Source: http://www.procedimientopenal.com.bo/juris-constitucional/sc_499_art_163.htm
Timestamp: 2014-10-23 09:18:12+00:00

Document:
Sentencia N. 499/04
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0499/2004-R
Sucre, 5 de abril de 2004 Expediente: 2004-08540-18-RHC
En revisión la Resolución de 20 de febrero de 2004 cursante de fs. 155 a 156 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia de Montero de la Provincia Obispo Santiesteban del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del recurso de hábeas corpus interpuesto por Alfredo Becerra Durán contra David Gonzales Alpire, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia, alegando la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y la garantía del debido proceso.
En la demanda presentada el 19 de febrero de 2004 (fs. 144-146), el recurrente expresa que el 26 de mayo de 2003 fue detenido por efectivos de la Policía y el 28 del mismo mes y año el fiscal Freddy Sánchez formuló imputación en su contra por la supuesta comisión del delito de tentativa de homicidio solicitando su detención preventiva sin ponerlo físicamente a disposición del Juez Cautelar, quien de forma ilegal dispuso su detención mediante Auto de 28 de mayo sin realizar la audiencia cautelar, ni permitir que asumiera defensa técnica y material, dejándole en total indefensión y en la imposibilidad de apelar de esa medida o plantear cesación de la detención preventiva, por cuanto no fue notificado personalmente con la Resolución que ordenó su detención conforme lo establece el art. 163 del Código de procedimiento penal (CPP), lo que demuestra la existencia de defectos absolutos que el Juez debió corregir y no lo hizo. Agrega que tomó conocimiento de la medida de detención preventiva el 27 de enero de 2004, cuando fue notificado con la acusación del Ministerio Público por tentativa de homicidio, por lo que solicitó la cesación de su detención amparado en el art. 239 inc. 1) del CPP, habiendo el Juez del Tribunal de Sentencia (recurrido), mediante "auto de fecha 4 de enero de 2004" (sic), en ausencia del Fiscal, negado la cesación de su detención preventiva, argumentando que el contrato de anticresis no desvirtúa el peligro de fuga, en la que se fundó inicialmente la medida cautelar, señalando que el domicilio es circunstancial y no asegura la permanencia ni el sometimiento al juicio. Refiere que el hecho de no tener casa propia no es razón fundamental para que su persona esté privada de su libertad, por lo que dicha Resolución está basada en una simple conjetura que no observa lo dispuesto en el art. 124 del CPP con relación a los arts 233 y 236 también del CPP.
Finaliza señalando que en las SSCC 417/2001-R, 760/2003-R y 768/2003-R, se ha dispuesto que los jueces tienen la obligación de fundamentar o motivar la determinación que disponga la medida cautelar. El Auto que ordena, se mantenga su detención infringe su libertad al encontrarse detenido por más de ocho meses de forma ilegal y arbitraria, así como los derechos a la defensa y debido proceso al no haberse fundamentado debidamente el Auto de Medida Cautelar y al no haberlo puesto físicamente en la audiencia de cesación de la detención preventiva, volviéndose a cometer los defectos absolutos señalados.
Señala que se lesionaron sus derechos a la libertad, a la defensa y la garantía del debido proceso.
Plantea el recurso de hábeas corpus contra David Gonzales Alpire, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia, pidiendo que sea declarado procedente, se ordene su inmediata libertad y se disponga la anulación de obrados hasta que el Fiscal efectúe la imputación formal, sea con costas y reparación de daños y perjuicios.
Instalada la audiencia pública el 20 de febrero de 2004, sin la presencia del recurrente, tal como consta en el acta de fs. 152 a 153 vta., ocurrió lo siguiente:
El abogado del recurrente ratificó y reiteró su demanda.
