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Timestamp: 2020-01-22 01:58:39+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 360, de 07/11/2001
Año 2001 VII Legislatura Núm. 360
celebrada el miércoles, 7 de noviembre de 2001
Ratificación de la ponencia designada para informar sobre las siguientes iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley orgánica de modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. (Número de expediente 121/ 000048.) . . . (Página 11800)
- Proyecto de ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía.
(Número de expediente 121/000049.) . . . (Página 11800)
- Proyecto de ley de coordinación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia.
(Número de expediente 121/000040.) . . . (Página 11800)
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- Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley de coordinación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia. (Número de expediente 121/000040.) . . . (Página 11818)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 121/ 000048.)
(Número de expediente 121/000040.)
En primer lugar procederemos a la ratificación de la ponencia designada para informar de las siguientes iniciativas legislativas: Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas; proyecto de ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía; y proyecto de ley de coordinación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia. ¿Se ratifica la ponencia? (Asentimiento.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a los siguientes puntos del orden del día, que vamos a agrupar, los números 4 y 5: proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y proyecto de ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía.
Para la defensa de las enmiendas a estos dos proyectos de ley, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Antes de que inicie su intervención, les recuerdo que las votaciones no tendrán lugar antes de las veinte horas.
El señor BEL I QUERALT: Estos dos proyectos que vamos a debatir de forma acumulada traen a esta Cámara cosas diferentes y diferenciables. Por una parte traen la traducción de la negociación sobre aspectos financieros
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vinculados con la suficiencia financiera del sistema que han realizado las comunidades autónomas y el Gobierno central y que han sido también objeto de conversación entre partidos políticos. Son unos elementos que están básicamente contenidos en los artículos segundo a sexto de la ley de medidas. Por otra parte, dicho en el sentido más estrictamente literal, el Gobierno nos trae en el resto de la ley de medidas una serie de propuestas que a veces van más allá de los resultados de esta negociación. De hecho es habitual en toda la ley de medidas que haya acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera que no hayan sido transcritos ni traídos en este proyecto.
Hay enmiendas de diversos grupos parlamentarios, no solo del mío, solicitando cambios o adiciones que reflejen acuerdos adoptados por unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Decía que en el resto de la ley de medidas, así como en la modificación de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, el Gobierno nos trae sus propias propuestas con su propia inspiración para dar marco a los aspectos financieros de suficiencia estática acordados por Gobierno y comunidades autónomas.
A partir de esta distinción que lleva entre otras cosas a que nuestro grupo haya sido muy respetuoso con los artículos segundo a sexto, de la ley de medidas, de hecho solo hemos presentado una enmienda y es de carácter técnico que debería ser aprobada, porque la ley dice que los que tengan más densidad deben recibir más compensación por tener poca densidad, lo cual no se entiende mucho. La enmienda 2 al artículo cuarto de la ley de medidas es de cajón, es la única que hemos presentado a los artículos segundo a sexto, porque creemos que traducen el acuerdo de los elementos financieros. Es la segunda enmienda del Grupo Socialista, que corresponde a la número 61. Avanzo que vamos a votar a favor de este artículo, aunque no se aceptara la enmienda. Más allá de los artículos segundo a sexto, el proyecto de ley de medidas despliega propuestas en elementos de suficiencia dinámica o de evolución del sistema, los aspectos normativos de la cesión de tributos, las cuestiones relacionadas con la participación de las comunidades autónomas en la Administración tributaria y otros como los fondos de nivelación. Aquí nosotros discrepamos profundamente de la traducción y la proposición que desde el Gobierno se nos ofrece en la ley de medidas.
En primer lugar, por lo que respecta a la suficiencia dinámica, a la evolución del sistema, el proyecto de medidas no garantiza que lo acordado por comunidades autónomas y Gobierno, que la restricción inicialmente acordada sea la que efectivamente se produzca cuando el sistema esté funcionando. Por esto nosotros hemos formulado una serie de enmiendas, las números 63, 64 y 65, que van dirigidas a garantizar que lo que se acordó será lo que haya y que la evolución reciente de la liquidación de algunos tributos, como el IVA y los impuestos especiales, no provocará cambio respecto a los acuerdos sobre cantidades iniciales entre las comunidades autónomas y el Gobierno. De hecho, he de reconocer que desde el Gobierno se ha hecho un esfuerzo por decir que se garantiza que esas cantidades acordadas serán las que se producirán; pero también me causa un poco de sorpresa que siendo el señor Montoro un ministro tan legalista, de hecho ha insistido en traer a través de una ley el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera; es la primera vez que esto se produce, hubiera bastado con efectuar las modificaciones pertinentes en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, y no vemos el porqué de esa oposición a concretar en la propia ley las disposiciones que regulen una garantía para los recursos de las comunidades, en el sentido que yo apuntaba.
En segundo lugar, en referencia a lo que podemos llamar aspectos de corresponsabilidad fiscal, de capacidad normativa de las comunidades autónomas, creemos que el título II del proyecto de medidas es restrictivo en la plasmación legal de la posibilidad del ejercicio de su autonomía tributaria por las comunidades autónomas. Por eso hemos presentado seis enmiendas, las números 66 a 71, que a nuestro juicio dan mayor brío a la corresponsabilidad fiscal, algo en lo que a nivel de afirmación retórica yo creo que la gran mayoría de los grupos políticos estamos de acuerdo. A ello he de añadir la existencia de tres enmiendas adicionales, las números 82 a 84, en la misma dirección. Quería hacer una mención especial a nuestra enmienda número 84, que viene a solicitar la introducción de un acuerdo adoptado por unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. A propuesta del consejero Homs, del Gobierno de Cataluña, se aprobó el estudio de la creación de un impuesto en venta minorista de combustibles, un impuesto que vendría a asumir la parte no armonizada de la recaudación actual del impuesto de hicrocarburos.
Pues bien, tanto el estudio como el impuesto no han emergido en el proyecto, y en esa disposición adicional nueva que proponemos en nuestra enmienda número 84 pedimos que se dé cumplimiento al acuerdo adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por unanimidad.
Al título III, que es el que regula modificaciones en legislación de impuestos estatales, nosotros hemos presentado algunas enmiendas, pero no les voy a prestar mayor atención puesto que se trata de traer a este trámite legislativo posiciones como las que sostenemos en la discusión que se está realizando en paralelo sobre la ley de Presupuestos Generales del Estado o la ley de acompañamiento, particularmente en lo que se refiere al impuesto sobre la renta de las personas físicas.
En el título IV se regula la participación de las comunidades autónomas en la administración tributaria. Nosotros creemos que el texto que nos trae el Gobierno avanza muy poco, y en la práctica no avanza nada, más allá de la rimbombancia de la creación del consejo superior de dirección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que tiene mucho nombre y poca chicha,puesto que en la práctica no tiene ninguna competencia
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funcional. Por este y por otros motivos, creemos que el proyecto ha avanzado muy poco y presentamos cinco enmiendas, las números 74 a 78, que pretenden por una parte reducir la burocracia, suprimiendo la creación de ese nuevo órgano, el consejo superior de dirección, que entendemos no tiene ninguna función real, y desde el punto de vista de la participación de las comunidades autónomas, mejorar el funcionamiento del resto de órganos previstos en los artículos siguientes al 60. Además, planteamos una enmienda adicional, la número 85, que también quiero destacar con carácter especial, puesto que en esta enmienda planteamos que se ponga en marcha el proceso a partir del cual el Gobierno traiga a esta Cámara un proyecto de ley para la transformación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en un consorcio en el que participen el Estado y las comunidades autónomas. Creemos que en España, más pronto o más tarde, con el sistema fiscal y de descentralización política que tenemos, este tipo de consorcio va a existir y entendemos que es bueno poner ya en marcha este proceso para que de verdad pueda ser efectiva la participación autonómica en la gestión tributaria y se ejerza de forma estrechamente coordinada con la participación estatal.
En el título V, que se refiere a las asignaciones de nivelación, creemos que el proyecto deja en el limbo de la indefinición algunas cuestiones fundamentales en materia de asignación. De ahí nuestra enmienda a este artículo, que básicamente viene a proponer una fórmula matemática que creemos traduce el contenido del artículo.
Nosotros creemos que la aprobación de una fórmula matemática será lo que en el futuro, caso de entrar en vigor las asignaciones de nivelación o tener que ser aplicadas, evitará discusiones interminables sobre cuál es la desviación y cuál es la compensación.
Por último, en este turno de explicación de nuestras enmiendas respecto a la ley de medidas, quiero poner especial énfasis en nuestra enmienda número 88. Nuestro grupo político considera que el funcionamiento del Estado autonómico en España está necesitado de foros y diseños institucionales que mejoren lo que en otros sitios se llamaría federalismo cooperativo. De ahí por ejemplo que propongamos la reforma del Senado para que sea una verdadera Cámara territorial.
En esta tramitación legislativa no proponemos transformar el Senado en una Cámara territorial, pero en este espíritu y a través de esta disposición adicional nueva proponemos que aquellas propuestas de modificación legislativa que afecten a elementos comunes de los tributos compartidos por las comunidades autónomas vayan al Consejo de Política Fiscal y Financiera -el foro actualmente existente para la discusión de estos asuntos- y conciten consenso. En la perspectiva legislativa comparada no es una cosa novedosa, esto existe en otros sistemas de federalismo fiscal y creemos que es otro elemento de participación de las comunidades autónomas en la definición de aquellos aspectos que afectan especialmente a su sistema de financiación.
Dicho esto, daría por acabada la explicación de nuestras enmiendas a la ley de medidas y dedicaría unos minutos a la explicación de nuestras posiciones y enmiendas a la modificación de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, la LOFCA. En su artículo primero, relativo a tributos susceptibles de cesión, y en particular en la modificación del artículo 11 de la LOFCA, el proyecto que nos trae el Gobierno, para los tres impuestos que se ceden con carácter parcial, renta, IVA y especiales, viene a establecer y a concretar no sólo el carácter de cesión parcial, sino el porcentaje concreto de cesión. Es un artículo profundamente marmóreo porque pone en letras de hierro sobre lápida de mármol una limitación cuantitativa que puede haber sido la adecuada en el contexto de la negociación que se ha producido en los últimos meses, pero que cambios en los acuerdos políticos o cambios en el proceso de armonización fiscal europea pueden hacer necesaria su modificación.
Yo creo que para el Gobierno, que nos trae unos proyectos que trasponen su modelo sin concesiones al resto de concepciones de modelos, esto puede ser oportuno, pero supongo que desde el grupo mayoritario se entenderá al menos que aquellos grupos que tenemos un modelo diferente al del Gobierno no estemos de acuerdo en llevar a una ley orgánica, con lo que ello supone, el establecimiento de esos límites porcentuales que para el Gobierno y para el grupo que le sustenta pueden ser un óptimo permanente y merecedores de llegar hasta el día del juicio final, pero que para el Grupo Socialista son un óptimo puntual susceptible de cambios futuros. De ahí nuestra enmienda número 8 -primera del Grupo Socialista, número 8 en la publicación de enmiendas-, que propone no eliminar el carácter de cesión parcial, que en eso estamos de acuerdo, sino el establecimiento marmóreo de límites porcentuales en las cesiones parciales de tributos. Además, en este mismo artículo primero de la modificación de la LOFCA, proponemos avanzar más en las competencias normativas en materia de impuesto sobre electricidad, determinados medios de transporte y labores del tabaco. Desde luego, no con la misma amplitud que en algunos otros tributos, pero entendemos que en algunas materias es posible -desde luego, posible lo es con seguridad- y es deseable a nuestro juicio, que las comunidades autónomas eventualmente puedan acceder a competencias normativas.
Esto explica las enmiendas números 9 y 10 del Grupo Socialista. Por último, creemos que debe expresarse de forma más clara, más práctica y más funcional la participación de las comunidades autónomas en la gestión de los impuestos compartidos. De ahí la enmienda número 11.
El artículo segundo de modificación de la LOFCA trata del fondo de suficiencia, y este artículo, tal como nos lo propone el Gobierno también adolece a nuestro juicio del defecto de la marmorización de los acuerdos
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puntuales. He comentado ya antes en la exposición de nuestras enmiendas a la ley de medidas que nosotros no creíamos que estuviera suficientemente claro que la evolución de recursos del sistema va a ser como la que se acordó por comunidades autónomas y Gobierno y que el proyecto de medidas carecía de elementos de garantía para que lo acordado fuera real. Nosotros proponemos también en la LOFCA establecer una serie de enmiendas, nuestras enmiendas 12, 13 y 14, que amplían las posibilidades y el margen de revisión de los acuerdos adoptados en términos de suficiencia estática y de su evolución. Ahí también tenemos una diferencia y se expresa en estas enmiendas, porque del proyecto de ley del Gobierno parece deducirse que es una discusión que se pretende acabada hasta el día de juicio final. En nuestra concepción es una discusión que inevitable y periódicamente se produce, que se produce en todos los sistemas de federalismo fiscal, y lo que se trata de hacer es establecer cauces sensatos y estables a través de los cuales esa discusión se produzca. De ahí nuestras enmiendas 12, 13 y 14.
El artículo tercero de modificación de la LOFCA trata de asignaciones de nivelación, y ahí no repetiré la explicación que ya he dado cuando exponía el sentido de nuestra enmienda al artículo 64.2 de la ley de medidas. La regulación de las asignaciones de nivelación que hace el Gobierno es difusa y cicatera, difusa porque establece un terreno difuso sin precisión que llevará a interminables discusiones sobre cuánto y cómo decidimos si hay que nivelar, y cicatera en la medida que existe la correspondiente y oportuna disposición adicional que va dirigida a evitar que las desviaciones en Sanidad y en Educación entre 1999 y 2002 sean también objeto de asignación de nivelación. De ahí que nosotros propongamos remisión a fórmula matemática que proponíamos en la ley de medidas y la supresión de esa disposición adicional que persigue evitar que las desviaciones entre 1999 y 2002 en Sanidad y Educación sean objeto de asignación de nivelación.
El artículo cuarto trata sobre el Fondo de Compensación Interterritorial. Nosotros sólo proponemos una enmienda, proponemos en la enmienda que la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial se defina en términos del 1,2 por mil, es decir, el 0,12 por ciento del PIB a precios de mercado estimado para el ejercicio. ¿Por qué?, porque creemos que ello da mayor estabilidad a las cuantías de dotación del fondo. No se escapa a ningún miembro de esta Comisión que en los últimos años hay una gran parte de las inversiones del Estado que han salido fuera del presupuesto a través de la existencia entre otros de entes inversores, de empresas públicas inversoras, lo cual ha introducido una gran inestabilidad sobre las dotaciones del fondo. Creemos que con la remisión al PIB, aunque no se altere su cuantía de forma significativa, sí se le dota de mayor estabilidad y previsibilidad en cuanto al futuro, más allá y de forma independiente de las técnicas de gestión presupuestaria que aplique cada Gobierno de turno.
En el artículo quinto, en materia de participación de las comunidades autónomas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, proponemos enmiendas que abundan en la idea de ampliar las posibilidades de participación de las comunidades autónomas en esta gestión tributaria.
Por último, en el artículo sexto, de resolución de conflictos, también proponemos dar una mayor participación a las comunidades autónomas, una mayor participación o dar participación porque no la tienen, a las comunidades autónomas en el nombramiento de presidente de la junta arbitral.
Para acabar mi exposición, al menos en la parte de explicación de enmiendas que es la central, la básica y la más amplia, para acabar esta fase de la exposición quiero hacer referencia a una enmienda en la cual queremos poner especial énfasis, una enmienda de disposición adicional nueva. Nosotros estamos convencidos de que probablemente en el grado de desarrollo que ha alcanzado el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común en España, en los más de veinte últimos años, que siendo siempre perfectible en su conjunto es en parte la historia de un éxito, creemos que hoy existe un gran elemento de inestabilidad que es la gran discrepancia de resultados, no de modelos sino de resultados entre el sistema de financiación foral y el sistema de financiación autonómica. Por tanto, en el marco de la diferencia de modelos que está establecida y nos parece muy bien, proponemos que se estudie la convergencia de resultados de los modelos, la convergencia entre los resultados financieros del modelo foral y los resultados financieros del modelo común. Ese sin duda es un proceso que creemos necesario, creemos que debe estar dotado de una gran gradualidad, de un largo plazo definido en término estricto y generoso de largo plazo, pero si el proceso es conveniente ha de ser gradual y ha de realizarse a largo plazo, creemos que no se debe esperar ya más para empezar a abordarlo y discutirlo. Ése es el conjunto de enmiendas que presentamos a los dos proyectos de ley, unos proyectos que tienen su origen en un acuerdo al que llegaron las comunidades autónomas y el Gobierno que se ha plasmado, como decía antes, básicamente en los artículos segundo a sexto de la ley de medidas, y que a partir de ello a veces con errores, con olvidos y arbitrariedades ha sido traducido legalmente por el Gobierno en el proyecto de ley de medidas que no era necesario, y en la modificación de la LOFCA que era necesaria aunque no inevitablemente como se nos ha traído.
Nosotros tenemos discrepancias de modelo con el Partido Popular, lo he dicho antes y lo dijo el portavoz del Grupo Socialista en el debate en Pleno, creemos que estos cambios en el modelo no avanzan suficientemente en materia de corresponsabilidad fiscal, no avanzan en
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materia de suficiencia financiera, no avanzan suficientemente en materia de equidad, y particularmente tampoco avanzan en materia de participación de las comunidades autónomas en la Administración tributaria. Nosotros en esta tramitación parlamentaria vamos a respetar los acuerdos a los que han llegado las comunidades autónomas y el Gobierno, y por otra parte vamos a manifestar con claridad que más allá de la transcripción literal de los términos financieros de estos acuerdos, el modelo que nos trae el Gobierno no es el nuestro.
En señor PADROL I MUNTÉ: Voy a proceder a defender las enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a las dos leyes cuya tramitación nos ocupa en esta primera parte de la sesión de hoy en la Comisión de Economía.
Comenzaré por las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán a la ley orgánica de modificación de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, iré desgranando enmienda por enmienda, y al final de mi exposición haré una valoración más global del conjunto de las presentadas y de nuestra posición política.
