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Timestamp: 2019-12-07 22:37:31+00:00

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C-64 de 2003
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020003223CC-SENTENCIAC64200304/02/2003CC-SENTENCIA_C_64__2003_04/02/2003200032232003SENTENCIA C-064/03 LEGISLADOR -Organo competente dentro del Estado para desarrollar la Constitución LEGISLADOR -Encargado de desarrollar y concretar los textos constitucionales LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA -Potestad inversamente proporcional a la precisión y amplitud con la que la Constitución regula una institución jurídica CONSTITUCION POLITICA -No concretización de todos los elementos de una institución jurídica habilita al legislador para ejercer su potestad de configuración legislativa CONSTITUCION POLITICA -Específicamente se refiere a delitos contra el patrimonio del Estado, sin determinar cuáles son PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA -No es un concepto rígido que pueda restringir de manera excesiva la tarea del legislador PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA -No vulneración, toda vez que existe de manera evidente una relación teleológica y sistemática entre el eje temático de la ley y el objeto de la norma acusada INHABILIDADES -Puede ser objeto de las normas que regulan el régimen disciplinario de los servidores públicos POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA -Control constitucional en este campo es ante todo un control de límites PATRIMONIO PUBLICO -Desarrollo legal del inciso final del art. 122 Superior supone respeto de los límites que dicho artículo fija PATRIMONIO PUBLICO -No deja al legislador margen diferente que el necesario para aplicarlo y hacerlo efectivo CONSTITUCION POLITICA -Cuando guarda silencio sobre un determinado punto es porque ha querido dejar un espacio abierto amplio para diferentes regulaciones de parte del legislador CONGRESO DE LA REPUBLICA -Competencia para desarrollar todos aquellos elementos que son necesarios para lograr el fin perseguido por el Constituyente PATRIMONIO DEL ESTADO -Concepto propio del derecho público DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO DEL ESTADO -Sujeto DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO DEL ESTADO -Se requiere lesión del patrimonio estatal para que pueda generarse la inhabilidad CONDUCTA PUNIBLE DOLOSA Y CULPOSA -Diferenciación LEGISLADOR -Facultad otorgada por la propia Constitución para establecer la responsabilidad de los servidores públicos utilizando los mismos criterios empleados por el Constituyente CONSTITUCION POLITICA -Interpretación sistemática otorga un tratamiento disímil a las conductas tanto dolosas como culposas DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO DEL ESTADO -Delitos culposos no pueden originar inhabilidad permanente DELITOS CULPOSOS -No están exentos de inhabilidad /DELITOS CULPOSOS -Límites de inhabilidad Existen dos límites uno hacia abajo, que consiste en que debe existir inhabilidad (o sea que no pueden quedar sin inhabilidad) y otro hacia arriba consistente en que la inhabilidad no puede ser perpetua; dentro de esos limites el legislador tiene una amplia capacidad de configuración tratándose de delitos culposos. Referencia: expediente D-4060
JAIME ARAÚJO RENTERÍAD4060CONSTITUCIONALIDADMARCELA PATRICIA JIMENEZ ARANGODemanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único"Identificadores20020003224true13373Versión original20003224Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único"
Parágrafo 2°.Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política a que se refiere el numeral 1 de este artículo, se entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público.
Además, no considera razonables tales distinciones porque el patrimonio del Estado también puede sufrir un "perjuicio indirecto previsible", o uno causado por una conducta no necesariamente dolosa -culposa, gravemente culposa o "por una desatención elemental"-.
3.2. Por otra parte, acusa al parágrafo demandado de vulnerar el principio de unidad de materia -artículo 158 C.P.-, porque modifica el ordenamiento penal -Leyes 599 y 600 de 2000-, cuestión ajena al título y tema de la Ley 734 de 2002.
Manifiesta que las inhabilidades e incompatibilidades para acceder a los cargos públicos encuentran justificación en la necesidad de asegurar el recto cumplimiento de los fines de la función pública, de acuerdo con los principios que la gobiernan -artículo 209 C.P.-. Indica que el señalamiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades corresponde a la Constitución y a la Ley; aquella previendo parámetros generales o reglas explícitas y ésta, en virtud de la cláusula general de competencia atribuida al legislador.
