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Marco jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú - PDF
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Rubén Cordero Campos
1 Marco jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú María del Carmen Arana Courrejolles Sumario: I. Introducción. II. La Estructura del Marco Jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú. III. El Convenio de la Unión de París, para la Protección de la Propiedad Industrial de IV. Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con la Organización Mundial de Comercio ADPIC. V. El Convenio Sobre Propiedad de Marcas de Fábrica y Comercio Perú Francia. VI. La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington. VII. Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. VIII. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). IX. Tratado Sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994). X. Nivel Andino. XI. Relación de los Convenios Internacionales con la Constitución Peruana y el Régimen Legal Vigente en el Perú. XII. Estructura Base de las Direcciones de Propiedad Intelectual. XIII. El Decreto Legislativo 807 y la Ley Ley de Procedimiento Administrativo General. XIV. La Propiedad Industrial y la Competencia Desleal. XV. La Propiedad Industrial en el Código Civil. XVI. La Propiedad Industrial en el Procedimiento Contencioso Administrativo y en el Código Procesal Civil. XVII. La Propiedad Industrial en el Código Penal y Procesal Penal. XVIII. Tratados de Libre Comercio. XIX. Conclusión. I. INTRODUCCIÓN La propiedad industrial, en la actual sociedad del conocimiento, se constituye como elemento fundamental para el desarrollo económico-social al impulsar la creatividad y el ingenio de los creadores mediante un sistema internacional y estatal, que los protege y les da las herramientas necesarias para luchar contra la mediocridad y la imitación desleal. Este sistema internacional y estatal busca que las personas y las instituciones vuelquen su saber, talento y habilidades, en invenciones, en nuevos productos o procesos, que podrían mantener oculto, al servicio de la sociedad. Las organizaciones productivas y de servicios encuentran protección y amparo para el desarrollo de sus actividades comerciales en las normas de propiedad industrial, pues éstas les confieren los derechos básicos y la estructura jurídica adecuada para que alcancen sus fines de desarrollo tecnológico y competitividad en un ambiente de sana competencia. Sobre esta base, las organizaciones crean empleos sostenibles y duraderos para los trabajadores. Asimismo, las mencionadas normas de propiedad industrial proveen las herramientas jurídicas para evitar que la piratería u otras prácticas de competencia desleal y fraude Anuario Andino de Derechos Intelectuales. Año X - N.º 10. Lima,
2 Anuario Andino de Derechos Intelectuales Marco Jurídico General comercial impidan, limiten o distorsionen el desarrollo de actividades comerciales dentro de la ley y las prácticas comerciales habituales. En la sociedad actual, la propiedad industrial proporciona a los comerciantes e inversionistas, seguridad jurídica para el desarrollo de actividades de comercio e inversión; es decir, los empresarios tienen el amparo de la ley para iniciar y desarrollar sus actividades industriales y comerciales, con la seguridad que el esfuerzo que realicen no va a ser aprovechado por terceros de modo indebido. En toda sociedad, la actividad económica comercial se desarrolla dentro de la buena fe comercial, la seguridad jurídica y la transparencia en las reglas. Difícilmente alguna sociedad podría desarrollarse en un mercado inseguro, donde cualquiera se apropie de lo ajeno; donde los titulares de derechos de propiedad industrial se encuentren bajo la sospecha que su esfuerzo podría ser explotado sin su autorización por un tercero. Todo pueblo o nación que ha fomentado y promovido la industria, el comercio y la inversión se ha desarrollado y enriquecido por haber eliminado las barreras u obstáculos al comercio nacional e internacional. Actualmente el mundo se caracteriza por la vigencia de tratados multilaterales como los que rigen la Organización Mundial del Comercio OMC, que comprenden numerosos países del mundo. La puesta en marcha de procesos de integración regional y sub-regional de los Estados facilitan la movilidad de los recursos económicos y humanos entre los países que los integran, eliminando requisitos y trámites para el traslado de las personas y mercancías de un país a otro por motivos turísticos, de educación o de mercado de trabajo. También se van eliminado los obstáculos y trabas para la inversión extranjera y la instalación de empresas de capital extranjero en el territorio de terceros países. El aspecto jurídico de la propiedad industrial más importante, para el consumidor, es que constituye una garantía de los productos o servicios en el mercado (nuevos productos o servicios con tecnología nueva) e informan que corresponden con el origen empresarial y la calidad deseada. Para los inventores, empresarios y titulares de los derechos de propiedad industrial, constituye un estímulo a su esfuerzo, a la investigación y a la creación; asimismo, fomenta que la producción industrial, que el comercio y la distribución de productos y servicios se realice conforme a la ley, con los símbolos que identifican y diferencian los productos o servicios, evitando confusiones y engaños en el mercado. El grado de desarrollo no es obstáculo para poner en marcha una política de fomento de las inversiones y el comercio exterior. Los países en desarrollo pueden lograr acuerdos bilaterales o multilaterales, que contengan normas en materia de propiedad industrial y acuerdos para su incorporación a tratados multilaterales sobre la materia, con la finalidad de robustecer la legislación, crear condiciones para promover la transferencia de tecnología y lograr el enriquecimiento de su capital humano mediante la educación. Estas condiciones para ser aprovechadas requieren que los ciudadanos, las instituciones, los gobiernos, los empresarios y los trabajadores tengan claridad en las ventajas que se obtienen, los puntos sensibles, la forma de participar activamente para lograr los beneficios alcanzables, etc. El presente artículo está referido a exponer el marco jurídico de propiedad industrial, señalando las normas vigentes en el Perú, que regulan un conjunto de derechos que per- 62
