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Timestamp: 2017-05-26 09:05:55+00:00

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Había estado ausente del blog un poco porque se creó www.movimiento5dejunio.org, una página muy bien hecha y en constante crecimiento que les invito a visitar. Por otro lado, aumentaron mis horas de trabajo (que no mi sueldo) y creo que el horario de la compañera Sylvia (la webmaster titular de este blog) tampoco es de los que dejan mucho tiempo libre. Lo más reciente en acciones del movimiento cinco de junio, fue la marcha por los derechos de los niños que hicimos de la Plaza Emiliana de Zubeldía al Parque Infantil con mucho éxito, pues se logró que todo mundo entrara gratis al parque. NO se ha comentado hasta ahora si se logró el objetivo principal de la iniciativa, es decir, implementar que de ahora en adelante los días cinco de cada mes el parque sea completamente gratuito para todos los niños además de las demandas que se leyeron por parte de los padres de familia relacionadas con la seguridad y atención a la infancia de este atropellado país.Por otra parte el pasado 8 de octubre vinieron los magistrados de la Suprema Corte encargados del caso ABC, creo por cuarta ocasión y fueron bien recibidos sus avances.Trataremos de mantener el paso por respeto a nuestros contados pero muy estimados seguidores.
Crearán comisión especial para el caso ABC Diputados federales reclaman que a casi cuatro meses del incendio donde murieron muchos niños, no hay culpables ni castigadosCiudad de MéxicoSeptiembre 20 de 2009. DomingoEn el marco del bullicio legislativo en torno al Paquete Económico 2010, el diputado Emilio Serrano Jiménez solicitó ante el pleno de la Cámara baja la creación de la Comisión Especial para Investigar el Incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.El legislador originario del Distrito Federal agradeció en la máxima tribuna la sensibilidad de las más de 160 diputadas y diputados del PRD, PAN, PRI, Convergencia, PT, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, que respaldaron con su firma el documento con dicha propuesta. En su intervención, el diputado de la fracción del PRD, criticó que a más de 100 días de la tragedia, aún no se sabe quiénes son los culpables ni qué castigo merecen."Vamos a intentar, diputadas y diputados que con nuestro trabajo no vuelva a ocurrir lo sucedido en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Que no vuelva a ocurrir en ninguna parte del país", refirió el diputado Serrano Jiménez. Consideró que la Cámara de Diputados también debe participar en el trabajo para esclarecer quienes son los responsables de la tragedia de Sonora.Pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tomó el caso el 31 de julio y expidió una recomendación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó el caso el 6 de agosto y Cámara de Diputados ¿no va a hacer nada? Se preguntó.Ante el pleno explicó que la Comisión Especial para que atienda el caso de la guardería ABC, tendrá además el propósito de legislar para reformar la Ley del Seguro Social y evitar tragedias como la registrada en Hermosillo el pasado 5 de junio."No es posible que se atienda a niños, de primera y de segunda. Hay discriminación, porque las guarderías que maneja el Seguro Social tiene un trato, tienen un presupuesto diferente a las guarderías subrogadas", destacó.Luego de la comparecencia el pasado martes del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, el diputado defeño se pronunció porque los diputados de todos los partidos y de todo el país lleguen a acuerdos, para legislar en aras de evitar la injusticia, la discriminación, la marginación y la pobreza en México.En su intento por sensibilizar a la asamblea, el diputado perredista proponente de este punto de acuerdo para crear la comisión especial para investigar el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, dijo que cualquiera de los presentes, estarían inconsolables si sus niños, hijos, sobrinos o nietos hubieran sido víctimas de un siniestro como el de Sonora. Puedo garantizar –sin temor a equivocarme- que si se hubiera tratado de uno de los hijos de ustedes, estarían reclamando y exigiendo justicia, expresó. El punto de acuerdo con dicha solicitud fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis y aprobación en las siguientes semanas.
Foro en el Colegio de Sonora
Del archivo de Mercedes Ibarra
Vamos juntos Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos compañero compañero te desvela la misma suerte que a mi prometiste y prometí encender esta candela con tu puedo y con mi quiero vamos juntos compañero la muerte mata y escucha la vida viene después la unidad que sirve es la que nos une en la lucha con tu puedo y con mi quiero vamos juntos compañero la historia tañe sonora su lección como campana para gozar el mañana hay que pelear el ahora con tu puedo y con mi quiero vamos juntos compañero ya no somos inocentes ni en la mala ni en la buena cada cual en su faena porque en esto no hay suplentes con tu puedo y con mi quiero vamos juntos compañero algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas pero esas muertes queridas van escribiendo la historia con tu puedo y con mi quiero vamos juntos compañero. Saludos
Se reúnen padres de víctimas de tragedia con Gómez MontCastigo por asociación delictuosa piden contra dueños de la guardería ABCPor Ulises Gutiérrez Ruelas / Dossier PoliticoDia de publicación: 2009-09-13 Una comisión de dos padres de niños que fallecieron en la tragedia del 5 de junio se reunió con el secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, a quien le entregaron una carta dirigida a Felipe Calderón donde le dicen que “las circunstancias de asociación delictuosa que ocasionó la tragedia deben ser vistas como resultado de una acción de delincuencia organizada.Un grupo de padres y madres de las víctimas de la guardería se dieron cita en el evento donde el nuevo gobernador sonorense, el panista, Guillermo Padrés Elías, dio un mensaje a la sociedad sonorense.Llegaron en son de paz con el nuevo gobernador. Con él –dicen- ya tienen el acuerdo de una audiencia del gobernador con los padres y madres de la guardería. Pero aprovecharon la visita del funcionario para buscarlo en el evento que se celebró en el Centro de Usos Múltiples.Entraron en contacto con gente del equipo de Padrés Elías, para decirles que querían entrevistarse con Gómez Mont, para entregarle una carta dirigida al presidente de la república.La audiencia se buscó y se logró minutos antes de que iniciara el evento donde Guillermo Padrés les tomaría protesta a los integrantes del nuevo gabinete estatal.En la reunión participaron Patricia Duarte y Julio César Márquez, por los padres de los niños; el secretario de gobernación y el nuevo secretario de gobierno de Sonora, Héctor Larios.A ellos le leyeron la carta dirigida a Calderón Hinojosa donde le poden que “como jefe político del Procurador General de la República, le ordene a que no sólo reencauce las acusaciones contra los funcionarios y particulares actualmente procesados, que se les finque responsabilidad por delincuencia organizada y que lo mismo se haga con los funcionarios del gobierno estatal, municipal y federal que se encuentran relacionados con la tragedia.A nosotros nos quedó claro –dice la carta- que el gobierno que usted preside había decidido dejar sin castigo a los socios de la guardería ABC y que sólo fue hasta que acudimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que usted ordenó desde Panamá al entonces procurador general de la república que también pidiera orden de aprehensión contra esos personajes.Al decir de Julio César y Patricia, la reunión fue “muy fría” con Gómez Mont. Le plantearon una audiencia con el presidente de la república, pero no hubo mayores acuerdos que el de hacerle llegar la carta a Felipe Calderón.Al aventó del nuevo gobernador llegaron personajes como el dirigente nacional del PAN, César Nava, los ex gobernadores sonorenses, Carlos Armando Biebrich, Armando López Nogales y Samuel Ocaña García.Ellos fueron muy parcos al ser entrevistados. Eludieron tocar el tema de la derrota del PRI, de la salida de Eduardo Bours y de la experiencia que les ha significado la alternancia política en Sonora.También llegaron gente como Santiago Creel, María Dolores del Río y en general la nueva clase política que tendrá las riendas del gobierno sonorense. Y entre ellos, asistieron representantes de la jerarquía católica, como el arzobispo don Ulises Macías.Cuando terminó el evento y se llegó la hora de la salida, Patricia Duarte buscó a don Ulises Macías hasta que lo encontró para decirle: “Señor arzobispo, creo en Dios, soy madre de Andrés que murió en la tragedia de la guardería ABC y quiero decirle que por personas como usted la gente se está alejando de la iglesia”.Don Ulises no pasaba de la sorpresa que le provocaron las palabras de Patricia Duarte, cuando la señora le recriminó el hecho de que la iglesia se esté metiendo en asuntos judiciales, como es el caso de la guardería.Y le mencionó el caso concreto de las cartas de recomendación que han suscrito algunas personalidades para apoyar a los socios de la guardería. Le dijo que él mismo firmó esa carta que dirigieron a un juez, con el fin de patentizarle que estos señores son de buena moral y buenas costumbres.El objetivo de esas cartas de recomendación es influir en el juez para que no castigue con cárcel a los socios de esta estancia infantil, a pesar de que han fallecido 49 niños y niñas.Don Ulises le dijo que él no había firmado esa carta. Pero Patricia Duarte dijo que esa carta se encuentra en el expediente judicial del caso de la guardería.
