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Timestamp: 2018-01-20 21:03:17+00:00

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Juez y Secretaria del fuero de familia de San Lorenzo sancionados - AbogadosRosario.Com: La Guía Jurídica de Rosario
Oct. 20. 2017
Juez y Secretaria del fuero de familia de San Lorenzo sancionados
Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe conforme acta 40 de fecha 10/10/2017
La resolución alude a la causa OLIVA, ELIGIO FÉLIX S/SU PRESENTACIÓN. EXPTE. C.S.J. N° 49/15 y sus acumulados PEREYRA, MARÍA LUJÁN S/SU PRESENTACIÓN (EXPTE. C.S.J. N° 302/16) y BRUNSTEIN, BORIS ALEXIS Y OTROS S/SU PRESENTACIÓN (EXPTE. C.S.J. N° 978/15). D. Proc. Gral. N° 619/17.
VISTAS: Las actuaciones del epígrafe; y, CONSIDERANDO:
I.1.a. El señor ELIGIO FÉLIX OLIVA denunció al señor Juez de Primera Instancia de Distrito de Familia de San Lorenzo, Dr. MARCELO EDUARDO ESCOLA, a quien le imputó la comisión de diversas irregularidades en la tramitación de los autos “PÉREZ, ANGÉLICA RAMONA c. OLIVA, ELIGIO F. S/ALIMENTOS” (Expte. N° 1382/14). Acusó al Magistrado de haber violado su derecho de defensa en juicio -por haber dispuesto un embargo sobre sus haberes sin su participación-; de haber ignorado la existencia del juicio “PÉREZ, ANGÉLICA c. OLIVA, DARÍO MAURICIO S/ALIMENTOS” (Expte. N° 2205/12), dirigido contra su hijo, quien tiene trabajo remunerado; de ignorar sus presentaciones y tomar medidas inconsultas e improcedentes para dilatar su retención de haberes; y de haber respondido de modo impropio una consulta formulada por sus profesionales (fs. 1/3).
b. En fecha 26.11.2015, el señor OLIVA procedió a ratificar, con patrocinio letrado, su denuncia (v. f. 17).
c. Siguiendo el criterio auspiciado por la Procuración General, se requirió la remisión de fotocopias de los expedientes mencionados por el señor OLIVA en su presentación (v. f. 21), las que, una vez recibidas, fueron agregadas a fs. 24/197 de autos.
d. Corrida la vista respectiva, el señor Procurador General emitió el Dictamen N° 1041/16, en el que precisó una serie de irregularidades (v. fs. 199/203), respecto de las cuales se le otorgó participación al Dr. ESCOLA a los fines de que expresara todo cuanto estimara pertinente (v. fs. 199/203).
e. El descargo respectivo obra agregado a fs. 206/209.
f. Mediante Dictamen N° 619/17, el señor Procurador General efectuó sus conclusiones finales, auspiciando la aplicación de una sanción administrativa para el Dr. ESCOLA.
2.a. Por su parte, los señores BORIS ALEXIS BRUNSTEIN, CARLA MARÍA RAIMONDI, JULIO PEDRO BONIFAZI, MELINA ELEONORA IEZZI, DAMIÁN RINALDO BONIFAZI y MARÍA VICTORIA SARICH, denunciaron al Dr. ESCOLA por haberse constituido en un estudio jurídico en el que se encontraban haciendo una consulta y por haberles exigido -con modales autoritarios y amenazantes- la entrega de los niños que cuidaban por derivación de las autoridades del Hogar “Sol Naciente”. Dijeron que las actas de entrega de los menores adolecían de vicios formales serios, ya que existían errores en los nombres y en los números de documentos y no se mencionaba la causa judicial de la que la orden judicial provenía. Dijeron que firmaron el acta y que entregaron a los niños a la Asistente Social bajo un estado de intimidación, y que temían que dicho proceder hubiera producido daños irreparables a los niños. Esta denuncia dio lugar a la confección de las actuaciones N° 978/15.
