Source: https://tc.vlex.es/vid/stc-26-30-6-35-5-4-17-24-c-15355244
Timestamp: 2019-12-13 07:30:20+00:00

Document:
STC 182/1996, 12 de Noviembre de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 15355244
STC 182/1996, 12 de Noviembre de 1996
Fecha de Resolución: 12 de Noviembre de 1996
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 679/1996
1. Conforme ha afirmado este Tribunal en la STC 115/1987 y reiterado en la STC 144/1990, «la decisión judicial en relación con la medida de internamiento del extranjero pendiente de expulsión, previsto en el art. 26.2 de la citada Ley Orgánica, ha de ser adoptada mediante resolución judicial motivada, que debe respetar los derechos fundamentales de defensa, incluidos los previstos en el art. 30.2 de la Ley Orgánica 7/1985, en conexión con el art. 6.3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, así como la interposición de los recursos que procedan contra la resolución judicial y eventualmente los reconocidos en el art. 35 de la Ley Orgánica 7/1985, en conexión con el art. 5.4 del citado Convenio Europeo. La resolución judicial, pues, no sólo controlará la pérdida de libertad, sino que permitirá al interesado presentar sus medios de defensa, evitando así que la detención presente el carácter de internamiento arbitrario. El órgano judicial, por otra parte, habrá de adoptar libremente su decisión, teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en el caso, pero no las relativas a la decisión de expulsión, sino las concernientes, entre otros aspectos, a la causa de expulsión invocada, a la situación legal y personal del extranjero, a la mayor o menor probabilidad de su huida o cualquier otra que el Juez estime relevante para adoptar su decisión, dado que el internamiento del extranjero debe regirse por el principio de excepcionalidad y la libertad debe ser respetada, salvo que se estime indispensable la pérdida de su libertad por razones de cautela o de prevención que habrían de ser valoradas por el órgano judicial». 2. Constatada la ausencia de motivación de las resoluciones impugnadas, en lo relativo a las causas y razones en virtud de las cuales se acordó el internamiento del recurrente, habrá que declarar que las mismas han infringido los arts. 17.1 y 24.1 C.E., «en cuanto que de las resoluciones judiciales no es posible extraer las razones para justificar la medida excepcional del internamiento adoptada en relación con las circunstancias concurrentes en la hoy solicitante de amparo y, en concreto, sobre si la privación de libertad se decretó teniendo en cuenta la causa de expulsión, tampoco especificada, y la mayor o menor probabilidad de que huyera» (STC 144/1990).
Sentencia citada en: 241 sentencias, un artículo doctrinal, una resolución administrativa
contra el Auto de 16 de enero de 1996 de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona que confirma los dictados con fecha 20 y 27 de diciembre de 1995 por el Juez de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Vic, en relación a la autorización de internamiento de un ciudadano extranjero cuya expulsión administrativa se pretendía.
El recurso se configura con los siguientes datos:
A) Solicitada al Juzgado de Instrucción núm. 3 de Vic, por parte de funcionarios de policía, autorización para el internamiento preventivo del demandante de amparo a fin de proceder a la posterior expulsión del mismo del territorio nacional, el Juzgado autorizó tal internamiento con un escueto Auto de fecha 20 de diciembre de 1995 cuyo fundamento jurídico único justificaba tal autorización de internamiento apoyándose en la posibilidad que le confiere el art. 26.2 de la Ley Orgánica 7/1985 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Concretamente el fundamento jurídico único señala:
«El art. 26.2 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio sobre "derechos y libertades de extranjeros en España", establece que el Juez de Instrucción del lugar de la detención autorizará el internamiento a disposición de la autoridad gubernativa en centros de detención o locales que no tengan carácter penitenciario, por lo que procede (...) el internamiento del súbdito marroquí referenciado, el cual se prolongará por el tiempo imprescindible para la práctica de la expulsión y sin que pueda exceder de cuarenta días».
«... es evidente que la resolución judicial, en cuanto implica la privación de libertad mínima necesaria para la ejecución de la resolución administrativa, está plenamente fundada...».
9. La representación del recurrente en escrito registrado en este Tribunal, el 4 de octubre de 1996, centra sus alegaciones en el Decreto de expulsión, manifestando que el mismo es nulo por incompetencia manifiesta del órgano que lo emitió, toda vez que debería estar «dado y firmado» por el Secretario para la Seguridad del Estado y no por el Gobernador Civil de Barcelona, como en el caso presente.
1. La demanda se dirige contra los Autos dictados por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Vic y por la Audiencia Provincial de Barcelona que autorizaron el internamiento del recurrente por el tiempo imprescindible para la práctica de su expulsión fuera del territorio nacional, en aplicación de lo dispuesto en el art. 26.2 de la Ley Orgánica 7/1985 sobre derechos y libertades de los extranjeros. Sin embargo, el escrito de alegaciones efectuado por el recurrente amplía el objeto del recurso de amparo impugnando el Decreto de expulsión, resolución que, según él manifiesta, ha sido objeto de recurso contencioso-administrativo.
