Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920412.html
Timestamp: 2019-11-20 02:47:50+00:00

Document:
as201920412
Auto Supremo: 412/2019
Expediente: B-21-18-S
Partes: Arminda Julio Franco, Elida Julio Franco y Gerardo Julio Franco. c/ Yaquelin Mafaile Julio, Wilber D. Taborga Mercado, Nidia Mercado Julio, Rosa Mercado Julio.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 290 a 294, presentado por Nidia Mercado Julio y Wilber Darío Taborga Mercado, impugnando el Auto de Vista Nº 163/2018 pronunciado el 22 de agosto, pronunciado por la Sala Civil Mixta Familia, Niñez, y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni de fs. 286 a 288, dentro del proceso ordinario de acción reivindicatoria y negatoria, seguido por Arminda Julio Franco, Elida Julio Franco y Gerardo Julio Franco contra Yaquelin Mafaile Julio, Wilber Darío Taborga Mercado, Nidia Mercado Julio, Rosa Mercado Julio; la respuesta de fs. 302 a 304; el Auto de concesión de 10 de octubre de fs. 306 y el Auto Supremo de Admisión Nº 1022/2018-RA de 30 de octubre cursante de fs. 311 a 312; los antecedentes del proceso; y:
Arminda, Elida y Gerardo todos de apellidos Julio Franco interpusieron demanda contra Yaquelin Mafaile Julio, Wilber D. Taborga Mercado, Nidia Mercado Julio y Rosa Mercado Julio de fs. 27 a 28 vta., sobre acción reivindicatoria y negatoria, tramitado así el proceso ordinario concluyó con la emisión de la Sentencia Nº 45/2018 de 27 de abril cursante de fs.225 a 228, dictada por el Juez Público, Civil y Comercial 1º de la ciudad de Trinidad del Departamento del Beni, que declaró IMPROBADA la demanda.
Contra la citada determinación los demandantes de fs. 240 a 247, interpusieron recurso de apelación, mereciendo el Auto de Vista de Nº 163/2018 de 22 de agosto, cursante de fs. 286 a 288, pronunciado por la Sala Civil Mixta, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que REVOCÓ la SENTENCIA, declarando probada la acción reivindicatoria y negatoria, disponiendo la entrega del bien inmueble a favor de los demandantes, determinación asumida en función a los siguientes fundamentos:
Que en la audiencia preliminar conforme consta del acta de fs. 141 a 142, la autoridad de primera instancia estableció que el objeto del proceso no es la declaratoria de herederos, ni el derecho sucesorio de los demandante, sino la acción reivindicatoria y negatoria, lo que guarda coherencia con las pretensiones de la demanda y contestación, concluyendo que el A quo obró fuera del marco de la congruencia al introducir el hecho del conflicto sucesorio no contenido en las postulaciones pretendidas y la actividad probatoria.
Resolución que fue impugnada de casación de fs. 290 a 294, que es objeto de análisis.
1. Acusa que el Auto de Vista incurrió en error de derecho, olvidando lo dispuesto en los arts. 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado y el art. 193 del CPC, que establecen como deber de los juzgadores otorgar una resolución eficaz que resuelva el conflicto entre partes, donde el juez pronuncie una resolución de fondo puesto que se trata de un conflicto de orden sucesorio donde debe establecerse y reconocerse a todos los herederos como tal.
2. Denuncia que los vocales del Beni incurrieron en un error de hecho, porque durante la presentación de pruebas surgieron hechos trascendentales que no debieron ser ignorados, como ser que los demandantes adquirieron su derecho propietario por sucesión, entonces al tratarse de una adquisición mortis causa y los vínculos sucesorios existentes bajo el principio de verdad material no se pueden obviar.
3. En el caso de autos, la demandante Arminda Julio Franco se declaró única heredera de los bienes de su madre, como si no existieran otros herederos, posterior a eso transfirió el bien a sus hermanos los otros co-demandantes, quedando los tres como copropietarios, y en realidad lo que se discute es una adquisición mortis causa, así lo reconoció la misma demandante (Arminda), y que ella saco los papeles solo a su nombre para salvarlo de la usucapión de los demandados
4. Que si bien el registro en DDRR es un acto de importancia a los efectos de la publicidad conforme el art. 1538 del CC, sin embargo este no otorga el derecho propietario o dicho de otro modo el dominio no se adquiere por la inscripción en el registro, sino por una de las formas establecidas en el art. 110 del CC., es decir que si bien lo actores figuran como titulares, no son los únicos propietarios, ya que reconocerlos como tal implica un desconocimiento al derecho que ostentan los demandados en su calidad de descendientes, a quienes solo les obsta o impide una situación administrativa.
