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Timestamp: 2018-03-17 20:31:17+00:00

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Títol: Función notarial y jurisdicción voluntaria
Data: 11/2017
coordinadors: Carlos Jiménez Gallego
nombre epígraf: 4
Títol epígraf: Capítulo IV. La declaración de herederos intestados
[anterior] SUMARIO: 1. NATURALEZA DE ESTA ACTUACIÓN NOTARIAL. 2. REGLAS DE COMPETENCIA. 2.1. Competencia material u objetiva. 2.2. Competencia funcional. 2.3. Competencia territorial (nacional e internacional). 2.4. Un caso especial: el posible requerimiento por notario que no es competente por razón del territorio. 3. LEGITIMACIÓN ACTIVA. 4. REQUISITOS DE LA SOLICITUD. 5. LOS TESTIGOS. 6. LAS NOTIFICACIONES A INTERESADOS. 6.1. ¿A quién hay que notificar? (en concreto). 6.2. ¿Qué hay que notificar?. 6.3. ¿Cómo hay que notificar?. 7. LA NOTIFICACIÓN EN EL EXTRANJERO. 8. LA PRÁCTICA DE OTRAS PRUEBAS. 9. EL CIERRE DEL ACTA Y LA PROTOCOLIZACIÓN. 10. LA CUESTIÓN DEL ACTA ÚNICA O DE LA DOBLE ACTA. 11. LA RECTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN. 12. LA CALIFICACIÓN REGISTRAL. 13. MODELOS PARA LA PRÁCTICA. 13.1. Acta para la declaración de herederos intestados. 13.2. Acta de conclusión de expediente de declaración de herederos intestados.
[anterior] La ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria, ha derogado la regulación hasta entonces existente en la ley de enjuiciamiento civil (LEC) de 1881 sobre declaración de herederos intestados, que fue declarada vigente por la disposición derogatoria única 1.2ª de la vigente LEC (ley 1/2000, de 7 de enero) y ha creado dos artículos en la ley del notariado (los artículos 55 y 56) que vamos a comentar en este capítulo.
[anterior] La declaración de herederos intestados se viene realizando por los notarios desde el año 1992, en virtud de la ley 30/1992, de 30 de abril, de medidas urgentes de reforma procesal, que atribuyó la competencia a los notarios para declarar herederos intestados cuando éstos fueran descendientes, ascendientes o cónyuge del difunto, y sólo estas personas, dando nueva redacción al artículo 979 de la entonces ley de enjuiciamiento civil (LEC de 1881). A nivel reglamentario la norma legal fue desarrollada por el R.D. 1368/1992, de 13 de noviembre, que creó el artículo 209.bis del reglamento notarial, que fue levemente modificado por el R.D. 45/2007 de 19 de enero en cuanto a las reglas 5ª y 6ª. Esta competencia notarial era exclusiva, al igual que era exclusiva la competencia de los juzgados para declarar herederos intestados en los demás supuestos legales. La actuación notarial en esta materia fue un éxito desde el primer momento.
[anterior] No se ha producido ninguna modificación en el Código Civil sobre sucesión intestada a consecuencia de la ley 15/2015.
[anterior] Los nuevos artículos 55 a 56 de la ley del notariado son los referidos a esta actuación notarial. Regulan la competencia notarial y toda la tramitación. No regulan aspectos sustantivos. Para ello el notario deberá atenerse al Código Civil o a las normas de los Derechos civiles autonómicos o, en su caso, extranjeros, que sean de aplicación.
[anterior] Las novedades son las siguientes: regulación de la tramitación en una norma de rango legal, si bien sigue básicamente las reglas del artículo 209.bis del reglamento notarial (RN), ampliación de la competencia notarial por razón de la materia, que ahora puede tramitar toda declaración con independencia de quiénes sean los herederos, salvo cuando deba heredar una Administración Pública, y ampliación de las posibilidades de elección de notario por el requirente.
[anterior] La normativa reglamentaria se sigue conteniendo en el artículo 209bis del reglamento notarial, que debe complementarse con la regulación general para toda acta de notoriedad que se contiene en el artículo 209 RN.
[anterior] Esta normativa reglamentaria no ha sido modificada hasta la fecha, pero no debe entenderse derogada. El notario deberá continuarla aplicando en todo lo no previsto en la ley. No hay contradicción aparente con las nuevas normas legales, salvo en algunas cuestiones puntuales, como la competencia territorial, si bien se han planteado algunas dudas en cuanto a la aplicación del sistema de la doble acta (un acta que recoge el requerimiento y otra acta de cierre), cuestión ésta sobre la que nos pronunciaremos al final de este capítulo.
[anterior] 1. Naturaleza de esta actuación notarial
El tipo de documento notarial es un "acta" y no una escritura. El propio art. 55 LN utiliza los términos "acta de notoriedad".
[anterior] El acta notarial de declaración de herederos fue, desde que se creó en 1992, un caso de acta de notoriedad en que se pedía al notario algo más que un juicio de notoriedad.
[anterior] Las actas de notoriedad, como regla general, tenían y tienen por objeto "La comprobación y fijación de hechos notorios sobre los cuales puedan ser fundados y declarados derechos y legitimadas situaciones personales y patrimoniales, con trascendencia jurídica", como dice el primer párrafo del artículo 209 RN. Pero según el párrafo segundo del apartado quinto, cuya redacción fue dada por el Decreto de 22 de julio de 1967: "Por acta de notoriedad podrán legitimarse hechos y situaciones de todo orden, cuya justificación, sin oposición de parte interesada, pueda realizarse por medio de cualquier otro procedimiento no litigioso." Ello exigía un requerimiento específico y una declaración notarial separada del juicio de notoriedad de los hechos objeto del acta. En este sentido, el apartado cuarto del art. 209 RN dispone: "Cuando además de comprobar la notoriedad se pretenda el reconocimiento de derechos o la legitimación de situaciones personales o patrimoniales, se pedirá así en el requerimiento inicial, y el Notario emitirá juicio sobre los mismos, declarándolos formalmente si resultaren evidentes por aplicación directa de los preceptos legales atinentes al caso."
También el reglamento hipotecario (RH) ya tenía prevista alguna actuación de este último tipo en su artículo 82. Según esta norma, se podía utilizar un acta de notoriedad para la determinación de sustitutos vulgares o fideicomisarios, por ejemplo. Y de hecho se usaba.
[anterior] Por consiguiente, no fue en 1992 la primera vez que se iba más allá del mero juicio de notoriedad. Pero, en cualquier caso, el art. 82 RH y en mayor medida aún el art. 209.5º RN habían tenido hasta el año 1992 una utilización poco frecuente.
[anterior] Y es que una cosa es la declaración de que algo es notorio, o sea, conocido por un determinado círculo más o menos amplio de personas, aunque eso pueda ser la base en que se funden derechos, y otra cosa muy distinta es que el notario declare que algunas personas tienen determinados derechos o que la propia declaración de notoriedad pueda fundar o legitimar derechos. Es cierto que la eficacia de una declaración notarial de derechos no puede imponerse a terceros disconformes y que sólo se pude basar en casos en que el derecho de que se trate puede declararse con gran facilidad a partir de las normas que lo regulen derecho. Pero una cosa no quita la otra.
[anterior] Por eso se entendió por muchos, con razón, en 1992, que la declaración de herederos intestados era algo distinto de las actuaciones que las leyes y el reglamento notarial habían venido encomendando a los notarios. De hecho, ya las actas de notoriedad se consideraban algo "al límite" de la función notarial, aunque no pretendieran legitimar derechos.
[anterior] Estamos de acuerdo con Mariño Pardo cuando dice que el acta de declaración de herederos "excede incluso de la simple acta de notoriedad de reconocimiento de derechos sobre hechos notorios, pues la ley sitúa la esencia del acta en un juicio jurídico del notario, para el que éste tendrá en cuenta no sólo hechos notorios, en el sentido clásico de los que no precisan prueba por ser de conocimiento general, sino los acreditados por la prueba documental y testifical que el notario juzgue precisa, y previa la valoración jurídica que el notario haga de la misma...y especialmente realizará una interpretación jurídica de la ley aplicable al supuesto de hecho, sea ésta evidente o no." (1) Afortunadamente para los notarios, la aplicación de la ley al supuesto de hecho que haya quedado fijado resulta, en la gran mayoría de casos, bastante evidente.
[anterior] A pesar de todo lo dicho, no hay nada que impida que los notarios puedan asumir este tipo de actuaciones. Y, de hecho, esta nueva actuación notarial fue un éxito desde su inicio, por lo que no nos extraña que se haya ampliado el ámbito material de aplicación.
[anterior] 2. Reglas de competencia
2.1. Competencia material u objetiva
Como ya hemos dicho, los notarios tienen atribuida, desde la ley 30/1992, la competencia para declarar herederos intestados cuando los llamados son descendientes, ascendientes o cónyuge del causante.
[anterior] La ley 15/2015 ha extendido esta competencia a los supuestos de colaterales y a las personas asimiladas al cónyuge. Sólo ha quedado excluida de la competencia notarial los casos en que corresponda heredar al Estado o a una Comunidad Autónoma. En estos supuestos, la competencia se ha sustraído también a los juzgados y se ha encomendado a la Administración respectiva, lo que llama un poco la atención, porque esa Administración se va a declarar heredera a sí misma. Se regula por el artículo 20.6, 20bis y 20.ter de la ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones públicas.
[anterior] La competencia notarial, en los supuestos que procede, es exclusiva. Sobre esto no se ha planteado cuestión tras la entrada en vigor de la ley 15/2015, pues es una cuestión que ya quedó aclarada tras la entrada en vigor de la ley 30/1992.
[anterior] 2.2. Competencia funcional
La competencia corresponde a los notarios, sin distinciones entre ellos, salvo por razón del territorio, pues todos ejercen las mismas funciones.
[anterior] La competencia notarial es exclusiva. No hay competencia judicial desde el 23 de julio de 2015, fecha de entrada en vigor de la ley 15/2015. La norma es clara y no da opción a acudir a los juzgados para obtener una declaración de herederos intestados fuera de un proceso.
[anterior] Respecto de fallecidos con anterioridad a esta fecha, la actuación notarial será ya la única posible y la tramitación tendrá que ajustarse a la nueva ley, sin perjuicio de que el Derecho sustantivo aplicable tendrá que ser el vigente en el momento del fallecimiento. Este es el criterio que se entendió aplicable tras la entrada en vigor de la Ley 30/1992. Así lo reconoció ya una temprana resolución de la DGRN de 9 de febrero de 1995.
[anterior] Y así debe entenderse ahora también, pues es el criterio es el que resulta de las disposiciones transitorias 1ª y 2ª LJV, interpretadas a contrario, ya que se limitan a ordenar aplicar la normativa procedimental anterior a los expedientes ya iniciados. Y es el mismo criterio que correspondería aplicar si hubiera de acudirse a la disposición transitoria 4ª CC, que se suele considerar como Derecho transitorio común, al que acudir a falta de norma específica.
[anterior] Los cónsules españoles en el extranjero no tienen competencia para declarar herederos intestados. Así lo reconoció una Instrucción de la DGRN de 10 de marzo de 1995, que señaló que la competencia que había atribuido la ley 30/1992 se refería sólo a los notarios y no a los cónsules, aunque éstos ejercieran funciones notariales.
[anterior] En cambio, es posible que la declaración de herederos haya sido formalizada en el extranjero ante autoridad o funcionario extranjero. Ello ocurrirá, por ejemplo, cuando se trate de un causante cuya última residencia fue en el extranjero pero cuya herencia se rija por el Derecho español (español residente en el extranjero que hubiera elegido la ley española como ley aplicable a su sucesión) o cuando se trate de un causante cuya última residencia fue en el extranjero y cuya herencia se rija por un Derecho extranjero pero hubiera dejado bienes en España.
[anterior] Los documentos que contengan declaración de herederos otorgados por autoridades extranjeras serán admisibles en España conforme a las reglas generales de admisión de documentos de jurisdicción voluntaria, con legalización-apostilla y en su caso, traducción.
[anterior] Si se trata de una herencia que se rija por el Derecho extranjero, habrá que controlar la regularidad formal, el cumplimiento de las reglas generales de admisión de resoluciones extranjeras de jurisdicción voluntaria y también que se trate de un documento que tenga la condición de título sucesorio según la ley que rija la sucesión (DGRN 4 febrero 1999, 28 julio 2011 y 14 noviembre 2012).
[anterior] El primer requisito se deduce de las reglas generales del Ordenamiento. El tercero lo exige el artículo 14 de la ley hipotecaria. Las reglas de admisión de resoluciones extranjeras de jurisdicción voluntaria remiten hoy, en materia sucesoria, en primer lugar al Reglamento sucesorio europeo.
[anterior] El principio general del RSE en materia de reconocimiento es que éste no necesita ningún procedimiento. El art. 39.1 RSE dispone que las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno. Se refiere a todo tipo de resoluciones de contenido sucesorio; no sólo al certificado sucesorio europeo. Lo único que tendrá que realizar la autoridad o funcionario a quien se pida que admita la resolución extranjera, es comprobar que no se da ninguno de los motivos de denegación del reconocimiento, enumerados en el art. 40. Esto rige también para los notarios. El control de legalidad lo tiene que realizar cualquier funcionario o autoridad a quien se pida alguna actuación.
[anterior] Los motivos de denegación del art. 40 RSE son cuatro. El primero, la manifiesta contrariedad al orden público del Estado miembro requerido. El segundo es haberse dictado la resolución, en el Estado de origen, en rebeldía del demandado "sin que se le haya entregado a éste la cédula de emplazamiento o documento equivalente, de forma tal y con tiempo suficiente para que pueda defenderse". El tercero es que la resolución del Estado de origen sea inconciliable con una resolución dictada en una causa entre las mismas partes en el Estado de ejecución. Y el cuarto es que la resolución del Estado de origen sea inconciliable con otra dictada en otro Estado (miembro o no) entre las mismas partes en litigio que tenga el mismo objeto y causa, cuando esta última resolución reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido. En la práctica, como se puede deducir, en una actuación de jurisdicción voluntaria, o asimilable, como la que nos ocupa, el motivo primero será el único que se utilizará, si bien su aplicación será de por sí excepcional.
[anterior] En el Derecho interno vigente también hay que tener en cuenta el artículo 59.2 de la ley 29/2015 de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil y el art. 12 LJV. El primero se refiere a la inscripción de resoluciones judiciales o de jurisdicción voluntaria. Dispone que no se exigirá procedimiento especial para la inscripción, pero el registrador debe verificar la regularidad y autenticidad formal de los documentos presentados y la inexistencia de causas de denegación de reconocimiento previstas en el capítulo II de la propia ley. Esta remisión es al artículo 46 de la propia ley, que enumera las siguientes causas: contrariedad al orden público, manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las partes, materia sobre la que los órganos judiciales españoles tengan competencia exclusiva (o si la competencia del juez de origen no obedece a una conexión razonable), resolución inconciliable con una resolución dictada en España o en otro Estado (pero reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en España) o cuando haya litispendencia en España. No hay que estar, por el contrario, al artículo 60 de la ley 29/2015 ni a la disposición adicional 3ª LJV, que se refieren a documentos públicos.
[anterior] El artículo 59.2 de la ley 29/2015 se refiere a la inscripción, pero los requisitos que obliga a controlar deben cumplirse también por el notario, que está obligado a autorizar títulos inscribibles. En todo caso, hay otra norma similar en el artículo 12 LJV, referido específicamente a los efectos en España de los expedientes y actos de jurisdicción voluntaria acordados por autoridades extranjeras. Tras reiterar que la eficacia en España no exige recurrir a ningún procedimiento específico previo, dispone que el reconocimiento sólo se denegará en estos casos: a) si el acto hubiera sido acordado por autoridad extranjera manifiestamente incompetente. b) Si se hubiera acordado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de los implicados. c) Si el reconocimiento produjera efectos manifiestamente contrarios al orden público español. d) Si el reconocimiento implicara la violación de un derecho fundamental o libertad pública de nuestro ordenamiento jurídico.
[anterior] La LJV y la ley 29/2015 se tramitaron casi simultáneamente y entraron en vigor con pocas semanas de diferencia. Resulta criticable que no hubiera una regulación unitaria sobre la misma materia. En todo caso, el reconocimiento exige tener en cuenta los requisitos de las dos leyes.
[anterior] Las normas de Derecho interno sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones no pueden prevalecer frente al Reglamento sucesorio europeo. Sólo se pueden aplicar a materias no regidas por éste, o sea, en resoluciones de contenido no sucesorio y en resoluciones, de contenido sucesorio o no, que provengan de Estados no miembros, en cuanto lo permitan otros Reglamentos europeos. En consecuencia, el control de la competencia del órgano extranjero perteneciente a un Estado miembro (no a otros Estados) no debe realizarse en las materias que deban quedar reguladas por el RSE.
