Source: https://www.scribd.com/document/156077481/Articulo-25
Timestamp: 2019-04-20 07:18:57+00:00

Document:
36791(22-06-11)
79_MIN002_TutelaDerechoSalud
Plantilla Uap 2018-1 Sesion 8
Ley Nº 16986 - Ley de Amparo
- Derechos protegidos Procede el habeas corpus ante la acción u omisión que amenace o vulnere los siguientes derechos que, enunciativamente, conforman la libertad individual: 8) El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar, conforme a la ley de la materia. Comentario: De conformidad con el artículo 2º, inciso 24), literal „f‟ de la constitución1, la detención de una persona solo procede con dos circunstancias: por un lado la existencia de un mandato judicial escrito y motivado, y, por otro, en el supuesto de flagrante delito. Esta norma constitucional debe ser interpretada de manera teleológica, vale decir, como prescripciones garantistas con la finalidad de tutelar el derecho a la libertad individual; desde tal perspectiva, resulta inconstitucional la habilitación de cualquier supuesto no contemplado en los dos anteriores. Asimismo, resultan inconstitucionales aquellos actos que, restrinjan la libertad individual de manera ilegal, es decir, al margen o con inobservancia de las normas establecidas en la ley2. Nuevamente nos hallamos ante una prohibición dirigida a consolidar el ejerció pleno de la libertad individual de las personas. En este caso, se trata de favorecer la libertad en la decisión de prestar o no servicio militar3. Al respecto, el articulo 8º, inciso 3, literal „c‟ del pacto internacional de derechos civiles y políticos, y el articulo 6º, inciso 3, literal „b‟, de la convención americana sobre derechos humanos, establecen que no se considerarán como trabajo forzoso u obligatorio el servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a ley quienes se opongan al servicio militar por razones de conciencia4. En nuestro ordenamiento jurídico, la ley Nº 27178, ley del servicio militar, establece en el artículo 6º que queda “prohibido el reclutamiento forzoso como procedimiento de captación de personal para ser incorporado al servicio en el activo”5. Por, tanto un proceso constitucional de habeas corpus procederá cuando a una persona, habiendo decidido libremente no prestar el servicio militar, las autoridades militares o eventualmente algún particular le obligan a prestar mediante el reclutamiento forzoso6.
RUIZ GARCIA, Abado. “constitución política del Perú, comentada, humillada y graficada”. Editorial MV Fénix. Lima-Perú. 2009. P. 65 2 TUPAYACHI SOTOMAYOR, Jhonny. RIOJA BERMUDEZ, Alexander. GARCIA TOMA, Víctor. “código procesal constitucional comentado, homenaje a García Belaúnde, Domingo”. Primera edición. Editorial Adrus. Arequipa-Perú. 2009. P. 335.
CASTILLO CORDOVA, Luis. “comentarios al código procesal constitucional”. Tomo II. Editorial palestra. Lima-Perú. 2006. P. 586.
TUPAYACHI SOTOMAYOR, Jhonny. RIOJA BERMUDEZ, Alexander. GARCIA TOMA, Víctor. Ob cit. P. 304 5 LEY 27178. Ley del servicio militar 6 CASTILLO CORDOVA, Luis. Ob cit. P. 586
Asimismo, el TC ha sostenido que “cualquier acto por el cual, de manera subrepticia, encubierta o directa, se pretenda incorporar la persona en edad militar al servicio militar activo, con prescindencia de su expresa y libre manifestación de efectuarlo en esos términos, constituye de manera indubitable para este supremo interprete de la constitución, una forma de detención arbitraria; lesiva del derecho a la libertad individual y, por tanto, susceptible de ser reparada a través del proceso constitucional de habeas corpus”7. Jurisprudencia: 1. EXP. Nº 0212-2001-HC/TC. Fundamento jurídico Nº 3: El beneficiario fue detenido con fecha 5 de diciembre de 2000, conforme se verifica del escrito de demanda, así como del acta de constatación que obra de fojas siete a nueve del expediente. Esta detención arbitraria se prolongo desde la fecha indicada hasta el veintidós de diciembre del dos mil, conforme se verifica de lo señalado en el oficio Nº 709 S-1/BCS63/02.30.03, que obra de fojas diez; vale decir, que el beneficiario permaneció bajo detención arbitraria durante diecisiete días. 2. EXP. Nº 0030-2001-HC/TC. Fundamento jurídico 2 y 3: Que el artículo 6º de la ley del servicio militar, Nº 27178, y el artículo 67º del reglamento de dicha ley, DS. Nº 004-DE-SG, establecen que queda “prohibido el reclutamiento forzoso como procedimiento de captación de personal para ser incorporado al servicio en el activo”. En consecuencia “cualquier acto por el cual, de manera subrepticia, encubierta o directa, se pretenda incorporar la persona en edad militar al servicio militar activo, con prescindencia de su expresa y libre manifestación de efectuarlo en esos términos, constituye de manera indubitable para este supremo interprete de la constitución, una forma de detención arbitraria; lesiva del derecho a la libertad individual y, por tanto, susceptible de ser reparada a través del proceso constitucional de habeas corpus”. Esta consideración debe ser escrupulosamente observada por los jueces constitucionales estando al carácter vinculante de la jurisprudencia de este tribunal, en merito a lo establecido por la primera disposición general de la ley Nº 26435, ley orgánica del tribunal constitucional. 3. EXP. N° EXP. N. ° 4388-2006-PHC/TC. Fundamento jurídico 2, 3 y 4: El inciso 8) del artículo 25 del Código Procesal Constitucional consagra la procedencia de los procesos constitucionales ante la vulneración del derecho de toda persona de decidir voluntariamente prestar el servicio militar, conforme a la ley de la materia. Asimismo el artículo 67º del Reglamento de la Ley Nº 27178, Ley Del Servicio Militar, establece que „„Queda prohibido el reclutamiento forzoso como procedimiento de captación de personal para ser incorporado al Servicio en el activo‟‟. En ese sentido y efectuando una interpretación a contrario sensu, toda demanda de hábeas corpus mediante la que se alegue la existencia de un reclutamiento ilegal, resultará por definición una violación a la
TUPAYACHI SOTOMAYOR, Jhonny. RIOJA BERMUDEZ, Alexander. GARCIA TOMA, Víctor. Ob cit. P. 304
libertad individual y por ende susceptible de tutela en el ámbito de dicho proceso constitucional cuando se verifique la falta de consentimiento por parte de la persona, pues establecer la obligación de participar en una actividad definida como voluntaria restringe de una manera u otra el ejercicio de la libertad individual de cada persona. De la demanda de autos se tiene que el actor refiere haber sido trasladado contra su voluntad y en forma violenta al Cuartel del Ejército del destacamento de Caraz, provincia de Áncash. Sin embargo en su declaración testimonial, obrante a fojas 9, varía su versión refiriendo que concurrió al cuartel en forma voluntaria luego de conversar con miembros del Ejército, los que lo llevaron „„sin ejercer ningún tipo de violencia‟‟; asimismo los reclutas Freddy Ubaldo Flores Sánchez y Nabor Darío Medina Cruz, en su declaración obrante en autos a fojas 134, reconocen que tanto el actor como otros tres muchachos concurrieron en forma voluntaria al Ejército a fin de prestar servicio militar obligatorio 9) El derecho a no ser detenido por deudas Comentario: El articulo 2º inciso 24), literal „c‟, de la constitución política del estado señala , como uno de los contenidos constitucionalmente garantizados de la libertad y seguridad personal, que “ no hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios”8. De igual manera se ha previsto en la convención americana de derechos humanos en el artículo 7.7 al disponerse que “nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios. Asimismo el artículo 11 del pacto internacional de los derechos civiles y políticos establece que nadie será encarcelado por el solo hecho de no cumplir una obligación contractual. El principio general es, entonces, que no se pueda privar de la libertad a ninguna persona por impago de sus deudas9. Por su parte el TC, ha establecido que cuando el literal c, del inciso 24) del artículo 2º de la constitución prohíbe la prisión por deudas, con ello garantiza que las personas no sufran restricción de su libertad locomotora por el incumplimiento de obligaciones cuyo origen se encuentra en relaciones de orden civil. La única excepción a dicha regla se da como el propio dispositivo constitucional señala, en el caso de incumplimiento de deberes alimentarios, toda vez que están de por medio los derechos a la vida, salud y a la integridad del alimentista, en cuyo caso el juez competente puede ordenar la restricción de la libertad individual del obligado10.
RUIZ GARCIA, Abado. Ob cit. P. 65 CASTILLO CORDOVA, Luis. Ob cit. P. 587. 10 TUPAYACHI SOTOMAYOR, Jhonny. RIOJA BERMUDEZ, Alexander. GARCIA TOMA, Víctor. Ob cit. P. 305.
