Source: http://www.libertadidioma.com/20200401.htm
Timestamp: 2020-06-01 01:30:54+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Miércoles 1 Abril 2020
OKDIARIO 1 Abril 2020
El Gobierno está improvisando sobre la marcha una serie de medidas económicas con las que pretende paliar los efectos demoledores de la crisis, pero después de tres capítulos publicitados con notable trompetería -los mítines de Pablo Iglesias resultan insoportables- la pomposa serie avanza sin que tres millones y medio de autónomos hayan merecido aún la consideración del Ejecutivo socialcomunista.
Nada, ni agua, como si las pequeñas y medianas empresas fueran apestadas. Todo el peso de la crisis económica se descarga miserablemente sobre quienes han visto como, de un día para otro, han dejado de facturar. Cero ingresos y el Ejecutivo les recomienda que cesen la actividad o pidan créditos. Pero, ¿cómo van a meterse en préstamos si sus negocios o su trabajo por cuenta ajena no generan absolutamente nada?. Y encima, con puntualidad británica, el Gobierno socialcomunista les pasa a cobro las cotizaciones sociales de marzo y se niega a aplazar el pago de impuestos.
El destrozo que el abandono del Gobierno va a provocar en miles de familias españolas será demoledor, pero Pedro Sánchez persevera en su idea suicida de negarles el pan y la sal. Para que luego salga Pablo Iglesias a presumir de política social. Es una canallada en toda regla. Ni una sola medida ha adoptado el Ejecutivo orientada a aligerar la carga fiscal; todo son parches, subvenciones puntuales (para algunos), medidas cortoplacistas que reflejan una miopía clamorosa. Van a matar el tejido empresarial, porque en lugar de aplicar soluciones orientadas a mantener con vida las pequeñas y medianas empresas, se han empeñado en darles la puntilla de manera inmisericorde.
La deriva comunista del Ejecutivo de Pablo Sánchez amenaza con triturar la iniciativa privada; el peso de la crisis sobre las pymes es insoportable y las medidas económicas pasan otra vez de largo, mientras el Gobierno presume de no dejar a nadie tirado en el camino. Pues en el camino hay tres millones largos de autónomos que han probado en sus carnes la receta de quienes gobiernan y ya han apuntado la matrícula del coche del piloto suicida.
Editorial ABC 1 Abril 2020
El Gobierno reafirmó ayer su campaña de propaganda y autodefensa frente a las críticas por su manera caótica de enfocar la crisis del coronavirus y por las consecuencias económicas que ya se aprecian en múltiples sectores. El Gobierno de Pedro Sánchez organizó una rueda de prensa conjunta a Nadia Calviño y a Pablo Iglesias para simular que no hay tensiones en el Consejo de Ministros, sino una falsa paz interna basada en la actuación conjunta y coordinada. Nada más lejos de la realidad. El medio centenar de nuevas medidas económicas para paliar la tragedia empresarial que se cierne sobre España sigue repleta de medias verdades, de confusa letra pequeña y de una nebulosa inseguridad jurídica carente de sentido. El Gobierno sigue improvisando de manera alarmante, adoptando medidas sobre la marcha, aprobando a medianoche decretos ilegibles y despreciando el valor del apoyo institucional y responsable de la oposición. Por eso Sánchez se ha quedado solo frente a una pandemia para la que son insuficientes las burdas operaciones de marketing político. De nada sirve la profusión de ministros a todas horas en televisión leyendo una retahíla de medidas sobre un papel como si fuesen letanías siniestras a favor «de la gente», como repitió ayer Pablo Iglesias. De nada sirve que pidan perdón por los errores cometidos si esa actitud no es sincera, porque a continuación releen, como un guión de mercadotecnia política, un sinfín de propuestas tan restringidas que solo una pequeña parte de la ciudadanía podrá acceder a ellas.
El empobrecimiento de España está garantizado con este Gobierno, en el que se han impuesto el adoctrinamiento marxista de Podemos, la colectivización de los medios de producción y las insinuaciones de futuras expropiaciones si los impuestos que se obtengan de la maltrecha clase media no son suficientes para remontar. Es lógico que el Gobierno se preocupe de los españoles más desfavorecidos. Faltaría más en un Estado solidario como es España, y así lo lleva demostrando durante cuatro décadas de democracia. El Estado del bienestar no ha llegado con Sánchez e Iglesias. Los españoles lo construyeron hace mucho tiempo a base de un esfuerzo generoso que ahora se les prohíbe continuar, cerrando a cal y canto el 80 por ciento de la actividad empresarial. ¿Quién va a pagar la política bolivariana que pretende imponer Iglesias con la aceptación de Sánchez? La única respuesta posible es Europa, pero bajo las condiciones de un rescate draconiano. El gasto público y el déficit deben tener un límite incluso en circunstancias excepcionales, y penalizar al empresario es cegar cualquier base de hipotética recuperación. Frente a eso, presentar ante la opinión pública a un Estado dadivoso que realmente está en quiebra técnica es un engaño masivo y un error que pagaremos con un empobrecimiento a muy corto plazo.
¿Homicidio imprudente?
El Gobierno socialcomunista ha elaborado un documento sobre prevención de riesgos laborales frente al coronavirus en el que concluye que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son un colectivo de «bajo riesgo», al ser «trabajadores que no tienen atención directa al público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de medidas de protección colectiva que evitan el contacto (como una mampara de cristal)».
Esa clasificación, que es aberrante y entra de lleno en la antología del disparate, resulta clave para la seguridad de los distintos sectores, pues para aquellos colectivos con «baja probabilidad de exposición», Sanidad entiende que «no es necesario» el uso de equipos de protección». Únicamente podrían requerirlo en «ciertas situaciones». De esta forma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez justifica que policías y guardias civiles no dispongan de equipos de protección especiales frente al coronavirus.
Resulta indignante que el Gobierno entienda que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan a dos metros de distancia del público, cuando su cometido, por razones obvias, implica el contacto físico en numerosísimas ocasiones. ¿Cómo no van a entrar en contacto directo en el momento de una detención, en un control o en las labores de rescate? ¿De verdad cree el Gobierno que en estos casos, y en muchos otros, pueden desempeñar su trabajo a dos metros de distancia? ¿En qué cabeza cabe pensar que un policía o un guardia civil puede llevar a cabo el desempeño de sus funciones sin establecer contacto físico?
El Ministerio de Sanidad también entiende que son colectivos de «baja probabilidad de exposición» los funcionarios de prisiones o los bomberos, será porque considera que también puede realizar su trabajo a dos metros de distancia del público. No cabe mayor disparate.
Los sindicatos han denunciado la falta de medios de protección entre sus agentes e incluso han presentado una denuncia judicial contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por «homicidio imprudente». A ver cómo explica que no se dotó de protección especial a policías y guardias civiles porque su trabajo era de «bajo riesgo». Este Gobierno no es que sea incapaz de controlar la situación, sino que es un peligro público.
Jesús Cacho. vozpopuli 1 Abril 2020
“Marzo está siendo catastrófico para la recaudación tributaria”, decía aquí este domingo Francisco Núñez, “y abril puede ser aún peor, porque coinciden en este mes las declaraciones trimestrales de IVA y del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades. Nadie se atreve a profetizar qué pasará en mayo o junio”. Según las fuentes consultadas por Núñez, “la caída de los ingresos públicos puede alcanzar entre el 30% y el 50% de la tributación, lo que podría llevar al Gobierno a una crisis de liquidez”. Abundando en la cuestión, y en otro gran trabajo, Jorge Sáinz abría ayer Vozpópuli afirmando que “el Gobierno tendrá que pedir un rescate a la Unión Europea para hacer frente a la crisis”, añadiendo que “en La Moncloa se da por hecho que habrá que acudir al MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) para contener el ingente endeudamiento público” que supondrán las ayudas que, a empellones, está arbitrando el Ejecutivo vía Real Decreto para tratar de paliar la situación de los sectores más afectados.
Son muchos, sin embargo, los que creen que pedir socorro al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) será lo último que haga Pedro Sánchez o, dicho de otra manera, antes se arrojará al Manzanares desde el Puente de Toledo que acudir al MEDE. Un procedimiento que implica la elaboración de un memorandum of understanding con la petición expresa en euros, informe que sería contestado por otro (elaborado por la Comisión, el FMI y el BCE) dirigido a Madrid donde se detallarían una serie de condiciones, fundamentalmente centradas en un ajuste de caballo, a acometer por el Gobierno social-comunista para recibir el dinero. Lo cual supondría, por decirlo con una imagen gráfica, el desembarco en Barajas de los tan temidos hombres de negro con su palo y tente tieso. Una situación que recuerda la vivida por Portugal entre 2010 y 2014. Con el añadido, por lo demás, de que el MEDE dispone de liquidez por importe de 450.000 millones, una suma que se antoja muy corta para la cuantía de fondos que reclamaría el salvamento no solo de España, sino también seguramente de Italia.
No, Sánchez no acudirá a la puerta del MEDE en demanda de un macro préstamo y en esto imitará al estulto Rajoy cuando, en la que quizá fue la mejor decisión de sus años de Gobierno, resistió las presiones para pedir a Bruselas el “rescate país” que reclamaban hasta los más conspicuos empresarios del Reino. Pero, a diferencia de Rajoy, no lo hará por sentido de la responsabilidad o amor a España, sino por su personal conveniencia. El populista radical en que se ha convertido sabe que aceptar la presencia de los hombres de negro equivaldría a firmar su sentencia de muerte política, acusado de traidor por su base electoral. Por eso sigue insistiendo en el mecanismo de los eurobonos (bautizados “coronabonos”), en tanto en cuanto una mutualización (hablamos de obligaciones suscritas por la UE como tal y no por los diferentes Estados) de la deuda le permitiría salvar el match ball financiero que tiene planteado e incluso seguir gastando, en la seguridad de que otros vendrían detrás con la chequera dispuestos a pagar las copas de su derroche.
Alemania, Holanda, Austria y Finlandia se han negado en redondo, una negativa tras la que subyace la radical desconfianza del norte hacia la escasa ortodoxia del sur en el manejo de las cuentas públicas, por no hablar de lo ocurrido con los fondos europeos recibidos durante años. Algo de razón no les falta. España ha conocido seis años de crecimiento económico y, sin embargo, no ha sido capaz de llevar a cabo una consolidación definitiva de sus cuentas públicas, antes al contrario, ha seguido gastando y generando déficits y deuda, hasta el punto de que su capacidad de endeudamiento es ahora mucho más endeble que la de Alemania, por ejemplo, con un ratio deuda/PIB en el entorno del 60%. La negativa de los ricos del norte le ha venido de perillas a nuestro atrabiliario aprendiz de Putin. Sánchez, que ha encontrado en esa UE reacia a mutualizar la deuda al nuevo chivo expiatorio al que culpar de futuros desastres. “Europa se la juega”, dijo el sábado con desparpajo en su ¡Aló presidente!, tras pedir a Bruselas “decisiones valientes y contundentes”. De cemento armado.
Alguien dijo que “estamos gobernados por aficionados y algunos tienen suerte”. Aficionados sin la formación cultural necesaria y sin la menor experiencia en gestión. Simples aventureros de la política. Trileros dispuestos a engañar al más pintado, al solo propósito de seguir reinando en solitario durante el mayor tiempo posible aunque sea sobre un erial. Lo cual quiere decir que al final de la pandemia que nos aflige estaremos ante un escenario de cuentas públicas parecido al que dejó Zapatero en 2011, aunque notablemente agravado. Las estimaciones más realistas hablan de una caída del PIB del 5%, un déficit para este año situado entre el 10% y el 11%, y una deuda pública que podría llegar al 120% del PIB, una pesada herencia para las futuras generaciones.
De modo que Sánchez y su 'troupe' no necesariamente tienen que pedir el rescate a Europa, como la señora Merkel le ha recomendado. Es verdad que la falta de acuerdo entre los socios comunitarios ofrece de nuevo a los ciudadanos europeos un lamentable espectáculo de desunión. “El clima que reina entre los jefes de Estado y de Gobierno y la falta de solidaridad europea representan un peligro mortal para la Unión”, acaba de decir Jacques Delors, expresidente de la Comisión. El coronavirus, en efecto, podría ser el golpe de gracia para un proyecto que, una vez superada la pandemia, tal vez tenga que enfrentarse a su demolición y, en el menos grave de los casos, a un replanteamiento de la Europa a dos velocidades. Con ser graves, los problemas de la Unión nunca serían comparables a los que afronta una España en manos de una izquierda radical dispuesta, y cada día que pasa surgen nuevas señales de alarma, a hacer tabla rasa con la España que hemos conocido desde la muerte de Franco.
En efecto, cada vez se extiende más la sensación de que en buena parte del Gobierno, desde luego en los ministros de Podemos y posiblemente en el propio Sánchez, se ha impuesto el lema del “cuanto peor, mejor”. Cuanto más profunda sea la crisis y más desarbolado quede el tejido empresarial, más fácil será imponer esa agenda social bolivariana con sabor mediterráneo con la que sueñan algunos. El espectáculo de la ministra de Trabajo de IU blandiendo un discurso típico de la lucha de clases –nunca una palabra amable para los empresarios, considerados el enemigo a batir- es la prueba del nueve de ese intento de aprovechar la crisis para tratar de imponer una agenda social y económica de izquierda radical. “Vamos a asistir al surgimiento de un nuevo mundo, con formas de democracia que aspiran a redefinir el capitalismo y a restaurar un papel central para el Estado. Occidente saldrá exhausto de esta prueba”, afirmaba estos días el político francés Pierre Lellouche en Le Figaro. Es imprescindible, por eso, que la ciudadanía empiece a movilizarse –y naturalmente la oposición, como bien acaba de hacer Pablo Casado- pensando en el día después, porque, superada la pandemia, sobre el horizonte de tierra quemada económica asistiremos al intento de acabar con el modelo de convivencia que ha proporcionado a España los mejores años de paz y prosperidad de su historia.
Juan José R. Calaza ABC 1 Abril 2020
En España, el 96,2% de fallecimientos por la Covid-19 se registran entre personas de más de 60 años. En el 3,8% de fallecidos, relativamente jóvenes, se observaron frecuentemente patologías. Las patologías previas disparan la letalidad de la Covid-19 incluso en jóvenes. Esta sospecha parece confirmarse al analizar los casos de fallecidos de más de 60 años.
