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Timestamp: 2019-10-15 09:17:33+00:00

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﻿ SENTENCIA 1999-02764/48407 DE MAYO 18 DE 2017
SENTENCIA 1999-02764 DE 18 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:RESULTA INACEPTABLE QUE LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA AUSPICIEN Y FOMENTEN LA CONFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS DELINCUENCIALES BAJO UN APARENTE PROPÓSITO DE LUCHA CONTRA FUERZAS INSURGENTES. LO ANTERIOR, EN TANTO LO QUE DESEAN ES DARLE UNA FALAZ APARIENCIA DE LEGALIDAD O POR LO MENOS LA BÚSQUEDA DE ACEPTACIÓN SOCIAL, CUANDO LO QUE REALMENTE PRETENDEN ES LA ANIQUILACIÓN DE SECTORES DE LA POBLACIÓN POR RAZONES IDEOLÓGICAS, SEXUALES O ECONÓMICAS, ACTUACIÓN QUE COMPORTA EL DESCONOCIMIENTO ABSOLUTO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES PARA LA CUAL FUE CREADA, Y QUE SIN LUGAR A DUDAS LA PONE EN LA MISMA CONDICIÓN DE ILEGALIDAD DE LAS AGRUPACIONES A LAS QUE ESTÁ LLAMADA A COMBATIR. ASÍ, SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR UNA MASACRE QUE FUE PERPETRADA POR GRUPOS PARAMILITARES CON EL BENEPLÁCITO DE LA FUERZA PÚBLICA, TODA VEZ QUE DEL MATERIAL PROBATORIO SE OBTUVO QUE EL DAÑO NO TUVO SU ORIGEN EN UNA ACTUACIÓN AISLADA Y PERSONAL DE SUS AGENTES, SINO POR EL CONTRARIO, QUE ERA UNA PRÁCTICA SISTEMÁTICA Y CONOCIDA POR LA COMUNIDAD EN GENERAL, LA ANUENCIA Y ADHESIÓN DE ESTOS SERVIDORES PÚBLICOS CON LA CAUSA ABANDERADA POR ESTOS GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY, PARA LO CUAL ACTUABAN PREVALIDOS DE SU CONDICIÓN DE MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA. ASÍ, PESE A LA ABSOLUCIÓN DISCIPLINARIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ES CLARO QUE EXISTÍA UNA FUERTE COMPLICIDAD ENTRE ESTOS Y MIEMBROS DE GRUPOS DELINCUENCIALES, LA QUE PERMITIÓ MATERIALIZAR NO SOLO LA MASACRE DE 6 ASERRADORES, SINO ADEMÁS, LA CONSOLIDACIÓN DE ESE MOVIMIENTO ARMADO QUE BAJO EL PRETEXTO DE COMBATIR GRUPOS INSURGENTES, COMETIÓ TODA SERIE DE VEJÁMENES Y TRASGRESIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, FUERZA PÚBLICA, MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, AGENTE DE LA FUERZA PÚBLICA
Sentencia 1999-02764/48407 de mayo 18 de 2017
Rad.: 050012331000199902764 01
Exp.: 48407
Actor: María Nidia Giraldo Martínez y otros
7. La Sala es competente para resolver el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en un proceso que, por su cuantía (fls. 110-117, cdno. 1)(4), tiene vocación de doble instancia.
7.1. Se precisa en este punto que al presente caso le resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009(5) en el que se autoriza a las salas, secciones o subsecciones de las altas cortes, otorgar prelación a los procesos en los siguientes eventos: por razones de seguridad nacional, para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, en caso de graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o asuntos de especial trascendencia social. Se resuelve con prelación el presente caso, en atención a lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sesión llevada a cabo el 26 de enero de 2017, tal como consta en el acta 02 del mismo año.
7.2. De otro lado, en el presente caso el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección de Reparación Directa absolvió a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional bajo el argumento de que las pruebas allegadas no eran contestes en demostrar la participación de militares en la masacre de los 6 aserradores, decisión que, ante la falta de impugnación de las partes —demandantes y Policía Nacional— que formularon los respectivos recursos de apelación, se tornaría en principio inmodificable en aplicación de la institución de la cosa juzgada formal.
7.2.1. No obstante, esta inmutabilidad de la sentencia que declaró la no responsabilidad del Ejército Nacional encuentra su excepción cuando el juez de la responsabilidad patrimonial del Estado al analizar cada uno de sus elementos estructurales, esto es, la antijuridicidad del daño, su imputación a la o las entidades públicas demandadas y el nexo de causalidad entre aquel y esta, advierte que en la causación del daño que se demanda intervino no solo la condenada que impugnó la decisión, sino además la entidad pública absuelta, caso en el cual el juez puede modificar la sentencia impugnada para condenar al ente público convocado que contribuyó a la materialización del daño que se intenta reparar.
7.2.2. Esto es así, porque la competencia del juez de la responsabilidad extracontractual del Estado al desatar los recurso de apelación propuestos, tal como la ha entendido esta Corporación(6), abarca la posibilidad de revisar aspectos implícitos al contenido del recuso que se formula. Así por ejemplo, cuando se controvierte la declaratoria de responsabilidad de una de las entidades demandadas, que aunque en el contenido de su recurso de apelación no haya hecho una manifestación expresa sobre la participación de la otra entidad que integra el extremo pasivo del proceso, el ad quem está facultado para adelantar, con base en las pruebas válidamente recaudadas, el respectivo juicio de responsabilidad, al que le es connatural la adjudicación de responsabilidad entre las entidades convocadas en el proceso, estudio a partir del cual puede concluir que la entidad absuelta, también es causante del daño padecido, de donde resulta procedente revocar la decisión absolutoria de primera instancia y, en consecuencia, condenarla a resarcir los perjuicios a que haya lugar.
7.2.3. En este sentido, para la Sala es claro que pese a que el Ejército Nacional no formuló reparo contra la decisión de primera instancia —por la obviedad del beneficio que reportaba su absolución— como tampoco lo hizo la Policía Nacional en relación con la participación de aquel, lo cierto es que de encontrase acreditada su participación en la causación del daño alegado, se procederá a revocar la absolución decretada, en atención a la competencia implícita que le otorgó el contenido del recurso de alzada interpuesto por la entidad policial que de suyo permite abordar todos los supuestos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado y que en todo caso le sería favorable, pues permitiría una redistribución de la obligación resarcitoria impuesta.
8. A propósito de los medios de convicción obrantes en el expediente, y en respuesta a los reparos formulados por la parte demandada respecto a su incorporación, se observa lo siguiente:
8.1. En virtud del principio de lealtad procesal, se valorarán, sin más formalidades, las pruebas pertinentes practicadas en la investigación penal n.º 25 218 adelantada inicialmente por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y luego por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia en primera instancia y por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia es segunda, por el delito de concierto para delinquir en la modalidad de promotores o fomentadores de grupos al margen de la ley, cuyas copias auténticas reposan en el expediente por haber sido decretadas como pruebas en el trámite de la primera instancia(7) (fls. 170-171, cdno. 1).
8.1.1. Lo anterior por cuanto dicha prueba fue solicitada tanto por los demandantes(8), como por la Nación, a través del Ministerio de Defensa(9); de modo que ninguna de las partes estaría legitimada para poner en duda el valor probatorio de los medios de convicción cuyo traslado también solicitó, so pretexto de no que no se hubieren cumplido trámites como el de la ratificación en el caso de los testimonios(10).
8.2. En lo que tiene que ver con la investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación, prueba que fue solicitada por la parte accionante en su demanda (fl. 124, cdno. 1.), esta Corporación ha sostenido que cuando un testimonio practicado en otro proceso sin audiencia de alguna de las partes —o de ambas—, ha sido trasladado al trámite contencioso administrativo por solicitud de una de ellas, y la otra utiliza en su defensa lo consignado en la aludida declaración juramentada, ello suple el trámite de ratificación de que habla el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. En la sentencia del 9 de diciembre de 2004 se aseveró:
“Previamente a realizar el estudio de fondo, es necesario advertir que si bien los testimonios rendidos dentro de la investigación preliminar adelantada por la Unidad Investigativa Regional Policía Judicial SIJIN del Departamento del Tolima, con ocasión de los hechos ocurridos el día 9 de enero de 1994, en los cuales resultaron muertos el señor (…), no fueron objeto de la ratificación exigida en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso contencioso administrativo en razón de la remisión que en materia probatoria expresamente consagra el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, de conformidad con el reiterado criterio fijado por la Sala sobre el particular, dichos testimonios pueden y deben ser válidamente apreciados, por cuanto hacen parte de la actuación adelantada por la SIJIN que luego, a petición de la parte demandante, fue trasladada a este proceso y con fundamento en los cuales al alegar de conclusión en segunda instancia la entidad demandada estructuró su defensa”(11).
8.2.1. Supuesto fáctico acaecido en este proceso, en la medida en que en su recurso de apelación, La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, hizo uso de la declaraciones vertidas en aquel trámite disciplinario de cara a desvirtuar la participación de la institución en la masacre de los aserradores ocurrida en el municipio de El Retiro, departamento de Antioquia (fl. 592, cdno. ppal.).
8.3. Por otro lado, la publicación en el diario El Colombiano, publicada el día 16 de agosto de 1997, titulada “El miedo rondó el oriente” (fl. 93, cdno. 1.), y la contenida en el mismo diario, en la misma fecha en cuyo titular se lee: ”No entiendo por qué atentaron contra nosotros” se valorarán en consideración a lo siguiente:
8.3.1. Ha establecido la jurisprudencia que las noticias difundidas en medios escritos, verbales o televisivos no dan fe de la ocurrencia de los hechos que allí se reseñan sino, simplemente, de la existencia de la información(12). Es decir que, los recortes de prensa pueden ser apreciados como prueba documental y como tal dan certeza de la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido.
8.3.2. Así mismo, la Sección Tercera —Subsección C— del Consejo de Estado admitió que estos documentos podían tenerse como un indicio contingente si valorados racional, ponderada y conjuntamente con la totalidad del acervo probatorio resultaban indicativos de la veracidad de la ocurrencia de los hechos(13).
8.3.3. La Sala Plena en un primer momento(14) señaló que los informes de prensa no tienen, por sí solos, la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la situación que narran y/o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente(15), posición morigerada en fallo de Sala Plena posterior(16), en el que se consideró que dicha coincidencia probatoria no era necesaria en dos casos particulares: “La regla expuesta será reiterada por la Sala Plena Contenciosa en esta ocasión, pero a partir de esta decisión, aquella será complementada en estos dos eventos: i) cuando en dichos medios se reproducen hechos públicos y/o notorios y ii) cuando en ellos se reproducen declaraciones y/o manifestaciones de servidores públicos, Vgr. Congresistas, Presidente de la República, Ministros, Alcaldes, Gobernadores, etc”.
8.3.4. Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que al respecto ha señalado que los documentos de prensa aportados por las partes pueden ser apreciados, “cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, no rectificadas, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso y acreditados por otros medios”(17).
8.3.5. En consideración a lo anterior, la Sala acogerá el precedente trazado por la Sala Plena de la corporación y, en consecuencia, dará valor probatorio a los recortes de prensa publicados en diferentes periódicos de circulación nacional, siempre y cuando la información que se narre en ellos guarde correspondencia con las otras pruebas documentales y testimoniales aportadas al proceso.
9. De conformidad con las pruebas válida y oportunamente recaudadas se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:
9.1. El 14 de agosto de 1997, aproximadamente a las 10:30 p.m., incursionaron a la finca La Argentina, ubicada en el sector de la Horradura, zona rural del municipio de El Retiro, departamento de Antioquia, 8 hombres armados, quienes ordenaron a los moradores del lugar tenderse en el piso, boca abajo, con las manos en la espalda y procedieron a ultimarlos con un disparo en la cabeza. Como consecuencia del ataque murieron 6 personas, entre ellas, los señores: Cornelio Antonio Isaza Arango, Gildardo de Jesús Antonio Pamplona, José Octavio Garzón Sánchez, Efraín Gonzaga García, Conrado Antonio Quintero Gonzaga y José Alady Gallego Mejía (copia de los certificados de defunción, fls. 5, 20, 31, 41, 57 y 73, cdno. 1; de los protocolos de necropsia 176-179; 180-183; 184-187; 188-191; 192-195; 196-199; resolución del 18 de febrero de 1998, mediante la cual la Fiscalía General de la Nación profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Luis Aníbal Giraldo Pineda entre otros, como presuntos coautores responsables de conformación de grupo ilegalmente armado, en concurso material y heterogéneo homicidio múltiple agravado, fls. 172-189, cdno. 3; declaración vertida ante el Juzgado Civil Municipal comisionado por el Tribunal Administrativo de Antioquia por Omaira Yaneth Vente Galeano(18) testigo presencial de los hechos, fls. 269-271, cdno.1).
