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Timestamp: 2019-04-24 08:38:40+00:00

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a resolver cual si fueran jueces de la Nación o de las Provincias
Finalmente en este aspecto no resulta una cuestión menor señalar
a resolver cual si fueran jueces de la Nación o de las Provincias, (art 4º ley 27.348 y 1º ley 14.997), lo que muestra evidentemente una nueva violación mediante la mencionada Res 298/17 S.R.T, del Art. 99 inc 2º de la C.N. en un exceso de las facultades y atribuciones reglamentarias del P.E.
No hay dudas el sometimiento del actor a una comisión especial federal como son las CCMM implica la violación inconfundible de la garantía que proporciona el 18 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Siguiendo la línea de análisis y para mejor detalle no se puede dejar de señalar que entre otras cuestiones el Art 7º de la resolución de la S.R.T. atacada, impone al trabajador la obligación de ofrecer prueba y concede a las CCMM, facultad para rechazar la prueba ofrecida por el trabajador que se considere manifiestamente improcedente, superflua o meramente dilatoria. Igualmente le concede a las CCMM disponer de oficio la producción de prueba respecto de los hechos invocados y que considere conducentes para resolver, - el subrayado fue puesto por quien suscribe -, así como el mencionado artículo faculta a los médicos para resolver el conflicto planteado, a solicitar la asistencia de servicios profesionales o de organismos técnicos para que se expidan sobre áreas ajenas a su competencia profesional. Es notorio como mediante este artículo de la Res 298/2017 S.R.T., se le arroga a un organismo médico administrativo federal facultades jurisdiccionales propias y exclusivas del Poder Judicial, (ley 11.653 y Cpcc), lo cual pone en evidencia la ilegitimidad de las CCMM y su violación de los derechos y garantías constitucionales del actor ya mencionados en este planteo.
Por otra parte no se debe olvidar, como ya se señalo precedentemente, que mediante esta reglamentación se compele al actor a someterse a los exámenes médicos que indique la Comisión Médica. Ya que se dispone que en caso que aquél dificultare la revisación o la realización de estudios complementarios, la Comisión Médica dictaminará conforme a los antecedentes que tuviere en su poder.
El Art 8º de la resolución en cuestión reglamenta la posibilidad que el trabajador brinde un alegato de la prueba ofrecida o de aquellas “medidas para mejor proveer” producidas por disposición de la CCMM – lo encomillado es textual del Art 8º de la Res 298/2017 S.R.T. -
Las CCMM resuelven conflictos intersubjetivos sobre materias de derecho común. Se trata de una delegación inconstitucional, en virtud de que las leyes de ningún modo pueden disminuir las atribuciones propias de los restantes poderes, especialmente del Poder Judicial, y sustituirlas por órganos no idóneos como son los médicos, para ejercer la función que representan la principal garantía de los derechos individuales (arts. 16, 17, 18, 28, 75 inc. 12, 109 y 116, CN – 11, 15, 18, 39 inc 1º segunda párrafo in fine). En el marco de la garantía constitucional del debido proceso adjetivo está incluida, innegablemente, la exigencia de idoneidad técnico-jurídica de los jueces o tribunales, condición que no reúnen los integrantes de las comisiones médicas previstas en el sistema de riesgos del trabajo. Por su parte, el ejercicio de valoración de la prueba y el juzgamiento son funciones propias de los jueces que escapan a la materia específica de la administración y más aun de los médicos.
El dictamen del Secretario Jurídico resulta solo un “Acto preparatorio” de lo que en definitiva sería la “Resolución administrativa”, porque según conforme disposición de la Resolución 298/2017 S.R.T – Art 2º -, este debe elevar las actuaciones al Titular del Servicio de Homologación que implementa la ley 27.348. Ese Servicio no tiene estructura propia ni autoridades, por lo que al estar incorporadas a las comisiones cuya autoridad máxima son médicos (según el art. 51 Ley 24.241), el acto administrativo es emitido por éstos.
