Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2009-05614.htm
Timestamp: 2017-09-24 01:22:27+00:00

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En el continuado proceso de perfeccionamiento del Derecho de las sociedades mercantiles, un sector del ordenamiento jurÃ­dico en permanente evoluciÃ³n, la presente Ley tiene singular importancia.
En primer lugar, por la especial sensibilidad para responder adecuadamente al creciente proceso de internacionalizaciÃ³n de los operadores econÃ³micos. En este sentido, a fin de garantizar la efectividad del mercado interior de la UniÃ³n Europea, se incorpora a la legislaciÃ³n espaÃ±ola la Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital; y juntamente con ella, la Directiva 2007/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 78/855/CEE y 82/891/CEE del Consejo, por lo que respecta al requisito de presentaciÃ³n de un informe de un perito independiente en caso de fusiÃ³n o escisiÃ³n de sociedades anÃ³nimas. Aunque la prÃ¡ctica espaÃ±ola conocÃ­a ya fusiones transfronterizas entre sociedades sometidas a leyes de distintos Estados miembros de la UniÃ³n Europea, la incorporaciÃ³n de la Directiva es el cauce para armonizar estas complejas operaciones, que la Ley, por cierto, reconociendo la importancia de ese proceso de internacionalizaciÃ³n, no limita al Ã¡mbito comunitario al contemplar expresamente las fusiones de sociedades espaÃ±olas con sociedades extracomunitarias, las cuales se regirÃ¡n por las respectivas leyes personales. Pero, ademÃ¡s, esa proyecciÃ³n internacional se manifiesta en la regulaciÃ³n â€por primera vez en el Derecho espaÃ±olâ€ del traslado del domicilio de sociedades mercantiles espaÃ±olas al extranjero y el traslado a territorio espaÃ±ol del domicilio de sociedades constituidas conforme a la ley de otros Estados, para facilitar asÃ­ la movilidad societaria. Siguiendo la pauta iniciada por el Reglamento CE nÃºmero 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre deÂ 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad AnÃ³nima Europea (artÃ­culo 8) y, en el Derecho interno, por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anÃ³nima europea domiciliada en EspaÃ±a (que, entre otros, introdujo en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas los artÃ­culos 315 y 316), se presta atenciÃ³n a esta muy importante modificaciÃ³n del elemento bÃ¡sico de conexiÃ³n a la ley del Estado y se establece un ponderado sistema de tutela de los socios y de los acreedores.
En segundo lugar, la importancia de la Ley se manifiesta en la unificaciÃ³n y en la ampliaciÃ³n del rÃ©gimen jurÃ­dico de las denominadas Â«modificaciones estructuralesÂ», entendidas como aquellas alteraciones de la sociedad que van mÃ¡s allÃ¡ de las simples modificaciones estatutarias para afectar a la estructura patrimonial o personal de la sociedad, y que, por tanto, incluyen la transformaciÃ³n, la fusiÃ³n, la escisiÃ³n y la cesiÃ³n global de activo y pasivo. TambiÃ©n se regula en la presente norma el traslado internacional del domicilio social que, aunque no siempre presenta las caracterÃ­sticas que permitan englobarlo dentro de la categorÃ­a de modificaciones estructurales, sus relevantes consecuencias en el rÃ©gimen aplicable a la sociedad aconsejan su inclusiÃ³n en el mismo texto legal. La unificaciÃ³n es especÃ­fica de la normativa sobre transformaciÃ³n de sociedades mercantiles, cuyo rÃ©gimen, dividido hasta ahora entre la Ley de Sociedades AnÃ³nimas y la mÃ¡s moderna Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se actualiza, a la vez que se dilata el perÃ­metro de las transformaciones posibles. La muy amplia concepciÃ³n de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, ha terminado por imponerse sobre la mucho mÃ¡s restrictiva de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas, extendiÃ©ndose asÃ­ sensiblemente el perÃ­metro de las transformaciones posibles al impulso de las necesidades de la realidad.
En cuanto a la ampliaciÃ³n, destaca el ingreso de la cesiÃ³n global de activo y pasivo entre esas modificaciones estructurales, rompiendo amarras con aquella concepciÃ³n que limitaba esta operaciÃ³n al Ã¡mbito propio de la liquidaciÃ³n y, al mismo tiempo, proporcionando un instrumento legislativo mÃ¡s para la transmisiÃ³n de empresas. Ahora, la Ley permite que una sociedad transmita en bloque todo su patrimonio a otra u otras por sucesiÃ³n universal a cambio de una contraprestaciÃ³n que no podrÃ¡ consistir en acciones, participaciones o cuotas del cesionario. En estos casos, la tutela del socio se persigue a travÃ©s de la informaciÃ³n que facilita el proyecto de cesiÃ³n global y a travÃ©s del sometimiento del acuerdo a algunos requisitos establecidos para la adopciÃ³n del acuerdo de fusiÃ³n; y la tutela de los acreedores se articula a travÃ©s del derecho de oposiciÃ³n y de la responsabilidad solidaria del cesionario o cesionarios hasta el lÃ­mite del activo neto atribuido a cada uno de ellos en la cesiÃ³n.
La incorporaciÃ³n de la Directiva sobre fusiones transfronterizas ha sido ocasiÃ³n para revisar el rÃ©gimen jurÃ­dico de la fusiÃ³n y de la escisiÃ³n, a fin de incluir en el rÃ©gimen general aquellas normas procedentes de la Directiva 2005/56/CE, de 26 de octubre de 2005, que no son consecuencia del Â«elemento transfronterizoÂ»; y, sobre todo, a fin de utilizar las posibilidades ofrecidas por la 3.Âª y la 6.Âª Directivas â€la Directiva 78/855/CEE, de 9 de octubre de 1978, y la Directiva 82/891/CEE, de 17 de diciembre de 1982â€, ya incorporadas por la Ley 19/1989, de 25 de julio. En este sentido, en materia de fusiÃ³n, destacan la regulaciÃ³n de la absorciÃ³n de una sociedad Ã­ntegramente participada, la de una sociedad participada al noventa por ciento y tambiÃ©n la de aquella operaciÃ³n mediante la cual una sociedad se extingue transmitiendo en bloque el patrimonio a la sociedad que posee la totalidad de las acciones, participaciones o cuota correspondientes a aquÃ©lla, es decir, sin atribuciÃ³n de Ã©stas a los socios de la sucesora. Y, en materia de escisiÃ³n, sobresale el ingreso en el Derecho sustantivo de sociedades mercantiles de la figura de la segregaciÃ³n, junto con las ya reguladas operaciones de escisiÃ³n total y parcial; y la aplicaciÃ³n de las normas de la escisiÃ³n a aquella operaciÃ³n mediante la cual una sociedad transmite en bloque una parte del patrimonio social a otra de nueva creaciÃ³n, recibiendo directamente a cambio todas las acciones, participaciones o cuotas de socio de esa sociedad.
Aunque el rÃ©gimen jurÃ­dico de estas operaciones societarias tiene como modelo subyacente el de las sociedades de capital, se trata de una normativa general mercantil sobre modificaciones estructurales de las sociedades y, en cuanto ley general mercantil, aplicable a cualquier sociedad de esta naturaleza, con independencia de la forma o del tipo social, salvo que expresamente se establezca lo contrario, como acontece al ocuparse de las fusiones transfronterizas intracomunitarias. Este carÃ¡cter general, unido a la extensiÃ³n del articulado, explica que se haya optado por una ley especÃ­fica â€al igual que han hecho en ocasiÃ³n similar otros Estados miembros de la UniÃ³n Europeaâ€, en lugar de incluir la materia regulada en el CÃ³digo de Comercio o en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas, a los que habrÃ­an de remitirse las demÃ¡s leyes especiales. Constituye una soluciÃ³n transitoria a la espera de que se refundan y armonicen en su totalidad las distintas leyes que en estos momentos regulan nuestro Derecho de sociedades.
El legislador se ha preocupado de que esta Ley â€elaborada a partir de la propuesta redactada por la SecciÃ³n de Derecho Mercantil de la ComisiÃ³n General de CodificaciÃ³nâ€ se inserte con armonÃ­a en el conjunto legal de las sociedades mercantiles, y de ahÃ­ las disposiciones adicionales, en algunas de las cuales, con ocasiÃ³n de la necesaria armonizaciÃ³n, se ha aprovechado la ocasiÃ³n para actualizar el contenido normativo.
Para dar cumplimiento a la exigencia de incorporaciÃ³n del artÃ­culo 16 de la Directiva 2005/56/CE, en una materia tan importante y tÃ©cnicamente tan compleja como la de la participaciÃ³n de los trabajadores en la sociedad resultante de la fusiÃ³n transfronteriza, se ha optado por integrar una disposiciÃ³n general en la presente Ley y modificar, a travÃ©s de la DisposiciÃ³n final tercera, la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicaciÃ³n de los trabajadores en las sociedades anÃ³nimas y cooperativas europeas, introduciendo un nuevo TÃ­tulo IV sobre disposiciones aplicables a las fusiones transfronterizas intracomunitarias de sociedades de capital.
AdemÃ¡s de la incorporaciÃ³n de la Directiva sobre fusiones transfronterizas de las sociedades de capital, la presente Ley incorpora la Directiva 2006/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, por la que se modifica la Directiva 77/91/CEE del Consejo, en lo relativo a la constituciÃ³n de la sociedad anÃ³nima, asÃ­ como al mantenimiento y modificaciones de su capital. En las disposiciones finales se da nueva redacciÃ³n a algunos artÃ­culos de las leyes de sociedades de capital y se aÃ±aden otros nuevos para adecuar la legislaciÃ³n espaÃ±ola a esos postulados de mayor flexibilidad que han servido de fundamento a la ampliamente discutida modificaciÃ³n de la Segunda Directiva. Ciertamente, la Directiva 2006/68/CE es una Directiva de transiciÃ³n a la espera de que fructifiquen alternativas al sistema de tutela tradicional de los acreedores sociales y de los propios accionistas â€que gira en torno al capital socialâ€ y se introduzcan instrumentos tÃ©cnicos eficaces que reduzcan las Â«cargas administrativasÂ» que son connaturales a ese vigente sistema de tutela; y, al mismo tiempo, es una Directiva de transacciÃ³n entre los defensores de los principios que inspiraron la Segunda Directiva y quienes propugnan una completa sustituciÃ³n. Se trata, pues, de la primera etapa de un proceso cuya duraciÃ³n y cuyos avatares son difÃ­ciles de prever. En realidad, la contraposiciÃ³n entre ese sistema tradicional y los instrumentos alternativos constituye un tema abierto en el que, mÃ¡s que cuestiones de preferencia entre tÃ©cnicas diferentes de protecciÃ³n, estÃ¡n latentes muy diferentes concepciones acerca de la organizaciÃ³n y del funcionamiento de las sociedades de capital.
MÃ¡s allÃ¡ de los compromisos de armonizaciÃ³n, la Ley introduce otras modificaciones en el rÃ©gimen de las aportaciones no dinerarias, con la adiciÃ³n de importantes excepciones a la exigencia de informe del experto independiente, y en el rÃ©gimen de la autocartera y de la asistencia financiera, donde es patente aquel postulado legislativo de mayor flexibilidad. Al mismo tiempo, el legislador espaÃ±ol ha considerado oportuno introducir alguna norma de la Directiva 77/91/CEE, de 13 de diciembre de 1976, como el principio de igualdad de trato, hasta ahora considerado un principio implÃ­cito, y adecuar la redacciÃ³n de otras normas directamente relacionadas con las que debÃ­an ser objeto de incorporaciÃ³n y ha aprovechado la oportunidad, en fin, para adecuar el rÃ©gimen del derecho de suscripciÃ³n preferente y de las obligaciones convertibles al pronunciamiento de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UniÃ³n Europea (Sala Primera), de 18 de diciembre de 2008.
Por Ãºltimo, como la necesidad de perfeccionamiento de un sector tan sensible como el ordenamiento societario debe acompaÃ±arse de un esfuerzo de racionalizaciÃ³n normativa, la presente Ley representa una soluciÃ³n transitoria a la espera de que llegue el momento oportuno para una codificaciÃ³n o, al menos, para una compilaciÃ³n del Derecho de las sociedades mercantiles en un cuerpo legal unitario en concepciones bÃ¡sicas, que suponga la derogaciÃ³n del notablemente envejecido TÃ­tulo I del Libro II del CÃ³digo mercantil de 1885. En esa transiciÃ³n y avance ha de situarse la DisposiciÃ³n final sÃ©ptima, que habilita al Gobierno para que proceda a refundir en un Ãºnico texto legal las leyes reguladoras de las sociedades de capital (sociedades anÃ³nimas, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades comanditarias por acciones), regularizando, aclarando y armonizando los textos legales que tengan que ser refundidos.
La presente Ley tiene por objeto la regulaciÃ³n de las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, consistentes en la transformaciÃ³n, fusiÃ³n, escisiÃ³n o cesiÃ³n global de activo y pasivo, incluido el traslado internacional del domicilio social.
La presente Ley es aplicable a todas las sociedades que tengan la consideraciÃ³n de mercantiles, bien por la naturaleza de su objeto, bien por la forma de su constituciÃ³n.
Las modificaciones estructurales de las sociedades cooperativas, asÃ­ como el traslado internacional de su domicilio social, se regirÃ¡n por su especÃ­fico rÃ©gimen legal.
De la transformaciÃ³n
ArtÃ­culo 3. Concepto.
En virtud de la transformaciÃ³n una sociedad adopta un tipo social distinto, conservando su personalidad jurÃ­dica.
ArtÃ­culo 4. Supuestos de posible transformaciÃ³n.
1. Una sociedad mercantil inscrita podrÃ¡ transformarse en cualquier otro tipo de sociedad mercantil.
2. Una sociedad mercantil inscrita, asÃ­ como una agrupaciÃ³n europea de interÃ©s econÃ³mico, podrÃ¡n transformarse en agrupaciÃ³n de interÃ©s econÃ³mico. Igualmente una agrupaciÃ³n de interÃ©s econÃ³mico podrÃ¡ transformarse en cualquier tipo de sociedad mercantil y en agrupaciÃ³n europea de interÃ©s econÃ³mico.
3. Una sociedad civil podrÃ¡ transformarse en cualquier tipo de sociedad mercantil.
4. Una sociedad anÃ³nima podrÃ¡ transformarse en sociedad anÃ³nima europea. Igualmente una sociedad anÃ³nima europea podrÃ¡ transformarse en sociedad anÃ³nima.
5. Una sociedad cooperativa podrÃ¡ transformarse en sociedad mercantil, y una sociedad mercantil inscrita en sociedad cooperativa.
6. Una sociedad cooperativa podrÃ¡ transformarse en sociedad cooperativa europea y una sociedad cooperativa europea podrÃ¡ transformarse en sociedad cooperativa.
ArtÃ­culo 5. TransformaciÃ³n de sociedades en liquidaciÃ³n.
Una sociedad en liquidaciÃ³n podrÃ¡ transformarse siempre que no haya comenzado la distribuciÃ³n de su patrimonio entre los socios.
ArtÃ­culo 6. Transformaciones entre sociedad anÃ³nima y sociedad anÃ³nima europea.
La transformaciÃ³n de sociedades anÃ³nimas en sociedades anÃ³nimas europeas y viceversa se regirÃ¡ por lo dispuesto en el Reglamento (CE) nÃºmero 2157/2001 y por las normas que lo desarrollan, y por lo dispuesto en la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicaciÃ³n de los trabajadores en las sociedades anÃ³nimas y cooperativas europeas.
ArtÃ­culo 7. TransformaciÃ³n de sociedad cooperativa.
1. La transformaciÃ³n de una sociedad cooperativa en otro tipo social o de Ã©ste en aquÃ©lla, se regirÃ¡ en lo referente a los requisitos y efectos de la transformaciÃ³n de la sociedad cooperativa por la legislaciÃ³n que le sea aplicable.
2. La transformaciÃ³n de sociedades cooperativas en sociedades cooperativas europeas y viceversa se regirÃ¡ por lo dispuesto en el Reglamento (CE) nÃºmero 1435/2003 y por las normas que lo desarrollan.
Acuerdo de transformaciÃ³n
ArtÃ­culo 8. Acuerdo de transformaciÃ³n.
La transformaciÃ³n de la sociedad habrÃ¡ de ser acordada necesariamente por la junta de socios.
ArtÃ­culo 9. InformaciÃ³n a los socios.
1. Al convocar la junta en que haya de deliberarse sobre el acuerdo de transformaciÃ³n, los administradores deberÃ¡n poner en el domicilio social, a disposiciÃ³n de los socios, que podrÃ¡n pedir su entrega o envÃ­o gratuito, incluso por medios electrÃ³nicos, los siguientes documentos:
1.Âº El informe de los administradores que explique y justifique los aspectos jurÃ­dicos y econÃ³micos de la transformaciÃ³n, e indique asimismo las consecuencias que tendrÃ¡ para los socios, asÃ­ como su eventual impacto de gÃ©nero en los Ã³rganos de administraciÃ³n e incidencia, en su caso, en la responsabilidad social de la empresa.
