Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016i/as201632191.html
Timestamp: 2019-03-22 10:59:16+00:00

Document:
as201632191
Auto Supremo Nº 191/2016-I.
Expediente: SC-CA.SAII-LP.239/2016.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 130 a 132 vta., interpuesto por la Caja Petrolera de Salud departamental La Paz, representada legalmente por Vanessa Yesika Navarro Costa, impugnando el Auto de Vista Nº 78/15 de 15 de julio y auto Complementario, cursantes de fs. 104 a 105 y 114, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso coactivo social seguido por la institución recurrente contra la empresa QUIPUS S.R.L., el Auto a fs. 135 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;
Tramitado el proceso, la Juez Tercero del Trabajo y Seguridad Social de La Paz, pronunció la Resolución Nº 64 de 29 de agosto del 1998, de fs. 47 a 48, declarando improbada la excepción perentoria de pago parcial formulada por la parte coactivada a fs. 13 de obrados, debiendo pagar la empresa QUIPUS S.R.L. la suma de Bs.123.005,21.- por concepto de aportes devengados, multas e intereses a la Caja Petrolera de Salud.
En grado de apelación interpuesta por la institución demandante de fs. 54 a 55, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 78/2015 de 15 de julio, cursante de fs. 104 a 105, anuló la Resolución Nº 64 de 29 de agosto del 1998, disponiendo que la juez de primera instancia emita una nueva Resolución valorando lo expuesto en la presente resolución.
Contra el auto de vista, la Caja Petrolera de Salud departamental La Paz, a través de su representante legal, por memorial de 130 a 132 vta., interpuso el recurso de casación en el fondo.
Sostiene que la Resolución recurrida causa agravios a la institución actora, en razón de que el a quo, valoró correctamente la prueba arrimada al proceso, y que la prueba a la que hace referencia la empresa QUIPUS S.R.L. no fue presentada.
Indica que el Decreto Ley (DL) Nº 10173 de 28 de marzo de 1972 establece el procedimiento para el inicio y sustanciación de los procesos coactivos sociales, más en ninguna parte indica que la Caja, previo a iniciar el proceso, tiene la obligación de comunicar las observaciones y/o deudas en la vía administrativa a la empresa coactivada, como señala el Tribunal recurrido; al contrario, es obligación de la empresa afiliada pagar mensualmente las cotizaciones al seguro social, lo que no ocurrió en el presente, razón por la que considera que el auto de vista violó la previsión contenida en el art. 32 del DL Nº 10173.
Haciendo referencia al contenido de los arts. 221, 22 y 223 del Código de Seguridad Social (CSS), señala que la Caja Petrolera de Salud inició la demanda coactiva social cumpliendo a cabalidad los preceptos relacionados a la materia, por lo que el auto de vista vulnera los derechos del ente gestor.
Añade, que en la liquidación practicada el 26 de mayo de 1997, se detallan los periodos y montos adeudados, consignando los periodos de mayo de 1994 a abril de 1997, ascendiendo a la suma de Bs.130.610,16.- y que la empresa coactivada hizo el pago de Bs.3.802,47.-, suma que fue restada del monto total de la liquidación cursante de fs. 19 a 20, quedando un saldo de Bs.126.807,69.- , monto que fue consignado tanto en la nota de Cargo COTR-034/100, demanda coactiva y auto de solvendo, de donde se desprende que se realizó una correcta apreciación de los datos del proceso, no existiendo ambigüedad ni incongruencia con relación al monto demandado.
Señala que el auto de vista recurrido y su Auto complementario, al anular la Resolución 64/98, vulneran y restringen su derecho para poder recuperar los aportes adeudados por la parte coactivada, transgrediendo lo establecido por el art. 48.IV de la Constitución Política del Estado (CPE).
Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, se dicte auto supremo casando el auto de vista recurrido y su Auto Complementario y se mantenga firme y subsistente la Resolución Nº 64/1998 de 29 de agosto y el Auto de 24 de octubre de 1998.
II. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA ADMISIÓN Y PROCEDENCIA DELRECURSO.
Con carácter previo, se debe tener presente que en la materia, por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 633 del Reglamento al Código de Seguridad Social (R-CSS), el régimen de impugnaciones se encuentra regulado por el abrogado Código de Procedimiento Civil de 6 de agosto de 1975 que sin embargo, a la fecha, se encuentra en plena vigencia el nuevo Código Procesal Civil (CPC) Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, compilado normativo que en su art. 277.I impone al Tribunal Supremo de Justicia, bajo responsabilidad, la obligación de examinar si en la presentación del recurso se cumplieron los requisitos exigidos en el art. 274 del citado código, relativos a la forma de interponer la impugnación acusatoria, estableciendo de forma taxativa, que en caso de incumpliendo, el Tribunal debe dictar Resolución declarando improcedente el recurso, tendiéndose en consecuencia por ejecutoriado el fallo recurrido, para su consiguiente cumplimiento por el inferior en grado.
