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Timestamp: 2018-03-19 00:55:39+00:00

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SEGUNDA PONENCIA: "ASOCIACIONES JUDICIALES EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL"
Coordina: Ilma. Sra. Dª Nuria Auxiliadora Orellana Cano
COMUNICACIÓN 1ª.- LA CARRERA JUDICIAL ESPAÑOLA EN EL DESARROLLO Y COOPERACIÓN JUDICIAL EUROPEA E INTERNACIONAL.
COMUNCICACIÓN 2ª: “ASOCIACIONES JUDICIALES EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL”
Dª. María Félix Tena Aragón.
Sección Territorial de Extremadura.
LA REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LOS REGLAMENTOS COMUNITARIOS SOBRE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES. MANUEL ALMENAR BELENGUER.
PROGRAMA DE LA HAYA (CONCLUSIONES DE LA PRESIDENCIA, BRUSELA, 4 Y 5 DE noviembre de 2004).
PLAN ESTRATÉGICO 2006-2007 DEL CGPJ.
EL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL: FOTO COMENTADA 2007. JOSÉ A. VARELA AGRELO.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE IBER RED (Se adjunta como anexo).
I. ORIGEN, EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN LA UNIÓN EUROPEA.
I. A. EL INICIO DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA. SU BASE JURÍDICA.
Desde el primer momento, los Estados miembros de la CE fueron conscientes de que, para conseguir que la integración económica fuera una realidad, no bastaba con establecer las bases que permitieran la libre circulación de personas y bienes, sino que debía garantizarse una protección jurídica mínima, que permitiera a los ciudadanos y empresas de la Comunidad hacer valer y respetar sus derechos con independencia del Estado miembro en el que, en definitiva, debieran hacerse efectivos.
De ahí que el art. 220 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea recogiese el compromiso de los Estados miembros de entablar, en la medida necesaria, las negociaciones tendentes a simplificar, en beneficio de sus ciudadanos, las formalidades a las que estaban sometidos el reconocimiento y ejecución recíprocos de las resoluciones judiciales y los laudos arbitrales.
Y la Comisión Europea se hacía eco de esta preocupación en una nota dirigida el 22 de octubre de 1959 a los, entonces, seis Estados miembros y en la que les instaba a iniciar negociaciones para elaborar un instrumento que afrontase este problema: “sólo se realizará un verdadero mercado interior entre los seis Estados cuando se garantice una protección jurídica suficiente. Habrá que temer la existencia de perturbaciones y dificultades en la vida económica de la Comunidad si no se puede, en caso necesario por vía judicial, hacer que se comprueben y ejecuten los derechos individuales que nacerán de las múltiples relaciones jurídicas. Dado que el poder judicial, tanto en materia civil como mercantil, está sometido a la soberanía de los Estados miembros y que los efectos de los actos judiciales se limitan al territorio nacional, la protección jurídica, y por consiguiente, la seguridad jurídica en el mercado común dependen esencialmente de la adopción entre los Estados miembros de una solución satisfactoria en lo relativo al reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales…”
Fruto de los trabajos iniciados al amparo del art. 220 TCE es, entre otras normas, el Convenio de Bruselas sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil, de 27 de septiembre de 1968, que estableció los presupuestos de cooperación europea en este ámbito.
Sin embargo, el transcurso de los años pronto evidenció la insuficiencia de los mecanismos de colaboración instaurados. De un lado, el desarrollo de los intercambios, tanto si son de carácter económico, como si responden a las relaciones personales o culturales, condujo a una multiplicación exponencial de los conflictos con elementos transfronterizos; de otro lado, si en principio la integración había sido fundamentalmente económica, lo cierto es que progresivamente fue afectando de forma cada vez más profunda al ciudadano europeo, que no alcanzaba a comprender las dificultades existentes para ejercitar sus derechos en el marco de la Comunidad, cuando tanto se había avanzado en el área patrimonial, llegando a cuestionar la bondad del proyecto.
La búsqueda de soluciones aparecía, pues, como una necesidad imperiosa. Más la única base jurídica existente sobre la que articular cualquier nuevo instrumento que reforzara la cooperación y permitiera afrontar esta situación, era el citado art. 220 TCE, a todas luces insuficiente para dar respuesta a las nuevas demandas sociales, y los Estados se mostraban renuentes a avanzar en el proceso de construcción y extender la cooperación a otros ámbitos.
I. B. EL TRATADO DE ÁMSTERDAM: UN SALTO CUALITATIVO.
Hubo que esperar, sobre todo, al tratado de Amsterdam, de 2 de octubre de 1997, que supone un salto cualitativo en el proceso de integración europea, para disponer de las bases jurídicas que permitiesen continuar avanzando en el refortalecimiento de las estructuras de integración.
En efecto, aunque el Tratado de Maastricht (7 de febrero de 2002) incorpora la primera referencia a la cooperación judicial como materia de interés común, el Tratado de Amsterdam va a establecer los presupuestos de un verdadero Estado de derecho europeo:
- Proclama como objetivo la configuración de la Unión como un espacio común de libertad, seguridad y justicia, cuyo régimen jurídico se estructura en tres títulos: el Título IV del Tratado que instituye la Comunidad Europea (Roma, 1957), el Título VI del Tratado de la Unión Europea (dedicado por el Tratado de Maastricht a la cooperación en el área de justicia e interior, y que, tras el Tratado de Amsterdam, recogerá exclusivamente la cooperación policial y judicial en materia penal), y el Título X del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Roma, 1957), referido a la cooperación aduanera, de forma, que a partir de la entrada en vigor del Tratado (1 de mayo de 1999), la Comunidad no se limitará a la consecución de un mercado común, sino que se diseña como un espacio que proporcionará a los ciudadanos de la Unión un nivel elevado de protección y seguridad y facilitará el acceso a la Justicia en cualquier parte del territorio de los Estados miembros, configurándose como un proyecto al servicio de las personas.
-Comunitariza la cooperación judicial en materia civil, que pasa del tercer al primer pilar (nuevo Tít. III bis del TCE), mientras las disposiciones relativas a la cooperación judicial en materia penal permanecen en el tercer pilar (nuevo Tít. VI);
-se refuerza el control judicial y democrático, otorgando mayor protagonismo al Parlamento y, fundamentalmente, al Tribunal de Justicia, al judicializar de forma limitado todo el Tít. VI.
Los días 15 y 16 de octubre de 1999, el Consejo Europeo celebró una sesión especial en Tampere, sobre la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia, situando este objetivo entre las máximas prioridades de su programa político y fijando su consecución distintas políticas que, en lo que concierne a la constitución de un “auténtico espacio europeo de justicia”, se concretaron en las siguientes líneas de actuación:
a) mejora del acceso a la justicia europea:
sistema de información de fácil acceso;
fijación de estándares mínimos que garanticen un nivel adecuado de asistencia jurídica en litigios transfronterizos en toda la Unión;
estándares mínimos comunes para formularios o documentos bilingües;
estándares mínimos sobre protección de víctimas de los delitos;
b) reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales:
el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales se configura como la piedra angular de la cooperación judicial en la Unión;
en materia civil, se aboga por reducir los trámites intermedios que siguen exigiéndose para el reconocimiento y ejecución de una resolución de el Estado requerido, comenzando por suprimir dichos trámites en los procedimientos sobre demandas de consumidores, índole mercantil de escasa cuantía, y determinados litigios de familia; así mismo, se insta a establecer estándares sobre aspectos concretos de Derecho procesal civil;
en materia penal, se exhorta a ratificar los instrumentos de extradición existentes, elaborar mecanismos de extradición acelerada y sustituir la extradición de personas condenadas por el simple traslado;
extender el principio de reconocimiento mutuo a las actuaciones previas al juicio, en especial las relativas a las actuaciones enderezadas a practicar pruebas y a embargar bienes;
desarrollar un programa de medidas para llevar a la práctica el principio de reconocimiento mutuo, incluyendo la confección de un Título Ejecutivo Europeo y la determinación de los aspectos del Derecho procesal con respecto a los cuales se considera necesario contar con estándares mínimos comunes para facilitar la aplicación de aquel principio;
c) mayor convergencia en derecho civil:
elaborar una nueva legislación en materia procesal para casos transfronterizos, en particular en lo que se refiere a los elementos que son decisivos para allanar el camino a la cooperación judicial y para mejorar el acceso a la justicia, como, por ejemplo, las medidas provisionales y cautelares, la obtención de pruebas, las órdenes de pago y los plazos;
en materia de Derecho material, realizar un estudio global de la necesidad de aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia civil para eliminar los obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles.
El objetivo último es conseguir un espacio común de justicia en el que cualquier ciudadano o empresa pueda hacer valer sus derechos gozando de las mismas garantías que tendría si lo hiciera en su propio país.
II. CONSOLIDACIÓN DE LA LIBERTAD, LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN LA UNIÓN EUROPEA.
Durante los últimos años la unión Europea ha desempeñado un papel cada vez más importante en lo que se refiere a garantizar la cooperación policial, aduanera y judicial y el desarrollo de una política coordinada en materia de asilo, inmigración y controles en las fronteras exteriores. Dicho desarrollo continuará con la consolidación de una zona común de libertad, seguridad y justicia mediante el Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004. Este Tratado y los anteriores de Maastricht, Amsterdam y Niza han creado progresivamente un marco jurídico común en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, así como la integración de este ámbito de actuación con otras áreas políticas de la Unión.
Desde el Consejo Europeo de Tampere de 1999, la política de la Unión en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior se ha desarrollado dentro del marco de un programa general. Aunque no se lograron todos los objetivos iniciales, se han hecho grandes procesos de forma coordinada. El Consejo Europeo celebra los resultados conseguidos en el primer período quinquenal: se han sentado las bases para una política común de asilo e inmigración, se ha preparado la armonización de los controles fronterizos, se ha mejorado la cooperación policial y han avanzado sustancialmente los trabajos preliminares para la cooperación judicial sobre la base del principio del reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y sentencias.
II.A. COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL.
La seguridad de la Unión Europea y de sus Estados miembros reviste actualmente mayor urgencia, en particular a la luz de los atentados terroristas cometidos en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 y en Madrid el 11 de marzo de 2004. Los ciudadanos de Europa tienen la legítima expectativa de que la Unión Europea al tiempo que garantiza el respeto de las libertades y derechos fundamentales, adopte una actitud común más eficaz ante los problemas transfronterizos como la migración ilegal, la trata y la introducción clandestina de seres humanos, el terrorismo y la delincuencia organizada, así como respecto a su prevención. Particularmente en el ámbito de la seguridad, ha crecido la importancia de la coordinación y coherencia entre las dimensiones internas y externas, que debe propiciarse con firmeza.
Años después del Consejo Europeo de Tampere, ha llegado el momento de establecer un nuevo programa que permita a la Unión tomar como base los logros alcanzados y hacer frente con eficacia a los nuevos desafíos que deba afrontar. Para ello, el Consejo Europeo ha adoptado un nuevo programa plurianual que se denominará “Programa de la Haya”. Es el reflejo de las ambiciones expresadas en el Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, y contribuye a que la Unión esté preparada para su entrada en vigor. Toma en cuenta la evaluación de la Comisión, que contó con la aprobación del Consejo Europeo en junio de 2004, así como la Recomendación que el Parlamento Europeo adoptó el 14 de octubre de 2004, en especial por lo que respecta al paso a la votación por mayoría cualificada y a la codecisión previstas en el apartado 2 del art. 67 del TCE.
