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Timestamp: 2014-07-28 05:26:13+00:00

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Sentencia TSJ Caso David Uzcategui
P. 1Sentencia TSJ Caso David UzcateguiSentencia TSJ Caso David UzcateguiRatings: (0)|Views: 1,602
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Expediente n.° 13-0402
Consta en autos que, el 14 de mayo de 2013, el ciudadano
DAVIDRICARDO UZCÁTEGUI CAMPINS
, titular de la cédula de identidad n° 11.311.776,asistido por la abogada María Eugenia Barberi, titular de la cédula de identidad n°13.767.538 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 95.095,interpuso ante esta Sala solicitud de revisión de la decisión n° 00642 del 20 de mayode 2009, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia,recaída en el expediente n° 2005-5478 de la nomenclatura de esa Sala, mediante la cual sedeclaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por elreferido ciudadano contra la Resolución N° 01-00-000190 del 3 de agosto de 2005, dictada por el Contralor General de la República, que a su vez, declaró sin lugar el recurso dereconsideración ejercido contra la Resolución N° 01-00-096 del 30 de marzo de 2005,contentiva de la sanción impuesta al recurrente, consistente en la inhabilitación para elejercicio de funciones públicas por un período de cinco (5) años. El 28 de mayo de 2013 se dio cuenta en Sala y se designó ponente a laMagistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien con tal carácter suscribe el presentefallo. Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presenteexpediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones. IDE LA PRETENSIÓN DEL SOLICITANTE
La parte actora, interpuso ante esta Sala solicitud de revisión de la decisiónn° 00642 del 20 de mayo de 2009, dictada por la Sala Político Administrativa del TribunalSupremo de Justicia, recaída en el expediente n° 2005-5478 de la nomenclatura de esa Sala,
mediante la cual se declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidadinterpuesto por el ciudadano
DAVID RICARDO UZCÁTEGUI CAMPINS
contra laResolución N° 01-00-000190 del 3 de agosto de 2005, dictada por el Contralor General dela República, que a su vez, declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido contra laResolución N° 01-00-096 del 30 de marzo de 2005, contentiva de la sanción impuesta almismo, consistente en la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de cinco (5) años. Tal solicitud ante esta Sala, fue fundamentada en los siguientes términos: 1. Que la sentencia cuya revisión fue solicitada
“…dejó firme una decisióndesproporcionada de ‘inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de cinco (5) años’, todo lo cual menoscaba [su] derecho político y constitucional a postular[se] como candidato a cualquier cargo de elección popular”.
“…incurrió en uno de los supuestos de revisión de sentencias que ha señalado el artículo 25numeral 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, referido al caso de sentencias definitivamente firmes dictadas por otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia que violen derechos constitucionales”.
“…26 de octubre de 2004, la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de laContraloría General de la República, declaró la responsabilidad administrativa, en miactuación como Concejal de la Cámara Municipal del Municipio Baruta del Estado Miranda, durante el ejercicio fiscal 2002, ‘…Por haber aprobado el pago de 116 órdenesde pago (…) para la cancelación de sueldos al personal municipal, sin que las mismashubiesen sido cometidas al correspondiente control previo al pago que correspondíaejercer a la Contraloría Municipal, bajo un supuesto de emergencia para solventar el atraso del pago de los sueldos de los trabajadores del Municipio Baruta…’ y ‘…Por haber aprobado la orden de pago especial N° 0115 S/F, por un monto de VEINTIÚN MILLONES CUATROSCIENTOS (sic)
CIENCUENTA MIL SIN CÉNTIMOS (Bs. 21.450.000,00), por concepto de pago de dietas a concejales pertenecientes al Concejo Municipal de Barutadesde el 01 de enero de 2002 hasta el 31 del mismo mes y año, calculadas en un montoquincenal de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs.975.000,00), en contravención a las normas del Régimen Transitorio aplicables
,donde se especificaba que dichos pagos debieron ascender a un monto mensual máximo deCUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs.403.200,00)’”.
o anterior motivó que el 30 de marzo de 2005, el Contralor General de la República dictara la Resolución N° 01-00-096, mediante la cual se
impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de cinco años, en virtud de haber sido declarado responsableadministrativamente, y con base en el dispositivo contenido en el artículo 105 de la LeyOrgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal”.
ontra la referida decisión dictada por el Contralor General dela República se ejerció un recurso de reconsideración que fue declarado sin lugar mediante la Resolución N° 01-00-000190 del 03 de agosto de 2005, que finalmenteconfirmó [su] inhabilitación”.
ediante escrito presentado en fecha 01 de noviembre de 2005ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo De Justicia, se presentó un Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra la Resolución N° 01-00-000190, de fecha 03 de agosto de 2005, dictada por el Contralor General de la República, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido contra la Resolución N° 01-00-096, de fecha 30 de marzo de 2005, mediante la cual se
impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de cinco (5) años”.
6. Que el
“…12 de agosto de 2008, al acudir a la Junta Municipal Electoral del Municipio Baruta del Estado Miranda, a los fines de formalizar [su]
postulación parael cargo de Alcalde del Municipio Baruta para las elecciones municipales que secelebrarían el 23 de noviembre de 2008,
[se vio]
imposibilitado deinscribir [su]
candidatura, ya que el sistema automatizado de postulaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de ingresar los datos requeridos para
inscripción,arrojó el siguiente resultado: ‘UZCÁTEGUI DAVID RICARDO. Esta persona se encuentrainhabilitada para la función pública por la Contraloría General de la República’. Envirtud de esto el CNE [le]
impidió postular [se]
para el cargo de Alcalde del Municipio Baruta para las elecciones municipales que se celebraron el 23 de noviembre de 2008”.
ediante sentencia de fecha 19 de mayo de 2009, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró SIN LUGAR el recursocontencioso administrativo de nulidad interpuesto contra la Resolución N° 01-00-096, de fecha 30 de marzo de 2005, mediante la cual se
impuso…”
la aludida sanción deinhabilitación.
“Contra esta decisión se podría ejercer un Recurso
de Revisión ante la Sala Constitucional del TSJ (sic)
, el cual no se había ejercido hasta ahora”.
“…en modo alguno y en ninguna instancia nacional ointernacional,
puesto en duda la facultad y potestad constitucional que tiene laContraloría General de la República para imponer sanciones administrativas deinhabilitación a funcionarios públicos…”.
9. Sobre la negación de que su actuación hubiera causado daño patrimonialalguno sostuvo que
na de las causas que dieron origen al acto administrativo de fecha 26 de octubre de 2004 dictado por la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de laContraloría General de la República, fue la declaratoria de
responsabilidad administrativa ‘…por haber aprobado el pago de 116 órdenes de pago (…) para lacancelación de sueldos al personal municipal, sin que las mismas hubiesen sido sometidasal correspondiente control previo al pago que correspondía ejercer a la Contraloría Municipal, bajo un supuesto de emergencia para solventar el atraso del pago de los sueldos de los trabajadores del Municipio Baruta…’, todo lo cual no causó daño alguno al patrimonio público del Municipio Baruta según los antecedentes administrativos del caso. En todo caso, la erogación tuvo como objeto el pago de los sueldos del funcionariadomunicipal que prestó sus servicios y era el legítimo destinatario de esos recursos comocontraprestación por sus servicios”.
“…no hubo ni se causó daño alguno al patrimonio público, comolo reconoció la propia Contraloría General de la República en el expedienteadministrativo del caso, que estuvo durante el proceso correspondiente, en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia”.
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References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 25
 Resolución 
 artículo 105
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