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EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO Profesor Titular de Derecho Constitucional Universidad de Granada
SUMARIO I. INTRODUCCIÓN. 11. OJEADA A LOS ORÍGENES DEL PRINCIPIO. III. EL DERECHO PENAL EN EL ESTADO ABSOLUTO. IV. LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ Y LA FALTA DE UNA DECLARACIÓN EXPRESA SOBRE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. V. LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO LIBERAL Y LOS PRIMEROS CÓDIGOS PENALES. VI. DE LA GLORIOSA A LA II REPÚBLICA. VII. EL FRANQUISMO. VIII. RECAPITULACIÓN.
Revista de Derecho Político, núm. 42, 1997, págs. 137-169 EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA POR AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO Profesor Titular de Derecho Constitucional Universidad de Granada I. INTRODUCCIÓN Como es de sobra conocido, una buena parte de la fructífera investigación histórica de Tomás y Valiente giró sobre el Derecho penal. Por eso, me ha parecido que la mejor forma de corresponder a la amable invitación del profesor TORRES DEL MORAL para colaborar en el homenaje a nuestro llorado ex-Presidente del Tribunal Constitucional, era remitirle este estudio histórico sobre el principio de legalidad penal, avanzadilla de un trabajo más amplio que preparo sobre dicho principio en la Constitución española. Se advertirá que me apoyo reiteradamente en la autoridad de TOMÁS Y VALIENTE para defender mis tesis. Quizás no sea superfluo señalar aquí que el trabajo salvo las inevitables correcciones estilísticas estaba terminado antes del aciago 14 de febrero, por lo que sus citas no están buscadas como un homenaje postumo a su figura, sino como un sólido apoyo a una opinión tan modesta como la mía. Lo mismo es plenamente aplicable para la única ocasión en que me aparto, no sin temor, de su opinión.
AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO OJEADA A LOS ORÍGENES DEL PRINCIPIO En el año 534 el Digesto de Justiniano (recogido de ULPIANO) establecía: «poena non irrogatur, nisi quae queque lege vel quo alio iure specialiter hule delicto imposita est», no se establezca más pena que la impuesta especialmente por una ley u otro derecho para cada delito \ En 1215 la Magna Charta Libertatum del Rey Juan sin Tierra ordenaba en su artículo 29 que «nullus líber homo capiatur vel imprisonetur aut dissa siatur aut utlegatur aut exuletur aut aliquo modo destruatur nec super eum ibimus nec super eum mittemus nisi per legalem iudicium parium suorum vel per legem terrae»; ningún hombre libre será detenido, ni preso, ni privado de su propiedad, de sus libertades o libres usos, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado, ni molestado de manera alguna, y Nos no pondremos ni haremos poner mano sobre él, a no ser en virtud de un juicio legal de sus pares y según la ley del país ^. Estos textos han dado lugar a una interesante polémica doctrinal. Así, para algunos el del Digesto es «la primera formulación legislativa» ^ del principio de legalidad penal, mientras que para otros la Carta Magna le otorga a Inglaterra el honroso título de «patria del principio de legalidad»". Si se quiere avivar la polémica se pueden añadir otros textos como los Fueros de Aragón de 1247 y la Charta Magna leonesa otorgada por don Alfonso, rey de León y Galicia, en las Cortes de León del año 1188, que «no sólo supera en antigüedad a la inglesa, sino en sentido democrático, como se diría en palabras de hoy" ^. Con ser importantes estas disposiciones, en cuanto manifiestan el deseo consciente de evitar el poder tiránico de los gobernantes, debemos precavernos de lo que PARETO denominó el prejuicio de los orígenes: la búsqueda obsesiva en el pasado de los embriones de las modernas catego ' Digeslo, 50.16.131.1. ^ La Carta Magna puede consultarse en Jorge DE ESTEBAN (comp.), Constituciones españolas y extranjeras, 2.- ed., Taurus, Madrid, 1979, Vol II, pág. 108 y ss., de d onde tomamos la traducción. ^ César CAMABGO HERNÁNDEZ, Introducción al estudio del Derecho penal, Bosch, Barcelona , 1964, pág. 126 y la extensa bibliografía allí citada. " Edmund MEZGER, Tratado de Derecho penal, (trad. de J.A Rodríguez Muñoz), Revista d e Derecho Privado, Madrid, 1955, Vol. I, pág. 132. ^ Luis JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado de Derecho penal, 3.- ed., Losada, Buenos Aires, 196 4, Tomo II, pág. 386.
EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL , rías. Por eso, nos parece muy acertada la opinión de JIMÉNEZ DE ASÚA que pone sordina a las voces que buscan en la noche de los tiempos el origen del principio de legalidad: «estos supuestos antecedentes, aunque tengan aparente parentesco con el problema que se estudia, responden a concepciones tan distintas y a vivencias tan diferentes que no podemos en verdad iiallar en ellos el auténtico origen del problema que nos ocupa» ^. Algo parecido sucede en el plano teórico: se pueden rastrear los precedentes del principio de legalidad penal en BACON, como ha señalado LÓPEZ DE OÑATE^ HOBBES, como defienden SCHIVIITT Y BOBBIO^, en los teólogos renacentistas españoles, muy especialmente en ALFONSO DE CASTRO, como durante buena parte del siglo XX ha querido un importante grupo de autores patrios^, y en tantos otros pensadores preocupados por la ^ Luis JIMÉNEZ DE ASÚA, op. clt, Tomo II, pág. 383. Con carácter general, también se puede traer aquí a colación la opinión de Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA sobre el cambio semántico de las palabras tras la Revolución francesa: «La lengua de los derechos debe explicarse, pu es, no como una simple aparición de nuevos términos, en un plano estrictamente técnico de análisis léx ico o sintáctico, sino como la expresión de un nuevo discurso jurídico que ofrece un nuevo modelo de r elación entre los hombres» [La lengua de los derechos. La formación del Derecho Publico euro peo tras la Revolución Francesa, Alianza, Madrid, 1994, pág. 37]. ' Flavio LÓPEZ OÑATE, La certezza del diritto, Nuova edizione, in aggiunta saggi di Capograssi, Calamandrei, Carnelutti e Fedele, a cura di Guido Astuti, Appendice di M . Corsa le, Giuffré, Milán, 1968, (1 .^ ed. en 1942), pág. 50, 67 y 124. * Ambos citados por Gonzalo RODRÍGUEZ MOURULLO, «Legalidad (Principio de)», en Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XIV, Seix, Barcelona, 1978, pág. 883. De la dificultad p ara leer el principio de legalidad en el Leviatán da ¡dea de que mientras el creador de la teoría decisionis ta considera que Hobbes admite íntegramente la máxima nullum crimen, nulla poena sine lege, el iu sfilósofo italiano piensa que sólo admite nullum crimen sine lege. A nuestro juicio, aunque es verdad que en el capítulo XXVll puede leerse que «ninguna ley que haya sido formulada después de que un hecho se ha cometido puede hacer de ese hecho delito», también es cierto que en el pár rafo previo a esa idea Hobbes afirma tajantemente: «Si dicha pena ha sido ya determinada por l a ley, el transgresor estará sujeto a ella; si no ha sido determinada, al transgresor se le castigará arbi trariamente». Es mas en el capítulo XVIII se encuentra otro párrafo en el que admite que la ley no tiene el monopolio punitivo: «Al soberano le corresponde el poder de premiar con riquezas u honor, y de castigar con penas corporales o pecuniarias, o con ignominia, a todo súbito suyo, de acuerd o con la ley que
En la ac tualidad más que de auténtico fundador del Derecho Penal moderno se pretiere calificar al autor de De potesiate legis poenalis de precursor. Cisneros. 237 y 236.haya sido previamente establecida. sin embargo silencia una de sus conclusiones fundamentales: «En resolución: la influencia de los teólogos 141 . Madrid. 1900 y Marcelino RODRÍGUEZ MOLINERO. Alfonso de Castro y la ciencia penal. Alianza. Eloy BULLÓN Y FERNÁNDEZ. Origen español de la Ciencia del Derecho Penal. de Carlos Mellizo. las citas anteriores en las págs. y si no se ha hecho ninguna ley actuará como le parezca más conveniente para dar a los hombres un incentivo que los haga servir al Estado. 1959. Madrid. o para disuadirlos de que dañen al mismo» [Thomas HOBBES. 1989. RODRÍGUEZ MO LINERO utiliza ampliamente la autoridad de Hinojosa para avalar su reivindicación de Alfonso de C astro. Madrid. pág. respectivamente]. 151. Leviatán (1651). trad. tal y como argumentó Hinojosa a finales del XIX. Alfonso de Castr o y su sistema penal. ^ Cfr. in totum y en especial págs. 6-23.
CSIC. De épocas anteriores al «Siglo de las luces» no es difícil encontrar testimonios sobre la preocupación social por las penas desproporcionadas y la arbitrariedad judicial. sólo encontraríamos una vertiente del principio de legalidad. tal como lo concebimos hoy. etc). pero. en la pág. '° Cfr. aclimatadas en nuestro suelo merced a la acción más directa y eficaz de los jurisconsultos. in totum y. la necesidad de normas ciertas que excluyan la arbitrariedad de su aplicación ^\ pero no su ratio essendi.. lo cierto es que el principio de legalidad. 1948. se trata de una obra que es «una esaltazione della legalita centro gli abusi dello stato totalitar io. Aunque en este libro nada se dice sobre la elaboración democrática de la ley. PUFFENDORF. cit. «Influenc ia que tuvieron en el Derecho Público de su Patria y singularmente en el Derecho Penal lo s filósofos y teólogos españoles anteriores a nuestro siglo». 1992 . aunque forzáramos las categorías y cometiéramos el anacronismo de aplicarlas al Estado absoluto. El Derecho penal de la Monarquía Absoluta. la impresionante recopilación de opiniones clásicas (comenzando por Aristótele s y Cicerón) que hace Flavio LÓPEZ DE OÑATE. pág. F RANCISCO TOMÁS Y VALIENTE. (en las páginas previas puede leerse una agudísima crítica a la tesis que considera a Alfonso de Castro el fundador del DP. por toda la doctrina mayoritaria de Derecho Penal. I. 94 y ss. en haber contribuido a consolidar y arraigar las precedentes del Derecho romano y canónico. no tiene su origen hasta la Ilustración ^°. La certezza del dirltto. especia lmente de los italianos comentadores de las fuentes del Derecho justinianeo» (Eduardo DE HINOJOSA. españoles en el Derecho penal y procesal me parece haber consistido más bien que en introducir y acreditar instituciones nuevas. Gonzalo RODRÍGUEZ MOURULL O. que no es otra que la división de poderes. pág. SUÁREZ. Madrid. sino un filósofo del Derecho penal preocupado de s ervir a la Monarquía y a la religión dotando de un sólido soporte teológico a la ley penal y al ius puniend i real»). Vol.. 883. «Legalidad (Principio de)». 137). 2. Para los historiadores del Derecho. '' Cfr. cfr. pág. Sin embargo. Tecnos. Madrid. el principio democrático^^ para determinar lo que debe ser sancionado.. la seguridad jurídica. pero no se planteó su fase ascendente. (1889) en Obras. Por decirlo parafraseando unos términos habituales de los especialistas del Derecho europeo: antes de la Ilustración había una honda preocupación por la fase descendente del principio de legalidad penal. cit.AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO arbitrariedad de los jueces (SANTO TOMÁS DE AQUINO. en especial. pág. la idea de que esta ley no puede ser otra que la aprobada exclusivamente por un poder legislativo que represente a los ciudadanos. 45 y ss. un importante strumento . sólo entonces se le añade a la idea de que el juez debe estar sujeto a la ley. de los cual no podría encontrarse quizá ni un solo e jemplo. 92 se concluye que «Alfonso de Castro tampoco fue un penalista en el sentido actual del término." ed. GROCIO.