b. Mediante Resolución N° 1953/15, se dispuso la realización de una investigación administrativa orientada a dilucidar los hechos denunciados, asignándose la instrucción, finalmente, al señor Juez de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, Dr. GERARDO FABIÁN MUÑOZ, a quien se le remitieron las actuaciones (v. f. 18).
c. Luego de llevar a cabo las medidas que constan en autos, el Magistrado instructor elaboró las conclusiones que se agregan a fs. 40/47.
d. Otorgada intervención al señor Procurador General, emitió el Dictamen N° 1037/16, en el que halló una serie de aspectos que, en principio, daban lugar a la configuración de irregularidades imputables al Dr. ESCOLA (v. fs. 51/56). De ello, se le otorgó la debida intervención al Magistrado (v. f. 57), quien formuló el descargo que se agrega a fs. 59/73, al que acompañó la documental de fs. 74/115.
e. Mediante Dictamen N° 620/17, el titular del Ministerio Público indicó que sus conclusiones finales sobre esta causa fueron vertidas en el Dictamen N° 619/17, recaído en los autos “OLIVA”; y solicitó que a ellas sean acumuladas las actuaciones “BRUNSTEIN” (v. f. 117).
3.a. Finalmente, consta la denuncia presentada por la señora MARÍA LUJÁN PEREYRA, quien dijo que el Dr. ESCOLA suscribió una sentencia de divorcio con efectos retroactivos -ya que la audiencia se celebró el 14.8.2013 y la resolución está fechada el 23.7.2013-; que en las audiencias de una causa en la que se solicitaba la autorización para salir del país de su hijo, el Magistrado tuvo gestos inapropiados, amenazantes y arbitrarios; que en una causa sobre alimentos, resolvió injustificadamente que debía abonar una cuota alimentaria en favor de su ex cónyuge (cuando está probado que el mencionado tenía suficientes recursos propios), haciendo también en ese caso uso de gestos autoritarios e impropios de un funcionario público; y que en una causa en la que solicitaba un régimen de visitas respecto de su hijo menor de edad, el Juez omitió resolver, alongando inútilmente el trámite, todo lo cual jugó en desmedro de la estabilidad de sus vínculos familiares. Agregó que una audiencia de juicio de divorcio se celebró sin la presencia de su abogado.
b. Siguiendo el criterio auspiciado por la Procuración General, se le otorgó intervención al Dr. ESCOLA y a la Secretaria MUCHIUTTI a los fines de que expresaran todo cuanto estimaran pertinente con relación a la denuncia postulada.
c. El descargo de la Dra. MUCHIUTTI obra agregado a fs. 15/17 (con documental agregada a fs. 18/27); y el del Dr. ESCOLA, a fs. 29/34, completado con el informe de fs. 36/38 (con documental agregada a fs. 39/95).
d. Corrida la vista respectiva, el señor Procurador General se expidió mediante Dictamen N° 621/17, auspiciando, también en este caso, la acumulación de las actuaciones al expediente “OLIVA”, y remitiendo a lo que allí expresó respecto del fondo del asunto.
II. LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES FALISTOCCO, NETRI, GUTIÉRREZ Y SPULER DIJERON: Corresponde analizar las imputaciones formuladas por el señor Procurador General y confrontarlas con las defensas opuestas por el Juez ESCOLA y la Secretaria MUCHIUTTI -según sea el caso-, a los fines de establecer si corresponde la aplicación de medidas disciplinarias.
