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Timestamp: 2019-11-20 19:07:38+00:00

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BOCG. Senado, apartado I, núm. 420-2839, de 22/10/2014
cve: BOCG_D_10_420_2839
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Parques Nacionales.
El presente Proyecto de Ley, bajo la fórmula de un presunto proyecto de nuevo cuño para la fijación del marco normativo de los Parques Nacionales, oculta una mera reforma que degrada y devalúa la intensidad de la protección de tales espacios, dando un paso más en la estrategia del Gobierno en política ambiental a lo largo de la legislatura, bajo los principios de desregulación, recentralización y mercantilización de los recursos naturales.
Uno de los objetivos fundamentales de esta reforma es hacer «rentables» económicamente a los Parques Nacionales; de ahí que no se contemplen nuevos mecanismos de financiación de la Administración del Estado que, al contrario, busca eliminar la misma.
No es cierto, frente a lo que sostiene el Preámbulo, que fuese necesario sustituir la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, bastaba con desarrollarla y llevar a último término sus previsiones; faltaron recursos económicos y voluntad política para hacerlo en los sietes años y medios en los que se mantuvo vigente. Tampoco lo es que esta reforma signifique una gestión más participativa y abierta a la sociedad. Precisamente fue participación lo que faltó desde que se lanzó el Anteproyecto, imponiendo una tramitación veloz que ha marginado a las organizaciones medioambientalistas y reducido
las posibilidades de valoración por parte del Consejo de Estado que ha manifestado su protesta en el preceptivo Informe emitido.
Como estamos convencidos de que la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, los Senadores que suscribimos esta propuesta de Veto, consideramos el Proyecto absolutamente inoportuno.
A nadie debe de extrañar, por tanto, que el Proyecto de Ley haya nacido con la oposición de las organizaciones ecologista, además de buena parte del colectivo científico de este país y varias Comunidades Autónomas, que denuncian de nuevo la falta de lealtad institucional y la invasión de competencias que les son propias.
La realidad es que el Proyecto, como de forma implícita recoge su Preámbulo es sólo una reforma y no una nueva Ley de Parques Nacionales. Y es, además, una modificación hecha al servicio de las peticiones de grupos con intereses económicos en estos espacios. De hecho, más del 80% del proyecto de ley de parques es casi idéntico a la actual norma y el 20% restante se dedica a desmoronar las competencias autonómicas sobre los parques, recentralizando competencias en la Administración Central y a abrir el paso a la desprotección permitiendo actividades excluidas hasta el momento y que conllevan riesgos de degradación de los parques nacionales como figura de máxima protección.
También en el ámbito de los Parques Nacionales el gobierno aspira a introducir la figura de la cooperación público privada desde la perspectiva de que no hay ámbitos que deban ser sustraídos a las posibilidades de negocio. Todo es mercancía, desde las especies en peligro de extinción susceptibles de impulsar un desarrollo turístico, a los desempleados objeto de intermediación por las agencias privadas de colocación.
Ya en el debate del Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional del Guadarrama intuimos, y así lo manifestamos, que se estaba estableciendo un precedente que acabaría generalizándose, marcando un grado de protección más bajo para los Parques Nacionales. Un año más tarde este proyecto confirma nuestras sospechas.
Hasta el momento los parques nacionales dependían de las comunidades autónomas y con esta ley el Gobierno pretende que pasen a ser regulados conjuntamente entre las Administraciones autonómicas y el Estado. Claros ejemplos de ello los encontramos en la declaración del estado de emergencia, o en la decisión de declaración de un parque nacional.
De hecho, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional reconoce que la gestión de los parques nacionales se debe llevar a cabo por las Comunidades Autónomas: «en la doctrina constitucional citada, se observa que la función ejecutiva estatal se debe limitar a supuestos realmente excepcionales, agotándose antes las fórmulas de coordinación y colaboración que no impliquen gestión» (STC 194/2004).
