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Jurisprudencia y derechos humanos Jurisprudencia y derechos humanos: Avances en la agenda de derechos humanos a través de sentencias judiciales en el Perú
9786123175450
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Jurisprudencia y derechos humanos Jurisprudencia y derechos humanos - Varios autores
978-612-317-545-0
Se presenta en esta publicación la descripción y el análisis de doce sentencias judiciales que pueden ser consideradas un avance en la protección de los derechos humanos en el Perú. El interés de realizar esta presentación se inscribe dentro de una esfera de inquietudes amplias como son la consolidación de la democracia en nuestro país y el papel que cabe en ese proceso a la administración de justicia, en tanto garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Como se debe, el Perú experimentó una transición política entre los años 2000 y 2001, después de la dimisión de Alberto Fujimori como presidente de la República. Esa renuncia, que tuvo lugar en medio de escandalosas revelaciones de corrupción al más alto nivel, puso punto final al gobierno autoritario iniciado con el golpe de Estado de abril de 1992. Durante ese periodo, el estado de derecho fue severamente golpeado a través de la manipulación y tergiversación de numerosas instituciones, entre ellas el Congreso de la República y el Poder Judicial. Además, y como una continuación de una tendencia iniciada en la década de 1980, se cometieron graves violaciones de derechos humanos en el contexto de la política antisubversiva dirigida a contrarrestar a la organización terrorista Sendero Luminoso, así como al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
En este contexto, el gobierno transitorio de Valentín Paniagua asumió como tarea prioritaria la restitución del estado de derecho. Se trataba de restaurar en el país la legalidad y la institucionalidad democráticas, severamente melladas en los años previos, pero también de dar respuestas a las violaciones de derechos humanos acumuladas en los años previos, así como desactivar la red de corrupción montada y procesar judicialmente los delitos cometidos en agravio del patrimonio público.
Ese conjunto de tareas, emprendidas con decisión en los primeros años del siglo XXI, no han sido cabalmente cumplidas. Se puede decir, desde ese punto de vista, que si bien un aspecto de la democracia —el de la sucesión en el poder por vía electiva— parece asegurado, el proyecto amplio de consolidación de la democracia es todavía una gran asignatura pendiente.
La consolidación de una democracia después de una transición exitosa es un proceso lento que requiere transformaciones de muy diversa naturaleza: normativas, culturales, institucionales. Por ello, la definición del fenómeno es compleja y, ciertamente, dista de ser unánime. El politólogo italiano Leonardo Morlino la define como «ese proceso de adaptación-congelación de estructuras y normas democráticas que son aceptadas como legítimas, en parte o del todo, por la sociedad civil» y añade que:
[…] puede consistir en una fijación de pautas, de modelos de comportamientos políticos repetidos en el tiempo; puede consistir también en una posterior articulación de las diversas estructuras democráticas; caracterizarse por una adaptación progresiva de las instituciones a la realidad cambiante en el ámbito del modelo democrático diseñado por la carta constitucional y por las demás leyes fundamentales del ordenamiento democrático de un determinado país; puede permitir a algunas instituciones la adquisición de identidad y un notable grado de autonomía respecto a la sociedad civil; puede consistir en un aumento del apoyo a las diferentes instituciones democráticas¹.
Al considerar la democracia como un régimen político, se debe tomar en cuenta diversas dimensiones de lo político. Una de ellas es la del funcionamiento de las instituciones. Las instituciones del Estado (como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) dan su carácter al régimen. Desde este punto de vista, la consolidación de la democracia también depende de la capacidad del régimen para reconocer y garantizar derechos. Si bien lo primero es principalmente responsabilidad del Poder Legislativo; lo segundo es, también de modo principal, responsabilidad del Ejecutivo y del Judicial. Así, como parte del complejo proceso de consolidación, es importante observar el papel que cumple la administración de justicia.