Por lo demás, descarta la violación del principio de unidad de materia por parte de la norma demandada, porque considera que lo regulado en ella tiene una relación razonable con la materia objeto de la ley de la que hace parte-artículo 158 C.P.-. Al respecto señala que la Corte ha analizado la conexidad que existe entre las normas que regulan el régimen disciplinario y las que regulan los regímenes de inhabilidades y sobre el particular, transcribe apartes de la Sentencia C-280 de 1996.
2.3. Finalmente, el interviniente estima que el inciso final del parágrafo acusado vulnera el principio de unidad de materia -artículo 158 C.P.- y debe ser declarado inexequible. Lo anterior porque incorpora un requisito para la redacción de las sentencias en materia penal, modificando el artículo 170 de la Ley 600 de 2000, cuestión totalmente ajena al tema de la Ley de la cual hace parte. Y advierte que, si bien el régimen de inhabilidades puede ser materia de las leyes disciplinarias, éstas no pueden desconocer principios básicos de la técnica legislativa -cita la Sentencia C-657 de 2000-.
A su vez, indica que el mencionado inciso desconoce el artículo 122 C.P. en cuanto establece un requisito adicional para que la inhabilidad allí contenida opere. Además, la ratificación del perjuicio al erario estatal por parte del juez, le resulta inconveniente "si se tiene en cuenta que si hay sentencia condenatoria fue por que se llegó a dilucidar el daño antijurídico de la conducta del agente estatal. ¿Entonces para que reafirmar algo que ya fue objeto de decisión judicial ".
-A juicio de quien representa al Ministerio Público, la finalidad del inciso final del parágrafo acusado es imponer un requisito adicional a la norma constitucional para la configuración de la inhabilidad y no la de dotar al funcionario de la certeza sobre la existencia de un perjuicio patrimonial al Estado, pues de acuerdo al régimen penal vigente, el juez debe pronunciarse sobre los perjuicios ocasionados con la conducta punible, y las entidades estatales cuando son afectadas por la misma, necesariamente deben constituirse como parte civil dentro del proceso y suscitar un pronunciamiento concreto sobre la condena en perjuicios -artículos 56 y 137 C. P.P.-.
En consecuencia solicita la declaratoria de inexequibilidad de la totalidad del parágrafo acusado. Señala que de no accederse a esa solicitud, en forma subsidiaria, se condicione la exequibilidad de dicho parágrafo, bajo el entendido que:i) el mismo es meramente enunciativo; ii) la afectación del patrimonio estatal puede darse en forma directa o indirecta, por dolo o culpa y admite el grado de tentativa; iii) la falta de especificación en la sentencia penal sobre si la conducta sancionada afectó el patrimonio del Estado, no impide que se aplique la inhabilidad, y; iv) se entienda el concepto de lesión, insertado en el parágrafo acusado, como la efectiva afectación o puesta en peligro del patrimonio público.
El ejercicio de esta potestad dependerá, en menor o mayor medida, del grado de precisión con el que el constituyente regula una institución jurídica, y del propio desarrollo constitucional de la misma. Así, podría decirse que la libertad de configuración del legislador es inversamente proporcional a la precisión y amplitud con la que la Constitución regula una institución jurídica. A mayor precisión de las nociones constitucionales, menor libertad de acción para el legislador. A mayor desarrollo constitucional de la normatividad Superior, menor espacio de acción para la ley. A su vez, el grado de la libertad de configuración, determina la intensidad del control constitucional. Así lo ha establecido este Tribunal Constitucional, en Sentencia C - 404 de 2001, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, veamos:
"El legislador no puede desbordar la Constitución y está subordinado a ella porque la Carta es norma de normas (art. 4º C.P.). Pero, en función del pluralismo y la participación democrática, el Legislador puede tomar diversas opciones dentro del marco de la Carta. Esto es lo que la doctrina constitucional comparada ha denominado la libertad de formación democrática de la voluntad o la libertad de configuración política del Legislador, según la cual corresponde al Congreso adoptar libremente, dentro de los marcos de la Constitución, diferentes políticas y definiciones legislativas que expresen la visión de las distintas mayorías que se expresan democráticamente en esa instancia. Por ello esa Corporación ha señalado que "es propio de una constitución democrática y pluralista como la Colombiana, que sus normas materiales o sustantivas, en principio, puedan permitir, dentro de ciertos límites, diversas políticas y alternativas de interpretación[2]." [3]
"… Esta libertad de configuración del Legislador, así como la propia naturaleza de ciertos conceptos constitucionales, permiten precisar los alcances del control constitucional de las definiciones legislativas de las categorías constitucionales. En efecto, el control material de la Corte de estas definiciones legislativas busca preservar al mismo tiempo la supremacía de la Carta y la libertad política del Legislador. Por ello, el control constitucional en este campo es ante todo un control de límites, pues no puede la Corte aceptar definiciones legales que contraríen la estructura constitucional o vulneren principios y derechos reconocidos por la Carta. Pero tampoco puede la Corte interpretar la Constitución de manera tal que desconozca el pluralismo político y la alternancia de diferentes políticas, pues la Carta es un marco de coincidencias básico, dentro del cual coexisten visiones políticas diversas.
