Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCG-10-CM-46.CODI.%29
Timestamp: 2019-11-12 10:26:01+00:00

Document:
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 46, de 18/12/2012
cve: DSCG-10-CM-46
Año 2012 X Legislatura Núm. 46
- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2012) 628 final]. (Número de expediente del Senado 574/000081 y número de expediente del Congreso 282/000149.)
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados [COM (2012) 617 final]. (Número de expediente del Senado 574/000083 y número de expediente del Congreso 282/000151.)
Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA ... (Página5)
- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2012) 614 final]. (Número de expediente del Senado 574/000087 y número de expediente del Congreso 282/000155.)
Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA ... (Página8)
- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2012) 721 final]. (Número de expediente del Senado 574/000089 y número de expediente del Congreso 282/000157.)
Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA ... (Página12)
- Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Programa General de Medio Ambiente de la Unión hasta 2020, "Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta" (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2012) 710 final]. (Número de expediente del Senado 574/000090 y número de expediente del Congreso 282/000158.)
Autor: GOBIERNO ... (Página14)
- Proposición no de Ley sobre el control de las empresas transnacionales. (Número de expediente del Senado 663/000013 y número de expediente del Congreso 161/000673.)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (CONGRESO DE LOS DIPUTADOS) ... (Página18)
- Proposición no de Ley relativa a las Regiones Ultraperiféricas de Europa. (Número de expediente del Senado 663/000019 y número de expediente del Congreso 161/000846.)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (CONGRESO DE LOS DIPUTADOS) ... (Página22)
Se inicia la sesión a las doce horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión que, como ustedes saben, tiene como primer punto del orden del día, dentro del debate de control de la subsidiariedad de iniciativas legislativas de la Unión Europea, una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/92, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Han presentado dictamen las Cortes de Castilla y León y el Parlamento de Extremadura, e interviene, en primer lugar, para presentar el informe, el excelentísimo señor don Alejandro Alonso Núñez, que tiene la palabra.
El señor ALONSO NUÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para defender el informe de la Comisión Mixta de la Unión Europea sobre la aplicación del principio de subsidiariedad, en este caso de la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/92, relativa a las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Mi propuesta es emitir un dictamen favorable puesto que considero que la nueva directiva está elaborada y es conforme con el principio de subsidiariedad establecido en los vigentes tratados de la Unión Europea, según el cual el derecho europeo entrará en juego solo en la medida en que los objetivos pretendidos no se alcancen de forma suficiente por los Estados miembros.
La propuesta de directiva que examinamos pretende la modificación de diez artículos y tres anexos de la Directiva 2011/92, relativa a los procesos de evaluación de impacto ambiental de proyectos públicos y privados. Las modificaciones están justificadas por el paso del tiempo de la vigente norma, que tiene veinte años y que en determinados aspectos venía siendo superada por nuevos conocimientos técnicos y científicos, y por tanto, es obvio que requería una adaptación a la nueva realidad científica y también a la nueva realidad de las administraciones públicas europeas.
Quiero recordar simplemente que el sistema de evaluación ambiental previo a la ejecución de proyectos públicos y privados es una práctica ya consolidada en todos los países de la Unión Europea. Todos los países tienen incorporado a su ordenamiento jurídico los principios y objetivos de estas directivas, así como su legislación nacional con sus especificidades.
Se trata de un tema de una grandísima importancia para la actuación de las administraciones y también de los operadores privados, y simplemente para que tengan un dato les diré que en la Unión Europea se someten a evaluación ambiental una cifra de proyectos que oscila de uno a otro año entre 15 000 y 26 000 proyectos al año. En el caso de España la legislación sobre evaluación ambiental, tanto nacional como autonómica, está también muy consolidada, y de hecho creo que la legislación actual ya incorpora algunas de las modificaciones que ahora se proponen aplicar en la Unión Europea.
Además, hemos oído del actual ministro de Agricultura y Medio Ambiente su compromiso de realizar modificaciones sobre la legislación de evaluación ambiental española para incorporar estos criterios y hacerla más fácil y eficaz en su aplicación. En el caso de España, la última modificación de la legislación se hizo en el 2010; se aprobó un texto refundido en una ley específica de evaluación ambiental.
Y sobre la norma que estamos dictaminando, existe coincidencia absoluta en cuanto a que proporciona beneficios ambientales y socioeconómicos, aunque es verdad que requiere una actualización, sobre todo para evitar retrasos y perjuicios, tanto para los promotores de los proyectos como para el medio ambiente, que es lo que se trata de preservar.
Como decía al principio, esta técnica de evaluación ambiental se establece en la Unión Europea desde 1985, año en el que ya se obligó a someter a determinados proyectos a evaluación ambiental en un catálogo sobre la base de unos anexos que se han ido modificando y ampliando a lo largo de los años. La propuesta de directiva que estamos examinando es algo en lo que se ha trabajado durante muchísimos meses. Los distintos representantes de los países y los técnicos de la Comisión barajaron varias hipótesis, pero en definitiva es una propuesta que trata de analizar sobre la legislación actual aquellos aspectos que tienen que ver con el coste económico que precisa una evaluación ambiental previa a la ejecución del proyecto. Se ha analizado también el tiempo que se requiere actualmente en los distintos países de la Unión Europea para terminar con una autorización preceptiva para la realización de proyectos. En algunas ocasiones, cuando se habla de medias, se dice que la evaluación ambiental tiene unos plazos de 11,6 meses, pero todos conocemos determinados proyectos que requieren una evaluación ambiental que tarda dos, tres y hasta cuatro años, con los lógicos perjuicios que ello conlleva para los promotores. Por tanto, evaluar la legislación en relación con los tiempos también ha sido objeto de esta directiva.
Asimismo, la diferente aplicación de los criterios de evaluación en los diferentes países, que estaba acarreando problemas al funcionamiento del mercado interior puesto que los promotores han jugado con la ubicación de determinados proyectos en función de la aplicación más o menos restrictiva de las normas de evaluación ambiental en unos países y en otros.
Por último, otro aspecto objeto de la directiva es el reforzamiento de aquellos elementos relacionados con la calidad de la evaluación, sobre todo para poder adaptar las decisiones a los nuevos desafíos ambientales.
Como decía al principio, se han barajado varias alternativas que pasaron por prácticamente no hacer nada en la modificación y dejar que cada uno de los Estados, en función de su propia autonomía, adaptara las normas de evaluación ambiental a sus propias especificidades. También se barajó la posibilidad de hacer una nueva legislación ambiental específicamente para el tema de las evaluaciones integrando el conjunto de directivas relacionadas con este asunto; es decir, se planteó la posibilidad de hacer una directiva de evaluación ambiental pero que incorporara también las directivas que tienen que ver, por ejemplo, con las emisiones industriales, la Directiva de Hábitats, la Directiva de evaluación ambiental estratégica, pero esta fue una opción que se descartó puesto que era de gran complicad. Y, por tanto, se optó por esta fórmula -que es la que estamos examinando y dictaminando- de una modificación en profundidad de la norma actual modificando los anexos y varios de sus artículos.
Como digo, la propuesta de directiva contiene una reforma en profundidad del régimen jurídico de evaluación de impacto ambiental, mejora los aspectos que tienen que ver con la información a suministrar por el promotor del proyecto, establece plazos más precisos, introduce la figura de la realización del seguimiento posterior del cumplimiento de los requisitos de evaluación y refuerza los sistemas de información pública a partir del momento en el que se concede la autorización. Adicionalmente, la propuesta simplifica algunos trámites administrativos, establece algunas exenciones y dispone claramente el principio de ventanilla única, es decir, que los proyectos tienen que ser evaluados exclusivamente por
la Administración que ostente la competencia, en nuestro caso la Administración local, la autonómica o la del Estado.
La directiva permite excluir a determinados proyectos de ser sometidos a evaluación ambiental, específicamente, por ejemplo, los temas que tienen que ver con la defensa nacional. Por último, debo señalar que este es un instrumento normativo que va a permitir ser más respetuosos con los objetivos medioambientales y la directiva trata -yo creo que lo consigue de alguna manera- de que seamos más eficaces en estos procedimientos que, como decía al principio, en algunos casos son tremendamente farragosos y complicados para los promotores.
Por todo lo expuesto, entendemos que la propuesta de directiva es conforme al principio de subsidiariedad y, por tanto, mi propuesta de dictamen es favorable a su aprobación.
En el turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Moreno.
Efectivamente, nosotros compartimos el dictamen hecho por el portavoz sobre esta propuesta de Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva de 2011/92, Unión Europea, que incluye la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental en proyectos públicos y privados con repercusiones importantes sobre el medio ambiente antes de su autorización.
Todos estamos de acuerdo en que con esta directiva se ha alcanzado el objetivo principal: que los principios de evaluación medioambiental se han armonizado ante la Unión Europea y que ha significado un instrumento clave de integración medioambiental, a la vez que ha generado beneficios ambientales y socioeconómicos. Pero, como ha quedado dicho, después de veinticinco años se han puesto de manifiesto una serie de deficiencias que han obligado a esta propuesta para mejorar la legislación, y aprovechando que hay que mejorarla y que hay que modificarla, en la propuesta se intenta simplificar la directiva, que además forme parte de la hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de recursos y que contribuya con la Estrategia Europa 2020 en la prioridad de crecimiento sostenible.
La inmensa mayoría de esas modificaciones, que hacen referencia a aclarar el proceso de comprobación previa, a reforzar la calidad y análisis de la evolución de impacto ambiental y a evitar incoherencias dentro de la propia evaluación de impacto ambiental y con otra legislación, van a suponer beneficios medioambientales y socioeconómicos significativos sin costes administrativos suplementarios. Y, a largo plazo, estos beneficios van a ser superiores, en todo caso, a los costes administrativos. En particular, hay aspectos, como el artículo 8, que introduce el seguimiento posterior obligatorio para proyectos con efectos ambientales adversos significativos, cuestión que algunos Estados miembros ya exigen, y que, por lo tanto, nos obliga a armonizar y a establecer requisitos mínimos comunes. También tiene disposiciones transitorias que están basadas en jurisprudencia, por lo que, con la introducción de estos aspectos, se aprovecha esta posibilidad de mejora.
En resumen, estamos de acuerdo en que la propuesta va a reforzar las disposiciones relativas a la calidad, incrementará la coherencia, las políticas y las sinergias con otros instrumentos legislativos de la Unión Europea y simplificará los procedimientos para reducir los trámites administrativos que sean innecesarios.
Estamos de acuerdo en que se aplique el principio de subsidiariedad, porque la propuesta no es competencia exclusiva de la Unión Europea, y sus objetivos no pueden ser alcanzados suficientemente por los Estados miembros. Armoniza, además, los principios de la evaluación ambiental y corrige incoherencias. La actuación de cada país por separado afectaría al funcionamiento del mercado interior y, desde la adopción de la Directiva de 1985, hay que tener presente que la Unión Europea se ha ampliado, que se han incrementado la gravedad y el alcance de los problemas medioambientales -que siempre tienen una naturaleza transfronteriza, por el tema que estamos tratando-, y que el número de grandes proyectos de infraestructuras afortunadamente a escala europea ha aumentado, con el consiguiente impacto. Por lo tanto, resulta necesaria la actuación de la Unión Europea, representa, además un valor añadido, comparada con la actuación de cada país por separado, y contribuirá a la conservación de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia de crecimiento sostenible. Por ello, entendemos también que la propuesta respeta el principio de subsidiariedad.
Como saben los miembros de esta comisión, procederemos a realizar las votaciones al finalizar la sesión que, según un cálculo aproximado que ha hecho el presidente, no se producirán antes de la una y media del día de hoy. Lo digo para que sus señorías lo tengan en cuenta a efectos de planificar su trabajo a lo largo de esta comisión.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto, control de subsidiariedad respecto a la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo de Ayuda Europea para los más necesitados.
Se ha recibido informe del Gobierno y, en primer lugar, para su presentación, interviene la excelentísima señora doña Eva Parera Escrichs.
Antes de empezar con el informe, quisiera aprovechar la ocasión para agradecer a la Mesa y al resto de portavoces que me hayan permitido llevar este informe, porque, como bien saben, es un tema que Convergència i Unió ya ha trabajado en esta comisión.
Es bien sabido que, debido a la grave crisis económica que están viviendo todos los Estados miembros de la Unión Europea, ha habido un agravamiento en los niveles de pobreza y exclusión social. Tan es así que el 8 % de los ciudadanos europeos, unos 40 millones de personas, viven en condiciones de privación material grave y no pueden hacer frente a necesidades básicas para una vida digna.
La Unión Europea, en su Estrategia 2020, establece como objetivo reducir en al menos 20 millones el número de personas en riesgo de exclusión social y pobreza. Con ese objetivo se establece este Fondo de Ayuda Europea para los más necesitados, que pretende dar apoyo a los programas nacionales que proporcionan ayuda no financiera a las personas más necesitadas para paliar la falta de alimentos, la carencia de vivienda y la privación material infantil.
Nuestra opinión es que la Unión Europea está en mejor posición que los Estados miembros para proporcionar esa ayuda, puesto que la crisis económica ha reducido considerablemente la capacidad de todos los Estados para mantener el gasto social y la inversión en niveles suficientes.
Por tanto, concluimos que la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a este Fondo de Ayuda Europea para los más necesitados no vulnera el principio de subsidiariedad ni de proporcionalidad establecidos en el Tratado de la Unión Europea. Sí queremos hacer, sin embargo, una puntualización por cuanto las políticas de asistencia social en los Estados miembros estarán descentralizadas hacia las autoridades regionales o locales competentes, por lo que en estos casos, aplicando el principio de subsidiariedad, estas deberían tener una presencia activa en la definición de los programas que presenta cada Estado.