2.Âº El balance de la sociedad a transformar, que deberÃ¡ estar cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha prevista para la reuniÃ³n, junto con un informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas que hayan podido tener lugar con posterioridad al mismo.
3.Âº El informe del auditor de cuentas sobre el balance presentado, cuando la sociedad que se transforme estÃ© obligada a someter sus cuentas a auditorÃ­a.
4.Âº El proyecto de escritura social o estatutos de la sociedad que resulte de la transformaciÃ³n, asÃ­ como, en su caso, otros pactos sociales que vayan a constar en documento pÃºblico.
2. Los administradores de la sociedad estÃ¡n obligados a informar a la junta de socios a la que se someta la aprobaciÃ³n de la transformaciÃ³n, sobre cualquier modificaciÃ³n importante del activo o del pasivo acaecida entre la fecha del informe justificativo de la transformaciÃ³n y del balance puestos a disposiciÃ³n de los socios y la fecha de la reuniÃ³n de la junta.
3. No serÃ¡ precisa la puesta a disposiciÃ³n o envÃ­o de la informaciÃ³n a que se refiere el apartado primero cuando el acuerdo de transformaciÃ³n se adopte en junta universal y por unanimidad.
ArtÃ­culo 10. Requisitos del acuerdo de transformaciÃ³n.
1. El acuerdo de transformaciÃ³n se adoptarÃ¡ con los requisitos y formalidades establecidos en el rÃ©gimen de la sociedad que se transforma.
2. El acuerdo deberÃ¡ incluir la aprobaciÃ³n del balance de la sociedad presentado para la transformaciÃ³n, con las modificaciones que en su caso resulten procedentes, asÃ­ como de las menciones exigidas para la constituciÃ³n de la sociedad cuyo tipo se adopte.
ArtÃ­culo 11. Subsistencia de las obligaciones de los socios.
1. La transformaciÃ³n por sÃ­ sola no liberarÃ¡ a los socios del cumplimiento de sus obligaciones frente a la sociedad.
2. Si el tipo social en que se transforma la sociedad exige el desembolso Ã­ntegro del capital social, habrÃ¡ de procederse al desembolso con carÃ¡cter previo al acuerdo de transformaciÃ³n o, en su caso, a una reducciÃ³n de capital con finalidad de condonaciÃ³n de dividendos pasivos. En el primer caso, la realidad de los desembolsos efectuados se acreditarÃ¡ ante el notario autorizante de la escritura pÃºblica y los documentos acreditativos se incorporarÃ¡n a la misma en original o testimonio.
ArtÃ­culo 12. ParticipaciÃ³n de los socios en la sociedad transformada.
1. El acuerdo de transformaciÃ³n no podrÃ¡ modificar la participaciÃ³n social de los socios si no es con el consentimiento de todos los que permanezcan en la sociedad.
2. En el caso de una sociedad con uno o mÃ¡s socios industriales que se transforme en un tipo social en el que no existan tales socios, la participaciÃ³n de Ã©stos en el capital de la nueva sociedad transformada serÃ¡ la que corresponda a la cuota de participaciÃ³n que les hubiera sido asignada en la escritura de constituciÃ³n de la sociedad o, en su defecto, la que se convenga entre todos los socios, reduciÃ©ndose proporcionalmente en ambos casos la participaciÃ³n de los demÃ¡s socios.
La subsistencia, en su caso, de la obligaciÃ³n personal del socio industrial en la sociedad una vez transformada exigirÃ¡ siempre el consentimiento del socio y deberÃ¡ instrumentarse como prestaciÃ³n accesoria en las condiciones que se establezcan en los estatutos sociales.
ArtÃ­culo 13. Sociedades que tuvieran emitidas obligaciones u otros valores.
La transformaciÃ³n de una sociedad que tuviera emitidas obligaciones u otros valores en otro tipo social al que no le estÃ© permitido emitirlos y la de una sociedad anÃ³nima que tuviera emitidas obligaciones convertibles en acciones en otro tipo social diferente, sÃ³lo podrÃ¡n acordarse si previamente se hubiera procedido a la amortizaciÃ³n o a la conversiÃ³n, en su caso, de las obligaciones emitidas.
ArtÃ­culo 14. PublicaciÃ³n del acuerdo de transformaciÃ³n.
1. El acuerdo de transformaciÃ³n se publicarÃ¡ una vez en el Â«BoletÃ­n Oficial del Registro MercantilÂ» y en uno de los diarios de gran circulaciÃ³n de la provincia en que la sociedad tenga su domicilio.
2. La publicaciÃ³n no serÃ¡ necesaria cuando el acuerdo se comunique individualmente por escrito a todos los socios y, en su caso, a los titulares de derechos especiales distintos de las acciones, participaciones o cuotas que no puedan mantenerse despuÃ©s de la transformaciÃ³n, a travÃ©s de un procedimiento que asegure la recepciÃ³n de aquÃ©l en el domicilio que figure en la documentaciÃ³n de la sociedad, asÃ­ como a todos los acreedores en los domicilios que hayan puesto en conocimiento de la sociedad o, en su defecto, en sus domicilios legales.
ArtÃ­culo 15. Derecho de separaciÃ³n de los socios.
1. Los socios que no hubieran votado a favor del acuerdo podrÃ¡n separarse de la sociedad que se transforma, conforme a lo dispuesto para las sociedades de responsabilidad limitada.
2. Los socios que por efecto de la transformaciÃ³n hubieran de asumir una responsabilidad personal por las deudas sociales y no hubieran votado a favor del acuerdo de transformaciÃ³n quedarÃ¡n automÃ¡ticamente separados de la sociedad, si no se adhieren fehacientemente a Ã©l dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de su adopciÃ³n cuando hubieren asistido a la junta de socios, o desde la comunicaciÃ³n de ese acuerdo cuando no hubieran asistido. La valoraciÃ³n de las partes sociales correspondientes a los socios que se separen se harÃ¡ conforme a lo dispuesto para las sociedades de responsabilidad limitada.
ArtÃ­culo 16. Titulares de derechos especiales.
1. La transformaciÃ³n no podrÃ¡ tener lugar si, dentro del mes siguiente a la publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del Registro MercantilÂ» del acuerdo de la misma o del envÃ­o de la comunicaciÃ³n individual por escrito, se opusieran titulares de derechos especiales distintos de las acciones, de las participaciones o de las cuotas que no puedan mantenerse despuÃ©s de la transformaciÃ³n.
2. Esa oposiciÃ³n no producirÃ¡ efecto alguno si es realizada por un socio que hubiere votado a favor de la transformaciÃ³n.
ArtÃ­culo 17. Modificaciones adicionales a la transformaciÃ³n.
1. La transformaciÃ³n de la sociedad podrÃ¡ ir acompaÃ±ada de la incorporaciÃ³n de nuevos socios.
2. Cuando la transformaciÃ³n vaya acompaÃ±ada de la modificaciÃ³n del objeto, el domicilio, el capital social u otros extremos de la escritura o de los estatutos, habrÃ¡n de observarse los requisitos especÃ­ficos de esas operaciones conforme a las disposiciones que rijan el nuevo tipo social.
De la inscripciÃ³n de la transformaciÃ³n
ArtÃ­culo 18. Escritura pÃºblica de transformaciÃ³n.
1. La escritura pÃºblica de transformaciÃ³n habrÃ¡ de ser otorgada por la sociedad y por todos los socios que pasen a responder personalmente de las deudas sociales.
2. AdemÃ¡s de las menciones exigidas para la constituciÃ³n de la sociedad cuyo tipo se adopte, la escritura pÃºblica de transformaciÃ³n habrÃ¡ de contener la relaciÃ³n de socios que hubieran hecho uso del derecho de separaciÃ³n y el capital que representen, asÃ­ como la cuota, las acciones o las participaciones que se atribuyan a cada socio en la sociedad transformada.
3. Si las normas sobre la constituciÃ³n de la sociedad cuyo tipo se adopte asÃ­ lo exigieran, se incorporarÃ¡ a la escritura el informe de los expertos independientes sobre el patrimonio social.
ArtÃ­culo 19. Eficacia de la transformaciÃ³n.
La eficacia de la transformaciÃ³n quedarÃ¡ supeditada a la inscripciÃ³n de la escritura pÃºblica en el Registro Mercantil.
ArtÃ­culo 20. ImpugnaciÃ³n de la transformaciÃ³n.
Una vez inscrita, la transformaciÃ³n podrÃ¡ ser impugnada en el plazo de tres meses.
Efectos de la transformaciÃ³n sobre la responsabilidad de los socios
ArtÃ­culo 21. Responsabilidad de los socios por las deudas sociales.
1. Los socios que en virtud de la transformaciÃ³n asuman responsabilidad personal e ilimitada por las deudas sociales responderÃ¡n en la misma forma de las deudas anteriores a la transformaciÃ³n.
2. Salvo que los acreedores sociales hayan consentido expresamente la transformaciÃ³n, subsistirÃ¡ la responsabilidad de los socios que respondÃ­an personalmente de las deudas de la sociedad transformada por las deudas sociales contraÃ­das con anterioridad a la transformaciÃ³n de la sociedad. Esta responsabilidad prescribirÃ¡ a los cinco aÃ±os a contar desde la publicaciÃ³n de la transformaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del Registro MercantilÂ».
De la fusiÃ³n
De la fusiÃ³n en general
ArtÃ­culo 22. Concepto.
En virtud de la fusiÃ³n, dos o mÃ¡s sociedades mercantiles inscritas se integran en una Ãºnica sociedad mediante la transmisiÃ³n en bloque de sus patrimonios y la atribuciÃ³n a los socios de las sociedades que se extinguen de acciones, participaciones o cuotas de la sociedad resultante, que puede ser de nueva creaciÃ³n o una de las sociedades que se fusionan.
ArtÃ­culo 23. Clases de fusiÃ³n.
1. La fusiÃ³n en una nueva sociedad implicarÃ¡ la extinciÃ³n de cada una de las sociedades que se fusionan y la transmisiÃ³n en bloque de los respectivos patrimonios sociales a la nueva entidad, que adquirirÃ¡ por sucesiÃ³n universal los derechos y obligaciones de aquÃ©llas.
2. Si la fusiÃ³n hubiese de resultar de la absorciÃ³n de una o mÃ¡s sociedades por otra ya existente, Ã©sta adquirirÃ¡ por sucesiÃ³n universal los patrimonios de las sociedades absorbidas, que se extinguirÃ¡n, aumentando, en su caso, el capital social de la sociedad absorbente en la cuantÃ­a que proceda.
ArtÃ­culo 24. Continuidad en la participaciÃ³n.
1. Los socios de las sociedades extinguidas se integrarÃ¡n en la sociedad resultante de la fusiÃ³n, recibiendo un nÃºmero de acciones o participaciones, o una cuota, en proporciÃ³n a su respectiva participaciÃ³n en aquellas sociedades.
2. En el caso de una sociedad con uno o mÃ¡s socios industriales que se fusione en otra en la que no puedan existir tales socios, la participaciÃ³n de Ã©stos en el capital de la sociedad resultante de la fusiÃ³n se determinarÃ¡ atribuyendo a cada uno de ellos la participaciÃ³n en el capital de la sociedad extinguida correspondiente a la cuota de participaciÃ³n que le hubiera sido asignada en la escritura de constituciÃ³n, o en su defecto, la que se convenga entre todos los socios de dicha sociedad, reduciÃ©ndose proporcionalmente en ambos casos la participaciÃ³n de los demÃ¡s socios.
La subsistencia, en su caso, de la obligaciÃ³n personal del socio industrial en la sociedad que resulte de la fusiÃ³n, exigirÃ¡ siempre el consentimiento del socio y deberÃ¡ instrumentarse como prestaciÃ³n accesoria cuando no puedan existir socios industriales.
ArtÃ­culo 25. Tipo de canje.
1. En las operaciones de fusiÃ³n el tipo de canje de las acciones, participaciones o cuotas de las sociedades que participan en la misma debe establecerse sobre la base del valor real de su patrimonio.
2. Cuando sea conveniente para ajustar el tipo de canje, los socios podrÃ¡n recibir, ademÃ¡s, una compensaciÃ³n en dinero que no exceda del diez por ciento del valor nominal de las acciones, de las participaciones o del valor contable de las cuotas atribuidas.
ArtÃ­culo 26. ProhibiciÃ³n de canje de participaciones propias.
Las acciones, participaciones o cuotas de las sociedades que se fusionan, que estuvieran en poder de cualquiera de ellas o en poder de otras personas que actuasen en su propio nombre, pero por cuenta de esas sociedades, no podrÃ¡n canjearse por acciones, participaciones o cuotas de la sociedad resultante de la fusiÃ³n y, en su caso, deberÃ¡n ser amortizadas o extinguidas.
ArtÃ­culo 27. RÃ©gimen jurÃ­dico de la fusiÃ³n.
1. La fusiÃ³n de dos o mÃ¡s sociedades mercantiles inscritas sometidas a la ley espaÃ±ola se regirÃ¡ por lo establecido en esta Ley.
2. La fusiÃ³n de sociedades mercantiles de distinta nacionalidad se regirÃ¡ por lo establecido en las respectivas leyes personales, sin perjuicio de lo establecido en el CapÃ­tulo II sobre fusiones transfronterizas intracomunitarias y, en su caso, del rÃ©gimen aplicable a las sociedades anÃ³nimas europeas.
ArtÃ­culo 28. FusiÃ³n de sociedades en liquidaciÃ³n.
Las sociedades en liquidaciÃ³n podrÃ¡n fusionarse con otras siempre que no haya comenzado la distribuciÃ³n de su patrimonio entre los socios.
ArtÃ­culo 29. AplicaciÃ³n de legislaciÃ³n sectorial.
SerÃ¡n de aplicaciÃ³n a las fusiones de sociedades mercantiles los requisitos que, en su caso, se exijan en la legislaciÃ³n sectorial.
SecciÃ³n 2.Âª Del proyecto de fusiÃ³n
ArtÃ­culo 30. Proyecto comÃºn de fusiÃ³n.
1. Los administradores de cada una de las sociedades que participen en la fusiÃ³n habrÃ¡n de redactar y suscribir un proyecto comÃºn de fusiÃ³n. Si falta la firma de alguno de ellos, se seÃ±alarÃ¡ al final del proyecto, con indicaciÃ³n de la causa.
2. Una vez suscrito el proyecto comÃºn de fusiÃ³n, los administradores de las sociedades que se fusionen se abstendrÃ¡n de realizar cualquier clase de acto o de concluir cualquier contrato que pudiera comprometer la aprobaciÃ³n del proyecto o modificar sustancialmente la relaciÃ³n de canje de las acciones, participaciones o cuotas.
3. El proyecto de fusiÃ³n quedarÃ¡ sin efecto si no hubiera sido aprobado por las juntas de socios de todas las sociedades que participen en la fusiÃ³n dentro de los seis meses siguientes a su fecha.
ArtÃ­culo 31. Contenido del proyecto comÃºn de fusiÃ³n.
El proyecto comÃºn de fusiÃ³n contendrÃ¡, al menos, las menciones siguientes:
1.Âª La denominaciÃ³n, el tipo social y el domicilio de las sociedades que se fusionan y de la sociedad resultante de la fusiÃ³n, asÃ­ como los datos identificadores de la inscripciÃ³n de aquÃ©llas en el Registro Mercantil.
2.Âª El tipo de canje de las acciones, participaciones o cuotas, la compensaciÃ³n complementaria en dinero que se hubiera previsto y, en su caso, el procedimiento de canje.
3.Âª La incidencia que la fusiÃ³n haya de tener sobre las aportaciones de industria o en las prestaciones accesorias en las sociedades que se extinguen y las compensaciones que vayan a otorgarse, en su caso, a los socios afectados en la sociedad resultante.
4.Âª Los derechos que vayan a otorgarse en la sociedad resultante a quienes tengan derechos especiales o a los tenedores de tÃ­tulos distintos de los representativos de capital o las opciones que se les ofrezcan.
5.Âª Las ventajas de cualquier clase que vayan a atribuirse en la sociedad resultante a los expertos independientes que hayan de intervenir, en su caso, en el proyecto de fusiÃ³n, asÃ­ como a los administradores de las sociedades que se fusionan, de la absorbente o de la nueva sociedad.
6.Âª La fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas acciones, participaciones o cuotas tendrÃ¡n derecho a participar en las ganancias sociales y cualesquiera peculiaridades relativas a este derecho.
7.Âª La fecha a partir de la cual la fusiÃ³n tendrÃ¡ efectos contables de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad.
8.Âª Los estatutos de la sociedad resultante de la fusiÃ³n.
9.Âª La informaciÃ³n sobre la valoraciÃ³n del activo y pasivo del patrimonio de cada sociedad que se transmita a la sociedad resultante.
10.Âª Las fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer las condiciones en que se realiza la fusiÃ³n.
11.Âª Las posibles consecuencias de la fusiÃ³n sobre el empleo, asÃ­ como su eventual impacto de gÃ©nero en los Ã³rganos de administraciÃ³n y la incidencia, en su caso, en la responsabilidad social de la empresa.
