Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2016/as2016201186.html
Timestamp: 2019-03-19 19:33:54+00:00

Document:
as2016201186
Auto Supremo: 1186/2016
Sucre: 20 de octubre 2016
Expediente: Chuquisaca 2/2016
Partes: Ministerio Público c/ Gonzalo Sánchez de Lozada y otros
Proceso: Contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
VISTOS: El memorial de apelación incidental de fs. 41 a 43, formulado por Franklin Mejía Ríos en contra de Auto Supremo Nº 020/2016 de 04 de julio de 2016 de fs. 1 a 3 emitido en el proceso penal de privilegio constitucional denominado “Capitalización ENFE” seguido por el Ministerio Público contra Gonzalo Sánchez de Lozada y otros donde se encuentra involucrado el recurrente, por la comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia pronunció el Auto Supremo Nº 020/2016 de 04 de julio de 2016, ratificando la aplicación de la medida cautelar de carácter real dispuesta por el Ministerio Público mediante Resolución FGE/RJGP Nº 10/2016 de 09 de mayo de 2016 que dispone la anotación preventiva de los bienes inmuebles del imputado Franklin Mejía Ríos y de Adolfo Arturo Dávalos Yoshida, Ramiro Salinas Romero, Santiago Arturo Nishizawa Takano y Irving Remberto Alcaraz del Castillo, describiendo las propiedades de cada uno de los nombrados.
Los fundamentos de la Sala Penal se basa en el art. 252 del Código de Procedimiento Penal, transcribiendo el contenido de dicha norma, identifica dos elementos como esenciales para ratificar la medida asumida por el Ministerio Público, siendo estos: a) La resolución fiscal sea fundamentada, y b) Los bienes sean propios de los imputados; dentro de ese contexto indica que en cuanto al primer requisito, la Resolución Fiscal FGE/RJGP Nº 10/2016 de 09 de mayo, cumple con la fundamentación toda vez que la misma se encontraría desarrollada en base a las Sentencias Constitucionales 1109/2006-R de 01 de noviembre, 1764/2003-R y Auto Supremo Nº 10 de 20 de enero de 2010 referidos a la aplicación de medidas cautelares, su alcance y finalidad, además de tener presente la modificación del art. 252 del CPP., introducida por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010 que faculta al Ministerio Público disponer la anotación preventiva de los bienes del imputado desde el primer momento de la investigación con el fin exclusivo de evitar la libre disponibilidad del patrimonio del imputado a fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias que podrían declararse en el proceso penal, además del pago de costas y multas conforme se desarrolló en la SCP 0011/2013 de 03 de enero; también -la Sala Penal- señala haberse invocado el art. 108 num. 8) de la Constitución Política del Estado, referido al deber de lucha contra la corrupción, que se encontraría plasmada en la Ley Nº 004 art. 4 relativo al principio de defensa del patrimonio del Estado.
En cuanto al segundo requisito, es decir la propiedad de los bienes inmuebles y muebles motivo de la anotación preventiva, el Ministerio Público habría acreditado por las fotocopias de los folios reales emitidos por funcionarios de Derechos Reales de la ciudad de La Paz, aspectos que demostrarían el cumplimiento de lo dispuesto por el art. 252 del CPP.; bajos esas consideraciones concluye indicando que corresponde dar aplicación a lo dispuesto en la parte in fine de la citada norma procesal y procede a ratificar la aplicación de la medida cautelar de carácter real dispuesto por el Ministerio Público.
En contra del referido Auto Supremo, Franklin Mejía Ríos interpuso de manera separada recurso de apelación incidental solicitando se revoque dicha resolución.
