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Timestamp: 2019-10-20 09:07:39+00:00

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﻿ Sentencia 1995-4881 de octubre 14 de 2011
SENTENCIA 1995-4881 DE 14 DE OCTUBRE DE 2011
CONTENIDO:LA PRESENCIA DE UN SEMOVIENTE EN LA VÍA PÚBLICA ES IRRESISTIBLE E IMPREVISIBLE Y POR TANTO CONSTITUYE UNA CAUSA EXTRAÑA EN LA PRODUCCIÓN DE UN ACCIDENTE TRANSITO, CUANDO, NO SE TIENE CONOCIMIENTO PREVIO DEL TRÁNSITO Y CIRCULACIÓN HABITUAL DE SEMOVIENTES POR EL SITIO DEL ACCIDENTE O NO EXISTEN SEÑALES DE TRÁNSITO QUE HAGAN ALUSIÓN A DICHA SITUACIÓN, ASÍ MISMO ES POSIBLE REDUCIR EL DAÑO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2357 DEL CC. SI SE COMPRUEBA PARTICIPACIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL DAÑO.
TEMAS ESPECÍFICOS:INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, CARRETERAS, DAÑO ANTIJURIDICO, SEÑALIZACIÓN DE CARRETERAS, MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS
Sentencia 1995-4881 de octubre 14 de 2011
Rad.: 50001 23 31 000 1995 4881 01
Expediente 21568
Actor: Samuel David Bohórquez Robles y otros
Demandado: municipio de Villavicencio
Bogotá, D.C., octubre catorce de dos mil once.
10. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia del 28 de septiembre de 2000 proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión de Bogotá, en un proceso que por su cuantía (fl. 46 cdno. 1)(1), determinada al momento de la interposición de la demanda, tiene vocación de doble instancia. Se aplican en este punto las reglas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998.
11. A este proceso fueron allegados diversos medios de prueba. Los documentos presentados en copia simple con la demanda no pueden ser objeto de valoración por esta Sala, mientras que los que se hallan en copia auténtica sí, al igual que las copias remitidas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses relativas al primer reconocimiento médico forense practicado a Samuel David Bohórquez Robles (fls. 99-100 cdno. 1).
11.1. Con respecto al certificado proferido por la Notaria Única del Círculo de Puerto López del registro civil de nacimiento de Miguel Henoth Bohórquez Robles, considera esta Sala, contrario al juez de primera instancia, que este es válido para acreditar la información contenida en dicho documento público y por ende para dar seguridad del parentesco de la referida persona con el hoy lesionado, por cuanto se trata de un documento público que da fe de las declaraciones que se contienen en ellos (art. 262 num. 3º y art. 264 CPC(2))(3).
11.2. En lo que concierne a la validez como prueba en este trámite judicial del proceso penal Nº 2356 aquí trasladado y adelantado en el juzgado segundo penal municipal, advierte la Sala que solo se allegaron los documentos allí contenidos, por lo que, a pesar de que la entidad demandada no adhirió a esta solicitud de prueba y no hizo parte del proceso sobre el cual se solicitó el traslado(4), serán objeto de valoración por cuanto se encuentran en copia auténtica —al haber sido remitidos por el secretario del Juzgado Segundo Penal Municipal de Villavicencio (fl. 115 cdno. 1) previa orden efectuada por el titular del mencionado despacho judicial (fl. 158 cdno. 1 reverso)— y estuvieron a disposición de la parte demandante sin que se hubieran tachado de falsos(5).
12. Con base en las pruebas válida y oportunamente allegadas al expediente se tienen como ciertos los siguientes supuestos fácticos:
12.1. Samuel David Bohórquez Robles estudió el oficio de mecánico reparador de automotores grado aprendizaje en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA (copia auténtica de la certificación, fl. 12 cdno. 1); trabajó en Rolo Autos 92 Cía. Ltda. desde el 15 de noviembre de 1994 hasta el 16 de marzo de 1995 devengando un sueldo promedio de quinientos mil pesos ($ 500.000) (certificado, en original, del gerente, fl. 13 cdno. 1, cuyo contenido, mediante testimonio, fue ratificado por quien lo suscribió, Carlos Humberto Sierra Díaz, fls. 189-190 cdno. 1).
12.2. Samuel David Bohórquez Robles es hijo de Miguel Bohórquez (copia auténtica del registro de nacimiento fl. 15 cdno. 1); hermano de Miguel Henoth (certificado de parentesco proferido por la Notaria Única del Círculo de Puerto López, fl. 14 cdno. 1), Esther, María Lucía y Claudio (copias autenticadas de los registros civiles de nacimiento, fls. 16, 17, 18 cdno. 1, respectivamente) y padre de Fabián David y Lilley Ascensión Bohórquez Robles (copia auténtica del registro civil de nacimiento, fls. 20 y 21 cdno. 1).
12.3. El 17 de marzo de 1995 Samuel David Bohórquez Robles, quien se transportaba en una motocicleta, colisionó contra un semoviente que repentinamente apareció en la carretera (testimonio de Iván Cardozo Castro en el que señaló: “cuando iba un motociclista cuando salieron tres vacas de la parte de arriba de la vía a Acacías, después salió la cuarta vaca corriendo, y el señor se accidentó contra ese animal (…) la vía es pavimentada, una recta, en síntesis una avenida la avenida tiene desagües mas no tiene sardineles, y en los desagües a una distancia de 3 metros estaban los animales (…) de donde salieron los animales, eso estaba enrastrojado que el desagüe estaba tapado en pasto, este año fue que vinieron a limpiar eso, el separador de la avenida estaba con el pasto alto, siempre el dueño de los animales los mantiene por ahí (…) El accidente lo produjeron los animales por estar en las vías públicas”, fls. 112-113 cdno. 1; copia del croquis del accidente, fl. 116 cdno. 1).