. .di quella reslstenza che i giurísti di ispirazione democrática conducevano. contro I' arbitrio dei detentori del potere» (Massimo CORSAL E «II problema della certezza del diritto in Italia dopo il 1950». . '2 Aunque no se nos escapa la diferencia que explicara Ortega entre el liberalis mo.. 290). en el «Appendice» a La certezza. emplearemos en las próximas páginas la expresión «democracia» y sus derivad os. siempre expre sa una voluntad más «democrática» que la voluntad unipersonal del Rey. hacem os aquí sinónimo división de poderes y democracia en cuanto el principio de legalidad supone privar al Rey del ius puniendiy atribuírselo a una Asamblea. En este sentido comparativo. que por muy censitaría que sea. y un tanto simplificador. que sólo pretende limitar el poder. in nome del postulati del giusposi tivismo. y la democracia que pretende participar en él. pág.
En los Estados monárquicos hay una ley que el juez aplica en los casos en que es terminante. pero no por su producción por un órgano democrático. 49]. en los que no lo es. y también en atorméntanos con nuevos géneros de tormentos exquisitos. la de elaboración democrática y la de seguridad jurídica en su aplicación. las primeras referencias modernas al principio de legalidad las hizo MONTESQUIEU en 1748. L os subrayados son nuestros.. pág. y que por ser tan cruelles y extraordinarios que nunca jamás los imaginó la ley.. un epifenómeno del principio de división de poderes '"^. que no que procure acertar por su parecer. petición 34. rindiendo su entendimiento a la ley. directísima. 646. Milán. El principio de legalidad penal con sus dos vertientes. preocupados por la certeza del Derecho. así en el sustanciar el pleito como en dalles traslado de los indicios. 1972. Como muestra de esos testimonios preilustrados.EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL . cuando publicó su imperecedero Del espíritu de las leyes. Giuffré. suplicamos a Vuestra Magestad se sirva de mandar que de aquí adelante. guarden los jueces puntualmente la forma del Derecho. busca su espíritu. // principio «nullum crimen sine lege» nella costituzione italiana. porque no puede haber buen gobierno en la república sino cuando el juez executa puntualmente lo que manda la ley» ^^. Así reza esta petición: «en las demás personas fuera de los nobles los jueces han tomado licencia de dalles tormento sin guardar la orden del Derecho. En él por primera vez se señala la directa. de que se han seguido grandes inconvenientes. sólo da sus primeros pasos dentro del Estado liberal porque es. en buena parte. conexión que hay entre la libertad de los ciudadanos. pues mucho más justo es que el juez. pág. . nos permitimos traer a colación un texto que no hemos visto citado antes en la batalla de los precedentes y en el que se advierte con gran claridad lo que afirmamos: la petición 34 que hacen los procuradores de las Cortes castellanas de 1598. y que los reos forzados con la demasía y rigor de los tormentos y desesperados de sufrirlos. la división de poderes y el principio de legalidad: «En los estados despóticos no hay leyes: el juez es su propia regla. Por eso. para dar tormento a cualquier persona. En el Gobierno republicano es propio de la naturaleza de la constitución que los jueces sigan la letra de " Actas de las Cortes de Castilla. XVI Cortes de 1592-1598. como muy bien advirtió GBASSO (en contra de una opinión muy difundida) no es una condición sine qua non para lograr un Estado de Derecho ya que en el los países anglosajones y en los escandinavos se ha obtenido éste sin tener aquel [Pietro GIUSSEPPE GRASSO . Y que en en la calidad de los tormentos no los puedan dar por nuevas ni exquisitas maneras de tormento. se hayan levantado testimonios a sí mismos. sino en la forma que la ley lo tiene ordenado. yerre por ella. y culpado a otros falsament e. " Pero.
de Mercedes Blázquez y Pedro de Vega). Cfr.. y a su famosísimo Dei delitti e delle pene publicado anónimamente en Livorno en 1764 y rápidamente difundido por toda la Europa culta ^^. 1993 (reedición. 1982 y un estudio de DELVAL sobre «Beccaria en España». II Mulino. proporcionada a los delitos. Este teorema pasó a ser un objetivo fundamental de los partidarios de reformar el Antiguo Régimen. Otra ideas penales de Montesquieu son: la proporción de la pena con la gravedad del delito. Madrid. ei detenido estudio de Giovanni TARELL O. con la inclusión del «Comentario al libro 'De los delitos y de las penas'» de VOLTAIRE.. el gobierno republicano es aquel «en que el pueblo entero. esto es: para que toda pena no sea violencia de uno o de muchos contra un particular ciudadano. Sarpe. pronta.. que fue corregida por el propio Beccaria aceptando la nueva estmcturación en 42 capítulos que hizo su traductor francés. Véase la cuidada edición de Juan Antonio DELVAL. Pero el mérito principal de poner los cimientos del Derecho penal liberal y de haber fijado expresamente el principio de legalidad se debe a CESARE BONESANA. 415 y ss. el daño conno medida para estable cer la pena. Libro VI. El mejor resumen que puede hacerse de esta obra lo hizo el mismo BECCARIA de manera excepcional. En él. etc. Marqués de Beccaria. Cap.AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO la ley. está hecha sobre la 6. veremos que en la frase transcrita se encuentra los dos elementos esenciales del principio de legalidad: a) sólo el poder legislativo.edición. al terminar su libro de esta brillante forma: «De cuanto hasta aquí se ha dicho puede sacarse un teorema general muy útil. dictada por las leyes» ^^. puede determinar los delitos y las penas y b) los jueces deben aplicar estrictamente las leyes penales. en una traducción tan cor recta que todavía se sigue reeditando. '^ En España lo tradujo en 1774 Juan Antonio de las Casas. de su honor o de su vida» ^^. 100. para CHARLES-LOUIS DE SECONDAT. y tiene 47 capítulos). representante del pueblo. o parte del pueblo tiene el poder soberano» y que en él «sólo el pueblo debe hacer las leyes». III. No hay ciudadano contra el cual se pueda interpretar ninguna ley cuando se trata de sus bienes. Aguilar. la despenaiización de los «delitos contra la religión». Alianza. donde destacó con luz propia VOLTAIRE que '5 De I 'esprit des lois (trad. 1974. con introducción y notas del traductor (est a trad. . 1984. pág. Madr id. necesaria. la prohibición de la tortura. legislador ordinario de las naciones. Madrid. También es muy conocida la impecable traducción de Fran ciso TOMÁS Y VALIENTE. Storia della cultura giuridica moderna. excluyendo la analogía y las interpretaciones contra reo. Assolutismo e codificazione deldiritto. Si recordamos que. se fundamenta el ius puniendi de\ Estado en el contrato social y se argumenta en favor de que únicamente pueda ejercerse por el poder legislativo.ed. Bolonia. debe esencialmente ser pública. pero poco conforme al uso. mientras que la de Casas es de la 1. pág . a en 1976). la más pequeña de las posibles en las circunstancias actuales.
cit. de Casas). págs. Para la inmensa bibliografía sobre BECCARIA c fr. (trad." Op. 112. 54-58. la selección que realiza TOMÁS Y VALIENTE en su «Introducción» cit. pág. .
además de los trabajos de DELVAL Y TOMÁS Y VALIENTE que acompañan a sus ediciones de De los delitos. pág.. el único Estado con el que se podía lograr el gran objetivo jurídico de la burguesía: la seguridad jurídica. escribió un elogioso Commentaire sur le livre «Des délits et des peines». núm. Giuffré. 1993. «no ya como hecho. PPU. Poco a poco en los ámbitos ilustrados españoles (como en la de sus correligionarios de otros países) se fue difundiendo la idea de que la lucha por el principio de legalidad era una lucha por el Estado de Derecho. Carlos DE CABO IVIARTIN. Derech o y derechos fundamentales. CEC.-en 1971). 269 y ss. 6 y ss. Barcelona. José ANTÓN ONECA. de ahí que se le considerase un postulado de rango constitucional. etc. como en la de Delawere de 1776 y en la Masachusettes de 1780^°. 1984 (red 1. 174.. pág. 1993. cuyo artículo 8 dispone: «La loi ne doit établir " Sobre la influencia de Beccaria en España vid. indispensable para el tráfico mercantil ^^. 264 y ss. julio-septiembre de 1964. de la misma idea en el Estado absoluto Gregorio PECES-BARBA. Teoría Histórica del Estado y del Der echo Constitucional. Madrid.. el único capaz de garantizar los derechos individuales y. En España. '^ El artículo 11 de la primera establecía «Que las leyes retroactivas que castigan de litos cometidos antes de la existencia de dichas leyes son opresivas e injustas y no d eben dictarse». ^®. según el cual «in lotta contro lo stato assoluto e contro II sistema pluralistico delle fonti ereditato dal medioevo e dal diritto romano valido come diritto comune. Milán. 274 donde se afirma que en la nueva sociedad capitalista «el sujeto de derecho se configura como 'autónomo' que demanda una exigencia de cert eza sobre el ámbito de esa autonomía.EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL . REPen. torna a reclamare con insistenza 1 11 valore della certeza légale e a scorgervi un requisito irrínunciabile per lo svil uppo del traffici» (pág.. '' Cfr. Domenico CORRADINI. de lucha contra el Antiguo Régimen. Cabarrús. II. Garantismo estatualismo. la borghesia. Cfr. El principio de legalidad penal se encuentra en algunas Declaraciones de Derechos de los nuevos Estados americanos. 31). sino como ideología». también. sus límites y procedimientos para desarrollarla» . Jovellanos. Vol. Le codificazioni civilistic he del Ottocento. desde luego. Por . Pero la fórmula canónica para la Europa continental es la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. en especial pág. Sempere y Guarinos. sino como una herramienta política. Estado y Derecho en la transición al capitalismo: el desarrollo constituc ional. lo hicieron suyo normalmente orillando sus posturas más radicales Lardizábal. «LOS fines de la pena según ios penalistas de la Ilustración». el principio de legalidad se concebía no tanto como un instrumento de técnica jurídica neutral. Por eso. che ha messo profonde radici nel mondo económico. págs. Ha resaltado la idea de «seguridad jurídica» del Estado liberal como una continuación. Meléndez Valdés..
