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Timestamp: 2019-10-20 02:00:03+00:00

Document:
﻿ LEY 800 DE 2003
LEY 800 DE 13 DE MARZO DE 2003
CONTENIDO:SE APRUEBAN LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y EL PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2000.
“Por medio de la cual se aprueba la “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional” y el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000)”.
Vistos los textos de la “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional” y el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
PROYECTO DE LEY NÚMERO 134 DE 2001 SENADO
d) Por “bienes” se entenderán los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;
e) Por “producto del delito” se entenderán los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;
a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5º, 6º, 8º y 23 de la presente convención; y
b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2º de la presente convención; cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.
2. A los efectos del párrafo 1º del presente artículo, el delito será de carácter transnacional si:
2. El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo a que se refiere el párrafo 1º del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.
3. Los Estados parte cuyo derecho interno requiera la participación de un grupo delictivo organizado para la penalización de los delitos tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1º del presente artículo velarán por que su derecho interno comprenda todos los delitos graves que entrañen la participación de grupos delictivos organizados. Esos Estados parte, así como los Estados parte cuyo derecho interno requiera la comisión de un acto que tenga por objeto llevar adelante el acuerdo concertado con el propósito de cometer los delitos tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1º del presente artículo, lo notificarán al Secretario General de las Naciones Unidas en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente convención o de adhesión a ella.
b) Cada Estado parte incluirá como delitos determinantes todos los delitos graves definidos en el artículo 2º de la presente convención y los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5º, 8º y 23 de la presente convención. Los Estados parte cuya legislación establezca una lista de delitos determinantes incluirán entre éstos, como mínimo, una amplia gama de delitos relacionados con grupos delictivos organizados;
f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como elemento de un delito tipificado en el párrafo 1º del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.
2. Cada Estado parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito los actos a que se refiere el párrafo 1º del presente artículo cuando esté involucrado en ellos un funcionario público extranjero o un funcionario internacional. Del mismo modo, cada Estado parte considerará la posibilidad de tipificar como delito otras formas de corrupción.
4. A los efectos del párrafo 1º del presente artículo y del artículo 9º de la presente convención, por “funcionario público” se entenderá todo funcionario público o persona que preste un servicio público conforme a la definición prevista en el derecho interno y a su aplicación con arreglo al derecho penal del Estado parte en el que dicha persona desempeñe esa función.
2. Los Estados parte adoptarán las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que se refiera el párrafo 1º del presente artículo con miras a su eventual decomiso.
1. Los Estados parte que reciban una solicitud de otro Estado parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la presente convención con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1º del artículo 12 de la presente convención que se encuentren en su territorio deberán, en la mayor medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno:
b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un tribunal situado en el territorio del Estado parte requirente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1º del artículo 12 de la presente convención en la medida en que guarde relación con el producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1º del artículo 12 que se encuentren en el territorio del Estado parte requerido.
2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la presente convención, el Estado parte requerido adoptará medidas encaminadas a la identificación, la localización y el embargo preventivo o la incautación del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1º del artículo 12 de la presente convención con miras a su eventual decomiso, que habrá de ordenar el Estado parte requirente o, en caso de que medie una solicitud presentada con arreglo al párrafo 1º del presente artículo, el Estado parte requerido.
a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del párrafo 1º del presente artículo, una descripción de los bienes susceptibles de decomiso y una exposición de los hechos en que se basa la solicitud del Estado parte requirente que sean lo suficientemente explícitas para que el Estado parte requerido pueda tramitar la orden con arreglo a su derecho interno;
b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del párrafo 1º del presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso expedida por el Estado parte requirente en la que se basa la solicitud, una exposición de los hechos y la información que proceda sobre el grado de ejecución que se solicita dar a la orden;
c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2º del presente artículo, una exposición de los hechos en que se basa el Estado parte requirente y una descripción de las medidas solicitadas.
4. El Estado parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas en los párrafos 1º y 2º del presente artículo conforme y con sujeción a lo dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Estado parte requirente.