Este proyecto es una nueva recentralización del Gobierno e invasión de las competencias autonómicas. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente demuestra una vez más la falta de lealtad institucional y respeto a la pluralidad y participación de las distintas administraciones en la implementación de las políticas. En lugar de facilitar la coordinación horizontal y la colaboración entre CC.AA., el Ministerio impone de nuevo una lógica centralista y de jerarquía vertical entre el Estado y las CC.AA. contraria a los principios de subsidiariedad y autogobierno.
Además, como decíamos en un principio, la aprobación de este proyecto supondrá una desprotección de nuestros Parques Nacionales, cuando en realidad deberían ser espacios de máxima protección por parte de la administración en uno de los países con mayor diversidad de Europa. Se deja la puerta abierta a la urbanización y la edificación en el interior de los parques, actividades prohibidas en la actualidad, y que claramente van en detrimento de la conservación del parque, favoreciendo la especulación y la presión urbanística en espacios de alto valor natural. También se permite la navegación turística en el Parque de Monfragüe y el vuelo sin motor en el de Guadarrama. Aunque limita estas actividades a estos dos Parques, deja la puerta abierta a hacerlo en otros.
Posibilita la realización de actividades económicas o comerciales relacionadas con el uso público o el turismo rural y reconoce a los titulares de derechos (como propietarios de fincas o gestores de cotos de caza) una capacidad de decisión mayor que al conjunto de la sociedad.
El 5.º informe de evaluación del Grupo de trabajo del IPCC (Panel Internacional de Cambio Climático de Naciones Unidas) publicado en marzo de 2014 alerta precisamente del aumento de la vulnerabilidad y la necesidad de mayor protección de nuestras especies y ecosistema ante los ya evidentes efectos del cambio climático y de la necesidad de redoblar los esfuerzos en la preservación y protección de espacios naturales, además de impulsar cambios en las actividades humanas con especial impacto en el medio ambiente.
Esta ley va precisamente en el sentido contrario a las recomendaciones, a la preservación y al sentido de precaución ante el aumento de los riesgos.
La ambigüedad calculada en cuestiones básicas amplia los riesgos. El texto no regula el control de poblaciones, ni tampoco fija quién va a llevar a cabo el control de especies, cuando debería hacerlo el personal cualificado del parque, de manera que se podrá seguir cazando de forma descontrolada o sin seguir los controles adecuados. A pesar de que la caza está prohibida en estos espacios, no se prohíben explícitamente las cacerías dentro de las fincas privadas situadas en los parques.
Por otra parte, se concede al Ministerio de Defensa la potestad de realizar informes vinculantes que serán decisivos a la hora de declarar nuevos Parques Marítimos y su trazado, lo que es impropio de sus competencias y va en detrimento de la conservación de aquellos espacios cuya excepcionalidad les hace merecedores de la figura de protección de los parques nacionales.
Como vemos, ese 20% que han modificado de la anterior ley se cambia con intenciones recentralizadoras y para el beneficio particular y en detrimento del interés general; se logra una menor protección abriendo el paso a actividades comerciales, turísticas e incluso urbanísticas. Una nueva legislación que se aleja del deber de protección medio ambiental que requiere un país con excepcional patrimonio natural y ante un escenario global que obligaría a una mayor protección y prevención. Pero una vez más, como se han venido haciendo en los recientes cambios regulatorios como la modificación de la Ley de Costas, la Ley de Medidas Medioambientales y la modificación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, este proyecto supone una involución en la defensa del interés público y el medio ambiente.
Por las razones antes expuestas, principalmente por cuestiones de contenido, pero también de oportunidad consideramos que el Senado debe aprobar el presente veto.
La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Parques Nacionales.
Palacio del Senado, 20 de octubre de 2014.—Ester Capella i Farré.
El proyecto de Ley de sus llamados Parques Nacionales supone la primera fase de privatización de estos parques, abriendo la puerta a declararlos urbanizables, a convertirlos en cotos privados de caza o en una zona de recreo lúdico-deportivo.
