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Timestamp: 2019-12-08 02:34:47+00:00

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Domingo 08 de Diciembre de 2019, 09:34
Autor Tema: Operación Malaya suma 11 detenidos más, entre ellos Zaldívar y González de ... (Leído 15689 veces)
« Respuesta #30 : Martes 22 de Mayo de 2007, 03:07 »
Suspenden el juicio a Muñoz y Roca por la ausencia de los abogados de este último
Actualizado lunes 21/05/2007 12:26 (CET)
MÁLAGA.- El juicio que tenía previsto comenzar hoy en la Audiencia Provincial de Málaga contra el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y Juan Antonio Roca por un delito urbanístico ha sido suspendido hasta el 26 de noviembre al no presentarse ningún abogado del que fuera asesor de Urbanismo de la ciudad malagueña.
El propio Roca explicó al juez que nombró a un letrado para su defensa antes de que el juzgado le asignase uno de oficio y, al no presentarse ninguno, el fiscal pidió la suspensión en contra de la posición de las acusaciones particulares.
El juicio por este caso, denominado 'Incopromar' y relativo a una promoción de viviendas sobre parte de suelo de uso público, se ha aplazado hasta los próximos 26, 27 y 28 de noviembre.
Julián Muñoz, Roca y el ex primer teniente de alcalde, Pedro Román, todos ellos en prisión por el 'caso Malaya', fueron trasladados hasta los juzgados de Marbella para ser juzgados por este procedimiento, en el que también están acusados otros seis ex ediles del GIL, y el ex asesor jurídico de Jesús Gil, José Luis Sierra.
En este juicio, Muñoz se enfrenta a una petición fiscal de dieciocho meses de cárcel y ocho años de inhabilitación en el cargo, mientras que para Roca la acusación popular -representada por PSOE, IU y los Verdes- solicita seis meses de prisión y 20 años de inhabilitación por prevaricación y un delito contra la ordenación del territorio.
Los hechos se remontan a diciembre de 1996, cuando Muñoz firmó como alcalde accidental un acuerdo con la empresa Incopromar, propiedad en un 95% del fallecido periodista Antonio Herrero, para construir un edificio de 68 viviendas, locales y apartamentos.
El Ministerio Público entiende que la licencia se otorgó pese a que se proyectaba sobre parte de un suelo clasificado en el plan vigente como viario y destinado a uso público, y añade que se incrementaron los parámetros de edificabilidad permitidos.
Por su parte, la acusación popular considera que los integrantes de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Marbella otorgaron la licencia de obra "a sabiendas de su ilegalidad y con un aumento del la edificabilidad del 350%", porque se autorizaron bloques de diez plantas cuando lo permitido eran cuatro.
Según la acusación popular, Roca "negoció el convenio siguiendo las instrucciones de Gil", pese a que la actuación "vulnera los principios más elementales del ordenamiento jurídico", por su "omisión radical del procedimiento legalmente establecido en materia de contratación pública".
Asimismo, pide la nulidad del convenio y que se restaure la legalidad urbanística con medidas como la demolición de los inmuebles.
El Ministerio Público acusa, además de a Julián Muñoz, a los ex concejales Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, María Luisa Alcalá, José María Pomares y Juan Antonio Yagüe.
« Respuesta #31 : Viernes 25 de Mayo de 2007, 12:34 »
Julián Muñoz regresa a prisión tras declarar por tercera vez ante el juez del 'Caso Malaya'
El ex alcalde permaneció alrededor de siete horas en las dependencias judiciales de Marbella
El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz fue conducido esta tarde de regreso a la cárcel de Jaén, donde se encuentra en prisión preventiva por el "Caso Malaya", tras prestar declaración por tercera vez ante el juez instructor del procedimiento, Miguel µngel Torres.
Muñoz, que permaneció alrededor de siete horas en las dependencias judiciales de Marbella, abandonó las mismas en un furgón de la Guardia Civil sobre las 16,45 horas de regreso al centro penitenciario jiennense.
A la salida de los juzgados, el abogado del ex alcalde, Javier Saavedra, se negó a hacer declaraciones a los periodistas debido a su obligación de respetar al secreto de las actuaciones, por lo que no aclaró si la comparecencia de Muñoz ante el juez Torres se produjo a petición de su cliente o a instancias del magistrado.
Julián Muñoz fue detenido el 19 de julio de 2006 en Marbella en la segunda fase del "Caso Malaya", un día después ingresó en prisión preventiva en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga) y el pasado 4 de octubre fue trasladado a la cárcel de Jaén, donde continúa preso.
El ex regidor fue encarcelado por su presunta vinculación en la trama de corrupción municipal e inmobiliaria investigada en el procedimiento y posteriormente fue condenado a un año de prisión por un delito contra la ordenación del territorio.
Además de Muñoz, hoy también compareció ante el juez Torres por este caso el abogado alemán Juan Hoffmann, que negó haber pagado comisiones ilegales al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca para la aprobación de un convenio entre el Consistorio y la promotora Nuevos Aires, de la que era administrador.
Según explicó a los periodistas el letrado de Hoffmann, Juan Manuel Vázquez, la declaración de su cliente tuvo lugar a instancias del juez Torres con el fin de "concretar y aclarar" cuestiones relacionadas con documentación hallada por la Policía en el registro del despacho profesional de su defendidos.
Vázquez indicó que en la comparecencia, el magistrado preguntó a Hoffman, que se encuentra también en prisión preventiva por el "Caso Malaya", por la participación del ex teniente de alcalde de Marbella Pedro Román en la constructora Nuevos Aires.
