Source: http://bajomilenguaje.blogspot.com/2008/12/
Timestamp: 2017-06-28 20:55:14+00:00

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Bajo mi lenguaje: diciembre 2008
El Grupo de Ong por Palestina, miembro de la Plataforma 2015 y más y la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – EspañaEl Grupo de Ong por Palestina, miembro de la Plataforma 2015 y más, y la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos - España condenan firmemente los brutales ataques militares que las fuerzas de ocupación israelíes están llevando a cabo en la franja de Gaza desde el día 27 de diciembre de 2008. El número de muertes de civiles resultantes de esos ataques indica una clara violación del artículo 147 del Cuarto Convenio de Ginebra que prohíbe expresamente el homicidio intencional. El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física, constituyen por tanto un crimen de guerra. Son acciones que además configuran crímenes de lesa humanidad, por los que responderán responsables israelíes y sus cómplices. Tanto el momento como el lugar del inicio de los ataques indican la intención de causar el mayor número de bajas posible. Muchos de los ataques se cometen en zonas densamente habitadas por población civil, en uno de los territorios con mayor densidad de población por kilómetro cuadrado del mundo. Dada la emergencia y la extrema gravedad de la situación pedimos el fin incondicionado de toda acción armada y de toda violencia perpetrada bajo el lema de la seguridad y que ya ha causado centenares de muertos y heridos entre la población civil y exigimos: 1. Al Gobierno de España cumplir con sus obligaciones legales y morales recogidas en el artículo 1º del Convenio de Ginebra, para asegurar el respeto del mismo por parte de Israel. Creemos que el silencio de la Comunidad Internacional es una condición sine qua non que no hace más que favorecer a Israel en sus flagrantes violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional. Pedimos a nuestro gobierno que cese su omisión y alce su voz contra la prolongada y execrable política de agresión de Israel hacia la población palestina y haga todos los esfuerzos necesarios para activar los mecanismos existentes para cumplir y aplicar el Derecho Internacional y para que se permita la entrada de suministros humanitarios en Gaza y aliviar así la angustiosa situación de su población. 2. Al Consejo de Seguridad de la ONU llamar a una sesión de emergencia y adoptar medidas concretas que presionen de manera efectiva y exijan el cumplimiento por parte de Israel de todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario. Así como adopte medidas concretas que garanticen la protección del pueblo palestino y pongan fin a cualquier tipo de violencia, de cualquier grado que sea. Poner fin a hechos como éstos, que están absolutamente reñidos con la Carta de las Naciones Unidas y demás normas internacionales y garantizar la protección y la seguridad humana de la población palestina son condiciones indispensables para poder abrir una vía de diálogo realista que pueda garantizar una paz justa y duradera. 3. A las Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra cumplir con su obligación en virtud del artículo 1º que insta a velar por el respeto de las disposiciones de los convenios, tomando las medidas adecuadas para obligar Israel a cumplir con sus obligaciones de acuerdo al derecho internacional humanitario, en particular el respeto y la protección de los civiles en situación de conflicto. 4. A las Altas Partes Contratantes para cumplir con su obligación legal de conformidad con el artículo 146 del Cuarto Convenio de Ginebra para procesar a los responsables de graves violaciones de la Convención. 5. A las instituciones de la UE y los Estados miembros hacer un uso eficaz de las Directrices de la Unión Europea para promover el cumplimiento del derecho internacional humanitario (2005 / C 327/04) y garantizar que Israel cumpla con el derecho internacional humanitario en virtud del párrafo 16 (b), (c) y (d ) de estas directrices, incluida la adopción inmediata de medidas restrictivas y sanciones, así como el cese de todas las negociaciones para mejorar las relaciones y el diálogo ente UE e Israel, hasta que éste no cumpla con sus obligaciones. Este nuevo y especialmente violento episodio del conflicto pone, una vez más, en evidencia la necesidad de resolver definitivamente el mismo sobre la base del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas garantizando todos los derechos del pueblo palestino y el derecho al retorno de los refugiados.Firman el comunicado las siguientes organizaciones: ACSUR Las Segovias; Comisión Española de Ayuda al Refugiado - CEAR; Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África - IEPALA; Movimiento por la Paz - MPDL; Mundubat; Solidaridad Internacional; IPADE; Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Publicado por
Queríamos mano de obra y nos llegaron personas
Javier de Lucas: «Queríamos mano de obra, pero nos han llegado personas»Recién elegido presidente de CEAR, le preocupa mucho el proyecto de ley de asilo del Gobierno e insiste en que ni España ni la UE pueden atajar la inmigración si no se abordan las crisis de los países de origen, mucho peores que las de OccidenteLUIS DE VEGA CORRESPONSAL EN RABATSábado, 27-12-08 ABC.esJavier de Lucas (1952), especialista en cuestiones migratorias, es desde hace unos días presidente de la ONG Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Ha respondido a las preguntas de ABC desde París, donde es director del Colegio de España aunque mantiene su plaza al frente de la cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia.—¿Se han olvidado los españoles de los tiempos en los que ellos eran los emigrantes?—Los grandes paganos del despegue alemán son las generaciones de españoles, italianos, portugueses y yugoslavos que contribuyen a ese milagro, que, a cambio, no reciben lo mismo que los trabajadores alemanes. Estamos repitiendo exactamente el mismo fenómeno. Asistimos a un crecimiento inusitado en nuestro país para convertirnos en la octava potencia económica mundial y esto no es un fenómeno que hacemos sólo nosotros. Lo hacemos en gran medida con la aportación de la emigración.—¿Por qué CEAR considera un retroceso el proyecto de ley de asilo del Gobierno de Zapatero?