todo su vigor porque trata de un problema que está sin resolver desde hace muchos años: el que tienen los astilleros de Navantia Fene Ferrol en relación con el veto que la Unión Europea mantiene sobre la construcción naval convencional de buques civiles en las antiguas instalaciones de Astano. La semana pasada, y de acuerdo también con los compromisos que había adquirido el presidente del Gobierno, el presidente de la Xunta de Galicia propuso al comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Joaquín Almunia,
y al presidente de la Comisión, señor Durão Barroso, devolver la actividad a los astilleros de Fene sobre los que pesa un veto de la Unión Europea para la construcción naval convencional. Nosotros creemos que estos astilleros podrían ser aprovechados por astilleros privados mediante concesiones administrativas para construir barcos civiles mientras continúe el veto, y con esto no se violarían en modo alguno las condiciones de la Unión Europea puesto que quienes construirían buques serían astilleros privados, como ya se intentó no hace mucho tiempo a propuesta del Gobierno de la Xunta de Galicia en la legislatura anterior.
En todo caso, el presidente del Gobierno se ha comprometido a realizar gestiones para levantar el veto, y estamos convencidos de que tendrá que cumplir su palabra. Por eso solicitamos en este momento que pueda incluirse, en esta proposición no de ley, que se mantenga esta solicitud ante la Unión Europea. En el contexto actual de crisis económica y por la flexibilidad con que Bruselas ha prometido aplicar sus normas sobre competencia, libre mercado y ayudas públicas, no tiene ningún sentido seguir penalizando con este tema a España y de manera muy especial a la comarca de Ferrol. Puede que las soluciones inteligentes a las que se refería el señor Durão Barroso en la entrevista que mantuvo con el señor Núñez Feijóo pasen por un interés cierto de la Unión Europea por la construcción naval y dejar que España saque adelante un sector en el que fue número uno mundial.
Por todo ello, señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley en la que se recogen los acuerdos alcanzados en el Parlamento de Galicia en la legislatura pasada entre los tres grupos políticos que conformaban el Parlamento gallego y que se refiere a los puntos que siguen. Permitir la puesta en marcha de un gran centro de reparaciones navales en la comarca de Ferrolterra con inversión pública y privada en las instalaciones de Navantia tanto en Ferrol como en Fene. Solicitamos que se comiencen de manera inmediata las obras necesarias para la construcción de su dique número cinco a fin de poder trabajar durante los 365 días del año, para lo que habrá que realizar la correspondiente provisión de fondos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, decíamos entonces para el año 2009. Iniciar de manera inmediata las conversaciones con la Unión Europea para levantar la prohibición de construir buques civiles en Navantia Fene. Obligar a la SEPI a que presente el plan industrial prometido para Ferrolterra, pero no el plan de reindustrialización para las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, que también, aunque este año hemos visto en presupuestos -como decía el otro día la secretaria general de Industria- que bajaban un 30 por ciento y quedaban congelados estos fondos por las cuestiones que todos conocemos de la crisis, sino que lo que nosotros solicitamos es el plan de empresa, es decir, que la SEPI y Navantia presenten un plan para los astilleros y un plan para la industria auxiliar, que es lo que se viene reclamando. Relanzar la actividad de la división de turbinas aprovechando el auge del sector eólico y liberar los 200.000 metros cuadrados ociosos de las instalaciones de Navantia Fene para ponerlos a disposición de la iniciativa empresarial mediante un concurso público, siempre que se dediquen a la construcción naval, reparaciones navales, transformaciones o incluso podría tener cabida perfectamente, ya que se han retirado de las instalaciones del muelle comercial, todo lo que se refiera a desguaces de buques. En definitiva, esta no es más que la proposición no de ley aprobada en el Parlamento gallego hace tiempo y que en este momento cobra actualidad no solo por la intención manifestada por el presidente del Gobierno en este Parlamento de iniciar gestiones ante Bruselas para el levantamiento del veto, sino también por la entrevista que el pasado día 8 de octubre mantuvo el presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, con el presidente Durão Barroso y con el comisario de Asuntos Económicos, para que este veto no solo pudiera levantarse para la construcción naval convencional en los astilleros públicos sino que incluso se pudiera dar entrada a la iniciativa privada. Este es el sentido de nuestra proposición no de ley. Todos los grupos políticos del Parlamento gallego apoyaron esta iniciativa. El Grupo Parlamentario Popular, en aras de que esto salga adelante, está dispuesto a admitir lo que los grupos políticos del Partido Socialista de Galicia PSDG-PSOE o el Bloque Nacionalista Galego entiendan como enmiendas. Estamos dispuestos a sacarlo adelante siempre que no se desvirtúe la realidad de la proposición no de ley que presentamos. Por tanto, y entendiendo que las enmiendas que se han presentado están siendo objeto de negociación, están siendo objeto de puntualizaciones, el Grupo Parlamentario Popular esperará a que el Bloque Nacionalista Galego y el PSDG-PSOE, el Partido Socialista, presenten las enmiendas definitivas para poder pronunciarnos finalmente sobre ellas. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Hay, efectivamente, dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Mixto que consta de una enmienda a los puntos primero y último, y otra del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Jorquera. Puede defender las dos conjuntamente, es una enmienda pero está referida al punto primero y al punto segundo.
El señor JORQUERA CASELAS: Señor presidente, voy a explicar las enmiendas y fijar nuestra posición en nombre del Bloque Nacionalista Galego. En primer lugar deseo manifestar que apoyamos los contenidos básicos de la proposición no de ley presentada por el Partido Popular. Como sabe el señor Fernández de Mesa, esta cuestión fue suscitada en Cortes en innumerables ocasiones por el Bloque Nacionalista Galego, incluso hasta el extremo de haberle merecido al presidente del Gobierno la consideración de que ya era por nuestra parte un tema recurrente. El presidente del Gobierno asumió el compromiso en un debate plenario, y a instancias
del BNG, de aprovechar la Presidencia española de la Unión Europea para renegociar los límites que impiden recuperar el astillero de Fene para la construcción naval civil. Pero nosotros entendemos que este compromiso tiene que hacerse efectivo y no puede quedar única y exclusivamente en la verbalización de buenas intenciones. Consideramos que es una situación de total y absoluta injusticia mantener un astillero que tiene una tecnología puntera, que tiene un probado saber hacer en el campo de la construcción naval, que está inactivo en un contexto de crisis económica como en el que estamos y en una comarca que tiene importantes bolsas de paro, cuando es un astillero que puede ser un importante generador de empleo. Pensemos, señorías, que la razón que explica el veto que impide recuperar el astillero de Fene para la construcción naval civil es que en su momento el grupo Izar se benefició de ayudas públicas, lo cual atentaba contra las leyes de libre competencia que rigen en la Unión Europea, y nunca se demostró que esas ayudas públicas llegasen al astillero de Fene. Como ya hemos manifestado en muchos debates parlamentarios, nos parece impúdico que en un contexto de crisis, y cuando la respuesta a la crisis de muchos gobiernos europeos es inyectar ayudas públicas en sectores en crisis para ayudar a reflotarlos, siga pesando este veto sobre el astillero de Fene que impide recuperarlo para la construcción naval civil. Por tanto, reafirmamos nuestro apoyo a los contenidos básicos de esta proposición no de ley. No obstante, procurando mejorarla, hemos presentado dos enmiendas, una que se refiere al primer punto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en la que se hace alusión a la necesidad de potenciar la ría de Ferrol como un gran centro de reparaciones navales. Nosotros proponemos, en sustitución de la referencia al gran centro de reparaciones navales, hablar de un gran centro de construcción, reparación, reciclaje y transformación naval. Esto es así porque entendemos que el complejo de la ría de Ferrol, integrado por los astilleros de Ferrol y de Fene, no puede solo aspirar a competir en el campo de la reparación naval. Es imprescindible que sea un complejo integral que abarque todos los campos relacionados con la construcción naval, la construcción en sí misma, el reciclaje y, por tanto, también posibles tareas de desguace de buques y la adaptación de buques para unos fines distintos a los inicialmente concebidos.
En segundo lugar, y en relación con el último punto de la proposición no de ley, cuando se habla de la necesidad de liberar los 200.000 metros cuadrados ociosos de las instalaciones de Fene para ponerlos a disposición de la iniciativa empresarial mediante concurso público, nosotros proponíamos añadir para actividades relacionadas con la construcción naval. No debe dejarse, desde nuestro punto de vista, la puerta abierta a otros usos, dado que Fene debe competir en aquello en lo que realmente tiene vocación, en aquello en lo que tiene capacidad y en lo que tiene potencialidad como es la construcción naval. No podemos abrir la puerta -si se me permite la caricatura y discúlpenme si me expreso en términos demasiado coloquiales- para que esos activos ociosos al final sean usados para instalar un hipermercado y no para desarrollar todas las potencialidades que tiene esta comarca en el campo de la construcción naval. Además, debe tenerse en cuenta que estamos hablando de instalaciones industriales situadas en el dominio público marítimo terrestre sobre las que hay un régimen de concesión finalista para actividades en el campo de la construcción naval. No hemos presentado enmienda al penúltimo punto relativo a relanzar la actividad de la división de turbinas aprovechando el auge del sector eólico, porque coincidimos con el mismo, aunque desde nuestro punto de vista debe tenerse en cuenta, no obstante, que Navantia renunció a la licencia para trabajar en el sector eólico -esto es un handicap que, por tanto, es necesario modificar-, y desde nuestro punto de vista tiene cierta incongruencia que se apueste por aprovechar también las posibilidades de actuar en el sector eólico cuando hay decisiones del actual Gobierno gallego que en la práctica están conllevando una paralización de la capacidad de desarrollo de Galicia en este campo. Pero no quiero introducir elementos de polémica en este debate. Quiero felicitar al señor Fernández de Mesa por presentar esta iniciativa porque creo que, al margen de diferencias políticas, al margen de protagonismos legítimos que cada uno de nosotros podamos aspirar a tener, es fundamental que en una cuestión clave para el desarrollo de la comarca de Ferrolterra, una cuestión clave para que Galicia pueda desarrollar plenamente sus potencialidades en el campo de la construcción naval, todos tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo y de actuar en defensa de algo que es de justicia. Por tanto, insisto, apoyo en nombre del BNG los contenidos básicos de esta proposición no de ley y estoy seguro de que en el proceso de diálogo llegaremos a un acuerdo para que se incorporen algunas de las enmiendas que sugerimos y que haya un respaldo unánime de esta Comisión a esta proposición no de ley, que es a lo que aspiramos.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Carro.
