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Timestamp: 2017-09-22 15:23:57+00:00

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Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 10/2010, DE 27 DE SEPTIEMBRE, DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE CASTILLA Y LEÓN (BOE DE 8 DE OCTUBRE)
Título I. La prestación de salud pública (Arts. 3 a 17)
Capítulo I. Disposiciones Generales (Arts. 3 a 5)
Art. 3. La prestación de salud pública
Art. 4. Gestión de las actuaciones de la prestación de salud pública
Art. 5. Profesionales de la prestación de salud pública
Capítulo II. Actuaciones de la prestación de salud pública (Arts. 6 a 17)
Art. 6. La protección de la salud y la promoción de la salud
Art. 7. Prevención de las enfermedades y de las deficiencias
Art. 8. Información y vigilancia epidemiológica
Art. 9. Ordenación e inspección sanitaria
Art. 10. Promoción de la seguridad alimentaria
Art. 11. Promoción y protección de la sanidad ambiental
Art. 12. Ordenación e inspección farmacéutica
Art. 13. Promoción y protección de la salud laboral
Art. 14. Investigación biosanitaria y biotecnológica
Art. 16. Información sanitaria
Art. 17. Control analítico en laboratorios
Título II. Organización de la Salud Pública y Seguridad Alimentaria (Arts. 18 a 29)
Capítulo I. Organización administrativa y territorial (Arts. 18 y 19)
Art. 18. Organización administrativa y territorial
Art. 19. Equipos de Salud Pública
Capítulo II. Competencias (Arts. 20 a 22)
Art. 20. Competencias de la Junta de Castilla y León
Art. 21. Competencias de la Consejería competente en materia de sanidad
Art. 22. Competencias de las corporaciones locales
Capítulo III. Organización de las redes de vigilancia y gabinetes de crisis (Arts. 23 a 29)
Art. 23. La Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León
Art. 24. Red de Alertas Farmacéuticas de Castilla y León
Art. 25. Farmacovigilancia
Art. 26. Red de Alerta Rápida Alimentaria de Castilla y León
Art. 27. Red de Alerta Rápida de Sanidad Ambiental de Castilla y León
Art. 28. Criterios generales en relación con las redes de alerta
Art. 29. Gabinete de Crisis de Salud Pública
Título III. De la actuación de seguridad alimentaria y sanidad ambiental (Arts. 30 a 40)
Capítulo I. Disposiciones generales (Art. 30)
Art. 30. El control oficial en el ámbito de la seguridad alimentaria y la sanidad ambiental
Capítulo II. Obligaciones de los operadores de las empresas alimentarias (Arts. 31 a 36)
Art. 31. Operadores de las empresas alimentarias
Art. 32. Autocontrol
Art. 33. Trazabilidad
Art. 34. Deberes de documentación
Art. 35. Retirada de alimentos y deberes de comunicación
Art. 36. Otras obligaciones
Capítulo III. Obligaciones en relación con los factores ambientales (Art. 37)
Art. 37. Obligaciones de los titulares de los establecimientos e instalaciones en relación con los factores ambientales
Capítulo IV. Comités de coordinación y asesoramiento (Arts. 38 a 40)
Art. 38. Comité de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (derogado)
Art. 39. Comité de Vigilancia Sanitaria Ambiental (derogado)
Art. 40. Comités Científicos (derogado)
Título IV. Intervención de la salud pública y seguridad alimentaria (Arts. 41 a 53)
Capítulo I. Disposiciones generales (Art. 41)
Art. 41. Autoridad sanitaria
Capítulo II. Mecanismos de control (Arts. 42 a 44)
Art. 42. Autorizaciones, registros, comunicaciones previas y declaraciones responsables de naturaleza sanitaria
Art. 43. Inspección y control oficial
Art. 44. Organismos colaboradores de la Administración
Capítulo III. Mecanismos de limitación (Arts. 45 a 52)
Art. 45. Medidas preventivas
Art. 46. Principios generales
Art. 47. Intervención de medios personales
Art. 48. Intervención sobre las personas
Art. 49. Cierre de empresas o sus instalaciones y suspensión de actividades
Art. 50. Intervención de medios materiales
Art. 51. Inmovilización de productos
Art. 52. Retirada, recuperación de productos del mercado y, en su caso, destrucción de los mismos
Capítulo IV. Multas coercitivas (Art. 53)
Título V. Régimen de infracciones y sanciones (Arts. 54 a 65)
