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Timestamp: 2019-12-15 23:54:54+00:00

Document:
Apelacion Especial Augusto | Derecho procesal | Derecho penal
Un modelo de apelación especial que evidencia los desaciertos de una sentencia penal notoriamente injusta. El principal órgano de prueba (testimonial) es completamente impertinente e inidóneo, sin embargo el juez del caso finca su poca capacidad de aplicación de la sana crítica razonada.
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CAUSA PENAL: 09010-2016-00725
TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE
DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.
ESTUARDO AUGUSTO CALDERÓN DE LEON de cuarenta y un años, soltero, guatemalteco,
jornalero, con domicilio en el municipio de Flores Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango.
Respetuosamente comparezco para ejercer mi derecho constitucional de defensa, y congruente
con dicho móvil me permito exponer:
1.- DE LA CALIDAD CON LA QUE ACTÚO
Actúo en mi calidad de ACUSADO dentro del proceso que se identifica en el acápite del presente
2.- RAZÓN DE LA COMPARECENCIA
Comparezco de forma respetuosa con el objeto de interponer RECURSO DE APELACIÓN
ESPECIAL por VICIOS de FONDO Y DE FORMA en contra de la sentencia emitida por el Tribunal
de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Municipio de Coatepeque
constituido en Tribunal Unipersonal de fecha veintisiete de julio de dos mil quince, derivado del
proceso penal instruido en mi contra por el supuesto delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS
DE FUEGO DE USO CIVIL Y/O DEPORTIVA, y para el efecto;
3.- DE LA NOTIFICACIÓN
Fui notificado de la resolución que contiene la sentencia motivo de la presente impugnación el día
DIEZ DE AGOSTO de dos mil quince a las once horas con quince minutos. De acuerdo a la fecha
en que sido notificado y la fecha de presentación del presente escrito me encuentro dentro del
plazo legal para la interposición del presente recurso tal y como lo establece el artículo 418 del
4.- DE LA IMPUGNACIÓN OBJETIVA:
De acuerdo al artículo 415 del Código Procesal Penal, el recurso de apelación especial procede
contra las sentencias emitidas por el Tribunal de Sentencia Penal.
5.- DE LA IMPUGNACIÓN SUBJETIVA:
Interpongo recurso de apelación especial por motivos de fondo en mi calidad de acusado dentro
del presente proceso, circunstancia que me faculta de recurrir como parte procesal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 416 del Código Procesal Penal.
6.- DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA:
Se plantea el presente recurso de apelación especial por motivo de fondo contra la sentencia de
fecha veintisiete de julio del presente año, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal,
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente constituido en Tribunal Unipersonal del Municipio de
Coatepeque en cuya parte resolutiva de la sentencia indica textualmente: " al resolver DECLARA:
I) Que BRANDON ALEX CALDERÓN DE LEÓN es responsable en el grado de autor directo del
delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas cometido en contra de la
sociedad; y por tal infracción a la ley penal se le impone la pena de OCHO AÑOS DE PRISION,
pena que deberá cumplir en el centro penitenciario que designe el juzgado pluripersonal de
ejecución competente, con abono de la prision efectivamente padecida desde su detención. II) en
el ejercicio de sus derechos políticos al penado durante el tiempo que dure la condena; III) Por
imperativo legal se condena al pago de las costas procesales irrogadas en la presente causa;
….VIII) NOTIFÍQUESE. "
FUNDAMENTACIÓN LEGAL DE PROCEDENCIA:
El artículo 415 del Código Procesal Penal, establece que, procede el recurso de apelación especial
contra la sentencia del tribunal de sentencia. Por su parte el artículo 419 que "El recurso especial
de apelación sólo podrá hacerse valer cuando la sentencia contenga cualquiera de los siguientes
vicios. 1) De Fondo: inobservancia, interpretación indebida o errónea aplicación de la ley.
NORMAS QUE SE CONSIDERAN VIOLADAS Y MOTIVAN EL PRESENTE RECURSO:
De acuerdo a la ley procesal penal, en el presente recurso de apelación especial se considera
erróneamente aplicados los artículos 7 y 163 del Decreto 15-2009 del Congreso de la República.
DE LOS ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA QUE CONTIENE LOS AGRAVIOS Y QUE
FORMAN PARTE DEL PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN ESPECIAL
MOTIVO DE FONDO (in iudicando)
Primer Submotivo de fondo:errónea aplicación de los artículos 7 y 123 del Decreto 15-2009 del
Congreso de la República de Guatemala .