—Hay varios argumentos que preocupan extraordinariamente. Primero, la introducción de la noción de terceros países seguros, lo que no justificaría el asilo. Por ejemplo, un colombiano no podría pedir asilo porque Colombia está considerado teóricamente como un país seguro, donde existen normas de Estado de derecho y existen tribunales, pero la realidad desmiente esto. Segundo, no se mantiene la presencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el procedimiento de asilo en frontera, que era garantía de ese procedimiento. Tercero, se debilita el papel de organizaciones sociales y se desdibuja la asistencia letrada. Cuarto, desaparece la posibilidad de pedir asilo en España por vía diplomática. Habida cuenta de la situación de conflicto en numerosos países del mundo, esto supone eliminar uno de los resquicios para que los que sufren persecución o sean demandantes de asilo puedan ejercerlo. Y es particularmente grave el que se mantenga la inadmisión a trámite y además se acelere por un procedimiento abreviado. En 2008, las solicitudes han disminuido un 43 por ciento con respecto a 2007 (de 4.177 han pasado a 2.161). Y además, el 45 por ciento no se han admitido. Por lo tanto, en 2007 se ha otorgado protección a 123 personas. Si eso es alargar el espacio de asilo, que venga Dios y lo vea.—El ministro Corbacho anunció que con la crisis se iba a frenar la contratación en origen, pero el informe anual de la Organización Mundial de las Migraciones (OIM) apunta a mayores flujos hacia los países desarrollados.—Se está poniendo de manifiesto la miopía de quienes quieren gestionar la emigración en términos contables, casi mezquinos, para que nos cuadren las cuentas con beneficios. Repetimos lo que dijo Max Frisch (novelista suizo) de que queríamos mano de obra pero nos han llegado personas.—¿Qué busca la UE con sus nuevas directivas migratorias de retorno y la tarjeta azul?—Son dos directivas que muestran una contradicción con la política de la UE. La directiva de retorno se revela cada vez más como una directiva de la vergüenza, de expulsión. El botón de muestra es el trato de los menores. La posibilidad de que se expulse a menores inmigrantes a países a los que no son ni siquiera los de su origen, sino los de tránsito, viola la Convención Europea, el Convenio de Derechos del Niño de la ONU y, en el caso español, la ley orgánica de Protección del Menor. La «blue card» establece categorías de emigrantes al mismo tiempo que nosotros decimos que no buscamos la fuga de cerebros. Esto resulta bastante difícil de conectar con el alma progresista que representa lo mejor de Europa.—¿Cuál debería ser el modelo migratorio ante esta nueva sociedad española más diversa?—Es una situación extraordinariamente compleja e incrementada por las crisis que vivimos en este momento. Pero hay también allí la humanitaria, de sanidad, de persecución hasta la muerte, genocidio... y todo eso genera desplazamientos forzados. Ése es el problema. Tenemos que darnos cuenta de que las migraciones involucran a todo el mundo y hay que actuar sobre las causas que llevan a esos desplazamientos forzosos para tratar de que sean movimientos más libres, como los que nos planteamos nosotros ahora en España. Que uno se quiere ir a EE.UU. a estudiar, a Alemania o a Francia, o a especializarse en su trabajo, y lo hace en condiciones de considerable libertad. Para eso hay que incidir sobre las causas de la desigualdad. Una política migratoria desligada del fenómeno de desigualdad, de las condiciones de miseria y de no cumplir expectativas de vida que tiene una buena parte de la población mundial es una política inútil. No entiendo que se hable de política de integración y al mismo tiempo la UE y España tengan en el punto de mira la restricción del reagrupamiento familiar.—Usted ha llegado a decir que la lucha contra el terrorismo internacional ha contaminado nuestra visión de la emigración con un discurso más defensivo.—La tentación más fácil es identificar como enemigo o como incompatible con nosotros a aquél que es diferente. En ese punto de mira no sólo está el arquetipo de enemigo, que es el terrorista fundamentalista islámico, que, evidentemente, es un enemigo y los últimos atentados están ahí, sino que se extiende a cualquier tipo de «otro» visible y sobre todo se extiende para gestionar la respuesta en tiempos de crisis cuando hay por ejemplo un riesgo de desafección de las clases trabajadoras que ven en peligro su propia situación.
Los más zarandeados
No es ningún hecho ni noticia nueva. Ni la crisis ni cómo afecta de manera especial a los colectivos más débiles. Pero queríamos dejar constancia de ello en este espacio sencillo, y antes de acabar el año, donde compartimos los problemas de un colectivo, como el de los inmigrantes. No son los únicos. Da escalofrío escuchar un día sí y otro también declaraciones de responsables de Cáritas describiéndonos como se acercan a ellos con una gran vergüenza en sus rostros y corazones personas que nunca lo habían hecho, pues siempre habían vivido de su trabajo. Parados, inmigrantes, pensionistas, viudas son algunos de los colectivos con los que se ceba más la crisis. Y los inmigrantes, al no tener casa propia ni familia que les acoja, deambulan por las calles. Las escalofriantes escenas de Jaén reproducidas visualmente estos días no son las únicas. Se ve también en nuestros pueblos y ciudades. Así como los que han tenido que dejar su casa al banco, cuando habían visto el progreso alcanzado en sus vidas al haber podido acceder a una hipoteca, de la que tienen ahora que olvidarse. Y la vergüenza de no volver a su país con las manos vacías, o de no poder llamar a los suyos dándole noticias alegres sino inventándose cosas que no existen en su día a día. Y dicen que en 2009 llegaremos a cuatro millones el número de desempleados en el país. En momentos así la temporalidad, tan denostadamente criticada, hasta se agradece. Algunos incluso, al no tener ni eso, sufren las consecuencias sicosomáticas en su organismo. Conozco un caso que entra estos días en el Hospital para un estudio profundo de las secuelas físicas que tiene su organismo, con menos de 50 años. Y según los diagnósticos hechos hasta el momento todo es consecuencia de la ansiedad vivida por el desempleo y no tener para llevar la comida a su casa. Sé también de quien trabajando toda la vida en una oficina como administrativa ha presentado su currículo a 30 kms de distancia de su casa en un empaquetado de tomates. Al menos, tengo casa, comentaba el otro día. Los de otros países han de quedarse en la calle, sin el empaquetado que ahora me lo dan a mí y sin vivienda. Y esto pasa en países como el nuestro que somos potencias económicas, la octava dicen que somos nosotros. Echarse a caminar con los ojos abiertos ahora por Mauritania sería, con un mínimo de sensibilidad social, volverse loco. Y por si era complejo y difícil, ahora para rematarlo viene la reforma de la ley de extranjería. Sigo pensando que deberíamos quitar nuestra firma de la adhesión a la Declaración de los DDHH.
