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Timestamp: 2019-10-22 16:01:34+00:00

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STC 151/1988, 15 de Julio de 1988 - Jurisprudencia - VLEX 15033994
STC 151/1988, 15 de Julio de 1988
Fecha de Resolución: 15 de Julio de 1988
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 1140/1986
1. Se reitera la doctrina mantenida por este Tribunal, a partir de la STC 9/1981, respecto al emplazamiento edictal en el proceso contencioso-administrativo, junto con las matizaciones de que ha sido objeto en ulteriores Sentencias (en especial, STC 150/1986).
En el recurso de amparo núm. 1.140/1986, promovido en su propio nombre por don Luis M. P., Licenciado en Derecho, contra Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Albacete, con sede en Murcia, de fecha 23 de junio de 1986, que estimó el recurso interpuesto por don Aurelio P. S. contra resolución de la citada Consejería de 15 de julio de 1985. Ha sido parte el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Jesús L. V., quien expresa el parecer de la Sala.
1. Don Luis M. P., Licenciado en Derecho y funcionario de la Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Murcia, con fecha 30 de octubre de 1986, interpuso en su propio nombre recurso de amparo contra Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Albacete, con sede en Murcia, de fecha 23 de junio de 1986, que estimó el recurso interpuesto por don Aurelio P. S. contra resolución de la citada Consejería de 15 de julio de 1985.
a) Don Aurelio P. S. que, después de haber desempeñado una serie de puestos en la Administración periférica del Estado y en la de la Comunidad Autónoma, fue nombrado Jefe de Sección de la Dirección de Servicios Sociales y Asistenciales de la mencionada Consejería, al amparo de lo dispuesto en la Disposición transitoria primera, apartado 2, del Decreto Regional 32/1985, de 16 de mayo, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en la Orden de la Consejería de la Presidencia de 5 junio siguiente que la desarrollaba, solicitó la confirmación del nombramiento que ostentaba o, en su defecto, la atribución de un puesto equivalente al desempeñado hasta ese momento.
c) Casi simultáneamente a la denegación de la referida solicitud, con fecha 10 de julio de 1985, se publicaba la Orden de la Consejería de la Presidencia de 5 del mismo mes por la que se convocaban, para su provisión interina, vacantes de Jefatura o puestos con nivel superior al básico del grupo de pertenencia, atribuidas en su desempeño a funcionarios de carrera y personal laboral, y entre ellas la plaza de Jefe de Sección de Ordenación y Gestión Administrativa en la Dirección General de Bienestar Social, que fue adjudicada por Resolución de 30 de septiembre de 1985 a don Luis M. P., hoy recurrente en amparo, que tomó posesión de la misma con efectos de 1 de octubre del mismo año.
d) Con posterioridad a la última de las fechas citadas, el 23 de junio de 1986, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Albacete, con sede en Murcia, dictó Sentencia estimatoria de la pretensión del demandante, don Aurelio P. S., declarando la nulidad de la Resolución de 15 de julio de 1985, y en el restablecimiento de la situación jurídica del recurrente reconoció su derecho a ser confirmado en el nombramiento de Jefe de Sección que ostentaba y a su adscripción al puesto de Jefe de Sección de Ordenación y Gestión Administrativa, Nivel 24, con las consecuencias inherentes, incluidas las económicas, sin costas. Dicha Sentencia fue notificada al recurrente en amparo, don Luis M. P., el 27 de octubre de 1986.
La demanda invoca la vulneración del art. 24.1 de la Constitución, derivada del hecho de no haber sido parte en el proceso contencioso-administrativo, ni haber sido informado por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de la existencia de dicho proceso; de manera que dicha circunstancia, junto con el conocimiento que atribuye al señor P. S. de la situación en que se encontraba la plaza, la ausencia de diligencia para mejor proveer de la Sala que se encaminase a precisar este dato y la propia inactividad de la Administración en el mismo sentido, han determinado la indefensión del demandante de amparo con infracción del indicado precepto constitucional.
Como pretensión de amparo solicita la anulación de la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia de Murcia en el proceso 561/1985, de 23 de junio, por la que se nombró a don Aurelio P. S. J. . S. O. y G. A. . D. R. B. S., Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Murcia; y, «por ser contrarios al ordenamiento jurídico constitucional o de superior rango, lesivas a funcionarios de carrera», las siguientes normas regionales: 1) Convenio Colectivo de personal laboral de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia («BORM» de 22 de septiembre de 1984, núm. 218), en cuanto a los Acuerdos contenidos en el apartado «Categorías a extinguir»; 2) la Disposición transitoria segunda, 3, del Decreto 32/1985, de 16 de mayo, de la Consejería de la Presidencia de la Comunidad de Murcia («BORM», núm. 122, de 30 de mayo de 1985); y 3) las Ordenes de la Consejería de la Presidencia de 18 de junio de 1985 («BORM», núm. 138) y 5 de julio de 1985 («BORM» núm. 156). Asimismo, interesa la anulación de todo lo actuado como consecuencia de la citada normativa regional, por la que se convocan plazas, entre otras, de Jefes de Servicio y de Sección a las que concurrió el recurrente. Y en todo caso, para la restitución del derecho lesionado estima preciso el actor: «volver a la situación anterior a dicha normativa, ofreciendo a los funcionarios de carrera las opciones que por Ley les corresponde, con absoluta precedencia a cualquier otra persona integrada en la Comunidad Autónoma como trabajador atípico».
