Source: https://lcaputo.com/la-provision-para-gastos-en-el-arbitraje-internacional/
Timestamp: 2019-09-21 15:38:06+00:00

Document:
La provisión para gastos en el arbitraje internacional » LCaputo Abogados
La provisión para gastos en…
Sumario: I. Primera aproximación: la provisión para gastos y la imposición de costos. — II. El principio general en materia de gastos del arbitraje sentado por el Reglamento de la CCI. — III. La naturaleza de la obligación de afrontar los gastos y sus consecuencias. — IV . ¿Puede la parte cumplidora exigir a la incumplidora el cumplimiento del aporte de gastos? — V . La imposibilidad de afrontar los gastos del proceso. Según el artículo 36 del Reglamento de la CCI, las partes están obligadas a pagar en mitades iguales la suma que la Corte estime que probablemente cubrirá los honorarios y gastos del arbitraje y el costo administrativo de la CCI. Es una obligación que las partes son llamadas a cumplir como contraprestación por el servicio que les brindará la entidad administradora del procedimiento e incluye la tarea de los árbitros. La provisión para gastos es de carácter provisional, ya que puede ser reajustada en cualquier momento durante el arbitraje. El presente trabajo analiza distintas circunstancias que pueden presentarse en relación con el sufragio de los gastos de un arbitraje internacional. El tema es revelante, pues, hace específicamente a la posibilidad de las partes de impulsar el proceso arbitral, cuestión reflejada, en su dicotomía, en la gráfica frase «la justicia está abierta a todos, como el hotel Ritz» (1). I. Primera aproximación: la provisión para gastos y la imposición de costos. Basando nuestro análisis en uno de los reglamentos más utilizados en el arbitraje internacional, cabe recordar que el Reglamento de la CCI distingue entre la provisión para gastos (artículo 36) y la decisión sobre los costos del arbitraje (artículo 37). Esta distinción no es privativa de dicho reglamento, sino que responde a un concepto extendido en material arbitral. Ella es relevante a los fines del análisis que proponemos. Así lo resolvió el laudo parcial dictado el 2 de diciembre de 2000 en el caso 10526, en el cual se dispuso que la decisión adoptada (favorable a la petición de reembolso formulada por la parte demandante) no era una medida provisional en tanto no se trataba de una medida provisoria destinada a determinar quién pagaría finalmente los costos del proceso arbitral, sino una decisión final con relación a quién debía pagar el anticipo para gastos (2). Asimismo, dada dicha distinción es que la obligación de realizar la provisión para gastos no depende de un juicio de verosimilitud sobre qué parte podría, finalmente, ser condenada a pagar los costos del arbitraje (3). De esta manera, el tema que abordaremos en este trabajo no tiene relación con la distribución de los costos que el laudo final sobre el fondo realizará (4). II. El principio general en materia de gastos del arbitraje sentado por el Reglamento de la CCI El artículo 36 del Reglamento de la CCI establece que «la provisión para gastos fijada por la Corte de conformidad con el presente Artículo 36 será pagada en partes iguales por la Demandante y la Demandada». Es decir que, según esta previsión las partes están obligadas a pagar en mitades iguales la suma que la Corte estime que probablemente cubrirá los honorarios y gastos del arbitraje y el costo administrativo de la CCI (5). Se trata de una obligación que las partes son llamadas a cumplir como contraprestación por el servicio que les brindará la entidad administradora del procedimiento (6) y, agregamos, incluye la tarea de los árbitros. Es importante remarcar que la provisión para gastos es de carácter provisional, ya que puede ser reajustada en cualquier momento durante el arbitraje (7). Esta provisión está pensada para cubrir aquellos casos en los que el monto del proceso no está definitivamente determinado, por