La citada promotora firmó un convenio con el Ayuntamiento marbellí para la construcción de un edificio en el centro de la ciudad cuyas obras se encuentran precintadas por la comisión gestora que rige el consistorio.
El abogado apuntó que en la declaración, que duró aproximadamente hora y media, el juez también interrogó a su cliente sobre una serie de préstamos entre las sociedades Fink 2010, de la que era administrador Hoffmann y Development Proyect SL, constructora propiedad de Román, que edificó la urbanización Sierra Blanca.
Indicó que Torres se interesó además por algunos negocios en los que participaron Hoffmann y Román, así como sobre la hija del ex primer teniente de alcalde, presente en muchas actividades económicas y profesionales de éste.
En la comparecencia, el letrado también ratificó la solicitud de libertad para su cliente presentada por escrito con anterioridad, y afirmó que tanto el juez como el Ministerio Fiscal han asegurado que analizarán la situación procesal de Hoffmann en los próximos días.
« Respuesta #32 : Sábado 26 de Mayo de 2007, 03:19 »
Desestiman la querella de la hija de Roca contra el juez Miguel Ángel Torres
Los hechos alegados no son constitutivos de delito o carecen de relevancia penal
El TSJA ha desestimado la querella que presentó la hija del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca contra el instructor del 'caso Malaya', Miguel Ángel Torres, al considerar que la "gravedad" de los hechos investigados "aconsejaban" su detención, que fue "legítima".
En el auto del alto tribunal andaluz, con sede en Granada, se precisa que los hechos alegados por la hija de Roca, que se querelló contra el juez por supuesta prevaricación al considerar "injustificado" y "desproporcionado" su arresto, no son constitutivos de delito o carecen de relevancia penal.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que la resolución judicial encuentra cobertura legal en las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que la detención se halló sometida "a rígidos límites temporales, que no han sido sobrepasados en modo alguno".
La Sala Civil y Penal, que hace referencia en su auto al posicionamiento de la Fiscalía, que manifestó, por su parte, que el arresto de María Roca Jimeno fue "idóneo, necesario y proporcionado", señala que la detención judicial fue ordenada mediante un auto en el que se hacía constar "la posible existencia del delito de blanqueo de capitales".
Según el alto tribunal, ello revela "con claridad" que, en la resolución que la querellante consideró prevaricadora, "se exterioriza la existencia de indicios de criminalidad".
En este sentido, indica que la "parquedad" en la motivación de la resolución del juez "no puede confundirse como ausencia de la misma, teniendo en cuenta que expresa los fundamentos legales para la detención, la existencia de indicios racionales de criminalidad y la adopción de la medida del secreto de las actuaciones".
El TSJA entiende asimismo que la resolución judicial fue dictada "con una finalidad constitucionalmente legítima (...) y en modo alguno ha podido producir una situación objetiva de indefensión".
No obstante, recuerda que "el riesgo de que se puedan sobredimensionar unos hechos es asumido por el ordenamiento jurídico".
Se refiere también a que la residencia de la querellante en Madrid hacía necesario su traslado a Málaga y su posterior puesta a disposición judicial en Marbella, "lo que implicó una cierta dilación temporal", que no resultó "desmesurada".
Por último, la Sala "no puede silenciar" que las circunstancias de tiempo y de lugar que rodearon la detención de María Roca, practicada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía, "son totalmente ajenas al instructor que la ordenó", por lo que no puede entrar en la revisión de las mismas.
« Respuesta #33 : Sábado 26 de Mayo de 2007, 04:32 »
El abogado Juan Hoffmann sale de la cárcel de Alhaurín tras pagar una fianza de 150.000 euros
EFE - hace 44 minutos
Málaga, 25 may (EFE).-
El abogado Juan Germán Hoffmann salió hoy de la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde ha permanecido durante más de tres meses por su presunta implicación en el "caso Malaya", tras abonar la fianza de 150.000 euros que ha fijado el juez instructor de la causa, Miguel Ángel Torres.
Hoffmann abandonó el centro penitenciario sobre las 21.00 horas acompañado por su letrado y se reunió con familiares que lo esperaban en las inmediaciones de la prisión.
A su salida de la cárcel, el abogado, de 48 años y que vestía un polo deportivo y unos vaqueros, manifestó a los periodistas que está "muy contento", que ahora le "toca estar con su familia" y que durante el tiempo que ha permanecido en prisión preventiva el trato ha sido muy bueno.
Juan Germán Hoffmann, que deberá comparecer en los Juzgados los días 1 y 15 de cada mes, fue detenido el pasado 6 de febrero y dos días después ingresó en la prisión provincial de Alhaurín, acusado de un delito de blanqueo de capitales.
Según explicó hoy su letrado, José Manuel Vázquez, el principal motivo para su puesta en libertad es que acreditó su suficiente arraigo en España y que no existe riesgo de fuga.
Respecto a los hechos que se le imputan, dijo que intentaron demostrar que "no son tan graves como inicialmente apuntó la Policía".
Durante su primera declaración ante el juez, a Hoffmann se le preguntó por empresas y el uso de embarcaciones de recreo vinculadas al ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.
El juez Torres apuntó en el auto de prisión la existencia de "contundentes indicios" sobre el delito que le imputa y señaló la necesidad de analizar toda la documentación intervenida en los registros efectuados en las oficinas del despacho Tarodo-Hoffmann.
Al ampliar su declaración negó al magistrado haber abonado comisiones ilegales a Roca para aprobar un convenio entre el Consistorio y la promotora Nuevos Aires, de la que era administrador.