En Primera PersonaEl domingo del 6 de septiembre del 2009 parió por lo alto soles refulgentes y tatuó montonales de nubes aborregadas a las cúpulas del espectro, como si el Universo pidiera disculpas a los sonorenses por los excesos de jueves y viernes con los que castigó a Guaymas y Empalme.En medio del tráfago de escenarios complejos, de hombres de piernas virtuosas convertidos en superhéroes por la fuerza de las televisoras, de barbajanes carentes de valores que pierden las trazas de cordura en el pillaje o en el festejo futbolero, surgen otro tipo de pulsiones de apariencias modestas pero trascendentes a la conducta humana.A partir del mediodía de ese día, en el corazón de la Sochiloa, la popular colonia del Antiguo Cajeme que en su nombre contiene el acrónimo de Sonora, Chihuahua y Sinaloa y refiere al vetusto intento separatista del noroeste de México, justo en el cruce de las calles Ramón Guzmán y Luis G. Monzón, en el auditorio de la UGOCP, se reunió un centenar de ciudadanos, mujeres y hombres activos, para reflexionar en torno al incendio de la Guardería ABC.A tres meses de la conflagración funesta que cortara la existencia a 49 niños y dejara cicatrices de quemaduras o daños en los pulmones a 68 criaturas, estuvieron en Cajeme tres de las madres en duelo, y nos dejaron constancia del tremendo sufrimiento que no termina, de las heridas del alma abiertas en carne viva que supuran tristeza e impotencia.Pati con la mirada asida a la foto de su sonriente Andrés Alonso, el que luce radiante en el cartel de la pared, deja ir la memoria; con el corazón escarmentado y la madurez sólida de mujer de una pieza, habla sin rencores; avisa que la lucha por la justicia mantiene los desafíos, pero que a partir de los cien días toma estrategias distintas.Uno ve a Cristina, madre de Brian Alexander, y en la brevedad de su estructura corporal se le percibe frágil, sin embargo, apenas acomete el micrófono y su espíritu interior la transforma en una leona herida: acusa al gobierno de impericia social, de insensibilidad; señala al gobierno ausente y a una sociedad que se niega a tomar consciencia y a medir los alcances de la desgracia.Juanita confiesa que ha perdido el miedo a cualquier reto, que con Jonatan se fueron las razones de seguir viviendo, que su madre le recuerda a diario que la desgracia no sólo dejó madres sin hijos sino también abuelas sin nietos… Reconoce en público que al trancazo del vacío y el duelo siguió la fuerza moral para plantarse frente al gobernador a pedirle cuentas y a afirmarle que la desgracia fue por fallas acumuladas de mal gobierno. Juanita dejó constancia a quienes la escucharon de la sorpresa que tuvo Eduardo Bours cuando vio que aquella mujer menuda no se arredró ante su presencia, al contrario, lo enteró que ella es licenciada, que conoce los entramados de la burocracia en la que trabajó diez años y el gobernante abrió los ojos desmesuradamente cuando ella exigió resultados, la postura que hoy refrendó.Pati, Cristina y Juanita, madres dolidas que se dirigieron a la gente de Cajeme con la voz brotándoles sentimientos del alma; son mujeres de carne y hueso, comunes y corrientes como las que todos conocemos; iguales a las que se levantan todos los días para prestar su fuerza de trabajo por magros pesos y que dejan a sus hijos al “cuidado” de sabe quién; indistintas de otras que en sus empleos dejan pedazos de vida cara a cambio de pesos baratos.No solamente la pérdida es el común denominador a las mujeres que sembraron sus testimonios, hay en todo su dolor unas ansias de generosidad que sorprenden porque nadie las espera, porque nos ayudan a entender la condición humana de quienes son dadoras de vida.Con el semblante puesto en el futuro, nos hablan de continuar en lucha permanente hasta que consigan justicia y castigo para los responsables del infanticidio de la Guardería ABC; también, y allí lo inesperado, piden que esta desgracia contribuya a crear la consciencia ciudadana suficiente que desactive las bombas de tiempo que por todas las ciudades sonorenses son amenazas reales a la salud y la vida.A estas mujeres fuertes, enteras, totales, dolidas y unidas por la fuerza de la esperanza; las que defienden a sus retoños con el vigor de leonas recién paridas; las que reclaman justicia en la manifestación callejera o frente a grupos organizados; las que vinieron de Hermosillo a Cajeme a mostrarnos en primera persona la dolorosa experiencia de vida que les arrebató la sublime extensión de su existencia, les agradecemos que nos dejaran sus esperanzados mensajes de generosidad ciudadana, de bondad extrema. Muchas gracias Pati, Cristina y Juanita, vuelvan pronto.Jesús Noriega
José Francisco García, padre del fallecido Andrés, de tres años de edad, exigió que se esclarezcan los hechos porque no se puede andar persiguiendo a la justicia; lidera una marcha contra la impunidad en el caso Noemí Gutiérrez El Universal Ciudad de México Sábado 05 de septiembre de 2009 11:40 A tres meses de la tragedia en la guardería ABC, un contingente encabezado por José Francisco García, padre de Andrés, uno de los 49 niños muertos en el siniestro, marcha sobre avenida Paseo de la Reforma frente al Ángel de la Independencia. José Francisco García Quintana, criticó al presidente Felipe Calderón porque no se ha tenido justicia en el caso de los pequeños y en su discurso habla de erradicar la impunidad. Señaló que muchos de los pequeños que sobrevivieron al incendio el cinco de julio no han recibido la atención adecuada pese a que respiraron monóxido de carbono. "Esos compuestos (eléctricos y de otro tipo), me tocó ver una ficha técnica de esos compuestos aislantes y existe la posibilidad y un alto riesgo de que desarrollen algún tipo de cáncer. Dijo que el IMSS no ha llevado un puntal seguimiento y aún muchos padres están batallando para que se les de tratamiento a sus hijos.. Dijo que esta marcha, que tiene como punto final el Zócalo capitalino, es para retomar el apoyo de la sociedad y exigir que se esclarezcan los hechos ya que no se puede "andar persiguiendo a la justicia".Criticó el informe que presentó la comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso ya que no entrevistó a ninguno de los 21 padres que mencionan en dicho documento. Dijo que el ombudsman nacional , José Luis Soberanes se burló de su dolor ya que no entiende la magnitud de la tragedia. Portando una playera con la imagen del pequeño Andrés (de tres años cinco meses de edad) dijo que esta ha sido una semana mala para su familia, ya que su esposa por el profundo dolor ni siquiera ha tenido fuerzas para levantarse de su cama. Lamentó que muchas madres que también perdieron a sus hijos no cuentan con el apoyo de otros familiares o una pareja para compartir su dolor. Varios de los asistentes a esta marcha llevan mantas con las leyendas "no seas indiferente", "ángeles en espera de justicia", "guardería ABC: 49 bebés muertos + 0 encarcelados =impunidad", también llevan una manta con la leyenda "se busca" en la que se refieren a los dueños de la guardería ABC por el asesinato de los pequeños y las lesiones de los que sobrevivieron y por el daño irreparable que han causado a la sociedad.
¿La salud tiene un precio? ¿Y el conocimiento? ¿Existe un derecho incondicional al alojamiento, a la educación? Daniel Bensaïd * Traducción de Andrés Lund Medina Al reducir el valor mercantil de toda riqueza, de todo producto, de todo servicio, al tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción,la ley del mercado tiene por objeto volver conmensurable lo inconmensurable, asignar un precio monetario a lo que es difícilmente cuantificable. Como equivalente general, el dinero tendría así el poder de metamorfosearlo todo. Agente de una universal traducción, “confunde e intercambia toda cosa, es el mundo invertido, la conversión y la confusión de todas las calidades generales y humanas” [1]. La mercantilización generalizada tiene por objeto dar un precio a lo que no tiene: “Este esfuerzo por conferir un precio a todo lo que puede intercambiarse es considerablemente elevado, constata a Marcel Hénaff. Se desliza hacia una concepción de la mercantilización sin límites: todo puede evaluarse en un mercado, por lo tanto todo puede ser vendido, incluido lo invendible.” [2]El servicio público puede o debería ser gratuito, pero el profesor o la enfermera deben alimentarse y vestirse. Cuestión de actualidad: ¿a qué corresponde entonces el salario de un profesor-investigador universitario? No vende un producto (un conocimiento-mercancía), pero recibe una remuneración financiada por la distribución fiscal del tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción y para la reproducción de su fuerza de trabajo (tiempo de formación incluido). ¿Se trata solamente del tiempo que pasa en su laboratorio o del tiempo que transcurre delante de la pantalla de su ordenador (cronometrado por un reloj integrado)? ¿Se detiene su pensamiento cuando toma el metro o hace su jogging? La cuestión resulta todavía más espinosa ya que la producción de los conocimientos es altamente socializada, difícilmente individualizable, e implica una gran cantidad de trabajo muerto. Ahora bien, las reformas en curso tienden a transformar a nuestro profesor investigador en vendedor de prestaciones comerciales. De ahora en adelante se supone que vende ideas o conocimientos cuyos procedimientos de evaluación (como la bibliometría cuantitativa) deberán medir el valor mercantil.La crisis actual es una crisis histórica -económica, social, ecológica- de la ley del valor. La medida de toda cosa por el tiempo de trabajo abstracto se convirtió en, como Marx lo preveía en sus Manuscritos de 1857, una medida “miserable” de las relaciones sociales. Pero “no se puede administrar lo que no se sabe medir”, afirma el Sr. Pavan Sukhdev, antiguo director del Deutsche Bank de Bombay a quien la Comisión de la Unión Europea pide un informe “para obtener una bitácora de los dirigentes de este mundo”, ¡“asignando muy rápidamente un valor económico a los servicios prestados por la naturaleza”! [3] Medir toda riqueza material, social, cultural, según el patrón del tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción, se vuelve sin embargo cada vez más problemático a causa de una mayor socialización del trabajo y de una incorporación masiva de trabajo intelectual a este trabajo socializado.