Source: http://www.libertadidioma.com/20180302.htm
Timestamp: 2020-03-30 13:33:15+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Viernes 2 Marzo 2018
Pablo Sebastián republica 2 Marzo 2018
OBITUARIOANTONIO GARCÍA-TREVIJANO
FERNANDO PALMERO El Mundo 2 Marzo 2018
Antonio García Fuentes Periodista Digital 2 Marzo 2018
Germán Gorráiz López diariosigloxxi 2 Marzo 2018
Sin embargo, la estrategia electoral del PP se basará nuevamente el mantra de la recuperación económica edulcorada con sibilinas promesas de aumento del techo de gasto autonómico, subidas salariales a funcionarios y jubilados así como reducciones fiscales para intentar de nuevo ser la lista más votada en las próximas elecciones Generales del 2020. En consecuencia, para evitar el incremento de la sangría de votos de un PP lacerado por la metástasis de la corrupción, Montoro aprobará una paga única para jubilados en el 2017 equivalente a la pérdida real de poder adquisitivo (0,95 %) y un posterior Real Decreto que implementará la revisión automática de las pensiones según el IPC anual, lo que supondrá la primera victoria sobre el Gobierno neoliberal del PP que por mimetismo podría reeditar las movilizaciones masivas del 15-M.
OKDIARIO 2 Marzo 2018
Carles Puigdemont renuncia, pero el golpismo sigue con la osadía ilegal de siempre, incluso más. A pesar de los procesos judiciales abiertos, han vuelto a desafiar la legalidad vigente para avalar el dislate del pasado 1 de octubre así como para rechazar la destitución del huido Puigdemont. Roger Torrent ya dejó claras sus verdaderas intenciones el pasado miércoles cuando dio pábulo a la propuesta de resolución que finalmente ha sido aprobada en sesión plenaria y en la que JxCat, la CUP y ERC exigían que se defendiera la independencia de la república catalana. Ante esta concatenación de provocaciones, el Gobierno tiene que ser firme: más artículo 155, que es lo mismo que más Constitución. Será la única forma de evitar disturbios callejeros y que la lógica fuga de empresas siga ahondando en la herida financiera y laboral que el golpe de Estado ha provocado en Cataluña.
De lo contrario, el separatismo volverá a reforzarse y extenderá su perniciosa influencia sobre todos los ámbitos de la sociedad catalana, amén de la persecución de los constitucionalistas, que están perdidos sin la vigilancia constante y rígida del Estado. La propuesta del encarcelado Jordi Sánchez como candidato es la prueba evidente de que los golpistas no piensan pararse en raya y que tampoco piensan en los catalanes. La única voluntad es llevar la situación al límite, mantener la tensión aunque ello suponga la ruina de la comunidad autónoma. De ahí que el Ejecutivo deba considerar, entre otras medidas, el hecho de tomar el control de TV3, el principal altavoz del separatismo para consolidar sus mensajes contra España. Pablo Llarena no permitirá que Sánchez salga de la cárcel, ya que supondría un fraude de ley.
Porlo tanto, la propuesta independentista es mera cosmética propagandística para contentar a sus socios más radicales a sabiendas de que no los llevará a ninguna parte. Una forma de seguir con el sempiterno victimismo independentista que tiene en la “opresión del Estado” la única —pero ajadísima— carta argumental que esgrimen ante sus acólitos y ante la comunidad internacional —con nulo éxito, por cierto—. Pura fachada de cartón piedra, pues la única verdad es que los golpistas se guarecen en un callejón sin salida sabedores de que su deriva no va a ninguna parte y que lo único que pueden hacer es aceptar la Constitución y seguir siendo lo que son: parte de España. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo tendrán que estar muy atentos a lo que pase a partir de ahora. Los independentistas han vuelto a lanzar un desafío ante los ojos de todo el mundo. El Gobierno debe responder con más 155.
GABRIEL TORTELLA El Mundo 2 Marzo 2018
REUNIÓN EXTERIORES
Embajadores y cónsules denuncian la ‘presión insoportable’ del separatismo
La Gaceta 2 Marzo 2018
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha mantenido al menos tres reuniones con embajadores y cónsules acreditados en España para explicarles la aplicación del 155 y abordar la “presión y manipulación” a la que estaban siendo sometidos los cónsules en Cataluña.
Fuentes oficiales han explicado que el motivo de las reuniones era hacer frente a la preocupación expresada por muchos diplomáticos y cónsules honorarios por la “presión insoportable” que sufrían, especialmente en Cataluña, para que expresasen su apoyo al proceso independentista.
“Nunca con funciones políticas, sólo de apoyo a los ciudadanos”, han precisado las fuentes, que han detallado que algunos cónsules honorarios se han extralimitado en sus funciones e invadido campos “que no les correspondían”.
Cesados cuatro cónsules honorarios
El empresario Albert Ginjaume, cónsul honorario de Finlandia en Barcelona desde hacía 19 años, fue destituido a petición del gobierno español por ejercer “actividades inadecuadas para un cónsul honorario, que están relacionadas con la situación política que vive Cataluña en la actualidad”, informó hace dos días la embajada finlandesa en un comunicado.
Según han detallado las fuentes, el cónsul de Finlandia no ha sido destituido por un fallo concreto, sino por su “conducta no ejemplar en varios campos fuera del marco legal de carácter político”.
Además, la Embajada finlandesa había recibido varias advertencias y “conocía perfectamente las razones” del malestar del Ministerio desde noviembre, mucho antes de recibir la nota verbal que hacía oficial la retirada del exequator, que se sustanciará en los “próximos días” con la devolución de los permisos y acreditaciones.
Según las fuentes, la embajadora ha reconocido que escribió dicha carta por iniciativa personal y sin contar con el apoyo de los demás miembros que “en ningún momento han manifestado su oposición o malestar” por la decisión de Exteriores.
El plan de la UE para asfixiar la economía yihadista y controlar mezquitas
gaceta.es 2 Marzo 2018
El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado a los Estados miembros establecer un sistema de control para que las mezquitas, asociaciones culturales o entidades similares detallen el reparto que hacen de los fondos que reciben para su financiación, en el marco de la lucha antiterrorista.
Proponen que se centralice en una base de datos los fondos recibidos y gastados tanto del exterior como del interior de la UE, y tanto los pagos frecuentes como las del “hawala”, un sistema de transferencias informales que se utiliza en el mundo árabe. El texto ha obtenido en el pleno 533 votos a favor, 24 en contra y 43 abstenciones.
Estas propuestas se incluyen en una iniciativa de la Eurocámara, de la que fue ponente el portavoz de Ciudadanos en el hemiciclo europeo, Javier Nart, que reclama la creación de una Plataforma de Inteligencia Antiterrorista Europea para el intercambio de información.
Respecto al mayor control de las finanzas de mezquitas u otras entidades similares, Nart ha indicado a Efe que se trata “simplemente de que cumplan con las mismas obligaciones” que el resto de envíos de dinero, como informar del emisor y receptor, ha añadido.
Respecto a la plataforma de Inteligencia Antiterrorista, tendría por objetivo mejorar la coordinación entre los servicios de inteligencia europeos y ahondaría en el intercambio de información básica.
Además, incluiría una base de datos con información sobre personas físicas, jurídicas y operaciones sospechosas y un directorio de bancos, instituciones financieras y entidades comerciales europeas y extranjeras, así como de terceros países con carencias en la lucha contra la financiación del terrorismo.
Estrangular sus finanzas
Los eurodiputados han instado también a los países a adoptar las medidas legislativas necesarias para que los bancos vigilen claramente las tarjetas de débito de manera que solo puedan ser recargables a través de transferencias bancarias de cuentas de las que sea titular el titular de la tarjeta de débito.
Nart ha explicado que, entre otros objetivos, “la recomendación persigue estrangular el blanqueo de los fondos almacenados por el “califato” del ISIS en Siria e Iraq, con la venta de petróleo, captura o inversiones en negocios legítimos, impuestos revolucionarios, robos y asaltos bancarios, raptos, tráfico de antigüedades y venta de armas”.
Por otra parte, antes del voto, el eurodiputado de Ciudadanos ha destacado a Efe que “hasta ahora, las medidas para agotar la financiación del terrorismo eran fundamentalmente macroeconómicas, como circuitos de paraísos fiscales, pero ahora mismo lo que más se usa son pequeñas transferencias y movimientos, microeconomía”.
“Para alquilar una furgoneta y atentar no hace falta mucho dinero”, ha destacado el eurodiputado de Ciudadanos en referencia a los atentados en la Rambla de Barcelona del pasado mes de agosto.
Igualmente, los diputados europeos han pedido una regulación comunitaria para las monedas virtuales o “criptomonedas” y otras tecnologías financieras e investigar si sirven para financiar el terrorismo.
El informe con recomendaciones será entonces remitido tanto al Servicio Europeo de Acción Exterior como al Consejo y la Comisión Europea para que tomen la iniciativa legislativa formalmente.