Art. 54. Infracciones
Art. 55. Calificación de las infracciones
Art. 59. Sanciones
Art. 60. Sanciones accesorias
Art. 61. Graduación de las sanciones
Art. 62. Responsabilidad
Art. 63. Prescripción de infracciones y sanciones
Art. 64. Competencia sancionadora
Art. 65. Procedimiento sancionador
Única. Intervención de los profesionales sanitarios en los proyectos sometidos a instrumentos de prevención ambiental
Primera. Modificación de la L. 13/2001, Ordenación Farmacéutica de Castilla y León
Segunda. Organización territorial de la prestación de salud pública
LEY 10/2010, DE 27 DE SEPTIEMBRE, DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE CASTILLA Y LEÓN (BOC y L DE 8 DE OCTUBRE; BOE DE 23 DE NOVIEMBRE)
Desde esta consideración, el legislador europeo ha venido impulsando el establecimiento de un marco regulador común en el ámbito de la salud pública a través de numerosas disposiciones normativas, entre las que cabe citar el Reglamento (CE)
n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, que regula distintos aspectos relacionados con la seguridad de los alimentos, el Reglamento (CE)
n.º 851/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se crea un Centro Europeo para la Previsión y el Control de las Enfermedades, y la Decisión n.º 1350/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, por la que se establece el segundo programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (2008-2013), cuyos contenidos deben insertarse en nuestro ordenamiento jurídico de forma expresa para favorecer su publicidad y conocimiento por todos los sectores implicados, sin perjuicio de la eficacia directa de alguna de estas normas.
Artículo 1. Objeto.—1. Esta Ley tiene como objeto establecer el marco normativo para el conjunto de actuaciones, medidas preventivas y servicios por los que las administraciones públicas de Castilla y León promoverán y tutelarán la salud pública y la seguridad alimentaria, de acuerdo con lo establecido en los artículos 16.16 y 74 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 2. Principios generales.—Son principios generales de esta Ley:
Artículo 3. La prestación de salud pública.—1. La prestación de salud pública del Sistema Público de Salud de Castilla y León es el conjunto de iniciativas organizadas por las administraciones públicas para preservar, proteger y promover la salud de la población en los términos previstos en la normativa básica estatal.
Artículo 4. Gestión de las actuaciones de la prestación de salud pública.—Las Administraciones sanitarias podrán realizar las actuaciones a que se refiere el artículo 3 mediante alguna de las siguientes formas:
Artículo 5. Profesionales de la prestación de salud pública.—1. A los efectos de esta Ley, son profesionales de la prestación de salud pública aquellos que por su formación y desempeño de actividad especializada poseen la aptitud necesaria para desarrollar todas o alguna de las actuaciones que comprende la prestación de salud pública.
e)Impulsar la participación social y aumentar el grado de control de los ciudadanos sobre su propia salud.
Artículo 6. La protección de la salud y la promoción de la salud.—1. La protección de la salud y la promoción de la salud son el conjunto de procesos que permiten a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. Abarca no solo las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. La participación es esencial para sostener la acción en materia de protección y promoción de la salud.
Artículo 7. Prevención de las enfermedades y de las deficiencias.—1. La prevención de la enfermedad es la acción del sector sanitario que pretende la reducción de los riesgos para la salud de la población.
Artículo 8. Información y vigilancia epidemiológica.—1. La información y vigilancia epidemiológica es el conjunto de actividades sistemáticas de obtención, depuración, análisis, interpretación y difusión de información que permite medir la aparición, frecuencia y distribución de diferentes problemas de salud y de sus factores determinantes para desarrollar acciones orientadas a proteger o mejorar la salud.
