Source: https://www.registradoresdemadrid.org/resoluciones/TRACTO-SUCESIVO-REANUDACION-5622-boe13112019-rDGRN20092019
Timestamp: 2020-01-23 21:22:02+00:00

Document:
RESOLUCIONES - TRACTO SUCESIVO. REANUDACIÓN. - 20/09/2019
TRACTO SUCESIVO. REANUDACIÓN.
Ley Hipotecaria, Artículos 18 y 199 y siguientes
Resolución de 20 de septiembre de 2019 , de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de San Sebastián de La Gomera, por la que se deniega la inscripción de auto judicial de reanudación de tracto sucesivo.
En el recurso interpuesto por don F. B. F., procurador de los tribunales, en nombre y representación de la "Fundación Antonio Bonny-Sebastiana Manrique de Lara", contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de San Sebastián de La Gomera, doña María Crespo Álvarez, por la que se deniega la inscripción de auto judicial de reanudación de tracto sucesivo.
I Mediante auto, de fecha 23 de junio de 2015, dictado en el procedimiento número 334/2011 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Sebastián de La Gomera, se acordó la reanudación del tracto sucesivo de la finca registral número 740 del Registro de la Propiedad de San Sebastián de La Gomera.
II Presentado testimonio de dicho auto, complementado por otro, de fecha 16 de marzo de 2016, y dictado por el mismo Juzgado, en el Registro de la Propiedad de San Sebastián de La Gomera, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
"Conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria (reformado por Ley 2412001 de 27 de diciembre) y 98 y siguientes del Reglamento Hipotecario:
La Registradora de la Propiedad que suscribe, previo examen y calificación del documento presentado por Don F. B. F., el día 17/05/2019, bajo el asiento número 330 del tomo 36 del Libro Diario y número de entrada 815, que corresponde al testimonio del auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, Único [sic] de San Sebastián de La Gomera, de fecha 23 de junio de 2015, complementado por otro de fecha 16 de marzo de 2016, relativo al procedimiento 334/2011 -expediente de reanudación de tracto-, ha resuelto no practicar los asientos solicitados en base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
La documentación presentada en este Registro no es título hábil para la reanudación del tracto sucesivo de la finca objeto del expediente. Consultado el folio registral resulta imposible establecer la concatenación de transmisiones que pudieran acreditar el derecho alegado por la interesada. Se sugiere, o bien acudir al expediente registral previsto a tales efectos en el artículo 208 de la Ley Hipotecaria o, ante la aparente dificultad de lograr la concurrencia de todos los Interesados a que se refiere el precepto indicado, acudir a un procedimiento judicial ejercitando la oportuna acción declarativa o reivindicatoria del dominio en aras de obtener el documento público que formalice el derecho de dominio sobre la finca a favor de la interesada.
Contra la anterior nota de calificación (...)
San Sebastián de La Gomera, a diez junio del año dos mil diecinueve.-La Registradora de la Propiedad (firma ilegible), Fdo; María Crespo Álvarez".
III Contra la anterior nota de calificación, don F. B. F., procurador de los tribunales, en nombre y representación de la "Fundación Antonio Bonny-Sebastiana Manrique de Lara", interpuso recurso el día 15 de julio de 2019 en base a los siguientes argumentos:
(...) Atendiendo a la disposición transitoria única de la Ley de 13/2015, de 24 de junio, de modificación de la Ley Hipotecaria: Todos los procedimientos regulados en el Título VI de la Ley Hipotecaria, así como los derivados de los supuestos de doble inmatriculación que se encuentren iniciados a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, continuarán tramitándose hasta su resolución definitiva conforme a la normativa anterior. (...) .
La reforma legislativa referida tuvo como una de sus finalidades, según refiere su preámbulo, la desjudicialización de los procedimientos regulados en los anteriores arts. 198 a 210 L.H. Pero ello no obsta a que mantengan su validez los procedimientos llevados a cabo con la anterior normativa, entonces vigente, según la referida disposición transitoria única.
En tal sentido ha de señalarse con carácter previo que es doctrina reiterada de este Centro Directivo que tratándose de calificación de documentos judiciales, el registrador ha de limitarse, al artículo 100 del Reglamento Hipotecario, sin entrar a valorar sobre el acierto intrínseco de la decisión judicial que en aquéllos se contiene, pues, ello supondría interferirse en la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva a jueces y tribunales, de acuerdo con los artículos 117 del Constitución Española, 18 de la Ley Hipotecaria y 100 del Reglamento Hipotecario. En consecuencia, y tratándose de un auto recaído en expediente de dominio, por el que se ordena reanudar el tracto registral sobre determinada finca a favor del promotor, auto que es, por sí solo, título hábil para tal inscripción (cfr. artículo 201.6 de la Ley Hipotecaria), sin que pueda extenderse la calificación al estudio de los títulos de adquisición justificativos del dominio y si efectivamente recaen sobre la totalidad del bien o sobre una cuota indivisa del mismo, ateniéndose al sentido literal de las manifestaciones expresadas en el mencionado mandamiento. Debe recordarse que el artículo 285.3 in fine del Reglamento Hipotecario, determina que ...sin que se pueda exigir al que promueva el expediente que determine ni justifique las transmisiones operadas desde la última inscripción hasta la adquisición de su derecho . Consecuentemente este defecto debe ser revocado.
No corresponde el registrador entrar a examinar los fundamentos de la decisión judicial, debiendo cumplir las resoluciones judiciales que sean firmes o ejecutables de acuerdo con las leyes (art. 17.2 de La Ley Orgánica del Poder Jucial [sic]) , como dice la Resolución de la DGRN de 08-03-2017 (BOE 70/2017, de 23 marzo 2017), relativa a un auto judicial que declara justificada la reanudación del tracto interrumpido.
La calificación objeto de recurso desnaturaliza y deja vacío de contenido el expediente de reanudación del tracto interrumpido al exigir la concatenación de transmisiones. El verdadero sentido del expediente es suplir los casos en que dicha concatenación no consta de otro modo. De ahí la norma contenida en el artículo 285.3 in fine del Reglamento Hipotecario antes citada".
IV La registradora de la Propiedad decidió mantener la nota de calificación, emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. Dado traslado del recurso al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Sebastián de La Gomera, no presentó alegaciones.
1. Sobre determinada finca registral se promueve expediente de dominio para reanudar el tracto sucesivo interrumpido. La finca figura ya inscrita a nombre de la fundación promovente del expediente en cuanto a una mitad indivisa, figurando denegada la restante mitad indivisa por falta de previa inscripción. La otra mitad indivisa figura inscrita a nombre de doña T. C. F. desde el día 24 de septiembre de 1915. En el auto aprobando el expediente -junto con otra complementario posterior- se aclara que el título del que trae causa el promovente sobre la finca es la escritura de compraventa otorgada con fecha 12 de mayo de 1972, que es la misma que determinó la inscripción de la mitad indivisa a favor del promovente y la denegación de la restante mitad por falta de previa inscripción a favor del transmitente.
La registradora suspende la inscripción por entender que no es título hábil para la reanudación del tracto sucesivo de la finca objeto del expediente dado que, consultado el folio registral, resulta imposible establecer la concatenación de transmisiones que pudieran acreditar el derecho alegado por la interesada sobre la mitad indivisa no inmatriculada. En el informe -y del historial de la finca aportado al expediente- resulta, en efecto, que la inscripción 1.ª, de posesión, convertida en inscripción de dominio, quedó cancelada en cuanto a una mitad indivisa de la finca en virtud de sentencia dictada en juicio declarativo de cognición sobre reivindicación de bienes ante el "Juzgado comarcal de esta Villa" a favor de doña R. J. S. y sus hijas, doña M., doña T. y doña M. A. F. J., que a su vez -junto con otras personas- transmitieron el pleno dominio de la finca a favor de la citada fundación, si bien sólo fue inscrita la mitad indivisa inscrita, denegándose la restante mitad indivisa por falta de previa inscripción al seguir inscrita a nombre de doña T. C. F. En el testimonio del auto no se especifican las transmisiones entre esta última y el promovente que justifiquen la reanudación del tracto respecto de esa mitad indivisa.
2. Lo primero que conviene recordar es que el respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos por ende los registradores de la Propiedad, la obligación de cumplir las resoluciones judiciales. Pero no es menos cierto, conforme doctrina reiterada de este Centro Directivo, apoyada en la de nuestro Tribunal Supremo en la Sentencias relacionadas en "Vistos", que el registrador tiene , sobre tales resoluciones, la obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la resolución, pero sií el de examinar los extremos señalados en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario, que permite al registrador calif icar del documento judicial -entre otros extremos- los obstáculos que surjan del Registro, y la falta de congruencia entre la resolución judicial y el procedimiento seguido.
El respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos por ende los registradores de la Propiedad, la obligación de cumplir las resoluciones judiciales. Pero no es menos cierto, conforme doctrina reiterada de este Centro Directivo, apoyada en la de nuestro Tribunal Supremo en la Sentencias relacionadas en "Vistos", que el registrador tiene, sobre tales resoluciones, la obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la resolución, pero sií el de examinar si en el procedimiento han sido emp lazados aquellos a quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia, con objeto de evitar su indefensión proscrita, como se ha dicho, por nuestra Constitución (cfr. artículo 24 de la Constitución Española), ya que precisamente el artículo 100 del Reglamento Hipotecario permite al registrador calificar del documento judicial "los obstáculos que surjan del Registro", y entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido parte o ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento judicial.
También hay que citar entre los fallos más recientes la Sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2017 que, de una forma contundente, afirma lo siguiente: "Esta función revisora debe hacerse en el marco de la función calificadora que con carácter general le confiere al registrador el art. 18 LH, y más en particular respecto de los documentos expedidos por la autoridad judi cial el art. 100 RH. Conforme al art. 18 LH, el registrador de la propiedad debe calificar, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, asíí como la capacidad de los otorgante s y validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas por lo que resulte de ellas y de los asientos registrales. Y, en relación con la inscripción de los mandamientos judiciales, el art. 100 RH dispone que la calificación registral se limitaraí a la competencia del juzgado o tribunal, a la congruencia del mandamiento con el procedimiento o juicio en que se hubiera dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro. Estaí función calificadora no le permite al registrador revisar el fondo de la resolución judicial en la que se basa el mandamiento de cancelación, esto es no puede juzgar sobre su procedencia. Pero sií comprobar que el mandamiento judicial deje constancia del cumplimie nto de los requisitos legales que preservan los derechos de los titulares de los derechos inscritos en el registro cuya cancelación se ordena por el tribunal".
3. Es cierto que este Centro Directivo ha afirmado en relación a los expedientes judiciales del Título VI de la Ley Hipotecaria presentados en el Registro de la Propiedad correspondiente con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 13/2015, de 24 de junio (el 1 de noviembre de 2015), que debe aplicarse la disposición transitoria única según la cual los expedientes regulados en el Título VI de la Ley Hipotecaria ya iniciados en el momento de la entrada en vigor de la citada norma deberán continuar su tramitación conforme a la normativa anterior.
Precisamente en cumplimiento de la normativa anterior no basta una genérica afirmación en el testimonio del auto de que se han practicado las citaciones previstas en la regla tercera del artículo 201 de la ley hipotecaria -vigente en el momento de la tramitación de auto- sino que debe justificarse, aunque sea someramente las transmisiones que dieron lugar a la adquisición por el promovente, y su título o causa de adquisición (cfr. artículos 201 de la Ley Hipotecaria y 274, segundo, del Reglamento Hipotecario).
4. Debe recordarse la doctrina reiterada de este Centro Directivo, antes y después de la reforma, según la cual el expediente para reanudar el tracto sucesivo interrumpido es un medio excepcional para lograr la inscripción de una finca ya inmatriculada a favor del promotor, y ello por una triple razón: a) porque contra la regla básica de nuestro sistema que exige para la rectificación de un asiento el consentimiento de su titular o una resolución judicial dictada en juicio declarativo contra él entablado (cfr. artículos 1, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria), la resolución de dicho procedimiento puede provocar la cancelación de un asiento sin satisfacer ninguna de esas dos exigencias; b) porque contra la presunción, a todos los efectos legales, de existencia y pertenencia del derecho inscrito a favor del titular registral (cfr. artículo 38 de la Ley Hipotecaria), se va a posibilitar una declaración dominical contraria al pronunciamiento registral en un procedimiento en el que no ha de intervenir necesariamente el favorecido por dicho pronunciamiento, y de ahí que el propio artículo 40.a) de la Ley Hipotecaria contemple este cauce como subsidiario de la inscripción de los titulares intermedios, y c) porque contra la exigencia de acreditación fehaciente del título adquisitivo para su acceso al Registro (cfr. artículos 2 y 3 de la Ley Hipotecaria), se posibilita la inscripción en virtud de un procedimiento que declara la exactitud del título adquisitivo invocado por el promotor, siendo así que dicho título puede estar consignado en un simple documento privado y que en tal procedimiento puede no quedar asegurado el legítimo reconocimiento de aquel documento privado por sus suscriptores (cfr. artículos 1218 y 1225 del Código Civil, 602 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 201, reglas 3.ª y 4.ª, de la Ley Hipotecaria).
5. En el supuesto de hecho de este expediente tan sólo se invoca como título el mismo de la compraventa que sirvió para inscribir la mitad indivisa a favor del promovente -y que motivó la denegación de la mitad indivisa que ahora se pretende reanudar-, por lo que conceptualmente, si no se complementa con la justificación de las transmisiones entre el titular registral y los que intervinieron en la venta, no es título material suficiente para amparar la declaración de reanudación de tracto sucesivo.
Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2013 y 21 de noviembre de 2017
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 29 de agosto de 1983, 30 de mayo de 1988, 5 de julio de 1991, 13 de abril y 23 de diciembre de 1999, 18 de marzo de 2000, 30 de noviembre de 2000, 24 de septiembre de 2002, 16 de julio y 15 de noviembre de 2003, 4 de junio, 19 de septiembre y 7 de diciembre de 2012, 25 de septiembre de 2014, 24 de marzo y 29 de abril de 2015, 14, 25 y 28 de abril y 2 de noviembre de 2016, 2 de octubre de 2017, 30 de enero de 2018 y 7 de noviembre de 2018.

References: Resolución 
 artículo 18
 artículo 208
 resolución 
 artículo 100
 artículo 201
 artículo 285
in fine
 Resolución 
 artículo 285
in fine
 artículo 100
 resolución 
 artículo 24
 artículo 100
 resolución 
 artículo 201
 resolución 
 resolución 
 artículo 38
 artículo 40