Source: https://www.scribd.com/document/131078870/Fallo-Sobrado
Timestamp: 2017-10-24 10:41:32+00:00

Document:
///En la ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, el d¡aú18úúdel mes de marzo del año dos mil trece, reunidos
los señores Jueces del Tribunal en lo Criminal n§ 1, doctores GUILLERMO LABOMBARDA, SAMUEL ARTURO SARAVI PAZ y LIDIA FABIANA MORO, con el objeto de dictar el veredicto conforme las normas del artículo 371 del Código Procesal Penal, en causa n° 218/3044 seguida a ALBERTO OSCAR SOBRADO por los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILICITO y FALSEDAD IDEOLOGICA DE INSTRUMENTO PUBLICO, practicado el correspondiente sorteo del que resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: LABOMBARDA-SARAVI PAZ-MORO, el Tribunal resuelve plantear y votar las siguientes: CUESTIONES Cuestión Primera: ¨Está probada la existencia de los hechos en su exteriorización material y en qué‚ términos? LA CUESTION PLANTEADA el Señor Juez Dr. Guillermo Labombarda dijo: Hecho n° 1: La Fiscalía de Juicio consideró legalmente acreditado conforme prueba del debate que para el período correspondiente al año 2000, en declaración jurada prestada por ante el Escribano General de Gobierno, Sobrado omitió intencionalmente insertar las cuentas con depósitos en el exterior por un monto que ascendía en ese entonces al menos a los U$S 532.000. Subsumió la acción típica descrita en el art 293 primer párrafo del Código Penal al considerar el carácter público del documento. Anticipo que el documento sobre el que -según la Fiscalía- se ha asentado la falsedad típica, no constituye un "instrumento público". Ello pues, según decreto 711/81, modificado por el 3233/90 -reglamentario de la ley 9624/80-, la intervención del funcionario público -en la especie el Escribano General de Gobierno- se limitó a recibir la declaración jurada, dejando constancia en acta acerca de la entrega de la misma y extendiendo el testimonio correspondiente al interesado para su presentación ante la Dirección del Personal (Conforme GORDILLO, Agustín "Tratado de Derecho Administrativo", T° 3, editorial Fundación de Derecho Administrativo, Edición 2000, p g. VII-9 "in fine"). En el mismo sentido se ha expedido la jurisprudencia sosteniendo que "...la inserción de un dato falso en una declaración jurada no constituye el delito de falsedad ideológica, puesto que sólo sobre aquello que el documento prueba con efectos jurídicamente propios de un documento público puede considerarse la falsedad ideológica punible. En consecuencia, si se pretendiera encontrar una falsedad documental en instrumentos públicos en tales declaraciones juradas, sólo podría considerarse valedera la hipótesis con respecto a los datos certificados por funcionarios públicos, el resto del formulario, no certificado en realidad por funcionario alguno, únicamente tiene categoría de instrumento privado" (fallo aportado en su alegato por el Sr. Defensor Dr. Citterio, dictado por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Sala 2°, 27/12/1995. En el mismo sentido Sala 1° del mismo organismo, 23/3/85, en "C¢digo Penal de la Nación...anotados con jurisprudencia", Romero Villanueva, Ed. Abeledo Perrot, 4°. Edición, 2010, p g. 1185, p rr. 49). En el "sub judice" las aserciones del notario vinculadas a la identidad del presentante y la fecha cierta de esta presentación, son algunas de las constancias que adquieren car cter de instrumento público -el notario da fe de ello-. El caso de las vinculadas con la descripción del estado patrimonial del presentante, tiene carácter de instrumento privado -sólo el otorgante conoce y responde por lo que declara-. Al presentar la declaración jurada patrimonial, Sobrado formalizó el instrumento "sin reato alguno y de la manera que estimó más conveniente para sus intereses", rasgo esencial de los instrumentos privados, conf. Llambías en "Tratado de Derecho Civil, Parte General", T. II, Editorial Lexis Nexis (Abeledo Perrot), edición 2007, p g. 346. Por lo demás "Los instrumentos públicos sólo hacen plena fe con respecto a los hechos que el Oficial Público anuncia como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia; en cuanto a las manifestaciones que hacen las partes, no gozan de ese valor probatorio, porque el escribano solamente da fe que ellas se efectuaron, no de su sinceridad.", SCJBA, Ac. 36894, S 24/3/1987 y Ac. 85232, S 1/10/2003. Consecuentemente la conducta achacada al encausado Alberto Oscar Sobrado no