Más de cien personas han sido detenidas hasta la fecha en este caso, que conllevó la disolución del consistorio de Marbella y la creación de una Comisión Gestora al ser encarcelada la cúpula del gobierno local encabezada por la entonces alcaldesa Marisol Yagüe.
En la actualidad quedan en prisión por este caso el presunto cerebro de la trama, Roca; el ex alcalde marbellí Julián Muñoz y el ex teniente de alcalde del GIL Pedro Román.
« Respuesta #34 : Martes 29 de Mayo de 2007, 04:22 »
La defensa niega que Roca vaya a imputar a cargos de la Junta a cambio de su libertad
El ex asesor de Urbanismo de Marbella compareció hoy, por quinta vez, ante el juez instructor del 'caso Malaya'
La defensa del ex asesor de Urbanismo de Marbella y presunto cerebro del 'caso Malaya' Juan Antonio Roca negó hoy que éste vaya a imputar ante el juez instructor a cargos de la Junta de Andalucía para obtener la libertad.
Roca, que fue trasladado hoy desde la cárcel de Albolote (Granada) hasta los juzgados de Marbella, declaró por quinta ocasión ante el juez Miguel Ángel Torres que investiga la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.
Al concluir su comparecencia, que duró aproximadamente una hora, su abogado, José Aníbal Álvarez, aseguró a los periodistas que el ex asesor de Urbanismo "no va a implicar a nadie porque no tiene a nadie a quien implicar" y subrayó que él se va a dedicar en sus declaraciones "a defenderse, que es lo que tiene que hacer".
El letrado negó con rotundidad las informaciones que apuntaban a que Roca había amenazado a la administración autonómica con "tirar de la manta" en sus declaraciones ante el magistrado. El ex asesor de Urbanismo, que permanece en prisión desde hace casi catorce meses, abandonó las dependencias judiciales entorno a las 12:00 horas.
Su comparecencia versó sobre las declaraciones de otros testigos e imputados en la causa, como el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, que permanece en prisión preventiva, y el abogado Juan German Hoffmann, que salió el pasado viernes en libertad bajo una fianza de 150.000 euros.
Además, Roca fue preguntado por una serie de sociedades y convenios urbanísticos, aunque su comparecencia "no ha sido de gran transcendencia", según indicó su letrado.
La declaración de Roca se produce días después de la comparecencia ante el juez del ex alcalde marbellí Julián Muñoz, encarcelado por esta causa desde el pasado 20 de julio, y del abogado Hoffmann.
Su anterior citación fue el pasado marzo, tras la detención de su mujer, su hija y su cuñado, además de otra cuarta persona.El ex asesor urbanístico manifestó entonces al magistrado que había resultado agraciado con premios de lotería varias veces, aunque no pudo "recordar con exactitud" cuántas, ya que en un periodo de quince años "es difícil" recordarlo, según explicó en aquel momento su letrado.
También prestó declaración en mayo de 2006, en una comparecencia que, según su defensa, se centró en la documentación intervenida en el "Caso Saqueo 1", que se sigue en la Audiencia Nacional.
Roca fue citado de nuevo por el magistrado el pasado septiembre para "clarificar" datos, "comprobar la veracidad de lo que han dicho las demás personas ante el juez" y "no delatar a nadie", según aseguró entonces su letrado.
El ex asesor de Urbanismo permanece en prisión preventiva al considerar el instructor del "caso Malaya" que existe riesgo de fuga y concurre la reincidencia, ya que tiene otras causas judiciales pendientes. El juez imputa a Roca los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación como inductor y alteración de los precios en concursos.
« Respuesta #35 : Jueves 31 de Mayo de 2007, 03:38 »
Los dos principales investigadores del 'caso Malaya' piden el relevo por falta de apoyo policial
Los dos policías principales investigadores de la 'operación Malaya' han pedido por escrito su relevo al frente del Grupo III de Blanqueo de Capitales de Málaga, alegando falta de apoyo por parte de la Dirección General del Cuerpo en el desarrollo de sus investigaciones sobre la trama de corrupción y evasión de capitales, según fuentes policiales. Los dos inspectores presentaron la pasada semana al comisario provincial de Málaga una minuta señalando los motivos de su petición. Se trata del inspector que dirige el citado Grupo III y su segundo, también inspector.
Ambos son policías relativamente jóvenes -están en la treintena-, pero con una gran experiencia en delitos relacionados con el blanqueo de dinero.
De hecho, ambos participaron activamente en la operación 'Ballena Blanca', la mayor investigación policial contra el lavado de dinero en España, que destapó una gigantesca red con conexiones en varios países y que habría blanqueado una cifra superior a los 250 millones de euros.
Los dos policías mantienen un control directo del desarrollo de las pesquisas de la 'operación Malaya' y son los únicos que tratan personalmente con el juez Miguel Ángel Torres, que dirige la investigación. Ambos son calificados por sus compañeros como "excelentes profesionales" y policías "incorruptibles". Las fuentes consultadas por Europa Press descartan que el comisario provincial de Málaga, José Gutiérrez, vaya a aceptar la petición de los policías de abandonar el Grupo de Blanqueo. Se da la circunstancia de que Gutiérrez abandonará el cargo en los próximos días por su pase a la segunda actividad.
El presidente del Gobierno fue recibido por el jefe superior de Andalucía Oriental, Luis de Haro-Rossi, y el comisario provincial. Con ellos y con un reducido grupo de agentes, entre los que se encontraban los citados inspectores, estuvo departiendo Zapatero durante 45 minutos.
