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Timestamp: 2019-05-22 05:14:44+00:00

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﻿ SENTENCIA C-672 DE JUNIO 30 DE 2005
SENTENCIA C-672 DE 30 DE JUNIO DE 2005
CONTENIDO:PARÁMETROS DE CONTROL DE LOS DECRETOS LEYES QUE DESARROLLAN MATERIAS ESTATUTARIAS. SE DECLARAN INEXEQUIBLES LOS DECRETOS 2637 Y 2697 DE 2004.
TEMAS ESPECÍFICOS:DECRETO, CONTROL DE LEGALIDAD, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:406 DE OCTUBRE DE 2005, PG.1453
Sentencia C-672 de junio 30 de 2005
Sentencia C-672 de 2005
Ref.: expediente P. E. 022
Revisión de constitucionalidad de los decretos 2637 y 2697 de 2004.
“Diario Oficial. Año CXL. Nº 45645. 19, agosto, 2004. Pág. 23.
DECRETO NÚMERO 2637 DE 2004
Por el cual se desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las extraordinarias que le confieren el inciso 2º del artículo 4º transitorio del Acto Legislativo 03 del 19 de diciembre de 2002, por el cual se reforma la Constitución Nacional,
Diario Oficial. Año CXL. Nº 45651. 25, agosto, 2004. Pág. 21.
DECRETO NÚMERO 2697 DE 2004
Por el cual se corrigen yerros tipográficos del Decreto 2637 del 19 de agosto de 2004, por el cual se desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002.
Que el Presidente de la República, en ejercicio de la anterior atribución constitucional, expidió el Decreto 2637 del 19 de agosto de 2004, por el cual se desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002;
Que en el título del citado decreto, por yerro de transcripción, se omitió la expresión final- “para la implementación del sistema penal acusatorio”, y en el encabezado, relativo a las facultades constitucionales y legales que fundamentan su expedición, se inadvirtió la expresión “para proferir las normas legales necesarias al nuevo sistema” prevista en el inciso 2º del artículo 4º del Acto Legislativo 3 de 2002, por lo cual se considera que deben ser incluidas;
PAR.—Los procesos judiciales que deban conocer las corporaciones judiciales en donde actúen como partes o terceros intervinientes funcionarios o empleados de la rama judicial, serán siempre dirimidos por salas de conjueces adscritas a las respectivas corporaciones integradas de la siguiente manera: Un conjuez designado por el Procurador General de la Nación; un conjuez designado por la Corte Suprema de Justicia; un tercer conjuez que será designado de común acuerdo por los dos conjueces designados en la forma descrita. Estos conjueces deberán reunir las mismas condiciones que para ser magistrado de la respectiva corporación y estarán sometidos al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para los funcionarios judiciales.
La modificación de la estructura básica del proceso penal colombiano.
Aparte de ello, las funciones judiciales se concentraron en los jueces —tanto de control de garantías como de conocimiento— y en los tribunales, con la particularidad de que ahora se hace énfasis en el juicio, el que deberá practicarse con sujeción a los principios de publicidad, oralidad, inmediación, contradicción y concentración.
Como se lo expuso en la Sentencia C-873-03, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, los aspectos centrales de la reforma fueron los siguientes:
“3.4.1.1. La principal modificación que se introdujo a este artículo consistió en admitir la posibilidad de que los particulares actúen como “jurados en las causas criminales”, ejerciendo así, en forma transitoria, la función de administrar justicia.
3.4.1.2. Salvo por lo anterior, se mantuvo intacta la enumeración de los organismos que administran justicia, tanto en forma permanente como excepcional; es de especial interés, en este sentido, que la Fiscalía General de la Nación, como órgano del Estado, continúe incluida en dicha enumeración”.