II.- Del contenido de la apelación incidental:
II.1.- Del contenido de memorial de apelación incidental de fs. 41 a 43, se resume lo siguiente:
El recurrente señala como antecedentes que los bienes inmuebles sobre los cuales se dispuso la anotación preventiva fueron adquiridos juntamente con sus hermanas Rosario Nancy Mejía Ríos, Roxana Lucia Mejía Ríos y que su persona procedió a transferir de buena fe la cuota parte que le corresponde del inmueble (departamento) ubicado en la ciudad de La Paz, calle Villamil de Rada Nº 764, zona Villa Nuevo Potosí, 2do. Piso Nº 10, con una extensión de 190,93 Mts2. inscrito en DD.RR., bajo la Matrícula Computarizada Nº 2.01.0.99.0194496, transferencia que habría realizado mediante documento público Nº 2814/2015 de 04 de agosto de 2015 a favor de Gabriela Carla López Fernández y Edino Claudio Clavijo Ponce antes de la presente investigación por el Ministerio Público, inmueble que habría sido obtenido en calidad de anticipo de legítima mediante documento Público Nº 3279/2005, cuya tradición provendría incluso antes del proceso de capitalización de ENFE S.A.
Reitera que por la documental acompañada en calidad de prueba demostró que el inmueble del cual se desprende el derecho propietario de su persona sobre algunos departamentos, tiendas y bauleras fueron adquiridos en virtud al anticipo de legítima que le otorgaron sus padres, anterior al inicio de la investigación por el Ministerio Público; por otra parte haciendo referencia a los arts. 1538.I, 450, 519, 584 del Código Civil indica que se estaría violentando el derecho de su comprador toda vez que con la anotación preventiva se estaría modificando en su esencia y naturaleza el contrato de transferencia al modificar el estado del inmueble con relación a la evicción y saneamiento.
Indica que se ha procedido a la anotación del inmueble en su totalidad sin considerar que existe otras copropietarias que serían sus hermanas a quienes se tendría que hacer conocer del gravamen; refiere que el Auto Supremo recurrido violenta el derecho constitucional a la propiedad establecido en el art. 56 de la CPE., y el derecho al debido proceso reiterando que no se habría hecho conocer del gravamen a sus hermanas para que asuman defensa sobre su cuota parte que les corresponde.
En base a esos argumentos en su petitorio vuelve a reiterar que se ha procedido a la anotación preventiva de la totalidad del inmueble sin tomar en cuenta que el inmueble también pertenece a sus hermanas, denunciando la violación del derecho a la propiedad privada y a la defensa consagrado en los arts. 56, 115, 119.II y 120 de la CPE., y contravención a los arts. 90 del CP., y 252 del CPP., solicitando se revoque el Auto Supremo recurrido y se disponga solo la anotación preventiva de los inmuebles objeto de la presente petición en la cuota parte que le corresponde respetando el derecho de terceros a quienes habría transferido dichos inmuebles.
II.2.- De las respuestas al recurso:
II.2.1.- Respuesta de la Procuraduría General del Estado:
Mediante memorial de fs. 50 a 52 contestó al recurso de apelación incidental indicando que la intervención del imputado en un proceso penal es personalísima no pudiendo el acusado alegar vulneración a derechos que no lo son propios, sino de terceros quienes tienen a su alcance todos los mecanismos para efectuar las reclamaciones que consideren pertinentes; que el recurrente no cumplió con la carga probatoria de la supuesta materialización de la vulneración alegada en relación con el trámite de cuestiones incidentales; que la supuesta transferencia efectuada por el apelante no figura entre los registros de la propiedad inmueble objeto de la reclamación; hace referencia a la SCP Nº 11/2013 de 03 de enero, que trata de las medidas cautelares reales trascribiendo de manera amplia su contenido; en base a esos argumentos en su petitorio solicita se rechace el recurso conforme al art. 406 del CPP y se mantenga vigente el Auto Supremo apelado.
II.2.2.- Respuesta de la Fiscalía General del Estado:
Por su parte la Fiscalía General del Estado a través de su memorial de fs. 62 a 66 también contestó indicando que en el memorial de recurso no se identifica el bien inmueble en términos de su matrícula o partida computarizada; con relación al eventual derecho de las hermanas del recurrente, refiere que no se ha demostrado tener un derecho propietario definido o específico sobre ninguno de los departamentos, constituyendo el inmueble una casa común en lo proindiviso y aun demostrándose que existiría derechos de terceros sobre alícuotas partes de los departamentos, no amerita el levantamiento de la anotación preventiva sobre todos los bienes, tampoco se podría eventualmente rematarse solo una cuota parte, debiendo recaer el remate sobre su totalidad salvando los derechos de terceros al precio que reste.
Refiere que la anotación preventiva no puede considerarse de manera alguna modificatoria de la naturaleza del contrato de venta que haya podido suscribir el recurrente con terceros, debiendo tenerse presente que de acuerdo al art. 625 del Código Civil, la obligación de evicción es para el vendedor estando sujeto a resarcir el daño al comprador, calificando de anti técnico el uso del término de evicción por parte del recurrente.
Indica que al no haberse inscrito en Derechos Reales la transferencia a la que alude el recurrente, este no puede surtir efectos con relación a terceros como en el caso del Ministerio Público; por otra parte hace referencia a la SCP Nº 0011/2013 de 03 de enero y al Auto Supremo Nº 919/2016 de 03 de agosto, resoluciones que tratan de las anotaciones preventivas; en base a esos argumentos solicita se rechace el recurso planteado por ser improcedente conforme al art. 406 del CPP.
III.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:
A los efectos de asumir competencia para el conocimiento de la causa, se debe indicar que el art. 15 de la Ley Nº 044, señala lo siguiente: “(Control Jurisdiccional). I. El control jurisdiccional desde el inicio de la investigación, con la proposición acusatoria, será ejercido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. II. Las resoluciones dictadas durante esta etapa, serán recurribles únicamente, mediante recurso de apelación incidental ante otra Sala, sin recurso ulterior”; norma que implícitamente señala que cuando el control jurisdiccional sea objetado mediante la formulación de un recurso, la impugnación debe ser conocida por otra Sala, y ante la inexistencia de otra Sala Penal se aplica por analogía procesal el art. 68 de la Ley Nº 025, para la resolución de la apelación interpuesta por Franklin Mejía Ríos.
Con la aclaración que antecede, corresponde asumir conocimiento y resolver la causa venida en apelación incidental, la misma que trata de manera específica sobre medida cautelar real como es la anotación preventiva sobre bien inmueble.
Con relación a la aplicación de las medidas cautelares de carácter real emergente de proceso penal, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0011/2013 de 03 de enero, en ocasión de someter a análisis de control de constitucionalidad el art. 90 del Código Penal, ha establecido el siguiente razonamiento:
“Por otra parte, cuando el hecho constitutivo del delito produce daños o perjuicios generadores de responsabilidad civil, es posible reclamar otra clase de tutela cautelar, en cuanto en este caso se está garantizando la efectividad del proceso civil acumulado al penal. Basta recordar, a estos efectos, el art. 87 del Código Penal en el que se proclama que 'toda persona responsable penalmente, lo es también civilmente y está obligada a la reparación de los daños materiales y morales causados por el delito'” (lo resaltado nos corresponde).
A efectos de comprender la aplicación de las medidas cautelares, resulta importante precisar sus características, que Silvia Barona Vilar, define de la siguiente manera: “a) Instrumentalidad; las medidas cautelares se convierten en los instrumentos técnico-jurídicos que tienen una función procesal de evitar que realicen todas aquellas actuaciones que impidan o dificulten la actividad de la sentencia que en su día se dicte, frustrando la eficacia del proceso penal mismo. Es por ello que se justifican sólo con relación a otro proceso, llamado principal, del que tiene a garantizar su resultado. De ahí que se ha afirmado que la medida cautelar no es un fin en sí mismo, sino un medio instrumental a través del cual se está garantizando los resultados del proceso penal, entendiendo por ellos tanto la efectividad del proceso en sí, como la de la propia sentencia, que conecta necesariamente con el aseguramiento de la ejecución penal; b) Provisionalidad; por la limitación temporal de la vigencia de la tutela cautelar. Y es por ello que se afirma que la medida cautelar no tiene vocación de convertirse en definitiva, ya que, de lo contrario, se desnaturalizaría la esencia misma de la naturaleza cautelar de estas medidas; c) Temporalidad; la provisionalidad como la nota esencial de las medidas cautelares está directamente relacionada con su carácter temporal. Poseen una duración limitada, dado que, por su propia naturaleza, se extinguen al desaparecer las causas que las motivaron, y desde su nacimiento está prevista la extinción de las mismas; d) Variabilidad; puede ser modificada, e incluso alzada, cuando se altera la situación de hecho -los fundamentos o presupuestos- que dio lugar a su adopción; e) Proporcionalidad; las medidas cautelares deben ser proporcionalmente adecuadas a los fines pretendidos. Ello exige, en consecuencia, una delimitación legal de cuales deban ser estos fines cautelares. Ciertamente la concreción de la proporcionalidad, haya sido o no previamente referida por quienes solicitaron una tutela cautelar personal específica, se realiza por el órgano jurisdiccional, a quien corresponde realizar el juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y las circunstancias concurrentes, potenciándose, en todo caso, una menor gravosidad para el imputado que debe soportarla” (las negrillas son nuestras).
Dadas esas características, la adopción de una medida cautelar de carácter real, si bien, restringe un determinado derecho; empero, es de manera temporal, con una determinada finalidad previamente ponderada por el órgano jurisdiccional y sujeta a ser modificada o revocada en cualquier tiempo cuando las causas que dieron origen a su imposición ya no existan.
En ese orden: “La responsabilidad civil comprende: 1) La restitución de los bienes del ofendido, que serán entregados aunque sea por un tercer poseedor. 2) La reparación del daño causado. 3) La indemnización de todo perjuicio causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez, en defecto de plena prueba. En toda indemnización se comprenderán siempre los gastos ocasionados a la víctima, para su curación, restablecimiento y reeducación” (art. 91 del CP).
Del desarrollo jurídico, doctrinal y jurisprudencial efectuado se concluye que las medidas cautelares -reales (que también comprende a la hipoteca legal, secuestro y retención) o personales-, tienen un fundamento constitucional, que es la efectividad de la justicia o tutela judicial efectiva, al constituirse en instrumentos necesarios para garantizar la eficacia de la función jurisdiccional, dado que no es suficiente que la decisión o resolución, sea meramente declarativa de un derecho, sino que debe ante todo ser posible de ejecutarse y reparar el daño provocado; para dicho fin, las medidas cautelares son el medio o mecanismo a través del cual se ejecute lo juzgado y finalmente se repare el daño causado. Es importante tener presente que en nuestro sistema de impartir justicia, tenemos procesos orales y escritos, lo que significa que tienen una duración en el tiempo. Ahora bien, el hecho que el proceso sea oral, como sucede con el penal, no implica que inmediatamente de iniciado el mismo -con la imputación formal- se tenga que dictar sentencia, debido a que está compuesto por etapas procesales -preparatoria, intermedia y juicio oral- que tienen un tiempo de vigencia. Entonces, bajo la comprensión que desde el inicio del proceso hasta la emisión de la sentencia o fallo, transcurre cierto tiempo, resulta necesario que el Estado a través del órgano jurisdiccional, asegure o garantice la efectividad de la sentencia, que se logrará a través de la adopción de medidas cautelares -personales o reales- como instrumentos coadyuvantes.
Finalmente, cabe referir que la imposición de una medida cautelar de carácter real, como la hipoteca legal de los bienes del imputado o acusado, no restringe el derecho fundamental a la propiedad privada, dado que no implica la pérdida del indicado derecho, sino la restricción a su ejercicio por determinado tiempo y finalidad dentro de un proceso legalmente establecido que busca garantizar la ejecución de la sentencia a través de la reparación del daño o responsabilidad civil, respetando siempre las normas del debido proceso”.
Por otra parte, en el Auto Supremo Nº 919/2016 de 03 de agosto se dejó establecido lo siguiente: “…Corresponde señalar que el art. 252 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley Nº 007 de 18 de mayo de 2010, tiene el texto siguiente: “(Medidas Cautelares Reales). Sin perjuicio de la hipoteca legal establecida por el artículo 90 del Código Penal, las medidas cautelares de carácter real serán dispuestas por el juez del proceso a petición de parte, para garantizar la reparación del daño y los perjuicios, así como el pago de costas o multas, a cuyo efecto se podrá solicitar el embargo de la fianza siempre que se trate de bienes propios del imputado. El trámite se regirá por el Código de Procedimiento Civil, sin exigir contracautela a la víctima en ningún caso. La anotación preventiva de los bienes propios del imputado puede ser dispuesta directamente por el fiscal desde el primer momento de la investigación, a través de resolución fundamentada, la que deberá ser informada al juez que ejerce control jurisdiccional en el plazo de veinticuatro (24) horas de haber sido efectivizada, debiendo el juez ratificar, modificar o revocar la medida en el plazo de tres (3) días de comunicada la misma…”. En este sentido, las medidas cautelares reales tienen por misión asegurar un conjunto de bienes en los cuales posteriormente se hará efectiva la responsabilidad pecuniaria que se derive del presunto delito, para ello es posible limitar el ejercicio de disponibilidad de dichos bienes mediante estas medidas cautelares de carácter real, conforme al texto de la norma descrita”.
En el caso presente, el recurrente en lo esencial alega tres aspectos: 1) que se procedió a la realizar la anotación preventiva del inmueble en su totalidad adquirido por su persona a título de anticipo de herencia conjuntamente sus hermanas Rosario Nancy Mejía Ríos y Roxana Lucía Mejía Ríos, sin considerar que existen otras copropietarias del mismo como son sus nombradas hermanas; 2) que su persona procedió a transferir la cuota parte que le corresponde de dichos bienes a terceras personas, y 3) que se debería precautelar los derechos de sus nombradas hermanas y de sus compradores, a quienes se debería hacer conocer de que se está procediendo a la anotación preventiva; siendo en lo esencial ese el reclamo en torno al cual giran los argumentos del recurso y dentro de ese contexto se absolverá la impugnación deducida.
Con relación al primer punto, de la revisión del contenido del Auto Supremo Nº 020/2016 objeto de apelación incidental, se advierte que se procedió a realizar la anotación preventiva de varios bienes inmuebles consistentes básicamente en departamentos, depósitos, bauleras y tiendas, cada uno con registro de matrícula individualizada específica, todos ubicados en calle Villamil de Rada Nº 764, Zona Villa Nuevo Potosí de la ciudad de La Paz, los mismos que corresponderían a propiedad del recurrente según lo establecido en el Auto Supremo impugnado.
De la revisión de la prueba documental adjuntada al recurso de apelación incidental, se puede advertir que si bien existe el Testimonio de Escritura Pública Nº 3279/2005 de transferencia de una casa de 627,72 Mts2. a título de anticipo de legitima realizado por Guillermo Mejía Clavijo a favor del recurrente y sus dos nombradas hermanas, cuyo derecho se encuentra registrado en DD.RR. bajo la Matrícula 2010990081521, Asiento A-2, B-1 de fecha 24 de marzo de 2006; sin embargo las anotaciones preventivas que fueron realizadas por el Ministerio Público y ratificadas por el Auto Supremo Nº 020/2016, recaen sobre otros bienes con matrículas individualizadas y no así sobre la matrícula del inmueble de referencia conforme se evidencia del detalle que se encuentra consignado en dicha resolución donde el Tribunal (Sala Penal) al realizar el análisis y fundamentación, llegó a la conclusión de que se tratan de bienes propios del imputado.
Al encontrarse el trámite de las medidas cautelares de carácter real sometido a las disposiciones de la Ley adjetiva civil conforme lo establece de manera expresa el art. 252 del Código de Procedimiento Penal, sin que esto sea impedimento para hacer referencia a la norma sustantiva civil; esto implica que según el art. 1283.II del Código Civil y 136.II de su Procedimiento (Ley Nº 439), quien pretende que un derecho sea modificado, extinguido, declarado inválido o contradiga la pretensión de su adversario, debe probar sus fundamentos respecto a los hechos impeditivos, modificatorios o extintivos del derecho de la parte actora; similar situación se encontraba prevista en el art. 375 del abrogado Código de Procedimiento Civil; dentro de ese contexto, el recurrente tenía la carga procesal de demostrar con prueba idónea sus aseveraciones, es decir que su persona no es el único titular de los bienes que fueron anotados preventivamente, sino que los mismo también corresponden a otras personas, aspecto que no acontece en el caso de autos al no existir en los antecedentes que fueron remitidos a esta Sala Civil en grado de apelación, ninguna prueba que desvirtué lo afirmado en el Auto Supremo Nº 020/2016, incumpliendo de esta manera su deber de demostrar conforme a derecho sus argumentos.
Con relación al argumento de que el recurrente habría procedido a transferir a terceras personas su cuota parte que le corresponde (segundo punto descrito anteriormente); se debe indicar que si bien cursa el Testimonio Nº 2814/2015 de fs. 16 a 17 y vta., que da cuenta de la transferencia de un departamento a favor de los esposos Edino Claudio Clavijo Ponce y Gabriela Carla López Fernández realizado en fecha 20 de julio de 2015; sin embargo dicha transferencia no se encuentra registrada en Derechos Reales a nombre de los compradores, careciendo la misma de los efectos de publicidad previsto en el art. 1538 del Código Civil, pues según esta norma legal sustantiva, ningún derecho real sobre inmuebles surte sus efectos contra terceros que no forman parte del contrato, sino desde el momento que el derecho se hace público en los registros correspondientes y la publicidad de los bienes inmuebles únicamente se adquiere mediante la inscripción del título en Derechos Reales, aspecto que no acontece en el caso presente; ante esa situación el Ministerio Público (que resulta siendo un tercero con relación al contrato de transferencia celebrado entre el recurrente y sus compradores), así como el Tribunal que ratificó la anotación preventiva no estaban en la posibilidad de predecir de la existencia de dicha transferencia, persistiendo la misma hasta el presente sin el registro correspondiente.
Finalmente, con relación al punto tres referido a que se debería precautelar los derechos de las demás copropietarias (hermanas) y de los compradores; indicar que el recurrente funda su reclamo en derechos por terceras personas y no en causa propia, aspecto que genera la carencia de legitimidad para ese propósito; en todo caso, al haberse procedido al registro de las anotaciones preventivas, se operó la correspondiente publicidad y en el supuesto caso de que las hermanas del recurrente tendrían derechos de copropiedad en los inmuebles anotados preventivamente, son ellas quienes se encuentran facultadas para reclamar siempre y cuando demuestren con prueba idónea esa situación.
Debe tenerse presente que la anotación preventiva conforme se expuso anteriormente, no tiene carácter definitivo, sino mas bien es de naturaleza provisional, temporal y variable, siendo estos los elementos esenciales que los caracteriza, cuya finalidad única es garantizar la reparación civil de los daños y perjuicios emergente de la comisión del delito, pudiendo ser modificada o levantada en cualquier momento en la medida que cambie la situación de los hechos que originaron su aplicación o finalmente el propio imputado puede ofrecer en calidad de fianza real otros bienes suficientes en reemplazo de los bienes que fueron gravados.
Por otra parte corresponde dejar establecido que las medidas cautelares reales en sí no tienen efecto de modificar el contrato de transferencia o las obligaciones de los contratantes, ni mucho menos extinguir o generar de manera directa la perdida del derecho de propiedad, tampoco restringe el uso cotidiano que se pueda hacer del bien, simplemente impone restricciones de manera temporal en cuanto al ejercicio de su disposición; ante tales circunstancias no es correcta la afirmación vertida por el recurrente en sentido de indicar que con la anotación preventiva se estaría violentando el derecho de su comprador modificando en su esencia y naturaleza el contrato de transferencia al modificar el estado del inmueble con relación a la obligación del vendedor referente a la garantía de evicción y saneamiento; pues en el caso presente debe tomarse en cuenta que el presunto hecho que generó la investigación penal fue cometido de manera anterior a dicha transferencia.
Por las consideraciones realizadas, se concluye que los miembros de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia al emitir el Auto Supremo Nº 020/2016 de 04 de julio, han obrado correctamente.
POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación de los arts. 406 de Código de Procedimiento Penal aplicable al caso presente por permisión del 11 de la Ley Nº 044, CONFIRMA el Auto Supremo Nº 020/2016 de 04 de julio de 2016 de fs. 1 a 3 de los antecedentes remitidos en apelación. Con costas.
Regístrese, notifique y cúmplase.

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
in fine
 resolución 
 artículo 90
 resolución 
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