5. Alude que la fundamentación vertida por el Tribunal de apelación referente al tema de debate, era inherente a la declaratoria de improcedencia de la excepción previa, incurriendo los vocales en un error de hecho al usarla como fundamento de su resolución, porque dentro de la tramitación de las pruebas surgieron hechos que no pueden ser ignorados, entre ellos que el demandante adquirió su derecho propietario por sucesión, por lo que se trata de una adquisición mortis causa, verdad material que no puede ser ignorada debiendo resolver la causa con probidad equidad, honestidad, legalidad y eficiencia, pues la sentencia deja claro que los demandados solo necesitan realizar un trámite administrativo para hacer valer sus derechos, estando vigente la posibilidad de una usucapión, situación que no fue considerada por los vocales.
6. Reclama que el Tribunal de alzada olvidó la vinculatoriedad de los Autos Supremos, los cuales constituyen jurisprudencia obligatoria, cita al efecto los Autos Supremos Nº 436/2017 y Nº 437/2017, debiendo tomar los nuevos lineamientos establecidos por el Tribunal Supremo.
7. Refiere que el Auto de Vista recurrido de manera arbitraria resolvió de forma ultra petita respecto a la declaración de daños y perjuicios, siendo que los demandantes y apelantes en ningún momento observaron este tema.
Que conforme al art. 270 a 274 de la Ley N° 439 el recurso presentado por los demandados, no reúne los requisitos exigibles para su procedencia solo citan las normas legales arts. 178.I y 180.I de la CPE, no describe el grado de vulneración o perjuicio, que le causa el Auto de Vista, no es claro al referirse indistintamente sobre hechos ya considerados, teniendo en cuenta que el recurso de casación es una etapa de puro derecho, por cuanto los recurrentes debieron exponer con claridad la normas que expresa el código sustantivito y adjetivo y como no fue considerado por el Tribunal de apelación.
En base a dichos fundamentos solicita declarar infundado el recurso de casación.
Al respecto el AS Nº 414/2014 de fecha 04 de agosto, señala: “...La doctrina, relativa a los derechos reales, al igual que la jurisprudencia dictada por la ex Corte Suprema de Justicia con la cual se comparte criterio, expusieron sobre la procedencia de la acción reivindicatoria indicando que ésta nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, se hubiese tenido la posesión o no, por lo cual, en varios Autos Supremos se estableció que para la procedencia de dicha acción el propietario demuestre su titularidad frente al que se encuentre en posesión de ella y éste no demuestre título que justifique su posesión que sea oponible al propietario, en ese sentido se estableció: “…que la acción reivindicatoria es aquella de la que puede hacer uso el propietario que no posee el bien inmueble frente al poseedor que no es propietario, incidimos en el tema recurriendo al Autor Puig Brutau citado por Néstor Jorge Musto que en su obra “Derechos Reales” señala –reivindicación- “es la acción que puede ejercitar el propietario, que no posee contra el poseedor que, frente al propietario, no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión”.(A.S. Nº 266/2013). Además, este Tribunal precisó que el derecho propietario por su naturaleza, conlleva la “posesión” emergente del derecho mismo, por lo que el propietario que pretende reivindicar no necesariamente debió estar en posesión corporal o natural del bien, en consideración que tiene la “posesión civil”, que está a su vez integrado por sus elementos “corpus” y “ánimus” asistiéndole consecuentemente el derecho de reivindicar…”.
Por otra parte en la doctrina aplicable contenida en el AS N° 207/2016 de fecha 11 de marzo, se ha expuesto en sentido que : “En cuanto al tema corresponde referir que doctrinariamente la reivindicación es -Aquella que tiene por objeto el ejercicio, por el propietario de una cosa, de los derechos dominiales, a efectos de obtener su devolución por un tercero que la detenta-, de esta definición, se puede extraer un punto esencial para su procedencia: Ser propietario, y a efectos de seguir desmembrando este punto es primordial señalar que significa propiedad, según EL DICCIONARIO DE DERECHO OMEBA TOMO III el término PROPIEDAD significa: “Facultad legitima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del arbitrio ajeno y reclamar su devolución cuando se encuentre indebidamente en poder de otro” y en el mismo sentido podemos expresar la doctrina expresada por CAPITANT, el cual sobre el tema expresa, que es el:” Derecho de usar, gozar y disponer de una cosa en forma exclusiva y absoluta”.