La tasa de letalidad (calculada sobre la incidencia, infectados reales estimados, no solamente casos reportados) de la Covid-19 es muy baja (del orden del 0,3%-0,4%) doble en hombres que en mujeres, siendo la incidencia igual en ambos sexos, y sube especialmente en varones mayores de 80 años con patologías previas (letalidad 16%, calculada exageradamente sobre casos reportados). Sin embargo, en esta alta letalidad se esconde una correlación así llamada cigüeña: no son la edad y la enfermedad combinadas las que matan sino que con la edad las personas sufren más patologías. Y los hombres más que las mujeres por sus pasados hábitos de vida o actividades profesionales. Con estos elementales datos en mano, puede probarse que la insostenible política de confinamiento, amparada por el Estado de alarma, nace de una premisa completamente falsa. A saber, el confinamiento sería la «única» estrategia eficaz al no poder -alternativamente, por carencia de medios- practicar detección a gran escala con aislamiento de personas detectadas contagiadas. Este diagnóstico de la situación indica grave desconocimiento de la naturaleza de la Covid-19: su letalidad general es más baja que la de la gripe (influenza), 0,8%.
Cuando lo anterior se entiende bien la estrategia para encarar la Covid-19 es imparable. Una parte de la población (la que padece patologías previas) es fatalmente sensible y frágil a la infección del virus SARS-CoV-2. Esta parte de la población debe ser informada, partiendo de su historial clínico, prevenirla del riesgo que corre y, si es necesario, aislarla por su propio bien (se admiten objeciones). Es obligación del Gobierno llevarlo a buen término. ¿Cuál es esa parte de la población de alto riesgo? Especialmente hombres mayores de 80 años (2/3 de fallecidos). ¿Es suficiente ser hombre y mayor de ochenta años? No. Un hombre mayor de ochenta años sin patologías previas, que padezca el Covid-19, corre menos riesgo de fallecer que si estuviera infectado por el virus de una gripe normal. Por tanto, los medios deben asignarse masivamente y los esfuerzos concentrarse, racionalmente, a la evitación de contagios en el segmento de población sensible: la que padece patologías previas. El resto de casos reportados, sin patologías previas, hay que considerarlos como si fuera gripe, es decir, que se queden en casa hasta que la enfermedad remita excepto agravamiento agudo y manifiesto (el 70% de ingresados en las UVI tienen más de 70 años, no todos con patologías previas). Algunos enfermos sin patologías previas también fallecerán, desgraciadamente, pero menos que los que fallecen de gripe. Esta es la única estrategia racional (cf. online, 9/03/2020, el interesante artículo de Fei Zhou y colaboradores: «Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study»).
Con una bisoñez, un desparpajo y una incompetencia que aterran, el Gobierno, en previsión protectora de las personas mayores, ha tomado medidas de confinamiento que nos estigmatizan ante los más jóvenes haciéndonos indirectamente responsables del desastre económico en curso. Y tanto es así que partidos políticos anticonstitucionalistas e independentistas propugnan medidas de confinamiento incluso más extremosas, descontando una crisis peor que la de 2008, en aras de abonar el terreno a sus nefastas y no ocultadas pretensiones. Por ello, los españoles de bien y más de sesenta años debemos oponemos al confinamiento de la población -por ineficaz, humillante, traumatizante y destructivo- impulsando otras medidas de protección en orden al distanciamiento social (centradas sobre todo en la prevención de contagios en personas con patologías previas) aplicando, si es necesario, el poder coercitivo del Estado en cuanto a la obligatoriedad de mascarillas y guantes fuera del hogar.
Es un mito que el «aplanamiento» de la curva epidémica por confinamiento de la población salve muchas vidas. Y las pocas que relativamente pudiese salvar, en el corto plazo, sería a costa de multiplicar los fallecimientos en el medio y largo plazo. Pocas vidas salva la descongestión de Urgencias. Lo que salva vidas es la prevención cuando aún no se ha alcanzado un umbral crítico de contagio, y protegiendo, desde un principio, a ancianos con patologías que difícilmente pueden asumir su propia protección en residencias geriátricas o el propio hogar. ¿A qué esperamos para cambiar de estrategia? Este sistema de protección minuciosamente centrado no impide relanzar inmediatamente la economía para que jóvenes y trabajadores en general no sufran las consecuencias de la voladura del entramado económico. Un Estado endeudado por el desmoronamiento económico carecerá de medios para mantener un sistema de salud eficiente capaz de salvar vidas en el futuro.
Sorprende la visión cortoplacista y chapucera de medidas draconianas, tomadas en España, cuyos impactos económicos, familiares, penales, intelectuales, laborales, afectivos, físicos, psíquicos, etc., debidos al confinamiento obligatorio serán sin duda devastadores. Más razonablemente -contraejemplo de esa miopía decisoria impuesta irracionalmente a una sociedad absolutamente desinformada, aterrorizada y sin datos fiables en que apoyarse-, algunos países calculan integrando los efectos de la pandemia este año y el próximo con la estructura productiva en funcionamiento, en la medida de lo posible, para evitar el colapso económico susceptible de debilitar los sistemas nacionales de salud en el futuro. El INSEE francés ha estimado, por lo bajo, que en diez días de confinamiento la actividad económica se ha contraído el 35%; en un mes el PIB se habrá reducido 3 puntos.
Salvemos la economía y el futuro de los jóvenes. España no podrá encajar dos crisis seguidas. Primero, epidémica; después, económica. Ya que no fueron capaces de evitar la primera crisis evitemos la segunda. El confinamiento es una medida brutal e irracional, sin ningún tipo de base científica, pretextando proteger la vida de las personas mayores que, en realidad, quedan estigmatizadas ante la sociedad. Pronto los jóvenes nos harán responsables de la hecatombe económica culpándonos de haberles bloqueado el futuro. Sánchez ha declarado la guerra, pero inspirado en «Diario de la guerra del cerdo», de Bioy Casares.
José Luis Feito ABC 1 Abril 2020
El rápido crecimiento de la deuda pública en una crisis de esta envergadura es inevitable se haga lo que se haga, con medidas de rescate de un tipo u otro o sin ellas. Del acierto de las medidas que se adopten depende, no tanto el mayor o menor aumento inmediato de la deuda pública, sino el que dicho aumento se utilice eficientemente para preservar la mayor parte posible de tejido empresarial a fin de que sea reversible con rapidez.
Para que la producción y el empleo se recuperen en su momento con el mayor vigor posible habría que ser menos rígido de lo que se está siendo con la activación del mecanismo crediticio y se debería entender que se destruye menos empleo neto abaratando despidos que encareciéndolos, lo que sólo sirve para fomentar las suspensiones de pagos y el cierre definitivo de empresas. Habría, además, que articular urgentemente medidas adicionales rebajando las cotizaciones sociales y, cuando menos, deshacer las subidas del salario mínimo desde 2017. Los sindicatos, por su parte, deberían aprender de la crisis de 2008 y facilitar la renegociación de convenios salariales. Desgraciadamente, como sucedió en aquella crisis, vivimos una coyuntura en la que cuanto menos caigan los costes laborales (que además de salarios, incluyen cotizaciones y gastos de despido) más aumentará el paro y consecuentemente más se debilitará la demanda y la producción. La realidad se puede ignorar o manipular pero lo que no se puede conseguir es hacerla desaparecer. No se creará empleo con la intensidad deseable y se volverá a cronificar una situación de paro muy elevado si la estructura actual de costes laborales no se adapta con rapidez a la nueva realidad económica de nuestro país y de la economía mundial.
Se ha de advertir de otros peligros económicos de esta crisis, no tan ciertos y visibles como las pérdidas de producción y empleo pero acaso más potencialmente dañinos para el crecimiento de nuestra renta per cápita a medio y largo plazo. Se trata de los riesgos de socialización estructural de la economía que siempre se multiplican en tiempos de zozobra, especialmente allí donde las coaliciones políticas gobernantes albergan idearios contrarios a la economía de mercado. Es vital, quizá más que nunca en la historia reciente de nuestro país, defender el ámbito de la iniciativa privada y la libertad de empresa de los ataques que aprovechando la crisis originada por la pandemia ya se están perpetrando en su contra y que desgraciadamente arreciarán durante los próximos meses. Además de orillar el diálogo social y coartar la acción empresarial, se nos lanzan andanadas retóricas que nos anuncian y advierten que «ha llegado la hora de lo público y de la vuelta del Estado» (como si alguna vez se hubiera ido, como si su peso no hubiera estado aumentando ininterrumpidamente). Schumpeter hubo de decir del gran terremoto de Tokio de 1923 que tuvo una sola virtud: no fue atribuido al capitalismo. No creo que hoy pudiera decir lo mismo de la pandemia del coronavirus en algunos países, no al menos en el nuestro si el ideario de los enemigos de la propiedad privada sigue adueñándose de la agenda del Gobierno.
Las medidas de flexibilidad laboral y de salvamento de tejido empresarial, tanto real como financiero y tanto las de esta crisis como las de la anterior, se pueden ver también como medidas para rescatar al sector público y al Estado de Bienestar. Medidas que sirven para impedir que se dañe irreparablemente la generación de ingresos de las AAPP y consiguientemente su capacidad de gasto. Cuando se salvan empresas o empleo con dinero público es porque, si esto se hace bien, se perdería mucho más dinero público si no se salvaran. Esto es así especialmente en el caso de las empresas financieras. El rescate de algunas entidades financieras en la crisis de 2008 fue realmente un rescate de los depositantes de estas entidades e indirectamente de los de otras entidades cuyos depósitos también se hubieran volatilizado con la quiebra de las primeras. También fue un rescate del Estado, cuyos ingresos se hubieran desplomado y cuya deuda hubiera aumentado mucho más de lo que lo hicieron si no se hubieran salvado las cajas de ahorro quebradas.
El vigor económico de un Estado está indisolublemente unido al de sus empresas, al de todas sus empresas tanto en el sector real como en el financiero, y especialmente al de sus empresas grandes y menos grandes porque de ellas dependen directa e indirectamente los ingresos de la inmensa mayoría de pymes y autónomos. Es un signo inequívoco de la ideología antimercado su alabanza de las pymes (después de todo, hasta Lenin no tuvo más remedio que aceptarlas) y su menosprecio y desprecio de las empresas de mayor tamaño. A la manera marxista, considera a estas últimas como unidades de explotación de los trabajadores que deberían ser cogestionadas por ellos, y muchas de ellas nacionalizadas.
Los países europeos en los que el Estado tiene unos ingresos en tanto por ciento del PIB superiores al nuestro, además de tener una renta per cápita mayor que la nuestra, tienen todos las siguientes características. No tienen, ninguno de ellos, impuesto sobre el patrimonio y los tipos marginales máximos del impuesto sobre la renta son similares al nuestro. Los tipos efectivos sobre los beneficios empresariales y sobre los rendimientos del capital son, en la mayoría de esos países, inferiores a los nuestros y las cotizaciones empresariales a la seguridad social son, en todos ellos, sensiblemente más bajas que las nuestras. Por contra, los tipos efectivos sobre el consumo, tanto del IVA como de otros impuestos indirectos, son sustancialmente más elevados que los nuestros. Y todos, sin excepción y de acuerdo con los indicadores de la OCDE, tienen un mercado laboral más flexible que el nuestro.
Con eurobonos o sin ellos, quienes quieran aumentar el tamaño del Estado en nuestro país por otra vía que no sea esta terminará generando un volumen inasumible de deuda pública y cercenando la prosperidad y la capacidad de creación de empleo de nuestra economía, los únicos pilares que pueden verdaderamente sustentar la protección social de los más desfavorecidos.
José Luis Feito es miembro de la junta directiva de la CEOE
Gobierno Cantinflas
Nunca se había visto hablar tanto para no responder a las preguntas
Luis Ventoso ABC 1 Abril 2020
«El impacto en nuestra economía es poco significativo, todos los análisis prevén que sea transitorio» (Nadia Calviño, vicepresidenta económica, diez días antes del estado de alerta)
Este mes se cumplen 23 años de la muerte de Mario Fortino Alonso Moreno Reyes. Por ponerlo fácil: Cantinflas. Dos cómicos clásicos convirtieron las peroratas vacías en fuente de risas seguras: Cantinflas y Chico Marx. Pero emergen discípulos aventajados. Se ha vuelto viral una pregunta de ABC en la rueda de prensa sobre la epidemia (donde el Gobierno se está saltando un principio básico de la democracia, al no permitir que los periodistas planteen sus cuestiones directamente, cuando existen sobrados medios telemáticos para ello). Nuria Ramírez trasladó dos preguntas muy concretas: ¿Por qué el Gobierno contrató con la empresa china Bioeasy si en otros países ya habían fallado sus test? ¿Cuánto dinero pagó España por el pedido? Vale la pena reproducir la respuesta de la representante del Gobierno. Cantinflas y Chico Marx no la superarían: «Todos los pedidos, evidentemente, se realizan a empresas, en este caso fabricantes. O si no llegamos a fabricantes, vamos a distribuidores, intermediarios o empresas que al fin y al cabo nos garantizan el objetivo del producto. Este es el fin, desde luego, para poder adquirir cualquier producto que es necesario para hacer frente a la infección del Covid-19. Esas empresas pueden ser nacionales, o de China, o de otros países europeos». Magistral. No ha respondido a nada, y encima suelta un rollo ininteligible.
Otro ejemplo. Pregunta facilita ayer para la ministra Montero, portavoz del Gobierno: ¿Informaron previamente a la oposición sobre los decretos de suspensión de actividad? Montero coge carrerilla, y con sus enfáticos y asertivos movimientos de cabeza, responde: «No se ha detenido la actividad, sino que se ha incorporado la economía a una especie de hibernación, donde se han detenido los servicios esenciales para tener la economía en un sistema basal», es decir: sí se ha parado la economía (y por lo demás, ¿qué diantre es una «economía basal»?, ¿e «hibernada»?, ¿cómo el oso Yogui?). La ministra continúa parloteando: «Son tiempos vertiginosos. Quisiéramos tener más tiempo. El día anterior se contactó con todos los presidentes autonómicos, excepto dos que no devolvieron la llamada. Por tanto, coordinación, capacidad de transmitir a todos los sectores. Estamos intentando extender toda nuestra capacidad de coordinación para hacer a todas las personas cómplices de estas medidas».
No se rían, que ya lo estoy haciendo yo. En efecto: Montero no ha respondido a la pregunta y además se embosca en una jerga a lo Cantinflas. ¿Anecdótico? No. Un Gobierno que sistemáticamente no responde las preguntas de los medios ante una crisis tan extraordinaria se está pitorreando del público, que tiene derecho a saber. Pero a veces casi mejor que no respondan. Y me remito a la impresionante cita que abre este artículo.
