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Timestamp: 2019-09-18 11:39:13+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 236, de 30/10/2014
cve: DSCD-10-PL-236
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 236
- Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 86-1, de 21 de marzo de 2014. (Número de expediente 121/000086) ... (Página3)
- Proyecto de ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 88-1, de 21 de marzo de 2014. (Número de expediente 121/000088) ... (Página3)
- Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 81-1, de 21 de febrero de 2014. (Número de expediente 121/000081) ... (Página12)
- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Bahrein sobre cooperación en el ámbito de la defensa, hecho en Manama el 1 de mayo de 2014. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 319, de 19 de septiembre de 2014. (Número de expediente 110/000135) ... (Página19)
- Acuerdo sobre condiciones de ejercicio de la actividad de las flotas española y portuguesa en las aguas de ambos países entre el Reino de España y la República Portuguesa, hecho en Bruselas el 24 de marzo de 2014. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 320, de 19 de septiembre de 2014. (Número de expediente 110/000136) ... (Página19)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página23)
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página23)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página24)
Se reanuda la sesión a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la mañana.
Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea ... (Página3)
Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea ... (Página3)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Urbina Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Baena Azuaga, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ... (Página12)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; las señoras De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); así como los señores Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ruano Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales ... (Página19)
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Bahrein sobre cooperación en el ámbito de la defensa, hecho en Manama el 1 de mayo de 2014 ... (Página19)
Acuerdo sobre condiciones de ejercicio de la actividad de las flotas española y portuguesa en las aguas de ambos países entre el Reino de España y la República Portuguesa, hecho en Bruselas el 24 de marzo de 2014 ... (Página19)
Para fijar su posición sobre determinados convenios intervienen el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia; los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Miguélez Pariente, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones adoptadas y las que tiene previsto adoptar el Gobierno frente al virus del Ébola, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se aprueba por 202 votos a favor y 117 abstenciones.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, son aprobadas por 315 votos a favor y 4 abstenciones.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, son aprobadas por 313 votos a favor y 6 abstenciones.
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 293 votos a favor más 1 voto telemático, 294, 5 en contra y 20 abstenciones.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado proyecto de ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, son aprobadas por 172 votos a favor, 144 en contra y 3 abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votación) ... (Página19)
Sometidos a votación separada los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores que figuran en el orden del día, son aprobados.
En esta sesión vamos a debatir enmiendas del Senado. Como se trata de una ley orgánica, habrá una votación de totalidad, por lo que les adelanto que esa votación no será antes de las once y media, aunque espero que sea muy cerca de esa hora.
Comenzamos, por tanto, con las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea y al proyecto de ley orgánica sobre el intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, que trataremos conjuntamente. En primer lugar, para fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Urbina.
El señor URBINA FERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, en primer lugar, quiero anticipar que Amaiur, al igual que hizo en el Senado con relación a estos proyectos de ley, se abstendrá en su votación. No obstante, es cierto que este proyecto de ley -en este caso me refiero al de reconocimiento mutuo de resoluciones penales-, y más que este proyecto de ley, los textos europeos y las decisiones marco que dan origen al proyecto y a la filosofía del mismo, dan pie a reflexiones interesantes y a otras que hemos visto en la prensa que no lo son tanto. Como decía, dan pie a unas cuantas reflexiones que merecen la pena y nosotros nos vamos a centrar en una de ellas, porque consideramos que tiene una trascendencia política y social importante en el momento político que vivimos en Euskal Herria, que está relacionada con la política penitenciaria del Gobierno español y en concreto con su política de dispersión de presos y presas. En este sentido y en esta materia es cierto que se pueden hacer unas cuantas apreciaciones a estos proyectos de ley y a estos textos europeos, pero hay uno de ellos que creemos que además de innegable es inapelable, y es aquel que hace referencia a que los presos y presas deberán cumplir sus condenas en aquellos lugares en los que se garantice el arraigo social, cultural, lingüístico y familiar. Esta no es una cuestión que sea fruto de la interpretación que hace Amaiur -o en este caso Iker Urbina- de estos textos; no, esto es algo que aparece textual en una de las decisiones marco que originan este proyecto de ley que hoy se debate aquí, la decisión marco 2008/909, que, como decía, expresamente se refiere en esos términos, tanto en el articulado como en la exposición de motivos, al cumplimiento de las condenas. Esta es una decisión marco que, por medio de este proyecto de ley, el derecho español la hace propia, más allá de la obligatoriedad que pudiera tener, aunque expresamente no se hiciese la referencia que se hace en el proyecto de ley en ese sentido. Creemos además, como decíamos, que es unívoca, no tiene ninguna otra interpretación, es clara, es diáfana y además es parte de la esencia -por lo menos en el cumplimiento de las condenas privativas de libertad- del propio proyecto de ley que hoy aquí se analiza y que por su naturaleza trasciende no solo el cumplimiento de las condenas impuestas en países extranjeros sino también las propias.
Por lo tanto, señorías, en este concreto ámbito nos encontraríamos con una disposición de obligado cumplimiento que nos lleva desde Amaiur a hacer una reclamación clara, en primer lugar, al Gobierno, pero también a los diputados y las diputadas del Partido Popular y del Partido Socialista. Una reclamación para que apoyándose, si se quiere, en este proyecto de ley, se ponga fin de una vez por todas a la política de dispersión de presos y presas. Si quieren, no lo hagan ustedes porque es una política, la penitenciaria, que vulnera derechos, que lo es y además ustedes son conscientes de que es así -esta política se ha llevado por delante, como mínimo, a dieciséis personas y ha dejado a cientos de personas heridas en cientos de accidentes; son cientos las personas que semanalmente tienen que desplazarse miles de kilómetros para poder visitar a sus familiares y amigos presos-, sino porque fundamentalmente esta política penitenciaria sigue siendo un riesgo constante para que crezca el número de víctimas en Euskal Herria, y creo que todos estaremos de acuerdo en que ya tenemos suficientes víctimas. Pero si quieren, tampoco lo hagan porque la inmensa mayoría de la sociedad vasca se ha pronunciado claramente en contra de esta política de dispersión y ha exigido una y otra vez a los Gobiernos de España, de uno y otro color, que se pusiera fin a la misma, abarcando todo el abanico político, social y sindical de la realidad vasca. Esto lo digo yo pero se lo pueden preguntar ustedes también a los diferentes diputados vascos que tienen en sus formaciones políticas, y también pueden analizar la hemeroteca para constatar esta realidad. Sin ir muy lejos, el pasado viernes, en Bayona, personalidades representativas de todo el abanico político de Ipar Euskal Herria -desde el UMP, al PSF, a la izquierda abertzale- firmaron un manifiesto, que invito a todos los diputados y diputadas a que lo lean con interés porque creo que realmente aporta mucho al momento político que vive Euskal Herria, que, entre otras cosas, venía a exigir el fin de la política penitenciaria. Por lo tanto, ahí tenemos también la constatación de eso que decía de que una mayoría social de todo el abanico político respalda esta reivindicación. Pero, si quieren, tampoco se agarren a eso; tampoco se agarren, si quieren, a que una mayoría de instituciones vascas, desde ayuntamientos hasta el Parlamento Vasco -la última ocasión el pasado 5 de mayo, en una proposición no de ley- se han pronunciado en los mismos términos exigiendo el fin de la política de dispersión de presos y presas
vascas. Si quieren, justifíquenlo desde la legalidad, desde la legalidad interna, porque, aunque difusa, si hacemos una interpretación rigurosa de la misma lo establece, pero sobre todo desde la legalidad europea, que es diáfana, es clara y se ha proyectado en diferentes formas. Lo ha sido como recomendación del Consejo de Ministros de la Unión Europea en materia penitenciaria; lo ha sido también en forma de sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en concreto en el caso Khodorkovsky y Lebedev contra Rusia, y lo es ahora por medio de las decisiones marco, una de ellas la ya referida 2008/909.
El Gobierno tiene la oportunidad, por medio de este proyecto de ley y del resto de pronunciamientos normativos que existen a nivel europeo, de poner fin a la política de dispersión. De lo contrario, si no se acogen a ninguna de estas posibilidades, ni a la de vulneración de derechos ni a la democrática ni a la de legalidad, nos encontraríamos ante la confirmación de que en política penitenciaria en relación con los presos y presas vascas el Gobierno, el Partido Socialista y el Partido Popular se mueven por un impulso vindicativo, que en modo alguno puede tener amparo en el ámbito legislativo, además de dejar claro cuál es la calidad democrática del Estado español. Si el Gobierno no modifica su política penitenciaria en esta materia teniendo en cuenta todos los argumentos de diferente ámbito que tiene para ello, le lleva a uno a pensar que le da igual que dentro de un tiempo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicte otra sentencia -como ya lo hizo con el tema de la doctrina Parot, como ya lo ha hecho en sucesivas ocasiones con el tema de la tortura- condenándoles, confirmando que ha habido una vulneración de derechos y estableciendo la necesidad de una indemnización a estos cientos de personas que están afectadas por esta política. Creemos que esto no tiene ninguna lógica. Por eso reiteramos la reclamación que hacíamos al comienzo. Señoras y señores del Partido Popular, señoras y señores del Partido Socialista, señores del Gobierno, pongan fin de una vez por todas a esta política criminal de dispersión contra los presos y presas vascos.
