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Timestamp: 2020-02-26 20:02:40+00:00

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Elementos objetivos del tipo penal en el delito de alteración de ambiente o paisaje [Casación 74-2014, Amazonas] | LP
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Elementos objetivos del tipo penal en el delito de alteración de ambiente o paisaje [Casación 74-2014, Amazonas]
Casación 74-2014, Amazonas
[Elementos objetivos del tipo penal en el delito de alteración de ambiente o paisaje]
[DATOS GENERALES DEL PROCESO]
Recurrente: Fiscal Superior Penal
Procesados: Wilmer Trauco Galóc y Nilcer Vargas Lápiz
Delito: Delitos contra el Medio Ambiente – Alteración del medio ambiente y paisajístico
Decisión: FUNDADO el recurso de casación para desarrollo de doctrina jurisprudencial; en consecuencia: CASARON la Resolución Nº8 del 27 de setiembre de 2013 que declaró Fundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de los imputados Wilmer Trauco Galóc y Nilcer Vargas Lápiz, Revocaron la resolución Nº 8 del 27 de setiembre de 2013, que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción deducida, y Reformándola declararon fundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa técnica de los imputados; en consecuencia declararon sobreseído el proceso.
[DESCRIPCIÓN DEL CASO]
El 17 de octubre de 2011, la ingeniera Marina Gaslac Galoc, el abogado Loris Eduardo Arias Carbajal -personal del área natural protegida bosque de Protección Alto Mayo-, en conjunto con Vilma Aurora Chumbe Torres -Fiscal Adjunta Provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Rioja-, con la participación de la Policía Nacional y siete guardabosques se dirigieron al sector Yumbite -Distrito de Vista Alegre- Amazonas, para supervisar la realización de la trocha carrozable que se realizaba en la zona. Dicha diligencia fue obstruida por pobladores de la zona. Asimismo, se encontraba en la zona Wilmer TRAUCO GALOC -Alcalde del distrito de Vista Alegre-, Segundo Manuel Vigo Saldaña -residente de la obra «Proyecto Construcción de la carretera Naciente del río negro-, Consuelo – Vista Alegre Rodríguez de Mendoza-«y Nilser VARGAS LÁPIZ – Gerente General de la empresa NIVAT Construcciones Contratistas Generales-, los cuales afirmaron que contaban con la documentación que amparaba la obra y contaban con el aval de la población.
En la inspección se verificó la presencia de maquinaria pesada (tractor Caterpillar) que realizaba la apertura de la trocha mencionada, alterando con ello el ambiente natural y a la vez el paisaje dentro del área natural protegida de «Alto Mayo». Es así, que se formuló requerimiento acusatorio, imputando a Wilmer Trauco Galoc y Nilser Vargas Lápiz la comisión del delito de alteración del ambiente natural y paisajístico. Absolviendo el traslado de la acusación, la defensa técnica de los imputados TRAUCO GALOC y VARGAS LÁPIZ dedujeron una excepción de improcedencia de acción, sustentando que:
Los hechos imputados a sus patrocinados no configuraban delito, pues no se cumplían los elementos típicos que la figura penal de Alteración al medio ambiente natural y paisajístico, pues éste exige que la alteración ambiental se dé producto de una contravención a las disposiciones de la autoridad competente, sin embargo en la acusación no se precisa cuál sería esta disposición contravenida, ni cuál es la autoridad competente que la designa, pudiendo afirmarse que no hay disposición de autoridad competente que indique de manera taxativa una obligación o prohibición que haya podido ser incumplida, convirtiéndose así en un imposible jurídico la contravención de una disposición inexistente, ergo el delito imputado no se configura.
En primer lugar, no requiere una cualidad especial en el sujeto activo, por lo que cualquier persona puede cometer el presente delito. Tiene que darse una actividad capaz de impactar en el medio ambiente. Por ende, si existiera otra actividad que también pudiera afectar al ambiente, ésta no será punible en este tipo penal, por la limitación puntual realizada por el legislador. La contravención a las disposiciones de la autoridad administrativa, que implica que existe una autoridad competente para emitir un pronunciamiento sobre la obra a edificar o sobre los árboles a talar. El resultado de la construcción de obra o tala no autorizada es la alteración del medio ambiente, por ello, el tipo penal precisa que se trata de la alteración del ambiente natural o el paisaje urbano o rural, o se modifica la flora y fauna del lugar. inspección se verificó la presencia de maquinaria pesada (tractor Caterpillar) que realizaba la apertura de la trocha mencionada, alterando con ello el ambiente natural y a la vez el paisaje dentro del área natural protegida de «Alto Mayo».