[anterior] Estas normas legales tienen que matizar la aplicación que los registradores de la propiedad realicen del artículo 100 del reglamento hipotecario.
[anterior] Si los documentos extranjeros se refieren a una herencia que se rige por el Derecho español, en aplicación de las reglas del RSE, se plantea la cuestión de si hay que controlar además el fondo de la resolución. Cabe pensar que se hayan declarado herederos a personas distintas de quienes corresponde, o en proporción distinta, o falte alguno, etc.
[anterior] El art. 41 RSE lo prohíbe la revisión de la resolución extranjera (de un Estado miembro) en cuanto al fondo.
[anterior] No obstante, la rigidez de la norma puede suavizarse en la práctica. Recomendamos que el notario español intente que los interesados soliciten una rectificación del título extranjero, salvo que pueda ser rectificado por acuerdo de todos los interesados o, en su caso, por el notario español si las normas del RSE lo permitieran.
[anterior] Finalmente, recordamos que en las sucesiones trasnacionales el acta de declaración de herederos o el documento extranjero de naturaleza similar pueden ser sustituidos por el certificado sucesorio europeo. La obtención de éste es voluntaria, y no impide que se reconozca eficacia a las declaraciones de herederos tramitadas conforme a los respectivos Derechos internos. Pero si se obtiene un certificado sucesorio europeo, éste despliega todos sus efectos también en el Estado emisor, sin que sea necesaria la tramitación prevista por el Derecho interno.
[anterior] 2.3. Competencia territorial (nacional e internacional)
La competencia notarial está tasada por el artículo 55 LN. Son los mismos criterios que para los demás expedientes sucesorios. La norma se reitera en el artículo 57, referido a testamentos cerrados, en el artículo 61, referido a testamentos ológrafos, en el artículo 64, referido a testamentos orales, en el artículo 66, referido a albaceas y contadores-partidores, y en el artículo 67, referido al beneficio de inventario.
[anterior] Los criterios de estos artículos son alternativos. Es competente el notario hábil para actuar en el lugar del último domicilio o residencia habitual del causante, o donde estuviese la mayor parte del patrimonio, o el del lugar de fallecimiento. La norma añade, innecesariamente, "siempre que estuvieran en España" cuando ello es una obviedad, pues no hay notario español competente para actuar en el extranjero. También puede acudirse a un notario de un distrito colindante. En defecto de todos ellos, será competente el notario del lugar del domicilio del requirente.
[anterior] No hay jerarquización de criterios, salvo respecto del último. La competencia del notario del lugar del domicilio del requirente sólo se da en defecto de todos los demás criterios de competencia. De esta forma, el notario a quien se pida esta actuación debe comprobar con cuidado que ninguno de los otros criterios preferentes ha podido ser aplicado. Hay uno que es especialmente difícil de controlar: el del lugar de situación de la mayor parte del patrimonio. Ello exigirá que antes de aceptar el requerimiento, el notario pida información al requirente acerca del patrimonio del causante.
[anterior] La competencia del notario del domicilio del requirente sólo se dará, por tanto, si el causante no tuvo en España su último domicilio ni residencia habitual, ni falleció en España, ni estaba en España la mayor parte de su patrimonio. La existencia de algunos bienes, si no pueden configurarse como "la mayor parte del patrimonio" parece irrelevante.
[anterior] La norma da competencia a los notarios de los distritos colindantes. El compañero Torres Ruiz, en la "Guía-resumen de la ley de jurisdicción voluntaria" que puede consultarse en el SIC (en el apartado "corporación notarial") aprobada por el pleno del Consejo General del Notariado en fecha 18 de julio de 2015, ha escrito que no es lógico que sea de un Colegio notarial distinto. Este criterio es recomendable para seguir en la práctica, pero es excesivo sostener que la norma dice eso. En nuestra opinión, la norma no distingue, por lo que resulta indiferente si se trata de distinto perteneciente al mismo o a distinto Colegio notarial. De todas formas, es algo que está siendo muy poco frecuente.
[anterior] La norma no dice nada de la competencia de los notarios del mismo distrito. Se plantea, entonces, la cuestión de si es posible acudir a un notario del mismo distrito notarial aunque no tenga fijada su residencia en el lugar de último domicilio o residencia del difunto, ni en el lugar donde radique el mayor patrimonio del difunto, ni en el lugar de fallecimiento.
[anterior] Mayorga Alcázar ha escrito: "En pura lógica, si se puede acudir a un notario del distrito colindante, con mayor razón a otro del mismo distrito, pero lo cierto es que la ley no dice eso". (2) En nuestra opinión, al igual que vamos a sostener para los otros expedientes sucesorios, puede acudirse a cualquier notario del mismo distrito, aunque la norma no lo diga expresamente. La interpretación lógica no tiene por qué ser descartada.
[anterior] La solicitud a un notario excluye a los demás. Sólo se puede tramitar un acta. Para garantizar el cumplimiento de esta importante regla, existe desde el año 1992 un sistema de comunicaciones, que hoy es telemático, por los notarios a los Colegios y de éstos a la Dirección General de los Registros y Notariado. Si el notario que inicia un expediente recibe una comunicación de su colegio o de la DGRN relativa a la previa tramitación de otra acta, debe abstenerse de continuarlo y debe poner una nota de cierre en la que se identifique el otro notario y número de protocolo correspondiente.
[anterior] Por desgracia, este sistema, que funciona tan bien, no se ha regulado en los otros expedientes notariales creados por la ley 15/2015.
[anterior] La regulación sobre competencia territorial de la ley 15/2015 es muy diferente a la vigente con anterioridad. Ha derogado, por tanto, en su totalidad, el apartado primero del artículo 209.bis RN, que se refería a la misma materia y la regulaba de forma distinta.
[anterior] La aplicación de estos criterios presupone que el notario de que se trate ya ha determinado que sí tiene competencia internacional, en los casos en que la sucesión presente algún elemento transnacional.
[anterior] La fijación de los criterios de competencia internacional se realiza acudiendo al Reglamento sucesorio europeo. Este remite al lugar de la última residencia habitual del difunto, concepto éste que hay que interpretar según el propio Reglamento, sin que deba acudirse a criterios de Derecho interno. No es éste el lugar adecuado para extenderse sobre esto. (3) Baste decir que la residencia habitual es el centro de los intereses vitales del difunto, para cuya fijación hay que tener en cuenta tanto su patrimonio como su vida personal. Excepcionalmente, el Reglamento permite actuar a una autoridad del Estado del que el causante era nacional o del Estado en que se encuentren bienes del difunto si se dan otros requisitos que ahora no corresponde comentar.
[anterior] La competencia en caso de elección de la Ley española por el difunto exige, para una actuación notarial, la unanimidad de todos los interesados. En nuestro caso, sería, la unanimidad de todos los que tienen que ser declarados herederos. Tratándose de un acta de herederos, el supuesto será verdaderamente raro, pues la elección de Ley sólo puede hacerse en testamento. Se tendría que tratar de un testamento en que el testador se limitara a elegir la ley aplicable a su sucesión y poco más, sin que contuviera institución de herederos.
[anterior] Se exigirá en tal caso que todos los eventuales herederos intestados suscriban el requerimiento, sin que pueda faltar la firma o ratificación de uno solo. Porque en tal caso, la competencia no se atribuye al notario español (que es la autoridad del Estado del que el difunto fue nacional) directamente por el RSE sino que exige una actuación de los interesados en la herencia.
[anterior] Mariño Pardo parece inclinarse en contra de esta posibilidad. Ha dado dos argumentos. En primer lugar, el art. 7 RSE implica un pacto de sumisión, que convierte en electiva la competencia del notario, y no se permite la sumisión por el art. 2.2 LJV. En segundo lugar, en los expedientes de jurisdicción voluntaria no hay partes y si entendemos que "partes" se refiere a todos los interesados, ¿quiénes son todos los interesados? "pues algunos han llegado a incluir aquí a los acreedores de la herencia". (4). En nuestra opinión, las normas del RSE no pueden dejar de aplicarse. Una vez sentado que la actuación notarial de jurisdicción voluntaria es algo sujeto a las reglas de competencia del RSE, hay que concluir que el notario tiene que aplicarlas todas; no puede admitir unas y excluir otras. Aunque el supuesto pueda parecer llamativo. Por ejemplo, un notario español no tendrá competencia internacional para tramitar un acta de herederos intestados de un causante español cuya última residencia habitual fue en Francia, aunque hubiera fallecido en España.
[anterior] Cabe plantear el supuesto inverso: el caso, por ejemplo, de causante alemán que tuvo en Mallorca su última residencia habitual y eligió la ley alemana para regir su sucesión. El notario español es, en principio, la autoridad competente, tanto para expedir un certificado sucesorio europeo como para un acta de declaración de herederos. En este caso, no obstante, parece que será más útil tramitar un certificado sucesorio europeo que un acta de declaración de herederos según el Derecho interno español.
[anterior] No acabamos de compartir la opinión de Garrido Melero cuando dice: "¿Qué ocurrirá en el caso del nacional español en el momento del fallecimiento que ha elegido como ley sucesoria aplicable a su sucesión la de la nacionalidad? Si carece de bienes en España, no tiene residencia habitual en España, ni ha fallecido en territorio español, debemos entender que los notarios españoles carecen de competencia, a pesar que la ley a aplicar será la española, de conformidad con las reglas establecidas en la legislación notarial. Quizás en este punto podrá acudirse al criterio supletorio establecido en la propia ley notarial para permitir la competencia del notario español (el domicilio del requirente)." (5)
En caso de elección de ley española, hay competencia internacional de los notarios españoles si todos los interesados acuden de consuno. A partir de aquí, hay que buscar el criterio de competencia territorial. Si no se da ninguno de los criterios fijados en primer lugar por el artículo 55 LN siempre tiene que poder aplicarse el criterio supletorio. Una vez fijada la competencia internacional, tiene que poder fijarse de alguna manera la competencia interna.
[anterior] La vinculación de los notarios españoles a los criterios de competencia territorial del Reglamento sucesorio europeo nos parece fuera de toda duda. Una opinión discordante en España, y casi la única, fue la del profesor Carrascosa González, que en su obra sobre el RSE escribió: "la competencia judicial internacional de los tribunales españoles en relación con los actos sucesorios de jurisdicción voluntaria no se rige por el Reglamento 650/2012 (sucesión mortis causa) visto que cuando un tribunal español opera en funciones de jurisdicción voluntaria, no es un "tribunal" a efectos del Reglamento 650/2012". (6) Por tanto, en su opinión, esta competencia se decide con arreglo a los criterios contenidos en la LOPJ.
[anterior] La aplicación de los criterios de competencia interna es, por el contrario, una cuestión de Derecho interno. Por ello, los distintos conceptos del artículo 55 LN no deben interpretarse según el Reglamento europeo. Por ejemplo, los términos "domicilio o residencia habitual" son aquí conceptos de Derecho interno. Cada norma tiene su respectivo ámbito de aplicación.
[anterior] Reiteramos nuestra postura favorable a que el notario requerido pueda excusar sus funciones si a su juicio no puede practicar las pruebas solicitadas de forma adecuada. De todas formas, en este tipo de asuntos será algo excepcional.
[anterior] El notario no debe iniciar ninguna actuación si a su juicio no tiene competencia territorial. Esto exige que en la fase de preparación del requerimiento quede suficientemente acreditada la última residencia habitual del difunto o cualquiera de los otros criterios que habilitan al notario para actuar. En nuestra opinión, no es una buena forma de proceder admitir el requerimiento sin que hayan quedado suficientemente demostrados los hechos que fundan la propia competencia territorial.
[anterior] Una resolución de la DGRN de 10 de febrero de 2006 exigió un principio de prueba para aceptar el requerimiento.
[anterior] Creemos, no obstante, que la prueba debe ser completa.
[anterior] Garrido Melero defiende esta misma postura, aunque parece más abierto. Ha dicho: "parece lo más conveniente no comenzar la intervención notarial documental, el inicio del acta hasta que no queden claramente acreditadas las circunstancias concretas competenciales; pero no parece que debamos negar otras posibilidades". (7)
No cabe pacto de los interesados sobre la competencia notarial. El artículo 2.2 de la Ley 15/2015 dispone: "En los expedientes de jurisdicción voluntaria la competencia territorial vendrá fijada por el precepto correspondiente en cada caso, sin que quepa modificarla por sumisión expresa o tácita".
[anterior] La tramitación realizada por notario incompetente ¿es nula?
Entendemos que sí, porque las normas sobre competencia territorial son imperativas y excluyen totalmente la competencia de otros notarios.
[anterior] La cuestión es cómo proceder en caso de que haya que tramitarse un expediente por notario que sí es competente.
[anterior] En el requerimiento deberá quedar fijada la incompetencia del otro notario, salvo que la existencia de esa primera acta no resulte conocida hasta que se reciba información del Colegio Notarial respectivo o del Registro de actos de última voluntad. El notario competente deberá informar en el parte que envíe al aceptar el requerimiento o en la rectificación de éste que se le solicite.
[anterior] Notificado el notario incompetente, o su sucesor, por su Colegio o por la Dirección general, deberá extender nota relativa a la nueva tramitación por notario competente.
[anterior] El notario que resulta competente deberá, en nuestra opinión, notificar la nueva tramitación a todas las personas que fueron declaradas herederos por el notario incompetente, salvo que se trate de las mismas que pretendan ser declaradas herederos en el segundo expediente.
[anterior] 2.4.
Un caso especial: el posible requerimiento por notario que no es competente por razón del territorio
La práctica ha admitido esto desde hace muchos años, ya bajo la vigencia del Derecho anterior a la Ley 15/2015.
[anterior] Es verdad que había un argumento literal en contra. El artículo 979 de la LEC de 1881 decía que ante el notario (el que tramitara el expediente) "se practicará la prueba testifical y documental precisa".
[anterior] No obstante, esto se ha entendido, y en esto estamos de acuerdo, en el sentido de que el notario competente para tramitar el expediente es el único competente para valorar todas las pruebas. Pero el acopio de documentación o la declaración de testigos puede realizarse ante otro notario. Entiéndase esto bien: el notario competente no queda obligado por lo que se le remite. Puede pedir pruebas o documentos complementarios. Podría incluso no considerar suficiente la declaración de esos testigos y exigir una prueba testifical en su presencia. Pero puede considerar suficiente la declaración testifical que se ha recogido ante el otro notario. Creemos que la inmediación en la valoración de la prueba no es exigible en esta tramitación notarial en el mismo sentido que lo sería a un juez en un proceso. En el mismo sentido, Mariño Pardo, que recoge la opinión también favorable de Sempere Montes. (8)
Las actuaciones a realizar ante notario no competente pueden ir desde el mero requerimiento a la aportación de todas las pruebas que en principio sería necesarias para realizar la declaración.
[anterior] En nuestra opinión, la ley 15/2015 no obliga a cambiar esta postura.
[anterior] Esto no debe entenderse como incitación a actuaciones que puedan considerarse contrarias al buen compañerismo entre los notarios.
[anterior] 3. Legitimación activa
El artículo 55.1 comienza diciendo: "Quienes se consideren con derecho a suceder abintestato a una persona fallecida y sean sus descendientes, ascendientes o cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad a la conyugal, o sus parientes colaterales, podrán instar la declaración de herederos abintestato." Sin embargo, el párrafo segundo de este artículo 55 dispone: "El acta se iniciará a requerimiento de cualquier persona con interés legítimo", al igual que dispone el artículo 209.bis del reglamento notarial.
[anterior] ¿El artículo 55.2 tiene que leerse en el contexto del artículo 55.1 o es una norma que amplía la legitimación activa? ¿Por qué se han dado dos reglas pudiendo haberse dado sólo una?
Estamos ante un caso de expresión legal desafortunada. Literalmente, la regla del artículo 55.1 es superflua ante el significado amplio de la regla del artículo 55.2. Por el contrario, se podría decir que la regla del artículo 55.2 no es una regla general sino que es una regla aún más limitativa de lo que dispone el artículo 55.1; es decir, sólo las personas enunciadas en el artículo 55.1 tendrían legitimación para requerir, pero sólo podría efectivamente requerir en el caso concreto quien, de entre ellas, tenga interés legítimo para ese requerimiento, a juicio del notario.
[anterior] En opinión de Mariño Pardo (9) "debe darse preferencia a lo recogido en el párrafo 2 del artículo 55 de la Ley del Notariado, el cual, al margen de ser el que trata específicamente la cuestión, encuentra el apoyo del artículo 209.bis del Reglamento Notarial, que seguirá teniendo valor complementario de la Ley".