Desde este punto de vista, se evidencia la relevancia de analizar sentencias expedidas por altas instancias judiciales que signifiquen un avance en materia de protección de derechos humanos. En esta publicación, se presenta un conjunto de doce sentencias que tienen esa significación. Ocho de ellas han sido dictadas por el Tribunal Constitucional (TC), tres por la Sala Penal Nacional y una por la Sala Penal Permanente. Los fallos cubren un amplio arco de temas fundamentales para la afirmación de los derechos humanos en el país, tales como la legislación antiterrorista, crímenes de lesa humanidad, derecho a la verdad, desaparición forzada en conflicto armado, violencia sexual contra mujeres, derechos de las mujeres, derecho a la consulta previa, derechos de personas con discapacidad, derechos de la población LGBTI+ y derechos económicos, sociales y culturales.
Hay que precisar que, si bien nos hemos enfocado en estas sentencias favorables a los derechos humanos, ello no significa que carezcan de aspectos incuestionables ni que sean representativas de la actuación del sistema de administración de justicia. Por ejemplo, la sentencia sobre el caso Fujimori está lejos de ser un caso típico de la actuación judicial sobre crímenes y violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. Así, antes que proponer este conjunto de fallos como un espejo del funcionamiento de la justicia, la intención es ofrecer modelos que impliquen un avance en la defensa de los derechos humanos, las cuales pueden servir para fortalecer una tendencia necesaria para la democracia.
De este modo, la selección de las sentencias que aparecen en el presente libro obedece a una combinación de criterios. En primer lugar, todas ellas desarrollan temáticas y derechos humanos que han tenido gran impacto en la sociedad peruana por el contexto en el que se emitió (los años posteriores al conflicto armado interno) y en grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, entre otros). Además, estas sentencias marcaron un antes y un después en cuanto al reconocimiento y avances de estándares internacionales sobre derechos humanos por nuestra jurisdicción interna. Otros aspectos que se tomaron en cuenta fueron también el papel que ejerció la sociedad civil en el litigio del caso y el impacto mediático del mismo.
Finalmente, es pertinente mencionar que, para el análisis de cada sentencia, se estableció una metodología interdisciplinaria, la cual implicó la asignación de un fallo a un especialista del derecho y a un especialista de las ciencias sociales. El grupo de especialistas en derecho, encargado de la elaboración de los artículos, estuvo conformado por Erick Acuña, Cristina Blanco, Marcela Huaita, Víctor Quinteros, Valeria Reyes, Elizabeth Salmón y Piero Vásquez; mientras que el grupo de especialistas en ciencias sociales, encargado de brindar valiosos comentarios y contextualizar cada texto en el marco del debate académico o social, estuvo conformado por Henry Ayala, Mario Cépeda, Iris Jave y Félix Reátegui. Asimismo, resulta necesario hacer un agradecimiento expreso a Francisco Mamani, joven y destacado investigador del derecho, quien fue asistente durante todo el proceso de elaboración de este libro.
Cada artículo tiene una estructura de análisis similar: contexto sociopolítico, descripción del caso, impacto jurídico y conclusiones. Asimismo, cada texto que desarrolla determinada sentencia ha sido discutido de forma colectiva por todo el equipo de investigadores en reuniones periódicas, a fin de recibir comentarios, apreciaciones y aportes. Debe advertirse que estas reuniones se realizaron durante un período aproximado de seis meses, el cual concluyó el 5 de marzo de 2018; en ese sentido, algunas sentencias analizadas no son de última instancia, por lo que la resolución final del respectivo caso puede haber variado.
¹ Extracto del artículo «Consolidación democrática. Definición, modelos, hipótesis», de Leonardo Morlino, publicado en el número 35 de Reis: Revista española de investigaciones sociológicas (1986, pp. 7-62), disponible en http://reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_035_03.pdf.