El objetivo es la mejora de la capacidad común de la Unión y de sus Estados miembros de: garantizar los derechos fundamentales, las salvaguardias procesales mínimas y el acceso a la justicia, proporcionar a quienes la necesiten la protección de acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados y otros tratados internacionales, regular los flujos de migración y controlar las fronteras exteriores de la Unión, luchar contra la delincuencia organizada transfronteriza y reprimir la amenaza del terrorismo, explotar el potencial de Europol y Eurojust, proseguir con el establecimiento del reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y certificados tanto en materia civil como penal, y eliminar obstáculos legales y judiciales en los litigios en asuntos civiles y familiares con repercusiones transfronterizas.
Es este un objetivo que hay que lograr en interés de nuestros ciudadanos desarrollando un sistema común de asilo y mejorando el acceso a los tribunales, la cooperación policial y judicial en la práctica, la aproximación de las legislaciones y el desarrollo de políticas comunes.
Un elemento clave será en un futuro la prevencion y supresión del terrorismo. Un planteamiento común en este campo debería basarse en el principio de que al preservar la seguridad nacional los Estados miembros deberán tener plenamente en cuenta la seguridad de la Unión en su conjunto.
El Consejo Europeo considera que el proyecto común de la consolidación del área de libertad, seguridad y justicia es fundamental a la hora de asegurar unas comunidades seguras, la confianza mutua y el Estado de Derecho en toda la Unión. La libertad, la justicia, el control de las fronteras exteriores, la seguridad interna y la prevención del terrorismo deberían en adelante considerarse indivisible en la Unión en su conjunto. Para lograr un nivel de protección óptima del espacio de libertad, seguridad y justicia se requiere una actuación multidisciplinar y concertada -tanto a escala de la UE como nacional- entre los cuerpos y fuerzas de seguridad competentes, en particular la policía, las aduanas y la guardia de fronteras.
Con efectos 1 de enero de 2008, el intercambio de dicha información deberá regirse, con sujeción a las condiciones del principio de disponibilidad, lo que significa que, en todo el territorio de la Unión, un funcionario de policía de un Estado miembro que necesite información para llevar a cabo sus obligaciones pueda obtenerla de otro Estado miembro y que el organismo policial de otro Estado que posea dicha información la facilitará para el propósito indicado, teniendo en cuenta el requisito de las investigaciones en curso de dicho Estado.
Los métodos de intercambio de información deberá hacer pleno uso de las nuevas tecnologías y adaptarse a cada tipo de información, si procede a través del acceso recíproco a las bases de datos nacionales o la interoperabilidad de las mismas, o del acceso directo (en línea), incluso para Europol, a las bases de datos centrales existentes de la UE tales como el SIS. Sólo deberán crearse nuevas bases de datos europeas centralizadas sobre la base de estudios que hayan demostrado su valor añadido.
El Consejo Europeo insta a los Estados miembros a que capaciten a Europol para que, en cooperación con Eurojust, desempeñe un papel clave en la lucha contra las formas graves de delincuencia transfronteriza(organizada o no organizada) y de terrorismo mediante:
la ratificación y aplicación efectiva de los instrumentos jurídicos necesarios;
la puesta a disposición de Europol de cuanta información de alta calidad necesite, con suficiente antelación;
Europol debe mejorar su funcionamiento haciendo pleno uso del acuerdo de cooperación con Eurojust. Europol y Eurojust deberán informar anualmente al Consejo acerca de sus experiencias comunes y sobre resultados específicos. Además, Europol y Eurojust deberán fomentar el uso de equipos conjuntos de investigación de los Estados miembros y su propia participación en ellos.
La consolidación de la confianza recíproca requiere de las autoridades judiciales y de los distintos ordenamientos jurídicos en esfuerzo expreso de mejora de la compresión mutua. En este sentido, la Unión deberá respaldar la constitución de redes de organizaciones e instituciones judiciales, como la red de Consejos del Poder Judicial, la red europea de Tribunales Supremos y la Red europea de formación judicial.
Deberán completarse el amplio programa de medidas destinadas a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal, que abarca las resoluciones judiciales en todas las etapas del procedimiento penal o relativas por otros conceptos a dicho procedimiento, como la obtención y admisibilidad de las pruebas, los conflictos de competencias, el principio de "non bis in idem" y la ejecución de las condenas firmes a penas de prisión u otras sanciones alternativas, y habrá que dedicar especial atención a las nuevas propuestas en ese contexto.
El Consejo Europeo recuerda que el establecimiento de unas normas mínimas relativas a los aspectos del Derecho procesal está recogido en los tratados, con el objeto de facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales así como la cooperación policial y judicial en materia penal con implicaciones transfronterizas. La aproximación del Derecho penal material sirve a los mismos fines y afecta a ámbitos de la delincuencia particularmente grave con implicaciones transfronterizas. Debería darse prioridad a aquellos ámbitos de la delincuencia que se mencionan específicamente en dichos Tratados.
La aplicación efectiva antes de finales de 2004 de la Decisión del Consejo por la que se crea Eurojust, atendiendo especialmente a las competencias judiciales que deberá atribuirse a sus miembros nacionales.
El Consejo, basándose en una propuesta de la Comisión, deberá adoptar no más tarde del 1 de enero de 2008 – la ley europea sobre Eurojust prevista en el artículo III-273 del Tratado Constitucional, teniendo presentes todas las funciones asignadas a Eurojust.
II. B. COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL.
El Derecho civil, que incluye el Derecho de familia, afecta a los ciudadanos en su vida diaria. Por consiguiente, el Consejo Europeo atribuye gran importancia a la continuación del desarrollo de la cooperación judicial en materia civil y la culminación total del programa de reconocimiento mutuo adoptado en el año 2000. El principal objetivo político en este ámbito consiste en que las frontera entre los países europeos dejen de constituir un obstáculo a la resolución de los asuntos de Derecho civil o a las demandas y la ejecución de resoluciones en asuntos civiles.
Con vistas al funcionamiento fluido de los instrumentos relacionados con la cooperación entre órganos judiciales y de otra índole, deberá requerirse de los Estados miembros la designación de jueces u otras autoridades competentes de enlace establecidos en su propio país. En su caso, dichas autoridades podrían utilizar su punto de contacto nacional dentro de la Red Judicial Europea.
El reconocimiento mutuo de resoluciones constituye un eficaz medio de protección de los derechos de los ciudadanos y de garantía de la ejecución efectiva de tales derechos más allá de las fronteras entre países europeos.
Así pues, la continuación de la aplicación del programa de medidas relativas al reconocimiento mutuo deberá constituir una prioridad en los años venideros, para garantizar que quede concluido en 2011. Deberán proseguirse activamente los trabajos relativos a los siguientes proyectos: los conflictos relativos a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales ("Roma II") y a las obligaciones contractuales ("Roma I"), el proceso monitorio europeo y los instrumentos sobre modalidades alternativas de solución de conflictos y sobre litigios de escasa cuantía. A la hora de decidir la cronología para la conclusión de estos proyectos, deberán tenerse debidamente en cuenta los trabajos en curso en ámbitos afines.
Deberá incrementearse la eficacia de los instrumentos existentes en materia de reconocimiento mutuo mediante la normalización de procedimientos y documentos y la elaboración de normas mínimas para determinados aspectos del Derecho procesal, como la notificación o traslado de documentos judiciales o extrajudiciales, el inicio de las actuaciones y la transparencia de las costas.
Por lo que respecta al Derecho de familia y al Derecho de sucesiones, la Comisión deberá presentar las siguientes propuestas:
Un proyecto de instrumento sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de obligaciones alimenticias, incluidas las medidas cautelares y la aplicación provisional.
Un libro verde sobre el conflicto de leyes en materia de sucesión, incluida la cuestión de la competencia, el reconocimiento mutuo y la ejecución de las resoluciones en este ámbito, un certificado de herencia europeo y un mecanismo que permita el conocimiento preciso de la existencia de las últimas voluntades y testamentos de los residentes en la Unión Europea.
Un libro verde sobre el conflicto de leyes en materia de régimen matrimonial, que incluya la cuestión de jurisdicción y el reconocimiento mutuo.
Un libro verde sobre el conflicto de leyes en materia de divorcio (Roma III).
Deberán tratar de asuntos de Derecho internacional privado y no deberán basarse en conceptos armonizados de "familia", "matrimonio", etc. Sólo deberán introducirse normas de Derecho material uniforme como medidas de acompañamiento, cuando sea necesario para posibilitar efectivamente el reconocimiento mutuo de las resoluciones o para mejorar la cooperación judicial en materia civil.
III. ACCIÓN EXTERIOR DEL CGPJ.
Dentro de este nuevo marco internacional europeo por el que se camina, el CGPJ como órgano de gobierno de los jueces, y con un interés absolutamente profesional en estas cuestiones, ha arbitrado distintos mecanismos de participación, muy importantes en el marco europeo, pero sin desconocer la especial vinculación que nuestro país mantiene con Iberoamérica.
De una forma sucinta, ya que muchas de las actividades del CGPJ en esta materia ya las conocéis, debemos destacar que el CGPJ ha venido apostando decisivamente por una acción exterior concentrada en tres áreas de intervención, que enseguida se mencionarán, y que fueron ya identificadas en el Diseño Estratégico del Servicio de Relaciones Internacionales elaborado para el bienio 2003-2004, y permanecen inalteradas en el Plan Estratégico 2006-2007. Una triple dimensión:
Facilitando la actividad de auxilio judicial internacional realizada por jueces y magistrados españoles.
Potenciando las relaciones institucionales internacionales del CGPJ.
Acometiendo tareas de cooperación internacional al desarrollo.
III. A LAS RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONALES.
Participación del CGPJ en la Red Europea de Consejos del Poder Judicial. La vocación de establecimiento de relaciones institucionales permanentes con los homólogos europeos al CGPJ, ha impulsado al Servicio de Relaciones Internacionales a participar activamente, desde su creación en la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, de la que forman parte los Consejos u órganos similares de los países miembros de la Unión Europea y los de los países candidatos a la adhesión. Además de participar en la Asamble General anual y en los cuatro grupos de trabajo actualmente existentes (misión y visión de los Consejos, la Justicia y los medios de comunicación, gestión del procedimiento y deontología profesional), el Consejo financia en exclusiva y administra la página web de la Red (www.encj.net), lo que le otorga una posición institucional de especial implicación con el sostenimiento y desarrollo de la misma Red.
Integración del CGPJ en la Cumbre Judicial Iberoamerciana. Concebida y desarrollada como espacio vertebrador de la concertación y cooperación entre las máximas instancias jurisdiccionales y de gobierno de los Poderes Judiciales de los veintidos países que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones, la Cumbre Judicial Iberoamericana es en la actualidad el principal foco de atención de la actividad institucional del CGPJ en Iberoamérica. La profunda implicación del CGPJ con este foro se manifiesta tanto en el ámbito del fortalecimiento de la Cumbre misma, como en relación a cada uno de sus productos y resultados. Y así:
El CGPJ ostenta, desde el año 2001, la Secretaría Permanente de la Cumbre, lo que supone asumir, con una importante inversión de recursos materiales y humanos, su dirección estratégica y la coordinación general de la agenda de encuentros y trabajos, además del mantenimiento de la página web de la Cumbre (www.cumbrejudicial.org).
Ya en el ámbito del seguimiento de los pruductos y resultados alcanzados en anteriores ediciones, destaca la labor desarrollada en el Aula Iberoamericana. Se trata de un programa de capacitación a través de becas financiadas, entre otras instancias, por el CGPJ, destinado a jueces y magistrados iberoamericanos, y dirigido en sus aspectos académicos y logísticos pro el Servicio de RRII y la Escuela Judicial del CGPJ.