[anterior] En nuestra opinión, la solución no puede venir de un estudio comparativo de ambos incisos, sino que viene por una interpretación contextual, entendiendo por contexto no sólo el artículo 55 sino toda la normativa reguladora de este expediente y el cambio que se ha querido introducir respecto de la normativa anterior. La norma del artículo 55.1 es la primera norma sobre la materia que nos ocupa y su fin no es realmente regular la legitimación activa, sino precisar el ámbito de competencia material de los notarios, que hasta la ley 15/2015 sólo se refería a los expedientes en que fueran a ser declarados herederos los descendientes, ascendientes o cónyuge -o asimilado legalmente- y desde la ley 15/2015 se ha ampliado a los colaterales. Obsérvese que no hay otra norma en los artículos 55 y 56 que se refiera a esta cuestión, de forma que si no existiera este inciso del artículo 55.1 no se diría por ningún sitio que los notarios tienen competencia para declarar heredero a un colateral. La regla que sí se refiere a la legitimación activa es la contenida en el artículo 55.2.
[anterior] La cuestión pasa a ser, entonces, quién tiene "interés legítimo".
[anterior] De entrada, "interés legítimo" no es lo mismo que "interés directo", por lo que podrá requerir alguien que tenga sólo un interés indirecto.
[anterior] Puede requerir, por tanto, alguien que no vaya a ser declarado heredero del difunto, pero a quien sí interese fijar quiénes sean los herederos. Por ejemplo el cónyuge viudo habiendo hijos, o un heredero de quien vaya a ser declarado heredero del difunto. La lista de supuestos debe permanecer abierta. La apreciación de la legitimidad del interés debe realizarse caso por caso.
[anterior] En favor de la interpretación amplia de la legitimación activa que estamos defendiendo, se ha pronunciado nuestro compañero Carbonell Crespí, que admite el requerimiento por un acreedor de la persona fallecida o de un presunto heredero abintestato, un legatario, o el albacea/contador partidor. (10)
Mariño Pardo admite al transmisario, al cesionario intervivos de un heredero, a los acreedores del causante, e incluso a los acreedores de uno de los herederos "aunque éstos deberían, a mi juicio, acreditar su derecho fehacientemente". (11) Considera dudosa la legitimación de un llamado de grado ulterior, aunque parece admitirla, pues tiene interés en determinar quiénes sean los llamados en primer lugar, en relación a un posible ejercicio de una interpellatio in jure o de una acción de incapacidad para heredar. Admite la legitimación del legatario, si no hay heredero testamentario o el legatario no pueda tomar posesión por sí solo de los bienes legados. Respecto de la pareja de hecho que no es heredera, Mariño cita a Fugardo Estivill, que sí la admite, pero él creo que no, salvo que tenga un derecho de crédito contra el causante justificado documentalmente.
[anterior] Siguiendo a Garrido Melero, realizamos una enumeración de posibles requirentes, que no es exhaustiva: (12)
El cónyuge, aunque no sea uno de los llamados. Este supuesto es frecuente en la práctica.
[anterior] La pareja afectiva que tenga derecho a heredar. La acreditación es fácil si la pareja exige inscripción en un registro para su válida constitución y se acredita la subsistencia de la inscripción, o al menos el otorgamiento de documento público y se acredita que no consta ninguna nota relativa a que se haya dejado sin efecto. Sin embargo, hay legislaciones que no exigen eso. ¿Cabe en estos casos exigir una prueba más o menos contundente o basta un principio de prueba? Garrido Melero opina que "como estamos simplemente en la fase de apertura del acta y no en la declaración de derechos no será necesario una notoriedad de estos hechos". (13) En nuestra opinión, la acreditación de la existencia de la pareja es una cuestión previa al requerimiento del acta, que deberá quedar fijada de la forma más incontrovertible posible. Por ejemplo, con el consentimiento de las personas que serían declaradas herederos intestados en caso de que no hubiera existido esa relación de pareja.
[anterior] Acreedores del causante.
[anterior] Acreedores de los herederos llamados.
[anterior] Albacea y/o contador-partidor: siempre que no haya heredero testamentario. Por ejemplo, testamento sin institución de heredero, pero con nombramiento de albacea, o nombramiento de albacea en un codicilo, en el caso de Ordenamientos que admiten éste.
[anterior] La experiencia de aplicación práctica de este expediente ha demostrado que, salvo el caso del cónyuge, los demás son supuestos muy poco frecuentes.
[anterior] En caso de que varias personas tengan interés legítimo para requerir, basta que el requerimiento lo realice cualquiera de ellas. Ni la normativa anterior ni la actual exigen una unanimidad. Así se desprende de la literalidad del artículo 55.2 LN, no contradicha por otras normas. Además, téngase en cuenta que exigir unanimidad de interesados implicaría en la práctica no sólo el requerimiento de todos los llamados a la herencia, sino también de otras personas con derecho o interés en la misma sucesión aunque no fueran a ser declarados herederos, por ejemplo el cónyuge viudo. Otra cosa es lo que resulte recomendable para la práctica. Desde el año 1992 se recomendó por el Consejo General del Notariado que el requerimiento lo suscribieran el mayor número de interesados posible. Esto es laudable, pues da seguridad a la tramitación y a la declaración final del notario y simplifica la tramitación pues puede evitar notificaciones.
[anterior] El requerimiento por apoderado siempre es posible. No obstante, ha sido opinión mayoritaria en la práctica que el apoderado no puede realizar las declaraciones sobre la situación familiar y personal del difunto si no constan en el poder. Es decir, respecto de éstas, actúa como un mero nuntius. Una resolución de la DGRN de 19 de diciembre de 1995 (sistema notarial) admitió la representación si en el poder se autorizaba al apoderado para instar actas notariales y declarar los hechos positivos y negativos en que se ha de fundar el acta. En nuestra opinión, el requerimiento se puede aceptar con base en un poder en esos términos pero la declaración sobre los hechos positivos y negativos en que se haya de basar el acta debe proceder del propio poderdante. Si no consta en el poder, deberá hacerse por comparecencia del apoderado o por declaración de éste ante otro notario, de la que se protocolizará una copia o testimonio de ésta. De todas formas, si hay varios requirentes, en la práctica, se puede prescindir de quien pretende requerir por poder, si de las declaraciones de los demás y de las otras pruebas resultan suficientemente justificados los hechos objeto del acta.
[anterior] En casos de menores o incapacitados puede requerir el representante legal. Respecto de éste, la práctica ha entendido que puede realizar sin problema las declaraciones sobre la situación personal y familiar del difunto. Quizá hay una cierta inconsecuencia entre la representación legal y la voluntaria, si bien puede tener su apoyo en la propia peculiaridad del supuesto.
[anterior] 4. Requisitos de la solicitud
El presentante deberá acreditar la identidad y domicilio del causante. Respecto de la identidad, puede aportarse el DNI, pasaporte o permiso de residencia. De todas formas, si la identidad resulta de la restante documentación presentada, como certificados del Registro Civil, parece que ya ha quedado demostrada y no se debe exigir más, ya que no se trata aquí de identificar al causante, pues falleció. Mariño Pardo admite el requerimiento aun a falta de esta acreditación. (14)
Respecto del domicilio, el artículo 209.bis RN dispone que el domicilio "se acreditará preferentemente, y sin perjuicio de otros medios de prueba, mediante el Documento Nacional de Identidad del causante". Esta última norma se dio a efectos de acreditar la competencia territorial del notario y, en nuestra opinión, está derogada, no sólo porque las reglas de competencia legales son ahora muy diferentes sino porque la acreditación de la residencia no debe quedar limitada por una norma reglamentaria. Era una norma que ya antes de la ley 15/2015 considerábamos de legalidad dudosa porque el "domicilio" a efectos de esta tramitación es un concepto civil y el domicilio del DNI es un domicilio a efectos de la legislación administrativa.
[anterior] La acreditación del último domicilio sólo sirve para determinar la competencia internacional del notario y, en ciertos casos, la competencia interna. Si no hace falta acreditarlo a estos efectos, no se entiende por qué va a tener que pedirse. En estos casos, bastará que resulte del resto de documentación aportada.
[anterior] También deberá acreditar el fallecimiento y la procedencia de la apertura de la sucesión intestada. En principio, el fallecimiento se acredita por certificación del Registro Civil o testimonio de la resolución de declaración de fallecimiento y la ausencia de testamento, por certificación del RGAUV o, en su caso, documento del que resulte que procede abrir la sucesión intestada aunque conste la existencia de testamento, por ejemplo, por repudiación de la herencia de todos los llamados sin que opere ninguna sustitución o por sentencia que declare la invalidez del testamento. El examen de supuestos es una cuestión de Derecho sustantivo en la que no procede ahora entrar.
[anterior] Si la sucesión es transnacional surge la cuestión de si debe exigirse un documento equivalente al certificado español del Registro de Actos de Ultima Voluntad. En sentido afirmativo se pronunciaron las resoluciones de la DGRN de 18 de enero de 2005 y 1 de julio de 2015.
[anterior] En esta cuestión hay que actuar con sentido común. La declaración de herederos que va a realizarse no es un título incontrovertible. Tampoco lo es el certificado del Registro español de actos de última voluntad. Ni los de otros países. No hay que entender que debe pedirse esa información en todos los países en los que el difunto pudo haber residido en alguna época de su vida. Bastará, en principio, realizar la consulta en el Estado de la nacionalidad si residió allí hasta época reciente (a valorar caso por caso) y, si consta que el difunto hubiera tenido una residencia habitual de larga duración en otro Estado, en éste. Pero no creemos que sea razonable exigir pruebas de gran dificultad, como por ejemplo la obtención de este tipo de certificados en países poco desarrollados o cuyo sistema jurídico nos sea totalmente desconocido. El propio Reglamento sucesorio europeo no es riguroso en esta cuestión.
[anterior] Distinto sería el caso de otorgamiento de una escritura pública de herencia con base en un testamento, español o extranjero, en el que, en nuestra opinión, la obtención de un certificado de un Registro extranjero no puede ser nunca una obligación para un notario español, a pesar de la doctrina contraria contenida en una resolución de la DGRN de 1 de julio de 2015.
[anterior] También debe acreditar la identidad de quienes vayan a ser declarados herederos intestados y su parentesco con el difunto.
[anterior] Respecto de la identidad, el artículo 56.2 LN parece permitir que la tramitación empiece sin ésta, pues manda acudir a edictos y publicación de anuncios para ello. Nos parece que ello será algo excepcional y que habrá que hacer todo lo posible para tener plenamente identificados al tiempo del requerimiento inicial a todos los posibles llamados.
[anterior] Para acreditar el parentesco deberá aportarse el libro de familia o, si no se conserva éste, certificaciones del Registro civil. Dado que el libro de familia es un principio de prueba de un hecho negativo base del acta, cual es la inexistencia de más hijos que los que resultan del propio libro de familia, debe hacerse todo lo posible para que se aporte. Si no se puede aportar, se debe recoger en el acta la manifestación de todos los requirentes relativa a la no aportación y, en su caso, alegación de la causa. La aportación de certificaciones debe comprobarse con cuidado en caso de que los llamados a la herencia sean colaterales, pues debe quedar bien acreditada la filiación de cada uno y de los respectivos ascendientes del tronco común, mediante certificaciones literales, no en extracto, de nacimiento y, en su caso de matrimonio. La certificación de nacimiento del causante es recomendable en toda acta, aun en el caso de que los llamados sean descendientes, pues sirve para comprobar si hay notas que hagan referencia a uno o sucesivos matrimonios del difunto. Es cierto que esto es una cuestión que, si hay descendencia, es más bien propia de la escritura de herencia, pero si se aporta al acta ya se tendrá a la hora de preparar la escritura de herencia.
[anterior] No se olvide que la D.Tª 13ª de la ley 20/2011 prohíbe expedir libros de familia a partir de su entrada en vigor. A fecha actual, la vigencia se ha aplazado hasta el 30 de junio de 2018 por la ley 4/2017, de 28 de junio.
[anterior] Ejemplos:
Si heredan los hijos: basta aportar el libro de familia. En su defecto, certificaciones literales de nacimiento de cada hijo.
[anterior] Si hereda el padre o madre: libro de familia de los padres. En su defecto, certificación literal de nacimiento del hijo fallecido.
[anterior] Si hereda el cónyuge (según el Código Civil): certificación de fallecimiento del padre y de la madre y de los cuatro abuelos. No parece razonable exigir más prueba relativa a la inexistencia de ulteriores ascendientes. Debe aportarse siempre certificación literal de nacimiento del difunto.
[anterior] Si hereda un hermano de doble vínculo: libro de familia de los padres del difunto y del hermano del difunto. En su defecto, certificación literal de nacimiento del difunto y de su hermano. Puede ser útil pedir una certificación del matrimonio de los padres, para dar más seguridad a la identificación de los padres.
[anterior] Si hereda un sobrino: en estos casos suele ser menos frecuente que se conserven libros e familia, pues hay que remontarse hasta los abuelos. En defecto de tales documentos habrá que aportar certificación literal de nacimiento del difunto, certificaciones de fallecimiento de los padres y abuelos del difunto, certificaciones literales de nacimiento y defunción del padre o madre, según la línea de que se trate, y certificación literal de nacimiento del sobrino llamado.
[anterior] Todos los documentos presentados deben quedar unidos al acta, ya sea en original o por testimonio. Así se hacía antes y así lo dispone ahora el inciso final del artículo 56.1 LN.
[anterior] Sería bueno que algún día el Registro Civil español pudiera dejar constancia de todos los hijos de cada persona, algo que no permite la normativa del Registro Civil vigente ni la que se prevé que va a entrar en vigor.
[anterior] Lo que debe ser probado por certificación del Registro Civil no puede ser probado de otra manera, como recordó una resolución de la DGRN de 27 de febrero de 2002. Sólo se admiten otras pruebas en los casos de falta de inscripción, siempre que previamente se inste la inscripción, o cuando no fuere posible certificar del asiento, lo que resultará completamente excepcional.
[anterior] Y el requirente debe aportar también la documentación de la que resulte la comparecencia territorial del notario a quien se requiera.
[anterior] ¿Qué documentos son imprescindibles para suscribir el requerimiento del acta y cuáles pueden aportarse después?
En principio, todos los documentos deben ser aportados en original al notario para suscribir el requerimiento. Esto es lo más recomendable y lo que hará que la duración del expediente sea la menor posible.
[anterior] No obstante, para el caso de urgencia, puede establecerse una discriminación. La acreditación del fallecimiento y de la apertura de la sucesión intestada nos parecen inexcusables. No podemos recomendar que se suscriba el acta sólo con base en fotocopias quedando para un momento posterior la exhibición del original.
[anterior] Los demás documentos pueden aportarse en un momento posterior. Su exhibición y la incorporación al expediente de un testimonio se hará constar por diligencia. Pero como ha quedado dicho, no recomendamos esta manera de proceder.
[anterior] La firma del requerimiento tiene que ser comunicada por el notario al Colegio Notarial respectivo en el mismo día.
[anterior] Así se exige por el artículo 209.bis RN, que no hay que entender derogado. Esta comunicación impide cualquier otra tramitación simultánea o posterior, una vez que el notario afectado haya recibido la comunicación del Colegio o de la DGRN.
[anterior] No impide una rectificación ni tampoco la tramitación por un notario competente, si el notario de la primera tramitación era incompetente.
[anterior] 5. Los testigos
El artículo 56.2 LN dispone que en el acta habrá de constar necesariamente, al menos, la declaración de dos testigos que aseveren que de ciencia propia o por notoriedad les constan los hechos positivos y negativos cuya declaración de notoriedad se pretende.
[anterior] Por tanto, es inexcusable la prueba testifical. Si no se toma declaración como mínimo a dos testigos, la declaración quedaría afectada de un vicio esencial y habría que considerarla nula. Ello obligaría a retrotraer las actuaciones, incluso de oficio, para recoger la prueba testifical y volver a emitir la declaración de herederos.
[anterior] Y los testigos tienen que ser dos como mínimo. Pueden ser más, si el notario lo admite o lo pide. No obstante, en la práctica siempre son sólo dos. La declaración testifical nunca se ha considerado relevante. De hecho, se toma declaración a los testigos porque la ley lo exige. En otros expedientes en que la ley no lo exige, no se suele hacer, aunque podría hacerse.
[anterior] No es necesario que los testigos conozcan los hechos "de ciencia propia". La ley admite que puedan conocerlos por notoriedad.
[anterior] Los testigos pueden ser parientes, dice la ley, siempre que no tengan interés directo en la sucesión. En esto la ley ha copiado la regla del artículo 209.bis RN que se introdujo en éste por el R.D. 45/2007.
[anterior] Esta expresión quizá debiera haber precisado un poco más la vinculación -entre testigo y heredero- que debiera ser rechazada.
[anterior] Parece que el interés directo se refiere a la persona del propio testigo, por lo que si éste no es uno de los herederos llamados, es difícil apreciarlo.