3. La Sección Tercera de este Tribunal, por providencia de 22 de diciembre de 1986 y con carácter previo a pronunciarse sobre la admisión del recurso, acordó requerir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Albacete, con sede en Murcia, y Consejería de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia, para que dentro del plazo de diez días, remitieran las actuaciones del proceso núm. 561/1985, y los expedientes administrativos a los que puso término la Resolución de la Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales, de fecha 15 de julio de 1985 y contra el que se formuló el recurso contencioso-administrativo antes reseñado, interpuesto por don Aurelio P. S..
3. La aplicación de los criterios anteriores al caso que ahora nos ocupa requiere que se analice inicialmente si el demandante de amparo merecía la consideración de interesado en el recurso contencioso-administrativo, esto es, si podía entenderse legitimado a los efectos del emplazamiento personal y directo. Esta condición es negada por el Ministerio Fiscal, entendiendo que el hoy demandante de amparo nada tenía que ver con el acto administrativo objeto del proceso a quo, ni se veía afectado directa o indirectamente por aquél. Sin embargo, frente a su aparente desconexión con la Resolución impugnada, de 15 de julio de 1985, del Consejero Regional de Sanidad, Consumo y Seguridad Social, que había denegado a don Aurelio P. S. la confirmación en el nombramiento de Jefe de Sección de la Dirección de Servicios Sociales y Asistenciales de la mencionada Consejería, debe tenerse en cuenta que, una vez ejercitada la pretensión prevista en el art. 42 LJCA, el restablecimiento de la situación jurídica del recurrente en vía contencioso-administrativa podía suponer, como ocurrió efectivamente por virtud de la Sentencia recaída, que el actor fuera adscrito a la Jefatura de Sección de Ordenación y Gestión Administrativa de la Dirección General de Bienestar Social, única a la que había quedado reducida la citada Dirección con funciones burocrático-administrativas por la reestructuración orgánica de la Consejería: Es decir, a la misma plaza que había sido adjudicada al hoy demandante de amparo, don Luis M. P., por Resolución de la propia Consejería, de 30 de septiembre de 1985, en virtud del concurso que para la provisión de vacantes había efectuado la Orden de la Consejería de la Presidencia de 5 de julio del mismo año. Esta circunstancia y el riesgo de un posible perjuicio para el solicitante de amparo, si se estimaban las pretensiones deducidas por quien demandó en el proceso contencioso-administrativo, permiten sostener que aquél ostentaba un interés propio en el mantenimiento del acto administrativo que se recurría.
4. Sin embargo, el reconocimiento al demandante en esta vía constitucional de su condición de eventual parte en el recurso contencioso-administrativo previo no conduce forzosamente a la estimación de su pretensión de amparo. Por una parte, examinadas las actuaciones judiciales y el expediente administrativo previo, resulta claro que en ninguno de los documentos y escritos de que dispuso la Sala de lo Contencioso-Administrativo a lo largo de toda la sustanciación procesal aparece nominalmente como posible interesado don Luis M. P.. A tal efecto, sólo podía ser relevante la convocatoria de varias Jefaturas vacantes que obraba en autos desde la interposición del recurso, entre las que figuraba la de la citada Sección de Ordenación y Gestión Administrativa de la Dirección Regional de Bienestar Social, cuya confirmación pretendía el recurrente don Aurelio P. S. o, alternativamente, el nombramiento para alguna Jefatura de Sección equivalente que se hallara vacante. Pero para llegar a relacionar la citada Jefatura de Sección con el hoy demandante de amparo no sólo era preciso que la Sala advirtiera las consecuencias de la ya mencionada reestructuración de la Consejería, que reducía a una sola Sección con funciones administrativas las anteriormente existentes en la Dirección de Bienestar Social, sino que resultaba además necesario que el órgano judicial se dirigiera al correspondiente órgano administrativo para que le informara de si efectivamente se había cubierto dicha plaza y, en caso afirmativo, le comunicara los datos personales de quien la hubiera obtenido en el concurso; lo que implicaba una apelación extraordinaria a la Administración para in auxilio curiae poder identificar un eventual e hipotético interesado en el proceso, comportamiento al que, como ha reiterado este Tribunal (SSTC 133/1986, de 29 de octubre, y 188/1987, de 27 de noviembre), no está obligado el órgano judicial, de acuerdo con una interpretación ponderada del art. 24. 1 de la Constitución.
Desestimar el presente recurso de amparo interpuesto por don Luis M. P..
Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valladolid don Eduardo Jiménez García, contra la negativa del registrador de la propiedad nº 6 de Valladolid, a inscribir una escritura de constitución de hipoteca.

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