"Ese control de límites varía su intensidad dependiendo de la propia complejidad y desarrollo de la construcción constitucional de un determinado concepto o institución. Así, si la determinación de los elementos estructurales de un concepto es más o menos completa, esto hace más estricto el control constitucional del acto normativo que desarrolla el mencionado concepto pues, en tales casos, el Constituyente ha limitado el ámbito de acción del legislador. Por el contrario, si la protección constitucional solamente se predica de ciertos elementos, los cuales no delimitan perfectamente la figura jurídica del caso, el Congreso tiene una amplia libertad para optar por las diversas alternativas legítimas del concepto, obviamente respetando el marco constitucional fijado.En efecto, en función del pluralismo político, la soberanía popular, el principio democrático y la cláusula general de competencia del Congreso (CP arts 1º, 3º, 8º y 150), se entiende que cuando la Constitución ha guardado silencio sobre un determinado punto es porque ha querido dejar un espacio abierto amplio para diferentes regulaciones y opciones de parte del Legislador. Eso significa que cuando no puede deducirse del texto constitucional una regla clara, en principio debe considerarse válida la regla establecida por el Legislador."[4] (Negrillas fuera de texto)
Al respecto, recuérdese que conforme al artículo 2° de la Constitución, las autoridades están instituidas, entre otras finalidades, "para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares" y cómo al tenor del artículo 209 constitucional son principios que fundamentan el ejercicio de la función administrativa los "(…) de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (…)".
"Finalmente, debe la Corte descartar cualquier violación del articulo 122 de la Carta, en el sentido de que éste consagra la prohibición por sentencia judicial condenatoria únicamente frente a delitos que afectan el patrimonio del Estado, en tanto que la norma acusada la extiende a cualquier clase de hechos punibles -salvo los políticos o culposos-, ya que, invocando el principio de interpretación sistemática de la Constitución, puede concluirse que con la previsión contenida en el referido artículo 122, lo que quiso el constituyente fue destacar y reforzar la protección del patrimonio público, sin pretender limitar la inhabilidad a ese sólo aspecto. De ahí que, por una parte, sea la propia norma la que disponga su aplicación "Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley" y, por la otra, existan otros dispositivos constitucionales que hacen extensiva la misma inhabilidad por sentencia condenatoria a todos los delitos excepto los políticos o culposos (C.P. arts. 179-1, 197 y 267)[12].
"Esta Corporación en múltiples pronunciamientos se ha referido al principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política. Al respecto ha sostenido "que la razón de su exigencia constitucional tiene como único propósito evitar las incongruencias legislativas que aparecen en forma súbita, a veces inadvertida e incluso anónima, en los proyectos de ley, las cuales no guardan relación directa con la materia específica de dichos proyectos. Estas incongruencias pueden ser, entonces, el resultado de conductas deliberadas que desconocen el riguroso trámite señalado en la Constitución para convertir en ley las iniciativas legislativas."[14]
Ahora bien, es importante resaltar que, en aras de no obstaculizar el trabajo legislativo, el principio de la unidad de materia no puede distraer su objetivo, esto es, sobrepasar su finalidad pues, "Solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley"[15]. En consecuencia, el término "materia" debe interpretarse desde una perspectiva "amplia, global, que permita comprender diversos temas cuyo límite, es la coherencia que la lógica y la técnica jurídica suponen para valorar el proceso de formación de la ley[16]."[17]
Frente al caso concreto, encuentra la Corte que el precepto acusado en nada contraviene el principio de unidad de materia, toda vez que existe de manera evidente una relación teleológica y sistemática entre el eje temático de la Ley 734 de 2002"por la cual se expide el Código Disciplinario Único" y el objeto de la norma acusada, a saber, la definición de lo que se entiende por delitos contra el patrimonio del Estado, para efectos de la responsabilidad disciplinaria y como presupuesto para la aplicación de la inhabilidad prevista en el inciso final del artículo 122 Superior.
