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Timestamp: 2019-09-22 10:34:41+00:00

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﻿ Sentencia 19749 de julio 8 de 2003
SENTENCIA 19749 DE 08 DE JULIO DE 2003
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR. SE DETERMINA QUE LA CULPA PATRONAL NO ES DETERMINANTE EN EL ACAECIMIENTO DE UN ACCIDENTE LABORAL, CUANDO EL COMPORTAMIENTO DEL TRABAJADOR FUE IMPRUDENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, TRABAJADOR, RECURSO DE CASACIÓN, INCAPACIDAD LABORAL
Sentencia 19749 de julio 8 de 2003
Rad. 19749
Bogotá, D.C., julio ocho de dos mil tres.
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Agustín Maza Lozano contra la sentencia del 16 de mayo de 2002, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso promovido por el recurrente a la sociedad Carulla y Cía. S.A.
Agustín Maza Lozano demandó a Carulla y Cía. S.A., en busca de la prosperidad de estas pretensiones: que se declare que la demandada es la responsable del accidente de trabajo que sufrió el 24 de marzo de 1997, del cual resultaron lesiones irreparables que afectaron su capacidad laboral en más del 70% y que le imposibilitan el ejercicio de su actividad habitual; que se condene a la demandada a cancelarle indemnización plena y ordinaria de perjuicios, que cubra tanto los daños materiales como morales y repare el daño emergente y el lucro cesante y las secuelas definitivas que le dejó el accidente para toda su vida probable; que la demandada pague las agencias en derecho.
Como fundamento de las pretensiones expuso: que mediante contrato de trabajo presta sus servicios a la sociedad demandada desde el 22 de agosto de 1996, desempeñando el cargo de partidor vendedor de carnes; que el “24 de marzo de 1993”, estando cumpliendo con sus funciones sufrió un accidente de trabajo, mientras accionaba un molino de carne, el cual le apresó la mano, triturándola en su integridad hasta la altura del antebrazo; que la causa del accidente fue la carencia de los dispositivos necesarios para la operación segura del molino, pues su manipulación implicaba riesgos permanentes, debido a que carecía de dispositivos que le permitieran desactivarlo en el momento en que se presentara algún accidente, toda vez que no tenía interruptor de corriente incorporado, por lo que se encontraba conectado directamente al tomacorriente, el cual se hallaba a varios metros del aparato; que al momento de sufrir el accidente le fue imposible desactivar el molino, pues ello solo se lograba desconectándolo de la energía que se encontraba a varios metros, aparte de que se encontraba solo en el sitio de operación; que la demandada es responsable de las medidas de higiene y salubridad para preservar la salud de sus trabajadores y debe observar la más absoluta diligencia y cuidado para que la operación de las máquinas no ponga en peligro la salud y la vida de los trabajadores; que la empresa omitió gravemente sus deberes al permitir la operación de una máquina en condiciones de alto riesgo para los operarios y sin la más mínima medida de seguridad; que ello la hace responsable por culpa grave de la totalidad de los daños sufridos por el trabajador (fls. 1-5).
La sociedad convocada al proceso contestó la demanda con oposición a las peticiones. Sobre los hechos aceptó la existencia del contrato laboral, el cargo desempeñado por el demandante, el acaecimiento del accidente de trabajo, pero de este explicó que ocurrió por culpa del trabajador, y respecto a los demás manifestó que no son ciertos. Propuso las excepciones de inexistencia de obligaciones, prescripción y compensación (fls. 47-51).
El conflicto jurídico fue dirimido en primera instancia por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena que, a través de sentencia del 7 de diciembre de 2000, absolvió a la empleadora de todas las pretensiones de la demanda (fls. 431-440). Recurrió en apelación la parte demandante, y el 16 de mayo de 2002, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena confirmó en todas sus partes el fallo de primer grado (fls. 14-22, cdno. 2ª inst.).