Fascículo II. 1986. págs. Sobre la evolución del PLen EE. Madrid. «Codificación e interpreta ción judicial en el Derecho penal (introducción al estudio del Derecho sustantivo anglo -americano)». pág. opresivas e inconsis tentes con los principios fundamentales de un gobierno libre» [Apud Miguel ARTOLA. mayo-agosto de 1994. tomo XLVII.UU. el artículo 24 de la Declaración de Derechos de Masachusettes decía: «Las leye s dictadas para castigar acciones realizadas con anterioridad a la existencia de dichas ley es y que no hayan sido declaradas delito por leyes precedentes. Francisco Javier MELERO. 145 . Los derechos del hombre. Alianza. 57 y 58]. La Constitución federal de 1787 hace una declaración men os tajante: «No se aplicaran billofattainderr\\ leyes expost tacto. (con interesantes referencias al Reino Unido) vid. son injustas. ADPCP. 88 y ss.su parte.
b) que tiene un interés personal en el resultado del proceso. Y no sólo. cit.. pág. Falta de imparcialidad del juez. 3. Pero lo cierto es que el Derecho penal del Antiguo Régimen no estaba imbuido ni mucho menos por este principium. El reo se encuentra en una inferioridad procesal. las penas se fijaban vagamente. así una confesión de culpabilidad bajo tortura será considerada una prueba decisiva. no sólo por el secreto parcial de las actuaciones procesales como por la distinta valoración de las pruebas.. etc. en la faceta que hemos denominado política. porque participa en el reparto de las penas pecuniarias. evidentemente. El sistema de pruebas se orienta contra el reo. en verdad.'de 1992 (que es. 2.. EL DERECHO PENAL EN EL ESTADO ABSOLUTO Ya hemos visto diversos precedentes del principio de legalidad de nuestro Derecho Histórico como la Charta Magna leonesa. III. los Fueros de Aragón y la petición de los procuradores en las Cortes castellanas en 1598. como caracteriza TOMÁS Y VALIENTE el proceso penal castellano en su exhaustivo e insuperado trabajo sobre el Derecho penal de la Monarquía Absoluta ^^: 1. la analogía estaba a la orden del día. ^' El Derecho penal. si no. la teoría de los indicios apunta hacia la presunta culpabilidad del sospechoso como reflejo jurídico del refrán «piensa mal y acertarás». sino en su faceta puramente técnica: las definiciones de muchos delitos eran insuficientes. aquí lo citamos por la 2 . pero el torturado que negase su culpabilidad no por ello será absuelto. la primera edición es de 1969. Así que en lugar de afirmarse que todo hombre es inocente mientras no se demuestre suficientemente su culpabilidad. En cuanto hay el más leve indicio opera el principio de culpabilidad. Veamos.AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO que les peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut etre puní q'en vertu d'une loi établie et promulgée antérieu rement au délit et légalement appliquée». debido a dos motivos: a) que casi siempre el juez que falla el proceso es el mismo que lo ha investigado. 199. . una reedición). de elaboración democrática de la /ex. etc.
y luego le sacaron el otro ojo. 257-272. Bibliot eca de Autores Españoles. y primeramente le cortaron la mano con que le dio al Rey. lo cual se traducía en la aplicación judicial de la doctrina o de la práctica curial local. y todo el cuerpo y le abocadaron los herreros con tenazas ardiendo. Como un ejemplo vale más que mil palabras.. 147 . Jean Calas ^^ y del caballero de la Barre (ajusticiado en 1766 por no quitarse el sombrero a treinta pasos de una procesión). pues aun las que legalmente estuvieran bien determinadas. abril-junio de 1995. fue ei leit motiv del Traite sur la tolérance de VOLTAIRE. Las garantías procesales probatorias de la culpabilidad se reducen para facilitar la persecución y el castigo de ciertos delitos. 1953. nos permitimos reproducir sucintamente aquí un caso que muestra la aplicación de la justicia en el Estado Absoluto y su completa ignorancia del principio de legalidad y sus garantías. b) que las sentencias no fueran motivadas porque en la parte dispositiva de las sentencias falta su justificación y está siempre exenta de referencias al Derecho vigente. 6. 5. La mayoría de los tratadistas suelen recoger alguno de los famosos casos franceses de Robert Damiens (que hirió a Luis XV en 1757). «De la libertad ideológi ca poco antes de ia Revolución francesa (su construcción desde la crítica a ia intolerancia en Volta ire)». nos hace preferir ahora un ejemplo hispano: la ejecución de Juan de Cañamas (loco. la injusta condena a muerte en 1762 de este comerciante protes tante. acusado de haber asesinado a su liijo. REP. podían ser sustituidas por otras «arbitrarias». fue puesto en un carro y traído por toda la ciudad. Madrid. c) la incontrolada libertad de interpretación y de aplicación del Derecho. Así lo cuenta ANDRÉS BERNÁLDEZ23: «El traidor fue condenado por la justicia de la ciudad a muy cruelísima muerte.EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL . Pero nosotros. y luego la otra teta. 4. Historia de los Reyes Católicos don Fernando y doña isabeH. y después le cortaron la otra mano. La confusa estructuración de las instituciones de administración de justicia penal. supuestamente convertido al catolicismo. Montserrat NEBRERA. núm. y luego las narices. probablemente) en Barcelona en 1493 por haber atentado contra Fernando el Católico. 88. y luego con tenazas de hierro ardiente le sacaron una teta. Tomo LXX. El excesivo margen de arbitrio judicial que redundaba en: a) la consiguiente indeterminación de las penas. e fuéronie ^ Como es sabido. ^' Andrés BERNÁLDEZ. y después le sacaron un ojo. págs. los órganos de las diversas jurisdicciones penales se entorpecían mutuamente y dificultaban no sólo la persecución de los delincuentes sino su efectiva y justa punición. según la apreciación del juez. Cfr. movidos por el mismo espíritu patriótico que nos ha hecho citar más arriba las demandas de justicia castellanas de 1598.. 655-656. págs.
172-174). o variación de costumbres. Salvando las distancias. como el canónigo sevillano PEDRO DE CASTRO que en 1778 publicó una Defensa de la tortura. Pero contra ella se movilizaron en España hombre de la valía de GASPAR DE JOVELLANOS [Representación a Carlos IV sobre lo que era el Tribunal de la Inquisición). se pudiera conmutar en otro castigo de duración para que fuese más permanente el exemplo» [Apud ¿uan SEMPERE Y GuARiNOS. para facilitar su reforma. Práctica criminal de España. Tomo III. que se va ya desterrando en algunos países cultos. lo apedrearon e lo quemaron en fuego e aventaron la ceniza al viento: llamábase este traidor Juan de Cañamas». . MANUEL LARDIZABAL (que con su Discurso sobre las penas podríamos llamar el Beccaria español^"). José Ramón CASABÓ. por ejemplo. omitiendo las que no estén en uso. del que es evidentemente deudor. Madrid. VALENTÍN DE FORONDA (Cartas sobre los asuntos mas exquisitos de la Economía Política y sobre las leyes criminales). según la diferencia de tiempo'» ^^. LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ Y LA FALTA DE UNA DECLARACIÓN EXPRESA SOBRE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Gracias a esa labor de los ilustrados. si bien rechazó las propue stas más avanzadas (como la prohibición de la pena de muerte) del italiano. «Los orígenes de la codificación penal en Españ : el plan de Código criminal de 1787». evitando la perplejidad que en las mismas leyes producen por su contrariedad. 1969. etc. viendo cómo Marcos GUTIÉRREZ se apoya en su autoridad para publicar una obra que "demuestra la necesidad de corregir algunas leyes con el fin laudable de que se corrijan» (Joseph MARCOS GUTIÉRREZ. él y sus verdugos. tanto que Carlos III encargó en 1776 «la formación de un Código Criminal. Una idea de su influencia se aprecia. Madrid. obscuridad. V-VII). sacáronle el corazón por las espaldas y echáronlo fuera de la ciudad. el mismo año en que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid se mostró partidario de mantener esta institución. Descanse en paz Juan de Cañamas. 1967). REPen. págs.AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO cortando los pies. 1785-1789. Sin ^' El título connpleto es Discurso sobre las penas contraído a las leyes criminales de España. las ideas reformistas estaban ampliamente difundidas en España a finales del Siglo XVIII. el éxito de este libro en España f ue similar al de Beccaria en Europa. ADPCP. ^^ También pedía que «se trate y reflexione sobre el uso de la qüestión del tormento» y que «se considere si la pena capital. IV. y después que todos los miembros le fueron cortados. Durante siglos no faltaron los defensores de esta justicia inhumana. 1804. págs. en que se recopilen todas las leyes penales. Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reynad o de Carlos III. pág. Sobre los intentos de elaborar un Códig o penal en el reinado de Garios III vid. Madrid 1782 (hay una reedición con excelente estudio pr eliminar de José ANTÓN ONEGA. 313 y ss.
pág. el Discurso preliminar. lEP. La Constitución de1812y el primer liberalismo español. etc. la Constitución misma no contiene una afirmación tan expresa como la del artículo 8 de la Declaración francesa de 1789.. pág. Para comenzar. 1975. nada diremos aquí del atormentado y glorioso período que comenzó con el levantamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808 contra las tropas francesas y que culminó en Cádiz con la aprobación el 19 de marzo de 1812 de la Constitución política de la Monarquía española^^. 123 y ss. . Pero la sustitución del Antiguo Régimen no era una tarea para los reformadores ilustrados y tuvo que esperar a que lo intentaran las Cortes de Cádiz. Tomo I. Cívitas. Muchas de ellas están sacadas de las leyes criminales de Ara gón y Castilla». Nos limitaremos a señalar los aspectos directamente atinente s a nuestro tema. Cátedra FadriqueFurioCeriol. LOS orígenes de la España contemporánea. Madrid.^ ed. 110. por lo cual se consideraba muy urgente la elaboración de un Código penal «que represente la imagen de dulzura. por toda la inmensa historiografía. elaborado por AGUSTÍN DE ARGUELLES. mandato representativo. inexistencia de una expresa declaración de derechos. Madrid.65 y ss. (edición e int roducción de Luis SÁNCHEZ AGESTA). Las constituciones históricas españolas. envueltas siempre en la apelación a las antiguas leyes del reino. Sin embargo. Para no alargarnos excesivamente citando hechos y circunstancias bien conocidas. el proyecto redactado por Lardizábal nunca vería la luz. de liberalidad y beneficencia que corresponde a la generosidad y grandeza de la nación española» ^^. Miguel ARTOLA. sin duda porque el Derecho penal era una pieza del gobierno de la Monarquía Absoluta. Joaquín VÁRELA SUANCES-CARPEGNA. Madrid. CEC. rígida división de poderes. Francisc o FERNÁNDEZ SEGADO. que no podía ser reformado al margen de ésta. 1981. embargo. pág. ^' Cfr. Tampoco nos detendremos en las características generales de este texto: proclamación de la soberanía nacional. Madrid. 28 Agustín DE ARGUELLES. lo que le hace decir a Tomás y Valiente que las solemnes y abstractas declaraciones del Discurso preliminar apenas se reflejan en el articulado del texto gaditano porque falta «una enunciación inequívoca del carácter de legalidad previa que debiera tener toda figura delictiva y toda pena» y «se reduce a la enunciación de declaraciones vagas y enfáticas casi nunca traducidas en ^^ Cfr. 1978. Discurso preliminar a la Constitución de 1812. No son teorías ni seductoras ilusione s de filósofos aislados o novadores. La teoría del Estado en los orígenes del consti tucionalismo hispánico (las Cortes de Cádiz).. liberalismo exaltado. recoge las opiniones penales de Montesquieu y Beccaria. 1983.EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL . 2^. sobre el «levantamiento nacional» vid.. 4. La apelación constante a la trad ición hispánica que hacían los liberales gaditanos se puede apreciar en esta misma página: «Las reglas que establece la Comisión como principios que han de guiar a las Cortes sucesivas en l a formación y reforma de código criminal se recomiendan por sí mismas.. Valencia. 198 6. Manuel MARTÍNEZ SOSPEDRA.