ArtÃ­culo 32. Publicidad.
1. Los administradores estÃ¡n obligados a presentar un ejemplar del proyecto comÃºn de fusiÃ³n para su depÃ³sito en el Registro Mercantil correspondiente a cada una de las sociedades que participan en la fusiÃ³n. Efectuados el depÃ³sito y la calificaciÃ³n del Registrador, Ã©ste comunicarÃ¡ al Registrador mercantil central, para su inmediata publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del Registro MercantilÂ», el hecho del depÃ³sito y la fecha en que hubiere tenido lugar. La publicaciÃ³n de la convocatoria de las juntas de socios que hayan de resolver sobre la fusiÃ³n no podrÃ¡ realizarse antes de que hubiese quedado efectuado el depÃ³sito, salvo que se trate de la celebraciÃ³n de junta universal.
2. En el anuncio en el Â«BoletÃ­n Oficial del Registro MercantilÂ» deberÃ¡n constar la denominaciÃ³n, el tipo social y el domicilio de las sociedades que se fusionan, asÃ­ como sus datos registrales.
ArtÃ­culo 33. Informe de los administradores sobre el proyecto de fusiÃ³n.
Los administradores de cada una de las sociedades que participan en la fusiÃ³n elaborarÃ¡n un informe explicando y justificando detalladamente el proyecto comÃºn de fusiÃ³n en sus aspectos jurÃ­dicos y econÃ³micos, con especial referencia al tipo de canje de las acciones, participaciones o cuotas y a las especiales dificultades de valoraciÃ³n que pudieran existir, asÃ­ como las implicaciones de la fusiÃ³n para los socios, los acreedores y los trabajadores.
ArtÃ­culo 34. Informe de expertos sobre el proyecto de fusiÃ³n.
1. Cuando la sociedad resultante de la fusiÃ³n sea anÃ³nima o comanditaria por acciones, los administradores de cada una de las sociedades que se fusionan deberÃ¡n solicitar del Registrador mercantil correspondiente al domicilio social, el nombramiento de uno o varios expertos independientes y distintos, para que, por separado, emitan informe sobre el proyecto comÃºn de fusiÃ³n.
No obstante lo anterior, los administradores de todas las sociedades que se fusionan a que se refiere el apartado anterior podrÃ¡n pedir al Registrador mercantil que designe uno o varios expertos para la elaboraciÃ³n de un Ãºnico informe. La competencia para el nombramiento corresponderÃ¡ al Registrador mercantil del domicilio social de la sociedad absorbente o del que figure en el proyecto comÃºn de fusiÃ³n como domicilio de la nueva sociedad.
2. Los expertos nombrados podrÃ¡n obtener de las sociedades que participan en la fusiÃ³n, sin limitaciÃ³n alguna, todas las informaciones y documentos que crean Ãºtiles y proceder a todas las verificaciones que estimen necesarias.
3. En su informe deberÃ¡n manifestar, en todo caso, si estÃ¡ o no justificado el tipo de canje de las acciones, participaciones o cuotas de los socios en las sociedades que se extinguen; cuÃ¡les han sido los mÃ©todos seguidos para establecerlo; si tales mÃ©todos son adecuados, mencionando los valores a los que conducen y las dificultades especiales de valoraciÃ³n, si existieren.
Los expertos deberÃ¡n manifestar, asimismo, si el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen es igual, por lo menos, al capital de la nueva sociedad o al aumento del capital de la absorbente, segÃºn los casos.
4. La responsabilidad de los expertos se regirÃ¡ por lo dispuesto para el auditor de cuentas de la sociedad, y quedarÃ¡ exonerado si acredita que ha aplicado la diligencia y los estÃ¡ndares propios de la actuaciÃ³n que le haya sido encomendada.
5. No serÃ¡ necesario el informe de expertos independientes sobre el proyecto comÃºn de fusiÃ³n cuando asÃ­ lo haya acordado la totalidad de los socios con derecho de voto y, en su caso, de quienes de acuerdo con la ley o los estatutos pudieran ejercer legÃ­timamente el derecho de voto, de cada una de las sociedades que intervienen en la fusiÃ³n o si se tratara de sociedades Ã­ntegramente participadas, conforme al artÃ­culo 49.1.2.Âº de esta Ley.
ArtÃ­culo 35. FusiÃ³n posterior a una adquisiciÃ³n de sociedad con endeudamiento de la adquirente.
En caso de fusiÃ³n entre dos o mÃ¡s sociedades, si alguna de ellas hubiera contraÃ­do deudas en los tres aÃ±os inmediatamente anteriores para adquirir el control de otra que participe en la operaciÃ³n de fusiÃ³n o para adquirir activos de la misma esenciales para su normal explotaciÃ³n o que sean de importancia por su valor patrimonial, serÃ¡n de aplicaciÃ³n las siguientes reglas:
1.Âª El proyecto de fusiÃ³n deberÃ¡ indicar los recursos y los plazos previstos para la satisfacciÃ³n por la sociedad resultante de las deudas contraÃ­das para la adquisiciÃ³n del control o de los activos.
2.Âª El informe de los administradores sobre el proyecto de fusiÃ³n debe indicar las razones que hubieran justificado la adquisiciÃ³n del control o de los activos y que justifiquen, en su caso, la operaciÃ³n de fusiÃ³n y contener un plan econÃ³mico y financiero, con expresiÃ³n de los recursos y la descripciÃ³n de los objetivos que se pretenden conseguir.
3.Âª El informe de los expertos sobre el proyecto de fusiÃ³n debe contener un juicio sobre la razonabilidad de las indicaciones a que se refieren los dos nÃºmeros anteriores, determinando ademÃ¡s si existe asistencia financiera.
En estos supuestos serÃ¡ necesario el informe de expertos, incluso cuando se trate de acuerdo unÃ¡nime de fusiÃ³n.
SecciÃ³n 3.Âª Del balance de fusiÃ³n
ArtÃ­culo 36. Balance de fusiÃ³n.
1. El Ãºltimo balance de ejercicio aprobado podrÃ¡ considerarse balance de fusiÃ³n, siempre que hubiere sido cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha del proyecto de fusiÃ³n.
Si el balance anual no cumpliera con ese requisito, serÃ¡ preciso elaborar un balance cerrado con posterioridad al primer dÃ­a del tercer mes precedente a la fecha del proyecto de fusiÃ³n, siguiendo los mismos mÃ©todos y criterios de presentaciÃ³n del Ãºltimo balance anual.
2. En ambos casos podrÃ¡n modificarse las valoraciones contenidas en el Ãºltimo balance en atenciÃ³n a las modificaciones importantes del valor razonable que no aparezcan en los asientos contables.
ArtÃ­culo 37. VerificaciÃ³n y aprobaciÃ³n del balance.
El balance de fusiÃ³n y las modificaciones de las valoraciones contenidas en el mismo deberÃ¡n ser verificados por el auditor de cuentas de la sociedad, cuando exista obligaciÃ³n de auditar, y habrÃ¡n de ser sometidos a la aprobaciÃ³n de la junta de socios que resuelva sobre la fusiÃ³n a cuyos efectos deberÃ¡ mencionarse expresamente en el orden del dÃ­a de la junta.
ArtÃ­culo 38. ImpugnaciÃ³n del balance de fusiÃ³n.
La impugnaciÃ³n del balance de fusiÃ³n no podrÃ¡ suspender por sÃ­ sola la ejecuciÃ³n de la fusiÃ³n.
A solicitud del socio que se considere perjudicado por la relaciÃ³n de canje establecida, podrÃ¡ someterse al Registrador mercantil del domicilio social la designaciÃ³n de experto independiente que fije la cuantÃ­a de la indemnizaciÃ³n compensatoria, siempre que asÃ­ se hubiera previsto en los estatutos o decidido expresamente por las juntas que acuerden la fusiÃ³n o escisiÃ³n de sociedades. La solicitud al Registrador mercantil se efectuarÃ¡ en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la publicaciÃ³n del acuerdo de fusiÃ³n o escisiÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del Registro MercantilÂ» y se sustanciarÃ¡ por las reglas establecidas en el Reglamento del Registro Mercantil.
SecciÃ³n 4.Âª Del acuerdo de fusiÃ³n
ArtÃ­culo 39. InformaciÃ³n sobre la fusiÃ³n.
1. Al publicar o comunicar individualmente, por cualquier medio que asegure la recepciÃ³n, la convocatoria de la junta a la que haya de someterse la aprobaciÃ³n del proyecto de fusiÃ³n, deberÃ¡n ponerse a disposiciÃ³n de los socios, obligacionistas y titulares de derechos especiales, asÃ­ como de los representantes de los trabajadores para su examen en el domicilio social, los siguientes documentos:
1.Âº El proyecto comÃºn de fusiÃ³n.
2.Âº Los informes de los administradores de cada una de las sociedades sobre el proyecto de fusiÃ³n.
3.Âº Los informes de los expertos independientes, cuando la sociedad resultante de la fusiÃ³n sea anÃ³nima o comanditaria por acciones, siempre que sean legalmente necesarios.
4.Âº Las cuentas anuales y los informes de gestiÃ³n de los tres Ãºltimos ejercicios, asÃ­ como los correspondientes informes de los auditores de cuentas de las sociedades en las que fueran legalmente exigibles.
5.Âº El balance de fusiÃ³n de cada una de las sociedades, cuando sea distinto del Ãºltimo balance anual aprobado, acompaÃ±ado del informe que sobre su verificaciÃ³n debe emitir, en su caso, el auditor de cuentas de la sociedad.
6.Âº Los estatutos sociales vigentes incorporados a escritura pÃºblica y, en su caso, los pactos relevantes que vayan a constar en documento pÃºblico.
7.Âº El proyecto de escritura de constituciÃ³n de la nueva sociedad o, si se trata de una absorciÃ³n, el texto Ã­ntegro de los estatutos de la sociedad absorbente o, a falta de Ã©stos, de la escritura por la que se rija, incluyendo destacadamente las modificaciones que hayan de introducirse.
8.Âº La identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusiÃ³n, la fecha desde la que desempeÃ±an sus cargos y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusiÃ³n.
2. Los socios y los representantes de los trabajadores podrÃ¡n pedir la entrega o envÃ­o gratuito de copia de los documentos por cualquier medio admitido en derecho.
3. Las modificaciones importantes del activo o del pasivo acaecidas en cualquiera de las sociedades que se fusionan, entre la fecha de redacciÃ³n del proyecto de fusiÃ³n y la de la reuniÃ³n de la junta de socios que haya de aprobarla, habrÃ¡n de comunicarse a la junta de todas las sociedades que se fusionan. A tal efecto, los administradores de la sociedad en que se hubieran producido las modificaciones deberÃ¡n ponerlas en conocimiento de los administradores de las restantes sociedades para que puedan informar a sus respectivas juntas.
ArtÃ­culo 40. Acuerdo de fusiÃ³n.
1. La fusiÃ³n habrÃ¡ de ser acordada necesariamente por la junta de socios de cada una de las sociedades que participen en ella, ajustÃ¡ndose estrictamente al proyecto comÃºn de fusiÃ³n, con los requisitos y formalidades establecidos en el rÃ©gimen de las sociedades que se fusionan. Cualquier acuerdo de una sociedad que modifique el proyecto de fusiÃ³n equivaldrÃ¡ al rechazo de la propuesta.
2. La publicaciÃ³n de la convocatoria de la junta o, en su caso, la comunicaciÃ³n del proyecto de fusiÃ³n a los socios, habrÃ¡ de realizarse con un mes de antelaciÃ³n, como mÃ­nimo, a la fecha prevista para la celebraciÃ³n de la junta; deberÃ¡ incluir las menciones mÃ­nimas del proyecto de fusiÃ³n legalmente exigidas, y harÃ¡ constar el derecho que corresponde a todos los socios, obligacionistas y titulares de derechos especiales a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artÃ­culo anterior, asÃ­ como el de obtener la entrega o envÃ­o gratuitos del texto Ã­ntegro de los mismos.
3. Cuando la fusiÃ³n se realice mediante la creaciÃ³n de una nueva sociedad, el acuerdo de fusiÃ³n deberÃ¡ incluir las menciones legalmente exigidas para la constituciÃ³n de aquÃ©lla.
ArtÃ­culo 41. Exigencias especiales del acuerdo de fusiÃ³n.
1. El acuerdo de fusiÃ³n exigirÃ¡, ademÃ¡s, el consentimiento de todos los socios que, por virtud de la fusiÃ³n, pasen a responder ilimitadamente de las deudas sociales, asÃ­ como el de los socios de las sociedades que se extingan que hayan de asumir obligaciones personales en la sociedad resultante de la fusiÃ³n.
2. TambiÃ©n serÃ¡ necesario el consentimiento individual de los titulares de derechos especiales distintos de las acciones o participaciones cuando no disfruten, en la sociedad resultante de la fusiÃ³n, de derechos equivalentes a los que les correspondÃ­an en la sociedad extinguida, a no ser que la modificaciÃ³n de tales derechos hubiera sido aprobada, en su caso, por la asamblea de esos titulares.
ArtÃ­culo 42. Acuerdo unÃ¡nime de fusiÃ³n.
Cuando las sociedades participantes o la sociedad resultante de la fusiÃ³n no sean anÃ³nimas o comanditarias por acciones y el acuerdo de fusiÃ³n hubiera sido adoptado en junta de socios con la asistencia o representaciÃ³n de todos ellos y por unanimidad, no serÃ¡n aplicables las normas generales que sobre el proyecto y el balance de fusiÃ³n se establecen en las Secciones segunda y tercera de este CapÃ­tulo. Tampoco se aplicarÃ¡n las normas relativas a la informaciÃ³n sobre la fusiÃ³n previstas en el artÃ­culo 39 ni las relativas a la adopciÃ³n del acuerdo de fusiÃ³n, a la publicaciÃ³n de la convocatoria de la junta y a la comunicaciÃ³n, en su caso, a los socios del proyecto de fusiÃ³n previstas en los apartados 1 y 2 del artÃ­culo 40.
La inaplicaciÃ³n de las normas seÃ±aladas en el pÃ¡rrafo anterior no restringirÃ¡ los derechos de informaciÃ³n que sobre el objeto y el alcance de la fusiÃ³n, en particular sobre el empleo, corresponden a los representantes de los trabajadores.
ArtÃ­culo 43. PublicaciÃ³n del acuerdo.
1. El acuerdo de fusiÃ³n, una vez adoptado, se publicarÃ¡ en el Â«BoletÃ­n Oficial del Registro MercantilÂ» y en uno de los diarios de gran circulaciÃ³n en las provincias en las que cada una de las sociedades tenga su domicilio. En el anuncio se harÃ¡ constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto Ã­ntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusiÃ³n, asÃ­ como el derecho de oposiciÃ³n que corresponde a los acreedores.
2. No serÃ¡ necesaria la publicaciÃ³n a que se refiere el apartado anterior cuando el acuerdo se comunique individualmente por escrito a todos los socios y acreedores, por un procedimiento que asegure la recepciÃ³n de aquÃ©l en el domicilio que figure en la documentaciÃ³n de la sociedad.
ArtÃ­culo 44. Derecho de oposiciÃ³n de los acreedores.
1. La fusiÃ³n no podrÃ¡ ser realizada antes de que transcurra un mes, contado desde la fecha de publicaciÃ³n del Ãºltimo anuncio del acuerdo por el que se aprueba la fusiÃ³n o, en caso de comunicaciÃ³n por escrito a todos los socios y acreedores, del envÃ­o de la comunicaciÃ³n al Ãºltimo de ellos.
2. Dentro de ese plazo, podrÃ¡n oponerse a la fusiÃ³n los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan cuyo crÃ©dito haya nacido antes de la fecha de publicaciÃ³n del proyecto de fusiÃ³n, no haya vencido en ese momento y hasta que se les garanticen tales crÃ©ditos. No gozarÃ¡n de este derecho de oposiciÃ³n a la fusiÃ³n los acreedores cuyos crÃ©ditos se encuentren ya suficientemente garantizados.
Los obligacionistas podrÃ¡n ejercer el derecho de oposiciÃ³n en los mismos tÃ©rminos que los restantes acreedores, salvo que la fusiÃ³n hubiere sido aprobada por la asamblea de obligacionistas.
3. En los casos en los que los acreedores tengan derecho a oponerse a la fusiÃ³n, Ã©sta no podrÃ¡ llevarse a efecto hasta que la sociedad presente garantÃ­a a satisfacciÃ³n del acreedor o, en otro caso, hasta que notifique a dicho acreedor la prestaciÃ³n de fianza solidaria en favor de la sociedad por una entidad de crÃ©dito debidamente habilitada para prestarla, por la cuantÃ­a del crÃ©dito de que fuera titular el acreedor, y hasta tanto no prescriba la acciÃ³n para exigir su cumplimiento.
SecciÃ³n 5.Âª De la formalizaciÃ³n e inscripciÃ³n de la fusiÃ³n
ArtÃ­culo 45. Escritura pÃºblica de fusiÃ³n.