1. En primer lugar, se considerarán las cuestiones comprendidas en el marco de la causa “OLIVA”. a. Según surge de autos, el señor Procurador desechó las imputaciones relativas a la omisión de la consideración de la causa N° 2205/12 (“PÉREZ, ANGÉLICA C/OLIVA, DARÍO S/TENENCIA, ALIMENTOS, LITISEXPENSAS”) y a la falta de respuesta a las peticiones que el denunciante hizo en el expediente -y que, según dijo, dieron lugar al mantenimiento innecesario de los descuentos sobre sus haberes-. La primera, por no concurrir un supuesto de litispendencia que, en su caso, justificara adoptar soluciones diferentes a las finalmente dispuestas; y la segunda, por no corresponderse con las constancias de autos, de las que surge que, frente a las denuncias de domicilios laborales del señor DARÍO OLIVA efectuadas por su padre -hoy denunciante- se efectuaron las constataciones correspondientes y se ordenó la retención de haberes que había sido dispuesta tiempo antes. En el mismo orden de ideas, no se aportaron elementos que permitieran tener por acreditados los malos tratos achacados al Magistrado, con lo que también queda descartada esta acusación. Aclarado ello, el único cuestionamiento que se ha mantenido es el referido a la violación al derecho de defensa en juicio, por haber el Dr. ESCOLA procedido a embargar el sueldo del señor ELIGIO OLIVA sin haberle concedido una participación previa en el litigio. Las constancias de autos dan cuenta de que el Magistrado, mediante decreto de fecha 7.8.2014, dispuso -en lo que aquí interesa- emplazar al señor OLIVA y correr traslado de la pretensión alimentaria, con la expresa aclaración de que la notificación debería ser efectuada de modo personal; y que, sin controlar la efectiva realización de dicha notificación, dispuso retener un porcentaje de los haberes del demandado. b. En su descargo, el Dr. ESCOLA reconoció que inicialmente dispuso la bilateralización del trámite, pero que, no pudiéndose concretar la notificación ordenada, procedió a fijar una cuota alimentaria provisoria inaudita parte, medida que -apunta- resulta válida desde el punto de vista procesal y que cuenta con suficiente aval jurisprudencial. c. Siendo posible -desde el punto de vista procesal- la fijación de cuotas alimentarias inaudita parte, no hay razón para concluir que la decisión adoptada por el Dr. ESCOLA hubiera sido irregular; sin perjuicio de señalarse que, en orden a la correcta tramitación de la causa, hubiera correspondido dejar constancia de la frustración de la notificación personal que, en su momento, el Magistrado había dispuesto.
2. En segundo lugar, se analizarán las cuestiones comprendidas en el marco de las actuaciones “BRUNSTEIN y OTROS”. a. El Procurador General le achaca al Dr. ESCOLA la ejecución de varias irregularidades, tal como se enuncia a continuación. En primer término -bajo el título “excesiva informalidad en el trámite”-, se señala que no hay constancias de que la autoridad administrativa hubiera intervenido en el procedimiento de egreso de los niños del Hogar y de su posterior entrega a una familia en guarda (lo que, en opinión de la Procuración General, supone una violación a diversas normas de la ley 12.967); que no se notificó a la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia la resolución del 22.6.2015; y que resultó inapropiado que el Magistrado se constituyera personalmente en el lugar donde estaban los menores, debiendo haber ordenado que la entrega de los menores se hiciera a través de un Oficial de Justicia. En segundo orden, están las imputaciones que se dirigen a las formalidades del acta de entrega de menores de fecha 26.6.2015. En este tema, el Procurador General afirma que en el expediente no consta orden alguna que disponga el egreso de los niños del Hogar “La Casa del Sol Naciente” y que en el acta se omitió consignar el número y carátula del expediente judicial y el órgano judicial interviniente. En tercer lugar, el Procurador General le imputa al Magistrado la comisión de diversas irregularidades vinculadas a la Resolución del 22.6.2015. Además de reiterar en este punto que no consta que se haya efectivamente notificado dicha