En su proveído, argumentó el Tribunal: que está probada la vinculación laboral entre las partes, así como que el último cargo del trabajador fue como partidor - vendedor de carnes y que sufrió un accidente laboral el 24 de marzo de 1997, por el cual perdió la mano derecha y parte del antebrazo; que el demandante reclama la responsabilidad plena del empleador prevista en el artículo 216 del C.S. del T; que según la jurisprudencia hay dos (2) clases de responsabilidad derivadas del accidente laboral, que son la objetiva y la subjetiva, siendo la última a la que se refiere el anterior artículo; que sobre las indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo se ha pronunciado en varias oportunidades la Corte; que de las pruebas testimoniales allegadas al accidente y del informe de investigación de este, adelantado por la ARP Colmena (fl. 64), y del interrogatorio de parte del actor, se infiere que el trabajador sufrió un accidente laboral, por lo que es indiferente si se encontraba cortando carne o haciendo mantenimiento a la máquina que lo lesionó; que también está demostrado que el accionante se encontraba solo al momento del accidente; que del informe de la ARP Colmena (fl. 65) y del interrogatorio de parte (fl. 34) queda fehacientemente probado que el operario trató de arreglar el molino de carne —que se había atascado en el proceso de corte de carne y se debía limpiar dos veces al día como lo declaran los testigos—, retirando el collarín, disco y cuchilla, sin desconectar y apagar el equipo; que de la prueba testimonial también se infiere que la máquina o molino estaba directo, es decir, que no servía el interruptor.
Así mismo el juzgador, aduce; que el interrogante que surge es si existe culpa patronal o, por el contrario, imprudencia del actor; que el artículo 216 en comento es muy claro en establecer que debe existir culpa suficientemente comprobada del patrono, lo cual quiere decir que la negligencia del actor no haya incidido determinantemente en la ocurrencia del accidente; que lo reconoció el actor en el interrogatorio de parte, los testigos y el informe de la ARP, que la limpieza del molino debía hacerse previa desernegización del mismo, lo cual no hizo el trabajador reclamante; que los testigos Misael Guzmán Geles y Roberto Díaz Alvarez, aportados por el demandante, manifiestan que la empresa no los capacitó y entrenó para el manejo y limpieza de la máquina, en tanto los testigos de la empresa: Gustavo Caballero Gómez y José Manuel Manga Conrado, manifiestan lo contrario; que el sentido común indica que quien va a manejar un equipo eléctrico debe tener un mínimo conocimiento del funcionamiento del mismo, y un poco más si se trata de desarmarlo para asearlo y armarlo nuevamente, por lo que así se afirme de parte del accionante que no recibió capacitación sobre el manejo del molino, no se explica que haya estado frente al mismo durante 7 meses, en el oficio de corte de carne y limpieza de sus partes mecánicas; que como lo indica el informe de investigación del accidente (fl. 65), la causa inmediata fue realizar labores de limpieza del molino, sin haberlo apagado o desconectado previamente.
Finalmente, el Tribunal, también expone: que sin duda esta fue la causa determinante del accidente, pues aún funcionando el interruptor o suiche, el insuceso habría ocurrido a raíz de la imprudencia de no desconectarlo; que excepto lo dañado del interruptor, el actor no pudo probar el mal funcionamiento del molino, pues la culpa patronal debe estar suficientemente probada para generar las indemnizaciones que contempla la norma; que si bien es cierto que el mal estado del interruptor es una anomalía que no debió existir, la misma no fue determinante en la ocurrencia del accidente, pues así como utiliza el interruptor para apagar el molino, se podían desconectar los cables correspondientes estando la conexión directa por el desperfecto del interruptor; que la imprudencia del demandante fue tal que aún encontrándose en buenas condiciones el interruptor, el insuceso hubiese ocurrido, pues el arreglo del molino se hacía sin desenergizarlo, según las pruebas testimoniales; que el demandante no demostró que era imposible desconectar el molino para desarmarlo y, todo lo contrario, la prueba testimonial apunta a que en los eventos de limpieza lo normal era desconectar el equipo; que de las pruebas analizadas y de la conducta del actor se desprende que no se probó suficientemente la culpa exigida al empleador para la indemnización reclamada.
Fue propuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal respectivo, admitido por esta Corporación, que procede a resolverlo, previo estudio de la demanda que lo sustenta y su réplica.
El alcance de la impugnación lo delimitó de la siguiente manera el recurrente:
“Solicito a la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que cace (sic) totalmente la sentencia impugnada por ser violatoria de la ley, y que luego como Tribunal de Instancia, revoque la sentencia del A Quo, profiriendo en su lugar Sentencia condenatoria contra la demandada, en la que se hagan las siguientes declaraciones (...)” (Se refiere a las solicitadas en la demanda ordinaria).