“El examen de las modificaciones introducidas a este artículo constitucional indica lo siguiente:
Después de la reforma aprobada mediante el Acto Legislativo 3 de 2003, la función de la fiscalía es la de adelantar el ejercicio de la acción penal e investigar los hechos que tengan las características de una violación de la ley penal, siempre y cuando existan motivos y circunstancias fácticas suficientes que indiquen la posible comisión de una tal violación; precisa el texto constitucional que este cometido general es una obligación de la fiscalía, la cual no podrá en consecuencia suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal, excepto en los casos previstos para la aplicación del principio de oportunidad —el cual deberá haberse regulado en el marco de la política criminal del Estado colombiano, y tendrá control de legalidad por el juez de control de garantías—. Se señala, además, que los hechos objeto de investigación por parte de la fiscalía pueden ser puestos en su conocimiento por denuncia, petición especial, querella o de oficio; y que quedan excluidos de su conocimiento, tal como sucedía bajo el esquema de 1991, los delitos cobijados por el fuero penal militar y otros fueros constitucionales.
3.4.2.2. La enumeración precisa de las funciones adscritas a la fiscalía también es sustancialmente diferente en uno y otro texto constitucional. Se mantienen iguales, en lo esencial, algunas de ellas, pero con un significado que habrá de determinarse en el nuevo contexto; tal sucede con las funciones descritas en los numerales 3º y 4º del artículo 250 en su formulación inicial de 1991, que quedaron redactadas de manera similar en los numerales 8º y 7º, respectivamente, del artículo 250 reformado; pero las atribuciones que contemplaban los numerales 1º y 2º ibídem, así como lo dispuesto en el último inciso del texto original de 1991, fueron objeto de varias reformas, que se indican a continuación:
(a) Ya no corresponde a la fiscalía, por regla general, asegurar la comparecencia al proceso de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento necesarias; ahora únicamente puede solicitar la adopción de dichas medidas al juez que ejerza las funciones de control de garantías, con la misma finalidad de asegurar la comparecencia de los imputados, así como para garantizar la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en particular de las víctimas. Se trata, así, de una atribución que ha sido trasladada por el constituyente a un funcionario judicial independiente. Respecto de este último, precisa el nuevo texto constitucional que debe ser distinto al juez de conocimiento del proceso penal correspondiente.
A pesar de lo anterior, el mismo numeral 1º del nuevo artículo 250 permite que la fiscalía, si es expresamente autorizada para ello por el legislador, imponga directamente, en forma excepcional, un tipo específico de medida restrictiva de la libertad orientada a garantizar la comparecencia de los imputados al proceso penal: la captura, que deberá llevarse a cabo respetando los límites y eventos de procedencia establecidos en la ley. Ahora bien, por tratarse de una medida restrictiva de los derechos del procesado, esta actuación excepcional de la fiscalía está sujeta a control judicial por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. Sin embargo, se reitera que esta es una excepción a la regla general según la cual este tipo de medidas deben ser impuestas por decisión del juez de control de garantías, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación.
(b) El numeral 2º del artículo 250, con posterioridad a la reforma, permite a la Fiscalía General de la Nación imponer, en el curso de las investigaciones que realice, las medidas de registro, allanamiento, incautación e interceptación de comunicaciones. No se requiere, en el nuevo texto constitucional, autorización judicial previa para ello; pero sí se someten a un control judicial posterior automático, por parte del juez que cumpla la función de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
(c) El numeral 3º del nuevo artículo 250 constitucional asigna una función específica a la fiscalía que no estaba prevista expresamente en el texto de 1991, a saber, la de “asegurar los elementos materiales probatorios”, para lo cual deberá garantizar la cadena de custodia mientras se ejerce la contradicción de tales pruebas. Así mismo, establece una regla general no prevista en el esquema de funciones original de 1991: en caso de requerirse medidas adicionales para asegurar tales elementos materiales probatorios, que impliquen afectación de derechos fundamentales, se deberá contar con autorización judicial por parte del juez que ejerza la función de control de garantías.