[anterior] Nos parece claro que no puede ser testigo ninguno de los llamados a la sucesión. Pero sí los demás parientes, incluso aunque fueran llamados a la sucesión en caso de renuncia de los llamados en primer lugar o por cualquier otra causa por la que los llamados en primer lugar no llegaran a ser herederos. Parece que el interés de estos parientes es indirecto, no directo. Creemos, no obstante, que habrá interés directo en el caso de hijos de un llamado, pues lo heredado incrementará el patrimonio familiar, del que los hijos van a disfrutar. Los afines pueden ser testigos, pues en ningún caso pueden ser declarados herederos. No obstante, la norma del art. 56.2 LN, al decir, "Dichos testigos podrán ser, en su caso, parientes del fallecido, sea por consanguinidad o afinidad, cuando no tengan interés directo en la sucesión" parece presuponer que hay parientes afines que pueden tener interés directo en la sucesión. Así, no debería ser testigo el cónyuge de un llamado a suceder. Fugardo Estivill distingue según el régimen económico del matrimonio, excluyendo el interés directo sólo si lo heredado pasa a ser privativo del heredero. (15) Garrido Melero por el contrario, ha sostenido que el cónyuge de un llamado a suceder tiene interés directo. (16) Estamos de acuerdo con Garrido por la misma razón que hemos dicho al referirnos a los hijos de un llamado.
[anterior] Nuestro compañero Carbonell Crespí (17) sostiene que el cónyuge del llamado o un hijo no deben ser testigos "ya que ellos sí tienen un interés directo debido a que pueden obtener un beneficio económico". Mariño Pardo (18) se ha limitado a escribir que la cuestión es dudosa.
[anterior] En nuestra opinión, son desaconsejables los testigos, sean o no parientes (puede tratarse también, por ejemplo, de socios o empleados) si aparece la mínima sospecha de que lo que herede el llamado puede repercutir en beneficio actual del testigo.
[anterior] ¿Qué ocurre si se admite la declaración de un testigo inhábil?
Garrido Melero entiende (19) que ello "no debe acarrear la nulidad ab initio del acta, sino en todo caso la posible responsabilidad del notario por no haber practicado las pruebas con todas las garantías previstas en la ley en el caso de que dicho juicio fuese contradicho posteriormente". Estamos de acuerdo con esta opinión, si bien creemos que si además del testigo inhábil ha habido dos o más testigos hábiles, no puede haber responsabilidad del notario, salvo que se demuestre que el notario ha dado una valoración decisiva a la declaración del testigo inhábil.
[anterior] ¿Los testigos deben declarar por separado?
Así ocurre en el proceso civil. El artículo 366 LEC dispone que "los testigos declararán separada y sucesivamente " y "los testigos no se comunicarán entre sí ni podrán asistir a las declaraciones de los otros." Es lo recomendable para la práctica pero ninguna norma aplicable a la actuación notarial lo exige.
[anterior] Cabe plantear otros posibles requisitos de inhabilidad de los testigos.
[anterior] ¿Son aplicables los requisitos exigidos a los testigos por la legislación notarial? La respuesta tiene que ser negativa, porque no son testigos instrumentales ni de conocimiento.
[anterior] ¿Hay requisitos impuestos a los testigos por la Ley de jurisdicción voluntaria? No. Ni tampoco hay un reenvío de ésta a la LEC. Y en todo caso téngase en cuenta que el art. 361 LEC sólo exige no estar privado de razón ni del uso de los sentidos respecto de hechos sobre los que únicamente quepa tener conocimiento por dichos sentidos. Ni siquiera exige la mayor edad, pues incluso admite como testigos a menores de 14 años si a juicio del tribunal tienen discernimiento necesario. Lo que sí exige la LEC (art. 367) es que el testigo responda a una serie de preguntas "generales" para valorar su declaración y, en especial, su imparcialidad. También contiene una serie de causas para "tachar" a los testigos (art. 376 LEC), parecidas a las "generales", pero esto sólo corresponde realizarlo a las partes (cada parte, respecto de los testigos propuestos por la contraria).
[anterior] Garrido Melero propone "aun reconociendo que es atrevida", una posición que integre las normas de la legislación notarial con las previstas por la ley de enjuiciamiento civil, excluyendo las que carezcan de sentido. Así, no pueden ser testigos las personas que carezcan de edad y discernimiento necesario (arts. 181 y 182 RN y 361 LEC), las que carezcan de moralidad (arts. 182.5 RN y 367.1.6º LEC), las que pueden poner en duda la imparcialidad del notario (art. 182.2 y 3 RN) y las personas, sean o no parientes o no del causante, que tengan un interés en el acta (art. 377.1.3º LEC y 182.4 RN debidamente adaptado). (20)
En nuestra opinión, el discernimiento necesario es un requisito que debe cumplirse siempre. La mayor edad consideramos que también debe exigirse, pues es regla general y da más seriedad al documento; salvo en casos excepcionales. Aparte de ello, es causa de inhabilidad, que se deduce del art. 56. 2 in fine, el interés directo en la sucesión. Todo lo demás que pueda alegarse no son propiamente causas de inhabilidad, pues falta una declaración legal en tal sentido, sin perjuicio de que pueden servir de criterios a tener en cuenta en la práctica; especialmente los motivos de tacha, del art. 377 LEC.
[anterior] 6. Las notificaciones a interesados
El Derecho anterior a la ley 15/2015 no exigía una fase de notificación a posibles interesados. El artículo 979 LEC de 1881 no se refería a esto. Tampoco el artículo 209bis RN. La posible notificación se tenía que basar en la posibilidad de que el notario aceptara esta prueba pedida por el requirente (si la pedía) o en que el notario la realizara sin que le hubiera sido pedida. La regla 5ª decía (y sigue diciendo): "Se practicarán, también, las pruebas propuestas por el requirente así como las que se estimen oportunas". También prestaba apoyo el apartado segundo del art. 209 RN al disponer que el notario "deberá hacer requerimientos y notificaciones personales o por edictos cuando el requirente lo pida o él lo juzgue necesario".
[anterior] Sin embargo, el artículo 209 RN exige una notificación si se sospecha perjuicio a terceros. En su apartado segundo se dispone: "En el caso de que fuera presumible, a juicio del Notario, perjuicio para terceros, conocidos o ignorados, se notificará la iniciación del acta por cédula o edictos..."
El nuevo artículo 56.2 LN dispone que el notario "a fin de procurar la audiencia de cualquier interesado practicará, además de las pruebas propuestas por el requirente, las que se estimen oportunas" y que "cualquier interesado podrá oponerse a la pretensión, presentar alegaciones o aportar documentos u otros elementos de juicio". Esta norma es menos precisa y parece menos imperativa que la norma del artículo 209 RN, pues literalmente no "exige" notificar a los interesados y ni siquiera a aquellos que puedan sufrir perjuicio. La expresión "procurar la audiencia" significa hacer gestiones para intentar conseguir la audiencia". Pero la notificación la consideramos en todo caso necesaria si es que hay, en el caso concreto, interesados a quienes notificar.
[anterior] Lo que la nueva ley regula es la posibilidad del notario de solicitar información sobre la identidad y domicilio de interesados y la obligación, en caso de no lograrse, de publicar un anuncio en el BOE, en otros medios de comunicación y en tablones de anuncios de los Ayuntamientos del último domicilio del causante, del lugar de fallecimiento y del lugar donde radique la mayor parte de los bienes relictos. Todo esto ya se podía realizar bajo el Derecho derogado, de todas maneras.
[anterior] El proyecto de ley, según cuenta Mayorga Alcázar (21) distinguía, en la tramitación, entre descendientes, ascendientes o cónyuge, por un lado, y colaterales y asimilados a cónyuge, por otro. En el primer caso, si la prueba documental y testifical no arrojase duda, se concluiría el acta. En el segundo caso, y también si en el primer caso las pruebas suscitaran duda sobre los posibles llamados, se imponía una notificación a los interesados cuyo domicilio fuera conocido, o la publicación de anuncios, en caso de ignorarse. Esto puede servir hoy como criterio auxiliar para la práctica; no como criterio interpretativo.
[anterior] A la vista de la normativa legal y reglamentaria, entendemos que el requirente puede pedir la notificación a interesados concretos. El notario podrá, o no, aceptar la realización de estas notificaciones. Esto deberá acordarse en la fase preparatoria del expediente. Con independencia de esto, el notario también puede notificar a determinados interesados si lo cree conveniente, aunque no haya sido pedido por nadie. No obstante, en la diligencia de notificación, deberá reseñar alguna explicación de por qué lo hace de oficio.
[anterior] Y el notario tiene obligación, por el artículo 209 RN, de notificar a todos aquellos que puedan sufrir perjuicio a consecuencia de la resolución del expediente, tanto si el requirente lo pide como si no. De todas formas, lo mejor será incluir esta petición de notificación en el requerimiento, salvo que no pueda ser conocida hasta un momento posterior. Nos estamos refiriendo a personas concretas (por ejemplo, al viudo, si un colateral alega ser llamado a la herencia), no a terceros desconocidos que eventualmente pudieren resultar perjudicados. Respecto de esta categoría de sujetos no hay ninguna obligación de notificar.
[anterior] En cualquier caso, estamos de acuerdo con Garrido Melero (22) en que "La existencia de una trámite de audiencia para ciertos interesados puede ir o no unida a una publicidad del expediente y puede implicar o no la necesidad de una notificación personal e individualizada a dichos interesados. Son temas relacionados pero que deben diferenciarse. En cualquier caso, el trámite de audiencia puede existir aunque no haya existido publicidad y notificación, si el interesado ha tenido conocimiento del expediente por otros medios."
6.1. ¿A quién hay que notificar? (en concreto)
Puede ser conveniente notificar al cónyuge o pareja de hecho si por el requirente se ha afirmado que estaba separado de hecho del difunto, aunque en rigor, esto sólo parece estrictamente necesario si en el acta se van a declarar derechos de estas personas. El CC no lo exige. Sí lo exige el Derecho catalán.
[anterior] En los casos en que la sucesión intestada se abra por invalidez de un testamento, se puede notificar a los beneficiados por éste que van a resultar "perjudicados".
[anterior] Cabe plantearse si hay que notificar a los que serán declarados herederos en el caso de que requiere alguien que no es ninguno de los llamados. Mariño Pardo ha defendido que no hay obligación de notificar a quienes van a ser declarados herederos. (23) Nuestro compañero Carbonell Crespí sostiene que no debe notificarse a las personas que van a ser declaradas herederos, y sí, en cambio, a aquellas personas a quienes se les puede privar de algún derecho, o sea, a las que van a quedar perjudicadas por el expediente. (24) Estamos de acuerdo con esta afirmación. Puede notificarse a los eventuales llamados, pero no hay obligación.
[anterior] Cuando sólo requiere uno de los llamados, ¿hay que notificar a los otros? Entendemos que la respuesta tiene que ser la misma que en el caso anterior. En el mismo sentido, Cabanas y Ballester (25). Por el contrario, Garrido Melero se ha pronunciado de forma menos terminante. Recomienda que se notifique a los llamados no requirentes, si bien la falta de notificación no acarrea la nulidad del acta, aunque podría desencadenar una responsabilidad civil del notario en caso de que resulte erróneo el juicio de notoriedad practicado sin conocimiento de los demás, que de haberlo sabido hubieran podido oponerse a las manifestaciones del requirente. (26) Nos parece excesiva esta última consideración.
[anterior] El listado de interesados tiene que quedar abierto. Deberá concretarse por el notario en cada caso en vista de la información que se le aporte.
[anterior] No hay inconveniente en que el notario, a la vista de las circunstancias del caso, notifique de forma genérica a interesados por medio de edictos o anuncios. Nos parece que esto será, de todas formas, algo excepcional.
[anterior] Todos los notificados pueden comparecer ante el notario, examinar el expediente y realizar las declaraciones que consideren conveniente. Si se notificó por edictos, el plazo es de un mes, a contar desde el día de publicación del edicto (art. 56.2 in fine LN). Si se notificó mediante envío o entrega de cédula, la norma no lo prevé expresamente, pero lo correcto parece entender que rige el mismo plazo de un mes.
[anterior] Las declaraciones de los notificados no tienen nunca la consecuencia de provocar el cierre del expediente. Corresponde sólo al notario su valoración.
[anterior] Un comentario especial merece el párrafo final del artículo 56.1 LN, que impone una notificación al Ministerio Fiscal y que es una novedad respecto de la normativa legal y reglamentaria anterior: "Cuando cualquiera de los interesados fuera menor o persona con capacidad modificada judicialmente y careciera de representante legal, el Notario comunicará esta circunstancia al Ministerio Fiscal para que inste la designación de un defensor judicial." Esto parece conforme con el artículo 4 de la LJV, que dispone: "El Ministerio Fiscal intervendrá en los expedientes de jurisdicción voluntaria cuando afecten al estado civil o condición de la persona o esté comprometido el interés de un menor o una persona con capacidad modificada judicialmente, y en aquellos otros casos en que la ley expresamente así lo declare."
Si se trata de requerir, no hay duda de que previamente habrá de obtenerse el nombramiento de defensor judicial. No obstante, no es imprescindible que todos los eventuales herederos requieran, por lo que el problema queda resuelto admitiendo el requerimiento de otro u otros de los posibles interesados.
[anterior] Puede entenderse que el nombramiento de defensor judicial va a tener que realizarse en todo caso, porque ese menor o incapacitado, aunque no sea requirente, tiene derecho a examinar el expediente y realizar alegaciones y no lo podrá hacer si no tiene quien le represente. No obstante, esta actuación no impediría la firma del requerimiento. Sí obligaría, en cambio, a paralizar el procedimiento para que el defensor nombrado pueda ser notificado del expediente. Si se sigue esta tesis de que el nombramiento de defensor judicial es necesario aunque el menor o incapacitado no sea requirente (o no se juzgue necesario notificarle), entonces recomendamos que el expediente no empiece sin tener el mayor número posible de "obstáculos" resuelto, para evitar que la tramitación se alargue en el tiempo.
[anterior] Pero cabe preguntarse si tal nombramiento sólo procedería en caso de que el notario juzgara imprescindible la notificación a ese eventual heredero menor o incapaz. En la práctica, aunque requiera uno sólo de los llamados a la sucesión, no se suele notificar a los demás, pues se entiende que los hechos base de la declaración de herederos quedan suficientemente probados con los documentos públicos (libro de familia, certificaciones del Registro Civil, en su caso, sentencias, etc.) y con los documentos oficiales (certificados de empadronamiento, DNI, etc) que deben aportarse. ¿Por qué se va a complicar de esta manera el procedimiento? La representación de tales personas es una cuestión que tendrá que acreditarse en el otorgamiento de la escritura de partición de herencia, pero hasta entonces no parece tener utilidad.
[anterior] Esta postura tiene en contra el tenor literal de la norma. Pero creemos que la norma tiene que ser interpretada según su contexto y finalidad. El contexto, a nuestro juicio, es que sólo hay obligación de notificar a quien pueda sufrir perjuicio (y quien va a ser declarado heredero no va a sufrir perjuicio) y la finalidad de la norma que obliga a notificar es poder defenderse de un eventual perjuicio, por lo que la notificación resulta innecesaria si no puede haber perjuicio. Creemos que una postura similar es la expuesta por nuestros compañeros Mariño Pardo (27) y Garrido Melero. (28)
En todo caso, entendemos que el notario tendrá que ser muy cauto a la hora de examinar los hechos, para poder asegurarse de la conveniencia de notificar a ese menor o incapacitado (o sea, de procurar que se nombre un defensor judicial). Por ejemplo, éste puede tener interés en realizar alegaciones sobre la vecindad civil o el régimen económico matrimonial.
[anterior] ¿Qué consecuencia puede tener para la declaración de herederos, una vez finalizado el expediente, sin que se haya instado o realizado el nombramiento de defensor judicial? Si no había obligación de notificarle, no habrá ninguna consecuencia. En otro caso, la declaración deberá ser rectificada por el notario, retrotrayendo las actuaciones a la fase de alegaciones.
[anterior] 6.2. ¿Qué hay que notificar?
El objeto de la notificación es únicamente dar a conocer la existencia del expediente y la posibilidad de comparecer y realizar declaraciones.
[anterior] No hay que entregar o enviar una cédula que recoja el requerimiento y todas las actuaciones practicadas hasta la fecha. Sólo hay que dar noticia de la tramitación del expediente y señalar el plazo para realizar declaraciones. El plazo será de un mes, como antes hemos dicho.
[anterior] Será conveniente señalar la razón por la que se notifica a cada uno (cónyuge, hijo, ascendiente, etc.).
[anterior] 6.3. ¿Cómo hay que notificar?
Si se conoce la identidad y domicilio, el notario debe ir personalmente o enviar la notificación por correo.