Contra la sentencia de segundo grado, el censor dirige los siguientes tres cargos:
Dice que viola por la vía directa, en la modalidad de falta de aplicación, los artículos 57 y 348 del CST, modificado por el artículo 10 del Decreto 13 de 1967; 161-4 de la Ley 100 de 1993; 21- C y 56 del Decreto 1295 de 1994.
Para el efecto, aduce el acusador: que en la sentencia se dejaron de aplicar los artículos 57-2 del CST, 161 de la Ley 100 de 1993, 21-C, 56-1, 58 y 62 del Decreto 1295 de 1994, los cuales protegen al trabajador dependiente y en su lugar se aplicó solamente el artículo 216 del CST, que consagra la noción de culpa patronal, como requisito indispensable para que se pueda declarar la indemnización plena; que en el proceso está demostrado que el equipo que operaba el demandante al momento de sufrir el accidente laboral, no estaba apto para ser utilizado por el trabajador con la seguridad de que no ocurriera un accidente; que la empresa conocía esta circunstancia y permitió que así fuera utilizado a diario, por lo que la demandada violó todas las normas de protección al trabajador; que entre las pruebas que demuestran lo anterior están los testimonios de Roberto Armando Díaz Álvarez (fl. 121), Misael Guzmán Geles (fl. 119) y Víctor Julio Díaz Daza Mena (fl. 126); que la prueba pericial y la inspección judicial sobre el molino no se pudieron practicar por la acción de la demandada de reemplazar este equipo por otro, los que a la luz del inciso 2º del artículo 242 del CPC y del inciso 2º del numeral 2º del artículo 246 ibídem, debe ser valorado como indicio en su contra, respecto al mal estado en que se encontraba el equipo, según se afirmó en el libelo.
La oposición cuestiona el ataque con estos argumentos: que toda la demanda de casación presenta deficiencias, pues en los 3 cargos no se señala cuál es la causal de casación; que el primer cargo y el segundo se deben desechar pues a pesar de estar dirigidos por la vía directa, presentan inconformidades fácticas, lo cual es inaceptable; que el tercer cargo no se refiere a errores de hecho; que la proposición jurídica de los ataque es deficiente, pues debe ser completa, como lo ha indicado la jurisprudencia; que en relación con el primer cargo la proposición jurídica es deficiente pues señala la violación del artículo 57 del CST, pero no se refiere en concreto a ninguno de sus 9 numerales; que las demás normas citadas no consagran el derecho pretendido por el actor, sino que consagran obligaciones y deberes patronales; que no invocó el recurrente el artículo 216 del CST, que es la norma sustantiva de alcance nacional que contiene el derecho pretendido por el accionante; que el censor no podía decir que la última norma no fue aplicada, pues ella fue la que sirvió de fundamento al fallo del Tribunal, lo que obligaba al recurrente a acudir a otro concepto de violación o a señalar que la falta de aplicación de las normas que invocó condujo a la aplicación indebida del artículo 216, lo que no hizo; que así se dedujera que no se aplicaron las normas en comento, por ello no se puede quebrantar la sentencia; que el recurrente no se puede limitar a enunciar una norma sustantiva violada, sino que es menester indicar cómo y por qué ocurrió la trasgresión; que la proposición jurídica no la subsana el hecho de que en la demostración del cargo se incluyan algunas disposiciones de las que adolece aquella, menos aún cuando el censor afirma que el Tribunal aplicó solamente el artículo 216 del CST.
También, el opositor expone: que mientras el cargo está dirigido por la vía directa, el núcleo de la sentencia lo constituye la declaración de un hecho: que no existió culpa patronal en el accidente de trabajo del accionante, por lo que para que procediera el ataque por la vía escogida era menester que el impugnante aceptara esa conclusión fáctica del Tribunal; que en el desarrollo del cargo, no obstante, se muestran inconformidades con los aspectos fácticos de la sentencia; que en la última parte de su demostración del cargo, el recurrente se refiere a varias normas procesales, que no son de recibo en el recurso extraordinario laboral por la causal primera; que el censor se limita a mencionar las normas adjetivas pero no establece la relación irremediable de causalidad entre la infracción de estas y la de la norma sustantiva que consagra el derecho pretendido; que el cargo, por lo expuesto, debe ser desestimado.