La anomalía de la inmersión lingüística: una comparación con Quebec
Manuel Toscano. vozpopuli 2 Marzo 2018
En Quebec, la inmersión obligatoria de los anglófonos sería impensable, pues se vería como un ataque contra el pluralismo social y una violación de sus derechos lingüísticos
Se ha reabierto la discusión sobre la inmersión lingüística en la escuela catalana y es saludable que así sea. Aunque ha habido críticas durante años, éstas han resultado políticamente inertes. Frente a ellas se sostiene que el modelo educativo de la inmersión es uno de los consensos básicos de la sociedad catalana, un modelo de educación lingüística exitoso que asegura la cohesión social. A quien pone en cuestión la inmersión se le acusa de poner en peligro la convivencia, cuando no se le tiene por enemigo declarado del catalán y de Cataluña. El resultado, como no pocos analistas han señalado, es que la cuestión de la inmersión lingüística ha sido tratada como algo intocable e indiscutible, poco menos que un tabú. Ahora, el independentismo ha hecho saltar muchos de los consensos en Cataluña, reales o supuestos, y ha fracturado la sociedad. Como decía recientemente Manuel Arias Maldonado, ya no podemos discutir sobre la inmersión lingüística como si el procés nunca hubiera existido. Por ello, es necesario reabrir la discusión sobre la inmersión, pues hay mucho que discutir al respecto.
Para empezar, ni siquiera la denominación es apropiada, aunque sea la forma popular de referirse al modelo educativo que ha terminado por imponerse en Cataluña. En sentido propio, la inmersión es un método para el aprendizaje de una segunda lengua en la escuela: en lugar de estudiarla como una asignatura, todas las actividades de clase y las tareas escolares se desarrollan en la segunda lengua, que usan los profesores y en la que están los materiales docentes; en resumen, la segunda lengua es usada como lengua vehicular de la enseñanza. Es lo que sucede cuando uno envía a su hijo al Liceo Francés o al Colegio Alemán. Como es obvio, la inmersión sólo existe en Cataluña para los alumnos castellanoparlantes, pues los catalanoparlantes reciben las enseñanzas en su lengua materna. Sería mejor hablar de un modelo de lengua vehicular única, el catalán, y donde la otra lengua oficial de la comunidad es una asignatura más, con dos o tres horas a la semana. Y, claro, no es como el Liceo Francés. A diferencia de lo que sucede en otros países, es un modelo obligatorio para todos los alumnos, con independencia de su lengua materna o de la elección de los padres. De ahí lo excepcional que resulta cuando se lo compara con lo que vemos en Europa o en Norteamérica.
No se subraya suficientemente ese carácter excepcional. Por eso es ilustrativo compararlo con el caso de Quebec y no me refiero a la provincia canadiense por casualidad. Desde que en los años setenta el Parti Québécois de René Lévesque impulsó la nueva política lingüística de protección del francés, la legislación quebequense no sólo ha ejercido una indudable atracción sobre la sociolingüística catalana, sino que se ha convertido en modelo de referencia para el nacionalismo catalán. Tras su adopción en 1977, la Charte de la langue française, también conocida como ley 101, cambió por completo el régimen lingüístico de la provincia francófona. Por lo que aquí nos importa, en lo relativo a la enseñanza la ley estableció un sistema de inmersión lingüística con el propósito de frenar la debilidad demográfica del francés. Pero la inmersión sólo se aplica a los inmigrantes (allophones en la terminología al uso), que están obligados a escolarizar a sus hijos en escuelas francófonas; una obligación que también alcanza a los propios francófonos, aunque para ellos no cuenta como inmersión. En cambio, la importante minoría anglófona está exenta de tal obligación: si el padre o la madre, o un hermano mayor, se han educado en inglés, el niño puede ir a una escuela anglófona. ¡Los admirados québécois tienen un sistema de doble red escolar!
Efectivamente, en Quebec hay escuelas donde el francés es la lengua vehicular, y el inglés se enseña como asignatura, y escuelas donde la lengua vehicular es el inglés, siendo el francés asignatura obligatoria. La libertad de elección de escuela está así restringida para los padres inmigrantes y francófonos, pero no para los anglófonos que pueden elegir la escuela de sus hijos. La inmersión obligatoria de los anglófonos sería impensable, pues se vería como un ataque contra el pluralismo social y una violación de sus derechos lingüísticos. Hablamos de una provincia de mayoría francófona y donde sólo hay una lengua oficial, el francés, por contraste con Cataluña donde hay una mayoría que tiene el castellano como lengua materna y donde las dos lenguas son oficiales. La legislación lingüística además se ha ido suavizando allí con el paso de los años como consecuencia de una serie de sentencias judiciales sobre la necesidad de que leyes y reglamentos se publiquen en las dos lenguas, sobre la enseñanza (cláusula Canadá) o sobre señalización y anuncios públicos. Por seguir comparando, esas decisiones judiciales han sido puntualmente trasladadas a la legislación vigente. Y es irónico que ahora las quejas vengan de padres francófonos que consideran que el sistema deja a su hijos lingüísticamente en desventaja.
No traigo el caso de Quebec para proponerlo como modelo de nada ni para abogar por un sistema de doble red escolar, pero sí para señalar que la doble red es lo más habitual en países multilingües. La anomalía es un sistema como el catalán. Salvo Groenlandia, como ha señalado Mercè Vilarrubias en una entrevista reciente, no es fácil encontrar un sistema educativo donde el niño no pueda ser escolarizado o desarrollar buena parte de su currículo en una lengua oficial hablada por la mayoría de la población.
Ya no podemos discutir sobre la inmersión lingüística como si el procés nunca hubiera existido; es necesario reabrir el debate, porque el castellano ha dejado de estar en igualdad de condiciones"
Frente a eso se esgrime el argumento de que la doble red escolar segregaría a los niños y dañaría así la cohesión social. Rara vez se explica qué se quiere decir con ‘cohesión social’, pero cabe preguntarse si un sistema de doble red que permitiera a los padres elegir la escuela para sus hijos conduce necesariamente a la segregación. Desde luego, no parece que Finlandia, por citar un sistema educativo que se pone como ejemplo y donde coexisten escuelas en sueco y finlandés, presente un nivel de cohesión social inferior a la Cataluña fracturada por el procés.
Pero admitamos en aras del argumento que fuera así. Los defensores de la inmersión presentan siempre el debate en esos términos, como si hubiera que elegir ineluctablemente entre ésta y la ‘segregación escolar’, sin más opción. Con ello escamotean que hay otro modelo de escuela, distinto al actual sistema y también a la doble red escolar: de conjunción lingüística o bilingüismo equilibrado, en el que las dos lenguas oficiales se utilizan como lenguas vehiculares de aprendizaje. En un libro imprescindible sobre la cuestión (Sumar y no restar, 2012), Vilarrubias ha argumentado con detalle las ventajas de este modelo bilingüe en términos educativos y de equidad. Como ejemplo, basta considerar las actuales tasas de fracaso escolar entre alumnos castellanoparlantes, que duplican a las de los catalanoparlantes, como se puede seguir por la serie de informes Pisa. Además es la clase de escuela que mejor refleja la realidad plural y mestiza de la sociedad catalana, y que se ajusta mejor al modelo constitucional de regulación de la diversidad lingüística, según se desprende de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Difícilmente podrá alegarse contra una escuela bilingüe que segrega a los alumnos o perjudica la cohesión social. De hecho, en ella habría inmersión, pero en los dos sentidos y no sólo en uno como hasta ahora. Otra cosa es que la cohesión social haya sido un mero pretexto y que la política nacionalista persiguiera en realidad una escuela monolingüe como palanca para la construcción nacional. Razones no faltan, como se ve, para celebrar que se reabra el debate sobre la inmersión.
Cristina Losada Libertad Digital 2 Marzo 2018
Las prisas del separatismo catalán por consumar la ruptura pueden tener su explicación en el hecho de que, a pesar de todo lo que hacen, el tiempo no corre a su favor.
La impaciencia del separatismo catalán no ha pasado desapercibida. Cuando se buscan factores de fondo, se atribuye a esa impaciencia el fracaso. No ya el fracaso del golpe, sino el fracaso en lograr una mayoría social partidaria de la ruptura. Si hubieran esperado unos años más, la habrían tenido, se dice. Y se implica, con excesiva certeza, que en ese caso el separatismo ganaría de calle. Hay quien estima en una generación más el tiempo necesario para que hubiera funcionado a pleno rendimiento y a plena satisfacción la fábrica de separatistas que era el proyecto de construcción nacional pujoliano: con la escuela de la inmersión y el adoctrinamiento, con los medios de correas de transmisión y focos de agitación, y con la sociedad civil Potemkin perfectamente alineada (y alienada). Sin embargo, no esperaron.
