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Timestamp: 2019-03-18 21:48:01+00:00

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Resolución de TEAC, 00/1098/2005, 10-10-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1098/2005 de 10 de Octubre de 2006
En el procedimiento instruido por infracción administrativa de contrabando, que culmina en sanción pecuniaria y cierre temporal del establecimiento comercial, la práctica de la prueba testifical tiene mínima transcendencia en vía económico-administrativa, dado su escaso valor práctico en el ámbito fiscal-tributario. Aunque el interesado tenga una gran libertad para proponer cualquier tipo de pruebas al órgano económico-administrativo, éste también goza de la misma para decidir su pertinencia. El artículo 234.4 de la LGT (Ley 58/2003) no tiene como objeto determinar las pruebas admisibles en vía económico-administrativa, sino precisar la forma en que pueden aportarse al procedimiento alguna de ellas.
En la Villa de Madrid, a 10 de octubre de 2006 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en SALA, interpuesta por D.ª ... con domicilio en ..., contra el acuerdo del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de fecha 20 de enero de 2005, recaído en su expediente número ..., en materia de infracciones administrativas de contrabando.
PRIMERO.- En fecha 27 de febrero de 2004, el Servicio de Vigilancia Aduanera de ... extendió Diligencia por presunta infracción administrativa de contrabando en la que se hizo constar que en el establecimiento denominado ..., sito en la calle ... se habían encontrado un total de 119 cajetillas de tabaco (31 cajetillas de la marca ..., 16 cajetillas de la marca ..., 17 cajetillas de la marca ..., 11 cajetillas de la marca ..., 36 cajetillas de la marca ...y 8 cajetillas de la marca ...), sin las marcas fiscales nacionales.
SEGUNDO.- Instruido el expediente a que hacen referencia el artículo 30 y siguientes del Real Decreto 1649/1998 por la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de ... número ..., y valorado el tabaco en 266,10 euros se dirigió el expediente contra D.ª ... titular del establecimiento quién manifestó que consideraba caducado el procedimiento y que el tabaco encontrado no era suyo, ignorando su existencia, sino de otra persona que citaba.
TERCERO.- En fecha 23 de noviembre de 2004, el Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria dictó resolución recaída en su expediente número ..., por la que se consideraba cometida una infracción administrativa de contrabando de carácter leve, comprendida en el Artículo 11.1, en relación con el Artículo 2.1 d) de la Ley 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, de la que era responsable D.ª ..., e impuso una sanción de 601,01 euros, así como proceder al cierre temporal del establecimiento por un periodo de cuatro días y declarar el comiso de la mercancía aprehendida. Dicha resolución fue recurrida en reposición y desestimada mediante acuerdo de fecha 20 de enero de 2005.
CUARTO.- Disconforme con lo anterior, el interesado promovió reclamación económico-administrativa contra el referido acuerdo ante este Tribunal Central mediante escrito presentado, con fecha 4 de marzo de 2005. En posteriores escritos, de fechas 21 de julio de 2005 y 18 de marzo de 2006, en síntesis, venía a insistir en las alegaciones vertidas a lo largo de las actuaciones anteriores, amén de la proposición de la práctica de determinadas pruebas.
PRIMERO.- Concurren los requisitos exigidos por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuestos para la admisión a trámite de la presente reclamación económico-administrativa, en donde la cuestión planteada se refiere a determinar si se encuentra ajustada a Derecho la resolución del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de 20 de enero de 2005, recaída en su expediente sancionador por contrabando, número ...