Red Iberoamericana de Centros de Documentación Judicial (Iberius). Diseñada como una comunidad de cooperación, concertación y apoyo recíproco entre los Centros y Unidades de Información y Documentación Judicial de los países iberoamericanos, el CGPJ ostenta, a través del CENDOJ, la Secretaría de la Red, coordinando sus actividades y contenidos, entre los que merece destacar el mantenimiento de la página web de la red: www.iberius.org, y la edición especial de la Biblioteca Jurídica del CGPJ para su donación a todos los jueces y magistrados latinoamericanos.
Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (Riaej). Concebida como una comunidad de enlace para la cooperación, concertación y apoyo recíproco entre las Escuelas Judiciales y centros públicos de capacitación judicial de Iberoamérica, el CGPJ participa, a través de la Escuela Judicial, en la Junta Directiva de la Red.
Centro Iberoamericano de Capacitación Judicial Virtual (Ciacjv). Diseñado como subproducto de la Riaej, aspira a facilitar una plataforma tecnológica para el desarrollo - aun muy incipiente - de cursos de capacitación virtual para jueces y magistrados iberoamericanos.
Red Ieroamericana de Cooperación Judicial Internacional (Iber red). Aunque insertada conceptualmente en el ámbito de la asistencia judicial internacional, como producto de la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Iber Red es objeto de una atención específica por parte del Servicio de RRII también desde el punto de vista institucional.
Actividades de divulgación y desarrollo de los productos ideológicos de la Cumbre: el Estatuto del Juez Iberoamericano y la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano.
Presencia del CGPJ en organismos y eventos internacionales, entre los que destaca especialmente su participación en Consejo Europeo para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ), el Consejo Consultivo de Jueces, la Conferencia Europea de Jueces, todas ellas en el marco del Consejo de Europa, las Cumbres de Cortes Supremas de Centroamérica y MERCOSUR, LA Red Europea de Escuelas Judiciales, la Internacional Organization of Judicial Training (IOJT) y la Conferencia de La Haya, entre otras.
Escuela Judicial de Centroamérica y Caribe Juan Carlos I. Evolucionada a partir de la Escuela del Organismo Judicial de Guatemala Juan Carlos I, en su formato actual, y bajo la dirección académica del CGPJ, esta Escuela de carácter regional reúne a lo largo de tres semanas, especialmente, a jueces y magistrados de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa rica, República Dominicana y Guatemala, con la intervención de ponentes de esos mismos países y de España.
Participación de jueces y magistrados españoles en encuentros, seminarios, talleres y otras actividades internacionales. Otro de los objetivos en el desarrollo de relaciones institucionales internacionales es facilitar y promocionar presencia de jueces y magistrados españoles en actividades relacionadas con la actividad jurisdiccional. En este sentido el Consejo, a través del Servicio de Relaciones Internacionales organiza diversos seminarios y conferencias que facilitan el conocimiento de los diversos sistemas judiciales y asegura contactos permanentes con otros organismos o instituciones consagrados a estas actividades, facilitando los expertos necesarios en cada caso a través de su bolsa de consultores.
Presencia de jueces y magistrados españoles en organismos y tribunales internacionales. El Servicio promueve a través de su página web la participación de miembros de la carrera judicial en diferentes empleos en organizaciones internacionales, informando sobre las diferentes oportunidades de trabajo y condiciones de empleo. En este campo, hay que resaltar el impulso dado desde el Servicio para conseguir la actual presencia de un letrado del CGPJ destacado en el Consejo de Europa, de un magistrado en la Sala Especial de Crímenes de Guerra de la Corte de Estado de Bosnia-Herzegovina, de otro magistrado en la Agencia Europea de Cooperación (Europaid) y de un magistrado y un juez en la Unidad de Coordinación de la Formación prestada por la Comisión Europea a jueces iraquíes.
Gestión de crisis y restauración del Estado de Derecho. En el marco del creciente interés de la comunidad internacional por la creación de instrumentos y mecanismos de aseguramiento y restablecimiento del Estado de Derecho en situaciones de crisis institucionales o escenarios post – conflicto, y en perfecta sincronía con las prioridades establecidas por el Plan Director 2005-2008, de la Cooperación Española (Sector 6), la Comisión de Relaciones Internacionales ha aprobado recientemente la propuesta del Servicio de RRII para la creación de un grupo de expertos en gestión de crisis y restauración del Estado de Derecho, caracterizado por las notas de permanencia, coordinación y especialización y dirigido desde el Servicio de Relaciones Internacionales del CGPJ, a fin de conseguir que el CGPJ alcance la posición de referente nacional e internacional de conocimientos y recursos de calidad en el ámbito de la Gestión de Crisis (Estado de Derecho: sector judicial).
III. B EL AUXILIO JUDICAL INTERNACIONAL.
El Reglamento sobre Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales establece como una de las labores básicas del Servicio de Relaciones Internacionales la de facilitar el desarrollo de la asistencia judicial internacional.
Ello implica el dar un apoyo directo a la totalidad de los tribunales españoles en aquellos procesos en los que aparezcan elementos trasnacionales en sus diversos aspectos de delimitación de la jurisdicción internacional, aplicación de los instrumentos de la cooperación judicial, derecho internacional privado y derecho extranjero. Los destinatarios de esta actividad no son solamente los jueces y magistrados españoles, sino también los jueces y magistrados de otros países, e incluso otros operadores jurídicos no judiciales relacionados con esta materia.
Podemos subdistinguir entre diferentes actividades orientadas a facilitar el auxilio judicial internacional, tanto civil como penal.
Asistencia y soporte a los órganos judiciales españoles cuando realicen una actividad de asistencia judicial internacional. Conforme a lo dispuesto en el Reglamento del CGPJ 5/1995, de 7 de junio, sobre Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, los Jueces y Magistrados españoles pueden dirigirse al Servicio de Relaciones Internacionales del CGPJ solicitando su asistencia para resolver cualquier cuestión relacionada con la práctica de actos de cooperación judicial internacional. La asistencia consiste así, en una primera y elemental modalidad, en facilitar a los Jueces y Magistrados españoles la información adecuada para cumplimentar las solicitudes pasivas de auxilio judicial internacional o emitir solicitudes activas (normativa aplicable, requisitos de forma, presupuestos procesales del acto, autoridades extranjeras, etc).
Intermediación activa. Esta función supone la intervención en las comisiones rogatorias, ya emitidas o en preparación, con el fin de coordinar la actuación de los órganos de emisión y de ejecución de la comisión rogatoria, intermediando entre el órgano de emisión y el de ejecución para conseguir que tanto el documento de la comisión rogatoria como la ejecución se ajusten a la legislación procesal del Estado de emisión y del de ejecución. Así mismo, cuando sea preciso, se interviene para ajustar los detalles de la actuación de uno y otro órgano (fijación de fechas, coordinación de actuaciones preparatorias, etc). Una vez recibida la solicitud se procede a su registro en las bases de datos internas y a su resolución llevando a cabo la actividad necesaria para ello (agilización, búsqueda de información, etc), dejándose constancia en los archivos del Servicio y difundiendo la misma a fin de asegurar las buenas prácticas. En el ámbito civil en la Unión Europea esta actividad presenta una doble dimensión ya que el registro se hace asimismo a nivel europeo en una base de datos multilingüe gestionada desde la Comisión Europea y que se alimenta en lo referente a España desde el Servicio de Relaciones Internacionales.
Agilización de solicitudes de auxilio. A menudo es preciso localizar una comisión rogatoria enviada a España por un Tribunal Extranjero, rastrear un itinerario, identificar la causa del retraso y proponer una solución. En otras ocasiones los Juzgados y Tribunales españoles piden al Servicio de RRII que se inste la agilización de las autoridades judiciales.
III. B. a. Redes internacionales.
En el ámbito de la cooperación judicial internacional cada vez juegan un papel más relevante las redes judiciales de cooperación. Éstas se conciben como un instrumento con un doble carácter, al permitir obtener una información detallada y directa de las necesidades e instrumentos de cooperación en el área afectada y, asimismo, garantizan la existencia de contactos directos y personales con los responsables de la cooperación en los distintos países integrados en la red; de esta forma se tienen canales directos de comunicación para la obtención de información y resolución de cuestiones problemáticas, siendo hasta la fecha tres las redes en las que está integrado:
La Red Judicial Europea Civil y Mercantil.
La Red Judicial Europea Penal.
La Red Judicial Iberoamericana (IberRed).
La REJUE aparece expresamente reconocida en el Reglamento de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, tras la reforma operada por Acuerdo Reglamentario 5/2003, de 28 de mayo, del Pleno del CGPJ. La REJUE tiene por misión prestar toda la asistencia necesaria a los órganos judiciales que lo solicitan, para la correcta remisión y eficaz cumplimiento de las solicitudes de cooperación jurisdiccional. Junto a ella los integrantes de la REJUE cumplen una misión de apoyo a los Puntos de contacto de la Red Judicial Europea Civil y Mercantil, Red Judicial Europea Penal, IberRed y otras instituciones de análoga naturaleza existentes, o que puedan existir en el futuro. Por último, poseen una misión de formación e investigación en temas de cooperación judicial internacional.
III. B. b. Eventos AJI.
En materia de cooperación judicial internacional son numerosos los eventos en los que se requiere la participación de jueces y magistrados españoles, tanto en su vertiente de asistentes, como en la de ponentes –consultores, o en la de miembros integrados en grupos de trabajo.
Estos eventos se llevan a cabo a nivel nacional mediante los planes de formación del CGPJ, tanto los incluidos en Plan Nacional de Formación como los que se organizan en el marco de la formación judicial descentralizada, de ámbito territorial.
A nivel internacional, esta intervención posee una faceta múltiple al ser muy diversas las actividades en las que se participa desde el CGPJ: seminarios, grupos de trabajo e investigación, estructuras de análisis normativo, etc. Como también es muy diverso el marco en que dichas actividades se desarrollan y las instituciones que las coordinan: Consejos, Ministerios, Tribunales Supremos, Unión Europea, Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, Red Europea de Formación Judicial, etc.
Por último, son de destacar las actuaciones organizadas desde el propio CGPJ, tanto a nivel de encuentros bilaterales entre magistrados para analizar temas concretos, como en lo que respecta a las actividades del Foro de Murcia, que incorpora un conjunto de actividades destinadas a mejorar aspectos de la cooperación judicial de doble carácter: formativo e institucional.
En todo este conjunto, la labor del Servicio de Relaciones Internacionales es diversa. En todas las actividades se procede a la selección por la Comisión de Relaciones Internacionales de los asistentes tras la difusión verificada en los ámbitos afectados partiendo de su contenido. Tras ello se gestiona la logística, asistencia, información y tramitación de licencias y permisos de los asistentes. En algunos casos, la actividad en si misma es organizada desde el Servicio de Relaciones Internacionales en todos sus aspectos, mientras que en otros la función que se lleva a cabo es la de cooperación con los organizadores.
III. C . LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
La labor en este ámbito se sustenta en la contribución que el CGPJ puede aportar a otros países mediante la transferencia de sus capacidades y experiencia en los ámbitos propios de su competencia, en especial en los terrenos de los asesoramientos legislativos, carrera judicial, formación judicial inicial y continua, inspección judicial, documentación judicial, gestión y administración del Poder Judicial oficina judicial, acceso a la justicia y cooperación jurídica internacional.