N. con la excepción indicada. Tomo I. 2011. que “no proceden los procesos constitucionales cuándo: 1) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”. P. 14 IDEM.Perú. inciso 1. no puede considerarse como un acto que vulnera el derecho constitucional a la libertad del sentenciado ni tampoco puede considerarse violatorio del precepto constitucional „que no existe prisión por deudas‟14. . EXP. Juristas editores. se debe señalar que el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de precisar que el establecimiento 11 12 CODIGO PENAL. el hecho de ordenarse la ejecución de la pena efectiva de un fallo condenatorio. ROJAS VARGAS.Con en la existencia de esta excepción. JURISPRUDENCIA: 1. 13 CASTILLO CORDOVA. Fundamento jurídico 2 y 4: Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200º. Fidel. 588. En efecto. luego. P. 588. “jurisprudencia penal comentada”. la demanda constitucional debe ser desestimada13. como por ejemplo.° 01012-2012-PHC/TC. en cuyo primer párrafo se dispone que “el que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años. el legislador peruano ha previsto como tipo penal el llamado “omisión de prestación de alimentos” previsto en el artículo 149 del código penal. si agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad personal. P. en cuanto a la alegada afectación al derecho a no ser detenido por deudas. inciso 1 que el hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. No obstante. Ob cit. la reparación civil. Gaceta jurídica. El delito de omisión de asistencia familiar se produce cuando el infractor incumple dolosamente su obligación alimentaria judicialmente declarada12. El mandato de prohibir la prisión a causa de deudas. Que. a mayor abundamiento. por el no cumplimiento de pago a la reparación civil. sin perjuicio de cumplir el mandato judicial11. o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuentidos jornadas. 679. P. ordena la ejecución de la pena porque el condenado no ha cumplido con los pagos establecidos en la sentencia condenatoria. 144. Luis. Lima. Lima. no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el hábeas corpus. no debe confundirse con las situaciones en las que el juez penal habiendo condenado a un sujeto a pena privativa de libertad suspendida. De modo que si el habeas corpus se ha interpuesto para conseguir la libertad del condenado. pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y. Es por ello que el Código Procesal Constitucional prevé en su artículo 5°.
tiene la facultad y la competencia para ordenar la restricción del derecho a la libertad personal del obligado. de por medio. 3. La única excepción a dicha regla se da como el propio dispositivo constitucional señala. fundamentalmente. en el caso del incumplimiento de deberes alimentarios. la propia eficacia del poder punitivo del estado y los principios que detrás de ellas subyacen. Ello tiene su fundamento en que. salud y a la integridad del alimentista. Nº 00699-2007-HC/TC. de otro. la vida. En tal supuesto. . 2. que su incumplimiento impida que el juez penal pueda ordenar que se haga efectiva la pena de privación de la libertad del sentenciado [Cfr. como son el control y regulación de la conductas de acuerdo con ciertos valores y bienes jurídicos que se consideran dignos de ser tutelados. no significa. en tales casos. están. nuestra propia ley fundamental ha establecido una excepción a dicha regla. la salud y la integridad física y psicológica del alimentista. Esta es la razón por la cual. Fundamente jurídico 2: El literal c. en cuyo caso el juez competente puede ordenar la restricción de la libertad individual del obligado. RTC 01833-2008-PHC/TC y STC 1428-2002-HC/TC. no cabe la prisión por deudas. sino la tutela de derechos fundamentales como la divinidad de la divinidad de la persona. Sin embargo. del enciso 24) del artículo 2º de la constitución prohíbe la prisión por deudas. Nº 1428-2002-HC/TC. tal precepto constitucional y la garantía que ella contiene no se extienden al caso del incumplimiento de pagos que se establezcan en una sentencia condenatoria. toda vez que están de por medio los derechos a la vida. entre otras]. Fundamento jurídico 5: en nuestro ordenamiento constitucional. no cuestiones pecuniarias o materiales. en este supuesto. el juez. ya que opera como una condición cuyo cumplimiento determina la inejecución de una sanción penal. y. con ello garantiza que las personas no sufran restricción de su libertad locomotora por el incumplimiento de obligaciones cuyo origen se encuentra en relaciones de orden civil. sino. EXP. en principio. Sin embrago. de un lado. que dicha regla sea de naturaleza civil. en el caso de incumplimiento de deberes alimentarios. EXP. de acuerdo con la constitución. no es que se privilegie el enriquecimiento del erario nacional o el carácter disuasorio de la pena en desmedro de la libertad individual del condenado.del pago de la reparación civil como una regla de conducta para reparar el daño ocasionado por el delito.
Luis. 2010. P. CÓDIGOS GRIJLEY. Con respecto al derecho de pasaporte. dicho documento además. 17 CASTILLO CORDOVA. 9. en tanto que posibilita la identificación precisa de su titular. 47. El TC ha establecido que en nuestro ordenamiento jurídico el DNI es el documento que tiene una doble función: por un lado. RIOJA BERMUDEZ. Luis. Asimismo. De igual manera. Por su parte el derecho al pasaporte se encuentra contenido en el articulo 2º inciso 21) en cuanto establece que toda persona tiene derecho al pasaporte “a su nacionalidad. es un requisito para el ejercicio de los derechos civiles y políticos que se encuentran consagrados en la constitución política del Perú.en la medida que sin aquel documento no podrá tramitar su pasaporte17. legislación constitucional”. en la ley 23506 se disponía la procedencia del habeas corpus para defender el derecho de no ser privado del pasaporte. Con buen criterio. Si a una persona se le priva arbitrariamente de su documento de identidad se le está restringiendo también la libertad de salir del pías. mientras que por el otro. Editorial grijley. Alexander. y acierta porque es un documento necesario para poder tramitar el otorgamiento o renovación del pasaporte. permite que el derecho a la identidad se haga efectiva. código procesal constitucional. GARCIA TOMA. .al menos salir legalmente. Ob cit. 306. Lima-Perú. Ob cit. 588. es requisito para el desarrollo de actividades comerciales. P. con lo que la carencia del mismo conlleva una limitación de varios derechos ciudadanos. uno de los cuales está referido a la libertad individual 18. el legislador incluye adicionalmente en el código procesal constitucional como objeto de protección al documento de identidad. P. 589. nadie puede ser despojado de ella. Ob cit. P. Comentario: El documento nacional de identidad y el pasaporte son Necesarios para permitir el libre tránsito de las personas hacia el exterior15. trámites judiciales y otros trámites de carácter personal. 18 TUPAYACHI SOTOMAYOR. se dice que incluye tanto el de poder tramitarlo libremente ya sea para obtenerlo por primera vez como para su 15 16 CASTILLO CORDOVA. Jhonny. “Constitución. Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la república”16. así como de obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la república.10) El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad. Víctor. El derecho a no ser privado del DNI se desprende del articulo 2º inciso 1) en cuanto establece que toda persona tiene el derecho “a su identidad”. el artículo 183º de la carta magna estipula que el registro nacional de identificación y estado civil (…) mantiene el registro nacional de identificación de los ciudadanos y emite los documentos que acrediten su identidad”.
Igualmente incluye la prohibición de que una vez obtenido regularmente. Víctor. Luis. pueda ser retenido por alguna autoridad nacional19. cumplir con el procedimiento respectivo para su obtención. EXP. evidenciándose que el RENIEC procedió conforme a su normatividad al advertir que el DNI contenía datos falsos. TUPAYACHI SOTOMAYOR. P. RIOJA BERMUDEZ. EXP. por tanto. se aprecia que la demandante no ha sido privada de su DNI. como ente emisor. 590. P. Jhonny. en consecuencia. 2. Fundamento jurídico 13: En tal sentido en el presente caso se aprecia que los emplazados han actuado conforme a su normativa. Ante ello debe señalarse que el ente demandado no se está negando a emitir el respectivo documento de identidad. 19 20 CASTILLO CORDOVA. GARCIA TOMA. la favorecida se encuentra expedita para solicitar el respectivo DNI. N. Si se cumple con los requisitos exigidos en la ley para su obtención. le otorga en cualquier caso su protección más allá de sus fronteras. se entiende que este documento no puede ser denegado en virtud a una decisión discrecional e inmotivada por la autoridad competente para ello. otorgándole otro. derecho para reclamar su expedición20. sino que también su presencia representa una garantía para su titular en relación con el estado al que pertenece y que. Fundamento jurídico 4: en el caso de autos. que establece que “El Registro Electoral tiene por objeto excluir de éste. El TC ha precisado que el “derecho al pasaporte no solo supone la expedición de un documento de identificación a nivel internacional que por sus propias características permite el libre tránsito de una país a otro. las siguientes inscripciones: 7) que adolezcan de falsedad”. Ob cit. con lo que la demandante cuanta con un documento que le permite circular libremente por el territorio de la república. Ob cit. . Registro Electoral del Perú. se tiene. que se ajusten a las exigencias del principio de proporcionalidad y que. Alexander. cuando el código procesal constitucional en su artículo 25 enciso 10) regula el derecho a obtener o renovar el pasaporte.° 02484-2010-PHC/TC. puesto que conforme lo señala en su declaración explicativa de fojas 34 el Jefe Regional del RENIEC. 307. debiendo. JURISPRUDENCIA: 1. por otro lado. precedió a anular el mismo. cancelando la inscripción realizada con datos falsos conforme lo señala el artículo 67° del Decreto Ley N° 14207.renovación. Nº 6526-2005-PHC/TC. por el contrario. Ob cit. claro está. Luis. 21 CASTILLO CORDOVA. al determinarse que el que estaba utilizando se encontraba vinculado con errores al momento de su inscripción. evidentemente con otra enumeración. Por lo expuesto este extremo de la demanda debe ser desestimado por infundada al no haberse acreditado la vulneración del derecho invocado. no impidan el ejercicio del derecho constitucional21. Asimismo. P. en forma definitiva o temporal según el caso. deben ser medidas razonables. 589. Estas exigencias.
