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Timestamp: 2020-08-11 07:30:49+00:00

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﻿ SENTENCIA 2014-00994/4847-15 DE FEBRERO 8 DE 2018
SENTENCIA 2014-00994 DE 08 DE FEBRERO DE 2018
CONTENIDO:DOCENTES NO PUEDEN OSTENTAR PENSIÓN DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE MANERA CONCURRENTE. SI BIEN LAS NORMAS APLICABLES A LOS DOCENTES LES PERMITEN PERCIBIR SIMULTÁNEAMENTE PENSIÓN DE JUBILACIÓN, PENSIÓN GRACIA Y SALARIO, POR LOS SERVICIOS EN ESA ÁREA QUE PUEDAN SEGUIR PRESTANDO, EL RÉGIMEN PENSIONAL DE ESTOS TRABAJADORES ESTABLECE LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ Y LA DE JUBILACIÓN. EN ESTE SENTIDO, ESTA PREMISA SE FUNDA EN QUE (I) TIENEN SU ORIGEN EN UNA MISMA RELACIÓN LABORAL(II) ESTÁN CONDICIONADOS A LOS APORTES QUE EL DOCENTE HAGA A LA SEGURIDAD SOCIAL Y (III) SU FINALIDAD ES LA MISMA, ES DECIR, MIENTRAS LA PENSIÓN DE VEJEZ PRETENDE CUBRIR LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD DE TRABAJO POR HABER LLEGADO LA PERSONA A LA VEJEZ, LA PENSIÓN DE INVALIDEZ TAMBIÉN TIENE POR OBJETO CUBRIR LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL, PERO EN RAZÓN DE LA INVALIDEZ. EN CONCLUSIÓN, SI BIEN EL LEGISLADOR LE HA DADO UN TRATAMIENTO ESPECIAL AL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DOCENTENO OBSTANTE, ESTE NO EXPIDIÓ UN RÉGIMEN ESPECIAL DE PENSIONES QUE LES PERMITA PERCIBIR VARIAS PRESTACIONES AL AMPARO DE UNA MISMA NORMATIVIDAD Y POR LAS MISMAS CAUSAS, PUES, SE REITERA, EN MATERIA PENSIONAL ESTÁN SOMETIDOS AL RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL NIVEL CENTRAL, QUE EXPRESAMENTE CONSAGRA LA REFERIDA INCOMPATIBILIDAD PENSIONAL. EN ESTE SENTIDO, LA DECISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE NEGARLE A LA DEMANDANTE EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR SER INCOMPATIBLE CON LA DE INVALIDEZ QUE YA TIENE RECONOCIDA, EN MANERA ALGUNA DESCONOCE SUS DERECHOS ADQUIRIDOS, PUESTO QUE NINGUNA DISPOSICIÓN PERMITE EL GOCE DE AMBAS PRESTACIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PENSIÓN DE INVALIDEZ, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, DOCENTE, INCOMPATIBILIDAD PENSIONAL, RÉGIMEN PENSIONAL DEL DOCENTE DEL SECTOR PÚBLICO, PENSIÓN DEL DOCENTE, RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DEL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES, PENSIÓN DE JUBILACIÓN GRACIA
Sentencia 2014-00994/4847-15 de febrero 8 de 2018
Rad.: 25000-23-42-000-2014-00994-01 (4847-15)
Actor: Dora Albina Torres de Ávila
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que denegó las pretensiones de la demanda.
La señora Dora Albina Torres de Ávila, por conducto de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en orden a que se declare la nulidad de la Resolución número 0307 del 10 de enero de 2012 expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por la cual se le negó el reconocimiento y pago de la pensión ordinaria de jubilación.
A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la demandada a pagarle el valor de las mesadas pensionales y adicionales con los respectivos reajustes de ley, desde la fecha en que debió efectuarse el reconocimiento pretendido; que se declare que el pago de la pensión de jubilación es compatible con la de invalidez; que las sumas adeudadas sean indexadas como lo dispone el artículo 187 de la Ley 1437 del 2011; que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en el artículo 192 ibídem; y que se condene en costas a la entidad demandada.
Como fundamento de sus pretensiones la demandante expuso los siguientes hechos(1):
Laboró al servicio de la educación oficial en el Distrito Capital por más de 20 años, afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fonpremag).
Con Resolución 03338 del 24 de noviembre de 2005 la Secretaría de Educación de Bogotá, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le reconoció y ordenó el pago de la pensión de invalidez, a partir del 16 de agosto de 2005.
Por haber cumplido los requisitos establecidos en la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes, solicitó el reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación. Esta petición fue negada por la entidad mediante Resolución 0307 del 10 de enero de 2012 (acto acusado).
La parte demandante citó como disposiciones vulneradas los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política; 3 del Decreto-Ley 2277 de 1979; 15 numeral 1, inciso 1, y 2, numeral 5, de la Ley 91 de 1989; 7 del Decreto 2563 de 1990; 2 literal a) y 12 de la Ley 4 de 1992; 1 del Decreto Reglamentario 1440 del 1992; 115 y 180 de la Ley 115 de 1994; 98 del Decreto 1295 de 1994; los decretos 1832 de 1994 y 2644 de 1994; y las leyes 776 de 2002 y 1562 de 2012.