La primera de las enmiendas presentadas, la número 37, hace referencia a una cuestión que para el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es muy importante y uno de los puntos clave del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio de este año, como es el principio de lealtad entre administraciones. Se refiere fundamentalmente a que debe ser una circunstancia que esté permanentemente viva y produciendo efectos en el sistema de financiación aquellas decisiones que pueda tomar el Gobierno o el Poder Legislativo que afecten al nivel de gasto o de ingreso de las comunidades autónomas como consecuencia del sistema de financiación acordado el 27 de julio pasado, y que hoy día estamos tramitando en esta Comisión de Economía.
La primera enmienda hace referencia a que este principio de lealtad que determinará la valoración del impacto positivo o negativo de estas actuaciones del Estado en el nivel de gastos y de ingresos de las comunidades autónomas, se configure como uno de los principios básicos que rigen la actividad financiera de las comunidades autónomas y sus relaciones de este orden con el Estado. Tiene una plasmación concreta esta enmienda 37 en la número 41, presentada también por mi grupo parlamentario, que hace referencia a una modificación del artículo 13, refiriéndose a la regulación del quántum del fondo de suficiencia de cada comunidad autónoma y ciudad con estatuto de autonomía propio. El fondo de suficiencia, su cuantificación y dotación, depende de la necesidad de gasto y de la capacidad fiscal y las dos circunstancias que prevé el texto articulado que consta en el proyecto de ley para modificar el valor inicial del fondo de suficiencia hacen referencia al gasto: cuando se produzca el traspaso de nuevos servicios o se amplíen o revisen valoraciones de traspasos anteriores y cuando cobre efectividad la cesión de nuevos tributos.
Si para determinar la dotación del fondo de suficiencia hay que atender al gasto y a la capacidad fiscal, olvida -olvido que dimana del propio tenor del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera- la parte de la capacidad fiscal. Por eso entendemos que este valor inicial de fondo también debe ser objeto de revisión cuando se lleven a cabo reformas sustanciales en el sistema tributario del Estado; además, esta causa de revisión de la participación en ingresos del Estado de las comunidades autónomas figura en la actual normativa todavía vigente a expensas de que entren en vigor las dos leyes que hoy en día estamos tramitando. Tema importante, por tanto, el de estas enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la número 37 y la 41, con un hilo conceptual claro entre ambas.
La siguiente enmienda a la ley orgánica, la número 38, se refiere al artículo 12, que en el redactado actual del proyecto de ley dice que las comunidades autónomas podrán establecer recargos sobre los tributos del Estado cuando tengan competencias normativas sobre el tipo de gravamen de acuerdo con las normas armonizadoras europeas.
Muchas de las enmiendas - aprovecho para decirlo-, prácticamente la totalidad tienden a subsanar lo que a juicio del Grupo Catalán de Convergència i Unió son malas adaptaciones del tenor del acuerdo de 27 de julio de este año, porque, evidentemente, qué necesidad hay de establecer recargos si se puede modificar el tipo. Es un error y además bloquea la posibilidad a la que ha hecho referencia también el portavoz socialista en su intervención de establecer recargos sobre el impuesto de hidrocarburos en su fase minorista si el artículo 12 no es modificado de acuerdo con la enmienda de Convergència i Unió, aparte de que en sí mismo tiene una connotación de error bastante evidente por superfluo.
La siguiente enmienda, la número 39, hace referencia a competencias normativas sobre tributos cedidos. La verdad es que atendiendo a los términos previstos en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene que abrirse la posibilidad de asumir competencias normativas en impuestos sobre la electricidad y en el impuesto especial sobre determinados medios de transporte respecto de los tipos de gravamen. Es pura adaptación del contenido del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Respecto al artículo 19.2, la enmienda número 40 quiere señalar que en el texto articulado se excluyen una serie de impuestos -el IRPF, el IVA y los impuestos especiales de fabricación, a excepción del impuesto
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sobre la electricidad- de la posibilidad de que puedan asumir competencias gestoras en el ámbito tributario las comunidades autónomas, esto en nuestra enmienda, porque lo cierto es que en el texto articulado se excluyen el impuesto de la electricidad y el de determinados medios de transporte también de la posibilidad de que las comunidades autónomas asuman estas competencias gestoras por delegación del Estado. Si acudimos a la página 78 del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera estos dos tributos no deben estar excluidos de la posibilidad de que las comunidades autónomas asuman estas competencias de carácter gestor.
La última enmienda respecto del texto articulado de la ley orgánica -es una nueva disposición adicional sexta- hace referencia a que entendemos que anualmente deben analizarse los efectos derivados en la aplicación del sistema de financiación consecuencia de la evolución del censo de población con respecto a las necesidades del año anterior, porque entendemos que en el acuerdo encaja este carácter dinámico como consecuencia de la evolución de la variable del censo de población.
En conclusión, respecto a la ley orgánica creemos que es muy importante plasmar, como principio general, el principio de lealtad, que quiere decir que cuando se tomen decisiones por parte del Estado que afecten al nivel de gasto o de ingreso que repercuta en las comunidades autónomas se tenga en cuenta a efectos de ajustar las dotaciones financieras del sistema. La aplicación concreta de este principio que añadiríamos en el artículo segundo de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas estriba en que para variar el volumen inicial del fondo de suficiencia tienen que tenerse en cuenta, en coherencia con lo que establece la propia LOFCA y el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no sólo aquellos supuestos en que cambie la necesidad de gasto de las comunidades autónomas, sino también cuando cambie la capacidad fiscal recaudatoria de las comunidades autónomas de manera sustancial. El resto de enmiendas ya las he defendido anteriormente. Insisto, son enmiendas que tienden a lograr un perfecto respeto del texto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que en su mayor parte -en algunos casos de manera muy clara- hacen referencia a errores que entendemos que deben ser subsanados.
Respecto a la ley ordinaria, la ley de medidas, la verdad es que la primera enmienda a la que quiero hacer referencia, que es la enmienda número 33, insta a suprimir en su totalidad el título I, denominado sistema de financiación de las comunidades autónomas, que es la primera vez que en la adaptación de ley ordinaria de un acuerdo de financiación de comunidades autónomas se incluye en esta ley todo el contenido respecto a dotación de recursos, funcionamiento de los distintos mecanismos de financiación, etcétera, que son más propios para tener constancia en el instrumento que es el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio de 2001; es decir, lo que se propone esta enmienda es que respetemos la técnica legislativa operada en anteriores reformas del sistema de financiación porque nada nuevo aporta. Entendemos que es más correcto, más ortodoxo, que todo el título I conste en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y no en texto articulado, artículos 1 a 17. Si esta enmienda no prospera -la verdad es que es una enmienda que entendemos que puede no prosperar y que tampoco es un tema especialmente relevante- tenemos presentadas una serie de enmiendas al articulado de este título I, artículos 1 a 17. La primera es que se haga constar en el artículo 1, cuando se afirma cuál es el objeto de la regulación de la presente ley, una mención expresa a que es desarrollo del acuerdo de 27 de julio de 2001; entendemos que es una mejora del texto fundamentalmente por el importante valor interpretativo que supone la referencia -al menos en este artículo 1- al acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Respecto a la enmienda número 34 simplemente quiero indicar que el año 1999 es el año base en cuanto a las variables: población dispersión, población protegida y población de más de 65 años; la enmienda es simplemente transcribir el contenido del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En materia de los bloques de financiación de la sanidad proponemos también en la enmienda número 35 el hecho de que se refleje más fidedignamente el tenor del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que conste cuantitativamente la dotación del fondo programa de ahorro en incapacidad temporal y también de manera más concreta y adaptada al tenor del acuerdo la referencia al fondo de cohesión sanitaria.
La enmienda número 36 se refiere a un error técnico muy evidente, que además es coincidente en su objeto con la enmienda del artículo 93 del Grupo Parlamentario Popular. Se trata de que simplemente, tal como está redactado el artículo 6.b), computa dos veces las deducciones del Estado que deben tenerse en cuenta a efectos de configurar la cuota líquida derivada de aplicar la tarifa autonómica.
Obviamente esto es un error, no debe restarse este 33 por ciento dos veces; hay dos formas de subsanar este error: la forma que propone el Grupo Parlamentario Catalán, que es que desaparezca la mención a que dicha cantidad se minorará en el 33 por ciento de las deducciones estatales que deben soportarse por la cuota íntegra autonómica, o la forma que propone el Grupo Parlamentario Popular, que es cambiar la referencia a la cuota líquida por la cuota íntegra. Las dos son válidas; nos gusta más la nuestra porque el término cuota líquida se utiliza reiteradamente a lo largo de esta ley de medidas, pero las dos son absolutamente válidas en su objetivo y se trata claramente de un error.
El siguiente punto también entendemos que es un error de subsanación más que evidente en el sentido de que para determinar, enmienda número 37, el fondo de
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suficiencia de 1999 se detrae el importe reconocido por cada comunidad autónoma en el fondo programa de ahorro en incapacidad temporal, esto en el articulado; no es así en el acuerdo, por cuanto la dotación del programa de ahorro en incapacidad temporal constituye una dotación de recursos adicional al fondo de suficiencia y no debe detraerse para efectuar el cálculo.
Las siguientes enmiendas, números 38 y 39 las doy por defendidas. Son subsanaciones técnicas también del articulado de la ley de medidas.
Quiero señalar también que la enmienda número 40 es un reflejo del principio de lealtad que en la ley orgánica proponíamos como primera de nuestras enmiendas a figurar en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas al indicar que los efectos sobre un aumento del gasto de las comunidades autónomas derivado de las decisiones estatales o minoración de ingresos en las comunidades autónomas como consecuencia de cambios en la legislación tributaria estatal deben tenerse en cuenta y deben valorarse por el Consejo de Política Fiscal y Financiera mediante un informe anual de estos impactos cuantitativos en los presupuestos de gastos y de ingresos de las comunidades autónomas consecuencia de decisiones estatales.
La siguiente enmienda se refiere a un tema de gestión respecto a la fijación del domicilio fiscal de las personas jurídicas, adaptación de un criterio interpretativo y la doy por defendida. Lo mismo ocurre respecto de la número 42, que se refiere al olvido de la palabra habitual acompañando a residencia respecto a la fijación de la residencia de las personas físicas a efectos de punto de conexión del IRPF.
La enmienda 43 es para subsanar un error, en el sentido de que el impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas, en el artículo 30, cuyo título es alcance de la cesión y punto de conexión en este impuesto, sólo regula el alcance de la cesión y no el punto de conexión, que entendemos que debe subsanarse.
En cuanto a la enmienda 44, la formulación, la dicción literal de cuándo se entiende producido en el territorio de una comunidad autónoma el rendimiento del impuesto especial sobre determinados medios de transporte no tiene que dejarse simple y llanamente a como lo certifique la Agencia Tributaria, sino que tiene que regularse cuál es el punto de conexión, como es en este caso los consumos realizados por los sujetos pasivos con domicilio fiscal en el territorio de dicha comunidad autónoma.
La enmienda 45 es de tipo técnico y trata de las competencias normativas del IRPF. En el apartado 1 del precepto, que regula las competencias normativas de las comunidades autónomas, se dice lo que la comunidad autónoma no puede regular y en el apartado 2 lo que no puede regular. Entendemos que con el primero de los apartados en correcta técnica legislativa es más que suficiente.
La enmienda 46 hace referencia al impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el texto articulado se establece que las comunidades autónomas pueden mejorar las reducciones de este impuesto establecidas por el Estado, sólo mejorar, no modificar. Esto no se adapta al acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera y plantea diversos problemas de aplicación práctica; fundamentalmente, cuando se actúe sobre una redacción en distinto sentido, la dificultad está en hacer un balance global sobre si mejora o no el resultado final para un contribuyente específicamente afectado.
Entendemos que va a ser una fuente de problemas y que este reflejo en el texto articulado no es demasiado correcto desde un punto de vista de regulación normativa en el ámbito tributario.
Respecto del impuesto sobre sucesiones y donaciones versa la enmienda 47. Se establece en el texto articulado, precepto 40.2, que el Estado retendrá la competencia para establecer el régimen de autoliquidación. Es el reflejo de una cierta desconfianza en la capacidad gestora de las comunidades autónomas, en absoluto sustentada, que no aporta nada al panorama de cesión de tributos a las comunidades autónomas en el ámbito gestor y no refleja el acuerdo con el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La enmienda 48 también es de carácter normativo pero técnico, y la doy por defendida. Estas últimas enmiendas, que van hasta la 52, que producen y arrastran modificaciones simétricas en el texto articulado del impuesto sobre sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales, las doy por defendidas.
La enmienda 53 regula el consejo superior de dirección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Lo cierto es que el artículo 60, de la Ley ordinaria de medidas, establece que el consejo superior de dirección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria tiene que informar de las directrices que inspiran la actuación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Es una formulación demasiado general y proponemos que el informe sea sobre la ejecución del plan de objetivos y tenga que ser informado en el primer cuatrimestre de cada año del resultado de la ejecución del plan de objetivos del año anterior, con lo cual, se gana en concreción y además encaja perfecta y literalmente con el contenido del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, páginas 80 y 81.
La siguiente enmienda la doy por defendida. Es un tema muy específico.
La enmienda 55 es importante porque vuelve a ser un reflejo en el texto articulado del principio de lealtad institucional al que he hecho amplia referencia a lo largo de mi exposición, haciendo incidencia en que el Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene que hacer anualmente un informe sobre las consecuencias derivadas de actuaciones del Parlamento que afecten al gasto o a los ingresos de las comunidades autónomas. Me he referido anteriormente de forma amplia a esta cuestión.
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La enmienda 56 hace referencia a que el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Economía, el comisionado para el Mercado del Tabaco y el Ministerio de Ciencia y Tecnología deben remitir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, para su aprobación y a los efectos de esta ley, los criterios y parámetros de aplicación de la territorialización de los puntos de conexión de los impuestos cedidos, también fiel reflejo de lo establecido en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Doy por defendida la enmienda 57.
En cuanto a la enmienda 58, entendemos que las páginas 77 y 78 del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera abren la posibilidad al estudio de la asunción por parte de las comunidades autónomas de capacidad normativa en materia de tipos de gravamen y gestión de los impuestos de la electricidad y sobre determinados medios de transporte; por tanto, debe articularse en el proyecto de ley esta posibilidad prevista en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La enmienda 59 la doy por defendida.
Con esto, pasaría a hacer una valoración final de las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario y la posición política del mismo, que, por otra parte, es ampliamente conocida en virtud de diversas posiciones políticas hechas desde el Gobierno de la Generalitat y en el debate sobre las enmiendas de totalidad efectuado en el Pleno hace escasas fechas. Estamos ante una serie de enmiendas, las que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que lo que buscan esencialmente es respetar el texto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera; en algunos casos son errores más que evidentes que deben ser subsanados en la tramitación parlamentaria y son enmiendas que podríamos calificar de técnicas pero trascendentes, que tratan fundamentalmente de que se respete el acuerdo de julio de este año, es decir, de que se respete el consenso. No tenemos duda de que serán mayoritariamente aceptadas.
Realmente estamos debatiendo un modelo, lo dije en el Pleno hace escasas fechas, y sabido es que no es el modelo óptimo de Convergència i Unió. Evidentemente en el ámbito de los porcentajes que configuran determinados impuestos como tributos cedidos, sabida es la posición política de Convergència i Unió, expresada ya desde hace años, también el ámbito de elevar el nivel de competencias normativas y de participar activamente en la gestión de los tributos generados en el territorio de Cataluña, pero lo cierto es que para nosotros es un valor político en sí mismo el consenso porque, tal como tuve ocasión de expresar desde la tribuna, los últimos acuerdos de financiación, particularmente el cerrado en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera en 1996, generó un clima de enfrentamiento entre las dos principales fuerzas políticas en el Parlamento y también con Convergència i Unió. El tema es demasiado importante. La financiación de las comunidades autónomas es demasiado importante para que no hagamos todos esfuerzos en aras de este consenso y al final negociar es esto. Realmente no es el modelo de Convergència i Unió, pero es un buen modelo, que supone un paso adelante, como lo supuso el de 1996 respecto al vigente hasta el 31 de diciembre de ese año, y, por tanto, estamos a favor de que sea un modelo sólido, estable, que no quiere decir invariable.
Donde he visto algo diferente es en las enmiendas del Partido Socialista, pero es absolutamente legítimo presentarlas. Hemos visto cosas que están fuera del consenso, algunas cosas que tengo que decir con toda sinceridad que a mi grupo parlamentario, con el planteamiento hecho, la posición política pública conocida y publicitada, encajan perfectamente en el modelo óptimo de Convergència i Unió. Sabida es la querencia o la voluntad de participar en la gestión de los tributos generados en el territorio de Cataluña, esta posición política nadie la ha expresado desde hace más tiempo ni más alto ni más claro que Convergència i Unió. Ahora bien, nos parece chocante que después de alcanzar un consenso, en el que está un determinado esquema de participación en la Agencia Tributaria, se presenten enmiendas para variar el modelo. En todo caso, es absolutamente legítimo, lícito, respetable y enriquecedor, aunque curioso, pero ahí está.