(Diccionario RAE. Cantinflear: «Hablar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada»).
Los periódicos, también
El Gobierno ha aprobado ayudas económicas directas a las televisiones privadas de ámbito estatal por importe de 15 millones de euros y deja fuera a la prensa escrita de este sistema de apoyo financiero. Así se desprende del real decreto publicado en el BOE este miércoles. Nos hallamos ante una injusta y arbitraria selección en el apoyo económico a las empresas del sector. Los periódicos no somos medios de comunicación de segunda división. Estamos declarados también actividad esencial en este período de alarma y confinamiento, tenemos 22.000 empleados, estamos cubriendo informativamente la situación crítica del país y contribuimos a trasladar las instrucciones de las autoridades y a mantener el control democrático sobre sus decisiones. Quizá esto último sea un factor político que está valorando el Gobierno.
Cada ciudadano es libre de juzgar los motivos que animan al Gobierno a financiar de tal manera a las televisiones privadas estatales. Cada medio de comunicación también es libre de defender su línea editorial e informativa sobre la actuación del Gobierno. Pero esta libertad informativa no debe ser objeto de premio o de sanción por parte del poder político. Se trata de una libertad imprescindible para que la sociedad democrática española siga teniendo una opinión pública digna de tal nombre. En esta crisis por el Covid-19, España se juega muchas vidas, se juega su economía, pero también se juega su identidad como democracia y Estado de Derecho, que no están suspendidos por el decreto de estado de alarma, aunque haya ministros y vicepresidentes que creen lo contrario.
Que la oposición haga algo
Liberal Enfurruñada okdiario 1 Abril 2020
849, la cifra diaria de muertos llegó a un nuevo récord el décimo octavo día después de que Pedro Sánchez anunciase el estado de alarma para la contención de la pandemia por la enfermedad de coronavirus. El lunes, tras casi tres semanas de estar todos confinados en nuestros hogares, se acumularon 8.189 fallecidos y 94.417 casos confirmados. Las cifras de cada día siguen superando las del anterior en una curva que nunca llega a su punto más alto. Y eso quien se crea las cifras oficiales, porque sabemos que el Gobierno ha dado la orden de que no se hagan autopsias y se anoten otras causas de defunción, como «fallo multiorgánico», «distrés respiratorio» o «insuficiencia respiratoria aguda», para adelgazar este dato. Además de que, como no hay test para confirmar el contagio, las cifras reales pueden estar perfectamente 10 veces por encima de las declaradas.
El Gobierno socialcomunista insiste en que la oposición debe ser leal y demostrar unidad con el Gobierno, al tiempo que diputados socialistas y podemitas inundan las redes sociales de mensajes en los que le echan la culpa de todo al PP, por su gestión de algunas comunidades autónomas y por unos falsos recortes y privatizaciones que se han inventado ahora. El mismo Gobierno que se negó a prever el brote de la pandemia antes de la juerga comunista del 8M. El que a esta fecha aún no ha sido capaz de proveer a sanitarios y policías de los equipos de protección que necesitan para no caer infectados uno tras otro. El que no dispone de los test que detecten la enfermedad. El que toma una medida por la mañana, la rectifica por la tarde y acaba publicando una tercera diferente de las anteriores a última hora de la noche. El que celebra tres Consejos de Ministros en una semana para que cada uno corrija los errores de los anteriores. Ese Gobierno, nos demanda lealtad y unidad.
Nos exigen que nos traguemos que nadie podía prever lo que para ellos empezó la noche del 8 de marzo, pese a los múltiples avisos previos, tanto nacionales como internacionales, que ya se conocen. Nos obligan a aceptar que esta pandemia es una crisis mundial que afecta a todos los países, pese a que los datos indican que nadie lo ha hecho peor que ellos. Nos fuerzan a creer que su actuación no ha sido sectaria e improvisada, sino que en todo momento han actuado conforme a unos expertos que se niegan a decirnos quienes son y que con toda seguridad serán los mismos que hasta hace tres semanas insistían en que esto no era más que “una gripecilla de nada”, tachando de alarmistas a quienes avisaban de la que se nos venía encima. Nos presionan para que admitamos que somos punteros en cuanto a la adopción de las medidas más estrictas para frenar la pandemia. Que nadie les ponga un pero, que nadie les corrija, que todos crean que las críticas sólo pretenderían sacar provecho de la situación.
Y la oposición, tocando el violón. No se les ve, no se les oye, prácticamente han desaparecido de los medios de comunicación de masas donde solamente se repite machaconamente la versión oficial: este virus lo paramos unidos. Imaginaos que el Titanic se dirige directo al iceberg por el que se hundió y los pasajeros que lo están viendo se quedan callados sin protestar porque deben estar todos unidos. Suponeos a bordo de un autobús que lleva al volante a un conductor borracho, que os exige silencio mientras acelera, porque los pasajeros le deben lealtad. En esta crisis no hay nada que el Gobierno haya hecho bien en el pasado, no existe ningún motivo para confiar en que vayan a acertar en el futuro. Lo siento, yo no conozco la solución, no tengo ni la más remota idea de cómo se puede quitar del mando al mono con dos pistolas que nos lleva irrevocablemente a la desgracia. Sólo puedo exigirle a la oposición que no siga callada, que haga algo para tratar de impedir que nos hundamos, que por lo menos lo intenten. Y que nos ayuden al menos a recuperar la dignidad que nos han arrebatado.
Juan Ángel Soto okdiario 1 Abril 2020
En diciembre del año pasado, escribí para este periódico, con motivo del comienzo de la andadura de la XIV legislatura, que el Congreso que emergía de las urnas y el muy probable Ejecutivo, que luego se convirtió en una realidad, auguraban un verdadero cambio de régimen. Muchos lo advertimos al ver al Partido Socialista echarse en brazos de sus aliados comunistas y nacionalistas. Sin embargo, no podíamos entrever, como es lógico, que la actual crisis del coronavirus iba a tratarse del canal, la herramienta, que aprovecharían aquellos que no deseaban reformar el sistema, sino subvertirlo.
El estado de alarma, que en realidad lo es de excepción, como señalé la semana pasada, ha otorgado unos poderes extraordinarios a un Gobierno en el que, bien el todo (la coalición en su conjunto), bien la parte (Podemos), busca liquidar el régimen de 1978 por la vía rápida. Las prerrogativas que ahora ostenta Pedro Sánchez resultan verdaderamente formidables. La población española está confinada en sus casas, el Estado señala quién puede trabajar y quién no, dispone quién deja de pagar (alquileres) o sigue haciéndolo (hipotecas), y quién continúa cobrando (empleados) y quién ya no (empresarios). Nos regala propaganda en las cadenas públicas de televisión, fans confesos de La Moncloa; condición servil que también exhibe otra retahíla de medios, los cuales, bajo la contabilización diaria de fallecidos y contagiados, y las historias positivas y de superación, entierran todas las críticas que podrían, y deberían, dirigirse a quienes están gestionando de forma tan chapucera esta terrible situación.
Entre otros desaguisados, destacan las innumerables infracciones que los propios ministros o el presidente están cometiendo, saltándose cuarentenas y mintiendo sin ningún tipo de rubor, o el avance inexorable del independentismo catalán, apreciable en el continuo coqueteo con la excarcelación de los políticos presos, o en la cantinela incesante de un Torra desatado, que aprovecha el coronavirus para apuntalar su taifa. Ni que decir tiene del despropósito al que el Gobierno socialista-comunista llama “gestión de crisis”.
A su vez, el desastre económico al que nos abocan las medidas que se han adoptado en ese ámbito para “paliar” los efectos de esta pandemia hace suponer que, de manera consciente o no, en lo sucesivo habrá una mayor dependencia del Estado por parte de muchos que, sencillamente, lo necesitarán para subsistir. Quizá reeditemos así el modus operandi bolivariano estándar, en cuyo espejo se mira el vicepresidente Pablo Iglesias y su banda. Un término acuñado por Albert Rivera en periodo electoral, y que, en aquel momento, parecía una exageración nacida de la retórica política. Nada más lejos de la realidad. Los que nos gobiernan integran poco más que una banda (poco profesional, desorganizada, mentirosa…), y los resultados son tan catastróficos como inevitables.
Conviene recordar que los poderes extraordinarios que ahora posee el Ejecutivo, contemplados en la Constitución, no deberían suponer su empleo en contra de esta. De la pesadilla del coronavirus podemos despertarnos en una España mejor, o en una mucho peor. La misión de los medios de comunicación y la sociedad civil en su conjunto durante estos tiempos difíciles habría de consistir en el ejercicio de un necesario contrapeso y en un control permanente, con el fin de que el Estado no se extralimite en lo que marca la ley. De lo contrario, corremos el serio peligro de acostumbrarnos a su perenne intromisión en las vidas de las personas. Una injerencia que hoy puede esgrimirse bajo el pretexto de nuestra protección, pero mañana venir motivada por el expolio. Hemos de estar vigilantes para que la suspensión de derechos y libertades no se transforme en su eliminación. Pues entonces nos encontraríamos, no cabe duda, ante otro tipo de régimen.
Calixto Rivero okdiario 1 Abril 2020
Una crisis que no tolera improvisaciones
Daniel Lacalle larazon 1 Abril 2020
Los datos de la economía española ya eran malos antes de la crisis de mala prevención y gestión en la que estamos inmersos. El Producto Interior Bruto creció en 2019 un 1,8%, y en esa cifra se incluye una caída de la demanda interna y de la inversión. Además, por primera vez en seis años, España aumentó el déficit a un 2,7%, una irresponsabilidad derivada del aumento innecesario de gastos en periodo de ingresos récord que nos va a generar un agujero fiscal sin precedentes en 2020. Nos encontramos ante una crisis en la que los ciudadanos y empresas de España han sacado lo mejor de sí mismos para colaborar y combatir la pandemia, pero con un Gobierno que se entrega a la propaganda y la improvisación para disfrazar sus errores de gestión. Esta crisis nos demuestra que este era un Gobierno que solo iba a saber gestionar la bonanza.
Se pueden hacer muchas críticas al primer paquete de medidas económicas que lanzó el Gobierno. Sobre todo, que era un paquete orientado a una recesión moderada y que centraba todas las soluciones en ofrecer la posibilidad de endeudarse a las empresas. Sin embargo, al menos ese paquete de medidas no hacía daño. Podría ser ineficaz ya que intentaba solucionar con más deuda y préstamos un cierre forzoso de la economía, pero no era dañino. Era un plan inadecuado, pero no destructor. Todo ha cambiado en unos días. La acción de gobierno ha sido tomada por el ala más radical y con un objetivo no disfrazado de llevar a la economía a la ruina para imponer el intervencionismo más totalitario. Cercenar las piernas a la economía para luego presentarse a expropiar.
El Gobierno se lanza, con los Real Decreto 9 y 10, a una batería de medidas que probablemente van a enviar al cierre a miles de empresas y, además, lo hace –de nuevo– con improvisación, incoherencia e incompetencia. Un Gobierno en el que ningún miembro ha gestionado jamás una cadena de suministro ni creado una empresa industrial no solo no puede decidir qué actividades son esenciales y cuáles no, es que no debe decidirlo. El odio a la empresa está tan arraigado entre algunos miembros del Gobierno que rechazan cualquier apoyo en la gestión.
De cabeza hacia el rescate
Las medidas anunciadas nos abocan a un más que probable rescate por parte de la Unión Europea con resultados imprevisibles. ¿Por qué? Porque añaden a la grave irresponsabilidad de haber disparado los gastos en tiempos de bonanza la inaceptable temeridad de lanzarse a disparar todavía más el gasto por la crisis sanitaria mientras destruyen, por decisión ideológica, el tejido empresarial del país. Es la receta de la quiebra. Con unos ingresos fiscales que ya están cayendo más de un 40%, usan todo el espacio fiscal que nos concede la Comisión Europea ante la pandemia para empeorar la capacidad de generar ingresos en el futuro. Destruyendo el tejido empresarial del país destruyen el empleo futuro y los ingresos fiscales de los próximos cinco años. El Gobierno debería usar el espacio fiscal para preservar el tejido productivo del país, y lo que hace es enviarlo a la quiebra mientras promete subvenciones con el dinero de… Europa.
A la irresponsabilidad antes mencionada se une la temeridad de pensar que todo este desaguisado lo van a financiar los países europeos que han reducido su déficit y ajustado sus cuentas públicas en el pasado. El Gobierno de España no solo introduce una enorme inseguridad jurídica a las empresas de España con decretos que tienen medidas incomprensibles, contradictorias e improvisadas, sino que pretende que Europa no analice y monitorice las decenas de miles de millones de euros que van a gastar bajo el denominador común de «luchar contra el coronavirus» (donde van a incluir, no lo duden, todo tipo de gastos esenciales y no esenciales).
Es extremadamente peligroso que el Gobierno se apropie del término «coronabono», un nombre que es válido para una multitud de instrumentos con distintos aspectos porque va a convertir en inviable la propuesta para todos los países europeos y llevarnos al rescate. De las medidas anunciadas, todas suponen poner la carga de la recuperación en el balance del sector privado, acudiendo a una más que dudosa capacidad de endeudarse y aguantar. Y olvida el Gobierno que sin el sector privado no hay sector público.
De los 200.000 millones anunciados inicialmente, 117.000 se cargan al balance y riesgo de la banca y 83.000 al sector privado. El plan de rescate anunciado ayer incluye moratorias a autónomos, hogares y pequeñas empresas, pero no dejan de ser nada más que moratorias, es decir, periodificación de gastos. Debilita, y de manera muy importante, el balance del sector bancario y la capacidad de subsistencia del sector inmobiliario. De nuevo, son medidas que se basan en la idea de que la economía se va a recuperar rápidamente, pero, mientras se hacía el anuncio, miles de autónomos y empresas de España recibían cancelaciones de pedidos para noviembre, diciembre y enero mientras les anunciaban retrasos en el pago de facturas ya emitidas. España necesita que el Gobierno deje de pensar en un paréntesis sin impacto y empiece a pensar en el enorme agujero que se está creando en solvencia y liquidez de empresas y sector privado. No es cuestión de moratorias y préstamos, es cuestión de exoneración de impuestos, usar el espacio fiscal extraordinario que nos han concedido para mantener el tejido productivo.