Caso Nina-Quispe
Jerarquía constitucional de las normas de derechos humanos en el Perú¹
En el marco de una controversia por competencias nacionales y regionales, el TC enfrentó un grave vacío jurídico creado a partir de la adopción de la Constitución de 1993: la desregulación del rango de los tratados de derechos humanos en el Perú. El presente artículo describe la ruta jurisprudencial seguida por el TC para el establecimiento de la pirámide normativa peruana y el reconocimiento de la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos. Además, se analiza a profundidad la naturaleza constitucional de las normas que reconocen derechos humanos y se explica la importancia del rango constitucional para la judicialización de los derechos humanos a través del proceso de amparo. Finalmente, se puntualizan problemas respecto del uso de la nomenclatura «tratados de derechos humanos» como categoría no existente en el derecho internacional y se resaltan posibles conflictos en aplicación de normas con rango constitucional contradictorias entre sí.
Para enfrentarse al viejo problema de la descentralización en el Perú, el TC tuvo que emitir una sentencia en la cual desarrolló la estructura de la pirámide normativa de las fuentes jurídicas, con un fuerte impacto incidental en las normas provenidas del derecho internacional de los derechos humanos, lo que terminó por consolidar su jurisprudencia al respecto. ¿Por qué un caso sobre descentralización terminó con el pronunciamiento sobre el rango de los tratados de derechos humanos? La clave para responder esta pregunta es la desregulación de la Constitución de 1993: para poder afrontar con seguridad el conflicto de constitucionalidad en materia de descentralización, era necesario traer luz al problema de la jerarquía de fuentes en el derecho peruano. La ocasión aprovechada permitió que el TC devuelva la certeza sobre el rango constitucional de los tratados de derechos humanos.
A continuación, nos aproximaremos al contexto sociopolítico de la desregulación provocada por la adopción de la Constitución de 1993. Posteriormente, nos centraremos en los hechos, explícitos e implícitos, que provocaron la adopción de esta sentencia: por un lado, analizaremos el problema de la desregulación de la jerarquía normativa de las normas internacionales de derechos humanos en la Constitución de 1993; y, por otro, mostraremos los hechos explícitos que motivaron la adopción de la presente sentencia en el marco de controversia sobre las competencias regionales y nacionales en materia de educación. Luego se expondrán los aportes jurídicos de esta sentencia solamente respecto del asunto relativo a los derechos humanos en relación con la ruta jurisprudencial seguida por el TC para la construcción de una pirámide general normativa a la Constitución de 1993 y el reconocimiento del origen del rango constitucional de las normas de derechos humanos de modo particular.
De modo más analítico, se realizará un comentario respecto del impacto y retos de esta sentencia en relación con las diferencias entre la IV disposición final y transitoria (IV DFTP) y el artículo 3 de la Constitución de 1993 para reconocer la naturaleza constitucional de las normas de derechos humanos, la problemática nomenclatura del concepto de «tratado de derechos humanos» en el derecho internacional y los posibles conflictos normativos entre normas de rango constitucional.
Finalmente, cabe realizar una advertencia. Desde la construcción de esta línea jurisprudencial por parte del TC el año 2004, que regresa el rango constitucional de las normas de derechos humanos y que se consolida con la sentencia bajo comentario, no se han dado nuevos cambios o hitos que requieran volver a comentar esta sentencia (Vásquez Agüero, 2013); sin embargo, su aparición marca un momento una nueva relación entre las normas de derecho internacional y derecho interno que no podemos perder de vista en una publicación como la presente, ya que este precedente abre paso a la resignificación jurídica de las normas del derecho internacional de los derechos humanos y, con ello, nuevas posibilidades para la realización de los derechos humanos en el Perú.
2. Desarrollo del caso
A continuación, se presenta el desarrollo del caso, dividido metodológicamente en dos puntos: el contexto sociopolítico y la descripción del caso propiamente dicha.
