Source: http://espanito.com/inadmisibilidad-v2.html
Timestamp: 2019-10-16 19:58:42+00:00

Document:
Descargar 47.04 Kb.
Tamaño 47.04 Kb.
INFORME No. 159/10
PETICIÓN1250-06
IRIS MARTÍNEZ Y OTROS
El presente informe se refiere a la admisibilidad de la petición 1250-06, abierta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo "Comisión Interamericana", "Comisión" o "CIDH") en virtud de la presentación de una petición, recibida el 10 de noviembre de 2006, por parte de las señoras Elizabeth Iturrioz y Susana Dorado (en adelante “las peticionarias”), a favor de familiares directos de víctimas fallecidas y de 13 personas damnificadas a consecuencia de un accidente aéreo1 (en adelante “las presuntas víctimas”), en contra del Estado de Uruguay (en adelante "el Estado" o "el Estado uruguayo"). Las peticionarias alegan que el Estado ha incurrido en responsabilidad en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en lo sucesivo "Convención Americana" o “la Convención”); en específico, por la alegada falta de acceso a la justicia en perjuicio de las presuntas víctimas.
Las peticionarias informan que el 14 de noviembre de 1971, el Comando General de la Armada Uruguaya realizó una demostración de maniobras con dos helicópteros y una de las aeronaves se estrelló, dejando 8 muertos (3 niños) y más de 40 heridos, entre ellos casi una decena de amputados. Alegan que el Estado no realizó la investigación debida de los hechos en la justicia ordinaria, sino que la habría delimitado al ámbito militar, sin que las víctimas y sus familiares hubieran tenido hasta la fecha un acceso a la justicia y una debida indemnización por parte del Estado por los hechos ocurridos. Alegan que pese a haber solicitado a diversas instancias gubernamentales información respecto de las pericias y las investigaciones realizadas en el ámbito militar, no habrían obtenido respuesta alguna y que no fue sino hasta el 2005 que, mediante un programa televisivo, tomaron conocimiento de información relevante.
Por su parte, el Estado señala que correspondía a los tribunales militares hacer la respectiva investigación por haberse tratado de un accidente que involucraba personal militar y aeronaves militares. Agrega que no obstante que se trató de un accidente, el Estado indemnizó a las víctimas, por lo ordenado a través de la ley 14.106 sancionada en marzo de 1973, con lo cual asumió su responsabilidad en los hechos. El Estado alega que los peticionarios no presentaron ningún recurso ante la jurisdicción interna, sino hasta el 2004, cuando las autoridades jurisdiccionales resolvieron que la acción presentada se encontraba prescrita. Por lo anterior, el Estado solicitó a la Comisión declarar inadmisible la petición.
Tras analizar la posición de las partes, la Comisión concluyó que es competente para conocer el reclamo, pero que el mismo es inadmisible en virtud del incumplimiento del requisito previsto en el artículo 46.1.b de la Convención Americana. La Comisión resolvió notificar el presente informe a las partes, hacerlo público e incluirlo en su Informe Anual para la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
La denuncia fue presentada por las peticionarias ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión el 10 de noviembre de 2006 y aportaron información adicional el 3 de agosto de 2007. La CIDH inició el trámite de la petición el 28 de agosto de 2007, cuando transmitió al Estado las partes pertinentes de la petición y le solicitó que presentara su respuesta dentro del término de 2 meses. Debido a que el Estado indicó a la Comisión que parte de lo transmitido se encontraba ilegible, se le dio nuevamente traslado de la petición el 10 de junio de 2008. El Estado presentó su respuesta mediante Nota N° 157-08 del 16 de septiembre de 2008, la cual fue trasladada a las peticionarias mediante comunicación del 27 de octubre del mismo año.
Las peticionarias remitieron información adicional mediante comunicaciones recibidas el 13 de marzo, 24 de septiembre y 17 de diciembre de 2008, 27 de mayo y 23 de octubre de 2009, las cuales fueron debidamente trasladadas al Estado.
El Estado, por su parte, envió información adicional mediante comunicaciones del 17 y 24 de febrero de 2009, 27 de agosto y 14 de diciembre de 2009 todas las cuales fueron debidamente trasladadas a las peticionarias.