El señor CARRO GARROTE: El Grupo Parlamentario Socialista comparte el espíritu de la iniciativa del Partido Popular profundamente, y de hecho la enmienda que presentamos no pretende rechazar o desacreditar los puntos que en la propuesta se introducen. Quizá intentamos actualizar o contextualizar alguno de los elementos y buscar al mismo tiempo un consenso político que nos permita, efectivamente, aprobar unánimemente en esta Comisión una proposición de ley sobre este asunto. Por ejemplo, la proposición no de ley del Partido Popular habla de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 o de procesos que están de hecho cumplidos o que están en marcha. Por ejemplo, en relación con el plan industrial, la próxima semana hay una reunión con
los sindicatos para continuar la negociación. Por esto, compartiendo los objetivos principales de la iniciativa, proponemos una enmienda y estamos en disposición de modificar algunos puntos en los siguientes aspectos. En primer lugar, potenciar el centro de reparaciones de Navantia en las factorías de Fene y Ferrol. Es necesario que SS.SS. sepan que es un centro de ocupación que está en torno al 95 por ciento de actividad, no solo para la plantilla propia sino también para una importante plantilla auxiliar, y que recientemente ha realizado acuerdos para la reparación de la flota del Atlántico Norte con la empresa BP Shipping, que aporta un alto prestigio a Navantia y que tiene importantes navieras como Shell, Exmar y otras, con precontratos de reparación de buques que supondrán un impulso muy importante a este centro de reparaciones. Hablamos de posibilitar la colaboración público-privada. De hecho, esto ya sucede, ya trabaja un importante número de empresas privadas en este centro de reparaciones, y de acometer las inversiones que para ello se estimen necesarias en cuanto al cumplimiento de este objetivo.
Quizá no podemos compartir alguna concreción de la propuesta del Partido Popular en cuanto a obras muy concretas que, en todo caso, deberíamos dejar -parece lógico- a la decisión de la dirección del Astillero. Desde luego, reconocemos, fortalecemos y apoyamos el compromiso que el presidente del Gobierno mantuvo en sede parlamentaria en varias ocasiones en la línea de reivindicar el levantamiento del veto impuesto a Navantia Fene para la construcción de buques civiles, pero, en línea con lo que expresaba el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, con el objetivo de optimizar los activos de la compañía en actividades relacionadas preferentemente con el sector naval. Es necesario decir que efectivamente hay una razón especial y nueva para esta reivindicación del levantamiento del veto, que es justamente la situación de crisis económica internacional, que parece lógico que haga repensar muchos de los compromisos y acuerdos previos en relación con sectores industriales clave. Al mismo tiempo, proponemos mantener el compromiso político inversor que a través del programa de reindustrialización ha puesto en marcha el Ministerio de Industria para las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, con una dotación presupuestaria de 65 millones de euros para 2010, potenciar la reactivación de la fábrica de turbinas, en primer lugar, como un elemento altamente competitivo y complementario de la reparación de grandes buques gaseros y también con la recuperación de otros mercados u otras actividades industriales relacionadas con el sector energético, especialmente el eólico, como se nombraba. Finalmente estaríamos de acuerdo, si esto es motivo de consenso, en introducir un punto más sobre el plan industrial del que hablaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que decía que hay que resolver, de acuerdo con los compromisos adquiridos por el Gobierno en el acuerdo de 2004 con la Unión Europea y los sindicatos, el plan industrial del astillero y de la industria auxiliar. En este aspecto, insisto, la semana que viene se reanudan las negociaciones con los sindicatos sobre esta cuestión. Por tanto, es un compromiso que el Gobierno está ya en camino de cumplir.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún grupo que desee fijar posición? (Pausa) Señor Fernández de Mesa, creo que había explicado que tiene su opinión sobre la aceptación de las enmiendas.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Señor presidente, si le parece, vamos a terminar de consensuar la enmienda transaccional y cuando esté definida se lo comunicamos.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Pues entonces, a la hora de la votación de esta enmienda pediremos si hay aceptación o si hay alguna transaccional que podamos votar conjuntamente con la proposición.
- RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL PLAN DE AYUDAS AL CALZADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000532.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la proposición no de ley del punto 8º, relativa a la aplicación del Plan de ayudas al calzado, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Para su defensa tiene la palabra la señora Pedrosa.
La señora PEDROSA ROLDÁN: Señor presidente, tomo la palabra para presentar en nombre de mi grupo una iniciativa fundamental para el desarrollo de la industria del calzado. La crisis que nos azota, la falta de previsión ante una situación económica como la que vivimos y la ausencia de medidas eficaces para combatir esta situación están llevando a los ciudadanos de nuestro país a vivir una situación de auténtica incertidumbre. Nuestro Gobierno primero negó la crisis, después impulsó medidas tardías y en muchos casos desacertadas, luego habló de brotes verdes y a continuación ha decidido subir los impuestos para, por último, hablar de un posible resurgir de la economía en la próxima primavera. Todos estos vaticinios han resultado desacertados y mientras tanto al tiempo que la industria de nuestro país agoniza, continúan aumentando las cifras del paro. En la industria del calzado y la marroquinería vivimos la paradoja de que el desempleo ha irrumpido con fuerza a la vez que han crecido las exportaciones. Por eso digo que los datos son contradictorios. Las exportaciones de calzado han aumentado un 9 por ciento durante el primer semestre del año 2009 en número de unidades según los últimos datos aportados por la Federación de Industrias del Calzado Español, FICE, de igual forma que la marroquinería, en la que en el primer trimestre de 2009 las exportaciones continuaron creciendo con una cuota del 7 por
ciento respecto al año 2008. La industria del calzado, que en gran parte se encuentra concentrada en la provincia de Alicante, está combatiendo con firmeza los efectos de la crisis gracias a su carácter fundamentalmente exportador y a la mejora de la situación económica de los países importadores del calzado fabricado en España. De los 105 millones de pares que produce el sector, 103 se exportan, lo cual da la medida de lo globalizado de esta industria. Precisamente, la política del Gobierno valenciano ha consistido en poner el mayor énfasis en la internacionalización y en la promoción exterior de la industria hacia mercados emergentes. Y es que son la internacionalización, la diversificación en los mercados, la innovación, la incidencia en la imagen de marca, el diseño y la cooperación y el control de la distribución los que están permitiendo combatir la crisis económica. Es precisamente el hecho de tratarse de una industria pujante y volcada hacia el exterior lo que está permitiendo sortear en menor medida y en el plano de lo comercial lo peor de la crisis económica de nuestro país. Sin embargo, se da la paradoja de que cada vez son más las fábricas de calzado y de marroquinería que cierran, al tiempo que el número de trabajadores del sector que pierden su empleo no deja de crecer.
Una característica representativa del sector del calzado en España es su enorme grado de atomización, ya que predominan las empresas de tamaño medio que no superan los cincuenta empleados; también su gran flexibilidad para adaptarse a las demandas del mercado, a lo que hay que añadir el hecho de que el producto exportado posee una calidad elevada y una marca propia. Sin embargo, el sector navega casi en solitario.
Sobrevive por el empuje de sus empresarios y sus trabajadores, que están acostumbrados a la adversidad ante la falta de ayudas eficaces y decididas de la Administración central. Los motivos de esta situación no pueden ser otros que la falta de reformas fiscales más eficaces por parte del Gobierno ante la duración cada vez mucho más prolongada de la crisis.
También la eclosión de la economía globalizada y la creciente competencia de los países asiáticos amenazan cada vez con más fuerza a un sector industrial de gran importancia en la economía de nuestro país como es el calzado. Prueba de su importancia son los datos de producción del año 2008 facilitados por FICE: 105,9 millones de pares por un valor de 1.765,6 millones de euros. Eso demuestra la importancia de esta industria para un país como el nuestro, donde se recorta la inversión en investigación y desarrollo, I+D, al tiempo que nuestros dirigentes hablan de potenciar modelos alternativos productivos. ¿Cómo? ¿Con más impuestos? ¿Con menos inversión? ¿Con menos apoyos fiscales a las empresas?
El incumplimiento de la aplicación en 2008 del Plan estatal de apoyo al sector del calzado, que no ha comenzado a aplicarse hasta febrero de este año, ha supuesto para esta industria la desaparición de 241 empresas y de 1.657 puestos de trabajo en todo el territorio nacional, según los datos facilitados por FICE; unas ayudas que se comprometieron en 2007, pocos meses antes de las pasadas elecciones generales, y que han llegado muy tarde a la industria. Según el índice de producción industrial del Instituto Nacional de Estadística, la producción de la industria del calzado retrocedió un 23,9 por ciento hasta junio. Existen serias dudas de que la mayoría de las medidas incluidas puedan ser eficaces en la actual coyuntura económica porque mientras el Gobierno de la nación apueste por una subida generalizada de impuestos y continúe sin realizar la reforma fiscal que demanda este país la modernización de la industria y su desarrollo no se producirá en un contexto que le permita competir de igual a igual con los países de su entorno. Mientras la banca cierra el grifo de los créditos, sería conveniente que el Instituto de Crédito Oficial, ICO, abriera nuevos créditos para capital circulante con el fin de resolver los problemas de falta de liquidez que sufren muchas de las empresas del sector. Si analizamos los tres tipos de subvenciones contempladas en el Plan de ayudas al calzado podemos ver ya que están completamente obsoletas y superadas debido a su retraso en la aplicación.
No olvidemos que el objetivo consistía en evitar que se siguiera destruyendo tejido empresarial y laboral en este sector de la industria manufacturera tradicional; y ese objetivo hay que reconocer que no se ha cumplido cuando miles de trabajadores del sector del calzado están hoy y ahora en la calle. Esa es una realidad imposible de maquillar. No es lo mismo adoptar medidas de apoyo a las empresas antes de que la crisis se manifieste en toda su agudeza que cuando la crisis ya ha arrastrado a cientos de empresas y a miles de trabajadores de este sector industrial.