2.1. Contexto sociopolítico
De acuerdo con la literatura (CVR, 2003; McFarland Sánchez-Moreno, 2002; Murakami, 2006), al inicio del gobierno de Alberto Fujimori, en 1990, la recuperación del control institucional pasaba, en resumen, por dos preocupaciones políticas fundamentales tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo: la pacificación y lucha antisubversiva y la reestabilización económica del Perú. De modo simplificado, en su forma de gobierno, el expresidente Fujimori optó por un modelo de decisiones rápidas, inconsultas y unilaterales que impacientaron a las cámaras legislativas por su tinte autoritario, pero cuyos miembros no ofrecían una alternativa concreta de oposición a la nueva (anti)política fujimorista en una situación en la que «parecíamos vivir una revolución en el vacío en un país exhausto» (Degregori, 2000, p. 200).
Hacia finales de 1991, «mientras la fisura entre el mandatario y las fuerzas opositoras se agrandaba, estás empezaron a hacer gestiones cada vez más intensivas para aprobar la llamada Ley de Control Parlamentario de los Actos Normativos del Presidente de la República» (Murakami, 2006, p. 288). Tal como su nombre permite intuir, a través de esta norma se pretendía acortar la rienda del fujimorismo, que tras ese primer año y medio de gobierno autosuficiente apuntalado por decretos ejecutivos, dejó listo el camino a la oposición para iniciar un proceso de control de las decisiones significativas de la política fujimorista: la aprobación de la primera ley de presupuesto fujimorista, aprobada por el Poder Ejecutivo «puenteando» al Legislativo; el «Acuerdo de colaboración en el control de drogas con Estados Unidos»; el paquete de decretos sobre la pacificación, entre otras decisiones tomadas al filo de la inconstitucionalidad.
Ahora bien, en la última etapa antes del autogolpe de 1992, el conflicto presencia una última escalada. Ante la negociación de la segunda ley nacional de presupuesto, el Poder Legislativo aprobó un presupuesto en el que los subsidios (en el marco de la ley de emergencia agraria) que dejaban en default al Perú, impactando el camino que había seguido y presumido Fujimori en la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional. Este setback político se sumó al divorcio Ejecutivo/Legislativo y, además del acrecentado rumor de la destitución congresal de Alberto Fujimori, el que se volvió público hacia finales de 1991, la supervivencia de cualquiera de los poderes estaba entredicha (Murakami, 2006, p. 293). Ahora bien, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha apuntado que este supuesto conflicto escalado en verdad estuvo provocado por Alberto Fujimori con un afán de desprestigiar al Congreso, ya que el paquete de decretos legislativos para la pacificación contenía modificaciones sustanciales del sector seguridad que tornaba antidemocrática la lucha contrasubversiva (CVR, 2003, p. 80).
El resultado de este enfrentamiento es el autogolpe del 5 de abril de 1992. No se busca en esta reseña reflexionar sobre el nivel de responsabilidad de la oposición en el autogolpe, pues consideramos que la decisión de quebrantar el orden constitucional es exclusiva del expresidente Fujimori. Si es que las medidas adoptadas por la oposición fueron desacertadas o poco constructivas para frenar las drásticas decisiones del fujimorismo, sumada a la poca disposición del exmandatario para el diálogo, esto no establece una conexión lógica directa que permita distribuir responsabilidades por el autogolpe de 1992 de modo solidario entre Alberto Fujimori y el resto de la clase política.
Ahora bien, para llegar a explicar y entender el escenario en que la Constitución se forma tras el autogolpe, es importante recordar las medidas súper represivas en los días que siguieron al 5 de abril de 1992 contra periodistas y políticos, que solo pudo ser aplacada por la presión internacional y la necesidad de una normalización democrática a través de elecciones del Congreso Constituyente Democrático (McClintock, 2006, p. 245). Con el este ya instalado, el Perú presencia un tránsito hacia una nueva constitución política.
