Source: https://www.acosolaboral.cl/2019/10/Tribunal-acoge-tutela-laboral-acoso-laboral-t-27-2019.html
Timestamp: 2020-01-25 21:04:09+00:00

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Jurisprudencia: Juzgado acoge tutela por acoso laboral | Acoso Laboral
Inicio acoso laboral jurisprudencia
Administrador octubre 25, 2019 Etiquetas: acoso laboral jurisprudencia
Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo acoge denuncia de tutela laboral de derechos fundamentales por hostigamiento y malos tratos sufridos por trabajadora.
Materias: Art. 19 Nº 1 CPR. Derecho a la vida y la integridad; Acoso Laboral; Prestaciones; Despido Injustificado.
Procedimiento: Tutela Laboral por Vulneración de Derechos Fundamentales.
Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo
Rol: T-27-2019
Demandante: Dominique Andrea González González
Denunciado: Servicios Metálicos Dinámicos SpA
Estado de Causa: Terminada (Cúmplase)
Corte de Apelaciones: San Miguel
Rol: 546-2019 (Laboral-Cobranza)
Sentencia de Corte: Declara inadmisible el recurso
San Bernardo, diez de septiembre de dos mil diecinueve.
VISTOS Y OÍDOS Y CONSIDERANDO:
I.- Antecedentes del Juicio.
1°. Individualización de las partes.
DOMINIQUE ANDREA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, contadora general, domiciliada en Cerro Challay N°699, Villa Jardines de las Américas, comuna de Paine, interpuso una denuncia en procedimiento laboral de tutela de derechos fundamentales contra SERVICIOS METÁLICOS DINÁMICOS S.P.A., del giro de su denominación, RUT N°76.933.716-4, representada legalmente por VERÓNICA MABEL DÍAZ MONSALVES, desconoce profesión u oficio, ambos con domicilio en Avenida Calera de Tango, Parcela 9, comuna de Calera de Tango.
DOMINIQUE ANDREA GONZÁLEZ GONZÁLEZ será llamada en esta sentencia la denunciante, la demandante, la parte demandante, la actora o la trabajadora.
SERVICIOS METÁLICOS DINÁMICOS S.P.A. será llamada la denunciada, la demandada, la parte demandada, la empresa o la empleadora.
2°. Síntesis de la denuncia de vulneración de derechos fundamentales y de la demanda subsidiaria por despido injustificado .
La actora funda la denuncia en que trabajó para la empresa desde el 01 de octubre de 2018, con jornada de 45 horas distribuidas de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h. y horario de colación de 13:00 a 14:00 hrs.
Su remuneración era de $759.000 (setecientos cincuenta y nueve mil pesos), compuesta por sueldo de $495.000 (cuatrocientos noventa y cinco mil pesos), gratificación garantizada del artículo 50 del Código del Trabajo por $114.000 (ciento catorce mil) y asignación de movilización y colación, cada una por $75.000 (setenta y cinco mil pesos).
Su contrato de trabajo era a plazo hasta el 31 de diciembre de 2018, pero la demandada lo alteró unilateralmente, cambiando la segunda hoja del documento por una nueva que indicaba como fecha de cese el 30 de noviembre de 2018.
Fue contratada como "Encargada de Administración”, con responsabilidad en las áreas de contabilidad, finanzas y recursos humanos. Se desempeñaba en las dependencias de la empresa.
Fue despedida el 30 de noviembre de 2018. A esa fecha se le adeudaban la remuneración de noviembre, el feriado proporcional y lucro cesante por término anticipado del contrato.
Que su jornada era sin sujeción a limitación, conforme al artículo 22 inciso segundo del Código del Trabajo.
Sobre la vulneración de derechos fundamentales:
El 27 de septiembre de 2018 fue a una entrevista con SERGIO DÍAZ SILVA, gerente de la empresa y cónyuge de la representante legal. Fue aceptada y acordaron iniciar la relación laboral el 01 de octubre de 2018. Le presentaron a CATHERINE CAMPOS ACEVEDO, quien sería su asistente y había ingresado en agosto a la empresa.
No se le dio copia del contrato de trabajo ni recibió liquidación de remuneraciones.
El 03 de octubre de 2018, junto a otros compañeros de trabajo, fue testigo de cómo el gerente SERGIO DÍAZ SILVA increpaba con insultos al vendedor MARIO RIQUELME, que llevaba cuatro meses en la empresa, gritándole “weón”, "incompetente” y "acaso te tengo que hacer la pega” por no haber confeccionado unos presupuestos. A la demandante le constaba que MARIO RIQUELME había cumplido su labor e intentó explicárselo al gerente, quien le respondió a gritos “Tú no se meta” [sic].
Después supo que esos incidentes eran frecuentes por el carácter del gerente SERGIO DÍAZ SILVA, que solía reprender a los trabajadores de esa forma.
Al día siguiente, 04 de octubre de 2018, la demandante pidió al gerente SERGIO DÍAZ SILVA que le entregara los movimientos bancarios de respaldo de pagos a proveedores, porque él era el único con acceso a esa información. En presencia de otros trabajadores, ofuscado le respondió a gritos y voh para que me interrumpes, yo veré cuando te las paso, o acaso no eres contadora de verdad” [sic]. La demandante le pidió que no le increpara y le pasara la información para poder hacer su trabajo, resultando en mayor molestia de SERGIO DÍAZ SILVA quien se retiró de la oficina gritando “si no te gusta te vas”.
La demandante relata que desde entonces, a diario SERGIO DÍAZ SILVA respondía a gritos sus requerimientos de información necesaria para el desarrollo de su trabajo, y la insultaba diciéndole “floja”, “inservible”, “tontita”, “sacadora de vuelta” y otros, en presencia de otros trabajadores, generando un temor constante hacia él, perjudicando el desempeño de sus funciones. Agrega que sentía el mismo miedo cuando él vociferaba contra sus compañeros.
A fines de octubre de 2018, luego que la actora le representara irregularidades en el cumplimiento de obligaciones laborales, SERGIO DÍAZ SILVA le contestó a gritos, insultándola: “Puta la wea, aquí las cosas se hacen como yo digo, qué sabes tú de como tengo que llevar las cosas esta es mi empresa y aquí mando yo, así que voh hace lo que yo te diga, enfermita” [sic].