Lo que motiva la afectación constitucional al debido proceso legal es la arbitraria e inconstitucional reglamentación que ha objetivado la Superintendencia de Riesgos del Trabajo con el dictado de la resolución 298/2017 al determinar un procedimiento según el cual los médicos que integran esos organismos cuentan con facultades que los habilita a pronunciarse sobre temas ajenos a su saber profesional, lo cual implica dotarlos de atribuciones que competen a los jueces según las leyes adjetivas, tal como la ley orgánica 18.345, (lease ley 11.653 para la provincia de Buenos Aires), aunque sin los conocimientos jurídicos para ello. C.N.T. Sala X, Expte. nº: 29.091/2017/ca1 (41.600) autos: “Corvalan Héctor Eduardo c/ Swiss Medical art s.a. s/ accidente – ley especial” – (“lease ley 11.653 para la provincia de Buenos Aires”, no forma parte del fallo, fue agregado por mi parte).
De lo hasta aquí dicho coincidirá V.S, con migo que el trámite administrativo antes las CCMM, violenta en el actor la garantía del Juez natural y acceso directo e irrestricto ante la justicia. - (Art. 18 CN, Bloque normativo constitucional, (Art 75 inc 22 CN) – Art 8 y 10 declaración universal de derecho humanos, Art 2.3, pacto internacional de derechos civiles y políticos, Arts. XXVI y XXVII de la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, Art 8.1 Convención Americana de Derechos Humanos, Art 15 C.P.B.A.). En pocas palabras cabe concluir que los Art 1º y 2º de la ley 27.348, resultan reiterativos y recurrentes con la ilegitimidad de los Art 21º y 22º de la L.R.T., en lo que hace al desconocimiento y agravio de los principios, derechos y garantías que rigen en nuestro estado de derecho y que protegen las Cartas magnas Nacional y Provincial, y que – como ya se cito -, así ya ha sido declarado en forma vasta y unánime por la doctrina provincial y nacional.
En este estado del relato no puede soslayarse que mediante el Art 2º y 14º de la ley 27.348, solo se puede acceder a la instancia judicial por la vía del recurso de apelación en grado de relación, con las limitaciones que ello implica y resolviendo todo en una única instancia judicial.
Es decir la ley 27.348 en sus Art 1º y 2º resultan en forma inconfundible una restricción inadmisible para el actor al libre acceso a la justicia con el goce de todas las garantías que se señalaron precedentemente, ya que el trabajador debe someterse en forma obligatoria a un proceso controvertido administrativo en el cual debe probar lo que reclama, en un marco de notoria desigualdad y violación del principio de defensa en juicio atento entre otras cosas si bien la Res 298/17 S.R.T., permite al trabajador contar con peritos médicos de parte, para participar en la audiencia. Los honorarios que éstos irroguen estarán a cargo del trabajador, incluso se permite la presentación de estudios y diagnósticos que sugieran dichos profesionales, pero los gastos que irroguen dichos estudios deben ser soportados por el trabajador. Esto conculca el principio de gratuidad contenido por el Art 39 inc 3º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y sin ningún lugar a dudas violenta el principio de bilateralidad que en condiciones de igualdad, equidad e imparcialidad debe regir entre las partes, ( Art 16 y 75 inc 22 de la C.N. y 11 de la C.P.B.A.), aun cuando en apariencia y a primera vista puede no parecerlo, puesto esta facultad que la resolución procesal de la SRT le da al trabajador, igualmente se le otorga a la aseguradora de riesgos, y entonces no queda duda de la disparidad de fuerzas entre el trabajador y la aseguradora de riesgos, frente a la evidente y notable diferencia en el caudal económico de uno y otra, lo cual ataca gravemente y no solo afecta las garantías expresadas sino que igualmente va de contra mano con el principio protectorio que reza el Art 14 Bis C.N. -, y todo el bloque normativo que introducen los Art 31 y 75 inc. 22 de la carta magna, produciendo un agravio insalvable para el actor.-
Finalmente en este aspecto no resulta una cuestión menor señalar que el financiamiento de las actividades de estas CCMM se encuentra nada menos que en cabeza de una de las partes del proceso: las A.R.T (art. 37 de la ley 24557 – mod. por el Art 13 de la ley 27.348). Esto nos lleva a preguntarnos existe bilateralidad, igualdad procesal, garantía de debido proceso y defensa en juicio cuando el que resuelve no resulta un tercero imparcial, sino que está financiado por una de la partes en conflicto?