Daniel Lacalle es Economista Jefe de Tressis
Pedro Sánchez aprueba un nuevo paquete de medidas económicas sin explicar cómo se pagarán. No incluye los pilares que han de cimentar la recuperación: flexibilidad, menos cargas a las empresas y rigor fiscal
Juan Ramón Rallo | Madrid larazon 1 Abril 2020
La crisis económica derivada de la crisis sanitaria del coronavirus será el peor «shock» que haya sufrido España desde su Guerra Civil. De ahí que ciertamente necesitemos medidas dirigidas a minimizar las lesiones que puedan generarse en el largo plazo, pero desde luego no cualquier tipo de medidas. Ayer, el Consejo de Ministros alumbró un nuevo paquete de propuestas respecto al pago del alquiler por parte de los afectados de esta crisis, la situación de los autónomos, los planes de pensiones y los parados sin subsidio, entre otras cuestiones. Estas medidas se unen a las ya aprobadas por Moncloa en estas semanas de estado de alarma y que, en su conjunto, amenazan con hipotecar al país sin ofrecer un horizonte claro en torno a cómo se pagarán en el futuro.
Hasta la fecha, el Ejecutivo de PSOE-Podemos ha promovido tres categorías de políticas económicas: las orientadas a proporcionar liquidez a los agentes económicos, las concebidas para suplir fuentes de renta y las que buscan reactivar la actividad económica futura. El primer grupo de medidas –la provisión de liquidez– es esencial para que muchas empresas solventes en el largo plazo, pero que han visto derrumbarse sus ingresos en el corto plazo, puedan hacer frente a sus pagos más inmediatos. Sin liquidez, incluso los buenos modelos de negocio podrían terminar siendo desmembrados, en perjuicio de su capacidad futura para volver a generar riqueza. Ahora bien, no cualquier tipo de provisión de liquidez es aceptable, pues puede terminar convirtiéndose en un rescate encubierto a la empresa a costa de unos contribuyentes que ya están muy esquilmados. En particular, ¿cuáles han sido las decisiones tomadas por Sánchez? Dentro de este apartado, destacan primeramente los avales públicos para la deuda empresarial de hasta 100.000 millones de euros. El riesgo de la medida, claro está, radica en que se avalen a negocios insolventes, lo que terminaría perpetuando malos modelos de negocio e incrementando el déficit público.
Moncloa también ha puesto encima de la mesa el aplazamiento de impuestos y de cotizaciones sociales para autónomos, una medida razonable –no tiene sentido cobrar impuestos en un momento en el que se ha hundido la actividad del sector privado–, pero muy insuficiente. Por ejemplo, en materia fiscal sólo es posible aplazar hasta 30.000 euros. Respecto a la moratoria de hipotecas y alquileres, el Gobierno lo que ha hecho es trasladar los costes del aplazamiento de los pagos por hipoteca o alquiler a los acreedores, hasta el punto de que los grandes tenedores de vivienda puedan verse obligados a condonar la mitad del alquiler de sus inquilinos. El problema, por tanto, no se soluciona, sino que se traslada de unos agentes (deudores) a otros (acreedores). ¿Qué sucederá, por ejemplo, si los grandes tenedores de vivienda sufren, a su vez, de problemas de liquidez para pagar los salarios de sus trabajadores o las deudas con los bancos? Finalmente, la coalición ha diseñado la posibilidad de rescatar planes de pensiones, una política muy razonable puesto que si una parte de la población española tiene una porción de su patrimonio inmovilizado en estos planes de pensiones, lo lógico es que en estos momentos se permita su rescate anticipado en caso de desempleo o cese de actividad.
El segundo grupo de medidas –las orientadas a suplir las fuentes de renta– puede ser necesario para sostener a aquellas personas que vayan a quedar totalmente desamparadas durante los próximos meses como consecuencia del parón de la actividad económica. El Gobierno ha aprobado esencialmente dos: una prestación de desempleo extraordinaria para los afectados por un ERTE y una prestación de 440 euros para los trabajadores temporales en paro. El problema principal de esta segunda categoría de políticas es que el Gobierno no nos ha explicado cómo piensa pagarlas. A nadie se le escapa que los ingresos públicos se van a hundir a lo largo de 2020, lo que ya de por sí tendería a disparar el déficit público en un país donde la deuda estatal ya es demasiado elevada. Por eso, incrementar todavía más los desembolsos del sector público nos hace avanzar hacia una crisis de deuda, salvo que presentemos en breve un plan creíble y a largo plazo de ajuste presupuestario, algo que no parece que el Gobierno de Sánchez tenga la más mínima intención de hacer.
Y, por último, las medidas orientadas a reactivar la actividad económica futura deberían consistir en facilitar la supervivencia empresarial y potenciar su inversión cuando haya pasado la emergencia sanitaria actual, pero el Gobierno, de momento, ha preferido prohibir los despidos por causas económicas, lo que forzará a las empresas o a que recurran al despido improcedente (mucho más caro) o a que se acojan a un ERTE (el cual les impide despedir durante un período de medio año). Es decir, abocará a nuestras empresas a despedir todavía a más gente de la que necesitaban despedir. En definitiva, necesitamos un plan económico para contrarrestar los daños del coronavirus pero ese plan no es el de Sánchez. Más flexibilidad económica, menos cargas sobre las empresas y más rigor fiscal a largo plazo.
Ayuda sí, pero con condiciones y responsabilidades. No tenemos derecho a reclamar mucho más que eso
Juan Ramón Rallo elconfidencial 1 Abril 2020
El último Consejo Europeo concluyó con una profunda división entre, por un lado, España e Italia y, por otro, Alemania y Holanda. Los primeros quieren impulsar la reconstrucción europea pospandemia con una especie de plan Marshall financiado mediante la emisión de eurobonos (o coronabonos); los segundos, en cambio, se oponen a semejante idea, puesto que consideran que ha de ser cada Estado miembro quien determine qué tipo de estímulo necesita su respectiva economía y, en todo caso, quien lo costee.
De entrada, a nadie debería sorprenderle demasiado que Alemania y Holanda rechacen mutualizar las enormes emisiones de deuda pública que se esperan durante los próximos meses. Basta observar el siguiente gráfico para detectar dos formas opuestas de concebir y administrar el endeudamiento público: al cabo, España e Italia no solo tienen muchos más pasivos que Alemania y Holanda (el país transalpino incluso duplica su volumen de deuda), sino que desde 2013 unos se esforzaron por reducirlos sostenidamente mientras que los otros los mantuvieron esencialmente estables (ayer mismo, conocimos que el déficit público de España había vuelto a aumentar en 2019, esto es, antes del coronavirus).
¿Por qué las hormigas que durante tantos años nos estuvieron apercibiendo por nuestra pasividad a la hora de sanear nuestras finanzas públicas deberían acudir ahora al rescate de unas cigarras que, para más inri, llevan varios años tratando de saltarse los objetivos de déficit que las hormigas les reclamaban?
Pese a lo anterior, uno podría argumentar que la situación actual es lo suficientemente grave como para que Alemania y Holanda se apiaden del sur de Europa y estén dispuestas a financiar sus programas de estímulo a unos tipos de interés lo bastante bajos como para no poner contra las cuerdas la propia solvencia del Reino de España y de la República de Italia. Pero, y he aquí la clave del asunto, Alemania y Holanda en ningún momento se han negado a extender crédito barato a España y a Italia sino a extendérselo sin ningún tipo de condicionalidad.
Recordemos que actualmente ya existen dos mecanismos dirigidos a facilitar la financiación de Estados miembros altamente endeudados. Por un lado, el Banco Central Europeo anunció que adquiriría durante los próximos meses activos financieros por importe de hasta 750.000 millones de euros: si todos ellos fueran deuda pública (que no lo serán), a España le correspondería un mínimo de 72.000 millones de euros (ampliables en caso de necesidad por la propia institución). Por otro, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) posee una capacidad de extender créditos por importe de hasta 500.000 millones de euros a aquellos países que lo soliciten: una financiación que, además, se efectuaría a tipos de interés a largo plazo por debajo del 1%.
¿Por qué entonces ni España ni Italia se contentan con estas herramientas que ya se encuentran hoy en día a su disposición? Pues porque, como ya hemos dicho, los dos implican algún tipo de condicionalidad de ajuste macroeconómico futuro. La condicionalidad del Banco Central Europeo puede que no sea formal y explícita, pero sí sabemos que la institución tiende a 'paralizar' temporalmente las comprar de deuda (favoreciendo una subida de los tipos de interés en los mercados) cuando un Gobierno nacional trata de sobreendeudarse de manera imprudente. La condicionalidad del MEDE, en cambio, sí es absoluta (en la propia web de la institución lo deja meridianamente claro: “La asistencia financiera está supeditada a unas condiciones estrictas”), hasta el punto de requerir la firma de un memorando de entendimiento con intervención formal de las finanzas estatales.
Esto último es, claro está, a lo que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se niegan como gatos panza arriba: no quieren de ningún modo que su legislatura de progreso quede empañada por la aceptación de un programa de austeridad más profundo y con una mayor tutela por parte de la Troika del que jamás experimentó Rajoy. No se trata, pues, de que Alemania y Holanda no hayan puesto a disposición de España e Italia herramientas de financiación para sufragar sus respectivos 'planes Marshall': es que esas herramientas no les sirven a nuestros gobernantes porque se oponen a adquirir el compromiso de sanear sus finanzas públicas no ya en el corto plazo (algo que sería del todo inverosímil) sino en el largo plazo.
Y a eso es a lo que se oponen realmente Alemania y Holanda cuando rechazan los eurobonos: a que sean sus contribuyentes los que paguen los planes de gasto diseñados por los gobiernos español e italiano sin ejercer, para más inri, ningún tipo de control sobre el destino final de todo ese gasto. Su postura, más allá de sectarios intereses nacionalistas, es del todo razonable: ayuda sí, pero con condiciones y responsabilidades. No tenemos derecho a reclamar mucho más que eso y, desde luego, sería un completo suicidio continuar amagando con que, si no nos conceden los eurobonos, podríamos terminar abandonando el euro. Lo último que necesita ahora mismo España es que se empiece a cuestionar si va a regresar a la peseta en medio de un colapso económico histórico: en tal caso, la fuga de capitales terminaría de vaciar nuestra escasísima liquidez interna en perjuicio de familias, empresas y administraciones públicas.
La campaña contra Isabel Díaz Ayuso
Los ataques de la izquierda a la gestión de la presidenta son la expresión de su rencor por no haber conseguido los gobiernos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid
Francisco Marhuenda larazon
La izquierda lleva muy mal las derrotas electorales. Es algo que hemos podido comprobar desde la Transición hasta nuestros días. No hay más que acudir a las hemerotecas para recordar las campañas inmisericordes que sufrieron Adolfo Suárez y los dirigentes de la UCD, pero este hilo conductor ha llegado hasta nuestros días contra el PP. Es verdad que esas campañas son inconsistentes por regla general y que las famosas auditorías de infarto que anunciaron en 1982 contra los antiguos ministros de UCD nunca existieron, porque su gestión había sido ejemplar. Esta estrategia de demolición se ha repetido con el PP, aunque al igual que ha sucedido con la izquierda cuando ha gobernado ha habido políticos honrados y otros que no lo han sido tanto, pero algo que, desgraciadamente, no es privativo de una actividad profesional o partido, sino que hay gente que no es honrada en muchos ámbitos de la sociedad. En cualquier caso, siempre es una gran minoría. No obstante, siempre resulta más atractivo o tiene mayor impacto si afecta al centro derecha. Es lo mismo que ha sucedido cuando el PP y Cs han pactado con Vox que se ha considerado muy malo, pero si el PSOE lo hace con Podemos está bien porque son «progresistas». Es, simplemente, un insulto a la inteligencia.
Estas semanas de crisis estamos asistiendo a un ataque tan brutal como injusto contra Ayuso y su gobierno que causa bochorno por su desmesura e injusticia. No importa, porque es la expresión de su rencor por no haber conseguido los gobiernos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Están afrontando desde el primer momento una crisis sanitaria impresionante con eficacia y rigor. El sistema sanitario público y privado madrileño están trabajando de forma ejemplar. Cuando se pueda analizar lo sucedido con el suficiente sosiego se podrá comprobar que ninguna administración puede afrontar con normalidad un escenario imprevisible. Hay que recordar, algo que se olvida interesadamente, que las competencias son del Gobierno porque desde el primer momento ha afectado a toda la nación. La OMS felicitaba ayer a la Comunidad de Madrid por su trabajo en el hospital temporal para tratar a los pacientes que se ha situado Ifema. La izquierda se debería sosegar y respetar el trabajo que realiza en un momento tan difícil y angustioso.
Los grandes emporios mediáticos, en lugar de fiscalizar al Poder, con gusto se dejan comprar y devienen maquinarias de agitación y propaganda gubernamentales.
Una cosa es que el calamitoso Gobierno de Pedro Sánchez no haya tenido más remedio que incluir la actividad de los medios como uno de los "servicios esenciales" a los que no afecta su más que discutible, por draconiano y empobrecedor, endurecimiento de la regulación del estado de alarma, y otra muy distinta que se dedique, tal y como se temía Vox, a subvencionar a determinados emporios afines, que –no hay más que asomarse a la mayoría de las televisiones en abierto– se están caracterizando por la contención de su cobertura sobre el brutal impacto del coronavirus y por su escandalosa ausencia de crítica a la manera en que el Ejecutivo está afrontando la pandemia.
Ese periodismo entendido como servil correa de transmisión copa las parrillas de Atresmedia y Mediaset, que, a pesar de sus multimillonarias ganancias en 2019, van a ser los principales destinatarios de los más de 15 millones de euros en subvenciones para las televisiones en abierto que contempla el borrador del decreto-ley de medidas económicas complementarias para paliar los efectos del Covid-19.
Ya resultó bochornosa la forma en que las cadenas del duopolio alentaron en su día las imperdonables manifestaciones feministas del pasado día 8. Con todo, aún más deplorable resulta la forma en que desde entonces vienen informando del impacto del Covid-8M. Así, en lugar de fijar la atención en el dato más fiable, el número de fallecidos por la epidemia, inciden en uno tan engañoso como el del número de contagiados, imposible de conocer por la sencilla razón de que España es uno de los países en donde menos pruebas y tests se están haciendo.
Estas televisiones, algunas de las cuales exigieron al Gobierno del PP dimisiones a causa de la crisis del ébola –en la que falleció una persona y se sacrificó a un perro–, con más de 8.200 muertos a causa del coronavirus se dedican a cacarear la consigna gubernamental de que "estamos más cerca del pico de contagios", al tiempo que dejan en segundo plano hechos tan dramáticamente elocuentes como el de que España ya es, en términos relativos a su población, el país con el mayor número de fallecidos del mundo (dejando siempre al margen a la intoxicadora y manipuladora China comunista, gran responsable de la pandemia, cuyos datos no hay manera de contrastar) y el que presenta un mayor número de contagios entre el personal sanitario. Sin poder conocer el dato real de contagiados es absurdo hablar de "estabilización en el ritmo de contagios", y más ridículo todavía es decir que estamos "más cerca del pico", aseveración tan exacta como estúpida, por cuanto es imposible violar las leyes de la física que nos impiden viajar hacia atrás en el tiempo.