El recurrido en su informe de 20 de febrero de 2004, cursante de fs. 149 a 150 ratificado en la audiencia de hábeas corpus señaló que: a) el 4 de febrero de 2004, en
audiencia pública resolvió la cesación de la detención preventiva planteada por el recurrente amparado en el art. 239 inc. 1) del CPP, argumentado que tiene un entorno familiar y domicilio; b) negó la solicitud porque; tener entorno familiar no es suficiente para destruir el peligro de obstaculización; para desvirtuar el peligro de fuga se debe tener un domicilio real propio, pues si el domicilio es propio, habrá menos posibilidad de fuga, u ocultamiento y se entenderá que el imputado se someterá al juicio, en cambio, el recurrente al presentar un domicilio, que lo posee en contrato anticrético, por más que sea un domicilio real, no otorga las garantías suficientes para entender que el imputado no permanecerá en el país al ser un domicilio que puede abandonar en cualquier momento, por lo que al no haber aportado nuevos elementos de juicio rechazó la solicitud y resolvió mantener la detención preventiva para su sometimiento al juicio oral y público. Solicitando en definitiva se declare improcedente el recurso.
I. 2. 3. Resolución
Concluida la audiencia, el Juez de Sentencia de Montero de la provincia Obispo Santisteban, de acuerdo en parte con el requerimiento fiscal, dictó la Resolución de 20 de febrero de 2004, cursante de fs. 155 a 156 vta. y declaró procedente el recurso, disponiendo la libertad del recurrente y que éste firme en forma semanal ante el Tribunal de Sentencia, con los siguientes fundamentos: a) el Juez recurrido no valoró correctamente el concepto de domicilio que establece el art. 24 del Código civil, no obstante que el recurrente acreditó tener un domicilio legalmente constituido, aunque sea bajo el título de anticrético; tampoco valoró el entorno familiar ni el certificado de trabajo, aspectos que desvirtúan el peligro de fuga, y demuestran por el contrario la voluntad de asumir su responsabilidad penal; lesionando el derecho al debido proceso y la libertad del imputado, toda vez que los documentos presentados demuestran que concurren nuevos elementos que tornan conveniente la sustitución de la medida preventiva por otras medidas; b) al dictar el Auto de 4 de febrero de 2004 no observó lo establecido en los arts. 236 inc. 3) y 124 del CPP al no haber realizado la fundamentación exigida, c) la procedencia del recurso es para reparar el debido proceso y los derechos del recurrente, a efectos de que asuma su defensa en la investigación que tiene en su contra.
II.1. Como emergencia de la investigación realizada sobre denuncia de robo de motocicletas, el 26 de mayo de 2003 efectivos de DIPROVE tuvieron enfrentamiento con Alfredo Becerra Durán (recurrente) y otros, resultando heridos tres policías y el recurrente, quien fue conducido al Hospital de Montero en calidad de aprehendido, realizándose la apertura del caso a denuncia directa del investigador asignado al caso (fs. 2, 14 y 15). El fiscal, Freddy Sánchez, en la misma fecha ordenó el inicio de la investigación y dispuso su custodia policial (fs. 2 vta.).
II.2. El 27 de mayo de 2003, la fiscal Nelva Ferrufino García presentó imputación formal en su contra por el delito de tentativa de asesinato, solicitando su detención preventiva. (fs. 94-95). En la audiencia de medidas cautelares realizada el 28 de mayo de 2003, sin la presencia del recurrente al encontrarse internado en el Hospital Japonés de Santa Cruz, pero con la asistencia de su abogado defensor, quien solicitó la aplicación de medida sustitutiva, el Juez Instructor de Montero dispuso la detención preventiva del recurrente, ordenando su custodia en el Hospital mientras dure su tratamiento médico (fs. 96 a 98). Por memorial de 24 de julio el recurrente solicitó al Juez de Instrucción fotocopias legalizadas de todo lo actuado (fs. 135).
II.3. El 22 de noviembre de 2003, el fiscal Freddy Sánchez presentó ante el Tribunal de Sentencia de Montero acusación en contra del recurrente por el delito de tentativa de homicidio, solicitando la apertura de juicio (fs. 99-101), habiendo el Juez Técnico recurrido, radicado la causa mediante Resolución de 19 de diciembre de 2003, disponiendo la notificación personal a las partes (fs. 103).
