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Timestamp: 2019-04-19 05:19:16+00:00

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Anuario de Derecho Civil - Libros y Revistas
0210-301 X
Anuario fundado por don Federico de Castro y Bravo, se dirige tanto a estudiosos como a prácticos del Derecho. Contiene estudios monográficos sobre temas clásicos y de actualidad. Ofrece información sobre legislación y jurisprudencia comunitarias, bibliográfica (libros, revistas españolas y extranjeras) y jurisprudencial (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencias...) en estudios jurisprudenciales, comentarios y extractos de sentencias.
En este trabajo se analizan el régimen jurídico y los efectos derivados de la doble venta regulada en el artículo 1.473 del Código Civil. En particular se detiene en la controversia doctrinal y jurisprudencial sobre la aplicación del artículo 1.473 a la venta de cosa ajena, en el estudio de los criterios de preferencia para determinar el comprador que adquiere en los casos de doble venta y en los mecanismos de protección del comprador no preferido. Afronta por último la distinción de la doble venta de las enajenaciones judiciales de bienes no pertenecientes al deudor ejecutado dotadas de reglas específicas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En el presente artículo nos proponemos estudiar detenida y detalladamente el régimen jurídico aplicable en España al menor de edad en lo que a la prestación del consentimiento informado y el rechazo al tratamiento o intervención médico-sanitaria se refiere, realizando una comparativa entre la regulación sobre el particular antes y tras la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que confiere una nueva redacción al artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. La abordada en el presente trabajo constituye una de las cuestiones más problemáticas de las que plantea en la práctica la obtención del consentimiento informado por los profesionales sanitarios. Por esta razón, consideramos necesaria la exposición del régimen jurídico vigente en España y su comparación con el tratamiento conferido a dicho asunto en el common law inglés, con el fin de poder inferir de tal visión comparativa unas conclusiones que nos permitan mejorar el tratamiento jurídico que en nuestro país se confiere a la problemática examinada.
Ejercitada una acción colectiva de cesación de cláusula suelo (condición general) en préstamo hipotecario a interés variable celebrado con consumidores, en su S, 1.ª, P, 09.05.2013, el Tribunal Supremo aplicó un control de transparencia, independiente del control de incorporación, y declaró nulas las cláusula suelo de las que conoció. Fue una sentencia emblemática, que generó un gran debate entre nuestros autores. Entre otros extremos, el Tribunal Supremo consideró que la cláusula suelo formaba parte del objeto principal del contrato. Según el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal, si aquellas se redactaron de modo claro y comprensible. El legislador español no ha transpuesto expresamente dicho artículo 4.2 y este silencio legislativo, junto con otros datos, ha dado lugar a distintas interpretaciones del Derecho nacional. La primera temática del trabajo versa sobre el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE: su origen, cómo se ha entendido incorporado al Derecho español y con qué su alcance, la existencia de algunas propuestas jurídicas para su expresa incorporación al Derecho español, y la oportuna doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia. Con el rango de segunda temática, expongo las distintas tesis de los autores, y sus argumentos, acerca de cómo han de controlarse las cláusulas sobre los elementos esenciales (objeto principal) del contrato celebrado con condiciones generales, cuando no son transparentes. Aplicando el control de transparencia, distinto del de inclusión, el TS no actuó en el vacío, pues tuvo en cuenta a cierta doctrina. La tercera temática del trabajo consiste en exponer la jurisprudencia del Tribunal Supremo, desde la citada STS, 1.ª, P, 09.05.2013 hasta el año 2017, lo que permite percibir su evolución y pronunciamientos (cómo progresivamente y con una mayor nitidez perfila el control de transparencia, cómo entiende que incide la sentencia estimatoria de una acción colectiva en el posterior ejercicio de la acción individual del consumidor, la exigencia de la transparencia en las subrogación y novación del préstamo hipotecario). Como cuarta temática, demandada la regulación del control de transparencia, expongo, al respecto, una Proposición de ley del Grupo Parlamentario socialista de 2017, cuyas reglas no sorprenden a esas alturas del trabajo y, dado que el Tribunal Supremo se ha pronunciado, en diversas ocasiones, sobre el papel del notario en el cumplimiento de la exigencia de transparencia, expongo la oportuna regulación del Proyecto de Ley regulador de los contratos de crédito inmobiliario de 2017. Acabo el trabajo con unas conclusiones y consideraciones finales.
Las Jornadas Internacionales sobre Actualización del Derecho de Obligaciones y Contratos fueron celebradas en el claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia los pasados 31 de mayo y 1 de junio de 2018. En su marco, se han discutido importantes cuestiones inherentes a la modernización del Derecho de obligaciones y contratos a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la Propuesta de la Comisión General de Codificación, la Propuesta de la Asociación de Profesores de Derecho Civil y el Derecho comparado. Este trabajo expone la síntesis de las ponencias presentadas en las Jornadas.
El objeto del presente trabajo es abordar uno de los aspectos que conforman la posición jurídica de todo acreedor: poder defenderse ante los actos que su deudor haga en perjuicio de su solvencia (la solvencia del deudor). Históricamente, la conocida como acción pauliana (también denominada acción revocatoria) ha cumplido un papel esencial en este punto, y su enorme importancia, trascendencia e implicaciones tanto entre el deudor y el acreedor, como entre éste y los terceros subadquirentes, aunque no eran ignoradas por el codificador, tampoco tuvieron su reflejo en la regulación, muy insuficiente y sistemáticamente inadecuada como supuesto de rescisión. El punto de partida del estudio que aquí se presenta no es concebir la acción revocatoria por fraude de acreedores como una categoría de ineficacia de los contratos, sino como un elemento que configura la posición jurídica de todo acreedor. A partir de aquí, se deducen las consecuencias, presupuestos y naturaleza de la acción revocatoria, lo que permite reconstruir el espacio institucional y la lógica de esta figura, difuminada durante el proceso codificador, y para lo que es especialmente útil tomar como referencia al Derecho Romano y al Derecho Castellano.
En respuesta a la Directiva 2011/83/UE y en 2014, se incorporó al TRLGDCU el artículo 66 bis, cuyo apartado 2 regula la Nachfrist y la resolución, y excepciones. El objeto de este trabajo es su análisis directo, así como los de otros aspectos no expresamente contemplados en aquel. Más allá de la...
La respuesta del ordenamiento jurídico español y su complemento jurisprudencial al problema de los daños causados a particulares por inmisiones que hoy podríamos calificar de «medioambientales» no ha sido siempre homogénea. Es más, hasta cierto punto podría sostenerse que el muy notable y...
La regulación del error en los contratos del Código civil es antigua y parca, y no refleja la doctrina de los autores, ni su aplicación práctica por los tribunales, siendo conveniente su reforma. La cuestión es cómo hacerse. Para responderlo, en el trabajo se analizan diferentes modelos de regulació...
Análisis crítico sobre la inadecuada regulación del derecho de superficie contenida en la legislación urbanística española y su incompatibilidad con los principios del Derecho civil. Palabras clave Derecho de superficie; derechos reales; legislación de suelo; legislación de ordenación urbanística....

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 artículo 66