SEGUNDO.- El artículo 11 de la Ley de Contrabando 12/95, de 12 de diciembre, en vigor desde el 13 de diciembre de 1995, dispone que se incurrirá en infracción administrativa de Contrabando en las conductas enumeradas en el artículo 2 de la propia Ley, cuando el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de las mismas sea inferior a 18.030,36 € (3.000.000 pesetas) en el caso de labores de tabaco igual o inferior a 6.010,12 € (1.000.000 pesetas). En el artículo 2 citado se recoge, entre otros, el caso d) que se refiere a los que realicen operaciones de importación, exportación, producción, comercio, tenencia, circulación o rehabilitación de géneros estancados, entre los que se encuentra el tabaco, o prohibidos sin cumplir los requisitos establecidos en las leyes. A este efecto la remisión a los requisitos establecidos por las leyes, ya que en la propia Ley de Contrabando no se contempla requisito alguno para la tenencia de tabaco hay que relacionarla con la Ley de Impuestos Especiales 38/92, de 28 de diciembre de 1992 y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1165/95, de 7 de julio, como se va a hacer seguidamente.
TERCERO.- El apartado 7 del artículo 15 de la citada Ley 38/1992, de 28 de diciembre, se refiere a que "la circulación y tenencia de productos objeto de Impuestos Especiales de fabricación, con fines comerciales, deberá estar amparada por los documentos establecidos reglamentariamente que acrediten haberse satisfecho el impuesto en España o encontrarse en régimen suspensivo, o al amparo de un sistema de circulación intracomunitaria...". Y añade el mismo artículo en su número 8, que para determinar que los productos a que se refiere el apartado anterior número 7, están destinados a fines comerciales se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes elementos: a) Estatuto comercial y motivos del tenedor de los productos; b) Lugar en que se encuentren dichos productos o, en su caso, modo de transporte utilizado; c) Cualquier documento relativo a dichos productos; d) Cantidad de los productos. Por su parte el Reglamento de la Ley de Impuestos Especiales aprobado por Real Decreto 1165/95, de 7 de julio, dispone en lo que se refiere a las labores de tabaco, en su artículo 26, que los cigarrillos deberán ostentar precintas de circulación, timbradas y numeradas, en modelo aprobado por el Ministerio de Hacienda e incorporadas en el empaque que constituya unidad de venta para el consumidor.
CUARTO.- Aplicando lo anterior al presente caso es obligado tener en cuenta el criterio de finalidad comercial establecido en la Ley de Impuestos Especiales para que las labores de tabaco, tengan que ostentar necesariamente las precintas reglamentarias. Circunstancia que ha sido apreciada debidamente en el acuerdo impugnado, que se encuentra ajustado a Derecho, al considerar que el tabaco, que se encontraba en un establecimiento comercial donde ordinariamente se realizan operaciones mercantiles con ánimo de lucro, constituía una infracción administrativa leve de contrabando. Sin que las alegaciones del interesado enerven la adecuación a Derecho de la resolución. Y ello es así porque, con independencia de la existencia real del tabaco sin marcas fiscales nacionales que se encontraba en el ..., establecimiento comercial de la reclamante, ajeno a su actividad económica autorizada, las argumentaciones y manifestaciones vertidas a la hora de fundamentar su discrepancia con el acuerdo sancionador y su confirmación en vía de reposición no son sino mera reiteración, enriquecidas con alguna que otra consideración, de las expuestas a lo largo de las actuaciones obrantes en el expediente.
QUINTO.- A la vista de aquéllas, en cuanto a su exposición por la interesada, por parte de este Tribunal no cabe sino reiterar, en primer lugar, lo que con acierto se dijo por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales teniendo presentes las manifestaciones de la reclamante: "a) Que el procedimiento no ha caducado toda vez que éste se inicia en la fecha de la firma del Acuerdo de Inicio, 19 de julio de 2004, conforme a lo establecido en el artículo 20 del R. D. 1649/98, siendo la fecha de la aprehensión, 27 de febrero de 2004, la que conducirá a la consideración de la prescripción de la infracción según lo dispuesto en el artículo 4 de dicho R. G. b) Que la pretendida falta de implicación de la Sra. ... en cuanto a la existencia del tabaco decomisado en su establecimiento, no le exime de responsabilidad existiendo diversa jurisprudencia (Sentencia del TSJ de Cantabria de 21 de septiembre de 1998) en cuanto al obligado conocimiento de las existencias de los objetos que se puedan introducir en su establecimiento mercantil. c) Que, en cuanto a la supuesta pertenencia del tabaco a su esposo D. ..., éste reconoce que lo adquirió ilegalmente en los puestos de la ... y ... Adquisición ilegal que no justifica su tenencia para consumo propio. La Sentencia de 28 de septiembre de 1998 del TSJ de Asturias estima que "... la cantidad aprehendida por mínima que sea no permite suponer en sí misma la ausencia de finalidad comercial cuando ha sido encontrada en establecimiento abierto al público ...". Que la circunstancia de que la reclamante disponga de la autorización correspondiente para la venta de tabaco en su establecimiento "no implica, y de hecho así se ha demostrado en el momento de la aprehensión, que dicha autorización proteja la venta de tabaco de procedencia ilegal".