Artículo 9. Ordenación e inspección sanitaria.—1. La ordenación sanitaria es el conjunto de intervenciones relativas a la autorización, registro, control e inspección de los centros, establecimientos, servicios y actividades sanitarias que tienen como finalidad vigilar y proteger la salud pública y seguridad de los ciudadanos.
Artículo 10. Promoción de la seguridad alimentaria.—1. La promoción de la seguridad alimentaria consiste en el conjunto de actuaciones encaminadas a comprobar que todas las etapas de la cadena alimentaria, producción, transformación y distribución de alimentos, se desarrollen utilizando procedimientos que garanticen, a la luz de los conocimientos científicos disponibles y sin perjuicio de la aplicación del principio de precaución, un nivel elevado de protección de la salud de la población.
Artículo 11. Promoción y protección de la sanidad ambiental.—1. La sanidad ambiental constituye el conjunto de actuaciones de las administraciones sanitarias destinadas a proteger y promover la salud de la población ante los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el medio.
Artículo 12. Ordenación e inspección farmacéutica.—1. La ordenación farmacéutica se configura como el conjunto de acciones dirigidas a la planificación, autorización, registro, control e inspección de todas las empresas, establecimientos y servicios a través de los que se realiza la atención farmacéutica a la población, incidiendo en el control del Sistema de Garantía de Calidad en los establecimientos donde se fabrican y distribuyen medicamentos. Comprende también las actuaciones dirigidas al control, registro e inspección de los establecimientos donde se fabriquen, distribuyan o dispensen productos sanitarios.
Artículo 13. Promoción y protección de la salud laboral.—1. La promoción y protección de la salud laboral constituye el conjunto de actuaciones sanitarias colectivas e individuales que se aplican a la población trabajadora con la finalidad de evaluar, controlar y hacer un seguimiento de su estado de salud, con el fin de detectar signos de enfermedades derivadas del trabajo y tomar medidas para reducir la probabilidad de daños o alteraciones de la salud.
Artículo 14. Investigación biosanitaria y biotecnológica.—1. La investigación biosanitaria y biotecnológica en el ámbito sanitario comprende las acciones en materia de investigación básica, clínica, en salud pública, seguridad alimentaria en servicios de salud y aplicada. Asimismo, busca mejorar la salud de la ciudadanía, la satisfacción de los profesionales y el fortalecimiento de las instituciones en este ámbito, sin perjuicio de lo que señala la Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica en Castilla y León.
Artículo 15. Formación.—1. La formación puede definirse como el proceso metodológico de aprendizaje de los profesionales de la Administración de Castilla y León para dar respuestas a las demandas técnicas y tecnológicas y a los cambios en las tareas encomendadas, para la consecución de los objetivos incluidos en las actuaciones de la prestación de salud pública del Sistema Público de Salud de Castilla y León.
Artículo 16. Información sanitaria.—1. La consejería competente en materia de Sanidad establecerá mecanismos de información, de publicidad y de divulgación continuada con la finalidad de informar a los ciudadanos de las cuestiones más relevantes en las materias recogidas en esta Ley.
Artículo 17. Control analítico en laboratorios.—1. Corresponde a los laboratorios de control oficial llevar a cabo las tareas de control analítico, en el ámbito de la prestación de la salud pública, seguridad alimentaria y sanidad ambiental, de las muestras tomadas por los agentes de la autoridad sanitaria en cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control en el marco de los planes, programas o actuaciones de control oficial.
Artículo 18. Organización administrativa y territorial.—1. Las actuaciones de salud pública se llevarán a cabo, con carácter de integralidad, desde las diferentes estructuras administrativas de salud pública centrales y periféricas, desde las demarcaciones sanitarias así como desde las estructuras de atención primaria y especializada.
