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Timestamp: 2020-08-12 19:11:42+00:00

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Estructura de La Sentencia | Plan de estudios | Aprendizaje
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ESTIMULAR HABILIDADES TRANSVERSALES
RODRIGOLARABONILLA
J U D I C I A L “R O D R I G O
J U D I C A T U R A
B O N I L L A”
ISBN 958-97329-1-7
© ESGARDO VILLAMIL PORTILLA, 2008
© CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2008
Derechos exclusivos de publicación y distribución de la obra Calle 85 No.11-96 pisos 6 y 7. www.ramajudicial.gov.co
Diseño de Carátula: Stephan Acuña Aguirre Correctora de estilo: Dra. Gladys Jaimes de Casadiego Diagramación electrónica: Imprenta Nacional de Colombia
edición: septiembre de 2008, con un tiraje de 2.500 ejemplares.
Impresión: Imprenta Nacional de Colombia Carrera 66 No. 24-09. Tel. 457 8000. www.imprenta.gov.co
PRESENTACIÓN INTRODUCCIÓN Convenciones Cuestionarios preliminares Cuestionario de apertura Problema
UNIDAD 1 Fundamentación de la decisión judicial Breve historia del deber de motivar las decisiones judiciales El deber de motivar las sentencias en Colombia Razones del deber de motivar las decisiones judiciales Justificar y motivar Motivación en función de la impugnación La lógica deductiva y la argumentación La vaguedad del lenguaje y sus efectos sobre la lógica formal Conflicto de normas y lógica formal Lagunas La argumentación judicial Problema
UNIDAD 2 Destinatarios de la sentencia ¿Para quién se escribe la sentencia? Discusión pública de las sentencias judiciales Ideas comunes a la noción de auditorio Argumentación en función de demostrar la sujeción a la ley Motivación interna y externa, motivación de la decisión Mimesis judicial Motivación interna o motivación en la decisión
Independencia, imparcialidad y motivación: carga de demostrar la imparcialidad
Argumentación superflua
UNIDAD 3 Interpretación y argumentación
Los contextos de descubrimiento de justificación
UNIDAD 4 Características de un modelo teórico de la estructura de la sentencia judicial
El derecho en sede judicial
Estructura de cada elemento o fragmento de “la decisión”
Decisiones parciales de selección normativa
Da mihi factum dado tibi ius
Decisiones de validez
Validez Sistémica
Validez factual
Validez axiológica
Criterios o reglas de interpretación y la construcción del referente normativo
Interpretación teleológica o funcional
Incidencia de algunas teorías de la interpretación en la construcción de la sentencia
Elección de consecuencias
Determinación de los hechos y decisiones de prueba
La decisión judicial final
Ideología de la aplicación judicial
Síntesis del modelo de decisión
Variedades de la sentencia
En atención a las materias
Sentencia en sede constitucional
Sentencia en sede de control abstracto de constitucionalidad
Sentencia en sede de casación
Recensión jurisprudencial sobre el deber de motivar las sentencias
Sentencia de 4 de julio de 2001
Sentencia de 19 de julio de 2001
Sentencia de 28 de septiembre de 2001
Sentencia de los jueces colegiados
Sobre los obiter dicta y la ratio decidendi
Decisiones colegiadas de máxima disidencia
III. Objeto del pronunciamiento
Resuma, comprima y suprima
Secuencia de los hechos de la descripción a la decisión
Clasifique o
Esfuerzo de síntesis
Problemas probatorios
El problema jurídico principal
Temas y problemas no son lo mismo
Titule, rotule
Institucionalmente es muy significativo dejar a consideración de la comunidad de jueces y magistrados el módulo sobre Estructura
y redacción de la sentencia judicial, de que es autor Edgardo Villamil
Portilla, profesor de la Universidad Nacional y Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien para arribar a este resultado transitó por una serie intensa de actividades colectivas con jueces y magistrados, todas ellas lideradas por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
El eje central del trabajo pasa por el meridiano de examinar intensamente el deber constitucional de fundamentar las decisiones
judiciales, fuente de legitimidad democrática de la función judicial e instrumento de control de la discrecionalidad judicial en ocasiones inevitable. A lo anterior se añade una suma de contenidos tendientes
a sembrar de alertas el camino de la decisión para destacar que ella
no es resultado de una actividad inescrutable, sino que es posible y necesaria la reconstrucción aproximada de su génesis. Los análisis a que se invita con la lectura del texto apenas son el punto de partida de investigaciones que deberán ser apropiadas por la comunidad de jueces y magistrados, siempre en el afán de crear un ambiente de diálogo y creación de inquietudes, de permitir que flu- yan en ella significados y contenidos, para la construcción y recons- trucción permanente de un escenario propicio para la formación co- lectiva de conocimiento. El módulo constituye una interpelación a jueces y magistrados para atender críticamente las evaluaciones, reflexiones y ejercicios que pretenden suscitar el debate en grupos locales que alimenten in- ternamente la estrategia de la doble vía propia de la autoformación como un desafío personal. La consulta de la bibliografía sugerida resulta imperiosa para incrementar las posibilidades de compresión
y expansión de los conocimientos que se condensan en el módulo. Las reflexiones, comentarios y sugerencias emergentes de las discusiones colectivas, deberán ser llevadas a los debates amplios que sobre este trabajo habrán de realizarse, los cuales serán orienta- dos por un facilitador. Para estos insinuamos elaborar un documento
de estudio, en el que incluya sus anotaciones, ejercicios y reflexio- nes.
La Escuela Judicial como Centro de Formación Judicial Inicial y Continuada de la Rama Judicial presenta un modelo pedagógico que se caracteriza por ser participativo, integral, sistémico y constructivista; se fundamenta en el respeto a la dignidad del ser hu- mano, a la independencia del Juez y la Jueza, el pluralismo y la multiculturalidad, y se orienta hacia el mejoramiento del servicio.
14 Es participativo, más de mil Jueces, Juezas, Empleadas y Emplea- dos judiciales participan como formadores y formadoras, generando una amplia dinámica de reflexión sobre la calidad y pertinencia de los planes educativos, módulos de aprendizaje autodirigido y los materiales utili- zados en los procesos de formación que se promueven. Igualmente, se manifiesta en los procesos de evaluación y seguimiento de las activida- des de formación que se adelantan, tanto en los procesos de ingreso, como de cualificación de los servidores y las servidoras públicos. Es integral en la medida en que los temas que se tratan en los módulos resultan recíprocamente articulados y dotados de potencia- lidad sinérgica y promueven las complementariedades y los refuer- zos de todos los participantes y las participantes. Es sistémico porque invita a comprender cualquier proceso desde una visión integradora y holista, que reconoce el ejercicio ju- dicial como un agregado de procesos, que actúa de manera interdependiente, y que, a su vez, resulta afectado por el entorno en que tienen lugar las actuaciones judiciales. El modelo se basa en el respeto a la dignidad humana. El siste- ma de justicia representa uno de los pilares del sistema social de cualquier comunidad, representa la capacidad que la sociedad tiene para dirimir los conflictos que surgen entre sus integrantes y entre algunos de sus miembros y la sociedad en general. De ahí que el modelo educativo fundamenta sus estrategias en el principio del res-
peto a la dignidad humana y a los derechos individuales y colectivos de las personas. El modelo se orienta al mejoramiento del servicio pues las ac- ciones que se adelanten para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y bienestar de las personas que hacen parte de la Rama Judi- cial, se hacen teniendo en la mira un mejoramiento sostenido del servicio que se le presta a la comunidad. Lo anterior, en el marco de las políticas de calidad y eficiencia establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Plan Sec- torial de Desarrollo, con la convicción de que todo proceso de mo- dernización judicial ya sea originado en la implantación de nuevos esquemas jurídicos o de gestión, o de ambos, implica una transfor- mación cultural y el fortalecimiento de los fundamentos conceptua- les, las habilidades y las competencias de los y las administradores de justicia, fiscales y los procuradores y procuradoras, quienes re- quieren ser apoyados a través de los procesos de formación.
En este sentido, se desarrollan procesos formativos sistemáti- cos y de largo aliento orientados a la cualificación de los servidores
y servidoras del sector, dentro de criterios de profesionalismo y for- mación integral, que redundan, en últimas, en un mejoramiento de la atención de los ciudadanos y ciudadanas, cuando se ven precisados a acudir a las instancias judiciales para ejercer o demandar sus dere- chos o para dirimir conflictos de carácter individual o colectivo.
Aprendizaje activo Este modelo educativo implica un aprendizaje activo diseñado
y aplicado desde la práctica judicial para mejorar la organización; es
decir, a partir de la observación directa del problema, de la propia realidad, de los hechos que impiden el avance de la organización y la distancian de su misión y de sus usuarios y usuarias; que invita a com- partir y generalizar las experiencias y aprendizajes obtenidos, sin excepción, por todas las y los administradores de justicia a partir de una dinámica de reflexión, investigación, evaluación, propuesta de acciones de cambio y ejecución oportuna, e integración de sus cono- cimientos y experiencia para organizar equipos de estudio, compar-
tir con sus colegas, debatir constructivamente los hallazgos y aplicar lo aprendido dentro de su propio contexto. Crea escenarios propicios para la multiplicación de las diná- micas formativas, para responder a los retos del Estado y en particu- lar de la Rama Judicial, para focalizar los esfuerzos en su actividad central; desarrollar y mantener un ambiente de trabajo dinámico y favorable para la actuación de todos los servidores y servidoras; apro- vechar y desarrollar en forma efectiva sus cualidades y capacidades; lograr estándares de rendimiento que permiten calificar la presta- ción pronta y oportuna del servicio en ámbitos locales e internacio- nales complejos y cambiantes; crear relaciones estratégicas comprometidas con los “usuarios” clave del servicio público; usar
16 efectivamente la tecnología; desarrollar buenas comunicaciones, y aprender e interiorizar conceptos organizativos para promover el cambio. Así, los Jueces, Juezas y demás servidores y servidoras no son simples animadores del aprendizaje, sino gestores y gestoras de una realidad que les es propia, y en la cual construyen complejas interacciones con los usuarios y usuarias de esas unidades organizacionales.
En el contexto andragógico de esta formación, se dota de sig- nificado el mismo decurso del aprendizaje centrándose en procesos de aprendizaje social como eje de una estrategia orientada hacia la construcción de condiciones que permitan la transformación de las organizaciones. Es este proceso el que lleva al desarrollo de lo que en la reciente literatura sobre el conocimiento y desarrollo se deno- mina como la promoción de sociedades del aprendizaje “learning societies”, organizaciones que aprenden “learning organizations”, y redes de aprendizaje “learning networks”. 1 Esto conduce a una concepción dinámica de la relación entre lo que se quiere conocer, el sujeto que conoce y el entorno en el cual él actúa. Es así que el conocimiento hace posible que los miembros de una sociedad cons- truyan su futuro, y por lo tanto incidan en el devenir histórico de la misma, independientemente del sector en que se ubiquen.
Los procesos de aprendizaje evolucionan hacia los cuatro ni- veles definidos en el esquema mencionado: (a) nivel individual, (b) nivel organizacional, (c) nivel sectorial o nivel de las instituciones sociales, y (d) nivel de la sociedad. Los procesos de apropiación de conocimientos y saberes son de complejidad creciente al pasar del uno al otro. En síntesis, se trata de una formación que a partir del desarro- llo de la creatividad y el espíritu innovador de cada uno de los y las participantes, busca convertir esa información y conocimiento per- sonal, en conocimiento corporativo útil que incremente la efectivi- dad y la capacidad de desarrollo y cambio de la organizacional en la Rama Judicial, trasciende al nivel sectorial y de las instituciones so- ciales contribuyendo al proceso de creación de “lo público” a través de la apropiación social del mismo, para, finalmente, en un cuarto nivel, propiciar procesos de aprendizaje social que pueden involu- crar cambios en los valores y las actitudes que caracterizan la socie- dad, o conllevar acciones orientadas a desarrollar una capacidad para controlar conflictos y para lograr mayores niveles de convivencia.
Currículo integrado-integrador
En la búsqueda de nuevas alternativas para el diseño de los currículos se requiere partir de la construcción de núcleos temáti- cos y problemáticos, producto de la investigación y evaluación per- manentes. Estos núcleos temáticos y problemáticos no son la unión de asignaturas, sino el resultado de la integración de diferentes dis- ciplinas académicas y no académicas (cotidianidad, escenarios de socialización, hogar) que alrededor de problemas detectados, garan- tizan y aportan a la solución de los mismos. Antes que contenidos, la estrategia de integración curricular, exige una mirada crítica de la realidad. La implementación de un currículo integrado-integrador im- plica que la “enseñanza dialogante” se base en la convicción de que el discurso del formador o formadora, será formativo solamente en el caso de que el o la participante, a medida que reciba los mensajes magistrales, los reconstruya y los integre, a través de una actividad,
en sus propias estructuras y necesidades mentales. Es un diálogo pro- fundo que comporta participación e interacción. En este punto, con dos centros de iniciativas donde cada uno (formador, formadora y participante) es el interlocutor del otro, la síntesis pedagógica no puede realizarse más que en la interacción- de sus actividades orien- tadas hacia una meta común: la adquisición, producción o renovación de conocimientos.
Los planes de estudio se diseñaron de manera coherente con el
modelo educativo presentado y en esta labor participó el grupo de
18 personas pedagogas vinculadas al proyecto, expertos y expertas en procesos formativos para adultos con conocimientos especializados
y experiencia. Así mismo, participó la Red de Formadores y
Formadoras Judiciales constituida para este programa por aproxima- damente 350 Magistrados, Magistradas, Juezas, Jueces, Empleados
y Empleadas, quienes con profundo compromiso y motivación ex-
clusiva por su vocación de servicio, se prepararon a lo largo de varios meses en la Escuela Judicial tanto en la metodología como en los
contenidos del programa con el propósito de acompañar y facilitar el proceso de aprendizaje que ahora se invita a desarrollar a través de las siguientes etapas:
Etapa I. Reunión inicial. Presentación de los objetivos y es- tructura del programa; afianzamiento de las metodologías del apren- dizaje autodirigido; conformación de los subgrupos de estudio con sus coordinadores y coordinadoras, y distribución de los temas que profundizará cada subgrupo. Etapa II. Estudio y Aná1isis Individual. Interiorización por cada participante de los contenidos del programa mediante el análisis, desarrollo de casos y ejercicios propuestos en el módulo, consulta de jurisprudencia y doctrina adicional a la incluida en los materiales educativos. Así mismo, elaboración y envío de un informe individual con el fin de establecer los intereses de los y las participantes para garantizar que las actividades presenciales respondan a éstos.
Etapa III. Investigación en Subgrupo. Profundización colectiva del conocimiento sobre los temas y subtemas acordados en la re- unión inicial y preparación de una presentación breve y concisa (10 minutos) para la mesa de estudios o conversatorio junto con un resu- men ejecutivo y la selección de casos reales para enriquecer las dis- cusiones en el programa.
Etapa IV. Mesa de estudios o Conversatorio. Construcción de conocimiento a través del intercambio de experiencias y saberes y el desarrollo o fortalecimiento de competencias en argumentación, in- terpretación decisión, dirección, etc., alrededor de las presentacio- nes de los subgrupos, el estudio de nuevos casos de la práctica judi- cial previamente seleccionados y estructurados por los formadores y formadoras con el apoyo de los expertos y expertas, así como la simulación de audiencias. Identificación de los momentos e instru- mentos de aplicación a la práctica judicial y a partir de éstos, genera- ción de compromisos concretos de mejoramiento de la función ju- dicial y de estrategias de seguimiento, monitoreo y apoyo en este proceso. Etapa V. Pasantías. Son experiencias concretas de aprendizaje, dirigidas a confrontar los conocimientos adquiridos, con la realidad que se presenta en los despachos y actuaciones judiciales (sean es- critas u orales), mediante el contacto directo de los discentes y las discentes (pasantes), con las situaciones vividas en la práctica judi- cial, en las diferentes áreas (civil, penal, laboral, administrativo, etc.) bajo la orientación y evaluación de los Magistrados y Magistradas, Jueces y Juezas, titulares de los respectivos cargos.
Etapa VI. Aplicación a la práctica judicial. Incorporación de los elementos del programa académico como herramienta o instrumen- to de apoyo en el desempeño laboral mediante la utilización del co- nocimiento construido en la gestión judicial. Elaboración y envío del informe individual sobre esta experiencia y reporte de los resul- tados del seguimiento de esta etapa en los subgrupos. Etapa VII. Experiencias compartidas. Socialización de las ex- periencias reales de los y las discentes en el ejercicio de la labor judicial, con miras a confirmar el avance en los conocimientos y ha-
bilidades apropiados en el estudio del módulo. Preparación de un
resumen ejecutivo con el propósito de contribuir al mejoramiento
selección de casos reales para enriquecer el banco de
casos de la Escuela Judicial. Etapa VIII. Actividades de monitoreo y de refuerzo o complementación. De acuerdo con el resultado de la fase anterior se programan actividades complementarias de refuerzo o extensión del programa según las necesidades de los grupos en particular. Etapa IX. Seguimiento y evaluación. Determinación de la con- secución de los objetivos del programa por los y las participantes y el grupo mediante el análisis individual y el intercambio de experien- cias en subgrupo.
Los módulos Los módulos son la columna vertebral en este proceso, en la medida que presentan de manera profunda y concisa los resultados de la investigación académica realizada durante aproximadamente un año, con la participación de Magistrados y Magistradas de las Altas Cortes y de los Tribunales, de los Jueces y Juezas de la República y expertos y expertas juristas, quienes ofrecieron lo mejor de sus co- nocimientos y experiencia judicial, en un ejercicio pluralista de cons- trucción de conocimiento. Se trata entonces, de valiosos textos de autoestudio divididos secuencialmente en unidades que desarrollan determinada temática, de dispositivos didácticos flexibles que permite abordar los cursos a partir de una estructura que responde a necesidades de aprendizaje previamente identificadas. Pero más allá, está el propósito final: ser- vir de instrumento para fortalecer la práctica judicial.
Al iniciar la lectura de cada módulo el o la participante debe tener en cuenta que se trata de un programa integral y un sistema modular coherente, por lo que para optimizar los resultados del pro- ceso de formación autodirigida tendrá en cuenta que se encuentra inmerso en el Programa de Formación Judicial General. A través de
cada contenido, los y las discentes encontrarán referentes o remi- siones a los demás módulos del Plan, que se articulan mediante di- versos ejes transversales, tales como Derechos Humanos, Constitu- ción Política de 1991, Bloque de Constitucionalidad, la Ley especí- fica, al igual que la integración de los casos problémicos comunes que se analizan, desde diferentes perspectivas, posibilitando el enri- quecimiento de los escenarios argumentativos y fortaleciendo la in- dependencia judicial. Por lo anterior, se recomienda tener en cuenta las siguientes sugerencias al abordar el estudio de cada uno de los módulos del plan general:
1. Consulte los temas de los otros módulos que le permitan realizar un diálogo de manera sistémica y articulada sobre los contenidos que se presentan.
2. Tenga en cuenta las guías del discente y las guías de estudio indivi- dual y de subgrupo para desarrollar cada lectura. Recuerde apoyar- se en los talleres para elaborar mapas conceptuales, esquemas de valoración de argumentaciones y el taller individual de lectura del plan educativo.
3. Cada módulo presenta actividades pedagógicas y de autoevaluación que permiten al y la discente reflexionar sobre su cotidianidad pro- fesional, la comprensión de los temas y su aplicación a la práctica. Es importante que en el proceso de lectura aborde y desarrolle con rigor dichas actividades para que críticamente establezca la claridad con la que percibió los temas y su respectiva aplicación a su tarea judicial. Cada modulo se complementa con una bibliogra- fía básica seleccionada, para quienes quieran profundizar en el tema, o acceder a diversas perspectivas. El Programa de Formación Judicial General, que la Escuela Ju-
dicial entrega a la judicatura colombiana, acorde con su modelo edu- cativo, es una oportunidad para que la institucionalidad colombiana, con efectiva protección de los derechos fundamentales y garantías judiciales, cierre el camino de la impunidad para el logro de una so- ciedad más justa.
Finalmente, agradecemos el envío de todos sus aportes y sugerencias a la sede de la Escuela Judicial en la Calle 85 No. 11-96 piso 6 y 7 de Bogotá, o al correo electrónico escujudcendoj@.ramajudicial.gov.com, que contribuirán a la construcción colectiva del saber judicial alrededor del Programa de Formación Judicial General.