Tal vez, sí, fue impaciencia. Alentada por un cálculo erróneo sobre la debilidad del Estado, y conviene aclarar: el Estado, aunque se pierda de vista, no es en exclusiva el Gobierno. O por otro cálculo erróneo sobre los efectos políticos en España de la crisis económica y de la crisis que pudo haber acabado con el euro. O por la pura necesidad política de desviar los efectos de la crisis hacia un enemigo externo. O por la corrupción. Son demasiadas hipótesis, demasiados errores e impaciencias. Nadie dice que sean unos genios, pero tampoco hay que pensar que son unos tontos. Ya puestos, por qué no darle vueltas a la posibilidad de que estuvieran –y estén– convencidos de que el tiempo no corre a su favor.
El proyecto de construcción nacional de Pujol partía de una reconsideración del problema de la inmigración, que es como el nacionalismo ha venido llamando a la llegada a Cataluña de personas de otros lugares de España. La solución al problema era que había que asimilar o integrar, como diría después para suavizar, a aquellos que llegaban a tierras catalanas, igual que llegaban a otras regiones prósperas, en busca de oportunidades. El historiador Josep Termes, que había sido del PSUC, lo dijo así de claro en unas conferencias promovidas por la Generalitat de Pujol en 1982: "O se produce la integración [de los inmigrantes] o Cataluña se desnacionaliza en una generación".
Ese era el problema y ese era el camino. El camino respondía a la paranoia que marca ya desde sus albores al catalanismo político y al nacionalismo catalán: miedo al peligro de extinción que suponía para el ser catalán la llegada de otros españoles. O se catalanizaba íntegra y adecuadamente a aquella masa de forasteros, o el ser catalán y la nación catalana estaban destinados a desaparecer en el crisol de la mezcla y el mestizaje. Tal ha sido la paranoia, que se han llegado a interpretar los flujos migratorios de los años sesenta como una operación deliberada de la dictadura franquista para diluir el ser catalán. Tal es la paranoia, que hace pocos años, en los actos de una Diada, Carme Forcadell arengaba diciendo que sólo había dos opciones para los catalanes: "O la independencia o desaparecer como pueblo".
Ese es el marco mental del separatismo. La paranoia de la desaparición o la extinción y, como medio para evitar que se produzca, la fábrica de nacionalistas-separatistas, con el principal objetivo de catalanizar a los nuevos catalanes. Sin embargo, la fábrica no ha funcionado como podían esperar. Pongamos, por ejemplo, la lengua. Las décadas de inmersión y de políticas para desterrar el idioma español de la esfera pública y marcarlo como un idioma de connotación negativa –externo, impuesto y apestado– no han conseguido que deje de ser el idioma que considera propio la mayoría de los habitantes de la región.
En el último barómetro del CEO, así lo hacía el 46,3% de los encuestados, frente al 33,5 que tenía por idioma propio el catalán. Para completar el cuadro, los que tenían por propias ambas lenguas eran el 19,5%. El español (allí insisten en llamarlo castellano) era también la lengua en la que habían hablado de niños el 56,8%. Dado que el voto separatista es mucho más frecuente entre los catalanoparlantes que entre los hispanohablantes, esos datos tienen relevancia política. Del mismo modo, esos datos, que siguen tendencias previas, indican los límites de las coactivas políticas lingüísticas y, más ampliamente, del conjunto del proyecto de construcción nacional pujoliano, que pivota sobre la lengua.
Habrá que darle más vueltas a la idea, pero no es imposible que la impaciencia separatista se deba a la constatación de esos límites y, por lo tanto, a la constatación del fracaso. Fracaso relativo, sí, pero fracaso: no tienen la mayoría social y los medios que han aplicado para tenerla, no han dado el fruto esperado. Esto no quiere decir que haya que permitir, como se ha permitido hasta ahora, que la construcción nacional siga su curso, vulnerando derechos y libertades y acosando al que no pasa por el aro. Quiere decir, simplemente, que las prisas del separatismo catalán por consumar la ruptura pueden tener su explicación ahí. En el hecho de que, a pesar de todo lo que hacen, el tiempo no corre a su favor.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 2 Marzo 2018
PP, PSOE y Cs comprometen más de 20.000 millones de gasto en la 'compra de votos'
Las promesas de estos tres partidos se centran en contentar a funcionarios y pensionistas, ya que ambos suman más de 12 millones de votantes.
M. Llamas Libertad Digital 2 Marzo 2018
Todavía faltan dos años y medio para que termine la presente legislatura en caso de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, logre apurar al máximo su mandato y, sin embargo, España ya ha entrado de lleno en campaña electoral. Las principales fuerzas políticas se esmeran en lanzar promesas de todo tipo para tratar de recabar la atención y simpatía de los votantes de cara a la celebración de los próximos comicios. Pero todo esto tiene un elevado coste para el contribuyente: hasta el momento, más de 20.000 millones de euros de aquí a 2020, casi cuatro veces más que la subida del IRPF que anunció el PP para 2012.
Además, la estrategia política que siguen PP, su socio Cs y el principal partido de la oposición, PSOE, está muy clara. Estas tres formaciones centran todo su esfuerzo en rascar votos de dos colectivos muy concretos, pero muy numerosos, como son los funcionarios y los pensionistas, puesto que comparten una serie de intereses económicos que son fácilmente manipulables desde el punto de vista político.
Ahora que la economía se está recuperando y que la creación de empleo está logrando reducir de forma paulatina el paro, el debate en torno a la salida de la crisis ha pasado a un segundo plano siendo ahora sustituido por la necesidad de aplicar mejoras salariales a estos dos colectivos a fin de mantener o lograr nuevos votos. El mensaje que se les traslada es sencillo: más dinero.
Y la razón es evidente. Su influencia en las elecciones es clave. España cuenta, en la actualidad, con cerca de 3,07 millones de empleados públicos, casi 80.000 más que al inicio de la crisis. El número de efectivos se disparó entre 2008 y 2011, hasta registrar un máximo histórico de 3,3 millones de personas para, posteriormente, reducirse hasta el entorno de los 2,9 millones a finales de 2013 con el fin de reducir el abultado déficit público. Desde entonces, sin embargo, el personal a cargo de las Administraciones Públicas ha vuelto a crecer aprovechando la recuperación económica.
Aunque son los pensionistas los que ostentan el mayor peso en el censo electoral. Su número oficial asciende a 8,7 millones de personas, tras aumentar en un 1 millón durante la última década.
Entre ambos suman un total de 12,4 millones de potenciales votantes, lo cual equivale al 34% del censo electoral, cuyo número ronda los 36,5 millones de personas en total. La cuestión es que también representan el mayor coste para las arcas del Estado. Así, la remuneración de los empleados públicos supera los 120.000 millones de euros al año, según los últimos datos disponibles de la Intervención General del Estado, correspondiente al ejercicio 2016, mientras que la factura de las pensiones asciende a cerca de 140.000 millones. El coste de ambos colectivos, por tanto, se sitúa en unos 260.000 millones de euros, equivalente al 55% del gasto público total.
De ahí, precisamente, que las promesas de los partidos políticos resulten tan onerosas para el conjunto de los contribuyentes. La equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con los Mossos de Cataluña es la última medida que se ha anunciado en esta línea. Aunque la idea inicial partió de Cs, ha sido el PP el que, finalmente, la ha hecho suya. Tras el principio de acuerdo alcanzado el pasado jueves, policías y guardias civiles cobrarán un 25% más en tres años, unos 560 y 720 euros extra al mes, respectivamente.
El coste para las arcas públicas rondará los 1.100 millones de euros.
A ello se suma, por otro lado, la subida de sueldo que, desde hace meses, están negociando el Ministerio de Hacienda con los sindicatos de los funcionarios. Aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo, el Gobierno ya ha puesto encima de la mesa una subida salarial del 8% en tres años, cuyo coste total rondaría los 9.000 millones de euros.
En cuanto a los pensionistas, el PSOE ha logrado abrir el debate sobre la necesidad de elevar las pensiones por encima del 0,25% que establece el Índice de Revalorización, una idea que está dispuesto a debatir Cs, al tiempo que dentro de la cúpula del PP ya no se descarta aplicar una subida superior al mínimo que fija la ley.
En concreto, los socialistas plantean una subida del 1,6% en 2018, en línea con la inflación prevista para este año. La factura, en este caso, ascendería a unos 2.100 millones de euros al año, más de 6.000 millones en total hasta 2020 en caso de extenderse hasta el fin de la legislatura.
Por último, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha avanzado que, haya o no Presupuestos Generales del Estado en 2018, el Gobierno tirará de decretos para aprobar diferentes medidas de gasto como, por ejemplo, los 4.230 millones de euros extra que se ha comprometido a repartir entre las CCAA durante el presente ejercicio -antes de las generales, hay elecciones autonómicas y locales-, a la espera de lo que se acuerde finalmente en el seno de la negociación sobre el nuevo sistema de financiación autonómica.