Es evidente que los Estados miembros van a tener delegada la competencia de ejecución de dicho fondo, y lo que Convergència i Unió pretende es que en aquellos Estados miembros que tengan descentralizadas las competencias en materia de políticas de asistencia social, como, por ejemplo, es el caso de Cataluña, las autoridades regionales o locales puedan tener una presencia activa en la ejecución de los programas que regula este fondo de ayuda a los más necesitados.
En el turno de portavoces, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Álvarez Areces.
El señor ÁLVAREZ ARECES: Buenos días, señor presidente.
Señorías, voy a manifestar nuestra postura de voto favorable al informe de la ponencia respecto a la no vulnerabilidad del principio de subsidiariedad, ya que la lucha contra la pobreza y la exclusión social es un objetivo que no puede ser alcanzado exclusivamente por cada Estado miembro -es obvio, la situación actual así nos lo dice- y debe ser enmarcado -como se plantea- en un nuevo marco de Estrategia
Europea 2020 con un objetivo global de reducir en al menos 20 millones el número de personas en riesgo o en situación de pobreza o de exclusión social al final del período del nuevo marco financiero plurianual en 2020. Incluso considero que ese objetivo debería ser revisado y ampliado por las terribles consecuencias que la crisis ha provocado en los Estados miembros, como es el caso de España, con un empeoramiento de la situación para amplias capas de la población, como reflejan las cifras disponibles en 2011 y las primeras estimaciones de 2012. Hay que darse cuenta de que el informe que sustenta esta ponencia está referenciado fundamentalmente a datos de 2010.
Recientemente se ha publicado un trabajo, que recomiendo a todos su lectura -si es que no lo han visto-, que es el de Intermon Oxfam. No puedo hacer referencia a él de una manera exhaustiva, por razones de tiempo, pero, sin duda, refleja una serie de criterios donde concluye que las respuestas a la crisis, en el fondo, también son opciones políticas y las que no prioricen la justicia social, evidentemente, generan más desigualdad y pobreza. Inicia el informe un resumen que hace referencia a una cita de Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, que dice: Nosotros ya hemos vivido esto. El Fondo Monetario Internacional nos impuso un proceso que llamaron de ajuste, ahora lo llaman austeridad; había que cortar todos los gastos, los corrientes y los de inversión; aseguraban que así llegaríamos a un alto grado de eficiencia, que los salarios bajarían y se adecuarían los impuestos. Ese modelo llevó a la quiebra a casi toda Latinoamérica en los años ochenta.
Continúo con el informe. Con las medidas de austeridad y la especulación sobre la deuda, España -dice en la primera referencia de su resumen-, como otros países sacudidos por la codicia de los mercados financieros, cae en una espiral de más crisis, más pobreza y más desigualdad. Es verdad que aunque las situaciones de partida de España respecto a los países de América Latina y del este asiático cuando enfrentaron sus respectivas crisis son distintas, tanto en el nivel de riqueza como en fortaleza institucional, las recetas que se aplicaron entonces fueron en esencia similares a las que se imponen ante esta crisis y sus previsibles impactos van en la misma dirección. La gestión de aquella crisis muestra que el modelo de austeridad, centrado en la reducción del déficit y el saneamiento de la banca mediante la inyección de fondos públicos financiados a costa de una deuda desorbitada, no genera crecimiento. Las subidas de impuestos y la reducción del gasto en políticas públicas y prestaciones sociales para financiar esa deuda tienen unos costes terribles para la sociedad, especialmente dramáticos para los sectores más vulnerables, que se traducen en el aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad. Habla de que en España uno de cada cuatro españoles se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social; 1,7 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro y se producen cientos de desahucios diarios. Dice que con el rumbo que están tomando las medidas contra la crisis, España va camino de convertirse en un país más pobre, más desigual, con menos derechos sociales y con una democracia mermada. También dice que se puede salir de una crisis como esta protegiendo a los más vulnerables. La desigualdad es un lastre para el desarrollo, incluso cuando se recupera el crecimiento económico. El compromiso político con el bienestar general, con las políticas sociales, es crucial para la recuperación y la participación ciudadana valida y consolida los cambios.
Este es un brevísimo ejemplo de en qué dirección van las reflexiones de organizaciones prestigiosas, no solamente la que acabo de referenciar.
Y, de ahí, la importancia de lo que hoy estamos aquí debatiendo, aunque sea un informe de subsidiariedad, pero en el fondo es un tema que no está cerrado, dado que los fondos asignados para ese tipo de políticas están en un marco de negociación y el marco de negociación es el marco financiero plurianual que, como se sabe, no pudo conseguir un acuerdo en las últimas reuniones y que todavía tiene que ser negociado en los inicios de año. Estamos hablando de un marco financiero plurianual que tiene asignados 2500 millones de euros, que mucho me temo que sean todavía escasos para abordar estas políticas en el conjunto de la Unión Europea.
En la exposición de motivos sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al fondo de ayuda europea para los más necesitados se estima que en el año 2010 casi una cuarta parte de los europeos, 116 millones de personas, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, con una tendencia al alza que, desgraciadamente, se ha confirmado en estos dos años posteriores.
En esas fechas más de 43 millones sufrían graves privaciones materiales, como la incapacidad de acceder a alimentos de una calidad adecuada y en condiciones suficientes, o, en otros casos, la carencia de vivienda, ya que hay más de 4,1 millones de personas sin hogar por el impacto del desempleo, con un agravamiento de los desahucios y el surgimiento de familias enteras sin hogar, con niños jóvenes e inmigrantes. Otro dato a tener en cuenta es que en la Unión hay más de 25,4 millones de niños en riesgo
de pobreza o exclusión social, que tienen aún mayor riesgo que el resto de la población, ya que además de la mala nutrición no disponen de vestido, calzado o acceso a una educación de calidad, con riesgo para su salud y su potencial futuro.
Sin duda, el principal instrumento de la Unión Europea de apoyo a la empleabilidad, la lucha contra la pobreza y el fomento de la inclusión social sigue siendo el Fondo Social Europeo, pero hay que tener en cuenta que hay amplios sectores de ciudadanos que padecen una pobreza extrema y que están en la práctica excluidos del mercado laboral e incluso de las medidas de fomento del empleo y no pueden acogerse a esas medidas de inclusión que favorece el Fondo Social Europeo. Por eso hay que tener en cuenta especialmente este tipo de fondos que hoy estamos debatiendo.
Otra circunstancia que hay que tener en cuenta es que el programa europeo de distribución de alimentos entre las personas más necesitadas, lo que se denominaba el PMN, creado en 1987 para aprovechar los excedentes agrícolas, se va a suprimir a finales del próximo año 2013 como consecuencia de las sucesivas reformas de la PAC y se prevé un agotamiento de la existencia de intervención, que era una fuente de aprovisionamiento para las ONG que actuaban específicamente en este campo.
Es por todo ello sumamente importante que en el actual debate y negociación de ese marco financiero 2014-2020, España siga defendiendo todas las políticas de cohesión y especialmente este subepígrafe. Como decía, todavía está la pelota en el tejado y vamos a ver lo que surge de esa negociación tan compleja y difícil, donde quiero recordar que, no solamente en los temas referidos a estos fondos, sino en las políticas relativas a las regiones, que en España afectaban a las regiones en convergencia, a las regiones en transición y a las regiones de competitividad y empleo planteábamos también la modulación en función del grado de convergencia hacia el que tenía de promedio la Unión Europea.
Aun cuando las opiniones de los Estados miembros acerca de un instrumento de este tipo -que estamos hoy debatiendo- estén divididas, la mayoría apoya la continuidad de los programas para las personas más necesitadas después de 2013 -y así lo ha manifestado también el Parlamento Europeo clarísimamente en numerosas ocasiones-, para conseguir una mayor cohesión social en Europa.
El pasado 29 de junio de 2012, fecha de referencia que nos une a todos -y aquí se han debatido otros muchos aspectos del Consejo Europeo del mes de junio de 2012-, se adoptaron importantes medidas, entre ellas, desarrollar y aplicar políticas eficaces para luchar contra la pobreza y ayudar a los grupos vulnerables. Por tanto, estamos en un contexto donde España se posicionó favorablemente a estas medidas, y nosotros, lógicamente, apoyaremos siempre esa posición.
El ámbito de aplicación del nuevo instrumento sería global. Proporciona ayuda material en forma de alimentos, bienes para las personas sin hogar y bienes para los niños con necesidades materiales -esos tres conceptos-. Pero todo ello tiene que ir con una medida de acompañamiento dedicada a la reintegración social de las personas más necesitadas, lo que permite adaptar mejor todas las intervenciones financiadas a las necesidades regionales y locales y a coordinar mejor las acciones en todo el ámbito territorial.
Desde mi punto de vista -como ya he dicho-, coincidiendo con el informe de la ponente en el elemento de la subsidiariedad, en el último párrafo yo enfatizaría que aunque hay competencias en el marco territorial tanto a nivel local como regional, el Gobierno de España también está implicado en proveerse de fondos presupuestarios y en iniciativas políticas que sigan defendiendo este tipo de fondos a todos los niveles, porque se trata de coordinarse no solamente entre instituciones, sino con organizaciones no gubernamentales, las más representativas, que aplican precisamente políticas. O sea, es un entramado de apoyo y solidaridad que tiene que construirse en todo el país, donde el Gobierno de España, las administraciones territoriales y las organizaciones no gubernamentales tenemos que sumar apoyos y concitar una gestión que se orienta y se referencia respecto a los programas operativos también de los fondos de cohesión, lo cual puede simplificar la metodología; es también una cofinanciación que puede ser compartida.
El reglamento, como decía, permite mecanismos indirectos para determinar el destino de la ayuda y financiar medidas de acompañamiento con organizaciones asociadas. La ejecución será el modelo de las políticas de cohesión, lo cual es importante, y yo creo que además de lo que hoy estamos debatiendo, nos encontramos ante un elemento muy importante que necesita un soporte político de negociación y de aprobación, y que España lo necesita porque, desgraciadamente, para hacer frente a esta situaciones necesitamos recursos de emergencia, y estos son unos de ellos.
El objetivo general del fondo es promover la cohesión social en la Unión Europea y contribuir a la realización de la Europa 2020, que tiene entre sus objetivos reducir al menos en 20 millones el número de personas en riesgo de pobreza y de exclusión social. Esto se traduce en el objetivo específico de apoyar los planes nacionales que proporcionan asistencia no financiera a las personas que más lo necesitan a través de las organizaciones sociales, que tan buena labor hacen a favor de los que tienen menos recursos.
En términos de alcance, el fondo aborda la carencia de alimentos, vivienda y privaciones materiales que afectan a los niños. El programa surge en 1987 en el ámbito de la PAC como una medida de distribución de los excedentes agrícolas, como ayuda alimentaria entre las personas con más necesidades y dificultad. Tras la reforma de la PAC el programa fue impugnado por Alemania, y el Tribunal de Justicia Europeo le dio la razón al entender que se había alejado de su objetivo inicial de distribución de excedentes, puesto que ahora se compraban los alimentos y se distribuían.
Con fecha 16 de febrero se publicó el Reglamento 121/2012, que modifica los reglamentos reguladores de la distribución de alimentos a las personas más necesitadas de la Unión. En esta modificación se reconoce la imposibilidad de que el programa continúe en su definición actual, y establece un período de supresión gradual hasta 2013. Para sustituir este programa, nace el fondo que hoy nos ocupa.
En la evaluación de la propuesta, en términos generales y desde el punto de vista de sus repercusiones para España dada la situación económica española, resulta de gran interés la creación de este fondo, del que España puede hacer un uso muy importante. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el porcentaje de cofinanciación a nivel del programa operacional no podrá ser superior al 85 % de los gastos públicos subvencionables. La aplicación y conformidad de esta propuesta con el principio de subsidiaridad, el considerando número 42: que el objetivo del presente reglamento, a saber, mejorar la cohesión social en la Unión y contribuir al intenso trabajo de lucha contra la pobreza y exclusión social, no puede ser insuficientemente logrado por los Estados miembros, de ahí la intervención de la Unión Europea.
De acuerdo con esta definición, se respeta el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Asimismo y en relación con el principio de proporcionalidad consagrado en el mismo artículo, la presente directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
Finalmente, señor presidente, para terminar, no resulta procedente introducir en las conclusiones de este informe un párrafo relativo a la distribución competencial que dentro de cada Estado existe en materia de políticas de asistencia social. El objetivo de este informe es el de valorar si la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que aquí analizamos hoy respeta o no el principio de subsidiariedad establecido por el Tratado de la Unión Europea. No tiene sentido que un informe de estas características se dedique a promover cambios en la forma en que un Estado distribuye internamente sus competencias. Por lo tanto, solicitamos una votación separada de este último párrafo.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, debate sobre el control de subsidiariedad de la propuesta de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines.
El Gobierno ha presentado un informe, en este caso contrario a la propuesta directiva.
Interviene, en primer lugar, para presentar el informe, la señora Parera Escrichs.
Quisiera empezar haciendo una reflexión sobre el procedimiento que hemos seguido en este informe. Ayer, a las siete y media de la tarde se recibía el informe del Gobierno. No creo que esta sea la manera de proceder. Considero que para que esta comisión pueda hacer bien su trabajo lo ideal sería disponer de los informes del Gobierno -como hemos dispuesto siempre- en plazo para poder trabajar e intentar fijar una posición común, y para que luego aquí salga una votación favorable de todos los grupos al informe, sea cual sea su conclusión. Yo estuve pidiendo este informe desde la semana pasada; el letrado me indicó que estaba pendiente de ello, pero que el informe no llegaba y, lamentablemente, el informe llegó a las siete y media de ayer, cuando yo ya tenía mi informe preparado.
Una vez hecha esta observación, voy a entrar en el informe que venimos a presentar a esta comisión.
En la actualidad, en los consejos de administración de las empresas de la Unión Europea existe un desequilibrio de género evidente, ya que solo el 13,7 % de sus puestos están ocupados por mujeres. La Unión Europea ha promovido la igualdad de género en la toma de decisiones económicas adoptando recomendaciones y fomentando la autorregulación de los Estados miembros. Sin embargo, el aumento de la presencia de mujeres en los consejos de administración ha sido prácticamente nulo y ha avanzado lentamente con un incremento anual de tan solo el 0,6 %.
He tenido ocasión de leer el informe del Gobierno, que llegó anoche, y parece creer que debe ser un informe negativo en lo que se refiere al principio de subsidiariedad y proporcionalidad, porque entiende que la normativa ya existe aquí y que los Estados miembros son perfectamente capaces de tirar adelante estas recomendaciones de la Unión Europea.
Pues bien, es evidente, como muestra un botón, que esto no ha sido así. Es cierto que existen medidas en nuestra propia normativa española para conseguir un equilibrio de género en los consejos de administración, pero también es evidente que solo son recomendaciones y que no hemos sido capaces de llevarlas a cabo. El objeto de esta directiva es mejorar ese equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas, estableciendo un mínimo de presencia del 40 % del género menos representado y exigiendo a las empresas que introduzcan procedimientos de selección para estos puestos con criterios claros y formulados de forma neutra y sin ambigüedades.
En nuestra opinión, la divergencia de normativas en los diferentes Estados miembros puede dar lugar a problemas en el funcionamiento del mercado interior, y solamente con una acción coordinada a través de la Unión Europea puede lograrse el objetivo perseguido.
Por lo tanto, entendemos que la propuesta de directiva respeta plenamente el principio de subsidiariedad, así como el de proporcionalidad, ya que solo se limita a fijar unos objetivos comunes con carácter temporal y deja a los Estados miembros la libertad suficiente para determinar cómo deben alcanzarlo a nivel nacional.
En turno de portavoces, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Montón Giménez.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar el informe que hoy se trae a esta comisión de la mano de la ponente doña Eva Parera Escrichs, a la que agradecemos su labor. Vamos a votar a favor por su solvencia y coherencia y porque compartimos que la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines no vulnera los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en el Tratado de Lisboa.
En esta cuestión quiero apelar a los Pactos de la Unión Europea, a su propia tradición, para ver cómo ha sido la historia. No es la primera ocasión -y esperamos que no sea la última- en que la Unión Europea se decide a regular sobre aspectos de funcionamiento económico de los Estados, estableciendo obligaciones concretas, algunas de las cuales tienen consecuencias en la política social europea.
Ya en el Tratado de Roma, en el artículo 119, se hablaba de una prohibición, en un momento en el que en algunos Estados era legal pagar menos a mujeres que a hombres. La prohibición de la discriminación salarial por razón de sexo se incluye en el Tratado de la Unión para evitar que las empresas hagan competencia desleal de un país a otro, y también para conseguir avanzar en igualdad.
Lo que hoy estamos discutiendo tiene su similitud. Todos estamos convencidos -a no ser que se manifieste lo contrario, y parece que el Gobierno lo hace- de que la diversidad y la promoción de la igualdad dentro de las empresas es una oportunidad económica. Por tanto, no es posible despreciar la oportunidad económica que representa un espacio armonizado de desarrollo de la igualdad en las empresas como el que encabeza la comisaria Reding. Además, se debe aprovechar el espacio que ya se ha utilizado en otras ocasiones para la promoción de la política social y económica conjuntamente en la Unión Europea teniendo en cuenta el contexto actual en el que muchos Estados, un total de once -aunque con desigual fortuna a la hora de alcanzar resultados-, ya han adoptado medidas a la hora de introducir diferentes tipos de legislación en relación con los consejos de administración de las empresas para promover la igualdad de género en los Consejos, sobre todo sabiendo que entre esos Estados se encuentra España, aunque sin obligación, junto con Bélgica, Francia, Italia, los Países Bajos, Portugal, Dinamarca, Grecia, Austria, Eslovenia y Finlandia.
Aunque la adopción de las medidas por parte de estos once Estados miembros ha sido positiva, su fragmentación ha derivado en un lento avance, sobre todo porque no podemos olvidar que otros once países de la Unión Europea no cuentan con ninguna autorregulación ni legislación al respecto.
También estamos a favor de la propuesta de creación de un marco europeo para las normas sobre acción positiva, porque un enfoque jurídicamente fragmentado podría obstaculizar el funcionamiento del mercado único europeo, ya que las disposición del derecho de sociedades y las sanciones por incumplimiento de las leyes sobre equilibrio entre hombres y mujeres pueden dar lugar a complicaciones para las empresas y tienen un efecto disuasorio para sus inversiones transfronterizas.
Insistimos en que aunque hay Estados que ya tienen legislación al respecto y se ha comenzado el camino, es necesario en estos momentos un impulso. En el informe de la ponente se recoge que el Tratado de la Unión Europea tipifica que: en virtud del principio de subsidiariedad de la Unión Europea, intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros. Y este es el caso que nos ocupa, claramente.
Si analizamos la realidad, constatamos que los consejos de administración de las empresas están dominados actualmente por hombres; el 85 % de los miembros no ejecutivos y el 91,1 % de los presidentes de empresas europeas son hombres; mientras que las mujeres constituyen el 15 % y el 8,9 % respectivamente. La situación no ha cambiado prácticamente en los últimos tiempos, a pesar de un intenso debate público y de varias iniciativas voluntarias a nivel nacional y europeo. Desde 2003 -como apuntaba también la ponente- se ha incrementado solo en el 0,6 % anual. Este ritmo de avance tan lento necesitaría alrededor de otros cuarenta años para aproximarse al equilibrio entre hombres y mujeres en los consejos de administración. Por ello, no es una exageración; al contrario, es necesario tomar medidas para acelerar y asegurar el progreso hacia un equilibrio de género.
En resumen, la propuesta de Reding está en la línea de la legislación española. ¿Cómo se va a oponer España si está dentro de su propia legislación? Que se regule en el ámbito europeo es una oportunidad, es un impulso para la política económica y de promoción de la igualdad y unifica unas medidas que en España comenzamos y que debemos continuar. A nuestro entender, no tiene discusión posible que sea una política europea el que las mujeres estén más representadas en las direcciones de las empresas, porque desde el principio la igualdad de oportunidades en los espacios económicos ha sido un asunto plenamente abordado por la Unión Europea, como refleja también la ponente en su informe. Hay corrientes europeas que pretenden escudarse en la forma, la competencia o no de la Unión Europea para abordar esta cuestión para no llegar al fondo, que es hacer realidad la igualdad de género en los consejos de administración de las empresas.
El Grupo Parlamentario Socialista está convencido de que hay que impulsar la medida buscando el acuerdo de los Estados sobre cómo hacerlo. Pedimos al Gobierno que lidere la consecución de ese acuerdo. El objetivo sería alcanzar un espacio de armonización y acuerdo europeo, de desarrollo económico y de igualdad, que son valores estrictamente europeos. Esto forma parte del ADN de la política europea. Por ello, ya en su día, antes de que esta propuesta viera la luz, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una iniciativa para posicionar la labor del Parlamento español al respecto y servir de soporte y control a la acción del Gobierno en su tramitación y aprobación final.
Concluyo, señor presidente, felicitando la iniciativa de la comisaria Reding y apoyando firmemente su tramitación. Eso mismo le pedimos al Gobierno, que dé el suficiente apoyo e impulso ante la Unión Europea, que fomente el acuerdo para que se haga extensivo a todos los Estados. Hasta ahora, España
ha sido vanguardia y ha dado un fuerte impulso a la igualdad de trato, y esperamos que ahora no se desmarque de esta postura; en todo caso, estaremos vigilantes.
Aprobar este informe es dar un paso más en la adopción de medidas para romper el techo de cristal que sigue impidiendo que las mujeres accedan a puestos de alto nivel en las mayores empresas de Europa, es dar una respuesta nítida por parte de este Parlamento para hacer realidad la igualdad de género en los consejos de administración de las empresas, es apostar y mostrar nuestro compromiso en pro de la igualdad de género. Por eso votaremos a favor.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moreno.
La señora MORENO FELIPE: Buenos días.
Intervengo por primera vez en esta comisión para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con el principio de subsidiariedad respecto de la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines.
De acuerdo con la senadora Parera, sabemos y somos conscientes de que los consejos de administración de las empresas de la Unión Europea se caracterizan por un persistente desequilibrio de género y, por lo tanto, es necesario corregir esta evidente desigualdad.
No estamos tan de acuerdo con que el Gobierno de nuestro país no esté tomando las medidas oportunas y pertinentes. En España, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece una medida similar e incluye en el artículo 75 una recomendación a las sociedades obligadas a presentar cuentas de pérdidas y ganancias no abreviadas para que estas intenten alcanzar una presencia equilibrada de hombres y mujeres en un plazo de ocho años.
El artículo 54 de la misma ley, así como la recomendación 15 del Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores afirma que la adecuada diversidad de género en los consejos de administración es un objetivo de eficiencia que las sociedades cotizadas deben plantearse al menos a medio plazo.
De modo efectivo y enérgico, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, está llevando a cabo las políticas activas necesarias para acelerar e incentivar de forma decidida la incorporación de las mujeres en todos los niveles de responsabilidad de las empresas y, en consecuencia, en los consejos de administración. Para ello, está impulsando la celebración de acuerdos voluntarios con empresas y utilizando otras medidas o incentivos, como los programas de formación de visibilización y, en su caso, reconocimiento de logros a través de la contratación pública y otras medidas de estímulo. Buen ejemplo de este compromiso son las numerosas actuaciones que se están llevando a cabo en esta materia, desarrollando iniciativas, tales como: la creación de la red de empresas por la excelencia en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, considerada ya por más de una cincuentena de grandes empresas y que se está concretando con la firma de acuerdos voluntarios por los que dichas empresas se comprometen a dar un impulso a su compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; los galardones Igualdad en la Empresa, otorgados por el Ministerio a treinta entidades, que suponen un reconocimiento a organizaciones que destacan por la aplicación de políticas de igualdad en el trabajo; la eminente puesta en marcha de un plan de apoyo económico y técnico con el que se dotará a las pymes para implantar planes de igualdad; la suscripción de convenios para promocionar el empleo femenino; la firma de convenios para la concesión de microcréditos a mujeres empresarias, y un largo etcétera de iniciativas. El Gobierno, por tanto, coincide plenamente en su finalidad con la perseguida por la propuesta de esta directiva, e incluso la amplía. Por tanto, el Gobierno está ejerciendo su labor de defender la igualdad entre mujeres y hombres.
Por lo tanto, consideramos que, conforme con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, se debe descartar la imposición, mediante directiva, de medidas normativas para exigir la presencia equilibrada entre mujeres y hombres en los consejos de administración de las empresas cotizadas. Sería más adecuada una recomendación dirigida a todos los Estados miembros en la que se recojan los objetivos relacionados con la igualdad de género en el ámbito laboral, entendiendo que se debe permitir a los Estados miembros distintas soluciones alternativas y normativas para alcanzar dichos objetivos.
Y lo que es más importante, señorías, el Gobierno de España a través de esta acción política está aplicando la totalidad de los criterios expuestos en esta directiva en cuanto a la igualdad de género, superando ampliamente dichos objetivos, y el compromiso del Gobierno, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la igualdad de hombres y mujeres es irrenunciable.
Por todo lo expuesto, les anuncio que se descarta inicialmente la imposición de esta directa y que el voto del Grupo Popular será desfavorable.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día. Debate sobre el control de subsidiariedad, en este caso de la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público.
Interviene, en primer lugar, para presentar el informe el señor Moreno Palanques.
Efectivamente, es una propuesta de directa del Parlamento Europeo y del Consejo sobre accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público destinada a todos los usuarios y, en particular, a personas con discapacidad. Se basa en el artículo 114.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece los procedimientos de adopción de instrumentos normativos para dar cumplimiento a los objetivos del artículo 26, relativo al mercado interior.
El objetivo es la aproximación de disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre la accesibilidad de los sitios web mediante la definición de requisitos armonizados. Conviene recordar que el mercado europeo, el mercado de los Veintisiete de desarrolladores de sitios web en el año 2009 incluía, aproximadamente, 175 000 empresas, un millón de empleos y tenía un volumen de negocio de 144 000 millones de euros, y el de productos y servicios relacionados con la accesibilidad de sitios web era de 2000 millones de euros. Además, hay que tener en cuenta que menos del 10 % de los sitios son accesibles en el sentido de esta propuesta directa, lo cual supone que existe un potencial de crecimiento considerable. Un 15 % de la población de la Unión, aproximadamente unos 80 millones de ciudadanos, tienen limitaciones funcionales o discapacidades, cifra que puede aumentar con el envejecimiento de la población. El número de sitios web del sector público en la Unión Europea supera los 761 000 y, entre ellos, los que prestan servicios de administración electrónica son 380 500.