Las peticionarias señalan que el 14 de noviembre de 1971, cuando el Comando General de la Armada Uruguaya realizaba una demostración de maniobras con dos helicópteros, una de las aeronaves se estrelló, dejando 8 muertos (3 niños) y más de 40 heridos, entre ellos casi una decena de amputados.
Agregan que 17 meses después del accidente habría comenzado en Uruguay el último periodo dictatorial, durante el cual las presuntas víctimas habrían “realizado esfuerzos para conseguir justicia y una indemnización, sin éxito”.
Alegan que si bien se inició una averiguación de los hechos, ésta se llevo a cabo en la justicia penal militar, exonerando de culpa a los tripulantes de la nave, sin contar con una pericia, ni testigos. Al respecto, las peticionarias manifiestan que la investigación de los hechos no correspondía a la justicia militar, sino a la ordinaria y que en ésta no se había abierto ningún sumario con el fin de investigar los hechos.
Agregan que en 2005 se habrían enterado que se efectuó una investigación por parte de la Aviación Naval de la época y del Ministerio de Defensa y que del expediente se puede observar que en la resolución no se menciona: a) las pericias, b)el estado de ebriedad del piloto, c) la falta de experiencia del co-piloto, d) fallas humanas en no accionar los pedales de emergencia, e) errónea selección del área de operaciones, ni f) falta de elementos de lucha contra el fuego.
Por otra parte, informan que en 1973, el Comando General de la Armada habría otorgado a algunas de las víctimas las cantidades de $2000 pesos por cada muerte (independientemente de la edad de la víctima) y $3000 pesos por cada mutilado, como indemnización. En ese sentido, aclaran que una sola persona habría recibido atención médica en los Estados Unidos, pagada por el gobierno uruguayo.
Las peticionarias refieren que las indemnizaciones recibidas no son acordes a aquellas que se reciben en casos de siniestros y daños como el que sufrieron las víctimas. Indican que no se debió recurrir al parámetro del Banco de Seguros del Estado por no tratarse de accidentes laborales, sino de un accidente responsabilidad del Estado. Por otro lado, alegan que la lista de indemnizados de 1973 contiene a 24 damnificados, cuando en la realidad se trata de 48.
Indican que en 1978 la mayoría de los damnificados interpusieron una demanda en Nueva York contra la empresa fabricante de las aeronaves, United Technology Corporation. Al respecto, informan que en octubre de 2002, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la demanda en parte, por prescripción, dando lugar sólo al reclamo de las víctimas que eran menores de 18 años de edad al momento del accidente. Aclaran que la acción presentada ante la jurisdicción norteamericana fue en función del defecto de manufactura o fabricación de la aeronave, por lo cual no involucraba ni afectaba la responsabilidad del Estado uruguayo.
Por otra parte, señalan que con el retorno de la democracia, en 1985, habrían efectuado algunas gestiones y presentado cartas ante el Ministerio de Defensa y ante diversas figuras políticas a fin de recabar información sobre el accidente; específicamente, habrían solicitado los archivos, las pericias y las audiencias llevadas a cabo. En ese sentido, alegan que la información les fue reiteradamente negada por tratarse de un tema militar.
Respecto a las investigaciones, refieren que no hubo investigación judicial alguna al momento del accidente, aparte de la militar. Las peticionarias alegan que el mismo Estado habría incumplido con el principio de oficialidad pues debió elevar las actuaciones ante la justicia ordinaria, lo cual no hizo ni antes ni después de que cesaron las medidas de suspensión de garantías individuales del gobierno de facto. Aclaran que en diciembre de 2004 iniciaron acción penal ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Primer Turno con la finalidad de lograr la indagatoria sobre el accidente. En octubre de 2005, el juez habría resuelto archivar los antecedentes por prescripción de la acción penal. Las presuntas víctimas solicitaron el desarchivo de la indagatoria, lo cual se efectuó 1° de febrero de 2006; sin embargo, indican que el resultado habría sido el mismo, pues la Fiscalía en su segundo informe reiteró que la acción se encontraba prescrita. Añaden que, ante esto, no pudieron proseguir y la causa fue archivada.
Indican que al no contar con una investigación técnica o pericia del accidente, no se podía evaluar técnicamente las responsabilidades, a los efectos de iniciar una acción civil tendiente a obtener una justa indemnización. Refieren un caso de una persona que habría presentado una acción civil en 1989 en el Juzgado Letrado de Primera Instancia contra el Ministerio de Defensa Nacional por daños y perjuicios, la cual también habría sido desestimada por caducidad, con lo que refieren, se comprueba que aún habiéndose presentado ante la justicia civil recién vuelta la democracia, no habrían obtenido justicia.
