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Timestamp: 2020-07-11 02:21:56+00:00

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¡Ya es oficial! Publican Ley 30745, Ley de la carrera del trabajador judicial | LP
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En este portal hemos informado con detalle el proceso de gestación de la Ley de la carrera judicial. Desde su presentación del proyecto de ley hasta su promulgación del presidente del Congreso de la República. La norma ha seguido una ruta con devaneos, ya que tras un largo debate tanto en comisiones como en el Pleno del Congreso, se aprobó un texto sustitutorio, pero el Ejecutivo la observó, y tuvo que regresar al Legislativo. Una vez en el Parlamento la norma sufrió algunos cambios, fue aprobada por insistencia, y, finalmente, fue promulgada por el presidente del Congreso.
Hoy, por fin, podemos anunciar la publicación de la norma en el diario oficial El Peruano. La Ley 30745, Ley de la carrera del trabajador judicial, que excluye a los servidores judiciales de los alcances de la Ley del Servicio Civil. La norma dispone que en el plazo de 180 días el Ministerio de Economía establezca la escala remunerativa, y fija 90 días para que el Ejecutivo emita el reglamento correspondiente.
LEY Nº 30745
CAPÍTULO II: NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN
CAPÍTULO I: CAPACITACIÓN
CAPÍTULO IV: NEGOCIACIÓN COLECTIVA
CAPÍTULO III: SUJETOS DISCIPLINABLES
CAPÍTULO VI: TERMINACIÓN DE LA CARRERA DEL TRABAJADOR JUDICIAL
1. Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos civiles.
2. No haber sido condenado por delito doloso. La rehabilitación, luego de cumplida una sentencia condenatoria, no habilita para el acceso a la carrera del trabajador judicial.
3. No haber sido destituido ni despedido de cualquier otra dependencia de la administración pública, empresas estatales o de la actividad privada por falta grave.
4. No estar incurso en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley.
1. Ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de veinticinco años de edad.
1. Tener título de Abogado.
2. Haber servido ininterrumpidamente durante más de dos años como Relator o Secretario de Sala de la Corte Superior; o haber ejercido la abogacía o desempeñado docencia universitaria en disciplina jurídica, por igual término.
1. Ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de veintitrés años de edad.
2. Tener título de Abogado.
3. Haber servido ininterrumpidamente durante más de dos años como Secretario de Juzgado; o haber ejercido la abogacía o desempeñado docencia universitaria por igual término.
5. No estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida por ley.
1. Ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de veintiún años de edad.
1. Ser peruano, ciudadano en ejercicio.
2. Ser estudiante o egresado de Derecho, y/o carrera afín (para auxiliar administrativo).
3. Haber sido examinado y aprobado por el Jurado designado por el Consejo Ejecutivo Distrital respectivo, salvo que el postulante sea bachiller o egresado de Derecho, casos en que no le será exigible esa prueba.
1. Convocatoria al concurso.
2. Selección de los postulantes.
3. Declaración de los candidatos aptos.
4. Evaluación de postulantes.
5. Nombramiento en el cargo.
1. Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos para el ejercicio de la función, mediante examen escrito.
2. Evaluación de antecedentes del postulante (curriculum vitae documentado).
1. Evaluar la vocación del postulante en relación con el cargo al que postula.
2. Conocer sus criterios sobre los temas estrictamente vinculados al cargo al que postula.
3. Conocer su capacidad de buen trato con el público y con sus superiores.
4. Saber si tiene una visión clara de qué se espera de su función.
a) Los recursos destinados a capacitación están orientados a fortalecer el desempeño de los trabajadores judiciales y mejorar la productividad de la entidad. La planificación de la capacitación debe considerar su implementación de forma integral en todas las áreas de la institución.
a) Formación laboral. Tiene por objeto capacitar a los trabajadores en cursos, talleres, seminarios, diplomados u otros que no conduzcan a grado académico o título profesional y que permitan, en el corto plazo, mejorar la calidad de su trabajo en la administración de justicia. Se aplica para el cierre de brechas de conocimientos o competencias, así como para la mejora continua del trabajador, respecto de sus funciones concretas.
d) Guardar en todo momento conducta intachable.
f) Observar los plazos legales así como los establecidos en el TUPA del Poder Judicial, según el caso.
j) Dedicarse exclusivamente a la función jurisdiccional o administrativa, según sea el caso. No obstante, pueden ejercer la docencia universitaria.
a) Percibir una remuneración de acuerdo a lo establecido en la presente ley.
b) Gozar de descanso vacacional efectivo y continuo de treinta (30) días por cada año completo de servicios; remuneradas y contar con la cobertura de un seguro de vida en los casos y con las condiciones y límites establecidos en el Decreto Legislativo 688, Ley de Consolidación de Beneficios Sociales.