Los Estados miembros tienen disposiciones y medidas sobre accesibilidad de sitios web, pero existen diferencias, lo que supone un planteamiento no armonizado en esta materia, que puede representar barreras en el mercado interior. Proveedores transfronterizos tienen costes de producción adicionales, empresas -especialmente, pymes- no pueden hacer frente a especificaciones y procedimientos, bien por falta de capacidad o de conocimientos, lo cual afecta a la competencia, a la competitividad y al crecimiento económico; finalmente, autoridades nacionales y operadores comerciales tienen la incertidumbre en la selección de especificaciones de accesibilidad de los sitios web para servicios transfronterizos. La propuesta de directiva, por lo tanto, supone la armonización a nivel de la Unión Europea de medidas en el sector público para acabar con la fragmentación y la falta de confianza en el mercado de accesibilidad de estos sitios web.
Se han evaluado los costes para las administraciones en caso de cumplir esta directiva y la conclusión es que los beneficios van a ser mayores que los costes. Por otro lado, se anima a los desarrolladores de sitios a conseguir economías de escala, y eso significa que esperamos una cascada de efectos de desbordamiento, empezando por los sitios web del sector público. Por lo tanto, la armonización de la Unión Europea va a llevar a mejores condiciones de mercado, a la creación de más puestos de trabajo, a sitios web más accesibles y de forma más barata, lo que supone una triple ventaja para Gobiernos, empresas y ciudadanos. Además, ayudará a los Estados miembros a cumplir con el artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad, que hay que recordar
que obliga a los Estados miembros y a la Unión Europea a asegurar el acceso en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad a servicios como tecnologías de la información y comunicaciones, por supuesto incluyendo Internet.
El objetivo en concreto se basa en el Reglamento 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normalización de la Unión Europea, que constituye la base jurídica de la Comisión para pedir a las organizaciones europeas de normalización la elaboración de normas armonizadas con el fin de ayudar a los interesados a aportar la presunción de conformidad. Sobre esa base, la Comisión ya pidió, a través del mandato 376, a organismos como el Comité Europeo de Normalización, el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica o el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación, una norma europea en la que figurase la accesibilidad de los sitios web de acuerdo con la versión 2.0 de las pautas de accesibilidad de contenido web. Esta versión tiene niveles de orientación distintos, establecidos en principios, en pautas dentro de esos principios, en criterios de conformidad y en técnicas suficientes y recomendables. Dentro de esos criterios de conformidad hay varios niveles: desde el nivel A, que es el más bajo, hasta el nivel AAA, que es el más alto. En la norma que ha solicitado la Comisión a esas tres organizaciones europeas de normalización se establece el uso a nivel AA y los métodos de evaluación del cumplimiento publicados por el World Wide Web Consortium.
Esta propuesta se limita al sector público, pero está en sintonía con el Acta europea de Accesibilidad, que está todavía pendiente del resultado de evaluación de su impacto; Acta europea de Accesibilidad que, al concentrarse en el sector privado, va a facilitar la realización del compromiso de la Agenda Digital Europea por la plena accesibilidad de los sitios web.
El principio de subsidiariedad se aplica porque lo abordado no es competencia exclusiva de la Unión Europea y es conforme porque los objetos no pueden ser alcanzados por los Estados miembros de manera suficiente. En este sentido, implica elementos transnacionales que no pueden resolverse por los distintos Estados miembros; por otro lado, la actuación nacional no permite la aplicación coordinada de un enfoque armonizado; y las diferencias nacionales de enfoque pueden suponer ?y de hecho suponen? cargas y obstáculos para las empresas trasnacionales. Además, se respeta el principio de proporcionalidad porque al limitarse a una lista mínima de tipos de sitios web, estos pueden ser ampliados por los Estados miembros al mismo tiempo que se les concede o se les permite elegir la autoridad responsable de verificar su cumplimiento. Se prevé que las disposiciones para dar cumplimiento a la directiva entrarían en vigor antes del 30 de junio de 2014 y no tiene una incidencia en el presupuesto de la Unión Europea.
Por los motivos expuestos, nuestra conclusión es que esta propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre accesibilidad de sitios web de los organismos del sector público es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea.
En turno de portavoces, tiene la palabra la señora Batet, del Grupo Parlamentario Socialista.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para expresar de entrada la conformidad de mi grupo con el informe presentado por el ponente del Grupo Popular, referido a la directiva sobre accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público.
Quiero empezar diciendo que efectivamente esta directiva aborda una cuestión cuya competencia no es exclusiva de la Unión Europea, pero sí tiene un título competencial que la habilita para ello, fundamentado básicamente ?como ya se ha expuesto? en el artículo 114.1 y en el artículo 26 del Tratado de la Unión Europea y, por eso, precisamente, es pertinente activar el control del principio de subsidiariedad y del principio de proporcionalidad.
Por tanto, en este trámite hacemos una valoración política; no hacemos una valoración de oportunidad; no hacemos una valoración técnico-jurídica, porque no es el caso y seguramente un parlamento no sería el más adecuado; no dilucidamos una distribución de competencias entre Estado y otras instancias de poder; y tampoco debemos entrar en el contenido propiamente de la iniciativa legislativa propuesta por la Comisión Europea. Estos son los objetivos y el marco en el que se mueve el control del principio de subsidiariedad y la aplicación del sistema de alerta rápida, articulado en esta comisión y en las Cortes Generales.
La Comisión Europea justifica su iniciativa de directiva diciendo que cumple el principio de subsidiariedad y de proporcionalidad. En este caso, este requisito, que es obligatorio, la Comisión Europea lo cumple y queremos ponerlo de manifiesto.
A pesar de no ser pertinente, precisamente por cómo he empezado mi intervención en este trámite ?porque no hay que entrar en el fondo, en el contenido concreto de la iniciativa que evaluamos?, sí quiero aprovechar para decir que, además, redunda en positivo el hecho de que la Unión Europea se ocupe precisamente de esta cuestión, aunque sea bajo la idea de la búsqueda del mercado único. Con esta directiva se armoniza y mejora la información que ofrece el sector público a los ciudadanos en Europa, por tanto, fortalece a la democracia; vela para que los discapacitados tengan ese acceso garantizado en todos los Estados miembros por igual, por tanto, potencia una política social europea, tan demandada desde muchas instancias; y la medida además puede ser positiva en un sector económico determinado, como el de los desarrolladores de sitios web, por tanto, hace que se potencie una política económica de crecimiento económico positivo en un momento como el actual. En este sentido, por tanto, es positivo para la calidad democrática y la reconexión entre ciudadanía y sector público, es positivo para mejorar políticas sociales europeas y es positivo también para potenciar un sector económico y generar políticas de crecimiento. Por eso, también aprovecho este trámite ?aunque no sea exactamente el objetivo de esta intervención? para decir que nos parece que el contenido de la directiva va en muy buena dirección.
Finalmente, creo que sería adecuado conectar esta directiva con un proyecto de ley que está en tramitación en las Cortes Generales, el Proyecto de Ley de Transparencia, que ha presentado el Gobierno y que en este momento está en trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados y con comparecencias pendientes.
Finalmente, quiero hacer dos apuntes. En primer lugar, quizá podríamos plantearnos realizar parte de la trasposición de esta directiva en este mismo proyecto de ley ?en lo que tenga competencia el Estado, por supuesto?; y, en segundo lugar, dado que la directiva establece que los Estados miembros deben supervisar los sitios web, indicando que incluso hay que presentar anualmente un informe, aunque es verdad que deja libertad para organizar el mecanismo de verificación a cada uno de esos Estados, es posible que tuviera sentido que la autoridad responsable para esa verificación del cumplimiento de esta directiva fuese la misma autoridad, la misma agencia o el mismo órgano que deberá garantizar el acceso a la información pública y a la transparencia de la Administración Pública.
En todo caso, a efectos del trámite que nos ocupa, de valorar si la Unión Europea es quien mejor puede garantizar los objetivos que persigue esta propuesta legislativa ?si se cumple el principio de subsidiariedad y de proporcionalidad?, el Grupo Parlamentario Socialista considera que así es y, por ello, dará apoyo al informe presentado.
El señor PRESIDENTE: Entramos en el último debate de control de subsidiariedad respecto de la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Programa General de Medio Ambiente de la Unión hasta 2020, "Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta".
Para presentar el informe intervendrá, en primer lugar, la señora Ripoll Juan.
Señorías, no voy a repetir literalmente lo que ya está escrito en el informe, porque entiendo que está suficientemente bien explicado como para hacer más hincapié en ello, más bien en mi intervención pretendo hacer una especie de reflexión sobre la importancia de fondo del tema. Se trata, en definitiva, de establecer en esta propuesta el programa de acción que en materia de medio ambiente va a seguir la Unión Europea hasta 2020.
Los programas medioambientales que se llevan a cabo desde principios de los años setenta han ido dando sus frutos y son fundamentales por ser orientadores de la política medioambiental de la Unión. Todos ellos han ido sujetos a las evaluaciones pertinentes posteriores que han servido de base para la elaboración de los siguientes informes. En el caso que nos ocupa, tenemos ante nosotros la propuesta del VII Programa medioambiental, que recoge la voluntad de afrontar la superación de las dificultades que nos hemos encontrado a la hora de aplicar las diferentes políticas medioambientales; por ejemplo, en lo que respecta a las lagunas en el acervo legislativo que existen en esta materia, así como una insuficiencia en la transversalidad, tan necesaria para su éxito, o los problemas en relación con los incentivos a la inversión.
Habrá pues que intensificar los esfuerzos encaminados a la superación de dichas dificultades, y es por ese motivo por el que se ha elaborado la propuesta de este VII Programa medioambiental estratégico, capaz de aplicar la legislación, buscando siempre la mayor eficiencia en el uso de los recursos. Todo ello se hará adaptándose a las conclusiones de los últimos estudios científicos, que contribuirán decisivamente en la modificación, mejora y actualización de la legislación, y también en su ejecución efectiva, que se complementará con una financiación que atienda la propuesta de la Comisión dentro del marco financiero plurianual 2014-2020. Del mismo modo, se avanzará en la cooperación con los socios estratégicos de la Unión en la promoción de mejores prácticas en la política y legislación internas en materia de medio ambiente y en la convergencia y negociaciones multilaterales sobre medio ambiente que desemboquen en acuerdos, integrando las conclusiones fundamentales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de 2012 en la actuación a nivel europeo, regional e internacional.
Aun con todo ello, no hay que olvidar que el éxito de este programa medioambiental depende también del papel de las autoridades nacionales, regionales y locales en la adecuada aplicación de las políticas y la legislación acordada en el seno de la Unión. En el caso de España, el derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona obliga a que los poderes públicos establezcan mecanismos eficaces para protegerlo y conservarlo. Un fin que solo puede alcanzarse compatibilizando la actividad humana con la preservación del medio ambiente, para lo cual la legislación medioambiental ha de ser igualmente clara y otorgar seguridad jurídica.
En una situación como la actual, en la que se están emprendiendo profundas reformas estructurales que permiten la reactivación de nuestra economía y la generación de empleo, resulta indispensable la reforma urgente de ciertos aspectos de la legislación ambiental que contribuyan a lograr ese objetivo sin merma del principio de protección. Así, por ejemplo, el Gobierno de España ha aprobado este mismo mes el Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente, orientada a la simplificación y agilización administrativa de las normas ambientales, en lo que afecta a patrimonio natural, residuos y suelos contaminados, uso más adecuado del agua o emisión de gases efecto invernadero, siempre en consonancia con la legislación europea a tal respecto. Y es que, como dice el comisario europeo de la materia, el proceso de recuperación económica no solo se puede basar en la estimulación del crecimiento, sino que también hay que construir las bases para una forma diferente de crecimiento, para asegurar un próspero futuro, en el que se utilicen de forma eficiente los recursos, porque medio ambiente y economía -no lo olvidemos- van de la mano. Es por tanto necesario centrarse en la ejecución de lo que se ha dado en llamar en políticas medioambientales las cuatro íes: mejor implementación de la legislación, mejor información, mejor investigación ambiental y completa integración del medio ambiente en todas las políticas. Aquello que antes comentábamos de la transversalidad.
El desafío global, los retos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI, es cierto que son complejos, y por ello la propuesta del VII Programa medioambiental plantea la transición a una economía más eficiente y con menos emisiones de carbono para proteger nuestro capital natural y hacer frente a los impactos en la salud de la degradación medioambiental. Conseguir la mayor eficiencia de los recursos supone lograr una alianza equilibrada entre medio ambiente, economía y también sociedad. En un mundo de recursos limitados, donde los recursos naturales determinan la riqueza del futuro, un modelo de crecimiento económico inteligente está obligado a tener en cuenta nuestro capital natural. Además, este año, el Consejo Europeo de Primavera, en sus conclusiones sobre gobernanza económica, pidió la rápida aplicación de las hojas de ruta europeas sobre eficiencia energética y reducción de las emisiones de carbono. Esto confirma, ni más ni menos, que el compromiso de la Unión Europea con el crecimiento verde y la importancia de la agenda de la eficiencia energética para una salida sostenible de la crisis.