9.2. Con ocasión de esta masacre, la Unidad Segunda, Dirección Nacional Fiscalías de la Fiscalía General de la Nación investigó y llevó a juicio como presuntos autores responsables de los delitos de concierto para la conformación de escuadrones de la muerte en concurso material y heterogéneo de homicidio múltiple agravado a los señores Jhon Jairo Restrepo, Diego León Castaño, Diego Valencia Díaz y Luis Aníbal Giraldo Pineda, procesados que en la etapa de juicio fueron absueltos de responsabilidad penal, a través de sentencia del 12 de diciembre de 2000 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia (original de la resolución de acusación proferida el 5 de febrero de 1999, por la Fiscalía Regional Delegada ante los Jueces Regionales, fls. 193-213, cdno. 3; sentencia absolutoria del 12 de diciembre de 2000, fls. 323-338, cdno. 3).
9.3. En desarrollo de una investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación sobre la materialidad de conductas relativas a la organización criminal que se constituyó en el oriente antioqueño, con ánimo de permanencia, una estructura jerarquizada y dedicada a actividades ilícitas como homicidios selectivos, secuestros y extorsiones, el ente investigador vinculó y profirió resolución de acusación en contra de los miembros de la Policía Nacional capitán Luis Alfredo Castillo Suárez y a los agentes Juan Carlos Valencia Arbeláez y Carlos Mario Tejada Gallego. El 14 de mayo de 2002, el Juzgado Segundo Penal Especializado de Antioquia condenó a los dos agentes como autores responsables del delito de concierto para delinquir en la modalidad de promotores o fomentadores de grupos al margen de la ley al paso que absolvió al capitán Castillo Suarez, decisión confirmada en su totalidad por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Especializado de Antioquia al desatar el recurso de apelación interpuesto. Para el efecto señaló (originales de las sentencias condenatoria penales, proferidas el 14 de mayo de 2002 y el 30 de noviembre de 2004, fls. 1-171, cdno. 3):
“Ciertamente, cual criterio de la Fiscalía y el estrado cognoscente, la prueba documental que emana de los mensajes de beeper, distinguido con el código 70003, del confeso paramilitar Ricardo López Lora, por parte de los acusados Carlos Mario y Juan Carlos acreditan la conducta punible que se atribuye a los antes citados en la resolución acusatoria, así como su responsabilidad en la misma; porque comportan un indiscutible valor suasorio, y de contera, satisfacen los requisitos del precepto 232 del Código Procesal Penal para emitir fallo en su disfavor, aunados a los demás elementos de juicio examinados por la judicatura primaria, por lo que, de una vez se anuncia, que la Sala impartirá confirmación a la sentencia cuestionada.
Es que, no otra connotación puede darse a aquellos mensajes, si se para mientes en su contenido, ya que no se compaginan con los que suelen dejarse a un simple amigo, y de contrario sensu, relaciona y demuestra los nexos de los citados justiciables con Robert y su organización al margen de la ley. Los mismos sirvieron de soporte para vincular a aquellos a esta encueta, mediante injurada.
Bueno es señalar que el estrado primario examinó la prueba, centrando su atención, ciertamente en la documental, tal como se indicó, pero además la cotejó con los demás elementos de juicio, atendiendo claros mandatos del precepto 238 de nuestra normatividad instrumental penal. Es que no solo se tienen los tan mentados mensajes, sino que en ellos aparecen anotados teléfonos de las estaciones de policía en donde laboraban el imputado Valencia Arbeláez, así como de residencias de familiares de éste, lo que no se concibe, e igualmente aparecen los correspondientes a las estaciones de policía en donde prestó servicios Tejada Gallego; amen del conocimiento y amistad del último con el líder de la organización paramilitar, así lo niegue rotundamente.
Si paramos mientes en el contenido de los anteriores mensajes, no a otra conclusión diferente puede arribar la Sala que a la demostración de la participación del procesado de marras fomentando, auspiciando, y promocionando el grupo paramilitar del Oriente Antioqueño comandado por Robert, y al respecto son dicientes, entre otros, el mensaje en el cual se le cita a reunión con ‘el patrón de Rionegro’ aquel en el que se le pregunta si aún no ha recogido a ‘los muchachos’ que no a dudarlo hace referencia a integrantes de la organización y los que mencionan otros miembros de la misma, tales como ‘Escopeta’ y ‘Cocuyo’ como lo establecieron, mediante labores de inteligencia, empleados del Cuerpo Técnico de la Fiscalía; de ahí que no sea cierto, como lo señala el abogado que asiste al acusado Valencia Arbeláez, que de buenas a primeras, el estrado de la causa hubiese hecho integrante del grupo paramilitar a ‘Cocuyo’ sin existir prueba al respecto”.
9.4. En la misma línea investigativa adelantada por la Fiscalía General de la Nación y con ocasión de la declaración rendida por quien en el proceso se le identificó, por razones de seguridad, como alias “Marino”, la Procuraduría General de la Nación, Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, Seccional Antioquia, inició indagación preliminar a fin de establecer la posible participación de miembros del Ejército y Policía Nacional en el asesinato de alrededor de 50 personas en el oriente antioqueño, perpetrados por grupos paramilitares, entre los cuales, se encontraban los 10 aserradores del municipio de El Retiro (original de la resolución que dio inicio a la indagación preliminar, fls. 12-15, cdno. 2).
9.2. (sic) Como resultado de la indagación preliminar, la autoridad disciplinaria formuló cargos en contra de los miembros del Ejército Nacional T.C Carlos Ospina Pardo, T.C. Alfonso Zapata Gaviria, MY. Álvaro Cortes Morillo, MY. Ardila, MY. Jesús María Clavijo, Te. Felipe Rodríguez, Sv. Iván Darío Jaramillo, ss. Javier Gómez Herrán y el soldado Carlos Mario Escudero por la presunta falta contra las obligaciones asignadas, especialmente mantener tratos con personas de dudosa reputación, suministrar información clasificada del ejército relacionada con el servicio, emplear en beneficio de los grupos paramilitares del oriente antioqueño los medios pertenecientes a la institución. En igual sentido actuó en contra de los policiales: TC. Oscar Orlando Lozada Meñaca, MY. Hernán Cubides Rodríguez, CT. Luis Alfredo Castillo Suárez, ST. Daniel Horacio Mazo Cardona, Ss William Mora López, Sv. Eloy Vacca Arévalo, CP. León Oswaldo Beltrán, Dr. Olimpo Rivera, AG. Manfred Milton Ahuyon Marín, AG. Juan Carlos Valencia Arbeláez, AG. Carlos Mario Tejada Gallego, AG. Manuel Antonio Viaña Díaz, AG. Luis Alfredo Fernández Constante, AG. Jesús Antonio Patiño López, AG. Carlos Rentería Lemus, AG. Luis Alfredo Berrocal Moreno, AG. Norbey Naranjo García, quienes al parecer no informaron a sus superiores de la existencia y operaciones de grupos paramilitares, no registraron en los libros y documentos los hechos y las novedades a que estaban obligados, violaron la reserva de la Policía Nacional al coordinar con López Lora y sus hombres desplazamientos, citas, reuniones, operaciones y permitieron que este particular conociera información clasificada, usaron los bienes y equipos pertenecientes a la entidad para concretar citas, asistir a reuniones o actos de coordinación con Ricardo López Lora (original de la formulación de cargos, proferida el 13 de diciembre de 2000, por la Comisión Especial Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, fls. 382-433, cdno. 2).
9.5. Mediante resolución del 7 de mayo de 2003, al decidir el mérito de la investigación disciplinaria, la Comisión Especial de la Procuraduría General de la Nación declaró prescrita la acción en favor de los investigados(19) tras advertir que habían transcurrido más de 5 años contados a partir de la ocurrencia de los hechos. En estos términos lo refirió la comisión especial (original de la resolución del 7 de mayo de 2003, fls. 523-528, cdno. 2):
“De acuerdo a lo anteriormente expuesto, es necesario aclarara que los hechos aquí investigados, según escrito de queja ocurrieron entre los años 1999 a 1998, de acuerdo con las pruebas arrimadas a la presente investigación y, se estableció que la relación sostenida por algunos servidores públicos implicados en la presente investigación, con el comandante del grupo paramilitar que operaba en el oriente antioqueño alias ‘La Marrana’ se presentó durante la época antes anotada. Sin embargo, está probado que el último contacto fue por vía telefónica el día 12 de enero de1998 con el señor Mayor del Ejército Nacional Jesús María Clavijo Clavijo, último acto constitutivo de la falta disciplinaria, por lo que a la fecha de la presente providencia han transcurrido más de cinco (5) años desde la ocurrencia de los mismos, hechos atribuidos a miembros del Ejército Nacional, Policía Nacional y algunos servidores de la administración pública pertenecientes para entonces a la Rama Ejecutiva del municipal. Por lo tanto esta circunstancia nos permite inferir que la acción disciplinaria se encuentra prescrita, quedando así enmarcada dentro de lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 200 de 1995 del Código Disciplinario Único, normativa aplicable a la época en que ocurrieron los hechos, generando como consecuencia lógica una imposibilidad para seguir adelante con la actividad disciplinaria en contra de estos servidores del Estado”.
9.6. El señor Cornelio Antonio Isaza Arango era cónyuge de María Nidia Giraldo Martínez, padre de Gerley Andrés, Luis David Isaza Giraldo, hermano de María Piedad, Natividad, Robeiro, María Lucelly Rigoberto y Albeiro Isaza Arango y yerno de la señora Luz Mery Martínez (copia de los registros civiles de matrimonio y nacimiento, fls. 6-12; 310, cdno. 1).
9.7. Como grupo familiar del asesinado señor Gildardo de Jesús Osorio Pamplona encontramos que la señora María Piedad Isaza Arango era su cónyuge, que sus hijos eran Jakeline, Julián Andrés y Yarissa Andrea, sus hermanos Oscar Hernán y Rodrigo de Jesús Osorio Pamplona y su padre de crianza Otilio de Jesús Suárez Quiñonez(20) (copia de los registros civiles de matrimonio y nacimiento, fls. 21-24; 213; 275, cdno. 1).
9.8. La señora Mariela del Socorro Parra Hincapié era la cónyuge de José Octavio Garzón Sánchez y sus hijos los señores Sandra Milena, Paola Andrea y Octavio Garzón Parra (copia de los registros civiles de matrimonio y nacimiento, fls. 32-35, cdno. 1).
9.9. El grupo familiar del señor Efraín Octavio Sánchez estaba conformado por la señora Flor María Valencia y José Luis García Suarez sus padres, su abuela materna María Otilia Valencia, su abuela paterna María Liz Suárez, sus hermanos Anderson Estiben, Rovinson, Edgar de Jesús, Luz Mery, Reynaldo y María Nohelía García Marín (copia de los registros civiles de nacimiento, fls. 40-50, cdno. 1).
9.10. El señor Conrado Antonio Quintero González era compañero permanente de Luz Dary Soto Quinchina(21), padre de Darlis y Jailer Antonio Soto Quinchia, hijo de Rosa Angélica González Quintero y hermano de Gilma Rosa, Milton Alexis, Valentín de Jesús, César Augusto, Víctor Manuel, José Nicolás, Luz Dora, Bernarda del Socorro Rosamary, Blanca Nubia, Gloria Aleida, Ovidio Alberto, Liliam de los Dolores Quintero González (copia de los registros civiles de nacimiento, fls. 72; 78-91, cdno. 1).
9.11. El señor Francisco Luis Gallego Ciro y Carmen Emilia Mejía Foronda era los padres de José Alady Gallego Mejía y Adelaida María, José David, Juan Antonio, María Ofelia y Nora de Jesús Gallego Mejía era sus hermanos (copia de los registros civiles de nacimiento, fls. 56-63, cdno. 1).
10. Corresponde a la Sala determinar en primer lugar, si como lo determinó el a quo, la masacre de los 6 aserradores se dio como consecuencia de la participación directa de miembros de la Policía Nacional, quienes además ocultaron información relacionada con la misma o si, como lo estima la parte demandada, el homicidio de los campesinos fue perpetrado por grupos al margen de la ley, situación que se subsumiría en la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero o sí medió el actuar personal de sus agentes, el que no supuso el ejercicio de funciones propias del cargo.
10.1. Ahora, es importante recordar que si bien es cierto que las dos partes apelaron, lo que, en principio, daría lugar a que, en esta instancia, se resolviera sin limitación alguna, de conformidad con lo dispuesto sobre el particular en la última parte del primer inciso del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(22), no puede perderse de vista que, en su recurso de apelación, la parte actora fue enfática al señalar que se limitaba a cuestionar la negativa de conceder los perjuicios de carácter moral a favor de la señora Luz Mery Martínez Ocampo, quien acudió al proceso en calidad de suegra de Cornelio Antonio Isaza Arango, víctima de la masacre, absteniéndose deliberadamente de controvertir lo decidido por el a quo en relación con el resto de la indemnización fijada —ver párr. 5—; de modo que, en estas circunstancias, mal haría el juez de segunda instancia al revisar a favor de la parte actora y en contravía de los intereses de la parte demandada, también apelante, una condena con la que, según se infiere claramente del contenido de su recurso, la primera estuvo de acuerdo.