En suma, se puede expresar que el derecho de propiedad permite reivindicar la cosa de manos de un tercero, es decir el -IUS IN RE-, a efectos de ejercitar todos los derechos como se dijo el -IUS UTENDI, FUENDI ETE ABUTENDI-, y los cuales están enmarcados en el art. 105 del sustantivo de la materia, de lo que se concluye que la acción reivindicatoria y este Tribunal determinó en varios fallos que la reivindicación como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al: “propietario que ha perdido la posesión de una cosa" y que el derecho propietario, por su naturaleza, conlleva la "posesión" emergente del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debió estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que tiene la "posesión Civil" que está integrada en sus elementos "corpus y ánimus", quedando claro, que la acción de restitución o devolución de la propiedad de un tercero es imprescriptible y puede ser aplicada en cualquier momento, por el propietario”.
III.2 De la valoración de la prueba.
El art. 145 del Código Procesal Civil, bajo el nomen juris de “Valoración de la prueba”, establece: “I. La autoridad judicial al momento de pronunciar la resolución tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuales le ayudaron a formar convicción y cuales fueron desestimadas, fundamentando su criterio. II. Las pruebas se apreciarán en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la Ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta. III. En la valoración de los medios de prueba, la autoridad judicial, apreciará las mismas tomando en cuenta la realidad cultural en el medio probatorio”, acudiendo a la doctrina podemos citar José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental –Couture- llama “la prueba como convicción”, así también, Víctor De Santo, en su obra “LA PRUEBA JUDICIAL” (TEORÍA Y PRÁCTICA), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.
Principios que rigen en materia civil y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y art. 145 del Código Procesal Civil, dentro de los sistemas de valoración de la prueba conforme arroja la citada normativa procesal, permite el sistema de valoración probatoria de acuerdo a las reglas de la prueba tasada en los casos establecidos por ley, y en otros casos de acuerdo al sistema del prudente criterio o a las reglas de la sana critica, esta última regentada bajo las directrices de la lógica, ciencia y experiencia.
III.3 De los daños y perjuicios.
En cuanto al tema en el Auto Supremo Nº 87/2015 de fecha 1 de Julio, se ha expuesto que: “…Los DAÑOS PATRIMONIALES conforme a nuestra legislación vigente previsto en los arts. 344, 345 y 346 del Código Civil, procede por DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE, los mismos que vienen a constituir los comúnmente llamados “daños y perjuicios” cuya reparación responde a título de culpa o dolo (responsabilidad subjetiva) o simplemente por responsabilidad objetiva (riesgo creado) (…) el DAÑO EMERGENTE implica responder por las consecuencias directas e inmediatas que genera el hecho que ocasiona desmedro real, cierto y específico del patrimonio o por el dinero que se destina para atender las contingencias o efectos inmediatos que genera el hecho; sus efectos se dan al momento del hecho o inmediatamente de cometido el mismo, es decir responden al presente. En tanto que el LUCRO CESANTE responde por la privación de percepción de las ganancias o beneficios económicos o la falta de rendimiento en la productividad de las cosas que sufrirá el damnificado en lo posterior, es decir tiene su incidencia hacia el futuro, no siendo posible su aplicación hacia el pasado o con carácter retroactivo.” (El resaltado nos pertenece)
En ese marco la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0113/2012 de 27 de abril, refiere: “…tanto el daño emergente, como el lucro cesante, deben ser dilucidados en la vía ordinaria. Corresponderá pues, por lo expuesto, dilucidar cuál es el significado de daño emergente y lucro cesante: a) Daño emergente (pág. 6 Tom. III, D-E), según señala Cabanellas (1994), es la pérdida sobrevenida al acreedor por culpa u obra del deudor, al no cumplir la obligación, se traduce en la disminución del patrimonio; y b) Lucro cesante es (pág. 232 Tom. V, J-O), la ganancia o beneficio que se ha dejado de obtener por obra de otro, perjudicial para los propios intereses” (El resaltado nos pertenece)
III.4 Sobre la acumulación originaria de pretensiones en el Código Procesal Civil art. 114.