El 06 de noviembre de 2018 en la mañana, después que el gerente SERGIO DÍAZ SILVA ya había tenido varios desbordes de rabia, la representante legal VERÓNICA MABEL DÍAZ MONSALVES - cónyuge del gerente - informó a este que la cuenta del Banco Itaú estaba sobregirada. SERGIO DÍAZ SILVA reaccionó a gritos contra la demandante, quien intentó explicar que ella no manejaba la cuenta porque él, por desconfianza, nunca le entregó las claves y, por tanto, él era el único que las manejaba. Señala que esta situación “detonó toda su furia” y a gritos le espetó “retírate mejor, andai con la regla”.
La demandante relata que, llorando, tomó sus cosas para irse. Antes de retirarse, el gerente SERGIO DÍAZ SILVA le pidió que devolviera $29.000 (veintinueve mil pesos) de caja chica que se depositaban a la cuenta de la actora. Ella contó el efectivo del saldo y rindió la cuenta inmediatamente, pero el gerente le gritó “devuélveme mi plata”. La demandante respondió que no se ensuciaría las manos con dinero ajeno y se retiró a su domicilio.
Tuvo vómitos y mareos, por lo que acudió a atención de salud. Fue atendida por el médico Pablo Córdova, quien le diagnosticó "Trastorno de Ansiedad Generalizado”, prescribió tratamiento farmacológico y le otorgó una primera licencia médica desde el mismo día 06 hasta el 20 de noviembre de 2018, y después una segunda licencia desde el 21 de noviembre hasta el 02 de diciembre de 2018, ambas aprobadas y pagadas por Isapre Consalud, previo peritaje médico.
El 27 de noviembre de 2018 recibió en su domicilio una carta de aviso de término de contrato de trabajo, la que informaba el cese desde el 30 de noviembre de 2018 por causal de vencimiento del plazo. De inmediato llamó a la empresa porque el plazo de su contrato de trabajo era hasta el 31 de diciembre de 2018 y no el 30 de noviembre, al igual que el de su asistente CATHERINE CAMPOS. La propia CATHERINE CAMPOS le informó que la representante legal VERÓNICA DÍAZ MONSALVES había cambiado la segunda hoja del contrato de trabajo de la actora, para alterar la fecha de término desde la original 31 de diciembre al 30 de noviembre de 2018.
El 29 de noviembre de 2018 presentó el reclamó N°1313/2018/4238 ante la Inspección del Trabajo de San Bernardo, que terminó sin acuerdo en el comparendo de fecha 27 de diciembre del mismo año.
Acusa infracción a la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, especialmente la integridad psíquica por hostigamiento, malos tratos y acoso laboral.
Cita doctrina jurídica y literatura científica psicosocial sobre el acoso laboral o mobbing.
Cita el artículo 5 del Código del Trabajo en cuanto dispone "El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos”.
Menciona los siguientes hechos como indicios de vulneración a la integridad psíquica y de presencia de acoso laboral en su contra:
1. Hechos del 03 de octubre de 2018: gritos del gerente SERGIO DÍAZ SILVA contra la demandante, cuando ella intentó explicar la situación de un vendedor de la empresa.
2. Hechos del 04 de octubre de 2018: trabajadora pide las claves al gerente y este responde con gritos, insultos e indicación que se podía ir.
3. Desde el 05 de octubre de 2018 en adelante: insultos constantes a diario del gerente contra la demandante.
4. Fines de octubre de 2018: gerente SERGIO DÍAZ SILVA insulta y grita a la trabajadora luego que ella le hiciera ver incumplimientos laborales de la empresa.
5. Hechos del 06 de noviembre de 2018: insultos, gritos, denostaciones y petición destemplada de devolución de dinero de caja chica, tras información del sobregiro de una cuenta del Banco Itaú.
6. Reacción y repercusión en la salud física y mental de la actora.
7. 07 de noviembre de 2018: constancia ante Inspección del Trabajo.
8. 27 de noviembre de 2018: recepción de carta de despido.
9. 27 de noviembre de 2018: demandante se entera que el documento de su contrato de trabajo fue alterado por la representante legal para cambiar la fecha de vencimiento del plazo.
Alega que se le debe la remuneración de noviembre de 2018, y lucro cesante por la remuneración de diciembre de 2018 en razón del incumplimiento culposo por parte del empleador del plazo convenido en el contrato de trabajo.
Pide que se acoja la denuncia, se declare que su despido se produjo con vulneración de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, a causa de acoso laboral, y se condene a su ex empleadora al pago de las siguientes prestaciones:
1. Indemnización especial del procedimiento de tutela del artículo 489 del Código del Trabajo, en el máximo de 11 remuneraciones: $8.349.000 (ocho millones trescientos cuarenta y nueve mil pesos).
2. Indemnización sustitutiva de aviso previo: $759.000.- (setecientos cincuenta y nueve mil pesos).
3. Remuneración de noviembre de 2018: $759.000.- (setecientos cincuenta y nueve mil pesos).-
4. Lucro cesante remuneración de diciembre de 2018: $759.000.- (setecientos cincuenta y nueve mil pesos).
5. Feriado proporcional: $90.504 (noventa mil quinientos cuatro pesos).
6. Reajustes, intereses y costas.
En subsidio interpone demanda por despido injustificado, basada en los mismos hechos, alegando haber sido sujeto pasivo de un despido injustificado, y pidiendo las mismas prestaciones. salvo la indemnización especial del procedimiento de tutela de derechos fundamentales.
3°. Síntesis de la contestación de la demanda.
Reconoce la fecha de inicio de la relación laboral y función contratada de "encargada de administración”.
Señala una jornada de 45 horas.
Controvierte el plazo de duración del contrato de trabajo. Alega que en realidad se pactó un plazo de 60 días hasta el 30 de noviembre de 2018. uso habitual para evaluar a trabajadores nuevos.
Por lo expuesto. alega que no procede la petición de pago de la remuneración de diciembre de 2018 por concepto de lucro cesante.
La remuneración se componía de sueldo base de $495.000, gratificación legal del artículo 50 del Código del Trabajo por $114.000, más colación y movilización por $75.000 cada una.