Tan sólo estas cuatro grandes promesas electorales lanzadas por unos y otros supondrían un desembolso superior a los 20.000 millones de euros en los próximos tres años. Y eso que la legislatura todavía no ha llegado a su ecuador
Cataluña: el golpe sigue; y el Gobierno sigue consintiéndolo
EDITORIAL Libertad Digital 2 Marzo 2018
El Ejecutivo demuestra que no sabe qué hacer. O, mucho peor, que no quiere hacer lo que debe.
La sesión del Parlament de este jueves ha evocado de forma lamentable lo ocurrido unos meses atrás, en la anterior fase del golpe de Estado separatista, cuando la Cámara regional decidió dinamitar el autogobierno catalán.
Aunque exhiben algo más de prudencia tras las advertencias de la Fiscalía, y con la experiencia que les ha brindado el paso por el Supremo de parte de sus cabecillas y el encarcelamiento de varios de ellos, los partidos separatistas siguen exactamente donde lo dejaron en octubre: en la ruptura del orden constitucional, en el golpismo.
Por si el esperpento del Parlament fuera poco, el mensaje de Puigdemont desde Bruselas ha dejado muy claro que hay una nueva ofensiva rupturista: el de Junts per Catalunya renuncia a la Presidencia de la Generalidad, pero lo hace encomendando la tarea de sustituirle a un preso, a fin de crear un nuevo conflicto institucional, y a cambio de la creación de un Consejo de la República cuya misión es hacer efectiva la independencia proclamada el 27 de octubre. Está claro que, lejos del alcance de la Justicia española, Puigdemont no tiene la necesidad de hablar de gestos simbólicos.
Lo más preocupante es que la respuesta institucional prácticamente no existe. Pareciera que el Gobierno no encuentra la manera de frenar los órdagos del separatismo y que ni tan siquiera es capaz de articular una respuesta política: tristemente, en lugar de eso critica a Ciudadanos, que al menos sí da la réplica a los liberticidas, como ha hecho este jueves en sus espléndidas intervenciones Inés Arrimadas.
No es casualidad que el cobarde Puigdemont haya dedicado parte de su discurso a atacar a Felipe VI: el monarca ha sido, junto con la Administración de Justicia, el valladar institucional frente a un golpe cuya gravedad ha acentuado la inoperancia del Gobierno. Un Gobierno que, tras permitir la celebración del 1-O y su nefasta decisión de aplicar el 155 para convocar de inmediato nuevas elecciones regionales, que se saldaron con una nueva mayoría parlamentaria de los golpistas, demuestra que no sabe qué hacer. O, mucho peor, que no quiere hacer lo que debe.
Arranca la tercera fase del golpe
Guillermo Dupuy Libertad Digital 2 Marzo 2018
Los separatistas cuentan a su favor con algo tan decisivo como la indolente e incompetente clase política constitucionalista.
La ilegal resolución parlamentaria con la que la mayoría secesionista ha vuelto a saltarse a la torera los autos del Tribunal Constitucional y el propio reglamento de la Cámara autonómica a fin de reconocer a Carles Puigdemont como "presidente legítimo" de Cataluña y comprometerse a implantar "el Estado catalán surgido del 1-O" da inicio a lo que podríamos llamar la tercera fase de este peculiar golpe de Estado en forma de ilegal proceso secesionista iniciado en 2012.
Ni que decir tiene que este golpe de Estado no va a lograr que el Reino de España reconozca de iure a Cataluña como Estado independiente en forma de república; pero vive Dios que sólo desde la complicidad o desde la estupidez se puede negar al procés su capacidad para mantener a Cataluña apartada del ordenamiento constitucional y, con ello, perpetuar la quiebra de la nación española entendida como Estado de Derecho.
Aun así, y a pesar de que los secesionistas cuentan a su favor con algo tan decisivo como la indolente, incompetente y acomplejada clase política constitucionalista, Puigdemont sueña despierto si cree que va a poder liderar el golpe de Estado desde Bruselas, tal y como Artur Mas y él mismo hicieron desde Barcelona como presidentes de la Generalidad y, para más coña, como máximos representantes del Estado español en Cataluña, durante lo que también podríamos llamar las fases primera y segunda de este proceso o golpe de Estado a cámara lenta.
A partir de ahora el procés tendrá, como mucho, un liderazgo bicéfalo. Puigdemont podrá aspirar a una presidencia simbólica y, ciertamente, un papel activo en lo que Mas llamó en su día la "internacionalización del conflicto" a cargo de las embajadas catalanas, embajadas, por cierto, que los separatistas ya se disponen a reactivar. Pero el papel ejecutivo y determinante lo desempeñará, lógicamente, y no como mero testaferro de Puigdemont, quien ocupe la presidencia de la Generalidad. Y será necesariamente alguien sin antecedentes penales o sin causas pendientes con la Justicia, por mucho que las formaciones golpistas se empecinen en nombrar a Jordi Sànchez o a otros imputados en su mitificado referéndum del 1-O.
Téngase en cuenta además que el procés –incluida la "presidencia legítima de Cataluña en el exilio"– va a seguir requiriendo enormes cantidades de dinero público, y esa silenciada y persistente malversación de fondos públicos no puede arriesgarse a ser denunciada por el empecinamiento de algunos imputados a la hora de seguir liderando el proceso. Así las cosas, y gracias a la acción de la Justicia, podemos confiar en que los desafíos más abiertos e inocultables al orden constitucional –tal y como sería la proyectada Constitución de la República de Cataluña, que los más extremistas aspiran a ver aprobada en esta tercera fase del procés– tengan que esperar.
En cualquier caso, nada parece vaya evitar, desgraciadamente, que en Cataluña las cosas vayan a seguir como están; statu quo no muy distinto, por cierto, al que impondría una república independiente.
Nuevo ataque secesionista
No es eso, señores, no es eso
Teresa Freixes okdiario 2 Marzo 2018
En un pleno que, en principio, y porque así lo habían pedido desde la oposición parlamentaria, se tenía que intentar el desbloqueo de la situación en el Parlamento de Cataluña para poder realizar la investidura de un president de la Generalitat o, al menos, que se produjera una votación de rechazo a un candidato o candidata permitiendo que comenzaran a correr los plazos para una nueva convocatoria electoral, se ha llegado, otra vez, a la esperpéntica situación de que el flamante rodillo secesionista ha aprobado una resolución impropia de la naturaleza institucional de un parlamento representativo democrático en un Estado de Derecho. Tres son básicamente, los contenidos de la resolución que han merecido, además, el anuncio de la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por parte de Ciudadanos, partido que considera que a lo largo del pleno han sido vulnerados los derechos fundamentales de sus diputados.
La resolución reivindica a Carles Puigdemont como presidente legítimo de la Generalitat, cuando el Parlament no tiene potestad para ello, al haber sido destituido en aplicación de las previsiones constitucionales vigentes, con la autorización del Senado, tal como está legalmente prescrito. Que Puigdemont hubiera sido, en su día, democráticamente investido, no le hace depositario ad aeternum de la condición de presidente legítimo, pues la legitimidad no se tiene sólo de origen, en el momento de la elección, sino que debe continuar como legitimidad de ejercicio, la cual se pierde cuando quien gobierna no respeta la ley democráticamente establecida. O cuando se pretende suplantar a las instituciones usurpando sus funciones sin estar legalmente habilitados para ello. Puigdemont no es president de la Generalitat. Ni puede serlo desde Bélgica ni desde cualquier otro lugar que no sea el que derivase de una elección legal en sede parlamentaria en Cataluña.
Además, la resolución pretende fundamentar el ejercicio de las funciones parlamentarias y el contenido de lo que el Parlament aprueba en lo que denomina “la voluntad democrática de los representantes del pueblo de Cataluña, así como la que fue legítimamente expresada en el Referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de Octubre”. Tal afirmación constituye una tergiversación rayana en el delirio, puesto que es de sobras conocido que el 1 de octubre de 2017 no se realizó ningún referéndum de autodeterminación, porque el Tribunal Constitucional, considerando que la ley reguladora que se había aprobado anteriormente por el rodillo parlamentario secesionista, en el pleno de la vergüenza del 6 de septiembre, sin respetar el reglamento parlamentario, suspendió primero y declaró anticonstitucional, posteriormente, la mencionada Ley porque no respondía a los criterios establecidos por el Derecho Internacional para poder habilitar tal tipo de referéndum y porque no se cumplían las garantías establecidas por la Comisión de Venecia. Afirmar que el 1 de octubre tuvo lugar un referéndum de autodeterminación es lisa y llanamente una mentira, además de constituir una afirmación que desobedece el sentido exacto de lo declarado por el Tribunal Constitucional en su sentencia.