Estamos ante un proyecto de ley que incorpora dos decisiones marco ya citadas, la 675 del año 2008 y la 315 también del año 2008. Es un proyecto de ley que tiene una gran profundidad jurídica, y solo porque quizás en este momento esta legislatura no está en condiciones para apreciar determinadas sutilezas jurídicas -quizá ninguna sutileza jurídica ya- no se ha percibido la profundidad de lo que se incorpora al ordenamiento jurídico del Estado español. Estamos ante dos decisiones marco que pretenden armonizar el régimen de cumplimiento de sentencias, pero no solo el régimen de cumplimiento de penas y sentencias condenatorias, sino que también se refieren al ámbito de la política penitenciaria, de la instrucción sumarial, de los beneficios penitenciarios o de los criterios de concesión de la libertad provisional; dos decisiones marco que ponen muy elocuentemente de relieve algunas de las disfunciones que nuestro grupo y otros han denunciado reiteradamente con relación al derecho penal español. Particularmente esta disfunción que contradice el principio de igualdad ante la ley, consagrada por el Código Penal español, que establece con relación a determinados tipos de delito -solo con relación a estos- penas más amplias y criterios de cumplimiento más amplios o rigurosos en la legislación penitenciaria que los previstos para los demás delitos. Si a esto añadimos la elaboración o el complemento que permite una prolongación artificial del cumplimiento de determinadas penas o que establece un rigor innecesario en el régimen de cumplimiento de las penas de algunas doctrinas de origen jurisprudencial, normalmente elaboradas por el Tribunal Supremo, alguna de las cuales ya ha sido citada por el señor Urbina, que me ha precedido en el uso de la palabra, nos encontramos con que los elementos de armonización a los que invoca y los que reivindican estas dos decisiones marco que se incorporan al ordenamiento jurídico, quedan difuminados, quedan quebrantados parcialmente. No quedan quebrantados, realmente son las decisiones marco las que van a servir en este momento de referencia para la imposición de penas, para el régimen de cumplimiento o cómo afecta el cumplimiento de una sentencia en el extranjero cuando esa persona comete después un delito en el Estado español, qué ocurre con el régimen de afectación del cumplimiento de una sentencia en el extranjero, y lo contrario, cuando se comete un delito en el Estado español y una persona es condenada, si vuelve a cometer otro delito en el extranjero cómo afecta a esta segunda sentencia cometida en el extranjero el régimen de cumplimiento, la aplicación de las penas en el Estado español. Pero lo que se pone de relieve es lo que se pone de relieve, señor presidente. Las grandes disfunciones fácilmente apreciables entre estas dos decisiones marco que incorporamos a la legislación española, el Código Penal español y esa especie
de discriminación normativa punitiva en relación a determinados tipos delictivos respecto a los cuales las condenas previstas en el Código Penal español son muy superiores y el régimen de cumplimiento de las mismas es mucho más riguroso, más rigorista y cómo estas decisiones marco quizás puedan servir para armonizar y, por lo tanto, para acabar con estas disfunciones, tanto de nuestra normativa punitiva como de la normativa penitenciaria del Estado español, que hemos denunciado en diversas ocasiones. Al final, el proceso de armonización comunitaria en materia de cumplimiento de penas, cuando este cumplimiento de penas es objeto de reciprocidad, penas que se cumplen en España y luego por un delito cometido en el extranjero provocan un régimen de afectación armonizado por estas decisiones marco, y lo contrario, va a acabar con algunas disfunciones que han sido aprobadas en esta Cámara mediante la configuración de una suerte de derecho penal del enemigo, de derecho penal de autor, en donde la obsesión por determinadas fenomenologías delictivas, preocupación que nosotros hemos compartido, han servido también para cometer determinados atropellos jurídicos, determinadas disfunciones jurídicas, estableciendo penas diferentes para determinados tipos de delitos a las previstas en los demás códigos penales de Europa donde esta discriminación no existe. Los tipos son únicos para cualquier fenomenología delictiva, por una parte, y, por otra parte, en materia de régimen de cumplimiento tampoco existen regímenes de cumplimiento para determinadas tipologías o determinados fenómenos delictivos diferentes a los previstos con carácter ordinario en ningún país de nuestro contexto por la legislación europea. Por lo tanto, señor presidente, esta especie de acumulación de normas punitivas especiales para determinados delitos y determinadas doctrinas en cuanto a la aplicación de las penas que han posibilitado en el Estado español la prolongación meramente artificial, como alguna de las doctrinas ya citadas, del cumplimiento de las penas, doctrinas que han sido declaradas ilegales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pueden ser objeto de corrección. También me parece pertinente utilizar esta oportunidad por la incorporación de estas tres decisiones marco que se incorporan a través de este importante proyecto de ley. En materia de transmisión de información sobre antecedentes penales, la regulación es correcta en relación al Registro central de penados.
Para terminar, señor presidente, en cuanto a las enmiendas aprobadas por el Senado, no soy capaz de comprender qué es lo que nos quiere decir el Senado, en tanto en cuanto el Senado, después de una alambicada reflexión y de una enmienda pretendidamente técnico jurídica, en relación a estos problemas de afectación de una pena cumplida en el Estado español a una pena que luego se tiene que cumplir en otro Estado, o de una pena cumplida fuera del Estado español y su afectación a una pena por otro delito cometido en el Estado español, al final, las enmiendas del Senado terminan concluyendo que lo que se aplica es la legislación española. Probablemente para este viaje no hacían falta tantas alforjas, señor presidente; hubiera bastado con mantener el orden jurídico vigente.
Pero es que el ordenamiento jurídico vigente, probablemente -y con esto acabo, señor presidente-, ya no es mantenible en sus propios términos. Las previsiones del Código Penal, singularizando determinados delitos, ya no son mantenibles en tanto en cuanto se incorporan estas decisiones marco que singularizan la atención o el reproche punitivo solo para determinados delitos. El régimen de cumplimiento de las penas, la instrucción sumarial, el acceso a la libertad profesional y otras materias que son objeto de armonización a través de estas directivas marco ya no son mantenibles tal y como las configura jurídicamente la normativa penal española. Esta es la gran relevancia, esta es la profundidad a la que yo me refería en una ley que prácticamente está pasando desapercibida para los que tenemos determinadas inquietudes en relación con lo que pueden suponer verdaderas disfunciones de nuestras normas penales y de nuestras normas penitenciarias, señor presidente. Mire al final cómo la profundización en esquemas armónicos en la Unión Europea puede servir para remover algunas de las dificultades o algunas de las disfunciones que nuestro ordenamiento penal ha poseído y que nosotros en reiteradas ocasiones hemos denunciado.
Señorías, culminamos la tramitación de una serie de iniciativas legislativas que provienen de decisiones marco europeas. La primera reflexión que hace mi grupo parlamentario es que tenemos un cierto peligro ciclotímico en materia de justicia: pasar de la agitación legislativa a la parálisis. En este caso, estas iniciativas forman parte de la agitación. La sensación, después de la sustitución del ministro de Justicia, es la de parálisis; no sabemos muy bien cuál es el proceso legislativo en los próximos tiempos. Eso es
especialmente preocupante en relación con algo que se ha convertido en el tema fundamental de debate público y también de debate parlamentario como es la lucha contra la corrupción. Si no hay un mínimo de recursos presupuestarios y no hay tampoco una dirección política para luchar contra la corrupción, difícilmente esta cuestión irá más allá de un espectáculo público. Nosotros creemos que no estamos para espectáculos morbosos en materia de corrupción sino para adoptar decisiones claras, en primer lugar, a través de la justicia penal y administrativa y, en segundo lugar, a través de la modificación legal que sea necesaria. Tenemos, sin embargo, muchas leyes y las aplicamos muy deficientemente.
Señorías, en relación con las decisiones marco, con respecto a la primera, el reconocimiento mutuo de resoluciones penales, nos felicitamos de la incorporación de enmiendas en el Senado. Sin embargo, creemos que esta iniciativa, como se ha dicho por parte de otros portavoces, es manifiestamente mejorable. Tiene carencias en materias esenciales, como derechos fundamentales, garantías y cláusulas de respeto a los derechos humanos; cuestiones no menores. Entre las enmiendas, se ha aceptado una primera enmienda nuestra al artículo 53.4, que ha incorporado lo que nuestro grupo parlamentario planteaba, que la vista fuera obligatoria en cuanto lo pidiera una de las partes. Nos felicitamos de ello. En segundo lugar, al artículo 134 se ha incorporado también una enmienda en la que pedíamos el reconocimiento explícito del derecho a asistencia letrada. Por tanto, valoramos muy positivamente que se haya introducido esta enmienda para incluir la mención explícita del derecho de asistencia letrada para el afectado por esta orden penal internacional.
Otras modificaciones son fundamentalmente técnicas. Los cambios clarifican y añaden seguridad jurídica, mejoran, por lo que nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente estas mejoras que, como digo, son suficientemente positivas para votarlas. Sin embargo, creemos que el texto es manifiestamente mejorable y en temas, además, muy delicados. A nuestro juicio, el proyecto de ley debería haberse mejorado incorporando garantías procesales de derechos fundamentales y de derechos humanos, para evitar la indefensión de las personas afectadas. Explico alguna de ellas. Debería haber introducido la posibilidad de recurrir las decisiones de la fiscalía sobre esta materia, porque en ocasiones la actuación será impulsada exclusivamente por la fiscalía y pudiera afectar a derechos fundamentales. En segundo lugar, la posibilidad de dispensar al Estado requirente de la obligación de presentar el certificado que acredita la resolución judicial extranjera que se pretende ejecutar, lo que podría ocasionar, en nuestra opinión, falta de garantías. En tercer lugar, garantizar la obligación de la notificación que debería ser universal, porque es la única manera en que la persona afectada puede ejercer sus derechos: informarse, recurrir, etcétera. En cuarto lugar, establecer un límite para la detención. No existe ese límite. En nuestra opinión, se deja en total inseguridad. Por ello sería conveniente establecer un límite máximo, las setenta y dos horas, que es el plazo máximo en general que prevé el artículo 17 de nuestra Constitución para la detención preventiva. En quinto lugar, la audiencia preceptiva del afectado o de su defensa antes de emitir la orden de detención y entrega. En definitiva, como ven ustedes, una iniciativa manifiestamente mejorable en materia de garantías.
Y hay algunas cuestiones importantes en materia de derechos humanos. Por ejemplo, se prevé la posibilidad de que España entregue a una persona para que cumpla una pena de prisión perpetua -señorías, ello va en contra de cualquier principio humanitario- o que se prevea la posibilidad también de suspender la entrega de una persona requerida por motivos humanitarios graves, que es un término, en nuestra opinión, impreciso pero que, en todo caso, deberían contemplarse de forma expresa las razones de derechos humanos, o que se prevea como condición para solicitar la ejecución de una pena española en una país europeo. Nada se dice sobre las condiciones del sistema penitenciario o sobre su respeto a los derechos humanos, cuestión que nos parece también muy importante.
Por otro lado, el proyecto de ley solamente prevé la solicitud de informes sobre este particular, sobre los derechos humanos, del Gobierno del país, pero lo razonable es que, cuando menos, se recurriese además a informes de organismos internacionales, que contrastarían la complacencia de los países miembros en muchos casos con materias delicadas como los derechos humanos. Incluso no se prevé entre las causas para la denegación ningún examen de las condiciones de derechos humanos, tortura, juicio justo, en las que la sanción ha sido impuesta. En definitiva, el texto que viene del Senado con las enmiendas que se han introducido se ha mejorado; sin embargo, el resultado es manifiestamente mejorable en relación con el reconocimiento, en este caso mutuo, de resoluciones penales.