1. Los Estados parte dispondrán del producto del delito o de los bienes que hayan decomisado con arreglo al artículo 12 o al párrafo 1º del artículo 13 de la presente convención de conformidad con su derecho interno y sus procedimientos administrativos.
a) Aportar el valor de dicho producto del delito o de dichos bienes, o los fondos derivados de la venta de dicho producto o de dichos bienes o una parte de esos fondos, a la cuenta designada de conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 2º del artículo 30 de la presente convención y a organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra la delincuencia organizada;
i) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al párrafo 1º del artículo 5º de la presente convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión de un delito grave dentro de su territorio;
ii) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1º del artículo 6º de la presente convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión, dentro de su territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i) del apartado b) del párrafo 1º del artículo 6º de la presente convención.
5. Si un Estado parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos 1º o 2º del presente artículo ha recibido notificación, o tomado conocimiento por otro conducto, de que otro u otros Estados parte están realizando una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades competentes de esos Estados parte se consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas.
1. El presente artículo se aplicará a los delitos comprendidos en la presente convención o a los casos en que un delito al que se hace referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1º del artículo 3º entrañe la participación de un grupo delictivo organizado y la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado parte requirente y del Estado parte requerido.
1. Los Estados parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la presente convención con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3º y se prestarán también asistencia de esa índole cuando el Estado parte requirente tenga motivos razonables para sospechar que el delito a que se hace referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1º del artículo 3º es de carácter transnacional, así como que las víctimas, los testigos, el producto, los instrumentos o las pruebas de esos delitos se encuentran en el Estado parte requerido y que el delito entraña la participación de un grupo delictivo organizado.
7. Los párrafos 9º a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes que se formulen con arreglo al presente artículo siempre que no medie entre los Estados parte interesados un tratado de asistencia judicial recíproca. Cuando esos Estados parte estén vinculados por un tratado de esa índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que los Estados parte convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 9º a 29 del presente artículo. Se insta encarecidamente a los Estados parte a que apliquen estos párrafos si facilitan la cooperación.
2. Las medidas previstas en el párrafo 1º del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado, incluido el derecho a las garantías procesales, en:
5. Cuando una de las personas mencionadas en el párrafo 1º del presente artículo que se encuentre en un Estado parte pueda prestar una cooperación sustancial a las autoridades competentes de otro Estado parte, los Estados parte interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos, de conformidad con su derecho interno, con respecto a la eventual concesión, por el otro Estado parte, del trato enunciado en los párrafos 2º y 3º del presente artículo.
2. Los Estados parte se prestarán asistencia en la planificación y ejecución de programas de investigación y capacitación encaminados a intercambiar conocimientos especializados en las esferas mencionadas en el párrafo 1º del presente artículo y, a tal fin, también recurrirán, cuando proceda, a conferencias y seminarios regionales e internacionales para promover la cooperación y fomentar el examen de los problemas de interés común, incluidos los problemas y necesidades especiales de los Estados de tránsito.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la conferencia de las partes a más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente convención. La conferencia de las partes aprobará reglas de procedimiento y normas que rijan las actividades enunciadas en los párrafos 3º y 4º del presente artículo (incluidas normas relativas al pago de los gastos resultantes de la puesta en marcha de esas actividades).
3. La conferencia de las partes concertará mecanismos con miras a lograr los objetivos mencionados en el párrafo 1º del presente artículo, en particular a:
4. A los efectos de los apartados d) y e) del párrafo 3º del presente artículo, la conferencia de las partes obtendrá el necesario conocimiento de las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados parte en aplicación de la presente convención mediante la información que ellos le faciliten y mediante los demás mecanismos de examen que establezca la conferencia de las partes.
b) Prestará asistencia a los Estados parte que la soliciten en el suministro de información a la conferencia de las partes según lo previsto en el párrafo 5º del artículo 32 de la presente convención; y
2. Los Estados parte tipificarán en su derecho interno los delitos tipificados de conformidad con los artículos 5º, 6º, 8º y 23 de la presente convención independientemente del carácter transnacional o la participación de un grupo delictivo organizado según la definición contenida en el párrafo 1º del artículo 3º de la presente convención, salvo en la medida en que el artículo 5º de la presente convención exija la participación de un grupo delictivo organizado.