12.4. Con ocasión del accidente, Samuel David Bohórquez Robles fue incapacitado por sesenta (60) días (copia del primer reconocimiento médico forense remitida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fl. 100 cdno. 1); le fue diagnosticado como secuelas: “Hipoacusia profunda de oído izquierdo (pérdida de 98.3 dB) y moderada de oído derecho (pérdida de 50 dB). De acuerdo a concepto neurológico del 22 de diciembre de 1997, el cuadro se interpreta como un síndrome post-concusión, que en la actualidad ocasiona pérdida de la memoria, dificultad en la concentración, depresión, mareos, transtornos del equilibrio, cefaleas leves, vértigos, apatía, ansiedad y lipotimias. De acuerdo a concepto de cirugía plástica del 22 de diciembre de 1997, se anota cicatriz en labio superior oblicua de tres centímetros de longitud, en vestíbulo fosa nasal derecha, en mentón cicatriz lineal de dos centímetros y frontal izquierda de dos centímetros también con sugerencia de plastias. Cicatriz lineal en dorso de región interfalángica proximal del tercer dedo de mano derecha. Cicatrices lineales temporo parietal derecha y temporooccipital izquierda”) y se le decretó una invalidez del sesenta y seis por ciento (66%) (concepto médico laboral de la dirección regional Santa fe de Bogotá, D.C., Cundinamarca - División de empleo y seguridad social, fls. 193-194 cdno. 1).
12.5. El vehículo en el que se transportaba y que era de su propiedad (copia de la tarjeta de propiedad, fl. 122 cdno. 1) sufrió daños avaluados en ciento treinta mil pesos ($ 130.000) (copia del dictamen practicado por el perito de tránsito municipal de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Villavicencio, fl. 123 cdno. 1)
13. En este caso, la Sala debe resolver dos problemas jurídicos. En el primero, debe determinar si el municipio de Villavicencio incumplió el deber de mantener las vías públicas sin obstáculos y el de recoger los semovientes vacunos, caprinos y equinos que deambularan ellas y, si dicha omisión tuvo relación directa con el hecho causante del daño sufrido por Samuel David Bohórquez Robles. En el segundo debe resolver si en dicho suceso, concurrió en su acaecimiento la culpa de la víctima y el hecho de un tercero.
14. En primer lugar constata la Sala la materialización de un daño moral y material en la víctima directa del accidente, esto es, en Samuel David Bohórquez Robles, pues en razón del accidente estuvo internado en una clínica por 60 días, presentó secuelas en su integridad personal y se le diagnosticó la pérdida de la capacidad laboral en un 66%. De estos sucesos, es dable concluir, de acuerdo con las reglas de la experiencia, el sentimiento de pena de aquel, por cuanto se le afectó el derecho fundamental a la salud y en este sentido el de su bienestar personal. Además hubo daños en la motocicleta de su propiedad y en la cual se transportaba el día del accidente. En segundo lugar, el daño moral padecido por el padre, hermanos e hijos del directamente afectado se infiere, de la cercanía que estos tenían con aquel, la cual se deduce de las reglas de la experiencia avaladas por esta corporación(6).
15. El título de imputación cuando se alega el incumplimiento de un deber por parte de la administración es el de falla del servicio. Para determinar la configuración de esta falla se hace necesario analizar el contenido obligacional de las normas que fijan la competencia, el grado de cumplimiento por parte de la entidad demandada en el caso concreto y la forma en que el Estado debió haber cumplido con su obligación(7). Para que esta falla de lugar a la atribución de responsabilidad en la administración se debe analizar su relevancia, preponderancia o suficiencia en el proceso causal de producción del daño, aspecto en el que resulta pertinente determinar si para la administración era posible evitar el daño interrumpiendo, con el cumplimiento de su deber, el proceso causal.
15.1. Resalta la Sala que en el análisis acerca del cumplimiento de las obligaciones por parte de la administración se debe tener en cuenta los medios que esta cuenta para su satisfacción en cada caso concreto y las circunstancias materiales y de tiempo y lugar en que se desarrolla. Así ha dicho esta corporación:
La obligación de seguridad que corresponda prestar al Estado en un evento determinado, conforme a la jurisprudencia que la Sala ha desarrollado desde vieja data, debe determinarse en consideración a su capacidad real de prestar ese servicio, atendidas las circunstancias concretas, bajo el criterio de que ‘nadie está obligado a lo imposible’. En decisión posterior se hizo una exposición más amplia de ese criterio y se consideró que el juez, para apreciar la falla del servicio, no debía referirse a una norma abstracta, sino que debía preguntarse por lo que en ese caso debía esperarse del servicio, teniendo cuenta la dificultad más o menos grande de su misión, las circunstancias de tiempo (periodos de paz, o momentos de crisis), el lugar, los recursos humanos y materiales de que disponía, etc. Con el fin de precisar aún más el concepto, la Sala, en providencia dictada antes de la expedición de la actual Constitución, señaló que el cumplimiento de las obligaciones del Estado debía examinarse a la luz del nivel medio que se espera del servicio, según su misión, las circunstancias y los recursos de que disponía, de tal manera que se presentaría la falla cuando el servicio se prestaba por debajo de ese nivel medio. No obstante, en sentencia de 11 de octubre de 1990, se advirtió que ese criterio de la relatividad de la falla del servicio, no debía ser pretexto para justificar el incumplimiento de la administración a su deber de protección a la vida de los ciudadanos, que era el valor fundamental de un Estado de derecho. Con posterioridad a la entrada en vigencia de la actual Constitución, la Sala reiteró el criterio que venía sosteniendo sobre la relatividad de la falla del servicio, conforme al cual la exigencia que debía hacerse al Estado sobre el cumplimiento de sus obligaciones estaba determinada por la verificación de sus condiciones materiales reales y no sobre criterios ideales o que apenas está en vía de desarrollo”. No obstante, se ha mantenido la advertencia de que las condiciones presupuestales no son justificación para el incumplimiento de las obligaciones de seguridad que corresponde prestar al Estado. En decisiones subsiguientes, la Sala continuó señalando que el grado de exigencia de la prestación de los servicios que competen al Estado y, en particular, el referido a la seguridad, está en relación con los medios de que este dispone para su cumplimiento. Finalmente, la Sala aclaró que la relatividad no debía predicarse de la falla del servicio, sino de las obligaciones que corresponde prestar al Estado(8).
