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Timestamp: 2020-07-13 14:39:01+00:00

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Fijan doctrina jurisprudencial sobre la inexistencia de la prórroga de la prisión preventiva (caso Gregorio Santos) [Casación 147-2016, Lima] | LP
1.2.4. Decisión que fue apelada tanto por el investigado Santos Guerrero y por el representante del Ministerio Público, emitiéndose la resolución que obra a fojas ochocientos dieciocho, del uno de setiembre de dos mil quince, considerando que «El Colegiado considera que el plazo de prolongación de prisión preventiva debe sujetarse estrictamente a parámetros proporcionales de duración y que la misma debe cumplir las exigencias procesales para su dictado -desarrollo por el Colegiado en los considerandos undécimo al décimo tercero-. Asimismo, debe considerarse desde la fecha en que se materializó la privación de libertad contra el investigado aludido en el caso sub materia, el plazo judicial primigeniamente determinado por el Ad quo; en esta circunstancia que demanda el Ministerio Público una actuación procesal ente y razonable. En el presente caso, se tiene que el Juez de Garantías señaló como plazo de prolongación de prisión preventiva el de dieciocho meses, siendo esta última superior al plazo inicial de catorce meses y teniendo consideración los fundamentos undécimo al décimo tercero de la presente resolución, es que debe reducirse el señalado por el Juez de primera instancia y dictarse un plazo de once meses de prolongación de prisión preventiva contra el investigado.
A) El representante del Ministerio Público fundamenta su recurso de casación excepcional -fojas doscientos uno-, invocando el inciso 4 del artículo 427 del Código Procesal Penal, vinculándola con la casual prevista en el inciso 1 del artículo 429 del referido texto procesal, alegando que: i) Se emitió una resolución que transgrede la seguridad jurídica, pues en violación del principio de congruencia procesal se resolvió más allá de lo solicitado por las partes; ii) El Tribunal de Mérito no puede fundamentar el fallo en temas que no fueron materia de contradicción oportuna ni alegado por las partes procesales; iii) El investigado Gregorio Santos Guerrero no alegó que el plazo de dieciocho meses de prolongación preventiva concedida por el Ad quem no era razonable ni proporcional, muy por el contrario ha reiterado que no se cumplió con los presupuestos para que se prolongue la medida coercitiva; iv) Se merituó el plazo de prolongación de la prisión preventiva sin que haya sido objeto de apelación de las partes, transgrediéndose los principios procesales de ultra pe tita; v) El presente proceso fue declarado hipercomplejo, conforme lo establecido por la Ley número 30077 contra el crimen organizado, por tratarse de pluralidad de investigados, de delitos, medios probatorios complejos, y sin haber alegado las partes se redujo el plazo de prolongación de prisión preventiva, bajo argumentos individualistas e ilógicos; vi) Se hace una proyección errada de la investigación del proceso, que es competencia del Ministerio Público, y la estrategia del caso pone en riesgo los fines de la investigación y del proceso al reducir el plazo de la prolongación de prisión preventiva; y, vii) El Colegiado no ha tomado en consideración que cuando el Juez de garantías declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por catorce meses, los presupuestos a la actualidad variaron notablemente y el caso cambió su calidad de complejo a hipercomplejo. Asimismo, indica su desarrollo de doctrina jurisprudencial, señalando que: «Fije los alcances del principio de congruencia procesal consagrados en el artículo 409°.1 del Código Procesal Penal, lo que permitirá responder a los supuestos de si la Sala Superior puede resolver más allá del objeto de ; apelación, el mismo que solo está delimitado a las partes».
B) La defensa técnica del investigado Gregorio Santos Guerrero fundamenta su recurso de casación excepcional -fojas doscientos veinticuatro- invocando la casación excepcional prevista en el inciso 4 del artículo 427 del Código Procesal Penal, sosteniendo que: i) La recurrida obvió considerar que la pesquisa data del dieciocho de setiembre de dos mil doce y luego de su formalización y continuación los cargos están delineados en las disposiciones fiscales que fueron investigados durante más de un año, lo que explica formalmente por qué este proceso fue calificado como complejo y luego hipercomplejo, figura no prevista en el Código Adjetivo. ii) La instancia de mérito no ha precisado una sola manifestación o hecho sobre el peligro procesal de fuga y el entorpecimiento a la actividad probatoria. iii) No se motivó cuáles son los parámetros de la razonabilidad y proporcionalidad para que el recurrente permanezca once meses más privado de su libertad. Asimismo, expone que es necesario desarrollar doctrinalmente que «La prolongación de la prisión preventiva no debe respaldarse en la complejidad establecida desde el inicio de la causa, sino de requerir que en forma concreta se precise cuáles son las circunstancias que generan especial dificultad en el desarrollo de la investigación y del proceso».
2.2.3. La prórroga (o ampliación) no está prevista legalmente en el Código Procesal Penal. Así lo ha considerado la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en la Apelación N° 03-2015″22″ -Caso Torrejón Guevara- sobre prisión preventiva, resuelta el nueve de junio de dos mil dieciséis y el Pleno Jurisdiccional Nacional Penal y Procesal Penal realizado en Chiclayo el veintiséis y veintisiete de junio de dos mil quince que determinó por MAYORÍA que: «Una vez dictada la prisión por un plazo menor al máximo legal, no es posible la ampliación del plazo, sino la prolongación de la prisión preventiva».