Haré una breve referencia a los porcentajes marmóreos de la LOFCA respecto a la configuración de tributos cedidos. En las reformas de los sistemas de financiación siempre se ha modificado la LOFCA. El hecho de que por estar los porcentajes en la LOFCA petrifiquen la posibilidad de que evolucione el modelo, atendiendo a la experiencia histórica y técnica legislativa, no es que no lo comparta, es que no lo entiendo. Hay algunas enmiendas del Partido Socialista que si no hubiéramos cerrado un consenso, estarían bien, porque lo dijimos con más antigüedad, más potencia y creo que con más convicción desde Convergència i Unió, pero el significado está claro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, señorías, en primer lugar mi grupo parlamentario valora positivamente que estemos ante una ley o, para ser más exactos, ante dos leyes; otra cosa distinta es que estemos de acuerdo con el contenido. Ha habido una intervención del portavoz del Grupo Socialista en la que ha dicho que una vez que ha habido un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, trasládese a los presupuestos. Señorías, mi grupo parlamentario considera que esa postura hubiera sido válida si tuviéramos ya un Senado como el que muchos soñamos, que verdaderamente representara a los territorios del Estado español y, entonces, sencillamente el acuerdo en su seno se convirtiera en norma y no tuviera que tener otra lectura en el Congreso; eso ya, doctores tiene la iglesia, pero en este momento, un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, que no es ni más ni menos que un acuerdo de 15 ejecutivos autonómicos y el ejecutivo central, a nuestro entender, representa a la mayoría, está clarísimo, a una amplísima mayoría, pero no a la totalidad de las comunidades autónomas en lo que se refiere a la conformación de distintas posiciones con distintos matices. Por eso sin duda un Senado hubiera representado esa posición. De ahí que, a nuestro entender, sea interesante que un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera tome forma de ley -y ya no entro en si se ha trasladado tal cual o no, si se ha cumplido lo que pone o no pone en los textos o en el espíritu o en lo que se habló en los pasillos, me es indiferente-, porque desde luego nos permite por lo menos a los grupos que no hemos estado en la negociación o en la firma o en las actuaciones del Consejo de Política Fiscal y Financiera tener un cuerpo integral sobre el que posicionarnos.
Alguien nos podrá decir que de todas maneras hubiera estado en los presupuestos y nos hubiéramos posicionado sobre los presupuestos, pero hubieran estado disperso, permítanme la expresión coloquial, desperdigado, con lo cual hubiera sido más difícil tener una posición ante algo que aparece en tal artículo, en tal sección, en tal disposición adicional. Por lo tanto en primer lugar nosotros saludamos esa situación. Coincido plenamente con el portavoz de Convergència i Unió en que, llegado un momento determinado, acuerdos posteriores sobre financiación, sobre cualquier otro tema cambian la LOFCA y la legislación. Tampoco esto los convierte en algo inmutable, pero nos da por lo menos unas garantías jurídicas a los grupos que no hemos estado negociando el acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Primera cuestión.
Segunda cuestión. Por ejemplo, en la sala que hay aquí arriba, en la primera planta, en la que uno interviene, y a pesar de eso que dicen que los esfuerzos inútiles producen melancolía, a pesar de que uno sabe que no va a colocar ninguna enmienda, en la mayoría de las votaciones tienes el apoyo del Grupo Socialista o del PNV y algunas veces de Convergència i Unió y del Grupo Mixto. Yo sé que esta tarde en mi intervención tendré la mía y si no me equivoco a la hora de votar y procuraré ser más correcto y templado a la hora de la intervención. Mi fuerza política, ya lo dije en el Pleno en la enmienda a la totalidad, valora -y lo hicimos nuestro- el titular de un artículo muy bueno y muy honesto de El País de Antoni Castell, en el que decía que era un avance pero insuficiente. Nosotros consideramos que se ha producido un avance, eso está claro. Negar lo evidente es de estúpidos y la mayoría de las veces produce costes muy duros. Es una evidencia que se ha producido un avance, pero nosotros lo consideramos insuficiente y este portavoz no tiene tan claro que el avance, en la línea que se ha producido, no sea pernicioso a largo plazo; no lo tengo claro. Tampoco tengo la certeza de todo lo contrario; por eso manifiesto la duda. Muchas veces es mejor avanzar un centímetro en una determinada dirección que avanzar un kilómetro en otra distinta que te aparta del fin o del objetivo que uno busca.
Señorías, la participación poco a poco de las comunidades autónomas en la política autónoma de ingresos surge a partir del gran bloque 1982-1984, en que se recogen las grandes competencias y las comunidades autónomas se convierten en entes gastosos y no en entes recaudores. Lógicamente tanto por la mayoría de edad como por la no dependencia parternofilial de la Administración central para ir desarrollando todo un cuerpo especializado, con todo un buen archivo, un buen expediente sobre todo lo que son los procesos recaudatorios, las figuras, los sujetos, las comunidades autónomas empezaron a participar poco a poco en los distintos impuestos, en los tributos, tasas, etcétera. La cosa ha ido avanzando con el tiempo. Yo creo que fue interesante -aceleró el proceso y eso no significa echar la culpa a nadie- la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Socialista en el año 1983 y la necesidad matemática de Convergència i Unió, que hizo que apareciera por primera vez la cesión del 15 por ciento del IRPF, que, a pesar de posiciones contrarias, cerradas y cerriles, en su momento, del Partido Popular, al final también asumen y defienden el 30 por ciento, el 33 por ciento y, si hubiera sido menester en un momento determinado, el 40 por ciento y el 45 por ciento de cesión del IRPF. Pero, señorías, al final, ¿por qué se plantea en las comunidades autónomas con una voluntad autonomista, con una voluntad federal participar en determinados impuestos? Sencillamente porque tenían un objetivo claro, que era ser corresponsables en el momento de los ingresos, no estar diciendo que la culpa la tiene el Estado que ingresa, que presiona, que tiene determinada presión fiscal y nosotras, las comunidades autónomas, pobrecitas, solamente sabemos gastar. Yo creo que fue interesante querer meterse en ese bloque recaudatorio, implicarse en los ingresos, ser copartícipe en ingresos, ser corresponsable, pero también aumentar su propia autonomía política, señoría. Aquí es donde quiero incidir. A final los distintos modelos: la cesión del primero del 15, luego del 30 por ciento del IRPF -y doy ya por consolidados los llamados impuestos cedidos de transmisiones, sucesiones, patrimonio, tasas de juego, etcétera-, la cesión del 33 por ciento del IRPF, con IVA, con impuestos especiales, señorías, es verdad que han aumentado la capacidad recaudatoria, la capacidad de ingresos, la implicación en la política de ingresos de las distintas comunidades autónomas, pero de una forma desigual. Si en un momento determinado se demandaba desde las comunidades autónomas participar en los ingresos -porque una autonomía en los ingresos te daba una autonomía en los gastos y una mayor autonomía política-, con distintas medidas matemáticas, más o menos complejas, que incluso es necesario corregir por el propio grupo que soporta al Gobierno, a través de enmiendas o de autoenmiendas, como usted comprenderá, siempre que se aplica una cuestión matemática que no iguala a las comunidades
autónomas en autonomía política nos aleja del objetivo más puro que en un principio se planteó desde las comunidades autónomas a la hora de participar en la política de ingresos. Es verdad que con este sistema aumenta en varios puntos porcentuales la autonomía financiera de las comunidades autónomas globales -individualmente tomadas una a una-, pero hay comunidades autónomas, señorías, que superan ya el cien por cien de la necesidad de recaudación de ingresos que tenían y hay otras comunidades, señorías, que se han quedado en el 50 por ciento. Dónde está a nuestro entender, no el fallo, yo creo que es la decisión política, aquí yo no voy a descubrir América y menos a grupos parlamentarios con amplias prácticas de gobierno y con grupos de asesores. Sencillamente se han atado a igualar a las comunidades en dígitos -que todas tengan el 15 por ciento, que todas tengan el 30 por ciento, que todas tengan el 40 por ciento- y esa no es la igualdad constitucional. La igualdad que demanda la Constitución en el artículo 138 es que los ciudadanos y ciudadanas no tengan una diferenciación en virtud de los propios estatutos ni de la zona donde vivan. Señorías, no es lo mismo recaudar el 33 por ciento -me estoy refiriendo al IRPF- de unos ingresos de 1 billón 200.000 millones de pesetas que recaudar el 33 por ciento cuando tu comunidad recauda 600.000 millones de pesetas, justamente la mitad; no es lo mismo. Es verdad que una comunidad no se va a quedar con ese dinero de más sobre otra, pero si solamente hubiera esa recaudación, sí iba a tener una comunidad el doble de autonomía política que otra.
El modelo que nosotros hemos planteado siempre y que cuenta con bastantes apoyos técnicos, incluso me consta que hay sectores y dirigentes del Partido Popular que en algunos foros se lo han planteado -creo que todo se puede plantear en un momento determinado-, consiste en que no todas las comunidades autónomas tienen que tener el mismo porcentaje de cesión; que se igualaran no en los dígitos del porcentaje, sino en que cada gobierno de comunidad autónoma pudiera recaudar, vía IRPF, IVA, cesta de impuestos especiales, la misma cantidad por habitante. Eso, que le llevaría a tener el mismo grado de autonomía al poder gastar la misma cantidad por habitante, podría llevar a que una comunidad autónoma recaudara el 40 por ciento de su IRPF, otras el 25 y otras el 60 ó 70 por ciento, ninguna superando el cien por cien, pero todas acercándose al 95 o al cien por cien de ingresos a cuenta. Ese modelo, que imagino que SS.SS. habrán estudiado sobre la pizarra, da el mismo grado de autonomía política a todas las comunidades autónomas y nadie podrá decir que las comunidades más atrasadas o más pobres se han convertido en un peso muerto para las grandes. Quiero recordar que determinados partidos que gobernaban y gobiernan Cataluña, en un momento determinado, dijeron que comprendían que Extremadura o Andalucía se opusieran a la cesión del 30 por ciento del IRPF porque, como eran pobres, su 30 por ciento era una ridiculez y que por qué estas comunidades se iban a oponer a que Cataluña tuviera autonomía política. Nosotros no nos oponemos a que ninguna comunidad tenga autonomía política; al contrario, que recauden el cien por cien de su hipotética participación en los ingresos del Estado y, por tanto, tengan el cien por cien de autonomía política en ese sentido, aunque, vuelvo a insistir, los porcentajes de participación en el IVA, en los impuestos especiales y en el IRPF fueran distintos.
Señoría, ¿qué más da -me pregunto ingenuamente- por ejemplo, que Andalucía, en lugar de recaudar el 33 por ciento y luego compensarle con un fondo de suficiencia recaude el 55 por ciento, pongo por caso, y no haya que darle un fondo de suficiencia? ¿Qué más da? Además así evitamos un peligro, porque, si esto no se soluciona, podrá convertirse en un arma arrojadiza. Las comunidades autónomas tenían unos impuestos cedidos que se les aumentaron, tramo autonómico, tramo no autonómico de IRPF, y luego se les daba un dinero; con la PIE se les compensaba la parte no cedida, digamos en especie, de su participación en ingresos del Estado. La cosa estaba clara, era un derecho que tenían. Estado somos todos y cada uno tenía su derecho, su cuota parte de la participación en ingresos del Estado. Ahora, a la diferencia entre lo que se recauda en especie y lo que corresponde por participación en ingresos del Estado se le llama solidaridad. No.
Eso no es de recibo y desde luego pertenezco a una comunidad -no hablo en nombre de ella, indiscutiblemente- que no tiene derecho a que digan que lo que nos correspondía por participación en ingresos del Estado ahora se llama solidaridad del fondo de suficiencia. Las palabras no son neutrales; los conceptos no son ingenuos y aquí nada es gratuito, señorías.
A mí hubo una cosa que me llamó mucho la atención este verano. En un debate sobre financiación organizado por el Partido Aragonés Regionalista, en Albarracín, no pudo ir uno de los portavoces del Partido Popular, precisamente porque se estaba negociando esto, y se envió a una diputada o senadora de Aragón a la que se le había preparado un speech y lo estuvo leyendo. Dijo: ¿cómo que no vamos a dar solidaridad? Vamos a dar no sé cuántos millones más de solidaridad. Yo estaba al lado, lo leía y veía que no se había equivocado, pero, al mismo tiempo, no puede ser verdad que vayan a dar no sé cuántos millones más de solidaridad. Los dineros que antes iban por participación en ingresos del Estado ahora se meten bajo el concepto de solidaridad. No es que la solidaridad sea igual que caridad o sea humillante, es que no es así. La solidaridad aquí es que usted me está haciendo desigual. Usted, al decir: a todo el mundo el 33 por ciento del IRPF, más tanto del IVA, más tanto de impuestos especiales y lo que le falte para lo que antiguamente era la PIE lo llamo suficiencia y le doy para que tenga suficiente. Mire usted, no.
¿Por qué no me da otro dinero y así no tiene que darme suficiencia? La solidaridad me la da de forma aparte, distinta. Yo no entiendo eso
por solidaridad y me gustaría, como no estoy haciendo una intervención agresiva, que se me ilustrara.
Yo puedo entender en un momento determinado que el Fondo de Compensación Interterritorial es solidaridad; lo es, porque, por mucho que se vista, una determinada comunidad tiene determinados servicios, no tiene otros, no se puede vestir. Por mucho que alguien diga que a partir de ahora se van a considerar camas hospitalarias las camas de los campings, eso seguirá siendo una tontería; habrá las que haya, como escuelas, que también habrá las que haya y las infraestructuras serán las que haya. Por tanto, el fondo de compensación se puede objetivar y se puede entender como solidaridad y esa parte de solidaridad no es humillante. Es así. Históricamente se ha producido este desarrollo y es así, pero no una decisión gubernamental o de las Cortes Generales diciendo que solamente se puede recaudar el 33 por ciento del IRPF, el 45 por ciento del IVA, etcétera, y luego decir: como usted no llega, yo se lo compenso. No.
(El señor Martínez-Pujalte López: Puede subir.) Por Dios, Pujalte, ésa no es la cuestión. Tú eres mucho más inteligente y te leo. Me gustaría que se viera qué hay detrás de eso. Eso puede generar a largo plazo un problema entre comunidades. Se le puede decir a una comunidad que se le tiene que dar más dinero de solidaridad, es receptora de solidaridad en tantos miles de millones de pesetas. Eso, como propaganda del Gobierno puede quedar muy bien, pero maldita sea lo que puede ser en un momento de conflicto entre determinadas comunidades autónomas. Nosotros esto lo hemos trasladado a un modelo.
No se me ocurre plantear que nos vote nadie, sino que sencillamente hemos querido dejar clara cuál es nuestra apuesta desde el respeto y el reconocimiento de que se ha producido un avance; insuficiente, pero un avance.
Ahora quiero llamar a la reflexión sobre dos enmiendas. La enmienda número 12 hace referencia al artículo 65.2, la cesión de la sanidad.
Si en el texto no se hubiera puesto algo como que la cantidad que se transfiere tendrá que constar en los presupuestos, mi grupo no se hubiera atrevido a algo más, pero en un momento determinado, y me parece correctísimo, la Administración central dice: el dinero que va a ir para sanidad, el que le transfiero, al menos tiene que aparecer en los presupuestos. No nos engañemos, reconozcamos que los presupuestos son modificables y búsquese -estamos abiertos y nos gustaría que se recogiera de alguna manera el guante, en este caso un guante pacífico- la forma para que no solamente a la hora de hacer el proyecto de presupuestos, sino a la hora de gestionarlo y liquidarlo esa cantidad al menos siga siendo la misma. Si luego las comunidades autónomas, por lo que sea, quieren superarla, allá ellas, pero que no hagan un recorte. Insisto, si en el texto que viene del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que por lo tanto quiero entender que está aceptado por las 15 comunidades autónomas, se acepta que en cierta manera se tutele la presencia de la cantidad de sanidad en sus presupuestos, ya que se tutela, que la cantidad sea de verdad y no solamente lo parezca, como la mujer del César -o como el César, porque me fastidia que el ejemplo que se ponga siempre sea el de la mujer-, es decir, que no solamente parezca que va a mantener la cuantía de sanidad, sino que además la mantenga, y búsquense para ello los mecanismos adecuados.
Respecto a la primera de las leyes, la que regula las medidas fiscales, se sigue hablando de la deuda histórica. Señorías, nos guste o no, hay dos comunidades autónomas que se consideran con deuda histórica, Extremadura y Andalucía, que tienen en sus estatutos de autonomía dos disposiciones adicionales segundas que vienen a decir más o menos lo mismo. Quiero dejar claro que esos estatutos salieron después de la LOFCA y por lo tanto se sabía que existían los artículos 13 y 15 de la LOFCA, hoy ya modificados, por lo que no se refieren a la filosofía, al espíritu y al contenido de los artículos 13 y 15 de la LOFCA, sino que es algo distinto. A pesar de que se están produciendo unas transferencias de dinero por habitante, unas transferencias mejor o peor valoradas, el hecho es que a la hora de dar el pistoletazo de salida, al menos dos comunidades -yo pienso que muchas más- tenían un desnivel de infraestructura pública de servicios que estaba muy por debajo de la media nacional y que les impedía prestar dichos servicios. ¿De qué le valía al responsable de la sanidad andaluza, por poner un ejemplo -hablo del territorio que más conozco, como es lógico-, que le reconocieran el censo de habitantes y que le dieran dinero por habitantes, como a Cataluña o a otra zona del territorio español -no quiero ningún agravio comparativo-, si no tenía hospitales ni infraestructuras donde realizar una política sanitaria? Esa misma cantidad por habitante se daba a otras comunidades autónomas que sí tenían una dotación de capital público de infraestructura de servicios suficientemente dotada. Eso se hizo y se aprobó como ley orgánica, señoría, y entra en el bloque constitucional; si la cuestión está vigente, cúmplase, y si no nos gusta, aprovechemos que el señor Chaves ha dicho que hay que modificar el Estatuto de autonomía -y seguro que al señor Ibarra se le puede convencer de lo mismo- y se cambia, se quita. Si está, cúmplase, y si no nos gusta, quítese. Yo creo que es lo mínimo, y por eso nosotros también hemos planteado que en cinco años, cuantificada en las comisiones mixtas tanto de Extremadura como de Andalucía, se pague la deuda histórica o lo que se debe, lo que no se ha recogido desde el año 1983 en los Presupuestos Generales del Estado por mandato de dos leyes orgánicas como eran los estatutos.
Por último, señor presidente, con respecto a la LOFCA, nosotros hemos presentado varias enmiendas en las que planteamos que se vuelva a lo que dice el antiguo artículo 15 de la LOFCA respecto a los fondos de nivelación -no es que ese artículo nos guste mucho,
pero nos gusta un poco más que el actual-, ya que pensamos que la cuantía de los fondos de nivelación no debe ser inferior anualmente al 0,1 por ciento del PIB. A los efectos de la presente ley, en lugar de la visión reductora de la última modificación de la LOFCA que se ha aprobado en el Congreso, que dice que a los efectos de la presente ley se entenderá por servicios fundamentales educación y sanidad, nosotros tenemos una visión más amplia, que es la que hoy se adopta en la Europa comunitaria, y entendemos por servicios fundamentales la educación, la sanidad, la cultura, la vivienda, los servicios sociales y el medio ambiente.