. CEC. 531. La reserva de ley penal se deduce también. la potestad de ejecutarlas reside en el Rey (art. Las infracciones a la Constit ución de 1812. como demuestra que hasta ahora venimos siguiendo al gran maestro adpedem literae. dada no sólo su excepcional capacidad como iushistoriador sino su «apasionada inclinación por la época y por la obra legislativa de Cádiz».. 1988. Manual de Historia del Derecho Español. Sin ánimo de ser irreverentes. En nuestra opinión.AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO preceptos constitucionales propiamente dichos» ^^.. b) Las garantías criminal y penal como reserva de ley para fijar los delitos y las penas se puede deducir de esta estricta división de poderes. 1979. 13. 16) y la potestad d e aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley (art. Madrid. 2223. En la misma dirección apunta tanto el artículo 287. Joaquín Tomás V ILLARROYA. Breve historia del constitucionalismo español. págs. cuando ordena que «ningún español podrá ser preso sin que preceda información sumaria del hecho. la sensación de paridad que da esta afirmación cfr. aun a sabiendas de que posiblemente nosotros seamos los equivocados. se podría dulcificar haciendo un esfuerzo hermenéutico porque en el articulado de la Pepa hay suficientes mimbres como para tejer el cesto del principio de legalidad: a) El Capítulo III del Título II instituye la división de poderes. la arbitrariedad judicial tan criticada por los ilustrados y que como vimos más ^ Francisco TOMÁS Y VALIENTE. 245). 17). Madrid . La referencia que enseguida hacemos sobre su inclinación por la Cons titución de 1812 la tómennos de su prólogo a MARTA LORENTE SARIÑENA. ^ Téngase en cuenta que el desarrollo de este principio en los artículos 132-152 rom pe. Madrid. que es el substrato previo para que pueda existir el principio de legalidad. 2. c) La prohibición de la creación judicial de delitos y penas. pág. 1982. CEC.ed. a contrario sensu. 15). nos permitimos apartarnos de su opinión en este punto concreto. por el que merezca según la ley ser castigado» como el 258 que establece que «El Código civil y criminal y el de comercio serán uno mismo para toda la Monarquía» . de los artículos 172 y 245. el severo juicio que hace sobre este punto concreto de la Constitución Tomás y Valiente. el primero incluye entre las «restricciones de la autoridad del Rey» la siguiente: «no puede privar a ningún individuo de su libertad. el segundo determina que «los tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado» (art. de tal forma que la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey ^° (art. a favor de las Cortes. Tecnos. ni imponerle por sí pena alguna». pág.
. etc. está más que lograda en la Constitución de 1812: «los tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado» (art. 303). ni hacer reglamento alguno para la administración de justicia» (art. se prohibía la tortura (art. se ratifica en el Título V. una afirmación tajante de que «nadie puede ser . y detalla más: ni «avocar causas pendientes. etc. En la primera. 261.EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL . el artículo 243 prohibe tanto a las Cortes como al Rey que ejerzan funciones judiciales. e) La otra mitad de la garantía jurisdiccional. y consultar sobre ellas al Rey con los fundamentos que hubiere. 286-300). es verdad que no hay una solemne declaración del principio nullum crimen sine lege. arriba llevó a BECCARIA a negar a los jueces la capacidad de interpretar las leyes. 302).-). «tampoco podrán suspender la ejecución de las leyes. se ordenaba la publicidad de los juicios (art. Estas disposiciones constitucionales serían suficientes por sí solas para haber derribado el Derecho penal absolutista y cumplir los objetivos del principio de legalidad de garantizar la seguridad jurídica y la libertad de los ciudadanos. y ni las Cortes ni el Rey podrán dispensarlas». el procedimiento legalmente establecido ante juez competente. ni mandar abrir juicios fenecidos». activa y pasiva. que serán uniformes en todos los tribunales. para que promueva la conveniente declaración en las Cortes» (art. 252-279).10. sino por el tribunal competente determinado con anterioridad por la ley». el artículo 242 afirma contundentemente: «La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunal es » . 246). Pero la piqueta demoledora del Antiguo Régimen no se detenía aquí: se terminaba con los privilegios nobiliarios en materia de Derecho penal y se abolía el entramado de jurisdicciones de los siglos anteriores (arts. Al «Supremo Tribunal de Justicia» le corresponde la función de «oír las dudas de los demás tribunales sobre la inteligencia de alguna ley.. el artículo 247 determina que «ningún español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna comisión. 245). En la segunda. se extremaban las garantías de los detenidos (arts. está determinado por partida doble: el artículo 244 ordena que «las leyes señalarán el orden y las formalidades del proceso. 248). d) El monopolio judicial para juzgar los delitos (que es la mitad de la garantía jurisdiccional del principio de legalidad) apuntado en el artículo 16. Así las cosas. se creaba un nuevo edificio judicial basado en la independencia de los tribunales y en la reserva de ley (arts. en sus dos vertientes. por su parte.
AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada» (según la fórmula canónica de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano). «El poder sancionador en la Administración y la crisis del sistema judicial penal». y a los que turben el orden o el sosiego público». PAR ADA afirma que: «en pocas materias resultará. Pero el Decreto de 23 de junio de 1813 ya rompió esté monopolio jurisdiccional. 3^ José Ramón PARADA VÁZQUEZ. la Constitución de Cádiz era una hija fiel del pensamiento ilustrado sobre el particular. Y es que. Lástima que la vuelta de Fernando Vil. y más clara la prueba de nominalismo de nuestras constituciones. Antes ai contrario. tan significativa la contradicción entr e la norma constitucional y la ley ordinaria. Es más. ni imponerle por sí pena alguna». un . el texto gaditano se redujese a afirmaciones vagas con poca transcendencia en normas constitucionales concretas. entre 1804 y 1810. en 1814 no inaugurase un período constitucional ordinario sino un absolutismo renovado. la Constitución pretendía que lo que hoy consideramos funciones represoras no penales estuvieran encomendadas sin excepciones a los jueces ^^. R4P. con lo que no existía nada parecido a la potestad sancionadora de la Administración: el artículo 172 determinaba que el Rey (titular del poder ejecutivo) «no puede privar a ningún individuo de su libertad. como ha señalado Parada. 67. 69). como en ésta. la Comisión designada por las Cortes de Cádiz en abril de 1814 para redactar un Código penal no tuvo tiempo de traspasar los mandamientos constitucionales a la legislación ordinaria ^ y su trabajo fue extirpado de raíz cuando Fernando Vil disolvió las Cortes y declaró en el famoso Manifiesto de 4 de mayo de 1814 «aquella Constitución y tales decretos nulos y 31 Lo que si se ha perdido completamente en la Constitución de Cádiz (y será una const ante en todo nuestro constitucionalismo) es el principio de proporcionalidad. en perfecta coherencia con la división de poderes y con el principio de legalidad únicamente los jueces podían imponer sanciones. demasiado justa la idea de que. pág. la prim era parte del artículo 8 de la Declaración: «La ley no podrá establecer más que penas estrictas y evidentemente necesarias». Bartolomé CLAVERO mantiene que «se ultimaron y promul garon. 68-69. el deseado.1972. Códigos de las partes más sustantivas del Derecho: un Código civil. nos atrevemos a afirmar que. en lo concerniente al Derecho penal y a su codificación. al atribuir al Jefe político ejecutar gubernativ amente las penas impuesta por las leyes de policía y buen gobierno e "imponer y exigir multas a los que le desobedezcan o falten el respeto. por tanto. ^3 En contra de nuestra opinión. de su inoperancia para ser guía y criterio de la redac ción de las normas realmente operantes en el comportamiento político y social» (pág. pero esa laguna está más que salvada por el conjunto de artículos de la Constitución que afectan al ius puniendi estatal^\ No nos parece. en su conjunto. e incluso el simple reglamento. núm. Por eso. Por eso. de tal forma que supo traducir Dei delith al ordenamiento jurídico español.
y un Código Penal» {Evolución histórica del c onstitucionalismo español. 24). Madrid. 1984. pág. .diferenciado Código de comercio o mercantil. Tecnos.
Ministerio de Justicia. envuel to con el carácter del Código de Napoleón» [Apud Francisco TOMÁS Y VALIENTE. ^ También son expresión del principio de legalidad los arts. A pesar de los términos tajantes del Decreto. 5 Codificación Pen al. que esta vez sí que pudieron plasmarse en un texto normativo: en 1822 se aprobó el primer Código penal español. Madrid. «L a abolición de los señoríos». preferimos hablar de u n absolutismo renovado porque el golpe de estado de Fernando Vil no restableció algunas instituc iones del Antiguo Régimen como la tortura. Mucho mejor que nosotros. 1957. (sobre 1986). ^ La cita completa es: «El Código de 1822 es un Código científico.. La ciencia del Derech o y la buena filosofía inspiran la mayor parte de sus disposiciones. y se quitasen del medio del tiempo» ^. RDP. pág. de cortísima existencia.. España volvió a la senda constitucional y. sino que tendrá facultad para imponer y exigir multas que no pasen de mil reales a los que le * Apud Ramón SAINZ DE VARANDA. transige demasiado con antiguas preocupaciones españolas. 1977. tAanual. pág. ahora ni en tiempo alguno. 134 y ss. señalaba en su artículo 239 que el Jefe político «no sólo podrá hacer efectivas gubernativamente las penas impuesta por las leyes de policía y bandos de buen gobierno. El CP de 1822 (a . gracias al levantamiento de Riego. invierno 1983-84.. Vol I. Juan Francisco LASSO GAITE. Digno del siglo . Alianza. mejoraba inmensamente la situación penal de la nación. así. El Código recogía expresamente lo que hemos visto que se podía deducir con facilidad de la Constitución que le daba amparo: el principio de legalidad se consagraba en el artículo 3 donde se establecía que «a ningún delito ni culpa se impondrá nunca otra pena que la que señale alguna ley promulgada antes de su perpetración » ^. V. pág. 20. Hemos tratado varias de estas instituciones en Agustín Ruiz ROBLEDO.EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL de ningún valor ni efecto. Miguel ARTOLA. núm. como si no hubiesen pasado jamás tales actos. Pero a veces es demasiado duro. los derechos jurisdiccionales de los nobles y los monopol ios comerciales. 1 y 2. a los principios penales de la Ilustración. La burguesía revolucionaria.f.. pág. LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO LIBERAL Y LOS PRIMEROS CÓDIGOS PENALES En marzo de 1820. s. Zaragoz a. 41 y ss. cit. Pero se aparta de un desarrollo estricto de la Constitución (que en el artículo 172 impedía al Rey imponer «penas») para admitir la capacidad sancionadora de la Administración. con ella. co n carácter general. 123. 37-39. Para el caso concreto de las instituciones penales que abolieron las Cortes de Cádiz y no restableció Fernando Vil (otra prueba de que no todo fueron solemnes declaraciones sin transcendencia práctica). pág. Crónica de la Constitución española. Acribia. Hay en él algo del Fuero Juzgo y de las Partidas. Madrid. que Pacheco califico de «científico» y «digno del siglo» ^^. Colecciones de Leyes fundamentales. vid. 532] .
pág.l igual que todos los posteriores) lo hemos consultado en Jacobo LÓPEZ BARJA DE QUIROGA ef alii. 1988. Madrid. Akal. 153 . 13 y ss. Códigos penales españoles.
lEP. 127 y (sobre el sistema electoral) 427 y ss. El sistema político del Estatuto Real (1834-1836). b) Los reglamentos generales y locales podían tipificar faltas y sancionarlas con multas correspondiendo imponerlas a los Alcaldes y Jefes políticos. supuso otra vez la abolición de la Constitución y la vuelta al viejo Derecho penal del Antiguo Régimen. que podían proceder sin atenerse a las reglas del procedimiento judicial formal ^''. lo más urgente no era tanto garantizar los derechos fundamentales como imponer un sistema representativo censitario que sirviese para que «la nación legal se identificase con la de los propietarios» ^^. siguiendo un procedimiento formal. el Estado de Derecho y el principio de legalidad. 70). Una opi nión distinta es la mantenida por José Ramón PARADA VÁZQUEZ.AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO desobedezcan o le falten el respeto y a los que turben el orden o el sosiego público. sino que estaba referido a las jurisdicciones militar y eclesiástica («El poder sancionador. al menos a nivel constitucional.. concebido como una Carta otorgada que pretendía estar equidistante tanto del Absolutismo de la Década ominosa como del liberalismo doceañista. si bien este autor nada dice sobre los términos indubitados del artículo 239 (que hemos transcrito en el texto) y se limita a nega r la potestad sancionadora de la Administración argumentando que el artículo 138 no establecía una previsión de est a potestad. correspondía.. el primer Código Penal configuraba las dos caras del ius puniendi del Estado de una manera que se convertiría en prototípica: a) Reserva absoluta de ley para los delitos y las penas. Para eso. Las Cortes emanadas de la convocatoria electoral se aprestaron a reformar la Constitución considerada por la mayoría demasiado exaltada y elaboraron una Lex legum que con palabras de hoy llamaríamos transaccional entre ^' Cfr. págs. estos también tenían el monopolio para juzgar las faltas tipificadas en el Código penal. no cometiendo culpas y delitos sobre los cuales se deba formar causa. pág. Derecho Administrativo Sancionador. de la mano francesa de los cien mil hijos de San Luis. Alejandro NIETO. pág. . 38 Joaquín TOMÁS VILLARROYA. 50. Así. De esta forma. Poco alteró esta situación el Estatuto Real de 1834. cit. cuya aplicación. El regreso triunfal del Absolutismo en 1823. Madrid.. en exclusiva a los jueces y tribunales. por tener una pena señalada terminantemente en el Código penal». hubo que esperar a que el motín de la Granja de agosto de 1836 proclamase de nuevo la Constitución de Cádiz para que volviese. 1968. con el fin de ganar para la causa isabelina a los liberales más moderados y a las clases altas.» cit.