También cabe señalar que en la resolución precitada se pretende que el Parlament emprenda una actividad de resistencia activa frente a resoluciones y sentencias en torno a leyes y otras normas suspendidas, dicen, por el Tribunal Constitucional. No las enumeran, sino que vagamente se refieren a “las leyes —no dicen cuáles— y decretos sociales y medioambientales aprobados en esta Cámara en la pasada legislatura”. La inconcreción, conociendo la práctica habitual del “engaño al Estado” acuñada por el secesionismo, puede conllevar que se pretendan restaurar la Ley del derecho de autodeterminación y la Ley de transitoriedad jurídica e instauración de la república, ambas no sólo suspendidas sino declaradas contrarias a la Constitución por el TC. En cuanto a los decretos suspendidos, que se encuentran dentro del plazo de emisión de sentencia, lo fueron por la interposición de sendos recursos por parte del Gobierno de España por invadir competencias del Estado. Ni las unas ni los otros pueden ser legalmente utilizados para “construir el nuevo país” que con ello se pretende. No tiene, esta mayoría secesionista, legitimidad para ello, pues para tenerla tendría que usar de sus competencias en el marco de la Constitución y de la ley.
Al margen de estos tres puntos, cabe señalar también que en el texto de la resolución se contienen afirmaciones que pueden considerarse como una calumnia relativa a la actuación de otras autoridades, concretamente, cuando se afirma que la aplicación del art. 155 CE ha vulnerado derechos fundamentales de los catalanes y catalanas, ya que ello comporta una acusación concreta de realización de una conducta delictiva, consistente en la vulneración de derechos fundamentales realizada por parte de autoridad pública. Se acusa también a las autoridades españolas de conductas que, de ser ciertas, constituirían sendos delitos de usurpación de funciones y de prevaricación, puesto que la Resolución secesionista afirma que el Gobierno, en concreto el Ministro de Justicia, no respeta la separación de poderes y, en general, el ejecutivo, se dedica a presionar y a realizar injerencias ilegítimas sobre el Tribunal Constitucional.
Considerando, además, que el Estado está organizando lo que denomina una “Causa General contra Cataluña”, que establece una represión generalizada sobre el “movimiento republicano”, en la Resolución se proclama que el art. 155CE, instrumento de coerción federal existente en los ordenamientos constitucionales de todos los Estados democráticos fuertemente descentralizados para hacer frente a situaciones de quiebra del principio de lealtad federal que debería presidir la acción de los poderes públicos, constituye una agresión ilegal e ilegítima al haber sido utilizado para destituir a un president golpista que, además, está prófugo de la justicia en el extranjero. ¿Es esto lo que el Parlament de Cataluña tenía que acordar en este pleno? No es esto, señores. No es esto. Ni tienen la mayoría social necesaria para ello, ni tienen legitimidad de ejercicio para conculcar los principios más elementales del orden democrático constitucional y estatutariamente establecido.
Izquierda y separatismo intentan legitimar el anarquismo dentro del Estado
La contradicción anarquismo-legalidad, un oxímoron que intentan implantar todos aquellos que pretenden compaginar libertad absoluta con orden y convivencia pacífica
Miguel Massanet diariosigloxxi 2 Marzo 2018
Sí, señores, lo que está sucediendo últimamente en nuestro país, lo que cada día podemos constatar en el comportamiento de nuestros políticos y lo que parece que nos espera si alguien no se decide a decir ¡basta!, lo tenemos a la vista sin hacer otro esfuerzo que leer los periódicos, ver las TV y escuchar las noticias de las radios. En España cada cual tira por su parte, tanto en el Parlamento como en cada una de las autonomías que, al parecer, han llegado a la triste conclusión de que, a la vista de cómo se están desarrollando los acontecimientos a lo largo y a lo ancho de nuestra nación; lo mejor, lo más rentable y lo que más puede salir beneficioso es prescindir de los demás y cada cual limitarse a mirar por lo suyo. ¿Qué fue de aquellos sentimientos de solidaridad, qué ocurrió con el concepto constitucional de la unidad indivisible de España? Parece que se han convertido en ideas obsoletas de los primeros tiempos de la implantación de la democracia en España que, como suele suceder cuando se trata de un país en el que la población no está preparada para respetar los principios democráticos; cuando en cada ciudadano hay encerrado un presunto cacique; cuando el interés general se convierte en el beneficio de cada persona que, como es evidente, nunca puede ser el mismo que el del resto de los miembros de la sociedad que difícilmente coinciden en las mismas aspiraciones.
Por duro que pueda parecer, a pesar de las suspicacias que pueda despertar en una parte de la sociedad española o por muy reaccionario que pueda parecer, a la vista de cómo se van sucediendo los acontecimientos en España, de la degradación que está experimentando nuestra clase política y de la falta de respeto que parece que se va extendiendo por toda la ciudadanía, al menos por una parte importante de ella, por el estado democrático, por sus normas de convivencia y por los derechos constitucionales reconocidos por nuestra Carta Magna; hemos llegado a la conclusión de que hay naciones que todavía no están preparadas para saber apreciar las ventajas de una democracia comme il faut; entender que para vivir en libertad hay que saber respetar los límites impuestos por la libertad del resto de ciudadanos y ello supone atenerse a unas normas imprescindibles como es mantener el orden, el respeto, la seguridad, el trabajo, los derechos fundamentales etc. Hay naciones que todavía no están debidamente preparadas para someterse voluntariamente a estas limitaciones y piensan que es mejor el sistema asambleario, la voz de la calle, la insurrección en contra de las leyes, la pretensión de que el derecho de las minorías pueda, de alguna manera, imponerse sobre el de las mayorías, el conocido método anarquista que tantos males ha venido causando a la humanidad.
En estos casos en los que no existe un verdadero espíritu democrático y una cultura de someterse a las reglas que son imprescindibles para garantizar la convivencia, como ocurre en muchas de las naciones tercermundistas en Suramérica, lo lógico es que acaben en manos de cualquier dictador que consiga, sea por la fuerza de las armas o por métodos totalitarios, hacerse con el poder y mantenerse en él mediante el establecimiento de un estado policíaco al estilo del que estuvo al frente de Rusia durante casi un siglo. Muchos pensamos que España, el pueblo español que supo aceptar una transición de forma ejemplar y se dio la Constitución de 1978, al menos en una parte y, en especial, en lo referente al aspecto autonómico, pudiera pensar que aquellas evidente atribuciones y transferencias que se les atribuían al gobierno autónomo, no eran más que un primer paso hacia la descentralización que ellos intentaban conseguir que, con el tiempo y una dosis de presión hacia los distintos gobiernos, les llevaría a lo que, para algunos políticos encabezados por el señor Jordi Pujol, era su verdadera meta: una Cataluña independiente o, al menos, con unas facultades de autogobierno que los situaran en una posición de semi-independencia respecto al resto del país.
Si los separatistas catalanes, a pesar de estar sometidos al artº 155 de la Constitución, vienen actuando como si, en realidad pudieran actuar libremente por su cuenta y utilizan todas las martingalas legales para intentar eludir la legislación española y, en especial, la Constitución; siguen en su intento de establecer una especie de República Independiente Catalana en el exilio, bajo la dirección de este prófugo de la Justicia que es C.Puigdemont, a pesar de ser conscientes de que cometen una ilegalidad y, a pesar de ello, pretenden nombrar como presidente de la Generalitat a otro preso, acusado de colaborar en el referéndum ilegal del 1.O, el señor Jordi Sánchez lo hacen con la evidente idea de enfrentarse de nuevo al Estado español. La intención separatista es que, de una asamblea de electos separatistas a celebrar en Bélgica, se otorgue al fugado Puigdemont la condición de líder supremo del “Consejo de la República”, desde donde se podrían decretar los ceses y nombramientos en el ejecutivo catalán. Se trataría de una “legalidad autonómica bajo la obediencia republicana”. Estamos de nuevo ante un claro intento, absurdo e irresponsable, de darle la vuelta a la legalidad, con muy pocas posibilidades de que tengan éxito.
Por otra parte, tampoco los partidos de izquierdas se quedan cortos cuando se trata de intentar ir metiendo cuñas en las leyes españolas de forma que, poco a poco, ante la minoría del PP en el Parlamento, vayan desmontando todo lo que, a través de los años de gobierno, ha ido haciendo el PP para conseguir sacar al país del peligro de ser rescatados por los famosos hombres de negro. Así Unidos Podemos, a iniciativa de su socio, Izquierda Unida, acaban de registrar en el congreso una proposición para reformar la ley de banderas y permitir que las administraciones puedan colocar enseñas no oficiales, como la bandera de la II República, de manera temporal, en sus fachadas. Un trágala absurdo y cargado de connotaciones republicanas, con la evidente intención de menospreciar la monarquía parlamentaria que, en virtud de la Constitución de 1978, es la que rige en nuestra nación.
Es evidente que, con el apoyo de Ciudadanos (embarcado en una guerra fratricida con el partido de Rajoy, por temas electorales, aunque las próximas elecciones quedan aún lejos, al menos en teoría) se van a cargar la famosa “Ley Mordaza”, un empeño en el que parece estar todos los de la oposición de acuerdo, aunque saben que es necesaria, por el mero hecho de ser una ley promulgada por el PP. Por otra parte, siguiendo esta línea que parece que se han marcado las izquierdas, de acoso y derribo al PP; Unidos Podemos va a intentar que: el enaltecimiento del terrorismo, las injurias al Rey o a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o la policía no sean delito. Alberto Garzón ha anunciado una PL para que se deroguen casi media docena de artículos del CP. Es evidente que, si no se toman medidas para evitarlo y dudamos de que haya alguien en condición de hacerlo, parece que ha empezado el derribo del Estado de derecho con la aquiescencia y la indiferencia que parece que se ha apoderado de una gran parte de los españoles, que se limitan a asistir pasivos a la degradación de todas las instituciones que parece que constituye el objetivo de una oposición que no se fija en otro objetivo que el inmediato de procurar acabar con la legislatura de Rajoy.
No olvidemos que el señor Pablo Iglesias, el año pasado, ya registro una Proposición de Ley pidiendo derogar el 525 del CP que tipifica como delito: el escarnio público o vejación pública de los representantes de confesiones religiosas. Para este dirigente “La legítima crítica contra las religiones, dogmas y creencias está amparada por la libertad de expresión.”. Si, señores, la “sacrosanta” excusa utilizada por las izquierdas para justificar insultos, calumnias, injurias, engaños y falsas imputaciones o acosos personales, utilizada por todos aquellos que han tomado las redes informativas como un medio de vaciar toda la bilis y mala uva que almacenan, en grandes cantidades, en sus podridos corazones, especialmente todos cuantos resentidos, rencorosos, seudo agraviados, amargados y mosqueados ciudadanos que, no habiendo sido capaces de obtener una posición acomodada en la sociedad, pretenden cobrarse su agravio descargando su odio y envidia sobre aquellos que por su inteligencia, preparación, esfuerzo y dedicación han sido capaces de labrarse una posición entre los demás ciudadanos. Es evidente que va a ser preciso que, en algún momento, se le ponga coto a esta inexistente libertad que algunos creen que se desprende de la normativa constitucional que, por supuesto, le pone un límite a este fuero que algunos consideran ilimitado y que, como es evidente, debe ajustarse a los límites que establece nuestro CP, como delitos.
En ocasiones, aquellos que tuvimos la desgracia o la suerte de ser, de jóvenes, testigos de nuestra Guerra Civil, y que disfrutamos de gran parte de nuestra juventud (prácticamente toda) y de nuestra madurez en tiempos de la llamada dictadura del general Franco, tenemos que recordar con una cierta nostalgia una época en la que uno podía circular a cualquier hora del día o de la noche sin temer ser asaltado, robado o asesinado por un malhechor. Escuchar a muchos jóvenes, periodistas, universitarios y personas que presumen pertenecer al gremio de la cultura, hablar, como si lo hubieran presenciado, de lo que sucedía en tiempos de la “dictadura franquista” con la soltura, el descaro y la autosuficiencia que proporciona la ignorancia, de lo que fueron aquellos tiempos, tomándose a broma a aquellas personas que intentan explicarles que la mayor parte de las cosas que se explican pretendiendo satanizar aquella época no son más que inventos, trolas y maledicencias sin fundamento alguno. Y si es que queremos hablar de asesinatos y se quieren fiar de los datos de la famosa Memoria Histórica, prepárense a ser los más profundos ignorantes respeto a lo que hicieron uno y otro bando en aquellos cuitados tiempos de nuestra historia.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos que denunciar ante las autoridades españolas que, si siguen empeñadas en hacer caso omiso a lo que se está preparando en España, van a ser ellos los responsables de lo que pueda suceder, no solamente en Cataluña y sus independentistas, sino en el resto de España que sigue muy atenta los acontecimientos catalanes pensando que, si tienen éxito las intrigas de los separatistas, ellos van a tener la ocasión de jugar sus cartas. O así es como pensamos nosotros.
El espionaje a los periodistas de El Confidencial? es un hecho acreditado en los documentos de la causa que instruye la jueza Lamela, y resulta especialmente grave
El Confidencial 2 Marzo 2018
ETA: olvidarnos de olvidar
Antonio San José. vozpopuli 2 Marzo 2018
La banda debate su disolución definitiva sin que la opinión pública, entretenida con Puigdemont y los suyos, muestre demasiado interés
Los titulares de prensa son tan rotundos como volátiles, demostrando empíricamente la capacidad de amnesia, casi rozando lo inmoral, de una sociedad que ha sufrido 829 asesinatos indiscriminados a manos de una banda de sicarios a sueldo de una idea tan abstracta como imposible. La banda criminal ETA está sometiendo a votación entre sus miembros (aún existen especímenes de tal condición) un confuso papel en el que plantea la disolución definitiva de la mal llamada organización. Se trata, claro está, de un ejercicio estéril, porque en la mente colectiva del país la disolución no es una entelequia, sino una realidad asumida y descontada. A nadie importa, pues, lo que haga o deje de hacer esta obsoleta excrecencia de nuestro pasado más vil, de ahí que el titular, con el honor de las cuatro columnas rece: “ETA anuncia su desaparición definitiva entre la indiferencia”.
Para la mayor parte de la sociedad la banda lleva disuelta mucho tiempo, sus acciones sangrientas cesaron tras ser vencida policial y judicialmente -conviene tenerlo muy presente- y lo que haga o deje de hacer es asunto que no parece ocupar ni preocupar a una opinión publica enredada en el azul de Puigdemont, un puñado de inanes estelados y sus ensoñaciones independentistas (eso sí, afortunadamente, sin pistolas de por medio). El anuncio del plan etarra ha sido publicado por un libelo llamado Gara, que antes se seguía mucho en el ministerio del Interior por ver de descubrir en sus páginas pistas y claves ocultas de la banda, algo similar a lo que ocurrió anteriormente con otra cosa impresa llamada Egin.
La indiferencia y el olvido se revelan como una anomalía moral que concierne a toda la sociedad"
Así que han pasado seis años desde el denominado cese de la actividad armada, en sintaxis de los malos, los ciudadanos de este país, incluyendo obviamente en este descriptivo a los del País Vasco, muestran una indiferencia de libro ante algo que, quizá irresponsablemente, ni les va ni les viene. Atrapados por el vértigo maléfico de la inmediatez, la dinámica informativa hace prescribir frívolamente los hechos importantes en aras de lo nuevo novísimo, y, en ese sentido, ETA hace ya tiempo que dejó de ser noticia. Vivimos en la época de los trending topics, de ahí que los patéticos encapuchados con txapela se hayan fosilizado en el imaginario colectivo convirtiéndose en un referente viejuno que ya no parece interesar a nadie.
Es la amnesia de los nuevos tiempos contra la que resulta imprescindible combatir, porque muchos tenemos en la memoria profesional multitud de asesinatos, coches bomba, secuestros y extorsiones, de las que tuvimos que informar en un momento en el que se amenazaba y se mataba a políticos, militares, policías, guardias civiles, ertzainas o periodistas, por el sólo hecho de serlo. Y eso no, no puede ni debe borrarse nunca. El olvido resuelta especialmente inmoral y miserable cuando los asesinos que ejercieron de chivatos para señalar futuras víctimas a los pistoleros, son recibidos como héroes en su pueblo al salir de la cárcel, tras pagar una mínima pena por su actuación. Por eso no cabe la indiferencia ni el olvido; el perdón ya es algo personal e íntimo. Cuando los de la serpiente y el hacha no han mostrado signo alguno de arrepentimiento, la sociedad no puede estar tan enferma como para pasar página sin más. No hacerlo es un compromiso moral con las víctimas y sus familias, con las viudas, los huérfanos y los padres sin hijos. Un compromiso contra los obispos y curas que miraron para otro lado, el de los asesinos, en lugar de mostrar cristiana compasión con las familias de los muertos. Todo fue, ahora lo sabemos, un aquelarre ético en el que muchos colectivos empatizaron con las pistolas más que con las nucas que alojaron sus balas.
No es comprensible éticamente que los chivatos que marcaron a las víctimas ante los asesinos tengan la consideración de héroes"
Lo peor, con todo, al menos para mí, y cuento lo que he visto, es el recuerdo de energúmenos gritando “ETA, mátalos”, incluyendo en ese colectivo a las emakumes que jaleaban los asesinatos enarbolando las fotografías de sus hijos condenados por matar. No hubo caridad, compasión ni respeto por los abatidos con balas 7 milímetros Parabellum, amonal o goma 2; por los secuestrados, amenazados y señalados en pasquines con una diana en sus cabezas. Por eso no es admisible la indiferencia ni el olvido. De ahí que no pueda pasarse por alto el que existan personas sin alma capaces de jalear como salvadores de una patria inexistente a quienes fueron responsables de tanta y tanta desolación. Dicen los periódicos que la disolución definitiva de ETA podría darse a conocer después del verano. En cierta medida será la constatación de una derrota, la evidencia de la inutilidad de una quimera irrealizable que, en su trayectoria criminal, arrebató la vida a 829 inocentes y dejó marcadas para siempre las existencias de sus familiares, amigos y compañeros. Por eso parece obvio que la indiferencia y el olvido, si se producen, se convierten en un delito moral que nos concierne a todos.
