Source: http://caara.com.ar/sao-mag-n17/
Timestamp: 2018-03-21 12:43:03+00:00

Document:
SAO.Mag n°17
RATIFICAN LA PROHIBICIÓN DE EMITIR PÓLIZAS DEL SAO QUE NO CUMPLAN LA NORMATIVA ORIGINAL
La Justicia Federal confirmó anteriores medidas cautelares y ordenó a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) que impidan la emisión y aceptación de pólizas que no acrediten capacidad técnica para remediar mediante contratos con operadores habilitados y que no cuenten con la aprobación ambiental de la SAyDS. Asimismo ordenó a una compañía que cancele las pólizas que hubiere emitido e informe a los tomadores que esas pólizas no cumplen con los recaudos establecidos por la normativa aplicable.
La Justicia Federal ordenó a la SSN mediante un reciente fallo que adopte las medidas necesarias para que se impida la emisión o comercialización de pólizas del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) que no cumplan con los recaudos mínimos establecidos en el régimen del SAO que se encontraba vigente hasta el dictado del Decreto 1638/12 del Poder Ejecutivo y la Resolución SSN 37160/12, normas que ya habían sido suspendidas por una medida cautelar dictada en el mismo juzgado y ratificada luego en segunda instancia.
También, por las mismas razones, el tribunal dispuso que en particular se impida la emisión o comercialización de pólizas que no cuenten con la conformidad ambiental SAyDS y que no hayan acreditado la capacidad técnica para remediar mediante contratos suscriptos con operadores debidamente habilitados.
Estas órdenes están contenidas en una resolución dispuesta en agosto pasado por el conjuez Héctor Omar Gutiérrez, a cargo del Juzgado Federal de Formosa, mediante la cual ratificó la suspensión de los efectos del Decreto Nº 1638/12 del Poder Ejecutivo y la Resolución SSN Nº 37160/12 a través de los cuales se había modificado y derogado parcialmente la reglamentación del SAO, que cumplimenta lo ordenado por el Art. 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, N° 25675.
En su fallo, dictado en el marco de la causa “N.G.N. Asesores en Seguros S.A. c/Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y otros s/acción declarativa de certeza (incidente de medida cautelar)”, el juez reiteró la efectiva vigencia de las anteriores medidas cautelares (Resoluciones Nº 143/12 y 171/12), dictadas por el mismo juzgado, mediante las cuales fueron dejados en suspenso el Decreto Nº 1638/12 del Poder Ejecutivo y la Resolución SSN Nº 37160/12 y repuestas en consecuencia las Resoluciones Nº SAyDS 178/07 y Secretaría de Finanzas 12/07, SAyDS 1973/07 y SF 98/07, y SSN 35.168/10 que forman parte del andamiaje constitutivo del SAO.
El magistrado consideró entonces que a través de las normas suspendidas, en violación al principio del derecho ambiental de “no regresión”, se dejaba sin efecto la exigencia de garantizar la efectiva remediación del ambiente en los términos del artículo 22 de la Ley Nacional Nº 25.675, propiciándose un nuevo régimen que, en principio, se limitaba a brindar una garantía financiera, consistente en entregar una suma de dinero.
En consecuencia, resolvió comunicar a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la SAyDS, a la SSN y a todo organismo del Poder Ejecutivo Nacional la vigencia de las cautelares dictadas anteriormente.
Mediante la misma sentencia, se ordena a la SSN que adopte las medidas necesarias para hacer cesar a Alba Compañía de Seguros en la emisión y comercialización de pólizas ambientales, imponiendo a esta última las sanciones que a tal efecto prevea la normativa aplicable.
En igual sentido le ordena a Alba Compañía de Seguros que cese en la promoción, emisión y comercialización de pólizas ambientales y que cancele inmediatamente las que hubiere emitido hasta la fecha, comunicando fehacientemente a los respectivos tomadores que dichas pólizas no cumplen con los recaudos establecidos por la normativa aplicable.
También requiere a la SAyDS que adopte las medidas necesarias para que se impida la aceptación, a los efectos del cumplimiento de la garantía del Artículo 22 de la Ley Nº 25.675, de pólizas que no cumplan con los recaudos mínimos establecidos en el régimen que se encontraba vigente hasta el dictado del Decreto Nº 1638/12 del Poder Ejecutivo y la Resolución SSN Nº 37160/12 y también en particular que se impida la emisión o comercialización de pólizas de aseguradoras que no hayan acreditado la capacidad técnica para remediar mediante contratos suscriptos con operadores debidamente habilitados.