II.4.Por memorial de 19 de diciembre de 2003 (fs. 105) el recurrente se apersonó ante el Tribunal de Sentencia y por memorial de 27 de enero de 2004, (fs. 136 a 137), solicitó la cesación de su detención preventiva acompañando certificado domiciliario, certificado de trabajo, informe social, certificado de antecedentes y demás documentación (fs. 107-134), disponiendo el recurrido mediante providencia de 29 de enero de 2004, la celebración de la audiencia para el 4 de febrero, providencia con la que se notificó al abogado del recurrente el 30 de enero de 2004 (fs. 137 a 138).
II.5.En la audiencia de cesación de la detención preventiva, en la que no estuvo presente el recurrente, el Juez recurrido mediante Auto de 4 de febrero de 2004 rechazó la solicitud de cesación con el argumento de que el domicilio acreditado por el recurrente no es de su propiedad, y el contrato de anticrético presentado no desvirtúa el peligro de fuga, al ser un domicilio circunstancial (fs. 139-140).
El recurrente alega que se han vulnerado sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso: a) al no haberlo puesto físicamente a disposición del Juez Cautelar al momento de efectuar la imputación formal y pedir su detención preventiva, habiéndose ordenando su detención sin realizar la audiencia cautelar, ni permitirle asumir defensa técnica y material y sin notificarlo personalmente con esa determinación; b) habiendo solicitado la cesación de detención preventiva el Juez Técnico recurrido, celebró la audiencia respectiva sin su presencia y la rechazó indebidamente, dictando un Auto sin la debida fundamentación. Por consiguiente, corresponde analizar en revisión, si los hechos demandados son evidentes y si se encuentran dentro del ámbito de protección del art. 18 de la Constitución Política del Estado (CPE).
III.1. En la SC 1372/2003-R, de 22 de septiembre, a tiempo de conocer en revisión el recurso de hábeas corpus interpuesto por el recurrente contra Nemecio Freddy Sánchez Mérida, Fiscal de Materia y Herman Mendoza Iriarte, Juez de Instrucción Primero en lo Penal de Montero (Expediente 2003-07205-14-RHC), este Tribunal ya se pronunció sobre los extremos señalados en el punto a) referidos a que el recurrente no fue puesto físicamente a disposición del Juez Cautelar al momento de efectuar la imputación formal y pedir su detención preventiva, habiéndose ordenado su detención sin realizar la audiencia cautelar, ni permitirle asumir defensa técnica y material y sin notificarlo personalmente con esa determinación, recurso que fue declarado procedente y en el que se dispuso la reparación de los defectos que en la referida Sentencia se consideró cometidos. En consecuencia, no corresponde un nuevo pronunciamiento sobre los mismos hechos denunciados.
III.2.Con relación al rechazo de la solicitud de la cesación de la detención preventiva, la SC 1521/2002-R, de 16 de diciembre, señaló lo siguiente: " ... a fin de establecer el riesgo de fuga, la norma no exige que el domicilio habitual comprenda que el imputado deba tener el derecho propietario sobre el inmueble que habita, pues éste no es el sentido del precepto, por cuanto su alcance interpretativo sólo va a demostrar que en el inmueble que se señala como domicilio es en el que habita con la familia de forma diaria, es decir, el que le sirve de residencia permanente, de modo que exigir a un imputado títulos de propiedad sobre el inmueble que señala como domicilio, es ir más allá de lo que prevé la norma jurídica y, por lo mismo, suprimir el derecho a la libertad imponiéndole una medida extrema como la detención preventiva, en base a un requisito no exigido por Ley que inviabiliza la solicitud de la cesación de la detención preventiva".