c) Jornada de ocho (8) horas diarias o cuarenta (40) horas semanales, como máximo. La extensión de la jornada laboral por necesidad de servicio es compensable en contraprestación o descanso físico. La necesidad del servicio es autorizada por el jefe inmediato. Un tiempo de refrigerio, que no forma parte de la jornada de trabajo.
d) Impugnar ante las instancias correspondientes las decisiones que afecten sus derechos.
e) Permisos y licencias de acuerdo a lo establecido en las normas reglamentarias.
f) Seguridad social en salud y pensiones, de acuerdo a la legislación sobre la materia.
g) Gozar de los derechos a que hace referencia la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
h) Seguro de vida y de salud conforme a ley sobre la materia.
i) Ejercer la docencia universitaria sin afectar el cumplimiento de sus funciones o las obligaciones derivadas del puesto.
j) Contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad. Si al finalizar el proceso se demostrara responsabilidad, el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa especializada.
k) La permanencia en el servicio hasta los setenta (70) años, de acuerdo con la Constitución y la ley.
l) No ser trasladados sin su consentimiento, salvo en los casos establecidos por ley.
m) Integrar la carrera del trabajador judicial, diferenciada del régimen general del empleo público.
n) Capacitación y especialización permanentes a cargo del Poder Judicial.
o) Gozar de la cobertura de un seguro de vida cuando trabajen en zonas de emergencia y en órganos jurisdiccionales declarados de alto riesgo por el órgano de gobierno del Poder Judicial.
p) Los demás que señalen la Constitución y la ley.
d) Las peticiones que se formulan respecto a incremento de remuneraciones, beneficios económicos, capacitaciones y a condiciones de trabajo o de empleo deben tener forma de cláusula e integrarse armónicamente dentro de un solo proyecto de convención. Se consideran condiciones de trabajo o condiciones de empleo los permisos, licencias, capacitación, uniformes, ambiente de trabajo y, en general, todas aquellas que faciliten la actividad del trabajador judicial para el cumplimiento de sus funciones.
e) Firma de los dirigentes sindicales designados para tal fin por la asamblea, o de los representantes acreditados, de no haber sindicato.
b) Las negociaciones deben efectuarse necesariamente hasta el último día del mes de marzo. Si no se llegara a un acuerdo, las partes pueden utilizar los mecanismos de conciliación hasta el 30 de abril.
c) Los acuerdos suscritos entre los representantes de la entidad pública surten efecto obligatoriamente a partir de la fecha que se indique para el cumplimiento de cada una de las peticiones. Si no se establece la fecha, se considera que es vigente desde el primer día del año siguiente.
1. Defender o asesorar pública o privadamente, salvo en causa propia, a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o cónyuge, o conviviente.
2. Aceptar de los litigantes o sus abogados, o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor o en favor de su cónyuge o conviviente y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Igual prohibición se aplica en caso de ofrecimiento de publicaciones, viajes o capacitaciones de cualquier institución nacional o internacional que tenga juicio en trámite contra el Estado.
3. Aceptar cargos remunerados dentro de las instituciones públicas o privadas, a excepción de la docencia.
4. Influir o interferir de manera directa o indirecta en el resultado de los procesos judiciales que se tramiten a su cargo.
5. Ejercer labores relacionadas con su función fuera del recinto judicial, con las excepciones de ley.
6. Los demás señalados por ley.
1. Los secretarios y relatores de Sala de la Corte Suprema con los jueces de la Corte Suprema, los Secretarios de las Cortes Superiores y secretarios de juzgados con los jueces superiores y especializados de las respectivas Cortes Superiores.
2. La misma incompatibilidad señalada precedentemente opera para los demás trabajadores judiciales dentro de una misma Corte Superior de Justicia, la Gerencia General, Corte Suprema y OCMA.
a) Su incapacidad mental, debidamente comprobada por la autoridad competente.
b) El caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado.
d) El error inducido por la administración, a través de un acto o disposición confusa o ilegal.
e) La actuación funcional en caso de catástrofe o desastres, naturales o inducidos, que hubieran determinado la necesidad de ejecutar acciones inmediatas e indispensables para evitar o superar la inminente afectación de intereses generales como la vida, la salud o el orden público.
f) La actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter social, o relacionados a la salud u orden público, cuando, en casos diferentes a catástrofes o desastres naturales o inducidos, se hubiera requerido la adopción de acciones inmediatas para superar o evitar su inminente afectación.
g) Otras que pueda establecer el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
2. La naturaleza de la falta.
3. El grado de la falta cometida.
4. Cargo y jerarquía del trabajador judicial al momento de comisión de la falta.
5. La trascendencia y perjuicio que cause la falta.
6. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta.
8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o trabajadores de la carrera judicial.