«[Advertir] los alcances del principio de congruencia procesal consagrados en el artículo 409°.1 del Código Procesal Penal, lo que permitirá responder a los supuestos de si la Sala Superior puede resolver más allá del objeto de apelación, el mismo que solo está delimitado a las partes».
«La impugnación confiere al Tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante».
2.3.3. El recurrente plantea los límites del recurso en su petitorio. «Así, en materia procesal penal el hecho de interponer un medio impugna torio determina la competencia y alcances de conocimiento del órgano jurisdiccional superior en aplicación del principio de limitación que determina que no puede pronunciarse más allá de lo pedido por las partes, salvo los casos de «nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante».
2.3.5. Rige el principio fanfum devolufum quanfum appellafum, tanto devuelto como apelado. Siendo importante que: «El Tribunal de alzada asume jurisdicción dentro de los límites del agravio mostrado por el impugnante, por aplicación de dicha regla, límite que deberá superar si corresponde declarar una nulidad absoluta, aunque la vía impugnativa no haya sido motivada en aquélla, siempre que esté abierta la vía del recurso, pues es sabido puede ser declarada de oficio en cualquier estado y grado del proceso'».
2.3.8. Este criterio ha sido utilizado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema apelación 03-2015 «22», caso Torrejon Guevara citado, de nueve de junio de dos mil dieciséis, siempre que se cumpla con los principios de congruencia y derecho de defensa, y asumido como doctrina jurisprudencial en la Casación número 430-2015-Lima, Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, publicado en la página web del Poder Judicial, que señala que en cualquier resolución judicial, y sin contravenir el principio de legalidad, el Juez debe determinar el derecho, debe moldearlo para adaptarlo al caso concreto.
«La prolongación de la prisión preventiva no debe respaldarse en la complejidad establecida desde el inicio de la causa, sino de requerir que en forma concreta se precise cuáles son las circunstancias que generan especial en el desarrollo de la investigación y del proceso».
2.5.1. En la casación número 399-2015, caso Gregorio Santos, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, se analizó esta discusión; en ella, por mayoría, con los votos de los «señores Jueces Supremos Villa Stein, Hinostroza Pariachi, Príncipe Trujillo y Neyra Flores se estableció como doctrina jurisprudencial que para fijar el plazo de investigación preparatoria se debe tomar en cuenta: i) Gravedad y clase o naturaleza del delito imputado. ii) Características del hecho objeto de investigación. iii) Dificultad y rigor de los actos de investigación pertinentes para su necesario esclarecimiento. iv) Actitud del fiscal y del encausado, esto es, diligencia del investigador y maniobras obstruccionistas del encausado, mientras que la prórroga del plazo de investigación preparatoria, tiene que ver con las dificultades de las investigaciones como sería la demora en la realización de determinado acto de investigación. La prórroga requiere de una disposición fiscal; es decir, es un acto procesal. En ese sentido, la disposición fiscal con la que inicia el plazo de investigación constituye un acto procesal, y el requerimiento de prórroga del plazo de investigación, otro; pues, no es de aplicación automática ni de oficio, sino que necesita ser postulado por el Fiscal al Juez de la investigación preparatoria que debe someterlo a, audiencia con la defensa del imputado; en consecuencia, son actos procesales con criterios autónomos propios desplegados por las partes y el órgano jurisdiccional.
INFUNDADOS los recursos de casación excepcional interpuestos por el representante del Ministerio Público sobre congruencia y por la defensa técnica del investigado Gregorio Santos Guerrero, sobre requisitos de la prolongación de prisión preventiva; en consecuencia, NO CASARON la resolución de vista número ocho del uno de septiembre de dos mil quince -fojas ciento noventa y dos- que revocó la resolución del catorce de agosto de dos mil quince, en el «extremo que declaró infundado el requerimiento de prórroga de prisión preventiva contra el citado investigado por el plazo de cuatro meses; y, reformándolo declaró improcedente el extremo del requerimiento de prórroga de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público; y confirmó dicha resolución en el extremo que declaró fundado el requerimiento de prolongación de prisión preventiva contra Gregorio Santos Guerrero, y revocaron el extremo del plazo de dieciocho meses de prolongación de prisión contra el antes investigado, reformándolo se le otorga el plazo de once meses contra Gregorio Santos Guerrero.
DISPUSIERON que se dé lectura de la presente sentencia casatoria en audiencia pública y se publique en el Diario Oficial «El Peruano», de conformidad con lo previsto en el numeral tres del artículo cuatrocientos treinta y tres del Código Procesal Penal. Hágase saber. Interviene el señor Juez Supremo Príncipe Trujillo por impedimento del señor Juez Supremo Rodríguez Tineo.

References: resolución 
 artículo 427
 artículo 429
 resolución 
 artículo 409
 artículo 427
 artículo 409
 resolución 
 resolución 
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