Señorías, no hay vuelva atrás, sino un largo camino por recorrer. Y hay que hacerlo todos juntos: instituciones de la Unión Europea, administraciones públicas, empresas privadas y sociedad civil. Así lo
dijo recientemente también el ministro Arias Cañete, quien comentaba que para que nuestro esfuerzo sea efectivo necesita sumarse el esfuerzo global, y este ejercicio no tiene sentido si no estamos todos. Así, corregir los problemas derivados de los errores del pasado y poner a la Unión Europea en un camino más sostenible para el futuro es la meta que plantea, en definitiva, la propuesta de decisión a informar que tenemos hoy sobre la mesa. Con todo lo anterior, entendemos que dicha propuesta es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea.
En el turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Alonso.
Muy brevemente. En nombre del Grupo Socialista quiero, en primer lugar, manifestar nuestra absoluta conformidad con los principios, con los objetivos y con las medidas que se incluyen en este VII Programa general de medio ambiente, que, lógicamente, va a sustituir al anterior, al VI, que quedó cumplido en julio del año pasado. Se trata -como bien se ha explicado por la portavoz y ponente- de incorporar la estrategia ambiental a la Estrategia 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que es la política económica que tiene que orientar todas las políticas de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Por tanto, hasta aquí el posicionamiento político con carácter general. Y, en segundo lugar, algunas reflexiones: que me agrada escuchar a una portavoz del Grupo Popular, cuando se refiere a una norma o a un programa, en este caso ambicioso, en materia ambiental, la opinión de su partido en sentido favorable, sin cautelas, porque no suele ser la norma. Por eso, bienvenido sea. En ese sentido, quiero dejar constancia, en nombre del Grupo Socialista, que nos sorprende que el Gobierno -no hemos visto el informe o, por lo menos, yo no he recibido informe del Gobierno con relación a este planteamiento, tampoco lo recibí con relación a la directiva de evaluación ambiental; no sé si es norma, presidente, que el Gobierno ya no informe de estos asuntos cuando en otras ocasiones sí lo hacía-, en este caso concreto de dos directivas en materia de medio ambiente, no haya tenido la delicadeza de remitir su opinión y su informe a esta comisión Pero, en definitiva, lo que quería plantear es que ojalá, a partir de este VII Programa, el Gobierno actual de España incorpore claramente estas estrategias a la acción conjunta del Gobierno, porque lo hecho hasta ahora en este último año de gobierno va justamente en dirección contraria.
Y puedo señalar algunos datos. Hace unos meses el Gobierno remitió a la Comisión Europea el programa de reformas del Gobierno español y, entre las observaciones que fueron formuladas por los servicios de la Comisión Europea, estaba precisamente este tema del medio ambiente. El informe de la Comisión Europea, del consejo de comisarios, alertaba a las autoridades españolas de la escasa ambición ambiental en esta materia del programa de reformas del Gobierno. Ese informe de la Unión Europea decía literalmente: España sigue retrasada respecto de otros países de la Unión Europea en la aplicación de la legislación ambiental. Desde mi punto de vista, da la sensación de que el Gobierno actual, lejos de apostar por un nuevo modelo productivo más sostenible, en el que el medio ambiente y la sostenibilidad se entiendan como un factor de desarrollo económico, interpreta y ve el medio ambiente como un requisito, como un problema, como una cautela, como un obstáculo que los poderes económicos, los agentes económicos, tienen que tratar de salvar. En definitiva, nos da la sensación de que el Gobierno actual, a diferencia de lo que se plantea en este dictamen que hoy hacemos sobre este programa, contrapone medio ambiente con desarrollo económico, cuando yo creo que en la inmensa mayoría de la Unión Europea este es un tema que se ve y se analiza conjuntamente no como un obstáculo, sino como una oportunidad de desarrollo.
Hemos oído al ministro manifestarse en muchas ocasiones sobre este tema del medio ambiente y casi siempre -vuelvo a repetir- lo hace con mucha cautela, con mucho recelo. Por tanto, si el Partido Popular acepta e incorpora estos principios a la política, a nosotros nos parecería magnífico.
Otra anécdota en relación con este asunto es que en el último Pleno del Congreso de los Diputados tuvimos la oportunidad de oír -en este caso a un alto dirigente del partido, portavoz de la dirección del grupo parlamentario- algunas bromas en la tramitación de la Ley de Costas en relación con los efectos del cambio climático. Yo creo que este es un tema suficientemente asumido ya por el conjunto de autoridades políticas, y no digamos científicas de toda la Unión Europea. Por tanto, no parece muy coherente hacer bromas en el Pleno del Congreso sobre los efectos del cambio climático y, por otra parte, asumir este tipo de cosas.
Podría decir lo mismo con las decisiones adoptadas en relación con las energías renovables en nuestro país o con algo que se ha utilizado por quien me ha precedido en el uso de la palabra como una decisión coherente con esta directiva, que es la recientemente aprobada Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente cuando nosotros opinamos en sentido completamente contrario. Hacer una modificación de la legislación sobre aguas para única y exclusivamente atender a principios de interés privado en la gestión de este bien público, no creo que sea ir en el sentido correcto ni en el que marca esta directiva. Lo mismo podría decir respecto a los residuos o las emisiones. Y mucho menos respecto a los recortes presupuestarios que han vaciado absolutamente de contenido presupuestario todas y cada una de las políticas o programas que financian estos objetivos que tienen que ver con los espacios o los hábitats naturales, la preservación de ríos, de costas, etcétera.
Por todo ello -vuelvo al principio-, nuestra opinión es absolutamente favorable al dictamen que se propone, también al contenido de la directiva o decisión de la Comisión. Y valoro en sentido positivo que la opinión manifestada, en este caso por la portavoz del Grupo Popular, haya sido favorable y, sinceramente, lo considero un avance importante.
La señora RIPOLL JUAN: Señor presidente, solo un minuto. Ya sé que no es un punto para debatir, es simplemente la presentación de un informe, pero comprenderá su señoría que no puedo dejar pasar algunos de los comentarios que se han hecho.
El señor PRESIDENTE: Pero espere a que le dé la palabra, señoría.
La señora RIPOLL JUAN: Disculpe.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por un tiempo de tres minutos para responder a las alusiones que ha hecho a su grupo parlamentario el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora RIPOLL JUAN: Incluso menos tiempo. Gracias y disculpe, señor presidente.
Señoría, lo que no entiendo es tanta sorpresa. Sorpresas y sensaciones son las dos palabras que más ha repetido usted en su intervención. No lo puedo comprender, para nosotros hablar de medio ambiente es algo absolutamente normal. En cualquier caso, el Grupo Popular en Europa siempre ha apoyado estos programas medioambientales. Por lo tanto, no entiendo a qué viene tanta sorpresa ni tanta sensación.
De todos modos, sí quiero comentarle que la senda reformista de este Gobierno acaba de empezar. Llevamos un año gobernando y no creo que haya Gobierno en este continente ni en ningún otro que haya emprendido más reformas. Tranquilo, que lo que no haya llegado, créame usted, llegará. Y por otro lado, en cuanto a que España esté retrasada en la actualización y avances hacia un modelo medioambiental sostenible, también tengo que decirle que si hay un retraso en materia medioambiental comprenderá usted que el retraso no viene de los últimos doce meses. Eso es algo que usted también tendrá que asumir.
Para acabar, respecto al hecho de que se contraponga medioambiente con desarrollo económico, quizá es que yo no me he explicado suficientemente bien en la intervención, pero yo he planteado aquí con mucha claridad, o por lo menos lo he intentado, que son dos caras de la misma moneda y que en ningún caso están contrapuestos el concepto de desarrollo económico con el concepto de medio ambiente. Para ello le voy a dar un ejemplo que creo que lo va a clarificar suficientemente: el cumplimiento completo de la política de residuos en los próximos años a nivel europeo podría crear hasta 400 000 puestos de trabajo adicionales y aumentar el volumen de negocios del sector en 42 billones de euros. Si de esto usted ha deducido que hay una contraposición entre desarrollo económico y medio ambiente, pues o yo me he explicado muy mal o usted simplemente no ha tenido ganas de entenderme.
Tiene la palabra el señor Alonso, también por un tiempo de tres minutos.
Vaya por delante, señor presidente, que yo a la señora diputada solo la he aludido en sentido elogioso. Quiero decir que de mis palabras no creo que pueda desprenderse la más mínima duda de interpretación
del Reglamento, puesto que las alusiones a la diputada han sido siempre en sentido, por supuesto, respetuoso y, además, en este caso elogiando y valorando positivamente su intervención.
Señora diputada, puesto que usted pedía la palabra por alusiones, a lo que yo me he referido es a la contradicción que supone lo que usted ha manifestado aquí con lo que hace su Gobierno. Esa ha sido mi única observación. Yo lo que he manifestado y reitero es que no tiene una gran coherencia valorar, elogiar, y en este caso incluso votar favorablemente este documento que establece este programa de la Unión Europea en materia de medio ambiente, con lo que diariamente hace el Gobierno. No es coherente con las decisiones que se han tomado en materia de energías renovables, que van a hacer imposible el cumplimiento en nuestro país de los objetivos de la Unión Europea en relación con la distribución del mix energético en materia de renovables. No son coherentes las decisiones que ha tomado este Gobierno en relación con la política hídrica, es decir, con la preservación y el bueno uso de las aguas, hasta ahora, ya veremos las que tome en el futuro. No es coherente con las valoraciones o manifestaciones que hacen algunos dirigentes de su partido, que no usted, como las que hacía en el último Pleno en relación con el cambio climático el portavoz adjunto del Grupo Popular en la presente tramitación de la Ley de Costas.
En definitiva, señora diputada... (La señora Ripoll Juan: Senadora.) Senadora, perdone, estaba mal situado en este momento por mi condición de diputado en la comisión. Quería decirle que me agrada muchísimo oír a alguien del Partido Popular hablar sin recelo de la política ambiental y, por tanto, bienvenida sea a este club que es un club abierto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado en este caso, pero quiero recordar a su señoría que las alusiones, como prevé el Reglamento, pueden ser también a un grupo parlamentario. Yo creo que usted lo ha hecho claramente y así he interpretado la petición de palabra de la senadora Ripoll.
- PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE EL CONTROL DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES. (Número de expediente del Senado 663/000013 y Número de expediente del Congreso 161/000673)
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (CONGRESO DE LOS DIPUTADOS).
El señor PRESIDENTE: Acabado el debate sobre este punto del orden del día, pasamos ya al debate sobre proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley sobre el control de las empresas transnacionales. No se han presentado enmiendas a dicha proposición. Por lo tanto, en primer lugar, interviene para su defensa el señor Iñarritu García.
Es un hecho constatable que en el mundo global en el que vivimos numerosas empresas matrices europeas deciden abrir filiales, sucursales o delegaciones en diversos Estados del mundo, ya sea debido a su situación geográfica, a los recursos, al precio de la mano de la obra o, incluso, para eludir la presión fiscal y jurídica de sus Estados de origen. Este hecho produce factores positivos, como puede ser la generación de empleo y la riqueza en países empobrecidos, pero de igual forma produce efectos negativos, como pueden ser la impunidad y la violación de derechos básicos que en algunos casos se producen, ya sea por falta de regulación expresa de los países de acogida o por dejación de algunos de los Gobiernos, o por el despotismo de algunas de estas empresas transnacionales que cuentan con una cifra de negocios en ocasiones muy superiores al producto interior bruto del país de acogida, o con mayor número de trabajadores que funcionarios pueda contar ese mismo Estado, lo que las hace poderosísimas.
En el pasado han sido muy conocidos casos de multinacionales deportivas que explotaban y esclavizaban a menores para fabricar prendas que podemos encontrar en cualquier gran superficie o en cualquier tienda de Europa, y de igual forma nos han llegado ecos de comportamientos de grandes petroleras que han cometido todo tipo de vulneraciones contra el medio ambiente en Estados africanos, pero lo más grave es que cuando algunos líderes locales lo han denunciado, en muchos casos han acabado asesinados.
Señorías, es positivo y comprensible fomentar el comercio y promocionar desde las administraciones estatales y europeas las empresas europeas en el exterior, pero de igual manera hay que impulsar un
código, cuando menos europeo aunque lo ideal sería que fuese internacional, para regular que la actuación de estas empresas en el exterior esté sometida a una normativa creadora de obligatoriedad respecto a los derechos humanos, al derecho internacional del trabajo o al derecho al medio ambiente que se base en normas básicas de la ONU, de la OIT, de la OCDE, y en el caso que nos corresponde, de la Unión Europea. A día de hoy los derechos mencionados se ven desplazados hacia sistemas de regulación no normativos, como pueden ser la responsabilidad social corporativa y los códigos de empresa, que están sometidos a la voluntariedad, unilateralidad, autorregulación y no exigibilidad, y no sometidos a la imperatividad, coercitividad y control judicial. En un momento en que observamos que el laissez faire y el laissez passer se normativizan por medio de una lex mercatoria, un derecho comercial global, observamos que otros derechos se territorializan hacia aparatos normativos de intensidad cada vez menor, hecho que algunas empresas transnacionales aprovechan estratégicamente de cara a delimitar su responsabilidad. La responsabilidad social corporativa, como voluntaria y unilateral, puede ser positiva, pero es claramente insuficiente. (Rumores.) Hay que crear un código y una verificación o control autónomo...
El señor PRESIDENTE: Perdone, señoría.
