Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/document.legis?fn=content&docid=jurcolconstitucion&bookmark=bf1a46638646b564464b2cf6faa899f359dnf9&viewid=STD-PC
Timestamp: 2019-09-16 22:58:01+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA C-479 DE JUNIO 10 DE 2003
SENTENCIA C-479 DE 10 DE JUNIO DE 2003
CONTENIDO:SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL. SE DECLARAN INEXEQUIBLES LOS ARTÍCULOS 1, 3, 11, 17, 44, 45 Y 46 DEL DECRETO 1795 DE 2000, E INEXEQUIBLES PARCIALMENTE LOS ARTÍCULOS 5, 6, 8, 9, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, 40, 41 Y 43 DEL DECRETO 1796 DE 2000.
TEMAS ESPECÍFICOS:POLICÍA NACIONAL, FUERZAS MILITARES, DERECHO A LA SALUD, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, DECLARATORIA DE EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES
Sentencia C-479 de junio 10 de 2003
Sentencia C-479 de 2003
Ref.: Expediente D-4352
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º, 3º, 5º, parágrafo, 6º literales a), e) y g), 8º, 9º, 11, 13, 14, 15, 17, 19 parágrafo, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 parágrafo parcial, 37, 38, 40, 41, 43 parágrafo, 44, 45, 46 y 59 del decreto 1795 de 2000, “por el cual se estructura el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.
Actor: Roberth Lesmes Orjuela
Bogotá, D.C., junio diez de dos mil tres.
El siguiente es el texto de las normas acusadas. En caso de demanda parcial, se resaltan los apartes parcialmente demandados:
“DECRETO NÚMERO 1795 DE 2000
“Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”,
ART. 1º—Definición del sistema. El sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional es un conjunto interrelacionado de instituciones, organismos, dependencias, afiliados, beneficiarios, recursos, políticas, principios, fundamentos, planes, programas y procesos debidamente articulados y armonizados entre sí, para el cumplimiento de la misión, cual es prestar el servicio público esencial en salud a sus afiliados y beneficiarios.
Serán principios orientadores para la prestación del servicio de salud del SSMP los siguientes:
g) Obligatoriedad. Es obligatoria la afiliación de todas las persona enunciadas en el artículo 23 el presente decreto, y
ART. 8º—Consejo superior de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Establécese con carácter permanente el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (CSSMP), como organismo rector y coordinador del SSMP. El CSSMP estará integrado por los siguientes miembros:
n) Un representante del personal civil pensionado del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional o su suplente, y
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en coordinación con la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional para los literales k), l) y m), según reglamentación que expidan sus respectivas juntas directivas.
Prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional para el literal n), recursos humanos del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional para el literal o), o quien haga sus veces, según reglamentación que expida el Ministerio de Defensa Nacional.
b) Señalar los lineamientos generales de organización, orientación y funcionamiento del SSMP.
d) Aprobar el plan de servicios de sanidad militar y policial y los planes complementarios de salud, con sujeción a los recursos disponibles para la prestación del servicio de salud en el SSMP.
i) Adoptar los regímenes de referencia y contrarreferencia para el SSMP.
k) Reglamentar los exámenes médico laborales a que se refiere el Decreto 94 de 1989 o las normas que lo deroguen, modifiquen o adicionen.
ART. 13.—Funciones de la Dirección General de Sanidad Militar —DGSM—. La Dirección General de Sanidad Militar tendrá a su cargo las siguientes funciones, respecto del subsistema de salud de las Fuerzas Militares:
k) Elaborar el anteproyecto del presupuesto de inversión y funcionamiento para los planes que conforman el régimen de beneficios establecidos en el presente decreto, para concepto del Comité de Salud de las Fuerzas Militares y posterior aprobación del CSSMP.
e) El director del Hospital Militar Central.
b) Conceptuar preliminarmente sobre el plan de servicios de sanidad militar y el programa general de administración, transferencia interna y aplicación de recursos para el subsistema.
d) Organizar un sistema de información al interior del subsistema, de conformidad con las disposiciones dictadas por el CSSMP y el Ministerio de Salud, que contenga entre otros aspectos el censo de afiliados y beneficiarios, las características socioeconómicas de los mismos, su estado de salud y registrar la afiliación del personal que pertenezca al subsistema.
j) Elaborar el anteproyecto del presupuesto de inversión y funcionamiento para los planes que conforman el régimen de beneficios establecidos en el presente decreto para concepto del Comité de Salud de la Policía Nacional y posterior aprobación del CSSMP.
e) El director de la Escuela Nacional de Policía “General Santander” o su suplente.
f) Director de bienestar social de la Policía Nacional o su suplente;
i) Un representante del personal de agentes en goce de asignación de retiro o pensión de la Policía Nacional o su suplente.
b) Conceptuar preliminarmente sobre el plan de servicios de sanidad policial y el programa general de administración, transferencia interna y aplicación de recursos para el subsistema.
c) Pagar su cotización, cuotas moderadoras y pagos compartidos conforme a la normatividad vigente.
“a) Para el cónyuge o el compañero (a) permanente:
2. Por declaración judicial de nulidad o inexistencia del matrimonio. Por sentencia judicial de divorcio válida en Colombia o por separación judicial o extrajudicial de cuerpos, o cuando no hiciere vida en común con el cónyuge o compañero (a) permanente afiliado.
a) Afiliar al SSMP a las personas enumeradas en el artículo 23 del presente decreto y registrar a sus respectivos beneficiarios.
ART. 41.—Fondos cuenta del SSMP. Para los efectos de la operación del SSMP, funcionarán el fondo cuenta del subsistema de salud de las Fuerzas Militares y el fondo cuenta del subsistema de salud de la Policía Nacional. Los recursos de los fondos serán administrados en los términos que determine el CSSMP, directamente por la dirección general de sanidad militar o por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y ejecutados por las Fuerzas Militares o por la Policía Nacional, según corresponda. Los recursos podrán ser administrados por encargo fiduciario conforme a lo dispuesto en el estatuto general de contratación de la administración pública. Ingresarán a cada uno de los fondos cuenta los recursos establecidos en el presente decreto”.
PAR.—La determinación de las cuotas moderadoras, deberá tomarse como base el ingreso mensual, pensión o asignación de retiro del afiliado cotizante y no podrán superar el 1% del salario mínimo mensual legal vigente.
Cuota moderadora: Es un aporte adicional en dinero que hace el afiliado por el beneficiario, que tiene como objeto regular y racionalizar la utilización del servicio de salud.
Pagos compartidos: Son aportes adicionales en dinero que hace el afiliado por el beneficiario y que corresponden a una parte del valor del servicio demandado y tiene como finalidad ayudar a financiar el sistema.
ART. 45.—Rangos de aplicación.
ART. 46.—Servicios sujetos a pagos compartidos y cuotas moderadoras.
1. La Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre la demanda de la referencia, toda vez que las normas acusadas hacen parte de un decreto con fuerza de ley.