Voy al segundo texto, el que tiene que ver con el intercambio de información. Aquí, señorías, nosotros tenemos una posición de rechazo total. Si bien vienen enmiendas, tres enmiendas, que clarifican, como
en el caso de las enmiendas al artículo 14, o mejoran técnicamente o responden a motivos de seguridad jurídica, que nosotros valoramos, sin embargo, este proyecto de ley sigue siendo muy preocupante en una cuestión esencial; la cuestión fundamental es el acceso a la información y su utilización. En principio, la información que contiene el Registro de penados solo será accesible a jueces y fiscales en el contexto de un proceso penal, al margen de la solicitud de certificación del interesado, titular de los datos. Sin embargo, señorías, resulta inaceptable la previsión abierta que contempla el artículo 13.3 -repito, 13.3-, que permite la utilización de los datos y, digo explícitamente, para la protección del orden público o la seguridad nacional en caso de amenaza inminente o grave. Señorías, ¿qué es esto? Esto hace suponer que se trata de un acceso de una autoridad distinta a la autoridad judicial, de una autoridad administrativa, lo que resulta inadmisible al tratarse de información sensible. No es propio de una sociedad democrática. A juicio de nuestro grupo parlamentario, esta es una cuestión fundamental que debería recogerse claramente, que solo el juez y el fiscal en un proceso penal por delito podrían tener acceso a una información tan sensible. Esto no se ha hecho y esto merece una valoración muy negativa por parte de nuestro grupo parlamentario y, por tanto, el rechazo del proyecto.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jane.
El señor JANE I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy llegan al Congreso dos proyectos de ley y, en el trámite de hoy, el Pleno tiene que pronunciarse sobre las enmiendas que vienen el Senado, que es el objetivo de este debate. Nuestro grupo parlamentario votará a favor de las enmiendas introducidas por el Senado, porque entendemos que globalmente suponen una mejora de los textos que les enviamos desde el Congreso. Algunos de los proyectos de ley que venían en ese paquete no han regresado del Senado ya que han ido directamente al Boletín Oficial del Estado al no incluir enmiendas, pero los dos que hoy tratamos sí. Sin embargo, aprovechando esta intervención, desde Convergència i Unió querríamos hacer una reflexión global sobre lo que supone el Tratado de Ámsterdam, por el que se crea ese espacio de libertad, seguridad y justicia en el ámbito de la Unión Europea y en el que se refuerzan los mecanismos de cooperación judicial a través de esos dos principios básicos: armonización de legislaciones y reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales. Hoy lo que estamos realizando con los proyectos de ley en trámite es esa adaptación a lo que ya está previsto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en sus artículos 67 y 82, donde también se concreta el mecanismo de comunicación directa entre las autoridades judiciales. Estamos, por tanto, trasponiendo unas decisiones marco y el objetivo -como también se recoge en los propios proyectos que hoy se aprueban- es simplificar y agilizar los procedimientos de transmisión de esas resoluciones judiciales.
Desde Convergència i Unió queremos enfatizar un hecho. En ese tercer pilar europeo, el pilar de libertad, seguridad y justicia, se está estableciendo el intercambio de resoluciones judiciales dentro del ámbito de la justicia. En ese tercer pilar está la libertad y está la seguridad. Ha entrado en este momento en el hemiciclo nuestro portavoz en la Comisión de Interior, el señor Guillaumes, que está trabajando de manera muy activa para precisamente conseguir algo que desde Convergència i Unió venimos reclamando legislatura tras legislatura, que es esa posibilidad de que también dentro del ámbito policial se consiga ese intercambio de información. Todo aquello que hoy es bueno y positivo en el ámbito judicial, por ese intercambio de resoluciones judiciales entre las autoridades judiciales entre sí, d Convergència i Unió lo viene reclamando desde hace años -y apelo al "Diario de Sesiones" y a todos los que hemos sido portavoces en materia de interior- para que en el ámbito de la Unión Europea los cuerpos de seguridad, como pueden ser la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra, tengan acceso a esas bases de datos de Europol e incluso más allá de las fronteras europeas, por ejemplo de Interpol, buscando esa colaboración en el ámbito policial. Hoy estamos desarrollando ese mecanismo de trasposición de unas decisiones marco, positivo; de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, positivo, pero en ese tercer pilar está también el pilar de la seguridad, y dentro de este pilar, si hacemos buenas esas intenciones de colaboración directa, de intercambio directo de resoluciones, quiero que los Mossos d'Esquadra, cuando intervengan como policía judicial o cuando realicen una investigación, puedan tener acceso directo a lo que está también en el ámbito de otras policías de la Unión Europea o más allá de la Unión Europea. Eso es creernos lo que hoy se está haciendo de esa amplia colaboración entre autoridades, de esa intencionalidad de agilizar que buscan los proyectos de ley. Pues si queremos agilizar, si queremos ser operativos, aquello
que hoy aprobamos y valoramos positivamente de ese Tratado de Ámsterdam en lo que es ese pilar, repito, de la libertad, seguridad y justicia, hoy reclamamos también desde Convergència i Unió que ello se pueda dirigir también hacia lo que es esa demanda de poder tener esa amplia comunicación y colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando las mismas tienen competencias directas de seguridad ciudadana, son policía ordinaria en sus respectivos territorios y necesitan también esa colaboración en la línea que hoy estamos aprobando en el ámbito judicial.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Sáez Jubero.
Señorías, les confieso que estoy reconfortado en esta sesión de hoy tras la intervención de la presidenta Bachelet, reconfortado con la política. Por tanto vamos a continuar el orden del día, pero tras una estela y una jornada muy positivas por el discurso que hoy ha pronunciado la presidenta Bachelet ante esta Cámara.
En cuanto a los proyectos de ley, señorías, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente las enmiendas que nos propone el Senado para mejorar el proyecto de ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea y el proyecto de ley orgánica de intercambio de información de antecedentes penales y resoluciones judiciales penales. Pese a ello nos parece que el grupo parlamentario de la mayoría podría haber apoyado algunas de las enmiendas formuladas por nuestro grupo parlamentario en el Senado que, a criterio nuestro, mejoraban el texto propuesto por el Gobierno.
Señorías, la aprobación de esta trasposición de directivas y decisiones europeas nos recuerda nuevamente nuestra propia realidad normativa. Cada vez más la iniciativa legislativa del Gobierno viene condicionada por nuestra pertenencia a la Unión Europea, por la necesidad de cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa europea y su adaptación y trasposición a nuestra legislación nacional. Y es precisamente en el espacio de libertad, seguridad y justicia donde la Unión Europea más está avanzando en los objetivos de convergencia de nuestros instrumentos legislativos y procesales. Los objetivos comunes de lucha contra los delitos trasnacionales, contra el crimen organizado y de cooperación en materia de seguridad han obligado a desplegar cambios tanto en nuestro derecho positivo, especialmente en sucesivas reformas de nuestro Código Penal, como también en nuestras normas procesales y en los mecanismos de cooperación e información. Quedan todavía muchos retos por delante, como por ejemplo la puesta en marcha de la fiscalía europea que preveía el Tratado de Lisboa a partir de Eurojust. Eurojust es el órgano de la Unión Europea encargado de reforzar la cooperación judicial y de fomentar la adopción de medidas de cooperación judicial entre los Estados miembros y sin duda ha estimulado también la adopción de estas iniciativas legislativas en la Unión Europea.
En materia de cooperación judicial hemos ido incorporando desde 2002 a nuestro ordenamiento jurídico -si bien es cierto que en muchas ocasiones, y hay que hacer autocrítica por ello, de manera tardía- distintos instrumentos. La cooperación judicial europea ha permitido sustituir las antiguas comunicaciones a través de autoridades o representaciones gubernamentales de los diversos países miembros por otros instrumentos que permiten la cooperación directa entre juzgados y tribunales. Tal vez el más significativo y el que mayor avance supone en materia de cooperación judicial sea la orden europea de detención y entrega. Con esta orden europea se permite que mediante una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea se permita la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para ejercer contra la misma una acción penal o ejecutar una pena o medida de seguridad. La orden europea de detención ha planteado en su aplicación algunos problemas de garantías de derechos fundamentales que esperamos, y estamos convencidos de ello, pueda resolver mejor la nueva redacción que se da en esta nueva ley. También se incluyen en materia de cooperación judicial otros instrumentos de coordinación, como el reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, de resoluciones de decomiso, de resoluciones judiciales en materia penal o de resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin la comparecencia del imputado. En interés de la mejora de la técnica legislativa y de la dispersión normativa, a nuestro grupo parlamentario le ha parecido apropiado haber recogido todos estos instrumentos de cooperación en una sola ley de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales con el complemento de ley orgánica, ya que afectaba al articulado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
De importancia también es la aprobación de la ley orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y resoluciones judiciales penales en la Unión Europea que adopta dos decisiones
marco de la Unión Europea y que regula también el régimen aplicable al intercambio de información sobre los antecedentes penales entre los registros centrales de penados de los distintos Estados miembros y que le dota, por tanto, de garantías y de mayor seguridad jurídica. En el clima de consenso de aprobación de estas leyes hubiéramos deseado que el grupo mayoritario aprobara las enmiendas técnicas propuestas por nuestro grupo parlamentario en el Senado que también propusimos en el Congreso. A efectos de fijación de nuestra posición, y pese a nuestro voto favorable al proyecto y a las enmiendas incorporadas en el Senado, que entendemos que aportan mejora en el texto que enviamos al Senado, quiero recordar en este trámite cuáles han sido esas enmiendas propuestas por nuestro grupo parlamentario en el Senado y que, a nuestro criterio, deberían haber sido acogidas por el grupo mayoritario.
En el proyecto de ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales la enmienda 62, para que se solicitara también información a los puntos de contacto españoles de la red judicial europea y la red española de secretarios judiciales en cooperación internacional cuando se desconozca cuál es la autoridad judicial de ejecución competente. La enmienda 63 -y esta tal vez nos parece la enmienda más trascendente que queríamos incorporar al texto-, para que en la lista de delitos no sujetos de la doble tipificación por el juez o tribunal español también se incluyera el delito de mutilación genital femenina y los delitos sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica y así impedir que el Estado de ejecución pudiera denegarla porque los hechos no estén tipificados en su legislación nacional. La enmienda 64, para que las resoluciones dictadas por la autoridad judicial española de reconocimiento mutuo sean únicamente susceptibles de recurso de apelación, suprimiendo el recurso de reforma a fin de evitar dilaciones indebidas o innecesarias.
En el proyecto de ley orgánica sobre intercambio de información, la enmienda 8 a fin de que el registro central de penados únicamente remita información sobre infracciones penales juzgadas y condenadas por un órgano jurisdiccional penal. Las enmiendas 9, 10 y 11, para que el registro central de penados solo responda a las consultas que se le formulen sobre condenas dictadas por terceros países que estén inscritas en el registro y cuya cancelación no se haya comunicado. Finalmente la enmienda 12, para cambiar la rúbrica del título II por la siguiente: Consideración de resoluciones condenatorias firmes dictadas en otros Estados miembros de la Unión Europea en coherencia con las enmiendas que he tratado de explicarles con antelación.
En cualquier caso, tal como les he anunciado al inicio de esta intervención, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente estas enmiendas que sin duda contribuyen a tener dos nuevos instrumentos legislativos que siguen en la mejora de este espacio de libertad, seguridad y justicia y esa construcción también de una normativa de derecho procesal, de derecho penal común, para avanzar hacia esa idea que todos tenemos de una Europa federal y una Europa cada vez más unida políticamente, también por nuestro cuerpo normativo.
