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Timestamp: 2018-12-16 22:34:06+00:00

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﻿ SENTENCIA T-155 DE ABRIL 6 DE 1995
SENTENCIA T-155 DE 06 DE ABRIL DE 1995
CONTENIDO:PROHIBICIÓN DE LA REFORMATIO IN PEJUS, RESPETO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PENA
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LA REFORMATIO IN PEJUS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PRUEBA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:282 DE JUNIO DE 1995, PÁG.723
Sentencia T-155 de abril 6 de 1995
RESPETO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PENA
EXTRACTOS: «Con fecha treinta (30) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), el recluso Nelson Cajigas Ríos, presentó ante el Juez Penal del Circuito de reparto en la ciudad de Cali (Valle), un escrito en el que ejerce en nombre propio la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política, con el fin de obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y a la defensa que considera vulnerados por la decisión de febrero 28 de 1994, de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la que, no obstante ser apelante único, se aumenta a 25 años la pena de prisión de 10 inicialmente impuesta por el Juez Veintiocho Penal del Circuito de Cali. Para la protección específica de los mencionados derechos, solicita que por virtud de la sentencia de tutela se ordene la aplicación de la condena de 10 años de prisión, proferida por el juez competente y no la impuesta por el Tribunal.
— El recluso Nelson Cajigas Ríos manifiesta que mediante sentencia proferida el 23 de octubre de 1993, por el Juzgado Veintiocho Penal del Circuito de Cali, fue condenado a la pena de diez (10) años de prisión como autor del delito de homicidio por los hechos ocurridos el día 27 de febrero de 1993, y que la sentencia fue apelada por sugerencia de su defensor, solicitando “una pequeña rebaja de la pena”.
— Además, señala que al desatarse el recurso ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali se le impuso sanción de veinticinco (25) años de prisión con fundamento en lo prescrito en el art. 29 de la Ley 40 de 1993, al considerar que el juez a quo había incurrido en una decisión judicial ilegal por el hecho de fallar de acuerdo con el artículo 323 del Código Penal, y porque este artículo se encuentra “suspendido o modificado” desde el día 19 de enero de 1993, fecha en que entró a regir la Ley 40 de 1993.
— Afirma que al aumentarse la pena “sin ninguna clase de audiencia”, se incurrió en violación al debido proceso y al derecho de defensa, por lo cual solicita la protección de estos derechos fundamentales.
El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de la ciudad de Cali, resolvió denegar la acción de tutela invocada, con base en los siguientes razonamientos:
— “Todo homicidio simple o agravado que en Colombia se consume a partir del día 19 de enero de 1993, debe regularse para efectos punitivos conforme a las claras previsiones de la Ley 40 de 1993 del mismo año”. Razón por la cual se debe aplicar el artículo 29 de la ley mencionada, teniendo en cuenta que el accionante cometió el delito de homicidio el 27 de febrero de 1993.
— Manifiesta que el Juez 28 Penal del Circuito de la ciudad de Cali, al proferir la condena de 10 años por el delito de homicidio simple incurrió en una clara violación al principio de legalidad y al derecho fundamental del debido proceso, en razón a que aplica una disposición que fue “suspendida o modificada” por la Ley 40 de 1993. Presentándose así, una excepción al principio de la reformatio in pejus consagrado en el artículo 31 de la Carta, mediante el cual se prohíbe al superior agravar la pena impuesta cuando el condenado sea el apelante único.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali (Valle) —Sala de Decisión—, mediante sentencia de octubre catorce (14) de mil novecientos noventa y cuatro (1994), se pronuncia sobre la sentencia de tutela y resuelve: “confirmar la sentencia de septiembre 20 de 1994, por medio de la cual el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Cali negó la tutela impetrada por Nelson Cajigas Ríos, dirigida contra la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión”.
Esta Corporación es competente para conocer de esta revisión, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241, ambos de la Carta Política, desarrollados en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.
b) La materia del caso.
1. Lo primero que se debe advertir en este caso es que examinadas las decisiones de instancia que resultan el proceso penal, y en especial la de la Sala de Decisión Penal del H. Tribunal Superior de Cali, producida en sede de segunda instancia y contra la que se dirige la acción de tutela, es evidente y absoluta la contradicción entre lo que ambos despachos entienden como la disposición jurídica aplicable al caso y, en especial, en el establecimiento de los elementos de la definición legal del delito y de la pena que corresponden a la conducta sub judice, con los cuales se debía resolver el asunto de la punibilidad y de la definición de la pena imponible.