Cosa juzgada parcial
2. Mediante la Sentencia C-979 de 2002 (1) , la Corte declaró la inexequibilidad parcial del artículo 59 del Decreto 1795 de 2000. En la parte resolutiva de dicha decisión se dijo:
“Segundo. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “modifica y adiciona la Ley 352 de 1997” contenida en el artículo 59 del Decreto 1795 de 2000”.
En consecuencia, en la parte resolutiva de la presente decisión se ordenará estarse a lo decidido en aquella oportunidad respecto de la expresión “modifica y adiciona la Ley 352 de 1997” contenida en el artículo 59 del Decreto 1795 de 2000.
Antecedentes jurisprudenciales relativos al problema jurídico que se plantea en la presente demanda.
3. El problema jurídico que se plantea en la presente demanda impone a la Corte estudiar si podía el Presidente de la República, en desarrollo de las facultades concedidas por el artículo 1º de la Ley 578 de 2000, modificar, adicionar o derogar artículos de la Ley 352 de 1997. Lo anterior por cuanto, a pesar de que el artículo 1º de la ley de facultades revestía al presidente de atribuciones para expedir las normas relativas a la estructura del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en el artículo 2º de la misma ley expresamente se dice que el gobierno podría modificar, adicionar o derogar el Decreto 352 de 1997, pero no menciona a la ley del mismo número y año, “por la cual se reestructura el sistema de salud y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad social para las Fuerzas Militares y de Policía”. A juicio del actor, dado que el artículo 2º de la Ley 578 no menciona expresamente a la Ley 352 de 1997, no podía el ejecutivo modificarla, adicionarla o derogarla en ejercicio de las facultades extraordinarias. En cambio, para los intervinientes y para la vista fiscal no cabe duda de que la atribución de facultades extraordinarias había sido hecha para expedir normas sobre seguridad social en salud de la fuerza pública, lo cual implícitamente implicaba la posibilidad de modificar, adicionar o derogar la Ley 352 de 1997 que hasta entonces contenía ese régimen, siendo indiferente que el legislador la hubiera mencionado o no en el artículo segundo de la ley de atribuciones.
En oportunidades anteriores fue acusado ante esta corporación el Decreto 1795 de 2000, aduciendo cargos muy similares al que ahora se propone. En la demanda que dio lugar a la Sentencia C-1095 de 2001 (2) , la acusación se dirigía contra su texto íntegro por haber modificado la Ley 352 de 1997 sin estar el presidente facultado para ello, pues la ley de autorizaciones sólo concedía atribuciones para modificar el Decreto 352 del mismo año. La Corte estimó que la demanda era inepta, pues el actor no había señalado concretamente cuáles de las normas de decreto acusado tenían la virtualidad de modificar la aludida ley. Dijo entonces la Corte:
“... la Corte encuentra que el actor, al afirmar la inexequibilidad del Decreto 1795 de 2000 por modificar la Ley 352 de 2000 sin estar habilitado para ello, tenía la carga de señalar qué normas de ese decreto son las que modifican, adicionan o derogan esa ley pues sólo de esa manera se le permitía verificar tal extralimitación funcional. No obstante, el actor se limitó a hacer esa afirmación sin indicar qué disposiciones de ese decreto realizaban modificaciones, adiciones o derogatorias viciadas de inconstitucionalidad; proceder que no le permite a la Corte realizar la confrontación necesaria para establecer qué normas contienen la extralimitación que se plantea.
La Corte se detuvo ya en el mínimo esfuerzo argumentativo en el que debía ampararse el ciudadano que ejercía la acción de constitucionalidad; es decir, en la necesidad de que el actor cumpliera con la carga procesal de exponer una argumentación razonable que permitiera conocer los fundamentos de la acusación planteada, y en la imposibilidad de emitir una decisión de fondo con base en una demanda que no reflejara ese esfuerzo dada su ineptitud para generar el debate que es consustancial al control de constitucionalidad. Y esto es precisamente lo que ocurre en el caso presente pues como el actor no indicó las normas particulares del Decreto 1795 de 2000 que modificaban, adicionaban o derogaban la Ley 352, la Corte no tiene alternativa diferente que la de declararse inhibida para emitir una decisión de fondo también en relación con este cargo.
La demanda es inepta aun aceptando la tesis de que el error del legislador al citar el Decreto 352 en lugar de la Ley 352 es un vicio de inconstitucionalidad, pues el actor demanda el decreto en su integridad, sin especificar cuáles de sus normas están modificando la Ley 352, es decir, sin identificar qué normas contienen materialmente el vicio planteado. Como en este caso el planteamiento del cargo radica en la modificación de una norma para la cual no existían facultades extraordinarias por el error que cometió el legislador, el cargo sólo puede prosperar en la medida en que se demuestre que determinadas normas, individualmente demandadas, están modificando concretamente otras contenidas en la Ley 352. Y ello supone un análisis individual en el que se cotejen las normas de la ley y las normas del decreto demandando, de tal manera que sólo aquellas normas del decreto que modifiquen la ley serían inexequibles. De lo contrario, de declararse inexequible todo el decreto demandado, se estaría excluyendo del ordenamiento jurídico un conjunto de normas independientemente de que la ausencia de facultades extraordinarias se predique de ellas o no, circunstancia que desconocería la naturaleza del control constitucional.
Finalmente, si bien podría decirse que la solución al problema planteado es clara como quiera que el artículo 59 del Decreto 1795 indica que “modifica y adiciona la Ley 352” y que el sistema de seguridad social en salud de las Fuerzas Militares está contenido en dicha ley; la indebida modificación o adición y su consecuente inexequibilidad es un hecho que le corresponde demostrar al demandante en cada caso pues en aquellos eventos en que no concurra una disposición específica que indique qué ley está modificando o que no se trate de un régimen contenido en una sola ley, le correspondería a la Corte demostrarlo y ello también se opone a su órbita funcional” (negrillas fuera del original).
4. Posteriormente, en la Sentencia C-979 de 2002 (3) la Corte resolvió otra demanda en la cual nuevamente se planteaba que el Decreto 1795 de 2000 era inconstitucional porque, habiendo sido expedido por el presidente con fundamento en las facultades otorgadas por la Ley 578 de 2000, modificaba algunas normas de la Ley 357 de 1997 sin que en la ley habilitante se le hubieran conferido al ejecutivo facultades expresas para tal fin. En esta ocasión la Corte estimó que la Ley 578 de 200(sic) no había sido expresa en atribuir facultades al ejecutivo para modificar, adicionar o derogar la Ley 352 de 1997. Sin embargo, consideró que no podía declararse inconstitucional el texto íntegro del Decreto 1795, pues no todas sus disposiciones producían esta modificación, adición o derogación, por lo cual era menester que el demandante señalara expresamente los artículos del decreto que tenían esa virtualidad. Como no había cumplido con esa carga, la demanda era inepta, y debía conducir a un fallo inhibitorio. Estas fueron las consideraciones que se vertieron para llegar a tal decisión:
“La Corte debe analizar si en la Ley 578 de 2000, siendo esta la ley habilitante con base en la cual el presidente expidió el decreto demandado, se otorgaron precisas facultades extraordinarias para derogar, modificar o adicionar la Ley 352 de 1997, por la cual se reestructura el sistema de salud y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, siendo que el decreto bajo estudio consagra expresamente en su artículo final que éste modifica y adiciona la mencionada ley.