1. Destitución e inhabilitación.
5. Amonestación verbal.
1. La destitución e inhabilitación implica:
a) La terminación de la relación del trabajador de la carrera judicial con la institución, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección.
b) La desvinculación del cargo.
c) La terminación del contrato de trabajo.
d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término establecido en la legislación vigente.
2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la suspensión de la relación laboral sin goce de haber, por el término señalado en la resolución que impone la sanción.
3. La multa implica la afectación económica del trabajador de la carrera judicial sancionado hasta un máximo del 5% de su remuneración básica.
4. La amonestación escrita implica un llamado de atención formal, por escrito, que debe registrarse en el legajo personal del trabajador de la carrera judicial.
5. La amonestación verbal implica un llamado de atención formal, por verbal, que no debe registrarse en el legajo personal del trabajador de la carrera judicial.
a) Injustificadamente cumplir con sus funciones o incurrir en omisión, descuido o negligencia, cuando no constituyan faltas más graves.
c) Abusar de las facultades que la ley le otorga respecto a sus compañeros de trabajo o sobre las personas que intervienen en cualquier forma en un proceso.
d) Faltar el respeto al público, abogados, miembros del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público y de la defensa de oficio, en el desempeño del cargo.
e) No acatar las disposiciones administrativas internas dictadas por sus superiores jerárquicos, siempre que estas no impliquen la vulneración de sus derechos laborales.
f) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los numerales 4), 5), 6), 8) y 11) del artículo 259 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
g) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los numerales 3), 7), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) y 17) de artículo 263 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
h) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los numerales 4), 5), 6), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 16), 19), 20), 21), 22) y 23) del artículo 266 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
a) Causar grave perjuicio al desarrollo de las incidencias y diligencias del proceso o en la realización de los actos procesales.
b) Admitir o formular recomendaciones en procesos judiciales.
c) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior, del personal jerárquico y de los compañeros de labor.
d) No guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos requieran reserva.
e) Incurrir en conducta y trato manifiestamente discriminatorios en el ejercicio del cargo.
f) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes.
g) La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio o de terceros.
h) No acatar las disposiciones contenidas en reglamentos, acuerdos y resoluciones que dicte la Corte Suprema de Justicia y/o el Órgano de Gobierno del Poder Judicial en materia jurisdiccional.
i) Ocultar a las partes documentos o información de naturaleza pública.
j) Realizar diligencias que por ley o por naturaleza de las circunstancias, le competen o requieren la presencia del Juez.
k) La tercera falta leve que se cometa durante los tres (3) años posteriores a la comisión de la primera.
l) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los numerales 2), 3), 7), 9) y 12) del artículo 259 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
m) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los numerales 4), 5), 6) y 8) del artículo 263 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
n) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los numerales 7), 11), 15), 17) y 18) del artículo 266 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
ñ) Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por más de cinco (5) días no consecutivos en un período de treinta (30) días calendario, o más de quince (15) días no consecutivos en un período de ciento ochenta (180) días calendario.
a) Aceptar de los litigantes o sus abogados o por cuenta de ellos clonaciones, obsequios, atenciones, agasajos, sucesión testamentaria o cualquier tipo de beneficio a su favor o a favor de su cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente o hermanos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Igualmente en caso de ofrecimiento de publicaciones, viajes o capacitación de cualquier institución nacional o internacional que tenga un proceso en trámite contra el Estado.
b) Ejercer defensa o asesoría legal pública o privada, salvo en los casos exceptuados por ley.
c) El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la función con fines de lucro.
d) Actuar en un proceso o procedimiento a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo.
e) Interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano judicial o la función jurisdiccional.
f) Ocultar alguna prohibición que le sea imputable para el ejercicio de la función o abstenerse de informar una causal sobrevenida.
g) No justificar documentalmente, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, los signos exteriores de riqueza que evidencian, previo requerimiento de órgano de control. Los signos exteriores de riqueza se aprecian con relación a la declaración jurada de bienes y rentas efectuada anualmente.
h) El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor civil, así como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad pública. Establecer relaciones extraprocesales con las partes o terceros, que afecten el normal desarrollo de los procesos judiciales.
i) La tercera falta grave que se cometa durante los dos (2) años posteriores a la comisión de la primera.
j) Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica.
k) Incurrir en acto u omisión que sin ser delito, vulnere gravemente los deberes del cargo previstos en la ley.
l) Incumplir inmotivada e injustificadamente los plazos establecidos para el ejercicio de sus funciones en caso se ocasione un grave perjuicio en la tramitación de los procesos.
a) El jefe inmediato del trabajador judicial, quien mediante informe debidamente sustentado deberá comunicar al jefe de recursos humanos sobre las supuestas faltas cometidas.
b) El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, quien con el apoyo del secretario técnico, será el responsable de la dirección del procedimiento disciplinario.
c) El titular de la entidad, quien podrá delegar en el jefe de recursos humanos a quien haga sus veces, emitirá la resolución administrativa que dé por concluida la investigación disciplinaria, absolviendo o imponiendo una sanción sobre el trabajador judicial.
d) La Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de los Trabajadores del Poder Judicial, a fin de que esta Comisión sea la que conozca en última instancia los recursos impugnatorios, la misma que deberá estar conformada por un representante de los trabajadores, un representante de la unidad orgánica donde se produjo la falta y un representante de la Presidencia del Poder Judicial.