puede ser subsumida en la figura que pretende la acusadora, resultando atípica por imprevisión legal conforme armónica interpretación de los arts. 292 primer párrafo y 293 del Código Penal. En tal sentido siguiendo al maestro SOLER "la falsedad ideológica solamente es punible cuando se produce en instrumentos públicos propiamente dichos. Ningún documento privado, incluso los documentos equiparados del art. 297, se encuentra comprendido en esta disposición". Ello es así porque "los instrumentos públicos son los únicos dotados de fe pública en el sentido de valor legalmente prefijado mediante signos establecidos o mediante órganos jurídicamente encargados de dar autenticidad, de manera que el delito consiste en introducir en un documento de forma abierta o atípica hechos falsos concernientes a los que esa clase de documentos públicos están destinados a probar por sí mismos. El sujeto se sirve de los medios de autenticidad oficiales para hacer aparecer como oficialmente garantizada la prueba de un hecho. Ningún documento privado envuelve ni puede envolver una garantía de este tipo." ("Derecho Penal Argentino", Editorial TEA, edición 1970, reimpresión 1978, p g. 348 y stes.). Concordando con la doctrina citada, Aguirre Obarrio, en DALESSIO, "Código Penal Comentado y Anotado", editorial La ley, edición 2004, p g 984. En el mismo sentido CREUS sostiene que "...la falsedad ideológica sólo es posible en los documentos públicos, ya que son los únicos dotados de fe pública respeto de los hechos en ellos referidos como ocurridos ante el fedatario y, por tanto, oponibles "erga omnes", a diferencia de los documentos privados, que sólo son oponibles a las partes que los han suscripto." (Derecho Penal, Parte Especial, Editorial Astrea, edición 2010, T. 2, p g. 482.) Como consecuencia de lo hasta aquí expuesto, la conducta de que se trata atribuida a Alberto Oscar Sobrado como hecho n° 1 es atípica, por lo que deviene su libre absolución. b) Hecho n° 2: En lo pertinente, entendió la Fiscalía de Juicio que de la prueba incorporada, producida y debatida en la audiencia oral y pública celebrada, surge legalmente acreditado -y así lo expuso en su alegato- que: "una persona de sexo masculino, mientras se desempeñaba como funcionario policial de la provincia de Buenos Aires, verificó un notable incremento patrimonial detectado a través de cuentas radicadas en el exterior, para cuya apertura ocultó su condición de funcionario policial manifestando ser empresario y rentista. Oportunamente requerido por la autoridad competente para que justifique tal incremento patrimonial, no logró justificar el ingreso a su patrimonio de un monto que ascendería aproximadamente entre los 530.000 a los 970.000 dólares.".Tengo para mí que el principio de congruencia impone interpretar que el período consignado como "mientras se desempeñaba como funcionario policial" debe entenderse limitado por aquél que se establece en la requisitoria de citación a juicio (fs. 562/566vta.), vale decir, "mientras se desempeñaba en las máximas instancias jerárquicas de la Fuerza Policial" provincial; calidad adquirida por el agente cuando por resolución n° 11.116, n° 14 O.D. n° 13 del 10 de febrero de 1999 obtuvo el grado de Comisario Inspector (Comando). Así surge de su legajo personal n° 012869, fs. 487 de la IPP N° 188.633.La Acusadora calificó el hecho consignado precedentemente, como constitutivo del delito de enriquecimiento ilícito, conforme artículo 268 (2) del Código Penal, atribuyendo su autoría al aquí juzgado Alberto Oscar Sobrado.Sin embargo, entiendo que del exhaustivo análisis de la prueba colectada y teniendo en cuenta en el caso la incompletividad de la producida, no surge acreditada con el grado de certeza que un pronunciamiento condenatorio requiere la materialidad enrostrada.Paso a su análisis, comenzando por considerarla de fundamental importancia, por la declaración prestada por el acusado Sobrado en oportunidad del artículo 308 del Código Procesal Penal obrante a fs. 350/370. Allí, en extensísimo y pormenorizado relato prestado el 13 de octubre de 2005 -destaco la fecha atento el prolongado lapso transcurrido y lo que luego diré‚ al respecto- Sobrado dió las explicaciones que consideró pertinentes para acreditar "la existencia de un patrimonio precedente que resulta origen del erróneamente determinado como objeto de investigación", conforme lo dijo.No es del caso reproducir el larguísimo relato, mas si consignar detalles aportados en aras de validar el -a criterio de la acusadora- "injustificado"
incremento patrimonial que se le atribuye -impreciso, por cierto- en monto que va desde los U$S 530.000 a U$S 970.000.Así refiere a los depósitos en títulos-valores y/o bonos efectuados en bancos extranjeros y sus transferencias, como también a los intereses devengados por los mismos, destacando el de la República Oriental del Uruguay, cuenta abierta por consejo del sector Banca Privada del Scotia Bank Quilmes de Capital Federal, además del Bank of Nova Scotia Trust Bahamas Ltda. y el Santander Río Bank Grand Cayman. Detalló el "recorrido" de los títulos a partir de la crisis financiera uruguaya de 2001 pasando a Grand Cayman y Santander de Bahamas, entidad esta última que finalmente lo remitió a su sede central en España. Afirmó en consecuencia que "todos los movimientos responden a un mismo origen, que son las cuentas de Uruguay, pasando por Bahamas y Grand Cayman y culminando en España y en todos los casos títulos, bonos y productos financieros, no billetes contantes y sonantes". La secuencia cronológica referida la acredita la circunstancia que cuando se cierra una cuenta en un banco, se abre otra inmediatamente en otro, lo que torna inexacto el criterio de suma tenido por el Ministerio Público para concluir en los montos achacados.Destacó el origen de todo ello en capitales recibidos por herencia, donación y administración de sus padres, "inversores de los