Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/20504
Timestamp: 2020-07-13 05:26:34+00:00

Document:
Système HJ - Décision: AUTO 398/2005
AUTO 398/2005, de 8 de noviembre
ECLI:ES:TC:2005:398A
Pleno. Auto 398/2005, de 8 de noviembre de 2005. Conflicto positivo de competencias 5151-2005. Acuerda la suspensión en el conflicto positivo de competencia 5151-2005, promovido por el Gobierno de la Nación sobre resoluciones 8301/05 y 8302/05 en Territorio Histórico de Guipúzcoa.
1. Mediante escrito presentado en el Registro de este Tribunal el día 7 de julio de 2005, el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, promueve conflicto positivo de competencia contra las Resoluciones 8301/2005 y 8302/2005 del Director de Servicios del Departamento de Transportes y Obras Públicas, por las que se anuncian concursos para la adjudicación de los contratos que tienen por objeto las obras de construcción de plataforma de la nueva red ferroviaria del País Vasco en el Territorio Histórico de Guipúzcoa; acceso a Irún, Subtramo 2 (Resolución 8301/2005) y Ordizia-Itsaurrondo (Resolución 8302/2005).
2. Con fecha 19 de julio de 2005 la Sección Primera acordó mediante providencia admitir a trámite el conflicto positivo de competencia y dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno del País Vasco al objeto de que en el plazo de veinte días aporte los documentos y alegaciones que considere convenientes. Asimismo acordó tener por invocado por el Gobierno el art. 161.2 CE, lo que a su tenor y conforme dispone el art. 64.2 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de las Resoluciones recurridas. Por último, también se acordó comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por si ante la misma se impugnaran dichas Resoluciones, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, cuya incoación se ordenó publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial del País Vasco.
3. Con fecha 29 de septiembre de 2005 el Letrado de los Servicios Jurídicos Centrales de la Comunidad Autónoma del País Vasco formula sus alegaciones. En las mismas solicita que la Sentencia que el Tribunal dicte en su día declare la constitucionalidad de las Resoluciones impugnadas.
Así, señala que en lo que se refiere al interés público y general derivado de la construcción de la plataforma de la nueva red ferroviaria del País Vasco en el Territorio de Guipúzcoa, licitadas por las Resoluciones impugnadas, resalta que la línea de Alta Velocidad Madrid-Vitoria-Dax, en la que se integra la nueva red ferroviaria en el País Vasco y los tramos objeto de este conflicto, ha sido calificada como proyecto prioritario por decisión núm. 1692/96/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de julio de 1996, estableciéndose que la misma debe estar operativa en el horizonte del año 2010. Por tanto, se está claramente ante un proyecto estratégico para el País Vasco, el Estado Español y la Unión Europea que permite contribuir a la interconexión y unidad europea en el ámbito del transporte.
4. Por providencia de la Sección Primera de 5 de octubre de 2005 se tiene por personado en el proceso al Letrado del Gobierno Vasco y se acuerda oír al Abogado del Estado para que en el plazo de cinco días se pronuncie sobre el levantamiento de la suspensión.
5. El día 14 de octubre de 2005 el Abogado del Estado evacua el traslado conferido y alega lo siguiente sobre el levantamiento o mantenimiento de la suspensión de las normas impugnadas.
El Estado, en cumplimiento de determinadas orientaciones comunitarias y en ejercicio de sus competencias en materia de ferrocarriles y transportes supracomunitarios y de obras públicas de interés general (art. 149.1.21 y 24 CE) aprobó el 24 de noviembre de 2000 el Estudio informativo de la nueva red ferroviaria del País Vasco y, tras el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2002, encomendó al Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) la construcción y explotación de la línea de Alta Velocidad del País Vasco, del Corredor Norte-Noroeste, y habilitar al Ministerio de Fomento para su ejecución. Posteriormente, la encomienda de gestión hecha a favor del GIF pasó a ser asumida por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en virtud de la disposición adicional primera de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre.
Así, en primer lugar, las obras a ejecutar no se acomodarán, total o parcialmente, al Estudio informativo “Proyecto de la nueva red ferroviaria en el País Vasco”, aprobado por el Ministerio de Fomento mediante Resolución de 24 de noviembre de 2000. En segundo lugar, los proyectos que ejecutase la Comunidad Autónoma no se acomodarían a los condicionados de la Declaración de impacto ambiental correspondiente al Estudio informativo estatal aludido, declaración formulada por el Ministerio de Medio Ambiente en fecha 22 de octubre de 2000 ni contarían con la certificación de conformidad exigida por dicho Departamento.