España sufre una de sus peores crisis socio-sanitarias con un Gobierno tan sectario como incompetente, copado por comunistas implacables que pretenden aprovechar la funesta ocasión para perpetrar un cambio de régimen. Y los grandes emporios mediáticos, en lugar de cumplir con la función reservada a la Prensa en las sociedades libres, fiscalizar al Poder, con gusto se dejan comprar y devienen maquinarias de agitación y propaganda gubernamentales. Cada vez cobran más relevancia las claras advertencias de Cayetana Álvarez de Toledo sobre las cadenas que hacen "negocio con la erosión de la democracia". Si no se le planta cara, el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, socorrido por sus medios subvencionados, puede acabar implantando en la España devastada por el coronavirus una suerte de distópica dictadura perfecta.
Las coronatelevisiones
Emilio Campmany Libertad Digital 1 Abril 2020
La existencia de una prensa libre es requisito indispensable para que haya democracia. Con el coronavirus estamos comprobando algo de lo que ya había indicios vehementísimos: que las grandes cadenas de televisión privada no lo son. Que circule un borrador de subvenciones para ellas mientras al resto de las empresas se les exige pagar los sueldos no obstante el cese de su actividad es suficientemente esclarecedor.
La gestión que el Gobierno está llevando a cabo es desastrosa. Iglesias está empeñado en aprovechar esta calamidad para imponer en los Consejos de Ministros su agenda bolivariana y nadie osa desde la caja tonta destacar lo suicida que es hacer frente al virus en coalición con los comunistas. El Gobierno justifica su lentitud en reaccionar alegando la opinión de supuestos expertos y nadie en la tele le pide sus nombres. Faltan tests y nadie le apremia para adquirirlos ni le afea su falta de previsión. Como no se hacen tests, se publican cifras de contagiados que son groseramente falsas y que en las televisiones nadie pone en duda. Se compra una partida de tests defectuosos a través de un intermediario cuyo nombre se oculta y nadie investiga ni se pregunta quién es el amigo que hizo la gestión ni cuánto cobró. Los grandes comunicadores borran tuits reveladores de la grave irresponsabilidad cometida cuando negaron la importancia del virus, siguiendo la estrategia del Gobierno, por llenar las manifestaciones del 8-M. O aparecen en la televisión escuchando con interés fingido las patochadas del gobernante de turno. O salen caminando parsimoniosos delante de atractivos cuadros que paladinamente no pueden reflejar la realidad. Alaban la gestión que de la pandemia ha hecho el régimen comunista chino, cuando se ve que los datos suministrados son con toda seguridad falsos. Ocultan la brillante gestión de Taiwán por el veto que padece por parte de los comunistas chinos. Ponen como chupa de dómine a Trump por cometer los mismos errores que Sánchez, pero se guardan mucho de atribuir ninguno a nuestro presidente. Admiten sin rechistar que se achaque a la gestión del PP las deficiencias que la crisis ha revelado que padece nuestro sistema sanitario, olvidando que hace mes y medio lo consideraban de los mejores del mundo. Se congratulan de las muchas muertes que con seguridad el confinamiento nos va a ahorrar, pero no se dice nada de las también muchas que el retraso en adoptarlo ha causado y causará. Y esto lo hacen las televisiones y comunicadores que armaron la que armaron contra el Gobierno del PP con ocasión del Prestige y el 11-M.
El Gobierno o, más propiamente, el PSOE y Podemos están inmersos en una descarnada y brutal campaña de propaganda para sobrevivir a la crisis y a su pésima gestión. Para eso, las televisiones, a través de las cuales se informa en exclusiva una gran mayoría de españoles, son clave. A cambio, recibirán de una u otra forma subvenciones que les permitirán seguir ganando dinero desinformándonos. Si alguna vez vuelve a gobernar la derecha, aquél sobre el que caiga la responsabilidad tendrá que arreglar esto.
Pablo Molina Libertad Digital 1 Abril 2020
Los Gobiernos socialistas arruinan los países y los comunistas se hacen con las sociedades devastadas para perpetuarse en el poder a base subsidios. En España estamos culminando la primera fase de este imperativo histórico y, por tanto, muy cerca de entrar en la segunda y última etapa del proceso, que se pondrá en marcha sin necesidad de grandes tumultos callejeros gracias a que Sánchez ha dado entrada a los comunistas en su Gobierno.
Esta certeza elemental, que tiene presente cualquiera que haya estudiado un poco de Historia, pasa sin embargo desapercibida para la mayoría de los dirigentes de los partidos conservadores y liberales de la actualidad, que consideran a Sánchez un incompetente y a Iglesias un hipócrita iluminado, como si eso tuviera alguna importancia en la brutal revolución que ambos han puesto en marcha.
Las medidas adoptadas en el último Consejo de Ministros dejan muy claro que Sánchez ha renunciado a luchar contra los efectos económicos de la crisis del coronavirus, que él y sus ministros contribuyeron decisivamente a agravar, y de lo que se trata ahora es de establecer una red clientelar para garantizarse la victoria en las próximas elecciones. De comprar votos, los socialistas saben mucho. Los comunistas, más.
Y como lo único que puede hacer saltar por los aires esta estrategia de hundimiento de la clase media y su envilecimiento a golpe de subsidio es lo que los idiotas posmodernos llaman "el relato", junto a las medidas para convertir a los ciudadanos en siervos mantenidos se han aprobado otras destinadas a llenar el bolsillo de los que han de crear ese imaginario colectivo favorable el poder. La inclusión de las actividades escénicas, musicales, cinematográficas y audiovisuales en el paquete de ayudas aprobado por el Gobierno y la creación de un fondo millonario para subvencionar a las televisiones tiene, lógicamente, ese objetivo central. Lo sangrante es que todas las personas que quieran acogerse a las ayudas gubernamentales deberán demostrar su falta de ingresos, mientras que los dos grandes emporios, A3Media y Mediaset, se repartirán la parte mollar de esa millonada a pesar acreditar beneficios de 120 y 200 millones de euros, respectivamente. Lo trágico para los que todavía pagamos impuestos es que si estuviera gobernando el PP hubiera hecho lo mismo, cuando no más.
Frente a esta operación de profundo calado político que amenaza con cerrar el régimen del 78 como anunciaba en su día el marquesito ayatolá, se alzan únicamente los escasos medios escritos que puedan sobrevivir a las actuales circunstancias. Por eso, contribuir a su sostenimiento formando parte de la propiedad como pedimos aquí no es dar una subvención, sino compartir trinchera en la batalla que ya se ha desatado para arrebatarnos la libertad.
Sí: el 8-M sí tuvo la culpa
Carmelo Jordá Libertad Digital 1 Abril 2020
El aquelarre feminista acabó con las pocas posibilidades de que este Gobierno irresponsable e impresentable hubiese hecho algo parecido a lo que era y sigue siendo su obligación: gobernar.
Están el Gobierno, el PSOE, Podemos y hasta Miguel Lacambra haciendo el ridículo para tratar de demostrar que las manifestaciones del 8-M, que hay que recordar que se celebraron no sólo en Madrid sino en muchas otras ciudades de España, no tuvieron una incidencia significativa en el crecimiento brutal de la epidemia del coronavirus. Para ello han hecho altisonantes declaraciones, tuits e hilos hilarantes, sesudas reflexiones tertulianas y hasta creado periodistas de pega para perpetrar un artículo con muchos datos y muchas curvas y muchas trolas.
La verdad es que el empeño es tan inútil que casi resulta enternecedor: por mucho que te empeñes, no se puede negar la evidencia de que una miríada de manifestaciones con decenas de miles de personas es exactamente lo contrario a la confinación doméstica y a respetar la distancia social incluso en el supermercado, tal y como hacemos ahora.
Por otra parte, el rosario de bajas por coronavirus entre las políticas participantes en el sarao también nos dice algo, y, por si lo anterior y el sentido común no fuesen suficientes, hace unos días hablé con uno de los mayores expertos en coronavirus en España, que describió un manifestación –con "todas muy juntas y chillando"– como un entorno "idóneo" para la transmisión de la enfermedad.
Sin embargo, lo esencial no es si las mamarrachadas callejeras del 8-M –sí, he dicho "mamarrachadas callejeras"– contribuyeron poco, mucho o muchísimo a esparcir el coronavirus por España; lo realmente importante es que fueron lo que hizo que el Gobierno sesteara plácidamente hasta el día 10, corrigiendo y recorrigiendo el borrador de una ley innecesaria e impresentable y haciendo propaganda partidista con un tema, el feminismo, que podría servir para algo más que para ver a dos mujeres-de encabezando una manifestación presuntamente feminista.
Lo fundamental de todo esto es que, de no haber mediado el 8-M, quizá Pedro Sánchez y los suyos habrían tenido por una vez la tentación de gobernar y habrían podido preparar al país para lo que venía; quizá se habrían atrevido a prohibir las concentraciones de gente, tal y como aconsejaba la OMS –que publicó una guía al respecto el día 7–, medida que, por cierto, finalmente sí tomaron, pero el día 10.
Si no hubiesen esperado y deseado sacar tajada política del aquelarre feminista de aquel domingo, habrían podido impedir que se jugasen partidos de fútbol por toda España ese fin de semana, o las misas a las que acudieron miles de personas mal informadas; o, incluso, algo que les habría encantado prohibir: el mitin de Vox en Vistalegre.
Si su prioridad no hubiese sido demostrar lo feministas que son y lo machistas que somos todos los demás, puede que hubiesen empezado a coordinar una respuesta con las comunidades autónomas, a lo mejor habrían comprado el material que tanto necesitamos ahora y tan caro vamos a pagar; hasta podrían haber avisado de verdad a la gente para que tomase las precauciones que empezamos a tomar la semana siguiente.
Y una cosa importante: por favor, dejen ya la ridiculez del "no se podía saber"; en primer lugar, porque sí se podía saber, bastaba con acudir a las fuentes adecuadas, que las había; y en segundo lugar y más importante, porque el trabajo del Gobierno es saberlo, para eso pagamos a miles de asesores y técnicos, no para que den un sueldo por la cara a los amiguetes.
Sí, el 8-M sí tuvo la culpa: no sólo sirvió para que los virus se esparcieran muy a su sabor, sino que acabó con las pocas posibilidades de que este Gobierno irresponsable e impresentable hubiese hecho algo parecido a lo que era y sigue siendo su obligación: gobernar.
Beatriz García Libertad Digital 1 Abril 2020
Cuotas que no se devolverán, ausencia de rebajas fiscales, confusión, incentivos a cerrar... Las medidas del Gobierno inquietan a los autónomos.
Los autónomos han "rogado" y hasta "suplicado" al Gobierno de Pedro Sánchez que les escuchara y suspendiera el cobro de la cuota de marzo. Por carta, en Twitter, en declaraciones a los medios… la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) lleva incendiando todas las vías de comunicación a su alcance con el objetivo de lograr un balón de oxígeno para los trabajadores por cuenta ajena. No ha sido posible: la factura ha llegado a todos los bolsillos de este colectivo históricamente maltratado por el Estado. Y lo ha hecho en plena crisis del coronavirus.
La indignación de los autónomos con el Ejecutivo ha sido total. Ayer martes, los afectados no daban crédito cuando vieron cargado el recibo íntegro del mes. Tras las prohibiciones del Gobierno para seguir operando por el estado de alarma, muchos de ellos tuvieron que cerrar sus negocios en marzo. Propietarios de restaurantes, de bares, de peluquerías… son muchos los gremios que llevan varias semanas sin ingresar un sólo euro, cuando —en teoría— el Ejecutivo de Sánchez les había buscado una solución.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño, prometió ayer martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la Seguridad Social "devolverá", a los autónomos que han echado el cierre, la parte proporcional a los días de marzo que no han trabajado.
Fuentes del Ministerio de Seguridad Social consultadas por Libre Mercado, aseguran que esa devolución "se hará de oficio", automáticamente, sin que el autónomo tenga que reclamarlo. De aquí se sacan dos derivadas: que los autónomos que han parado de trabajar en mitad de marzo tendrán que pagar impuestos por los días que sí trabajaron y que, el que no haya cerrado en marzo o sus ingresos no hayan caído más del 75%, tendrá que asumir la cuota íntegra del tercer mes del año. Este y otros mazazos son los que han recibido los autónomos por parte del Gobierno durante la pandemia.
Cuando tus ingresos no caen un 75%
El Gobierno aprobó el pasado 17 de marzo varias exenciones fiscales y prestaciones para los autónomos por la crisis del coronavirus. Se trata de la prestación por cese de actividad (que se calculará con el 70% de la base reguladora o con el 70% de la base mínima cuando no se pueda acreditar el período mínimo de cotización) y la exoneración de pagar las cuotas a la Seguridad Social. Pero estos beneficios no irán dirigidos a todos los autónomos, ya que, para recibir la ayuda y librarse de la cuota, los empleados por cuenta propia tendrán que haber paralizado su actividad o ingresar menos del 75%. El resto, tendrá que seguir pagando impuestos y trabajando, por lo que esta medida incentiva a muchos autónomos a cerrar en lugar de premiar los que intentan seguir produciendo.
Aunque cierres, pagas
Todos los trabajadores por cuenta propia del país tendrán que pagar las cuotas correspondientes a los 13 primeros días de marzo, previos al estado de alarma. Para el Gobierno, será indiferente si después han tenido que cerrar sus negocios o no. Así informaba de ello el propio Ejecutivo y lo denunciaba el presidente de ATA, Lorenzo Amor, hace unos días.
En comunicado enviado ayer, el Ministerio de Seguridad Social apuntaba que iba a tener el detalle de no cobrarle a los autónomos un recargo si se demoraban en el pago de esos 13 días. "Para los trabajadores por cuenta propia que vieran su actividad suspendida con motivo de la entrada en vigor del decreto de alarma y se les reconociera el derecho al cese de actividad desde el mes de marzo, se han eliminado los recargos que pudieran corresponder por el retraso en el pago de las cuotas generadas hasta el día de dicho reconocimiento. Para cubrir el resto de los días de marzo, estos trabajadores pueden pedir la prestación extraordinaria por cese de actividad aprobada hace dos semanas, que incluye, además del pago de una prestación mínima de 661 euros al mes, la exención en el pago de las cotizaciones sociales", explicaban.
El Gobierno tuvo que aclarar el pasado lunes, en un BOE extraordinario, que los autónomos quedaban excluidos de las actividades de servicios no esenciales que quedaban paralizadas con el Real Decreto del pasado domingo. Aunque el texto, que fue publicado in extremis minutos antes de las 00:00 horas, hacía referencia sólo a los "trabajadores por cuenta ajena", que no hiciera alusión en ninguna de sus páginas a los autónomos generó una gran confusión. Fueron muchos los autónomos los que no sabían si se les estaba permitido trabajar el lunes o si podían enfrentarse a sanciones si lo hacían. Otra polémica servida.
No habrá bajadas de impuestos
El Gobierno se ha resistido a aprobar una bajada generalizada de los impuestos a los autónomos que sigan operando en nuestro país (ya hemos visto que sólo exoneran a los que cierren). El resto, podrá acudir a aplazamientos o moratorias fiscales, tal y como aprobó el Ejecutivo en el Consejo de Ministros de ayer martes. Aunque estas medidas supondrán un alivio a corto plazo, en unos meses, estos contribuyentes se encontrarán con una factura fiscal mucho más abultada. Porque Hacienda no perdona.
Una de las medidas principales aprobadas ayer es que los autónomos y empresas podrán solicitar el aplazamiento de las cuotas que se deben pagar en el mes de abril a un interés del 0,5%, así como las de mayo y junio. Ese interés es "siete veces inferior al que normalmente se establece", destaca a Seguridad Social. Cualquier profesional en España "afectado desde y por el Covid-19" puede solicitar esos aplazamientos, siempre y cuando no tengan otro aplazamiento en vigor anterior. Y eso sí, con intereses.
Los aplazamientos se deben solicitar "antes del transcurso de los diez primeros días naturales del mes de abril, para evitar la facturación de la cuota". Además, "para facilitar su tramitación, la empresa o el autónomo que actúe a través de un profesional o de un tercero (graduados, gestores, abogados y demás autorizados del Sistema RED), podrá tramitarlo a través del mismo sin necesidad de ningún tipo de apoderamiento específico para ello", explica el ministerio que dirige José Luis Escrivá.
Por otro lado, además de el anterior aplazamiento de tres meses, se ha dado luz verde a una moratoria para empresas y autónomos de hasta seis meses para el pago de las obligaciones con la Seguridad Social. "De esta forma, podrán demorar su pago sin intereses ni recargos de las cotizaciones que deban efectuarse en los meses de mayo, junio y julio. Estas cuotas se deberán abonar seis meses después", explica el ministerio del ramo.
En este punto, todavía no está claro qué tipo de empresas o autónomos se podrán beneficiar de la moratoria. "Los requisitos para poder solicitar esta moratoria se establecerán a través de una Orden Ministerial y se pondrán en marcha modos ágiles de comunicación de solicitudes y respuesta de la Administración", explica el Ejecutivo. Y otra aclaración: la moratoria no será de aplicación para las empresas que hayan sido exoneradas de pagar cotizaciones sociales por sus trabajadores afectados por ERTE por fuerza mayor a causa del coronavirus.
En este sentido, los trabajadores agrarios utilizarán para acreditar la caída de la facturación del 75% la comparación con los mismos meses del año anterior y no el promedio del semestre anterior, como ocurre con el resto de trabajadores por cuenta propia. Con ello, se tendrán en cuenta periodos comparables para establecer la pérdida de facturación, ya que las campañas agrícolas tienen un componente marcadamente estacional. En el caso de los profesionales de la cultura, la caída de ingresos se acreditará comparando los ingresos del mes con pérdidas con la media de los doce meses anteriores, ya que se ha tenido en cuenta que estos trabajadores tienen una distribución irregular de la actividad a lo largo del año.
Por otra parte, se han ampliado las gestiones que pueden realizar los autorizados en el Sistema RED. A partir de ahora, y "con el objetivo de agilizar los trámites, los autorizados RED estarán habilitados para gestionar los aplazamientos en el pago de deudas, las moratorias en el pago de cotizaciones y las devoluciones de ingresos indebidos", señalan.
Lorenzo Amor: “Las medidas del Gobierno son un parche y una chapuza que nos están llevando a la ruina”
Javier de Antonio. Madrid larazon 1 Abril 2020
-Ha manifestado en reiteradas ocasiones la deficiente gestión del Gobierno en esta crisis, tanto en materia laboral como económica. ¿Cree que ha sido porque no han escuchado las demandas de los colectivos a los que iban dirigidas?
-Es evidente que no ha habido diálogo social con, al menos, una parte importantísima de los que vamos a padecer las consecuencias económicas de la pandemia: con más de 3,3 millones de autónomos que conforman el tejido productivo del país. Por este motivo, por no escucharnos, creo que las medidas económicas que ha ido planteando el Gobierno han sido muy improvisadas, demuestran que no han entendido bien los problemas que tenemos los autónomos, que están fuera de la realidad, de lo que necesita la base económica de este país, y además, muchas llegan demasiado tarde.
-¿Puede ser que las medidas estén demasiado ideologizadas por el sector de Podemos en el Gobierno?
-Mire. El Gobierno lo forman muchas personas y actúa de manera colegiada. Hay una vicepresidenta y ministra de Economía, hay una ministra de Trabajo, un ministro cuyas responsabilidades comprenden la Seguridad Social, una ministra de Hacienda que es, además portavoz del Gobierno. La responsabilidad de las decisiones de un Ejecutivo es de todos los que lo componen. Yo pienso que siempre debe primar, por encima de toda ideología, el bien común. En lo que se refiere a las medidas sanitarias, las apoyamos completamente porque la salud está por encima de todo. Pero en lo económico ha faltado apoyo a los sectores que crean y mantienen el empleo de los millones de trabajadores que hay en España, a los que sostienen el país.
-¿Cree que se ha faltado el respeto a la patronal, a las pymes y a los autónomos por ese manto de duda sobre su honorabilidad y su reputación sobre esa presunta vulnerabilidad de los derechos de los trabajadores? Me refiero a las palabras de Yolanda Díaz y de Pablo Iglesias en concreto.
-Los autónomos, y los empresarios de este país, hemos demostrado con creces nuestro sentido de responsabilidad frente a la crisis sanitaria y hemos acatado cuantas medidas ha decidido este Gobierno para frenar los contagios. Sobre eso no se nos puede achacar nada ya que, además, pensamos que son medidas necesarias. Y esto lo hemos trasladado también a nuestras plantillas. Lo que no es de recibo es la eterna, injusta, manida y trasnochada idea que un autónomo o un empresario está deseando aprovechar cualquier circunstancia para despedir o para restar derechos a sus empleados. Nosotros necesitamos a nuestros trabajadores y, en el caso de los autónomos, nuestro empleado suele ser también nuestro amigo o incluso el padrino de nuestros hijos. No son números, son personas. Por eso no toleramos que se nos eche un velo de sospecha. Ciertas actuaciones podrían suceder en las fábricas del siglo XIX. Pero en el XXI, la gran mayoría de las empresas de este país respetan y defienden los derechos de los trabajadores. Y no está en nuestro ADN despedir. Sería bueno que alguno se diera cuenta de que los autónomos y los empresarios no estamos en la época de la revolución industrial y que somos tanto o más responsables en lo social que muchos que van presumiendo de ello.
-¿Se han sentido ninguneados por el Gobierno durante esta crisis?
-Nos hemos sentido olvidados y dolidos porque, además de no atender a nuestros problemas, encima tenemos que oír cosas como que hemos sido un colectivo especialmente protegido en esta crisis. Ha sido justo todo lo contrario. Durante seis consejos de ministros le hemos dicho al Gobierno que los autónomos no iban a poder aguantar un mes con sus negocios cerrados, sin ingresar un euro, haciendo frente a las facturas de sus proveedores, a los alquileres, a las nóminas, a los impuestos y a los gastos para mantener a sus familias. Y el Gobierno ha hecho oídos sordos. Cuando ha implementado medidas ha sido tarde e insuficientes. Muy complejas, contradictorias y con nulo conocimiento de la realidad de nuestros negocios. No ha querido exonerarnos del pago de las cuotas y al final, hemos tenido que pagar la de marzo dejando muchas cuentas corrientes a cero. No ha querido aplazarnos la presentación del IRPF, no ha querido entender que la prestación por cese de actividad no es una salida para muchos autónomos porque se las deniegan o porque no es necesario tener una caída de ingresos del 75% para estar en ruina, basta con una caída 30% o un 40%. Y ha habido situaciones caóticas como cuando se decreta el cierre total de la mayoría de empresas y no sabemos si nos afecta la medida. Son un cúmulo de errores que nos están llevando a la ruina.
-¿Por qué cree que han tardado tanto en atender sus demandas, sobre todo para la moratoria de las cuotas y las cotizaciones?
-Lo primero es que no ha suspendido las cuotas como le pedimos, tan sólo las ha aplazado con lo que los autónomos tendrán que pagarlas a corto plazo. No creo que nos hayan hecho caso. Es un parche, una chapuza que sólo traslada el problema a dentro de unos meses. Empezando porque, como ya le he dicho, ya hemos pagado la de marzo.
-Ha dicho por activa y por pasiva que el Ejecutivo mandaba directamente a la ruina a los autónomos. ¿Sigue pensándolo a día de hoy?
-No puedo pensar de otra manera. No vamos a una hibernación económica sino a una glaciación económica. A diario nos llegan miles de consultas a ATA con situaciones dramáticas de autónomos que ya han comenzado a preguntarse si podrán abrir de nuevo. El Gobierno ha dicho muchas veces que quería que esta crisis pasase como un paréntesis. Pero no será así si cierran 500.000 autónomos con un coste de 25.000 millones de euros porque tardaremos en cerrar ese agujero y muchos tendrán que recuperarse primero ante de pensar en contratar de nuevo por lo que también el empleo se resentirá. Y también la inversión y, por supuesto, los impuestos y las cotizaciones sociales.
-Entonces, ¿qué piensa cuando escucha a la vicepresidenta Nadia Calviño decir que esta hibernación económica es solo como alargar las vacaciones de Semana Santa?
-Me parece que es una afirmación cuanto menos frívola. Puede que para alguno esto no sea más que unas vacaciones pagadas. Pero le aseguro que para miles de autónomos es un drama porque algunos están contagiados, otros tienen a familiares enfermos, los más no pueden trabajar porque están confinados en sus casas con los negocios cerrados. Para los autónomos no se trata de unas vacaciones de Semana Santa, es un periodo de angustia por lo que se les viene encima. A nosotros nadie nos paga y no comemos si no trabajamos. Pero para colmo, el Gobierno tampoco ayuda eliminándonos trabas, trámites, impuestos y cotizaciones.
-¿Y cuando el ministro de Seguridad Social dice que los que van a cobrar una prestación de 661 euros en realidad será de 950 euros si le suman las cotizaciones que se van ahorrar?
-No se pueden lanzar afirmaciones que engañan a la gente. No se le puede decir a un autónomo que se le va dar una ayuda que no es cierta. La prestación por cese de actividad es un derecho que tienen todos los autónomos desde enero del 2019 y por el que han cotizado. Y lo lógico sería que cobrasen la prestación. Por tanto no es una ayuda extraordinaria. Además no pagarán la cuota y por eso, el ministro habla que cobrarán 950 euros. Pero no es cierto, cobrarán en su cuenta un mínimo de 661 euros. Punto. Es como si a un asalariado se le dijera que le han concedido una ayuda porque va a poder cobrar el paro al que tiene derecho y porque no tiene que pagar su cotización. Es una broma.
-¿Por qué Seguridad Social no flexibiliza la acreditación de la reducción de ingresos en el sistema de módulos para pedir la prestación por cese de actividad o que los autónomos con asalariados puedan acogerse a la prestación sin necesidad de presentar un ERTE?
-La prestación por cese de actividad partió con un defecto de fábrica que a día de hoy aún no se ha solucionado. Y es que las condiciones de acceso son muy restrictivas y a los autónomos en tributación por módulos les suele impedir su acceso porque no pueden acreditar pérdidas, ya que no tienen obligación de presentar cuentas de ingresos y gastos en Hacienda. Eso provoca se les rechace la solicitud. Confiamos en que esto no suceda ahora y que se les conceda la prestación a todos los autónomos que lo soliciten, estén en el régimen que estén. En cuanto a los ERTE, pienso que todos los autónomos deberían poder acogerse al cese de actividad con sólo acreditar un 30% de caída de ingresos, un porcentaje suficiente como para estar completamente agobiados.
-Tras aprobarse el aplazamiento de las cuotas de autónomos, ¿se da por satisfecho o todavía hay demandas pendientes?
-No soy yo o ATA la que se tiene que sentir satisfecha, sino los autónomos. Y creo que no lo están. Es una medida que no va en la línea de sus necesidades. Como le he dicho aplazar no es suspender. Una moratoria hay que pagarla y, además, los autónomos ya han tenido que abonar la cuota de marzo. Ahora tendrán que pedir su devolución los que puedan acceder al cese de actividad. No le costaba tanto al Gobierno habernos hecho caso. Pero creo que hay más cosas que son necesarias como el aplazamiento hasta julio de los deberes tributarios que cumplen ahora en abril; que todos los autónomos en cuarentena o contagiados por el Covid-19 queden exonerados de pagar la cuota desde el primer día; que se permita el cobro del cese de actividad a quienes acrediten una caída del 30% de sus ingresos como se ha hecho por ejemplo en Dinamarca y a los que reciban alguna otra prestación siempre que no supere el 50% del SMI; y en los ERTE, que se anule la obligatoriedad de mantener el empleo durante seis meses posteriores a la crisis, entre otras, o bien que la caducidad de los ERTE sea un mes después de levantarse el estado de alarma.
-Respecto a la presentación de las autoliquidaciones, la ministra de Hacienda sigue en sus trece y no retrasará los plazos. ¿Se avecina un caos fiscal y una batería de multas por la imposibilidad de miles de autónomos de poder presentar cuentas y libros en tiempo y forma?
-El problema es más grave, es un problema sanitario. Que los autónomos tengan que peregrinar a la asesoría y a la gestoría para llevar facturas y documentación contable es un riesgo de contagio. No entiendo el porqué. Aplazar a julio las obligaciones fiscales, junto al segundo trimestre, es un gran alivio para los autónomos pero también evitan un riesgo sanitario.