1. Las sociedades que se fusionan elevarÃ¡n el acuerdo de fusiÃ³n adoptado a escritura pÃºblica, a la cual se incorporarÃ¡ el balance de fusiÃ³n de aquÃ©llas.
2. Si la fusiÃ³n se realizara mediante la creaciÃ³n de una nueva sociedad, la escritura deberÃ¡ contener, ademÃ¡s, las menciones legalmente exigidas para la constituciÃ³n de la misma en atenciÃ³n al tipo elegido.
Si se realizara por absorciÃ³n, la escritura contendrÃ¡ las modificaciones estatutarias que se hubieran acordado por la sociedad absorbente con motivo de la fusiÃ³n y el nÃºmero, clase y serie de las acciones o las participaciones o cuotas que hayan de ser atribuidas, en cada caso, a cada uno de los nuevos socios.
ArtÃ­culo 46. InscripciÃ³n de la fusiÃ³n.
1. La eficacia de la fusiÃ³n se producirÃ¡ con la inscripciÃ³n de la nueva sociedad o, en su caso, con la inscripciÃ³n de la absorciÃ³n en el Registro Mercantil competente.
2. Una vez inscrita la fusiÃ³n se cancelarÃ¡n los asientos registrales de las sociedades extinguidas.
SecciÃ³n 6.Âª De la impugnaciÃ³n de la fusiÃ³n
ArtÃ­culo 47. ImpugnaciÃ³n de la fusiÃ³n.
1. Ninguna fusiÃ³n podrÃ¡ ser impugnada tras su inscripciÃ³n siempre que se haya realizado de conformidad con las previsiones de esta Ley. Quedan a salvo, en su caso, los derechos de los socios y de los terceros al resarcimiento de los daÃ±os y perjuicios causados.
2. El plazo para el ejercicio de la acciÃ³n de impugnaciÃ³n caduca a los tres meses, contados desde la fecha en que la fusiÃ³n fuera oponible a quien invoca la nulidad.
3. La sentencia que declare la nulidad habrÃ¡ de inscribirse en el Registro Mercantil, se publicarÃ¡ en su Â«BoletÃ­n OficialÂ» y no afectarÃ¡ por sÃ­ sola a la validez de las obligaciones nacidas despuÃ©s de la inscripciÃ³n de la fusiÃ³n, a favor o a cargo de la sociedad absorbente o de la nueva sociedad surgida de la fusiÃ³n.
De tales obligaciones, cuando sean a cargo de la sociedad absorbente o de la nueva sociedad, responderÃ¡n solidariamente las sociedades que participaron en la fusiÃ³n.
4. Si la fusiÃ³n lo fuere por el procedimiento de creaciÃ³n de una nueva sociedad se estarÃ¡, ademÃ¡s, al rÃ©gimen de nulidad del tipo societario de que se trate.
SecciÃ³n 7.Âª Efectos de la fusiÃ³n sobre la responsabilidad de los socios
ArtÃ­culo 48. Responsabilidad por las deudas sociales anteriores a la fusiÃ³n.
Salvo que los acreedores sociales hayan consentido de modo expreso la fusiÃ³n, los socios responsables personalmente de las deudas de las sociedades que se extingan por la fusiÃ³n contraÃ­das con anterioridad a esa fusiÃ³n, continuarÃ¡n respondiendo de esas deudas. Esta responsabilidad prescribirÃ¡ a los cinco aÃ±os a contar desde la publicaciÃ³n de la fusiÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del Registro MercantilÂ».
SecciÃ³n 8.Âª De las fusiones especiales
ArtÃ­culo 49. AbsorciÃ³n de sociedad Ã­ntegramente participada.
1. Cuando la sociedad absorbente fuera titular de forma directa o indirecta de todas las acciones o participaciones sociales en que se divida el capital de la sociedad o sociedades absorbidas, la operaciÃ³n podrÃ¡ realizarse sin necesidad de que concurran los siguientes requisitos:
1.Âº La inclusiÃ³n en el proyecto de fusiÃ³n de las menciones 2.Âª y 6.Âª del artÃ­culo 31 y, salvo que se trate de fusiÃ³n transfronteriza intracomunitaria, las menciones 9.Âª y 10.Âª de ese mismo artÃ­culo.
2.Âº Los informes de administradores y expertos sobre el proyecto de fusiÃ³n. No obstante, el informe de los administradores serÃ¡ necesario cuando se trate de una fusiÃ³n transfronteriza intracomunitaria.
3.Âº El aumento de capital de la sociedad absorbente.
4.Âº La aprobaciÃ³n de la fusiÃ³n por las juntas generales de la sociedad o sociedades absorbidas.
2. Cuando la sociedad absorbente fuese titular de forma indirecta de todas las acciones o participaciones sociales en que se divide el capital de la sociedad absorbida, ademÃ¡s de tener en cuenta lo dispuesto en el apartado anterior, serÃ¡ siempre necesario el informe de expertos a que se refiere el artÃ­culo 34 y serÃ¡ exigible, en su caso, el aumento de capital de la sociedad absorbente. Cuando la fusiÃ³n provoque una disminuciÃ³n del patrimonio neto de sociedades que no intervienen en la fusiÃ³n por la participaciÃ³n que tienen en la sociedad absorbida, la sociedad absorbente deberÃ¡ compensar a estas Ãºltimas sociedades por el valor razonable de esa participaciÃ³n.
ArtÃ­culo 50. AbsorciÃ³n de sociedad participada al noventa por ciento.
1. Cuando la sociedad absorbente fuera titular directa del noventa por ciento o mÃ¡s, pero no de la totalidad del capital de la sociedad o de las sociedades anÃ³nimas o de responsabilidad limitada que vayan a ser objeto de absorciÃ³n, no serÃ¡n necesarios los informes de administradores y de expertos sobre el proyecto de fusiÃ³n, siempre que en Ã©ste se ofrezca por la sociedad absorbente a los socios de las sociedades absorbidas la adquisiciÃ³n de sus acciones o participaciones sociales, estimadas en su valor razonable, dentro de un plazo determinado que no podrÃ¡ ser superior a un mes a contar desde la fecha de la inscripciÃ³n de la absorciÃ³n en el Registro Mercantil. No obstante, el informe de los administradores serÃ¡ necesario cuando se trate de una fusiÃ³n transfronteriza comunitaria.
2. En el proyecto de fusiÃ³n deberÃ¡ constar el valor establecido para la adquisiciÃ³n de las acciones o participaciones sociales. Los socios que manifiesten la voluntad de transmitir las acciones o participaciones sociales a la sociedad absorbente, pero que no estuvieran de acuerdo con el valor que para las mismas se hubiera hecho constar en el proyecto, podrÃ¡n ejercitar, dentro del plazo de seis meses desde que notificaron su voluntad de enajenar sus acciones o participaciones, las acciones judiciales correspondientes para exigir que la sociedad las adquiera por el valor razonable que se fije en el procedimiento.
3. Las acciones o participaciones de los socios de la sociedad absorbida que no fueran adquiridas deberÃ¡n ser canjeadas por acciones o participaciones propias que la absorbente tuviera en cartera. En otro caso, y siempre que no tenga que celebrarse la junta a solicitud de la minorÃ­a, los administradores estÃ¡n autorizados, si asÃ­ lo prevÃ© el proyecto de fusiÃ³n, a elevar el capital en la medida estrictamente necesaria para el canje.
ArtÃ­culo 51. Junta de socios de la sociedad absorbente.
1. Cuando la sociedad absorbente fuera titular directa del noventa por ciento o mÃ¡s del capital social de la sociedad o de las sociedades anÃ³nimas o de responsabilidad limitada que vayan a ser objeto de absorciÃ³n, no serÃ¡ necesaria la aprobaciÃ³n de la fusiÃ³n por la junta de socios de la sociedad absorbente, siempre que con un mes de antelaciÃ³n como mÃ­nimo a la fecha prevista para la celebraciÃ³n de la junta o juntas de las sociedades absorbidas que deban pronunciarse sobre el proyecto de fusiÃ³n, o, en caso de sociedad Ã­ntegramente participada, a la fecha prevista para la formalizaciÃ³n de la absorciÃ³n, se hubiera publicado el proyecto por cada una de las sociedades participantes en la operaciÃ³n con un anuncio, publicado en el Â«BoletÃ­n Oficial del Registro MercantilÂ» o en uno de los diarios de gran circulaciÃ³n en la provincia en las que cada una de las sociedades tenga su domicilio, en el que se haga constar el derecho que corresponde a los socios de la sociedad absorbente y a los acreedores de las sociedades que participan en la fusiÃ³n a examinar en el domicilio social los documentos indicados en los nÃºmeros 1.Âº, 3.Âº y 4.Âº del apartado primero del artÃ­culo 39, asÃ­ como a obtener la entrega o el envÃ­o gratuitos del texto Ã­ntegro de los mismos. En el anuncio deberÃ¡ mencionarse tambiÃ©n el derecho de los socios que representen al menos el uno por ciento del capital social a exigir la celebraciÃ³n de la junta de la sociedad absorbente para la aprobaciÃ³n de la absorciÃ³n, asÃ­ como el derecho de los acreedores de la sociedad absorbente a oponerse a la fusiÃ³n en el plazo de un mes desde la publicaciÃ³n del proyecto, en los tÃ©rminos del artÃ­culo 44 de la presente Ley.
2. Los administradores de la sociedad absorbente estarÃ¡n obligados a convocar la junta para que apruebe la absorciÃ³n cuando, dentro de los quince dÃ­as siguientes a la publicaciÃ³n del Ãºltimo de los anuncios a los que se refiere el apartado anterior, lo soliciten socios que representen, al menos, el uno por ciento del capital social. En este supuesto, la junta debe ser convocada para su celebraciÃ³n dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente a los administradores para convocarla.
ArtÃ­culo 52. Supuestos asimilados a la absorciÃ³n de sociedades Ã­ntegramente participadas.
1. Lo dispuesto para la absorciÃ³n de sociedades Ã­ntegramente participadas serÃ¡ de aplicaciÃ³n, en la medida que proceda, a la fusiÃ³n, en cualquiera de sus clases, de sociedades Ã­ntegramente participadas de forma directa o indirecta por el mismo socio, asÃ­ como a la fusiÃ³n por absorciÃ³n cuando la sociedad absorbida fuera titular de forma directa o indirecta de todas las acciones o participaciones de la sociedad absorbente.
2. Cuando la sociedad absorbida fuese titular de forma indirecta de todas las acciones o participaciones sociales en que se divide el capital de la sociedad absorbente o cuando las sociedades absorbida y absorbente estÃ©n participadas indirectamente por el mismo socio, serÃ¡ siempre necesario el informe de expertos a que se refiere el artÃ­culo 34 y serÃ¡ exigible, en su caso, el aumento de capital de la sociedad absorbente. Cuando la fusiÃ³n provoque una disminuciÃ³n del patrimonio neto de sociedades que no intervienen en la fusiÃ³n por la participaciÃ³n que tienen en la sociedad absorbente o absorbida, la sociedad absorbente deberÃ¡ compensar a dichas sociedades por el valor razonable de esa participaciÃ³n.
SecciÃ³n 9.Âª OperaciÃ³n asimilada a la fusiÃ³n
ArtÃ­culo 53. OperaciÃ³n asimilada a la fusiÃ³n.
TambiÃ©n constituye una fusiÃ³n la operaciÃ³n mediante la cual una sociedad se extingue transmitiendo en bloque su patrimonio a la sociedad que posee la totalidad de las acciones, participaciones o cuotas correspondientes a aquÃ©lla.
ArtÃ­culo 54. Concepto.
1. Se consideran fusiones transfronterizas intracomunitarias las fusiones de sociedades de capital constituidas de conformidad con la legislaciÃ³n de un Estado parte del Espacio EconÃ³mico Europeo y cuyo domicilio social, administraciÃ³n central o centro de actividad principal se encuentre dentro del Espacio EconÃ³mico Europeo, cuando, interviniendo al menos dos de ellas sometidas a la legislaciÃ³n de Estados miembros diferentes, una de las sociedades que se fusionen estÃ© sujeta a la legislaciÃ³n espaÃ±ola.
2. Las sociedades de capital sujetas a la legislaciÃ³n espaÃ±ola que pueden participar en fusiones transfronterizas son las sociedades anÃ³nimas, comanditarias por acciones y de responsabilidad limitada.
ArtÃ­culo 55. RÃ©gimen jurÃ­dico aplicable.
Son aplicables a las fusiones transfronterizas intracomunitarias las disposiciones de este CapÃ­tulo y supletoriamente las disposiciones que rigen la fusiÃ³n en general.
ArtÃ­culo 56. Exclusiones del rÃ©gimen de fusiones transfronterizas.
1. Lo dispuesto en el presente CapÃ­tulo no serÃ¡ aplicable a las fusiones transfronterizas en las que participe una sociedad cooperativa.
2. Tampoco se aplicarÃ¡ lo dispuesto en el presente CapÃ­tulo a las fusiones transfronterizas en las que participe una sociedad cuyo objeto sea la inversiÃ³n colectiva de capitales obtenidos del pÃºblico y su funcionamiento estÃ© sometido al principio de reparto de los riesgos, cuyas participaciones, a peticiÃ³n del tenedor de las mismas, se readquieran o se rescaten, directa o indirectamente, con cargo a los activos de dicha sociedad. A tales readquisiciones y reembolsos se equipara el hecho de que dicha sociedad de inversiÃ³n colectiva actÃºe de manera que el valor de sus participaciones en bolsa no se aparte sensiblemente del valor de su inventario neto.
ArtÃ­culo 57. CompensaciÃ³n en efectivo.
El hecho de que la legislaciÃ³n de, al menos, uno de los Estados afectados permita que la compensaciÃ³n en efectivo, que forma parte del tipo de canje, supere el diez por ciento del valor nominal o, en su defecto, del valor contable de las acciones o participaciones que se canjeen, no serÃ¡ obstÃ¡culo para la realizaciÃ³n de una fusiÃ³n transfronteriza intracomunitaria.
ArtÃ­culo 58. AplicaciÃ³n de la normativa nacional por razones de interÃ©s pÃºblico.
Las normas que permiten al Gobierno espaÃ±ol imponer condiciones por razones de interÃ©s pÃºblico a una fusiÃ³n interna serÃ¡n tambiÃ©n de aplicaciÃ³n a las fusiones transfronterizas en las que, al menos, una de las sociedades que se fusionan estÃ© sujeta a la ley espaÃ±ola.
ArtÃ­culo 59. Proyecto comÃºn de fusiÃ³n transfronteriza.
1. El proyecto comÃºn de fusiÃ³n transfronteriza que habrÃ¡n de redactar los administradores de cada una de las sociedades que participan en la fusiÃ³n contendrÃ¡ al menos las menciones establecidas con carÃ¡cter general para el proyecto comÃºn de fusiÃ³n de sociedades.
2. El proyecto deberÃ¡ incluir, ademÃ¡s, las menciones siguientes:
1.Âª Las ventajas particulares atribuidas a los expertos que estudien el proyecto de fusiÃ³n transfronteriza, asÃ­ como a los miembros de los Ã³rganos de administraciÃ³n, direcciÃ³n, vigilancia o control de las sociedades que se fusionen.
2.Âª Si procede, la informaciÃ³n sobre los procedimientos mediante los cuales se determinen las condiciones de implicaciÃ³n de los trabajadores en la definiciÃ³n de sus derechos de participaciÃ³n en la sociedad resultante de la fusiÃ³n transfronteriza de conformidad con lo dispuesto en el artÃ­culo 67 de esta Ley.
ArtÃ­culo 60. Informe de los Ã³rganos de direcciÃ³n o administraciÃ³n.
1. El informe de los administradores de cada una de las sociedades que participan en la fusiÃ³n transfronteriza, que elaborarÃ¡n conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 33, se pondrÃ¡ a disposiciÃ³n de los socios y de los representantes de los trabajadores, o en su defecto de los propios trabajadores, en un plazo no inferior a un mes antes de la fecha de la junta de socios que ha de resolver sobre el proyecto comÃºn de fusiÃ³n transfronteriza.
2. Cuando los administradores de la sociedad espaÃ±ola reciban a tiempo una opiniÃ³n de los representantes de los trabajadores, esa opiniÃ³n se adjuntarÃ¡ al informe.
ArtÃ­culo 61. AprobaciÃ³n por la junta de socios.
Al pronunciarse sobre el proyecto comÃºn de fusiÃ³n transfronteriza, la junta de socios de cada una de las sociedades que se fusionen podrÃ¡ condicionar la realizaciÃ³n de la fusiÃ³n a la ratificaciÃ³n expresa de las disposiciones decididas para la participaciÃ³n de los trabajadores en la sociedad resultante de la fusiÃ³n transfronteriza.
ArtÃ­culo 62. Derecho de separaciÃ³n de los socios.
Los socios de las sociedades espaÃ±olas participantes en una fusiÃ³n transfronteriza intracomunitaria que voten en contra del acuerdo de una fusiÃ³n cuya sociedad resultante tenga su domicilio en otro Estado miembro podrÃ¡n separarse de la sociedad conforme a lo dispuesto para las sociedades de responsabilidad limitada.
