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Timestamp: 2019-03-25 04:20:48+00:00

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LEY DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL ESTADO DE ZACATECAS
LEY DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y DE EJECUCIÓN DE
SANCIONES DEL ESTADO DE ZACATECAS
La Honorable Sexagésima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en nombre del pueblo, decreta:
Resultando primero. En fecha 29 de junio del año 2010, se dio a conocer en sesión ordinaria de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, una Iniciativa de Ley de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, que presentó la entonces titular del Poder Ejecutivo de la Entidad; misma que se turnó a la Comisión Legislativa de Seguridad Pública mediante memorándum número 1196, de esa misma fecha, para su análisis y dictamen correspondiente.
Resultando segundo. En sesión ordinaria del Pleno, correspondiente al día 09 de junio del año 2011, se dio lectura a una Iniciativa que, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 60 fracción II de la Constitución Política del Estado; 2° de la Ley Orgánica de la Administración Pública y 46 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentó el Licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas.
Por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva y mediante memorándum 0387, de la fecha referida, la Iniciativa antes mencionada fue turnada, en la misma fecha, a la Comisión Legislativa de Seguridad Pública, para su estudio y dictamen correspondiente.
Resultando tercero. El proponente sustentó su Iniciativa en la siguiente:
La respuesta eficaz al reclamo social de alcanzar la anhelada paz social, requiere de los cambios estructurales a las normas e instituciones en materia de seguridad pública, lo que nos llevará a un «Zacatecas en Movimiento»; y en busca de su desarrollo social, económico y político.
Una de las principales preocupaciones de la sociedad, y por lo tanto una de las mayores prioridades de mi gobierno, es la seguridad pública, por lo que resulta de suma importancia contar con nuevas disposiciones legales que sirvan para garantizar el orden público y la paz social.
La difícil realidad que enfrenta nuestro Estado en materia de seguridad pública, representa una valiosa oportunidad de presentar nuevas estrategias en la materia, es urgente crear nuevas disposiciones legales, que nos permitan tener un marco normativo e instituciones sólidas.
Es indispensable, el reconocer que en el ámbito de la seguridad pública, el tema del sistema penitenciario y la ejecución de penas ha sido de los más olvidados y, porque no, hasta despreciados, posponiendo los cambios en su estructura por ser este un tema que políticamente no es redituable.
Para atender y resolver las demandas sociales y la compleja realidad que enfrenta Zacatecas en materia de seguridad pública, resulta imprescindible atender y enfrentar la problemática desde todos sus ángulos, por lo que no deberá obviarse el sistema penitenciario.
Así, es necesario establecer nuevas disposiciones legales en materia del sistema penitenciario, que nos permitan crear una política criminal acorde a la realidad que hoy enfrentan nuestras instituciones penitenciarias, y capaz de cumplir con el objetivo de la prevención, rehabilitación, readaptación y reinserción social de las personas privadas de su libertad.
La Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad, como motor que impulsó la creación y desarrollo del sistema penitenciario actual en nuestro Estado, desde su publicación, ha cumplido su propósito, a pesar de las limitantes que en su aplicación ha enfrentado, desafortunadamente esta ha sido rebasada por una realidad, que nos enfrenta a nuevos y difíciles desafíos.
El crecimiento del crimen organizado y la ausencia de los cambios estructurales al sistema penitenciario, han sumido a éste en una crisis, razón por la cual se requiere de una nueva alternativa que garantice e implante los métodos y procedimientos legales para la adecuada operación de un sistema retributivo de penas.
Resulta indispensable fortalecer el sistema penitenciario, con el fin superior de garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho, atendiendo con mayor eficacia su principal objetivo, que lo es la reinserción social del interno, al efecto deberá modernizarse el sistema penitenciario, que contribuya al fortalecimiento en la credibilidad en nuestras instituciones penitenciarias.
Es de suma importancia, contar con una legislación que regule, de manera eficaz y eficientemente, el funcionamiento del sistema penitenciario del Estado, ya que de no actuar para adecuar la administración penitenciaria a las condiciones que impone la realidad que enfrentamos, se pone en riesgo no sólo la seguridad pública y la paz social, sino también el desarrollo social, económico y político de nuestro Estado.
El fin de garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario local, en un régimen de irrestricto apego a los derechos humanos, con una administración transparente y eficiente, en un marco de coordinación de todas las autoridades involucradas en el tema penitenciario, requiere de la modernización del marco legal.
Para recuperar el sentido original de los centros penitenciarios, como lugares que promuevan y busquen la reincorporación social de los internos, se requiere de la implementación de mecanismos y estrategias penitenciarias basadas en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, de acuerdo al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así mismo, una de las prioridades de mi gobierno, lo es atender el reclamo social de mejorar y fortalecer las instituciones de seguridad pública en nuestro Estado, es por ello que se propone crear un Sistema Penitenciario Integral, y con ello poder desarrollar una política criminológica penitenciaria y una política criminal que comprendan todos los hechos delincuenciales desde su origen y consecuencias, lo que nos permitirá prevenir la reincidencia en la comisión de conductas criminales en personas que por algún motivo fueron privadas de su libertad.
El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en el eje para el desarrollo «Zacatecas Seguro», determinamos, en su línea estratégica 1.1. Reformas para fortalecer el Estado de Derecho, estrategia 1.1.1., línea de acción «Elaboración, presentación e implementación al Congreso de las siguientes iniciativas de Ley: Iniciativa de ley de Ejecución de Sanciones que contemple reformas constitucionales respecto a: jueces de ejecución de penas...», en consecuencia me permito someter a consideración de esta Soberanía el presente instrumento jurídico, el cual regula la ejecución de la pena de sanciones y la reinserción social.
Ante este panorama, se propone esta nueva Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, que regula el tema de la reinserción social y la ejecución de penas impuestas por las autoridades judiciales del Estado de Zacatecas en sentencia que haya causado ejecutoria o en resoluciones aplicables a personas sujetas a prisión preventiva, y permitirá además, contar con un novedoso y eficiente sistema penitenciario.
La autoridad judicial será la competente para emitir las resoluciones en cuanto a la duración y modificación de las penas, implicando con esto la aplicación del principio de legalidad y la garantía de jurisdicción en el procedimiento de ejecución, a favor de los sentenciados.
El Poder Ejecutivo, a través de la ahora elevada al rango de Dirección General de Prevención y Reinserción Social, tendrá las funciones de dirección, administración y el desarrollo de las tareas resocializadoras, que con el apoyo de los consejos técnicos interdisciplinarios acreditará, de manera profesional, el desarrollo y evolución del proceso de reinserción social, proporcionándole al juez de ejecución los elementos para su buen proceder.
Con esta reforma, se amplían las modalidades del beneficio de la prelibertad que serán: salida de dos días a la semana; salida diurna, reclusión nocturna y de sábados y domingos; salida diurna y reclusión nocturna; salida diurna y reclusión nocturna con salida de sábados y domingos; reclusión de dos días a la semana; presentación semanal al centro; presentación quincenal al centro; presentación mensual al centro; presentación cada seis meses al centro y presentación en el tiempo que acuerde el H. Consejo Técnico Interdisciplinario.
Este tipo de beneficio será siempre progresivo y técnico y se otorgará con base en el cumplimiento integral de las condiciones a que se sujetará el interno.
Darle un rostro humano al tratamiento penitenciario, es fundamental; por ello se introduce la posibilidad de que los sentenciados que acrediten que no pueden cumplir algunas de las circunstancias de la sanción que le fue impuesta por ser incompatible por su edad avanzada, estado de salud o constitución física, puedan alcanzar su rehabilitación fuera de las instalaciones penitenciarias.
Atención especial merecen los inimputables y enfermos mentales, para lo cual la autoridad judicial ejecutora, estará facultada para modificarla medida de seguridad impuesta a inimputables o externar a los enfermos mentales para facilitar su adecuado tratamiento.
Con la loable misión de facilitar la reincorporación social de los sentenciados por medio del empleo, se creará un Patronato de Reinserción Social por el Empleo en el Estado, teniendo por objeto prestar asistencia jurídica, moral, económica, médica, social y laboral a las personas que gocen de cualquiera de los beneficios previstos o hayan alcanzado su libertad absoluta.
Resultando cuarto. En la sesión del Pleno de la LX Legislatura, realizada el día dieciséis de junio del año dos mil once, en la etapa del proceso legislativo de discusión del dictamen en lo particular, se presentaron las siguientes reservas:
a) La diputada Ana María Romo Fonseca, del Grupo Parlamentario «Primero Zacatecas», reservó los artículos 133 y transitorio primero del dictamen;
b) El diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario «Primero Zacatecas», reservó el artículo 40 del dictamen;
c) El diputado José Juan Mendoza Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó reserva para que fuera incluido un artículo 12 transitorio, recorriendo los demás en su orden.
Considerando primero. Esta Asamblea Popular coincide con las iniciativas referidas en el apartado de resultandos, pues resulta necesario que adecuemos el sistema normativo aplicable al ámbito penitenciario.
Efectivamente, una de las tareas fundamentales de los gobernantes, en este caso de los poderes Legislativo y Ejecutivo, es dotar a la población del marco jurídico apropiado que haga posible la paz y armonía social como medios para alcanzar el desarrollo adecuado de la sociedad zacatecana.
La problemática que enfrentamos, en todos los aspectos de la vida social, nos exigen que llevemos a cabo, de manera urgente, todos los cambios, al sistema jurídico del Estado, que resulten idóneos para garantizar mayor seguridad, justicia y paz social a todas y todos los zacatecanos.
Por ello, estimamos procedentes las iniciativas de Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, pues dichas propuestas atienden al mandato Constitucional contenido en la reforma que en materia penal se introdujeron a nuestra Carta Magna y en cuyos artículos 21 y 18, en las partes que nos interesan, a la letra indican:
Artículo 21. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.
Artículo 18. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
Las anteriores determinaciones normativas, muestran la preocupación del Poder Revisor de la Constitución por avanzar en materia de seguridad pública; al prever que lo relativo a la modificación de las penas sea competencia exclusiva de la autoridad judicial, la que respetando la normatividad aplicable, y los principios generales del derecho, habrá de resolver lo procedente respecto de los beneficios que puedan otorgarse a quien se encuentre compurgando una pena.
En coincidencia con el titular del Poder Ejecutivo del Estado, estimamos que la existencia de una mayor certeza jurídica para el sentenciado, respecto de la pena que esté compurgando, habrá de redituar, de manera positiva, en su proceso de reinserción social pues, de antemano, sabrá que una vez cubiertos los requisitos que establezca la normatividad aplicable, necesariamente, deberán otorgársele los beneficios que la propia ley establezca, en virtud de que la ejecución de su pena será vigilada por un juez competente y calificado en la materia.
La introducción de la salud y el deporte, como elementos para lograr la reinserción social de los sentenciados, es un factor que debe reconocerse al Constituyente Permanente, ya que en la ardua labor de lograr que se reinserten de manera satisfactoria a la sociedad, las personas que han delinquido, debemos utilizar todos los medios a nuestro alcance.
Nunca debemos olvidar que al sentenciado sólo se le deben afectar sus derechos, en la forma y términos que, de manera clara y precisa, se hayan establecido en la ejecutoria correspondiente; por lo que siempre será reprochable que por su condición de estar recluido, indebidamente, se le prive de otros derechos como la salud, el deporte, etc.
En este sentido ha opinado la ilustre penalista y penitenciarista Emma Mendoza Bremauntz cuando señaló «… la aprobación de la reforma constitucional de 2008 tiene para la materia penitenciaria aspectos positivos, como la previsión en el artículo 21, en la parte que expresa que es la competencia del poder judicial la modificación y control de las penas previstas o determinadas por los jueces en los casos penales que la ley ponga a su juicio, lo cual fundamenta la judicialización de la ejecución de la pena de prisión, para la creación del Juez de vigilancia de la ejecución penal, y cuya buena estructuración podría en mucho limitar los abusos que se cometen en contra de los internos en las cárceles y abrir un camino legítimo y legalizado para la defensa de los derechos que conservan durante la ejecución de su pena y que no son afectados por la sentencia» [9° Simposio Nacional y 6° Internacional. Temas Selectos de Ciencias Forenses. 16 y 17 de diciembre de 2010. Centro Médico Nacional Siglo XXI. México].
En efecto, esta Soberanía Popular coincide con el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en que resulta necesario que establezcamos las disposiciones en materia del sistema penitenciario que permitan crear, en las condiciones actuales, las instituciones con las que podamos cumplir el alto objetivo de la reinserción social.
Como lo indica el iniciante en su propuesta requerimos «… garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario local, en un régimen de irrestricto apego a los derechos humanos, con una administración transparente y eficiente, en un marco de coordinación de todas las autoridades involucradas en el tema penitenciario...».
En ese sentido, convergemos con las iniciativas a efecto de que la actual Dirección de Prevención y Readaptación Social se eleve a rango de Dirección General con la denominación de Dirección General de Prevención y Reinserción Social lo que habrá de permitirle mayor capacitad operativa, técnica y de gestión.
Igualmente, reconocemos el esfuerzo por integrar modalidades en el régimen de prelibertad que hagan posible que, mediante el tratamiento penitenciario técnico y progresivo, se vayan otorgando, al sentenciado, mayores posibilidades para reinsertarse a la sociedad sin el cambio brusco que signifique su libertad de un día para otro.
Consideramos que las propuestas, contenidas en este Instrumento legislativo, habrán de redundar, positivamente, en nuestro sistema penitenciario y, de manera fundamental, en beneficio de las personas que por diversas razones se ven involucradas en el denominado «drama penal».
Creemos, como lo hace la catedrática por oposición de la Facultad de Derecho y Maestra de la División de Estudios de Posgrado de nuestra Máxima Casa de Estudios a Nivel Nacional, Doctora Emma Mendoza Bremauntz, que «… mucho se ha de andar aún para lograr el total ideal de una buena ejecución penal, respetuosa de los derechos humanos, con una visión de justicia y no de venganza, haciendo a un lado posibles ambiciones personales y políticas para buscar solución al problema carcelario y delictivo, empezando por una buena educación preventiva, de atención social para los menores, de real respeto a los derechos humanos, de búsqueda del apoyo de la sociedad que no lo va a otorgar en tanto no esté convencida de la honestidad de los planteamientos normativos y del respeto de las autoridades por éstos, que ella misma ha creado» [Parte de la ponencia presentada en el foro antes descrito].
Finalmente, se consideró oportuno realizar algunas modificaciones mínimas, al instrumento legislativo con objeto precisar algunos conceptos que aporten mayor claridad al momento de interpretar y aplicar dicha norma.
Considerando segundo. Las reservas, a que se refiere el resultando cuarto de este Decreto, fueron debidamente discutidas y aprobadas por el Pleno de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado, en su sesión realizada el día dieciséis de junio del año dos mil once y, por tanto, las propuestas correspondientes se integran en el texto del presente Decreto.