Niega cualquier deuda de remuneraciones y feriado proporcional, el cual fue pagado ante la Inspección del Trabajo.
Niega que hubiese adulterado una página del contrato de trabajo.
Niega que haya vulnerado los derechos fundamentales de la demandante.
Niega el relato de hechos contenidos en la denuncia.
Afirma que el trato dado a los trabajadores es "totalmente normal y ajustado a las normas básicas y de respeto que debe existir entre las personas y en especial en una organización empresarial”. Niega que haya habido acoso laboral.
Explica que las causas de no renovar el contrato de trabajo de la actora fueron su bajo rendimiento y la precariedad de sus conocimientos.
Cuestiona el certificado médico acompañado como antecedente a la denuncia porque el timbre es ilegible, el presunto médico Pablo Córdova no tiene especialización conocida en psiquiatría o neurología, no se explica la causa de la "ansiedad generalizada”, y se habría evaluado a la demandante el 06 de noviembre de 2019 para recién emitir el certificado el día 19 del mismo mes y año.
Pide que se rechace la denuncia de tutela de derechos fundamentales, con costas.
En cuanto a la demanda subsidiaria de despido injustificado, pide que se rechace porque la terminación de relación laboral se ajustó derecho pues se motivó en la causal de vencimiento del plazo del contrato de trabajo. Además se cumplió con la formalidad de informar el cese mediante carta certificada enviada al domicilio de la trabajadora indicado en el contrato de trabajo, y se dio aviso a la Inspección del Trabajo. Reitera la improcedencia del pago de lucro cesante, del pago de remuneraciones de noviembre y feriado.
4°. Audiencia preparatoria. Llamado a conciliación.
En la audiencia preparatoria, se llamó a las partes a conciliación, en cuyo marco el tribunal propuso como base el pago de $3.036.000. La parte demandante aceptó, pero la demandada no.
Se declaró frustrada la conciliación.
5°. Audiencia preparatoria. Recepción de la causa a prueba.
Una vez frustrado el llamado a conciliación, se debe recibir la causa a prueba, estableciendo cuáles son hechos pacíficos, no controvertidos o fuera de discusión, y cuáles son los hechos a probar o controvertidos, sobre los que las partes deberán rendir prueba que demuestre sus afirmaciones.
Se fijaron los siguientes hechos no controvertidos:
1. Existencia de relación laboral entre las partes desde el 01.10.2018 hasta el 30.11.2018.
2. Que el contrato de trabajo era a plazo.
3. Que la demandante fue contratada como encargada de administración.
4. Que la jornada era de 45 horas.
5. Que la remuneración era de $759.000.
6. Que la relación laboral terminó por despido, para el cual el empleador invocó el término del plazo al 30 de noviembre de 2018.
Se fijaron los siguientes hechos a probar:
1. Fecha hasta la que se extendía el plazo pactado por las partes al celebrar el contrato de trabajo.
2. Trato y dinámica relacional entre jefaturas, especialmente SERGIO DÍAZ SILVA, la demandante y compañeros de trabajo, durante la relación laboral de la actora.
3. Cláusulas y contenido del contrato de trabajo de Catherine Campos, en especial el plazo a que fue pactado.
4. Hechos ocurridos el 06 de noviembre de 2018, causas y circunstancias.
5. Forma, causa y circunstancias del término de la relación laboral.
6. Estado de pago de la remuneración de noviembre de 2018.
7. Estado de uso y/o compensación del feriado.
6°. Audiencia de juicio. Prueba de la parte denunciante.
La defensa de la trabajadora denunciante ha rendido la siguiente prueba en sostén de sus pretensiones y alegaciones:
1. Carta de aviso de término de contrato de trabajo, enviada por la demandada, fechada 27 de noviembre de 2018.
2. Sobre con sello de Chilexpress, que contenía carta de despido dirigida a la demandante.
3. Constancia realizada ante Inspección Provincial del Trabajo de San Bernardo, de fecha 07 de noviembre de 2018.
4. Informe médico emitido por el facultativo Pablo Córdova Córdova, de fecha 19 de noviembre de 2018.
5. Receta médica, extendida por el facultativo Pablo Córdova Córdova a la demandante, de fecha 06 de noviembre de 2018.
6. Comunicación escrita de médico contralor de Isapre Consalud, fechada 29 de Noviembre de 2018, en que cita a la demandante a peritaje médico a realizarse el día 05 de diciembre de 2018.
7. Correos electrónico de fechas 12 y 19 de diciembre de 2018, desde la casilla electrónica al correo electrónico de la demandante.
8. Ingreso Reclamo ante la Inspección Provincial del Trabajo de San Bernardo N°1313/2018/4238, de fecha 29 de Noviembre de 2018.
9. Acta de Comparendo ante la Inspección Provincial del Trabajo de San Bernardo, de fecha 27 de Diciembre de 2018, respecto de reclamo N°1313/2018/4238.
10. Certificado de cotizaciones de la demandante emitido por AFP Modelo de fecha 11 de Enero de 2019, periodo Enero de 2018 a enero de 2019.
11. Certificado de cotizaciones pagadas de la demandante emitido por Isapre Consalud S.A. de fecha 31 de Enero de 2019, periodo Noviembre de 2017 a Diciembre de 2018.
12. Certificado de cotizaciones AFC Chile, de fecha 11 de Enero de 2019, correspondiente al periodo años 2018 y 2019.
II. CONFESIONAL:
1. Comparece a absolver posiciones la representante legal de la denunciada doña VERÓNICA MABEL DIAZ MONSALVEZ, bajo el apercibimiento legal.
III. TESTIMONIAL:
1. CATHERINE ALEJANDRA CAMPOS ACEVEDO, Rut N°17.225.697-K, asistente administrativa, domiciliada en Pasaje Las Turquesas N°1024, comuna de Talagante.
2. JUAN PABLO TAPIA ORTEGA, Rut N°19.092.134-4, técnico en administración de recursos humanos, domiciliado en Pasaje Cerro Challay N°699, Villa Los Jardines, comuna de Paine.