decisión a la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia -ya que el Oficio N° 2161, obrante a f. 74 de las actuaciones N° 978/15 no consta diligenciado-, afirma que se omitió la notificación a la madre biológica de los menores. Finalmente, también acusa al Dr. ESCOLA de omitir agregar a los autos las constancias relativas a la selección del matrimonio guardador de los menores. De modo especial, el Procurador General destaca que no consta la respuesta recibida al requerimiento de remisión de legajos al R.U.A.G.A. y que tampoco se han dejado constancias de las gestiones que -según el Magistrado- se hicieron telefónicamente. En este mismo orden, también cuestionó la existencia en el Juzgado de un listado de aspirantes a guarda con fines adoptivos, ya que su utilización vulneró el trato igualitario que merecen los aspirantes a guarda inscriptos en las diferentes delegaciones provinciales del R.U.A.G.A. Agrega el Procurador General que la respuesta negativa de parte del Registro resulta imprescindible para proceder a seleccionar guardadores inscriptos en otras delegaciones, tal como aconteció en el caso -en el que se optó por un matrimonio con residencia en Rafaela-. b. Las defensas propuestas por el Dr. ESCOLA hacen hincapié, de modo especial, en la particularidad que tuvo el caso de referencia. En este sentido, destaca que ninguno de los denunciantes había sido facultado legalmente a tener bajo su cuidado a los menores SOSA, ya que ello ocurrió solamente a partir de una autorización emitida por la Directora del Hogar “La Casa del Sol Naciente”, de Bigand; que se comprobó que ninguno de los niños padecían las dolencias que los denunciantes les adjudicaban -lo que se presta a suponer que dicha información se había introducido en la causa falsamente, a los fines de favorecer la realización de adopciones por separado-; que el señor BRUNSTEIN y su pareja se habían presentado ante el Juzgado un año antes de los hechos aquí analizados expresándoles que tenían intención de adoptar a uno de los niños, a partir del contacto que habían comenzado a tener con motivo de la colaboración que prestaban con el Hogar -frente a lo cual le indicó que ese no era el camino para obtener la adopción, debiendo cumplir con los pasos legalmente establecidos, con intervención del R.U.A.G.A.; que un día antes de dictar la medida de preadoptabilidad los matrimonios denunciantes se presentaron en el Juzgado para manifestarle que no habrían de permitirlo; que, frente a ello se contactó con la Directora del Hogar, a quien le informó que al día siguiente -26.6.2015- se presentaría la Delegada Regional de Niñez, Dra. FERNANDA SAUVANET (junto con su equipo), para traer a los chicos a la Delegación San Lorenzo del organismo y entregarlos al matrimonio seleccionado; y, en fin, que tanto los matrimonios colaboradores como la señora Directora de la institución decidieron mantener la situación irregular. De un modo más preciso, efectúa su descargo respecto de las concretas imputaciones que el señor Procurador General le formula en estos autos. Con relación a la “excesiva informalidad en el trámite”, señala que su desempeño se adecuó en todo a lo dispuesto por las leyes civiles, procesales y de protección a la minoridad; que la entrega de los menores se hizo a un matrimonio regularmente inscripto en el R.U.A.G.A.; que, cuando los funcionarios de la Dirección de la Niñez se encontraron con que los chicos no estaban en el Hogar, le comunicaron que harían la denuncia penal respectiva; que, coetáneamente, el Dr. RODRÍGUEZ -profesional de confianza de los ahora denunciantes- le comunicó que los niños serían trasladados a su estudio para su posterior entrega, a los fines, precisamente, de evitar denuncias penales; que, más allá de ello, procedió a efectuar posteriormente la denuncia por ante el Ministerio Público de la Acusación; que el hecho de haberse constituido personalmente en las oficinas del profesional mencionado obedeció a la intención de poner a salvo lo más rápido posible la integridad de los menores -todo lo cual podría haberse visto perjudicado si se hubiera emitido una orden a un Oficial de Justicia-; y que