Respecto de esta última pretensión, no cabe analizar en el presente proceso si en la tramitación del expediente de expulsión se han vulnerado los derechos fundamentales que el recurrente invoca, y ello por dos motivos: el primero, porque en el trámite de alegaciones no puede ser modificado el objeto del amparo, puesto que dicho trámite tiene por finalidad exponer al Tribunal las razones que motivan el recurso, cuyo objeto ya ha quedado fijado en la demanda, aportando al proceso los fundamentos jurídicos no explicitados en la demanda o reiterar, ampliar o profundizar en las argumentaciones ya contenidas en la misma; pero «utilizar dicho escrito de alegaciones para, en manifiesta contradicción con su finalidad, llegar a abandonar las pretensiones ejercitadas en la demanda y sustituirlas por otra que altera sustancial y radicalmente los términos iniciales en que se planteó la litis, constituye conducta incongruente y poco respetuosa con las normas de ordenación procesal» (STC 131/1986).
Están en lo cierto el Fiscal y el quejoso. La lectura de los Autos impugnados revela que los mismos contienen solamente la referencia al precepto que faculta al Juez para autorizar el internamiento de un extranjero a los efectos de su expulsión fuera del territorio nacional, es decir, el art. 26.2 de la Ley Orgánica 7/1985 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. El Auto de la Audiencia Provincial se limita a transcribir el contenido del referido precepto, declarando que la resolución judicial recurrida «en cuanto implica la privación de libertad mínima necesaria para la ejecución de la resolución administrativa, está plenamente fundamentada».
3. Pues bien, conforme ha afirmado este Tribunal en la STC 115/1987 y reiterado en la STC 144/1990, «la decisión judicial en relación con la medida de internamiento del extranjero pendiente de expulsión, previsto en el art. 26.2 de la citada Ley Orgánica ha de ser adoptada mediante resolución judicial motivada, que debe respetar los derechos fundamentales de defensa, incluidos los previstos en el art. 30.2 de la Ley Orgánica 7/1985, en conexión con el art. 6.3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, así como la interposición de los recursos que procedan contra la resolución judicial y eventualmente los reconocidos en el art. 35 de la Ley Orgánica 7/1985, en conexión con el art. 5.4 del citado Convenio Europeo. La resolución judicial, pues, no sólo controlará la pérdida de libertad, sino que permitirá al interesado presentar sus medios de defensa, evitando así que la detención presente el carácter de internamiento arbitrario. El órgano judicial, por otra parte, habrá de adoptar libremente su decisión, teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en el caso, pero no las relativas a la decisión de expulsión, sino las concernientes, entre otros aspectos, a la causa de expulsión invocada, a la situación legal y personal del extranjero, a la mayor o menor probabilidad de su huida o cualquier otra que el Juez estime relevante para adoptar su decisión, dado que el internamiento del extranjero debe regirse por el principio de excepcionalidad y la libertad debe ser respetada, salvo que se estime indispensable la pérdida de su libertad por razones de cautela o de prevención que habrían de ser valoradas por el órgano judicial» (fundamento jurídico 4.).
Constatada la ausencia de motivación de las resoluciones impugnadas, en lo relativo a las causas y razones en virtud de las cuales se acordó el internamiento del recurrente, habrá que declarar que las mismas han infringido los arts. 17.1 y 24.1 C.E., «en cuanto que de las resoluciones judiciales no es posible extraer las razones para justificar la medida excepcional del internamiento adoptada en relación con las circunstancias concurrentes en la hoy solicitante de amparo y, en concreto, sobre si la privación de libertad se decretó teniendo en cuenta la causa de expulsión, tampoco especificada, y la mayor o menor probabilidad de que huyera» (STC 144/1990, fundamento jurídico 5.).
4. Por último, debe rechazarse la queja del recurrente relativa a la presunta vulneración, por las resoluciones judiciales impugnadas, del art. 25.3 de la C.E., que prohíbe a la Administración civil imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Porque, como ya se dijo en la STC 115/1987, la decisión de internamiento no es una decisión administrativa sino judicial: «La disponibilidad sobre la pérdida de libertad es judicial, sin perjuicio del carácter administrativo de la decisión de expulsión y de la ejecución de la misma». En consecuencia, «el extranjero respecto a su libertad a partir de las setenta y dos horas se encuentra a la plena disponibilidad judicial, que cesará en el momento en que el Juez mismo decida la puesta en libertad o en el momento en que la autoridad administrativa solicite la entrega del detenido para proceder a su efectiva expulsión» (STC 115/1987, fundamento jurídico 1., ratificada la doctrina en la STC 144/1990).
La medida de internamiento del recurrente fue adoptada por los órganos judiciales, los cuales pueden acordar al respecto, sin perjuicio de que se aprecie que la decisión, en este caso, en cuanto fue tomada mediante resoluciones judiciales carentes de motivación, vulnera otros preceptos constitucionales diferentes (arts. 17.1 y 24.1 C.E.), como hemos expuesto en el anterior fundamento jurídico.
1. Reconocer los derechos del recurrente, don Mustapha B. a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva.
2. Declarar la nulidad de los Autos de 20 y 27 de diciembre de 1995, del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Vic, así como la nulidad del Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 16 de enero de 1996.
STSJ Cataluña 7766/2007, 8 de Noviembre de 2007

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