1. El artículo 7 del decreto 15-2009 del Congreso de la República , literalmente expone: "Para los
efectos de la presente Ley, se consideran armas de fuego de uso civil los revólveres y pistolas
semiautomáticas, de cualquier calibre, así como las escopetas de bombeo, semiautomáticas, de
retrocarga y avancarga con cañón de hasta veinticuatro (24) pulgadas y rifles de acción mecánica
o semiautomática".
2. De la lectura de la sentencia impugnada puede establecerse que el examen y ponderación de
los diversos medios de prueba no coinciden en crear la RAZÓN SUFICIENTE por parte del
juzgador porque se circunscribe solamente al artículo 123, y al no integrar el artículo 7 con los
elementos esenciales de tipificación, incurre en UNA APLICACIÓN ERRÓNEA. Para establecer
con objetividad la conducta hipotetizada en el artículo 123 del Decreto 15-2009 sobre la portación
de un arma de fuego de uso civil debió subsumir los datos reales proporcionados por la
declaración testimonial, así como por el informe balístico del perito del Instituto Nacional de
Ciencias Forenses (INACIF) en los elementos claves de la tipificación contenidos en el artículo 7
que comprenden con precisión: una pistola, semiautomática, de cualquier calibre, con un
cañón que no supere las 24 pulgadas; esas circunstancias eran absolutamente necesarias para
encuadrar la acción en lo que regulado por el artículo 123 de la ley ya citada. Es verdad que el
informe del perito en balística se refiere a una pistola, pero en sus conclusiones nunca mencionó
que se tratase de un ARMA AUTOMÁTICA. Por otra parte el artículo 7 de la ley en mención es
clara en prescribir que el calibre de las armas de fuego se describe EN PULGADAS (traducción al
español del inglés “inch” como standar internacional) y no en milímetros como lo hace el informe.
Los testigos inidóneos desde todo punto de vista por ser trabajadores del Estado en activo e
integrantes de la Policía Nacional Civil, expusieron que “desconocían” el calibre del arma
supuestamente confiscada. El informe del perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en
sus conclusiones no identifica el arma analizada cuál es el calibre en pulgadas como lo exige la
ley. El Ministerio Público en su tesis acusatoria expuso que desconocían el calibre tanto del arma
encontrada como del total de las municiones y cargador encontrados. Y cuando el Ministerio
Públicó incorporó la prueba material en el debate solamente lo hace del arma y de las
municiones, no así el cargador porque no fue ofrecido como parte de la prueba. En consecuencia
en el debate nunca se probó que hubiese existido un cargador en el que supuestamente
encontraron catorce cartuchos útiles “de calibre ignorado”. La valoración que hace el Juzgador de
todos esos medios de prueba no se ajusta a lo estipulado por los artículos 7 y 123 de la Ley de
3. El Juzgador aplica erróneamente el artículo 123 del Decreto 95-2009 porque su ponderación
valorativa de los medios de prueba incorporados en forma incompleta por el Ministerio Público en
el debate se concentró exclusivamente en la hipótesis de la carencia de licencia de portación. Sin
embargo el artículo 123 ya relacionado también contempla otra posibilidad: la de estar autorizado
legalmente. El artículo 123 relata: “Comete el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso
civil y/o deportivas, quien sin licencia de la DIGECAM o sin estar autorizado legalmente porte
armas de fuego de las clasificadas en esta Ley como de uso civil, deportivas o de ambas clases”
(el resaltado es del argumento). El Ministerio Público no incorporó un solo medio de prueba que
descartara la otra posibilidad fáctica. De esa cuenta la tesis acusatoria era totalmente defectuosa y
al no haber planteado con pruebas la exclusión de la otra posibilidad generó una duda
sólidamente razonable a favor del acusado. La comprobación de la misma consecuentemente
era materialmente improcedente.