Los médicos de CCMM dependen del P.E.N y tienen una relación de empleo privada con la S.R.T (art. 38, apart. 3, LRT). Su inestabilidad laboral, conspira contra su independencia de criterio. A diferencia de los miembros de otros órganos administrativos, con facultades jurisdiccionales, los galenos de CCMM están sujetos al despido libre con pago de indemnización en caso de rebelarse a las instrucciones de su empleador: la S.R.T.. En este estado no resulta una cuestión menor, que el titular de la SRT, Contador Gustavo Morón concurrió junto al Ministro de Trabajo a la Comisión de Legislación de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores, a defender el Proyecto del P.E.N, que derivo en el posterior dictado de la ley 27.348.
No salva esta cuestión, la introducción efectuada por el ya mencionado Art 1º de la ley 27.348, respecto que los trabajadores sean asistidos por letrados en el trámite ante las comisiones médicas, - que por otra parte, ya disponía el Dec 1475/2015 -, ya que la verdadera intención del P.E., al incorporar a la asistencia letrada al trámite ante las Comisiones Médicas, no tiene otro fin que pretender convalidar en forma engañosa – sin entrar en detalle sobre la posible revisión de los acuerdos administrativos por parte de la justicia -, el tramite homologatorio posterior que introduce el Art 2º quinto párrafo de la ley 27.348. Las garantías del debido proceso sólo se aseguran ante la justicia laboral, no por la asistencia letrada en un procedimiento administrativo.
SCHICK coincide con esta posición al aseverar que, la obligación de contar con asesoramiento legal en el trámite ante las Comisiones Médicas no significa modificar sustancialmente la enorme diferencia en la correlación de fuerzas que existe, entre la víctima del siniestro laboral y la aseguradora que concurre al campo de batalla legal con sus profesionales y su enorme poderío económico. Sólo el juez laboral, por su natural formación, está capacitado para equilibrar tamaña desigualdad. El aseguramiento del derecho de defensa debe ser “no sólo formal, sino real”: la presencia “de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses - Informe Laboral Nº 55 El PEN reforma mediante el DNU 54/2017, las leyes 24557, 26773 18345 y la LCT, sin que existan los requisitos de Necesidad y Urgencia que exige el artículo 99.3 de la Constitución Nacional. Grave violación al principio constitucional de legalidad y división de poderes esenciales al estado de Derecho, exacerbando el hiperpresidencialismo y el autoritarismo. Horacio Schick - 23/01/2017- Ello solo ocurrirá garantizando las herramientas constitucionales del Juez natural, el debido proceso y el principio protectorio, cuestiones estas conculcadas tanto por los Art 21 y 22 de la ley 24.557, como por los Art 1º y 2º párrafos 1º y 2º de la Ley 27.348, aquí cuestionada.
La cuestión que, la asistencia letrada tiene un fin engañoso y contrario a derecho, y no en protección del debido proceso, la debida asesoría profesional del trabajador accidentado y la protección de sus derechos, queda evidenciada en lo dispuesto por el Art 37 de la Res 298/17 de la S.R.T.. Así este artículo entre otras particularidades expresa: Cuando el trabajador sea asistido por un abogado de patrocinio gratuito proporcionado por la S.R.T. (Art 36 párrafo 2º del Dec 298/17), sus honorarios no estarán ni a cargo de la aseguradora, ni del empleador. Quien le paga a ese abogado entonces?, y luego establece que a los efectos de regular los honorarios de los letrados particulares de los trabajadores, resultarán de aplicación los porcentajes previstos en las disposiciones de las leyes de aranceles de cada jurisdicción. Ello, únicamente en el caso de que su actuación profesional resultare oficiosa y se hubiera reconocido total o parcialmente la pretensión reclamada por el damnificado en el procedimiento ante las Comisiones Médicas. Lo expuesto, deberá notificarse a las partes y a los letrados intervinientes que tramiten los procedimientos regulados en la presente […] - el negrita me pertenece -. En pocas palabras si la pretensión del trabajador no llega a un acuerdo, ningún honorario le corresponde al letrado patrocinante, esto que no solo conculca con el libre ejercicio de la profesión independiente de los abogados, protegido por la Carta Magna (Art. 14 C.N.), sino que muestra como mediante el dictado de la ley 27.348 y la resolución de la S.R.T, que reglamenta el procedimiento ante las CCMM, se vulnerar los derechos del actor violentando el principio protectorio, (Art 14 Bis C.N.). Así como se vulnera el principio de igualdad - (Art 16 C.N.) -, atento la discriminación que se produce con el trabajador no registrado que no está obligado al trámite ante la inconstitucional CCMM.