IV. EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS.
1. Contratos de Trabajo y anexos suscritos por las partes durante la vigencia de la relación laboral.
i. Demandada. exhibe su documento N°1.
ii. Demandante: se aprecia a simple vista que la página 2 tiene menos perforaciones en la esquina superior izquierda que el resto de las hojas. La única firma original es la última. La otra es una imitación.
2. Liquidaciones de sueldo de la denunciante meses de Octubre y Noviembre de 2018.
i. Demandada: exhibe su documental N°5.
ii. Demandante: incorpora.
3. Comprobantes del diligenciamiento de licencias médicas de la denunciante en el periodo trabajado.
i. Demandada: exhibe dos hojas de fechas 06.11.2018 y 21.11.2018.
4. Comprobante de otorgamiento del feriado de la actora por los periodos ya señalados.
i. Demandada: pagada ante Inspección del Trabajo.
5. Registro de asistencia de la denunciante desde el día 01 de octubre de 2018 hasta el 30 de noviembre mismo año.
i. Demandada: exhibe (documento nuevo compuesto de cuatro hojas impresas).
V. OFICIOS:
1. ISAPRE CONSALUD S.A., a fin de que informe respecto de la denunciante DOMINIQUE ANDREA GONZALEZ GONZALEZ:
a.- Número de licencias médicas extendidas a la demandante durante el periodo octubre y noviembre de 2018, duración de cada una de ellas, y diagnóstico médico en que se sustentan.
b.- Realización de Peritajes médicos a la demandante, por instrucción de Contraloría Médica de la Isapre, en relación licencias médicas del periodo octubre y noviembre de 2018, perito interviniente y su especialidad, resultados de los peritajes. c.- Resoluciones dictadas por la Isapre en mérito de los ya referidos peritajes pronunciándose respecto de la tramitación y pago de las señaladas licencias médicas.
i. Oficio SGS-RE/1 0918/2019 fechado en Santiago, el 20 de mayo de 2019.-
7°. Audiencia de juicio. Prueba de la parte denunciada.
La defensa de la empresa denunciada ha rendido la siguiente prueba en este juicio:
1. Contrato de trabajo de la demandante (CUSTODIA).
2. Acta de comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo.
3. Comprobante de otorgamiento de licencia médica de fecha 6 de noviembre de 2018, por 15 días.
4. Comprobante de otorgamiento de licencia médica de fecha 21 de noviembre de 2018, por 12 días.
5. Liquidación de remuneración del mes de octubre de 2018.
6. Cotizaciones previsionales de octubre y noviembre de 2018.
7. Carta certificada de aviso de no renovación de contrato enviada a la trabajadora, con el respectivo comprobante.
8. Carta de aviso de no renovación de contrato enviada a la Inspección del trabajo.
9. Comprobante de transferencia por la suma de $74.250 de fecha 27 de diciembre de 2018.
1. Compareció a absolver posiciones a la denunciante de autos DOMINIQUE ANDREA GONZÁLEZ GONZÁLEZ.
1. SERGIO LEONARDO DIAZ SILVA, C.I. N° 5.594.034-7, empleado, domiciliado en Doctor Barros Borgoño 246, Providencia.
2. LUIS HERNÁN VILLAGRÁN LAUREL, C.I. 8.587.582-5, empleado, supervisor de producción, domiciliado en Villa Madrid Osorio, Pasaje H N°10, comuna de San Bernardo.
3. RODRIGO GABRIEL JILO REYES, técnico en construcciones metálicas, domiciliado en Los Álamos N° 130, Villa San Agustín, comuna de Calera de Tango.
IV. OFICIOS:
1. ISAPRE CONSALUD, a fin de que informe a este Tribunal las sumas recibidas por concepto de licencia médica correspondiente al año 2018, por doña DOMINIQUE ANDREA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C.I. N° 17.781.490-3 i. Mismo que la demandante.
8°. Audiencia de juicio. Prueba ordenada por el tribunal.
En ejercicio de sus facultades, el tribunal ordenó de oficio que se rindiera la siguiente prueba:
I. EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS:
a. Respecto a la denunciada:
i. Contrato de Trabajo de doña Catherine Campos Acevedo, RUT 17.225.697-K, y su eventual finiquito o carta de despido.
1. Demandada: no exhiben.
II. DOCUMENTAL:
a. Agregar la información histórica de PREVIRED de la trabajadora Catherine Campos Acevedo, RUT 17.225.697-K; agréguese a los autos vía interconexión y por ministra de fe del tribunal. i. Se incorpora documento.
II.- Consideraciones de Hecho y de Derecho para Resolver el Caso.
9°. Explicación sobre cómo se desarrollará la sentencia en lo sucesivo.
Para resolver este caso, primero trataremos la presunta vulneración de derechos fundamentales, es decir la acción de tutela de derechos fundamentales vulnerados con ocasión del despido, atendiendo a cuál es la hipótesis de la denuncia. Hacemos presente que la demandante alega que sufrió acoso laboral y conculcación del derecho a la integridad psíquica.
Dentro de este tema, y siguiendo los puntos de prueba, trataremos acerca de cuál era la naturaleza del contrato de trabajo, y sobre el despido y el periodo previo, especialmente en la interacción entre la trabajadora demandante y el gerente SERGIO DÍAZ SILVA, conforme a las teorías del caso y la prueba rendida en juicio.
En caso de haber prueba, aún indiciaría, sobre hechos relevantes para la teoría del caso de la parte denunciante, entonces deberá la denunciada explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad, como dispone el artículo 483 del Código del Trabajo.
Si se acoge la denuncia de tutela de derechos fundamentales, habrá que ordenar el pago de las indemnizaciones sustitutiva de aviso previo y especial de tutela del artículo 489 inciso tercero del Código del Trabajo.
Respecto al pago de remuneración de diciembre de 2018 como expresión de indemnización por lucro cesante, dependerá de lo que concluyamos respecto al tipo de contrato de trabajo.
Al final trataremos sobre el feriado.
Si se rechaza la denuncia de tutela de derechos fundamentales, pasaremos a la demanda subsidiaria por despido injustificado. En ese caso, podremos volver sobre la modalidad del contrato de trabajo y el cumplimiento de las formalidades de terminación de la relación laboral. Con lo anterior, podremos calificar esos hechos y saber si proceden la indemnización sustitutiva de aviso previo y la indemnización por lucro cesante. Trataremos al final sobre el feriado.