El Proyecto de Ley compromete el patrimonio natural y el mantenimiento de especies, hábitats e incluso de ecosistemas. Supone un ataque a la biodiversidad y riqueza geológica, patrimonio de siglos y siglos de la Tierra y de sus especies, para ponerlas al servicio del mercado, en un inmoral mercantilización de unas zonas naturales especialmente protegidas por su especial valor y riqueza. Es decir, legaliza un espolio del patrimonio natural colectivo para el beneficio comercial de unos pocos.
La intención es evidente, pese a la ambigüedad tras la que se esconde en el articulado de la Ley. La sospecha se hace patente con la propia presentación de un supuestamente innecesario Proyecto. Si no, ¿Por qué se iba a hacer un Proyecto de Ley para solucionar un problema que no existe, que genera gran polémica social, que puede perjudicar a valiosos hábitats y ecosistemas, que cuenta con el cuestionamiento del Consejo de Estado y que, para postre, recentraliza e invade competencias?
Porque, efectivamente, el Gobierno español necesita sustraernos las competencias para que en base a ellas, no podamos evitar la destrucción ecológica que van a llevar a cabo. La invasión competencial va más allá de la visión nacionalista, centralista y homogeneizadora del estado que concibe a las comunidades Autónomas como meras delegaciones y pretende blindar que en todo el territorio del Estado se puedan mercantilizar los «Parques Nacionales».
La alevosía con la que se extralimitan al determinar el presente Proyecto de Ley como básico, al amparo de la competencia básica sobre la protección del medio ambiente —y después de recibir las advertencias realizadas por el propio Consejo de Estado en tal sentido—, es a nuestro juicio prevaricación.
Por todo ello se presenta el siguiente veto al Proyecto de Ley de Parques Nacionales.
El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Parques Nacionales.
Palacio del Senado, 20 de octubre de 2014.—Isidro Manuel Martínez Oblanca.
El Proyecto de Ley de Parques Nacionales presentado por el Gobierno ha sido elaborado de espaldas a los sectores de población más interesados en la protección, conservación y mantenimiento de nuestros principales espacios naturales. Una vez más, se reincide al marginar de los mecanismos protectores de la naturaleza a los habitantes de dichos espacios naturales a los que, nuevamente, se desoye y se les pretende aplicar una normativa legal que profundizará más aún sus dificultades para acomodar las actividades rurales tradicionales. Todo ello tendrá consecuencias negativas en el desarrollo rural y en la explotación de recursos naturales.
El Proyecto de Ley pone de manifiesto una evidente invasión competencial que ha despertado el rechazo de varias Comunidades Autónomas y las severas advertencias del Consejo de Estado. Es el anticipo de nueva carga de trabajo para el Tribunal Constitucional que, si es que las Cortes Generales aprueban este texto legislativo, no tardará en recibir recursos contra esta nueva norma elaborada por el Gobierno. Al invadir competencias de otras administraciones, se arrincona la capacidad de las Autonomías para participar en procedimientos y procesos que son de máximo interés, a la par que se cambia el modelo de gestión y coordinación de los Parques Nacionales.
En la Comunidad Autónoma de Asturias preocupa una norma legal como la que se quiere implantar a través de este Proyecto de Ley. Fue Asturias una región pionera —hace casi cien años— en la protección y conservación de territorios españoles con especial valor medioambiental, donde su ubica el primero de los Parques Nacionales Españoles, el antaño denominado «Parque Nacional de la Montaña de Covadonga» que inicialmente comprendía casi 17.000 hectáreas de espacio protegido. En las últimas décadas, las diferentes normativas y decisiones adoptadas en torno a los espacios protegidos en Asturias hacen obligada la revisión de las políticas de desarrollo rural y de explotación de los recursos naturales porque los habitantes de estos parajes protegidos han sido los grandes sacrificados de los cambios legislativos que este Proyecto de Ley tampoco resuelve. Es un hecho que los mecanismos legales aplicados en los espacios protegidos ha conseguido, en no pocos casos, espantar a quienes históricamente contribuyeron a su conservación mediante una adecuada explotación agrícola y ganadera que, basada en métodos tradicionales, permitió una conservación de espacios y especies que no logró el legislador con sus propuestas alejadas de la realidad cotidiana de la gente.