El texto de las mismas es del tenor siguiente:
En su reserva la Diputada Ana María Romo Fonseca propuso
Artículo 133. El juez de ejecución podrá acordar la modificación de la sentencia, de oficio o a petición de parte, y previo el informe, debidamente fundado y motivado, que al respecto rinda la Dirección General en el sentido de que el sentenciado no puede cumplir alguna de las circunstancias de la sanción que le fue impuesta, por ser incompatible con su edad, salud o condición física.
Las modificaciones de la sanción por incompatibilidad de la pena será procedente cuando ocurran los requisitos siguientes:
I. Que el interno esté a disposición del juez de ejecución para los efectos del cumplimiento de la pena que le haya sido impuesta;
II. Que respecto a la sentencia que esté cumpliendo el interno no esté pendiente de resolverse ningún recurso o juicio que pudiera modificarla;
III. Que el daño haya sido reparado o se exhiba garantía suficiente para repararlo, o en su caso, que la víctima le libere de la obligación de pagar el daño;
IV. Que se recaben los dictámenes periciales necesarios e idóneos;
V. Que lo recomiende en resolución fundada y motivada el Consejo Técnico Interdisciplinario;
VI. Que el sentenciado se encuentre en estado de involución física y mental;
VII. Para el caso de que el factor a considerar sea la edad, adicionalmente a los requisitos anteriores el sentenciado deberá tener, cuando menos, sesenta y cinco años cumplidos al día en que empiece a disfrutar de dicho beneficio, o bien, de no alcanzar la edad anterior, que sufra el sentenciado de enfermedad incurable y se tenga un periodo de vida precario;
VIII. Que su familia se responsabilice de él en los términos de la legislación aplicable; y
IX. Que a juicio del juez de ejecución correspondiente, el sentenciado no represente peligrosidad, o bien, por razones de salud, se encuentre en estado de involución y por lo mismo, la prisión del reo, sea contraria al sistema de reinserción social.
Este beneficio podrá ser revocado por el juez de ejecución, si los resultados de la vigilancia ejercida sobre el beneficiario reflejan peligrosidad o que su conducta sea inadecuada y, por tanto, probable su reincidencia.
La revocación se podrá llevar a cabo sin perjuicio de tomar las medidas necesarias para su atención y tratamiento médico pudiendo, en su caso, auxiliarse de las autoridades sanitarias para que sea canalizado a alguna institución donde se le brinde atención médica y vigilancia.
Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, de manera sucesiva según las siguientes prevenciones:
1. Sus disposiciones se aplicarán, de manera integral, en el Distrito Judicial de la Capital; y
2. En el resto de los Distritos Judiciales, sus disposiciones se aplicarán en las fechas en que entre en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal en los términos del artículo 2° transitorio del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas.
Por su parte el Diputado Jorge Álvarez Maynez propuso, en su reserva, la modificación al artículo 40 para quedar como sigue:
Artículo 40. El producto…
I. Un 40% para el sostenimiento…
II. Un 20% para la constitución…
El Diputado José Juan Mendoza Maldonado, mediante su reserva, propuso adicionar un artículo transitorio duodécimo corriendo los demás en su orden; el texto del artículo propuesto es el siguiente:
Artículo 12. El Ejecutivo del Estado enviará a esta Legislatura, en el término de 15 días posteriores a la vigencia de este Decreto, la ampliación presupuestal del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, que garantice la creación de los juzgados de ejecución de sentencias en los diferentes distritos judiciales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 65, fracción I de la Constitución Política del Estado; 140 y 141 del Reglamente General del Poder Legislativo, en nombre del pueblo es de decretarse y se decreta
Artículo primero. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social, regirán en el Estado de Zacatecas y su aplicación corresponde, en el ámbito de sus atribuciones, a los Poderes Judicial y Ejecutivo del Estado.
La ejecución de las penas privativas y restrictivas de la libertad y la aplicación de las medidas de seguridad corresponde al Poder Ejecutivo. La modificación y duración de las mismas corresponde al Poder Judicial.
Art. 2° Esta Ley tiene por objeto:
I. Regular la ejecución de penas privativas y restrictivas de la libertad y las medidas de seguridad impuestas por las autoridades judiciales del Estado de Zacatecas en sentencia que haya causado ejecutoria o en resoluciones aplicables a personas sujetas a prisión preventiva;
II. Crear un Sistema Penitenciario Integral de Reinserción Social, que se aplique a toda persona mayor de dieciocho años de edad, que se encuentre en el ámbito del derecho ejecutivo penal del fuero común o federal de acuerdo al contenido Constitucional;
III. Facultar a las autoridades competentes para que ejerzan el control y vigilancia de cualquier privación de la libertad impuesta en los términos de las leyes penales, procesales y de ejecución en materia penitenciaria; y
IV. Establecer las bases para la prevención del delito a través del tratamiento criminológico penitenciario. El trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte serán los medios mínimos para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad.
Art. 3° La Dirección General de Prevención y Reinserción Social, los Centros Regionales de Reinserción Social y los Establecimientos Penitenciarios, son instituciones de seguridad pública de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá por los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y demás disposiciones aplicables.
Art. 4° Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Centro: Centro Regional Varonil o Estatal Femenil de Reinserción Social;
II. Consejo: al Consejo Técnico Interdisciplinario;
III. Código Procesal: al Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas o al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, según corresponda;
IV. Dirección General: a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social;
V. Dirección del Centro: a la Dirección del Centro Regional Varonil o Estatal Femenil de Reinserción Social;
VI. Director del Centro: al Director del Centro Regional Varonil o Estatal Femenil de Reinserción Social;
VII. Director General: al Director General de Prevención y Reinserción Social;
VIII. Jefe de Establecimiento: al Jefe de Establecimiento Penitenciario;
IX. juez de ejecución: al juez de ejecución de Sanciones;
X. Ley: a la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas;
XI. El Patronato: al Patronato de Reinserción Social por el Empleo;
XII. Reglamento: al Reglamento Interno de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social;
XIII. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública; y
XIV. Secretario: al Secretario de Seguridad Pública.
Art. 5° Los principios que orientan a esta Ley son:
I. Debido proceso: que implica que la ejecución de las sanciones se realizará ajustándose a esta Ley y a los términos de la sentencia dictada por la autoridad judicial, respetando las normas y valores consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y las leyes y reglamentos aplicables;
II. Jurisdiccionalidad: el control de la legalidad de la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad, recaerá en el juez de ejecución, quien garantizará que las mismas se ejecuten en los términos de la resolución judicial y resolverá conforme al debido proceso de ejecución que prevea esta Ley;
III. Inmediación: las audiencias y actos procesales que se desarrollen en el procedimiento de ejecución, deberán realizarse íntegramente bajo la observancia directa del juez de ejecución, con la participación de las partes, sin que aquél pueda delegar en alguna otra persona esa función;
IV. Confidencialidad: el expediente personal de los sentenciados tendrá trato confidencial y sólo podrán imponerse de su contenido las autoridades competentes, el interno y su defensor o las personas directamente interesadas en la tramitación del caso; y
V. Gobernabilidad y seguridad institucional: la Dirección General y la Dirección del Centro respectivo establecerán las medidas necesarias para garantizar la gobernabilidad y la seguridad institucional de los centros, así como la seguridad de los propios internos y del personal que labora en los mismos, de los familiares de los internos y de otros visitantes, así como de las víctimas y de las personas que viven próximos a los centros, aunque lo anterior implique la limitación de ciertas garantías de las personas que se encuentran internas en instituciones preventivas o de cumplimiento de sanciones, siguiendo siempre los preceptos de dignidad, respeto y trato humano estipulados en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y las leyes y reglamentos aplicables.
Art. 6° Los Poderes Judicial y Ejecutivo del Estado vigilarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el cumplimiento y aplicación de esta Ley, así como la organización y funcionamiento de las instituciones destinadas a la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que se impongan.
En cumplimiento de las sanciones y medidas de seguridad dictadas en sentencia firme, o de las resoluciones posteriores que las extingan, sustituyan o modifiquen, la autoridad judicial notificará sus acuerdos a la Dirección General o a las autoridades auxiliares, las que de conformidad a la naturaleza de aquéllas ejecutarán, coordinarán y, en su caso, vigilarán la ejecución que quede a su cargo, dando cuenta oportuna a la autoridad judicial correspondiente sobre su cumplimiento.
Art. 7° La ejecución de las sanciones y medidas de seguridad en todas sus modalidades, estará sometida a la vigilancia y control judicial y se desarrollará con respeto a los derechos humanos y con sujeción a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, y las leyes y reglamentos aplicables.
Art. 8° El sentenciado podrá ejercer, durante la ejecución de las medidas de seguridad o sanciones impuestas, los derechos que los instrumentos legales le otorguen, con las excepciones que se establecen en esta Ley, y planteará personalmente, por medio de su defensor o de cualquier persona en quien él delegue su representación, ante el juez de ejecución que corresponda, las observaciones que, con fundamento en aquellas reglas, estime convenientes.
Art. 9° La víctima tiene derecho de conocer el cumplimiento de la sanción o medida de seguridad impuesta, a efecto de que pueda poner en conocimiento del juez de ejecución cualquier irregularidad al respecto. El juez de ejecución garantizará el ejercicio de este derecho.
Art. 10. Los jueces en materia penal fijarán las sanciones y medidas de seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento, en su caso. Lo relativo a la extinción, sustitución o modificación de aquellas será competencia del juez de ejecución.
Art. 11. La intervención del Ministerio Público en la etapa de ejecución de sanciones y medidas de seguridad versará, primordialmente, en el resguardo del respeto de los derechos humanos de las personas que tengan interés en la ejecución de las sentencias y de las disposiciones legales relativas al debido cumplimiento de la sentencia.
Art. 12. El Ejecutivo del Estado podrá celebrar con los gobiernos federal o de otras entidades federativas, municipios, instituciones públicas o privadas los convenios que fuesen necesarios para la mejor aplicación de las disposiciones en materia de prevención y reinserción social.
Art. 13. El Sistema Penitenciario del Estado es el conjunto de principios, normas e instrumentos para la organización y ejecución de la prisión preventiva y de otras medidas cautelares personales vinculadas a la vigilancia de las sanciones penales que importan privación o restricción de la libertad individual, de las medidas de vigilancia especial, así como del seguimiento, control y vigilancia de los preliberados, integrada por órganos y autoridades encargadas de la reinserción.
Art. 14. El Sistema Penitenciario comprende los siguientes elementos:
a) Internos;
b) Personal penitenciario;
c) Organización y funcionamiento de instalaciones penitenciarias;
d) Infraestructura penitenciaria;
e) Atención técnica interdisciplinaria; y
f) Los demás que determine la presente Ley y otras disposiciones legales aplicables.
Derechos y obligaciones de las personas privadas de la libertad
Art. 15. La persona privada de la libertad será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a su seguridad e integridad física, psicológica y moral y a sus derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Constitución Política del Estado, esta Ley y demás normas jurídicas aplicables.
Art. 16. El juez de ejecución y la Dirección General tienen el deber de proteger a las personas privadas de la libertad contra todo tipo de amenazas y actos de tortura, ejecución, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, castigos corporales, castigos colectivos, intervención forzada o tratamiento coercitivo o métodos que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona.
Art. 17. Toda persona que se encuentre cumpliendo cualesquiera de las sanciones y medidas de seguridad podrá ejercer sus derechos civiles, sociales, económicos y culturales, salvo que fuesen incompatibles con el objeto del cumplimiento de la sentencia o fueren restringidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas o disposiciones legales que de ellas deriven.
Art. 18. Toda persona es igual ante la ley, por lo que bajo ninguna circunstancia se discriminará a los privados de su libertad por motivos de su raza, origen étnico, nacionalidad, color, sexo, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacionalidad o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física, mental o sensorial, género, orientación sexual, o cualquiera otra condición social. En consecuencia, se prohíbe cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos reconocidos.
No serán consideradas discriminatorias las medidas que se destinen a proteger exclusivamente los derechos de las mujeres, en particular de las mujeres embarazadas y de las madres lactantes; de las personas adultas mayores; de las personas enfermas; de las personas con discapacidad física, mental o sensorial; así como las pertenecientes a los pueblos indígenas.
Art. 19. Los internos pertenecientes a diversas categorías deberán ser alojados en diferentes lugares de privación de libertad o en distintas secciones dentro de dichos centros. En particular, se dispondrá la separación de mujeres y hombres, así como de procesados y sentenciados.
Art. 20. Los internos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, de forma oral o escrita, con sus familiares, amigos y representantes acreditados.
Estas comunicaciones se realizarán de manera que se respete al máximo la intimidad y no tendrán más restricciones, en cuanto a las personas y al modo, que las impuestas por razones de seguridad, de interés de tratamiento y del buen orden del centro.
Las comunicaciones de los internos con el defensor no podrán ser suspendidas. Las citadas comunicaciones quedarán sujetas a las disposiciones del Código Procesal y al Reglamento Interno.
Art. 21. Todo interno tiene derecho a comunicar inmediatamente su aprehensión a su familia, a su defensor, o a cualquier persona de su confianza.
Art. 22. Los centros dispondrán de áreas especialmente adecuadas para las visitas familiares, las que se concederán en los términos del Reglamento Interior de cada Institución Penitenciaria.
Art. 23. El sentenciado tiene derecho a una defensa técnica adecuada, por licenciado en derecho o abogado con cédula profesional, en los términos que establecen las leyes, hasta la completa ejecución de la sentencia.
Si existiere algún inconveniente o incompatibilidad, el sentenciado podrá designar nuevo defensor, o en su defecto, se le designará un defensor público por el juez de ejecución.
El ejercicio de la defensa consistirá en el asesoramiento técnico jurídico en la realización de cualquier trámite relacionado con el régimen disciplinario o con la ejecución de la sanción, cuando se requiera, así como para la interposición de las gestiones necesarias en resguardo de sus derechos, siendo su presencia obligada en todas las audiencias públicas a las que deba concurrir el sentenciado.
En los centros en que exista un juez de ejecución habrá por lo menos un defensor público.