sistemas financieros institucionalizados y extra institucionalizados" al igual que el declarante que operaban en distintas entidades bancarias y financieras, mencionando al menos catorce en las que compraron, vendieron y/o depositaron aún en cajas de seguridad bonos y títulos. Tal acervo afirmó, es el origen de los capitales que finalizaron en España y proviene de la actividad de sus padres.Aclaró también que desde mucho tiempo atrás ejerce la administración de dicho "patrimonio precedente" conforme "amplios poderes de administración y disposición de bienes irrevocables y con facultades para ejercerlo aún después del fallecimiento de los otorgantes", dados en favor del declarante en su carácter de único hijo y universal heredero de Camilo Sobrado y Celia Gutiérrez.Aportó en la oportunidad copia certificada en su autenticidad -el original lo trajo en el debate- de la actuación notarial del 18 de junio de 1991 -ver fs. 558/559- en la que consta que "el señor Camilo Sobrado DONA EN FORMA GRATUITA a su único hijo, la suma de dólares estadounidenses cuatrocientos sesenta y ocho mil (U$S468.000), en dólares estadounidenses billete efectivo, con más la totalidad de los fondos depositados en el Royal Bank of Canadá... Alberto Oscar Sobrado declara haber recibido el importe mencionado precedentemente, con anterioridad a este otorgamiento, otorgando en consecuencia el m s eficaz recibo por el importe mencionado con m s todos sus accesorios...".Explicó que su padre Camilo llegó de España en 1949, detallando la extensa cantidad de emprendimientos comerciales e inmobiliarios que desplegó en el país, en su mayoría en cotizados y céntricos barrios de la Capital Federal y Gran Buenos Aires -Avellaneda y La Matanza-. Así refirió la compra de seis hoteles, diversos inmuebles, un negocio de compra-venta de materiales ferrosos, un autoservicio, un edificio adquirido por la sociedad "Oriental S.A." que integró y un restaurante, entre otros, además de la parada de venta de diarios y revistas de Paraguay y Riobamba. No sólo ubicó las propiedades sino que en cuanto pudo aportó fechas de compra y ulterior venta, refiriendo incluso una escribanía actuante.También su madre Celia Gutiérrez integró su patrimonio con un inmueble en La Matanza que comercializó en alquiler, como así otro en Capital Federal; ambos vendidos en 1987. Adunó que el 1° de noviembre de 1992 su progenitora "recibió 900.000 pesetas en concepto de derechos hereditarios de una porción de tierras que le pertenecían en España".Detalló un sinnúmero de operaciones financieras, consignando fechas y cantidades de títulos-valores, cotizaciones, rentas devengadas y ganancias obtenidas a partir de la década del 70, solicitando se requieran los informes pertinentes "a los fines de corroborar la exactitud de fechas, porcentajes y montos".Explicó que su padre tenía cuentas en el exterior desde hacía más de veinte años, las que estaban a nombre de sus progenitores y del declarante. Citó las del Royal Bank of Canadá vigentes a 1991, detallando identificaciones numéricas y dirección de la entidad bancaria. Mas no descartó la existencia de
cuentas de inversión en otras sucursales, aportando la documentación poseída que acredita el extremo. A dicho banco record¢ haber enviado copia del poder de administración conferido al declarante, antes mencionado.Aseguró que el patrimonio paterno es el origen del investigado, calculándolo en un monto muy superior a los U$S 300.000 al que la pericia contable precedente a su deposición, por insuficiencia de datos y defectos de justificación arriba. Adunando a ello sus propios ingresos y los de su esposa, con más el manejo de la administración, entiende justificado el patrimonio y con ello descarta el enriquecimiento achacado.Aportó además en la oportunidad documentación relativa a dos cancelaciones de hipoteca, aclarando que las operaciones con garantía hipotecaria las manejaba personalmente conforme poderes otorgados. Los valores correspondientes, como así intereses cobrados integran el patrimonio en crisis. En consecuencia y a modo de ejemplo "corrigió" la pericia contable respecto de los U$S300.000, ya que sólo sumándole las hipotecas confeccionadas hasta 1999 y sus intereses se alcanza el monto de U$S 496.000, al que aún deben agregarse los correspondientes a las cancelaciones cuyas escrituras no pudo acompañar.Tras aportar la documentación obrante en su poder respecto de lo declarado, explicando la imposibilidad de hacerlo con anterioridad, solicitó la realización de nueva pericia contable.En consecuencia Sobrado explicó el origen del patrimonio achacado como de ilícita procedencia aportando documentación y la información pertinente para la comprobación de tales explicaciones. Requirió nueva pericia para lo cual se advierte con meridiana claridad, resultaba necesario a los fines del más fidedigno dictamen contable que permitiera corroborar -o en su caso descartarel devenir lógico de operaciones y depósitos con origen en el patrimonio de sus padres hasta los depósitos en el exterior, en un encadenamiento cronológico como lo afirma el acusado. Incumpliendo la manda del art. 318 del ritual el Ministerio Público Fiscal no evacuó las citas del acusado, deber