590.de respetar esta subjetividad jurídica 11) El derecho a no ser incomunicado sino en los casos establecidos por el literal „g‟ del inciso 24) del artículo 2 de la constitución. sino que la incomunicación del detenido “puede efectuarse. Además. De ello se infiere que el derecho en mención importa atribuir jurídicamente a una persona la aptitud suficiente para ser titular de derechos y obligaciones. Pero. respecto del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.3. tal incomunicación no puede practicarse para otros fines que no sean el esclarecimiento de un delito. considerado como muy grave. al demorar en forma injustificada e irrazonable la expedición del documento de identidad. a su vez. sea cual fuere esa base objetiva y razonable. Este reconocimiento. y en la forma y por el tiempo previsto por la ley. la obligación -tanto del Estado como de los particulares. realizado sobre la base de una concepción ontológica del ser humano constituye el fundamento para que el individuo pueda desenvolverse plenamente dentro del proceso de interacción social. sin dilación y por escrito. excepcionalmente. En ese sentido se ha expresado la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia recaída en el Exp. ha expresado el TC que no se trata de un derecho ilimitado. Ob cit. implicando a su vez. 22 23 RUIZ GARCIA. con ello exige la presencia de una razón objetiva y razonable que la justifique. permite el ejercicio de otros derechos fundamentales inherentes al individuo. así como para comparecer ante las autoridades en cumplimiento de un deber legal. 65 CASTILLO CORDOVA. se considera que la conducta omisiva de la demandada constituye una clara amenaza a los derechos fundamentales de los actores. el lugar donde se halla la persona detenida22. Nº 02443-2007-HC/TC. P. Fundamento jurídico 12 y 13: La expedición del Documento Nacional de Identidad repercute directamente en el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. literal „g‟ de la constitución en cuanto estipula que “nadie puede ser incomunicado s ino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito. . Luis. EXP. Al interpretar este dispositivo constitucional. y siempre que con ello se persiga el esclarecimiento de un delito. en la forma y plazo que la ley establezca”23. 13. toda vez que dicho documento. en los casos indispensables. N° T-1078-01: Por lo anterior. Abado. P. COMENTARIO: Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 2º inciso 24. tal como se señaló en los párrafos precedentes. por ser éste el instrumento idóneo para identificarse y acceder al ejercicio de sus derechos civiles. el TC considera que cuando la constitución alude a la existencia de un „caso indispensable‟. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar. en este caso. Ob cit.
Por su parte la corte interamericana de derechos humanos. que la incomunicación no significara aislamiento total del mundo exterior. o por un delito sancionado con pena superior a los seis años. 307 y 308. ha definido que esa autoridad sólo puede ser el juez penal. estrategia y elementos de 24 25 IDEM. GARCIA TOMA. puesto que un proceso no puede considerarse como respetuoso de la persona si no se le permite la posibilidad de presentar sus argumentos. como ya se instauro líneas arriba. 590. Párrafo 51. y siempre que con ello se persiga el esclarecimiento de un delito. 493. EXP. Es así que el máximo intérprete de la constitución. Nº 6712-2005-HC/TC. Es más el mismo texto constitucional señala cuando va ser posible limitar dicho derecho”. espionaje y tráfico ilícito de drogas. Víctor. 2011. TUPAYACHI SOTOMAYOR. mediante resolución motivada”27. revistas. Así lo ha manifestado el NCPP en su artículo 281. Fundamentos jurídicos del 31 a 33: La defensa de una persona es un elemento también clave de la configuración de la tutela procesal efectiva. precisamente por eso se ha dispuesto que el “incomunicado podrá leer libros. Lima. Nº 00010-2002-AI/TC): a) los alcances del derecho a no ser incomunicado. y escuchar noticias de libre circulación y difusión”. diarios. Juristas editores. ha expresado que “la incomunicación es una medida de carácter excepcional que tiene como propósito impedir que se entorpezca la investigación de los hechos”26. Ob cit. Alexander. En lo que se refiere al segundo problema. P. Así. sino. en tanto que se trata de una medida limitativa de un derecho fundamental24. debe ser efectuada necesariamente por el juez penal25. En consecuencia. considerado como muy grave. El juez deberá pronunciarse inmediatamente y sin tramite alguno sobre la misma. Este puede efectuarse. Dos son los temas que es imprescindible analizar con respecto a la sentencia del TC (EXP. Jhonny. siempre que no exceda el de duraron de la detención. ha dispuesto la posibilidad de decretar la incomunicación de una persona en la fase de detención preliminar. 26 CASO Suárez Rosero vs. Por último cabe precisar. JURISPRUDENCIA: 1. En el nuevo código procesal penal en el artículo 265. P. excepcionalmente. siempre que resulte indispensable para el esclarecimiento de los hechos investigados y por un plazo no mayor de diez días.Perú. 27 CODIGO PENAL. “en lo que atañe al primer aspecto. P. el fiscal podrá solicitar al juez de la investigación preparatoria que decrete su incomunicación. Ecuador. y b) la autoridad responsable para disponerla. en los casos indispensables. no hay derecho absoluto a no ser incomunicado. RIOJA BERMUDEZ. se ha establecido que “detenida una persona por los delitos de terrorismo.El trascrito dispositivo constitucional no menciona expresamente cual ha de ser la autoridad facultada para decretar la incomunicación. el TC ha establecido que el derecho a no ser incomunicado no es un derecho absoluto. . susceptible de ser limitado.
que Por ende. Pero no todo acto que imposibilita un correcto uso de la defensa produce un agravio al derecho.respaldo jurídico necesarios. El artículo 11° de la Declaración Universal de Derechos Humanos insiste en que se aseguren a la persona todas las garantías necesarias para su defensa. Ante ello. No se pronunciará ni emitirá reflexión alguna respecto a lo que decidió la Corte Suprema en este caso. inciso 2 de la Norma Fundamental cedería ante la posibilidad de interponer una demanda de algún proceso constitucional. puesto que ello implicaría que resuelva como una instancia judicial ordinaria. ni siquiera el Tribunal Constitucional. A colación de lo expuesto. la existencia de Los instrumentos internacionales ponen énfasis en ámbitos específicos del derecho a la defensa. este Colegiado reitera el pleno respeto de la independencia judicial al momento de resolver. conviene preguntarse cuándo se produce una violación del derecho de defensa. el artículo 8°. inciso 3. a grandes rasgos y prima facie. Teniendo en cuenta tales dispositivos. inciso 14. el artículo 14°. según lo permite el artículo 200°. 33. Una norma de este tipo sólo puede significar respeto pleno de las resoluciones judiciales y que ningún otro órgano puede afectarlas. Ahora bien. situación en la cual la proscripción prevista en el segundo párrafo del artículo 139°. 32. acápite “d” del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos considera pertinente requerir una defensa no sólo realizada a título personal. inciso 2. debemos remitirnos a la Constitución cuando reconoce en su artículo 139°. Sobre su reconocimiento normativo. acápite c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos concede al inculpado el tiempo y medios convenientes para que prepare y realice su defensa.° 237/1999. sino también a través de un abogado. los argumentos de defensa presentados. o no. Por su parte. a no ser que haya vulneración de algún derecho fundamental. Así. queda claro que también corresponde determinar si lo que están alegando los demandantes se puede considerar como una forma de vulneración del derecho fundamental a la tutela procesal efectiva. la defensa también es un derechoregla de la tutela procesal efectiva. los recurrentes solicitan que este Colegiado reexamine el criterio vertido por el órgano jurisdiccional respecto al carácter de la prostitución clandestina. el Tribunal Constitucional español ha señalado. Para comprobar la vulneración de la defensa técnica. presumiendo que sólo así se podrá determinar que no existe violación de la vida privada si existe un ilícito de por medio. A su vez. de modo que únicamente determinará si los juzgadores observaron. Ello ocurrirá cuando una persona no logra ofrecer a quien la juzga los elementos necesarios para desvirtuar una acusación en su contra o para afirmar que tiene la razón en lo que alega. como parte de la Sentencia N. lo que se advierte es que en las tres sentencias emitidas en el Poder Judicial sí se observaron los .
sin excepción. y unas de esas garantías necesarias para su defensa es la de ser asistido por un abogado defensor. pues ello no era objeto de juzgamiento. 2. además.1 ha establecido. Es justo. por ello.argumentos de defensa pero no se creyó conveniente asumirlos como válidos para resolver el caso. P. Como ha expresado el Tribunal Constitucional de España. 137 ss. es preciso indicar que. sino.d “el derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido 28 RUIZ GARCIA. hablar. . sino también la de colaborar con la justicia del Tribunal en un pormenorizado análisis de las graves cuestiones que se suscitan. tiene por propósito que este Tribunal declare la inconstitucionalidad de todos los Decretos Leyes –y no sólo de algunas disposiciones–. Fundamento jurídico 115: Con relación al primer extremo planteado que. Abado. recayendo el juicio de validez material sobre concretas disposiciones de una fuente con rango de ley. Ob cit. como se señaló en el párrafo anterior. 12) El derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que es citado o detenido por la autoridad policial u otra. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”28. que se detallen los argumentos jurídico-constitucionales por los que. COMENTARIO: Este derecho se encuentra reconocido en el articulo 139 inciso 14) de la constitución en cuanto establece “el principio de no se r privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. se debería expulsar del ordenamiento jurídico. De igual forma la declaración universal de los derechos humanos en su articulo 11. es carga de los demandantes no sólo la de abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse. 3. a su juicio. “cuando lo que está en juego es la depuración del ordenamiento jurídico. Jur. lo que en cierta forma ha terminado confirmando que en su criterio la vida privada de las personas no tiene relación alguna con la finalidad con la que realizan sus actos. de una carga del recurrente y en los casos que aquella no se observe. que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de detención. Nº 00010-2002-AI/TC. no solo es preciso que se identifiquen esas disposiciones de la fuente impugnada. STC 11/1981). EXP.2. que es la diligencia de ofrecer la fundamentación que razonablemente es de esperar” (Fund. En cada una de las instancias. Mientras que la convención americana de derechos humanos ha reconocido en su articulo 8. conforme a ley y en juicio público en que se la hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. de una falta de diligencia procesalmente exigible. los juzgadores establecieron que era irrelevante averiguar la existencia de prostitución ilegal.