El impugnante se duele en el cargo, que dirige por la vía directa, de que el Tribunal se haya abstenido de condenar a la demandada a pagar al actor indemnización plena de perjuicios por el accidente de trabajo que este padeció mientras laboraba y del que se afirma en la demanda ordinaria ocurrió por culpa de la empleadora.
La acusación así planteada no está llamada a salir avante, pues a pesar que está enderezada por la vía del puro derecho, examinado el ejercicio de su demostración se constata que controvierte la conclusión fáctica más importante del fallo gravado, esto es, que el accidente laboral génesis del litigio no acaeció por culpa imputable a la demandada, sino por imprudencia del trabajador demandante, lo cual es técnicamente inaceptable pues se sabe que cuando el recurrente acude a la vía directa del ataque en casación es porque no discrepa de la valoración probatoria efectuada por el juzgador ad quem y acepta la aserciones que de esta actividad obtuvo.
En efecto, en el ataque que se estudia la censura objeta la forma como el Tribunal aprehendió los testimonios de Roberto Armando Díaz Alvarez (fl. 121), Misael Guzmán Geles (fl. 119) y Víctor Julio Díaz Daza Mena (fl. 126), aparte que también disiente de la actitud del Tribunal en relación con la prueba pericial y la inspección judicial existentes en el expediente, lo cual denota el extravío en la senda de ataque en que incurrió el recurrente, pues, como lo señala la réplica, si no estaba de acuerdo con la aseveración de hecho del juzgador ad quem en el sentido que no hubo culpa patronal en el accidente laboral, debido a que lo que desató ese infortunio fue la imprudencia del trabajador al pretender desatascar el molino eléctrico en el que cortaba carne, pero sin desenergizarlo, como lo encontró demostrado en las pruebas que se analizan en el proveído gravado, resultaba técnicamente imposible cuestionar dicha providencia por la vía estrictamente jurídica, resultando solo posible ese cometido por la vía de los hechos, bajo el submotivo de indebida aplicación del artículo 216 del C.S. del T, en relación con las demás normas citadas en el acervo jurídico normativo del ataque.
Por tanto, ante el insalvable yerro técnico del acusador en identificar la vía adecuada para procurar la anulación de la sentencia gravada, la misma continúa cobijada por la presunción de legalidad y acierto que la asiste.
Dice que la sentencia viola la ley sustancial de manera directa por aplicación indebida del artículo 216 del C.S. del T, al aplicar erróneamente el artículo 277 del código de procedimiento civil, en relación con el artículo 145 del código de procedimiento laboral y de la seguridad social.
Con tal finalidad aduce el recurrente: que consiste la violación que denuncia en que el Tribunal apreció el informe de investigación del accidente elaborado por la ARP Colmena y con base en él dio por demostrado que el accidente laboral ocurrió por imprudencia del trabajador, al tratar de arreglar el molino sin desconectarlo, y por ello aplicó el artículo 216 del CST para absolver a la demandada; que los documentos declarativos de terceros solo se estimarán si son ratificados, según lo explica el artículo 277 del código de procedimiento civil; que esa ratificación debe hacerse en la forma como lo ordena el artículo 229-2 inciso 3º del código de procedimiento civil; que el artículo 174 del código de procedimiento civil ordena que las decisiones judiciales deben basarse en prueba regular y oportunamente aportada; que en lugar de practicarse la ratificación del informe, lo que se hizo fue que en la declaración de la asistente técnico de Colmena se le indagó si reconoce los documentos de fls. 64-65 y si la firma que aparece en ellos es la suya; que la sentencia se basó en esta prueba ilegal para aplicar equivocadamente el artículo 216 del C.S. del T; que en el folio 6 de la providencia aparece cómo se dio por demostrado que el accidente ocurrió por la acción del trabajador de querer arreglar el molino de carne y que la causa de este es la actitud irresponsable de su parte, al no desconectar la máquina mientras trabajada; que por ello concluyó el Tribunal que aparece demostrada la culpa del trabajador, lo cual exonera a la demandada de la indemnización del artículo 216 del CST.