« Respuesta #36 : Sábado 02 de Junio de 2007, 00:27 »
El fiscal rechaza la libertad de Julián Muñoz para investigar hechos nuevos sobre el blanqueo
EFE - viernes, 1 de junio Málaga, 1 jun (EFE).
- La Fiscalía de Málaga se opuso hoy al recurso de la defensa para la puesta en libertad del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, imputado en el "caso Malaya", ya que considera que persiste el riesgo de fuga y que hay que investigar hechos nuevos relacionados con el delito de blanqueo de capitales.
En la vista, que se celebró a puerta cerrada en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, la defensa de Muñoz volvió a solicitar su libertad provisional, al entender que no hay posibilidad de que huya de la justicia por ser un personaje conocido, según informaron fuentes judiciales.
Por su parte, el Ministerio Público mantiene que la investigación ha revelado hechos nuevos vinculados a la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales en la compra de inmuebles a través de sociedades o de otras personas imputadas en la causa, o el empleo de cuentas de varios imputados.
Fuentes judiciales indicaron que el juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, investigará varios hechos relacionados con operaciones inmobiliarias en las que supuestamente el ex alcalde blanqueó dinero ilícito.
Así, las pesquisas apuntan al parecer a la compra de un inmueble de la finca La Pepilla, a través de una sociedad presuntamente vinculada con su ex mujer Maite Zaldívar, también imputada en la causa.
Asimismo, esta operación podría tener relación con actuaciones urbanísticas en las que Muñoz favoreció a determinados empresarios de la construcción.
En cambio, la defensa apuntó hoy en la vista que los hechos relacionados con la compra de un inmueble en la citada finca habrían prescrito.
El Ministerio Público aludió de nuevo a la gravedad de los delitos que se le achacan a Julián Muñoz, como son los de cohecho de carácter continuado.
En este sentido, la Fiscalía sostiene que el ex alcalde marbellí percibió distintas cantidades de dinero para favorecer con actos o resoluciones administrativas a determinados empresarios de la construcción, también implicados en el caso.
Añade que los ingresos supuestamente ilícitos que obtuvo Muñoz cuando integraba la corporación municipal han sido corroborados por otros imputados en el proceso y las propias pesquisas policiales.
Entre los argumentos de la defensa para reclamar la libertad, figura que el secreto de sumario se ha abierto al 95 por ciento, por lo que se conocen los hechos que se le imputan.
También menciona su estado de salud debido a sus problemas cardiovasculares, pero el Ministerio Fiscal insiste en que es atenido perfectamente por los servicios sanitarios del centro penitenciario.
La defensa del ex alcalde marbellí, en prisión preventiva desde el pasado 20 de julio, ha reclamado su libertad por segunda vez ante la Audiencia de Málaga, que ya la denegó en marzo por el riesgo de fuga.
Julián Muñoz mantuvo en mayo una huelga de hambre durante casi una semana, tras la detención y puesta en libertad bajo una fianza de 90.000 euros de su compañera sentimental, la tonadillera Isabel Pantoja.
El "caso Malaya", que supuso la disolución del Ayuntamiento de Marbella, acumula más de centenar de imputados, de los que actualmente se encuentran en prisión, además de Muñoz, el ex asesor de Urbanismo y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y el que fue primer teniente de alcalde, Pedro Román.
« Respuesta #37 : Jueves 14 de Junio de 2007, 03:37 »
Juez levanta 36 tomos y centra investigación en delitos previos al blanqueo
EFE - hace 51 minutos
Marbella (Málaga), 13 jun (EFE).- El juez del "Caso Malaya" que investiga la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) levantó hoy el secreto de sumario en 36 tomos, algunos de forma completa y otros parcialmente, y advirtió de que continúa la investigación de los delitos previos al blanqueo de capitales.
En el auto, al que tuvo acceso Efe, el magistrado acuerda alzar el secreto de forma parcial sobre los tomos 32, 33, 42, 44, 47, 53, 56, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 85, 86, 89, 90, 91, 99 y 101, y por completo sobre los números 67, 76, 77, 92, 94, 95, 96, 97, 98 y 102.
Es la décima ocasión en la que el juez instructor decide alzar el secreto sobre parte de las actuaciones y prorrogarlo durante un mes en otros tomos.
El instructor apunta que sólo falta por levantar el secreto en algunos folios de los tomos 29, 34, 56, 63, 71, 81, 63, 93, 99 y desde el número 103 hasta el final.
En la resolución el juez Miguel Ángel Torres justifica el mantenimiento del secreto durante "un tiempo mínimo imprescindible" para avanzar con la instrucción, en la que continúan "múltiples vías de investigación abiertas ante la necesidad de investigar la multitud de delitos antecedentes al de blanqueo de capitales que es la esencia y el núcleo de este procedimiento".
En este sentido, el magistrado advierte de que la prórroga del secreto del sumario "lejos de ser caprichosa, está absolutamente justificada pues de forma paulatina se van aportando novedades a las actuaciones".
Recuerda que esta medida ha sido "imprescindible" para asegurar el éxito de la investigación y evitar interferencias y manipulaciones en la causa.
La última vez que el juez alzó el secreto fue el pasado 14 de mayo, cuando levantó 21 tomos más que desvelaron que la Policía investigó hace casi un año las cuentas bancarias de la tonadillera Isabel Pantoja y de su hijo, Francisco José Rivera Pantoja.
El "caso Malaya" que se destapó en marzo de 2006 y supuso la disolución del Ayuntamiento de Marbella acumula más de un centenar de imputados, de los que permanecen en prisión preventiva el ex asesor de Urbanismo y presunto cerebro de la trama de corrupción Juan Antonio Roca, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el que fue primer teniente de alcalde Pedro Román.