La señora JULIOS REYES: Voy a defender en primer lugar las enmiendas de mi grupo en relación con la ley orgánica de modificación de la LOFCA. La enmiendas número 24, se refiere a la modificación del artículo 13 de la LOFCA y planteamos añadir dos párrafos al actual texto del punto 3 de dicho artículo de forma que, si bien la primera parte quedaría igual, es decir, lo relativo al valor inicial del fondo de suficiencia de cada comunidad autónoma quedaría como está, en el párrafo que dice: «En los años sucesivos el fondo de suficiencia de cada comunidad autónoma ? -etcétera- ? se determinará atendiendo a su valor inicial», planteamos que se incluya el siguiente párrafo: «?y a la evolución de las variables socioeconómicas previstas en la ley que regulará el nuevo modelo de financiación.» También planteamos añadir otro párrafo que diga: «?y todo ello sin perjuicio de la aplicación de las garantías sobre revisión mediante el índice del PIB nominal y demás supuestos de revisión del fondo de suficiencia definidos en el modelo de financiación.» Aquí planteamos lo que ya está expresado en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la medida en que entendemos que debe quedar también reflejado en este proyecto de ley que hoy debatimos, ya que se trata de que esta ley tenga un carácter estable en el tiempo y capacidad de dar continuidad de forma real al modelo que aquí se está debatiendo, adaptándolo a la evolución de variables como aquellas a las que el acuerdo del Consejo de Política Fiscal ya reconocía el valor desde el punto de vista de la suficiencia dinámica. Creemos que esto queda más aclarado si se incluye en la ley. Lo mismo haríamos con el segundo párrafo, puesto que el acuerdo introduce también el concepto, en el modelo de financiación sanitaria, de los recursos sanitarios, de que en los tres primeros años tendrá que evolucionar como mínimo en relación con el PIB, por lo que entendemos que es más oportuno recogerlo en el texto de la ley.
La siguiente enmienda, al artículo cuarto, la número 25, se refiere a la modificación del artículo 16 de la LOFCA. Hablando del Fondo de Compensación Interterritorial, planteamos añadir un nuevo párrafo, al punto número 1, algo que ya figura en la LOFCA actualmente y que no debería decaer del texto, que la dotación del fondo tenga un importe mínimo del 30 por ciento de las inversiones públicas que, para cada ejercicio, se apruebe en los Presupuestos Generales del Estado. Entendemos que aclara más la redacción que continúe figurando y también va en la línea de los acuerdos, puesto que, aunque efectivamente en los propios acuerdos figura dividir este fondo en el propio Fondo de Compensación y en el fondo complementario, lo cierto es que, si nos fijamos en la suma de los porcentajes que aquí se refieren, continúa siendo un 30 por ciento. De alguna forma no se planteó en el acuerdo variar el porcentaje total del fondo, por lo que a nuestro entender quedaría también más claro si así constase en la ley.
La siguiente enmienda es la número 26. En el punto 3 de este mismo artículo, que ahora mismo se subdivide en dos apartados, el a) y el b), planteamos incluir un apartado c). Igual que el apartado b) hace referencia adicionalmente al 1,5 por ciento de la cantidad que se refleja en la letra a), relativo a las ciudades con estatuto de autonomía, lo que planteamos es que esa referencia, en este caso con un 4,02 por ciento, se haga a las regiones ultraperiféricas. Se trata de la misma cantidad que se va a recoger en el cómputo global, por lo que no planteamos una enmienda que introduzca incrementos presupuestarios, sino que se dé a las regiones ultraperiféricas el mismo rango de valoración que a las ciudades con estatuto de autonomía, ya que entendemos que la propia Constitución española en su artículo 138 y el Tratado de Amsterdam en su artículo 299.2 dan cobertura legal suficiente como para que así se recoja en este texto.
La enmienda número 23 hace referencia a que se incluya una disposición adicional nueva, lo que significa que habría una disposición adicional segunda. Se trata de una enmienda muy importante para Canarias, en la que planteamos que se atribuyan a dicha comunidad facultades relativas a determinados impuestos indirectos, de forma que a partir del 1 de enero del 2002 se atribuyan a la Comunidad Autónoma de Canarias competencias normativas relativas a los impuestos indirectos relacionados con su régimen económico y fiscal, con el alcance establecido en los apartados siguientes. No los voy a leer, pero se refieren a competencias normativas en relación con el impuesto general indirecto de Canarias, con el arbitrio sobre las importaciones y entrega de mercancías en las islas Canarias y con el impuesto especial sobre determinados medios de transporte. ¿Cuál es el sentido de esta enmienda? Es el siguiente. Viendo cómo ha ido evolucionando el proyecto de financiación, lo cierto es que la propia evolución del principio de corresponsabilidad fiscal efectiva supone ya la asunción de mayores competencias por parte de todas las comunidades autónomas en los impuestos que son cedidos, dándose la paradoja, por lo que se refiere a las competencias propias del régimen
económico y fiscal de Canarias, de que nos vamos a quedar por detrás en cuanto a competencias normativas. Entendemos que, en la medida en que se han cedido esas capacidades normativas al resto de las comunidades autónomas, por lo que respecta a los tributos cedidos, sería una paradoja no corregir esta situación en coherencia con lo que ya era competencia de la Comunidad Autónoma Canaria en relación con el régimen económico y fiscal. La situación actual es que, para introducir modificaciones en el régimen económico y fiscal, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene que acudir a los Presupuestos Generales del Estado. Es una cuestión que se recoge en la propia Constitución, y también en el propio Estatuto de Autonomía de Canarias. Con esto termino con las enmiendas que se refieren a este texto.
Paso ahora a comentar las enmiendas relativas a la Ley ordinaria de regulación de las medidas fiscales. En primer lugar, hemos presentado la enmienda, número 14, a la exposición de motivos, en la que planteamos la inclusión de un párrafo que haga referencia a una nueva adicional que también enmendamos con la enmienda número 18, que luego comentaré. En la exposición de motivos se recogen aspectos como la salvaguarda necesaria de regímenes especiales, como por ejemplo el concierto y los convenios que se aplican en los territorios históricos, el País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra. En la línea de lo que ya se recoge en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera se debe recoger asimismo en este texto de ley una referencia a algo que ya forma parte de la tradición marcada desde su inicio por la LOFCA, en la propia ley de cesión que hubo en 1983, debiendo hacerse alusión a las singularidades que presenta la financiación común de la Comunidad Autónoma Canaria como consecuencia de la existencia de un peculiar régimen económico y fiscal en este territorio.
La número 15 es una enmienda al artículo 4, letra B, concretamente al fondo específico en lo relativo al fondo de cohesión sanitaria.
Planteamos modificar el texto actual, de tal forma que figure literalmente el texto que aparece en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Actualmente el fondo tiene por finalidad garantizar la igualdad del acceso a los servicios de asistencia sanitaria pública en todo el territorio español.
Efectivamente, así está recogido, pero falta añadir la otra parte, que es el sentido de este fondo: la asunción de los costes sanitarios de la atención a ciudadanos desplazados en el ámbito comunitario, ciudadanos tanto de la Unión Europea como de cualquier otro país con el que exista un acuerdo específico en esta materia. Esto se recoge textualmente en el propio fondo de cohesión sanitaria, que a su vez está recogido en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Con independencia de que para el desarrollo reglamentario posterior queda cómo se va a regular esto y cómo se van a producir estas facturaciones, no nos parece que algo que afecta directamente a Canarias, la atención que estamos prestando a casi 12.000.000 de personas que circulan por nuestro territorio siendo nuestra población de un millón y pico, no quede recogido en la ley, ya que se trata del contenido de dicho fondo y no de los desarrollos reglamentarios, que eso, evidentemente, vendrá después. Así pues, nos parece que esta enmienda simplemente debe adaptarse a lo que ya está recogido en el texto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En la enmienda número 16 planteamos la adición de un párrafo en el punto 1, letra a), del artículo 16, referido al fondo de suficiencia.
En dicho apartado se dice que las comunidades autónomas recibirán cada año una entrega a cuenta del fondo de suficiencia. Nosotros planteamos que se añada: «sin perjuicio de la aplicación de las garantías sobre la revisión, mediante el índice PIB nominal y demás supuestos de revisión del fondo de suficiencia definidos en el propio sistema de financiación.» Esto está en consonancia con lo recogido en el punto 2 de la disposición transitoria segunda de la Ley y en el propio acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Económica, que establece con claridad que habrá de tenerse en cuenta el índice de evolución para cumplir con el acuerdo de garantizar el PIB nominal en la financiación sanitaria por lo menos durante los tres primeros años de vigencia de este acuerdo.
La enmienda número 17, al artículo 17, propone añadir un párrafo al inicio de dicho artículo. Estamos hablando de las causas de la revisión del fondo de suficiencia. Proponemos añadir: «Sin perjuicio de las causas que se contemplan a continuación, anualmente se consideren las modificaciones o cambios producidos en las variables de cálculo del nuevo modelo.» Lo que tratamos de conseguir con esto es que se recoja nuevamente lo que está contenido en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Económica, que en el bloque de competencias comunes, en el apartado de población, dice textualmente: Anualmente se analizarán los efectos derivados de la aplicación al sistema de financiación de la evolución del censo de población con respecto a las necesidades resultantes en el año anterior. Entendemos que si hay algo transversal, que recorre todo el texto del acuerdo y el de la ley, es el peso importantísimo que se da a la variable población, tanto desde un punto de vista estático, como de garantías de suficiencia, desde un punto de vista dinámico. Por tanto, con esta enmienda estamos situándonos dentro del contexto del acuerdo y creemos que debería figurar en el texto de esta ley.
La enmienda número 18 se refiere a la disposición adicional tercera, que ya había comentado antes. Planteamos añadir una nueva disposición, que sería adicional tercera, que haga referencia a la comunidad autónoma de Canarias, tanto en lo relacionado con los recursos financieros en el año básico 1999, como con la suficiencia dinámica, con el régimen de cesión de los tributos que se realice, respetando lo establecido en su peculiar régimen económico y fiscal.
En resumen, señorías, haciendo una valoración general, las enmiendas que mi grupo, Coalición Canaria, presenta a estos dos textos están dentro del contenido literal del propio texto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Económica, pero es trascendental que quede también reflejado, en las leyes, y me estoy refiriendo no sólo a aquellas enmiendas que hacen mención específica a la Comunidad Autónoma de Canarias, sino también las que no nos afectan a nosotros en exclusiva, pero que hacen referencia a aspectos importantes de la evolución y de la propia suficiencia dinámica, en relación con la variables socioeconómicas, fundamentalmente con la evolución de la variable poblacional.
El señor PRESIDENTE: Para turno de fijación de posiciones, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Quiero decir a los distintos portavoces que voy a hacer una valoración global del proyecto, no voy a entrar a valorar enmienda por enmienda. Todos los grupos, al confeccionar sus enmiendas, han hecho un esfuerzo importante para contribuir, desde su posición, a corregir los proyectos de ley que hoy debatimos. En el Pleno del jueves de la próxima semana podremos tener un debate largo sobre estos proyectos.
Quiero hacer algunas reflexiones sobre los proyectos. En primer lugar, he oído al portavoz socialista un comentario que también escuché en el Pleno, cuando se debatía la enmienda de totalidad: El modelo no es el nuestro. Mi grupo cree que este modelo de financiación autonómica no debería ser el modelo de ningún partido político, sino el que sirviera para ayudar a la configuración de España desde el desarrollo constitucional del Estado de las autonomías. En ese sentido, mi grupo ha dicho siempre que le gustaría que el modelo avanzara en solidaridad, en corresponsabilidad, en suficiencia y en autonomía, pero que sería muy oportuno que contara con un consenso amplio, para que tuviera componentes de estabilidad y de permanencia en el tiempo y para que fuera resultado de lo que se llamó el consenso constitucional, reflejado en un modelo de financiación que desarrolle la España plural que fija nuestra Constitución. Por eso, cuando oigo decir que el modelo no es el del Partido Socialista, contesto: Lo entiendo, pero es que no tiene que ser el modelo del Partido Socialista, no tiene que ser el modelo del Partido Popular, no tiene que ser el modelo de Coalición Canaria o el modelo de ningún otro partido, tiene que ser el modelo que contribuya a desarrollar el Estado de las autonomías. ¿Qué es el consenso? Decía en el Pleno el portavoz socialista: Si yo gano, lo cambio. Me parece que el consenso no puede consistir en que si estoy en minoría, pacto, y si estoy en mayoría, aplico un rodillo. El consenso es llegar a un acuerdo que dé permanencia y estabilidad en el tiempo al modelo que aprobamos. Así entiendo yo el consenso. Puede haber proyectos de ley que no requieran ese consenso tan amplio, porque respondan al programa o a las ideas de un partido determinado o porque respondan a la configuración de lo que debe ser la realidad desde una óptica determinada, pero en relación con el modelo de financiación autonómica, la guinda del consenso es la guinda que da estabilidad a un modelo que, a su vez, da estabilidad a unos gobiernos autonómicos, que tienen la obligación de prestar la mayor parte de los servicios que componen el Estado del bienestar o la sociedad del bienestar, que van más allá de la sanidad y la educación, como decía el señor Rejón, ya que tienen competencias en materia de política social, en materia de medio ambiente y en otras materias que están muy relacionadas con la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso, mi grupo entiende que aprobar estas leyes es dar un paso importantísimo en el desarrollo del Estado que diseña la Constitución española de 1978.
Mi grupo cree que la construcción autonómica se ha ido haciendo paso a paso y contando además con un apoyo enorme de los ciudadanos; en las encuestas del CIS se refleja una firmísima adhesión de los ciudadanos al Estado de las autonomías. Esa construcción autonómica, una vez que las comunidades autónomas tienen transferida la mayor parte de las competencias y que tienen transferida la mayor parte de las decisiones del gasto, necesita ser complementada con un modelo de financiación autonómica estable en el tiempo, que diga a las comunidades autónomas y a sus parlamentos autonómicos que son los que fijan el gasto -ahora están aprobando sus leyes de presupuestos para el 2002 y pueden decidir si gastan aquí o en otra materia-, y con qué ingresos van a contar de una manera estable en el tiempo. No se puede estar abierto a que, si gana un partido, tendremos un modelo de financiación autonómica o, si gana un partido distinto, otro modelo de financiación autonómica. Tenemos que contar con un modelo estable en el tiempo, que no tenga ese carácter de apertura o de abrir en canal cada cinco años, que no sea un modelo que se cuestione en su totalidad, cada cinco años, que se modifique lo que haya que modificar, pero tenga unas bases sólidas de permanencia en el tiempo.
Eso es lo que se ha querido hacer en este modelo de financiación autonómica.
Por eso, mi grupo parlamentario ha empleado muchísimas horas de reuniones previas al Consejo de Política Fiscal y Financiera con los grupos políticos para poder definir algunas reglas básicas que permitieran que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se adoptara, por primera vez, una decisión por unanimidad. Eso nos parecía importantísimo, y es la primera vez que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se aprueba un modelo por unanimidad. No es baladí esa apreciación porque es un modelo que contiene elementos de permanenciaen el tiempo y por eso era especialmente importante
esa unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Cuando yo leo algunas enmiendas de algunos grupos parlamentarios que cuestionan el modelo, yo me planteo: ¿Está hablando el grupo parlamentario, está hablando el conjunto del partido representado por su dirección nacional y por las distintas federaciones o está hablando un partido en las conversaciones previas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y hoy estoy oyendo a otro partido? ¿Estamos aquí debatiendo un modelo con un partido político o estamos debatiendo con otro partido político? Porque desde luego, mi grupo cree que las enmiendas presentadas por el Partido Socialista rompen ese acuerdo mayoritario del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
A mí me gustaría que ese acuerdo se mantuviera y creo que si hay comentarios que hacer, si hay retoques que apuntar y si hay modificaciones que introducir en estas dos leyes, también deberían contar con el apoyo unánime del Consejo de Política Fiscal y Financiera. A nosotros nos gustaría trasladar un acuerdo mayoritario, por respeto a las comunidades autónomas, por respeto a los gobiernos de las comunidades autónomas, aunque soy consciente de que el Parlamento nacional es el que debe legislar.
Es verdad que hay una enmienda del Grupo Socialista que dice que, antes de aprobar cualquier medida fiscal, se apruebe previamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, o sea que no voy tan descaminado con lo que es la idea básica del Grupo Socialista. Me gustaría -sé que el Parlamento es el que tiene que legislar-, que lo que incorporarámos a estas dos leyes contara con el apoyo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Me gustaría que los distintos gobiernos, en dicho Consejo, presentaran las modificaciones que quisieran, se debatieran y pudiéramos incorporar las modificaciones necesarias que se adoptaran por unanimidad en otro trámite parlamentario. Podríamos incorporarlas en el Senado si fuera necesario, pero no en el trámite del Congreso, rompiendo el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no, sin haber oído la opinión de todos los miembros. Para no desagradar al Grupo Socialista, que me puede decir, que sus enmiendas no rompen el acuerdo, pido al Grupo Socialista que alguno de sus presidentes autonómicos lleven sus enmiendas al Consejo de Política Fiscal y Financiera y, si reciben una aprobación mayoritaria en el mismo, las incorporaremos en otro trámite parlamentario, en el Senado, pero no rompamos esa unanimidad que, por primera vez, se ha puesto de manifiesto y que es positiva. Creo que eso es bueno en líneas generales.
También quisiera trasladar al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que no está aquí presente, que el Gobierno catalán donde tienen mayoría, traslade esas propuestas al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que todas las comunidades opinen. Si no, podemos caer en el error, gravísimo error, de que un grupo político plantea aquí unas propuestas y, sin embargo, donde tiene responsabilidad de gobierno esté planteando otras cosas distintas y, al final, lo que ha costado tanto hilvanar lo podamos perder en el camino. Esa es la guinda que yo creo que debe tener el consenso y esa es la guinda que yo pido a los grupos que mantengan, que se hagan esas propuestas, que esas enmiendas presentadas hoy aquí se trasladen al Consejo de Política Fiscal y Financiera y que se discutan entre los gobiernos autonómicos, por lo menos, entre los 15 de régimen común, que lo discutan, que lo hablen y que contemos con un acuerdo; si hay unanimidad, como ha habido en acuerdos anteriores, incorporamos esas enmiendas, porque eso es importante.