Art. 24. Los internos tendrán derecho a:
I. Recibir, a su ingreso, información del régimen disciplinario al que estarán sujetos;
II. La aplicación de un proceso de clasificación que identifique el nivel de seguridad, custodia e intervención más apropiado para su reinserción;
III. Ser informado de la situación técnico-jurídica;
IV. Tener acceso a los servicios de salud;
V. Solicitar que le sea autorizada la visita íntima con sus respectivos cónyuges o concubina o concubinario en los términos del reglamento de la institución penitenciaria correspondiente y a recibir visita familiar en las modalidades que su nivel de seguridad, custodia e intervención lo permita;
VI. Permanecer en estancias adecuadas a los niveles de seguridad, custodia e intervención;
VII. Recibir alimentación cuyo valor nutritivo sea conveniente para el mantenimiento de su salud;
VIII. Realizar actividades productivas y útiles que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país, de conformidad con el nivel de seguridad, custodia e intervención asignado;
IX. Participar en las actividades que se programen para su reinserción de conformidad con el nivel de seguridad, custodia e intervención asignada;
X. Que las instituciones penitenciarias donde esté compurgando la sanción cuenten con las instalaciones adecuadas para garantizar la preservación de su vida, salud e integridad física;
XI. Que las decisiones que se le apliquen referentes al régimen de tratamiento y beneficios penitenciarios se fundamenten en criterios técnicos y científicos;
XII. Recibir atención técnica interdisciplinaria que permita su reinserción a la sociedad;
XIII. Además de los derechos comunes a cualquier interno, las internas tendrán derecho a:
a) Recibir asistencia médica especializada, preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y género;
b) La maternidad; y
c) Recibir trato de personal penitenciario femenino, específicamente en las áreas de custodia, registro y salud; y
XIV. Los demás que se establezcan en esta Ley o en otras disposiciones legales o normativas.
Art. 25. Son obligaciones de los internos:
I. Conocer y acatar la normatividad vigente de las instituciones penitenciarias respectivas;
II. Acatar el régimen de disciplina;
III. Respetar los derechos de los funcionarios y del personal de las instituciones penitenciarias en que se encuentre, tanto dentro como fuera de él, con ocasión de traslados o práctica de diligencias;
IV. Respetar a sus compañeros internos, al personal penitenciario y demás autoridades;
V. Conservar el orden y aseo de su estancia así como las áreas donde desarrolla sus actividades;
VI. Dar buen uso y cuidado adecuado a herramientas, equipo y demás objetos asignados;
VII. Conservar en buen estado las instalaciones penitenciarias;
VIII. Acudir por sus alimentos en los horarios y tiempos programados, siempre que su nivel de seguridad y custodia se lo permita;
IX. Acatar, de manera inmediata, las medidas disciplinarias que se le impongan, excepto cuando dichas medidas hayan sido suspendidas por el juez de ejecución;
X. Acudir a las revisiones médicas y de salud mental periódicas, determinadas por el área técnica y recibir los tratamientos prescritos por el médico tratante;
XI. En su caso, pagar la reparación del daño a la víctima; y
XII. Las demás que se establezcan en esta Ley o en otras disposiciones legales o normativas.
Del programa de reinserción social
Art. 26. El programa de reinserción social consiste en el conjunto de acciones y estrategias dirigidas a la procuración de la reinserción de los sentenciados, a través de la clasificación objetiva para determinar la atención técnica interdisciplinaria, aplicada mediante tratamientos, con base en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, así como del seguimiento y vigilancia de los preliberados.
Art. 27. Para la ejecución de las penas privativas de la libertad, el programa de reinserción social se basará en un régimen progresivo y técnico tendiente a alcanzar la reinserción social del sentenciado. Constará por lo menos de las siguientes etapas:
I. Evaluación inicial;
II. Clasificación;
III. Atención técnica interdisciplinaria;
IV. Seguimiento y reclasificación;
V. Programas de preliberación y reincorporación; y
VI. Libertad vigilada.
Art. 28. Durante la etapa de evaluación inicial se realizarán los estudios de personalidad del interno en los aspectos médico, psicológico, psiquiátrico, educativo, criminológico, social, ocupacional y de vigilancia.
Art. 29. El proceso de clasificación de los internos se realizará bajo métodos teórico-conceptuales para obtener los niveles de seguridad, custodia y de intervención.
En todo caso, la clasificación debe tomar en cuenta la personalidad; el historial del interno; la duración de la sanción, en su caso; el medio al que probablemente retornará, así como los recursos, facilidades y dificultades existentes.
Art. 30. La atención técnica interdisciplinaria será de carácter progresivo, individualizada y tendrá como objetivo la reinserción social del sentenciado para que no vuelva a delinquir.
La atención técnica interdisciplinaria tendrá por objeto, hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando las leyes, así como de subvenir a sus necesidades, respetando en todo momento los derechos humanos de los internos, así como su ideología política o religiosa.
Para tal fin, se procurará desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social respecto a su familia y a la sociedad en general.
Se fomentará la participación del interno en la planificación y ejecución de su tratamiento, para que en el futuro sea capaz de llevar, con conciencia social, un modo honesto de vivir. La satisfacción de los intereses personales será tomada en cuenta, siempre que ello sea compatible con el tratamiento.
Se procurará la participación de la familia en el tratamiento a fin de promover la reforma, la resocialización y rehabilitación de los internos.
Art. 31. La atención técnica interdisciplinaria se desarrollará conforme a las siguientes bases:
I. El estudio científico de la constitución, temperamento, carácter, aptitudes y actitudes del sujeto a tratar, así como su sistema dinámico motivacional y el aspecto evolutivo de su personalidad, conducente a una evaluación global de la misma, que se recogerá en el expediente del interno;
II. El resumen de su actividad delictiva y de todos los datos ambientales, ya sea individuales, familiares o sociales del interno;
III. La individualización, partiendo de métodos médicos biológicos, criminológicos, psicológicos, psiquiátricos, educativos y sociales, con relación a la personalidad del interno; y
IV. La continuidad y dinamismo, dependientes de las incidencias en la evolución de la personalidad del interno, durante el cumplimiento de la condena.
Art. 32. La individualización de la atención técnica interdisciplinaria, tras la adecuada observación de cada interno, se realizará atendiendo a su clasificación.
Art. 33. La reclasificación consiste en el resultado de la evaluación periódica que se realiza a los internos, en cumplimiento de la atención técnica interdisciplinaria, a fin de proponer, de acuerdo a la evolución e involución del interno, la reubicación a otro nivel de seguridad y custodia.
Art. 34. Concluidos los tratamientos de la atención técnica interdisciplinaria y próxima la libertad del interno, se emitirá un informe pronóstico final, en el que se manifestarán los resultados conseguidos por el tratamiento y un juicio de probabilidad sobre el comportamiento futuro del sujeto en libertad que, en su caso, se tendrá en cuenta en el expediente para la concesión de los beneficios de libertad anticipada.
Art. 35. En los centros se buscará que el sentenciado adquiera el hábito del trabajo y que éste sea una fuente de autosuficiencia personal y familiar, tomando en consideración su interés, vocación, aptitudes y capacidad laboral, para lograr la reinserción social de los internos.
Art. 36. Para todos los efectos normativos, la naturaleza del trabajo penitenciario es considerada en el centro como una actividad productiva con fines terapéuticos y ocupacionales, y es un elemento fundamental para la atención técnica interdisciplinaria.
Art. 37. El trabajo penitenciario se sujetará a las siguientes bases mínimas:
II. No atentará contra la dignidad del interno;
III. Tendrá carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales, productivos o terapéuticos, con el fin de preparar al interno para las condiciones normales del trabajo en libertad, procurando la certificación de oficios;
IV. Se organizará y planificará atendiendo a las aptitudes y perfil profesional o técnico, de manera que satisfaga las aspiraciones laborales de los internos;
V. No creará derechos ni prestaciones adicionales a las determinadas por el programa correspondiente, pero en todo caso se observarán las disposiciones contenidas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a la jornada de trabajo, días de descanso, higiene, seguridad y a la protección de la maternidad; y
VI. El trabajo se organizará previo estudio del mercado a fin de favorecer la correspondencia entre la demanda de éste y la producción penitenciaria con vista a la autosuficiencia económica de cada institución y se planificará tomando en cuenta las aptitudes y, en su caso la profesión del sentenciado.
Art. 38. En los centros, el trabajo será obligatorio para los internos sentenciados.
Art. 39. No tendrán la obligación de trabajar:
I. Quienes presenten alguna enfermedad o incapacidad que los imposibilite, por el tiempo que subsista, siempre y cuando lo acrediten ante la Dirección del Centro;
II. Las mujeres, durante cuarenta y cinco días antes y después del parto;
III. Los internos procesados sujetos a la prisión preventiva, pero se le estimulará a que lo hagan, proporcionándoles los medios materiales e intelectuales para ello. Se les hará saber que el trabajo que desempeñen, será tomado en cuenta como parte del tratamiento de readaptación y reinserción social, así como para recibir los beneficios establecidos en la presente Ley;
IV. Quienes demuestren incapacidad permanente para cualquier clase de trabajo; y
V. Los sentenciados mayores de setenta años.
Todas las personas señaladas, podrán disfrutar, en su caso, de los beneficios penitenciarios.
Art. 40. El producto del trabajo será destinado a cubrir las necesidades de quien lo desempeña y de sus dependientes económicos; a la formación de un fondo de ahorro que será entregado al momento de obtener su libertad y para coadyuvar al sostenimiento del interno dentro del centro.
Para los efectos del párrafo anterior, el producto de trabajo se distribuirá, por regla general, del modo siguiente:
I. Un 40% para el sostenimiento de los dependientes económicos del interno, de acuerdo a lo que señale la legislación respectiva;
II. Un 20% para la constitución de un fondo de ahorro, cuando el sentenciado otorgue su consentimiento para ello;
III. Un 10% para el pago de la reparación del daño;
IV. Un 10% para el pago de la multa;
V. Un 10% para sus gastos menores; y
VI. Un 10% para el sostenimiento del interno en el establecimiento.
En caso de que no hubiese condena a reparación del daño o éste ya se hubiere cubierto, y el interno no tenga dependientes económicos o haya pagado la multa o no otorgue su consentimiento para constituir un fondo de ahorro, los porcentajes inaplicables se distribuirán entre los conceptos que subsistan, en la proporción que corresponda, a excepción del destinado a gastos menores del interno, que será inalterable en el 10% señalado.
Art. 41. Los productos que se obtuvieren de las industrias, talleres o explotación agrícola, propiedad del centro, serán destinados, en primer término, a satisfacer las necesidades interiores del mismo, y los demás se venderán a las dependencias públicas y a los particulares que lo solicitaren.
Los particulares, con la autorización de la Dirección del Centro o del Jefe de Establecimiento Penitenciario, podrán establecer dentro de ellos, industrias o talleres y los productos que se obtuvieren, podrán comercializarse a juicio del industrial o inversionista.
Art. 42. La Dirección de los Centros o las Jefaturas de los Establecimientos Penitenciarios, en coordinación con la Dirección General, autorizará los contratos de trabajo que pretendan celebrar los internos con los particulares.
Art. 43. En el supuesto del artículo anterior, los particulares deberán organizar el trabajo y, en su caso, suministrar la maquinaria, materia prima y colocación del producto en los mercados, en coordinación con la Dirección del Centro o Jefatura del Establecimiento Penitenciario respectivos, con estricto apego a las disposiciones contenidas en esta Ley y en el Reglamento Interior de los Centros o Establecimientos Penitenciarios.
De la capacitación para el trabajo
Art. 44. La capacitación para el trabajo es un proceso formativo que utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado, mediante el cual los internos adquieren los conocimientos y habilidades técnicas necesarias para realizar actividades productivas durante su reclusión y la posibilidad de seguir desarrollándolas en libertad.
Para el cumplimiento de lo anterior, el Ejecutivo del Estado, por conducto de las instituciones penitenciarias, proporcionará a los internos, la capacitación y formación técnica necesaria para desarrollar sus actividades y aptitudes, a juicio de las áreas técnicas de dichas instituciones, de tal modo que puedan dedicarse a un oficio, arte o actividad productiva cuando obtengan su libertad.
Art. 45. Las bases de la capacitación son:
II. La vocación del interno por lo que realiza; y
III. La protección al medio ambiente.
Art. 46. La capacitación para el trabajo de los internos tendrá una secuencia ordenada para el desarrollo de las aptitudes y habilidades propias; la metodología será basada en la participación, repetición, pertinencia, transferencia y retroalimentación.
La capacitación para el trabajo deberá orientarse a desarrollar armónicamente las facultades del interno y será actualizada, de tal forma que pueda incorporar al interno a una actividad económica, social y culturalmente productiva.
Art. 47. La educación en el programa de reinserción social es el conjunto de actividades de orientación, enseñanza y aprendizaje, contenidas en planes y programas educativos, otorgadas por instituciones públicas o privadas que permitan a los internos alcanzar niveles de conocimientos para su desarrollo personal.
Para ello, todo interno, de acuerdo con el resultado del examen previo que realice el responsable educativo, será sometido al tratamiento educacional que corresponda.
Art. 48. Todo interno tendrá derecho a realizar estudios de enseñanza básica en forma gratuita.
Art. 49. La Dirección del Centro o Jefatura de Establecimiento estará obligada a incentivar la enseñanza media superior y superior, en su modalidad abierta, para procurar la reinserción, mediante convenios con instituciones educativas del sector público. Asimismo, obligatoriamente fomentará el interés de los internos por el estudio y la lectura. Para ello, los Centros o Jefaturas de Establecimientos deberán contar con una biblioteca provista de libros y los internos podrán hacer uso del servicio, respetando los horarios y disposiciones que dicte la Dirección del Centro o Jefatura de Establecimiento respectivos.
Art. 50. La educación que se imparta se ajustará a los programas oficiales que la autoridad educativa establezca.
La educación que se imparta a los internos será considerada un elemento esencial para la reinserción, por lo que no tendrá sólo carácter académico, sino también cívico, social, lúdico, higiénico, artístico, físico, ético y ecológico, procurando afirmar el respeto a los valores humanos, a las instituciones y a los símbolos patrios y estará en todo caso orientada por la técnica de la pedagogía correctiva y quedará a cargo, preferentemente, de maestros especializados.
Art. 51. La documentación que expidan las autoridades educativas, no contendrá referencia o alusión a los Centros o Establecimientos Penitenciarios.
Art. 52. En los Centros y Establecimientos Penitenciarios, las actividades educativas serán desarrolladas por personal de las instituciones de enseñanza. También podrán intervenir los internos que hubieren acreditado aptitudes y la preparación académica suficiente para el desempeño de estas funciones.
Art. 53. La supervisión y evaluación de las labores escolares de cada interno la efectuará el área técnica correspondiente del Centro o del Establecimiento Penitenciario. El interno que realice actividades de enseñanza merecerá mención especial en su expediente personal.
Art. 54. Con autorización de la Dirección del Centro o de la Jefatura de Establecimiento y atendiendo al tratamiento de los internos, la sección educativa del área técnica, organizará conferencias, círculos de estudio, representaciones teatrales, conciertos musicales y otros actos análogos que tiendan a elevar el nivel cultural del interno.
Art. 55. El personal técnico de cada uno de los Centros o Establecimientos Penitenciarios, implementará programas tendientes a incorporar a los internos a las actividades laborales, de capacitación, educativas, recreativas y culturales.
En dichas actividades se promoverá la participación de la familia, la comunidad y organizaciones no gubernamentales a fin de promover la reforma, la resocialización y reinserción de los internos.