Este proyecto de Ley debería ser el resultado de un esfuerzo conjunto de las administraciones públicas y también receptor de las múltiples demandas que se realizan desde la sociedad civil para acompasar los intereses de los habitantes de los Parques Nacionales y de su entorno con la necesidad de fijar población proporcionando, además, una adecuada gestión de los recursos.
Por todo lo expuesto, entendiendo que el Proyecto de Ley de Parques Naturales penalizará a las personas que viven en estos imprescindibles espacios protegidos y les relegará en sus actividades cotidianas, se formula una enmienda a la totalidad a los efectos de que sea devuelto al Gobierno.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Parques Nacionales.
Palacio del Senado, 20 de octubre de 2014.—La Portavoz, María Victoria Chivite Navascués.
La reforma de la Ley de Parques Nacionales resulta absolutamente innecesaria. La vigente Ley fue aprobada en el año 2007 por unanimidad de los grupos políticos, con el respaldo del movimiento ambiental, y con total consenso con las Comunidades Autónomas, que son las responsables competentes en la gestión de Parques Nacionales. Durante este tiempo la Ley se ha aplicado razonablemente, no ha generado conflictos, ha permitido que los Parques Nacionales se hayan conservado, y en base a la misma, esta misma legislatura, se ha declarado un nuevo Parque Nacional.
Este Grupo Parlamentario discrepa de nuevo en otro de los proyectos del Gobierno en materia ambiental, un proyecto que genera un problema artificial para ofrecer una solución peor de la que se da actualmente. Se discute la oportunidad de la reforma y también de los contenidos que consideramos, en algunos casos, poco relevantes y, en otros, excesivamente nocivos.
Seguimos sin entender además que el Gobierno haya dado la espalda a cualquier oportunidad de acuerdo con otras fuerzas políticas y Administraciones. Ignoramos el rédito que les supone el hecho de que no haya existido intento alguno de dialogar y tratar de sumar posiciones más allá de cumplir con la estricta formalidad a la que obliga la normativa.
El informe del Consejo de Estado —solicitado otra vez con urgencia sin que exista un motivo— es muy crítico con el proyecto. Señala numerosos aspectos donde alerta de que pueden existir problemas de constitucionalidad, porque en la regulación de determinados órganos y en la atribución de sus funciones existen dudas importantes de si respetan la distribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Además, no se acaba de entender por qué se quiere presentar una regulación de rango legal para detallar materias de importancia secundaria —comisiones o grupos de trabajo— cuando su tratamiento no sólo es poco importante, sino además problemático para iniciar una disputa competencial y otro conflicto constitucional con futuro incierto. El Gobierno debería haber reflexionado en relación a la necesidad de incorporar ciertos cambios a costa de generar conflictos cuya importancia supera con mucho esas discutibles incorporaciones.
Vuelve a llamar la atención la utilización de un doble lenguaje que trata de disimular, con escaso éxito, el indudable descenso de nivel en la protección de los Parques Nacionales. En el Preámbulo de la norma, en la elección de los términos que acompañan a las medidas propuestas o en la memoria del análisis de impacto normativo se percibe claramente que se trata de amortiguar lo que en realidad supone un giro en toda regla. De la actual concepción de un Parque Nacional como espacio con máxima protección, casi total podría decirse, donde prime sin sombra de duda su conservación frente a cualquier otro interés, nos dirigimos hacia un espacio con una pléyade de excepciones de toda índole, calificadas de «compatibles», aparte de su razón de ser.
Cuando se alude a «revisar el modelo actual dado que los parques nacionales deben suponer además de un modelo de conservación de la naturaleza un ejemplo de gestión (…)», y vemos en qué se traduce la «superación» del modelo actual, descubrimos que en realidad se abren nuevos usos, privatizaciones y ventanas a la explotación económica. En el Preámbulo se dicen cosas como que la «Ley abre la puerta a los recursos privados» o contempla «programas piloto que persigan una activación económica sostenible y a la vez un efecto social demostrativo en la Red». Son sólo dos ejemplos de las muchas fisuras que abre esta Ley en lo que antes era un bloque sólido de garantías jurídicas.