Una parte importante de ayudas se concentraba en tres tipos de subvenciones: para la movilidad geográfica, con el fin de estimular a los trabajadores para que acepten contratos fuera de su localidad; subvenciones para facilitar la inserción laboral de trabajadores mayores de 52 años; y subvenciones especiales para los trabajadores de 55 años o más que se encuentran en situación de especial necesidad una vez agotadas las prestaciones de desempleo. El problema es que en un contexto como el actual, en que el paro asola a todo el país, es difícil pensar que ese plan de movilidad geográfica vaya a beneficiar a muchas personas. Por lo que se refiere a la promoción exterior por medio del ICEX recogida en el plan estatal, hay que decir que es desde luego una acción muy importante para el impulso del sector, si bien son acciones que ya está llevando a cabo el Gobierno valenciano, y lo deseable sería una mejor coordinación con la Administración autonómica para concentrar los esfuerzos en los puntos que nos hacen mucho más débiles, como es la ausencia de incentivos fiscales acordes con la situación de crisis, de pérdida de empleo y de debilidad económica que vive nuestro país.
El Gobierno de este país tiene que darse cuenta de que el sector del calzado es una industria que merece la pena apoyar, que tiene futuro y que debe seguir creando empleo y riqueza. Tampoco se le escapa a nadie que un plan de carácter bianual como este, que comenzó a aplicarse
con un año de retraso en febrero de este mismo año, tendrá una duración de menos de un año ya que el plazo de aplicación caduca en diciembre del presente año. Luego tenemos también la grave situación de crisis que están viviendo las empresas de componentes y maquinarias para el calzado.
Este colectivo, englobado en la asociación, AEC, lleva meses reclamando más apoyo y más ayudas por parte del Gobierno central para intentar frenar la caída de la producción. Es ahí donde la Administración debe adoptar medidas rápidas y flexibles para salvar cientos y cientos de puestos de trabajo. La situación es mala, pero puede ser peor como no se adopten las medidas oportunas. Desde la Administración debemos apoyar a los empresarios para ser mucho más competitivos a corto, medio y largo plazo, con el objetivo de lograr mejoras en las áreas financieras de ahorro de costes y en la productividad. Las previsiones más catastróficas de la Federación de Calzado de UGT calculan que el sector puede perder este año cerca de 7.000 empleos, incluyendo los que dependen de la industria auxiliar. En la provincia de Alicante multitud de pequeños talleres han echado ya el cierre, al tiempo que más de un millar de trabajadores se han visto afectados por expedientes de regulación de empleo presentados por las propias empresas. En los últimos seis años el proceso de destrucción de puestos de trabajo en la industria del calzado ya ha sido alarmante. Según los datos que da FICE, en el año 2005 existían 2.340 empresas fabricantes de calzado, en 2007 ya se pasó a 2.073 y el ejercicio 2008 concluyó con un total de 1.832 empresas, lo que representa un 11,62 por ciento de cierres en un año. En el año anterior, en el año 2007, el porcentaje de pérdida de centros de trabajo se situó en un 9,2 por ciento de caída. En la actualidad trabajan en el sector del calzado cerca de 29.000 personas y en torno a un 65 por ciento de la industria se mantiene en Elche, Elda, Villena y algunas otras poblaciones de la provincia de Alicante.
La necesidad de adoptar medidas que apoyen a las empresas y cierren el grifo del paro es una prioridad que el Gobierno debería afrontar y asumir como prioritaria si no queremos que este sector corra un serio peligro de desaparecer, como ha ocurrido con tantas y tantas industrias de nuestro país. Necesitamos respuestas concretas de nuestros gobernantes para definir un marco nuevo de actuación que incorpore esas reformas estructurales, laborales y fiscales que favorezcan a la industria manufacturera del futuro. Al mismo tiempo es necesario redefinir las políticas de control aduanero, así como retomar los acuerdos bilaterales para fomentar la exportación. A todo esto tengo que decir que, dado el retraso de la ejecución del plan y del debate de la iniciativa, me gustaría presentar una transaccional en la que se recoja también la inquietud del Grupo Parlamentario Socialista. Si me lo permite, señor presidente, esta transaccional consistiría en cambiar varias frases.
El señor PRESIDENTE: Señora Pedrosa, después de la intervención del Grupo Parlamentario Socialista le preguntaré por las modificaciones.
Hay una enmienda presentada a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra el señor Bernabeu.
El señor BERNABEU PASTOR: El Gobierno y el Partido Socialista están absolutamente comprometidos con un sector clave para la economía de varias comunidades autónomas de nuestro país y es consciente de las dificultades por las que atraviesa un sector tradicional con mayor dureza para afrontar estas dificultades precisamente por los problemas de adaptación, implantación e incorporación de tecnologías a sus procesos.
Hay dos maneras de afrontar estas dificultades. Una, intentando magnificar los problemas, intentando acrecentarlos y de alguna manera exagerándolos y, otra, haciendo un análisis riguroso de la situación del sector y actuando en consecuencia con ese análisis riguroso e implantando una serie de medidas para afrontar la crisis de este sector. Esto es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Socialista, y las cosas se demuestran con hechos. Los hechos son que el 25 de octubre de 2007, tras un amplio período de consultas y negociación con todas las partes implicadas, se pone en marcha el Plan de apoyo al sector de fabricación y componentes del calzado, curtidos y marroquinería. El ministro de Industria, Turismo y Comercio, y el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, los sindicatos más relevantes del sector y las organizaciones empresariales más representativas del sector, procedieron a la firma de este acuerdo para su desarrollo. El plan de apoyo comprende dos grandes grupos de actuaciones: medidas de ámbito industrial y financiero y medidas de ámbito socio laboral, dirigidas a los sectores del calzado, curtidos y marroquinería. Las medidas industriales y financieras persiguen el apoyo a la realización de actividades de innovación, de investigación y desarrollo; apoyo a la modernización y competitividad de los sectores; apoyo a las zonas afectadas por pérdidas de tejido productivo y eliminación de puestos de trabajo; aumentar la base exportadora y crear una imagen de calidad de los productos españoles. Las medidas socio laborales están dirigidas a favorecer el mantenimiento del empleo del sector, facilitar una mayor cualificación, el reciclaje profesional y la recolocación de los trabajadores.
Quiero decir además, para que quede con toda claridad, que las medidas contenidas en el plan de apoyo al sector del calzado, curtidos y marroquinería se encuentran plenamente operativas, tanto las de ámbito industrial y financiero como las de ámbito socio laboral; ambas están plenamente operativas. Se han tomado otras medidas como es el refuerzo de los mecanismos de control existentes en las aduanas españolas respecto de una serie de productos importados de terceros países especialmente sensibles, como el sector del calzado. Además, el Instituto de Comercio Exterior, el ICEX, está desarrollando un intenso plan de promoción en el exterior
del sector del calzado español en colaboración con la federación de industrias del calzado, que representa el 90 por ciento del sector en España. Dentro de este plan sectorial se plantean diferentes tipos de medidas de apoyo, con el objetivo de favorecer la creación de una imagen de calidad y diseño para el calzado español, de modo que pueda desarrollar todo su potencial de internacionalización y consolidar la presencia estable de nuestras empresas y marcas en los mercados internacionales. Los préstamos del ICO son una realidad y están perfectamente operativos desde el principio.
En relación con las medidas sociolaborales, el Ministerio de Trabajo e Inmigración requería la preceptiva aprobación de estas ayudas de Estado por la Comisión Europea. Esto hay que decirlo. Cuando se dice que ha habido un retraso en algunas medidas, hay que decir que la Comisión Europea tiene que aprobar preceptivamente estas medidas de ayudas socio laborales. Esto ocurre a principios de diciembre de 2008. El 24 de febrero de 2009 se publicaron en el Boletín Oficial del Estado aquellas medidas socio laborales contenidas en el plan, para facilitar la adaptación laboral del sector de fabricación y componentes del calzado, curtidos y marroquinería a los cambios estructurales del comercio mundial. Por tanto, no es cierto que las medidas no estén operativas desde el inicio, lo estaban aquellas que se podían poner en marcha y las que no se podían poner en marcha se inician con la publicación de este real decreto. De hecho, tengo datos de cuáles son las cantidades ya empleadas, por ejemplo, en lo que se trata de bonificaciones de los cuotas empresariales de la Seguridad Social. Además, ha habido también medidas fiscales de apoyo al sector, que quizás no conoce la señora Pedrosa. Le recuerdo que hay medidas concretas; por ejemplo, una actuación demandada por el sector que hace referencia al concepto fiscal de innovación tecnológica a efectos de deducciones fiscales del impuesto sobre sociedades, introducida por la Ley 23/2005, de 18 de noviembre. En esta ley se propone ampliar el concepto de innovación tecnológica a los muestrarios de la industria del curtido, la marroquinería, el juguete, la madera y el mueble, entre otros. Hay ya bastantes medidas en marcha que pretenden ayudar a un sector que lo necesita. Por eso lo reconocemos y lo afrontamos con leyes y con presupuestos, para que los trabajadores de estas empresas puedan hacer uso de ellos. Por otra parte, en cuanto este plan termine en 2009, recuerdo que estas medidas son retroactivas y así está establecido. Digamos toda la verdad.
En definitiva, el Plan de apoyo al calzado significa que el Gobierno considera que es un sector estratégico al que hay que apoyar, que tiene futuro, que es viable y que puede y debe seguir creando empleo y riqueza, un plan que concreta el compromiso firme del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el calzado, el curtido y la marroquinería.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere fijar posición? Señora Pedrosa, puede fijar su posición en relación con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora PEDROSA ROLDÁN: Quiero presentar una transaccional que va a consistir en cambiar varias frases. Donde dice "poner en marcha con la mayor urgencia" cambiar por "continuar ejecutando ese plan"; donde dice "nuevas demoras" quedaría "en demoras" y donde dice "se facilite información mensual y permanente" diría "se facilite información permanente". De este modo recogeríamos las propuestas del Partido Socialista sin perder la esencia de la iniciativa que mi grupo, el Grupo Popular, presentó.
El señor PRESIDENTE: ¿Les importa pasarnos por escrito las modificaciones?
La señora PEDROSA ROLDÁN: Las tiene ya el secretario de la Mesa por escrito.