impuesto en la citada norma en armonía con la obligación de actuación con criterio objetivo que le impone el art. 56 párr. 2° del mismo ordenamiento, al establecer que el Ministerio Público Fiscal "...adecuar sus actos a un criterio objetivo debiendo formular los requerimientos e instancias conforme este criterio, aún a favor del imputado." Al respecto la doctrina ha dicho "El Fiscal deber proveer a las indicaciones pertinentes -básicamente de descargo- que efectúe el imputado (vgr. llamado de testigos, verificación de hechos o circunstancias alejadas u otras diligencias). Se trata de un cabal "deber de actuar" del Agente Fiscal como órgano del ministerio público" (BERTOLINO, "Código Procesal Penal", Editorial Abeledo Perrot, Edición 2009, p g. 555 y stes.) Por su parte la Casación provincial por su Sala I, en causa 549 "R.D. s/ recurso de casación", el 10 de abril de 2001, resolvió la obligación de evacuar todas las citas que resulten "pertinentes y £tiles" (BERTOLINO, op. cit., p g. 556 y stes.) A fs. 431 la Fiscalía Interviniente rechazó el pedido del acusado por "extemporáneo", considerando que lo aportado "no incluye prueba documental alguna ni referencia directa que arroje certeza o cuya evacuación resulte conducente a la acreditación de los ingresos y operaciones mencionados." De lo dicho se desprende afectación del Derecho de Defensa consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional. Ello por cuanto integra la misma la "defensa material, que es la que lleva a cabo el propio imputado y que se manifiesta en diferentes formas y oportunidades. Consiste en sus propias expresiones defensivas, volcadas en las explicaciones que vierta cuando declare en las sucesivas etapas del proceso, cuando introduzca alguna objeción o explicación durante el curso de alguna diligencia procesal a la que está facultado a asistir."(JAUCHEN, "Derechos del imputado", editorial Rubinzal Culzoni, edición 2005, p g. 154). Vacía de contenido resultaría la pauta garantizadora de que se trata, de no evacuarse oportunamente las referencias del procesado que hacen a su defensa. En consonancia se vio afectado el "derecho a ser oído", ingrediente fundamental del Derecho de Defensa ya que sin perjuicio de la defensa técnica, "importa el deber del estado de escuchar al imputado, tomar en cuenta e investigar lo explicado por ‚l, es su defensa material sin la cual no podr¡a existir proceso válido -el subrayado me pertenece-" (JAUCHEN, op. cit,
p g. 238).Insistió a fs. 433 el por entonces Defensor de Sobrado Dr. Alejandro Casal, desprendiéndose de su aporte relativo al Royal Bank of Canadá la total coincidencia con el pedido de su asistido y con el criterio sostenido por el Tribunal en párrafos anteriores. La omisión de respuesta por el órgano investigador conculcó por segunda vez las garantías aludidas. A fs. 448 el actual Defensor Dr. Citterio pidió revisión por el Fiscal General de la denegatoria de prueba, produciéndose a fs. 463 la tercera respuesta en contra de los intereses de Sobrado con el argumento de que "podrían ser planteadas en etapas procesales posteriores". Se advierte por lo dificultoso y prolongado del lapso de tramitación -local y foráneo- de las medidas que debieron cumplirse, la necesidad de producirlas de inmediato a las manifestaciones de Sobrado, evitándose de tal forma demoras innecesarias que hubieran permitido llegar al juicio -incluso resolver en etapas anteriores (arts. 321 y 341 CPP)- con la totalidad de la prueba cumplida. Producida a fs. 562 la requisitoria de citación a juicio, la oposición fue rechazada por el Sr. Juez de Garantías a fs. 591/598vta. En lo que aquí interesa el Magistrado reconoce que -como lo se¤ala el Dr. Citterio- a£n resta producir prueba la que podrá ser solicitada en la ocasión que el art. 338 del CPP prev‚. Lo interpreto como el cuarto rechazo y doy por reproducido el párrafo precedente por resultar de entera aplicación. Radicado el expediente en este Tribunal y producida la citación a juicio del art. 338 del ritual el 19 de marzo de 2007 (ver fs. 663), la resolución de cuestiones incidentales relativas a la competencia del Organo insumió al menos cuatro años y ocho meses para discernir la misma entre el Tribunal y el Juzgado en lo Correccional (ver informes de Actuario de fs. 810, 815, 818 y 881 y los incidentes respectivos acollarados a la principal), sin perjuicio de aquella relativa a la competencia territorial que aún hoy no ha adquirido firmeza. A fs. 840/844vta., el 11 de julio de 2012 el Tribunal resolvió las cuestiones propias del art. 338 del rito, y en cuanto aqu¡ interesa hizo lugar a la producción de la prueba largamente reclamada al resolver sobre la instrucción suplementaria, la que se siguió produciendo aún durante el desarrollo del debate sin que a la fecha de su finalización haya terminado. Cobra virtualidad el resolutorio de fs. 884 en cuanto el Tribunal sostuvo que la prueba "debía encontrarse cumplida o realizada al momento del debate a fin de garantizar el derecho de defensa en juicio". No en vano y con fundamento en lo que vengo analizando, el Sr. Defensor particular sostuvo en la audiencia que la imposición al Tribunal de realizar el juicio en las