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1. Comentarios a la cuestión 1. - PDF
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Nicolás Salazar Naranjo
1 Comentarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la consulta pública sobre los aspectos a considerar en los procesos de licitación para la prestación del servicio de televisión digital en zonas remotas y menos urbanizadas. 1. Comentarios a la cuestión 1. Aunque la Decisión CE (2013) 3204 final, relativa a la ayuda estatal S.A concedida por el Reino de España para el despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas, considera que dicha ayuda es incompatible con el mercado interior, es importante recordar que los ciudadanos residentes en las zonas afectadas ya tuvieron que hacer en su momento una serie de inversiones económicas para continuar recibiendo los contenidos de televisión una vez realizado el apagado analógico (al menos la adquisición de un decodificador TDT específico o bien de televisores con receptores TDT integrados y en ocasiones adaptaciones de instalaciones receptoras domésticas). A la vista de lo anterior, no parece sensato, y más aún considerando la coyuntura de crisis económica actual, repercutir de nuevo a los ciudadanos costes adicionales para continuar recibiendo el servicio de televisión en abierto. Por tanto, es evidente que la licitación del servicio debe incluir las medidas adecuadas para que las adaptaciones de instalaciones domésticas y/o adquisiciones de receptores específicos diferentes a los utilizados actualmente por los ciudadanos no supongan conste adicional alguno a los ciudadanos afectados. Más aún. La propia Comisión Europea es la que recomienda que las futuras licitaciones deberían especificar los requisitos cualitativos, tales como que la transmisión de la señal de la televisión digital no suponga coste alguno para los ciudadanos ni las emisoras dejando en manos del licitador determinar qué tecnología utilizará para ello, según se recoge en el texto asociado a la presente consulta pública. Para garantizar que la penetración del nuevo servicio licitado alcance al menos la existente actualmente en las zonas rurales objetivo de cobertura en plazo (antes del fin del periodo transitorio o del inicio del contrato), se propone que el pliego incluya cláusulas del tipo siguiente: La solución propuesta no debe suponer coste alguno adicional para el ciudadano. En el caso de que el sistema de difusión propuesto requiera adaptaciones o modificaciones en los sistemas de recepción de las viviendas de los ciudadanos, o bien fuera preciso la adquisición de decodificadores específicos no compatibles con la recepción de contenidos TDT emitidos según la norma europea de telecomunicaciones EN , el licitador deberá incluir en su oferta la solución propuesta para que tanto las modificaciones en el sistema de recepción y/o la adquisición de estos decodificadores no supongan coste alguno para los ciudadanos residentes en la zona objetivo de actuación. En el supuesto anterior, el licitador deberá incluir un Plan de Comunicación dirigido a los habitantes de las localidades objetivo de cobertura para informales de los cambios que deberán efectuar en sus instalaciones receptoras domésticas con el fin de continuar 1/5
2 recibiendo los contenidos de Televisión Digital (TvD) objeto del contrato, así como el procedimiento para efectuar estas actuaciones sin que les suponga coste alguno, como se ha indicado previamente. Obviamente, el licitador deberá asegurar que el inicio del servicio de difusión de TvD ofertado se inicie cuando haya transcurrido el tiempo adecuado para que los ciudadanos de las zonas objetivo de actuación hayan efectuado la adaptación de sus instalaciones receptoras domésticas, si fuera preciso. Este periodo de tiempo previo al inicio del servicio de difusión no computará dentro del periodo de duración del presente contrato, cuya duración total será la estipulada desde el momento en el que se inicie la difusión del servicio de TvD a todas las localidades objetivo de cobertura. Por tanto, el licitador deberá presentar un plan de implantación del servicio que asegure los aspectos anteriormente expuestos. La solución propuesta no debe suponer un coste recurrente (por concepto de suscripción o de cualquier otro tipo) para el ciudadano que reciba el servicio de TvD. 2. Comentarios a la cuestión 2. Es evidente que sería un despilfarro económico no considerar de entrada la posibilidad de que se reutilicen tanto las infraestructuras como el equipamiento que las Administraciones Públicas han adquirido y que, por tanto, forman parte de su patrimonio. Por otra parte, no hay que olvidar que estas instalaciones y equipamientos se han adquirido por medio de dinero público y para prestar un servicio público, por lo que al final son recursos económicos que han aportado los propios ciudadanos y que han sido gestionados por las AAPP de la forma que han considerado más eficiente para prestar el servicio requerido. En resumen, la Administración Pública debe velar por un uso adecuado de los recursos económicos públicos que gestiona, y la única manera de hacerlo en el caso que nos ocupa es mantener la opción de reutilizar tanto las infraestructuras como el equipamiento propiedad de las AAPP para prestar el servicio requerido. La manera en que lo anteriormente expuesto podría instrumentalizarse dentro del ámbito de una licitación tecnológicamente neutra sería: Incluir dentro del objeto y alcance del contrato la siguiente cláusula: El contrato