Source: https://es.scribd.com/doc/232790993/Amicus-Curiae-Movimiento-antiChapulinazo
Timestamp: 2020-07-10 01:09:44+00:00

Document:
Amicus Curiae Movimiento #antiChapulinazo | Elecciones | Constitución
Citizen's Right to Democracy.
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17-04-12 Marcela Guerra celebra triunfo jurídico de Ivonne Álvarez
Guia de Repaso Prueba Sintesis 6º Basico HISTORIA (1)
Documento n. 1-Derecho Electoral.-.
GUIA 2 GRADO 4
08-01-15 Dejan 8 Priistas El Congreso en Busca de Cargo en Comicios - Grupo Milenio
Expedientes: Recurso de revisión en incidente de suspensión 2/2012 y amparo en revisión 318/2012. Quejosa: Dinorah Trinidad Guadalupe Cantú Pedraza.
Asunto: Se presenta memorial Amicus Curiae.
H. PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Quienes suscribimos, en nombre de las organizaciones Alianza Cívica de Nuevo León; Centro Regiomontano en Sexología A.C.; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.; Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, A.C.; Contingente Monterrey; Estudios Jotos; Evolución Mexicana Constante, A.C.; Género, Ética y Salud Sexual A.C.; Observatorio Mexicano de Derechos Humanos, A.C.; Organización de Voluntarios para la Protección Animal, A.C.; Pueblo Bicicletero; Tapia Salinas y Asociados, S.C.; TigreBici, Vertebración Social Nuevo León A.C.; dedicadas todas a la defensa y promoción de los derechos humanos; así como las personas físicas Celina Margarita Fernández Vizcaino; Graciela Josefina Reyes Pérez; José Luis García Krauss; María Angélica Hernández Ramírez; Nora Estefanía Picasso Uvalle; Patricia Isabel de Obeso González; Tatiana Clouthier Carillo y; Ximena Peredo Rodríguez; todas interesadas en la defensa de la causa Anti#Chapulinazo; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México el ubicado en World Trade Center Montecito No. 38, Piso 20, Oficina 8, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, CP. 03810 con teléfono 9000-2120; acudimos antes esta Honorable Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar este memorial de amicus curiae en el que se desarrollan una serie de consideraciones atinentes al recurso de revisión en incidente de suspensión 2/2012 y amparo en revisión 318/2012, relativos a la determinación de las obligación de los Presidentes Municipales de desempeñar el cargo de elección popular que les fue popular y constitucionalmente encomendado.
I. Interés de las organizaciones y personas firmantes
Alianza Cívica de Nuevo León, es una organización ciudadana plural y apartidista que busca contribuir a la transición democrática mexicana mediante el impulso de la participación ciudadana en los asuntos públicos, como el inicio de una nueva relación Gobierno-Sociedad que fortalezca la democracia participativa mediante el ejercicio de una ciudadanía plena, monitoreo de la transparencia en el ejercicio de gobierno, y la verificación de legitimidad de los procesos electorales.
Centro Regiomontano en Sexología A.C., es una organización dedicada a fomentar la educación de la sexualidad en sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales con información científica y ética generando un beneficio integral a la población en general.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental y sin fines lucrativos que, desde su fundación en 1993, tiene como causa principal la defensa de los derechos humanos de las personas, principalmente los que atañen a los grupos más vulnerables de la sociedad.
Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, A.C., es una asociación apartidista y de afiliación voluntaria que promueve una mejor sociedad, un mejor gobierno y un mejor ciudadano.
Contingente Monterrey, es un colectivo ciudadano que promueve los derechos humanos a través de acciones creativas.
Estudios Jotos, es un colectivo ciudadano que tiene por objeto abrir de manera constante un diálogo para la (de)construcción de los conceptos de género y diversidad sexual.
Evolución Mexicana Constante, A.C., es una organización que tiene por objeto la búsqueda del desarrollo, reconocimiento y aplicación de los Derechos Ciudadanos, ejerciendo un liderazgo en la democracia activa y participativa; la colaboración con el poder público de la federación, los Estados y Municipios, con el objetivo de mejorar su desempeño al conocer las necesidades de la ciudadanía y; que busca vincularse con otras asociaciones, institutos, grupos y organizaciones ciudadanas para fortalecer e intercambiar puntos de vista y construir propuestas convergentes para desarrollas acciones comunices y ayudar a sustentar las acciones de la sociedad civil para fortalecer la democracia en México.
Género, Ética y Salud Sexual A.C., es una organización que trabaja por los derechos humanos de todos y todas, específicamente los relacionados con los derechos sexuales, reproductivos y la salud sexual.
Observatorio Mexicano de Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental que trabaja para establecer un puente entre la sociedad civil y los sectores gubernamental y académicos a través del litigio estratégico, la incidencia y la investigación académica en materia de derechos humanos.
Organización de Voluntarios para la Protección Animal, A.C., es un grupo de personas legalmente registrados como Asociación Civil sin fines de lucro dedicados a la Protección Animal.
Pueblo Bicicletero, es un colectivo ciudadano que desde abril de 2009 promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte para tener una movilidad urbana sostenible.
Tapia Salinas y Asociados, S.C., es un despacho de abogados litigantes en materia fiscal.
TigreBici, es una plataforma universitaria que busca la inclusión de métodos alternos de transporte en todos los campus de la Universidad Autónoma de Nuevo León respetando la pirámide de movilidad.
Vertebración Social Nuevo León A.C., es una asociación plural, incluyente, sin preferencias partidistas, religiosas o ideológicas y que promueve la participación ciudadana de manera civilizada, propositiva y organizada, en la búsqueda de un México mejor.
Universidad de Florida y que se integró al Colectivo Anti#Chapulinazo desde el 20 de febrero de 2012.
Graciela Josefina Reyes Pérez, mexicana, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey y que se integró al Colectivo Anti#Chapulinazo desde el 18 de febrero del 2012.
Anti#Chapulinazo desde el 15 de junio del 2012.
María Angélica Hernández Ramírez, mexicana, Maestra en Análisis Político y Medios de Información por la EGAP del Tecnológico de Monterrey que se integró al Colectivo Anti#Chapulinazo desde el 15 de febrero de 2012.
Nora Estefanía Picasso Uvalle, mexicana, estudiante de la Licenciatura en Derecho, activista en derechos humanos y que se integró al Colectivo Anti#Chapulinazo desde el 25 de julio de 2012.
Patricia Isabel de Obeso González, mexicana, Ingeniera Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey
y que se integró al Colectivo Anti#Chapulinazo desde el 16 de febrero de 2012.
Tatiana Clouthier Carillo, mexicana, que ha trabajado como docente, diputada federal, funcionaria pública a nivel municipal y estatal, traductora y que actualmente es empresaria, escritora de la revista reporte Indigo y conferencista sobre el tema de participación ciudadana que ha participado en foros en Viña del Mar, Chile, Berkeley California y distintas partes de México y que se integró al Colectivo Anti#Chapulinazo desde el 18 de febrero del 2012.
Ximena Peredo Rodríguez, mexicana, politóloga, columnista del Grupo Reforma, activista ciudadana, narradora y que se integró al Colectivo Anti#Chapulinazo desde el 16 de febrero del 2012.
El amicus curiae (literalmente, amigo de la corte o amigo del tribunal) es una expresión latina empleada para denominar memoriales o documentos presentados dentro de un juicio o litigio por terceros ajenos al mismo, quienes ofrecen voluntariamente una opinión jurídicamente calificada con la finalidad de contribuir a la óptima resolución de la controversia. En este sentido, el amicus curiae se enmarca en la necesidad de procurar una deliberación más amplia de los asuntos jurídicos; precisamente por ello, este tipo de documentos adquieren una significativa relevancia cuando la litis de un caso versa sobre derechos fundamentales.
En función de su trayectoria, las organizaciones y personas firmantes se encuentran en plena potestad para presentar este amicus curiae con el propósito de aportar elementos para la resolución recurso de revisión en incidente de
suspensión 2/2012 y amparo en revisión 318/2012, máxime atendiendo a que los asuntos son de interés público y se refieren
a temas fundamentales para el avance en el reconocimiento de los derechos humanos que los gobernados tienen frente a la
obligación de los gobernantes, en específico, las y los Presidentes Municipales, de desempeñar el cargo de elección popular.
II. Introducción a la causa
1. El 20 de enero del 2012 se hizo de conocimiento público mediante distintos medios de información que el
Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Nuevo León le había otorgado a la alcaldesa Ivonne Álvarez García licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo y así poder contender en las elecciones que se efectuaron el pasado primero de julio en la fórmula del senado presentada por el Partido Revolucionario Institucional.
La separación de Ivonne Álvarez provocó la indignación de las organizaciones y personas firmantes del presente
escrito puesto que materializaba la práctica comúnmente conocida como chapulinazo político, en la que los gobernantes, de manera irresponsable y como lo argumentaremos en breve, inconstitucional, dejan de cumplir con las obligaciones encomendadas a su cargo para buscar una nueva aventura política, burlándose de la ciudadanía que los eligió. La burla llega al extremo cuando incluso por diversos medios informativos se dio a conocer, mientras se encontraba en campaña por la alcaldía hace 3 años, que Ivonne Álvarez había firmado ante notario cumplir por el término de los 3 años el cargo de presidenta municipal. En concordancia con lo anterior, en una video-charla con lectores del periódico “El Norte”, ante la pregunta de si se comprometía, en caso de ganar, a terminar los tres años de gestión como alcaldesa de Guadalupe, Ivonne Álvarez dijo lo siguiente: “Por supuesto, los tres años completitos, y esto sí me encantaría que que (sic) lo dejáramos escrito, grabado y como un compromiso muy palpable de Ivonne, voy a terminar los tres años si ustedes me dan la oportunidad de poder servirles, el compromiso que quiero adquirir con Guadalupe es muy profundo y además de mucha responsabilidad y de mucha seriedad y es una demanda que la gente nos ha solicitado y mi compromiso es con ustedes, su confianza la vamos a hacer trabajando todos los días por un mejor Guadalupe pero además los tres años completitos por el mandato que ustedes me van a dar la oportunidad de realizar en nuestro municipio.”
3. En respuesta a la separación del cargo de Ivonne Álvarez, y previendo muchas otras separaciones de los cargos de
elección popular, para combatir esta práctica se conformó el “Colectivo Anti#Chapulinazo” 1 integrado por 27 organizaciones (después se integraron 5 organizaciones más), de la sociedad civil 2 que como primera acción publicó el 8 de febrero de 2012 un desplegado en el periódico El Norte, mediante el cuál se invitaba a la ciudadanía a no votar por quienes dejaron un cargo de elección popular y se les recordaba a los políticos que “sus puestos son obligatorios y en consecuencia irrenunciables conforme a lo establecido por el artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León” y que “al faltar a su obligación constitucional, quedan suspendidos de su calidad de ciudadanos durante un año, razón por la cual no podrían ser elegibles como candidatos a cargos de elección popular (artículo 38, fracción I de la Constitución Política del estado)”.
4. Buscando apoyar a la causa, a mediados de febrero, se conformó un equipo legal que propuso desafiar el acto de
los ayuntamientos que permite la separación del cargo de los presidentes municipales por considerarlo violatorio de los derechos humanos. En esa tesitura, la ciudadana Dinorah Trinidad Guadalupe Cantú Pedraza (acción a la que después se unieron más ciudadanos de Nuevo León y de otros Estados), la quejosa en los asuntos pendientes a discusión por esta H. Primera Sala, decide solicitar la protección de la justicia federal en contra de la separación del cargo de Ivonne Álvarez de su
cargo de alcaldesa del municipio de Guadalupe, por considerarla violatoria de sus derechos humanos, teniendo la situación cualificada frente a tal acto al ser residente de dicho municipio por más de 20 años y además haber participado en las elecciones en las que resultó electa la alcaldesa.
5. A raíz del amparo mencionado, el 5 de marzo de 2012, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Cuarto Circuito en la queja 24/2012 resuelve conceder la suspensión provisional a la quejosa y por consiguiente dejar sin efectos la separación provisional por tiempo indefinido del cargo de presidenta municipal de Ivonne Álvarez.
6. Tal situación desató una serie de acciones irregulares, como se desprende del expediente en cuestión y de los
diversos medios informativos, que tuvieron como fin burlar y evitar el cumplimiento de la obligación de desempeñar el cargo
1 Todas las acciones del Colectivo Anti#Chapulinazo se pueden consultar en línea en: www.chapulinazonl.wordpress.com.
2 Organizaciones que integraron el Colectivo Anti#Chapulinazo: + Allá de la Marcha, Alianza Cívica Nuevo León, A.C.; Anima Naturalis; Biciérnagas; Centro de Recursos para la Investigación y el Aprendizaje sobre Animales, A.C.; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.; Colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora, Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, A.C.; Contingente Monterrey; Despierta, Cuestiona y Actúa, A.C.; El Barzón, A.C.; El Narval; Estudios Jotos; Evolución Mexicana, A.C.; Foro Libre y Democrático de México, A.C.; Género, Ética y Salud Sexual, A.C.; Huaperros, A.C.; La Bola; Lupa Ciudadana, A.C.; Más Música, Menos Balas; Movimiento Ambientalista Ciudadano; Mujeres con Botas; Nuevo Leon, Árbol de Todas las Raíces; Observatorio Mexicano de Derechos Humanos, A.C.; Organización de Voluntarios para la Protección Animal, A.C.; Patitas con Amor, A.C.; Prodefensa Animal, A.C.; Pueblo Bicicletero; Realidad Expuesta; Reforestación Extrema, A.C.; Revolución Anti-taurina; Tigrebici y; Vertebra Nuevo León, A.C.
de elección popular. Algunas de ellas fueron:
a. El 15 de marzo de 2012 el Ayuntamiento de Guadalupe revoca de manera definitiva la licencia de separación provisional por tiempo indefinido a favor de Ivonne Álvarez, lo que provoca el sobreseimiento fuera de audiencia del amparo.
b. El 20 de marzo el Ayuntamiento de Guadalupe autoriza la separación definitiva de Ivonne Álvarez y el mismo día se registra ante el IFE como candidata al Senado para después argumentar que su registro convertía el asunto en materia electoral.
c. Se obtiene mediante otro amparo la suspensión provisional en contra de la nueva separación del cargo de
Ivonne Álvarez y el ayuntamiento buscando no cumplir con la suspensión vierte diversos argumentos absurdos e incluso el 3 de abril de 2012 llega a cerrar la dirección jurídica del Municipio de Guadalupe llenando sus puertas de avisos que argumentaban que el ayuntamiento no podía recibir notificación alguna al encontrarse de vacaciones su personal por los siguientes 15 días. Casualmente las vacaciones del Ayuntamiento terminaban, y por lo tanto podrían volver a recibir notificaciones, el día que se llevaría a cabo la audiencia sobre la suspensión definitiva. Tales acciones, no solamente desafían la autoridad de la justicia federal sino que perpetúan un mensaje contrario al Estado de Derecho y a la cultura de legalidad. El mensaje de las diversas acciones fue un claro golpe a la ciudadanía que además se está enfrentando a que, en complicidad con el Ayuntamiento, Ivonne Álvarez estaba dispuesta a hacer, lo que tuviera que hacer, incluso desafiar la orden de un Tribunal Colegiado y de una Juez de Distrito, con tal de permanecer en el poder por el siguiente periodo y no cumplir con la obligación constitucional de desempeñar su cargo de elección popular.
7. Desde el inicio de la defensa por esta causa, el Colectivo Anti#Chapulinazo ha buscado cuestionar el alcance del
derecho de todos los ciudadanos de que los gobernantes electos desempeñen su cargo de elección popular. Hasta ahora nunca se ha estudiado, desde la óptica del ciudadano gobernado y con el escrutinio estricto de constitucionalidad, la práctica del chapulinazo.
8. Las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 6 y 10 de junio de 2011
“obligan a los juzgadores a eliminar tecnicismos y formalismos extremos en el juicio de amparo. En efecto, de la exposición relativa a la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, se advierte que uno de los objetivos centrales de esa iniciativa, es llevar a cabo una reforma integral al juicio de amparo, como instrumento de control constitucional más importante que se tiene en el ordenamiento jurídico mexicano, con el propósito de fortalecerlo a partir de la eliminación de tecnicismos y formalismos extremos que han dificultado su accesibilidad y, en consecuencia, su ámbito de protección; ampliar su marco de protección a fin de que mediante el juicio de amparo se protejan de manera directa, además de las garantías que preveía nuestra Constitución, los derechos contenidos en los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos ha ratificado el Estado mexicano; configurando así un sistema completo y dinámico, abierto a criterios internacionales, orientado a la materialidad de la justicia social, ajeno a formalismos, accesible a los grupos vulnerables, que garantizara la actualización de las intenciones del Constituyente originario que previó estos contenidos esenciales que ahora conforman los pilares fundamentales del Estado moderno” 3 .
9. Para las organizaciones que suscriben el presente memorial, el estudio y la resolución del recurso de revisión en
incidente de suspensión 2/2012 y amparo en revisión 318/2012 ofrece a esta Honorable Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una oportunidad idónea para pronunciarse sobre una situación donde hasta ahora los ciudadanos están completamente desprotegidos frente a la autoridad y determine, desde ésta óptica, el alcance y razón de la obligación del desempeño de los cargos de elección popular en relación con la importancia de la estabilidad del empleo público en
3 Incidente en Revisión 182/2012. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, correspondiente al día 28 de junio de 2012.
beneficio de la ciudadanía y la importancia de la continuidad de la función pública. Por otra parte, tiene la oportunidad de resolver sobre las posibles excepciones a este derecho, desde la perspectiva de los gobernados con un estudio que involucre la razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de la medida y así proporcione los criterios para evaluar si la separación del cargo tiene o no causa justificada. De este modo, esta Honorable Sala reforzará el ejercicio democrático en México, atenuará la distancia entre gobernados y gobernantes, provocará el cambio de enfoque de la política mexicana para que ésta tenga como centro el beneficio de la comunidad y dotará de certeza jurírica la representación de los ciudadanos.
10. Las alcaldías de dos y un año son insostenibles. La situación histórica en la que se encuentra el país exige que las
obligaciones de los gobernantes estén claramente delimitadas. La ola de violencia e inseguridad que enfrentan las y los ciudadanos todos los días requiere de gobiernos estables y firmes, capaces de enfrentar esta problemática.
Obligación de desempeñar los cargos de elección popular
La obligación de desempeñar los cargos de elección popular se encuentra establecida desde la primera versión de
nuestra Constitución en el Artículo 5 que a la letra establece que “…En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas… el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular directa o indirecta…”. La obligatoriedad se justifica puesto que atiende a las características personales del sujeto, razón por la que fue electo y la importancia de la continuidad en el desempeño de sus labores.
12. Por otra parte, es el propio artículo 5 el que cataloga a los cargos de elección popular como puestos de servicio
público, es decir, una institución jurídica “cuya única finalidad consiste en satisfacer de una manera regular, continua y uniforme necesidades públicas de carácter esencial, básico o fundamental” 4 . Las características de esos servicios en
atención a su naturaleza esencial, consisten en ser continuas, uniformes, regulares y permanentes; suponen siempre una obra de interés general que buscan la satisfacción de necesidades materiales, económicas, de seguridad y culturales en beneficio de la comunidad que eligió a el o la gobernante.
obligatorios. Si la posición implica la conducción y satisfacción de necesidades básicas por un sujeto elegido en atención a sus cualidades personales, únicamente podrá garantizarse su efectividad si dicha persona se mantiene en su posición.
13. En atención a lo expuesto, es evidente la razón por la cual se determina que los cargos de elección popular
14. En apoyo a lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también prevé en su Artículo 36
fracción IV que “Son obligaciones del ciudadano de la República… Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados…” y además agrega en su Artículo 38 fracción I que “Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden… Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 26. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley…”. Reafirmando así el grado de importancia que tiene para la ciudadanía el que sus representantes desempeñen el cargo de elección popular.
A. Posibles excepciones a la obligación de desempeñar el cargo de elección popular
15. A la fecha, en Nuevo León no existe un procedimiento regulado mediante el cual se establezcan las excepciones
mediante las cuales un represente popular justificadamente pueda abstenerse de ejercer su encargo.
4 FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge “Diccionario de Derecho Administrativo” Porrúa, México, 2003, Página 251-252.
El artículo 10 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe establece que “…El
Ayuntamiento autorizará las solicitudes de licencias de algún miembro del Ayuntamiento resolviendo de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León.”
17. Sin embargo, la Ley Orgánica multicitada no regula el procedimiento a través del cual se otorgan las licencias, es
decir, no se contemplan los elementos objetivos que deben ser cumplidos para el otorgamiento de las licencias. Provocando
por tanto que exista una ausencia total de fundamentación y motivación por parte del ayuntamiento para el otorgamiento de
18. Por lo tanto, existe un interés cualificado en que los gobernados del Municipio de Guadalupe tengan un servidor
público que los represente durante la vigencia de sus mandatos, de manera continua y uniforme, siendo así que fuera de los
supuestos de caso fortuito y fuerza mayor, la esfera jurídica de los gobernantes de cada municipio debe ser respetada y protegida en que se busque el incumplimiento de sus obligaciones por parte de la autoridad.
19. Tal conclusión, además, coincide con lo determinado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que,
“al resolver la acción de inconstitucionalidad 8/2012, en la sesión de veinte de marzo de dos mil doce, estableció en relación
a diversos puestos de elección popular, que es inconstitucional la figura de revocación del mandato si se establecen
procedimientos diferentes y aislados del régimen constitucional de responsabilidad. Es decir, solo pueden autorizarse la separación de los cargos de elección popular por causas de responsabilidad que sean determinadas mediante los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no de otra manera.
Sobre el particular, debe hacerse la excepción para el caso de que el representante popular carezca ya de facultades físicas
o mentales suficientes, caso en el que el Ayuntamiento, lógicamente, sí estaría facultado para autorizar su separación por
esa circunstancia, ya que obligarlo a desempeñar el cargo en esas condiciones sí pondría en riesgo la función pública.” 5
20. Sirve para ilustrar lo anterior un fragmento de la participación del H. Ministro José Ramón Cossío Díaz y de la del H.
Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, que se desprende del contenido de la versión taquigráfica de la mencionada sesión
pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el martes 20 de marzo de 2012 relativa a
la mencionada acción de inconstitucionalidad 8/2010.
a. Ministro José Ramón Cossío Díaz: “…yo en el artículo 35, fracción II –ya dentro de las reglas– encuentro una prerrogativa general para ser votado en los cargos de elección popular y no encuentro expresamente una determinación para que se me pueda revocar el mandato una vez que fue electo, que esto sea deseable en términos de depuración de democracia, en términos de apertura ciudadana, en términos de cualquier condición que se quiera, me parece muy interesante, pero eso me parece que –precisamente– va en contra, en principio, de un régimen representativo que se ejerce en sistema presidencial donde hay una prerrogativa ciudadana para plazos fijos.”
b. Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia “Esto está enclavado dentro de los procedimientos de responsabilidad de los servidores municipales, aun los de elección popular. Pero entiendo el sentir del Pleno en que nos ajustemos más al precedente, y que digamos que la única salida posible de un puesto de elección popular es la de las responsabilidades y entre ellas no figura la revocación del mandato, por las razones que ampliamente se han dado en esta sesión. “
B. Restricciones a los derechos humanos
5 Incidente en Revisión 182/2012. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, correspondiente al día 28 de junio de 2012.
Como es criterio de nuestro máximo tribunal, “Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos
admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al
menos los siguientes requisitos:
a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el
ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta
b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no
basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea
para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y,
c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin
buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática.” 6
22. Los actos de las autoridades de carácter restrictivo deben ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que
la fundamentan, porque no basta que la restricción sea en términos amplios, útil para la obtención de ese fin, sino que de hecho, esa medida debe ser la idónea, óptima e indispensable para su realización. Luego, es importante preguntarse ¿Qué fines fueron los buscados en los actos ahora reclamados y si los mismos son los idóneas, óptimas e indispensables para la
23. Previamente se ha establecido la obligación constitucional de desempeñar los cargos de elección popular so pena
suspensión de la ciudadanía. Sin embargo, en el presente caso se presenta el argumento de que la búsqueda para ocupar diverso puesto de elección popular constituye causa justificada para desatender dicha obligación. “Al respecto, es claro que el artículo 55 fraccción V establece como requisito para ser diputado, aquéllos que desempeñen un cargo como el tercero perjudicado, el que se separen con noventa días de anticipación al día de la elección” 7 ; y que el Artículo 58 de la Constitución establece que “Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será de 25 años cumplidos el día de la elección”. “Sin embargo, este requisito en sí mismo considerado, no constituye un derecho sino una prohibión para que los aspirantes no realicen la función pública participando conjuntamente con sus aspiraciones políticas. De cualquier manera, la determinación de si constituye un derecho de mayor o menor envergadura que el aducido por el quejoso para ser representado en los términos de lo que establece el artículo 5º, párrafo cuarto, de la Constitución
6 Amparo en revisión 173/2008. Yaritza Lissete Reséndiz Estrada. 30 de abril de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 7 Incidente en Revisión 182/2012. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, correspondiente al día 28 de junio de 2012.
Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una cuestión que atañe también al fondo del asunto.” 8
24. En esa tesitura se propone realizar un ejercicio de escrutinio estricto de constitucionalidad atendiendo a las razones,
establecidas por la propia Suprema Corte, para limitar un derecho humano.
25. En primer lugar, y como ya se ha establecido, existen los preceptos constitucionales ya mencionados que
establecen a favor de la ciudadanía la obligación que tienen los gobernantes de desempeñar el cargo de elección popular. Además, existe el criterio sostenido por el pleno de la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 8/2010 de que “la
única salida posible de un puesto de elección popular es la de las responsabilidades“ 9 . Sin embargo, la propia Constitución establece el derecho a ser votado así como la obligación de separarse del cargo de elección popular para poder contender por otro. Esto provoca una colisión de derechos constitucionales, ocasionando también que se reúna el primer requisito para
la limitación de alguno de estos dos derechos y da paso al análisis del segundo requisito, el análisis de necesidad.
26. En este segundo punto, la permanencia en el cargo de elección popular es la idónea para salvaguardar los fines de
representación y estabilidad que supone la Constitución, mientras que la figura del chapulinazo además de no encontrarse
reglamentada en ningún otro ordenamiento que busque salvaguardar los derechos de la ciudadanía, no es necesaria ni idónea para respetar el derecho a ser votado que pudiera ser garantizado con otras figuras políticas que además protegen
los fines de representación y estabilidad que establece la Constitución. Un ejemplo de esto podría ser la figura de reelección que permite por una parte la continuidad de los proyectos que la ciudadanía en su caso considera oportunos al volver a elegir
a quien desempeña el cargo y sería la misma ciudadanía que se sujetó a tal representante la que juzgaría su desempeño
dándole una mayor oportunidad de participación y por otra parte, protegería el derecho a ser votado de quien ya ocupa un puesto de elección popular. Otro ejemplo, podría ser que como mínimo, la propia ciudadanía participe en una consulta pública que tenga como fin autorizar la separación del cargo, creando así una herramienta democrática por la cuál por una parte la ciudadanía tiene la oportunidad de manifestarse y de sancionar o en su caso premiar el desempeño del cargo de elección popular y al mismo tiempo el gobernante tiene un medio para volver a ejercer su derecho a ser votado. En todo caso, le correspondería al Poder Legislativo realizar este debate, sin embargo y por lo pronto, la ciudadanía no debe de soportar el daño que genera la práctica del chapulinazo y el Poder Judicial no debe de permitir el menoscabo de sus derechos cuando no existe una estricta necesidad para hacerlo.
27. Dando lugar también a realizar un análisis en el mismo sentido respecto al tercer requisito que es la proporcionalidad
puesto que de los preceptos constitucionales previamente citados en armonía con el artículo 41 de la Constitución que establece que “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca sus regímenes interiores….” se puede desprender que “la fuente de la soberanía radica en el pueblo, quien la ejerce a través de los Poderes de la Unión y de los Estados. De ahí que el quejoso, como parte integrante del pueblo o de la sociedad, sin duda, se encuentre interesado en el ejercicio eficaz y claro de la soberanía que toca cumplor o ejercer, entre otros, a los representantes elegidos popularmente” 10 . Su incumplimiento
ocasiona una clara afectación al interés social y al orden público y resulta desproporcional frente a la protección del derecho
a ser votado, que además y como ya se estableció puede protegerse de otra forma para los casos de quienes ya ocupan un
cargo de elección popular y en todo caso pueden contender para otro cargo al termino de la obligación previamente contraída, obligación que además también implica en principio la protección al derecho a ser votado puesto que garantiza el
8 Incidente en Revisión 182/2012. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, correspondiente al día 28 de junio de 2012. 9 Fragmento de la participación del H. Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, que se desprende del contenido de la versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el martes 20 de marzo de 2012 relativa a la acción de inconstitucionalidad 8/2010. 10 Incidente en Revisión 182/2012. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, correspondiente al día 28 de junio de 2012.
derecho a desempeñarlo por el tiempo constitucionalmente establecido.
28. En concreto, la obligación a desempeñar el cargo de elección popular únicamente puede limitarse a través de una
medida idónea, óptima e indispensable para la consecución de un fin tutelable. En el caso concreto, simplemente es inexistente cualquier otro fin con trascendencia colectiva que deba ser protegido, puesto que el derecho a ser votado se podría ejercer una vez concluida la obligación libremente asumida de representar a toda una comunidad por el término para el que fue electo.
29. En apoyo a lo anterior, se encuentra lo que argumentó el propio Estado mexicano ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, según se desprende del párrafo 152 de la sentencia de fondo del caso Castañeda Gutman vs. México donde el Estado, entre otras consideraciones, estableció que “un sistema electoral que establece la postulación de candidatos por los partidos políticos no resulta per se violatorio de la disposición sobre derechos políticos de la Convención Americana”. Los derechos políticos no son absolutos, por lo que pueden estar sujetos a limitaciones, siempre que dicha reglamentación observe “los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática”. El artículo 175 del Código Electoral que establece la exclusividad de los partidos políticos para presentar candidaturas a los cargos de elección popular en el ámbito federal no constituye violación alguna al derecho al voto pasivo previsto en el artículo 23 de la Convención Americana, en tanto es una modalidad de ejercicio de ese derecho político congruente con los estándares internacionales en la materia, en términos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Afirmó que se debe distinguir entre limitaciones o restricciones directas, como podría ser la exclusión de un grupo determinado de individuos de su derecho de voto pasivo por razones de género o étnicas, y las modalidades que el legislador establezca para el ejercicio de los derechos políticos. Para poder ejercer ese derecho, el Estado puede exigir que se “utilice una vía jurídica determinada o bien se cumplan con determinadas condiciones y modalidades”, como por ejemplo, la imposibilidad de registrar a un candidato para distintos cargos de elección popular en un mismo proceso electoral, la imposibilidad de ser candidato para un cargo federal de elección popular y, simultáneamente, candidato para otro cargo de los estados. Ello no debe ser entendido como limitación del derecho de voto pasivo sino como modalidad de su ejercicio, que no sólo no es excesiva sino que responde a una racionalidad jurídica, política e histórica.”
30. Siguiendo esa línea de argumentación, lo que se pide es que, tomando como fundamento el que el derecho a ser
votado no es absoluto, y tomando a consideración la situación política e histórica en que nuestro país se encuentra, se privilegie el derecho de la suscrita, a que su representante desempeñe el cargo de elección popular, donde si se debiera de mermar, lo mínimo que se tendría que realizar es un procedimiento mediante el cual se tome en cuenta la voluntad popular que en primera instancia fue la que permitió el acceso al cargo de elección popular. Si ser electo no implica ninguna obligación de permanecer en su cargo, el derecho a votar y la correlativa obligación a desempeñar el cargo de elección popular que es la que se reclama, pierde su sentido y con éste el sistema político mexicano.
C. Principio de igualdad ante la ley
31. Por otra parte, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 11 como los derechos humanos
reconocidos en los diferentes tratados internacionales 12 establecen que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se
11 Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
12 Artículos 1(3), 13(b) y 55(4) de la Carta de las Naciones Unidas; Artículos 3(j) y 43(a) de la Carta de la Organización de Estados Americanos; Artículos 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Artículos 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y; Artículos 1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; todos ellos referentes al derecho de igualdad ante la Ley y no discriminación.
encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor.
32. Sin embargo, en el presente caso nos encontramos que la condición de ciudadano frente a la condición de
presidente municipal genera un trato desigual injustificable. Si bien es cierto que entre gobernado y gobernante existe una relación de supra-subordinación legítima y autorizada por ley, la misma no debe de ser la base para un trato desequilibrado frente a la misma. Es decir, el gobernado no puede y debe soportar todo el peso de las obligaciones y el gobernante gozar de una inmunidad impermeable a las obligaciones que asume por el hecho de ser electo.
33. En el presente caso, la condición de ciudadano lleva a la quejosa a soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio)
desigual e injustificado frente a derechos correlativos con la persona electa a ocupar el cargo que la ciudadanía le encomendó, en este caso el presidente municipal y la relación que se establece con los gobernados bajo su cargo, en este caso los residentes de Guadalupe y en específico la quejosa.
34. Tal trato desigual e injustificado queda de manifiesto de la siguiente manera:
Una vez electo no se le impone obligación de
respetar la elección puesto que puede abandonar su puesto cuando quiera. 13
2. No tiene el derecho a exigirle que ocupe el cargo
Tiene derecho a ocupar el cargo que la propia
encomendado por la ciudadanía así como su permanencia en el periodo correspondiente.
ciudadanía le encomendó así como su permanencia en el periodo correspondiente.
Se le impone la pena de suspensión de ciudadanía
Se le otorga el derecho de que mediante una
por no cumplir con sus obligaciones de ciudadano nuevoleonés y de ciudadano mexicano. 14
decisión arbitraria (por cualquier motivo) pueda exceptuarse de la pena de suspensión de ciudadanía por no cumplir con sus obligaciones tanto como ciudadano nuevoleonés como mexicano. 15
No tiene el derecho a exigir que sea representado
4. Tiene el derecho a decidir de manera arbitraria si representa o no al pueblo que lo eligió. 16
por la persona que eligió la comunidad a la que pertenece.
35. En esta tesitura, con independencia de cualquier motivación de trascendencia meramente personal, no puede
exceptuar al aspirante a cumplir con una obligación previamente asumida frente a los gobernantes y en específico frente a la quejosa que de permitirse esta situación queda en completa desventaja y se le anulan por completo los derechos que tiene
13 Situación que se deja al arbitrio del ayuntamiento, sin limitarlo a ningún supuesto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el segundo párrafo del artículo 10 del Reglamento Interior del Republicado Ayuntamiento de Guadalupe, N.L. y el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León.
14 De acuerdo a lo que establece el artículo 38 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 38 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
15 En el caso concreto, se otorgó una licencia sin la existencia de un procedimiento y respetando los parámetros objetivos establecidos en una Ley Orgánica, exceptuándose de esta manera al gobernante de las penas que establece el artículo 38 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 38 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León por el incumplimiento de la obligación que establece el artículo 36 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 37 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
16 Debido a que los siguientes artículos, en su omisión, permiten en la práctica la solicitud y el otorgamiento de licencia por cualquier motivo: artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, segundo párrafo del artículo 10 del Reglamento Interior del Republicado Ayuntamiento de Guadalupe, N.L. y el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León.
del trato igual ante la ley relativos en este caso a las obligaciones del ciudadano.
36. El derecho fundamental a la igualdad instituido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no
pretende generar una igualdad matemática y ciega ante las diferentes situaciones que surgen en la realidad, sino que se refiere a una igualdad de trato ante la ley. Si bien el emisor de la norma puede prever situaciones fácticas que requieren un trato diferente, éste debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que lo justifiquen, sin dejarlo al capricho o voluntad del legislador. Además, la igualdad designa un concepto relacional y no una cualidad intrínseca, ya que es una relación que se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones, y siempre es resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de "términos de comparación", los cuales, así como las características que los distinguen, dependen de la determinación por el sujeto que efectúa dicha comparación, según el punto de vista del escrutinio de igualdad. Así, la determinación del punto desde el cual se establece cuándo una diferencia es relevante será libre mas no arbitraria, y sólo a partir de ella tendrá sentido cualquier juicio de igualdad. 17
37. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene el mismo criterio que se ha establecido respecto al derecho
a la igualdad y no discriminación al definirlo como “[
que redunde en detrimento de los derechos humanos.” 18 También añade que no toda distinción debe considerarse como
pueden establecerse distinciones,
basadas en desigualdades de hecho, que constituyen un instrumento para la protección de quienes deban ser protegidos, considerando la situación de mayor o menor debilidad o desvalimiento en que se encuentran.” 20 Tal situación desfavorable es clara en la relación de gobernado-gobernante, por lo que se debe de beneficiar una interpretación donde en la medida de lo posible se debe de preservar entre los mismos una situación de igualdad jurídica para los supuestos como el que se presenta.
discriminatoria, y como ofensiva de la dignidad humana. 19 Incluso, precisa que “[
toda exclusión, restricción o privilegio que no sea objetivo y razonable,
38. Tal desigualdad, además, quedaría de manifiesto, al atenderse la resolución de la acción de inconstitucionalidad
8/2010 que por una parte niega a toda la ciudadanía la posibilidad de revocación de mandato mediante un ejercicio de democracia participativa para favorecer la obligación de desempeño del cargo de elección popular y por otra permita el incumplimiento de dicha obligación por la voluntad única de quien ejerce el cargo.
Derecho a una democracia efectiva
Desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, en el escenario internacional la democracia surgió como fin
común y universal de las Naciones 21 . Tal situación queda manifiesta en el artículo 40 de nuestra Constitución Federal. Lo que ahora se argumenta es que tal artículo no solamente establece la voluntad del pueblo mexicano de organizarse bajo una democracia representativa sino que también constituye el derecho fundamental de todos los mexicanos a la democracia representativa.
17 Registro No. 176705. Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Noviembre de 2005. Página: 40. Tesis: 1a. CXXXVIII/2005. Tesis Aislada. 18 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Opinión Consultiva OC 18/03: Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados”, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, 17 de septiembre de 2003, p. 111, Párr. 84.
19 Cfr. Ibídem. p. 113, Párr. 89.
20 Ibídem. p. 112, Párr.18.
21 En el plano internacional se han creado distintos espacios con el fin consolidar la democracia, uno de ellos es la Comunidad de Democracias, un foro internacional con participación de más de 100 países del mundo, creado en el 2000 a partir de la “Declaración de Varsovia”. Los Estados signatarios se comprometieron a trabajar con instituciones y organizaciones internacionales con el fin de apoyar a nuevas y emergentes sociedades democráticas. Ver. Declaración de Varsovia. Varsovia, Polonia, 26 y 27 de junio de 2000
40. Lo anterior se desprende de la obligación que señala el artículo primero de la Constitución Federal al establecer que
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”
41. La interpretación anterior se refuerza con lo acontecido en el 2001 cuando se resolvió aprobar la Carta Democrática
Interamericana, la cual reiteró que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de
42. La expedición de la Carta Democrática Interamericana es resultado del avance progresivo y gradual en materia de
democracia al interior de la OEA, que ha terminado por cristalizar la opinio iuris histórica de la región, proceso que concluye
con un avance histórico sin precedentes, reconocer la democracia como derecho en su artículo 1 “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. En adelante la OEA se ha referido a la democracia como derecho, incluso en resoluciones sobre la situación de la democracia de algunos Estados”.
43. Además, en la línea de lo dispuesto en la Quinta Reunión, los instrumentos relativos a la protección y garantía de
derechos humanos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos reafirmaron la interrelación existente entre democracia y derechos humanos. Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, aprobada dos días después de la expedición de la Carta de la Organización de Estados Americanos establece en el artículo XXVIII. Alcance de los derechos del hombre: Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático 22 .
44. En el mismo sentido, distintos instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos reafirman la
importancia de consolidar el régimen democrático en los Estados Americanos con el fin de respetar y garantizar los derechos
humanos, lo enuncian así la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Interamericana Sobre Desaparición de personas, en sus preámbulos.
el Protocolo de San Salvador y la Convención
45. Lo anterior refleja la conciencia y reconocimiento de la estrecha relación entre democracia y derechos humanos, en
la medida que los instrumentos que desarrollan y promueven la consolidación de la democracia, reiteran el compromiso por el respeto y garantía de los derechos humanos y viceversa; lo que demuestra que a consideración de la organización, la
democracia es condición sine quan non para el respeto de los derechos humanos. En otras palabras, únicamente mediante el respeto al derecho a la democracia efectiva es válidamente afirmable la existencia de derechos humanos en la esfera de los ciudadanos.
46. La Carta Democrática Interamericana además menciona los distintos matices de la democracia, los Estados
establecieron en los artículos 3 23 y 4 24 de la CDI los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia, de manera que es posible identificar los valores comunes y mínimos democráticos que deben cumplir y respetar los Estados Parte. Adicionalmente, los artículos 7 25 y 8 26 reafirman la voluntad de los Estados al acceso a la justicia de las personas
22 Posteriormente, en sentido similar se redacta el artículo 32 de la CADH. 23 Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos
24 Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia 25 Artículo 7.La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.
sometidas a su jurisdicción mediante el sistema de peticiones individuales ante el SIDH, he aquí la cuestión.
47. Luego,
instrumentos internacionales mencionados indica:
una lectura ordenada de la Constitución Federal, la Carta Democrática Interamericana, y los demás
a. a democracia es un derecho;
b. la democracia tiene elementos esenciales y componentes fundamentales y;
c. existe la posibilidad de acudir ante este tribunal cuando cualquiera de ellos hayan sido vulnerados.
48. Ahora bien, los actos reclamados vulneran el derecho a la democracia de la quejosa en la medida que el mismo
comprende las actividades gubernamentales y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública. Es decir, el derecho a la democracia no se agota en la posibilidad de votar y ser votado, ni el su primer momento de efectividad que es cuando el ganador de la contienda asume el cargo de elección popular sino que también tiene un segundo momento de efectividad y se trata de la permanencia del funcionario en su cargo. En otras palabras, la permanencia de un funcionario en su encargo es la única manera en que se garantiza la prestación de un servicio público personalísimo fundamental.
49. Anteriormente se ha reconocido el derecho de los funcionarios públicos de permanecer en su puesto, es menester
que ahora se reconozca el carácter bifrontal del mismo. Es decir, el derecho de la quejosa de que el ciudadano electo para ejercer el cargo de elección popular por la comunidad a la que la quejosa pertenece, tenga la obligación de cumplir con sus funciones. El interés legítimo permite asegurar que los ciudadanos no únicamente son entes pasivos sacrificables, sino agentes activos con exigencias protegibles jurisdiccionalmente.
50. Es imposible concebir que después del gasto público que implican las elecciones y las campañas, los ciudadanos
electos no tengan la menor obligación de permanecer en su puesto. Tal situación vulnera como ya se dijo el derecho a la democracia en su segunda etapa, situación que es responsabilidad de los tribunales constitucionales federales
administrativos de vigilar.
51. La violación al derecho a la democracia se puede explicar con el Principio ut res magis valeat quam pereat o
principio del efect util 27 . La aplicación de éste principio implica que sus disposiciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida (la democracia) sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presentes su
implementación colectiva 28 , garantizándose su efecto útil en el plano de los respectivos derechos internos 29 ; Luego, en el caso bajo análisis debe considerase que las obligaciones adquiridas libremente por el gobernante deben generar los efectos que la ley estipula en favor por los gobernados, esto es garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la democracia representativa, el cual será amparable verdaderamente cuando una persona, grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente constituida pueda solicitar su respeto, garantía y restablecimiento.
52. Por ello, el carácter fundamental del acceso a la justicia, implica necesariamente que la función pública deba
realizarse de manera obligatoria sin que quede al arbitrio de la parte gobernando su cumplimiento. Lo anterior, toda vez que
26 Artículo 8.Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.// Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio.
27 Al igual que el principio pro personae, este principio aplica no sólo respecto a normas sustantivas, sino también en relación con las normas procesales.
28 Cfr. Caso del Tribunal Constitucional. Competencia, supra nota 35, párr. 36; y Caso Ivcher Bronstein. Competencia, supra nota 35, párr.
29 En materia de derechos humanos, así ha señalado por la Corte Interamericana en los siguientes casos: Caso del Tribunal Constitucional. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 55, párr. 36; y Caso Ivcher Bronstein. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 37. Asimismo, cfr., inter alia, Caso Bulacio, supra nota 30, párr. 142; Caso
“Cinco Pensionistas”, supra nota 32, párr. 164; y Caso Cantos, supra nota 31, párr. 59.
la seguridad jurídica de los gobernados únicamente podrá afirmarse cuando quién lo representa lo haga en términos estrictos.
Suspensión definitiva, sobreseimiento fuera de audiencia y derecho a un recurso efectivo
Como se desprende de los expedientes en cuestión el objetivo del amparo fue impugnar los actos del Ayuntamiento
del Municipio de Guadalupe Nuevo León que permitieran la separación del cargo de la Presidenta Municipal. Por otra parte y de conformidad con lo establecido por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, es hecho notorio que el Ayuntamiento a pesar de revocar la primera licencia, otorgó una segunda que tenía el mismo fin que la primera, de permitir la separación del cargo de Presidenta Municipal a Ivonne Álvarez García. Por lo tanto, para la resolución tanto de la suspensión definitiva como del sobreseimiento fuera de audiencia se pide a esta H. Primera Sala que tome en cuenta dichas actuaciones y resuelva de conformidad al acto existente, en todo caso acumulando los presentes asuntos con los que se interpusieron en contra de la segunda separación del cargo efectuada y así no se sacrifique a la justicia en aras de meras formalidades.
A. Sobre la suspensión definitiva
54. En el presente asunto se encuentran reunidos los requisitos que exige la Ley de Amparo en su artículo 124 en
armonía con el artículo 107 de la Constitución fracción I y X para conceder la suspensión definitiva a la quejosa y con ésta
que no se siga dañando su esfera de derechos protegida por la Constitución mientras que se resuelve el fondo del asunto.
55. En efecto, como ya se estableció en el Incidente en Revisión 182/2012. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Cuarto Circuito, correspondiente al día 28 de junio de 2012, que atañe a un asunto de la misma índole que el que se presenta en esta H. Primera Sala:
“Esto es así puesto que en el caso, se encuentra reunido el requisito que exige el artículo 124, fracción I, de la Ley de amparo en tanto que la quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados. Por otro lado, también se encuentra reunido el requisito previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, porque con la concesión de la medida suspensional no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público; por el contrario, de no hacerlo se desatenderían disposiciones de orden público. En efecto, a juicio de este Tribunal Colegiado la concesión de la suspensión definitiva no vulnera ninguna norma, pues no existe alguna que permita desatender, sin justificación u oposición al servicio público, la obligación de los funcionarios públicos de ocupar los cargos de elección popular, en términos de lo dispuesto en el artículo 5º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, la separación, sin justificación, de ese tipo de funcionarios, sí puede generar evidentes perjuicios de desatención a las obligaciones que constitucionalmente tienen encomendadas.
En relación con lo anterior, cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que los conceptos de orden público e interés social, se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, como se advierte de la jurisprudencia 8, publicada en la página 44, séptima época, informe 1973, parte II, apéndice 1917-1995, tomo VI, primera parte, tesis 522, página 343… En esos términos, el acto reclamado que se hizo consistir en el otorgamiento de licencia al tercero perjudicado para separarse de su cargo de Presidente Municipal, de otorgarse sin causa justificada, implica un obvio y evidente perjuicio al
interés social, en tanto que se contravendrían las disposiciones de carácter constitucional ya señaladas y que, por ende, atañen al orden público. Efectivamente, se priva no sólo al quejoso sino a la colectividad del derecho a ser representado por los funcionarios popular y constitucionalmente electos. No se desatiende que el artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, establece la facultad del Ayuntamiento para conocer las licencias de los miembros de los ayuntamientos y que en esa medida dicha disposición obliga tanto al propio Ayuntamiento como a las autoridades jurisdiccionales a sopesar cada caso específico, a efecto de justificar la autorización para abandonar el cargo. En el caso, está claramente establecido que la pretensión del tercero perjudicado es la de abandonar la función pública para ocupar un diverso puesto de elección popular, circunstancia que implica, de suyo, desatender la obligación constitucional conferida, sólo para satisfacer una pretensión de orden particular. Al respecto, es claro que el artículo 55, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como requisito para ser diputado, para aquéllos que desempeñen un cargo como el del tercero perjudicado, el que se separen con noventa días de anticipación al día de la elección.
Sin embargo, este requisito en sí mismo considerado, no constituye un derecho sino una prohibición para que los aspirantes no realicen la función pública participando conjuntamente con sus aspiraciones políticas. De cualquier manera, la determinación de si constituye un derecho de mayor o menos envergadura que el aducido por el quejoso para ser representado en los términos de lo que establece el artículo 5º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una cuestión que atañe también al fondo del asunto. En esos términos, en tanto no se encuentre acreditada alguna causa de responsabilidad previamente determinada o algún impedimento físico o mental que justifique al Cabildo para autorizar la separación definitiva, el que lo haga atendiendo únicamente a las aspiraciones particulares del tercero perjudicado y desatienda las obligaciones constitucionalmente establecidas para el propio tercero en los artículos 5, párrafo cuarto, 41 y 115, fracción I, todos de la Constitución Federal, implica un perjuicio al interés social y la evidente contravención a disposiciones de orden público.
En resumen, sólo en esos supuestos de incapacidad física o mental no se reuniría el requisito que exige el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados. Por último, se encuentra reunido el requisito que exige el artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo, en atención a que de no concederse la medida suspensional, los daños resultarían de difícil reparación para el quejoso, pues aún cuando la ley pudiera prever causas de sustitución, el daño quedaría que el tercero perjudicado abandone sus funciones públicas por el tiempo que constitucionalmente fue elegido.”
56. Es decir, las violaciones reclamadas causan por su mero desarrollo una afectación en el interés legítimo de la
quejosa. En este sentido desde que se inicia un procedimiento cuya resolución definitiva puede afectar intereses legítimos,
existe un derecho de audiencia que debe de ser respetado, además del ejercicio del cargo público por medio del funcionario electo popularmente, que en cada momento en que se deja ejercer personalmente constituye una violación a este interés legítimo de la quejosa, y por lo tanto susceptible de tutela cautelar a través de la suspensión.
57. “La obligación en el desempeño de los servicios y funciones públicas que enumera el párrafo transcrito del artículo 5
constitucional se justifica plenamente. En efecto, si se analiza cada uno de dichos servicios o funciones, se llegará a la conclusión de que su ejercicio tiene un gran interés nacional, o, al menos, social, al cual ningún miembro del conglomerado debe ser ajeno. Dicho interés está colocado sobre las voluntades particulares, por lo que toda persona debe contribuir, en la medida de sus posibilidades y capacidades, a servirlo y protegerlo, sobre todo en la defensa del país. El constituyente, previendo que la garantía de la libertad de trabajo en sus términos absolutos podría implicar un obstáculo para la satisfacción
de los diferentes intereses sociales que se colman con los diversos servicios públicos que enumera la disposición constitucional comentada, limitó atingentemente tal derecho, declarando como obligatorias las prestaciones públicas de
armas, de cargos concejiles, de jurados, de cargos de elección popular, los que estriban en las funciones electorales y censales y los servicios profesionales de índole social.” 30
58. En esta tesitura, el mismo autor expresa que inclusive históricamente la Constitución de 1857 tampoco pudo
sustraerse de dichos conceptos ideológicos. Lo anterior, ya que al reformarse su artículo 5 el 25 de Septiembre de 1883 y el 10 de Junio de 1898, se estableció que sobre la facultad optativa que involucra la libertad de trabajo, se debía situar la obligatoriedad en el desempeño de servicios, funciones y cargos públicos que siempre responden, por su naturaleza misma, a necesidades colectivas cuya colmación incumbe a todo miembro de la sociedad.
59. Es precisamente esta “necesidad de cumplimiento con incumbencia individualizada” lo que acredita la especial
situación frente al orden jurídico en la que se encuentra la quejosa, al haber participado en la elección de sus funcionarios públicos, generando así el interés en que los mismos se mantengan en sus puestos.
60. Por otra parte, y a raíz de la reforma Constitucional del 6 de junio de 2011, que amplia la protección federal para
situaciones que afecten el interés legítimo del ciudadano, “siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica,… en virtud de su especial situación frente al orden jurídico”, se elimina el concepto del daño que tradicionalmente se había venido imponiendo a la procedencia de la
suspensión para los casos de demandas promovidas con una pretensión fundada en un interés legítimo. Es decir, a partir de la modificación del requisito del agravio directo y, en consecuencia el concepto de daño en la suspensión, sostenido hasta antes de la reforma, se modifica éste en el entendido en su forma clásica, para el otorgamiento de la suspensión. 31
61. Lo anterior quiere decir que el concepto de daño contenido en la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo
debe, o entenderse de forma distintas (interpretación conforme), o debe considerarse derogado tácitamente en virtud de la modificación al artículo 107, fracciones I y X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el principio de
supremacía Constitucional. 32
62. En este sentido es evidente que la especial situación jurídica que guarda el quejoso frente al ordenamiento, por el
respeto irrestricto al ejercicio de un cargo público de elección popular, permiten observar que ante la inminente y cierta afectación que se lleva a cabo por las responsables a dichos derechos, se considere la existencia de un daño, en sí mismo, que requiere de suspensión, para evitar la afectación. Esto es acorde a lo que se expone en la demanda de amparo, pues existe una especial situación frente del orden jurídico en ser representado por la persona que en atención a sus características personales, como pudiera ser su género, tiene la obligación de la administración del propio Municipio de la quejosa (lo que se desprende claramente de la demanda de amparo, estudiada en forma integral).
63. Tal afectación queda evidenciada al existir la posibilidad del quebranto a la representación efectiva en la prestación
del servicio público, y de esta manera la falta de seguridad en el logro de las metas del Plan Municipal de Desarrollo 2009-
2012 emitido por la presidenta Municipal de Guadalupe, Nuevo León.
64. En ese orden de ideas, la tercero perjudicada en su carácter de Presidenta Municipal participó al abrogar el del
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 17-diecisiete de Noviembre del 2008, junto con sus reformas y adiciones; en consecuencia estableció lo
30 BURGOA, Ignacio “Las Garantías Individuales”. Trigésimo Primer Edición. Editorial Porrúa, México, 1999. 322-324. 31 Evidentemente debe existir una afectación al interés para la procedencia de la suspensión. En caso contrario no existiría necesidad alguna de solicitar la medida cautelar. Lo que se señala es la modificación del concepto y la procedencia de la suspensión. 32 La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado recientemente en el sentido de que es posible analizar la inconstitucionalidad de la Ley de Amparo, derivada de las reformas de junio de 2011, como se desprende de las sesiones en pleno de fechas 24 y 26 de enero de 2012.
“LA C. LIC. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, PRESIDENTA MUNICIPAL DE CIUDAD GUADALUPE, NUEVO LEON, EN LOS TERMINOS DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN VIGOR, HACE SABER A SUS HABITANTES, QUE EN LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26– VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2009-DOS MIL NUEVE, EL R. AYUNTAMIENTO APROBÓ EL SIGUIENTE:
ACUERDO PRIMERO.- Se aprueba y autoriza la abrogación del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 17-diecisiete de Noviembre del 2008, junto con sus reformas y adiciones. SEGUNDO.- Se aprueba y expide el REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. TERCERO.- Se aprueba y autoriza las adecuaciones presupuestarias y administrativas que correspondan. CUARTO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.”
65. Dentro de dicho Reglamento expedido por la C. Ivonne Liliana Álvarez García se establece en sus artículos 2º y 11
“ARTICULO 2.- El C. Presidente Municipal, es el Representante del R. Ayuntamiento y por lo tanto responsable directo de la Administración Pública Municipal, quién tendrá las atribuciones y funciones que señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nuevo León; la Ley Orgánica de la 1 Administración Pública Municipal, el presente Reglamento y las demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables. En cumplimiento de las normas de equidad y género toda disposición señalada en este reglamento deberá
entenderse de manera institucional y se entenderá indistintamente a hombre o mujer, según sea el caso de quien ocupe el cargo que se señale. ARTÍCULO 11.- La Administración Pública Municipal deberá conducir sus actividades en forma programada y con base en las políticas, prioridades y restricciones que establezca el C. Presidente Municipal, todo con el fin de lograr los objetivos y metas establecidas en los planes de Gobierno. Corresponde a las Dependencias de la Administración preparar toda la información relativa a la entrega-recepción de la Administración Pública Municipal, así como cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información del Estado de Nuevo León en vigor, cuando en su caso le corresponda.
Así mismo, se deberá procurar que la ejecución de sus funciones sea dentro un marco de simplificación de sistemas
y procedimientos orientados a la reducción de costos operativos, a la búsqueda de una eficaz administración y a crear una cultura de calidad en el servicio, con un estricto apego a los preceptos legales vigentes y con una disciplina presupuestal inflexible.”
66. Al final del ordenamiento jurídico en comento se establece a su vez lo siguiente:
Guadalupe, Nuevo León a 26 de Noviembre del año 2009.
C. Presidenta Municipal.
LIC. GABRIEL TLALOC CANTÚ CANTÚ.
Secretario del Ayuntamiento. *Publicado en el P.O.E. de fecha 30-Noviembre del 2009.”
67. Lo anterior adquiere relevancia puesto que la Presidenta Municipal del Municipio de Guadalupe se obligó
incondicionalmente a ser la Representante del Ayuntamiento y la Responsable Directa de la Administración Pública de ese Municipio por los 3 años que duran su administración (2009 a 2012).
En adición a lo anterior, se trae a colación como hecho notorio la Gaceta Municipal del mes de enero del año 2012
http://net25.guadalupe.gob.mx/UnidadDeEnlaceDeTransparenciaYAccesoALaInformacion/LeyesYReglamentos/ de la cual se advierte lo siguiente:
“GACETA MUNICIPAL Vol. I Año I ENERO de 2010 No. 3 Publicación Mensual del Republicano Ayuntamiento Ciudad Guadalupe, Nuevo León, México Grandeza + Proyección + Eficiencia, Gobierno de Guadalupe ENERO DE 2010
GACETA MUNICIPAL DIRECTORIO:
Lic. Ivonne Liliana Álvarez García Presidenta Municipal Lic. Gabriel Tláloc Cantú Cantú Secretario del R. Ayuntamiento (…) ACUERDO No5 Este Ayuntamiento aprueba por Unanimidad de votos la dispensa de la lectura total del Plan de Municipal de Desarrollo 2009-2012. (sic) ACUERDO No. 6 Este Ayuntamiento aprueba en lo general y en lo particular por Unanimidad de votos, el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 al tenor siguiente MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL POR UN GUADALUPE CON GRANDEZA, PROYECCIÓN Y EFICIENCIA. Ciudadano Guadalupense:
Me comprometí contigo a encabezar un Gobierno Cercano y Eficiente; que establezca metas reales que conlleven al bienestar, la justicia y equidad social y que promuevan el crecimiento y la proyección de Guadalupe como una ciudad moderna, segura, conectada y con un mejor nivel de vida. Es por ello, que el Republicano Ayuntamiento ha establecido este Plan Municipal de Desarrollo, en el que se concentran las acciones que emprenderá la presente administración 2009-2012 y que tienen como principal objetivo el responder a las expectativas y necesidades de los Guadalupenses. El Plan Municipal de Desarrollo fue enriquecido por ustedes, estimados ciudadanos, a través de los siete foros de consulta que realizamos durante la pasada campaña electoral por la alcaldía, en los que escuchamos directamente las inquietudes y aportaciones de jóvenes, mujeres, niños, grupos vulnerables, especialistas, en diversos campos , empresarios, urbanistas, catedráticos, trabajadores y vecinos. Estas propuestas fueron plasmadas en un documento que firmé junto con siete testigos ante Notario Público, el pasado 20 de junio de 2009, como compromisos a cumplir desde el primer día de mi Gobierno. Como Presidenta Municipal hemos sostenido reuniones con grupos representativos de nuestra sociedad como empresarios, maestros, expertos en seguridad y en Derechos Humanos, quienes han sumado sus propuestas para
la elaboración de este Plan Municipal, así como también, hemos integrado tus aportaciones que nos haces llegar a través de nuestra página de internet. La participación ciudadana ha sido fundamental para la elaboración de este documento y nos encamina a la meta que hemos establecido de manera conjunta gobierno y sociedad para lograr un Guadalupe con la Grandeza que se merecen sus habitantes, con la Proyección que como ciudad tenemos a nivel nacional e internacional, así como con la Eficiencia con la que se han de conducir nuestros funcionarios al brindar el servicio que requerimos los Guadalupenses. En este plan se definen las estrategias para el crecimiento de nuestra ciudad, para que los Guadalupenses contemos con las oportunidades laborales y educativas que merecemos. Se propone fortalecer el Estado de Derecho y mejorar los sistemas de Seguridad a través de más equipamiento, profesionalización de nuestros policías y al establecer la Cero Tolerancia al abuso de Autoridad y corrupción por parte de nuestros elementos y de cualquier servidor público. Se establecen metas para elevar la calidad en los servicios públicos que se brindan y que redundará en un entorno más seguro y confiable para nuestras familias. Ante el rezago existente en la regulación de la tenencia de la tierra; se diseñaron las acciones a implementar para que los ciudadanos más vulnerables, que lo requieran, puedan contar con sus escrituras y proteger el patrimonio para sus hijos. Se definen los programas de apoyo para grupos vulnerables y se puntualizan las acciones para acercar los servicios de salud y la práctica de los deportes a los Guadalupenses y se concretan las acciones para un manejo responsable y eficiente de los recursos públicos, con apego a la transparencia y rendimiento de cuentas al ciudadano. Estimados Guadalupenses:
Este Plan Municipal de Desarrollo contempla las acciones para que nuestra ciudad sea ejemplo en materia social, económica, de justicia y participación ciudadana. Unidos, Sociedad y Gobierno, podemos lograr un mejor Guadalupe, una ciudad que orgullosos, podremos heredar a las nuevas generaciones. Lic. Ivonne Liliana Álvarez García Presidenta Municipal.
69. De todo lo expuesto con antelación se advierte lo siguiente:
a. Que la C. Ivonne Liliana Álvarez García se postula como candidata a la Presidencia Municipal del Municipio
de Guadalupe;
b. Que durante la campaña política de la Tercero Perjudicada, recorrió el Municipio para convencer a los habitantes de que es la persona indicada para administrar dicho municipio en virtud de sus cualidades o características personales y que en ese periodo se obligó directamente con los residentes del Municipio a combatir la inseguridad y la pobreza entre otros aspectos;
c. Que la Quejosa participó en la elección de candidatos a la Presidencia Municipal del Municipio de Guadalupe, Nuevo León;
d. Que la Tercero Perjudicada resultó electa mediante el voto popular de la mayoría como Presidenta Municipal del Municipio de Guadalupe, Nuevo León;
e. Que una vez que inició sus funciones como Presidenta Municipal, dicha servidora pública expidió junto con el Ayuntamiento, en fecha 26 de noviembre de 2009, el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe en el cual estableció la obligación de ser la Representante del Ayuntamiento y la Responsable Directa de la Administración Pública de ese Municipio por el tiempo que dura el encargo, es decir, por los 3 años que duran su administración (2009 a 2012);
f. Que con esa misma voluntad de seguirse obligando con los residentes del Municipio de Guadalupe, la Presidente Municipal participó en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012, el cual fue
publicado en el mes de enero de 2009, del cual resalta lo siguiente:
i. Que se comprometió directamente la Presidente Municipal con los residentes del Municipio a encabezar un Gobierno Cercano y Eficiente durante los 3 años de vigencia que tiene su mandato;
ii. Que en el mismo se trazan las acciones que emprenderá la Administración Municipal a cargo de la Tercero Perjudicada durante el periodo que comprende del año 2009 al 2012, las cuales tienen como principal objetivo responder a las expectativas y necesidades de los Guadalupenses;
iii. Que establece la funcionario pública que el Plan Municipal de Desarrollo nació en virtud a los siete foros de consulta que ella realizó durante la pasada campaña electoral por la alcaldía, en los que escuchamos directamente las inquietudes y aportaciones de jóvenes, mujeres, niños, grupos vulnerables, especialistas, en diversos campos, empresarios, urbanistas, catedráticos, trabajadores y vecinos;
iv. Que realizó propuestas que fueron plasmadas en un documento que firmó junto con siete testigos ante Notario Público, en fecha 20 de junio de 2009, como compromisos a cumplir desde el primer día de su Gobierno, hasta el final del mismo como consecuencia de la realización del Plan Municipal por parte de la C. Ivonne Liliana Alvarez García;
v. Que de los puntos que se hace énfasis, por último establece la Presidente Municipal Lic. Ivonne Liliana Álvarez García la obligación en fortalecer el Estado de Derecho y mejorar la Seguridad.
70. Al inicio y final de lo anteriormente narrado se evidencia que la C. Ivonne Liliana Álvarez García fue quien realizó los
compromisos enfáticos en cuestiones de seguridad, siendo evidente que fueron sus características personales determinantes para su elección como funcionaria pública y el logro de los fines y metas establecidos en el citado plan.
71. Por ello, existe un daño con incidencia particular al romper esta vinculación representante-representado, en la que
no únicamente se quebranta la representación efectiva, sino que, se limita la esfera jurídica de la quejosa con la realización
de los actos que menoscaban de manera real y directa la posibilidad del cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo. Esto así, ya que las “cualidades personales del sujeto en el cargo público” son la garantía de eficiencia de la prestación del servicio. Luego, ante la pérdida de la garantía (separación definitiva) se genera el daño consistente en su riesgo/disminución de cumplimiento eficiente.
72. Tal situación de peligro y vulneración en perjuicio a los ciudadanos no pasó inadvertida a la ciudadanía, como se
corrobora con distintos medios de información, donde se tuvo conocimiento que:
“El sector privado de Nuevo León pidió a los gobernantes actuales en la localidad no dejarse llevar por el entorno electoral y cumplir con sus compromisos de trabajo hasta el día en que culminen las administraciones que se encuentran vigentes.
En la décimo segunda conferencia para analizar los resultados arrojados por el “Semáforo del Delito”, los representantes de la Coparmex, Caintra y Ccinlac aseguraron que el Estado pasa por un periodo en el que incluso ya se ha llegado a perder la calidad de vida y la competitividad económica, y por ello es indispensable que los “chapulines” frenen sus saltos.” 33
73. Situación que lamentablemente ocurrió de acuerdo a las advertencias vertidas, como también se desprende de
diversos medios informativos, en el que se cree oportuno citar uno de ellos:
“En los Municipios de Monterrey, Apodaca y Guadalupe, donde los alcaldes pidieron licencia para separarse del cargo y aspirar a otro puesto de elección, los ciudadanos perciben una mayor inseguridad y falta de compromiso por parte de sus gobernantes. Así lo reveló el Pulso Metropolitano de Seguridad, encuesta realizada por organismos del sector privado a 4 mil 625 personas
33 Periódico “El Porvenir”. Exige IP a funcionarios frenar sus aspiraciones de ‘chapulines’. Brenda Garza Ávila. Martes, 17 de enero de 2012. Disponible en línea en: http://www.elporvenir.mx/notas.asp?nota_id=555487.
en los tres municipios. En abril, tan sólo 8.9 por ciento de los encuestados consideraron seguro vivir en el Municipio de Monterrey, lo que significó una reducción de 3.5 puntos porcentuales, si se compara con el mes de enero de 2012. En cuanto a la percepción sobre el compromiso de Alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, por resolver el tema de inseguridad el indicador cayó 13 puntos porcentuales con respecto al mes de enero, situándose en 19.4 por ciento de aprobación en abril. En el Municipio de Guadalupe, la ciudadanía percibió una mayor inseguridad a partir de la salida de la Alcaldesa, Ivonne Álvarez. En enero, el 16.6 por ciento de los encuestados se sentían seguros, mientras que en abril disminuyó a 11.4 por ciento. Sin embargo, la percepción sobre el compromiso de la Alcaldesa de Guadalupe, Ivonne Álvarez, por resolver el problema de inseguridad cayó 20.5 puntos porcentuales de enero al mes de abril, situándose en el 22.1 por ciento de aprobación. En Apodaca, el indicados sobre la percepción de que el municipio es seguro cayó de 18.9 por ciento en enero, a 13.5 por ciento en abril. Y con respecto al compromiso de Benito Caballero, Alcalde de Apodaca, por resolver la inseguridad, descendió de 30.8 por ciento en enero a 16.7 por ciento en abril. Por otra parte, los datos arrojados del semáforo del delito concuerdan con estas cifras de percepción, pues tanto en Monterrey como en Guadalupe los homicidios y robos a bancos aumentaron en abril, con respecto al mes anterior…” 34
74. En virtud de todo lo señalado con anterioridad es que se debe concluir que es necesario otorgar la suspensión
definitiva a favor de la quejosa, razón por la que se solicita a esta H. Primera Sala emitir una nueva resolución en que se otorgue la medida cautelar a la parte quejosa.
75. Por último, resulta importante mencionar que las medidas cautelares deben de interpretarse como una garantía más
del derecho humano en el acceso a la tutela judicial efectiva, de forma tal que, si no existe tutela cautelar es posible que, en definitiva, se niegue el acceso a la justicia. Es decir, que la tendencia actual de interpretación de las medidas cautelares (o “suspensión”), es a considerarlas como parte integral del derecho a la tutela judicial efectiva. 35 En otras palabras, si no existe tutela cautelar de los derechos a través de la suspensión o cualquier otra medida que tienda efectivamente a proteger el derecho que se pretende salvaguardar en juicio, se corre el riesgo de que el derecho se vea afectado de forma irreparable y, con ello, se niega el acceso a la justicia. Esta es una interpretación acorde al principio pro-personae de la aplicación de los derechos humanos.
76. Si la concepción teleológica de la suspensión, acorde a la jurisprudencia, es que el objeto principal de la medida
cautelar es lograr que una vez dictada la sentencia del proceso principal, ésta pueda ser cumplida, entonces es evidente que al momento de resolver sobre la procedencia o no de la suspensión, le corresponde a los juzgadores analizar debidamente el
riesgo que se corre en negar la suspensión.
77. Lo anterior se debe de vincular al hecho de que La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha acogido la
noción de "situación continuada" contenida en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y primeramente desarrollada por la jurisprudencia de la Comisión Europea de Derechos Humanos en casos como Becker contra Bélgica de 1960 y Chipre contra Turquía de 1983. 36 En torno a esta noción, la Corte ha determinado la especial importancia de atender
34 Periódico “La Razón”. Perciben más inseguridad en municipios con ‘chapulines’. Adrián Rodríguez. Disponible en línea en:
http://grupolarazon.com/enfoque/770-perciben-mas-inseguridad-en-municipios-con-chapulines.
35 Véase: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Ob Cit., Tomo I, págs. 525, 528, 536. En el mismo sentido GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La Justicia Administrativa en el Cambio de Siglo. 1ª ed., en la editorial, México, Ed. FUNDAp, 2003. Pág. 75. CASSAGNE, Juan Carlos. El principio de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad administrativa. 1ª ed., Argentina, Ed. Marcial Pons, 2009. Pág. 96.
36 Véase además las decisiones de la Comisión Europea referentes a las peticiones ns. 7202/75, 7379/76, 8007/77, 7742/76, 6852/74, 8560/79 y 8613/79, 8701/79, 8317/78, 8206/78, 9348/81, 9360/81, 9816/82, 10448/83, 9991/82, 9833/82, 9310/81, 10537/83, 10454/83, 11381/85, 9303/81, 11192/84, 11844/85, 12015/86, y 11600/85, entre otras.
aquellos asuntos en que las violaciones tengan el carácter de continúo o permanente. De tal manera lo hizo en diversos casos 37 , como el caso en el caso Blake 38 y el caso Genie Lacayo 39 donde la Corte no tuvo ninguna dificultad en considerar los efectos continuados de la violación inicial o en considerar que las violaciones consistían en delitos continuados.
78. Tales conceptos fueron desarrollados por el Juez Sergio García Ramírez en el voto razonado de la sentencia de
reparaciones del caso Trujillo Oroza vs. Bolivia 40 de la siguiente manera:
La expresión hechos abarca:
a) conductas violatorias que se agotan o concluyen en el momento mismo en que se realizan la acción o la omisión
b) situaciones integradas por diversos actos que se suceden en el tiempo, con solución de continuidad entre uno y
otro; y
c) actividades ininterrumpidas que vulneran en forma persistente derechos consagrados por la Convención.
A partir de esto y la conducta de las autoridades que se reclama, el inicio de la conducta ilícita se localizaría, pues, al momento del otorgamiento de una licencia para abandonar el cargo, y se permitiría una violación prolongada sin interrupción es decir, la violación subsiste, ininterrumpidamente, razón por la cual se debería impedir a las autoridades llegar a tal punto, mediante la suspensión de los procedimientos tendientes a dicho otorgamiento.
79. Por ello si se da el caso de la negativa de suspensión definitiva lo que se pone en riesgo es el propio acceso a la
justicia que la quejosa pretende a través de su demanda de amparo para la tutela de un interés legítimo acorde a su especial situación frente al ordenamiento.
B. Sobre el sobreseimiento fuera de audiencia
80. El sobreseimiento fuera de audiencia tuvo como argumento la determinación de cesación de efectos del acto
reclamado, puesto que el mismo fue revocado de manera definitiva por el Ayuntamiento de Guadalupe. Sin embargo, dicha revocación se realizó en cumplimiento de la suspensión provisional otorgada a la parte quejosa en este Juicio de Garantías, tal como lo expresa los CC. José Garza Rodríguez y Gabriel Tlaloc Cantú Cantú, en su respectivo carácter de Síndico Segundo y Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Nuevo León en el escrito en el que se deja constancia del cumplimiento a la suspensión.
81. En esta línea argumentativa, se han establecido criterios en los cuales se determina que no se actualiza la causal de
improcedencia consistente en la cesación de efectos en el amparo, cuando la revocación del acto se realiza en cumplimiento de la medida cautelar concedida en el mismo procedimiento, mismo que a continuación se cita:
CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. NO SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA AL QUEJOSO, ORDENE DEJAR SIN EFECTOS EL ACTO RECLAMADO. De la interpretación de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo se obtiene que para que se actualice la causa de improcedencia a que se refiere, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable lo derogue o revoque, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación
37 Como los siguientes: Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, Corte IDH. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5.
38 CorteIDH. Sentencia de 2 de julio de 1996. Excepciones Preliminares. Ser. C. No. 27 (1996), párr. 34.
39 CorteIDH. Caso Genie Lacayo, Sentencia de 27 de enero de 1995. Excepciones Preliminares. Ser. C. No. 21 (1995), párr. 25.
40 Cfr. Con los párrafos 2, 6, 8 y 10.
constitucional, como si se hubiera otorgado la protección de la Justicia Federal, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje huella alguna. Esto es, los efectos del acto reclamado cesan cuando la responsable deroga o revoca el acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su emisión, o cuando, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, crea una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En estas condiciones, dicha causa no se actualiza cuando la autoridad, en cumplimiento de la suspensión otorgada al quejoso, ordena dejar sin efectos el acto reclamado, ya que no debe perderse de vista que actuó en virtud de la concesión de la medida suspensiva y, por tanto, la determinación controvertida se encuentra sub júdice, sujeta al resultado del fondo de la controversia constitucional, lo que implica que el ente administrativo no puede prevalerse de ello para solicitar la improcedencia del juicio. En efecto, el hecho de que la autoridad haya procedido, por ejemplo, a ordenar la liberación y destrabe de cuentas bancarias aseguradas en cumplimiento de la suspensión dada con ese fin, hace innegable que esto recae en mero cumplimiento a dicha medida, sin que pueda asumirse, por tanto, que el acto reclamado ha sido dejado sin efectos en forma total e incondicional. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 255/2011. Didimex, S.A. de C.V. 6 de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús R. Sandoval Pinzón. Secretario: Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo.
82. En concreto, la determinación de revocación del acto reclamado se hizo en cumplimiento de la medida cautelar; toda
vez que la única razón que justificó la actuación de las autoridades fue la propia medida suspensional. En otras palabras, ya que la licencia fue otorgada por unanimidad de los integrantes del ayuntamiento de Guadalupe, y al no haber variado las circunstancias por las cuales se otorgó dicha autorización, es más que obvio que con independencia de lo establecido por el ayuntamiento, la revocación del acto reclamado se hizo única y exclusivamente en atención a la medida precautoria.
83. Por otra parte, no se desprende, la intención de la autoridad de no repetir el acto reclamado y generar la estabilidad
de la función pública en alusión, situación para la cuál precisamente se concede la suspensión provisional, al contrario, es hecho notorio que el acto reclamado se repite por las mismas intenciones que el primero, es decir, para que la alcaldesa se separe de su cargo de elección popular para contender por otro.
84. Reformulando lo expuesto, la revocación del acto reclamado –total, incondicional, inmediata e indefectible- no
únicamente debe tomarse en consideración a la exposición unilateral de las responsables en las constancias que se hubieran acompañado en el Juicio. Tanto así, que según se acredita de manera clara –hecho notorio- la separación de la función pública (causa del pedir) de la presidenta municipal se mantiene vigente como consecuencia de diversos actos de las propias autoridades.
85. La revocación del acto impugnado, solamente puede causar sobreseimiento por las causales que se argumentaron,
cuando la misma satisface la pretensión del demandante, cosa que en el presente caso no acontece. Por lo tanto, se le solicita a esta H. Primera sala que analice si la revocación satisface las pretensiones (causa de pedir) del demandante de manera integral. Específicamente, asegurar con total precisión que el acto reclamado no surtirá sus efectos ni los surtiría en un futuro. Es decir, analizar sobre la consecuencia de sobreseer el presente juicio en relación con la posibilidad de la repetición del acto reclamado (situación que aconteció).
86. Estimar lo contrario constituiría además una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el principio de acceso a la justicia que obliga a
mantener la vigencia de un juicio por regla genérica además de incumplir con lo ordenado por el artículo 1 del mismo ordenamiento que establece que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley” y con el respeto al derecho a un recurso efectivo garantizado también por el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
C. Sobre el derecho a un recurso efectivo
87. El fondo del asunto al que nos referimos solamente cuestiona la separación del cargo del gobernante constitucional
y popularmente electo, por lo que únicamente son actos reclamados los tendientes a permitir la separación, es decir, los que
componen la materia de la litis. En otras palabras, lo que se cuestiona es la constitucionalidad de la separación del cargo,
acto puramente administrativo del que solamente tendría competencia para conocer, la justicia federal administrativa, al cuestionarse el mismo, como violación a los derechos humanos de la quejosa y de la comunidad de la que forma parte.
88. En apoyo a lo anterior, se encuentra incluso, una jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral:
Araceli Ángeles Moraila Martínez vs. Integrantes del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán Jurisprudencia 6/2011
AYUNTAMIENTOS. LOS ACTOS RELATIVOS A SU ORGANIZACIÓN NO SON IMPUGNABLES EN EL JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.— De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, fracción II; 36, fracción IV; 39, 41, primer párrafo; 99, fracción V; 115 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, párrafo 3; 79, párrafo 1, y 84, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que los actos relativos a la organización de los Ayuntamientos que no constituyan obstáculo para el ejercicio del cargo, no pueden ser objeto de control mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ya que son actos estrictamente relacionados con
la auto-organización de la autoridad administrativa municipal, por lo que, la materia no se relaciona con el ámbito electoral.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-67/2010.—Actora: Araceli Ángeles Moraila Martínez.—Responsable: Integrantes del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán.—28 de abril de 2010.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidentes: Flavio Galván Rivera y Manuel González Oropeza.— Secretario: Juan Carlos López Penagos. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-68/2010.—Actora: Ma. Teresa Gutiérrez Bojórquez.—Responsable: Integrantes del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán.—28 de abril de 2010.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidentes: Flavio Galván Rivera y Manuel González Oropeza.— Secretario: Juan Carlos López Penagos. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-25/2010.—Actor: Jaime Sánchez Rodríguez.—Responsables: Presidente Municipal del Ayuntamiento de Rayón, Chiapas y otros.—29 de abril de 2010.— Mayoría de cinco votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disidentes: Flavio Galván Rivera y Manuel González Oropeza.—Secretario: Alejandro David Avante Juárez. La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecinueve de abril de dos mil once, aprobó por unanimidad de cinco votos la
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número
8, 2011, páginas 11 y 12.
89. Por lo que solamente se puede concluir que el acto reclamado subsiste solamente como materia administrativa,
donde su constitucionalidad se controvierte en esa tesitura. Incluso, el interés particular de Ivonne Liliana Álvarez García de buscar otro cargo de elección popular, no convierte a litis en una situación político electoral.
90. Por supuesto, no se desconoce que la materia electoral está exceptuada de conocimiento a través del juicio de
amparo, en términos del primer párrafo del artículo 107 constitucional. Tampoco se debate que esa restricción a la procedencia del amparo debe leerse en conjunto con el sistema de medios de impugnación que pueda derivarse de los artículos 41, 99 y 105 constitucionales.
91. No obstante, lo que hoy se encuentra prohibido para cualquier autoridad jurisdiccional es interpretar los alcances de
la materia electoral de forma amplia y de modo que se limite excesivamente la procedencia del juicio de amparo, sea que lo que se impugne sean actos concretos o disposiciones legales. Ello a causa de que con ese proceder se incumplirían por igual las obligaciones de garantizar derechos humanos a través de ese recurso judicial y la de llevar a cabo la interpretación del marco normativo que lo rige conforme al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al principio pro persona, en violación de los primeros tres párrafos del artículo 1 constitucional.
92. En ese sentido, para observar la interpretación más favorable a las personas y la defensa de sus derechos
humanos, llevando a cabo una lectura de las causales de improcedencia que sea conforme con el artículo 25.2 b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que esté en sintonía con el deber de desarrollar las posibilidades de un recurso judicial como lo es el juicio de amparo, no se tiene mayor opción que restringir al máximo la órbita de la materia electoral, para de esa manera potenciar la procedencia de tal garantía, porque en concreto no se han impugnado sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni leyes electorales, sino únicamente lo relativo a un acto de materia administrativa en la que se permite la separación de un cargo de elección popular sin que exista el supuesto en la ley que pueda justificar la misma y que vulnera los derechos humanos de la quejosa vertidos en los conceptos de violación de la demanda.
93. En el escenario descrito, que es el constitucionalmente imperante a partir de la entrada en vigor de las aludidas
reformas, no cabe que en un juicio de amparo se afirme sin más que un acto reclamado es materialmente electoral bajo una lectura amplia de esta misma materia. Ello mientras esas conclusiones se aventuren sin conducirse una interpretación conforme con el artículo 25.2 b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y bajo la guía del principio pro
persona para favorecer el máximo estándar de protección a las personas y sus derechos a través de ese recurso.
94. En esta línea argumentativa, el objetivo del presente escrito consiste en que esta H. Primera Sala, establezca a
favor de los gobernados, el mínimo de las obligaciones que tienen los gobernantes respecto al derecho de la quejosa y de la
comunidad a la que pertenece, de ser representados. En ningún momento los actos reclamados son materialmente electorales, puesto que solamente tratan sobre la separación del cargo de la Alcaldesa de Guadalupe.
95. Por otra parte, se considera pertinente establecer que al menos son posibles tres lecturas sobre la amplitud de los
contornos de la materia electoral; que de entre ellas, es debido optar por la alternativa que favorezca la procedencia de los mecanismos de garantía de que se trate; que ello para el caso del juicio de amparo impone circunscribir al máximo la órbita de lo electoral; y que bajo esta perspectiva, es claro que los actos reclamados no se sitúan en el ámbito electoral dado que tienen lugar solamente frente a los actos del Ayuntamiento de Guadalupe que permiten la separación del cargo de la Alcaldesa, contrario a lo que establecen los artículos Constitucionales que se mencionan en la demanda y sin causa justificada que se encuentre de manera expresa en algún ordenamiento legal. Conclusión que además hoy es obligada por
respeto al artículo primero constitucional.
96. En apoyo a lo anterior resulta importante mencionar que apenas el 20 de marzo de 2012 el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación sesionó la acción de inconstitucionalidad 8/ 2010 mediante la cual resolvió la inconstitucionalidad de la figura de revocación de mandato. Tal resolución implica conocer sobre los mismos derechos que se cuestionan en los asuntos que ahora tiene que resolver esta H. Primera Sala, en particular la obligación y por tanto el derecho de permanecer en los cargos de elección popular. Es decir, el desempeño del cargo de elección popular y las posibles causas de incumplimiento o revocación del mismo son competencia de esta Corte.
97. Por último, resulta importante mencionar que la filosofía del constituyente permanente en las reformas está
enfocada en garantizar primordialmente los derechos humanos sobre cualquier aspecto incluso de índole procesal que pueda significar una violación irreparable a un derecho humano. Esta intención del constituyente permanente tiene una vivencia real y jurídica en la actualidad porque ahora se privilegia el derecho a la justicia eliminando cualquier traba de índole procesal con el objetivo de tomarse los derechos humanos en toda su extensión y realidad.
98. Como ya se ha establecido, los tribunales y juzgados en materia administrativa son los únicos facultados para
conocer de las violaciones a los derechos humanos de la quejosa que implica la separación del cargo del gobernante popular
y constitucionalmente electo por el pueblo del municipio de Guadalupe, Nuevo León.
99. Como se ha establecido de manera constante tanto en tribunales nacionales como internacionales, toda persona
tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos.
100. En ese sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos 41 al establecer en numerosas
ocasiones el alcance del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tanto en casos contenciosos como en opiniones consultivas donde ha dicho, entre otras cosas:
a. que “el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención. Y que el artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la Convención Americana, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes” 42 ;
b. que “la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley” 43 ;
c. que “para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla” 44 ;
41 COURTIS, Christian. El derecho a un recurso rápido, sencillo y efectivo frente a afectaciones colectivas de derechos humanos. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Núm 5. Enero – Junio 2006. Págs. 36 y 37. Disponible online en: http://www.iidpc.org/revistas/5/pdf/47_79.pdf.
42 Cfr. Corte IDH, Caso Castillo Páez, sentencia de 3 de noviembre de 1997, párrs. 82-83; Caso Suárez Rosero, sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 65; Caso Blake, sentencia de 24 de enero de 1998, párr. 102; Caso Paniagua Morales y otros, sentencia de 8 de marzo de 1998, párr. 164; Caso Castillo Petruzzi y otros, sentencia de 30 de mayo de 1999, párr. 184; Caso Durand y Ugarte, sentencia de 16 de agosto de 2000, párr. 101; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de 31 de agosto de 2001, párr. 112; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, sentencia de 21 de junio de 2002, párr. 150, entre otros.
43 Cfr. Corte IDH, Caso del Tribunal Constitucional, sentencia de 31 de enero de 2001, párr. 89; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de 31 de agosto de 2001, párr. 111; Caso Cantos, sentencia de 28 de noviembre de 2002, párr. 52; Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de oc- tubre de 1987, párr. 23, entre otros.
44 Cfr. Corte IDH, Caso Durand y Ugarte, sentencia de 16 de agosto de 2000, párr. 102; Caso Canto- ral Benavides, sentencia de 18 de agosto de 2000, párr. 164; Caso Ivcher Bronstein, sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 136; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001, párr. 113; Garantías judiciales en estados de emergencia, (arts. 27.2, 25 y 8
que “no basta que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos humanos, para que éstos puedan ser considerados efectivos”. 45
e. que “los recursos deben ser idóneos para proteger la situación jurídica infringida y capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos” 46 y;
f. que “para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el citado artículo no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un recurso que sea sencillo y rápido, en los términos del artículo 25 de la Convención”. 47
101. En apoyo a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los lineamientos a seguir para el
ejercicio “OBLIGATORIO” incluso exoficio del Control de Convencionalidad, estas líneas se definieron en la sentencia de varios 912/2010, que señala:
“La firmeza vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deriva de lo dispuesto en los artículos 62.3, 67 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos… …para el Poder Judicial son vinculantes no solamente los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio.”
102. Como ya se estableció, lo anterior se refuerza con la ya mencionada reforma del diez de junio de dos mil once que
se publicó en el Diario Oficial de la Federación. A partir de la reforma al artículo 1º de la Constitución Federal todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona.
103. Por otra parte, el mismo artículo primero señala la obligación de realizar una Interpretación conforme en sentido
amplio. Ello significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y también una interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.
104. Por último, se puede concluir que del mismo artículo primero se obtiene la obligación de inaplicar la ley cuando las
alternativas anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva
de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano
Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, párr. 24, entre otros.
45 Cfr. Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de 31 de agosto de 2001, párr. 111; Caso Cantos, sentencia de 28 de noviembre de 2002, párr. 52; Caso Juan Humberto Sánchez, sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 121; Caso Maritza Urrutia, sentencia de 27 de noviembre de 2003, párr. 117, entre otros.
46 Cfr. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988, párrs. 64 y 66; Caso Godínez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1989, párrs. 67 y 69; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, sentencia de 15 de marzo de 1989, párrs. 88 y 91; Excepciones al agotamiento de los recursos internos (art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, párr. 36.
47 Cfr. Corte IDH, Caso Paniagua Morales y otros, sentencia de 8 de marzo de 1998, párr. 164; Caso Cesti Hurtado, sentencia de 29 de septiembre de 1999, párr. 125; Caso Bámaca Velásquez, sentencia de 25 de noviembre de 2000, párr. 191; Caso del Tribunal Constitucional, sentencia de 31 de enero de 2001, párr. 90, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de 31 de agosto de 2001, párr. 114, entre otros.
es parte. En este sentido, el todo tribunal tiene la obligación de darle prioridad a la aplicación del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre cualquier otra norma que impida el acceso de la quejosa a la justicia.
105. En refuerzo a lo anterior se originaron las siguientes tesis:
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. DEBE SER EJERCIDO POR LOS JUECES DEL ESTADO MEXICANO EN LOS ASUNTOS SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN, A FIN DE VERIFICAR QUE LA LEGISLACIÓN INTERNA NO CONTRAVENGA EL OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios en el sentido de que, cuando un Estado, como en este caso México, ha ratificado un tratado internacional, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus Jueces, como parte del aparato estatal, deben velar porque las disposiciones ahí contenidas no se vean mermadas o limitadas por disposiciones internas que contraríen su objeto y fin, por lo que se debe ejercer un "control de convencionalidad" entre las normas de derecho interno y la propia convención, tomando en cuenta para ello no sólo el tratado, sino también la interpretación que de él se ha realizado. Lo anterior adquiere relevancia para aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales, pues deben tratar de suprimir, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o delimitar el derecho de acceso a la justicia. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 505/2009. Rosalinda González Hernández. 21 de enero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Víctor Octavio Luna Escobedo.
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO. Tratándose de los derechos humanos, los tribunales del Estado mexicano como no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales, sino también la Constitución, los tratados o convenciones internacionales conforme a la jurisprudencia emitida por cualesquiera de los tribunales internacionales que realicen la interpretación de los tratados, pactos, convenciones o acuerdos celebrados por México; lo cual obliga a ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales, porque éste implica acatar y aplicar en su ámbito competencial, incluyendo las legislativas, medidas de cualquier orden para asegurar el respeto de los derechos y garantías, a través de políticas y leyes que los garanticen. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 1060/2008. **********. 2 de julio de 2009. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Sahuer Hernández. Ponente:
Juan García Orozco. Secretario: Víctor Ruiz Contreras. Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 293/2011, pendiente de resolverse por el Pleno.
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se
encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o
expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia. Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia
El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número LXVII/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once. Notas: En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el punto único se determinó: "Único. Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes: ‘CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ y ‘CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.’", conclusión a la que se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011. La tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente.
106. En esta tesitura se considera pertinente mencionar que la falta de acceso a un recurso efectivo provoca, por si
misma, que México incurra en responsabilidad internacional. Situación por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha condenado a México en los últimos casos que ha resuelto contra éste, reiterando una y otra vez, la necesidad de que los ciudadanos contemos con un medio efectivo que proteja nuestros derechos humanos: Caso González y Otras (Caso “Campo Algodonero); Caso Radilla Pacheco; Caso Fernández Ortega y Otros; Caso Rosendo Cantú y Otra; y el Caso Cabrera García y Montiel Flores.
Por todo lo anterioriormente expuesto y fundado, este equipo de ciudadanos y ciudadanas así como de organizaciones y colectivos de la sociedad civil, atentamente solicita:
I. Al Señor Ministro Guillermo I. Ortíz Mayagoitia:
1. Se tenga por presentado este este memorial Amicus Curiae con en el que aportamos elementos atinentes al recurso de revisión en incidente de suspensión 2/2012 y amparo en revisión 318/2012, relativos a la determinación de las obligación que tiene la Presidenta Municipal Ivonne Álvarez de desempeñar su cargo de elección popular.
2. Corra traslado de este documento a los señores Ministros y Ministra.
A la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
ÚNICO: En virtud de los argumentos ofrecidos atinentes recurso de revisión en incidente de suspensión 2/2012 y amparo
en revisión 318/2012, relativos a la determinación de las obligación que tiene la Presidenta Municipal Ivonne Álvarez
de desempeñar su cargo de elección popular, otorgue la suspensión definitiva en favor de la quejosa y revoque el
Priscila Jocelyn Ortiz Villegas Alianza Cívica de Nuevo León
Consuelo Morales Elizondo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
Jesús González Ramírez Contingente Monterrey
María Concepción Landa García Téllez Evolución Mexicana Constante, A.C.
Carlos Treviño Vives Observatorio Mexicano de Derechos Humanos, A.C.
Luis Gerardo Gómez Theriot Pueblo Bicicletero
Raquel Treviño Lomas TigreBici
Farith Zambrano Medina Centro Regiomontano en Sexología A.C.
Manuel Zavala de Alba Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, A.C.
Denise Alamillo González Estudios Jotos
Mariaurora Mota Bravo Género, Ética y Salud Sexual A.C.
Gloria Martínez Castro
Organización de Voluntarios para la Protección Animal, A.C.
Claudio Tapia Salinas Tapia Salinas y Asociados, S.C.
Gerardo Treviño García Vertebración Social Nuevo León A.C.
Celina Margarita Fernández Vizcaino
Nora Estefanía Picasso Uvalle
Graciela Josefina Reyes Pérez
María Angélica Hernández Ramírez
Patricia Isabel de Obeso González
Tatiana Clouthier Carillo
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 artículo 5
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 artículo 41
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 Artículo 7
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