condiciones dadas, subordina su inicio a la vigencia de la acción penal, sometiendo de tal manera el Derecho de Defensa (Art. 18 CNacional). Es que ninguno de los peritos contadores que pasaron por el debate pudo negar el interés, y aún la injerencia que pudieran tener sobre las conclusiones de sus experticias, los resultados de las diligencias pendientes, vale decir los informes bancarios requeridos por exhortos internacionales al Royal Bank of Canadá, Banco Central de la República Oriental del Uruguay, Scotia Trust Uruguay IFE S.A, Santander Riobank Grand Cayman, Santander Central Hispano Bank & Trust Bahamas y Santander Central Hispano Madrid España. El informe producido por los contadores de la Asesoría Pericial Roberto Galv n y Angel Guarracino a fs. 218/228 y anexos agregados, resulta la base sobre la que el Ministerio Público Fiscal estructuró tanto la declaración del art. 308 del rito, como la requisitoria de elevaci¢n a juicio en la etapa anterior, y piedra basal de la acusación en el juicio. Allí los profesionales concluyeron en la inexistencia de evidencia cierta que justifique la evolución patrimonial de Alberto Sobrado, estimando al momento del incremento no justificado entre 530.000 y 970.000 dólares estadounidenses. Para ello analizaron la documentación con que contaban con antelación a la declaración de Sobrado, en la que como se viera aportó nuevas constancias que motivaron nuevos requerimientos. En lo que aqu¡ interesa del informe surge justificado conforme punto IV letra "a" la situación patrimonial exteriorizada en las declaraciones presentadas por el imputado, integrada por tres inmuebles y un automóvil, la que se compadece con los ingresos por sueldos en la policía, imputando el resto a consumo familiar.
Analizaron en consecuencia el patrimonio no declarado, integrado por depósitos bancarios de títulos y efectivo, detectados en el exterior a partir -reiterode la documentación con que en ese momento contaban. Verificaron constancias de una cuenta en Bahamas por 338.631 pesos -debió decir dólares atento la plaza financiera- y un flujo de fondos por 65.262 pesos/dólares que podrían haber sido destinados a depósitos en el exterior. Consta también la continuidad de la operatoria de préstamos que se evidencia en la generación de nuevos contratos, que en el período 2000 al 2004 alcanzan a 233.220 pesos. Asimismo instrumentos que documentan mutuos hipotecarios en dólares en el período comprendido entre octubre de 1993 y marzo de 2004, a nombre del imputado y su madre en cuanto aquí interesa, entre ellos 12 anteriores a 1996 ‚poca en la que revistaba como subcomisario, que evidencian la confusión entre el patrimonio de la madre y del imputado. Recuérdese los poderes irrevocables a su favor con que contaba que los licenciados tuvieron a la vista (art. 1820 del C.Civil). Ello corrobora lo declarado por Sobrado en cuanto a que a las fechas de fallecimiento de su padre el 27 de octubre de 1991 y su madre el 6 de enero de 1996 siguió actuando conforme mandatos recibidos. Precisaron que la cartera de préstamos hipotecarios se originaría al menos en parte en el patrimonio paterno, lo que corrobora lo declarado por el imputado. Estimaron su valor en aproximadamente 300.000 dólares, los que no son fuente de los depósitos en el exterior, pero más que suficientes para probar un acervo económico de trascendencia, superior a la media del común. Consta también la influencia del patrimonio de los progenitores en beneficio del imputado en una donación de 80.000 pesos/dólares del 29 de diciembre de 1994, que dio lugar a la compra de un inmueble en Avellanada. En el mismo sentido la donación del departamento donde actualmente reside efectuada en 1996, por valor de 120.000 pesos/dólares. Consideraron que para el año 1999 el patrimonio a justificar era de 302.385 pesos/dólares, respecto de los que -a criterio de los expertos- habría justificado 65.262 pesos/dólares. Con ser cierto que el riguroso sistema de análisis propio de las ciencias contables exige a los profesionales en la materia contar con documentación respaldatoria para llegar a sus conclusiones, no menos cierto resulta que la incompleta base sobre la que trabajaron permite vislumbrar -confirmando lo declarado por el acusado- un patrimonio precedente originado en el de sus padres, con operaciones económico-financiero-bancarias que podrían tener su culminación en los depósitos de España. Más aun justificar cuentas en Canadá. Declararon en la audiencia los peritos Galván y Guarracino dando explicaciones, ratificando y ampliando el dictamen. Confirmaron la escasez de documentación respaldatoria, incluida la de sus padres, destacando que no requiere registración propia de la activad comercial quien no es comerciante. Recu‚rdese que Sobrado al igual que sus padres se presentó como "inversor de los sistemas financieros institucionalizados y extra institucionalizados". Ratificaron la existencia de indicios acerca de que el patrimonio provenía del de los padres, citando como ejemplo las escrituras hipotecarias. Referente a los valores máximo y mínimo de sus conclusiones Galván explicó que los títulos valores depositados en el Uruguay fueron trasladados a Bahamas, su