Esther Armora. Barcelona ABC 2 Marzo 2018
Lo que debería hacer un juez con algo de sentido común
Nota del Editor 2 Marzo 2018
Lo que debería hacer un juez con algo de sentido común es tratar de trabajar menos e inadmitir cualquier reclamación sobre la escolarizacíón en lengua española por cuanto la sentencia dictada es aplicable a cualquier otra situación análoga y ordenar la detencion y enjuiciamiento a quienes se atrevan a inclumplirla.
Pero parece que no están por la labor, solo quieren que salga mucho humo, marear la perdiz, fastidiar (económica, moral, socialmente) a millones de español hablantes y proteger el tinglado autonosuyo.
Jose Mari Alonso. Pamplona elconfidencial 2 Marzo 2018
El Parlamento de Navarra ha mostrado su reconocimiento en la sesión plenaria de este jueves a los empresarios que sufrieron "atentados, amenazas y extorsiones" de ETA y a los etarras y colaboradores de la banda terrorista que han denunciado haber sido objeto de torturas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSE). Este doble y dispar reconocimiento ha sido aprobado en la sesión plenaria de la Cámara de Pamplona, donde en unas horas se ha pasado de apoyar la celebración de un acto de homenaje y reparación a los empresarios que estuvieron en la diana de ETA a reclamar que se reconozca y repare a algunos de esos etarras que actuaron contra el empresariado como víctimas de torturas.
Ha habido una doble petición al Gobierno español. Por un lado, se le ha instado a “investigar judicialmente a los autores de las extorsiones a empresarios y a las redes de colaboradores que ayudaron a canalizar el pago del mal llamado ‘impuesto revolucionario”. Y por otro, se le ha emplazado a “adoptar las medidas oportunas para el reconocimiento de las víctimas de la tortura, estableciendo los mecanismos necesarios para la no repetición” de los malos tratos.
El apoyo expreso a los empresarios amenazados por ETA ha salido adelante impulsado por UPN con una iniciativa que no ha concitado el respaldo unánime de la Cámara. Una vez más, EH Bildu se ha negado a secundar una propuesta de apoyo a uno de los colectivos que más sufrieron el azote de la banda terrorista. La coalición ‘abertzale’ ha sido la única de las siete fuerzas con presencia en el Parlamento en no dar su apoyo expreso al empresariado señalado por ETA, al abstenerse en la votación, en contra del criterio de los otros tres partidos que integran el Gobierno de Uxue Barkos (Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezkerra), que se ha sumado a la iniciativa.
Otegi se quejó de no ser invitado al homenaje a los empresarios asesinados por ETA: ahora EH Bildu se niega a apoyar un acto de reparación al empresario
Hace unos meses, el líder ‘abertzale’ Arnaldo Otegi se quejó amargamente del hecho de que la patronal vasca Confebask no invitara a su partido al primer homenaje público dispensado a los empresarios asesinados por la banda terrorista. Quien fuera condenado por participar en el secuestro del directivo de Michelin Luis Abaitua se presentó como víctima ante este veto. Este jueves, su formación se ha negado a avalar el “acto de homenaje y reparación a todos aquellos empresarios que sufrieron los atentados, las amenazas y las extorsiones por parte de ETA y los comandos autónomos anticapitalistas” que celebrará el Parlamento de Navarra a instancias del resto de grupos. Tampoco ha respaldado que se coloque en colaboración con la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) una placa en la fachada de la sede de la Cámara de Pamplona “en homenaje a los empresarios y profesionales extorsionados”.
La propuesta aprobada emplaza igualmente al Gobierno de Navarra a que realice en colaboración con las universidades de la Comunidad Foral un “trabajo divulgativo y una exposición que salvaguarde el anonimato de las víctimas, visibilice las cifras de la extorsión, sus mecanismos, complicidades y el impacto humano y económico que supuso”.
Ante las críticas recibidas por su no apoyo a la iniciativa, el parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramírez ha replicado que no va a permitir que se ponga en cuestión su “compromiso con las vías democráticas y pacíficas” en su condición de “militante” de EA, un partido que, según ha resaltado, “ha tenido muy cerca el sufrimiento que ETA ha ocasionado a los empresarios”. Para justificar su abstención, ha pedido “no caer en el error” de establecer fronteras morales entre víctimas.
La coalición ‘abertzale’ sí ha mostrado en cambio su apoyo a las “víctimas de la tortura”, que han recibido un reconocimiento expreso del Parlamento de Navarra a través de una iniciativa presentada por las fuerzas que integran el cuatripartito y que ha salido adelante con su único respaldo. El PSN se ha abstenido y UPN y PPN se han opuesto. La propuesta, que traslada su “solidaridad” a las víctimas de las torturas, ha sido planteada a raíz de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) que ha condenado a España a indemnizar con 50.000 euros a los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, autores del atentado contra la T4 de Barajas, en el que fallecieron dos personas, por malos tratos policiales.
Ahora, la Cámara de Pamplona “toma en consideración” esta sentencia, poniendo énfasis en el “trato inhumano y degradante” dispensado a los dos etarras durante el tiempo de su detención en régimen de incomunicación. Por ello, se insta al Gobierno español a “reconocer la práctica de la tortura y los malos tratos” por parte de las FSE y a proceder al “reconocimiento y reparación” de las víctimas de malos tratos policiales. En esta línea, el Parlamento denuncia los “impedimentos que desde diferentes ámbitos del Estado se han puesto y se siguen poniendo para esclarecer este tipo de hechos con el objetivo de seguir ocultando la realidad de la tortura” por parte de las FSE.
UPN había planteado un tirón de orejas al Estado a raíz de las sentencias del TEDH por no investigar las denuncias de torturas, pero ha retirado el texto
A este respecto, la iniciativa muestra su “rechazo” al recurso que ha interpuesto la Delegación del Gobierno en la comunidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) contra la orden foral que destina un total de 30.000 euros a documentar hechos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios. La “necesidad de documentar y sacar a la luz todos los casos de tortura padecidos por ciudadanos navarros”, a quienes el Parlamento muestra su “solidaridad” y reconoce su “derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, ha contado con el respaldo adicional del PSN, que ha apoyado este epígrafe.
La actuación del Gobierno ante las torturas iba a recibir un tirón de orejas por parte de UPN, que había planteado una enmienda de sustitución dirigida a reclamar al Ejecutivo español que introdujera “a la mayor brevedad todas las mejoras normativas y prácticas para garantizar la observación rigurosa de lo previsto en la Convención contra la Tortura”, ante la “preocupación” que han suscitado las sentencias del TEDH que han condenado a España por “no investigar adecuadamente las denuncias” de malos tratos. El texto, que también instaba al Estado a “adoptar las medidas necesarias para una investigación rápida y rigurosa de todas las denuncias al respecto que se produzcan en nuestro país”, ha sido finalmente retirado y no se ha debatido.
"Priorizar" ante el español
El tripartito de Armengol en Baleares aprueba un catálogo para catalanizar todos los topónimos
Nacho Doral okdiario 2 Marzo 2018
El Gobierno de la socialista Francina Armengol ha aprobado la creación de un nomenclátor georreferenciado para cambiar y ordenar los topónimos no urbanos de las Islas Baleares del español al catalán, así como su información descriptiva. La luz verde para este nuevo paso en la dictadura lingüística la concede a través de la Consejería de Cultura, en manos de la pancatalanista Més per Mallorca que permite gobernar al PSIB-PSOE.
La Comisión de Toponimia es el organismo encargado de la fijación oficial de esos nombres geográficos y de elaborar un catálogo definitivo, así como de supervisar su integración en la cartografía oficial de las Islas. Esta tarea, han explicado desde la ‘Conselleria de Cultura i Participació’ se realizará en paralelo a las funciones que la Universidad de las Islas Baleares (UIB) desarrolla en materia de asesoramiento lingüístico.
Priorizar topónimos en catalán
El grupo de expertos fijará los criterios para el uso y la representación de la toponimia en la cartografía oficial. También elevará propuestas al ‘Govern’ para su aprobación. La Comisión de Toponimia asesorará a ayuntamientos y organismos públicos sobre la necesidad y la prioridad que deben otorgar a a los topónimos propios frente a los que existan en castellano.
