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Timestamp: 2019-09-17 00:36:31+00:00

Document:
Ejecutoria num. 3a./J. 1/94 de Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala - Jurisprudencia - VLEX 26831987
Número de Resolución: 3a./J. 1/94
Localizacion: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación.
Fecha de Publicación: 1 de Febrero de 1994
CONTRADICCION DE TESIS 23/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL SEGUNDO CIRCUITO.
De las constancias que integran el juicio de amparo directo civil 1365/90, remitido a esta Tercera Sala del más Alto Tribunal, por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, se desprende que L.M.P. y M.V.A., por su propio derecho, solicitaron la protección de la justicia de la unión, contra el acto de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de H., que hizo consistir en lo siguiente:
IV. SENTENCIA RECLAMADA. La definitiva, dictada en el toca civil y familiar 114/90, con fecha 22 de agosto del año en curso.
El presidente del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, residente en la ciudad de Toluca, Estado de México, a quien correspondió conocer del asunto por razón de turno, por auto de nueve de noviembre de mil novecientos noventa, admitió la demanda de referencia, y una vez agotados los trámites respectivos, mediante proveído de quince de noviembre del propio año, ordenó turnar los autos al magistrado relator, a efecto de que elaborara el proyecto de sentencia correspondiente, la que se pronunció el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa, asentándose en la parte que aquí interesa, lo siguiente:
QUINTO.-Los peticionarios, L.M.P. y M.V.A., aducen como primer concepto de violación, que resultaba improcedente la acción plenaria de posesión, pues tiende a proteger la posesión con justa causa y deben ejercitarla quienes carecen del documento que acredite la propiedad, por lo que la Sala no debió sostener que la escritura pública exhibida demostraba el primero de los elementos de la acción. Son sustancialmente fundadas las anteriores alegaciones: En efecto, el artículo 9o. del Código Procesal Civil para el Estado de H., establece: '9. Al adquirente con justo título y de buena fe le compete la acción para que, aun cuando no haya prescrito, se le restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los términos del artículo 4, el poseedor de mala fe o el que teniendo título de igual calidad ha poseído por menos tiempo que el actor. No procede esta acción en los casos en que ambas posesiones fuesen dudosas o el demandado tuviere su título registrado y el actor no, así como contra el legítimo dueño'. Por otra parte, nuestro más Alto Tribunal ha sostenido, que la acción plenaria de posesión o publiciana, compete al adquirente de buena fe que no está detentando la cosa que tiene derecho a poseer con justo título, aunque no lo acredite como propietario, y se da contra quien posee con menor derecho, a fin de obtener la restitución del bien, por lo que el actor debe acreditar los siguientes elementos: a) Que tiene justo título para poseer; b) Que es de buena fe; c) Que el demandado posee el bien a que se refiere el título y, d) Que es mejor el derecho del actor para poseer, que el alegado por el demandado. Por tanto, el juzgador sólo debe examinar cuál de los títulos exhibidos por las partes, es mejor para acreditar el derecho a la posesión originaria, pues conforme a lo apuntado, no puede ejercitarse la acción por cualquier clase de poseedor, sino sólo el de buena fe, que tiene a su favor un título que le otorga el derecho correspondiente, y en consecuencia, el ejercicio de la acción plenaria, no implica análisis de ninguna cuestión de propiedad, pues la acción pauliana se funda en una ficción, que consiste en considerar al poseedor que no ha prescrito, como si hubiere ya ocurrido la prescripción, y su objeto se reduce a condenar al demandado a devolver la cosa y sus frutos y accesiones, pero sin hacer declaración, respecto a que el actor sea dueño de la cosa. Además, no sería factible estimar que el propietario de un bien pudiese ejercitar la acción plenaria de posesión para recuperar su tenencia, pues por justo título debe entenderse el documento con el cual se acredita la causa de posesión de una cosa y de entender aquél como instrumento que acredita la propiedad, para obtener la restitución del bien