¡El tiempo largo de la ecología no es, definitivamente, el tiempo corto del curso de la Bolsa! Asignar “un valor económico” (monetario) a los servicios de la naturaleza tropieza con el espinoso problema de establecer un denominador común a los recursos naturales, a los servicios personales, a los bienes materiales, a la calidad del aire, al agua potable, etc. Debería existir otro patrón que el tiempo de trabajo y otro instrumento de medida que el mercado, capaz de evaluar la calidad y las contrapartidas a largo plazo de las ganancias inmediatas. Sólo una democracia social sería capaz de conceder los medios a las necesidades, de tener en cuenta la temporalidad larga y lenta de los ciclos naturales, y de colocar los términos de las elecciones sociales integrando su dimensión ecológica.La desmercantilización de las relaciones sociales no se reduce a una simple oposición entre pagar y gratuidad. Inmersa en una economía de mercado competitiva, la gratuidad puede también revelarse perversa y servir de máquina de guerra contra una producción rentable de calidad. Eso es lo que ilustra la multiplicación de los diarios gratuitos e detrimento de un trabajo de información e investigación que cuesta.Se pueden imaginar y experimentar ámbitos de intercambio directo -no monetario- de bienes de uso o servicios personalizados. Pero este“paradigma del don”, como procedimiento de reconocimiento mutuo, no podría generalizarse, excepto si se concibe una vuelta a una economía autárquica del trueque. Ahora bien, toda sociedad de intercambio ampliado y con una división social compleja del trabajo, requiere una contabilidad y un método de redistribución de las riquezas producidas.La cuestión central de la desmercantilización es, por consiguiente, la de las formas de apropiación y de las relaciones de propiedad, cuya gratuidad (de acceso a los servicios públicos o a los bienes comunes) no es más que un aspecto. Es la privatización generalizada del mundo -es decir, no solamente de los productos y los servicios, sino de los conocimientos, de lo vivo, del espacio, de la violencia- lo que hace de todo una mercancía vendible. Se asiste así, a mayor escala, a un fenómeno comparable a lo que se produjo a principios del siglo XIX con una ofensiva en toda regla contra los derechos consuetudinarios de los pobres: privatización y mercantilización de bienes comunes y destrucción metódica de las solidaridades tradicionales (familiares y aldeanas ayer,de los sistemas de protección social hoy) [4].Las controversias sobre la propiedad intelectual son a este respecto ejemplares: “A la menor idea susceptible de generar una actividad se le pone a precio, como en el mundo del espectáculo donde no hay un intuición ni un proyecto que no esté cubierto inmediatamente por un copyright. En vías de apropiación, para los beneficios. No se comparte: se captura, se apropia, se trafica. Vendrán tiempos, quizás, dónde será imposible avanzar una declaración cualquiera sin descubrir que se protegió debidamente y se sometió a derecho de propiedad.” [5] Con la adopción en 1994 del acuerdo TRIPS (Trade Related Aspects o Intellectual Property Rights), en el marco de los acuerdos de la Ronda de Uruguay (de los cuales es resultante la Organización Mundial del Comercio), los gobiernos de los grandes países industrializados consiguieron imponer el respeto mundial de las patentes. Antes, no sólo su validez no se reconocía mundialmente, sino que cincuenta países sencillamente excluían las patentes de sustancias y sólo reconocían la patentes sobre los métodos de fabricación.Desde los años setenta se asiste así a un absolutización de los derechos de plena propiedad, a una formidable apropiación privada por la multinacionales del conocimiento así como las producciones intelectuales y artísticas en general. Ante la eventualidad de una puesta a disposición de los usuarios de los programas informáticos, el préstamo gratuito de las bibliotecas se cuestionó a partir del final de los años 80. A partir de entonces, la información se han convertido en una nueva forma de capital y el número de patentes registradas cada año ha estallado (156 mil en 2007). Por sí solos, Monsanto, Bayer y BASF registraron 532 patentes sobre genes resistentes a la sequía. Sociedades llamadas “gnomos” compran carteras de patentes con el fin de atacar con juicios a los productores cuya actividad utiliza un conjunto de conocimientos inextricablemente combinados. Nueva forma de erigirse contra el libr acceso al conocimiento, este curso de regular las patentes genera as una verdadera “burbuja de patentes”.Esta extensión del derecho de las patentes autoriza patentar variedades de plantas cultivadas o animales de ganadería, así como sustancias de un ser vivo, confundiendo al mismo tiempo la distinción entre invención descubrimiento, y abriendo la vía al pillaje neoimperialista para la apropiación de conocimientos zoológicos o botánicos tradicionales. Lo grave no es que patentar secuencias de ADN constituya un ataque a la divina Creación, sino que la elucidación de un fenómeno natural pueda, de ahora en adelante, ser objeto de un derecho de propiedad. La descripción de una secuencia génica es un conocimiento y no un hacer.Ahora bien, patentes y derechos de autor tenían inicialmente, por contrapartida, la obligación de divulgación pública del conocimiento en cuestión. Esta regla ha sido desviada alguna vez (en nombre, principalmente, del secreto militar), pero Lavoisier no patentó el oxígeno ni Einstein la teoría de la relatividad, ni Watson y Crick lo doble hélice de ADN. Si, desde el siglo XVII, la divulgación favorecía las revoluciones científicas y técnicas, en adelante la parte de los resultados científicos puestos en el ámbito público disminuye, mientras que aumenta la parte confiscada por las patentes, que funcionan para venderse o cobrar una renta.En 2008, Microsoft anunciaba la puesta en línea en libre acceso en Internet de datos relativo a sus programas informáticos y autorizaba su utilización gratuita para desarrollos no comerciales. No se trataba, se apresuraba a precisar en una entrevista a Médiapart el director de los asuntos jurídicos Marc Mossé, de un cuestionamiento de la propiedad intelectual, sino solamente de una “demostración de que la propiedad intelectual puede ser dinámica”. Ante la competencia de los programa informáticos libres, los programas informáticos comerciales como Microsoft se veían forzados a adaptarse parcialmente a esta lógica de la gratuidad, cuyo fundamento es la contradicción creciente entre la apropiación privativa de los bienes comunes y la socialización del trabajo intelectual que comienza con la práctica de la lengua.En su tiempo, la apropiación privada de las tierras se defendió en nombre de la productividad agraria argumentando que terminaría por erradicar escaseces y hambres. Asistimos hoy a una nueva ola de privatizaciones, justificadas por el curso de la innovación y la urgencia alimentaria mundial. Pero el uso de la tierra es “mutuamente exclusivo” (lo que uno se apropia, otro no puede utilizar), mientras que el de los conocimientos y saberes no tiene rival: el bien no se extingue por el uso que se le hace, ya se trate de una secuencia genética o de una imagen digitalizada. Esta es la razón por la que, del monje copista al correo electrónico, pasand por la impresión o la fotocopia, el coste de reproducción no dejó de bajar. Y por eso se alega hoy, para justificar la apropiación privada, el estímulo de la investigación más bien que el uso del producto.Frenando la difusión de la innovación y su enriquecimiento, la privatización contradice las pretensiones del discurso liberal sobre sus beneficios competitivos. El principio del programa informático libre registra, al contrario y a su manera, el carácter fuertemente cooperativa del trabajo social que se encuentra cristalizado. El monopolio de propietario se impugna no, como para los liberales, en nombre de la virtud innovadora de la competencia, sino como obstáculo a la libre cooperación. La ambivalencia del término inglés “free” aplicado al programa informático hace así rimar gratuidad y libertad.Como en la época de las privatizaciones, los expropiadores de hoy pretenden proteger los recursos naturales y favorecer la innovación. Se puede enviarles la contraparte que ya hacía, en 1525, la “Carta de los campesinos alemanes” insurgentes:“Nuestros señores se apropiaron de los bosques, y si el hombre pobre necesita algo, es necesario que lo compre por un doble precio. Nuestro dictamen es que todos los bosques deben devolverse a la propiedad de la entera comunidad, y que se debe dejar libre a cualquiera de la comunidad el tomar madera sin pagarla. Debe solamente informar a una comisión elegida a tal efecto por la comunidad. De ese modo se impedirá la explotación.” [6] * Filósofo marxista. Militante del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) de Francia. Autor de numerosas obras, destacándose entre ellas, "Marx Intempesitivo. Grandezas y miserias de una aventura crítica". Ediciones Herramienta, Buenos Aires, 2003. Notas[1] Marx, Manuscritos de 1844[2] Marcel Hénaff, « Cómo interpretar el don », en Esprit, febrero 2002. Marcel Hénaff es el autor, principalemente, de El precio de la verdad. El don, el dinero, la filosofía, Paris, Seuil, 2002.[3] Libération, 5 enero 2009.[4] Ver Daniel Bensaïd, Les Dépossédés. Karl Marx, les voleurs de bois et le droit des pauvres, Paris, La Fabrique, 2006. En ESSF, ver la introducción a la edición argentina de esta obra: Daniel Bensaïd, Marx et le vol de bois : Du droit coutumier des pauvres au bien commun de l’humanité.[5] Marcel Hénaff, op. Cit.[6] Citado por K. Kautsky, La question agraire, Paris, 1900, p. 25. * Contribución al libro colectivo bajo la dirección de Paul Ariès, « Viv(r)e la gratuité » aparecido en las ediciones Go
Entrega información confidencial Francisco Arenas Murillo / p_armu@hotmail.comEn la Secretaría de Gobernación analizan en estos días si deciden operar para darle un giro inesperado al tema de la tragedia de la guardería ABC o simplemente dejan que la inercia se mantenga en torno a las investigaciones practicadas hasta el momento y se aplique la justicia para y contra los presuntos responsables en el caso. Y decimos analizan la situación, porque de manera inesperada, en días pasados contaron con una sorpresiva visita que les provocó extrañeza pero que les aportó elementos informativos suficientes para tener una idea más clara del origen de la empresa y cómo se construyó su infraestructura, y de alli partir sobre las causas de la tragedia.De acuerdo a reportes ofrecidos a Arena Política por personajes que cuentan con información primaria en el Distrito Federal, la Coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Gurza Jaidar le confió recientemente a quien quería escucharla, que el titular de protección civil de Sonora Wilebaldo Alatriste Candiani le había solicitado una cita en su despacho para intercambiar información relacionada con esa responsabilidad. Laura Gurza explica a sus confidentes, que su sorpresa fue mayúscula cuando se enteró de la intención real de Wilebaldo Alatriste: entregarle información confidencial en torno al caso del incendio de la guardería ABC. En esos documentos entregados a la coordinadora nacional de protección civil, se dan a conocer datos confidenciales sobre los dueños de la guardería, pero además de otros temas delicados en los cuales la dependencia estatal ha tenido intervención y que debían ser de interés de la Secretaría de Gobernación. Cuando tuvo esos documentos en la mano, Laura Gurza solicitó una explicación a Wilebaldo Alatriste del porqué de su actitud, y la respuesta fue que necesitaban en Sonora contar con asesoría especializada de parte de autoridades federales para