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Timestamp: 2016-12-07 18:24:53+00:00

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RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid don Rafael Bonardell Lenzano, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Santa María de Nieva, a inscribir una escritura de compraventa
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid don Rafael Bonardell Lenzano, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Santa María de Nieva, a inscribir una escritura de compraventa Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid don Rafael Bonardell Lenzano, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Santa María de Nieva, a inscribir una escritura de compraventa Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid don Rafael Bonardell Lenzano, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Santa María de Nieva, a inscribir una escritura de compraventa.
En el recurso interpuesto por el Notario de Madrid don Rafael Bonardell Lenzano contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Santa María de Nieva, doña Mercedes Jorge García, a inscribir una escritura de compraventa.
El día 23 de mayo de 2002 don Rafael Bonardell Lenzano, Notario de Madrid, autorizó una escritura de compraventa por virtud de la cual, doña
M. Z. N., representada por doña M.L. S. M.R. vendía a los cónyuges doña M. de las M. Z. S. y don J.C. J.R. una vivienda sita en Marugán, finca registral 4369 del Registro de la Propiedad de Santa María de Nieva.
En dicha escritura de compraventa se expresa, respecto de la representación alegada, que doña M.L. S. M.R. interviene en nombre y representación de doña M.Z.N. y se añade por el Notario lo siguiente: «ostenta dicha representación en virtud de poder que le fue conferido mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, don Federico Paredero del Bosque Martín, el día 9 de mayo de 2002, bajo el número 1251 de orden de protocolo, cuya copia autorizada me exhibe y devuelvo». «Tienen a mi juicio, según intervienen, la capacidad legal necesaria para este acto y juzgo suficientes las facultades representativas acreditadas para otorgar la presente escritura de compraventa.».
La citada escritura fue presentada en el Registro de la Propiedad de Santa María de Nieva, causó el asiento de presentación número 337 del Diario 95 sin que conste en este expediente la fecha del asiento, y fue calificada negativamente con base en los siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho:
«Registro de la Propiedad de Santa María de Nieva (Segovia). Nota de calificación asiento 337 diario 95.
Se halla pendiente de despacho en este Registro la escritura n° 665/2002 del Notario de Madrid D. Rafael Bonardell Lenzano de compraventa a favor de D. M. de las M. y su esposo D. J.
Visto el artículo 18 de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946 y la RDGRN 12 042002.
La Registradora que suscribe ha acordado:
Suspender la inscripción del documento por no relacionarse en el mismo los términos del poder en cuya virtud actúa la representante de la vendedora de forma suficiente que permita su calificación y no acompañarse tampoco copia autorizada de la escritura de poder.
Santa María de Nieva a 20 de junio de 2002.La Registradora (Fdo. M. Mercedes Jorge García)».
La citada calificación negativa, de fecha 20 de junio de 2002, fue notificada vía fax al Notario autorizante de la escritura el 21 de junio de 2002
según reconoce éste. Mediante escrito con fecha 15 de julio de 2002, dicho Notario interpuso recurso gubernativo contra tal calificación, el que alegó: Primero.Que la nota de calificación no se ajusta a lo prevenido en el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria. No aplica la resolución de 12 de abril de 2002, que cita como fundamento de decisión e infringe el artículo 103 de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre y como ignora la resolución de 23 de abril de 2002 también infringe el artículo 327 de la Ley Hipotecaria. Segundo.Que si el defecto que encuentra la Registradora es
«... no relacionarse los términos del poder ... de forma suficiente que permita su calificación ... y no acompañarse copia», sin especificar que es lo que entiende por «forma suficiente» ello equivale a no calificar e impide tanto el recurso como la subsanación sin que permita rellenar esa omisión la referencia a la resolución de 12 de abril que en su apartado noveno dice lo contrario. Por ello cuando la nota pide una relación en el documento de los términos del poder está confundiendo la reseña del documento en que consta el poder con el juicio de suficiencia de las facultades que actualmente el artículo 98 de la Ley 24/2001 le priva de entrar a conocer y calificar. Tercero.Que si la resolución de 12 de abril exigiera lo que dice la nota de calificación, sería contradictoria con el artículo 98 de la ley 24/2001, pues sólo impone la expresión de que, a juicio del Notario, son suficientes las facultades representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera. Cuarto.Que la escritura calificada cumple las exigencias que impone la ley y la resolución antes dicha. Quinto.Que no es defecto que impida la inscripción del documento el hecho de no relacionar el contrato que se otorga con la suficiencia de las facultades de los apoderados pues, la resolución de 12 de abril plantea su exigencia no en el ámbito del juicio notarial de suficiencia de las facultades representativas, sino en el de la «reseña identificativa» del documento del que nace la representación, como otro elemento más de identificación del documento, por lo que el Registrador sólo podrá exigirla, de acuerdo con la conocida doctrina de la Dirección General cuando dude de esa identificación, así lo confirma la resolución de 23 de abril de 2002 en su fundamento 9.