Artículo 19. Equipos de Salud Pública.—1. Los Equipos de Salud Pública son los órganos colegiados multidisciplinares de cada una de las demarcaciones sanitarias, que se organizarán bajo el principio general de polivalencia de funciones de las personas que lo componen, para asegurar fundamentalmente el cumplimiento de las funciones de inspección y control oficial reguladas en esta Ley y la normativa que sea de aplicación.
Artículo 20. Competencias de la Junta de Castilla y León.—Corresponden a la Junta de Castilla y León, en los términos establecidos en esta Ley, las siguientes atribuciones:
Artículo 21. Competencias de la Consejería competente en materia de sanidad.—Corresponden a la consejería competente en materia de sanidad, en el marco de la política sanitaria definida por la Junta de Castilla y León, en los términos establecidos en esta Ley, las siguientes atribuciones:
Artículo 22. Competencias de las corporaciones locales.—De acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en esta Ley, las corporaciones locales, sin perjuicio de las competencias de las demás administraciones públicas, tendrán las siguientes responsabilidades mínimas en relación al obligado cumplimiento de las normas y planes sanitarios:
Artículo 23. La Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León.—1. La Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León está constituida por sistemas básicos y específicos de vigilancia epidemiológica.
Artículo 24. Red de Alertas Farmacéuticas de Castilla y León.—1. La Red de Alertas Farmacéuticas de Castilla y León tiene como objetivo la recepción, notificación, seguimiento y cierre de las alertas relativas a los riesgos de los medicamentos y productos sanitarios, cosméticos y de higiene y estética.
Artículo 25. Farmacovigilancia.—1. La Farmacovigilancia se define como la actividad de salud pública que, enmarcada dentro de la prestación de ordenación e inspección farmacéutica, tiene por objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados al uso de los medicamentos una vez comercializados.
Artículo 26. Red de Alerta Rápida Alimentaria de Castilla y León.—1. Se constituye la Red de Alerta Rápida Alimentaria de Castilla y León, en adelante Red de Alerta Alimentaria, destinada a notificar los riesgos, directos o indirectos, para la salud colectiva que se deriven de alimentos y que tendrá una configuración similar a la nacional y europea.
Artículo 27. Red de Alerta Rápida de Sanidad Ambiental de Castilla y León.—1. Se constituye la Red de Alerta Rápida de Sanidad Ambiental de Castilla y León, en adelante Red de Alerta de Sanidad Ambiental, destinada a notificar los riesgos, directos o indirectos, para la salud colectiva que se deriven de factores ambientales y que tendrá una configuración similar a la nacional y europea.
Artículo 28. Criterios generales en relación con las redes de alerta.—1. Con carácter general y en relación con las redes de alerta, la población tendrá acceso a la información sobre la identificación y la naturaleza del riesgo generado, así como a las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias competentes, salvo que por razones de interés público se le haya otorgado el carácter de confidencial o reservada conforme a lo dispuesto en las Leyes.
Artículo 29. Gabinete de Crisis de Salud Pública.— 1. La Junta de Castilla y León, cuando tenga constancia de la existencia de una situación de crisis que entrañe un grave riesgo directo o indirecto para la salud humana que se derive de actividades, productos o alimentos y que no pueda prevenirse, eliminarse o reducirse a un grado aceptable mediante las medidas especiales establecidas en esta Ley, podrá contar con un gabinete de crisis, de carácter no permanente.
VIGENTE DE 9 DE OCTUBRE DE 2010 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
Artículo 29. Gabinete de Crisis de Salud Pública, Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental.—1. La Junta de Castilla y León, cuando tenga constancia de la existencia de una situación de crisis que entrañe un grave riesgo directo o indirecto para la salud humana que se derive de actividades, productos o alimentos y que no pueda prevenirse, eliminarse o reducirse a un grado aceptable mediante las medidas especiales establecidas en esta Ley, podrá contar con un gabinete de crisis, de carácter no permanente, que podrá actuar con el apoyo de los comités que correspondan de los establecidos en la presente Ley, en especial los científicos.