Una vez aprobada la redacción del catálogo, la comisión se reunirá en las próximas fechas para definir los plazos y recursos humanos y económicos que financiará el gobierno tripartito (PSIB, Mès y Podemos)con el dinero de todos los ciudadanos de Baleares. La Comisión de Toponimia se creó en 2011 pero es ahora, con el Ejecutivo de socialistas, nacionalistas y podemitas cuando apuesta decididamente por el completo desarrollo de lo que definen como ‘estandarización toponímica’.
“Normalización” y “control”
El ‘Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears’ ha trazado las fases del proyecto Nomenclàtor Georeferenciat Toponímic (NOTGIB) en cinco fases. La normalización de los nombres geográficos “por parte de la autoridad competente”, con la forma gráfica correcta; la armonización y “homogeneización” de datos de nombres geográficos y la oficialización del topónimo eligiendo “la forma más adecuada por parte de la autoridad competente”.
Las dos fases finales atañen directamente al Ejecutivo autonómico para que esa catalanización toponímica se implemente de forma efectiva: la difusión de la toponimia “normalizada” para que esté “al alcance de todos”. Y el “control de la toponimia por parte de los organismos responsables para asegurar que la toponimia adoptada sea la adecuada”.
Resta y sigue, Cataluña
David R. latribunadelpaisvasco.com 2 Marzo 2018
Los niveles de esperpento que se están alcanzando en la Comunidad Autónoma de Cataluña son tan preocupantes como generadores de hastío.
Preocupantes porque son el resultado de las reiteradas decisiones de casi la mitad de ciudadanos catalanes, que en sus sucesivas prácticas democráticas han ejercido su derecho a votar y han configurado el panorama actual. El recuerdo de los resultados de las últimas elecciones autonómicas es tan cercano, y la participación fue tan alta, que me lleva a pensar en la existencia de una sociedad enferma.
Los psiquiatras escribirán tesis doctorales intentando explicar las razones de un comportamiento colectivo tan autodestructivo y tan ilógico; los sociólogos y politológos buscaremos respuestas a preguntas complejas que todos nos hacemos.
Y generadores de hastío porque la mayoría de españoles (y espero que muchos catalanes) estamos hartos de seguir inyectando dinero de nuestros bolsillos para que ese esperpento continue, y hartos de sentir vergüenza ajena ante unos supuestos conciudadanos cuyo aberrante comportamiento soportamos, en todos los sentidos del término, bajo premisas supremacistas y el desprecio que les provocamos. (“Los españoles me dan pena", amen de tener que aguantar que nos consideren vagos y ladrones, "España nos roba”).
El hastío y las noticias de los detalles del palacio de Puigdemont en la carísima Bruselas o el nuevo peinado de Anna Gabriel en la todavía más cara Suiza, nos llevan a olvidar que las empresas siguen huyendo de Cataluña, que no pasan ni 48 horas sin que una se lleve su domicilio social fuera de territorio tan hostil, porque el comportamiento de los responsables políticos y sociales catalanes y algunos no catalanes sigue incrementando la inseguridad jurídica. Son empresas que toman decisiones difíciles y costosas y que no volverán, tal y como ya ocurrió en Québec. La limitada intervención del gobierno no ha parado esos procesos, únicamente los ha ralentizado.
Para los principales artífices de este disparate, las prioridades no son mantener el Mobile World Congress en Barcelona, son otras más personales e inconfesables, y como tienen esa categoría tan privada y prioritaria, a sus decisores les da igual el costo.
Creo que también se nos olvida con frecuencia que el esperpento, cual cortina de humo, oculta cuánto tiempo lleva esta Comunidad Autónoma sin Gobierno. La suave y tardía aplicación que el timorato gobierno de Rajoy ha hecho del Art.155 CE no se puede calificar de Gobierno: ni en la sombra, ni en la luz, ni en la penumbra.
Asisto atónito a la verificación de cómo el enorme esfuerzo realizado por el secesionismo, utilizando el sistema educativo y los medios de comunicación públicos y algunos privados, ha dado frutos equiparables a un lavado de cerebro colectivo, como si de una enorme y potente secta se tratase, y es como si diese miedo hablar de esto. Tienen serios problemas para reescribir la prehistoria sin entrar en el peligroso y resbaladizo terreno del genetismo, pero han retocado la historia de la Edad Antigua, corregido la de la Edad Media, cambiado notablemente la de la Edad Moderna, y están escribiendo la contemporánea.
A la par que destruyen la realidad de las últimas décadas y la del presente, cambian el pasado, con el único objetivo instrumental de lograr la creación de su arcadia racista y autoritaria. Recuerdo las aterradoras escenas de la película "1984", en la que grupos de ciudadanos trabajan con fruición eliminando palabras del diccionario.
El costo económico y financiero de lo que está ocurriendo es inconmensurable, y aunque es muy cierto que ya muchos estudiosos están intentando cuantificarlo, dudo que la totalidad del mismo sea calculable, porque matemáticamente debemos tener en cuenta tantas variables, tantísimas derivadas, durante tantos años, que pienso que hasta el magnifico súperservidor "Mare Nostrum" (costeado por todos nosotros) reventaría.
Mientras estas cosas suceden, en España tenemos las cárceles llenas de personas que han cometido delitos castigados con penas muy inferiores a las que prevé el mismo Código Penal para los casos de sedición o rebelión. Se tergiversa el concepto de prisión preventiva en función de lo que todos imaginamos y nos causa zozobra, para algunos reos mucha y para otros ninguna, en función de intereses bastardos. Alguna responsabilidad tendrá algún magistrado y algún fiscal.
Da igual que en los próximos tiempos se configure o no un gobierno en la Generalitat, que sea más o menos estable; da igual que el delincuente Puigdemont siga viviendo en Waterloo, o que Anna Gabriel vuelva a cambiarse el peinado. El daño ya está hecho y como si de un virus mutante de acción retardada se tratase, no ha hecho más que empezar a actuar, se ha manifestado y nos ha mostrado y demostrado sus patológicos efectos. La disminución del apoyo al independentismo que detectan los últimos análisis demoscópicos es coyuntural.
La solución que a mí se me ocurre para resolver este artifical conflicto es el colmo de la incorrección política, y me cuesta sonoros "tortazos" y cosas peores cada vez que la expreso, pero no puedo evitar pensar que en ocasiones el enfermo está pidiendo a gritos...
Hace tiempo conté en esta columna la anécdota que había vivido de pequeño, cuando algún compañero de colegio en mi ciudad de nacimiento (Barcelona) me llamó "charnego" porque mis abuelos no habían nacido en Cataluña. Casi medio siglo después me alegro de ser para ellos un "charnego", y me siento orgulloso, más que nunca, de mis abuelos que no habían nacido en Cataluña; defendian sencillos y grandes valores, y fueron a Cataluña a trabajar.
Estoy convencido que en la vida la mayoría de las personas intentamos sumar en la medida de nuestras posibilidades, tanto como lo estoy de que allí, en este caso, casi la mitad de las personas está restando.
Estimados lectores, atención a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR).
"Se nos han inflado las pelotas, estamos hartos de butifarréndums populares"
Tabarnia y la manifestación del 4-M: "Estamos hartos de repúblicas interruptus"
Periodista Digital 2 Marzo 2018
Albert Boadella ha llamado a los ciudadanos a salir a la calle el próximo domingo en Barcelona para reclamar "la libertad del pueblo de Tabarnia"
Como decía Friedrich Nietzsche: "La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar."
El presidente de Tabarnia en el exilio, el dramaturgo y actor Albert Boadella, ha hecho un llamamiento este 1 de marzo de marzo de 2018 a participar en la manifestación del domingo 4 de marzo en Barcelona "a favor de la libertad del pueblo de Tabarnia" (El rompedor vídeo que anuncia la manifestación del 25F de Tabarnia: "ÑO quiero irme de España").
"Ha llegado el momento de mostrar que Tabarnia no es una ficción. Es hora de dar la cara, que vean quiénes somos y los que somos, que somos ciudadanos de la coña y el buen rollo, pero también dispuestos a desmontar las mentiras del nacionalismo".
"Se nos han inflado las pelotas, estamos hartos de butifarréndums populares, estamos hartos de repúblicas interruptus y estamos hartos de periodistas y medios súbditos de este poder corrupto. Se ha acabado lo que se daba".
Por ello, los tabarneses han convocado a los ciudadanos a participar el domingo en la manifestación que partirá del monumento al "patriota español" Rafael de Casanova, "del que los nacionalistas han falsificado su historia", en alusión a que dicho monumento es lugar habitual de ofrendas florales del catalanismo en la Diada de Cataluña del 11S.
"Tabarnia es símbolo de libertad, si venís todos estaremos muy contentos y, si no, también. O sea, haced lo que os dé la gana".
Y escudado por dos actrices vestidas de agentes de Mossos d'Esquadra, el dramaturgo ha bromeado:
"No os preocupéis, que son de confianza... ellas dos".

References: Real Decreto 
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 artículo 155
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