ejemplo, si hubiera que establecerse el monto real de los daños reclamados dependiendo de la producción de prueba o bien si se introdujeran reconvenciones o nuevas demandas que incrementaran el monto originalmente demandado. Incluso, si se alegara la existencia de una compensación como excepción frente a la demanda, ésta será tratada como una nueva demanda si su decisión importara actividad adicional del Tribunal (8). Si bien el pedido de intereses sobre sumas reclamadas puede ser considerado a los efectos de determinar la provisión de gastos, esto ocurre generalmente en aquellos casos en los cuales la suma reclamada en concepto de intereses excede sustancialmente la reclamada en concepto de capital, aun cuando no parece haber un criterio fijo en esta materia (9). Por otro lado, como ya anticipamos, el Reglamento de la CCI regula la decisión sobre los costos del arbitraje. Es por esta circunstancia que al desdoblarse el tratamiento de los costos (su anticipo o provisión, por un lado y su decisión final, por otro) el pedido de recuperar los costos del arbitraje, incluyendo honorarios de abogados, no se incorpora en la estimación del monto de
https://informacionlegal-com-ar.digitalbd.uade.edu.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc50000016b040b74c2d52d5430&docguid=iB9B3FC434BE57464F5954704B033BB1C&hitguid=iB9B3FC434BE5… 2/6
la disputa (10). Ésta es otra característica que demuestra la provisoriedad de la provisión para gastos, como ya vimos. En caso de que una parte, en general la demandada, no cumpliere con el pago de su parte de la provisión para gastos, el Reglamento de la CCI autoriza a la otra a afrontar el pago de la porción faltante para poder seguir adelante con el arbitraje (11). Es importante remarcar que esta provisión para gastos intenta cubrir o financiar el desarrollo del arbitraje hasta el dictado del laudo, incluyendo así los honorarios de los árbitros y los costos administrativos de la institución. Pero es independiente de los costos del arbitraje que el tribunal en su laudo imponga a una de las partes o en alguna proporción a ambas (12). III. La naturaleza de la obligación de afrontar los gastos y sus consecuencias Autorizada doctrina sostiene que: «al acordar un arbitraje CCI las partes se obligan a obedecer el Reglamento. Esto claramente incluye el pago de la provisión para gastos, que es una obligación de ambas partes» (13). Este razonamiento pone en evidencia el carácter de obligación contractual que le atribuyen los autores citados, quienes además ratifican esta conclusión al manifestar que: «La negativa de la parte incumplidora a pagar su adelanto constituiría normalmente un incumplimiento del contrato ya que al acordar un arbitraje bajo el Reglamento de la CCI, ella ha consentido respetar sus disposiciones sobre provisiones para gastos» (14). Esta postura, que como se señaló surgiría de la disposición del art. 36 del Reglamento de la CCI —antiguo artículo 30—, implicaría que la obligación en cuestión estaría dentro del ámbito del acuerdo de arbitraje, además de surgir de la obligación de buena fe con la cual las partes deben conducirse a lo largo del procedimiento (15), y ha sido receptada por varios laudos y pronunciamientos judiciales. Sin embargo, se ha sostenido que hay varias circunstancias en las cuales la parte demandada podría tener razones atendibles que justifiquen su negativa a pagar su provisión para gastos (por ejemplo, que la demandante, con motivo de una restructuración que está llevando adelante, fuere a resultar insolvente (16), o bien que hubiere cuestionado la jurisdicción del Tribunal arbitral (17)). En ambos casos, los tribunales arbitrales consideraron improcedente el pedido de la parte demandante de que el Tribunal ordenara a la parte demandada renuente a restituir el monto de su adelanto de gastos que había sido integrado por la demandante. Por otra parte, hay algunos doctrinarios que elaboraron