Ruego a sus señorías guarden el debido silencio para que se pueda entender la intervención de quien tiene el uso de la palabra.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Decía que hay que crear un código y una verificación o control autónomo y oficial que produzca un cumplimiento de unas normas básicas y que las empresas europeas sean no solo exportadoras de riqueza sino también de derechos y de los llamados valores europeos, como los derechos humanos, la libertad y la igualdad. Y en el caso de que se violen normas, que puedan ser penadas en el seno de la Unión. Hoy mismo, antes de venir a esta comisión Amnistía Internacional me ha enviado una sentencia que, por extraña, resulta histórica. Es la condena del Tribunal de Justicia de la CEDAW de hace dos días, del Gobierno de Nigeria por dejación y de varias empresas petroleras por los abusos cometidos en el delta del Níger. Este hecho no puede resultar extraño, y creo que se debe crear un marco de control normativo para que no se vuelva a producir. Por ello, y haciéndonos eco de demandas de organizaciones, como la Federación Internacional de Derechos Humanos, Oxfam, Greenpeace, Amnistía Internacional o el Tribunal Permanente de la tierra, o bien por las propuestas realizadas por los relatores de derechos humanos y sobre la tortura, de la ONU, Martin Scheinin y Manfred Nowak, o el proyecto dirigido por Mary Robinson e impulsado por los Gobiernos suizo, noruego y austriaco con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Amaiur insta al resto de grupos a apoyar esta propuesta para que se cree en el seno de la Unión un marco normativo de control de las empresas transnacionales.
En turno de portavoces tiene la palabra, en primer lugar, por el grupo de la Entesa el senador Sabaté.
Señorías, creo que estamos ante una propuesta bien intencionada, es evidente. Compartimos la voluntad y la necesidad de que todo tipo de empresas, y por supuesto también las transnacionales, puedan estar de alguna forma controladas en el respeto a los derechos humanos. Es bueno que se ejerza un control a la actividad de muchas de estas empresas. Entendemos que están sujetas al imperio de la ley, como cualquier otro tipo de empresa, y también a las leyes de la Unión Europea, pero en cualquier caso todo lo que sea avanzar dentro del marco de la Unión Europea, todo lo que sea avanzar en el control del respeto a los derechos humanos y en el respeto a las buenas prácticas nos parece positivo. Por este motivo apoyaremos la propuesta que se nos presenta.
Por el Grupo Parlamentario catalán Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera. (Denegaciones.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ortiz.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista comparte las inquietudes que manifiesta el señor Iñarritu García en la proposición no de ley que nos ocupa, relativa al cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales.
Efectivamente, son numerosos los casos de violaciones de derechos humanos y de la normativa internacional, laboral, social y medioambiental por parte de empresas transnacionales. Sin embargo, consideramos que la propuesta del Grupo Parlamentario Mixto padece, a nuestro juicio, de un acentuado adanismo, sin perjuicio de la discutible viabilidad de algunos de sus aspectos. Para contextualizar adecuadamente la problemática que se nos plantea debemos tomar en consideración el camino recorrido al respecto y el punto exacto en el que nos encontramos. En esa dirección, permítanme que les recuerde la importancia que sobre este asunto tiene la posición de Naciones Unidas de acuerdo con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos contenidos en el informe presentado por John Ruggie en su calidad de representante especial del Secretariado General de Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos Humanos, de 21 de marzo de 2011. Igualmente debemos recordar la nueva estrategia publicada por la Comisión Europea, que pretende ampliar los esfuerzos europeos para fomentar la responsabilidad social corporativa con la propuesta de un programa de acción que cubre ocho áreas: aumentar la visibilidad de la responsabilidad social de las empresas y difusión de buenas prácticas, mejora y seguimiento de los niveles de confianza en las empresas; mejorar la autorregulación; recompensa de mercado para la mejora de la responsabilidad social de las empresas; divulgación de información social y medioambiental; mayor integración de la responsabilidad social y empresarial en la educación, formación e investigación; destacar la importancia de las políticas nacionales y subnacionales de la responsabilidad social empresarial, y mejor alineación de los enfoques europeo y mundial en materia de responsabilidad social empresarial. Iniciativa de la Comisión Europea sobre la que el Observatorio de responsabilidad social corporativa en España ha manifestado textualmente lo siguiente: Celebramos la nueva comunicación pues supone que por primera vez la Unión Europea pone el foco de la responsabilidad social corporativa en la responsabilidad sobre los impactos ocasionados por las empresas y en la protección de los derechos humanos. Además, la nueva definición de responsabilidad social corporativa supone un cambio radical -esto es muy importante a nuestro juicio- en la concepción de la responsabilidad social corporativa superando el debate sobre voluntariedad-obligatoriedad, aspecto que ha limitado, sin lugar a dudas, el avance de las políticas de responsabilidad social corporativa durante los últimos años.
En consecuencia, podemos decir que tenemos, en gran medida, un marco de referencia aplicable que hay que desarrollar y mejorar, pero sobre todo que hay que aplicar.
Precisamente, este mismo mes de diciembre, hace muy pocos días -y sirva solamente a título de ejemplo- el Grupo Parlamentario Socialista ha reclamado en el marco del debate del IV Plan Director de Cooperación Española 2013-2016 el establecimiento de medidas normativas aplicables a cualquier tipo de apoyo financiero que reciban las empresas por parte de los organismos públicos en materia de ayuda oficial al desarrollo, que establezcan como requisito de valoración previa la exclusión de aquellas que vulneren derechos humanos o que no han suscrito marcos normativos internacionales, como el Global Compact, las directrices de la OCDE, la norma de orientación ISO 26000 sobre responsabilidad social, la declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT, y los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.
Concluyo, señor presidente, reiterando que, sin perjuicio de compartir plenamente las inquietudes que manifiesta la propuesta y reafirmando que queda mucho por hacer, en ningún caso estamos inaugurando un camino que, por otra parte, tiene ya un largo recorrido realizado. El reto está en seguir avanzando y profundizando en las tareas emprendidas, vigilantes y exigentes siempre y, sobre todo, sin perjuicio de los avances y mejoras necesarias que no son discutibles, reclamando que, por las diferentes instancias, empresas y administraciones, se apliquen los logros alcanzados.
En consecuencia, señor presidente, señorías, vamos a pedir votación separada de algún punto.
Para finalizar el turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Castillo.
El señor CASTILLO CALVÍN: Gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular y en referencia a la iniciativa propuesta por el Grupo Parlamentario Mixto, a fin de que el Gobierno promueva en la Unión Europea un nuevo marco normativo de control de las empresas trasnacionales mediante la adopción de una serie de medidas, entre las que se señalan la aprobación de un código internacional o la creación de un tribunal que juzgue a las empresas trasnacionales, creo conveniente comenzar señalando que las medidas propuestas difícilmente pueden tener encaje en el derecho internacional público, por mucho que así se pretenda.
Es cierto que la problemática de las empresas y de los derechos humanos se ha venido planteando en las últimas décadas debido a la creciente importancia de las empresas trasnacionales. Pero no debemos ni podemos olvidar que estas no son sujetos de derecho internacional. Esto no es un posicionamiento político, sino un hecho, una realidad jurídica que no podemos dejar de lado.
Los principales obligados para el cumplimiento de los derechos humanos son los Estados, pues son ellos quienes deben regular en el ámbito de su soberanía la actividad de las empresas que se establecen en su territorio. Es por ello, que la cuestión de los derechos humanos y la actividad empresarial trasnacional es uno de los aspectos de la denominada responsabilidad social corporativa o empresarial.
En todo caso, creo conveniente recordar que España ha decidido apoyar una serie de mecanismos internacionales para garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, como los principios rectores sobre empresas y derechos humanos aprobado en junio de 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Estos importantes principios de responsabilidad social corporativa se basan, entre otros, en: reconocer la obligación que tienen los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales; reconocer el papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables, así como respetar los derechos humanos, y garantizar que los derechos y obligaciones vayan acompañados también de los recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento.
Estos principios rectores se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, tanto trasnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura, incluyendo, además, los remedios previstos ante posibles vulneraciones.
Sobre la base de estos principios, y sin olvidar otros importantes textos, como las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, los diez principios de la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT, o los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, España y la Unión Europea han apoyado todo este proceso desarrollando importantes políticas públicas para promover la responsabilidad social corporativa.
Así, podemos citar entre las más recientes, en el marco de la Estrategia Europa 2020, la Estrategia renovada de la Unión Europea para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas, que sustenta el actual marco de la Unión Europea en esta materia. Esta estrategia presenta una moderna interpretación de la responsabilidad social empresarial, con una definición actualizada que prescinde ya del elemento de voluntariedad para las empresas que se contenía en la anterior definición, y con un nuevo programa de acción.
Ello supone un importante cambio en la visión anterior de la Unión Europea sobre la responsabilidad social empresarial, poniendo el foco de esta última en la responsabilidad sobre los impactos ocasionados por las empresas y en la protección de los derechos humanos.
España, por tanto, en lugar de instrumentos como los planteados en esta proposición no de ley que debatimos, de difícil instauración en el marco actual del derecho internacional público, apoya una serie de mecanismos que vienen a resolver la imposibilidad actual de crear instrumentos internacionales que se dirijan directamente a las empresas, dado que, como he señalado, estas no son sujeto de derecho internacional. Y que, a diferencia de lo indicado en la proposición no de ley, no establecen pautas de comportamiento controvertidas, sino consensuadas y aceptadas por las empresas, lo que facilita, en definitiva, su eficacia.
Por tanto, dado que ya se cuenta a nivel internacional con una amplia gama de instrumentos que fomentan y promocionan la responsabilidad social empresarial, se hace innecesaria la creación de códigos de obligado cumplimiento y de tribunales que juzguen a las empresas, motivo por el cual les adelanto el sentido negativo del voto de mi grupo.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley, que es la relativa a las regiones ultraperiféricas de Europa. A esta proposición se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, para defender dicha proposición no de ley, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Hernández.
Señorías, esta PNL tiene especial trascendencia para Canarias y va en línea con la estrategia que han venido defendiendo tanto el Gobierno de Canarias como el de España, en resoluciones, por unanimidad, del Parlamento de Canarias y de esta comisión, que no hacen más que reflejar la unidad social y política de los canarios y de las canarias en una estrategia y unos objetivos que no hacen más que consolidar el estatus específico de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, y que estas -las regiones ultraperiféricas- tengan un régimen específico dentro de las políticas comunitarias.
Este proceso de negociación se produce en un momento decisivo para las regiones ultraperiféricas, teniendo en cuenta que los anteriores procesos tuvieron lugar en etapas económicas expansivas, por lo que la actual situación de coyuntura presupuestaria servirá para definir qué recursos y actuaciones comunitarias vigentes en la actualidad resultan coyunturales, fruto de la situación de expansión, y cuáles estructurales, es decir, en base a la situación de singularidad reconocida de las regiones ultraperiféricas, incluidas, por supuesto, las islas Canarias.
La propuesta inicial del Consejo Europeo despeja algunas dudas que se apuntaban a la eliminación de los fondos RUP. Y finalmente, aunque incluida en la propuesta, la dotación es inferior, insuficiente -déjenme recoger una valoración de Rajoy, que compartimos- e inaceptable.
Estamos a tiempo de corregirlo y de evitar una reducción del 40 % sobre el fondo actual. El camino ha sido largo y en los últimos metros tenemos que intensificar la marcha. En estos momentos, la negociación es fundamental y crucial para el futuro de Canarias y para el resto de regiones ultraperiféricas.
Es fundamental la negociación con los Estados miembros. España, de forma especial, debe acometer y liderar esta negociación sabiendo lo que nos jugamos. Canarias ha desempeñado su trabajo con intensidad, liderazgo y rigor. Hemos tenido un gran aliado -siento decirlo-, el ministro francés de Ultramar, quien, junto a la defensa de sus territorios, ha hecho suyas muchas de las peticiones de Canarias. Un gran compromiso que, sin embargo, no ha sido tan intenso en el Gobierno de España. Les voy a poner un ejemplo, pero no se trata de buscar conflictos.
En la Conferencia de las Azores de hace poco más de dos meses estuvo el ministro de Ultramar francés, un secretario de Estado representando a Portugal, y en representación de España, una funcionaria. Quizás deberían darnos alguna explicación, pero vamos a dejarlo y a seguir caminando hacia delante y no demos la sensación de que este tema no es importante.
Confiamos y esperamos que en este ultimísimo tramo de negociaciones se fuerce y acentúe este compromiso en la defensa de los intereses de Canarias y de las regiones ultraperiféricas. La posición de las fuerzas políticas y de los agentes sociales de Canarias es de absoluta unanimidad. Repito, de absoluta unanimidad.
Las cuatro fuerzas políticas del Parlamento de Canarias, Coalición Canaria, Nueva Canaria, Partido Popular y Partido Socialista Canario-PSOE tienen una posición unánime en esto, que se concreta en una resolución del Parlamento de Canarias de la que ya se habló en esta comisión el 6 de noviembre.
He leído con sumo interés el Diario de Sesiones y francamente hay cosas que me sorprenden. En fin, estamos a tiempo de trasladar a esta comisión la unanimidad social y política de Canarias, por lo menos en los ejes básicos de la estrategia aprobada y defendida por el Gobierno de Canarias. Pero insisto, no es una estrategia caprichosa ni improvisada, sino consensuada y aprobada por todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Canarias. Estrategia, además, que no solo comparten las fuerzas políticas; insisto en que también los agentes sociales están de acuerdo con ella, así como el grupo mayoritario en esta comisión y en el Parlamento, el Grupo Popular, por lo menos, sus compañeros de Canarias. Si no estaban de acuerdo en algo, podían haberlo dicho pero en Canarias no se dijo. Es más,
todas, absolutamente todas, las propuestas que planteó el Partido Popular de Canarias están recogidas en la resolución y en la estrategia del Gobierno de Canarias.