« Respuesta #38 : Jueves 14 de Junio de 2007, 03:40 »
EFE - hace 54 minutos
Málaga, 13 jun (EFE).- Isabel Pantoja, imputada en el "caso Malaya" por los delitos de blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda Pública, dejó de pagar durante unos meses la hipoteca de su casa de Marbella cuando el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz fue detenido, según lo afirma en un auto el juez instructor.
Isabel Pantoja fue detenida el pasado 2 de mayo en su casa de Marbella y, tras pasar la noche en Comisaría, quedó en libertad al día siguiente después de pagar la fianza de 90.000 euros
« Respuesta #39 : Sábado 16 de Junio de 2007, 03:14 »
Un promotor imputado en el 'caso Malaya' regaló una vivienda a Julián Muñoz a cambio de favores urbanísticos
Villarroya vendió por 3.006 euros todas las participaciones de la sociedad Senior Servicios Generales Madrid, propietaria de de un piso, dos garajes y un trastero en Marbella, a Maite Zaldívar
El promotor , imputado en el "caso Malaya" sobre corrupción municipal y urbanística en Marbella, regaló al ex alcalde de esta ciudad Julián Muñoz una vivienda a cambio de favores urbanísticos en la concesión de licencias para varias promociones en 1998 y 1999. En un auto del juez instructor recogido en los más de 4.000 folios sobre los que se ha levantado el secreto de sumario, se indica que el empresario vendió a Muñoz una vivienda de la promoción La Pepina de Marbella sin que el ex regidor tuviera que abonar ninguna cuantía.
Villarroya, que quedó en libertad bajo una fianza de 500.000 euros tras declarar ante el juez, era titular de la sociedad Azalea Beach, que desarrolló la promoción de La Pepina y obtuvo otras licencias de obras gracias a la intervención de Julián Muñoz, que se en encuentra en prisión preventiva.
Otras de las operaciones que llevó a cabo fue la venta a la ex mujer de Julián Muñoz, Maite Zaldívar, por un valor nominal de 3.006 euros de todas las participaciones de la sociedad Senior Servicios Generales Madrid, que era propietaria de un piso, dos garajes y un trastero en la zona de Ricardo Soriano de Marbella.
De esta forma, el ex alcalde, que pasó a ser el verdadero titular de esa entidad, adquirió inmuebles valorados en más de 132.200 euros por el valor nominal de las acciones de la sociedad de Villarroya.
Ese mismo año el Ayuntamiento adjudicó a la entidad del promotor las obras del mercado de Divina Pastora sobre las que existe un gran número de reparos por parte del Tribunal de Cuentas.
Inventario del consistorio
Por otro lado, el empresario consiguió en 2002 un contrato para llevar a cabo la tasación de los bienes de titularidad municipal para el inventario del consistorio, pese a que su sociedad, en este caso Value, no contaba con trabajadores para ese cometido.
Esta sociedad no desarrolló el trabajo pero facturó a Patrimonio Local, presidida entonces por Muñoz, más de 1,6 millones de euros.
A su vez, la sociedad Value contrató a Fincas y Contabilidad, una empresa fantasma creada para apoderarse de los fondos del Ayuntamiento, y le abonó más de 1,1 millones de euros por la tasación que no realizó.
Los supuestos partícipes de esa facturación fueron Marta Jiménez Notario, hija de un imputado en el "caso Saqueo" y que ha trabajado para una de las sociedades del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca -presunto cerebro de la trama del caso Malaya-; un empleado de la Gerencia de Obras y Servicios de Marbella y un trabajador de la empresa municipal Jardines 2000.
En el auto, el juez señala que Villarroya colaboró en esta operación y se benefició de la facturación que obtuvo la sociedad fantasma.
« Respuesta #40 : Miércoles 20 de Junio de 2007, 05:22 »
Muñoz niega haber recibido instrucciones de Roca e insiste en que era Gil quien mandaba
Marbella (Málaga), 19 jun (EFE).- El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, que prestó hoy declaración como imputado por un delito urbanístico, negó haber recibido instrucciones del ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca para aprobar licencias y reiteró que el que fuera regidor Jesús Gil era quien "verdaderamente mandaba".
Muñoz compareció ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1, Carmen Rodríguez Medel, en relación con un procedimiento en el que se le imputa un delito contra la ordenación del territorio por la concesión de una licencia a Inmobiliaria Osuna para la construcción de 124 viviendas contraria al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986.
En su declaración ante la juez, a la que ha tenido acceso Efe, Muñoz destacó que los integrantes de la Comisión de Gobierno que aprobaban las licencias urbanísticas "en ningún momento tenían conciencia de cometer ilegalidad alguna" porque existían informes técnicos y jurídicos que les decían que el PGOU vigente era el de 1998.
El ex alcalde, que fue trasladado a los juzgados de Marbella desde la cárcel de Jaén, donde permanece en prisión preventiva por el "Caso Malaya", afirmó que las reuniones previas a las comisiones de gobierno tenían carácter informativo y en ellas no se otorgaban las licencias.
Explicó que la función de dichas reuniones era examinar previamente los expedientes urbanísticos con el fin de agilizar el trabajo de las comisiones de gobierno, aunque subrayó que él no estaba presente en esos encuentros previos.
Apuntó que Juan Antonio Roca no asistía "nunca" a las comisiones de gobierno y aseveró que el ex asesor de Urbanismo del Consistorio marbellí no le daba instrucciones ni se interesaba por las licencias que se otorgaban.