El tribunal constitucional por su parte manifiesta que el derecho a la defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en estado de indefensión en ningún estado del proceso.” Introducción al proceso civil”. N.º 5175-2007-HC/TC . 1996. El derecho constitucional implica. y ante negativa del imputado de elegir 29 MONROY GALVEZ. 122. es en realidad el derecho de recibir del estado prestación de justicia en caso concreto29. es un derecho constitucional importante para el pleno ejercicio del derecho de defensa del acusado y. pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho. 32 EXP. El derecho a ser asistido por un abogado defensor. y es una función pública que se debe concebir como la destinada a orientar y ayudar a los justiciables del proceso31. de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos33. al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso32.° 01147-2012-PA/TC 33 EXP. P. La elección libre es fundamental porque nadie mejor que el propio afectado para saber qué n es lo que más le conviene pensando en su defensa y porqué así se asegura la necesaria confianza entre abogado defensor y defendido que es vital para una buena defensa. editorial Temis. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide. Editorial universidad de salamanca. y otra formal. Santa fe de Bogotá-Colombia. en primer lugar. consecuentemente. En un segundo momento. P. 248 30 MANZINI. Derecho de defensa. N. que el detenido o procesado tenga la posibilidad de elegir libremente un abogado defensor. Tomo I. También nos dicen que es la actividad procesal dirigida a hacer valer ante el juez. los derechos subjetivos y los demás intereses jurídicos del imputado30. para un buen desarrollo del proceso penal en su intento de lograr una solución con justicia. Juan. N. “Tratado de derecho procesal penal”.por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor”. esto es. 1979. “temas de derecho actual y su práctica”. º 0582-2006-PA/TC Y EL EXP. Editoriales jurídicas de Europa América chile. Implica también este derecho constitucional la libertad del detenido de poder cambiar su abogado defensor por otro elegido también libremente y en cualquier etapa del proceso. 572. sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. 31 PRIETO CASTRO. De igual manera el Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa. referida al derecho del imputado o demandado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo. Buenos aires 1951. P. que supone el derecho a una defensa técnica. Este derecho tiene una doble dimensión: una material.
2. quien habrá de efectuar el alegato final en la siguiente sesión. que supone el derecho a una defensa técnica. Asimismo. P. así como de la instrumental que corre en estos autos. etc. tiene una doble dimensión: una material. la Sala Superior emplazada dispuso que el favorecido sea asesorado por el abogado de oficio. procede interponer la demanda constitucional de habeas corpus. bajo apercibimiento de efectuarse por parte del defensor de oficio (fojas 6 y 14). . Fundamento jurídico 5: Del análisis de lo expuesto en la demanda. y otra formal. En ambos casos. doctor Edgar Chengueyen (fojas 2 y 13). de los varios tipos de habeas corpus que pueden interponerse la defensa del derecho que se comenta ahora corresponde al llamado “habeas corpus conexo”.su abogado o defenderse él mismo. Según el TC. de lo que se colige que los actos realizados y resueltos en la audiencia del 20 de noviembre de 2008. EXP. Por último. Tales como la restricción del derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que una persona es citada o detenida. reiterando el tribunal que el alegato de clausura por parte del abogado de su elección será atendido y escuchado en la próxima audiencia (fojas 3 y 15). Sobre este tipo de habeas corpus ha dicho el alto tribunal que “utilizarse cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos anteriores. JURISPRUDENCIA: 1. se advierte que dicha Sala dispuso la continuación de la audiencia con los alegatos finales de los otros abogados defensores. al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso. el estado deberá proporcionar un abogado de oficio34. Luis. de especial relevancia en el proceso penal. Ob cit. se advierte que ante la inasistencia del abogado Julio Arana Miovich. EXP.° 00365-2009-PHC/TC. Fundamento jurídico 3: El ejercicio del derecho de defensa. a excepción del abogado del beneficiario. 593. se advierte también que la referida Sala dispuso brindar al favorecido una copia de la grabación de la audiencia a efectos de que pueda transmitir a su abogado defensor. como es evidente. 34 CASTILLO CORDOVA. se garantiza el derecho a no ser postrado a un estado de indefensión. o de ser obligado a prestar juramento. por lo que la demanda debe ser desestimada. N. Ambas dimensiones del derecho de defensa forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho en referencia. Nº 6260-2005-HC. Si no se permite al imputado elegir libremente un abogado defensor para que le asesore desde la etapa policial. no comportan la violación del derecho de defensa del beneficiario. esto es. referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo.
36 CASTILLO CORDOVA. sobre este aspecto podemos decir que es otra de las situaciones que están destinadas al pleno ejercicio de la libertad personal.º 26872. Vigilancia y seguimiento policial. toda vez que la noción constitucional de Domicilio tiene un ámbito más amplio. P. GARCIA TOMA. Luis. Nº 7324-2005-PA/TC. tal situación no se produce en el presente caso debido a que la conciliación propuesta ante la demandada no implica que se haya declarado o alterado una situación jurídica de las partes de la conciliación y tampoco que se haya incidido en esfera subjetiva alguna de las mismas. como bien se ha dicho. no existiendo en la citada conciliación una incidencia en la esfera subjetiva del demandante ante la cual debiera alegar lo que conviniere a su derecho. Víctor. .” (art. es uno de los lugares donde la persona ejerce con más intensidad su derecho a la intimidad personal y familiar (articulo 2 inciso 7). 310. así como su derecho a la tranquilidad y al goce de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida (articulo 2º inciso 22)35. Ley de Conciliación) y “Nada de lo que se diga o proponga tendrá valor probatorio. P. 4º. 594. cuando resulten arbitrarios o injustificados. “no constituye un acto jurisdiccional” (art.3. La presencia de terceros en el desarrollo de las actividades normales de las personas cohíbe y limita el ejercicio libre y oportuno de sus actividades. cabe precisar que la noción de domicilio que el utiliza el articulo 2º enciso 9 de la constitución política no corresponde completamente con aquella que se encuentra establecida en el artículo 33º del código civil. en tanto supondrá una suerte de amedrentamiento o de control de sus actividades. 13) El derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento policial. EXP. en todo caso. La presencia de agentes policiales en las intermediaciones de un domicilio o el seguimiento que estos puedan realizar de las personas supondrá necesariamente afectar el libre desenvolvimiento de las personas. RIOJA BERMUDEZ. Ob cit. Fundamento jurídico 2: El contenido del derecho de defensa es prohibir toda situación de indefensión en el curso de todo procedimiento. En consecuencia. podrá oponer su contradicción o defensa en el proceso al que debe recurrir el pretensor. 8). púes más allá de ser el espacio físico donde la persona reside habitualmente. “todas las personas tienen derecho a la intimidad y en consecuencia a desarrollar sin vigilancia ni tutelajes los actos de su vida 36. de Conciliación). Jhonny. COMENTARIO: En primer término. ante las cuales el hecho de no alegar lo que conviniera a su derecho pudiera ocasionar indefensión puesto que la posición que asume el recurrente significa que precisamente no abriga el interés de avenencia en el conflicto de su referencia frente al que. 3º Ley N. Alexander. Sin embargo. La conciliación es una “institución consensual” (art. que establece que el domicilio “se constituye por la residencia habitual de la persona en un lugar”. no se ha lesionado el alegado derecho de defensa. 35 TUPAYACHI SOTOMAYOR. Ob cit.
toda vez que implica a la persona desarrollar los ámbitos inherentes a su libertad más intima. Habeas corpus restringido. en talos casos. que. el hábeas corpus que procederá es el llamado habeas corpus restringido. cuando se quiera interponer una demanda constitucional de hábeas corpus invocando la existencia arbitraria o injustificada de vigilancia de domicilio o seguimiento policial. que la existencia de procedimientos de vigilancia policial en el domicilio de una persona o el seguimiento policial que no cuenten con autorización judicial o que no se produzcan ante un flagrante delito. a interponer la acción de habeas corpus para garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales que se consideren afectados. 595. . El tribunal constitucional también ha reconocido la existencia de habeas corpus restringido y lo define como aquel que “se emplea cuando la libertad física o locomoción es objeto de molestias. „se limita en menor grado‟38. al llamado habeas corpus restringido. en los hechos. obstáculos. perturbaciones o incomodidades que. sino la arbitrariedad de estos que terminen afectando injustificadamente la libertad personal. convierten tales medidas en arbitrarias e injustificadas. Por tanto. P. P. en doctrina se admite entre los aludidos tipos de habeas corpus. que no configuran una detención o prisión”. el legislador ha incorporado el derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento policial. Ídem. De este modo. Por lo que lo prohibido no es en sí mismo la vigilancia o el seguimiento. el dispositivo legal que se comenta ahora no prescribe todas las vigilancias de domicilio o todos los seguimientos policiales. 596.Sin embargo. así como el disfrute de un ambiente adecuado para su desarrollo personal. cuando resulten arbitrarios e injustificados. dentro del grupo de derechos protegidos por la acción de habeas corpus. habilitan a la persona perjudicada o cualquier otra a su favor. y como tal. Aunque este hábeas corpus no se ha detenido a salvar la libertad personal de limitaciones arbitrarias producto de alguna medida de detención. el cual puede ser definido como aquel que “tiene por fin (por vía de prevención o de reparación) evitar perturbaciones o molestias menores a la libertad individual. “no quiere ello decir que la discusión o controversia a dilucidar resulte asunto de mera constatación empírica. pese a no privarse de la libertad al sujeto. 37 38 Ídem. Es por ello. sino solamente aquellos que resulten injustificados o arbitrarios. configuran una serie de restricción para su cabal ejercicio. Qué duda cabe que el principio de proporcionalidad juega un papel especialmente importante para determinar la arbitrariedad o razonabilidad de la medida restrictiva del derecho a la libertad37. Es decir.