¿De dónde sale esto? No sale de la nada, no es algo que se improvise o se debata solo en Canarias. Se ha debatido en esta comisión, también se habló de esto el 6 de noviembre. Asimismo, se pone de manifiesto en el Memorándum 2010 de regiones ultraperiféricas aprobado en Las Palmas, y hay numerosos documentos parlamentarios, del Gobierno de España, así como de Francia, España y Portugal conjuntamente. Todos los documentos, absolutamente todos, han salido con el acuerdo unánime. Todos los documentos a los que me he referido han salido con el acuerdo unánime de los Gobiernos y de las fuerzas políticas. Por lo tanto, me sorprende mucho que se haya roto con anterioridad, y lo que se juegan Canarias y las regiones ultraperiféricas en esta negociación no es solo obtener una mayor o menor partida presupuestaria, que también, sino establecer en el seno de la Unión Europea unos criterios claros que recojan las singularidades de las regiones ultraperiféricas. Criterios que, en función de la disponibilidad presupuestaria -en eso estamos de acuerdo-, garanticen un porcentaje de recursos y, sobre todo, unos instrumentos suficientes para superar las barreras de lejanía y, en nuestro caso, Canarias, también de insularidad. De ahí, la importancia de que esta comisión ratifique los acuerdos de la sociedad canaria y de la política canaria en defensa y reconocimiento de las singularidades de las regiones ultraperiféricas.
Como sé que hay problemas y que el Partido Popular, sorprendentemente, ha cambiado su posición con respecto a Canarias, yo hago una propuesta que recoge los ejes fundamentales de la historia del Estado español desde que entró a formar parte de la Unión Europea defendiendo las posiciones de las regiones ultraperiféricas. Primero, mantener las compensaciones para impulsar el crecimiento económico y la competitividad de las regiones ultraperiféricas; cosa que parece razonable ya que es la posición histórica de España, de todos sus presidentes y de todos sus Gobiernos. Segundo, desarrollar plenamente la inserción regional. Y tercero, la aprobación de fondos estructurales y de ayudas de Estado. Yo creo que estos tres ejes son básicos, y dentro de las compensaciones, desde luego, están: renovar los incentivos económicos y fiscales del REF, consolidando el estatuto actual y convirtiendo en estructurales las compensaciones que hasta ahora han tenido un carácter coyuntural; la estrategia de ayudas al transporte de mercancías; compensar los perjuicios derivados de la inclusión de la aviación del comercio de las emisiones de CO2; excluir la política agrícola del ámbito de la PAC; desacoplar las políticas de las RUP; mantenimiento de la ficha financiera del POSEI -aunque supongo que cuando uno ha reducido tanto desde el Gobierno de España las ayudas al POSEI en su presupuesto, no va a votar esto. Por eso lo he quitado, porque entiendo que cuando el Gobierno de España ha reducido la partida presupuestaria para Canarias un 40 % tampoco se puede protestar mucho por que la Unión Europea reduzca en un 40 % las ayudas a las regiones ultraperiféricas-.
Y como yo intento que lleguemos a un acuerdo, les hago la propuesta de mantener los ejes básicos, que, como ven, no tienen ninguna cuantía. Insisto en que mi propuesta inicial está pactada y dialogada durante muchísimos meses con todas las fuerzas políticas y sociales de Canarias, con todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Canarias e incluso con fuerzas políticas que no han obtenido representación en el Parlamento de Canarias. Con toda la voluntad de acuerdo, me acerco hoy e incluso acepto la propuesta inicial del Partido Popular, pues reconocemos que el Gobierno de España debe liderar este proceso. La aceptaríamos como propuesta de adición y estamos absolutamente dispuestos a presentar una transaccional si nos dicen exactamente qué les molesta de nuestra propuesta, que han hecho ustedes mismos.
A continuación, para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Haro Brito.
La señora DE HARO BRITO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, a la vista de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, ha planteado, como no podía ser de otra manera en un asunto tan importante y que se ha tratado tanto, una enmienda.
En la anterior sesión de la comisión mixta, celebrada el día 6 de noviembre, se tramitó una proposición no de ley, en ese caso del Grupo Parlamentario Mixto. Intervino por el Partido Socialista el diputado Segura Clavell, quien comentó las numerosas ocasiones en las que la comisión mixta se había hecho eco de la cuestión de las regiones ultraperiféricas, y en el caso de España se refería en concreto a Canarias,
que es su región ultraperiférica, y en la que siempre había existido consenso. Precisamente porque la intención del Grupo Parlamentario Popular era que existiera tal consenso se presentó una enmienda sustitutiva, a la vista de lo que había sucedido y con la reciente experiencia de lo que había ocurrido el día 6 de noviembre. Recuerdo que esa proposición no de ley debatida el 6 de noviembre únicamente obtuvo dos votos a favor, precisamente uno por parte de la diputada que la había presentado y otro de otro miembro de esta comisión. El Grupo Parlamentario Socialista se abstuvo y el Grupo Parlamentario Popular, fundadamente y como así manifestó el compañero Borja Benítez de Lugo, que es el que intervino respecto a esa proposición no de ley, se opuso motivadamente, no sin antes presentar la correspondiente enmienda transaccional.
Como digo, el Grupo Parlamentario Popular, en un tema tan importante para Canarias y para España como puede ser el tratamiento dentro del marco plurianual 2014-2020 de la Unión Europea sobre las regiones ultraperiféricas, que ahora mismo se está negociando, presentó una enmienda transaccional que señalaba que el Congreso de los Diputados reconoce los esfuerzos que el Gobierno de España viene realizando para llevar a cabo una actuación conjunta con los Estados de Francia y Portugal en defensa de las singularidades de las regiones ultraperiféricas -en el caso de España, Canarias- en la negociación del nuevo marco presupuestario 2014-2020 de la Unión Europea, instando al Gobierno a continuar con el trabajo conjunto y a realizar los esfuerzos necesarios con Francia y Portugal para la obtención de las mejores propuestas de las instituciones europeas tanto en lo relativo al montante del fondo RUP como en las tasas de cofinanciación en política regional para el período 2014-2020.
Entendemos que esta propuesta guarda el significado fundamental de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Como la diputada Hernández ahora mismo parece que se refiere y se retrotrae al debate del día 6 de noviembre, quiero recordar que allí se habló de una comunicación que se había aprobado -como perfectamente ha señalado- los días 14 y 15 de febrero en los Plenos del Parlamento de Canarias. Esta comunicación se refería, no tanto a la no actuación por parte del Gobierno de España, sino a puntos concretos para los que se requería al propio Gobierno de Canarias.
Por otro lado, entendemos que la proposición no de ley que ahora mismo se debate en concreto se refiere a uno de los puntos y no a toda la comunicación a la que se ha referido la diputada Patricia Hernández. En ella, la idea inicial era instar al Gobierno a fijar una posición conjunta con los Gobiernos de Francia y Portugal en la defensa de las singularidades de las RUP en la negociación del nuevo marco presupuestario comunitario 20142020. Estamos hablando del marco presupuestario -o así lo entendió el Grupo Parlamentario Popular-, y por tanto la enmienda se restringe no a todo el debate realizado el día 6 de noviembre sino, en concreto, al punto que se quería tratar.
¿Por qué el Grupo Parlamentario Popular presenta una solicitud de acuerdo? Reitero que el Grupo Parlamentario Popular entiende que, como siempre, al menos hasta la pasada sesión, en este tema debemos hacer un esfuerzo, porque es preciso que salga una enmienda conjunta firmada por todos los grupos. Justificamos la enmienda transaccional porque el momento es otro. La proposición no de ley se presenta a raíz de una comunicación realizada en febrero, y desde febrero hasta ahora el Gobierno del Estado ha hecho esfuerzos para defender o mejorar las partidas presupuestarias de cara al marco financiero o presupuestario plurianual 2014-2020, esfuerzos que paso a detallar.
La postura española ha quedado reflejada en el informe de la copresidencia del grupo de trabajo sobre el marco financiero plurianual de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Ha sido defendida desde febrero hasta ahora en los diversos grupos de trabajo y reuniones del Consejo de Asuntos Generales, donde se ha tratado el marco financiero plurianual. Asimismo, durante las negociaciones el Gobierno de España estaba en permanente contacto con los Gobiernos de Francia y Portugal, con los que comparte posiciones coincidentes en relación con la defensa de los intereses de las regiones ultraperiféricas.
Por tanto, entendemos que el Gobierno ya está trabajando en una posición conjunta con Francia y Portugal, como solicita la iniciativa de referencia; de ahí que modificáramos y señaláramos que se debería continuar con el trabajo conjunto. En este sentido, cabe destacar también que incluso antes de que la Comisión lanzara sus propuestas legislativas para el próximo marco financiero plurianual, los secretarios de Estado de España, Francia y Portugal llevaron a cabo una actuación conjunta en defensa del mantenimiento de la dotación específica RUP, destinada a compensar parte de los sobrecostes que generaba la situación ultraperiférica. Resultado de esta actuación fue que la Comisión incluyó en la
rúbrica 1 de su propuesta del presupuesto 2014-2020 un montante específico para regiones ultraperiféricas y de baja densidad de población.
Una vez que el debate, como sus señorías saben, se ha situado ya en el Consejo y en el Parlamento Europeo, el Gobierno continúa trabajando conjuntamente con Francia y Portugal, y ello para mejorar las propuestas de la Comisión, tanto en lo relativo a los fondos RUP como a las tasas de cofinanciación aplicables, como el paquete de reglamentos sobre política regional 2014-2020. Los días 22 y 23 se han celebrado reuniones del Consejo, y en ellas el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ya manifestó expresamente en numerosas comparecencias, tanto ante los órganos parlamentarios como fuera de ellos, que una de sus prioridades era la mejora de las propuestas que estaban sobre la mesa sobre los fondos para las regiones ultraperiféricas; y como resultado de esa reunión se han mejorado las partidas, de tal forma que ya contamos con una mejora de las partidas para las regiones ultraperiféricas de las que se va a beneficiar directamente también Canarias.
Aún así, el secretario de Estado para la Unión Europea manifestaba en una comparecencia que tuvo lugar en esta misma comisión, a petición propia y del Grupo Parlamentario Socialista, cuál iba a ser la postura del Gobierno del Estado en los días siguientes, y decía claramente que Canarias iba a ser firmemente defendida como región en transición, y que por tanto, era una de las prioridades del Gobierno del Estado. Resultado de esa comparecencia del 21 de noviembre, en los días siguientes se celebró el Consejo y se mejoró notablemente. No obstante quedan emplazados, porque no se ha llegado a un acuerdo, como sus señorías saben, para finales de este año y principios de enero para seguir discutiendo en el seno del Consejo Europeo sobre la mejora de las partidas para regiones ultraperiféricas, y entre ellas para Canarias.
Entendemos, de acuerdo con lo ya sucedido desde que se aprueba esa comunicación del Gobierno de Canarias en el Parlamento de Canarias, a la que hace referencia la diputada Patricia Hernández, que estamos en un momento posterior, y que, por tanto, debe continuarse con la defensa -y coincido perfectamente con el Grupo Socialista- y se debe votar conjuntamente esta proposición no de ley, y sobre todo la enmienda sustitutoria que propone el Grupo Parlamentario Popular. Pero es más, entendemos que no es coherente con el trabajo de esta Comisión Mixta para la Unión Europea. Nosotros tenemos que recordar -como también hizo el senador Segura el día 6 de noviembre- que esta comisión aprobó una ponencia, con los votos de todos los grupos parlamentarios, donde ya se establecían las líneas estratégicas para las regiones ultraperiféricas. Esta comunicación tuvo como origen una comunicación de la Comisión Europea del año 2008 llamada "Las regiones ultraperiféricas: una ventaja para Europa", y a raíz de ella se elaboró una proposición no de ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista en esta misma comisión.
Así pues, esa PNL que se discutió el 16 de junio de 2009 y que se presentó a instancias del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la comunicación de la Comisión sobre "Las Regiones Ultraperiféricas: una ventaja para Europa", mostraba la alta satisfacción por el contenido de la comunicación y acordaba crear un grupo de trabajo para ponencia. Esa ponencia se reunió el 18 de marzo de 2009 y acordó someter el texto a la comisión mixta, un texto que se aprueba el 23 de marzo de 2010 y al que también hizo referencia el compañero de la diputada Patricia Hernández en la anterior comisión. En esa comisión se aprueba, por unanimidad de todos los grupos, una ponencia sobre las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Pero es más, tengo que recordar -como no puede ser de otra manera- que, como resultado de esta comunicación del año 2008 de la Comisión Europea, se lleva a cabo un memorándum precisamente en Las Palmas de Gran Canaria -comunidad a la que pertenecemos tanto la diputada Patricia Hernández como yo misma-, aprobado por el Gobierno anterior y firmado por el anterior secretario de Estado, don Diego López Garrido, en el que se señalan las líneas estratégicas a seguir respecto de las regiones ultraperiféricas.