- SOBRE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES EN GASOLINERAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000803.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley sobre la reducción de emisiones en gasolineras, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Señor presidente, esta proposición no de ley en los mismos términos -o en términos parecidos- se discutió al inicio de la legislatura anterior. En aquella discusión planteábamos lo mismo que venimos a plantear hoy, la necesidad de que avancemos en un tema tan sensible, no solo para el medio ambiente sino también para la salud, como es la necesidad de reducción de las emisiones en gasolineras. Ese es un tema sensible, sin lugar a duda, y es un tema sensible porque las emisiones de benceno, de tolueno, de xileno y tilbenceno son sustancias no solamente contaminantes sino altamente peligrosas para la salud. Por ejemplo, en el caso de sustancias como el benceno, lo que nos encontramos es que es un cancerígeno humano y está confirmado que, al evaporarse, produce, por inhalación, entre otros efectos, leucemia y linfoma; además, es una sustancia que es precursora del ozono troposférico. Los diferentes estudios realizados demuestran que personas que trabajan, por ejemplo, en refinerías, o en gasolineras, o en contacto con este combustible, están más expuestas a contraer cáncer y su amenaza para la salud es fuertemente elevada. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro entorno? Lo que ha pasado, lo decíamos
en 2005 y lo volvemos a decir hoy, es que en países de nuestro entorno se ha avanzado sobremanera. Ustedes saben que precisamente en España hubo una primera fase -como en el resto de Europa- en la que se pusieron instrumentos de mejora técnica para garantizar que la emisión de estos gases no afectase a la salud cuando eran transportadas grandes cantidades de gasolina. Lo cierto es que este dispositivo, cuando uno procede a poner gasolina en su vehículo privado, en España no se ha implementado.
El señor PRESIDENTE: Señor Herrera, un momento. Señorías, guarden silencio, por favor, porque las condiciones acústicas de la sala y el ruido que proviene de las obras de fuera no dejan oír. Ruego silencio para que podamos escuchar al interviniente. Tiene la palabra, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor Presidente. En este caso no hablo de contaminación acústica, sino de otro tipo de contaminación, pero agradezco la protección de la Presidencia en torno a la contaminación acústica.
Volviendo a otro tipo de contaminación, nosotros lo que entendemos es que se tenía que dar el siguiente paso, un paso muy sencillo, poner unos dispositivos que en países de nuestro entorno se han puesto para garantizar precisamente que, a la hora de poner el carburante en el vehículo privado, estas emisiones altamente contaminantes y que afectan a la salud no afecten como lo están haciendo. Nosotros les planteamos lo que se ha hecho en Franca, en Italia, en Alemania, en Suecia, en el Reino Unido, en Luxemburgo, donde existe legislación sobre la materia. También se ha hecho en otros países, como México D.F., donde esto ha supuesto -en este aspecto, no en otros en los que saben ustedes que su suspenso es clamoroso- que haya una menor emisión de estas sustancias contaminantes.
También existen experiencias pioneras, muy pioneras y muy avanzadas, en Estados como el de California. No estamos por tanto haciendo un planteamiento abstracto o imposible de cumplir, sino que entendemos que es factible. Es más, entendemos que con una pequeña inversión en cada planta, esta inversión se puede amortizar al cabo de tres años, porque aquellos gases que se recogen cuando uno va a reponer combustible son repuestos en el mismo espacio de la gasolinera y permite continuar ofreciendo gasolina con una recuperación de estos vapores de gasolina en fase 2, dotando a los surtidores de ese sistema de absorción.
En España existen acuerdos voluntarios y sé que SS.SS. los mencionarán; existen experiencias interesantes, por ejemplo, en Aragón, el grupo Eroski, que ha comenzado a instalar surtidores de este tipo; en Barcelona también se hace algo similar a través de un convenio firmado entre Cepsa y Comisiones Obreras, que ha implementado instrumentos de estas características y la Comunidad de Madrid, por poner ejemplos de todos los colores, también ha fijado acuerdos voluntarios que avanzan en este sentido. Dicho de otra manera, en España se están dando pasos concretos en materia de acuerdos voluntarios que lo que permiten es avanzar en esta línea. La asociación de propietarios de estaciones de servicios también ha entendido que se tenía que avanzar en esta línea de acuerdos voluntarios.
¿Cuál es la novedad con respecto al debate que tuvimos en la legislatura anterior con la situación actual? Pues que hoy tenemos una directiva, una directiva europea de 5 de mayo de 2009, por la que el Parlamento Europeo y el Consejo planteaban la recuperación de vapores de gasolina de fase 2 durante el repostaje de vehículos de motor en las estaciones de servicio.
Esa directiva dice muy claramente, en primer lugar, que cualquier estación nueva se dote de ese sistema de recuperación de vapores; en segundo lugar, que cualquier estación de servicio existente que sea sometida a una renovación importante, aquellas que tengan un caudal superior a 500 metros cúbicos al año o un caudal efectivo o previsto superior a 100 metros cúbicos al año, y esté situada debajo de viviendas o de zonas de trabajo permanente, también se renueven. Es una directiva que planteaba además que se pondría en vigor antes del 1 de enero de 2012. Me adelanto a algunos argumentos de los que se me van a dar. Se dice que la directiva europea fija que eso se tiene que hacer antes de 2012. La pregunta es ¿nos esperamos a 2012 o lo hacemos antes? Nada obliga a tenerlo que hacer en 2012. Lo que dice es que se tienen que implementar dichas medidas antes de 2012. Nosotros entendemos que es absolutamente razonable, porque, como les decía, afecta mucho a la salud, también al medio ambiente, pero fundamentalmente a la salud, y sería oportuno que una medida de estas características la pudiésemos hacer ya.
Acabo, señor presidente, apelando a que pueda prosperar la proposición no de ley tal y como la hemos planteado. Es una proposición no de ley que, si se fijan ustedes, no fija un calendario determinado. Algunos dirán: podría ser más exigente. No lo dudo, podría serlo, pero lo que intentamos, en este caso, por segunda vez, es que exista un mandato al Gobierno, para que se fomenten todas esas medidas necesarias, incluyendo un plan de subvenciones para sustituir las bocas de los surtidores de las gasolinas de las estaciones de servicio por otras que incluyen sistemas de recuperadores de los gases que se liberan durante el repostaje de combustible. Entendemos que, en un contexto de crisis, como el actual, esto se puede hacer. Creemos que es conveniente para las empresas, que este sistema de subvenciones puede ayudar precisamente a que las operadoras y las centrales que dispensan carburantes puedan hacerlo con toda normalidad y creemos que el factor económico -como les decía- se amortiza rápidamente en dos o tres años, porque no supone pérdida alguna; al contrario, supone una mejora efectiva. Lo que proponemos es no esperar al sistema de acuerdos voluntarios hasta 2012. Podemos avanzar, creemos que el Gobierno tiene que ser proactivo y, de aprobarse hoy esta proposición no de
ley, lo que haríamos es un gesto a favor del medio ambiente, pero sobre todo a favor de la salud, situándonos y homologándonos a mejores prácticas europeas. Muchos países se han adelantado a la directiva y creemos que el Gobierno debería tener la sensibilidad y el Congreso dar el mandato para avanzar en esta línea.
El señor PRESIDENTE: Hay dos enmiendas planteadas, una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Parlamentario Socialista. Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: El asunto al que se refiere la proposición no de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida ha sido motivo de debate durante mucho tiempo y, en términos generales, mi grupo está de acuerdo con el planteamiento que hacen en el preámbulo de la proposición no de ley, sobre el que no insistiré porque ya lo ha hecho el portavoz de Izquierda Unida. Efectivamente, es necesario tomar una postura más ambientalista que garantice la protección del medio ambiente y la salud de las personas y, aun siendo bienvenida esta iniciativa, a mi grupo no le parece conveniente, para sustituir las bocas de los surtidores combustibles de las estaciones de servicio mediante recuperadores de los gases que se liberan durante el llenado de los depósitos en las estaciones de servicio, un plan de subvenciones, como propone la proposición no de ley, ya que el coste de la mejora de instalaciones de empresas privadas -aunque el fin último sea el bien social- no debería recaer sobre los contribuyentes de manera tan gravosa. Antes de hablar de una subvención tan importante, teniendo en cuenta el coste del recuperador y el número de estaciones de servicio que existen en España, debería existir en primer lugar una memoria económica para poder ofrecer el voto en sentido afirmativo. Además, mi grupo considera que en este caso cabe optar por un sistema de crédito o sistema de intereses preferente o de deducciones fiscales que beneficie a las empresas privadas para poner en funcionamiento estos recuperadores. Asimismo debería existir una oferta suficientemente amplia de este tipo de recuperadores para su implantación, homologándose no solo uno para su puesta en funcionamiento.
Dada la benevolencia del presidente, aprovecho también este trámite para fijar nuestra posición sobre la enmienda del Grupo Socialista. Desde mi grupo hemos presentado la enmienda que acabo de defender, que dice: Que implemente una normativa transparente para sustituir las bocas de los surtidores de combustibles de las estaciones de servicio por otras que incluyan sistemas recuperadores de gases que son liberados durante el llenado de depósitos. Como le digo, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda que no solo recoge el espíritu de la del Grupo Popular, sino que además propone una serie de deducciones fiscales a través del impuesto sobre sociedades que, a nuestro juicio, son más razonables que un plan de subvenciones, como propone la proposición no de ley que estamos discutiendo. Por tanto, señor presidente, nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, retiramos nuestra enmienda y vamos a apoyar la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, cuyo portavoz acaba de entrar y no se había enterado de lo que estaba diciendo, aunque ahora se lo digo. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, el señor Ruiz me había indicado que estaba interviniendo en la Comisión de Fomento y que a lo mejor no llegaba a tiempo; teníamos un problema a la hora de ver cómo se defendía la enmienda. No obstante, como el señor Ruiz ha llegado y creo que le ha dado tiempo a escuchar que el Grupo Popular retira su enmienda en favor de la del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor RUIZ LLAMAS: Señorías, perdonen; estaba interviniendo en la Comisión de Fomento y la verdad es que no he tenido oportunidad de escuchar nada más que la última parte de la intervención del señor Gómez Darmendrail.
Quiero explicar que el sector de las estaciones de servicio en los últimos años ha hecho un esfuerzo muy importante de modernización de sus instalaciones, tanto en lo que se refiere a la atención al público como a la aplicación de normativa de seguridad y de mejora del medio ambiente, aplicándose ya la recuperación de vapores en fase 1, que es la descarga de cisternas en los tanques de la estación, evitando los gases que antes desprendían las descargas desplazadas, aspecto que ya se ha incorporado.
Actualmente, se está negociando en el Parlamento Europeo y en el Consejo el desarrollo de la propuesta de la directiva relativa a la recuperación de vapores emitidos a la atmósfera durante el repostaje de vehículos a motor en las estaciones de servicio. Según la propuesta de la Comisión, que se encuentra, como he dicho, en fase de debate, la entrada en vigor de esta directiva de instalación de sistemas de recuperación de vapores en fase 2 se prevé en dos fases. A partir del 1 de julio de 2012, en todas las estaciones de servicio nuevas y en aquellas reformadas, si sus ventas -esto es muy importante- superan los 500.000 litros al año -las estaciones con ventas inferiores existentes son muy pocas, porque no son rentables-, y, a partir del año 2020, las nuevas estaciones de servicio y aquellas existentes cuyas ventas superen los 3 millones de litros al año.