destino se encuentra probado. Luego tiene constancias de la cuenta en España con importes similares. Pueden ser los mismos de Bahamas en cuyo caso se llega al límite inferior de las conclusiones, vale decir 530.000 dólares. O puede tratarse de otros en cuyo caso se arriba al superior de 970.000 dólares. A su criterio son los mismos fondos atento las similitudes de montos -y fechas de cierre y apertura de cuentas conforme lo dirá en su siguiente comparendo a la audiencia- por lo que en tal caso no debieran sumarse sino estarse al monto inferior: 530.000 dólares. Por todo ello entendió cuando realizó su primer informe que la ambigüedad iba a ser salvada con las respuestas de los exhortos internacionales que generarían un nuevo pronunciamiento de su parte, tanto sea para inclinarse en un sentido como en el otro. Mas la duda no fue zanjada. Se enteraron los peritos en la audiencia de la existencia del documento notarial de donación de dinero (dólares) y títulos depositados en Canadá celebrado en 1991, el que por su trascendencia motivó, junto con la presentación de nuevas pruebas en la audiencia por parte de Sobrado, la
ampliación de la primigenia pericia. Precisó el perito Galván que si bien una transacción aislada en un periodo de tiempo "no dice nada", no es el caso de la donación que representa un incremento justificativo y apreciable del patrimonio conforme el monto donado. La agregación del original del documento en la audiencia, como así su data varios años antes del inicio del período sospechado -ilógica como preconstitución de prueba de un delito futuro- adunada a la probada capacidad económica del padre y la situación de único heredero del imputado, me convencen de la plena validez del acta notarial de que se trata. En consecuencia respecto de las manifestaciones de los comparecientes pasadas por ante el fedatario y la fecha en que fueron hechas. El contenido declarado no ha sido desvirtuado -a mi criterio- por prueba alguna ventilada en el juicio, por lo que debo tener por cierto tanto la cesión dineraria como la de fondos depositados en Canadá. Respecto de estos últimos, el perito reiteró el interés de contar con la información relativa a los mismos para una conclusión definitiva. "Es relevante para el juicio". Agregó su colega Guarracino en el mismo sentido al ser requerido respecto de la documentación de fs. 436/437 remitida por el Banco de Canadá, que verificar sus datos "daría contenido" a la constancia de la actuación notarial en caso de confirmarla. Lo expuesto por los peritos en su segunda convocatoria a la audiencia respecto de lo aportado por Sobrado durante el debate, especialmente el acta notarial de referencia, motivó -como se dijera- la ampliación de la pericia. En lo que aquí interesa respecto de la nueva documentación que tuvieron a la vista refirió el perito Galván en su nuevo informe escrito, a un comprobante de pago de impuestos del año 1995 por las cuentas que los progenitores tenían en Canadá, conjuntamente con el pago de impuestos por no residentes. Existiría una apertura de cuenta del matrimonio Camilo Sobrado-Celia Gutiérrez en marzo de 1989. Del mismo modo plazos fijos a nombre del referido Camilo con indicios de gestiones para cambiar la titularidad, supuestamente a favor de su progenitora e hijo. La cuenta se habría cerrado en septiembre de 1996. Infiero que tal gestión aventa, o cuanto menos trae dudas sobre la sospecha de ocultamiento y enriquecimiento ilícito que se le achaca a Sobrado. A idéntica conclusión arribo respecto de los indicios constatados por el experto relativos a la operatividad de una cuenta (8926375-01) a nombre del imputado en junio de 1994 por aproximadamente 250.000 dólares. As¡ también respecto de la operatividad de otras cuentas a su nombre (que se identificaron), desde 1995 a 1999. Otra cuenta alternativamente adjudicada por el banco a madre e hijo. Concluyó el perito respecto del tópico en que "existe evidencia de la preexistencia de cuentas, a nombre del padre, madre y del propio imputado en el banco de Canad desde 1991 a 1999, de montos imposibles de determinar con certeza, estimables al menos en 250.000 dólares. Nada podemos afirmar acerca del origen de esos fondos, cuántos recibió el imputado por herencia o legado, cuantos acumuló personalmente, y tampoco si son adicionales o sucedáneos de los montos determinados en nuestro informe" anterior. Advierto sin hesitar la necesidad de contar con el informe requerido al banco de Canadá. Con atingencia a la estimación de montos mínimo y máximo concluida en el primigenio informe, el licenciado Galván con el original de "resúmenes de cuenta y copia orden de transferencia sin corroborar" del Banco Santander, afirmó que "con mayores seguridades y confrontes satisfactorios, este efecto puede constituir la base para evaluar la sustitución de los fondos identificados en Bahamas con los de España", dando con ello un paso m s en la apreciación personal respecto de que debe estarse al monto inferior. Vinculado con la donación de 1991 instrumentada en el acta notarial acompañada, la he tenido por v lida en párrafos precedentes, por lo que adquiere relevancia el dictamen del experto en cuanto para tal supuesto concluyó que "el documento examinado justificaría aproximadamente el 95% del monto mínimo consignado en nuestro informe pericial o el 48% del monto máximo". En su informe presentado por separado el licenciado Guarracino concluyó respecto de la nueva documentación tenida a la vista que la misma "hace