Alegó, en esencia, que el acto acusado desconoce su condición de docente beneficiaria de un régimen especial que le permite acceder a la pensión de jubilación aun cuando esté percibiendo la de invalidez, pues se trata de dos prestaciones diferentes y claramente compatibles: la de jubilación que se reconoce por cumplir 20 años de servicio en el magisterio y tener 55 años de edad, y la de invalidez como consecuencia de la pérdida de capacidad laboral por enfermedad profesional debidamente acreditada.
Dentro del término de traslado para contestar la demanda la entidad accionada guardó silencio.(2)
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 30 de junio de 2015 denegó las súplicas de la demanda. Dijo que las pensiones de invalidez y de jubilación son incompatibles; y aunque tienen su origen en riesgos diferentes la finalidad es la misma, esto es, proporcionarle a la persona lo necesario para subsistir. Sin embargo, la ley le otorga al interesado la posibilidad de escoger la que considere más favorable.
Agregó que el artículo 128 de la Constitución Política prohíbe que una persona devengue más de una asignación que provenga del tesoro púbico.
La parte demandante interpuso recurso de apelación pidiendo que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones. Expuso los siguientes argumentos de inconformidad:
No es cierto que exista incompatibilidad entre las pensiones de invalidez y jubilación, toda vez que provienen de una causa jurídica disímil, están destinadas a cubrir un riesgo diferente y son pagadas por distintas entidades.
La entidad demandada desconoció que los docentes cuentan con un régimen especial que les permite devengar más de una pensión de manera simultánea. Por ello, a pesar de tener reconocida una pensión de invalidez que actualmente disfruta, la actora tiene derecho a que le sea reconocida la de jubilación, comoquiera que cumple de sobra los requisitos de edad y tiempo de servicio para acceder a ella.
Citó las sentencias del 1º de diciembre del 2009 y del 13 de febrero de 2013(3) de la Corte Suprema de Justicia, en las cuales se sostuvo que la pensión de invalidez causada en un accidente de trabajo o una enfermedad profesional es compatible con la pensión de jubilación, pues protegen dos riesgos distintos, a saber: la pérdida de la capacidad laboral y el paso inexorable de los años.
Finalmente, reiteró que la prohibición del artículo 128 de la Constitución Política de recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, se refiere a la vinculación en dos o más empleos de manera simultánea, situación ajena al asunto aquí controvertido.
La demandante y la entidad accionada guardaron silencio en esta etapa procesal.(4)
No rindió concepto.(5)
Por su parte, a los docentes vinculados con anterioridad a esta ley se les aplicas las disposiciones anteriores. Este mandato fue ratificado por el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 1 de 2005, así:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 81 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación (…)
Ahora bien, conforme al artículo 5º del Decreto 224 de 1972(10) el goce de la pensión de jubilación no es incompatible con el ejercicio de empleos docentes, es decir, al tenor de esta disposición pueden los educadores percibir la pensión de jubilación y el salario. Por consiguiente, los docentes están exceptuados de la prohibición de recibir doble asignación del tesoro público, en tanto que el artículo 6º de la Ley 60 de 1993 dejó a salvo la compatibilidad entre las prestaciones pensionales y las asignaciones derivadas del ejercicio de la actividad docente. Así mismo, la ley permite la compatibilidad de las pensiones gracia y ordinaria.
Reiteradamente esta corporación ha expresado que es improcedente reconocer dos pensiones ordinarias de jubilación, así la preceptiva jurídica aplicable a los docentes permita a éstos percibir simultáneamente pensión de jubilación y el sueldo por los servicios docentes que pueden seguir prestando. Así, en la sentencia del 10 de abril de 1997, Actora: Eunice Arias de Arias, Exp. 12.776, C.P. Dolly Pedraza de Arenas, luego de determinar que la pensión cuyo reconocimiento requería la demandante era la pensión ordinaria de jubilación, puntualizó que la misma podría ser compatible con otras pensiones, por ejemplo con la pensión gracia del orden nacional pero no con otra pensión ordinaria de jubilación. Se tiene entonces, que ni las normas a que se ha hecho referencia ni ninguna otra disposición superior, establece la compatibilidad de la percepción de la pensión gracia con dos pensiones ordinarias de jubilación, o la compatibilidad de percibir dos pensiones ordinarias de jubilación, categoría que se reitera, tendría la pensión cuyo reconocimiento reclama la demandante (…).
• Por Resolución 3338 del 24 de noviembre de 2005 el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconoció y ordenó el pago de una pensión de invalidez a la señora Dora Albina Torres de Ávila, efectiva a partir del 16 de agosto de 2005, en cuantía equivalente al 100 %.
• Mediante Resolución 307 del 10 de enero de 2012, se negó la solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación solicitada por la demandante en consideración a la incompatibilidad con la pensión de invalidez reconocida.
Las resoluciones mencionadas dan cuenta de que a la demandante, por haber presentado pérdida de capacidad laboral del 96 %, se le reconoció la pensión de invalidez.
Mediante escrito radicado el 17 de noviembre de 2011(13) solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación. La entidad, con fundamento en el artículo 88 del Decreto 1848 de 1969, que establece la incompatibilidad entre las pensiones de invalidez y de jubilación, negó la petición.
Es sabido que el legislador le ha dado un tratamiento especial al ejercicio de la profesión docente(14); no obstante, este no expidió un régimen especial de pensiones que les permita percibir varias prestaciones al amparo de una misma normatividad y por las mismas causas, pues, se reitera, en materia pensional están sometidos al régimen prestacional de los empleados del nivel central, que expresamente consagra la referida incompatibilidad pensional.
Asimismo, son conocidas las excepciones para el sector docente respecto de la prohibición de erogar dos asignaciones con cargo al tesoro público, que, dentro de las salvedades previstas en el Decreto Ley 1278 de 2002(15), corresponden a la posibilidad de percibir pensión gracia(16) y de jubilación, y la compatibilidad de esta con el salario siempre que el docente no tenga edad de retiro forzoso y mantenga aptitud mental y física(17).
En este sentido, la decisión de la administración de negarle a la señora Torres de Ávila el reconocimiento de la pensión de jubilación por ser incompatible con la de invalidez que ya tiene reconocida, en manera alguna desconoce sus derechos adquiridos, puesto que ninguna disposición permite el goce de ambas prestaciones.
Por tanto, como lo ha señalado esta corporación en reiterada jurisprudencia,(18) la interesada tiene ante la administración la posibilidad de optar por la pensión que le resulte más favorable económicamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 88 de los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente.
Finalmente, respecto de las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia que aduce el libelo, en las cuales se admite la posibilidad de percibir simultáneamente la pensión de jubilación y la de invalidez, esta Subsección(19) determinó que no es procedente aplicar el criterio desarrollado por dicha corporación, toda vez que se trata de contextos fácticos y jurídicos distintos, en la medida en que las pensiones pretendidas en los asuntos que han sido objeto de examen por esta Sala provienen de una misma causa, esto es, los aportes pensionales efectuados por los demandantes al sistema general de seguridad social por su relación laboral docente; además estas prestaciones se encuentran a cargo de una misma entidad, esto es, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Conforme a la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado y con base en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, aplicables a la demandante por haberse vinculado antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003(20), las pensiones de invalidez y jubilación son incompatibles por cuanto se trata de prestaciones ordinarias que provienen de la misma causa y se encuentran a cargo de la misma entidad.
De conformidad con lo señalado en recientes providencias de esta Subsección(21) en el presente caso no hay lugar a imponer condena en costas en la segunda instancia, toda vez que no hubo intervención de la parte demandada en esta.
CONFIRMAR la sentencia del 30 de junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que denegó las pretensiones de la demanda incoada por la señora Dora Albina Torres de Ávila contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
1 Folios 13 y 14.
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. M.P. Camilo Tarquino Gallego Bogotá D.C., 1 de diciembre del 2009. Radicación 33558; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno, 13 de febrero del 2013. Radicación 40560.
4 Folio 143.
5 Folio 143.
6 Subsección A, sentencias de 2 y 16 de marzo de 2017, expedientes 25-000-23-42-000-2012-00275-01 (1078-2014) y 25-000-23-42-000-2013-05785-01 (2413-2014), ponente doctor William Hernández Gómez; de 18 de febrero de 2016, expediente 85-001-23-33-000-2012-00217-01 (2415–2013), ponente doctor Gabriel Valbuena Hernández. Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2017, expediente 25000-23-42-000-2014-03132-01(2750-16), ponente doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez.
7 ART. 81.—Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
10 El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea docente…
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de mayo de 2001, número interno 2841 de 2000, ponente doctora Ana Margarita Olaya Forero.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de julio de 2016, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número interno: 1793-2015; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A sentencia de 18 de febrero de 2016, número interno: 2415-2013, C.P. Gabriel Valbuena Hernández
13 Fecha consignada por la entidad en la resolución acusada.
14 Estatuto Docente, Decreto-Ley 2277 de 1979, Ley General de la Educación, Ley 115 de 1994
15 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente, artículo 45, vigente desde el 19 de junio de 2002.
16 Ley 114 de 1913.
17 Decreto 224 de 1972.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de julio de 2016, consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, número interno 1793-2015; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A sentencia de 18 de febrero de 2016, número interno: 2415-2013, consejero ponente Gabriel Valbuena Hernández iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 13 de noviembre de 2014, consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve, número interno 3008-2013; iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 25 de marzo de 2010, consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero, número interno 3058-2004; v) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 30 de septiembre de 2010, consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve, número interno 1067-2009.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de noviembre de 2017, consejero ponente William Hernández Gómez, número interno: 3510-14.
20 La demandante se vinculó al servicio docente el 1º de febrero de 1976 (folio 9).
21 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, proferidas por la Subsección A de la Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.

References: Resolución 
 artículo 187
 artículo 192
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 128
 artículo 128
 artículo 5
 artículo 6
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 88
 resolución 
 artículo 45