3 Marco Jurídico General Marco jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú miten a un individuo o grupo de individuos, asociaciones e instituciones, el ejercicio de los derechos sobre los elementos de propiedad industrial creados contra las usurpaciones y los usos ilícitos de terceros. Estos derechos tienen una estructura peculiar porque recaen sobre bienes inmateriales por lo que forman parte, junto con los derechos de autor, de los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de autor así como los de propiedad industrial tutelan creaciones intelectuales y confieren a sus titulares un derecho de exclusiva por un tiempo limitado. Por tanto, las normas de propiedad industrial que constituyen el objeto del presente estudio son las que recaen sobre los siguientes dominios: Las creaciones de la invención técnica como patentes y modelos de utilidad; Creaciones puramente formales de aplicación industrial como los dibujos y modelos industriales; Signos distintivos de carácter mercantil, que sirven para identificar y diferenciar productos o servicios y actividades empresariales, tales como las marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, así como indicaciones geográficas. El ámbito del trabajo abarca las normas en materia de propiedad industrial de la legislación nacional, de la Comunidad Andina de Naciones - CAN y de los convenios bilaterales y multilaterales suscritos por el Perú. II. LA ESTRUCTURA DEL MARCO JURIDICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL PERU La Propiedad Industrial en el Perú se constituye bajo un Sistema Legislativo que articula diversos niveles normativos, normas internas, Convenios Internacionales Multilaterales, Sub-regionales y Bilaterales. Estos niveles se integran constituyendo un conjunto de normas sustantivas y de procedimiento, que se aplican y funcionan para proteger, administrar y resolver los conflictos que se presenten en cada uno de los elementos constitutivos de la propiedad industrial. La norma de mayor jerarquía para el Perú es la Constitución Peruana, que en su artículo 2 inciso 8), Capítulo I establece: Toda persona tiene derecho: (...) a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. ; en este artículo vemos que los derechos de propiedad intelectual han sido colocados como derechos fundamentales de la persona con rango constitucional. Otras normas nacionales que regulan la propiedad industrial son: el Decreto Legislativo Nº Ley de Propiedad Industrial de carácter complementario y procesal cuyas normas son aplicables en tanto no contradigan las normas del Régimen Común Andino; la Ley Nº Ley del Procedimiento Administrativo General que establece y regula supletoriamente los procedimientos administrativos en materia de Propiedad Industrial, la Ley Nº y sus modificatorias que se aplica en casos de Propiedad Industrial cuando, agotada la vía administrativa, se inicia una demanda de impugnación de resolución administrativa mediante un proceso contencioso administrativo en vía judicial. De otro lado, encontramos elementos de Propiedad Industrial en el Código Civil y delitos contra la Propiedad Industrial en el Código Penal y su modificatoria, Ley N
4 Anuario Andino de Derechos Intelectuales Marco Jurídico General Las normas de Propiedad Industrial de alcance internacional, entre otras, son: el Convenio de París, Los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC), dentro de los cuales hay normas referidas a la propiedad industrial, la Decisión 486 de la Comunidad Andina que es la norma sustantiva y de procedimiento más importante para la Propiedad Industrial en el Perú. En el mundo hay una serie de Acuerdos Multilaterales en materia de Propiedad Industrial administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, creada el 14 de Julio de 1967, que entró en vigor en 1970 y que actualmente forma parte de las Naciones Unidas para facilitar el comercio internacional, y que permite obtener a los países que lo suscriben una serie de ventajas y obligaciones. Estos convenios son evaluados permanentemente por los órganos estatales, los especialistas y otros interesados para determinar la oportunidad en que podrían ser suscritos y ratificados. Los Convenios administrados por la OMPI suscritos por el Perú son: El Convenio de la OMPI, el Convenio de París, el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes (1977), el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional (1958), el Tratado de Nairobi sobre protección del símbolo Olímpico (1981), el Arreglo de Niza sobre la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de Marcas, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes - PCT (1970) y el Tratado sobre el Derecho de Marcas - TLT sobre armonización de marcas y el registro (1994). Se advierte que la Propiedad Industrial es un derecho especial que se encuentra vinculado al derecho nacional (Constitucional, Civil, Administrativo, Penal y Procesal) y al derecho internacional, incluido el comunitario. Según puede verse en el siguiente cuadro: 64
5 Marco Jurídico General Marco jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú III. EL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS, PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1883 Entró en vigencia en el Perú el 11 de Abril de 1995, es un Tratado Internacional de Propiedad Industrial que contiene los criterios básicos de la propiedad industrial. Comprende: marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, nombres comerciales, indicaciones geográficas, represión de competencia desleal, así como la prioridad de solicitudes de patentes y marcas. El convenio contiene normas generales que son reconocidas a nivel internacional como normas piso; es decir, se constituyen en el contenido normativo mínimo aceptable para los países en su ordenamiento jurídico interno, o sea, un país puede adoptar normas que vayan más allá de lo establecido en el Convenio, pero no puede establecer normas que estén por debajo de los estándares fijados por el Convenio. Cabe señalar que dicha norma internacional ha requerido la aprobación Legislativa del Congreso a efectos de entrar en vigencia. 65
6 Anuario Andino de Derechos Intelectuales Marco Jurídico General Este convenio, en términos generales, está dividido en tres categorías: Primera categoría: Trato nacional, por el cual cada estado contratante tiene que conceder a los demás estados contratantes, la misma protección en materia de propiedad industrial que concede a sus propios nacionales, o a nacionales de otros estados que estén domiciliados en uno de los países contratantes. Segunda categoría.- Normas sobre derecho de prioridad, que establece derechos de prioridad para patentes, marcas y dibujos; consiste en que sobre la base de la fecha de la primera solicitud presentada en uno de los estados contratantes, el solicitante puede, durante un cierto período de tiempo establecido, solicitar la protección en cualquiera de los demás estados contratantes, considerando esa primera fecha original dentro del plazo de un año para patentes y de seis meses para marcas. Esto permite otorgar un derecho personal y con carácter retroactivo al titular para registrar su derecho en otro país. Tercera categoría.