Entendemos que es importante mantener esta propuesta, ya que en dicha fecha todas las estaciones de servicio habrán sufrido modificaciones profundas y, por consiguiente, se habrá instalado el sistema de fase 2 de manera programada con la consiguiente planificación de costes y actuaciones. Esto supondría una media por estación de servicio de 24.000 euros y por tanto una inyección al sector de unos 360 millones de euros, si se llevara a cabo en su totalidad sobre las 14.000 ó 15.000 estaciones de servicio que existen actualmente en nuestro país.
Estamos de acuerdo con la opinión de la Comisión, que destaca como elemento clave de la propuesta la integración de la misma dentro del ciclo de renovación natural de las estaciones. Hay que considerar que está pendiente la nueva ITC-04, que exigirá que todos los tanques de las estaciones de servicio sean de doble pared en el año 2020, por lo que todas las estaciones de servicio tendrán que realizar modificaciones sustanciales en sus instalaciones. En cuanto a la exigencia de alcanzar grandes recuperaciones manifestada por algún fabricante de equipos, debido a la presurización del sistema, como ocurre en algunos estados americanos, tengo que decir que tengo mis dudas con relación a la eficacia -dudas que algunos comparten-, porque, a diferencia de los estados americanos que se mencionan -sobre todo México- el parque automovilístico europeo no está equipado con un canister o fieltro de carbono activado, que obliga a repostar a presión; en Europa eso no ocurre, porque no circulan automóviles con canister. No obstante, y en la línea de cualquier mejora del medio ambiente, es importante en la medida en que tengamos un mínimo de eficacia y con voluntad de llegar a un acuerdo, la propuesta que nosotros formulamos es la siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en este caso no el Ministerio de Industria, sino la Unión Europea y aquí el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino estudien y fomenten la aplicación lo antes posible de la propuesta de la directiva del Parlamento y del Consejo relativa a la recuperación de vapores en fase 2, mediante acuerdos voluntarios entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los sectores afectados, Confederación Española de Estaciones de Servicio y otras organizaciones minoristas, la Asociación de Operadores Petrolíferos -las petroleras- y demás asociaciones mayoristas que existen, con el fin de fomentar la entrada en vigor previa a la que tendrá lugar a nivel comunitario en lo que a recuperación de vapores se refiere. Estos acuerdos voluntarios ya se han dado en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Aragón hay un protocolo para llevarlo adelante, y lo mismo ocurre en Barcelona, en Valencia y en otros sitios, con lo cual ya prácticamente más de 1.000 estaciones de servicio se están acogiendo a estos acuerdos voluntarios, que también tienen el plácet de los sectores minoristas de venta de hidrocarburos, de estaciones de servicio y de los operadores.
Un segundo punto muy importante es que la Subdirección General de Seguridad Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que tiene en curso la revisión de esta ITC-04, recoja qué equipos son los admitidos, las obligaciones periódicas de revisión y las condiciones que han de cumplir estas instalaciones en lo referente a la recuperación de vapores en fase 2. Actualmente nos encontramos en fase de estudio de dicha cuestión. El señor Herrera pedía algún tipo de ayuda pública. En los temas medioambientales, sabemos que esto, en los últimos años, que empezó con las inversiones de un 10 por ciento a través de los equipos que hicieran renovación en temas medioambientales y un 10 por ciento, a través de lo que serían las inversiones en el impuesto de sociedades, en estos momentos, para el año 2010, está sobre un 2 por ciento. Pero, buscando la adicional 11 de la Ley 4/2008, que fue la de supresión del impuesto de patrimonio, veo que se fija libertad de amortización para las inversiones de las pequeñas y medianas empresas que mantengan puestos de trabajo; las gasolineras son muy estables. Por tanto, todas aquellas estaciones de servicio que se acogieran de manera voluntaria a lo largo, como mínimo, de 2010, podrían beneficiarse de dicha adecuación a través del impuesto de sociedades de la libre amortización. Esta es la propuesta que nosotros hemos hecho de enmienda a la del señor Herrera.
El señor PRESIDENTE: Señor Herrera, tiene la palabra para pronunciarse sobre las enmiendas, teniendo en cuenta que el Grupo Parlamentario Popular había aceptado la enmienda.
El señor HERRERA TORRES: Señor presidente nos hubiese gustado una enmienda más concreta en lo que se refiere a plazos. Vamos a ver si podemos concretarlo ahora, porque antes no hemos podido hablar. En cualquier caso, antes de acabar la sesión valoraremos si aceptamos la enmienda.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Antes de la votación, si hay alguna posibilidad de transaccional, nos la hace llegar a la mesa.
- SOBRE CONTENIDOS DIGITALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000937.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto número 11, proposición no de ley sobre contenidos digitales, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Presentamos para su debate la proposición sobre contenidos digitales para promover la web social 2.0 entre la ciudadanía, los espacios donde los usuarios tienen el protagonismo.
Nuestra propuesta tiene tres puntos: establecer dentro del Plan Avanza áreas de ciudadanía, fomentar medidas y actuaciones que desarrollen la sociedad en red participativa y la socialización del conocimiento, así como hacer un cuadro objetivo de indicadores, para ver su avance y para propiciar la generalización del uso de la web 2.0, web colaborativas, blogs, redes sociales, para avanzar en la socialización y democratización del entorno digital. Lo hacemos desde el convencimiento de que estos nuevos espacios de estos servicios permiten nuevas formas de relación en todos los ámbitos y ofrecen oportunidades
a la ciudadanía en el ámbito social, personal, económico y profesional.
Además, para las pequeñas empresas pueden suponer mejoras de productividad y competitividad y supone una auténtica revolución en el campo de la cultura, de la información y del conocimiento. La sociedad en red y del conocimiento ofrece oportunidades a las personas. Internet se creó a base de un proceso colaborativo entre científicos, es un espacio que ha crecido de manera social y es un espacio estupendo para compartir y para que las personas puedan reutilizar el conocimiento generado por otras. Eso posibilitará mejoras en su vida profesional, social, personal y de ocio.
Quiero poner énfasis en tres puntos que contiene esta proposición no de ley: el concepto de acceso al conocimiento, de socialización y democratización del entorno digital. Además, promovemos la participación, porque creemos que la red es un espacio ideal para la participación política y social de la ciudadanía y un aspecto de colaboración si los representantes políticos también participamos en esta para, en relación con la ciudadanía, hacer mejores políticas. Entre los usuarios más activos de Internet, las llamadas web de contenidos digitales aportadas por los ciudadanos son todo un éxito. Son unas de las más utilizadas.
Pero no podemos olvidar, y por eso promovemos esta proposición, que si bien el 54 por ciento de la ciudadanía accede alguna vez a Internet, solo el 30 por ciento son usuarios activos. Les diré cuáles son los usos de estas actividades entre esos usuarios. Leer un blog, en dos años han pasado del 50 al 70 por ciento; empezar su propio blog, del 30 al 45; ver un vídeo aportado por otra persona, el 82 por ciento; dejar un comentario, el 54, o subir tus propias fotos, un 52 por ciento. Por tanto, los usuarios activos de Internet ven un éxito, una utilidad, pero seguramente desconocen o no pueden aprovecharse de esto las personas que aún no están conectadas. Por eso promovemos la utilización por parte de toda la ciudadanía.
Quisiera comentar, antes de acabar, el rechazo a la enmienda presentada por el Grupo Popular. El Grupo Socialista va a rechazar esta enmienda porque no ha lugar, ya que la PNL que tratamos promueve los usos sociales y...
El señor PRESIDENTE: Señora Muñoz, si le parece, que intervenga el Grupo Popular y luego fija posición sobre eso.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Perfecto. Luego comento la posición del grupo sobre la enmienda del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular el señor Fajarnés.
El señor FAJARNÉS RIBAS: El Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda a la proposición no de ley sobre contenidos digitales del Grupo Parlamentario Socialista. La justificación de esta enmienda es que no se puede hacer una proposición no de ley para promover la producción y el consumo de contenidos digitales sin tener en cuenta el mayor obstáculo que existe hoy para desarrollar dicha industria y sobre todo para que se genere confianza entre los consumidores, como es la falta de un estándar de etiquetado de aquellos contenidos digitales que, siendo legales, son nocivos para los menores de edad y la falta de medios para luchar contra la pornografía infantil en red. También en la enmienda presentamos algunas correcciones de estilo, sustituyendo tanta socialización por expresiones más adecuadas a la sociedad del conocimiento y a la participación de los ciudadanos.
La presentación de esta proposición no de ley es un buen momento, por lo menos bajo el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, para añadir dos puntos. Uno de ellos, para promover estándares y sistemas de etiquetado y filtrado de contenidos digitales, tanto off line como on line, a través de ordenadores, consolas, móviles, TDT, etcétera, para una mayor información y libertad de elección de los consumidores y usuarios en general y, muy especialmente, para la protección de la infancia, en tanto consumidores y usuarios más vulnerables. Otro punto, que sería el e), sería propiciar, de acuerdo con los operadores de telecomunicaciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sistemas de bloqueo de pornografía infantil, de forma que se impida su circulación por las redes, y dotar a las unidades de delitos informáticos de los medios técnicos y humanos necesarios para la persecución de tan execrable delito.
Señoría, señor presidente, nos hubiese gustado que el grupo proponente hubiese aceptado nuestra enmienda, especialmente por la importancia de la protección de la infancia y la persecución de la pornografía infantil, y nos extraña, porque así nos lo ha anunciado anteriormente su portavoz, su negativa. Señorías, la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista por sí sola -permítame que lo diga- es una simple y mala repetición, una obviedad de lo que anunció el ministro no hace mucho que iba a hacer, por lo que solo podemos entender su presentación como un brindis al sol o una proposición de relleno para cubrir el expediente en la Comisión. Por tanto, anunciamos nuestra abstención, ya que no se acepta o no se aceptará nuestra proposición no de ley. También anunciamos que presentaremos una proposición no de ley con los mismos términos de la enmienda que hemos presentado a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Señora Muñoz, tiene la palabra para pronunciarse sobre la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: El Grupo Socialista, como he dicho, rechazará esta enmienda porque nuestra propuesta es para promover los usos
culturales y participativos en la red. La propuesta del Grupo Popular habla de pornografía, de filtros en ordenadores, de protección de niños, y es un tema que nada tiene que ver, porque parece que siempre que hablamos de Internet solo hay que traer una aportación negativa de la red, y no sé si clasificarla de conservadora, de antigua o simplemente de desconocedora de lo que hay en la red. En realidad, la ciudadanía está ocupando la red aportando gran cantidad de contenidos interesantes y el Gobierno ya está trabajando en la seguridad en la red, pero no compartimos mezclar dos temas que nada tienen que ver. No es la primera vez, porque a principios de septiembre anunció el Partido Popular que quería prohibir las redes sociales entre los menores. Dijo que se había equivocado, retiró de nuevo su propuesta y nosotros también informamos que el Gobierno, a través del Inteco, propone educar, con el Plan menores en la red. Por tanto, no queremos mezclar la promoción cultural de conocimiento y participación ciudadana con la seguridad. Es como si estuviéramos hablando de promoción de la participación ciudadana o de ciudadanos que creen contenidos en centros cívicos y dijéramos que tenemos que poner policías porque alguien roba o porque alguien hace un uso ilegal del espacio público. Todo pasa en Internet, pero estamos hablando de temas muy diferentes.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún grupo que desee fijar posición? (Pausa.)
- SOBRE MEDIDAS DE APOYO Y PROMOCIÓN DEL SECTOR DEL CAMPING. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001002.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que es la número 12ª, sobre medidas de apoyo y promoción del sector del campin, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Campos.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Para el Grupo Parlamentario Socialista es una prioridad estratégica para España la política turística, el apoyo al sector y la coordinación con las comunidades autónomas; también en lo referente al sector del campin. Es verdad que somos conscientes del reparto competencial y de que efectivamente son las comunidades autónomas las que están haciendo un ordenamiento de este sector y las que están desarrollando normas, incluso en el ámbito local también se realizan y se desarrollan normas en este sentido. Aun así el Gobierno, dentro de sus competencias, ha venido realizando un apoyo claro al sector del turismo, pero especialmente también al sector del campin. Hay tres ejemplos muy claros: la promoción exterior, el apoyo financiero y el propio diálogo mantenido con este sector. Sobre la promoción exterior cabe destacar la colaboración y los convenios y acuerdos firmados con diferentes asociaciones de campin, pero especialmente con la Federación Española de Empresarios de Camping y Parques de Vacaciones, para crear una imagen de marca que agrupe la diversidad de la oferta española mediante ayudas del Plan Futures. Convenios que, en el caso de Girona o Tarragona, han podido suponer apoyo a campañas cofinanciadas en un 70 por ciento por Turespaña y en un 30 por ciento por estas asociaciones. Por tanto, Turespaña ya colabora de forma activa, como decía, en la promoción del sector del campin.
También hablaba de apoyo financiero. El Gobierno de España ha puesto en marcha acciones que nunca antes se habían visto para la modernización del sector turístico en España de las que también se puede beneficiar el sector del campin, como pueden ser el Plan Renove o el Plan FuturE. Cabe recordar que la asignación inicial del Plan Renove se tuvo que ampliar, dada la demanda del sector, llegando a los 1.000 millones de euros; un Plan Renove que pretendía precisamente generar una diversificación del producto y una segmentación de la demanda, generar valor añadido, mejoras en la sostenibilidad, implantación de sistemas de calidad y la implantación de nuevas tecnologías. He hablado del Plan FuturE, pero también cabe citar otras ayudas como pueden ser el Plan Avanza u otras de las que se puede beneficiar el sector a través de los fondos ICO. También hemos hecho inversiones que hacen que este sector pueda seguir creciendo dentro y fuera de España, como pueden ser inversiones en infraestructuras que hacen que sea más fácil el transporte de las personas que practican este tipo de turismo, la seguridad ciudadana, la sanidad, etcétera.
Teniendo en cuenta el marco competencial y lo hecho hasta ahora, queremos dar un paso más, un paso más importante como es que el Congreso inste al Gobierno a fomentar y promocionar el sector del campin, mediante el mantenimiento de un proceso de diálogo con los representantes del sector y las autoridades autonómicas que permita el estudio de la oportunidad de elaborar un plan de modernización y promoción de este tipo de actividad, que contribuya a mejorar y ampliar la oferta actual. A esto habría que añadir la enmienda realizada por Convergència i Unió -con los que hemos acordado una enmienda transaccional- que establece, en el respeto competencial y la coordinación con las comunidades autónomas, unas bases de apoyo económico al sector.
Por tanto, se habla por primera vez en el Congreso de los Diputados del campin y con consenso de todos los grupos, como podemos comprobar en las intervenciones. Este grupo ha intentado trabajar ese consenso enviándoles hace tres o cuatro semanas la propuesta para que todos nos sintiéramos partícipes de esta primera vez en que se habla de este sector. Lo hemos hecho también dialogando con la Federación Española de Camping. Nos han hecho propuestas que, si bien no hemos podido incorporar a esta proposición no de ley, estoy seguro de que en ese diálogo que va a mantener el Gobierno gracias
a esta proposición no de ley van a tener cabida, siempre en coordinación con las comunidades autónomas. Estoy convencido de que estas son iniciativas concretas que el sector va a valorar bien y de que estamos contribuyendo a que haya una suma de esfuerzos de comunidades autónomas, del sector y del Gobierno para que un sector importante como el del campin dentro del sector turístico tenga el protagonismo que se merece.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada por el Grupo de Convergència i Unió. Tiene la palabra la señora Riera para su defensa.
La señora RIERA I REÑÉ: En relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, mi grupo parlamentario puede afirmar que el sector turístico y el sector del campin nos ocupa y nos preocupa, por el peso del sector servicios en la actividad económica, por el empleo que genera.
Entendemos que correspondiendo al ámbito competencial la ordenación de esta actividad en el territorio y correspondiendo al ámbito competencial la modernización y el impulso del sector, esto no quita una necesidad de más apoyo y más diálogo de las administraciones competentes y al sector específico que hoy nos ocupa. Es importante hablar de los cámpines, de los campamentos, dentro del marco de la modernización y del impulso de los servicios turísticos. Por ello, hemos entendido que es positiva y favorable esta iniciativa del Grupo Socialista pero echamos en falta la cuantificación. Hay voluntad de más diálogo y más apoyo a las administraciones competentes, pero todo ello necesita recursos y apoyo económico. De ahí la enmienda que hemos presentado, en la que instábamos al Gobierno a fomentar y promocionar el sector del campin, como dictaba la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, añadiendo: mediante la aprobación de un fondo económico a distribuir entre las comunidades autónomas, que desarrollen un plan de modernización y promoción de este tipo de actividad que contribuya a mejorar y ampliar la oferta actual en los respectivos territorios.
Hemos llegado a una transaccional con el Grupo Socialista que para nosotros es interesante ya que visualiza la importancia de que en el marco del diálogo y de este apoyo específico al subsector turístico marcado por la actividad de cámpines y campamentos haya también un apoyo económico específico, siempre dentro del respeto competencial y del marco autonómico que marca las directrices y la ordenación en materia de cámpines y campamentos. Por tanto, apoyaremos la proposición no de ley con la transaccional que hemos acordado con el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo, además del Grupo Popular, quiere fijar posición? (Pausa.)
Tiene la palabra para fijar posición por el Grupo Parlamentario Popular la señora Guerra.
La señora GUERRA GUERRA: Quiero comenzar dando las gracias a mi grupo por permitirme defender una posición en una actividad como esta, una actividad que quiero, de la que estoy enamorada y que, además, practico.
La actividad del campin y del caravaning como formas de turismo han ido ganando adeptos a medida que pasan los años. Han pasado de ser una forma de turismo barato a una forma de vida al aire libre para los entusiastas de la naturaleza, de un nivel económico medio o medio-alto, amantes de la independencia y de la libertad en sus vacaciones. Este es el significado que para mí tienen las actividades del campin y del caravaning, que practico, por eso quiero agradecer a mi grupo que me permita esta tarde intervenir.
Aunque es cierto que hemos comentado con el representante del Grupo Socialista que en su proposición no de ley sobre medidas de apoyo y promoción del sector del campin íbamos a estar de acuerdo con él y también con el plan de modernización y promoción de este tipo de actividad, con lo que no estoy para nada de acuerdo es con el análisis que hace un momento acaba de hacer de un sector como el turismo, en el que se encuentra la actividad del campin y el caravaning. Primero hay que ubicarnos perfectamente en ese sector. El sector del turismo español es uno de los principales sectores productivos de la economía nacional, está atravesando el peor año de su historia, según las previsiones de la Organización Mundial del Turismo. El pasado mes de julio el turismo extranjero cayó un 6,6 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, según los datos oficiales publicados por Ejetur. (La señora vicepresidenta, Pedrosa Roldán, ocupa la Presidencia.) España ha venido ocupando el segundo puesto del ranquin mundial elaborado por la Organización Mundial del Turismo por volumen de turistas internacionales desde 2001.
Recientemente ha sido relevada por Estados Unidos y ha pasado al tercer puesto; Francia sigue ocupando el primer puesto como destino mundial del turismo.
La industria turística sufrió una desaceleración de la contratación y demanda en 2008, especialmente a partir del segundo semestre del año; en lo que llevamos de 2009 aún es mayor. El producto interior bruto turístico descendió un 1,6 por ciento en 2008, y en los seis primeros meses de 2009 ha caído más de un 7 por ciento. La destrucción de empleo en el sector se agudiza. En los seis primeros meses del año se han destruido más de cien mil empleos, un 10 por ciento del empleo en el sector. Yo creo que si realmente queremos mejorar las cosas tenemos que llegar a hacer un análisis riguroso y además crítico de la situación que en estos momentos se vive. Ahí está el Libro Blanco del Caravaning de España, que creo que es un verdadero soporte de lo que ahora mismo ocurre en este sector. Y dice de los campamentos turísticos: En la actualidad el número de campamentos turísticos públicos en España operativos, tomando como dato los establecimientos abiertos en el mes de agosto del año 2006, asciende a 1.157. En cuanto a la evaluación del sector, y según las cifras de los últimos siete años, la tendencia ha
sido de una disminución del número de establecimientos. Según los expertos consultados, esta disminución del número de campamentos turísticos españoles es el resultado de las especulaciones urbanísticas de empresas inmobiliarias y por otro lado de las expropiaciones forzosas. Una preocupante disminución de plazas que está impidiendo el crecimiento del sector. Es más, le digo al representante del Partido Socialista, aunque diga que es la primera vez que se habla de ello en el Congreso, y no sé si es así, que en la legislatura pasada fui senadora y tuve la oportunidad además de votar una moción que presentaba una senadora del Partido Socialista -que se aprobó por unanimidad porque al Partido Popular no le importa arrimar el hombro cuando la causa lo merece- y en ese momento, en el año 2006, se pedía la reforma legislativa que regula la situación actual de la actividad autocaravanista en España y la regulación de su uso. Todavía no sabemos, ya le digo, desde el año 2006, cómo se ha ido regulando todo esto. Es más, en esa moción se hablaba de la creación en el seno del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial de un grupo de trabajo. Me gustaría conocer cuáles han sido los trabajos desarrollados por ese grupo. También se hablaba de normas para poder regular el impacto ambiental del autocaravanismo. A día de hoy me gustaría conocer qué ha hecho el Partido Socialista para conseguir esto.
Y asimismo la inclusión en los anteproyectos de nuevas áreas de servicio del Estado para atender las necesidades que plantean los vehículos tipo autocaravana. Y se lo preguntan, señor diputado, todos aquellos que en 2006 pensaron que con esta moción se iba a conseguir algo.
Está en este sector la acampada libre, igualmente importante y de la que no hemos hablado. Yo creo que hay que introducirla para que en esta moción también se consiga llegar a ello. En España hay una carencia de infraestructuras de acogida para autocaravanas que consecuentemente está dificultando el desarrollo de esta actividad y propiciando que muchos autocaravanistas y usuarios de caravanas nacionales y extranjeros elijan otros destinos para la práctica del turismo itinerante. Pero, señoría, yo creo que lo que más daño ha hecho al sector y el último de los desatinos del Gobierno socialista ha sido la subida del IVA, que ha venido a darle la puntilla a un sector turístico que está en plena agonía. Le voy a dar tres razones, señoría. La primera: la gran mayoría de hoteles firman sus contratos de alojamiento con gran antelación, incluso un año antes de que se inicie la temporada de verano; eso sí, con IVA incluido; y ante la imposibilidad de renegociar los contratos, ahora ya firmados para 2010, los hoteleros españoles se verán obligados a asumir ellos mismos el pago de ese IVA adicional, lastrando sus ya deterioradas cuentas de explotación y, por tanto, el empleo y la reinversión del sector, por cierto, contraviniendo los objetivos del Plan Renove, del que usted acaba de hablar hace un momento y del que hacer gala.
Segundo tema. Se introduce el nuevo tipo de IVA justo cuando empieza la temporada de mayor actividad y facturación, tal como ha dicho el señor Sevilla. Es decir, que el sector turístico, no solo hoteles, sino ofertas complementarias, por ejemplo, los cámpines, serán los primeros en recibir el impacto de los nuevos tipos del 18 por ciento. Y tercero, y no por ello menos importante, como vamos a ser más competitivos, hasta nuestros competidores, incluso los europeos, trabajan con fiscalidades más ajustadas y han rebajado el IVA este verano: Francia, el 5,5, las islas griegas, el 3,5, y también los extracomunitarios en algunos países lo han eliminado.
En definitiva, la subida del IVA, la subida de los impuestos -Frankestein-, la falta de ideas, la improvisación, nos lleva a más paro, más pobreza y menor competitividad en el sector turístico. Señorías, creo que ni sus planes ni su apoyo claro van a mejorar este sector porque no saben hacia dónde van en su Gobierno. Ahora bien, nosotros arrimaremos el hombro una vez más, ya lo hicimos en 2006 y lo haremos nuevamente.
¿Medidas de apoyo y promoción para el sector del campin? Totalmente de acuerdo. ¿Plan de modernización y promoción de este tipo de actividad? Totalmente de acuerdo. Ahora, con lo que no estamos de acuerdo realmente es con que lo lleve un gobierno con las carencias que tiene el suyo y, por otra parte, esperamos y deseamos que un sector como el turismo también en el tema del campin -que es nuestra vida y nuestra alternativa- se vea en otras manos que no sean las del Partido Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA (Pedrosa Roldán): Tiene la palabra el señor Campos para fijar posición sobre la enmienda presentada por CIU.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Como he dicho en mi intervención, hemos realizado una transaccional, la he leído; en cualquier caso pasaré el texto a la Mesa.
- RELATIVA A LA UBICACIÓN EN GALICIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIONES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001074.)
La señora VICEPRESIDENTA (Pedrosa Roldán): Pasamos al siguiente punto relativo a la ubicación en Galicia de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones. Tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: En esta proposición no de ley, como usted bien ha dicho, solicitamos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que Galicia sea designada sede de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones y empiezo por manifestar, señorías, que espero que admitan que la presentación de esta proposición no de ley tiene una primera utilidad: clarificar el futuro de esta agencia, pues desde que se estableciese su creación en la Ley General de Telecomunicaciones, de 3 de noviembre de 2003, y desde que el Real Decreto 863, de 23 de mayo de 2008, desarrollase
reglamentariamente la citada ley contemplando la organización y funciones de la Agencia, no se han dado pasos efectivos para su implantación, cuando estamos hablando además de una agencia de suma importancia pues la misma va a asumir gran parte de las competencias en todo lo relativo a la gestión de algo tan importante como es el espectro radioeléctrico. Por lo tanto, esperamos en primer lugar que se clarifique cuál es el futuro de esta agencia. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
¿Cuáles son las razones que avalan a Galicia como futura sede de esta agencia? Muchas, señorías, y voy a intentar resumirlas. En primer lugar, desde nuestro punto de vista, un modelo descentralizado en la ubicación de las distintas agencias estatales es más congruente con el modelo de organización territorial del Estado, de hecho, el propio Gobierno ha asumido compromisos en este sentido que es hora ya de que se hagan efectivos.
En segundo lugar, este modelo descentralizado debe contribuir a hacer posible un modelo de desarrollo policéntrico y en red que corrija los desequilibrios territoriales existentes, y en este sentido, señorías, las regiones objetivo de convergencia, como es el caso de Galicia, deben ser una prioridad. Nadie discute ya la importancia de las actividades relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones en la nueva economía y en el desarrollo de una sociedad.
En tercer lugar, señorías, Galicia reúne condiciones idóneas que paso a enumerar. Primero, la aspiración a ser sede de esta agencia cuenta con un amplio consenso tanto en el plano político, pues esta aspiración es compartida por las principales instituciones gallegas y los partidos políticos presentes en nuestro país, como en el ámbito social, pues todo el sector está unido en defensa de este proyecto: universidades, centros tecnológicos, empresas y colegios profesionales. Segundo, Galicia es un referente en nuestro ámbito, cuenta con la tercera escuela de telecomunicaciones de España, con sede en Vigo, que en sus 25 años de historia ha formado a más de 3.000 titulados de alto nivel. Contamos, por tanto, con profesionales de alta cualificación que han demostrado su capacidad investigadora tanto en el ámbito público como privado y que tienen experiencia investigadora también en el ámbito del aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Galicia es un referente también en el ámbito empresarial: 1.500 sociedades del sector operan en Galicia, dan empleo a 13.000 personas, tienen un volumen de negocio que supera los 4.500 millones de euros, solo las firmas de capital y titularidad gallegos representan el 2,13 por ciento de nuestro PIB, que alcanza el 7 por ciento del PIB de Galicia si se añaden las empresas de capital foráneo que operan también en nuestra comunidad. Por citar ejemplos de nuestro potencial en este campo, las empresas gallegas aportan el 60 por ciento de la tecnología para la implantación de la TDT en España, del mismo modo que sistemas de comunicación o de transmisión de datos muy importantes, vigentes en ámbitos tan diversos como el ámbito ferroviario o el telefónico, han sido ideados en Galicia. Incluso nuestra orografía, señorías, a la que tantas veces se alude para justificar retrasos en la ejecución de infraestructuras básicas para nuestro país, en este caso aporta valor añadido a la opción de que Galicia sea la sede, pues es idónea para todo tipo de pruebas y estudios relacionados con el aprovechamiento del espacio radioeléctrico.
Estas son las razones que avalan la candidatura de Galicia, estas son las razones que fundamentan la presentación de esta proposición no de ley.
Tengo que decir que, en el proceso de diálogo que hemos establecido con los distintos grupos parlamentarios representados en esta Comisión, hemos encontrado comprensión y complicidad por parte de la mayoría de los grupos. En este sentido quiero hacer explícito el apoyo que el Grupo Popular ha manifestado a la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego. Quiero hacer explícito el apoyo que el Partido Nacionalista Vasco ha manifestado a la proposición no de ley que estoy defendiendo. Quiero hacer explícito nuestro agradecimiento también al apoyo que el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds nos ha manifestado, y quiero hacer explícito también el agradecimiento a la actitud que en el diálogo previo Convergència i Unió ha manifestado.
Sabemos que tiene la aspiración, también legítima, de que Cataluña sea sede de esta Agencia Estatal de Telecomunicaciones, pero aun así, para propiciar que pudiese prosperar, nos manifestó su disposición a abstenerse. Por tanto también quiero expresar nuestro agradecimiento.
Señorías, el BNG en virtud del diálogo previo tenía apoyos suficientes para que esta proposición no de ley prosperase en sus términos. Pero el BNG quiere hacer un esfuerzo de generosidad, porque nosotros no concebimos la política para marcar goles a nadie. Nos parece muy importante vincular al partido del Gobierno también a este acuerdo, porque entendemos que es imprescindible contar con el partido actualmente en el Gobierno del Estado para que el objetivo de que Galicia sea sede en el futuro de esta agencia pueda ser una realidad. Entendemos también en parte las razones que el Grupo Socialista nos ha expuesto de que esta es una decisión que compete al Gobierno, y sería raro que la Comisión de Industria ya predeterminase cuál tiene que ser una decisión gubernamental. Pero sobre todo, para hacer un esfuerzo de consenso y procurar que esta proposición no de ley salga con el máximo apoyo, hemos hecho un esfuerzo para intentar llegar a un acuerdo de transacción con el único grupo enmendante, el Grupo Socialista, y creo que puedo anunciar que hemos llegado a un texto que consideramos satisfactorio, en aras de buscar esa máxima unanimidad a la que aludía, del siguiente tenor: La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso valora que Galicia reúne condiciones idóneas para ser sede de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones. Por todo ello el Congreso insta al Gobierno a que en el marco de la deslocalización policéntrica de organismos de nueva creación, estudie la ubicación en Galicia de esta Agencia Estatal de Radiocomunicaciones.
Reitero nuestro agradecimiento a todos los grupos. Las razones que avalan el hecho de que Galicia sea sede de esta agencia son indiscutibles, y por nuestra parte nada más.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra la señora Chacón Carretero para su defensa.
La señora CHACÓN CARRETERO: Hemos llegado a una transacción porque el Grupo Parlamentario Socialista no podía ni debía negarse a la posibilidad de que Galicia sea sede de esa agencia estatal, ya que Galicia puede ser la sede. Consideramos que la labor encomendada a la agencia -que todavía está por definir; tiene muchos pasos previos esta agencia antes de llegar a acordar la ubicación de su sede- es de una extraordinaria importancia, especialmente si se tiene en cuenta el carácter estratégico que, con una naturaleza cada vez más acentuada, presenta la planificación, gestión y control de un recurso escaso como es el dominio público radioeléctrico, cuyo uso es más intensivo habida cuenta de la innovación tecnológica y de las indudables ventajas que la ubicuidad y movilidad características de las tecnologías inalámbricas proporcionan.
En aras de garantizar una planificación, una gestión y un control del dominio público radioeléctrico más ágil y eficaz, capaz de hacer frente a los nuevos retos que implica la gestión de este recurso escaso, y que sin duda tendría su traslación en una mayor liberalización y en un impulso de la competencia, es por lo que se determinó la creación de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones. Por ello, antes de definir la ubicación, la primera actuación que debe acometerse en relación con la constitución de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones -que, reitero, todavía no se ha constituido- es determinar si dicha agencia se constituye conforme a su configuración actual, tal como determinan las leyes, o bien si se deben buscar fórmulas organizativas susceptibles de generar una mayor flexibilidad y agilidad en la gestión del dominio público radioeléctrico.
Una vez que se adopten este tipo de decisiones administrativas y legislativas, procedería entrar a debatir y a analizar el resto de cuestiones que afectan a la naturaleza y configuración de la agencia estatal, como sería en este caso la fijación de la sede.
En cualquier caso, el Grupo Parlamentario Socialista cree que Galicia reúne las condiciones favorables para ser la sede. Consideramos asimismo necesario el estudio de esta posibilidad, precisamente por la existencia en Galicia de la Escuela de Telecomunicaciones -en Vigo y en La Coruña-, y también por la presencia de empresas punteras en este sector de las radiocomunicaciones, como son Televés e Intelsis. Por ello no podíamos negarnos -y en nuestra enmienda lo hacíamos explícito-, a que Galicia fuese sede, pero consideramos que hay otras cuestiones susceptibles de ser estudiadas previamente a la ubicación de la sede de esta agencia. Con todo, nos congratulamos por haber conseguido un apoyo unánime de la Cámara a esta candidatura de Galicia para ser sede de esta agencia estatal.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren fijar posición?
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: La posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), oídas las manifestaciones y los planteamientos del señor Jorquera, va a ser la de abstenernos. Es cierto que, en las conversaciones que hemos mantenido con el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, si nuestro grupo se posicionaba en contra cabía la posibilidad de que su proposición no de ley no pudiera salir airosa en una votación, contando con que probablemente el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno no apoyara esta iniciativa. Nosotros desde Convergència i Unió somos conscientes de que cuando sale el sol sale para todo el mundo, y de que también -por qué no- el Bloque Nacionalista Galego tiene la posibilidad de intentar a través de sus iniciativas parlamentarias que la ubicación de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones esté en Galicia. Esto no es óbice para que Convergència i Unió continúe planteando y reiterando la posibilidad de que esta Agencia Estatal de Radiocomunicaciones esté en Barcelona. ¿Por qué? Básicamente por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque en la anterior legislatura, a una pregunta que hizo don Jordi Jané, nuestro portavoz adjunto en aquellos momentos, al presidente del Gobierno instándole a que el Gobierno analizara la posibilidad de que esta Agencia Estatal de Radiocomunicaciones se ubicara en Barcelona, el presidente del Gobierno se comprometió efectivamente a que esta agencia estuviera ubicada en Barcelona, teniendo en cuenta que en Barcelona estaba la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones, que es otro organismo regulador, y nosotros entendemos que podría depender perfectamente de él. Esto lógicamente no se ha cumplido, aunque no por ello nos vamos a oponer frontalmente a esta iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, sino que nos vamos a abstener, partiendo de la base de que con esta abstención esta iniciativa puede tener la luz verde de esta Comisión de Industria y Energía.
Por tanto, felicitamos de antemano al señor Jorquera por esta iniciativa que va a ser votada favorablemente por la mayoría de los grupos de la Cámara. Nosotros nos vamos a abstener, pero deportivamente vamos a continuar solicitando que este centro regulador pueda estar en Barcelona.
El señor PRESIDENTE: Señor Erias, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
El señor ERIAS REY: Estamos intentando dirimir una situación que ciertamente se ha demorado más tiempo
del debido, porque el artículo 47 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de las Telecomunicaciones ya creaba la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones. Lo que sí es verdad es que desde ese momento hasta ahora mismo han ido sucediéndose determinadas situaciones que es preciso señalar en el día de hoy.
La disposición transitoria del Real Decreto 863/2008 ya contempla un régimen transitorio para el funcionamiento de esta agencia mientras que no se constituye. También sabemos que existe un proyecto de real decreto por el cual se aprueba el estatuto de esta agencia. En todo caso, el día 27 de marzo de 2008 -y esto es muy importante recalcarlo- en el Parlamento de Galicia, a instancias del Bloque Nacionalista Galego, se aprueba una proposición no de ley en la que se incorpora una adenda del Partido Popular por la cual el Parlamento de Galicia insta al Gobierno a postular para Galicia la sede de la Agencia Estatal del Espectro Radioeléctrico. Recientemente el presidente Alberto Núñez Feijóo, en su visita al presidente Zapatero, también le pidió la ubicación en Galicia de la sede de la agencia. Ahora el Bloque Nacionalista Galego ha presentado esta proposición no de ley que desde el Partido Popular hemos decidido apoyar desde el primer momento, porque creemos -igual que ha señalado el señor Jorquera- que Galicia reúne las condiciones idóneas para que en nuestro país se instale este tipo de agencia. Y lo creemos tanto desde el punto de vista productivo como desde el punto de vista del conocimiento, porque el capital humano formado a lo largo de años en la Escuela de Telecomunicaciones de Vigo y también el desarrollo productivo generado en torno a Televés, Arteixo Telecom, Intelsis, Egatel y a otro conjunto de pequeñas y medianas empresas, nos dan una fortaleza importante a la hora de poder ubicar un marco institucional que refuerce y le dé más potencia al conocimiento, ese que tanto venimos todos preconizando, pero por el que hay que empezar a apostar en los momentos en los que se pueda. En estos momentos el Gobierno, apostando por la ubicación de esta agencia en Galicia, está reforzando un tejido productivo que le dará un marco institucional que se verá con más atractivo para tener un espacio de interés en el futuro inmediato.
En todo caso, lo que sí quiero destacar es el agradecimiento a todos los grupos por el apoyo a la proposición no de ley del Bloque. El Partido Popular se suma a este acuerdo que se ha logrado por parte del Bloque y por parte del Partido Socialista, porque también el Partido Popular busca el consenso, se suma gustoso a él y agradece el empeño que desde el Grupo Socialista y desde los demás grupos se tiene para reconocer este hecho que en el día de hoy estamos manifestando. Por lo tanto nos parece que, desde el punto de vista institucional, sería un gran apoyo para Galicia, en estos momentos en que la crisis económica está mostrando su lado menos amable, apostar por nuevas instituciones que fortalezcan el tejido productivo; eso nos parece muy importante.
Señor presidente, quiero reiterar el agradecimiento a todos los grupos por el apoyo a Galicia y a este tipo de iniciativas. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Concluimos aquí el debate del orden del día. Como estamos al completo y no hay que hacer ningún receso, pasamos a la votación de todos los puntos que hoy hemos debatido.
En primer lugar, aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre la proposición de ley de creación del Consejo General de colegios oficiales de Ingeniería e Informática. Esta iniciativa procede del texto resultante de la unificación de las proposiciones de ley 122/144 y 122/162.
Pasamos al punto 6.º, aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre la proposición de ley de creación del Consejo General de colegios oficiales de Ingeniería Técnica en Informática. Esta iniciativa procede del texto resultante de la unificación de las proposiciones de ley 122/145 y 122/163.
Si les parece a SS.SS., vamos a hacer la votación de las proposiciones no de ley por el orden original que tienen en el orden del día, para que no haya confusiones a la hora de elaborar el acta. Punto 7.º relativo a la consolidación de Navantia y Fene Ferrol como astilleros de construcción naval, civil y militar, así como la creación de un gran centro de reparaciones navales. Se vota la enmienda transaccional presentada por el Grupo Popular, el Grupo Socialista y el Grupo Mixto, representado por el señor Jorquera del Bloque.
Votación del punto 8.º, relativo a la aplicación del plan de ayudas al calzado. Votamos la enmienda transaccional presentada y aceptada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, que no hace falta leer porque está firmada por los dos grupos y está en la Mesa.
Punto 9.º, de simplificación administrativa y fiscal de la producción de energía mediante fuentes renovables en el ámbito doméstico y de las pymes, presentado por el Grupo de Convergència i Unió y con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Punto 10.º, sobre la reducción de emisiones en gasolineras, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Votamos la enmienda presentada por el Grupo Socialista, porque el Grupo Parlamentario Popular y el grupo proponente han manifestado que la aceptaban. Por tanto, votamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Pasamos al punto 11.º, sobre contenidos digitales, del Grupo Parlamentario Socialista. Se vota la proposición no de ley en sus propios términos, porque el grupo proponente no ha aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Pasamos al punto 12.º, sobre medidas de apoyo y promoción del sector del campin, del Grupo Parlamentario Socialista. Votamos la proposición no de ley más la transaccional a la enmienda de Convergència i Unió.
La última proposición no de ley es el punto 13.º, relativa a la ubicación en Galicia de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones. Votamos la proposición no de ley con la transaccional presentada por el grupo proponente, relativa a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

References: artículo 1
 Real Decreto 
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 artículo 47
 Real Decreto 
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