Otra diferencia se manifiesta en el Acceso a Irún-Subtramo II. El tramo licitado se corresponde con la construcción de un ramal de mercancías entre el apeadero de Ventas (municipio de Irún) y la futura estación intermodal de mercancías denominada Araso.
No es éste. por tanto, un tramo específico de la línea de Alta Velocidad y su construcción plantea importantes interferencias con la entrada del corredor de alta velocidad en la estación de Irún, toda vez que el aludido ramal de mercancías cruza sobre las actuales vías de Euskotren y de ADIF, realizándose la entrada de la línea de alta velocidad en el espacio que existe entre esas vías, sin que sea evidente que existe un trazado en planta suficiente para su ejecución. Respecto de esta obra, ADIF está actualmente realizando el proyecto básico con el fin de realizar el encaje de trazado óptimo.
Por último, el Abogado del Estado aduce que siendo innegable el desplazamiento de la competencia estatal, procedería atender a lo declarado recientemente por el Tribunal (ATC de 15 de septiembre de 2005) pues se aprecia la existencia de “un perjuicio actual y directo al interés general que resultaría del bloqueo de las competencias estatales”, por lo que, de acuerdo con dicha resolución, debe mantenerse la suspensión de las Resoluciones impugnadas, pues así lo aconseja también aquí el principio de seguridad jurídica y puesto que aquéllas, dado su rango reglamentario, no tienen igual presunción de legitimidad que la Ley autonómica.
1. El objeto de esta resolución es determinar, de acuerdo con lo regulado en el art. 161.2 CE, si procede levantar la suspensión de la vigencia de las Resoluciones 8301/2005 y 8302/2005 del Director de Servicios del Departamento de Transportes y Obras Públicas, por la que se anuncian concursos para la adjudicación de los contratos que tienen por objeto las obras de construcción de plataforma de la nueva red ferroviaria del País Vasco en el Territorio Histórico de Guipúzcoa; acceso a Irún, Subtramo 2 (Resolución 8301/2005) y Ordizia-Itsaurrondo (Resolución 8302/2005). Ambas Resoluciones se encuentran suspendidas en su aplicación como consecuencia de la invocación por el Presidente del Gobierno del indicado art. 161.2 CE al promover el conflicto positivo de competencia.
2. De acuerdo con lo regulado en el art. 161.2 CE, el alzamiento o la confirmación de la suspensión de la vigencia y aplicación de las normas autonómicas impugnadas por el Gobierno de la Nación debe resolverse en un plazo no superior a cinco meses.
Sobre la solicitud de levantamiento de la suspensión antes de que transcurran los cinco meses desde que la misma se produjo ha recaído ya una doctrina constitucional que hemos reiterado y de la que debemos partir. Según la misma “está fuera de duda, pues así lo hemos señalado ya (ATC 355/1989), que la Comunidad Autónoma autora de la Ley recurrida puede solicitar anticipadamente —vale decir, antes de transcurridos los cinco meses a que se refiere el art. 161.2 CE— el levantamiento de la suspensión acordada y que el tenor literal del art. 161.2 CE indica claramente, por otro lado, que cabe a este Tribunal levantar la suspensión acordada antes del transcurso de los cinco meses inicialmente previstos, y ello sobre la base de que la expresión, utilizada por el texto constitucional «plazo no superior a cinco meses» establece que los cinco meses son, precisamente, el límite máximo inicialmente previsto para la suspensión, y que se incluye entre las potestades de este Tribunal ratificar o levantar la suspensión dentro de ese plazo. El art. 30 LOTC no impide que este Tribunal acuerde el levantamiento de la suspensión inicialmente acordada sin agotar el precitado plazo de cinco meses” (AATC 154/1994, de 3 de mayo, FJ 1; 222/1995, de 18 de julio, FJ 1; 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1, y 99/2003, de 6 de marzo, FJ 5, entre otros).