la inviolabilidad de domicilio encuentra su asentamiento preferente. en una acepción más amplia. en la vida privada de las personas. pese a no privarse de la libertad al sujeto. 3. Dichas restricciones pueden ser de dos clases: explícitas o implícitas. plazas o vías con similar característica. a la protección de la propiedad. los seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal y/o provenientes de órdenes dictadas por . veredas. pues. cabe mencionar la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares. en los hechos.. si bien la libertad de tránsito suele manifestarse en el desplazamiento de la persona a través de autopistas. aplicación de la ley de extranjería o razones de sanidad). ello no significa que dentro de espacios semiabiertos e. Entre otros supuestos.º 28762005-PHC/TC). 2. como ha establecido este Colegiado (Exp. ámbitos de carácter particular. sin impedimentos. [Cfr. EXP. No obstante. referidos a los estados de emergencia y de sitio. configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. en las vías públicas. respectivamente). posesión u otros derechos reales. En este contexto. Fundamento jurídico 1: En anterior pronunciamiento (Exp. RTC 01999-2008-PHC/TC]. EXP. no puedan darse manifestaciones vinculadas al ejercicio de este derecho.° 2663-2003-HC/TC). como los enunciados en el artículo 2º. Nº 10101-2005-HC/TC. Es decir. inciso 11 de la Constitución (mandato judicial. Nº 5970-2005-HC/TC. avenidas. en una acepción específica. incisos 1 y 2 de la Constitución. en tales casos.) se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias. sino a la necesidad de preservar el carácter privado e intimo de lo que en él hay de emanación de la persona. STC 7455-2005-PHC/TC]. no se refiere. este Tribunal ha establecido que el hábeas corpus restringido “(. la norma constitucional que tutela este derecho fundamental manifiesta un supuesto de permanencia arbitraria en el interior del domicilio de la persona [Cfr. incluso. EXP.. calles.º 4453-2004HC/TC). como a supuestos de tipo extraordinario (los previstos en el artículo 137º. N. el derecho a la libertad de tránsito también se manifiesta en la facultad de toda persona para desplazarse. Fundamento jurídico numero 3 y 4: Sin embargo. N. fundamento jurídico 3: El derecho a la inviolabilidad de domicilio. obstáculos. N. el derecho a la libertad de tránsito se encuentra sometido a una serie de restricciones en su ejercicio (Exp.N.° 03278-2011-PHC/TC. no exclusivo. Las restricciones explícitas se encuentran reconocidas de modo expreso y pueden estar referidas tanto a supuestos de tipo ordinario. encarna el espacio físico y limitado que la propia persona elige para domiciliar.JURISPRUDENCIA: 1. perturbaciones o incomodidades que. „se la limita en menor grado‟. quedando facultada para poder excluir a otros de dicho ámbito impidiendo o prohibiendo la entrada en él. que. Límites al derecho a la libertad de tránsito: Por mandato expreso de la propia Constitución.
40 CASO “sindicato unitario de trabajadores municipalidad del Rímac”.autoridades incompetentes. P. y la persona beneficiada continua en prisión. sino los casos en los cuales existe una restricción menor en la libertad física de la persona. Jhonny. Alexander. cuya libertad haya sido declarada por el juez. GARCIA TOMA. Entonces. declarando fundadas aquellas demandas de hábeas corpus que solicitaban la excarcelación del detenido. siendo que el objeto del hábeas corpus restringido consiste en atender no aquellos supuestos en los cuales el derecho a la libertad personal es afectado totalmente. tiene derecho a ser puesto en libertad. y lo declaraba aun sin haberse emitido el correspondiente mandato de excarcelación. . se convierte en el instrumento idóneo para tutelar el derecho fundamental a la libertad de tránsito. reconoce el derecho de todo individuo a la libertad y la seguridad personales y. El derecho a la excarcelación es la concreción final del principio favor libertatis. 311. según el cual todo los mecanismos existentes dentro del proceso penal deben tender hacia la inmediata restricción de la libertad individual del procesado o condenado que esté privado de ella. 39 TUPAYACHI SOTOMAYOR. paralelamente. Ob cit. Luis. COMENTARIO: El articulo 9º inciso 1) del pacto internacional de derechos civiles políticos. Nº 1042-2002AA/TC. las continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada. etc.”. Si mediante una resolución judicial se ha dispuesto la inmediata libertad de una persona que está encarcelada porque es procesada como mandato de detención o porque ha sido condenada. RIOJA BERMUDEZ. En una línea jurisprudencial que debería continuar vigente con el código procesal constitucional ha llegado más lejos. 14) el derecho a la excarcelación de un procesado o condenado. El derecho a la excarcelación de un procesado o condenado. 597. las reiteradas e injustificadas citaciones policiales. P. siendo ésta la excepción. pero habiéndose cumplido todos los requisitos para ello. Ob cit. cuando ya no se presentan aquellas condiciones que sirvieron al órgano judicial para disponer su privación de libertad39. EXP. el inciso 3) establece que en caso de que se encuentre detenido o sujeto a prisión. la que podrá estar subordina a garantías que aseguren su comparecencia en el proceso. se configura una detención arbitraria y consecuentemente procede interponer el hábeas corpus con la finalidad de conseguir se le deje en libertad41. Víctor. 41 CASTILLO CORDOVA. cuya libertad haya sido declarada por el juez se encuentra directamente relacionada al derecho a la ejecución de resoluciones judiciales40.
Es por ello que.° 110-99-HC/TC). el plazo máximo de detención es el equivalente a la mitad de la pena impuesta. Nº 2663-2003-HC/TC. habiendo sido elevado a tal efecto a la Corte Suprema de Justicia de la República. Fundamento jurídico 3. se inicia el proceso en marzo de 1993. 2. EXP. e). Nº 2663-2003-HC/TC. sentencia que. es decir. N. consta que con fecha 21 de mayo de 2004 el actor fue condenado por el delito de terrorismo a una pena privativa de libertad de 15 años. y el hecho de no haberse completado la instrucción no justifica que se mantenga privada de su libertad a una persona que ya lo había estado por más de veinte meses. JURISPRUDENCIA 1. como ya se dijo. es decir. se define como aquel que “ es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves al debido proceso o a la tutela judicial efectiva. . ha sido impugnada mediante recurso de nulidad.]”. cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona o se demore la determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal de un detenido42. el Tribunal Constitucional textualmente señaló lo siguiente: “Que. pág. afectados por las burocracias judiciales [. y en diciembre de 1997 se encontraba en el estado de instrucción.Habeas corpus traslativo. EXP. tratándose de una condena que no reviste el carácter de firme. por haber sido ampliada ésta. el mismo aún no ha vencido ya que. Editorial Palestra. dispone que toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad y. es decir 7 años y seis meses. Teoría del Derecho Procesal Constitucional. según lo referido por el Presidente de la Sala Nacional de Terrorismo.° 22128. de la tipología de hábeas corpus adoptada en la jurisprudencia del tribunal constitucional.. cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona o se demore la determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal de un detenido. César Landa Arroyo. Lima 2003. En efecto. el tercer párrafo del artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. la demanda debe ser declarada infundada. El hábeas corpus traslativo: Es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva. refiere que en este caso “se busca proteger la libertad o la condición jurídica del status de la libertad de los procesados. no dándole cumplimiento así al artículo 137° del Código Procesal Penal.° 2029-2005-PHC/TC. aprobado mediante Decreto Ley N. los que a la fecha no han transcurrido. Fundamento jurídico 6. Fundamento jurídico 10: En las copias certificadas que obran en autos. es el llamado hábeas corpus traslativo el que procede interponer y que. en el caso Ernesto Fuentes Cano vs. en caso de efectivizarse esta nueva orden de captura”. 42 EXP. en el caso de autos. 116. haciendo un cómputo del plazo de detención desde el momento en que el demandante alega haber sido detenido.. N. por consiguiente. Vigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima (Exp.