La senda hacia a la adopción de la nueva Constitución Política atraviesa una pregunta crítica que es necesario seguir planteando: ¿era necesaria una nueva Constitución para el Perú?, ¿fue aquella el resultado de un plan orquestado para quebrar el estado de derecho? Existen comparaciones de la Constitución de 1979 y 1993 que señalan que, efectivamente, «los cambios en la Constitución de 1993 no representan una reforma radical ni profunda con respecto a las disposiciones de la Constitución de 1979» (McFarland Sánchez-Moreno, 2002, p. 560) y que la adopción de la Constitución de 1993 es el resultado de la necesidad de justificar el autogolpe y, por tanto, «la manera más fácil de hacerlo era decir que se necesitaba una nueva Constitución» (McFarland Sánchez-Moreno, 2002, p. 564). En efecto, los análisis del momento identificaban que alrededor de dos tercios de la Constitución de 1979 se mantuvo, por lo que más allá de los cambios fundamentales en temas económicos y el perfilamiento de un modelo más presidencialista, reeleccionista y con menos pesos y contrapesos, es posible coincidir con la identificación de un interés subalterno en el discurso de la nueva Constitución (Pásara, 1994, p. 14).
Tal como analizaremos con mayor detenimiento a continuación, una disposición que fue modificada sin mayor discusión fue el artículo 105 de la Constitución de 1979, que otorgaba rango constitucional a las disposiciones de derechos humanos de los tratados internacionales. Ahora bien, lo cierto es que, en este aspecto específico, planificado o no, orquestado o no, el no reconocimiento del rango constitucional de estas disposiciones constituyó «una clara involución en relación con la tendencia contemporánea […] y con la propia constitución de 1979» (Salmón Gárate, 2002, p. 64), lo que abrió la puerta a la inseguridad sobre el modo en que estas normas de derecho internacional conversaban con las normas de derecho peruano, las posibilidades para su judicialización y el compromiso estatal con su cumplimiento.
2.2. Descripción del caso
Tal como ya se advirtió desde el inicio, pese a que la controversia principal de esta sentencia es un asunto de competencias regionales y nacionales, su verdadero impacto radica en el reconocimiento de la pirámide normativa del Perú. En ese sentido y en orden de relevancia, se explicarán los hechos del caso tomando en consideración ese doble nivel: en el primer punto, se realizará una descripción de los hechos no explícitos del caso que motivaron el pronunciamiento respecto de la jerarquía normativa, en especial respecto del rango constitucional de los tratados de derechos humanos; y en el segundo punto, se describirán los hechos que motivaron la controversia que resolvió el TC sobre las competencias nacionales y regionales en materia de educación.
2.2.1. Los hechos del caso
La construcción jurisprudencia de la jerarquía normativa de los tratados de derechos humanos
La jerarquía normativa en el derecho peruano, de modo específico en los asuntos relativos a los tratados internacionales, es relativamente nueva. Solo desde la Constitución de 1979 es posible encontrar un desarrollo complejo relativo a la regulación de este tipo de normas en el Perú. Antes de eso, entre las constituciones de 1823 y 1933, toda la regulación jurídica que encontramos apunta de modo muy escueto y reducido tan solo a la incorporación de los tratados internacionales mediante una fórmula que encargó desde siempre a los presidentes de la República la ratificación de tratados y al Congreso (o las cámaras) la aprobación o no de algunos convenios en específico.
Como mencionamos, es a partir de 1979 que la regulación de la normatividad internacional en el derecho interno se vuelve más sistemática en dos temas específicos: la incorporación y la jerarquía de los tratados, suerte que seguiría la Constitución de 1993. Ahora bien, si comparamos ambos textos constitucionales, se observará, como ya se señaló, un retroceso en cuanto a la jerarquía de las normas de derechos humanos en la Constitución de 1993.
Esta Constitución realizó una copia incompleta de la fórmula de la de 1979, que resultó en la desregulación del rango de los derechos humanos en el sistema normativo peruano. Dicho rango fue otorgado a los tratados de derechos humanos adrede; fue discutido e investigado por los constituyentes de 1979 precisamente para cumplir con las responsabilidades internacionales, tal como consta en el diario de debates de la Comisión de Constitución (Congreso de la República, 1978, p. 104).