MANIFIESTO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR MIGRANTE18 DICIEMBRE de 2008El pasado día 10 de diciembre conmemoramos el sesenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en el día de hoy rememoramos la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990, de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias. Denunciamos que, a pesar de que la misma no haya sido ratificada por el Estado español, hoy, 18 de diciembre, en virtud de dicha Convención, es el Día Internacional del Trabajador Migrante. Las actuales migraciones internacionales surgen en un marco global de políticas y economías globalizadoras de tipo neoliberal capitalista, que genera enormes desigualdades e injusticias en los países emisores de los flujos migratorios. No obviamos, en ninguna medida, el protagonismo que en este drama global han ejercido las empresas multinacionales y las corporaciones bancario-financieras, que durante muchos años han expoliado los abundantes bienes y recursos de los países emisores de flujos migratorios. El modelo se ha estructurado a través de una política de especulación financiera que ha arruinado economías y países, ha establecido créditos e intereses usurarios, ha instaurado la denominada deuda externa (eterna) y ha implantado un tipo de beneficio, fruto, no de una ganancia o salario justo, sino de esta economía de casino y especulación bursátil y accionarial. A ello hay que añadir el dumping que han generado los estados desarrollados estableciendo subvenciones y subsidios a los productos de los países enriquecidos, lo que ha contribuido a arruinar los precios de los más pobres. Ninguna limitación ha sido dada para esta vorágine de avaricia, por ello también ha venido acompañada de contaminación y destrucción ecológica, y de una imparable carrera armamentística. Ambos aspectos han castigado más si cabe a los estados más pobres del planeta, sumándose al resto de factores anteriores para desbaratar cualquier posibilidad de buena vida de sus habitantes. Las evidencias de esta imponderable actuación son incontestables: hambre, pobreza, violencia pública y privada, incremento de la desigualdad, corrupción, discriminación de la mujer, deslocalizaciones, expolio y desastre ecológico. Siendo así, a nadie puede extrañar que el único recurso de subsistencia para millones de personas sea el de la emigración a los países en los que se han reubicado injustamente sus recursos: ni siquiera vienen a reclamarlos, vienen a compartirlos. Desde nuestro planteamiento todas las personas tienen derecho a tener plenos derechos. Y son los estados y los diferentes organismos internacionales los que deben asegurar que tales derechos sean efectivos. En ese sentido, los estados y otros sujetos internacionales fallan en su función de garantes cuando permiten y generan la ilegalidad de una persona por una mera falta administrativa como es la carencia de documentación, cuando abocan a los sujetos a una situación de indocumentación, cuando crean centros de internamiento para retenerles, o cuando externalizan sus fronteras para impedir el acceso a sus territorios a miles de personas inmigrantes, entre los que se encuentran refugiados y menores… En todos estos casos la dignidad y libertad esenciales a todo ser humano se ven vejadas, y quienes suscriben este comunicado no se sienten identificados con estas prácticas protagonizadas por estados de derecho. Reiteramos, por ello, nuestro frontal rechazo al más reciente de los instrumentos normativos que ha sido capaz de capitalizar ominosamente los agravios a la dignidad de las personas: la directiva de la vergüenza (Directiva sobre las normas y procedimientos comunes aplicables al retorno de inmigrantes en situación ilegal) aprobada por la Unión Europea en julio de 2008. Consideramos esta directiva, aprobada en un contexto de migraciones globales, como contraria a las conquistas protagonizadas por el movimiento obrero internacional. Expresamos nuestra preocupación por los elementos que se han introducido en los borradores de la nueva legislación de asilo española que, de confirmarse, dificultarían más si cabe la concesión del derecho de asilo a miles de personas que acuden a España y a Europa confiando en su papel de valedores de su seguridad personal. Asimismo, en reiteradas ocasiones hemos denunciado la concepción utilitarista con la que los estados occidentales han regulado la entrada y permanencia de los/as trabajadores/as inmigrantes. Ello ha supuesto que, en los recientes tiempos de bonanza económica, la mayor parte de la mano de obra inmigrante ha sido destinada a cubrir los mercados laborales más precarios y se ha visto expuesta a una vulnerabilidad muy superior a la de los trabajadores autóctonos, debido a la desregulación de los mercados en los que han sido ubicados. Temporalidad, bajos salarios, escasa promoción, mayores tasas de accidentalidad, alto índice de explotación y trabajo en la economía sumergida, han sido las características de la ocupación a la que estos trabajadores no autóctonos se han visto sometidos. Dicha concepción instrumental, además, establece múltiples trabas administrativas que no sólo dificultan el mantenimiento de la regularidad administrativa, sino también el acceso a determinadas profesiones (funcionariado, seguridad, en incongruencia, por ejemplo, con el reclutamiento de fuerzas militares) y la posibilidad de promoción laboral a través del reconocimiento y homologación de los títulos académicos. El trabajador inmigrante ha sido víctima de una discriminación institucional que ha permitido el acceso casi en exclusiva a ese tipo de puestos de trabajo, y que le ha convertido en el eslabón más débil del mercado laboral. La situación de las mujeres inmigrantes ha sido aún más crítica, ya que han ocupado los sectores más precarios del eslabón. A pesar de ello, el enorme crecimiento económico experimentado por Occidente en la última década se ha debido en buena parte a la mano de obra inmigrante que ha trabajado en dichos mercados: han sido decisivos en el crecimiento del PIB, en la generación de puestos de trabajo, en el saneamiento de las cuentas públicas y, especialmente las trabajadoras inmigrantes, en posibilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en las familias autóctonas y la igualdad de oportunidades de la mujer occidental.Exponente de dicha visión instrumental de los/as trabajadores/as inmigrantes han sido todos los productos normativos destinados a producir deslocalizaciones en el seno de los estados, como lo fue en su día el intento Bolkestein (Directiva 123/2006/CE); también es instrumental la nueva tarjeta azul destinada, como ya es habitual, a importar trabajadores a la carta, pero ahora cualificados, dada la situación económica de los estados occidentales. Y lo es el aligeramiento del derecho a la reagrupación familiar que pretende ser introducido en la modificación de la ley de extranjería española. Frente a dicha instrumentalización las organizaciones firmantes recordamos que la igualdad es uno de nuestros valores fundamentales, y por ello consideramos que todos los/as trabajadores/as deben recibir un trato justo e igual inherente a su dignidad como persona: sus derechos no pueden estar condicionados por la nacionalidad que ostenten, sino por el lugar en que se reside y trabaja. Sólo la igualdad de derechos de todas las personas que conviven en un mismo territorio puede asegurar una integración social efectiva. Finalmente, las organizaciones abajo firmantes nos congratularnos por la revisión que el Tribunal Constitucional español ha realizado de la ley de extranjería en vigor, declarando que todas las personas