DEL AGRAVIO COMETIDO: Indubitablemente que la aplicación errónea del artículo 123 en
integración con el artículo 7 del Decreto 15-2009 del Congreso de la República provoca la violación
del principio constitucional de TUTELA JUDICIAL consagrados en los artículos 12 y 14 y
reconfirmado por el artículo 11 bis del Código Procesal Penal cuando el Juzgador en la sentencia
dictada se limitó a una simple relación de los documentos del proceso así como de la declaración
de los testigos inidóneos y con la simple relación sucinta de los requerimientos de las partes, tal el
caso del Ministerio Público que solamente incorporó una parte de la prueba consistente en un
arma y sus municiones omitiendo la incorporación del cargador, incurriendo en una debilitada
fundamentación que vulnera el derecho constitucional de defensa y agravia la inmarcesibilidad del
DE LA SENTENCIA QUE DEBIÓ DICTARSE: En el debate oral no se alcanzó la categoría de
razón suficiente en los medios de prueba que debían estar en relación directamente coherente
con la tesis acusatoria que fue sustancialmente defectuosa (se acusa de portación ilegal de un
arma de fuego de calibre ignorado con su cargador y veinticuatro municiones de calibre ignorado).
La tesis acusatoria debió ser específica y científicamente planteada: “un arma de fuego tipo
pistola, semiautomática, calibre punto 21 pulgadas, con un cargador Luger conteniendo
catorce municiones de calibre punto 21 pulgadas” para subsumir la conducta del acusado en
lo regulado en forma integrada por los artículos 123 y 9 de la Ley de Armas y Municiones.
Segundo Submotivo de fondo: Inobservancia de la aplicación del Artículo123 del Decreto 15-
2009 del Congreso de la República de Guatemala en la posibilidad de autorización legal para el
porte de armas de fuego de uso civil y/o deportiva y del artículo 10 del Código Penal sobre la
contundencia de la causalidad.
En ese orden de ideas, el juzgador también incurre en una inaplicación del artículo 123 de la Ley
de Armas y Municiones al sesgar su valoración probatoria en una sola posibilidad y no
pronunciarse con argumentación sólida acerca de las razones que descartan la otra posibilidad
contenida en el tipo penal: estar autorizado legalmente para el porte. El artículo 123 del corpus
legal citado deberá ser interpretado también a la luz de los artículo 32, 33, 34 y 35 del Acuerdo
Gubernativo 85-2011 que contiene el Reglamento de la Ley en el cual las personas no están
obligadas a respaldar la portación de armas con una Licencia de Portación. Era un imperativo
legal categórico por parte del Ministerio Público demostrar en el debate establecer o descartar que
la persona acusada también se identificaba con los nombres de Estuardo Augusto Calderón de
León, a nombre de quien se incorporó mediante lectura la constancia de carencia de antecedentes
penales y no como reza la sentencia que a nombre del sindicado, y el nombre de Estuardo
Agusto Calderón de León, y que ninguna persona con esos nombres se encontraba con
autorización legal para la portación de armas. Por mandato constitucional y por indiscutible
mandato de su ley orgánica el Ministerio Público debió evidenciar que el acusado tiene otros
nombres legalmente reconocidos en el Registro Nacional de las Personas de la República de
Guatemala, y que tampoco se encuentra autorización alguna para la portación de armas o licencia
de portación de armas con alguno de esos nombres. Ese hecho no fue descartado por ningún
órgano documental de prueba y, consecuentemente, también fortalece con más peso la duda
razonable a favor del acusado. El Juzgador omite hacer valer la tutela judicial constitucional
cuando no aplica su razonamiento jurídico a la otra alternativa tipificada en el artículo 123 y
respaldada por los artículos 32, 33, 34 y 35 del Reglamento de la ley que se relaciona con LA
AUTORIZACION LEGAL DE PORTACION DE ARMA DE FUEGO CIVIL Y/O DEFENSIVA.