la experiencia de otros Estados liberales europeos convenció a los constituyentes de lo impracticable que era prohibir a los tribunales la interpretación de las leyes. En el aspecto que a nosotros más interesa. se trataba de un dogma ^' Cfr. Congreso de los Diputados. Lo mismo podemos decir de las competencias del Rey: la Constitución de 1845 sigue punto por punto a la de 1837. etc. conforme a lo que establezcan las leyes». Antonio COLOMER VIADEL. lo cierto es que ambos títulos tienen siete artículos completamente idénticos. tanto que no cambió ni una coma del artículo 9 y mantuvo todas sus garantías conexas''°. Madrid. independencia y responsabilidad de la Justicia (arts. publicidad de los juicios criminales (art. que obligaba a los tribunales a presentar las dudas que tuvieren sobre « la inteligencia de alguna ley» para que éste instara la «conveniente declaración de las Cortes». Una . 1989. 9). En fin. se instaura el bicameralismo. Sin embargo. Al ejandro NIETO piensa que la Constitución de 1845 «ya no insiste en la división de poderes. etc. lo que sí contenía la Constitución de 1837 era una expresa afirmación del principio nullum crimen sine lege: «Ningún español puede ser procesado ni sentenciado sino por el Juez o Tribunal competente. a los ministros y a los autores de «delitos graves contra la persona o dignidad de l Rey. degrada el Poder Judicial a simple aparato de 'la administración de la justicia' y acepta con normalidad (no c omo excepción) las potestades sancionadoras de la Administración».EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL . Y es que a esas alturas del siglo XIX. ^^.. desaparecen algunos derechos. La única ausencia relevante que se advierte es el mandato del artículo 261 de la Constitución de Cádiz. Sin duda. de una se derive un poder administrativo sancionador normal y de la otra excepciona\. unidad de Códigos y de fueros para todos los españoles (art. en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que estas prescriban» (art. o contra la seguridad del Estado. 63). Es muy difícil compartir esta opinión ya que si bien es verdad que en la Constitución de 1837 el Título X se denomina «Del Poder Judicial» mi entras que en la del 45 se llamará «De la Administración de Justicia» (como la muy separadora de po deres de 1812). 65). abrió una pequeña brecha en la separación de poderes y en el mon opolio juzgador de los tribunales: el artículo 19 atribuyó al Senado la capacidad de juzgar a sus miembros. por lo que no llegamos a imaginarnos cómo puede ser que teniendo el mismo articula do.. El sistema político de la Constitución española de 183 7. "'' Para ser exactos. 66-67). reserva a los tribunales de la aplicación de las leyes criminales «sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado» (art. La muy moderada Constitución de 1845 (que tanto templó a la ya de por sí templada Constitución de 1837) mantuvo intacto el principio de legalidad. las dos ramas de liberalismo (moderados y radicales): se atenúa el principio de soberanía nacional (que sólo aparece en el Preámbulo). 4). esta Norma normarum mantuvo las garantías de la de 1812: división de poderes. los principios constitucionales del Derecho penal.
que aceptamos plenamente.. 1990.ed. es la de Antonio TORRES DEL MORAL. Z. 155 . 84 y ss. Madrid. pág.comparación detallada entre las dos Constituciones. Constitucionalismo histórico españcA. Átomo.
págs. que comparado con el de 1822 es más severo. a la vista del proyecto de CP. Crónica de la codific ación. el principio de legalidad penal (arts. que casi monopolizó su elaboración y aprobación. debieron decidir si lo aprobaban o re chazaban in totum renunciando a debatir artículo por artículo. 2.AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO que había pasado a ser un acervo común de todas las tendencias políticas: el Estado Absoluto había fenecido y con él la arbitrariedad del Derecho Penal. bajo la presidencia de Seijas Lozano. respectivamente. pero fue un nuevo Gobierno (presidido por el muy autoritario general Narváez) el que activaría su tramitación y entonces no se planteó solamente que las Cortes autorizarán el Código remitido por el Gobierno''\ sino que además la ley de autorización incluyera un artículo para que el gobierno hiciera «por sí cualquiera reforma. el de 1848. penal. puede verse en Juan Francisco LASSO GAITE. si bien volvía a consagrar en términos indubitados. el RD de 30 de octubre dejando en suspenso el artículo 183 CP. Así en el mismo año 1848 aprobó el RD de 21 de septiembre sobre reforma de vario s artículos del CP. el procedimiento recuerda el actual iterde l ectura única: las Cortes. dando cuenta á las Cortes tan pronto como sea posible» ''^. que aquí apenas esbozamos. tampoco lo serán para dar la autorización para que ese Código se plantee». Así en agosto 1843. redactó un proyecto de Código penal que elevó al Gobierno el 24 de diciembre de 1845.. 310 y 313). procesal civil y procesal criminal) para elabora r los respectivos proyectos legislativos. partiendo de un proyecto elaborado por una Comisión del órgano legislativo (en la que Calatrava y Martínez l\/larina tuvieron el protagonismo). el RD de 22 de septiembre «por el que se aclaran dudas en algunos artículos del CP». 251-390 (las citas que realizamos son. Juan Franci . '^ Artículo 3 de la Ley de 19 de marzo de 1848. El mismo día se aprobó el Real Decreto con el Código Penal. el de 1848 partió del poder ejecutivo.19 y 87). A esta argumentación sólo se opuso el senador José Alonso «por ser indelegables las atri buciones parlamentarías y porque si no son aptos para discutir el Código o sus bases. con la idea de que se aprobase mediante una ley de autorización. desde el punto del vista del Derecho constitucional. para evitar según razonó la Comisión del Senado que «la di sión completa del proyecto destruya con enmiendas incoherentes la unidad y annonía del Código». sólo un mes después de la caída de Espartero. tanto que su estructura ha pasado a todos los posteriores. El Gobierno empleó abundantemente la autorización genérica para ref ormar el Código. Al amparo de esta delegación genérica. que se dividió en cuatro secciones (civil. Sin embargo. etc. Cfr. el " Si se nos permite el anacronismo. el nuevo Gobierno conservador creó la Comisión General de Codificación. Los especialistas de Derecho penal suelen resaltar que se trata de un código muy técnico. si fuere urgente. Bajo esta Constitución moderada se aprobó un nuevo Código penal. allí languideció hasta que éste lo presentó el 13 de febrero de 1847 al Senado. cit.. Una exhaustiva exposición de la tramitación.. 1. la penal. de las págs. la diferencia más importante que debemos señalar radica en su forma de elaboración: mientras el Código de 1822 fue «decretado» por las Cortes.
.sco LASSO GAITE. 1128. cit. Crónica de la codificación española. pág. Vol. II.
"^ LASSO GAITE señala que el Real Decreto de 7 de junio de 1850 se dictó al amparo d el artículo 2 de la Ley de 19 de marzo de 1848 que ordenaba que «El Gobierno propondrá á la s Cortes dentro de tres años. esta transformación ha sido invisible para muchos investigadores '^. El cambio de 1822 a 1850 se hizo a pesar de que en la Constitución de 1845 había una mención expresa a la reserva de ley penal (ausente en la de 1812) y a que el Código estaba repleto de referencias a la «ley». I. que ya sólo se presentó a las Cortes a posteriori.. Madrid. Incluso olvidándonos de este último artículo. que no han advertido que detrás de las solemnes declaraciones de ambos textos. en 1848 y sobre todo en 1850. la reserva de ley para fijar las penas: «No será castigado ningún delito. la Constitución y el Código. tal y como se había respetado escrupulosamente en 1822. 3 de la Ley). Nos permitimos discrepar de este documentadísimo trabajo ya que. y que contenía un artículo que evaporaba una de las garantías del principio de legalidad.. no propuso el Código (tal y como ordenaba ese art. 19). que concebía la reserva de ley como reserva de Parlamento. ó antes si lo estimare conveniente." BAÑO LEÓN. latía la realidad de un Derecho penal elaborado por el Gobierno. ordenanza ó mandato de Autoridad á la cual estu viere concedida esta facultad» (art. " Cfr. Un cuarto de siglo después. nada pare cido a un procedimiento de lectura única y sí una pura y simple deslegalización. ni las faltas de que solo pueden conocer los Tribunales. por ejemplo. LOS límites constitucionales de la potestad reglamentaria (Remisión normativa y Reglamen to independiente en la Constitución de 1978). Cívitas. el Código penal contradecía por completo la clásica construcción teórica del principio de legalidad. cit. con pena que no se halle establecida previamente por ley.. material y formalmente. 2).. Las Asociaciones. las reformas ó mejoras que de ban hacerse en el Código. 1991. acompañando las observaciones que anualmente por lo menos deberán dirigi rle los Tribunales » [Juan Francisco LASSO GAITE. pág. un trabajo de excepcional calidad como el de José M. por tanto. sino que lo aprobó directamente dando cuenta luego a las Cortes (tal y como se lee tant o en la exposición de motivos del RD como en el art. a una exclusión del derecho consuetudinario de las fuentes del derecho penal. si bien es verdad que el gobiern o recibió numerosas sugerencias de los tribunales. el hecho de que el Gobierno elaborase. la libertad . en el se afirma que «Se observa en el conjunto del ordenamiento español del siglo XIX que todas las normas referente a libertades o derechos fundamentales tienen como referencia básica una ley. Crónica de la codificación. Vol. 318].. Por eso. la garantía penal. No hubo aquí. sin posibilidad de delegación de la potestad legislativa en el ejecutivo (facultad por lo demás no prevista en la Constitución de 1845). sin que éstas lo votasen"^.EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL . el principio de legalidad penal quedaba reducido a una reserva de norma escrita. Gobierno redactó un nuevo Código en 1850.
los sucesivos Códigos tanto penales como mercantiles . la organización de los Tribunales.de imprenta. 157 . Códigos y Constituciones (1808-1978). 1989. págs. Eviden temente. 20 y ss. sí que no le pasó inadvertido el nuevo método para elaborar los Códigos a Francisco TOMÁS Y VAL IENTE. Alianza. las normas sanitarias y un largo etcétera se regulan por ley» (pág. el Código Civil. 79). Madrid.