realizar mejor la labor de protección civil en el Estado. De acuerdo a lo comentado por la misma Laura Gurza con algunos comensales con quienes compartía alimentos, en los datos confidenciales entregados por Wilebaldo Alatriste sobresalen los nombres de otros personajes relacionados con los grupos de poder sonorense, quienes lo presionaron, dice Laura Gurza, “presionaron a Wilebaldo (Alatriste) a que firmara documentos comprometedores sobre el caso de la guardería ABC”. Sin embargo, no se ventiló la identidad de esos personajes a los cuales expone ante la Secretaría de Gobernación el actual titular de protección civil en el Estado, aunque quienes conocen su trayectoria puede inferir a quienes se refería.Nuestra fuente primaria de información, nos aclaró que si la funcionaria federal lo comentó a sus comensales, es porque quería ella misma que se conociera el tema y que trascendiera más allá de las paredes de su oficina.Quién sabe entonces hasta donde lleguen los alcances de esa información confidencial de la cual Laura Gurza hace alusión en sus conversaciones y sobre todo de qué manera le servirá al gobierno federal a reencauzar las investigaciones en torno a la tragedia de la guardería ABC en Sonora.Pero lo que sí queda en entredicho, es la lealtad, el agradecimiento y la institucionalidad del director estatal de protección civil Wilebaldo Alatriste Candiani, porque esa acción realizada de entregar información confidencial a un grupo político antagónico a su jefe el gobernador del Estado, puede ser considerado como una traición en estos momentos en los que se han definido ya muchos de aquellos de los que Eduardo Bours siempre desconfió de sus lealtades.Si los documentos entregados a la Secretaría de Gobernación por el citado funcionario estatal son comprometedores y tienen peso como para modificar las investigaciones en torno al incendio de la guardería ABC, pronto lo atestiguaremos y veremos los alcances de ese acto de Wilebaldo Alatriste
La hora de la responsabilidad26 de agosto de 2009 Algún día, nuestros historiadores desentrañarán sin sobresaltos los motivos que orillaron a las actuales cúpulas mexicanas —la política y la empresarial, por mencionar dos de las más visibles— a actuar con tanta mezquindad en cuestiones del bien común, después de que llegó la democracia electoral al despuntar el nuevo siglo. ¿Por qué en temas íntimamente ligados con los derechos humanos (medio ambiente, salud, patrimonio histórico, seguridad) se ha descuidado el interés general al grado de habernos convertido en el país que presenta mayores rezagos a nivel continental? ¿Qué pasa por las cabezas de los que deberían promover estos cambios a favor de millones de ciudadanos agraviados por malos proveedores o por servidores públicos que cometen arbitrariedades? Explorar las motivaciones de nuestros políticos y líderes empresariales, que niegan para México prácticas comunes a otros países latinoamericanos que obtienen resultados exitosos y trascendentes, debe ser motivo de interés tanto para los estudiosos como para el gran público. Un caso de libro de texto podría el ser golpe de mano protagonizado por el GDF, que en alianza non sancta con la fracción local panista reventó un acuerdo ya pactado de discutir y aprobar una iniciativa a favor de las acciones de grupo durante el periodo extraordinario de sesiones en la Asamblea Legislativa. Un claro ejemplo de la distancia que la autoridad está dispuesta a recorrer con tal de no hacer lo correcto. El 17 de agosto, la Comisión de Administración e Impartición de Justicia en la ALDF aprobó subir a debate al pleno, por primera vez en la historia de esta ciudad, el tema de las acciones colectivas emprendidas por grupos de ciudadanos y organismos de la sociedad civil. Pero merced a la intervención del GDF, del PAN y de una minoría obcecada del empresariado que ya consiguió que la versión federal de este tema naciera en la Cámara Baja con graves vicios de origen, el proyecto local fue sometido a un veto terminante. No tuvieron los 66 asambleístas oportunidad de discutir un proyecto que ha tomado más de tres años, y que tiene el visto bueno de magistrados, académicos, especialistas nacionales y extranjeros, representantes de asociaciones civiles, distinguidos personajes públicos y ciudadanos comprometidos. Al estilo de cualquier república bananera o politburó de la cortina de hierro, se decretó sin miramientos el cerrojazo. Decir que han privado razones económicas —sumadas a un pragmatismo mal entendido que pasa por posibles compromisos electorales— me parece una explicación incompleta. Seguramente se presentaron en su momento resistencias similares en Brasil, Costa Rica o Colombia. Introducir prácticas modernas de rendición de cuentas siempre entraña amenazas para los intereses creados, pero el papel de los legisladores en esos países fue favorecer a los sectores más desprotegidos. Y es que no ha habido de otra. La acción de un Estado que sabe que la prioridad es ampliar los cauces institucionales para que la ciudadanía defienda sus derechos en igualdad de circunstancias ante proveedores omnímodos o autoridades arbitrarias no admite otra interpretación. El mejor método para llegar a ese equilibrio es la acción colectiva, que permite que un conjunto de individuos que hayan padecido la misma afectación pueda presentar su queja ante la autoridad judicial como si fueran uno solo. Las decisiones derivadas de esta figura jurídica han servido para crear importantes precedentes y para paliar los excesos relacionados con abusos sistemáticos, a lo largo y ancho de esas naciones. El mayor atributo de las acciones colectivas consiste en que, una vez establecidas en la ley, los infractores modifican su comportamiento hacia patrones de conducta mucho más virtuosos y racionales. Saben que ya no pueden salirse con la suya sin pagar altísimos costos. Si pretenden incurrir en las prácticas de antaño, existe la certeza de que afrontarán las consecuencias a la exacta medida de su irresponsabilidad. El discurso trillado de la excepción mexicana ya no resiste el menor análisis. Los que tienen que tomar estas decisiones, que sólo son intolerables para los que consideran que el abuso redituable es costumbre, conocen los alcances de la justicia colectiva. Porque saben que estarán haciendo historia y aquilatan su veredicto, tendrán que reivindicarse ante nosotros ahora y ante los especialistas del futuro. Están en tiempo para completar la faena, a favor de todos. Presidente de Alconsumidor, AC http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/45377.html
Guardería ABC: Justicia pausadahttp://www.terra.com.mx/animaciones/000408/default.htm
Crónica de una sesión de CabildoMartes 01 de Septiembre de 2009 Por Jesús NoriegaLa tarde anunciaba borrasca y los nubarrones del cielo oscurecieron pronto, pero trajeron frescos vientecillos, como albricias de novedades improbables.Adentro la Sesión del Cabildo del H. Ayuntamiento de Cajeme empezó con treinta minutos retrasada, los que llegaban a cuentagotas hicieron saber que acompañaron en su duelo a uno de los regidores.Llegó el alcalde Villanueva y despreocupado dio el banderazo de la sesión. El secretario confirmó la ausencia de Pablo Kuraica que acompañaba a la familia en las exequias de su madre, y el silencio que siguió a la cita del nombre del regidor étnico Gotobopicio, anunció que tampoco estaba presente en la Sala de Cabildos.¡Sr. Presidente, hay quórum! Dijo entre bostezos el secretario del Ayuntamiento, y la solemne sesión comenzó: Que si se acepta revestir de formalidades al changarrote de todas las reuniones políticas de Cajeme (cuyas medidas de seguridad están bajo sospecha) para leer el último informe del munícipe; que si regularizamos aquel lote que usa desde los tiempos del “Pelón” Rosas el jardín de niños de la colonia equis; que si hacemos trueque con el otro lote que necesita la compañía constructora mochiteca, y así por el estilo, se agotaron los puntos del Orden del Día…En otro sector no muy lejano a la mesa de los debates, se arrejolinaban en tres sillas los miembros del Movimiento 5 de Junio de Cajeme… Entre frotadas de nerviosismo, las manos de Maripaz deshacían las ansias en sudor y daban extrañas formas agusanadas al chicle masticado; Con la obsesión propia de cualquier labregón lurio de amor, Rosendo acariciaba la tapa del celular, que en modo vibratprio convulsionaba entre sus dedos y le avisaba la marcación de uno de los padres de familia de la Guardería ABC; el Lic. Ruvalcaba, tocado con un anacrónico sombrero, cubría celosamente el espadarapo que tapaba siete puntos de sutura y le rellenaba un tercio del cuero cabelludo, y de pasadita se daba tiempo de echarle ojos a la sesión.A los cien minutos del comienzo, la reunión pasó a los Asuntos Generales y el Regidor Joaquín Armendáriz Bórquez impostó la voz… Silencio señores para que suene claro, se oiga fuerte y se escuche lejos: Punto número 1, que el H. Ayuntamiento de Cajeme exhorta a la Procuraduría General de la República a darle celeridad a las averiguaciones para generar resultados concretos en la investigación del trágico incendio de la Guardería ABC en la que criminalmente murieron 49 niños sonorenses; Alzaron las manos todos y ¡Aprobado! voceó el alcaldePunto número 2, que el H. Ayuntamiento de Cajeme solicite al Congreso del Estado de Sonora la reglamentación de la Ley de Protección Civil y su instrumentación en todos los municipios del estado… Omar Partida jaloneó el punto de acuerdo con nimiedades, pero Joaquín y Marcelino lo arrinconaron y finalmente se convenció de las naderías insustanciales que reclamaba, dobló sus manitas y junto a todos alzó la diestra para que el mayoral gritara ¡Aprobado!Hay una deuda de honor con el H. Ayuntamiento de Cajeme; con cada uno de los regidores que hicieron posible los puntos de acuerdo; con la parte que le corresponde al alcalde Francisco Villanueva; con los representantes de los medios que atestiguaron las iniciativas; pero especialmente, muy especialmente, con el Regidor Joaquín Armendáriz Bórquez, que tomó bajo su égida las inquietudes del Movimiento 5 de Junio-Cajeme y las llevó a la mesa de la representación social del municipio para el debate.Al filo de las ocho de la noche del día martes primero de septiembre del 2009, los representantes sociales de Cajeme, en un acto de congruencia con el dolor humano que aflige a la sociedad sonorense, unieron sus voluntades para reclamarle a la Procuraduría General de la República celeridad y resultados con la búsqueda de justicia ejemplar, y por otro lado, se sumaron para instarle a los diputados del Congreso del Estado de Sonora a precaver a los sonorense de riesgos que pongan en peligro su vida o su salud.Aquí estamos de nuevo de cara a la sociedad sonorense para entregar nuevas cuentas: Dos puntos de acuerdo y una esperanza cierta, que el Movimiento 5 de Junio-Cajeme entrega hoy a los padres y madres de familia de los niños de la Guardería ABC, como si ahora dejara en sus manos talegas de oro, mirra e incienso.La lucha sigue, y la siguiente batalla apenas empieza.
