Source: https://issuu.com/defensoriaec/docs/defensa_y_justicia_no.1
Timestamp: 2017-08-24 10:42:54+00:00

Document:
Revista Defensa y Justicia No 1 by Defensoría Pública - issuu
Edición Nro. 1 / Noviembre 2012 / bimensual
Revista Institucional de la Defensoría Pública del Ecuador
Los derechos se garantizan con una defensa pública sólida La indefensión va más allá de la carencia de un abogado ‘Es importante fortalecer a la Defensoría Pública’ La Defensoría Pública cree en la gestión de conflictos Las Tres Manuelas atienden a la comunidad
@defenpublica_ec DefensoríaPúblicadelEcuador
Índice La Defensoría Pública llegó para equilibrar la justicia Los derechos se garantizan con una defensa pública sólida
La indefensión: un asunto que va más allá de la carencia de un abogado
‘Es importante fortalecer a la Defensoría Pública’
a Defensoría Pública del Ecuador presenta su revista institucional “Defensa y Justicia” como un espacio para el debate, el análisis y la reflexión sobre los temas de la justicia, el derecho, la defensa legal, las reformas legales, entre otros ámbitos relacionados. Creemos en la necesidad de abrir un lugar para el pensamiento crítico, con corte académico, en el que los actores de la justicia puedan expresar sus visiones, plantear sus propuestas, reflexionar sobre los momentos que atraviesa el Ecuador relacionados con los temas propuestos. En medio de los cambios, de los avances, de las transformaciones profundas que están ocurriendo en el país, es necesario dedicar un tiempo a pensar y mirar con detenimiento cómo se están dando esos cambios, sus impactos, la necesidad de nuevas propuestas y/o políticas desde el Estado. En este primer número tenemos como tema central el papel que cumple la Defensoría Pública desde varios enfoques, todos son un aporte para reflexionar sobre el avance importante que ha tenido el sistema de justicia con la institucionalización de la defensa por mandato constitucional. A los lectores de “Defensa y Justicia” les invitamos a escribirnos, darnos sus aportes y críticas para ofrecer un mejor producto y, sobre todo, para profundizar el análisis en los temas de la Justicia y el Derecho. Ernesto Pazmino Granizo, Defensor Público General
Ernesto Pazmiño Granizo Defensor Público General del Ecuador Patricia Torres Subdirectora de Cooperación y Comunicación Amelia Ribadeneira Directora Noemí Ulloa Editora Articulistas colaboradores: Patlova Guerra, Cristóbal Machuca, Marlo Brito, Alicia Contero, Fausto Corral, Viviana Maldonado, Andrea Benalcázar
La Defensoría Pública cree en la gestión de conflictos Una ley en la encrucijada	Oficinas de la Defensoría Pública en el país El Estado debe garantizar la protección
El procedimiento penal se aprende con la práctica
Una Unidad que acelera los procesos La necesidad de las reformas penales	Las Tres Manuelas tienen una casa para atender a la comunidad
Fotografía César Acuña, Omar Arregui, Andrés Mazabanda, Diego Arteaga, FlicKr Presidencia de la República, Diario El Telégrafo, www.ingimage.com - Ediecuatorial www.defensoria.gob.ec Dirección Av. 6 de Diciembre N21-37 y Robles Quito - Ecuador
Diseño, Diagramación e impresión Isla Marchena N42-139 y Granados PBX: 593 246 4469 www.ediecuatorial.com Quito - Ecuador
Ventas: Maribel Vasquez 246 4469 ext. 145 0984638974
EDIEC 13567
Una mirada integral al derecho a la defensa
La Defensoría Pública llegó para equilibrar la justicia Se creó el 20 de octubre de 2010 como un órgano autónomo de la Función Judicial. Ecuador es el único país del continente que tiene Defensoría Pública por mandato constitucional.
Más de 150 mil hombres y mujeres pobres han sido incorporados al servicio gratuito de defensa.
l Derecho de Defensa fue una inquietud constante para Ernesto Pazmiño Granizo. Cuando fue legislador por la provincia de Bolívar presentó un proyecto de ley para la creación de la Defensoría Pública, considerando que en Ecuador no existían mecanismos para garantizar el derecho a la defensa y que era uno de los pocos países de América que no contaba con esta institución. Este proyecto se hizo realidad el 17 de agosto de 2007, cuando el Presidente Rafael Correa le entregó el Decreto Ejecutivo 563, que creó la Unidad Transitoria de Defensoría Pública Penal. No le fue difícil encontrar personas honestas y trabajadoras que se unieron a su empeño por formar la nueva entidad. Consiguió en comodato una casa de dos pisos en la calle Plácido Caamaño y con apenas tres personas inició la tarea, a la que se unieron más defensores y personal administrativo hasta no más de 30. La nueva Constitución del Ecuador consagró, por primera vez, la institución de la Defensoría Pública, incorporándola
como un órgano autónomo de la Función Judicial, desde el 20 de octubre de 2010, convirtiendo al Ecuador en el único país del continente que contempla a nivel constitucional la existencia de una institución de defensores públicos y dando origen a una de las más representativas de un Estado Democrático, de Derechos y Justicia: la Defensoría Pública. El 8 de mayo de este año Pazmiño fue posesionado como el primer Defensor Público General ante la Asamblea Na-
482 defensores y defensoras trabajan en las 24 provincias del país, acercando el servicio a la gente, a la comunidad, a los grupos vulnerables, con una visión innovadora: entregar un servicio de calidad, no de caridad y germinar una cultura de paz mediante la resolución oportuna de conflictos.
En noviembre de 2010, la Defensoría Pública del Ecuador recibió el premio continental a las Buenas Prácticas de Gestión, en el marco del VIII Congreso Internacional de Gestión Judicial, organizado por el Centro de Justicia de las Américas y el Consejo Nacional de Justicia de Brasil. cional, luego que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) lo designó, por unanimidad como primera autoridad de la Defensoría Pública por un período de seis años. La meta es ampliar gradualmente el servicio de la defensa pública a todas las materias y a todos los rincones del país, con una estructura organizacional por procesos y haciendo uso de los requisitos indispensables de todo proceso transformador de la justicia: buena voluntad para emprender las reformas y gran determinación para implementarlas. N.U. defensoría pública
Los derechos se garantizan con una defensa pública sólida Ernesto Pazmiño Granizo Defensor Público General del Ecuador
La Defensoría Pública debe ser una institución fuerte. Solo así podrá defender a los ciudadanos y a la sociedad.
n sistema acusatorio es un modelo de partes en el cual la práctica probatoria deja de ser una labor judicial para convertirse en una atribución confiada a las partes procesales - fiscal y defensor -. En los delitos de acción pública, la sociedad se encuentra representada por el Ministerio Público. Por lo tanto, la toma
acusados, especialmente los que se encuentran en situación de cárcel. La verdad es que el nuevo sistema adversarial o acusatorio, como nos dice Raúl Tavolari, “resulta más cercano, más entendible para el ciudadano, a lo cual contribuye la publicidad de las audiencias, la lógica de juicios orales y el nivel de atención que los actores deben dispensar a
Es francamente un proceso garantista que está pensando por sobre todo en los derechos de la víctima y el procesado”. En la búsqueda, a nivel internacional, de un modelo del proceso penal “tiende a identificarse al principio acusatorio con los atributos de “progresista” y “democrático”, mientras que el principio inquisitivo es tildado de “conservador” o
de la resolución queda confiada a la labor de introducción de información y mutua depuración entre los abogados que representan cada una de las posiciones. Por ello, para un diseño de esta naturaleza resulta inviable la administración de justicia, si no se cuenta con instituciones fuertes capaces de asumir la representación de los intereses tanto de los ciudadanos como de la sociedad. La necesidad de formar una Defensoría Pública robusta y fortalecida es garantizar los derechos fundamentales de la parte más débil del proceso penal: los
víctimas y victimarios, explicándoles sus derechos, las acciones que se desarrollarán, las decisiones que se tomarán, entre otros aspectos.
“autoritario”. El proceso acusatorio se define como un proceso contradictorio (o adversarial) con un órgano que lleva a cabo la instrucción y la acusación (Ministerio Fiscal) y en el que dos partes se enfrentan ante un órgano que decide (el tribunal). Entonces el sistema adversarial exige la creación de instituciones sólidas, autónomas, fuertes y que actúen en nivel similar. Por un lado, el acceso a la justicia se ve reflejado en la creación de un ente especializado de persecución criminal que debe velar por los intereses de la comunidad y de
La creación de una Defensoría Pública robusta y fortalecida ayudará a garantizar los derechos fundamentales de la parte más débil en un proceso penal.