Antiguamente bajo una teoría clásica se consideraba que la relación jurídica procesal era unitaria, lo que suponía la intervención de dos partes (demandante y demandado), es decir que reconocía la presencia de una sola persona y una sola pretensión, sin embargo, dicha teoría ha sido superada de tal manera que en el derecho procesal contemporáneo se aprecian relaciones jurídicas más complejas en las que aparecen en cada una de las partes más de dos personas (como demandantes o como demandados) y más de una pretensión (múltiples demandas), emergiendo como consecuencia de ello la institución procesal de la acumulación.
A tal efecto en la doctrina encontramos autores como Mario Reggiardo Saavedra en su obra “APLICACIÓN PRACTICA DEL CODIGO PROCESAL CIVIL”, pág. 157, Hugo Alsina en su escrito “TRATADO TEORICO PRACTICO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL”, Tomo I, pág. 551, entre otros, que proponen una clasificación sobre la acumulación en; acumulación objetiva y acumulación subjetiva, en cuyo entendido respecto a la primera la describen como la pretensión propiamente dicha y en cuanto a la segunda hacen alusión a la integración de las personas en un proceso; en ese sentido, y a los efectos de la presente resolución centraremos nuestro análisis en torno a la acumulación objetiva, sobre la cual el profesor Adolfo Alvarado Vellos, refiere; “…es la reunión originaria o sucesiva, de distintas pretensiones que un sujeto tiene contemporáneamente frente a otro, realizada con la finalidad de que sean sustanciadas en un único procedimiento y decididas en la misma sentencia, para obtener con ello la mayor economía y celeridad procesal…1”, de dicha definición desprenden a su vez una clasificación de este instituto procesal, entendiendo así que la acumulación objetiva puede categorizarse en; originaria y sucesiva, la originaria radica en que en el contenido de la demanda se presentan más de una pretensión, y la sucesiva refiere que en forma posterior a la presentación a la demanda se amplían otras pretensiones.
Entonces, a partir del análisis expuesto podemos inferir que la disposición inmersa en el art. 114 de la Ley N° 439 (demanda con pretensión múltiple), se encuentra enmarcada en lo que la doctrina denomina “acumulación objetiva originaria de pretensiones”, en sentido de que dicha norma establece la permisión a los sujetos procesales (demandantes o demandados reconvencionistas) de interponer una demanda con una variedad de pretensiones, al respecto el Auto Supremo N° 248/2010 de 26 de julio, refiere: “…el sistema procesal civil boliviano, permite incorporar en una demanda todas las acciones o pretensiones que no sean contrarias entre sí, que obedezcan en su nacimiento a una misma causa y se encuentren vinculadas, de tal manera que, perteneciendo todas esas acciones a la competencia de un mismo órgano jurisdiccional pueda éste definir todas ellas en una sentencia única, válida, eficaz y que comprenda a todos los sujetos que estuviesen directa o indirectamente involucrados, de tal suerte que se evite multiplicidad de procesos para un mismo fin, debido a que, siendo posible, se aplique también el principio de concentración como el de economía y dirección…”, de lo que se tiene que la demanda con múltiples pretensiones para ser considerada como tal deberá cumplir con los siguientes requisitos; 1) que se traten de pretensiones de materias iguales, análogas o conexas; 2) que las pretensiones no sean contrarias entre sí, salvo el caso de que se proponga como alternativa de la otra; y 3) que todas puedan sustanciarse por el mismo procedimiento.
Empero para que estos presupuestos operen, el modo de postular las pretensiones es sumamente primordial, puesto que de ello dependerá el ejercicio del derecho de defensa del demandado así como el orden que seguirá el juez al momento de fundamentar y dictar la sentencia, ya que debe tomarse en cuenta que no todas las pretensiones reúnen las mismas característica, en tal sentido nuestro ordenamiento jurídico en el tema adjetivo civil, más propiamente lo dispuesto en el referido art. 114 Ley N° 439, se limita a establecer los presupuestos de una demanda con multiplicad de pretensiones, sin instituir los supuestos en los cuales puedan concurrir dicha multiplicidad, correspondiendo a este Máximo Tribunal de Justicia en aplicación de su función uniformadora instaurar estos supuestos y de esa manera aclarar la figura procesal propuesta por esta normativa.