PLENO DE MINISTROS APRUEBA PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE HECHOS EN GUARDERÍA ABC México, D. F., 31 de Agosto de 2009. Los magistrados comisionados presentaron el proyecto con el que buscan que se conozca la verdad, para que no haya impunidad y se haga justicia.Se analizará el desempeño global de guarderías públicas, y se identificará a las autoridades que pudieran haber participado en los hechos.Al término de las investigaciones, la Comisión Investigadora presentará un informe preliminar, y corresponderá al Pleno determinar si hubo violaciones graves a las garantías individuales. El Pleno del Alto Tribunal aprobó, en sesión pública, el protocolo de investigación presentado por la Comisión Investigadora de los hechos ocurridos en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio pasado, para que los padres y familiares de los menores afectados queden plenamente satisfechos en su legítimo reclamo de que se conozca la verdad, no exista impunidad y se haga justicia. Los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla plantearon que en sus investigaciones se establecerá si en esos acontecimientos hubo violación grave de las garantías individuales, y se analizará el desempeño global del sistema de guarderías públicas que funcionan bajo el mismo o similar esquema, con el propósito de evitar, o por lo menos minimizar, la posibilidad de que ocurra otro suceso similar al de la Guardería ABC. Indicaron que en el contexto de la investigación se analizará y verificará el sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en todo el país, y se buscará coadyuvar a que las comunidades local y nacional tengan la certeza de lo que sucedió, así como de la legalidad, oportunidad y efectividad o no de las medidas adoptadas por las diferentes autoridades. Los magistrados plantearon los diez objetivos de investigación establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: - Identificar a las personas que participaron en los hechos que pudieran ser violaciones graves a las garantías individuales --del IMSS, del municipio de Hermosillo y del estado de Sonora, además de las que resulten; - Investigar si las autoridades competentes realizaban visitas de inspección y con qué periodicidad, para verificar las condiciones de funcionamiento de la Guardería ABC, y en caso de hacer observaciones, si vigilaban su cumplimiento; - Investigar el origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados entre el IMSS con particulares no patrones, para la prestación del servicio; - Investigar el origen y situación de los convenios de subrogación entre el IMSS con patrones que tienen guarderías instaladas en sus establecimientos; - Determinar el origen, contenido y cumplimiento del convenio de subrogación entre el IMSS y los particulares que prestaban el servicio en la Guardería ABC; - Especificar qué autoridades administrativas del IMSS celebraron el convenio con los representantes de la Guardería ABC, así como el procedimiento con la normatividad que se observó para su otorgamiento; - Analizar si con la conducta de acción u omisión de los funcionarios encargados del correcto funcionamiento de guarderías, las consecuencias del accidente en la Guardería ABC pudieron evitarse y con ello se hubiera podido salvaguardar la vida e integridad de los menores que se encontraban en el establecimiento; -Identificar los actos de negligencia médica posteriores al suceso; - Esclarecer la intervención de las autoridades del municipio de Hermosillo y del estado de Sonora en relación con el otorgamiento de permiso de uso del suelo y licencia de funcionamiento como guardería, así como los demás otorgados respecto del inmueble correlativo y los demás aledaños, y - Analizar el marco jurídico --federal, estatal y municipal-- relativo al origen, establecimiento, operación y funcionamiento de los servicios de guardería, y estudiar cuáles son los alcances y grados de responsabilidad que existían entre las diversas autoridades encargadas de implementar la política de guarderías, en razón de tratarse de un beneficio de las niñas y niños, en el ejercicio del derecho a la salud y de los derechohabientes. Los magistrados indicaron que en su investigación, prevista en el párrafo segundo del artículo 97 constitucional, se tiene la hipótesis de si los hechos en la Guardería ABC fueron resultado o están relacionados con la existencia de un desorden generalizado en la instalación, operación y supervisión de las guarderías del IMSS que tienen un esquema similar a la guardería del siniestro. Asimismo, establecer si ese eventual desorden obedece a omisión, negligencia, impotencia e indiferencia de las autoridades públicas en el otorgamiento, funcionamiento, vigilancia y supervisión de los convenios por virtud de los cuales funcionan ese tipio de guarderías, así como de la normatividad que rige su funcionamiento. En su metodología de investigación, los magistrados informaron que se revisará la legislación relativa al funcionamiento, vigilancia y supervisión de las guarderías públicas en general, con el propósito de dar a conocer si el Estado mexicano ha o no cumplido con los compromisos adquiridos en convenios internacionales relativos a la seguridad social y a la protección de los infantes. El examen normativo también concluirá, precisaron, con un diagnóstico destinado a revelar si la posibilidad de que particulares presten el servicio de guarderías se encuentra prevista en la ley, reglamento u otro instrumento jurídico; y hasta qué punto es factible que el Estado delegue a particulares una obligación que tiene constitucionalmente establecida. Luego de las investigaciones, la Comisión Investigadora presentará un informe preliminar ante en Pleno del Alto Tribunal, en el que incluirá descripción y grado de responsabilidad de las autoridades en la implementación del régimen de guarderías; esclarecer el grado de incidencia de las conductas activas y omisivas de las autoridades en el accidente en la Guardería ABC, y si existen actos de negligencia posteriores al suceso. En la sesión de hoy se aprobó, con el protocolo de investigación, el calendario de las fases de la misma. El Pleno de ministros será el encargado de determinar si hubo violaciones graves a las garantías individuales, en los hechos de la Guardería ABC.
Arzobispo emérito, políticos y empresarios defienden a dueños de la guardería ABC, La Jornada, Lunes 24 de agosto de 2009 Ulises Gutiérrez y Javier Salinas, Corresponsales. El arzobispo emérito de Hermosillo, Sonora, Carlos Quintero Arce; diputados locales de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) y empresarios salieron en defensa de los dueños de la guardería ABC y enviaron cartas al juzgado primero de distrito para resaltar la “solvencia moral, finura y probados valores éticos y morales” de los señalados como responsables de la muerte de 49 menores.Manuel Alfredo Rodríguez Amaya, padre de una de las víctimas de la tragedia ocurrida el pasado 5 de junio, que dejó un saldo de 49 niños muertos y más de 100 con lesiones en diferentes grados, denunció que “todavía hay gente que los respalda (a los dueños de la guardería) y emiten cartas de recomendación que pueden tener peso legal para disminuir su condena. Tenemos los nombres de las personas que han divulgado esas 34 cartas”, dijo. Rodríguez Amaya señaló que las cartas entregadas por particulares, empresas y asociaciones en Sonora son a favor de Sandra Lucía Téllez Nieves y Gildardo Francisco Urquídez Serrano, a quienes se identifica como dos de los cinco dueños de la estancia infantil siniestrada.“Excelentes seres humanos”“Los recomiendan como personas de alta solvencia moral, comportamiento intachable, honorables, responsables de sus obligaciones, amables, finas, honestas, excelentes seres humanos, nobles, altruistas, íntegros y con fuertes valores, y pues entonces todos nosotros nos preguntamos al ver esto: ¿por qué se esconden los dueños de la guardería si son tan íntegros? ¿Por qué despidieron a sus trabajadoras sin pagar lo justo, y por qué no han dado la cara a los padres de familia que demandamos justicia?”, añadió el padre de Xiuneth, quien pereció en la guardería. Entre las personas que se encuentran en la lista de los 34 remitentes de las misivas al juzgado primero de distrito figuran el arzobispo emérito Quintero Arce, el diputado local panista Edmundo García Pavlovich, la legisladora estatal priísta Claudia Pavlovich Arellano y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Hermosillo, Alfonso Cota Hernández.También enviaron cartas de recomendación el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Sonora, Juan Carlos Solís López; el presidente de la Unión Ganadera de Sonora, José Luis Molina Elías; el presidente del patronato de la Cruz Roja Mexicana en Hermosillo, Héctor Martín Nicolás Monroy, y el gerente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Sonora, Óscar Cuéllar Rosas. “La calidad moral de uno solo de nuestros niños es muy superior a la de todas estas personas, que están totalmente corrompidas”, dijo Manuel Alfredo Rodríguez, a quien el gobernador de Sonora, Eduardo Bours, llamó el sábado “inmoral”, como le dijo al resto de los padres de los niños muertos, quienes le reclamaron por defender a los dueños de la guardería.Otro padre de una víctima, Abraham Fraijo Navarro, dijo estar de acuerdo con que cualquier criminal puede obtener el perdón de Dios, pero el arzobispo emérito no tiene el derecho ético de buscar influir en un proceso legal.En tanto, el ayuntamiento de Nezahualcóyotl, estado de México, informó este domingo que cerrará cuatro centros de desarrollo infantil, una estancia infantil y dos centros de desarrollo comunitario dependientes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local, que operan “en pésimas condiciones”, lo que implica riesgo a sus usuarios. Se informó también que unos 500 menores serán reubicados en otros planteles. Fuente:http://www.jornada.unam.mx/2009/08/24/index.php?
CUENTA DE BANCO LOCAL PADRES DE FAMILIA ABC
Anunciamos la apertura de una cuenta de débito de padres y madres de niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC, para la que se solicitan apoyos económicos que servirán en el financiamiento del proceso legal y jurídico que se sigue para lograr justicia ejemplar, aqui los datos:BANCOMER 2691976826 a nombre de las madres de familia: Patricia Duarte Franco, María Estela Báez Gill, y Martha Guadalupe García.Muchas Gracias por su apoyo.
Piden los integrantes del Movimiento 5 de Junio se concrete cuanto antes el reglamento de protección civil. Francisco Angulo Albestrain / 2009-08-16Un grupo reducido de manifestantes se plantaron ayer por la tarde-noche, frente a Palacio Municipal en solidaridad con la muerte de los 49 infantes de la Guardería ABC de Hermosillo, y en reclamo por la falta de un reglamento de protección civil para Cajeme.Alrededor de las 7:00 de la tarde dio inicio la reunión del denominado Movimiento 5 de Junio, cuyos integrantes se apostaron por espacio de 40 minutos en la banqueta frente a Palacio Municipal de Cajeme.Rosendo Arrayales Terán, uno de los organizadores, manifestó que una vez más se solidarizaron con las familias de los menores fallecidos en Hermosillo el pasado 5 de junio, y están pidiendo justicia a la vez que exigen se dé cumplimiento a la exigencia de una reglamentación en materia de protección civil para el Municipio.Desde 2005 –dijo—se concretó a nivel Estado la ley de la materia, pero en los municipios no se ha reglamentado, por lo tanto no se puede aplicar, pero se espera que a raíz de una reunión sostenida con el alcalde Francisco Villanueva y regidores actuales, se pueda hacer antes de que culmine la presente administración.Podría ser esta semana entrante que se lleve a cabo la sesión de Cabildo en la que se marque la pauta para ello, toda vez que Villanueva Salazar les prometió que va a promover que antes de ser aprobado dicho reglamento, el borrador será mostrado a expertos así como a integrantes del “Movimiento 5 de Junio”, para ser revisado y de ser necesario, adicionado, expuso.Informó, asimismo, que la próxima manifestación será frente a Palacio, el próximo sábado 29 de agosto, a la misma hora (6:00 de la tarde), por lo que invitó a los cajemenses a estar presentes.Por su parte, Jesús Noriega comentó que el pasado miércoles se cumplieron 12 años del fatídico incendio de plaza Tutuli, y es urgente se haga y apruebe el reglamento de protección civil, porque “una ley sin reglamento es como un arma sin balas”.