Artículo 30. El control oficial en el ámbito de la seguridad alimentaria y la sanidad ambiental.—1. El control oficial consistirá en las actuaciones permanentes que lleve a cabo la autoridad competente para verificar el cumplimiento de la legislación en el ámbito de la seguridad alimentaria y sanidad ambiental, basándose principalmente en los siguientes métodos y técnicas: el control, la vigilancia, la verificación, la auditoría, la inspección, el muestreo y análisis.
Artículo 31. Operadores de las empresas alimentarias.—1. El operador de la empresa alimentaria, en los términos definidos por los reglamentos comunitarios y de acuerdo con los principios establecidos en los citados reglamentos y demás normas de aplicación de la Unión Europea, es el principal responsable legal en materia de seguridad alimentaria.
Artículo 32. Autocontrol.—1. Los operadores de las empresas alimentarias deberán crear, aplicar y mantener el conjunto de procedimientos permanentes necesarios que conforman el autocontrol para garantizar la seguridad alimentaria en sus alimentos, en los términos que disponga la normativa aplicable.
Artículo 33. Trazabilidad.—1. Los operadores de las empresas alimentarias deberán asegurar la trazabilidad de los alimentos, de los animales destinados a la producción de alimentos y de cualquier otra sustancia destinada a ser incorporada en un alimento o con probabilidad de serlo, en todas las etapas de producción, transformación y distribución.
Artículo 34. Deberes de documentación.—1. El operador de la empresa alimentaria deberá mantener actualizada, en todo momento, la información relativa a su actividad, que pudiera tener repercusión, desde la perspectiva de la protección de la salud concerniente a la etapa de la producción, transformación y distribución donde opera, así como transmitir la información que corresponda, en su caso, a los diferentes operadores de la cadena alimentaria.
Artículo 35. Retirada de alimentos y deberes de comunicación.—1. Los operadores de empresa alimentaria, cuando consideren o tengan motivos para pensar que existe o puede existir un riesgo para la salud y seguridad de los ciudadanos en relación con alguno de los alimentos que hayan importado, producido, transformado o distribuido, deberán proceder a la retirada inmediata del mercado de dichos alimentos.
Artículo 36. Otras obligaciones.—1. Los operadores de las empresas alimentarias estarán obligados a obtener las autorizaciones sanitarias preceptivas, así como cumplir con la inscripción en los registros y censos sanitarios que se establezcan, de acuerdo con la normativa sanitaria básica y la presente Ley.
Artículo 37. Obligaciones de los titulares de los establecimientos e instalaciones en relación con los factores ambientales.—En los términos previstos en la legislación vigente, las personas físicas o jurídicas, titulares de las instalaciones, los establecimientos, los servicios y las industrias que realizan actividades que inciden o puedan incidir en la salud de las personas por riesgos físicos, químicos o biológicos, están obligados a:
Artículo 38. Comité de Control Oficial de la Cadena Alimentaria.— [...]
Artículo 38. Comité de Control Oficial de la Cadena Alimentaria.—1. El Comité de Control Oficial de la Cadena Alimentaria es el órgano colegiado de asesoramiento y coordinación. Tendrá por finalidad coordinar el control oficial de toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria de los alimentos hasta el suministro al consumidor final. Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley, la constitución, funciones y organización del Comité de Control Oficial de la Cadena Alimentaria se establecerán reglamentariamente.
Artículo 39. Comité de Vigilancia Sanitaria Ambiental.— [...]
Artículo 39. Comité de Vigilancia Sanitaria Ambiental.—1. El Comité de Vigilancia Sanitaria Ambiental es el órgano colegiado de asesoramiento y coordinación con la finalidad de promover la creación de bases de datos y registros correspondientes a las actividades con implicaciones directas en la sanidad ambiental, así como todos aquellos aspectos de vigilancia sanitaria y control oficial que incidan en la sanidad ambiental. Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley, la constitución, funciones y organización del Comité de Vigilancia Sanitaria Ambiental se establecerán reglamentariamente.