En el momento presente, dicha actuación se instrumenta fundamentalmente a través de programas y proyectos de cooperación internacional, con una doble fuente de financiación: española, en el caso de proyectos financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI); e internacional, especialmente de la Unión Europea y del Consejo de Europa y, en menor medida, por otros donantes y agencias multilaterales e internacionales.
Destaca la muy cercana colaboración que se mantiene con la Agencia Española de Cooperación Internacional y con la Fundación Internacional y para Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), con las que se tienen firmados sendos convenio de colaboración, y con las que existe una asociación estratégica para la actuación concertada en este campo. Asimismo, se mantienen contractos con aquellas instituciones e instancias españolas que realizan labores de cooperación al desarrollo en el sector justicia, entre ellas y especialmente, con el Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía y Hacienda, la Fiscalía General del Estado, la Junta de Andalucía, el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Registradores de España.
Por otra parte, el Servicio de RRII mantiene un contacto discontinuo y relaciones puntuales con actores del ámbito internacional y multilateral, principalmente la Comisión Europea ( a través de Europaid), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Instituto del Banco Mundial, y las agencias de cooperación de otros países europeos (GTZ, USAID, France Cooperation Internationale y Fundación Alemana para la Cooperación Internacional), entre otros.
La participación en programas y proyectos de cooperación es otra faceta a destacar dentro de la que pueden enumerarse:
Programa para la Cohesión Social en América Latina (Eurosocial), de financiación europea, que cuenta como beneficiarios a México, Guatemala, El Salvado, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Chile, Uruguay, Argentina y Bolivia.
Programa Euromed/ Justicia, también de financiación europea, en el que son beneficiarios Argelia, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez y Turquía.
Y finalmente debemos hacer referencia a las bolsas de consultores y expertos que se han ido conformando a lo largo de los últimos años. Dichas bolsas está integradas por jueces y magistrados de todas las categorías y especialidades judiciales (casi cuatrocientos), los cuales han manifestado su interés y disponibilidad en participar en las actividades de carácter internacional que se realicen a través del Servicio de Relaciones Internacionales.
Tres son las bolsas actualmente existentes y plenamente operativas, a las que pueden acceder todos los jueces y magistrados españoles que reúnan los requisitos establecidos en cada caso:
Bolsa de consultores para asistencias técnicas de cooperación internacional al desarrollo, compuesta por cerca de cuatrocientos expertos.
Grupo de expertos con alto perfil en inglés, especializados en programas para PECO, dispuestos a actuar como consejeros pre –adhesión en proyectos europeos de larga duración.
Grupo de expertos en cooperación judicial internacional que integran – en número de sesenta- la denominada Red Judicial Española (REJUE).
Como se observa la participación de la carrera judicial española en el ámbito internacional ha abierto un abanico de posibilidades impensable hace varios años.
Ello ha permitido que una gran cantidad de compañeros participen activamente en labores de carácter internacional que no quedan reducidas a la participación que a partir de los años 80 venía encauzada única y exclusivamente a través de la UIM y de la integración de la APM en esa organización internacional.
Y esta nueva situación, muy desarrollada por el CGPJ sobre todo a partir del año 2003, sin tener que mermar la permanencia y constancia de España en la UIM, posibilita la ampliación de miras y los sectores con presencia española.
Durante estos últimos años, la numerosa participación en todos y cada uno de los programas e iniciativas que el CGPJ ha tenido en el ámbito internacional ha contado con la colaboración de jueces y magistrados españoles en gran número, muchos de ellos pertenecientes a la APM, y que ha permitido, como hemos puesto de manifiesto, el acceso mucho mayor en número en esos ámbitos internacionales, lo que a su vez ha contribuido, como reconoce el propio CGPJ al contar con un numeroso grupo de compañeros con una gran experiencia en formación de jueces de otros países, con colaboración en la redacción y elaboración de leyes en países con tratados de preadhesión a la CE y de participación en cursos y ponencias de ámbito internacional.
Ese es el camino por el que entendemos debe seguirse: la participación en todos y cada uno de los ámbitos de carácter internacional que permite a los miembros de la carrera judicial española, y a través de ellos, a la principal asociación judicial de nuestro país, la APM, de estar presentes con la calidad judicial que puede afirmarse que tiene esta carrera judicial.
Y ello implica que sin dejar la presencia de la APM en la UIM como viene manteniéndose, reconocer y promover la actividad de todos sus miembros, a través de los mecanismos atribuidos por el CGPJ y por la propia CE, en todas las cuestiones relacionadas con la actividad judicial internacional.
Esto constituiría la última de las conclusiones de esta ponencia.
ANEXO. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE IBER RED ANTIGUA (GUATEMALA) 2005 VALENCIA (ESPAÑA) 2006
El presente documento de trabajo ha sido elaborado como resultado de los grupos de trabajo formados durante la I reunión de Puntos de Contacto de Iber Red, en Antigua (Guatemala), en mayo de 2005 y en Valencia (España), en noviembre de 2006.
A) RECEPCIÓN/TRANSMISIÓN DE DENUNCIA
Cuando sea preciso hacer llegar urgentemente la noticia de determinados hechos que podrían ser constitutivos de delito en país al que pertenezca el punto de contacto requerido, si le es posible conforme a su legislación nacional o a su estructura institucional, recibirá una comunicación informal de denuncia oficial urgente, procedente del punto de contacto requirente, y la hará llegar a los órganos encargados de promover la persecución penal en su país. Si es preciso, podrá solicitar que sin perjuicio de su actuación urgente, la autoridad requirente envíe una comunicación oficial de la denuncia a través de la autoridad central o por vía policial, o en la forma que corresponda conforme a la legislación interna y a los tratados, lo que puede requerir el libramiento de una comisión rogatoria formal u otro tipo de comunicación oficial.
Secuencia de actuaciones.
Transmisión de la denuncia oficial por fax o e-mail por parte del punto de contacto requirente al requerido, con confirmación de la recepción por parte del destinatario. (NOTA, siempre que se envíe una comunicación por e mail se ha de solicitar la confirmación por el destinatario).
Registro de la actuación realizada por el punto de contacto que transmite la información.
Registro de la comunicación recibida por el punto de contacto que recibe la información.
Información al punto de contacto requirente del medio elegido para transmitir la denuncia oficial al órgano competente en su país y de si es preciso que se complemente la información inicial con la comunicación en determinada forma a la autoridad central u otra del Estado requerido.
Transmisión de la notitia criminis con la información operativa a la autoridad competente.
Remisión de información suplementaria o con subsanación de defectos formales por parte del punto de contacto requirente, si es preciso.
Anotación de la conclusión de la consulta.
B) INFORMACIÓN PREPARATORIA EN GENERAL .
Transmisión de información preparatoria. Idea general.
Los puntos de contacto podrán ser requeridos para proporcionar información sobre el Derecho procesal y sustantivo de su país, u otras informaciones prácticas de utilidad, para orientar a las autoridades judiciales, del Ministerio Fiscal, o autoridades centrales, para preparar el envío de una futura comisión rogatoria.
Solicitud de información de manera informal por vía telefónica o por correo electrónico y se responderá lo antes posible. (NOTA, siempre que se envíe una comunicación por e mail se ha de solicitar la confirmación por el destinatario).
Registro de la actuación realizada por el punto de contacto que transmite la petición.
Registro de la comunicación recibida por el punto de contacto que recibe la petición.
Remisión de la información.
C) ACTUACIONES PREPARATORIAS DE COMISIONES ROGATORIAS COMPLEJAS O URGENTES.
a. Recepción/transmisión de copia provisional preparatoria de comisión rogatoria urgente.
a.1) Idea General.
En determinados casos existirá la necesidad de llevar a cabo actuaciones preparatorias urgentes para la coordinación de actuaciones y asegurar la efectividad de la comisión rogatoria en caso de que el auxilio que se solicite implique practicar registros, intervenciones telefónicas, investigaciones policiales, etc.
a.2) Secuencia de actuaciones.
Comunicación al punto de contacto requerido de la necesidad de actuaciones preparatorias urgentes para la coordinación de actuaciones en caso de tener que llevarse a cabo registros, intervenciones telefónicas, investigaciones policiales, etc.
Registro de la actuación realizada por el punto de contacto que transmite la petición
Registro de la comunicación recibida por el punto de contacto que recibe la petición
Identificación, por el punto de contacto requerido, de la autoridad competente para la ejecución de la comisión rogatoria y del modo más rápido de hacerle llegar a ésta autoridad una copia provisional de la comisión rogatoria (por fax, o directamente por mensajería sin pasar por la autoridad central). Envío al punto de contacto requirente de las coordenadas de contacto de la autoridad de ejecución, para que se hagan llegar éstas a la autoridad judicial de emisión de la comisión rogatoria. (NOTA: En algunos países como España, lo único que puede determinarse antes de disponer de la comisión rogatoria es el lugar de ejecución, pero para poder determinarse qué juez de Instrucción ha de hacerse cargo de la ejecución hace falta remitir una copia provisional y urgente de la comisión rogatoria para que se proceda a su reparto entre los Juzgados de instrucción del lugar donde haya de ejecutarse. En tal caso el punto de contacto que recibe la petición comunicará la necesidad de la remisión de la copia informal y urgente con carácter previo a la determinación del juez competente. En este caso se procederá previamente a solicitar a la autoridad de emisión el libramiento de un ejemplar provisional informal de la comisión rogatoria y después se determinará la autoridad de ejecución. Véase punto siguiente)
Transmisión a la autoridad de ejecución de una copia o ejemplar provisional urgente (por fax u otros medios rápidos) para la preparación de la ejecución. En algunos países la transmisión del ejemplar urgente ha de preceder a la determinación de la autoridad de ejecución.
Transmisión de la información necesaria por el punto de contacto requerido a la autoridad judicial de ejecución y explicación de la necesidad de actuaciones preparatorias y coordinación de agendas.
Inicio por la autoridad de ejecución de las actuaciones preparatorias (coordinación del dispositivo policial preciso, investigaciones previas para comprobar la titularidad de teléfonos o la certeza de los domicilios, etc.), desde la recepción del ejemplar provisional de la comisión rogatoria, condicionado el cumplimiento definitivo a la recepción del ejemplar definitivo por la vía establecida en el Convenio o norma aplicable.
Transmisión de la comisión rogatoria formal y definitiva en la forma establecida por el convenio aplicable, por la autoridad judicial de emisión de la misma.
Transmisión de la información necesaria a la autoridad encargada de recibir y reenviar la comisión rogatoria formal a la autoridad judicial de ejecución, para que la transmisión se lleve a cabo de manera segura y rápida.
Seguimiento de su itinerario hasta su llegada efectiva a la autoridad judicial de ejecución.
b. Preparación de videoconferencia.
b.1) Idea general.
Cuando la solicitud de una declaración por videoconferencia sea el objeto de una comisión rogatoria, los puntos de contacto asumirán la comprobación inicial de la viabilidad de la videoconferencia, averiguando si técnicamente es posible o no, y la preparación de la ejecución y coordinación entre la autoridad judicial requirente y la de ejecución.
b.2) Secuencia de actuaciones.
Comunicación al punto de contacto requerido de la necesidad de la videoconferencia. (NOTA, siempre que se envíe una comunicación por e mail se ha de solicitar la confirmación por el destinatario).
Comprobación de la existencia de medios técnicos en el lugar de ejecución, propios de los Tribunales o ajenos disponibles.
Identificación, por el punto de contacto requerido, de la autoridad competente para la ejecución de la comisión rogatoria y del modo más rápido de hacerle llegar a ésta autoridad una copia provisional de la comisión rogatoria (por fax, o directamente por mensajería sin pasar por la autoridad central). Envío al punto de contacto requirente de las coordenadas de contacto de la autoridad de ejecución, y de los responsables técnicos del manejo de los aparatos de videoconferencia, para que se hagan llegar éstas a la autoridad judicial de emisión de la comisión rogatoria. (NOTA: En algunos países como España, lo único que puede determinarse antes de disponer de la comisión rogatoria es el lugar de ejecución, pero para poder determinarse qué juez de Instrucción ha de hacerse cargo de la ejecución hace falta remitir una copia provisional y urgente de la comisión rogatoria para que se proceda a su reparto entre los Juzgados de instrucción del lugar donde haya de ejecutarse. En tal caso el punto de contacto que recibe la petición comunicará la necesidad de la remisión de la copia informal y urgente con carácter previo a la determinación del juez competente. En este caso se procederá previamente a solicitar a la autoridad de emisión el libramiento de un ejemplar provisional informal de la comisión rogatoria y después se determinará la autoridad de ejecución. Véase punto siguiente)
Por parte del punto de contacto se le explicará a la autoridad de ejecución la necesidad de actuaciones preparatorias y coordinación de agendas
Prueba técnica poniendo en contacto a los operadores de los sistemas respectivos, fijándose una fecha y hora para la conexión, transmitiéndose los datos de los números a través de los que ha de hacerse la conexión.
Transmisión de la comisión rogatoria formal y definitiva en la forma establecida por el convenio aplicable, por la autoridad judicial de emisión de la misma, advirtiendo de la urgencia a las autoridades intermedias transmisoras.
Propuesta de fecha a ambas autoridades (de ejecución y de emisión). Transmisión a ambas de la aceptación de la fecha.
Seguimiento del itinerario de la comisión rogatoria formal hasta su llegada efectiva a la autoridad judicial de ejecución.
c) Comisión rogatoria con desplazamiento del Juez o Fiscal requirente.
c.1) Idea general.
Si el Juez o Fiscal requirente solicita autorización para desplazare al lugar de Ejecución e intervenir en las diligencias (por ejemplo declaraciones), los puntos de contacto asumirán la coordinación y preparación del desplazamiento.
c.2) Secuencia de actuaciones.
Comunicación al punto de contacto requerido de la necesidad del desplazamiento. (NOTA, siempre que se envíe una comunicación por e mail se ha de solicitar la confirmación por el destinatario).
Transmisión de la información necesaria por el punto de contacto requerido a la autoridad judicial de ejecución y de la necesidad de dar la autorización para la presencia del juez o fiscal que emite la comisión rogatoria, así como de la necesidad de la coordinación de agendas.
Transmisión de la autorización para la presencia del juez o fiscal que emite la comisión rogatoria y propuesta de una fecha a las autoridades de emisión y de ejecución.
Comprobación de la adecuada ejecución de las tareas logísticas por quienes deben asumirlas, (alojamiento y transporte, comunicación a OCN-INTERPOL, consulado o embajada, autoridades locales, etc.).
Inicio por la autoridad de ejecución de las actuaciones preparatorias (investigaciones previas para comprobar los domicilios de los testigos o imputados, citaciones, órdenes para la conducción de presos al lugar del interrogatorio, provisión de intérpretes si es necesario, etc.), desde la recepción del ejemplar provisional de la comisión rogatoria, condicionado el cumplimiento definitivo a la recepción del ejemplar definitivo por la vía establecida en el Convenio o norma aplicable.
Transmisión de la información necesaria a la autoridad intermediaria encargada de recibir y reenviar la comisión rogatoria formal a la autoridad judicial de ejecución, para que la transmisión se lleve a cabo de manera segura y rápida.
Anotación de la conclusión de la consulta
D) SOLUCIÓN DE DIFICULTADES DETECTADAS POR LA PARTE ACTIVA:
Si por las autoridades del Estado de emisión de la comisión rogatoria se detectan dificultades o retrasos en la ejecución, los puntos de contacto intervendrán para agilizar la comisión rogatoria o identificarse cuál es el problema que dificulta o impide la ejecución, y proponer una solución.
Solicitud de información de manera informal por vía telefónica o por correo electrónico y se responderá lo antes posible. (NOTA, siempre que se envíe una comunicación por e mail se ha de solicitar la confirmación por el destinatario). En la solicitud se incluirán las referencias necesarias para la identificación de la comisión rogatoria (fecha y autoridad de emisión, itinerario de transmisión en el país de expedición, diligencias solicitadas, etc.)
Registro de la comunicación recibida por el punto de contacto que remite la petición
Petición de información, por el punto de contacto requerido, sobre el estado de cumplimiento y la causa de la demora a la autoridad central o a la autoridad final destinataria, e identificación del problema.
Comunicación del problema identificado al punto de contacto requirente. Propuesta de solución conforme al Derecho del Estado de ejecución y al del Estado de emisión.
Seguimiento del estado de cumplimiento e información periódica al punto de contacto requirente.
Comunicación final del cumplimiento.
E) SOLUCIÓN DE DIFICULTADES DETECTADAS POR LA PARTE PASIVA:
Si por las autoridades del Estado de ejecución se detecta algún defecto en la comisión rogatoria o sobreviene algún acontecimiento que implica que la autoridad de emisión ha de enviar una ampliación o modificación o subsanación de defectos de la misma (por ejemplo un cambio de domicilio de la persona en cuya vivienda ha practicarse un registro o allanamiento domiciliario), los puntos de contacto intervendrán para hacer posible la ampliación, modificación o subsanación.
Comunicación del defecto o circunstancia sobrevenida de información de manera informal por vía telefónica o por correo electrónico. (NOTA, siempre que se envíe una comunicación por e mail se ha de solicitar la confirmación por el destinatario). En la solicitud se incluirán las referencias necesarias para la identificación de la comisión rogatoria (fecha y autoridad de emisión y diligencias solicitadas).
Registro de la comunicación recibida por el punto de contacto que remite la petición.
Transmisión de la información por el punto de contacto requerido a la autoridad emisora de la comisión rogatoria.
Seguimiento del estado de cumplimiento de la subsanación, ampliación o modificación.
F) REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LOS INSTRUCTORES DE CAUSAS EN TRAMITACIÓN
Puede darse la situación de que en más de un país se estén instruyendo causas por los mismos delitos o por delitos conexos cometidos por organizaciones o grupos relacionados entre sí. En tal caso, se tratará de organizar la concurrencia de jurisdicciones sobre unos mismos hechos, de manera ordenada siempre que sea posible. Para ello se podrán promover reuniones de coordinación de los instructores implicados, para transmitirse información y coordinar el flujo de comisiones rogatorias recíprocas.
Comunicación por el punto de contacto del país convocante, dirigida a los puntos de contacto de los países implicados de la necesidad de la reunión de coordinación con desplazamiento de los instructores de los respectivos países, solicitando al mismo tiempo información sobre la viabilidad de la participación del instructor del convocado y proponiendo el régimen de asunción de costes. (NOTA, siempre que se envíe una comunicación por e mail se ha de solicitar la confirmación por el destinatario).
Comunicación el punto de contacto del país convocado confirmando la viabilidad de la reunión de coordinación.
Fijación de fecha, lugar y hora de común acuerdo.
Coordinación y supervisión de los aspectos logísticos.
Valencia (España), a 7 de noviembre de 2006.
Presentada por la SECCIÓN TERRITORIAL DE MADRID
Coordinada por: José María Bento Company
Felisa Atienza Rodriguez
A) Asociaciones Judiciales en un contexto internacional
Cuando en Taipei (Taiwan) en 1999, en la Reunión Anual de la Unión Internacional de Magistrados, se aprueba por unanimidad el Estatuto Universal del Juez, y se reconoce en su artículo 12 el derecho de asociación profesional de los Jueces para permitir a los mismos ser consultados sobre la determinación de sus normas estatutarias, éticas o de otro tipo, así como los recursos judiciales asegurando la defensa de sus intereses legítimos, se estaba reconociendo internacionalmente el derecho asociativo judicial como algo necesario en la vida de un Poder Judicial independiente y apolítico.
En este sentido esta necesidad ya se hizo realidad en 1953 cuando en Salzburgo (Austria), fue fundada la Unión Internacional de Magistrados, Organización integrada por Asociaciones Nacionales de Jueces y Magistrados, y cuyo objetivo principal es la salvaguardia de la independencia del Poder Judicial, condición esencial de la función jurisdiccional y garante de los derechos humanos y de las libertades de la persona.
En la actualidad la Unión Internacional de Magistrados está compuesta por 70 Asociaciones que se han ido adhiriendo al grupo inicial de Asociaciones nacionales que el 6 de septiembre de 1953 suscribieron el Acta Constitutiva y los Estatutos por los que se iba a regir esta Organización.
El Consejo Central, órgano deliberante de la Unión es el competente para la admisión de asociaciones nacionales o agrupaciones del mismo carácter, en su calidad de miembros ordinarios o extraordinarios.
Conviene dejar claro, que la Unión Internacional de Magistrados, es la única Federación de Asociaciones Judiciales a nivel mundial, permitiendo solamente en su seno una Asociación por país, de ahí la importancia de la presencia única en dicha organización de la APM, y cuya participación activa e importante se analizará posteriormente.
Los objetivos y fines de la Unión Internacional coinciden con los de las Asociaciones miembros y conviene ahora recordar principalmente el ya referido de la salvaguardia de la independencia del Poder Judicial, y de la posición constitucional y moral de dicho Poder. Asimismo el análisis y estudio de determinados problemas jurídicos en común, con el fin de llegar tanto en interés nacional como en el de comunidades regionales o universales, a una mejor solución de los mismos.
Es muy importante su labor en orden a aumentar y perfeccionar los conocimientos, cultura y formación de los Magistrados poniéndoles en contacto con sus colegas de otros países y permitiéndoles el conocimiento de las organizaciones extranjeras y su funcionamiento, así como el derecho de cada país y especialmente su forma de aplicación.
Todo esto ha generado que durante todos los años desde su constitución, se hayan organizado Congresos y Reuniones de Comisiones de Estudio, se hayan llevado a cabo intercambios de relaciones culturales, y se hayan permitido e intensificado las relaciones de amistad cordial entre Magistrados de diferentes países.
Curiosamente es muy llamativo el aspecto asistencial presente en el artículo 3 de sus Estatutos, que reconoce el favorecimiento de la asistencia mutua dentro de las distintas Asociaciones o Agrupaciones, así como el hecho de facilitar estancias de Magistrados en países extranjeros incluyendo temporadas de vacaciones.
Es conveniente ahora para un conocimiento más preciso por parte de nuestra asociación, que expongamos y analicemos la estructura y funcionamiento de esta organización mundial de jueces.
El órgano deliberante de la misma es el Consejo Central compuesto por dos representantes de cada Asociación. Se reúne anualmente a ser posible cada vez en un país diferente.
Cada miembro ordinario posee un solo voto y las decisiones se adoptan por mayoría de votos, salvo la admisión de nuevos miembros, tanto ordinarios como extraordinarios, que requerirá la mayoría de tres cuartos.
El Presidente, durante dos años, representa a la Unión Internacional de Magistrados y le corresponde su dirección. Está asistido de seis Vicepresidentes, que se reunirán siempre que sea posible, al menos una vez al año en Comité de Presidencia. Uno de los Vicepresidentes, puede ser designado Primer Vicepresidente después de ser propuesto por un miembro ordinario y votado por el Consejo Central.