16. En limitadas ocasiones esta corporación ha analizado el supuesto en el que se demanda la reparación de los daños ocasionados en un accidente de tránsito ocurrido por la presencia de un semoviente en la vía. En estos la administración no ha sido condenada por las siguientes razones: a) en un caso, por cuanto se logró atribuir el accidente a la culpa exclusiva de la víctima quien conducía a excesiva velocidad(9); b) en otro se consideró que se configuró una fuerza mayor, por cuanto la “reacción asumida por el conductor fue producida por un hecho exterior (presencia de un caballo en la vía)”(10), el cual fue considerado imprevisible; y c) en el otro, se juzgó que no había certeza acerca de la forma en que ocurrió el accidente y que no era posible determinar que una omisión por parte de los agentes de policía hubiere dado lugar a la causación del daño; en este caso se partió del supuesto de que no existía una norma que obligara a un comportamiento específico relacionado con el supuesto de hecho planteado(11).
16.1. Empero, en dichas sentencias se vislumbran una serie de circunstancias que de su determinación se hubiera podido derivar la atribución de responsabilidad en la administración por la presencia de un animal en la vía. Dichos sucesos a definir eran “las condiciones en que encontraba el semoviente en la vía, es decir, si el animal transitaba por la calle o si se encontraba inmóvil”; “la presencia de algún agente de policía en el lugar del accidente que hubiere permitido, de manera descuidada, el paso del semoviente, sin adoptar las medidas pertinentes”; o “(…) el incumplimiento por parte de algún comandante de estación o subestación de los deberes de imposición sancionatoria respecto de quien, en el momento y en el lugar del accidente, dispuso o permitió el paso desprevenido del animal, exponiendo así a los conductores a algún peligro”(12).
16.2. La presencia de un semoviente en la vía pública es irresistible e imprevisible y por tanto constituye una causa extraña en la producción del accidente, cuando, por ejemplo, no se tiene conocimiento previo del tránsito y circulación habitual de semovientes por el sitio del accidente o no existen señales de tránsito que hagan alusión a dicha situación, pues en dichos eventos no es factible exigir al alcalde el manejo de dicha situación(13).
17. En este caso, resalta la Sala que el deber de la administración de mantener las vías públicas libres de obstáculos y en especial de animales que deambulen, estaba contenido de manera general en el Decreto 1344 de 1970, Código de Tránsito vigente para la época de los hechos, y de manera especial para el municipio de Villavicencio en el Acuerdo 007 del 2 de marzo de 1994(14) proferido por el concejo municipal.
17.1. El Decreto 1344 de 1970 disponía respecto del tránsito de animales lo siguiente:
ART. 158.—Está prohibido dejar animales sueltos en las vías públicas, inclusive en las zonas verdes.
ART. 159.—La movilización de ganado vacuno y de animales de carga y silla por vías públicas, se hará bajo reglamentación de las autoridades de policía.
Los animales transitarán por la izquierda de la vía lo más cerca posible al límite de la zona de carretera, salvo disposición expresa en contrario del Ministerio de Obras Públicas.
ART. 160.—Las autoridades de policía tomarán las medidas necesarias para despejar las vías de animales abandonados, que conducirán al coso municipal.
17.2. Por su parte el referido acuerdo municipal señalaba:
ART. 1º—Prohibir el mantenimiento de semovientes vacunos, caprinos y equinos sobre las vías públicas, zonas verdes, parques, zona de reserva forestal y lotes del área urbana del municipio de Villavicencio.
ART. 2º—Los semovientes de todo tipo que se encuentren deambulado por los sitios indicados en el artículo anterior, infringiendo con ello dicha disposición, serán recogidos por las autoridades de policía o por los funcionarios públicos que para efecto se designen, quienes depositaran estos semovientes en un lugar que para el caso se denominará coso municipal, el cual será señalado por las autoridades respectivas (…)” (copia auténtica del acuerdo, fls. 26-27 cdno. 1).