En ese contexto, en base a los razonamientos expresados por los autores citados supra y a partir de lo desarrollado en la doctrina sobre el tema, podemos señalar que los presupuestos de referencia (numerales 1, 2 y 3 del art. 114), permiten asumir la concurrencia de una acumulación objetiva originaria de pretensiones, en los siguientes hipotéticos:
1) La acumulación de pretensiones principales, denominadas también autónomas o simples que se presenta cuando se plantean dos o más pretensiones que no sean contradictorias entre sí, de tal manera que pueden ser resueltas en la sentencia de manera independiente, sin que el fallo sobre una afecte al de las otras, pues no existe relación de jerarquía o dependencia entre ellas, por ejemplo, cuando alguien pretende que se cumplan dos prestaciones derivadas de un mismo contrato.
2) La acumulación de pretensiones subordinadas, que se dan cuando el demandante plantea una pretensión principal y otra (u otras) que es subordinada al resultado de la principal, pues ante el desamparo de una, conduce al Juez a pronunciarse respecto a la otra.
3) La acumulación de pretensiones alternativas, este tipo de acumulación existe cuando el demandante propone más de una pretensión con esa calificación de modo que, en el caso de que todas sean declaradas fundadas, el demandado tiene inicialmente la opción de elegir cuál cumplir en ejecución de sentencia y si el demandado no ejerce dicha facultad, será el demandante quien elija la pretensión a cumplirse.
4) La acumulación de pretensiones accesorias, que se presentan cuando el demandante propone una pretensión principal cuya suerte determina la de una pretensión accesoria que depende de aquella, de tal manera que si la principal es fundada, la accesoria lo es también, así como si la principal es infundada, la accesoria también lo es, es decir que la suerte de una determinaría automáticamente la suerte de la otra, no siendo esta clasificación restrictiva, puesto otras legislaciones con similar contenido plantean la acumulación de pretensiones condicionales, donde la acumulación se presenta cuando el demandante propone una pretensión como principal o condicional y otra como condicionada a la principal, lo que implica que solo en caso de que la pretensión principal sea declarada fundada, el juez pasará a resolver las condicionadas, pudiendo declarar éstas últimas como fundadas o infundadas.
Para mayor comprensión de lo manifestado, resulta pertinente acudir a la jurisprudencia desarrollada por este Máximo Tribunal de Justicia que, respecto a los referido supuestos en el Auto Supremo N° 642/2013 de 04 de diciembre, manifestó; “…La doctrina uniforme admite 4 clases o tipos de acumulación objetiva: la principal o simple; la alternativa; la subsidiaria o eventual propia; y la sucesiva o accesoria o eventual impropia. La acumulación principal o simple, llamada también autónoma o concurrente, es la que permite acumular varias pretensiones que deben ser resueltas todas ellas en la misma sentencia. La acumulación alternativa o electiva, es la que permite presentar varias pretensiones con la finalidad de que sólo sea acogida una de ellas, no pudiéndose acoger todas las pretensiones formuladas, ya que el opositor sólo tendrá que satisfacer una de ellas. La acumulación subsidiaria o eventual propia, llamada también subordinada, permite reunir varias pretensiones en esta forma de acumulación, en la que el actor reclama frente o contra el opositor una tutela jurídica en subsidio de otra que se ha formulado de forma preferente y excluyente. La acumulación accesoria o eventual impropia, llamada también sucesiva o consecuencial, en la cual concurren una pretensión principal, y el acogimiento de las otras pretensiones está supeditado o condicionado al acogimiento de la principal.
Entonces a partir de estos razonamientos, y a los efectos del presente caso, podemos asumir el art. 114 del Código Procesal Civil, dentro de la gama de supuestos que propone, reconoce la acumulación de pretensiones, en virtud de la cual al momento de postularse una demanda o acción reconvencional, los sujetos procesales pueden formular una multiplicidad de pretensiones, entendiendo que en este supuesto unas son principales, subordinadas, alternativas y otras accesorias, caso para el cual la autoridad judicial tiene que realizar el análisis correspondiente para establecer la categoría de cada una para su correspondiente despliegue en el proceso y análisis en la sentencia.
