Source: https://corte-suprema-justicia.vlex.cl/vid/diaz-vargas-escilda-rosas-696289601
Timestamp: 2020-05-31 00:18:40+00:00

Document:
Causa nº 87790/2016 (Casación). Resolución nº 26 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 6 de Noviembre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 696289601
Rol de Ingreso: 87790/2016
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación: 3632-2016 - C.A. de Santiago
Rol de Ingreso en Primer Instancia: C-18087-2013 - 30º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO
Vistos: En cuanto a la objeción de documentos:
Que a fojas 218, la parte demandada objetó el informe emitido por doctor R.N.R., que se acompaña a fojas 211 de 12 de agosto de 2012, por el que se analiza la ficha clínica de F.A.A., documento que se acompañó con citación.
Indica que el informe fue elaborado por el facultativo, cuya calidad de médico se desconoce y que constituye un verdadero informe pericial realizado casi siete años después del fallecimiento de la víctima, con el único objeto de impugnar la sentencia definitiva desfavorable de primera instancia.
Estima que tal documento carece de todo valor probatorio y no cumple con los requisitos legales para ser considerado prueba pericial, según se desprende de los artículos 419 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, emana de un tercero ajeno que no lo ha reconocido en juicio, careciendo por ende de todo mérito probatorio.
Que, este Tribunal, apreciando los antecedentes, procederá en la parte resolutiva del presente fallo, a rechazar la objeción documentaria reseñada en el motivo que antecede, teniendo en consideración, que la objeción deducida tal como aparece planteada, dice relación con el mérito probatorio que ha de asignársele al documento acompañado y no a un eventual vicio que pudiera afectarlo, como en definitiva exige el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de su considerando segundo en sus párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto; motivos tercero a séptimo, que se eliminan.
Asimismo, se reproducen los considerandos sexto y séptimo de la sentencia de casación que antecede.
Que, tal como se expuso en el fundamento sexto del fallo de casación precedente, expresamente reproducido para estos efectos, mediante la acción interpuesta E.D.V. demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios la responsabilidad del Fisco de Chile, por los daños causados como consecuencia del accidente de tránsito ocasionado por el cabo segundo de Carabineros, R.M.C., producto del cual falleció su cónyuge F.A.A., fundamenta su demanda en los artículos 6 inciso 3°, 7 inciso 3°, 38 y 101 inciso segundo de la Constitución Política de la República, artículo 4 de la Ley N°18.575, artículo 1, 146, 148 y 172 N°2,7 y 10 de la Ley N°18.290 y las disposiciones pertinentes de la Ley N°18.961, Orgánica de Carabineros.
Indica que en subsidio de la responsabilidad directa de los órganos de la Administración del Estado, son aplicables a este caso las reglas de responsabilidad extracontractual de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil.
Solicita se declare que se condena al Fisco de Chile al pago de las indemnizaciones de perjuicios que se determinen en la etapa de cumplimiento incidental del fallo, con reajustes, intereses y costas.
Que en cuanto al régimen jurídico aplicable a la litis, sabido es que las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile se encuentran excluidos de la aplicación del artículo 42 de la Ley Nº 18.575, por lo que en la especie habrá de aplicarse el Título XXXV del Libro IV del Código Civil referente a los delitos y cuasidelitos, y para el caso en cuestión los artículos 2320 y 2322 del Código Civil que establecen la responsabilidad por el hecho ajeno, en la forma que se señala a continuación.
Que como se resolvió con fecha 30 de julio de 2009, en los autos rol 371-2008 caratulados “S.C.P.A. con Fisco de Chile”, “hasta antes de la dictación de la Ley Nº 18.575 la responsabilidad del Estado se determinaba a través de la aplicación del artículo 2320 del Código Civil; sin embargo, la situación varía con la promulgación de la Ley de Bases de la Administración del Estado el 5 de diciembre de 1986, que incorporó al Derecho Público chileno el sistema de responsabilidad extracontractual del Estado elaborado por el derecho administrativo francés, principalmente a través de la jurisprudencia del Consejo de Estado, que en opinión de la mayoría de los autores constituye la mejor solución lograda por el derecho para asegurar un debido equilibrio entre los derechos de los particulares y los intereses públicos. La ley contempló entonces el artículo 44 -hoy 42- que prescribió que “Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal”. Sin embargo, se excluyó de la aplicación del título II sobre normas especiales, donde había quedado ubicado el artículo 44, a la Contraloría General de la República, al Banco Central, a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, a las Municipalidades, al Consejo Nacional de Televisión y a las empresas públicas creadas por ley. Todo ello en el inciso segundo de su artículo 18 -actual 21-“(Considerando décimo cuarto).
Asimismo, en el considerando décimo quinto se indicó “Entonces cabe dilucidar qué sistema resulta aplicable a las instituciones excluidas, y en el caso particular a las Fuerzas Armadas. Para ello ha de recurrirse al derecho común, teniendo presente que precisamente el desarrollo del derecho administrativo, allí donde ha ocurrido, ha sido a partir de la distinta interpretación de las normas de derecho común para el Estado y para las relaciones entre particulares, permitiendo de esta forma la conciliación de la actuación estatal, dotada de imperio público como guardiana del interés colectivo, con la protección de los derechos de los ciudadanos, de tal suerte que cabe aceptar la aplicación en nuestro país a partir del artículo 2314 del Código Civil de la noción de falta de servicio. En efecto, al Estado como a los otros entes públicos administrativos pueden serle aplicadas de manera diversa las normas del Título XXXV del Código Civil, sin que esto implique desde luego una errada interpretación de las mismas. Es así que las personas jurídicas son capaces de culpa, aunque carezcan de voluntad propia. La culpa civil, como señalan los hermanos M. y A.T., “no requiere la voluntad, ni siquiera el...
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References: Resolución 
 artículo 346
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 42
 artículo 2320
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 18
 artículo 2314