17.3. De acuerdo con lo expuesto, considera la Sala que la administración, por medio de la expedición del mencionado acuerdo, reconoció que era posible la ocurrencia de daños por la presencia de animales que deambularan en la vía pública, hecho que está conforme no solo con las obligaciones que imponían el Código de Tránsito de la época, sino también con el espacio territorial en que se desarrollaba dicha normatividad, pues se trata de una zona de producción ganadera. Así y a fin precisamente de evitar que los animales deambulen por la vía pública, se instituyó no solo la obligación de sus propietarios de mantener el cuidado sobre estos, sino también de la administración de recoger los animales que deambularan en las vías públicas, las zonas verdes, parques, zonas de reserva forestal y lotes del área urbana del municipio de Villavicencio. Se resalta que la finalidad del acuerdo era sacar los animales no solo de la vía, sino de cualquier zona pública.
18. En este punto, los testimonios de Dionardo Martínez Baquero y Henry Romero Páez, sirven para determinar el grado de cumplimiento del mencionado deber por parte de la administración. Señaló así el primero:
Preguntado: ¿Observó usted en el lugar de la colisión, alguna frenada? Contestó: No. (…) Preguntado: Manifieste al despacho si usted como agente de tránsito de municipio, ¿con anterioridad al accidente había visto deambulando en las vías de ese sector semovientes? ¿Que pudieran obstaculizar el tránsito? Contestó: Si había visto antes del accidente, vi animales por esos sectores. (…) Preguntado: Manifieste al despacho, ya que usted tuvo la oportunidad de estar en el lugar de los hechos, ¿si al costado de la vía donde salió el semoviente, que colisionó con el motociclista se encontraba cercado, y si estaba desmontado o no la orilla? Contestó: Bueno en ese entonces se encontraba demasiado maleza, monte, y la cerca estaba deteriorada, porque tiempo atrás se había quemado y estaba podrida la cerca. Preguntado: Manifiéstele al despacho de acuerdo al croquis o informe del accidente de tránsito, ¿cuáles fueron las causas probables del accidente? Contestó: Ahí las causas probables del accidente fue el semoviente, de pronto al atravesarse repentinamente, como ahí hay una zanja recolectora de agua, el animal brincó la zanja y como estaba enrastrojado, brincó a la vía fue cuando colisionó con el motociclista. (…) (fl. 182-1885 cdno. 1).
18.1. Por su parte Henry Romero Páez dijo:
Preguntado: ¿Puede decirnos cuáles eran las condiciones de las cercas están ubicados en el sitio del accidente? (sic) Contestó: Al costado derecho de la vía que conduce de Villacentro a Acacias, (sic) hay una zona verde, después de la berma, y enseguida siguen unos potreros. Esta zona verde ha permanecido en mal mantenimiento enrastrojada, lo que demarca el límite del potrero se encuentra una cerca, pero hay partes donde la cerca está deteriorada, había una parte donde la cerca prácticamente se encontraba postes caídos y los hilos de alambre sueltos. (…) preguntado; Manifieste al despacho si usted, como agente de tránsito con anterioridad al accidente, y con posterioridad al mismo, ha visto circular en la ciudad de Villavicencio, y más exactamente, en el sitio del accidente semovientes. Contestó: si a propósito por esa vía transito todos los días porque es el camino para mi casa, y por esa época acostumbraban a transitar aproximadamente de 8 a 12 reses, entre la zona comprendida del Liceo Andino al caño que queda continuo a Villacentro, y estos semovientes eran ganado, que mantenían pastando por el separados y por los costados de las vías donde están las zonas verdes. Yo alcance (sic) a avisar por radio sobre esta situación” (fls.186-188 cdno. 1).
18.2. De los testimonios transcritos se infiere que para la administración, la presencia repentina de animales en la vía en donde ocurrió el accidente era un hecho conocido, no solo por el mismo acto de haber expedido las referidas normas, sino porque se había informado esta situación por los mencionados agentes de tránsito —hoy testigos en este proceso judicial— respecto del sitio donde sucedió el hecho causante del daño, por lo que la entidad demandada de no haber hecho caso omiso a dichas circunstancias habría podido tomar las medidas dispuestas en la normatividad de policía vigente (párr. 17) y tal vez evitar el accidente. Advierte la Sala que la administración podía cumplir con su deber, por cuanto conocía la presencia de animales que deambulaban por aquella vía y con ello se satisfacía el supuesto de hecho necesario para la aplicación de la referida norma.
19. Advierte la Sala además que la entidad demandada, como respuesta a un derecho de petición, dijo que desde el 15 de mayo de 1995 comenzó a funcionar el coso municipal para el depósito de semovientes que se encuentren deambulando en las vías públicas (respuesta en original otorgada por el secretario de gobierno a una petición presentado por Víctor Peña Patiño. Este documento no fue tachado de falso por la parte que lo suscribe y contra quien se adujo, fl. 25 cdno. 1). De lo que se infiere que al momento de los hechos (17 de marzo de 1995), no existía a cargo de la administración, un lugar en donde mantener los animales que deambulaban en lugares públicos.
20. Conforme con lo anterior, considera la Sala que, en este caso, el deber de recoger los animales que deambularan por la vía fue incumplido por la administración. Es un hecho cierto que el animal contra el que colisionó Samuel Bohórquez se encontraba en la vía pública, sin un cuidador que guiara su camino, esto es, se encontraba deambulando, supuesto frente al cual debía operar el deber de recoger dicho animal y llevarlo al coso municipal. Para la entidad demandada era previsible la presencia de animales en la vía en la que ocurrió el accidente, por cuanto de los testimonios se desprende que, de manera habitual hacían presencia en esa zona animales en esas condiciones. Situación diferente sería que se tratase de un lugar en donde fuera extraña su presencia.