"En ese orden de ideas, si bien es inconstitucional que el Ejecutivo establezca inhabilidades cuando le fueron concedidas facultades únicamente para modificar el régimen disciplinario, pues en sentido estricto las inhabilidades no hacen parte del tal régimen, en cambio es perfectamente admisible que una ley disciplinaria regule también las inhabilidades pues existe entre estos temas una conexidad temática e instrumental razonable, que permite considerarlos como una misma materia, pues la violación del régimen disciplinario puede configurar una inhabilidad y, a su vez, el desconocimiento de las inhabilidades puede configurar una falta disciplinaria. No hay pues violación de la unidad de materia, por lo cual entra la Corte a estudiar materialmente la inhabilidad acusada".[18]
4.2 El Legislador no vulneró la libertad de configuración
Al respecto esta Corporación recuerda que "el órgano que tiene la potestad genérica de desarrollar la Constitución y expedir las reglas de derecho es el Congreso, puesto que a este corresponde hacer las leyes"[19].
"(...)se entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público.
Para estos efectosla sentencia condenatoria deberá especificar si la conducta objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado." (subrayas fuera de texto)
"...El concepto de proporcionalidad sirve como punto de apoyo de la ponderación entre principios constitucionales: cuando dos principios entran en colisión, porque la aplicación de uno implica la reducción del campo de aplicación de otro, corresponde al juez constitucional determinar si esa reducción es proporcionada, a la luz de la importancia del principio afectado[23].
"Los medios escogidos por el legislador no sólo deben guardar proporcionalidad con los fines buscados por la norma, sino compartir con su carácter de legitimidad. El principio de proporcionalidad busca que la medida no sólo tenga fundamento legal, sino que sea aplicada de tal manera que los intereses jurídicos de otras personas o grupos no se vean afectados, o que ello suceda en grado mínimo."[24]
DeclararEXEQUIBLE el parágrafo 2° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en el entendido de que respecto a las conductas culposas se aplicarán las inhabilidades previstas en la ley.
Exequible en el entendido ... (parágrafo 2 ) Artículo 38 LEY_734_2002_05/02/2002
En estos eventos existe también un profundo contenido de injusticia en la conducta del servidor público pues éste no sólo ha inclinado su voluntad y su inteligencia a la comisión de una conducta punible contra el patrimonio del Estado, sino que también ha puesto en peligro tal patrimonio. Por lo demás, es muy claro que los supuestos de tentativa de adecuan al mandato constitucional que inhabilita al "servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado" pues los delitos tentados también son delitos.
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002,"por la cual se expide el Código Disciplinario Único"
"3.1. El contenido y alcance del inciso final del artículo 122 superior
El inciso final del artículo 122 superior señala de manera imperativa que "Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas".
"12. El Constituyente puede erigir en causal de ineligibilidad permanente para ocupar ciertos cargos públicos, hechos y circunstancias muy diversas, inclusive ajenos a la voluntad de las personas, como acontece con la doble nacionalidad y el parentesco en algunos casos. No se ve porqué no pueda el Constituyente asociar el presupuesto constitutivo de una causal de inhabilidad, a la expedición de una sentencia condenatoria por la comisión de un delito contra el patrimonio público. La defraudación previa al erario público, es un precedente que puede legítimamente ser tomado en consideración por la Constitución, para impedir que en lo sucesivo la persona que por ese motivo fue condenada penalmente asuma de nuevo el manejo de la cosa pública. El propósito moralizador que alienta la Constitución no se ha detenido ante las causales de ineligibilidad que por causas idénticas se aplican a los condenados que aspiran a ser Congresistas. Si en este evento, en atención a un criterio de proporcionalidad de la pena, se autorizara a la ley para imponer un término máximo de duración de la inhabilidad contemplada en el artículo 122 de la C.P., no sería posible dejar de hacerlo respecto de las restantes inhabilidades plasmadas directamente en la Constitución. En esta hipótesis, que la Corte no comparte, la ley estaría modificando el diseño moral mínimo dispuesto por el Constituyente."