Art. 56. Los internos, a su costo, podrán solicitar los servicios de educación privada para cursar estudios de licenciatura y postgrado siempre que el nivel de seguridad, custodia e intervención se lo permita.
Art. 56. Los internos, a su costo, podrán solicitar los servicios de educación privada para cursar estudios de licenciatura y post grado siempre que el nivel de seguridad, custodia e intervención se lo permita.
Art. 57. Todo interno será sometido a una inspección física al momento de su ingreso a las instituciones penitenciarias, para verificar si hay señales de que ha sido sometido a malos tratos o tortura; de existir éstos, se deberá hacer del conocimiento de la Dirección del Centro o a la Jefatura de Establecimiento, para los efectos a que haya lugar.
Además, con la periodicidad que sea necesaria, serán sometidos a revisiones que permitan llevar un diagnóstico, con la finalidad de individualizar el tratamiento y, en su caso, procurar una atención eficaz de los enfermos, así como para determinar la capacidad física de cada interno para el trabajo o deporte. Los internos que sufran enfermedades infecciosas o contagiosas serán sometidos a las medidas de aislamiento que, en su caso, determinen los facultativos.
Art. 58. En todo caso, la prestación del servicio de salud deberá respetar los principios de confidencialidad de la información médica y consentimiento informado en la relación médico paciente.
Art. 59. Los servicios de salud serán gratuitos y obligatorios para el interno, como medio para proteger, promover y restaurar su salud. Éstos contemplarán actividades de prevención, curación y rehabilitación; debiéndose llevar a cabo en estricto apego a las disposiciones legales aplicables en materia de servicios de salud.
Art. 60. El servicio de salud deberá ocuparse del estudio, tratamiento y control de la salud de los internos desde su ingreso y durante su permanencia y se referirá a:
I. Observación;
II. Estudios psicológico y psiquiátrico;
III. Higiene;
IV. Medicina preventiva; y
V. Rehabilitación de fármacodependencia u otras adicciones.
Art. 61. Para los efectos del artículo anterior los servicios de salud del centro, en Coordinación con los Servicios de Salud del Estado de Zacatecas, deberán:
III. Coadyuvar en la elaboración de las dietas nutricionales, a fin de que los menús sean variados y equilibrados;
IV. Suministrar los medicamentos necesarios para la atención médica de los internos; y
V. Proporcionar el tratamiento de rehabilitación de fármacodependencia y otras adicciones.
El servicio médico que reciba cualquier persona privada de su libertad en los Centros o Establecimientos Penitenciarios, por parte de los Servicios de Salud del Estado de Zacatecas, deberá ser gratuito.
Art. 62. El Director del Centro o Jefe de Establecimiento Penitenciario respectivo, se asesorará del servicio de salud en lo referente a:
I. Cantidad, calidad y preparación de los alimentos;
II. Higiene del establecimiento y de los internos;
III. Condiciones sanitarias, de alumbrado y de ventilación de los establecimientos; y
IV. En los demás casos ordenados en esta Ley o en los reglamentos y cuando lo estime pertinente.
Art. 63. El médico que corresponda deberá visitar a los internos enfermos con la frecuencia necesaria. Cuando estime que la salud física o mental de un interno pueda ser afectada por una modalidad del tratamiento, deberá informar por escrito al Director del Centro o Jefe de Establecimiento de que se trate, quien tomará las medidas que sean de su competencia y, en su defecto, trasmitirá un informe al juez de ejecución, con sus propias observaciones.
Art. 64. Las mujeres internas recibirán una atención médica especializada, por lo tanto, deberán contar con atención médica ginecológica, obstétrica y pediátrica, antes, durante y después del parto, el cual no deberá realizarse dentro del centro, sino en hospitales o establecimientos destinados para ello. En el caso de que ello no fuere posible, no se registrará oficialmente que el nacimiento ocurrió al interior del centro.
Art. 65. Cuando se permita a las madres internas conservar a sus hijos menores de edad al interior del centro respectivo, se deberán tomarlas medidas necesarias para que cuenten con personal calificado y con servicios educativos, pediátricos y de nutrición apropiados, a fin de garantizar el interés superior del niño.
Los menores podrán permanecer hasta los cinco años de edad dentro del centro.
Art. 66. El personal médico del centro deberá dar cumplimiento a las disposiciones relativas a la ley en materia de salud, en los casos de enfermedades transmisibles.
Art. 67. Los servicios de salud proporcionados en los centros funcionarán en estrecha coordinación con el sistema estatal y federal de salud pública, de manera que las políticas y prácticas de salud pública sean incorporadas en dichos establecimientos.
Art. 68. Como parte de la atención técnica interdisciplinaria se deberá participar en actividades físicas y deportivas, siempre y cuando el nivel de seguridad, custodia y estado físico del interno se lo permita.
Para la instrumentación de las actividades físicas y deportivas se planificará, organizará y establecerán métodos, horarios y medidas necesarias de seguridad y custodia para la práctica de esas actividades, las cuales estarán reguladas en el reglamento interior del centro respectivo.
Art. 69. El Consejo Técnico Interdisciplinario será el órgano colegiado consultivo, que tendrá como finalidad determinar la atención técnica interdisciplinaria, según los casos particulares.
Art. 70. El Consejo estará integrado por el personal que cumpla con el perfil que señale el Reglamento Interior del Centro y, en todo caso, estará integrado por un licenciado en derecho, un criminólogo, un médico, un psiquiatra, un psicólogo, un licenciado en trabajo social y un jefe del área laboral, todos ellos designados por el Ejecutivo del Estado. El director de cada centro presidirá el órgano colegiado.
Art. 71. El Consejo tendrá las funciones siguientes:
I. Determinar la clasificación que le corresponde a cada interno al ingresar al sistema, con base al estudio de sus condiciones personales;
II. Dar seguimiento al régimen de ejecución de la sanción, así como el tratamiento de cada sentenciado según sus necesidades;
III. Constatar el avance o regresión de los sentenciados dentro de las diferentes etapas del sistema progresivo y su clasificación en otras secciones del centro o en otro, según sus condiciones personales;
IV. Proponer al juez de ejecución, a través de la Dirección General, la concesión de cualquier beneficio que proceda a favor del sentenciado; y
V. Emitir y modificar en su caso el Reglamento Interno.
Art. 72. El Consejo sesionará de manera ordinaria una vez a la semana y, de manera extraordinaria, cuando sea necesario, con la asistencia de la mayoría de sus integrantes.
De la organización y funcionamiento de los centros
Art. 73. Las sanciones privativas de libertad se cumplirán en los Centros o Establecimientos Penitenciarios, salvo los casos de excepción expresamente señalados en esta Ley.
Art. 74. Los Centros y Establecimientos Penitenciarios dependen de la Dirección General, y para su funcionamiento dispondrán, en la medida que lo permita su presupuesto, de las áreas de seguridad, custodia y administración y las áreas técnicas siguientes: médica, psicológica, pedagógica, trabajo social y mediación.
Art. 75. El Poder Ejecutivo, por conducto de la Dirección General, adoptará las medidas necesarias a efecto de que los Centros cuenten con las secciones siguientes:
I. Varoniles y femeniles;
II. Preventiva y de ejecución de sanciones; y
III. De alta, media y mínima seguridad.
Art. 76. En las secciones de alta seguridad en los Centros quedarán ubicados quienes:
I. Por determinación del Consejo deban ubicarse en esa sección;
II. Pertenezcan a una asociación delictuosa o a un grupo organizado para delinquir;
III. Presenten conductas graves o reiteradas de daños, amenazas, actos de molestia, o delitos en perjuicio de otros internos, sus familiares, visitantes o personal de las instituciones de seguridad; y
IV. Hayan favorecido la evasión de presos.
Art. 77. No podrán ser recluidos en áreas de alta seguridad los enfermos psiquiátricos, quienes muestren una discapacidad grave, los enfermos terminales o cualquier otra persona que no se encuentre dentro de los criterios establecidos en el artículo anteriormente referido.
Art. 78. En las áreas penitenciarias de detención preventiva sólo se recluirá a los procesados. En tanto, en las destinadas a la ejecución de sanciones sólo se recluirá a los sentenciados.
Art. 79. Los establecimientos especializados de rehabilitación son aquellos en los que prevalece el carácter asistencial y serán de los siguientes tipos:
I. Hospitalarios;
II. Psiquiátricos; y
III. De rehabilitación social.
Art. 80. En los centros y en los establecimientos penitenciarios queda prohibida la introducción, uso, consumo, fabricación, cultivo, posesión o comercio de estupefacientes, psicotrópicos, sustancias tóxicas, bebidas embriagantes y drogas de diseño; así como la introducción, uso, posesión y fabricación ilegal de armas, explosivos y en general, todo artefacto que se considere que ponga en riesgo la integridad física de cualquier persona que se encuentre en el interior y la infraestructura penitenciaria o vulnere la seguridad de los mismos.
Art. 81. La infraestructura penitenciaria estará integrada por el conjunto de edificios y áreas que conforman la organización, el diseño, las instalaciones, el equipamiento y la construcción de espacios para los procesados y sentenciados.
La infraestructura penitenciaria debe permitir la realización de actividades con seguridad, dignidad y optimización constructiva, permaneciendo en tiempo y espacio con criterios de sustentabilidad.
La infraestructura penitenciaria se diseñará o adaptará conforme a los niveles de seguridad, custodia e intervención, dando contención a las actividades que se programen.
El equipamiento de las instalaciones deberá ser acorde con la clasificación de los internos.
Art. 82. La infraestructura penitenciaria femenil se diseñará de acuerdo al nivel de seguridad, custodia e intervención de las internas, y contará con instalaciones propias de su género.
Dentro de la infraestructura penitenciaria femenil deberán existir módulos con estancias unitarias, especiales para mujeres embarazadas y área médica materno infantil, así como siempre que el nivel de seguridad, custodia e intervención lo permita, con áreas de visita y convivencia para sus hijos menores.
Art. 83. En los Centros existirán módulos con aplicación de medidas especiales de protección, de conformidad con el nivel de seguridad y custodia asignado.
Art. 84. Los centros y establecimientos contarán con diversos tipos de seguridad que permitan:
I. El fortalecimiento de la infraestructura y optimicen la capacidad de respuesta ante situaciones anómalas;
II. El apoyo a sistemas de operación, mediante la concepción de espacios y el flujo de circulaciones;
III. El eficaz diseño de la instalación penitenciaria, mediante la distribución estratégica racional de las diferentes áreas del establecimiento penitenciario, de acuerdo con las funciones de cada una de ellas, así como un criterio estratégico para ordenar y controlar los movimientos en el interior del mismo; y
IV. La correcta disposición de todos los espacios, con el fin de que el personal responsable del funcionamiento de los centros o de los establecimientos penitenciarios cuente con los elementos para el desempeño eficaz y ordenado dentro del mismo.
Art. 85. Los centros y establecimientos penitenciarios, contarán con zonas de reserva territorial, por lo que se deberán establecer las áreas de seguridad y protección, de los perímetros de la poligonal externa y el perímetro de protección y amortiguamiento de seguridad.
Art. 86. Los centros y establecimientos preferentemente tendrán juzgados de ejecución contiguos, con salas de audiencia dotadas del equipo necesario para el registro de las actuaciones.
Art. 87. El Sistema Penitenciario contará con una plataforma tecnológica de información y seguridad, como instrumento para el registro y procesamiento de datos que genere, así como para la ejecución de los mecanismos de control, a efecto de lograr los fines del propio Sistema.
Del ingreso, examen, registro y traslados
Art. 88. El ingreso de un sentenciado en cualquiera de los centros o establecimientos penitenciarios se realizará mediante el mandamiento u orden escrita de la autoridad judicial. A cada interno, desde su ingreso, se le abrirá un expediente personal relativo a su situación procesal y recibirán información escrita sobre el régimen del establecimiento, sus derechos y deberes, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas o recursos.
A quienes no pueden entender la información por el procedimiento indicado, les será facilitada de manera verbal o por otro medio adecuado que les permita comprender la información.
Art. 89. Al ingresar al centro o establecimiento penitenciario los sentenciados serán alojados en el área de ingreso e inmediatamente se les practicará un examen médico y psicofísico, imparcial y confidencial, con el fin de constatar su estado de salud físico o mental y la existencia de cualquier herida, daño corporal o mental; asegurar la identificación y tratamiento de cualquier problema significativo de salud; o para verificar quejas sobre posibles malos tratos o torturas o determinar la necesidad de atención y tratamiento.
Art. 90. Para efectos de control interno, las autoridades del centro o del establecimiento penitenciario, integrarán un expediente personal del sentenciado, que contendrá los siguientes datos:
I. Datos generales, que deberá contener, al menos, lo siguiente: nombre, edad, sexo, nacionalidad, estado civil, dirección y nombre de los padres, familiares, representantes legales o defensores, en su caso, u otro dato relevante de la persona privada de libertad;
II. Información relativa a la integridad personal y al estado de salud de la persona privada de libertad;
III. Número de proceso penal, nombre de la víctima, así como de la autoridad que ordenó la privación de la libertad;
IV. Autoridad que efectúa el traslado de la persona al centro o al establecimiento penitenciario;
V. Autoridad que controla legalmente la privación de la libertad;
VI. Fecha y hora del ingreso y egreso, si lo hubiere, así como los datos que originaron su estado privativo de libertad;
VII. Fecha y hora de traslados y lugares de destino, en su caso;
VIII. Identidad de la autoridad que ordena los traslados y de la encargada de los mismos;
IX. Inventario de bienes personales;
X. Identificación dactiloscópica y antropométrica;
XI. Identificación fotográfica; y
XII. Firma de la persona privada de la libertad, y en caso de negativa o imposibilidad, la explicación del motivo.
La información contenida en el expediente personal será confidencial.
Art. 91. El traslado de los internos a otros centros o establecimientos penitenciarios corresponde a la Dirección General, previa autorización de la autoridad judicial correspondiente.
Los traslados se efectuarán de forma que se respeten la dignidad y los derechos de los internos y la seguridad de la conducción.
Todo interno tiene derecho a comunicar inmediatamente a su familia y defensor, su traslado a otro establecimiento en el momento de ingresar en el mismo.
Art. 92. Para resolver la solicitud de traslado, el juez de ejecución deberá tomar en cuenta lo siguiente:
I. Si el traslado es solicitado por el sentenciado, tomará en cuenta los motivos que el interno invoque, así como las condiciones generales del establecimiento al que se pretenda trasladar;
II. Si el traslado es solicitado por la Dirección General o por alguna autoridad de otra entidad federativa, tomará en cuenta la necesidad del interno de estar privado de su libertad en lugares próximos o cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o representante legal y la necesidad de la Dirección General o de la autoridad de realizar el traslado; y
III. En casos urgentes, la Dirección General realizará el traslado del sentenciado aún sin el consentimiento del interno, debiendo mediar una razón concreta y grave que lo justifique, debiendo notificar al juez de ejecución al siguiente día hábil.
Art. 93. El juez de ejecución deberá cerciorarse que los traslados no se practiquen con la intención de castigar, reprimir o discriminar a los internos, a sus familiares o representantes; ni que se realicen en condiciones que les ocasionen sufrimientos físicos o mentales, en forma humillante o que propicien la exhibición pública.
Del personal del sistema penitenciario
Art. 94. Los centros estarán a cargo de un director, los establecimientos penitenciarios estarán a cargo de un jefe de establecimiento y ambos tendrán el personal administrativo y de vigilancia que sea necesario.
Los directores de los centros y jefes de establecimiento se ajustarán a la aplicación del reglamento interno respectivo y cumplirán las normas de ejecución penal que establece esta Ley.
Art. 95. Formarán parte del personal del Sistema Penitenciario los especialistas que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de esta Ley.
Art. 96. La vigilancia y custodia de las mujeres privadas de libertad será ejercida exclusivamente por personal del sexo femenino, por lo que no deberán tener acceso a dichos lugares personal de vigilancia del sexo masculino.
Art. 97. El Sistema Penitenciario promoverá la mediación y la resolución pacífica de conflictos al interior de los centros, para lo cual éstos contarán como parte de su plantilla laboral con los mediadores que permita el presupuesto.
Art. 98. Además de las que les imponga la normatividad aplicable, son obligaciones del personal penitenciario:
I. Mantener en reserva los asuntos que por razón del desempeño de su función sean de su conocimiento;
II. Abstenerse de infringir o tolerar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes;
III. Abstenerse de todo acto arbitrario;
IV. Conducirse con dedicación y disciplina;
V. Cumplir y hacer cumplir, con diligencia, las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones;
VI. Cumplir con la capacitación y el adiestramiento adecuado para el desempeño de sus funciones; y
VII. Aprobar exámenes de ingreso y permanencia.
Art. 99. Además de los que les otorgue la normatividad aplicable, el personal penitenciario, tendrá los siguientes derechos:
I. Recibir capacitación inicial y actualización periódica;
II. Recibir el adiestramiento adecuado para el desempeño de sus funciones;
III. Recibir el uniforme y equipo correspondiente para el desempeño de su función específica;
IV. Disfrutar de las prestaciones laborales y de seguridad social que se establezcan en las disposiciones legales aplicables;
V. Ser informado, de manera directa e individualizada, de los riesgos específicos de su puesto de trabajo y de las medidas de protección y prevención de dichos riesgos, así como de las medidas de emergencia existentes; y
VI. Concursar en los programas de promoción.
Art. 100. Para el adecuado funcionamiento del Sistema Penitenciario, el Poder Ejecutivo implementará un sistema de carrera penitenciaria de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecerán los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio del personal penitenciario en los términos de las disposiciones reglamentarias que al efecto se expidan.
Art. 101. El sistema de carrera penitenciaria se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, en la Constitución propia del Estado y demás disposiciones aplicables.
Régimen disciplinario en el interior de los centros
Art. 102. El orden y la disciplina se mantendrán dentro de los centros y establecimientos penitenciarios, para lograr el adecuado tratamiento de los internos, así como la preservación del control y la seguridad de las instalaciones y su eficaz funcionamiento, con respeto a los derechos humanos.
Art. 103. El régimen disciplinario tiene como objeto garantizar la aplicación y observancia obligatoria de las normas de conducta por parte de los internos de los centros y de los establecimientos penitenciarios, tendiente a mantener el orden, el control y la disciplina, procurando una convivencia armónica y respetuosa.
Ningún interno desempeñará actividad alguna que implique el ejercicio de facultades disciplinarias.
Art. 104. A su ingreso a las instituciones penitenciarias se entregará, a los internos, un instructivo en el que aparezcan detallados sus derechos, deberes y el régimen general de vida en el centro.
Art. 105. Los internos no serán corregidos disciplinariamente sino en los casos y con las medidas establecidas en esta Ley y en el reglamento del centro respectivo, en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de las persona.
Art. 106. Ningún interno será sancionado sin ser previamente informado de la infracción que se le atribuye y sin que se le haya permitido presentar su defensa, verbal o escrita.
Art. 107. Las medidas disciplinarias pueden ser:
I. Amonestación verbal o escrita;
II. Suspensión parcial o total de estímulos;
III. Restricción de tránsito a los límites de su estancia o confinamiento;
IV. Cambio de nivel de custodia; y
V. Reubicación dentro del mismo centro.
La imposición de dichas medidas disciplinarias no será consecutiva, sino selectiva de acuerdo a la gravedad de la conducta y a la reincidencia, pudiendo aplicarse más de una por la misma infracción; sin embargo, quedará prohibida la imposición de sanciones colectivas.
Art. 108. Independientemente de las que prevea el reglamento interior de los centros o de los establecimientos penitenciarios, se considerarán como infracciones a la disciplina las siguientes:
I. Utilizar prendas y accesorios que no pertenezcan al uniforme, cuando en el centro o establecimiento penitenciario respectivo, se haya adoptado como de uso obligatorio el mismo;
II. Utilizar gafas oscuras sin prescripción médica;
III. Participar en actividades no autorizadas dentro de los programas productivos y de capacitación;
IV. Omitir las medidas de protección civil;
V. Incurrir en faltas de respeto, de palabra o de obra, hacia el personal de los centros o de los establecimientos penitenciarios, a los demás internos o a los visitantes;
VI. Contravenir las disposiciones de higiene y aseo, o negarse a realizar la limpieza de su estancia;
VII. Abstenerse de trabajar o de asistir, en su caso, o de participar en las actividades laborales programadas, abandonarlas o acudir a ellas con retraso, sin causa justificada;
IX. Negarse a ser revisado o a contestar al pase de lista;
X. Contravenir a las normas sobre alojamiento, horario, conservación, visitas, comunicaciones, traslado, registros y las demás relativas al régimen interior del centro o de los establecimientos penitenciarios;
XI. Impedir o entorpecer el tratamiento de los demás internos;
XII. Introducir o poseer artículos no autorizados;
XIII. Realizar apuestas;
XIV. Efectuar llamadas telefónicas no autorizadas;
XV. Efectuar actos que impliquen sometimiento o subordinación a otros internos;
XVI. Alterar el orden y la disciplina en los centros o establecimientos penitenciarios;
XVII. Entrar, permanecer o circular en áreas de acceso restringido;
XVIII. Dañar o modificar el uniforme o la ropería autorizada;
XIX. Estropear bienes u objetos de otro interno;
XX. Deteriorar o afectar las instalaciones o el equipo de los centros o establecimientos penitenciarios;
XXI. Participar en riñas, autoagresiones o agresión a un tercero;
XXII. Robar objetos propiedad de otro interno, de los centros, establecimientos penitenciarios o de cualquier otra persona, así como sustraer material o herramientas de los talleres;
XXIII. Agredir o amenazar física o verbalmente a un interno o a cualquier otra persona;
XXIV. Participar en planes de evasión o intentar evadirse;
XXV. Consumir, poseer, traficar o comercializar bebidas alcohólicas, psicotrópicos, estupefacientes, medicamentos controlados o sustancias tóxicas;
XXVI. Interferir o bloquear las instalaciones estratégicas, los sistemas y equipos electrónicos de seguridad u obstruir las funciones del personal de seguridad;
XXVII. Promover o participar en motines o en actos de resistencia organizada;
XXVIII. Poner en peligro, de cualquier forma, la seguridad de los centros o establecimientos penitenciarios, su vida o integridad física, así como la de otros internos o cualquier otra persona;
XXIX. Introducir, poseer, portar, fabricar o traficar cualquier tipo de arma u objeto prohibido;
XXX. Sobornar al personal de los centros, de los establecimientos penitenciarios o hacerlo incurrir en actos indebidos e irregulares;
XXXI. Cometer, auxiliar o provocar agresiones sexuales;
XXXII. Abstenerse de ingerir sus alimentos sin razón justificada; y
XXXIII. Infringir los demás deberes legales y reglamentarios propios de los internos.
Art. 109. Sólo el director del centro o jefe de establecimiento respectivo podrá imponer las medidas disciplinarias previstas por esta Ley y por el reglamento respectivo. El interno podrá denunciar la comisión de abusos en la aplicación de correcciones, recurriendo para ello ante el juez de ejecución, el cual estará facultado para subsanar las anomalías que se hubieren cometido en perjuicio del interno, de resultar procedente.
Art. 110. El procedimiento de disciplina de un interno se iniciará:
I. A petición del área de seguridad penitenciaria, por motivo de un reporte o del parte de novedades diarias;
II. A propuesta del área técnica, por contar con elementos suficientes para considerar que la conducta del interno amerita la aplicación de las sanciones previstas en esta Ley o en el reglamento interior respectivo; y
III. Por queja o denuncia de cualquier persona, que acredite la transgresión a la normatividad por parte de un interno.
Art. 111. Para la imposición de las medidas disciplinarias se otorgará al probable infractor la garantía de audiencia, a fin de que, por escrito o verbalmente, ofrezca pruebas y manifieste lo que a su derecho convenga.
Previo análisis y valoración de los argumentos y pruebas que haga valer el probable infractor se resolverá lo conducente.
La resolución que determine la medida disciplinaria deberá estar fundada y motivada, describirá en forma sucinta las causas por las que se impute la falta de que se trate al interno, contendrá las manifestaciones que en su defensa haya hecho y la medida disciplinaria impuesta.
Dicha resolución deberá notificarse al juez de ejecución para su vigilancia, con independencia de que el interno se inconforme con la medida.
Art. 112. Las sanciones que se impongan a cada interno se anotarán en el expediente personal respectivo. En caso de que la falta cometida pudiere constituir algún delito, se hará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público.
Medidas especiales de vigilancia
Art. 113. Son causas para la imposición de medidas de vigilancia especial a los sentenciados que requieren medidas especiales de seguridad, las siguientes:
I. Que el interno obstaculice el proceso penal en su contra o el desarrollo de investigaciones a cargo del Ministerio Público;
II. Que el interno cometa o intente cometer probables conductas delictivas, o exista riesgo fundado de que se evada de la acción de la justicia; y
III. Que el interno realice o intente realizar actos que pongan en peligro bienes relevantes como la vida, la seguridad de los Centros o la integridad de los internos, de las visitas y del personal penitenciario.
Art. 114. Las medidas especiales de vigilancia podrán consistir en:
I. Instalación de cámaras de vigilancia en los dormitorios, módulos, locutorios, niveles, secciones y estancias;
II. Traslado a módulos especiales para su observación;
III. Cambio de dormitorio, módulo, nivel, sección, estancia y cama;
IV. Supervisión ininterrumpida de los módulos y locutorios;
V. Vigilancia permanente de todas las instalaciones del centro o establecimiento penitenciario;
VI. El traslado a otro centro de reclusión;
VII. Aplicación de los tratamientos especiales que determine la dirección del centro o la jefatura del establecimiento penitenciario, con estricto apego a las disposiciones legales aplicables;
VIII. La prohibición de comunicación, salvo con el defensor; y
IX. El aislamiento temporal.
La aplicación de las medidas especiales de vigilancia no será consecutiva, sino selectiva de acuerdo al riesgo previsible, pudiendo aplicarse más de una a la vez.
Art. 115. Las medidas especiales de vigilancia serán ordenadas por el director del centro o el jefe del establecimiento penitenciario, sin trámite.
Art. 116. El aislamiento es una medida especial de vigilancia, por lo tanto no deberá realizarse en celdas de castigo.
Las medidas de aislamiento no podrán imponerse respecto de las mujeres embarazadas, ni de las madres que conviven con sus hijos al interior de los establecimientos de privación de libertad.
El aislamiento sólo se permitirá como una medida estrictamente limitada en el tiempo y como un último recurso, cuando se demuestre que sea necesaria para salvaguardar intereses legítimos relativos a la seguridad interna de los establecimientos y para proteger derechos humanos, como la vida e integridad de las mismas personas privadas de libertad o del personal de dichas instituciones.
Art. 117. Las medidas especiales de vigilancia deberán ser comunicadas al juez de ejecución para su vigilancia, con independencia de que el interno se inconforme con la medida.
De las autoridades relacionadas con la aplicación de la Ley
Art. 118. Los jueces de ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en sus respectivos nombramientos y se auxiliarán del personal que permita el presupuesto.
Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia podrá establecer y modificar la competencia y jurisdicción territorial de los jueces de ejecución, en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
El juez de ejecución vigilará el respeto a las finalidades constitucionales y legales de la sanción y de las medidas de seguridad, para lo cual, podrá hacer comparecer ante sí a los sentenciados o a los servidores públicos del Sistema, con fines de vigilancia y control de la ejecución.
Art. 119. El juez de ejecución tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
I. Controlar que la ejecución de toda sanción o medida de seguridad se realice de conformidad con la sentencia irrevocable que la impuso, garantizando la legalidad y demás derechos y garantías que asisten al sentenciado durante la ejecución de las mismas;
II. Mantener, sustituir, suspender, modificar, revocar o hacer cesar la sanción y las medidas de seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento, en los términos de la presente Ley;
III. Vigilar el cumplimiento de las sentencias que concedan sustitutivos penales o la suspensión condicional de la condena;
IV. Vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas a inimputables;
V. Librar las órdenes de aprehensión que procedan en ejecución de sentencia;
VI. Declarar la extinción de la sanción o medida de seguridad cuando proceda;
VII. Visitar los centros con el fin de constatar el respeto de los derechos humanos y penitenciarios de los internos y proponer las medidas correctivas que estime convenientes dándoles el seguimiento correspondiente;
VIII. Solicitar información sobre el programa de reinserción social aplicado a los internos;
IX. Resolver el otorgamiento o denegación de cualquier beneficio relacionado con las penas o medidas de seguridad impuestas en la sentencia definitiva;
X. Vigilar el cumplimiento de las sanciones distintas a la privativa de libertad;
XI. Resolver las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen o el tratamiento penitenciario, en cuanto afecten sus derechos y beneficios;
XII. Atender las quejas que formulen los internos sobre medidas disciplinarias o medidas especiales de vigilancia, previo informe de la autoridad responsable, modificar las mismas y formular, en su caso, las recomendaciones que estime convenientes;
XIII. Resolver, en audiencia oral, todas las peticiones o planteamientos de las partes, relativos a la revocación de cualquier beneficio o sustitutivo concedido a los sentenciados por la autoridad judicial competente, y en aquellos casos en que deba resolverse sobre los beneficios de libertad anticipada o respecto a la libertad definitiva y todas aquellas peticiones que por su naturaleza o importancia requieran debate o producción de prueba;
XIV. Decretar como medidas de seguridad, la custodia del interno que padezca enfermedad mental de tipo crónico e irreversible a cargo de una institución del sector salud, representante legal o tutor, para que se le brinde atención, trato y tratamiento de tipo asilar;
XV. Resolver las peticiones de traslado que formule la dirección, los internos o autoridades de otras entidades federativas;
XVI. Aplicar una ley más benigna o la jurisprudencia que favorezca al sentenciado;
XVII. Sustanciar el procedimiento para el cumplimiento del pago de la reparación del daño;
XVIII. Garantizar a los sentenciados su defensa en el procedimiento de ejecución;
XIX. Autorizar o negar la salida temporal de los internos por causas de nacimiento, fallecimiento o enfermedad grave de padres o hijos; para recibir atención médica especializada, cuando el propio centro no se la pueda proporcionar en cantidad y calidad;
XX. Conocer los incidentes que surjan con motivo de la ejecución de las sanciones; y
XXI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos establezcan.
Art. 120. Las decisiones inherentes a la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad, partirán de la información técnico-jurídica que proporcione la Dirección General; informes que se regirán por los principios de especialidad y objetividad.
De la Dirección General de Prevención y Reinserción Social
Art. 121. La Dirección General será la responsable de la ejecución, coordinación y vigilancia, en su caso, de las sanciones en los términos que establezca esta Ley y demás disposiciones aplicables y estará a cargo de un Director General que será designado por el Ejecutivo del Estado.
La Dirección contará con el personal administrativo, técnico, jurídico y demás que se requiera, de acuerdo a lo que determine el presupuesto.
Art. 122. Para ser titular de la Dirección General se requiere cumplir los requisitos siguientes:
II. Ser licenciado en Derecho;
III. Tener experiencia en materia penitenciaria;
IV. Acreditar y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; y
Art. 123. A la Dirección General le corresponde:
I. En materia de sanciones y medidas de seguridad:
a) Ejecutar la sanción de prisión, sus modalidades y las resoluciones del juez de ejecución que de ellas deriven;
b) Coordinar y vigilar la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad dispuestas de la presente Ley; y
c) Proponer al juez de ejecución, el otorgamiento de beneficios previstos por la Ley, con el auxilio de los Consejos de cada centro, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables;
II. Dentro del Sistema:
a) Adoptar las medidas convenientes para la prevención del delito orientadas a que los internos no reincidan en la comisión de conductas delictivas, coadyuvando con las demás Instituciones Públicas afines a la Política Criminológica;
b) Elaborar y ejecutar los planes y programas relacionados con el sistema;
c) Integrar, planear, organizar, administrar, coordinar y dirigir, previo acuerdo con el secretario, la política penitenciaria de la entidad por medio del sistema integral de reclusión readaptación, reinserción y reintegración social;
d) Implementar medidas para mejorar el funcionamiento administrativo y técnico de los centros de reinserción social, así como para atender las necesidades de los internos y las sugerencias o quejas de sus familiares o defensores;
e) Proponer al Ejecutivo del Estado criterios generales, reglamentos interiores de los centros, normas administrativas y técnicas de los centros con estricto apego al principio de no discriminación y vigilar su exacta aplicación;
f) Intercambiar, trasladar, custodiar, vigilar y brindar tratamiento a toda persona que fuere privada de su libertad por orden de los tribunales del Estado o de la autoridad competente, desde el momento de su ingreso a cualquier centro o establecimiento penitenciario;
g) Supervisar la aplicación del programa de reinserción social en todas sus etapas que se brinde a las personas internas;
h) Asistir a las personas liberadas, organizando patronatos, fomentando la formación de cooperativas, fideicomisos u otros entes similares y celebrando convenios de coordinación con instituciones de los distintos órdenes de gobierno o de la sociedad civil;
i) Llevar estadísticas para determinar los factores criminógenos con fines de prevención social en el Estado; y
j) Las demás que se establezcan en esta Ley y otras disposiciones legales y normativas.
Art. 124. La Dirección General deberá conformar y actualizar, permanentemente, un registro de sanciones y medidas de seguridad, su sustitución, modificación o cancelación; así como de los sustitutivos penales, la suspensión de la ejecución de la pena y demás penas aplicables, dictadas por las autoridades judiciales competentes.
Art. 125. Con el objeto de cumplir con las atribuciones antes señaladas, la Dirección General podrá:
I. Solicitar la presencia de los sentenciados con fines de información, registro y control de las sanciones y medidas de seguridad decretadas, así como acudir a los domicilios proporcionados por aquéllos con el objeto de constatar la información proporcionada;
II. Requerir la información y documentación a las autoridades auxiliares e integrar un informe técnico para su remisión al juez de ejecución en el que se especifiquen las circunstancias particulares del cumplimiento, incumplimiento o irregularidad en las sanciones y medidas de seguridad decretadas, así como la imposibilidad material para la ejecución de las mismas; y
III. Implementar en coordinación con las autoridades auxiliares, programas y protocolos orientados a la eficacia y cumplimiento de las sanciones y medidas judiciales a su cargo.
Art. 126. Para el cumplimiento de las determinaciones judiciales dictadas en sentencia firme, o de las resoluciones posteriores que las extingan, sustituyan o modifiquen, la autoridad judicial competente remitirá copia certificada de sus acuerdos a la Dirección General, la que, de conformidad a la naturaleza de aquellas, las ejecutará por conducto del Centro, o bien, coordinará y vigilará la ejecución que quede a cargo de las autoridades auxiliares o instituciones públicas o privadas, dando cuenta oportuna a la autoridad judicial correspondiente sobre su cumplimiento.
Art. 127. La comunicación entre la autoridad judicial competente y aquellas que auxilien en la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad, se llevará a cabo por conducto de la Dirección General, salvo disposición en contrario.
Art. 128. Para la debida ejecución de las sanciones y medidas de seguridad impuestas por la autoridad judicial, el Poder Ejecutivo del Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de las funciones que en su caso correspondan a las autoridades auxiliares a que se refiere esta Ley.
Son autoridades auxiliares en el ámbito respectivo de su competencia:
II. La Procuraduría General de Justicia;
III. La Secretaría de Finanzas;
IV. Los Servicios de Salud;
VI. La Secretaría de Desarrollo Social;
VII. La Secretaría de Economía;
VIII. El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas;
IX. El Instituto de Cultura Física y Deporte; y
X. Las demás a quienes ésta y otras leyes les confieran tal carácter.
Art. 129. Corresponde a las autoridades auxiliares:
I. Coadyuvar en la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad en la forma y términos previstos por esta Ley, y de acuerdo a la naturaleza y modalidades específicas de las mismas;
II. Establecer conjuntamente con la Dirección General, programas y protocolos orientados a la eficacia y cumplimiento de las sanciones y medidas de seguridad a su cargo;
III. Determinar, con base en un dictamen técnico debidamente justificado, sobre la conveniencia de mantener, revisar, sustituir, modificar o hacer cesar la sanción o medida de seguridad vigilada; y
IV. Informar al juez de ejecución y a la Dirección General, en su caso, sobre el cumplimiento, incumplimiento o cualquier irregularidad detectada.
Art. 130. Corresponde a los ayuntamientos, auxiliar a la Dirección General en la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad impuestas y durante la fase de tratamiento, cuando se refieran a sentenciados que residan en el lugar donde ejerzan su autoridad, en los casos previstos por esta Ley.
Ejecución de las sanciones y medidas de seguridad
Art.131. Para la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad, el órgano judicial que dictó la sentencia irrevocable deberá:
I. Tratándose de la sanción de prisión:
a) Si el sentenciado estuviere sujeto a prisión preventiva, ponerlo a disposición jurídica del juez de ejecución, remitiéndole copia certificada de su resolución, a efecto de integrar el expediente respectivo, dando inicio al procedimiento de ejecución, para el cumplimiento de la sanción impuesta; y
b) Si el sentenciado estuviere en libertad, ordenar inmediatamente su aprehensión y, una vez efectuada, proceder de conformidad con el inciso anterior. En este caso, el juez de ejecución pondrá al sentenciado a disposición material de la Dirección General, a efecto de que la sanción se compurgue en algún centro a cargo de la misma;
II. Tratándose de penas no privativas de libertad, remitir copia certificada de la misma al juez de ejecución, a efecto de que éste inicie el procedimiento de ejecución.
Art. 132. El cómputo de la sanción o medida de seguridad será siempre modificable, aún de oficio, por el juez de ejecución, si se comprueba un error o cuando nuevas circunstancias lo tornen necesario.
La fecha del cumplimiento de la pena se comunicará inmediatamente al sentenciado.
Art. 133. El juez de ejecución podrá acordar la modificación de la sentencia, de oficio o a petición de parte, y previo el informe, debidamente fundado y motivado, que al respecto rinda la Dirección General en el sentido de que el sentenciado no puede cumplir alguna de las circunstancias de la sanción que le fue impuesta, por ser incompatible con su edad, salud o condición física.
I. Que el interno este a disposición del juez de ejecución para los efectos del cumplimiento de la pena que le haya sido impuesta;
Art. 134. Cuando el juez de ejecución, de oficio o a petición de parte, advierta que debe quedar sin efecto o ser modificada la sanción impuesta, o las condiciones de su cumplimiento, por haber entrado en vigencia una ley más benigna o jurisprudencia más favorable, revisará el caso y resolverá lo conducente.
Art. 135. Al recibir copia certificada de la sentencia ejecutoriada en la que se imponga una sanción o medida de seguridad, el juez de ejecución dará inicio al procedimiento de ejecución penal estableciendo la forma, términos y condiciones en que se cumplirá la sanción o medida de seguridad impuesta.
Dicha resolución será notificada a la Dirección General, al sentenciado, a su defensor, al Ministerio Público, a la víctima y a las autoridades auxiliares en su caso.
Art. 136. Para hacer cumplir sus determinaciones los jueces de ejecución podrán emplear los medios de apremio establecidos en el Código Procesal.
Art. 137. El Código Procesal será de aplicación supletoria en todo lo no previsto por esta Ley en cuanto a la actividad procesal de los jueces de ejecución y de la sala competente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Audiencia ante el juez de ejecución
Art. 138. Para llevar a cabo la audiencia a que se refiere la fracción XIII del artículo 119 de esta Ley, el juez de ejecución se sujetará a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y a las siguientes reglas:
I. Notificará previamente a los intervinientes, entre ellos a la víctima, al menos con siete días hábiles de anticipación a la celebración de la audiencia. En la audiencia deberán estar presentes el Ministerio Público, el o los funcionarios de la Dirección General que sean designados para tal efecto, el sentenciado y su defensor. La presencia de la víctima no será requisito de validez para la celebración de la audiencia, cuando por cualquier circunstancia no pudiere comparecer, o no sea su deseo hacerlo y quede constancia de ello;
II. Si se requiere producción de prueba con el fin de sustentar la revisión, sustitución, modificación, revocación o cese de la sanción o medida de seguridad impuesta, la parte oferente deberá anunciarla con cinco días hábiles de anticipación para los efectos de dar oportunidad a su contraria, para que tenga conocimiento de la misma y esté en aptitud de ofrecer prueba de su parte. Sólo se desahogará la prueba que sea pertinente e idónea a juicio del juez de ejecución conforme a los requisitos establecidos en el Código Procesal;
III. Dirigirá el debate y ejercerá el poder de disciplina en la audiencia;
IV. Las resoluciones deberán emitirse en la propia audiencia después de concluido el debate. Excepcionalmente, en casos de extrema complejidad, el juez de ejecución resolverá en un plazo máximo de setenta y dos horas;
V. Valorará los medios de prueba rendidos en la audiencia, conforme a las reglas generales establecidas en el Código Procesal; y
VI. Decidirá por resolución fundada y motivada, de la que deberá entregarse copia certificada a la Dirección General para su conocimiento.
Art. 139. La audiencia se llevará a cabo por el juez de ejecución, conforme a las siguientes disposiciones:
I. El día y hora fijados para su celebración, el juez de ejecución se constituirá en la sala de audiencias con la asistencia de los intervinientes;
II. Verificará las condiciones para que se rinda, en su caso, la prueba ofrecida;
III. Declarará iniciada la audiencia y a continuación identificará a los intervinientes;
IV. Dará una breve explicación de los motivos de la audiencia y una lectura resumida del auto en el que acordó la celebración de la audiencia;
V. Procederá a dar el uso de la palabra a los intervinientes de la siguiente manera:
a) En primer lugar al oferente de la petición o solicitud respectiva; si es el defensor, enseguida se dará el uso de la palabra al sentenciado;
b) Posteriormente al Ministerio Público y al funcionario de la Dirección General; y
c) A la víctima, si se encuentra presente en la audiencia;
VI. Quedará a su arbitrio la concesión del derecho de réplica y dúplica, cuando el debate así lo requiera; y
VII. Declarará cerrado el debate y dictará la resolución procedente en los términos establecidos en la presente Ley.
Art. 140. Las notificaciones y los actos procesales relativos a los medios de prueba, en el procedimiento de ejecución penal, se ajustarán a las directrices generales que se contienen en el Código Procesal.
Art. 141. Se plantearán incidentes para resolver:
I. Cuestiones relacionadas con la reparación del daño, promovidas por el Ministerio Público o la víctima; y
II. Cuestiones que de alguna forma beneficien la situación jurídica del sentenciado y que no se refieran a las previstas en el artículo 119 fracción XIII de esta Ley, promovida por éste o su defensor o a solicitud de la Dirección General.
Art. 142. Con el auto que admita el incidente, el juez de ejecución dará vista del planteamiento a las otras partes por el término de tres días hábiles comunes, y citará a una audiencia incidental a celebrarse dentro de los quince días hábiles siguientes.
Se notificará a los intervinientes, al menos con tres días hábiles de anticipación a la celebración de la audiencia.
En la audiencia, deberán estar presentes el Ministerio Público, el sentenciado y su defensor y el funcionario que represente a la Dirección General. La presencia del beneficiario, su causa habiente o la víctima o su asesor jurídico no será requisito de validez para la celebración de la audiencia, cuando por cualquier circunstancia no pudiere comparecer o no sea su deseo hacerlo y quede constancia de ello.
Antes y durante la audiencia, el sentenciado tendrá derecho a comunicarse con su defensor para consultar cualquier situación que se relacione con el objeto del incidente.
Si se requiere producción de prueba, la parte oferente deberá anunciarla con tres días hábiles de anticipación para los efectos de dar oportunidad a su contraria a que tenga conocimiento de la misma y esté en aptitud de controvertirla o de ofrecer prueba de su parte.
El Ministerio Público, el sentenciado y su defensor, el funcionario que asista en representación de la Dirección General, así como el beneficiario o su causahabiente y su asesor jurídico podrán intervenir y replicar cuantas veces lo autorice el juez de ejecución.
Los medios de prueba ofrecidos se recibirán en la audiencia en el orden indicado por el oferente o en el orden que indique el juez de ejecución si las partes lo hubieren omitido.
El juez de ejecución para asegurar el orden en las audiencias o restablecerlo cuando hubiere sido alterado, podrá aplicar como corrección disciplinaria cualquiera de las previstas en el Código Procesal.