(d) Con posterioridad a la reforma, en el numeral 4º del artículo 250 Superior se mantiene la función de la fiscalía de acusar a los presuntos infractores del ordenamiento penal ante el juez de conocimiento de la causa respectiva, atribución que estaba prevista en el texto original de 1991; pero se precisa que una vez se presente el escrito de acusación por parte de la fiscalía, se puede dar inicio a un “juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías” acusación que no es vinculante para el juez.
(e) El numeral 5º, tal como fue modificado por el acto legislativo, despoja a la Fiscalía General de la Nación de la función de declarar precluídas las investigaciones penales en los casos en que no exista mérito para formular una acusación, atribución que le había sido asignada por el numeral 2º del artículo 250 original, en virtud del cual era la fiscalía la encargada de “calificar y declarar precluídas” dichas investigaciones. Ahora, la función de decidir sobre la preclusión corresponde al juez de conocimiento de la causa correspondiente, por regla general a petición de la fiscalía; la reforma constitucional también deja en claro que la decisión de declarar la preclusión de una investigación penal únicamente podrá adoptarse de conformidad con lo dispuesto en la ley.
(f) El numeral 6º del artículo 250 reformado también constituye una modificación importante del texto original de este artículo, puesto que corresponde al juez de conocimiento de cada proceso adoptar las medidas judiciales necesarias para asistir a las víctimas del delito, disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados, a solicitud de la fiscalía. El texto original adoptado por el constituyente de 1991 asignaba a la fiscalía la función de adoptar directamente “las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito”.
(g) En el numeral 7º del artículo 250 enmendado se mantiene en cabeza de la Fiscalía General de la Nación la función de velar por la protección de las víctimas, los testigos y las demás personas que intervienen en el proceso penal, pero se adiciona a esta lista a los jurados, que ahora intervendrán en la función de administrar justicia en el ámbito criminal. Debe ser el Congreso quien precise cuál es la diferencia entre esta atribución de la fiscalía, y la que consagra el numeral 6º del mismo artículo reformado, según se reseñó en el literal precedente. Así mismo, dispuso expresamente el constituyente que es el legislador quien está llamado a (i) fijar los términos en los cuales las víctimas de los delitos podrán intervenir en el curso del proceso, y (ii) diseñar los mecanismos de justicia restaurativa a los que haya lugar”.
“3.4.3.1. Se observa, en primer lugar, que los numerales 1º y 2º del artículo 251 quedaron, en lo esencial, idénticos, salvo que la expresión “funcionarios” del numeral 1º, así como la expresión “empleados” del numeral 2º, fueron sustituidas en ambos casos por el término “servidores”.
3.4.3.2. Así mismo, los numerales 3º, 4º y 5º del texto original de 1991 se mantuvieron iguales en los numerales 4º, 5º y 6º, respectivamente, del artículo 251 reformado.
3.4.3.3. La modificación más significativa del artículo 251 radica en la introducción del nuevo numeral 3º, en virtud del cual el Fiscal General de la Nación cuenta con la potestad constitucional de (i) asumir directamente la conducción de investigaciones y procesos penales, sea cual fuere la etapa procesal en la cual se encuentren, (ii) asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos penales que estos lleven, y (iii) determinar, en aplicación de los principios institucionales de unidad de gestión y jerarquía —ahora aplicables por mandato constitucional al interior de la fiscalía—, el criterio y la posición de la fiscalía. Ello, precisa la norma constitucional, “sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley””.
Los artículos 4º y 5º del Acto Legislativo 03 de 2002.
Alcance de la habilitación constitucional al Presidente de la República dispuesta por el artículo 4º transitorio del Acto Legislativo 03 de 2002.