- Normas comunes sobre patentes, marcas, marcas notoriamente conocidas, marcas colectivas, nombres comerciales, indicaciones de procedencia y competencia desleal. Esta normatividad del Convenio de París está recogida en otros convenios multilaterales y también ha sido recogida en muchas legislaciones nacionales. IV. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON LA ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO ADPIC. Este acuerdo de la OMC regula aspectos sustantivos de la Propiedad Industrial, considerados como un nivel piso; es decir, al igual que el Convenio de París, constituyen un estándar mínimo de protección, bajo el cual ninguno de los países miembros puede legislar, para evitar sanciones o controversias, dentro del seno de la OMC. Los ADPIC son los acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio que se incorporan en el anexo 1C, del Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de los Acuerdos Comerciales multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda de Uruguay. Los objetivos de los ADPIC son la creación de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas vinculados al comercio internacional para brindar reconocimiento, protección y observancia a los derechos y obligaciones de la Propiedad Intelectual y reforzar la defensa de los derechos de los titulares, frente a la piratería y las mercancías falsificadas en el comercio internacional, y así poder crear una base tecnológica sólida que favorezca el bienestar social y económico, con un equilibrio y armonización estándar de derechos y obligaciones en PI. Los ADPIC están divididos en 7 partes, de las cuales a continuación exponemos las tres primeras por ser de interés para la propiedad industrial. Primera categoría.- Establece el trato nacional y el trato de la nación más favorecida, los objetivos y los principios de los ADPIC. Sus objetivos son: 66
7 Marco Jurídico General Marco jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú - La protección, observancia y promoción de los derechos de propiedad intelectual. - La innovación y transferencia de la tecnología. Segunda categoría.- Se establecen las normas relativas a la existencia, alcance y al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Se regula sobre: marcas, patentes, indicaciones geográficas, dibujos y modelos. Tercera categoría.- Se refiere a la observancia de los derechos de propiedad intelectual a través de una regulación general respecto los procedimientos administrativos y judiciales (civiles y penales). En materia de marcas (Art. 15).- Se considera la capacidad distintiva de la marca, como el elemento esencial para que un signo pueda ser marca; se enumera, a título de ejemplo, los tipos de marcas, se prevé que si un signo adquiere carácter distintivo en virtud de su uso, puede registrarse como marca. En el Art. 16 se establece el derecho de exclusiva que tiene el titular de la marca de prohibir el uso no autorizado de signos idénticos o similares para productos o servicios idénticos o similares y que puedan causar confusión. Se presume que existe riesgo de confusión si se usa el mismo signo para identificar los mismos productos o servicios. En el Art. 16 párrafo 2 se protege la marca notoriamente conocida con remisión al artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París. En el Art. 17 se establecen excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca. En el Art. 18 se establece la duración de la protección otorgada a una marca, la cual no debe ser menor a siete años. En el Art. 19 se considera que en el supuesto de exigirse el uso de una marca para mantener su registro, éste solo podrá anularse después de un periodo ininterrumpido de 3 años como mínimo de falta de uso, a menos que se demuestre que hubo condiciones válidas que justifiquen el no uso de una marca. En el Art. 20 se regulan otros requisitos de uso de la marca. En el Art. 21 se establecen condiciones para el otorgamiento de licencias y cesión de marcas, impidiéndose las licencias obligatorias de marcas. En materia de patentes, los ADPIC regulan las patentes en 8 artículos. El Art. 27 establece que se puede obtener patentes para las invenciones que sean nuevas, con actividad inventiva y que sean de aplicación industrial. En los numerales 2 y 3 se da facultad a los miembros para excluir de la patentabilidad invenciones para proteger el orden público, la salud, el medio ambiente etc. También se da facultad para excluir el patentamiento de métodos terapéuticos y de animales. Se establece que pueden proteger las obtenciones vegetales por el sistema de patente, sistema sui-generis o combinación de ambos. En materia dibujos y modelos industriales, en el Art. 25, los ADPIC dan facultad a los países para que puedan proteger los dibujos y modelos industriales creados, siempre que sean nuevos u originales, en un registro sui-generis o mediante derechos de autor; se 67
8 Anuario Andino de Derechos Intelectuales Marco Jurídico General permite el registro de los diseños industriales de indumentaria. Los dibujos y modelos son protegidos por un plazo de 10 años como mínimo según el Art. 26. En materia de indicaciones geográficas, el Art. 22 regula las indicaciones geográficas en general y el Art. 23 da protección adicional a los vinos y bebidas espirituosas. V. EL CONVENIO SOBRE PROPIEDAD DE MARCAS DE FÁBRICA Y COMERCIO PERÚ - FRANCIA Este convenio bilateral tiene diez artículos referidos a marcas. Fue celebrado en el año 1896, vigente en el Perú desde 1897, en virtud del Decreto del 23 de Octubre de En el Art. 1 está establecido el trato nacional, en el Art. 2 se establece la reciprocidad en el reconocimiento de las marcas de acuerdo a las leyes de cada país. En el Perú ha sido de aplicación el Art. 7 en virtud del cual se establece que cuando un registro no ha sido admitido en uno de los dos países no puede ser válidamente registrado en el otro. Este mismo artículo tiene un supuesto de nulidad en el caso que el registro se haya obtenido contraviniendo lo anteriormente explicado. El Art. 8 impide el derecho de exclusiva en uno de los países si en el otro es de dominio público. Asimismo el Art. 9 se refiere a que cuando se falsifica o adultera alguna marca, se aplicarán las normas establecidas en el país en que el delito fuese descubierto. VI. LA CONVENCION GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCION MAR- CARIA Y COMERCIAL DE WASHINGTON Está vigente desde el año 1937 según Resolución Suprema 577. Este tratado tiene derechos y obligaciones que tienen que ser cumplidos por los países firmantes. Regula aspectos marcarios respecto de los derechos del titular, las acciones de oposición, nulidad y cancelación: También se regula sobre nombre comercial, competencia desleal y falsas indicaciones de origen o procedencias geográficas. Las disposiciones contenidas en la Convención se aplican en concordancia con el Art. 1 de la misma, que consagra el