En la sentencia analizada puede constatarse la inaplicabilidad del artículo 10 del Código Penal al
realizar la subsumisión en el tipo penal regulado por el artículo 123 de la Ley de Armas y
Según Alberto Donna, "la cuestión de la causalidad sólo puede plantearse una vez que se haya
determinado que la actuación de voluntad del autor se ha mantenido dentro del marco descrito por
el tipo respectivo. Si ello no es así, la acción será penalmente irrelevante aun cuando constituya la
causa del resultado". Dentro del tipo penal regulado por el artículo 123 se encuentran dos
relaciones de causalidad integradas en el mismo compendio normativo. El primero se refiere a la
Licencia de Portación y el segundo a la Autorización Legal. La causalidad invocada por la tesis
acusatoria solamente incluye la primera y no se refiere en absoluto a la segunda, convirtiendo
dicha tesis acusatoria en inexacta e inviable en su comprobación. La manifestación del animus
necandi en la voluntad del autor, punto de gran importancia,ya que no cualquier curso causal
puede tener relevancia a los efectos penales, sino sólo aquel que aparece creado por la voluntad
humana. En ese caso, solo el curso causal que se pueda imputar a título de dolo o de culpa será
relevante para los efectos penales y la imputación debió ser completa NO PORTABA NI LICENCIA
NI AUTORIZACIÓN LEGAL. La sentencia ignora este aspecto y viola el artículo 11 bis del Código
Procesal Penal, cometiendo el agravio de violación de la tutela judicial y de la fundamentación
DEL AGRAVIO COMETIDO: Al omitir la aplicación del artículo 123 en relación a las dos
causalidades que integran el tipo penal a la tesis acusatoria se viola el DEBIDO PROCESO
regulado por el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 2
del Código Procesal Penal, así como se viola el principio de Tutela Judicial garantizado tanto por la
normativa constitucional guatemalteca como por el Pacto de San José en su artículo 12.
Tercer submotivo de fondo: Inobservancia del artículo 5 del Código Procesal Penal en cuanto al
objetivo de conocer la verdad.
En la Sentencia, el juzgador aprecia acríticamente las declaraciones testimoniales de los tres
agentes policiales, uno de ellos sí coincidió con la declaración del acusado en la existencia de una
bolsa negra dentro de la cual se encontraba el arma, su cargador y las municiones. Otro afirmó
que el conteo de las municiones se hizo dentro del negocio lo que hace coincidir con la tesis de
defensa que la aprehensión se realizó adentro del negocio. Independientemente de lo que la
misma hubiese contenido se generó un dato nuevo que generó una duda razonable que debió ser
apreciada por el juzgador. La garantía constitucional de inocencia cobró relevancia con la
declaración del testigo Oscar Zacarías Agustín quien fue el encargado de registrar al acusado y
supuestamente despojarle del arma, y el señor Juez omitió valorar dicho dato tan esencial en el
caso puesto que el mismo testigo declaró que tanto el arma fue revisada, como el cargador fue
vaciado de municiones por el Subinspector a cargo del operativo y eso lo hicieron en la
subestación policial del Municipio de Flores, declaración que contradijo su inicial exposición
cuando afirmó que fue él quien constató en el momento la existencia del arma, el cargador con
municiones y el resto de municiones e inmediatamente le solicita la licencia de portación al
sospechoso. La declaración del acusado que él se encontraba dentro del negocio en donde fue
aprehendido también fue reforzada por la declaración testimonial del agente policial Elias Roberto
Rodriguez Vasquez cuando al preguntársele en dónde habían hecho la identificación del arma y el
conteo de las municiones expuso que lo hicieron “adentro” por el señor Subinspector y por el
contexto se pudo entender que fue adentro del negocio en donde se encontraba el aprehendido.
También quedó en claro su contradicción con lo expuesto por el primer testigo. Con la declaración
del tercer testigo se confirman las contradicciones porque él sostuvo que el examen del arma, la
extracción de las municiones del cargador y el conteo de las municiones se hizo en la sede policial
del municipio de Flores. Esos datos expuestos por los testigos no fueron tomados en
consideración por el juzgador, declaraciones contradictorias que generaron sólidas dudas a favor
del imputado y que en forma sesgada omite aplicar en la sentencia violando así el principio de la
tutela judicial regulado en el artículo 5 de la norma adjetiva penal guatemalteca.
AGRAVIO OCASIONADO: La sentencia otorga valor probatorio total a las declaraciones de los
testigos obviando supeditarse al artículo 5 del Código Procesal Penal que impone la averiguación
objetiva y se viola el principio de TUTELA JUDICIAL EFECTIVA por parte del juzgador al no tomar
en cuenta las contradicciones incurridas por los testigos en relación a la identificación del
sindicado, la manipulación de la prueba material.
