Source: http://www.diazvarela-abogados.com/index.php/noticias.html
Timestamp: 2018-09-19 17:28:28+00:00

Document:
Plazo para el pago del precio en los contratos administrativos
Jueves, 24 de Enero de 2013 12:58	diazvarela
El pasado 1 de enero de 2.013, entró en vigor el último tramo del Régimen Transitorio establecido en la Ley de contratos de Sector Público, respecto al plazo para pago del precio de los contratos administrativos, previsto en la Disposición Transitoria SEXTA del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (anteriormente Disposición Transitoria OCTAVA de la Ley 30/2007), quedando fijado desde el 1 de enero de 2.013 en 30 días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato
Lo anterior tiene dos consecuencias.
La primera y lógica que se ha reducido el plazo para que la Administración abone el precio del contrato (de las certificaciones de obra o documentos acreditativos de la realización total o parcial del contrato) pasando de 40 a 30 días. Vencido dicho plazo se producirán las consecuencias previstas en el artículo 261.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, la Administración “… deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004 de 29 de Diciembre” por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
La segunda consecuencia, es que se reduce en igual medida el plazo para el pago por el contratista a sus subcontratistas y suministradores del precio pactado: Artículo 228 del citado Real Decreto Legislativo 3/2011: Pagos a subcontratistas y suministradores.
Oviedo 15 de enero de 2.013
Pedro González – Cobas García
Última actualización el Jueves, 24 de Enero de 2013 13:12
Información sobre las nuevas tasas judiciales
Lunes, 26 de Noviembre de 2012 13:36	diazvarela
En el día de hoy 21 de Noviembre de 2.012, se ha publicado en el BOE la Ley 10/2012, de 20 de Noviembre, por la que regulan las “famosas” tasas judiciales, que entran en vigor, al día siguiente de su publicación, esto es, el 22 de Noviembre de 2.012.
La referida Ley supone una importante modificación de dichas tasas respecto a la regulación anterior (y ahora derogada), contenida en el artículo 35 de la Ley 53/2002.
II.- Principales Modificaciones.
A.- Ampliación de los supuestos (actuaciones judiciales) sometidas a la tasa.
Supuestos previstos en la anterior regulación:
- La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil (1), la formulación de reconvención y la presentación inicial del procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo.
- La interposición de recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal y de casación en el orden civil.
- La interposición de recurso contencioso-administrativo.
- La interposición de recursos de apelación y casación en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa.
A los anteriores, se suman ahora los siguientes supuestos:
- La oposición a la ejecución de títulos judiciales
(1) El único supuesto anteriormente gravado con esta tasa, que ahora se libera, es la ejecución de títulos judiciales en el orden civil, pues es la anterior regulación se gravaba toda demanda de ejecución (en el orden civil), mientras que ahora la tasa se limita a las demandas de ejecución de títulos extrajudiciales (en el orden civil).
B.- Ampliación de las cuotas aplicables.
La cuota de esta tasa se compone de dos factores una cuota fija y una cuota variable por cuantía del asunto. Esta configuración ya estaba vigente.
Una de las novedades más importantes es el sustancial incremento de las cuotas fijas aplicables, pues todas ellas se incrementan, en algunos casos se duplican y en otros (caso de las apelaciones) casi se triplican. Y, de otra parte se incrementa el límite máximo de la parte variable de 6.000 € a 10.000 €.
Se acompaña en Anexo tablas comparativas de las Tasas anteriores y las nuevas contenidas en la Ley 10/2012
C.- Ampliación de los Sujetos pasivos de la tasa
Junto al incremento de las cuotas de la Tasa que nos ocupa, la modificación más importante es la ampliación de los sujetos que están obligados a su pago, pues en la anterior regulación (y al margen de las exenciones subjetivas) estaban obligadas al pago las personas jurídicas que NO tuvieran la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades. Mientras que ahora están obligados a su pago todas las personas físicas y jurídicas, con las únicas salvedades:
- Administraciones Públicas General del Estado, Autonómicas y Locales y Organismos públicos dependiente de todas ellas.
- Las Cortes Generales y Asambleas Legislativas de las CCAA.
D.- Como principales exenciones en la nueva Ley al pago de la Tasa que nos ocupa podemos significar las siguientes:
- Petición inicial de procedimiento monitorio y demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuanto no supere los 2.000 € (anteriormente la exención era para los monitorios de cuantía inferior a 3.000 €)
E.- Otras novedades:
§ Se establecen en la nueva Ley 10/2012 los efectos de la falta de pago de la Tasa y de la presentación de su autoliquidación: “En el caso de que no se acompañase el justificante el Secretario Judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada.” Hasta aquí se preveía ya en la anterior regulación a lo que se añade ahora: “La falta de presentación del justificante de la autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario Judicial a que se refiere el precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal, y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento según proceda.”
§ Por otra parte se prevé en la nueva Ley (anteriormente no existía previsión alguna) la regularización de la tasa, como consecuencia de la determinación por el órgano judicial competente de una cuantía distinta a la fijada inicialmente. Así, si dicha cuantía es superior a la inicialmente fijada (o no fijada) se deberá hacer una liquidación complementaria y abonar la diferencia. Por el contrario si la cuantía fijada judicialmente es inferior a la inicialmente determinada se podrá solicitar la rectificación y devolución de ingresos indebidos por el exceso abonado.
§ En el caso de que iniciado un procedimiento judicial en el que se haya abonado la tasa correspondiente, se llegue a un acuerdo extrajudicial, se tendrá derecho al reintegro del 60% de la tasa abonada.
§ En el caso de acumulación de procesos, se tendrá derecho al reintegro del 20% de la tasa abonada.
Oviedo 21 de Noviembre de 2.012
Última actualización el Lunes, 26 de Noviembre de 2012 13:38

References: Real Decreto 
 artículo 261
 Real Decreto 
 Artículo 228
 Real Decreto 
 artículo 35