La opositora enfrenta el cargo con estos planteamientos: que el recurrente expresa que la violación de la ley sustancial ocurrió de manera directa al aplicar erróneamente una norma adjetiva (art. 277 del CPC), planteando una violación de medio, la cual es inaceptable cuando el ataque se formula por la vía directa, que supone necesariamente la total conformidad con las conclusiones fácticas del ad quem, las cuales se fundamentan en las pruebas; que el censor crítica la forma como el ad quem apreció, no solo el informe de la ARP Colmena, sino también el interrogatorio de parte del demandante, todo lo cual indica que se encauzó el cargo por la vía directa y la indirecta, por lo que debe ser desestimado.
El cargo controvierte la conclusión del Tribunal según la cual el accidente laboral que padeció el demandante acaeció finalmente por la imprudencia de este y no por culpa de la empleadora, razón por la cual no hay lugar para imponerle el pago de la indemnización de que trata el artículo 216 del CST.
En este ataque el impugnante cuestiona que el juzgador haya obtenido la conclusión en comento del informe que de aquel acontecimiento elaboró la ARP Colmena (fls. 64-65), no obstante que tal documento, por ser declarativo, requería ratificación, la cual no se hizo, por lo que el fallo se fundó en una prueba que es ilegal.
La aludida acusación no está llamada a prosperar por cuanto el numeral 2º del artículo 10 de la Ley 446 de 1998, aplicable al proceso laboral en virtud del principio de la integración, y que reproduce el mismo texto del contenido en el numeral 2º del artículo 22 del decreto 2651 de 1991, dispone: “Los documentos privados de contenido declarativo emanado de terceros, se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su rectificación”.
Empero, lo anterior no obsta para agregar que aunque se pasara por alto lo antes anotado, el ataque tampoco estaba llamado a salir avante porque:
1. Allende los aspectos formales sobre los que llama la atención el cargo, relacionados con los requisitos que se deben cumplir para la estimación probatoria de un documento como el de folios 64 y 65 del expediente, respecto al cual el propio acusador dice que es declarativo, lo que salta a la vista en la argumentación demostrativa de aquel es que está exclusivamente fundada en una prueba sobre la cual no se puede construir ataque en casación, como es el caso de los informes que sobre los accidentes de trabajo rinden las administradoras de riesgos profesionales (ARP), de los que la jurisprudencia ha manifestado constituyen documentos declarativos provenientes de terceros, que deben por tanto ser asimilados a un testimonio.
De ahí que en el marco de lo dispuesto por el artículo 7 de la ley 16 de 1969, deviene formalmente desacertado que la acusación pretenda controvertir ante la Corte el atenimiento a la ley de la sentencia gravada únicamente desde un documento que en riguroso sentido equivale a un testimonio, que no es prueba calificada.
2. Se equivoca la censura al cuestionar el fallo exclusivamente desde la documental declarativa de folios 64 y 65 del expediente, toda vez que su conclusión cardinal de que el accidente laboral no sucedió por culpa patronal, sino por imprudencia del trabajador, ciertamente la obtuvo el Tribunal de tal probanza, pero además de su apreciación de otras piezas del proceso, como el propio interrogatorio de parte que absolvió el actor y los testimonios de Misael Guzmán Geles, Roberto Díaz Alvarez, Gustavo Caballero Gómez y José Manuel Manga Conrado, lo que indica que si en hipótesis de discusión se asumiera que sobre el documento de folios 64 y 65 válidamente se podía estructurar el ataque, de resultar este fundado, la providencia no se podría quebrar, pues permanecerían incólumes varios de sus soportes probatorios.
Debe recordarse que inveteradamente la jurisprudencia ha enseñado que el recurrente en casación tiene como obligación ineludible echar por tierra la totalidad de los soportes del proveído cuya anulación procura, pues con uno de ellos que permanezca intacto: sea jurídico, fáctico o probatorio, es suficiente para que conserve su firmeza, como expresión de la presunción de legalidad y acierto que lo acompaña.