En este sentido, resaltó que al final del mandato era "público y notorio" que se llevaba "muy mal" con Roca y reiteró, como ya hiciera en otras declaraciones judiciales, que Gil "era quien verdaderamente mandaba en Marbella".
Recordó que la ex asesora jurídica Raquel Escobar asistía a las comisiones de gobierno para dar lectura de los informes técnicos y jurídicos y conforme a estos se concedían las licencias urbanísticas.
Muñoz indicó que ni el secretario del Ayuntamiento, Leopoldo Barrantes, ni el jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Consistorio, Jorge González, ni el arquitecto municipal Francisco Merino mencionaron a los concejales que estuvieran cometiendo una ilegalidad al otorgar licencias urbanísticas conforme al PGOU de 1998.
Señaló que en una reunión mantenida en 2002 ó 2003 con la entonces directora general de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz, y con el ex delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas José María Ruiz Povedano, los técnicos del Gobierno andaluz le informaron de que el PGOU de 1986 "era el válido" para Marbella.
El ex regidor apuntó que los representantes de la Junta "lo único que pidieron" en dicha reunión es que desapareciera la Gerencia de Urbanismo y una vez que tomó esta decisión se planteó la moción de censura contra él y "se rompieron las negociaciones".
Muñoz fue trasladado por la Guardia Civil desde la prisión de Jaén hasta los juzgados de Marbella, donde llegó a las 9,45 horas, para prestar declaración ante la juez y tras su comparecencia fue conducido de nuevo al centro penitenciario, a las 11,15 horas.
« Respuesta #41 : Jueves 21 de Junio de 2007, 02:13 »
La Audiencia Provincial de Málaga desestima por segunda vez la puesta en libertad de Julián Muñoz por el 'caso Malaya'
La Sala considera que persiste todavía el riesgo de fuga del ex alcalde de Marbella
La Audiencia Provincial de Málaga desestimó hoy por segunda vez el recurso de apelación para la puesta en libertad del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, encarcelado desde el pasado julio por su presunta implicación en el "Caso Malaya" contra la corrupción urbanística.
Fuentes judiciales indicaron a Efe que la Sala ha vuelto a denegar la solicitud de la defensa al considerar que persiste todavía el riesgo de fuga de Muñoz.
El fiscal se opuso a la excarcelación del ex alcalde al entender que se le imputan nuevos hechos relacionados con el blanqueo de capital.
« Respuesta #42 : Sábado 23 de Junio de 2007, 04:16 »
EL JUEZ TORRES SOSTIENE QUE LA TONADILLERA PAGÓ SU HIPOTECA CON INGRESOS "INEXPLICABLES"
Las turbulencias 'malayas' persiguen a Isabel Pantoja
El instructor del caso 'Malaya', Miguel Ángel Torres, sostiene que la hipoteca de la vivienda de Isabel Pantoja y Julián Muñoz en Marbella (Málaga) fue abonada "sobre todo con ingresos en efectivo que se realizan en las cuentas de Isabel y sus sociedades, fondos de origen desconocido y absolutamente inexplicable", que para el juez fueron "previsiblemente" efectuados por el ex regidor. El precio total alcanzaba la suma de 3,3 millones de euros. Estos ingresos alcanzan de 2003 a 2006 la cantidad de 1,1 millones de euros, siendo de 606.459 euros en 2003, de 205.104 euros en 2004, de 191.466 euros en 2005 y de 127.071 euros en 2006.A esto se suma, según el auto del juez tras la detención, reproducido en parte en una resolución de la Audiencia de Málaga, la adquisición de "un elevado número de reses de ganado "que Isabel desconoce y que ha debido realizar Julián Muñoz con fondos presuntamente ilícitos".
Tras la ruptura de Muñoz y Maite Zaldívar, según se explica en la parte del auto a la que tuvo acceso Europa Press, éste empezó una relación con Pantoja "a la que trata de ganarse mediante la compra para ésta de un apartamento" en el hotel Guadalpín de Marbella. El precio del inmueble es de 330.556 euros, más el IVA, tras la rebaja hecha por la promotora Aifos, "cantidad que es abonada por Muñoz con fondos de procedencia ilícita".
Dos días después de suscribir la escritura del piso a través de la firma de la cantante como representante de la empresa Franbel Artis, el entonces regidor "acuerda por decreto de modo sorpresivo levantar la paralización de las obras del hotel que se había acordado previamente por el Ayuntamiento". Este apartamento fue también hipotecado.
Este auto, por el que el juez le impuso una fianza de 90.000 euros, la retirada del pasaporte y la presentación en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, fue recurrido por la defensa de Pantoja, que pidió su modificación, con la retirada de la fianza y la presentación sólo una vez al mes, argumentando que es "imposible" el riesgo de fuga, puesto que es una persona "de fama internacional"; y el peligro de destrucción de pruebas, pues "en nada conoce ni tiene que ver con el resto de imputados".
Ahora, la Sección Tercera de la Audiencia rechaza el recurso de apelación y precisa que la situación personal de la cantante "no conlleva presunción alguna de definitiva culpabilidad y consiguiente responsabilidad penal" sino "únicamente indicios racionales suficientemente acreditados para traerla como imputada y tenerla en tal consideración".
El Tribunal dice que no tiene argumentos "para tachar de carente de soporte legal la imputación efectuada", aunque añade que esta situación actual puede cambiar, "de acreditarse la lícita procedencia de las cantidades de dinero reseñadas". Respecto al riesgo de fuga, la Sala señala que el auto recurrido contiene una valoración "detallada" de los motivos para estar la existencia de dicho peligro, por lo que se le impuso la fianza.