Alegan que se habría secuestrado y destruido el material fílmico por parte de las autoridades militares y que no fue sino hasta el 17 de junio de 2008 que un periodista habría mostrado en un programa de televisión copia de las investigaciones técnicas de la Fuerza Aérea y Naval de Uruguay, así como el informe de la empresa fabricante de los helicópteros, el cual había sido encomendado a 3 oficiales militares uruguayos en actividad en el año 2000, con la finalidad de presentar esa pericia en el litigio que mantenía con damnificados uruguayos en Nueva York.
Indican que existen informes del propio Estado que señalan expresamente que los pilotos de la aeronave causantes del siniestro cometieron errores y que el piloto se encontraba en estado de ebriedad.
Las peticionarias alegan que los hechos señalados representan una violación, por parte del Estado uruguayo, al derecho a la justicia, a la igualdad ante la ley y a las garantías judiciales, contenidos en los artículos 8, 24 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio de las víctimas del accidente aéreo del 14 de noviembre de 1971, así como de sus familiares directos.
El Estado manifiesta que, efectivamente, el 14 de noviembre de 1971, el Comando General de la Armada efectuó una demostración pública de maniobras de salvataje con dos helicópteros militares Sikorsky, adquiridos de Estados Unidos. En dicha ocasión se produjo un accidente entre las aeronaves, lo cual provocó un saldo de 8 personas fallecidas, entre ellos tres niños, 17 heridos dados de alta el mismo día del accidente y 30 heridos más que tuvieron que permanecer internados, 10 de ellos sufrieron amputaciones.
Agrega que, al día siguiente, el 15 de noviembre de 1971, el Comandante en Jefe de la Armada solicitó presencia de Juez Militar, solicitud evacuada de forma urgente, dando pase de actuaciones al Juzgado Militar de Instrucción de Tercer Turno. Asimismo, el Comandante de la Aviación Naval de la época habría ordenado la realización de una investigación de sumario técnico. Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional habría dispuesto que la Autoridad Aeronáutica Nacional, representada por el Comandante en Jefe de la Fuerza Área de la época, se expidiera sobre las conclusiones emanadas de dicha investigación sumaria técnica y de las concordancias o discrepancias con la misma, encontradas por la Autoridad Aeronáutica Nacional.
Informa que el dictamen del Fiscal Militar de Primer Turno N° 59172, de 17 de abril de 1972, sostuvo que no surgía trasgresión alguna de las disposiciones penales militares vigentes por lo que correspondía la clausura de las investigaciones, de acuerdo a lo establecido en el Código del Proceso Penal Militar. El 25 de abril del mismo año, el Juez Militar se pronunció en el mismo sentido y el presumario realizado por el Juzgado Militar de Instrucción de Tercer Turno habría sido elevado al Juzgado Militar de instrucción de Primer Turno por determinar la clausura del procedimiento con fecha 05 de mayo de 1972 y el 9 de mayo de 1972 se habría elevado al Supremo Tribunal Militar.
En cuanto a las indemnizaciones, el Estado indica que en mayo de de 1972 se creó una Comisión Especial que tuvo como cometido determinar las soluciones que se les otorgarían a los damnificados del accidente del día 14 de noviembre de 1971. Dicha Comisión habría recomendado presentar un proyecto de ley para atender el tema de las indemnizaciones. Agrega el Estado que, en razón de ello, se sancionó en marzo de 1973 la Ley 14.106, en cuyo artículo 102 se determinó que “El Comando General de la Armada indemnizará a las víctimas, damnificados o causahabientes del accidente de los helicópteros ocurrido en la playa Pocitos el 14 de noviembre de 1971 a cuyos efectos dispondrá de una partida de hasta $ 75,000.000 (setenta y cinco millones de pesos), que se tomará de rentas generales”. Añade el Estado que ese hecho implicó, de por sí, un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el accidente.