[anterior] Creemos que si el domicilio del destinatario se encuentra en lugar al que el notario no puede acudir personalmente según las normas de competencia fijadas por la legislación notarial, lo mejor es que la notificación se haga por medio de otro notario, ante el cual se podrá realizar la declaración por el destinatario. No obstante, creemos que esto es sólo una mejor forma de hacer las cosas, pero no obligatoriamente debe ser así. En realidad, la notificación tiene por objeto dar noticia de la tramitación del expediente. Y en todo caso, el destinatario puede formalizar su contestación ante el notario que libremente elija. Esta contestación podrá ser enviada al notario que tramita el expediente. En contra, Mariño Pardo sostiene que debe acudirse al auxilio de otro notario cuando la notificación deba realizarse fuera del ámbito de competencia territorial del notario que tramita el expediente. (29)
Si se ignora la identidad o domicilio de alguno de los interesados, cabe notificar por edictos. Deben publicarse en el BOE y colocarse en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos del último domicilio o residencia, del lugar de fallecimiento, si fue distinto, y del lugar donde estén la mayor parte de los bienes inmuebles, sin perjuicio de utilizar otros medios de prueba, como anuncios en medios de comunicación (art. 56.2 LN). Estos últimos deberán quedar fijados por el requirente.
[anterior] La ley no dice qué plazo han de estar expuestos los anuncios en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos. Por analogía con otros expedientes entendemos que el plazo debería ser de un mes. El plazo de alegaciones debe contarse desde el primer día de la exposición del anuncio.
[anterior] 7. La notificación en el extranjero
A las notificaciones a realizar en el extranjero no les pueden ser aplicables sin más las reglas internas del Derecho español. Es posible que las reglas internas estén sólo pensadas para supuestos de Derecho interno. Es el caso de las notificaciones previstas por el artículo 202 RN, que no pueden ser realizadas por el notario fuera de su distrito, sino que debe solicitar su práctica por un notario competente en el distrito en que deba recibirla el destinatario. Esta norma es de imposible aplicación en el extranjero.
[anterior] Entonces, habrá que acudir al Derecho interno del país de que se trate, si hay una equivalencia de formas, lo que muchas veces no se dará, o intentar una notificación por medio del cónsul competente. Para los países miembros de la Unión Europea hay, afortunadamente, normativa que pretende facilitar las cosas.
[anterior] Se trata del Reglamento europeo 1393/2007, de 13 de noviembre, aplicable desde el 13 de noviembre de 2008. Al amparo del mismo, cualquier notario español puede hacer que se notifique un documento notarial por él autorizado por cualquiera de los procedimientos del Reglamento, según se deduce de su artículo 16, que dispone: "Los documentos extrajudiciales podrán transmitirse a efectos de notificación o traslado en otro Estado miembro de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento." Esta norma reprodujo literalmente lo que ya decía el anterior y derogado Reglamento sobre la materia (Reglamento 1348/2000).
[anterior] Hay tres procedimientos previstos.
[anterior] El procedimiento ordinario se realiza por medio de los Juzgados de Primera Instancia y, por ello, no interesará en los casos en que se trate de notificar documentos notariales, salvo que cualquier otro medio resulte imposible.
[anterior] También puede hacerse por medio de cónsul, del país de que se trate, en el extranjero.
[anterior] Si se quiere intentar esta vía para notificar en el extranjero, habrá que asegurarse previamente que se permite por el Ordenamiento del país de destino que un cónsul español pueda practicar esta diligencia. El Reglamento europeo prohíbe que, en los procedimientos regulados por el propio Reglamento, el Estado de destino impida realizar la notificación a nacionales del país a que pertenece el consulado, pero permite que los Estados prohíban realizar notificaciones a personas de otras nacionalidades, y es frecuente que los Estados hayan usado este "veto".
[anterior] Si es posible utilizar esta vía, el modus operandi es el previsto en la legislación notarial: el notario español es requerido para practicar la notificación de que se trate en el lugar que indique el requirente, por medio del cónsul de España competente. Tras la autorización del acta, se expide copia autorizada "para su remisión al consulado con el fin de practicarse la notificación" y se envía por el notario al consulado correspondiente. Obviamente no hace falta apostilla ni legalización. Y como estamos en un procedimiento "sin coactividad" no es necesario realizar traducción, si bien lo lógico será hacerla, si no consta que el destinatario entienda el idioma español, para que el destinatario no rechace la notificación o para que, si la acepta, pueda entender el documento. Pero lo que no hay que hacer es cumplimentar el formulario previsto en el Reglamento europeo, pues estamos fuera del ámbito de aplicación del mismo.
[anterior] Una vez practicada la actuación que se haya solicitado, el cónsul expedirá copia autorizada y la remitirá al notario. No hay, hoy por hoy, manera de realizar estas comunicaciones entre notario y cónsul por vía telemática.
[anterior] Y también puede hacerse la notificación directamente por el notario español mediante el envío de cédula o documento de que se trate, si bien si se hace de esta manera no hay coactividad, por lo que el destinatario es libre de recoger el envío o no. Al envío directo se refiere el artículo 14, que dispone: "Cada Estado miembro tendrá la facultad de efectuar la notificación o traslado de documentos judiciales directamente por correo a las personas que residan en otro Estado miembro mediante carta certificada con acuse de recibo o equivalente." El subrayado es nuestro porque resulta importante para nuestro comentario. "Equivalente" presupone, a nuestro entender, la actuación de algún empleado público o funcionario, no de un particular (como el empleado de una empresa de mensajería). Fugardo Estivill admite el envío por correo electrónico "cuando se disponga de un registro duradero del acuerdo, esto es, que pueda acreditarse en el expediente haberse procedido a su remisión electrónica por un medio seguro y la recepción del mensaje por parte de su destinatario." (30) Consideramos atrevida esta postura y no nos atrevemos a recomendarla.
[anterior] El artículo 14 es aplicable también a los documentos extrajudiciales, ex artículo 16.
[anterior] El uso de esta última forma dependerá del Derecho sustantivo. En nuestra opinión, la notificación de la tramitación de un acta de declaración de herederos no exige presencia física del notario, sino que puede hacerse por carta. Si ello es así dentro del territorio español, también puede hacerse en la misma forma en el extranjero.
[anterior] En caso de tener que notificar en país no miembro de la Unión Europea, hay que ir a la ley de cooperación jurídica internacional en materia civil (ley 29/2015).
[anterior] El artículo 28 de la ley 29/2015 permite que los documentos extrajudiciales puedan ser notificados de la misma forma que los judiciales. Uno de estos medios es la notificación directa al destinatario por correo postal certificado o medio equivalente con acuse de recibo u otra garantía que permita dejar constancia de su recepción, siempre que no se oponga la legislación del Estado de destino (art. 21.2).En nuestra opinión, el silencio de la ley del Estado de destino no puede interpretarse como oposición.
[anterior] El uso del envío directo depende, como hemos dicho, de si el Derecho sustantivo va a considerar suficiente esta manera de notificar. En el caso de las actas de herederos, reiteramos que, en nuestra opinión, el envío directo es posible.
[anterior] 8. La práctica de otras pruebas
La nueva ley no ha tasado las pruebas a practicar y ha confiado al notario la decisión de su realización. También era así en la normativa anterior (regla 5ª del artículo 209.bis RN), lo que era totalmente concorde con la norma supletoria del apartado segundo del artículo 209 RN: "El Notario practicará, para la comprobación de la notoriedad pretendida, cuantas pruebas estime necesarias, sean o no propuestas por el requirente."
La norma vigente que se refiere a esto (art. 56.2 primer párrafo) es un poco confusa porque empieza refiriéndose a "cualquier interesado" cuando el resto de la norma tiene que referirse al causante: "el Notario, a fin de procurar la audiencia de cualquier interesado (el subrayado es nuestro) practicará, además de las pruebas propuestas por el requirente, las que estime oportunas, y en especial las dirigidas a acreditar su identidad, domicilio, nacionalidad y vecindad civil y, en su caso, la ley extranjera aplicable".
[anterior] Por la propia naturaleza de las cosas, la nacionalidad y vecindad civil tienen que referirse al causante.
[anterior] Estas cuestiones es mejor que se valoren antes del inicio del expediente. Sólo recomendamos esta fase probatoria cuando haya resultado imposible la plena acreditación por los propios requirentes. Es decir, cuando el notario considere que debe realizar alguna averiguación complementaria que no se haya podido obtener previamente.
[anterior] La identidad y domicilio pueden referirse tanto al causante como a los interesados. Respecto de esto, reiteramos que se trata de información que debiera quedar plenamente fijada antes de suscribirse el requerimiento.
[anterior] La nacionalidad y vecindad civil hay que entenderlas referidas sólo al causante.
[anterior] La prueba de la nacionalidad es, en principio, sencilla. Resultará del pasaporte o documento de identidad del causante. Si éste tenía varias nacionalidades hay que tener en cuenta que el Reglamento Sucesorio Europeo (RSE) permite elegir cualquier nacionalidad que se tenga, con independencia de si es la que efectivamente se estaba usando y con independencia de los criterios de cada Derecho interno acerca de cuál sea la nacionalidad efectiva. La nacionalidad es relevante para comprobar si estamos en presencia de una sucesión internacional. En este caso, la nacionalidad es el criterio que determina la ley sucesoria si el causante formalizó professsio juris. Pero en este supuesto la prueba será fácil, ya que la nacionalidad a tener en cuenta resultará del propio testamento. La nacionalidad también puede tener relevancia para apreciar la competencia en el caso del artículo 10 RSE.
[anterior] La prueba de la vecindad civil puede resultar más difícil, aunque en la práctica apenas se plantean problemas. La mayoría de cambios se producen por residencia continuada y se pueden demostrar por certificaciones de empadronamiento, otros documentos oficiales o bancarios y/o declaraciones de testigos.
[anterior] Sobre la prueba de la residencia habitual última nos remitimos a lo dicho más arriba, al tratar de la competencia.
[anterior] El notario debe determinar la ley aplicable utilizando las reglas del Reglamento Sucesorio europeo.
[anterior] El problema no es, en la mayoría de los casos, determinar la ley aplicable (quizá el problema esté en la fijación de la residencia habitual, en los supuestos en que ésta determine la ley aplicable), sino el contenido de ésta, cuando se trata de un Derecho extranjero. Los notarios y registradores tenemos desde hace muchos años el artículo 36 RH, que permite el informe de un notario o cónsul español o de un funcionario o cónsul del país de que se trate. Esto es lo que se ha utilizado en la práctica en los casos en que el propio notario no tiene suficiente conocimiento del Derecho extranjero que debe aplicar. Pues si tiene suficiente conocimiento puede aplicarlo él mismo. Así lo ha reconocido la DGRN en diversas ocasiones. Una resolución de 18 enero de 2005 declaró que la prueba del derecho extranjero corresponde al requirente, salvo que el propio notario conociese la legislación, en cuyo caso puede proceder a su aplicación de oficio.
[anterior] No obstante, una resolución de 26 de junio de 2012 señaló que el conocimiento por el notario no es prueba suficiente. Mariño Pardo considera que esta doctrina no es aplicable a las actas de herederos, pues la ley encomienda al notario que se forme un juicio sobre el Derecho aplicable. (31) Nosotros creemos que el criterio de esa resolución no es correcto y debiera revisarse en el futuro. La declaración notarial de conocimiento del Derecho extranjero no puede imponerse a otros funcionarios, claro está, pero para ello tendrán que alegar una duda fundada sobre la opinión del notario. Parece que Garrido Melero sigue también esta opinión. (32)
No se trata de los únicos medios. El notario puede valerse de los medios de prueba que considere conveniente, pero la carga de la prueba no corresponde al notario sino al requirente. La doctrina de la DGRN así lo tiene también establecido.
[anterior] La ley 29/2015, de cooperación jurídica internacional en materia civil ha pretendido crear un medio de suministrar información sobre el Derecho extranjero en sus artículos 7, 34 y 35. Se trata de realizar consultas por medio de una autoridad central de cada país, que en España es el Ministerio de Justicia. No nos consta que esto se haya utilizado en la práctica por notarios o por registradores. La obtención de informes de notarios extranjeros resulta un medio más rápido e igualmente fiable.
[anterior] En la práctica, el contenido del Derecho extranjero aplicable debe quedar fijado antes del requerimiento. Esta es nuestra postura para todos los casos que puedan darse.
[anterior] Hay lista abierta de pruebas. La ley permite que el notario practique cuantas pruebas considere convenientes para dilucidar los hechos base de la declaración.
[anterior] Una prueba problemática es la relativa a la separación de hecho del cónyuge viudo en los casos en que, de ser cierta, corresponda heredar a los colaterales (o a los ascendientes, en el Derecho catalán).
[anterior] El art. 945 CC, en la redacción vigente desde el 10 de julio de 2005, excluye de la sucesión intestada al cónyuge viudo separado de hecho.
[anterior] La notificación al cónyuge sobreviviente es imprescindible. Pero a nuestro juicio no debe considerarse suficiente. En el mismo sentido, Carbonell Crespí ha escrito: "si no compareciese y no se pudiera acreditar la separación de hecho de forma indubitada, el juicio de notoriedad a emitir por el Notario debería ser negativo, ya que la notificación por sí sola no puede servir para privarle de sus derechos sucesorios". (33) La separación de hecho desplegará sus efectos si el cónyuge sobreviviente la reconoce. No se trata de que declare que reconoce que no tiene derecho a heredar, sino que declare que estaban separados de hecho.
[anterior] Pero si el cónyuge viudo no reconoce expresamente que estaban separados de hecho, y no se aporta un documento público, o al menos un documento oficial, del que esa separación resulte, en nuestra opinión, tal separación no puede declararse por el notario en este expediente. Exigirá un juicio declarativo. Nos parece poco ortodoxa, además de muy arriesgada, una actuación notarial contraria.
[anterior] Nuestro compañero Gómez Clavería, matizando la postura que había defendido en la primera edición de la obra, ha admitido que el notario tenga por probada la separación sin necesidad de documento auténtico o indubitado y sin necesidad de consentimiento del perjudicado en aquellos casos en que "las pruebas presentadas parecen suficientes, con la notificación al interesado sin que se oponga." (34)
Mariño Pardo ha considerado, "al margen de que sea recomendable la mayor prudencia", que el notario puede declarar la separación de hecho aunque no cuente con prueba documental pública. Señala que en el ámbito judicial se han admitido medios de prueba tales como el informe de un detective privado o de autoridades públicas o de organismos oficiales unidos al empadronamiento de los cónyuges en diferentes domicilios, así como la prueba testifical. (35)
En nuestra opinión no hay norma que habilite al notario a declarar una separación de hecho, aunque fuera a los solos efectos de la declaración de herederos. La posición del notario nunca es la misma que la de un juez.
[anterior] 9. El cierre del acta y la protocolización
Es posible que el expediente termine sin declaración de herederos. Esto ocurrirá cuando se comunique al notario la existencia de una demanda en juicio declarativo sobre los hechos objeto del acta.
[anterior] Esta regla, que sería aplicable aunque no hubiera norma que lo dispusiera, está contenida en la regulación general del artículo 209 RN para toda clase de actas de notoriedad: "La instrucción del acta se interrumpirá si se acreditare al Notario haberse entablado demanda en juicio declarativo, con respecto al hecho cuya notoriedad se pretenda establecer" (regla 5ª).
[anterior] También procede la suspensión en caso de que, una vez suscrito el requerimiento, se reciba información acerca de la existencia de un testamento hasta entonces desconocido, o de la tramitación de otra acta relativa a la sucesión de la misma persona.
[anterior] Curiosamente, la nueva LN prevé un supuesto que no hemos visto nunca en la práctica. Se trata del artículo 56.4 LN, que se refiere al caso de que ninguno de los interesados se presenta o en que ninguno de los que hubiesen "acudido reclamando la herencia" fuesen declarados herederos. En tales casos, si no hay persona con derecho a ser llamada, impone al notario la obligación de remitir copia del acta a la Delegación de Economía y Hacienda correspondiente.
[anterior] Realmente no se entiende bien cómo se puede dar este supuesto. En la práctica sólo se actúa si se ofrece al notario la información acerca de quiénes son los herederos llamados. Sin tener esa información, no hay requerimiento que se suscriba. No merece mayor comentario.
[anterior] Reiteramos que el expediente no puede desestimarse por la mera oposición de interesados en la fase de alegaciones. El notario decidirá a la vista de todas las pruebas practicadas. Así lo dispone la regla 5ª del artículo 209, aplicable a todas las actas notariales de notoriedad. Así lo reconoció una resolución de la DGRN de 8 de mayo de 1995. Y esto es, en nuestra opinión, lo que se deduce del último párrafo del artículo 56.2 y del artículo 56.3 LN. Por otro lado, esta solución es conforme con la regla general que da el artículo 18.2.2º LJV: "Salvo que la ley expresamente lo prevea, la formulación de oposición por alguno de los interesados no hará contencioso el expediente, ni impedirá que continúe su tramitación hasta que sea resuelto." Para suspender una tramitación hay que acreditar haber entablado una demanda en juicio declarativo (art. 209, apartado 5º, RN)
El supuesto más frecuente es la terminación estimatoria del requerimiento inicial. En este caso, el notario declarará la notoriedad de los hechos objetos del acta y además declarará quiénes son las personas que tienen derecho a heredar al causante, expresando la identidad de cada uno y los derechos que a cada uno corresponden. La expresión de los derechos debe realizarse con la mayor precisión posible, sin remisiones a normas.