principio de igualdad de nacionales y extranjeros ante la protección marcaria y comercial. El Art. 7 de la Convención, está referido al derecho de oponerse al Registro de una marca y señala que todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes de acuerdo a su legislación interna que tenga conocimiento que alguna persona pretenda registrar una marca susceptible de producir confusión en el consumidor respecto de los productos a que se aplique, tendrá el derecho de oponerse al registro de la misma, empleando los procedimientos legales establecidos en el país que se pretenda registrar, probando que la persona que la quería registrar tenía conocimiento de la existencia y uso de dicha marca en cualquiera de los estados contratantes en los que se funda la oposición y ésta se usaba y aplicaba y continua usándose y aplicándose a productos de la misma clase. Se tiene que cumplir 4 requisitos para la aplicación del Art. 7: Primer requisito: Que la marca esté registrada en uno de los países miembros; Segundo requisito: Que haya confusión o riesgo de confusión entre la marca registrada y la solicitada; 68
9 Marco Jurídico General Marco jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú Tercer requisito: Probar que la persona que pretende registrar la marca tenía conocimiento de la existencia de la marca registrada; y Cuarto requisito: Probar el uso de la marca registrada y que ésta continúa usándose. El Art. 7 se aplica para objetar una solicitud de registro de marca en los casos que se cumplan los 4 requisitos exigidos señalados anteriormente. Este Art. 7 busca proteger a los titulares legítimos de una marca registrada en los países miembros en la etapa pre-registral, cuando el solicitante haya conocido la marca ajena o haya tenido una relación comercial con el titular del signo protegido en el país extranjero. En el caso de una identidad marcaria, si la marca es de fantasía y si el tercero es un comerciante habitual en ese sector, se considera que ha conocido la marca y por lo tanto no puede registrarla porque la marca es ajena. Cuando la marca no es de fantasía o no es idéntica, se puede probar que el solicitante tenía conocimiento de su existencia a través de una relación comercial, por ejemplo, cuando el solicitante de la marca era un distribuidor del titular de la marca registrada. El Art. 8 se refiere a la nulidad y se aplica ante la negativa de un registro por existir otro. El solicitante de la nulidad tendrá que cumplir los siguientes requisitos: a) Registro previo al tercero en uno de los países de la Convención b) Acreditar que el tercero cuando registró conocía la existencia del registro o uso de la marca o que el titular que solicite la nulidad del registro, haya comercializado en el país que se solicita la nulidad y que hayan circulado los productos con la marca con anterioridad al registro del tercero. Este Art. 8, pese a la redacción defectuosa, busca proteger a los titulares legítimos de una marca en los países miembros en la etapa post-registral cuando un tercero que puede haber sido su representante o su distribuidor o una persona vinculada comercialmente al titular, ha obtenido el registro de una marca conociendo que era ajena. La finalidad del Art. 8 es proteger la buena fe comercial internacional, pues no se puede admitir que alguien se apropie de lo que no le pertenece, más aún cuando de los elementos externos probatorios se advierte que en su condición de comerciante habitual, debido a su práctica comercial, tiene conocimiento de las marcas del sector. Estas conductas se consideran que son actos de mala fe, contrarios a la seguridad jurídica y a la libre concurrencia empresarial. Cabe destacar que en el contenido de ambas normas (Art. 7 y 8) encontramos la aplicación del concepto de mala fe, por cuanto alguien valiéndose de una solicitud o registro pretende validar la apropiación de algo que no le pertenece, obteniendo beneficios de una marca ajena, aprovechando el esfuerzo, la inversión y otros recursos realizados titular. Respecto al nombre comercial, Capitulo III (Art ), el Art. 15 nos reenvía a las disposiciones de las leyes nacionales, por lo que se aplican las normas del D.L
10 Anuario Andino de Derechos Intelectuales Marco Jurídico General VII. ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMI- NACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL La denominación de origen es un instrumento jurídico utilizado en varios países para generar un valor agregado real y tangible de sus exportaciones principalmente países europeos con larga tradición de productos del terruño protegidos con denominación de origen que han logrado una presencia en los diversos países del mundo. Las denominaciones de origen condensan un conjunto de valores comerciales, de calidad, de tradiciones culturales. La unicidad que distingue el lugar geográfico con el producto que denomina le da a la denominación un valor toponímico que permanece en el tiempo y, en la medida de su uso, puede alcanzar renombre y llegar a identificar la región o todo el país. El Perú ha suscrito el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional el 16 de febrero del 2005, entrando en vigor el 16 de mayo del mismo año. El Perú ha dado reconocimiento a 782 denominaciones de origen desde la suscripción de Lisboa. Este arreglo contiene 18 artículos, y su Reglamento 24 reglas. En el artículo 2.1 del Arreglo de Lisboa se da una definición del concepto de Denominación de Origen que a la letra dice (...) denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos. La definición de indicación geográfica incluida en los ADPIC de la OMC es una categoría que comprende a la denominación de origen y destaca la función de identificación de un producto como originario. Si analizamos ambos cuerpos legales -Arreglo de Lisboa y el Acuerdo sobre los ADPIC- se advierte que entre ambos no hay contradicciones, sin embargo la función de designación y el elemento denominación recogidos en el Arreglo de Lisboa son diferentes a la función de identificación y a la categoría Indicación utilizada en el Acuerdo sobre los ADPIC. Esto implica que el concepto de indicaciones geográficas en el Acuerdo sobre los ADPIC es tan general que podrían incluirse: nombres geográficos, signos, logos o emblemas; que no se pueden incluir en el concepto del artículo 2 del Arreglo de Lisboa, que remite a un tipo especial de indicación geográfica, es decir a un topónimo un signo lingüístico geográfico que sirva para designar un producto cuyas características y calidad se deban exclusivamente al ambiente geográfico. En el Acuerdo sobre los ADPIC, se considera que las Indicaciones Geográficas son identificadoras de un producto como originario de un lugar o región, y se le atribuye su calidad o reputación a dicho origen, aunque no se deban necesariamente al lugar geográfico. Para la Unión Europea (UE) la protección de las indicaciones geográficas va más allá del ámbito comercial, ya que, se relaciona con aspectos sociales, históricos y económicos, y constituye el activo más importante de sus productores que le permite competir en el mercado internacional por su calidad y preparación especial más que por su cantidad industrializada y por ello en todos los Tratados de Libre Comercio la UE ha incorporado la protección de la IG. Los países latinoamericanos también están incorporando este tema 70