El Secretariado General es el órgano de ejecución de la Unión Internacional, su sede se encuentra en Roma y el Secretario General será asistido por uno o varios secretarios adjuntos.
El Presidente saliente permanecerá en el Comité de Presidencia durante dos años más sin derecho a voto.
La Unión tiene cuatro Comisiones de Estudio, que tratan respectivamente de la Organización judicial, estatuto de los magistrados y protección de las libertades individuales la primera de ellas, del Derecho y procedimiento civil (aspectos internacionales y derecho comparado), la segunda, del Derecho y procedimiento penal la tercera, y del Derecho público y social la cuarta.
Estas comisiones están formadas por un representante de cada Asociación, que es nombrado cada año a requerimiento del Secretario General. Se reunen una vez al año coincidiendo generalmente con la Reunión del Consejo Central. Los miembros de estas Comisiones estudian los problemas de interés común que conciernen a la justicia en todos los países.
A título de ejemplo podemos citar diversos temas que han sido debatidos en las últimas Reuniones de la UIM.
En la Reunión celebrada en Siofok (Hungría) en el año 2006, la Comisión 1ª trató el sugerente tema; “¿Cómo puede compaginarse el nombramiento y la evaluación tanto cualitativa como cuantitativamente de los Jueces con el principio de independencia judicial? “.
En el presente año el tema tratado ha sido “El acceso a la Justicia”.
La segunda Comisión de Estudio debatió el pasado año sobre la siguiente cuestión: “¿Qué normas legales relativas a intereses patrimoniales, sucesión y deber de ayuda mutua deben ser aplicados a las parejas que vivan juntas pero no estén casadas? “.
En la tercera Comisión este año se ha tratado el tema siguiente:”Los jóvenes en el sistema de la justicia penal”, y el pasado año otro sugerente tema:” ¿ Cual es el tratamiento legal en los distintos sistemas penales de las personas que sufren enfermedades mentales o que están incapacitadas?”.
Finalmente la Cuarta Comisión ha tratado este año en Trondheim (Noruega) el tema “Los derechos de los trabajadores durante el cierre de las empresas, según sean las causas”. Mientras que el pasado año se debatió la siguiente cuestión: “ ¿Es necesaria una Jurisdicción Social especializada?.
Por otra parte dentro de la Unión están comprendidos cuatro Grupos Regionales:
Grupo Europeo de Magistrados
Grupo Asiático, Norteamericano y Oceánico
De ellos el mayoritario es el Grupo Europeo, integrado por 38 Asociaciones, le siguen el Iberoamericano con 12 países y sucesivamente el Africano y Asiático con 11 y 9 países respectivamente.
España y Portugal son los únicos países que privilegiadamente pertenecen tanto al Grupo Europeo como al Iberoamericano, lo que supone un plus añadido a nuestra integración en esta Organización y supone la doble posibilidad de participar en sendas Reuniones anuales, lo que supone una real e importante cooperación regional en continentes distintos. De ahí la influencia que nuestra Asociación ha tenido siempre en estos foros. No en vano la APM, desde su integración ha organizado tres Reuniones Anuales de la Organización, que tuvieron lugar en Sevilla (1992), Madrid (2001), y Alicante (2003), así como Reuniones de los Grupos Iberoamericanos y Europeo, este en San Sebastián (1996) y Valencia (2007).
B) La APM en la Unión Internacional de Magistrados
Fue José Gabaldón, a la sazón Presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, quien, a principios de los años 80, tuvo la clarividencia de solicitar y obtener el ingreso en La UIM, que ya entonces era órgano consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas con carácter de única ONG de la ONU y órgano asesor del Consejo de Europa. En estas gestiones tuvo papel importante Giovanni Longo, Magistrado de la Corte de Casación Italiana y que durante 25 años fue Secretario Genral de la Unión Internacional de Magistrados y actualmente miembro del Jurado del Premio Internacional Justicia en el Mundo.
Para poder acceder a la UIM fue necesario acreditar que se cumplían las dos condiciones que exigen sus estatutos para ser miembro ordinario, sobre las que informó favorablemente el prestigioso Juez irlandés Gram. Wals, que llegó a ser Presidente del Tribunal Supremo de Dublín. Esas dos condiciones eran y son que la asociación solicitante tuviera pleno carácter representativo de los jueces de la nación ( las asociaciones sectoriales o regionales no tienen cabida en la Asociación <internacional de Jueces) y también que la organización del Estado en el que actúe la Asociación Judicial peticionaria garantice la independencia de los Tribunales y se constituya como Estado de Derecho (no pueden tener acceso aquellas asociaciones de países no democráticos); después del ingreso de España y a su propuesta se ha autorizado el ingreso como miembros extraordinarios por cinco años y sin voto, aunque si con voz, de aquellas asociaciones que pertenezcan a países en vías de acceso a la
Democracia, con el fin de cooperar a la aceleración de ese proceso, tutelando y apoyando a sus Jueces, como ha sido el caso de algunos países Iberoamericanos y del Este de Europa, innovación que ha dado excelentes resultados.
El ingreso de la APM en la Unión Internacional de Magistrados fue importante por que la convirtió en la única Asociación Española en la Organización Internacional debido a otra de sus inteligentes normas estatutarias: la que impone que solo pueda haber una Asociación representativa por Estado. De esta forma se elude el debate ideológico en el seno de La UIM, donde hay Asociaciones de todas las tendencias pero que representan a los Jueces del país del que proceden. No hace falta decir que si no se hubiera obrado con la diligencia con que actuó Gabaldón, seguramente a estas horas otra sería la asociación española que estaría en la UIM, taponando el acceso de la que es mayoritaria en España.
En junio de 1990 se celebró la Reunión anual de la UIM en Helsinki, en un momento en que el número de asociaciones adheridas no llegaba a 30 y había un claro predominio de las europeas (únicas constituidas en grupo regional de trabajo) y dentro de ellas con fuerte influencia de los países nórdicos, germánicos y de Italia, ( la Secretaría General está en Roma) dándose la circunstancia de que la única asociación americana influyente era la AMB brasileña, que agrupa a la inmensa mayoría de los Jueces de dicho país, en número de más de catorce mil. La asociación española y el resto de las asociaciones de Iberoamérica o eran unas desconocidas o simplemente no se habían incorporado aún. En estas condiciones se produjo la elección del nuevo Presidente de la APM, Ramón Rodríguez Arribas, como uno de los Vicepresidentes de la Unión Internacional de Magistrados,
A partir de ese momento las cosas iban a cambiar sustancialmente: la ya prestigiada delegación española se articuló con compañeros que hablaban y escribían varios idiomas, bajo la dirección del inolvidable Álvaro Galán, al que conocían todos los delegados de los demás países y que representó a España en el Grupo Regional Europeo y en el Consejo Central de la UIM (a su enfermedad y posterior fallecimiento, Álvaro fue sustituido por Felisa Atienza, que en poco tiempo ocupó con la misma eficacia el puesto); la presencia española, a través de actividades de sus delegados, abarcó también las comisiones de estudio y se hizo presente en cuantas actividades e iniciativas se producían en el seno de la UIM. En pocos años España pasó a ser una gran potencia judicial, alcanzando la primer categoría que le permitía designar 6 delegados. Por la delegación española han pasado muchos compañeros cuyo trabajo ha de reconocerse y que no citamos, no solo por que han sido muchos, sino porque todos merecen la misma gratitud y no queremos olvidar a nadie.
En ese desarrollo de actividades e influencias supuso un decisivo impulso la celebración en Sevilla ( en otoño de 1992 ) de la Reunión Anual de la UIM donde se dieron dos importantes pasos: la constitución del Grupo Regional Iberoamericano, en el que se integraban las naciones de de América, España y Portugal ( que también formaban parte del Grupo Europeo ) y la modificación estatutaria que incorporó el español como idioma oficial de la UIM,,así como la designación del Vicepresidente Ramón Rodríguez Arribas para presidir el recién creado Grupo Regional de trabajo.
Otras de las actividades impulsadas por la APM en el seno de la UIM condujo, en marzo de 1993 a la aprobación del “ Estatuto de los Jueces en Europa “ en Wisbaden y en 1995 del “Estatuto del Juez Iberoamericano “ en Santiago de Chile.
En 1997, en la Reunión de Atenas, se produjo la elección del Presidente de la APM como primer Vicepresidente de la UIM, lo que llevó a Ramón Rodríguez Arribas en 1996 en Ámsterdam a la Presidencia de la Unión Internacional de Magistrados.
En 1997, se produjeron también dos acontecimientos importantes, la modificación estatutaria que convertía al español en lengua de trabajo de la UIM, junto con el francés y el inglés y la puesta e marcha de la recién constituida Fundación Justicia en el Mundo de la UIM, con sede en Madrid, creándose en su seno el Instituto Internacional para el Poder Judicial, la Escuela Mundial de Jueces y el Premio Internacional que lleva el nombre de la Fundación.
Durante estos años y los que siguieron el crecimiento de la UIM fue extraordinario, llegándose a las 70 judiciales de países de los cinco continentes y a la constitución de los Grupos Regionales africano y de Norteamérica, Asia y Oceanía, que agrupaban a la totalidad de las asociaciones adheridas a la federación internacional.
En la actualidad la UIM ha de superar su propio crecimiento y expansión, necesita de la colaboración de todos y muy especialmente de aquellas asociaciones que, como la española, ejercen un liderazgo natural sobre otras muchas, lo que se manifiesta claramente en el acceso de nuestros Jueces a puestos relevantes dentro de la organización internacional: así Felisa Atienza, es frecuentemente llamada a ejercer de Relatora en congresos extraordinarios y reuniones importantes y el Magistrado español José María Bento es miembro desde hace años del Comité de Presidencia de la UIM y desde 2006, Primer Vicepresidente. Por su parte el Presidente Ejecutivo de la Fundación Justicia en el Mundo, Rubén Jiménez, asiste en dicha condición a las reuniones de la UIM.
C.- Integración de la APM en el Grupo Europeo de la Unión Internacional de Magistrados
Como continuación a lo que se ha expuesto anteriormente, creo que resulta conveniente hacer una referencia más extensa al Grupo Europeo de la Unión Internacional de Magistrados, en el que se integra naturalmente la asociación española por su situación geográfica dentro del continente europeo. Es preciso hacer una salvedad y es que España, lo mismo que Portugal, y dados sus especiales lazos de vinculación con el continente iberoamericano, gozan del privilegio de pertenecer a dos grupos, el europeo y el iberoamericano.
Centraremos esta breve referencia a la pertenencia de la asociación española al Grupo Regional Europeo, pues ya se ha hablado de su conexión con el Grupo Iberoamericano.
El grupo Europeo de la UIM, es el más numeroso (actualmente está integrado por 38 países de los que Armenia es miembro extraordinario) y es indudablemente el más importante por varias razones.
En primer lugar, cuando se constituye la UIM en 1953, es en la vieja Europa, Salzburgo, donde surge la necesidad de crear una organización profesional e internacional de jueces con el fin de salvaguardar su independencia. Ya se ha expuesto que fueron países fundadores: Alemania, Italia, Austria, Francia, Benelux y Brasil, lo que pone de manifiesto que si bien Brasil, también aparece desde un primer momento como participante, es en el seno de Europa donde se inicia el asociacionismo internacional, en Europa es donde se celebran los primeros congresos y son europeos todos los primeros Presidentes. De hecho, desde 1953 en que se crea la UIM, y hasta 1970 no se celebra un Congreso fuera del continente europeo ( concretamente en 1970 el Congreso de la UIM, fue en Túnez), siendo en ese mismo año, cuando por primera vez también se nombra a un Presidente no europeo ( el brasileño Oscar Tenorio).
