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Timestamp: 2019-09-15 12:38:03+00:00

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﻿ Sentencia 2005-02813 de abril 9 de 2014
SENTENCIA 2005-02813 DE 09 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:PRESTACIONES SOCIALES DE EMPLEADOS PÚBLICOS -NORMAS TERRITORIALES. LA CREACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ES FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA O DEL PRESIDENTE EN USO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA LEY 4 DE 1992. POR TANTO, LA ÚNICA FUENTE DE RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ES LA LEY Y, POR ENDE, SON INACEPTABLES LOS RECONOCIMIENTOS DISCRECIONALES DE LAS AUTORIDADES DEPARTAMENTALES, LOS CUALES NO PUEDEN CONSIDERARSE DERECHOS ADQUIRIDOS POR LA COSTUMBRE O PACTOS CONVENCIONALES, PUES LOS GOBERNADORES NO PUEDEN ELEVAR TAL SITUACIÓN AL RANGO DE LEY. LAS PRESTACIONES CREADAS POR NORMAS TERRITORIALES ENTRAÑAN UNA USURPACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS EN LA CARTA POLÍTICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, EMPLEADO PÚBLICO, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, PRESTACIONES SOCIALES, PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADO PÚBLICO, DERECHO A LAS PRESTACIONES SOCIALES
Sentencia 2005-02813 de abril 9 de 2014
Rad.: 150012331000200502813 01
Número Interno: 2381-2011
Actor: Vilma Deycy Layton López.
El problema jurídico gira en torno a determinar si la señora Vilma Deycy Laiton López tiene derecho a la reliquidación y pago de todas las prestaciones y beneficios extralegales contenidos en el Decreto 1006 de 1º de julio de 1993, proferido por el Gobernador de Boyacá y en la Resolución 915 de 1993, expedida por el Director del Hospital San Salvador de Chiquinquirá, así como al incremento salarial dispuesto en el Decreto 1474 de 20 de diciembre de 2004, suscrito por el Gobernador de Boyacá y la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.
El Tribunal Administrativo de Boyacá denegó las súplicas de la demanda e inaplicó por inconstitucional el Decreto 1006 de 1993 y la Resolución 195 del mismo año por considerar que no son fuente de derechos laborales ni sustento normativo de la demanda, por cuanto la creación de prestaciones sociales para los empleados públicos es facultad exclusiva del Congreso de la República o del Presidente en uso de facultades extraordinarias, de conformidad con el artículo 150 de la Constitución Política y la Ley 4 de 1992.
La Sala de Consulta y Servicio Civil, del Consejo de Estado(1) con relación a la situación jurídica del Hospital San Salvador concluyó que es una institución de naturaleza privada que en virtud de la organización del Sistema Nacional de Salud, recibió aportes del Estado para su sostenimiento, los que se utilizaron en el pago de los salarios de sus servidores (recurso humano), y en la construcción y/o adecuación de su infraestructura, dotación de recursos técnicos y financieros.
La figura jurídica de la dación en pago, aunque es un mecanismo general apto para extinguir las obligaciones, no representa una alternativa viable en este caso, dado el carácter público de los bienes que integran el patrimonio o los recursos del Hospital, sobre los cuales no se tiene libre disposición.
“PAR.—En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá informárselo al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hacen falta anexar.
