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Timestamp: 2020-04-10 19:33:06+00:00

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Interpretación de la ley. Tortura. Violencia sexual por agentes del estado sobre personas privadas de la libertad | Revista Pensamiento Penal
Interpretación de la ley. Tortura. Violencia sexual por agentes del estado sobre personas privadas de la libertad
Tortura Violencia sexual
INTERPRETACIÓN DE LA LEY. Relación entre la interpretación literal, teleológica y sistemática. TORTURA (art. 144 tercero, C.P.). Concepto. Requisitos. Interpretación sistemática y armonizante en el marco de las directrices emanadas de documentos internacionales. Innecesariedad de una finalidad específica del autor al ejecutar la acción típica. Tortura mediante violencia sexual ejercida por agentes del estado sobre personas privadas de su libertad. Lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Referencia al caso. Pena. Constitucionalidad de la escala. Control de constitucionalidad: Regla de la clara equivocación.
I. La interpretación de las leyes a los efectos de establecer su sentido y alcance, no debe acotarse a su tenor literal, sino que se debe recurrir a la complementación a través de la interpretación teleológica y sistemática. En esta última debe darse preeminencia a las disposiciones de rango constitucional.
II. Las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras que emplean sin molestar su significado específico, máxime cuando aquel concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente, para lo cual se deben computar la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante, evitando darles aquel sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto.
III. El art. 144 tercero del Código Penal regula el delito de tortura contemplando una pena de reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua para el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura, siendo indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, en tanto tenga sobre aquélla poder de hecho. En su tercer inciso, define que por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente.
IV. El art. 144 tercero del Código Penal, al no exigir una ultrafinalidad o finalidad especial, contiene una definición de tortura que resulta más amplia que la definición del apartado 1.1. de la Convención contra la tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas (Res. Nº 39 – 46 del 10 – XII – 1984, lo que resulta autorizado conforme lo dispuesto por el apartado 1.2 de ese mismo instrumento, y –además- es coherente con lo dispuesto al respecto por otros tratados internacionales suscriptos y adoptados por el Estado Argentino, como la Convención Interamericana para Prevenir y sancionar la Tortura, aprobada por la Asamblea General de la OEA del año 1985, incorporada al derecho interno por el artículo 2 de la ley 23.652, dictada el 29 de septiembre de 1988, el Estatuto de Roma y el Estatuto de la Corte Penal Internacional, incorporados a nuestro Derecho interno mediante la ley 26.200 del año 2007 (art. 7 inc. 2 “e”). Tales instrumentos internacionales no sólo autorizan una mayor amplitud en el derecho interno, como lo hace la Convención del 1984, sino que incluso coinciden con el mayor alcance que surge del Código Penal Nacional, al no exigir tampoco una ultrafinalidad o finalidad especial de parte del autor de la tortura. Vale decir que, entonces, no se observa la presencia de diferentes alternativas dentro de esos diferentes ámbitos y niveles del ordenamiento jurídico nacional entre las cuales se deba optar para sustituir la definición de tortura más amplia y comprensiva de todas ellas que brinda el Código penal en la figura aplicada. Es que el art. 144 tercero del CP contiene una norma vigente que regula específicamente la materia en cuestión con esos alcances, resultando constitucionalmente válida su aplicación, en cuanto se adecua a las previsiones de jerarquía superior previamente aludidas, e incluso, a los lineamientos fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a sendos pronunciamientos acerca de los alcances de la tortura prevista en el artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en los que se remarcó que la tortura puede cometerse con cualquier fin o propósito.
VI. La violencia sexual ejercida sobre la mujer por parte de un agente del Estado, en determinadas circunstancias de vulnerabilidad de la víctima, frente a un abuso de poder dirigido a intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que lo sufre, puede provocar los tormentos físicos y sufrimientos psíquicos de gravedad suficiente que exige la figura prevista en el art. 144 tercero del CP. Así lo ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de lo dispuesto por el artículo 5.2 de la Convención Americana. Cabe extender dicho criterio al supuesto en que el hombre aparece como víctima en idénticas circunstancias.
VII. La violencia ejercida por parte de personal policial sobre un hombre que tiene aprehendido y bajo su custodia, mediante empalamiento anal y otras agresiones de las que se derivan graves daños físicos y psicológicos, con padecimientos susceptibles de poner en riesgo la vida de la víctima, constituye los tormentos físicos y sufrimientos psíquicos de gravedad suficiente que exige la figura prevista en el art. 144 tercero del CP.
VIII. La modificación del contexto histórico en que el legislador nacional sancionó la ley 23.097, por la que se aumentó la pena del delito de tortura, puede exigir un nuevo análisis de política legislativa, pero no autoriza per se la declaración de inconstitucionalidad de la norma (art. 144 tercero CP), en tanto no se verifique la regla de clara equivocación del legislador o de otro modo se realice un análisis que permita concluir razonablemente que en el caso se torna ineludible declarar la inconstitucionalidad de la escala penal de la norma.
IX. Según la denominada regla de la clara equivocación, sólo puede anularse una ley cuando aquellos que tienen el derecho de hacer leyes no sólo han cometido una equivocación, sino que han cometido una muy clara –tan clara que no queda abierta a una cuestión racional, en cuyo caso la función judicial consiste solamente en establecer la frontera exterior de la acción legislativa razonable. No se trata de controvertir por los jueces el mérito, conveniencia o discrecionalidad de los legisladores en la fijación de las escalas penales, sino de reparar el error a través del remedio con que el Poder Judicial cuenta para restablecer los principios constitucionales en juego.
TSJ, Sala Penal, Sent. n° 148, 06/05/2015, “Guardia, Sergio Osvaldo y Zarate Carlos Alfredo p.ss.aa. Tortura – Reenvío de la Corte Suprema de Justicia de la Nación - recurso de Casación”. Vocales: López Peña, Rubio, Sesín.
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