En definitiva, es en Europa y en el seno del Grupo Europeo, donde se toman las decisiones más trascendentes y donde se debaten los problemas más importantes que afectan al desarrollo de la justicia y a los jueces. Y ello, por la elemental razón de que es en Europa donde se inicia el movimiento asociativo de los jueces, en un primer momento en asociaciones nacionales y a continuación en una asociación internacional de asociaciones, y no de individuos, y con el fin fundamental de preservar su independencia.
Interesa destacar que desde siempre, el principal objetivo de la Unión Internacional de Magistrados, como organización apolítica, ha sido la defensa de la independencia de los jueces como condición esencial del ejercicio de la función jurisdiccional todo ello con el objetivo de conseguir una mayor garantía en defensa de los derechos de los ciudadanos.
Haciendo un poco de historia, no es hasta 1991 cuando se crea el Grupo Europeo, como grupo Regional autónomo integrado en la UIM, ante la necesidad de afrontar la especial problemática de los países de este entorno, muy diferenciada de la existente en otros continentes. Aún cuando dentro del grupo siempre han convivido fundamentalmente dos diversas concepciones de los sistemas jurídicos, el de los países que se basan en el derecho escrito frente a los países del Common Law.. Y así continúa siendo en la actualidad, si bien, en el momento presente, existe una mayor diversidad, habida cuenta de que el Grupo Regional Europeo, que comenzó con unos pocos integrantes, en la actualidad agrupa a 38 países, muchos de ellos de nueva creación y procedentes de muy diversas culturas jurídicas y sistemas judiciales, sobre todo en los últimos años en que se han ido incorporando los países del Este de Europa.
El Grupo se reúne dos veces al año, una con ocasión del Congreso Internacional anual ( normalmente en otoño) y otra en primavera en alguna ciudad europea que no sea la capital del país anfitrión.. Como ya os hemos dicho, España ya ha organizado dos reuniones europeas, una en S. Sebastián en 1995 y la última el año pasado, en marzo de 2006 en Valencia. La siguiente reunión deberá celebrarse en Turku (Finlandia). A dichas reuniones acuden normalmente uno o dos Delegados de cada uno de los países integrantes.
El Presidente del Grupo Europeo, que ostenta el cargo durante dos años, es en este momento, el Magistrado lituano Virgilius Valancius, que fue elegido Presidente en SiofoK ( Hungría) en octubre de 2006, sustituyendo a Maya Tratnik que pasó a desempeñar la Presidencia de la UIM, también por un periodo de dos años. Aunque no es una norma estatutaria, existe cierta costumbre de que la Presidencia del Grupo Europeo es cargo previo a la Presidencia de la Unión Internacional, si bien, esto no es una regla estatutaria ni por supuesto obligatoria.
La Presidencia del Grupo Europeo, sin embargo, no solo supone la probabilidad de llegar a ser Presidente de la UIM, sino que además de las funciones propias de cualquier Presidente (dirigir las sesiones, confeccionar el orden del día, etc), tiene la importante misión de representar a los jueces europeos en distintos foros. Así, normalmente, asiste como observador a las reuniones del Consejo Consultivo de los Jueces Europeos, organización que dentro del organigrama de la Unión Europea, se ocupa de adoptar decisiones o emitir opiniones sobre temas especiales. Por ejemplo, en la reunión de Strasburg en noviembre de 2006, el CCJE emitió dos opiniones: una relativa al “papel de los jueces en la protección del imperio de la ley y de los derechos humanos en el contexto del terrorismo” y otra sobre “el papel de los jueces nacionales para asegurar una efectiva aplicación del derecho internacional”.
Aunque dicha organización emite “opiniones” que evidentemente carecen de carácter vinculante, sin embargo, tales opiniones no resultan baladíes, puesto que concretamente y a título de ejemplo, y en relación a las dos a las que hemos hecho referencia, el órgano consultivo a continuación, remitió dichas opiniones al Comité de Ministros de la UE, quien en la siguiente reunión de enero de 2007, acordó remitir dichas opiniones al Comité de Expertos de Terrorismo, al Comité de Asesores en Derecho Internacional, a la Comisión Europea para la eficiencia de la Justicia y al Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, con el fin de que dichas organizaciones tomen en cuenta estas opiniones.
Asimismo, el Presidente del Grupo Regional Europeo asiste, también como observador, pero con voz, a las sesiones de la Comisión Europea para la eficacia de la justicia, que en su sesión de diciembre de 2006, trató entre otras cuestiones de “ Un nuevo objetivo para los sistemas judiciales europeos: el tratamiento de los casos judiciales en un optimo y prudente lapso de tiempo”. En la reunión a que se ha hecho referencia, Mr Valancius, tuvo la oportunidad de hacer llegar la opinión al respecto del Grupo Europeo, que fue así objeto de discusión durante las sesiones.
Además el Presidente ejerce la representación del Grupo ante las autoridades tanto europeas como nacionales. Es frecuente que los Presidentes se reúnan con los Ministros de Justicia para tratar de temas que afectan a los jueces. Así la anterior Presidenta Mrs. Tratnik y con motivo de la Presidencia de Austria de la UE, se reunió con el Ministro de Justicia Austriaco con el fin de establecer y mantener el contacto entre la Asociación Europea de Jueces y el Consejo de Ministros de Justicia de la Unión Europea.
En definitiva, son numerosas las ocasiones en que el Grupo Regional Europeo es oído y tenido en cuenta por diversas instituciones europeas en temas concernientes a la justicia, y las relaciones en este ámbito son fluidas y frecuentes.
Además de estos temas, en el seno de Grupo se debaten y analizan otras cuestiones que afectan directamente a los jueces en materias de derecho orgánico judicial. Así, ya desde hace varios años se ha constituido un grupo de trabajo que ha hecho un estudio comparativo entre los sueldos, pensiones y retribuciones en general de los jueces de todos los países integrantes. Dicho trabajo, que se actualiza periódicamente, ha contado con la colaboración de magistrados españoles, como J. Manuel Suárez Robledano o Rocío Pérez Puig, quienes aportaron los datos referentes a los jueces españoles en estos temas retributivos . Consideramos que es del máximo interés para todos los jueces españoles conocer con exactitud cuál es la situación en estos aspectos de nuestros colegas europeos y los criterios que se siguen a los efectos de nuestras legitimas aspiraciones y conseguir una mayor asimilación a las retribuciones que se perciben en otros países de nuestro entorno.
En otra ocasión, y con motivo de la entrada en vigor del Tratado de Shengen, también una colega española se integró en un grupo especifico para la unificación de criterios en cuanto al tratamiento de las comisiones rogatorias y las peticiones de auxilio internacional, que a partir de la entrada en vigor de este Tratado se abría la posibilidad de hacerlo de juez a juez, sin la intermediación del Ministerio de Justicia, lo que suponía un gran avance en esta materia. Como anécdota, los modelos que en aquellos tiempos se utilizaban en la Audiencia Nacional, fueron distribuidos entre todos los asistentes, y copiados por algunos países ( Austria)
La APM, siempre ha colaborado muy activamente en los grupos de trabajo internos creados en el Grupo para el estudio de temas puntuales, que resultan tremendamente útiles, pues parece obvio que la evolución de la justicia en España debe ir pareja a la de los países europeos de nuestro entorno. Por ejemplo, en la reunión de Vílnius, en primavera de 2006, cuando en España se estaba debatiendo la polémica de si se iba a instaurar el sistema de los jueces de proximidad, al poner en conocimiento de la Asamblea este tema por parte del delegado español, el Delegado de la Asociación francesa, país en donde este sistema ya está en vigor. Expuso su opinión y relató la experiencia de funcionamiento de los jueces de proximidad en Francia ( muy negativa por cierto).Posteriormente y a través de conversaciones particulares con el entonces Presidente de la Asociación francesa, Dominique Barella, tuvimos la oportunidad de comentar más ampliamente este tema, comprometiéndose a remitir vía correo electrónico una voluminosa documentación sobre el funcionamiento y la problemática en Francia de los jueces de proximidad, que contenía notas de prensa, opiniones de expertos, juristas, jueces, encuestas en la opinión pública etc, que hicimos llegar a todos los miembros de la Ejecutiva de la APM por la importancia que en aquel momento representaba dicha documentación de la reciente experiencia del país vecino para la posible aplicación en España de este tipo de justicia de proximidad.
Otro tema que ha sido constante objeto de debate por el Grupo en las últimas reuniones, es el relativo a las remuneraciones por módulos, que los franceses denominan prima de rendimiento y que también se está intentando implantar en otros países. El Grupo Regional Europeo constituyó un Grupo de trabajo especifico para esta cuestión de la que naturalmente formamos parte y por tres veces la Asociación Europea, se pronunció en el sentido de condenar dicho sistema. La última vez tuvo lugar en Vilnius y en ese momento, y puesto en conocimiento de la Asamblea de la reciente la sentencia del TS español que anulaba el controvertido sistema de módulos, se discutió extensamente y se adoptó una decisión de condena , por considerar que dicho sistema es contrario a los standares europeos y ataca la independencia judicial, privilegiando la cantidad sobre la calidad. Las declaraciones de este tipo se distribuyen no solo entre los participantes sino que se publican y se hacen llegar a las autoridades de los países afectados.
Podríamos seguir enumerando indefinidamente la multitud de cuestiones que a lo largo de los años en que hemos participado en las reuniones del Grupo Europeo, han sido examinadas y el sumo interés que ello reporta para los jueces españoles. Creemos que la experiencia y el papel que la APM siempre ha desempeñado en este Grupo Regional Europeo, debe potenciarse, no solo asistiendo a las reuniones anuales, sino como hemos venido haciendo, colaborando activamente en los grupos de trabajo, intensificando una participación más activa por parte de los asociados, para lo cual, actualmente ya no es necesario desplazarse, con los gastos que ello conlleva, pues normalmente las comunicaciones entre los componentes de los grupos de trabajo se realizan vía e-mail.
Como conclusión, creo que no resulta difícil pronunciarse sobre la enorme importancia que tiene para nuestra asociación seguir colaborando tan activamente en el Grupo Europeo, no solo por los beneficios indudables que ello nos reporta, sino porque nos permite conocer de primera mano la situación de un determinado problema en todos los países europeos, lo que resulta de enorme interés, por ejemplo, a la hora de negociar temas concretos como las retribuciones…. etc.
D) La Asociación Profesional de la Magistratura en Hispanoamérica, y las perspectivas globales de futuro en lo internacional
A) Hispanoamérica:
Si los españoles tenemos que considerar, en éste mundo globalizado que nos ha tocado vivir, alguna parte de nuestro planeta en especial, ésta tiene que ser indudablemente la referida a América. Así se conoce, desde el denominado descubrimiento, una de las más excelsas, ricas y polifacéticas partes del mundo comprensiva de todo el Continente americano, desde el estrecho de Bering y los límites marcados por los témpanos del Círculo Polar Artico hasta el estrecho de Magallanes y los mares del Sur.
A los españoles durante muchos años les ha correspondido con su trabajo y su entrega construir, apoyar y enriquecer lo que ya, de por sí, constituía uno de los mayores conglomerados raciales, culturales y políticos que se haya conocido en la historia de la humanidad. Vamos a dedicar algunas líneas al desarrollo de lo que significa el mundo judicial hispanoamericano para España, para la Asociación Profesional de la Magistratura y lo que, de forma inversa, ha significado ésta para Hispanoamérica.
Al hilo de ello se ha de indicar que la presencia de la APM en Hispanoamérica, fomentando las relaciones y la presencia permanente en las reuniones de la Unión Internacional de Magistrados y en el de la FLAM (Federación Latinoamericana de Magistrados) contribuirá a paliar el peso del derecho y de la organización judicial anglosajona, manteniéndose así la cultura jurídica hispana en lo sustantivo y en lo procesal, que es la propia de nuestras relaciones de hermandad con los pueblos del continente americano. De esa manera lo español y lo hispanoamericano, en lo judicial y en lo jurídico, se manifestará en el intercambio continuo de experiencias procesales, orgánicas y jurídicas, constituyendo una sola cultura más rica por las aportaciones de los experimentados y excelentes juristas hispanoamericanos así como de los españoles.
Todo ello ha venido ocurriendo ya en el pasado, con la presencia inolvidable para todos los que tuvieron la oportunidad de apreciar el trato recíproco de los jueces hispanoamericanos, portugueses y españoles, siendo de relevante importancia la creación de Comisiones con la finalidad de efectuar aportaciones en materia de retribuciones, la tradicional independencia económica inescindible de la misma independencia judicial, de organización judicial y de procedimiento civil y penal sobre todo aunque no únicamente, con la relevante adopción de Resoluciones referidas a los problemas planteados por las diferentes delegaciones y con las visitas realizadas a los Estados en los que surgía un problema judicial, esencialmente relacionado con la independencia judicial.
Pero, si todo ello ha tenido lugar ya en el próximo pasado con un incremento de actividades y relevancia internacional progresivos, han de iniciarse nuevos impulsos y realizaciones que completen la labor anterior y la propia influencia del mundo jurídico y asociativo hispanoamericano.
Entre las iniciativas que se proponen al respecto, se han de articular las siguientes propuestas solo a título enunciativo y sin perjuicio de otras aconsejadas por cada momento y realidad, que requieran las circunstancias dinámicas del mundo actual:
Celebración de intercambios de delegaciones con la finalidad de impartir y de asistir a Seminarios, Conferencias y Cursos, de tal manera que lo hispano y lo español intercambien conocimientos y experiencias. Debe, a tal efecto, establecerse un programa de intercambios y de materias de carácter anual, sin perjuicio de la inclusión de otros Cursos que se concreten de forma añadida.
Intensificación de los intercambios, celebración de convenios y colaboraciones con Universidades, Institutos Jurídicos y Organizaciones Internacionales Gubernamentales o no Gubernamentales, creando un ambiente jurídico de plena y efectiva expansión de las actividades de la APM en Hispanoamérica.
Creación de un servicio de publicaciones encargado de recopilar todas las expuestas actividades con el mundo judicial y académico, o internacional hispanoamericano, dando publicidad unificada y difundida a las actividades precedentes, bien por sí o conjuntamente y en colaboración con las Instituciones mencionadas antes.
Posibilidad de activación de un órgano de intercambio o de colaboración con los colegas norteamericanos, dada la presencia de lo hispano judicial y jurídico, en los Estados Unidos, fomentando el mutuo conocimiento e intercambio de experiencias profesionales y jurídicas.
Adscripción de un cuadro permanente y actualizado, con currículo vitae, de los compañeros de la APM interesados en actividades internacionales en hispanoamérica, lo más amplio y variado posible, estando permanentemente abierto a incorporaciones y destacándose la formación y experiencias de sus integrantes.
Creación de un apartado específico, pudiéndose denominar APM Hispanoamérica, en la WEB de la Asociación en la que se recojan notocias, publicaciones, realizaciones y actividades de la misma en Hipanoamérica y de las asociaciones hispanoamericanas en relación con ello.
B) Perspectivas globales de futuro en lo internacional
Además, la presencia y actividades de la APM a nivel internacional quedaría huérfana o parcialmente activa si se limitara a las actividades en el más próximo a nosotros mundo hispanoamericano. Resulta preciso, pues, acompasar la realidad del mundo a la presencia de la Asociación en las actividades de futuro más dinámicas y actuales, no limitándose, tampoco aquí, a aquélla importante actividad desarrollada hasta ahora y que nos ha dado a todos un prestigio que, de la Asociación, se ha traspasado a España.
Las actividades a nivel internacional que pueden realizar los expertos asociados de la APM en relaciones internacionales, así como el elenco de asociados con experiencia jurídica y amplios conocimientos en los diversos sectores jurídicos podrían enumerarse de la siguiente forma:
Intervención, bien por vía de la Unión Internacional de Magistrados, de la Unión Europea o a través de Instituciones Internacionales o gubernamentales en Seminarios, Cursos y actividades de cooperación e información, asistiendo a todas, en la medida de lo posible.
Las Comisiones creadas en el seno de la Unión Internacional de Magistrados, que deben potenciarse, se han revelado como instrumentos útiles de recopilación de información e intercambios útiles para todos los integrantes del mundo judicial internacional. Valga, como referencia, los completos y exhaustivos estudios comparados sobre retribuciones e independencia judicial.
Intensificación de los intercambios, celebración de convenios y colaboraciones con Universidades, Institutos Jurídicos y Organizaciones Internacionales Gubernamentales o no Gubernamentales, creando un ambiente jurídico de plena y efectiva expansión de las actividades de la APM en el mundo, especialmente en los países de tradición jurídica similar a la española, sin descartar las relaciones de cooperación con los restantes.
Creación de un servicio de publicaciones encargado de recopilar todas las expuestas actividades con el mundo judicial y académico, o internacional mundial, dando publicidad unificada y difundida a las actividades precedentes, bien por sí o conjuntamente y en colaboración con las Instituciones mencionadas antes, incluso con la Unión Internacional de Magistrados.
Constitución de un cuadro permanente y actualizado, de los compañeros de la APM interesados en actividades internacionales, lo más amplio y variado posible, estando permanentemente abierto a incorporaciones y destacándose la formación y experiencia de sus integrantes.
Creación de un apartado específico, pudiéndose denominar APM Internacional, en la página WEB de la Asociación en la que se recojan noticias, publicaciones, realizaciones y actividades de la misma en el mundo así como otras informaciones de interés y relacionadas.
En definitiva, se propone no sólo el mantenimiento de la fructífera y constante presencia internacional de la APM, sino, además el apoyo a una actividad superior y constante acorde a la implantación a nivel español de la misma y a la propia importancia internacional de España.
E) La Asociación Profesional de la Magistratura y Las Relaciones Internacionales.
Tratándose de la vinculación que deba tener la APM con las relaciones internacionales, básicamente, hay que distinguir entre aquellas que de modo directo afectan a la APM, singularmente las derivadas de su incorporación a la Unión Internacional de Magistrados, del interés que tales relaciones suscitan entre los jueces asociados, por si la APM debería de tomar alguna iniciativa para facilitar a sus asociados la satisfacción de tal interés.
No me extenderé sobre la importancia que para la APM debe de tener su vinculación a la UIM cuyo objetivo fundamental se centra en la defensa de la independencia de los jueces, aunque hay que resaltar que, a pesar de su tardía incorporación a dicha organización, la APM había venido teniendo un protagonismo muy especial en la misma, impulsando la creación de un grupo iberoamericano en el que siempre tuvo grandes iniciativas. Uno de los órganos de la UIM es la Fundación Justicia en el Mundo cuya secretaria radica en Madrid, siendo esta un importante instrumento de difusión y de coordinación de actividades que esta siendo infrautilizado, en particular por la APM, puesto que aprovechando la presencia de la secretaria en España podría ser el cauce adecuado para lanzar múltiples iniciativas.
Tema mas inédito es el de las actitudes de la APM en relación con el interés creciente de los jueces en las relaciones internacionales.
Por el ejercicio de la función jurisdiccional, el juez se ve obligado a practicar el auxilio judicial internacional, cada año con creciente intensidad por efecto del fenómeno de la globalización. La práctica del auxilio judicial internacional exige al juez entablar relación y comunicaciones con las autoridades de otros países, especialmente, en el marco de la Unión Europea, donde dicha relación se ha convertido en directa. La UE ha creado instrumentos e instituciones para facilitar tal practica profesional, como son la Red Judicial Europea y Eurojust y ha propiciado mecanismos bilaterales como son los magistrados de enlace. En la actualidad, los jueces españoles no solo pueden participar en esos organismos y mecanismos, sino que, también, se están abriendo las posibilidades de desempeño de la función jurisdiccional en organismos internacionales. El CGPJ lleva a cabo un importante esfuerzo formativo, no solo en cuanto a la practica de la cooperación judicial internacional, sino, también, en remover uno de los principales obstáculos como es el derivado de las barreras idiomáticas.
Por sus excelentes conocimientos jurídicos, el juez español es solicitado para la ejecución de programas de cooperación en distintos países, especialmente, en el ámbito sudamericano, donde el juez español goza de claras ventajas, no solo derivados de la proximidad cultural sino por la existencia de una lengua común. Son frecuentes los llamamientos de distintas instituciones, normalmente canalizados a través del CGPJ, para llevar a cabo tareas como expertos en planes de cooperación internacional.
Entiendo que la APM no debe de permanecer impasible ante este interés que comparten un buen número de asociados y debería de facilitar cauces para que puedan dar mejor satisfacción a dicho interés.
Hay un importante número de jueces asociados a la APM que han sido pioneros en dichas actividades internacionales y poseen unas experiencias que deberían de ser compartidas.
Entiendo que la APM debería identificar a los asociados que tienen ese interés y a aquellos que ya han participado en actividades internacionales con el fin de crear un grupo de trabajo que permita recuperar experiencias y trasmitirlas a aquellos que desean iniciarse en tal tipo de actividades internacionales, con el objetivo final de tener un grupo de expertos que pueda ofrecerse, con solvencia, para las actividades que sean requeridas. Un buen marco para iniciarse en esas actividades lo proporciona las reuniones de la UIM , las cuales , no solo facilitan encuentros internacionales, sino que en sus grupos de trabajo se acometen interesantes estudios de derecho comparado y, en sus grupos regionales, se estudian denuncias concretas sobre la vulneración de la independencia judicial y se arbitran respuestas adecuadas a las mismas.
Para finalizar hemos de remarcar que nuestra presencia en la única organización internacional de Jueces que tiene carácter mundial no es solo un escaparate y un amplificador de nuestra asociación, no es solo un foro de debate doctrinal, no es solo un potenciador de nuestras relaciones con otras asociaciones en todo el mundo, si no que también es un medio creciente de influencia legítima en instancias europeas y nacionales, de imprevisible trascendencia en el futuro.
No solo no debemos abandonar lo conseguido, si no que hemos de incrementar la presencia y la actividad de nuestra Asociación en la UIM y a tal efecto se proponen las siguientes
1.- Instar al Comité Ejecutivo a que mantenga y refuerce la presencia de la APM en la UIM, con la participación activa en todos los trabajos y reuniones de sus órganos: Comité de Presidencia, Consejo Central, Grupo Regionales de Trabajo Europeo e Iberoamericano, Comisiones de Estudio y Fundación Justicia en el Mundo, así como en otras Instituciones y Organizaciones Internacionales.
2.- A dicho fin debe fortalecerse la delegación española en la organización internacional para que sea posible la participación activa que se propugna.
3.- Para sufragar los gastos que producen estas actividades deben arbitrarse actuaciones de la Fundación de la APM destinadas a dicha finalidad y recabarse subvenciones públicas y privadas con el mismo objeto.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 12
 artículo 3