ArtÃ­culo 63. FusiÃ³n de una sociedad de responsabilidad limitada.
SerÃ¡n aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada que participen en una fusiÃ³n transfronteriza las normas que rigen con carÃ¡cter general para las fusiones de sociedades anÃ³nimas y comanditarias por acciones.
ArtÃ­culo 64. CertificaciÃ³n previa a la fusiÃ³n.
A la vista de los datos obrantes en el Registro y en la escritura pÃºblica de fusiÃ³n presentada, el Registrador mercantil del domicilio social de la sociedad que se fusiona certificarÃ¡ la correcta realizaciÃ³n de los actos y trÃ¡mites previos a la fusiÃ³n por parte de las sociedades sujetas a la legislaciÃ³n espaÃ±ola, a las que entregarÃ¡ sin demora el correspondiente certificado.
ArtÃ­culo 65. Control de legalidad.
1. Cuando la sociedad resultante de la fusiÃ³n estÃ© sujeta a la legislaciÃ³n espaÃ±ola, el Registrador mercantil, antes de proceder a la inscripciÃ³n, controlarÃ¡ tambiÃ©n la legalidad del procedimiento en lo relativo a la realizaciÃ³n de la fusiÃ³n y a la constituciÃ³n de la nueva sociedad o a las modificaciones de la sociedad absorbente, asÃ­ como la aprobaciÃ³n en los mismos tÃ©rminos del proyecto comÃºn por las sociedades que se fusionen y, en su caso, la adecuaciÃ³n de las disposiciones sobre participaciÃ³n de los trabajadores. A estos efectos, cada una de las sociedades participantes remitirÃ¡ al Registrador mercantil el certificado a que se refiere el artÃ­culo anterior en el plazo de seis meses a partir de su expediciÃ³n, asÃ­ como el proyecto comÃºn de fusiÃ³n aprobado por la junta de socios.
2. En los casos en que, de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 67, deba existir participaciÃ³n de los trabajadores en el sentido de la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicaciÃ³n de los trabajadores en las sociedades anÃ³nimas y cooperativas europeas, no podrÃ¡ inscribirse la fusiÃ³n salvo que se haya celebrado un acuerdo de participaciÃ³n de los trabajadores, haya expirado el perÃ­odo de negociaciones sin que se haya celebrado ningÃºn acuerdo o los Ã³rganos competentes de las sociedades que participen en la fusiÃ³n hayan optado por estar directamente sujetas a las disposiciones subsidiarias establecidas en la Ley 31/2006, de 18 de octubre. Asimismo, los estatutos de las sociedades resultantes de fusiones transfronterizas en ningÃºn caso podrÃ¡n ser contrarios a las disposiciones relativas a la participaciÃ³n de los trabajadores que se hayan fijado.
3. Si ademÃ¡s de la sociedad resultante de la fusiÃ³n tambiÃ©n fuera espaÃ±ola alguna de las sociedades que se extinguen, la legalidad del procedimiento de fusiÃ³n en relaciÃ³n con la misma se realizarÃ¡ por el Registrador mercantil del domicilio de la sociedad resultante de la fusiÃ³n, siendo suficiente que en el tÃ­tulo presentado al Registro conste, debidamente acreditada por el Registrador del domicilio de la sociedad que se extingue, la inexistencia de obstÃ¡culos registrales para la fusiÃ³n pretendida.
ArtÃ­culo 66. Publicidad e inscripciÃ³n de la fusiÃ³n transfronteriza.
1. SerÃ¡ aplicable a la sociedad o sociedades sujetas a la legislaciÃ³n espaÃ±ola que participen en la fusiÃ³n lo dispuesto sobre publicaciÃ³n de las fusiones con carÃ¡cter general.
2. En el Â«BoletÃ­n Oficial del Registro MercantilÂ» deberÃ¡ publicarse una indicaciÃ³n, para cada una de las sociedades que se fusionen, de las condiciones de ejercicio de los derechos de los acreedores y, cuando proceda, de los socios de las sociedades que se fusionen, asÃ­ como la direcciÃ³n donde pueda obtenerse, sin gastos, una informaciÃ³n exhaustiva sobre esas condiciones.
3. Cuando la sociedad resultante de la fusiÃ³n estÃ© sujeta a la legislaciÃ³n espaÃ±ola, el Registro Mercantil que haya practicado la inscripciÃ³n lo notificarÃ¡ de inmediato a los Registros donde estÃ©n inscritas las sociedades participantes para que se proceda a su cancelaciÃ³n.
ArtÃ­culo 67. Derechos de implicaciÃ³n de los trabajadores en la sociedad resultante de la fusiÃ³n.
1. Cuando la sociedad resultante de la fusiÃ³n tenga su domicilio en EspaÃ±a, los derechos de implicaciÃ³n de los trabajadores en la sociedad se definirÃ¡n con arreglo a la legislaciÃ³n laboral espaÃ±ola.
En particular, los derechos de participaciÃ³n de los trabajadores en la sociedad se definirÃ¡n con arreglo a lo dispuesto en el TÃ­tulo IV de la Ley 31/2006, de 18 de octubre.
2. Cuando al menos una de las sociedades que participan en la fusiÃ³n estÃ© gestionada en rÃ©gimen de participaciÃ³n de los trabajadores y la sociedad resultante de la fusiÃ³n transfronteriza se rija por dicho sistema, Ã©sta deberÃ¡ adoptar una forma jurÃ­dica que permita el ejercicio de los derechos de participaciÃ³n.
3. A efectos de lo previsto en esta Ley, los conceptos de implicaciÃ³n y de participaciÃ³n de los trabajadores serÃ¡n los establecidos en el artÃ­culo 2 de la Ley 31/2006, de 18 de octubre.
4. Los derechos de informaciÃ³n y consulta de los trabajadores de la sociedad resultante de la fusiÃ³n que presten sus servicios en centros de trabajo situados en EspaÃ±a se regirÃ¡n por la legislaciÃ³n laboral espaÃ±ola, al margen del lugar donde dicha sociedad tenga su domicilio.
De la escisiÃ³n
ArtÃ­culo 68. Clases y requisitos.
1. La escisiÃ³n de una sociedad mercantil inscrita podrÃ¡ revestir cualquiera de las siguientes modalidades:
1.Âª EscisiÃ³n total.
2.Âª EscisiÃ³n parcial.
3.Âª SegregaciÃ³n.
2. Las sociedades beneficiarias de la escisiÃ³n podrÃ¡n ser de un tipo mercantil diferente al de la sociedad que se escinde.
3. SÃ³lo podrÃ¡ acordarse la escisiÃ³n si las acciones o las aportaciones de los socios a la sociedad que se escinde se encuentran Ã­ntegramente desembolsadas.
ArtÃ­culo 69. EscisiÃ³n total.
Se entiende por escisiÃ³n total la extinciÃ³n de una sociedad, con divisiÃ³n de todo su patrimonio en dos o mÃ¡s partes, cada una de las cuales se transmite en bloque por sucesiÃ³n universal a una sociedad de nueva creaciÃ³n o es absorbida por una sociedad ya existente, recibiendo los socios un nÃºmero de acciones, participaciones o cuotas de las sociedades beneficiarias proporcional a su respectiva participaciÃ³n en la sociedad que se escinde.
ArtÃ­culo 70. EscisiÃ³n parcial.
1. Se entiende por escisiÃ³n parcial el traspaso en bloque por sucesiÃ³n universal de una o varias partes del patrimonio de una sociedad, cada una de las cuales forme una unidad econÃ³mica, a una o varias sociedades de nueva creaciÃ³n o ya existentes, recibiendo los socios de la sociedad que se escinde un nÃºmero de acciones, participaciones o cuotas sociales de las sociedades beneficiarias de la escisiÃ³n proporcional a su respectiva participaciÃ³n en la sociedad que se escinde y reduciendo Ã©sta el capital social en la cuantÃ­a necesaria.
2. Si la parte del patrimonio que se transmite en bloque estÃ¡ constituida por una o varias empresas o establecimientos comerciales, industriales o de servicios, podrÃ¡n ser atribuidas a la sociedad beneficiaria las deudas contraÃ­das para la organizaciÃ³n o el funcionamiento de la empresa que se traspasa.
ArtÃ­culo 71. SegregaciÃ³n.
Se entiende por segregaciÃ³n el traspaso en bloque por sucesiÃ³n universal de una o varias partes del patrimonio de una sociedad, cada una de las cuales forme una unidad econÃ³mica, a una o varias sociedades, recibiendo a cambio la sociedad segregada acciones, participaciones o cuotas de las sociedades beneficiarias.
ArtÃ­culo 72. ConstituciÃ³n de sociedad Ã­ntegramente participada mediante transmisiÃ³n del patrimonio.
Se aplicarÃ¡n tambiÃ©n, en cuanto procedan, las normas de la escisiÃ³n a la operaciÃ³n mediante la cual una sociedad transmite en bloque su patrimonio a otra sociedad de nueva creaciÃ³n, recibiendo a cambio todas las acciones, participaciones o cuotas de socio de la sociedad beneficiaria.
RÃ©gimen legal de la escisiÃ³n
ArtÃ­culo 73. RÃ©gimen jurÃ­dico de la escisiÃ³n.
1. La escisiÃ³n se regirÃ¡ por las normas establecidas para la fusiÃ³n en esta Ley, con las salvedades contenidas en este CapÃ­tulo, entendiendo que las referencias a la sociedad resultante de la fusiÃ³n equivalen a referencias a las sociedades beneficiarias de la escisiÃ³n.
2. La escisiÃ³n en la que participen o resulten sociedades mercantiles de distinta nacionalidad se regirÃ¡ por lo establecido en las respectivas leyes personales. En las sociedades anÃ³nimas europeas se estarÃ¡ al rÃ©gimen que en cada caso les fuere aplicable.
ArtÃ­culo 74. Proyecto de escisiÃ³n.
En el proyecto de escisiÃ³n, ademÃ¡s de las menciones enumeradas para el proyecto de fusiÃ³n, se incluirÃ¡n:
1.Âº La designaciÃ³n y, en su caso, el reparto preciso de los elementos del activo y del pasivo que han de transmitirse a las sociedades beneficiarias.
2.Âº El reparto entre los socios de la sociedad escindida de las acciones, participaciones o cuotas que les correspondan en el capital de las sociedades beneficiarias, asÃ­ como el criterio en que se funda ese reparto. No procederÃ¡ esta menciÃ³n en los casos de segregaciÃ³n.
ArtÃ­culo 75. AtribuciÃ³n de elementos del activo y del pasivo.
1. En caso de escisiÃ³n total, cuando un elemento del activo no se haya atribuido a ninguna sociedad beneficiaria en el proyecto de escisiÃ³n y la interpretaciÃ³n de Ã©ste no permita decidir sobre el reparto, se distribuirÃ¡ ese elemento o su contravalor entre todas las sociedades beneficiarias de manera proporcional al activo atribuido a cada una de ellas en el proyecto de escisiÃ³n.
2. En caso de escisiÃ³n total, cuando un elemento del pasivo no sea atribuido a alguna sociedad beneficiaria en el proyecto de escisiÃ³n y la interpretaciÃ³n de Ã©ste no permita decidir sobre su reparto, responderÃ¡n solidariamente de Ã©l todas las sociedades beneficiarias.
ArtÃ­culo 76. AtribuciÃ³n de acciones, participaciones o cuotas a los socios.
En los casos de escisiÃ³n total o de escisiÃ³n parcial con pluralidad de sociedades beneficiarias, siempre que no se atribuyan a los socios de la sociedad que se escinde acciones, participaciones o cuotas de todas las sociedades beneficiarias, serÃ¡ necesario el consentimiento individual de los afectados.
ArtÃ­culo 77. Informe de los administradores sobre el proyecto de escisiÃ³n.
En el informe sobre el proyecto de escisiÃ³n que habrÃ¡n de redactar los administradores de las sociedades participantes en la escisiÃ³n se deberÃ¡ expresar que han sido emitidos los informes sobre las aportaciones no dinerarias previstos en esta Ley para el caso de que las sociedades beneficiarias de la escisiÃ³n sean anÃ³nimas o comanditarias por acciones, asÃ­ como el Registro Mercantil en que esos informes estÃ©n depositados o vayan a depositarse.
ArtÃ­culo 78. Informe de expertos independientes.
1. Cuando las sociedades que participen en la escisiÃ³n sean anÃ³nimas o comanditarias por acciones, el proyecto de escisiÃ³n deberÃ¡ someterse al informe de uno o varios expertos independientes designados por el Registrador mercantil del domicilio de cada una de esas sociedades. Dicho informe comprenderÃ¡, ademÃ¡s, la valoraciÃ³n del patrimonio no dinerario que se transmita a cada sociedad.
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, los administradores de todas las sociedades que participan en la escisiÃ³n podrÃ¡n solicitar al Registrador mercantil del domicilio de cualquiera de ellas el nombramiento de uno o varios expertos para la elaboraciÃ³n de un Ãºnico informe.
3. El informe o informes de los expertos no serÃ¡n necesarios cuando asÃ­ lo acuerden la totalidad de los socios con derecho de voto y, en su caso, de quienes de acuerdo con la ley o los estatutos pudieran ejercer legÃ­timamente el derecho de voto, de cada una de las sociedades que participan en la escisiÃ³n.
ArtÃ­culo 79. Modificaciones patrimoniales posteriores al proyecto de escisiÃ³n.
Los administradores de la sociedad escindida estÃ¡n obligados a informar a su junta de socios sobre cualquier modificaciÃ³n importante del patrimonio acaecida entre la fecha de elaboraciÃ³n del proyecto de escisiÃ³n y la fecha de reuniÃ³n de la junta. La misma informaciÃ³n deberÃ¡n proporcionar, en los casos de escisiÃ³n por absorciÃ³n, los administradores de las sociedades beneficiarias y Ã©stos a los administradores de la sociedad escindida, para que, a su vez, informen a su junta de socios.
ArtÃ­culo 80. Responsabilidad solidaria por las obligaciones incumplidas.
De las obligaciones asumidas por una sociedad beneficiaria que resulten incumplidas responderÃ¡n solidariamente las demÃ¡s sociedades beneficiarias hasta el importe del activo neto atribuido en la escisiÃ³n a cada una de ellas y, si subsistiera, la propia sociedad escindida por la totalidad de la obligaciÃ³n.
De la cesiÃ³n global de activo y pasivo
ArtÃ­culo 81. CesiÃ³n global de activo y pasivo.
1. Una sociedad inscrita podrÃ¡ transmitir en bloque todo su patrimonio por sucesiÃ³n universal, a uno o a varios socios o terceros, a cambio de una contraprestaciÃ³n que no podrÃ¡ consistir en acciones, participaciones o cuotas de socio del cesionario.
2. La sociedad cedente quedarÃ¡ extinguida si la contraprestaciÃ³n fuese recibida total y directamente por los socios. En todo caso, la contraprestaciÃ³n que reciba cada socio deberÃ¡ respetar las normas aplicables a la cuota de liquidaciÃ³n.
ArtÃ­culo 82. CesiÃ³n global plural.
Cuando la cesiÃ³n global se realice a dos o mÃ¡s cesionarios, cada parte del patrimonio que se ceda habrÃ¡ de constituir una unidad econÃ³mica.
ArtÃ­culo 83. CesiÃ³n global por sociedades en liquidaciÃ³n.
Las sociedades en liquidaciÃ³n podrÃ¡n ceder globalmente su activo y pasivo siempre que no hubiera comenzado la distribuciÃ³n de su patrimonio entre los socios.
ArtÃ­culo 84. CesiÃ³n global internacional.
Cuando la sociedad cedente y el cesionario o cesionarios fueran de distinta nacionalidad, la cesiÃ³n global de activo y pasivo se regirÃ¡ por lo establecido en sus respectivas leyes personales. En las sociedades anÃ³nimas europeas se estarÃ¡ al rÃ©gimen que en cada caso les fuere aplicable.
RÃ©gimen legal de la cesiÃ³n global
ArtÃ­culo 85. Proyecto de cesiÃ³n global.
1. Los administradores de la sociedad habrÃ¡n de redactar y suscribir un proyecto de cesiÃ³n global, que contendrÃ¡, al menos, las siguientes menciones:
1.Âª La denominaciÃ³n, el tipo social y el domicilio de la sociedad y los datos de identificaciÃ³n del cesionario o cesionarios.
2.Âª La fecha a partir de la cual la cesiÃ³n tendrÃ¡ efectos contables de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad.
3.Âª La informaciÃ³n sobre la valoraciÃ³n del activo y pasivo del patrimonio, la designaciÃ³n y, en su caso, el reparto preciso de los elementos del activo y del pasivo que han de transmitirse a cada cesionario.
4.Âª La contraprestaciÃ³n que hayan de recibir la sociedad o los socios. Cuando la contraprestaciÃ³n se atribuya a los socios, se especificarÃ¡ el criterio en que se funde el reparto.
5.Âª Las posibles consecuencias de la cesiÃ³n global sobre el empleo.
2. Los administradores deberÃ¡n presentar para su depÃ³sito en el Registro Mercantil un ejemplar del proyecto de cesiÃ³n global.
