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Normativa sobre Accesibilidad. Parte 1. Antecedentes – 100×100 Accesible
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Normativa sobre Accesibilidad. Parte 1. Antecedentes
Publicado en abril 20, 2015 by	Admin	en Accesibilidad Universal, Discapacidad, Normativa
Como queda claro en la legislación, la Accesibilidad, (entendida como una serie de características que debe reunir un entorno, objeto o servicio para ser utilizable en condiciones de seguridad, confort e igualdad) forma parte de los derechos fundamentales de todas las personas.
A la vez se constituye en una condición necesaria para el desarrollo de otros derechos, de manera libre y autónoma. Por poner un ejemplo, el derecho al voto se ve muy coartado si una parte de la población tiene serias dificultades para acceder a un colegio electoral.
Pero no siempre ha sido así
Para llegar a este reconocimiento, fue fundamental la inclusión de los principios de libertad y de igualdad en la Constitución Española de 1978, tanto como lo fue la presencia de la sociedad civil, a través de las asociaciones de personas con discapacidad, con un papel fundamental para promover, orientar y apoyar leyes que supusieron avances acordes al contexto socioeconómico vivido en cada momento.
Desde un inicio Accesibilidad y Discapacidad fueron dados de la mano. Así la primera vez que se tuvo en cuenta el concepto de Accesibilidad fue durante la celebración del Congreso Internacional para la Supresión de Barreras Arquitectónicas celebrado en Suiza en el año 1963, donde adquirió el estatus de objetivo prioritario de cara a lograr la plena integración de las personas con discapacidad.
A nivel nacional todas las iniciativas legislativas relacionadas con discapacidad iban relacionadas hasta 1975 con el ámbito laboral (la Ley de Accidentes de Trabajo data de 1900) o la protección social, (Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963).
La Ley General de Educación y Financiamiento de la reforma educativa de 1970 significó un avance en el tratamiento de la realidad de las personas discapacitadas y por extensión de sus familias y cuidadores. De manera indirecta iban haciéndose mas visibles las situaciones de discapacidad y con ello la necesidad de darles una respuesta más allá del ámbito familiar, promoviéndose desde la administración el acceso a la educación especial.
En 1978 se aprueba la Constitución Española, norma suprema del ordenamiento jurídico a la que se supeditarán todas las demás leyes. En su preámbulo la Constitución plantea una «nación que busca establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran»; más adelante en el articulado se erigirá como responsable de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.
Artículo 9.2.Constitución española
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.»
Estos principios de libertad e igualdad del individuo sustentarán el reconocimiento de la Accesibilidad Universal como derecho fundamental.
Por otro lado, en la Constitución de desarrolla (artículo 49) un ámbito de protección específica para personas con necesidades especiales.
Artículo 49.Constitución española
«Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.»
LISMI. 1982
La publicación en 1982 de la Ley de integración social de los minusválidos (LISMI) se vio favorecida por la presión del movimiento asociativo de personas con discapacidad. La LISMI desarrolla el Art. 49 de la Constitución y por primera vez da una visión del hecho de la discapacidad de una manera global intentando evitar situaciones discriminatorias en distintos ámbitos: económico, laboral, el familiar, cultural y de ocio, vivienda etc.
Por supuesto, ahora sí, aparecen en el articulado artículos específicos referidos a accesibilidad a entornos, tanto edificio como medio urbano.
Artículo 54. LISMI
Uno. La construcción ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o privada, destinados a un uso que implique la concurrencia de público, así como la planificación y urbanización de las vías públicas. parques y jardines de iguales características, se efectuará de forma tal que resulten accesibles y utilizables a los minusválidos.
Tres. A tal fin, las Administraciones Públicas competentes aprobarán las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas conteniendo las condiciones a que deberán ajustarse los proyectos, el catálogo de edificios a los que serán de aplicación las· mismas y el procedimiento de autorización. fiscalización y, en su caso, sanción.
Artículo 55. LISMI
Uno. Las instalaciones, edificios; calles, parques y Jardines existentes y cuya vida útil sea aún considerable, serán adaptados gradualmente de acuerdo con el orden de prioridades que reglamentariamente se determine, a las reglas y condiciones previstas en las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas a que se refiere e! artículo anterior.
Dos. A tal fin los Entes públicos habilitarán en sus presupuestos las consignaciones necesarias para la financiación de esas adaptaciones en los inmuebles que de ellos dependan.
Tres. Al mismo tiempo, fomentarán la adaptación de los inmuebles de titularidad privada, mediante el establecimiento de ayudas. exenciones y subvenciones. Cuatro. Además, las Administraciones urbanísticas deberán considerar, y en su caso incluir la necesidad de esas adaptaciones anticipadas, en los planes municipales de ordenación urbana que formulen o aprueben.
Artículo 56. LISMI
Artículo 57. LISMI
Uno. En· los proyectos de viviendas de protección oficial, viviendas sociales, se programará un mínimo del tres por ciento con las características constructivas suficientes para facilitar el acceso de los minusválidos, así como el desenvolvimiento normal de sus actividades motrices y su integración en el núcleo en que habiten.
Dos. La obligación establecida en el párrafo anterior alcanzará, igualmente, a los proyectos de viviendas’ de cualquier otro carácter que se construyan promuevan o subvencionen por las Administraciones Públicas y demás Entidades dependientes o vinculadas al sector público. Por las Administraciones Públicas competentes se dictarán las disposiciones reglamentarias para garantizar la instalación de ascensores con capacidad para transportar simultáneamente una silla de ruedas de tipo normalizado y una persona no minusválida.
Tres. Por las Administraciones Públicas se dictan las normas técnicas básicas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los dos apartados anteriores.
Cuatro. Cuando el proyecto se refiera a un conjunto de edificios e instalaciones que constituyan un complejo arquitectónico éste se proyectará y construirá en condiciones que permitan en todo caso la accesibilidad de los disminuidos a los diferentes inmuebles e instalaciones complementarias.
Artículo 58. LISMI
Uno. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores las normas técnicas básicas sobre edificación incluirán previsiones relativas a las condiciones mínimas que deberán reunir los edificios de cualquier tipo para’ permitir la accesibilidad de los minusválidos.
Dos. Todas estas normas deberán ser recogidas en la fase de redacción de los proyectos básicos .y de ejecución, denegándose los visados oficiales correspondientes, bien de Colegios Pr ofesionales o de Oficinas de Supervisión de los distintos Departamentos ministeriales, a aquellos que no las cumplan.
Uno de los aspectos mas destacados, y a medio plazo más discutidos, de la LISMI fue la transferencia efectiva de las competencias sobre accesibilidad y barreras arquitectónicas del Estado a las Comunidades Autónomas, situación que se prolongó durante una década.
La publicación de la LISMI fue complementada con otras normas como la 3/1990, que modifica la Ley de Propiedad Horizontal o la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos para facilitar la realización de trabajos que supusieran la supresión de barreras arquitectónicas.
LIUNDAU. 2003
Otro de los hitos fundamentales en el desarrollo normativo relacionado con accesibilidad es la aprobación de la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) de 2003. Recoge el planteamiento teórico-social sobre discapacidad promovido, entre otros desde la OMS y basándose en los principios de no discriminación, acción positiva y Accesibilidad Universal se plantea como objetivo “garantizar y reconocer el derecho de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social”
Artículo 1. LIONDAU
1. Esta ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución. A estos efectos, se entiende por igualdad de oportunidades la ausencia de discriminación, directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social.
Artículo 10. LIONDAU
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.
1. El Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, regulará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen unos mismos niveles de igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos con discapacidad. Dicha regulación será gradual en el tiempo y en el alcance y contenido de las obligaciones impuestas, y abarcará a todos los ámbitos y áreas de las enumeradas en el capítulo I.
2. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación establecerán, para cada ámbito o área, medidas concretas para prevenir o suprimir discriminaciones, y para compensar desventajas o dificultades. Se incluirán disposiciones sobre, al menos, los siguientes aspectos:
a) Exigencias de accesibilidad de los edificios y entornos, de los instrumentos, equipos y tecnologías, y de los bienes y productos utilizados en el sector o área. En particular, la supresión de barreras a las instalaciones y la adaptación de equipos e instrumentos.
La LIONDAU fue modificada por la Ley 26/2011 y finalmente derogada por el RD Legislativo 1/2013.
Ambas leyes continúan hoy vigentes junto al Documento Básico Seguridad de uso y Accesibilidad del Código Técnico de la Edificación y la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas.
Si te interesa saber un poco mas acerca de estas normas que actualmente están en vigor puedes visitar esta entrada sobre normativa vigente
Accesibilidad Universal (5)
Accesibilidad / Discapacidad. Cambio de modelo

References: Artículo 9

Artículo 49

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 1

Artículo 10