Es por lo anterior que la Sala de Apelaciones, podrá apreciar que existen los elementos para
acoger el recurso de apelación debido a los submotivos de fondo por la aplicación errónea de
los artículos 123 con integración del artículo 7 de la Ley de Armas y Municiones, así como la
inobservancia del artículo 123 de la Ley de armas y municiones al ignorar la causal alterna de
la autorización legal, dado que, el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y o
deportiva, necesariamente es un delito doloso en el que es imperativa la voluntad del acusado
para ejecutar las acciones previstas como delitos (la no portación de licencia o la no
autorización legal para la portación), no obstante en este caso, en el acusado no ha pretendido
la realización del tipo objetivo y tampoco el Ministerio Público no demostró la existencia de esa
voluntad o consentimiento doloso, el tribunal de sentencia da por hecho de que el acusado
conocía los elementos integrantes del tipo de injusto, es decir que se ha dado el elemento
cognoscitivo, no obstante el acusado manifestó que trabajaba como seguridad personal privada
de un empresario y miembro de los oficiales del Ejército de Guatemala, el obligado a la carga
probatoria era el Ministerio Público. La falta de incorporación del cargador del arma de fuego,
así como la falta de objetividad cientifica del Informe del Perito en Balística, y, el
desconocimiento sobre las condiciones objetivas para la aprehensión del sindicado sientan la
base suficiente de dubitabilidad, razón por la cual la sentencia debió ser totalmente
ABSOLUTORIA y no condenatoria.
Que la honorable Sala de la Corte de Apelaciones acoja el recurso de apelación especial
planteado en contra de la sentencia recurrida y resuelva que el Tribunal de Sentencia incurrió
en una errónea aplicación de los artículos 7, 123, de la Ley de Armas y Municiones, así como
el artículo 10 del Código Penal, y los artículos 32, 33, 34,35 del Reglamento de la Ley de Armas
y Municiones, determinando que este vicio ha tenido influencia decisiva en la parte resolutiva
de la sentencia y en consecuencia se anule la sentencia de mérito, absolviendo del delito de
PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL Y/O DEPORTIVA y,
consecuentemente, dictándose su inmediata libertad.
II.- MOTIVO ABSOLUTO DE LA ANULACION FORMAL:
•Primer submotivo absoluto de anulación formal: El artículo 420 regula que los Motivos
Absolutos de la Anulación Formal cuando se invoque la inobservancia sobre de las
disposiciones concernientes a Vicios de la sentencia. En el presente caso se generó un vicio en
la sentencia por inaplicabilidad del artículo 377 del Código Procesal Penal.
• El artículo 377 del Código Procesal Penal establece que “antes de declarar, los testigos no
podrán comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni ver, oir, o ser informados de lo que
ocurra en el debate...” Es el caso que en un anexo a las salas del Tribunal de Sentencia Penal
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Municipio de Coatepeque se encuentra
habilitado un cuarto en donde se lee TESTIGOS DEL MINISTERIO PUBLICO y el día del
debate, veintisiete de septiembre del presente año, los testigos del Ministerio Público
permanecían juntos conversando alegremente, incluso el Fiscal del Ministerio Público asignado
para el debate ingresó para conversar con ellos. También el artículo 377 establece el derecho
de careo entre testigos o entre el testigo y el acusado o reconstrucciones. Cuando se finalizó la
declaración testimonial de los testigos inidóneos del Ministerio Público se solicitó el careo
establecido en ley y el señor Juez abrió en incidente la petición dándole audiencia al Ministerio
Público sobre este asunto violentando el procedimiento procesal del debate puesto que en
ningún artículo procesal penal se norma que ante la petición de ejercer un derecho se deba
sustanciar dándole audiencia al delegado del Ministerio Público, quien se opuso y el juzgador
declaró sin lugar la petición planteada. Se interpuso el recurso de reposición que también fue
denegado y se dejó constancia de la formal protesta del abogado defensor a favor del acusado.
AGRAVIO OCASIONADO: Al cometerse el vicio ya referido, esto es la inaplicabilidad del artículo
377 del Código Procesal Penal permitiendo que los testigos del Ministerio Público permanecieran
juntos antes del debate comunicándose entre ellos, así como impedir el derecho al careo entre el
acusado y los testigos se violentó el debido proceso y se vulneró el derecho de defensa regulado
por los artículos 2 y 4 del Código Procesal Penal.. La inobservancia del artículo 377 del Código
Procesal Penal en cuanto garantía establecida en favor del imputado se hizo valer en la
declaración de la sentencia condenatoria incurriéndose así en el vicio ya expuesto.