El Registrador de la Propiedad interino don Pedro José Martínez emitió su informe y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escrito con fecha de 22 de julio de 2002. En tal informe añadió determinados fundamentos de derecho no expresados en la calificación impugnada.
En consecuencia, lo primero que procede destacar es que sobre el Registrador pesa el deber ineludible de motivar su calificación cuando es de carácter negativo, pues su consecuencia no supone sino la denegación de un derecho del ciudadano inscripción del hecho, acto o negocio jurídico documentado en el título. Por ello, deben exigirse al funcionaria calificadora, en orden al cumplimiento de su deber de motivar la califica ción, las mismas exigencias y requisitos que a cualquier órgano administrativo y que se resumen, esencialmente, en dos: la denominada tempestividad (esto es, que sea oportuna en tiempo) y la suficiencia de la motivación ofrecida.
La causa de esta exigencia temporal es evidente: el ciudadano tiene derecho a conocer desde el primer momento por qué se deniega el acceso del hecho, acto o negocio jurídico al Registro correspondiente, siendo así que tal conocimiento tempestivo es el que le permite reaccionar adecuadamente contra la decisión del funcioinaria, si entiende que la misma es contraria a Derecho.
Como puede apreciarse, la tempestividad de la motivación se engarza de modo natural con la prohibición de la indefensión, pues si no se ofrece al ciudadano en tiempo oportuno la integridad de los razonamientos del órgano administrativo en nuestro caso funcionaria calificadora, difícilmente podrá aquél recurrir de modo adecuado una decisión administrativa en el caso de la calificación, un acto de Administración fundado en Derecho Privado .
Igualmente, y en lógica coherencia con lo expuesto, el Tribunal Supremo no ha admitido como medio de motivación la utilización de fórmulas convencionales, o la simple invocación al interés público o general o, mucho menos, la simple cita de unos preceptos legales sin el acompañamiento de la interpretación exposición del razonamiento lógico que de ellos hace el órgano que dicta el acto ; pues, en tal caso, existiría una motivación formal o aparente, mas no una motivación material que es la exigida por el ordenamiento jurídico (Sentencias del Tribunal Supremo de 22 marzo 1982, 9 junio de 1986 y de 25 de mayo de 1998).
Aplicada la precedente jurisprudencia a la calificación recurrida se aprecia, sin más, que la misma no se encuentra debidamente motivada, ya que la funcionaria calificadora se ha limitado a citar determinado precepto legal y una resolución de esta Dirección General; y no llega a proporcionarse al interesado razón lógica suficiente por la cual considera dicha funcionaria que el Notario debe reseñar las concretas facultades representativas de quien actúa en nombre de la entidad de crédito o consignar el contenido del poder en que conste la facultad con que actúan, sin que sea suficiente con expresar que considera suficientes las facultades representativas acreditadas para la escritura de compraventa que se otorga.
En conclusión, esta Dirección General, visto el expediente del recurso, entiende que procede resolver el fondo de la cuestión, estimando el recurso interpuesto por las razones que luego se expondrán, sin perjuicio de lo cual es necesario precisar que, como en otras Resoluciones que son de público conocimiento, no se va a tener en consideración el contenido del referido informe de la Registradora, en cuanto en él se encuentra verdaderamente la motivación de la calificación negativa. En caso contrario, esta misma Dirección General estaría admitiendo que una funcionaria de ella dependiente calificara intempestivamente un título sometido a calificación.
3. La cuestión objeto de este recurso ha sido abordada en innumerables ocasiones por este Centro Directivo (cfr. las Resoluciones citadas en los Vistos). Así, según el fundamento de derecho quinto de las Resolucio nes de 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre de 2004, cuyo contenido se ha reiterado en las de 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero de 2005, 21, 22 y 23 de febrero de 2005 entre otras más recientes citadas en los «Vistos» de la presente, «para que pueda entenderse válidamente cumplido el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio, una calificación si se prefiere, acerca de la suficiencia de las facultades contenidas en el mandato representativo para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación a aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Obviamente, las facultades representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación que deberá comprender, al menos, el nombre o denominación social del poderdante y del apoderado, el nombre del Notario autorizante, la fecha del documento, el número de protocolo y su vigencia.
Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente los documentos de los que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que se trata de un poder conferido mediante escritura pública autorizada por el Notario que se identifica, añadiendo la fecha de dicha escritura de poder y el número de protocolo. Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de la reseña.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título, en relación con la escritura de poder cuya copia autorizada se exhibe, lo siguiente: «Tienen a mi juicio, según intervienen, la capacidad legal necesaria para este acto y juzgo suficientes las facultades representativas acreditadas para otorgar la presente escritura de compraventa.».
Sr. Registrador de la Propiedad de Santa María de Nieva.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 
 artículo 18
 artículo 19
 resolución 
 artículo 103
 resolución 
 artículo 327
 resolución 
 artículo 98
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 artículo 98
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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 artículo 98