podía hacerse uso de dos acciones diversas: La reivindicatoria y la publiciana; lo cual no puede permitirse, atento a la naturaleza específica del sujeto activo en cada uno de ellas, pues la plenaria de posesión debe ejercitarla el poseedor, mientras que la reivindicatoria sólo puede intentarla quien tiene previamente carácter de propietario. Asimismo, debe entenderse que la acción publiciana, sólo puede ejercitarla el poseedor con justo título que está en vías de adquirir la cosa por medio de la prescripción, pues el término utilizado por el legislador: 'aun cuando no haya prescrito', es necesario considerarlo en el sentido de estar por consumarse la usucapión, lo cual sólo puede ocurrir si el accionante detenta el bien; además, conforme al artículo 765 del Código Civil vigente en el Estado, la posesión se traduce en un estado o poder de hecho que se ejerce sobre una cosa y aun cuando determinados actos jurídicos confieren el derecho a poseer no sería dable entender que para la procedencia de la acción, el actor sólo debe ser titular de aquél, o ejercitar la posesión en sí, porque en esta acción se discute la calidad de la posesión y tiene por objeto que el poseedor de categoría inferior al de la actora 'le restituya la cosa y sus frutos y accesiones', lo cual implica necesariamente que el demandante debió tener la posesión con anterioridad, pues el fin de la acción consiste en recuperar un bien, ello sólo puede ocurrir si se deja de ejercitar un poder de hecho. En consecuencia, en forma incorrecta la responsable estimó que la procedencia de la acción había sido determinada porque la actora había demostrado ser propietaria del inmueble materia de la controversia, pues en la especie no deben discutirse cuestiones de propiedad sino, en su caso, si el título de la actora le otorgaba el derecho para asumir la posesión originaria sobre el predio materia de la litis. En las condiciones apuntadas, siendo el acto reclamado violatorio de garantías, resulta innecesario examinar los restantes conceptos de violación, por lo que debe concederse al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de H., deje insubsistente la sentencia combatida y en otra que dicte, examine los agravios aducidos en apelación, partiendo de la base de que el ejercicio de la acción intentada no corresponde al propietario, sino sólo al adquirente con justo título que tiene derecho a poseer y resuelva como proceda legalmente.
Con base en estas consideraciones, el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito elaboró la siguiente tesis:
ACCIONES PUBLICIANA O PLENARIA DE POSESION Y REIVINDICATORIA. DIFERENCIACION.-La acción plenaria de posesión o publiciana, compete al adquirente de buena fe que tiene derecho a poseer con justo título, aun cuando no lo acredite como propietario y se da contra quien posee con menor derecho, a fin de obtener la restitución del bien; en consecuencia, no sería factible estimar, que el propietario pudiese ejercitar la acción plenaria de posesión para recuperar su tenencia, pues por justo título debe entenderse el documento en el cual se demuestra la causa de posesión de una cosa y no el instrumento que acredita el dominio, porque en esta última hipótesis, el propietario podría hacer uso de dos diversas acciones para lograr la restitución, como son la reivindicatoria y la publiciana, lo cual no puede permitirse, conforme a la naturaleza específica del sujeto activo en cada una de ellas, pues la primera debe ejercitarla el poseedor con justo título, que esté en vías de adquirir la cosa por medio de la prescripción, mientras que la reivindicatoria sólo puede intentarla, quien previamente tiene carácter de dueño: incluso, el término utilizado por el legislador: 'aun cuando no ha prescrito', es necesario entenderlo en el sentido de estar por consumirse la usucapión, supuesto que únicamente puede presentarse, si el accionante no es propietario del bien. Además, el juzgador sólo debe examinar cuál de los títulos por las partes, es el mejor para acreditar el derecho a la posesión originaria, pues el ejercicio de la acción plenaria, no implica análisis de ninguna cuestión de propiedad, ya que la acción publiciana se funda en una ficción, que consiste en considerar al poseedor que no ha prescrito, como si hubiere ya ocurrido la prescripción.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, al fallar el amparo directo civil 753/88, el veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y nueve, sostuvo la tesis que es del tenor literal siguiente:
ACCIONES PUBLICIANA O PLENARIA DE POSESION Y REIVINDICATORIA, DIFERENCIACION ENTRE LAS.-Las acciones publiciana o plenaria de posesión y reivindicatoria, son acciones reales. La primera protege la posesión y la segunda protege la propiedad; en ambas la sentencia tiene efectos de condena, pues el demandado debe restituir la cosa con sus frutos y accesiones; ambas competen a quien no está en posesión de la cosa a la cual tiene derecho a poseer, por justo título, aun cuando no lo acredite como propietario en la publiciana, y en la reivindicatoria por tener la propiedad de la cosa; así, en aquélla el actor debe acreditar ser adquirente con justo título y buena fe y en ésta tener el dominio. En tales condiciones, el propietario puede intentar la acción publiciana cuando no quiera que se cuestione la propiedad y esté en condiciones de probar que es adquirente con justo título, lo cual se requiere para la procedencia de dicha acción y logrará la restitución de la cosa con sus frutos y accesiones, aun cuando no se declare que tiene el dominio de la misma, pues esto es efecto exclusivo de la reivindicatoria, lo que la diferencia de la publiciana o plenaria de posesión.
Las razones en que se apoya la anterior tesis, son las siguientes:
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado el criterio jurisprudencial que con el número 6 obra publicado a fojas 18, Tercera Sala, Cuarta Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, el cual textualmente expresa: 'ACCION PLENARIA DE POSESION.-La acción plenaria de posesión o publiciana compete al adquirente de buena fe que no está en posesión de la cosa que tiene derecho a poseer con justo título, aunque no lo acredite como propietario, se da contra quien posee con menor derecho y tiene la finalidad de obtener la restitución de la cosa con sus frutos y accesiones.- Consecuentemente el actor deberá probar los siguientes elementos: 1. Que tiene justo título para poseer. 2. Que es de buena fe. 3. Que el demandado posee el bien a que se refiere el título. 4. Que es mejor el derecho del actor para poseer que el que alega el demandado. Para este efecto, el juzgador debe examinar cuál de los títulos exhibidos es mejor para acreditar el derecho a la posesión civil'. Ahora bien, como se aprecia del criterio jurisprudencial antes transcrito, la plenaria de posesión o publiciana es una acción que tiene por objeto obtener la restitución de la cosa con sus frutos y accesiones, y se intenta para que se resuelva sobre la mejor posesión, compete al adquirente de buena fe que no está en posesión de la cosa que tiene derecho a poseer con justo título, aun cuando éste no lo acredite como propietario y se endereza contra quien posee la cosa con menor derecho. Esta es una acción petitoria y de condena, mas no declarativa. Para que la acción plenaria de posesión o publiciana proceda, el actor debe probar: 1. Que tiene justo título para poseer. 2. Que es poseedor de buena fe. 3. Que el demandado está en posesión del bien a que alude el título; y, 4. Que es mejor el derecho del actor para poseer, que el del demandado. De ahí que el actor debe acreditar primero, que tiene justo título para poseer, después que es poseedor de buena fe, luego, que el demandado está en posesión del bien a que alude el título base de la acción, y, por último, que su derecho para poseer es mejor que el que tiene el demandado (para lo cual se deberá examinar cuál de los títulos exhibidos es mejor para acreditar el derecho a la posesión civil). Por justo título debe entenderse el acto o documento que se cree bastante para adquirir el dominio o que se considere fundadamente suficiente para adquirirlo; los actos jurídicos que engendran la posesión son los contratos traslativos de dominio entre los que se encuentra la compraventa. La acción reivindicatoria en cambio, compete a quien no está en posesión de la cosa de la cual tiene la propiedad y su efecto es declarativo y de condena, ya que tiene por objeto primero que la sentencia reconozca que el actor ha justificado el dominio sobre la cosa que se pretende reivindicar; y, segundo (y en vía de consecuencia), que el demandado restituya la cosa con sus frutos y accesiones, para la procedencia de esta acción, el actor debe probar: 1. La propiedad de la cosa que se reclama. 2. La posesión por el demandado de la cosa perseguida; y, 3. La identidad de la misma. Como se aprecia de lo antes expuesto, tanto la plenaria de posesión o publiciana, como la reivindicatoria, son dos acciones reales; la primera protege la posesión y la segunda la propiedad, aquélla es una acción petitoria y ésta declarativa, y en ambas la sentencia tiene efectos de condena, ya que el demandado debe restituir la cosa con sus frutos y accesiones, además ambos competen a quien no está en posesión de la cosa que tiene derecho a poseer, por justo título aun cuando no lo acredite como propietario, en la publiciana; y por tener la propiedad de la cosa, en la reivindicatoria, por ende, en aquélla el actor debe acreditar ser adquirente con justo título y buena fe; y en ésta que justifique tener el dominio. De ahí que el propietario puede intentar la acción publiciana o plenaria de posesión cuando no quiera que se cuestione la propiedad y esté en condiciones de probar que es adquirente con justo título, que es lo que se requiere para la procedencia de dicha acción, con la cual logrará que se le restituya la cosa con sus frutos y accesiones, aun cuando no se declare que tiene el dominio de la misma, que es el primer efecto de la reivindicatoria, y que diferencia a ésta de la publiciana o plenaria de posesión. Ahora bien, en la especie, el hoy quejoso ejercitó en la vía verbal la acción real publiciana o plenaria de posesión en contra del Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Atenco, Estado de México, respecto de una fracción de terreno de su propiedad ubicado en el Barrio de San Juan, denominado "Rancho de S.J.", del Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, aportando como documento base de su acción el testimonio de la escritura pública número 3057, V.L., año 1985 de 16 de mayo de 1985, que contiene el contrato de compraventa otorgado por el señor T.G.M., respecto del lote de terreno a que se ha hecho alusión anteriormente, en favor del hoy quejoso. Luego, si bien es cierto que con dicho testimonio público es factible acreditar la propiedad, también lo es que con él se justifica la posesión, ya que el mismo es fundamentalmente suficiente para transmitir el dominio, sin que con ello se desvirtúe la naturaleza jurídica de la acción ejercitada, porque el efecto de la sentencia únicamente será restituir al actor de la fracción de terreno, del cual es adquirente con justo título y buena fe; pero en forma alguna la sentencia hará declaración respecto de derechos de propiedad. Luego, si la Sala señalada como responsable no lo estimó así, infringió en perjuicio del quejoso lo dispuesto por el artículo 482 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, lo que deviene en violatorio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Habiendo resultado fundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la Sala señalada como responsable deje insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado y dicte otra en la que estime infundado el agravio que consideró suficiente para modificar la sentencia de primera instancia y que se hizo consistir en que era improcedente la acción plenaria de posesión porque el título aportado por la actora acredita el derecho de propiedad y por ende, la acción que debía ejercitarse era la reivindicatoria; y, proceda al estudio de los restantes agravios invocados en la apelación."
Por razón de método debe dilucidarse en primer término si en el caso existe materia para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis entre los Tribunales de Circuito mencionados.
Con ese propósito, debe decirse que de la transcripción de las tesis que anteceden, así como del análisis de las ejecutorias en que se sustentan, se hace patente la contradicción de tesis denunciada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se produce porque mientras este Tribunal Federal sostiene que el propietario de un bien no puede ejercitar la acción publiciana o plenaria de posesión, el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito sostiene lo contrario, esto es, que el propietario de un bien puede deducir la acción plenaria de posesión cuando no quiera que se discutan en la contienda legal sus derechos de propiedad, en base a las razones que han quedado transcritas con antelación y que más adelante se ponderarán.
En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 197-A, en relación al 192, ambos de la Ley de Amparo, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación procede a determinar cuál de ellas debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En la especie se estima que debe prevalecer la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 753/88, promovido por D.G.G., en atención a las razones que a continuación se expresan:
La génesis de la acción plenaria de posesión, revela que este derecho subjetivo encuentra su origen en la tradición romanista. Fue instituida por el pretor "Publicius", quien para proteger al poseedor (civil) de buena fe, concedió acción en reivindicatoria a todo aquel que hubiese recibido una cosa con justo título, cuando perdiera la posesión antes de haber adquirido la propiedad por prescripción. A través de esta acción, el pretor fingía creer que el poseedor había cumplido el plazo de la usucapión y demandaba la cosa en calidad de dueño. La sentencia que se pronunciaba en estos juicios se limitaba a resolver acerca del mejor derecho de posesión, sin prejuzgar sobre los derechos de propiedad ni hacer declaración de dominio. El rígido sistema de prueba de la propiedad conocido como "prueba por el título" o "prueba diabólica", que prevaleció a la luz del axioma que dice "nadie puede transmitir a otro más derechos de los que él mismo tiene", obligaba a quienes demandaban la reivindicatoria a demostrar la propiedad de todos sus causantes. Las dificultades que entrañaba la demostración de este aspecto, provocó que la mayoría de los propietarios optaran por el ejercicio de la acción publiciana, en donde obtenían la restitución de la finca, aun cuando no se hiciera declaración de dominio. Durante la Edad Media, frecuentemente se confundió esta acción con la reivindicatoria, ello trajo como consecuencia que desapareciera de numerosas legislaciones europeas, entre las que se encuentran el Código Civil Español, el F. y el Italiano. La fuerte influencia de estas legislaciones sobre el derecho patrio, propició que la acción publiciana no fuera contemplada en los Códigos Civiles del Distrito yTerritorios Federales de 1870, 1884 y aun en el de Procedimientos Civiles de 1883. Posteriormente, el Código Federal de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 1931, incorporó de manera expresa la acción plenaria de posesión en los términos de su artículo 9o., el cual fue recogido más adelante por la mayoría de las legislaturas adjetivas locales, entre las que se encuentra la del Estado de México (artículo 482) y la del Estado de H. (artículo 9o.). Dichos preceptos, por su orden, dicen:
"ARTICULO 9o. Al adquirente con justo título y de buena fe le compete la acción para que, aun cuando no haya prescrito, le restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los términos del artículo 4o., el poseedor de mala fe, o el que teniendo título de igual calidad ha poseído por menos tiempo que el actor. No procede esta acción en los casos en que ambas posesiones fueren dudosas o el demando tuviere su título registrado y el actor no, así como contra el legítimo dueño." (Código de Procedimientos para el Distrito Federal de mil novecientos treinta y uno).
"482. Al adquirente con justo título y de buena fe le compete la acción para que, aun cuando no haya prescrito, le restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los términos del artículo 477 el poseedor de mala fe; o el que teniendo título de igual calidad ha poseído por menos tiempo que el actor. No procede esta acción en los casos en que ambas posesiones fueren dudosas o el demandado tuviere su título registrado y el actor no, así como contra el legítimo dueño." (Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en vigor).
"9o. Al adquirente con justo título y de buena fe le compete la acción para que, aun cuando no haya prescrito, se le restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los términos del artículo 4o., el poseedor de mala fe o el que teniendo título de igual calidad ha poseído por menos tiempo que el actor. No procede esta acción en los casos en que ambas posesiones fueren dudosas o el demandado tuviere su título registrado y el actor no, así como contra el legítimo dueño." (Código Procesal Civil para el Estado de H., en vigor).