Agrega el Estado que las indemnizaciones se entregaron de conformidad a los parámetros de la época en casos de daños similares y, señala, se habría llevado a cabo en el ámbito administrativo sin que los interesados se hubieran presentado ante el Poder Judicial a reclamar la reparación que consideraban les era debida. Se otorgaron de forma voluntaria, sin que existiera pronunciamiento judicial o de otra índole que obligara al Estado a dicho pago. Con ello, agrega, se representa de forma palmaria la aceptación de la responsabilidad del Estado en los hechos; no obstante que habría quedado demostrado que se trató de un accidente provocado por caso fortuito.
En cuanto a la acción interpuesta por las peticionarias en el año 2004 ante la justicia penal, alega que en su presentación habrían sostenido como razón por no haber efectuado su denuncia anteriormente que, en los años previos, habrían realizado gestiones administrativas vuelta la democracia y, antes, por haber existido un estado de suspensión de garantías. Agrega que el dictamen fiscal emitido el 21 de octubre de 2005 sostuvo que la causa se hallaba prescripta, de acuerdo al artículo 117 del Código Penal. En un dictamen posterior, del 3 de abril de 2006, dentro de la misma causa, la Fiscalía entendió que aún cuando no correspondía computar el período de facto para el transcurso del término prescriptivo, siguiendo a la doctrina mayoritaria, de todas maneras había que concluirse que la acción penal ya había prescripto.
El Estado alega que las presuntas víctimas tuvieron, vuelta la democracia a Uruguay en 1985, la posibilidad de realizar acciones ante la justicia nacional tanto ante el fuero penal como el civil y en ellos hacer valer su caso con todas las garantías debidas. Las víctimas y/o sus familiares debieron haber presentado una denuncia penal por los hechos, considerando que el accidente ocurrió en noviembre de 1971, dos años antes del inicio del gobierno de facto. Asimismo, añade, al inicio del periodo democrático, en 1985, podrían haber presentado su reclamo civil ante los tribunales nacionales; sin embargo, decidieron acudir a la jurisdicción norteamericana contra la empresa constructora de los helicópteros. Dejaron transcurrir 35 años de los hechos y 21 desde la entrada en vigor de la Convención Americana
El Estado añade que el 3 de marzo de 2005 las señoras Elizabeth Iturrioz y Susana Dorado presentaron una nota a la entonces señora Ministra de Defensa Nacional en la cual solicitaban el acceso a la documentación archivada relacionada al accidente de referencia y una serie de consideraciones respecto a una compañía de seguros y la atención hospitalaria de los damnificados. Afirman que las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional dispusieron la instrumentación de lo solicitado por las peticionarias.
Respecto a los informes técnicos, los detalles del accidente, conclusiones sobre las causas y responsabilidades en el mismo efectuados por la Fuerza Aérea en el que se evalúan los factores desencadenantes del accidente, el Estado informa que la conclusión fue que se incurrió por parte de la Fuerza organizadora del evento, en una serie de errores de comando, planificación y supervisión.
Como información adicional, el Estado indicó que por Decreto N° 32.572 del 17 de julio de 2008, la Junta Departamental de Montevideo resolvió aprobar la instalación de un monolito con placa recordatoria en el espacio delimitado por Rambla República del Perú hacia la costa del Río de la Plata frente a la explanada del ex - Kibón, la cual habría de llevar inscrito “Memorial de un tragedia ocurrida en este lugar el 14 de noviembre de 1971 que es parte de los sentimientos y el recuerdo de los uruguayos. Junta Departamental de Montevideo, 14 de noviembre de 2008”.
A las observaciones de las peticionarias, el Estado manifiesta que la razón por la que se dio intervención a la Justicia Militar fue por tratarse de un accidente protagonizado por militares y se hizo de acuerdo a la normativa de la época. No obstante, aclara que el pronunciamiento de la Justicia Militar indicando que no había habido transgresión de las disposiciones militares, no implica la ausencia de responsabilidad por parte del Estado. Indica que ello se consideró al momento de que se indemnizó a las víctimas y así, la responsabilidad del Estado fue asumida.
En consecuencia, el Estado solicitó a la Comisión que declarara inadmisible la petición por no haberse agotado debidamente la vía procesal interna y porque los hechos denunciados no caracterizarían violaciones a ningún derecho consagrado por la Convención Americana.