El trilema rigor, amenidad y trivialidad no pudo ser resuelto definitivamente, de modo que el lector deberá ser indulgente para con todo exceso teórico que pueda hallar en este trabajo, que debiera ser eminentemente práctico.
En el presente módulo el lector encontrará el intento de hacer una descripción minuciosa de la actividad sentenciadora, que busca descifrar paso a paso las posibles claves de la sentencia judicial. La idea central que acompaña este esfuerzo es demostrar que la deci- sión judicial debe ser analizada hasta en sus más recónditas fisuras, pues con este análisis se debe generar una aproximación al conoci- miento de cómo opera el proceso de decisión. La posibilidad de de- liberar sobre procesos muchas veces intuitivos, reconocer sus intersticios y ponerlos en evidencia, tiene la utilidad de permitir un mayor control sobre el proceso intelectivo que precede y conduce a la decisión.
Y es que cuanto más caliginoso sea el proceso decisorio, me- nor la posibilidad de control y mayor el margen de arbitrio, e inclu- so, de arbitrariedad. Por eso, señalar las líneas generales que componen el proceso que lleva a la decisión permite hacer de ello una acción cada vez más consciente y, por supuesto, más transparen- te y más expuesta al escrutinio de la comunidad.
Adicionalmente, se demuestra en el trabajo que decidir es un proceso y, por lo tanto, que no es correcto hacer referencia estricta a la decisión judicial, por cuanto la evidencia muestra que la resolu- ción final es una sumatoria de decisiones preparatorias; a lo largo del texto se les llamarán decisiones preparatorias, fraccionales, frag- mentos de decisión o decisiones instrumentales, para señalar que ellas solo son tributarias de la decisión final.
Igualmente, está presente la idea de que el proceso es un méto- do de conocimiento, y que no se conoce neutralmente; por el contra- rio, se conoce intencionalmente, en función de una hipótesis, y la formulación de esa hipótesis trae promesas y peligros que han de ser
conjurados por la indagación severa sobre el método o camino que acompaña la exploración que precede a la decisión judicial. Además, se intenta transmitir la idea de que el tránsito hacia la decisión no debe ser algo clandestino u oculto bajo un lenguaje no pocas veces inextricable que, probablemente, encubre un exceso de arbitrio. Se trata de algo así como que el trabajo judicial es observa- ble y observado y, por lo tanto, es controlable por los diversos audi- torios concernidos con la decisión judicial. Probablemente el resultado establezca la penumbrosa dicoto- mía entre decidir o narrar el proceso que lleva a la decisión; cosas diferentes, tránsito entre umbrales en el que se produce una pérdida de fidelidad. La sentencia, como documento-testimonio del juez so-
24 bre el itinerario de la decisión, es apenas un vestigio modesto para reconstruir el proceso decisorio. Si se logran identificar algunas exi- gencias generales mínimas del proceso que precede a la decisión y su reconstrucción en el texto de la sentencia, posiblemente el autocontrol será mayor, y mejor el acceso de los observadores ex- ternos, lo que generará un incremento de la transparencia esperada en el proceso argumentativo. La organización de la sentencia, como documento o informe del designio que acompaña a la decisión, y la conciencia del proceso de adopción del fallo, podrán ser la modesta contribución de este esfuerzo colectivo resultante de la decidida par- ticipación de los jueces y magistrados que en intensos seminarios soportaron estos balbuceos teóricos; quienes, por cierto, no son res- ponsables de los desatinos que pueda presentar el trabajo, pero sí seguramente de algunos de sus aciertos.
Este cuestionario tiene como finalidad confrontar al juez con la importancia de averiguar hasta dónde ha sido consciente de los com- plejos laberintos que preceden a la decisión final. Se trata de un cues- tionario de acceso a la información posterior; es de apertura porque busca interesar a los destinatarios antes de abordar algún análisis teó- rico. La importancia de responder el cuestionario reside en convencer al lector de la necesidad de avanzar en el estudio del documento. Se sugiere fotocopiar el cuestionario para que una vez absuelto se haga el intercambio anónimo entre los participantes.
Considera que adquirir nuevas experiencias sobre la forma de dictar sentencias es
Cree usted que socializar sus experiencias sobre la construcción de sentencias y com- partirlas con el grupo es
Cree usted que el conocimiento que tiene so- bre la construcción de sentencias es
Considera que adelantar programas de capa- citación sobre la estructura de la sentencia es
Cree usted que, en general, las sentencias que se dictan en Colombia son bien estructuradas:
Cree usted que construir una sentencia es generalmente un acto
Reflexiona usted sobre la metodología que emplea para la elaboración de la sen- tencia:
Considera usted que las sentencias de
estructuralmente homogéneas:
Sí No Tiene usted un modelo personal de cons- trucción de sentencias:
10.Cree usted que su modelo de construc- ción de sentencias es notoriamente iden- tificable entre otros:
11.Qué rasgos de su modelo de construc- ción de sentencias considera que lo dis- tinguen de los demás:
¿Cuál? 12.Describa brevemente cuáles son los elemen- tos de su modelo de construcción de senten-
cias que estaría dispuesto a socializar en esta
en 5 renglones)
13.Cree usted que los elementos de su modelo de sentencia son originales.
14.En su formación de pregrado adquirió cono- cimientos y destrezas sobre la forma de cons- truir sentencias judiciales:
15.En sus estudios de posgrado recibió cursos especiales sobre la estructura de las sen- tencias judiciales:
16.Cree usted que sus compañeros jueces y ma- gistrados recibieron formación de pregrado o posgrado sobre la forma de construcción de las sentencias judiciales:
17.Tiene usted claramente definido un modelo de decisión judicial que aplica sistemática y consistentemente:
18.Considera usted que la adquisición de ese modelo de sentencia ocurrió:
b) Esfuerzo personal específicamente tendien- te a lograrlo
d) Empíricamente e) Ensayo y error
Usted juzga su modelo de construcción de sentencias como
Exclusivo consciente
Intuitivo consciente
Inercial inconsciente
Imitativo inconsciente
Considera usted que los demás jueces si- guen conscientemente un modelo decisional:
Cómo cree usted que se ha logrado la uni- formidad en el modelo decisional del juez
Por imitación de la sentencia de casación
En la elaboración de la sentencia califique
a cinco (5)
tad que presenten los siguientes elemen- tos:
La selección de las normas ( )
Para la decisión judicial, el conocimiento sobre los hechos de un proceso es
Cree usted que uno de los objetivos inter- nos del proceso es lograr que el juez se apropie de conocimientos ajenos:
Es el perito un intermediario entre el juez y un conocimiento extraño:
Pretende el juez apropiarse del conocimien- to del testigo sobre unos hechos:
Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca Cuando el juez examina un documento se co- munica y extrae conocimiento de sus auto- res:
El juez, a partir de las pruebas, asume que los hechos ocurrieron de determinada ma- nera; usted estaría de acuerdo con recono- cer que en este momento
Los hechos se revelaron en toda su magni- tud
El juez conoció lo que se proponía conocer de antemano
El juez obtuvo la convicción necesaria
El juez descubrió los hechos
El juez concibió una teoría sobre los hechos, los cuales solo existen como representación
El juez decidió racionalmente estar conven- cido sobre una teoría acerca de los hechos
El juez decidió entre hipótesis fácticas que compiten entre sí
El acusado Martín Martínez llegó en el vuelo 602 a Cartagena a las 12:30; el acusado Gonzalo González partió en el mismo avión, en vuelo de regreso, a las 12:50 del día 8 de agosto de 2002. Hernán Hernández y Rodrigo Rodríguez estaban en la misma casa, pero ais- lados y sin comunicación ni control de la hora. Rodrigo Rodríguez
fue muerto allí el 8 de agosto de 2002. Hernán Hernández informó a las dos de la tarde del mismo día: “Escuché gritos e insultos contra Rodrigo Rodríguez; sonaron cuatro disparos. Enseguida, el golpe de la campana solitaria de la iglesia y el habitual ruido ensordecedor de los aviones que despegan del aeropuerto vecino. Al rato sonó un se- gundo golpe de la campana”. Se probó que el reloj de la iglesia, equi- distante cinco minutos del aeropuerto y de la casa, es una grabación que reproduce una campanada por cada número de horas pasadas y otra cada media hora. No hay más pruebas ni participaron otras per- sonas. Los procesados Martín Martínez y Gonzalo González niegan haber matado a Rodrigo Rodríguez. Se debe resolver con relación al delito de homicidio:
32 1. Quién es el homicida. 2.- Si pueden ser condenados ambos. 3. Si deben ser absueltos ambos. Se seleccionarán grupos de tres participantes que deben re- dactar, en el menor número de palabras posible, las consideraciones de la sentencia de primera instancia. Luego se cotejarán los resulta- dos de cada grupo para ver el poder de síntesis y de comunicación.
OBJETIVOS: Con esta unidad, pretendemos que
el lector reconozca que el deber de motivar las
decisiones es un mandato constitucional que tie-
ne connotaciones políticas en el sentido de la
expresión. Igualmente, busca demostrar que la
imposición constitucional, como parte del debi-
do proceso, de dar las razones que llevan a la
decisión y al compromiso con su sentido, no siem-
pre ha sido como se presenta en los actuales
sistemas jurídicos, sino que ha venido cambian-
do según las diversas concepciones sobre la fun-
ción del Derecho y del Estado. Además,
examinaremos la motivación en función del con-
trol de los recursos, destacando la importancia
de tal exigencia.
Cuestionario. Antes de abordar el estudio de esta
unidad, los participantes deben responder, de ma-
nera anónima y en hojas separadas, el cuestiona-
rio de apertura e intercambiar sus resultados.
BREVE HISTORIA DEL DEBER DE MOTI- VAR LAS DECISIONES JUDICIALES
La motivación de las decisiones judiciales, como es asumida por la doctrina actual, está ampliamente influenciada por el cambio de mentalidad gestado en la época de la Revolución Francesa de 1789:
la exaltación del valor de la ley como producto de la voluntad sobe-
rana del pueblo y la necesidad de que los jueces (hasta ese momento fieles servidores del rey) se ajustaran en sus decisiones a los dicta- dos legales, generó un cambio de paradigma y, con él, la excesiva confianza en el asambleísmo jacobinista. Pero esta explicación, pese a ser cierta, no da cuenta de toda la evolución anterior ni justifica la variada y compleja historia que acompaña la motivación de las deci- siones judiciales hasta nuestros días. Para comprender de forma más completa el proceso histórico de la motivación, debemos analizar el antes y el después del siglo XVIII. En concreto, se pueden diferenciar tres grandes fases o perío- dos históricos de la motivación: una primera fase la podemos situar en la Roma clásica de la Edad Antigua hasta el inicio de la Edad Me-
34 dia, cuando las decisiones judiciales no requerían ser razonadas o justificadas expresamente, pues su fundamento y valor venía respal- dado por el prestigio social y la autoridad del órgano decisor, así como por su vinculación a un alto estamento: el sacerdotal. La co- nexión directa con Dios, o hablar en su nombre, hacía la infalibilidad una cuestión cotidiana. A lo largo de la Edad Media, en distintos países y ámbitos jurí- dicos, surgen manifestaciones a favor de la motivación; reclamo pro- movido, en gran medida, por el creciente papel que van adquiriendo los jueces como factores de expresión del poder y creadores del derecho. En paralelo convive una tendencia, predominante en la épo- ca, de no motivación, debido a que los jueces son meros represen- tantes o servidores del rey o del príncipe, cuyas decisiones, como es lógico en ese esquema de poder, no habría por qué justificarlas. A partir del siglo XVIII (desde la Revolución Francesa), cuando el de- ber de motivar las decisiones judiciales va tomando cuerpo en la mayoría de las legislaciones europeas; sin embargo, es preciso des- tacar que existen grandes diferencias entre los países y entre las dis- tintas ramas jurídicas. Este segundo período es el de mayor complejidad porque se inicia la auténtica evolución de la noción de motivación para llegar a su estado actual. Desde 1790, cuando se instaura en Francia la obligación de motivar, hasta nuestros días, es posible hallar una periodización. Se- guimos en ello a Chaid Perelman, en tres fases, atendiendo al distinto
papel que se le asigna a la función judicial: el período de la escuela de la exégesis, que termina alrededor de 1880; el de la escuela fun- cional y sociológica, que llega hasta 1945; y el período influido por el proceso de Nuremberg, que se caracteriza por una concepción tó- pica del razonamiento judicial.
Nos atreveríamos a introducir un cuarto período, el actual, do- minado por las corrientes discursivas y racionales que pretenden con- ciliar la legalidad y la racionalidad.
En cuanto a la evolución del deber de motivar en el derecho español, podemos adelantar que no existe acuerdo en la doctrina so- bre el fundamento de la motivación y su valor histórico. Así, Menéndez Pidal entiende que “la motivación de las resoluciones judiciales deviene como consecuencia necesaria de la existencia de jueces téc- nicos” capaces de destilar una argumentación que dé cuenta de los fundamentos de la decisión. Sostiene Menéndez Pidal a propósito del Derecho español que “nuestro derecho histórico es rico en pre- ceptos sobre la motivación de las sentencias y resoluciones judicia- les”. Sin embargo, autores como el profesor Ortells Ramos entienden que el condicionamiento del deber de motivar se produce en un doble sentido: determinando el mantenimiento, hasta tiempos tardíos, de la prohibición de motivar y, casi simultáneamente (apenas hubo cambios sustanciales), dando lugar al establecimiento del deber de motivar. La explicación de esta tensión paradójica entre el deber y la prohibición de motivar nos la aporta F. Tomás y Valiente cuando señala que los reyes que querían proteger su derecho, frente a la excesiva aplicación curial del derecho romano, debían obligar a sus jueces a fundamentar expresamente en leyes reales sus sentencias; situación que pudo justi- ficar en algún momento la imposición del deber de motivar. Pero esas mismas consideraciones operaron un proceso en sentido contrario con la transformación ideológica que supuso el paso del régimen absolu- tista al liberal, entrando en colisión con un derecho (antiguo) fundado en postulados distintos. Ortells Ramos deriva que el deber de motivar las decisiones judiciales se estableció en España casi simultáneamen- te con la creación de un nuevo derecho.
En España se generalizó el deber de motivar las sentencias en el siglo XIX, lo que obedece a distintas razones, unas de carácter político porque un régimen liberal tiende a que los actos de los órga- nos del Estado no sean una cruda imposición, sino un mandato justi- ficado y razonado. Pero mucho más decisiva es la razón de intentar, por medio de la motivación, dar un testimonio público de la aplica- ción del derecho vigente, sobre todo por ser un derecho de nueva implantación que supone, en cierta medida, una ruptura con el orden jurídico anterior. También se hallan razones de carácter técnico-jurí- dico, como el hacer viables las impugnaciones ante los superiores, en especial para el recurso extraordinario de casación.
Hasta aquí hemos seguido fielmente el opúsculo “Sentido y fun-
36 ción de la motivación de las decisiones Judiciales”, escrito por Je- sús Aquilino Fernández Suárez para la Universidad de Oviedo (ex libris), obra en la que se condensa la historia reciente del deber de motivar las decisiones judiciales para España y que a propósito de Colombia sirve como punto de referencia.
El deber de motivar las sentencias en Colombia
En Colombia, en el pasado más próximo, hallamos que la ante- rior Constitución fijaba en el propio canon fundamental, artículo 163, la necesidad de que toda providencia judicial fuera motivada; esta regla se excluyó inexplicablemente de la Carta Política de 1991. Esta norma viene desde la Constitución de 1886, y en la nomenclatura inicial correspondía al artículo 161. La constituyente de 1991 quiso eliminar de la Constitución aquellas normas que podían ser parte de una ley estatutaria, lo cual explica la desaparición del artículo 163 del texto constitucional. Son más bien escasos los estudios específicos sobre el deber de fundamentar las decisiones. El profesor Tulio Enri- que Tascón escribía en 1934 a propósito del artículo 161 de la Cons- titución de 1886: “Esta exigencia obedece a la necesidad de evitar la arbitrariedad de los Jueces: ellos en sus fallos deben exponer las dis- posiciones legales y las razones de justicia o equidad que constituyen los fundamentos de la decisión, así como la apreciación que hacen de las pruebas aducidas y de los alegatos presentados por las partes. Esto mismo dispone el artículo 471 del Código de Procedimiento Civil, en
donde está bien la disposición, pero no en la Constitución, por ser cuestión reglamentaria” 1 . La cita que acaba de hacerse, muestra cla- ramente la importancia menor que se concedía a la motivación de las decisiones judiciales entre los autores emblemáticos del derecho cons- titucional. Se destaca que en el comentario transcrito se hace la clara separación entre motivación sobre las normas y sobre los hechos, y el deber legal de responder a los alegatos de las partes. En igual sen- tido, Hernando Devis Echandía refiere lacónicamente que “Cuando se trata de sentencias, debe distinguirse la motivación de los hechos y la del derecho” 2 y con la misma argumentación. En compensación, la norma desaparecida en la Constitución pasó a ser parte de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, que en el artículo 55 ordena la motivación de las sentencias, todo lo cual se extiende a las demás decisiones judiciales. Dispone la norma ci- tada que “Las sentencias judiciales deberán referirse a todos los he- chos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales. La parte resolutiva de las sentencias estará precedida de las siguien- tes palabras: ‘Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley’. La pulcritud del lenguaje, la claridad, la pre- cisión y la concreción de los hechos materia de los debates y de las pruebas que los respaldan, que los Magistrados y jueces hagan en las providencias judiciales, se tendrán en cuenta como factores esencia- les en la evaluación del factor cualitativo de la calificación de sus servicios”. En cada uno de los códigos esta regulado de modo espe- cífico el deber de motivar, en lo general coincide, realmente debiera ser idéntico para todos los procesos. Así, el artículo 170 del C. P. P. establece un decálogo de exigencias que debe llevar la sentencia, aunque no creó consecuencias para la desatención de dicho mandato. Por su parte, el artículo 81 del Código Procesal del Trabajo estable- ce el deber de motivar “oralmente” la sentencia.