De lo anteriormente señalado se tiene, que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, en todos los recursos casacionales ingresados a partir de la vigencia plena del CPC, realizar examen de admisibilidad, en cumplimiento del mandato precedente, con la finalidad de verificar la observancia de los requisitos establecidos en el art. 274 del CPC o en su defecto en el art. 258 del CPC anterior de 1975, cuando correspondan.
En coherencia con lo anteriormente señalado, habiendo sido planteado y concedido el recurso de casación en vigencia plena de la nueva CPC Ley Nº 439, el recurso debe adecuarse y cumplir de forma ineludible los requisitos establecidos en dicha Ley.
El precitado artículo, se encuentra directamente vinculado con el art. 271 del mismo cuerpo normativo, que establece las causales del recurso de casación, y señala en su parágrafo I, que el recurso debe fundarse: I) en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, o II) en la existencia de error de derecho o error de hecho, en la que hubiera incurrido el Tribual, en la apreciación de la prueba; con la aclaración, de que en caso de que se denuncie error de hecho, éste debe evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren de forma cierta la equivocación manifiesta del juzgador.
II.1.- Fundamentos de improcedencia del recurso.
De la revisión del recurso examinado se advierte, que si bien fue planteado dentro el plazo previsto por el art. 210 del Código Procesal del Trabajo; sin embargo, éste incurrió en imprecisiones que se explican a continuación.
Inicialmente, corresponde señalar que la uniforme jurisprudencia sentada a través de los Autos Supremos Nº 73/2012 de 12 de abril; Nº 464/2012 de 3 de diciembre, Nº 479/2013 de 18 de septiembre, Nº 191/2013 de 17 de abril, emitidos por la Sala Civil y Nº 107/2015-L de 12 de mayo, pronunciado por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros, ha establecido de manera uniforme que contra una Resolución de Alzada anulatoria no procede recurso de casación en el fondo, sino únicamente en la forma.
La línea jurisprudencial asumida en ese sentido, se justifica plenamente en razón a que, cuando el Tribunal de Alzada anula obrados, lo que hace es examinar los actos procesales realizados en primera instancia y en esa labor no ingresa a resolver los aspectos de fondo planteados; sino, en mérito a la consideración de la normativa adjetiva, simplemente revisa el cumplimiento de las formas del proceso y si advierte error en su sustanciación, emite Resolución anulando obrados; fallo que en caso ser considerado errado, debe ser cuestionado únicamente a través del recurso de casación en la forma; por consiguiente no es posible recurrir de casación en el fondo contra el auto de vista anulatorio, en el entendido de que al haberse anulado obrados no ha existido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, es decir, no ha existido aplicación del derecho material, razón por la que corresponde su declaratoria de improcedencia.
En el caso en análisis, se establece que la Caja Petrolera de Salud departamental La Paz, a través de su representante legal, recurre de casación en el fondo, contra el Auto de Vista Nº 78/15 de 15 de julio y su Auto Complementario 215/15 de 23 de septiembre, que disponen anular la Resolución impugnada en alzada, ordenando al juez de primera instancia que emita nuevo fallo.
De lo analizado, se advierte que la institución recurrente, al solicitar se case el auto de vista recurrido y se deje firme y subsistente la Resolución de primera instancia, no ha comprendido la naturaleza del fallo ni del recurso, deduciendo equivocadamente la impugnación casatoria en el fondo, contra el auto de vista anulatorio, acción totalmente incorrecta, pues correspondía a la institución recurrente, observar que los fundamentos de la Resolución de alzada, tienen como base el incumplimiento de requisitos formales esenciales detectados en la Resolución Nº 64/98 de 29 de agosto (fallo impugnado en alzada), por lo que resulta un error pretender que se ejerza control al auto de vista, sobre aspectos de fondo que no fueron objeto de análisis, mucho menos de pronunciamiento por el Tribunal de apelación.
Por los fundamentos expuestos precedentemente se concluye, que la incorrección en el planteamiento del recurso, impide al Tribunal Supremo de Justicia abrir su competencia para revisar las cuestiones planteadas, correspondiendo en consecuencia resolver en aplicación del art. 277.I de la nueva CPC Ley Nº 439.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado, 42.I.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, 277.I y Disposición Transitoria Sexta del Código Procesal Civil, Ley Nº 439, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 130 a 132 vta., interpuesto por la Caja Petrolera de Salud Departamental La Paz.

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