-¿Por qué este empeño de Hacienda de mantener los plazos?
-Yo no lo entiendo, porque aplazar impuestos no tiene coste para el Estado como ya le he dicho y, sin embargo, es un gran alivio para los autónomos que pueden darse un respiro hasta que vuelvan a generar ingresos. Sería unan medida inocua fiscalmente pero de gran ayuda para los autónomos. Aplazar los impuestos que hay que presentar en abril, no tiene coste para el Estado y suprimir las cuotas apenas hubieran significado 1.000 millones de euros al mes, que no son mucho si pensamos en que el Estado se va a gastar 100.000 millones de euros en intentar arreglar esta crisis. No se puede decir que se han preocupado de los autónomos cuando las medidas no arreglan nuestra situación y son completamente cicateras.
-¿Pasar la cuota de marzo supone otro problema añadido?
-Han pegado un sablazo a los autónomos con nocturnidad. La Seguridad Social ya la ha cobrado incluso a autónomos que se habían dado de baja el pasado 18 de marzo se la han cobrado completa. Ahora hay que ver cuándo se la devuelven y a qué autónomos se la devuelven.
-Y queda el tema de los alquileres. ¿En este último decreto no queda claro si pueden acogerse todos los alquileres profesionales?
-Efectivamente no incluye todos los locales comerciales, como tampoco la moratoria de hipotecas de locales y actividades empresariales. Este es otro olvido más.
-¿Cree que muchas de estas medidas deberían extenderse más allá del fin de Estado de Alarma para que los autónomos puedan recuperarse y reintegrarse con tranquilidad a su actividad profesional?
-Ya no se trata de esta crisis. Este Gobierno y todos los gobiernos deben entender que los autónomos somos la bisagra de la economía y que si no está engrasada nada funciona. Por tanto, antes de la crisis teníamos muchos palos que se tenían que quitar de las ruedas de los autónomos. Y, después de la crisis, habrá muchos más, porque este periodo es probable que empeore las cosas.
Cuanto peor mejor, esta es la estrategia del comunismo
¿Interés general o interés de un Gobierno en apuros, señora Díaz?
Miguel Massanet diariosigloxxi 1 Abril 2020
El que este pacto de gobierno, entre el PSOE del señor Pedro Sánchez y Podemos del señor Pablo Iglesias, iba a ser uno de los errores mayores que atribuir al primero, solamente justificado por el ansia del señor Sánchez de hacerse con el poder, costase lo que costase, y por encima de cualquier otra consideración: como el bien de la nación española, el respeto por la Constitución, la unidad del país, los intereses de sus ciudadanos, el régimen de gobierno, la propia institución monárquica y, en especial, la economía de la nación que, evidentemente, en manos de los comunistas de Podemos no tiene la menor posibilidad de mantenerse a flote por mucho que, hasta ahora, haya conseguido capear el temporal y mantener una discreta regularidad, que viene contrastando con la inestabilidad política y el enfrentamiento a cara de perro de media España con la otra media.
Pero ha surgido un grave escollo en esta legislatura que amenaza con tirar por tierra los planes del señor Sánchez, si es que tuviera alguno aparte de mantenerse en el candelero, de valerse de los comunistas de Podemos para asegurarse, con la colaboración de las comunidades separatistas, Cataluña y el país Vasco, por lo menos mantenerse al frente del gobierno durante unos trimestres ya que, con toda seguridad, los últimos meses del gobierno de este país amenazan con estar caracterizados por una batalla, sin cuartel, para dilucidar cuál de las dos agrupaciones políticas, socialistas o comunistas, se llevaba el gato al agua en la confrontación para conseguir auparse al poder en la ,próxima legislatura. Claro que, es muy posible que los nefastos resultados que están previstos que se van a derivar del gobierno conjunto de ambas formaciones, suponiendo que lleguen unidos al final, es muy posible que hayan abierto las mentes de muchos que se dejaron llevar por la propaganda y los cantos de sirena de las izquierdas, sin tener en cuenta que en todas las ocasiones en las que España ha estado en sus manos, los resultados no pueden haber sido más decepcionantes, ruinosos y tumultuosos, hasta el caso extremo de que se produjera una Guerra civil para echar a los comunistas que intentaron implantar el bolchevismo en nuestra nación.
La pandemia del coronavirus, sin duda, va a ser el desencadenante de una situación que, por inesperada, se puede considerar singular, no solamente en cuanto a los efectos deletéreos que ya estamos experimentando desde hace un tiempo; por la situación en la que ha colocado a la población española amenazada de contagiarse, inerme ante la falta de medios para defenderse de la epidemia; indignada por los bandazos del ejecutivo y su falta de agilidad y previsión para enfrentarse a la enfermedad, siempre a remolque de los hechos, incapaz de tomar las riendas aunque el señor Presidente del gobierno se apresuró a anunciar que centralizaba la lucha contra el virus, sin estar preparado, sin tener a una persona capaz de coger al toro por los cuernos y con el añadido repugnante de que, el señor Sánchez, se ha hecho omnipresente, abusando de su presencia en todos los medios de comunicación, no para darles esperanzas a los españoles ( no puede), no para darles buenas noticas o, al menos, esperanzas razonables de que se está actuando con eficacia para detener el contagio, sino para intentar justificar la apatía de su gobierno y tratar, de una forma torticera, echar las culpas del desconcierto y del caos reinante a la oposición y, lo que todavía es peor y más repulsivo, negando y retrasando las ayudas necesarias a las comunidades en manos del PP, solamente porque han sido las que se han adelantado a luchar con todos su medios contra la epidemia que nos está azotando.
Como era de esperar las rencillas se han empezado a producir, entre los socialistas y los comunistas, en cuanto a las medidas que se deberían aplicar, la forma de hacerlo, a quienes se debería implicar en ellas, quienes serían los más perjudicados y que garantías jurídicas iban a tener aquellos ciudadanos, a los que las facultades omnímodas que se ha reservado el Gobierno para controlar la pandemia, les iba a perjudicar en sus bienes, sus ingresos, sus libertades, su salud e incluso en su derecho a la vida y no ser discriminados en el caso de ser tratados sanitariamente, especialmente en el tema de personas mayores que parece ser que son los más afectados por la enfermedad y, no obstante, se habla de que: en la tesitura de una falta de Ucis suficientes para todos, pudieran ser postergados en favor de personas más jóvenes ¿ una manera solapada de eutanasia?
Fuera como fuere, las personas enteradas hablan de batallas dialécticas en el seno del gobierno entre la señora Calviño y los que la apoyan y el señor Iglesias y sus propuestas anticapitalistas y favorables a soluciones drásticas, de dudosa constitucionalidad y, por supuesto, barriendo hacia su redil de comunista bolivariano, con toda la carga de totalitarismo dictatorial que caracteriza a su agrupación. Lo peor del caso es que, siguiendo su línea de achantarse ante todos aquellos de los que depende para mantenerse en el gobierno, el señor Presidente parece que, hasta ahora, siempre se ha venido inclinando por complacer a Pablo Iglesias en detrimento de las teorías, menos radicales, de la ministra de asuntos económicos y Vicepresidenta 3ª del Gobierno.
Lo evidente es que ya se ha convertido en un clásico el hecho de que Sánchez se incline a favor del comunismo extremista del vicepresidente Pablo Iglesias y, si no nos engañamos en nuestra apreciación, mucho nos tememos que estamos a punto de entrar en una fase, propiciada indirectamente por la pandemia que padecemos, en la que aprovechando la situación caótica, incontrolada, de faltas de medios, de descontento de la ciudadanía, de escasez que puede llegar afectar incluso a los suministros más esenciales si la epidemia no se contiene; los de Podemos encuentren terreno apropiado para sembrar sus semillas de discordia, de rebelión y de sublevación contra la autoridad constituida, algo que, sin duda, el señor Iglesias tiene guardado entre los más íntimos secretos de sus planes pero que, seguramente, desde que consiguió chantajear a Sánchez para que, en apenas unas horas, consiguiera ser nombrado vicepresidente en un Gobierno en el que, según el embustero de Pedro Sánchez, apenas hacia unos pocos días había afirmado que nunca consentiría gobernar con un comunista. Pero lo está haciendo.
Hemos leído en la prensa que a Pedro Sánchez a estas alturas de la pandemia, ya se le ve como “un boxeador sonado” tocado por las rectificaciones que día a día tiene que hacer sobre la marcha, a media que se va comprobando que todo lo que nos han venido diciendo, incluso el “científico” señor Fernando Simó, no han sido más que intentos de esconder la realidad, placebos para que los ciudadanos nos conformemos. Pero la gente va muriendo y este pico que hace ya dos semanas que se nos anuncia, nunca llega, y cada vez aumentan los muertos que el virus se lleva y más los contagios mientras, en el debe de este balance, resulta que ya se nos anuncia que pese a todo las Ucis van a colapsar como no sea que cambie la situación de una manera drástica. Y que se nos hable de solidaridad, de lealtad al Gobierno, de civismo y de sacrificios, mientras ya se nos anuncian en el horizonte, para cuando este horror de la epidemia haya pasado, una verdadera batería de impuestos para solucionar nuestra economía ¿Pero cuándo, señores? ¿Qué pasa con los ministros infectados que siguen en sus funciones? y ¿Qué decir del señor Iglesias con varios de sus familiares y compañeros infectados y él sin estar en cuarentena? ¿Por qué el Parlamento tiene que mantener a sus parlamentarios cobrando sus sueldo mientras siguen recluidos en sus casas? ¿No deberían hacer un ERE y bajarles los astronómicos emolumentos que perciben, como se ha hecho con los futbolistas?
¿Va el señor Sánchez permitir que el señor Iglesias nos imponga su programa comunista, cuando fue un partido de los que salió más tocado en las últimas elecciones? Si tuviera vergüenza ya lo haría destituido y apartado de las actividades gubernamentales, en lugar de entregarles el CIS y darle a una ministra comunista hasta la raíz del cabello, la señora Díaz, el ministerio de Trabajo uno de los que, en estos momentos va a estar más afectado con motivo de los ERTE que, a miles, se están presentando y por la infinidad de trabajadores que van a pasar al desempleo de ahora en adelante, si no se ponen en práctica medidas urgentes para evitarlo. ¿Pero saben en realidad como hacerlo?
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, seguimos viendo como el señor Sánchez y su gobierno van a la deriva mientras una figura, siniestra y defensora del señor Maduro y su régimen dictatorial ( el señor Rodríguez Zapatero debería explicar, ante un tribunal de justicia, los mangoneos y las traiciones que está perpetrando con su apoyo servil al gobierno del sátrapa venezolano), Pablo Iglesias, resurge de sus cenizas y está consiguiendo doblar a la parte más moderada ( si es que, en realidad, hay alguna) del gobierno socialista del señor Sánchez. Es hora de que el PP despierte y se deje de gazmoñerías, más propias del anterior gobierno del señor Rajoy, y empiece a llevar a cabo una política más agresiva, más contundente y más eficaz para pararle los pies a este gobierno filocomunista, antes de que hayan conseguido darle el cambiazo a nuestra Constitución, arrastrándonos a la fuerza a una situación como la que ahora existe en su “tierra preferida”, Venezuela, donde el pueblo se muere de hambre y se encierra a cualquiera que proteste porque, el gobierno del país, no acierta a contener la epidemia del coronavirus, el único ser vivo que se ha atrevido a enfrentarse al poderoso vudú comunista venezolano, sin temor a ser represaliado.
J. Arias Borque Libertad Digital 1 Abril 2020
El pasado mes de enero, el coronavirus estaba creando un gran problema en la provincia china de Wuhan. Europa, especialmente España, veía la expansión del virus como algo lejano y ajeno, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzaba a alertar de que podía expandirse por todo el planeta y crear un problema serio a la mayoría de los países. En el departamento de Riesgos Laborales de la Policía Nacional se pusieron a trabajar de inmediato.
El comisario José Antonio Nieto González, el hombre fuerte de ese departamento y que cuenta con la carrera de Medicina en su currículum vitae, envió el 21 de enero una nota interna para avisar a la cúpula de la Policía del riesgo que existía. Tres días más tarde remitió a los correos electrónicos corporativos de todos los agentes un documento donde explicaba qué era el coronavirus, cómo se contagiaba o qué síntomas tenía.
Incluyó en la misma unas recomendaciones sobre el material que debían utilizar los policías, especialmente los destinados en puestos fronterizos donde podían tener contacto con gente que viniese de China. Recomendó la utilización de guantes de nitrilo para cacheos y registro de equipaje y documentación. También el uso de mascarillas FFPP2 en el control de documentos de cualquier pasajero que llegase de China u otras zonas de Asia afectadas.
Fue él quien ordenó, asimismo, que se enviase este material a los agentes que realizan su jornada laboral en los aeropuertos. Es por ello que Libertad Digital publicó a finales de enero que la Policía Nacional había dotado de guantes y mascarillas a sus agentes destinados en las fronteras aéreas. En aquellos momentos también la Guardia Civil había dado ya este material a sus destacamentos en aeropuertos.
Y también fue el comisario Nieto González el que consiguió liberar una partida de más de 300.000 euros del presupuesto del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para la compra de las primeras 15.000 mascarillas, 22.000 pares de guantes y un número no confirmado de EPIs (equipos de protección individual).
Fue a su compra a la que se refirió el pasado sábado el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, el comisario principal José Ángel González, cuando echó abajo el discurso del Gobierno sobre el coronavirus y dijo que llevaban tres meses comprando material sanitario. El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, intentó que rectificase y le preguntó si no quería decir tres semanas, pero el DAO ratificó que eran meses.
Pero la carrera al frente del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del hombre que comenzó a preparar a la Policía contra el coronavirus se truncó el pasado 14 de marzo, cuando el coronavirus ya se encontraba desatado en nuestro país. El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ordenó su cese fulminante horas antes de que se hiciese público y oficial el protocolo actualizado de cómo deben actuar los agentes ante el coronavirus.
Fuentes policiales aseguran que el pecado que cometió fue reenviar el documento a un grupo policial de técnicos de prevención en riesgos laborales para que lo analizaran. Un documento que no le habrían advertido que iba a ser oficial en cuestión de horas y que, por tanto, no podía facilitar a nadie. Aunque otras fuentes consideran que ese hecho se aprovechó para quitar de en medio a un testigo incómodo cuya mera existencia pone de manifiesto que se pudo trabajar en luchar contra el coronavirus meses antes de cuando lo hizo el Gobierno.
