Source: http://civil.udg.edu/normacivil/estatal/hip/L%202-09.htm
Timestamp: 2016-08-30 14:52:28+00:00

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Ley 2/2009 de 31 de marzo, por la que se regula la contrataci�n con los consumidores de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios y de servicios de intermediaci�n para la celebraci�n de contratos de pr�stamo o cr�dito
(BOE, n�m. 79, de 01-04-2009, pp. 30843-30859).
El art�culo 51 de la Constituci�n Espa�ola establece que los poderes p�blicos garantizar�n la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los leg�timos intereses econ�micos de los mismos. Asimismo, promover�n su informaci�n y educaci�n, fomentar�n sus organizaciones y las oir�n en las cuestiones que puedan afectarles.
En cumplimiento de este mandato constitucional, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, incorpora, en el �mbito de las competencias estatales, el r�gimen general de la protecci�n de los consumidores y usuarios.
Sin embargo, la protecci�n de los consumidores y usuarios no se limita a un enfoque general sino que tiene una amplia presencia en todos los sectores de la vida econ�mica con normas de protecci�n espec�ficas. En concreto, en el sector financiero la protecci�n a los consumidores y usuarios es de especial relevancia, dado que est�n en juego no s�lo sus intereses econ�micos sino tambi�n la estabilidad del sistema.
En este sentido hay que se�alar que la normativa de protecci�n de los consumidores y usuarios es bastante amplia en este �mbito. As�, los productos y servicios ofrecidos por las entidades de cr�dito en sus relaciones con los consumidores y usuarios se regulan espec�ficamente por las normas de ordenaci�n y disciplina supervisadas por el Banco de Espa�a. Por otra parte, existe un numeroso conjunto de normas que responde al tipo de �regulaci�n por producto� que busca unificar los requisitos que han de cumplir ciertos productos financieros, de forma que estos requisitos sean similares sea cual sea la entidad que los presta, ya se trate de una entidad de cr�dito o de cualquier otra empresa.
En particular, el r�gimen jur�dico espec�fico de la protecci�n de los consumidores en relaci�n al cr�dito al consumo est� contenido en la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Cr�dito al Consumo, que incorpora la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximaci�n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de cr�dito al consumo, y que ha sido modificada por la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposici�n al ordenamiento jur�dico espa�ol de diversas directivas comunitarias en materia de protecci�n de los intereses de los consumidores y usuarios, y el art�culo 134 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Esta Ley se complementa por la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, que establece el r�gimen de los contratos de venta a plazos de bienes muebles corporales no consumibles e identificables, de los contratos de pr�stamo destinados a facilitar su adquisici�n y de las garant�as que se constituyan para asegurar el cumplimiento de las obligaciones nacidas de los mismos. Por otra parte, la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercializaci�n a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, transposici�n de la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, contiene el r�gimen jur�dico espec�fico de la protecci�n de los consumidores en los servicios financieros que se comercializan a distancia.
Sin embargo, este amplio conjunto de normas no cubre todas las necesidades de protecci�n de los consumidores y usuarios en un sector tan din�mico como el financiero, donde tanto la innovaci�n de los productos como la aparici�n de nuevos prestadores de servicios es constante. Esta caracter�stica del sector financiero obliga a los poderes p�blicos a prestar una permanente atenci�n para garantizar los derechos de los consumidores y usuarios. En concreto, dos fen�menos, que hasta la fecha no contaban con una previsi�n normativa espec�fica, est�n adquiriendo en la actualidad un gran auge: los cr�ditos y pr�stamos hipotecarios concedidos por empresas que no son entidades de cr�dito y los servicios de intermediaci�n del cr�dito. Ambos son el objeto fundamental de esta Ley, que los regula con el objetivo de salvaguardar los intereses econ�micos y los derechos de los consumidores y usuarios.
El primero de los fen�menos es consecuencia del vertiginoso crecimiento del cr�dito hipotecario, vinculado al incremento de la demanda en el mercado inmobiliario. Cuando estos cr�ditos o pr�stamos hipotecarios son concedidos por las entidades de cr�dito, sujetas a la supervisi�n del Banco de Espa�a, se cuenta con una regulaci�n espec�fica en materia de subrogaci�n y modificaci�n de pr�stamos hipotecarios y en materia de transparencia de las condiciones financieras de los pr�stamos hipotecarios, contenida, respectivamente, en la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogaci�n y modificaci�n de pr�stamos hipotecarios, y en la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los pr�stamos hipotecarios.
Sin embargo, dado que en el ordenamiento espa�ol esta actividad no est� reservada a las entidades de cr�dito, cuando dicha actividad se desarrolla por otro tipo de empresas queda sometida �nicamente a la legislaci�n general de protecci�n de los consumidores, sin otras exigencias particulares de transparencia ni un marco espec�fico de garant�as exigibles por quienes contratan pr�stamos o cr�ditos hipotecarios con esas empresas.
Por otra parte, recientemente han proliferado en nuestro pa�s actividades de intermediaci�n de pr�stamos que se muestran especialmente activas en lo referente a la agrupaci�n de deudas. Esta actividad, realizada por empresas que no entran dentro de la categor�a de entidad de cr�dito, aunque de auge reciente en nuestro pa�s, est� muy presente en otros pa�ses, donde una parte importante de los pr�stamos que conceden las entidades son objeto de intermediaci�n.
Ambas actividades, desarrolladas con los necesarios niveles de transparencia y profesionalidad, pueden ser �tiles a los consumidores que decidan contratar estos servicios al posibilitar una b�squeda m�s eficiente de los cr�ditos y pr�stamos disponibles en el mercado, al tiempo que estas entidades permiten que los consumidores ganen poder de negociaci�n frente a los prestamistas, pudiendo as� acceder a mejores condiciones en los pr�stamos que contratan. Debido a que hasta ahora estas actividades est�n sometidas exclusivamente a la legislaci�n mercantil y civil y a las normas generales de protecci�n de los consumidores y usuarios, esta Ley viene a establecer una regulaci�n espec�fica que, sin afectar los potenciales beneficios que puede reportar a los consumidores, establece un marco transparente en las relaciones de �stos con las empresas que les ofrecen contratos de pr�stamo o cr�dito hipotecario o de servicios de intermediaci�n para la celebraci�n de cualquier tipo de contrato de pr�stamo o cr�dito.
Con esta finalidad, se limita el �mbito de aplicaci�n de la Ley a las empresas distintas a las entidades de cr�dito y a los supuestos de concesi�n de cr�ditos o pr�stamos hipotecarios y de prestaci�n de servicios de intermediaci�n financiera, en el marco de la legislaci�n general de protecci�n de los consumidores, sin perjuicio de la normativa espec�fica de determinados productos como el cr�dito al consumo o la venta a plazos de bienes muebles.