En reiterada jurisprudencia la Corte ha sostenido que los asuntos que compete regular al legislador extraordinario deben describirse en forma clara y precisa, de tal forma que puedan ser “individualizados, pormenorizados y determinados” (4) , según lo ordena el artículo 150-10 de la Constitución. Así pues, si bien el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias es competente para derogar o modificar leyes expedidas por el Congreso, estas últimas deben estar claramente establecidas en la ley habilitante. Sobre este asunto, la corporación ha dicho:
(4) Sentencia C-1493 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
“El que las facultades extraordinarias deban ser “precisas”, significa que, además de necesarias e indispensables para el logro de determinado fin, han de ser también puntuales, ciertas, exactas. Ello es explicable, pues son la excepción a la regla general que enseña que de ordinario la elaboración de las leyes “corresponde al Congreso”. Así, pues, en tratándose de la competencia para el ejercicio de facultades extraordinarias, no cabe duda de que el Presidente de la República debe discurrir bajo estrictos criterios restrictivos” (5) .
“(N)o le queda otro camino a la Corte que excluirla del ordenamiento positivo por carecer de la claridad y precisión que se exige en la descripción de las materias o asuntos que deben ser regulados por el gobierno. Es evidente que dicha frase es ambigua, lo cual crea confusión e inseguridad en la interpretación de las distintas tareas que compete ejercer al Presidente de la República, violando así lo dispuesto en el artículo 150-10 de la Carta. La inclusión de expresiones como la acusada en la ley de investidura conducen necesariamente, a que el legislador extraordinario incurra en una posible omisión, o extralimitación en el ejercicio de las atribuciones conferidas, lo que incide negativamente en los ordenamientos que con fundamento en ellas se expida, puesto que estos pueden ser declarados inconstitucionales con las consecuencias que de tal hecho se derivan.
Pero aun si en gracia de discusión se aceptara que lo que quiso señalar el legislador era que el presidente podía dictar otras disposiciones, dicha interpretación también sería inconstitucional por el mismo motivo, esto es, por falta de precisión de las facultades (C.P., art. 150-10), pues es deber del legislador ordinario concretar las materias para las cuales se conceden atribuciones”.
“La finalidad del requisito de precisión en la descripción de las materias o asuntos materia de facultades es evitar posibles abusos o excesos en su ejercicio y, por ende, crear inseguridad jurídica, pues si el Congreso no fija límites al concederlas estas pueden ser utilizadas en forma arbitraria y desbordada, lo que como ya se ha anotado, repercute dañinamente en las normas así adoptadas. Las expresiones “entre otros” y “y las demás normas relacionadas con la materia” serán declaradas inconstitucionales por cuanto convierten las atribuciones dadas en vagas e imprecisas, lesionando de esta manera el artículo 150-10 de la Carta. Los decretos que el Presidente de la República podía modificar, adicionar o derogar, de conformidad con el artículo 2º acusado, no son otros que los expresamente enumerados en tal disposición. No se olvide que en este campo no se admiten las facultades implícitas” (negrilla fuera del texto).
Este problema jurídico ya fue resuelto por la corporación al estudiar una demanda en la que, como en el presente caso, el actor acusaba la integridad del Decreto 1795 de 2001 por considerar que la Ley 578 de 2000 en su artículo 2º no otorgaba facultades expresas al presidente para modificar o adicionar la Ley 352 de 1997. Evento en el cual, mediante Sentencia C-1095 de 2001, la Corte se declaró inhibida para fallar respecto de dicho cargo...
En el presente caso, el demandante tampoco hace un recuento de las normas que efectivamente derogan, modifican o adicionan la Ley 352 de 1997 para deducir de ahí que son inconstitucionales —no por el hecho de modificar una ley sino por hacerlo sin estar habilitado para ello—. Es decir, en la demanda no está demostrada la correspondencia, lógica que permita establecer la oposición de las normas con la Constitución. Tal ejercicio debe ser efectuado por el actor en la demanda, mas no por la Corte al momento de fallar, pues implicaría aceptar la oficiosidad de la acción pública de inconstitucionalidad, lo cual es contrario a su naturaleza y contradice el alcance de la función de control constitucional confiada a la Corte por el artículo 241 superior, según el cual dicha labor se enmarca en los estrictos precisos términos allí señalados.
Como los argumentos expuestos por el actor resultan insuficientes en tal sentido, la Corte no puede sino adoptar la misma decisión que la asumida en la Sentencia C-1095 de 2001, es decir, declararse inhibida para pronunciarse de fondo respecto de la exequibilidad de las normas que integran el Decreto 1795 de 2000” (negrillas fuera del original).
5. Sin embargo, en esa misma oportunidad la Corte consideró que respecto del artículo 59 del Decreto 1795 de 2000 resultaba evidente su inconstitucionalidad por extralimitación en el ejercicio de las facultades legislativas concedidas al presidente, por lo cual declaró su inexequibilidad parcial, aduciendo lo siguiente:
“No sucede lo mismo respecto del artículo 59 del ordenamiento objeto de estudio, cuyo texto es el siguiente:
ART. 59.—Vigencia. El presente decreto rige a partir del primero (1º) de enero de dos mil uno (2001) salvo lo dispuesto en el artículo 23 literal a) numeral 6º, modifica y adiciona la Ley 352 de 1997 y deroga las demás normas que le sean contrarias”. (negrilla fuera del texto).
“Del contenido de la norma citada se desprende, sin asomo de duda, su oposición al artículo 150-10 de la Carta Política, pues de manera expresa señala que el Decreto 1795 de 2000 modifica y adiciona la Ley 352 de 1997, cuando es indiscutible que el Presidente de la República no estaba facultado para ello en la ley habilitante. Con fundamento en esto se declarará la inexequibilidad de la expresión “modifica y adiciona la Ley 352 de 1997” contenida en el artículo 59 del Decreto 1795 de 2000”.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte, como antes se dijo, declaró la inexequibilidad de la expresión “modifica y adiciona la Ley 352 de 1997”, contenida en el artículo 59 del Decreto 1795 de 2000.
Estudio de la presente demanda.
6. En la presente oportunidad el demandante repite el cargo formulado en oportunidades anteriores, relativo a la incompetencia del presidente para modificar, en ejercicio de las facultades conferidas mediante la Ley 578 de 2000, la Ley 352 de 1997. No obstante, a diferencia de lo que sucedió en las ocasiones anteriores, ahora el actor señala expresamente los artículos del Decreto 1795 de 2000 que considera que son inconstitucionales, explicando de qué manera concreta cada uno de ellos modifica, deroga o adiciona la Ley 372 de 1997. Por este concepto la demanda no presenta ineptitud sustancial, como sucedió en los eventos pasados.