la víctima, labor que se desarrolla de modo gratuito y que en la práctica supone una gran diferencia con el antiguo sistema inquisitivo, toda vez que se ha creado un organismo público independiente encargado de dirigir las investigaciones y las evidencias, tomando en cuenta las peticiones de las víctimas. El Ministerio Público, en el nuevo sistema acusatorio, representando los intereses de la sociedad se convierte en necesidad “el abogado de la víctima” y para ello cuenta con órganos auxiliares, como la policía judicial, el departamento de medicina legal, peritos, laboratorios. Pero, por otro lado, el acceso que garantiza el Estado también se expresa en la creación de una defensoría penal pública autónoma, que intervenga en igualdad de armas con el órgano de persecución, que entrega patrocinio y asesoría jurídica gratuita, oportuna y de calidad a los procesados que carecen de medios económicos para contratar un abogado particular y proveerse de una
al que tienen los abogados particulares ¿no le es exigible algo más que la simple tramitación de casos individuales? Uno de los mayores problemas que se genera en las instituciones del sector justicia es precisamente que el día a día hace que los distintos actores se centren en la tramitación de casos individuales, en resolver casos particularmente considerados, que en el tiempo se reproducen y suelen limitar las posibilidades de
defensa técnica por sí mismos. La labor de esta institución no difiere de la labor que debe ser cumplida por un abogado, por ello es válido preguntarse: ¿será que la sociedad no tendrá ningún beneficio adicional frente al servicio que otorgan un cúmulo similar de abogados individuales?, ¿en razón de ser una institución estatal no será que tiene alguna labor adicional?; si el ser una institución pública destinada a otorgar un servicio de defensa le otorga posibilidades, recursos, y una posición diferente frente
ver más allá, de ver el conjunto, y darse cuenta que la justicia penal es algo más. En realidad, es común y cotidiano que cada funcionario judicial se autoconciba como un tramitador que, dependiendo de su puesto, tiene mayor o menor responsabilidad; pero la falta de una visión institucional hace que sea excepcional la existencia de alguien obligado a observar el funcionamiento integral y comprender el papel que su institución juega en el escenario global. Desde luego, esta óptica reduccionista conlleva a la merma del potencial
El financiamiento de la defensa
Es aportada por el Estado y ha permitido elevar los estándares de calidad en la prestación de servicios de asistencia judicial en materia penal. Con la creación de la Defensoría en el país, en tres años, más de 150 mil personas pobres se han incorporado a un servicio que brinda el Estado y, ahora sí, tienen una institución que garantiza el cumplimiento de su derecho de acceso a la justicia.
institucional y genera perjuicios muy concretos y palpables para los ciudadanos que reciben el servicio público. Se piensa únicamente en lo personal pero no en lo institucional, esto debilita a las instituciones y es recurrente en el Ecuador. Con los cambios en el sector justicia estamos seguros que tendremos funcionarios comprometidos con la institución más allá de los esfuerzos que individualmente realicen. La realidad anotada toma matices especialmente relevantes si nos ubicamos en el escenario que la Defensoría Pública enfrenta. Un sistema adversarial como el introducido por la reforma al sistema se basa en la confrontación de dos fuerzas y un permanente conflicto entre dos partes con intereses diversos. Vista esta realidad en el tiempo y con una visión más amplia del conflicto individual, lleva a reconocer que entre la Fiscalía y la Defensoría Pública existe un continuo
Foto: Diego Arteaga
conflicto por ocupar mayores espacios. De hecho es visible observar, por ejemplo, como un caso emblemático que conlleve una alarma social por la gravedad o espectacularidad del crimen, es común que en países como el nuestro donde no existe una institucionalidad sólida, fruto de la presión de la opinión pública, termine por implicar la toma de acuerdos interinstitucionales que viran el tablero donde se desenvuelve el delito o incluso cambios normativos.
La indefensión: un asunto que va más allá de la carencia de un abogado Marlo Brito Director de Investigaciones Aplicadas.
La pobreza es una barrera estructural que condena a amplios sectores sociales a la más absoluta indefensión.
“Todo estudioso de la sociedad humana puede hallar en la simpatía por las víctimas de los procesos históricos y el escepticismo respecto a las vanaglorias de los triunfadores las salvaguardias esenciales para no quedar prendido en la mitología dominante”. Barrington Moore.
uando las personas carecen de defensa, hablar de justicia es un lugar común, un relato vacío de contenido y, en el mejor de los casos, una arquitectura normativa ilusoria, que oculta los problemas de fondo: la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad. Los especialistas han hecho hincapié en la insuficiencia de la legislación en los derechos de las personas, si el Estado no ofrece garantías para que esos derechos
sean ejercidos en igualdad de condiciones por todas las personas y porque la pobreza no sea un obstáculo para acceder al sistema de administración de justicia, pues así como la interculturalidad solo se puede ejercer con la precondición de un diálogo entre iguales, el ejercicio de la justicia exige el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley como un derecho fundamental de la persona. ¿Pero somos iguales ante la ley, cuando
Criterio de indefensión*
Pobres por NBI
existen más de 4 millones de personas pobres y esto es en sí mismo una injusticia? La pobreza es una barrera estructural que condena a amplios sectores sociales a la más absoluta indefensión, no solo porque debido a su condición económica y social no puedan pagar un abogado, sino porque el sistema de justicia (policía, jueces, fiscales) generalmente le da poca importancia a las causas de los pobres, que además desconocen sus
Pobre extremo por NBI
4.226.970
2.082.609
Mujeres embarazadas y mujeres con niños menores a dos años
2.498.725
1.430.036
Personas sin instrucción o educación primaria o básica mayores de 15 años
3.177.454
1.528.720
Personas residentes en áreas rurales
4.464.294
2.328.610
Personas en situación de movilidad humana (migrantes)
Trabajadores en situación de vulnerabilidad**
1.652.152
Fuente: Económica-consultoría DPG 10-2012, con datos INEC, Censo 2010. Elaboración: DIA-DPG. 30 octubre 2012 * El cuadro no incluye cuatro grupos de indefensión: víctimas de violencia, de desastres, de enfermedades catastróficas y personas privadas de libertad **Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 2011.
Fuentes: INEC, Defensoría Pública
En casos de indefensión, la Defensoría Pública atendió desde marzo de 2010, más de 27 mil causas en niñez y adolescencia. La mayoría de solicitudes fueron de pensión de alimentos interpuestas por madres. derechos, ignoran cómo opera el sistema judicial y desconocen cómo actuar para obtener una resolución a su favor. De 11 grupos de atención prioritaria, con información del Censo 2010 y de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 2011, se realizó un registro de 9 grupos de atención prioritaria, cruzados por pobreza y extrema pobreza por NBI, que constituyen la demanda potencial de defensa pública. Los datos evidencian lo anotado anteriormente, pero lo más preocupante es que sobre todo indican una concentración de la pobreza y la extrema pobreza entre los grupos de niñas, niños y adolescentes, personas residentes en áreas rurales, personas sin instrucción o educación primaria o básica, así como pueblos y nacionalidades indígenas, afro descendientes y montubias. Lo que dice la ley Si nos atenemos a la norma mayor, la Constitución dispone que “toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley” (Art. 75). En base a este y otros mandatos constitucionales se creó la Defensoría Pública el 2007, precisamente con el objeto de que todas las personas, pero especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, tengan acceso digno y equitativo a la justicia. El Sistema de Gestión de la Defensa Pública registra en cinco años el patrocinio de más de 150 mil defensas penales en todo el país, de cuyos datos válidos el 43,3% corresponden a personas con nivel de instrucción primaria y más del 48% a instrucción secundaria, siendo indicadores elocuentes de un contexto de exclusión. De no existir la Defensa Pública, todas estas personas habrían estado en indefensión total. Desde el 2007, en que se patrocinó 407
defensas, cada año se experimentó un incrementado absoluto de patrocinios, siendo característico que quienes soliciten un abogado sean principalmente jóvenes (63%), solteros y en unión libre (55,2% y 22,5% respectivamente), y mestizos (85%) . Los patrocinios penales a población afroecuatoriana representan el 7%, en tanto que porcentajes menores se distribuyen para población indígena y montubia (3% cada uno). Aún así, es importante anotar que entre el 2008 y 2012 la población indígena atendida se incrementó sustantivamente, al pasar de 0,1% en el primer año a cerca del 60% el 2012 (17-09), sin contar el último trimestre.
registran en la categoría de “trabajador del hogar no remunerado”, lo que revela su condición de vulnerabilidad. También se ha patrocinado cerca de 8 mil causas en defensa laboral, siendo en su mayoría trabajadores adultos ubicados en el rango de 30 a 60 años. El camino está trazado y la población, especialmente aquella que sufre los embates de la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad, cuentan hoy día con Defensa Pública, porque más que un eslogan existe la convicción de que sin defensa no hay justicia.
El Patrocinio Social La Defensoría Pública ha dado sus primeros pasos y en un tiempo relativamente breve (desde marzo de 2010), brindó atención a más de 27 mil causas en niñez y adolescencia. Salta a la vista la gran mayoría de solicitudes de pensión para niños y niñas por parte de mujeres que se
Es revelador que los tipos de delitos principales imputados a indígenas, sean el robo/hurto y las contravenciones de tránsito, que suman juntas el 48%. En tercer lugar figuran los delitos sexuales, con 13%.
Los tipos de delito
‘Es importante fortalecer a la Defensoría Pública’ Amelia Ribadeneira
Para la vocal del Consejo de la Judicatura en Transición, Tania Arias, la defensa es un derecho que todos los ciudadanos tienen y no solo en materia penal sino en todas las materias.
a vocal del Consejo de la Judicatura en Transición, Tania Arias, considera que la Defensoría Pública ha dado el equilibrio que le hacía falta a la Función Judicial. Resalta el papel trascendental que esta institución cumple en la protección de los derechos de las personas, sobre todo, de quienes están en mayor riesgo de vulneración por su condición económica, social o cultural. ¿Cuál es el significado de la Defensoría Pública para la democracia y para la administración de justicia en particular? La Constitución, vigente desde octubre de 2008, es clara al elevar a rango constitucional a la Defensoría Pública como un organismo autónomo de la Función Judicial, dando cumplimiento a los pactos internacionales de derechos humanos de los cuales el Ecuador es suscriptor. De esta manera se garantiza el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que estén involucradas en cualquier proceso. ¿La Defensoría Pública es la institución que ha equilibrado a la Función Judicial? Sí, evidentemente se produce un equilibrio en las condiciones del proceso por el que atraviesa una persona. La Fiscalía tiene su rol; los órganos de justicia ordinaria, desde el primer nivel hasta el máximo órgano de justicia ordinaria, cumplen también un rol, pero es evidente que en una sociedad con altos índices de desigualdad económica que aún no han sido resueltos, las personas requieran de una defensa que permita que sus derechos sean tutelados adecuadamente. Esta mirada constitucional de los derechos, que son la razón de ser de la Defensoría Pública, se enfrenta con un discurso político que intenta posicionar la idea de que la institución debe estar del lado de las víctimas y no del lado de los “delincuentes”. ¿Qué opina? La Constitución es clara cuando especifica que la Defensoría Pública debe garantizar este servicio técnico, legal, oportuno a todas las personas que por
La Defensoría Pública ampliará la cobertura, en todas las materias, para proteger los derechos de los grupos vulnerables.