3. Sobre este tipo de incidentes de suspensión es doctrina de este Tribunal que, para su resolución, es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuentren implicados, tanto el general y público, como el particular o privado de las personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que se irrogan del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Esta valoración debe efectuarse mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y sin necesidad de abordar las pretensiones que se formulan en la demanda. En este sentido ha de recordarse que el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, no sólo invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que "es preciso demostrar o, al menos, razonar consistentemente su procedencia y la imposible o difícil reparación de los mismos, ya que debe partirse en principio de la existencia de una presunción de constitucionalidad a favor de las normas o actos objeto de conflicto (AATC 472/1988, 589/1988, 285/1990, 266/1994, 267/1994, 39/1995, 156/1996, y 100/2002)” (ATC 176/2004, de 11 de mayo, FJ 3).
4. Las Resoluciones impugnadas anuncian el concurso para la adjudicación de las obras de los tramos Acceso a Irún, Subtramo 2, y Ordizia Itsasondo, correspondientes a la Plataforma de la nueva red ferroviaria del País Vasco en el Territorio Histórico de Guipúzcoa. Entre otros extremos, dichas Resoluciones regulan la entidad adjudicadora, el objeto del contrato, la tramitación, procedimiento y forma de adjudicación, el presupuesto de licitación, los requisitos específicos del contratista y la presentación de las ofertas.
En concreto, señala que los intereses públicos comprometidos con la aplicación y eficacia de las Resoluciones impugnadas son los vinculados a la línea de Alta Velocidad Madrid-Vitoria-Dax en la que se integra la nueva red ferroviaria del País Vasco y los tramos a los que afectan las Resoluciones objeto de conflicto. La Decisión núm.. 1692/96/CE ha calificado como prioritario el proyecto correspondiente y previsto que la línea esté operativa en el horizonte de 2010. Se trata, pues, de un proyecto prioritario para el País Vasco, siendo constatable, según la representación procesal de la Comunidad Autónoma, tanto las “actuaciones concretas del Gobierno Vasco encaminadas a la construcción de la plataforma de la nueva red ferroviaria en el País Vasco” como “la inactividad o demora de la Administración del Estado en abordar esas mismas actuaciones”.
5. El Abogado del Estado se opone a este planteamiento y solicita que la suspensión se mantenga.
Por último, aduce que al producirse un desplazamiento de la competencia del Estado se aprecia “un perjuicio actual y directo al interés general que resultaría del bloqueo de las competencias estatales” (ATC de 15 de septiembre de 2005), por lo que debe mantenerse la suspensión de las Resoluciones impugnadas.
6. Expuestos los argumentos que las partes de este proceso exponen en este incidente, debemos proceder a su resolución, ateniéndonos para ello a nuestra tradicional doctrina, sintetizada en el FJ 3.
De entrada, debemos descartar que pueda resultar aquí de aplicación la doctrina de nuestro ATC 336/2005, de 15 de septiembre, ya que el supuesto al que dicho Auto se refiere (como se reconoce en su FJ 5) “excede de las situaciones normales de controversia competencial, por cuanto incluso podría poner en cuestión, hasta eliminarla o desvirtuarla, una competencia estatal claramente reconocida por la Constitución”. En efecto, en dicha resolución queda de manifiesto, porque las partes coinciden en ello, que la norma autonómica tenía como destinataria una actividad de competencia estatal (los archivos de su titularidad), aunque aquéllas discreparan, naturalmente, de los efectos que dicha norma produciría. Este dato admitido por las partes determinó el sentido de nuestro Auto. Sin embargo, el caso que ahora nos ocupa es bien distinto, pues las partes plantean su discrepancia de modo muy diferente, ya que demandante y demandado reclaman la titularidad de la competencia sobre la actividad en litigio, de manera que las Resoluciones autonómicas hoy suspendidas no se enderezan sino a la convocatoria de los concursos para realizar unas obras que permitirán construir dos tramos de una vía transeuropea. Toda vez que el Estado también reclama la competencia para su construcción, es obvio que la competencia estatal, de resultar reconocida en la Sentencia de fondo, habría resultado perturbada e, incluso, impedida. Pero, como constituye doctrina reiterada de este Tribunal, esa perturbación, que es consustancial a toda discrepancia de orden competencial, no puede determinar el resultado de este incidente, pues, de ser así, las normas o actos de las Comunidades Autónomas siempre habrían de mantenerse suspendidos (por todos, ATC 193/1999, de 21 de julio, FJ 4, con cita de otros). Por igual razón, como también hemos reiterado, tampoco presenta relevancia en este supuesto la invocada quiebra de la seguridad jurídica, pues hemos señalado que los daños que pudieran ocasionarse a la misma “son una consecuencia inherente a toda situación de pendencia de un recurso de inconstitucionalidad y consustanciales, por tanto, al funcionamiento del Estado de las Autonomías y a la coexistencia del ordenamiento estatal con los ordenamientos autonómicos, de manera que, desde este simple ángulo de enfoque, la suspensión de las normas impugnadas por motivos competenciales, como es el presente caso, sería siempre necesaria en la medida en que en los conflictos de dicha naturaleza concurra una duplicidad de normas. Pero de lo que se trata en este trámite no es de defender la seguridad jurídica con argumentos que pueden valer para cualesquiera impugnaciones, sino de alegar y acreditar los perjuicios irreparables o de difícil reparación que se producirían, en concreto, por la vigencia de los preceptos impugnados durante el tiempo que dure el proceso constitucional”. (ATC 12/1992, de 23 de enero, FJ 2. En igual sentido, AATC 208/1086, de 6 de marzo, FJ único, y 88/1991, de 12 de marzo, FJ 2).