En la Sentencia C-979 de 2002 la Corte estudió el asunto del posible error de remisión en que supuestamente habría incurrido el Congreso al referirse en el artículo 2º de la Ley 578 de 2000 al Decreto 352 de 1997 y no a la ley del mismo número y año; al hacer ese estudio la corporación repasó el trámite del correspondiente proyecto de ley en el Congreso y descartó que se tratara de un equívoco; más bien, estimó que la voluntad clara y expresa del legislador había sido referirse al mencionado Decreto 352 y no a la ley:
“Igualmente, debe observarse que en relación con la discusión sobre las facultades otorgadas por la Ley 578 de 2000 para que el Presidente derogara, modificara o adicionara le Ley 352 de 1997, el Congreso de la República tuvo el siguiente comportamiento: durante el trámite de la Ley 578 de 2000 se puso de presente que la referencia al Decreto 352 de 1997 resultaba extraña a la materia predominante; esto es, se resaltó que una cosa era la Ley 352 de 1997 y otra bien distinta el Decreto 352 de 1997. Sin embargo, a ciencia y paciencia del Congreso se estipularon facultades extraordinarias en torno al decreto y no a la ley. De suerte que de parte del legislador hubo voluntad expresa para no reformar la Ley 352 de 1997, siendo por tanto indudable que en el presente caso no se trata de una remisión normativa errada, sino de la voluntad inequívoca de hacer mención de otra norma diversa: el Decreto 352 de 1997. Lo cual se constituye en un fenómeno que escapa al resorte de esta corporación en tanto cualquier enmienda sobre el particular le corresponde hacerla al Congreso de la República.
En atención a esta situación normativa, y considerando que el Decreto-Ley 1795 de 2000 puede contener preceptos que afectan la vigencia de Ley 352 de 1997, le corresponde al operador jurídico, en cada caso, interpretar, deducir y precisar las disposiciones de la Ley 352 de 1997 que pudieron ser “derogadas”, “modificadas” o “adicionadas” por el Decreto-Ley 1795 de 2000, en orden a determinar tanto las incompatibilidades que median entre este decreto y aquella ley, como la puntual prevalencia de los respectivos dispositivos de la Ley 352 de 1997 sobre los cánones correspondientes del Decreto 1795 de 2000.
Pues, se enfatiza, esta no es labor de la Corte Constitucional” (6) (negrillas fuera del original).
(6) Sentencia C-979 de 2000, M.P. Jaime Araújo Rentería.
Por lo anterior, no acoge ahora la corporación los argumentos de los intervinientes y de la vista fiscal según los cuales la mención del Decreto 352 de 1997 en el artículo 2º de la Ley 578 de 2002 debe estimarse como un error legislativo, siendo la real voluntad del Congreso la de autorizar la modificación, adición o derogación de la Ley 352 de 1997 referente, ella sí, al régimen de seguridad social en salud para las Fuerzas Militares. No puede acoger este argumento, pues el Congreso, durante el trámite de expedición de la ley de facultades, fue advertido de la materia del Decreto 352 (7) y aun así persistió en referirse a él y no a la ley del mismo número. Adicionalmente, también esta corporación hizo ver que “cualquier enmienda sobre el particular le corresponde hacerla al Congreso de la República” (8) , no obstante lo cual dicha corporación pública no ha procedido a ello.
(7) Este decreto se refiere a una autorización de viáticos.
(8) Sentencia C-979 de 2000, M.P. Jaime Araújo Rentería.
Nuevamente se recuerda que las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República para expedir decretos extraordinarios deben ser claras y precisas, es decir, la materia sobre la cual recae el permiso para legislar debe estar exactamente individualizada, pormenorizada y determinada. Esta precisión es tarea del Congreso, que no puede ser suplida por esta corporación. Si la ley de facultades menciona la atribución de modificar, adicionar o derogar una norma específica, no cabe al juez constitucional hacer interpretaciones a fin de “precisar” el señalamiento legislativo. Y menos aun puede hacerlo al revisar no la ley de facultades, que no ha sido demandada, sino el decreto ya expedido con base en ella.
Así las cosas, debe reiterarse la jurisprudencia anteriormente vertida anteriormente(sic), según la cual “la facultad para derogar, modificar o adicionar la Ley 352 de 1997 requería expresa determinación por parte del legislador ordinario” (9) , por lo cual “es claro que el presidente, al expedir el Decreto 1795 de 2000, excedió las facultades extraordinarias concedidas por el Congreso, pero sólo en lo atinente a aquellas disposiciones que deroguen, modifiquen o adicionen la Ley 352 de 1997, en la medida en que no estaba autorizado explícitamente para ello en la ley habilitante” (10) .
(9) Sentencia C-979 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería.
7. En consecuencia, la Corte procede enseguida a verificar si las normas acusadas o parcialmente acusadas pertenecientes al Decreto Extraordinario 1795 de 2002 modifican, adicionan o derogan la Ley 352 de 1997. Aquellas que tengan esa virtualidad serán retiradas del ordenamiento, por haber sido expedidas por el Presidente de la República sin expresa autorización para ello. En el cuadro que se transcribe a continuación, se lleva a cabo el examen mencionado:
Norma acusada o parcialmente acusada (en este último caso se resalta lo parcialmente demandado) Norma modificada de la Ley 352 de 1997 Alcance de norma acusada frente a la Ley 352 de 1997
ART. 1º—Definición del sistema. El sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional es un conjunto interrelacionado de instituciones, organismos, dependencias, afiliados, beneficiarios, recursos, políticas, principios, fundamentos, planes, programas y procesos debidamente articulados y armonizados entre sí, para el cumplimiento de la misión, cual es prestar el servicio público esencial en salud a sus afiliados y beneficiarios. ART. 3º—Definición. Para los efectos de la presente ley se define la sanidad como un servicio público esencial de la logística militar y policial, inherente a su organización y funcionamiento, orientada al servicio del personal activo, retirado, pensionado y beneficiarios. Adición y modificación.
ART. 3º—Naturaleza. El SSMP es un sistema administrativo nacional del Ministerio de Defensa Nacional encargado de coordinar y desarrollar las actividades orientadas a la prestación del servicio de salud a los afiliados y beneficiarios del sistema en los términos que establece el presente decreto. Ley 352 de 1997. Adición.