Artículo 40. Comités Científicos.— [...]
Artículo 40. Comités Científicos.—1. El Comité Científico de Seguridad Alimentaria es el órgano colegiado de asesoramiento científico y técnico en el ámbito de la seguridad alimentaria. Estará formado, entre otros, por profesionales de reconocido prestigio en seguridad alimentaria. Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley, la constitución, funciones y organización del Comité Científico de Seguridad Alimentaria se establecerán reglamentariamente.
Artículo 41. Autoridad sanitaria.—1. En los términos de la presente Ley y de la legislación sanitaria, son autoridad sanitaria la Junta de Castilla y León, el titular de la consejería competente en materia de sanidad, los titulares de los órganos directivos centrales de la Consejería competente en materia de sanidad, los delegados territoriales de la Junta de Castilla y León y los alcaldes.
Artículo 42. Autorizaciones, registros, comunicaciones previas y declaraciones responsables de naturaleza sanitaria.—1. La exigencia de autorizaciones sanitarias, así como la obligación de someter a registro por razones sanitarias a las empresas o productos, serán establecidas reglamentariamente, tomando como base lo dispuesto en la normativa básica estatal y en esta Ley.
Artículo 43. Inspección y control oficial.—1. Las autoridades sanitarias someterán a las entidades, empresas y actividades sujetas a la presente Ley a las inspecciones precisas para verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria.
Artículo 44. Organismos colaboradores de la Administración.—Sin perjuicio de la ejecución de las funciones que representen el ejercicio de la autoridad sanitaria, las actividades específicas de inspección y control oficial podrán ser encargadas a organismos colaboradores de la administración sanitaria debidamente acreditados, de conformidad con lo que establezca la normativa reguladora del sistema de acreditación de este tipo de entidades y la normativa sectorial correspondiente.
Artículo 45. Medidas preventivas.—1. En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias y los agentes de la autoridad sanitaria adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes en los términos previstos en la presente Ley, la normativa básica estatal y demás disposiciones de desarrollo.
Artículo 46. Principios generales.—1. Todas las medidas preventivas contenidas en el presente capítulo deberán atender a los siguientes principios:
Artículo 47. Intervención de medios personales.—1. Cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, derivado de la intervención de determinada persona o personas en el proceso de producción de bienes o de prestación de servicios, se podrá prohibir su participación en el mismo, mediante decisión motivada, por el tiempo necesario hasta la desaparición del riesgo.
Artículo 48. Intervención sobre las personas.—1. Cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupos de personas, se podrá ordenar la adopción de las medidas preventivas generales y de intervención, entre las que se incluyen las de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control individual sobre la persona o grupos de personas, mediante decisión motivada, por el tiempo necesario hasta la desaparición del riesgo.
Artículo 49. Cierre de empresas o sus instalaciones y suspensión de actividades.—1. Cuando existan indicios razonables de la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población, podrá acordarse de forma cautelar y con carácter temporal el cierre de empresas o sus instalaciones, así como la suspensión o prohibición de actividades por requerirlo la salud colectiva y seguridad alimentaria, cuando exista incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente, o falta de autorización, registro, título administrativo o trámite a que puedan estar condicionadas o por riesgo creado para la salud pública.
Artículo 50. Intervención de medios materiales.—1. Procederá la adopción de la intervención cautelar de medios materiales cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud y seguridad de los ciudadanos.
Artículo 51. Inmovilización de productos.—1. Podrá acordarse la inmovilización de un producto o lote del mismo cuando se conozca que pueden ser inseguros, peligrosos o exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario, grave, directo o indirecto, para la salud pública y seguridad alimentaria.
Artículo 52. Retirada, recuperación de productos del mercado y, en su caso, destrucción de los mismos.—1. La autoridad sanitaria que se determine reglamentariamente podrá ordenar la retirada definitiva del mercado de un producto o lote de productos o prohibir su comercialización, cuando resulte probada la falta de seguridad.