3. Cada Estado parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación de la presente convención o adhesión a ella, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2º del presente artículo. Los demás Estados parte no quedarán vinculados por el párrafo 2º del presente artículo respecto de todo Estado parte que haya hecho esa reserva.
4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1º del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado parte noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.
3. La denuncia de la presente convención con arreglo al párrafo 1º del presente artículo entrañará la denuncia de sus protocolos.
The Legal Counsel (Under-Secretary-General for Legal Affairs)
Le Conseiller juridique (Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques)
A menos que contenga una disposición en contrario, el presente protocolo se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5º del presente protocolo, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado, así como a la protección de las víctimas de esos delitos.
a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1º del presente artículo;
b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1º del presente artículo; y
c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1º del presente artículo.
2. Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1º del presente artículo, cada Estado parte dará la debida consideración a factores humanitarios y personales.
4. Cada Estado parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad con su derecho interno, para prever sanciones en caso de incumplimiento de la obligación enunciada en el párrafo 3º del presente artículo.
3. Cada Estado parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación del presente protocolo o adhesión a él, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2º del presente artículo. Los demás Estados parte no quedarán vinculados por el párrafo 2º del presente artículo respecto de todo Estado parte que haya hecho esa reserva.
2. El presente protocolo también estará abierto a la firma de las organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el presente protocolo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1º del presente artículo.
2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe el presente protocolo o se adhiera a él después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1º del presente artículo, cualquiera que sea la última fecha.
Je certifie que le texte qui précede est une copie conforme du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l”Assemblée genérale des Nations Unies le 15 novembre 2000, dont l”original se trouve déposé aupres du Secrétaire general de l”Organisation des Nations Unies.
Bogotá, D.C., 29 de agosto de 2001
ART. 1º—Apruébanse la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000), que por el artículo primero de esta ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.
En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2º de la Constitución Política de la República de Colombia, tenemos el honor de someter a su consideración el proyecto de ley por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
La finalidad de esta convención guarda armonía y concordancia con la filosofía, valores y postulados del Estado social de derecho que nos rige, modelo de organización jurídica y política consagrado por la Carta Política de 1991, el cual tiene su fundamento en los principios de soberanía y de respeto por la autodeterminación de los pueblos (1) . Igualmente, la convención, inspirada en principios del derecho internacional, recoge, entre otros, el respeto de la soberanía de cada Estado, la no intervención, la autonomía de los Estados, el respeto de los derechos fundamentales, las garantías procesales de todas las personas, la promoción de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas y sociales, teniendo como sustento los principios de equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional.
(1) Artículos 3º y 9º de nuestra Carta Política.
Este trascendental instrumento internacional, al ser incorporado en nuestro ordenamiento jurídico interno, permitirá el eficaz desarrollo de los mandatos superiores, en especial del artículo 2º de la Constitución Política, toda vez que suministra herramientas a las autoridades, para que puedan cumplir con sus funciones de velar por la vida, honra, bienes y demás derechos y garantías de los ciudadanos, fortalecer los mecanismos de prevención, control y represión del delito, librar una lucha eficiente contra las organizaciones criminales que realizan sus actividades delictivas transnacionales, así como también realizar acciones efectivas dirigidas a combatir la impunidad y la corrupción en todos los niveles.
Al tener en cuenta nuestra realidad nacional, en los últimos tiempos la delincuencia ha presentado en sus actividades ilícitas la característica de actuar dentro de un marco de organización, lo cual es posible observar en los grupos dedicados al narcotráfico, la subversión, el secuestro y, aun en expresiones que antes se entendían comprendidas dentro de la delincuencia común, el hurto de vehículos y la piratería terrestre.
Colombia es uno de los países más afectados por el problema del tráfico de personas con fines de explotación sexual, matrimonios serviles, trabajos forzados, servicio doméstico y otros, por lo cual, el Gobierno Nacional está empeñado en emprender acciones tendientes a disminuir considerablemente el número de víctimas colombianas de este ilícito.
República de Colombia “ Gobierno Nacional
Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998.
ART. 1º—Apruébase la “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional” y el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional” y el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo).

References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 30
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 32
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1