El Tribunal de apelación se trasladó al Juzgado de Instrucción número 5 marbellí, que instruye el caso, para tomar conocimiento de lo actuado en la causa. Además, se acordó de oficio celebrar una vista, celebrada el pasado día 13 de este mes, a pesar de no haber sido solicitada por la defensa de Pantoja, que fue detenida el día 2 de mayo por los delitos de blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda Pública.
La Audiencia de Málaga rechaza la puesta en libertad de Pedro Román
La Audiencia Provincial de Málaga ha rechazado la puesta en libertad del ex primer teniente de alcalde de Marbella (Málaga) y mano derecha de Jesús Gil, Pedro Román, encarcelado desde el pasado 2 de mayo por su presunta vinculación con el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento marbellí.
Según el auto, al que tuvo acceso Europa Press, el Tribunal de la Sección Tercera estima que la resolución recurrida "detalla y razona suficientemente la existencia de datos de hecho" que justifican la medida de prisión provisional sin fianza adoptada por el juez para Román, por lo que considera que "no puede ser tachada de arbitraria o absurda".
En este punto, la Sala precisa que la posibilidad de ocultación o destrucción de pruebas "consta suficientemente fundamentada" en el auto del instructor. Además, elude hacer apreciaciones sobre la situación familiar o arraigo, de cara a mitigar el riesgo de fuga, puesto que "no consta avalada por documentación u otras pruebas", por lo que insta a justificarla en una nueva solicitud de libertad.
La defensa negó en la vista celebrada el pasado día 13 de este mes las imputaciones de blanqueo de capitales y fraude fiscal y los delitos contra la Hacienda Pública y urbanístico y argumentó que no existe riesgo de destrucción de pruebas, pues están ya en libertad los otros imputados que, presuntamente, participaron en una operación ilegales y la investigación se inició mucho antes de la detención.
Estimó que tampoco hay peligro de fuga, al recordar que vino "voluntariamente" desde Suiza, "al saber por la prensa que hay una orden de detención" y precisó que, incluso, "avisa a la Policía de que va a venir", por lo que fue arrestado en el aeropuerto. Asimismo, precisó que, aunque tiene antecedentes, "jamás" ha dejado de acudir a un juzgado y, recientemente, ha pagado 1,4 millones de euros para sustituir una pena de dos años.
Por su parte, el fiscal entendía que el imputado debía permanecer en prisión por riesgo de fuga, puesto que se tenían noticias de que iba a viajar a Estados Unidos, pero, finalmente, "no fue al destino previsto", sino que llegó a Suiza, pasando por Portugal, "para hacer desaparecer en la medida de lo posible lo que le vincule con ese dinero oculto", por lo que también existe peligro de destrucción de pruebas.
Así, habló de la existencia de indicios de que Román participó, junto con otros imputados en la causa, en una operación inmobiliaria, que calificó de "pelotazo urbanístico", y que podría haber supuesto, además de beneficios para los participantes, un perjuicio para las arcas municipales que se cifra en cinco millones, puesto que se redujeron los aprovechamientos que le correspondían al Ayuntamiento.
Señaló que la investigación "ha acreditado" que el ex edil, que fue arrestado a su llegada desde Suiza, aunque tenía una orden internacional de detención, se concertó con el ex comisario de Policía Florencio San Agapito y el letrado Juan Germán Hoffmann, también imputados en la causa, para llevar a cabo esta operación para lo que crearon una sociedad en Suiza, llamada Lispag AG, en la que también estaba el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.
El ministerio público indicó que para la obtención de beneficios contaban con Roca "y con su posición en el Ayuntamiento", de forma que se consigue un aumento de la edificabilidad, que pasa de 532 a 11.416 metros cuadrados y la reducción de los aprovechamientos, que se quedaron en unos 2.400 metros cuadrados. Luego, la parcela se vendió a una empresa de Ávila Rojas --también imputado en el caso-- y "a los pocos meses se obtienen unas plusvalías de más de seis millones de euros".
Este dinero, según el fiscal, "se escondía" en cuentas abiertas en Suiza a nombre de fundaciones "radicadas en paraísos fiscales". De hecho, en dicha orden internacional de arresto, se señalaba que Román, al que se le imputan los delitos de fraude, delito fiscal, blanqueo de capitales y cohecho, percibía dichas cantidades a través de sociedades interpuestas como Fink 2.010 o la fundación Lare de Liechtenstein.
« Respuesta #43 : Lunes 25 de Junio de 2007, 04:03 »
Marisol Yagüe recurre la sentencia por las obras en su casa, que la condenó a pagar 908.380 euros
La defensa alega que se han aceptado documentos privados no adverados y se ha dado validez a fotocopias sin que fueran correctamente ratificadas por testimonios
EUROPA PRESS / MÁLAGA/Diariosur.es
La defensa de la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, ha presentado el recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 5 marbellí que la condenó a pagar 908.380 euros a la empresa Construcciones Copasur por la reforma de la vivienda de la ex regidora, situada en la urbanización Xarblanca.
Los letrados de Yagüe solicitan en su escrito, que la Audiencia Provincial de Málaga revoque parcialmente la sentencia dictada en instancia y acuerde la desestimación íntegra de la demanda formulada por Copasur, en la que se reclamaba un total de 949.926 euros por dichas obras en el chalé, realizadas en 2005.