10°. Prueba sobre afectación de salud.
La denuncia se sostiene en una serie de hechos que serían, al menos, indiciarios de la vulneración.
La denunciante alega maltrato de parte del gerente SERGIO DÍAZ SILVA, relatando una serie de incidentes ocurridos entre octubre y noviembre de 2018, y que ocasionaron secuelas en su salud, obligándole a requerir asistencia profesional.
A continuación, encontramos prueba que demuestra que sí hubo una afectación de salud respecto de la demandante, y que al análisis de un profesional externo - un doctor distinto de quien trató a la actora en primer lugar - impresionaba de origen laboral.
La documental N°3 "Constancia realizada ante Inspección Provincial del Trabajo de San Bernardo, de fecha 07 de noviembre de 2018” da cuenta de una actuación administrativa en que compareció la demandante en la fecha señalada, y describe los hechos que después aparecen en la demanda. Señala que recibe malos tratos desde octubre de 2018, que su jefe SERGIO DÍAZ le grita, la acusa de robo de dinero de la caja chica, la obliga a ejecutar actos ilegales y es objeto de una presión excesiva que la obligó a acudir al médico, que le dio licencia médica por estrés laboral. También dejó constancia que al ir a dejar la licencia, el empleador no la quiso recibir.
La documental de la demandante N°4 "Informe médico emitido por el facultativo Pablo Córdova Córdova, de fecha 19 de noviembre de 2018” efectivamente contiene un formato de receta médica en que se lee manuscrito que quien suscribe informa que atendió a la demandante el 06 de noviembre de 2018 por cuadro de angustia, insomnio, nerviosismo, irritabilidad de tres semanas de evolución, que fue atendida por psicóloga y derivada a médico, que le diagnosticó trastorno de ansiedad generalizado, le recetó ansiolíticos y le dio licencia por quince días. Relacionado con el anterior está el documento N°5 "Receta médica, extendida por el facultativo Pablo Córdova Córdova a la demandante, de fecha 06 de noviembre de 2018” en que se aprecia una receta médica del día en que se efectuó la consulta, es decir, el 06 de noviembre de 2018, y en que el médico Pablo Córdova prescribe terapia farmacológica a la actora, a saber, clonazapam por las noches en dosis de 0,5 mg.
Es decir, los documentos N°5 y N°6 con coherentes entre sí, y demuestran la asistencia de la trabajadora donde el profesional.
De la experiencia de quienes vivimos en esta sociedad, se sabe que es muy difícil encontrar una hora de consulta médica para un especialista que atienda el mismo día en que se hace la búsqueda; de hecho en el sistema público es casi imposible y en el privado, muy difícil. Eso hace lógico que la trabajadora haya acudido a un médico cuya especialidad es "medicina familiar”, según consta en las licencias médicas exhibidas por la demandada, incorporadas por esta y en la información que proveyó el oficio de la ISAPRE CONSALUD.
No es necesaria la especialización que exige la demandada (psiquiatría o neurología) para que un médico pueda diagnosticar un cuadro como el descrito; agregamos que la terapia farmacológica es de menor intensidad y evidentemente pasajera pues se prescribe solamente por quince días.
Luego los documentos de la demandante N°6 "Comunicación escrita de médico contralor de Isapre Consalud, fechada 29 de Noviembre de 2018, en que cita a la demandante a peritaje médico a realizarse el día 05 de diciembre de 2018” y N°7 "Correos electrónicos de fechas 12 y 19 de diciembre de 2018, desde la casilla electrónica al correo electrónico de la demandante” dan cuenta que efectivamente hubo una licencia cursada en favor de la actora desde el 06 al 20 de noviembre de 2018. Primero, se le citó a un peritaje médico respecto a la licencia 2018293095, y luego la institución le comunica que fue aprobada y se autorizó su pago. Las fechas de periodo de reposo al que se refiere la licencia, corresponden al del relato de la demanda y al del informe del médico.
Las documentales de la empresa N°3 "Comprobante de otorgamiento de licencia médica de fecha 6 de noviembre de 2018, por 15 días” y N°4 "4. Comprobante de otorgamiento de licencia médica de fecha 21 de noviembre de 2018, por 12 días” demuestran que efectivamente dichas licencias se concedieron.
También se demuestra que el profesional que las otorgó era médico, de especialidad medicina familiar.
Por tanto, hay evidencia acreditada que la actora acudió a atención de salud el 06 de noviembre de 2018, fue atendida por un profesional médico y fue diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada, a causa de presentar síntomas de angustia, insomnio, nerviosismo e irritabilidad de tres semanas de evolución, que son las causas del diagnóstico. Luego, el profesional le receta fármacos, demostrado con la receta y la información que después provee el informe pericial de control (oficio ISAPRE), y otorga una licencia médica del 06 al 20 de noviembre de 2018.
También está probado que al día siguiente, la demandante deja constancia ante la Inspección del Trabajo que su licencia no fue aceptada a tramitación por el empleador, y efectúa un relato de la situación vivida.
Esta atención profesional sería sometida a análisis y escrutinio pues la segunda licencia fue rechazada. Leemos del Oficio de la ISAPRE CONSALUD que hubo una pericia médica, a cargo de otro profesional, pero de especialidad psiquiatra, quien concluyó que tanto el diagnóstico como el tratamiento prescrito eran adecuados y correctos, autorizando el pago de las licencias.
En el Informe Pericial adjunto al Oficio de la ISAPRE CONSALUD se lee que la paciente presentó 2 licencias médicas, ambas por trastorno de ansiedad generalizada. Al examen físico y/o mental, se apreció lúcida, vigil, orientada temporo-espacialmente, con un aspecto acorde con situación y edad cronológica, que se adecúa y coopera en la entrevista, con contacto y lenguaje adecuados, y un relato atingente. El profesional agrega que observó afectividad modulada y concordante con contenidos del relato, algo ansiosa al relatar conflictiva, sin labilidad, inhibición o desvitalización evidenciable, psicomotricidad sin alteraciones, y pensamiento sin alteraciones de curso formal o velocidad.