El rol de la Defensoría Pública es garantizar que una persona que no pueda pagar un abogado cuente con una defensa oportuna y una pronta resolución a su problema. su condición económica, social o cultural se encuentren en estado de indefensión y no solamente en materia penal, sino en todas las materias e instancias. En materia penal, quien tiene el rol de investigar y perseguir los delitos es la Fiscalía General del Estado, es decir, la Fiscalía es directamente responsable de defender a las víctimas y los intereses de la sociedad. En esa materia, la Defensoría Pública tiene como rol garantizar que la persona que no tenga su propio abogado cuente con una defensa oportuna. La administración de justicia, en materia penal, tiene que garantizar, por un lado, que las personas que han sido responsables de un delito reciban un juicio justo con el debido proceso y que sean juzgadas y sancionadas. Por otro lado, el sistema también tiene que garantizar que una persona, en el marco de ese proceso, si se identifica que no es la responsable, reciba un juicio justo y se ratifique su estado de inocencia. Al sistema
no le interesa tener personas inocentes privadas de la libertad y tampoco le interesa tener personas libres que son responsables de delitos. Hace falta información con respecto a que la Defensoría Pública defiende los derechos de los trabajadores, de las mujeres víctimas de la violencia, un mandato constitucional que devuelve al Estado su papel de garante de derechos, precisamente, de las personas que están en mayor riesgo de vulneración... El eslogan que ustedes tienen de “Sin defensa no hay justicia” es cierto y es por eso que es importante fortalecer a la Defensoría Pública. El Consejo de la Judicatura está empeñado, por voluntad y por mandato constitucional, en que esta institución cuente con presupuesto, infraestructura, que se definan los mecanismos de la carrera defensorial y que se trabaje en la Escuela Judicial. La Defensoría Pública ha estructurado gran parte de su gestión para trabajar en temas sociales como las demandas de alimentos, la violencia contra las mujeres, derechos laborables, la legalización de tierras, es decir, una gestión que ubica al Estado del lado de los más vulnerables... Efectivamente, sabemos que la De-
fensoría Pública va empezar un programa intenso de atención en los temas más sociales. Personalmente me parece sumamente interesante trabajar con las madres del bono, que son personas identificadas con una condición socioeconómica que les ha impedido acceder a la administración de justicia y eso contribuye a mantenerlas en un círculo vicioso de pobreza. Muchas madres, por su condición de pobreza, no han podido contratar a un abogado y, por tanto, no han reclamado la pensión de alimentos para sus hijos y así poder garantizarles alimentación, educación, salud, vestuario (…). Me parece que aquí se cumple con el rol de la Defensoría Pública: garantizar el acceso a la justicia, el acceso a la defensa a las personas que no tienen sus recursos económicos para contratar un abogado.
La Defensoría Pública cree en la gestión de conflictos Cristóbal Machuca Reyes Defensor Público Regional del Austro
Luego de cinco años de haberse creado esta institución sus servicios se extienden también al establecimiento de políticas institucionales.
no de los temas que es importante visualizar en este momento del desarrollo de la Defensoría Pública en el Ecuador, es el relacionado con la perspectiva en el abordaje de la conflictividad que asume esta institución. Dado que el escalamiento de los conflictos no es otra cosa que el resultado de una inadecuada gestión de las divergencias entre las personas y los colectivos. Los conflictos, los problemas como hechos naturales que se producen en el convivir social, son imposibles de eliminar y evitar que se den porque son connaturales al ser humano y a la convivencia entre diferentes. La Defensoría Pública en el Ecuador surge en un contexto socio político de permanente reforma normativa, en un escenario de cambios paradigmáticos en los procesos judiciales, de un siste-
ma escrito a un sistema oral y durante la vigencia de una nueva Constitución, norma fundamental considerada como la mejor en la historia de nuestro país y un referente a nivel mundial. Hoy, luego de cinco años de su creación, la Defensoría Pública desarrolla su función cumpliendo el mandato constitucional como actor de la Función Judicial, en los requerimientos de oficio y en procedimientos establecidos en la ley y bajo la óptica oficial de tratamiento de los conflictos. Además de este rol pre asignado, la De-
Para dar una pronta resolución a los diversos conflictos, los expertos aplican la cultura de diálogo y, finalmente, la confrontación.
fensoría Pública tiene un gran espacio de cobertura en sus servicios permitido por la Constitución, que abre posibilidades para el establecimiento de políticas institucionales de gestión de los conflictos que se presentan en la cotidianeidad de la comunidad y que luego pasan a ser materia de abordaje por el sistema oficial de justicia, esto guarda relación con lo establecido en el art. 191 de la Constitución y que tiene que ver con el derecho de acceso a la justicia de las y los ciudadanos: “La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la función judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas”. Alberto Binder, destacado jurista argentino, en relación a este tema manifiesta que “… en los sistemas adversariales se toma el conflicto y se interviene para dar una respuesta a ese conflicto…” desde la planeación estratégica institucional
debe trabajarse también el enfoque en macro e integral de abordaje a los conflictos y con los diversos métodos de tratamiento de los mismos que se proponen, tanto desde una cultura de diálogo, como de la confrontacion al imperante. En esta óptica, la tarea de la Defensoría Publica, su cobertura y límites de intervención, se amplían, desde lo prevencional. El objetivo es tratar al conflicto antes de su judicialización, con el uso de métodos eficaces de gestión de los conflictos basados en los acuerdos y consensos que promueven soluciones definitivas, que hace que las cosas vuelvan a su cauce de armonía y que restauran la paz social. Lo óptimo es que las y los ciudadanos podamos ver que los conflictos, que en la mayoría de los casos paralizan nuestro desarrollo, los podamos manejar nosotros mismos de manera autónoma, sin depender de las decisiones de otras personas o instituciones, que sean las diferencias y el extremo respeto a los derechos ajenos, elementos promotores de libertad, pero en armonía y equilibrio con el entorno. En este contexto, el gran escenario de aplicabilidad de los métodos alternos de gestión de conflictos es la transigibilidad de los derechos, la gran variedad de posibilidades en las que los ciudadanos y ciudadanas podemos actuar dialogando en la búsqueda de acuerdos a través de la negociación directa como parte del conflicto o como tercero imparcial; también, a través de la mediación, método o procedimiento en el que directamente participa un tercero como mediador en la formulación de un acuerdo que lo construyen las partes y que toma fuerza legal de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. Esta transigibilidad opera en los derechos susceptibles de renuncia, de cesión de las partes intervinientes en el proceso de mediación y por ende en la formulación del acuerdo que resuelve el conflicto. Esta amalgama de situaciones nos muestra que no solo desde el punto de vista sociológico, sino que desde la legalidad, existe un amplio escenario y espectro de posibilidades de intervención y gerencia discrecional, en una gran gama de conflictos que son plenamente manejables y susceptibles de evitar que ingresen a ser conocidos por el sistema judicial, esta opción debería ser la extrema, de última ratio. Cabe subrayar que la oportunidad para la Defensoría Pública de abordar los conflictos a través de los métodos alternativos, toma fuerza y mayor importancia, desde que la entidad abre su cobertura de atención a otras materias distintas a la penal, como civiles, laborales, etc. y en estos temas la gran mayoría de casos
pueden ser negociados, susceptibles de mediación y conciliación, lo cual quiere decir que todos o casi todos los conflictos en estas materias que conoce la Defensoría Pública podrían ser gestionados con métodos alternos y, por tanto, evitar que conozca el sistema judicial.
La Defensoría Pública en el Ecuador, al ser concebida también como una Red de Servicios Legales en todo el país, que incluye a las universidades y facultades de Jurisprudencia, a través de sus consultorios jurídicos y, a los centros legales gratuitos de las organizaciones no gubernamentales, posee una gran fortaleza institucional para abordar con mayor capacidad y cobertura la gestión de los conflictos y cumplir, de esta manera, el mandato Constitucional de garantizar el acceso a la justicia a los ciudadanos y ciudadanas.