a) Se trata de una habilitación constitucional que está sometida a una condición suspensiva. Ello es así por cuanto el Congreso de la República disponía hasta el 20 de junio de 2004 para expedir las leyes necesarias para adoptar el nuevo sistema procesal. Es decir, si se tiene en cuenta que el Acto Legislativo 03 de 2002 fue expedido el 19 de diciembre de 2002, el Congreso contaba con un plazo de dieciocho meses para tramitar y aprobar las leyes necesarias para adoptar tal sistema. Ahora, solo en el caso de que el Congreso no hubiere tramitado y aprobado tales leyes hasta el día 20 de junio de 2004, el Presidente de la República quedaba habilitado para proferir esas normas. Es decir, este quedaría habilitado sólo si se cumplía esa condición fijada por el constituyente. Caso contrario, esto es, si el Congreso tramitaba y aprobaba tales leyes, no había lugar a ejercer tal habilitación constitucional.
b) Se trata de una habilitación constitucional de carácter transitorio. En efecto, si bien el Presidente de la República fue habilitado para expedir esas normas legales, con sujeción a la condición suspensiva ya indicada, las facultades así conferidas solo podían ejercerse en el lapso de dos meses. De acuerdo con esto, si el Congreso de la República estaba facultado para expedir esas normas hasta el día 20 de junio de 2004, a partir del día siguiente, 21 de junio, y por ese lapso, es decir, hasta el 20 de agosto de 2004, el Presidente de la República podía expedirlas. Vencido ese plazo, no había lugar a ejercer tal habilitación pues para entonces resultaba extemporánea.
c) La habilitación constitucional tenía una materia definida pues tenía por finalidad el proferimiento de las normas necesarias para el nuevo sistema procesal penal. En razón de ello el Presidente de la República no quedaba facultado para proferir cualquier normatividad sino únicamente aquella pertinente para la implementación del sistema procesal penal adoptado mediante el Acto Legislativo 03 de 2002. Es más, la norma constitucional habilitante dispuso que el Presidente de la República para ese fin “podrá expedir, modificar o adicionar los cuerpos normativos correspondientes incluidos en la ley estatutaria de la administración de justicia, la ley estatutaria de hábeas corpus, los códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y el Estatuto Orgánico de la Fiscalía”. De esta manera, se definieron de manera precisa las materias en torno a las cuales le estaba permitido al ejecutivo ejercer la habilitación constitucional ya indicada.
Naturaleza de los decretos 2637 y 2697 de 2004.
a) El Decreto 2637 de 2004, “por el cual se desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002”, fue expedido el 19 de agosto de 2004 por “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las extraordinarias que le confieren el inciso 2º del artículo 4º transitorio del Acto Legislativo 03 del 19 de diciembre de 2002, por el cual se reforma la Constitución Nacional”.
Por medio de este decreto se modificaron o adicionaron los artículos 7º, 11, 15, 16, 19, 22, 54, 58, 61, 63, 82, 85 y 91 de la ley estatutaria de la administración de justicia.
b) El Decreto 2697 de 2004, “por el cual se corrigen yerros tipográficos del Decreto 2637 del 19 de agosto de 2004 por el cual se desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002” fue expedido por “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 189 numeral 10 de la Constitución Política y el artículo 45 de la Ley 4ª de 1993”.
— Al título del Decreto 2637 se le agregó la expresión “para la implementación del sistema penal acusatorio”.
— Al encabezado del Decreto 2637 se le agregó la expresión “para proferir las normas necesarias para el nuevo sistema”.
— Al artículo 4º del Decreto 2637 se le agregó la expresión “cuando lo consideren conveniente”.
— Por último, al artículo 9º se le sustituyó la expresión “Contralor General de la República” por la expresión “Corte Suprema de Justicia”.
5. De acuerdo con lo expuesto, entonces, puede concluirse que el Decreto 2637 de 2004 fue expedido con base en la habilitación constitucional conferida por el artículo 4º del Acto Legislativo 03 de 2002 para, entre otras cosas, expedir, modificar o adicionar la ley estatutaria de la administración de justicia. Ello es así al punto que los artículos 1º a 13, salvo el artículo 12, indican expresamente que modifican o adicionan artículos de la Ley 270 de 1996, en tanto que el artículo 14 dispone simplemente que el decreto de que hace parte rige a partir de la fecha de su promulgación.
La situación del Decreto 2697 es distinta pues en él se indica que se corrigen yerros tipográficos del Decreto 2637 y que se dicta con base en las facultades conferidas por el artículo 189-10 de la Constitución y por el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913. No obstante, del contenido material del decreto se infiere que a través de él no se corrige yerro tipográfico alguno sino que, cosa bien distinta, se introducen modificaciones sustanciales al Decreto 2637 y ello es así al punto que, como pasa a verse, se alteran el título, el encabezado y dos de las reglas de derecho consagradas en los artículos 4º y 9º de ese decreto.
6. Por una parte, el título del Decreto 2637 de 2004, en virtud de la corrección realizada, varió ostensiblemente, pues ya no se trata de un decreto “por el cual se desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002”, sino de un decreto “por el cual se desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002 para la implementación del sistema acusatorio”. Nótese como en virtud de la corrección realizada se le imprimió una finalidad específica al decreto, la que no era evidente en la formulación original del título del Decreto 2637.
“El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las extraordinarias que le confieren el inciso 2º del artículo 4º transitorio del Acto Legislativo 03 del 19 de diciembre de 2002, por el cual se reforma la Constitución Nacional”.
“El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las extraordinarias que le confieren el inciso 2º del artículo 4º transitorio del Acto Legislativo 03 del 19 de diciembre de 2002, por el cual se reforma la Constitución Nacional para proferir las normas necesarias para el nuevo sistema”.
ART. 16.—Salas. La Corte Suprema de Justicia cumplirá sus funciones por medio de cinco salas, integradas así: la Sala Plena, por todos los magistrados de la corporación; la Sala de Gobierno, integrada por el presidente, el vicepresidente y los presidentes de cada una de las salas especializadas; la Sala de Casación Civil y Agraria, integrada por siete magistrados, la Sala de Casación Laboral, integrada por siete magistrados y la Sala de Casación Penal, integrada por nueve magistrados. Las distintas salas se organizarán en salas de decisión integradas por tres magistrados. Transitoriamente podrán estar integradas adicionalmente por los magistrados de descongestión que para el efecto cree la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.
Pero luego fue corregido por el artículo 2º del Decreto 2697 para agregarle la expresión “cuando lo consideren conveniente”. De este modo, el texto de la disposición luego de esa corrección fue el siguiente:
ART. 16.—Salas. La Corte Suprema de Justicia cumplirá sus funciones por medio de cinco salas, integradas así: la Sala Plena, por todos los magistrados de la corporación; la Sala de Gobierno, integrada por el presidente, el vicepresidente y los presidentes de cada una de las salas especializadas; la Sala de Casación Civil y Agraria, integrada por siete magistrados, la Sala de Casación Laboral, integrada por siete magistrados y la Sala de Casación Penal, integrada por nueve magistrados. Las distintas salas, cuando lo consideren conveniente, se organizarán en salas de decisión integradas por tres magistrados. Transitoriamente podrán estar integradas adicionalmente por los magistrados de descongestión que para el efecto cree la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.
8. Por último, el texto inicial del artículo 9º del Decreto 2637 de 2004 era el siguiente:
Esta disposición fue luego corregida por el artículo 3º del Decreto 2697 para sustituir la expresión “el Contralor General de la República” por la expresión “la Corte Suprema de Justicia”. De este modo, el texto de la disposición, luego de esa corrección, es el siguiente:
9. De este modo, es claro para la Corte que el Gobierno Nacional, a través del Decreto 2697 de 2004 no se limitó a corregir yerros tipográficos advertidos en el Decreto 2637 de ese año, sino que, lejos de ello, le introdujo modificaciones y adiciones que variaron sustancialmente el alcance del título, del encabezado y de dos de las reglas de derecho contenidas en este último.
Parámetros de control de los decretos leyes que desarrollan materias estatutarias.