Por su parte. 1971. "^ Además de las citas del DSC de la nota 41 puede recordarse ahora el preámbulo del Decreto del Gobierno provisional de 19 de agosto de 1843 creando la Comisión Gener al de Codificación: «preocupado el ánimo de los gobernantes y de los cuerpos colegisladores con las amar gas vicisitudes de la guerra civil y la agitación de las cuestiones políticas. Madrid. Desde luego y siguiendo la tradición española de inmort alidad de las decisiones provisionales la idea no ha debido ser especialmente equivocada da do que la Comisión General de Codificación ha sobrevivido hasta la fecha. 292 y ss. extrajurídica: en 1812 y 1822 entender el principio de legalidad como reserva de Parlamento suponía que la burguesía revolucionaria se reservaba para sí misma un instrumento nada despreciable de la lucha política. esta nueva forma de concebir el principio de legalidad (propiciada por la falta de normatividad de la Constitución ''^) puede basarse en las razones de funcionamiento que entonces se dieron. Precisamente. que de esa forma ponía en manos del Gobierno conservador un rápido instrumento para punir las conductas contrarias a sus *^ Siempre que aceptemos que las Constituciones decimonónicas establecían auténticas reservas de ley. págs. incapacitada para elaborar y discutir una «legislación científica» ^^. Cf r. Lorenzo MARTÍN RETORTILLO.AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO Sin duda. que copiaron todos los posteriores) y eran los únicos que no decaían al terminar la legislatura o (en la expresión histórica) «diputación» (art. En contra. RAP. cuestión sobre la que existe una tradicional polémica doctrinal. no puede ser casual que el artículo tres de la Ley de autorización (permitiendo que el Gobierno reformase el Código sin intervención previa de las Cortes) se introdujera a instancias del muy autoritario General Nárvaez. por gobernar y su Gabinete (a pesar de la inestabilidad endémica) estaba controlado por la misma fuerza social que dominaba la Cortes: la alianza entre nobleza y burguesía conservadora. a favor. quitándoselo al Rey. 1962. Ley y reglamento en el Derecho Público occidental. 101 del RC de 14 de febrero. pero en la década moderada de 1843-54 ese antagonismo entre los poderes había desaparecido. Alfredo GALLEGO ANABI TARTE. atraso lamentable y en gran parte debido al sistema empleado en los trabajos preparatorios». Sin embargo. núm. En el plano doctrinal. que todavía conservaba en la Lex legum de 1812 el poder ejecutivo. por ejemplo. nos parece que hay otra razón más profunda. Así. 39. la superioridad de un pequeño grupo de expertos sobre una gran Asamblea. poco ha a delantado hasta ahora en la grande obra de la codificación. los Reglament os parlamentarios decimonónicos también reconocieron la especialidad de los Códigos e idearon normas particulares para su tramitación legislativa. 92 del RC de 4 de mayo de 1847 y RR siguientes). «La doctrina de las materias reservada a la ley y la reciente jur isprudencia del Tribunal Supremo». la jovencísima Isabel II no estaba preocupada. en 1836 PACHECO defendió que los Códigos de . precisamente. los proyectos de Códig os podían dar lugar a «varias discusiones generales sobre los diversos libros o títulos que compre ndan» (art. pág. 33 y ss.
con agudos comentarios. 1843. CEC. Madri d. pág. XXXII y ss. Una cita más completa de esta idea de Pacheco. 25]. Madrid. 1984. puede verse en Francisco TOMÁS Y VALIENTE. .bían ser obra de especialistas porque «unos cuerpos numerosos como nuestras cámaras son los menos aptos para la formación de semejantes leyes» [Estudios de legislación yjurisprudencia. pág. Lecciones de Derecho político. «Estudio preliminar» a Joaquín Francisco PACHECO.
en la misma línea de aumentar la capacidad represora de las autoridades administrativas. cit. siempre que tuviesen cobertura legal o justificación necesaria*^.. una opinión similar (aunque sin referirse al principio de legalidad) en Fra ncisco TOMÁS Y VALIENTE.. mientras se admite que las administra tivas puedan recogerse en los reglamentos.). 277 y ss.. De esta forma. 56 y ss. Tanto el grueso de las normas penales como el de las administrativas lo realizaba el Gobierno. Sobre la peripecia de este artículo 505. cit. el mismo Código penal de 1850 reconocía expresamente en su artículo 505 la potestad sancionadora de las Administraciones públicas: «En las ordenanzas municipales y demás reglamentos generales ó particulares de la Administración que se publicaren en lo sucesivo. pág.. como por los aplicadores: lo característico del Derecho penal consistía en que el monopolio de su aplicación " Cfr... 52 y ss. no es del todo cierto la idea tan difundida en la doctrina de que en 1850 se consolida un sistema t»/pun/f/Vo caracterizado por la estricta reserva de ley para las sanciones penales. Alejandro NIETO. 1980. no se establecerán mayores penas que las señaladas en este libro [«De las faltas»]. pág. el sistema bipunitivode\ siglo XIX no se puede diferenciar tanto por los órganos productores. *' Cfr.EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL . En fin. aun cuando hayan de imponerse en virtud de atribuciones gubernativas a no ser que se determine otra cosa por leyes especiales. las disposiciones de este libro no excluyen ni limitan las atribuciones que por las leyes de 8 de enero. cfr. muy especialmente la conspiración"''. cit. Manual. puestos a buscar diferencias según los órganos estatales implicados. como se advirtió en la reforma de 1850 en la que se castigaba con más severidad ciertos delitos políticos. 2 de abril de 1845 y cualesquiera otras especiales competan a los agentes de la Administración para dictar bandos de policía y buen gobierno y para corregir gubernativamente las faltas en los casos en que su represión les esté encomendada por las mismas leyes» ''^. intereses. Conforme a este principio. Por eso.. por toda la doctrina. «La capacidad sancio nadora de la Administración en el proyecto de Código penal» en VVAA La reforma penal y penite nciaría. 448. págs. Códigos penales españoles. Derecho Administrativo Sancionado s. 535. En el ca so de la potestad administrativa sancionadora el Gobierno no tenía su monopolio dado que también se le reconocía . ^ Las Cortes aparte de la Ley de autorización de 1848 (y otras que veremos ensegui da) también intervinieron en el Derectio penal mediante las Leyes especiales. a los que enseguida nos referiremos en el texto. Sí que seguimos plenamente a este autor en su opinión sobre los conflictos de jurisdicción entre los órganos sancionadores administrativos y los penales (pág. ^ Citamos por Jacobo BARJA DE QUIROGA ef a/ñ. con la diferencia de que en el primer caso los Decretos que las aprobaban se denominaban «Código penal» y en el segundo «Reglamentos» ^°. pág. José Ramón CASABÓ RUIZ.
159 .profusamente esta capacidad a los Ayuntamientos.
la primera auténticamente democrática (instauró el sufragio universal masculino). Quizás para soslayar este tipo de crítica el Código se planteó como una «ley provisional». na da innovó en relación con el principio de legalidad. aun en este caso. Otra característi ca importante de este Código era el detalle con el que regulaba la concreción de las penas. La superioridad sobre el de 1848 lo reconocieron incluso su propios detractores en las Cortes Constituyentes. con su generosa declaración de derechos.2 y 22). tan crit icado por miembros del Qobiemo desde la oposición en años anteriores». en virtud de leyes anteriores al delito.. si bien añade tajante: «pero. donde se vuelven a recoger las distintas garantías del principio de legalidad ^^ " La forma de elaborar este Código fue muy similar a la de 1848: la Comisión de Codi ficación preparó un proyecto que el 30 de mayo de 1870 fue elevado a las Cortes para que lo aprobase mediante una ley de autorización. que excepciona a los Códigos de votarse artículo por artículo. no cabe duda de que sus autores tenían la inten ción de sustituir el muy consen/ador CP por otro más respetuoso con los derechos Individuales y el E stado de Derecho. 459.AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO estaba íntegramente en manos de los jueces y tribunales. Juan Francisco LASSO GAITE. se sigue la práctica de 1848 y las propias Cortes Constituyentes autorizaron en la Ley de 17 de junio de 1870 al Gobierno para que elaborase un nuevo Código penal. Crónica de la codif icación española. competa el conocimien to y en la forma que éstas prescriban». que dejaba a l . y también como en 18 48. establecía en e l art. sin duda movido por la intención de establecer clarame nte en un mismo artículo tanto una reserva de ley penal como de ley procesal: «Ningún español podrá ser procesado ni sentenciado sino por el Juez o Tribunal a quien. cuando la Gloriosa terminó con la época moderada y se redactó la Constitución de 1869. DE LA GLORIOSA A LA II REPÚBLICA La técnica de constitucionalizar el principio de legalidad y luego permitir por vía legislativa que el Gobierno elaborara y aprobara el Código penal fue ya una constan te de nuestra Historia constitucional. dado que el Código penal y los reglamentos tenían muchos tipos coincidentes. si bien es verdad que abundaron los conflictos entre la Administración y los Tribunales. Así. VI. técnica que tenía cierto apoyo en el artículo 52 de la Constitu ción. Vol I. 1. los respectivos proyectos se someterán íntegros a las Cortes». Lo único que hizo fue darle una redacción ligeramente más confusa que la establecida en 1837. se alzó alguna voz como la del diputado de la Unión Liberal González Marrón impugnando el proced imiento «porque era anticonstitucional el sistema de autorizaciones legislativas. 23 por vez primera el principio de retroactividad de la ley sancionadora favorable. Aunque por este procedimiento de la autorización se hurtase a las Corles un debate artículo por artículo del Código. Igualmente. Vid. pág. como Silvela y Sánchez Ruano. además de recoger las garantías tradicionales del PL (arts. Por eso. Por el contenido que a nosotros interesa debemos señal ar que. cit.
Conmemoración del centenario de la Ley Provisional sobre organización del poder judicial y del Cód igo penal de 1870. 1970. pág. 1970.os jueces casi sin margen para individualizarías. Sin duda. . esa «aritmética penal» respondía a una concepción d el principio de legalidad como garantía frente a la ari^itraríedad de los juzgadores. Una crítica doctrinal al «reducido artDitrio judicial» puede en contrarse en José ANTÓN ONEGA. ADPCP. cfr. «El Código penal de 1870n. Manuel COBO et alii. Madrid. 250.
la Constitución de 1876. que tantos derechos generosamente proclamados por la de 1869 cercenó ^^.. En el ámbito legal no modificó substancialmente el Código de 1870. Por SU parte. por la técnica de diferir su eficacia hasta la aprobación de las leyes de desarrollo: «Las leyes dictarán las reglas oportunas para asegurar a los es pañoles en el respeto recíproco de los derechos que este título les reconoce. o agravar penas». ni de los atributos esenciales del Poder público» (art. lo sustituyó en 1928 por otro de carácter autoritario. . págs. Tratado de Derecho penal cit. tampoco modificó el principio de legalidad (arts. Éste. incluso con la prohibición expresa de la interpretación extensiva ^.. el siguiente: La «Comisión de código s» elaboró un proyecto de CP que el Gobierno envío en noviembre de 1927 a la «Asamblea Na cional» para que lo dictaminara.' ». pág. Ahora bien. de las circunstancias de las infracciones y de las condiciones de los infractores. ^= El sistema de elaboración fue. 14). pues siguió a la Constitución de 1837. 238 y ss. 2° No se admitirá la interpretación extensiva. indica como de notoria conveniencia» ^^.. ni tampoco la analogía o semejanza. salvo en la forma. a grandes rasgos. pág. 2 y 7). que la más exacta individualización y apreciación de las causas de inimputabilidad y de justificación. nullum poena sine proevia lege. Códigos penales españoles. en virtud de leyes anteriores al delito. «más confiadas que las penas al arbitrio judicial.. " «Art. cfr. y recibió el beneplácito de la doctrina en un punto concreto: incorpora al Derecho penal español las medidas de seguridad. muy criticado tanto por la excepcional severidad de sus penas como por algunos defectos técnicos. Quien criticó con excepcional dureza este «engendro de la dictadura» fue Luis JIMÉNEZ DE ASÚA. Tomo I. básicamente. cit. Universidad de Valencia. por mucho que formalmente el Código de 1928 consagrase el principio nullum crimen. ^ De la Exposición de Motivos. 16). lo que hizo su «Sección 5. no introdujo ningún cambio en el principio de legalidad.EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL . que hemos consultado en Jacobo LÓPEZ BARJA DE QUIROGA etalii. Remedio SÁNCHE Z FERRIZ. 681. y en la forma qu e éstas prescribieran» (art. sin menoscabo de los derecho s de la Nación. para definir delitos o faltas. 1984. 7 26 y ss. ya que fue aprobado por el Real Decreto-Ley de 8 de septiembre (posteriormente corregido por otro de 10 de diciembre) ^^. La Restauración y su Constitución política. lo cierto es que le faltaba el presupuesto básico del principio de legalidad: el Estado de Derecho y la división de poderes. que terminó su trabajo en marzo de 1928. ^^ Lo hizo. de tal manera que hizo desaparecer cualquier duda sobre la lexproevia penal: «Ningún español puede ser procesado ni sentenciado sino por el Juez o Tribunal competente. sin que ni siquiera se pueda incluir dentro de la versión atenuada que venimos viendo. 1. fiel al principio de qu e cada régimen político necesita su propio Código penal. de una autorización previa de una Cortes más o menos representativas. que se mantuvo con la leve reforma de la Ley de 17 de julio de 1876 hasta que la Dictadura de Primo de Rivera.