En cuanto a los contenidos, el profesional que efectuó esta evaluación destacó un relato de situación de maltrato laboral, que evoluciona con sintomatología ansioso fóbica y en último período fenómenos de somatización e irritabilidad, sin ideas delirantes, sin ideación suicida, sin alteraciones sensoperceptivas y juicio de realidad conservado.
La conclusión del peritaje es la siguiente:
“Conclusión peritaje:
Trastorno adaptativo ansioso.
Paciente cursando con sintomatología ansiosa asociada a fenómenos de somatización, que impresiona adaptativa a estresores laborales descritos, y que le reportó merma funcional significativa. Con reposo y tratamiento evoluciona favorablemente. Actualmente escasamente sintomática.
Reposo cumplido impresiona justificado, En relación a lo descrito y a ausencia de otros estresores cuadro actual impresiona de origen laboral. ”
La información recabada en estos medios de prueba demuestra que la actora acudió a atención médica el día 06 de noviembre de 2018, presentando un cuadro de ansiedad generalizado que, a fin de cuentas, representa una afectación de su salud mental, con un cuadro y sintomatología que fue evaluada por dos profesionales, uno de ellos de especialidad medicina familiar y el otro psiquiatra, concluyendo ambos que impresionaba como de origen laboral y que justificaba tanto el tratamiento como el descanso por medio del otorgamiento de dos licencias médicas, una de 15 y otra de 12 días.
11°. Prueba sobre maltrato del gerente a la trabajadora.
En este punto, tenemos un relato conteste de la demandante con la testigo CATHERINE ALEJANDRA CAMPOS ACEVEDO. La versión de la demandante se mantiene constante desde las ocasiones en que acudió a la atención médica, a dejar constancia a la Inspección del Trabajo y cuando le hicieron el peritaje psiquiátrico.
CATHERINE ALEJANDRA CAMPOS ACEVEDO declaró que trabajó para la demandada como asistente administrativa desde agosto de 2018 a enero de 2019 y que el gerente SERGIO DÍAZ era el jefe directo y presentaba conductas de tratos no apropiados con los trabajadores: “trato humillante, autoritario, menoscababa a la gente, nos trataba con gritos muchas veces, palabras humillándonos ‘supongo que trabajo con gente inteligente’ cuando las cosas no estaban nos trataba de tontas”.
Relata que con la demandante se comportaba igual, por ejemplo a la actora le correspondía llevar las cuentas, y cuando él no tenía muy claro el asunto, si algo se pasaba, la trataba mal, gritaba y decía “supongo que trabajo con gente inteligente, que sabe lo que hace”.
CATHERINE ALEJANDRA CAMPOS ACEVEDO declaró que ella no asistió a trabajar el día 06 de noviembre de 2018, y al volver al día siguiente, SERGIO DÍAZ le dijo “esta mina es loca menos mal que se fue”. Agrega que a los hombres los trataba a garabatos y a gritos “a mí en mi caso particular tratando de decir que éramos tontas, que no sabíamos lo que hacíamos, que él las haría mejor”, y que la forma era la que daba el contexto para sentir que era un insulto. Declaró al efecto que SERGIO DÍAZ SILVA decía “yo supongo que Ud. sabe lo que hace, que trabajo con gente inteligente” y que, para ella, eso era un insulto.
Recordemos que la demandante y CATHERINE ALEJANDRA CAMPOS ACEVEDO llevaban muy poco tiempo trabajando; la demandante llevaba unos días (a lo sumo un mes) y la testigo CAMPOS a lo más un par de meses. No es posible atribuir un error interpretativo o que hubiese algún grado de confianza que permitiera dicho trato. Consideremos además que el psiquiatra evaluador, ha descrito a la demandante como una persona adecuada en su comunicación y desenvolvimiento, sin alteraciones sensoriales ni de percepción, y con juicio de realidad conservado.
El relato del testigo JUAN PABLO TAPIA ORTEGA, pareja de la actora, confirma lo expuesto, pues reporta que la demandante le dio información coherente con las situaciones referidas por la actora y la testigo, en los mismos periodos.
12°. Prueba sobre trato correcto del gerente a la trabajadora.
En el tema del trato dado por el gerente SERGIO DÍAZ SILVA a los trabajadores tenemos testimonios en contrario de los ya analizados, partiendo por la declaración del propio SERGIO DÍAZ SILVA que evidentemente rechazó estas imputaciones, la de su cónyuge que es también la representante legal de la empresa y en esa calidad compareció a absolver posiciones, y agregamos a ello los testigos LUIS HERNÁN VILLAGRÁN LAUREL y RODRIGO GABRIEL JILO REYES , que son trabajadores de la empresa y que niegan que hubiese algún tipo de maltrato respecto a la demandante.
Evidentemente hay una confrontación entre las versiones que aportan los testigos y absolventes.
13°. Definición sobre trato del gerente a la demandante.
A fin de cuentas son diversos medios de prueba que aportan información contraria y, para definir el asunto, estamos obligados a tomar alguna decisión al respecto.
Hay muchos factores, elementos o parámetros que pueden permitirnos adoptar dicha decisión, por ejemplo quienes son un mayor número o quienes estuvieron más cerca de los hechos, u otras reglas referidas a los testimonios en sí mismos.
Pero hay un elemento que solamente es apreciable en la declaración en la audiencia y que es irreproducible Incluso en la escucha de audio, y corresponde a la reacción del testigo trabajador de la empresa al ser consultado, donde su respuesta en favor de su jefe - a la sazón en favor del representante legal de la demandada - es, por decir lo menos, mecánica o robótica, carente de toda emotividad correlativa al lenguaje verbal.
Por el contrario las declaraciones de CATHERINE CAMPOS y de la absolvente presentan mucha consistencia entre la emoción transmitida y su estado de ánimo, para con las palabras del relato verbal.
Agregamos que hay otros antecedentes que confirman. Uno de ellos es que la demandante efectúa el mismo relato a profesionales de salud, uno de los cuales era psiquiatra, quién concluyó que el relato impresionaba como de un trastorno de ansiedad generalizado creíble y que impresionaba de fuente laboral.