11. A propósito del juicio de responsabilidad, la Sala advierte que, demostrado como están los daños invocados en la demanda, esto es, la muerte de los señores Cornelio Antonio Isaza Arango, Gildardo de Jesús Antonio Pamplona, José Octavio Garzón Sánchez, Efraín Gonzaga García, Conrado Antonio Quintero Gonzaga y José Alady Gallego Mejía —9.5.—, corresponde establecer su imputabilidad a la demandada.
11.1. Por regla general los daños ocasionados por agentes no estatales no comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado en la medida en que no le resultan imputables desde un punto de vista fáctico. No obstante, la jurisprudencia ha considerado que los daños derivados de ataques cometidos por grupos insurgentes o de autodefensas contra personas ajenas al conflicto, pueden ser imputados a la administración si ésta ha contribuido en su producción a través de acciones u omisiones que se relacionan con el incumplimiento de sus funciones(23).
12.2. (sic) Lo anterior por cuanto, en lo que tiene que ver con la falla del servicio, la administración ha podido intervenir en la producción del daño por ineficacia, retardo u omisión en el cumplimiento de las funciones a su cargo, lo que ocurre en los eventos en los que (i) la falta de cuidado o previsión del Estado facilitó la actuación de los directos causantes del daño(24); (ii) la víctima, o la persona contra quien estuvo dirigido el ataque, había solicitado protección y ésta no se brindó por retardo, omisión o ineficiencia de las autoridades competentes(25); (iii) el Estado no llevó a cabo ninguna acción para evitar o enfrentar un ataque que era razonablemente previsible(26); y (iv) la administración incurrió en omisión al no adoptar las medidas que eran conducentes para evitar que ocurriera el daño, o para atender adecuadamente una situación de riesgo creada por ella(27).
11.2. Ahora bien, es de señalar que, como lo consideró la Sección Tercera en sentencia de unificación, la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, por lo que, en consideración a las circunstancias fácticas acreditadas dentro del proceso y a los criterios jurídicos que considere relevantes para la motivación de su decisión, el juez de la responsabilidad del Estado puede optar por uno u otro título de imputación, sin que esté en la obligación de adoptar siempre el mismo frente a eventos similares(28). No obstante, en consonancia con la última parte de la cita transcrita, vale la pena insistir en que, pese a que los hechos materia de juzgamiento en sede de reparación directa puedan ser analizados bajo un régimen objetivo de responsabilidad como el del daño especial o el riesgo excepcional, de encontrarse acreditada una falla del servicio, el juez de lo contencioso administrativo deberá preferir este título de imputación con el fin de dejar en evidencia el error cometido y así permitir que el fallo se convierta en una herramienta para evitar que el daño antijurídico vuelva a producirse y, además, para advertir sobre la posible repetición que pueda intentar el Estado contra el funcionario o empleado público que, en el cumplimiento de las funciones o tareas estatales, ocasionó el daño con culpa grave o dolo(29).
11.3. En el caso concreto está plenamente demostrado que los daños invocados y acreditados, a saber, las muertes de los señores Cornelio Antonio Isaza Arango, Gildardo de Jesús Antonio Pamplona, José Octavio Garzón Sánchez, Efraín Gonzaga García, Conrado Antonio Quintero Gonzaga y José Alady Gallego Mejía se produjeron en el marco de una incursión armada el 14 de agosto de 1997, por parte, de integrantes de grupos de vigilancia y seguridad privada, comúnmente conocidos como “Convivir” en complicidad con militantes de un grupo paramilitar a la finca ubicada en el sector de la Horradura, zona rural del municipio de El Retiro, departamento de Antioquia, lugar en el que las víctimas prestaban un servicio de aserrería. En efecto los medios de convicción allegados al proceso son contestes al indicar que la incursión inició aproximadamente a las 10.00 p.m., momento en que los campesinos descansaban, cuando fueron sorprendidos por 8 hombres encapuchados, quienes los obligaron a tenderse en el piso, boca abajo, con las manos en la espalda y procedieron a ultimarlos con un tiro en la cabeza —ver supra 9.1.—. Como consecuencia de este ataque murieron alrededor de 6 aserradores, entre los cuales se encuentran 6 familiares de los aquí demandantes.
11.4. La constatación del marco en el cual se produjeron los daños es de suma relevancia para determinar si pueden ser imputados a la demandada o no y, de serlo, a qué título, puesto que, en principio, dadas las circunstancias en las cuales se causaron, debidamente acreditadas en el expediente, las muertes de los 6 aserradores serían imputables única y exclusivamente a grupos al margen de la ley, esto es, al hecho de un tercero; sin embargo, la Sala no puede desconocer, como tampoco lo hizo el a quo, que, como lo acredita el abundante material probatorio recogido sobre el particular, lo que permitió la producción de estos daños fue el contexto de la operación en el oriente antioqueño de estos grupos perversamente conocidos como de “limpieza social” y la relación de estos con las Fuerza Pública que hacía presencia en la zona, de allí que aquellos le sean imputables.
11.5. En efecto, está acreditado que fueron miembros de grupos al margen de la ley quienes ocasionaron la muerte de los 6 campesinos, como lo sostuvo la Policía Nacional en apoyo de su solicitud de revocatoria de la sentencia condenatoria de primera instancia. No obstante, acceder a dicha petición implicaría desconocer que, como está ampliamente demostrado en el proceso, los daños invocados en la demanda se produjeron producto de la anuencia de la Fuerza Pública con grupos ilegales que operaban en la zona, con los cuales mantenían un constante intercambio de información, de lo que es fácil inferir que fue esta aquiescencia la que permitió que se concretara esta masacre.
11.6. Ahora bien, para la Sala no hay duda de que los asesinatos de los 6 aserradores perpetrada por grupos de la mal llamada “limpieza social” el 14 de agosto de 1997, fue posible porque las demandadas mantenían un flujo constante de información con estas agrupaciones ilegales, mediante las cuales suministraban datos acerca de los objetivos a perseguir. Como ejemplo de estos contactos, se hallan los numerosos mensajes dejados en los dispositivos buscapersonas o beepers(30) asignados a miembros de grupos paramilitares reveladores de los constantes encuentros entre estos e integrantes de la Fuerza Pública, así como del intercambio de información acerca del estado del orden público, indicaciones de la existencia de negocios de tipo económico, la asignación de alias para el ocultamiento de la identidad, actuaciones que develan la adhesión de quienes se suponen encarnan la legalidad y la defensa de las libertades individuales con los representantes de la ilegalidad y la barbarie. Para ilustrar la situación la Sala transcribe alguno de esos mensajes:
11.6.1. Enviado al código 70003, que portaba Ricardo López Lora, alias “Marrana”, jefe del grupo de autodefensas campesinas del oriente antioqueño al momento de su captura, desde el abonado telefónico asignado al teniente coronel comandante del grupo mecanizado Juan del Corral de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional “favor llamar al general Zapata urgente” [6/10/97]; “Rober usted tiene trabajadores en la parcela Mazorcal… voy a enviar unos míos” [7/09/1997] “el anterior mensaje con el fin de no tener problemas con los trabajadores suyos” “confirme si tiene trabajadores entre la Ceja y Rionegro” [1/12/97] “Rober que si ya salieron los trabajadores de la finca que habíamos hablado, envío esta noche otros míos” [10/12/97] “mis trabajadores ya salieron de la finca” [11/12/97] (fls. 171-173, cdno. 2).
11.6.2. Mensaje enviado a alias “La Marrana”, desde el abonado celular cuyo suscriptor era la Cuarta Brigada del Ejército Nacional: “favor comunicarse con Carlos Ospina” (31)[8/8/97] (fls. 199, cdno. 2).
11.6.3. Desde el abonado telefónico asignado al Comando de Policía de Guarne, Antioquia, aparecen con destino al beeper de propiedad del jefe paramilitar al menos 11 mensajes, mediante los cuales se le solicita establecer contacto con los oficiales asignados a ese comando (fls. 47-48, cdno. 2).
11.6.4. Existen además, otro número importantes de mensajes enviados desde los abonados telefónicos cuya suscripción corresponde a las estaciones de policía de los municipios de El Carmen de Viboral, La Ceja y al Comando de la Cuarta Brigada del Ejército con sede en Medellín, con destino al buscapersonas Nº 70003 encontrado al jefe del grupo de autodefensas del oriente antioqueño alias “La Marrana” (fls. 126,132, 136, cdno. 2).
11.6.5. Así mismo, la Procuraduría General de la Nación, Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, Seccional Antioquia, realizó una reconstrucción, a partir de los mensajes hallados en el beeper encontrado al jefe paramilitar, de los hechos que enmarcaron la masacre de los aserradores, mediante la cual se evidencia la coordinación entre la Fuerza Pública, el grupo de autodefensas y la organización denominada Convivir. Así lo relató el informe (fls. 137-142, cdno. 2):
“En orden cronológico se hará un recuento de mensajes llegados al Buscapersonas de Ricardo lópez Lora a Rober o La Marrana, que entrañan un evidente trabajo de coordinación entre los grupos de Autodefensas del Oriente a mando de López Lora con la fuerza pública de la región (llámese Policía, en vertientes de Policía Nacional, Sijin o conjunta con el Ejército en el grupo Gaula y el Ejército Nacional, en sus diferentes bases y con sus diversos comandos) y un tercer elemento que es la organización denominada Convivir Cantarrana, que como ya lo hemos visto fue mencionada como coautora de la llamada masacre de los “Aserradores” por el testigo reservado ‘Marino 1’ y que está probada la autoría material, de algunos de los integrantes de esta organización, en el proceso penal radicado bajo el número 25218. Recordemos que nuestro testigo reservado acusó a los miembros de las Convivir de haber realizado los homicidios de los aserradores en el municipio de El Retiro-Antioquia, en asocio con los miembros de las autodefensas del Oriente Antioqueño al mando de alias La Marrana en proporción de mitades. Obra en el proceso penal prueba pericial balística que señala una de las armas de dotación de dicha Convivir como indudable participe del múltiple crimen.
Los mensajes que llaman la atención de este investigador son, entre otros:
Agosto 4 de 1997 Mayor Cortés Favor llamar al Mayor Cortés al 5300223, ya está en la oficina
Agosto 4 de 1997 Mayor Cortés Favor llamar a Pocho a la oficina, ya está allí
Agosto 22 de 1997 El Zarco Voy a tener personal mío en la Ceja
Agosto 23 de 1997 TTE Rodríguez El amigo de Chucho
Agosto 24 de 1997 Fernando estuvo haciendo la vuelta y no encontró nada, otra vez para allá, el encargo acabó de llegar.. favor llamarme a la 7 p.m. al 5510040 (PONAL DEL GUARNE
Agosto 25 de 1997 Escudero Favor esperar al señor Ardila en el QTH reconocido ya salió para allá
Agosto 25 de 1997 Este pendiente en la finca Pedro está en la finca buscando el ganado
Agosto 27 de 1997 Diego lo está esperando en la Merced urgente, tiene que viajar
Agosto 29 de 1997 Diego Favor llamar a Diego al 989
Septiembre 1 de 1997 Petri Favor enviar vía beeper o vía celular para entregarle una encomienda que le enviaron
Septiembre 9 de 1997 Poncho Rober usted tiene trabajadores en la Parcela Mazorcal, voy a enviar unos míos
Septiembre 12 de 1997 Tejada Me encuentro en don Diego hace una hora, informar vía beeper a qué hora salieron para allá
Septiembre 14 de 1997 Iván Llamar a Iván al batallón S-2
Octubre 2 de 1997 Mayor Clavijo Llamar al 8486023 (comando de Policía de Argelía-Antioquia) También nada el mensaje el Mayor Ardila
11.7. Y es que las pruebas allegadas a las investigaciones penales y disciplinarias incorporadas a este proceso son contestes en demostrar que el beneplácito con los grupos paramilitares que operaban en la zona permeó todas las esferas de la Policía y el Ejército Nacional, pues según las conclusiones a las que arribó el ente de control la total inoperancia de los comandantes de la Fuerza Pública facilitó la conformación y operación de estos grupos delincuenciales. En palabras de la Procuraduría General de la Nación se advirtió:
“O porque desde su alta posición en el Distrito Dos de Policía con sede en el municipio de Rionegro, era físicamente imposible que hubieran desconocido las actuaciones de sus subalternos, cuando a ellos les correspondía el deber legal de impedir un resultado pudiendo hacerlo, con su omisión es como si lo hubiesen ejecutado (…). La completa impunidad y le descontrol jerárquico que evidencian los continuos desplazamientos de los miembros de la Policía Nacional en el sector del oriente, donde a quien reportan sus actividades es al confeso y el condenado paramilitar Ricardo López Lora, como es el caso concreto del Dg. Olimpo Rivera, que deja mensajes como el del 15 de septiembre de 1997, cuando después de un operativo de rescatre (sic) de una dama secuestrada en el municipio de Guatapé, realizada al grupo Gaula al que pertenece, jactanciosamente le manifiesta a su ‘otro patrón’: ‘vio noticias (…) lo del Peñol, fuimos nosotros (…)’.
Reiteramos la responsabilidad que, creemos, le cabe a los mandos del Grupo Mecanizado Juan del Corral del Ejército Colombiano, que tenían la facultad de ordenar desplazamiento de tropa, como lo son el señor Teniente Coronel (…), que en diversos mensajes aparecen coordinando los movimientos de la tropa al compás de los desplazamientos de los grupos de justicia privada como fueron los casos de la ‘parcela Mazorcal’ y la solicitud continua a poncho y Ponchito o a su alter ego ‘El Abuelo’ donde sea de paso decir que fue el comandante durante el último semestre de 1997 el señor Mayor Cortes Morillo.
Como ya está debidamente probado en la condena proferida por un Juez de la República a Ricardo López Lora alias ‘La Marrana’ y por las pruebas testimoniales, documentales y técnicas que obran en los procesos penales contra los miembros del grupo de justicia privada con sede en el municipio de la Ceja del Tambo —Antioquia— y los de la asociación Convivir Cantarrana que realizaron la llamada ‘masacre de los aserradores’ en el municipio de El Retiro —Antioquia—, distante a 10 minutos de la Ceja, existen en la zona un poderoso grupo de particulares ‘personas de bien’ finqueros, comerciante e industriales que deben ser investigados o ya lo están siendo por parte del Fiscalía General de la Nación, por su participación en la financiación de estos grupos criminales”.
11.8. Dentro de providencia mediante la cual la Comisión Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación formuló cargos en contra de los miembros de la Fuerza Pública investigados por sus presuntas relaciones con grupos al margen de la ley, se insiste en la notoria familiaridad de los servidores públicos y el grupo paramilitar liderado por alias “Marrana” o “Rober”, la que permitió se perpetrara la masacre de los aserradores. Así lo indicó la comisión especial:
“Igualmente dijo que puso mensajes a Rober por su cuenta y nombre del Cabo Mora, que el conductor de la patrulla de Guarne también conocía a la Marrana y lo invitó a una fiesta organizada en el comando precisando que: ‘fui utilizado por el cabo Beltrán y abuso de mi buena fe’. En medio de la diligencia de versión libre y cuando el cabo Beltrán León negaba conocer los números telefónicos que se le ponían de presente, el despacho procedió a marcar uno de los números que resultó ser el de la casa de la señora madre del Cabo Beltrán, con quien comunicamos al versionista, destruyendo de esta forma la coartada que el suboficial quería construir en su defensa.
El subteniente coronel Daniel Horacio Mazo Cardona fue comandante de la Ceja y dijo no conocer nada sobre las matanzas, pero en la prueba trasladada aparece que entregaba a civiles a los grupos de autodefensas para que los ejecutaran y como persona y como persona que apoyaba al grupo de limpieza social de la Ceja.
Así mismo, en la masacre llamada de los aserradores, sucesivos y complementarios testimonios trasladados a la presente averiguación nos complementan la labor que cumplían por activa el subteniente Mazo Cardona en favor del grupo de delincuencia, que no era otro que el liderado por Ricardo López Lora.
El mayor del Ejército Álvaro Cortes Morillo se le citó ara versión pero nunca concurrió; sin embargo, no solo las deducciones realizadas en el análisis a los mensajes de beeper, sino también en la ampliación de declaración de ‘Marino Uno’ ante la Fiscalía y obrante como prueba trasladada lo ubican como el comandante de operaciones especiales del grupo mecanizado Juan del Corral, al que se refiere el testigo reservado como uno de los colaboradores del grupo paramilitar liderado por López Lora”.
11.9. La Sala no pierde de vista que esta investigación disciplinaria terminó ante la configuración del fenómeno jurídico de la prescripción de la acción, decisión que desvinculó a los indagados del proceso de carácter sancionatorio. Sin embargo, esta providencia no vincula ni condiciona la interpretación probatoria que en el proceso administrativo pueda realizarse, pues en sede del proceso sancionatorio se evaluaron las faltas contra el ejercicio de la profesión que se subsumen en la descripción típica que de la misma establecía la normatividad vigente, cuyo estándar de prueba debe atender a un conocimiento más allá de toda duda a la hora de adjudicar responsabilidad, al paso que el juez contencioso administrativo evalúa la conducta en relación con la prestación del servicio y su conexidad con la falla alegada, en donde el estándar de prueba se flexibiliza para tan solo demostrar que situación fue más probable.
11.10. Así, pese a la absolución disciplinaria de los servidores públicos para la Sala es claro que existía una fuerte complicidad entre estos y miembros de grupos delincuenciales, la que permitió materializar no solo la masacre de los 6 aserradores que aquí se conoce, sino además, la consolidación de ese movimiento armado que bajo el pretexto de combatir grupos insurgentes, cometió toda serie de vejámenes y trasgresiones al derecho internacional humanitario.
11.11. Y es que no solo el material probatorio allegado al proceso revela la existencia de estas íntimas relaciones sino además lo hacen diferentes informes de organismos no gubernamentales, así como diarios de amplia circulación nacional, investigaciones que robustecen la tesis expuesta. Como pruebas acerca del contexto en el oriente antioqueño y la relación existente entre militares y policías con miembros de grupos de autodefensas se tiene:
11.11.1. En la publicación titulada “Relación de los paramilitares y la Fuerza Pública” en el diario de El Espectador, edición del 6 de enero de 2015, se indica que la creación y expansión de estos grupos armados contó con la participación activa de miembros de la Fuerza Pública:
“El 14 de enero de 1990 un grupo de 60 paramilitares, siguiendo órdenes de Fidel Castaño Gil, ingresaron en dos camiones y cuatro camionetas al municipio de Pueblo Bello, en Turbo (Antioquia). En la plaza del pueblo retuvieron a 43 personas, entre ellos un menor de edad, como represalia por el hurto de 30 cabezas de ganado del entonces máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia por parte de una organización criminal insurgente.
Acto seguido los subieron a los vehículos y los trasladaron a la finca 'Las Tangas', considerada el centro de operaciones del clan Castaño Gil. Allí los torturaron y asesinaron. Según los testimonios de algunos desmovilizados del Bloque Calima de las AUC que participaron en la acción, la movilización de estos hombres fuertemente armados se logró gracias a la complicidad de las Fuerzas Militares.
Y es que, según los relatos, tanto el Ejército como la Policía Nacional habían creado fuertes vínculos de colaboración con dicho grupo armado ilegal. Si no, de otra manera, cómo se podría entender que en tres camionetas hombres vestidos de camuflado pasaran desapercibidos en su recorrido de ida y vuelta ya con los rehenes”(32).
11.11.2. En el artículo “Por nexos con paramilitares al general retirado Rito Alejo del Rio”, con fecha del 9 de abril de 2008, publicado en la revista Semana(33), se lee: “La Fiscalía señaló al general en retiro como uno de los responsables de la muerte de un líder chocoano ocurrida a comienzos de 1997. Justamente esta semana, la Procuraduría pidió reabrir las investigaciones en contra del oficial por sus supuestos nexos con el paramilitarismo”.
11.11.3. Sobre las relaciones de la Fuerza Pública con miembros de grupos de autodefensas en la zona del Magdalena Medio y el oriente Antioqueño para la década de los ochentas y noventas, el estudio “Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988-2003” del Centro de Investigación y Educación Popular-CINEP(34), registró la existencia de una poderosa estructura paramilitar amparada por el Ejército Nacional y el apoyo de medios logísticos a través del envío de helicópteros militares que les aportaban remesas y municiones(35).
11.11.4. El informe “Razones de la persistencia del Orden Contrainsurgente” del Observatorio de Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris(36), muestra las ventajas que le reportaban a la estructura paramilitar las sinergias con mandos de las fuerzas militares de cara al enfrentamiento de la insurgencia en esta región del país a partir “del proyecto militar para la recuperación de Urabá, comandado desde las brigadas por el general Rito Alejo del Rio, en la década de los noventa, con la que se termina de pacificar la región con operativos militares que incluían asesinatos selectivos, masacres y desplazamientos dirigidos en contra de la población civil, conjuntamente con un plan sistemático de despojo de tierras de campesinos, indígenas y afro descendientes, para abrirle paso a la contrarreforma agraria que permitió a terratenientes, ganaderos y narcotraficantes apoderarse de miles de hectáreas para una doble función.
Imposición violenta de monocultivos de palma, ganadería extensiva y control estratégico de áreas limítrofes a zonas de cultivos ilícitos y corredores de rutas de narcotráfico tanto del litoral Caribe, como del litoral Pacífico”.
11.11.5. Por su parte el Observatorio de Derecho Humanos y de Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia de la República en su publicación de julio de 2004, titulada “Panorama actual del Nororiente Antioqueño” que se ocupó de hacer un seguimiento a la situación de derechos humanos, de violencia y de confrontación armada en el país, señaló que para el periodo comprendido entre 1988 y 1997, se evidenció un incremento significativo de la presencia de grupos paramilitares en la zona. En estos términos fue relatado:
“La mayor actividad de la guerrilla registrada hacia finales de los años ochenta coincidió con la expansión de las autodefensas desde el Magdalena Medio hacia el oriente lejano. El grupo liderado por Ramón Isaza incursionó en veredas de San Carlos para forzar a los pobladores a abandonar la zona por su presunta colaboración con la guerrilla. Para 1988 se hace pública la preocupación de la Diócesis de Sonsón y Rionegro por la zozobra que se ha apoderado de la gente y por el desplazamiento de familias que huyen ante el temor de ser víctimas de estos grupos 2. La irrupción de los grupos al mando de Carlos Castaño se inició el 3 de mayo de 1997 con la perpetración de una masacre que cobró la vida de 14 personas en la vereda La Esperanza del municipio de El Carmen de Viboral. En respuesta a la incursión de las fuerzas de Carlos Castaño sobre el Oriente en 1997, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —Farc— decidieron sabotear el proceso de elección de alcaldes y concejales de octubre de este año, para impedir que las autodefensas lograran controlar los gobiernos locales. Las amenazas de muerte y secuestros de algunos candidatos en los municipios de Granada, La Unión, San Carlos, Concepción, Guatapé y San Rafael precipitaron la renuncia masiva de aspirantes. En este mismo lapso, el Ejército de Liberación Nacional —ELN— secuestró en la vía que comunica a Granada con San Carlos a un grupo de veedores designados por la OEA para la vigilancia de los comicios”.
11.11.5. De igual manera, la jurisprudencia de esta Corporación ha proferido pronunciamientos previos que guardan una identidad fáctica con el que aquí se analiza que se erigen como precedentes incuestionables de la participación de la Fuerza Pública junto con miembros de grupos al margen de la ley en la comisión de graves violaciones de derechos humanos contra la población civil. A manera de ilustración encontramos la sentencia del 29 de enero de 2010(37) mediante la cual se declaró la responsabilidad extracontractual de la Policía Nacional por la muerte de la señora Elizabeth Hoyos, proceso en el que se evidenció la complicidad de un policial en la comisión del delito. Así lo relató:
“Tales testimonios coinciden, igualmente, en afirmar que dentro del grupo de agresores se encontraba un individuo vestido de policía con el rostro descubierto, al cual describieron como una persona de estatura baja, contextura robusta, rasgos indígenas y que también portaba una arma tipo carabina, persona que posteriormente fue identificada por el menor Euliber Lasso Anis como el Agente de Policía ‘Carlos’. En efecto, el menor manifestó tanto en la declaración rendida el día de los acontecimientos como posteriormente en la ampliación de su declaración, que conocía al Agente de Policía hacía más de un mes y medio, pues en varias ocasiones había hablado con él en la Inspección de Policía e incluso le hacía mandados; así mismo, que ocho días antes de tales hechos había estado detenido en dicha Inspección y que estando allí aquel le había preguntado datos sobre la casa del señor Tarcilo Mosquera. Tales declaraciones fueron corroboradas con la identificación realizada en la diligencia de reconocimiento fotográfico practicada el 30 de abril de 1994, en la cual dicho testigo reconoció al Agente Libardo Carlosama González como uno de los agresores.
(…) En relación con el tipo de arma utilizado en la masacre se tiene, por un lado, que los testimonios son concordantes en afirmar que un Agente de Policía, quien posteriormente fue identificado como Libardo Carlosama González, portaba una arma tipo carabina; de otro lado, el dictamen de balística practicado a las armas incautadas –entre las cuales se encontraba aquella-, determinó que habían sido disparadas después de que fueron limpiadas por última vez; asimismo, causa extrañeza a la Sala que no se hubiere realizado anotación alguna en el libro de control de armamento respecto de las armas utilizadas en el turno del día 27 de abril de 1994 entre las 9.00 P.M., y las 7.00 A.M., esto es, precisamente en el turno asignado al Agente Carlosama González, lapso en el cual se perpetraron los hechos.
Lo anterior permite concluir que dicho Agente de Policía se encontraba en ejercicio activo del servicio, portando su correspondiente uniforme y arma de dotación oficial y que esa condición fue la que efectivamente le permitió detener y colocar en estado de indefensión a las víctimas para cometer la masacre.
(…) Así las cosas, resulta claro entonces que la responsabilidad de la Policía se ve comprometida por cuanto los anteriores medios probatorios recaudados en el proceso señalan que la muerte de los señores Francisco Ortiz Jiménez, Elizabeth Hoyos, María del Carmen Leguizamon Bolaños, Tarcilio Mosquera Córdoba, Juan Carlos Muriel Guerrero, y las lesiones de Daniel Vidal Vargas y del menor Euliber Lasso Abanis, se produjeron mientras éstos estaban en estado de indefensión, bajo la custodia de un Agente de la Policía —el cual fue plenamente identificado—, en asocio con otros individuos quienes también se identificaron como tales, quienes habrían detenido a las víctimas bajo el argumento de que los conducirían a una Estación de Policía para verificar antecedentes penales”.
11.11.6. En la misma línea se dictó la sentencia del 12 de junio de 2013(38) mediante la cual se condenó a la Policía Nacional por su responsabilidad patrimonial derivada de la participación de sus miembros en la conformación del grupo delincuencia conocido como “los Doce Apóstoles”. Para el efecto se indicó:
Lo anterior se deduce claramente de los testimonios que hacen parte del proceso penal, en donde —objetivamente—, se da cuenta de la grave situación de orden público que se vivía en el municipio y de las actividades sospechosas y delincuenciales que se presentaron en la época en que murió el joven Ardila Elorza, de las que hacían parte miembros de la institución policial y el ejército. Adicionalmente, al inicio de la investigación penal, se corroboró la muerte de varios habitantes del Municipio, atribuidos por sus familiares al mal llamado grupo de limpieza social.
En este estado de cosas, se infiere con nitidez o claridad, que de lo que dan cuenta los autos, es de la ejecución de un ciudadano en una de esas mal llamadas “labores de limpieza social”, que constituyen sin lugar a anfibología alguna, una vergüenza nacional, no sólo frente al mundo, sino ante el tribunal de la razón y la civilidad por más deteriorada que se encuentre en un momento histórico dado, de allí que, los hechos indicadores son suficientes para dar por probado que la demandada incurrió en una falla del servicio y por lo tanto le es imputable el daño alegado.
Como corolario de lo anterior, concluye la Sala, que a la entidad demandada se le debe imputar el daño antijurídico y por lo tanto, debe responder patrimonialmente por el mismo, toda vez que está demostrado que miembros activos de la Policía Nacional hacían parte de un grupo de limpieza social denominado “los Doce Apóstoles”, cuyo accionar delictivo tuvo centro en el municipio de Yarumal – Antioquia y al cual le es atribuible —con suficientes fundamentos probatorios—, el homicidio de Ovidio Adolfo Ardila Elorza, respecto de quien quedó acreditado el incumplimiento del deber constitucional y legal de seguridad y protección que le era exigible a la institución policial y su cuerpo de gendarmes”.
11.12. En atención al anterior análisis, se tiene acreditado no solo la presencia de grupos de autodefensas en el nororiente antioqueño sino además la aquiescencia por parte de la Fuerza Pública con las operaciones adelantadas por estas agrupaciones, que en aras del exterminio de la insurgencia, perpetraba masacres, desapariciones forzadas y toda clase de violaciones a los derechos humanos frente a la mirada impávida de los agentes llamados a proteger la vida en integridad personal de los habitantes del territorio, con quienes además mantenían una constante y fluida comunicación que facilitaba la identificación de las posteriores víctimas.
11.13. Para la Sala resulta inaceptable que los integrantes de la Fuerza Pública auspicien y fomenten la conformación y consolidación de grupos delincuenciales bajo un aparente propósito de lucha contra fuerzas insurgentes, mediante el cual desean darle una falaz apariencia de legalidad o por lo menos la búsqueda de aceptación social, cuando lo que realmente pretenden es la aniquilación de sectores de la población por razones ideológicas, sexuales o económicas, actuación que comporta el desconocimiento absoluto de los principios constitucionales y legales para la cual fue creada, y que sin lugar a dudas la pone en la misma condición de ilegalidad de las agrupaciones a las que está llamada a combatir.
11.14. La Sala recuerda que los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personales, además de estar expresamente consagrados en el ordenamiento interno, tienen plena protección por virtud de los tratados internacionales de derechos humanos en los que es parte Colombia -en un típico enlace vía bloque de constitucionalidad(39)-, de acuerdo con los cuales es obligación de los Estados impedir que se presenten situaciones que conlleven la participación de las autoridades la comisión de privaciones arbitrarias de la vida(40) y, además, fomentar las políticas que sean necesarias y conducentes para evitar ese tipo de prácticas.
11.14.1. La norma básica en estos casos es el artículo 3º común a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, según la cual en caso de conflicto armado sin carácter internacional, las partes en contienda deben cumplir con las siguientes obligaciones:
11.14.2. Así lo ha puntualizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos(41):
“La Corte ha establecido que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana por ser el presupuesto esencial para la realización de los demás derechos(42). Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él(43). La observancia del artículo 4º, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva)(44)36, conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción(45)37. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias, no sólo para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, en general, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes de seguridad”(46).
11.14.3. La Sala considera que se puede hacer una definición de la conducta antijurídica de “ejecución extrajudicial” de la siguiente forma: se trata de la acción consiente y voluntaria desplegada por un agente estatal, o realizada por un particular con anuencia de aquél, por medio de la cual, en forma sumaria y arbitraria, se le quita la vida a una persona que por su condición de indefensión está protegida por el derecho internacional. En el caso de los combatientes, su asesinato puede ser considerado una ejecución extrajudicial cuando han depuesto las armas.
11.14.4. La conducta de “privación arbitraria de la vida” ha sido definida, respectivamente, por organismos como Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los siguientes términos:
En un conflicto armado, aún cuando éste no sea internacional, tanto los soldados y agentes armados de un Estado como los combatientes de grupos políticos armados tienen prohibido llevar a cabo ejecuciones arbitrarias y sumarias. Tales actos contravienen el artículo 3 común de los convenios de Ginebra (que además prohíbe la mutilación, la tortura o el trato cruel, inhumano o degradante, la toma de rehenes y otros abusos graves contra los derechos humanos)(47).
En lo referente al homicidio perpetrado por agentes del Estado colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, es de precisar que esta conducta se identifica con lo que en el derecho internacional de los derechos humanos recibe el nombre de ejecución extrajudicial.// Hay ejecución extrajudicial cuando individuos cuya actuación compromete la responsabilidad internacional del Estado matan a una persona en acto que representa los rasgos característicos de una privación ilegítima de la vida. Por lo tanto, para que con rigor pueda hablarse de este crimen internacional la muerte de la víctima ha de ser deliberada e injustificada.// La ejecución extrajudicial debe distinguirse, pues, de los homicidios cometidos por los servidores públicos que mataron:// a. Por imprudencia, impericia, negligencia o violación del reglamento.// b. En legítima defensa.// c. En combate dentro de un conflicto armado.// d. Al hacer uso racional, necesario y proporcionado de la fuerza como encargados de hacer cumplir la ley(48).
11.14.5. De conformidad con las normas pertinentes, está proscrita toda conducta realizada por agentes del Estado que pueda poner en peligro los derechos a la vida y a la integridad física de las personas ajenas a los enfrentamientos armados, como lo fue la conducta cometida en el caso de autos por grupos al margen de la ley bajo la aquiescencia de la Fuerza Pública que comandaba el oriente antioqueño, especialmente el municipio de El Retiro, consistente en quitarle la vida a unos campesinos no combatientes.
11.14.6. Y es que no puede perderse de vista que el deber estándar de protección que tienen las autoridades en virtud de lo consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política(49), adquiere el carácter de calificado y, por ende, exige de éstas una intervención mucho más proactiva y decidida en aras de proteger a los habitantes del territorio, cuandoquiera que tienen un conocimiento serio y documentado sobre la existencia de grupos al margen de la ley con el que además, de manera deliberada mantienen un flujo constante de información, en el marco del conflicto armado, penden no sólo sobre la población en general, sino sobre quienes tienen la obligación de protegerla pues, en estos eventos, los riesgos de que se produzcan graves violaciones de derechos humanos son ampliamente conocidos.
11.14.7. Así mismo, revisado el marco obligacional en el que se inscriben los deberes de los servidores de las Fuerzas Militares(50), categoría en que se encuentran los miembros del Ejército Nacional, la Sala advierte que en desarrollo de las referidas actuaciones, los militares infringieron los postulados de al menos 4 de sus obligaciones fundamentales a saber: (i) llevar una vida ordenada, evitar los excesos y el trato con personas de dudosa reputación; (ii) observar absoluta reserva en los asuntos relacionados con el servicio; (iii) emplear con el público procedimientos ceñidos a las normas de cortesía y respeto, como medio para buscar el acercamiento y entendimiento de la ciudanía; (iv) los superiores tienen la obligación de servir de guía a sus subalternos, estimular sus sentimientos de honor, dignidad lealtad y abnegación. En el mismo sentido incurrieron en faltas al honor militar, en tanto los oficiales y suboficiales en servicio activo se asociaron o mantuvieron notoria relación con personal que registraba antecedentes penales o que eran considerados delincuentes.
11.14.8. En cuanto al personal de la Policía Nacional, similar reproche puede hacerse, pues las conductas desplegadas por sus agentes son constitutivas de faltas contra el ejercicio de la profesión, consignadas en el Decreto 2584 de 1993(51) que se pueden resumir al menos en: (i) violar la reserva profesional en asuntos sobre los que tenga conocimiento por razón del cargo o función o demostrar descuido en el manejo de información clasificada o de uso exclusivo de la Policía Nacional; (ii) respecto de los bienes y equipos de propiedad de la institución, usarlos en beneficio propio o de terceros; (iii) no informar los asuntos que deban ser llevados a conocimiento del superior, por razón del cargo o servicio.
21.4.11. De modo que resulta de la mayor importancia para el Consejo de Estado poner de relieve, en casos como el presente, las inapropiadas conductas cometidas por los agentes estatales, con la finalidad de sentar un precedente que obligue a la administración pública a eliminar de raíz este tipo de conductas, y para que el caso reciba la reparación debida que haga innecesaria la recurrencia de los ciudadanos ante las instancias internacionales.
21.4.12. Así las cosas, aplicados al caso particular los criterios antes señalados, la Sala considera que la muerte de los señores Cornelio Antonio Isaza Arango, Gildardo de Jesús Antonio Pamplona, José Octavio Garzón Sánchez, Efraín Gonzaga García, Conrado Antonio Quintero Gonzaga y José Alady Gallego Mejía ocurrió como consecuencia de una participación activa de los miembros del Ejército y la Policía Nacional que conllevó a la privación arbitraria de sus vidas, cuando las víctimas se encontraban en estado de indefensión o inferioridad.
12. Ahora bien, frente al argumento expuesto por la Policía Nacional de acuerdo con el cual, los agentes policiales actuaron por fuera del servicio, por lo que su actuación no compromete la responsabilidad patrimonial de la entidad, la Sala considera que no están desvirtuados los vínculos instrumentales y funcionales que enmarcaron las conductas de los servidores públicos que aquí se reprochan, razón que permite adjudicar los daños alegados en cabeza de las entidades demandadas.
12.1. Esta corporación ha definido en tratándose de daños causados por agentes de la Fuerza Pública la distinción que debe realizarse para determinar cuando la responsabilidad se agota en la esfera personal del agente y cuando trasciende y compromete la de la propia entidad de la que hace parte. Así lo preciso la Sección Tercera del Consejo de Estado(52):
“Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna sino la exteriorización de su comportamiento. En otros términos lo que importa para atribuir al Estado, por ejemplo, el hecho de un policía que agrede a una persona es establecer ‘si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo del policía nacional aparecía como derivado de un poder público, si quiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público”.
12.2. Analizadas las condiciones de tiempo, modo y lugar en que fue perpetrada la masacre y la vinculación de los miembros de la Fuerza Pública con las operaciones adelantadas por los grupos de Convivir y paramilitares en la zona, la Sala concluye que el daño no tuvo su origen en una actuación aislada y personal de sus agentes; por el contrario se evidencia que era una práctica sistemática y conocida por la comunidad en general, la anuencia y adhesión de estos servidores públicos con la causa abanderada por estos grupos al margen de la ley, para lo cual actuaban prevalidos de su condición de miembros de la Fuerza Pública.
13. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, está demostrada la responsabilidad que les asiste a las entidades demandadas por la muerte de los señores Cornelio Antonio Isaza Arango, Gildardo de Jesús Antonio Pamplona, José Octavio Garzón Sánchez, Efraín Gonzaga García, Conrado Antonio Quintero Gonzaga y José Alady Gallego Mejía, y las mismas no están exoneradas por un actuar exclusivo y personal del agente que injustamente esgrime la Policía Nacional, razón por la cual se procederá a confirmar la sentencia de primera instancia, en cuanto que declaró la responsabilidad a cargo del Ministerio de Defensa-Policía Nacional, pero además declarará responsable al Ejército Nacional —tal como lo explicó en el acápite de competencia, párrafo 7.2.— por cuanto la Sala encontró acreditada su participación en la causación del daño que se intenta reparar y a modificarla en relación con las condenas impuestas por el a quo, ello conforme a los razonamientos que se explicitan a continuación.
13.1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, la valoración de los daños irrogados a las personas y a las cosas, dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, debe atender a los principios de reparación integral y de equidad. Esto significa que, en los procesos en los que se juzgue la responsabilidad patrimonial del Estado, el juez de lo contencioso administrativo deberá verificar con qué potestades y facultades cuenta para lograr el resarcimiento pleno del perjuicio y el restablecimiento de los derechos conculcados.
13.2. Por regla general, estas facultades se encuentran limitadas por los principios de congruencia, de jurisdicción rogada y de no reformatio in pejus, de manera que para que proceda el reconocimiento de medidas tanto de carácter compensatorio —como son la indemnización de los perjuicios morales y materiales causados— como de carácter restitutorio, es necesario que exista una petición expresa de la parte demandante en tal sentido.
13.3. Con todo, de acuerdo con reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado(53), existen casos en los que el juez puede ordenar medidas que atiendan a la reparación integral del daño, aunque ello conlleve restricciones a los mencionados principios procesales. Esto ocurre cuando se juzga la responsabilidad del Estado por graves violaciones de los derechos humanos pues, en estos eventos, la obligación de reparar integralmente el daño surge, principalmente, de distintos tratados y convenios de derechos humanos ratificados por Colombia que prevalecen en el orden interno(54), pero también de otros instrumentos de derecho internacional(55) que, aunque no tienen carácter estrictamente vinculante —razón por la cual se los denomina “derecho blando” o “soft law”—, gozan de cierta relevancia jurídica y práctica en el ámbito internacional y nacional en tanto exhiben “una clara e inequívoca vocación axiológica o normativa general”(56) y sirven como “criterios auxiliares de interpretación de los tratados internacionales sobre derechos humanos”(57).
13.4. Así las cosas, se ha considerado que es posible establecer restricciones a los principios de congruencia, jurisdicción rogada y no reformatio in pejus con el fin, bien sea de dar cumplimiento a los mandatos contenidos en normas internacionales de derechos humanos con prevalencia en el orden interno, o de proteger otros derechos, valores y principios constitucionales, que lleguen a ser de mayor trascendencia.
14. En el presente caso está demostrada la responsabilidad que le asiste al Ministerio de Defensa–Ejército Nacional-Policía Nacional y es legal la condena patrimonial que le fue impuesta a esa entidad por parte del Tribunal de primera instancia, cuyo monto será actualizado a valor presente según los criterios jurisprudenciales, una vez revisado el motivo de disenso, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de perjuicios de orden moral a favor de la señora Luz Mery Martínez Ocampo, quien acudió al proceso en calidad de suegra de Cornelio Antonio Isaza Arango, víctima de la masacre, presentado por la parte actora. Adicionalmente, es procedente que la Sala adopte medidas adicionales de restitución integral de los derechos conculcados con las conductas dañosas desplegadas por el Ejército Nacional y la Policía Nacional, según se explicará en los párrafos subsiguientes —ver infra apartado V—.
14.1. La responsabilidad patrimonial por el daño causado a los demandantes es imputable en proporciones iguales del 50% del valor total de la condena que corresponda en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y el 50% restante en contra de la Nación- Ministerio de Defensa-Policía Nacional, pues fue en virtud de su anuencia con grupos al margen de la ley que se perpetró la masacre de los 6 aserradores que aquí se conoce. Ahora bien, la parte demandante podrá reclamar el pago de la totalidad de las sumas reconocidas en la presente providencia ante cualquiera de las dos entidades públicas, esto sin perjuicio que aquellos puedan ejercer las acciones tendientes a obtener el rembolso de las sumas pagadas contra aquel que no realizó el pago estando obligada a ello.
V. Reparación integral del daño
15. Como no es posible retrotraer el hecho causante del daño padecido por los demandantes —muerte de los señores: Cornelio Antonio Isaza Arango, Gildardo de Jesús Antonio Pamplona, José Octavio Garzón Sánchez, Efraín Gonzaga García, Conrado Antonio Quintero Gonzaga y José Alady Gallego Mejía—, la Sala considera que es pertinente la adopción de medidas no pecuniarias encaminadas a la satisfacción y a la no repetición(58) de las conductas que fueron materia de pronunciamiento en el presente fallo, las cuales se concretan en lo siguiente:
15.1. La participación de miembros de la fuerza pública en la ejecución de actos delictivos junto con grupos de autodefensa que operaban en el oriente antioqueño entre los años de 1996 a 1998, conductas que fueron investigadas disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación y que terminaron ante el acaecimiento de la prescripción de la acción, pesquisa en la que no pudo establecerse las verdaderas circunstancias en que se produjeron la referidas relaciones entre los grupos ilegales y la Fuerza Pública, que conllevaron a la posterior masacre de los campesinos. En consecuencia, se compulsarán copias a la autoridad pertinente para que, si se encuentran méritos suficientes para ello, se reabra la investigación disciplinaria en relación con las operaciones adelantadas por los grupos ilegales bajo la anuencia de la Fuerza Pública, especialmente la masacre de los aserradores ocurrida el 14 de agosto de 1997, en la finca La Argentina, ubicada en el sector de la Horradura, zona rural del municipio de El Retiro, departamento de Antioquia.
15.2. En el mismo sentido se instará a la Fiscalía General de la Nación para que reabra la investigación penal por la muerte de los aserradores ocurrida el 14 de agosto de 1997, en el municipio de El Retiro (Antioquia) y la vinculación de miembros de la Fuerza Púbica, bajo cualquier modalidad de participación, en cuyo caso se adelantará la indagación sin sujeción al fenómeno de la prescripción de la acción por tratarse de un delito de lesa humanidad.
15.3. Se ordenará la Centro de Memoria Histórica la inclusión del medio magnético de esta sentencia en sus archivos, a fin de que robustezca el patrimonio documental del conflicto armado en Colombia y los padecimientos a que se han visto abocados sus víctimas.
16. Tal como se dejó evidenciado en el acápite de competencia —ver párr. 7.1.—, la Sala se limitará a revisar la posibilidad, de acuerdo a lo que resulte probado, de conceder los perjuicios de orden moral solicitados en favor de la señora Luz Mery Martínez Ocampo, quien acudió al proceso en calidad de suegra de Cornelio Antonio Isaza Arango, víctima de la masacre, pues los mismos fueron negados por el tribunal bajo el argumento de que no se encontraba acreditada la congoja derivada de la muerte de su yerno.
16.1. Para la Sala es claro, a partir de prueba documental y testimonial(59) aportada, la relación de afinidad existente entre la víctima y la demandante además, encuentra probado que al momento del deceso compartían la misma vivienda, sin que de estas circunstancias se pueda evidenciar el dolor y el sufrimiento derivado de la muerte de su yerno, carga probatoria que la parte interesada no suplió y que obliga a la Sala confirmar la decisión de la sentencia de primera instancia, esto es, negar los perjuicios de orden moral para esta demandante.
16.2. Ahora bien, en lo que tiene que ver con las demás indemnizaciones por concepto de perjuicios morales, que no fueron materia de reparo por los actores en su recurso de apelación, la Sala confirmará las sumas concedidas en la sentencia de primera instancia, en tanto encuentra que su tasación se ajustó a los parámetros fijados por esta Corporación para esta tipología de perjuicios, dada la relación de consanguinidad o la calidad de cónyuges que acreditaron y la aceptación mostrada por quienes fueron favorecidos con la misma.
17. Respecto a la indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la Sala concluye que se ajustó a los parámetros establecidos para este tipo de cálculos, pues tomó como ingreso base de liquidación, ante la falta de prueba sobre el valor de los ingresos de las víctimas, el salario mínimo legal al momento de la liquidación, suma a la que le adicionó el 25% de prestaciones sociales y se le sustrajo el mismo porcentaje por concepto de gastos propios del occiso. Una vez determinado este valor se le asignó un 50% para la cónyuge o compañera permanente y el restante se dividió por partes iguales entre el número de hijos. Como límite temporal, para el caso de la liquidación de los cónyuges o compañeros permanentes, utilizó la menor expectativa de vida comparada entre los dos esposos y para el caso de los hijos fijó como término los 25 años de edad de estos, en tanto se presumió su independencia económica a partir de esta edad, criterios que se erigen como acertados de cara a los lineamientos trazados por el Consejo de Estado.
17.1. En este orden de ideas, la Sala realizará la respectiva actualización de cada una de las indemnizaciones:
17.1.1. Indemnización a favor de la señora María Nidia Giraldo, cónyuge de la víctima Cornelio Antonio Isaza Arango, por concepto de lucro cesante consolidado:
Ra= 76 748 036 137,40
112,65(60)
Ra= $ 93 610 121
17.1.2. En el periodo futuro:
Ra= 39 600 996 137,40
Ra= $ 48 301 614
17.2.3. Actualizada la indemnización a favor de la señora María Nidia Giraldo, asciende a la suma de ciento cuarenta y un millones novecientos once mil setecientos treinta y cinco pesos m/c ($ 141 911 735).
17.3. En su calidad de hijo del señor Isaza Arango, la sentencia de primera instancia reconoció una indemnización por valor de $ 98 767 804 a favor de Luis David Isaza Giraldo, valor que será actualizado bajo la siguiente formula:
Ra= 98 767 804 * 137,40
Ra= $ 120 467 787
17.4. A favor de la señora María Piedad Isaza Giraldo, quien acudió y acreditó ser la cónyuge del señor Gildardo de Jesús Osorio Pamplona se le reconoció una indemnización por valor de $ 117 196 885, por concepto de lucro cesante es sus periodos histórico y futuro. Actualizado dicho valor asciende a la suma de $ 142 945 867:
Ra= 117 196 885 * 137,40
Ra= $ 142 945 867
17.4.1. Al señor Julián Andrés Osorio Isaza le fueron reconocidos por concepto de lucro cesante consolidado y futuro la suma de $ 29 528 627, cifra que actualizada corresponde a $ 36 016 274, en su condición de hijo del señor Osorio Pamplona.
Ra= 29 528 627 * 137,40
Ra= $ 36 016 274
17.4.2. A favor de las señoras Yarisa Andrea y Jakeline Osorio Isaza les fueron reconocidos por el mismo concepto $ 31 355 477 y $ 33 249 103, respectivamente, en tanto acreditaron ser hijas de la víctima Gildardo de Jesús Osorio Pamplona. Una vez realizada la respectiva actualización los valores ascienden a:
Ra= 31 355 477 * 137,40
Ra= $ 38 244 496
Ra= 33 249 103 * 137,40
Ra= $ 40 554 165
17.5. La indemnización para el grupo familiar de la víctima José Octavio Garzón Sánchez comprendió a su cónyuge señora Mariela del Socorro Parra Hincapié y sus tres hijos: Sandra Milena, Paola Andrea y Octavio Garzón Parra, en las siguientes cuantías: $ 121 453 471 a favor de la primera de las nombradas por concepto de lucro cesante en su modalidad histórica y futura, la suma de $ 27 097 308 para Sandra Milena, $ 27 533 423 para Paola Andrea y 30 684 164 para su hijo menor. La Sala procerá a su respectiva actualización:
Ra= 121 453 471 * 137,40
Ra= $ 148 137 655
Ra= 27 097 308 * 137,40
Ra= $ 33 050 777
Ra= 27 533 423 * 137,40
Ra= $ 33 582 710
Ra= 30684 164 * 137,40
Ra= $ 37 425 691
18. De otro lado, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, el tribunal reconoció el valor de $ 2 068 031 a favor de la señora María Nidia Giraldo Martínez, por cuanto tuvo por probado las erogaciones económicas realizadas por esta demandante a fin de inhumar a su cónyuge mediante la factura expedida por la funeraria La Esperanza el 15 de agosto de 1997, visible a folio 294 del cuaderno 1. Por corresponder a un menoscabo patrimonial que guarda total relación con el daño que se intenta reparar la Sala efectuará la respectiva actualización:
Ra= 2 068 031 * 137,40
Ra= $ 2 522 392
MODIFICAR la sentencia del 13 de febrero de 2012 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, subsección de Reparación Directa y, en su lugar disponer:
1. DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional por la muerte de los señores Cornelio Antonio Isaza Arango, Gildardo de Jesús Antonio Pamplona, José Octavio Garzón Sánchez, Efraín Gonzaga García, Conrado Antonio Quintero Gonzaga y José Alady Gallego Mejía, de conformidad con las consideraciones realizadas en la parte motiva de esta sentencia.
2. En consecuencia, CONDENAR a la Nación- Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero:
María Nidia Giraldo Martínez Cien (100) SMLMV
Gerley Andrés Isaza Giraldo Treinta (30) SMLMV
Luis David Isaza Giraldo Cien (100) SMLMV
María Piedad Isaza Arango Cincuenta (50) SMLMV
Natividad Isaza Arango Cincuenta (50) SMLMV
Robeiro Isaza Arango Cincuenta (50) SMLMV
María Lucelly Isaza Arango Cincuenta (50) SMLMV
Rigoberto Isaza Arango Cincuenta (50) SMLMV
Albeiro Isaza Arango Cincuenta (50) SMLMV
María Piedad Isaza Arango Cien (100) SMLMV
Yarissa Andrea Osorio Isaza Cien (100) SMLMV
Julián Andrés Osorio Isaza Cien (100) SMLMV
Jakeline Osorio Isaza Cien (100) SMLMV
Otilio de Jesús Suárez Quiñonez Setenta (70) SMLMV
Oscar Hernán Osorio García Cincuenta (50) SMLMV
Rodrigo Osorio Pamplona Cincuenta (50) SMLMV
María Parra Hincapié Cien (100) SMLMV
Sandra Milena Garzón Parra Cien (100) SMLMV
Octavio Garzón Parra Cien (100) SMLMV
Paola Andrea Garzón Parra Cien (100) SMLMV
Flor María Marín Valencia Cien (100) SMLMV
José Luis García Suárez Cien (100) SMLMV
Anderson Estiben García Suárez Cincuenta (50) SMLMV
Rovinson García Marín Cincuenta (50) SMLMV
Edgar de Jesús García Marín Cincuenta (50) SMLMV
Luz Mery García Marín Cincuenta (50) SMLMV
Reinaldo García Marín Cincuenta (50) SMLMV
María Nohelía García Marín Cincuenta (50) SMLMV
María Otilia Valencia Cincuenta (50) SMLMV
María de la Luz Suárez Cincuenta (50) SMLMV
Luz Dary Soto Quinchina Cien (100) SMLMV
Jailer Antonio Soto Quinchia Treinta (30) SMLMV
Darlis Soto Quinchia Treinta (30) SMLMV
Rosa Angélica Quintero González Cien (100) SMLMV
Gilma Rosa Quintero González Cien (100) SMLMV
Milton Alexis Quintero González Cincuenta (50) SMLMV
Valentín de Jesús Quintero González Cincuenta (50) SMLMV
César Augusto Quintero González Cincuenta (50) SMLMV
Víctor Manuel Quintero González Cincuenta (50) SMLMV
José Nicolás Quintero González Cincuenta (50) SMLMV
Luz Dora Quintero González Cincuenta (50) SMLMV
Bernarda Quintero González Cincuenta (50) SMLMV
Rosamary Quintero González Cincuenta (50) SMLMV
Blanca Nubia Quintero González Cincuenta (50) SMLMV
Gloria Aleida Quintero González Cincuenta (50) SMLMV
Ovidio Albeiro Quintero González Cincuenta (50) SMLMV
Liliam Quintero González Cincuenta (50) SMLMV
Carmen Emilia Mejía Foronda Cien (100) SMLMV
Francisco Luis Gallego Ciro Cien (100) SMLMV
Adelaida María Gallego Mejía Cincuenta (50) SMLMV
José David Gallego Mejía Cincuenta (50) SMLMV
Juan Antonio Gallego Mejía Cincuenta (50) SMLMV
María Ofelia Gallego Mejía Cincuenta (50) SMLMV
Nora de Jesús Gallego Mejía Cincuenta (50) SMLMV
3. CONDENAR a la Nación- Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional a pagar por concepto de daño emergente a favor de María Nidia Giraldo Martínez la suma de dos millones quinientos veintidós mil trescientos noventa y dos pesos m/c ($ 2 522 392).
4. CONDENAR a la Nación- Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional a pagar por concepto de lucro cesante, las siguientes sumas de dinero a favor de:
María Nidia Giraldo Martínez la suma de ciento cuarenta y un millones novecientos once mil setecientos treinta y cinco pesos m/c ($ 141 911 735).
A favor de Luis David Isaza Giraldo la suma de ciento veinte millones cuatrocientos sesenta y siete mil setecientos ochenta y siete pesos ($ 120 467 787).
A favor de María Piedad Isaza Giraldo la suma de ciento diecisiete millones ciento noventa y seis mil ochocientos ochenta y cinco pesos m/c ($ 117 196 885).
A favor de Julián Andrés Osorio la suma de treinta y seis millones dieciséis mil doscientos setenta y cuatro pesos m/c ($ 36 016 274).
A favor de Yarisa Andrea Osorio Isaza la suma de treinta y ocho millones doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos mcte. ($ 38 244 496).
A favor de Jakeline Osorio Isaza de cuarenta millones quinientos cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y cinco pesos ($ 40 554 165).
A favor de Mariela del Socorro Parra Hincapié la suma de ciento cuarenta y ocho millones ciento treinta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco pesos ($ 148 137 655).
A favor de Sandra Milena Garzón Parra la suma de treinta y tres millones cincuenta mil setecientos setenta y siete pesos ($ 33 050 777).
A favor de Paola Andrea Parra Garzón la suma de treinta y tres millones quinientos ochenta y dos mil setecientos diez pesos ($ 33 582 710).
A favor de José Octavio Garzón Parra la suma de treinta y siete millones cuatrocientos veinticinco mil seiscientos noventa y un pesos m/c ($ 37 425 691).
5. COMPÚLSENSE copias auténticas de la totalidad del expediente en el que consta el trámite contencioso administrativo de la referencia, con destino a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, con la finalidad de que se evalúe la posibilidad de adelantar la investigación penal y disciplinaria que sean conducentes a efectos de establecer la responsabilidad individual directa e indirecta por la muerte de los señores Cornelio Antonio Isaza Arango, Gildardo de Jesús Antonio Pamplona, José Octavio Garzón Sánchez, Efraín Gonzaga García, Conrado Antonio Quintero Gonzaga y José Alady Gallego Mejía, ocurridas el 14 de agosto de 1997 en el sector de La Horradura, zona rural del municipio de El Retiro, departamento de Antioquia y la correspondiente sanción a los responsables.
6. ORDENAR al Centro de Memoria Histórica, mediante su Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica la preservación de la presente sentencia y la custodia y conservación de su archivo, con el fin de que integre y fortalezca el patrimonio documental histórico del conflicto armado en Colombia y el padecimiento de sus víctimas.
9. Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.
10. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.
11. Por secretaría EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, que se entregarán a quien ha venido actuando como su apoderado judicial.
12. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.
4 La Sala encuentra que este proceso tiene vocación de doble instancia, comoquiera que la cuantía asciende a la suma de $ 1 287 517 249, la cual resulta superior a los 500 SMLMV, exigidos por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para las acciones de reparación directa iniciadas en el año 1999 ($ 118 219 000), y teniendo en cuenta que la misma se obtiene de la sumatoria de la totalidad de las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010.
5 “Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación.” // “Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.” // “Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio (…)”.
6 “3.2.2.2. Para la Sala, sin embargo, la regla general relacionada con los límites de la competencia del juez ad quem, admitía excepciones derivadas de mandatos constitucionales y legales. A título de ejemplo se señalaron en el fallo algunos asuntos procesales, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, los cuales, entre otros, deben ser declarados por el juez de segunda instancia, de manera oficiosa, en tanto favorecen al apelante único, aunque no hubieran sido propuestos como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada, porque tales aspectos constituyen presupuestos para dictar sentencia de mérito.//3.2.2.3. La Sala, en esta oportunidad precisa que la competencia del juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos que el recurrente propone, al sustentar el recurso de apelación de la sentencia. Se trata de dar alcance a la expresión “los aspectos que señale el recurrente”, a los cuales se limitó la competencia del ad quem en la providencia referida. Para la Sala, la apelación de un aspecto de la sentencia confiere competencia al juez de segunda instancia para resolver todos esos asuntos, puntos o elementos que estén comprendidos en el mismo, en algunas ocasiones, inclusive, porque su mención resultaría ilógica, pero siempre que la revisión de esos asuntos le resulte favorable al recurrente (…)”.Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, y sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 50001-23-31-000-1997-06093 01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
7 En el auto de prueba se ordenó “líbrense los [exhortos] solicitados a folios 12, 124, 138, 139, 140, 141 y 145”.
8 En el acápite de pruebas se solicitó “Pruebas documentales a pedir: “A la Dirección Regional de Fiscalías-secretaría de Medellín-, para que se sirva expedir y remitir al expediente administrativo, copia auténtica del proceso penal radicado bajo el número 25.218 en el cual se investiga la masacre de los aserradores en el municipio de El Retiro (Antioquia), el día 14 de agosto de 1997” (fl. 124, cdno.1).
9 En el escrito de contestación de la demanda se solicitó: “Exhortar a la Dirección Nacional de Fiscalías, Secretaría común, para que remita copia al proceso contencioso administrativo de las providencias de fondo proferidas en el proceso penal radicado bajo el número 25.218, por los hechos presentados en el municipio del El Retiro (Ant), el día 14 de agosto de 1997” (fls. 145, cdno. 1.).
10 Al respecto, pueden consultarse: Sección Tercera, sentencias de 21 de febrero de 2002, exp. 12.789, C.P. Alier Eduardo Hernández; 25 de enero de 2001, exp. 12.831, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 3 de mayo de 2007, exp. 25.020, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 18 de octubre de 2007, exp. 15.528, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de diciembre de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, radicación n.° 73001-23-31-000-1995-3172-01(14174), actor: Dioselina García Ramírez y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional.
12 Al respecto, véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 10 de junio de 2009, exp. 18.108, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, 9 de junio de 2010, exp. 19.283, C.P. Enrique Gil Botero, 11 de agosto de 2011, exp. 20.325, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
13 Sentencias de 25 de julio de 2011, exp. 19.434, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; 19 de octubre de 2011, exp. 20.861, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y 15 de febrero de 2012, exp. 20.880, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.
14 Exp. 110010315000201101378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.
15 Cabe señalar que este planteamiento acerca del valor indiciario de los recortes de prensa fue objeto de una aclaración de voto expresada en los siguientes términos por los magistrados Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth: “Centralmente debe advertirse que, en determinados eventos, atendiendo, verbi gratia, la naturaleza de la noticia, el espectro de difusión y la calidad de los medios que la comunicaron, puede el juez considerar que se trata de un hecho notorio que no requiere prueba adicional, pues las notas periodísticas otorgan esa naturaleza.// Es que, por ejemplo, casos como desastres naturales de repercusión nacional que son registrados en detalle por todos los medios de comunicación no podrían recibir el mismo trato, ni tampoco debería aplicarse la jurisprudencia vigente para hechos que impactan al colectivo en general y por lo mismo son registrados por la opinión pública hasta convertirse en temas de discusión en cualquier foro social.// Por tanto, el llamado de la presente aclaración tiene por objeto morigerar el precedente vigente para que en cada caso el juez, orientado por su sana crítica, pueda darle a las notas e informaciones periodísticas un alcance superior al de la simple veracidad de su sola difusión y pueda, dependiendo del sub júdice, tener el hecho como notorio y por lo mismo relevarlo de cualquier exigencia de prueba adicional, estimando entonces cierto el contenido que a nivel nacional registren los medios de comunicación, atendiendo también a su grado de credibilidad social.// Además, no puede desconocerse que la publicación de determinada información, puede tenerse como un indicio que, apoyado con otras pruebas, permita alcanzar un grado de convencimiento sobre la certeza del hecho noticioso, esto a partir de su confiabilidad”.
16 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de julio de 2015, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
17 Esta fue la postura asumida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las siguientes sentencias: 4 de julio de 2007, caso Escué Zapata vs. Colombia, párr. 28, y 11 de mayo de 2007, caso Bueno Alves vs. Argentina, párr. 46. Sin embargo, cabe señalar que en fallos anteriores, la Corte había impuesto menos condicionamientos para la valoración de estos documentos. Así, en varias sentencias proferidas en 2006 (entre otras, la de 29 de noviembre de 2006, caso La Cantuta vs. Perú, párr. 65; de 4 de julio de 2006, caso Ximenes Lopes vs. Brasil, párr. 55; de 1º de julio de 2006, caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, párr. 122) indicó que los documentos de prensa aportados por las partes podrían ser apreciados “cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso”. Previamente, en la sentencia de 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, había señalado que los recortes de prensa tienen valor probatorio “en cuanto reproducen textualmente declaraciones públicas, especialmente de altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, del Gobierno o de la propia Corte Suprema de Justicia de Honduras, como algunas emanadas del Presidente de esta última; [mientras que] otros tienen importancia en su conjunto en la medida en que corroboran los testimonios recibidos en el proceso respecto de las desapariciones y la atribución de esos hechos a las autoridades militares o policiales de este país” (párr. 146).
18 Con relación a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la muerte de los aserradores, indicó: “Eso fue el jueves 14 de agosto como a las nueve o 10 de la noche, llegaron las personas armadas y nos decían que nos levantáramos, ellos llegaron a un campamento a donde llegaron ellos, allí vivíamos unas 18 personas, todos aserradores, yo le decía a mi esposo que nos levantáramos, él nos decía que nos quedáramos callados que venían era a robarnos las máquinas, yo le decía que eso no era a robar, sino a matarnos, y entonces entraron a donde estábamos durmiendo, yo no los vi, solamente el bulto y, entonces, iban a matar al hermano del esposo mío de nombre Gildardo de Jesús y cuando lo mataron a él, yo le dije no vienen a robarnos sino a matarnos y yo me volé con una niña de dos años, yo amanecí en el monte y al otro día aparecí.
19 Es importante resaltar que la providencia señala que mediante auto del 4 de septiembre de 2002, la Comisión Especial Disciplinaria, previa solicitud de los sujetos procesales, decretó la terminación del procedimiento en lo que respecta al señor Tc. Del Ejército Nacional Luis Alfonso Zapata Gaviria (fls. 526, cdno. 2).
20 Sobre la calidad en que acudió a este proceso, se recepcionaron los siguientes testimonios: La señora Adiela Sierra Herrera, vecina de este grupo familiar, señaló: “¿Ya que usted manifiesta que conoció al señor Gildardo Osorio Pamplona por favor díganos cómo estaba conformada su familia indicando nombres y parentesco? Contestó: (…) también vivía con la mamá que se llamaba doña Rosalba, con don Otilio que era el papá” (fl. 284, cdno. 1). En el mismo sentido declaró Gilberto de Jesús Ciro, quien manifestó conocer a estas personas desde hacía aproximadamente 20 años al ser indagado con la misma pregunta, “Contestó: (…) la mamá se llamaba Doña Rosa y el padrastro Otilio.
21 Respecto de la calidad de compañeros permanentes de Luz Dary Soto Quinchina y Conrado Antonio Quintero González, atestiguaron los señores Luis Héctor Zuluaga y Fabio Ernesto Zuluaga Villegas, personas que aseguraron conocer a este grupo familiar en razón a la vecindad que compartían desde hacía muchos años atrás. Al respecto manifestaron, respectivamente: “Cómo estaba integrada la familia de Conrado Antonio Quintero González. Contestó: “Él vivía con una señora en unión libre, su compañera se llama Luz Dary Soto, con ella tuvo dos hijos de nombre Jailer Antonio y Darly Soto Quinchi, cuando faltó Conrado esos niños estban muy pequeños, aproximadamente entre tres y cuatro años” “Vivía en unión libre con Luz Dary Soto, con la cual tuvo dos hijos de nombre Jailer Antonio y Darly Soto Quinchia” (fls. 387-388, cdno. 1).
22 Norma a cuyo tenor: “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
23 En el sistema interamericano de protección de derechos humanos también se ha admitido la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado por violaciones de derechos humanos cometidos por agentes no estatales. En estos casos, el fundamento de la obligación de reparar se sustenta en el incumplimiento de las obligaciones de protección y garantía consignadas en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, párr. 123; caso de la masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 111.
24 En este sentido, véase la sentencia del 11 de julio de 1996, exp. 10.822, C.P. Daniel Suárez Hernández, mediante la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del comandante de guardia de la cárcel del municipio de Cañasgordas (Antioquia), ocurrida durante un ataque armado perpetrado por presuntos guerrilleros, quienes aprovecharon las deficientes condiciones de seguridad que presentaba el establecimiento carcelario.
25 Este fue el razonamiento a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas durante los hechos del Palacio de Justicia. Al respecto véanse, entre otras, las sentencias de 16 de febrero de 1995, exp. 9040; 27 de junio de 1995, exp. 9266 y 3 de abril de 1995, exp. 0459, todas ellas con ponencia del consejero Juan de Dios Montes Hernández; y la sentencia del 29 de marzo de 1996, exp. 10.920, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.
26 Al respecto puede consultarse la providencia del 12 de noviembre de 1993, exp. 8233, C.P. Daniel Suárez Hernández.
27 Esta fue la postura asumida al resolver algunas acciones de reparación directa interpuestas con ocasión de la toma guerrillera a la base militar de “Las Delicias” en Putumayo. Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 25 de mayo de 2011, exp. 18747, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
28 Sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 21.515, C.P. Hernán Andrade Rincón.
29 Al respecto, ver, entre muchas otras: Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 2010, exp. 18271, C.P. Mauricio Fajardo Gómez” y Subsección B, sentencia de 31 de mayo de 2012, exp. 24071, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
30 Estos mensajes aparecen consignados en las investigaciones penales y disciplinarias adelantadas.
31 Oficial B-5 de la Cuarta Brigada.
32 http://www.elespectador.com/noticias/judicial/relacion-entre-los-paramilitares-y-fuerza-publica-articulo-536428.
33 http://www.semana.com/on-line/articulo/por-nexos-paramilitares-capturan-general-retirado-rito-alejo-del-rio/95013-3
34 Editorial Códice Ltda, Bogotá, 2004.
35 “Tanto el Magdalena Medio como el Nordeste Antioqueño se hicieron famosos en los años 80 y 90 por los baños de sangre a que fueron sometidas sus gentes en el accionar conjunto de militares y paramilitares. Si bien Puerto Boyacá fue un punto fuerte de referencia, el modelo paramilitar se expandió en todo este territorio controlado por la brigada 14 del ejército. Poco a poco se fueron conociendo y esclareciendo episodios sangrientos, pero la detención de Alonso de Jesús Baquero Agudelo, líder paramilitar ampliamente conocido en la zona con el alias de “Bladimir” o “El Negro Bladimir”, permitió esclarecimientos que dejaron a descubierta una poderosa estructura paramilitar amparada por el ejército. En su ampliación de indagatoria rendida el 3 de agosto de 1995 en la cárcel de Palmira, dentro del Proceso 4239 de la Fiscalía Delegada ante el Cuerpo Técnico de Investigaciones, “Bladimir”, confesó que estuvo al servicio del ejército como informante y guía; que de Tolemaida fue enviado a Puerto Boyacá por los generales Murillo y Yanine Díaz como instructor de paramilitares. Afirma que estando en la “Escuela 01” (en la Inspección Zambito, de Cimitarra, finca del Señor Agustín Garzón), llegó allí un día el General Farouk Yanine Díaz en compañía de reconocidos líderes paramilitares como Henry y Gonzalo Pérez, y les explicó a los presentes que los paramilitares iban a pasar de una fase defensiva a una fase ofensiva, en la cual debían ir a combatir y que para ello contarían con todo el respaldo del ejército. Afirma que él fue enviado a Vuelta Acuña a combatir y recibió todo el apoyo logístico del ejército a través de helicópteros militares que les aportaban remesas y munición desde el Batallón Calibío. Cuenta también cómo fue enviado a un curso en la “Escuela 50” en el que los instructores eran israelíes. En su testimonio hace referencia a confesiones anteriores en las que ha descrito con detalle numerosos asesinatos, desapariciones y atentados perpetrados por la estructura paramilitar de la zona, en los cuales él participó de alguna forma, contándose entre estos la desaparición de 19 comerciantes (08.10.87) y la masacre de funcionarios judiciales en el corregimiento de La Rochela (Simacota, 18.01.89). De acuerdo con su testimonio, el blanco central de la persecución de los paramilitares eran los militantes y simpatizantes del partido político de izquierda Unión Patriótica y miembros de sindicatos. Señala entre los miembros del ejército que participaban en las reuniones o daban las órdenes o los apoyaban, al Coronel Hernando Navas Rubio, feje del B-2 de la brigada 14; al General Farouk Yanine Díaz, al General Juan Salcedo Lora, al General Carlos Julio Gil Colorado, al General Juan Jose Alonso Vacca Perilla. De este último afirma que recomendaba que no se hicieran asesinatos colectivos sino más bien selectivos”.
36 http:// www.arcoiris.com.co/2016/11/razones-de-la-persistencia-del-orden-contrainsurgente/ [9/11/2016]
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2010, exp. 16975, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de junio de 2013, exp: 25 180, actor: Ovidio Adolfo Ardila y otros, C.P. Enrique Gil Botero.
39 De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecerán en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (…)”. El Consejo de Estado —Sección Tercera— ha tenido oportunidad de pronunciarse en relación con el carácter absoluto e inviolable del derecho a la vida de las personas, en aplicación de las normas del derecho interno integradas al derecho internacional de los derechos humanos. Esos criterios fueron consignados en las siguientes providencias: sentencia del 8 de julio de 2009, radicación 05001-23-26-000-1993-00134-01(16974), actor: Fanny de J. Morales Gil y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía; sentencia del 23 de agosto de 2010, radicación 05001-23-25-000-1995-00339-01(18480), actor: Pedro Saúl Cárdenas y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército.
40 En el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se hace la siguiente previsión: “1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. En el numeral 2º ibídem se dispone que, en los países donde exista la pena de muerte, “…sólo podrá imponerse en sentencia definitiva dictada por tribunal competente”.
41 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros), sentencia de 19 de noviembre de 1999. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, Caso del Penal Castro Castro, y Caso Vargas Areco y Caso Caso Escué Zapata (vs) Colombia, sentencia de 4 de julio de 2007.
42 [34] Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C Nº 63, párr. 144; Caso del Penal Castro Castro, supra nota 17, párr. 237, y Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 19, párr. 120.
43 [35] supra nota 19, párr. 120. 35 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 34, párr. 144; Caso del Penal Castro Castro, supra nota 17, párr. 237, y Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 7, párr. 64.
44 [36] Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 34, párr. 144; Caso del Penal Castro Castro, supra nota 17, párr. 237, y Caso Vargas Areco. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C Nº 155, párr. 75.
45 [37] Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 19, párr. 120; Caso del Penal Castro Castro, supra nota 17, párr. 237, y Caso Vargas Areco, supra nota 36, párr. 75.
46 [38] Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 34, párr. 145; Caso del Penal Castro Castro, supra nota 17, párr. 238, y Caso Baldeón García. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C Nº 147, párr. 87.
47 Amnistía Internacional, Unidad Didáctica II. “Dossier”. Fuerzas de Seguridad y Derechos Humanos. 24. Diez normas Básicas de derechos humanos para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en www.es.amnesty.org. En la parte pertinente del escrito que se está citando de esta organización internacional, se establecen las siguientes fuentes normativas que sirvieron para la redacción de la norma transcrita: Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (principios 1 y 3), artículo 3º común de los Convenios de Ginebra y Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
48 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, intervención en el “Conversatorio sobre justicia penal militar organizado por el Comité Institucional de derechos humanos y derecho internacional humanitario”, celebrado en Medellín el 14 de septiembre de 2005.
49 “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
50 Decreto 85 de 1989: “Por el cual se reforma el reglamento disciplinario para las fuerzas militares”.
51 “Por el cual se modifica el Reglamento de Disciplina para la Policía Nacional”.
52 . Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de junio de 2001, exp: 13303, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 21 de febrero de 2001, exp. 20046, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 26 de marzo de 2009, exp. 17.794, C.P. Enrique Gil Botero; de 20 de febrero de 2008, exp. 16996 C.P. Enrique Gil Botero.
54 Entre ellos, la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 63), la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (art. 13), y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura (art. 9º). Se hace claridad en que, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política, para que un tratado de derechos humanos ratificado por el Congreso prevalezca en el orden interno —en resultado de integrarse al bloque de constitucionalidad como lo ha entendido la Corte Constitucional— es necesario que se refiera a derechos ya reconocidos en la propia Constitución. Siendo así, se entiende que los tratados mencionados prevalecen en el orden interno, debido a que el derecho de las víctimas de hechos delictivos a la reparación, se encuentra expresamente estipulado en el artículo 250 del ordenamiento superior.
55 Entre ellos, el conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad; los principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones; la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de los delitos y de abuso de poder; y la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
56 Luis Manuel Castro. “Soft law y reparaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos: Reflexiones iniciales”, en Rodrigo Uprimny (coord.), Reparaciones en Colombia: Análisis y propuestas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2009. pág. 66.
57 C. Const., Sent. C-872/2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
58 La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante Resolución 2005/35 del 19 de abril de 2005, adoptó los “Principios y directrices básicos sobre el derechos de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, y en el capítulo IX de dicha resolución —“Reparación de los años sufridos”— consagró las medidas encaminadas a la satisfacción —numeral 22— y a las garantías de no repetición —numeral 23—. Las primeras están relacionadas con la cesación de violaciones continuadas y la consecución de la verdad sobre los hechos para su divulgación. Las segundas están relacionadas con las medidas que deben adoptar los Estados para que no queden impunes las faltas cometidas por sus agentes.
59 Testimonio rendido por la señora Luz Adiela Sierra, vecina de los grupos familiares de los señores Gildardo Osorio y Cornelio Isaza, manifestó: “Preguntado: Sabe usted qué personas integraban el grupo familiar del señor Cornelio Antonio Isaza. Contestó: En ese momento estaba viviendo con la suegra que se llama doña Mery no me acuerdo el apellido”. E el mismo sentido testificó el señor Gilberto de Jesús Ciro González, quien aseguró conocer a etse (sic) grupo familiar hacía alrededor de 20 años, indicó al ser interrogado de la misma forma: “Si que son Luis David y Andrés son los hijos de él, Piedad Isaza es la hermana, (…) la mamá de Nidia que es la mujer que se llama doña Mery” (fls. 282-284; 285-287, cdno. 1).
60 Índice de precios al consumidor establecido para la fecha de la sentencia de primera instancia, 13 de febrero de 2013.

References: artículo 16
 artículo 229
 artículo 185
 artículo 168
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 34
 artículo 357
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 115
 artículo 132
 artículo 3
 resolución 
 artículo 1
 artículo 93
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 93
 artículo 250
 Resolución 
 resolución