21. Considera la Sala que el cumplimiento del deber por parte de la administración, hubiera impedido el acaecimiento del hecho causante del daño. En este contexto es pertinente señalar que en el expediente no está acreditado que fuera la presencia de un tercero o de una causa extraña la que hubiera provocado la reacción del animal de saltar de manera intempestiva a la vía. Al parecer todo fue por su propio accionar. Es necesario aclarar dicha circunstancia por cuanto, de estar la misma acreditada se podría analizar el hecho de un tercero o el acaecimiento de una causa extraña como factor que permitiera exonerar de responsabilidad de la administración.
22. Ahora bien, resulta pertinente analizar el hecho del tercero propietario o guardador del semoviente en la producción del daño. Recuerda esta Sala que el artículo 2353 del Código Civil dispone que “el dueño del animal es responsable de los daños causados por el mismo animal, aun después de que se haya soltado o extraviado, salvo que la soltura, extravío o daño no puedan imputarse a culpa del dueño o del dependiente, encargado de la guarda o servicio del animal. Lo que se dice del dueño se aplica a toda persona que se sirva de un animal ajeno, salva su acción contra el dueño si el daño ha sobrevenido por una calidad o vicio del animal, que el dueño con el mediano cuidado o prudencia, debió conocer o prever y de que no le dio conocimiento”. De esta norma, según la jurisprudencia, se deriva que:
a) Los daños causados por un animal, ‘aún después que se haya soltado o extraviado’ comportan una presunción de culpabilidad para su dueño o la persona que se sirve;
b) La referida presunción únicamente releva a quien la invoca el deber de probar la culpa del dueño o guardián del animal, porque el daño y la relación de causalidad con el hecho perjudicial debe probarlos en todo caso;
c) Dicho dueño o guardián no pueden exonerarse de la referida presunción de culpabilidad limitándose a afirmar o a demostrar ausencia de culpabilidad limitándose a afirmar o a demostrar ausencia de culpa de su parte en la ocurrencia del daño;
d) Tal exoneración o reducción, según el caso, de la obligación de resarcir el perjuicio, según el claro texto del artículo 2353 solo tiene cabida en forma total, si el dueño o el guardián demuestran plenamente un hecho positivo y concreto consistente en que el daño causado por el animal obedece a fuerza mayor o caso fortuito o culpa exclusiva de un tercero, y en forma parcial, cuando también medió la culpa de la propia víctima o de un tercero y en proporción a la influencia determinante que estos hayan tenido en la ocurrencia del daño (C.C., art. 2357). Es obvio que si el perjuicio se produjo como consecuencia de culpa exclusiva del damnificado, el dueño o el guardián del animal quedan exonerados totalmente de responsabilidad(15).
22.1. De este modo, sobre el dueño del animal opera la presunción de culpabilidad respecto de los daños ocasionado por este. En este caso, obra prueba de que contra el animal marcado US 02 y con el número 500, chocó el vehículo conducido por Samuel Bohórquez, de allí que por los daños ocasionados por este también es responsable su dueño, a no ser que se logre demostrar una causal que le permita exonerarse de responsabilidad. Así, como la actuación del tercero y el hecho de la administración concurrieron como causas en la producción del daño aquí alegado, se genera entre estos, conforme con la jurisprudencia de esta corporación(16), la obligación solidaria de resarcir todo perjuicio en virtud del artículo 2344 del Código Civil(17). En este caso, advierte la Sala la participación de la administración en la responsabilidad del daño; sin embargo esta Sala en virtud de la solidaridad aludida y en razón a que en este trámite no era dado vincular al tercero, condenará a resarcir los daños exclusivamente a la administración de acuerdo con lo previsto en los artículos 1568(18) y 1579(19) del código mencionado, quedando esta con la facultad de repetir contra el tercero vinculado en el accidente.
23. Finalmente, resalta la Sala que la víctima desarrollaba una actividad peligrosa como lo era la conducción de un vehículo automotor y que antes de la colisión que le causó los daños mencionados (párr. 12.4) habían pasado tres semovientes (testimonio de Iván Cardozo Castro), lo que permite inferir a la Sala que en su actuación no hubo suficiente prudencia para prever la presencia de más animales en la vía y evitar el choque que finalmente ocurrió. Así, conforme con el artículo 2357 del Código Civil(20), considera la Sala que el daño será reducido en un porcentaje del 20% en virtud de la exposición imprudente de la víctima. No se atiene esta Sala a lo considerado por el juez de primera instancia relativo a la reducción en la condena en un 50%, por cuanto lo anterior equipara el hecho de la víctima y la actuación de la administración en el suceso que ocasionó el daño, ignorando que en este también fue participe el dueño del animal que tenía la responsabilidad de su cuidado; además se ha de tener en cuenta que el animal contra el que colisionó la víctima apareció de manera intempestiva, lo cual redujo el margen de maniobra de esta. En todo caso, si la administración hubiera cumplido su deber, la víctima solo hubiera estado sometida al riesgo que implica la actividad propia de la conducción de un vehículo automotor y no a la contingencia de la aparición repentina de un animal en la vía.