una aproximación diferente a la naturaleza de la obligación en cuestión, a partir de lo decidido en algunos laudos sobre el particular —que no han sido demasiados (18)—. Esta línea argumental sostiene que se trata de una obligación de carácter administrativo, en tanto no se encuentra vinculada con el mérito de la cuestión a decidir por el tribunal arbitral, sino que queda en manos de la Corte según la interpretación que se postula del Reglamento de la CCI (19). Sin embargo, el solo hecho de considerar que se trata de una cuestión administrativa no resuelve un consiguiente problema, cual es determinar si esa obligación mancomunada es solidaria (20). Esta distinción tiene consecuencias prácticas importantes, ya que si se interpreta que la naturaleza de la obligación de pagar la provisión para gastos es administrativa y reservada por el Reglamento de la CCI a la Corte de la CCI, estaría por ello excluida del alcance del convenio arbitral y por ello, el tribunal arbitral no podría dictar ni un laudo parcial ni una medida cautelar para disponer su reembolso a la demandante que lo adelantó y su cobro quedaría reservado a la Corte de la CCI. En la guía elaborada por la Secretaría de la CCI, ella sostiene que la parte cumplidora puede requerir al tribunal arbitral el dictado de un laudo ordenando a la parte incumplidora a reembolsarla. Sin embargo, la propia Secretaría reconoce la existencia de laudos a favor y en contra de este criterio (21). IV . ¿Puede la parte cumplidora exigir a la incumplidora el cumplimiento del aporte de gastos? El Reglamento de la CCI, como se indicó anteriormente, otorga a la parte cumplidora la posibilidad de continuar el arbitraje si paga la parte de la provisión para gastos que corresponde a la incumplidora (22) (además de pagar la suya propia). A diferencia de otros (23), en el Reglamento de la CCI no se prevé una consecuencia para la parte incumplidora. La previsión del Art. 36 indica, solamente, que: «Cuando no se haya satisfecho una solicitud de provisión de gastos para el arbitraje, el Secretario General puede, previa consulta al Tribunal Arbitral, indicar a éste que suspenda sus actividades y fijar un plazo, que no puede ser inferior a 15 días, al vencimiento del cual la correspondiente demanda se considerará retirada». ¿Cuenta la parte cumplidora (que ha abonado su parte y pagado o garantizado la porción de la demandada remisa) recuperar lo anticipado ante el incumplimiento de la contraria? La doctrina y los tribunales arbitrales que han debido resolver la cuestión adoptan posiciones distintas. Incluso, aquellas opiniones y resoluciones que reconocen un derecho de la parte cumplidora a obtener el reintegro de la provisión de gastos realizada como consecuencia del incumplimiento de la demandada han encontrado distintos fundamentos, lo cual tiene importantes consecuencias, pues de adoptarse una u otra posición favorable al demandante, serán distintos los requisitos que deberá cumplir para obtener una decisión favorable. De las posiciones favorables a ordenar el reintegro al demandante de lo pagado como consecuencia del incumplimiento de la demandada, una posición encuentra fundamento en el contrato, o mejor dicho en la naturaleza contractual de la cláusula arbitral, mientras que la otra busca la solución por medio de las medidas cautelares. En sustancia, lo que está en juego es la interpretación del actual artículo 36 del Reglamento de la CCI (24). Según el relato proporcionado por Secomb, el primer laudo en abordar la cuestión fue dictado el 2 de septiembre de 1996, en el caso 7289. El proceso se sustanció bajo el Reglamento de la CCI de 1998; el árbitro único consideró que la invitación formulada por la Corte de la CCI para que la actora supliera el incumplimiento de la demandada en pagar su parte de la provisión para gastos no privaba al demandante de su derecho contractual de exigir de su contraria el cumplimiento de su obligación.