El juez de ejecución valorará la prueba desahogada en la audiencia libremente con aplicación estricta de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia a la luz de la sana crítica.
Las resoluciones deberán emitirse inmediatamente después de concluido el debate. Excepcionalmente, en casos de extrema complejidad, el juez de ejecución resolverá en un plazo máximo de setenta y dos horas.
De la resolución pronunciada deberá entregarse copia certificada a la Dirección General para su conocimiento y efectos legales.
Art. 143. El día y hora fijados para la celebración de la audiencia, el juez de ejecución se constituirá en la sala de audiencias con la asistencia de los intervinientes que serán previamente identificados. Verificará en su caso que existan las condiciones para que se rinda la prueba ofrecida y declarará iniciada la audiencia.
El juez de ejecución dará una breve explicación de los motivos de la misma y una lectura resumida del auto que acordó su celebración y concederá la palabra al promovente de la petición o solicitud respectiva para que exponga sucintamente los fundamentos de hecho y de derecho en que apoya la misma y una descripción de los medios de prueba que utilizará para demostrarla; si es el defensor enseguida se ofrecerá la palabra al sentenciado, luego al Ministerio Público y al representante de la Dirección General y si está presente al beneficiario o su causahabiente, a la víctima o a su asesor jurídico.
Terminado el desahogo de los medios de prueba se concederá nuevamente la palabra a los intervinientes en el mismo orden para que emitan sus alegatos finales, los cuales deberán circunscribirse a las cuestiones de hecho y de derecho que fueron objeto del debate y al resultado de las pruebas que se produjeron para demostrar la pretensión que dio origen al incidente. A continuación el juez de ejecución declarará cerrado el debate y dictará la resolución que proceda.
Art. 144. El recurso de apelación contra resoluciones dictadas en la etapa de ejecución de la sentencia tiene por objeto estudiar la legalidad de la resolución impugnada, para resolver, en consecuencia, que el juez de ejecución no aplicó esta Ley o la aplicó inexactamente, si se violaron las reglas de valoración de la prueba, si la resolución es contraria a las actuaciones o no se fundó o motivó correctamente, con la finalidad de que la sala competente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante un procedimiento sumario, confirme, revoque o modifique la resolución apelada.
Art. 145. El derecho de interponer el recurso de apelación, corresponde al Ministerio Público, a la Dirección General, al sentenciado y a su defensor y, en su caso, a la víctima, su causahabiente o su asesor jurídico.
Art. 146. Para que el recurso de apelación se considere procedente, es necesario que al interponerse se exprese por el recurrente la causa de pedir que lo motive.
Por causa de pedir se entiende la expresión del agravio o lesión que causa el acto impugnado, así como los motivos que originaron ese agravio.
Art. 147. El recurso de apelación es procedente contra las siguientes resoluciones:
I. Las que decidan sobre el otorgamiento, modificación o la revocación de cualquier beneficio concedido a los sentenciados sobre la libertad anticipada;
II. Las que declaren la extinción de la sanción penal;
III. Las que sustituyan la pena de prisión por una medida de seguridad;
IV. Las que decidan sobre la extinción de la pena o medida de seguridad impuesta al sentenciado por aplicación de una ley más benigna o jurisprudencia más favorable;
V. Las que determinen todo lo relacionado con la reparación del daño;
VI. Las que establezcan el cálculo y los términos de las penas privativas de libertad;
VII. Las que definan sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y tratamiento penitenciario; y
VIII. Las que atiendan las quejas que formulen los internos sobre medidas disciplinarias y medidas especiales de vigilancia.
Art. 148. El recurso de apelación se interpondrá por escrito ante el mismo juez de ejecución que dictó la resolución dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación, expresando agravios en el mismo escrito.
Art. 149. Presentado el recurso, el juez de ejecución, sin más trámite y dentro del término de cinco días hábiles, remitirá las actuaciones y registros a la sala competente del Tribunal Superior de Justicia del Estado a fin de que resuelva en definitiva.
Recibidas las actuaciones, la sala competente del Tribunal Superior de Justicia del Estado resolverá dentro de los tres días hábiles siguientes sobre la admisión del recurso y señalará fecha para la audiencia que se llevará a cabo dentro de los cinco días hábiles siguientes con excepción de las resoluciones negativas que atiendan quejas sobre presuntas violaciones directas a los derechos humanos, en cuyo caso, la fecha para la audiencia no podrá exceder del plazo de tres días hábiles.
La audiencia se celebrará con las partes que comparezcan, quienes podrán hacer uso de la palabra sin que se admitan réplicas. El sentenciado será representado por su defensor y en caso de que pueda asistir a la audiencia no se podrá cerrar la misma sin haber dado el uso de la palabra al sentenciado. En la audiencia el o los magistrados que integran la sala podrán interrogar a los intervinientes sobre las cuestiones planteadas en el recurso.
Expuestos los argumentos de las partes, la sala competente del Tribunal Superior de Justicia del Estado dictará de inmediato resolución, confirmando, revocando o modificando la resolución recurrida y si ello no fuere posible, la emitirá dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia y la dará a conocer a los intervinientes.
Art. 150. La sanción de prisión será ejecutada por la Dirección General a través de los centros que designe el juez de ejecución.
Art. 151. Los beneficios de libertad anticipada son aquellos otorgados por el juez de ejecución, cuando el sentenciado reúna los requisitos establecidos para cada modalidad, los cuales son:
I. Remisión parcial de la pena;
II. Prelibertad;
III. Libertad condicional; e
IV. Indulto.
Art. 152. El otorgamiento del beneficio se solicitará al juez de ejecución por el sentenciado que considere tener derecho a él, o a propuesta de la Dirección General, dando inicio al procedimiento previsto en esta sección.
Art. 153. El juez de ejecución resolverá respecto al otorgamiento de los beneficios señalados en esta sección, tomando en consideración que la reinserción del sentenciado a la sociedad no represente un peligro para la misma, para la víctima del delito o para los testigos que depusieron en su contra y la probabilidad de que no vuelva a delinquir.
Art. 154. Podrán negarse los beneficios a que se refiere esta Ley, a los internos que participen en una fuga o motín, o que sean sentenciados por los delitos de secuestro, homicidio calificado, violación y robo con violencia, de acuerdo a las agravantes que establece el Código Penal del Estado de Zacatecas.
Art. 155. Los beneficios se revocarán por el juez de ejecución, cuando el liberado incurra en alguna de las siguientes causales:
I. Sea procesado por la comisión de otro delito y se ordene la prisión preventiva;
II. Fuere sentenciado por diverso delito doloso mediante sentencia que haya causado ejecutoria, en cuyo caso, será de oficio la revocación. Tratándose de delito culposo, de acuerdo con la gravedad de la culpa se podrá revocar o mantener el beneficio otorgado;
III. Cause molestias a la víctima del delito, a sus familiares o a los testigos. Para este efecto, el interesado en que se revoque el beneficio deberá acreditar los actos de molestia ante el juez de ejecución, con el auxilio del Ministerio Público;
IV. No resida o deje de residir en el lugar que se haya determinado, del cual no podrá ausentarse sin el permiso del juez de ejecución; o
V. Deje de presentarse injustificadamente por una ocasión ante la Dirección General o la autoridad que se determine.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo, la Dirección General, una vez que conozca de dicha circunstancia deberá notificar de manera inmediata al juez de ejecución.
Para el efecto, de las fracciones IV y V, la Dirección General proporcionará la información necesaria para acreditar estas circunstancias ante el juez de ejecución.
El sentenciado cuyo beneficio haya sido revocado, cumplirá el resto de la pena impuesta. Los nuevos procesos a que se refiere este artículo interrumpen los plazos para extinguir la pena.
Art. 156. Una vez revocado algunos de los beneficios referidos en esta Ley, el juez de ejecución dictará la orden de aprehensión del sentenciado para que cumpla la parte de la pena privativa de libertad que le falte por compurgar.
Art. 157. Por cada día de trabajo efectivo del interno, se hará remisión de uno en prisión, siempre que observe buena conducta, se integre con regularidad a los tratamientos educativos, de deporte y recreación que se organicen en el centro o establecimiento penitenciario y que a juicio del juez de ejecución revele, por otros datos, efectiva tendencia a la reinserción social.
Art. 158. La reinserción social del interno, será el factor determinante para conceder o negar la remisión parcial de la pena, la cual en ningún caso podrá fundarse exclusivamente en los trabajos realizados por el interno, o en su participación en actividades educativas, o en su buena conducta, sino que siempre será necesario que concurran todos y cada uno de los mencionados requisitos que hagan indubitable el avance en el proceso de reinserción.
En todo caso, el reconocimiento a la remisión parcial de la pena, será hecho efectivo al dictarse sentencia condenatoria que haya causado ejecutoria y será retroactivo a la fecha en que el interno fue autorizado para trabajar.
Art. 159. La Dirección General programará a los internos que conforme a esta Ley deban ser valorados para la remisión parcial de la pena.
Art. 160. La remisión de la pena se concederá sin perjuicio de cualquier otro beneficio concedido por esta Ley a los internos.
Art. 161. El objeto de la prelibertad es la reinserción social del interno. Es una etapa previa a la libertad condicional o a la libertad absoluta por la aplicación de la remisión parcial de la pena y comprenderá la continuación de la atención técnica interdisciplinaria correspondiente.
Art. 162. La prelibertad se podrá otorgar un año antes a la fecha en que el interno esté en tiempo de obtener su libertad condicional o absoluta, en correlación con el beneficio de la remisión parcial de la pena.
Art. 163. La prelibertad contendrá:
I. Información y orientación especiales con el interno y sus familiares de los aspectos personales y prácticos de su vida en libertad;
III. Concesión de mayor libertad dentro del establecimiento penitenciario;
IV. Salida diaria a trabajar o estudiar con reclusión nocturna y salida los sábados y domingos para convivir con su familia; y
V. Reclusión los sábados y domingos para tratamiento técnico.
Art. 164. La libertad condicional se otorgará a los internos sancionados con penas de privación de libertad por dos años o más, cuando se satisfagan todos y cada uno de los siguientes requisitos:
I. Que el interno esté a disposición de la autoridad judicial ejecutora para los efectos del cumplimiento de la pena que le haya sido impuesta;
II. Que respecto a la sentencia que esté cumpliendo el interno, no esté pendiente de resolverse ningún recurso o juicio que pudiera modificarla;
III. Que muestre repuestas cuantificables de evolución al tratamiento institucional, mismos que serán informados por el Consejo Técnico Interdisciplinario;
IV. Que el interno haya compurgado las dos terceras partes de su condena;
V. Ofrecer dedicarse a un oficio, arte, industria, profesión o cualquier otro modo honesto de vivir y acatar las condiciones que señale el juez de ejecución;
VI. Que el interno otorgue garantía a satisfacción del juez de ejecución;
VII. Que alguna persona de reconocida solvencia moral y de arraigo, considerándose como aval moral, se obligue a apoyar a las autoridades ejecutoras, supervisando y procurando que el liberado cumpla con las obligaciones contraídas al momento de su liberación;
VIII. Que el interno se obligue y cumpla a residir en el sitio que se determine, siempre que su permanencia en ese lugar no sea obstáculo para su reinserción u obtención de empleo, en cuyo caso, el juez de ejecución resolverá lo conducente;
IX. Que el interno haya reparado el daño, cuando haya sido sentenciado en este sentido; y
X. Que acate la vigilancia que en forma discreta ejercerá, sobre él, la Dirección General.
Art. 165. El titular del Poder Ejecutivo tiene la facultad de conceder el indulto, de conformidad con lo previsto en el Código Penal para el Estado de Zacatecas.
El indulto extingue las penas impuestas en sentencia ejecutoria salvo el decomiso y la reparación del daño.
Art. 166. El sentenciado ocurrirá con su petición de indulto ante el titular del Ejecutivo, por conducto del juez de ejecución, solicitando que se expidan las constancias respectivas. Previa la investigación que se realice para la verificación de la procedencia del indulto, el Ejecutivo emitirá su resolución fundada y motivada. La resolución se comunicará a la autoridad judicial para los efectos legales correspondientes.
Art. 167. El juez de ejecución será la autoridad responsable de dar seguimiento, llevar el control y ejercer vigilancia para que el procedimiento establecido en esta sección se cumpla.
Art. 168. El cómputo de los términos para el otorgamiento del beneficio de remisión parcial de la pena se realizará tomando en cuenta la sanción privativa de libertad impuesta, sin perjuicio de que se haya dictado una nueva sentencia condenatoria por otro delito.
Art. 169. Si el procedimiento para la concesión de beneficios inicia a propuesta de la Dirección General, ésta estará obligada a remitir la solicitud al juez de ejecución.
El procedimiento se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
I. Admitida la solicitud, el juez de ejecución solicitará a la Dirección General, se remitan los estudios de personalidad del sentenciado, el dictamen de evolución al tratamiento preliberacional y el informe pronóstico final dentro de los sesenta días naturales siguientes a la admisión;
II. Recibidos los estudios y dictámenes, el juez procederá en los términos de la sección segunda del capítulo I del título tercero de esta Ley; y
III. La resolución que se dicte será notificada el día de su emisión a todas las partes, para que se cumpla en sus términos.
Art. 170. Las peticiones que conforme a lo dispuesto por esta Ley sean notoriamente improcedentes serán resueltas de inmediato y notificadas al interesado y a la Dirección General.
Art. 171. La libertad definitiva se otorgará cuando el sentenciado a pena privativa de libertad haya cumplido con la sentencia.
Ninguna autoridad judicial o penitenciaria puede, sin causa justificada, aplazar, demorar u omitir el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, de hacerlo, incurrirá en responsabilidad administrativa y penal.
Art. 172. La libertad definitiva que se otorgue conforme a este título, será comunicada de inmediato al patronato, para los fines de asistencia post-penitenciaria a que se refiere la presente Ley.
Art. 173. Al quedar el sentenciado en libertad definitiva, el juez de ejecución le entregará una constancia de la legalidad de su salida y de la conducta observada durante su reclusión, en relación con la información proporcionada por la Dirección General.
Libertad por revisión de sentencia
Art. 174. La libertad definitiva procederá como consecuencia de la resolución que la determine en el recurso de revisión, en los términos del Código Procesal.
Art. 175. Cuando por revisión de sentencia se determine la libertad del sentenciado, la autoridad judicial en materia penal que haya conocido del recurso remitirá la constancia de su resolución al juez de ejecución, y a la Dirección General, para que sin demora la ejecuten; así mismo, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y al defensor del sentenciado, para su conocimiento.
Rehabilitación de derechos
Art. 176. Obtenida la libertad definitiva, el liberado podrá exigir que sean rehabilitados sus derechos civiles, políticos y de familia, y los demás que hayan sido suspendidos con motivo del proceso penal y la sanción impuesta, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.
Art. 177. Una vez presentada la solicitud de rehabilitación de sus derechos, el juez de ejecución verificará que el sentenciado haya cumplido la sanción privativa de libertad impuesta o que la misma se ordenó en el recurso de revisión de sentencia.