Descuidos, irregularidades y ningún resultado serio en caso ABC
Por Silvia Núñez Esquer / Mujer SonoraDia de publicación: 2009-08-15 Hermosillo, Son., 5 agosto 09.- A dos meses de la tragedia que enlutó al mundo por el impacto de casi cincuenta vidas perdidas en Hermosillo, una estela de irregularidades en la investigación y el proceso judicial, es lo que ha traído consigo el incendio en la guardería ABC.Funcionarios faltos de seriedad como Daniel Karam, director del IMSS, autoridades que van de pifia en pifia como el gobernador del estado Eduardo Bours, personas intocables como las y los dueños de la guardería ABC, quienes han evadido la acción de la justicia desde el principio, son algunos de los ejemplos. Un movimiento ciudadano creciente es la ganancia indirecta pues ha surgido como la conciencia de autoridades que se empeñan en banalizar el suceso, impidiéndoselos las más de cincuenta mil personas que se han movilizado en 9 marchas realizadas tanto en Hermosillo, como en Ciudad Obregón, Nogales, Guaymas, Tijuana y en Distrito Federal. No ha sido fácil enterrar las evidencias, pues madres y padres de familia han dado un vuelco a su vida a partir del 5 de junio, tornándose en líderes sociales que exigen sus derechos y justicia para sus hijas e hijos. Jurídicamente no hay avances, pues no hay personas detenidas, salvo una supervisora del seguro social, cuyas funciones tienen que ver con los menús de la comida, la limpieza del inmueble y las actividades educativas. A estas alturas debería haber más personas en prisión, opina el licenciado Ernesto Moreno Bojórquez, abogado de un grupo de madres y padres afectados por el incendio del 5 de junio. La tardanza en poner a la gente sujeta a proceso se debe a descuidos, tal vez hechos a propósito, de ambas procuradurías, la estatal y la general de la república, acusa. La procuraduría del estado de Sonora, tiene la facultad en base al artículo 134-bis del código procesal penal de Sonora de decretar un arraigo domiciliario a todos los implicados en el siniestro. Se refiere a dueños de la guardería, a funcionarios de protección civil, tanto estatal como municipal, incluyendo a los jefes de bomberos.En repetidas ocasiones, el gobernador del Estado excusó a la procuraduría por no arraigar a los socios de la ABC, diciendo que no tenían facultades para hacerlo, sin embargo, Moreno Bojórquez asegura que es una interpretación errónea de la propia ley, pues ésta no hace distinción entre delitos graves o no graves, para que haya o no arraigo como lo aseguraba el gobernador. El hecho de que estas personas se encuentren prófugas, tiene suspendido el proceso penal, tanto en el fuero federal como en su momento lo tenía en el fuero estatal. El haber transferido el caso al ámbito federal, es conveniente en el sentido de que el gobernador es el jefe inmediato del procurador, quien a su vez es el jefe inmediato del ministerio público, quien a su vez representa a las y los ofendidos, es decir representa a las y los padres afectados. Así que si el gobernador tenía el caso en sus manos, era juez y parte. Al pasar a la PGR la ganancia es que Bours saque las manos del proceso penal. Sin embargo, igual se deduce que pasa a las manos de Felipe Calderón.No obstante, la ganancia es que en el ámbito federal no tengan una protección amplia, o bien que no la tengan, los dueños de ABC, funcionarios del IMSS, funcionarios del gobierno estatal y municipal.La PGR consignó a nueve personas entre ellas los socios, aunque se desconoce los motivos precisos. No se sabe el argumento jurídico ni la explicación que el procurador dio al juez y al ministerio público federal para que el juez los considere culpables, precisa.Esto es importante porque puede pasar que el argumento vaya débil, y con ello la defensa de la contraparte pueda destruirlo y alcanzar la libertad con inmediatez. Esto no se puede saber hasta que sean aprehendidos. María Matilde Altagracia Gómez del Campo, Sandra Lucía Téllez Nieves, Antonio Salido Suárez y Gildardo Francisco Urquidez Serrano, socios y dueños de la guardería ABC, presentaron su declaración por escrito con relación con los cargos de homicidio y lesiones culposas el pasado 31 de julio.Ninguno de ellos fue detenido porque cuentan con una suspensión provisional de la orden de aprehensión que les otorgó el juez segundo de distrito de Sonora, informó la PGR.En opinión del licenciado Ernesto Bojórquez las órdenes de aprehensión no se habían podido cumplimentar pues éstos se encontraban fuera del país, según se infiere de las declaraciones de la PGR, al emitir ficha roja a través de la Interpol. En caso de ser detenidos, el sólo hecho de fugarse les impide que alcancen fianza, pues pierden ese beneficio al sustraerse de la acción de la justicia. Con su evasión mandan el mensaje al juez de que no tienen intención de colaborar, explica el abogado.Moreno Bojórquez solicitó formalmente al delegado de la PGR en Sonora, a nombre de sus representados que no se les permita el beneficio de la fianza, pues es esa dependencia a través del ministerio público quien puede promoverlo.Por otra parte, le pidieron al delegado que haga suyo el planteamiento de que en base al artículo 149 del código federal de procedimientos penales y el 20 constitucional, que se embarguen bienes de todos los presuntos responsables. Esto significa que las propiedades de las y los socios, incluyendo la sociedad civil guardería ABC, los altos funcionarios del IMSS y otros implicados, propiedades de bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias y flujo de efectivo, que se le pida al juez que proceda a embargarlos, para garantizar de manera real y efectiva la reparación del daño material y moral de todas las víctimas. El asesor de cuatro madres de niños fallecidos y otros cuatro afectados en su salud por el incendio, afirmó que tienen información de que a las cuarenta empleadas de la guardería ABC se les sigue pagando su salario cada quincena, siendo que la fuente de trabajo está devastada, destruida, se extinguió a consecuencia del siniestro, por lo que no hay fuente de trabajo. Si no hay fuente de trabajo, la relación obrero patronal se termina. Lo procedente es que el patrón indemnice a las trabajadoras. Desde el 5 de junio se les sigue pagando el salario, se les cita en diversas partes de la ciudad para recibir su salario, el cual procede del dinero de las otras cuatro guarderías subrogadas por el IMSS a los mismos socios.En promedio estas guarderías reciben 500 mil pesos al mes, por lo que continúan recibiendo un promedio de dos millones de pesos al mes. Considera que esto es suficiente para que los dueños sigan huyendo, pagando hoteles, aviones, escondiéndose, y pagando abogados. ¿No sería prudente y sensato embargar esas cuentas por donde fluye ese efectivo? Se pregunta.Se debería cortar el suministro de efectivo para obligarlos a regresar, afirma. Es un derecho legítimo de las víctimas, por ello se lo han solicitado a la PGR.Peritajes dudososOtra deficiencia que apunta el licenciado Ernesto Moreno es en relación a la investigación realizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, quien dictaminó a través de un supuesto peritaje las causas del siniestro que arrebató la vida a las y los 49 niños.La principal omisión es el ignorar la recurrente mención de explosiones en las declaraciones de empleadas, vecinos y encargados de la bodega donde inició el incendio. Esto queda descartado en la averiguación pues se dictaminó que un sobrecalentamiento en una conexión eléctrica en mal estado, fue el causante.Las hasta cuatro explosiones mencionadas, no están explicadas en los dictámenes periciales. Si el sobrecalentamiento tuvo lugar en una bodega contigua a la guardería que está aproximadamente a veinte metros de donde estaban los niños concentrados, se hablaría de un incendio que avanzó lentamente, poco a poco, de tal forma que había posibilidad de evacuar a las y los niños, y no se hubiera tenido muertos, o hubiera habido pocos muertos, sólo heridos, o nadie herido.Sin embargo, se estableció como la causa de la muerte de las y los niños en primer lugar quemaduras, por insuficiencia en el riñón como segunda causa, e intoxicación en tercera. Esto último quedó plasmado en los hospitales en donde se les prestó auxilio y cuando se les quiso suministrar oxígeno, expulsaban humo, tizne, como un carro descompuesto que escupe humo oscuro, narra.El médico legista es quien determina las causas de la muerte, ¿por qué pone en primer término las quemaduras y deja para después la intoxicación? Cuestiona al asegurar que muchos niños murieron si quemaduras, pero intoxicados. Las preguntas lógicas, dice, son ¿de dónde vino la intoxicación? ¿Qué respiraron que provocó la intoxicación? Y eso que respiraron, ¿de dónde surgió? Su respuesta retoma la explicación científica de la descomposición de elementos del poliestireno, que recubría el techo de lámina. A más de cien grados de temperatura, las partículas de hidrógeno y benzeno, en contacto con el oxígeno generan una sustancia altamente explosiva, explica. Asegura que tiene fotografías en donde se advierte que los cristales de las ventilas, están quebrados de adentro hacia afuera, y no de afuera hacia dentro como sería lo lógico producido por la acción de la gente que del exterior quisiera tener acceso para el rescate. Igualmente se observa el filo del techo de lámina doblado hacia afuera, en un evidente vestigio de explosión, por lo que opina que el peritaje es insuficiente. Podría dar un giro el procesoPara contar con información que dé claridad al caso, el abogado se encuentra documentando con la colaboración de una doctora en Química, y un doctor en Física, información sobre el comportamiento de los elementos del poliestireno, con el fin de tener certeza, o la mayor aproximación de que la explosión se produjo en la bodega. La información que se obtenga la presentará a PGR, por ser la instancia que tiene la indagatoria. Con los resultados, solicitará a nombre de sus representados, que se considere ese planteamiento por parte del ministerio público y a su vez lo haga suyo y lo presente ante el juez, para que a su vez se solicite al juez una inspección de la guardería por parte de peritos calificados.Se pretende que con base en la opinión de expertos, se pueda determinar en dónde tuvo origen la explosión y por lo tanto el incendio, para saber qué impacto o grado de relevancia tuvo la explosión con la muerte de las niñas y los niños. Considera que si se da a conocer esto, entonces se daría un giro de 180 grados, a todas las cadenas de responsabilidades que actualmente se están procesando y próximas a juzgar. Podrían entrar en responsabilidades, el propio gobernador actual, el procurador actual, el agente del ministerio público que integró la averiguación, incluso los peritos que dictaminaron, porque ocultaron información y tergiversaron la investigación. A todos ellos les alcanzaría una responsabilidad incluso penal, por ejercicio indebido de funciones, por uso indebido de atribuciones y moralmente serían reprochables por toda la sociedad por ocultar y mentirle a la sociedad cuando informaron que la causa de todo fue el cooler.http://dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=61284&relacion=dossierpolitico&mas=13
CONVIVENCIA DEL VIERNES 7 DE AGOSTO
Sobre el movimiento 5J se escribió...
OBSERVATORIOS URBANOS Movimiento 5 de junio. No están solos!Cristina Martínez Rascón*Para los que nos dedicamos a las labores de investigación y docencia no es difícil aceptar que el discurso académico está constituido de distintos paradigmas y perspectivas analíticas que contienen elementos teóricos, metodológicos y empíricos; acto seguido, que con estas visiones se plantean alternativas de solución a los problemas de la sociedad, entre otros. El rigor científico es una condición fundamental para que los resultados sean los política-social-económicamente correctos. Todos aluden al componente humano, pero es frecuente que éste se diluya en nombre de la ciencia.Reflexiono lo anterior a partir de que me he percatado de la exigencia “política” que algunos comentaristas y formadores de opinión le han reclamado al movimiento 5 de junio, desestimando las acciones simbólicas pacíficas que lo han caracterizado hasta ahora y pidiéndole una definición en ese sentido como vía única para conseguir los resultados que demanda. Irónicamente, también existen los que opinan que la supuesta filiación partidista lo está llevando al matadero, inclusive, que ya fueron abandonados por quienes lo utilizaron para fines electorales.Aunque estoy en desacuerdo, no confrontaré ambos puntos de vista aquí pero sí argumentaré que la rapidez con la que los hechos rebasan la realidad da lugar a escenarios cambiantes y difíciles de aprehender para que actores y espectadores den soluciones que contenten a todos. Mi propuesta es no perder de vista la meta pero también valorar las lecciones que nos enseña el camino.Quizás no es necesario pero sí recordaré que el movimiento 5 de junio surgió con la tragedia ocurrida ese mismo día del año en curso con el incendio de la guardería ABC en Hermosillo y la muerte de 49 infantes más todos los heridos física y emocionalmente que aún convalecen. El movimiento se constituyó principalmente con padres y madres de estos niños además de familiares y la ciudadanía solidaria que se sumó con el interés de exigir justicia ejemplar a los responsables de esta desgracia. Para este efecto, existe una asesoría legal.Como muchos saben, la expresión más contundente del grupo ha sido la decena de marchas locales y nacionales donde han participado ciudadanos sin ninguna condición ni distingo de color y raza, todavía más, sin ningún compromiso verbal o escrito que presione a los manifestantes más allá de la voluntad propia.Todo correcto hasta aquí porque bien ó mal ésta es una de las características centrales de la sociedad civil que la distingue de los reclamos partidistas a partir de su filiación política. Más sin embargo, aquí se permiten todas las expresiones siempre y cuando coincidan con la demanda específica del movimiento.En este escenario es donde coinciden padres y madres de niños afectados y fallecidos, anímicamente muy mal y peor todavía por el panorama incierto de la justicia en un país como el nuestro.De allí que quien cuestiona la tibieza ó radicalidad del movimiento, pues que haga lo correspondiente desde su trinchera para equilibrarlo. No ayuda cuestionar con dureza la vía pacífica de este movimiento. Respeto al dolor humano, señores…, respeto a la diferencia y nos amanecemos, como dice el refrán.Definitivamente, no es la primera vez que una expresión social como ésta causa tantas interrogantes como expectativas. Numerosos casos han sido documentados en todo el mundo y las diversas miradas los han calificado de movimientos políticos, movimientos ciudadanos, movimientos clientelares, etcétera. Lo cierto es que éstos trastocan la tranquilidad y el sosiego de sociedades aletargadas; son contingentes plurales y por lo mismo diversos y porosos sin poder hacer casi nada para impedirlo. La calle y la opinión pública son de todos. El remedio radica en hacer cada quien su parte: los padres de niños afectados, la ciudadanía, los partidos políticos y las autoridades en su ámbito de influencia, conjuntamente, habrán de dar los resultados esperados. De última hora: se aprobó la formación de la comisión investigadora en la SCJN y este es un logro indiscutible de la presión ejercida por las marchas del movimiento 5 de junio. ¡No están solos!*Profesora-investigadora del Centro de Estudios de América del Norte de El Colegio de Sonora, cmartin@colson.edu.mx Publicado en Boletín Electrónico Portales No. 312 de El Colegio de Sonora.
DE RAFAEL CARDONA
OPINION DE EL CRISTALAZO DE RAFAEL CARDONA.Crónica de hoy.9 de agosto de 2009.Un viento de esperanza pasa por la torturada mente de los padres de los niños asesinados en Hermosillo. La Suprema Corte de Justicia, una vez cumplido su periodo vacacional, se ha hecho cargo de investigar los hechos criminales de la guardería ABC. Independientemente de las conclusiones previsibles del asunto, hay dos elementos importantes a los cuales se ha prestado escasa atención en los días recientes.Uno guarda relación con el mal funcionamiento institucional y su vinculación con la justicia, y el otro el análisis de fondo sobre la figura de la subrogación, la cual —lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones—, lleva consigo una cesión irresponsable de la función pública para cumplir con los fines naturales de las instituciones de seguridad social. Este concepto, seguridad social, es inherente a la función pública. Es una potestad estatal, una obligación del gobierno. Subrogarla con pretextos económicos o de capacidad física, es comenzar el desmantelamiento del Estado, asunto en el cual los mexicanos hemos avanzado demasiado de manera muy peligrosa. Y ya la Corte comienza a comprenderlo. Vea usted.Para asumir la investigación se trazaron “criterios orientadores” para determinar cuándo y en cuáles casos debe ejercerse la facultad indagatoria. En el expediente del asunto ABC, hay cuatro puntos importantes. 1) Que se trate de hechos generalizados, consecuentes a un estado de cosas, acaecidos en una entidad o región determinadas. 2) Que se trate de ACONTECIMIENTOS QUE DEBIENDO SER AFRONTADOS Y RESUELTOS POR LAS AUTORIDADES CONSTITUIDAS NO SE LOGREN CONTROLAR POR LA ACTITUD DE LAS PROPIAS AUTORIDADES (las mayúsculas son mías). 3) Que las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, sean las que produzcan o propicien los actos violentos. 4) Que frente a un desorden generalizado, las autoridades sean omisas, negligentes o incapaces de encausar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien, de garantizar el respeto a las garantías individuales. 5) QUE SE INTENTE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES A TRAVÉS DE LA CULTURA DEL ENGAÑO, LA MAQUINACIÓN Y EL OCULTAMIENTO QUE PROPICIA LA PROPIA AUTORIDAD.Como vemos el reconocimiento de la ineptitud (punto 2) y la corrupción (punto 4), son circunstancias suficientes para suponer el resultado de la investigación, el cual —por cierto— ni siquiera es necesario. La Corte no descubrirá; confirmará. Pero de hecho ya nos ha dicho cuál es el entorno de debilidad institucional: las autoridades responsables de algo, han hecho todo lo contrario. Quienes debían afrontar y resolver (el IMSS y el gobierno de Sonora en sus dos ámbitos, estatal y municipal) no han logrado controlar nada y por el contrario han usado la cultura del engaño para ocultar sus propias debilidades y malas artes. Y por cuanto hace al asunto de la subrogación, valen aquí las palabras del magistrado José Ramón Cossío Díaz: “Los requisitos, o mejor dicho los puntos del objeto que propongo son los siguientes:“Primero. Analizar el marco jurídico federal, estatal y municipal relativo al origen, establecimiento, operación y funcionamiento de los servicios de guardería.“Segundo. Investigar el origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados por el IMSS con patrones que tienen instaladas guarderías en sus establecimientos.“Tercero. Investigar el origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados por el IMSS con particulares, no patrones, para la prestación del servicio de guarderías.“Cuarto. Determinar el origen, contenido y cumplimiento del convenio de subrogación celebrado entre el IMSS y los particulares que prestaban el servicio en la Guardería ABC…”. Si bien la argumentación del ministro Cossío tiene ocho puntos cuya enumeración resultaría prolija en este espacio, la sustancia de su apunte es muy sencilla: revisar si la subrogación debe seguir como forma de cesión de responsabilidades o no. Esa sería la única utilidad de una discusión de esta naturaleza. “Analizar el marco federal, estatal y municipal —dice— relativo al origen, establecimiento, operación y funcionamiento de los servicios de guardería…”Dije aquí el siete de junio: “El incendio de la guardería ABC en Sonora, cuya gravedad sobrepasa cualquier adjetivación, es un hecho cuya posibilidad de repetición nos aguarda cualquiera de estos días a la vuelta de cualquier esquina, y se debe, fundamentalmente a una idea errónea en la cual el gobierno ha persistido hasta la ufanía: la privatización de la seguridad social.“El servicio de guarderías comenzó a ser entregado (subrogado; o sea sustituido) a los particulares en los dorados momentos del liberalismo social salinista. Los actuales gobernantes no solo lo han asumido como suyo sino lo han convertido hasta en un negocio para particulares cuya gratitud se convierte en votos. “Detrás de cada guardería privada y ‘supervisada’ (ya vimos con cuanta eficacia) hay un enclave político disfrazado con los programas del gobierno, lo cual no deja de ser una paradoja: para ampliar la cobertura social se los entregan al sector privado cuya finalidad no es de interés colectivo sino de lucro empresarial”.racarsa@hotmail.com
La Corte y el derecho a saberMIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPAPor lo menos tres ministros invocaron el derecho de los mexicanos a la verdad, durante el debate del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyó con la aprobación de una pesquisa constitucional sobre la matanza de 49 niños en una guardería subrogada del IMSS. El jueves pasado el máximo tribunal no sólo resolvió ejercer la facultad excepcional que le otorga el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, sino que proclamó el derecho a saber como un valor jurídico que el Estado debe satisfacer. La Corte, por lo pronto, se propone conocer la verdad de lo ocurrido en torno al incendio del 5 de junio que produjo aquel oprobioso resultado y hacerla conocer. Ese tribunal, sin embargo, es remiso a aprovechar ese objetivo esta vez señalado con entusiasmo por algunos de sus miembros. Con su escepticismo seco, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, cuya ponencia fue rechazada por ocho de sus colegas y sólo apoyada por dos, dijo entre los fundamentos de su propuesta de rehusar la indagación que “para bien de los mexicanos, de los 13 expedientes que tenemos registrados” abiertos con la pretensión de aplicar el artículo 97, “seis solicitudes han sido desechadas por falta de legitimación; otras tres han sido declaradas improcedentes, y en una más, relativa a cierta autora, después de haberse practicado la investigación ordenada por el tribunal pleno, se concluyó mayoritariamente que no se encontró prueba idónea para demostrar la grave violación de garantías individuales”.Dejemos de lado la necesaria exploración psicológica que condujo a Aguirre Anguiano a convertir en innombrable a Lydia Cacho y a aludir a ella sólo como “cierta autora”. No podemos imaginar que lo hizo por rubor, porque la contundente seguridad en sí mismo que ostenta el ministro tapatío impide pensar que es capaz de esa demostración del ánimo, pariente del arrepentimiento o la vergüenza por un error cometido. Lo que importa es su balance sobre el ejercicio de la facultad de investigación de la Corte. No es alentador. Y el recuento de las ocasiones en que ese tribunal se ha negado a indagar hechos cuya verdad podría establecerse mediante ese mecanismo sería aún menos estimulante si agregamos la negativa de los ministros, en su función jurisdiccional, a atraer procesos en que puede establecerse el sentido último y el contorno de hechos sangrientos como la matanza del 10 de junio de 1971 o escándalos de defraudación electoral: desechó la posibilidad de manifestarse ante el debate sobre la revisión de los paquetes de la elección presidencial de 2006, litigio que por esa omisión del supremo tribunal se libra ahora en uno internacional.Creamos, sin embargo, que de ahora en adelante el compromiso de la Corte con la verdad discurrirá por otras vías. En congruencia con formulaciones previas, el ministro Genaro David Góngora Pimentel, que vive sus últimos meses en ese tribunal –concluye en noviembre el período de 15 años para el que fue designado–, evocó el derecho a la verdad. Antes formuló su hipótesis sobre el acontecimiento del 5 de junio: “Las consecuencias del accidente (…) probablemente se agravaron a partir de la negligencia continuada de diversos actores, que no solamente corresponden a los particulares encargados de la guardería subrogada, sino también son responsables directos autoridades encargadas de vigilar el correcto funcionamiento de este programa de seguridad social en beneficio de las niñas y niños hijos de derechohabientes”. Sostuvo después, al fundar su voto a favor de que la Corte investigara el caso y su entorno institucional, que, al hacerlo, el tribunal debe favorecer “el cumplimiento del derecho a la verdad, que se proyecta hacia las personas afectadas y hacia la comunidad en su conjunto, que debe tener ese derecho de saber qué pasó, el derecho a la verdad”.Ese derecho a saber había sido invocado por el ministro Juan Silva Meza en enero de 2006, cuando quedó en la minoría de quienes buscaron que el pleno atrajera una pesquisa sobre el crimen de Tlatelolco. Ahora lo equiparó al derecho a la información, a la “búsqueda de la verdad, de la verdad que quiere saber y conocer la sociedad respecto de actuaciones que han producido consecuencias tales como: violaciones graves, graves violaciones de derechos fundamentales…”. Y después insistió: “A través de esta investigación –y por eso estoy convencido que debe hacerse– es necesario exponer a la sociedad civil, en el caso concreto todas las personas que estuvieron en torno de estos lamentabilísimos hechos, la verdad, la verdad de estos hechos; si fueron propiciados directa o indirectamente por acción u omisión”. De los ocho ministros que aprobaron realizar la investigación, el ministro Fernando Franco González Salas fue el tercero en sostener que entre los logros que debe perseguir la indagación cuente satisfacer el derecho a la verdad:El hecho de que “los resultados de la investigación se hacen del conocimiento público, se dan a conocer (…) tiene un sentido fundamental. Me parece que el conocimiento y las conclusiones a que pueda llegar este pleno (…) tienen una importancia subrayada para los familiares afectados por esta terrible tragedia (…) pero también para la sociedad en su conjunto. Esto, dado que he sostenido y sigo sosteniendo que uno de los objetivos medulares del ejercicio de esta delicada facultad que tenemos es lograr reparar o disminuir, en lo posible, el impacto negativo que se dio en la comunidad con motivo de los hechos (…) conocer la verdad histórica de los hechos a los que arribe este pleno con total transparencia puede coadyuvar de manera importante a lograr ese objetivo”.No se incluyó la búsqueda de la verdad en los 10 puntos que serán el objeto de la investigación. No es necesario que aparezca de modo expreso en esa lista. Sí será conveniente, cuando el ministro Franco realice el engrose de esta resolución de la Corte –operación que recoge las expresiones de los ministros que contribuyen a formar la decisión mayoritaria–, tenga en cuenta esa suerte de compromiso de al menos tres ministros con la búsqueda de la verdad, la satisfacción del derecho a saber.
Sobre la decisión de la SCJN
Alejandro Madrazo LajousEl ABC de la tragedia07 de agosto de 2009 La Suprema Corte decidió ayer ejercer la facultad de investigar violaciones graves a los derechos fundamentales en el caso de la guardería ABC de Hermosillo, en el que murieron casi medio centenar de hijas e hijos. La decisión es trágica en el sentido de las tragedias griegas: era inevitable y todo indica que su destino es terminar mal. Me explico. El ejercicio de la facultad de investigación era inevitable por dos razones, una remota y otra inmediata. La razón remota es el total descrédito de nuestras autoridades para actuar eficaz e imparcialmente; descrédito particularmente agudo en el caso quienes están encargados de la procuración de justicia. La sociedad —y en particular los deudos— percibió dilación, desidia, encubrimiento e impunidad. Una sociedad impaciente, hastiada, inmediatamente buscó en la Corte una esperanza. La presión política para que la Corte entrara al caso era grande, pero no irresistible. La estocada final que orilló a la Corte la dio el ministro Aguirre Anguiano: los argumentos que ofreció consolidaron a la mayoría en su contra. Al menos tres afirmaciones hacían inaceptable la adopción del dictamen: a) que un criterio rector para el ejercicio de la facultad investigadora es que no debe ejercerse cuando las autoridades actúan en abuso de su autoridad legal, sino sólo cuando actúan fuera de su autoridad legal (¡¿?!); b) que la tragedia no se debió a la actuación de las autoridades sino de privados (siendo del IMSS la responsabilidad de prestar el servicio y garantizar su seguridad); y, lo más indignante para el público, c) que las autoridades competentes ya estaban actuando diligentemente. El ministro no quería investigar el caso, pero sí quería avalar a priori el actuar de las autoridades. Decisión trágica: la Corte, hasta la fecha, no ha podido ejercer ésta facultad sin desacreditarse ante la opinión pública. Además, el ejercicio de la facultad desvirtúa su papel como tribunal constitucional. Con Lydia Cacho, la Corte dilapidó el enorme capital político que con justicia había ganado en el caso de la ley Televisa; con Atenco, nadie entendió el “sí, pero no”. Esto me lleva al problema de fondo: la Corte no sabe cómo y tampoco debe procurar justicia (investigar, acusar); sabe y debe impartirla (valorar las pruebas ofrecidas, interpretar el derecho). Como tribunal constitucional tiene la última palabra en la interpretación de nuestro derecho; del significado y contenido de nuestra comunidad política. Eso la hace poderosísima. Pero es un órgano sin legitimidad democrática propia que ejerce una función fundamentalmente contramayoritaria. Por ello, es indispensable que esté tan acotada como sea posible; que sea el poder “menos peligroso”: un poder reactivo —que sólo responde cuando alguien le pregunta— y acotado —que se ciñe a la Constitución y a su propio actuar previo—. La facultad investigadora es todo lo contrario: es oficiosa. En este caso fue ella misma (en voz de uno de sus integrantes) quien pidió ejercer la facultad; y es arbitraria, pues no hay reglas establecidas para ejercerla. Se trata de una facultad peligrosísima para el equilibrio de poderes. La Corte decidió exponerse ante la opinión pública una vez más. Lo hizo porque el reclamo popular ante la impunidad y la impotencia de las víctimas es tan grande que no puede ignorarse. En abstracto, creo que la Corte no debiera tener la facultad que ayer ejerció; en concreto, siendo nuestro sistema de justicia constitucional tan restringido —hay que ser gobernante o suficientemente adinerado para acceder a la justicia en este país—, no me atrevo proponer la eliminación de un cauce para acceder a la Suprema Corte, así sea con peticiones tomadas a voluntad por los ministros. Ojalá que la Corte use su peligrosa facultad para entrarle al fondo del asunto: no se trata de qué inspector recibió una mordida; se trata de entrarle a exhibir el sistema que permite el secuestro de los servicios públicos por parte del negocio privado; la ineptitud y la corrupción en la procuración de justicia, que eliminan la posibilidad de conocer la verdad; la ausencia en la legislación procesal de juicios colectivos con los que los consumidores (como lo eran los padres de los niños fallecidos) actúen eficiente y eficazmente para defender sus intereses. Sólo entrando a todo el entramado que permitió la tragedia del ABC, puede la Corte salir bien librada de esta nueva aventura. De otra forma, la advertencia del derrotado y unificador ministro Aguirre se actualizará: habremos presenciado el parto de los montes. Abogado
LA IMPUNIDAD ES LA CULPABLE
Rosario Robles 2009-08-08•PolíticaMucho se ha debatido en los últimos días sobre la intervención de la Suprema Corte en asuntos como el de la guardería ABC de Sonora, subrogada por el Seguro Social. En esencia, dicha instancia tiene sobre todo en sus manos la facultad de ser el máximo tribunal de interpretación constitucional. Pero también tiene la posibilidad (lo que en los últimos años ha desatado polémicas) de atraer la investigación de casos en los que se hayan violado flagrantemente las garantías individuales producto de un acto de autoridad. Con todas y sus limitaciones, el artículo 97 de la constitución ha permitido que la Corte intervenga en expedientes tan espinosos como la masacre de Aguas Blancas, la matanza de Acteal (que será tratada en sus próximas sesiones), la violación de los derechos de la periodista Lydia Cacho, para citar algunos muy relevantes. Pero más allá de las bases jurídicas, lo cierto es que ha tenido que asumir dicha responsabilidad por la incapacidad y corrupción de los órganos encargados de impartir justicia a todos los niveles. La impunidad ha sido el caldo de cultivo para que ciudadanos que sienten que no ha habido justicia cuando se violan derechos fundamentales recurran a los ministros. Tal es el caso de los padres y madres de los bebés que murieron trágicamente en la guardería sonorense. El tema está en la Corte porque en lugar de procurar justicia para esas familias se antepusieron intereses políticos y la necesidad de lavarse las manos antes que asumir responsabilidades. Los ministros tienen que asumir esta papa caliente porque, a estas alturas, son la única institución con capacidad de realizar una investigación neutral, creíble, con autonomía de los poderes locales y federales involucrados en esta tragedia. Es cierto que no podrán fincar responsabilidades. Pero su intervención ejercerá sin duda alguna presión sobre las autoridades encargadas de administrar y aplicar la justicia. Pero lo más importante, además de que la exigencia de los padres tuvo eco, es que esta investigación alcanza un aspecto fundamental. La comisión creada por los ministros analizará la constitucionalidad del procedimiento de subrogación de las guarderías. Es decir, en el fondo tendrá en sus manos la posibilidad de recomendar reformas que modifiquen esta ola de privatizaciones disfrazadas que han llevado a que el Estado renuncie a sus obligaciones sociales. Por eso también (y principalmente) el Estado debe estar en el banquillo de los acusados. Porque hace muchos años, con este afán de adelgazarlo, se pavimentó el camino para que abdicara de su responsabilidad fundamental: la de garantizar el acceso de todos los mexicanos al progreso y bienestar. Hace tiempo que se nos ha querido vender la idea de que el país se mide por el número de policías y militares en la calle, por el calibre de sus armas, por lo moderno de los instrumentos que utilizan. Bajo el argumento de que es por nuestra seguridad, pasivamente hemos aceptado que se trastoquen valores y paradigmas. La cara del país no debiera ser la de un policía o un soldado. No porque se menosprecie su esfuerzo y la tarea titánica que muchos de ellos hoy realizan. No. Pero eso no es lo fundamental y de nada sirve si la otra faceta es la de niños que mueren por omisiones que a la postre resultan criminales. Es necesario entonces replantear las prioridades. Es necesario acabar con la impunidad y la injusticia. Y también lo es generar las condiciones para que los hijos de millones de mujeres que trabajan estén bien protegidos y tengan acceso a servicios educativos y de salud de calidad, porque ése es su derecho. Si se dedicaran más recursos para ello, el rostro del país sería diferente. Porque a la larga esta inversión social permitiría que esos niños sean los ciudadanos del futuro, los hombres y mujeres encargados de recuperar las calles que hace tiempo dejaron de ser nuestras.Ser o… neceserLa marca Nike ha iniciado una sugestiva campaña en la que se señala, entre otras cosas, que “huevos… es soportar un país sin que las piernas tiemblen”. Muchas pensamos que eso, más bien, es de ovarios.rrobles@mileniodiario.com.mx

References: artículo 97
 artículo 134
 artículo 149
 artículo 97
 artículo 97
 resolución 
 artículo 97