[anterior] La declaración debe limitarse a los herederos del causante. No debe extenderse a los derechos de otras personas en la misma sucesión, como por ejemplo cónyuge viudo, legitimarios no herederos, reservatarios, etc. Salvo que alguna norma lo pida, como ocurre en el Derecho catalán con los derechos del viudo. Pero la LN sólo se refiere a los herederos: "qué parientes del causante son los herederos abintestato" (art. 56.3 LN). Entendemos que la palabra "herederos" se utiliza en sentido técnico y preciso, no en el término más genérico de "sucesores".
[anterior] Se ha discutido sobre si se puede o debe añadir alguna salvedad respecto (en favor de) de tales personas, que no son herederos, cuando haya quedado acreditado que esas personas existan. Mariño Pardo cita la postura negativa de Gómez Clavería, pero él mismo se pronuncia por la afirmativa (36) alegando que la norma "se refiere en general a la declaración de los derechos ab intestato de los parientes, sin distinguir según la naturaleza del derecho de que se trate". No podemos compartir esta última postura, como acabamos de decir.
[anterior] No nos parece correcto alegar una resolución de la DGRN de 17 julio 2006 para justificar que se deben expresar los derechos legitimarios del viudo. Lo que resolvió era que el registrador debía inscribir el usufructo a favor del cónyuge viudo, que sobrevivió al causante, aunque al tiempo de solicitarse la inscripción ya había fallecido. Y el acta de herederos que era el título sucesorio de esa herencia, se limitaba a declarar los herederos intestados y a añadir "sin perjuicio de la cuota legal usufructuaria correspondiente al cónyuge viudo". La doctrina de esta resolución es que la declaración ha de hacerse en relación a quienes eran herederos en el momento de fallecimiento del causante, sin tener en cuenta posteriores acontecimientos.
[anterior] A nuestro juicio, la declaración que debe realizar el notario tiene que limitarse a los herederos directos del causante, sin realizar declaraciones a favor de herederos de esos herederos fallecidos tras el causante. Esto último se acreditará en la correspondiente escritura de herencia, o en otro documento, pero no nos parece que deba ser objeto del acta. Es cierto que esta declaración a favor de herederos ulteriores no afecta en nada a la vigencia del acta, pero creemos que añade confusión al expediente. Sabemos que a veces se hace así en la práctica, pero no nos parece muy recomendable.
[anterior] ¿Cabe declarar herederos a personas no incluidas en el requerimiento inicial? Cabanas y Ballester han mantenido que sí, pues el art. 56.4 LN permite una declaración discrepante (37). Mariño Pardo no lo acepta, salvo que el requirente esté dispuesto a modificar el requerimiento inicial, aunque lo admite si se notifica a ese heredero omitido y "éste comparece y solicita su inclusión en el acta, aportando la prueba pertinente, siguiendo el razonamiento de la resolución de la DGRN citada de 9 de enero de 2004". (38) Nosotros entendemos que el notario tiene libertad de practicar las pruebas que tenga por conveniente, hayan sido o no propuestas por el requirente, por lo que si llega al convencimiento de que hay más herederos que los identificados en el requerimiento inicial, así tendrá que declararlo. No obstante, tendrá que notificar al requirente esta información antes de la declaración final y el requirente tendrá derecho a realizar alegaciones en un plazo que, a falta de norma expresa, recomendamos sea el de un mes previsto por el art. 56.3 LN.
[anterior] El notario tiene que hacer constar "la reserva del derecho a ejercitar su pretensión ante los Tribunales de los que no hubieran acreditado a juicio del Notario su derecho a la herencia y de los que no hubieran podido ser localizados" (art. 56.3 LN). Se trata de supuestos excepcionales. La mención sólo procede cuando se dé cada supuesto concreto.
[anterior] Esto no permite una declaración de herederos "parcial". Creemos que la declaración se refiere a todos los que se estiman herederos, si bien se permite que el notario añada que queda a salvo el derecho de otras personas.
[anterior] En todo caso, parece recomendable la constancia de la mención "sin perjuicio de tercero" antes o después de la declaración de los derechos de cada heredero.
[anterior] La tramitación nunca puede darse por concluida antes del transcurso de veinte días hábiles desde el requerimiento inicial (art. 56.3 LN). En la práctica, es lo mismo que decir que el plazo cuenta desde el envío por el notario al Colegio notarial del parte relativo al inicio del expediente, porque el parte debe enviarse el mismo día (regla 3 del artículo 209bis RN). Para tal cómputo, deben entenderse inhábiles los sábados.
[anterior] Si se han realizado notificaciones, hay que tener en cuenta que hay un plazo de un mes para realizar alegaciones. Este plazo cuenta desde que cada notificado haya recibido su respectiva notificación y, en el caso de publicación de edictos, desde el día de la publicación (art. 56.2.in fine LN). Y en tal caso, el artículo 56.3 LN dispone que el plazo de 20 días empieza a contar desde la terminación del plazo del mes para hacer alegaciones.
[anterior] El Reglamento Notarial, por su parte, dispone en la regla 3ª del artículo 209bis que "Hasta que hayan transcurrido veinte días hábiles desde la comunicación al Decanato, el notario no podrá expedir ningún tipo de copias del acta."
10. La cuestión del acta única o de la doble acta
En principio, bajo la normativa de 1992, había una única acta. Podía unirse al protocolo en el momento de conclusión o bien en el momento inicial. En este último caso, dado que había que esperar el plazo de los veinte días hábiles desde la comunicación al Decanato del inicio del acta, la diligencia de conclusión se extendía pasado el plazo.
[anterior] La legislación notarial permitía que las actas de notoriedad no se unieran al protocolo hasta el momento final. Toda la tramitación iba quedando mientras tanto fuera del protocolo. Y esta era la manera más frecuente de hacerlo. La regulación de todo ello era reglamentaria.
[anterior] Esta manera de proceder tuvo que cambiarse a consecuencia de la reforma del reglamento notarial por el R.D. 45/2007 de 19 de enero, que quiso acabar con las tramitaciones que se hacían sin ninguna constancia en el protocolo hasta el momento final. El artículo 209 RN dispuso, con carácter general para todas las actas de notoriedad: "El requerimiento a que se refiere el requisito primero se formalizará mediante acta con la fecha y número de protocolo del día del requerimiento. Concluida la tramitación del acta se incorporará al protocolo como instrumento independiente en la fecha y bajo el número que corresponda en el momento de su terminación, dejando constancia de la misma en el acta que recoja el requerimiento."
Desde entonces, hubo que autorizar un acta inicial y un acta final.
[anterior] La Ley 15/2015 suscitó dudas sobre si exigía una única acta, puesto que el artículo 56.3 parece presuponer una única protocolización al final al disponer: "Cualquiera que fuera el juicio del Notario, terminará el acta y se procederá a su protocolización".
[anterior] Nuestro compañero Carbonell Crespí ha defendido una única acta con protocolización al final de la tramitación. (39) Por el contrario, la opinión del compañero Torres Ruiz, aprobada por el Consejo General del Notariado, es que se debe continuar con el sistema de la doble acta. (40) En este sentido, también se ha manifestado Mariño Pardo "cabe mantener el actual sistema reglamentario de doble acta, por sus propias ventajas intrínsecas, y por poder interpretarse la ley en concordancia con el Reglamento Notarial, sin que exista una manifiesta contradicción de éste con la nueva norma legal". (41) Cabanas y Ballester consideran posible que el expediente se empiece a tramitar fuera del protocolo y que al final haya un acta que contiene el expediente tramitado y otra que contiene sólo el resultado final. Esto es práctico porque evita que el acta final sea un acta "sobrecargada" (diligencias, documentos unidos, etc.) y es lo que debería haber quedado claro en la LJV. (42)
Nosotros creemos que el inciso del art. 56.3 LN que se acaba de transcribir no hay por qué interpretarlo a contrario. Obsérvese que sólo dice que terminada el acta, se procederá a su protocolización. Literalmente, podría interpretarse en el sentido de que la protocolización sólo procede al final. Pero la letra de esta norma tampoco dice qué es lo que debe hacerse en el momento inicial. Por ello, la norma tiene que ser interpretada por su contexto. Reconocemos que la cuestión no está clara pero a la vista de toda la regulación contenida en los artículos 55 y 56 LN, creemos que la ley no entra en esta cuestión de técnica notarial, que es más propia de un desarrollo reglamentario por tener como destinatario al notario, y que por ello la normativa notarial, que no es en absoluto contraria a la nueva ley, debe seguirse aplicando como hasta ahora. Nos cuesta aceptar, desde la reforma del RN por el RD 45/2007, que haya una tramitación notarial cuyo inicio no conste en el protocolo. Realmente, lo más fácil sería, como ocurría antes de la reforma del RN, que los expedientes se tramitaran fuera del protocolo y que sólo se unieran a éste en el momento final. Pero no podemos defender esta postura.La nueva ley permite perfectamente la doble acta. Por otro lado, la protocolización inicial es buena porque añade claridad a los índices, ya que permite localizar fácilmente el requerimiento inicial desde el momento en que se produce. Por algo la reforma reglamentaria de 2007 quiso acabar con los expedientes tramitados inicialmente sin número de protocolo.
[anterior] El "problema" práctico que puede dar esto es que la documentación (diligencias, documentos unidos, etc.) relativa a la tramitación que no pueda incorporarse al acta inicial tiene que quedar unida al acta de cierre, cuando quizá quedaría mejor que el acta de cierre sólo recogiera la declaración final del notario acerca de la identidad de los herederos y sus respectivas cuotas. Pero el artículo 56 LN da por hecho que el acta final recoge esa documentación en todo o en parte.
[anterior] Por lo dicho, nuestra conclusión es la siguiente:
El requerimiento quedará protocolizado el día en que se suscriba. Y a esta acta de inicio del expediente quedarán unidas las diligencias referidas a pruebas que se prueban practicar en un momento temporal muy próximo. Las demás diligencias irán quedando, de momento, fuera del protocolo, con una nota de referencia al acta inicial. Terminadas todas las actuaciones, lo procedente es poner una diligencia de conclusión y autorizar un acta con el número de protocolo correspondiente a ese día. Al acta de cierre quedarán unidas todas las diligencias y documentos que quedaron provisionalmente fuera del protocolo.
[anterior] El promotor del expediente no tiene que comparecer ni en la diligencia de conclusión ni en el acta de cierre.
[anterior] Si el notario lo prefiere, las diligencias sucesivas pueden irse incorporando al acta inicial, de forma que el acta de cierre contenga sólo la resolución del expediente. Pero parece más práctico lo primero.
[anterior] 11. La rectificación de la declaración
Esta cuestión no se ha regulado por la ley ni por el reglamento notarial y, sin embargo, es una cuestión importante.
[anterior] Si se trata de corregir errores materiales, entendemos que el notario puede hacerlo, al amparo de la regla general del artículo 153 del reglamento notarial y cumpliendo lo dispuesto por éste.
[anterior] Si se trata de errores u omisiones de fondo, debe actuarse con especial prudencia.
[anterior] Un error en los datos identificativos de alguno de los herederos declarados puede corregirse por el notario a la vista de documentos auténticos u oficiales. Puede hacerse por diligencia a continuación de la matriz del acta de cierre o por acta separada, a elección del notario.
[anterior] Si hubo error en la fijación del derecho de alguno o todos los herederos (por ejemplo, error en un porcentaje) entendemos que puede realizarse sólo por el notario, pues se trata de la aplicación de normas legales, que es algo sobre lo que no debe recaer un consentimiento de los interesados.
[anterior] En caso de falta de mención de algún heredero, habría que distinguir si éste quedó identificado en el requerimiento inicial o es un heredero cuya filiación ha quedado determinada tras la tramitación del procedimiento. En el primer caso, la corrección puede realizarse sólo por el notario, sin comparecencia de los requirentes, aunque se modifique la cuota de los demás. En el segundo caso, nos parece que la rectificación también es posible, pero tiene que abrirse una nueva tramitación, salvo que todos los declarados herederos por el primer documento comparezcan y consientan.
[anterior] El contexto normativo para tal rectificación es favorable, pues una rectificación similar es posible en el Certificado sucesorio europeo, según la propia regulación contenida en el RSE (artículo 71). Los errores de fondo pueden ser rectificados o incluso anulados a petición de persona con interés legítimo o, si el Derecho del país lo permite, de oficio. No se dan normas sobre el procedimiento de rectificación o anulación. Se aplicarán por tanto las normas del Estado de la autoridad emisora. Se exige, de todas formas, tanto en el caso de rectificaciones de errores materiales o de fondo, que la autoridad emisora lo comunique sin demora a todas las personas a quienes entregó copia auténtica.
[anterior] Una resolución de la DGRN de 9 enero 2004 (sistema notarial) dispuso que cabe incluir posteriormente a un heredero omitido, a instancia del propio heredero, con nueva prueba documental y testifical, y con notificación a todos los declarados en la primera acta, con apercibimiento de que aporten la copia autorizada que obre en su poder.
[anterior] En consecuencia, el notario deberá autorizar un acta de rectificación de la declaración de herederos que realizó en su día. Esta acta deberá ser suscrita, como requirente, al menos, por el sujeto que no fue declarado heredero y pretende ser declarado tal. Y el notario deberá notificarla a todas las personas a cuyo favor se declaró algún derecho en el acta que se pretende rectificar, o que puedan verse afectadas por la nueva declaración; por ejemplo, el cónyuge viudo. Deberá darse un plazo de alegaciones de igual duración que en el acta que se pretende rectificar. Y a la vista de lo justificado y alegado, el notario resolverá.
[anterior] 12. La calificación registral
Finalizamos con una nota sobre el ámbito de la calificación registral de este tipo de documentos.
[anterior] Una resolución de la DGRN de 11 marzo de 2003 dispuso que había que acudir al artículo 100 RH, referido a documentos judiciales y no al artículo 98 referido a escrituras públicas, ya que "estas actas notariales ...participan de la naturaleza de la decisión judicial a la que sustituyen, siendo un acto de jurisdicción voluntaria", por lo que la calificación registral no puede afectar al fondo del juicio de notoriedad (se discutía sobre la aplicación del último inciso del artículo 9.8 CC). Así, se daba a la declaración notarial la misma eficacia que a la declaración judicial antes de atribuir competencia a los notarios.
[anterior] El artículo 100 RH exige al registrador controlar la competencia del juzgado o tribunal, la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, las formalidades extrínsecas del documento presentado y los obstáculos que surjan del Registro. Esta norma reglamentaria ha sido recogida por el art. 22.2 LJV, que limita la calificación de los registradores a la competencia del Juez o Secretario judicial, la congruencia del mandato con el expediente en que se hubiere dictado, las formalidades extrínsecas de la resolución y los obstáculos que surjan del Registro. Este artículo se refiere a tramitaciones de los juzgados, pero es igualmente aplicable a las tramitaciones notariales de análoga naturaleza. La resolución de 12 de noviembre de 2015 así lo manifestó expresamente.
[anterior] No cabe controlar, por tanto, las pruebas practicadas o la documentación que se ha aportado u obtenido en el expediente, o la que no se ha aportado y se considera que se hubiera debido aportar.
[anterior] La congruencia entre resolución y expediente se ha entendido referida por las resoluciones de la DGRN de 12 y 16 de noviembre de 2015 no sólo a la conformidad entre resultado del acto y el expediente, sino también al grupo de familiares declarados herederos por ser los legalmente llamados. Esto, en principio, es correcto. Así, en nuestra opinión, cabe considerar incongruente una declaración a favor de colaterales si debe heredar el cónyuge. No obstante, el control de la congruencia ha dado un cierto juego a la DGRN y la ha llevado en alguna ocasión a realizar afirmaciones que extralimitan la calificación registral. En una resolución de 27 de febrero de 2013 señaló que el registrador debe denegar la inscripción de un título particional de herencia otorgado en base a una previa declaración judicial o notarial de herederos hecha con infracción del orden legal de los llamamientos. Esta afirmación, en esos términos tan generales, es excesiva. Incluso resultó excesiva, a nuestro parecer, para lo que la propia DGRN resolvió en el caso concreto.
[anterior] Del contexto de la LJV y del RSE sólo cabe considerar correcta, en nuestra opinión, la doctrina de la primera resolución reseñada (11.03.2003). El control registral de la actuación notarial en un certificado sucesorio europeo no resulta permitido por el RSE. El art. 41 RSE dispone que "La resolución de un Estado miembro en ningún caso podrá ser objeto de una revisión en cuanto al fondo". Y no se olvide que el certificado europeo, una vez expedido, tiene en el Derecho interno la misma eficacia que en el extranjero, sin que pueda exigirse un acta notarial de declaración de herederos regulada por el Derecho interno. Por otro lado, la ley 15/2015 debe servir para reforzar la postura que defendemos, pues la actuación notarial es jurisdicción voluntaria, según defiende la propia DGRN y por tanto, no sería admisible que la calificación registral tuviera el ámbito que tiene en relación a escrituras públicas y ni siquiera cabe que la DGRN revise la actuación notarial por la vía del recurso gubernativo contra calificaciones registrales, como si se tratara de una escritura.