En un fallo que adquiere singular valor por su alcance respecto de la divulgación de la responsabilidad personal, objetiva y solidaria que la Ley General de Ambiente, N° 25675, y la de Residuos Peligrosos, Nº 24051, asignan a los directivos de empresas en materia ambiental, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Sala 4 revocó el sobreseimiento y ordenó que continúe la investigación que involucra a dos directivos de un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires y un responsable de la empresa contratada para recolectar, transportar, dar tratamiento y disposición final a los residuos patológicos producidos en esa clínica, acusados de infringir la mencionada ley N° 24051.
El tribunal, integrado por los doctores Mariano González Palazzo, Carlos Alberto González y Alberto Seijas, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el fiscal contra el fallo de primera instancia, dictado por el Juzgado Criminal de Instrucción 12 Sec. 137, y ordenó ahondar la pesquisa y recolectar mayores elementos de prueba que permitan definir la situación procesal de los incriminados, convalidando también así la posición de las defensas en el sentido de que no puede fundarse la imputación en un mero titulo de responsabilidad objetiva derivada del cargo que cada uno ocupaba en las firmas involucradas.
El caso resulta de especial valor para ilustrar al empresariado, que pareciera desconocer la letra y los alcances del Artículo 31 de la mencionada Ley N° 25675 en relación con la inobservancia de la normativa ambiental. En el artículo mencionado se establece que “si en la comisión del daño ambiental colectivo hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable” agregando que “en el caso de que el daño sea producido por personas jurídicas la responsabilidad se hará extensiva a sus autoridades y profesionales, en la medida de su participación”.
En tal sentido, puntualizando sobre la responsabilidad de la dirigencia, observó la Cámara que “se ha dicho que toda persona que trabaje con residuos peligrosos es garante de que en el proceso de utilización de esas sustancias no se produzcan riesgos que puedan afectar la salud de terceros o el medio ambiente. Y tal circunstancia –enfatiza el Tribunal- cobra particular relevancia cuando la acción penal se dirige contra quienes cumplen con actividades directivas dentro de la empresa, pues obviamente su relación con el manejo de los residuos sólo resulta mediata, encontrándose presente la injerencia de ellos en el área, a través de la política trazada para la empresa en materia de tratamiento de ese tipo de residuos, la que queda explícitamente plasmada en la contratación de empresas a tales fines, en la existencia de una infraestructura adecuada para el manejo y almacenamiento de dichas sustancias y finalmente, en el ejercicio de medidas de contralor que garanticen el cumplimiento de todos estos recaudos”. (CCCF, Sala I, causa n° 33.433 “De Vicenzo, Gustavo Alfredo”, rta. 25/10/01).
TUCUMÁN SE ENCAMINA A DISPONER LA NORMATIVA QUE POSIBILITE CUMPLIR CON LA EXIGENCIA DEL SEGURO AMBIENTAL OBLIGATORIO
El secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Ing. Alfredo Montalván, informó que la provincia está lista para “impulsar un debate abierto” del que surjan los contenidos de la normativa complementaria que se adapte a la realidad provincial y posibilite encuadrar a Tucumán entre las jurisdicciones que ya exigen el cumplimiento de contratación del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO), tal como lo establece el Artículo 22 de la Ley General de Ambiente N° 25.675.
El secretario Montalván dijo que desde su área trabajó intensamente para estimular la gestión ambiental desde las empresas y que en el proceso de “trabajar en el sentido del cumplimiento del Artículo 22 (de la Ley 25.675)” ha elegido “el camino de la progresividad y el de la sociedad del conocimiento”. Por su parte la Dra. Sayago, al hablar sobre realidad ambiental y marco legal de los seguros ambientales en Tucumán, afirmó que “no se discute la plena vigencia y operatividad del Art. 22″ y que “hoy no hay argumentos, no hay excusas por parte de los obligados” para eludir el cumplimiento de la ley, pero al referirse a la normativa complementaria que aún debe dictar el gobierno provincial, puntualizó que “debe surgir de una mesa multisectorial” y “ser una herramienta que cumpla con la finalidad prevista en la ley”. La Dra. Silvina Mendilaharzu expuso a su vez sobre la importancia de la minería en Tucumán, y cuál sería el universo de sujetos alcanzados por el SAO en ese sector.