10. De acuerdo con lo que se ha expuesto hasta este momento y con lo que indicó la Corte en las sentencias C-590 de 2005 y C-591 de 2005, se tiene que por medio del Acto Legislativo 03 de 2002 se modificó la estructura constitucional del proceso penal y se lo hizo de tal manera que se adoptó un sistema de tendencia acusatoria, cuya ámbito de validez está determinado por la Carta Política como sistema normativo y por el bloque de constitucionalidad y el que —si bien muestra características propias de varios modelos procesales comparados— cuenta con particularidades que terminan por dotarlo de identidad propia.
Adicionalmente, el constituyente —admitiendo la eventualidad de que la comisión ya indicada no presentara oportunamente los proyectos de ley ya aludidos o que ellos, pese a haber sido presentados, no fueran tramitados de tal manera que se expidieran las leyes respectivas— optó por revestir al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de dos meses para que profiriera las normas legales al nuevo sistema. Nótese que se trata de facultades extraordinarias directamente conferidas por el constituyente derivado, que tales facultades tenían un límite temporal definido y, además, que existía también una limitación material de la competencia asignada.
Desde luego, el Presidente de la República, al hacer uso de esa habilitación constitucional, tiene el deber de ceñirse a esos límites temporales y materiales. Por ello, esta corporación ha indicado que cuando se trata de un decreto que versa sobre una materia estatutaria y que se ha expedido con base en una norma constitucional habilitante, el control de constitucionalidad se extiende al cumplimiento del límite temporal indicado por el constituyente y al cumplimiento de los límites materiales por él indicados (1) .
Control de los límites temporales fijados para la expedición del Decreto 2637 de 2004.
En ese contexto, se tiene que el Decreto 2637 de 2004, “por el cual se desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2002”, fue expedido por el Presidente de la República el 19 de agosto de 2004. Entonces, el Gobierno Nacional hizo uso de las facultades conferidas por el constituyente de manera oportuna pues en tanto que el término de habilitación vencía el día 20 de agosto, el citado decreto se expidió el día anterior. En tal virtud, en lo relacionado con ese decreto se han observado los límites temporales establecidos en la norma habilitante.
Violación flagrante de la competencia del Presidente de la República para emitir los decretos 2637 y 2697 de 2004.
12. La norma constitucional habilitante fue muy clara al disponer que las facultades extraordinarias y temporales que se conferían al Presidente de la República eran “para que profiera las normas legales necesarias al nuevo sistema”. El constituyente fue tan preciso al delinear la competencia que atribuía al ejecutivo, que no solo se limitó a hacer esa genérica afirmación sino que, además, indicó, en concreto, qué podía hacer aquel en ejercicio de las facultades que se le habían concedido.
En efecto, en el artículo 4º transitorio del Acto Legislativo 03 de 2002 se indicó que el Presidente de la República, para proferir las normas legales necesarias al nuevo sistema, “podrá expedir, modificar o adicionar los cuerpos normativos correspondientes incluidos en la ley estatutaria de la administración de justicia, la ley estatutaria de hábeas corpus, los códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y el Estatuto Orgánico de la Fiscalía”.
— La modificación introducida al artículo 7º permite la alteración de los turnos de los procesos que se hallan para decisión y faculta a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para reasignar funcionarios o empleados judiciales y crear cargos, juzgados y tribunales de descongestión, liquidación o depuración con competencia específica.
— La modificación realizada al artículo 11 extiende la competencia de los jueces municipales a la unidad judicial municipal y fija la competencia de los juzgados y tribunales de descongestión, liquidación o depuración.
— La modificación introducida al artículo 15 permite la creación de salas o despachos de descongestión, liquidación o depuración en la Corte Suprema de Justicia, con un régimen prestacional y salarial diferente al de los magistrados titulares.
— La modificación realizada al artículo 16 dispone que las salas de casación de la Corte Suprema se organicen en salas de decisión integradas por tres magistrados y permite que ellas puedan estar integradas por magistrados de descongestión.
— La modificación introducida al artículo 19 dispone que los tribunales superiores cuenten con salas de descongestión, depuración o liquidación con competencia en todo el territorio nacional.
