Source: http://idluam.es/jurisprudencia/7574-tc-11-3
Timestamp: 2019-10-15 02:37:21+00:00

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Publicado: Viernes, 11 Marzo 2016 18:11
En la Sentencia 17/2016, de 4 de febrero de 2016 (BOE núm. 57, de 7 de marzo de 2016), el Pleno del Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con varios preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto.
El recurso de inconstitucionalidad planteado por el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, se centra en el art. 59, de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. El Abogado del Estado reprocha al art. 59 de la Ley 3/2012, que permita que los bienes que integran el patrimonio público de suelo puedan cederse gratuitamente o enajenarse por un precio inferior al de su valoración, para fines distintos a los previstos en la legislación básica estatal. Más concretamente, le reprocha que permita que aquellos bienes puedan destinarse a la generación de actividad económica en áreas deprimidas, destino no incluido entre las finalidades previstas en la norma estatal vigente en el momento de interposición del recurso.
El Tribunal salva la supuesta inconstitucionalidad mediante la interpretación conforme de este precepto. A su juicio, parece fácil extraer esta de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, que prevé la cesión gratuita o la enajenación por precio inferior al de su valoración de bienes integrantes del patrimonio público del suelo, para atender necesidades de vivienda de carácter social o de equipamiento comunitario, para generar actividad económica en áreas deprimidas o para formar reservas para proteger y tutelar el suelo no urbanizable; y también parece fácil llegar a la conclusión de que, a diferencia de la norma estatal básica existente en el momento de interposición del recurso, que sólo preveía dos finalidades o destinos para esos patrimonios, la nueva redacción contenida en el art. 52.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015 amplía dicha previsión.
A juicio del Tribunal, la base estatal establece una serie de exigencias específicas adicionales cuando se trata de destinar patrimonio público de suelo a fines de carácter socio-económico. Ello sólo puede realizarse, ex art. 52.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, “de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística”, esto es dentro de ordenación y con exclusión de cesiones o enajenaciones individualizadas que no vayan recogidas en un plan, así como “para atender las necesidades que requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana”. A este carácter integrado se refiere el art. 2.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015 cuando señala que “las actuaciones de regeneración y renovación urbanas (aquellas que según el propio precepto afectan tanto a edificios, como a tejidos urbanos) tendrán, además, carácter integrado, cuando articulen medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una estrategia administrativa global y unitaria”. Se debe, por tanto, subrayar que la previsión autonómica, que, sin ninguna otra especificidad, se limita a disponer, entre otros fines, el destino del patrimonio público de suelo a la generación de actividad económica en áreas deprimidas, solo podrá desplegarse cuando se cumplan el resto de las condiciones previstas en la normativa básica estatal (FJ 4).
En vista de lo anterior, el Tribunal declara que el art. 59 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, no es inconstitucional, siempre que se interprete en los términos establecidos en el fundamento jurídico 4 de esta Sentencia.
En la Sentencia 15/2016, de 1 de febrero de 2016 (BOE núm. 57, de 7 de marzo de 2016), la Sala Segunda del Tribunal Constitucional resuelve el recurso de amparo que impugna el Auto de 30 de octubre de 2014, dictado por la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que declara la inadmisión del recurso de apelación contra el previo Auto de 4 abril de 2014, del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 15 de Barcelona, que le negó la legitimación para recurrir la Sentencia del citado Juzgado dictada en procedimiento de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Canet de Mar. El demandante denuncia la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al no haber sido emplazado en el procedimiento de responsabilidad dirigido contra la Administración, sin aceptarse su personación cuando tuvo conocimiento del mismo, argumentando los órganos judiciales su carencia de legitimación por ausencia de interés legítimo. Sin embargo, a su juicio, la concurrencia de éste resulta evidente, toda vez que, tras resultar condenado el Ayuntamiento al abono de una indemnización y renunciar a apelar tal condena, se ha incoado una acción de regreso contra su persona (que se encuentra actualmente suspendida mientras se resuelve este recurso de amparo, por resolución de la instructora del expediente).
El Tribunal recuerda, en un primer momento, que el art. 139 LPC ha precisado el elemento causal desencadenante del principio de la responsabilidad objetiva de la Administración por funcionamiento de los servicios públicos: que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios, salvo en casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No hace mención la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y no es por tanto objeto que se sustancie en ese proceso, a la identificación del empleado público que haya podido causar el daño que genera la responsabilidad administrativa, ni condiciona la apreciación de ésta a la verificación de la negligencia, culpa o dolo de aquél , perspectiva cuyo examen ni siquiera exige, bastando la acreditación del perjuicio y del nexo entre el funcionamiento del servicio público y el daño producido, que habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas, según señala la disposición normativa.
La regulación de la acción de responsabilidad contra la Administración diseñada por el legislador, en definitiva, implica que el derecho o interés legítimo afectado es el de la persona perjudicada que ejercita la acción para ver reparado el daño objetivo sufrido, siendo la Administración la que actuará en calidad de demandada, sin juzgarse una responsabilidad añadida, distinta y de carácter subjetivo del personal al servicio de la Administración pública que haya intervenido por acción u omisión en la situación controvertida.
El régimen jurídico de la responsabilidad en esta tipología de casos prevé sin embargo, como cláusula de cierre, que la Administración pueda repercutir sobre el empleado público subjetivamente responsable la cantidad abonada por el funcionamiento de sus servicios públicos, mediante el ejercicio de la acción de regreso prevista en el art. 145 LPC. Una acción de ejercicio obligatorio por la Administración cuando se aprecie la concurrencia de un doble presupuesto: que la acción u omisión del empleado público concernido se haya realizado con dolo, culpa o negligencia graves y, en segundo lugar, que la Administración haya procedido al abono de la indemnización por el daño objetivo causado en razón de ella (acordada bien en una resolución administrativa no impugnada, bien en una sentencia judicial firme).
De los arts. 139 y 145 LPC se sigue, a modo de síntesis, la consideración de dos momentos y la configuración jurídica de dos acciones diferentes, con objetos distintos, aunque secuenciales y encadenadas: la reclamación del perjudicado, primero (garantizando que, de apreciarse un nexo causal entre perjuicio y funcionamiento del servicio público, pueda ser reparado de forma íntegra e inmediata por el daño objetivo que se le haya ocasionado) y la eventual acción de regreso contra el empleado público, después, si se dan los presupuestos establecidos en la norma (responsabilidad subjetiva por dolo, culpa o negligencia graves, de haberse reparado económicamente el daño objetivo derivado del funcionamiento de los servicios públicos).
Pues, para el Tribunal, las resoluciones impugnadas no causaron indefensión al apreciar la falta de legitimación del demandante de amparo para ser parte en el proceso de responsabilidad objetiva de la Administración por ausencia de interés legítimo, toda vez que la declaración de responsabilidad de la Administración no comporta, automáticamente, beneficio o perjuicio alguno en su esfera jurídica. Será en un momento posterior, en el del ejercicio de la acción de regreso (iniciada en este caso según consta en la documentación aportada en la demanda de amparo) o en el de la eventual incoación de un expediente sancionador, donde el demandante podrá formular alegaciones, proponer y practicar la prueba admitida y, en su caso, recurrir en la vía jurisdiccional contencioso-administrativa la resolución definitiva y firme que se dicte, manteniéndose así indemnes sus posibilidades de defensa (FJ 2).
En vista de lo anterior, el Tribunal desestima el recurso de amparo interpuesto por don Pere Nolla.

References: Real Decreto 
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 resolución 
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