Una ley en la encrucijada Fausto Corral Director Nacional de Comunidades, Pueblos y Nacionalidades
l artículo 171 de la Constitución dictada en el 2008, que establece la “Justicia indígena”, culmina un proceso de descolonización de los famosos 500 años, del que hablan los pueblos indígenas, por tanto, no es gratuito, de buena voluntad, de iluminación de los asambleístas de ese año y de esa coyuntura histórica, sino, la plasmación de un proceso de liberación social. Este proceso va desde de la colonia cuando se empezó a forjar en la matriz de la formación social ecuatoriana; que tuvo como base económica–social primigenia, el trabajo servil de los indígenas, para la producción interna y la de exportación, ahí estuvieron las mitas y los obrajes, que subsistieron hasta bien entrado el siglo veinte, 1930, como los obrajes, de Peguche, Guachalá, por ejemplo. En todos los procesos de colonización de la historia, y solo hay una historia como referente, que mientras hay un vencedor, él es el que la escribe, o la expresa o la plasma
en los libros, pero siempre está la otra historia, la invisibilisada, la escondida, la tapada, que la protagonizan los pueblos colonizados, en carne propia, en vivo y directo, sin acceso a imprimirse o estudiarse en los textos escolares y peor universitarios. Eso es lo que ha pasado con la “justicia indígena” superviviente como mecanismo esencial de las culturas originarias, anteriores a la llegada de los europeos, a este continente “descubierto”, en los tiempos del coloniaje, español y republicano. Las poblaciones colonizadas fueron negadas en su constitución de seres sociales, políticos y culturales, o mixturadas con una cultura mestiza que no les representaba. En el artículo 171, se pone como base del sistema de justicia indígena, cosas fundamentales, como las tradiciones ancestrales, y su derecho propio. O sea en un artículo conciso, establece para el Ecuador el pluralismo jurídico, la existencia de sistemas jurisdiccionales diversos, es decir cualitativamente diferentes, como lo son, los seres culturales a quienes representan. Parece que como arte de magia, la ho-
mogenización, la subsumisión de lo diverso en lo único, desapareciera, y brillaran los colores del arco iris. La vida de las culturas ancestrales, sus procesos sociales, entre estos, el ejercicio de la justicia, tienen años como derecho propio, más que el derecho romano, base de nuestra justicia ordinaria, no está escrito y no lo podía estar, por su condición de invisibilidad, oralidad y sometimiento. Sin embargo, en el mismo artículo 171 de la Constitución, se señala que debe ser una Ley la que establezca los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. La pregunta es: ¿Quién en este panorama va establecer una Ley, que desde afuera, no sea una injerencia de lo que la Constitución dispone y lo que se dispone, en los establecidos derechos colectivos, devenidos del Convenio 169 de la OIT?; siendo importante una secundaria coordinación, lo fundamental, de valor trascendente, es que funcione, se exprese, conserve y fortalezca, el pluralismo recién reconocido de las justicias indígenas.
Foto: cortesía El Telégrafo
Oficinas de la Defensoría Pública en el país
Oficinas en las 24 provincias del país 482 defensoras y defensores públicos a nivel nacional Atención gratuita en materias penal, laboral, violencia intrafamiliar y demanda de alimentos
a Defensoría Pública del Ecuador cuenta con oficinas ubicadas estratégicamente para cubrir todas las provincias y cantones del país. En caso de PICHINCHA
1 MATRIZ: Av. 6 de Diciembre N21-37 y Robles. 22 25 746 - 1800 33 33 67 - 151 DE TRÁNSITO 2 OFICINAS QUITO: Av. 6 de Diciembre N15-6E y Piedrahita, piso 2, junto a la sala de sorteos. 22 25 746 ext. 2625 - 2626 - 26 27 DE FLAGRANCIA 3 OFICINAS EN LA POLICÍA JUDICIAL: Vicente Ramón Roca y Juan León Mera, Edificio de la Policía Judicial Piso 22 25 746 ext. 2450 - 2330 - 2331
4 CAYAMBE:
Vivar y Ascázubi. (02) 21 85 003 - 22 25 746 ext. 2692 CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA
5 QUITUMBE:
Calle Lorenzo Mesa y Av. Mariscal Sucre, Barrio Auxiliares de Enfermería (02) 3652 435 TRES MANUELAS: 6 LAS Calle Rocafuerte N1-35 y Venezuela, Parroquia González Suárez (02) 2281137
7 CALDERÓN:
Geovanny Calles y Décima Transversal, Vía Marianita (02) 3814 850 Ext.1082
LOS CHILLOS: Av. Intervalles, Junto al Balneario “El Tingo”, esquina. (02) 286 9422 - 2862612 Ext.19
necesitar asesoría legal gratuita visite la Defensoría Pública más cercana a su domicilio o lugar de trabajo, estaremos gustosos de poder servirle. MANABÍ CARMEN: 18 EL Vicente Rocafuerte y Eloy Alfaro.
10 CARCELÉN:
Tadeo Benítez y Joaquín Mancheno, esquina, (Sector Carcelén Industrial). (02) 28055345 / 099396808 CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE RUMIÑAHUI
11 SANGOLQUÍ: Calle Montúfar 375 y Riofrío (02) 3808034 GUAYAS
12 GUAYAQUIL: Calle 9 de Octubre 100 y Malecón, Edificio la Previsora, piso 19. (04) 25 61340 - 151 ext. 4101 - 4102 - 4103 - 4104 -4105 – 4106
13 DURÁN:
Sibambe 224 y Riobamba Edif. del Juzgado 18 de lo Penal, piso 1 (02) 22 25 746 ext. 4501
14 OFICINAS DE FLAGRANCIA GUAYAQUIL:
Portete y Av. Barcelona, frente a las Oficinas de la Policía Judicial. (02) 22 25 746 ext. 4503 SANTA ELENA
15 LA LIBERTAD
Barrio Eloy Alfaro, Avenida 10 calle 14 y Diagonal C, segundo piso, (diagonal al Dispensario 29 del IEES. (02) 22 25 746 ext. 4505 AZUAY
José Peralta y Cornelio Merchán, Edif. Corte Provincial, bloque B, Piso 1. (02) 22 25 746 ext. 7150
17 CAÑAR:
San Bruno y Av. Paseo de los Cañaris, piso 1. (02) 22 25 746 ext. 7207
(02) 22 25 746 ext. 3103
(05) 26 61 445 Ext. 5106
19 JIPIJAPA:
Víctor Manuel entre Sucre y Bolívar, Edif. Siglo XXI (02) 22 25 746 ext. 5105
20 CHONE:
Ulpiano Páez y Pichincha esquina, frente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada, edificio HMZ, piso 2. (02) 22 25 746 ext. 5108
21 BAHÍA:
Av. César Ruperti y Leonidas Plaza. (02) 22 25 746 ext. 5109
22 PORTOVIEJO:
Pedrogual y Olmedo, Edificio Vásquez, piso 2. (02) 22 25 746 ext. 5101
23 MANTA:
Calle 15, N22-17, esquina Av. 28, diagonal al Centro de Eventos Alto Nivel. (02) 22 25 746 ext. 5104
37 MACAS:
Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero, Edificio que temporalmente está ocupando la Corte Provincial de Morona Santiago, 5to. Piso. (02) 22 25 746 ext. 7203 LOJA
38 LOJA: Calle Jóse Félix de Valdivieso 15-22, entre Sucre y 18 de Noviembre. (02) 22 25 746 ext. 7201 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
39 SANTO DOMINGO:
Av. Quito, Edif. Corte Provincial, piso 1. (02) 22 25 746 ext. 2691 CAÑAR
24 ESMERALDAS:
Sucre, entre Mejía y Salinas, frente a la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. (02) 22 25 746 ext. 6008
25 QUININDÉ:
Av. 6 de Diciembre y Simón Plata Torres, sector 5 esquinas. (02) 22 25 746 ext. 6019
40 AZOGUES:
José Joaquín de Olmedo 1-07, entre Bolívar y Tenemaza. (02) 22 25 746 ext. 7206
41 LA TRONCAL:
Av. 25 de Agosto y calle 24 de Mayo, esquina, nuevo edificio de la Función Judicial. (02) 22 25 746 ext. 7204 LOS RÍOS
CARCHI TUMBACO: Av. Interoceánica 2190 y Calle Carvajal, Edificio “El Artesón”, Parroquia de Tumbaco (02) 3540063 Ext. 31
36 RIOBAMBA: Orozco 2720, entre Pichincha y Rocafuerte.
26 TULCÁN:
Rafael Arellano y Panamá esquina, Edif. Logos, piso 1. (02) 22 25 746 ext. 6003
Oviedo entre Bolívar y Olmedo, Edif. Mutualista Imbabura, piso 7, Oficinas 703 Y 705. (02) 22 25 746 ext. 6005
28 OTAVALO Av. Luis Garcés y Angélica Hidrobo
42 BABAHOYO:
Eloy Alfaro entre General Barona y 10 de Agosto, Edificio de la Fiscalía, piso 1. (02) 22 25 746 ext. 5102
43 QUEVEDO:
Av. Walter Andrade y Gustavo Chonqui, en la casa Judicial. (02) 22 25 746 ext. 5103 PASTAZA
44 PUYO:
Ceslao Marín y Atahualpa, sector la Y, edificio Zúñiga, piso 3. (02) 22 25 746 ext. 3105
2990-972 NAPO COTOPAXI
29 LATACUNGA
Antonia Vela 502 y Pastaza, a media cuadra de la Fiscalía. (02) 22 25 746 ext. 3104
45 TENA:
Av. 15 de Noviembre y calle Ambato. (02) 22 25 746 ext. 6017 ZAMORA CHINCHIPE
30 AMBATO:
Bolívar 2150 y Guayaquil, oficina 301, piso 2. (02) 22 25 746 ext. 3101 BOLÍVAR
31 GUARANDA: García Moreno 2-18 y Antigua Colombia, piso 2, a dos cuadras de la Corte de Justicia. (02) 22 25 746 ext. 3102
32 CHILLANES:
Bolívar y Ángel Verdezoto, en los bajos de la casa Judicial. (02) 22 25 746 ext. 3106
33 SAN MIGUEL
Pedro Carbo y Sucre, 2do piso de la Casa de Gobierno del Cantón San Miguel de Bolívar 093603983
34 CALUMA
Avenida de la Naranja, atrás de la Escuela Alfredo Noboa Montenegro 086875526
35 ECHANDÍA
Ramón Ulloa y González Suárez 093817588
46 ZAMORA: Calle Pio Jaramillo Alvarado y Sevilla de Oro, frente a la Cruz Roja. (02) 22 25 746 ext. 7205 ORELLANA
47 EL COCA:
Av. 6 de Diciembre y Jorge Rodríguez, Juzgado Primero de Garantías Penales, piso 2. (02) 22 25 746 ext. 6018 SUCUMBÍOS LOJA (LAGO AGRIO): 48 NUEVA Av. Quito y Francisco de Orellana, Edif. Conde, piso 2, altos de AGRIPAC. (02) 22 25 746 ext. 6011 EL ORO
49 MACHALA: Guayas entre Pichincha y Arízaga, Edif. Atlántico, piso 4. (02) 22 25 746 ext. 7202 GALÁPAGOS
50 GALÁPAGOS:
Ciudad Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz, Av. Baltra y 18 de Febrero. (02) 22 25 746 ext. 5107
El Estado debe garantizar la protección El sistema adversarial exige la creación de instituciones fuertes que actúen en nivel similar.
oda modernización de la administración de justicia en lo penal ha sido el resultado de un largo proceso en el cual han intervenido numerosos expertos, líderes de opinión y autoridades, quienes articularon los consensos para transformar los modelos anticuados en uno en el cual se respeta el debido proceso y la presunción de inocencia. La reforma procesal penal, con la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal en el 2001, constituye un cambio radical del sistema de justicia criminal en el Ecuador y es uno de los esfuerzos más significativos por mejorar la justicia penal y, sobre todo, por acercarla a las personas, especialmente a los más pobres. La mayoría de personas imputadas por delitos son pobres; la principal clientela de nuestras cárceles provienen de los barrios marginados. El preso está preso más por pobre que por delincuente y esta marginalidad tiene consecuencias gravosas tanto para los afectados como para el Estado y la propia sociedad. Los elevados índices de pobreza en un país obligan a establecer adecuados sistemas de defensa pública como un factor indispensable para el éxito de sistemas orales o adversariales construidos básicamente en torno a los principios de presunción de inocencia y el derecho a una defensa efectiva y de calidad, no de caridad. Un sistema acusatorio es un modelo de partes, donde la práctica probatoria deja de ser una labor judicial para convertirse en una atribución confiada a las partes, donde el conflicto pertenece a los interesados, eso sí con la precisión que al tratarse de materia penal y en concreto en los delitos de acción pública la sociedad se halla representada por el Ministerio Público. Por lo tanto, la producción de información y con ello la toma de la resolución queda confiada a la labor de introducción de información y mutua depuración entre los abogados que representan cada una de las posiciones. Un diseño de esta naturaleza, resulta simplemente inviable la administración de justicia, si no se cuenta con instituciones fuertes capaces de asumir la repre-
El defensor Esteban Saltos atiende a dos mujeres que buscan asistencia legal en Quito.
sentación de los intereses tanto de los ciudadanos como de la sociedad. El nuevo sistema adversarial resulta más entendible para el ciudadano, a lo cual contribuye la publicidad de las audiencias, la lógica de juicios orales y el nivel de atención que los actores deben dispensar a víctimas y victimarios, explicándoles sus derechos, las acciones que se desarrollarán, las decisiones que se tomarán, entre otros aspectos. Es verdad que se reconoce el derecho del Estado a castigar a quienes cometen un delito, pero ese derecho, sin embargo, no es absoluto ni puede ser ejercido de manera arbitraria. Un detenido se enfrenta solo ante la maquinaria punitiva del Estado expresado inicialmente en la
Los altos índices de pobreza obligan a un país a establecer adecuados sistemas de defensa pública, solo así se puede demostrar la presunción de inocencia de una persona. El derecho a la defensa es para todos los seres humanos.
actuación de la policía y la fiscalía; pero ese mismo Estado tiene la obligación de no dejar desprovisto de protección a ese individuo de manera que no se vea imposibilitado de defenderse. Por esta razón, como una limitación en el ejercicio del ius puniedi, el Estado garantiza el acceso a la justicia de todo ciudadano proveyéndole de un defensor público gratuito si por sus condiciones económicas, sociales o culturales no puede procurarse un abogado que defienda sus derechos y le asegure las garantías del debido proceso. El sistema adversarial exige la creación de instituciones fuertes que actúen en nivel similar. El acceso a la justicia se ve reflejado en la creación de un ente especializado de persecución criminal que debe velar por los intereses de la comunidad, labor que se desarrolla de modo gratuito y que en la práctica supone una gran diferencia con el antiguo sistema, toda vez que se ha creado un organismo público independiente encargado de dirigir las investigaciones las evidencias, tomando en cuenta las peticiones de las víctimas, las que de todos modos tienen derecho a querellarse y de actuar autónomamente en caso de disconformidad
La mayoría de personas en el Ecuador imputadas por delitos son pobres. Por eso, la principal clientela de las cárceles proviene de los barrios marginados. con las decisiones adoptadas por el Ministerio Público. El acceso también se expresa en la creación de una Defensoría Penal Pública que entrega asesoría jurídica gratuita y de calidad a los imputados que carecen de medios para proveerse de una defensa técnica por sí mismos. El financiamiento de esta defensa es aportada por el estado y ha permitido elevar considerablemente los estándares de calidad en la prestación de servicios de asistencia judicial en materia penal. Mirando la reforma en su conjunto, es posible concluir que representa un esfuerzo de innovación normativa, lo cual se ha concretado sustituyendo un código vetusto - estructurado a partir de lógicas inquisitivas - por otro cuerpo de corte adversarial. Además, la reforma ha sido una apuesta de país hacia la modernización de la administración de justicia, y un esfuerzo de coordinación sistémica al interior de la institucionalidad pública, transformando las prácticas
policiales y las funciones del poder judicial, mejorando los servicios auxiliares y capacitando a los actores del nuevo sistema. En tal sentido, la reforma ha implicado un cambio profundo en la cultura jurídica del país, que de manera gradual ha otorgado espacios a los actores para que se acostumbren a nuevos estilos de litigación y negociación penal, al funcionamiento de un sistema acusatorio-adversarial cuyos principios no eran ajenos, a la separación de las funciones de investigación, acusación y juzgamiento, al reemplazo del proceso escrito por uno oral. En suma, se trata de una mejor sus-
Los objetivos •
Se ha tenido especial atención en las posibilidades de ofrecer a los ciudadanos una justicia más rápida y objetiva. Se ha anhelado otorgar una justicia oportuna que, sin descuidar el legítimo debate y la correcta evaluación de los antecedentes por terceros imparciales, sea ágil y expedita. Junto a la transparencia y la velocidad de respuesta, también era urgente ocuparse de los niveles de acceso a la justicia y a la comprensión de los ciudadanos de los mecanismos de resolución de conflictos, en el ámbito penal.
tantiva que ha dotado de mayor legitimidad al sistema jurídico, fortaleciendo nuestra democracia y la confianza en las instituciones. Cabe precisar que el éxito de la reforma procesal depende en gran medida de la capacidad de los operadores por satisfacer las expectativas, estándares y objetivos que se tienen del modelo. Como siempre, habrá aspectos que seguir debatiendo en el futuro y consideraciones jurisprudenciales a tomar en cuenta, pero no quepa duda que estamos frente a una obra que persigue colaborar en la correcta comprensión del modelo adversarial y en la calidad de los servicios profesionales entregados a los intervinientes. Ahora bien, debemos estar claros que los sistemas adversariales plantean mayores exigencias sobre la necesidad de contar con una defensa técnica y de calidad, que aquellas que existían en el anterior juzgamiento escrito, inquisitivo, secreto y con investigación de carácter judicial, pues en ese sistema tradicional, escrito y sin publicidad, es ampliamente tolerante con la mediocridad, debido a que permite espacios para suplir el desconocimiento por parte de todos los actores; no contiene estímulos para que el juez y las partes sientan comprometido su prestigio por actuaciones mediocres, debido a la poca visibilidad que tienen las actuaciones escritas. E.P.G.
La defensora María Fernanda Buchelli atiende a una madre con sus dos hijos.
El procedimiento penal se aprende con la práctica Patlova Guerra Jueza de la Segunda Sala Penal de la Corte de Pichincha, en Comisión de Servicios como Asesora del Ministro de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión.
“Olvido lo que escucho, Recuerdo lo que veo, Entiendo lo que hago” Confucio 451 AC.
Las personas que estudian Derecho no solo deben memorizar las leyes. Es importante que aprendan a manejar las audiencias.
os pedagogos consideran que hay aprendizaje cuando se ha provocado un cambio susceptible de reflejarse en la conducta del alumno. Este cambio debe ser ostensible, es decir, capaz de constatarse mediante una demostración. El cambio debe ser significativo para el papel social de cuyo desempeño trata el aprendizaje. En este sentido, memorizar el Código de Procedimiento Penal, por ejemplo, resultaría un objetivo poco significativo para el cumplimiento del papel de juez, de fiscal o de abogado defensor privado o público. Frente a ese objetivo, hay otros que claramente son más importantes: dictar una sentencia en el momento que culmina la audiencia de juicio, fundamentar un dictamen o construir un argumento utilizando las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, en forma oral. Lo que caracteriza a un objetivo educacional es su relación con la conducta. Se trata siempre de acciones y por eso suelen describirse mediante el empleo de verbos en infinitivo: recitar, comparar, construir, escribir, dibujar, pintar. También distinguen los pedagogos a los objetivos en función del ámbito de la personalidad en el que inciden. Una formulación completa debería comprender tanto el domino o ámbito de lo cognitivo, como el plano efectivo y el nivel psicomotor. Estar solamente ante un cambio de normas no es el camino adecuado para la formación de futuros abogados. Ante un cambio de sistema, los objetivos educacionales deben apuntar tanto hacia la ca-
Manejar audiencias
No debe caerse en el error de pensar que el objetivo de quienes estudian derecho es la memorización del Código Procesal Penal, sino el manejo adecuado de las audiencias.
racterización teórica del nuevo enfoque, como a la manera en que los autores del proceso realizan su trabajo. Ninguno de los niveles queda satisfecho con el estudio pormenorizado de los contenidos normativos. Ni el cambio en los paradigmas teóricos ni el cambio en la conducta son el resultado natural del cambio en las normas. Como todo abogado sabe, hay muchas barreras y obstáculos entre la intención del legislador y el comportamiento de los destinatarios de las normas. Así, cuando leemos en el Código de Procedimiento Penal la palabra “audiencia” o la expresión “interrogará al testigo” posiblemente el peso de nuestra experiencia nos llevará a atribuirles significado a estas expresiones a partir de lo que conocemos. Y existe el peligro de que reproduzcamos nuestra manera tradicional de hacer las cosas en el sistema procesal.