Posteriormente. el Ministro de Gracia y Justicia Galo Ponte con el asesoramiento de los catedráticos 161 .
como nueva prueba de la p articular forma de entender el PL que tenía la dictadura. el Gobierno provisional presidido por don Niceto Alcalá-Zamora publicó un decreto anulando (y no simplemente. el titulado Código penal de 1928.. cit. 657-716). Cuello Calón y Jiménez Vicente modificó el proyecto. En un momento en que no existían todavía Cortes. había que elegir entre dos violaciones del principio de legalidad: o aplicar la analogía (en contra de la /ex certa) o modificar el Código por Decreto (en contra de la reserva de ley formal). que establecieron o modificaron definición de delitos o fij ación de penas». cfr. págs. sobre la legis lación penal de la República. Igual declaración de nulidad se extiende a todos los titulados DecretosLeyes de la Dictadura. contrario a los principios básicos de cultura jurídica. y el inteligente asesoramiento de Jiménez de Asúa. derogando) el Código penal de 1928 por lo que entró en vigor el antiguo Código penal de 1870^®. el Gobierno de la República. Crónica de la codificación española. Al día siguiente. el exhaustivo trabajo de Juan Francisco LASSO GAITE.. el principio de legalidad. una vez más. I. 750 . La elaboración de la Constitución de 1931 no fue.. que en el Código de 1870 se referían a la Monarquía. págs. ^ El Decreto anuló el CP de 1928 «Por haber sido uno de los mayores desafueros dicta toriales. que fue presentado al Consejo de Ministro el 25 de agosto y publicado el 8 de septiembre para que entrara en vigor el 1 de se ptiembre de 1929 [Cfr. Vol I. Con buen criterio. además del inevitable Juan Francisco LASSO GAITE (op. Pues bien. absolutamente nulas. el Gobierno eligió la menos nociva: por Decreto de 2 de mayo de 1931 introdujo las reformas necesarias para republicanizar e\ Código de 1870 y hacerlo compatible con la nueva forma de Gobierno ^'^. que el Decreto aprobando el CP autorizó al Ministro de Justicia a dictar «cuantos Reales decretos. un modelo de consenso y muy pocos artículos pasaron sin controversia por las Cortes Constituyentes. T. el uso y abuso sistemático de las Ordenanzas penales. en general. recogiendo las protesta s casi unánimes que contra ese atentado a la libertad y a los principios jurídicos habían formulado la o pinión pública y las colectividades profesionales. uno de éstos artículos que podríamos llamar empleando un anacronismo de consenso fue el 28. Reales órdenes. 1 Queda anulado. decreta los siguiente: Art. que recogía el principio de legalidad. causó el siguiente dilema: para punir en 1931 la mayoría de los delitos contra la seguridad del Estado. Reglamentos y demás disposiciones s ean convenientes para la ejecución de las penas que en dicho Cuerpo legal se establece n y para el más exacto y fácil cumplimiento de cuantos preceptos contiene el mismo» (art. No es ocioso señalar. 2). siempre presente en la conciencia jurídica moderna. precisamente. ci t.AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO El 14 de abril de 1931 se proclamó la II República española. tanto es así que su tramitación no dio lugar a enmienda alguna y según cuenta LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA se aprobó sin debate5^. sin n ingún valor ni efecto. " Sobre esta forma de republicanizar e\ CP de 1870 y.
Luis JIMÉNEZ DE ASÚA. 223. cit. T. Tra tado de Derecho penal. pág.y ss. 730 y ss.. Su texto es el siguiente: «Sólo se castigarán los hechos d eclarados punibles por ley anterior a su perpetración. Nadie será juzgado sino por juez compet ente y conforme a los trámites legales». pág. . el testimonio directo de uno de sus máximos autores. 1932. Madrid.). 5^ Luis JIMÉNEZ DE ASÚA. Reus. Proceso histórico de la Constitución de la República Española. I.
1932. peor redactado. págs. garantía suprema. el juez o tribunal competente. texto clarísimo. la opinión de Alcalá-Zamora de que se actúo así para separarse de la Constitución de 1876 (se trata de un artículo que fue propuesto por la Comisión Jurídica Asesora y no por Jiménez de Asúa) sí que hay que estar de acuerdo con su opinión de que el principio de legalidad quedó peor redactado en el texto de 1931 que en el de 1876 (copia del de 1837). [. la Ley de orden Público de 1933. cit.EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL ... aun con toda esa superioridad de preparación y saber: quedarse atrás. Editor ial de Revista de Derecho Privado. no siga el criterio clásico de la definición precisa de los hechos punibles» (La Constitución española. el resultado era inevitable.. sabían mucho menos derecho penal que el insigne profesor presidente de la Comisión dictaminadora en 1931 [Jiménez de Asúa]. como recogen tanto él mismo como Jiménez de Asúa en el libro citado en la nota anterior). No cabía decir más con menos y mejores palabras. Por eso. Don Nic olás no olvidó una certera crítica en sus Comentarios a algo con más transcendencia: «resulta más dolor oso que una Ley grave. «Evolución y cons titucionalización . sin más. hace José Ramón PARADA VÁZQUEZ. [. 59-60. total. exigiendo la ley previa para apreciar el delito. como ya había sucedido en la Constitución de 1869.] Se desechó la redacción porque figura en la Constitución de 1876 y sucedió lo que sucede siempre que se retoca una fórmula que constituye hallazgo de acierto insuperable: que fue mucho más largo. Don Niceto parece echar la culpa de la redacción definitiva a la Comisión (con la que se enfrentó en más de una ocasión en los debates constituyentes. todos ellos juntos. y faltos de apoyos sólidos. extraña sobremanera la acida crítica que en 1936 le dedicó don NICETO ALCALÁ-ZAMORA: «El artículo 16 de la Constitución de 1876 tenía concisión lapidaria. Vid. menos preciso. pág. Así. LOS defectos de la Constitución de 1931. de trámites procesales. también la crítica que de es ta ley y de su sucesora. pero en verdad el texto lo había propuest o la Comisión Jurídica Asesora. Madrid. de organización judicial. por lo que se optó por escindir en dos frases lo que anteriormente se decía en una sola. con distinta Inferior claridad. En nuestra modesta opinión.. con una redacción peor» ^^.] con toda la valía mental y oratoria de Olózoga. como la de 21 de octubre de 1931 [la Ley de Defensa de la República ]. y a la vez elegancia. el artículo 28 de la Constitución vigente. 28 «es transcripción del que figuraba como 13 en el Anteproyecto». y había que separarse de ella por figurar en la Constitución de 1876. nos atrevemos a especular que la redacción que recibió el principio de legalidad en 1931 se debió. lejos de atribuir ningún deseo d e apartarse de los precedentes conservadores. y dicho sea sin agravio y sin adulación. sobre ^ Niceto ALCALÁ-ZAMORA. Nicolás PÉREZ SERR ANO escribió que el art. triple: de orden penal. Si no se puede admitir. 145).. a la que el Ex-presidente de la República. 38-39). dedica grandes elogios (págs. al deseo de que quedaran claramente expresadas tanto la reserva de ley penal como la reserva de ley procesal. Pero como la meta del acierto estaba alcanzada. de Cánovas y de los colaboradores de uno y otro.
4. PJ. 163 . 21-22. págs.de las infracciones administrativas». núm. septiembre de 1982.
no sucedió así en la II República porque su Norma normarum había recogido expresamente la posibilidad de que las Cortes autorizaran al Poder Ejecutivo para que «éste legisle por decreto. pero se atenúan en la monarquía parlamentaria. presidida por Luis Jiménez de Asúa. no afectó al principio de legalidad (que se mantuvo en los arts. desde la perspectiva formal debemos resaltar que la reserva de ley volvió a entenderse de una manera relativa: como una reserva de parlamento que éste podía delegar en el Gobierno. La reforma. que se encargó a la Subcomisión de Leyes Penales de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno. que entró en vigor el 1 de diciembre del mismo año. Solamente se excluirá esta posibilidad de delegación cuando el principio de legalidad. Ahora bien. con mejor o peor estilo. la monarquía constitucional. posteriormente. 61). lo cierto es que la Constitución de 1931 volvió a consagrar el principio de legalidad y a su cobijo en 1932 se pensó en la elaboración de un nuevo Código penal. Ahora bien. a la sazón diputado socialista y catedrático de Derecho Penal. y en general cualquier reserva de ley. la intervención del Gobierno se había realizado al margen de la Constitución. acordado en Consejo de Ministros. cuando el Rey pasa a ser únicamente el Jefe del Estado y el Gobierno es responsable ante el Parlamento. las Cortes aprobaron un proyecto de Ley de Bases. cuando el poder legislativo se sustentaba en una legitimidad distinta (la elección) de la que tenía el poder ejecutivo (que se residenciaba en el Rey). el 6 de septiembre de 1932 y el Gobierno aprobó el correspondiente decreto con el texto articulado el 5 de noviembre de 1932. 1 y 22) y se limitó a adaptar el Código a la Constitución republicana suprimiendo algunos delitos que ya no tenían razón de ser (como el de usurpación de títulos nobiliarios) y humanizando las penas (supresión de la pena de muerte). En fin. materialmente. Debemos ratificar aquí la opinión que venimos manifestando sobre el porqué de no considerar el principio de legalidad como una estricta reserva de Parlamento: tanto este principio como la rigurosa división de poderes tienen especial razón de ser en el Estado liberal clásico. si en ocasiones anteriores. sobre materias reservadas a la competencia del Poder legislativo» (art. lo que se planteó en dos etapas: una primera de reforma del Código de 1870 y. que se discutió en una única y veloz sesión. Los avatares de la II República originaron que no se pasara de la primera fase. pase a concebi rse no tanto una técnica de relación entre los poderes estatales como .AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO el que únicamente cabía hacer la mejora apreciable de sustituir «español» por «persona». En efecto. una segunda de elaboración de un nuevo texto.