https://informacionlegal-com-ar.digitalbd.uade.edu.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc50000016b040b74c2d52d5430&docguid=iB9B3FC434BE57464F5954704B033BB1C&hitguid=iB9B3FC434BE5… 3/6
Sin embargo, el árbitro denegó la petición de reintegro de los fondos considerando que la parte cumplidora no había satisfecho su carga de probar la necesidad de evitar un daño serio e irreparable. La posición contractualista La posición contractual se apoya sobre el artículo 36 —antiguo artículo 30— del Reglamento de la CCI (la provisión para gastos será pagada en partes iguales por las partes), al cual atribuye crear una obligación contractual entre las partes, considerando que la disputa sobre el pago de la provisión para gastos versa, entonces, sobre una disposición contractual y por lo tanto, está alcanzada por la cláusula contractual (25). No se trataría, entonces, de un laudo que condene al pago de daños por incumplimiento contractual, sino de un supuesto de cumplimiento específico (26), que extinguirá la obligación contractual de pagar la provisión (27). Algunos autores han considerado que, al suscribir el acuerdo arbitral, las partes se obligan mutuamente a cumplir con las medidas que fueren necesarias en este sentido (28), o en términos más amplios, para la prosecución del proceso arbitral. No obstante ello, se ha destacado que los árbitros cuentan con facultades discrecionales para dictar un laudo parcial en este sentido (29). Por ello, de la circunstancia que la parte demandada incumpla esta obligación contractual no se deriva automáticamente que, tras haber suplido ese incumplimiento, la parte demandante tenga derecho a ser reembolsada en la suma pagada, en tanto el tribunal puede tomar en consideración excepciones, como ser, por ejemplo, que una parte suspenda el cumplimiento de sus obligaciones ante la deteriorada situación financiera de la contraria. El laudo parcial dictado en el caso 11330 ponderó esta circunstancia (30). Otro tribunal arbitral aceptó como excepción que la parte demandada no había aceptado la jurisdicción arbitral y éste era uno de los motivos para no haber pagado la provisión para gastos. En tanto dicha objeción estaba pendiente de resolución el tribunal rechazó la petición de reembolso (31). En apoyo de la tesis contractualista se destaca que por medio de ella se evita determinar cuál es la ley que regula esa obligación (32). La Secretaría de la Corte de la CCI reconoce que una justificación común para ordenar un laudo sobre el reembolso de la provisión para costos aportada por la cumplidora en defecto de la incumplidora es la configuración de una obligación contractual (33). La posición procedimentalista (cautelar) Esta posición toma en consideración que el Reglamento de la CCI distingue entre los aspectos financieros del arbitraje respecto de los cuales el tribunal arbitral es competente y aquellos otros en los que la Corte de la CCI es competente. Esta última retiene competencia para resolver con exclusividad lo relativo a los anticipos para gastos, mientras que el tribunal arbitral es el que resuelve qué parte debe asumir los costos y en qué proporción (34). No se sigue de ello que el tribunal no tenga competencia para resolver una petición de reembolso, mas deberá hacerlo sobre la base de sus facultades para dictar medidas provisorias, conforme a la autorización conferida por el artículo 28 del Reglamento de la CCI. En este sentido, el laudo parcial dictado el 26 de marzo de 2002 en el caso 11405 resolvió que la circunstancia que, conforme al actual artículo 36 del Reglamento de la CCI, la Corte de la CCI haya fijado costos separados para la demanda y la reconvención, demostraba que las partes no estaban obligadas contractualmente a pagar la mitad del anticipo para gastos cuando se interpone una reconvención; criterio que también consideró aplicable a los procesos en que no se interpone reconvención (35). En esta línea procedimentalista, se ha considerado que si una parte demuestra la falta de recursos para afrontar la porción de la incumplidora, se produciría un daño irreparable que podría ser evitado mediante la adopción de la medida requerida por la parte cumplidora (36). Según se adopte una u otra posición, variará la carga de la prueba, pues, en la posición contractualista recaerá sobre la demandada demostrar que existen circunstancias especiales que justifican su incumplimiento, mientras que en la procedimentalista será la demandante cumplidora quien deberá demostrar que podría producirse un daño irreparable (37). Como anticipamos, la pregunta a despejar es si la parte cumplidora tiene derecho a ser reembolsada por la porción que abonó para suplir el incumplimiento de la contraria (38). Al respecto, lo que habilitará el tribunal arbitral, a petición de la parte cumplidora, es que ésta sea reembolsada en esos gastos, pues no correspondería que el tribunal arbitral dictada un laudo o una orden procesal a favor de la CCI, en función de las dificultades que un laudo en ese sentido podría aparejar (39). Más aún, se ha señalado que el remedio disponible para la Corte de la CCI es la suspensión del procedimiento (40). Sin embargo, hay registros de partes cumplidoras que desembolsaron la provisión de gastos correspondiente a la contraparte incumplidora y solicitaron al tribunal arbitral que condene a la contraparte a reembolsar el importe depositado por la incumplidora. Con respecto a este punto en particular ha habido tribunales que han reconocido el derecho al reembolso, pero sin embargo, dado que no se daban en el caso las condiciones necesarias para el dictado de una medida cautelar la petición fue rechazada (41). Asimismo, ha habido otros casos en los cuales el tribunal, aun considerando que se trataba de una obligación de naturaleza contractual, ha decidido que no correspondía hacer lugar a la petición del reembolso de los fondos (42). Como se anticipó, no hay una posición definitiva tomada a este respecto y cada situación plantea diferentes cuestiones que han sido resueltas caso por caso.