SEXTO.- Conviene significar, llegados a este punto, que la Sentencia de 28 de septiembre de 1998 del TSJ de Asturias en la que se estima que "... la cantidad aprehendida por mínima que sea no permite suponer en sí misma la ausencia de finalidad comercial cuando ha sido encontrada en establecimiento abierto al público..."; y que la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 21 de enero de 2004, recurso contencioso-administrativo 6/0851/2002, en la que establece que se descarta cualquier género de indefensión, en cuanto a la cantidad de tabaco aprehendida para consumo propio, toda vez que "... la finalidad comercial y no destinada al propio consumo del actor se desprende del hecho concluyente de que las ... cajetillas (hace referencia al número), más de las que racionalmente puedan entenderse destinadas al consumo de una persona, se hallaban en un establecimiento comercial ... al que afectan las limitaciones de poder fumar en el mismo ...".
SÉPTIMO.- No resulta ocioso recordar a la reclamante los razonamientos fundamentados debidamente en la resolución dictada, ahora objeto de impugnación, numerados Octavo, Noveno y Décimo. En aras de inútiles repeticiones este Tribunal se remite a los mismos y se significa que en el último se dice "en cuanto a la prueba testifical de su esposo, el Sr. ..., igualmente fue rechazada conforme a la reiterada doctrina del Tribunal Supremo, como lo es la Sentencia de 5 de octubre de 1993, dado que tal prueba queda desvirtuada en el caso en que los testigos propuestos incurran en alguna de las causas de tacha legal recogidas en el artículo 660 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (tener el testigo relación de parentesco, amistad o dependencia o interés con el litigante o el pleito)".
OCTAVO.- Por último, conviene significar que no nos encontramos en un procedimiento de carácter civil, o penal, sino de carácter fiscal en el que la prueba testifical tiene escasa relevancia al discutirse cuestiones que tienen su origen en documento público (Diligencia en la que se hace constar el descubrimiento e intervención del tabaco), y consistente en la existencia en un establecimiento comercial de tabaco sin marcas fiscales nacionales; que la práctica de la prueba testifica) solicitada, cualquiera que fuera su resultado no alteraría el hecho de la tenencia del citado tabaco en el local denominado ... Ahora bien, y con independencia de que revisado el expediente sancionador que nos ocupa y no observarse en el mismo motivo alguno de indefensión de la reclamante, ni vicio en su tramitación, deviene en este momento resaltar, en cuanto a las consideraciones que se realizan sobre el contenido del artículo 236.4 de la Ley 58/2003 en su enmarque de la prueba testifical en su momento se dice, solicitada, y no atendida que el texto del precepto establece: "Las pruebas testifícales, periciales y las consistentes en declaración de parte se realizarán mediante acta notarial o ante el secretario del tribunal o el funcionario en quien el mismo delegue que extenderá el acta correspondiente. No cabrá denegar la práctica de pruebas relativas a hechos relevantes, pero la resolución que concluya la reclamación no entrará a examinar las que no sean pertinentes para el conocimiento de las cuestiones debatidas, en cuyo caso bastará con que dicha resolución incluya una mera enumeración de las mismas y decidirá sobre las no practicadas". Y que en términos esencialmente reiterativos, el art. 57.1 del Reglamento señala: "El tribunal podrá denegar la práctica de las pruebas solicitadas o aportadas cuando se refieran a hechos que no guarden relevancia para la decisión de las pretensiones ejercitadas en la reclamación, sin perjuicio de lo que decida en la resolución que ponga término a ésta, ratificando su denegación o examinándolas directamente si ya estuviesen practicadas e incorporadas al expediente. El Tribunal podrá ordenar posteriormente la práctica de las pruebas previamente denegadas. Las resoluciones del Tribunal que acuerden o denieguen la práctica de las pruebas tendrán carácter de meros actos de trámite". La regulación que de dichos preceptos resulta debe, sin embargo, tenerse por completada con los artículos 105 a 108 Ley 58/2003 que el art. 214.1 declara expresamente aplicables a las reclamaciones económico-administrativas. "Artículo 105.