La Comisión es competente para examinar la petición de que se trata. Conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la Convención Americana, las peticionarias están legitimadas para presentar una denuncia ante la Comisión. Uruguay es Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos desde 1955, en que ratificó la Carta de la OEA, y por lo tanto, está sometida a la jurisdicción de la Comisión con respecto a las denuncias individuales, dado que esa competencia fue establecida por estatuto en 1965 en relación con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en lo sucesivo "Declaración Americana"”). El Estado de Uruguay está sujeto a la jurisdicción de la Comisión en los términos de la Convención Americana desde el 19 de abril de 1985, fecha en que depositó el instrumento de ratificación respectivo. En consecuencia la Comisión posee competencia ratione personae para examinar la denuncia presentada.
Puesto que en la petición se plantean denuncias referentes a derechos estipulados en primer lugar en la Declaración Americana y posteriormente en la Convención Americana, la Comisión posee competencia ratione materiae para su examen.
Si bien el accidente que afectó a las presuntas víctimas ocurrió en 1971, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece los criterios aplicables para el examen de un asunto por parte de la Comisión. Con respecto a cualquier Estado miembro que aún no haya ratificado la Convención Americana, los derechos fundamentales que el Estado se compromete a preservar como parte de la Carta de la OEA son los estipulados en la Declaración Americana, que es fuente de obligaciones internacionales2. El Estatuto y el Reglamento de la Comisión establecen normas adicionales referentes al ejercicio de la competencia de ese cuerpo a ese respecto. Esa competencia estaba en vigor a la fecha del accidente y, la Declaración, al igual que la Convención, contempla el acceso a la justicia (Artículos XVII y XVIII). Una vez que se hizo efectiva la ratificación por parte de Uruguay, la Convención Americana se convirtió en la principal fuente de obligaciones jurídicas3 y se hicieron aplicables los derechos y obligaciones expresamente mencionados por las peticionarias. En consecuencia, la Comisión posee competencia ratione temporis en relación con las denuncias presentadas por las peticionarias.
Finalmente, dado el hecho de que en la petición se aducen violaciones de derechos protegidos conforme a la Declaración y a la Convención Americanas que habrían tenido lugar en el territorio de un Estado miembro de la OEA, la Comisión concluye que posee competencia ratione loci para entender en el asunto.
1. Agotamiento de recursos internos y plazo para la presentación de la petición
El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que, para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana, de conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Este requisito tiene como objeto garantizar al Estado en cuestión la posibilidad de resolver controversias dentro de su propio marco jurídico. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1.b de la Convención, para que se admita una petición ésta debe presentarse dentro del plazo estipulado, o sea, seis meses contados a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva dictada a nivel nacional.
En el presente caso, los peticionarios aducen que era obligación del Estado iniciar de oficio la investigación de los hechos en la vía judicial ordinaria. El Estado por su parte, alega que su deber de investigación se agotó en la justicia militar.
El análisis de la Comisión debe partir de la determinación del recurso adecuado que debe agotarse de conformidad con los hechos de cada caso; es decir, aquellos medios idóneos para solucionar la situación jurídica infringida.
Respecto a la investigación de los hechos, la Comisión observa que al día siguiente del accidente se inició una indagación en el fuero militar en la que, en abril de 1972, se determinó que no surgía trasgresión alguna de las disposiciones penales militares vigentes y, por tanto, resolvió archivarse.
Tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera reiterada, aunque la justicia penal militar no es en sí misma violatoria de la Convención Americana, su competencia debe ser excepcional y referida únicamente a delitos que atenten contra bienes jurídicos de naturaleza militar, lo que a efectos del análisis de admisibilidad se traduce en el riesgo que la jurisdicción militar implica a las garantías de imparcialidad e independencia necesaria para determinar la existencia de responsabilidad o no, en un hecho en el que resultaron dañadas personas ajenas al ámbito militar. En casos como el presente, en los que se trata de pérdida de la vida de civiles a manos de agentes estatales, aún tratándose de un accidente, es en principio la investigación penal ordinaria, la vía adecuada a emprenderse. Es en esa vía que deberían haberse llevado a cabo las investigaciones pertinentes de los hechos y las causas del accidente ocurrido el 14 de noviembre de 1971, del que resultaron afectadas las presuntas víctimas.
Respecto a los alegatos relacionados más específicamente a las indemnizaciones que fueron determinadas mediante la Ley 14.106 de marzo de 1973, la Comisión no cuenta con información que indique que las presuntas víctimas hubieran interpuesto algún recurso ante la jurisdicción interna para reclamar el cumplimiento de dicha ley o bien para impugnar el esquema y/o los montos establecidos a raíz de la misma.