referencia a los movimientos de bienes, derechos y actividades comerciales de sus antecesores en algunos de ellos continuados por el propio Sobrado", denotando el flujo y movimiento de capitales, precedentes y continuados por el acusado, conforme el mismo lo hubo declarado oportunamente. En el mismo sentido se pronunció respecto de las constataciones de las cuentas de Canadá. Si bien el contador Guarracino desconsideró con base en el rigor que dijo le impone la técnica contable la donación de dólares y títulos, dejando su valoración al criterio judicial, las conclusiones a las que he arribado respecto de su valor me llevan a desconsiderar sus apreciaciones al respecto, inclinándome por las afirmaciones de su colega Galván. Mas la concordancia en el resto de su dictamen con el de éste, conlleva a idénticas conclusiones respecto de sus otras apreciaciones. Finalmente convocados por tercera vez los peritos Galván y Guarracino a dar explicaciones en la audiencia, dieron las del caso, ratificando sus posturas. Por su parte el contador público nacional Marcelo Edgardo Mirasso propuesto por la Defensa, realizó de manera conjunta con los anteriores la pericia efectuada en el a¤o 2005, presentando su dictamen por separado a fs. 249/255 vta. Sus conclusiones fueron contundentes a favor de la tesis traída por Sobrado y su Defensor, al sostener que "no se advierte en la especie incremento patrimonial del imputado que no sea debidamente justificado; puesto que considerados los ingresos del grupo familiar (ello es, los del imputado, con más los de su señora esposa Marcela Manfrin y los originados por la actividad financiera, hipotecas recibidas de sus padres), los mismos resultan suficientes para acreditar la capacidad patrimonial necesaria para efectuar los depósitos objeto de investigación". El an lisis de la pericia producida por el contador Mirasso tras al aporte de documentación por Sobrado en oportunidad de la audiencia del art. 308 del rito, no hace m s que corroborar -a mi criterio- las conclusiones a que arribara, expuestas en el párrafo precedente. Más allá de señalar la carencia de información respecto de los exhortos, cuya necesidad destacó sobre todo para acreditar las transferencias interbancarias, dijo que "los U$S 468.000 (dólares estadounidenses cuatrocientos sesenta y ocho mil) resultan origen de patrimonio precedente que justifica una capacidad suficiente para ser aplicados como origen de situación patrimonial de Alberto Oscar Sobrado a noviembre de 1999". Además precisó que Sobrado "poseía a noviembre de 1999 un patrimonio suficiente compuesto por el propio más el precedente, suficiente para justificar la suma de los importes que le son reprochados, quedando aun un saldo excedente, puesto que el patrimonio de origen considerado alcanza a la suma de U$S 1.480.819,00". Su ulterior informe de fecha 11 de marzo del corriente no hace más que ratificar todo lo anteriormente expuesto, reiterando la necesidad de la información internacional pendiente. También declararon en la audiencia las licenciadas Marcela Alicia Gilardi y Evangelina Mariana Ortiz, quienes previamente produjeran su informe ordenado en la oportunidad del art. 338 del rito, con fecha 22 de febrero de 2013. Del dictamen, su ratificación y aclaraciones no surgen -a criterio del suscripto- elementos suficientes para conmover las apreciaciones y conclusiones expuestas por los peritos cuyos análisis se efectuaran con anterioridad, más allá de haber compartido en algunos supuestos sus aseveraciones y estimaciones. Del objetivo análisis de la prueba hasta aquí valorada y teniendo en cuenta el interés de la no producida, surge la probabilidad de que se haya perfeccionado la conducta que la Fiscalía atribuye a Alberto Oscar Sobrado. Más también la probabilidad de lo contrario. "La posibilidad objetiva de lo contrario no reside en la índole de la certeza, sino a la inversa en la naturaleza de la probabilidad" (N. FRAMARINO DEI MALATESTA, "Lógica de las pruebas en materia criminal", Temis Bogot , 1981, tercera edición, T I, p g. 59 y stes.) En el caso de autos resulta imposible reducir la duda plantada y arribar al estado de certeza. "La certeza y nada fuera de la certeza como estado de ánimo debe ser siempre lo que debe servir de base a la condena" (op. cit, p g. 66). A lo sumo, las probabilidades resultaron aptas y suficientes -a la luz de la