"Finalmente, debe la Corte descartar cualquier violación del articulo 122 de la Carta, en el sentido de que éste consagra la prohibición por sentencia judicial condenatoria únicamente frente a delitos que afectan el patrimonio del Estado, en tanto que la norma acusada la extiende a cualquier clase de hechos punibles -salvo los políticos o culposos-, ya que, invocando el principio de interpretación sistemática de la Constitución, puede concluirse que con la previsión contenida en el referido artículo 122, lo que quiso el constituyente fue destacar y reforzar la protección del patrimonio público, sin pretender limitar la inhabilidad a ese sólo aspecto. De ahí que, por una parte, sea la propia norma la que disponga su aplicación "Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley" y, por la otra, existan otros dispositivos constitucionales que hacen extensiva la misma inhabilidad por sentencia condenatoria a todos los delitos excepto los políticos o culposos (C.P. arts. 179-1, 197 y 267)[33].
"La fijación de las condiciones positivas o negativas (inhabilidades e incompatibilidades) que habrán de regir el acceso a un determinado cargo o función públicos, constituye materia de la competencia del legislador de conformidad con los artículos 123 y 150-23, siempre y cuando no exista una determinación constitucional específica sobre el particular."[39]
"En virtud de las normas constitucionales mencionadas, la Corte ha reconocido que los únicos límites del Legislador para determinar los regímenes de calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos mencionados, son los parámetros establecidos de manera explícita por la misma Constitución. Por lo demás, el legislador tiene completa libertad para analizar y definir los hechos y las situaciones que constituyen inhabilidad o incompatibilidad para ejercer determinado cargo, así como el tiempo de vigencia de tales causales"[40].
"El legislador, como ya se expresó, goza de autorización constitucional para establecer causales de inhabilidad e incompatibilidad en cuanto al ejercicio de cargos públicos, y al hacerlo, en tanto no contradiga lo dispuesto por la Carta Política y plasme reglas razonables y proporcionales, le es posible introducir o crear los motivos que las configuren, según su propia verificación acerca de experiencias anteriores y su evaluación sobre lo que más convenga con el objeto de garantizar la transparencia del acceso a la función pública, de las sanas costumbres en el seno de la sociedad y de la separación entre el interés público y el privado de los servidores estatales, sin que necesariamente los fenómenos que decida consagrar en la calidad dicha tengan que estar explícitamente contemplados en el texto de la Constitución. Exigirlo así significaría quitar a la ley toda iniciativa en materias que son propias de su papel en el plano de la conformación del orden jurídico, despojando de contenido la función legislativa misma."[42]
Por tanto, la facultad que se reconoce al órgano legislativo para determinar causales de inhabilidad diversas a las que expresamente ha fijado el Constituyente, han de ser interpretadas en forma restrictiva (sentencias C-320 de 1994 y C-147 de 1998, entre otras), en el sentido de dar prevalencia a los derechos a la igualdad y al acceso a funciones y cargos públicos. No significa lo anterior, el desconocimiento de la facultad discrecional que, en esta materia, se le reconoce al legislador (sentencias C-367 de 1996, C-509 de 1997, entre otras), dado que si bien corresponde a él señalar causales de inhabilidad diversas a las establecidas por el Constituyente, cuando ello se considere conveniente para el desempeño probo de la función pública, esa competencia tiene un límite objetivo: el no desconocimiento de los mencionados derechos."[43]
Al respecto esta Corporación recuerda que "el órgano que tiene la potestad genérica de desarrollar la Constitución y expedir las reglas de derecho es el Congreso, puesto que a este corresponde hacer las leyes"[45].
Cabe precisar que la declaración de inexequibilidad que se hace en la presente sentencia no implica, como ya se explicó, la imposibilidad para el Legislador de desarrollar el inciso final del artículo 122 de la Constitución. Solamente que éste deberá hacerlo respetando el contenido de dicho texto superior y el ámbito de protección constitucional del patrimonio público que en él plasmó el Constituyente."
"Como quiera que es la propia Constitución la que atribuye al Legislador la facultad de establecer la responsabilidad de los servidores públicos y la forma de hacerla efectiva (C.P. art. 124), puede en consecuencia el Legislador delimitar de manera legítima el ámbito de esa responsabilidad utilizando los mismos criterios utilizados por el Constituyente.
Cuando el inciso final del artículo 122 de la carta fundamental dispone que'el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas' no estableció una cláusula general que atribuya idénticas consecuencias a las conductas culposas y dolosas, y es así porque de acuerdo con una interpretación sistemática de las disposiciones constitucionales en materia de inhabilidades es razonable sostener que dichas disposiciones otorgan y permiten dar tratamiento diverso a esas conductas, luego no puede reprochársele al Legislador el criterio de distinción utilizado por el propio constituyente para regular los mencionados comportamientos delictivos".
Al respecto debe señalarse que la sentencia no toma en cuenta sino de manera parcial el último inciso del artículo 122 superior en el que se dijo por el Constituyente que "Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas" (se subraya).
Si bien es cierto que en el artículo 124 superior se le atribuye al Legislador la facultad de establecer la responsabilidad de los servidores públicos y la forma de hacerla efectiva, también es cierto que en este caso frente a la condena del servidor público por delitos contra el patrimonio del Estado, el Constituyente decidió fijardirectamente unas claras consecuencias, que el Legislador no puede desconocer.
"La Corte deja claramente establecido que los delitos culposos no están exentos de inhabilidad, ni el Legislador puede eximirlos de inhabilidad,pues se estaría violando el artículo 122 de la Constitución; pues ellos debe conllevar un mínimo de inhabilidad; lo que no puede el legislador es atribuirles una inhabilidad perpetua. Existen, entonces dos límites uno hacia abajo, que consiste en que debe existir inhabilidad (o sea que no puede quedar sin inhabilidad) y otro hacia arriba consistente en que la inhabilidad no puede ser perpetua; dentro de esos límites el legislador tiene una amplia capacidad de configuración tratándose de delitos culposos. De este modo se conjuga aquel principio con la protección del patrimonio del Estado perseguido por el Constituyente" (subrayas fuera de texto)
5. Finalmente cabe resaltar que la sentencia no toma en cuenta que el segundo inciso del parágrafo 2° del artículo 38 de la ley 734 de 2002[52] deja en poder del juez la determinación de si la conducta objeto de la sentencia que profiera "constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado", con lo que es entonces el juez y no el Legislador el que en última instancia determina cuales son los delitos que afectan el patrimonio del Estado.
[1]Artículo 122, inciso final C.P.: "Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas".
[2]Corte Constitucional. Sentencia C-531/93. M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[5]"Artículo 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
[6]Ver Sentencia C-233/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[7]Ver Sentencia C-209/00 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[8]Respecto a la naturaleza jurídica de las inhabilidades e incompatibilidades, la Corte tuvo oportunidad de señalar que:
"…con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública, para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad, posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos intereses con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el buen servicio y antepongan los intereses personales a los generales de la comunidad.
[9]Durante el debate en la Comisión Tercera de la Asamblea Nacional Constituyente, en el momento de discutir el artículo 122 se señaló lo siguiente:
"…considero insuficiente lo relativo a la sanción que se desprendería para los funcionarios que sean condenados por delitos contra el patrimonio del Estado, es decir lo consideran no insuficiente sino ausente del texto, yo pienso que hay que consagrar una inhabilidad definitiva para ocupar puestos públicos a aquel funcionario que haya sido condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, e imprescriptible las acciones penales y disciplinarias que tenga que ver con la malversación de fondos públicos, aquí yo creo que debería quedar consagrada exactamente esa disposición y no en ningún otro texto de la Constitución." (Actas de Comisión Tercera. Sesión del 15 de Mayo de 1991).
" (…) En tercer lugar, definir un exigente régimen para los servidores públicos, parece que la comunidad está cansada de esos servidores públicos que han hecho del Estado un patrimonio o partidista, o grupista o personal o que utilizan el ejercicio de las funciones propias de su cargo, no para servir a la ciudadanía, sino para someter a los ciudadanos, para condicionar la actividad política de los ciudadanos y quiere el pueblo de Colombia, con absoluta seguridad, que la Constitución le ponga freno a esta situación."
[10]Ver Sentencia C-951/01 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[11]Artículo 37. Inhabilidades para ser alcalde. El artículo 95 de la Ley 136 de 1994, quedará así:
[12]Sentencia C-209 de 2000 M.P. Vladimiro naranjo Mesa.
[13]Sentencia C-501 de 2001. M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[14]Sentencia C- 523 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[15]Sentencia C-025 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[16]Sentencia C- 523 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[17]Sentencia C-565/97 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[18]Sentencia C-280/96 M.P. Alejandro Martínez Caballero
[19]Sentencia C-527/94 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[20]Sentencia C- 081/96. M.P . Alejandro Martínez Caballero,. En el mismo Sentido ver la Sentencia C-404/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[21]Ibídem Sentencia C- 081/96. M.P . Alejandro Martínez Caballero
[23]Cf., entre otras, las sentencias T-403/92 , T-422 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-089/95, M.P: Jorge Arango Mejía
[24] Sentencia C - 022 de 1996, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.
[25]"Artículo 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
[26]Ver Sentencia C-233/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[27]Ver Sentencia C-209/00 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[28]Respecto a la naturaleza jurídica de las inhabilidades e incompatibilidades, la Corte tuvo oportunidad de señalar que:
[29]Durante el debate en la Comisión Tercera de la Asamblea Nacional Constituyente, en el momento de discutir el artículo 122 se señaló lo siguiente:
[30]Ver Sentencia C-951/01 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[31]Artículo 17. El Código Penal tendrá un artículo con el número 59A, del siguiente tenor:
[32]Artículo 37. Inhabilidades para ser alcalde. El artículo 95 de la Ley 136 de 1994, quedará así:
[33]Sentencia C-209 de 2000 M.P. Vladimiro naranjo Mesa.
[34]Ver al respecto las Sentencias C-209/00 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-952-01 M.P. Álvaro Tafur Galvis citadas en este mismo aparte de esta Sentencia.
[35]Ver en este sentido la Sentencia C-534/96 M.P. Fabio Morón Díaz
[36]Ver en este sentido, entre otras las sentencias C-200/01 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, C-247/01 M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-952/01 M.P. Alvaro Tafur Galvis, C-1212/01 M.P. Jaime Araujo Rentería,C-373/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[37]Ver entre otras las Sentencias C-1412 /00 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y C-200/01 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[38]Ver entre otras las SentenciasC-952/01 M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-1212/01 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[39]Sentencia C-952/01 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[40]Sentencia C-1412 de 2000 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[41]Vid. Sentencias C-194 de 1995 y C-617 y C-618 de 1997.
[42]Sent. C-617/97 M.P. José Gregorio Hernandez Galindo.
[43]Sentencia C-1372/00 M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[44]Cfr., entre otras, la Sentencia C-483/98, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En el mismo sentido Ver la Sentencia C- 209/00 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa .
[45]Sentencia C-527/94 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[46]Sentencia C- 081/96. M.P. Alejandro Martínez Caballero, En el mismo Sentido ver la Sentencia C-404/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[47]Ibídem Sentencia C- 081/96. M.P . Alejandro Martínez Caballero.
[48]ART. 413.-Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.
ART. 414.-Prevaricato por omisión. El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años.
[49]RT. 27.-Tentativa. El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada.
[50]ART. 400.-Peculado culposo. El servidor público que respecto a bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, por culpa dé lugar a que se extravíen, pierdan o dañen, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término señalado.
[51]Ver, entre otras, las sentencias C- 509/97 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-1212/01 M.P. Jaime Araujo Rentería S.V. M. Rodrigo Escobar Gil y Rodrigo Uprimny Yepez y C- 373/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño S.V. M. Rodrigo Escobar Gil, Eduardo Montealegre Lynnet.
[52]Parágrafo 2°.Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política a que se refiere el numeral 1 de este artículo, se entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público.

References: artículo 38
 artículo 38
 artículo 122
 artículo 170
 artículo 122
 artículo 2
 artículo 209
 artículo 122
 artículo 158
 artículo 122
 artículo 38
 Artículo 38
 artículo 38
 artículo 122
 artículo 122
 artículo 122
 artículo 122
 artículo 122
 artículo 122
 artículo 122
 artículo 124
 artículo 122
 artículo 38
 artículo 122
 artículo 95
 artículo 122
 artículo 95
e contrario
 artículo 122