Del estudio del recurso de casación se denota que los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 confluyen en observar el fondo de la decisión asumida, es decir lo concerniente a la demanda de reivindicación, porque desde su óptica el Auto de Vista controvertido, incurrió en error de interpretación al no dictar un resolución eficaz, precisando que durante la sustanciación surgieron hechos trascendentales, los cuales no pueden ser ignorados, como ser que los demandantes adquirieron su derecho propietario por sucesión hereditaria, al tratarse de una adquisición mortis causa los vínculos sucesorios existentes bajo el principio de verdad material no pueden ser soslayados, pues en el caso concreto la demandante Arminda Julio Franco se hizo declarar única heredera de los bienes de su madre, como si no existieran otros herederos, posterior a esto la transferencia del bien fue a sus hermanos los otros co-demandantes, quedando los tres como copropietarios y lo que la verdad material acredita es una adquisición mortis causa, así lo reconoció la misma demandante (Arminda), en consecuencia no resultaría viable acoger la demanda de reivindicación, como se dijo a un principio todos los citados puntos están vinculados a observar el fondo de lo debatido, entonces por pedagogía jurídica-argumentativa y en correcta aplicación del principio de concentración corresponde generar un solo argumento jurídico, con la finalidad de evitar un dispendio reiterativo de fundamentos que harían complejo el entendimiento de la resolución a emitirse, máxime si todas las decisiones al estar dirigidas a los sujetos procesales como tal, deben contar con una argumentación jurídica que sea clara, entendible y de fácil asimilación para los justiciables.
Para que nuestra motivación fáctica resulte compresible es necesario sentar las bases de la demanda y la contestación, a ese fin de obrados se desprende que Arminda Julio Franco, Elida Julio Franco y Gerardo Julio Franco accionan demanda de reivindicación y negatoria, alegando ser propietarios de un bien inmueble ubicado en la Zona San Vicente, Manzano Nº 53, Calle Bolívar esquina Cobija, Lote Nº10, de 450 mts.2, inscrito en Derechos Reales bajo la matricula Nº 8.01.1.01.0018196 Asiento Nº 3, pero los demandados Yaquelin Mafaile julio, Wilber Taborga Mercado, Nidia Mercado Julio Rosa Mercado Lulio se encuentran asentados en el interior del inmueble y procedieron a levantar muros sin su autorización, por lo que solicita su desapoderamiento.
Nidia Mercado Julio en su calidad de demandada de fs. 101 a 105, opuso excepción de prescripción precisando que el art. 1029 del CC es claro al determinar que el plazo de aceptación de la herencia de forma pura y simple es de diez años, pero la cujus habría fallecido en 15 de mayo de 1984, es decir hace 33 años triplicando el tiempo para la aceptación habiendo prescrito su plazo. Paralelamente enfatiza que no es correcta la aseveración de la demanda en sentido que ingresó a vivir a ese terreno sin autorización, sino que lo compró a su tía Marcela Julio Franco y también compró la parte donde tiene asentada su vivienda su sobrino Wilber Taborga, en base a dichos fundamentos se contrapone a la demanda planteada.
En cuanto a la acción planteada, es decir la contenida en el art. 1453 del Código Civil, la abundante jurisprudencia y la doctrina han determinado que son tres los supuestos que hacen a la viabilidad de la acción reivindicatoria como ser: a) que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar; b) que esté privado o destituido de ésta por un tercero y c) que la cosa se halle plenamente identificada.
Al respecto debemos enfatizar que esta acción de carácter netamente real, tiene por objeto la defensa del derecho propietario y la respectiva posesión que emerge de ella, hallándose reservada para el propietario contra el poseedor sin título, o sea el poseedor ilegitimo debiendo ser entendido este como aquella persona que no tenga constituido un derecho real o personal que le permita el uso o retención del bien.
En el presente caso los demandantes acreditaron el cumplimiento de los citados requisitos, lo cual también ha sido afirmado por el juez de primera instancia quien después de un análisis profuso de los medios probatorios precisó – si se hiciera un análisis formal del proceso encontraríamos una historia oficial que dice que en DD.RR. los actores tiene registro su derecho propietario y que figuran como únicos propietarios. también encontraríamos en esta historia que los demandados están ocupando el inmueble objeto de litigio pero no tiene ningún título que respalde esa posesión- , criterio que igualmente ha sido asumido por el Tribunal revisor, quienes han revocado la sentencia y declarado probada la demanda, o sea que tanto el juez de primera y segunda instancia han confluido en un criterio armónico que radica en que se han visto cumplidos los requisitos plasmados en el art. 1453 del sustantivo de la materia.