[anterior] 13. MODELOS PARA LA PRÁCTICA
13.1. Acta para la declaración de herederos intestados
En Palma de Mallorca, a **
Ante mí, Carlos Jiménez Gallego, Notario del Ilustre Colegio de Baleares, con residencia en la capital.
[anterior] COMPARECE
D. A. (identificación según las reglas generales)
(puede ser uno o varios de los interesados en la protocolización)
INTERVIENE en su propio y nombre y derecho.
[anterior] (es posible actuar representado, conforme a las reglas generales, si bien la declaración de la situación personal y familiar del difunto sólo podrá ser realizada por el apoderado si ha sido previamente realizada por el poderdante en el propio poder o en otro documento público)
Lo identifico por su reseñado D.N.I. y juzgo con capacidad legal e interés legítimo bastante para requerir esta acta, a cuyo efecto
I. Que su padre D. Y. , titular del DNI nº xxx, nacido en *****, hijo de ** y de ** falleció en Palma el día **. Al tiempo de su fallecimiento tenía vecindad civil mallorquina (en su caso: adquirida por residencia continuada en Mallorca durante más de los últimos diez años de su vida, sin declaración en contrario, según asegura) y estaba casado en primeras y únicas nupcias con Dª Z., de cuyo matrimonio nacieron tres hijos, llamados A, B y C, única descendencia inmediata del difunto.
[anterior] (si hubiera que justificar la última residencia o domicilio del causante habrá que aportar algunos de estos documentos: certificado de empadronamiento, DNI del causante, algún documento bancario o expedido por la AEAT, certificado de cotizar a la SS, etc. pero sin que haga falta el rigor que debe exigirse para justificar la residencia habitual a efectos de determinar la competencia internacional)
Los datos personales de cada hijo son los siguientes:
(sigue la reseña de datos como si se tratara de comparecientes)
II. Que el causante no había otorgado ninguna disposición de última voluntad.
[anterior] (en sucesiones internacionales debiera añadirse: ni en España ni en el extranjero)
III. Expuesto cuanto antecede, el compareciente ME REQUIERE para practicar las siguientes actuaciones:
a) Declare la NOTORIEDAD de los hechos consignados en la exposición.
[anterior] b) Juzgue yo, el Notario, y declare formalmente, si de los hechos mencionados resulta evidente por aplicación directa de los preceptos legales atinentes al caso, que los únicos HEREDEROS INTESTADOS del fallecido son sus tres citados hijos, por partes iguales.
[anterior] Para acreditarlo, se ratifica, bajo su responsabilidad y bajo pena de falsedad en documento público en sus manifestaciones anteriores, declara que los citados hijos son las únicas personas incluidas en el llamamiento legal, que no existen otros parientes de igual o mejor grado y que todo ello es notorio en el círculo familiar y de amistades del difunto.
[anterior] Y para acreditar todo ello, propone los siguientes medios de prueba:
A) DOCUMENTAL.-El compareciente me exhibe los siguientes documentos:
- DNI (o pasaporte o permiso de residencia) del causante, en que aparece como domicilio***
[anterior] - CERTIFICADO DEL REGISTRO GENERAL DE ACTOS DE ULTIMA VOLUNTAD, del cual resulta que el causante no otorgó testamento.
[anterior] - CERTIFICACIÓN LITERAL de nacimiento del causante, en el que aparece su filiación y en el que no aparece ningún otro asiento referido a actos que pudieran afectar al presente expediente distintos de los reseñados en el expositivo I de la presente acta.
[anterior] Dejo incorporada a esta matriz una fotocopia exacta de los citados documentos.
[anterior] B) TESTIFICAL.-Proponen como TESTIGOS a las siguientes personas:
(sigue una breve reseña identificativa)
Que responderán a las preguntas que libremente les formularé, lo cual haré constar por diligencia separada.
[anterior] Declara que no ha formalizado ningún otro expediente con este objeto y que no le consta que otros interesados lo hayan hecho.
[anterior] ACEPTO EL REQUERIMIENTO, que considero legítimo y practicaré con sujeción a los artículos 55 y 56 de la Ley del notariado, en la redacción que les dio la ley 15/2005 de 2 de julio.
[anterior] Hago constar que soy territorialmente competente por (explicar la razón)
(Sigue la autorización conforme a las reglas generales)
NOTA: Dentro del término reglamentario, remito al Decanato el parte correspondiente. DOY FE.-
(este parte debe enviarse el mismo día del requerimiento)
DILIGENCIA DE DECLARACIÓN DE TESTIGOS.-
(Referida al acta número ** de mi protocolo).
[anterior] En Palma de Mallorca, a **
Ante mí, el Notario, COMPARECE:
Quien dice ser uno de los testigos propuestos por la parte requirente:
(sigue la identificación conforme a las reglas generales relativas a todo compareciente)
(proponemos que cada testigo declare por separado y suscriba su propia diligencia)
(los testigos no debieran estar presentes al suscribirse el requerimiento)
[anterior] Le identifico por su reseñado documento de identidad.
[anterior] Tiene a mi juicio, capacidad bastante para este acto y, bajo su responsabilidad
Primero.-No estar bajo la dependencia laboral del requirente, ni asociado con él en ninguna empresa, ni tener interés directo en el asunto que se trata de averiguar, ni haber sido condenado por delito de falso testimonio.
[anterior] Segundo.-Manifiesta que ha conocido y tratado a D. **, por tener con él y con su familia relación de ***
(explicar la relación con el causante: amistad, familia, etc. El testigo puede ser un familiar, siempre que no tenga una tal relación con algún heredero que pueda hacer peligrar la objetividad de su declaración)
Tercero.-Que tiene por cierto que D. ** al día de su fallecimiento:
a) Tenía su último domicilio en Palma de Mallorca y vecindad civil mallorquina (adquirida por residencia continuada en Mallorca durante más de los últimos diez años de su vida, sin declaración en contrario).
[anterior] b) Estaba casado en casado en primeras y únicas nupcias con Dª Z., de cuyo matrimonio nacieron tres hijos, llamados A, B y C, única descendencia inmediata del difunto.
[anterior] c) Que no le consta que D. **hubiera otorgado disposición de última voluntad.
[anterior] Así lo dice el compareciente, a quien leo esta diligencia; y, enterado de su contenido, presta su consentimiento y firma conmigo.
[anterior] Del contenido de esta diligencia, DOY FE.-
POSIBLES DILIGENCIAS POSTERIORES
(Si han de realizarse diligencias posteriores, proponemos que queden fuera del acta inicial, con referencia al número de protocolo del acta de inicio, y se incorporen al protocolo con el acta de cierre)
DILIGENCIA SEGUNDA (DE NOTIFICACIÓN)
(Referida al acta número **** de mi protocolo).
[anterior] La extiendo yo, el Notario, en Palma de Mallorca, el día *** para hacer constar que hoy he enviado notificación mediante carta certificada con aviso de recibo, a las siguientes personas:
(sigue una breve relación de los envíos)
Dejo unida una fotocopia exacta del modelo de comunicación enviada.
[anterior] Se me han entregado sendos recibos que identifican los envíos. Dejo unida una fotocopia exacta de los mismos.
(el notario también puede practicar la notificación personalmente)
Carlos Jiménez Gallego, Notario de Palma, con despacho en *******
I. Que se está tramitando ante mí expediente para la declaración de herederos intestados de D. xxx.
[anterior] II. El requirente es D. xxx (bastará reseñar nombre y apellidos)
III. Se le notifica la presente tramitación en su condición de cónyuge viudo/hijo/ padre/ madre/pariente/posible interesado en la herencia
(elegir la alternativa que proceda)
Tiene derecho a comparecer en la Notaría a examinar el expediente y formular alegaciones en el plazo de un mes.
[anterior] Palma de Mallorca, a ****
DILIGENCIA TERCERA (EXPEDICIÓN DE EDICTO)
[anterior] La extiendo yo, el Notario, en Palma de Mallorca, el día *** para hacer constar que hoy he expedido edicto, para su publicación en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de ***
Dejo unida una fotocopia exacta del mismo.
I. En la notaría de D. *** sita en ***** se está tramitando acta de declaración de herederos de D. xxx.
III. Se notifica la presente tramitación a los parientes del difunto y, en general, a quienes puedan tener interés en la herencia.
[anterior] (parece mejor no hacer constar expresamente que se desconoce el domicilio de los parientes, basta que esto quede explicado en el texto del requerimiento)
Tienen derecho a comparecer en la Notaría a examinar el expediente y formular alegaciones en el plazo de un mes.
DILIGENCIA CUARTA
(PROTOCOLIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DEL EDICTO)
[anterior] La extiendo yo, el Notario, en Palma de Mallorca, el día ** para hacer constar que el edicto a que se refiere la diligencia anterior ha sido publicado en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de*** Dejo unida a esta matriz una fotocopia exacta de cada edicto, en que consta nota relativa al hecho y plazo de la publicación.
DILIGENCIA QUINTA (DE FORMULACIÓN DE ALEGACIONES)
(Puede usarse el modelo usual de diligencia de contestación a cualquier acta de requerimiento)
(Referida al acta número *** de mi protocolo).
[anterior] En Palma de Mallorca, a ****
Ante mí, el Notario comparece: D.****
[anterior] (cabe admitir la representación, según las reglas generales)
Lo identifico por su reseñado D.N.I. Tiene a mi juicio capacidad legal bastante para este acto.
[anterior] Declara lo siguiente en relación a la presente tramitación: ****
(recordamos que cualquier manifestación de oposición no determina el cierre del expediente)
[anterior] (sigue la referencia a la lectura y a la dación de fe, según los modelos usuales)
DILIGENCIA SEXTA (DE RECEPCIÓN DE AVISOS DE RECIBO)
(Referida al acta número ** de mi protocolo)
La extiendo yo, el Notario, en Palma de Mallorca, el día *** para hacer constar que he recibido los avisos de recibo de los envíos a que se refiere la diligencia tercera, de los que resulta:
-Que el envío a D. ** ha sido recogido por su destinatario.
[anterior] Etc.
[anterior] Dejo protocolizada una fotocopia de los avisos de recibo (en su caso: también de los anversos de las cartas devueltas), de cuya coincidencia exacta con sus originales, doy fe.
[anterior] Dado que no queda pendiente ninguna otra actuación, procedo a otorgar acta de conclusión en la que dejo protocolizado el presente expediente.
[anterior] Del contenido de la presente diligencia, DOY FE.-
13.2. Acta de conclusión de expediente de declaración de herederos intestados
Yo, CARLOS JIMÉNEZ GALLEGO, Notario del Ilustre Colegio de Baleares, con residencia en esta capital,
I. Que se ha tramitado ante mí acta de notoriedad de declaración de herederos intestados de D. **, a requerimiento de su hijo (número ** de protocolo).
[anterior] II. Que ha transcurrido el plazo de veinte días hábiles desde la comunicación al Decanato de haber autorizado el requerimiento anterior (en su caso: desde la terminación del plazo del mes para hacer alegaciones, en caso de haberse publicado anuncio), sin que yo el Notario haya recibido comunicación del Colegio Notarial ni del Registro de Actos de Ultima Voluntad relativa a acta sobre la sucesión de la misma persona.
[anterior] III. Y que, una vez examinada toda la documentación aportada y demás pruebas practicadas, y teniendo en cuenta que no he tenido noticia de reclamación de tercero, DECLARO:
a) Queda justificada, a mi juicio, la notoriedad de los hechos reflejados en el requerimiento del acta número **de mi protocolo.
[anterior] b) A mi juicio, de los hechos declarados notorios y por aplicación directa de los preceptos legales atinentes al caso, resulta evidente que los únicos HEREDEROS INTESTADOS del fallecido D. ** son sus tres hijos por partes iguales:
(sigue la reseña identificativa de cada heredero)
Y así lo hago constar, sin perjuicio de tercero, por esta diligencia que da por concluida la tramitación de este asunto, de conformidad con lo dispuesto en al art. 209 bis del Reglamento Notarial, que protocolizo el día de hoy.
[anterior] Y yo, el Notario autorizante cuyo nombre y residencia figuran al principio del presente documento, del contenido de este instrumento público notarial, el cual ha quedado redactado, en el lugar y en la fecha que se han hecho constar al principio del mismo, en este único folio de papel timbrado, doy fe.
[anterior] NOTAS DE BIBLIOGRAFÍA
(1) Mariño Pardo, Francisco Manuel, en "Jurisdicción voluntaria notarial", Colegio Notarial de Madrid y Thomson Reuters Aranzadi, 2015, página 507.
[anterior] (2) Mayorga Alcázar, Luis Enrique, "Consideraciones sobre la intervención notarial en algunos expedientes de jurisdicción voluntaria en materia sucesoria" en "La jurisdicción voluntaria. Una apuesta por la eficacia" dirigida por Fernández de Buján y García Mas, Dykinson, 2016, página 152.
[anterior] (3) Sobre los criterios de competencia en el RSE pueden consultarse: Calvo Vidal, Isidoro Antonio, "El certificado sucesorio europeo", La Ley grupo Wolters Kluwer, 2015, y Fernández-Tresguerres García, Ana, "Las sucesiones mortis causa en Europa: aplicación del Reglamento (UE) 650/2012", Aranzadi Thomson Reuters, 2016. También puede consultarse nuestra obra "EL Reglamento Sucesorio europeo. Un comentario notarial", Consejo general del Notariado, 2016.
[anterior] (4) Mariño Pardo, Francisco Manuel, op. cit., página 501.
[anterior] (5) Garrido Melero, Martín, en "Comentarios a la ley 15/2015, de la Jurisdicción voluntaria", coord. por Antonio Fernández de Buján, Civitas Thomson Reuters y Consejo General del Notariado, 2016, página 1552.
[anterior] (6) Carrascosa González, Javier, "El Reglamento sucesorio europeo 650/2012 de 4 de julio de 2012, análisis crítico", Comares 2014, página 61.
[anterior] (7) Garrido Melero, Martín, op. cit., página 1544.
[anterior] (8) Mariño Pardo, op. cit., páginas 494 y 495.
[anterior] (9) Mariño Pardo, op. cit., páginas 511 y 511.
[anterior] (10) Carbonell Crespí, José Antonio, en "Estudio sistemático de la ley de jurisdicción voluntaria" dirigida por Lledó-Ferrer-Torres-Achón, Dykinson, 2016, página 1563.
[anterior] (11) Mariño Pardo, Francisco Manuel, op cit., páginas 511 y 512.
[anterior] (12) Garrido Melero, Martín, op. cit., pág. 1555.
[anterior] (13) Garrido Melero, Martín, op. cit., página 1557.
[anterior] (14) Mariño Pardo, Francisco Manuel, op. cit., página 519.
[anterior] (15) Fugardo Estivill, Josep Maria, en "Instituciones de Derecho privado", Consejo General del Notariado y Civitas Thomson Reuters, 2ª edición, 2016, tomo V, vol. 2º, página 522.
[anterior] (16) Garrido Melero, Martín, op. cit., página 1580.
[anterior] (17) Carbonell Crespí, José Antonio, op. cit., página 1578.
[anterior] (18) Mariño Pardo, Francisco Manuel, op. cit., página 546.
[anterior] (19) Garrido Melero, Martín, op. cit., página 1581.
[anterior] (20) Garrido Melero, Martín, op. cit., página 1579 in fine.
[anterior] (21) Mayorga Alcázar, Luis Enrique, op. cit., página 134.
[anterior] (22) Garrido Melero, Martín, op. cit., página 1588.
[anterior] (23) Mariño Pardo, Francisco Manuel, op. cit., página 589.
[anterior] (24) Carbonell Crespí, José Antonio, op. cit., página 1579.
[anterior] (25) Cabanas Trejo, Ricardo, y Ballester Azpitarte, Leticia, en "boletinjuridico.wordpress.com
(26) Garrido Melero, Martín, op. cit. página 1593.
[anterior] (27) Mariño Pardo, Francisco Manuel, op. cit., página 540 y ss.
[anterior] (28) Garrido Melero, Martín, op. cit., página 1596.
[anterior] (29) Mariño Pardo, Francisco Manuel, op. cit., página 562.
[anterior] (30) Fugardo Estivill, Josep Maria, op. cit., página 549.
[anterior] (31) Mariño Pardo, Francisco Manuel, op. cit., página 557.
[anterior] (32) Garrido Melero, Martín, op. cit., página 1586.
[anterior] (33) Carbonell Crespí, José Antonio, op. cit., página 1579.
[anterior] (34) Gómez Clavería, Pablo, en "Instituciones de Derecho Privado", Consejo General del Notariado y Civitas Thomson Reuters, 2ª edición, 2016, tomo V, vol. 2º, página 136.
[anterior] (35) Mariño Pardo, Francisco Manuel, op. cit., páginas 581-582.