ArtÃ­culo 86. Informe de los administradores.
Los administradores elaborarÃ¡n un informe explicando y justificando detalladamente el proyecto de cesiÃ³n global.
ArtÃ­culo 87. Acuerdo de cesiÃ³n global.
1. La cesiÃ³n global habrÃ¡ de ser acordada necesariamente por la junta de socios de la sociedad cedente, ajustÃ¡ndose estrictamente al proyecto de cesiÃ³n global, con los requisitos establecidos para la adopciÃ³n del acuerdo de fusiÃ³n.
2. El acuerdo de cesiÃ³n global se publicarÃ¡ en el Â«BoletÃ­n Oficial del Registro MercantilÂ» y en un diario de gran circulaciÃ³n en la provincia del domicilio social, con expresiÃ³n de la identidad del cesionario o cesionarios. En el anuncio se harÃ¡ constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto Ã­ntegro del acuerdo adoptado, asÃ­ como el derecho de oposiciÃ³n que corresponde a los acreedores.
No serÃ¡ necesaria la publicaciÃ³n del acuerdo de cesiÃ³n global cuando el acuerdo se comunique individualmente por escrito a todos los socios y acreedores, por un procedimiento que asegure la recepciÃ³n de aquÃ©l en el domicilio que figure en la documentaciÃ³n de la sociedad. Asimismo, deberÃ¡ ponerse a disposiciÃ³n de los representantes de los trabajadores el proyecto de cesiÃ³n global y el informe de los administradores.
ArtÃ­culo 88. Derecho de oposiciÃ³n de los acreedores.
1. La cesiÃ³n global no podrÃ¡ ser realizada antes de que transcurra un mes, contado desde la fecha de publicaciÃ³n del Ãºltimo anuncio del acuerdo o, en caso de comunicaciÃ³n por escrito a todos los socios y acreedores, del envÃ­o de la comunicaciÃ³n al Ãºltimo de ellos.
2. Dentro de ese plazo, los acreedores de la sociedad cedente y los acreedores del cesionario o cesionarios podrÃ¡n oponerse a la cesiÃ³n, en las mismas condiciones y con los mismos efectos previstos para el caso de fusiÃ³n.
ArtÃ­culo 89. Escritura e inscripciÃ³n de la cesiÃ³n global.
1. La cesiÃ³n global se harÃ¡ constar en escritura pÃºblica otorgada por la sociedad cedente y por el cesionario o cesionarios. La escritura recogerÃ¡ el acuerdo de cesiÃ³n global adoptado por la sociedad cedente.
2. La eficacia de la cesiÃ³n global se producirÃ¡ con la inscripciÃ³n en el Registro Mercantil de la sociedad cedente. Si la sociedad se extinguiera como consecuencia de la cesiÃ³n, se cancelarÃ¡n sus asientos registrales.
ArtÃ­culo 90. ImpugnaciÃ³n de la cesiÃ³n global.
SerÃ¡ de aplicaciÃ³n a la cesiÃ³n global lo dispuesto para las fusiones en el artÃ­culo 47 de esta Ley.
ArtÃ­culo 91. Responsabilidad solidaria por las obligaciones incumplidas.
1. De las obligaciones asumidas por un cesionario que resulten incumplidas responderÃ¡n solidariamente los demÃ¡s cesionarios, hasta el lÃ­mite del activo neto atribuido a cada uno de ellos en la cesiÃ³n; y, segÃºn los casos, los socios hasta el lÃ­mite de lo que hubieran recibido como contraprestaciÃ³n por la cesiÃ³n, o la propia sociedad que no se hubiera extinguido, por la totalidad de la obligaciÃ³n.
2. La responsabilidad solidaria de los cesionarios y los socios prescribirÃ¡ a los cinco aÃ±os.
ArtÃ­culo 92. RÃ©gimen jurÃ­dico del traslado internacional del domicilio social.
El traslado al extranjero del domicilio social de una sociedad mercantil espaÃ±ola inscrita y el de una sociedad extranjera al territorio espaÃ±ol se regirÃ¡n por lo dispuesto en los Tratados o Convenios Internacionales vigentes en EspaÃ±a y en este TÃ­tulo, sin perjuicio de lo establecido para la sociedad anÃ³nima europea.
ArtÃ­culo 93. Traslado del domicilio social al extranjero.
1. El traslado al extranjero del domicilio de una sociedad inscrita constituida conforme a la ley espaÃ±ola sÃ³lo podrÃ¡ realizarse si el Estado a cuyo territorio se traslada permite el mantenimiento de la personalidad jurÃ­dica de la sociedad.
2. No podrÃ¡n trasladar el domicilio al extranjero las sociedades en liquidaciÃ³n ni aquellas que se encuentren en concurso de acreedores.
ArtÃ­culo 94. Traslado a territorio espaÃ±ol del domicilio social.
1. El traslado al territorio espaÃ±ol del domicilio de una sociedad constituida conforme a la ley de otro Estado parte del Espacio EconÃ³mico Europeo no afectarÃ¡ a la personalidad jurÃ­dica de la sociedad. No obstante, deberÃ¡ cumplir con lo exigido por la ley espaÃ±ola para la constituciÃ³n de la sociedad cuyo tipo ostente, salvo que dispongan otra cosa los Tratados o Convenios Internacionales vigentes en EspaÃ±a.
En particular, las sociedades extranjeras de capital que pretendan trasladar su domicilio social a EspaÃ±a desde un Estado que no forme parte del Espacio EconÃ³mico Europeo deberÃ¡n justificar con informe de experto independiente que su patrimonio neto cubre la cifra del capital social exigido por el Derecho espaÃ±ol.
2. La misma regla se aplicarÃ¡ al traslado a EspaÃ±a del domicilio de sociedades constituidas conforme a la ley de otros Estados, si su ley personal lo permite con mantenimiento de la personalidad jurÃ­dica.
RÃ©gimen legal del traslado
ArtÃ­culo 95. Proyecto de traslado.
1. Los administradores de la sociedad que pretenda trasladar el domicilio al extranjero habrÃ¡n de redactar y suscribir un proyecto de traslado. Si falta la firma de alguno de ellos, se seÃ±alarÃ¡ al final del proyecto con indicaciÃ³n de la causa.
2. El proyecto de traslado contendrÃ¡, al menos, las menciones siguientes:
1.Âª La denominaciÃ³n y domicilio de la sociedad, asÃ­ como los datos identificadores de la inscripciÃ³n en el Registro Mercantil.
2.Âª El nuevo domicilio social propuesto.
3.Âª Los estatutos que han de regir la sociedad despuÃ©s de su traslado, incluida, en su caso, la nueva denominaciÃ³n social.
4.Âª El calendario previsto para el traslado.
5.Âª Los derechos previstos para la protecciÃ³n de los socios y de los acreedores, asÃ­ como de los trabajadores.
3. Los administradores estÃ¡n obligados a presentar, para su depÃ³sito en el Registro Mercantil correspondiente, un ejemplar del proyecto de traslado. Efectuados el depÃ³sito y la calificaciÃ³n del Registrador, Ã©ste comunicarÃ¡ al Registrador mercantil central para su inmediata publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del Registro MercantilÂ» el hecho del depÃ³sito y la fecha en que hubiere tenido lugar. La publicaciÃ³n de la convocatoria de la junta de socios que haya de resolver sobre el traslado no podrÃ¡ realizarse antes de que hubiese quedado efectuado el depÃ³sito.
En el anuncio en el Â«BoletÃ­n Oficial del Registro MercantilÂ» deberÃ¡n constar la denominaciÃ³n, el tipo social y el domicilio de la sociedad que se traslada, los datos de su inscripciÃ³n en el Registro Mercantil, asÃ­ como una indicaciÃ³n de las condiciones de ejercicio de los derechos de los socios y de los acreedores y la direcciÃ³n donde pueda obtenerse, sin gastos, informaciÃ³n sobre esas condiciones.
ArtÃ­culo 96. Informe de los administradores.
Los administradores elaborarÃ¡n un informe explicando y justificando detalladamente el proyecto de traslado en sus aspectos jurÃ­dicos y econÃ³micos, asÃ­ como sus consecuencias para los socios, los acreedores y los trabajadores.
ArtÃ­culo 97. AprobaciÃ³n por la junta de socios.
El traslado del domicilio a otro Estado habrÃ¡ de ser acordado necesariamente por la junta de socios con los requisitos y formalidades establecidos en el rÃ©gimen de la sociedad que se traslada.
ArtÃ­culo 98. Convocatoria de la junta y derecho de informaciÃ³n.
1. La convocatoria de la junta deberÃ¡ publicarse en el Â«BoletÃ­n Oficial del Registro MercantilÂ» y en uno de los diarios de gran circulaciÃ³n en la provincia en la que la sociedad tenga su domicilio, con dos meses de antelaciÃ³n como mÃ­nimo a la fecha prevista para la celebraciÃ³n de la junta.
2. Junto a la convocatoria deberÃ¡n publicarse, ademÃ¡s, las siguientes menciones:
1.Âª El domicilio actual y el domicilio que en el extranjero pretende tener la sociedad.
2.Âª El derecho que tienen los socios y los acreedores de examinar en el domicilio social el proyecto de traslado y el informe de los administradores, asÃ­ como el derecho de obtener gratuitamente, si asÃ­ lo solicitaren, copias de dichos documentos.
3.Âª El derecho de separaciÃ³n de los socios y el derecho de oposiciÃ³n que corresponde a los acreedores y la forma de ejercitar esos derechos.
ArtÃ­culo 99. Derecho de separaciÃ³n de los socios.
Los socios que hubieran votado en contra del acuerdo de traslado del domicilio social al extranjero podrÃ¡n separarse de la sociedad conforme a lo dispuesto para las sociedades de responsabilidad limitada.
ArtÃ­culo 100. Derecho de oposiciÃ³n de los acreedores.
Los acreedores de la sociedad cuyo crÃ©dito hubiera nacido antes de la fecha de la publicaciÃ³n del proyecto de traslado del domicilio social al extranjero tendrÃ¡n el derecho de oponerse al traslado en los tÃ©rminos establecidos para la oposiciÃ³n a la fusiÃ³n.
ArtÃ­culo 101. CertificaciÃ³n previa al traslado.
A la vista de los datos obrantes en el Registro Mercantil y en la escritura pÃºblica de traslado presentada, el Registrador mercantil del domicilio social de la sociedad certificarÃ¡ el cumplimiento de los actos y trÃ¡mites que han de realizarse por la sociedad antes del traslado. Una vez expedida esa certificaciÃ³n quedarÃ¡ cerrado el Registro para nuevas inscripciones.
ArtÃ­culo 102. Eficacia del traslado del domicilio de la sociedad al extranjero.
El traslado del domicilio social, asÃ­ como la correspondiente modificaciÃ³n de la escritura social o de los estatutos, surtirÃ¡n efecto en la fecha en que la sociedad se haya inscrito en el Registro del nuevo domicilio.
ArtÃ­culo 103. CancelaciÃ³n de la inscripciÃ³n.
La cancelaciÃ³n de la inscripciÃ³n de la sociedad en el Registro Mercantil tendrÃ¡ lugar cuando se aporten el certificado que acredite la inscripciÃ³n de la sociedad en el Registro de su nuevo domicilio social y los anuncios de esa inscripciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del Registro MercantilÂ» y en uno de los diarios de gran circulaciÃ³n en la provincia en que la sociedad hubiera tenido su domicilio.
DisposiciÃ³n adicional primera. Derechos laborales derivados de modificaciones estructurales.
1. Lo previsto en esta Ley se entiende sin perjuicio de los derechos de informaciÃ³n y consulta de los trabajadores previstos en la legislaciÃ³n laboral.
2. En el supuesto de que las modificaciones estructurales reguladas en esta Ley comporten un cambio en la titularidad de la empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autÃ³noma, serÃ¡n de aplicaciÃ³n las previsiones recogidas en el artÃ­culo 44 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
La transformaciÃ³n, fusiÃ³n, escisiÃ³n o cesiÃ³n global de activo y pasivo de las sociedades colectivas no inscritas y, en general, de las sociedades irregulares, requerirÃ¡n su previa inscripciÃ³n registral.
DisposiciÃ³n transitoria. RÃ©gimen transitorio.
La presente Ley se aplicarÃ¡ a las modificaciones estructurales de sociedades mercantiles cuyos proyectos no hubieren sido aÃºn aprobados por la sociedad o sociedades implicadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.
DisposiciÃ³n derogatoria. Normas derogadas.
A la entrada en vigor de la presente Ley quedarÃ¡n derogados:
1.Âº El apartado segundo del artÃ­culo 149, el CapÃ­tulo VIII (artÃ­culos 223 a 259), el nÃºmero 6Âº del apartado primero del artÃ­culo 260 y el apartado segundo de la disposiciÃ³n adicional primera del Texto Refundido de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
2.Âº El CapÃ­tulo VIII (artÃ­culos 87 a 94), el pÃ¡rrafo segundo del apartado segundo del artÃ­culo 111, el artÃ­culo 117 y el artÃ­culo 143 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
3.Âº Los artÃ­culos 19 y 20 de la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de InterÃ©s EconÃ³mico.
DisposiciÃ³n final primera. ModificaciÃ³n del Texto Refundido de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
Se modifican los artÃ­culos 11.1, 15.2, 38, 41.1, 42, 75, 76, 78, 79.3Âª, 84, 103.1, 158.1, 166, 266 y 293 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, y se introducen en esta misma Ley los nuevos artÃ­culos 38 bis, 38 ter, 38 quater y 50 bis.
Uno. El apartado 1 del artÃ­culo 11 queda redactado del siguiente modo:
Â«1. Los fundadores y los promotores de la sociedad podrÃ¡n reservarse derechos especiales de contenido econÃ³mico, cuyo valor en conjunto, cualquiera que sea su naturaleza, no podrÃ¡ exceder del diez por ciento de los beneficios netos obtenidos segÃºn balance, una vez deducida la cuota destinada a la reserva legal y por un perÃ­odo mÃ¡ximo de diez aÃ±os. Los estatutos habrÃ¡n de prever un sistema de liquidaciÃ³n para los supuestos de extinciÃ³n anticipada de estos derechos especiales.Â»
Dos. El apartado 2 del artÃ­culo 15 tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«2. Por los actos y contratos indispensables para la inscripciÃ³n de la sociedad, por los realizados por los administradores dentro de las facultades que les confiere la escritura para la fase anterior a la inscripciÃ³n y por los estipulados en virtud de mandato especÃ­fico por las personas a tal fin designadas por todos los socios, responderÃ¡ la sociedad en formaciÃ³n con el patrimonio formado por las aportaciones de los socios. Los socios responderÃ¡n personalmente hasta el lÃ­mite de lo que se hubiesen obligado a aportar.
No obstante, si la fecha de comienzo de las operaciones sociales coincide con la de otorgamiento de la escritura fundacional, y salvo que los estatutos sociales o la escritura dispongan otra cosa, se entenderÃ¡ que los administradores ya quedan facultados para el pleno desarrollo del objeto social y para realizar toda clase de actos y contratos, de los que responderÃ¡n la sociedad en formaciÃ³n y los socios en los tÃ©rminos que se han indicado.Â»
Tres. El artÃ­culo 38 queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 38. Aportaciones no dinerarias: informe del experto.
1. Las aportaciones no dinerarias, cualquiera que sea su naturaleza, habrÃ¡n de ser objeto de un informe elaborado por uno o varios expertos independientes con competencia profesional, designados por el Registrador mercantil del domicilio social conforme al procedimiento que reglamentariamente se determine.
2. El informe contendrÃ¡ la descripciÃ³n de la aportaciÃ³n, con sus datos registrales, si existieran, y la valoraciÃ³n de la aportaciÃ³n, expresando los criterios utilizados y si se corresponde con el valor nominal y, en su caso, con la prima de emisiÃ³n de las acciones que se emitan como contrapartida.
3. El valor que se dÃ© a la aportaciÃ³n en la escritura social no podrÃ¡ ser superior a la valoraciÃ³n realizada por los expertos.
4. El experto responderÃ¡ frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores de los daÃ±os causados por la valoraciÃ³n, y quedarÃ¡ exonerado si acredita que ha aplicado la diligencia y los estÃ¡ndares propios de la actuaciÃ³n que le haya sido encomendada.
La acciÃ³n para exigir esta responsabilidad prescribirÃ¡ a los cuatro aÃ±os de la fecha del informe.Â»
Cuatro. Se introduce un nuevo artÃ­culo 38 bis con la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 38 bis. Excepciones a la exigencia del informe.
El informe del experto no serÃ¡ necesario en los siguientes casos:
1.Âº Cuando la aportaciÃ³n no dineraria consista en valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado o en instrumentos del mercado monetario. Estos bienes se valorarÃ¡n al precio medio ponderado al que hubieran sido negociados en uno o varios mercados regulados en el Ãºltimo trimestre anterior a la fecha de la realizaciÃ³n efectiva de la aportaciÃ³n, de acuerdo con la certificaciÃ³n emitida por la sociedad rectora del mercado secundario oficial o del mercado regulado de que se trate.