La defensa plantea error en la apreciación de la prueba e indebida inversión de la carga de prueba y alega que se han aceptado documentos privados no adverados y se ha dado validez a fotocopias sin que fueran correctamente ratificadas por testimonios. En este punto del recurso, se analizan una por una todas las facturas presentadas y los documentos aportados y se indica que se achaca a la demandada "la falta de probanza de la actora o demandante".
El abogado considera, además, que "no se ha justificado el exceso de material adquirido no existente en la vivienda", principalmente en el caso de los mármoles, pues recuerda que la casa tiene una superficie de 395,10 metros cuadrados, mientras que se da por bueno haber suministrado 650 metros cuadrados de mármol, cantidad "excesiva y que no está colocada", según una pericial.
"Estimación arbitraria"
El recurso precisa que "se ha optado por una estimación arbitraria y fuera de toda lógica" y expone que ya que en algunos casos "hemos de pagar el doble de lo facturado, lo menos a que tenemos derecho es a saber por qué se paga, sin embargo esto en la sentencia ni siquiera se plantea". La defensa estima que "lo peor es que se le condena al pago de partidas cuya realidad no ha sido constatada".
En lo referente al número de obreros, que, según la juez, era una media de 10, cinco días a la semana durante ocho horas, esta cifra, para la defensa, "no está justificada en esta obra, ni siquiera con las pretendidas continuas reformas". Así, se lamenta que "se intenta justificar lo injustificable" y se llama la atención sobre el hecho de que se dijera que los obreros se movían entre esta reforma y otras, cuando aparecían dados de alta en obras de Valladolid.
En la sentencia, la juez consideró que las obras que se realizaron requirieron un desembolso por parte de la empresa y que la ex alcaldesa "consintió en la misma, estuvo presente en el desarrollo y se hizo a su conformidad"; además de que asumió la obligación de pagar el precio de la misma, con un contrato verbal, "cosa que no ha hecho".
Según las declaraciones de encargados de personal y jefes de obra, la ex alcaldesa visitaba las obras casi todos los días, acompañada por el guardaespaldas o con su decoradora y "no dudaba en dar órdenes directas a los encargados".
« Respuesta #44 : Jueves 28 de Junio de 2007, 05:02 »
Julián Muñoz, condenado a dos años de inhabilitación
El ex alcalde de Marbella ha sido condenado como autor de un delito contra los derechos cívicos, por negar información a la oposición, relativa a la revisión del PGOU de la ciudad
Efe - Málaga.-
El Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga ha condenado a dos años de inhabilitación especial para el derecho de alcalde o concejal al ex regidor de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, por un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos, por no facilitar a la oposición la información municipal sobre los temas a tratar en un pleno en 2000.
Por otro lado, el juzgado absuelve al que fuera secretario municipal, Leopoldo Barrantes, imputado igual que Muñoz en el caso ‘Malaya’, contra la corrupción en el Ayuntamiento marbellí, según la sentencia al retirarse la acusación que había formulado inicialmente la representación legal del PP, personado en la causa. Los hechos sucedieron el sábado 2 de diciembre de 2000 cuando Muñoz, como alcalde accidental, convocó por decreto un pleno urgente para el lunes sobre la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), «sabedor de que las dependencias municipales estaban cerradas» y buscándose las fechas «de propósito, menoscabando los derechos de información».
Finalmente, al presentar denuncias verbales los representantes municipales del PSOE y PP, se acordó por la autoridad judicial, como medida cautelar urgente, pedir al alcalde que hiciera entrega de la documentación, por lo que los ediles pudieron examinar parcialmente los documentos, aunque «no tuvieron tiempo material para informarse sobre los asuntos incluidos en el orden del día». Así, el juez estima que la sesión, convocada como extraordinaria y urgente, «no fue motivada» y tenía «como única justificación el que los concejales de la oposición no tuvieran tiempo suficiente para el estudio de los temas a tratar», puesto que, según señala, fue realizada «a sabiendas de que en días no laborables no se podía disponer de la documentación para su estudio».
Considera que en este caso «es claro» que el alcalde «aunque sea accidental» tenía la absoluta conciencia de que con su actuación «estaba impidiendo a otros el ejercicio de un derecho», punto en el que concluye que el firmante de la convocatoria «es él», en referencia a Muñoz. Así, añade que se puede tener influencia de una tercera persona, pero en este caso «no se acredita que interviniera en la convocatoria el que era el alcalde», Jesús Gil. «Si la actuación era considerada como no conforme a la normativa vigente, no firmar ni intervenir era lo procedente», señala el magistrado, quien condena a Muñoz «como autor», y no como cooperador necesario, de un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos.
Añade que el que la documentación fuera puesta a disposición de los ediles tras denunciar en el juzgado «no exonera su actitud». El ex regidor marbellí manifestó en su declaración que para convocar el pleno se limitó a cumplir sus funciones por órdenes de Alcaldía, por parte de Jesús Gil, y precisó que se enteró del orden del día del pleno el mismo día de la celebración. «Gil no era un hombre de connivencia y no acataba órdenes de nadie», apuntó. Asimismo, recordó que cuando tuvo conocimiento de la convocatoria puso a disposición de los concejales toda la documentación a través del secretario del Ayuntamiento, Leopoldo Barrantes, porque «jamás en los años que he estado como alcalde he negado documentación a ningún grupo político», precisó.
Muñoz recordó, al término del juicio, que «para mi desgracia Jesús Gil ha fallecido», pero aseguró al juez que «Gil jamás admitía órdenes de nadie». «Yo tuve muchos problemas por rebelarme y por ello me pusieron una moción de censura», apuntó el ex regidor, que reiteró que «en ningún momento creí que cometía una ilegalidad en convocar el pleno».

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