Ob cit. previa e inequívocamente establecido en la ley46.15) El derecho a que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del procedimiento o detención de las personas. GARCIA TOMA. a los miembros del TC. 312. P. Si la acusación aceptada por el pleno tiene contenido penal el fiscal de la nación lo denunciara ante la corte suprema a efectos de seguirle el correspondiente penal (articulo 100 CPP)44. P. que éste permite que los aludidos altos funcionarios del estado no sean procesados penalmente por la jurisdicción ordinaria. COMENTARIO: Este inciso establece un privilegio especial para aquellos funcionarios del estado mencionados en el artículo 99º de la constitución política del Perú. los vocales de la corte suprema. constitucionalmente se ha previsto el llamado „juicio político‟. en el cual el cuerpo legislativo. Alexander. De esta manera. Abado. Ob cit. el cual establece que “corresponde a la comisión permanente acusar ante el congreso: al presidente de la república. así como la subsunción de tales hechos en un tipo penal de orden funcional. debe ser activado y agotado antes que algunos de los mencionados funcionarios sea sometido a un proceso penal. La comisión permanente debe acusarlos ante el pleno del congreso para que éste decida suspender o inhabilitar o destituir al funcionario acusado. Este tratamiento constitucional “parte de la premisa que existen algunos funcionarios del estado que por razones de su cargo o investidura no pueden estar sujetos a acusación de cualquier persona o instancia. debe determinar la verosimilitud de los hechos que son materia de una acusación. fundamento jurídico 3. Ob cit. 46 TUPAYACHI SOTOMAYOR. al defensor del pueblo y al contralor general por infracción a la constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en éstas”43. Nº 0006-2003-AI/TC. a los representantes del congreso. Jhonny. por los eventuales delitos o violaciones de la constitución que pudieran cometer en el ejercicio de sus funciones pues así se podrá favorecer el abuzo. Víctor. RIOJA BERMUDEZ. a los miembros del consejo nacional de la magistratura. Debido a su alto cargo y especial envestidura. 45 EXP. a que se refiere el artículo 99º de la constitución. debidamente regulado. P. 598. si alguno de los arriba mencionados funcionarios es procesado penalmente y como consecuencia de ese proceso detenido sin 43 44 RUIZ GARCIA. Este mecanismo. los fiscales supremos. Estos funcionarios son los más altos dignatarios que prevé el sistema político constitucional peruano. 117. la vergüenza política y la anarquía”45. Luis. de 1 de diciembre de 2003. a los ministros del estado. ante el congreso de la república. CASTILLO CORDOVA. . El TC ha sostenido. sino han sido sometidos previamente a un procedimiento jurisdiccional. que el antejuicio político. más político que jurídico.
las relaciones entre quienes según los procedimientos establecidos en la Constitución. Igualmente procede el hábeas corpus si alto magistrado ha sido sometido a un proceso de juicio político sin que sigan los actos o etapas procesales que la constitución y el reglamento del congreso indican. Fundamento jurídico 11: El artículo 43º de la Constitución consagra como principios de nuestro Estado constitucional y democrático el de separación de poderes. Fundamento jurídico numero 3: del antejuicio político. IDEM. los miembros del Tribunal Constitucional. En conclusión. En este caso. inspiran también como componente obligatorio.haber sido antes enjuiciado en el parlamento. como del Poder Ejecutivo (sede administrativa). De ahí que el principio de legalidad y el subprincipio de taxatividad recorren y determinan el contenido y la dimensión del poder sancionatorio del Parlamento (sede política). Por tanto. . los Ministros de Estado. los controles políticos y las sanciones políticas están también tasadas y reguladas por la Constitución y la ley. Nº 0006-2003-AI/TC.° 00156-2012-PHC/TC. EXP.. ese procedimiento será indebido y esa detención arbitraria. también es cierto que podría darse la afectación adicional a la libertad del procesado por tratarse de un procesamiento penal que incluye medidas restrictivas de la libertad durante el procesamiento. son los llamados a gobernar. los miembros del Consejo 47 48 CASTILLO CORDOVA. sin que medie un procedimiento con las debidas garantías procesales ante el congreso de la república y la consecuente acusación del propio legislativo48. la forma republicana de gobierno y el carácter inderogable de los derechos humanos. no sólo la actuación de los órganos que ejercen función jurisdiccional debe estar ajustada a derecho. Ob cit. con el propósito que no puedan ser procesados ante la judicatura penal por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. sino también las de aquellos que llevan a cabo función política como administrativa. JURISPRUDENCIA: 1. 2. Estos principios. la procedencia de la referida demanda constitucional está plenamente justificada en la medida que si bien se trata de la afectación del derecho al debido proceso. P. se trata de “prerrogativa funcional de la que gozan determinados funcionarios. y privativa de la libertad en la eventualidad de una condena47. N. EXP. Luis. interponer una demanda constitucional de hábeas corpus. Por consiguiente. P. En esa perspectiva. los Congresistas. 599. En esta situación cabría. que constituyen el núcleo esencial de nuestra Constitución y fundamento político de las relaciones entre gobernantes y gobernados. Del privilegio del antejuicio político son beneficiarios el Presidente de la República. 599. Es el sometimiento de todos al Derecho y la interdicción de la arbitrariedad lo que distingue a un Estado constitucional de uno que no lo es.
Una vez que el Parlamento ha sometido a investigación la denuncia (que puede provenir de su propio seno) y ha determinado la existencia de suficientes elementos de juicio que. debidamente regulado. el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República (artículo 99° de la Constitución). con el propósito de que no puedan ser procesados ante la judicatura penal por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. asimiladas a las del Ministerio Público (porque acusa). pero nunca a las del juez decisor (porque nunca sanciona). configuran la comisión de un delito en el ejercicio de las funciones. y poniéndolo a disposición de la jurisdicción penal. las funciones del Congreso pueden ser. suspendiéndolo en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido. e incluso a las del juez instructor (porque previamente investiga). en el antejuicio sólo caben formularse acusaciones por las supuestas responsabilidades jurídico-penales (y no políticas) de los funcionarios estatales citados en el artículo 99° de la Constitución. en el cual el cuerpo legislativo debe haber determinado la verosimilitud de los hechos que son materia de acusación. así como su subsunción en un(os) tipo(s) penal(es) de orden funcional. los Vocales de la Corte Suprema. desde su perspectiva. En síntesis. en cierta medida. Y es que la facultad de aplicar sanciones sobre la base de argumentos jurídico-penales. ante los supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. previa e inequívocamente establecido(s) en la ley. . sin que medie un procedimiento con las debidas garantías procesales ante el Congreso de la República y la consecuente acusación del propio Legislativo. es exclusiva del Poder Judicial. en los casos de antejuicio. los Fiscales Supremos. dejando sin efecto la prerrogativa funcional de dignatario.Nacional de la Magistratura. los referidos funcionarios públicos tienen el derecho de no ser procesados penalmente por la jurisdicción ordinaria. el antejuicio es una prerrogativa funcional de la que gozan determinados funcionarios. ante el Congreso de la República. De esta forma. actúa como entidad acusadora. En virtud de dicho privilegio. si no han sido sometidos previamente a un procedimiento político jurisdiccional.
el apoyo o la aquiescencia del estado.16) El derecho a no ser objeto de una desaparición forzada. el TC ha reconocido como un derecho constitucional implícito. Ob cit. 50 CASTILLO CORDOVA. sobre la legalidad de la detención. cualquiera que fuere su forma. RIOJA BERMUDEZ. (pacto internacional de derechos civiles y políticos. aunque haya transcurrido mucho tiempo. con frecuencia. porque se ejecuto. El derecho a la verdad es. el lugar donde se perpetro. implica. lesionando. quien fue su autor. RIOJA BERMUDEZ. directa o indirectamente afectadas por un crimen de esa magnitud. la ejecución extrajudicial de los detenidos. generalmente. P. tienen derecho a saber siempre. A lado de la dimensión colectiva. sosteniendo en la sentencia del tribunal constitucional (expediente Nº 2488-2002-HC/TC): que “ la nación tiene el derecho de conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal. el derecho a la verdad. seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona. mientras que lo segundo procura la impunidad del hecho”50. 51 TUPAYACHI SOTOMAYOR. articulo 9. Además de violar la libertad locomotora. impide interponer los recursos legales que permitan proteger los derechos conculcados. etc. Lo primero lesiona el derecho a la vida. 313. Las personas. Por ello. Víctor. con el objeto de lograr una mejor garantía y respecto a los derechos del hombre y ante los innumerables casos de desaparición forzada existen en el Perú. así como os motivos que impulsaron a sus autores.51. modo y lugar en las cuales ellos ocurrieron. GARCIA TOMA. Víctor. se ocasiona a la 49 TUPAYACHI SOTOMAYOR. el derecho de acudir a un tribunal a fin de que se decida. el derecho a la verdad tiene una dimensión individual. P. un bien jurídico colectivo inalienable. Alexander. Jhonny. Ob cit. por lo que también afecta el derecho a la integridad personal. y el posterior ocultamiento de los cadáveres. Ob cit.4 y convención americana de derechos humanos. P. COMENTARIO: De acuerdo a la convención americana sobre la desaparición forzada de personas. 600. El hábeas corpus instructivo. cometida por agentes del estado o personas o grupos de personas que actúen con la autorización. Asimismo. con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de la garantías procesales pertinentes49. actos de tortura y tratos inhumanos y degradantes.. 312. Alexander. . De igual manera esta práctica criminosa supone. GARCIA TOMA. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo. Acierta el TC cuando afirma “que la práctica de desaparición forzada atenta contra diversos derechos fundamentales. se define como aquel que procede “ante el caso de una persona detenida-desaparecida por una autoridad en particular que niega la detención y por eso es imposible ubicarla. ésta consiste en la “privación de la libertad a una o más personas. cuyos titulares son las víctimas. así. la brevedad.6). como se produjo. Luis. en ese sentido. articulo 7. sus familias y sus allegados. Jhonny.