El Grupo Parlamentario Socialista empezaba su intervención con la enmienda número 61, a los artículos 2 y 6 sobre el fondo para paliar la escasa densidad de población. Yo entiendo que se pueda enmendar ese punto, pero quiero poner un ejemplo. Dice ese punto: Dotado de 48,08 millones de euros, tiene por objeto reforzar el principio de solidaridad. Es una enmienda para mejorar la solidaridad de las comunidades autónomas y se aplica con el fin de paliar la situación en que se encuentran las comunidades autónomas que hayan experimentado un proceso de despoblación importante. Es una enmienda que presentan a un fondo que se crea para las comunidades autónomas que tienen un proceso de despoblación. ¿Quién se beneficia de estos fondos? Este fondo se distribuye entre aquellas comunidades autónomas que reúnan dos condiciones, densidad de población inferior a 27 habitantes por kilométro cuadrado y que, además, su extensión territorial sea inferior a 50.000 kilométros cuadrados. Son dos condiciones precisas y uno se pregunta a quién nos referimos, porque esas dos condiciones marcan a quién nos referimos. Pues nos referimos a dos comunidades autónomas que son Aragón y Extremadura, gobernadas ambas por el Partido Socialista; en el caso de Aragón en coalición con más partidos porque el partido que ganó las elecciones fue el Partido Popular, pero luego una coalición hizo que el gobierno fuera de otro signo. A ese fondo, que es para Aragón y Extremadura, el Partido Socialista presenta una enmienda que explica cómo distribuir ese fondo. Es una enmienda que va a decir quién se lleva esa parte del dinero, si se lleva más Aragón o Extremadura. Yo le preguntaría al Grupo Socialista: ¿Antes de hacer esta enmienda ha hablado con el Gobierno de Aragón y con el Gobierno de Extremadura que son de su mismo signo político? La enmienda que presenta aquí el Grupo Socialista rompe el acuerdo de Aragón y de Extremadura. Precisamente la enmienda que presenta el Grupo Socialista aquí es contraria al acuerdo de reparto de este fondo a que han llegado el Partido Socialista en Aragón y el Partido Socialista en Extremadura; eso no puede ser porque este proyecto cuenta con el apoyo de todos porque se ha hilvanado muy fino, porque se ha buscado que Aragón lo pueda aceptar y que Extremadura también; que lo pueda aceptar Galicia, la Comunidad Valenciana o Cataluña.
Para que ese acuerdo se pueda aceptar se ha creado un fondo, no para comunidades del Partido Popular, no para solidaridad con comunidades donde gobierna el Partido Popular, porque las comunidades no son ni de un signo ni de otro, son de ciudadanos. Esos gobiernos se han distribuido ese fondo de un modo determinado y ahora el Grupo Socialista nos presenta una enmienda que lo invierte; quien se iba a llevar más se lleve menos y quien se iba a llevar menos se lleve más, cuando hay ya un acuerdo. Señorías, tengamos la fiesta en paz. ¿No es más racional que las enmiendas que el Grupo Socialista ha presentado aquí las lleve al Consejo de Política Fiscal, y Financiera, cuenten con un apoyo mayoritario unánime allí y luego las traslademos? ¿No es más racional? ¿No es mejor camino para dar estabilidad al sistema y una mayor solidez de futuro? Ya sé que cuando hay acuerdos todos tenemos que ceder; ya sé que cuando hay acuerdos -estas dos leyes son un ejemplo-, hay que hilar fino; ya sé que hay que crear un fondo para que Aragón y Extremadura lleguen y lo firmen. Señorías, no rompamos ese acuerdo presentando el mismo partido que gobierna en esas dos comunidades autónomas enmiendas que rompen el acuerdo. No me parece serio; mejor dicho, serio me parece porque se rompe el acuerdo. Lo que no me parece es que sea ese el camino; el camino es otro; el camino es el del consenso. Estamos ante un modelo bueno que tiene una guinda positiva que es el consenso. Es un modelo bueno porque da estabilidad y porque avanza en la corresponsabilidad fiscal.
Decía el portavoz socialista: No se avanza suficientemente. El grado de la suficiencia en los avances es muy difícil de medir. Uno se encuentra con que hay 15 impuestos importantes en España, dos van a ser los únicos que se reserva en exclusividad el Estado, el impuesto de sociedades, porque produciría una deslocalización importantísima, y el impuesto de las primas de seguro que es imposible de territorializar; en conversaciones con compañeros del señor Bel lo hablamos ya. Hay dos que son de los ayuntamientos, uno con vocación de desaparición casi en su totalidad, que es el IAE y el IBI. Hay impuestos donde las comunidades autónomas participan en el IRPF en el 33 por ciento; en el IVA en el 35 por ciento; en hidrocarburos, bebidas, alcohol y tabaco en el 40 por ciento. El resto son exclusivos de las comunidades autónomas: matriculación, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, juego, seguros, electricidad en su totalidad. Al final las comunidades se quedan de los 15 con siete; en cinco participan, dos son exclusivos del Estado y dos son exclusivos de los ayuntamientos. Se avanza en corresponsabilidad fiscal como nunca. Hay un debate importante, que yo lo comparto, que es el de si la participación en los impuestos, sólo la participación en los ingresos es corresponsabilidad fiscal, o si la corresponsabilidad fiscal además de participación en los ingresos debe llevar aparejada la capacidad normativa máxima. Ese es un debate interesante e importante en el seno de la Unión Europea, y España lleva la delantera a países de tradición federal como los länder alemanes. Hay más capacidad normativa en este modelo de financiación autonómica en España que en la capacidad normativa de los länder. Hay más capacidad normativa aquí. ¿Se podría avanzar más? Es posible que se pudiera avanzar más, señor Bel; pero, ¿se ha avanzado bastante? Se ha avanzado bastante y sobre todo en corresponsabilidad fiscal.
Dice el señor Bel: ¿Por qué hay que poner los límites en la LOFCA? El señor Padrol dice: Se ponen en la LOFCA porque siempre se han puesto y luego para cambiarlos siempre estamos a tiempo. Se ponen los límites en la LOFCA porque queremos que sea un modelo que dé una señal de estabilidad en el tiempo Si hay que cambiarlos se cambiará y probablemente tengamos que pactar un modelo de financiación de corporaciones locales donde demos también participación a las corporaciones locales en los grandes impuestos. Si queremos quitar el IAE, como quiere quitar el Partido Popular en su programa electoral y como lo vamos a hacer para el 90 por ciento de las empresas, tendremos que darle a las corporaciones locales otros instrumentos; esos instrumentos no nos los vamos a inventar, sino que vendrán de una mayor participación en los grandes impuestos estatales. Se avanza en corresponsabilidad fiscal y se señala en la LOFCA lo que se ha acordado. Decía el señor Padrol: Siempre que ha habido un nuevo modelo de financiación autonómica se ha cambiado la LOFCA; es verdad, eso no es discutible, es un hecho, es constatar la realidad, pero yo digo que damos una señal de estabilidad. Es un modelo que avanza en la solidaridad. No está el señor Rejón, pero yo no me resisto a decir una cosa: La PIE (la participación en los ingresos del Estado) era un instrumento que tenía incorporados elementos de solidaridad. Que la PIE no tenía incorporados elementos de solidaridad no lo ha dicho ningún analista en España; no lo ha dicho ningún profesor universitario; no lo ha dicho nadie. La PIE incluía elementos de solidaridad y eso lo sabe todo el mundo. Cuando se hace un modelo con vocación de permanencia en el tiempo se tiene que señalar claramente lo que es el modelo para todos y cuáles son los elementos de solidaridad. Es un modelo que avanza en la solidaridad en dos direcciones: la primera es que todos los ciudadanos vivan donde vivan tengan un nivel de servicios públicos de calidad, sanidad y educación principalmente. En ese sentido, el fondo de suficiencia que es un elemento de solidaridad del sistema es bueno y avanza. La segunda es que la solidaridad tiene una dimensión que es intentar que las comunidades autónomas que vienen de más lejos se puedan incorporar a la media, y el Fondo de Cooperación Interterritorial es un elemento que puede y debe ayudar en esa dirección. Además es un modelo que avanza en la suficiencia. Es la primera vez que un modelo de financiación autonómica en el año cero pone más dinero sobre la mesa; es
la primera vez que en el año cero se dice: Aquí hay más dinero para todos; así se ha vendido, señor Bel.
Si usted se da un paseo por las comunidades autónomas donde el Grupo Socialista tiene responsabilidad habrá visto lo que dicen los consejeros de Economía o lo que han dicho en sus parlamentos la consejera andaluza, el consejero de Castilla-La Mancha, el de Extremadura, el de Aragón, el de Baleares: que les ponen más dinero ¿Quiénes son los principales beneficiados de este modelo? La consejera de Andalucía ha dicho: Andalucía sale muy beneficiada.
Cuando se quiere representar un papel en algunas comunidades de que esto es bueno para todos, pero en una determinada comunidad, para hacer oposición al que gobierna, se decir que no es bueno, el Partido Socialista pierde un poco el equilibrio en su posición; se dice en unos sitios que es bueno, en otros que es regular y en otros que es malo. Señor Bel, usted que tiene una responsabilidad en todo el Estado español -será diputado del PSC, pero como dijimos el otro día en la Cámara, no sé si a propuesta de la presidenta, uno es diputado no representando a una región, sino a todo el conjunto de los ciudadanos españoles- ha de saber que este modelo es bueno para todos, avanza en la solidaridad para todos y en la suficiencia, da más dinero a todas las comunidades autónomas en el año cero y además produce más autogobierno. Las comunidades autónomas van a poder decidir, están decidiendo en sus parlamentos qué hacen con sus impuestos: los suben, los bajan, cambian algunas deducciones, ponen otras deducciones, hacen una política más adecuada a su territorio.
Hay un estudio muy interesante sobre cómo con esta capacidad normativa y con esta participación en los impuestos importantes las comunidades autónomas tienen posibilidad de influir en el crecimiento de su región; es un estudio muy interesante, y usted, señor Bel, que es profesor universitario me creerá. Es un estudio muy importante, porque con este modelo las comunidades autónomas van a tener más capacidad para influir en el crecimiento de su región, incentivar el desarrollo y además hacer políticas sociales, para hacer políticas con los ingresos.
Por último, este modelo que vamos a aprobar hace que las comunidades autónomas participen más en la Agencia Tributaria. Me parece muy importante porque, si de los quince impuestos en once de ellos las comunidades autónomas tienen participación o son exclusivamente suyos, es lógico que las comunidades autónomas estén presentes en el organismo que gestiona los impuestos. ¿Se puede avanzar más en la participación en la Agencia Tributaria? Discutámoslo, debatámoslo, pero también le pido una cosa, que lo hagamos previamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se pongan de acuerdo las comunidades autónomas en el cómo. Ese acuerdo -además si es por unanimidad mucho mejor- lo valoraríamos aquí, porque estamos ante un modelo bueno, pero que además tiene una guinda importante, el consenso. Por eso señalo que vamos a votar que no a las enmiendas. Quizá en la enmienda 61 -y no sé si se puede plantear una enmienda transaccional «in voce»- el señor Bel ha señalado un punto, y es que en el texto dice que el fondo se distribuirá entre aquellas comunidades autónomas con una densidad de población inferior a 27 habitantes por kilómetros cuadrado; dice el texto: Y se repartirá en función de dicha densidad, siempre que además su extensión superficial sea inferior a 50.000 kilómetros cuadrados. Quizá el señor Bel sin hablar con Extremadura y con Aragón ha entendido qué significaba el reparto en función de la densidad, si era directa o inversamente proporcional; él propone que sea inversamente proporcional. El acuerdo entre esas dos comunidades autónomas no es ese y quizá simplificaría el texto, para que no se confunda nadie, ni siquiera el señor Bel, si se eliminara: Y se repartirá en función de dicha densidad. Simplemente habría que señalar que el fondo se distribuirá entre aquellas comunidades autónomas -si les parece cojo la ley para decirlo exactamente-? Dice así: Este fondo se distribuye entre aquellas comunidades autónomas con una densidad de población inferior a 27 habitantes por kilómetro cuadrado. Habría que eliminar: Y se reparte en función de dicha densidad y continuar en: siempre que además su extensión superficial sea inferior a 50.000 kilómetros cuadrados: Así evitamos confusiones como la del señor Bel, confusión por otra parte que se hubiera evitado si hubiera hablado con los dos consejeros de su propio partido en esas comunidades autónomas. (El señor Bel i Queralt pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Bel, muy brevemente, por favor.
El señor BEL I QUERALT: Muy brevemente, presidente, porque estoy de acuerdo con el señor Pujalte cuando ha dicho que nos reservamos el debate para el Pleno.
Lo primero que le agradezco es la ponderación en el uso de la palabra del señor Pujalte. Haré cuatro referencias muy breves. Estoy encantado con la fórmula que nos plantea porque a cualquier profesor universitario o no profesor universitario que el día de mañana estudie la ley, cuando este proyecto haya desaparecido, en función de dicha densidad lo entenderá mejor y no le parecerá contradictorio.
Señor Pujalte, a pesar de que los artículos sean la percha para acuerdos particulares es bueno que la producción legislativa no dé lugar a contradicciones chocantes, aunque sea sólo para guardar las formas. Sus referencias a los consejeros las dejaremos para otro día, ya tendremos ocasión de debatir el jueves que viene, según creo -anuncia usted que por la mañana, de esto está usted habitualmente más informado que yo- sobre el grado de acuerdo de los consejeros autonómicos de los gobiernos autonómicos del PSOE. Le puedo anunciar que todos ellos, no sólo los gobiernos autonómicos presididos por el PSOE también algunos de los presididos
por el Partido Popular, están en expresión simplista con la camisa que no les llega al cuerpo por comprobar si lo que han acordado en materia de recursos es lo que al final sale; por eso están encantados de que se propongan enmiendas que garanticen que lo acordado es lo que se producirá. Le digo que no sólo es en los seis gobiernos presididos por presidentes socialistas, sino en otros, que lógicamente no osan decirlo así.
Voy a ser breve. Usted lo ha dicho bien: Entre la participación y la capacidad normativa máxima hay diferencias. Además hay un trecho, aparte de haber diferencias entre participación -que sin más no da corresponsabilidad fiscal, da estabilidad a los recursos porque diversifica las fuentes, pero no da corresponsabilidad fiscal- y capacidad normativa máxima. Tampoco yo ahora voy a volver a plantear todas las enmiendas, porque el presidente me reconvendría con mucha razón. Qué gran problema hay en que las comunidades autónomas, como planteaba nuestra enmienda número 38, puedan tomar decisiones sobre su número de tramos. Esto sí que es ejercicio de la capacidad normativa y no máxima, porque hay limitaciones, el propio proyecto las tiene. Ahí discrepamos, constato la discrepancia, ustedes están más cerca de la participación (punto) y nosotros, aunque no estamos en la normativa máxima, nos desplazamos más por el vector (recorrido). Las cosas ya son así, señor Pujalte. En efecto, en los proyectos de ley que definen los modelos más allá de los acuerdos yo discrepo con usted y usted discrepa conmigo; usted identifica modelo y acuerdo y yo distingo entre acuerdo y modelo; esta es una discrepancia lógica y, además usted tiene la razón de los votos, pero para mí acuerdo y modelo son dos cosas diferentes. Los modelos no pueden ser de uno, pero a nuestro juicio la trasposición a modelo de este acuerdo es básicamente la suya. Sobre este asunto ya volveremos.
Voy a acabar. Señoría, usted ha hablado mucho sobre las cosas que vayan a la Comisión de Política Fiscal y Financiera, aunque ahí desde luego no van a debatir cuál es el carácter de las modificaciones en la LOFCA que se han de hacer en esta Cámara. ¿Sabe usted por qué proponemos una reforma territorial en el Senado? El Senado en sentido territorial. En estos temas el Senado sería el foro ideal, como pasa en otros países, donde las comunidades autónomas entre sí discutirían cómo ejercer de forma compartida (que es lo óptimo sobre todo en un marco armonizado fiscal) los elementos de autonomía tributaria y en general las definiciones del acuerdo. El Consejo de Política Fiscal y Financiera funciona de una forma un poco diferente, porque al final lo que se produce son contactos bilaterales Gobierno-comunidad autónoma, no una discusión de esencia multilateral, como la que nosotros defendemos entre comunidades autónomas, sino contactos bilaterales Gobierno-comunidad autónoma. Le aseguro a usted que visto lo visto en los últimos años nadie, y además con gran juicio, está dispuesto a quedarse fuera del acuerdo; y visto lo visto a lo mejor discutimos el jueves que viene qué es lo que cada uno ha visto.
Ahora, no se engañe: este acuerdo no es el que las 15 comunidades autónomas de régimen común en un foro como el Senado habrían elaborado y habrían discutido después con el Gobierno. Este acuerdo es una consecuencia de una práctica que a nosotros no nos parece correcta (en algún tiempo ha sido inevitable, pero que no nos parece adecuado que siga), como son las discusiones bilaterales llevadas luego a una mesa muy poblada. Por todo eso le digo -a eso volveremos- que hecho el acuerdo en términos de modelo usted tendrá ocasión de comprobar el grado de solidez y de acuerdo dentro del Partido Socialista. Seguramente en esta materia entraremos con más concreción e intensidad el próximo jueves. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, ¿desea contestar ahora o lo deja para el jueves?
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy a ser muy breve, señor presidente. Solo quiero hacer alguna matización.