11 Marco Jurídico General Marco jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú en tratados bilaterales, acuerdos regionales, y multilaterales, para proteger tanto productos elaborados como productos naturales incorporando expresamente los factores humanos a los geográficos como influyentes de la calidad del producto, consideran que este tipo de protección es una herramienta importante para desarrollar sus productos originarios con mayores potencialidades en el exterior. Así, el Perú ha suscrito Convenios Bilaterales de Libre Comercio, Convenios de inversión con diversos países: China, Corea, Panamá, Costa Rica, etc., en los cuales se han adjuntado una serie de listas de Indicaciones Geográficas para reconocimientos recíprocos, como por ejemplo el firmado con Cuba. El Estado es el titular de las denominaciones de origen reconocidas, según lo dispuesto en el Art. 88 del DL 1075; y es quien actualmente otorga las autorizaciones de uso y controla la calidad de los productos con denominaciones de origen. Sin embargo, podría delegar la función de administración y autorización de uso al consejo regulador de la denominación de origen, luego de su inscripción, reconocimiento y evaluación realizada por la autoridad. Tal y como lo hemos venido sosteniendo desde el año 1998 en diversos foros y artículos, el que no se haya reconocido un mayor número de denominaciones de origen puede deberse a varias causas, entre ellas: el desconocimiento de los productores de potenciales denominaciones de origen de los beneficios que les traería la protección, la falta de investigación sobre el tema, el costo que tendría el cumplimiento de las formalidades que exige la ley, la falta de participación de universidades, municipalidades y otras instituciones y el hecho que en nuestra legislación los empresarios, no son los titulares de las denominaciones de origen sino el Estado por ello en algunos casos, algunos pequeños empresarios eligen una marca colectiva para proteger sus productos originarios de su zona. En el Perú, hasta la fecha, existen ocho denominaciones de origen declaradas y reconocidas oficialmente, que son: - Pisco, otorgado por Resolución Nº /OSD el 12 de diciembre de Ésta denominación cuenta con su norma técnica en la que se establecen las características y la calidad que debe tener el Pisco y con su Consejo Regulador. - Maíz Blanco Gigante Cusco, otorgado el 26 de setiembre de 2005, por Resolución Nº /OSD - Chulucanas, otorgada el 26 de julio de 2006 por Resolución Nº /OSD - Pallar de Ica, otorgada el 23 de noviembre de 2007, por Resolución / OSD, - Café Villa Rica otorgada el 20 de agosto de 2010, por Resolución Nº / OSD, - Loche de Lambayeque, otorgado el 3 de diciembre de 2010, por Resolución Nº /DSD, - Café Machu Picchu-Huadquiña, otorgada el 8 de marzo de 2011, por Resolución /DSD y - Maca Junín-Pasco otorgado el 12 de abril de 2011, por Resolución Nº / DSD. 71
12 Anuario Andino de Derechos Intelectuales Marco Jurídico General - Y se encuentra en trámite la solicitud No depositada en 22 de Julio del 2011 para el reconocimiento de la denominación de origen Queso Mantecoso, de Cajamarca. Las Denominaciones de Origen son expresiones lingüísticas constituidas en unos casos por una sola palabra (un topónimo: Pisco Chulucanas), en otros casos están conformados por dos o más palabras (Café Villa-Rica, Pallar de Ica, Maíz gigante blanco Cuzco) que pertenecen al lenguaje de la zona y que tienen una presencia real y constante en el mercado interno, local o periférico, que son perceptibles en forma auditiva o visual, de ahí el carácter objetivo de las denominaciones de origen, lo cual hace posible su identificación a nivel de percepción comunicativa. Se puede ver que el Perú ha utilizado este instrumento jurídico para desarrollar productos nativos como el Maíz Blanco Gigante Cusco, el Pallar de Ica, Loche de Lambayeque y la Maca Junín - Pasco. Y productos diferenciados y orgánicos como el Café Machu Picchu Huadquiña y el Café de Villa Rica. VIII. TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT) El Perú se adhirió al PCT el 6 de marzo de 2009, el cual entró en vigencia el 6 de junio del mismo año. Esta adhesión significó un cambio importante para el Perú. La OMPI se refirió a ello mencionando que: La adhesión de Perú significa que, a partir del 6 de junio de 2009, Perú (código de país: PE) será designado automáticamente en toda solicitud internacional presentada a partir del 6 de junio de 2009 y, habida cuenta de que Perú quedará vinculado por el Capítulo II del PCT, este Estado será elegido automáticamente en toda solicitud de examen preliminar internacional que se haga en relación a cualquier solicitud internacional presentada a partir de ese momento. Además, desde esa fecha, los nacionales de Perú y los residentes en ese país tendrán derecho a presentar solicitudes en virtud del PCT. Este Tratado permite buscar una protección por el sistema de patente internacional a una invención en muchos países al mismo tiempo, mediante la presentación de una solicitud internacional. Es decir, no se trata de un registro internacional sino de una solicitud internacional, en el que cada estado en la fase nacional es el que concede o deniega la patente, de acuerdo a sus normas nacionales; acatando las prohibiciones y aplicando los plazos de sus reglamentos y criterios para el examen de fondo. Se trata de una solicitud que puede presentarse ante la Oficina Nacional o ante la Oficina Internacional de la OMPI donde se realiza una búsqueda internacional. El procedimiento PCT da ventajas al solicitante: 1. Dispone de 18 meses más de los que tendría en otro procedimiento para reflexionar sobre la conveniencia de pedir protección en países extranjeros, pagar tasas, realizar traducciones. Asimismo, durante el examen de patentabilidad se puede modificar. 2. Trabajo de búsqueda y examen internacional acorde con la novedad mundial exigida. Cabe destacar que, en virtud del reglamento del PCT, contamos con la figura del restablecimiento de los derechos del solicitante respecto de la solicitud internacional. 72