Ahora bien, la noción de "justo título" contenida en los preceptos transcritos, que fue empleada en el citado Código Civil de 1870, así como en el referido código de 1884, para establecer el primer requisito de la prescripción positiva, desapareció como tal en el Código Civil de 1928 y fue sustituida por la noción de "poseedor en concepto de propietario". Sin embargo, como una reminiscencia de la acepción y fiel a la tradición romanista, el artículo 9o. del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 1931, acogió el concepto de "justo título". De ahí que la connotación de dicho término debe entenderse a la luz de la definición que de él se proporciona en los Códigos Civiles de 1870 y 1884. En efecto, el artículo 1188 del Código Civil de 1870, establecía: "se llama justo título el que es bastante para transferir el dominio.".Por su parte, el artículo 1080 del Código Civil de 1884, aclaró el concepto al establecer: "Se llama justo título el que es o fundadamente se cree bastante para transferir el dominio.".
De lo anterior se concluye, que el justo título comprende dos supuestos, a saber: a) Aquel que transmite el dominio y que por tanto, constituye un título de propiedad; y, b) Aquel que en principio sería apto para transmitir el dominio, pero que debido a un vicio ignorado por el adquirente, sólo le transmite la posesión. Cabe apuntar que, la práctica hizo caer en desuso la primera de las hipótesis mencionadas, pues quien prescribía, evidentemente lo hacía porque carecía de un título que le transmitiera el dominio.
Adicionalmente, es pertinente advertir que la noción de "justo título" no pugna con la definición que se contiene en el artículo 806 del Código Civil del Distrito y Territorios Federales de 1928, el cual estableció: "Entiéndese por título la causa generadora de la posesión." pues es claro que la acepción de "justo título", en sus dos aspectos, da origen a la posesión, y por ello encuadra dentro de lo previsto por el artículo 806 del citado ordenamiento. No obstante, cabe señalar que el concepto de "causa generadora de la posesión" es más amplio que el de justo título, pues si bien la posesión puede originarse en éste, también lo es que no es la única forma en que se puede generar la posesión, ya que ésta aun cuando no sea, originaria puede producirse por un título que no sea ni se crea bastante para transmitir el dominio, como en el caso del usufructo, del comodato o del arrendamiento. Es decir, el "justo título", no es más que uno de los géneros que conforman la clase "causa generadora de la posesión".
En este orden de ideas, se arriba a la conclusión de que el justo título, si bien como lo señala el Primer Tribunal del Segundo Circuito, en principio puede constituir la causa generadora de la posesión; también es cierto que su concepto no se restringe a los títulos viciados, sino que además comprende a los que transmiten el dominio, tal como lo consignaron expresamente los mencionados de 1870 y 1884.
Pero además, fundamentalmente, no debe perderse de vista que uno de los principios que rigen la acción plenaria de posesión, es el referente a que no se trata de una acción declarativa sino de condena, pues como en forma coincidente lo señalan los órganos colegiados que sustentan la contradicción, en la acción publiciana no puede discutirse los derechos de propiedad que pudieran tener las partes, sino el mejor derecho de posesión que les pueda asistir. De ahí que, la tesis relativa a que el dueño de la cosa no puede deducir la acción publiciana encierra una antinomia, pues no puede rechazarse la acción plenaria de posesión ejercitada por el propietario, sin antes establecer que verdaderamente se trata del propietario, y ello, evidentemente pugna con el principio apuntado.
Sobre el particular, es pertinente citar la tesis sustentada por esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Cuarta Parte, Tomo XXXIV, página 2788, que a la letra dice: "ACCION PUBLICIANA. CONCEPTO.-La acción publiciana es una acción real, que compete al poseedor civil de una cosa, contra el que posee sin título o con otro, pero de menor derecho, para que sea restituida con sus frutos, accesiones y abono de menoscabos, estando sujeta dicha acción, entre otras reglas a las siguientes: Que quien la ejercite, sea poseedor en derecho de la cosa que reclama; que aquel contra quien se dirija, carezca de derecho para retenerla, o sea inferior al de su denunciante, y que se acompañe el justo título en que la acción se funda. Como se ve, la acción publiciana es semejante a la acción reivindicatoria, pero las separan diferencias muy importantes, entre ellas, la de que la sentencia que se dicte con motivo del ejercicio de la primera, no produce excepción de cosa juzgada, en el pleito sobre la propiedad. El juzgador debe examinar, cuál de los títulos presentados por las partes, es mejor para acreditar la posesión civil, y no la posesión de hecho, que es materia de los interdictos.".