Artículo 53. Multas coercitivas.—1. Para la ejecución de determinados actos derivados de la adopción de medidas preventivas, se podrán imponer multas coercitivas de conformidad con lo previsto en el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por un importe mínimo de quinientos euros y máximo de seis mil euros, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos:
Artículo 54. Infracciones.—1. Constituyen infracciones administrativas en materia de salud pública y seguridad alimentaria las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en esta Ley y el resto de la normativa que resulte de aplicación, cuando sean detectadas en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, cualquiera que sea el domicilio del presunto infractor.
Artículo 55. Calificación de las infracciones.—1. Las infracciones administrativas en materia de salud pública y seguridad alimentaria se clasifican en leves, graves y muy graves.
Artículo 56. Infracciones leves.—A los efectos de la presente Ley, constituyen infracciones leves:
Artículo 57. Infracciones graves.—A los efectos de la presente Ley, constituyen infracciones graves:
Artículo 58. Infracciones muy graves.—A los efectos de la presente Ley, constituyen infracciones muy graves las siguientes:
Artículo 59. Sanciones.— 1. Las infracciones previstas en la presente Ley serán sancionadas con multas conforme a la graduación siguiente:
VIGENTE DE 9 DE OCTUBRE DE 2010 A 29 DE FEBRERO DE 2012.
Artículo 59. Sanciones.—1. Las infracciones previstas en la presente Ley serán sancionadas con multas conforme a la graduación siguiente:
Artículo 60. Sanciones accesorias.—1. El órgano sancionador podrá imponer al responsable de las infracciones reguladas en esta Ley como sanciones accesorias el decomiso de bienes o productos deteriorados, caducados, no autorizados o que por cualquier otra causa puedan entrañar un riesgo para la salud de las personas, siendo por cuenta de quien cometa la infracción los gastos que origine su intervención, depósito, decomiso, transporte o destrucción.
Artículo 61. Graduación de las sanciones.—Las sanciones se graduarán conforme a los siguientes criterios:
Artículo 62. Responsabilidad.—1. Son sujetos responsables las personas físicas o jurídicas que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en esta Ley. La responsabilidad administrativa se entiende sin perjuicio de la que penal o civilmente pueda corresponder al inculpado.
Artículo 63. Prescripción de infracciones y sanciones.—1. Las infracciones leves prescribirán al año; las graves, a los dos años, y las muy graves, a los tres años.
Artículo 64. Competencia sancionadora.—1. Corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora, previa instrucción del correspondiente expediente sancionador, a los siguientes órganos:
Artículo 65. Procedimiento sancionador.—1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa que ponga fin al procedimiento será de nueve meses, a contar desde la fecha de inicio del procedimiento administrativo sancionador.
Disposición adicional única. Intervención de los profesionales sanitarios en los proyectos sometidos a instrumentos de prevención ambiental.—La intervención de los profesionales sanitarios en los proyectos sometidos a instrumentos de prevención ambiental, en cumplimiento de la normativa de prevención ambiental, se ceñirá a la emisión de los correspondientes informes, con el fin de analizar las condiciones, requisitos y obligaciones que han de cumplir dichas actividades o proyectos desde el punto de vista sanitario sin perjuicio de las competencias de prevención ambiental.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.—Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo preceptuado en esta Ley.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 13/2001, de 20 diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Castilla y León.—Uno. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 3 de la Ley 13/2001, de 20 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad de Castilla y León.
c) Zona de laboratorio para la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales.
Disposición final segunda. Organización territorial de la prestación de salud pública.—En los términos establecidos en la presente Ley y en la legislación de ordenación sanitaria vigente, en el plazo máximo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, se procederá a la reorganización territorial de la prestación de salud pública.
Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.—Se autoriza a la Junta de Castilla y León para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.—La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4
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Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

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Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

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Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

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Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

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Artículo 39

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Artículo 40

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Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53
 artículo 99

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65
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