Segundo submotivo absoluto de anulación formal: Inaplicabilidad en la sentencia del artículo 4
del Código Procesal Penal en relación al incumplimiento de la observancia estricta de las garantías
previstas en el artículo 8 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Cuando los tres testigos del Ministerio Público declararon acerca del procedimiento seguido para la
aprehensión del acusado hubo bastante coincidencia en describir paso a paso lo que hicieron
desde el momento en que fueron asignados para la verificación de la denuncia. Al preguntárseles
si conocían cuál era el procedimiento legal que debía seguirse en los casos de aprehensión de
personas que portan armas de fuego manifestaron que desconocían tal procedimiento. Ninguno de
ellos reconoció que al momento de la aprehensión hicieron saber al acusado cuáles eran sus
derechos constitucionales quedando demostrado fehacientemente que hubo violación del artículo
8 de la Constitución de la República de Guatemala y el artículo 4 del Código Procesal Penal que
categóricamente expone que todo procedimiento deberá llevarse conforme a las disposiciones del
Código Penal y de las NORMAS CONSTITUCIONALES, observando estrictamente las garantías
previstas para las personas y de las facultades y derechos del acusado.
AGRAVIO OCASIONADO: El vicio de la sentencia al no aplicar el artículo 4 del Código Procesal
Penal al constatarse en el debate que los agentes policiales aprehensores no hicieron saber al
detenido sus derechos constitucionales constituye una violación a las garantías constitucionales
del derecho de defensa, así como a las facultades y derechos del acusado desde el inicio del
procedimiento incoado en su contra. También se ocasionó un agravio al principio constitucional de
TUTELA JUDICIAL que por imperativo legal deberán aplicar los juzgadores al dictar sentencia. Se
dictó una sentencia NOTORIAMENTE INJUSTA al inobservarse garantías constitucionales desde
el principio del proceso y sobre las cuales el órgano jurisdiccional no se pronunció.
Tercer submotivo de forma: De conformidad con el artículo 394 del Código Procesal Penal
constituye un defecto de la sentencia que habilita la apelación especial cuando el acusado no fue
suficientemente individualizado tal como lo establece el artículo 332 bis del mismo cuerpo legal ya
En el presente caso el acusado compareció en el debate con el nombre de Estuardo Augusto
Calderón de León identificándose con una hoja expedida por el Registro Nacional de las
Personas, y en ningún momento la sentencia se refiere a los nombres que constan en el Registro
Nacional de las Personas en el asiento de su partida de nacimiento. El agravio ocasionado es que
la sentencia se dicta en contra de Brandon Alex Calderón de León, nombre que el acusado ya
no usa en sus actividades diarias, ni en su pasaporte, ni en su Documento de Identificación
Personal. El Ministerio Público no alcanzó a acreditar fehacientemente que todos los nombres
refrendados en el registro civil pertenecen a una misma persona. Este defecto constituye un vicio
en la sentencia porque el nombre correcto del acusado es Estuardo Augusto Calderón de León
y no como aparece en la Sentencia.
Cuarto submotivo absoluto de anulación formal: No se pronuncia la sentencia sobre el
documento que contiene la cadena de custodia. El artículo 388 no fue aplicado correctamente
porque en la sentencia no se valora el documento que contiene la cadena de custodia y que fue
incorporado por el Ministerio Público al momento de la incorporación de la prueba material.
El vicio de no pronunciarse en sentencia sobre el documento referido constituye un vicio de
anulación formal porque en ese documento se evidenció que el inicio de la cadena de custodia no
estuvo bajo el dominio del Ministerio Público y que los indicios materiales (arma, cargador y
municiones) fueron manipulados ilegalmente por los agentes policiales. Al final de la cadena de
custodia se sostiene la continuidad de tres objetos del delito: un arma, un cargador y 24
municiones. Sin embargo el Ministerio Público rompe la cadena de custodia al incorporar
solamente un arma y las municiones excluyendo de la incorporación el cargador. Este dato no
permite que haya acreditación entre el hecho imputado y sus circunstancias y las pruebas
producidas en el debate. Se dicta una sentencia acreditando otros hechos (un arma y sus
municiones) y otras circunstancias. También la acusación planteó desde un inicio que el arma
despojada al sospechoso, sus municiones y cargador SON DE CALIBRE DESCONOCIDOS. En
ese sentido la tesis nunca fue corregida para acusar en el debate al sindicado de haberle
encontrado un arma tipo pistola, semiautomática, calibre punto veintiuno pulgadas, con un
cargador que contenía catorce cartuchos y diez cartuchos útiles en su bolsa del pantalón. Estos
datos no aparecen en la acusación inicial y la sentencia tampoco los expone con precisión. Todo
esto está contenido en la cadena de custodia cuya valoración no fue incluida en la sentencia de
AGRAVIO CAUSADO: Se violentó el artículo 388 del Código Procesal Penal, al acreditar hechos
que no constaban con precisión descritos en la acusación del Ministerio Público, negándose
totalmente la TUTELA JUDICIAL IMPERATIVA contenida en el artículo 5 del Código Procesal
Que la honorable Sala de la Corte de Apelaciones acoja el recurso de apelación especial por
vicios de forma planteado en contra de la sentencia recurrida y resuelva que el Tribunal de
Sentencia incurrió en la no aplicación de los artículos 5, 332 bis , 388 y 394 del Código Procesal
Penal determinando que estos vicios han tenido influencia decisiva en la parte resolutiva de la
sentencia y en consecuencia se decrete su anulación ordenando el reenvío y dictar la sentencia
absolutoria correspondiente, ya que si el tribunal de sentencia hubiese aplicado correctamente los
artículos referidos hubiese resuelto ABSOLVER al acusado del delito imputado.