https://informacionlegal-com-ar.digitalbd.uade.edu.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc50000016b040b74c2d52d5430&docguid=iB9B3FC434BE57464F5954704B033BB1C&hitguid=iB9B3FC434BE5… 4/6
La posición de la Secretaría de la Corte de la CCI considera que la eventual naturaleza administrativa de la provisión de gastos ha llevado a que en cierto laudo se otorgara a la parte cumplidora un laudo por daños al final del proceso, dependiendo de la distribución de los costos del arbitraje. Asimismo, la Secretaría ha considerado que el otorgamiento de una medida preliminar es una medida muy raramente adoptada en procedimientos CCI (43). V . La imposibilidad de afrontar los gastos del proceso Otro debate abierto gira en torno a la imposibilidad que alegue una parte de afrontar los gastos del proceso arbitral. La relevancia del tema está dada por recordar, aunque es obvio, que la prosecución del proceso arbitral depende del financiamiento de las partes (44). La primera cuestión a discernir pasa por recordar que la imposibilidad de afrontar los gastos como resultado de una dificultad económica es jurídicamente algo distinto a encontrarse en estado de insolvencia. No obstante ello, suponiendo que la parte logre invocar exitosamente que se halla en estado de insolvencia y que por lo tanto está imposibilitada de realizar el pago, ¿qué impacto tiene ello en el esquema de provisión de fondos para gastos en el proceso arbitral? Una línea a analizar pasa por determinar si la cuestión encuadraría en la imposibilidad de ejecutar el acuerdo arbitral, regulado por los artículos 8.1. de la Ley Modelo de la CNUDMI y por el artículo II.3 de la Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras (Nueva York, 1958). El citado artículo de la Ley Modelo dispone: «1) El tribunal al que se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar, en el momento de presentar el primer escrito sobre el fondo del litigio, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible». A su vez, el artículo II.3. de la Convención de Nueva York establece: «El tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta un litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable». La temática de la parte insolvente y su participación en el proceso arbitral fue objeto de resolución por la justicia francesa en el caso «Société Licencing Projects S.A. v. Société Pirelli» (RG: 09/24158, Corte de Apelación, 17/11/2011), en el cual la instancia judicial resolvió disponer la anulación de un laudo (dictado bajo el Reglamento de la CCI) que había decidido tener por desistida una contrademanda planteada por un parte imposibilitada de pagar los anticipos para gastos del proceso arbitral. La resolución judicial empleó como fundamentos la transgresión del derecho de acceso a la justicia y la ruptura de la igualdad entre las partes. La cuestión no es menor, ya que, por ejemplo, la justicia argentina ha considerado que la afectación del acceso a la solución jurisdiccional es argumento suficiente para el rechazo del pedido de reconocimiento de un laudo dictado en el extranjero (45). No abrimos juicio sobre la razonabilidad de lo así resuelto —habida cuenta que ello excedería largamente el objeto que nos hemos propuesto para este trabajo—, en tanto nos limitamos a mostrar la problemática que involucra. Una situación muy particular que deriva —aunque no siempre— de que la imposibilidad de la parte de afrontar los gastos del proceso arbitral está dada por la posibilidad de obtener la asistencia de un tercero que se hace cargo de dichos gastos (46). Varias consideraciones, con el acotado alcance que nos hemos propuesto en este trabajo, surgen al respecto, como por ejemplo: -¿Cómo influye la financiación que hace el tercero respecto de la independencia e imparcialidad de los árbitros y de los expertos?; -Vinculado con lo anterior: ¿debe la parte que recibe esa asistencia informarla en el proceso arbitral?; -En su caso, ¿quiénes deberían los destinatarios de esa relevación? ¿Sólo el tribunal arbitral? ¿O también la parte contraria?; -Si la parte contraria a la asistida financieramente vence en el proceso y la última fuere insolvente, ¿tiene la primera algún recurso contra el tercero que financió el proceso para reclamar el reembolso de los gastos en que incurrió durante el arbitraje? (1) CREMADES, Anne-Carole, «La falta de recursos económicos para participar al arbitraje pactado», Spanish Arbitrarion Review, Revista N° 8. (2) Ver SECOMB, Matthew, «Awards and Orders Dealing with the Advance on Costs in ICC Arbitration: Theoretical Questions and Practical Problems», ICC International Court of Arbitration Bulletin, Vol 14, n° 1, p. 62. (3) BÜHLER, Micha, «Non-payment of the advance of costs by the respondent party — is there really a remedy?», 24 ASA Bulletin 2/2006 (June), p. 291. (4) FADLALLAH, Ibrahim, «Payment of the Advance to Cover Costs in CC Arbitration: the Parties’ Reciprocal Obligations», en ICC International Court of Arbitration Bulletin Vol. 14 No. 1, p. 53. Como señala este mismo autor, tampoco se trata de un problema de contracautela («cautio judicatum solvi») —op. y loc. cits.—. (5) CRAIG, W. Laurence, Park, William W., Paulsson, Jan, International Chamber of Commerce Arbitration, third edition, Oceana Publications, Inc. 2000, p. 257; BÜHLER, Micha, op. cit., p. 290; FADLALLAH, Ibrahim, op. cit., p. 53. (6) FADLALLAH, Ibrahim, op. cit., p. 55.
https://informacionlegal-com-ar.digitalbd.uade.edu.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc50000016b040b74c2d52d5430&docguid=iB9B3FC434BE57464F5954704B033BB1C&hitguid=iB9B3FC434BE5… 5/6
(7) Ver Art. 30 (2) del Reglamento de la CCI. (8) Ver Art. 30 (5) del Reglamento de la CCI. (9) CRAIG, W. LAURENCE, Park, William W., PAULSSON, Jan, op. cit., p. 258 (10) Ídem nota anterior, p. 258 (11) Ver Art. 30 (3) del Reglamento de la CCI. Ídem, Fadlallah, Ibrahim, Payment of the Advance to Cover Costs in ICC Arbitration: the Parties’ Reciprocal Obligations, ICC International Court of Arbitration Bulletin, Vol 14, n° 1, 2003, p. 53 (12) Conf. BÜHLER, Micha, op. cit., p. 291. (13) Craig, W. Laurence, Park, William W., Paulsson, Jan, op. cit., p. 263. En igual sentido: Secomb, op. cit., p. 59. (14) Ídem nota anterior, p. 267 (15) Conf. BÜHLER, Micha, op. cit., p.292. (16) ICC Case 11330 citado por Secomb, Matthew, op. cit., p. 63. (17) ICC Case 10439 citado por Secomb, Matthew, op.cit., p.63. Por ambos criterios, ver Favre-Bulle, Xavier, «Les conséquences du non-paiement de la provision pour frais de l’arbitrage par une parte» (un tribunal arbitral peut-il condemner un défendeur au paiement de sa part de l’avance de frais?», en Bulletin 2, Association Suisse de l’Arbitrage, 2001, p. 235. (18) Ver SECOMB, Matthew, op. cit., nota n° 12, donde explicita que se dictaron 13 laudos y alguna orden procesal a la fecha de redacción de dicho artículo. (19) Ver BÜHLER, Micha, op. cit., p. 295; FADLLALAH, Ibrahim, op. cit., p. 55. (20) FADLLALAH, Ibrahim, op. cit., p. 55; Favre-Bulle, op. cit., p. 233. (21) The Secretariat’s Guide to ICC Arbitration, ICC, 212, París, pág. 385. (22) Ver Art. 36 (6) del