24. Tenemos así la concurrencia de tres actuaciones: (i) la de la administración que omitió cumplir el deber de recoger los animales que deambulaban por la calle, (ii) la del tercero dueño del semoviente que no ejerció un diligente cuidado sobre un animal cuyo actuar podía generar riesgos para la comunidad y (iii) la de la víctima quien ejercía una actividad peligrosa, cual era la conducción de un vehículo automotor y quien viendo el paso del ganado no tomó las precauciones del caso. Con base en lo expuesto, esta Sala revocará la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2000 por el Tribunal Administrativo de Descongestión de Bogotá y en su lugar declarara parcialmente responsable (80%) a la entidad demandada por los daños sufridos por Samuel David Bohórquez Robles, Fabián David y Lilley Ascención Bohórquez Vera, Claudio, Esther, María Lucía y Miguel Henoth Bohórquez Robles y Miguel Antonio Bohórquez Torres.
V. Liquidación de perjuicios
25. Es pertinente reiterar que la tasación de los perjuicios morales ha de hacerse en salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) y no en gramos oro como anteriormente sucedía(21). La asunción de este cambio de patrón se dio porque se constató que la variación del valor oro era independiente de la del índice de precios al consumidor, siendo aquella muy inferior a la de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y porque el patrón oro en el mercado nacional e internacional es un bien más que depende de las fuerzas de dichos mercados. Lo anterior aunado a la sujeción del juez administrativo a los principios de reparación integral y de equidad(22) y al deber de liquidar las condenas mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia(23).
25.1. En el juez administrativo radica la facultad discrecional de determinar el monto a reconocer cuando se trata de perjuicios morales, la cual está regida: a) bajo el entendido de que la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación —pues “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia”(24)—, mas no de restitución, ni de reparación; b) por la aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) por el deber de estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto de perjuicio y su intensidad y d) por el deber de estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(25).
25.2. El monto a indemnizar por un perjuicio moral depende de la intensidad del daño. Cuando el perjuicio moral es de un mayor grado, se ha considerado como máximo a indemnizar la suma de 100 smlmv a la fecha de la sentencia(26), lo que “no significa que no pueda ser superior cuando se pide una mayor indemnización y se alega y demuestra una mayor intensidad en el padecimiento del daño moral”(27).
25.3. Cuando se ha tratado el tema de la indemnización moral por concepto de lesiones graves, a manera de ejemplo, se constata que en un caso ante la pérdida de capacidad laboral de 49.85% esta corporación le reconoció al lesionado 70 smlmv, a sus padres 35 smlmv y a sus hermanos 17 smlmv(28), y en otro evento reconoció al lesionado 100 smlmv frente a una disminución de la capacidad laboral del 80.3%(29).
26. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que Samuel David Bohórquez Robles sufrió un daño representado en los 60 días de incapacidad, en las secuelas del accidente que implican cicatrices en la cara, pérdida de la memoria, dificultad en la concentración, mareos, trastornos de equilibrios, vértigos y la determinación de una invalidez del 66%, esta Sala le reconoce a la víctima directa 80 smlmv que es el monto a indemnizar cuando de manera grave se afecta la integridad personal. Empero como el hecho de la víctima fue una concausa en la producción del daño, a dicho valor se le reducirá el porcentaje de su participación (20%), por lo que el monto a reconocer a la víctima directa es de 64 smlmv.
27. Para los demás demandantes el monto a indemnizar con la aplicación de la reducción del 20% por el hecho de la víctima será: al padre del afectado, Miguel Antonio Bohórquez Torres, y a cada uno de los hijos del afectado, Fabián David y Lilley Ascención Bohórquez Vera, 32 smlmv y a cada uno de sus hermanos, Claudio, Esther, María Lucía y Miguel Henoth Bohórquez Robles, 16 smlmv.
a. Daño emergente.
28. Por daño emergente futuro se solicitó a favor de la víctima directa “los gastos que deba efectuar para conservar su salud, servicios de oftalmólogo, cirujano plástico, sicólogo, neurólogo y fisioterapia, medicamentos y demás servicios médicos asistenciales que necesite durante el tiempo de supervivencia”; empero en el expediente no obra prueba fehaciente de que en virtud de las secuelas que padece el afectado directo sea necesario un tratamiento permanente para conservar su bienestar, por lo que esta solicitud será negada.
b. Lucro cesante.
29. Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la parte demandante solicitó ““el valor de lo que deja de percibir (…), como mecánico profesional automotriz, durante el resto de su vida, capitalizando su valor para la fecha del accidente según las bases que se prueben en el curso del proceso”, o en subsidio “la cantidad de cuatro mil (4.000) gramos de oro por concepto de perjuicios materiales teniendo en cuenta que quedó imposibilitado de por vida para ejercer la profesión de mecánico profesional automotriz”.
30. Advierte la Sala que en el expediente obra prueba de que el afectado era mecánico de profesión, laboraba en el taller Rolo Auto 92 y devengaba, en promedio, quinientos mil pesos ($ 500.000). Con base en lo anterior, esta Sala pasará a actualizar la base salarial del lesionado, la incrementará en un 25% por concepto de prestaciones sociales y del resultado tomará el 66%, cifra que corresponde al grado de invalidez que presenta Samuel David Bohórquez Robles conforme con el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que dará finalmente el valor base para realizar la liquidación.
31. Actualización:
Rh = Renta actualizada $ 500.000
Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 108.01 que es el correspondiente a agosto de 2011.
Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 28.29 que es el que correspondió al mes de marzo de 1995.
Ra = $ 500.000 108.01 = $1.908.978,44
32. Sumado al anterior resultado el 25% que corresponde a las prestaciones sociales da un total de $ 2.386.223,05 y el 66% de este resultado es $ 1.574.907,213.