El artículo 416 del Código Procesal Penal en su parte conducente indica: "El recurso de apelación
especial podrá ser interpuesto por el Ministerio Público, el querellante por adhesión, el acusado o
su defensor. También podrá interponerlo, en la parte que les corresponde, le actor civil y el
responsable civilmente", por su parte el artículo 418 del mismo cuerpo legal establece que: "El
recurso de apelación especial será interpuesto por escrito, con expresión de fundamento, dentro
del plazo de diez días ante el tribunal que dictó la resolución recurrida. El recurrente deberá indicar
separadamente cada motivo y con posterioridad al vencimiento del plazo del recurso no podría
invocar otros distintos y citara concretamente los preceptos legales que considere erróneamente
aplicados o inobservados y expresará, concretamente, cual es la aplicación que pretende".
•I. PETICIONES:
•1. Que se tenga por interpuesto el presente RECURSO DE APELACIÓN ESPECIAL POR
MOTIVO DE FONDO Y DE FORMA, contra la sentencia de fecha veintisiete de julio de dos mil
dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el
Ambiente constituido en Tribunal Unipersonal de Coatepeque, con los submotivos de fondo y
de forma ampliamente expuestos.
•2. Que se tome nota que en este acto de impugnación actuaré bajo la dirección y procuración
del profesional de derecho propuesto solicitando se tenga como lugar para recibir notificaciones
el indicado en el apartado respectivo.
•3. Previa notificación a las partes, se remita de oficio las actuaciones al tribunal competente
que deba conocer este recurso de apelación especial.
•4. Que se declare la admisibilidad del presente recurso de apelación especial y se señale día y
hora para la audiencia para el debate, con citación de las partes.
Que al resolver la Honorable Sala de la Corte de Apelaciones, declare acoger el presente recurso
de apelación especial interpuesto, anule la parte declarativa de la sentencia recurrida y declare: la
absolución del acusado ESTUARDO AUGUSTO CALDERÓN DE LEON por el delito imputado.
Fundo mi petición en los artículos de las leyes citadas y además en los siguientes: 12, 17 y 29 de
la Constitución Política de la República de Guatemala; 7, 8 y 9 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; 4, 5, 48, 49, 71, 92, 93, 94, 100, 151, 152, 160, 162, 163, 416, 417,
419, 421, 423, 424, 425, 426, 427 y 428 del Código Procesal Penal; 16, 86, 87, 88, 154, 196, 197,
198 y 200 de la Ley del Organismo Judicial.
Coatepeque, 14 de agosto de dos mil dieciocho
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 artículo 415
 artículo 416
 RESOLUCIÓN 
 artículo 415
 artículo 419
 artículo 7
 artículo 123
 artículo 7
 artículo 123
 artículo 7
 artículo 123
 artículo 7
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 7
 artículo 11
 Artículo123
 artículo 10
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 32
 artículo 123
 artículo 10
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 11
 artículo 123
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 123
 artículo 10
 artículo 420
 artículo 377
 artículo 377
 artículo 377
 artículo
377
 artículo 377
 artículo 4
 artículo 8
 artículo
8
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 394
 artículo 332
 artículo 388
 artículo 388
 artículo 5
 artículo 416
 artículo 418
 resolución