Reglamento de la CCI. (23) El artículo 24.4. del Reglamento de la London Court of International Arbitration (recientemente modificado) resuelve la cuestión, en los siguientes términos: «En el supuesto en que una parte omitiere o rehusare hacer un pago relativo a los costos del arbitraje señalados por la Corte de la LCIA, la Corte de la LCIA puede disponer que la otra u otras partes realicen un pago en sustitución para permitir que el arbitraje proceda (sujeto a una orden o laudo sobre los costos del arbitraje». A su vez, el artículo 24.5. de dicho reglamento dispone: «En dichas circunstancias, la parte que efectuó el pago en sustitución puede solicitar al tribunal arbitral que emita una orden o laudo con la finalidad de recuperar el monto como una obligación de plazo vencido y debida a dicha parte por la parte incumplidora, así como los intereses». (24) SECOMB, Matthew, op. cit., p. 60. (25) SECOMB, Matthew, op. cit., p. 62. (26) SECOMB, Matthew, op. cit., p. 62. Ver The Secretariat’s Guide, p. 386. (27) FADLLALAH, Ibrahim, op. cit., p. 57. (28) BÜHLER, Micha, op. cit., p. 291. Amplía este autor su posición sosteniendo que las partes tienen un deber de buena fe en permitir la prosecución del proceso (op. cit., p. 292). (29) SECOMB, Matthew, op. cit., p. 62. (30) SECOMB, Matthew, op. cit., p. 63. (31) SECOMB, Matthew, op. cit., p. 63. (32) FADLLALAH, Ibrahim, op. cit., p. 55. En sentido contrario: BÜHLER, Micha, op. cit., p. 299. (33) The Secretariat’s Guide, p. 386. (34) Ver SECOMB, Matthew, op. cit., p. 64. (35) SECOMB, Matthew, op. cit., p. 64. (36) SECOMB, Mathew, op. cit., p. 65. (37) SECOMB, Mathew, op. cit., p. 65. (38) Es por ello que algún tribunal arbitral rechazó una petición realizada antes de que la parte cumplidora hubiera cumplido con el pago de la porción de la incumplidora (ver SECOMB, Matthew, op. cit., p. 67). (39) SECOMB, Matthew, op. cit., p. 67. En igual sentido, The Secretariat’s Guide, p. 386.
https://informacionlegal-com-ar.digitalbd.uade.edu.ar/maf/app/document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc50000016b040b74c2d52d5430&docguid=iB9B3FC434BE57464F5954704B033BB1C&hitguid=iB9B3FC434BE5… 6/6
(40) BÜHLER, Micha, op. cit., p. 297. Esta posición encuentra sustento en el artículo 36 (6) del Reglamento. (41) Ver Caso CCI 11405. (42) Ver Caso CCI 11330. (43) Por ambos conceptos, The Secretariat’s Guide, p. 386. (44) BÜHLER, Micha, op. cit., p. 290. (45) Cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala E, del 20/09/2004, «Ogden Entertainment Services Inc. c. Eijo, Néstor E. y otro», LA LEY , 2005-B, 21, cita Online: AR/ JUR/3684/2004. (46) El tema excede el alcance que nos hemos propuesto para este trabajo, por lo que dejamos su profundización para un futuro artículo. No obstante, para dar una muestra del impacto que tiene la cuestión, podemos destacar que en ciertos países existen pautas relacionadas con la financiación de litigios; al respecto, puede consultarse la tarea que despliega la English Association of Litigation Funders, que incluye un código de conducta —http://associationoflitigationfunders.com/—.
Etiquetas: arbitrajearbitraje internacional
AnteriorPublicación anterior:CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL – SALA F. “POTT, ALFREDO CARLOS C/ PATAGONIA FINANCIAL HOLDINGS LLC Y OTROS S/RECURSO DE QUEJA (OEX)”, del 18.7.19.

References: artículo 36
 artículo 36
 Artículo 36
 artículo 30
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 30
 resolución 
 artículo 28
 artículo 36
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 36