1. El jefe de recursos humanos de oficio, por informe del jefe inmediato o a pedido de una denuncia inicia el procedimiento disciplinario, debiendo comunicar al trabajador judicial por escrito las presuntas faltas y otorgarle un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar el descargo y las pruebas que crea conveniente para su defensa. Para tal efecto, el trabajador judicial tiene derecho a conocer los documentos y antecedentes que dan lugar al procedimiento. Vencido el plazo sin la presentación de los descargos, el proceso queda listo para ser resuelto. Cuando la comunicación de la presunta falta es a través de una denuncia, el rechazo a iniciar un proceso administrativo disciplinario debe ser motivado y notificado al que puso en conocimiento la presunta falta, si estuviese individualizado.
2. Previo al pronunciamiento del jefe de recursos humanos y luego de presentado los descargos, el trabajador judicial procesado puede ejercer su derecho de defensa a través de un informe oral, efectuado personalmente o por medio de un abogado, para lo cual se señala fecha y hora única.
3. El jefe de recursos humanos realiza las investigaciones del caso, solicita los informes respectivos, examina las pruebas que se presenten y emite la calificación de los hechos imputados proponiendo las sanciones que sean de aplicación.
4. El titular de la entidad, con la calificación y propuesta de sanción emitida por el jefe de recursos humanos emitirá el acto administrativo correspondiente que dé por concluida la investigación disciplinaria, absolviendo o imponiendo una sanción sobre el trabajador judicial.
5. Durante el tiempo que dura el procedimiento administrativo disciplinario el trabajador judicial procesado, solo en caso de supuesta falta gravísima cometida, puede ser separado de su función y puesto a disposición de la oficina de recursos humanos. Mientras se resuelve su situación, el trabajador judicial tiene derecho al goce de sus remuneraciones pudiendo ejercer los demás derechos y beneficios laborales establecidos en la normativa vigente. Además, se le permitirá hacer uso de licencias con goce y sin goce de haber que corresponda.
1. El término perentorio para la interposición de los medios impugnatorios es de quince (15) días hábiles, y debe resolverse en el plazo de treinta (30) días hábiles. La resolución de la apelación agota la vía administrativa.
2. La interposición de los medios impugnatorios suspende la ejecución del acto impugnado.
3. El recurso de apelación se interpone cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas, se trate de cuestiones de puro derecho o se cuente con nueva prueba instrumental. Se dirige a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de los Trabajadores del Poder Judicial. La apelación es con efecto suspensivo.
1. Luego de comunicar por escrito al trabajador judicial sobre las presuntas faltas, la autoridad del proceso administrativo disciplinario puede, mediante decisión motivada, y con el objeto de prevenir afectaciones mayores a la entidad pública o a los ciudadanos, separarlo de su función y ponerlo a disposición de la oficina de personal para realizar trabajos que le sean asignados de acuerdo con su especialidad, o exonerarlo de su obligación de asistir al centro de trabajo solo en caso de faltas gravísimas.
2. Las medidas cautelares se ejercitan durante el tiempo que dura el proceso administrativo disciplinario, siempre que ello no perjudique el derecho de defensa del trabajador judicial y se le abone la remuneración y demás derechos y beneficios que pudieran corresponderle. Queda prohibida cualquier imposición de medida cautelar sin que previamente se haya iniciado el procedimiento administrativo.
3. Las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento administrativo disciplinario, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción.
4. Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento administrativo disciplinario en la instancia que impuso la medida, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución, o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento.
e) Alcanzar el límite de edad de setenta (70) años.
f) La sanción de destitución por la comisión de faltas de carácter disciplinario.
g) La condena penal por delito doloso.
h) Cese por causa relativa a la capacidad del trabajador, debidamente comprobada.
i) Cese por causa relativa a la incapacidad física o mental sobreviniente del trabajador que impida el ejercicio de las funciones que le corresponden.
Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto aprobado en sesión del Pleno realizada el día once de enero de dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno que se publique y cumpla.
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3 Abr de 2018 @ 07:48
¿Configura nulidad de despido por queja de trabajadora si denunció acoso...

References: resolución 
 artículo 259
 artículo 263
 artículo 266
 artículo 259
 artículo 263
 artículo 266
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 108