Source: https://www.scribd.com/document/56376604/Universidad-11-05-23
Timestamp: 2018-04-20 04:06:46+00:00

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Description: Acta [SIN FORMATO] del grupo de universidad del 23 de mayo de 2011
Acta [SIN FORMATO] del grupo de universidad del 23 de mayo de 2011
SUBCOMISIÓN DE UNIVERSIDADES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
ACTA Orden del día: (1) Punto único: unificar las dos tablas reivindicativas redactadas por grupos distintos con anterioridad a esta asamblea. Tras unas cuantas intervenciones en torno a cuestiones metodológicas de la subcomisión y de sus asambleas, se acuerda leer punto por punto cada tabla reivindicativa, aprobando o dejando para el debate cada exigencia de las mismas. En este sentido, quedan aprobadas por consenso las siguientes exigencias: 1. Paralización efectiva e inmediata del proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y del Espacio Europeo de Investigación (EEI), así como de todas las reformas contenidas en la “Estrategia Universidad 2015” del Gobierno, y apertura de un debate público en el seno de la comunidad académica sobre el futuro de la educación superior. 2. Rechazamos de plano el proyecto Campus de Excelencia Internacional, puesto que implica: a) el funcionamiento de las universidades a modo de empresas llamadas a competir entre sí por atraer a los estudiantes/clientes, ofertando títulos propios y liberalizando la contratación de su personal; así como por allegar financiación privada en función de beneficios ajenos a la institución. b) la subordinación de una parte creciente de la financiación pública al éxito de los centros en la obtención de fondos de empresas privadas. 4. Exigimos la eliminación de las becas préstamo y aumento del presupuesto a las becas sin devolución del importe. 5. Rechazamos de plano las reformas en la estructura de gobierno de las universidades contenidas en la EU2015, que suponen un control decisivo y unilateral de su funcionamiento por parte de las sociedades mercantiles de más poder. 6. Nos oponemos a la financiación privada, que está condicionada a criterios ajenos a los de la propia comunidad académica y exigimos el incremento del gasto público en educación. 7. Exigimos la supresión del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, por ser un órgano caciquil y antidemocrático que no representa los intereses de los/as estudiantes, y reivindicamos una participación directa y decisiva de los/as estudiantes en las políticas educativas. 8. En consonancia con el punto anterior exigimos: a) que todas las actas de juntas y claustro sean públicas y sus decisiones sean llevadas a cabo. b) que toda reforma universitaria requiera la legitimación mediante referéndum vinculante de toda la comunidad académica. 11. Nos oponemos a la imposición a la comunidad universitaria de una normativa laboral subordinada a criterios de rentabilidad empresarial; y por ello rechazamos la precarización generalizada de todos los contratos de docencia e investigación que supone el nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador y de todos los contratos de administración y servicios que supone 1
el nuevo estatuto del PAS. 13. Retribución de las prácticas con el fin de evitar la explotación y el trabajo no remunerado. 14. Con el fin de garantizar la movilidad de los estudiantes por Europa, exigimos el aumento del presupuesto destinado a becas Erasmus. 15. Absolución de los detenidos durante las manifestaciones contra la LOU de 2001 y contra el Plan Bolonia de 2009 en Barcelona. 16. Rechazamos la adaptación de la enseñanza secundaria al modelo elitista y excluyente de la Universidad de la EU2015, que se concreta en la modificación de la PAU mediante el Real Decreto 1892/2008, su posterior reajuste en el Real Decreto 558/2010, y su definitivo moldeado en la Orden EDU/3242/2010. Exigimos la derogación de toda esta materia legal, cuya intención puede resumirse en: a) el establecimiento por parte de las universidades de los parámetros de ponderación de las asignaturas de la fase específica de la PAU, lo que encubre la selección por parte de las universidades de su alumnado. b) la imposición de mayores trabas al libre acceso a la Universidad pública por parte del estudiantado en general y del de FP en particular, el cual, en caso de querer alcanzar la calificación máxima (14 puntos), deberá examinarse en la fase específica de las asignaturas propias del bachillerato. * * * * *
En cuanto a los puntos que se dejan al debate (a saber: 3, 9, 10 y 12), se discuten y modifican, dejando algunos de ellos pendientes de aprobación en la posterior asamblea: 3. Propuesta de redacción inicial: Rechazamos la subida de las tasas de matriculación y reivindicamos la congelación y bajada progresiva de las tasas hasta alcanzar la gratuidad. A raíz de un voto particular en contra de la anterior redacción, se inicia un debate en torno a la exigencia de la gratuidad de la Universidad pública. Por un lado, se argumenta algo así como que, puesto que la Universidad le origina un coste al Estado, dicho coste debería ser asumido en mayor o menor medida por los ciudadanos a través de un sistema de tasas progresivo (y en lo de “progresivo” se pretende situar la diferencia con respecto al actual sistema de tasas, que es el mismo para todos, independientemente de su renta). En este mismo sentido, se argumenta también que sería ingenuo pensar como posible el que la Universidad pública fuera gratuita, en la medida en que, al parecer, el Estado carecería de recursos suficientes para abordar un gasto tan grande. En contra de lo anterior se argumenta, (i) en primer lugar, que, en la medida en que el derecho a la educación (elemental, secundaria o superior) es constitutivo del derecho de ciudadanía, no puede dejar de poder ejercerse con total gratuidad [esto halla la aprobación de la mayoría de la asamblea]; (ii) en segundo lugar, se hace notar que la progresividad conforme a la renta ya está garantizada a nivel fiscal, siendo inaceptable la reproducción de la misma en el seno de la Academia; (iii) en tercer lugar, se ofrece un argumento estratégico para la defensa de los derechos: si se establece un único patrón de progresividad a nivel fiscal, sería más fácil reclamar el carácter justo del mismo que si se establecen muchos patrones diferentes en distintos ámbitos; (iv) por último, se hace notar que el problema no es que el Estado no tenga recursos suficientes, sino que están mal destinados; en este 2
sentido, se propone hacer una comparativa entre las inversiones del Estado en educación y el gasto militar, así como entre España y otros países que, a pesar de hallarse en una situación económica peor, garantizan un acceso libre y gratuito a la Universidad. Extinguido el debate, se aprueba por mayoría el punto 3, cuya redacción queda como sigue: 3. Conforme al carácter constitutivo del derecho de ciudadanía que corresponde al derecho a la educación, rechazamos la subida de las tasas de matriculación y reivindicamos la congelación y bajada progresiva de las tasas hasta alcanzar la gratuidad. 9. Propuesta de redacción inicial: Exigimos la eliminación del actual Máster en Formación del Profesorado, que significa una clara opción por el empobrecimiento de la formación del futuro profesor, además de una criba económica en el acceso a dicha profesión; y proponemos su sustitución por un modelo análogo al M.I.R., con prácticas remuneradas en institutos de educación secundaria públicos. Este punto queda en principio aprobado, aunque se acuerda dejar abierta la posibilidad de ligeras modificaciones y mejoras en la próxima asamblea (a raíz de una propuesta individual). 10. Propuesta de redacción inicial: Exigimos la derogación de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, puesto que doblega la investigación universitaria a los intereses venales de las empresas más fuertes de cada sector productivo: a) evaluando la pertinencia de las investigaciones en base a criterios de rentabilidad extracientíficos que todo experto rechaza. b) subordinando, mediante la rendición de cuentas, la financiación pública de las investigaciones a la obtención de resultados económicamente provechosos para ser apropiados por una empresa privada que los introduzca en el tejido productivo; lo que además significa un traspaso de capital público al sector privado. c) fomentando la movilidad de los investigadores entre el sector público y el sector privado; lo cual implica la flexibilización y la precarización de sus contratos, que se realizan en función del lucro que sus proyectos puedan producir para la empresa que ha de patentarlos y comercializarlos, así como, de nuevo, una fuga de recursos públicos al desarrollo de investigaciones que han de producir beneficios privados. El debate surge a raíz de la existencia en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de puntos valiosos o recuperables, en concreto el punto referido al estatuto de los investigadores predoctorales; en este sentido, se propone cambiar la voz “derogación” por la de “modificación”, dejando claro aquello que requiere modificación y aquello que se quiere preservar de la ley. Sin embargo, finalmente se acuerda mantener la voz “derogación”, en la medida en que resulta más efectivo decir “derogar” y añadir a continuación aquello que se quiere mantener, en vez de ir diciendo todo aquello que se quiere modificar (pues es más lo que se rechaza de esa ley que lo que se quiere conservar); además, pedir la derogación de una ley no implica que en la ley sustitutoria no se recojan algunos elementos de la derogada. Por otra parte, aun manteniendo la voz “derogación” y la redacción original del resto del punto, se acuerda dejar para la próxima asamblea la posibilidad de introducir un nuevo apartado en el que se haga referencia explícita a los puntos de la ley que se quieren mantener vigentes (el aludido estatuto de los investigadores predoctorales, en principio). 12. Propuesta de redacción inicial: Derogación de la LOU, lo cual implica: a) paralización del actual proceso de reducción y descualificación general de las titulaciones, que se enmarca en el Proceso de Bolonia. Por ello exigimos la derogación del Real Decreto de 29/10/07 3
que establece la ordenación de enseñanzas universitarias, así como de los precedentes Reales Decretos de grado y posgrado de 2005. b) derogación del Real Decreto de ECTS, puesto que este sistema de créditos impone la figura del estudiante a tiempo completo e imposibilita la compatibilidad de los estudios con otro tipo de actividades. c) rechazamos la intervención en la universidad de cualquier grupo externo de poder económico o político, por lo tanto exigimos la abolición del Consejo Social y de la ANECA. El debate gira en torno al hecho de que sería quizás oportuno hacer referencia a la necesidad de un organismo sustitutorio de la ANECA, esto es, un organismo con sus mismas funciones, entendiendo por éstas las más generales de evaluación del profesorado, pero con criterios distintos a los de la ANECA. En este sentido, se acuerda proponer, en el apartado c) de este punto, la creación de un organismo que no condicione la evaluación del profesorado a criterios de mercado sino a criterios puramente académicos. Asimismo, se ponen de relieve las dificultades inherentes a la cuestión de quién vigila al vigilante (es decir, la cuestión de qué otro organismo evaluaría a los evaluadores de la ANECA). En la discusión sobre la ANECA, surgen voces que apelan al avance que la ANECA supuso sobre el estado de cosas anterior (que se dice “endogámico” y “corrupto”), en el que los mecanismos de evaluación estaban descentralizados, pero también voces en contra de esto que hacen referencia al hecho de que, lejos de suponer victoria alguna sobre el modelo corrupto anterior, la ANECA no ha conseguido sino reforzar esa corrupción, institucionalizándola y dándole una orientación mercantil: la corrupción continúa más que nunca, pues no es sólo que haya “enchufes”, sino que a los “enchufes” se les añaden los criterios mercantiles de evaluación. Se hace referencia a la necesidad de que el profesorado haga uso de su capacidad de influencia en la aprobación de los programas de estudio, en la medida en que es un margen de actuación que se tiene que aprovechar. Así pues, el punto 12 se aprueba por mayoría y queda redactado como sigue: 12. Derogación de la LOU, lo cual implica: a) paralización del actual proceso de reducción y descualificación general de las titulaciones, que se enmarca en el Proceso de Bolonia. Por ello exigimos la derogación del Real Decreto de 29/10/07 que establece la ordenación de enseñanzas universitarias, así como de los precedentes Reales Decretos de grado y posgrado de 2005. b) derogación del Real Decreto de ECTS, puesto que este sistema de créditos impone la figura del estudiante a tiempo completo e imposibilita la compatibilidad de los estudios con otro tipo de actividades. c) rechazamos la intervención en la universidad de cualquier grupo externo de poder económico o político, por lo tanto exigimos la abolición del Consejo Social y de la ANECA, así como la creación de un nuevo órgano de evaluación interno a la Universidad, basado en criterios exclusivamente académicos y renovable periódicamente. Quedan por tanto pendientes de aprobar en su totalidad los puntos 9 y 10. * * * * *
En cuanto a los principios básicos aprobados por la Asamblea General para el ámbito de educación y cultura (a saber: (i) carácter público y gratuito, (ii) carácter democrático, (iii) espíritu humanista), hay consenso en cuanto a los dos primeros principios, pero no en lo relativo al último de ellos, es decir, el del humanismo. La discrepancia fundamental en torno a este principio reside en el hecho de que resulta muy vago y ambiguo hablar de “humanismo” sin más, cosa que posibilitaría la 4
asunción de dicho principio por casi cualquiera... incluido el sistema universitario vigente. Se acuerda dejar esta cuestión para un debate en la próxima asamblea. NOTA FINAL: se acuerda retrasar las reuniones de la asamblea de universidades a las 19 h a partir del viernes 27 de mayo. La asamblea del miércoles 25 seguirá siendo a las 18 h.
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