desterrar las practicas de ocultamiento o indeterminación de los lugares de desaparición52. Las elecciones se llevaron a cabo en un ambiente de alta polarización entre los partidos políticos participantes. Era abogado y fue profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ob cit. animador cultural de grupos populares y periodista. columnista. el señor González Medina tenía 52 años y estaba casado con Luz Altagracia Ramírez. 601. Al momento del inicio de su desaparición. ensayista. La oposición denunció que había ocurrido un fraude electoral. el 16 de mayo de 1994 se celebraron elecciones presidenciales en la República Dominicana. adicionalmente. Luis. esta modalidad de hábeas corpus “podrá ser utilizada cuando no sea posible ubicar el paradero de una persona detenida. Jennie Rosanna y Amaury. Corte Interamericana de Derechos Humanos: CASO GONZÁLEZ MEDINA Y FAMILIARES VS. El alegado fraude electoral “generó una crisis política y social de grandes magnitudes” y ocasionó que el Presidente Balaguer reconociera la poca legitimidad de los comicios y firmara un 52 CASTILLO CORDOVA. asegurar el derecho a la vida. En medio de una crisis política y socioeconómica. así como de Joaquín Balaguer. P. Al respecto. Sentencia de 27 de FEBRERO de 2012 La Corte determinó que lo sucedido al señor González Medina constituyó una desaparición forzada que inició el 26 de mayo de 1994. sino. con quien tuvo cuatro hijos: Ernesto. derecho de defensa y por lo general a la vida se y a la integridad personal. a la comunicación. la cual determinó que se había producido una falsificación del padrón electoral enviado a las mesas de votación. todos de apellidos González Ramírez. así como. poeta. REPÚBLICA DOMINICANARESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE Interamericana. En palabras del TC. en las cuales resultó reelecto el Presidente Joaquín Balaguer. en virtud de que no se ha determinado su paradero. lo cual aunado a una estrecha diferencia en el resultado de los comicios generaron serias dudas sobre su legitimidad. la finalidad de su interposición es no sólo garantizar la libertad y la integridad personal. desaparecida por consiguiente.persona afectada de la violación de sus derechos a la libertad. la Junta Central Electoral de la República Dominicana conformó una Comisión de Verificación. Rhina Yocasta. continuaba a la fecha en que la República Dominicana reconoció la competencia contenciosa de esta Corte y aún persiste. quien “se dedicó por su cuenta a producir revistas humoristas de corte político en las que satirizaba a los dirigentes políticos en el poder”. . El señor González Medina fue un reconocido activista y crítico del régimen dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo. JURISPRUDENCIA: 1. interalia.
cuarteles y centros de detención. acudió a la Policía Nacional para revisar los registros policiales pertinentes. Aprobada por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 27622. consiste en la “privación de la libertad a una o más personas. EXP. por lo cual ese mismo día su esposa. del Ejército y de la Fuerza Aérea habían apoyado el denunciado fraude electoral debido a que “el Presidente de la República [Joaquín Balaguer] le[s] d[ió] la oportunidad […] de ganarse 25 millones de pesos en contratas. en el cual urgió a los profesores. El 27 de mayo de 1994 la familia del señor González Medina se dio cuenta que éste no había dormido en la casa la noche anterior. realizando un llamado a comba tirlo con “la desobediencia civil” y no “con simples documentos”. Fundamento jurídico 4 y 5: Que la desaparición forzada conforme a lo previsto en el artículo II de la Convención Americana sobre la Desaparición Forzada de Personas. a las autoridades universitarias a que asumieran una posición fuerte de condena frente al alegado fraude electoral. el 25 de mayo de 1994 Narciso González Medina pronunció un discurso en la UASD. 2. El señor González Medina padecía de una “enfermedad epiléptica refractaria”. Narciso González Medina publicó un artículo de opinión en la revista La Muralla titulado: “10 pruebas que demuestran que Balaguer es lo más perverso que ha surgido en América”. el apoyo o la aquiescencia del Estado. en su discurso el señor González Medina insinuó que los jefes de la Policía. cometida por agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúen con la autorización. y junto a demás familiares y amigos del señor González Medina lo buscaron en hospitales. [Adoptada en Belém do Pará. N. en particular. Adicionalmente. Asimismo.° 06844-2008-PHC/TC. cualquiera que fuere su forma. Ratificada por Decreto Supremo N° 10-2002-RE. atroz. que la desaparición forzada es un hecho cruel. el 9 de junio de 1994. que constituye una grave violación de los Derechos Humanos.acuerdo con los partidos de oposición para convocar nuevas elecciones dos años antes de lo que correspondía. de fecha 21 de diciembre de 2001. morgues. Dicho discurso fue filmado y algunos declarantes ante la Corte sugirieron que dicho video llegó a manos de los cuerpos de seguridad del Estado. para evitar que se repitieran situaciones del pasado. Brasil. de fecha 22 de enero de 2002]. Luz Altagracia Ramírez. seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona. Exp. Que este Tribunal ha reconocido también. con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. sin ser ingenieros”. Nº 02488-2002-HC/TC Caso Genaro . Días antes de dichas elecciones de mayo de 1994. empleados y estudiantes universitarios y. [Cfr. En dicho artículo el señor González Medina utiliza 10 sinónimos de la palabra perverso para alegadamente demostrar que “Joaquín Balaguer [era] la perversidad elevada a su máxima expresión”.
en nuestro ordenamiento jurídico está tipificado en el último párrafo del artículo 200 de la CPP. y el fin constitucionalmente legítimo que se persigue con ella. comporta. Como se recordará. en lo que a su eficacia en el proceso penal se refiere. sobre la legalidad de la detención. En efecto. De igual manera esta práctica criminosa supone. sino que además impide la interposición de recursos legales que permitan proteger a la víctima de tales actos. 17) El derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad. Dicho criterio ha merecido especial pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre otros. Este hecho generalmente va acompañado de actos de tortura y tratos inhumanos y degradantes. La exigencia de la necesidad de la medida adoptada en el sentido de que solo se puede alcanzar el fin perseguido o que si se hace uso de otra medida el resultado será más gravoso. por lo que también afecta el derecho a la integridad personal. a la brevedad. Y es que la desaparición forzada no sólo atenta contra el derecho a la libertad locomotora del detenido-desaparecido.Villegas Namuche]. la ejecución extrajudicial de los detenidos y el posterior ocultamiento de sus cadáveres. cuya satisfacción ha de analizarse en cualquier ámbito del derecho. lo que exige es la idoneidad entre la medida y los fines. mientras que lo segundo procura la impunidad del hecho. El principio de proporcionalidad. el mencionado alto tribunal ha manifestado que “que el principio de proporcionalidad. Lo primero lesiona el derecho a la vida. Está muy relacionado con el principio de proporcionalidad. que a decir de nuestro TC se haya recogido en la parte final del artículo 200 CPP. debe precisarse que este.   . a que las medidas limitativas de derechos sean adoptadas con la concurrencia de determinado requisitos:  La adecuación entre la medida adoptada. La existencia de proporcionalidad en sentido estricto. es decir. al menos no estaba presente en la anterior legislación en esta materia (ley 32506 y ley 25398). COMENTARIO: Este dispositivo legal es todo una novedad en la legislación correspondiente al proceso constitucional de hábeas corpus. párrafo 155157. es un principio general del derecho expresamente positivizado. lesionando así el derecho de acudir a un tribunal para que se decida. en el caso Velásquez Rodríguez vs Honduras. con frecuencia. respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena. que se refiere a las ventajas que se obtienen la intervención en el derecho fundamental debe compensar los sacrificios que ésta implica para sus titulares y para la sociedad en general.
De esta manera. RIOJA BERMUDEZ. Para ello y aunque esto entra directamente en alguno de los supuestos de procedencia del hábeas corpus antes estudiados. por tanto. implica encontrar justificación lógica en los hechos. cuando se ha determinado cumplir un mandato de detención o de pena”55.° 03169-2011-PHC/TC. C. debe producirse de manera que no se afecte la divinidad de la persona que sigue presente en el procesado o condenado. La ejecución de mandato de detención y la ejecución de la pena en el condenado. el habeas corpus correctivo “procede ante la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida. es este último el que tiene una importancia decisiva al momento de resolver la imposición de una medida que restringe un derecho fundamental. proporcionadas. o del derecho a la salud de los reclusos o personas que se encuentran bajo una especial relación de sujeción internados en establecimientos de tratamientos públicos o privados (tal es el caso de personas internadas en centros de rehabilitación y de menores. GARCIA TOMA. Fundamento jurídico 6. . Luis. su fin es resguardar a la persona de tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad. Nº 2663-2003-HC/TC. 55 EXP. el dispositivo que ahora se comenta presupone una pena razonable y proporcionada a las concretas circunstancias del delincuente y del acto delictivo54. Fundamento jurídico 3y 4: El artículo 25. Ob cit. en internados estudiantiles. P. es decir. del Código Procesal Constitucional prevé el denominado hábeas corpus correctivo que procede para tutelar “el derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena ”. 602. Igual ocurre con la pena. 315. inciso 17. Y no se afectara. la amenaza cierta e inminente o la violación efectiva de este derecho habilita a la presentación de la demanda constitucional e hábeas corpus. puesto que aún cuando 53 TUPAYACHI SOTOMAYOR. etc) JURISPRUDENCIA:  EXP. el que procede es el llamado habeas corpus correctivo. conductas y circunstancias que motivan todo acto del órgano judicial destinado a la limitación de los derechos fundamentales del procesado. Este principio requiere mayor relevancia en el caso de aquellos supuestos referidos a restringir derechos53. si tanto la manera como las condiciones en la que se cumple la prisión son medidas razonables. el mandato de detención debe ser una medida proporcionada. Habeas corpus correctivo. la integridad física y psicológica. Por el principio de razonabilidad. Por ende. De la topología de hábeas corpus. modalidad que “es usada cuando se producen actos de agravamiento ilegal o arbitrario respecto a las formas o condiciones en que se cumplen las penas privativas de libertad. P. con fundamento y razonabilidad. Ob cit. 54 CASTILLO CORDOVA. Jhonny.De los tres requisitos. N. Víctor. Alexander.
las autoridades penitenciarias no sólo puedan. dispuso el traslado del favorecido del Establecimiento Penitenciario del Callao al Establecimiento Penitenciario de Puno por la causal de hacinamiento. señalándose el nombre del interno.° 04920-2011-PHC/TC. STC 2663-2003-HC/TC y STC 1429-2002-HC/TC]. Fundamento jurídico 5: En el presente caso se advierte que el traslado del favorecido no comporta una afectación arbitraria del derecho a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto a la forma y condición en que cumple la privación de su libertad. el del establecimiento penitenciario de destino y el . siendo requisito sine qua non. de las instrumentales que corren en el cuaderno del Tribunal Constitucional se aprecia que la Dirección de Tratamiento Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario. a la salud. cada vez que existan elementos razonables que adviertan sobre el eventual peligro en el que éstas se puedan encontrar [Cfr. del derecho a la vida. dentro de márgenes sujetos al principio de razonabilidad. en todos aquellos casos en que esta se haya decretado judicialmente e incluso cuando ésta sea debida a una detención policial o en sujeción a un internamiento en establecimientos de tratamiento públicos o privados. Al respecto este Tribunal ha tenido oportunidad de señalar a través de su reiterada jurisprudencia que tratándose de personas privadas legalmente de su libertad locomotora. entre otros. que el agravamiento respecto de las formas o condiciones en que se cumple la privación de la libertad sea ilegal o arbitrario. Ello supone que. STC 0726-2002-HC/TC. la prisión preventiva o el cumplimiento de una pena) cabe el control constitucional respecto de los actos u omisiones que comporten la violación o amenaza de los derechos componentes de la libertad personal. la detención provisional.º 24-2008-INPE/12. apreciándose de la misma que fue emitida por la autoridad penitenciaria competente.la libertad individual se encuentre restringida por un mandato judicial (V. por Resolución Directoral N. como lo son. la integridad física y los demás derechos constitucionales que no hayan sido restringidos . En efecto. de fecha 28 de agosto de 2008. entre otras]. STC 590-2001-HC/TC. N. gr. del derecho a la visita familiar y de manera muy significativa del derecho al trato [racional y] digno así como a no ser objeto de penas o tratos inhumanos o degradantes [Cfr. a la integridad física. así como tampoco resulta vulneratorio del derecho a la motivación de la resolución administrativa que lo dispuso.  EXP. Es por ello cabe el control constitucional respecto de las condiciones en las que se desarrolla la restricción del ejercicio de la libertad individual. en cada caso concreto. una obligación de la que no pueden rehuir las autoridades penitenciarias es la de prestar las debidas garantías para que no se afecte o lesione la vida. sino que deban adoptar aquellas medidas estrictamente necesarias para preservar los derechos constitucionales de los internos.
Jhonny. Tambien procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constituciuonales conexos con la libertad individual. Esta ultima parte del artículo 25 del CPConst. motivacion. Víctor.9. TUPAYACHI SOTOMAYOR. como auel derecho fundamental de todad persona que exige. el derecho a un juez competente. especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. finalmente. no los unicos por tanto. y. . a aue lo dispuesto por el juzgador sea cumplido eficazmente. RIOJA BERMUDEZ. entre otros derechos fundamentales. éste puede ser entendido. a la prueba. todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 163° del Reglamento del Código de Ejecución Penal. a la pluralidad de la instancia. CPP en el que se ha dispuesto que toda persona tiene derecho “ a la inviolabilidad del domicilio. 317. tales como pasadizos. Los derechos constitucionales mensionados especialmente. a la obtension de una resolucion fundada en derecho. de fecha 19 de agosto de 2008.os 034-2008INPE/18-221-OTT-J y 144-2008-INPE/18-221-JDS. son el debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. argumentándose al respecto que “(…) ante la falta de infraestructura muchos internos viene pernoctando en zonas o espacios no habilitados para tal fin. en el menor tiiempo posible. en primer termino.56 En cuanto al debido proceso.° 057-08. Luis. [C]on la finalidad de descongestionar en parte el hacinamiento existente (…) como medida alternativa de solución propone el traslado de los internos sentenciados a quince (15) años a más de pena privativa de la libertad con destino a otros penales de las Oficinas Regionales con bajo índice de población penal”. lo cual constituye un malestar generalizado para los internos ya sea por su salud o integridad física (…). al plazo razonable del proceso. el derecho de defensa.sustento que constituye el Acta de Consejo Técnico Penitenciario N. P. P. GARCIA TOMA. COMENTARIO: Hasta ahora se han mencionada enunciativamente las distintas manifestaciones de la libertad personal. independiente e imparcial. pima facie. Ob cit. Ob cit. el sustento constitucional se encuentra en el artículo 2. Nadie puede ingresar en el ni efectuar investigaciones o registros sin autorizacion de la 56 57 CASTILLO CORDOVA. lavandería y talleres. Ciertamente tal lista es sólo enunciativa57. argumentación que resulta suficientemente válida para sustentar el traslado de establecimiento penitenciario del actor. 602. y los informes N. Alexander. el libre acceso a los tribunales de justicia. En lo referido al derecho a la inviolabilidad del domicilio. [pues] dicho recinto penitenciario ha rebasado significativamente su real capacidad de albergue que fue construido para quinientos setenta y dos internos y en la actualidad existen dos mil setecientos nueve internos (…). Alude a los “derechos conexos” a la libertad personal que por mandato constitucional son igualmente protegibles a través de la demanda constitucional de hábeas corpus.
en su domicilio o su correspondencia.. sino a la necesidad de preservar el carácter privado e intimo”( Cfr. se haya configurado una situación de flagrancia delictiva o el peligro inminente de la perpetración de un hecho ilícito sea una realidad (…)” [ . STC 7455-2005-PHC/TC). (. posesión u otros derechos reales. EXP. este Tribunal ha sostenido que “ (…) nuestra Constitución ha tutelado el derecho individual que tiene toda persona a la “libertad de domicilio” a través de la garantía de “inviolabilidad” y. En la norma internacional vinculante para el Perú.persona que lo habita o sin mandato judicial.) no se refiere. Fundamento jurídico 2 y 4: Respecto a la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio. o ataque a su honrra o reputacion. sean particulares o agentes públicos. quedando facultada para poder excluir a otros de dicho ámbito impidiendo o prohibiendo la entrada en él. están prohibidos de penetrar el ámbito domiciliario donde habita una persona. Jurisprudencia 1. salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetracion. no exclusivo. su domicilio o su correspondencia. o sea que suponga simplemente salida o egreso del país. Toda persona tiene derecho a la proteccion de la ley contra esas injerencias o eos ataques” (artículo 11 de la CSDH). en un concepto de alcance más amplio “la inviolabilidad de domicilio encuentra su asentamiento preferente. 3. salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería”. en ese sentido. pues. salvo que medie el consentimiento de ésta. exista una autorización judicial. se puede leer que “nadie sera objeto de injerencias arbitraria en su vida privada. N. (artículo 12 DUDH). Esta disposición constitucional procura reconocer que todo nacional o extranjero con residencia establecida puede circular libremente o sin restricciones por el ámbito de nuestro territorio patrio. Toda persona tiene dercho a la proteccion de la ley contra tales injerencias o ataques”. tiene la libre opción de disponer cómo o por dónde desplazarse. Las exepciones por motivos de sanidad o de graves riesgos son reguladas por la ley”. ha establecido que los terceros. inciso 6 del Código Procesal Constitucional) reconoce el derecho de todas las personas “(. inciso 11 (también el artículo 25º.. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitraria o abusivas en su vida privada. el Tribunal Constitucional ha señalado que el domicilio encarna el espacio físico y limitado que la propia persona elige para domiciliar. circulación o tránsito dentro del mismo. En este mismo sentido se ha dispuesto qu “2. ni de ataques ilegales a su honrra o reputacion.° 04194-2010-PHC/TC. Respecto a la vulneración del derecho a la libertad de tránsito. en tanto sujetos con capacidad de autodeterminación. sea que dicho desplazamiento suponga facultad de ingreso hacia el territorio del Estado.. la Constitución Política del Perú en el artículo 2º. a la protección de la propiedad. en la de su familia. en principio.) a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él. habida cuenta de que. su familia. Fundamento jurídico 6 y 10: Respecto al derecho a la inviolabilidad de domicilio. 2.° 03386-2011-PHC/TC. N. EXP.. en la vida privada de las personas.
. es decir. como serían los reportes de inteligencia que determinaron la intervención de la Policía -garantizada con la presencia del representante del Ministerio Público. el supuesto constitucional de excepción como muy grave peligro de su perpetración (del delito). puesto que se buscaba impedir la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas.Este Colegiado considera que el allanamiento de los inmuebles no ha sido inconstitucional.evitando así que se trasladadara la pasta básica de cocaína encontrada en el primer inmueble y por la misma razón (evitar traslado de la droga). Por ello el cuestionado allanamiento es compatible con las circunstancias particulares que se dieron en este caso. se ingrese al otro inmueble donde fueron detenidos los recurrentes y en el que se encontró pasta básica de cocaína y marihuana.
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 artículo 5
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 artículo 2
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 artículo 281
 artículo 265
 artículo 11
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 200
 artículo 139
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 artículo 33
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 artículo 137
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 artículo 9
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 artículo 99
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 artículo 43
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 Resolución 
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 artículo 2
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