La circunstancia de que en tal situación, el actor contaría con dos diversas acciones para lograr la restitución de la cosa, no justifica la desestimación de la procedencia de la acción publiciana cuando la deduzca el propietario, pues ningún imperativo impide al legislador instituir sendos medios de recuperación de la cosa, y por el contrario, sobre el particular cobra aplicación el aforismo que dice "el que puede lo más, puede lo menos".
Tampoco existen elementos para suponer que al emplear la frase "aun cuando no haya prescrito", el legislador limitó la procedencia de la acción plenaria de posesión a los casos en que la usucapión estaba por consumarse, pues la conjunción concesiva "aun cuando", puede ser utilizada como sinónimo de "también", "inclusive" o "hasta", en tanto que como conjunción adversativa, se utiliza en el sentido de "aunque" o "a pesar de lo cual", pero en ningún caso se emplea como adverbio de restricción, esto es, como sinónimo de sólo, solamente o únicamente.
Así pues, cabe concluir que no hay razón de índole legal ni gramatical, para estimar improcedente la acción publiciana cuando es deducida por el dueño de la cosa, pues excluida toda posibilidad de discutir la propiedad en el juicio plenario de posesión, no existe forma de que el juzgador pueda establecer si el actor tiene o no el carácter de propietario.
En las condiciones apuntadas, a juicio de esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia obligatoria en los términos precisados en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, la tesis que a continuación se precisa, debiendo ordenarse su publicación, así como la parte considerativa de este fallo, en el Semanario Judicial de la Federación, para los efectos del artículo 195 de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La tesis indicada es la siguiente:
"ACCION PUBLICIANA O PLENARIA DE POSESION. PUEDE SER INTENTADA TANTO POR EL PROPIETARIO COMO POR EL POSEEDOR DE LA COSA.-Las acciones publiciana o plenaria de posesión y reivindicatoria, son acciones reales; la primera protege la posesión y la segunda protege la propiedad; en ambas la sentencia tiene efectos de condena, pues el demandado debe restituir la cosa con sus frutos y accesiones; ambas competen a quien no está en posesión de la cosa a la cual tiene derecho a poseer, por justo título, aun cuando no lo acredite como propietario en la publiciana; y en la reivindicatoria por tener la propiedad de la cosa; así, en aquélla el actor debe acreditar ser adquirente con justo título y buena fe y en ésta tener el dominio. En tales condiciones, el propietario puede intentar la acción publiciana cuando no quiera que se cuestione la propiedad y esté en condiciones de probar que es adquirente con justo título, lo cual se requiere para la procedencia de dicha acción y logrará la restitución de la cosa con sus frutos y accesiones, aun cuando no se declare que tiene el dominio de la misma, pues esto es efecto exclusivo de la reivindicatoria, lo que la diferencia de la publiciana o plenaria de posesión.".
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
Sí existe contradicción entre la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 1365/90, promovido por L.M.P. y M.V.A., con la sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito, al resolver el amparo directo 753/88, promovido por D.G.G..
Se declara que debe prevalecer la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en los términos precisados en el considerando cuarto de esta resolución.
Remítase de inmediato la tesis jurisprudencial y la parte considerativa que la sustenta en la presente resolución, al Semanario Judicial de la Federación y a la Gaceta del mismo para su publicación, así como al Pleno y demás Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito.
Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente M.M.G., M.A.G., S.H.C.G., J.T.L.C. y C.S.M.. Fue ponente el tercero de los señores Ministros antes mencionados.
Firman el presidente de la Sala y Ministro ponente con el secretario de Acuerdos de la misma, que autoriza y da fe.

References: artículo 9
 artículo 4
 artículo 765
 artículo 482
 artículo 197
 artículo 9
 artículo 4
 artículo 477
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 1188
 artículo 1080
 artículo 806
 artículo 806
 artículo 192
 artículo 195