que se encuentran en España, con independencia de su origen y de su situación administrativa, tienen reconocidos el derecho a la educación, y los de reunión, asociación, sindicación, huelga y tutela judicial efectiva (incluidos justicia gratuita y abogado de oficio). Por todo lo anterior Exigimos un sistema mundial justo, mediante un comercio justo y solidario, una política laboral que asegure condiciones salariales dignas y evite desajustes y deslocalizaciones, una política fiscal que redistribuya la renta de forma equitativa, una política social que asegure la distribución equitativa de bienes y servicios, una política ecológica y una política de paz. Es nuestro derecho y nuestra responsabilidad exigirlo. Animamos a los agentes sindicales a persistir en su lucha social por la justicia y los derechos de los trabajadores. Reclamamos al Estado Español la ratificación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias de 1990 así como del Convenio nº 143 de la OIT sobre las migraciones internacionales en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes. Exigimos el pleno reconocimiento de los derechos civiles, políticos y sociales para todos los/as trabajadores/as migrantes, así como la adopción de medidas que refuercen la igualdad de acceso a todos los sectores de ocupación. Exigimos la eliminación de trabas administrativas que dificulten el mantenimiento de la regularidad documental y el reconocimiento de títulos académicos obtenidos en el país de origen. Exigimos el reconocimiento del derecho al voto a los/as trabajadores/as inmigrantes y de su derecho a una participación social plena. Exigimos la adopción de medidas, para que quienes han contribuido al enriquecimiento de esta sociedad desde el trabajo en los sectores más precarios, no vean aún más debilitada su posición en los actuales momentos de crisis. Exigimos que no se introduzcan en la legislación española las medidas restrictivas de derechos contempladas en la directiva de la vergüenza, ni otras como el recorte del derecho a la reagrupación familiar. Animamos al Gobierno español a aprovechar la coyuntura de reforma de la ley de asilo para reforzar, en coherencia con su papel de garante de los derechos humanos y con nuestra memoria histórica, su compromiso con la institución del refugio. Exigimos que la regulación de los derechos de los/as trabajadores/as inmigrantes se realice de acuerdo a los derechos humanos inherentes a todas las personas. Por el derecho a tener plenos derechos: exigimos una ciudadanía universal por la que todas las personas reciban un trato igualitario, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión, origen, edad, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.SE ADHIEREN AL MANIFIESTO:ASOCIACIÓN DE PERUANOS INTI RAINI – CARITAS- CEAR - CENTRO LOYOLA – HOAC - LAS PALMAS ACOGE Publicado por
DECLARACIÓN FINAL DE LA CONFERENCIA INTERNACIONALDE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SAHARA OCCIDENTALCELEBRADA EN MÁLAGA LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2008.La cuestión del Sahara Occidental es un asunto perteneciente exclusivamente a los principios de la Carta de Naciones Unidas sobre descolonización y autodeterminación. Y, por lo tanto, el pueblo saharaui tiene el derecho irrenunciable a decidir sobre su futuro.Las violaciones de los derechos humanos al pueblo del Sahara Occidental, bajo la autoridad del Gobierno ocupante de Marruecos, provienen de no haber puesto en marcha el derecho fundamental a autodeterminarse.La persistencia de esta situación durante mas de 33 años es motivo de gran preocupación para los participantes en esta Conferencia. De todos es conocido que la ocupación ilegal, , de los territorios del Sahara Occidental por parte de Marruecos sólo ha sido posible por una acción permanente de represión sobre el pueblo saharaui, vulnerándose los derechos humanos de manera continuada, detenciones arbitrarias, encarcelamientos, torturas, desapariciones, asesinatos, juicios sin garantías, prohibición de manifestaciones o de asociación, allanamientos de viviendas, presencia de la policía y ejército en las calles, creación de un clima de miedo y de terror entre la población civil, etc.POR TODO ELLO,En primer lugar queremos expresar nuestras condolencias y solidaridad a las familias de los estudiantes saharauis asesinados. Baba Khaya y Husaim Laktif, el pasado 1 de diciembre en la ciudad marroquí de Agadir. Y exigimos al Reino de Marruecos que urgentemente abra una investigación para determinar los responsables del crimen y sean juzgados sea cual sea el cargo que ostenten en el Reino de Marruecos. • DENUNCIAMOS la situación en la que viven los ciudadanos y ciudadanas saharauis de los territorios ocupados, y hacemos un llamamiento para que se detenga la represión contra la población civil saharaui, los juicios sumarísimos, la violación permanente de los derechos humanos por parte del Gobierno de Marruecos y la persecución de quienes tratan de defender pacíficamente la libertad y la independencia para su pueblo. • NOS FELICITAMOS en esta Conferencia por la presencia de los defensores de los derechos humanos quienes con su compromiso abnegado y su determinación hacen posible que la lucha del pueblo saharaui por su libertad e independencia sea internacionalmente mas conocida.. EXIGIMOS al Reino de Marruecos que libere inmediatamente a todos los presos políticos, cese la represión y las torturas y anule los juicios que se celebran sin ningún tipo de garantías procesales, y levante el estado de sitio impuesto en los territorios ocupados del Sahara Occidental. • LANZAMOS un llamamiento para la presencia urgente y permanente de observadores internacionales y de medios de comunicación en el Sahara Occidental como garantía del respeto a los derechos humanos de la población saharaui y testimonio de la situación real en la zona. • DEMANDAMOS el restablecimiento de los legítimos derechos del pueblo saharaui y de manera especial el DERECHO a la AUTODETERMINACIÓN y a su ejercicio mediante la celebración de un Referéndum libre, transparente y democrático. • DENUNCIAMOS la permisividad de la comunidad internacional ante esta injusticia y vergonzosa situación. • RECHAZAMOS la firma del acuerdo de pesca con Marruecos, en el marco de la Unión Europea, que contempla la explotación ilegal de las aguas territoriales saharauis, así como el expolio de sus recursos naturales; y el continuo saqueo que de los mismos hacen irresponsablemente empresas españolas de bienes que legítimamente le corresponden al pueblo saharaui.  INSTAMOS al cese inmediato de la venta de armas o de cualquier material militar a un país como Marruecos que no respeta los mas elementales derechos humanos. • EXIGIMOS al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la publicación inmediata de su Informe elaborado como resultado de su visita al Sahara Occidental el pasado mes de mayo de 2006. • SOLICITAMOS al Secretario General de la ONU la ampliación de las competencias de la MINURSO en la defensa de los derechos humanos en los territorios ocupados y a la protección de la sociedad civil saharaui. • EXIGIMOS que la Unión Europea tenga un papel mas activo en la búsqueda de una solución pacífica que contemple la autodeterminación del pueblo saharaui mediante un Referéndum libre y democrático; que aumente la dotación de ayuda humanitaria a los refugiados saharauis; y que no conceda un estatuto avanzado a Marruecos a menos que se excluya específicamente del acuerdo la parte ocupada del Sahara Occidental.Málaga, 13 de diciembre de 2008 Publicado por