Esta especie de resistencia al cambio no solamente se promueve en el mundo de las normas, sino que afecta a todas las actividades sociales. Para evitar que los viejos paradigmas desnaturalicen el sistema oral, la formación jurídica debe procurar mostrar cuál es la nueva manera de hacer las cosas. Y no solamente mostrarla, sino lograr el aprendizaje por medio de la experiencia, es decir, poner a los participantes en la situación de que aprendan haciendo. Además del indicado para el nivel teórico, el curso deberá en consecuencia desarrollar en los estudiantes las destrezas y habilidades necesarias para que puedan desenvolverse competentemente dentro del sistema acusatorio oral. Para conseguir este objetivo, la clase debería asumir la forma de un taller, tomando en cuenta que un taller es el lugar en el que se hacen cosas y con una buena comunicación permitir una adecuada
comprensión de la temática analizada. La planificación, en consecuencia, girará en torno a las actividades que los participantes deben hacer. La diferencia entre el aprendizaje activo y el meramente receptivo comienza desde el planteamiento mismo de los objetivos y se concreta, en primer lugar, en la planificación o elaboración del programa. Si al preparar un programa se piensa más en el orden de los temas y en lo que deberá decir el profesor, habrá muy poco margen para la introducción de técnicas de enseñanza activa. Si, por el contrario, la planificación ha sido pensada en función de lo que se espera que los estudiantes hagan, la intervención del profesor tenderá a ser complementaria y orientada a un aprendizaje significativo. Es así que el profesional del derecho que, como antecedente, tiene al estudiante de Leyes, se dedica a memorizar y no a razonar, motivo por el cual no utiliza la lógica; y por lo que sus intervenciones en el foro son llenas de errores contextuales, no estudian los casos para presentarlos ante los tribunales con otra mentalidad, sino la memorística, aprendida en las aulas universitarias. Es esta enseñanza inadecuada la que da como resultado que el egresado experimente vacíos por falta de conocimientos prácticos y destrezas necesarias en la praxis diaria, como son habilidades para interrogar y para contra interrogar, saber el momento apropiado para objetar una pregunta inadecuada, cómo introducir la prueba en la Audiencia del Juicio, diferenciar en qué consiste la prueba documental y la prueba documentada, cómo realizar un alegato oral apropiadamente fundamentado en Derecho, indicar al Tribunal el valor procesal de las circunstancias alegadas por las partes, de qué forma o con qué pruebas presentadas durante la audiencia se ha justificado el hecho punible y el grado de responsabilidad penal del procesado. Aspiro que con esta propuesta se puedan romper escuelas clásicas y cambiar mentalidades a nivel esencialmente andragógico de los docentes que imparten Procedimiento Penal y Clínica Jurídica en las escuelas de Derecho, porque el problema generalizador de la asignatura es la deficiencia en
La formación jurídica debe apuntar a que los estudiantes aprendan mediante la experiencia, solo así podrán adquirir destrezas y habilidades para manejar adecuadamente sus casos de defensa.
la aplicación del Código de Procedimiento Penal vigente, teniendo como habilidad rectora defender una posición sea como asesor legal en el libre ejercicio, o en las funciones ejecutiva, Legislativa o Judicial, teniendo habilidades secundarias organizadas en sistema secuencial, como la de planificar, recopilar, organizar, relacionar, solicitar, sintetizar, analizar, valorar y demostrar el hecho punible que constituye el ejercicio de la acción penal, haciendo efectiva la pretensión y restitución del orden jurídico violado por el infractor, a través del sistema del método casuístico que nos permit, por medio de la presentación de casos, jugar con diferentes roles (sujetos de la relación procesal), realizando simulaciones y en una discusión plenaria llegar a conclusiones lógicas, que vayan de la inducción a la deducción, teniendo como actividades principales: formar grupos que representen a los sujetos procesales, tanto principales como accesorios, y que cada uno exponga, previa lectura pormenorizada de sus papeles, la mejor solución en la administración dentro de un proceso, en
el contexto cotidiano, para llegar a una discusión plenaria; y, dentro del sistema de solución de problemas siguiendo un orden establecido en el Código de Procedimiento Penal, teniendo como pauta casos previamente establecidos, ya sea de la vida real, relatados en libros de literatura o películas comerciales. No se trata solo de desentrañar el alcance de los nuevos contenidos normativos más allá de los obstáculos que puedan surgir de la tradición procesal. La incidencia de ésta no es únicamente conceptual, sino que se manifiesta con mayor radicalidad en las conductas, en la forma de hacer las cosas. Además, como la formación profesional de jueces, fiscales y abogados nunca abordó sistemáticamente ni la relación teórica, ni el desarrollo de habilidades, por regla general, no forma parte de la cultura jurídica la memoria acerca de la otra forma de hacer las cosas. En este orden de cosas, los desafíos más evidentes tienen que ver con el desempeño de los actores procesales el momento de la presentación oral del caso que se investiga y luego se prueba.
Violencia de género: deben
cambiar los patrones socioculturales Viviana Maldonado Programa ComVoMujer Ecuador-GIZ
a violencia de género es una violación de los derechos humanos que afecta a millones de mujeres en el mundo, independientemente de su nacionalidad, clase, cultura o edad. A pesar de ser un fenómeno mundial, la violencia contra las mujeres muestra variaciones en cuanto a sus cifras y manifestaciones específicas según el contexto concreto de ciertas regiones. En América Latina y El Caribe los índices son alarmantes y las formas específicas de violencia de género afectan el pleno desarrollo y la economía de la región. Una estrategia nacional contra la violencia de género en América Latina y el Caribe necesita enfocarse en cambios socio-culturales y en una efectiva implementación de las políticas públicas. Es por esto que la penalización contra la violencia hacia las mujeres requiere ser acompañada de campañas de sensibilización para la población y de capacitaciones para los y las responsables de la implementación de las políticas públicas y leyes. Además, se requiere una revisión de las normas existentes para esta-
blecer un marco jurídico con enfoque de género que rompa con los estereotipos de género y conceptos machistas propios de las sociedades patriarcales en las que vivimos. Para lograr una legislación integral se necesita un proceso intersectorial y par-
ticipativo que incluya especialmente a las organizaciones de la sociedad civil. Las instancias a nivel gubernamental y judicial solo contribuirán a la erradicación de la violencia de género si en el proceso de formulación, aprobación e implementación de las leyes toman en
La erradicación en el país
Mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género*, a nivel nacional, urbano, rural. En Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género
61,4% 58,7%
Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres FUENTE: INEC, Ministerio de Gobierno y Comisión de Transición hacia el Consejo de la Igualdad de las Mujeres.
Ecuador cuenta con un buen marco jurídico, sobre todo a nivel Constitucional en lo que respecta a la erradicación de la violencia de género, ya que tiene un instrumento específico ratificado – la Convención de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer – así como el Plan Nacional de erradicación de violencia de género, aprobada como política de Estado en el 2007, mediante Decreto ejecutivo presidencial. Sin embargo, las realidades de las mujeres, las tasas alarmantes y el alto nivel de impunidad muestran claramente que las legislaciones nacionales no afrontan de manera adecuada la violencia de género, sea por su redacción o por falta de una implementación adecuada o por varias otras razones.
Mujeres que han vivido algún tipo de violencia a nivel provincial La violencia de género sobrepasa el 50% en todas las provincias del país.
72,6% 47,1%
Santo Domingo de los Tsáchilas Bolívar
cuenta las propuestas de los diferentes sectores de la sociedad. Así podrán cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales de sus Estados: promover los derechos fundamentales de sus ciudadanas y apoyar al desarrollo de su región en el marco del derecho a una vida libre de violencia para todas. Lo óptimo es incidir en el cambio de los patrones socioculturales, pues se trata de superar los roles de géneros, así como la aceptabilidad de la violencia en general como herramienta para mantener o acceder al poder. A fin de que los agresores no se sientan legitimados y que los demás no respondan con silencio o ignorancia, una doble estrategia de prevención es necesaria: es indispensable tener una penalización estricta, sin concesiones, de la violencia de género como acto criminal y al mismo tiempo programas de sensibilización y capacitación de la población en general en los medios, las escuelas, empresas y otros mecanismos de alta influencia para llevar a cabo el cambio socio-cultural de toda la sociedad. Al
Los índices de violencia de género en América Latina y el Caribe son alarmantes y afectan al desarrollo y la economía de la región. mismo tiempo, se necesita desarrollar medidas de empoderamiento de las mujeres y promover su seguridad en los ámbitos privados y públicos. El sector privado puede apoyar a este proceso en el marco de su responsabilidad social empresarial con capacitaciones, atención para sus empleadas y campañas de sensibilización. De esa manera enfrentan los efectos negativos que la violencia de género tiene en la productividad laboral de sus empleados y empleadas. Además, son espacios de interacción social importantes que influencian altamente en las vidas de sus empleadas y empleados. Obviamente, tal cambio socio-cultural no es posible si las mismas leyes mantienen el status quo. Desafortunadamente, numerosas leyes y políticas en la región todavía refuerzan las normas sociales y conceptos tradicionales porque carecen de una perspectiva de género. Por ejemplo, muchas legislaciones se concentran en la violencia doméstica o familiar, dejando de lado a los demás tipos de violencia de género, que ocurren fuera del hogar. Por lo tanto, se considera equivocadamente que la violencia afecta de igual manera a todos los miembros de la familia y además se condiciona el bienestar de la mujer a la
La penalización no debe tener concesiones
existencia de la familia. Frecuentemente, se reduce la sanción de la violencia doméstica a un nivel de ofensa civil y no criminal, o se aplica la conciliación, método reconocido como no viable en el ámbito de violencia de género. Muchas leyes continúan siendo machistas y discriminatorias, por ejemplo cuando se define la violación sexual como “crimen contra el pudor”, sin referencia a la integridad de la mujer. Por ello, un paso principal para parlamentarios y parlamentarias es reevaluar y modificar las leyes existentes.
Una Unidad que acelera los procesos La creación de este ente de la justicia investiga, tramita y resuelve las contravenciones de manera inmediata.
na sustancial innovación que une esfuerzos de entidades públicas y operadores de justicia funciona desde el 29 de octubre en la Av. Patria y 9 de Octubre, en Quito. Se trata de la Unidad de Flagrancia (UF), un ente interinstitucional con un esquema administrativo capaz de investigar, tramitar y resolver de manera inmediata delitos y contravenciones flagrantes. ¿Qué instituciones integran la UF? • Consejo de la Judicatura • Fiscalía General del Estado • Defensoría Pública • Ministerio del Interior y Policía Nacional • Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos ¿Qué es un delito flagrante? Es delito flagrante el que se comete en presencia de una o más personas, o cuando se lo descubre inmediatamente después de su cometimiento, si el autor es aprehendido con armas, instrumentos, huellas o documentos relativos al delito recién cometido. Un ejemplo cotidiano 1.	La policía detiene a un infractor robando un celular a una persona. 2.	El infractor es llevado a la nueva
Seis defensores públicos de planta, dos de turno y tres asistentes legales laboran en la Unidad de Flagrancia.
Unidad de Flagrancia, donde es registrado. El policía que detuvo al infractor elaborará un parte que será conocido por el fiscal de la UF, quien determinará, sobre la base de las pruebas presentadas, si se trata de un delito o una contravención flagrante. Un delito es, por ejemplo, un robo con violencia en el que los daños a la víctima sean considerables. Una contravención es un suceso en el que los daños a la víctima o propiedad son menores. Si se trata de una contravención, el juez competente –en una sola audiencia- resuelve y sentencia instantáneamente el caso. En casos de delitos menores, el hecho se puede resolver a través de salidas alternativas, como el pago de una indemnización a la víctima por parte del infractor. En caso de que el juez determine la inexistencia de delito flagrante o
contravención, se ordena la libertad del detenido. Si se determina iniciar un procedimiento judicial ordinario al infractor, el fiscal iniciará la investigación y el proceso se resolverá en un máximo de 25 días. La ciudadanía tendrá un servicio ágil y rápido para resolver casos como el robo de un celular o cartera, gracias al trabajo coordinado de la Policía, la Fiscalía, la Defensoría Pública y los jueces. La UF también tratará casos de gravedad que sean de fácil comprobación.
La Defensoría en la UF En el segundo piso del edificio funciona la Defensoría Pública. La Coordinadora del área, María Eugenia Díaz, señala que los defensores laboran de lunes a viernes en horarios de: 00h00 a 08h00, de 08h00 a 16h00 y de 16h00 a 24h00. Además, hay un turno intermedio para contravenciones, que se cumple de 12h00 a 20h00. Los sábados y domingos los apoyan de ocho defensores y dos asistentes más. Díaz recordó que las personas detenidas sin fórmula de juicio, no podrán permanecer por más de 24 horas; tienen el derecho de conocer la identidad del agente o agentes de policía que realizan la captura, las razones de la detención; permanecer en silencio y exigir la presencia de un defensor antes de cualquier declaración. Asimismo, deben exigir que se le informe sobre sus derechos y obligaciones al momento de la captura, exigir la llamada a un familiar. Si es extranjero debe exigir que se comunique sobre su detención a la embajada o consulado de su país. N.U.
¿Para qué se creó la UF?
La Unidad de Flagrancia se encarga de articular a las instituciones del sistema de justicia penal en un modelo de gestión eficiente, que se ocupe de manera intensiva de las infracciones flagrantes. Su principal objetivo es aumentar el número de sentencias condenatorias, reducir los plazos de tramitación de las causas y procurar la satisfacción de las víctimas.
La necesidad de las reformas penales
Alicia Contero Subdirectora de Procesos Legales Defensoría Pública Ecuador
Las leyes penales han variado poco desde la Constitución del 2008, lo que vuelve problemática su aplicación. Una verdadera reforma exige que las normas se reconcilien con los datos reales.
l cambio legislativo que ha vivido nuestro país a partir de la aprobación de la Constitución del 2008 ha tenido como objetivo principal adecuar las normas vigentes a los principios y derechos establecidos en la Carta Magna. No cabe duda que las leyes penales poco han variado durante este tiempo, lo que sin duda vuelve problemática su aplicación, por lo que desde la jurisprudencia y la academia se llamaba a grandes cambios, en pro de los principios constitucionales. Una verdadera reforma en el área penal
exige que las normas se reconcilien en primer lugar con los datos reales, para lo cual es indispensable la ayuda de las ciencias sociales. Las normas actuales resultan anacrónicas y el legislador no puede promulgar leyes alejadas del hecho social. Pero el hecho social no está determinado por los medios de comunicación, la obtención de cifras verdaderas exige recurrir a los operadores de justicia que cada día resuelven sobre casos concretos que modifican las vidas de personas de carne y hueso. En la práctica la segregación de quienes
El legislador tiene una inmensa tarea por cumplir ya que el cambio en las reformas penales se requiere con urgencia. El modelo de Estado que queremos exige normas atadas a la realidad y no al sensacionalismo, solo así se construirá un verdadero Estado de Justicia. se enmarcan en el estereotipo, conduce a que la sociedad considere tolerables, e incluso necesarios, mecanismos represivos, atentatorios de derechos humanos, que supuestamente garantizarían la idea de seguridad. Entramos entonces en un conflicto entre mantener un estado garantista, respetuoso de los derechos, o promover la represión de quienes pueden atentar en contra de él. No se puede negar que las leyes suelen tener ese carácter selectivo y clasista, que dejan de lado los crímenes de aquellos que no calzan en el estereotipo, por ende los delitos económicos no se castigan ni tienen representatividad en las cárceles. Esta realidad no sólo es propia de nuestro país, sino que es una característica del sistema penal en general.
Es importante que las normas no se dirijan únicamente al ladrón de bagatela, sino que se castiguen y no queden en la impunidad los delitos que afectan en mayor medida a los ecuatorianos. Queda entonces una inmensa tarea en manos del legislador, el cambio se requiere con urgencia, el modelo de Estado que queremos construir a partir de la Constitución, exige normas atadas a la realidad y no al sensacionalismo, que permitan la construcción de un verdadero Estado Constitucional de Justicia y Derechos.
Las Tres Manuelas tienen una casa para atender a la comunidad Noemí Ulloa Editora
La atención está dirigida, especialmente, a personas que han sufrido violencia intrafamiliar, maltrato infantil y delitos sexuales.
ara Cristina, era el amor por su hija Daniela el que la mantenía unida a Gonzalo, su pareja, quien la maltrataba física y sicológicamente. “Me juraba que iba a cambiar, me decía perdóname, no volverá a pasar. Me decía mentiras todo el tiempo y a veces cosas que me daban terror”. Un día me dije: esto no me está pasando a mí, no es normal, esto no lo vi en mi casa. Me miré en el espejo, llorando, y me preguntaba, qué voy a hacer con mi vida, ¿qué hago aquí?, ¿me quedo junto a mi hija? …Y dije, ¡no! la voy a salvar. Fue entonces que denunció el abuso en el Centro de Equidad “Tres Manuelas”, alentando a otras mujeres a no callar... Yo les digo “no se dejen, quien las quiere que las quiera bien, que las respete. El que te maltrata no te ama, y el que te maltrató nunca te amó”. Margarita Oviedo, Directora del Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas (calles Loja y Venezuela) considera que la sociedad cada vez está más violenta y el maltrato en el seno familiar ha crecido de hombres hacia mujeres y viceversa, de adultos a niños, de adolescentes hacia adolescentes. Las diversas formas de violencia repercuten en todas las relaciones humanas, de modo que la violencia estructural (social, política y económica) también se refleja en la familia y en las relaciones de género que se establecen en la cotidianidad del trabajo y del estudio, agregó. Por ello la atención prioritaria del Centro está dirigida a los temas de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y delitos sexuales. Trabaja con equipos técnicos multidisciplinarios integrados por médico legista, trabajadora social, sicólogos clínicos, educativos, infantiles, terapistas del lenguaje, terapistas familiares, abogados, mediadores. Está articulada con entidades de justicia: la Comisaría de la Mujer y la Familia, el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, la Junta Metropolitana de Niñez y Adolescencia, la Defensoría Pública, el Juzgado
Contravencional, la Fiscalía, el Sistema de Atención Integral, SAI (especializado en soluciones rápidas). El Centro – en homenaje a las patriotas Manuela Sáenz, Manuela Cañizares y Manuela Espejo- fue creado el 6 de marzo de 1998, por gestión de la Red Distrital contra la Violencia Intrafamiliar, Género y Maltrato Infantil y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
El Centro Las Tres Manuelas beneficia a Puengasí, La Libertad, Centro Histórico, Itchimbía, San Juan, San Blas, San Marcos, San Roque, El Salvador, San Sebastián y Santa Bárbara. A más de la infraestructura y personal que trabaja en el Centro, Las Tres Manuelas cuentan con un equipo itinerante, de atención emergente, y otro de apoyo, integrado por abogados, trabajadoras sociales y sicólogos clínicos que atienden “a domicilio”, en hogares, escuelas, colegios y comunidades. Previamente labora un equipo de investigación de los contextos de vida inmediata de los usuarios y usuarias afectados en sus derechos. Sobre la base de estas investigaciones del entorno social, el Centro coordina y envía a realizar la tarea, solicita evaluación sicológica, informes médicos periciales, etc.. En prevención hay cinco redes de atención local en las que se hace un trabajo articulado con los actores locales para atender las demandas. Estas redes trabajan en salud, educación, protección de derechos, hay planes operativos anuales con cada red. Oviedo puntualizó que en la parte técnica desde septiembre de este año se implementó un proyecto de prevención que incluye una propuesta para trabajar con agresores que tengan la voluntad de transformar su vida. Se previene la violencia no solo abordando a la víctima
En cuanto a la atención, tanto directa como emergente, se trabaja con la víctima, su familia y con el agresor. Se excluye el trabajo con este último cuando se trata de delitos sexuales. Este trabajo con el agresor se lo realiza considerando que, de acuerdo con la experiencia, la mayoría de las víctimas regresa con sus agresores.
Las estadísticas •
sino también al agresor, anotó. Se trata de un trabajo sicosocial con los hombres y mujeres, que se completa con un trabajo sicoterapéutico grupal, con especialistas en el tema. El Centro atiende también en La Manzana (Rocafuerte y Venezuela), donde están el Juzgado Contravencional, el Juzgado de la Niñez, Junta Metropolitana, la Defensoría Pública y un área de direccionamiento, que acoge, orienta, acompaña y ayuda a calmar las crisis, es el primer referente que los orienta a cada área según el caso. También cuenta con ocho centros de equidad y justicia: en Calderón, Carcelén, Tumbaco, Los Chillos, Eloy Alfaro y Quitumbe, unidades en La Mariscal y en la Administración Norte. El Centro Las Tres Manuelas atiende de lunes a viernes de 08h00 a 17h00 y bene-
ficia de manera directa a los habitantes de las parroquias y sectores de Puengasí, La Libertad, Centro Histórico, Itchimbía, San Juan, San Blas, San Marcos, San Roque, El Salvador, San Sebastián y Santa Bárbara. Es un espacio de acogimiento temporal (hasta tres meses), previsto como estrategia frente a situaciones de maltrato físico, psicológico, negligencia o delitos sexuales vividos por niños, niñas entre los 4 y 11 años de edad y mujeres adolescentes hasta los 16 años. Ofrece una atención inicial que ayuda a identificar y canalizar acciones hacia la reinserción familiar; de no ser posible, orienta la intervención hacia la institucionalización (como último recurso). Los niños, niñas y adolescentes que ingresan al servicio lo hacen con orden de la autoridad competente.
71.436 mujeres presentaron sus denuncias en el 2011, según datos del Ministerio del Interior. Guayas lideró con 21.108, seguida de Pichincha, 15.542. 11.679 varones presentaron escritos en las comisarías de la Mujer. 4.571 en Guayas, 2.129 en Pichincha y 651 en Manabí. 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género (INEC) El 76% de mujeres ha vivido algún tipo de violencia de su pareja o ex-pareja, (INEC- 2011). En 1999, la ONU declaró oficialmente el 25 de noviembre como día Internacional contra la Violencia hacia la mujer. Se eligió este día para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana.
Ser inocente y estar preso, una realidad que se repite Andrea Benalcázar
n año de sus vidas fue lo que perdieron Alexander, Luis y José cuando fueron acusados y apresados injustamente por el asalto a la joyería Terranova, ubicada en el Centro Comercial El Bosque, en el 2008. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento del atraco: los delincuentes entraron a la joyería a las 11h31 del domingo 16 de marzo, los visitantes del Centro Comercial se dan cuenta del asalto y se retiran alarmados, luego, dos de ellos salen del local para custodiarlo con sus armas. Otro amenaza con un fusil a todo el que se acerque. Por sus características, el hecho se mantuvo a la luz pública durante mucho tiempo: se perpetró en pleno día, con armas de grueso calibre y en un lugar público. Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, magnificaron el hecho generando preocupación en la ciudadanía por el incremento de la inseguridad. Es así que el 25 de marzo, el ecuatoriano Alexander Cadena y los colombianos Luis Bastidas y José Granda fueron detenidos en un operativo de control por miembros del Grupo de Apoyo Operacional de la Policía (GAO), un equipo de élite de la Policía entrenado y capacitado para combatir al crimen organizado.Los jóvenes fueron acusados de manejar en estado etílico y, una vez que requisaron el carro, hallaron dos armas de fuego. La Policía consideró, en ese momento, que había razones para involucrarlos en el caso Terranova y detenerlos. Un año después, los involucrados fueron llamados a juicio. Miguel Cadena, padre de Alexander, al encontrarse en una situación económica muy complicada empieza a buscar alternativas para defender a su hijo, se entera de los servicios que brinda la Defensoría Pública, decide contactarse con la esperanza de encontrar defensa para Alexander y, efectivamente, el defensor público Juan Jaramillo asume el patrocinio del caso. Después de una semana de audiencia ante el Tribunal
La semana del 17 de septiembre del 2012 se reabrió el caso Terranova en el Ministerio del Interior para investigar las violaciones a derechos humanos e injusticias, además, para encontrar pistas sobre los verdaderos integrantes de la banda que asaltó la joyería. En éste y en todos los casos la misión de la Defensoría Pública es aplicar y exigir el respeto al debido proceso y principalmente descubrir la verdad, porque el fin del juicio penal no es que se declare inocente o culpable a una persona sino que a través de la verdad se pueda administrar justicia. “No por el hecho de cerrar un caso vamos a sentenciar a personas inocentes que, si bien es cierto, cometieron errores, no eran los implicados en el caso Terranova. La justicia nunca debe perder la visión.”, asevera Juan Jaramillo, Defensor Público de Pichincha.
Tercero de Garantías Penales, se dictaminó la inocencia de los implicados y fueron absueltos. “Eran abismales las contradicciones de la Policía frente a los interrogatorios que efectuamos como Defensoría Pública”, aseguró Jaramillo. En la actualidad los jóvenes, con el apoyo de sus padres, realizan gestiones ante organismos internacionales para que el Estado pueda indemnizarlos por todos los prejuicios que les causaron, por una indebida administración de justicia y privación ilegal de la libertad. Además, están tratando de rehacer sus vidas, “las connotaciones de carácter social que tuvieron definitivamente marcaron su rumbo y el de su familia”, cuenta el Defensor, quien asegura que en el caso del padre de Alexander tuvo que renunciar a su trabajo como director de una escuela en Tabacundo para dedicarse a la defensa de su hijo.
Las 100 Reglas de Brasilia. Derechos Humanos y acceso a la justicia para personas y grupos de atención prioritaria
a publicación “Las 100 Reglas de Brasilia. Derechos Humanos y acceso a la justicia para personas y grupos de atención prioritaria” (Quito, 2011), de Ernesto Pazmiño, surge con motivo de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en marzo de 2007 en Brasil, con el objeto de sensibilizar a la administración de justicia para ofrecer un servicio de calidad a los grupos vulnera-
bles de la sociedad. Las Reglas de Brasilia desarrollan los principios recogidos en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, y orientan el rol de la Defensoría Pública. Su lectura y análisis son esenciales para quienes desean profundizar en la garantía de derechos humanos en la administración de justicia.
La (des)proporcionalidad de la ley y la justicia antidrogas en Ecuador
a Defensoría Pública presenta su primer número de la Serie “Cuadernos Defensoriales”, con el estudio “La (des)proporcionalidad de la ley y la justicia antidrogas en Ecuador”, realizada por Jorge Vicente Paladines, quien se desempeña como Defensor Público Provincial de Pichincha. Esta publicación se realizó con el apoyo del Colectivo de Estudios Drogas y Derechos (CEDD). El estudio analiza críticamente si el principio de proporcionalidad en la aplicación de la justicia es empleado
en relación con los delitos de drogas. Para ello, el autor observa la percepción sobre el consumo de drogas, la legislación vigente, el rol de las agencias antidrogas y hace un análisis sobre las penas aplicadas a este tema, señalando que los tratos recibidos en el proceso penal, así como los castigos aplicados son desproporcionados, lo que genera daños mayores a los beneficios que se buscan. En este primer número se presenta un tema de actualidad, que aporta al debate del Código Integral Penal.
Llámenos al 151 o gratis al 1800 333367
1800-3333-67 www.defensoria.gob.ec @defenpublica_ec DefensoriapublicaDelEcuador
Revista Defensa y Justicia No 1
Primera edición de la revista institucional de la Defensoría Pública

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 171
 artículo 171
 artículo 171
 resolución 
 resolución