PAR.—Los Establecimientos de Sanidad Militar (ESM) y Policial (ESP), estarán destinados prioritariamente a la atención en salud del sistema como apoyo para la defensa y seguridad nacional. ART. 2º—Objeto. El objeto del SSMP es prestar el servicio integral de salud en las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios y el servicio de sanidad inherentes a las operaciones militares y policiales. Adición.
g) Obligatoriedad. Es obligatoria la afiliación de todas las personas enunciadas en el artículo 23 del presente decreto.
a) Autonomía. El SSMP es autónomo y se regirá de conformidad con lo establecido en el presente decreto.
e) Atención equitativa y preferencial. En todos los niveles del SSMP se deberán atender equitativa y prioritariamente a los afiliados y beneficiarios del mismo. Por consiguiente, solamente podrán ofrecer servicios a terceros o a entidades promotoras de salud, una vez hayan sido satisfechas debidamente las necesidades de tales usuarios. ART. 4º—Principios. Además de los principios generales de ética, equidad, universalidad y eficiencia, serán orientadores de la actividad de los órganos que constituyen el SSMP, los siguientes:
i) Independencia de los recursos. Los recursos que reciban las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para la salud, deberán manejarse en fondos cuenta separados e independientes del resto de su presupuesto y sólo podrán destinarse a la ejecución de dichas funciones;
j) Atención equitativa y preferencial. Todos los niveles del SSMP deberán atender equitativa y prioritariamente a los afiliados y beneficiarios del mismo. Por consiguiente, solamente podrán ofrecer servicios a terceros o a entidades promotoras de salud, una vez hayan sido satisfechas debidamente las necesidades de tales usuarios y previa autorización del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Adición. Se incluyen ahora las “características” del SSMP. En los “principios” se modifica la obligatoriedad de la afiliación, haciéndola extensiva a todas las personas enumeradas en el artículo 23 del Decreto 1795 de 200(sic), que no son las mismas que menciona el artículo 19 de la Ley 352 de 1997. Se modifica el concepto de autonomía y atención equitativa y preferencial.
i) El director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
j) El director para la coordinación de entidades descentralizadas del Ministerio de Defensa Nacional.
k) Un representante del personal de oficiales en goce de asignación de retiro o pensión de la fuerza pública o su suplente.
l) Un representante del personal de suboficiales en goce de asignación de retiro o pensión de la fuerza pública o su suplente.
m) Un representante del personal de soldados voluntarios y/o profesionales o agentes en goce de asignación de retiro o pensión de las Fuerzas Militares o Policía Nacional según corresponda, o su suplente.
n) Un representante del personal civil pensionado del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional o su suplente.
PAR. 4º—Los miembros que actúen en calidad de delegados o suplentes, no podrán delegar esta responsabilidad. ART. 6º—Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Establécese con carácter permanente el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, CSSMP, como organismo rector y coordinador del SSMP. El CSSMP estará integrado por los siguientes miembros:
l) Un profesional de la salud, designado por la Academia Nacional de Medicina;
PAR. 3º—Los representantes del personal en goce de asignación de retiro de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional, pensionado del Ministerio de Defensa Nacional y de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector defensa, a que se refieren los literales i), j), k) y m), serán elegidos a nivel nacional por mayoría absoluta de votos y para un período de dos años. La junta directiva de la caja de retiro de las Fuerzas Militares y la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional respectivamente, establecerán mecanismos idóneos para realizar la elección. Adición y modificación. Nuevos miembros en el Consejo Superior de Salud. Modificación de las condiciones requeridas en algunos casos para ser miembro de este consejo y en la forma de su elección. Nueva regla sobre quórum deliberatorio.
b) Señalar los lineamientos, generales de organización, orientación y funcionamiento del SSMP.
c) Aprobar el anteproyecto de presupuesto general de los componentes del SSMP.
f) Aprobar los parámetros de administración, transferencia interna y aplicación de recursos para el SSMP, con base en los presupuestos disponibles en forma equitativa.
g) Adoptar las tarifas para compra y venta de servicios de salud para el SSMP.
k) Reglamentar los exámenes médico laborales a que se refiere el Decreto 94 de 1989 o las normas que lo deroguen, modifiquen o adicionen. ART. 7º—Funciones. Son funciones del CSSMP:
g) Inexequible;
k) Inexequible;
l) Dictar reglamento;
m) Expedir los actos administrativos para el cumplimiento de sus funciones;
n) Las demás que le señale la ley. Adición y modificación. Nuevas funciones del CSSMP nueva regulación de las antes existentes.
a) Destinar el personal militar necesario para cubrir las necesidades de la Dirección General de Sanidad Militar, de acuerdo con las normas vigentes.
b) Supervisar, a través de la Dirección General de Sanidad Militar, la ejecución de los recursos asignados al subsistema de salud de las Fuerzas Militares y evaluar su gestión.
c) Verificar, a través de la Dirección General de Sanidad Militar, el cumplimiento de las políticas y acuerdos que apruebe el CSSMP en lo relativo al subsistema, así como de los planes y programas que coordine el Comité de Salud de las Fuerzas Militares. Ley 352 de 1997. Se adiciona la ley con una disposición antes inexistente.
ART. 13.—Funciones de la Dirección General de Sanidad Militar —DGSM—. La Dirección General de Sanidad Militar tendrá a su cargo las siguientes funciones respecto del subsistema de salud de las Fuerzas Militares:
d) Organizar un sistema de información al interior del subsistema, de conformidad con las disposición dictadas por el CSSMP y el Ministerio de Salud, que contenga, entre otros aspectos, el censo de afiliados y beneficiarios, sus características socioeconómicas, su estado de salud y registrar la afiliación del personal que pertenezca al subsistema y expedir el respectivo carné.
g) Organizar y coordinar el sistema de costos, facturación, información y garantía de calidad del subsistema.
h) Elaborar los estudios y las propuestas que requiera el Comité de Salud de las Fuerzas Militares, el CSSMP o el ministro de Defensa Nacional.
i) Elaborar y someter a consideración del Comité de Salud de las Fuerzas Militares y del CSSMP el plan de servicios de sanidad militar y policial, con sujeción a los recursos disponibles para la prestación del servicio de salud en el subsistema de salud de las Fuerzas Militares.
(...). ART. 10.—Funciones. La Dirección General de Sanidad Militar tendrá a su cargo las siguientes funciones respecto del subsistema de salud de las Fuerzas Militares:
d) Organizar un sistema de información al “interior del subsistema, de conformidad con las disposiciones dictadas por el Ministerio de Salud, que contenga, entre otros aspectos, el censo de afiliados y beneficiarios, sus características socio-económicas, su estado de salud y registrar la afiliación del personal que pertenezca al subsistema;
e) Elaborar y presentar a consideración del Comité de Salud de las Fuerzas Militares y del CSSMP el programa general de administración, transferencia interna y aplicación de recursos para el subsistema.
j) Inexequible;
n) Gestionar recursos adicionales para optimizar el servicio de salud en las Fuerzas Militares;
o) Las demás que le asigne la ley o los reglamentos. Adición de las expresiones que se resaltan en el texto del artículo 13 del decreto.
PAR. 3º—El Comité de Salud de las Fuerzas Militares deberá reunirse una vez cada dos meses o extraordinariamente cuando lo solicite su presidente, podrá sesionar como mínimo con cinco de sus miembros y será presidido por el oficial en servicio activo más antiguo en ausencia del jefe de Estado Mayor Conjunto. La participación de los miembros en el comité es indelegable. ... ART. 12.—Comité de Salud de las Fuerzas Militares. Créase el Comité de Salud de las Fuerzas Militares como órgano asesor y coordinador de la Dirección General de Sanidad Militar, el cual estará integrado por los siguientes miembros:
PAR. 4º—El representante del personal en goce de asignación de retiro de las Fuerzas Militares o de pensión del Ministerio de Defensa Nacional y el profesional de la salud de los empleados públicos y trabajadores oficiales de las Fuerzas Militares, serán elegidos por sus representantes a nivel nacional por mayoría absoluta de votos y para un período de dos años. La junta directiva de la caja de retiro de las Fuerzas Militares, establecerá mecanismos idóneos para realizar la elección. Adición del director del Hospital Militar como miembro del Comité de Salud de las Fuerzas Militares. Modificación de las fechas de reunión de dicho comité y del quórum deliberatorio.