Yo entiendo la diferencia entre acuerdo y modelo que señala el portavoz socialista. Lo que pasa es que aquí estamos ante un modelo que es fruto de un acuerdo, que ha costado muchas horas llevarlo a cabo. Le digo una cosa, señor Bel: Usted comprobará, y tendremos ocasión de verlo, cómo las comunidades autónomas todas van a votar en Comisión Mixta la adhesión a este modelo; cuando todas voten su adhesión estaremos ante un modelo que ha contado por primera vez con la unanimidad. Yo le digo -usted tendrá ocasión de comprobarlo- que eso ha sido fruto de un esfuerzo de consenso por parte del Gobierno, porque hubiera sido más fácil ponerles un modelo a la trágala con la mayoría parlamentaria que tenemos actualmente y, sin embargo, no ha sido eso; no ha sido ése el espíritu que ha animado al Grupo Popular, no ha sido ese el espíritu. En un tema tan serio nos animaba otro espíritu, el del consenso. Por eso yo le digo: Plantee a sus consejeros que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera hagan todas las precisiones que entiendan convenientes y, si se aprueban por unanimidad, mi grupo se compromete a incorporarlas en el Senado, porque el consenso es una guinda en un modelo positivo de financiación autonómica. Yo no le voy a hablar -lo he omitido y lo hablaremos en el debate- de lo que ya planteó el portavoz de economía del Grupo Socialista cuando estábamos hablando en las reuniones previas. Usted propuso una enmienda para que haya tipo único en el IRPF autonómico. Lo planteó el portavoz socialista, lo entiendo. Él habló de tipo único para el conjunto del Estado y ahora habla de tipo único para las comunidades autónomas. Señor Bel, mi grupo entiende que el IRPF tiene que incorporar elementos de progresividad. Si ustedes quieren ser ahora más liberales que nadie, será su problema.
Mi grupo entiende que la progresividad
es un elemento que se tiene que incorporar en el IRPF, es un elemento básico en el IRPF. Por eso he omitido este debate, pero lo podemos tener en el Pleno.
- APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE COORDINACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. (Número de expediente 121/000040.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al punto 6 del orden del día, sobre el proyecto de ley de coordinación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia.
Para la defensa de las enmiendas correspondientes tiene en primer lugar la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Señor presidente, es casi una de aquellas ocasiones en que uno pediría un receso de tres minutos, pero vamos a votar lo antes posible. Además este debate a diferencia del anterior ha madurado más. Quizás la consecuencia de esta mayor maduración sea su menor extensión.
En primer lugar, nosotros queremos hacer una valoración inicial sobre el proceso. Estamos satisfechos de que este proyecto de ley haya venido de un proceso donde ha habido una conversación muy productiva entre diferentes grupos políticos. Quiero referirme con carácter particular a la discusión y conversación entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Es una muestra clara de que cuando no hay arrogancia hay acuerdo, y entonces más que nunca los modelos responden más a las ideas de unos que de otros, pero no son de nadie en particular.
Estamos ante un proyecto de ley en el que, respondiendo más a las concepciones que tiene sobre la política de defensa de la competencia del grupo mayoritario, respondiendo más a ésas que a las del Grupo Socialista, tenemos una amplia comodidad. Valoramos positivamente el esfuerzo que se ha hecho y el resultado que ha tenido la definición de los puntos de conexión en materia de coordinación y defensa de competencias de las comunidades autónomas. Obviamente, quizás nosotros hubiéramos escrito el proyecto de otra manera, pero nos deja una sensación de cierta comodidad, sobre todo radicada en el hecho de que se evita entrar en una prolija definición de detalles de casuística, que no es oportuna en sí misma y que el tiempo en materias como éstas, muy sometidas al cambio económico, las dejan pronto antiguas. Hemos presentado sólo una enmienda a la exposición de motivos, párrafo quinto, que se refiere e informa a los posteriores puntos de conexión, donde dice que, ante un supuesto que se produzca en más de una comunidad autónoma, se estará ante un problema de ámbito supra-automático. Decimos se podrá estar porque no hay una correspondencia lógica entre que un hecho puntual se produzca entre dos puntos distantes de la geografía y que de ello se infiera necesariamente que se está ante un hecho supra-autonómico. En correspondencia con las conversaciones que hemos tenido, no hemos presentado enmiendas a los artículos 1 y 2, aunque las habíamos traído a esta Cámara con una cierta diferencia de redacción. Sí mantenemos más diferencias -esto quiero señalarlo- con todo lo que hace referencia al diseño institucional de órganos de cooperación y arbitraje. Estas diferencias no proceden tanto de la arquitectura de diseño que propone el proyecto, sino de cómo se traduce en el mismo el modelo del Gobierno y del Partido Popular, que ve y aplica un modelo de defensa de competencia más dependiente del Gobierno de lo que sería nuestro deseo. Por ejemplo, cuando el proyecto propone que el ministro de Economía nombre al presidente de la junta consultiva, nosotros -más partidarios de la independencia de estos órganos- propondríamos que lo nombrara el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. Cuando el proyecto dice que el Servicio de Defensa de la Competencia esté como interesado en la tramitación de asuntos por parte de órganos autonómicos, nosotros preferiríamos que quien esté como interesado sea el Tribunal de Defensa de la Competencia, puesto que hoy el Servicio de Defensa de la Competencia tiene una dependencia funcional y jerárquica directa del ministro de Economía.
Creemos que estamos en presencia de un tema en el ámbito de la distribución competencial y no de la jerarquía, y que ello sería más adecuado. Eso explica la mayoría de nuestras enmiendas a los artículos 3 y 5, que no voy a detallar una por una. Sí me interesa repetir que son enmiendas que traducen la sensación ambivalente que nos produce estar cómodos con el diseño y la arquitectura de los órganos que se crean, pero incómodos con las facultades que se reservan al Gobierno de nombramientos e intervención en estos órganos. (El señor vicepresidente, Eguiagaray Ucelay, ocupa la presidencia.) Entendemos que ello se deriva de las diferentes concepciones que tenemos en el marco general de la defensa de la competencia. Por eso no vamos a votar en contra de los artículos 3 y 5 -aunque no sean aceptadas nuestras enmiendas-, sino que nos vamos a abstener, insistiendo en que la abstención procede no de una oposición reprimida sino de una ambivalencia respecto al resultado.
Vamos a votar a favor de los artículos 1, 2 y 4, de las disposiciones adicionales y transitorias y de la exposición de motivos.
Quiero señalar que vamos a apoyar algunas enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios. Las enmiendas presentadas por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Andalucista que se refieren a la necesidad de que la información desde el Servicio de Defensa de la Competencia hacia los órganos autonómicos y viceversa tenga carácter simétrico, es decir, que si los órganos autonómicos remiten copias y expedientes,
el Servicio de Defensa de la Competencia no remitia nota sucinta sino también copias y expedientes, nos han parecido correctas y sensatas.
Es verdad que pueden añadir un cierto grado de complejidad técnica al proceso, pero estoy convencido de que con los medios técnicos de que dispone hoy día en la Administración esta complejidad técnica añadida es irrelevante. Por eso vamos a votar a favor de las enmiendas que se pronuncian en esa dirección; vamos a votar a favor de las enmiendas que pretenden avanzar en la mayor simetría entre los deberes del Servicio de Defensa de la Competencia y los deberes de los órganos autonómicos. También votaremos a favor enmiendas que han presentado grupos como Convergència i Unió, el PNV y el PA relativas a la necesidad de que la junta consultiva (nosotros hemos presentado también una enmienda) recabe informes de los órganos autonómicos y no sólo del Tribunal de Defensa de la Competencia, y en particular enmiendas presentadas estableciendo el carácter preceptivo aunque no vinculante de la petición de informes a los órganos autonómicos cuando un asunto, a pesar de ser supra y autonómico tenga una especial incidencia o significación para una comunidad autónoma.
Por último, me interesaría decir por qué no vamos a votar las enmiendas que quieren atribuir competencias en materia de concentración a órganos autonómicos. No estamos de acuerdo con esa posición y hemos presentado una enmienda adicional que, reflejando el modelo alemán, establece el derecho a ser oído a los órganos autonómicos en casos de decisiones de concentración en los que la autoridad estatal competente contravenga el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia. Nosotros hemos anunciado desde hace meses que nos gustaba el modelo alemán, que es un modelo experimentado, como referencia para articular este tipo de legislación en España.
Nos parece un elemento de ponderación la existencia del derecho a ser oído en casos de concentraciones. Parece un camino no sé si a mitad o en medio entre las posiciones del proyecto y las posiciones de algunos grupos que traen a esta Cámara. En cualquier caso, en la medida en que habíamos acordado y nos parecía adecuada la configuración del artículo 1, hemos optado por llevar esta enmienda a la disposición adicional y no al artículo 1.
El señor VICEPRESIDENTE (Eguiagaray Ucelay): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Estamos ante la recta final en el Congreso de un tema que ha sido ampliamente debatido; lo fue en la interpelación urgente que presentó mi grupo parlamentario como consecuencia del contenido y el mandato de la sentencia del Tribunal Constitucional, de 11 de noviembre, que dictó al conocer sendos recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno catalán y vasco declarando determinados preceptos de la Ley 16/1989 como no acomodados al texto constitucional por no reconocer las competencias que en materia de defensa de la competencia tienen las comunidades autónomas que las han asumido en materia de comercio interior.
Seré breve en mi exposición y haré referencia a las enmiendas 62 y siguientes que ha presentado mi grupo parlamentario. La primera se refiere al artículo 1, a los puntos de conexión. Siendo plenamente conscientes de que la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de noviembre de 1999 sólo contempla la posibilidad de asumir competencia autonómica respecto a las conductas previstas en los artículos 1, 6 y 7 de la Ley de Defensa de la Competencia del año 1989 -conductas prohibidas: el abuso de posición dominante y falseamiento de la competencia por actos desleales-, como oposición política nos hubiera gustado explorar la posibilidad de ir más allá y de que las competencias de las comunidades autónomas en esta materia pudieran abarcar el ámbito de concentraciones económicas y de ayudas públicas.
Somos conscientes de que la sentencia del Tribunal Constitucional se pronuncia expresamente sobre lo que se pronuncia, pero entendemos que podía haberse explorado la posibilidad de ir más allá, fundamentalmente en el ámbito de concentraciones económicas o ayudas públicas. Esta enmienda tiene el objetivo de fijar una posición política, pero su más que presumible no aceptación no va a entorpecer el balance positivo que mi grupo parlamentario hace del texto articulado del proyecto de ley.
Del resto de las enmiendas, que daré por defendidas, quisiera destacar una que a juicio de mi grupo parlamentario es francamente importante para asegurar una adecuada coordinación y enlace de las actuaciones a realizar por el entramado orgánico de defensa de la competencia autonómico y el entramado orgánico de defensa de la competencia estatal, como es el contenido del artículo 5.4 del proyecto de ley que estamos analizando, relativo a mecanismos de coordinación, que establece que el Servicio de Defensa de la Competencia y el Tribunal de Defensa de la Competencia, en el ejercicio de las funciones que les son propias, podrán recabar de los órganos autonómicos competentes los informes que consideren relevantes en relación con aquellas conductas que, afectando a un ámbito supraautonómico o al conjunto del mercado nacional, incidan de manera sensible en el territorio de una comunidad autónoma.
Entendemos que es francamente positivo que el Tribunal de Defensa de la Competencia recabe estos informes preceptivos, no vinculantes, a los órganos de defensa de la competencia de las comunidades autónomas, para un mejor engrase de esta colaboración entre distintas esferas de administraciones en el objetivo común de una adecuada defensa de la competencia leal en el ámbito económico español.
Entendemos que queda demasiado abierto, demasiado potestativo esta solicitud de informes y nos gustaría que
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finalmente quedase redactado en el sentido de que se tasa en mayor medida cuando el Servicio y/o el Tribunal de Defensa de la Competencia tienen que recabar estos informes. Por tanto, se trata de que no quede tan abierto, tan potestativo al cargo del Servicio o del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Como he dicho, el resto de las enmiendas las doy por defendidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Eguiagaray Ucelay): No sabe lo felices que nos hace el que sea tan breve.
Tendría que tomar la palabra el representante de Izquierda Unida, que tiene alguna enmienda presentada, pero no está presente en la sala, así que tiene la palabra el representante del Grupo Vasco (PNV), señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Como señalaba el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el tema que nos convoca a esta Comisión y que suscita el debate que acabamos de iniciar ya ha sido largamente debatido en esta Cámara a través de las iniciativas primeramente presentadas por el propio Grupo Catalán y, posteriormente, en la sesión plenaria en la que se debatieron las enmiendas a la totalidad presentadas por diferentes grupos a este proyecto de ley. Por tanto, tampoco voy a hacer un esfuerzo dialéctico especial para defender las enmiendas que responden claramente a razonamientos ya expuestos en anteriores ocasiones por este portavoz, y habida cuenta además de que las motivaciones recogidas en las enmiendas presentadas por nuestro grupo a este proyecto de ley inciden de manera especial, con la suficiente profundidad, en las razones por las que presentamos estas objeciones al proyecto de ley.
En la defensa que hice de la enmienda a la totalidad en el Pleno expuse que nuestra oposición al proyecto de ley se basaba en dos razones fundamentales y en una razón complementaria o añadida, por llamarla de alguna manera. Decíamos que las dos razones fundamentales eran, por un lado, que el proyecto no aplicaba correctamente la doctrina fijada por la sentencia 208/1999 y, por otro, que no daba cumplimiento al mandato de la citada sentencia. En el primer caso, en lo que se refiere a la aplicación incorrecta de la doctrina fijada por la sentencia, defendíamos que se producía porque el proyecto excluye las actuaciones ejecutivas previstas en los capítulos II y III de la Ley de Defensa de la Competencia relativas respectivamente a las concentraciones económicas y a las ayudas públicas. Por lo que se refiere a la segunda de las razones, a la que justificaba nuestra oposición al proyecto en base al incumplimiento del mandato de la citada sentencia, señalaba que el proyecto de ley no fijaba propiamente los criterios de conexión que le emplaza a fijar el Tribunal Constitucional. La mayoría de las enmiendas encajan en una de estas dos razones: obedecen a la primera de ellas u obedecen a la segunda, y no voy a entrar en su análisis pormenorizado porque yo creo que el encaje es suficientemente claro en casi todos los casos. Añadíamos que había una razón complementaria de carácter técnico que justificaba también la enmienda a la totalidad, y es que el proyecto adolece de algunas deficiencias que o son incorrecciones de carácter técnico o son intentos de subvertir el sentido de la sentencia cuya aplicación tiene por objeto la ley. Voy a citar un par de ellas a título de ejemplo.
En nuestra enmienda número 44 al artículo 1 del proyecto de ley señalábamos, entre otras muchas cosas, que el artículo 1 reproduce aparentemente de forma literal un pasaje de la sentencia 208/1999, pero lo hace sólo de forma aparente porque introduce una serie de cambios que en el fondo vienen a subvertir, a alterar radicalmente el sentido de la propia sentencia. Es decir, donde el Tribunal Constitucional habla de actuaciones, el proyecto de ley habla del ejercicio de tales competencias, subvirtiendo con ello el sentido que a nuestro juicio imprime a su pasaje el Tribunal Constitucional. Hay otras enmiendas, como por ejemplo las 52 y 53, que proponían suprimir la referencia que se hace a la LOFAGE en el artículo 3.3 del proyecto de ley, que a nuestro juicio es una referencia técnicamente incorrecta. Hay otra enmienda, la número 60, a la disposición transitoria, que propone suprimir la referencia que hace a la ejecución transitoria por parte del Estado de las competencias que le correspondan, cuando evidentemente el Estado no puede seguir ejerciendo durante este período transitorio las competencias que le correspondan sino, en todo caso, las que viene ejerciendo hasta ahora, que son competencias algunas de ellas que ejercita ilegítimamente desde el punto de vista constitucional, como pone de manifiesto la sentencia. Ese es precisamente el sentido de la disposición transitoria. En resumidas cuentas, hay también una serie de deficiencias técnicas que pretendíamos corregir con nuestras enmiendas. Por tanto, las dos razones fundamentales y la complementaria están claramente reflejadas en las enmiendas cuyas motivaciones se adscriben claramente a las dos primeras o a la tercera.
En resumen, el proyecto de ley, tal y como se ha presentado por el Gobierno, constituye una mala adaptación del modelo alemán de distribución de competencias en materia de defensa de la competencia entre el Bund y los Länder, porque la opción por el modelo alemán la hizo el Tribunal Constitucional en la sentencia 208/1999. El modelo por el que opta el Tribunal Constitucional no es el único posible en el marco del bloque de la constitucionalidad. Con la Constitución y los estatutos en la mano cabía optar claramente por otros modelos, y de hecho los votos particulares de la sentencia reflejan opciones de otros tantos magistrados por otros modelos que también cabían con la Constitución y con los estatutos en la mano. Sin embargo, el Tribunal Constitucional sin dudaconoce la legislación alemana en esta materia y opta por
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el modelo constitucional. Entiende que el modelo constitucional es razonable, aceptable, admisible y positivo e intenta introducirlo haciendo un encaje de los preceptos constitucionales estatutarios lo suficientemente adaptador y acogedor de este modelo. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional además de optar por el modelo alemán, del que reproduce pasajes prácticamente literales (de hecho, si cogemos los artículos 48 y 49 de la Ley de restricción de la competencia alemana del año 1958 vemos que hay reproducciones prácticamente literales de pasajes enteros de esta sentencia), no se limita a reproducir estos pasajes sino dice que el legislador estatal tiene que fijar unos puntos de conexión que este proyecto no fija, no cumple por tanto con el mandato del alto tribunal, y puesto que no fija criterios de conexión se encuentra en la necesidad ineludible de fijar unos procedimientos de resolución de conflictos que son enormemente complejos, que están plagados de deficiencias técnicas y que al final nos remiten de nuevo al Tribunal Constitucional, que es lo que se trataba de evitar. Es decir, que los conflictos entre las comunidades autónomas y el Estado en esta materia tuvieran necesariamente que residenciarse en el Tribunal Constitucional.
Todas estas razones nos han conducido a presentar esta batería de enmiendas que doy por defendidas en los términos que acabo de hacer.
El señor VICEPRESIDENTE (Eguiagaray Ucelay): A continuación tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señora Julios.