Sin embargo y retomando el reclamo central de casación, los recurrentes demandados pretenden enervar la decisión de alzada -so pretexto- de existir un vínculo de consanguineidad al ser todos herederos de Mercedes Franco Hurtado quien era la anterior propietaria del bien en debate, lo cual a su criterio es una verdad material latente, que les permite adquirir el derecho propietario, entendimiento que a su criterio no ha sido correctamente compulsado por el juez de alzada.
Al respecto se debe enfatizar que si bien es evidente que de acuerdo a lo establecido en el art. 110 del citado código sustantivo de la materia que tiene su apoyo en el principio de legalidad existen las siguientes formas de adquirir el dominio: “La propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión, por efecto de los contratos, por sucesión mortis causa, por la posesión de buena fe y por los otros modos establecidos por la ley”, de la cual rescatamos por sucesión mortis causa, es decir por la apertura de la sucesión, debemos enfatizar que este modo de adquirir el dominio tiene como elementos esenciales que es -universal, gratuito y derivativo-, sin embargo la forma de la aceptación o renuncia de la herencia como tal, también se encuentra revestida por determinadas formalidades y características, pues no basta con la apertura de la sucesión, la vocación y la delación, sino que también debe existir una de las formas de aceptación a esa herencia que reconoce nuestro ordenamiento jurídico Civil (art. 1024 y 1025), pues una vez aceptada recién se genera un efecto retroactivo al momento de su apertura, es por tal motivo que de la aceptación emana las siguientes características; voluntaria, individual, personalísimo e irrevocable, en base a dichos parámetros este acto de aceptación de la herencia es netamente voluntario y nadie puede verse obligado a aceptarla, esto en doctrina es denominado el -derecho de opción-, criterio que también encuentra su respaldo en la jurisprudencia de este máximo Tribunal : “… en razón a que al ser la sucesión un derecho personalísimo, el derecho a declararse heredero es una acto personal, es decir, que ningún heredero está en la obligación de hacer declarar herederos a los demás, ya que resulta una decisión personal el declararse heredero o no… ”2, en la misma lógica podemos citar a Félix C. Paz Espinoza quien sobre el tema de la aceptación preciso: “la aceptación de la herencia es la declaración expresa o tácita que hace el heredero que es llamado a la herencia, por cuyo acto manifiesta su voluntad de suceder al de cujus en sus derechos y obligaciones que le competían; de donde la función jurídica de la aceptación consiste en la adhesión al llamamiento como consecuencia de la apertura de la sucesión. De este concepto resulta que la condición de heredero no se adquiere de forma automática al morir al causante, pues, es necesaria la aceptación por parte de la persona llamada a suceder3.” en aplicación a todos esos postulados concluimos que no resulta correcta la postura asimilada por el recurrente quien pretende dar por adquirido el derecho propietario por sucesión sin existir previamente una de las formas de aceptación para darse por operada esa forma de adquisición del derecho propietario plasmada en el citado art. 110 del CC, pues como dijimos ostenta la característica de ser netamente voluntaria y derivativa, en consecuencia al no existir alguna forma de aceptación conforme señalan los jueces de instancia y los mismos recurrentes, máxime si no se evidencia en ninguno de sus fundamentos que hubiese operado alguna de las formas de aceptación, corresponde rechazar su reclamo.
En cuanto al tópico 6, es decir a la vinculatoriedad de los Autos Supremos, los cuales constituyen jurisprudencia obligatoria, citando al efecto los Autos Supremos Nº 436/2017 y Nº 437/2017.
En materia de precedentes jurisprudenciales la manera correcta de su invocación debe ser en base a un precedente fáctico similar, es decir que los hechos en los cuales descansa el precedente jurisprudencia invocado deben encontrar analogía con el caso que se debate situación que ha de motivar que el precedente por el principio de universalidad sea vinculante al mismo Tribunal que la emitió, por su carácter horizontal, en el caso en cuestión el recurrente invoca los Autos Supremos N° 436/2017 y N° 437/2017, los cuales son inherentes a un caso de incumplimiento de obligación y resolución de contrato, es decir son acciones de carácter personal que tiene por fin observar el cumplimiento o no de las obligaciones, sin embargo en el caso de estudio nos encontramos frente a una acción de reivindicación que es de carácter netamente real, antecedentes que demuestran que no existe un cuadro de similitud con los citados precedentes, entonces al no existir analogía fáctica no corresponde ser entendidos o asimilados para el caso en cuestión como precedentes vinculantes de carácter horizontal, deviniendo en infundado su reclamo.
Por ultimo refiere que el Auto de Vista recurrido de manera arbitraria resolvió de forma ultra petita respecto a la declaración de daños y perjuicios, siendo que los demandantes y apelantes en ningún lugar de su apelación refieren ese tema.
Al respecto corresponde realizar algunas precisiones, conforme al criterio plasmado en la doctrina aplicable III.4 la doctrina moderna acepta la posibilidad de plantearse una gama de pretensiones, dejando de lado la teoría monista, es así que el art. 114 de la citada normativa procesal asume la posibilidad de una acumulación subjetiva de pretensiones, en los siguientes hipotéticos:
1) La acumulación de pretensiones principales, denominadas también autónomas o simples que se presenta cuando se plantean dos o más pretensiones que no sean contradictorias entre sí, de tal manera que pueden ser resueltas en la sentencia de manera independiente, sin que el fallo sobre una afecte a las otras, pues no existe relación de jerarquía o dependencia entre ellas, por ejemplo, cuando alguien pretende que se cumplan dos prestaciones derivadas de un mismo contrato.
2) La acumulación de pretensiones subordinadas, se dan cuando el demandante plantea una pretensión principal y otra (u otras) que es subordinada al resultado de la principal, pues ante el desamparo de una, conduce al juez a pronunciarse respecto a la otra.
4) La acumulación de pretensiones accesorias, que se presentan cuando el demandante propone una pretensión principal cuya suerte determina la de una pretensión accesoria que depende de aquella, de tal manera que si la principal es fundada, la accesoria lo es también, así como si la principal es infundada, la accesoria también lo es, es decir que la suerte de una determinaría automáticamente la suerte de la otra, no siendo esta clasificación restrictiva, puesto que otras legislaciones con similar contenido plantean la acumulación de pretensiones condicionales, donde la acumulación se presenta cuando el demandante propone una pretensión como principal o condicional y otra como condicionada a la principal, lo que implica que solo en caso de que la pretensión principal sea declarada fundada, el juez pasará a resolver las condicionadas, pudiendo declarar éstas últimas como fundadas o infundadas.
Teniendo como norte lo afirmado, en el presente caso la demanda de pago de daños y perjuicios no debe ser entendida como una de carácter accesorio, sino subordinada debido a que la viabilidad de la acción principal reivindicación y negatoria da pie y permite establecer el análisis y procedencia o no de la otra acción (pago de daños y perjuicios), siempre y cuando llegue a demostrarse, o sea acreditarse el daño emergente o afectación inmediata sufrida y el perjuicio o lucro que ha dejado de percibir como consecuencia de ese hecho.
Parámetros que no han sido demostrados en la causa, pues si bien en la demanda solicitan el pago de daños y perjuicios, no refiere ni precisa en que consiste cada una, asimismo dentro de elenco probatorio no existen medios objetivos que sustenten a esta pretensión subordinada, en consecuencia al no existir respaldo alguno que fundamente esta pretensión, habiendo incumplido con la carga de la prueba que le impone el ordenamiento jurídico civil, correspondiendo en consecuencia rechazar esta pretensión resultando correcta la acusación alegada únicamente en este punto.
Por las consideraciones realizadas corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme a lo previsto en el art. 220.IV del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.IV del Código Procesal Civil, CASA en parte el Auto de Vista Nº 163/2018 de 22 de agosto, por la Sala Civil Mixta Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni de fs. 286 a 288, deliberando en el fondo declara: 1) IMPROBADA la demanda de pago de daños y perjuicios y 2) Se mantiene incólume el resto de la determinación de asumida en segunda instancia.
Sin responsabilidad en los vocales suscriptores del Auto de Vista recurrido, por ser excusable el error en que incurrieron.
1 “INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO PROCESAL”, pág. 232
2AS 265/2017 de 09 de marzo.
3 Felix C. Paz Espinoza Derecho de sucesiones Mortis Causas.

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