“(…) Cuando la Administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía buscando impedir la efectividad conminatoria de la sanción de que trata el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria. (…)
En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías definitivas y no la fecha de reclamación de las mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que debe servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de determinar el monto de la indemnización moratoria. (…)”
En suma la vía procesal adecuada para discutir las cesantías y el reconocimiento de la sanción moratoria es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, salvo que exista certeza del derecho y de la sanción, porque, se repite, en estos eventos procede la ejecución del título complejo. (…)
Dicho de otro modo, como el perjuicio por reparar se origina en una decisión o manifestación unilateral de voluntad de la administración destinada a producir efectos jurídicos es necesario invalidarla, previo agotamiento de la vía gubernativa, para poder obtener el restablecimiento respectivo y como la ley no prevé que mediante las acciones de reparación directa o de grupo puedan anularse los actos administrativos, estas no son la vía procesal adecuada. Desconocería la integridad del ordenamiento jurídico percibir una indemnización por un perjuicio originado en un acto administrativo sin obtener antes la anulación del mismo porque este continuaría produciendo efectos jurídicos ya que ese es su cometido legal. (…)
El acto de reconocimiento de la sanción moratoria puede ser cuestionado a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho si el administrado se encuentra inconforme con él, pero si hay acuerdo sobre su contenido y no se produce el pago de la sanción la vía indicada es la acción ejecutiva. (…)
Conviene precisar que en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho siempre existirá un acto atacable. Los expresos de reconocimiento de las cesantías definitivas y de reconocimiento de la sanción moratoria, o los fictos frente a la petición de reconocimiento de las cesantías definitivas o frente a la petición de reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, por lo que la acción que debe impetrarse es la de nulidad y restablecimiento del derecho. (…)”
En el presente asunto, por Resolución 0131 del 10 de marzo de 2005, el Secretario General de la Gobernación de Boyacá, reconoció y ordenó el pago de los salarios y prestaciones sociales adeudados a la parte actora, en cuantía de $31.651.631 de acuerdo con la siguiente liquidación:
Tiempo de servicios en días $5.964
Cesantías promedio día $2.131
Total cesantías $ 12.711.880
Retiros parciales $0
Total cesantías a pagar $12.711.880
La anterior Resolución fue confirmada a través de la Resolución 0239 del 11 de mayo del 2005, que resolvió el recurso de reposición y frente al recurso de apelación operó el silencio administrativo negativo.
Empero, se observa que la demandante al impugnar la decisión mediante escrito de 25 de febrero de 2005 (fls. a 56) no solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retraso en el pago de las cesantías, así como tampoco fue pedido en sede administrativa atacando la decisión de la Administración ante la Jurisdicción.
19. Dictar las normas generales, y señalar en el las los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: (...)
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso nacional y de la fuerza pública. (…)”
En aplicación de tal competencia, el Congreso de la República expidió la Ley 4 de 1992, estableciendo las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
En tal virtud, el Congreso de la República mediante la Ley 4 de 1992, facultó al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional entre otros de los empleados públicos del orden Nacional cualquiera que sea su sector, denominación o régimen (art. 1º). El artículo 2º ibídem dispuso lo siguiente:
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo; (…).”
Por lo tanto, se observa que el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos es legal y reglamentario razón por la cual debe ser fijado por las autoridades competentes como quedó establecido y no a través del Decreto 1474 de 2004 expedido por el Gobernador de Boyacá.
En ese sentido, esta Corporación(3), declaró la nulidad del Decreto Departamental 001006 de 1º de julio de 1993, por considerar que según lo establecido en la Carta Política, la Ley y la Jurisprudencia tanto del Consejo de Estado, como de la Corte Constitucional, no era posible que el Gobernador del Departamento de Boyacá, cuando autorizó a los Directores de los Hospitales para que reconocieran derechos económicos a los empleados públicos que laboraban en dichas instituciones, los cuales derivaban en su mayoría de una Convención Colectiva, desconoció competencias conferidas por la ley y la Constitución Política a otros órganos del Estado, aunado a que transformó infundadamente la facultad que le concedió la Asamblea Departamental en virtud de la Ordenanza 001 de 1993, que no era otra que la de ejercer funciones relacionadas con el proceso de descentralización del Sector Salud Departamental, la cual es totalmente diferente a la de regular temas prestacionales y salariales de los servidores públicos departamentales.
Confírmase la sentencia de 22 de junio del 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las súplicas de la demandada e inaplicó por Inconstitucionales el Decreto 1006 de 1º de julio de 1993, proferido por el Gobernador de Boyacá y la Resolución 915 de 1993, expedida por el Director del Hospital San Salvador de Chiquinquirá.
(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 27 de marzo de 2007, C.P. Jesús María Lemus Bustamante, Número Interno 2777-2004, Actor José Bolívar Caicedo Ruíz.

References: ARTÍCULO 150
 Resolución 
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 artículo 150
 artículo 2
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