Source: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2012/refc20121026.aspx
Timestamp: 2019-09-24 08:49:07+00:00

Document:
La Moncloa. 26/10/2012. Referencia del Consejo de Ministros
Madrid, viernes 26 de octubre de 2012
REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.
REAL DECRETO sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años.
REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial, para adaptarlo a la nueva denominación y estructura de los Departamentos Ministeriales.
ACUERDO por el que se crea la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
ACUERDO por el que se autoriza la Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Colombia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970, y se dispone su remisión a las Cortes Generales.
ACUERDO por el que se autoriza la Declaración de aceptación por España de la adhesión de la Antigua República Yugoslava de Macedonia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970, y se dispone su remisión a las Cortes Generales.
ACUERDO por el que se toma conocimiento de las modificaciones al Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya sobre el depósito internacional de dibujos y modelos industriales, adoptadas en la 30ª sesión (18ª ordinaria) de la Asamblea de la Unión de La Haya, celebrada en Ginebra del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2011.
ACUERDO por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz.
ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Justicia la celebración por lotes (11) de un contrato de limpieza de edificios administrativos y sedes que albergan los órganos judiciales adscritos a diversas Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.
ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato integral de suministro abierto de víveres para buques, unidades e instalaciones de la Armada.
ACUERDO por el que se autoriza la inversión extranjera de la sociedad holandesa Polar Capital B.V., en la sociedad española Maxamcorp Holding, S.L., con empresas filiales que realizan actividades relacionadas con la defensa nacional.
ACUERDO por el que se remite al Tribunal de Cuentas la Cuenta General del Estado relativa al ejercicio 2011.
ACUERDO por el que se declara la reserva a favor de la Administración General del Estado del tramo de costa correspondiente a las Lagunas de Torrevieja y La Mata incluido en el dominio público marítimo-terrestre, y se autoriza la novación del contrato de arrendamiento de la explotación salinera con la Nueva Compañía Arrendataria de Las Salinas de Torrevieja, S.A.
ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción del convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Comunidad Autónoma de Galicia, para la prestación del servicio telefónico de información y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de género.
ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 1.815.766,42 euros y se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para atender la sentencia de la Audiencia Nacional, de 16 de marzo de 2011, condenatoria al pago de las compensaciones económicas en concepto de colaboración en la asistencia sanitaria prestada durante el ejercicio 2008, por la entidad colaboradora Banco Español de Créditos, S.A.
ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 45.584.014,79 euros, y se concede un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2012, condenatoria al pago a la Comunidad Autónoma de Asturias, del gasto farmacéutico correspondiente al mes de diciembre del año 2001 así como gastos de personal, bienes corrientes y servicios e inversiones.
ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 50.772.036,64 euros, y se concede un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2012, condenatoria al pago a la Comunidad Autónoma de Castilla y León del gasto farmacéutico correspondiente al mes de diciembre del año 2001 así como gastos corrientes en bienes y servicios.
ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por importe total de 14.702.144,11 euros, para dar cumplimiento a diversas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de 13 de junio de 2011, por expropiación forzosa.
ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 6.304.572,10 euros, y se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para atender la sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de marzo de 2009, condenatoria al pago de las compensaciones económicas en concepto de colaboración en la asistencia sanitaria prestada durante el ejercicio 2003, por la entidad colaboradora Banco Santander Central Hispano, S.A.
ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 943.260,78 euros, para el abono de subvenciones, por sentencias de la Audiencia Nacional, relativas a proyectos de entidades locales para reparar daños por catástrofes naturales y se concede un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad de Madrid para realizar operaciones de préstamos en el exterior y emisiones de deuda pública hasta un importe máximo de 1.284.066.318 euros.
ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma del País Vasco a realizar emisiones de deuda pública o concertar operaciones de préstamo a largo plazo hasta un importe máximo de 489.740.000 euros.
ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Illes Balears a realizar emisiones de deuda pública o concertar operaciones de préstamo a largo plazo hasta un importe máximo de 228.615.000 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la prórroga al convenio entre la Administración General del Estado (AGE) y el Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la gestión y mantenimiento de la red ferroviaria de titularidad del Estado durante los meses de julio a octubre de 2012, hasta 31 de diciembre de 2012.
