Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2014/as201421288L.html
Timestamp: 2019-03-23 12:40:05+00:00

Document:
as201421288
Auto Supremo: Nº 288
Expediente: LP-52-09-S
1.- El recurso de casacion, interpuesto por Saturnino Aduviri Álvarez, cursante de fojas 254 a 256, y la adhesión de Elena Conde de Aduviri, contra el Auto de Vista N° 426 de 14 de noviembre de 2008, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito de La Paz, en el proceso ordinario sobre nulidad de contrato de préstamo, daños y perjuicios, seguido por los recurrentes en contra del Banco Ganadero S.A. representado por Luis Fernando Klinsky Unzueta y Rolando Alipaz Galarza, la contestación, los antecedentes y;
2.1. Antecedentes del Proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 227 a 231 de obrados, pronunciado por el Juez de Partido en lo Civil y Comercial Octavo de la ciudad de La Paz, se declaró improbada la demanda, con costas.
Que, en grado de apelación, la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior de Distrito de La Paz, por Auto de Vista N° 426 de 14 de noviembre de 2008, de fojas 250 a 251 vuelta, se confirmó la sentencia apelada y el auto de fojas 218, con costas en ambas instancias.
Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 254 a 256, Saturnino Aduviri Álvarez, interpuso recurso de casación, que se compendia a continuación. Mediante escrito de fojas 260 a 261, Elena Conde de Aduviri, se adhiere al recurso de casación.
3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- Se formulan las siguientes denuncias:
Denuncia que el Juez a qua habría actuado sin competencia en razón a que la demanda no fue dirigida contra el Presidente del directorio del Banco Ganadero S.A., y que al no haber sido citado éste con la demanda no se habría abierto la competencia, conforme dispone el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil. Alega que el Banco Ganadero ha opuesto excepción previa de impersonería del demandado, que fue declarada improbada. Refiere que el Banco interpuso recurso de apelación contra el auto de fojas 61, recurso al que se adhirió; adhesión que obligó al Banco a desistir de su recurso, dándose por ejecutoriado el auto de fojas 61; añade que la sentencia y todo lo obrado no tienen ningún valor, es nulo de pleno derecho. Luego invoca el artículo 247 de la Ley de Organización Judicial, alegando que el demandado principal, Presidente del directorio del Banco, hasta el presente no fue notificado con la sentencia. Reitera que la sentencia y el auto de vista han sido dictados sin competencia. Señala que recurre de casación en el fondo y en la forma e invoca el artículo 254-1), 5) y 7) del Código de Procedimiento Civil. Finalmente pide que el Tribunal Supremo se pronuncie casando o anulando todo lo obrado.
Por su parte Elena Conde de Aduviri, adhiriéndose a la casación de fojas 255 a 256, alega igualmente que no se ha citado con la demanda al Presidente del directorio del Banco Ganadero; que acarrea la nulidad prevista en el artículo 247 de la Ley de Organización Judicial, por lo que la Sentencia y el Auto de Vista son nulos por incompetencia del Juez.
3.2. Contestación al Recurso de Casación.- Mediante escrito de fojas 258 a 259, y 263, la entidad demandada contesta al recurso, pidiendo denegar la concesión del recurso.
3.3. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, se examina de la siguiente manera-
En razón a que se alega nulidad por incompetencia, Lino Enrique Palacio (Manual de Derecho Procesal Civil, tomo I, Décima Edición Actualizada), señala que "La nulidad procesal es la privación de efectos imputada a los actos del proceso que adolecen de algún vicio, en sus elementos esenciales y que, por ello, carecen de aptitud para cumplir el fin al que se hallen destinados"
En mérito al principio de legalidad o especificidad, la nulidad se sanciona solo en los casos previstos por ley expresa (pas de nullité sans texte); se encuentra recogido por el artículo 251-I) del Código de Procedimiento Civil y ahora en el párrafo 1 del artículo 105 del Código Procesal Civil. Sin embargo este principio se torna relativo por la inserción de las llamadas nulidades implícitas o virtuales a las que abre camino el artículo 90-1) del Código Adjetivo Civil y ahora el párrafo II del artículo 105 del Código Procesal Civil.
En virtud al principio de trascendencia no existe nulidad sin perjuicio (pas de nullité sans grief). Este principio se configura por tres condiciones: 1) alegación del perjuicio sufrido; 2) acreditación del perjuicio y 3) interés jurídico que se intenta subsanar. "No puede pedir la nulidad quien ha contribuido con su conducta a la producción del vicio" (Lino E. Palacio). Este Principio se encuentra recogido en el artículo 106-II del Código Procesal Civil.
El principio de convalidación.- No prosperará la nulidad cuando medie consentimiento expreso o tácito de la parte perjudicada. Este principio tiene su fundamento en el carácter dispositivo del proceso civil. El consentimiento es expreso cuando la parte perjudicada realiza el acto procesal ratificando el acto viciado. Es tácito cuando la parte interesada no efectúa el reclamo en la primera oportunidad, deja pasar el tiempo, permitiendo que opere la preclusión de su derecho impugnaticio. Este principio se encuentra recogido en el artículo 258-3) del Código de Procedimiento Civil y de manera más amplia en el párrafo 11del artículo 107 Código Procesal Civil, dispone: "No podrá pedirse la nulidad de un acto, por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita", y en el mismo sentido el artículo 17-IIIde la Ley del Órgano Judicial, señala "La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos."
En atención al principio de protección no se puede alegar la propia torpeza como fundamento del pedido de nulidad (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Se encuentra recogido ahora en el párrafo II del artículo 106 del Código Procesal Civil. Además de los señalados principios, también se rige por el principio de finalidad de las formas o de instrumentalidad de las nulidades procesales, en cuya virtud las nulidades no tienen como objetivo comprobar y declarar el incumplimiento de las formas procesales, pues los actos procesales son válidos si han cumplido sus efectos, no obstante que hubiese algún defecto formal; este principio de alguna manera se encuentra recogido en el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, ahora en el artículo 107-1) del Código Procesal Civil.
En el caso en examen los recurrentes pretenden que se anule obrados porque dizque no se hubiera abierto la competencia del Juez a qua en razón de no haberse citado con la demanda al Presidente del directorio del Banco Ganadero, dado que las personas demandadas por ellos; Javier Rubén Diez de Medina Valle, Gerente Regional, y Juan Fernando Bustillos Menzur, Subgerente de Crédito, no son los representantes legales de la indicada entidad bancaria demandada.
Ahora bien, quienes han interpuesto la demanda son precisamente los recurrentes, es decir son ellos los causantes del supuesto defecto; consiguientemente no pueden alegar su propia torpeza como fundamento de la nulidad que pretenden, precisamente en mérito al principio de protección que se encuentra recogido ahora en el párrafo II del artículo 106 del Código Procesal Civil, razón suficiente para denegar su pretensión anulatoria. A ello debe sumarse que la razón que se expone como causa de nulidad no es tal, pues la incompetencia de los jueces de instancia, en el momento de la emisión de los fallos impugnados, se hallaba regulada por la Ley de Organización Judicial, cuyo artículo 27, establecía que la competencia se determinaba por razón de territorio, de la naturaleza, materia o cuantía y de la calidad de las personas que litigan, y en la que nada tenía que ver la correcta legitimación procesal ad causa de los demandados. En lo que atañe a la apertura de la competencia a la que alude el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, ésta tiene por finalidad evitar el doble enjuiciamiento, y no puede constituir el fundamento para corregir una eventual defectuosidad de la legitimación pasiva de demanda, como pretenden los recurrentes.
Del mismo modo, no es posible anular obrados por una supuesta falta de citación con la demanda al Presidente del Directorio del Banco Ganadero S.A., con base a la denuncia formulada por la parte demandante, y sin que dicha entidad haya reclamado la nulidad, pues corresponde al supuesto perjudicado invocar el defecto y de ninguna manera a los demandantes, en mérito al principio de trascendencia. Finalmente en cuanto al desistimiento de la apelación diferida formulada por la parte demandada, ésta constituye una expresión del derecho de disposición que le asiste, que no puede ser objetada por la parte demandante, hoy recurrente, cuyo efecto, además se halla previsto en el artículo 25-III) de la Ley N° 1760, y que en nada afecta a la apertura de la competencia del Tribunal ad quem, en razón a que la misma se hallaba abierta por la apelación formulada precisamente por la parte demandante, hoy recurrente. En suma, no amerita acoger las denuncias formuladas por los recurrentes, por lo cual corresponde resolver el recurso de casación en la forma conforme a lo dispuesto por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
En cuanto al recurso de casación en el fondo, interpuesto a fojas 254 a 256, el mismo no cumple ni siquiera implícitamente con el requisito de indicar cuál es la norma legal violada, interpretada erróneamente o aplicada indebidamente ni explica en que consiste; ya sea la violación, interpretación errónea o aplicación indebida y no hay posibilidad de desentrañar a cuál de las causales de casación en el fondo, a los que alude el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, se refiere el recurrente.
En el caso de la recurrente Elena Conde de Aduviri, dado que se adhiere al recurso de casación de fojas 255 a 256, en lo que atañe al recurso de casación en el fondo que consigna el recurso remitido, es manifiestamente defectuosa, pues la obligación de consignar los fundamentos de forma y de fondo del recurso a los que alude el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, deben ser consignados en el escrito donde se interpone el recurso de casación y no pueden ser remitidos a escritos o memoriales anteriores, conforme manda la norma en examen; razón por la cual el recurso de casación en el fondo adherido de Elena Conde de Aduviri, deviene en improcedente.
La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42-I- 1) de la Ley N° 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numerales 1) y 2), 272-2) y 273 del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma e IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, cursante de fojas 254 a 256 , interpuesto por Saturnino Aduviri Álvarez, y declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma e IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo adherido, cursante de fojas 260 a 261, interpuesto por Elena Conde de Aduviri, con costas.

References: artículo 7
 artículo 247
 artículo 254
 artículo 247
 artículo 251
 artículo 105
 artículo 90
 artículo 105
 artículo 106
 artículo 258
 artículo 107
 artículo 17
 artículo 106
 artículo 91
 artículo 107
 artículo 106
 artículo 27
 artículo 7
 artículo 25
 artículo 253
 artículo 258
 artículo 8