Cálculo de la indemnización debida, consolidada o histórica
33. Para la liquidación de este ítem, el número de meses que van a determinar la liquidación se contarán desde el momento de la lesión de Samuel David Bohórquez Robles hasta la fecha de la sentencia, con aplicación de la siguiente fórmula:
Para aplicar se tiene:
Ra = Renta actualizada, es decir $ 1.574.907,213
n = Número de meses transcurridos desde el momento en que el perjuicio se hizo evidente —17 de marzo de 1995— hasta la fecha de sentencia 6 de octubre de 2011, estos son, 198,63 meses.
Cálculo de la indemnización futura o anticipada
34. Para efectos de liquidar la indemnización futura se ha de tener en cuenta los meses que hagan falta desde la sentencia hasta la vida probable de Samuel David Bohórquez Robles. Al haber nacido el 10 de septiembre de 1962, al momento del accidente (17 de marzo de 1995) tenía 32 años, lo que conforme con la Resolución 497 del 20 de mayo de 1997 de la Superintendencia Bancaria, tiene una vida probable de 44.33 años, esto es, de 531.96 meses. De estos meses, ya fue liquidado el tiempo desde la lesión hasta la sentencia, esto es, 198,63 meses, por lo que haría falta 333, 33.
n = Número de meses transcurridos desde la sentencia hasta la vida probable de Samuel David Bohórquez Robles, estos son, 333.33 meses.
35. De lo anterior se tiene que el monto total por concepto de lucro cesante a favor de Samuel David Bohórquez Robles:
Indemnización debida: Indemnización futura: Total lucro cesante:
$ 525.243.000,8 $ 259.447.384,63 $ 784.690.385,43
36. Empero como el hecho de la víctima fue una concausa en la producción del daño, al valor total del lucro cesante se le reducirá el porcentaje de su participación (20%), por lo que el monto a reconocer sería $ 627.752.308.344.
Perjuicios por daños a la salud
37. Finalmente, la Sala considera que en Samuel David Bohórquez Robles por el grado de invalidez decretado del 66% se configuró un daño a la salud(30), pues se encuentra imposibilitado para ejercer actividades de disfrute o rutinarias, además de que se modificó su rol en la sociedad, al no poder volver a ejercer su oficio de mecánico.
37.1. Esta corporación en casos donde se ha decretado una incapacidad de 25.17% ha reconocido como daño a la salud(31) 50 smlmv(32), en otros casos frente a una del 39.36% 66 smlmv(33), de 49.85% 180 smlmv(34) y de 60% 60 smlmv(35). Para este caso, y con base en las cifras señaladas, considera la Sala que el monto a indemnizar en este caso sería el de 120 smlmv por daños ocasionados a Samuel David en la vida en relación, monto que con la reducción del 20% quedaría en 96 smlmv.
38. En atención a que para el momento en el cual se dicta este fallo la Ley 446 de 1998, en su artículo 55, indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en el sub lite ninguna de aquellas actuó de esa forma, no habrá lugar a su imposición.
39. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
REVOCAR la sentencia del 28 de septiembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión de Bogotá, y en su lugar:
1. DECLARAR patrimonialmente y extracontractualmente responsable, en la proporción señalada en la parte motiva de esta sentencia, al municipio de Villavicencio por los daños ocasionados a Samuel David Bohórquez Robles, Fabián David y Lilley Ascención Bohórquez Vera, Claudio, Esther, María Lucía y Miguel Henoth Bohórquez Robles y Miguel Antonio Bohórquez Torres, por las lesiones sufridas por el primero el 17 de marzo de 1995.
2. En consecuencia, CONDENAR al municipio de Villavicencio a pagar por concepto de perjuicios morales a Samuel David Bohórquez Robles la suma de 64 smlmv; a Miguel Antonio Bohórquez Torres, y a cada uno de los hijos del afectado, Fabián David y Lilley Ascención Bohórquez Vera, 32 smlmv y a cada uno de sus hermanos, Claudio, Esther, María Lucía y Miguel Henoth Bohórquez Robles, 16 smlmv.
3. CONDENAR al municipio de Villavicencio a pagar por concepto de perjuicios materiales-lucro cesante a favor de Samuel David Bohórquez Robles la suma de seiscientos veintisiete millones setecientos cincuenta y dos mil trescientos ocho pesos con trescientos cuarenta y cuatro centavos ($ 627.752.308,344).
4. CONDENAR al municipio de Villavicencio a pagar por concepto de perjuicios por daños a la vida en relación a favor de Samuel David Bohórquez Robles la suma de 96 smlmv.
5. Se niegan las demás pretensiones de la demanda.
8. En firme este fallo devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a las partes actoras las copias auténticas con las constancias de las cuales trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
(1) En la demanda presentada el 24 de julio de 1995, se estima la cuantía de la mayor pretensión, por concepto de perjuicios materiales en 4.000 gramos oro, suma que equivale a 46.605.720 pesos. Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta instancia, se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 9.610.000.
(2) “ART. 262.—Tienen el carácter de documentos públicos: (…) 3. Las certificaciones que expidan los registradores de instrumentos públicos, los notarios y otros funcionarios públicos, en los casos expresamente autorizados por la ley”.
“ART. 264.—Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza. (…)”.
(3) En lo que atañe con la validez del certificado de registro civil como prueba de parentesco, ver sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, del 20 de abril de 2005, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Radicación 14725.