la imputación de falta de constancias respecto de los hechos que se sucedieron en esa jornada obedeció a la serie de imprevistos que se iban sucediendo, aclarando que, al haberlo hecho de ese modo, no luce violentado el derecho de ningún sujeto en especial, y que, por el contrario, resultó suficientemente tutelado el interés superior de los niños. Con relación a la imputación identificada como “Irregularidades en el acta de entrega de menores de fecha 26.6.2015”, señaló que en el caso no ha habido orden escrita de la autoridad administrativa, ya que esos funcionarios, mientras los menores se encuentran bajo el Sistema de Protección Integral de la ley 12.967, pueden intervenir por sí, sin que sea preciso la emisión de orden alguna. Agregó que mucho menos haría falta una orden judicial, siendo que en la entrega de los niños intervino él personalmente. También indicó que la falta de alusión a causa judicial alguna en el texto del acta obedeció a que la entrega de los menores se concretó en el marco de un expediente reservado de la Dirección de la Niñez; que la presencia del profesional de confianza de los guardadores quita entidad a la acusación de intimidación; y, en definitiva, que la falta de registro “paso a paso” de lo acontecido fue el resultado de la apremiante situación que se vivió en la jornada. En cuanto a las “Irregularidades relacionadas con la Resolución del 22.6.2015” -tercera imputación formulada por la Procuración General-, el Magistrado explica que esa decisión fue comunicada a la Dirección Provincial de la Niñez mediante Oficio N° 2161, de la misma fecha; que la Asesora de Menores se notificó a f. 172 vto.; que la madre biológica de los chicos había consentido el trámite, en audiencia en la que contó con patrocinio letrado y en la que también participó la señora Asesora de Menores (remitiendo a la constancia de f. 151 de la causa N° 765/15); que la decisión de ratificar la medida excepcional y, al mismo tiempo, declarar el estado de adoptabilidad se ajustó a la normativa aplicable al caso y a las pautas que surgen del precedente “Fornerón” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -y que la eventual existencia de discrepancias doctrinarias sobre el tema no puede tornar en irregular a su proceder-; y que no resulta sostenible fundar una imputación de irregularidad funcional -tal como hace la Procuración General- en la inminencia de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, ya que, claramente, se trata de normativa que no podía ser aplicada en el caso, el que -reitera- exigía de una particular celeridad. Por su parte, respecto de imputación identificada como “Inexistencia de constancias relativas a la selección del matrimonio guardador”, el Dr. ESCOLA afirma, en síntesis, que la solicitud de legajos al R.U.A.G.A. se efectúa mediante correos electrónicos y comunicaciones telefónicas; y que, en virtud de la celeridad que exigía el caso, la citación al matrimonio finalmente seleccionado también se hizo vía telefónica. Agrega que existió conformidad de los organismos administrativos con la situación, al punto de que la continuidad del trámite habría devenido imposible si la inscripción del matrimonio no hubiera sido regular. c. Luego de analizar las especiales circunstancias que rodearon a la causa N° 791/15, se concluye que las explicaciones ofrecidas por el Dr. ESCOLA en estas actuaciones constituyen, en términos generales, suficiente justificativo de las medidas que adoptó. Sin perjuicio de ello, corresponde achacarle al Magistrado la falta de agregación de las constancias que dieran cuenta de los pedidos de legajos al R.U.A.G.A.; del análisis de los legajos de las familias aspirantes a recibir niños en adopción -en el caso de que las hubiera habido-; y de las comunicaciones efectuadas al matrimonio finalmente escogido; extremos éstos que resultaban especialmente exigibles en el caso, en el que había varias familias con expectativas de continuar vinculadas a los niños -más allá de los fundamentos que esgrimieran en defensa de sus posturas- y en el que se terminó seleccionando una familia que se domiciliaba en una localidad distante a San Lorenzo.