13 Marco Jurídico General Marco jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú IX.- TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS (TLT) (1994) Este tratado facilita el uso del sistema internacional de registro de marcas, pues constituye una armonización de procedimientos y eliminación de obstáculos tramitarios innecesarios. El Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, elaborado el 27 de octubre de 1994 en la ciudad de Ginebra Confederación Suiza, ratificado el 16 de enero de 2009 por Decreto Supremo N RE en el Diario Oficial El Peruano el 17 de enero de 2009, entró en vigencia el 6 de noviembre del mismo año. Hoy en día tenemos incorporado en el Decreto Legislativo 1075 el sistema multiclase: Artículo 58.- Registro multiclase Cuando en una solicitud única se hayan incluido productos y/o servicios que pertenezcan a más de una clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, dicha solicitud dará por resultado un único registro. El titular de un signo registrado que distingue productos o servicios específicos, podrá obtener un nuevo registro para el mismo signo, a condición que éste distinga productos o servicios no cubiertos en el registro original. La nueva solicitud de registro se tramitará en forma independiente, siguiéndose los procedimientos que el presente Decreto Legislativo señala para el trámite de registro. X. NIVEL ANDINO La decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Antecedentes El 13 de marzo de 1998 se reunieron en Lima los Expertos Gubernamentales en materia de Propiedad Industrial de los 5 países miembros (en ese entonces eran 5 países miembros, Venezuela se retiró el 22 de abril de 2011) de la Comunidad Andina a fin de revisar la Decisión 344- Régimen Común de Propiedad Industrial. Luego de identificarse que presentaban incompatibilidades de fondo con los ADPIC, y contando con la colaboración de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual de Naciones Unidas OMPI y la Secretaría Andina, se concluyó que la Decisión 344 se adecuaba en un 95% a los ADPIC, faltando adecuarse solamente en un 5%. Se llevaron a cabo 13 reuniones y se logra un anteproyecto de Decisión que logró eliminar el 5% de falta de adecuación, y el 1º de Diciembre del 2000 la Decisión 486 entró en vigencia, en reemplazo de la Decisión Estructura y características Establece un régimen común de la Propiedad Industrial para los países andinos (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). Tiene una estructura sustancial y procesal, pues contiene elementos que determinan el alcance de los derechos y obligaciones en materia 73
14 Anuario Andino de Derechos Intelectuales Marco Jurídico General de propiedad industrial, los procedimientos de registro de cada elemento de la propiedad industrial, así como las acciones para su defensa y protección. A diferencia de los Convenios anteriores, la Decisión 486 es de aplicación inmediata, ya que es una norma que goza de primacía respecto de la norma nacional por pertenecer al cuerpo normativo común de la Comunidad Andina de Naciones, que tiene carácter de norma supranacional. Asimismo, es de aplicación directa pues es una ley Comunitaria Andina, por ello no necesita de procedimientos de recepción en los ordenamientos nacionales de los países miembros para que produzca efectos. La Decisión 486 constituye un régimen común, autónomo e independiente y sus normas son obligatorias y de cumplimiento inmediato, siendo aplicables ante las Autoridades Nacionales Competentes de cada país miembro y también ante la Autoridades Competentes del Sistema de Justicia de la Comunidad Andina. Esta Decisión ha incorporado la normativa establecida en el Convenio de París, debido a esto, este Convenio no se aplica directamente sino que tiene un carácter vinculante. La Decisión 486 está dividida en 16 Títulos, Disposiciones Finales, Complementarias y Transitorias. El Título I corresponde a las Disposiciones Generales, tiene 13 Artículos referidos a Trato Nacional y a Trato de la Nación más Favorecida. En el Art. 9 detalla los plazos de prioridad y cita al Convenio de París. El Titulo II de las Patentes de Invención señala que se otorga patentes a las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial (Art. 14 de la Decisión 486); con excepción de las plantas, animales (Art.20 inciso c) de la Decisión 486), métodos terapéuticos (Art. 20 inciso d) de la Decisión 486) y los nuevos usos o aplicaciones de patentes otorgadas (Art.21 de la Decisión 486). Asimismo, constituyen excepciones de la patentabilidad las invenciones que deban impedirse para proteger el orden público, la moral (Art. 20 inciso a) de la Decisión 486), la salud o la vida de las personas o animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente (Art. 20 inciso b) de la Decisión 486). Cabe destacar que los descubrimientos, las obras literarias artísticas, programas de ordenadores o soporte lógico y la forma de presentar información, los seres vivos que están en la naturaleza o la materia viva, que se pueda aislar, sin que haya transformación no se consideran invenciones (Art. 15 de la Decisión 486) porque carecen del carácter técnico propio de la invención y además en algunos casos tienen protección en otros sistemas. El Capítulo III del Título II, sobre las solicitudes de patente, comprende todos los requisitos que deben cumplir las invenciones solicitadas, para poder obtener un certificado de patente de invención y gozar de los derechos por el período de 20 años (Art. 50 de la Decisión 486). Cabe destacar que en este Título están incluidos los requisitos de admisibilidad de una solicitud de patente, las características que deben tener las reivindicaciones tanto dependientes como independientes, asimismo se le da la posibilidad al solicitante que en cualquier momento pueda realizar el fraccionamiento o la fusión de dos solicitudes. En el Capítulo IV del Título II, del artículo 38 al artículo 49, se regula todo el proceso de trámite de una solicitud de patente con plazos y requisitos incluida las acciones de oposición. 74
15 Marco Jurídico General Marco jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú Con respecto al Capítulo V del Título II, sobre los derechos que confiere la patente, se ubican los derechos positivos, el ius prohibendi, así como sus excepciones, y de otro lado el agotamiento del derecho. Cabe destacar que en el Capítulo V se regula el concepto de explotación (Art. 60) a efectos el ejercicio de la obligación del titular de la patente y en el Capítulo VII, tenemos un régimen de licencias obligatorias que está regulada del artículo 61 al artículo 69. Los Títulos III y V regulan los modelos de utilidad y diseños industriales, respectivamente. El Título VI regula el tema de marcas. Dentro de éste, se regula la distintividad en el Art. 134 como un requisito objetivo, esencial de constitución de la marca. Se considera la distintividad como un requisito necesario para proporcionar a un signo la cualidad de ser apto para funcionar en el mercado. La distintividad que se exige en este régimen al signo para su registrabilidad es la calificación de constitución