"Las violaciones más graves ya no son obra de paramilitares, sino de las fuerzas de seguridad del Estado y militares"Gorka CastilloAgencia Prensa RuralEspaña debe exigir explicaciones a ColombiaMauricio Valiente es abogado. Ha destapado la práctica de los militares colombianos de matar civiles para cobrar recompensas pagadas con fondos de la cooperación internacional. Sigue sorprendido. Y alarmado. El coordinador de la misión internacional que ha destapado las ejecuciones extrajudiciales de civiles en Colombia califica está practica sistemática de "crímenes contra la humanidad". "Ningún país ha podido financiar conscientemente estos delitos".¿Cuáles son las conclusiones de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia? La más importante es que han variado las maneras de violar los derechos humanos y que se registra un agravamiento de los delitos, a pesar de que aparentemente pueda parecer que han mejorado.¿En qué ha cambiado?"Se investigan 2.200 asesinatos, la mayoría cometidos en zonas rurales" Los actores fundamentales de las violaciones más graves ya no son los grupos paramilitares, sino que ahora son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y militares. El ejemplo de su actuación son las ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como "falsos positivos". Su informe sobre las ejecuciones extrajudiciales es estremecedor-¿Cómo lo elaboraron?Nuestra misión comenzó en octubre de 2007. Nos reunimos con muchas autoridades del país, entre ellas el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, quien reconoció la existencia de estas prácticas delictivas en algunas regiones del oriente antioqueño. Él nos aseguró que se habían tomado medidas para atajarlas. Sin embargo, un año después se descubre el asesinato de unos jóvenes cerca de Bogotá a quienes maquillaron como miembros de las FARC. Esta revelación decanta el escándalo hacia unas proporciones difíciles de cuantificar. La financiación de estas recompensas por abatir delincuentes y guerrilleros ha levantado mucha controversia. La gravedad reside en que la directiva secreta del Ministerio de Defensa colombiano especifica claramente que los fondos para las multimillonarias recompensas proceden de las arcas del Estado y de otros provenientes de la cooperación internacional. Esto cambia el panorama, porque comienza a afectar a países extranjeros, como España, cuyas ayudas a Colombia nunca han tenido como objetivo final la financiación de prácticas criminales. Y Uribe debería aclarar estas sospechas.¿Qué debería hacer el Gobierno español ante el descubrimiento de este hecho?Nuestra opinión es que el Gobierno español debe exigir explicaciones claras al Ejecutivo colombiano sobre el uso que ha hecho de sus recursos económicos. El Plan Colombia es muy genérico, ya que también contempla proyectos de desarrollo, pero las pruebas nos indican que sus gestores han dado prioridad a la represión en detrimento de otras prácticas humanitarias. ¿Qué pruebas tienen de que se haya desviado dinero para financiar hechos delictivos? No conocemos los datos con exactitud porque una de las características del Gobierno de Uribe es la opacidad. Sí sabemos que una parte de la partida presupuestaria presentada como inversión social ha sido destinada a la reinserción de paramilitares en nuevos mecanismos de control social como guardacostas y vigilantes en zonas urbanas. Antes de presentar el informe en España, ustedes lo hicieron público en Colombia, ¿cuál fue la respuesta del Gobierno colombiano?En primera instancia negó los hechos que se denuncian en nuestra investigación. Y además sufrimos una campaña de difamación bajo la acusación de que éramos parte de una estrategia insurgente. Todos aquellos que conocen Colombia saben que este tipo de señalamientos es altamente peligroso. Sin embargo, unos días después de difundirse la noticia no les quedó otra opción que reconocer la gravedad y la profundidad de unas prácticas absolutamente atroces.¿Hasta dónde puede llegar este escándalo?Nos preocupa que una misión internacional, independiente, de juristas y forenses, y amparada por organizaciones de contrastado prestigio, sólo haya logrado documentar la mitad de los falsos positivos que el Gobierno tiene cuantificados. Nosotros estudiamos 120 expedientes judiciales. La Coordinadora Colombia-Europa-EEUU estima que el número de ejecuciones extrajudiciales son 1.122 desde 2002. La Procuraduría General del Estado investiga ya 2.200 casos, la mayoría en zonas de guerra y rurales. El Gobierno dijo que no es una práctica generalizada, sino actos delictivos de elementos aislados del Ejército. Si fuera un problema de corrupción puntual, tal y como dijo el presidente Uribe, no tendría sentido que el máximo responsable del Ejército, Mario Montoya, haya renunciado a su cargo. Hay elementos que ratifican que estas prácticas son sistemáticas. Las recompensas han actuado de estímulo para que algunos soldados cometan delitos que, sin duda, son crímenes de lesa humanidad.¿Reconoció el Gobierno la existencia de esta directiva interna sobre recompensas?A nosotros nos negaron la existencia de una directiva interna sobre el pago de recompensas.¿Creen que el Gobierno de Uribe puede poner fin a estas prácticas delictivas? Algunos militares colombianos acaban de declarar públicamente que no pueden prescindir de este instrumento si se quiere que la política de Seguridad Democrática del presidente tenga éxito.http://prensarural.org/spip/spip.php?article1722 Publicado por
Por los derechos humanos de toda la gente y todo el mundo
Día de los Derechos Humanos (10-12-08)60º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: un tiempo para la acción, no sólo para la celebración El Congreso, nueve parlamentos autonómicos, doscientas organizaciones sociales y miles de ciudadanos se suman a Amnistía Internacional para apoyar los derechos humanos Madrid.- Amnistía Internacional está llevando en todo el mundo una intensa campaña de movilización en torno al 10 de diciembre de 2008, Día Internacional de los Derechos Humanos y 60º aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) por la Asamblea General de la ONU. Para la organización, esta fecha debe ser vista como un tiempo para la acción, no sólo para la celebración. En este sentido, Amnistía Internacional ha aprovechado el 60º aniversario de la Declaración Universal para pedir a la sociedad española que muestre su respaldo a los derechos humanos. El Congreso de los Diputados, nueve parlamentos y un Gobierno autonómicos han aprobado declaraciones de apoyo a la Declaración Universal. Más de 200 organizaciones no gubernamentales y ciudadanas, sindicatos, ayuntamientos y medios de comunicación también han suscrito una declaración de apoyo a los derechos humanos. Amnistía Internacional se ha dirigido también a la ciudadanía. A lo largo de las últimas semanas, y especialmente en esta semana del 8 al 14 de diciembre, más de 60 grupos de activistas de la organización en 60 localidades de España, estarán en la calle recabando firmas de apoyo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Éstas, así como las más de 31.000 recogidas hasta el momento en la campaña llevada a cabo a través de la página web www.actuaconamnistia.org, serán enviadas a partir del 10 de diciembre al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, instándole a que las políticas del Ejecutivo garanticen el efectivo cumplimento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tendencias y retos mundiales en Derechos Humanos Amnistía Internacional quiere remarcar, en el 60º aniversario de la Declaración Universal, los numerosos desafíos que existen en el campo de los derechos humanos, citando algunos de las más cruentos conflictos actualmente en curso en el mundo –República Democrática de Congo, Gaza y Afganistán– que pueden desestabilizar regiones enteras. Tras denunciar los atentados terroristas de Mumbai, Amnistía Internacional alerta a los Gobiernos contra los recortes de derechos humanos en nombre de la seguridad. “Los Gobiernos tienen la obligación de proteger a su población del terrorismo, pero deteniendo a personas de forma indefinida sin cargos ni juicio, tolerando o practicando la tortura y socavando el Estado de derecho no conseguiremos hacer del mundo un lugar más seguro”, ha afirmado Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional. La organización de derechos humanos también hace referencia a la recesión económica global, que podría sumir a millones de personas en la pobreza, asegurando que una de las lecciones que nos enseña la actual crisis es que el crecimiento económico no asegura la disminución del número de personas sometidas a la pobreza. Frente a ello, Amnistía Internacional hace un llamamiento a los Gobiernos del mundo para que protejan los derechos económicos y sociales con tanto vigor como los civiles y políticos. “Los derechos humanos son universales –todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos humanos son indivisibles –todos los derechos, ya sean económicos, sociales, civiles, políticos o culturales– son igualmente importantes”, ha asegurado Irene Khan. Amnistía Internacional reconoce que ha habido progresos en numerosas áreas durante las últimas décadas. “Sin embargo, afirma Khan, la injusticia, la desigualdad y la impunidad persisten en demasiadas partes del mundo. El verdadero problema es que los Gobiernos hacen promesas y aprueban leyes, pero fallan a la hora de cumplirlas. Ha llegado la hora de que eso cambie”. Seis décadas de logros y fracasos En el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional destaca, entre los logros conseguidos desde la aprobación del texto: · Tratados internacionales y leyes nacionales sobre derechos humanos. · Reconocimiento de los derechos de la mujer y de la infancia. · Creación del Tribunal Penal Internacional y juicios por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad ante tribunales internacionales y ante algunos tribunales nacionales. · Establecimiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de comisiones nacionales de derechos humanos en determinados países. · Abolición de la pena capital en dos tercios del mundo. · Avances con respecto al control de armas. · Apoyo decidido de la sociedad civil a los derechos humanos, materializado, por ejemplo, en la creación de redes mundiales de defensores y defensoras de los derechos humanos y de organizaciones de derechos humanos. Algunos de los fracasos de estos seis decenios en el ámbito de los derechos humanos son los siguientes: · Violaciones masivas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en los conflictos armados. · Incremento de los ataques terroristas y de grupos armados contra la población civil. · Violencia contra las mujeres y los niños, incluido el reclutamiento de niños y niñas soldados. · Negación de los derechos económicos y sociales para millones de personas que viven en la pobreza. · Sistemas judiciales corruptos e injustos en numerosos países. · Empleo de la tortura y de otras formas de malos tratos. · Negación de los derechos de los refugiados y los migrantes. · Ataques contra activistas, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. · Supresión de la disidencia en numerosos países. · Discriminación por motivos de raza, religión, género e identidad. La situación en España: numerosos desafíos pendientes Por lo que refiere a España, Amnistía Internacional estima que se han producido sustanciales progresos en el campo de los derechos humanos durante los últimos 60 años en nuestro país. Entre esos logros, Amnistía Internacional destaca la firma y la ratificación de tratados fundamentales para la defensa de los derechos humanos, como –entre otros– el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales la Convención contra la Tortura, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niños y el Estatuto del Tribunal Penal Internacional. Todos ellos han aumentado el nivel de protección legal de los españoles frente a posibles abusos. Junto a ello, hay que resaltar avances como la abolición de la pena de muerte en 1995. La aprobación de leyes como la Ley Integral Contra la Violencia de Género, la Ley de Control del Comercio de Armas y la llamada Ley de Memoria Histórica -pese a las limitaciones de ésta-, han supuestos avances en materia de protección de derechos humanos. Asimismo, para la organización es muy positiva la presencia de los derechos humanos en la escuela a través de la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía Por lo que se refiere a los desafíos pendientes, Amnistía Internacional reitera su llamamiento a ETA para que ponga fin de forma inmediata y permanente a su campaña de homicidios, secuestros, toma de rehenes y otros abusos graves contra los derechos humanos, de la que tuvimos un terrible ejemplo la semana pasada con el asesinato de Ignacio Uría. Amnistía Internacional rechaza de forma categórica cualquier argumento u objetivo que pretenda justificar estos hechos. Por otra parte, el Gobierno español tiene asignaturas pendientes. Por ello, en esta conmemoración del 60º aniversario de la Declaración Universal, quiere reiterar sus principales peticiones al Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero: · Garantizar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, medios suficientes para que las víctimas de la violencia de género tengan mecanismos de protección adecuados en todo el territorio del Estado, adoptándose medidas especiales de protección a los colectivos de mujeres más vulnerables, como las mujeres inmigrantes. · Poner fin a la impunidad de los agentes de las fuerzas de seguridad responsables de tortura y malos tratos, que en muchos casos llevan aparejado un componente racista. · Eliminar el régimen de detención incomunicada. Mientras esto último no suceda, extremar al máximo las medidas de vigilancia para que no se produzcan abusos durante el régimen de incomunicación. Tanto para abordar este problema como el anterior, Amnistía recomienda la instalación de videocámaras bajo control judicial en los centros de detención.· Asegurarse de que las inminentes reformas del Código Penal, la Ley de Extranjería y la Ley de Asilo no suponen retrocesos en la protección efectiva de los derechos humanos. · Tomar medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos en la “guerra contra el terror”. El Gobierno debe garantizar que no se utiliza ninguna parte del territorio español, incluidos su espacio aéreo, aguas y los aeropuertos y bases militares, para mantener o facilitar detenciones ilegales o secretas. También debe investigar y colaborar en las investigaciones abiertas sobre estos hechos en los últimos años. · Adoptar medidas que garanticen a los familiares de las víctimas de los crímenes de desaparición forzada cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo obtener verdad, justicia y reparación. · No subordinar la agenda de derechos humanos a intereses comerciales y/o políticos en sus relaciones bilaterales con otros países, especialmente con Colombia, Cuba, Marruecos y Sahara Occidental, Guinea Ecuatorial, Rusia, China, Israel y Territorios Ocupados y Estados Unidos, países con un oscuro historial en materia de derechos humanos, y con los que España mantiene una estrecha relación. Fuente: http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/el-congreso-nueve-parlamentos-autonomicos-doscientas-organizaciones-sociales-y-miles-de-ciudadanos/
Crisis económica, climática, de derechos humanos: Declaración conjunta
Declaración Conjunta de Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y GreenpeaceCrisis Económica ( 4-12-08)Desde hace unas semanas, los ciudadanos del mundo somos testigos de los esfuerzos de los Gobiernos del mundo para socorrer a las entidades financieras y salvarlas de una quiebra anunciada. Primero el gobierno estadounidense, y después los europeos, han puesto sobre la mesa decenas de miles de millones de dólares y de euros de los contribuyentes para ayudar a estas compañías en profunda crisis. Recientemente, los líderes mundiales se han reunido en Washington para unificar sus estrategias, y continuar actuando en socorro de los bancos y entidades financieras. A estas alturas es ya imposible cuantificar con exactitud cuanto dinero público se está destinando para paliar la crisis financiera global. Esta situación ha desviado la atención de otras crisis igualmente relevantes para la estabilidad mundial y que afectan directamente a las vidas de cientos de millones de personas: las crisis alimentaria, climática y de derechos humanos. La premura mostrada por los países ricos para atajar el derrumbe financiero contrasta enormemente con su lentitud y sus promesas incumplidas en materia de ayuda al desarrollo, lucha contra la pobreza, derechos humanos y cambio climático, las prioridades centrales para construir un mundo más justo. Todavía es pronto para prever con exactitud las dificultades que sufrirán los países más pobres como resultado de la crisis financiera y el consiguiente empeoramiento de la situación económica. Pero es evidente que la reducción de las exportaciones a los países desarrollados, la reducción de las remesas, el descenso de la inversión extranjera y la escasez de liquidez internacional, que afectará especialmente a los países con menos acceso al crédito encareciendo la financiación de su desarrollo, derivarán en menos crecimiento y riqueza para repartir y por tanto menos educación y salud para cientos de millones de personas. Para quienes viven en los países más pobres del mundo esta situación es literalmente una cuestión de vida o muerte. El aumento de precios de los alimentos, y las cada vez más frecuentes sequías, inundaciones y demás catástrofes meteorológicas derivadas del cambio climático, unidas al desmantelamiento de las redes de protección social promovidas por las instituciones financieras internacionales, están agravando las situaciones de pobreza y hambre. A finales de septiembre, cuando empezaron a salir a la luz pública las quiebras de Wall Street, en una cumbre de la ONU se supo que muy pocos gobiernos cumplirán los compromisos financieros necesarios para alcanzar las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio para reducir la pobreza de aquí a 2015. En lo que se refiere a los derechos humanos, las previsiones no son buenas. No sólo los derechos económicos y sociales –incluido el derecho a la vivienda, la salud y la educación– son objeto de una presión cada vez mayor, sino que existe el peligro de que se perpetren más violaciones de derechos humanos. Si se produce una recesión económica prolongada y los países se aprietan el cinturón, las personas migrantes y refugiadas, y las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en todos los Estados se verán sumidas en situaciones insostenibles. Podrían aumentar las tensiones sociales, y el consiguiente nerviosismo de los gobiernos podría conducirlos a reprimir la disidencia y a imponer políticas de seguridad pública muy estrictas que restringirían las libertades civiles. La crisis actual podría debilitar aún más a Estados ya frágiles y sumirlos de nuevo en la inestabilidad y la violencia. En cuanto al cambio climático, también los compromisos comienzan a debilitarse. El liderazgo de la Unión Europea se tambalea, y los acuerdos para una reducción ambiciosa de emisiones podrían peligrar, condenando al mundo a un cambio climático irreversible y de consecuencias catastróficas que afectaría especialmente a las poblaciones más pobres y vulnerables. Peores cosas podrían suceder aún si los países ricos decidieran utilizar la crisis financiera como un pretexto para disminuir las ayudas y los intercambios comerciales. La historia no da pie para el optimismo. Durante la recesión registrada en 1972 y 1973, el gasto mundial destinado a ayudas disminuyó un 15 por ciento, hasta alcanzar sólo 28.800 millones de dólares. Entre 1990 y 1993, el gasto de los países donantes se redujo en un 25 por ciento durante cinco años, hasta llegar sólo a 46.000 millones de dólares, y hasta 2003 no se volvió a alcanzar el nivel de 1992. La ayuda humanitaria –lo que nos gastamos para ayudar a las víctimas de conflictos y desastres naturales– disminuyó también de forma muy sensible durante un periodo similar como consecuencia directa de la recesión registrada entre 1990 y 1993 (esta tendencia sólo se frenó durante los conflictos de Ruanda y Kosovo). En cuanto a los intercambios comerciales, por ejemplo, los países reaccionaron al desplome de Wall Street de 1929 y a la depresión económica mundial levantando barreras aduaneras, y el comercio mundial se redujo casi en un 70 por ciento. Si en 2009 se repitiera este patrón, estaríamos ante un desastre de magnitudes extraordinarias para las personas de los países pobres, que pagarían un coste elevadísimo por el descontrol de la burbuja crediticia en Norteamérica y Europa,. A ello se une el impacto que ya está teniendo la reducción en los flujos de remesas, que para algunos países, como Bolivia o Bangladesh, constituyen hasta el 10% del PIB. España no es una excepción a esta deriva global. Mientras la crisis económica y financiera ocupa la agenda del gobierno de manera prioritaria y casi única, se desdibujan a la misma velocidad los compromisos del gobierno en materia de medio ambiente y derechos humanos y se anuncia el congelamiento en el incremento de la ayuda al desarrollo para 2009. Los derechos humanos no son un lujo propio de épocas de prosperidad. En tiempos de recesión económica, las obligaciones de derechos humanos de los Estados ni se extinguen, ni se atenúan. Los derechos humanos deben ser una prioridad si la recuperación económica se pretende que sea sólida y sostenible. Por otro lado, la inacción ante el cambio climático no es una opción viable. Y en cuanto a la pobreza, hay que asumir que la pobreza global es la negación de todos los derechos, y además una amenaza a la estabilidad mundial. Los países ricos deben dejar de mirarse el ombligo y asumir su responsabilidad sobre el desarrollo global, ya que son los responsables de la actual crisis y por tanto de sus consecuencias para los más pobres. No es sólo una cuestión de dinero, sino de atención sostenida, colaboración internacional y decidida voluntad política de abordar los grandes problemas. En el marco del 60º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los gobiernos deben garantizar a través de una regulación sensata, la adecuada protección de los derechos de las personas que pertenecen a los grupos más vulnerables para prevenir un incremento de la pobreza y una sostenibilidad medioambiental a largo plazo y y. Deben dar muestras de una capacidad de liderazgo sin precedentes para construir una economía global que sea respetuosa con el medio ambiente y en la que la mejora de la vida y de los medios de subsistencia de todas las personas prime sobre un sistema que beneficia sólo a unos pocos privilegiados. Seis propuestas concretas para el gobierno español Por todo ello, Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam, desde nuestros respectivos ámbitos de trabajo a favor de los derechos humanos, en defensa del medio ambiente y en la lucha contra la pobreza, instamos al Gobierno español a: - Adoptar un Plan estatal contra el racismo que ataje el posible incremento de la discriminación, el racismo y la xenofobia en el contexto de la recesión económica. La administración central debe aprovechar la revisión de la Ley de Extranjería para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas extranjeras, independientemente de su situación administrativa y especialmente de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género. Igualmente, la revisión de la Ley de Asilo debe garantizar el acceso a la protección internacional para las personas que la necesiten. - La lucha contra la violencia de género debe ser una prioridad para el Gobierno español también en tiempos de crisis. Se debe convocar con urgencia la Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas sobre la violencia de género, que ha sido pospuesta sin fecha. - Asumir el compromiso en el marco de la Unión Europea de una reducción efectiva de las emisiones de CO2, hasta alcanzar una reducción del 30% en el año 2020 (respecto a 1990). - Introducir los cambios necesarios en la política energética para la sustitución progresiva y completa de las energías fósiles y nuclear, por energías renovables. - Cumplir el compromiso europeo de destinar el 0,56% del PNB a la AOD en 2010, y el de alcanzar el 0´7% del PNB en 2012. - Promover y apoyar la reforma profunda del FMI y el Banco Mundial. En el futuro, estas instituciones deberían abandonar la imposición de las políticas neoliberales a los países en desarrollo, políticas que han contribuido a generar la actual situación de crisis. Publicado por
Declaraciones excluyentes
“Las costas del archipiélago están a merced de que el moro venga un día y nos lleve por delante” dixit el alcalde de La Orotava el pasado sábado 29 noviembre para dar la bienvenida a sus compañeros nacionalistas de Coalición Canaria en su congreso insular de Tenerife y nadie ha dicho “esa boca es suya”, con lo cual quien calla, consiente, como dice el refrán.Todo fue para criticar la política del Estado en materia de inmigración ante la llegada de cayucos. Una crítica por otra parte superficial y mezquina, que parece querer levantar muros en el mar u otras cosas que ni me atrevo a mencionar. Nunca se pondrán de acuerdo. ¿Quién critica las acciones que hace el gobierno de Canarias en materias de su competencia en materia de inmigración? ¿Por qué no ajustan y ponen en marcha los planes conjuntos con el Estado en esta materia y las recomendaciones que les ha dado órganos de su asesoramiento como el Foro Canario de la Inmigración? ¿Por qué no trabajan eficazmente para que los que han sido educados por su competencia durante muchos años, cuando lleguen a los 18 años no salgan a la calle sin papeles que les permitan vivir con autonomía e independencia? ¿Para qué los tiempos perdidos? ¿Por qué no se ponen a trabajar en lo que les corresponde, dejando de criticar el trabajo de las otras administraciones?Y todo ello ocurre además en vísperas del 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Ninguna palabra en ese congreso para adherirse a los mismos y ratificarse en ellos. Parece que lo que importa son mis derechos, nuestros derechos, los de los que vivimos en esta isla, en la suya, o en estas, las suyas también. No preocupan los derechos de todas las personas y de todos los pueblos. Y entre ellos el art 13 de los mismos que recuerda el derecho a migrar de todo ser viviente. Moverse no es delito. El mundo global ya fue puesto en escena en 1948. No nos hemos percatado de ello. Y algunos siguen con declaraciones excluyentes. ¿Es que su ideología es también excluyente? Si esas cosas no se aclaran, ¿podemos confiar en un grupo respetuoso para con todas las nacionalidades, etnias, colores e ideologías?
MANIFIESTO PÚBLICO(elaborado por organizaciones que han manifestado sus opiniones e iniciativas ante la reforma de la ley de asilo que se prepara en el Parlamento español)En defensa del derecho de asiloDesde nuestros diversos ámbitos de responsabilidad y participación social nos concierne la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales como imperativo para la convivencia, la justicia y la paz de los pueblos. Por ello, nos dirigimos al Gobierno, los partidos, los sindicatos, las asociaciones empresariales, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y, en definitiva, al conjunto de la sociedad para expresar que:1. Constatamos con preocupación que el refuerzo del control de las fronteras europeas y el recientemente aprobado Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo suponen graves obstáculos para la protección de las personas refugiadas y vulneran derechos fundamentales de las personas migrantes. En el momento actual, cuando el Gobierno prepara una nueva Ley de Asilo y se construye un sistema europeo común de asilo, estamos convencidos de que España debe cumplir sus compromisos con las personas refugiadas, respetando su dignidad y sus derechos, de acuerdo con las obligaciones legales contraídas. 2. Consideramos que el anteproyecto de la nueva Ley de Asilo supone un grave retroceso en garantías y derechos hasta ahora reconocidos. Nos preocupan especialmente la devaluación del papel del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la utilización de listas de “países seguros” y la eliminación de la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado en las misiones diplomáticas españolas. 3. Apoyamos los avances en la nueva Ley de Asilo, como la clarificación de la protección complementaria. A pesar de la falta de concreción en el anteproyecto, confiamos también en que garantice que España participará por fin en los programas de reasentamiento de ACNUR y otorgará protección a las víctimas de la violencia de género. Sin embargo, estos avances quedan eclipsados por el grave retroceso global que supone el anteproyecto de ley. 4. La legislación en materia de asilo sólo debe modificarse para fortalecer y ampliar sus garantías, asumiendo la solidaridad con las víctimas desplazadas y refugiadas ante los nuevos y complejos conflictos que golpean diariamente la vida de millones de personas en muchas regiones del planeta. 5. Solicitamos al Gobierno y a todos los grupos políticos que se comprometan con la aprobación de una nueva Ley de Asilo que honre la memoria de los centenares de miles de compatriotas que a lo largo de nuestra historia tuvieron que exiliarse y encontraron una acogida solidaria en otros países. Pedimos que durante la discusión y tramitación de esta iniciativa en el Parlamento corrijan las graves deficiencias que se observan en el anteproyecto y aseguren que la nueva ley respeta la Convención de Ginebra de 1951, el artículo 13.4 de nuestra Constitución y todas las obligaciones adquiridas por España al adherirse a los instrumentos internacionales de protección del derecho de asilo y, en general, de los derechos humanos. 6. Llamamos a reafirmar los valores de solidaridad y respeto hacia las personas refugiadas y a trabajar por construir un mundo donde los derechos humanos no sean papel mojado para la inmensa mayoría de la humanidad. Exhortamos al conjunto de la sociedad a movilizarse en la defensa del derecho de asilo, cada día más amenazado.Envío de adhesiones a: manifiesto@cear.es Publicado por
Por los derechos humanos de toda la gente y todo e...
Crisis económica, climática, de derechos humanos: ...

References: artículo 147
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 146
 resolución 
 artículo 13