INFORME sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
ACUERDO por el que se toma razón de la actuación de emergencia correspondiente a la sustitución del tramo vertical de la tubería de impulsión del agua producto de la IDAM de la Ciudad de Melilla, por importe de 700.000 euros.
ACUERDO por el que se aprueba la Declaración del año 2013 como Año Español de las Enfermedades Raras.
REAL DECRETO por el que se nombra director general del Patrimonio del Estado a D. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MENÉNDEZ .
REAL DECRETO por el que se nombra director general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales a D. JUAN IGNACIO ROMERO SÁNCHEZ .
REAL DECRETO por el que se nombra directora general de Coordinación de la Administración Periférica del Estado a Dª CARMEN ARIAS APARICIO .
Se regula el nuevo papel de la autoridad laboral y sus funciones de vigilancia y control del desarrollo del período de consultas, y también ayuda a las partes para buscar soluciones a los problemas derivados de las medidas laborales a adoptar.
R egula las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a quien le corresponde la emisión de informe preceptivo.
C oncreta toda la información que el empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores para garantizar que éstos sean suficientemente informados sobre la situación de la empresa y las circunstancias de las medidas previstas.
Además de la obligación de negociar medidas sociales que acompañen a la decisión de reestructuración empresarial, para los supuestos de despido c olectivo que afecten a más de cincuenta trabajadores, se establece la obligación de elaborar un plan de recolocación externa. Este plan está destinado a permitir una transición rápida y adecuada a un nuevo empleo para los trabajadores afectados, de modo que se mantengan en el mercado de trabajo el mayor tiempo posible. Existe, además, la obligación de negociar medidas sociales que acompañen a la decisión de restructuración empresarial.
Por otro lado, se desarrolla la Disposición Adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores, que se incorporó con la reforma laboral y que sólo afectará al personal laboral del sector público. En ningún caso afectará a los funcionarios, que tienen un régimen jurídico distinto.
Cuando se trate de causas económicas, la documentación exigida también es muy rigurosa. Se deben añadir, entre otros, los presupuestos del organismo o entidad y la certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable.
Las arcas públicas asumirán el mínimo coste posible en las prejubilaciones que hagan las empresas con más de cien trabajadores.
La norma se aplicará a las empresas de más de cien trabajadores, o que formen parte de grupos de empresas que empleen a ese número de trabajadores, que hayan tenido beneficios los dos últimos ejercicios, que realicen despidos colectivos de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y que estos incluyan a trabajadores de 50 o más años de edad.
La aplicación de este reglamento permite que las empresas de un determinado tamaño que tengan beneficios durante los dos años anteriores y realicen despidos colectivos que incluyan trabajadores de cincuenta o más años efectúen una aportación económica al Estado que compense el impacto que supone sobre el sistema de protección por desempleo.
El nuevo texto persigue lograr un efecto disuasorio que desincentive el despido de los trabajadores por razón de su edad, promueva la recolocación de aquellos que tengan más edad y contribuya a la valoración de sus capacidades laborales.
El reglamento contiene el desarrollo y procedimiento necesario para que la Administración pueda exigir el pago de las aportaciones económicas establecidas en la Ley de actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, de 1 de agosto de 2011, cuyos elementos esenciales han sido regulados por el Real Decreto Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y por la ley del mismo nombre.
El Real Decreto recoge el sistema de cálculo de la aportación económica establecido en la citada Ley de 2011, que se realizará a través de liquidaciones anuales.
Dado que el Servicio Público de Empleo es el responsable del pago de las prestaciones, será el encargado de realizar el procedimiento de liquidación de la aportación.
El procedimiento de liquidación se iniciará con la notificación en cada ejercicio por el Servicio Público de Empleo de una propuesta a las empresas, que tendrán quince días para formular alegaciones. Durante el trámite de alegaciones las empresas pueden acreditar que se ha producido la recolocación de los trabajadores afectados y, en ese caso, no tendrán que abonar aportaciones.
El ingreso de las aportaciones se hará en el plazo de treinta días desde la notificación y la gestión recaudatoria corresponde a las delegaciones de Economía y Hacienda.
ENVÍO AL PACTO DE TOLEDO DE UN INFORME SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
Se centra en la situación de la jubilación anticipada y la jubilación parcial.
Se trata de dar cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo, combatir la discriminación por edad en nuestro mercado laboral y desincentivar el abandono prematuro de la vida laboral.
Aborda propuestas para facilitar la compatibilización de la de la vida laboral activa con la percepción de una pensíón de jubilación.
El Consejo de Ministros ha acordado remitir a la Comisión parlamentaria de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo un informe sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la prolongación voluntaria de la vida laboral.
DESIGNADO EL AÑO 2013 COMO AÑO ESPAÑOL DE LAS ENFERMEDADES RARAS
El Consejo de Ministros ha acordado declarar el próximo año 2013 como Año Español de las Enfermedades Raras. El objetivo de esta iniciativa es visibilizar estas patologías y acercarlas a los ciudadanos.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen alrededor de siete mil enfermedades raras, que afectan al 7 por 100 de la población mundial. En España se estima que hay tres millones de personas afectadas. Una enfermedad es considerada "rara" por existir menos de un caso por cada dos mil habitantes, además de por presentar síntomas y orígenes variados, en ocasiones desconocidos, que además necesitan del diseño de tratamientos farmacológicos específicos.
Atender de manera adecuada a la población afectada supone un importante desafío para toda la sociedad. Este reto ha de abordarse desde el punto de vista médico, pero también desde el ámbito social, económico, asistencial y familiar, y en esta tarea debe buscarse la implicación y el compromiso de todos. En este contexto el Gobierno ha adoptado esta iniciativa y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha asumido el compromiso de desarrollar una estrategia coordinada que analice las enfermedades raras desde distintos ámbitos: sanitario, científico y social.
APROBADO EL MÓDULO PARA DISTRIBUIR SUBVENCIONES A LOS JUZGADOS DE PAZ
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se fija el criterio de distribución del crédito destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz.
La distribución de la ayuda se realiza en función del número de habitantes de cada municipio. La cuantía total de la subvención, según figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, es de 2.107.802 euros, lo que supone una reducción del 30 por 100 en comparación con la del año 2011.
Este Acuerdo será sólo de aplicación a los Ayuntamientos de las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Extremadura. Las restantes Comunidades Autónomas, de acuerdo con los respectivos Reales Decretos sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, no se verán afectadas por el Acuerdo hoy aprobado.
AUTORIZADAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO A MADRID, ILLES BALEARS Y PAÍS VASCO
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad de Madrid a realizar operaciones de préstamos en el exterior y emisiones de deuda pública hasta un importe máximo de 1.284.066.318 euros.
Asimismo, a la Comunidad Autónoma de Illes Balears se le autoriza a realizar emisiones de deuda pública o concertar operaciones de préstamo a largo plazo hasta un importe máximo de 228.615.000 euros.
Por último, a la Comunidad Autónoma del País Vasco se le autoriza a realizar emisiones de deuda pública o concertar operaciones de préstamo a largo plazo hasta un importe máximo de 489.740.000 euros.
Planes financieros de reequilibrio
Dichas operaciones de endeudamiento son conformes con los Planes económico-financieros de reequilibrio 2012-2014 presentados por dichas Comunidades Autónomas, cuyas medidas fueron declaradas idóneas por el Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera en su sesión del 17 de mayo de 2012 en el caso de Madrid e Illes Balears, y en el de País Vasco por Acuerdo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Departamento de Economía y Hacienda del 27 de marzo de 2012, en virtud de su régimen foral.
Estas operaciones se autorizan con cargo al incremento de deuda del ejercicio 2012. La autorización a la Comunidad Autónoma de Illes Balears se encuentra dentro del primer tramo del 0,75 por 100 del PIB regional del déficit fijado como objetivo de estabilidad presupuestaria para 2012.Además, se incluye la financiación equivalente al abono en 2012 de las cantidades aplazadas de la liquidación negativa del sistema de financiación correspondiente a 2008 y 2009.
En cuanto a las autorizaciones a las Comunidades Autónomas de Madrid y el País Vasco, son del segundo tramo del 0,75 por 100 del PIB regional establecido en el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 6 de marzo de 2012.
REMITIDA AL TRIBUNAL DE CUENTAS LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO 2011
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se remite al Tribunal de Cuentas la Cuenta General del Estado relativa al ejercicio 2011, elaborada por la Intervención General del Estado y según lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
La Cuenta General del Estado está formada por los documentos relativos a la Cuenta General del sector público administrativo, a la Cuenta General del sector público empresarial y a la Cuenta General del sector público fundacional.
Cuenta General del sector público administrativo
La Cuenta General del sector público administrativo se ha formado mediante consolidación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2011 de las entidades del sector público estatal cuya contabilidad se desarrolla de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública.
Cuenta General del sector público empresarial
La Cuenta General del sector público empresarial se ha formado mediante agregación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2011 de aquellas entidades del sector público estatal cuya contabilidad se desarrolla de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad de la empresa española.
Cuenta General del sector público fundacional
La Cuenta General del sector público fundacional se ha formado mediante agregación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2011 de aquellas entidades del sector público estatal cuya contabilidad se desarrolla de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
114 MILLONES PARA LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FERROVIARIA CONVENCIONAL HASTA FINAL DE AÑO
Este gasto corresponde a la realización, por parte de ADIF, de las actuaciones necesarias para el mantenimiento, explotación y gestión de la Red Ferroviaria de Titularidad del Estado.
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento una inversión de 114.453.510 euros, IVA incluido, para la realización, por parte de ADIF, de labores de mantenimiento, explotación y gestión de la Red Ferroviaria de Titularidad del Estado desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2012.
El Acuerdo establece las condiciones en las que se encomienda a ADIF la gestión y el mantenimiento de la red de infraestructuras ferroviarias de titularidad del Estado, así como la gestión de sus sistemas de control, de circulación y de seguridad durante los meses de noviembre y diciembre de 2012.
La explotación de la infraestructura ferroviaria comprende la elaboración y publicación de la Declaración de Red, la adjudicación de la capacidad de la infraestructura a los candidatos que lo soliciten, la prestación de servicios adicionales, complementarios y auxiliares, el control e inspección de la infraestructura ferroviaria, el de sus zonas de protección y de servicio ferroviario y la gestión de los sistemas de control, circulación y seguridad de la infraestructura ferroviaria.
REPARACIÓN DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN DEL AGUA QUE COMPLETA EL ABASTECIMIENTO A MELILLA
El Consejo de Ministros ha autorizado la actuación de emergencia para sustituir el tramo vertical de la tubería de impulsión del agua producto de la desaladora de agua de mar de la Ciudad Autónoma de Melilla, por un importe de 700.000 euros.
Un 65 por 100 del abastecimiento de agua a la población de la Ciudad de Melilla se realiza a través de la desaladora, que suministra al sistema 20.000 m3/día, mientras que otro porcentaje del suministro parte de los pozos del acuífero, que debe tratarse en la desalobradora (10.000 m3/día).
La incorporación del agua producto de la desaladora al sistema de abastecimiento a la Ciudad Autónoma se lleva a cabo a través de una tubería de impulsión cuyo tramo vertical ha sufrido recientemente roturas que podrían volver a producirse de no llevarse a cabo esta sustitución.
Con objeto de garantizar el correcto funcionamiento de la tubería de impulsión, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo autónomo dependiente del Ministerio, resolvió el pasado 30 de julio la declaración de emergencia de esta actuación para sustituir este tramo de manera inmediata, según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo de 14 de noviembre de 2011 por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
CONVENIO CON GALICIA PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO DE INFORMACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
El Consejo de Ministros ha ratificado la autorización para la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Comunidad Autónoma de Galicia para la prestación del servicio telefónico de información y asesoramiento a mujeres víctimas de la violencia de género.
Con éste, ya son doce las Comunidades Autónomas, más Ceuta y Melilla, que han suscrito convenios de esta naturaleza. La colaboración entre ambas Administraciones implica, esencialmente, la derivación automática entre las llamadas recibidas en el teléfono 016, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y el teléfono afectado de la Comunidad Autónoma. De este modo, corresponderá la atención a uno o al otro, en función del tipo de servicio solicitado: información, asesoramiento jurídico especializado o emergencia.
Con esta medida, que no conlleva ninguna contraprestación económica entre los organismos firmantes, se garantiza el derecho a la información y al asesoramiento a las mujeres que sufren este tipo de violencia, reconocido en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
RESERVA A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TRAMO DE COSTA DE LAS LAGUNAS DE TORREVIEJA Y LA MATA
Se autoriza, asimismo, la novación del contrato de arrendamiento de la explotación salinera.
El Consejo de Ministros ha acordado declarar una zona de reserva a favor de la Administración General del Estado sobre el tramo de costa en que se ubican las Lagunas de Torrevieja y La Mata y autorizar la novación del contrato de arrendamiento de la explotación salinera.
Las Lagunas de Torrevieja y La Mata son dos extensiones de agua salada de titularidad estatal, situadas al sur de la provincia de Alicante, que constituyen la base de una industria extractiva de sal de tradición secular.
Por una Orden del entonces Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino del 12 de abril de 2011 se aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de este tramo, por lo que resulta necesario establecer una reserva demanial a favor de la Administración General del Estado sobre la superficie declarada dominio público marítimo-terrestre (unas 3.046 hectáreas)
Asimismo, se autoriza la novación del contrato de arrendamiento a fin de acomodarlo a la nueva situación generada por el deslinde y la subsiguiente reserva.
La salvaguarda del interés público aconseja redefinir las condiciones contractuales para asegurar un nivel adecuado de inversión por parte del arrendatario en los activos, así como la puesta en valor de las Lagunas desde las perspectivas medioambiental, paisajística, cultural y turística, y de la propia explotación por la relevancia en cuanto patrimonio industrial que presentan algunos de sus elementos.
CONTRATO DE VÍVERES PARA BUQUES, UNIDADES E INSTALACIONES DE LA ARMADA
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato integral de suministro abierto de víveres para buques, unidades e instalaciones de la Armada por un valor estimado de 19.737.215,81 euros distribuido en cuatro anualidades (2012/2015).
Hasta ahora, la adquisición y suministro de los artículos de alimentación se efectuaba a través de los Servicios de Subsistencia de cada arsenal. Con el objetivo de aplicar una gestión uniforme y conseguir una reducción en el gasto, el presente contrato establece que la adjudicación del suministro se realizará de manera centralizada, de forma que las unidades solicitarán y recibirán directamente sus pedidos del adjudicatario.
AUTORIZADA UNA INVERSIÓN EXTRANJERA EN UNA SOCIEDAD CON EMPRESAS FILIALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEFENSA
El Consejo de Ministros ha autorizado a la sociedad holandesa Polar Capital B.V a adquirir el 5 por 100 de Maxamcorp Holding S.L. con el objetivo de realizar actividades directamente relacionadas con la defensa nacional.
La inversión de Polar Capital B.V. consistirá en la compraventa de 13.248 participaciones de 300 euros de valor nominal cada una de ellas a la sociedad española Global Ogmios S.L.U., lo que representa el 5 por 100 del capital de Maxamcorp Holding S.L
Las principales actividades del Grupo Maxam consisten en la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de armas y sistemas de uso en tierra, mar y aire, y de todo tipo de sistemas civiles y militares relacionados con dicho equipamiento.
El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia, por un importe total de 120.121.794,84, con la siguiente distribución:
96.356.051,43 euros para financiar dos suplementos de crédito en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con el fin de cumplir lo establecido en las sentencias del Tribunal Supremo condenatorias al pago del gasto derivado de la factura de farmacia correspondiente al mes de diciembre de 2001 a las Comunidades Autónomas de Castilla y León por importe de 50.772.036,64 euros, y de Asturias por 45.584.014, 79 euros.
Los suplementos de crédito posibilitarán la dotación de recursos al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria que será el encargado de proceder al pago del importe adeudado.
14.702.144,11 euros para la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente destinado a cumplir lo establecido en diversas sentencias del Tribunal Supremo sobre revisión de justiprecios de expropiaciones y los intereses de demora correspondientes. Dichas expropiaciones se enmarcan dentro del proyecto "Encauzamiento del río Llobregat desde el puente de Marcabarna hasta el mar, con inclusión de medidas correctoras de impacto ambiental".
8.120.338,52 euros para la financiación de dos créditos extraordinarios para el cumplimiento de sentencias de la Audiencia Nacional de 2009 y de 2011 en las que se establecen el pago de compensaciones económicas por la colaboración prestada en asistencia sanitaria a las siguientes entidades colaboradoras: 1.815.766,42 euros a Banco Español de Crédito, S.A. y 6.304.572,10 euros a Banco Santander Central Hispano S.A.
943.260,78 euros para financiar un suplemento de crédito en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para cumplir varias sentencias de la Audiencia Nacional destinadas al abono de subvenciones a varios ayuntamientos de la provincia de Huelva por proyectos para reparar daños en infraestructuras por catástrofes naturales.
NUEVA REGULACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica otro de 2007 que estableció el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial, para adaptarlo a la nueva denominación y estructura de los departamentos ministeriales.
El citado Real Decreto de 2007 creó un Comité de Valoración de las solicitudes de reserva de zona para instalaciones de parques eólicos marinos, adscrito al ahora Ministerio de Industria, Energía y Turismo (entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).
La nueva denominación y estructura de los Departamentos ministeriales quedó establecida mediante dos Reales Decretos de finales de 2011, la cual ha sido objeto de desarrollo reglamentario en cada Departamento. En consecuencia, se han creado y eliminado distintos órganos superiores y directivos, así como asignado nuevas denominaciones y funciones a otros ya existentes.
Resulta necesario, por tanto, adaptar la composición del referido Comité de valoración a la nueva estructura de departamentos ministeriales con representación en el mismo.
La adecuación a las nuevas estructuras y denominaciones es especialmente necesaria en el caso de los órganos colegiados, dado que las dudas que pueden surgir sobre su efectiva composición actual pueden generar dificultades en cuanto a su convocatoria y normal funcionamiento.
D. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MENÉNDEZ.
Nacido el 25 de febrero de 1960 en Madrid, es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales. Pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.
Ha sido interventor delegado de los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Economía, subdirector general de Intervención y Fiscalización, jefe de la Unidad de Apoyo de la Intervención General a la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción e interventor regional de Madrid y delegado del Ministerio de Economía y Hacienda. En 2009 fue nombrado secretario general y director de Control Corporativo de SEPI Desarrollo Industrial, S.A., y presidente de la sociedad gestora de entidades de capital riesgo SEPIDES Gestión. Actualmente era jefe de la División de Control Financiero y Auditoría del Sector Público y Estatal de la Intervención General de la Administración del Estado.
Fue abogado del Estado en León y en Valladolid, y abogado del Estado jefe en Zamora. Desde 2010 es abogado del Estado-adjunto, coordinador de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, y coordinador del Convenio de Asistencia Jurídica de la Sociedad Estatal Servicios y Estudios para la Navegación y Seguridad Aeronáutica (SENASA). Desde enero de 2012 era director general de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.
Directora general de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.-
Dª CARMEN ARIAS APARICIO.
Es Licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Ha desempeñado diferentes puestos en los Ministerios de la Presidencia, Medio Ambiente, Interior y Economía y Hacienda. En 2006 fue nombrada subdirectora general gerente del Museo Reina Sofía y, posteriormente, fue vicesecretaria general en la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, y secretaria general del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, organismo en el que más tarde fue subdirectora general de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual. Desde febrero de 2012 era directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

References: REAL DECRETO 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 
 Real Decreto 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 
 artículo 51
 Real Decreto 
 Real Decreto 
in fine
 Real Decreto 
 artículo 18
 Real Decreto 
 Real Decreto