marcaria. En esta norma no hay una definición positiva de lo que es la distintividad, ni de los elementos que la conforman. En el Art. 135 inciso b) se considera la carencia de distintividad como un impedimento absoluto de registrabilidad; es decir, se excluye de la protección a cualquier signo desprovisto del carácter distintivo que no identifica ni diferencia con relación al producto. Este inciso es de carácter general, está articulado al artículo 134 y constituye un elemento fundamental para la lectura de los impedimentos específicos indicados en los incisos que continúan. En el mismo Art. 135 se incluyen 14 incisos que constituyen supuestos de impedimentos absolutos de registrabilidad. Dentro de los impedimentos absolutos de registrabilidad hay tres incisos (f, g, y e) referidos a los signos que no pueden ser objeto de derechos de exclusiva por las siguientes razones: Pertenecer al dominio público debido a que forman parte del lenguaje, referido a los genéricos o técnicos (inciso f) Ser designaciones comunes o usuales del producto (inciso g) Ser elemento descriptivo del producto o servicio incluido las expresiones laudatorias (inciso e) En el inciso c) del mismo Art. 135 se establece que no pueden ser marcas las formas de los envases y los productos, formas usuales impuestas por la naturaleza o función del producto y en el inciso h) se prohíbe el registro de colores aisladamente considerados y sin forma delimitada. De los 15 impedimentos absolutos del Art. 135 de la Decisión 486, los que están contenidos en los incisos e), f), g), y h) tienen en común: - Ser de irrestricto acceso para los consumidores y productores - Identificarse con el producto o servicio y confundirse con estos antes que diferenciarse; y - Pueden lograr adquirir distintividad mediante el uso constante en el mercado, y una vez logrado esto, con las pruebas debidas, levantar la prohibición y obtener el registro. 75
16 Anuario Andino de Derechos Intelectuales Marco Jurídico General Las demás prohibiciones no pueden ser levantadas bajo ninguna condición, así tengan la posibilidad de ser signos distintivos. En la categoría de impedimentos que no pueden ser levantados están: - Los signos engañosos - Los que van contra la ley, la moral y las buenas costumbres - Los signos que son propiedad de los Estados y otras instituciones - Las formas usuales. Cabe comentar respecto a las formas usuales de los productos o de sus envases o formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, del inciso c) del Art. 135, que pese a tener elementos comunes con la designación usual del producto o servicio de que se trate o el nombre genérico de éste, no pueden ser registrados como marca así hubiesen adquirido distintividad, por cuanto no están expresamente incluidos dentro de los literales que levantan el impedimento absoluto. En la Decisión 486, en el Art. 136, se contemplan supuestos acerca de los impedimentos de registro de marca relativos, que están referidos a derechos de terceros. En el inciso a) del Art. 136, se establece una prohibición de registrabilidad, la misma que dispone que no se puede registrar como marca, para los mismos productos o servicios conexos, un signo que sea igual o parecido o que se asemeje a una marca anteriormente solicitada o registrada, regulándose la exigencia de la diferenciación entre las marcas en aplicación de la distintividad establecida en el Art. 134 y del principio de no confusión; asimismo, se regula la exigencia de diferenciación entre las marcas y los nombres comerciales y lemas, en los incisos b) y c), respectivamente. El inciso h) del mismo Art. 136, referido a la marca notoria agrega, además de la confusión que hemos visto anteriormente, que no se puede registrar como marca aquel signo cuyo uso pueda causar la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria. Esta prohibición está estableciendo un concepto de gradualidad de la fuerza distintiva, que se aplica para aquellas marcas notorias cuya fuerza distintiva pueda ser utilizada por otros, haciendo que la marca notoria vea disminuida su fuerza distintiva. De otro lado, sobre la Dilución de las marcas notorias, debemos mencionar que el Art. 155 establece: El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: - Inciso e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular, - Inciso f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. 76
17 Marco Jurídico General Marco jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú De otro lado, el Título XII De los Signos Notoriamente Conocidos en su Art. 226 establece: (...) También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines o comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) Riesgo de confusión o asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, productos o servicios, b) Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. En el Art. 228 se establece que para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración; entre otros, 10 factores establecidos en los incisos del mencionado artículo. En el Art. 136 inciso h) de la citada Decisión, se dan tres supuestos de dilución: dilución de la fuerza distintiva, dilución del valor comercial y la dilución del valor publicitario. Estas tres formas de dilución constituyen impedimentos relativos al derecho de terceros de registro antes que la autoridad administrativa registre un signo como marca. Estos tres supuestos hacen alusión a la posibilidad de dilución de un signo renombrado con anterioridad a un nuevo registro. En consecuencia, para poder determinar el riesgo de dilución se tendría que: a) Determinar que la marca es notoriamente conocida aplicando los criterios de notoriedad; b) Determinar que la marca tiene una distintividad fuerte, mayor que la normal (si es totalmente de fantasía no necesita demostrar que tiene notoriedad superior porque es distintiva per se) c) Determinar que la marca tiene una posición única en el mercado y que distingue una única clase de productos, por lo tanto está en un solo contexto económico y no en otros. Tales criterios han sido establecidos en diversas interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino, como en el Proceso 98-IP-2007, en el que interpretan el alcance del artículo 136, h). Así pues, el Tribunal de la Comunidad Andina ha precisado que: La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por tanto, de su valor comercial. El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 77