y.] Para redactar la inmortal Declaración de derechos. Modernas tendencias del Derecho constitucional (trad.EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL una estricta garantía de los ciudadanos (lo que sucede en la Constitución de1978)«''. 1993. muchos probl emas de la vida social deben recibir una reglamentación administrativa y no legislativa. con predominio del Ejecutivo. GASTÓN JÉZE en la reu nión del Instituto Internacional de Derecho público de 1929 («Les libertes individuelles». se precisa constante mente l a colaboración de técnicos de los que dispone con facilidad únicamente el Gobierno» [B. pero para confeccionar una ley de seguros sociales sobre la protección a la maternidad o un código viario. Pero en una democracia esta lucha no existe. Annuaire de l' lnstitut International de Droit public. es el Ejecutivo quien juega predominante papel en el procedimiento legislativo. 1934. ^ La razón reside en el procedimiento legislativo. idea esta que fue defendida por M. no se precisaba recurrir a los técnicos. donde la contienda política se producía entre el Gobierno y la Oposición. el centro de gravedad radicaba en el control del Parlamento: la lucha del Parlamento contra el Poder r eal. Reus. de Sabino Alvarez Gendín). tal como era el republican o. [. de un lado. Si el principio de legalidad se concebía sólo como un instrumento de lucha de las Asambleas frente al Monarca. 377 y ss. Es el período en que lucha la democracia con el Poder real. por otra parte . CEC. Esta contraposición. por lo que es el que mejor garantiza los derechos de los ciudadanos. Una buena prueba de esa preferencia parlamentarias es que la segunda fase de la reforma.. Madr id. París.. cfr.. págs.] La vida actual es tan completa que. que es el único en el que se prod ucen debales plenamente contradictorios y una amplia publicidad. Francisco RURBio LLÓRENTE.). transforma las relaciones de enfrentamiento entre los poderes en unas relaciones de colaboración. pág. «La ley como garantía de los derechos de los ciudadanos» en La forma del p oder (Estudios sobre la Constitución). todavía tendrá menos sentido que en la Monarquía parlamentaria en un Estado de partidos. 202]. un nuevo Código penal no pasaba de ser un objetivo muy secundario en las preferencias de los 470 diputados y más de 20 partidos con representación en las Cortes ^2. Para la doctrina actua l.. 1929. ^^ «Las indicaciones [sic] complicadas de la vida actual transforman las relacione s entre el Legislativo y el Ejecutivo. el verdadero sentido del régimen democrático exige el fortalecimiento del Ejecutivo [. 162 y ss. Madrid. pág. . nunca se llevase a efecto. MIRKINE-GUETZEVI TCH. un Código más pausado. en 1932 se le podía añadir una razón de tipo estrictamente política: en una época de grandes reformas (y no menores enfrentamientos) sociales. unida a la nueva complejidad de la actividad estatal. como muy bien supo ver en aquella misma época Mirkine-Guetzevitch ®\ Además.
Sobre el s istema de partidos. la composición de las Cortes y su funcionamiento en la II República. así como a Eduardo Ortega y Gasset y a Clara Campoamor. pág. que más bien resp landece la falta de interés general por la reforma del Código. 1991. Las contes taciones a Osorio y Gallardo. por toda la inmensa bibliografía. T. pág. 777]. cit. como la defensa del dictamen.^^ Estas preferencias políticas es la única explicación que encontramos a una actitud que llama la atención de LASSO: «La discusión en las Cortes fue tan breve. 165 . ni una sola intervención del Ministro. Palma. a cargo de Jiménez Asúa q ue se interesaba amorosamente del Proyecto» [Crónica de la codificación. El sistema político de la Constitución español a de 1931. cf r. sólo ocupó una parte reducida de una sesión vespertina. Universitat de les liles Balears. I. sobre las prisas. Joan OLIVER ARAUJO. sobre la pena de muerte. 97 y ss. corrieron. Desde el banco azul.
^ José ANTÓN ONEGA.. caracterizadas por la severidad de sus sanciones y por estar encomendada su aplicación a tribunales especiales. sino por su contenido.AA. «El Derecho Penal de la postguerra» en VVAA. asesinato y robo con homicidio. «contra la Religión Católica». la ley de represión de la masonería y el comunismo de 1 de marzo de 1940. pág. .). texto refundido de 1944'» .. a pesar de que mantiene el principio de legalidad (art. repleto de delitos políticos (»la propaganda ilegal». Universidad de Salamanca.] Para satisfacerlas se dieron leyes represivas con efectos retroactivos varias de ellas. Madrid... autoridades de Falange y algún Magistrado» ^^ La progresiva institucionalización del régimen franquista ^ supuso el abandono paulatino de sus rasgos más dictatoriales y una apariencia de Estado de Derecho (la «democracia orgánica») que tuvo repercusión en el ámbito del Derecho Penal: en 1944 se aborda la sustitución del Código de 1932 siguiendo aparentemente el tradicional sistema de la cobertura legah la Ley de 19 de Julio de 1944 fija las bases y el Decreto de 23 de Diciembre de 1944 «aprueba y promulga el 'Código penal. que dio cobertura legal a la represión de la posguerra. Lardizábal y tantos otros: La ley (si se puede llamar así una norma no elaborada por ningún órgano representativo) de 5 de julio de 1938. asociaciones y manifestaciones ilícitas. Problemas actuales de Derecho Penal y Procesal. Estudios en homenaje a Francisco Murillo Ferrol. por todos los autores. cit. en VV. carente de legitimidad. Juan Francisco LASSO GAITE. 1971. T. «Analizar el franquismo: interpretaciones sobre su naturaleza». la Ley de responsabil idades políticas de 9 de febrero de 1939. que restableció la pena de muerte para los delitos de parricidio. 165. etc. Pero el texto resultante. Crónica de la codificación. 796-920.AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO Vil. Evolución histórica. cfr. pág. " Sobre las etapas del régimen franquista. CIS-CEC. Sobre la elaboración del CP de 1944 y de sus posteriores reformas (hasta la de 1985). 645-6 72. «contra la forma de Estado». Lo más benévolo que se puede decir de esta legislación es que «las necesidades del Nuevo Estado reclamaban una política de autodefensa [. la conculcación del principio de legalidad que hizo la Dictadura de Primo de Rivera pareció una levísima falta a la vista de lo que sucedió en el verano de 1936: la «justicia penal de guerra civil» que se inició con el bando de 28 de julio de 1936 creó un rosario de normas ajenas por completo a lo teorizado por Beccaria. Sobre su «fraude constitucional» vid. cit. EL FRANQUISMO Como en tantas otras cosas. pág. 143 y s s. 1 y 23) se encuentra muy lejos de un Código penal democrático: no ya sólo por su evidente origen. etc. la ley de seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941. I. Bartolomé CLAVERO. formados algunos de ellos por generales.. 1987. Po lítica y sociedad.. pág. Gregorio CÁM ARA VILLAR.
como señalaba la jurisprudencia del Tribunal Supremo (SS 2-3-1946 y 5-12-1959. Por eso. de 1 5 de noviembre) y posterior decreto con el texto articulado (de 28 de marzo de 1963 y 3096/1973. puede establecer los delitos y las penas con la finalidad de punir a los que ataquen «el vínculo necesario para tener unidos los intereses particulares». mediante sentencia del Tribunal competente y previa audiencia y defensa del interesado» (art. En la labor cosmética de parecerse a un Estado liberal el franquismo se daría una Leyes Fundamentales. 1992. Sin duda. el principio nullum crimen nulla poena sine lege podía mantenerse en el artículo 23 del Código penal y servir para impedir la interpretación analógica y cualquier otra técnica interpretativa in malam partem.EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL . 167 . «que representa a toda la sociedad unida por el contrato social». que incluso jurídicamente mantuvo siempre las competencias de las Leyes de prerrogativa de 1938 y 1939) y la punición de las conductas contrarias a los intereses de los que así gobernaban (los delitos políticos y de opinión) conculcaban el principio de legalidad. y ahora no nos interesa siempre mantuvo inalterados dos rasgos diferenciadores: a) no era producto de una voluntad general. en una de las cuales (la del Fuero de los Españoles de 17 de julio de 1945) se recogía el principio de legalidad: «Nadie podrá ser condenado sino en virtud de Ley anterior al delito. entonces la concentración del poder legislativo en unas pocas manos (en último término sólo en dos: en las de Franco. y la bibliografía al lí citada.). asociación. no lo habían elaborado los representantes libremente elegidos por los ciudadanos: b) y consecuencia directa de lo anterior mantenía unos delitos de opinión ajenos a la democracia. 65 De aquí se colige que una de las primera leyes que se aprobaron para recomponer el pacto social y acabar con la dictadura fuera la Ley 23/1976.. rectamente entendido ^^. España (1975-1986).. pero. de 23 de diciembre y 44/1971. de 14 de septiembre). Madrid. También en dos ocasiones posteriores modernizaría el franquismo el Código: en 1963 se aprobó un «texto revisado» y en 1973 un «texto refundido ». sob re modificación de determinados artículos del Código Penal relativos a los derechos de reunión. se deberá señalar que el Código penal en sí mismo negaba los postulados esenciales del principio de legalidad: si éste siguiendo a Beccaria implica que sólo el legislador. Transición política y consolidación democrática. a poco que se levante la vista y se mire más allá de su articulado. ambas fueron en la línea de equiparar el Derecho penal español con el del resto del continente. En las dos ocasiones se siguió la misma técnica de una ley de bases (79/1961. expresión de las ideas y libertad de trabajo. Sobre la transición cfr. por ejemplo). 19). pero debajo de su mayor o menor técnica que es cuestión que discute la doctrina. Ramón COTARELO (comp. CIS. de 19 de julio.
incluso se puede afirmar que la Constitución de 1812 es la más rigurosa porque al basarse en la estricta división de poderes crea una reserva de Parlamento para la aprobación del Código penal. Hobbes. Igualmente sucede en el plano teórico: cualquier alegación a favor de Bacon. desconoce la potestad sancionadora de la Administración. y sólo con pequeñas diferencias de detalle. Ahora bien. guardando silencio sobre el principio de proporcionalidad y sobre la potestad sancionadora de la Administración. que luego le fue reconocida en textos subconstitucionales. etc. Más todavía. En el plano jurídico hay que esperar hasta la Declaración de Delawere de 1776 para verlo expresado. hablando estrictamente.AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO VIII. los orígenes ya que se produjeron en un mundo completamente diferente. Los precedentes habitualmente citados (las Cartas Magnas inglesa y leonesa. tal y como se demuestra porque sólo el Código de 1822 se elaboró y aprobó íntegramente por las Cortes.. como creadores del principio de legalidad fuerza las categorías (y levanta la consecuente polémica) porque no hay un planteamiento claro y expreso del problema hasta el Siglo de las Luces. MONTESQUIEU desbrozó el camino que recorrería luego brillantemente CESARE BECCARIA. pero en contra de cierto sector doctrinal creemos que se puede deducir de su interpretación sistemática. En su conjunto. las Constituciones históricas españolas consagran el principio de legalidad con sus cuatro garantías clásicas. sino que se hizo unas veces según la técnica de la autorización (las Cortes autorizaban la publicación de un proyecto que previamente le había presentado el Gobierno) y otras con la de la delegación (las Cortes aprobaban una ley . Grocio. La única que no lo hace expresamente es la de Cádiz. en cuanto concibe el ius puniendi como un todo indivisible que se atribuye exclusivamente a los tribunales. cuando se redactaron los distintos Códigos no se mantuvo el monopolio absoluto de las Cortes en su elaboración. Su formulación clásica es el artículo 8 de la Declaración de Derechos del Hombre y el ciudadano de 1789. Todas las Constituciones históricas españolas recogen el principio de legalidad penal. RECAPITULACIÓN El principio de legalidad penal no tiene su origen hasta la Ilustración porque solo entonces se concibe como monopolio del poder legislativo representante de los ciudadanos para establecer los delitos y las penas estrictamente necesarias para la conservación de la sociedad. ajeno al Estado de Derecho y la división de poderes. Alfonso de Castro. los Fueros de Aragón) y otros que hemos espigado en la Historia (Petición de los procuradores castellanos de 1598) no son. y esto es algo que no suele señalar la doctrina.
. Pero esa es otra historia.. que no podemos contar ahora. La única Constitución que impide ambas técnicas y establece una auténtica reserva de Parlamento es la que más críticas doctrinales ha recibido: la de 1978.EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL .. de bases que posteriormente el Gobierno desarrollaba en un Decreto).
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