El texto introduce laberintos formales que primero prohíben y luego concluyen en la posibilidad de autorizar actividades incompatibles con la concepción del Parque Nacional. Con este proyecto de Ley, aunque se empieza afirmando lo contrario, la sucesión de artículos barrocos que se encadenan, de disposiciones adicionales que se agolpan, concluye en que dentro de los Parques Nacionales se podrán organizar cacerías privadas y comerciales, o que se puedan construir viviendas dentro de los parques
nacionales ya declarados, porque es posible declararlos como urbanizables. En otros usos que quieren permitir también están los que llaman deportivos: navegación, vuelo, quizás otros deportes o actividades lúdicas.
Siendo conscientes también de la entidad que ha de tener un espacio natural para merecer la consideración de Parque Nacional, resulta revelador de la percepción e intenciones que con esta reforma pase a ser todavía más difícil en camino para que sea posible.
El Grupo Parlamentario Socialista, por las razones expuestas, se muestra en contra de abordar una reforma de esta Ley por un razonamiento de necesidad u oportunidad, pero sobre todo, por razones de fondo, ya que volvemos a identificar todos los contenidos materiales de la Ley con un retroceso en la protección ambiental que no debe ser asumido, porque el Proyecto de Ley supondría una degradación sin precedentes de esta figura de protección.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista formula el presente veto, solicitando la devolución del Proyecto de Ley de Parques Nacionales.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Parques Nacionales.
Palacio del Senado, 20 de octubre de 2014.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.
La conservación de los valores naturales y de los paisajes que representan los espacios naturales declarados como Parques Nacionales, parajes excepcionales por su alto valor ecológico, por su belleza paisajística, por la importancia o singularidad de sus ecosistemas, flora, fauna, geología, etc., es sin duda, un objetivo muy importante que compartimos y que requiere de una atención preferente.
Sin embargo, este objetivo no puede llevarse a cabo de cualquier modo, debe concretarse legislativamente de acuerdo, entre otros, con los parámetros que la jurisprudencia constitucional ha venido estableciendo en la materia. A pesar de la evidencia de la afirmación anterior, el texto del Proyecto de Ley propuesto por el Gobierno, en opinión de nuestro Grupo Parlamentario y del propio Consejo de Estado en su informe, no se adecúa al orden de distribución de competencias establecido.
El Proyecto de Ley, lejos de establecer el régimen jurídico básico para asegurar la conservación de los parques nacionales y de la Red que forman, extralimita las competencias estatales de legislación básica que han establecido las numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, y va más allá de lo previsto y de lo ajustado a derecho, en lo que a la gestión de los Parques Nacionales se refiere, sin respetar el ámbito de competencia exclusiva de las Comunidades autónomas en materia de espacios naturales protegidos.
El Tribunal Constitucional ha declarado en numerosas sentencias que la gestión ordinaria y habitual de los Parques Nacionales es competencia de las Comunidades Autónomas, en cambio, la normativa contemplada en el Proyecto de Ley parece no considerar este hecho y establece un modelo ambiguo de gestión de los Parques Nacionales que, tal como había ocurrido con anterioridad a 2007, dará lugar de nuevo a una intensa litigiosidad constitucional. Conflictos ante los tribunales a los que vino a poner fin la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales que el Proyecto de Ley pretende derogar.
La vigente Ley 5/2007 establece un modelo de gestión de los Parques Nacionales por parte de las Comunidades Autónomas, y consiguió poner paz jurídica en este ámbito a partir de establecer un modelo acorde y ajustado a la competencia estatal básica, a las competencias autonómicas de ejecución en la materia y a las competencias exclusivas que tienen las comunidades en espacios naturales protegidos situados íntegramente en su territorio.
A pesar de que en la Exposición de motivos del Proyecto de Ley y en los documentos sobre oportunidad de la propuesta y memorias de impacto, se argumenta que la iniciativa desarrolla y actualiza el modelo establecido en la citada Ley 5/2007 —«la sustituye sin modificar su esencia»—, artículo tras artículo se constata y comprueba que no es cierto. La propuesta supone una modificación sustancial del modelo de gestión y coordinación de los Parques Nacionales que no se ajusta a la distribución de competencias vigente, aboga por una centralización de competencias también en esta ocasión, e invade las parcelas que corresponden a las Comunidades Autónomas.
En opinión de este Grupo Parlamentario, la reforma normativa del Proyecto de Ley es innecesaria e inoportuna, además de inconstitucional. La Ley a la que pretende sustituir había logrado un apoyo y un consenso no alcanzado por ninguna otra norma en esta materia. Y así lo considera el Consejo de Estado cuando en su dictamen apunta a reflexionar sobre la conveniencia de volver a establecer un nuevo modelo que genere potencialmente controversias competenciales con las Comunidades Autónomas tras el equilibrio relativo conseguido con la Ley 5/2007.
A lo anterior cabe añadir, como un motivo más de discrepancia respecto al texto del Proyecto de Ley propuesto por el Gobierno, que supone una rebaja en el nivel de protección de los parques nacionales e incluso pone en riesgo su homologación internacional.
Finalmente señalar que en el trámite del Congreso, ninguna de estas cuestiones se ha resuelto y el Proyecto de Ley continúa invadiendo las competencias de las CCAA, proponiendo un modelo regresivo y recentralizador, ineficaz y que se aleja del marco de la UE.
Por todo ello, por la apropiación de competencias autonómicas, por la innecesaria centralización que pretende, por su inoportunidad y por el inadecuado nivel de protección que otorgaría a estos excepcionales parajes naturales, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) presenta una Propuesta de Veto al Proyecto de Ley de Parques Nacionales.
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Parques Nacionales.
Palacio del Senado, 20 de octubre de 2014.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.
El presente proyecto de ley no solo es innecesario sino contraproducente en cuanto a la eficacia, a las garantías medioambientales y a la distribución competencial. Va a comportar un retroceso respecto a la ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, que garantiza una mayor protección y se encuentra en pleno desarrollo en la actualidad, sin que se hayan puesto en marcha todos los instrumentos previstos en la misma.
Con esta reforma, el Gobierno vuelve a plantear una reducción de las exigencias medioambientales y una recentralización de las competencias autonómicas, tal y como ya ha hecho con otros proyectos de ley. Además, la urgente tramitación que ha seguido ha hecho que hasta el Consejo de Estado manifestara la imposibilidad de realizar un examen detallado de los artículos.
A nuestra oposición se suma la de las organizaciones ecologistas, y de varias CCAA que denuncian de nuevo la falta de lealtad institucional. Es todo un despropósito que una ley que debería haber sido trabajada con las entidades ecologistas así como con las comunidades autónomas nazca con su desaprobación desde un principio.
Porque es realidad lo que plantean es una reforma y no una ley de parques nacionales. Y en vez de buscar la complicidad de organizaciones ecologistas y los que la deberían implementar, las comunidades autónomas, se ha hecho al servicio de las peticiones de grupos con intereses económicos en estos espacios. El 80% del proyecto de ley de parques es casi idéntico a la actual norma, y el 20% restante lo dedican a desmoronar las competencias autonómicas sobre los parques, abriendo el paso a la desprotección permitiendo actividades excluidas hasta el momento lo que significará una segura degradación de los parques nacionales.
Esta ley usurpa competencias a las comunidades autónomas en la regulación de los parques nacionales. Claros ejemplos de ello son la declaración del estado de emergencia, o en la decisión de declaración de un parque nacional.
De hecho, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional reconoce que la gestión de los parques nacionales se debe llevar a cabo por la Comunidades Autónomas: «en la doctrina constitucional citada, se observa que la función ejecutiva estatal se debe limitar a supuestos realmente excepcionales, agotándose antes las fórmulas de coordinación y colaboración que no impliquen gestión» (STC 194/2004). La ley vigente cuenta con el consenso de Comunidades Autónomas y Estado, pero éste va a ser dinamitado con el presente proyecto de ley que bien seguro acabará en el Tribunal Constitucional.
A través de esta recentralización e invasión de competencias autonómicas el Gobierno demuestra una vez más la falta de lealtad institucional y respeto a la pluralidad y participación de las distintas administraciones en la implementación de las políticas. En lugar de facilitar la coordinación horizontal y la colaboración entre CCAA, se impone de nuevo una lógica centralista y de jerarquía vertical entre el Estado y las CCAA contraria a los principios de subsidiariedad y autogobierno.
Este proyecto de ley deja la puerta abierta a la urbanización y la edificación en el interior de los parques, actividades prohibidas en la actualidad, y que claramente van en detrimento de la conservación del parque, favoreciendo la especulación y la presión urbanística en espacios de alto valor natural. Asimismo va a permitir la navegación turística en el parque de Monfragüe y el vuelo sin motor en el de Guadarrama. A pesar de limitar estas actividades a los dos parques, nada impide que se pueda hacer en otros.
Permite el desarrollo de actividades económicas o comerciales relacionadas con el uso público o el turismo rural y reconoce a los titulares de derechos (como propietarios de fincas o gestores de cotos de caza) una capacidad de decisión mayor que al conjunto de la sociedad.
Este proyecto de ley no solo no tiene en cuenta sino que va en sentido contrario a las recomendaciones del IPCC (Panel Internacional de Cambio Climático de Naciones Unidas), que en su 5º informe de evaluación publicado en marzo de 2014 alertaba precisamente del aumento de la vulnerabilidad y la necesidad de mayor protección de nuestras especies y ecosistema ante los ya evidentes efectos del cambio climático y de la necesidad de redoblar los esfuerzos en la preservación y protección de espacios naturales, además de impulsar cambios en las actividades humanas con especial impacto en el medio ambiente.
Ante el aumento de los riesgos, el Gobierno no intenta preservar los espacios naturales, ni aplica el principio de precaución ante el aumento de los riesgos, sino que se dedica a complacer las demandas de los intereses económicos de unos cuantos.
No se regula el control de poblaciones, ni tampoco fija quién va a llevar a cabo el control de especies, cuando debería hacerlo el personal cualificado del parque, de manera que se podrá seguir cazando de forma descontrolada o sin seguir los controles adecuados. A pesar de que la caza está prohibida en estos espacios, no se prohíben explícitamente las cacerías dentro de las fincas privadas situadas en los parques.
El Ministerio de defensa tendrá la potestad de realizar informes vinculantes que serán decisivos a la hora de declarar nuevos parques y su trazado, lo que es impropio de sus competencias y va en detrimento de la conservación de aquellos espacios cuya excepcionalidad les hace merecedores de la figura de protección de los parques nacionales.
Así, los cambios que introducen respecto a la ley vigente tienen claras intenciones recentralizadoras, para el beneficio particular y en detrimento del interés general; se busca una menor protección que permitirá las actividades comerciales, turísticas e incluso urbanísticas en los parques. Una nueva ley que se aleja del deber de protección medio ambiental que requiere un país con una biodiversidad y un patrimonio natural excepcional y ante un escenario global que obligaría a una mayor protección y prevención. Pero una vez más, como se han venido haciendo en los recientes cambios regulatorios como la modificación de la ley de costas, la ley de medidas medioambientales y la modificación de la ley de
responsabilidad medioambiental, este proyecto supone una involución en la defensa del interés público y el medio ambiente.
Por los motivos expuestos, principalmente por cuestiones de contenido, pero también de oportunidad presentamos esta propuesta de veto.
La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Parques Nacionales.
Palacio del Senado, 20 de octubre de 2014.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.
El contenido del Proyecto de Ley de Parques Nacionales constituye un nuevo avance del Gobierno del Partido Popular hacia la desprotección del medio ambiente de nuestro país. Además, su estudio detallado refleja unos intereses alejados del obligado interés general que exige la tarea legislativa. No es aceptable una norma que abre la puerta a privatizar y mercantilizar nuestro medio natural.