3. Corresponde seguidamente abordar las imputaciones que se derivan del desempeño del Dr. ESCOLA en el marco de la causa “PEREYRA”. a. De lo aquí tramitado surge que el señor Procurador General ha descartado la acusación relativa al trámite del expediente de autorización de salida del país del menor, por verificarse que -contrariamente a lo señalado por la denunciante- el Magistrado consideró el dictamen de la Asesoría de Menores y los informes confeccionados por la psicóloga interviniente. Similar suerte ha corrido el cuestionamiento vinculado al expediente sobre régimen de visitas, ya que se ha comprobado que el tiempo que insumió su tramitación se justificó por la intensa actividad procesal desplegada en el caso por las partes. Asimismo, se han desechado, por falta de pruebas, las alusiones a los malos tratos y a la parcialidad del Magistrado; debiendo destacarse en este último tema que no surge que la señora PEREYRA -quien se agravió de la amistad que el Dr. ESCOLA mantendría con el profesional de la contraparte- hubiera recusado al magistrado, por esa razón, en el marco de la causa. Despejadas las cuestiones anteriores, se observa que la única acusación que el señor Procurador ha mantenido con relación a este caso, es la consistente en la celebración de una audiencia en el marco de la causa de divorcio vincular (N° 1359/13), sin la asistencia letrada de la denunciante -siendo que se había dispuesto que al acto debía comparecer con patrocinio- y sin la presencia efectiva del Juez. En este punto, el señor Procurador General extiende la acusación a la Secretaria MUCHIUTTI, por haber omitido comunicar dicha circunstancia al juez. b. Al respecto, las defensas opuestas en este sentido apuntan a explicar que la celebración de la primera audiencia de divorcio por presentación conjunta sin los abogados patrocinantes constituye un “usus fori” extendido no sólo en los Juzgados Civiles de San Lorenzo, sino también en los Tribunales Colegiados de Familia de Rosario. c. Respecto de esta cuestión, debe decirse que -más allá de lo que surja de las prácticas forenses- lo cierto es que la audiencia de la causa 1359/13 fue fijada con la exigencia de patrocinio legal de las partes, extremo que -por lo expresado- no se cumplimentó; sin que, por lo demás, se hubiera dejado constancia de la concurrencia de alguna circunstancia excepcional que justificara la adopción de una medida diversa. En este sentido, corresponde achacarle a la Actuaria la omisión de, al menos, haber dejado constancia de las razones de la incomparecencia del letrado de la señora PEREYRA -el señor SALA se identificó como abogado; v. f. 6 del expediente civil-. 4. De conformidad a lo aquí investigado, se han reunido suficientes elementos de convicción para concluir que el Dr. ESCOLA infringió los deberes de desempeñar fielmente sus funciones, de acuerdo con la Constitución y las leyes, y de observar una conducta irreprochable (arts. 209 y 213, inc. 1, ley 10.160), por lo que resulta merecedor del respectivo reproche administrativo. A los fines de adoptar una decisión en el caso, corresponde tener presente el informe de f. 213, que indica que el Magistrado no registra antecedentes disciplinarios; por lo cual resulta justo aplicarle una prevención. Por su parte, corresponde formularle un llamado de atención a la Dra. MUCHIUTTI, de conformidad a lo expuesto precedentemente.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ERBETTA Y LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI DIJERON: Se coincide con las consideraciones de los colegas preopinantes, a las que se remite por razones de brevedad; aunque, de conformidad a las circunstancias registradas en autos, se entiende que resulta apropiado aplicarle al Dr. ESCOLA la sanción disciplinaria de apercibimiento. Por su parte, se coincide en que corresponde formularle un llamado de atención a la Dra. MUCHIUTTI, de conformidad a lo expuesto precedentemente. III. Por ello, teniendo en cuenta el resultado de la votación anterior; luego de un cambio de opiniones; de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General,
SE RESUELVE: 1. Aplicar al señor Juez de Primera Instancia de Familia de San Lorenzo, Dr. MARCELO EDUARDO ESCOLA, la sanción disciplinaria de prevención (art. 223, inc. 1; ley 10.160). 2. Formularle un llamado de atención a la señora Secretaria del Juzgado de Primera Instancia de Familia de San Lorenzo, Dra. MÓNICA YANINA MUCHIUTTI.
Fuente: http://acuerdos.justiciasantafe.gov.ar/consultas/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=112&idacta=68030460-dec9-42fb-525c-59e738035894&acuerdo_punto=85d372e3-e1f4-a97e-5f61-59e738f78232
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