Art. 178. Si la pena impuesta hubiere sido la inhabilitación o suspensión de derechos, por un período mayor al impuesto para la pena privativa de libertad, no procederá la rehabilitación por libertad definitiva hasta que la diversa sanción quede cumplida.
Art. 179. La rehabilitación de los derechos será ordenada por el juez de ejecución y dicha resolución la notificará a la Dirección General y las autoridades auxiliares correspondientes.
Suspensión condicional de la condena
Art. 180. La suspensión condicional de la condena es un beneficio que la autoridad judicial concede a todo condenado en sentencia ejecutoria, que reúna los requisitos señalados en el Código Penal para el Estado de Zacatecas, la cual tiene por objeto suspender la ejecución o cumplimiento de las sanciones privativas de la libertad.
Art. 181. La ejecución y vigilancia del cumplimiento de la suspensión condicional de la condena estará a cargo del juez de ejecución y de la Dirección General, en los términos de esta Ley.
Art. 182. En caso de haberse nombrado fiador para garantizar la presentación del sentenciado ante la autoridad siempre que fuere requerido, la obligación de aquél concluirá al transcurrir el plazo de duración de la sanción privativa de la libertad.
Cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar desempeñando el cargo, los expondrá al juez de ejecución a fin de que éste, si lo estima procedente, prevenga al sentenciado para que presente nuevo fiador dentro del plazo que prudentemente deberá fijarle, apercibido de que se hará efectiva la sanción si no hace la presentación.
En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado estará obligado a poner el hecho en conocimiento del juez de ejecución para el efecto a que se refiere el párrafo que precede.
Art. 183. Si durante el término de duración de la sanción privativa de la libertad, desde la fecha en que la sentencia cause ejecutoria, el condenado no diera lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción fijada en aquélla y se devolverá la garantía que en su caso se haya otorgado.
En caso de que cometa nuevo delito doloso después de concedido el beneficio, se hará efectiva la primera sentencia además de la segunda.
Art. 184. Los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el término a que se refiere el artículo anterior, tanto si se trata de delito doloso como culposo, hasta que se dicte sentencia ejecutoria.
Art. 185. En caso de incumplimiento de las obligaciones fijadas en la sentencia, el juez de ejecución podrá resolver que se haga efectiva la prisión suspendida, ordenando la aprehensión del sentenciado para que cumpla el resto de la pena impuesta o amonestarlo con el apercibimiento de que, si vuelve a faltar alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha sanción.
Art. 186. Son sustitutivos penales:
I. El trabajo en favor de la comunidad;
II. El tratamiento en semilibertad;
III. El tratamiento en libertad; y
IV. La multa.
Art. 187. El juez de ejecución dejará sin efecto la sustitución y ordenará que se ejecute la sanción de prisión impuesta, cuando el sentenciado no cumpla con las condiciones que le fueran señaladas para tal efecto, o cuando se le condene por otro delito; lo anterior, con audiencia del sentenciado. Si el nuevo delito es culposo, el juez de ejecución resolverá si se debe aplicar la sanción sustituida.
En caso de hacerse efectiva la sanción de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el sentenciado hubiere cumplido la citada sanción.
Art. 188. El juez de ejecución vigilará la ejecución de las condiciones dispuestas en la sentencia para el otorgamiento de los sustitutivos penales, con la orientación y cuidado de la Dirección General.
Art. 189. Si al dictar la sentencia no hubo pronunciamiento sobre la sustitución o suspensión de la pena, el sentenciado o su defensor podrán promover el incidente respectivo ante el juez de ejecución cuando considere que reúne las condiciones fijadas para su obtención y que está en aptitud de cumplir con los requisitos para su otorgamiento.
Art. 190. La internación es una medida de seguridad dirigida a inimputables y enfermos mentales de carácter médico, y su finalidad es proveer al interno el tratamiento médico y técnico multidisciplinario orientado al padecimiento.
Art. 191. El juez de ejecución notificará a la Dirección General la medida ordenada a cuyo cargo quedará la coordinación de su ejecución en establecimientos u hospitales especializados, públicos o privados, tomando en cuenta la elección de los representantes del inimputable y de acuerdo con las posibilidades económicas de los mismos.
Art. 192. La internación se realizará por todo el tiempo que se requiera para el tratamiento prescrito por los médicos en sus informes periciales, sin perjuicio y con la autorización médica de someterlos a régimen de trabajo mientras dure la internación.
Art. 193. La Dirección General, previa valoración médica psiquiátrica, informará al juez de ejecución de los internos que padezcan enfermedad mental de tipo crónico, continuo e irreversible, solicitándole que sean remitidos al sector salud para que se les brinde atención y tratamiento de tipo asilar. En su caso, se informará al representante legal.
Cuando sobreviniera la curación de los inimputables serán reingresados en el lugar en que deban ser recluidos, hasta cumplir su condena pero se les computará el tiempo que estuvieron internados para su curación.
Art. 194. La Dirección General informará a la autoridad jurisdiccional los casos de internos que estén a su disposición y que durante el procedimiento de ejecución padezcan algún trastorno mental definitivo, para conmutar la pena por una medida de seguridad.
Art. 195. En los casos previstos en este capítulo, los enfermos a quienes se aplique internación podrán ser entregados por el juez de ejecución a quienes corresponda hacerse cargo de ellos, debiendo adoptar las medidas necesarias de cuidado para que éstos no causen daño.
Art. 196. El juez de ejecución podrá resolver sobre la modificación o conclusión de la medida de internamiento en forma provisional o definitiva, considerando la evolución, diagnóstico y pronóstico del interno que al respecto emita el grupo médico y técnico multidisciplinario.
Art. 197. Al haberse indicado la forma de dar cumplimiento al pago de la reparación del daño, se enviará constancia de la sentencia firme al juez de ejecución, para llevar a cabo el seguimiento correspondiente:
I. Si no se pagó la reparación del daño en los términos fijados en la sentencia, el juez de ejecución hará los trámites necesarios para su cumplimiento;
II. Si se encontrara garantizada la reparación del daño, el juez de ejecución notificará al fiador, en caso de que exista, que la garantía otorgada será destinada al pago de la reparación del daño; lo mismo sucederá con las otras formas de garantías; y
III. Tratándose del delito de despojo, cuando la autoridad judicial haya ordenado la restitución del bien inmueble a favor de la víctima, el juez de ejecución, una vez que reciba la sentencia ejecutoriada, ordenará la comparecencia del sentenciado y lo apercibirá para que en un plazo de tres días hábiles, haga entrega voluntaria del inmueble.
En caso de negativa a devolverlo, el juez de ejecución ordenará se ponga en posesión material a la víctima o su representante, utilizando la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de la sentencia.
Art. 198. Si quienes tengan derecho a la reparación del daño renunciaren a la misma, el importe de ésta quedará a favor del Estado, depositándose en el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado.
Art. 199. Cuando la prueba producida durante el proceso no permita establecer con certeza el monto de la reparación del daño, el órgano judicial deberá condenar, en abstracto, para que el juez de ejecución la cuantifique en la etapa de ejecución de sentencia por la vía incidental, desahogándose la prueba que la víctima o sus derechohabientes y el sentenciado, en su caso, aporten al juez de ejecución para demostrar la procedencia, y el monto de dicha reparación, en los términos que prevenga el Código Procesal.
Art. 200. Una vez que la autoridad judicial dicte la sentencia en que se imponga la amonestación pública o privada, remitirá copia de la resolución al juez de ejecución, quien convocará a una audiencia, citando a los intervinientes, en la que amonestará al sentenciado explicándole las consecuencias del delito que cometió, exhortándolo a la enmienda y advirtiéndole que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere.
Suspensión, privación o inhabilitación de
derechos civiles o políticos
Art. 201. La ejecución de la sanción de suspensión, privación o inhabilitación de los derechos civiles o políticos estará sujeta a las particularidades que el propio órgano judicial dicte en su sentencia, de conformidad con la naturaleza de la sanción impuesta.
Cuando se trate de suspensión o privación del derecho a conducir vehículos de motor, el juez de ejecución lo notificará a la autoridad competente para que suspenda o cancele la licencia, o bien, niegue la expedición durante el plazo correspondiente.
En todos los casos, se remitirán junto con la notificación de la sentencia los datos necesarios para la efectiva ejecución de la sanción y se podrán recabar del sentenciado, o de las autoridades correspondientes, los informes que se estimen necesarios para verificar el cumplimiento de la suspensión, privación o inhabilitación.
Suspensión, destitución o inhabilitación de empleos o cargos públicos,
y suspensión o inhabilitación en el ejercicio de profesiones
Art. 202. Si se trata de suspensión, destitución o inhabilitación de funciones de un servidor público, el juez de ejecución notificará la resolución al titular de la dependencia o entidad del orden de gobierno correspondiente, a efecto de que materialmente ejecute la medida.
Si se trata de suspensión, destitución o inhabilitación para el ejercicio de una profesión, se notificará a la Secretaría de Educación, así como a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal, para los efectos conducentes.
En este caso se remitirán, junto con la notificación de la resolución, los datos necesarios para la efectiva ejecución de la sanción y se podrán recabar del sentenciado, o de las autoridades correspondientes, los informes que se estimen necesarios para verificar el cumplimiento de la sanción.
Publicación especial de sentencia
Art. 203. Una vez impuesta la sanción de publicación especial de sentencia por la autoridad jurisdiccional y determinado el o los medios de comunicación social en los cuales se publicará la sentencia total o parcialmente y demás características de la publicación, se notificará la sentencia al juez de ejecución para que este gire los oficios correspondientes para hacer efectiva la sanción.
Los gastos que se originen con tal motivo se harán por cuenta del sentenciado, del ofendido, si éste lo solicitare o del Estado, si la autoridad judicial lo estima necesario.
Del patronato de reinserción social por el empleo
Art. 204. Para la asistencia y atención de los internos, liberados y externados, la Dirección General se coordinará con el patronato, instituciones, públicas o privadas, que presten estos servicios, las que procurarán fortalecer la reinserción social, auxiliándolos para canalizarlos y ubicarlos en fuentes de trabajo donde puedan desarrollar sus aptitudes y orientando su tiempo libre a determinadas actividades de esparcimiento familiar, social y deportivo, entre otros.
Art. 205. El patronato tendrá a su cargo la asistencia moral y material de los externados, durante el cumplimiento de la condena y de aquellos que obtengan su libertad, mediante cualquiera de las formas previstas por esta Ley. Este patronato brindará asistencia no solo a los liberados, sino que además coadyuvará con la rehabilitación de los internos y preliberados.
Art. 206. El patronato tendrá como finalidad propiciar el proceso de reinserción social de los internos, preliberados y liberados, auxiliarlos en el mismo y prevenir la reincidencia.
Art. 207. El patronato podrá solicitar a las autoridades y a los directivos de organismos particulares, la colaboración adecuada y realizar toda clase de gestiones para la asistencia de los liberados; igualmente queda facultado para crear, organizar y administrar albergues, talleres, centros de adiestramiento laboral, agencias y otros establecimientos destinados a proporcionar asistencia a los liberados, en cualquiera de las poblaciones del Estado.
Art. 208. Las facultades, integración, funcionamiento, organización y administración del patronato se establecerán en el acuerdo gubernativo correspondiente.
Art. 209. La Dirección General coordinará las acciones de seguimiento y evaluación del patronato y coadyuvará al adecuado desempeño y cumplimiento del objeto de reinserción social de los liberados.
1. Sus disposiciones se aplicarán de manera integral en el distrito judicial de la capital; y
2. En el resto de los distrito judiciales, sus disposiciones se aplicarán en las fechas en que entre en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal en los términos del artículo segundo transitorio del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas.
Art. 2° Se abroga, conforme al artículo anterior, la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de Zacatecas contenida en el decreto número 27, publicado en el suplemento al número 55 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, de fecha 10 de julio de 1993.
Art. 3° Los procedimientos de ejecución de sentencia que se encuentren en trámite, al momento de entrar en vigor esta Ley, se continuarán ejecutando de conformidad con Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas del Estado de Zacatecas.
Art. 4° Las solicitudes de otorgamiento de beneficios de libertad anticipada que se encuentren en trámite en la Dirección de Prevención y Readaptación Social y pendientes de resolución a la entrada en vigor de esta Ley, serán resueltas por el Poder Ejecutivo aplicando la Ley más favorable al sentenciado.
Art. 5° Cuando otras disposiciones legales mencionen a la Dirección de Prevención y Readaptación Social se entenderán referidas a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.
Art. 6° Cuando otras disposiciones legales mencionen a los centros de readaptación social se entenderán referidas a los centros de reinserción social.
Art. 7° El Poder Ejecutivo ajustará los reglamentos interiores de los centros de reinserción social a las disposiciones de la presente Ley dentro de los ciento ochenta días naturales posteriores a la entrada en vigor de la misma.
Art. 8° Los consejos técnicos interdisciplinarios, dispondrán de 90 días naturales para la elaboración de su reglamento interno.
Art. 9° Constituido el patronato de reinserción social por el empleo dispondrá de 90 días naturales para la elaboración de su reglamento interior.
Art. 10. Dentro de los noventa días hábiles, posteriores al inicio de vigencia de este Decreto, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, deberá realizar las acciones necesarias a efecto de que los jueces de ejecución puedan conocer, substanciar y resolver los procedimientos previstos en este instrumento legislativo.
Art. 11. En tanto el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado realiza las acciones mencionadas en el artículo anterior, podrá habilitar a jueces de garantía y Tribunal de Juicio Oral, para conocer, substanciar y resolver los procedimientos previstos en este Decreto.
Art. 12. El Ejecutivo del Estado enviará a esta Legislatura, en el término de 15 días posteriores a la vigencia de este decreto, la ampliación presupuestal del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, que garantice la creación de los juzgados de ejecución de sentencias en los diferentes distritos judiciales.
Art. 13. Se derogan todas las disposiciones que contravengan esta Ley.
Dado en la sala de sesiones de la Honorable Sexagésima Legislatura del Estado, a los dieciséis días del mes de Junio del año dos mil once. Diputado presidente. Pablo Rodríguez Rodarte. Diputados secretarios. José Rodríguez Elías Acevedo y Jorge Luis García Vera. Rúbricas.
Dado en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los dieciséis días del mes de Junio del año dos mil once.
188 49 18-junio-2011 18-junio-2011 LX
Se reforman las fracciones V, VI y VII del artículo 128 y se reforma el párrafo segundo del artículo 202.

References: artículo 60
 artículo 18
 artículo 40
 artículo 12

Artículo 21

Artículo 18
 artículo 21

Artículo 133
 resolución 
 artículo 2
 artículo 40

Artículo 40

Artículo 12
 resolución 
 artículo 123
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 119
 resolución 
 resolución 
 artículo 119
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 128
 artículo 202