Se excluye a las entidades de cr�dito, sometidas a las normas de ordenaci�n y disciplina de cr�dito y supervisadas por el Banco de Espa�a y se respeta el r�gimen actualmente vigente en materia de cr�dito al consumo, venta a plazos de bienes muebles y comercializaci�n a distancia de servicios financieros, que se han demostrado eficaces en el cumplimiento de sus fines, y que esta Ley viene a complementar estableciendo un r�gimen de protecci�n similar en su �mbito de aplicaci�n para los consumidores y usuarios.
Esta Ley se estructura en una exposici�n de motivos, tres cap�tulos que agrupan un total de 22 art�culos, una disposici�n transitoria y cuatro disposiciones finales.
El art�culo 1 delimita el �mbito de aplicaci�n de la Ley desde un punto de vista objetivo y subjetivo, en los t�rminos se�alados anteriormente. Por raz�n de la actividad, la Ley es de aplicaci�n a la concesi�n de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios y a la intermediaci�n o asesoramiento en la concesi�n de pr�stamos o cr�ditos. Desde un punto de vista subjetivo se limita a las empresas que no sean entidades de cr�dito.
En orden a garantizar un alto nivel de protecci�n de los consumidores y usuarios, asegurando la transparencia y la leal competencia, el art�culo 3 impone la obligaci�n de inscripci�n de las empresas en los registros p�blicos que a tal efecto se creen por las comunidades aut�nomas en el ejercicio de sus competencias, contempl�ndose asimismo la creaci�n de un Registro estatal. Este Registro se nutrir� de la informaci�n que le faciliten las comunidades aut�nomas y de las inscripciones de las empresas extranjeras.
El c�rculo de colaboraci�n, imprescindible para el funcionamiento de los registros, entre las distintas Administraciones p�blicas y las empresas del sector, se cierra con el establecimiento de la obligaci�n de �stas de facilitar a aqu�llas informaci�n veraz y comprobable.
La Ley contempla obligaciones de transparencia en la informaci�n precontractual, de forma que las empresas deban tener a disposici�n de los consumidores, gratuitamente, las condiciones generales de la contrataci�n que utilicen. Esta informaci�n, adem�s, debe estar disponible en las p�ginas web.
Se imponen tambi�n obligaciones de transparencia en relaci�n con los precios de forma que, aunque existe libertad de tarifas y comisiones, con las limitaciones legales de general aplicaci�n, se declara que las empresas no podr�n aplicar cantidades superiores a las que deriven de las tarifas correspondientes y que las comisiones deber�n responder a servicios efectivamente prestados o a gastos ocasionados. En relaci�n con el r�gimen de compensaci�n por amortizaci�n anticipada, la Ley establece con claridad que a los pr�stamos o cr�ditos hipotecarios concedidos a partir del 9 de diciembre de 2007 les ser�n �nicamente exigibles las compensaciones previstas en la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulaci�n del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, esto es, la compensaci�n por desistimiento y, en su caso, la compensaci�n por riesgo de tipo de inter�s. Adem�s, se exige que las tarifas se recojan en un folleto, que las empresas deber�n remitir a los registros antes de su aplicaci�n, y se exige que las empresas dispongan de un tabl�n de anuncios en los establecimientos abiertos al p�blico.
Las empresas deber�n contar con un seguro de responsabilidad civil o aval bancario que cubra las responsabilidades en que pudieran incurrir frente a los consumidores. Las prestaciones de dicho seguro, cuya suma asegurada m�nima se determinar� reglamentariamente mediante real decreto del Consejo de Ministros, estar�n exclusivamente destinadas a atender los perjuicios causados a sus clientes derivados de la realizaci�n de los servicios propios de la actividad de intermediaci�n o concesi�n de cr�ditos o pr�stamos hipotecarios.
Asimismo, se exige a las empresas que prestan estos servicios la carga de la prueba sobre el cumplimiento de las obligaciones que les impone esta Ley y se regula el acceso a los sistemas de resoluci�n extrajudicial de conflictos y las acciones de cesaci�n frente a las conductas contrarias a la Ley que lesionen los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores.
En cuanto al r�gimen sancionador, el incumplimiento de las obligaciones impuestas en la Ley constituye infracci�n en materia de protecci�n de los consumidores y usuarios, sancion�ndose por las autoridades competentes conforme a lo previsto en la legislaci�n auton�mica. Para la determinaci�n de la Administraci�n p�blica competente se estar� a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
El cap�tulo II de la Ley aborda la regulaci�n de las obligaciones a las que se deben ajustar las empresas que realizan la actividad de concesi�n de cr�ditos o pr�stamos hipotecarios en las comunicaciones comerciales y la publicidad, que deber� mencionar la tasa anual equivalente mediante un ejemplo representativo y ello siempre que indiquen el tipo de inter�s o cualesquiera cifras relacionadas con el coste del pr�stamo o cr�dito.
Adem�s se exige que las empresas que concedan pr�stamos o cr�ditos hipotecarios entreguen a los consumidores un folleto informativo y gratuito con un contenido m�nimo.
Respecto de la informaci�n previa al contrato, se establecen, con car�cter novedoso, las informaciones que la empresa debe facilitar al consumidor, con una antelaci�n m�nima de cinco d�as a la firma del contrato, sobre la propia empresa, sobre el producto o servicio ofrecido y sobre el contrato. Esta informaci�n previa incluye elementos esenciales para la adopci�n de una decisi�n informada y responsable, tales como la descripci�n de las principales caracter�sticas de los contratos y el precio total que debe pagar el consumidor.
Tambi�n se establecen algunas reglas respecto de la tasaci�n del bien y otros servicios accesorios, de forma que en los supuestos en los que la empresa concierte o efect�e directamente la tasaci�n del inmueble u otro servicio que sea por cuenta del consumidor, se indique la identidad de los profesionales seleccionados al efecto, as� como las tarifas de honorarios aplicables.
Las empresas vendr�n obligadas a efectuar una oferta vinculante de pr�stamo o cr�dito al consumidor o, en su caso, a notificarle la denegaci�n del mismo. La oferta se formular� por escrito, firmada por el representante de la empresa y, salvo que medien circunstancias extraordinarias o no imputables a la empresa, tendr� un plazo de validez no inferior a diez d�as h�biles desde su fecha de entrega.
Respecto al contrato de pr�stamo o cr�dito hipotecario, se establece que deber�n cumplir las condiciones previstas en la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los pr�stamos hipotecarios. En todo caso, los contratos incluir�n los derechos que correspondan a las partes en orden a la modificaci�n del coste total del cr�dito. Se extienden a las empresas las obligaciones que ya cumplen las entidades de cr�dito respecto del contenido de las escrituras p�blicas en las que se formalicen los pr�stamos hipotecarios.
Por su parte, las empresas tienen que satisfacer las exigencias sobre los �ndices o tipos de referencia, que ya cumplen las entidades de cr�dito, y que se recogen, en el caso de pr�stamos hipotecarios a tipo de inter�s variable, en la citada Orden de 5 de mayo de 1994.