Dice que la sentencia viola la ley sustancial por la vía indirecta, por error de hecho respecto a dos pruebas documentales, lo cual desembocó en que el Tribunal “aplicara equivocadamente” el artículo 216 del C.S. del T, cuando debió aplicar los artículos 57 y 348 del CST, 161- 4 de la ley 100 de 1993, y 21- C y 56 del decreto 1295 de 1994.
Para ello expone el acusador: que no se apreció el informe individual del accidente de trabajo elaborado por la empresa demandada, en el que se expresa que el accidente ocurrió mientras el trabajador cumplía la actividad de moler carne; que este documento fue aportado con la demanda e incorporado además en la audiencia de trámite del 19 de mayo de 1999 (fl. 138); que el documento no fue ni desconocido ni tachado de falso dentro de la oportunidad procesal, por lo que su veracidad quedó establecida dentro del juicio; que esta prueba ni siquiera se menciona en la sentencia gravada; que el documento demuestra un hecho crucial y es que el molino que operaba el trabajador al momento del accidente no podía estar desconectado, porque el accionante estaba moliendo carne; que la prueba en comento está en consonancia con las demás pruebas del expediente, como el interrogatorio de parte del actor y los testimonios de Misael Guzmán Geles y Roberto Armando Díaz Álvarez; que si el Tribunal hubiera analizado el informe referenciado, en consonancia con las demás pruebas, hubiera concluido que el accidente se produjo mientras el trabajador molía carne, como también habría colegido que el insuceso ocurrió porque la empresa incumplía las obligaciones de ley para que no acaecieran accidentes de trabajo.
Así mismo el recurrente expone: que las pruebas del expediente claramente indican que la máquina que manejaba el demandante cuando sufrió el accidente laboral, era un molino eléctrico, que no tenía en ese momento suiche de encendido y apagado, así como que para poder detenerla era menester desconectarla, hecho que era conocido y permitido por la empleadora; que todos estos hechos, unidos al indicio grave que se genera del hecho de que la demandada no permitiera que se practicara inspección judicial, ni el examen de peritos, sobre el equipo en el que ocurrió el accidente de trabajo (artículo 56 CPL y SS), demuestran que la demandada violó no solo los artículos del código sustantivo del trabajo que le imponían proteger al trabajador, además de las normas del sistema general de riesgos profesionales, sino que incluso incurrió en culpa leve; que además el ad quem también apreció con error el informe de investigación del accidente laboral efectuado por la ARP Colmena, el cual se aportó con la contestación a la demanda (fls. 64-65); que este documento, emanado de tercero, debía ser ratificado dentro del proceso para tener valor probatorio, pero la prueba en reflexión no fue ratificada, sino que solo se procuró su reconocimiento.
Finalmente, el censor expresa: que este documento fue fundamento de la sentencia y con base en él se afirmó que quedó fehacientemente probado que el actor trató de arreglar el molino de carne retirando el collarín, disco y cuchilla sin desconectar y apagar la máquina; que a tal conclusión, sin embargo, no se puede llegar con fundamento en el interrogatorio de parte del actor, sino únicamente basándose en el informe de la ARP Colmena; que la realidad de las pruebas no permite deducir la imprudencia del actor como causa del accidente; que el informe de la ARP Colmena es solo una conclusión de los hechos, a la que llegó la funcionaria que lo elaboró después de haber escuchado las impresiones de los funcionarios de la demandada sobre el accidente laboral; que si el informe hubiera sido ratificado como lo ordena la ley, debía ser valorado como una versión de los hechos por parte de un tercero que no los presenció, sino que los reconstruye después de informarse sobre las circunstancias que pudieron haber rodeado el accidente; que las conclusiones a que llegó el informe en cuestión chocan con la realidad que muestran las demás pruebas, como el informe de la propia demandada, el interrogatorio de parte del actor y los testimonios de Misael Guzmán Geles, Roberto Armando Díaz Alvarez y Víctor Julio Díaz Daza Mena.