incompleta investigación-, para presentar el caso ante el Tribunal, lo que conlleva su idoneidad para las etapas preliminares -vgr. orden de detención y consecuente eximición, convocatoria a tenor del art. 308 CPP, elevación a juicio, alegatoPero la definitiva tiene la exigencia que para el caso de "condena, y por ende de aplicación de una pena, sólo puede estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado. Precisamente, la falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de destruir la situación de inocencia, construida por la ley (presunción) que ampara al imputado, razón por la cual ella conduce a la absolución" (MAIER JULIO, "Derecho Procesal Penal Argentino", Editorial Hammurabi, Buenos Aires 1989, T Ib, p g. 256 y stes.) Concluir de una manera diversa a la propuesta fuerza el razonamiento lógicojurídico que debe primar a los fines de formar convicción sobre el extremo en análisis, tornando arbitraria la decisión condenatoria. Borra por lo demás de un plumazo la garantías receptadas en favor del ciudadano-imputado que tras siglos de sangre, luchas y discusiones técnico jurídicas lograron receptación a través de los Tratados y Pactos internacionales y de nuestra Carta Magna, acercándose a una interpretación totalitaria del Derecho. Consecuentemente la irreductible duda debe resolverse en favor de Sobrado, por lo que corresponde su absolución por aplicación de la pauta garantista contenida en el tercer párrafo del artículo primero del CPPenal al no haber logrado el Ministerio Publico Fiscal probar la materialidad ilícita (art. 367 del CPPenal). A la cuestión planteada voto en consecuencia por la negativa respecto de ambos hechos por ser mi sincera convicción (arts. 268 (2) y 293 -a contrario- del Código Penal, 1° párrafo tercero, 210, 367 -a contrario-, 371 inc. 1°, 373 y concs. del Código Procesal Penal) A la misma cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Samuel Arturo Sarav¡ Paz votó en idéntico sentido y por los mismos fundamentos por ser su sincera convicción (arts. 268 (2) y 293 -a contrario- del Código Penal, 1° párrafo tercero, 210, 367 -a contrario-, 371 inc. 1°, 373 y concs. del C¢digo Procesal Penal) A la misma cuestión planteada, la Sra. Juez Dra. Lidia Fabiana Moro votó en idéntico sentido y por los mismos fundamentos por ser su sincera convicción (arts. 268 (2) y 293 -a contrario- del Código Penal, 1° párrafo tercero, 210, 367 -a contrario-, 371 inc. 1§, 373 y concs. del Código Procesal Penal) Atento la conclusión arribada precedentemente el Tribunal queda relevado del tratamiento de las restantes cuestiones del art. 371 del CPPenal respecto de ambos hechos (art. cit. 4ø p rr. CPP) VEREDICTO De conformidad con lo que resulta de la votación de las cuestiones precedentes, EL TRIBUNAL RESUELVE en causa n§ 218/3044: 1.- PRONUNCIAR VEREDICTO ABSOLUTORIO para el encausado ALBERTO OSCAR SOBRADO -argentino, casado, de 55 años de edad, abogado, nacido el día 1° de junio de 1957 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, DNI 13.081.339, hijo de Camilo y de Celia Gutiérrez, con último domicilio en calle Cabildo N° 1131 piso 9 de la C.A.B.A., expediente del Registro Nacional de Reincidencia n° 1.363.520 del 13/0ctubre/2005 y prontuario n° 1.189.614 del Ministerio de Seguridad Provincial Sección AP- en relación a los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILICITO y FALSIFICACION IDEOLOGICA DE INSTRUMENTO PUBLICO, que se le atribuyeran como cometidos mientras se desempeñaba en las máximas instancias jerárquicas de la Fuerza Policial provincial, por no haberse acreditado la materialidad ilícita del primero y por resultar atípica la segunda conducta enrostrada atento haberse modificado su calificación . .- EXIMIR del pago de las costas a la Fiscalía interviniente (arts. 530, 531 y 532 del Código Procesal Penal). .-REGULAR LOS HONORARIOS PROFESIONALES de los Sres. Defensores Particulares: Dres. ALEJANDRO CASAL(T° XXXI F° 83 C.A.L.P.) y ROBERTO JOSE CITTERIO (T° XLVII F° 73 C.A.L.P.) en 200 jus, equivalentes a treinta y siete mil seiscientos pesos ($ 37.600), por su actuación en éste proceso (arts. 1 , 9 -ap. I- item 16 letra b apartado II, 16 "e", "l" y 58 de la Ley 8.904) en carácter de defensores de Alberto Oscar Sobrado, correspondiendo 50 IUS ($
9.400) al Dr. Casal y 150 IUS ($ 28.200) al Dr. Citterio. A dichas cantidades deber adicionárseles en cada caso el diez por ciento previsto en la ley 8455 y sus modificatorias. De las Sras. Traductoras Públicas: en idioma Francés MARIA CECILIA PEREZ GALIMBERTI (T° 1, F° 4 Matrícula LP 0003 del CTPIBA Regional La Plata-); y en idioma Inglés ERICA ELENA SCORIANS (T° 1, F° 12 Matrícula LP 0019 del CTPIPBA -Regional La Plata-) por su actuación en este proceso, la suma de dos mil treinta y cinco pesos ($ 2035) y dos mil ciento cincuenta pesos ($ 2.150), respectivamente (Ley 12.048 modif. por Ley 14.185). 4.- Devuélvase al causante la documentación acompañada que le resulte de interés. REGISTRESE. NOTIFIQUESE POR SU LECTURA conforme art. 374 "in fine" C.P.P. FIRME y consentida, cúrsense las comunicaciones establecidas en las leyes provincial n§ 4474, nacional n° 22.117 y Ac. 2.840 de la S.C.J.B.A. Ofícieese a la Caja de Previsión Social de Abogados de esta Provincia, comunicando las regulaciones de honorarios efectuadas (art. 23 ley 6716). Con todo ello se dio por finalizado el acto, firmando los Señores Jueces por ante m¡, de lo que doy fe. Cumplido, ARCHIVESE. firmado: Dres. Guillermo Labombarda, Samuel Arturo Sarav¡ Paz, Lidia Fabiana Moro. Jueces. Carlos Alberto Vanitoso. Secretario.-
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References: artículo 371
in fine
 resolución 
 artículo 268
 artículo 308
 resolución 
in fine