[anterior] (36) Mariño Pardo, Francisco Manuel, op. cit., página 570.
[anterior] (37) Cabanas Trejo, Ricardo, y Ballester Azpitarte, Leticia, en "boletinjuridico.wordpress.com
(38) Mariño Pardo, Francisco Manuel, op. cit., páginas 572-73.
[anterior] (39) Carbonell Crespí, José Antonio, op. cit., página 1561.
[anterior] (40) Torres Ruiz, Salvador, en "Guía resumen de la ley de jurisdicción voluntaria", que puede consultarse en el sitio corporativo SIC (en el apartado "corporación notarial") que fue aprobada por el pleno del Consejo General del Notariado en fecha 18 de julio de 2015.
[anterior] (41) Mariño Pardo, Francisco Manuel, op. cit., página 508.
[anterior] (42) Cabanas Trejo, Ricardo, y Ballester Azpitarte, Leticia, en "boletinjuridico.wordpress.com
[anterior] Capítulo I
EL ACTA PREVIA Y LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO
PRIMERA PARTE: EL ACTA O EXPEDIENTE PREVIO A LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO
1.1. Competencia internacional
2. Tramitación. La solicitud inicial
2.1. Contenido de la solicitud
2.2. Documentación a aportar
2.3. El caso del matrimonio por poder
2.4. La ratificación de la solicitud
3. Audiencia de los contrayentes
3.1. La capacidad y la ausencia de impedimentos
3.1.1. ¿Quién elige el médico?
3.2. El control de los matrimonios fraudulentos
4. Publicación de anuncios y diligencia sustitutoria
4.1. La diligencia sustitutoria
5. Otras pruebas o actuaciones
6. Conclusión del expediente
6.1. Expedición de copias
6.2. El certificado de capacidad matrimonial
7. Peculiaridades de la tramitación en caso de matrimonio secreto
8. El acta o expediente "a posteriori" de la celebración del matrimonio
SEGUNDA PARTE: LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO
1.1. El lugar de celebración
1.2. Una cuestión de Derecho transitorio
2. Contenido de la escritura
3. Expedición de copias y comunicación al Registro civil
3.1. La calificación por el encargado del Registro Civil
4. Formas extraordinarias de celebración del matrimonio
4.1. Matrimonio en peligro de muerte
4.2. Matrimonio secreto
5. Modelos para la práctica
5.1. Acta previa a la celebración
5.2. Escritura de celebración de matrimonio
5.3. Certificado de capacidad matrimonial para su uso en el extranjero
ACTA PARA LA CONSTANCIA DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
MATRIMONIAL LEGAL
PRIMERA PARTE: ACTUACIÓN NOTARIAL REGULADA POR EL DERECHO INTERNO ESPAÑOL
2. El requerimiento
3. Actuación del notario
3.1. Denegación de la notoriedad
3.2. Comunicación al Registro Civil
4. La posible actuación internacional del notario español
4.2. Ley aplicable
4.3. Peculiaridades en cuanto a la tramitación
5. Modelo para la práctica
SEGUNDA PARTE: EL REGLAMENTO EUROPEO (UE) 2016/1103 DE 24 DE JUNIO
1. Presentación del Reglamento
1.1. Ámbito de aplicación temporal y espacial
1.2. Ámbito de aplicación objetivo o material
1.3. Algunas definiciones importantes
2.1. Los criterios de competencia
2.2. Aplicación de las normas del Derecho interno español tras el Reglamento europeo
3.1. Elección de ley
3.2. El acuerdo de elección de ley
3.3. Ley aplicable en defecto de elección
3.4. Ambito de la ley aplicable
3.5. Estados plurilegislativos
4. Reconocimiento de resoluciones
LA SEPARACIÓN MATRIMONIAL Y EL DIVORCIO ANTE NOTARIO
1. Panorama de Derecho comparado (UE) sobre procedimientos de divorcio
2. La actuación notarial regulada por el Derecho interno español
2.1. La comparecencia personal
2.2. La actuación de abogado
2.4. El convenio regulador
2.5. Para concluir este apartado:
2.6. Planteamiento de la cuestión transnacional
3. El Reglamento europeo 2201/2003 relativo a la competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental
3.1. Presentación del Reglamento
3.1.1. Ámbito de aplicación temporal y espacial
3.1.2. Ámbito de aplicación objetivo
3.1.3. Algunas definiciones importantes
3.1.4. Modificaciones del Reglamento 2201/2003 habidas tras su entrada en vigor
3.2. Competencia territorial
3.2.1. Los criterios de competencia
3.2.2. Normas de competencia del Derecho interno español
3.2.3. La aplicación del Derecho interno español teniendo en cuenta el Regla-mento
3.3. Reconocimiento y ejecución de resoluciones
3.3.1. El reconocimiento
3.3.2. La ejecución
3.3.3. Formalidades comunes
4. Ley aplicable a la separación matrimonial y al divorcio: el Reglamento europeo 1259/2010, de 20 de diciembre de 2010, sobre cooperación reforzada en el ámbito de ley aplicable al divorcio y separación judicial
4.1. Presentación del Reglamento
4.1.1. Ámbito de aplicación temporal y espacial
4.1.2. Ámbito de aplicación objetivo
4.2. Elección de ley
4.2.1. El acuerdo de elección
4.3. Ley aplicable en defecto de elección
4.3.1. Ley aplicable en caso de Estados plurilegislativos
4.3.2. Para concluir el apartado de ley aplicable
LA DECLARACIÓN DE HEREDEROS INTESTADOS
1. Naturaleza de esta actuación notarial
2. Reglas de competencia
2.1. Competencia material u objetiva
2.2. Competencia funcional
2.3. Competencia territorial (nacional e internacional)
2.4. Un caso especial: el posible requerimiento por notario que no es competente por razón del territorio
4. Requisitos de la solicitud
6. Las notificaciones a interesados
6.1. ¿A quién hay que notificar? (en concreto)
6.2. ¿Qué hay que notificar?
6.3. ¿Cómo hay que notificar?
7. La notificación en el extranjero
8. La práctica de otras pruebas
9. El cierre del acta y la protocolización
10. La cuestión del acta única o de la doble acta
11. La rectificación de la declaración
12. La calificación registral
13. Modelos para la práctica
13.1. Acta para la declaración de herederos intestados
13.2. Acta de conclusión de expediente de declaración de herederos intestados
ACTUACIONES NOTARIALES RELATIVAS A TESTAMENTOS OLÓGRAFOS
1. Modificación de la regulación sustantiva (Código Civil)
2. La nueva regulación notarial
3. La tramitación
3.1. Tipo de documento notarial
3.3. El requirente. Requisitos de la solicitud
3.4. Las notificaciones
3.4.1. ¿A quién hay que notificar?
3.4.2. ¿Qué hay que notificar?
3.4.3. ¿Cómo hay que notificar?
3.5. Los testigos
3.6. La prueba pericial
3.7. El cierre del acta y la protocolización
4. Modelos para la práctica
4.1. Acta para la adveración y protocolización de testamento ológrafo
4.2. Acta de conclusión de expediente de adveración y protocolización de testamento ológrafo
ACTUACIONES NOTARIALES RELATIVAS A TESTAMENTOS CERRADOS
2.1. Normas de competencia
2.2. Tipo de documento notarial
2.3. El requirente en los diversos supuestos
2.4. Requisitos de la solicitud
3.1. ¿A quién hay que notificar?
3.2. ¿Qué hay que notificar?
3.3. ¿Cómo hay que notificar?
3.4. La comparecencia: adveración y apertura-lectura
4. El cierre del acta y la protocolización
5.1. Acta de inicio de expediente para la adveración y protocolización de testamento cerrado
5.2. Acta de conclusión de expediente de adveración, apertura y protocolización de testamento cerrado
5.3. Acta de conclusión (sin protocolización) de expediente relativo a testamento cerrado
5.4. Acta de presentación de testamento cerrado
ACTUACIONES NOTARIALES RELATIVAS
A TESTAMENTOS ORALES
1. Presentación de la normativa y de supuestos prácticos
2. Comentario de algunos problemas de Derecho sustantivo
2.1. ¿En qué situación hay peligro inminente de muerte?
2.2. La obligación de escribir el testamento
2.3. Los requisitos de los testigos
2.4. Los plazos de caducidad
3.1. Notario competente
3.2. Tipo de documento notarial
3.3. El requirente y requisitos de la solicitud
4.1. ¿A quién hay que notificar?
4.2. ¿Qué hay que notificar?
4.3. ¿Cómo hay que notificar?
4.4. La adveración
5. El cierre del acta y la protocolización
6. Resolución de los supuestos planteados al principio del capítulo
6.1. Primer supuesto
6.2. Segundo supuesto
7. Modelos para la práctica
7.1. Acta de inicio de expediente para la adveración y protocolización de testamento oral
7.2. Acta de conclusión de expediente de adveración y protocolización de testamento oral
7.3. Acta de conclusión (sin protocolización) de expediente relativo a testamento oral
ACTUACIONES NOTARIALES EN RELACIÓN A ALBACEAS
Y CONTADORES PARTIDORES
1. La renuncia al cargo de albacea
1.1. La competencia territorial
1.2. La tramitación
1.3. La "justa causa al criterio del Secretario judicial o del Notario"
1.4. ¿Puede autorizarse una escritura de renuncia sin justa causa o sin alegar causa?
2. La prórroga del cargo de albacea
2.1. La tramitación
2.2. ¿Hay que notificar a los interesados?
2.3. ¿Hay que apreciar justa causa para conceder la prórroga?
3. La aceptación y excusa del cargo de albacea
4. El nombramiento de contador-partidor dativo
4.1. Los requirentes: "A petición de herederos y legatarios que representen al menos el 50% del haber hereditario"
4.2. La tramitación: ¿escritura o acta?
4.3. La notificación a los demás interesados
a) A quién hay que notificar
b) Forma, contenido y plazo
4.4. Actuaciones posteriores a la notificación
4.5. ¿Es aplicable la normativa sobre nombramiento de contador partidor dativo en los Derechos civiles autonómicos?
5. La aprobación de la partición realizada por el contador-partidor dativo
5.1. La posible notificación a los interesados
5.2. La notificación en el extranjero
5.3. ¿Qué control debe realizar el notario para aprobar la partición?
5.4. La escritura que aprueba la partición
5.5. La no aprobación de la partición
6. La renuncia y la prórroga del cargo de contador-partidor
ANEXO AL CAPÍTULO VIII: LA APROBACIÓN DE LA PARTICIÓN EN LOS CASOS DE PAGO EN METÁLICO DE LA LEGÍTIMA
1. Algunas cuestiones de Derecho sustantivo
2. La tramitación de la aprobación de esta partición
3. ¿Es aplicable esta normativa en los Derechos civiles autonómicos?
1. Modificaciones legales
3. Los plazos para hacer uso del beneficio de inventario y el inicio de su cómputo
3.1. El artículo 1014 CC plantea principalmente la cuestión del plazo.
[anterior] 4. Competencia notarial. La competencia internacional
4.1. La competencia internacional
5. Tipo de documento notarial
6. El requirente. Requisitos de la solicitud
6.1. Requisitos de la solicitud
7.1. ¿A quién hay que notificar?
7.2. ¿Qué hay que notificar? ¿Una comparecencia en fecha exacta o informarles del día que se inicia el inventario?
7.3. ¿Cómo hay que notificar?
8. La formación del inventario
8.1. El inicio de las actuaciones
8.2. Fijación del activo
8.3. Fijación del pasivo
8.4. Plazo
8.5. La administración de la herencia
8.6. El cierre del expediente y la protocolización
9. Modelos para la práctica
9.1. Acta de conclusión de expediente de formación de inventario
EL OFRECIMIENTO DE PAGO Y CONSIGNACIÓN
1. Modificación de la regulación sustantiva
1.1. Algunas notas sobre el régimen legal del ofrecimiento de pago y consignación
2. El nuevo artículo 69 de la ley del Notariado
3. El ofrecimiento de pago
3.1. La tramitación
3.1.1. Competencia notarial
3.1.2. Legitimación
3.1.3. Contenido de la solicitud
3.1.4. Forma documental
3.1.5. Trámites posteriores
3.2. Los casos exceptuados de ofrecimiento de pago
4. La consignación
4.1. Trámites
4.1.1. Contenido de la notificación
4.1.2. Forma de la notificación
5. Comparación con el expediente ante el juzgado (arts. 98 y 99 LJV)
5.1. Esquema de la tramitación
5.2. En definitiva
6. Modelos para la práctica
6.1. Acta de conclusión de expediente de ofrecimiento de pago y consignación
LA RECLAMACIÓN DE DEUDAS DINERARIAS NO CONTRADICHAS
1. Breve reseña del proceso monitorio de la LEC
2. La legislación europea: el Reglamento (CE) nº 1896/2006
2.1. Tramitación
3. La regulación de la ley 15/2015
3.1. Competencia notarial
3.2. Legitimación y contenido de la solicitud
3.2.1. Legitimación activa
3.2.2. Legitimación pasiva
3.2.3. Contenido de la solicitud
3.3. La notificación al deudor
3.3.1. ¿A quién hay que notificar?
3.3.2. Contenido de la notificación
3.3.3. Forma de la notificación
3.4. Las posibles actuaciones del deudor
3.4.1. Pago
3.4.2. Oposición
3.4.3. Incomparecencia
3.4.4. Conclusión
3.5. Nota final comparativa
3.5.1. La tramitación notarial y el juicio monitorio de la LEC
3.5.2. La tramitación notarial y el proceso monitorio europeo
4.1. Acta de conclusión de expediente de reclamación de deuda dineraria
ANEXO AL CAPÍTULO XI: EL TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO (REGLAMENTO 805/2004, DE 21 DE ABRIL DE 2004)
1. El documento base del certificado de título ejecutivo europeo
2. El certificado de título ejecutivo europeo
2.1. Quién puede certificar
2.2. Quién puede pedir la expedición del certificado
2.3. Contenido del certificado
2.4. Forma del certificado
2.5. Trámites posteriores a la certificación
2.6. Modificaciones o rectificaciones del certificado
3. La ejecución en el Estado de destino. Una precisión sobre la eficacia que el Reglamento europeo pretende
3.1. La ejecución: sin fase declarativa y ¿sin oposición posible por el ejecutado?
3.2. Hay causas de denegación, suspensión y limitación de la ejecución en el Estado de destino, recogidas en los artículos 21 y 23 del Reglamento
4. Modelo para la práctica: certificado de título ejecutivo europeo
1. Presentación de la nueva normativa
3. Normas de competencia territorial
4. El requerimiento
4.3. Pliego de condiciones de la subasta
5. La tramitación previa a la subasta
5.1. Las consultas a Registros
5.2. La valoración
5.3. La convocatoria. Anuncios y notificaciones
5.4. Oposición a la celebración de la subasta
6. Celebración de la subasta
6.1. Una cuestión dudosa: ¿cabe la adjudicación al ejecutante?
7. Trámites posteriores
8. Suspensión de la subasta
NUEVAS ACTUACIONES NOTARIALES EN MATERIA MERCANTIL
1. Robo, hurto, extravío o destrucción de títulos valores o representación de partes de socio
1.1. Normas de competencia, objetiva y territorial
1.1.1. Competencia objetiva
1.1.2. Competencia territorial
1.2. La solicitud: legitimación activa y contenido
1.2.1. Contenido de la solicitud
1.3. Las notificaciones
1.3.1. A quién hay que notificar
1.3.2. Contenido de la notificación
1.3.3. Forma de la notificación
1.4. La comparecencia
1.5. Medidas asegurativas
1.6. Fase posterior a la comparecencia y conclusión del expediente
1.6.1. Conclusión del expediente
2. Depósitos en materia mercantil
3. Nombramiento de perito en contratos de seguro
4.1. Acta de inicio de expediente de designación de perito en contrato de seguro

References: artículo 979
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 82
 artículo 20
 resolución 
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 59
 artículo 46
 resolución 
 resolución 
 artículo 60
 artículo 59
 artículo 12
e contrario
 artículo 100
 resolución 
 artículo 55
 artículo 57
 artículo 61
 artículo 64
 artículo 66
 artículo 67
 artículo 209
 artículo 55
 artículo 55
 resolución 
 artículo 2
 artículo 979
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 209
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 209
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 resolución 
 artículo 209
 resolución 
 resolución 
 artículo 56
 artículo 56
 resolución 
 artículo 209
 artículo 56
 artículo 209
 artículo 366
in fine
 artículo 979
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 56
 artículo 209
 artículo 209
 resolución 
in fine
 artículo 56
 artículo 4
 artículo 202
 artículo 16
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 28
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 10
 artículo 36
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 209
 artículo 56
 artículo 209
 resolución 
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 209
in fine
 artículo 56
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 56
 artículo 56
 resolución 
 artículo 153
 resolución 
 resolución 
 artículo 100
 artículo 98
 artículo 9
 artículo 100
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine
 Resolución 
 artículo 1014
 artículo 69