Eso sí, en lo que todos están de acuerdo en la Policía Nacional es que es una temeridad apartar del Servicio de Riesgos Laborales al mayor experto que tiene el cuerpo en riesgos laborales, aún más en medio de una epidemia como la del coronavirus.
Carlos Cuesta okdiario 1 Abril 2020
El Gobierno acaba de calificar a los policías y guardias civiles como profesiones de bajo riesgo de contagio del coronavirus. Esta clasificación ha sido respaldada por los dos grandes sindicatos: UGT y CCOO.
Los propios sindicatos han alertado de que ya hay más de 5.000 casos posibles –no se los confirman porque no les hacen los test– entre policías y guardias civiles. Pero mientras lo denuncian admiten que se le califique la exposición que los agentes tienen al coronavirus como de bajo riesgo.
Mientras, estos profesionales no dejan de exponerse a potenciales focos del virus sin contar con mascarillas y guantes generalizados en todos y cada uno de los controles que efectúan para hacer cumplir el estado de alarma. Y es en este preciso momento, sin medios y expuestos al peligro, cuando el Gobierno encuentra el respaldo de CCOO y UGT para no reconocer la labor de Policía y Guardia Civil.
CCOO y UGT han firmado con el Ministerio de Sanidad que los policías locales, nacionales, guardias civiles, bomberos o funcionarios de prisiones tienen «baja probabilidad de exposición» al coronavirus. Los han incluido en el mismo nivel de peligrosidad que el «personal administrativo», que en su inmensa mayoría está teletrabajando en estos momentos.
El protocolo, firmado por los dos grandes sindicatos beneficiados históricamente por una lluvia de subvenciones, y por el Ministerio de Sanidad, tiene una triste consecuencia: justifica que estos colectivos no dispongan del material sanitario de elevada protección y los redirige a una increíble petición de responsabilidad a la Administración en el supuesto de daños derivados por el coronavirus.
Así, el calificativo de “baja probabilidad de exposición” ha incluido a “trabajadores sin atención directa al público, o a más de 2 metros de distancia, o con medidas de protección colectiva que evitan el contacto, por ejemplo: Personal administrativo; técnicos de transporte sanitario con barrera colectiva, sin contacto directo con el paciente; conductores de transportes públicos; personal de seguridad: policías/guardias civiles; personal aduanero; bomberos y personal de salvamento y empleados de instituciones penitenciarias”.
Críticas al permiso para rescatar los planes de pensiones: «Es pan para hoy y hambre para mañana»
Lorena Torío okdiario 1 Abril 2020
El Gobierno ha ampliado los supuestos permitidos por ley para rescatar los planes de pensiones sin penalización. Hasta ahora, sólo existían cuatro escenarios legales: estar en situación de paro de larga duración, incapacidad permanente, llegar a la edad de jubilación o fallecimiento. Ahora, y tras el último real decreto aprobado en Consejo de Ministros, el Ejecutivo permite a empresarios, asalariados y autónomos rescatar parcialmente los planes de pensiones por cierre de negocio, pérdida de empleo por ERTE o cese de actividad.
La medida extraordinaria puesta en marcha por la crisis del coronavirus no cuenta con el respaldo de los expertos del sector que temen que acabe perjudicado a los ahorradores a largo plazo. «En este momento se deberían proteger los planes de pensiones ya que están destinados a un fin en el que van a ser muy necesarios. La medida es pan para hoy y hambre para mañana», dice Jose Antonio Herce, consultor en longevidad y pensiones a OKDIARIO.
Especialmente complicada es la situación de los autónomos, ya que tal y como recuerda el experto, «la gran mayoría tienen pensiones muy bajas porque cotizan el mínimo y necesitan complementos de pensiones muy importantes. Por ese motivo suelen tener planes de pensiones más nutridos que los asalariados», aclara.
Las opciones que plantea Herce para aliviar la carga de los trabajadores castigados económicamente por el coronavirus es utilizar los planes de pensiones «como garantía de préstamos blandos, subvencionados o con tipos de interés 0 que les permitiera salir adelante”.
Ahorrador indefenso
Otros expertos destacan que el rescate de los planes de pensiones está restringido para -precisamente- evitar que los partícipes se desvíen de su fin principal: complementar la pensión de jubilación. «Esto es una patada hacia adelante. Dentro de unos años no vamos a poder cobrar nuestra pensión tal y como lo conocemos. Si además permites que las personas rescaten lo que había metido en su plan de pensiones, el día de la jubilación estarán más indefensas», dice Juan Carlos Higueras, profesor de EAE Business School a OKDIARIO.
La medida puesta en marcha por el Gobierno establece un plan de seis meses -con carácter retroactivo desde el 14 de marzo- e incluye topes de dinero a rescatar. En concreto, la cantidad que los ahorradores podrán sacar de su plan de pensiones no podrá superar los salarios que se hayan dejado de percibir.
En el caso de los empleados por cuenta ajena, se computará desde que terminen de prestar sus servicios a la empresas, mientras que en el caso de los autónomos se contabilizarán los ingresos que se hayan dejado de percibir por el cese de la actividad.
9,5 millones de planes de pensiones
Los planes de pensiones colectivos o de empleo son minoritarios en España, con solo 1,9 millones de partícipes, aunque ofrecen más rentabilidad que los planes individuales.
Según los datos de Inverco, a cierre de 2019 en España había 9,5 millones de planes de pensiones abiertos: con 7,5 millones de partícipes en individuales, que suman 79.850 millones de inversión, y 1,98 millones en planes de empleo, con un patrimonio de 35.170 millones.
En términos netos, unos 8 millones de españoles participan en algún plan de pensiones.
El peor momento para rescatar los planes de pensiones: la rentabilidad se hunde por el coronavirus
Los ahorradores que tengan parte de su dinero invertido en planes de pensiones han visto cómo la rentabilidad de estos instrumentos financieros se ha desplomado en algunos casos hasta un 20% desde que comenzó el año. La volatilidad en la que está sumido el mercado por la crisis del coronavirus castiga a los ahorradores que ahora, y según contempla el último real decreto aprobado por el Gobierno, podrán rescatar parcialmente sus planes de pensiones privados sin penalización en algunos supuestos.
Aunque el Ejecutivo permite nuevas excepciones, los expertos recuerdan que muchos pequeños ahorradores han perdido parte de su inversión por la situación de los mercados. Es decir, es un mal momento para tocar el dinero. «Rescatar los planes de pensiones ligados a la renta variable supone rescatar algo con pérdidas. Un ahorrador que llevara muchos años con su plan no notará tanto la caída, pero otros que han entrado más tarde, desde luego que lo notarán», dice Juan Carlos Higueras, profesor de EAE Business School a OKDIARIO.
En la misma línea se ha pronunciado Jose Antonio Herce, consultor en longevidad y pensiones. “Es el peor momento para retirar los planes de pensiones expuestos a la renta variable. Además, retirarlos masivamente sólo aumentaría la situación tan mala que hay en el mercado», dice.
El patrimonio baja 2.000 millones
El patrimonio gestionado en los planes de pensiones del sistema individual perdió 2.002,62 millones de euros en febrero por las rentabilidades negativas y pese a las captaciones netas de 175,11 millones de euros.
En concreto, y según desvelan los últimos datos avanzados por VDOS, el volumen en planes de pensiones se redujo un 2,6%, hasta los 75.141,6 millones de euros cuando el rendimiento negativo de las carteras fue de 2.177,7 millones de euros.
VDOS confirma que ninguna gestora registró datos positivos de rentabilidad media de sus planes en febrero. Por categorías, los planes de pensiones de renta fija internacional registraron las mejores rentabilidades en febrero con un avance del 0,1%. En el lado contrario, los planes de renta variable estadounidense perdieron un 8% en febrero.
Los planes mixtos, los más demandados
Por tipo de activo, los planes de pensiones de tipo mixto obtuvieron las mayores captaciones netas, con 248 millones de euros en febrero, y mantienen su preponderancia en el mercado español, con una cuota superior al 60% y 45.534 millones de euros bajo gestión.
Los planes de pensiones garantizados fueron los que más reembolsos registraron en febrero, 191 millones de euros.
Cristian Campos elespanol 1 Abril 2020
Para el socialismo, la democracia no es un fin, sino un medio. También parece serlo la pandemia de Covid-19, que algunos ministros de este Gobierno están aprovechando para sus propios objetivos políticos como los carniceros aprovechan del cerdo hasta los despojos.
Sólo así se explican las amenazas de nacionalización de toda la riqueza nacional lanzadas por Podemos, pues así interpretan los simpatizantes de la dictadura de Nicolás Maduro el artículo 128 de la Constitución: como la puerta abierta que la Carta Magna deja abierta a la imposición de un régimen en el que sólo rija el derecho a la propiedad privada mientras el Estado no desee apropiarse de ella.
Dicho de otra manera. Como la puerta abierta a un régimen democrático sólo en el nombre. Porque el capitalismo puede existir sin democracia, pero no existe democracia sin capitalismo, y porque es posible encontrar países democráticos poco prósperos, pero imposible encontrar ningún país muy capitalista que no sea muy próspero.
A esta sencilla conclusión, empíricamente demostrable, no parece haber sido capaz de llegar nuestro Gobierno. Con la excepción, dicen, de Nadia Calviño, que tiene madera de barón socialista por su rapidez en poner pie en pared frente a los desmanes chavistas de sus compañeros y su aún mayor rapidez en retirarlo en cuanto el resto de su partido la llama al orden.
Hace sólo 48 horas, Teresa Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía –partido conocido como Arsa Batasuna en la región–, exigía "una banca pública que pueda poner los ahorros de los ciudadanos a disposición de lo que la sociedad necesita". Es decir, en los bolsillos de los que gestionarían esa banca pública –sindicalistas y miembros del partido– y que repartirían esos ahorros ajenos entre sus afines.
Eso sí, con criterios de "eficiencia, justicia y equidad". Es decir, con criterios de partido, que es el que decide lo que es eficiente, justo y equitativo.
"Calviño pierde el pulso e Iglesias toma el rumbo de la economía", titulaba el diario ABC este martes. "Giro radical contra las empresas", titulaba el suplemento de economía Invertia en EL ESPAÑOL. "El pánico se desata: Iglesias instaura un régimen comunista", titulaba Libertad Digital.
No estamos siendo benévolos con los titulares. Pero supongo que tampoco lo eran los titulares en la Venezuela de 1999. Entramos ahora en terreno inexplorado: el del primer Gobierno de extrema izquierda de la España democrática al mando de una pandemia que podría provocar una contracción de la economía de hasta el 20% del PIB, según el Deutsche Bank.
Pero el Gobierno ya tiene al culpable de la pandemia y este no es el virus sino Isabel Díaz Ayuso, el PP, la ultraderecha, el capitalismo, los empresarios y cualquier español que haya sido capaz de ahorrar un solo euro a lo largo de los últimos años. Volvemos a las viejas recetas de la ideología de los millones de muertos y de quiebras.
El orden histórico tradicional ha sido este: intervención del libre mercado, apropiación de la riqueza de los ciudadanos, impago de la deuda, quiebra del país, régimen autoritario socialista. Veremos en qué punto de la loma se baja el PSOE del trineo, si es que se baja.
"Votasteis Venezuela y tendréis Venezuela", dije ayer en mi cuenta de Twitter y los primeros en darse por aludidos fueron los votantes del PSOE.
No los votantes de Podemos, que saben perfectamente lo que votaron y no necesitan por tanto que yo se lo recuerde. Sino los del PSOE, que por lo visto creían votar a Kennedy y se encontraron con esa mezcla de capitán Schettino y Paco Sanz del marketing político que lidera hoy el PSOE.
"Nosotros no votamos Venezuela", me decían los votantes del PSOE. Pero la noche de las elecciones cantaban "con Rivera no". ¿En qué quedamos, amigos socialistas?
"Yo no he pedido que el náufrago se ahogara, sólo he pedido que no se le lanzara un salvavidas", es el retruécano argumental con el que la izquierda suele solventar sus contradicciones vitales. Ellos nunca piden comunismo. Sólo impiden que se pacte con partidos democráticos. El resto se da por decantación del destino.
El PSOE lo sabía y los votantes del PSOE lo sabían. Sabían que el PSOE nos conducía hacia los márgenes de la democracia. Y lo pidieron a gritos como buenos turistas del ideal que son.
Sus mensajes de alegría en las redes sociales mientras Chile, un país antiguamente próspero, ardía a manos de los matones del Foro de Sao Paulo, son la prueba de que siempre lo han deseado.
Y no en secreto: explícitamente.
Raquel Tejero okdiario 1 Abril 2020
El Gobierno socialista de Asturias concederá premios por valor de 37.000 euros a autores que escriban sus textos en bable. Lo hará en plena crisis sanitaria mientras los profesionales de la Sanidad, policías, guardias civiles y demás personal de los servicios públicos no cuenta con material de protección suficiente para protegerse contra el coronavirus.
No una, sino tres convocatorias a premios distintos serán los otorgados por el Gobierno asturiano durante estas complicadas fechas. Así lo ha denunciado en un comunicado la Plataforma contra la Cooficialidad, que considera inadecuado que la consejería de Cultura reparta ese dinero en esta situación.
«No hay mascarillas ni fundas seguras para nuestros médicos pero sí dinero para promover la imposición bablista», se quejan.
La polémica surge tras las declaraciones de la consejera de Cultura asturiana, Berta Piñán, para quien la situación de confinamiento a la que están sometidos los españoles es una oportunidad para que creadores en lengua asturiana se fijen en los diferentes premios que convoca el Principado.
«Las medidas adoptadas en el actual estado de alarma y la consiguiente situación de aislamiento de la mayor parte de la población pueden suponer una oportunidad para que los creadores que utilizan la lengua asturiana pongan especial interés en estas convocatorias», declaró.
Estas palabras no sentaron del todo bien a la Plataforma contra la Cooficialidad que exige que ese dinero se destine íntegramente a equipamiento sanitario.
El dinero público que se destinará a la promoción del bable se divide en tres galardones y cada uno de ellos premiará a distintos géneros literarios y musicales.
Las cifras del virus en Asturias no son tan elevadas como en Madrid, Cataluña o País Vasco. No obstante, cada día se suman 70 u 80 casos de contagiados y el Principado cuenta ya con más de 1200 positivos.
Además, han fallecido 55 personas desde el comienzo de la epidemia, según las cifras oficiales. Otro de los datos es el ritmo de los ingresos en hospitales, que crece más del doble que el de los pacientes curados. Por ello, y tal y como ocurre en el resto de España, se necesita una especial dedicación de recursos destinados al personal sanitario.

References: Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 128