Si ese precio se hubiera visto afectado por circunstancias excepcionales que hubieran podido modificar significativamente el valor de los bienes en la fecha efectiva de la aportaciÃ³n, los administradores de la sociedad deberÃ¡n solicitar el nombramiento de experto independiente para que emita informe.
2.Âº Cuando la aportaciÃ³n consista en bienes distintos de los seÃ±alados en el nÃºmero 1.Âº cuyo valor razonable se hubiera determinado, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la realizaciÃ³n efectiva de la aportaciÃ³n, por experto independiente con competencia profesional no designado por las partes, de conformidad con los principios y las normas de valoraciÃ³n generalmente reconocidos para esos bienes.
Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable de los bienes a la fecha de la aportaciÃ³n, los administradores de la sociedad deberÃ¡n solicitar el nombramiento de experto independiente para que emita informe.
En este caso, si los administradores no hubieran solicitado el nombramiento de experto debiendo hacerlo, el accionista o los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, el dÃ­a en que se adopte el acuerdo de aumento del capital, podrÃ¡n solicitar del Registrador mercantil del domicilio social que, con cargo a la sociedad, nombre un experto para que se efectÃºe la valoraciÃ³n de los activos. La solicitud podrÃ¡n hacerla hasta el dÃ­a de la realizaciÃ³n efectiva de la aportaciÃ³n, siempre que en el momento de presentarla continÃºen representando al menos el cinco por ciento del capital social.Â»
Cinco. Se introduce un nuevo artÃ­culo 38 ter con la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 38 ter. Informe de los administradores.
Cuando las aportaciones no dinerarias se efectuaran sin informe de expertos independientes, designados por el Registro Mercantil, los administradores elaborarÃ¡n un informe, que contendrÃ¡:
1.Âº La descripciÃ³n de la aportaciÃ³n.
2.Âº El valor de la aportaciÃ³n, el origen de esa valoraciÃ³n y, cuando proceda, el mÃ©todo seguido para determinarla.
Si la aportaciÃ³n hubiera consistido en valores mobiliarios cotizados en mercado secundario oficial o del mercado regulado del que se trate o en instrumentos del mercado monetario, se unirÃ¡ al informe la certificaciÃ³n emitida por su sociedad rectora.
3.Âº Una declaraciÃ³n en la que se precise si el valor obtenido corresponde, como mÃ­nimo, al nÃºmero y al valor nominal y, en su caso, a la prima de emisiÃ³n de las acciones emitidas como contrapartida.
4.Âº Una declaraciÃ³n en la que se indique que no han aparecido circunstancias nuevas que puedan afectar a la valoraciÃ³n inicial.Â»
Seis. Se introduce un nuevo artÃ­culo 38 quater con la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 38 quater. Publicidad de los informes.
1. Una copia autenticada del informe del experto o, en su caso, del informe de los administradores deberÃ¡ depositarse en el Registro Mercantil en el plazo mÃ¡ximo de un mes a partir de la fecha efectiva de la aportaciÃ³n.
2. El informe del experto o, en su caso, el informe de los administradores, se incorporarÃ¡ como anexo a la escritura de constituciÃ³n de la sociedad o a la de ejecuciÃ³n del aumento del capital social.Â»
Siete. Se modifica el apartado primero del artÃ­culo 41 que pasa a tener la siguiente redacciÃ³n:
Â«1. Las adquisiciones de bienes a tÃ­tulo oneroso realizadas por una sociedad anÃ³nima desde el otorgamiento de la escritura de constituciÃ³n o a partir de la transformaciÃ³n en este tipo social y hasta dos aÃ±os de su inscripciÃ³n en el Registro Mercantil habrÃ¡n de ser aprobadas por la junta general de accionistas si el importe de aquÃ©llas excede de la dÃ©cima parte del capital social.
Con la convocatoria de la junta deberÃ¡ ponerse a disposiciÃ³n de los accionistas un informe elaborado por los administradores que justifique la adquisiciÃ³n, asÃ­ como el exigido en esta SecciÃ³n para la valoraciÃ³n de las aportaciones no dinerarias. SerÃ¡ de aplicaciÃ³n lo previsto en el artÃ­culo 38 quater.Â»
Ocho. Se modifica el artÃ­culo 42, que pasa a tener la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 42. Dividendos pasivos.
1. El accionista deberÃ¡ aportar a la sociedad la porciÃ³n del capital que hubiera quedado pendiente de desembolso, en la forma y dentro del plazo mÃ¡ximo previstos en los estatutos sociales.
2. La exigencia del pago de los dividendos pasivos se notificarÃ¡ a los afectados o se anunciarÃ¡ en el "BoletÃ­n Oficial del Registro Mercantil". Entre la fecha de envÃ­o de la comunicaciÃ³n o la del anuncio y la fecha del pago deberÃ¡ mediar, al menos, el plazo de un mes.Â»
Nueve. Se introduce un nuevo artÃ­culo 50 bis con la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 50 bis. Igualdad de trato.
La sociedad deberÃ¡ dar un trato igual a los accionistas que se encuentren en condiciones idÃ©nticas.Â»
Diez. Se modifica el artÃ­culo 75, que pasa a tener la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 75. Adquisiciones derivativas de acciones propias.
1. La sociedad podrÃ¡ adquirir sus propias acciones y las emitidas por su sociedad dominante en las siguientes condiciones:
1.Âª Que la adquisiciÃ³n haya sido autorizada mediante acuerdo de la junta general, que deberÃ¡ establecer las modalidades de la adquisiciÃ³n, el nÃºmero mÃ¡ximo de acciones a adquirir, el contravalor mÃ­nimo y mÃ¡ximo cuando la adquisiciÃ³n sea onerosa, y la duraciÃ³n de la autorizaciÃ³n, que no podrÃ¡ exceder de cinco aÃ±os.
Cuando la adquisiciÃ³n tenga por objeto acciones de la sociedad dominante, la autorizaciÃ³n deberÃ¡ proceder tambiÃ©n de la junta general de esta sociedad.
Cuando la adquisiciÃ³n tenga por objeto acciones que hayan de ser entregadas directamente a los trabajadores o administradores de la sociedad, o como consecuencia del ejercicio de derechos de opciÃ³n de que aquÃ©llos sean titulares, el acuerdo de la junta deberÃ¡ expresar que la autorizaciÃ³n se concede con esta finalidad.
2.Âª Que la adquisiciÃ³n, comprendidas las acciones que la sociedad, o persona que actuase en nombre propio pero por cuenta de aquÃ©lla, hubiese adquirido con anterioridad y tuviese en cartera, no produzca el efecto de que el patrimonio neto resulte inferior al importe del capital social mÃ¡s las reservas legal o estatutariamente indisponibles.
A estos efectos, se considerarÃ¡ patrimonio neto el importe que se califique como tal conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales, minorado en el importe de los beneficios imputados directamente al mismo, e incrementado en el importe del capital social suscrito no exigido, asÃ­ como en el importe del nominal y de las primas de emisiÃ³n del capital social suscrito que estÃ© registrado contablemente como pasivo.
2. El valor nominal de las acciones adquiridas directa o indirectamente, sumÃ¡ndose al de las que ya posean la sociedad adquirente y sus filiales, y, en su caso, la sociedad dominante y sus filiales, no podrÃ¡ ser superior al veinte por ciento o, si la sociedad fuese cotizada, al diez por ciento del capital suscrito.
3. Los administradores deberÃ¡n controlar especialmente que, en el momento de cualquier adquisiciÃ³n autorizada, se respeten las condiciones establecidas en este artÃ­culo.
4. SerÃ¡ nula la adquisiciÃ³n por la sociedad de acciones propias parcialmente desembolsadas, salvo que la adquisiciÃ³n sea a tÃ­tulo gratuito, y de las que lleven aparejada la obligaciÃ³n de realizar prestaciones accesorias.Â»
Once. Se modifica el artÃ­culo 76, que pasa a tener la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 76. Consecuencias de la infracciÃ³n.
1. Las acciones adquiridas en contravenciÃ³n de lo establecido en los artÃ­culos anteriores deberÃ¡n ser enajenadas en el plazo mÃ¡ximo de un aÃ±o a contar desde la fecha de la primera adquisiciÃ³n.
2. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin que hubiera tenido lugar la enajenaciÃ³n, los administradores procederÃ¡n de inmediato a convocar junta general de accionistas para que acuerde la amortizaciÃ³n de las acciones propias con la consiguiente reducciÃ³n del capital social.
3. En el caso de que la sociedad no hubiera reducido el capital social dentro de los dos meses siguientes a la fecha de finalizaciÃ³n del plazo mÃ¡ximo para la enajenaciÃ³n, cualquier interesado podrÃ¡ solicitar la reducciÃ³n del capital al Juez de lo mercantil del lugar del domicilio social. Los administradores estÃ¡n obligados a solicitar la reducciÃ³n judicial del capital social cuando el acuerdo de la junta hubiera sido contrario a esa reducciÃ³n o no pudiera ser logrado.
4. Las acciones de la sociedad dominante serÃ¡n enajenadas judicialmente a instancia de parte interesada.Â»
Doce. Se modifica el artÃ­culo 78, que pasa a tener la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 78. ObligaciÃ³n de enajenar.
1. Las acciones adquiridas conforme a lo dispuesto en los apartados b) y c) del artÃ­culo anterior deberÃ¡n ser enajenadas en un plazo mÃ¡ximo de tres aÃ±os a contar desde la fecha de adquisiciÃ³n, salvo que previamente hubieran sido amortizadas mediante reducciÃ³n del capital social o que, sumadas a las que ya posean la sociedad adquirente y sus filiales y, en su caso, la sociedad dominante y sus filiales, no excedan del veinte por ciento o, si la sociedad fuere cotizada, del diez por ciento del capital social.
2. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin que hubiera tenido lugar la enajenaciÃ³n, serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo previsto en los apartados 2 y 3 del artÃ­culo 76.Â»
Trece. Se modifica la regla tercera del artÃ­culo 79, que pasa a tener la siguiente redacciÃ³n:
Â«3.Âª Se establecerÃ¡ en el patrimonio neto una reserva indisponible equivalente al importe de las acciones de la sociedad dominante computado en el activo. Esta reserva deberÃ¡ mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas.Â»
Catorce. Se modifica el artÃ­culo 84, que pasa a tener la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 84. Reserva de participaciones recÃ­procas.
En el patrimonio neto de la sociedad obligada a la reducciÃ³n se establecerÃ¡ una reserva equivalente al importe de las participaciones recÃ­procas que excedan del diez por ciento del capital computadas en el activo.Â»
Quince. Se modifica el apartado primero del artÃ­culo 103, que pasa a tener la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 103. ConstituciÃ³n. Supuestos especiales.
1. Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar vÃ¡lidamente el aumento o la reducciÃ³n del capital y cualquier otra modificaciÃ³n de los estatutos sociales, la emisiÃ³n de obligaciones, la supresiÃ³n o la limitaciÃ³n del derecho de adquisiciÃ³n preferente de nuevas acciones, asÃ­ como la transformaciÃ³n, la fusiÃ³n, la escisiÃ³n o la cesiÃ³n global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, serÃ¡ necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho de voto.Â»
DiecisÃ©is. Se modifica el apartado 1 del artÃ­culo 158, que pasa a tener la siguiente redacciÃ³n:
Â«1. En los aumentos de capital social con emisiÃ³n de nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas, con cargo a aportaciones dinerarias, los antiguos accionistas podrÃ¡n ejercitar, dentro del plazo que a tal efecto les conceda la administraciÃ³n de la sociedad, que no serÃ¡ inferior a quince dÃ­as desde la publicaciÃ³n del anuncio de la oferta de suscripciÃ³n de la nueva emisiÃ³n en el "BoletÃ­n Oficial del Registro Mercantil" en el caso de las sociedades cotizadas, y de un mes en el resto de los casos, el derecho a suscribir un nÃºmero de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posean.Â»
Diecisiete. Se modifica el artÃ­culo 166, que pasa a tener la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 166. Derecho de oposiciÃ³n.
1. Los acreedores cuyos crÃ©ditos hayan nacido antes de la fecha del Ãºltimo anuncio del acuerdo de reducciÃ³n del capital, no hayan vencido en ese momento y hasta que se les garanticen tales crÃ©ditos tendrÃ¡n el derecho de oponerse a la reducciÃ³n.
No gozarÃ¡n de este derecho los acreedores cuyos crÃ©ditos se encuentren ya suficientemente garantizados.
2. El derecho de oposiciÃ³n habrÃ¡ de ejercitarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha del Ãºltimo anuncio del acuerdo.
3. En los casos en que los acreedores tengan derecho a oponerse a la reducciÃ³n, Ã©sta no podrÃ¡ llevarse a efecto hasta que la sociedad preste garantÃ­a a satisfacciÃ³n del acreedor o, en otro caso, hasta que notifique a dicho acreedor la prestaciÃ³n de fianza solidaria en favor de la sociedad por una entidad de crÃ©dito debidamente habilitada para prestarla por la cuantÃ­a del crÃ©dito de que fuera titular el acreedor y hasta tanto no prescriba la acciÃ³n para exigir su cumplimiento.Â»
Dieciocho. Se modifica el artÃ­culo 266, que pasa a tener la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 266. Apertura de la liquidaciÃ³n.
La disoluciÃ³n de la sociedad abre el periodo de liquidaciÃ³n.Â»
Diecinueve. Se modifica el artÃ­culo 293, que pasa a tener la siguiente redacciÃ³n:
Â«1. Los accionistas de la sociedad tendrÃ¡n derecho de suscripciÃ³n preferente de las obligaciones convertibles, al que resultarÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en el artÃ­culo 158 de esta Ley.
2. En los casos en que el interÃ©s de la sociedad asÃ­ lo exija, la Junta General, al decidir la emisiÃ³n de obligaciones convertibles, podrÃ¡ acordar la supresiÃ³n total o parcial del derecho de suscripciÃ³n preferente. Para la validez de este acuerdo, que habrÃ¡ de respetar lo dispuesto en el artÃ­culo 144, serÃ¡ imprescindible:
a) Que en la convocatoria de la Junta se haya hecho constar la propuesta de supresiÃ³n del derecho de suscripciÃ³n preferente.
b) Que en el informe de los administradores al que se refiere el apartado 2 del artÃ­culo 292, se justifique detalladamente, ademÃ¡s, la propuesta de supresiÃ³n.
c) Que en el informe del auditor de cuentas al que se refiere el apartado 2 del artÃ­culo 292, se emita un juicio tÃ©cnico sobre la razonabilidad de los datos contenidos en el informe de los administradores y sobre la idoneidad de la relaciÃ³n de conversiÃ³n, y, en su caso, de sus fÃ³rmulas de ajuste, para compensar una eventual diluciÃ³n de la participaciÃ³n econÃ³mica de los accionistas.Â»
DisposiciÃ³n final segunda. ModificaciÃ³n de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Se modifican los artÃ­culos 21.5 y 53.2 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Uno. El apartado quinto del artÃ­culo 21 queda redactado del siguiente modo:
Â«5. Quedan excluidos de la responsabilidad solidaria los socios cuyas aportaciones no dinerarias sean valoradas de conformidad a lo previsto en la Ley de Sociedades AnÃ³nimas.Â»
Dos. El apartado segundo del artÃ­culo 53 queda redactado del siguiente modo:
Â«2. Por excepciÃ³n a lo dispuesto en el apartado anterior:
1.Âº El aumento o la reducciÃ³n del capital y cualquier otra modificaciÃ³n de los estatutos sociales requerirÃ¡n el voto favorable de mÃ¡s de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.
2.Âº La autorizaciÃ³n a los administradores para que se dediquen, por cuenta propia o ajena, al mismo, anÃ¡logo o complementario gÃ©nero de actividad que constituya el objeto social; la supresiÃ³n o la limitaciÃ³n del derecho de preferencia en los aumentos del capital; la transformaciÃ³n, la fusiÃ³n, la escisiÃ³n, la cesiÃ³n global de activo y pasivo y el traslado del domicilio al extranjero, y la exclusiÃ³n de socios requerirÃ¡n el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.Â»
DisposiciÃ³n final tercera. ModificaciÃ³n de la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicaciÃ³n de los trabajadores en las sociedades anÃ³nimas y cooperativas europeas.
Uno. Se introduce un nuevo tÃ­tulo en la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicaciÃ³n de los trabajadores en las sociedades anÃ³nimas y cooperativas europeas, con la siguiente redacciÃ³n:
Disposiciones aplicables a las sociedades resultantes de fusiones transfronterizas intracomunitarias con domicilio en EspaÃ±a
[ignorar]ArtÃ­culo 39. Derechos de participaciÃ³n de los trabajadores en las sociedades resultantes de fusiones transfronterizas intracomunitarias.