En contraste, en el diario de debates de la Comisión de Constitución del Congreso (2007, p. 2965), la referencia a los tratados es corta y en ella se evidencia el reclamo de algunos comisionados debido a que el texto en consulta para la nueva Constitución no asignaba rango constitucional a las normas de derechos humanos. La mayoría oficialista justificó que, en tanto el artículo 2 contenía todos los derechos, no era necesario regresar a la fórmula anterior. Varios comisionados constituyentes pidieron que se debata este asunto; sin embargo, se decidió postergar el debate y consultar con especialistas. Ahora, si nos remitimos al diario de debates del pleno del Congreso (2007, p. 720), en el que se aprueba este capítulo específico, existe discusión sobre la jerarquía del derecho internacional en el derecho nacional y la oposición defiende que se mantenga la referencia del rango diferenciado de los preceptos relativos a los derechos humanos; sin embargo, ninguna intervención del oficialismo o de los miembros de la comisión se encargó de sustentar la razón del cambio. La votación aprobó el capítulo relativo de los tratados y extirpó el rango jerárquico a las normas del derecho internacional en la Constitución.
En la comparación (cuadro 1), se hace evidente que se rebajó el rango de los tratados de supralegal a legal y se omitió la referencia explícita en relación con las obligaciones de derechos humanos. Entonces, desde 1993, el mencionado proceso de desregulación resultó en la pérdida de la jerarquía constitucional de las normas de derechos humanos.
La oscura regulación de la jerarquía normativa en materia de descentralización y la necesidad del pronunciamiento constitucional sobre la jerarquía normativa en términos generales
El centralismo de Lima es digno de un sistema solar: su poder de atracción es tal, que todo intento descentralista siempre ha sido un bien esquivo. Esta situación ha sido enfrentada de diversos modos en la historia republicana del Perú (Blume, 2003, p. 23), pero nunca tuvo un revés tan claro como en la última dictadura que vivió el Perú entre los años 1992 y 2000. En el diseño del modelo constitucional peruano de 1993, se ha reconocido como fundamental la creación de lo que Planas denominó el «hipercentalismo» (1999, p. 235), con la consecuente abducción de los competencias compartidas y delegadas pactadas con las regiones en la Constitución de 1979, llamado también por él como «el consenso por la regionalización».
Con la Constitución de 1993, se desmontaron las aspiraciones regionales de la descentralización: se eliminaron las regiones como nivel de gobierno y se crearon los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR) con autoridades designadas por el presidente y no elegidas en las urnas; los municipios se redujeron a «entidades de control de la demanda de servicios públicos centralizados», lo que consolidó un intencional «presidencialismo autocrático» (Dammert, 2003, p. 14) en un proceso de fragmentación en el cual la ambigua regulación constitucional fomentó la duplicidad de funciones y el desorden normativo, lo que generó que todas las intervenciones estatales, incluidas las competencias en educación, dependieran directamente del Poder Ejecutivo (Contraloría General de la República, 2014, p. 32) a través del Ministerio de la Presidencia.
Con el retorno a la democracia, en el año 2002 se reformó la Constitución de 1993 y se aprobaron varias modificaciones para la rehabilitación de las regiones como nivel de gobierno, así como la ley de bases de la descentralización. El nuevo proyecto descentralista incluiría, en su etapa final, la transferencia de las competencias sectoriales, entre las que se incluyó la educación, planificada para el año 2004 y que se aceleró desde 2007 (Alcázar, 2011, p. 13).
En seguimiento de lo anterior, el 24 de abril de 2006, el TC emitió en el pleno la sentencia de inconstitucionalidad 047-2004-AI/TC en el marco de una disputa de competencias funcionales planteada por el gobierno regional de San Martín, el cual cuestionó la constitucionalidad de la ley 27971 con argumentos relacionados, en el fondo, con el proceso de descentralización de la educación.