Contra la prosperidad del cargo sostiene la oponente: que se presentan graves omisiones en la proposición jurídica, pues no indica las normas adjetivas que fueron violadas por el juzgador, a pesar que acusa a este de haber incurrido en vicios “in procedendo” respecto a varios documentos; que la jurisprudencia ha dicho que cuando se ataca por la vía indirecta el error debe ser protuberante; que la sentencia del ad quem se fundamenta en un cuidadoso y consistente análisis del material probatorio; que las pruebas en que se apoyó el segundo juzgador fueron valida y legalmente producidas; que el informe de la ARP Colmena fue ratificado en la forma prevista en el inciso 2º del artículo 277 del código de procedimiento civil; que el censor pretende que se desestime en forma total el documento en cuestión, pero ello no es motivo suficiente para afirmar que el Tribunal erró, pues el mismo fue válidamente aportado al proceso y ratificado en legal forma, aparte que su contenido, no refiriéndose a hechos que requieran prueba calificada para su demostración, es facultad del fallador llegar a la conclusión a que lo dirija el recto entendimiento de la prueba y de la norma; que el otro documento al que se refiere el cargo como no tenido en cuenta por el Tribunal, no se advierte que de haberlo apreciado dicho juzgador su conclusión hubiera sido distinta; que el recurrente, con buena intención, lo que hizo fue un alegato de conclusión, sin que haya demostrado que el juzgador cometió un error protuberante o inexcusable.
Acudiendo a la vía indirecta del ataque en casación, el censor continúa esgrimiendo su disentimiento con el fallo del Tribunal, que no encontró demostrada la culpa patronal en el accidente laboral que padeció el actor.
En esta oportunidad se duele la acusación que el Tribunal no haya apreciado el informe individual del accidente de trabajo, que elaboró la propia demandada, pues si lo hubiera hecho en consonancia con las demás pruebas, habría encontrado que el accidente laboral se produjo cuando el trabajador molía carne, y aconteció porque la demandada incumplió las obligaciones legales para evitar contingencias como las que sufrió el reclamante, pues el molino eléctrico que este manejaba al accidentarse carecía de suiche de encendido y apagado y para poder detenerlo era menester desconectarlo, desenchufándolo o bajando las cuñas que le daban energía, lo cual era conocido y permitido por la demandada.
Empero, tampoco esta acusación desvirtúa la presunción de legalidad de la sentencia gravada, por las razones siguientes:
1. El informe individual del accidente de trabajo elaborado por la demandada (fl. 8), al que ciertamente no se refiere el juzgador ad quem en su proveído, efectivamente da cuenta que al momento del trabajador padecer aquella contingencia se encontraba moliendo carne, pero ello no riñe con la posibilidad de que en el marco de aquella actividad el operario hubiera además intentado reparar o limpiar el molino eléctrico que le servía de instrumento de trabajo, al atascarse este, pues así inclusive lo asume el propio acusador al remitirse al testimonio de Misael González Geles (fl. 119), que da cuenta de una sucesión tal de hechos en el preludio de sobrevenir el accidente de trabajo.
Por tanto, no es dable oponer el mencionado documento, que informa que cuando el actor sufrió el accidente laboral se encontraba moliendo carne, a la conclusión del Tribunal de que este insuceso se produjo cuando el operario procuraba reparar o limpiar el molino que utilizaba con aquel fin, pues, según se ha visto en la cita que el propio impugnante trae a colación (fl. 10 cdno. cas.), ello es claramente posible debido a que ambas actividades no son excluyentes, por lo cual es posible explicar razonablemente la segunda en el marco de la primera.
2. En el anterior escenario no constituye dislate capaz de desatar la anulación del fallo gravado, que el Tribunal haya encontrado imprudente la conducta del trabajador demandante de limpiar o reparar el molino eléctrico sin desenergizarlo, así sea que el equipo careciera de interruptor de encendido o apagado, pues como dicho juzgador lo aduce nada indica que existiera imposibilidad para que el demandante, antes de proceder a limpiar, desarmar o reparar el molino, lo desconectara del fluido eléctrico para impedir su activación o desatascamiento.
A juicio de la Sala, el comportamiento omisivo del actor que encontró razonablemente demostrado el juzgador, evidentemente dista de ser diligente y cuidadoso, y hace atinado el aserto que la culpa patronal no fue determinante en el acaecimiento del lamentable accidente que sufrió el trabajador demandante.