La señora JULIOS REYES: En primer lugar, quiero dar por defendidas las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida y de los componentes del Grupo Mixto. Paso a continuación a defender las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Eguiagaray Ucelay): Perdóneme la interrupción. Dice mucho en su honor que dé por defendidas las enmiendas del Grupo Mixto y las de Izquierda Unida, pero la presidencia tenía la intención de someter a la consideración de todos los grupos que, salvo que alguien se empeñara en darlas por decaídas, cosa que dice el Reglamento, en el caso de que ningún grupo se haga cargo de ellas, suele ser una norma de deferencia bastante general el que, en el caso de que un representante de un grupo no pueda asistir a la Comisión, los demás grupos convengan en aceptar las enmiendas para su debate en el Pleno. Gracias de todas formas porque en este caso ni siquiera se plantea la cuestión reglamentaria.
La señora JULIOS REYES: Con respecto a las enmiendas que plantea mi grupo, las números 16 y 17 están muy relacionadas entre sí, por lo que paso a explicar primero la enmienda número 17, en la que se plantea suprimir la letra a) del apartado 5 del artículo 1. En concreto, se trata de suprimir el párrafo que se refiere a lo que corresponde al ámbito del Estado, que es la aplicación de las normas contenidas en los capítulos II y III de la Ley 16/1989, normas que hacen referencia a las concentraciones económicas y a las ayudas del Estado. Coincidiendo con el comentario hecho por el portavoz del Grupo Catalán, con independencia de que estamos de acuerdo con la mayor parte de lo que figura en esta ley, entendíamos que en estos momentos teníamos la oportunidad de profundizar en el sentido de que hay ciertos aspectos de las concentraciones económicas y las ayudas del Estado que afectan exclusivamente a algún territorio autonómico, por lo que deben ser también competentes en materia de disciplina para regular ese mercado las propias comunidades autónomas y, por tanto, deben ser corresponsables con el Estado de dichas competencias.
En consonancia con la enmienda que acabo de defender está la número 16 al artículo 1.4, y en ella planteamos que en el ámbito de competencias del Estado y de las comunidades autónomas, al que se refiere este artículo, se añadan, además de lo referido al artículo 4 de la Ley 16 de 1989, las normas contenidas en los capítulos II y III, cuya explicación acabo de dar en la enmienda anterior.
Las dos enmiendas siguientes, números 18 y 19, las explico también conjuntamente. La número 19 hace referencia al apartado dos del artículo 5 y en ella planteamos que tanto en los textos de la letra a) como de la letra b), en vez de «una copia» se diga «una nota sucinta» de las denuncias y solicitudes de autorización singular, así como de los proyectos de concentraciones económicas y de ayudas públicas.» En lo que se refiere a los proyectos de concentración económica y las ayudas públicas, la explicación está dada en las enmiendas anteriores en la medida en que nosotros proponemos que no sean competencia exclusiva del Estado sino entre éste y las comunidades autónomas, pues es lógico que en lo que se refiere al artículo sobre mecanismos de coordinación. Por otro lado, cambiar «copia» por «nota sucinta» de las denuncias y solicitudes obedece a que si estamos hablando de mecanismos de información recíproca, no debería distinguirse la calidad y la cantidad de información que deben suministrarse entre sí las comunidades autónomas y el Servicio de Defensa de la Competencia.
En la medida en que en uno de los casos está recogido que la información que nos dan a las comunidades autónomas es nota sucinta y no copia, sería un trato desigual que no se contemplara en esos mismos términos de forma recíproca respecto a las comunidades autónomas. La enmienda número 18, que hace referencia al artículo 2, plantea los mismos conceptos que he comentado, que las comunidades autónomas notificarán al Servicio de Defensa de la Competencia mediante nota sucinta todas las denuncias, incluyendo los proyectos de concentraciones económicas y de ayudas públicas.
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La enmienda número 20 hace referencia al artículo 5.3, modificando los párrafos primero y segundo. Cuando habla de que se procure la aplicación uniforme de la Ley de Defensa de la Competencia, proponemos que se añada al primer párrafo actual lo siguiente: «Igual facultad se atribuye a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas en la medida en que afecten a su ámbito territorial los procedimientos tramitados por el Servicio de Defensa de la Competencia» Es decir, respetando la posición recíproca y simétrica de las comunidades autónomas y de los órganos estatales, como creo que es el espíritu de la ley, y por asegurar la aplicación uniforme de esta ley, planteamos si el servicio de la competencia puede comparecer en los órganos de defensa de las comunidades autónomas cuando se produzca alguna situación específica de alguna comunidad autónoma, estos también puedan tener presencia en el sentido recíproco. Por eso pretendemos la modificación del segundo párrafo en el que planteamos que los órganos autonómicos y los estatales en materia de defensa de la competencia deberían comunicarse entre sí los acuerdos y resoluciones. Y continuaría con el mismo texto que recoge el proyecto de ley.
Por último, la enmienda 21 plantea una disposición adicional nueva en el sentido de que, teniendo en cuenta el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias y el 299.2 del Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas, en los que se recogen regímenes especiales de ayudas públicas y de concentraciones en lo que hace referencia a las regiones y territorios ultraperiféricos, que se tengan en cuenta las características estructurales y permanentes del Archipiélago canario y sus exigencias especiales, derivadas de su situación ultraperiférica, a fin de que las condiciones de competencia no supongan un obstáculo para su desarrollo. Es importante para nuestro grupo y para la Comunidad Autónoma de Canarias que sea valorada esta enmienda porque intenta evitar una aplicación rígida de las políticas de defensa de la competencia, de forma que éstas no impongan condiciones más gravosas para el Archipiélago sin tener en cuenta situaciones estructurales que son desfavorables. Lo que planteamos es que debe de haber un equilibrio entre las políticas de defensa de la competencia y la garantía de determinados aspectos que hay que tener en cuenta en relación con la dificultad y a veces la falta o ausencia de concurrencia para llevar a cabo por determinadas empresas las ayudas públicas del Estado o del gobierno autónomo, o a través de subvenciones europeas, las prestaciones de ciertos servicios que son básicos para nuestro territorio. Tenemos antecedentes de conflictos en materia de servicios básicos como el transporte y la Unión Europea ha tenido que profundizar en estos aspectos a fin de adaptar las políticas de defensa de la competencia a territorios ultraperiféricos. Si así ocurre en la normativa europea también debería reflejarse en la normativa del Estado español y, concretamente, en la que estamos discutiendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Eguiagaray Ucelay): Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
El señor BURGOS GALLEGO: El Grupo Parlamentario Popular se muestra satisfecho del nivel de consenso previo, puesto de manifiesto por algún grupo parlamentario, con el que este proyecto de ley llega a esta Cámara. Llega a esta Comisión, con competencia legislativa plena, un proyecto de ley que trae causa de una sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de noviembre de 1999. Como criterio principal me gustaría dejar sentado desde el principio que el Grupo Popular es partidario de que el debate se circunscriba precisamente a la adaptación del ordenamiento en materia de defensa de la competencia a esta sentencia del Tribunal Constitucional porque ese es el objetivo de este proyecto de ley, es su finalidad y también su límite. Otros grupos, por supuesto, están en el derecho de intentar replantear, al albur de este texto, el debate sobre la totalidad de la política de defensa de la competencia, sobre su entramado institucional o incluso sobre el propio modelo existente en nuestro país, aunque el Grupo Popular entiende que esto ya se ha realizado en momentos anteriores, por cierto bien cercanos. Se debatieron aquí, con motivo de la Ley 52/1999 o del Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia, importantes modificaciones de la Ley 16/1989, de defensa de la competencia, de las que estamos razonablemente satisfechos y que incorporaban muchas y variadas novedades. Creemos que no está justificado un debate que contemple modificaciones extensivas de esta ley cuando ni siquiera ha dado tiempo material para su pleno desarrollo y evaluación. Como digo, está justificado que otros grupos adopten esta actitud, pero del mismo modo entenderán que el Grupo Parlamentario Popular no acepte ese criterio de que, aprovechando que pasa por aquí una sentencia del Tribunal Constitucional, vayamos a poner una vez más sobre el tapete todo nuestro sistema de defensa de la competencia. Lo digo para sentar desde el principio algunas de nuestras posiciones en relación con enmiendas que han presentado algunos grupos parlamentarios. A nuestro juicio, el proyecto de ley se atiene y ha de atenerse escrupulosamente a lo contenido en el fallo del Tribunal Constitucional y a la pretensión del legislador de la Ley 52/19999. No queremos ni deseamos entrar en otras consideraciones y son conocidos de sobra los argumentos esgrimidos en contra de este tipo de sentencias apelativas, donde si además de la apelación al legislador que contiene el fallo convertimos el debate sobre este proyecto de ley en nuevos elementos de interpretación y en
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esquemas de aplicación extensiva de la misma, no sabemos muy bien dónde podemos llegar.
En relación con el primer bloque de enmiendas, las de Eusko Alkartasuna, dadas por defendidas y dado que ésta es una Comisión con competencia legislativa plena, me gustaría fijar nuestra posición.
Vamos a rechazarlas en su totalidad porque pretenden desnaturalizar todo el procedimiento de relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas previsto en el proyecto, incumpliendo por ello lo que establece el Tribunal Constitucional. Y lo hacen además pretendiendo eliminar las competencias ejecutivas que el Estado ve reconocidas precisamente por el Tribunal Constitucional, eludiendo cualquier mecanismo de colaboración que implique alguna responsabilidad de las comunidades autónomas en la defensa de una competencia de carácter supracomunitario. Lo hacen rechazando no solamente el hecho de que el reconocimiento de la ejecución de la legislación a las comunidades autónomas no significa en absoluto que el Estado pueda desentenderse del resultado que esta legislación pueda producir, que el Estado se ve impelido por sus propias competencias a ejercer una función normativa general, a desarrollar todas las actividades ejecutivas que determinan la configuración real de un mercado único de ámbito nacional -y esto afectaría en esta cuestión a las concentraciones económicas o a las ayudas públicas-, que el mismo Estado tiene el deber de articular los mecanismos de coordinación que garanticen la uniformidad de la disciplina del mercado nacional, así como los de colaboración e información recíproca y que, por supuesto, el Estado tiene también la obligación de establecer los mecanismos de conexión pertinentes. En las enmiendas de Eusko Alkartasuna no se ofrece mecanismos alternativos ni otras técnicas que, articuladas, permitan una colaboración estrecha entre administraciones públicas territoriales. Por tanto, no se busca una ejecución eficaz y coherente; sólo preocupa una parte del mecanismo y como a nosotros nos preocupa todo él en su conjunto, vamos a rechazarlas.
En relación con las enmiendas de Coalición Canaria, a nuestro juicio, y compartiendo gran parte de los argumentos de la portavoz del Grupo de Coalición Canaria, tenemos que decir que no es cierto que las regiones ultraperiféricas gocen en el ordenamiento comunitario, - como así parecen afirmarlo sus enmiendas- de una aplicación más laxa de las normas de competencia en lo que a conductas prohibidas o a control de las concentraciones económicas se refiere. Tanto en el ordenamiento nacional como en el ordenamiento comunitario -y así se vio en el debate de la ley de reforma de la Ley de Defensa de la Competencia-, la prohibición de un determinado tipo de conducta se establece con criterios objetivos, con independencia del lugar donde se produzca o por quién y de la misma manera existen unos umbrales que determinan qué concentraciones deben analizarse sin proceder a valorar la procedencia o la ubicación de las empresas. No debemos olvidar que el objeto de la normativa de defensa de la competencia es asegurar el funcionamiento de la competencia en los mercados, sin que tenga mucho sentido argumentar que por el hecho de que unos territorios se encuentren más lejos, el grado de competencia en ellos deba ser menor. No creemos que puedan derivarse de las peculiaridades geográficas circunstancias atenuantes o eximentes de una aplicación homogénea de la misma, que ha de aplicarse con independencia del uso que de sus múltiples atribuciones en materia económica resulta de la distribución competencial en nuestro Estado.
Las previsiones del proyecto de ley en modo alguno lesionan los intereses canarios. Por el contrario, a mayores niveles de control y de exigencia en esta materia, a más transparencia y a más apertura de los mercados menos riesgos de que determinadas situaciones, como puede ser la de la insularidad o la de la lejanía, puedan implicar una posición más deficiente de los consumidores y los usuarios. Los problemas, a juicio del Grupo Popular, se plantearían más en el ámbito de la ausencia de competencia por factores geográficos y no, como argumenta su enmienda, en relación con que las condiciones de competencia supongan un perjuicio para su desarrollo.
Por otro lado, la actual ley contempla en su artículo 3, apartado 2, letra b), supuestos de autorización de acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas o categorías de los mismos cuando produzcan -y literalmente leo el texto de la ley- una elevación suficientemente importante del nivel social y económico de zonas o sectores deprimidos. No creo que pueda hablarse de sectores o zonas deprimidas en el caso genérico de Canarias, pero bien podrían acogerse a este punto para imponer determinados criterios restrictivos de la competencia, aunque, insisto, el problema es exactamente el contrario. La creación de órganos de defensa de la competencia autonómica que conozcan de las especificidades que pueden darse en el caso de esta comunidad autónoma es un argumento más para avalar el contenido del proyecto de ley. Para eso se crean los órganos autonómicos de competencia: para atender, para vigilar, para estar mucho más cercanos a las especificidades geográficas.
En lo referente a las ayudas públicas, es cierto que por razón de su situación, en el caso canario, pueden recibir en determinados supuestos un tratamiento más favorable de la Comisión Europea, pero en atención a que precisamente es ese órgano el único competente para prohibir o modificar ayudas públicas por razones de competencia y dado que en el ordenamiento español el control consiste en un dictamen no vinculante emitido por el Tribunal de Defensa de la Competencia, no encontramos justificado establecer en la normativa española un tratamiento específicamente diferenciadopara el caso de Canarias.
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En cuanto a las enmiendas números 16, 17, 18 y 19, ya hemos argumentado que la sentencia no versa sobre esos artículos de la ley por lo que, en aras de la seguridad jurídica, no consideramos oportuna su incorporación. En el caso de la enmienda número 20, la personación del Servicio de Defensa de la Competencia en los procedimientos tramitados ante los organismos de las comunidades autónomas responde, a nuestro juicio, a motivos de aplicación uniforme de la normativa y mantenimiento de la unidad de mercado nacional y así debe seguir apareciendo en el proyecto de ley.
En relación con las enmiendas de Izquierda Unida, nos parece en principio positivo que lo reflejado en su contenido sea el único tema que le merece consideración, al punto de haber presentado únicamente estas enmiendas. La junta consultiva en absoluto se constituye en foro de ratificación de las decisiones tomadas por la Administración general del Estado, como pretende la justificación de su enmienda, por varias razones. En primer lugar, porque no hay ninguna decisión tomada que ratificar. La junta consultiva es un órgano para dirimir, mediante un mecanismo dinámico y equilibrado, diferencias sobre quién debe instruir y resolver un determinado procedimiento y no sólo entre la Administración general del Estado y las comunidades autónomas, sino también entre las propias comunidades autónomas. En segundo lugar, porque la junta emite un dictamen no vinculante, no impone nada y por ello no tiene mucho sentido negarle a este órgano un funcionamiento que, por otro lado, está absolutamente generalizado en nuestra Administración pública. Su condición paritaria no se menoscaba por el voto dirimente del presidente, que será como reconoce el proyecto de ley, una persona de reconocido prestigio y de amplia experiencia en la defensa de la competencia. La emisión del dictamen por consenso podría bien ser un deseo, pero poco tiene que ver con la realidad. La ley ha de contener supuestos de resolución de conflictos y no decretar que estos conflictos no se produzcan, siendo en el caso del conflicto cuando se hace necesario un instrumento como éste. El deseo de consenso es compartido por nuestro grupo, pero no puede trasladarse a un precepto legal. El dictamen que contenga puntos de vista diferentes carece, a nuestro juicio, de interés. Un dictamen es un dictamen y alguna fórmula habrá que utilizar para su aprobación. Por otro lado, nada impide que se incorporen al mismo votos particulares si así se solicita. El contenido de sus enmiendas es más propio de un acta, tal y como recoge por otro lado la Ley 30/ 1992, de Procedimiento Administrativo Común, y en ningún caso la eliminación del voto de calidad puede llevar en la práctica a otra cosa que a la realización sistemática de tantos dictámenes como miembros configuren la propia junta.
En relación con las enmiendas números 24, 25, 26 y 27, del Grupo Mixto, destinadas a eliminar las referencias a las obvias conexiones que existen entre la libre competencia, la unidad del mercado y las propias obligaciones del Estado en virtud de diferentes preceptos constitucionales para salvaguardar esta defensa de la competencia, es, a nuestro juicio, una interpretación contraria a la sentencia del Tribunal Constitucional y busca negarle al Estado sus competencias ejecutivas en la materia, también puestas en evidencia por el Tribunal.
Respecto a las enmiendas 28 y 29, tratan de reducir el tiempo de remisión de actuaciones o de comunicación del mantenimiento de competencias, incluso la emisión del informe por la junta consultiva.
Entendemos que, dada la complejidad de los temas a tratar, en muchos casos en sus propias vertientes diversas, no parece adecuado recortar los ya de por sí reducidos plazos que contiene el proyecto de ley.
Tampoco estamos de acuerdo, por cuestiones de procedimiento, con las enmiendas números 30, 31 y 32. No nos parece adecuado reducir la presencia de los representantes de la Administración general del Estado a un solo representante en este órgano. No hay precedentes en otros órganos de coordinación o de información recíproca, como pueden ser las conferencias sectoriales, o ser el Consejo interterritorial del sistema sanitario, que en este caso ni siquiera se trataría de un órgano paritario, puesto que la presencia de tres vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia deshace cualquier interpretación de preeminencia de la Administración general del Estado. Tampoco vamos a aceptar las enmiendas números 34 y 35. En relación con las enmiendas del Partido Andalucista, vamos a desestimarlas, porque contemplan aspectos de menor entidad, incluso cuestiones de estilo que no son compartidas por mi grupo porque o reproducen cuestiones que ya han sido objeto de debate en las enmiendas de otros grupos parlamentarios.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tengo que manifestar que la enmienda número 44, al artículo 1, cuyo contenido es nuclear en la iniciativa legislativa, plantea cuestiones del todo inaceptables. Expresiones como: «encaje tramposo», «manipulaciones», «alteraciones de la literalidad del fallo», «absoluta falta de seguridad jurídica y objetividad» serían suficientes argumentos, sólo derivándolos de la lectura de su exposición de motivos, para oponernos. Considero que la crítica política tiene sus límites, que el proyecto de ley opta por una fórmula que tiene perfecto acomodo y apoyatura en la sentencia del Tribunal Constitucional -así lo comparten otros grupos de esta Cámara- y, evidentemente, implica una concepción política del modelo de defensa de la competencia.
Respecto a incluir procedimientos en relación con las concentraciones económicas o con las ayudas públicas, es evidente que no es el objeto del fallo del tribunal. El proyecto de ley busca y consigue una solución equilibrada con la apoyatura en la existencia de títulos competenciales estatales, aplicables ya sean de carácter general, como el artículo 149.1.13 de la Constitución, o no tan generales, como el artículo 38, que se refiere a lalibertad de empresa. La enmienda número 45 es coherente
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con la anterior y por la misma razón vamos a rechazarla. Las enmiendas números 46, 47 y 48 buscan reducir las competencias del Estado a las especificadas en el apartado 5 b) del proyecto de ley, trasladando competencias contenidas en los artículos 14 y 19, despojando al Estado incluso de la representación ante otras autoridades nacionales o foros internacionales, por lo que esta mera exposición sirve para apoyar nuestro rechazo.
La enmienda número 49 propone una solución que no arregla nada. ¿Qué pasaría si el dictamen emitido con voto unánime o el acuerdo alcanzado en la junta consultiva establece que el órgano competente es otro distinto del que dispone del expediente? El texto de la enmienda da por sentado que el acuerdo o el voto unánime siempre favorecerá al órgano en cuyo poder esté el expediente, lo que es mucho dar por sentado en una ley.
Respecto al resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que hacen referencia a la tan traída y llevada cuestión de las notas sucintas o de las copias a remitir por unas administraciones a otras, tengo que aclarar que no se trata de desdeñar a las comunidades autónomas ni de establecer un sistema desequilibrado, porque el volumen de documentación a que daría lugar la notificación de toda esta materia por el Servicio de Defensa de la Competencia a las 17 comunidades autónomas sería ingente. La nota sucinta es un instrumento perfectamente válido en la Administración general del Estado por economía administrativa, un factor de racionalidad que no debemos desconocer. El servicio remitirá a las comunidades autónomas toda la información que se le solicite y con carácter inmediato, como establece el artículo 2.2, segundo párrafo, del proyecto de ley, en el momento mismo en que se establezca la competencia del órgano autonómico para que éste inicie el procedimiento. También tengo que manifestar que no compartimos la supresión a la referencia a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, ni mucho aceptamos la enmienda número 60 que hace referencia a la disposición transitoria. Nos parece más adecuada la contenida en el proyecto de ley, sobre todo porque el texto no habla de competencias que corresponden al Estado, como atribuye literalmente la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, sino aquellas que les correspondan a las comunidades autónomas, en tanto en cuanto las comunidades autónomas declaradas competentes en la materia podrían incluso declinar constituir sus propios órganos de defensa de la competencia.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una única enmienda que hace referencia a la incorporación de un nuevo texto al artículo 1.5.
d) que aclara que la aplicación en España de la normativa comunitaria es una competencia estatal. Nos parece del todo punto acertada la incorporación al proyecto de una referencia explícita a los artículos del tratado de la Unión Europea y a su derecho derivado, que serán de aplicación en todo caso a través de competencias de los propios órganos estatales.
Respecto a la enmienda número 62 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), he de decir que es más preciso, más concreto, incluso más exhaustivo que el Partido Nacionalista Vasco, lo cual no induce a manifestar la inconveniencia de estas opciones demasiado centradas en la cuantificación económica y menos en un comprobable efecto sobre la competencia, que es lo que guía los elementos de conexión que se contienen en el proyecto de ley. En razón de los argumentos ya esgrimidos, aparte de que la sentencia de tribunal no se refiere a materias como ayudas públicas y concentraciones, se considera por parte de mi grupo que la determinación de los puntos de conexión en función exclusivamente de criterios basados en el volumen de ventas u otros, que plantea la enmienda de Convergència i Unió, no abarcan suficientemente los posibles supuestos de afectación del mercado nacional o supraautonómico, cuya resolución se atribuye expresamente al Estado en la sentencia que tratamos de trasponer en este proyecto de ley.
En relación con la enmienda número 63, he de decir que el contenido del proyecto de ley constituye una de las medidas más relevantes que son exigibles a la Administración general del Estado para cumplir con su deber de arbitrar medidas que garanticen la uniformidad de la disciplina de competencia en todo el mercado nacional. Así lo planteaba el fundamento jurídico número 6 de la sentencia, así ha sido indicado por los informes preceptivos elaborados por diversos organismos antes de la presentación de este proyecto de ley. Suprimir la posibilidad de que el Servicio de Defensa de la Competencia pueda comparecer en calidad de interesado en los procedimientos administrativos tramitados por órganos autonómicos o incluso negarle su capacidad de recurso ante dichos acuerdos, supone impedir de facto la utilización de un instrumento de cierre del sistema que puede evitar diferencias en la doctrina que se siga a la hora de aplicar el ordenamiento de defensa de la competencia.
En relación con la enmienda número 64, hemos presentado un texto transaccional que recoge las preocupaciones fundamentales de la enmienda, algunas extensivas a otras, como la número 57 del Grupo Parlamentario Vasco, y que ya obra en poder de la Mesa de la Comisión que, si lo considera oportuno, puedo pasar a leer. Esta enmienda al artículo 5.4 debería decir lo siguiente: El Servicio de Defensa de la Competencia o el Tribunal de Defensa de la Competencia, en el ejercicio de las funciones que le son propias, recabarán de los órganos autonómicos competentes informe preceptivo no vinculante a emitir en el plazo de diez días hábiles en relación con aquellas conductas que, afectando a un ámbito supraautonómico o al conjunto del mercado nacional, incidan de forma significativa en el territorio de la respectiva comunidad autónoma. Esto da entrada de forma importante a la participación de las comunidades autónomas en cuestiones que sean especialmente relevantes en su territorio.
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Es una solución similar a la que ya había sido puesta de manifiesto con ocasión de los debates de reforma de la Ley de Defensa de la Competencia.
No vamos a admitir la enmienda número 65, porque incorpora las ayudas públicas y las concentraciones económicas. En relación con la enmienda número 66, no sabemos a qué se refieren los privilegios y las prerrogativas que aparecen en el texto de la enmienda, ya que no aparecen como tales en ningún lugar del ordenamiento de defensa de la competencia. Sin embargo, esta enmienda suprime una referencia explícita a las obligaciones de actuar de los órganos competentes de las comunidades autónomas conforme a criterios a nuestro juicio fundamentales, como son los de independencia, cualificación profesional y sometimiento al ordenamiento jurídico, por otra parte idénticos a los que la ley establece para los órganos estatales. No entendemos que sea positivo que se reduzca el nivel de exigencia para estos órganos autonómicos. Por otro lado, la creación de nuevos registros de ámbito autonómico no nos parece una necesidad demostrada y no tiene por qué añadir en principio garantías adicionales. El sistema que consagra este proyecto ya es suficientemente prolijo y complejo como para añadir nuevas circunstancias.
En relación con las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista -y voy finalizando, señor presidente-, mi grupo va a aceptar las números 68 y 69, que también da entrada a la participación de los órganos autonómicos correspondientes a la hora de ser escuchados o de enviar informe a la junta consultiva que, como tal órgano consultivo y que va a dirimir conflictos, puede necesitar -y así lo incorporará el proyecto de ley- recabar informes de los órganos autonómicos. Nos parece ajustada a las nuevas competencias que tienen estos órganos autonómicos.
En relación con las enmiendas 70 y 71, que van unidas de alguna manera, el Grupo Parlamentario Socialista nos presenta unas enmiendas que no están suficientemente justificadas, sobre todo si atendemos al marco de las relaciones del Estado con las comunidades autónomas, y no se ajustan al esquema institucional de aplicación de la normativa sobre competencia que diseña la Ley 16/1989. Siendo un órgano consultivo, no compartimos que exista ningún problema en que sea el ministro quien nombre a su presidente, sobre todo si se establece que ha de ser oído previamente el Consejo de Defensa de la Competencia, lo mismo que para la designación del secretario. El presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia no tiene competencia para nombrar vocales en representación de la Administración general del Estado en un órgano como éste. Querríamos hacer notar que en el caso de existir más de una comunidad autónoma afectada, en coherencia con la enmienda, los vocales que representasen a la Administración también tendrían que ser nombrados por el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. Lo que diseña la enmienda socialista es un órgano paritario entre comunidades autónomas, sin que se establezca de qué modo se designan los representantes de éstas, personas nombradas por el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, que en este caso se atribuiría competencias de difícil -por no decir imposible- encaje en el ordenamiento vigente.
Las enmiendas 72, 73 y 74, son iniciativas que persiguen desdibujar o anular el papel de los órganos de defensa de la competencia del Ministerio de Economía. El Consejo de Defensa de la Competencia es un órgano de colaboración, de coordinación y de información recíproca, del que el Grupo Parlamentario Socialista pretende excluir a los representantes de la Administración general del Estado designados por el Ministerio de Economía, cuyo servicio de defensa de la competencia, como todo el mundo sabe, tiene encomendadas funciones de gran relevancia por la propia Ley 52/1999, en el sistema actual. Esto responde a que el Grupo Parlamentario Socialista, como nos ha anunciado en reiteradas ocasiones, tiene un modelo distinto. Mi grupo les anima a que empiecen a aplicarlo en los órganos autonómicos, allá donde gobiernen. Será muy interesante saber qué opinan los señores Chaves o Rodríguez Ibarra de los órganos independientes de defensa de la competencia, al margen de la estructura de la Administración, pero mientras eso no se produce, mientras no se entrenen ustedes con la realidad competencial y en España tengamos el modelo de defensa de la competencia que tenemos, que es perfectible, como todo entorno dinámico, quien tiene atribuidas tan altas funciones, como reconoce la propia ley, no puede estar al margen de un órgano de estas características. Creo que no podemos modificar el entramado o la arquitectura institucional de la defensa de la competencia a golpe de enmiendas parciales si no nos planteamos -y mi grupo no se opone sino todo lo contrario- un debate y un consenso sobre el modelo de futuro que los órganos de defensa de la competencia deben tener en nuestro país, pero es un diseño el que tenemos, recordémoslo, que esta Cámara se dio hace escasamente dos años -ni siquiera los ha cumplido-, que además mejoraba y reforzaba nuestros órganos de defensa de la competencia respecto a las situaciones anteriores.
Podemos estudiar mecanismos de mejora, como el que contiene la propia Ley de acompañamiento de los presupuestos para el año 2002, que incorpora medidas que abundan en la autonomía y en las mayores competencias del propio tribunal, pero, repito, en tanto en cuanto mantengamos esta arquitectura institucional a mi grupo no le parece prudente eliminar los órganos de competencia del Ministerio de Economía, que ostentan funciones, insisto, muy relevantes en esta materia, de los órganos que deben precisamente dirigir o, de alguna manera, ejercer como dice su mismo nombre, la propia defensa de la competencia.
En relación con la disposición adicional nueva quecrea su enmienda número 75, entendemos que esta ya
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fue una propuesta avanzada en el debate de totalidad, que según el portavoz del Grupo Socialista responde a ese modelo alemán que le resulta tan querido, pero no vamos a aceptarla por coherencia con nuestra posición en este debate, que ha sido excluir la materia de las concentraciones del ámbito de esta norma. La sentencia, lo digo una vez más, no versa sobre estas cuestiones y por un motivo de seguridad jurídica nos ha parecido mejor limitarnos a cumplir el mandato del alto tribunal, del propio Parlamento y dejar para mejor ocasión debates de mayor calado que afecten a cuestiones, no digo que no, esenciales para el funcionamiento de los órganos de defensa de la competencia.
En definitiva, dado el nivel de consenso con el que este texto ha llegado a esta Comisión, mi grupo entiende que las enmiendas transaccionales y aquellas que mi grupo acepta mejoran sustancialmente el texto. Esperemos que en materia de defensa de la competencia sigamos avanzando en esta línea de consenso y sólo me queda hacer alguna pequeña reflexión de carácter lingüístico sobre algún precepto del proyecto de ley que me parece que esta Comisión, en aras del buen uso del castellano, debería también plantearse. Hay algún artículo, como el artículo 5, uno, 3, segundo guión que habla de uniformizar los criterios de defensa de la competencia. Creo que aunque no haya una enmienda planteada para sustituir exactamente esa definición o ese verbo tan mal traído a este proyecto de ley, sí tendríamos que buscar alguna referencia que fuera más ajustada al uso correcto del castellano. Me atrevería a proponer que dijera exactamente: Promover el intercambio de información y la realización y publicación de estudios en los que se pongan de manifiesto los criterios seguidos por las distintas administraciones en la aplicación de la normativa de defensa de la competencia y, en su caso, la necesidad de hacer que estos sean uniformes.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a pasar a las votaciones correspondientes al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, LOFCA.
Vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, las números 27 y 28, del señor Saura Laporta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 23; abstenciones, una.
Pasamos a votar las enmiendas números 29 y 30, del señor Saura Laporta.
Dentro de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, vamos a votar las enmiendas números 31 y 33, del señor Puigcercós.
Votamos las enmiendas números 32 y 35, del señor Puigcercós.
Votamos las enmiendas números 34 y 36, del señor Puigcercós.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 36; abstenciones, una.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en primer lugar, la enmienda número 23.
Votamos la enmienda del mismo grupo número 24.
Por último, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, votemos las enmiendas 25 y 26.
Pasamos a votar las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en primer lugar, la enmienda número 5.
Pasamos a votar la enmienda número 6.
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Pasamos a votar la enmienda número 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 23; abstenciones, 13.
Pasamos a votar en bloque las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Pasamos a votar las correspondientes al Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, votamos la enmienda número 11.
Pasamos a votar el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Votamos el texto según el informe de la ponencia.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe.
Pasamos a las votaciones del proyecto de ley por el que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía.
Votamos las enmiendas del señor Saura, del Grupo Mixto, de la 19 a la 30, en primer lugar, la número 20.
A continuación, votamos el resto de las enmiendas del señor Saura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 36.
Pasamos a votar las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Coalición Canaria. Votamos en bloque las enmiendas 14 a 18.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Primero votamos las enmiendas 12, 13, 89 y 90.
Votamos, en segundo lugar, las enmiendas 5, 8, 9, 10, 91 y 92.
Votamos ahora las enmiendas 6, 7 y 11, del Grupo de Izquierda Unida.
Pasamos a votar las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en primer lugar, la 31, 32, 34 a 40 y 44 a 59.
En segundo lugar y del mismo grupo votamos las enmiendas números 33 y 43.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 15.
Pasamos a votar las enmiendas 41 y 42.
Votamos las enmiendas correspondientes al Grupo Socialista, en primer lugar, las enmiendas 78 y 85.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22; abstenciones, una.
En segundo lugar, votamos la enmienda 61 en los términos de la transaccional del Grupo Parlamentario Popular.
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Votamos los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 según el informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, uno.
Pasamos a votar los artículos 8 al 15, del 18 al 37, del 39 al 43, del 45 al 55, del 57 al 59, 65 y 66; disposición adicional segunda, disposición transitoria primera, disposición derogatoria y disposiciones finales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, uno; abstenciones, 13.
Pasamos a votar los artículos, 1, 7, 16, 17, 38, 44, 56, 60 a 64, disposición adicional primera y disposición transitoria segunda.
Pasamos a votar de la exposición de motivos los apartados 4 y 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor. 23 ; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto de la exposición de motivos.
Queda aprobado el informe de la ponencia para elevarlo al Pleno.
Pasamos en tercer lugar a las votaciones correspondientes al proyecto de ley de coordinación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por la señora Lasagabaster. En primer lugar votamos las número 8 y 14.
Votamos de la misma señora diputada las enmiendas 7, 9 a 13 y 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos, en contra, 34; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas Dentro del Grupo Parlamentario Mixto votamos las correspondientes al señor Puigcercós, en primer lugar, las enmiendas 28 y 29.
Votamos del mismo diputado las enmiendas 24 a 27 y 30 a 35.
Pasamos a votar en bloque, y dentro de las de mismo grupo parlamentario, las enmiendas presentadas por el señor Núñez.
El señor BEL I QUERALT: Si todavía es subsanable querría pedir votación separada de algunas enmiendas del señor Núñez, por una parte, la 41 y 43; por otra, la 40 y luego el resto.
El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas 41 y 43 del señor Núñez.
Votamos en bloque las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
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Pasamos a las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Vasco. En primer lugar votamos las números 50, 54 y 57.
Votamos, en segundo lugar, y del mismo grupo, las enmiendas 49, 51, 52, 53 y 59.
Votamos ahora las enmiendas 44 a 48, 55, 56, 58 y 60.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, la enmienda número 22.
Pasamos a las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, la enmienda 64, en los términos propuestos por la enmienda transaccional.
Pasamos a votar las enmiendas 66 y 67.
Votamos las enmiendas 62, 63 y 65.
Votamos ahora las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, las enmiendas números 68 y 69.
Enmienda número 61 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, tres; abstenciones, 14.
Pasamos a votar el informe de ponencia. En primer lugar, artículos 3 y 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe y listo para su envío al Senado.
Eran las nueve y diez minutos de la noche.

References: artículo 11
 artículo 64
 resolución 
 artículo 13
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 93
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 30
 artículo 60
 artículo 138
 artículo 65
 artículo 15
 artículo 13
 artículo 16
 artículo 138
 artículo 299
 artículo 4
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 46
 artículo 3
 resolución 
 artículo 1
 artículo 149
 artículo 38
 artículo 2
 artículo 1
 resolución 
 artículo 5
 artículo 5