(4) Con respecto a la validez de una prueba que ha sido trasladada, el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil. aplicable a los procesos administrativos por remisión que hace el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, señala que: “[l]as pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. En diversos pronunciamientos esta corporación ha señalado que la validez de la prueba trasladada depende de la satisfacción de los requisitos previstos en la mencionada norma, estos son, que en el proceso original se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella. Asimismo ha determinado que es válida la prueba trasladada cuando ambas partes en el proceso contencioso administrativo solicitan su traslado, porque sería contrario a la lealtad procesal pedir dicha prueba o coadyuvar la solicitud sólo para lo favorable y no también para lo que pueda resultar fallado en su contra (C.E., S. de lo Contencioso Administrativo, Secc. Tercera, sents, de feb. 4/2010, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Radicación 18109; del 9 de junio de 2010, C.P. (E) Gladys Agudelo Ordóñez, Radicación 18078; del 25 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, Radicación 15930).
(5) Si la prueba trasladada no cumple con los requisitos señalados (ver nota 3) para ser considerada válida, es posible valorar los medios probatorios aportados si cumplen las formalidades previstas en la ley para cada uno de estos. Así, los documentos aportados pueden valorarse si se cumplió el trámite previsto en los artículos 253 (los documentos se aportarán al proceso originales o en copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del documento), 254 (Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. 2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente. 3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa) y 289 del Código de Procedimiento Civil (la parte contra quien se presente un documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a esta, y en los demás casos, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que ordene tenerlo como prueba, o al día siguiente al en que haya sido aportado en audiencia o diligencia. Los herederos a quienes no les conste que la firma o manuscrito no firmado proviene de su causante, podrá expresarlo así en las mismas oportunidades. No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica).
(6) En diversos pronunciamientos esta corporación ha determinado que cuando ha tratado el tema de la prueba de la existencia de los perjuicios morales en los parientes del afectado, el hecho de que esté acreditado el parentesco representa un indicio para la configuración de ese daño en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, esto es, respecto de los padres, hermanos, abuelos e hijos del afectado y de su cónyuge o compañera permanente. Las razones que sustentan el paso del hecho indicador del parentesco, a la circunstancia de que el daño causado a una persona afecta moralmente a sus parientes, se fundamentan en que: a) la experiencia humana y las relaciones sociales enseñan que entre los parientes existen vínculos de afecto y ayuda mutua y b) las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes (C.P., art. 42). De esta manera, la pérdida o enfermedad de uno de los parientes causa un grave dolor a los demás (C.E., S. de lo Contencioso Administrativo, Secc. Tercera, sents. del 10 de abril de 2003, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, Radicación 13834; del 10 de julio de 2003, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Radicación 14083; del 12 de febrero de 2004, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Radicación 14955; del 24 de febrero de 2005, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Radicación 14335; del 10 de marzo de 2005, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, Radicación 14808; del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Radicación 15459; del 23 de abril de 2008, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Radicación 16186; del 19 de noviembre de 2008, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Radicación 28259).
(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Radicación 16310.
(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Radicación 14443.
(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 1994, C.P. Daniel Suárez Hernández, Radicación 8017.
(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, Radicación 13833. En esta sentencia el Consejero Ricardo Hoyos Duque salvó el voto, bajo la consideración, entre otras, de que lo más previsible en una carretera veredal es justamente la aparición de un semoviente o equino para el caso; que era posible (resistible) eludir la presencia del caballo que apareció en forma repentina y que por tanto en el caso no se configuró una fuerza mayor, por lo que se debía acceder a las pretensiones de la demanda.
(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Radicación 16310.
(13) Ver nota 9.
(14) Este documento fue allegado en copia auténtica por el apoderado de los demandantes (fls. 26-27 cdno. 1).
(15) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 11 de marzo de 1976, M.P. José María Esguerra Samper.
(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2002, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, Radicación 13262.
(17) “ART. 2344.— Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355. Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso”.
(18) “ART. 1568.—En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse, cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley”.
(19) “ART. 1579.—El deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda. Si el negocio para el cual ha sido contraída la obligación solidaria, concernía solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, serán estos responsables entre sí, según las partes o cuotas que le correspondan en la deuda, y los otros codeudores serán considerados como fiadores. La parte o cuota del codeudor insolvente se reparte entre todos los otros a prorrata de las suyas, comprendidos aún aquellos a quienes el acreedor haya exonerado de la solidaridad”.
(20) “ART. 2357.—La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”.
(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicación 13232-15646; reiterada en sentencia del 12 de febrero de 2004, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Radicación 14955; del 10 de agosto de 2005, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Radicación 16205; del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Radicación 15459.
(22) El artículo 16 de la Ley 446 de 1998 dispone que: “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.
(23) Artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.
(24) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2011, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicación 13232.
(25) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Radicación 15459.
(26) Ibídem. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2005, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Radicación 16205.
(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2007, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Radicación 15724.
(29) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de marzo de 2011, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Radicación 19032.
(30) Hoy la Sección Tercera de esta corporación se refiere al daño a la salud, ver sentencia del 14 de septiembre de 2011, C.P. Enrique Gil Botero, Radicación 38222 y 19031.
(31) Antes llamado perjuicio fisiológico o daño a la vida en relación.
(32) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de 2009, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Radicación 17421.
(33) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de julio de 2011, C.P. Danilo Rojas Betancourt, Radicación 20640.
(34) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2007, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Radicación 15724.
(35) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, Radicación 14726.

References: ARTÍCULO 2357
 artículo 2353
 artículo 2353
 artículo 2344
 artículo 2357
 artículo 16
 Resolución 
 artículo 55
 artículo 115
 artículo 2
 artículo 132
 artículo 185
 artículo 168
 artículo 16
 Artículo 178