Además, hay otros antecedentes que también confirman que el relato de la actora y su testigo CATHERINE CAMPOS tiene asidero en más medios de prueba. Como por ejemplo, el hecho de haber acudido atención de salud, el relato del marido (testigo JUAN PABLO TAPIA) y la constancia ante la Inspección del Trabajo efectuada el día en que fue a dejar la primera de las licencias médicas.
Queremos hacer hincapié en que la observación efectuada por el profesional de salud psiquiatra no es una apreciación común y corriente que haría cualquier espectador, sino que corresponde a un juicio profesional emitido por una persona calificada técnicamente para la apreciación de relatos de pacientes, y más aún en el rol que cumplía dicho médico como contralor del diagnóstico efectuado por un colega suyo, quien estaba cuestionado por la ISAPRE cuyos medios administrativos habían sugerido reducir los días de reposo.
En consecuencia tenemos dos versiones, pero una de ellas respaldada en la declaración de una testigo que dio razón de sus dichos, manifestó elocuencia y detalles en el relato, y fue conteste con la exposición de la actora, sumado a los antecedentes médicos - relato avalado por profesionales de la salud - y actuaciones administrativas de la demandante consistentes con su relato, además de la impresión de coherencia en el relato verbal con el correlato no verbal.
Los antecedentes expuestos son suficientes para que tengamos por acreditado al menos en el estándar indiciario que hubo trasgresión a los límites aceptables de las conductas de trato verbal en el trabajo por parte del gerente SERGIO DÍAZ SILVA contra la actora, hechos que son indicios de vulneraciones a la integridad psíquica y a la dignidad de la persona trabajadora, por cuanto es inaceptable e inadmisible que en un ambiente de trabajo de oficina desarrollado en la cultura laboral de nuestra época, una persona en posición de jefatura pueda calificar a sus subalternos como "tonta”, "tontita”, "acaso no son inteligentes”, "locas” o referencias discriminatorias por género que asocian categorías de descontrol emocional al género femenino, incluso atribuyéndolo a ciclos hormonales.
Tenemos como indicio el trato acreditado respecto a la demandante y las afectaciones de salud que presentó.
Corresponderá a la demandada probar que las actuaciones efectuadas se ejecutaron en el marco de las facultades que la ley reconoce al empleador, y que se desplegaron legítimamente dentro de la licitud el derecho les reconoce.
14°. Alteración del texto del contrato de trabajo.
Tenemos otro elemento de prueba que da cuenta de un antecedente de hecho del relato de la demanda, el que se ve confirmado, como explicaremos a continuación.
Recordemos que parte importante del relato de la demanda y su teoría del caso, se basaba en que el ejemplar del contrato de trabajo de la actora había sido reemplazado en sus páginas pertinentes por otras nuevas, para indicar un plazo de vencimiento distinto del pactado inicialmente. Es decir, el contrato originalmente decía que el plazo de vencimiento era el 31 de diciembre de 2018 y la empleadora habría adulterado la materialidad del contrato para que el nuevo "ejemplar” dijese que el plazo vencía el 30 de noviembre. La demandada negaba totalmente tal afirmación y cuestionaba el porqué la demandante no obtuvo ella su propia copia del contrato de trabajo, si ella estaba a cargo de esos asuntos.
Apreciado el ejemplar del contrato de trabajo - documento que se ha guardado en custodia durante todo el juicio - se observa una peculiaridad que da pie a la versión de la demandante.
Para explicar cuál es esta característica tan especial, apelaremos a la experiencia de cada lector respecto a la manipulación de cualquier documento en papel que tenga más de una hoja y que se una con corchetes. Todos hemos tenido nuestras manos algún ejemplar de una demanda, un contrato, sentencias, facturas, órdenes de compra, licencias médicas, recetas, certificados de notas o cualquier otro documento compuesto de más de una hoja, las que se unen una a la otra por un simple corchete puesto en la esquina superior izquierda. Si nosotros doblamos ese documento en dos o en cuatro partes con el fin de guardarlo en un bolsillo, echarlo en un sobre o simplemente como parte de la manipulación, obviamente todas sus hojas tendrán el mismo doblez, pues se verán sometidas a idénticas presiones. El papel no es como el género que vuelve a su posición original, pues el papel queda marcado por los dobleces. Lo mismo debiese ocurrir con el ejemplar de contrato de trabajo cuestionado por la demandante. Es decir, si hubiese un doblez en la hoja 1 debiese repetirse en las hojas N°2, N°3 y N°4. Sin embargo, con el contrato de trabajo ocurre que la hoja uno está ajada y doblada en cuatro partes, con evidentes signos de aquellos dobleces que se aprecian materialmente al mirarla y al tocarla. Y así como la hoja N°1 presenta rastros de aquella manipulación pues se aprecian cuatro dobleces, las hojas N°2, N°3 y N°4 están incólumes y no tienen señal alguna de haber sido jamás dobladas, manipuladas e, incluso, cuentan con menos orificios de corchetes que la hoja 1. No hay forma que aquello pueda ocurrir si las cuatro hojas hubiesen estado siempre unidas y siempre sometidas a los mismos vaivenes de manipulación.
Por lo tanto, se impone por lógica que las hojas N°2, N°3 y N°4 tienen un origen diverso a la hoja 1 y muy probablemente sean temporalmente posteriores, pues se aprecian más nuevas. La hoja N°2 es la que contiene escrita la cláusula que establece el plazo y, por tanto, las sospechas sembradas con la denuncia de adulteración del ejemplar de contrato de trabajo, se ven confirmadas.
Agregamos a lo anterior que la testigo CATHERINE CAMPOS declaró que su jefa la mandó a imprimir nuevamente esas hojas del contrato de trabajo.
Si bien no podemos afirmar con un nivel de certeza más allá de toda duda razonable que ha habido una falsificación (tampoco es nuestro rol), sí podemos sentenciar que, apreciado conforme a la sana crítica, dicho ejemplar pierde valor probatorio y es desechado como tal.
El hecho que la demandante no tuviese una copia del contrato de trabajo podría ser atribuible a su propia responsabilidad, pues ella era la encargada de la ejecución práctica de las relaciones laborales. Sin embargo, ese hecho en nada altera que se hubiese alterado el ejemplar del contrato de trabajo que fue acompañado al juicio. Por el contrario, si la actora hubiese tenido su copia del contrato, probablemente habría facilitado la tarea de valoración del instrumento y la conclusión de restar peso probatorio al ejemplar presentado por la empresa.