3. La tesis del Tribunal de que el comportamiento del trabajador el día del accidente laboral fue imprudente, se ve reforzada, además, por la respuesta que aquel entregó a propósito de la pregunta nueve (9) del interrogatorio de parte (fl. 135), en la que expresamente manifiesta que el molino ya presentaba problemas por falta de mantenimiento, pues si ello es así resulta tanto más sorprendente que el trabajador haya pretendido limpiar, reparar o desatascar el equipo en comento sin desenergizarlo, conducta previsiva que podía adoptar, así la máquina no tuviera interruptor, desconectando “los cables correspondientes estando la conexión directa a raíz del deterioro del interruptor” (fl. 21 cdno 2ª instancia).
Además, arraiga la convicción que el operario actuó de manera imprudente al manipular el molino eléctrico, sin aislarlo del flujo eléctrico, el hecho que cuando se produjo el accidente el trabajador conocía la ausencia del interruptor de apagado y encendido, y que dicho aparato estaba conectado directamente al fluido de electricidad, como se desprende de los hechos 7, 8 y 9 del gestor (fl. 2). Esto apareja deducir, con visos de acierto, que el trabajador conocía el riesgo de limpiar o reparar el molino, si este se atascaba mientras cortaba carne, sin previamente desconectar los cables que lo contactaban directamente con la corriente eléctrica.
De tal manera, se insiste, que no se ve manifiestamente equivocada la más importante conclusión del fallo gravado, en el sentido que el accidente laboral en el que resultó lesionado el demandante, fue causado de manera determinante por la conducta imprudente de este.
4. Esta última consideración no se ve desquiciada por el cuestionamiento que el atacante blande en relación con la inspección judicial y la prueba pericial, que hace residir en que la demandada no permitió la práctica de una y otra probanza (fl. 11 cdno. cas.).
Tal la afirmación, pues si lo que el recurrente deduce como resultado de esa actitud procesal de la empleadora es la existencia de un “indicio grave”, debe recordarse que el indicio no es una prueba calificada y por ello sobre el mismo no se puede sustentar cargo en el recurso extraordinario.
Y si, de otra parte, se hiciera caso omiso de lo anterior, no puede pasarse por alto que lo que con aquellas probanzas se buscaba demostrar, según se lee a folio 11 ibídem, es que el molino eléctrico en el que laboraba el actor no tenía suiche de encendido y apagado. Sin embargo, ello no lo desconoció el Tribunal, que derivó el comportamiento imprudente del demandante, de que allende tal circunstancia, procuró limpiar o reparar el molino sin desconectar los cables que directamente lo alimentaban de corriente eléctrica, lo cual evidencia que los medios de convicción en reflexión, aún en el marco de discusión en el que los trae a colación el censor, no restan fundamento a la conclusión central del ad quem.
5. En relación con el informe del accidente laboral que produjo la ARP Colmena, visible entre folios 64 y 65 del expediente, del que el cargo afirma que fue apreciado equivocadamente por el Tribunal, reitera la Corte lo que ya expresó a propósito del ataque anterior, en el sentido que más allá de si se produjo o no la ratificación que extraña el impugnante, ello carece de trascendencia en el caso, pues el documento que contiene aquel, según la jurisprudencia, es simplemente declarativo y se asimila a la prueba testimonial que, como se sabe, no es calificada y sobre ella tampoco se puede estructurar acusación en el recurso extraordinario.
Reafirma este criterio el hecho que el impugnante no pudo demostrar equivocación fáctica alguna del Tribunal por medio de prueba calificada, por lo que no puede la Sala escudriñar si de la probanza de folios 64 y 65 surge acreditada equivocación fáctica del juzgador en su conclusión de que la conducta del demandante fue imprudente y determinante del accidente laboral que sufrió.
Las costas en el recurso extraordinario se impondrán al demandante que recurrió, pues su acusación no salió avante y fue replicada.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 16 de mayo de 2002, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el juicio promovido por Agustín Maza Lozano a la sociedad Carulla y Cía. S.A.
Costas en casación a cargo del demandante que impugnó
Magistrados: Fernando Vásquez Botero—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Isaura Vargas Díaz.

References: artículo 216
 artículo 216
 artículo 10
 artículo 216
 artículo 242
 artículo 246
 artículo 57
 artículo 216
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 artículo 277
 artículo 145
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 artículo 229
 artículo 174
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 artículo 216
 artículo 10
 artículo 22
 artículo 7
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 artículo 277