Por tanto, y por entender que ya existen documentos en esta Comisión Mixta para la Unión Europea, como son la ponencia de 23 de marzo de 2010 y memorándum también del 2010 aprobado por el anterior Gobierno, el Gobierno socialista, que ha sido apoyado absolutamente por todas las fuerzas políticas; por entender que en este marco ya existe protección adecuada; por entender que en el fondo tanto el Grupo Parlamentario Socialista como nosotros y el propio Gobierno de España están realizando todas las actuaciones precisas para mejorar el montante de los fondos RUP y las tasas de cofinanciación en política regional para el periodo 2014-2020, consideramos sinceramente que debe realizarse un esfuerzo, porque en el fondo yo creo que estamos absolutamente en concordancia, no en disonancia, para llegar a una enmienda transaccional todos los grupos parlamentarios que nos encontramos en esta comisión mixta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. (La señora Hernández Gutiérrez, pide la palabra.)
Señoría, lo normal es que intervengan los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios que deseen hacerlo, y posteriormente su señoría tendrá un turno para decir si acepta o no la enmienda o si hay alguna transaccional que ofrecer.
Abrimos, pues, un turno de portavoces. En primer lugar, tiene la palabra el senador Quintero, por el Grupo Parlamentario Mixto.
Yo creía que primero había un posicionamiento sobre la enmienda para saber qué votamos después.
Señorías, los ciudadanos que vivimos más alejados del corazón de Europa somos conscientes, y más en este momento, de que estamos sufriendo más que ningún otro territorio continental esta crisis económica, una recesión que está castigando a este territorio con más dureza y fuerza que a otros. En el caso de España, Canarias es la única región ultraperiférica que tiene el Estado, y esto va aflorando cada día que pasa con mayores perjuicios. Evidentemente la reducción de la oferta de trayectos aéreos y marítimos con las islas, y por otra parte, la pérdida de competitividad de nuestra economía como consecuencia de la caída de las subvenciones al transporte de mercancías -algo que ya ha comentado aquí la diputada Hernández- y los efectos negativos de los acuerdos firmados con otros países, hacen que Canarias esté en este caso en una situación de urgencia. Pero, al igual que Canarias, lo están también todas las regiones ultraperiféricas que, como dije antes, sufren mucho más las crisis que los territorios continentales por la competitividad y la lejanía de sus mercados.
Nos estamos adentrando en la senda de la Unión Europea con más incertidumbres que certezas, con más interrogantes que soluciones. Afrontamos unos meses que se presentan llenos de retos para Europa, pero más para las regiones ultraperiféricas, y en este caso para Canarias. Nuestro encaje en la Unión Europea es posiblemente uno de los mayores retos que tiene Canarias en estos próximos meses y en este próximo año en un escenario en el que nos jugamos buena parte de nuestro futuro inmediato y, de manera especial, la articulación de medidas urgentes para la reactivación económica y la creación de empleo en uno de los territorios de Europa más castigados por el desempleo.
Durante los últimos años hemos planteado los criterios que defendemos en las zonas más frágiles y alejadas del territorio y de los continentes, que especialmente incide en las regiones ultraperiféricas. En este sentido, quiero recalcar algo que la diputada y la senadora que me han precedido, tanto la señora Hernández como la señora De Haro, han dicho sobre la unidad que se ha tenido y los grandes esfuerzos políticos que se han hecho en esta materia hasta el momento, valores que han permitido los grandes avances de las regiones ultraperiféricas y, en el caso de España, los grandes avances y acuerdos que tiene Canarias. Un consenso interno unido al hasta ahora decidido apoyo -y hay que decirlo- de los diferentes Gobiernos del Estado, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, apoyo decidido a defender las RUP, y en este caso Canarias, en un marco específico de la Unión Europea.
Quienes vivimos en Canarias sabemos que nuestro día a día tiene unos condicionantes diferentes a los del continente, y esa realidad tiene que ser especificada y tratada de manera diferente. De ahí la importancia de esta PNL que presenta la diputada Patricia Hernández y con la que estamos completamente de acuerdo. Ella se refería a un acuerdo de febrero del Parlamento de Canarias que todas las fuerzas políticas implicadas aprobaron por unanimidad y donde se incluyeron todas las aportaciones de todos los partidos que allí estaban y las que les habían llegado de otros partidos del exterior.
Quisiera decir algo con todo cariño a la senadora De Haro, que habla de esfuerzo. ¿Es que el esfuerzo siempre tiene que ser por parte de los demás?, ¿tiene que ser el esfuerzo del otro? Yo no entiendo el esfuerzo sin hablar y sin intentar llegar a un acuerdo. Este es un tema de mucha trascendencia para Canarias, y hay un acuerdo del Parlamento de Canarias de febrero de este mismo año, donde el Partido Popular incluyó muchas de estas medidas, que se aprobaron, porque no se echaron atrás ninguna, con la consecuencia de que la unidad política y administrativa de Canarias como RUP es fundamental y tendrá que seguir siéndolo de cara al futuro. ¿Pero el esfuerzo es poner enmiendas de sustitución o intentar llegar a un acuerdo? ¿El esfuerzo consiste en que lo que digo yo es lo bueno y lo que dicen los demás no sirve? ¿Ese es el esfuerzo de diálogo? No lo creo. Yo entiendo -a lo mejor estoy equivocado en esa manera de pensar- el acuerdo y el esfuerzo en el diálogo, en el consenso, y qué mejor consenso, señorías -y perdonen que se lo diga así-, que en las regiones ultraperiféricas, en el nuevo marco 2014/2020 y financiación europea para estas regiones el Estado español siga el acuerdo tomado por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el Parlamento de Canarias, que es la
región ultraperiférica de España. Yo no me imagino ningún otro acuerdo que pueda tomar esta Comisión Mixta para la Unión Europea o el Estado español que ese, porque si no estaríamos desvirtuando, estaríamos marcando desde fuera unas directrices diferentes a las que han pedido todos los grupos, incluido, como dije, el Partido Popular que gobierna en el Estado.
Yo no puedo entender -con todos los respetos a la senadora De Haro por el cariño y el esfuerzo con que nos lo ha intentado explicar- por qué no se intenta llegar a una transaccional o simplemente firmar tal y como está un acuerdo que se tomó en febrero. Esto, evidentemente, es negativo para Canarias y déjenme decirles que serán otros Estados, como lo están haciendo Francia y Portugal, los que defiendan mejor a las RUP en la Unión Europea que el propio Estado español. Es una garantía que esta comisión mixta tome este acuerdo, que apruebe esta PNL, es bueno para todos, vuelvo a aludir al esfuerzo de todos, compartido, no al esfuerzo de los demás y el mío no, sino al esfuerzo de todos para llegar a un acuerdo transaccional al que seguro que estaríamos abiertos todos los grupos que estamos en esta Cámara -especialmente los más directamente implicados con este asunto, que son los que tienen representación en el Parlamento canario- y así poder llegar a un acuerdo antes de que termine el debate. Porque, señorías, no sé cómo vamos a explicar que lo que defendemos en Canarias en algo tan importante como el marco de financiación preferencial que tienen las RUP para su subsistencia dentro de la Unión Europea no se aprueba en esta Comisión Mixta para la Unión Europea y en cambio en Canarias se vota a favor. Con lo cual, evidentemente, nosotros vamos a votar a favor de esta PNL, pero vuelvo a intentar que lleguemos a un acuerdo porque creo que Canarias no perdonaría a ninguno de los tres partidos aquí representados -a los demás también, pero con más motivo a los partidos con representación en el Parlamento de Canarias- que no lleguemos a un acuerdo en algo en lo que los canarios y las canarias se juegan el presente y el futuro dentro de las regiones ultraperiféricas.
Por último, en el turno de portavoces, por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el señor Sabaté.
El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente, seré breve.
Simplemente quiero abundar en que realmente el tema de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea y en concreto el de Canarias en este contexto ha sido objeto de muchos debates en esta comisión, incluso tenemos la documentación elaborada por una ponencia específica, pero eso no quiere decir que el tema esté resuelto.
Nos parece muy bien que a partir de un acuerdo del Parlamento canario la senadora Hernández, en nombre del Grupo Socialista..., perdón, la diputada Hernández -ha sido senadora antes- presente precisamente una proposición no de ley que se haga eco de este acuerdo del Parlamento autonómico de Canarias y coincido también con el senador Quintero en que sería bueno que esta comisión aprobase por unanimidad respaldar este acuerdo e impulsarlo ante la Unión Europea. Porque es cierto también que la Comunidad Autónoma de Canarias está padeciendo de una forma especial el impacto de la crisis económica que estamos viviendo y sin duda son necesarios todos los esfuerzos posibles para que la singularidad de su extraterritorialidad no sea un inconveniente añadido a las dificultades que la crisis ya conlleva para todos.
Por tanto, votaremos favorablemente la moción.
Tiene la palabra, señora Hernández, para decir si acepta o no la enmienda o si se ha llegado a algún acuerdo transaccional.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Estoy haciendo un intercambio de papeles con la senadora del Grupo Popular dentro de un proceso de negociación.
Lo primero que tengo que decir es que la propuesta que se rechazó en la anterior comisión parece que fue porque no se aceptaban otras propuestas -el mermorándum 2010 y demás-. El Grupo Socialista está dispuesto a incluir que el Gobierno de España lidera, lo que no acepto es la enmienda del Grupo Popular porque solo habla de perras -como se dice en mi tierra-, solo habla de dinero, nada más que de dinero y anula los acuerdos. Pero nosotros estamos de acuerdo en todo lo que la senadora De Haro quiere incluir: el memorándum 2010 y los documentos de la Comisión Mixta para la Unión Europea, todos
los documentos que están aprobados por unanimidad estamos dispuestos a incluirlos en la propuesta. Es más, nosotros hemos hecho una propuesta alternativa a la que no me ha respondido, que es: mantener las compensaciones para impulsar el crecimiento económico y la competitividad, desarrollar plenamente la inserción regional y aprobación de fondos estructurales y ayudas de Estado. Es imposible que el Grupo Popular y el Gobierno de España estén en contra de ninguna de estas tres propuestas, de ninguna, y si están en contra de alguna, la retiramos.
El señor PRESIDENTE: Perdóneme, señoría. No es el turno para reabrir el debate.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Es que yo estoy haciendo una transaccional.
El señor PRESIDENTE: Es para aceptar o no aceptar o, en su caso, si han pactado una transaccional, pero entre ustedes, no que ahora haya un debate sobre una posible transaccional.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Yo se la he pasado de mano a mano. Como todo el mundo ha dicho que esto es muy importante, nosotros estamos intentando proponer una transaccional. Aceptaríamos la enmienda de adición, nunca de sustitución.
El señor PRESIDENTE: Señorías, entiendo que no ha habido un acuerdo sobre una posible enmienda, que se está negociando. Procederemos a votar el resto de puntos del orden del día y cuando lleguemos al último punto emplazaré nuevamente a sus señorías por si hay algún acuerdo transaccional. Si no, entiendo que no se acepta la enmienda del Grupo Popular en los términos en los que está redactada.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: De adición sí, de sustitución no.
Pasamos ya a las votaciones.
En primer lugar, señorías, el primer punto, debate sobre control de subsidiariedad. Votamos el texto de la ponencia tal como se ha expuesto respecto de la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/92, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad, ya que han votado a favor todos los miembros de la comisión.
El segundo texto de la ponencia es la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo de Ayuda Europea para los más necesitados. Se ha solicitado que se produzca una votación separada del último párrafo de la propuesta -lo digo para que sus señorías lo identifiquen-, que empieza por la expresión: no obstante...; y acaba: ...en que presenta cada Estado. (El señor Moscoso del Prado Hernández pide la palabra.)
¿Señor Moscoso?
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Mi grupo parlamentario no sabe si se puede votar o no. Nos gustaría que el señor letrado nos aclarase si se pueden votar puntos por separado de los dictámenes de subsidiariedad como si fuera una PNL.
Quizás sea una cuestión que tengamos que debatir otro día.
El señor PRESIDENTE: Yo también he preguntado al señor letrado cuando se ha hecho la propuesta por parte del Grupo Parlamentario Popular y me ha comunicado que sí se puede, porque siendo el texto de una ponencia, sí cabe la votación separada de los párrafos de la misma. Por eso, se ha propuesto a votación a todas sus señorías.
En primer lugar, votamos el párrafo del que se solicita la votación separada.
El señor PRESIDENTE: Queda suprimido este párrafo del texto de la ponencia.
Ahora procede votar el resto del texto de la ponencia.
Sometemos a votación la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establezcan medidas afines.
Votamos el texto relativo a la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público.
Votamos el siguiente punto, propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Programa general de medio ambiente de la Unión hasta 2020, "Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta".
Pasamos a las votaciones de las proposiciones no de ley.
En primer lugar, votamos separadamente el apartado 2 de la proposición no de ley sobre el control de las empresas transnacionales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24; abstenciones, 1.
Por último, votamos la proposición no de ley relativa a las regiones ultraperiféricas de Europa.
Si no hay una enmienda transaccional en la que estén de acuerdo todos los grupos, se somete a votación en los términos en que queda redactada, con la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista. (El señor Moreno Palanques pide la palabra.)
Sí, ¿señor Moreno?
El señor MORENO PALANQUES: Entendemos que lo que se está diciendo es que no se admite la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo Popular.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Ya dije que solo se aceptaría de adición. Estamos de acuerdo con lo que dice el Grupo Popular y más con lo que decimos nosotros y dice el Parlamento de Canarias.
Por lo tanto, sometemos a votación el texto de la proposición no de ley con la enmienda que en su momento presentó el propio Grupo Socialista.
Eran las catorce horas y veinticinco minutos.

References: artículo 8
 artículo 5
 artículo 119
 artículo 75
 artículo 54
 artículo 114
 artículo 26
 artículo 9
 artículo 114
 artículo 26
e contrario
 resolución 
 resolución