1. La participaciÃ³n de los trabajadores en la sociedad resultante de la fusiÃ³n transfronteriza intracomunitaria que tenga o vaya a tener su domicilio en EspaÃ±a, asÃ­ como su implicaciÃ³n en la definiciÃ³n de los derechos correspondientes, se regirÃ¡ por las disposiciones previstas en este capÃ­tulo cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que al menos una de las sociedades que se fusionan emplee, durante el perÃ­odo de seis meses que precede a la publicaciÃ³n del proyecto comÃºn de fusiÃ³n, un nÃºmero medio de trabajadores superior a 500 y estÃ© gestionada en rÃ©gimen de participaciÃ³n de los trabajadores.
b) Que en el caso de existir participaciÃ³n de los trabajadores en la sociedad resultante de la fusiÃ³n transfronteriza aquella no alcance al menos el mismo nivel de participaciÃ³n de los trabajadores que el aplicado a las sociedades participantes en la fusiÃ³n, medido en funciÃ³n de la proporciÃ³n de miembros que representan a los trabajadores en el Ã³rgano de administraciÃ³n o control, o sus comitÃ©s, o en el Ã³rgano directivo competente dentro de las sociedades para decidir el reparto de los beneficios.
c) Que, en el caso de existir participaciÃ³n de los trabajadores en la sociedad resultante de la fusiÃ³n, los trabajadores de los establecimientos de tal sociedad situados en otros Estados miembros ejerzan unos derechos de participaciÃ³n inferiores a los derechos de participaciÃ³n que ejercen los trabajadores empleados en EspaÃ±a.
2. La aplicaciÃ³n de las disposiciones de este CapÃ­tulo excluye la de las disposiciones de cualquier otro Estado miembro en que la sociedad resultante de la fusiÃ³n o las sociedades que se fusionan cuenten con centros de trabajo, salvo en los casos en los que exista una remisiÃ³n expresa en este capÃ­tulo.
[ignorar]ArtÃ­culo 40. Procedimiento de negociaciÃ³n de los derechos de participaciÃ³n.
SerÃ¡n de aplicaciÃ³n a los derechos de participaciÃ³n de los trabajadores las disposiciones contenidas en el CapÃ­tulo I del TÃ­tulo I de esta Ley, con las siguientes peculiaridades:
1.Âª Los Ã³rganos competentes de las sociedades que participen en la fusiÃ³n tendrÃ¡n derecho a optar, sin negociaciÃ³n previa, por estar directamente sujetas a las disposiciones subsidiarias contempladas en el artÃ­culo 20 para la participaciÃ³n de los trabajadores en los supuestos de fusiÃ³n de sociedades, o por respetar dichas disposiciones a partir de la fecha de registro de la sociedad resultante de la fusiÃ³n.
2.Âª No serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo previsto en los apartados 2 y 3 del artÃ­culo 8, respecto de las funciones de la comisiÃ³n negociadora. No obstante, la comisiÃ³n negociadora tendrÃ¡ derecho a decidir, por mayorÃ­a de dos tercios de sus miembros que representen al menos a dos tercios de los trabajadores, incluidos los votos de los miembros que representen a los trabajadores en, al menos, dos Estados miembros diferentes, no iniciar negociaciones o poner fin a las negociaciones ya entabladas, y basarse en las normas de participaciÃ³n vigentes en la legislaciÃ³n laboral espaÃ±ola.
3.Âª No serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo previsto en el artÃ­culo 9.2. En el caso de que en alguna de las sociedades que se fusionan se aplicara un sistema de participaciÃ³n de los trabajadores en sus Ã³rganos de administraciÃ³n o de control que afectasen, al menos, a un 25 por 100 del nÃºmero total de trabajadores empleados en el conjunto de las sociedades participantes, cuando el resultado de las negociaciones pueda determinar una reducciÃ³n de los derechos de participaciÃ³n de los trabajadores existentes en las sociedades participantes, la mayorÃ­a necesaria para tomar tal acuerdo serÃ¡ la de dos tercios de los miembros de la comisiÃ³n negociadora, que representen a su vez, al menos, a dos tercios de los trabajadores e incluyan los votos de miembros que representen a trabajadores de, al menos, dos Estados miembros.
Se entenderÃ¡ por reducciÃ³n de los derechos de participaciÃ³n, a estos efectos, el establecimiento de un nÃºmero de miembros en los Ã³rganos de la sociedad resultante de la fusiÃ³n inferior al mayor nÃºmero existente en cualquiera de las sociedades participantes.
4.Âª El contenido del acuerdo deberÃ¡ incluir:
b) El Ã¡mbito de aplicaciÃ³n del acuerdo.
c) Los elementos esenciales de las normas de participaciÃ³n, incluida, en su caso, la determinaciÃ³n del nÃºmero de miembros del Ã³rgano de administraciÃ³n de la sociedad resultante de la fusiÃ³n transfronteriza que los trabajadores tendrÃ¡n derecho a elegir, designar o recomendar o a cuya designaciÃ³n tendrÃ¡n derecho a oponerse, de los procedimientos a seguir para ello y de sus derechos.
d) La fecha de entrada en vigor del acuerdo, su duraciÃ³n y las condiciones de su denuncia, prÃ³rroga y renegociaciÃ³n.
[ignorar]ArtÃ­culo 41. AplicaciÃ³n de las disposiciones subsidiarias en materia de participaciÃ³n.
1. Las disposiciones subsidiarias previstas en el artÃ­culo 20 en materia de participaciÃ³n de los trabajadores serÃ¡n de aplicaciÃ³n a la sociedad resultante de la fusiÃ³n transfronteriza intracomunitaria, a partir de la fecha de su constituciÃ³n, en los siguientes casos:
a) Cuando las partes asÃ­ lo decidan.
b) Cuando no se haya alcanzado ningÃºn acuerdo en el plazo de seis meses o, en su caso, durante el periodo de prÃ³rroga de este plazo, en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 10, y siempre que:
1.Âº La comisiÃ³n negociadora no haya adoptado la decisiÃ³n de no iniciar negociaciones o poner fin a las negociaciones ya entabladas y basarse en las normas de participaciÃ³n vigentes en la legislaciÃ³n laboral espaÃ±ola.
2.Âº Los Ã³rganos competentes de cada una de las sociedades participantes decidan aceptar la aplicaciÃ³n de las disposiciones subsidiarias. Si decidieran no aceptar la aplicaciÃ³n de dichas disposiciones, no podrÃ¡ continuarse con el proceso de fusiÃ³n.
3.Âº Se aplicara con anterioridad a la inscripciÃ³n de la sociedad resultante de la fusiÃ³n en alguna de las sociedades participantes un sistema de participaciÃ³n de los trabajadores en sus Ã³rganos de administraciÃ³n o de control que afectase al 33,3 por 100, al menos, del nÃºmero total de trabajadores empleados en el conjunto de las sociedades participantes, o bien a un nÃºmero inferior, si la comisiÃ³n negociadora asÃ­ lo decide.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se tomarÃ¡n en consideraciÃ³n todos aquellos sistemas de participaciÃ³n previos que respondan a lo establecido en el artÃ­culo 2 l), con independencia de su origen legal o convencional.
Si ninguna de las sociedades participantes estuviera regida por uno de tales sistemas de participaciÃ³n antes de la inscripciÃ³n de la fusiÃ³n, la sociedad resultante de la fusiÃ³n no estarÃ¡ obligada a establecer disposiciones en materia de participaciÃ³n de los trabajadores.
Cuando en el seno de las diferentes sociedades participantes hubiesen existido diferentes sistemas de participaciÃ³n de los trabajadores, corresponde a la comisiÃ³n negociadora decidir cuÃ¡l de dichos sistemas deberÃ¡ aplicarse en la sociedad. La comisiÃ³n negociadora deberÃ¡ informar al Ã³rgano competente de las sociedades participantes sobre la decisiÃ³n adoptada a este respecto.
Si en la fecha de inscripciÃ³n de la sociedad la comisiÃ³n negociadora no ha informado al Ã³rgano competente de las sociedades participantes sobre la existencia de una decisiÃ³n adoptada conforme a lo seÃ±alado en el pÃ¡rrafo anterior, se aplicarÃ¡ a la sociedad resultante de la fusiÃ³n el sistema de participaciÃ³n que hubiera afectado con anterioridad al mayor nÃºmero de trabajadores de las sociedades participantes.
[ignorar]ArtÃ­culo 42. ExtensiÃ³n a las sociedades resultantes de fusiones transfronterizas intracomunitarias de determinadas disposiciones aplicables a las sociedades europeas.
SerÃ¡n de aplicaciÃ³n a las sociedades resultantes de fusiones transfronterizas intracomunitarias domiciliadas en EspaÃ±a las disposiciones contenidas en el CapÃ­tulo III del TÃ­tulo I para las sociedades europeas, salvo en sus referencias a los Ã³rganos de representaciÃ³n y los representantes de los trabajadores que ejerzan sus funciones en el marco de un procedimiento de informaciÃ³n y consulta.
[ignorar]ArtÃ­culo 43. ProtecciÃ³n en caso de fusiones nacionales posteriores.
Cuando la sociedad resultante de la fusiÃ³n transfronteriza intracomunitaria estÃ© gestionada en rÃ©gimen de participaciÃ³n de los trabajadores, dicha sociedad deberÃ¡ garantizar la protecciÃ³n de los derechos de los trabajadores en caso de ulteriores fusiones nacionales durante un plazo de tres aÃ±os despuÃ©s de que la fusiÃ³n transfronteriza intracomunitaria haya surtido efecto, aplicÃ¡ndose en tal caso las disposiciones establecidas en este tÃ­tulo en cuanto sea posible.
Disposiciones aplicables a los centros de trabajo situados en EspaÃ±a de las sociedades resultantes de fusiones transfronterizas intracomunitarias
[ignorar]ArtÃ­culo 44. Ãmbito de aplicaciÃ³n del capÃ­tulo.
1. Salvo en sus referencias al Ã³rgano de representaciÃ³n, las disposiciones contenidas en el TÃ­tulo II serÃ¡n aplicables a los centros de trabajo situados en EspaÃ±a de las sociedades resultantes de fusiones transfronterizas con domicilio social en cualquier Estado miembro del Espacio EconÃ³mico Europeo.
2. Asimismo, serÃ¡n de aplicaciÃ³n a las sociedades participantes en procesos de fusiÃ³n transfronteriza intracomunitaria y a las sociedades resultantes de dichos procesos las disposiciones contenidas en el TÃ­tulo III, respecto de los procedimientos judiciales, en los tÃ©rminos establecidos en dicho tÃ­tulo.
3. Lo previsto en los apartados anteriores Ãºnicamente serÃ¡ de aplicaciÃ³n en los casos en que deba existir participaciÃ³n de los trabajadores en la sociedad resultante de la fusiÃ³n, de conformidad con las disposiciones de los Estados miembros por las que se dÃ© cumplimiento al artÃ­culo 16 de la Directiva 2005/56/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital.
[ignorar]ArtÃ­culo 45. Eficacia jurÃ­dica en EspaÃ±a de las disposiciones de otros Estados miembros.
Los acuerdos entre la comisiÃ³n negociadora y el Ã³rgano competente de las sociedades participantes concluidos conforme a las disposiciones de los Estados miembros y, en su defecto, las normas subsidiarias de las citadas disposiciones obligan a todos los centros de trabajo de la sociedad resultante de la fusiÃ³n incluidos dentro de su Ã¡mbito de aplicaciÃ³n y situados en territorio espaÃ±ol, asÃ­ como a sus trabajadores respectivos, durante todo el tiempo de su vigencia.
No obstante, la validez y eficacia de dichos acuerdos en ningÃºn caso podrÃ¡n menoscabar ni alterar las competencias de negociaciÃ³n, informaciÃ³n y consulta que la legislaciÃ³n espaÃ±ola otorga a los comitÃ©s de empresa, delegados de personal y organizaciones sindicales, asÃ­ como a cualquier otra instancia representativa creada por la negociaciÃ³n colectiva.Â»
Dos. Se modifican los apartados 3 y 4 de la disposiciÃ³n adicional primera, que quedan redactados del siguiente modo:
Â«3. Esta Ley no afectarÃ¡:
a) A los actuales derechos de implicaciÃ³n de los trabajadores distintos de los de participaciÃ³n en los Ã³rganos de la SE de que gocen los trabajadores de la SE y de sus centros de trabajo y empresas filiales de conformidad con las legislaciones y prÃ¡cticas nacionales de los Estados miembros.
Tampoco afectarÃ¡ a los derechos de implicaciÃ³n de los trabajadores distintos de los de participaciÃ³n en los Ã³rganos de la sociedad resultante de la fusiÃ³n transfronteriza intracomunitaria de que gocen los trabajadores de la sociedad y de sus centros de trabajo de conformidad con las legislaciones y prÃ¡cticas nacionales de los Estados miembros.
b) A los derechos en materia de participaciÃ³n en los Ã³rganos de que gocen los trabajadores de las filiales de la SE de conformidad con las legislaciones y prÃ¡cticas nacionales.
4. Para salvaguardar los derechos mencionados en el apartado 3, el registro de la sociedad no extinguirÃ¡ por sÃ­ mismo el mandato de los representantes legales de los trabajadores de las sociedades participantes que dejen de existir como entidades jurÃ­dicas diferenciadas, que seguirÃ¡n ejerciendo sus funciones en los mismos tÃ©rminos y bajo las mismas condiciones que regÃ­an con anterioridad.Â»
DisposiciÃ³n final cuarta. ModificaciÃ³n de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de CrÃ©dito.
Se da nueva redacciÃ³n al artÃ­culo dÃ©cimo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de CrÃ©dito, cuya redacciÃ³n pasa a ser la siguiente:
Â«ArtÃ­culo dÃ©cimo. FusiÃ³n, escisiÃ³n y transformaciÃ³n:
1. RequerirÃ¡n autorizaciÃ³n administrativa previa, con informe del Banco de EspaÃ±a, las fusiones, escisiones o transformaciones que afecten a una Cooperativa de CrÃ©dito.
En el caso de que la entidad resultante de la fusiÃ³n, escisiÃ³n o transformaciÃ³n fuese una Cooperativa de CrÃ©dito, Ã©sta deberÃ¡ solicitar su inscripciÃ³n en el Registro correspondiente del Banco de EspaÃ±a, sin perjuicio de la inscripciÃ³n que proceda en los Registros de las Comunidades AutÃ³nomas que ostenten competencias en esta materia en virtud de sus Estatutos de AutonomÃ­a, y cumplir las demÃ¡s normas y obligaciones registrales.
2. Cuando una Cooperativa de CrÃ©dito se transforme en otra entidad de crÃ©dito, el Fondo de Reserva Obligatorio de aquella pasarÃ¡ a integrarse en el capital social de la entidad resultante de la transformaciÃ³n.
Dicha transformaciÃ³n no supondrÃ¡ la pÃ©rdida de la condiciÃ³n de fiscalmente protegida en el perÃ­odo impositivo del Impuesto sobre Sociedades que concluya con la transformaciÃ³n de la forma jurÃ­dica de la entidad, en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 26 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. En dicho perÃ­odo impositivo se integrarÃ¡ en la base imponible correspondiente a los resultados cooperativos o extracooperativos, segÃºn proceda, la parte del Fondo de Reserva Obligatorio que hubiese minorado dicha base imponible en perÃ­odos anteriores.Â»
DisposiciÃ³n final quinta. TÃ­tulo competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de las competencias que el artÃ­culo 149.1.6.Âª de la ConstituciÃ³n atribuye en exclusiva al Estado en materia de legislaciÃ³n mercantil.
DisposiciÃ³n final sexta. IncorporaciÃ³n de Derecho comunitario.
Mediante esta Ley se incorporan al Derecho espaÃ±ol la Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital y la Directiva 2006/68/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, por la que se modifica la Directiva 77/91/CEE del Consejo en lo relativo a la constituciÃ³n de la sociedad anÃ³nima, asÃ­ como al mantenimiento y modificaciones de su capital. Asimismo se incorpora la Directiva 2007/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 78/855/CEE y 82/891/CEE del Consejo por lo que respecta al requisito de presentaciÃ³n de un informe de un perito independiente en caso de fusiÃ³n o escisiÃ³n de sociedades anÃ³nimas.
DisposiciÃ³n final sÃ©ptima. HabilitaciÃ³n al Gobierno.
1. Se habilita al Gobierno para que en el plazo de doce meses proceda a refundir en un Ãºnico texto, y bajo el tÃ­tulo Â«Ley de Sociedades de CapitalÂ», las leyes reguladoras de las sociedades de capital, regularizando, aclarando y armonizando los siguientes textos legales:
â€ La SecciÃ³n 4.Âª, TÃ­tulo I, Libro II, del CÃ³digo de Comercio de 1885, relativa a las sociedades comanditarias por acciones.
â€ El Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas.
â€ La Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
â€ Y el TÃ­tulo X de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, relativo a sociedades anÃ³nimas cotizadas.
2. Se autoriza al Gobierno para que dicte cuantas disposiciones sean precisas para la debida ejecuciÃ³n y cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.
DisposiciÃ³n final octava. Entrada en vigor.
La presente Ley entrarÃ¡ en vigor a los tres meses de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ», salvo las disposiciones del CapÃ­tulo II del TÃ­tulo II, relativas a las fusiones transfronterizas intracomunitarias, que entrarÃ¡n en vigor el dÃ­a siguiente al de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ».

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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