18 Anuario Andino de Derechos Intelectuales Marco Jurídico General Dichos criterios fueron posteriormente recogidos en el precedente de observancia obligatoria del Indecopi a través de la Resolución No /TPI-INDECOPI, Caso: Kent, de fecha 9 de noviembre de 2009: En cuanto a la figura de la dilución del poder distintivo de la marca notoria, si bien la doctrina siempre ha señalado que la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina - entiéndase la Decisión no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas. La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza. En el Art. 155 respecto a los derechos que tiene el titular para impedir que un tercero realice una serie de actos con relación al uso de su marca en el mercado sin su consentimiento, este artículo establece los supuestos en virtud de los cuales se pueden iniciar acciones para proteger a su marca notoriamente conocida de la dilución, los mismos que están establecidos en el inciso e) referido al comercio y el inciso f) referido a fines no comerciales. El inciso e) del artículo 155 de la Decisión 486 está referido al uso que diluye una marca notoriamente conocida, que puede ser de tres tipos: (i) diluir la fuerza distintiva, (ii) diluir el valor el comercial y (iii) diluir el valor publicitario. En los tres casos del supuesto del inciso e) se debe de acreditar: a) El uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, b) Que el signo sea idéntico o similar a una marca notoria acreditando la notoriedad invocada, c) Que distinga productos diferentes, y d) Que se produzca peligro inminente de daño económico. El inciso f) establece que basta acreditar el uso público del signo del tercero y que es idéntico o similar a la marca famosa para fines no comerciales. El Capítulo V del Título VI, está referido a la Cancelación del registro de una marca por falta de uso, se incluyen dos artículos sobre distintividad. El Tribunal Andino, al respecto, considera que siempre que el accionante solicita la cancelación por falta de uso se entiende que es Cancelación total. Pero, también existe la Cancelación parcial, que es sui generis porque la determina la autoridad; es decir, en la etapa de evaluación de los medios probatorios la autoridad tiene la facultad de limitar a los productos o servicios para los que se ha acreditado el uso de la marca y/o similares. El término similares según la interpretación Prejudicial significa: 78
19 Marco Jurídico General Marco jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú Que los productos o servicios tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. En el Art. 166, último párrafo, se señala: El uso de una marca de modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. De esta manera, se coloca el carácter distintivo como elemento esencial y determinante, pues es el límite para poder hacer variaciones en el uso de una marca. En el Art. 169, referido a la cancelación por conversión a un signo común o genérico, se coloca la pérdida del carácter distintivo de la marca como condición esencial de la acción. Ésta pérdida del carácter distintivo de la marca está referida a la pérdida de la indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. En el Art. 169 se enumeran tres hechos que deberán concurrir a efectos de entender que una marca se ha convertido en genérico o signo común perdiendo su fuerza distintiva: a) La necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y c) El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada. De acuerdo a Ley, los tres hechos deben concurrir. En el Art. 169, el concepto de pérdida de distintividad está referido a la pérdida de la única asociación en la mente del público consumidor de indicar el origen empresarial específico o la fuente de los bienes o servicios (cabe señalar que para indicar el origen no es necesario que se nombre expresamente al productor de bienes o servicios). Según el inciso a) del mencionado artículo, si la marca es usada por la competencia del mismo sector de productos o servicios más que por un único productor, el público no logra conectar o asociar esa marca con los productos o servicios de un sólo productor y como consecuencia se produce un bajo reconocimiento del significado de la procedencia empresarial de la marca (inciso c) del Art. 169) o un desconocimiento de ésta. La marca deja de ser un signo distintivo de un origen empresarial cuando ha perdido la capacidad de identificación de bienes de un productor y de diferenciación de los bienes de los otros para identificarse o designar al producto mismo. 79
20 Anuario Andino de Derechos Intelectuales Marco Jurídico General La distintividad en las marcas colectivas está contemplada en el Art. 180 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que señala: Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular. En esta distintividad el origen empresarial no está referido a una sola empresa, sino que se aplica a una colectividad de empresas diferentes que tienen algo en común: el origen o cualquier otra característica común de los productos o servicios. En el Art. 181 referido a marcas colectivas, apreciamos que se introduce el elemento del mercado con lo cual la distintividad está referida a la identificación y diferenciación de los productos o servicios de sus integrantes respecto de los otros de la competencia. Un elemento a destacar es que la administración y el control de la marca colectiva están encargados a una entidad específica que debe velar por su correcto uso. Los Títulos VII, X y XII de la Decisión 486 regulan los Lemas (Artículos ), Nombres Comerciales (Artículos ) e Indicaciones Geográficas (Artículos ), respectivamente. El Titulo XII De Las Indicaciones Geográficas contiene 2 capítulos: Capítulo I: De las Denominaciones de origen y Capítulo II: De las Indicaciones de Procedencia. Estas últimas se refieren al nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado (Art. 221) y su prohibición se refiere al uso falso o engañoso (Art. 222). El artículo 201 de la Decisión 486 define a la Denominación de Origen como una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de un región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. Los elementos que encontramos en la definición de este artículo son los siguientes: - Indicación Geográfica (topónimo) - Designación de producto originario - Vinculación entre: En el artículo 203 se establece que la solicitud de declaración de protección de una denominación de origen puede ser: i) de oficio o, ii) a pedido de parte y en el artículo se enumeran los requisitos que se deben consignar en la solicitud para proteger una denominación de origen. 1 Según el Artículo 204 de la Decisión 486, para solicitar la declaración de protección de una denominación de origen se deberá: i) consignar la denominación de origen objeto de la declaración, ii) delimitar la zona geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de origen, iii) señalar los productos que designa la denominación de origen; y, iv) adjuntar una reseña de las 80

References: artículo 2
 resolución 
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 58
 artículo 38
 artículo 49
 artículo 61
 artículo 69
 artículo 134
 artículo 136
 Resolución 
 artículo 155
sui generis
 artículo 201
 artículo 203
 Artículo 204