En efecto, mientras en el despacho de primera instancia se estimó, como aplicable por la materia regulada y por el tipo penal que describe y define la conducta punible de homicidio, el artículo 323 del Decreto-Ley 100 de 1980, en el Tribunal Superior de Cali se estimó que la norma aplicable era el artículo 29 de la Ley 40 de 1993.
Por tanto, en el fondo de esta diferencia de opiniones y de posiciones jurídicas, se trata de la definición de la norma legal aplicable y de la validez, vigencia y operancia de dos disposiciones jurídicas que regulan una misma conducta, o lo que es lo mismo, de un asunto de legalidad de los delitos y de las penas a que se refiere el artículo 29 de la Carta Política.
Además, esta clase de enfrentamientos y de conflictos en punto a la definición de la norma-tividad penal aplicable no es frecuente, dado el especial celo que suele guardarse en esta materia entre los distintos agentes y operadores jurídicos en el área del derecho penal; se trata de una situación sui generis que se produjo en varios despachos del país a raíz de la promul-gación y de la entrada en vigencia de la Ley 40 de 1993, que decretó una sustancial transformación de la referencia normativa en el tema del homicidio y del homicidio con ocasión del secuestro.
En verdad, en un sistema jurídico como el nuestro, no son frecuentes este tipo de controversias de orden normativo y es muy raro que un juez penal no sepa cuál es la regulación jurídica de las conductas punibles sometidas a su competencia. Empero, en este caso existen suficientes razones para que se haya producido la incertidumbre, que dio lugar a las diferentes consideraciones que inspiran a los dos despachos del conocimiento; desde luego, no es plausible el patrocinio de esta clase de equivocaciones en punto de la mencionada definición de las reglas aplicables al ilícito penal.
Por último, también es claro que el Despacho que conoció de la segunda instancia del proceso penal adelantado por el homicidio cometido por el actor de la tutela, modificó radicalmente la cantidad de la pena y con base en la ley que estimó como aplicable, reformó aquella parte de la sentencia, no obstante que el conocimiento del asunto haya llegado a dicha instancia bajo la condición del ejercicio del recurso de apelación presentado únicamente por el condenado, todo lo cual parece encuadrar prima facie en los supuestos del artículo 31 inciso segundo de la Carta.
2. Para resolver sobre el asunto que aparece como materia de las providencias que se revisan, es preciso advertir en primer término que la Corte Constitucional mediante sentencia de diciembre 7 de 1993, declaró la constitucionalidad del artículo 29 de la Ley 40 de 1993; en la mencionada oportunidad, esta Corporación advirtió que
“...el legislador sí ha atendido los criterios de ra-zonabilidad y proporcionalidad para la dosificación de las penas que los artículos acusados de la demanda prevén para los delitos de homicidio y secuestro en sus diferentes modalidades, habida cuenta de su gravedad y de aquellas circunstancias en las que subyace la transgresión de normas esenciales a la convivencia humana y civilizada, que comprometen además la vida misma del individuo y atacan mortalmente tanto el núcleo familiar como a la estructura de la sociedad democrática, legítimamente organizada dentro de un orden justo”.
Además, en la citada providencia se indicó que
“No se remite a duda que los delitos de secuestro y homicidio lesionan de manera grave o, en el mejor de los casos, quebrantan ostensiblemente los bienes supremos de la vida, la libertad, la dignidad, la familia y la paz, entre otros, derechos fundamentales amparados por la Constitución y resquebrajados por crímenes justamente calificados como de los más abominables por la humanidad, afectando así la tranquilidad de miles de familias y la convivencia ciudadana.
Dentro de la concepción del Estado social de derecho y con base en la importancia que a los derechos fundamentales otorga nuestra Carta Política, cuando se vulneran los derechos a la vida, a la libertad y a la dignidad a través de los delitos de homicidio y secuestro, se hace necesario por parte del Estado la imposición de una pena, y ante todo de un tratamiento punitivo aleccionador y ejemplarizante, atendiendo los bienes jurídicos cuyo amparo se persigue; es decir, que a tales hechos punibles se les debe aplicar las más rígidas sanciones con el objeto de que produzcan un impacto que se encuentre en consonancia con la magnitud del delito cometido y de los derechos vulnerados.
Por todo ello, no estima la Corte que la imposición de sanciones elevadas (en cuanto al número de años de prisión) para delitos de semejante gravedad y atrocidad, como el secuestro y el homicidio, cometidos contra los derechos esenciales del ser humano —la vida, la libertad, la dignidad, la convivencia pacífica, la familia, la intimidad, entre otros— constituya, como lo pretende la censura, agravio alguno a las disposiciones constitucionales invocadas en la demanda. Por el contrario, una de las formas, quizá la más idónea para asegurar los fines del Estado, sea la de garantizar la convivencia pacífica, la cual se logra a través de la prevención y represión de las conductas delictivas mediante la imposición de penas y sanciones que sean verdaderamente proporcionales a la gravedad del hecho punible y a la mayor o menor afectación de los derechos fundamentales de las personas.
Sanciones como las previstas en las normas acusadas atienden los fines de retribución, ya que su quantum responde a la necesidad de represión de conductas punibles; además satisface los objetivos de la función preventiva como quiera que su rigor se endereza a evitar la consumación de nuevos hechos delictivos, castigando en forma ejemplarizante a todos aquellos que pretendan incurrir en esa modalidad punible”. (Corte Constitucional, diciembre 7 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara).
En todo caso se observa que la ley en comento fue promulgada y entró en vigencia el 20 de enero de 1993 (D.O. Nº 40.726), mientras que el ilícito se produjo un mes y siete (7) días después, es decir el 27 de febrero de 1993, desde luego en oportunidad en que la nueva disposición aplicable era precisamente el artículo 29 de la nueva ley que derogó lo dispuesto por el artículo 323 del Decreto-Ley 100 de 1980.
De igual modo se observa que la nueva ley era aplicable y operante, pues su promulgación se había producido a cabalidad y por lo mismo su vigencia ya era plena.
3. Además, en relación con el problema de la compatibilidad entre el principio de la legalidad de los delitos y de las penas y de la función judicial y el de la no reformatio in pejus, cuando el condenado sea apelante único, se tiene que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en claro el problema al señalar que:
“Encuentra la Corte que no obstante existir objetivamente un incremento punitivo, el Tribunal en sentido estricto no agravó la pena impuesta por el juzgado superior a-quo, sino que ajustó la tasación punitiva a la normatividad aplicable según el fallo recurrido, en acatamiento al principio de la legalidad de la pena que forma parte principal de la garantía fundamental del debido proceso, consagrada en forma expresa y reiterativa en la Carta (arts. 29 y 230) (...).
La legalidad de la pena constituye garantía no solamente con relación al procesado, sino para el Estado igualmente, pues el ejercicio del poder punitivo que cumple a su nombre la autoridad judicial legítima ha de ser desarrollado solamente en las condiciones prescritas en la ley, y no puede ser soslayado por un acto ilegal de uno de sus funcionarios, ni ignorando por el juez al que jerárquicamente le compete revisar el pronunciamiento precisamente en procura de hacer efectiva la legalidad de las decisiones.
Cuando la Constitución en su artículo 230 consagra la independencia del juez al disponer inequívocamente que “los jueces en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley”, no les da una independencia tal que los coloque por encima o al margen de la misma. Es evidente que el juez debe aplicar el mandato legal, por ser la expresión de la voluntad soberana del Estado, tal como objetivamente lo reconoce él en el caso concreto, y no según su discrecionalidad.
Tratadistas connotados se han pronunciado en tal sentido, Manzini, por ejemplo, al comentar en su Tratado de Derecho Procesal Penal precisamente la reformatio in peius, dice:
“Pero la prohibición de la reformatio in peius tiene como presupuesto que la pena infligida por el primer juez sea legal, mientras que, si no lo es (ejemplo: aplicación de la reclusión en medida inferior al mínimo consentido), no puede valer como término de comparación”. (Manzini, Vicenzo, Tratado de Derecho Procesal Penal, t.V., Buenos Aires, 1954, Trad. Santiago Sentís Melendro y Marino Ayerra Redín, pág. 143).
Resulta claro entonces que el artículo 31 C.N. al consagrar la garantía de la no agravación punitiva cuando es impugnante único el procesado, no está dando patente de corso a la ilegalidad ni al caos jurídico, pues la garantía como tal presume que el acto haya sido cumplido dentro de la legalidad. La pena cuya agravación se proscribe en esta disposición es la que resulta de una computación que consulte los principios elementales de graduación que suministra el legislador. La norma superior no puede indis-criminadamente cobijar todo evento de incremen-tación de pena cuando el apelante único sea el procesado, pues conservando el mismo rango de la que consagra la legalidad del delito y de la pena, principios universalmente reconocidos, ha de atemperarse para dejar a salvo tan esencial presupuesto de la justicia.
Casar el fallo como lo sugiere la Delegada, sería colocar la casación, que es control de legalidad por excelencia, al servicio de una causa ilegal, pues se reviviría el fallo de primera instancia que es objetivamente contrario a la ley reguladora del caso. Así pues, no se accederá a tal solicitud”. (Corte Suprema de Justicia, Casación 6304, M.P. Dr. Dídimo Páez Velandia, julio 29 de 1992).
En este mismo sentido se ha dicho, con razón, que no pueden darse normas contradictorias de carácter constitucional, y por lo mismo no puede existir jerarquía entre ellas, es decir que se diesen normas más importantes que las otras; es por ello que cuando se llegare a presentar un aparente conflicto de normas constitucionales, el aplicador de la ley deberá interpretarlas de tal manera que les dé la justa y armoniosa apreciación que necesita el texto de la Carta Política para mantener su integridad ideológica y su unidad, aplicando criterios de ponderación y armonía para balancear los conflictos aparentes de normas.
El texto constitucional se convierte así, por el principio de legalidad en una garantía para el ciudadano en cuanto a que el legislador no podrá imponer penas de las que han sido excluidas por el texto constitucional, y para los funcionarios judiciales que ejercen la represión la garantía al ciudadano que no se le podrán imponer penas por fuera de los límites temporales establecidos en la ley.
Es por ello que este principio y el de la no reformatio in pejus deben ser conciliados y armonizados en su interpretación, en el sentido de que los jueces jerárquicamente superiores se encuentran impedidos para agravar la pena impuesta en primera instancia, pero siempre y cuando ella se haya ajustado al principio constitucional de la legalidad, porque es obvio que los jueces dentro del principio también constitucional de la independencia, según el cual sólo están sometidos al imperio de la Constitución y de la ley, al tasar las penas necesariamente deben hacerlo dentro de los parámetros señalados por tal normatividad, es decir, teniendo en cuenta las diversas circunstancias de atenuación y agravación punitiva. Además es claro que bajo ninguna circunstancia se podrán deducir penas por debajo del mínimo legal o por encima del máximo legal.
Por ello, cuando el superior jerárquico advierte que se impuso una pena inexistente, o una de las prohibidas constitucionalmente, se dejó de aplicar la legalmente prevista, o se tasó por fuera de los límites previstos en la ley, se encuentra en la obligación constitucional de adecuar el fallo a la normatividad existente; deber que ha de cumplir el juez de segunda instancia y con mayor celo el de casación, por cuanto una de sus finalidades fundamentales es garantizar la legalidad del proceso.
Así las cosas, siguiendo la jurisprudencia nacional al respecto, no existe contradicción, ni puede darse entre los principios constitucionales que se estudian, porque está sobreentendido que la no reformatio in pejus como imposibilidad de agravar la sanción impuesta en primera instancia cuando se trate de apelante único, es aplicable siempre y cuando el fallo se ajuste a la realidad constitucional y legal; lo contrario nos llevaría a la conclusión de que la fuerza de la sentencia de primera instancia sería de tal naturaleza que quedaría por encima de la Constitución y de la ley, porque a pesar de imponer una pena desconociendo el mínimo legal, los superiores jerárquicos estarían imposibilitados para hacer los ajustes necesarios exigidos por el principio constitucional de la legalidad.
Por todo lo anterior, compartiendo como comparte la Corte Constitucional las reflexiones y los fundamentos de la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia por la que se define que la no reformatio in pejus no es un principio absoluto y mecánico sino que admite la excepción que impone el principio de legalidad de los delitos y de las penas, de rango constitucional, encuentra que las decisiones de tutela por las que se resolvió el asunto en cuestión deben confirmarse.
Por lo anterior, la Corte reitera que el principio establecido en el artículo 31 de la Carta que opera igualmente como derecho constitucional fundamental, debe entenderse en cuanto relacionado y concordado con el principio de legalidad de los delitos y de las penas que también es de rango constitucional, pudiendo, en consecuencia, quien conoce de la apelación, aplicar la pena correspondiente dentro de los límites de la responsabilidad y de los elementos de la culpabilidad definidos por el juez de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Revisión número ocho de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
1. CONFIRMAR las sentencias del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Cali, de 20 de septiembre de 1994 y del Tribunal Superior de Cali —Sala de Decisión Penal—, del 14 de octubre de 1994 en las que se niega la tutela reclamada por Nelson Cajigas Ríos.
2. Líbrense por secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos contemplados.
Cópiese, notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase».
(Sentencia T-155 de abril 6 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

References: artículo 86
 artículo 323
 artículo 29
 artículo 31
 artículo 86
 artículo 241
 artículo 323
 artículo 29
 artículo 29
sui generis
 artículo 31
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 323
 artículo 230
 artículo 31
e contrario
 artículo 31
 artículo 36