En el caso presente, el Juez recurrido rechazó la solicitud de la cesación de la detención preventiva con el argumento de que el contrato de anticrético presentado por el recurrente para acreditar domicilio, "no desvirtúa el peligro de fuga al constituir un domicilio circunstancial sujeto a disposición del imputado que no asegura su permanencia y el sometimiento al juicio en curso" (sic), criterio que conforme se ha señalado constituye una exigencia que va más allá de lo que prevé el art. 234 del CPP y que por consiguiente, resulta incorrecto y excesivo exigir derecho propietario para acreditar domicilio habitual. Por otra parte, el recurrente acreditó tener un entorno familiar con esposa e hijos y presentó certificado de trabajo, aspectos que no fueron adecuadamente considerados por el Juez recurrido, quien se limitó a señalar "que pese a que se ha establecido un entorno familiar de esposa e hijos, esto no es suficiente para desvirtuar el peligro de fuga que fundó la medida cautelar impuesta" (sic) lo que demuestra al mismo tiempo la falta de una debida fundamentación del Auto de 4 de febrero de 2004 que negó la cesación de la detención preventiva, no obstante de que la uniforme jurisprudencia de este Tribunal, ha señalado que los jueces tienen la obligación procesal de fundamentar o motivar la determinación que disponga una medida cautelar (Así las SSCC 385/2003-R, 404/2003-R, 676/2003-R, -entre otras-); consiguientemente, el Juez que conoce la solicitud de cesación está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan el mantenimiento de la medida, debiendo referirse a cada uno de los elementos de prueba presentados, expresando las razones por las cuales, a su juicio, no existen nuevos elementos que hagan viable la cesación de la detención.
III.3.Con relación a que la audiencia de cesación de la detención preventiva se hubiese realizado sin la presencia del recurrente. La jurisprudencia constitucional también ha establecido que la audiencia que dispone la aplicación de una medida cautelar, requiere la presencia del imputado para garantizar el derecho a la defensa y la vigencia de la inmediación y oralidad que rige el nuevo proceso penal, cuya inobservancia significa una lesión del derecho a la defensa y trasgresión de los principios de oralidad e inmediación. Criterio expresado en las SSCC 547/2002-R, 1521/2002-R, 261/2003-R, 660/2003-R y en las que se ha señalado: " que toda determinación debe realizarse en audiencia, en presencia de las partes procesales y de sus abogados, a fin de que éstos puedan asumir defensa en igualdad de condiciones.".
En el caso presente, consta, por una parte, que con la providencia de señalamiento de la audiencia de cesación a la detención preventiva no se notificó al recurrente, sino únicamente a su abogado defensor mediante cédula, incumpliendo el precepto contenido en el art. 163 del CPP, cuyo último párrafo parte in fine establece "que el imputado privado de su libertad será notificado en el lugar de su detención"; y por otra parte, se celebró la audiencia sin la presencia del recurrente, vulnerado el derecho a la defensa material que asegura el art. 8 de la misma norma, no pudiendo ser suplida con la asistencia de su abogado defensor, hecho que origina que sea aplicable la jurisprudencia señalada precedentemente.
III.4.Finalmente, corresponde aclarar que los actos irregulares y las omisiones referidas, lesionan los derechos a la defensa y al debido proceso, por cuanto el Juez ha incurrido en una serie de omisiones e interpretaciones incorrectas de las normas que debe cumplir y aplicar, vulnerando con ello el derecho a la libertad del recurrente; por lo que corresponde disponer la regularización del procedimiento, a fin de que se reparen los defectos procesales referidos y no así la concesión de la libertad inmediata; asimismo, corresponde observar que el Juez de hábeas corpus, a tiempo de declarar procedente el recurso, se excedió en sus atribuciones, al otorgar la libertad del recurrente, bajo aplicación de medidas sustitutivas, como es la medida cautelar personal, de presentación semanal ante el Juez de Sentencia que le impuso a éste, acto procesal que únicamente puede ser realizado por los jueces y tribunales competentes que estén en conocimiento del caso.
Por todo lo analizado, con la salvedad referida, se concluye que el Tribunal de hábeas corpus, al haber declarado procedente el recurso ha compulsado correctamente los hechos y los alcances del art. 18 de la CPE.
El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 18.III, 120. 7ª) de la CPE, y 93 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión:
1.APRUEBA en parte la Resolución de 20 de febrero de 2004 cursante de fs. 155 a 156 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia de Montero de la Provincia Obispo Santiesteban de la ciudad de Santa Cruz.
2.DISPONE que el recurrido repare los defectos procesales referidos en los fundamentos jurídicos, debiendo celebrar la audiencia pública de cesación de la detención preventiva, dando una correcta interpretación y aplicación de las normas previstas en los arts. 233, 234, 235 y 236 del CPP.
Dr. José Antonio Rivera Santivañez

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