En relación al tema de agotamiento, la Comisión observa que las alegadas deficiencias en la investigación del fuero militar, inclusive la presunta falta de acceso a la información relevante, pudieron haber impedido que las presuntas víctimas o sus familiares interpusieran otros recursos, debido a la falta de esclarecimiento y de prueba que se alega.
Sin perjuicio de dichas dificultades en el agotamiento de posibles recursos internos, la Comisión observa que las peticionarias han acudido al sistema de peticiones individuales 35 años después de sucedido el accidente. Según el Reglamento de la CIDH, en casos en los cuales no ha sido posible agotar los recursos internos, es necesario que los peticionarios interpongan sus peticiones dentro de un tiempo razonable según las circunstancias. Además, es también relevante notar que han pasado 34 años después de la resolución de la investigación militar, 33 años después de la sanción de la Ley 14.106 que decretó las indemnizaciones que aquí han impugnado y 21 años después de la reinstauración de la democracia en Uruguay. Las peticionarias no han presentado a la Comisión argumentos que expliquen o justifiquen el lapso entre estos eventos relevantes y la presentación de la petición bajo estudio.
Por lo anterior, la Comisión concluye que en el presente caso no se ha cumplido con el requisito estipulado en el artículo 46.1.b de la Convención Americana, en cuanto a la presentación oportuna de la petición.
La Comisión se abstiene, por sustracción de materia, de examinar los demás requisitos de admisibilidad previstos en la Convención Americana4.
Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, la Comisión considera que la petición es inadmisible de conformidad con el artículo 46.1.b de la Convención Americana y, en consecuencia,
1. Declarar inadmisible la presente petición conforme al artículo 46.1.b de la Convención Americana
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., al 1º día del mes de noviembre de 2010. (Firmado): Felipe González, Presidente; Dinah Shelton, Segunda Vicepresidenta; Luz Patricia Mejía Guerrero, María Silvia Guillén, José de Jesús Orozco Henríquez, y Rodrigo Escobar Gil Miembros de la Comisión.
1 Las presuntas víctimas identificadas por las peticionarias son: Elizabeth Iturrioz, hija de José Iturrioz (fallecido); Susana Dorado, madre del niño Pablo González Dorado (fallecido) y esposa de Carlos Porta (fallecido); Audilio Amaral, hijo de Audilio Amaral (fallecido); María Amaral, hija de Audilio Amaral (fallecido); Gisela San Martín, hija de Raúl San Martín (fallecido); Norma Lorenzo (damnificada); Sergio Leivas, hijo de Olgarido Leivas; Solis García Pereira (damnificado); María Martín, esposa de José Iturrioz (fallecido); María Andrea Pelliccia, hermana del niño Eduardo Pelliccia (fallecido); María Cecilia Pelliccia, hermana del niño Eduardo Pelliccia (fallecido); Wismen Núñez (damnificado); Celestina Iturrioz, hija de José Iturrioz (fallecido); Alberto Forteza (damnificado); Eduardo González, padre del niño Pablo González Dorado (fallecido); Iris Nelva Martínez (damnificada).
2 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-10/89, 14 de julio de 1989, "Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", Ser. A Nº 10, párrafos 43 - 46.
3 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-10/89, 14 de julio de 1989, "Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", Ser. A Nº 10, párrafo 46.
4 CIDH, Informe N° 5/10, Petición 12.118, Perú, Alicia Álvarez Trinidad; Informe Nº 135/09, Petición 291-05, Perú, Jaime Salinas Sedó, 12 de noviembre de 2009; Informe Nº 42/09, Petición 443-03, Perú, David José Ríos Martínez, 27 de marzo de 2009; Informe Nº 87/05, Petición 4580/02, Perú, 24 de octubre de 2005; Informe Nº 73/99, Caso 11.701, México, de 4 de mayo de 1999; Informe Nº 24/99, Caso 11.812, México, de 9 de marzo de 1999; e Informe Nº 82/98, Caso 11.703, Venezuela, 28 de septiembre de 1998, entre otros.

References: artículo 46
 resolución 
 artículo 102
 artículo 117
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 44
 artículo 46
 resolución 
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 64
 artículo 64