Con todo lo expresado hasta aquí, ya no escapa que igualmente resulta violatorio del Art. 109 de la C.N., al pretender otorgarle facultades jurisdiccionales a un organismo administrativo federal sin control judicial.
Es en tal sentido atenta igualmente contra el derecho protegido al actor por el Art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de ocurrir a los tribunales (el accidentado) para hacer valer sus derechos mediante un procedimiento sencillo y breve. Y en la misma línea de idea, viola el Art. 10º de la Declaración de Derechos Humanos que consagra el derecho de toda persona a ser oídos públicamente en condiciones de igualdad por un tribunal independiente que determine sus derechos y obligaciones.
La doctrina de los precedentes dictados por CSJN, en “Castillo”, “Venialgo”, “Marchetti”, “Obregón” y otros constituye un todo armónico que conlleva la descalificación constitucional de los arts. 21, 22 de la L.R.T, y de las normas pertinentes del dec. 717/96 y demás normas reglamentarias y complementarias, tales doctrinas resultan plenamente aplicables a los Art 1º y 2º párrafos 1º y 2º de la ley 27.348, atento como se dijo, estos últimos no introducen ninguna cuestión novedosas en la materia, y tan solo se limitan a ratificar la vía administrativa que ya los mentados Art 21 y 22 de la ley 24.557 establecían como obligatoria y excluyente aunque no utilizaren en forma expresa tales términos.
La indemnización que debería percibir el trabajador, no puede quedar a merced de las Comisiones Médicas en virtud de una norma inconstitucional.
Y ello es así atento el infortunio laboral se produce por una situación originada en ocasión o por consecuencia del trabajo, ello es factor determinante de la competencia de la justicia del Trabajo, sin importar de la persona demandada o las normas jurídicas que se invoquen para demandar.
En tal orden de ideas y como ya se dijo, el Art 1º de la ley 27.348, afecta en forma irrazonable los derechos y garantías constitucionales del actor, ante la discriminación que hace entre trabajadores registrados y no registrados, excluyendo a los primeros respecto de los segundos del derecho de acceso directo e irrestricto ante la justicia, violentando el principio de igualdad consagrado por el Art 16 de nuestra Carta Magna Nacional y 11 de la Constitución de la Provincia. La C.S.J.N., tiene dicho que en materia de igualdad, el control de razonabilidad exige determinar si a todas las personas o situaciones incluidas en la categoría se les reconocen iguales derechos o se le aplican similares cargas; se trata, en definitiva, de examinar los elementos de clasificación que le componen, y observar si se excluye a alguien que debería integrarla y recibir igual atención jurídica.(C.S.J.N. Fallos: 338:1445)
El mentado artículo concede a unos la “acción expedita” con doble instancia y todas las garantías procesales, mientras que a otros se los compele a seguir un procedimiento administrativo el cual como se señalo precedentemente, ya ha sido declarado inconstitucional por la C.S.J.N., desconociéndoles el derecho del acceso irrestricto a la justicia.
RESTRICCION DEL ACCESO A LA JUSTICIA y ACCESO RESTRINGIDO A INSTANCIA REVISORA
El Art. 2º en su párrafo 1º y 2º de la ley 27.348, y el Art 46 inc 1º de la ley 24.557 (mod por el Art 14 de la ley 27.348), violenta la garantía del debido proceso, el juez natural y acceso a la justicia del actor, ya que como se cito precedentemente lo compele a una única instancia judicial a la que pueda acudir mediante el planteo de un recurso de apelación en relación contra la determinación de la CCMM. Ya establecí que el procedimiento ante estas comisiones federales resulta inconstitucional, entonces la ilegitimidad sin duda recae en que al actor mediante la normativa antes señalada solo se le permite recurrir en relación contra la determinación tomada en un proceso que conculca el orden constitucional tanto de la Nación como de la Provincia.
Con el proceso así instaurado por los el Art. 2º en su párrafo 1º y 2º de la ley 27.348, y el Art 46 inc 1º de la ley 24.557 (mod por el Art 14 de la ley 27.348)

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 artículo 99
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