- Carga de la prueba 1. En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutitos del mismo. 2. Los obligados tributarios cumplirán su deber de probar si designan de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria. Artículo 106.- Normas sobre medios y valoración de la prueba 1. En los procedimientos tributarios serán de aplicación normas que sobre medios y valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo que la Ley establezca otra cosa".
NOVENO.- A colación de lo recogido, la práctica este tipo de pruebas tiene mínima trascendencia en el ámbito económico-administrativo, como la opinión generalizada de los autores había expuesto desde hacía años. El procedimiento económico-administrativo es un procedimiento revisor y su principal misión es determinar si la prueba realizada en los procedimientos de aplicación de los tributos e imposición de sanciones se ajusta a lo dispuesto en la normativa. Por otra parte, las pruebas testifícales, oculares y las consistentes en declaraciones de parte tienen escaso valor práctico para aclarar las circunstancias de las obligaciones tributarias; no se olvide que nos encontramos no en un procedimiento civil o penal, sino tributario. Aunque el interesado puede proponer cualquier tipo de prueba que estime conveniente el Tribunal Económico-Administrativo tiene una amplia libertad para decidir si las pruebas propuestas son pertinentes para acreditar los mismos, sobre todo en relación con las demás pruebas aportadas y las que constan en el expediente administrativo. Obviamente, la decisión final sobre la pertinencia del medio de prueba y la relevancia del hecho corresponde a los Tribunales de Justicia. Como colofón de lo expuesto, considerar que, a la vista de las peticiones probatorias, al amparo del artículo 234.4 de la Ley 58/2003, este precepto puede concluirse a su vista que tiene como objeto no tanto determinar las pruebas admisibles en la sede correspondiente, sino precisar la forma en que pueden aportarse al procedimiento alguna de ellas. No se olvide, se insiste, que nos encontramos no en un procedimiento civil o penal sino en el económico-administrativo en el que en paridad no se da la contradicción propia de la contienda judicial. Asimismo ha de resaltarse que a este Tribunal no le resulta posible entrar a conocer la desproporción entre el hecho y la sanción impuesta por carecer de competencia para conocer de las impugnaciones de los preceptos establecidos en normas con rengo de Ley, en este caso el artículo 12 de la Ley 12/1995, de represión del contrabando.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, como resolución de la reclamación económico-administrativa promovida por D.ª ..., contra el acuerdo del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 20 de enero de 2005 recaído en su expediente sancionador por contrabando número ..., ACUERDA: Desestimar la reclamación y confirmar al propio tiempo el acuerdo impugnado.
Resolución de TEAC, 6102/2016/00/00, 12-12-2018
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 12/12/2018 Núm. Resolución: 6102/2016/00/00
Resolución de TEAC, 00/8762/1999, 06-06-2001
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 06/06/2001 Núm. Resolución: 00/8762/1999

References: Resolución 
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 artículo 30
 Real Decreto 
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 Artículo 11
 Artículo 2
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