No encontramos ninguna justificación consistente, ni en el Preámbulo, en la memoria, o en los informes preceptivos, de la necesidad de este proyecto de ley. Por un lado, la Ley vigente 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, aprobada con el consenso del sector medioambiental y de las Comunidades Autónomas y, por acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios, está funcionando de forma eficaz, sin generar conflictos. Y después de siete años de aplicación, y aun teniendo muchos aspectos en desarrollo, está demostrado que la Ley vigente garantiza la protección máxima que necesitan nuestros Parques.
Tampoco entendemos la urgencia exigida al Consejo de Estado para la emisión de su informe, dificultando innecesariamente el análisis detallado y en profundidad que exige esta norma, teniendo en cuenta que la tramitación parlamentaria se está haciendo por el procedimiento ordinario. El Consejo de Estado es muy crítico con este proyecto de ley, principalmente por el claro ataque que supone al reparto del sistema de competencias entre administraciones.
Un estudio en profundidad del contenido de la norma nos lleva a comprobar la filosofía recentralizadora que emana de muchas de sus medidas. Y esto no es admisible, y no lo podemos tolerar, en un Estado descentralizado como el nuestro gracias al reparto constitucional de competencias entre administraciones. El afán recentralizador que demuestra continuamente el Gobierno del Partido Popular en su actividad legislativa es muy grave, y más que aportar la necesaria solidaridad y complementariedad entre regiones, aporta recelo y competencia y, futuros conflictos y litigios.
Hasta ahora, la competencia de gestión de los Parques Nacionales corresponde en exclusiva a las Comunidades Autónomas, y la constitucionalidad de la configuración del sistema Red que establece la Ley vigente, y su Plan Director, han sido avalados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ahora, el Gobierno, en clara deslealtad institucional, aboga por una gestión conjunta de los Parques Nacionales
con las Comunidades Autónomas, en asuntos tales como la declaración del estado de emergencia o en la decisión de la declaración de Parque Nacional.
A diferencia de lo ocurrido con la Ley 5/2007, esta circunstancia va a generar numerosos conflictos competenciales y un aumento considerable de la litigiosidad entre el Estado y las Administraciones autonómicas.
Las senadoras y senadores firmantes de esta propuesta de veto creemos firmemente en la necesidad de mantener el nivel máximo de protección del medio natural que, hasta la propuesta que contiene esta norma, tenían nuestros Parques Nacionales. El Gobierno rebaja el nivel de protección para dar cabida a nuevos usos, hasta ahora prohibidos como la urbanización y edificación en el interior de los Parques o la explotación económica, en actividades turísticas y deportivas, o en la organización de cacerías privadas y comerciales, claramente incompatibles con la concepción de parque natural.
El sistema de Parques Nacionales es un gran activo del medio ambiente de nuestro país y se caracteriza por una gran riqueza y diversidad natural de sus ecosistemas. La definición, delimitación, contenido y protección de estos espacios debería basarse en un gran consenso institucional, respetando el sistema competencial, y que incluya a las organizaciones sociales ambientales. La Ley 5/2007 vigente, se aprobó en base a estos consensos, que creemos imprescindibles. En cambio, este proyecto de ley tiene en contra a toda la oposición política, a la mayoría de Comunidades Autónomas y, a todas las organizaciones medioambientales.
Nuevamente, se demuestra que el verdadero programa de gobierno del Partido Popular está diseñado para desproteger, privatizar y mercantilizar nuestro medio ambiente.
Además, como hemos mencionado con anterioridad, no podemos tolerar una nueva vulneración, por parte del Gobierno, del reparto de competencias autonómicas, al incluir la posibilidad de suplantar a las Comunidades Autónomas en la gestión de los Parques Nacionales, en contra de la propia doctrina del Tribunal Constitucional.
Por todo ello, consideramos inaceptable el contenido del Proyecto de Ley de Parques Nacionales y presentamos esta propuesta de veto.

References: artículo 107
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