(...). ART. 13.—Funciones del comité. Son funciones del Comité de Salud de las Fuerzas Militares las siguientes:
(...). El literal b) del artículo 15 del decreto modifica el literal b) del artículo 13 de la ley, al señalar como función del comité el “conceptuar”, cuando antes tal función consistía en “aprobar” el plan de servicios de sanidad.
(Nota: El capítulo al que se refiere la disposición regula el subsistema de salud de las Fuerzas Militares.) Ley 352 de 1997, capítulo V. Se excluye al Hospital Militar Central del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.
“d) Organizar un sistema de información al interior del subsistema, de conformidad con las disposiciones dictadas por el CSSMP y el Ministerio de Salud, que contenga entre otros aspectos el censo de afiliados y beneficiarios, las características socioeconómicas de los mismos, su estado de salud y registrar la afiliación del personal que pertenezca al subsistema.
g) Organizar, implementar y coordinar el sistema de costos, facturación, información y garantía de calidad del subsistema.
PAR.—La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional a través de sus establecimientos de sanidad policial, iniciará la facturación establecida en el literal g) del presente artículo, con base en el sistema de costos que se implemente y de conformidad con la reglamentación establecida por el CSSMP. ART. 16—Funciones. Son funciones de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional las siguientes:
l) Realizar el seguimiento del presupuesto y evaluar la relación costo-efectividad de la utilización de los recursos del subsistema de salud de la Policía Nacional; Se modifican las funciones de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
ART. 20—Comité de Salud de la Policía Nacional. El Comité de Salud de la Policía Nacional, como órgano asesor y coordinador de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, el cual estará integrado por los siguientes miembros:
c) El jefe de la oficina de gestión institucional de la Policía Nacional o quién haga sus veces.
d) El inspector general de la Policía Nacional o su suplente.
f) Director de Bienestar Social de la Policía Nacional o su suplente.
g) Un representante del personal de oficiales en goce de asignación de retiro o pensión de la Policía Nacional o su suplente.
h) Un representante del personal de suboficiales en goce de asignación de retiro o pensión de la Policía Nacional o su suplente
PAR. 3º—El Comité de Salud de la Policía Nacional deberá reunirse una vez cada dos meses o extraordinariamente cuando lo solicite su presidente, podrá sesionar como mínimo con seis (6) de sus miembros y será presidido por el oficial en servicio activo más antiguo... ART. 17.—Comité de Sanidad de la Policía Nacional. Créase el Comité de Sanidad de la Policía Nacional, como órgano asesor y coordinador de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, el cual estará integrado por los siguientes miembros:
e) Un representante del personal en goce de asignación de retiro o pensión de la Policía Nacional;
PAR. 4º—El representante del personal en goce de asignación de retiro o pensión, y el profesional de la salud de los empleados públicos y trabajadores oficiales de la Policía Nacional, serán elegidos por sus representados a nivel nacional por mayoría absoluta de votos y para un período de dos años. La junta directiva de la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional, establecerá mecanismos idóneos para realizar la elección. Se modifica la integración del Comité de Salud de la Policía Nacional, sus períodos de reunión y su quórum deliberatorio.
(...). ART. 18.—Funciones del comité. Son funciones del Comité de Sanidad de la Policía Nacional las siguientes:
b) Aprobar preliminarmente el plan de servicios de sanidad policial y el programa general de administración, transferencia interna y aplicación de recursos para el subsistema.
(...). Se modifica la función a que se reitere el literal b) de ambas disposiciones. Antes consistía en aprobar preliminarmente el plan de servicios de sanidad policial. Ahora es tan sólo conceptuar sobre dicho plan.
(...). ART. 19.—Afiliados. Existen dos (2) clases de afiliados al SSMP:
PAR. 2º—Los estudiantes de pregrado y postgrado de ciencias médicas y paramédicas que presten sus servicios en los establecimientos de sanidad del SSMP serán objeto de los beneficios y deberes consagrados en las normas vigentes. La prestación de los servicios de salud derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, así como el reconocimiento de las prestaciones económicas y asistenciales para tales afiliados quedará a cargo del Sistema General de Riesgos Profesionales de que trata la Ley 100 de 1993, lo anterior sin perjuicio de que el SSMP preste dichos servicios de salud y repita posteriormente contra las entidades encargadas de administrar los recursos del seguro de accidentes de trabajo y enfermedad profesional a que esté afiliado el respectivo estudiante.
PAR. 3º—El personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990 vinculado a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se regirá por ésta en materia de salud. Modificación respecto de quiénes son afiliados al SSMP.
PAR. 1º—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el literal c) del presente artículo, se define como invalidez absoluta y permanente, el estado proveniente de lesiones o afecciones patológicas no susceptibles de recuperación que incapaciten de forma total y permanente la capacidad laboral a la persona para ejercer un trabajo. Para determinar la invalidez se creará en cada subsistema un comité de valoración, de conformidad con lo que disponga el CSSMP. ART. 20.—Beneficiarios. Para los afiliados enunciados en el literal a) del artículo 19, serán beneficiarios los siguientes:
c) Los hijos mayores de 18 años con incapacidad permanente o aquellos menores de 25 años que sean estudiantes con dedicación exclusiva y dependan económicamente del afiliado;
PAR. 2º—(Modificado por el artículo 10 de la Ley 447 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:) Todas aquellas personas que por declaración judicial de nulidad o inexistencia de matrimonio, por sentencia judicial de divorcio válida en Colombia o por separación judicial o extrajudicial de cuerpos, perdieren el derecho a la prestación de servicios según lo ordena el artículo 23 parágrafo 2º de la presente ley, podrán ser beneficiarios del SSMP siempre y cuando el afiliado cancele en los términos que fije el CSSMP, el costo total de la PPCD para recibir el plan de sanidad de servicios de sanidad del SSMP.
PAR. 4º—Los padres del personal activo de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que haya ingresado al servicio con anterioridad a la expedición de los decretos 1211 del 8 de junio de 1990 y 96 del 11 de enero de 1989 respectivamente, tendrán el carácter de beneficiarios, siempre y cuando dependan económicamente del oficial o suboficial. Se adiciona el parágrafo 1º del decreto, antes inexistente en la ley, referente a la definición de invalidez absoluta y a su reconocimiento.
2. Cuando constituye familia por vínculo natural o jurídico.
4. Por independencia económica. ART. 21.—Deberes de los afiliados y beneficiarios. Son deberes de los afiliados y beneficiarios:
c) Cuidar y hacer uso racional de los recursos, las instalaciones y la dotación, así como de los servicios;
ART. 23. PAR. 2º—El derecho a los servicios de salud para los afiliados enunciados en los numerales 5º y 6º del literal a) del artículo 19, y para los beneficiarios de los afiliados enunciados en el artículo 20, se extinguirá por las siguientes causas:
(Literal a) modificado por el artículo 10 de la Ley 447 de 1998. El nuevo texto es el siguiente):
3. Por sentencia judicial de divorcio válida en Colombia o por separación judicial o extrajudicial de cuerpos, o cuando no hiciere vida en común con el cónyuge afiliado, excepto cuando los hechos que dieron lugar a divorcio, a la separación de cuerpos, a la ruptura de vida en común, se hubieren causa sin culpa imputable al cónyuge beneficiario de estos derechos.
b) Para los hijos.
4. Por independencia económica. Se modifican los derechos y deberes de los afiliados y beneficiarios. Se modifica el parágrafo 2º del artículo 23 de la ley.
(...). ART. 22.—Entidades responsables. El Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, la caja de retiro de las Fuerzas Militares, la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional y las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional tendrán, según sea el caso, los siguientes deberes en relación con el SSMP:
a) Afiliar al SSMP a las personas enumeradas en el artículo 19 de la presente ley y registrar a sus respectivos beneficiarios. Modificación. La modificación del artículo 22 de la Ley 352 es consecuencia de la modificación del artículo 19 de la misma, llevada a cabo por el artículo 23 del Decreto 1795, antes descrita.
“PAR.—Cuando la atención médico–asistencial de un afiliado que se encuentre en servicio activo en las Fuerzas Militares, en la Policía Nacional o en el Ministerio de Defensa Nacional o de sus beneficiarios deba prestarse en el exterior, por encontrarse el afiliado en comisión del servicio, el SSMP reconocerá los gastos de los servicios médico-asistenciales, de conformidad con la reglamentación que expida el CSSMP. ART. 23.—Plan de servicios de sanidad militar y policía. Todos los afiliados y beneficiarios al SSMP, tendrán derecho a un plan de servicios de sanidad, en los términos y condiciones que establezca el CSSMP. El plan permitirá la protección integral de los afiliados y beneficiarios a la enfermedad general y maternidad, en las fases de promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, para todas las patologías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad que se definan. Mediante el plan de servicios de sanidad, los afiliados y beneficiarios tendrán derecho a que el SSMP les suministre dentro del país asistencia médica, quirúrgica, odontológica, hospitalaria, farmacéutica y demás servicios asistenciales en hospitales, clínicas y otras unidades prestadoras de servicios o por medio de contratos de tales servicios con personas naturales o jurídicas.
PAR. 1º—Cuando la atención médico-asistencial de un afiliado que se encuentre en servicio activo en las Fuerzas Militares, en la Policía Nacional o en el Ministerio de Defensa Nacional o de sus beneficiarios deba prestarse en el exterior, por encontrarse el afiliado en comisión del servicio, el SSMP garantizará la prestación integral de todos los servicios médico–asistenciales. Las urgencias se atenderán sin necesidad de aprobación previa. El parágrafo de la ley se ve modificado por el parágrafo del decreto en lo referente al reconocimiento de los gastos de servicios médicos asistenciales prestados en el exterior.
ART. 37.—Presupuesto per cápita para el sector defensa (PPCD). El valor del presupuesto per cápita para el sector defensa (PPCD) del SSMP será equivalente a una Unidad de Pago por Capitación (UPC) del Sistema General de Seguridad Social en Salud, incrementada en un mínimo del veinte por ciento.
Anualmente, antes de presentar el proyecto de presupuesto al Congreso, el Gobierno Nacional evaluará el perfil epidemiológico de la población, los riesgos cubiertos por el SSMP y los costos de prestación del servicio y definirá con esta base el incremento que deba ser reconocido sobre la UPC. ART. 33.—Presupuesto per cápita para el sector defensa (PPCD). El valor del presupuesto per cápita para el sector defensa (PPCD) del SSMP será equivalente a una unidad de pago por capitación (UPC) del Sistema General de Seguridad Social en Salud, incrementada en un mínimo del veinte por ciento.
Anualmente, antes de presentar el proyecto de presupuesto al Congreso, el Gobierno Nacional evaluará el perfil epidemiológico de la población relevante, los riesgos cubiertos por el SSMP y los costos de prestación del servicio, y definirá con esta base el incremento que deba ser reconocido, que en ningún caso superará el treinta por ciento de la UPC del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Modificación. Se elimina el tope del incremento sobre la UPC.
d) El aporte para la prestación de la atención integral en salud de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, no podrá ser inferior al 2% del valor total de la nómina del Ministerio de Defensa Nacional.
(...). ART. 34.—Presupuesto nacional. Deberán apropiarse los siguientes recursos del presupuesto nacional para atender los conceptos que se enuncian a continuación:
d) El valor de los servicios médicos derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional (ATEP), que no podrá ser inferior al dos por ciento (2%) de la nómina correspondiente al sueldo básico anual adicionado con el subsidio familiar del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional. Se modifica el literal d) y se adiciona el literal g).
4. Los ingresos por pagos compartidos y cuotas moderadoras realizados por los beneficiarios del SSMP. ART. 37.—Otros ingresos. Serán los derivados de la venta de servicios, donaciones y otros recursos que reciba el SSMP. Se adicionan los numerales 2º a 4º.
ART. 41.—Fondos cuenta del SSMP. Para los efectos de la operación del SSMP, funcionarán el fondo cuenta del subsistema de salud de las Fuerzas Militares y el fondo cuenta del subsistema de salud de la Policía Nacional. Los recursos de los fondos serán administrados en los términos que determine el CSSMP, directamente por la Dirección General de Sanidad Militar o por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y ejecutados por las Fuerzas Militares o por la Policía Nacional, según corresponda. Los recursos podrán ser administrados por encargo fiduciario conforme a lo dispuesto en el estatuto general de contratación de la administración pública. Ingresarán a cada uno de los fondos cuenta los recursos establecidos en el presente decreto. ART. 38.—Fondos cuenta del SSMP. Para los efectos de la operación del SSMP, funcionarán el fondo cuenta del subsistema de salud de las Fuerzas Militares y el fondo cuenta del subsistema de salud de la Policía Nacional. Los fondos cuenta tendrán el carácter de fondos especiales, sin personería jurídica, ni planta de personal. Los recursos de los fondos serán administrado en los términos que determine el CSSMP, directamente por la Dirección General de Sanidad Militar o por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, y ejecutados por las Fuerzas Militares o por la Policía Nacional, según corresponda. Los recursos podrán ser administrados por encargo fiduciario conforme a lo dispuesto en el estatuto general de contratación de la administración pública. Ingresarán a cada uno de los fondos cuenta los siguientes recursos según sea el caso:
d) Otros recursos o ingresos destinados para el funcionamiento de cada uno de los subsistemas;
e) Recursos derivados de la venta de servicios;
PAR.—Los recursos a que hacen referencia los literales a), c) y e) serán recaudados y transferidos directamente al fondo cuenta correspondiente para su distribución y transferencia. Modificación. Se eliminan los literales a), b), c), y d), así como el parágrafo del artículo 38 de la ley, y en cambio se sustituyen por la expresión demandada del artículo 41 del decreto.