La audiencia estuvo compuesta por numerosos empresarios y profesionales especializados en derecho y gestión ambiental.
La mencionada ley, que rige en todo el país con carácter de orden público, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental que deben respetar, como piso o umbral, todas las provincias y municipios, los que adicionalmente tienen facultades para disponer, mediante normas complementarias, la forma de implementar la exigibilidad y fijar obligaciones adicionales o más estrictas. Las jurisdicciones que exigen hoy el SAO son la Provincia de Buenos Aires, Autoridad Ambiental Jurisdiccional para la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja, Chaco, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y del Neuquén.
En Córdoba se está reglamentando la ley para exigir el SAO
En la Provincia de Córdoba la exigibilidad del SAO se encuentra en proceso de reglamentación, habiendo sido ya aprobado mediante la ley provincial Nº 10208, que en su art 8° inc k lo considera un instrumento de política y gestión ambiental.
En su Capítulo XIII (“Seguro Ambiental”), el art. 75 establece que: “La Autoridad de Aplicación -por vía reglamentaria- determinará qué persona física o jurídica -pública o privada- por la actividad que realice y que entrañe riesgo para el ambiente, los ecosistemas o sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir. Asimismo, determina que según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que permita la instrumentación de acciones de reparación.
Por el artículo 2º de la misma ley, ésta se incorpora al marco normativo ambiental vigente en la Provincia -Ley Nº 7343, normas concordantes y complementarias-.
En Córdoba ya existía una norma reglamentaria que exige el SAO, el Decreto Nº 1130/12. Éste dispone que “en observancia a lo establecido por el artículo 22 de la Ley Nacional Nº 25.675 y sus resoluciones nacionales reglamentarias”, debe acreditarse la contratación del SAO como requisito para obtener o renovar las respectivas licencias, habilitaciones, permisos e inscripciones que otorga la Secretaría de Ambiente provincial, a los titulares de aquellos establecimientos con un NCA mayor a 14,5 puntos y a los que así se lo solicite la autoridad ambiental por razones sitio-específicas (art. 1º).
Según el mismo decreto, sólo se aceptarán las pólizas de SAO “emitidas por las Compañías de Seguro que hayan sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con la previa Conformidad Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en virtud de haber acreditado capacidad técnica operativa para realizar acciones de recomposición del ambiente dañado mediante contratos con empresas inscriptas en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos.” (art. 2º).
Si bien la Ley 10208 deberá ser reglamentada por el Ejecutivo provincial, atento lo previsto en sus arts. 2º, 8º y 75, como también en el Dcto. 1130/12, se entiende que este último, en su carácter de norma complementaria de la Ley General de Ambiente y por no contraponerse con lo dispuesto en la nueva ley provincial, conserva vigencia mientras no sea modificado expresamente por otra norma reglamentaria.
La Asamblea de CAARA aprobó la Memoria y Balance y renovó las autoridades
El pasado 30 de agosto la Asamblea de CAARA aprobó la Memoria y Balance del sexto ejercicio de la entidad, finalizado el 30 de abril, y dispuso la renovación de las autoridades, quedando la Comisión Directiva integrada de la siguiente manera:
Presidente: Jorge Furlan (Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.)
Vicepresidente: Sr. Claudio Javier Barrios
Secretario: Gustavo Darío Roldan (Testimonio Compañía de Seguros S.A.)
Tesorero: Silvia Adriana Wickmannn (NGN S.A.)
Revisora de Cuentas: Dra. Noemí Griselda Pellegri
Directora Ejecutiva: Dra. Roxana Fernández Núñez
Convenio de cooperación técnica en medio ambiente
El Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados de la Nación firmaron un convenio de cooperación técnica con el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) para realizar investigaciones y estudios técnicos relacionados con temas medioambientales.
El convenio fue firmado por el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Nación, Ing. Omar Judis, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez y el titular del COFEMA y también del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires, Hugo Bilbao.
El convenio persigue el propósito de consolidar vínculos institucionales entre el COFEMA, la HCD y la Nación para mejorar el debate y el proceso de elaboración de leyes relacionadas áreascomo el desarrollo agropecuario y la calidad ambiental.
8.162 Comments

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 22
 Artículo 22
 Resolución 
 Artículo 31
 Artículo 22
 Artículo 22
 artículo 2
 artículo 22