Para entender las contradicciones que dicho gobierno regional buscaba solucionar, es necesario remontarnos a la ley 27491, promulgada durante el gobierno de transición en el año 2001. Dicha ley fue concebida para nombrar en la carrera docente a profesores que ya se encontraban contratados y ocupaban funciones a través de otro tipo de contratos, de acuerdo a lo que se desprende de la exposición de motivos del proyecto de ley que justificó su aprobación. De acuerdo con el texto del proyecto, este se trataría simplemente de un proceso de regularización de plazas ya presupuestadas. Sin mucho mayor detalle sobre la fuente de la información, se anunció que serían alrededor de 75 mil las plazas disponibles y presupuestadas listas para su regularización.
Ahora bien, tras el concurso de méritos, no todos los maestros habrían logrado su nombramiento en la carrera docente, por lo que el año 2003 se emitió la ley 27491, la que dispuso que se reanude el proceso de nombramiento de los maestros, con una variación que generó muchas tensiones; pues, según su artículo 3, los maestros podrían «ser nombrados en las plazas de los centros y programas educativos de su misma o diferente jurisdicción a la del órgano intermedio en que originalmente postularon». Los gobiernos regionales de la selva salieron en defensa de sus intereses y publicaron sendas ordenanzas regionales (la ordenanza regional 001-2004-CR/GRL, Loreto; o la 003-2004-GRSM/CR, San Martín, del 27 de febrero de 2004), a través de las cuáles reclamaban su derecho a reservar las plazas a sus profesores locales para beneficiar la enseñanza intercultural bilingüe y la identidad regional, negándose al nombramiento de profesores foráneos. No dejemos de lado el capital político que ganan los representantes con los nombramientos, por lo que la tensión se muestra evidente.
En estas condiciones, si tomamos en consideración que la Constitución de 1993 es muy escueta respecto de la jerarquía de las normas en el Perú, esta sentencia necesaria buscó solucionar la controversia concreta respecto de qué órgano ostentaba la competencia funcional sobre el nombramiento de maestros; en efecto, determinó que la ley 27971 no era inconstitucional, pues demostró que el nombramiento de maestros es una competencia compartida entre el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, en la cual el primero fija las políticas sectoriales en carrera magisterial y los segundos, conducen el proceso de asignación de plazas.
2.2.2. Desarrollo de la sentencia y resolución
A continuación, se presenta la ruta jurisprudencial a través de la emisión de dos sentencias (una de 2003 y otra de 2006) para la determinación de la pirámide normativa de las normas en el derecho peruano, con énfasis en los tratados y las normas de derecho internacional.
Tal como se ha planteado, el TC aprovechó esta oportunidad para llenar los vacíos dejados por la Constitución de 1993 en materia de la estructura normativa peruana. En este afán, logró consolidar una línea jurisprudencial que, en dos momentos, precisó las omisiones advertidas. Esta línea jurisprudencial correctiva inició el año 2003, en un caso en el que se demandó la inconstitucionalidad del contrato-ley entre el Estado peruano y la empresa Telefónica del Perú. En esta sentencia, el TC discutió el rango normativo de los contratos-ley y, pese a declararse incompetente para conocer la demanda, en su formulación inicial el TC propuso la jerarquía del ordenamiento peruano sobre la base de dos criterios: las categorías y los grados; además, reconoció la existencia de las siguientes cinco categorías:
[…] la primera categoría se encuentra ocupada por las normas constitucionales y las normas con rango constitucional; la segunda está conformada por la ley y normas con rango de ley; la tercera está constituida por los decretos y normas de naturaleza ejecutiva; la cuarta por las resoluciones; y la quinta por las normas con interés de parte. Estas últimas incluyen las decisiones del Estado surgidas a petición de los particulares, o actos de éstos sin intervención estatal, que generen derechos y deberes de carácter personal (TC, 2003, f.j. 7).