Para la determinación de los pagos compartidos, deberá tomarse como base el costo del servicio y no podrá exceder del 50% del ingreso mensual devengado por el afiliado, para todos los eventos en el año. ART. 36.—Pagos y compartidos y cuotas moderadoras. Con el fin de racionalizar el uso de los servicios, los beneficiarios podrán estar sujetos a pagos compartidos y cuotas moderadoras. Estos pagos en ningún caso se podrán constituir en barreras de acceso al servicio.
PAR.—La determinación de los pagos compartidos y las cuotas moderadoras, deberá tomar como base los costos de los respectivos servicios. En todo caso, las cuotas moderadoras y los pagos compartidos no podrán superar el diez por ciento y el treinta por ciento, respectivamente, de dichos costos. Modificación. Se modifica la base de cálculo para la determinación de las cuotas moderadoras y pagos compartidos.
Pagos compartidos: Son aportes adicionales en dinero que hace el afiliado por el beneficiario y que corresponden a una parte del valor del servicio demandado y tiene como finalidad ayudar a financiar el sistema. Ley 352 de 1997. Adición del texto de este artículo.
PAR.—Para efectos de facilitar el cobro de las cuotas moderadoras y pagos compartidos los valores en pesos resultantes de la aplicación de los anteriores porcentajes se ajustarán a la centena inmediatamente superior. ART. 36.—Pagos compartidos y cuotas moderadoras. Con el fin de racionalizar el uso de los servicios, los beneficiarios podrán estar sujetos a pagos compartidos y cuotas moderadoras. Estos pagos en ningún caso se podrán constituir en barreras de acceso al servicio.
PAR.—La determinación de los pagos compartidos y las cuotas moderadoras, deberá tomar como base los costos de los respectivos servicios. En todo caso, las cuotas moderadoras y los pagos compartidos no podrán superar el diez por ciento y el treinta por ciento, respectivamente, de dichos costos. Modificación. Se modifica la base para la determinación de las cuotas moderadoras y pagos compartidos.
PAR. 2º—Para efectos de definir las enfermedades de alto costo, se adoptan las establecidas en el Sistema de Seguridad Social en Salud para ser aplicadas en el SSMP. Ley 352 de 1997. Adición del texto de este artículo.
Verificado que las normas acusadas o parcialmente acusadas pertenecientes al Decreto Extraordinario 1795 de 2000 modifican, adicionan o derogan la Ley 352 de 1997, sin que el Presidente de la República tuviera expresas facultades para ello, serán declaradas inexequibles por extralimitación en el ejercicio de las aludidas facultades.
Ahora bien, en algunas ocasiones las expresiones acusadas carecen de alcance regulante propio y aisladas del texto en el cual están consignadas privan a dicho texto de sentido lógico. En tales casos se retirarán del ordenamiento las proposiciones jurídicas completas que dichas expresiones conforman con el resto del texto al que pertenecen.
1. Declarar INEXEQUIBLES los artículos 1º, 3º, 11, 17, 44, 45 y 46 del Decreto 1795 de 2000.
2. Declarar INEXEQUIBLES los siguientes apartes normativos contenidos en los siguientes artículos del Decreto 1796(sic) de 2000:
a) El parágrafo del artículo 5º;
b) El primer literal g) del artículo 6º, la expresión “y se regirá de conformidad con lo establecido en el presente decreto” contenida en el segundo literal a) del artículo 6º y la expresión “Por consiguiente, solamente podrán ofrecer servicios a terceros o a entidades promotoras de salud, una vez hayan sido satisfechas debidamente las necesidades de tales usuarios”, contenida en el segundo literal e) del artículo 6º;
c) Los literales i), j) y m) del artículo 8º, la expresión “o pensión” contenida en los literales k) y l) del mismo artículo, la expresión “y Policía Nacional” de los literales n) y o), el inciso segundo del parágrafo primero de este mismo artículo, la expresión “y podrá sesionar como mínimo con ocho de sus miembros” contenida en el parágrafo segundo, la expresión, “del personal de soldados voluntarios y/o profesionales o agentes en goce de asignación de retiro o pensión de las Fuerzas Militares” del parágrafo 3º, el último inciso del parágrafo 3º y el parágrafo 4º del artículo 8º;
d) La expresión “del SSMP” contenida en los literales b) y d) del artículo 9º, el literal c) del mismo artículo, la expresión “para el SSMP” contenida en los literales f) e i), el literal g) y el literal k) del artículo 9º;
e) La expresión “el CSSMP“ contenida en los literales d) y h) del artículo 13, la expresión, “facturación, información y garantía de calidad” del literal g) del mismo artículo, la expresión “y policial” del literal i) y la expresión “para los planes que conforman el régimen de beneficios establecidos en el presente decreto” contenida en el literal k) del artículo 13;
f) El literal e) del artículo 14 y las expresiones “una vez cada dos meses o” y “podrá sesionar como mínimo con cinco de sus miembros” contenidas en el parágrafo tercero del mismo artículo 14;
g) El literal b) del artículo 15;
h) La expresión “por el CSSMP y” contenida en el literal d) del artículo 19, la expresión “facturación, información y garantía de calidad” del literal g) del mismo artículo, la expresión “para los planes que conforman el régimen de beneficios establecidos en el presente decreto” del literal j) y parágrafo del mismo artículo 19;
i) Los literales c), d), e), f) e i) del artículo 20, las expresiones “de oficiales” contenida en el literal g), “de suboficiales” del literal h), “El presidente del comité podrá invitar a las personas que considere necesarias” del parágrafo primero, “una vez cada dos meses o” del parágrafo 3º y “como mínimo con seis (6) de sus miembros y” del mismo parágrafo 3º del artículo 20;
j) El literal b) del artículo 22;
k) Los numerales 3º y 5º del literal a) del artículo 23 del Decreto 1795 de 2000 y la expresión “que se rige por la Ley 100 de 1993 y que a la fecha de la publicación del presente decreto, se encuentren afiliados al SSMP” del numeral 6º del mismo literal a) de este artículo. Además, la expresión “y las normas que los deroguen, modifiquen o adicionen, respectivamente” del numeral 1º del literal b) de este mismo artículo 23;
l) El parágrafo 1º del artículo 24;
m) El literal c) y el parágrafo 2º del artículo 25;
n) El literal a) del artículo 26;
ñ) El parágrafo del artículo 27;
o) El artículo 37;
p) Los literales d) y g) del artículo 38;
q) Los numerales 2º, 3º y 4º del artículo 40;
r) La expresión “los recursos establecidos en el presente decreto”, contenida en el artículo 41, y
s) El parágrafo del artículo 43.
3. ESTESE A LO RESUELTO en la Sentencia C-979 de 2002 en relación con el artículo 59 del Decreto 1795 de 2000.

References: artículo 23
 artículo 23
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 59
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 241
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 23
 artículo 150
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 19
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 10
 artículo 23
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 10
 artículo 23
 artículo 19
 artículo 22
 artículo 19
 artículo 23
 artículo 38
 artículo 41
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 37
 artículo 38
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 43
 artículo 59