— La modificación realizada al artículo 22 permite la creación de juzgados de descongestión, depuración o liquidación con competencia en todo el territorio nacional.
— La modificación introducida al artículo 54 permite que las salas de las distintas corporaciones sesionen con mayor frecuencia que la indicada en el reglamento interno con el fin de imprimir celeridad y eficiencia a sus actuaciones.
— La modificación realizada al artículo 58 incorpora, como nueva causal para la imposición de medidas correccionales, la presentación de escritos o recursos manifiestamente improcedentes o con fines dilatorios.
— La modificación realizada al artículo 61 permite la creación de salas de conjueces para que conozcan de los procesos en los que actúen como partes o terceros funcionarios o empleados de la rama judicial. Tales salas estarán integradas por un conjuez designado por el Contralor General de la República, un conjuez designado por el Procurador General de la Nación y un tercer conjuez designado por los dos conjueces anteriores.
— La modificación realizada al artículo 63 varía el régimen de la descongestión, depuración, liquidación de causas, procesos e inventarios.
— La modificación realizada al artículo 82 permite la reasignación de los magistrados de los consejos seccionales a los tribunales superiores.
— La modificación introducida al artículo 91 permite la creación de jueces, salas de tribunales o tribunales especiales de descongestión cuando así lo soliciten las altas cortes, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación o el Gobierno Nacional.
De este modo, no obstante que al interior de esta corporación existen diferentes posiciones en relación con la índole del control de constitucionalidad de que son objeto los decretos de este tipo (2) , lo que sí observa la Corte es que concurre un vicio protuberante en cuanto el Decreto 2637 de 2004 se expidió con violación flagrante de la competencia que el constituyente derivado le atribuyó al Presidente de la República en el artículo 4º transitorio del Acto Legislativo 03 de 2002. Por ello, como su inexequibilidad es manifiesta, ese decreto será expulsado del ordenamiento jurídico.
Inexequibilidad por consecuencia del Decreto 2697 de 2004.
En este entendido, la existencia del Decreto 2697 de 2004 supone la existencia del Decreto 2637 pues el ámbito de aplicación de este tiene como referente necesario e ineludible a aquel.
En estas condiciones, como el Decreto 2637 de 2004 fue el que dio lugar a la expedición del Decreto 2697 y como aquel será declarado inexequible, se produce la inexequibilidad por consecuencia de este último y por ello será también retirado del sistema jurídico.
Ello es así por cuanto el último decreto supone la existencia del primero y como se ha establecido que aquel fue proferido por el Presidente de la República con manifiesto desconocimiento de la competencia que le había sido atribuida por el constituyente colombiano y por ese motivo será declarado inexequible, aquel pierde su razón de ser. Mucho más si se trata de un decreto que introduce modificaciones sustanciales al decreto inicialmente proferido, situación que evidencia en él el mismo vicio advertido en este último.
1. Declarar INEXEQUIBLE el Decreto 2637 de 2004.
2. Declarar INEXEQUIBLE el Decreto 2697 de 2004.
(1) Sentencia C-972 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(2) Estas diversas posturas se advierten en la Sentencia C-523 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, por medio de la cual se declaró inexequible el Decreto Ley 2207 de 2003 “Por medio del cual se desarrolla el artículo 3º del Acto Legislativo 01 de julio 3 de 2003, en lo concerniente a las elecciones departamentales y municipales”. Esta decisión tuvo como fundamento la omisión del control previo de constitucionalidad inherente a las leyes estatutarias. Los magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Álvaro Tafur Galvis salvaron su voto por considerar que el requisito de control previo de las normas de naturaleza estatutaria no era predicable en esa ocasión.

References: artículo 4
 artículo 4
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 251
 artículo 251
 artículo 251
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 189
 artículo 45
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 4
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 189
 artículo 45
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 11
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 19
 artículo 22
 artículo 54
 artículo 58
 artículo 61
 artículo 63
 artículo 82
 artículo 91
 artículo 4
 artículo 3