Asimismo, el TC refirió que las normas de la segunda categoría (aquellas sobre las que es posible interponer una acción de inconstitucionalidad) son las siguientes:
[…] las leyes y normas con rango de ley, donde se incluye a las leyes orgánicas, las leyes ordinarias en sus distintas denominaciones [leyes generales, de bases, de desarrollo constitucional, etc.], los tratados (aprobados por el Congreso), los decretos legislativos, las resoluciones legislativas, el Reglamento del Congreso, las ordenanzas municipales, las normas regionales de carácter general, las ordenanzas regionales, el decreto de urgencia y los decretos leyes (TC, 2003, f.j. 7).
Finalmente, el TC estableció, con respecto de estas últimas normas, que pese a tener la misma categoría, no todas tienen el mismo grado. El grado es aquella característica que impone jerarquía entre normas de una misma categoría. Con estas previsiones iniciales, la pirámide normativa quedó configurada como vemos en el siguiente cuadro.
Hasta el año 2003, podemos advertir que el rango que ocupaban los tratados era el de segunda categoría. En esta oportunidad, el TC se refirió a los tratados aprobados por el Congreso; es decir, aquellos reseñados en el artículo 56 de la Constitución de 1993, entre los cuales se encuentran los tratados de derechos humanos. De hecho, esta posición es consistente con lo que ya se había afirmado para el caso particular del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre el que se señaló, en el año 1999, que ostentaba dicho rango legal:
Que en la medida en que el artículo 14° inciso 6) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce un mandato indemnizatorio como consecuencia de la comisión de un error judicial a propósito de quienes han sido beneficiados con una medida de indulto, esto es, crea una obligación como correlato de una determinada situación jurídica, no cabe la menor duda, que al tratarse de derecho aplicable en nuestro país y que como se ha dicho, tiene el mismo rango que el de una ley, le asiste el mismo régimen jurídico que opera respecto de la Acción de Cumplimiento (TC, 2000, f.j. 7).
En línea con lo anterior, podemos afirmar, entonces, que para el año 2003, el rango de todos los tratados era legal. Sin embargo, con el planteamiento de la controversia por parte del gobierno regional de San Martín, el TC aprovechó la oportunidad para modificar su línea jurisprudencial y perfeccionar más el catálogo de fuentes. En su sentencia, profundiza sobre la categoría y el rango, además de dedicarle una sección completa a los tratados.
Ahora bien, con el planteamiento de la controversia del gobierno regional y adopción de la sentencia conocida como «Nina-Quispe», el TC regresa sobre su precedente del año 2003. Así, el 24 de abril de 2006, se refiere al sistema de fuentes del derecho peruano y señala que el inciso 4 del artículo 200 otorga rango legal a un grupo de normas, las cuales son: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas (TC, 2006, f.j. 15) y a continuación se decide analizar la naturaleza de cada una de estas fuentes que ostentan rango legal. Cuando es el turno de los tratados (2006, f.j. 18-22), el TC no realiza un estudio profundo sobre ellos en general y solo se encarga de realizar una escueta referencia a la IV DFT, respecto de la cual advierte que entraña una «regla especial» acerca de los tratados de derechos humanos, según la cual estos tratados «sirven para interpretar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Por tanto, tales tratados constituyen parámetro de constitucionalidad en materia de derechos y libertades» (2006, f.j. 22).
En cierto modo, no resulta forzado entender que el TC se refiere a la IV DFT para anotar esta característica especial de los tratados de derechos humanos como patrón interpretativo, pero «esta disposición solo establece un criterio hermenéutico, pero no está destinada a otorgar un rango diferenciado a los mismos» (Salmón, 2014, p. 286); es decir, solo consagra al más alto nivel normativo un método de interpretación de los derechos fundamentales. Sin embargo, resulta necesario señalar que el establecimiento de esta relación entre el artículo 55 y la IV DFT, en esta sentencia en particular, aunque fuera tangencial, es confuso y por tanto no resulta simplemente inofensivo.
Sin perjuicio de lo anterior, el TC, en su fundamento jurídico 61, plantea la distribución final de categorías

References: resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 105
 artículo 2
 artículo 3
 resolución

 artículo 56
 artículo 14
 artículo 200
 artículo 55