1 Derecho constitucional colombiano. Comentarios a la Constitución Nacional. Editorial Minerva. Bogotá. 1934. Pág. 285.
2 Compendio de Derecho Procesal. Teoría general del proceso. Edit. Abc. Bogotá. 1979. Pág. 415.
Un ordenamiento jurídico evolucionado sólo considera admi- sibles aquellas decisiones fundamentadas en juicios, criterios o parámetros claramente identificables que puedan ser examinados des- de una perspectiva externa a la decisión misma. Salvo para Hércu- les 3 , la decisión judicial supone la elección entre diversas alternativas; ello implica que es posible construir varias decisiones y que aquella con pretensión de erigirse en la decisión judicial es apenas una den- tro de un repertorio de soluciones posibles que emulan por ganar la adhesión del autor –el juez– y de todos quienes por ella sean concernidos. Por supuesto que si sólo existiera una decisión posi-
38 ble, si el juez no tuviera elección entre varias opciones, el trabajo judicial pudiera ser encargado a un ordenador que siguiendo algún algoritmo predeterminado podría llegar a descubrir, no a crear, la única decisión correcta. Un panorama semejante sólo sería posible reduciendo la va- guedad de los términos a expresiones dicotómicas que fijen un sen- tido único para las expresiones utilizadas, lo cual resulta impensable habida cuenta de la opacidad del lenguaje y la complejidad de la vida moderna. La exigencia de motivación supone que el juez muestre cuál es el camino (método) recorrido para arribar a una decisión entre las muchas posibles. Igualmente, la fundamentación facilita un rastreo aproximado sobre cuáles fueron las motivaciones externas, y en lo posible internas, que llevaron al juez a elegir, por eliminación o por grados de aceptabilidad, entre las varias opciones de decisión en competencia. Además, en ese itinerario del proceso de decisión hay momen- tos diferentes en que se pueden construir varias alternativas, varios
3 Para referirnos al juez Hércules del profesor Dworkin. A propósito, los accesos de ira de Hércules, que lo llevaron a morder el seno de su madre Era y dar lugar a la vía láctea, o el arrebato de matar a su preceptor de música, ni sus actos de travestido le hacen un buen ejemplo como juez. No obstante, Hércules y la superación de los doce trabajos colosales puede ser una metáfora interesante que refleja el trabajo descomunal que atañe al juez.
tipos de decisión, todo un repertorio, un elenco de decisiones pro- bables. Igualmente, puede acontecer que, en la construcción de ese conjunto de decisiones probables, haya sido destruida la mejor res- puesta al problema jurídico o, que al presentar ese elenco de deci- siones probables para una situación, el juez involuntariamente haya excluido del conjunto la decisión acertada. Queremos decir que no basta con la pluralidad de opciones decisorias, ni con presentar un repertorio de soluciones en concurrencia abierta, para asegurar anteladamente el acierto; lo ideal sería agotar el inventario de opcio- nes decisorias posibles para un caso y, entre ellas, buscar la jerarquía en función de la razonabilidad y aceptabilidad de las premisas, del arsenal lógico empleado y de la decisión. Cuando un juez se representa para sí una gama de soluciones posibles y de entre ellas elige una, su trabajo en solitario tiene la pre- tensión de ser presentado posteriormente a un auditorio. En ese es- fuerzo está formulando o identificando cuáles son las salidas razonables para un caso, esto es, cuáles son los desenlaces admisibles y, en esta tarea, está buscando la adhesión de un auditorio (Perelman) para no decidir arbitrariamente. Al construir ese repertorio, el juez está asu- miendo que son esas y no otras las soluciones posibles; pero al optar por esa elección, seguramente, puede estar dejando de considerar otras opciones por inadvertencia o porque deliberadamente fueron exclui- das en atención a las consecuencias o incomodidades que pudieran ofrecer, lo cual merece reproche y descalificación, pero que puede quedar impune si no se emiten siquiera señales del camino seguido por el juez para arribar a la decisión. Se hace referencia a que las difi- cultades de motivación, nacidas de la complejidad del asunto o de las limitaciones del argumentador, lo pueden llevar a eliminar consciente decisiones posibles pero de difícil argumentación o que requieren compromiso o desgaste político. Si el juez delímita un repertorio de soluciones posibles, con ello ya está decidiendo que son esas, y no otras, las alternativas de elección; aquí hay una decisión fragmentaria o un fragmento de deci- sión, pues excluir voluntariamente o por error una solución, entre varias posibles, es ya un decidir. Aquí se expresa probablemente el primer esbozo de un modelo que refleja los momentos de la deci-
sión judicial. Lo anterior implica que en determinado momento el juez decide cuáles son las soluciones posibles, con lo cual hay un principio de decisión y una probabilidad de error por la eliminación de otras hipó- tesis igualmente razonables que pudieran entrar en la lista. Posterior se presentará el momento de la decisión judicial cuando el juez elija entre las diversas alternativas a que él mismo ha limitado el campo, probable- mente dejando por fuera otras opciones plausibles. Todo este itinerario descriptivo debe quedar reflejado en la decisión, cuya función central es mostrar el recorrido; sólo si ello se hace evidente se podrán ver las fisuras que presenta el proceso que lleva a la decisión. Al volver sobre la exigencia de motivación, no debemos desde- ñar que ella tiene como función igualmente importante, no sólo bus-
40 car el acierto, sino también intentar demostrar que el juez tiene el genuino propósito de proscribir el arbitrio y excluir la posibilidad de acertar sin comprender o por pura casualidad. En verdad, la garantía de motivación también demanda que el juez muestre cuál fue el camino recorrido, el itinerario seguido para arribar a la decisión; la garantía de motivación significa proscribir la arbitrariedad en la medida en que las partes del proceso, los observa- dores externos y los controladores de la decisión pueden seguir el camino que llevó al juez a determinado tipo de solución, para así acreditar que a ella no se llegó por mera coincidencia, por un arreba- to de adivinación o cuestión similar, sino siguiendo caminos que pue- den ser rastreados y reconstruidos racionalmente.
En este momento podríamos hacer una precisión terminológica para entender que la motivación de las sentencias debe entenderse también en el sentido de justificación de las mismas, con el conven- cimiento de que tal justificación es la garantía de justicia o la garan- tía de la justicia de una decisión. Se introduce entonces un matiz muy fuerte a la palabra justifi- cación, entendida no solo como las razones simples de la decisión sino como las razones mismas que encarnan la justicia. Estas exi- gencias superiores que se esperan de la garantía de justificación se
hacen, probablemente, porque dar motivos tiene un sentido menos fuerte que justificar. En la expresión justificar están implícitas las razones de justicia que llevaron a tomar una decisión y no solo las razones legales o de consecuencias de la decisión, que desde otra perspectiva serían como la explicación simple de la decisión. Por el contrario, podríamos decir que la motivación admite diversos gra- dos de explicación, incluidos los móviles psicológicos, políticos, pragmáticos, aun los de justicia y otros de diversa naturaleza. Re- cuérdese ahora que Manuel Atienza y Robert Alexy tratan de la sepa- ración entre razones explicativas y razones justificatorias 4 . No es extraño entonces que en una sentencia se inserten los buenos propó- sitos que inspiraron la expedición de una ley, para justificar por qué aplica la ley, no solo porque viene al caso sino porque es justa. Por otro lado, no se descarta que una decisión sea desastrosa- mente motivada aunque justa, lo cual no pasa de tomarse como un error. Por el contrario, repugna a la razón que una decisión sea ade- cuadamente justificada pero totalmente injusta en su dispositivo. Todo indicaría que una adecuada y excelente justificación no podría con- ducir razonablemente a una decisión injusta y, por el contrario, un remedo de fundamentación, una motivación descabellada, no nece- sariamente lleva a una decisión injusta. Hay situaciones en que el juez llega a una decisión justa por suerte o azar, caso en el cual el dispositivo del fallo estaría fracturado con respecto a la motivación. De lo anterior también se sigue que puede haber un quiebre y una separación entre la parte dispositiva de una sentencia y la parte moti- va, en cuyo caso la sentencia recibirá la aprobación del observador en tanto haya acertado en la solución pero errado en la motivación. Es usual que se confirmen sentencias en segunda instancia y en casa- ción pero por motivos ajenos a los expresados por el juzgado o tri- bunal de origen. Probablemente esto lleva a que, en las votaciones de jueces plurales, algunos den su asentimiento para la decisión, esto es, para la parte dispositiva del fallo, pero que ellos mismos no sean
4 Razones justificatorias son aquellas aceptables desde un punto de vista normativo. Razones explicativas están asociadas a la descripción sociológica.
solidarios con las motivaciones adoptadas por la mayoría; esto co- rresponde a lo que se conoce como voto particular, con aclaración o disidencia de voto, el cual permite a algún componente del tribunal apartarse de las motivaciones, aunque comparta plenamente las con- clusiones del fallo.
MOTIVACIÓN EN FUNCIÓN DE LA IMPUG- NACIÓN
La exigencia de motivación de las decisiones judiciales, puesta de presente por la Constitución en algunos momentos y en otros por leyes estatutarias, tiene también anclaje en el principio de lealtad
42 procesal; pues para impugnar una decisión es necesario que las par- tes puedan seguir el rastro argumentativo dejado por el juez, a fin de poder identificar el sustento lógico de sus conclusiones. Difícil re- sulta a las partes recusar una sentencia inextricable o incoherente, y casi imposible, una carente de motivación. No puede el juez fallar verdad sabida y buena fe guardada; debe existir en la decisión un aná- lisis riguroso de la pretensión, de los hechos y su prueba, de las ex- cepciones, de las alegaciones de las partes y del marco normativo aplicable al caso.
La corroboración de la necesidad de argumentar las decisiones que primitivamente se establece en la Ley Estatutaria de la Adminis- tración de Justicia se desarrolla en los artículos 170 del nuevo Códi- go de Procedimiento Penal, 304 del código de Procedimiento Civil y 81 del Código Procesal del Trabajo. En el mismo sentido, los artí- culos 180 y 181 del Código de Procedimiento Penal se ocupan de la necesaria motivación de las sentencias y los autos. El artículo 170 del Nuevo Código de Procedimiento Penal establece que “Toda sen- tencia contendrá: 1. Un resumen de los hechos investigados. 2. La identidad e individualización del procesado. 3. Un resumen de la acu- sación y de los alegatos presentados por los sujetos procesales. 4. El análisis de los alegatos y la valoración de las pruebas en que ha de fundarse la decisión. 5. La calificación jurídica de los hechos y de la situación del procesado. 6.- Los fundamentos jurídicos relaciona- dos con la indemnización de perjuicios, en los eventos que proceda.
7. La condena a las penas principal o sustitutiva y accesorias que co- rrespondan o la absolución. 8. La condena en concreto al pago de los perjuicios, si a ello hubiere lugar. 9. Si fueren procedentes, los meca- nismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. 10. Los recursos que procedan contra ella. La parte resolutiva de las sentencias estará precedida de las siguientes palabras: ‘Administrando justicia en nom- bre de la República de Colombia y por autoridad de la ley ’. Los recursos realizan el principio de impugnación, en virtud del cual el ciudadano no queda desprotegido ante el poder del juez, sino que puede protestar las decisiones usando los instrumentos pro- cesales creados para ello. El artículo 3º de la Constitución colombiana establece que la soberanía reside en el pueblo y de ella emanan los poderes públicos, los que se ejercen del modo como la propia Constitución ordena. Igualmente, el artículo 40 de la Carta Política consagra el derecho a participar en el control del poder político. Estas dos reglas constitu- cionales señalan que es inherente al sistema democrático que todo poder debe tener el control como su correlato necesario. O dicho con otras palabras, todo poder que se ejerce debe tener un control; si no, degenera en arbitrariedad, abuso y despotismo. No puede el ciudadano estar abandonado al poder magnífico que ejerce el juez, tanto, que pueda ese poder degenerar en abuso. En un sistema democrático, el juez ejerce un poder que es limitado y controlado de varias maneras; una de ellas es la posibilidad de que quienes concurren a un proceso judicial, con el carácter de partes o sujetos procesales, puedan impugnar las decisiones por él tomadas. Otro control sería la sujeción al principio de legalidad, a propósito de lo cual hay que advertir que justamente la motivación permite mos- trar el grado y la forma como el juez adhiere a este principio. El derecho de impugnación, además de ser un correctivo al ejer- cicio del poder público, o sea un control, implica que la construc- ción de la decisión cuente con la participación de todos los sujetos procesales, participación que cuanto más amplia tributa a que el pro- ceso adquiera mayor legitimidad, calidad que se extiende, si se cum- ple debidamente, a toda la función judicial. Al lado de esta afirmación pueden hacerse reflexiones sobre la participación de los jurados
como forma de ampliación de la base democrática del juzgamiento, como acontece en España para el juzgamiento de algunos delitos; con la particular circunstancia de que allí el jurado debe dar cuenta al juez que preside la audiencia de los motivos de la veredicción, prác- tica que ha generado bastantes dificultades. En Colombia fue reinstalada constitucionalmente la posibilidad de intervención de ju- rados de conciencia en los procesos penales. Falta ver si el código de la materia establece algún tipo de explicación del veredicto. La posibilidad de impugnar las determinaciones, la participa- ción a lo largo del proceso mediante el uso de los recursos y, a ve- ces, el mismo silencio de las partes van consolidando la legitimidad de las decisiones judiciales. Estas se afirman y se validan ante la so-
44 ciedad en la medida en que los destinatarios del dictum del juez han tenido posibilidad de participar en su producción, particularmente mediante la introducción de correctivos y controles, entre otros, ale- gatos y recursos. Una vez que las decisiones judiciales van ganando firmeza, por- que no han sido impugnadas o censuradas por las partes, adquieren cierta presunción de acierto que las vuelve irrevocables y, además, con ello se va formando una consistente sensación de que el rumbo procesal es adecuado, en tanto cada uno de sus pasos ha sido objeto de discusión e impugnación por las partes. El uso de los recursos es un acto de participación que legitima el proceso, la función del juez y las decisiones mismas; en otras palabras, con los recursos cada una de las partes incorpora al proceso su propia apreciación del rumbo que debe llevar. Este aserto es corroborado por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, según pasamos a ver: el artículo 90 de la Constitución colombiana establece que el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables por la acción u omisión de las autoridades públicas; la misma norma consagra el derecho de repetición del Estado para recobrar de los funcionarios culpables lo que hubiere tenido que pagar a la víctima. El artículo 65 de la Ley 270 de 1996 reguló de modo específico la responsabilidad de los jueces, y el artículo 70 ibídem exonera de responsabilidad al Estado, mediante una especie de presunción de culpa exclusiva de la víctima, cuando esta no ejerció los recursos
que la ley le otorga; regla que indica claramente que las partes son responsables de la construcción del proceso y coautoras de los erro- res judiciales, en tanto la omisión de ejercer los recursos inhibe la reclamación posterior por los perjuicios recibidos con ocasión de la actividad antijurídica del juez y del Estado.
Así, el proceso se erige en una construcción colectiva: cuanto mayor sea el número y calidad de los recursos y el grado de partici- pación de los sujetos, mayor será la reafirmación de la validez de los mandatos de la justicia y mayor su legitimación. Igual que acontece en el proceso de discusión de las leyes o de construcción de los consensos públicos en torno a las cuestiones fundamentales de la sociedad, la amplitud del debate y la posibilidad de controversia pro- cesal legitiman la decisión. En suma, además de ser un instrumento de control del ejercicio de la actividad jurisdiccional, los recursos son un espacio de participación de los ciudadanos en la construcción de las decisiones judiciales que, al desarrollar la ley en un caso espe- cífico, reafirman el ordenamiento jurídico en su globalidad y adquie- ren visibilidad social; por lo mismo, comprometen a toda la sociedad, bajo la premisa de que se trata de una creación colectiva.
Luego de esta extensa digresión solo necesitamos añadir que la motivación de las decisiones posibilita la eficacia en la interposi- ción de los recursos. En efecto, sólo si el recurrente puede rastrear el camino seguido por el juez, esto es, aquel que lo condujo a la decisión, podrá edificar exitósamente la censura contra el fallo. Una argumentación laberíntica, inextricable o inexistente frustrará o re- ducirá la posibilidad de recurrir la decisión en desmedro de la legiti- midad de la función, con grave daño a las partes y al sistema jurídico que se reconstruye en cada una de las decisiones judiciales. Cada sentencia es la corroboración de la vigencia de todo el ordenamiento jurídico; es la muestra rediviva de su coherencia y de su aplicación.
Como conclusión de esta unidad, podemos afirmar que una de las funciones de la motivación está atada a la posibilidad de impugnar las decisiones judiciales y, por esta vía, a incrementar la legitimidad de la decisión, en tanto una adecuada motivación facilita la confron- tación dialéctica.
Igualmente, se concluye que la justificación es algo diferente de la simple motivación, en tanto aquella se aproxima más a dar razones de justicia para la decisión y no solo razones construidas desde el de- recho positivo. Asi mismo, se revela que la adecuada justificación de las decisiones no solo coadyuva a la interdicción de la arbitrariedad, sino que también contribuye a denunciar el azar cuando este se presen- ta en una decisión justa pero pésimamente argumentada.
En este terreno, séase partidario de la decisión vinculada al de- recho positivo o de la decisión más o menos libre, en cualquiera de sus matices, la exigencia de motivación es igualmente indeclinable. Si se adhiere a los postulados de la decisión vinculada, el juez debe mostrar mediante la argumentación cómo se inscribe su sentencia
46 en el sistema jurídico, que es lo mismo que decir cómo realiza el acatamiento más o menos estricto a la ley; y si se trata de la decisión libre, en cualquiera de las vertientes radicales o moderadas, la exi- gencia de motivación adecuada es todavía mayor en tanto el proceso de reconstrucción de las piezas del sistema debe hacerse evidente, en especial cuando el juez debe forzosamente superar la ambigüedad del lenguaje 5 jurídico.
LA LÓGICA DEDUCTIVA Y LA ARGUMEN- TACIÓN
La gente no se comunica todo el tiempo mediante silogismos, ni el silogismo judicial da cuenta de todas las posibilidades de elec- ción de una decisión. La deducción desde un enunciado normativo general, que deriva hacia otro enunciado normativo particular, por medio de la operación denominada subsunción de un enunciado em- pírico, apenas da cuenta de tramos de la argumentación, es decir, aunque valiosa, es una herramienta insuficiente. La selección del enun-
5 Es usual en el lenguaje jurídico justificar la necesidad de aclarar el sentido de una expresión que se dice adolece de dilogía (actividad dilógica) opacidad, vaguedad, polisemia, multisignificación, oscuridad, indeterminación. O que está en la zona de penumbra en el claroscuro, en el umbral.
ciado normativo general, la discusión sobre su validez y su jerarquía dentro de las fuentes, la fijación de su “verdadero sentido” y la cons- trucción del enunciado empírico a partir de datos de la realidad que se dice fueron probados en el proceso, lleva consigo la necesidad de argumentar.
LA VAGUEDAD DEL LENGUAJE Y SUS EFECTOS SOBRE LA LÓGICA FORMAL
La vaguedad del lenguaje permite, por fuera de la lógica for- mal, recoger las tonalidades de la vida diaria, de la praxis vital co- mún 6 , de las formas de vida. El lenguaje jurídico puede tomarse como una de las familias del lenguaje, por “su parecido” 7 , pero su función no se limita a describir, sino que hace algo más que eso, pues al decir algo se hace algo, dependiendo de las convenciones 8 . Esa ambigüe- dad y aparente debilidad del lenguaje ordinario conspira contra la posibilidad de derivar en todos los casos desde un enunciado norma- tivo general para llegar a un enunciado normativo particular pasando por el enunciado empírico. No es posible reducir la vida a fórmulas del legislador; la realidad es más rica que cualquier abstracción puesta por el legislador. De ello se desprende que el enunciado normativo general, como viene dado por el legislador, por lo mismo que es ge- neral, debe recomponerse para el caso específico.
6 Expresión de Wittegenstein.
7 Tomado de Wittegenstein.
8 Eludimos tratar de performatividad, pero el interés de los lectores debe llevarlos por el camino del examen del lenguaje como una actividad guiada por reglas. La existencia de reglas, creadas colectivamente, las más democráticas: las del lenguaje, tiene una importancia inusitada, pues la existencia de reglas permite explicar la existencia de las faltas. En función de la argumentación, es importante destacar que por el camino del análisis del lenguaje se podría justificar que las proposiciones normativas y descriptivas podrían ser analizadas con criterios semejantes y aun que es posible hablar de cierto tipo de verdad de los enunciados morales y en general de los enunciados normativos.
Cuando el juez se halla ante un conflicto de normas, porque ellas se niegan entre sí o se excluyen, tiene que decidirse por una de ellas para ponerla como enunciado normativo general. Al desechar una de las normas en competencia el juez no opera siempre con la lógica formal. 9
Cuando no hay norma aplicable al caso, el juez debe decidir; para ello crea, desde los principios, mediante analogía legis o analo- gía iuris, la premisa mayor de su razonamiento. En este proceso de 48 creación de la norma que controlará el caso, el juez debe mantenerse fiel al deber de dar argumentos. Igual acontece cuando el juez se ve ante la disyuntiva dramática de desconocer la norma puesta por el legislador, porque considera que repugna con la justicia o la Consti- tución. Por supuesto que no se trata de simples gustos o preferen- cias del juez sino de una situación en la cual la aplicación de la ley deriva en una injusticia manifiesta. Antes de la aparición del artículo 3° del C. P. se planteaba el caso de un padre de familia que en un accidente mató a toda su familia, quedó cuadrapléjico, su rostro y cuerpo desfigurados por las llamas y con apenas episodios intermi- tentes de lucidez. En situación semejante, condenar a esa persona por el homicidio culposo cometido en sus propios hijos, posible- mente aparejaría una injusticia. La vaguedad del lenguaje, el conflicto de normas, las lagunas y
razón en un caso específico, hacen de la argumentación un árbitro
importantísimo que controla la actividad del juez, que en tales casos debe abonar razones suficientes para justificar la elección que hizo
o la construcción de la premisa mayor que controla la deducción formal bajo la forma del silogismo judicial tradicional.
9 Los cánones de interpretación no resuelven todos los problemas porque no hay acuerdo general sobre ellos en la teoría jurídica y tampoco hay una supranorma que permita poner orden entre ellos para saber su jerarquía. No obstante, no se deben descartar pues los métodos son necesarios pero insuficientes.
Nos referimos marginalmente a la argumentación judicial para resaltar su importancia en la construcción de la sentencia judicial, pues para mayor abundamiento hay un manual específico al servicio de los jueces y magistrados. Según Manuel Atienza 10 , hay cuatro en- foques del Derecho: 1. El derecho como norma (versión estructural ontológica) que enfatiza en problemas de validez, de control de la producción de las normas por los órganos competentes, que corres- pondería a las varias versiones del positivismo. Dicho con simplici- dad, normativismo; 2. El derecho como hecho, realidad social, comportamiento humano, praxis vital común, que correspondería, simplificando brutalmente el tema, a los realismos; 3. El derecho como valor, enfoque valorativo-deontológico, y 4. el derecho como argumentación. Hay una tendencia denominada trialismo, que surge del sincretismo 11 de las varias explicaciones sobre el Derecho. La argumentación literalmente está presente en todos los do- minios del Derecho, tanto en la construcción de la dogmática, como en la instancia de producción de las leyes y en el momento de su aplicación en el espacio judicial. La argumentación da cuenta de la dimensión pragmática del derecho, entendida la pragmática estricta- mente como la relación entre los signos y los hablantes que los em- plean para comunicarse y no en su acepción común. Por todo ello, mal podría desarrollarse un intento de explicación de la estructura de la sentencia desligado del proceso argumentativo.
· Una sentencia con motivación apenas apa- rente es
10 Atienza Manuel. Las razones del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1991.
11 La expresión sincretismo puede ser peyorativa, en tanto en ella no hay mucho orden ni selección. Es más apropiado tratar de eclecticismo, que implica seleccionismo y sistematización.
Explicar sucintamente la respuesta. · La motivación sirve al control
1º. Cómo justificar que cada uno de los códi- gos de procedimiento, a su manera, disponga reglas sobre la estructura de la sentencia judi- cial. 2º. ¿Es suficiente una norma que en cada espe- cialidad oriente el proceso de decisión? Expli- car.
3º. ¿Cuál es el contenido de la ley estatutaria sobre la motivación de las sentencias judicia- les? Opinar sobre el contenido y suficiencia para orientar el proceso de decisión. 4º. ¿El nuevo Código de Procedimiento Penal modificó la ley estatutaria en el tema motiva- ción de la sentencia judicial? ¿Por qué? ¿Como conciliar las dos normas? 5º. ¿Puede el legislador controlar de manera integral el proceso de argumentación?
6º. ¿Cuál sería el instrumento idóneo para guiar el proceso decisorio?
7°. Como deben cambiar –si deben cambiar– los canones de la argumentación en un pro- ceso estrictamente oral.
El Código de Procedimiento Civil establece que si una persona fracasa en el intento de lograr el desembargo de un bien, debe ser condenada a pagar una multa de cinco a veinte salarios mínimos men- suales. El juez niega el desembargo propuesto por Carlos y le impo- ne la sanción más benigna, que en este caso es de cinco salarios mínimos mensuales. Carlos procuraba el desembargo de su teléfono celular, o del reloj legado por su padre, que no tiene un valor supe- rior a cien mil pesos. Como juez de segunda instancia (si la tuviera), ¿usted confirmaría la sanción? El ejercicio supone que cada participante construya la premisa mayor de decisión y abone los argumentos necesarios. Tomar en cuen- ta que no hay ningún problema sobre los hechos, ni necesidad de argu- mentar respecto de ellos. El reto es dejar de aplicar la norma o aplicarla, con abstracción de su iniquidad. Tome en cuenta que se impuso la san- ción mínima y aun así resulta absolutamente desproporcionada e in- justa frente al bién jurídico, cuya práctica se busca.
Con fundamento en la información que suministra la sentencia que a continuación se transcribe, cons-
truya un caso de nulidad de sentencia por falta de motivación y haga la distinción entre motiva- ción deficiente, falta de motivación y motivación impertinente.
En la sentencia de 1° de septiembre de 1995 de- terminó la Corte Suprema de Justicia: El cargo concreto concernía a que se acusó en el cargo a la sentencia “por haber incurrido en una de las nulidades consagradas en el inciso final del artí- culo 142” del C. de P. C., en concordancia con los artículos 303 y 304 ib. De conformidad con el artículo 303 del C. de p. c., en su inciso 3º, las providencias deberán ser “motivadas de manera breve y precisa”, motivación que deberá consis- tir en lo que prescribe el artículo 304. El recu- rrente en casación manifestó entonces que la falta de motivación “constituye motivo de nulidad de la decisión, por violación de las normas sobre el de- bido proceso (art. 29 Constitución Política de Co-
lombia), tal como lo ha entendido la jurispruden-
cia de la Corte Suprema de Justicia, en interpre-
tación del inciso final del artículo 142 (antes 154)
del Código de Procedimiento Civil”. En respues-
ta, la Corte Suprema de Justicia determinó:” El
primer aspecto que aquí debería ser dilucidado
atañe al hecho de haber desaparecido del pano-
rama constitucional colombiano la exigencia de
motivar las sentencias que, de modo específico,
aparecía consignada en el artículo 163 de la an-
terior carta fundamental, y, consecuentemente,
la incidencia que ese desaparecimiento tenga en
la nulidad derivada de la falta de motivación. Sin
embargo, estima la Sala que no viene al caso
realizarlo puesto que ello sólo sería viable en la
medida en que, en efecto, en el caso sub júdice
no se advirtiese en la sentencia del Tribunal nin-
gún tipo de razonamiento tendente a justificar la
decisión adoptada, lo que, desde luego, no
acompasa con los hechos porque, como viene de
verse, el ad quem se ocupó de manera por lo
demás espaciosa de explicar el porqué de su de-
terminación. Precisamente en la sentencia de esta
Corporación en la que el recurrente dice apoyar-
se, con términos muy claros se recordó que
“…para que sea posible hablar de falta de moti-
vación de la sentencia como vicio invalidativo del
proceso, se requiere que aquella sea total o radi-
cal”. O sea que, se aclaró a renglón seguido,
puede ser perfectamente posible “que en un caso
dado a los razonamientos del juzgador les quepa
el calificativo de escasos o incompletos –o im-
pertinentes, se agrega ahora– sin que por tal
razón sea dable concluir que la sentencia adole-
ce de carencia de fundamentación. Esto, por su-
puesto, se explica no solo porque lógicamente se
está en frente de conceptos distintos (una cosa
es la motivación insuficiente y otra la ausencia
de motivación), sino también porque en la prác-
tica no habría luego cómo precisar cuándo la cor-
tedad de las razones es asimilable al defecto de
las mismas, y cuándo no lo puede ser” (Cas. Civ.
29 de abril de 1988, sin publicar). Pero aun cuan-
do se pensara que todo el discurso del juzgador
apunta exclusivamente hacia la declaratoria de do-
minio y que, por ende, quedó huérfana de motiva-
ción la resolución atinente a la cancelación del
gravamen, no por tal circunstancia se podría de-
cir que se configura el defecto denunciado por el
impugnador en vista de que el mismo sólo emerge
cuando es la sentencia –considerada como un todo–
la que se tiene como falta de argumentación, lo
cual se infiere de lo prescrito por el inciso final
del artículo 303 del C. de P. C. cuando dice que
“a excepción de los autos que se limiten a dispo-
ner un trámite, las providencias serán motivadas
de manera breve y precisa…”. Amén de que, por
exclusión de lo que preceptúa el artículo 305 ib.,
la ley no exige que haya congruencia entre la par-
te motiva y la resolutiva de la sentencia, lo que se
traduce en que las reflexiones ofrecidas por el
juzgador pueden ser pertinentes o no, pues en el
punto todo depende tanto de su sapiencia como
del cuidado que el caso le merezca. Ello, por
consiguiente, es bastante para concluir que el car-
go no prospera.
Haga un análisis de la siguiente deducción y en-
cuentre algún tipo de error lógico o falacia.
El juez (arbitro) debe decidir conforme a las
normas reguladoras del caso 12 .
El juez (arbitro) no seleccionó ninguna de las
normas que controlan el caso o son pertinentes
De lo anterior se sigue que el juez falló según
Decisión: La sentencia o el laudo deben ser anu-
12 Los árbitros y los jueces deben decidir en derecho, a menos que las partes los autoricen a decidir en equidad, si el asunto es susceptible de transacción.
Si lográsemos convencernos de que la sen- tencia entendida como herramienta de co- municación se escribe simultáneamente para muchas personas y tiene trascendencia en diversos auditorios, probablemente el tono que emplearíamos en ellas sería más fluido, menos rebuscado y con menos pirotecnia re- tórica artificiosa. El abuso de la cita, la re- copilación de abstrusas teorías tan profundas, como a veces impertinentes, en verdad poco ayudan en el proceso de comu- nicación con la sociedad.
¿PARA QUIÉN SE ESCRIBE LA SENTEN- CIA? 13
Una primera aproximación a este asunto nos llevaría a pensar que, posiblemente, la sentencia se escribe para la sociedad entera. Podríamos representarnos una situación en la cual, una vez pro- ducida, la sentencia es físicamente repartida entre un auditorio 14 lo
13 Se puede emplear la expresión alocutario para el receptor o paciente de la comunicación por oposición al Aliquis (Santo Tomás), proferente o emisor. La palabra paciente de la comunicación es empleada en los textos de lingüística.
14 La idea de auditorio ha sido introducida y desarrollada por Chaid Perelman y tiene afinidad con otras formas de explicación del destino de la sentencia.
más universal posible o entre individuos integrantes de diversos au- ditorios. Por supuesto, esta es una situación hipotética que en la rea- lidad no se presenta, pero impondría al autor de la sentencia una exigencia adicional: le impondría requerimientos no solo de índole técnica, sino que además le demandaría el afán de establecer una co- municación general con la sociedad entera, pues de esa sintonía con la sociedad dependería la legitimación del derecho y de lo que los jueces hacen.
Una justicia incapaz de pulsar las necesidades, los deseos y las expectativas de una sociedad se aleja de ella; va formando un nicho
inaccesible para el común de los mortales. Esta circunstancia se hace más evidente cuando en las sentencias se usa un mayor volumen de
56 contenidos supuestamente técnicos, se emplean lenguajes esotéricos
y extravagantes, y se sofistica la comunicación de tal manera que se
excluye un número mayor de personas o se marginan auditorios en- teros. Sentencias crípticas, en lenguaje cifrado y abstruso llevan a la
incomunicación total y contribuyen a la deslegitimación, por incom- prensión, de la función judicial.
Si admitimos que de alguna manera las sentencias trascienden el ámbito reducido de las partes, podemos abordar el tema de la dis-
cusión pública de las sentencias judiciales, lo cual supone que ellas tienen como destinatario potencial a la sociedad entera; ocurre tal discusión pública cuando se produce una sentencia que por su nove- dad, por el derecho comprometido o por los sujetos a quienes cubre el efecto de sus determinaciones toma una dimensión trascendente que, en ocasiones, su propio autor no alcanza a columbrar. Sin em- bargo, se mira con ojos de censura la actividad de escrutinio, examen
y crítica sobre las sentencias judiciales; usualmente se quiere poner
un dique al universo de la opinión pública y académica, a la opinión de legos y expertos, formulando con ello de manera implícita una prohibición de discutir las sentencias judiciales bajo la solapada afir- mación de que debatirlas en público erosiona la autoridad.
Se ha pretendido entonces que cualquier reparo contra la sen- tencia, aun el puramente académico, se constituye en una especie de insubordinación contra sus determinaciones. A este propósito es ne- cesario establecer unos linderos claramente definidos: una cosa es el
acatamiento a la sentencia, necesario para la realización del orden jurí- dico, y otra es imponer por cualquier medio una limitación injustifica- da al examen de sus contenidos. Es claro que incitar a la insurrección o
al desacato de la decisión judicial, no solo atenta contra el Estado de
Derecho, sino que además se erige en un acto de contumacia en contra de las instituciones; pero de allí no puede seguirse que los ciudadanos, los grupos de opinión, la comunidad intelectual y académica no pue-
dan escrutar con la mayor severidad, rigor y objetividad la estructura y los contenidos de una sentencia, medir sus efectos perniciosos, des- nudar sus deficiencias argumentativas y denunciar de manera vehemente
si se considera que esa sentencia se erige en un acto de ruptura de la
coherencia esperada del sistema normativo.
Es la actitud vigilante de la comunidad judicial, académica e intelectual y de la opinión pública en general, la que reclama cohe- rencia a los jueces; y esa coherencia pasa necesariamente por las coordenadas del examen exhaustivo y profundo, con ardentía pero sin pasión, no solo del contenido sino también de los efectos que produce y de la estructura argumentativa de cada fallo judicial. Cree- mos que la discusión pública de las sentencias judiciales de todo orden es un saludable ejercicio de participación democrática y, más
que un gusto por el diletantismo jurídico, un acto de responsabilidad,
y de responsabilidad democrática además. La discusión pública de
los problemas públicos –y la administración de justicia es cardinal entre ellos– es un derecho y un imperativo que expresa la vitalidad política de una sociedad.
Vicente Jimeno Sendra, ex magistrado del Tribunal Constitu- cional español y connotado procesalista, señala que el pueblo debe participar en la administración de justicia, unas veces directamente como jurado o escabino y otras de manera indirecta “a través del principio de publicidad, que, con el auxilio de los medios de comu-
nicación, posibilita un control de la sociedad previo o posterior de las más relevantes decisiones judiciales” 15 . En el proceso, entre expertos, no frente a la opinión lega o letrada, la motivación de las sentencias judiciales suele verse desde una perspectiva interna para posibilitar el control por parte de los interesados directos en la decisión y como medio para que la socie- dad entera acceda al dominio judicial. A propósito de la Constitución española dice Perfecto Andrés Ibáñez: “Mientras la sentencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se concebía como acto esencial, si no exclusivamente, interno al pro- ceso; la sentencia postconstitucional –de ahí el deber fuerte de mo- tivar (art. 120.3 C. E.)– se abre a un espacio de mucha mayor amplitud,
58 en gran medida extraprocesal. En ella el Juez entra en interlocución con un haz de sujetos mucho más abierto, potencialmente ilimitado. Desde luego, en principio, pero así mismo y cada vez más, también en la práctica” 16 . En la cita anterior se hace referencia explícita a la sentencia postconstitucional para precisar cómo la aparición en la Constitu- ción Española de la exigencia de motivación de las sentencias judi- ciales transformó la fisonomía de estas. Paradójicamente, en la Constitución colombiana de 1991 se excluyó la exigencia de la mo- tivación, que antes aparecía en el artículo 163 de la Carta Política expedida en 1886, aunque quedaría como sustituto su consagración en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; al punto es menester advertir que, háyase o no consignado en tal Ley, todo indi- ca que parte esencial del principio del debido proceso lo constituye la motivación de la sentencia judicial, pues sin ella el justiciable que- daría a merced del capricho del juez y confinado a la ignorancia so- bre los móviles que definen su suerte. De cualquier manera, resulta curioso el contraste –ya mencionado en otra parte de este texto– entre lo acontecido en España y en Colombia en torno a la
15 V. Jimeno Sendra, “El control de los jueces por la sociedad”. Revista Poder Judicial (48), 1997, pp. 48-56.
16 P. Andrés Ibáñez, “Carpintería de la sentencia penal (en materia de hechos)”, revista Poder Judicial, (49), p. 396.
constitucionalización de la norma que impone la exigencia de una adecuada motivación de la sentencia judicial: en España se elevó a rango constitucional el deber de motivar las sentencias y en Colom- bia descendió de estrato al ubicarse en la Ley Estatutaria de la Admi- nistración de Justicia y en los respectivos Códigos de Procedimiento Civil, Penal y Laboral. La motivación de la sentencia judicial no es asunto interno al proceso. La exigencia de motivación trasciende los dominios del pro- ceso, conclusión que resulta de reconocer que la decisión judicial se incrusta en un dominio más amplio que el escenario de las partes. Adicionalmente, debemos reconocer que existe una especie de con- trol social sobre la sentencia judicial y que este control está media- do por los lenguajes que en ella se emplean. Agotadas estas digresiones, parece prudente volver sobre la pre- gunta ¿para quién se escribe la sentencia judicial? Una respuesta cla- ra a tal pregunta –ya dispensada anteriormente– nos lleva a sentar la afirmación sobre el tipo de comunicación elegido para sintonizar esa diversidad de auditorios destinatarios de la sentencia. ¿Se escribe la sentencia para las partes?, ¿para las instancias superiores?, ¿para la comunidad académica?, ¿para la comunidad cien- tífica?, ¿para la comunidad jurídica?, ¿para la sociedad?, ¿para la pos- teridad?, ¿para la humanidad entera? Esto último parece una desmesura, pero hay sentencias hito en materia de derechos humanos que gene- ran hondas transformaciones, tanto que inspiran nuevas leyes y posi- ciones que echan raíces en la práctica judicial. Baste citar la sentencia del caso Mirande vs. Arizona para ver cómo un solo fallo puede tener hondas repercusiones intergenaracionales, incluso. Aunque pareciera demasiado forzado el análisis de las senten- cias, desde una perspectiva antropológica, este arrojaría luces sobre el pasado de una sociedad, en tanto el tono, estructura y contenido de las sentencias puede guiar a un observador externo y, por qué no, a las futuras generaciones para que, basados en los fallos judiciales, puedan dar cuenta de los valores que ensaya y practica una sociedad. No es forzado decir que una sociedad puede definirse por la forma como sus jueces protegen los valores fundamentales; bastaría con leer las sentencias judiciales sobre la protección a la vida, los niños,
las mujeres, el aborto, la libertad de prensa, la propiedad o el control constitucional para tener una idea aproximada de qué tipo de sistema jurídico y social existió en determinado momento histórico en una nación concreta. Si continuamos con la consideración sobre para quién se escri- be una sentencia, como acto de comunicación que es, y admitimos por respuesta que son muchos los destinatarios de ella o, lo que es igual, que son muchos los auditorios a quienes se dirige el juez, po- dríamos entonces concluir que el juez se debe comunicar en dife- rentes claves; dicho de otra manera, se deberían emplear diferentes lenguajes –o un lenguaje lo más universal posible– porque la senten- cia busca la sintonía con diversos auditorios. Lo dicho por Chaid
60 Perelman sobre los auditorios, cuando distingue entre auditorios lo- cales y auditorios universales, desarrollando de manera específica cómo debe entablarse ese diálogo ficticio entre argumentador y los auditorios altamente especializados, de los cuales busca la adhesión,
y no solo la adhesión sino también la invitación a la acción que, en
este caso, sería al acatamiento y validación del sistema entero 17 . El operador judicial no alcanza a vislumbrar los alcances de su decisión, pero si admitiese siquiera como posible la diversidad de auditorios, tal vez aceptara que dentro del mismo cuerpo de la sen- tencia haya un mensaje dirigido a las partes del proceso, desde una perspectiva puramente técnico-jurídica, y otro mensaje de carácter social o admonitorio como una especie de reflexión política, social
y constitucional del juez frente a todo el ordenamiento jurídico; esta
última parte tendría una finalidad más pedagógica que propiamente jurídica. No es desdeñable, entonces, que la arquitectura de las sen-
tencias suponga un razonamiento jurídico de altísima filigrana técni- ca, apoyado en razonamientos y reflexiones estrictamente jurídicos,
y una parte conclusiva de carácter más pedagógico y general, que sea
como el precipitado visible de esa función magisterial de la magis- tratura.
17 Chaid Perelman, “El imperio retórico”, Retórica y argumentación, editorial Norma, 1997, p. 29.
IDEAS COMUNES A LA NOCIÓN DE AUDI- TORIO
Antes vimos cómo Perfecto Andrés Ibáñez refiere que la sen- tencia se dirige a un “haz de sujetos”, idea que guarda enorme seme- janza con idea de los auditorios, universal y particular que está presente en Chaid Perelman 18 . Este dice que al auditorio universal nos dirigi- mos para convencer y al particular para persuadir y en todo caso para invitar a la acción, que desde la perspectiva del juez debería ser invi- tar a la adhesión al ordenamiento jurídico. A la manera de J. Esser podemos decir que el consenso sobre una sentencia es consenso sobre todo el Derecho. Lo que se dice respecto a que se busca la invitación a la acción resulta de reconocer que las proposiciones normativas ( en este caso particulares) como la sentencia cumplen una función emotiva 19 . R.M. Hare trata la idea de universalización de las prescripcio- nes (como enunciados normativos) de la misma manera como se uni- versalizan los enunciados descriptivos. Stephen Toulmin plantea regla de evitar el sufrimiento evita- ble, una versión negativa del viejo utilitarismo. En una versión posi- tiva, lograr la mayor felicidad del mayor número. Para Aristóteles, una parte de los argumentos dialécticos son aquellas opiniones generalmente aceptadas. Habermas trata de un “consenso hipotético” o acuerdo poten- cial de todos los demás. Califica ese acuerdo como un contrafáctico, una ficción, algo que no existe ni llegará a existir, pero que debemos hacer como si existiera, pues resulta importante como desiderata que ha de guiar la conducta del juez. Kant, que probablemente está en la base de todos los citados, plantea el imperativo categórico: “Obra según una máxima tal que
18 En “Cinco lecciones sobre la Justicia” dice: “debes comportarte como si fueras un juez cuya ratio decidendi deba proporcionar un principio válido para todos los hombres”
19 Este tema está desarrollado en C. L. Stevenson . En Alexy, Teoría de la argumentación jurídica, aparece una presentación detallada del emotivismo.
puedas querer al mismo tiempo que se transforme en ley universal”. Igualmente en Alexy se hallan referencias constantes al “Tribunal de la razón” para significar que la argumentación es algo más que un diálogo consigo mismo, y que toda actividad argumentativa se vincu- la a la “aceptabilidad por todos” 20 y aun a la “enseñabilidad general” 21 . La anterior recensión sobre la idea común de auditorio no pue- de quedar completa sin recurrir al mismo Aristóteles, a quien se atri- buye haber tratado de ella en la Ética a Nicómaco (X, 2 1172-1173), Aristóteles utilizó la expresión consensus gentium en el sentido de que si todo el mundo está de acuerdo con una opinión, esta tiene que ser cierta o por lo menos altamente probable. 22 El viejo reparo de que ese consenso universal es más bien gremial o elitista, aparece
62 corroborado con las restricciones sobre la discusión entre seres dotados de razón, o capacitados para usar el sistema de descripcio- nes que precede a toda argumentación y que busca un desarrollo cognitivo que reconstruye el sistema de descripciones como lo pre- senta Habermas. Ese sistema de descripciones es el lenguaje y de ello en el linaje de la teoría consensual de la verdad se hallarían Wittegenstein y Karl Wilhelmn von Humboldt 23 . predecesores de la filosofía del lenguaje.
ARGUMENTACIÓN EN FUNCIÓN DE DE- MOSTRAR LA SUJECIÓN A LA LEY
El título anterior sugiere el dilema de la decisión vinculada a los dictados del legislador. Este tema atañe a que usualmente el juez (en este caso el juez colombiano) está subordinado a la ley porque lo
20 Se atribuye a M.G. Singer el uso de esa expresión. Citado por R. Alexy. “Teoría de la argumentación jurídica”. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1989. Traducción de Manuel Atienza e Isabel espejo.
21 R. Alexy en la obra arriba citada atribuye la introducción de esa expresión a K.Baier
22 Ver Consensus gentium. Ferrater Mora, José. Diccionario de Filosofía. Edit. Ariel. T. 1 pág. 666
23 Karl Wilhelmn von Humboldt (1767-1835), hermano del naturalista y sabio Alexander von Humboldt.
manda el artículo 230 de la Constitución, o mejor, subordinado al ordenamiento o al sistema jurídico en su conjunto. Este precepto de la Carta Política impone un condicionante a la sentencia, pues en ella el juez se ve constreñido a dibujar el modo como ha expresado esa sujeción o subordinación a la ley y cómo han operado los preceptos legales para orientar su fallo. El afán del oficio judicial estará inter- ferido, entonces, por desvelar en la sentencia el respeto por la pre- eminencia del legislador, lo que no es suficiente para un auditorio lego o profano. Una arquitectura puramente técnica, dotada de ins- trumentos en estrictez jurídicos, elaborada engarzando y anudando preceptos legales, destilando jurisprudencias en línea, rebuscamientos técnicos y con adehalas retóricas innecesarias, no lograría la sintonía del profano, si la sola sujeción a la ley no refleja en todos los casos la medida exacta de la justicia o se muestra para ello insuficiente.
Permítasenos ahora una digresión: con sorna alguien podría es- bozar que las sentencias deben estar redactadas en un lenguaje tan elemental y sencillo, en una prosa tan ligera y huérfana de rebuscamientos, que puedan ser entendidas incluso por los periodis- tas. A este propósito vale anotar que la función de los periodistas en la explicación de las decisiones judiciales es verdaderamente preca- ria; circunstancia que tiene mucha importancia en tanto, una vez el mensaje mediático ha llegado a la sociedad descalificando una sen- tencia, cualquier información posterior sobre la estructura argumentativa del fallo, sobre las verdaderas razones de la decisión o la justeza y bondad de lo decidido, caerá en un terreno yermo. La gente se convence de la plausibilidad de las decisiones judiciales o las reprueba, luego de un examen superficial producto de las versio- nes e interpretaciones que escuchan, leen o comentan en los medios de comunicación, esto es, cuando la noticia se da en caliente. Así, es poco probable que a la comunidad llegue de manera oportuna y fiel el contenido de un fallo judicial en su verdadera dimensión. Por ello se ha dicho que los juicios que se hacen en las rotativas o ante las cámaras de televisión son tan injustos como irrevocables; ya que lo mismo da que, mezclado en una noticia, se juzgue a un individuo o se ponga en la picota a todos los jueces por el contenido de una senten- cia particular, nunca bien entendida por sus difusores.
Con este panorama probablemente se reduce aquella aspira- ción planteada anteriormente, un tanto pretenciosa, que buscaba afir- mar que el juez, al redactar la sentencia, está escribiendo para comunicarse con la sociedad entera o buena parte de ella. La impo- sibilidad real y objetiva de llegar directamente a la comunidad entera debe ser un aliciente y acicate para ajustar la estructura argumentativa de las sentencias, de modo que las que tengan más trascendencia so- cial se ensaye un condensado muy breve, a manera de conclusión admonitoria con afanes estrictamente pedagógicos, sobre la justicia de lo decidido y el reproche en contra de quien ha puesto en peligro el derecho ajeno. Reiterase ahora que cuando se intenta responder a la pregunta
64 sobre para quién se escribe la sentencia surgen varias alternativas, en tanto se identifican diversos auditorios. Ya antes habíamos hecho men- ción a los auditorios de legos, auditorios profanos y auditorios espe- cializados, pero también habíamos referido auditorios de tamaño menos reducido, auditorios de dimensiones más generales, más amplias, cuya vastedad desborda el estrecho ámbito de las partes. Todo ello trae como secuela un agregado de legitimidad que crea una dimensión que, repítese, desborda el estrecho marco de las partes del proceso. Aun- que las normas sobre motivación imponen contestar los alegatos y planteamientos de las partes, debe irse más allá y vaticinar que el al- cance de las decisiones desborda el ámbito judicial.
MOTIVACIÓN INTERNA Y EXTERNA, MO- TIVACIÓN DE LA DECISIÓN
Se resalta la preposición de para evidenciar el contraste que existe o puede ser construido entre dos expresiones aparentemente intercambiables o intersustituibles; como consecuencia de esta dis- tinción podemos hacer referencia a los motivos de la decisión y los motivos en la decisión. Cuando se hace referencia a los motivos de la decisión judicial, se interpela al conjunto de factores que, para un observador externo, son los verdaderos motivos de la decisión. Para explicar de qué se tratan los motivos de la decisión hay expresiones tales como justifi-
cación externa, legitimación, fundamentación o cualquier otra seme- jante, aunque difícilmente se eludiría la equivocidad de los términos. Si distinguimos los dos niveles en que suceden los dos tipos de explicaciones diferentes o las dos motivaciones diferentes, hallare- mos un sentido distinto para la misma palabra. Los dos niveles en que sucede la motivación son, a la vez, dos lugares diferentes y tienen actores diversos; igualmente, la función que cumple la motivación será diferente por ser distintos los con- textos. Los motivos de la decisión (o de alguna manera, las causas de la decisión) atañen a explicar las razones por las cuales el juez deci- dió en uno u otro sentido, desentrañable quizá desde una perspectiva sociológica y sicológica. Así, la justificación externa de la decisión comprendería las razones ideológicas, políticas, étnicas o emocionales que se refle- jan en la conducta del juez; allí tendrían lugar sus preferencias políti- cas, su actitud frente al ordenamiento mismo, la vinculación a sus propios precedentes, y cómo responde al reclamo de coherencia. En la justificación externa de la sentencia cabría decir incluso que el juez decidió en un sentido específico porque estaba, entre otras ra- zones, genuinamente convencido de que esa era la decisión correcta. Igualmente, podría decirse que la decisión obedeció a la nece- sidad de decidir, actitud que comporta asumir el riesgo del error. En este sentido es básico entender que la necesidad de decidir lleva al riesgo y que la argumentación lleva a mostrar los controles que se han tomado para minimizar esa contingencia de riesgo de error. La idea es mostrar la posibilidad de que los factores externos estén su- bordinando la decisión y hacer que el autor de la sentencia sea cons- ciente de ese peligro. Desde esta perspectiva, la justificación o motivación interna, esto es, la motivación en la decisión, sería apenas uno más de los motivos que explican externamente la decisión. La justificación externa de la decisión se cumple en un plano netamente descriptivo; incluso las conclusiones del observador ex- terno lo llevarían a decir cosas semejantes a esta: “la frondosa moti- vación interna de la decisión solo enmascara el machismo (racismo,
feminismo, activismo) del juez”. Los motivos de la decisión son las razones que explican su existencia y su sentido, pero no necesaria- mente están presentes en la justificación o motivación interna. A pe- sar de ello, en la mayoría de los casos, la motivación interna de la decisión contribuye de manera importante como guía para descifrar la decisión en clave externa, esto es, vista desde afuera.
En el sistema judicial colombiano, en el que se observa la pre-
misa constitucional de vinculación a la ley, en la motivación interna
el juez haría todo el énfasis en demostrar que la decisión se deriva de
premisas legales y consideraciones fácticas, algo así como que los hechos han juzgado, y que el juez no es más que el instrumento ciego
y neutral de la ley, algo así como la boca de la ley, para usar la cono- cida expresión.
Un observador externo, con una visión más amplia, podrá con- cluir que la motivación que se expresa en la decisión solo es un palio de los verdaderos motivos de orden psicológico, político, social, de las razones verdaderas que inspiran la decisión, pero que se mantie- nen en los arcanos del juez.
Asociada a esta problemática reside otra de no menor impor- tancia que consiste en mostrar la justificación interna de la decisión, que es en acreditar argumentativamente cómo se produce la subsunción desde el enunciado normativo general haciendo tránsito por el enunciado empírico (descriptivo) para llegar al enunciado nor- mativo particular que reposa en la conclusión. En paralelo, la justifi- cación externa nos llevaría a juzgar, por ejemplo, el enunciado normativo general o premisa mayor del silogismo judicial y no po- cas veces a justificar la forma como el juez se ve compelido a cons- truir el enunciado normativo general cuando en ausencia de norma no puede eludir la decisión porque así se lo impone la misma ley, en nuestro caso la Ley 153 de 1887. Igualmente hay justificación ex- terna, cuando el juez antes de acometer la labor de subsunción tiene que construir una variante o una réplica del enunciado normativo ge- neral, de tal generalidad y vaguedad como los principios, que no per- miten su aplicación en crudo o en su versión más general.
Se transfiere legitimidad por la vía de la fundamentación En los sistemas que toman partido por una decisión vinculada bien sea a la ley o a los precedentes, se produce un verdadero acto de mimesis. Una forma de mimetismo o camuflaje consiste en adoptar la forma de una especie protegida; en el sistema jurídico doméstico, la especie protegida es aquella sentencia que se ajusta o dice ajustarse en todo a la ley 24 . Esta sujeción, de la sentencia a la ley o del juez a la ley, permite a la sentencia quedar presuntamente protegida ante el embate de la crítica o la acusación de ilegitimidad; el esfuerzo argumentativo se encaminará, entonces, a demostrar la fidelidad del Juez a la norma legal y a acreditar que se ha seguido el algoritmo denominado subsunción, que supuestamente protege contra el error. En síntesis, la mimesis se produce porque el juez argumenta en fun- ción del parecido de su sentencia con algún modelo ideal que expre- sa subalternidad estricta respecto de la ley, y así lo hace porque este tipo abstracto de sentencia está protegida de la crítica. Igual ocurre cuando la sentencia es exuberante en la cita de antecedentes jurisprudenciales, los cuales se erigen en salvaguarda porque se dice son el reflejo de un acumulado de legitimidad que, como activo, re- posa en la jurisprudencia; cuanto más alto es el órgano que ha produ- cido la jurisprudencia, mayor será el valor agregado que se transfiere a la sentencia que hace la cita jurisprudencial como argumento de autoridad. Además, la sujeción o subordinación de la sentencia a la ley genera un curioso episodio de transferencia de legitimidad. La ley tiene como soporte la legitimidad democrática, en cuanto es expedi- da al amparo de las normas que regulan la auto reproducción del sis- tema normativo. La sujeción al procedimiento constitucional de creación de nuevas normas, por la fuente que expide la ley, el con- greso elegido popularmente, ofrece una dosis adicional de legitima- ción derivada de la sujeción a las formas de producción de las normas.
24 En verdad, la sujeción es a todo el sistema normativo.
Y a la representatividad que puede tener el congreso. La ecuación
que correlaciona elección, representación, órgano legislativo, lega- lidad y control judicial de constitucionalidad, hace de la ley un ins- trumento, en principio, dotado de un grado importante de legitimidad democrática.
Al proferir una sentencia con sujeción estricta a la ley, y cuanto más estricta, mejor, se pretende que la legitimidad democrática que reside en la ley se transfiera a la sentencia como un valor agregado.
Así, la legitimidad que emana de la ley se transfiere a la senten-
cia, por lo que si la sentencia misma muestra esa sujeción, mediante
la explicación de las reglas elegidas y del proceso de elección, con
68 ello pretende ser más legítima por apego al ordenamiento. Sin ago- tarse, la ley transfiere su legitimidad a la sentencia, pero conserva intacta su esencia; es lo que en la escolástica se conoce como la emanación. Esta emanación o transferencia de legitimidad de la ley a
la sentencia, para demostrar que esta viene de aquella, también po-
dría contribuir a explicar la erosión de la función judicial cuando la ley es escasamente legítima o totalmente ilegítima, lo cual depende
de la representatividad y consenso del sistema político en el que las
leyes son producidas.
Curiosamente, aunque no sea aplicada nunca, la esencia de la ley
se mantiene plenamente, pues ella no pierde su legitimación (en cual-
quier grado que la tenga) porque deje de ser usada. Puede ser que la sentencia tome la apariencia de una especie protegida (sentencia su- bordinada a la ley) como un acto de mimetismo que acontece cuando
en la justificación interna el juez hace un esfuerzo considerable por demostrar que dicha sentencia se ajusta a la ley; el observador externo que escruta los motivos verdaderos de la decisión puede correr el velo
de la apariencia y señalar que el juez ha introducido sus propias valora-
ciones bajo el palio de una supuesta sujeción estricta a la ley. Parte del examen crítico de las sentencias consiste en desvelar que no siempre
hay tal sujeción estricta a la ley, sino un acto de mimetismo. Todo cuanto acaba de decirse tiene la utilidad de mostrar el proceso com- plejo de producción de la sentencia judicial y en manos del juez pre- tende ser una herramienta analítica de su propio trabajo.
Son las razones que el juez consigna en la providencia las que hace públicas; si se quiere, son las razones que puede y conviene hacer públicas. Pueden existir otras razones inconfesables para la decisión, y cuando decimos inconfesables, no introducimos un de- mérito valorativo, pues pueden ser razones ocultas muy altruistas, pero que no son consignadas en la sentencia por diversos motivos. Hay motivos que no aparecen en la justificación de la decisión, bien sea por omisión inconsciente, porque no son considerados relevan- tes por el decididor, o por su incapacidad narrativa. A esta altura es importante una digresión para dejar sentado que la idea de un observador externo no coincide con la del juez de se- gunda instancia o con el juez de casación. El juez de segunda instan- cia se sumerge en la decisión, bien para aprobarla o bien para sustituir los motivos internos de la decisión; entendiendo como internos los motivos explícitos que consigna el juez, o sea aquello que hemos denominado motivación en la decisión, para diferenciarlos de los motivos de la decisión. Aquello que hemos clasificado como motivación interna o ex- plícita en la decisión, por oposición a la motivación externa, implí- cita o motivos de la decisión judicial, que explican su sentido, ha sido clasificado de otras maneras en la doctrina. Así, J. Wroblewski, citado por Jesús Aquilino Fernández 25 , distingue cuatro tipos de sen- tidos:
1. Justificación de la decisión judicial, que sería la argumenta-
ción que se aporta como sustento de una decisión en una situación controvertida.
2. Motivación legal de la decisión judicial, o argumentación que
aporta las razones que sostienen la decisión cuando la ley lo exige.
25 Aquilino Fernández, “Sentido y función de la motivación de las decisiones judiciales”, opúsculo publicado por la Universidad de Oviedo, 1997.
3. Explicación psicológica de la decisión judicial, en cuanto
análisis de los factores determinantes del contenido de la decisión
en el plano psicológico.
4. Explicación sociológica de la decisión judicial –análisis de
los factores determinantes del contenido de la decisión en el plano sociológico–, bien como una explicación más profunda del proceso psicológico de motivación o como elemento en un sistema comple- jo de relaciones sociales. No sobra añadir que la dicotomía entre motivación externa, en otro contexto se refiere a la justificación sobre el uso de las premisas empleadas para la decisión, bien se las califique de enunciados nor- mativos generales o como premisa mayor del silogismo, mientras
70 que la motivación interna se asocia al proceso de subsunción.
Este aparte también entra en relación con la indagación sobre para quién se escribe la sentencia judicial o cuáles son los auditorios esperados o previsibles de una sentencia judicial. Todo está conce- bido bajo el supuesto de que el juez, mediante un algoritmo acepta- ble, hará la debida inferencia o, dicho con otras palabras, el proceso lógico será impecable por la corrección formal que lo acompaña; el aparato lógico empleado para extraer la inferencia habrá de ser ge- neralmente aceptado y aceptable dentro de las varias posibilidades de elección. No obstante, a pesar de la corrección lógica, esa co- rrección formal de la decisión será inútil e insuficiente si alguna de las premisas es incorrecta. Así, en no pocos casos, el juicio que se haga a la sentencia será sobre las premisas y no sobre la forma como se derivó la conclusión a partir de las premisas o como se hizo la inferencia. El juicio que se hace sobre la bondad de las premisas es de diversa índole: puede ser una discusión sobre la jerarquía de las fuentes del derecho, la vigen- cia de la norma-supuesto, la antinomia-laguna (anomia), o la inade- cuada interpretación del texto normativo. También la discusión puede remontarse a los principios que sirven de soporte a la premisa esco- gida como supuesto de la decisión.
Pero el reproche también puede ser con respecto a premisas fácticas y, en tal caso, la censura contra el fallo habrá de consistir en que se ha dado por probado un hecho que no lo está, que se ha omiti- do uno que sí está demostrado y que es relevante para la decisión o que se ha dejado de aplicar una presunción. Como acabamos de ver, la justificación de la bondad de las premisas tiene como horizonte los diversos auditorios a los que va dirigida la sentencia 26 . La justificación de las premisas es algo así como cerrar el paso a futuras objeciones con cierta pretensión de universalidad, como construir una respuesta, lo más amplia posible, que satisfaga a todos los auditorios a los que va dirigida la sentencia. La satisfacción de cada destinatario se medirá por el grado de aceptabilidad de la sen- tencia y por las valoraciones que hagan sus críticos, y estas a su vez dependerán del escenario social y político. Así, una sentencia judi- cial que desatienda la aplicación de una ley expedida por un legisla- tivo respetable, con enorme anclaje social y legitimación, será con seguridad acremente desvalorada; al contrario, la reprobación será menor si el juez desacata o mediatiza la aplicación de una ley emana- da de un órgano legislativo en crisis de legitimidad. Por este camino llegaríamos al terreno deleznable del protagonismo de la judicatura y del lugar en que se hace el derecho, tema que desborda el objeto de estas reflexiones pero que siempre está presente en todas ellas.
La necesidad lleva a los jueces a crear el derecho en casos de ausencia de normas, para desechar una de dos que son contradicto- rias, o fijar el sentido de las que presentan anfibología 27 , lo cual ocu- rre con más frecuencia de lo que se supone. Igual cuando de la aplicación de una norma se sigue un absurdo, el juez se ve compeli-
26 Conocidos los auditorios es probable el ejercicio conocido como prolepsis, es decir, la anticipación que hace el argumentador a las futuras objeciones.
27 También cabría usar aquí la expresión anfibolía. Kant se refiere al concepto de
anfibolía de los conceptos de reflexión para referirse a los que tienen doble sentido.
do, ante la imposibilidad de abstenerse de decidir a crear el enuncia- do normativo general. Igual cuando el juez decide que un hecho está suficientemente demostrado. En semejante situación, el juez no es libre, está limitado por los enunciados dogmáticos, por los tópicos, por los precedentes. No puede decidir, ex nihilo, como si se tratase del primer día de la creación; no puede olvidar, como lo presenta Dworkin, que el Derecho es como una novela, y que cada aplicación es un nuevo capítulo que no puede omitir todo el discurso jurídico, como una especie particular del discurso práctico general. La segu- ridad jurídica no es solo sujeción a la norma positiva, es también, solo a título de ejemplo, el respeto por el precedente, de modo que la carga de la argumentación está en hombros de quien quiere com-
72 batir el precedente, bien sea el propio o el construido colectivamen- te. En el mismo sentido, Perelman, en Justicia y razón, plantea: “el sistema jurídico debe ser tratado por el juez como un sistema a la vez coherente y completo. Él debe interpretar el Derecho de manera que elimine las incompatibilidades y contradicciones que a primera vista puedan producirse y, por otra parte, completar las lagunas que
el legislador pudiera a primera vista haber dejado. Y
sus conclusiones refiriéndose a los textos legales. Además, en un sistema jurídico que haya consagrado el derecho a la igualdad, el valor del precedente 28 toma una dimensión descomunal por el dere- cho de los ciudadanos a ser juzgados de la misma manera. Por ello el comportamiento del juez no puede ser insular, tiene ataduras. La co- herencia le impone decidir igual que lo hizo ayer, igual que lo hicie- ron sus colegas; no puede ser un tiranuelo confinado en su torre de marfil. En ese sentido, el derecho es más conservador de lo que se piensa y así debe ser, en tanto el juez que quiera quebrar el paradigma vigente debe demostrar la necesidad y justicia del cambio. No es la consagración de la esclerosis del derecho, es la exigencia de estabi- lidad y seguridad que justifican la existencia del Derecho como for- ma de regulación social.
debe motivar
28 “El fundamento del uso del precedente lo constituye el principio de universabilidad y de inercia”. Alexy Robert. Teoría de la argumentación jurídica. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1989. Traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo. Pág. 276.
Independencia, imparcialidad y motivación: carga de de- mostrar la imparcialidad El principio de independencia judicial está correlacionado, de manera importante, con la garantía de imparcialidad; pues justamen- te para reclamar que el juez sea imparcial se impone como supuesto la independencia total, de modo que no haya ningún elemento conta- minante en el proceso de adopción de alternativas dentro de las di- versas posibilidades de elección que están al alcance del juez. Igualmente, la responsabilidad del juez –responsabilidad de todo tipo:
penal, disciplinaria, pecuniaria y, por qué no, responsabilidad social– está íntimamente vinculada al principio de independencia. La socie- dad no puede hacer al juez responsable si como premisa del ejerci- cio de su función no lo ha dotado de independencia; se es responsable porque se es libre de elegir y, en materia judicial, se es responsable porque se es independiente y autónomo. Se insiste, si el sistema cons- titucional no otorgara al juez plena independencia, difícilmente lo podría hacer responsable. La importancia de los principios de independencia e imparcia- lidad, en materia de justificación de la decisión judicial, atañe a que la imparcialidad, además de existir como una garantía, debe ser de- mostrada en el curso del debate; algo así como que “la mujer del Cesar no solo debe ser casta sino también parecerlo”. Como señala Taruffo 29 , la decisión no es imparcial en sí misma, sino cuando ella demuestra serlo. Las condiciones de independencia y de autonomía del juez permiten afirmar la existencia de una imparcialidad presun- ta; la presunción de que el juez es imparcial es una condición esen- cial al ejercicio de la judicatura, una premisa sin la cual no es posible proclamar un sistema jurídico evolucionado. Pero esa presunción de imparcialidad tiene un lugar importante en donde debe ser demostra- da y ese escenario es el de la motivación o justificación de las deci- siones. Tal es el momento estelar o la oportunidad para demostrar la imparcialidad hasta entonces, solo presunta.
29 M. Taruffo, “La motivazione della sentenza civile”, Padova, 1975, p. 370.
Por supuesto, ese afán de demostrar imparcialidad puede llevar al juez a todo lo contrario: una sobreabundancia de argumentación innecesaria o de razones intrusas pero prolijas (argumentación superfetatoria), pueden desnudar las verdaderas flaquezas de una sen- tencia. No es extraño que un juez –y ello ocurre también en la vida diaria– que se propone demostrar neutralidad consiga lo contrario:
todo se inicia con la afirmación de que el asunto, más allá de lo fun- cional, resulta indiferente al juez, le es enteramente ajeno, no tiene preconcepto o no hay contaminación alguna; pero cuando el juez ofi- cie para demostrar esa neutralidad puede resultar que con su esfuer- zo consiga acreditar que, efectivamente, había alguna distorsión o injerencia indebida o, por que no, un prejuicio o interés. Por ejem-
74 plo, ocurre con frecuencia que cuando hay una enorme presión mediática y el juez procura mostrar que los medios de información en nada afectan su neutralidad, consigue acreditar todo lo contrario. También hay un peligro cuando la decisión se adopta con un ojo puesto en las consecuencias; hecho particularmente relevante en un fallo de inconstitucionalidad, cuando el juez constitucional se refleja un esce- nario futuro con consecuencias críticas que le son advertidas desde los centros de opinión y de poder o cuando calcula o dejo de calcular las secuelas económicas de la decisión y, en función de ellas, se an- ticipa a las objeciones (prolepsis). De cualquier manera, asumimos como válido que la imparcialidad presunta tenga un lugar en el cual pueda demostrarse, porque existe, y ese lugar es la motivación. Una motivación serena, consistente, razonada y razonable imprimirá el sello de imparcialidad a la decisión, lo cual se consigue sin esfuer- zos ni demasías innecesarias, sin exageraciones y sin estridencias retóricas
Trataremos ahora de casos en los cuales se presenta exuberan- te información que no es pertinente para decidir. Claramente no se trata de argumentación falaz en tanto lógicamente las deducciones y derivaciones pueden ser impecables, formal y pragmáticamente 30 . No hay defecto de razonamiento, ni hay argumentos inválidos, ni siquie- ra malos argumentos, ni de argumentación redundante; se trata por el
contrario de argumentos que nada tienen que ver con el asunto. Se alude a los casos en los cuales las sentencias están llenas de argu- mentos intrusos e impertinentes. En estas situaciones argumentativas se revela la inconsecuencia de algunas prácticas que se asumen en las sentencias y que son una verdadera desconsideración con los lec- tores. Por falta de espacio no reproduciremos sentencias específi- cas, pero sí mostraremos brevemente la forma de introducción de algunas decisiones con sobreabundancia de razonamientos innece- sarios, muchas veces puestos en función de solapar, ¿porqué no? la ausencia de verdaderas razones.
es bilateral oneroso,
conmutativo, solemne. La bilateralidad de ese contrato ha sido defi-
nida como
La conmutatividad es una con-
dición inherente al contrato según la cual
No obstante la sentencia
ha recogido para decantarse en que
aunque modernamente ha evolucionado esa visión y se
Se dice, por ejemplo: “El contrato de
será adversa al demandante porque no se demostró el incumplimien- to del demandado. Como se puede inferir, es innecesaria toda men- ción a la naturaleza del contrato, porque nadie lo discute, el problema
es de “hechos”, de incumplimiento de un contrato que ambas partes aceptan en sus connotaciones generales y del que sólo se debate el incumplimiento.
Otras sentencias comienzan con incursiones en el derecho ro- mano, las pandectas, Justiniano, los glosadores, el derecho canónico, cuando el problema es, por ejemplo, de ilegalidad de la prueba practi- cada para demostrar un caso de lesión enorme. De nada sirve reciclar todo lo que la doctrina y la jurisprudencia han dicho sobre el homici- dio si la única prueba de la comisión del ilícito es una confesión obte- nida mediante tortura.
En resumen, estar consciente de que la sentencia es el lugar de encuentro de muchos intereses y miradas, es bastante útil para estar
30 Lo pragmático se refiere aquí a la relación entre los hablantes y el signo empleado para la comunicación.
en vigilia, porque la legitimidad del sistema se juega en cada uno de los fallos judiciales.
Luego de leído el capítulo, el grupo debe abor-
dar el examen colectivo de la utilidad que tiene
hacer las reflexiones necesarias. Siempre será
importante la referencia al módulo de interpre- tación constitucional.
Para debatir y responder en grupos, construir
intercambiar protocolos sobre las respues- tas.
¿Se escribe pensando en el consumidor de
¿A quiénes se identifica como consumidores
¿Cómo controlar el nivel o tono comunicati-
vo de la sentencia?
4. ¿Cómo controlar el uso del precedente?
5. ¿De qué depende el tamaño de la senten-
¿Está acaso la legitimidad de la sentencia
en proporción a su tamaño o extensión?
¿Han leído todas las decisiones de la Corte
Constitucional? ¿Alguien lo habrá hecho? Jus- tifican respuestas.
¿Han leído toda la producción de los órga-
nos máximos de la jurisdicción, acaso para una
Si no se ha leído el conjunto de las jurispru-
dencias, ¿por qué?
Si todos los órganos de la jurisdicción re-
producen los fallos anteriores (precedentes), junto con los aportes de los demás operado-
res, ¿cuál será el volumen futuro de la juris-
Coméntese el prestigio de citar proceden- judiciales en abundancia.
Coméntese sobre la conveniencia de dis-
cutir públicamente las sentencias judiciales.
Coméntese si es posible demostrar la su-
jeción a la ley. Si todos los operadores se su- jetan a la ley, ¿por qué razón hay decisiones diferentes aplicando la misma norma?
Coméntese: efectivamente hay sujeción a
la ley o el juez, mediante pirotecnia retórica, simula sujeción a la ley.
Coméntese qué ha entendido por mimesis
Los participantes deberán analizar la siguiente providencia, de fecha 4 de diciembre de 2000, emitida por una de las Salas de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Para ello, deben:
1. Describir su estructura argumentativa,
2. Eliminar lo que consideren descripciones o
argumentos innecesarios hasta dejar reducida la decisión a su minima expresión,
Añadir otros argumentos que se consideren
4. Ensayar una decisión contraria,
5. Proyectar una decisión de tutela propuesta
contra esa providencia al amparo de que con ella se viola el debido proceso por carecer de argumentación.
“Ha llegado a conocimiento de esta corporación el proceso
, tos, tanto por la parte demandada en el incidente, como el incidentante mismo; ambos recursos se intentan contra el auto de fecha 31 de enero del año 2000. LA PROVIDENCIA RECURRIDA. Mediante la providencia recurrida, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de esta ciudad condenó al demandante a pagar los perjuicios ocasionados a la demandada con las medidas cautelares que recayeron sobre los predios denominados Jaboque Alto y Jaboque Bajo, ubicados ambos
en virtud de los recursos de apelación interpues-
en el municipio de Engativá, bajo la consideración central de que en esta materia se ha implantado el llamado criterio objetivo, consis- tente en presumir que la mera consumación de la medida cautelar causa perjuicios.
e Argumentó el Juzgado de primera instancia
las pruebas recogidas, analizadas ellas en
conjunto, lleva a la convicción de que el de-
mandado sufrió un perjuicio real, particular-
mente por dejar de percibir los ingresos que
normalmente produce un predio, en este caso
por tratarse de un fundo apto para la explo-
tación ganadera, actividad a la cual se dedi-
caban anteriormente los terrenos
Concluyó el Juzgado que tal perjuicio acon-
teció como consecuencia de la cautela y que
los daños padecidos ascendieron a la suma
de dieciocho millones novecientos quince mil
seiscientos ochenta y dos pesos con setenta
y tres centavos ($18’915.682.73).
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN El apoderado de la parte demandante solicita se revoque la pro- videncia del a quo, puesto que considera que según el artículo 177 del C. P. C. le corresponde al interesado probar los elementos del daño y analizadas las pruebas practicadas dentro del proceso conclu- ye que no se han demostrado tales elementos. A juicio del demandante no existe relación de causalidad entre el hecho y el daño, toda vez que según reza la diligencia de secuestro, realizada en 1987, para esa época el terreno ya estaba en gran parte inundado, pues era terreno pantanoso y cenagoso, y que así no se hubieran practicado las cautelas, el predio hubiese corrido el mismo riesgo de inundarse con las aguas negras, vertidas por terceros que hicieron un poblamiento con construcciones ilegales. Agrega que hubo culpa del demandado y de terceros, de aquel al no dejar cons- tancia en la diligencia de secuestro y por no pedir oportunamente la entrega del inmueble por parte del secuestre. También alega el de- mandante la culpa de los urbanizadores por violar las reglas propias del uso del suelo urbano.
Razona el demandante que no hay prueba para liquidar suma alguna por perjuicios, puesto que no se puede hacer una cuantificación sobre supuestos de hecho inexistentes, supuestos concebidos por los peritos pero carentes de soporte probatorio en el proceso. Por su parte, el apoderado de la parte demandada argumenta que erró el Juzgado al concluir que todo el terreno estaba inundado, toda vez que en la diligencia de secuestro se estableció que era parte del predio la que estaba en esas condiciones. Además, añade el de- mandado, ahora incidentante en el reclamo de perjuicios, que en 1987 el terreno estaba inundado con agua natural no contaminada, produc- to de humedales compatibles con la presencia de pastos. Razona el demandado que la parte en cuyo favor se decretaron las medidas cautelares y también aquel que está en la obligación de administrar el bien cautelado, son solidariamente responsables por los perjuicios que causen tales medidas. Agrega que según el artículo 510 del C. P. C., el legislador presume que se han causado perjuicios con la práctica de las medidas cautelares, y que en el incidente que se tramite para tal efecto la ley solo menciona que pueden intervenir incidentante (demandado) e incidentado (demandante), sin referirse en ningún momento al llamamiento en garantía de los posibles obli- gados solidarios. Por último, aseguró que el Juzgado una vez decidida la alzada no dictó el correspondiente auto de obedecimiento a lo resuelto por el Tribunal, por lo cual al demandado no le fue posible iniciar de forma rápida el incidente de perjuicios ni solicitar la entrega del inmueble. CONSIDERACIONES En decisión de veinticinco (25) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996) este Tribunal, en una de sus salas de decisión y en el proceso EJECUTIVO promovido por José del Carmen Torres Fernández contra Inversiones M. V. P., expresó: “La jurisprudencia nacional tradicionalmente ha juzgado que tratándose de responsabi- lidad civil extracontractual, derivada del abuso del derecho a litigar, es necesario demostrar la culpa, el daño y la relación de causalidad. Pero no está de más señalar que las anteriores exigencias son válidas como planteamiento general cuando el causante del daño haya obra- do con temeridad o mala fe, o cuando haya errado culposamente en
la elección de los medios idóneos para adelantar su reclamación. En estas dos hipótesis deberá demostrarse la culpa a partir de la aplica- ción del artículo 74 del C. P. C. o del juzgamiento de la conducta negligente del causante del daño. Pero la ley, en eventos especialísimos, es extremadamente rigu- rosa para con el litigante que fracasa. Uno de ellos es el previsto en el artículo 687 del C. P. C., precepto que impone al juez el deber de con- denar al pago de los perjuicios causados con las medidas cautelares, sin averiguar la culpa en que incurrió el proponente de las medidas. En este caso especial, y en otros taxativamente legislados, se entronizó una especie de responsabilidad objetiva, por virtud de la cual no se indaga el grado de culpa del peticionario de las medidas cautelares,
80 sino que se presume legalmente la misma. Por idéntica razón, la pro- pia ley remite al artículo 307 del C. P. C. para proceder a la liquidación de los perjuicios. La anterior consideración excluye la posibilidad de que en el incidente autorizado para la liquidación de perjuicios, se haga alguna consideración sobre la culpa del demandante”.
Entonces, el cometido del peticionario en el incidente previs- to en el artículo 307 del C.P.C. debe encaminarse a acreditar el daño recibido y la relación de causalidad entre las medidas cautelares y aquel daño que se dice afectó al incidentante.
Corresponde entonces indagar en primer lugar sobre la prueba del daño padecido por la víctima, para lo cual es necesario reconstruir el itinerario de los hechos y los fundamentos probatorios de la recla- mación.
Ubicados en el dominio de una reclamación por lucro cesante, y de esta naturaleza es la presentada por el incidentante, ha dicho la H. Corte: “El lucro cesante, como ganancias perdidas, aumentos frustrados”, “ganancia o provecho que deja de reportarse” (art. 1614 del C. C.), solamente constituye indemnización cuando, además de representar la privación de una utilidad económica o frustración de un beneficio patrimonial, de una parte, surge como “consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardar su cumplimiento” (ibídem), lo que constituye un daño general pero no necesariamente consecuencial del daño emergente; y, de la otra,
que dicho menoscabo o detrimento patrimonial goce de la certidum- bre, en el sentido que exista real y efectivamente en forma concreta, bien sea actual o presente, ora de manera futura, y no se limite a ven- tajas hipotéticas, eventuales, abstractas, utópicas o simplemente du- dosas o contingentes, esperanzas infundadas de chances o el simple peligro dañosos (Sentencia 255 de 12 de julio de 1990). Bajo esta perspectiva, para que la supuesta afectación del po- der de disposición de la propiedad alcanzara la categoría de lucro cesante, debió acreditar el incidentante que el bien estaba destinado a ser vendido y que tal acto reportaba beneficios en una cuantía de- terminada, dato que no aparece demostrado en autos. En reiterada doctrina se ha señalado las diferencias que se dan entre la responsabilidad contractual y vía extracontractual, figuras gemelas, fundadas ambas en el postulado general de derecho, según el cual nadie debe sufrir perjuicio por el hecho ajeno (nemo ex alteria culpa praegravari debet) y que son las dos fuentes de las obliga- ciones indemnizatorias impuestas por tal principio; pero que tam- bién tales figuras presentan entre sí rasgos diferenciales y son objeto de tratamientos jurídicos diversos, por ofrecerse ellas en situacio- nes fácticas igualmente diversas. En efecto, la responsabilidad con- tractual solamente tiene cabida en el campo del incumplimiento de los actos jurídicos, vale decir, en los eventos de inejecución total o parcial de las obligaciones que estos producen, o de la ejecución defectuosa o tardía de las mismas, cuando tales hechos son imputa- bles a la conducta intencionada o culposa del deudor, a cuyo cargo se impone, entonces, la obligación de indemnizar los perjuicios sufri- dos por su acreedor. Por el contrario, la responsabilidad extracontractual tiene un ámbito mucho más amplio, como quiera que ella no presupone entre las partes la existencia de un vínculo obligatorio concreto nacido de un acto jurídico, sino que tiene ob- servancia general en todos los casos en que la suprema regla del de- recho neminem laedere resulte violada. Con otras palabras: por el solo hecho de vivir en sociedad pesa sobre toda persona el deber de comportarse honesta y prudentemente para que todas sus actuacio- nes, aun las legalmente permitidas, no rompan esa “justa proporción real y personal” que debe existir entre todos los asociados y de la
que depende la tranquila convivencia colectiva. Quien incumple este deber supremo, impuesto por la más primaria de las exigencias de vida social, inexorablemente contrae la obligación de indemnizar todos los daños que a otros haya interrogado con su conducta desho- nesta o imprudente.
La afirmación de la responsabilidad civil extracontractual en que pueden incurrir quienes ejercen las profesiones liberales, dis- tinta de la contractual a que también están sujetos por el incumpli- miento de los convenios que con sus clientes celebren para la prestación de servicios, es tema también ya definido por la jurispru- dencia dentro de los lineamientos de su aludida doctrina general. Así, en sentencia del 5 de marzo de 1940, la Corte declaró:
“El ejercicio de las profesiones liberales que en la mayoría de los casos es la consecuencia de un acto jurídico, lleva anexa en su realiza- ción y ejecución la responsabilidad civil del profesional; de manera que las relaciones jurídicas entre este y su cliente no están circunscritas únicamente a una actuación pasajera y fugaz, sino que trascienden a la órbita más amplia de la responsabilidad. No es el ejercicio de estas pro- fesiones solamente la aplicación de los principios técnicos y científi- cos, sino que también está condicionada a las normas protectoras del individuo y de la sociedad y que constituyen los elementos fundamenta- les de la moral profesional. La técnica y la moral condicionan, por lo tanto, el ejercicio honesto de dichas profesiones. Sin la primera, la ac- ción del profesional es científicamente censurable; sin la segunda esa acción puede convertirse en una actividad peligrosa.
la responsabilidad del principio universal de dere-
cho neminem laedere y comprende y abarca todas las materias con- cernientes a la actividad humana, según expresión de Lalou (La Responsabilité Civile): en la moral, en las relaciones internacionales,
en el derecho público, en el penal y en el privado.
“El principio universal ya expresado, neminem laedere, en tra- tándose de la responsabilidad civil, se bifurca, porque el perjuicio puede venir de un acto contractual, violación o incumplimiento del contrato, ley de las partes, o de un hecho extracontractual voluntario o no, que perjudique a terceros.
arranca “
“De modo, pues, que la responsabilidad civil y por lo tanto la profesional, puede derivarse del incumplimiento o violación de un contrato, o consistir en un acto u omisión que sin emanar de ningún pacto cause perjuicio a otro. Esta da lugar y nacimiento a la responsa- bilidad contractual reglamentada en el Código Civil, especialmente en el Título XII del libro IV y a la extracontractual o aquiliana a que se refiere el título XXXIV, también del libro IV de dicha obra” (Ga- ceta Judicial número 1.953, página 117). “Dentro del precitado orden de ideas, no es de recibo la confu- sión entre la responsabilidad contractual en que puede incurrir el abo- gado por el incumplimiento de las obligaciones contraídas con su cliente al encargarse de la defensa en justicia de los derechos de este, tales como la de emplear honesta y diligentemente los conocimientos científicos y técnicos necesarios para que tales derechos logren el amparo judicial que merezcan, y la responsabilidad extracontractual que pueda derivarse a cargo de dicho profesional por los perjuicios que sus actuaciones intencionales o culposas puedan ocasionarle a terceros, entre quienes se cuenta la contraparte de su defendido, cu- yos intereses legítimos también merecen respeto y están amparados por el postulado neminem laedere, expresamente consagrado por el artículo 2341 del Código Civil. “Al establecer la ley las vías judiciales para que los particulares puedan hacer valer sus derechos, descarta, en principio, la responsa- bilidad de aquellos y de sus procuradores por el empleo normal de dichas vías según el clásico aforismo ‘a nadie perjudica quien usa del derecho y ejercita las acciones ordinarias’ (neminem leadit qui jure sou utitur et ordinaria actione expeditur). “Por el contrario, quien litiga con temeridad o imprudencia ma- nifiesta y quien emplea las vías de derecho con una finalidad distinta o desproporcionada de la que ha determinado su establecimiento, co- mete abuso que le acarrea la obligación de indemnizar los daños que así le irrogue injustamente a la contraparte. Y si esta responsabilidad se predica de los litigantes, quienes de ordinario están excluidos de las actuaciones forenses aun en causa propia, por carecer de la for- mación científica y técnica requerida para su propia defensa, como también para evitar el peligro que dichas actuaciones puedan entra-
ñar para la recta administración de justicia y para con el derecho aje- no, con mayores veras tal responsabilidad ha de afirmarse respecto del profesional de la abogacía, en quien se presume esa calificada idoneidad para el cumplimiento de su alta misión de colaborar con los jueces en la debida aplicación de las leyes y de los dictados de la equidad que las preside. La preceptiva de la responsabilidad civil extracontractual, en cuya cúspide se ubica el principio consagrado en el artículo 2341 de nuestro Código Civil, no admite distinciones:
siempre que un daño injusto encuentre su causa única o concurrente con otras en actuaciones jurídicamente censurables, se impone la reparación en integral de dicho daño por el agente o agentes de tales actuaciones, sin que ninguno de estos pueda ser recibido a descargar 84 su responsabilidad en la ilícita conducta concurrente de los otros o en el hecho de haber obrado por cuenta y riesgo de los mismos”. (Sentencia de 13 diciembre de 1968, Sala de Casación Civil. Ponen- te: Mag. GUILLERMO OSPINA FERNÁNDEZ ) Orientado este Tribunal por el marco normativo y jurisprudencial que acaba de trazarse, aborda enseguida el examen del caso específi- co que provocó la segunda instancia. LAS FUNCIONES DEL SECUESTRE Y LA RESPONSABILI- DAD DE LAS PARTES Ausencia de relación de causalidad. Corresponde al Tribunal en esta ocasión decidir el reclamo puesto por una persona afectada con medidas cautelares, lo cual supone juzgar si los perjuicios recibidos se derivan directamente de la denuncia de bienes hecha en la deman- da o, lo que es igual, determinar si existe relación de causalidad en- tre la conducta desplegada por el demandante y el daño recibido por el afectado. El sistema establecido en nuestro procedimiento civil prevé la figura del secuestro, no sólo como medio para separar al demandado de la administración de los bienes, sino también para preparar la en- trega de la cosa que eventualmente pueda ordenarse con ocasión de la compraventa en subasta, que se hace necesaria cuando el deudor se resiste a cumplir voluntariamente con la obligación de pagar la deuda. El secuestro está regulado primitivamente en el Código Civil como una modalidad del depósito y consiste en la entrega que se hace
de un bien a una persona con cargo a restituirlo en beneficio de quien obtenga una decisión a su favor. El depositario se llama secuestre según reza el artículo 2273 del Código Civil. Además, esta modalidad particular de depósito también se aplica a los bienes raíces porque así lo manda el artículo 2275 del referido Código Civil. En desarrollo de los anteriores preceptos, y para fijar las obli- gaciones del secuestre-depositario, el artículo 2279 de la obra cita- da establece que el secuestre debe dar cuenta de sus actos al futuro adjudicatario. Este horizonte normativo se completa con el artículo 2276 del Código Civil, que clasifica el secuestro en convencional o judicial. Este referente prescriptivo nos lleva directamente a indagar el tipo de relaciones sustanciales que se establecen entre el secuestre, como auxiliar de la justicia y las partes del proceso. De conformidad con las normas citadas, el secuestre es un auxi- liar de la justicia designado por el juez, y ello en principio pudiera llevar a pensar que las relaciones se establecen entre el secuestre y el aparato judicial, aunque en verdad las relaciones y responsabilidades del secuestre, como depositario que es, surgen con una de las partes del proceso, sin perjuicio de la adecuada vigilancia y control que el juez debe ejercer respecto de la actividad de ese auxiliar de la justicia denominado secuestre. El escenario normativo arriba citado revela que existen las mo- dalidades de este secuestro judicial y secuestro convencional, que in- clusive este, el convencional, también se ha desarrollado en las leyes de procedimiento (artículo 9º numeral 4º del Código de Procedimien- to Civil). Igualmente, la ley sustancial tiene establecido que el secues- tre debe dar cuenta de su administración al futuro adjudicatario y debe tomarse por tal a quien resulte vencedor en el litigio. Se concluye de todo lo anterior que en el caso transitoriamente sometido al examen del Tribunal, el demandado que salió triunfador en el proceso ejecuti- vo no sólo tiene derecho a poner fin a las cautelas, sino a reclamar cuentas de la administración ejercida por el secuestre. La concepción sustancial de la institución del secuestro está complementada por el Código de Procedimiento Civil, que estable- ce la obligatoriedad para el secuestre de dar cuenta permanente del
resultado de su administración. Así, el artículo 10 del C.P.C. impone al secuestre el deber de depositar los dineros producidos por los bienes en la cuenta de depósitos judiciales y a órdenes del juzgado de conocimiento. Igualmente, el artículo 10 establece que el secuestre debe dar al juez un informe mensual de su gestión, sin quedar por ello exonerado del deber de rendir cuentas de su trabajo. El Código de Procedimiento distinguió entonces entre informes y cuentas de la gestión que debe rendir el auxiliar de la justicia, pero en cualquier caso estableció que la omisión del deber de rendir informes periódi- cos o de dar cuentas de la administración, son causal de relevo de la función y exclusión de la lista de auxiliares de la justicia.
El artículo 689 del Código de Procedimiento Civil establece
86 que al terminar el desempeño del cargo, el secuestre debe rendir cuentas comprobadas de su administración dentro de los diez días siguientes. Igualmente, la norma establece que en cualquier tiempo el juez, de oficio o a petición de parte, puede disponer que el secues- tre rinda cuentas.
Como síntesis de lo antes dicho, podemos concluir que cual- quiera de las partes y el juez pueden reclamar aquellos y este ordenar de oficio, como instrumento de control de la actividad del secuestre, que el auxiliar de la justicia dé cuenta razonada de su gestión.
El artículo 688 del Código de Procedimiento Civil establece que las cuentas presentadas por el secuestre se tramitan como lo dispone el artículo 599 del mismo compendio procesal. Esta norma, propia de los procesos de sucesión, señala que una vez rendidas las cuentas de la gestión del secuestre, de ellas se correrá traslado a las partes por tres días, luego de lo cual pueden ser aprobadas.
En todo caso, si no existe conformidad de las partes respecto de las cuentas rendidas por el secuestre, el juez ordenará que se rin- dan en proceso separado.
Todo lo dicho hasta aquí señala que la actividad desplegada por el secuestre debe ser controlada por el juez y por las partes, pero es muy notorio que esa actividad de control corresponde más al futuro adjudicatario y, por qué no decirlo desde ya, al propietario de las cosas, que mientras no haya sido vencido en el litigio tiene el deber
de permanecer en vigilia respecto del destino que puedan tener los que son sus bienes. Entonces, el demandado puede y debe, más que
nadie, reclamar al juez que el secuestre rinda cuentas de su gestión y,
si nada de ello hace, no puede trasladar al demandante el resultado de
una mala administración hecha por el secuestre. Nótese que si las cuentas hubieran sido presentadas por el secuestre y objetadas por el cliente o el demandado, ellas deberían rendirse en proceso separado, por que así lo manda los artículos 688 y 599 en el cual el único legitimado para accionar sería el demandado y propietario de los bie- nes secuestrados. A todo lo anterior debe añadirse que las leyes de procedimien- to tienen previsto, para proteger a las partes, que el secuestre deba prestar una caución y aun mejorar la prestada. La naturaleza y monto de la caución deben ser fijados por el juez mediante auto susceptible del recurso de apelación. Ello señala que están previstas procesalmente las seguridades y coberturas para conjurar una mala administración del secuestre y que si tal hecho se presenta, no puede asumir siempre el demandante la responsabilidad por ello. Como quiera que el demandado conoce de la existencia de la medida cautelar, se deduce que podía discutir plenamente la suficiencia de la caución prestada en su beneficio y que si no lo hizo, de ello no debe respon- der el demandante. Se desprende de lo anterior que los actos de mala administración del secuestre no tienen causa directa en la solicitud de la medida, sino en la inoperancia de todos los instrumentos de control que legalmente han sido previstos para impedir que esa mala administración ocurra, instrumentos que, valga repetirlo, estaban al servicio del demandado ahora promotor del reclamo por perjuicios
y no precisamente del demandante. De todo lo dicho anteriormente se puede concluir que entre la consumación de cautelares, por iniciativa del demandante, y el desca- labro en la administración de los bienes secuestrados no hay una rela- ción causal directa, en tanto el sistema que antes se ha descrito tiene prevista toda una serie de controles para que los bienes administra- dos por el secuestre mantengan su nivel de productividad. Presenta- do de otra manera, la consumación de medidas cautelares es condición necesaria para que exista el secuestro y por ello mismo condición
necesaria de una eventual mala administración. No obstante, aunque la consumación de las medidas es condición necesaria para que el daño se produzca, no es condición suficiente, en tanto para que ocurra el desmedro económico resultante de una nefasta administración, no basta con la realización de las cautelas, sino que es menester que concurra no solo una actitud negligente y desidiosa del secuestre, sino también la omisión del demandado, que tiene todos los instrumentos procesa- les para evitar el descalabro económico que ocurre en su presencia y con su silencio. Todo demandado que soporta un embargo puede y debe provocar, como ya se dijo, toda una serie de providencias tendientes a apartar al secuestre de su función, y a reclamarle cuentas, en el mismo proceso o en juicio separado, cosa que no hizo el demandado en este
88 asunto. En resumen, no basta con la existencia de la medida cautelar para que de manera inexorable se genere un daño, sino que es menester la concurrencia de otros factores que escapan al control de quien soli- citó y obtuvo la medida. Dicho con otras palabras, la mala administra- ción no es un agravamiento del riesgo creado por el secuestro sino un riesgo enteramente nuevo, que se erige por sí en la causa del perjuicio. Por el contrario, quien reclama medidas cautelares cuenta con que el diseño de las instituciones procesales prevé los remedios para evitar actos de mala administración y a tal cuadro normativo se ampara. De esta manera, no se puede cargar al demandante con todo el peso del mal funcionamiento de las instituciones que han sido comentadas. Por lo demás, reitérase una vez más que el demandado, como propietario triunfador de la litis, tiene acciones para reclamar al secuestre la ren- dición de cuentas de la gestión, para lo cual no estaría legitimado el demandante. Como epílogo de los anteriores razonamientos surge la descali- ficación de las pretensiones del incidentante, que ha omitido el deber de reclamar cuentas al secuestre como lo ordena la ley, omisión que lo inhabilita para trasladar el demérito económico al demandante. Se ha planteado también en el incidente una reclamación por daño emergente, en tanto el inmueble fue anegado por el vertimiento de aguas negras realizado por urbanizaciones vecinas, que aprove- charon el menor nivel del predio para arrojar allí las aguas residuales, ocasionando un deterioro del inmueble. El daño reside en que la pre-
sencia continua de esas aguas inhabilita el inmueble para una explo- tación racional. Sobre este particular la Sala advierte, en primer término, que el demandado participó en las diligencias de secuestro y que por lo mis- mo tenía conocimiento de la existencia del proceso, de lo cual se si- gue que podía reclamar del secuestre las providencias necesarias para la defensa del inmueble. Pero además de lo anterior, en verdad, la medida cautelar no inhabilita al demandado para provocar, en su cali- dad de propietario, todas las medidas judiciales y administrativas ten- dientes a precaver las acciones que ejecutaban los vecinos. Es cierto que la administración del inmueble estaba confiada al secuestre, pero ello no implica que la defensa judicial del inmueble no pudiera ser realizada por el propietario. Este podía promover procesos adminis- trativos encaminados a poner fin a los actos que ejecutaban los co- lindantes en desmedro de la heredad. Pero si ello no fuera suficiente, de nuevo aparece un rompi- miento del encadenamiento causal, en tanto la mera cautela no está directamente anudada a la conducta desplegada por los vecinos. En efecto, ninguna relación de causalidad puede establecerse entre la existencia de un embargo y la conducta dañosa ejecutada por los co- lindantes al verter aguas residuales y literalmente anegar la propie- dad hasta convertirla en atarjea. Es que el demandante cuando solicitó la medida cautelar, no podía tener en mente, no podía reflejarse siquiera como una situa- ción hipotética, las acciones dañosas desplegadas por los vecinos que consisten, como ya ha quedado descrito, en arrojar desechos al inmueble. La actitud de los vecinos no era algo que pudiera prever el demandante al reclamar la medida ni sobre lo cual tuviera gobierno y control, pues tal tarea correspondía al propio demandado y subsidiariamente al secuestre. No puede el demandado en este asun- to derivar provecho de su propia incuria, consistente ella en dejar de ejercer las acciones necesarias para restañar el daño que se estaba ocasionando al inmueble atendida la notoriedad del mismo. Admitir la reclamación por daño emergente hecha por la parte demandada, sería tanto como decir que el demandante en un proceso
ejecutivo debería responder hasta por la ruina de un edificio causada por una construcción vecina. Reitérase que no hay siquiera una tenue relación causal entre la vigencia de una medida cautelar y las accio- nes ejecutadas por los vecinos. Se añade a lo dicho que tan solo el demandado se halla habilitado para reclamar de los vecinos la indem- nización originada en la responsabilidad civil extracontractual a ellos atribuible, legitimación que descarta por sí sola la responsabilidad endilgada a la demandante. Para poder atribuir responsabilidad a la demandante por las acciones de terceros, sería menester demostrar que el demandado, en su calidad de propietario, intentó las acciones judiciales y administrativas necesarias para la defensa judicial del pre- dio y que no fue oído por la autoridad competente por la existencia
90 de la medida de secuestro. Como no se ha demostrado que la medida cautelar haya sido un impedimento para que el propietario atajara el daño que se estaba causando a su predio, desaparece el vínculo cau- sal idóneo para derivar responsabilidad a cargo del demandante.
Entonces son dos los motivos que tiene el Tribunal para desechar la petición de reconocimiento de daño emergente nacido de la inundación. En primer término, que son hechos exclusivos de ter- ceros ajenos por entero a la parte demandante y descoyuntados causalmente de la existencia y vigencia de la admitida cautelar. A lo anterior se agrega que el demandado, no el demandante, es el único habilitado para ejercer la defensa judicial respecto de los vecinos y luego de producido el daño para reclamar de ellos la indemnización, invocando para tal efecto la responsabilidad extracontractual como fuente de las obligaciones.
Para fortalecer la existencia de un nexo causal, la parte deman- dada (incidentante que reclama perjuicios) acude a la teoría de la “equivalencia de las condiciones” o de la conditio sine qua non, se- gún la cual bastaría con afirmar que de no haber existido la medida el daño no se habría producido. Aunque para demostrarlo en el escrito de sustentación se cita la obra de los hermanos Mazeud, la verdad es que esas autorizadas voces reproducen la idea de Von Buri sobre la teoría de la “equivalencia de las condiciones”, pero para combatirla por desacertada.
En efecto, unas pocas páginas después de la cita del autor ale- mán, los hermanos Mazeud expresan (página 23. T. 2 V. 2 Tratado Teórico y Práctico de Responsabilidad Civil): “Sin embargo, en la
actualidad está permitido afirmar, sin vacilación, que esta tesis (la de la equivalencia de las condiciones) está rechazada. Está rechazada en
lo concerniente a la responsabilidad por las cosas inanimadas
rechazada también en lo concerniente a la responsabilidad por el he- cho personal. La Corte de Casación reconoce, en particular, que quien conduce un automóvil sin poseer permiso no es necesariamente res- ponsable del accidente en cuya producción ha participado su coche;
que, asimismo, el propietario de un carro de carreras, que circula sin autorización, no es necesariamente responsable de la colisión; que una empresa no es necesariamente responsable del accidente ocurri- do a una persona que aquella emplea ilegalmente; que quien procede erróneamente a un embargo no responde de la malversación a la que
se entrega el guardián de los objetos embargados
De lo hasta aquí transcrito se infiere, que los hermanos Mazeud no comparten la tesis de la equivalencia de causas sostenida por Von Buri, e invocada por quién reclama los perjuicios, pero lo más sor- prendente es que de modo explícito desechan que quien solicita un embargo deba responder por la malversación ejecutada por el se- cuestre.
Como puede apreciarse, es cierto que la ley permite presumir la culpa del demandante cuando fracasa en una ejecución en que se han realizado medidas cautelares, pero de ello no se sigue necesaria- mente que deba responder de todas las vicisitudes o contingencias padecidas por el demandado, sino solo de aquellas que de manera directa se derivan causalmente de la existencia del secuestro.
Se ha planteado en este asunto una objeción contra el dictamen por error grave, pues se acusa que la pericia contiene falencias de tal magnitud que la hacen impropia para llevar al convencimiento del juez. A pesar de lo anterior, no hay pruebas, porque no fueran pedidas, para demostrar los errores que se endilgan al trabajo pericial. Puede ser que los auxiliares de la justicia hayan equivocado la adopción de algunos parámetros o la estimación de algunos hechos que dieron como
demostrados cuando estaban en duda, pero de ello no se sigue la exis- tencia de un error, que no debe ser cualquier error, sino aquel califi- cado como grave, en tanto haya sido de tal magnitud que haya socavado los fundamentos mismos del trabajo, o sea absolutamente contraevidente con los hechos demostrados en el proceso. En au- sencia de prueba del error grave, y aunque ello no comporta adhesión a los fundamentos de la pericia, hizo bien el a quo al desestimar la objeción. De conformidad con lo antes considerado, se revocarán los nu- merales 2, 3 y 4 del auto de fecha enero 31 de 2000, para en su lugar desestimar las pretensiones del incidentante y condenar en costas al promotor del incidente.
92 DECISION En mérito de lo expuesto esta sala de decisión del Tribunal Su- perior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., R E S U E L V E:
PRIMERO: REVOCAR los numerales 2, 3 y 4 del auto de fe- cha 31 de enero del año 2000 proferido por el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá, por medio del cual se condenó a la demandante a pagar a la incidentante los perjuicios ocasionados con la prestación de una caución dentro del proceso ejecutivo de contra SEGUNDO: Condenar en costas de ambas instancias a la parte promotora del incidente. Tásense las de este grado”.
Como la función del derecho es la estabili- dad de las expectativas y la predictabilidad, si decidimos con el mayor número de ele- mentos de juicio, reducimos la incertidum-
bre. Una forma de reducir incertidumbre es tomar conciencia del proceso interno de de- liberación que precede a la decisión judicial, la decisión misma, la narración y comunica- ción de lo decidido.
En esta unidad se presenta un boceto de la discusión que atañe a elucidar si se puede establecer una clara separación entre los con- ceptos de interpretación y argumentación. Aunque se perciba algo de densidad en su tratamiento, en verdad solo busca demos- trar que el proceso de elaboración de la sen- tencia judicial es algo que puede ser soportado en algún esbozo de teoría del co- nocimiento pertinente para el acontecer jurí- dico. La costumbre, la fuerza inercial del quehacer judicial cotidiano, probablemente no nos permite ver que la construcción de sentencias es un proceso lleno de compleji- dades, dentro de las cuales hay ciertas re- gularidades que merecen la atención. Probablemente el objetivo de estas notas no sea otro que despertar la curiosidad del juez sobre las implicaciones téoricas de su tra- bajo; lo demás viene por añadidura.
La selección de este tema no es arbitraria, pues con ella se busca integrar el módulo a
otros afines y tratar de mostrar la continui- dad del proceso, para ver que interpretación
argumentación no pueden estar ausentes
en un esfuerzo que pretenda mostrar la es- tructura de la sentencia judicial.
Decidir racionalmente es decir desde el co- nocimiento y guiado por la lógica pretende excluir el azar y la arbitrariedad.
aspecto medular de esta unidad está en el tra-
tamiento teórico del proceso de conocer, debe to- marse como puramente informativo y la evaluación sobre el de debe ser reducida.
94 LOS CONTEXTOS DE DESCUBRIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN
Si abordamos la tarea de separar interpretación y argumenta- ción, seguramente hallaremos problemas para trazar unos linderos precisos. Si se separan interpretación y argumentación, ambos como actos complejos, ha de admitirse alguna secuencia para anteponer la interpretación a la argumentación o viceversa, pues los dos procesos parece no suceden simultáneamente. Hay otro tipo de secuencia, un tanto circular, según la cual la interpretación precede a la argumenta- ción, y una vez hecha esta, de nuevo surge una interpretación que recae esta vez sobre los argumentos. Cabría igualmente preguntarse si es posible argumentar sin in- terpretar o interpretar sin argumentar, esta vez internamente como proceso de deliberación. Manuel Atienza 31 expresa a este respecto: “Un segundo campo en que se efectúan argumentos jurídicos es el de la aplicación de nor- mas jurídicas a la resolución de casos, bien sea esta una actividad llevada a cabo por jueces en sentido estricto, por órganos adminis- trativos en el más amplio sentido de la expresión o por simples par-
31 Atienza, Manuel “Las Razones del Derecho” Centro de Estudios Constitucionales, Madrid. 1991, pág. 20.
ticulares. Aquí, a su vez, cabría distinguir entre argumentaciones en relación con problemas concernientes a los hechos, o bien al Dere- cho (estos últimos, en sentido amplio, podrían llamarse problemas de interpretación). Puede decirse que la teoría de la argumentación jurídica dominante se centra en las cuestiones –los casos difíciles– relativas a la interpretación del derecho que se plantean en los órga- nos superiores de la administración de justicia. Ahora bien, la mayor parte de los problemas sobre los que tienen que conocer y decidir tanto los Tribunales como los órganos no jurisdiccionales de la ad- ministración son más bien problemas concernientes a los hechos, de manera que los argumentos que tienen lugar con ocasión de los mis- mos caen fuera del campo de estudio de las teorías usuales de la argumentación jurídica”.
Lo que revela el anterior pasaje es que para Atienza las argu- mentaciones concernientes al derecho aplicable son cuestiones re- lativas a la interpretación. No parece cierto que “los problemas concernientes a los hechos” queden por fuera de las teorías de la argumentación “jurídica”. A nuestro juicio, esto probablemente está al margen de las teorías “usuales” de la argumentación, pero la des- cripción y elección de los hechos relevantes, el análisis de la prueba de estos, no son un proceso neutral, sino que está mediado por for- mas argumentativas. La argumentación “jurídica” está referida a tex- tos normativos, pero en el proceso no solo hay normas jurídicas, sino que hay hechos, y la interpretación de los hechos es fundamen- tal para el trabajo de los jueces. Atienza recurre a Reichenbach 32 y desde la filosofía de la cien- cia trae al campo de la interpretación las nociones de “contexto de descubrimiento” y “contexto de justificación”. De esta manera, por
actividad consistente en descubrir o enunciar
un lado estaría “
una teoría y que, según opinión generalizada, no es susceptible de un análisis de tipo lógico; lo único que cabe aquí es mostrar cómo se
32 H. Reichenbach. The Rise of Scientific Philosophy. Berkeley –Los Angeles.University of California Press.1951. La cita es de Atienza “Las razones del derecho”.
genera y desarrolla el conocimiento científico, lo constituye una ta- rea que compete al sociólogo y al historiador de la ciencia. Pero, por otro lado, está el procedimiento consistente en justificar o validar la teoría, esto es, en confrontarla con los hechos a fin de mostrar su validez”. Parece dudoso que el proceso de conocer no sea suscepti- ble de análisis lógico. Sobre ello hay varias teorías, una de las cuales describe el pensamiento noético como “original” organización del pensamiento en forma “intuitiva”, como lo intencional de la expe- riencia. La utilidad de estas reflexiones consiste en consiste en que el juez no decide desde la ignorancia sino porque conoce los hechos, estos se le revelan, ese “conocer” no es anarquico, hay teórias que lo
96 explican, la que aquí se presenta es una de ellas. Parecería entonces que la interpretación corresponde al con- texto de descubrimiento y la argumentación, al de justificación. Más extensamente se refiere a ello Letizia Gianformaggio:
“La distinción fundamental es obviamente la ya habitual entre
interpretación actividad;
interpretación producto 33 .
Es el interpretar;
Es el resultado de interpretar. Pero (lo cual para mí es
más importante ahora, e inusual) en la interpretación - actividad hay que distinguir entre:
1.1. Interpretación - actividad noética;
1.2. Interpretación - acto lingüístico;
1.3. Interpretación - actividad dianoética.
En consecuencia, en la interpretación - producto hay que dis- tinguir entre
2.1. Interpretación - producto de la actividad noética.
2.2. Interpretación - producto del acto lingüístico.
2.3. Interpretación - producto de la actividad dianoética.
33 Cfr. G. Tarello, L’ Interpretazione
Cit; 11 (la cita la hace Gianformaggio).
34 R. Guastini, Lezioni sur lingueggio Giuridico, Torino, Giappi Cehlli. 1985 pág. 102 (cita de Gianformaggio).
1.1. Es el “fenómeno mental de la atribución de un significa-
a un documento”;
1.2. Es la “adscripción de un significado a una disposición 34 ;
1.3. Es el “tipo de actividad que se dirige a elucidar el signifi- cado de un enunciado”. (En adelante, para simplificar, sus- tituiré “documento”, “disposición” y “enunciado” por “signo”: lo cual puede hacerse, creo, sin que ello prejuz- gue nada).
1.1. Es una aprehensión, una comprensión, un entender;
1.2. Es una enunciación de un enunciado interpretativo;
1.3. (Interpretación - actividad dianoética) es un razonamien- to, una justificación, una argumentación 35 .
2.1. Es un significado - lo que se entiende o se ha entendido;
2.2. Es también un significado, pero sólo si existen condicio- nes o criterios de validez del acto pues de otro modo, creo que es solo una adscripción de significado;
2.3. No es un significado, y no es una adscripción de significa-
do, sino que es un enunciado o una proposición del tipo “S. (el signo S.) ha de entenderse como S’ (tiene el significado de S’)” , y es la conclusión de un argumento. como la an- terior presentación se ofrece completa y poco entendible es menester su “traducción” mas sencillos. Letizia Gianformaggio coincide con Atienza en recurrir a los contextos de descubrimiento y de justificación, para ello se asiste de Reichenbach: “Pues bien, quien acepta todavía esta distinción no puede dejar de pensar que el campo de estudio de la metodología jurídica es el contexto de justificación jurídica, y por lo tanto que el campo de estudio de la metodología de interpretación jurídica es el contexto de la justificación interpretativa del derecho. Y que (la) función de la
35 Lo puesto entre paréntesis y lo remarcado pretenden demostrar que por lo menos hay una forma de ver la interpretación como argumentación.
metodología es la de especificar, o descubrir, o diseñar, o retocar, o solamente examinar el camino interpretativo que sigue el jurista; el trayecto interpretativo, el sendero que los juristas recorren al inter- pretar. O los caminos, los trayectos, los senderos: El método, en suma.
Entendido el método como camino, no se puede, sensatamen- te, estar “contra el método”. El camino, o los caminos, existen por- que la gente se mueve. Tomemos en serio a la gente. El trayecto, o los trayectos interpretativos, existen porque los juristas interpretan. Tomemos a los juristas en serio. Pues bien, ¿qué hace un jurista intérprete cuando interpreta con arreglo a lo que con este término, en cuanto término indicativo de una
98 actividad, entiende el metodólogo? Cuando hace esto, –interpretar– el jurista argumenta, es decir, produce, estructura, organiza argumentos interpretativos. Este enunciado es una obviedad porque, con base en cuanto aca- bo de decir, es sinónimo de este otro: en el contexto de justificación de una interpretación jurídica, el jurista produce justificaciones interpretativas. Sólo que, y con esto llego a la primera versión de la tesis funda- mental de mi ponencia, no se puede de la segunda obviedad –o sea de la tesis según la cual la interpretación como actividad noética no es una actividad lógica– inferir que, entonces, la justificación interpretativa no es lógica sino, digamos, retórica. Y además, y con esto llego a la segunda versión de la tesis fun- damental de mi ponencia, no se puede de la tercera obviedad –o sea de la tesis según la cual no existen significados genuinos de los sig- nos ni interpretaciones verdaderas– inferir que, entonces, “falta un criterio objetivo para aceptar una interpretación y rechazar otra”, si con ello se quiere decir que “los argumentos aducidos por los opera- dores jurídicos a favor de sus opciones interpretativas tiene carácter, no de argumentos lógicos, y por lo tanto incuestionables, sino más
36 Letizia Gianformaggio, “Lógica y argumentación en la interpretación jurídica”. Pág. 93.
bien de argumentos retóricos, como tales más o menos persuasivos en relación con el auditorio y con una variedad de circunstancias” 36 . Originalmente, lo noético tiene que ver con el pensar acerca del pensar, el pensar objetivo o algo así como la ciencia de las leyes del pensar. También se la toma como pensamiento intuitivo. En otra dirección, lo dianoético es pensar por razones, no es pura inteligen- cia, es pensamiento discursivo, no es la captación intelectual inme- diata de la realidad como la noesis. Letizia Gianformaggio, en nota de pie de página del texto antes citado, reconoce que los términos noético y dianoético le fueron sugeridos por Amadeo Conte y que no conoce mucho del pasado de ellos. No obstante, las expresiones noético, dianoético, noema, noético, noemático, noema, dianoia son muy antiguas. Todo ello, creemos, se corresponde con las nociones de contexto de descubrimiento y contexto de justificación y la tesis de Reichenbach de que la tarea de la sicología es saber cómo tienen lugar los procesos de pensar, mientras que la epistemología procura construir los procesos del pensar como deberían ocurrir si hubieran de ser dispuestos en un sistema consistente, una reconstrucción de un pensar mejorado, una reconstrucción racional.
En oposición a Reichenbach, Hanson afirma que los procesos de descubrimiento no son arbitrarios ni vienen por azar, sino que hay una especie de lógica mínima del descubrimiento.
Por su parte, Peirce sostiene que los procesos mentales, de descubrimiento y de justificación o explicación son inferenciales en tanto pueden proveerse razones para las inferencias, las que son en sí mismas razones. Dice Peirce que psicológicamente puede haber pre- cedido una intuición o una conjetura, pero que ellas mismas son explicables lógicamente y la lógica va más allá de los procesos deductivos.
La abducción (Peirce) puede tomarse como las razones que llevan a la conjetura; con ella se forman teorías y por inducción se pueden hallar hechos confirmatorios de esas teorías.
Si alguna utilidad pueden tener estas notas es señalar la dificul- tad de ahitar los dominios de la interpretación y la argumentación en
atención a lo penumbroso de los umbrales que los separan. Como antes se dijo, probablemente la interpretación acontece en un con- texto de descubrimiento. Por el contrario, la argumentación estaría en el dominio del contexto de justificación de lo que fue descubier- to, lo cual comporta la narrabilidad del proceso de descubrimiento. Hallaríamos mayor comodidad frente a lo que acaba de expo- nerse sencillamente planteando que el juez debe conocer para deci- dir. Cómo conoce el juez, como aprehende ese saber necesario sobre los hechos o sobre el genuino sentido de una norma es un proceso complejo que se ubica en un contexto de descubrimiento que es in- terno. El sujeto cognoscente, cuando conoce no está pensando en cómo le llega el conocimiento, pues no puede a un tiempo “cono-
100 cer” y explicar que se está revelando ese conocimiento. Sencilla- mente conoce y luego aborda la tareas de explicar la forma como asumió ese conocimiento, es decir justifica y argumenta
El conocimiento es la premisa necesaria a toda decisión, en este caso para la decisión judicial si ella quiere mostrarse como ra- cional, y por lo mismo mínimamente controlable por cotejo. Por ello es necesario tomar en cuenta cómo se realiza el proceso de co- nocimiento sobre los hechos, no solo en un nivel próximo a la activi- dad psicológica, más intuitiva (noesis), sino en un plano epistemológico regulado por alguna norma o método. El pensamien- to intuitivo o conjetura no es anárquico, está mínimamente guiado. Peirce usó el término abducción (retroducción) para referirse a un proceso inferencial diverso de la inducción y la deducción. Peirce da varios ejemplos, uno de ellos relativo al observador que entra en un cuarto y halla dos sacos, uno con balones rojos y otro con balones azules, y un balón azul en el suelo. El observador puede inferir de manera inmediata que el balón azul cayó o proviene del saco que contiene los balones azules y después entrar a justificar la inferen- cia. Otro ejemplo de Peirce, adecuado a nuestra geografía: Los ves- tigios de animales marinos en la ciudad de Villa de Leiva, señalan que alguna vez hubo agua salada y que fue lecho marino. Las justificacio- nes vendrían después.
Con fundamento en la parte considerativa de
sentencia C 543 de 1° de octubre de 1992,
Dividir en grupos a los participantes, luego de la lectura de la sentencia hallar: a. Todos los argumentos, b. Clasificarlos entre obiter dicta y ratio decidendi, c. Comparar las con- clusiones de los grupos, d. Acordar si ratio decidendi, es única en este caso e. Buscar
en la parte resolutiva si existe algún tipo de modulación, sentencia condicionada, aditiva
manipulativa, f. Buscar modulaciones, con-
diciones, adiciones o manipulaciones en la parte motiva de la decisión.
Someter a debate las siguientes conclusio-
La norma que permitía la acción de tutela
contra sentencias judiciales fue expulsada del ordenamiento.
Al desaparecer la permisión surgió una pro-
hibición, de legislar para consagrar de nue- vo la acción de tutela contra sentencia judiciales, artículo 243. CP
Al legislador le está prohibido restablecer
la disposición declarada inexequible, mien- tras subsistan en la Carta política las dispo- siciones que dieron origen a la declaración
4.- Si el legislador no puede reproducir la ley declarada inexequible, podría hacerlo la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado
la Corte Constitucional en un caso concre-
to, sin violar la cosa juzgada constitucional.
Cuando se concede el amparo contra una
sentencia judicial se supone que hay una nor-
ma que habilita esa competencia. Ver artícu-
40 del Decreto 2591 de
declarados inexe-quibles.
La Corte constitucional en la sentencia 543
de 1992 expulsó del ordenamiento los artí- culos 11, 12 y 40 del Decreto 2591, puede
hacerse ahorra algún tipo de modulación, con- dicionar o modular el fallo.
Corresponde a cualquier juez, en cualquier
tiempo, hacer las modulaciones que la sen- tencia 543 de 1992 no hizo.
El artículo 24 del Decreto 2067 de 1991
permitía que, a pesar de la declaración de constituciona-lidad, en cualquier tiempo los jueces podrían pedir a la Corte Constitucio- nal que aclarara “los alcances de su fallo”. Esa norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. A pesar de lo anterior, cualquier autoridad judicial o la Corte Cons- titucional puede seguir interpretando la sen-
tencia C 543 de 1992 para extraer de ella conceptos como defecto fáctico, sustantivo u orgánico.
El artículo 40 del Decreto 2591 de 1991
establecía que “La tutela no procederá por errónea intepretación judicial de la ley ni para controvertir pruebas”. Esta regla también fue declarada inexequible, pues ni en ese ni en ningún otro caso era posible el amparo con- tra sentencias judiciales. Podría hoy el le- gislador pasar una ley estatutaria regulando que hay tutela contra sentencias judiciales por defecto sustantivo, aunque con ello re- produzca un acto declarado inexequible, tam-
bién podría hacerlo el juez.
Es la acción de tutela contra sentencias
judiciales una para creación judicial –
PRETORIANA– y por lo mismo reducida al máximo
Triunfaron los Salvamentos de Voto de la
sentencia C.543 de 1° de octubre de 1992.
Características de un modelo teórico de la estructura de la sentencia judicial
No es factible proseguir en la arquitectura posible de una sentencia judicial sin sentar una base teórica mínima. Una radiografía de la decisión judicial supone un soporte doc- trinario que dé cuenta, al menos en mínima parte, que tras el modelo o estructura hay un marco coherente que explica la presencia de algunos elementos de la decisión, el or- den como son presentados y la pertinencia de cada uno de ellos.
Para ello seguimos la idea de modelo conce- bida por el profesor Jerzy Wróblewsky. En- tre otras obras de este autor hallamos Constitución y teoría general de la interpre- tación jurídica, Madrid, 1985; y Sentido y hecho en el Derecho, San Sebastián, 1989. Por supuesto que la escasa fortuna que pue- da tener el desarrollo de la idea, aplicada a nuestro medio, es toda responsabilidad del autor de estas líneas.
Se trata de dar elementos que atañen al momento de aplicación de las reglas del derecho sustancial, creadas ex ante, y en lo posible dar cuenta del valor agregado que se pueda adicionar en esta etapa de aplicación.

References: artículo 163
 artículo 161
 artículo 163
 artículo 161
 artículo 471
 artículo 55
 artículo 170
 artículo 81
 artículo 170
 artículo 3
 artículo 40
 artículo 90
 artículo 65
 artículo 70
 artículo 3
 artículo 303
 artículo 304
 artículo 142
 artículo 163
 resolución 
 artículo 303
 artículo 305
 artículo 163
 artículo 230
 artículo 177
 artículo 510
 artículo 74
 artículo 687
 artículo 307
 artículo 307
 artículo 2341
 artículo 2341
 artículo 2273
 artículo 2275
 artículo 2279
 artículo 2276
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 689
 artículo 688
 artículo 599
 resolución 
 artículo 243
 artículo 24
 artículo 40