Respecto de la actividad de intermediaci�n, debe subrayarse el hecho de que esta Ley no aborda en el cap�tulo III el r�gimen jur�dico de los contratos sobre los que se intermedia, por lo que si, por ejemplo, la intermediaci�n recae sobre un pr�stamo al consumo, el r�gimen jur�dico de tal contrato de pr�stamo contin�a rigi�ndose por lo que establezca la Ley 7/1995, de 23 de marzo, y ello tanto si el contrato de pr�stamo es otorgado por una empresa o por una entidad de cr�dito. Es decir, lo que regula el cap�tulo III de esta Ley es el r�gimen jur�dico de la transparencia de los propios contratos de intermediaci�n celebrados por empresas.
As�, en materia de comunicaciones comerciales y publicidad, adem�s de se�alar que siempre que indiquen el tipo de inter�s o cualesquiera cifras relacionadas con el coste del pr�stamo o cr�dito, la publicidad deber� cumplir las exigencias establecidas por la normativa aplicable al pr�stamo o cr�dito sobre el que recae el asesoramiento o intermediaci�n, se establecen otras previsiones, tales como que las empresas deber�n indicar en sus comunicaciones comerciales y publicidad el alcance de sus funciones y representaci�n, precisando, en particular, si trabaja en exclusiva con una entidad de cr�dito o empresa o vinculada con varias entidades de cr�dito u otras empresas, o como intermediarios independientes. Adem�s, en el caso de que la comunicaci�n comercial se refiera a la agrupaci�n de distintos cr�ditos o pr�stamos en uno solo, deber� facilitarse, de forma clara, concisa y destacada, cualquier tipo de gastos relacionados con la citada agrupaci�n.
Respecto de la informaci�n previa al contrato, se establecen las informaciones que la empresa debe facilitar al consumidor, con una antelaci�n m�nima de quince d�as a la firma del contrato, sobre la propia empresa, sobre el servicio ofrecido y sobre el contrato de intermediaci�n. Esta informaci�n previa incluye elementos esenciales para la adopci�n de una decisi�n informada y responsable, tales como la descripci�n de las principales caracter�sticas de los contratos y el precio total que debe pagar el consumidor.
Esta Ley contempla espec�ficamente el derecho de desistimiento en los contratos de intermediaci�n. As�, se establece que deber� otorgarse al consumidor un derecho de desistimiento en los catorce d�as naturales siguientes a la formalizaci�n del contrato, sin alegaci�n de causa alguna y sin penalizaci�n.
Se regulan tambi�n obligaciones adicionales en la actividad de intermediaci�n, de manera que las empresas que trabajen en exclusiva para una entidad de cr�dito u otra empresa, no podr�n percibir retribuci�n alguna de los clientes.
Las empresas independientes s�lo podr�n percibir retribuci�n cuando se haya pactado el importe de la remuneraci�n mediante documento en papel u otro soporte duradero y se proh�be a las empresas percibir de los clientes o las empresas el precio o los fondos que constituyan el contrato principal.
Asimismo, los intermediarios independientes estar�n obligados a seleccionar entre los productos que se ofrecen en el mercado los que mejor se adapten a las caracter�sticas que el consumidor les haya manifestado, present�ndoles, al menos, tres ofertas vinculantes de entidades de cr�dito sobre cuyas condiciones jur�dicas y econ�micas asesorar� al consumidor.
Finalmente la Ley regula pormenorizadamente el r�gimen transitorio de adaptaci�n a los requisitos exigibles, los t�tulos competenciales que amparan su promulgaci�n, las facultades de desarrollo y su entrada en vigor.
Por tanto, con el objetivo fundamental de mejorar la protecci�n de los consumidores y usuarios, esta Ley extiende a las empresas que ofrecen contratos de pr�stamo o cr�dito hipotecario, distintas de las entidades de cr�dito, obligaciones hasta ahora exigibles en exclusiva a estas �ltimas, en particular en materia de transparencia de comisiones y tipos e informaci�n precontractual de los cr�ditos y pr�stamos hipotecarios, y, adem�s, se articula un r�gimen jur�dico espec�fico al que quedan sometidas las empresas que realicen operaciones de intermediaci�n, con particular detalle para los supuestos de reunificaci�n de cr�ditos o pr�stamos.
1. Lo dispuesto en esta Ley ser� de aplicaci�n a la contrataci�n de los consumidores con aquellas personas f�sicas o jur�dicas (en adelante, las empresas) que, de manera profesional, realicen cualquiera de las actividades que consistan en:
a) La concesi�n de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios bajo la forma de pago aplazado, apertura de cr�dito o cualquier otro medio equivalente de financiaci�n.
b) La intermediaci�n para la celebraci�n de un contrato de pr�stamo o cr�dito con cualquier finalidad, a un consumidor, mediante la presentaci�n, propuesta o realizaci�n de trabajos preparatorios para la celebraci�n de los mencionados contratos, incluida, en su caso, la puesta a disposici�n de tales contratos a los consumidores para su suscripci�n.
A los proveedores de bienes y servicios que act�en como intermediarios para la contrataci�n de pr�stamos o cr�ditos destinados a la financiaci�n de los productos que comercialicen, �nicamente les ser� de aplicaci�n lo dispuesto en el art�culo 22.5.
Tienen la consideraci�n de consumidores las personas f�sicas y jur�dicas que, en los contratos a que se refiera esta Ley, act�an en un �mbito ajeno a su actividad empresarial o profesional.
2. Lo dispuesto en esta Ley no ser� de aplicaci�n cuando las actividades previstas en el apartado anterior sean prestadas por entidades de cr�dito o sus agentes, ni a las actividades incluidas en el �mbito de aplicaci�n de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles.
3. Lo establecido en esta Ley se entender� sin perjuicio de lo dispuesto en otras Leyes generales o en la legislaci�n de protecci�n de los derechos de los consumidores y usuarios, en particular en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contrataci�n, la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, la Ley de 23 de julio de 1908, de nulidad de los contratos de pr�stamos usurarios, la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Cr�dito al Consumo y la
Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercializaci�n a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. En caso de conflicto, ser� de aplicaci�n la norma que contenga un r�gimen m�s preciso de control de las actividades definidas en el apartado primero o suponga una mayor protecci�n de los consumidores y usuarios.
Art�culo 2. Car�cter imperativo.
Los derechos reconocidos por esta Ley a los consumidores que contraten las actividades incluidas en su �mbito de aplicaci�n son irrenunciables, siendo nulos la renuncia previa a tales derechos y los actos realizados en fraude de Ley, conforme a lo previsto en el art�culo 6 del C�digo Civil.
Art�culo 3. Registros p�blicos de empresas.
1. Con car�cter previo al inicio del ejercicio de su actividad, las empresas deber�n inscribirse en los registros de las comunidades aut�nomas correspondientes a su domicilio social.
2. Las empresas que desarrollan sus actividades en territorio espa�ol domiciliadas fuera de Espa�a deber�n inscribirse en el Registro estatal que se cree en el Instituto Nacional del Consumo.
En el Registro estatal, accesible por medios electr�nicos, figurar�n los datos identificativos de la empresa, el �mbito territorial en el que desarrolla su actividad, la actividad desarrollada y los dem�s extremos que reglamentariamente se establezcan. Tambi�n figurar�n los datos identificativos de la entidad aseguradora o bancaria con la que se haya contratado el seguro de responsabilidad civil o el aval bancario previsto en el art�culo 7 y cuantos datos referidos a dicho seguro o aval que se establezcan en el mencionado desarrollo reglamentario.
3. El Registro estatal recoger�, asimismo, los datos suministrados por las comunidades aut�nomas que, en el ejercicio de sus competencias, creen registros, y pondr� a disposici�n de los registros auton�micos la informaci�n sobre los datos que obren en �l. 4. Estos registros ser�n p�blicos y de acceso gratuito e incluir�n la informaci�n actualizada que faciliten las empresas.
5. Las empresas incluidas en el �mbito de aplicaci�n de esta Ley est�n obligadas a facilitar informaci�n veraz y comprobable a las Administraciones p�blicas competentes y a los responsables de los registros.
Art�culo 4. Obligaciones de transparencia en relaci�n con los contratos.
1. Las empresas deber�n tener a disposici�n de los consumidores las condiciones generales de la contrataci�n que utilicen. Los consumidores no tendr�n que afrontar ning�n gasto ni asumir compromiso alguno por su recepci�n. Esta informaci�n deber� estar disponible en la p�gina web de las empresas, si �stas disponen de ella, y en los establecimientos abiertos al p�blico u oficinas en que presten sus servicios.
2. La accesibilidad de las personas con discapacidad a la informaci�n prevista en el apartado anterior deber� garantizarse en los t�rminos exigidos legal o reglamentariamente.
Art�culo 5. Obligaciones de transparencia en relaci�n con los precios.
1. Las empresas establecer�n libremente sus tarifas de comisiones, condiciones y gastos repercutibles a los consumidores, sin otras limitaciones que las contenidas en esta Ley, en la Ley de 23 de julio de 1908 y en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en materia de cl�usulas abusivas.
En las tarifas de comisiones o compensaciones y gastos repercutibles, incluidas las actividades de asesoramiento, se indicar�n los supuestos y, en su caso, periodicidad con que ser�n aplicables. Las comisiones o compensaciones y gastos repercutidos deben responder a servicios efectivamente prestados o a gastos habidos. En ning�n caso podr�n cargarse comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados en firme y de forma expresa por el consumidor.
a) En los pr�stamos o cr�ditos hipotecarios ser� de aplicaci�n lo dispuesto en materia de compensaci�n por amortizaci�n anticipada por la legislaci�n espec�fica reguladora del mercado hipotecario, salvo que se tratara de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios concedidos con anterioridad al 9 de diciembre de 2007 y el contrato estipule el r�gimen de la comisi�n por amortizaci�n anticipada contenido en la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogaci�n y modificaci�n de pr�stamos hipotecarios, en cuyo caso, ser� �ste el aplicable.
b) En los pr�stamos o cr�ditos hipotecarios sobre viviendas, la comisi�n de apertura, que se devengar� una sola vez, englobar� cualesquiera gastos de estudio, de concesi�n o tramitaci�n del pr�stamo o cr�dito hipotecario u otros similares inherentes a la actividad de la empresa ocasionada por la concesi�n del pr�stamo o cr�dito. En el caso de pr�stamos o cr�ditos denominados en divisas, la comisi�n de apertura incluir�, asimismo, cualquier comisi�n por cambio de moneda correspondiente al desembolso inicial del pr�stamo o cr�dito.
Las restantes comisiones y gastos repercutibles a cargo del consumidor, que la empresa aplique sobre estos pr�stamos o cr�ditos, deber�n responder a la prestaci�n de un servicio espec�fico distinto de la concesi�n o de la administraci�n ordinaria del pr�stamo o cr�dito.
3. Las empresas no podr�n cargar cantidades superiores a las que se deriven de las tarifas, aplicando condiciones m�s gravosas o repercutiendo gastos no previstos.
4. Las empresas est�n obligadas a notificar al Registro en el que figuren inscritas, con car�cter previo a su aplicaci�n, los precios de los servicios, las tarifas de las comisiones o compensaciones y gastos repercutibles que aplicar�n, como m�ximo, a las operaciones y servicios que prestan, y los tipos de inter�s m�ximos de los productos que comercializan, incluidos, en su caso, los tipos de inter�s por demora.
5. Los precios, tarifas y gastos repercutibles a que se refiere el apartado anterior se recoger�n en un folleto, que se redactar� de forma clara, concreta y f�cilmente comprensible para los consumidores, evitando la inclusi�n de conceptos innecesarios o irrelevantes. Este folleto, que estar� disponible para los consumidores conforme a lo previsto en el art�culo siguiente, ser� asimismo remitido al registro en el que figuren inscritas y su contenido se ajustar� a las normas que reglamentariamente puedan dictar las comunidades aut�nomas en el ejercicio de sus competencias.
Art�culo 6. Tabl�n de anuncios.
1. Las empresas dispondr�n, en todos y cada uno de los establecimientos abiertos al p�blico, de un tabl�n de anuncios permanente, que se situar� en lugar destacado de forma que atraiga la atenci�n del consumidor. Su contenido deber� resultar f�cilmente legible garantizando, en los t�rminos exigidos legal o reglamentariamente, la accesibilidad de las personas con discapacidad, pudiendo a tal efecto habilitar la consulta de la informaci�n que debe figurar en el tabl�n de anuncios en otro lugar del establecimiento, siempre que dicha circunstancia se ponga de manifiesto en dicho tabl�n.
En el tabl�n se recoger� toda aquella informaci�n que las empresas deban poner en conocimiento de los consumidores, tales como la existencia y disponibilidad del folleto de tarifas; referencia a la existencia de mecanismos de resoluci�n extrajudicial de conflictos; normativa que regula la protecci�n de los consumidores; en su caso, el derecho de los consumidores a solicitar ofertas vinculantes; y dem�s extremos que reglamentariamente determinen las comunidades aut�nomas en el ejercicio de sus competencias.
Las empresas que realicen actividades de intermediaci�n adem�s informar�n en el tabl�n de anuncios del derecho del consumidor a desistir del contrato de intermediaci�n en los catorces d�as siguientes a su formalizaci�n, sin alegaci�n de causa y sin penalizaci�n.
2. Las empresas que ofrezcan la posibilidad de realizar sus actividades a trav�s de Internet incluir�n en la direcci�n propia de la empresa, en posici�n suficientemente destacada, su denominaci�n social y, en su caso, nombre comercial, su domicilio social as� como una menci�n a su inscripci�n en los registros a que se refiere el art�culo 3 de esta Ley.
Tambi�n incluir�n, en posici�n similar y de forma que atraiga la atenci�n del consumidor, las informaciones de obligatoria inserci�n en el tabl�n de anuncios regulado en este art�culo, as� como el folleto de tarifas de forma que su consulta sea accesible, sencilla y gratuita, sin perjuicio del coste de la conexi�n. Tanto las informaciones como el folleto deben ser accesibles para el p�blico en general, no pudiendo quedar restringido su acceso a los clientes de la empresa.
Art�culo 7. Seguro de responsabilidad civil o aval bancario.
Con car�cter previo a su inscripci�n en los registros previstos en el art�culo 3, las empresas deber�n contratar un seguro de responsabilidad civil con entidad autorizada o un aval bancario que cubra las responsabilidades en que pudieran incurrir frente a los consumidores por los perjuicios derivados de la realizaci�n de los servicios propios de la actividad de intermediaci�n o concesi�n de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios. La suma asegurada m�nima y el importe m�nimo del aval se determinar�n reglamentariamente.
Art�culo 8. Prueba.
Art�culo 9. Infracciones y sanciones.
1. El incumplimiento por las empresas de las disposiciones de esta Ley ser� sancionado como infracci�n en materia de consumo, aplic�ndosele lo dispuesto en el r�gimen sancionador general sobre protecci�n de los consumidores y usuarios previsto en el libro primero, t�tulo IV del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias y normativa auton�mica que resulte de aplicaci�n.
2. El incumplimiento de la obligaci�n de inscripci�n en el Registro estatal previsto en el art�culo 3 ser� considerado infracci�n muy grave, siendo competente para la imposici�n de las sanciones el Instituto Nacional del Consumo, aplic�ndose lo dispuesto en los art�culos 51 y 52 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias y normativa complementaria.
Art�culo 10. Resoluci�n extrajudicial de conflictos.
Las empresas podr�n someter sus conflictos con los consumidores a arbitraje de consumo, mediante su adhesi�n al Sistema Arbitral del Consumo, conforme a lo previsto en la regulaci�n espec�fica de �ste.
Art�culo 11. Acciones de cesaci�n.
1. Podr� ejercitarse la acci�n de cesaci�n contra las conductas contrarias a esta Ley que lesionen los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios.
2. La acci�n de cesaci�n se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta contraria a esta Ley y a prohibir su reiteraci�n futura. Asimismo, la acci�n podr� ejercerse para prohibir la realizaci�n de una conducta cuando �sta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acci�n, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteraci�n de modo inmediato.
b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que re�nan los requisitos establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, o, en su caso, en la legislaci�n auton�mica en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
4. Todas las entidades citadas en el apartado anterior podr�n personarse en los procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de los intereses que representan.
Actividad de contrataci�n de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios
Art�culo 12. Comunicaciones comerciales y publicidad.
1. En la publicidad y comunicaciones comerciales de las empresas y en los anuncios y ofertas exhibidos en sus establecimientos abiertos al p�blico en los que se ofrezcan pr�stamos o cr�ditos hipotecarios, siempre que se haga referencia al importe del cr�dito o pr�stamo o se indique el tipo de inter�s o cualesquiera cifras relacionadas con el coste del cr�dito o pr�stamo, las empresas deber�n mencionar tambi�n la tasa anual equivalente, mediante un ejemplo representativo, as� como aquellos otros extremos que, siendo compatibles con la legislaci�n sobre pr�cticas comerciales desleales con los consumidores, reglamentariamente determinen las comunidades aut�nomas.
2. En el caso de que la comunicaci�n comercial se refiera a la agrupaci�n de distintos cr�ditos o pr�stamos en uno solo, deber� facilitarse informaci�n de forma clara, concisa y destacada de cualquier tipo de gastos relacionados con la citada agrupaci�n. Adem�s se proh�be hacer referencia a la reducci�n de la cuota mensual a pagar, sin mencionar de forma expresa el aumento del capital pendiente y el plazo de pago del nuevo pr�stamo o cr�dito.
Art�culo 13. Folleto informativo sobre pr�stamos o cr�ditos hipotecarios.
1. Las empresas deber�n informar obligatoriamente a los consumidores que soliciten pr�stamos o cr�ditos hipotecarios mediante la entrega gratuita de un folleto en el que conste la informaci�n prevista en el art�culo 14.1.a) y con el contenido m�nimo del anexo I de la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los pr�stamos hipotecarios.
El consumidor podr� conservar en su poder el folleto, aun cuando opte por no concertar el pr�stamo o cr�dito con la empresa.
2. El folleto informativo indicar� con claridad los gastos preparatorios de la operaci�n, tales como asesoramiento, tasaci�n, comprobaci�n de la situaci�n registral del inmueble, u otros que sean a cargo del consumidor aun cuando el pr�stamo o cr�dito no llegue a otorgarse, as� como los dem�s extremos que, siendo compatibles con la legislaci�n comunitaria sobre la materia, determinen las comunidades aut�nomas reglamentariamente. La informaci�n sobre estos gastos es vinculante cuando la empresa concierte o efect�e directamente la prestaci�n del servicio.
3. La informaci�n sobre el resto de los gastos, tipos de inter�s, tarifas o comisiones respetar� lo dispuesto en el art�culo 5, indicando expresamente el car�cter orientativo de aqu�llos que est�n sujetos al resultado de la negociaci�n y a las condiciones concretas de la operaci�n que se contrate.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en materia de publicidad y pr�cticas desleales.
Art�culo 14. Informaci�n previa al contrato.
1. La empresa deber� suministrar de forma gratuita al consumidor, con una antelaci�n m�nima de cinco d�as naturales a la celebraci�n del contrato y, en todo caso, antes de que asuma cualquier obligaci�n derivada de la oferta o del contrato de pr�stamo o cr�dito hipotecario, al menos la siguiente informaci�n:
1.� Identidad, n�mero o c�digo de identificaci�n fiscal, raz�n social, domicilio social y actividad principal de la empresa.
2.� En su caso, p�gina web de la empresa y su car�cter de franquiciado.
3.� P�liza de seguro de responsabilidad civil o aval y entidad aseguradora o de cr�dito con la que se haya contratado.
4.� El Registro, auton�mico o estatal, en el que la empresa est� inscrita y su n�mero de registro.
b) En cuanto al pr�stamo o cr�dito hipotecario ofrecido:
1.� Una descripci�n de las principales caracter�sticas del contrato de pr�stamo o cr�dito.
2.� El precio total que debe pagar el consumidor a la empresa con inclusi�n de todas las comisiones, cargas y gastos, as� como todos los impuestos pagados a trav�s de la empresa o, cuando no pueda indicarse un precio exacto, la base de c�lculo que permita al consumidor comprobar el precio, as� como la tasa anual equivalente expresada mediante un ejemplo representativo.
3.� Una advertencia que indique que el pr�stamo o cr�dito ofrecido est� relacionado con instrumentos u operaciones que implican riesgos especiales, tales como que el precio del contrato se incremente de manera significativa, ya deriven de sus caracter�sticas espec�ficas o de las operaciones que se vayan a ejecutar o cuyo precio depende de fluctuaciones en mercados financieros ajenos al control de la empresa y cuyos resultados hist�ricos no son indicadores de resultados futuros. En todo caso, el consumidor, a trav�s de tal advertencia, deber� obtener un conocimiento adecuado de los riesgos asociados a la financiaci�n de estas operaciones, con especial referencia al riesgo de tipo de inter�s asumido.
4.� La indicaci�n de que puedan existir otros impuestos o gastos que no se paguen a trav�s de la empresa o que no los facture ella misma. No obstante en el caso de que estos gastos fueran causados por entidades o personas designadas por la empresa deber� hacerse constar cu�les son y su cuant�a.
5.� Las modalidades de pago y de ejecuci�n.
c) En cuanto al contrato de pr�stamo o cr�dito hipotecario:
1.� Los supuestos en que existe el derecho a obtener una oferta vinculante conforme a lo previsto en el art�culo 16, su duraci�n y las condiciones y modo para ejercerlo.
2.� Informaci�n acerca de cualquier derecho que puedan tener las partes para resolver el contrato anticipadamente o unilateralmente con arreglo a la legislaci�n que resulte aplicable y a las condiciones del contrato, incluidas las compensaciones que pueda contener el contrato en ese caso.
3.� En cuanto a los medios de reclamaci�n, a qu� sistemas de resoluci�n extrajudicial de conflictos puede el consumidor tener acceso y c�mo puede acceder a ellos.
4.� Lengua o lenguas en las que podr� formalizarse el contrato, en este caso a elecci�n del consumidor, cuando �sta no sea la lengua en la que se le ha ofrecido la informaci�n previa a la contrataci�n.
5.� Legislaci�n y tratamiento tributario aplicable al contrato.
2. La informaci�n prevista en este art�culo se prestar� por escrito o en cualquier soporte de naturaleza duradera que permita la constancia de la fecha de su recepci�n por el destinatario y su conservaci�n, reproducci�n y acceso a dicha informaci�n.
3. El incumplimiento de los requisitos relativos a la informaci�n previa que se deriven de los contratos, as� como los relativos al suministro de dicha informaci�n previa, que se establecen en este art�culo, podr� dar lugar a la invalidez de los contratos, de acuerdo con lo previsto en la legislaci�n civil, sin perjuicio de la integraci�n de los contratos conforme a lo previsto en los art�culos 61 y 65 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias.
4. Las comunidades aut�nomas, en el ejercicio de sus competencias en materia de consumo, podr�n determinar reglamentariamente cualquier otra informaci�n, compatible con la legislaci�n comunitaria sobre la materia, que la empresa deba comunicar al consumidor de forma previa al contrato.
Art�culo 15. Tasaci�n del bien y otros servicios accesorios.
1. Cuando la empresa concierte o efect�e directamente la prestaci�n de los servicios preparatorios de la operaci�n, cuyo gasto sea por cuenta del consumidor, deber� indicar a �ste la identidad de los profesionales o entidades seleccionados al efecto, as� como de las tarifas de los honorarios aplicables, debiendo entregar al consumidor el servicio contratado por la empresa o prestado por ella, si el cr�dito o pr�stamo hipotecario no llega a formalizarse, o una copia en el caso contrario.
En particular, las empresas deber�n entregar al consumidor copia del informe de tasaci�n si la operaci�n llega a formalizarse, o el original de dicho informe, en caso contrario.
2. Los servicios previstos en el apartado anterior deber�n prestarse conforme a lo previsto en el art�culo 14.2.
Art�culo 16. Oferta vinculante.
1. Efectuadas la tasaci�n del inmueble y, en su caso, las oportunas comprobaciones sobre la situaci�n registral de la finca y la capacidad financiera del prestatario, las empresas vendr�n obligadas a efectuar una oferta vinculante de pr�stamo o cr�dito al consumidor o, en su caso, a notificarle la denegaci�n del pr�stamo o cr�dito.
2. La oferta se formular� por escrito y especificar�, en su mismo orden, las condiciones financieras correspondientes a las cl�usulas financieras se�aladas en el anexo II de la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los pr�stamos hipotecarios, para la escritura de pr�stamo. La oferta deber� ser firmada por representante de la empresa y, salvo que medien circunstancias extraordinarias o no imputables a la empresa, tendr� un plazo de validez no inferior a diez d�as h�biles desde su fecha de entrega.
3. En el documento que contenga la oferta vinculante se har� constar de forma destacada el derecho del consumidor, en caso de que acepte la oferta, a examinar el proyecto de documento contractual, con una antelaci�n de tres d�as, en el despacho del notario autorizante.
Art�culo 17. Contrato.
1. Los contratos de pr�stamo o cr�dito hipotecario concedidos por las empresas deber�n cumplir las condiciones previstas en la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los pr�stamos hipotecarios.
2. Adicionalmente, los contratos incluir�n, en su caso, los derechos que contractualmente correspondan a las partes en orden a la modificaci�n del coste total del pr�stamo o cr�dito. En todo caso, en los pr�stamos o cr�ditos hipotecarios concedidos por las empresas a tipo de inter�s variable �stas �nicamente podr�n utilizar como �ndices o tipos de referencia aqu�llos que cumplan las siguientes condiciones:
a) Que no dependan exclusivamente de la propia empresa, ni sean susceptibles de influencia por ella en virtud de acuerdos o pr�cticas conscientemente paralelas con otras empresas o entidades.
b) Que los datos que sirvan de base al �ndice sean agregados de acuerdo con un procedimiento matem�tico objetivo.
3. La notificaci�n individualizada al consumidor de las variaciones experimentadas en el tipo de inter�s aplicable no ser� precisa, en el caso de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios a tipo de inter�s variable, cuando se den simult�neamente las siguientes circunstancias:
a) Que se haya pactado la utilizaci�n de un �ndice o tipo de referencia oficial de los previstos en la disposici�n adicional segunda de la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los pr�stamos hipotecarios.
b) Que el tipo de inter�s aplicable al pr�stamo o cr�dito est� definido en la forma prevista en las letras a) o b) del n�mero 1 de la cl�usula 3.� bis del anexo II de la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los pr�stamos hipotecarios.
4. En el caso de amortizaci�n anticipada de pr�stamos o cr�ditos hipotecarios se estar� a lo dispuesto por la legislaci�n especial en materia de mercado hipotecario.
5. Las escrituras p�blicas en las que se formalicen los pr�stamos o cr�ditos hipotecarios concedidos por las empresas contendr�n, debidamente separadas de las restantes, las cl�usulas financieras que ajustar�n su orden y contenido a lo establecido en el anexo II de la citada Orden de 5 de mayo de 1994. Las dem�s cl�usulas de tales documentos contractuales no podr�n desvirtuar el contenido de aqu�llas en perjuicio del consumidor.
Art�culo 18. Deberes notariales y registrales.
1. En su condici�n de funcionarios p�blicos y derivado de su deber gen�rico de control de legalidad de los actos y negocios que autorizan, los notarios denegar�n la autorizaci�n del pr�stamo o cr�dito con garant�a hipotecaria cuando el mismo no cumpla la legalidad vigente y, muy especialmente, los requisitos previstos en esta Ley.
Del mismo modo, los registradores denegar�n la inscripci�n de las escrituras p�blicas de pr�stamo o cr�dito con garant�a hipotecaria cuando no cumplan la legalidad vigente y, muy especialmente, los requisitos previstos en esta Ley.
2. En particular, los notarios informar�n al consumidor del valor y alcance de las obligaciones que asume y, en cualquier caso, deber�n: a) Comprobar si existen discrepancias entre la informaci�n previa al contrato, las condiciones financieras de la oferta vinculante del pr�stamo o del cr�dito y las cl�usulas jur�dicas y financieras del documento contractual, advirtiendo al consumidor de las diferencias que, en su caso, hubiera constatado y de su derecho a desistir de la operaci�n.
b) En el caso de pr�stamo o cr�dito a tipo de inter�s variable, advertir expresamente al consumidor cuando se d� alguna de las siguientes circunstancias:
1.� Que el �ndice o tipo de inter�s de referencia pactado no sea uno de los oficiales a los que se refiere la disposici�n adicional segunda de la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los pr�stamos hipotecarios.
2.� Que el tipo de inter�s aplicable durante el per�odo inicial sea inferior al que resultar�a te�ricamente de aplicar en dicho per�odo inicial el tipo de inter�s variable pactado para per�odos posteriores.
3.� Que se hubieran establecido l�mites a la variaci�n del tipo de inter�s. En particular, cuando las limitaciones no sean semejantes al alza y a la baja, el notario consignar� expresamente en la escritura esa circunstancia, advirtiendo de ello a ambas partes, salvo que resultara de aplicaci�n lo dispuesto en el art�culo 84 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias, en cuyo caso proceder� conforme lo indicado en dicho precepto.
c) En el caso de pr�stamos o cr�ditos a tipo de inter�s fijo, comprobar que el coste efectivo de la operaci�n que se hace constar a efectos informativos en el documento se corresponde efectivamente con las condiciones financieras del pr�stamo o cr�dito.
d) En el caso de que est� prevista alguna cantidad a satisfacer al prestamista con ocasi�n del reembolso anticipado del pr�stamo o cr�dito, o que dichas facultades del consumidor se limiten de otro modo o no se mencionen expresamente, consignar expresamente en la escritura dicha circunstancia, y advertir de ello al consumidor.
e) En el caso de que el pr�stamo o cr�dito est� denominado en divisas, advertir al consumidor sobre el riesgo de fluctuaci�n del tipo de cambio.
f) Comprobar que ninguna de las cl�usulas no financieras del contrato implican, para el consumidor, comisiones o gastos que debieran haberse incluido en las cl�usulas financieras.
3. La decisi�n del funcionario por la que deniegue la autorizaci�n del pr�stamo o cr�dito con garant�a hipotecaria, o la inscripci�n de alguna de sus cl�usulas, deber� efectuarse mediante escrito motivado en hechos y fundamentos de derecho. Dicha decisi�n ser� recurrible ante la Direcci�n General de los Registros y del Notariado conforme a la legislaci�n espec�fica.
Actividad de intermediaci�n
Art�culo 19. Comunicaciones comerciales y publicidad.
1. En la publicidad y comunicaciones comerciales y en los anuncios y ofertas exhibidos en los establecimientos abiertos al p�blico de las empresas en los que se ofrezca la intermediaci�n para la celebraci�n de un contrato de pr�stamo o cr�dito, con cualquier finalidad, siempre que indiquen el tipo de inter�s o cualesquiera cifras relacionadas con el coste del cr�dito o pr�stamo, deber�n cumplirse las exigencias establecidas por la normativa que resulte aplicable al pr�stamo o cr�dito de que se trate sobre el que se ofrece la intermediaci�n, as� como aquellos otros extremos que, siendo compatibles con la legislaci�n sobre pr�cticas comerciales desleales con los consumidores, reglamentariamente determinen las comunidades aut�nomas.
2. En el desarrollo de estas actividades, las comunicaciones comerciales de las empresas deber�n indicar de forma expresa e inequ�voca que la actividad que se promociona es de intermediaci�n en la concesi�n de pr�stamos o cr�ditos.
3. Las empresas deber�n indicar, en sus comunicaciones comerciales y publicidad, el alcance de sus funciones y representaci�n, precisando, en particular, si trabajan en exclusiva con una entidad de cr�dito o empresa o vinculadas con varias entidades de cr�dito u otras empresas, o como intermediarios independientes.
Son intermediarios de pr�stamos o cr�ditos independientes las empresas que, sin mantener v�nculos contractuales que supongan afecci�n con entidades de cr�dito o empresas que comercialicen cr�ditos o pr�stamos, ofrezcan asesoramiento independiente, profesional e imparcial a quienes demanden su intervenci�n para la obtenci�n de un cr�dito o pr�stamo. Se presume, en todo caso, que ha existido asesoramiento independiente, profesional e imparcial cuando se presenten las tres ofertas vinculantes previstas en el art�culo 22.4.
4. En el caso de que la comunicaci�n comercial se refiera a la agrupaci�n de distintos cr�ditos o pr�stamos en uno solo, deber� facilitarse informaci�n de forma clara, concisa y destacada de cualquier tipo de gastos relacionados con la citada agrupaci�n. Adem�s se proh�be hacer referencia a la reducci�n de la cuota mensual a pagar, sin mencionar de forma expresa el aumento del capital pendiente y el plazo de pago del nuevo pr�stamo o cr�dito.
Art�culo 20. Informaci�n previa al contrato.
1. Las empresas que realicen las actividades de intermediaci�n deber�n suministrar de forma gratuita al consumidor, con una antelaci�n m�nima de quince d�as naturales a la celebraci�n del contrato de intermediaci�n y, en todo caso, antes de que asuma cualquier obligaci�n derivada del contrato, al menos la siguiente informaci�n:
b) En cuanto al servicio de intermediaci�n ofrecido:
1.� Una descripci�n de las principales caracter�sticas de los contratos de intermediaci�n.
2.� El precio total que debe pagar el consumidor a la empresa por el servicio prestado, con inclusi�n de todas las comisiones, cargas y gastos, as� como todos los impuestos pagados a trav�s de la empresa o, cuando no pueda indicarse un precio exacto, la base de c�lculo que permita al consumidor comprobar el precio.
3.� La indicaci�n de que puedan existir otros impuestos o gastos que no se paguen a trav�s de la empresa o que no los facture ella misma. No obstante en el caso de que estos gastos fueran causados por entidades o personas designadas por la empresa deber� hacerse constar cu�les son y su cuant�a.
4.� Las modalidades de pago y de ejecuci�n.
5.� Adem�s, en el caso de que se proponga la agrupaci�n de pr�stamos o cr�ditos en uno solo, deber� informarse sobre la tasa anual equivalente y las caracter�sticas esenciales del pr�stamo o cr�dito propuesto y su comparaci�n con los pr�stamos o cr�ditos que se proponen agrupar. En la comparaci�n se tendr�n en cuenta, asimismo, todos los gastos y comisiones por el servicio de intermediaci�n y todos los gastos y comisiones del contrato de pr�stamo o cr�dito propuesto.
c) En cuanto al contrato de intermediaci�n:
1.� La existencia del derecho de desistimiento, su duraci�n y las condiciones y modo para ejercerlo.
2.� La informaci�n acerca de cualquier derecho, distinto del contemplado en el punto anterior, que puedan tener las partes para resolver el contrato anticipadamente o unilateralmente con arreglo a la legislaci�n que resulte aplicable y a las condiciones del contrato, incluidas las compensaciones que pueda contener el contrato en ese caso.
4.� Lengua o lenguas en las que podr� formalizarse el contrato, en este caso, a elecci�n del consumidor, cuando �sta no sea la lengua en la que se le ha ofrecido la informaci�n previa a la contrataci�n.
2. La informaci�n prevista en este art�culo tendr� car�cter vinculante y se prestar� por escrito o en cualquier soporte de naturaleza duradera que permita la constancia, conservaci�n, reproducci�n y acceso de la informaci�n y de la fecha de recepci�n de la misma por el destinatario.
Art�culo 21. Contrato.
1. Los contratos de intermediaci�n celebrados por empresas con consumidores se har�n constar por escrito o cualquier otro soporte duradero que permita su constancia, y se formalizar�n en tantos ejemplares como partes intervengan, debi�ndose entregar a cada una de ellas su correspondiente ejemplar debidamente firmado. Deber�n recoger de forma expl�cita y clara, al menos, el contenido relativo a la informaci�n previa al contrato, a que se refiere el art�culo anterior.
2. El consumidor podr� desistir en los catorce d�as naturales siguientes a la formalizaci�n del contrato de intermediaci�n sin alegaci�n de causa alguna y sin penalizaci�n.
Art�culo 22. Obligaciones adicionales en la actividad de intermediaci�n.
1. Las empresas que trabajen en exclusiva para una o varias entidades de cr�dito u otras empresas no podr�n percibir retribuci�n alguna de los clientes.
2. Las empresas independientes s�lo podr�n percibir retribuci�n cuando se haya pactado el importe de la remuneraci�n mediante documento en papel u otro soporte duradero.
3. Se proh�be a las empresas percibir de los consumidores el precio o los fondos que constituyan el contrato principal.
4. Las empresas independientes estar�n obligadas a seleccionar entre los productos que se ofrecen en el mercado los que mejor se adapten a las caracter�sticas que el consumidor les haya manifestado, present�ndoles, al menos, tres ofertas vinculantes de entidades de cr�dito u otras empresas sobre cuyas condiciones jur�dicas y econ�micas asesorar� al consumidor.
5. Las empresas, en la actividad de intermediaci�n, est�n obligadas, en todo caso, a prestar al consumidor la informaci�n que resulte exigible por la normativa espec�fica sobre el contrato o contratos de pr�stamo o cr�dito que ofrezcan al consumidor.
Disposici�n adicional �nica. Referencias normativas.
Las citas de esta Ley a la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los pr�stamos hipotecarios, se entender�n realizadas a cualquier otra disposici�n posterior que la modifique o derogue y por la que el Ministerio de Econom�a y Hacienda regule la transparencia de las condiciones financieras de los pr�stamos hipotecarios.
Disposici�n transitoria �nica. R�gimen transitorio de adaptaci�n a los requisitos exigidos.
1. Las empresas que desarrollen las actividades incluidas en esta Ley que a la entrada en vigor de la misma no cumplan con los requisitos establecidos en los art�culos 12 y 19, en relaci�n con las comunicaciones comerciales y publicidad, deber�n adaptarse a los mismos en el plazo m�ximo de tres meses a partir de su entrada en vigor.
2. Las exigencias relativas a las obligaciones de transparencia en relaci�n con los contratos, informaci�n previa al contrato, los requisitos de forma y contenido de los contratos, as� como las obligaciones en materia de tasaci�n y servicios accesorios, r�gimen de compensaci�n por amortizaci�n anticipada, comisi�n de apertura en los pr�stamos o cr�ditos hipotecarios sobre viviendas y oferta vinculante, previstas en los art�culos 4, 5,
14, 15, 16, 17, 20 y 21, resultar�n exigibles en las relaciones precontractuales y en los contratos que se celebren a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Las exigencias relativas a las obligaciones de transparencia en relaci�n con los precios y el tabl�n de anuncios, previstas en los art�culos 5 y 6, resultar�n exigibles transcurridos tres meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
3. Una vez constituidos los registros p�blicos de empresas a que se refiere el art�culo 3, las empresas deber�n proceder a su inscripci�n en el plazo de los tres meses siguientes a su constituci�n.
Una vez transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las empresas cuyo domicilio social est� situado en una comunidad aut�noma que, en el ejercicio de sus competencias, haya optado por no crear el registro p�blico auton�mico en dicho plazo, deber�n inscribirse provisionalmente en el Registro estatal regulado en dicho art�culo en el plazo previsto en el p�rrafo precedente, sin perjuicio de que el Registro estatal transfiera los datos al registro auton�mico competente cuando se proceda a su constituci�n.
Disposici�n final primera. Modificaci�n de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales.
El p�rrafo c) del apartado 2 del art�culo 2 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales, queda redactado en los siguientes t�rminos:
�c) Las personas f�sicas o jur�dicas que act�en en el ejercicio de su profesi�n como auditores, contables externos o asesores fiscales, as� como las personas f�sicas o jur�dicas, distintas de las mencionadas en el apartado 1 anterior, dedicadas profesionalmente a la actividad de concesi�n de pr�stamos o cr�ditos o a la intermediaci�n en la concesi�n de pr�stamos o cr�ditos.�
Disposici�n final segunda. T�tulo competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de lo establecido en el art�culo 149.1.1.�, 6.�, 8.�, 11.� y 13.� de la Constituci�n Espa�ola.
1. Corresponde a las comunidades aut�nomas, en su respectivo �mbito territorial, aprobar las normas de desarrollo y ejecuci�n de esta Ley, salvo lo previsto en los art�culos 3, en relaci�n al Registro estatal, y 7 respecto de la fijaci�n del importe de la suma asegurada m�nima y el importe m�nimo del aval.
2. Se habilita al Ministro de Sanidad y Consumo para desarrollar lo dispuesto en el art�culo 3 de esta Ley. En todo caso, en el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se constituir� el Registro estatal al que se refiere el citado art�culo 3.

References: Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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