Es así, que se formuló requerimiento acusatorio, imputando a Wilmer Trauco Galoc y Nilser Vargas Lápiz la comisión del delito de alteración del ambiente natural y paisajístico. Absolviendo el traslado de la acusación, la defensa técnica de los imputados TRAUCO GALOC y VARGAS LÁPIZ dedujeron una excepción de improcedencia de acción, sustentando que: Los hechos imputados a sus patrocinados no configuraban delito, pues no se cumplían los elementos típicos que la figura penal de Alteración al medio ambiente natural y paisajístico, pues éste exige que la alteración ambiental se dé producto de una contravención a las disposiciones de la autoridad competente, sin embargo en la acusación no se precisa cuál sería esta disposición contravenida, ni cuál es la autoridad competente que la designa, pudiendo afirmarse que no hay disposición de autoridad competente que indique de manera taxativa una obligación o prohibición que haya podido ser incumplida, convirtiéndose así en un imposible jurídico la contravención de una disposición inexistente, ergo el delito imputado no se configura.
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Rodríguez de Mendoza emitió la resolución Nº 8 del veintisiete de setiembre de dos mil trece, declarando infundada la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa de los imputados, sosteniendo que si existe disposiciones dadas por la autoridad competente que fueron contravenidas, esta son la Ley Nº 26834 -Ley de Áreas Naturales Protegidas- artículo 1, concordante con el artículo 57 de su Reglamento, Ley que se encuentra dentro del marco del artículo 68 de la Constitución; asimismo, considera que se contravinieron los D.S. Nº 004-2010-MINAM y D.S. Nº 003-2011-MINAM emitidos por el Ministerio del Ambiente, en los cuales se prevé que para la construcción o habilitación de infraestructura dentro de Áreas Naturales Protegidas se requiere solicitar la opinión técnica al SERNANP. Ante la denegatoria de la excepción de improcedencia de acción –Resolución N° 8 del 27 de setiembre de 2013- la defensa técnica de los procesados presento recurso de apelación, sosteniendo que el área de ejecución del proyecto, está bajo la jurisdicción del distrito vista alegre, perteneciente a la región Amazonas, considerando que la Resolución Suprema N° 0293-87-AG/DGFFdel 23 de julio de 1987, declaro como bosque de protección a la superficie de 182, 000 has., con la denominación de “Alto Mayo” ubicado en los distritos de Yorongo, Rioja, Elias Soplin Vargas, Nuevo Cajamarca y Pardo Miguel de la provincia de Rioja, y el distrito de Moyobamba.
En virtud a la apelación presentada por los procesados, se emitió la resolución N° 15 del veintisiete de diciembre de dos mil trece, que declaro fundado el recurso de apelación presentado, revocaron la resolución N° 8 del veintisiete de setiembre de dos mil trece, y reformándola declararon fundada la excepción de improcedencia de acción deducida y declararon sobreseído definitivamente el proceso. Los argumentos que utilizo la Sala Penal de Apelaciones para sustentar su fallo son que no se configura el delito de alteración del medio ambiente y paisajístico, pues no se establece cual es la disposición dada por autoridad competente que ha sido contravenida. No encontrándose conforme con la resolución Nº 15 del veintiséis de diciembre de dos mil trece, el Fiscal Superior Penal de Amazonas, interpuso recurso de casación excepcional (inciso 4 del artículo 427 del Código Procesal Penal), invocando la causal 3 del artículo 429 del Código adjetivo sosteniendo que la resolución cuestionada importa una errónea interpretación del artículo 313 del Código Penal, por lo que resulta necesario para desarrollo de doctrina jurisprudencial la Interpretación del elemento normativo: «contraviniendo las disposiciones de la autoridad competente.»
A efectos de determinar: a) si se, protege penalmente solamente a las áreas naturales protegidas, o también son objeto de protección las zonas asociadas a ellas como las zonas de amortiguamiento; b) si las disposiciones legales a las que se refiere la norma sólo son aquellas que declaran la protección de determinada superficie o área natural, o abarca a cualquier otra disposición legal -incluso reglamentaria- cuyos enunciados normativos sean los vulnerados por la acción delictiva. Este Supremo Tribunal encuentra que el tema presentado resulta de mucha importancia -pues independientemente del caso concreto- pues no existe a la fecha una interpretación de este Supremo Tribunal que sirva para determinar cuáles son las disposiciones de la autoridad competente en el tipo penal invocado. Con la sola interpretación correcta que delimite la esfera de protección penal del delito de Alteración del Ambiente o Paisaje, podrá contribuirse a que conductas lesivas al medio ambiente no queden impunes, y evitarse que conductas que no se encuentran dentro de los contornos de la norma penal sean materia de persecución penal.
[REFERENCIAS NORMATIVAS]
Constitución Política del Estado artículo 68 Código Penal artículo 313 Código Procesal Penal artículo 427 inc. 4, 429 inc. 3 Ley 26834 artículo 25.
[CONSIDERANDO RELEVANTE]
“VIGÉSIMO CUARTO: En el capítulo 11 de del Título XIII del Código Penal se regulan específica mente los delitos contra los recursos naturales, encontrando entre ellos el delito de alteración del ambiente o paisaje -artículo 313 del citado Código-. El delito de alteración del ambiente o paisaje, regulado en nuestro Código Penal textualmente señala: Artículo 313.- «El que, contraviniendo las disposiciones de la autoridad competente, altera el ambiente natural o el paisaje urbano o rural, o modifica la flora y fauna, mediante la construcción de obras o tala de árboles, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años y con sesenta a noventa días de multa.»
VIGÉSIMO QUINTO: El tipo penal antes mencionado presenta los siguientes elementos, tanto objetivos como subjetivos. En primer lugar, no requiere una cualidad especial en el sujeto activo, por lo que cualquier persona puede cometer el presente delito. En segundo lugar, la acción típica se compone de tres elementos objetivos.
A. Tiene que darse una actividad capaz de impactar en el medio ambiente. El tipo penal ha circunscrito dicha actividad a la construcción de obras o tala de árboles. Por ende, si existiera otra actividad que también pudiera afectar al ambiente, ésta no será punible en este tipo penal, por la limitación puntual realizada por el legislador.
B. La contravención a las disposiciones de la autoridad administrativa, que implica que existe una autoridad competente para emitir un pronunciamiento sobre la obra a edificar o sobre los árboles a talar. Al igual que en el anterior elemento normativo, es necesario que el ordenamiento jurídico haya otorgado competencia a un funcionario público para emitir un pronunciamiento sobre la acción antes mencionada, caso contrario la conducta será atípica. Cabe resaltar que la disposición emitida por la autoridad debe referirse a la materia ambiental, pudiendo -por ejemplo- vincularse al impacto o la compatibilidad de la actividad con el medio ambiente. Por ende, el funcionario público deberá ser una autoridad que goce de competencias en materia ambiental.
C. El resultado de la construcción de obra o tala no autorizada es la alteración del medio ambiente –no exigiéndose que se trate un área natural protegida- por ello, el tipo penal precisa que se trata de la alteración del ambiente natural o el paisaje urbano o rural, o se modifica la flora y fauna del lugar. Finalmente, es necesario advertir que se trata de un delito doloso, quedando descartada toda posibilidad de interpretar la existencia de una modalidad culposa.
VIGÉSIMO SEXTO: El tipo penal antes mencionado no establece una limitación del lugar donde se puede dar la afectación al medio ambiente. Por tanto, el tipo penal abarca todos aquellos espacios donde exista un ambiente natural, en buena cuenta, carente de presencia humana (bosques primarios) o que teniéndola, no sea tan significativa. Asimismo, también se concreta en los paisajes urbanos o rurales, en la modificación de flora y fauna. El tipo penal no precisa el origen de la competencia de la autoridad que ha de emitir el pronunciamiento. Por lo tanto, a efectos de la configuración del tipo penal, interesa la competencia de la autoridad, mas no la fuente de la misma. De ahí que ésta puede provenir de las distintas disposiciones normativas en sus diferentes grados; es decir, normas de rango constitucional, de Ley, Decretos Supremos, entre otros. Lo importante es que se trate de una disposición que, válidamente, dote de competencia a la autoridad para emitir el pronunciamiento en la materia.
VIGÉSIMO NOVENO: Sin embargo, este Supremo Tribunal advierte que conforme a la Ley Nº 26834, la cual regula las Áreas Naturales Protegidas, en su artículo 25, se hace mención a la llamada Zona de Amortigua miento, la cual se define como: «Artículo 25.- Son zonas de amortiguamiento aquellas zonas adyacentes a las Áreas Naturales Protegidas del sistema, que por su naturaleza y ubicación requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación del Área protegida. El Plan Maestro de cada área definirá la extensión que corresponda a su Zona de Amortiguamiento. Las actividades q u e se realicen en la zona de amortiguamiento no deben poner en riesgo el cumplimiento de los fines del Área Natural Protegida.» Las Zonas de Amortigua miento, directamente, no forman parte del Área Natural Protegida, pero sí son importantes para que la misma pueda subsistir. De ahí que el ordena miento jurídico establezca disposiciones especiales para regularla, y para que se puedan realizar actividades económicas en ella, sin que ello pueda afectar al medio ambiente en general y al Área Natural Protegida en particular. Conforme lo señalado afirmamos que la Zona de Amortiguamiento tiene condiciones especiales, que se deben respetar pues son fundamentales para el cuidado y sostenibilidad del Área Natural Protegida. Es por ello que su regulación se da mediante la Ley Nº 26834, artículo 8, literal «i», y más específicamente por el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, emitida por el Decreto Supremo Nº 038- 200 1 -AG (Subcapítulo II, artículos 6 1 , 62, 63, y 64) . Finalmente, debemos de agregar que el área de la Zona de Amortigua miento no puede ser indefinida (pues su regulación resultaría ilegal); por ello, el límite debe ser especificado e n el Plan Maestro de oda Área Natura l Protegida (artículo 60 del reglamento de la Ley de las Áreas Naturales Protegidas). Con ello queda claro que si bien la Zona de Amortiguamiento, no forma parte del área delimitada del Área Natural Protegida, sí tiene protección y una regulación específica, en la cual para el a provecha miento de sus recursos o habilitación de infraestructura se necesita de la Compatibilidad y Opinión técnica pertinente, véase artículo 116 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas”.
[DECISIÓN]
I. FUNDADO el recurso de casación para desarrollo de doctrina jurisprudencial; en consecuencia:
II. CASARON la Resolución Nº 8 del 27 de setiembre de 2013, que declaró Fundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de los imputados Wilmer Trauco Galóc y Nilcer Vargas Lápiz, Revocaron la resolución Nº 8 del 27 de setiembre de 20 1 3, que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción deducida, y Reformándola declararon fundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa técnica de los imputados; en consecuencia declararon sobreseído el proceso.
III. Sin reenvío actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la resolución de primera instancia del veintisiete de setiembre de dos mil trece, que declaro Infundada la excepción de naturaleza de acción, deducida por la defensa de los acusados Wilmer TRAUCO GALOC y Nilcer VARGAS LÁPIZ, por el delito de Alteración del ambiente Natural y Paisajístico, previsto y sancionado en el artículo 313 del Código Penal, en agravio del Estado, representado por el Ministerio de Ambiente, y ORDENARON la continuación de la audiencia de control de acusación.
IV. ESTABLECIERON como doctrina jurisprudencial, los fundamentos VIGÉSIMO QUINTO, VIGÉSIMO SEXTO y VIGÉSIMO NOVENO de la presente ejecutoria, los cuales refieren la configuración normativa del tipo penal del artículo 313 del Código Penal -Delito de alteración del ambiente o paisaje-; asimismo se señala la regulación de la llamada Zona de Amortiguamiento como parte esencial de las Áreas Naturales Protegidas.
V. ORDENARON se dé lectura de la presente sentencia casatoria en audiencia pública y se publique en el diario oficial El Peruano, de conformidad con lo previsto en el numeral tres del artículo cuatrocientos treinta y tres deI Código Procesal Penal. Hágase saber.
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References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 57
 artículo 68
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 427
 artículo 429
 resolución 
 artículo 313
 artículo 68
 artículo 313
 artículo 427
 artículo 25
 Artículo 313
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 116
 Resolución 
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 artículo 313
 artículo 313