7. La lesión a los intereses generales que habría de producirse si se levanta la suspensión de las Resoluciones impugnadas, y los consiguientes perjuicios de carácter irreparable, los vincula el Abogado del Estado a los desajustes técnicos de diseño entre los tramos de la línea de alta velocidad a que se refieren aquellas Resoluciones y el resto de la línea que discurre por el territorio nacional, partiendo de Madrid.
Para valorar el alcance de este alegato debemos examinar la Decisión núm.. 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 1996 sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte.
Esta decisión “tiene por objeto establecer las orientaciones en cuanto a los objetivos, prioridades y grandes líneas de acción previstas en el ámbito de la red transeuropea de transporte. Estas orientaciones determinan proyectos de interés común cuya ejecución debe contribuir al desarrollo de dicha red a escala comunitaria” (art. 1.1). Estos proyectos de interés común, entre los que se encuentra la línea de alta velocidad Madrid-Vitoria-Dax (Anexo III.3), se integran en la red europea de transporte, que “se establecerá de aquí al año 2010” (art. 2.1).
Partiendo de ahí, y examinando cuáles hayan de ser las características más sobresalientes de dicha red transeuropea de transporte, se aprecia que entre ellas se encuentra la “interoperabilidad”, pues es ésta una característica que la Decisión núm.. 1692/96/CE determina que ha de constituir, respecto de todas las líneas de transportes, un “objetivo [art. 2.2 h)( una de las “grandes líneas de acción de la Comunidad” [art. 4 d)( y una “prioridad” [art. 5 e)(. Más específicamente respecto de la red ferroviaria transeuropea, entre sus características destaca que “ofrecerá a los usuarios un elevado nivel de calidad y seguridad, gracias a su continuidad y al desarrollo progresivo de su interoperabilidad, en particular, mediante la armonización técnica y un sistema armonizado de mando y control” (art. 10.5).
Mantener la suspensión de las Resoluciones 8301/2005 y 8302/2005 del Director de Servicios del Departamento de Transportes y Obras Públicas, por las que se anuncian concursos para la adjudicación de los contratos que tienen por objeto las obras de
construcción de plataforma de la nueva red ferroviaria del País Vasco en el Territorio Histórico de Guipúzcoa; acceso a Irún, Subtramo 2 (Resolución 8301/2005) y Ordizia-Itsaurrondo (Resolución 8302/2005).
Type et numéro d'enregistrement Conflicto positivo de competencia 5151-2005
Fecha de resolución 08/11/2005
Acuerda la suspensión en el conflicto positivo de competencia 5151-2005, promovido por el Gobierno de la Nación sobre resoluciones 8301/05 y 8302/05 en Territorio Histórico de Guipúzcoa.
Suspensión de disposiciones de las Comunidades Autónomas: intereses generales y particulares; mantenimiento de la suspensión; perjuicio irreparable.
Resolución del Director de Servicios del Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco 8301/05, de 2 de marzo de 2005. Concurso para construcción de plataforma de la nueva red ferroviaria del País Vasco: Acceso a Irún, subtramo 2
Resolución del Director de Servicios del Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco 8302/05, de 2 de marzo de 2005. Concurso para construcción de plataforma de la nueva red ferroviaria del País Vasco. Tramo: Ordizia-Itsasondo
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 1692/96/CE, de 23 de julio. Orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte
Artículos 1.1, 2.1, 2.2 h), 4 d), 5 e), 10.5

References: Real Decreto 
 Resolución 
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Resolución 

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