no impone ninguna solución tecnológica, siendo posible efectuar la prestación del servicio por medio de cualquier tecnología que satisfaga los requisitos del pliego. No obstante lo anterior, se ofrece la posibilidad de la utilización de los equipos e infraestructuras propiedad de la Comunidad Autónoma incluidos en el anexo X, los cuales prestan actualmente cobertura a las localidades del anexo Y. Si la Administración Pública es propietaria de equipos, se debe establecer que si el licitador se decanta por la reutilización de los mismos, el coste asociado al consumo eléctrico de estos equipos podrán ser imputados al contrato. Si la Administración Pública no es propietaria de los emplazamientos o infraestructuras en los cuales sus equipos se encuentran alojados, y el licitador opta por la reutilización de los equipos, los costes asociados a dicho alojamiento (housing) podrán ser imputados al contrato. En ese caso, el pliego debe establecer dar datos o referencias de los costes 2/5
3 asociados al alojamiento (housing) de los equipos en los centros en los cuales se encuentran actualmente instalados. Así mismo, el pliego debe dejar abierta la opción de que el licitador pueda trasladar los equipos a otros emplazamientos bien de su propiedad o de otro operador, siempre que su traslado no suponga un coste económico a los ciudadanos que reciben señal desde estos centros (por ejemplo, necesidad de reorientación de antenas domiciliarias) o bien éste asuma ese posible coste. En este último caso, la Administración podrá si lo desea exigir que los equipos sean de nuevo instalados en los centros en los que se encuentran actualmente tras la duración del contrato. Si el licitador se decanta por la opción de reutilizar los equipos de la Administración, deberá asegurar el correcto mantenimiento de los mismos. 3. Comentarios a la cuestión 3. El ámbito territorial de cada licitación que cada Administración Pública realice deberá comprender el mismo territorio o las mismas localidades cuya cobertura es actualmente asumida por dicha Administración. Es decir, existen emplazamientos, equipos, infraestructuras e instalaciones propiedad de diferentes Administraciones Públicas (Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Comunidades Autónomas), los cuales cubren diferentes áreas de cobertura y cuyos gastos asociados a la prestación del servicio en las áreas de su competencia son asumidos por dichas Administraciones respectivamente. Por tanto, parece razonable que cada Administración Pública efectúe la licitación neutra tecnológicamente para la zona geográfica donde debe asegurar la prestación de dicho servicio y de la cual es responsable. Por tanto, no parece de entrada viable establecer sinergias entre diferentes regiones, más allá de establecer unos pliegos tipo de licitación neutra tecnológicamente. 4. Comentarios a la cuestión 4. El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, establece en su artículo que los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia superior a cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente. La celebración de contratos de servicios de duración superior a la señalada podrá ser autorizada excepcionalmente por el Consejo de Ministros o por el órgano autonómico competente de forma singular, para contratos determinados, o de forma genérica, para ciertas categorías. Es decir, la normativa estatal, que tuvo como una de las principales justificaciones la necesidad de adaptar la legislación de contratos a las directivas comunitarias, plantea como una excepción que un contrato de servicios pueda exceder de 4 años, siendo preciso para ello que el órgano competente lo apruebe de forma expresa y justificada. Por otra parte, existen dictámenes de la antigua Comisión Nacional de la Competencia (actual Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia) que establecen o recomiendan no realizar contrataciones que superen los 5 años ya que éstas limitan la competencia del sector afectado. A la vista de lo anterior, se considera adecuada una duración de contrato máxima de 6 años con la posibles prórrogas incluidas, tal y como establece la normativa de estatal de 3/5
4 contratación. Aunque esta normativa permite la realización excepcional de contratos de servicio por periodos superiores, no parece razonable ni recomendable llevarlas a cabo. 5. Comentarios a la cuestión 5. De todas las soluciones tecnológicas posibles para la prestación del servicio de televisión digital objeto del futuro contrato (difusión por medio de equipos terrestres, por cable o por satélite), desde un punto de vista técnico sólo dos tienen sentido en las localidades objetivo de actuación (pequeñas localidades en zonas rurales dispersas): la solución basada en equipos terrestres o la solución basada en difusión por medio de tecnología satelital. La solución por cable pasaría por la necesidad de efectuar tendidos aéreos o subterráneos cuyos cables presentaran un ancho de banda adecuado para transmitir todos los contenidos TDT objeto del contrato (al menos 5 múltiples digitales) y que llegue a cada uno de los hogares existentes en todas las localidades objetivo de cobertura. Obviamente, los costes de obra civil asociados a la solución cableada se incrementarían de forma casi exponencial en las zonas rurales objetivo del presente contrato, donde la infraestructura de telecomunicaciones es limitada y no existe en muchas ocasiones ni siquiera servicio de acceso de banda ancha de alta velocidad, requisito básico para una difusión por medios electrónicos físicos (cable o fibra óptica). Podrían darse el caso de soluciones mixtas: por medios terrestres en la mayoría de las entidades de población objetivo de cobertura (pequeñas localidades y dispersadas a lo largo del territorio), y por medio de cable o fibra óptica en algunos pocos núcleos de población de tamaño medio si ya hay cierta infraestructura desplegada, o bien donde la inversión requerida por el licitador sea pequeña, teniendo en cuenta la posibilidad de prestar servicios de pago adicionales a la difusión de contenidos de televisión digital por ese medio (acceso de banda ancha o telefonía). En cualquier caso, sólo en un número muy reducido de localidades tendría sentido tecno-económico una solución por cable o fibra óptica, por lo que en este supuesto la solución terrestre sería mayoritaria. Obviamente, no parece tener sentido una solución mixta cable-satelital, ya que si opta por el uso del satélite, éste ya garantizaría la cobertura de las localidades donde también se podría desplegar una solución por cable. A modo de ejemplo, en el caso particular de Castilla-La Mancha, más de 450 localidades constituirían el objetivo de cobertura de una futura licitación neutra tecnológicamente. De ellas, tan sólo 25 (el 5 %) superan los habitantes, y sólo 3 superan los (0,7 % del total). Por tanto, es claro que la solución por cable sólo podría darse en un número muy bajo de localidades. A la hora de decidir cuál de las dos soluciones técnicamente viables (terrestre y satelital) es la solución más eficiente en costes, es preciso analizar las características propias de cada una. En el caso de una solución terrestre basada en la reutilización de equipos e instalaciones propiedad de la Administración Pública que licita el contrato, el coste asociado a la prestación del servicio puede desglosar en tres conceptos básicos: o Coste de los trabajos de mantenimiento correctivo. o Coste del consumo eléctrico de los equipos objeto de mantenimiento. o Coste relacionado al alojamiento (housing) de los equipos en centros propiedad de un operador. Este coste podrá reducirse en función de la reducción del número de centros ajenos que se utilicen. 4/5
5 En general, el coste asociado al consumo eléctrico será el menor de los tres conceptos anteriores, ya que se trata, en su inmensa mayoría, de centros de baja potencia (1 W), salvo algunas excepciones. En relación con los costes asociados al alojamiento de equipos, para hacer una estimación en el caso peor (precios máximos) se puede recurrir a la Oferta de Referencia para el Acceso a los Centros emisores de Abertis Telecom (ORAC), la cual es pública, está regulada por la actual Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (anteriormente por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) y se considera por tanto una referencia objetiva para la estimación de estos costes (ver Finalmente, el coste asociado a los trabajos de mantenimiento, dependerá fundamentalmente del número de centros a mantener. Podemos considerar un coste medio como caso peor de /año por estación de televisión digital terrestre de baja potencia a mantener en un centro de extensión (zona rural) ajeno. El coste total dependería del número total de estaciones a operar tomando como base este coste medio por centro en caso peor. En el caso de una solución basada en satélite, es preciso considerar que el licitador deberá disponer de un centro de subida de la señal a difundir al satélite o Telepuerto. Esto supondrá un coste en el cual se incluyen los costes asociados a la generación de la plataforma satelital (compresión de vídeo y audio MPEG-4) que es preciso realizar y codificar (acceso condicional) previamente a su envío al satélite, ya que es necesario garantizar que la señal puede decodificarse únicamente en las localidades objetivo de actuación, por lo que la señal no puede enviarse en abierto. Estos costes de inversión inicial deben ser asumidos por el licitador, ya que el objetivo del contrato es la prestación del servicio de televisión digital y no la inversión en infraestructura o el suministro de equipos. No obstante, es claro que se repercutirá en los costes recurrentes del servicio ofertado. En cuanto a los costes de operación y mantenimiento asociados a la prestación del servicio en la solución satelital es necesario considerar el coste recurrente asociado a la ocupación de capacidad en el satélite. Este coste varía en función del número de múltiples a distribuir. Así mismo, puede haber cierta economía de escala si se difundieran más de 1 múltiple. Para la difusión de 5 múltiples (los que actualmente se emiten desde los centros terrestres existentes en la zona objetivo de actuación) y considerando un coste medio de unos por múltiple difundido, esto nos llevaría a un coste anual mínimo de /año para la difusión de los contenidos de 5 múltiples digitales por medio de tecnología satelital, sin considerar los costes iniciales mencionados para la generación de la plataforma. Por tanto, en base a las hipótesis anteriores, la solución terrestre es más eficiente en costes que la satelital, siempre que el número de estaciones terrestres de baja potencia a operar o mantener por la Administración Pública que licita el contrato no supere las Si se asumiera un coste medio anual de mantenimiento de estación terrestre de baja potencia fuera de /año, la solución terrestre continuaría siendo más eficiente siempre que el número de estaciones a mantener no superara las /5
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