Como dato que confirma lo expuesto, agregamos que el tribunal ordenó a la demandada exhibir el contrato de trabajo de CATHERINE CAMPOS, cuya relación laboral se habría extendido hasta diciembre de 2018, y que según el relato de la demanda habría sido contratada hasta el 31 de diciembre de 2018, mismo plazo que la actora. No obstante haber sido ordenado por el propio juez de la causa, la demandada y su defensa no presentaron el contrato. Esta falta en la exhibición de documentos, lleva a que se aplique a su respecto el apercibimiento del artículo 453 N°5 del Código del Trabajo, teniendo por probadas las alegaciones de la demandante al respecto.
Este es otro elemento más que lleva a concluir que el ejemplar del contrato de trabajo incorporado por la empresa, carece de valor probatorio respecto al plazo invocado por la demandada. La posibilidad que se hubiese adulterado un documento privado para presentarlo un juicio - delito del artículo 203 del Código Penal - nos obligará a denunciar la situación ante el Ministerio Público para que este, ejerciendo sus competencias conozca el asunto y determine lo que estime pertinente.
15°. Conclusión respecto a la acción de tutela de derechos fundamentales.
Luego de todos estos razonamientos respecto a la presencia de indicios de vulneración y de inconsistencias en la defensa de la demandada, correspondería que hubiese algún tipo de justificación de parte de la empresa por la conducta de la jefatura.
En la prueba rendida no hay justificación alguna al respecto, por lo que la denuncia deberá ser acogida pues la empleadora ha incurrido en trasgresión al derechos fundamentales de la actora a la integridad psíquica, consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.
Debe tenerse presente que cada ambiente de trabajo y cada actividad tiene una cultura organizacional, la cual lleva ínsita, determinando en qué forma se tratarán las personas que laboran allí. No es igual el trato que se deben trabajadores y jefaturas en un plantel de fútbol profesional, en una construcción de un edificio, en un bar, en un colegio destinado a la educación de niños o en un centro de salud donde trabajan profesionales. La exigencia para el colegio o el centro de salud es de mayor estándar en el respeto, en el uso de las palabras, en el volumen de voz, en la forma de las órdenes, en el contenido gestual de los mensajes a diferencia de los otros ejemplos que se han mencionado. El futbolista podrá incluso usar lenguaje coprolálico con sus compañeros y hasta con su jefe, lo mismo que suele ocurrir en la construcción donde muy extraño sería que un capataz pida a un jornal que "por favor” ejecute cierta tarea, en lugar de simplemente dar la orden de modo firme y cortante, o la horizontalidad en el trato que generan ciertas actividades. En los ambientes profesionales formales, la exigencia es otra y no ha sido cumplida por la denunciada.
Se condenará a la demandada al pago de la indemnización de tutela de derechos fundamentales en la suma de seis remuneraciones; agregamos que también se ordenará el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, al haberse desechado la acreditación de la concurrencia de la modalidad de contratación a plazo, cuya carga correspondía a la empleadora por tratarse de una forma excepcional de contratación laboral. Asimismo, al haberse desechado el valor probatorio del contrato de trabajo, operará la presunción del artículo 9 del Código del Trabajo, teniéndose por plazo del contrato de trabajo el 31 de diciembre de 2018, lo que da derecho al pago de la indemnización por el mes de diciembre de 2019, debido a que correspondía a un legítimo derecho ya incorporado al patrimonio de la actora, el que se vio incumplido por la conducta contraria a derecho de la empleadora.
16°. Remuneración y feriado.
Respecto a la remuneración de noviembre de 2018, contamos con que la actora gozó de licencia médica desde el 6 de noviembre en adelante por lo que debieran solamente ser remunerados los 5 primeros días del período considerando una remuneración de $759.000 y visto que hay acreditación del pago mediante documental N°9 de la demandada "Comprobante de transferencia por la suma de $74.250 de fecha 27 de diciembre de 2018”, que demuestra una transferencia de fondos a la cuenta de la trabajadora, es que se declara que este concepto ya está pagado. Por tanto se debe rechazar la demanda a su respecto.
En cuanto al feriado proporcional también está pagado según se aprecia del acta de comparendo de la Inspección del Trabajo, en que la demandada pagó $74.250.-
III.- Resolución del Caso.
Por las consideraciones precedentes y visto lo dispuesto en los artículos 1, 3, 7, 9, 10, 43, 160, 162, 168, 172, 420 y siguientes, 451, 453, 454 del Código del Trabajo, artículo 1698 del Código Civil, y artículos 1, 3 y 19 N°1 de la Constitución Política de la República, SE RESUELVE:
I.- Que se acoge la denuncia de tutela de derechos fundamentales por vulneración del derecho a la integridad psíquica.
II.- Que se condena a la demandada al pago de las siguientes prestaciones:
A.- Indemnización especial del artículo 489 del Código del Trabajo en el monto de seis remuneraciones: $4.554.000.-
B.- Indemnización sustitutiva de aviso previo, $759.000.-
C.- Remuneración de diciembre de 2018 (lucro cesante), $759.000.-
III.- Que se rechaza la demanda en todo lo demás, y no se emite pronunciamiento sobre la demanda subsidiaria por innecesario.
IV.- Que, las sumas que se han ordenado pagar deberán ser solucionadas aplicándose reajustes e intereses de los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.
V.- Advirtiendo la posible comisión de un delito del artículo 203 del Código Penal por falsificación de instrumento privado, deberá oficiarse al Ministerio Público de esta ciudad para efectuar la correspondiente denuncia, una vez que esta sentencia esté ejecutoriada.
VI.- Que, atendido lo resuelto, cada parte soportará sus costas.-
RIT T-27-2019
RUC 19- 4-0171042-9

References: artículo 50
 artículo 22
 artículo 19
 artículo 5
 artículo 19
 artículo 489
 artículo 50
 artículo 483
 artículo 489
 artículo 453
 artículo 203
 artículo 19
 artículo 9
 Resolución 
 artículo 1698
 artículo 489
 artículo 203