Le agradezco especialmente sus palabras de elogio al discurso de la señora Bachelet.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Baena.
La señora BAENA AZUAGA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, es para mí un honor subir a esta tribuna para defender la posición del Grupo Parlamentario Popular en dos proyectos de ley tan importantes para seguir avanzando hacia una mayor integración de la Unión Europea. Estas leyes son fundamentales para la seguridad de los ciudadanos porque los ciudadanos quieren vivir en un mundo más seguro, un mundo donde sus libertades estén garantizadas. Lo cierto es que vivimos en un escenario donde la delincuencia viene caracterizada por su internacionalización, una delincuencia que despliega su actividad en el territorio de distintos Estados dando lugar a lo que se puede denominar como la globalización de la criminalidad. La cooperación judicial internacional ha de ser, por tanto, una prioridad y para este Gobierno lo es.
Señorías, con la aprobación definitiva de estos proyectos de ley vamos a poner en vigor instrumentos de la mayor importancia para, en primer lugar, ser más eficaces en la lucha contra el crimen internacional y, en segundo lugar -y no por ello menos importante-, para ser más eficaces en la protección de las víctimas en todo el territorio de la Unión Europea de una manera coordinada. En definitiva, estas leyes buscan una mejor coordinación entre los Estados miembros que ha de redundar en mayor seguridad para todos los ciudadanos. Por ello hubiera sido una muestra de irresponsabilidad que no hubiésemos sido capaces de llegar a un consenso en estos proyectos de ley. Al contrario, ha habido voluntad de diálogo por
parte del Grupo Parlamentario Popular y de la mayoría del resto de los grupos para aprobar enmiendas al texto inicial. También en su paso por el Senado se han aprobado enmiendas de distintos grupos parlamentarios. Esta tramitación ágil y consensuada nos permite mantener el compromiso del Estado español en la trasposición de normas de la Unión Europea y demostrar una vez más que somos socios leales con todos sus países miembros. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
La cooperación judicial -o, lo que es lo mismo, la coordinación entre las autoridades judiciales de los Estados miembros- es fundamental para garantizar una seguridad en una Europa en la que decidimos eliminar las fronteras nacionales interiores, una Europa en la que los ciudadanos podemos circular libremente por todo el territorio común. Entre todos hemos conseguido que Europa sea el mayor espacio de libertad, progreso y bienestar del mundo y queremos que siga siéndolo en el futuro. Sin embargo, somos conscientes de que el mundo en general -y Europa en particular- se enfrenta a desafíos nuevos: una delincuencia que no conoce fronteras, unas crisis económicas y financieras, dependencia energética... Sabemos que Europa necesita un impulso renovado, en definitiva necesita una mayor integración. Así lo reconocía el presidente Mariano Rajoy hace escasas fechas en la apertura del curso académico del Colegio de Europa cuando decía que la integración es el signo de los tiempos, es la única manera que tenemos para garantizar nuestra influencia y nuestra fortaleza en este siglo XXI tan complejo que nos ha tocado vivir.
Pues bien, los dos proyectos de ley que hoy se someten a la consideración de este Pleno van encaminados a conseguir una mayor integración. El primero, es el proyecto de ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, una ley que se presenta como un texto conjunto, un compendio que acaba con la dispersión normativa que había hasta ahora en esta materia. En ella se articulan instrumentos tan importantes como la orden europea de detención y entrega, mucho más ágil que el tradicional proceso de extradición; el embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas en cualquier Estado miembro, sea cual sea el Estado donde se cometió el delito; o la más reciente orden europea de protección, que va a permitir extender las medidas para proteger a una persona de los posibles actos delictivos de otra a cualquier Estado miembro al que esa víctima se desplace.
El segundo proyecto de ley supone una revolución, un cambio radical de las relaciones entre los Estados miembros. ¿Por qué? Porque se sustituyen las antiguas comunicaciones entre las autoridades gubernativas por la comunicación directa entre las autoridades judiciales. Esto supone simplificar y agilizar enormemente los procedimientos. Y es que el proyecto de ley sobre intercambio de información de antecedentes penales viene a consolidar un sistema que ya permite a jueces y fiscales acceder fácilmente a una información completa del historial delictivo de cualquier ciudadano de la Unión Europea con independencia del país europeo en el que hubiera sido condenado. Aquí debemos destacar el papel pionero de nuestro país, ya que España y Austria fueron los dos primeros que conseguimos conectar on line nuestros propios sistemas de antecedentes penales, pero queremos ir más allá, queremos poder consultar el historial de antecedentes de cualquier ciudadano de la Unión Europea simplemente con la huella dactilar. Para ello ya se ha puesto en marcha un sistema con el Reino Unido, tal y como nos adelantó el secretario general de la Administración de Justicia en su comparecencia en esta casa el pasado 7 octubre.
Señorías, estos son solo dos ejemplos, pero podríamos poner muchos más que vienen a demostrar que España ejerce de socio comprometido, un socio que hace propuestas para conseguir una Unión Europea mejor y, sobre todo, que España es un socio al que ahora, con el Gobierno del Partido Popular, se le escucha, a diferencia de lo que ocurría con otros Gobiernos; ahora nuestra opinión cuenta, se tiene en cuenta y vuelve a ser fuerte. De hecho, en estos años en que no solo España sino toda Europa se ha visto abocada a la superación de una profunda crisis, nuestro impulso, las propuestas de España, han sido decisivas en asuntos tan importantes como la unión bancaria o el pacto fiscal, asuntos importantes en los que en apenas tres años hemos construido más en la gobernanza europea que en las dos décadas anteriores. (Un señor diputado: ¡Halaaa!).
Igualmente, en el Consejo Europeo del pasado mes de junio se trataron los aspectos del espacio de libertad, seguridad y justicia. Pues bien, en sus conclusiones también se recogieron las propuestas que en este ámbito hizo el presidente Rajoy, como fueron, en primer lugar, la necesidad de contar en la Unión Europea con una política de inmigración, asilo y fronteras eficiente y bien gestionada para evitar más tragedias humanas y, en segundo lugar, la necesidad de reforzar la protección de las víctimas. Aquí, señorías, se pone de relieve una vez más el compromiso de este Gobierno con todas aquellas personas
que han sufrido las consecuencias del terrorismo o de la violencia de género. Sin duda aquí la cooperación judicial tiene mucho que aportar en estos graves asuntos.
Termino, señorías. Estas leyes responden al compromiso que tenemos todos los Estados miembros de mejorar la cooperación judicial penal en el seno de la Unión Europea. Con ellas vamos a tener más y mejores instrumentos para luchar a nivel internacional contra delitos tan graves como el terrorismo, la trata de seres humanos, el narcotráfico o la corrupción. Vamos a ganar en coordinación y, en definitiva, vamos a ganar en seguridad para todos los ciudadanos. Vamos a dar, señorías, un paso firme más para seguir construyendo y fortaleciendo ese espacio de libertad, seguridad y justicia que los europeos decidimos darnos.
Muchas gracias, señorías, y gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Baena.
Vamos a pasar al siguiente proyecto: Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.
Señorías, estamos ante el trámite final de una ley que tal como va a quedar es una oportunidad perdida. Una vez más el Grupo Popular está aplicando su mayoría absoluta con muy poca visión histórica y también con poca responsabilidad, porque estamos hablando de un ámbito, el de la Ley de Propiedad Intelectual, que tiene mucha conexión con las libertades democráticas, con la libertad de información, con la libertad de comunicación, con el acceso a la información, con la educación y con la libertad de expresión. Estamos hablando de un elemento que es importante y central en cualquier sistema democrático. En estos grandes temas la responsabilidad de los políticos es buscar grandes consensos. Lo que es absurdo es que leyes básicas, con aspectos fundamentales sobre las libertades, las estemos cambiando cada seis meses o cada cuatro años, cada legislatura. Con esta ley va a pasar eso. Ahora ustedes van a modificar la Ley de Propiedad Intelectual, además con una modificación muy restrictiva desde el punto de vista de las libertades, una modificación que depende mucho de los grandes intereses de determinados grupos mediáticos y económicos, pero que da la espalda a la realidad, a la realidad del mundo de la información, a la realidad de la evolución de las nuevas tecnologías -de ese ámbito que se conoce como Internet- y que da la espalda también a la nueva economía. Este es un elemento importante que tendría que servir de reflexión. Además esta modificación de la ley es precipitada, porque en el plazo de seis u ocho meses vamos a tener que volver a modificarla, porque estamos pendientes de la normativa comunitaria en este ámbito, una normativa comunitaria que va a condicionar todas las legislaciones estatales y que va a condicionar esta también. Por tanto, modificar ahora la ley para volverla a modificar dentro de seis meses, un año o año y medio, modificarla sin un consenso mayoritario, amplio, que respalde ese ámbito de las libertades que decía antes y que le dé estabilidad, es de una irresponsabilidad supina.
Además hay aspectos también importantes de esta ley que la ponen en cuestión. Incluso hay sectores que están impugnando la propia tramitación, porque el Gobierno ocultó a la Unión Europea la modificación de uno de los artículos. En el anteproyecto que se envió había un artículo que no está en el proyecto que se tramitó en las Cortes Generales. Eso incluso puede ser motivo de impugnación, pero al margen de esos ámbitos formales, es más importante el fondo de la cuestión. En el fondo de la cuestión se está dando la espalda a la realidad del mundo de las nuevas tecnologías, se está dando la espalda también a la libertad de expresión, se pierde la oportunidad de reconocer algo que es básico y que cada vez tiene mayor peso, que es el ámbito de las licencias libres, por ejemplo, de las creative commons, que siguen ausentes en la legislación del Estado y provocan un gran interés en el mundo universitario y en el mundo de la comunicación. Esta ley también pasa por encima de esta cuestión y ha perdido esa oportunidad. Precisamente nosotros presentamos una enmienda en ese ámbito. Ustedes saben que nosotros normalmente no entramos a las enmiendas parciales en los proyectos de ley, porque la misión que tenemos comprometida con nuestros electores no es mejorar la legislación española sino reivindicar el derecho de Euskal Herria a tener su propio ámbito de decisión y a ejercer su propia soberanía. Sin
embargo, en este tema incluso presentamos una enmienda parcial, porque consideramos que era algo sustancial, importante, que tiene trascendencia para el mundo de las libertades y sobre todo para ese mundo de las nuevas tecnologías. Al final, con ese objetivo de combatir la piratería -que es sano y bueno combatirla-, ustedes están combatiendo la piratería dando patente de corso a una serie de entidades de gestión de derechos, entidades privadas que no cubren el conjunto de los titulares de los derechos de propiedad y que al final se van a beneficiar incluso de derechos de gente del mundo universitario que publica sus estudios, sus producciones intelectuales bajo la licencia creative commons, es decir, que renuncia precisamente al cobro de sus derechos, y lo que están consiguiendo con esto es que esas entidades privadas de gestión de derechos acaben cobrando derechos que no les corresponden.
Desde todos los puntos de vista este proyecto de ley es un sinsentido. Está dando la espalda tanto al nuevo mundo del ámbito digital como al de la economía digital, elemento importante; es otro punto de reflexión que les tendría que servir para dar marcha atrás en este sinsentido. Creo que están muy condicionados por los intereses de la vieja economía, de esos medios de comunicación que se están quedando obsoletos y que son incapaces de reaccionar ante las nuevas tecnologías. Están siendo insensibles y desconocen la realidad del mundo digital que avanza a pasos agigantados. Por otra parte, también están dando la espalda a las corrientes cada vez más importantes que propugnan -propugnamos- la necesidad de la socialización del conocimiento. Es decir, hay una hipoteca social sobre el conocimiento, hay una obligación de poner toda la capacidad intelectual de una sociedad al servicio de toda ella. Hay elementos de progreso social basados en la difusión del conocimiento que no pueden ser sometidos a las reglas del mercado economicista. Esta ley tampoco lleva en su planteamiento, ni en su concepción, ni en su reflexión, la necesidad de avanzar en las políticas de socialización del conocimiento, que es un elemento fundamental de reducción de la desigualdad. El otro día en el debate de presupuestos citaba al economista francés Thomas Piketty, que decía que uno de los elementos clave para avanzar en la reducción de las desigualdades es avanzar en la sociedad del conocimiento. Con esta ley, que podría ofrecer la oportunidad de avanzar en ese ámbito, se ha perdido una nueva oportunidad.
Simplemente quiero trasladarles estas reflexiones. Rectifiquen, cambien de mentalidad en esta y en otras leyes, especialmente -no está el ministro titular señor Wert- en el ámbito educativo, en el del conocimiento, en el de las libertades. Ahí no se puede legislar a golpe de mayoría absoluta, porque por muy mayoría absoluta que sea siempre es insuficiente. Hay que buscar amplios consensos que den estabilidad al ámbito de las libertades, a la difusión del conocimiento, que es un elemento de progreso social. Repito, creo que ustedes están perdiendo esa oportunidad. Están cegados por esa mayoría absoluta -que no deja de ser escasa- cuando hablamos de proteger las libertades, el conocimiento y de combatir la desigualdad. Por eso, vamos a votar en contra de esta ley, y no perdemos la esperanza de que cuando haya que volver a modificarla en el plazo de año o año y medio tomen en cuenta estas reflexiones y avancen tanto en buscar amplios consensos para proteger las libertades como en el derecho de la ciudadanía a participar del conocimiento, por la senda de socialización del conocimiento, que es uno de los elementos más eficaces para mejorar en la lucha contra las desigualdades.
Por el Grupo Vasco, PNV, señor Agirretxea.
Intervengo muy brevemente para decir que vuelve al Congreso, después de pasar por el Senado, una ley que dio muchas vueltas en esta Cámara, con mucha parafernalia, como si fuera a ser la panacea que iba a traer la solución. Ya en verano, en pleno julio, con una especie de veranitud -no sé si existe el sustantivo, sería algo parecido a nocturnidad- y con muchísima urgencia pasó por aquí, pero evidentemente entró y salió coja del Congreso con la promesa del Grupo Popular de que esa cojera se enderezaría en el Senado; pero allí se ha fortalecido su cojera, y aunque parezca una contradicción esta ley ha salido más mutilada todavía. Por tanto, tenemos una decepción más del Grupo Popular en cuanto a promesas dadas a los demás grupos, que pretendíamos mejorar esta ley porque considerábamos que en ella había cuestiones injustas, como denunciábamos en nuestras enmiendas. No sé qué ha ocurrido pero no hay peor cosa que prometer algo y después no cumplirlo, y en este caso el Grupo Popular ha reincidido; ha hecho una ley basándose en criterios solo propios porque no ha convencido a nadie más -no ha obtenido ningún apoyo más en el Senado de los que tuvo aquí, ni volverá a tener-, no ha convencido a nadie de las bonanzas de esta ley, que, como usted ha dicho antes, va a tener que cambiarse dentro de poco. Europa marcará unos criterios. ¿Qué va a pasar si esos criterios no coinciden con lo que
el Gobierno actual ha establecido? No es una ley justa. Desde un principio considerábamos que quien usa debe pagar y quien no usa no debe pagar. Proponíamos la vuelta al famoso canon digital, al que se dijo que podíamos volver, y todo ha quedado en agua de borrajas. Las enmiendas incorporadas en el Senado -¡qué quieren que les diga!- son una especie de paripé para poder demostrar que allí también se hacen cosas, y ahora vuelve la ley aquí.
En resumidas cuentas, es una decepción más. Pensábamos que se podía haber hecho una ley que convenciera mínimamente a todos los grupos y que recogiera las necesidades que planteábamos, que eran obvias; pero Grupo Popular ha hecho caso omiso. Por lo tanto, votaremos en contra de las enmiendas que no aportan nada y queremos expresar nuestro voto en contra -ideológico- a esta ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Agirretxea.
Por Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
Voy a intervenir brevemente para lamentar no solo que el Senado otra vez haya hecho poco más que un ligero cepillado para quitar los solecismos que tenía la redacción -cosa para la que no hace falta una segunda Cámara sino tener un poco de cuidado al redactar- sino sobre todo porque creo que esta es una de las peores leyes que se ha hecho en lo que llevamos de legislatura, y es algo realmente meritorio. Esta ley de propiedad intelectual es una ley intelectualmente impropia. Es una ley que solo se ha concebido y aprobado con un fin, y con fecha de caducidad -lo cual dice ya mucho de para qué se ha hecho y cómo se ha hecho-, puesto que en su preámbulo señala que dentro de un año habrá que revisarla; se ha apuntado aquí también porque es sabido que las directivas europeas van en un sentido contrario al que marca esa ley, lo cual es legislar a sabiendas de que se está haciendo durante un breve periodo de tiempo para favorecer a determinados intereses privados, y esto es realmente escandaloso. España es un país que tiene 5,5 millones de parados, entre otras cosas porque no ha sabido aprovechar -por un marco legislativo muy deficiente- las oportunidades de la economía digital. Pues bien, una ley como esta, que tenía que servir para favorecer la economía digital, lo único que hace es bloquear el acceso de emprendedores a nuevos modelos de negocio y a nuevos desarrollos, porque su única preocupación -como se ha hecho en otros campos también- es blindar los intereses que ya existen. Incluye cosas como la tasa AEDE -también conocida como tasa Google-, que probablemente va a ser tumbada por el Tribunal de Luxemburgo, que ya ha incluido cuestiones prejudiciales al respecto. Se sabía pero no se ha tenido en cuenta, para variar, como siempre. Incluye cosas tan aberrantes como el derecho de cita, que es en realidad una tasa para cobrar por el tráfico de conocimiento; es una cosa increíble. No se ha conocido algo así en Europa desde la época del Imperio otomano, que prohibió los libros impresos hasta finales del siglo XVIII. No se ha contado a la opinión pública -lógico también, porque son los grandes grupos de comunicación los beneficiados por este tipo de tasas, por la tasa AEDE en concreto-, por ejemplo, que las universidades van a tener que ponerse de acuerdo con las entidades de gestión de derechos para pagarles un tanto por usar libros; no se ha contado que las bibliotecas públicas van a tener que pagar por prestar libros. Es absolutamente aberrante, es un desastre de ley. Para lo único que sirve, como digo, es para retrasar la innovación y la sociedad del conocimiento. Sirve exactamente para todo lo contrario de lo que se proclama.
Desde luego, no cuente con el voto favorable de nuestro grupo a esta ley ni a nada que se le parezca. Cuando dentro de un año volvamos a discutirla, será el momento de repasar para qué se hizo: para ganar tiempo y entretanto seguir controlando el oligopolio que existe en España entre política y medios de comunicación.
Por La Izquierda Plural, señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERAS: Gracias, presidenta.
Señorías, con la aprobación definitiva de esta ley de propiedad intelectual, el Gobierno pone el interés de la cultura, de sus artistas, productores y autores a los pies de los caballos de la industria del sector tecnológico, de las telecomunicaciones y de las grandes cadenas hoteleras. No defiende los intereses ni derechos de propiedad intelectual ni de su gestión colectiva, amenaza la función social que las sociedades
de gestión de derechos realizan y se ha demostrado incapaz de definir la seguridad jurídica necesaria para resolver de manera equilibrada los intereses entre autores y editores. Es una ley que el Grupo Popular aprobará pasando el rodillo de su mayoría absoluta en la absoluta soledad, no solo contra el resto de todos los grupos de la oposición sino de todo el sector cultural, vulnerando la legislación de la Unión Europea y desoyendo entre otros el informe del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial. Después de la obstinación y cerrazón demostrada por el Grupo Popular para bajar el IVA cultural, cuando ya tienen -porque los tienen- los datos de lo que para la industria y los trabajadores y trabajadoras de la cultura supone esta medida, esta ley es la demostración más clara del desprecio que este Gobierno manifiesta ante la cultura de nuestro país, ante su valor emancipador y generador de ciudadanos y ciudadanas libres y críticos. Es una ley que a su vuelta del Senado, donde el Grupo Popular se comprometió -ya se ha dicho aquí- a llegar a acuerdos para su mejora, y ante su incapacidad y verdadera falta de voluntad para llevarlos a cabo, incorpora dos modificaciones mediante las disposiciones cuarta y quinta, que posponen su entrada en vigor a 1 de enero de 2015 y le da el plazo de un año de vida para ser sustituida por otra reforma integral de la ley, que aborde precisamente los aspectos que más daño van a causar al mundo de la cultura y que han motivado este desaguisado de ley: el régimen aplicable a la gestión colectiva de derechos, la compensación por copia privada y las competencias y naturaleza del legislador. Es una verdadera chapuza, señores del Grupo Popular; un parche que no podrá evitar el daño que causará de manera inmediata esta ley en su puesta en vigor. Como ya alerta Adepi, la Asociación de entidades de gestión, reducirá muy gravemente cientos de miles de salarios de profesionales del sector de la cultura, dificultará su gestión y no aportará soluciones en la lucha contra la piratería. Esta es su ley; nace muerta, señoras y señores del Grupo Popular, y a mayor gloria de su irremediable inoperancia traerá mayores problemas a la ya suficientemente apaleada cultura de nuestro país.
Desde La Izquierda Plural por supuesto que no vamos a apoyar este desastre, este desaguisado. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De las Heras.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde Convergència i Unió recibimos este proyecto, cuando entró en el Congreso, con una actitud abierta, constructiva. Ya le dijimos, señor ministro, en el primer debate que tuvimos aquí hace ya unas cuantas semanas que estábamos dispuestos a hablar de ello; incluso usted nos habló de la necesidad de consenso en este proyecto, nos dijo que era importante que existiera consenso. Estábamos absolutamente de acuerdo y aún pensamos que habría sido deseable que lo hubiera habido por la importancia que este proyecto tiene para la cultura, para el sector cultural, para nuestros creadores e industrias culturales.
Estamos absolutamente convencidos de la necesidad de una buena ley de propiedad intelectual, una ley adecuada y adaptada a los cambios tecnológicos de los últimos años, una ley adecuada a los innegables cambios que ha habido en el consumo cultural, una ley capaz de afrontar con determinación y con valentía el grave problema de la vulneración de los derechos de autor en el entorno tecnológico. Ahí nuestro grupo parlamentario siempre ha estado al lado del Gobierno, fuera del color que fuera, para luchar contra esa lacra que es la vulneración de los derechos de autor en el entorno tecnológico. Esperábamos una ley capaz de adaptarse a los acontecimientos recientes que pusieron de manifiesto la necesidad de reforzar y mejorar la regulación de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor para que fueran realmente eficaces a la hora de proteger los derechos de nuestros creadores; una ley, en definitiva, señor ministro, para los nuevos tiempos; una ley que fuera un instrumento realmente útil para nuestros creadores, para nuestras industrias culturales; una ley que fuera un aliciente para el sector cultural, pero también para la economía productiva, señor ministro, porque usted sabe muy bien la enorme potencialidad que tiene nuestra cultura en la economía. Señor ministro, la cultura es un ámbito que puede ser un motor importante para crear ocupación.
Ahora bien, hemos perdido, como ha dicho algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, una oportunidad útil para avanzar, para mejorar ese potencial de nuestra industria cultural. Además, el sector cultural lo pedía y lo continúa pidiendo a gritos. Necesitamos una buena ley de propiedad intelectual que sirva de impulso para realizar esa aportación a nuestra economía. Ya no hablo de los otros ámbitos en los que tiene incidencia la cultura, que la tiene y mucho. Desde Convergència i Unió vemos que estamos a punto de aprobar un nuevo proyecto, pero hemos perdido una oportunidad, y lo lamentamos
profundamente. En nuestro grupo, a pesar de las discrepancias, estábamos dispuestos a hablar de ello, a hacer aportaciones y a apoyarlo, si se hubieran incorporado propuestas de nuestro grupo y de otros grupos que hubiéramos podido compartir. Tenemos la sensación de que desde la Secretaría de Estado de Cultura no ha habido esa capacidad de convencer a otros ministerios implicados en este proyecto de ley, y lo lamentamos. No han conseguido sumar a otros ministerios para realizar las aportaciones en este proyecto de ley y que necesita el sector cultural. Era una oportunidad para conseguir mejoras de calado. El Gobierno tampoco ha sido incapaz de sumar a los grupos parlamentarios. Ha habido algún intento -lo reconocemos-, pero quedó en nada, en palabras agradables que no se han materializado. Este proyecto de ley llega del Senado como salió, con cambios que no son sustanciales; ni siquiera ha habido capacidad del Grupo Popular, incluso del Gobierno, para conseguir en el Senado consensos con otros grupos parlamentarios. Lamentamos que hayan sido incapaces de conseguir esa complicidad que era importante y necesaria para el sector cultural.
Además, nos preocupa mucho cómo va a salir esta ley, porque hay una cuestión -la fórmula de cómo se está pagando la compensación equitativa por copia privada, fórmula adoptada por el Gobierno e incorporada a este proyecto- que no entendemos. Presentamos nuestra propuesta, y había varias de otros grupos que también nos parecían razonables y se ajustaban mucho mejor a la normativa de las directrices europeas. Ahora estamos en una zona de riesgo. ¿Por qué? Porque este proyecto va a salir de aquí con una fórmula para pagar la compensación equitativa por copia privada, y a lo mejor dentro de cuatro días nos van a decir que es contraria a la normativa europea. Esto es realmente preocupante por las consecuencias que puede tener para el Gobierno. Tal vez algunas de las demandas que se han puesto ante los juzgados son estimadas y tendríamos problemas de responsabilidad patrimonial de la Administración, con lo que ello puede suponer para los presupuestos del Estado: tener que abonar importantes cantidades al sector cultural. Esta cuestión realmente preocupa muchísimo a nuestro grupo parlamentario.
Había propuestas, no solamente de nuestro grupo sino también de otros grupos parlamentarios, que se podrían haber incorporado a este proyecto, que podrían haber salvado este riesgo con el que ahora va a salir aprobado de las Cámaras. Por lo tanto, nuestro grupo parlamentario no puede apoyar este texto. Anunciamos que vamos a votar en contra de los cambios que vienen incorporados del Senado. Somos conscientes de que, con la mayoría absoluta del Grupo Popular, quedarán igualmente incorporados. Probablemente, alguno de los cambios del Senado pueden suponer alguna mejora. Con este voto en contra manifestamos esa discrepancia por no haber sido capaces de conseguir los consensos necesarios y las mejoras sustanciales que necesitaba el sector cultural. Queda incorporado un aspecto que nos preocupa muchísimo, nuevamente en este proyecto de ley hay vulneración de competencias. Ya lo dijimos en el primer debate en esta Cámara, así como en Comisión y mi compañero del Senado el señor Joan Bagué lo puso de manifiesto. Allí presentamos nuestra enmienda al respecto, que fue rechazada. Lamentamos nuevamente que tengamos aquí un proyecto que vulnera competencias de las comunidades autónomas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Surroca. (Aplausos).
Por el Grupo Socialista, señor Torres Mora.
Señorías, señor ministro, no ha podido ser. Finalmente la reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual no ha obtenido el amplio consenso que la cultura merece. En el Congreso ustedes, señores del Grupo Popular, aprobaron nueve enmiendas, de ciento sesenta y tres que presentamos; en el Senado se han presentado doscientas nueve y no han aprobado ninguna. En estas condiciones mi grupo, como el resto de los grupos parlamentarios, no puede apoyar las enmiendas que envían del Senado, no puede apoyar esta ley. Lo que se presentó como una reforma parcial y urgente de la Ley de Propiedad Intelectual ha resultado tener poco de reforma, nada de urgente, pero parcial sí ha sido, como se podrá comprobar cuando miremos dentro de un rato el panel de votación. Decía Séneca que ningún barco tiene buenos vientos cuando no sabe a qué puerto se dirige. Esta ley partió sin un rumbo claro y sin ninguna carta náutica. Faltó un libro blanco -lo pedimos aquí- que nos hubiera iluminado a la hora de legislar; un libro blanco que nos hubiera iluminado también a la hora de dialogar con los distintos sectores que se han interesado por la ley. Nos han faltado datos, objetividad, rigor a la hora de las discusiones, información; de eso tenía que habernos dotado un libro blanco. Insisto en que lo pedimos, pedimos un análisis. Hubiera estado bien saber realmente cómo son las tarifas, poder comparar las de un sector con otro, conocer
exactamente cómo gravan las tarifas el desarrollo de las industrias que hacen uso de la propiedad intelectual. Hubiera estado bien poder comparar las tarifas españolas con las de los países con los que competimos, por ejemplo, por el turismo para saber qué ocurre con ellas en los hoteles; hubiera estado bien tener esa información porque nos hubiera permitido dialogar sobre un conocimiento sustantivo. Hubiera estado bien conocer, por ejemplo, qué ha ocurrido con los productos, con los soportes para la grabación, después de quitar la compensación por copia privada. ¿Se han abaratado? ¿Son más baratos para los ciudadanos? ¿Ha obtenido algún beneficio la ciudadanía o simplemente hemos echado sobre los Presupuestos Generales del Estado lo que antes financiaba una industria que tiene bastante recursos, como es la tecnológica? Es el daño que se hace al mundo cultural con ese tipo de copias. No tenemos informes sobre eso. Al Gobierno no le gustan los informes sobre la evolución de la piratería; no le gustan no los resultados de los informes -espero que no-, ni siquiera los informes, porque piensan que son parciales. Claro, generalmente, los que piratean no encargan los informes; los encargan aquellos que ven vulnerados sus derechos. Tampoco tenemos ese tipo de información.
Ahora se han hecho en esta ley modificaciones, pero va a ser difícil que sepamos si son eficaces o no si no tenemos un sistema de indicadores que nos ayude a legislar y a cambiar nuestra propia legislación. No lo tenemos; no hemos tenido una carta náutica; no hemos tenido mapas que nos ayudaran a orientarnos a la hora de cambiar el sistema de leyes de derechos de autor, de propiedad intelectual, en un contexto de cambio tecnológico muy importante; no hemos tenido esa información. Hemos legislado como se legisla, por desgracia, demasiado -y no solo en el sector cultural- a ojo de buen cubero. (Rumores).
Es un sector muy relevante. Tiene una aportación al PIB más grande que el sector agrario. Estamos hablando de casi medio millón de personas que trabajan en el sector de la cultura; no son eso que se tiene prejuzgado, sino personas muy distintas: músicos, pintores, ingenieros del verso, que con otros construyen España, como han hecho Cervantes, Goya, Albéniz, y como ahora hace mucha gente que está construyendo nuestro país, que hace patria. Hubiera sido necesaria una cartografía que radiografiara perfectamente a ese sector para que hubiéramos podido enfrentarnos a todos esos intereses que han estado pugnando en torno a esta ley, para que hubiéramos podido dialogar con ellos con rigor; pero no lo hemos tenido, y esos sectores han ido imponiendo sus distintas posiciones. Esta es una ley que ha afectado a varios ministerios. Es verdad que hay un anillo que controla todos los anillos. (Continúan los rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor Torres Mora; un segundo, por favor.
Ruego algo de silencio, para que sea posible que escuchemos al orador. El señor ministro está haciendo muchos esfuerzos para escucharlo pero comprendo que es imposible. Por favor, guarden silencio; el que quiera hablar que salga. Pido un poco de respeto por el compañero diputado que está interviniendo.
Adelante, señor Torres Mora.
El señor TORRES MORA: Presidenta, no soy yo el que merece el respeto sino la cultura, de la que estamos hablando.
Decía que hay un anillo capaz de controlar todos los anillos; ese anillo está en La Moncloa y es el anillo que marca el rumbo de la cultura y el rumbo de esta ley. Y tengo la sensación de que quien marca el rumbo de esta ley y de la política cultural tiene la misma tentación o ha dado la misma orden con el barco de la cultura que dieron con el Prestige, que es mandarla lo más lejos posible. Me parece que es muy injusto hacer eso con la cultura porque están confundiendo a un sector que es muy amplio, que tiene muchos intereses y posiciones políticas muy diversas con sus adversarios.
Se están equivocando. El sector de la cultura no es su adversario político; el sector de la cultura es un sector industrial que defiende sus intereses, que son intereses estratégicos para nuestro país. Han cometido un error tratando así a la cultura. Ahora se han sentido fuertes para debilitar la cultura, para quitarle poder corporativo, para empobrecerla, para quebrarla, pero no van a poder mantener su fuerza y la cultura seguirá siendo fuerte e importante. Se han equivocado ustedes tratando así a la cultura. Tienen una oportunidad todavía de cambiar esa relación que mantienen con la cultura, que no es buena para ustedes, no es buena para España, no es buena para nadie. La cultura forma parte de todos nosotros. No sean sus adversarios, traten bien a la cultura porque es un sector importante económicamente, pero también lo es para nuestra propia identidad nacional. Ahora tienen una oportunidad a través de los reglamentos. Intenten hablar con ellos, intenten consensuar con ellos. Es verdad que hay muchos intereses, que tenemos que mediar, pero les aseguro que nuestra obligación como representantes de los ciudadanos es equilibrar esos intereses, buscar su equilibrio. Hay sectores muy poderosos y otros menos,
y la cultura es un sector poco poderoso. Por tanto, desde las administraciones públicas y desde los poderes públicos debemos reequilibrar el poder y fortalecer la cultura. Les aseguro que lo vamos a tener que hacer y ustedes tienen todavía la oportunidad de hacerlo en el año que les queda, luego no la tendrán. Les sugiero que de verdad se ocupen seriamente, ahora que, como digo, todavía tienen oportunidad, de hacer un buen reglamento de desarrollo para esta ley e intenten hacer con la cultura lo que no han podido hacer hasta ahora, que es una alianza por el país, por España, por nuestros intereses generales. No han conseguido ustedes el apoyo de ningún grupo parlamentario y tampoco entenderse previamente con el sector de la cultura, algo que es de lamentar realmente. Señorías, como dije anteriormente, mi grupo votará en contra.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Torres Mora.
Por el Grupo Popular, señor Ruano.
El señor RUANO GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, decía el gran escritor y periodista Manuel Chaves Nogales, cuyos libros conocen bien sus señorías, que a las personas se las juzga o bien por sus palabras o bien por sus hechos. Pues bien, en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, como en todas las demás, el Grupo Parlamentario Popular puede decir alto y claro: dicho y hecho. A lo largo de este año hemos tenido ocasión de debatir en las Cortes Generales una reforma que ha tenido y tiene tres fines principales. Primero, la protección de nuestros creadores culturales en Internet; segundo, la mejora de la transparencia y la eficacia de las entidades de gestión de derechos de autor, y tercero, la transposición de tres directivas europeas. Y hoy, señorías, podemos decir con meridiana claridad: dicho y hecho.
Aún quedan temas pendientes por abordar, tales como los aspectos relativos a la compensación por copia privada, que se llevarán a cabo cuando la Unión Europea así lo establezca mediante la necesaria armonización legislativa de los distintos Estados miembros. Pero, dicho lo anterior, hay que decir que la protección de nuestros creadores culturales en Internet, la exigencia de transparencia y eficacia de las entidades de gestión de derechos de autor y finalmente la transposición de directivas europeas que quedaron pendientes en la anterior legislatura no podían ni debían esperar por una reforma de mayor calado y profundidad en la que desde ya, en este mismo texto legislativo, estamos siendo convocados para dialogar y consensuar medidas que por su misma naturaleza una reforma como esta no puede ni debe llevar a cabo hasta tanto la Unión Europea no fije directrices homogéneas en todos los Estados miembros.
Con humildad, señorías, pero también con absoluta convicción les decimos que es mucho el camino que hemos recorrido y prueba de ello son los ocho objetivos alcanzados con esta reforma. Primer objetivo: hemos reforzado los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión asegurando así una mayor transparencia y eficacia y mejorando con ello los mecanismos de participación y de control por parte de los socios de las entidades en sus órganos de gobierno. Lo dijimos y lo cumplimos. Segundo objetivo: hemos mejorado la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital. Lo dijimos y lo cumplimos. Tercero: hemos acotado los límites del concepto de copia privada atendiendo a los progresos de la sociedad de la información. Pues bien, lo dijimos y lo cumplimos. Cuarto: hemos ampliado el derecho de ilustración para usos educativos y de investigación facilitando el uso de licencias. Pues dicho y hecho. Quinto objetivo: hemos adaptado el límite de cita o reseña al ámbito de los agregadores de contenidos o buscadores en Internet reconociendo el derecho de las empresas editoras y de los autores de noticias a ser compensados económicamente por la explotación de sus contenidos. Dicho y hecho. Sexto: hemos establecido una nueva base jurídica que facilita la negociación entre las plataformas de agregación de noticias, los editores de prensa y los autores de noticias, y todo ello sin que en ningún caso -repito: en ningún caso- los usuarios de Internet tengan que realizar pago alguno por enlazar a noticias creadas por las editoras de prensa. Pues bien, lo hemos dicho y lo hemos hecho. Séptimo: hemos realizado la transposición al ordenamiento jurídico español de dos directivas europeas que quedaron pendientes en la anterior legislatura más otra nueva producida durante la propia tramitación legislativa de este proyecto de ley. Pues bien, lo hemos dicho y lo hemos hecho. Y octavo objetivo y último: hemos adaptado la Ley de propiedad intelectual a la nueva legislación de racionalización del sector público. Pues bien...
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, un momento.
Por favor, ruego un poco de silencio para que se pueda escuchar al interviniente. Gracias.
El señor RUANO GÓMEZ: Señor presidente, señorías, concluyo. Estos son los objetivos de esta reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Todos y cada uno de estos objetivos están presentes y tienen un cumplido desarrollo en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y todos y cada uno de estos objetivos tienen una misma y clara finalidad: la protección y la defensa de nuestros creadores culturales.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Gracias, señorías, por su atención y su consideración. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Llegamos al último punto del orden del día que son los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales con números de expediente 110/000135 y 110/000136. Se ha pedido por parte de los grupos poder intervenir y les recuerdo que tienen hasta cinco minutos; hasta cinco minutos, es decir que no hay que consumirlos enteros.
En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Tardà.
Señorías, estoy convencido de que ustedes son conocedores, son conscientes, tienen idea de qué democracia es Bahrein. No es democracia, de hecho es un Estado dictatorial disfrazado. Deben saber que hace pocos días un ciudadano, un activista en pro de los derechos humanos, fue detenido porque se había atrevido a publicar en la red un tuit en el cual denunciaba que miembros de las fuerzas armadas de Bahrein se habían unido al Estado Islámico. Solamente la publicación de un tuit, solamente la publicación de un tuit, repito, le costó a este activista de los derechos humanos sufrir encarcelamiento. Por cierto, Amnistía Internacional, Green Peace, Oxfam Intermón, FundiPau y también Esquerra Republicana de Catalunya han denunciado que el Estado español ha incrementado en un 25 % la venta de armas a este Estado. ¿Cuál es la finalidad de estas armas? Pues creo que a nadie se le escapa que estas armas tienen como objetivo mantener un régimen autoritario que reprime a su población. Y ahora ustedes nos piden que ratifiquemos un convenio de colaboración militar y nos preguntamos de qué colaboración estamos hablando y con qué finalidad. ¿Acaso es para que el ejército y la policía de Bahrein vengan aquí, a nuestro Estado, a enseñarnos cómo y de qué manera se reprime a los activistas de los derechos humanos o acaso es al revés? ¿Acaso se trata de ir nosotros allí, a Bahrein, a enseñarles cómo se utiliza de manera eficaz todo el material antidisturbios que les vendemos? Entenderán, pues, que nosotros hoy no solamente manifestamos nuestro voto contrario, sino que les pedimos que no ratifiquen, y nos dirigimos básicamente a las fuerzas progresistas de este Parlamento, este convenio de colaboración militar entre el Estado español y el Estado autoritario y represor de Bahrein.
Por el Grupo de UPyD tiene la palabra la señora Lozano.
Celebro que este acuerdo de cooperación entre el Reino de España y el Reino de Bahrein nos dé la ocasión de hablar de un pequeño país, pequeño pero muy cercano a otro país grande y poderoso y que es una potencia regional, como es Arabia Saudí. Con este país, que en la Primavera Árabe de 2011 sacó los tanques a la calle contra su población civil -tanques saudíes, precisamente-, se quiere firmar un acuerdo de cooperación de ocho puntos (Rumores), de los cuales seis son relativos a cooperación militar:
cooperación en la industria de defensa, importación y exportación de armas, servicios sanitarios militares, operaciones de mantenimiento de paz, actividades culturales y deportivas militares (Rumores), cuestiones medioambientales y de contaminación causada por instalaciones militares... En fin, un acuerdo que tiene una orientación clarísimamente...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.
¡Por favor, los diputados que no quieran estar que abandonen el hemiciclo!
Continúe, señora Lozano.
Decía que sobre este país -con el que el Gobierno de España quiere establecer una cooperación clarísimamente orientada a lo militar- nos ha llegado precisamente estos días de la Asociación Pro Derechos Humanos de España una alerta en relación con las represalias sufridas por don Nabeel Rajab, presidente del Centro de Bahrein para los Derechos Humanos. Sobre el caso de este activista de los derechos humanos, que ha estado detenido durante varias semanas y ha sufrido torturas, nos pedían que llamáramos la atención, lo cual aprovecho para hacer en esta intervención. También quiero recordar que el Parlamento Europeo, en febrero de este año, ha aprobado una resolución de urgencia por unanimidad relativa a Bahrein en la que se dice, y cito literalmente: Las autoridades de Bahrein siguen violando y restringiendo los derechos de los individuos a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la libertad digital. Y sigue: Los activistas de derechos humanos se enfrentan a sistemáticos y continuos ataques, hostigamiento y detención. Esta resolución -insisto- se aprobó en el Parlamentario Europeo por unanimidad.
Señorías, en los países donde los activistas de derechos humanos sufren persecución, toda la población sufre persecución. En los países donde los activistas de derechos humanos están detenidos sin garantizarles sus derechos, toda la población está expuesta a que se vulneren sus derechos fundamentales. Creemos que una democracia asentada como la nuestra no debe dar la menor cobertura a una autocracia como es la de Bahrein y por eso votaremos en contra de este convenio.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
De vez en cuando vienen a este Plenario tratados -como hoy el convenio militar de España con Bahrein- que nuestro grupo vota en contra. Pero ustedes, que van a votar a favor, lo van a hacer con la nariz tapada. Lo van a votar con la nariz tapada porque cualquier demócrata siente náuseas al firmar un tratado militar con una dictadura represora de sus propios ciudadanos. Dice el convenio que vamos a votar dentro de un minuto que vamos a educar, formar, cooperar, importar, exportar y que vamos a realizar operaciones humanitarias y actividades culturales. Creo que hace tiempo que no votaba nada con más cinismo en esta Cámara. Estamos hablando del Reino de Bahrein, estamos hablando de su majestad Sheikh Hamad Bin Isa Al Khalifa, hermano del Rey de España, como él mismo se autodenomina. Estamos hablando de una dictadura, no de una monarquía parlamentaria, de una dictadura donde la oposición está prohibida y del país árabe donde porcentualmente la represión de su Primavera Árabe ha sido la más importante de todos los países árabes. Estoy hablando de proporción, pensemos que es un país con menos de 1,5 millones de habitantes y la mitad son extranjeros. Las cifras de la represión son brutales. Si las comparásemos con España estaríamos hablando de docenas de miles de reprimidos y de miles de asesinados en los años 2011 y 2012.
Sabemos que el rey de España, Juan Carlos, en su periplo por las dictaduras del Golfo de mayo de este año, de mayo de 2014, hizo dos cosas: en primer lugar, hacer de conseguidor de contratos con empresas españolas y, en segundo lugar, actuar como factor de olvido de los derechos humanos en todas las dictaduras del Golfo; esa fue también una de las acciones del rey Juan Carlos en mayo de este año. (Aplausos). Y eso es lo que hoy aquí estamos discutiendo. Yo les propongo que añadan algunas cosas al tratado, igual entonces nos abstendremos. Añadan que el principal partido de la oposición está prohibido o suspendido, pónganlo también en su tratado, por favor. Pongan también, como dicen el Centro de Derechos Humanos y diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que se declaró una ley marcial, que tropas de Arabia Saudí fueron utilizadas para
la represión en Bahrein, que se ha asesinado a más de cien personas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en la Primavera Árabe de ese país. Pongan también que 4.500 personas fueron detenidas, que hay miles de torturados y que en las cárceles de Bahrein hay presos políticos, a cientos en estos momentos; póngalo en su tratado, por favor. Y pongan también que hay impunidad sobre los responsables, que hay revocatorias arbitrarias de nacionalidad, que hay tres condenas a muerte, veintidós cadenas perpetuas, y que en Bahrein desde el año 2002 las mujeres pueden votar, pero no tienen ningún derecho político ni ningún derecho civil. Pongan eso en su tratado y que se les caiga la cara de vergüenza. (Aplausos).
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.
Señorías, creo que es una buena práctica que en esta legislatura se haya establecido el debate sobre los tratados internacionales, que muchas veces traen causa de debates de fondo sobre la situación de las relaciones internacionales y los derechos humanos. Sucede lo siguiente, señorías, cuando tenemos que fijar posición sobre tratados como los que se votan esta mañana. Por cierto, uno respeto a Turquía y al cual nadie ha hecho referencia, cuando algunos elementos de política interna de Turquía también podrían ser avocados a este debate, y el otro respecto a Bahrein.
Señorías, ayer por la tarde en la Comisión de Defensa se aprobó el informe anual sobre comercio de armas con las recomendaciones de los distintos grupos parlamentarios, básicamente se adoptaron las recomendaciones del grupo de la mayoría. ¿Qué sucede en el debate del informe anual del comercio de armas y qué está sucediendo hoy aquí con este Convenio con el Reino de Bahrein, no democrático y que viola los derechos humanos? Señorías, sucede que al final hay un prejuicio muchas veces de posición previa sobre aquellos países con los cuales se puede comerciar o no comerciar. ¿Y qué sucede? Que de una forma absolutamente previsible año tras año una parte de este hemiciclo presenta en el informe anual del comercio de armas resoluciones para que nunca se vendan armas a Israel y después se hace una relación de adjetivos calificativos notablemente degradantes, y otra parte de la bancada de este hemiciclo hace la presentación y defensa de una resolución pidiendo que nunca se vendan armas a Venezuela, otro régimen no democrático. Señorías, es cierto que se venden armas a regímenes no democráticos. Yo personalmente en esta dicotomía entre Israel y Venezuela tengo claro cuál es el régimen democrático y cuál es el régimen no democrático. Hoy estamos discutiendo un convenio con un régimen no democrático y con un régimen en el cual ha habido violación de los derechos humanos. Nosotros hemos apoyado también en el Parlamento Europeo las resoluciones sobre la violación de los derechos humanos en Bahrein. Dicho esto, señorías, en las relaciones internacionales, en los tratados internacionales y en el comercio internacional es mejor la cooperación con luz y taquígrafos a través de un tratado internacional que a través de las viejas formas de los fondos reservados. Preferimos hablar con regímenes no democráticos a través del Estado de derecho y a través de los instrumentos de los tratados internacionales a las viejas formas de hacer política en las relaciones internacionales y la diplomacia. Este es un tratado, como tantos otros que se han firmado en el pasado sin discusión ni debate en esta Cámara, con un régimen no democrático, estamos de acuerdo, pero si ustedes quieren aplicar este criterio para todo y en todo, haremos una lista de más de cien países del mundo con los que España no debe tener relaciones comerciales ni diplomáticas. Lo podemos hacer, es otra aproximación a las relaciones internacionales. Si ustedes quieren hacer una relación de países en los que se violan los derechos humanos y con los que no firmamos tratados internacionales, nosotros quizá podamos adoptar este nuevo criterio, pero es un cambio de paradigma absoluto.
Señorías, no vengo aquí a hacer de abogado del diablo de un régimen no democrático, simplemente vengo a destacar los dobles criterios, los dobles estándares, el prejuicio y la proyección ideológica con la que se afrontan a veces los debates de los convenios sobre el comercio de armas y sobre algunos países. No nos apetece especialmente afrontar la votación de este tratado con Bahrein, pero este tratado dice en su articulado que es a favor de la cooperación y del incremento de los estándares en seguridad y también de restricción de la violación de los derechos humanos. Nosotros preferimos esto a la continuación de los más desgraciados episodios de la represión de la Primavera Árabe en Bahrein. Ninguna pasión defendiendo los convenios con Venezuela, ninguna pasión defendiendo los convenios con Bahrein, siempre la defensa
de los tratados internacionales, del Estado de derecho, del negro sobre blanco. Por esto vamos a votar favorablemente este tratado internacional.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario va a votar afirmativamente los dos convenios. En los convenios internacionales es norma de este grupo parlamentario votar afirmativamente las propuestas que hace el Gobierno. En particular, en este convenio con Bahrein, que ha sido objeto de debate en este Pleno, quiero hacer una pequeña mención. Si con todos los países que tienen problemas con los derechos fundamentales España no pudiera tener relaciones bilaterales y firmar convenios, obviamente perderíamos muchos de los convenios que habitualmente firmamos y relaciones bilaterales que normalmente tenemos y que también nos legitiman para exigir a estos países las mejoras en el ámbito de derechos fundamentales y en el ámbito democrático. En cuanto al convenio objeto de ratificación hoy, ciertamente es un convenio de cooperación militar, pero no estrictamente militar, porque quiero hacer notar que en la base del convenio también hay cooperación en materia de operaciones humanitarias, de mantenimiento de la paz y también cuestiones medioambientales. Por todo ello, nuestro voto va a ser afirmativo, de igual forma que en relación con el convenio sobre temas de flota y de pesca con la República de Portugal, con la que nos unen lazos de muy estrecha relación.
Muchas gracias, presidente, señorías. (Aplausos).
Señor Nuet, le oigo hablar mucho de represión en Bahrein, pero no le oigo hablar nada de la represión de Cuba y de Venezuela. (Aplausos). Ustedes todavía no han entendido que en un entorno internacional como el actual, en el que hay un concepto fundamental, que es el de interdependencia, en el siglo XXI la lucha contra el terrorismo no puede ser abordada de manera individual por ningún país, sino por la comunidad internacional en su conjunto. Un país en solitario no puede enfrentarse al terrorismo internacional, como el de Isis, y los nuevos riesgos y amenazas deben abordarse desde la perspectiva de iniciativas consensuadas entre todos los países. Este es el contexto en el que se inscribe este Tratado bilateral con Bahréin que hoy traemos al Pleno. España quiere contribuir, precisamente, a consolidar un orden global estable mediante la cooperación, en materia de defensa, con países que respondan a nuestros intereses estratégicos, por ejemplo, en este caso con los del Golfo Pérsico, y espero que a usted no le quepa duda de la importancia que tiene actualmente la lucha contra la amenaza a la seguridad mundial, incluida la que afecta a España.
Este convenio no tiene, ni mucho menos, como objeto principal -usted lo sabe, léaselo todo- la exportación de armas, sino que habla -como aquí se ha dicho bien- de instalaciones militares en ambos países, desde el punto de vista de las visitas mutuas, actividades de adiestramiento militar, cuestiones medioambientales, etcétera. En ningún caso habla del envío inmediato de armas a este país. Señor Nuet, le recuerdo que el Gobierno no fabrica armas y ni siquiera potencia su exportación; son las empresas y las industrias las que lo hacen. Lo único que tienen que hacer el Estado y el Gobierno es disponer de un marco legislativo estricto para que se cumplan todas las disposiciones, en el sentido de que estas armas no puedan ser utilizadas contra civiles o que no puedan ser objeto de tráfico de armas.
España tiene una legislación muy rigurosa en este sentido, cumplimos toda la normativa, y si el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores creen que este tratado es importante para la defensa de los intereses estratégicos nuestros, nosotros no lo vamos a discutir.
En tres minutos procederemos a votar. (Pausa).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS ACTUACIONES ADOPTADAS Y LAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO FRENTE AL VIRUS DEL ÉBOLA. (Número de expediente 173/000179).
En primer lugar, moción del Grupo Catalán de Convergència i Unió, que debatimos ayer, sobre las actuaciones adoptadas y las que tiene previsto adoptar el Gobierno frente al virus del Ébola. Se vota en los términos de la enmienda presentada por el Grupo Popular y aceptada por Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 202; abstenciones, 117.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora en conjunto y en bloque las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 315; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Ahora enmiendas aprobadas por el Senado, también se votan todas en bloque, al proyecto de ley orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 313; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Al tratarse de una ley de carácter orgánico requiere para su aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, y a esa votación es a la que vamos a proceder. Hay un voto emitido telemáticamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más 1 voto telemático, 319; a favor 293 más 1 voto telemático, 294; en contra, 5; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Votación, también en bloque, de las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido en la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 172; en contra, 144; abstenciones, 3.
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE BAHREIN SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA, HECHO EN MANAMA EL 1 DE MAYO DE 2014. (Número de expediente 110/0000135).
El señor PRESIDENTE: Ahora vamos a votar los dictámenes por separado. En primer lugar, acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Bahréin sobre cooperación en el ámbito de la defensa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 290; en contra, 20; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Acuerdo sobre condiciones de ejercicio de la actividad de las flotas española y portuguesa en las aguas de ambos países entre el Reino de España y la República Portuguesa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 313; abstenciones, 2.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 53
 artículo 134
 resolución 
 artículo 17
 artículo 14
 artículo 13
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto