Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/517991-l-19-2013-de-9-dic-transparencia-acceso-a-la-informacion-publica-y-buen.html
Timestamp: 2016-09-29 01:37:39+00:00

Document:
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci�n p�blica y buen gobierno.
Publicado en BOE n�m. 295 de 10 de Diciembre de 2013
Vigencia desde 11 de Diciembre de 2013. Esta revisi�n vigente desde 22 de Diciembre de 2013
Vigente desde 11/Diciembre/2013 hasta 22/Diciembre/2013
Transparencia de la actividad p�blica
�mbito subjetivo de aplicaci�n
�Otros sujetos obligados
�Obligaci�n de suministrar informaci�n
�Informaci�n institucional, organizativa y de planificaci�n
�Informaci�n de relevancia jur�dica
�Informaci�n econ�mica, presupuestaria y estad�stica
�Portal de la Transparencia
�Principios t�cnicos
Derecho de acceso a la informaci�n p�blica
�Derecho de acceso a la informaci�n p�blica
�L�mites al derecho de acceso
�Protecci�n de datos personales
�Acceso parcial
Ejercicio del derecho de acceso a la informaci�n p�blica
�Solicitud de acceso a la informaci�n
�Causas de inadmisi�n
�Unidades de informaci�n
�Formalizaci�n del acceso
R�gimen de impugnaciones
�Reclamaci�n ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
�Principios de buen gobierno
�Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses
�Infracciones en materia de gesti�n econ�mico-presupuestaria
�Infracciones disciplinarias
�Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
�Comisi�n de Transparencia y Buen Gobierno
�Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
�Regulaciones especiales del derecho de acceso a la informaci�n p�blica
�Revisi�n y simplificaci�n normativa
�Corporaciones de Derecho P�blico
�Reclamaci�n
�Colaboraci�n con la Agencia Espa�ola de Protecci�n de Datos
�Informaci�n de la Casa de Su Majestad el Rey
�Modificaci�n de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulaci�n de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administraci�n General del Estado
�Modificaci�n de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
�Modificaci�n de la disposici�n adicional d�cima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado
�Modificaci�n de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci�n del blanqueo de capitales y de la financiaci�n del terrorismo
LO 9/2013 de 20 Dic. (control de la deuda comercial en el sector p�blico) Ocultar / Mostrar comentarios Letra f) del art�culo 28 redactada por la disposici�n final tercera de la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector p�blico (�B.O.E.� 21 diciembre).
Letra n) del art�culo 28 redactada por la disposici�n final tercera de la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector p�blico (�B.O.E.� 21 diciembre).
La entrada en vigor de esta ley se producir� de acuerdo con las siguientes reglas:
- Las disposiciones previstas en el t�tulo II entrar�n en vigor el d�a 11 de diciembre de 2013.
- El t�tulo preliminar, el t�tulo I y el t�tulo III entrar�n en vigor el d�a 10 de diciembre de 2014.
- Los �rganos de las Comunidades Aut�nomas y Entidades Locales dispondr�n de un plazo m�ximo de dos a�os para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley.
La transparencia, el acceso a la informaci�n p�blica y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acci�n pol�tica. S�lo cuando la acci�n de los responsables p�blicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer c�mo se toman las decisiones que les afectan, c�mo se manejan los fondos p�blicos o bajo qu� criterios act�an nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes p�blicos comienzan a responder a una sociedad que es cr�tica, exigente y que demanda participaci�n de los poderes p�blicos.
Los pa�ses con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones m�s fuertes, que favorecen el crecimiento econ�mico y el desarrollo social. En estos pa�ses, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con m�s criterio la capacidad de sus responsables p�blicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalizaci�n de la actividad p�blica se contribuye a la necesaria regeneraci�n democr�tica, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento econ�mico.
La presente Ley tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad p�blica –que se articula a trav�s de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades p�blicas–, reconoce y garantiza el acceso a la informaci�n –regulado como un derecho de amplio �mbito subjetivo y objetivo– y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables p�blicos as� como las consecuencias jur�dicas derivadas de su incumplimiento –lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia p�blica–.
En estas tres vertientes, la Ley supone un importante avance en la materia y establece unos est�ndares homologables al del resto de democracias consolidadas. En definitiva, constituye un paso fundamental y necesario que se ver� acompa�ado en el futuro con el impulso y adhesi�n por parte del Estado tanto a iniciativas multilaterales en este �mbito como con la firma de los instrumentos internacionales ya existentes en esta materia.
En el ordenamiento jur�dico espa�ol ya existen normas sectoriales que contienen obligaciones concretas de publicidad activa para determinados sujetos. As�, por ejemplo, en materia de contratos, subvenciones, presupuestos o actividades de altos cargos nuestro pa�s cuenta con un destacado nivel de transparencia. Sin embargo, esta regulaci�n resulta insuficiente en la actualidad y no satisface las exigencias sociales y pol�ticas del momento. Por ello, con esta Ley se avanza y se profundiza en la configuraci�n de obligaciones de publicidad activa que, se entiende, han de vincular a un amplio n�mero de sujetos entre los que se encuentran todas las Administraciones P�blicas, los �rganos del Poder Legislativo y Judicial en lo que se refiere a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, as� como otros �rganos constitucionales y estatutarios. Asimismo, la Ley se aplicar� a determinadas entidades que, por su especial relevancia p�blica, o por su condici�n de perceptores de fondos p�blicos, vendr�n obligados a reforzar la transparencia de su actividad.
La Ley ampl�a y refuerza las obligaciones de publicidad activa en distintos �mbitos. En materia de informaci�n institucional, organizativa y de planificaci�n exige a los sujetos comprendidos en su �mbito de aplicaci�n la publicaci�n de informaci�n relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les resulta de aplicaci�n y su estructura organizativa, adem�s de sus instrumentos de planificaci�n y la evaluaci�n de su grado de cumplimiento. En materia de informaci�n de relevancia jur�dica y que afecte directamente al �mbito de las relaciones entre la Administraci�n y los ciudadanos, la ley contiene un amplio repertorio de documentos que, al ser publicados, proporcionar�n una mayor seguridad jur�dica. Igualmente, en el �mbito de la informaci�n de relevancia econ�mica, presupuestaria y estad�stica, se establece un amplio cat�logo que debe ser accesible y entendible para los ciudadanos, dado su car�cter de instrumento �ptimo para el control de la gesti�n y utilizaci�n de los recursos p�blicos. Por �ltimo, se establece la obligaci�n de publicar toda la informaci�n que con mayor frecuencia sea objeto de una solicitud de acceso, de modo que las obligaciones de transparencia se cohonesten con los intereses de la ciudadan�a.
Para canalizar la publicaci�n de tan ingente cantidad de informaci�n y facilitar el cumplimiento de estas obligaciones de publicidad activa y, desde la perspectiva de que no se puede, por un lado, hablar de transparencia y, por otro, no poner los medios adecuados para facilitar el acceso a la informaci�n divulgada, la Ley contempla la creaci�n y desarrollo de un Portal de la Transparencia. Las nuevas tecnolog�as nos permiten hoy d�a desarrollar herramientas de extraordinaria utilidad para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley cuyo uso permita que, a trav�s de un �nico punto de acceso, el ciudadano pueda obtener toda la informaci�n disponible.
La Ley tambi�n regula el derecho de acceso a la informaci�n p�blica que, no obstante, ya ha sido desarrollado en otras disposiciones de nuestro ordenamiento. En efecto, partiendo de la previsi�n contenida en el art�culo 105.b) de nuestro texto constitucional, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, desarrolla en su art�culo 37 el derecho de los ciudadanos a acceder a los registros y documentos que se encuentren en los archivos administrativos. Pero esta regulaci�n adolece de una serie de deficiencias que han sido puestas de manifiesto de forma reiterada al no ser claro el objeto del derecho de acceso, al estar limitado a documentos contenidos en procedimientos administrativos ya terminados y al resultar su ejercicio extraordinariamente limitado en su articulaci�n pr�ctica.
Igualmente, pero con un alcance sectorial y derivado de sendas Directivas comunitarias, otras normas contemplan el acceso a la informaci�n p�blica. Es el caso de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci�n, de participaci�n p�blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilizaci�n de la informaci�n del sector p�blico, que regula el uso privado de documentos en poder de Administraciones y organismos del sector p�blico. Adem�s, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr�nico de los ciudadanos a los Servicios P�blicos, a la vez que reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administraci�n por medios electr�nicos, se sit�a en un camino en el que se avanza con esta Ley: la implantaci�n de una cultura de transparencia que impone la modernizaci�n de la Administraci�n, la reducci�n de cargas burocr�ticas y el empleo de los medios electr�nicos para la facilitar la participaci�n, la transparencia y el acceso a la informaci�n.
La Ley, por lo tanto, no parte de la nada ni colma un vac�o absoluto, sino que ahonda en lo ya conseguido, supliendo sus carencias, subsanando sus deficiencias y creando un marco jur�dico acorde con los tiempos y los intereses ciudadanos.
Desde la perspectiva del Derecho comparado, tanto la Uni�n Europea como la mayor�a de sus Estados miembros cuentan ya en sus ordenamientos jur�dicos con una legislaci�n espec�fica que regula la transparencia y el derecho de acceso a la informaci�n p�blica. Espa�a no pod�a permanecer por m�s tiempo al margen y, tomando como ejemplo los modelos que nos proporcionan los pa�ses de nuestro entorno, adopta esta nueva regulaci�n.
En lo que respecta a buen gobierno, la Ley supone un avance de extraordinaria importancia. Principios meramente program�ticos y sin fuerza jur�dica se incorporan a una norma con rango de ley y pasan a informar la interpretaci�n y aplicaci�n de un r�gimen sancionador al que se encuentran sujetos todos los responsables p�blicos entendidos en sentido amplio que, con independencia del Gobierno del que formen parte o de la Administraci�n en la que presten sus servicios y, precisamente por las funciones que realizan, deben ser un modelo de ejemplaridad en su conducta.
El t�tulo I de la Ley regula e incrementa la transparencia de la actividad de todos los sujetos que prestan servicios p�blicos o ejercen potestades administrativas mediante un conjunto de previsiones que se recogen en dos cap�tulos diferenciados y desde una doble perspectiva: la publicidad activa y el derecho de acceso a la informaci�n p�blica.
El �mbito subjetivo de aplicaci�n de este t�tulo, recogido en su cap�tulo I, es muy amplio e incluye a todas las Administraciones P�blicas, organismos aut�nomos, agencias estatales, entidades p�blicas empresariales y entidades de derecho p�blico, en la medida en que tengan atribuidas funciones de regulaci�n o control sobre un determinado sector o actividad, as� como a las entidades de Derecho P�blico con personalidad jur�dica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones P�blicas, incluidas las Universidades p�blicas. En relaci�n con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, la Ley se aplica tambi�n a las Corporaciones de Derecho P�blico, a la Casa de Su Majestad el Rey, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, as� como al Banco de Espa�a, Consejo de Estado, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas, al Consejo Econ�mico y Social y las instituciones auton�micas an�logas. Tambi�n se aplica a las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participaci�n directa o indirecta de las entidades mencionadas sea superior al cincuenta por ciento, a las fundaciones del sector p�blico y a las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades a las que se ha hecho referencia. Asimismo, se aplicar� a los partidos pol�ticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales y a todas las entidades privadas que perciban una determinada cantidad de ayudas o subvenciones p�blicas. Por �ltimo, las personas que presten servicios p�blicos o ejerzan potestades administrativas tambi�n est�n obligadas a suministrar a la Administraci�n a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la informaci�n necesaria para el cumplimiento por aqu�lla de las obligaciones de esta Ley. Esta obligaci�n es igualmente aplicable a los adjudicatarios de contratos del sector p�blico.
El cap�tulo II, dedicado a la publicidad activa, establece una serie de obligaciones para los sujetos incluidos en el �mbito de aplicaci�n del t�tulo I, que habr�n de difundir determinada informaci�n sin esperar una solicitud concreta de los administrados. En este punto se incluyen datos sobre informaci�n institucional, organizativa y de planificaci�n, de relevancia jur�dica y de naturaleza econ�mica, presupuestaria y estad�stica.
Para favorecer de forma decidida el acceso de todos a la informaci�n que se difunda se crear� el Portal de la Transparencia, que incluir�, adem�s de la informaci�n sobre la que existe una obligaci�n de publicidad activa, aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. El Portal ser� un punto de encuentro y de difusi�n, que muestra una nueva forma de entender el derecho de los ciudadanos a acceder a la informaci�n p�blica. Se prev� adem�s en este punto que la Administraci�n General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Aut�nomas y las entidades que integran la Administraci�n Local puedan adoptar medidas de colaboraci�n para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa.
El cap�tulo III configura de forma amplia el derecho de acceso a la informaci�n p�blica, del que son titulares todas las personas y que podr� ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud. Este derecho solamente se ver� limitado en aquellos casos en que as� sea necesario por la propia naturaleza de la informaci�n –derivado de lo dispuesto en la Constituci�n Espa�ola– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, los l�mites previstos se aplicar�n atendiendo a un test de da�o (del inter�s que se salvaguarda con el l�mite) y de inter�s p�blico en la divulgaci�n (que en el caso concreto no prevalezca el inter�s p�blico en la divulgaci�n de la informaci�n) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Asimismo, dado que el acceso a la informaci�n puede afectar de forma directa a la protecci�n de los datos personales, la Ley aclara la relaci�n entre ambos derechos estableciendo los mecanismos de equilibrio necesarios. As�, por un lado, en la medida en que la informaci�n afecte directamente a la organizaci�n o actividad p�blica del �rgano prevalecer� el acceso, mientras que, por otro, se protegen –como no puede ser de otra manera– los datos que la normativa califica como especialmente protegidos, para cuyo acceso se requerir�, con car�cter general, el consentimiento de su titular.
Con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la informaci�n p�blica la Ley establece un procedimiento �gil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creaci�n de unidades de informaci�n en la Administraci�n General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del �rgano ante el que deba presentarse la solicitud as� como del competente para la tramitaci�n.
En materia de impugnaciones se crea una reclamaci�n potestativa y previa a la v�a judicial de la que conocer� el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo de naturaleza independiente de nueva creaci�n, y que sustituye a los recursos administrativos.
El t�tulo II otorga rango de Ley a los principios �ticos y de actuaci�n que deben regir la labor de los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administraci�n del Estado, de las Comunidades Aut�nomas y de las Entidades Locales. Igualmente, se clarifica y refuerza el r�gimen sancionador que les resulta de aplicaci�n, en consonancia con la responsabilidad a la que est�n sujetos.
Este sistema busca que los ciudadanos cuenten con servidores p�blicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad. Para cumplir este objetivo, la Ley consagra un r�gimen sancionador estructurado en tres �mbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gesti�n econ�mico-presupuestaria y en el �mbito disciplinario. Adem�s, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En el �mbito econ�mico-presupuestario resulta destacable que se impondr�n sanciones a quienes comprometan gastos, liquiden obligaciones y ordenen pagos sin cr�dito suficiente para realizarlos o con infracci�n de lo dispuesto en la normativa presupuestaria, o no justifiquen la inversi�n de los fondos a los que se refieren la normativa presupuestaria equivalente. De esta manera se introduce un mecanismo de control fundamental que evitar� comportamientos irresponsables y que resultan inaceptables en un Estado de Derecho.
La comisi�n de las infracciones previstas dar� lugar a la imposici�n de sanciones como la destituci�n en los cargos p�blicos que ocupe el infractor, la no percepci�n de pensiones indemnizatorias, la obligaci�n de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligaci�n de indemnizar a la Hacienda P�blica. Debe se�alarse que estas sanciones se inspiran en las ya previstas en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de conflictos de intereses de miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administraci�n General del Estado.
Adem�s, se establece la previsi�n de que los autores de infracciones muy graves no puedan ser nombrados para ocupar determinados cargos p�blicos durante un periodo de entre 5 y 10 a�os.
El t�tulo III de la Ley crea y regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un �rgano independiente al que se le otorgan competencias de promoci�n de la cultura de transparencia en la actividad de la Administraci�n P�blica, de control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, as� como de garant�a del derecho de acceso a la informaci�n p�blica y de la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Se crea, por lo tanto, un �rgano de supervisi�n y control para garantizar la correcta aplicaci�n de la Ley.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se configura como un �rgano independiente, con plena capacidad jur�dica y de obrar y cuenta con una estructura sencilla que, a la vez que garantiza su especializaci�n y operatividad, evita crear grandes estructuras administrativas. La independencia y autonom�a en el ejercicio de sus funciones vendr� garantizada, asimismo, por el respaldo parlamentario con el que deber� contar el nombramiento de su Presidente.
Para respetar al m�ximo las competencias auton�micas, expresamente se prev� que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno s�lo tendr� competencias en aquellas Comunidades Aut�nomas con las que haya firmado Convenio al efecto, quedando, en otro caso, en manos del �rgano auton�mico que haya sido designado las competencias que a nivel estatal asume el Consejo.
Las disposiciones adicionales abordan diversas cuestiones como la aplicaci�n de regulaciones especiales del derecho de acceso, la revisi�n y simplificaci�n normativa –en el entendido de que tambi�n es un ejercicio de buen gobierno y una manifestaci�n m�s de la transparencia el clarificar la normativa que est� vigente y es de aplicaci�n– y la colaboraci�n entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Espa�ola de Protecci�n de Datos en la determinaci�n de criterios para la aplicaci�n de los preceptos de la ley en lo relativo a la protecci�n de datos personales.
Las disposiciones finales, entre otras cuestiones, modifican la regulaci�n del derecho de acceso a los archivos y registros administrativos contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ampl�an la publicidad de determinada informaci�n que figura en el Registro de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos de la Administraci�n General del Estado y la obligaci�n de publicidad prevista en el apartado 4 del art�culo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Por �ltimo, la Ley prev� una entrada en vigor escalonada atendiendo a las especiales circunstancias que conllevar� la aplicaci�n de sus diversas disposiciones.
El t�tulo preliminar, el t�tulo I y el t�tulo III entrar�n en vigor el 10 de diciembre de 2014, conforme establece la disposici�n final novena.
Objeto Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad p�blica, regular y garantizar el derecho de acceso a la informaci�n relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables p�blicos as� como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
T�TULO ITransparencia de la actividad p�blica
CAP�TULO I�mbito subjetivo de aplicaci�n
�mbito subjetivo de aplicaci�n 1. Las disposiciones de este t�tulo se aplicar�n a:
a) La Administraci�n General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administraci�n Local.
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social as� como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.
c) Los organismos aut�nomos, las Agencias Estatales, las entidades p�blicas empresariales y las entidades de Derecho P�blico que, con independencia funcional o con una especial autonom�a reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulaci�n o supervisi�n de car�cter externo sobre un determinado sector o actividad.
d) Las entidades de Derecho P�blico con personalidad jur�dica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones P�blicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades p�blicas.
e) Las corporaciones de Derecho P�blico, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, as� como el Banco de Espa�a, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Econ�mico y Social y las instituciones auton�micas an�logas, en relaci�n con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participaci�n, directa o indirecta, de las entidades previstas en este art�culo sea superior al 50 por 100.
h) Las fundaciones del sector p�blico previstas en la legislaci�n en materia de fundaciones.
i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en este art�culo. Se incluyen los �rganos de cooperaci�n previstos en el art�culo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, en la medida en que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposiciones de este t�tulo. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley ser�n llevadas a cabo por la Administraci�n que ostente la Secretar�a del �rgano de cooperaci�n.
2. A los efectos de lo previsto en este t�tulo, se entiende por Administraciones P�blicas los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior.
Otros sujetos obligados Las disposiciones del cap�tulo II de este t�tulo ser�n tambi�n aplicables a:
a) Los partidos pol�ticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.
b) Las entidades privadas que perciban durante el per�odo de un a�o ayudas o subvenciones p�blicas en una cuant�a superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan car�cter de ayuda o subvenci�n p�blica, siempre que alcancen como m�nimo la cantidad de 5.000 euros.
Obligaci�n de suministrar informaci�n Las personas f�sicas y jur�dicas distintas de las referidas en los art�culos anteriores que presten servicios p�blicos o ejerzan potestades administrativas estar�n obligadas a suministrar a la Administraci�n, organismo o entidad de las previstas en el art�culo 2.1a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la informaci�n necesaria para el cumplimiento por aqu�llos de las obligaciones previstas en este t�tulo. Esta obligaci�n se extender� a los adjudicatarios de contratos del sector p�blico en los t�rminos previstos en el respectivo contrato.
CAP�TULO IIPublicidad activa
Principios generales 1. Los sujetos enumerados en el art�culo 2.1 publicar�n de forma peri�dica y actualizada la informaci�n cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuaci�n p�blica.
2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este cap�tulo se entienden sin perjuicio de la aplicaci�n de la normativa auton�mica correspondiente o de otras disposiciones espec�ficas que prevean un r�gimen m�s amplio en materia de publicidad.
3. Ser�n de aplicaci�n, en su caso, los l�mites al derecho de acceso a la informaci�n p�blica previstos en el art�culo 14 y, especialmente, el derivado de la protecci�n de datos de car�cter personal, regulado en el art�culo 15. A este respecto, cuando la informaci�n contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad s�lo se llevar� a cabo previa disociaci�n de los mismos.
4. La informaci�n sujeta a las obligaciones de transparencia ser� publicada en las correspondientes sedes electr�nicas o p�ginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecer�n los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilizaci�n de la informaci�n publicada as� como su identificaci�n y localizaci�n.
Cuando se trate de entidades sin �nimo de lucro que persigan exclusivamente fines de inter�s social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley podr� realizarse utilizando los medios electr�nicos puestos a su disposici�n por la Administraci�n P�blica de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones p�blicas percibidas.
5. Toda la informaci�n ser� comprensible, de acceso f�cil y gratuito y estar� a disposici�n de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y dise�o para todos.
Informaci�n institucional, organizativa y de planificaci�n 1. Los sujetos comprendidos en el �mbito de aplicaci�n de este t�tulo publicar�n informaci�n relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicaci�n as� como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluir�n un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes �rganos y su perfil y trayectoria profesional.
2. Las Administraciones P�blicas publicar�n los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, as� como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecuci�n. Su grado de cumplimiento y resultados deber�n ser objeto de evaluaci�n y publicaci�n peri�dica junto con los indicadores de medida y valoraci�n, en la forma en que se determine por cada Administraci�n competente.
En el �mbito de la Administraci�n General del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluaci�n del cumplimiento de estos planes y programas.
Informaci�n de relevancia jur�dica Las Administraciones P�blicas, en el �mbito de sus competencias, publicar�n:
a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros �rganos en la medida en que supongan una interpretaci�n del Derecho o tengan efectos jur�dicos.
b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dict�menes a los �rganos consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ning�n dictamen la publicaci�n se realizar� en el momento de su aprobaci�n.
c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dict�menes, la publicaci�n se producir� una vez que estos hayan sido solicitados a los �rganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un tr�mite de audiencia p�blica.
d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboraci�n de los textos normativos, en particular, la memoria del an�lisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio.
e) Los documentos que, conforme a la legislaci�n sectorial vigente, deban ser sometidos a un per�odo de informaci�n p�blica durante su tramitaci�n.
Informaci�n econ�mica, presupuestaria y estad�stica 1. Los sujetos incluidos en el �mbito de aplicaci�n de este t�tulo deber�n hacer p�blica, como m�nimo, la informaci�n relativa a los actos de gesti�n administrativa con repercusi�n econ�mica o presupuestaria que se indican a continuaci�n:
a) Todos los contratos, con indicaci�n del objeto, duraci�n, el importe de licitaci�n y de adjudicaci�n, el procedimiento utilizado para su celebraci�n, los instrumentos a trav�s de los que, en su caso, se ha publicitado, el n�mero de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, as� como las modificaciones del contrato. Igualmente ser�n objeto de publicaci�n las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicaci�n de la informaci�n relativa a los contratos menores podr� realizarse trimestralmente.Asimismo, se publicar�n datos estad�sticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a trav�s de cada uno de los procedimientos previstos en la legislaci�n de contratos del sector p�blico.
b) La relaci�n de los convenios suscritos, con menci�n de las partes firmantes, su objeto, plazo de duraci�n, modificaciones realizadas, obligados a la realizaci�n de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones econ�micas convenidas. Igualmente, se publicar�n las encomiendas de gesti�n que se firmen, con indicaci�n de su objeto, presupuesto, duraci�n, obligaciones econ�micas y las subcontrataciones que se realicen con menci�n de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicaci�n e importe de la misma.
c) Las subvenciones y ayudas p�blicas concedidas con indicaci�n de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
d) Los presupuestos, con descripci�n de las principales partidas presupuestarias e informaci�n actualizada y comprensible sobre su estado de ejecuci�n y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones P�blicas.
e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditor�a de cuentas y de fiscalizaci�n por parte de los �rganos de control externo que sobre ellos se emitan.
f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y m�ximos responsables de las entidades incluidas en el �mbito de la aplicaci�n de este t�tulo. Igualmente, se har�n p�blicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasi�n del abandono del cargo.
g) Las resoluciones de autorizaci�n o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados p�blicos as� como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administraci�n General del Estado o asimilados seg�n la normativa auton�mica o local.
h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los t�rminos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R�gimen Local. Cuando el reglamento no fije los t�rminos en que han de hacerse p�blicas estas declaraciones se aplicar� lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el �mbito de la Administraci�n General del Estado. En todo caso, se omitir�n los datos relativos a la localizaci�n concreta de los bienes inmuebles y se garantizar� la privacidad y seguridad de sus titulares.
i) La informaci�n estad�stica necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios p�blicos que sean de su competencia, en los t�rminos que defina cada administraci�n competente.
2. Los sujetos mencionados en el art�culo 3 deber�n publicar la informaci�n a la que se refieren las letras a) y b) del apartado primero de este art�culo cuando se trate de contratos o convenios celebrados con una Administraci�n P�blica. Asimismo, habr�n de publicar la informaci�n prevista en la letra c) en relaci�n a las subvenciones que reciban cuando el �rgano concedente sea una Administraci�n P�blica.
3. Las Administraciones P�blicas publicar�n la relaci�n de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten alg�n derecho real.
Control 1. El cumplimiento por la Administraci�n General del Estado de las obligaciones contenidas en este cap�tulo ser� objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
2. En ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podr� dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan.
3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este cap�tulo tendr� la consideraci�n de infracci�n grave a los efectos de aplicaci�n a sus responsables del r�gimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
Portal de la Transparencia 1. La Administraci�n General del Estado desarrollar� un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitar� el acceso de los ciudadanos a toda la informaci�n a la que se refieren los art�culos anteriores relativa a su �mbito de actuaci�n.
2. El Portal de la Transparencia incluir�, en los t�rminos que se establezcan reglamentariamente, la informaci�n de la Administraci�n General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.
3. La Administraci�n General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Aut�nomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administraci�n Local podr�n adoptar otras medidas complementarias y de colaboraci�n para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en este cap�tulo.
Principios t�cnicos El Portal de la Transparencia contendr� informaci�n publicada de acuerdo con las prescripciones t�cnicas que se establezcan reglamentariamente que deber�n adecuarse a los siguientes principios:
a) Accesibilidad: se proporcionar� informaci�n estructurada sobre los documentos y recursos de informaci�n con vistas a facilitar la identificaci�n y b�squeda de la informaci�n.
b) Interoperabilidad: la informaci�n publicada ser� conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, as� como a las normas t�cnicas de interoperabilidad.
c) Reutilizaci�n: se fomentar� que la informaci�n sea publicada en formatos que permita su reutilizaci�n, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilizaci�n de la informaci�n del sector p�blico y en su normativa de desarrollo.
CAP�TULO IIIDerecho de acceso a la informaci�n p�blica
Secci�n 1R�gimen general
Derecho de acceso a la informaci�n p�blica Todas las personas tienen derecho a acceder a la informaci�n p�blica, en los t�rminos previstos en el art�culo 105.b) de la Constituci�n Espa�ola, desarrollados por esta Ley.
Asimismo, y en el �mbito de sus respectivas competencias, ser� de aplicaci�n la correspondiente normativa auton�mica.
Informaci�n p�blica Se entiende por informaci�n p�blica los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el �mbito de aplicaci�n de este t�tulo y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
L�mites al derecho de acceso 1. El derecho de acceso podr� ser limitado cuando acceder a la informaci�n suponga un perjuicio para:
d) La seguridad p�blica.
e) La prevenci�n, investigaci�n y sanci�n de los il�citos penales, administrativos o disciplinarios.
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspecci�n y control.
h) Los intereses econ�micos y comerciales.
i) La pol�tica econ�mica y monetaria.
k) La garant�a de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisi�n.
l) La protecci�n del medio ambiente.
2. La aplicaci�n de los l�mites ser� justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protecci�n y atender� a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un inter�s p�blico o privado superior que justifique el acceso.
3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la secci�n 2.� se dicten en aplicaci�n de este art�culo ser�n objeto de publicidad previa disociaci�n de los datos de car�cter personal que contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del art�culo 20, una vez hayan sido notificadas a los interesados.
Protecci�n de datos personales 1. Si la informaci�n solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 2 del art�culo 7 de la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal, el acceso �nicamente se podr� autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente p�blicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.
Si la informaci�n incluyese datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 3 del art�culo 7 de la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, o datos relativos a la comisi�n de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestaci�n p�blica al infractor, el acceso s�lo se podr� autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aqu�l estuviera amparado por una norma con rango de Ley.
2. Con car�cter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protecci�n de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el inter�s p�blico en la divulgaci�n que lo impida, se conceder� el acceso a informaci�n que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organizaci�n, funcionamiento o actividad p�blica del �rgano.
3. Cuando la informaci�n solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el �rgano al que se dirija la solicitud conceder� el acceso previa ponderaci�n suficientemente razonada del inter�s p�blico en la divulgaci�n de la informaci�n y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la informaci�n solicitada, en particular su derecho fundamental a la protecci�n de datos de car�cter personal.
Para la realizaci�n de la citada ponderaci�n, dicho �rgano tomar� particularmente en consideraci�n los siguientes criterios:
a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el art�culo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist�rico Espa�ol.
b) La justificaci�n por los solicitantes de su petici�n en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condici�n de investigadores y motiven el acceso en fines hist�ricos, cient�ficos o estad�sticos.
c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos �nicamente contuviesen datos de car�cter meramente identificativo de aqu�llos.
d) La mayor garant�a de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.
4. No ser� aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efect�a previa disociaci�n de los datos de car�cter personal de modo que se impida la identificaci�n de las personas afectadas.
5. La normativa de protecci�n de datos personales ser� de aplicaci�n al tratamiento posterior de los obtenidos a trav�s del ejercicio del derecho de acceso.
Acceso parcial En los casos en que la aplicaci�n de alguno de los l�mites previstos en el art�culo 14 no afecte a la totalidad de la informaci�n, se conceder� el acceso parcial previa omisi�n de la informaci�n afectada por el l�mite salvo que de ello resulte una informaci�n distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deber� indicarse al solicitante que parte de la informaci�n ha sido omitida.
Secci�n 2Ejercicio del derecho de acceso a la informaci�n p�blica
Solicitud de acceso a la informaci�n 1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciar� con la presentaci�n de la correspondiente solicitud, que deber� dirigirse al titular del �rgano administrativo o entidad que posea la informaci�n. Cuando se trate de informaci�n en posesi�n de personas f�sicas o jur�dicas que presten servicios p�blicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigir� a la Administraci�n, organismo o entidad de las previstas en el art�culo 2.1 a las que se encuentren vinculadas.
2. La solicitud podr� presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de:
b) La informaci�n que se solicita.
c) Una direcci�n de contacto, preferentemente electr�nica, a efectos de comunicaciones.
d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la informaci�n solicitada.
3. El solicitante no est� obligado a motivar su solicitud de acceso a la informaci�n. Sin embargo, podr� exponer los motivos por los que solicita la informaci�n y que podr�n ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resoluci�n. No obstante, la ausencia de motivaci�n no ser� por si sola causa de rechazo de la solicitud.
4. Los solicitantes de informaci�n podr�n dirigirse a las Administraciones P�blicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administraci�n en cuesti�n.
Causas de inadmisi�n 1. Se inadmitir�n a tr�mite, mediante resoluci�n motivada, las solicitudes:
a) Que se refieran a informaci�n que est� en curso de elaboraci�n o de publicaci�n general.
b) Referidas a informaci�n que tenga car�cter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, res�menes, comunicaciones e informes internos o entre �rganos o entidades administrativas.
c) Relativas a informaci�n para cuya divulgaci�n sea necesaria una acci�n previa de reelaboraci�n.
d) Dirigidas a un �rgano en cuyo poder no obre la informaci�n cuando se desconozca el competente.
e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un car�cter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.
2. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el �rgano que acuerde la inadmisi�n deber� indicar en la resoluci�n el �rgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud.
Tramitaci�n 1. Si la solicitud se refiere a informaci�n que no obre en poder del sujeto al que se dirige, �ste la remitir� al competente, si lo conociera, e informar� de esta circunstancia al solicitante.
2. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la informaci�n, se pedir� al solicitante que la concrete en un plazo de diez d�as, con indicaci�n de que, en caso de no hacerlo, se le tendr� por desistido, as� como de la suspensi�n del plazo para dictar resoluci�n.
3. Si la informaci�n solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les conceder� un plazo de quince d�as para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deber� ser informado de esta circunstancia, as� como de la suspensi�n del plazo para dictar resoluci�n hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentaci�n.
4. Cuando la informaci�n objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitir� la solicitud a �ste para que decida sobre el acceso.
Resoluci�n 1. La resoluci�n en la que se conceda o deniegue el acceso deber� notificarse al solicitante y a los terceros afectados que as� lo hayan solicitado en el plazo m�ximo de un mes desde la recepci�n de la solicitud por el �rgano competente para resolver.
Este plazo podr� ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la informaci�n que se solicita as� lo hagan necesario y previa notificaci�n al solicitante.
2. Ser�n motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a trav�s de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposici�n de un tercero. En este �ltimo supuesto, se indicar� expresamente al interesado que el acceso s�lo tendr� lugar cuando haya transcurrido el plazo del art�culo 22.2.
3. Cuando la mera indicaci�n de la existencia o no de la informaci�n supusiera la vulneraci�n de alguno de los l�mites al acceso se indicar� esta circunstancia al desestimarse la solicitud.
4. Transcurrido el plazo m�ximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resoluci�n expresa se entender� que la solicitud ha sido desestimada.
5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la informaci�n p�blica son recurribles directamente ante la Jurisdicci�n Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposici�n de la reclamaci�n potestativa prevista en el art�culo 24.
6. El incumplimiento reiterado de la obligaci�n de resolver en plazo tendr� la consideraci�n de infracci�n grave a los efectos de la aplicaci�n a sus responsables del r�gimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
Unidades de informaci�n 1. Las Administraciones P�blicas incluidas en el �mbito de aplicaci�n de este t�tulo establecer�n sistemas para integrar la gesti�n de solicitudes de informaci�n de los ciudadanos en el funcionamiento de su organizaci�n interna.
V�ase el Acuerdo de 18 de noviembre de 2014, de la Comisi�n Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el protocolo de integraci�n en la organizaci�n interna del Consejo General del Poder Judicial de la gesti�n de solicitudes de informaci�n de los ciudadanos a que se refiere el art�culo 21.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci�n p�blica y buen gobierno y se delegan competencias (�B.O.E.� 9 diciembre).
2. En el �mbito de la Administraci�n General del Estado, existir�n unidades especializadas que tendr�n las siguientes funciones:
a) Recabar y difundir la informaci�n a la que se refiere el cap�tulo II del t�tulo I de esta Ley.
b) Recibir y dar tramitaci�n a las solicitudes de acceso a la informaci�n.
c) Realizar los tr�mites internos necesarios para dar acceso a la informaci�n solicitada.
d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitaci�n de las solicitudes de acceso a la informaci�n.
e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la informaci�n.
f) Asegurar la disponibilidad en la respectiva p�gina web o sede electr�nica de la informaci�n cuyo acceso se solicita con m�s frecuencia.
g) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de informaci�n que obre en poder del �rgano.
h) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicaci�n de las disposiciones de esta Ley.
3. El resto de las entidades incluidas en el �mbito de aplicaci�n de este t�tulo identificar�n claramente el �rgano competente para conocer de las solicitudes de acceso.
Formalizaci�n del acceso 1. El acceso a la informaci�n se realizar� preferentemente por v�a electr�nica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya se�alado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificaci�n de la resoluci�n deber� otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez d�as.
2. Si ha existido oposici�n de tercero, el acceso s�lo tendr� lugar cuando, habi�ndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la informaci�n.
3. Si la informaci�n ya ha sido publicada, la resoluci�n podr� limitarse a indicar al solicitante c�mo puede acceder a ella.
4. El acceso a la informaci�n ser� gratuito. No obstante, la expedici�n de copias o la trasposici�n de la informaci�n a un formato diferente al original podr� dar lugar a la exigencia de exacciones en los t�rminos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios P�blicos, o, en su caso, conforme a la normativa auton�mica o local que resulte aplicable.
Secci�n 3R�gimen de impugnaciones
Recursos 1. La reclamaci�n prevista en el art�culo siguiente tendr� la consideraci�n de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, contra las resoluciones dictadas por los �rganos previstos en el art�culo 2.1.f) s�lo cabr� la interposici�n de recurso contencioso-administrativo.
Reclamaci�n ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 1. Frente a toda resoluci�n expresa o presunta en materia de acceso podr� interponerse una reclamaci�n ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con car�cter potestativo y previo a su impugnaci�n en v�a contencioso-administrativa.
2. La reclamaci�n se interpondr� en el plazo de un mes a contar desde el d�a siguiente al de la notificaci�n del acto impugnado o desde el d�a siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
3. La tramitaci�n de la reclamaci�n se ajustar� a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
Cuando la denegaci�n del acceso a la informaci�n se fundamente en la protecci�n de derechos o intereses de terceros se otorgar�, previamente a la resoluci�n de la reclamaci�n, tr�mite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.
4. El plazo m�ximo para resolver y notificar la resoluci�n ser� de tres meses, transcurrido el cual, la reclamaci�n se entender� desestimada.
5. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicar�n, previa disociaci�n de los datos de car�cter personal que contuvieran, por medios electr�nicos y en los t�rminos en que se establezca reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados.
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicar� al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicaci�n de este art�culo.
6. La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponder� al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Aut�nomas atribuyan dicha competencia a un �rgano espec�fico, de acuerdo con lo establecido en la disposici�n adicional cuarta de esta Ley.
T�TULO IIBuen gobierno
Las disposiciones previstas en el t�tulo II entrar�n en vigor el d�a 11 de diciembre de 2013, conforme establece la disposici�n final novena.
�mbito de aplicaci�n 1. En el �mbito de la Administraci�n General del Estado las disposiciones de este t�tulo se aplicar�n a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administraci�n General del Estado y de las entidades del sector p�blico estatal, de Derecho p�blico o privado, vinculadas o dependientes de aquella.
A estos efectos, se considerar�n altos cargos los que tengan tal consideraci�n en aplicaci�n de la normativa en materia de conflictos de intereses.
2. Este t�tulo ser� de aplicaci�n a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa auton�mica o local que sea de aplicaci�n, tengan tal consideraci�n, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.
3. La aplicaci�n a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las disposiciones contenidas en este t�tulo no afectar�, en ning�n caso, a la condici�n de cargo electo que pudieran ostentar.
Principios de buen gobierno 1. Las personas comprendidas en el �mbito de aplicaci�n de este t�tulo observar�n en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constituci�n Espa�ola y en el resto del ordenamiento jur�dico y promover�n el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades p�blicas.
2. Asimismo, adecuar�n su actividad a los siguientes:
1.� Actuar�n con transparencia en la gesti�n de los asuntos p�blicos, de acuerdo con los principios de eficacia, econom�a y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el inter�s general.
2.� Ejercer�n sus funciones con dedicaci�n al servicio p�blico, absteni�ndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios.
3.� Respetar�n el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo inter�s particular.
4.� Asegurar�n un trato igual y sin discriminaciones de ning�n tipo en el ejercicio de sus funciones.
5.� Actuar�n con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentar�n la calidad en la prestaci�n de servicios p�blicos.
6.� Mantendr�n una conducta digna y tratar�n a los ciudadanos con esmerada correcci�n.
7.� Asumir�n la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.
b) Principios de actuaci�n:
1.� Desempe�ar�n su actividad con plena dedicaci�n y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses.
2.� Guardar�n la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasi�n del ejercicio de sus competencias.
3.� Pondr�n en conocimiento de los �rganos competentes cualquier actuaci�n irregular de la cual tengan conocimiento.
4.� Ejercer�n los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados y evitar�n toda acci�n que pueda poner en riesgo el inter�s p�blico o el patrimonio de las Administraciones.
5.� No se implicar�n en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendr�n de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.
6.� No aceptar�n para s� regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortes�a, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se proceder� a su incorporaci�n al patrimonio de la Administraci�n P�blica correspondiente.
7.� Desempe�ar�n sus funciones con transparencia.
8.� Gestionar�n, proteger�n y conservar�n adecuadamente los recursos p�blicos, que no podr�n ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicaci�n.
9.� No se valdr�n de su posici�n en la Administraci�n para obtener ventajas personales o materiales.
3. Los principios establecidos en este art�culo informar�n la interpretaci�n y aplicaci�n del r�gimen sancionador regulado en este t�tulo.
Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el �mbito de este t�tulo ser� sancionado de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administraci�n General del Estado y para el resto de Administraciones de acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicaci�n.
Infracciones en materia de gesti�n econ�mico-presupuestaria Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean culpables:
a) La incursi�n en alcance en la administraci�n de los fondos p�blicos cuando la conducta no sea subsumible en ninguno de los tipos que se contemplan en las letras siguientes.
b) La administraci�n de los recursos y dem�s derechos de la Hacienda P�blica sin sujeci�n a las disposiciones que regulan su liquidaci�n, recaudaci�n o ingreso en el Tesoro.
c) Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenaci�n de pagos sin cr�dito suficiente para realizarlos o con infracci�n de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en la de Presupuestos u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.
d) La omisi�n del tr�mite de intervenci�n previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando �sta resulte preceptiva o del procedimiento de resoluci�n de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervenci�n, regulado en la normativa presupuestaria.
e) La ausencia de justificaci�n de la inversi�n de los fondos a los que se refieren los art�culos 78 y 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, la normativa presupuestaria equivalente de las administraciones distintas de la General del Estado.
f) El incumplimiento de la obligaci�n de destinar �ntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el presupuesto a la reducci�n del nivel de deuda p�blica de conformidad con lo previsto en el art�culo 12.5 de la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
y el incumplimiento de la obligaci�n del destino del super�vit presupuestario a la reducci�n del nivel de endeudamiento neto en los t�rminos previstos en el art�culo 32 y la disposici�n adicional sexta de la citada Ley.
Letra f) del art�culo 28 redactada por la disposici�n final tercera de la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector p�blico (�B.O.E.� 21 diciembre).Vigencia: 22 diciembre 2013
g) La realizaci�n de operaciones de cr�dito y emisiones de deudas que no cuenten con la preceptiva autorizaci�n o, habi�ndola obtenido, no se cumpla con lo en ella previsto o se superen los l�mites previstos en la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril, la Ley Org�nica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas, y en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
h) La no adopci�n en plazo de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento, cuando se haya formulado la advertencia prevista en el art�culo 19 de la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril.
i) La suscripci�n de un Convenio de colaboraci�n o concesi�n de una subvenci�n a una Administraci�n P�blica que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas previsto en el art�culo 20.3 de la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril.
j) La no presentaci�n o la falta de puesta en marcha en plazo del plan econ�mico-financiero o del plan de reequilibrio de conformidad con el art�culo 23 de la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril.
k) El incumplimiento de las obligaciones de publicaci�n o de suministro de informaci�n previstas en la normativa presupuestaria y econ�mico-financiera, siempre que en este �ltimo caso se hubiera formulado requerimiento.
l) La falta de justificaci�n de la desviaci�n, o cuando as� se le haya requerido la falta de inclusi�n de nuevas medidas en el plan econ�mico-financiero o en el plan de reequilibrio de acuerdo con el art�culo 24.3 de la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril.
m) La no adopci�n de las medidas previstas en los planes econ�mico-financieros y de reequilibrio, seg�n corresponda, previstos en los art�culos 21 y 22 de la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril.
n) La no adopci�n en el plazo previsto del acuerdo de no disponibilidad al que se refieren los art�culos 20.5.a) y 25 de la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril
, as� como la no constituci�n del dep�sito previsto en el citado art�culo 25 de la misma Ley, cuando as� se haya solicitado.
Letra n) del art�culo 28 redactada por la disposici�n final tercera de la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector p�blico (�B.O.E.� 21 diciembre).Vigencia: 22 diciembre 2013
�) La no adopci�n de un acuerdo de no disponibilidad, la no constituci�n del dep�sito que se hubiere solicitado o la falta de ejecuci�n de las medidas propuestas por la Comisi�n de Expertos cuando se hubiere formulado el requerimiento del Gobierno previsto en el art�culo 26.1 de la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril.
o) El incumplimiento de las instrucciones dadas por el Gobierno para ejecutar las medidas previstas en el art�culo 26.1 de la Ley Org�nica 2/2012, de 27 de abril.
p) El incumplimiento de la obligaci�n de rendir cuentas regulada en el art�culo 137 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.
Infracciones disciplinarias 1. Son infracciones muy graves:
a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constituci�n y a los respectivos Estatutos de Autonom�a de las Comunidades Aut�nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de sus funciones.
c) La adopci�n de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administraci�n o a los ciudadanos.
d) La publicaci�n o utilizaci�n indebida de la documentaci�n o informaci�n a que tengan o hayan tenido acceso por raz�n de su cargo o funci�n.
e) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados as� por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicaci�n o que provoque su difusi�n o conocimiento indebido.
g) La violaci�n de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y �mbito.
h) La prevalencia de la condici�n de alto cargo para obtener un beneficio indebido para s� o para otro.
l) La comisi�n de una infracci�n grave cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones graves a lo largo del a�o anterior contra las que no quepa recurso en la v�a administrativa.
b) La intervenci�n en un procedimiento administrativo cuando se d� alguna de las causas de abstenci�n legalmente se�aladas.
c) La emisi�n de informes y la adopci�n de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administraci�n o a los ciudadanos y no constituyan infracci�n muy grave.
d) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por raz�n del cargo, cuando causen perjuicio a la Administraci�n o se utilice en provecho propio.
e) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situaci�n de incompatibilidad.
f) La comisi�n de una infracci�n leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones leves a lo largo del a�o anterior contra las que no quepa recurso en la v�a administrativa.
a) La incorrecci�n con los superiores, compa�eros o subordinados.
b) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los principios de actuaci�n del art�culo 26.2.b) cuando ello no constituya infracci�n grave o muy grave o la conducta no se encuentre tipificada en otra norma.
Sanciones 1. Las infracciones leves ser�n sancionadas con una amonestaci�n.
2. Por la comisi�n de una infracci�n grave se impondr�n al infractor algunas de las siguientes sanciones:
a) La declaraci�n del incumplimiento y su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado� o diario oficial que corresponda.
b) La no percepci�n, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnizaci�n para el caso de cese en el cargo.
3. En el caso de las infracciones muy graves, se impondr�n en todo caso las sanciones previstas en el apartado anterior.
4. Los sancionados por la comisi�n de una infracci�n muy grave ser�n destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podr�n ser nombrados para ocupar ning�n puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez a�os con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente.
5. La comisi�n de infracciones muy graves, graves o leves se sancionar� de acuerdo con los criterios recogidos en el art�culo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, y los siguientes:
d) Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda P�blica respectiva.
e) La circunstancia de haber procedido a la subsanaci�n de la infracci�n por propia iniciativa.
f) La reparaci�n de los da�os o perjuicios causados.
En la graduaci�n de las sanciones se valorar� la existencia de perjuicios para el inter�s p�blico, la repercusi�n de la conducta en los ciudadanos, y, en su caso, la percepci�n indebida de cantidades por el desempe�o de actividades p�blicas incompatibles.
6. Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administraci�n pondr� los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y se abstendr� de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resoluci�n que ponga fin al proceso penal.
7. Cuando los hechos est�n tipificados como infracci�n en una norma administrativa especial, se dar� cuenta de los mismos a la Administraci�n competente para la instrucci�n del correspondiente procedimiento sancionador, suspendi�ndose las actuaciones hasta la terminaci�n de aquel. No se considerar� normativa especial la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto de las infracciones previstas en el art�culo 28, pudi�ndose tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial simult�neamente al procedimiento sancionador.
8. En todo caso la comisi�n de las infracciones previstas en el art�culo 28 conllevar� las siguientes consecuencias:
a) La obligaci�n de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente.
b) La obligaci�n de indemnizar a la Hacienda P�blica en los t�rminos del art�culo 176 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
�rgano competente y procedimiento 1. El procedimiento sancionador se iniciar� de oficio, por acuerdo del �rgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petici�n razonada de otros �rganos o denuncia de los ciudadanos.
La responsabilidad ser� exigida en procedimiento administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas por si procediese, en su caso, la incoaci�n del oportuno procedimiento de responsabilidad contable.
2. El �rgano competente para ordenar la incoaci�n ser�:
a) Cuando el alto cargo tenga la condici�n de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado, el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones P�blicas.
b) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administraci�n General del Estado distintas de los anteriores, el Ministro de Hacienda y Administraciones P�blicas.
c) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administraci�n auton�mica o local, la orden de incoaci�n del procedimiento se dar� por los �rganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicaci�n del r�gimen disciplinario propio de las Comunidades Aut�nomas o Entidades Locales en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento.
3. En los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado anterior, la instrucci�n de los correspondientes procedimientos corresponder� a la Oficina de Conflictos de Intereses. En el supuesto contemplado en el apartado c) la instrucci�n corresponder� al �rgano competente en aplicaci�n del r�gimen disciplinario propio de la Comunidad Aut�noma o Entidad Local correspondiente.
4. La competencia para la imposici�n de sanciones corresponder�:
a) Al Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condici�n de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.
b) Al Ministro de Hacienda y Administraciones P�blicas cuando el responsable sea un alto cargo de la Administraci�n General del Estado.
c) Cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de las Comunidades Aut�nomas o Entidades Locales, los �rganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicaci�n del r�gimen disciplinario propio de Administraciones en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento o, en su caso, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut�noma o el Pleno de la Junta de Gobierno de la Entidad Local de que se trate.
5. Las resoluciones que se dicten en aplicaci�n del procedimiento sancionador regulado en este t�tulo ser�n recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Prescripci�n 1. El plazo de prescripci�n de las infracciones previstas en este t�tulo ser� de cinco a�os para las infracciones muy graves, tres a�os para las graves y un a�o para las leves.
2. Las sanciones impuestas por la comisi�n de infracciones muy graves prescribir�n a los cinco a�os, las impuestas por infracciones graves a los tres a�os y las que sean consecuencia de la comisi�n de infracciones leves prescribir�n en el plazo de un a�o.
3. Para el c�mputo de los plazos de prescripci�n regulados en los dos apartados anteriores, as� como para las causas de su interrupci�n, se estar� a lo dispuesto en el art�culo 132 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
T�TULO IIIConsejo de Transparencia y Buen Gobierno
V�ase RD 919/2014, 31 octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (�B.O.E.� 5 noviembre).
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 1. Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo p�blico de los previstos en la disposici�n adicional d�cima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado. Estar� adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas.
2. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene personalidad jur�dica propia y plena capacidad de obrar. Act�a con autonom�a y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.
Fines El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad p�blica, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la informaci�n p�blica y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.
Composici�n El Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno estar� compuesto por los siguientes �rganos:
a) La Comisi�n de Transparencia y Buen Gobierno.
b) El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo ser� tambi�n de su Comisi�n.
Comisi�n de Transparencia y Buen Gobierno 1. La Comisi�n de Transparencia y Buen Gobierno ejercer� todas las competencias que le asigna esta Ley, as� como aquellas que les sean atribuidas en su normativa de desarrollo.
2. Dicha Comisi�n estar� compuesta por:
f) Un representante de la Agencia Espa�ola de Protecci�n de Datos.
g) Un representante de la Secretar�a de Estado de Administraciones P�blicas.
3. La condici�n de miembro de la Comisi�n del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no exigir� dedicaci�n exclusiva ni dar� derecho a remuneraci�n con excepci�n de lo previsto en el art�culo siguiente.
4. Al menos una vez al a�o, la Comisi�n de Transparencia y Buen Gobierno convocar� a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Aut�nomas en ejercicio de sus competencias. A esta reuni�n podr� ser convocado un representante de la Administraci�n Local propuesto por la Federaci�n Espa�ola de Municipios y Provincias.
Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 1. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ser� nombrado por un per�odo no renovable de cinco a�os mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisi�n correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a trav�s de la Comisi�n competente y por acuerdo adoptado por mayor�a absoluta, deber� refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepci�n de la correspondiente comunicaci�n.
2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cesar� en su cargo por la expiraci�n de su mandato, a petici�n propia o por separaci�n acordada por el Gobierno, previa instrucci�n del correspondiente procedimiento por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su funci�n, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.
3. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno percibir� las retribuciones fijadas de acuerdo con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el r�gimen retributivo de los m�ximos responsables y directivos en el sector p�blico empresarial y otras entidades.
Funciones 1. Para la consecuci�n de sus objetivos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene encomendadas las siguientes funciones:
b) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la informaci�n p�blica y buen gobierno.
c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de car�cter estatal que desarrollen esta Ley o que est�n relacionados con su objeto.
d) Evaluar el grado de aplicaci�n de esta Ley. Para ello, elaborar� anualmente una memoria en la que se incluir� informaci�n sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que ser� presentada ante las Cortes Generales.
e) Promover la elaboraci�n de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas pr�cticas en materia de transparencia, acceso a la informaci�n p�blica y buen gobierno.
f) Promover actividades de formaci�n y sensibilizaci�n para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley.
g) Colaborar, en las materias que le son propias, con �rganos de naturaleza an�loga.
2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ejercer� las siguientes funciones:
a) Adoptar criterios de interpretaci�n uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley.
b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en el cap�tulo II del t�tulo I de acuerdo con lo previsto en el art�culo 9 de esta Ley.
c) Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicaci�n del art�culo 24 de esta Ley.
d) Responder las consultas que, con car�cter facultativo, le planteen los �rganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la informaci�n.
e) Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el t�tulo II de esta Ley. El �rgano competente deber� motivar, en su caso, su decisi�n de no incoar el procedimiento.
R�gimen jur�dico 1. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se regir�, adem�s de por lo dispuesto en esta Ley, por:
a) Las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que le sean de aplicaci�n. Anualmente elaborar� un anteproyecto de presupuesto con la estructura que establezca el Ministerio de Hacienda y Administraciones P�blicas para su elevaci�n al Gobierno y su posterior integraci�n en los Presupuestos Generales del Estado.
b) El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P�blico.
c) La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P�blicas, y, en lo no previsto en ella, por el Derecho privado en sus adquisiciones patrimoniales.
d) La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B�sico del Empleado P�blico, y las dem�s normas aplicables al personal funcionario de la Administraci�n General del Estado, en materia de medios personales.
e) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, y por la normativa que le sea de aplicaci�n, en lo no dispuesto por esta Ley, cuando desarrolle sus funciones p�blicas.
2. El Consejo de Ministros aprobar� mediante Real Decreto el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el que se establecer� su organizaci�n, estructura, funcionamiento, as� como todos los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
3. Con car�cter general, los puestos de trabajo del Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno ser�n desempe�ados por funcionarios p�blicos de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B�sico del Empleado P�blico, y las normas de funci�n p�blica aplicables al personal funcionario de la Administraci�n General del Estado. El personal laboral podr� desempe�ar puestos de trabajo que se ajusten a la normativa de funci�n p�blica de la Administraci�n General del Estado. Asimismo, el personal que pase a prestar servicios en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante los procedimientos de provisi�n previstos en la Administraci�n General del Estado mantendr� la condici�n de personal funcionario o laboral, de acuerdo con la legislaci�n aplicable.
4. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contar� para el cumplimiento de sus fines con los siguientes bienes y medios econ�micos:
b) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio, as� como los productos y rentas del mismo.
Relaciones con las Cortes Generales El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevar� anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comparecer� ante la Comisi�n correspondiente para dar cuenta de tal memoria, as� como cuantas veces sea requerido para ello.
Regulaciones especiales del derecho de acceso a la informaci�n p�blica 1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo ser� la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condici�n de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo.
2. Se regir�n por su normativa espec�fica, y por esta Ley con car�cter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un r�gimen jur�dico espec�fico de acceso a la informaci�n.
3. En este sentido, esta Ley ser� de aplicaci�n, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la informaci�n ambiental y a la destinada a la reutilizaci�n.
Revisi�n y simplificaci�n normativa 1. La Administraci�n General del Estado acometer� una revisi�n, simplificaci�n y, en su caso, una consolidaci�n normativa de su ordenamiento jur�dico. Para ello, habr� de efectuar los correspondientes estudios, derogar las normas que hayan quedado obsoletas y determinar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones, novedades o proponer la elaboraci�n de un texto refundido, de conformidad con las previsiones constitucionales y legales sobre competencia y procedimiento a seguir, seg�n el rango de las normas que queden afectadas.
2. A tal fin, la Secretar�a de Estado de Relaciones con las Cortes elaborar� un Plan de Calidad y Simplificaci�n Normativa y se encargar� de coordinar el proceso de revisi�n y simplificaci�n normativa respecto del resto de Departamentos ministeriales.
3. Las Secretar�as Generales T�cnicas de los diferentes Departamentos ministeriales llevar�n a cabo el proceso de revisi�n y simplificaci�n en sus �mbitos competenciales de actuaci�n, pudiendo coordinar su actividad con los �rganos competentes de las Comunidades Aut�nomas que, en ejercicio de las competencias que le son propias y en aplicaci�n del principio de cooperaci�n administrativa, lleven a cabo un proceso de revisi�n de sus respectivos ordenamientos jur�dicos.
Corporaciones de Derecho P�blico Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el t�tulo I de esta Ley, las corporaciones de Derecho P�blico podr�n celebrar convenios de colaboraci�n con la Administraci�n P�blica correspondiente o, en su caso, con el organismo que ejerza la representaci�n en su �mbito concreto de actividad.
Reclamaci�n 1. La resoluci�n de la reclamaci�n prevista en el art�culo 24 corresponder�, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Aut�nomas y su sector p�blico, y por las Entidades Locales comprendidas en su �mbito territorial, al �rgano independiente que determinen las Comunidades Aut�nomas.
No obstante lo dispuesto en el p�rrafo anterior, contra las resoluciones dictadas por las Asambleas Legislativas y las instituciones an�logas al Consejo de Estado, Consejo Econ�mico y Social, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo en el caso de esas mismas reclamaciones s�lo cabr� la interposici�n de recurso contencioso-administrativo.
2. Las Comunidades Aut�nomas podr�n atribuir la competencia para la resoluci�n de la reclamaci�n prevista en el art�culo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deber�n celebrar el correspondiente convenio con la Administraci�n General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragar� los gastos derivados de esta asunci�n de competencias.
3. Las Ciudades con Estatuto de Autonom�a podr�n designar sus propios �rganos independientes o bien atribuir la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, celebrando al efecto un Convenio en los t�rminos previstos en el apartado anterior.
Colaboraci�n con la Agencia Espa�ola de Protecci�n de Datos El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Espa�ola de Protecci�n de Datos adoptar�n conjuntamente los criterios de aplicaci�n, en su �mbito de actuaci�n, de las reglas contenidas en el art�culo 15 de esta Ley, en particular en lo que respecta a la ponderaci�n del inter�s p�blico en el acceso a la informaci�n y la garant�a de los derechos de los interesados cuyos datos se contuviesen en la misma, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre.
Informaci�n de la Casa de Su Majestad el Rey La Secretar�a General de la Presidencia del Gobierno ser� el �rgano competente para tramitar el procedimiento mediante en el que se solicite el acceso a la informaci�n que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey, as� como para conocer de cualquier otra cuesti�n que pudiera surgir derivada de la aplicaci�n por este �rgano de las disposiciones de esta Ley.
El Gobierno aprobar� un plan formativo en el �mbito de la transparencia dirigido a los funcionarios y personal de la Administraci�n General del Estado, acompa�ado, a su vez, de una campa�a informativa dirigida a los ciudadanos. El Gobierno incorporar� al sector p�blico estatal en el Plan Nacional de Responsabilidad Social Corporativa.
El Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut�nomas regular�n en sus respectivos reglamentos la aplicaci�n concreta de las disposiciones de esta Ley.
Modificaci�n de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n Se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, en los siguientes t�rminos:
Uno. El art�culo 35.h) pasa a tener la siguiente redacci�n:
�h) Al acceso a la informaci�n p�blica, archivos y registros.�
Dos. El art�culo 37 pasa a tener la siguiente redacci�n:
Derecho de acceso a la informaci�n p�blica Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la informaci�n p�blica, archivos y registros en los t�rminos y con las condiciones establecidas en la Constituci�n, en la Ley de transparencia, acceso a la informaci�n p�blica y buen gobierno y dem�s leyes que resulten de aplicaci�n.�
Modificaci�n de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulaci�n de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administraci�n General del Estado Se modifica la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulaci�n de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administraci�n General del Estado en los siguientes t�rminos:
El apartado 4 del art�culo 14 queda redactado como sigue:
�4. El contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los Secretarios de Estado y dem�s altos cargos previstos en el art�culo 3 de esta ley se publicar�n en el "Bolet�n Oficial del Estado", en los t�rminos previstos reglamentariamente. En relaci�n con los bienes patrimoniales, se publicar� una declaraci�n comprensiva de la situaci�n patrimonial de estos altos cargos, omiti�ndose aquellos datos referentes a su localizaci�n y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares.�
Modificaci�n de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria Se modifica el apartado 4 del art�culo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que quedar� redactado como sigue:
�Las entidades que deban aplicar principios contables p�blicos, as� como las restantes que no tengan obligaci�n de publicar sus cuentas en el Registro Mercantil, publicar�n anualmente en el "Bolet�n Oficial del Estado", el balance de situaci�n y la cuenta del resultado econ�mico-patrimonial, un resumen de los restantes estados que conforman las cuentas anuales y el informe de auditor�a de cuentas. A estos efectos, la Intervenci�n General de la Administraci�n del Estado determinar� el contenido m�nimo de la informaci�n a publicar.�
Modificaci�n de la disposici�n adicional d�cima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado Se modifica el apartado 1 de la disposici�n adicional d�cima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, el cual quedar� redactado en los siguientes t�rminos:
�1. La Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, las Universidades no transferidas, la Agencia Espa�ola de Protecci�n de Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisi�n Nacional de los Mercados y la Competencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sof�a se regir�n por su legislaci�n espec�fica y supletoriamente por esta Ley.�
El Gobierno adoptar� las medidas necesarias para optimizar el uso de los medios t�cnicos y humanos que se adscriban al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Modificaci�n de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci�n del blanqueo de capitales y de la financiaci�n del terrorismo Se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci�n del blanqueo de capitales y de la financiaci�n del terrorismo, en los siguientes t�rminos:
Uno. Se a�ade un apartado 5 al art�culo 2, con la redacci�n siguiente:
�5. Ser�n aplicables al administrador nacional del registro de derechos de emisi�n previsto en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r�gimen de comercio de derechos de emisi�n de gases de efecto invernadero, con las excepciones que se determinen reglamentariamente, las obligaciones de informaci�n y de control interno contenidas en los cap�tulos III y IV de la presente Ley.�
Dos. Se a�ade un apartado 6 al art�culo 7, con la redacci�n siguiente:
�6. Reglamentariamente podr� autorizarse la no aplicaci�n de todas o algunas de las medidas de diligencia debida o de conservaci�n de documentos en relaci�n con aquellas operaciones ocasionales que no excedan de un umbral cuantitativo, bien singular, bien acumulado por periodos temporales.�
Tres. Se da nueva redacci�n al art�culo 9, con el siguiente tenor literal:
Medidas simplificadas de diligencia debida Los sujetos obligados podr�n aplicar, en los supuestos y con las condiciones que se determinen reglamentariamente, medidas simplificadas de diligencia debida respecto de aquellos clientes, productos u operaciones que comporten un riesgo reducido de blanqueo de capitales o de financiaci�n del terrorismo.�
Cuatro. Se da nueva redacci�n al art�culo 10, con el siguiente tenor literal:
Aplicaci�n de medidas simplificadas de diligencia debida La aplicaci�n de medidas simplificadas de diligencia debida ser� graduada en funci�n del riesgo, con arreglo a los siguientes criterios:
a) Con car�cter previo a la aplicaci�n de medidas simplificadas de diligencia debida respecto de un determinado cliente, producto u operaci�n de los previstos reglamentariamente, los sujetos obligados comprobar�n que comporta efectivamente un riesgo reducido de blanqueo de capitales o de financiaci�n del terrorismo.
b) La aplicaci�n de las medidas simplificadas de diligencia debida ser� en todo caso congruente con el riesgo. Los sujetos obligados no aplicar�n o cesar�n de aplicar medidas simplificadas de diligencia debida tan pronto como aprecien que un cliente, producto u operaci�n no comporta riesgos reducidos de blanqueo de capitales o de financiaci�n del terrorismo.
c) Los sujetos obligados mantendr�n en todo caso un seguimiento continuo suficiente para detectar operaciones susceptibles de examen especial de conformidad con lo prevenido en el art�culo 17.�
Cinco. Se da nueva redacci�n al art�culo 14, con el siguiente tenor literal:
Personas con responsabilidad p�blica 1. Los sujetos obligados aplicar�n las medidas reforzadas de diligencia debida previstas en este art�culo en las relaciones de negocio u operaciones de personas con responsabilidad p�blica.
Se considerar�n personas con responsabilidad p�blica las siguientes:
a) Aquellas que desempe�en o hayan desempe�ado funciones p�blicas importantes por elecci�n, nombramiento o investidura en otros Estados miembros de la Uni�n Europea o terceros pa�ses, tales como los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusi�n de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; los miembros de los �rganos de administraci�n, de gesti�n o de supervisi�n de empresas de titularidad p�blica.
b) Aquellas que desempe�en o hayan desempe�ado funciones p�blicas importantes en el Estado espa�ol, tales como los altos cargos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administraci�n General del Estado; los parlamentarios nacionales y del Parlamento Europeo; los magistrados del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, con inclusi�n de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los consejeros del Tribunal de Cuentas y del Banco de Espa�a; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; y los directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administraci�n, o funci�n equivalente, de una organizaci�n internacional, con inclusi�n de la Uni�n Europea.
c) Asimismo, tendr�n la consideraci�n de personas con responsabilidad p�blica aquellas que desempe�en o hayan desempe�ado funciones p�blicas importantes en el �mbito auton�mico espa�ol, como los Presidentes y los Consejeros y dem�s miembros de los Consejos de Gobierno, as� como los altos cargos y los diputados auton�micos y, en el �mbito local espa�ol, los alcaldes, concejales y dem�s altos cargos de los municipios capitales de provincia o de capital de Comunidad Aut�noma de las Entidades Locales de m�s de 50.000 habitantes, o cargos de alta direcci�n en organizaciones sindicales o empresariales o partidos pol�ticos espa�oles.
Ninguna de estas categor�as incluir� empleados p�blicos de niveles intermedios o inferiores.
2. En relaci�n con los clientes o titulares reales que desempe�en o hayan desempe�ado funciones p�blicas importantes por elecci�n, nombramiento o investidura en otros Estados miembros de la Uni�n Europea o en un pa�s tercero, los sujetos obligados, adem�s de las medidas normales de diligencia debida, deber�n en todo caso:
a) Aplicar procedimientos adecuados de gesti�n del riesgo a fin de determinar si el cliente o el titular real es una persona con responsabilidad p�blica. Dichos procedimientos se incluir�n en la pol�tica expresa de admisi�n de clientes a que se refiere el art�culo 26.1.
b) Obtener la autorizaci�n del inmediato nivel directivo, como m�nimo, para establecer o mantener relaciones de negocios.
d) Realizar un seguimiento reforzado y permanente de la relaci�n de negocios.
3. Los sujetos obligados, adem�s de las medidas normales de diligencia debida, deber�n aplicar medidas razonables para determinar si el cliente o el titular real desempe�a o ha desempe�ado alguna de las funciones previstas en los p�rrafos b) y c) del apartado primero de este art�culo.
Se entender� por medidas razonables la revisi�n, de acuerdo a los factores de riesgo presentes en cada caso, de la informaci�n obtenida en el proceso de diligencia debida.
En el caso de relaciones de negocio de riesgo m�s elevado, los sujetos obligados aplicar�n las medidas previstas en los p�rrafos b), c) y d) del apartado precedente.
4. Los sujetos obligados aplicar�n las medidas establecidas en los dos apartados anteriores a los familiares y allegados de las personas con responsabilidad p�blica.
A los efectos de este art�culo tendr� la consideraci�n de familiar el c�nyuge o la persona ligada de forma estable por an�loga relaci�n de afectividad, as� como los padres e hijos, y los c�nyuges o personas ligadas a los hijos de forma estable por an�loga relaci�n de afectividad.
Se considerar� allegado toda persona f�sica de la que sea notorio que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jur�dicos conjuntamente con una persona con responsabilidad p�blica, o que mantenga otro tipo de relaciones empresariales estrechas con la misma, o que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jur�dicos que notoriamente se haya constituido en beneficio de la misma.
5. Los sujetos obligados aplicar�n medidas razonables para determinar si el beneficiario de una p�liza de seguro de vida y, en su caso, el titular real del beneficiario, es una persona con responsabilidad p�blica con car�cter previo al pago de la prestaci�n derivada del contrato o al ejercicio de los derechos de rescate, anticipo o pignoraci�n conferidos por la p�liza.
En el caso de identificar riesgos m�s elevados, los sujetos obligados, adem�s de las medidas normales de diligencia debida, deber�n:
a) Informar al inmediato nivel directivo, como m�nimo, antes de proceder al pago, rescate, anticipo o pignoraci�n.
b) Realizar un escrutinio reforzado de la entera relaci�n de negocios con el titular de la p�liza.
c) Realizar el examen especial previsto en el art�culo 17 a efectos de determinar si procede la comunicaci�n por indicio de conformidad con el art�culo 18.
6. Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en los apartados anteriores, cuando, por concurrir las circunstancias previstas en el art�culo 17, proceda el examen especial, los sujetos obligados adoptar�n las medidas adecuadas para apreciar la eventual participaci�n en el hecho u operaci�n de quien ostente o haya ostentado en Espa�a la condici�n de cargo p�blico representativo o alto cargo de las Administraciones P�blicas, o de sus familiares o allegados.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 11, cuando las personas contempladas en los apartados precedentes hayan dejado de desempe�ar sus funciones, los sujetos obligados continuar�n aplicando las medidas previstas en este art�culo por un periodo de dos a�os.�
Seis. Se da nueva redacci�n al apartado 4 del art�culo 26, con el siguiente tenor literal:
�4. Las medidas de control interno se establecer�n a nivel de grupo, con las especificaciones que se determinen reglamentariamente. A efectos de la definici�n de grupo, se estar� a lo dispuesto en el art�culo 42 del C�digo de Comercio.�
Siete. Se da nueva redacci�n al art�culo 42, con el siguiente tenor literal:
Sanciones y contramedidas financieras internacionales 1. Las sanciones financieras establecidas por las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relativas a la prevenci�n y supresi�n del terrorismo y de la financiaci�n del terrorismo, y a la prevenci�n, supresi�n y disrupci�n de la proliferaci�n de armas de destrucci�n masiva y de su financiaci�n, ser�n de obligada aplicaci�n para cualquier persona f�sica o jur�dica en los t�rminos previstos por los reglamentos comunitarios o por acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado a propuesta del Ministro de Econom�a y Competitividad.
2. Sin perjuicio del efecto directo de los reglamentos comunitarios, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Econom�a y Competitividad, podr� acordar la aplicaci�n de contramedidas financieras respecto de pa�ses terceros que supongan riesgos m�s elevados de blanqueo de capitales, financiaci�n del terrorismo o financiaci�n de la proliferaci�n de armas de destrucci�n masiva.
El acuerdo de Consejo de Ministros, que podr� adoptarse de forma aut�noma o en aplicaci�n de decisiones o recomendaciones de organizaciones, instituciones o grupos internacionales, podr� imponer, entre otras, las siguientes contramedidas financieras:
a) Prohibir, limitar o condicionar los movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro o pago, as� como las transferencias, de o hacia el pa�s tercero o de nacionales o residentes del mismo.
b) Someter a autorizaci�n previa los movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro o pago, as� como las transferencias, de o hacia el pa�s tercero o de nacionales o residentes del mismo.
c) Acordar la congelaci�n o bloqueo de los fondos y recursos econ�micos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas f�sicas o jur�dicas nacionales o residentes del pa�s tercero.
d) Prohibir la puesta a disposici�n de fondos o recursos econ�micos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas f�sicas o jur�dicas nacionales o residentes del pa�s tercero.
e) Requerir la aplicaci�n de medidas reforzadas de diligencia debida en las relaciones de negocio u operaciones de nacionales o residentes del pa�s tercero.
f) Establecer la comunicaci�n sistem�tica de las operaciones de nacionales o residentes del pa�s tercero o que supongan movimientos financieros de o hacia el pa�s tercero.
g) Prohibir, limitar o condicionar el establecimiento o mantenimiento de filiales, sucursales u oficinas de representaci�n de las entidades financieras del pa�s tercero.
h) Prohibir, limitar o condicionar a las entidades financieras el establecimiento o mantenimiento de filiales, sucursales u oficinas de representaci�n en el pa�s tercero.
i) Prohibir, limitar o condicionar las relaciones de negocio o las operaciones financieras con el pa�s tercero o con nacionales o residentes del mismo.
j) Prohibir a los sujetos obligados la aceptaci�n de las medidas de diligencia debida practicadas por entidades situadas en el pa�s tercero.
k) Requerir a las entidades financieras la revisi�n, modificaci�n y, en su caso, terminaci�n, de las relaciones de corresponsal�a con entidades financieras del pa�s tercero.
l) Someter las filiales o sucursales de entidades financieras del pa�s tercero a supervisi�n reforzada o a examen o auditor�a externos.
m) Imponer a los grupos financieros requisitos reforzados de informaci�n o auditor�a externa respecto de cualquier filial o sucursal localizada o que opere en el pa�s tercero.
3. Competer� al Servicio Ejecutivo de la Comisi�n la supervisi�n e inspecci�n del cumplimiento de lo dispuesto en este art�culo.�
Ocho. Se da nueva redacci�n al art�culo 52.1.u), con el siguiente tenor literal:
�u) El incumplimiento de la obligaci�n de aplicar sanciones o contramedidas financieras internacionales, en los t�rminos del art�culo 42.�
Desarrollo reglamentario El Gobierno, en el �mbito de sus competencias, podr� dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecuci�n y desarrollo de lo establecido en esta Ley.
El Consejo de Ministros aprobar�, en el plazo de tres meses desde la publicaci�n de esta Ley en el �Bolet�n Oficial del Estado�, un Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto org�nico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
T�tulo competencial La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los art�culos 149.1.1.�, 149.1.13.� y 149.1.18.� de la Constituci�n. Se except�a lo dispuesto en el segundo p�rrafo del apartado 2 del art�culo 6, el art�culo 9, los apartados 1 y 2 del art�culo 10, el art�culo 11, el apartado 2 del art�culo 21, el apartado 1 del art�culo 25, el t�tulo III y la disposici�n adicional segunda.
Entrada en vigor La entrada en vigor de esta ley se producir� de acuerdo con las siguientes reglas:
– Las disposiciones previstas en el t�tulo II entrar�n en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
– El t�tulo preliminar, el t�tulo I y el t�tulo III entrar�n en vigor al a�o de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
– Los �rganos de las Comunidades Aut�nomas y Entidades Locales dispondr�n de un plazo m�ximo de dos a�os para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto