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Timestamp: 2017-12-16 03:33:43+00:00

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III. La constitución como regla de reconocimiento	GC	2017-06-04T14:25:14+00:00
Capítulo III. La constitución como regla de reconocimiento
El concepto de regla de reconocimiento
En el libro “El concepto de Derecho” (Hart, 1961) el término regla de reconocimiento es empleado para designar el criterio que sirve para identificar aquellas normas que son consideradas derecho por una determinada comunidad política.
Es importante señalar que la regla de reconocimiento, es un concepto que no se identifica con el concepto de constitución, ello en virtud de que la constitución surge en el contexto de las comunidades políticas estatales, mientras que la regla de reconocimiento es un término más amplio que puede ser empleado incluso en comunidades anteriores a los Estados Nacionales.
Al hablar de la constitución como regla de reconocimiento se hace referencia a la función del texto constitucional como criterio para identificar las fuentes de Derecho que son reconocidas por un sistema jurídico estatal.
En otras palabras, la constitución, al identificar qué tipo de normas son reconocidas como derecho en un determinado Estado, desempeña una función propia de una regla de reconocimiento.
A continuación se describirán algunos aspectos generales relativos a la forma en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula el sistema de fuentes de Derecho, cumpliendo así con una de las funciones de la regla de reconocimiento.
El sistema de fuentes reconocido por la Constitución Mexicana
En este apartado se hará una descripción general de las fuentes de Derecho reconocidas por la CPEUM.
Dentro de las principales normas reconocidas por el Constituyente de 1917 se encuentra la Constitución de 1857 según se desprende del propio título de la Constitución: “CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE REFORMA LA DE 5 DE FEBRERO DE 1857”.
Lo anterior es de trascendencia en virtud de que el anterior texto constitucional, es decir la Constitución de 1857, servirá por decisión del Poder Constituyente de 1917 como texto supletorio a la actual CPEUM.
De manera ejemplificativa se enlistan algunas de las fuentes de derecho reconocidas por la Constitución de 1917: tratados internacionales, leyes y decretos de naturaleza federal y local, el derecho de las comunidades indígenas (artículo 2), normas individualizadas como lo son resoluciones judiciales, los contratos celebrados por los particulares (véase artículo 5), reglamentos sanitarios de policía y buen gobierno, planes y programas escolares (artículo 3), las constituciones locales, el presupuesto de egresos, los principios generales del derecho (artículo 14), las resoluciones dictadas en acciones colectivas, convenios entre distintos niveles de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo Federal, las disposiciones legislativas emitidas por el Consejo de Salubridad General, acuerdos generales del Consejo de la Judicatura Federal, la jurisprudencia, planes regionales de desarrollo, acuerdos intermunicipales e interestatales (entre Entidades Federativas), etc.
Cabe mencionar que poco se ha tratado en la doctrina respecto de normas generales como el Plan Nacional de Desarrollo previsto en el artículo 26 de la CPEUM. En relación a esa norma conviene resaltar que la misma puede servir para impugnar los actos de la Administración Pública Federal con fundamento en el propio artículo 26: “Artículo 26… Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.”
Por lo que hace a las facultades legislativas federales, la CPEUM distingue entre facultades ordinarias y facultades extraordinarias, siendo ordinarias aquellas atribuidas al Congreso de la Unión (artículos 71, 72 y 73) y al Consejo de Salubridad General (73 fracción XVI bases 1ª y 4ª) y extraordinarias aquellas que requieren un acto de delegación por parte del Congreso de la Unión, es decir los casos previstos en el segundo párrafo del artículo 131 y el otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo Federal en términos del Artículo 29 CPEUM.
Artículo 73…
Artículo 131…
El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso dela Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.
Artículo 29.En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.
Otro tipo de normas que conviene señalar, son los contratos celebrados entre los particulares, según se desprende del artículo 5 constitucional.
El artículo citado es un ejemplo de que la CPEUM reconoce a la autonomía de la voluntad como fuente de normas jurídicas individualizadas, como lo son los contratos.
Una forma en que la CPEUM controla qué fuentes estarán incorporadas al sistema jurídico mexicano es mediante el principio de división de poderes, ya que dicho principio establece que las normas jurídicas generales serán expedidas por el Poder Legislativo (salvo los casos expresamente señalados por la propia CPEUM) sin que dicho poder tenga autorizado delegar sus facultades a casos distintos de los previstos en los artículos 29 y 131.
A manera de ejemplo se cita el artículo 6 de la Ley de Instituciones de Crédito que sin fundamento constitucional alguno delega la facultad legislativa para incorporar a los usos y prácticas bancarias como fuentes de derecho.
Artículo 6o.- En lo no previsto por la presente Ley y por la Ley Orgánica del Banco de México, a las instituciones de banca múltiple se les aplicarán en el orden siguiente:
La incorporación que hace el artículo 6 de la Ley de Instituciones de Crédito de los usos y prácticas bancarios y mercantiles, no está prevista en la CPEUM por lo tanto dichas fuentes pueden ser impugnadas alegando una violación al artículo 49 constitucional.
Por otra parte, es importante mencionar que la CPEUM no solamente regula aspectos formales del proceso legislativo federal, sino que incluso regula ciertos aspectos del proceso legislativo local, tal es el caso de artículo 115 fracción IV antepenúltimo párrafo:
En ese orden de ideas, toda contribución local que haya sido establecida sin observar lo dispuesto por el artículo transcrito resulta anticonstitucional y en consecuencia impugnable vía amparo.
En el próximo capítulo se ampliarán los ejemplos de fuentes no autorizadas por la CPEUM toda vez que violan el principio de división de poderes.
Finalmente es importante mencionar que la CPEUM no solamente establece qué fuentes de derecho pertenecen al sistema jurídico mexicano, sino que en algunos casos incluso establece disposiciones que sirven como ordenadores normativos, entendiendo por ordenador normativo aquel enunciado normativo que sistematiza, estructura, o da coherencia al ordenamiento jurídico.
Como ejemplo de ordenadores normativos se pueden citar las disposiciones contenidas en el artículo 121 constitucional.
En conclusión, la Carta Magna establece cuáles son las normas que conforman el sistema jurídico mexicano. Por lo tanto, para averiguar si un determinado tipo de norma jurídica pertenece al ordenamiento mexicano habrá que buscar su incorporación en el texto constitucional.
La constitución como criterio de regularidad formal y material
La otra función de la regla de reconocimiento es la relativa a fijar el referente de regularidad formal y material de todo el sistema jurídico particular de que se trate, entendiendo por regularidad “la relación de correspondencia entre un grado inferior y un grado superior del orden jurídico.” (Kelsen, 1974, págs. 473,474).
De lo antedicho resulta que la CPEUM es la norma superior de todo el ordenamiento jurídico mexicano en virtud de que en el conjunto de enunciados normativos denominado CPEUM se contienen las disposiciones que rigen los procesos de creación del resto de las normas en sus aspectos competenciales, procedimentales y materiales.
En otras palabras, la CPEUM establece qué autoridades o sujetos son los facultados para realizar un determinado acto normativo, la secuencia de actos que deben seguir y el sentido o contenido de las normas a crear.
Enseguida se cita un caso para ejemplificar lo anterior:
Según el artículo 50 el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Unión: “Artículo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores.”
El artículo citado establece al Congreso de la Unión como la autoridad competente para emitir normas jurídicas generales.
Por otra parte los artículos 71 y 72 de la CPEUM establecen la secuencia de actos que deben las autoridades competentes para producir una ley o un decreto.
C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta,, (, sic DOF 05-02-1917)y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.
Finalmente los artículos 1°, y 73 de la CEPUM regulan los contenidos de las leyes o decretos emitidas por el Congreso de la Unión.
Es importante mencionar que toda norma inferior a la CPEUM, sea general o individual, puede por una situación de hecho resultar anticonstitucional, ello en virtud de que la norma inferior haya sido expedida por una autoridad incompetente, emitida en violación a las normas que regulan el proceso normativo o porque su contenido sea contrario a la CEPUM.
Por lo tanto, aquellos criterios judiciales que afirman que las sentencias de amparo no pueden violar derechos humanos carecen de todo fundamento.
Asimismo conviene señalar que existe una infinidad de jurisprudencia anticonstitucional debido a varias razones, entre ellas:
1) Toda vez que una gran cantidad de la jurisprudencia se origina con motivo de conflictos de legalidad los Tribunales que la crean no cuestionan la constitucionalidad de los criterios por ellos establecidos y como resultado de ello se emite una jurisprudencia anticonstitucional. Al respecto véase “El control de convencionalidad de la jurisprudencia que viola derechos humanos” en: http://constitucionalistasmexicanos.blogspot.mx/
2) Por violar el principio de subordinación del artículo 94 constitucional
[i] debe recordarse que la jurisprudencia es una fuente de derecho que está vinculada a la norma objeto de interpretación, por lo tanto si la jurisprudencia expresa una “interpretación” no derivable del enunciado normativo a interpretar, la jurisprudencia constituye una pretensión legislativa no autorizada por la CPEUM. Las siguientes tesis ejemplifican lo anterior:
CUANTÍA DEL JUICIO. ES INDETERMINADA EN LOS JUICIOS EN DONDE SE EJERCE LA ACCIÓN DECLARATIVA.
La pretensión de declaración llamada también acción declarativa, prevista en el artículo 1o. del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no persigue directamente un fin pecuniario; por ende, la referida controversia debe considerarse de cuantía indeterminada. En efecto, para conocer si un juicio es de cuantía determinada o de cuantía indeterminada ha de atenderse al ámbito objetivo sobre el que versará el proceso en concreto, esto es, considerar tanto el petitum (lo pedido) como el fundamento de esa petición (causa de pedir). La llamada acción declarativa tiene como finalidad dar certeza jurídica a un estado de cosas, a una situación jurídica indefinida o no reconocida y terminar con el estado de incertidumbre jurídica en que se encuentra el demandante; su fin último no consiste en el pago de una cantidad monetaria, sino en dar seguridad jurídica al enjuiciante sobre la existencia, eficacia, interpretación, etcétera, de un derecho o de una relación jurídica. De ahí que no sea válido afirmar que el juicio tenga un valor en dinero, aunque en la demanda se expresen cantidades ciertas y específicas, si lo reclamado no trata sobre el pago de éstas. En consecuencia, la cuantía del asunto debe estimarse indeterminada y sobre tal base fijar, por ejemplo, la competencia de los órganos jurisdiccionales, la procedencia de los recursos y la cuantificación de las costas.
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Tesis aislada. Amparo en revisión 43/2010. Adriana Duarte Yépez. 8 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Septiembre de 2010, página 1231. No. de registro 163837.
En el criterio judicial citado el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dice interpretar el artículo 1° del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y que derivado de dicha interpretación se infiere que las acciones declarativas son de cuantía indeterminada.
Si se observa la redacción artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal uno se puede constatar que no existe elemento alguno que permita llegar a la conclusión contenida en la tesis.
De la lectura completa del artículo 1° del Código Procesal es imposible inferir que el legislador haya establecido que las acciones declarativas son de cuantía indeterminada como lo afirma el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ello hace evidente que la tesis aislada lejos de constituir un criterio interpretativo es una pretensión legislativa, situación que implica una transgresión al principio de subordinación de la jurisprudencia del artículo 94 constitucional y una violación al principio de división de poderes.
3) Por violar las normas que regulan su proceso de creación. Por ejemplo, no reunir el número de casos resueltos en el mismo sentido.
4) Por no observar el método de interpretación impuesto por el artículo 72 F de la Constitución, etc.
En resumen, todas las normas que forman parte del sistema jurídico mexicano tienen que ser emitidas según lo dispuesto por la CPEUM ya que de lo contrario dichas normas devienen irregulares y su obligatoriedad puede ser impugnada.
[i] Artículo 94… La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.

References: artículo 5
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 131
 Artículo 29

Artículo 73

Artículo 131

Artículo 29
 artículo 5
 artículo 6

Artículo 6
 artículo 6
 artículo 49
 artículo 115
 artículo 121
 artículo 50
 artículo 94
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 94
 artículo 72
 Artículo 94