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Timestamp: 2020-01-24 11:23:30+00:00

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Las garantías jurisdiccionales presuponen la existencia de la garantía denominada derecho a la jurisdicción, que puede ser definido como "el derecho de carácter medial que permite la defensa jurídica de todos los derechos, mediante un proceso garantizado, decidido por un órgano jurisdiccional"
Utilidad: Derecho Comparado, Derecho Constitucional, Derechos Humanos.
1.- CARACTERES GENERALES
2.- Garantías Jurisdiccionales.
3.- Reconocimiento del Derechos a la jurisdicción en varias declaraciones internacionales.
4.- Formas de Garantizar los Derechos Constitucionales.
5.- ACCIÓN DE LIBERTAD
6.- ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
7.- ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD
8.- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
9.- ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
10.- ACCIÓN POPULAR
11.- PROCEDIMIENTO COMÚN PARA LOS PROCESOS, SOBRE ACCIONES DE DEFENSA
12.- ¿QUÉ SUCEDE SI LAS AUTORIDADES DEMANDADAS NO CUMPLEN CON LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES QUE GENERAN LAS ACCIONES DE DEFENSA?
En la historia de la humanidad se evidencia una continua violación de los derechos humanos. En esta tesitura si partimos del Derecho Romano que es fuente de nuestra legislación vemos que se encuentra plasmado en la ley de las XII Tablas, la Ley del Talión “ojo por ojo y diente por diente”, es decir que los propios ciudadanos podían hacerse justicia por su propia cuenta, de otro lado existía una discriminación entre ciudadanos y no ciudadanos. A propósito existe en los “Hechos de los Apóstoles” un pasaje mediante el cual el apóstol Pablo en su calidad de ciudadano romano pide que previamente se le efectúe un juicio, en parte dice: “es licito juzgar a un ciudadano romano sin previo juicio?”; demuestra que los no ciudadanos podían ser juzgador sin ningún juicio lo que al presente se denomina SIN EL DEBIDO PROCESO.
Durante la Edad Media la humanidad fue absorbida por la religión cristiana instancia en la cual la teología con “la Summa Teológica” de Santo Tomas, domina todo el pensamiento de la época, de otro lado el Feudalismo nace como una Institución cuyos caballeros, son dueños y señores de sus feudos donde administra justicia creando el vasallaje, existían feudos que se vendían junto con los siervos de la gleba, es decir con los trabajadores convertidos en siervos que no podían cambiar su situación y eran vendidos como actualmente se vende en el oriente de nuestro país, terrenos con cabezas de ganado.
Todo cambiará a partir de la Revolución Francesa de 1789 con movimientos e ideas culturales de la Ilustración con representantes como Robespierre, Montesquieu con el “Espíritu de las Leyes” que propone la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Rosseau con obras como el “Emilio” y el “Contrato Social” y sobretodo en materia penal con la obra del conde CESARE BECCARIA, “DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS”, en cuyo contenido se humaniza por primera vez el derecho penal.
Se debería estudiar por separado el pensamiento de Beccaria, hombre de la Ilustración que nunca ejerció la abogacía y que en un tiempo record de aproximadamente 6 meses escribió su obra por el año 1740, sin embargo tiene páginas donde habla de la eliminación de la tortura y la implantación de verdaderos derechos para cualquier sindicado de un delito.
a que las quejas, agravios, etc, que pueda tener el habitante de un país sean ventilados ante un órgano judicial del Estado y eventualmente satisfechos.
Una dimensión negativa: nadie se puede ver privado de su libertad o de su propiedad sin un proceso realizado conforme a derecho (due process of law), en el que sea oído, sus razones sean consideradas y la prueba concerniente a sus derechos recibida y debidamente apreciada. Ese proceso regular debe culminar también en un pronunciamiento también regular, que no implique fallos que puedan descalificarlo como acto jurisdiccional.
Una dimensión positiva: todo miembro de la comunidad debe tener a su disposición remedios rápidos y eficaces que tutelen sus prerrogativas y pretensiones, de modo que nadie se vea privado del auxilio jurisdiccional.
El artículo 2 apartado 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también reconoce esta garantía:
Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aún cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;
La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquier otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y a desarrollar las posibilidades de recurso judicial;
En el ámbito regional europeo es la Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales, del Parlamento Europeo, de 16 de Mayo de 1989 quien lo reconoce en el artículo 19.1.:
La adaptación de nuevas disposiciones legislativas por parte del Estado, vienen a constituirse en una obligación internacional ya que, los Derechos Humanos (individuales o colectivos) consagrados en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, se encuentran garantizados por los Instrumentos Internacionales como: el Convenio 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Convención Interamericana para prevenir y Sancionar la Tortura, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, entre muchos otros, recogida por el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por la cual los estados parte se comprometen a hacer efectivos los derechos humanos que no se encuentren garantizados por normas jurídicas, y para tal cometido deben adoptar medidas legislativas o de otra índole.
Por otro lado todos los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos firmados, ratificados y/o a los que el Estado se ha adherido, son leyes nacionales por mandato expreso del artículo 257.I de la Constitución Política del Estado, los cuales pueden, inclusive ser de aplicación preferente a la misma Constitución conforme lo establece su artículo 256.
Artículo 257. I. Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley.
Entonces nos encontramos en una etapa de adecuación a un nuevo orden constitucional, el mismo que ha de concluir con la promulgación de la ley, que promulgue el Código de Procedimiento Constitucional Boliviano, el mismo que debe servir de instrumento regulador del respeto y protección de los Derechos Humanos, de todos los estantes y habitantes de Bolivia".
La Acción de Libertad conocida en nuestro pasado constitucional como el "Recurso de Habeas Corpus", es una institución jurídica que encuentra sus orígenes en el Derecho Romano concibiéndose como la "exhibición del cuerpo", más tarde aparece en Inglaterra en la Carta de Juan sin Tierra de 1215, que prohibe la detención de los barones sin justa causa, luego aparece en el reino de Aragón en 1428, en los llamados fueros o juicios de manifestación, que prohibía la detención ele personas sin mandamiento expreso de juez competente, y en 1640, 1679 y 1816 nuevamente en Inglaterra donde es perfeccionado este instituto, que fue compatibilizado en el Derecho Norteamericano, de donde se extendió a América Latina, llegando a Bolivia en 1931 siendo incorporado en nuestra Constitución mediante el primer Referéndum del Pueblo, llevado a cabo el 11 ele enero del mismo año.
La finalidad de esta acción desde la vigencia de la actual Constitución, se enfoca a garantizar cuatro derechos nucleares del ser humano "La vida", "La no persecución", "El debido proceso" y "La libertad", en ese entendido, es obligación del Estado mediante los órganos constitucionales jurisdiccionales, preservar la vida de todo ser humano, evitar las persecuciones ilegales, remediar los procesos indebidos y restituir la libertad de quien la perdió Ilegalmente. Vulneraciones que pueden tener su origen en acciones u omisiones de funcionarios públicos, privados o particulares.
Esta acción puede ser ejercida por el agraviado o por cualquier ciudadano en su nombre, por escrito o verbalmente, y sin necesidad de las formalidades que se requiere para los procedimientos comunes. En ese entendido debemos tener un criterio—base de los derechos que protege.
El derecho a la vida es el punto de partida de los Derechos Humanos, que trae consigo la necesidad de reconocer el cúmulo ele los demás derechos creados o por crearse, ya que sin vida no se podría ejercer ningún tipo ele derecho.
Persecución ilegal. —
La persecución de una persona está a cargo de los órganos jurisdiccionales, los mismos que actuaran en base a la normativa vigente, cuando su accionar se extralimita, estaremos frente a una persecución ilegal.
Artículo 116. I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado.
II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible.
Procesamiento indebido.-
El derecho al debido proceso consiste, en poner en movimiento eficaz a los órganos jurisdiccionales y a las instancias procesales vigentes nacionales, llegando hasta las internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la Corte Penal Internacional, en busca de justicia.
Artículo 115. I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
Derecho a la libertad.-
Privación indebida de la libertad –
Constitución Política del Estado – Bolivia.
III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito.
Artículo 9.–NADIE podrá donde se debe señalar el o los derechos humanos violadosser arbitrariamente DETENIDO, ni PRESO, ni DESTERRADO.
Cuando hablamos de la "libertad como derecho", no solo nos referimos a la libertad física del ser humano, sino obligadamente a un conjunto de manifestaciones inherentes a esta libertad, que tenemos todos los seres humanos, sin la cual no podríamos ejercer otros derechos inherentes a la condición humana.
La doctrina moderna que estudia los derechos constitucionales, ha convenido una serie de tipologías de Acción de Libertad (Habeas Corpus), las que no presentan diferencia sobre el fondo, que es la defensa de la vida, no ser Ilegalmente perseguido, al debido proceso y a conservar la libertad física; más bien tienen una diferencia en la forma u origen.
Acción de Libertad Reparadora.- Opera cuando se produce privación arbitraria o ilegal de la libertad física por orden policial, orden fiscal, mandato judicial (ordinario, originario o militar), o decisión de un particular, buscando reponer las cosas al estado anterior de la violación.
Acción de Libertad Restringida.- Procede para proteger la libertad personal ante perturbaciones o restricciones que provengan de cualquier autoridad. En tal caso tiene por fin evitar perturbaciones o molestias menores a la libertad como derecho, que no configuran una detención.
Acción de Libertad Correctiva.— Procede con la intención de impedir tratos o traslados indebidos a personas detenidas legalmente. Se otorga para lograr que sin suspender la medida de restricción a la libertad, ésta se cumpla conforme a su regulación constitucional, convencional o legal, facultando por ejemplo el traslado de un lugar de detención a otro, para evitar o hacer cesar los maltratos o condiciones indignas, contra un detenido o reo en cárcel.
Acción de Libertad Preventiva.- Procede en los casos que, no habiéndose concretado la privación de libertad, existe la amenaza cierta e inminente de que ello ocurra, con vulneración de la Constitución o la Ley de la materia. Al respecto es requisito sine qua non de esta modalidad, que los actos destinados a la privación de la libertad se encuentren en proceso de ejecución, por ende, la amenaza no debe ser conjetural ni presunta.
Acción de Libertad Traslativa - Que corresponde plantear, si continuase detenido un reo luego de ordenada su excarcelación por un juez. En este caso, como es evidente, se busca proteger la libertad o la condición jurídica del status de libertad de los procesados o condenados, que indebidamente pudieran haberse restringido en un proceso judicial.
Acción de Libertad Innovativa.- Procede cuando ha cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, es decir, se solicita la intervención jurisdiccional para que mediante sentencia, estas violaciones no se repitan en el futuro.
Acción de Libertad Instructiva — Opera a favor de las personas detenidas o desaparecidas, lo cual constituye una grave afectación de sus derechos a la libertad, a la comunicación y por lo general a la vida, y a la integridad personal. La finalidad de esta acción de libertad, no solo es garantizar la libertad y la integridad personal, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y en última instancia asegurar el derecho a la vida.
Acción de Libertad Conexa.- Procede cuando se presentan situaciones no previstas en otros tipos de Acción de Libertad.
El procedimiento de la Acción de Libertad, como queda establecido en el artículo 125 de la Constitución, no observará formalidades de los procedimientos comunes, pero si se sujetará a un mínimo de requisitos; cuando la demanda es escrita, deberá sujetarse a lo establecido en los artículos 285 (denuncia) y 290 (querella) de la Ley N° 1970 CPP debiéndose consignar mínimamente, la designación del Juez o Tribunal Penal; las generales de ley del agraviado o accionante; las generales de ley del accionado, es decir, de la autoridad, funcionario o particular a quien se le debe emplazar; una relación circunstanciada de los hechos que dan lugar a esta acción; datos o elementos de prueba, indicando donde se encuentran los mismas; el petitorio en , los que deben estar constitucionalizados o reconocidos en los Instrumentos Internacionales, referidos a la materia.
La Acción de Amparo Constitucional, es una acción encaminada a restablecer el ejercicio de un derecho constitucional, que ha sido amenazado o violentado arbitraria o ilegalmente, por acción, omisión o indebidamente, de cualquier autoridad, funcionario o persona individual o colectiva.
Esta acción no debe ser entendida como un recurso subsidiario de los procedimientos jurídicos formales, es una acción extraordinaria que busca regular o restaurar derechos violados o amenazados por personas individuales, jurídicas o autoridades, en cuyos actos deberá concurrir una condición sine qua non, referida a:
Omisiones ilegales o indebidas
Actos ilegales o indebidos
Entonces como vemos, toda aquella persona que se encontrara inmersa en un proceso judicial o administrativo y que se viera afectada por estos actos, podrá a título personal o debidamente representada, interponer la demanda que generara el proceso constitucional del mismo nombre, siempre y cuando se hayan agotado las vías jurisdiccionales formales de cualquier proceso y no haber trascurrido más de seis meses del agravio. Generalmente se recurre a esta acción, ante la evidente renuencia, al cumplimiento de su deber legal del Fiscal, Juez o autoridad administrativa competente, también se accionara en contra de la Sala Suprema que pronunció resolución, ante un recurso de casación, Procurador del Estado. La resolución final pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre el fondo, agota la jurisdicción boliviana.
Conforme al artículo 129.1 de la CPE, a diferencia de la Acción de Libertad en este proceso si se debe cumplir las formalidades legales, de allí que diremos que la acción o demanda es aquel documento escrito y autorizado por abogado en pleno ejercicio, presentado en un Tribunal o Juzgado Público, y en aplicación del artículo 77 de la Ley 027 de 6 de julio de 2010, deberá cumplir los siguientes requisitos: Consignar la designación del Juez o Tribunal. Acreditar la personería del accionante o demandante. Indicar el nombre y domicilio de la parte demandada, o de su representante legal y el de los terceros interesados. Exponer con claridad los hechos. Identificar los derechos o garantías que se consideren vulnerados. Acompañar la prueba en que funda su Acción o señalar el lugar en que se encuentra; en este último caso la jueza, juez o tribunal, al momento de disponer la citación de la persona o autoridad accionada, ordenará a quien corresponda presentar la prueba señalada, bajo responsabilidad; y Fijar con precisión la tutela que se solicita para restablecer los derechos o garantías restringidos, suprimidos, amenazados o vulnerados.
La Acción de Protección de Privacidad conocida como el "Habeas Data", surgió en Alemania y algunos países europeos, como institución jurídica, para proteger la privacidad que la generalización de la información invadía en la época.
Etimológicamente significa "tráigase o encuéntrese el dato", y en su acepción doctrinal es una acción de garantía, que puede ser ejercida por los ciudadanos a objeto de acceder a los archivos de los bancos de información o bancos de datos públicos y privados de acceso generalizado, con el propósito de: a) revelar; b) actualizar; c) rectificar; o d) suprimir datos o informaciones que se encuentran almacenados en dichos archivos y cuya corrección o supresión consideran necesarios para salvaguardar la privacidad individual o familiar, la buena reputación, el honor o la dignidad personal, o la integridad de sus convicciones políticas, religiosas o sociales.
Entonces como vemos la Acción de Protección de Privacidad, viene a constituirse en un recurso de garantía constitucional, destinada a poner en conocimiento, objetar, eliminar o rectificar datos registrados por los medios señalados en el artículo 130.I de la Constitución.
Esta Acción viene a proteger los derechos individuales referidos a la intimidad y privacidad personal y familiar, a su imagen, honra y reputación; así como a proteger las restricciones informativas que por ley o por razón de seguridad nacional establezca el Estado; y que se encuentran amenazados o hayan sido vulnerados por acción u omisión de cualquier persona natural o jurídica, sea esta autoridad, funcionario público o privado.
Conforme al artículo 129.I de la Constitución, a diferencia de la Acción de Libertad y en concordancia con la Acción de Amparo Constitucional, en este proceso si se debe cumplir las formalidades legales, de allí que diremos que la acción o demanda es aquel documento escrito y autorizado por abogado en pleno ejercicio, presentado en un Tribunal o Juzgado Público, y en aplicación del artículo 84 de la Ley N° 027 de 6 de julio de 2010, deberá cumplir los siguientes requisitos: La designación del Juez o Tribunal. Acreditar la personería del accionante. Indicar el nombre y domicilio de la parte demandada o de su representante legal y el de los terceros interesados. Exponer con claridad los hechos. Identificar los derechos o garantías que se consideren vulnerados. Acompañar la prueba en que funda su acción o señalar el lugar en que se encuentra; en este último caso la jueza, juez o tribunal al momento de disponer la citación de la persona o autoridad accionada, ordenará a quien corresponda presentar la prueba señalada, bajo responsabilidad; y Fijar con precisión la tutela que se solicita para restablecer el derecho vulnerado.
En la actualidad los gobiernos intentan recuperar la credibilidad con la implementación de leyes que motiven la transparencia en la información, que manejan tanto las entidades públicas como privadas, es decir, estamos entrando en una etapa donde poseer la información no es delito, así lo establece el artículo 7 de la Ley de Imprenta que dice "no hay delito de imprenta sin publicación", más el acto de utilizar o publicar la información puede causar perjuicio a los involucrados, y convertirse en delito penal.
Partiendo de este criterio moderno, es que no compartimos con lo dispuesto en el artículo 130.II de la Constitución, ya que a título de una supuesta "protección de la fuente" o "secreto de prensa ", las personas que trabajan en los medios de prensa no están obligados a revelar su fuente, por tanto, no existirá medio ni forma alguna de saber la procedencia de informaciones inexactas y dañinas para la honra y reputación de una persona o grupo de personas, ya que ningún juez en Bolivia, podría ordenar el levantamiento de este secreto, aunque el artículo 9 de la ley de imprenta establezca lo contrario.
Sustentamos nuestra posición contraria a este parágrafo en lo dispuesto por el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el "Derecho de rectificación o respuesta", asimismo en el artículo 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, donde se establece "la Reserva" de las fuentes de información, en sentido restringido, temporal o condicionado; y no en sentido amplio y absoluto como lo es "el Secreto".
Conforme a la redacción del artículo 132 de la Constitución, aparentemente la Acción de Inconstitucionalidad podría ser presentada por cualquier persona, pero la Ley N° 027 de 6 de julio de 2010, entre sus artículos 101 al 118 establecen dos tipos de esta acción: a) Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (atribución privativa del Presidente de la República, senadores, diputados, legisladores departamentales, prefectos o gobernadores departamentales), y b) Acción de Inconstitucionalidad Concreta (atribución de cualquier persona afectada).
Acción de Inconstitucionalidad Abstracta.— Que procederá contra toda ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, contraria a la presente Constitución, además no se debe referir a un caso concreto, es decir, debe abarcar a la universalidad de bolivianos y puede ser presentado por el Presidente, senadores, diputados, legisladores departamentales, prefectos o gobernadores departamentales. La demanda se presentará ante la comisión de admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Acción de Inconstitucionalidad Concreta.— Que procede en los procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial aplicable a estos procesos. La demanda se presentará ante el juez, Tribunal o autoridad administrativa que conoce la causa.
Doctrinalmente la Acción de Inconstitucionalidad, tiene por finalidad la defensa de la Constitución frente a las infracciones contra su jerarquía normativa, la cual puede ser directa o indirecta, de carácter total o parcial, y tanto por la forma como por el fondo.
La Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, tiene por objeto ejercer control constitucional de toda ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, contraria a la Constitución, y no debe referirse a un caso concreto. En este caso si se declara inconstitucional la norma podrá ser anulada toda o en parte la misma.
La Acción de Inconstitucionalidad Concreta, tiene por objeto ejercer control constitucional en los procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales aplicables a aquellos procesos. Esta Acción será promovida por el juez, tribunal o autoridad administrativa, de oficio o a instancia de parte. En este caso si se declara inconstitucional la norma, no se la aplicara al caso concreto quedando subsistente para ser aplicada en otros casos.
Conforme al artículo 134.III de la Constitución y artículo 87 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, el objetivo formal de la Acción de Cumplimiento es: La defensa de los derechos constitucionales de las personas naturales o jurídicas, garantizando el cumplimiento del deber omitido por parte de los funcionarios o autoridades públicas, a lo ordenado por la Constitución Política del Estado o la Ley.
Este proceso procederá siempre y cuando el demandante haya reclamado ante autoridad, por documento de fecha cierta, el cumplimiento del deber legal o administrativo, por parte de una autoridad la cual, no haya cumplido, se ratifique en su incumplimiento o no haya contestado dentro de un plazo prudente o aquel señalado por norma expresa y que en el caso boliviano debe haberse peticionado conforme al artículo 24 de la Constitución. Aparte de dicho requisito no será necesario agotar vía administrativa alguna.
Según el artículo 89 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurina- cional y la doctrina constitucional esta Acción no procederá en los casos siguientes:
Cuando los derechos omitidos puedan ser garantizados mediante acciones de Libertad, Amparo Constitucional, Protección de Privacidad y Popular.
Cuando se demanda el ejercicio de potestades expresamente calificadas por la ley como atribuciones propias por parte de una autoridad o funcionario. Como por ejemplo las resoluciones dictadas por el Poder Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional y Corte Electoral.
Cuando la acción o demanda haya sido interpuesta después de transcurrido el plazo para interponerla.
Contra la Asamblea Legislativa Plurinacional, con la intención de exigir la aprobación de una ley.
Cuando el accionante no haya reclamado con anterioridad y de manera documentada a la autoridad accionada, el cumplimiento legal o administrativo del deber omitido.
Para el cumplimiento de sentencias judiciales o resoluciones administrativas que tengan autoridad de cosa juzgada.
Cuando se interpone con la exclusiva finalidad de impugnar la validez de un acto administrativo.
Contra las resoluciones cuya ejecución estuviera suspendida.
Cuando se haya interpuesto otra Acción de Cumplimiento, con igual identidad (sujeto, objeto y causa).
Cuando hubieran cesado los efectos del acto reclamado.
Cuando se reclaman derechos subsidiarios comprendidos en resoluciones judiciales las que tienen un procedimiento definido.
La demanda y el procedimiento aplicable en la sustentación y resolución de esta Acción, será el mismo que se aplica a la Acción de Amparo Constitucional.
La Acción Popular, dará lugar a su respectivo proceso constitucional el mismo que conforme a los artículos 128, 136.11 de la CPE y el artículo 94 de la LTCP los objetivos formales de esta acción serán: Defender constitucionalmente los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución Política del Estado; en ese sentido el Tribunal Constitucional Plurinacional podrá declarar la nulidad de todo acto que vulnere estos derechos e intereses colectivos u ordenar que se cumpla con una disposición legal.
Entonces conforme a la legislación vigente que nos trae nuestro texto constitucional, el ámbito en que procede esta acción será en sentido de promover, respetar y garantizar todos los derechos e interés colectivos referidos al patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros y aquellos derechos humanos que no estén protegidos por las acciones de Libertad, Amparo Constitucional, Protección de Privacidad y Cumplimiento.
Por otro lado según el Art. 135 de la Constitución, la condición sine qua non, es que la norma a ser objetada, atente contra derechos e intereses colectivos, reconocidos en la Constitución, de allí que esta Acción, al igual que la Acción de Inconstitucionalidad tiene por finalidad la defensa de la misma frente a las infracciones contra su jerarquía normativa.
Conforme a la parte in fine del artículo 136.II de la Constitución, en este proceso se debe cumplir las formalidades legales, de allí que diremos que la acción o demanda es aquel documento escrito y autorizado por abogado en pleno ejercicio, presentado en un Tribunal o Juzgado Público, y en aplicación del artículo 98 de la Ley N° 027 de 6 de julio de 2010, deberá cumplir los requisitos establecidos para la demanda de Amparo Constitucional, el procedimiento también será el mismo.
Mientras que doctrinalmente se establece un tiempo fatal para la presentación de esta Acción, en nuestro medio no se observa límite temporal, dejándose abierta la posibilidad de ejercer esta Acción, en el momento que los afectados deseen presentarla.
Esta Acción no requiere la existencia de un proceso judicial o administrativo previo, por esa razón no existe el requisito de agotar vía previa alguna.
Una vez recepcionada la demanda que cumpla los requisitos mínimos (según el caso), el Juez deberá proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 126.I de la Constitución que regula el procedimiento de la Acción de Libertad, con la diferencia en el plazo para las demás acciones que será de 48 horas para presentar el informe; y estas demandas deberán ser presentadas ante los juzgados en materia civil.
Instalada la audiencia, ésta no podrá suspenderse, y se desarrollará observando el siguiente orden: tendrá la palabra el recurrente o demandante, ya sea en forma personal o por intermedio de su abogado defensor, luego la autoridad recurrida o demandada presentará un informe de los hechos controvertidos, a continuación si fuera necesario el Juez podrá realizar preguntas a las partes, luego formulará la sentencia que será leída en el mismo acto, lo que será entendida como la notificación de la misma, si la sentencia fuera declarada procedente, esta deberá ser ejecutada inmediatamente y accesoriamente el responsable podrá ser condenado a la reparación de daños y perjuicios, si estos fueron solicitados.
Los artículos 153 y 179 bis del Código Penal establecen las sanciones para los funcionarios y personas particulares que no dieran exacto cumplimiento a las resoluciones judiciales, emitidas en procesos de Habeas Corpus, ahora conocido o sustentado como Acción de Libertad, y que por el principio de la analogía, también se aplicaran a las demás acciones de defensa constitucional.
En caso de reticencia o duda en la aplicación de los fallos emergentes de este proceso, tanto las autoridades involucradas como los sujetos procesales, pueden ampararse en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de aplicar las nuevas disposiciones legales y/o exigir "Protección Judicial" por parte del Estado; antecedente que podrá ser invocado más tarde ante la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En caso que la sentencia de fondo que agota la jurisdicción nacional, pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, no restituya los derechos humanos alegados, se puede recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en busca del restablecimiento de estos derechos violados, "petición" que deberá ser interpuesta en contra del Estado Boliviano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, mediante correo postal o Internet y en un tiempo no mayor a seis meses de notificada la sentencia de fondo.
La Constitución de Estados Unidos con notas explicativas
En la época en que fue redactada la Constitución, la nación estaba formada por 13 estados, simbolizados en las 13 estrellas de la primera bandera del país.
Cuando fue redactada la Constitución, la nación estaba formada por 13 estados, simbolizados en las 13 estrellas de la primera bandera.
Utilidad: Derecho Comparado, Derecho Estadounidense, Derecho Anglosajón, Derecho Constitucional, Legislación Estadunidense.
ARTÍCULO I - Sección 1 - LA RAMA LEGISLATIVA
ARTÍCULO I - Sección 2 - LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
ARTÍCULO 1 - Sección 3 - EL SENADO
ARTÍCULO I - Sección 4 - ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO
ARTÍCULO I - Sección 5
ARTÍCULO I - Sección 6
ARTÍCULO I - Sección 7
ARTÍCULO I - Seccción 9 - PODERES PROHIBIDOS AL CONGRESO
ARTÍCULO I - Sección 10 - PODERES PROHIBIDOS A LOS ESTADOS
ARTÍCULO II - Sección 1 - LA RAMA EJECUTIVA
ARTÍCULO II - Sección 2
ARTÍCULO II - Sección 3
ARTÍCULO II - Sección 4
ARTÍCULO III - Sección 1 - LA RAMA JUDICIAL
ARTÍCULO III - Sección 2
ARTÍCULO III - Sección 3
ARTÍCULO IV* Sección 1 - RELACIONES RECÍPROCAS DE LOS ESTADOS
ARTÍCULO IV - Sección 2
ARTÍCULO IV - Sección 3 - RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LA FEDERACIÓN
ARTÍCULO IV - Sección 4
ARTÍCULO V - LAS ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN
ARTÍCULO VI - LA DEUDA NACIONAL
ARTÍCULO VII - RATIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
(El siguiente texto pertenece a la publicación La Constitución de Estados Unidos con notas explicativas, para consultar los demás artículos).
El siguiente texto de la Constitución de Estados Unidos, que refleja la ortografía y la usanza del original, aparece en caracteres grandes, en negro. Los corchetes [ ] indican las partes que han sido modificadas o eliminadas por medio de enmiendas. Los párrafos adicionales que llevan el subtítulo "Comentarios" y que son de color azul, no forman parte de la Constitución. En ellos se explica el significado de ciertos pasajes o se describe la forma en que han sido aplicados en la práctica.
Nosotros, el Pueblo de Estados Unidos, con el Fin de formar una Unión más perfecta, establecer la Justicia, garantizar la Tranquilidad nacional, atender a la defensa común, fomentar el Bienestar general y asegurar los Beneficios de la Libertad para nosotros mismos y para nuestra Posteridad, por la presente promulgamos y establecemos esta Constitución para Estados Unidos de América.
Todos los Poderes legislativos otorgados por esta Constitución residirán en un Congreso de Estados Unidos, que estará conformado por un Senado y una Cámara de Representantes.
Los tres primeros artículos de la Constitución dividen los poderes del gobierno de Estados Unidos en tres ramas separadas: (1) la rama legislativa, representada por el Congreso; (2) la rama ejecutiva, representada por el Presidente; y (3) la rama judicial, representada por el Tribunal Supremo. Esta división constitucional, conocida como la separación de poderes, tiene la finalidad de evitar que cualquiera de las ramas del gobierno llegue a ser demasiado poderosa. Además, la Constitución crea frenos y contrapesos al disponer los medios por los cuales cada rama está obligada a trabajar con las demás a fin de llevar a cabo sus funciones. Por ejemplo, el Presidente designa a los jueces federales, pero el Senado tiene la facultad de ratificarlos.
El Congreso de dos cámaras -bicameral- fue uno de los compromisos más importantes de la Convención Constitucional. En la Convención, los estados pequeños apoyaban el Plan de Nueva Jersey, según el cual cada estado tendría el mismo número de Representantes. Los estados más grandes suscribían el Plan de Virginia, que proponía una representación basada en la población. Como solución de compromiso, una de las cámaras fue elegida de acuerdo a cada plan.
Los miembros de la Cámara de Representantes son elegidos para periodos de dos años. Si una persona es elegible para votar por la "rama más numerosa" de la legislatura de su estado, entonces también es elegible para votar por los miembros del Congreso. (Todos los estados, con excepción de Nebraska, tienen una legislatura estatal de dos cámaras.) La pregunta de quién puede votar por los legisladores estatales depende de cada estado, de acuerdo a las restricciones de la Constitución y la ley federal, como la Ley de los Derechos de Voto de 1965. Las Enmiendas 15a, 19a, 24a y 26a prohíben que los estados nieguen o restrinjan a un ciudadano el derecho al voto por causas de raza, género o incapacidad de pagar un impuesto; o bien por su edad, si la persona tiene por lo menos 18 años.
(2) No podrá ser Representante ninguna Persona que no haya cumplido veinticinco Años de Edad, que no haya sido durante siete Años Ciudadano de Estados Unidos y que al tiempo de su elección no resida en el Estado por el cual será elegido.
(3) Tanto los Representantes como los Impuestos directos serán prorrateados entre los diversos Estados [que estén integrados a esta Unión, de acuerdo a su respectivo Número, el cual se determinará sumando al Número total de Personas libres; en el cual se incluye a los que estén obligados a prestar Servicio por determinado Número de Años y se excluye a los Indígenas que no estén sujetos al pago de impuestos; las tres quintas partes de todas las demás Personas]. La Enumeración real se efectuará en el curso de los tres Años siguientes a la primera Reunión del Congreso de Estados Unidos, y después en cada Periodo subsiguiente de diez Años, en la Forma en que aquél lo dispusiere por Ley. No habrá más de un Representante por cada treinta Mil habitantes, pero cada Estado tendrá por lo Menos un Representante. En tanto se realiza la Enumeración, el Estado de Nueva Hampshire tendrá derecho a elegir tres Representantes; Massachusetts ocho; Rhode Island y las Plantaciones de Providence, uno; Connecticut cinco; Nueva York seis; Nueva Jersey cuatro; Pennsylvania ocho; Delaware uno; Maryland seis; Virginia diez; Carolina del Norte cinco; Carolina del Sur cinco y Georgia tres.
El efecto de este párrafo ha sido alterado en forma considerable tanto por medio de enmiendas como por las nuevas condiciones que se han presentado. Ahora dispone solamente tres cosas: (1) el número de representantes concedido a cada estado estará determinado por su población; (2) el Congreso deberá asegurarse de que la población de Estados Unidos sea censada cada 10 años; y (3) cada estado tendrá un representante por lo menos.
Las palabras "e impuestos directos" se refieren a los impuestos de capitación. La 16a Enmienda confiere al Congreso el derecho de gravar con impuestos a las personas de acuerdo a la magnitud de sus ingresos, y no en función de la población del estado en el cual residen.
En lo que se refiere a "las tres quintas partes de todas las demás personas", esas "demás personas" eran los esclavos. Como quiera que ya no hay esclavos, esta sección del párrafo carece hoy de significado.
El requisito de que no debe haber más de un representante por cada 30.000 personas hoy carece de fuerza en la práctica. En 1929, el Congreso dispuso que el número total de representantes sería de 435 y así ha permanecido desde entonces.
(4) Cuando se presenten Vacantes en la Representación de cualquier Estado, la Autoridad Ejecutiva de éste emitirá Mandamientos de Elección para cubrir dichas Vacantes.
La Cámara escoge a un funcionario para que dirija las reuniones y le da el nombre de presidente. Solamente la Cámara tiene facultades para presentar cargos y someter a impugnación o juicio político a un funcionario federal. Ha sometido a juicio político a 16 funcionarios federales, entre ellos dos presidentes: Andrew Jackson en 1868 y William Jefferson Clinton. El Senado juzga esos casos de impugnación.
(1) El Senado de Estados Unidos estará formado por dos Senadores por cada Estado [elegidos por sus respectivas Asambleas Legislativas], para periodos de seis Años; y cada Senador tendrá derecho a un Voto.
(2) Tan pronto como se reúnan a Consecuencia de la primera Elección, se los dividirá en la forma más equitativa posible en tres Clases. Los Asientos de los Senadores de la primera Clase quedarán vacantes al vencerse el segundo Año, los de la segunda Clase cuando se venza el cuarto Año y los de la tercera Clase al vencerse el sexto Año, de tal modo que cada dos Años se renueve una tercera parte de ellos. [Y si se producen Vacantes, por Renuncia o por cualquier otra causa, mientras esté en Receso la Asamblea Legislativa del Estado respectivo, la autoridad Ejecutiva del mismo podrá hacer Nombramientos provisionales hasta la próxima Sesión de la Asamblea Legislativa, la cual llenará entonces tales vacantes.]
Los senadores son elegidos para periodos de seis años. Cada dos años, un tercio de los senadores son elegidos y los otros dos tercios permanecen en su sitio. Esta disposición hace del Senado un órgano con continuidad, a diferencia de la otra cámara, en la que todos los miembros son elegidos cada dos años. La 17a Enmienda cambió el método para llenar las vacantes. El gobernador escoge a un senador mientras el pueblo tiene oportunidad de elegir alguno.
(3) Ninguna Persona podrá ser Senador si no ha cumplido treinta Años de Edad, si no ha sido Ciudadano de Estados Unidos durante nueve Años y si, en la fecha de su Elección, no es Residente del Estado por el cual será Elegido.
En 1806, Henry Clay de Kentucky fue designado para completar un periodo que había quedado inconcluso en el Senado. Tenía sólo 29 años y le faltaban algunos meses para cumplir la edad mínima, pero nadie impugnó su nombramiento. En 1793, Albert Gallatin fue elegido para el Senado por Pensilvania. Se le impidió asumir el cargo porque no había sido ciudadano durante nueve años.
(4) El Vicepresidente de Estados Unidos será Presidente del Senado, pero no tendrá Voto, salvo en casos de empate.
El vicepresidente ocupa la presidencia del Senado. Vota solamente cuando se produce un empate en las votaciones. El poder del vicepresidente para definir las votaciones empatadas puede ser importante. Por ejemplo, en 1789, el vicepresidente John Adams depositó el voto que decidió que el Presidente podría destituir a los miembros del gabinete sin la aprobación del Senado.
(5) El Senado elegirá a sus demás Funcionarios, así como también a un Presidente pro témpore, en Ausencia del Vicepresidente o cuando éste desempeñe el Cargo de Presidente de Estados Unidos.
(6) El Senado tendrá Poder exclusivo para conocer de todos los Juicios Políticos. Cuando se reúnan para este Fin, los Senadores prestarán Juramento o harán la Promesa de cumplir fielmente su Cometido. Si se juzga al Presidente de Estados Unidos, la sesión será presidida por el Magistrado Presidente del Tribunal Supremo. Nadie podrá ser convicto sin que Concurran en ello las dos terceras partes de los Senadores presentes.
La disposición de que el presidente del Tribunal Supremo, y no el vicepresidente, presidirá el Senado cuando el presidente sea sometido a juicio, proviene quizá del hecho de que si el Senado condena a un presidente, entonces el vicepresidente ocupará la presidencia. La expresión "prestarán juramento o harán la promesa" significa que los senadores actúan bajo juramento cuando juzgan casos de juicio político, tal como lo harían los jurados en un juicio de tipo ordinario.
(7) La Sentencia en Casos de Juicio Político no podrá exceder de la destitución del Cargo y la inhabilitación para obtener y desempeñar cualquier Cargo de honor, de Confianza o con Retribución, en el Gobierno de Estados Unidos; pero el Funcionario convicto quedará, no obstante, sujeto a ser Acusado, Juzgado, Sentenciado y Castigado de acuerdo a la Ley. .
Si la persona sometida a juicio político es declarada culpable, podrá ser despedida de su cargo y se le podrá prohibir que vuelva a ocupar un cargo federal. El Senado no le puede imponer ninguna otra sanción, pero cabe la posibilidad de que la persona sea juzgada además en un tribunal ordinario. El Senado ha condenado a siete personas, todos ellos jueces. Todos fueron despedidos de sus cargos, pero sólo a dos de ellos se les incapacitó para ocupar cualquier cargo federal.
Mientras las legislaturas estatales escojan a los senadores, no tiene sentido que el Congreso determine dónde deben ser elegidos. Eso habría sido lo mismo que conferir al Congreso el poder de ordenar a cada estado dónde ubicar su capital. La expresión "salvo en lo que atañe al lugar donde se habrá de elegir a los senadores" fue eliminada por la 17a Enmienda.
(2) El Congreso se reunirá por lo menos una vez al Año [y dicha Sesión comenzará el primer Lunes de Diciembre], a no ser que por ley se señale otro Día.
En Europa, los monarcas podían impedir que se reunieran los parlamentos, a veces por muchos años, con el simple expediente de no convocarlos. Por esa razón se dispone que el Congreso de Estados Unidos deberá reunirse por lo menos una vez al año. La 20a Enmienda modificó la fecha de apertura de sesiones al 3 de enero, a menos que el Congreso establezca por ley otra fecha.
(1) Cada Cámara será el único Juez de las Elecciones, las Reelecciones y la Capacidad de sus propios Miembros, y la Mayoría de cada una constituirá el Quórum requerido para realizar sus Trabajos; empero, un Número menor podrá dar por Terminadas las sesiones de todos los días y podrá ser autorizado para demandar la Asistencia de los Miembros ausentes, en la Forma y bajo las Penalizaciones que cada Cámara determine.
Cada cámara determina si sus miembros están constitucionalmente calificados y si han sido elegidos de manera apropiada. Al juzgar las calificaciones de sus miembros, cada cámara puede considerar solamente los requisitos de edad, ciudadanía y residencia que establece la Constitución. Sin embargo, cuando se trate de mociones para expulsar a un miembro, cualquiera de las cámaras del Congreso puede considerar otros asuntos a fin de determinar la idoneidad de dicho miembro para ocupar el cargo. La discusión y el debate pueden tener lugar con quórum o sin él, con tal de que haya quórum para la votación final.
Cada cámara dicta sus propias reglas. Por ejemplo, la Cámara de Representantes impone límites estrictos de tiempo a los debates, a fin de acelerar los procedimientos. En el Senado es mucho más difícil poner fin a un debate. Según las reglas de éste, un senador puede hablar todo el tiempo que desee, a menos que el Senado vote a favor de una cloture, es decir, una moción para poner fin a la discusión. En la mayoría de los casos, el cloture requiere el voto de 60 senadores, o sea, de tres quintas partes del total de miembros del Senado. Cualquiera de las dos cámaras puede expulsar a uno de sus miembros mediante el voto de dos tercios del total de ellos.
(3) Cada Cámara tendrá un Diario de sus Sesiones y lo publicará periódicamente, con excepción de aquellas Partes que, a su Juicio, deban mantenerse en Secreto; y siempre que así lo Desee la quinta parte de los miembros Presentes, se harán constar en dicho diario los votos Afirmativos y Negativos de los Miembros de una u otra Cámara sobre cualquier asunto.
El Registro Congresional, que es aún más importante, se publica todos los días e incluye transcripciones textuales de los debates.
(4) Mientras el Congreso esté en Sesión, ninguna Cámara podrá levantar sus sesiones por más de tres días sin el Consentimiento de la otra, ni reunirse en otro Lugar que no sea aquél en el que las dos Cámaras estén laborando.
(1) Los Senadores y los Representantes recibirán por sus Servicios una Remuneración fijada por la Ley, que se pagará con fondos de la Tesorería de Estados Unidos. Tanto cuando estén Presentes en las Sesiones de sus respectivas Cámaras como en el trayecto hacia ellas o al regresar de las mismas, no podrán ser Arrestados, salvo en casos de Traición, Delitos Graves o Alteración de la Paz; así mismo, no podrán ser interpelados fuera de la Cámara a causa de Discursos o Debates que pronunciaron en ella.
El privilegio de la inmunidad (fuero para no ser arrestado) al ir y venir de atender asuntos del Congreso tiene poca importancia en la actualidad. Los miembros del Congreso, como cualquier otra persona, pueden ser arrestados si infringen la ley. Pueden ser juzgados, condenados y enviados a la cárcel.
La inmunidad Congresional frente a los cargos de difamación y calumnia sigue siendo importante. La difamación es una declaración escrita que falta a la verdad y daña la reputación de una persona. La calumnia es una declaración verbal con las mismas características. Según la cláusula sobre la libertad de expresión y debate, la inmunidad significa que los miembros del Congreso pueden decir todo lo que deseen en relación con los asuntos de ese órgano, sin temor de ser demandados. Esa inmunidad se extiende a todo lo que esas personas hayan dicho durante los debates, en un informe oficial o en las votaciones.
(2) Ningún Senador o Representante, mientras dure el Periodo para el cual fue elegido, será nombrado para ningún Cargo civil bajo la Autoridad de Estados Unidos, que haya sido creado o cuyos Emolumentos hayan sido acrecentados durante ese tiempo; y ninguna Persona que desempeñe un Cargo bajo la Autoridad de Estados Unidos podrá ser Miembro de ninguna de las Cámaras mientras Continúe en tal Cargo.
En 1909, el senador Philander C. Knox renunció al Senado para ocupar el cargo de secretario de Estado. Sin embargo, el salario del secretario de Estado había aumentado durante el periodo en el que Knox fue senador. Para que pudiera aceptar dicho cargo, el Congreso anuló el aumento de salario durante el periodo de servicio que él dejó inconcluso.
Los proyectos de leyes fiscales deben tener su origen en la Cámara. La tradición de que las leyes tributarias se deben originar en la cámara baja de la legislatura proviene de Inglaterra. Allí, la cámara baja -la Cámara de los Comunes- es más idónea para reflejar los deseos de la población porque ésta elige a sus miembros. La población no elige a la cámara alta, la Cámara de los Lores. Desde la adopción de la 17a Enmienda, esta disposición tiene escasa importancia en Estados Unidos porque la ciudadanía elige tanto al Senado como a la Cámara. Además, el Senado puede enmendar un proyecto de ley fiscal a tal grado que, en realidad, lo reescribe por completo.
(2) Todo Proyecto que haya sido aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado será sometido al Presidente de Estados Unidos antes de que se convierta en Ley. Si el Presidente lo aprueba, lo firmará. De lo contrario, lo devolverá con sus Objeciones a la Cámara donde se originó el Proyecto, la cual asentará en su Diario las Objeciones en forma detallada y procederá a reconsiderarlo. Si al cabo de la Reconsideración dos terceras partes de dicha Cámara convienen en aprobar el Proyecto, éste será enviado, junto con las Objeciones, a la otra Cámara, la cual también lo reconsiderará y si resulta aprobado por las dos terceras partes de sus Miembros, se convertirá en Ley. Sin embargo, en todos esos casos la Votación en cada Cámara será nominal y los votos en Favor y en Contra del Proyecto, junto con los Nombres de los Votantes, serán asentados en el Diario de cada una de ellas. Si el Presidente no devuelve un Proyecto de Ley en un plazo de diez Días (sin contar los Domingos) a partir de la fecha que le fue presentado, tal Proyecto se convertirá en Ley de la misma Manera que si lo hubiese firmado, a no ser que el Congreso, por el hecho de estar en Receso, impida su Devolución. En ese caso, el Proyecto no se convertirá en Ley.
(3) Toda Orden, Resolución o Votación que requiera la Concurrencia del Senado y de la Cámara de Representantes (a menos que se trate de Levantar la Sesión) se presentará al Presidente de Estados Unidos, y antes de que entre en Vigor tendrá que recibir la aprobación de éste o, en caso de ser desaprobada por él, dos terceras partes del Senado y de la Cámara de Representantes la tendrán que aprobar de nuevo, conforme a las Reglas y Restricciones prescritas para Proyectos de Ley.
ARTÍCULO I - Sección 8 - PODERES CONFERIDOS AL CONGRESO
(1) Para aplicar y recaudar Impuestos, Derechos, Contribuciones y Alcabalas a fin de pagar las Deudas y proveer para la Defensa común y el Bienestar general de Estados Unidos; pero todos los Derechos, Contribuciones y Alcabalas deberán ser uniformes para toda la Nación;
Los Derechos son impuestos sobre los bienes que llegan a Estados Unidos. Las alcabalas son impuestos sobre la venta, el uso o la producción, y a veces sobre los procedimientos de negocios o los privilegios. Por ejemplo, los impuestos corporativos, el impuesto sobre cigarrillos y los impuestos sobre diversiones son alcabalas. Las contribuciones se refieren a un término tributario de carácter general que incluye los derechos y las alcabalas.
(2) Para tomar Dinero en préstamo con cargo al crédito de Estados Unidos;
(3) Para reglamentar el Comercio con Naciones extranjeras, así como entre los diversos Estados y con las Tribus Indígenas;
Esta sección, llamada la cláusula de comercio, confiere al Congreso algunas de sus facultades más importantes. El Tribunal Supremo ha interpretado que comercio no sólo significa el intercambio de mercancías, sino también todo tipo de actividad comercial. El Tribunal Supremo ha dictaminado que "el comercio entre los diversos estados" -el comercio interestatal- no sólo incluye las transacciones que tiene lugar a través de las fronteras estatales, sino también cualquier actividad que afecte al comercio en más de un estado. La facultad de regular este comercio es el poder de alentar, promover, proteger, prohibir o restringir el mismo. Por lo tanto, el Congreso puede aprobar leyes y promover fondos para el mejoramiento de vías fluviales, para reforzar las medidas de seguridad en los aviones, y para prohibir el transporte interestatal de ciertos bienes. Puede regular el movimiento de personas, ferrocarriles, acciones y bonos, señales de televisión y también la Internet. El Congreso ha tipificado como delito federal el hecho de huir de la policía estatal o local a través de los límites estatales o servirse del comercio interestatal para una amplia variedad de delitos. También ha prohibido que las personas a cargo de instalaciones interestatales o las que atienden a pasajeros interestatales, traten a los clientes en forma injusta a causa de su raza, género, origen nacional, edad avanzada o discapacidad física.
(4) Para establecer una Regla Uniforme de Naturalización y Leyes uniformes de Quiebras para toda la Nación;
(5) Para acuñar Moneda, reglamentar el Valor de ésta y de la Moneda extranjera, y para fijar la Norma de Pesas y Medidas;
(6) Para disponer las Sanciones por la falsificación de los Valores y la Moneda circulante de Estados Unidos;
(7) Para establecer Oficinas de Correos y Caminos Postales;
(8) Para fomentar el Progreso de la Ciencia y de las Artes útiles, garantizando a los Autores e Inventores el Derecho exclusivo a sus respectivos Escritos y Descubrimientos por Tiempo limitado
(9) Para constituir Tribunales inferiores al Tribunal Supremo;
Ejemplos de tribunales federales "inferiores al Tribunal Supremo" son los tribunales de distrito de Estados Unidos y los Tribunales de Apelaciones del país.
(10) Para definir y castigar la Piratería y los Delitos graves cometidos en alta Mar, así como las Infracciones al Derecho Internacional;
(11) Para declarar la Guerra, otorgar Patentes de Corso y Represalia y establecer Reglas en materia de Capturas en Mar y en Tierra;
Solamente el Congreso puede declarar la guerra. Sin embargo, el Presidente, como comandante en jefe, ha comprometido a Estados Unidos en acciones bélicas sin una declaración formal de guerra emitida por el Congreso. Entre los conflictos bélicos no declarados figuraron: la Guerra de Corea (1950-1953), la Guerra de Vietnam (1957-1975) y las Guerras del Golfo Pérsico (1991, 2003).
Las patentes de corso y represalia son documentos que autorizan a navíos privados para atacar a barcos enemigos. Actualmente ya no se expiden.
(12) Para reclutar y patrocinar Ejércitos; pero ninguna Asignación de Fondos para este Fin podrá abarcar un Periodo mayor de dos Años;
(13) Para disponer y mantener una Marina de Guerra;
(14) Para establecer Reglas para el Gobierno y la Reglamentación de las Fuerzas de tierra y mar;
(15) Para convocar a la Milicia con el fin de dar cumplimiento a las Leyes de la Unión, sofocar Insurrecciones y repeler Invasiones;
(16) Para proceder a organizar, armar y disciplinar a la Milicia y para gobernar la Parte de ésta que pueda ser puesta al Servicio de Estados Unidos, reservando a los Estados respectivos el Nombramiento de los Oficiales y la Autoridad para entrenar a la Milicia de acuerdo con la disciplina que el Congreso prescriba;
(17) Para ejercer el derecho exclusivo de Legislar en todos los Casos que se presenten en el Distrito (cuya superficie no será mayor de un cuadrado de diez Millas) que, por Cesión de algunos Estados y con la Aceptación del Congreso, se convierta en la Sede del Gobierno de Estados Unidos; y para ejercer la misma Autoridad en todos los Lugares Adquiridos con el Consentimiento de la Asamblea Legislativa del Estado en el cual se encuentren, con el fin de Construir Fuertes, Polvorines, Arsenales, Astilleros y otras Edificaciones necesarias; - Y
(18) Para elaborar todas las Leyes que sea necesario y propio tener a fin de poner en Práctica las precedentes Facultades, así como todas aquellas que en virtud de esta Constitución le puedan haber sido conferidas al Gobierno de Estados Unidos o a cualquiera de los Departamentos o los Funcionarios del mismo.
Esta sección, la célebre cláusula sobre lo "necesario y propio", permite al Congreso abordar muchas cuestiones no mencionadas de modo específico en la Constitución. Esta flexibilidad ayuda a explicar por qué la Constitución es una de las más antiguas que hayan sido escritas y por qué son tan escasas las enmiendas formales que ha requerido.
Un auto de habeas corpus es un mandato judicial por el cual los oficiales que mantienen en custodia a una persona están obligados a presentarla ante un tribunal. Los oficiales deberán explicar al juez la razón por la cual fue detenida esa persona. Si su explicación no es satisfactoria, el juez puede ordenar la liberación del prisionero.
La capitación es un impuesto que se recauda sobre cada una de las personas por igual. Se lo conoce también como impuesto por cabeza o impuesto individual. El Tribunal Supremo sostuvo que esta sección prohíbe el impuesto sobre la renta, pero la 16a Enmienda descartó el efecto de la decisión del tribunal.
En este enunciado exportados significa que sean enviados a otros estados o a países extranjeros. Los estados del Sur temían que el nuevo gobierno gravara con impuestos sus exportaciones y que, en consecuencia, sus respectivas economías sufrieran daños. En este pasaje se prohíbe tal impuesto. Sin embargo, el Congreso puede proscribir el envío de ciertos artículos, y también puede regular las condiciones de su envío.
En la actualidad, la bandera ostenta 50 estrellas que representan a los 48 estados contiguos y a Alaska y Hawái. Las 13 barras alternadas de color rojo y blanco, que simbolizan los estados originales, se han mantenido sin cambio alguno.
En la actualidad, la bandera ostenta 50 estrellas que representan a los 48 estados contiguos y a Alaska y Hawái.
(8) Ningún Título Nobiliario será otorgado en Estados Unidos; y ninguna Persona que desempeñe un Cargo Retribuido o de Confianza bajo la autoridad del Gobierno podrá aceptar, sin el Consentimiento del Congreso, Dádiva, Emolumento, Cargo o Título, de índole alguna, de ningún Rey, Príncipe o Estado extranjero.
(1) Ningún Estado participará en Alianza, Confederación o Tratado alguno; otorgará Patentes de Corso y Represalia; acuñará Moneda; emitirá Cartas de Crédito; autorizará el Pago de Adeudos en otro Numerario que no sea oro y plata; aprobará ningún Escrito de Proscripción y Confiscación, Ley ex post facto u otra Ley que menoscabe la Obligatoriedad de los Contratos; ni concederá Títulos Nobiliarios.
(2) Ningún Estado podrá fijar Impuestos o Derechos sobre las Importaciones o las Exportaciones sin el Consentimiento del Congreso, a menos que esto sea absolutamente necesario para dar cumplimiento a sus Leyes de inspección; y el Producto neto de todos los Derechos e Impuestos que fije cualquier Estado sobre las Importaciones o las Exportaciones será para Usufructo del Tesoro de Estados Unidos; y todas esas Leyes quedarán sujetas a la Revisión e Intervención del Congreso.
(1) El Poder ejecutivo residirá en el Presidente de Estados Unidos de América. Éste desempeñará su Cargo por un Término de cuatro Años y su elección, junto con la del Vicepresidente, quien desempeñará su Cargo durante el mismo Término, se realizará de la siguiente Manera:
(2) Cada Estado designará, en la Forma que lo prescriba su Asamblea Legislativa, un Número de Electores igual al Número total de Senadores y Representantes que le corresponda en el Congreso; pero no será nombrado Elector ningún Senador o Representante, ni Persona alguna que ocupe un Cargo de Confianza o con Retribución bajo la autoridad de Estados Unidos.
(3) [Los Electores se reunirán en sus respectivos Estados, y mediante votación Secreta elegirán a dos Personas, de las cuales por lo menos una no será Residente del mismo Estado que ellos. Ellos mismos harán una Lista de todas las Personas por las que se haya votado y del Número de Votos que cada una haya obtenido; entonces firmarán y certificarán esa Lista y la remitirán sellada a la Sede del Gobierno de Estados Unidos, dirigida al Presidente del Senado. En presencia del Senado y de la Cámara de Representantes, el Presidente del Senado abrirá todos los Certificados y entonces los Votos serán contados. Será Presidente la Persona que obtenga el mayor Número de Votos si dicho Número constituye Mayoría frente al Número total de Electores designados; y si más de una Persona obtiene tal Mayoría y recibe el mismo Número de Votos, entonces la Cámara de Representantes, por Votación Secreta, elegirá de inmediato a una de ellas como Presidente; y si ninguna Persona obtiene Mayoría, entonces la susodicha Cámara elegirá de la misma Manera al Presidente entre las cinco Personas que aparezcan con más Votos en la Lista. Pero en la elección del Presidente, los Votos serán emitidos por Estados y la Representación de cada Estado tendrá derecho a un Voto; para este Fin, el quórum consistirá en uno o varios Miembros de dos terceras partes de las Representaciones de los Estados, y para que haya Elección será necesaria una Mayoría de todos los Estados. En cualquier caso, una vez Elegido el Presidente, la persona que haya obtenido mayor número de Votos de los Electores será Vicepresidente. Pero si hubiere dos o más con un Número igual de votos, el Senado, por Votación Secreta, elegirá entre ellas al Vicepresidente.]
(5) No será elegible para el Cargo de Presidente quien no sea Ciudadano por nacimiento o Ciudadano de Estados Unidos en la fecha en que esta Constitución sea Adoptada. Tampoco será elegible para ese Cargo quien no haya cumplido treinta y cinco Años de Edad y no haya sido Residente en Estados Unidos durante catorce Años.
El 9 de agosto de 1974, el Presidente Richard M. Nixon renunció al cargo de jefe del ejecutivo y éste fue ocupado por el Vicepresidente Gerald R. Ford. Antes de esa fecha, sólo la muerte había interrumpido el periodo de gestiones de un Presidente de Estados Unidos. La 25ª Enmienda dispone que el Vicepresidente sea el sucesor en la presidencia si el Presidente queda incapacitado, y especifica las condiciones aplicables a dicha sucesión.
(7) El Presidente recibirá a cambio de sus Servicios, en las Fechas que así se determine, una Remuneración que no podrá ser ni aumentada ni disminuida durante el Periodo para el cual haya sido elegido, y no recibirá dentro de ese Periodo ningún otro Emolumento, ni de Estados Unidos ni de ninguno de los Estados.
(8) Antes de iniciar el Desempeño de su Cargo, el Presidente prestará el siguiente Juramento o Promesa: "Juro (o prometo) solemnemente que desempeñaré fielmente el Cargo de Presidente de Estados Unidos y que hasta el límite de mis Capacidades guardaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos."
La Constitución no especifica quién debe presidir la ceremonia en la que el nuevo Presidente elegido presta juramento. El Presidente George Washington pronunció su juramento ante Robert L. Livingston, quien era entonces funcionario en el estado de Nueva York. A partir de entonces se estableció la costumbre de que el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos administre el juramento. Calvin Coolidge prestó juramento frente a su padre, quien era juez de paz, en su propio hogar en Vermont. Después, Coolidge volvió a prestar juramento ante el juez Adolph A. Hoehling, de la Corte Suprema del Distrito de Columbia.
(1) El Presidente será Comandante en Jefe del Ejército y de la Marina de Guerra de Estados Unidos, y también de la Milicia de los distintos Estados cuando ésta sea llamada al Servicio activo de la Nación; él podrá requerir la opinión por escrito del Funcionario principal de cada uno de los Departamentos del Ejecutivo sobre cualquier Asunto que se relacione con los Deberes de sus respectivos Cargos y tendrá Facultad para Suspender la ejecución de sentencias y para conceder Indultos por Delitos contra Estados Unidos, excepto en Casos de Juicio Político.
(2) Con el Consejo y Consentimiento del Senado, Él tendrá Poder para celebrar Tratados, siempre que las dos terceras partes de los Senadores presentes le den su anuencia; así mismo, Él propondrá y, con el Consejo y Consentimiento del Senado, designará Embajadores, otros Ministros y Cónsules públicos, Jueces del Tribunal Supremo y todos los demás Funcionarios de Estados Unidos cuyas Designaciones no estén prescritas en este lugar y que serán establecidas conforme a la Ley; empero, con apego a la Ley, el Congreso podrá confiar la designación de esos Funcionarios subalternos, según lo juzgue prudente, al Presidente únicamente, a los Tribunales de Justicia o a los Jefes de Departamento.
El Presidente informará con regularidad al Congreso sobre el Estado de la Unión y le recomendará las Medidas que él estime necesarias y convenientes; en Ocasiones extraordinarias, podrá convocar a ambas Cámaras o a cualquiera de ellas, y en Caso de Desacuerdo entre las Cámaras con Respecto a la Fecha del Receso, el Presidente la podrá determinar cuando lo juzgue conveniente; él recibirá a los Embajadores y otros Ministros públicos; también velará por el fiel cumplimiento de las Leyes y autorizará los Nombramientos de todos los Funcionarios de Estados Unidos.
El Presidente presenta un mensaje al Congreso cada año sobre el estado de la Unión. Los presidentes George Washington y John Adams presentaban esos mensajes en persona. A partir de ellos y por más de 100 años, la mayoría de los presidentes enviaron un mensaje escrito, que era leído en el Congreso. El Presidente Woodrow Wilson pronunció su mensaje en persona, lo mismo que Franklin D. Roosevelt y todos los presidentes después de Roosevelt. Entre los mensajes famosos presentados al Congreso figuran el de la Doctrina Monroe y los "Catorce Puntos" del Presidente Wilson.
En el siglo XIX, los presidentes convocaban con frecuencia al Congreso a sesionar. Hoy, las sesiones del Congreso están abiertas la mayor parte del tiempo. Ningún Presidente ha tenido que clausurar jamás una sesión del Congreso.
La responsabilidad de "velar por el fiel cumplimiento de las leyes" coloca al Presidente a la cabeza de la aplicación de la ley dentro del gobierno nacional. Todo funcionario federal, civil o militar, deriva su autoridad del Presidente.
El Presidente, el Vicepresidente y todos los Funcionarios civiles de Estados Unidos serán destituidos de sus Cargos en caso de ser sometidos a un Juicio Político y recibir una Condena por Traición, Cohecho u otros Delitos graves y Faltas leves.
El Poder Judicial de Estados Unidos residirá en un Tribunal Supremo y en los Tribunales menores que el Congreso cree y establezca periódicamente. Los Jueces, ya sean del Tribunal Supremo o de los Tribunales menores, conservarán sus Cargos mientras observen buena Conducta; y, en determinadas Fechas, recibirán una Remuneración por sus Servicios, la cual no será rebajada mientras ellos Continúen en sus Cargos.
La Constitución concede a los tribunales federales mucha independencia con respecto al Congreso y también al Presidente. La garantía de que los jueces conservarán su cargo mientras observen "buena conducta" significa que, en tanto no sean sometidos a juicio político y condenados, se podrán mantener en sus cargos en forma vitalicia. Esto protege a los jueces de cualquier amenaza de destitución por el Presidente que los haya designado o por cualquier otro Presidente en el curso de su vida. El principio por el cual el salario de un juez no puede ser reducido protege a los jueces contra las presiones del Congreso, que en otras condiciones podría amenazar con asignar al juez un salario tan bajo que éste se vería obligado a dimitir.
(1) El Poder Judicial se extenderá a todos los Casos que en Derecho y Equidad surjan bajo esta Constitución, las Leyes de Estados Unidos y los Tratados celebrados o que se vayan a celebrar bajo su Autoridad; - a todos los Casos que afecten a Embajadores y otros Ministros públicos y Cónsules; - a todos los Casos de almirantazgo y Jurisdicción marítima; - a las Controversias en las que Estados Unidos sea una de las Partes; - a las Controversias entre dos o más Estados; - [entre un Estado y los Ciudadanos de otro Estado;] - entre los Ciudadanos de diferentes Estados; - entre los Ciudadanos del mismo Estado que reclamen Tierras bajo Concesiones otorgadas por diversos Estados, y entre un Estado o los Ciudadanos del mismo y Estados, [Ciudadanos o Súbditos] extranjeros.
El derecho de los tribunales federales a ocuparse de los "casos que... surjan de esta Constitución" es la base del derecho del Tribunal Supremo a declarar que una ley del Congreso es inconstitucional. Este derecho de "revisión judicial" fue instituido por el presidente del Tribunal Supremo John Marshall en su histórico veredicto del caso de Marbury vs. Madison en 1803.
La 11a Enmienda descarta la expresión "entre un estado y los ciudadanos de otro estado" y elimina la mención a las demandas presentadas por ciudadanos en tribunales federales en contra de un estado.
(2) El Tribunal Supremo tendrá Jurisdicción original en todos los Casos que afecten a Embajadores, a otros Ministros públicos y Cónsules, y en aquellos en los que un Estado sea una de las Partes. En todos los demás Casos antes mencionados, el Tribunal Supremo tendrá Jurisdicción de apelación, tanto de Derecho como de Hecho, con las Excepciones y bajo la Reglamentación que el Congreso establezca.
La afirmación de que el Tribunal Supremo tiene jurisdicción original en los casos que afectan a gobiernos extranjeros y sus representantes, y en aquellos casos en los que un gobierno estatal es una de las partes en litigio, significa que los casos de este tipo deben ser presentados directamente en el Tribunal Supremo. En otros casos, el Tribunal Supremo tiene jurisdicción de apelación. Esto significa que los casos son juzgados primero en un tribunal inferior y pueden ser llevados después al Tribunal Supremo para su revisión si el Congreso ha autorizado una apelación para los casos de ese tipo. El Congreso no puede sustraer o modificar la jurisdicción original del Tribunal Supremo, pero tiene facultades para suspender el derecho de presentar apelaciones ante ese tribunal o puede señalar las condiciones que es necesario satisfacer para presentar una apelación.
(1) El delito de Traición contra Estados Unidos consistirá solamente en levantarse en Armas contra dicho País o en aliarse a sus Enemigos, brindándoles Ayuda y Facilidades. Nadie será convicto de Traición a menos que se cuente con el Testimonio de dos Testigos del mismo Acto manifiesto, o por Confesión en Audiencia pública.
Ninguna persona podrá ser convicta de traición a Estados Unidos, a menos que así lo haya confesado en un tribunal abierto, o que dos testigos declaren que dicha persona cometió un acto de traición. Hablar o pensar en la comisión de un acto de traición no constitución traición alguna.
La expresión "la sentencia por traición no implicará la corrupción de la sangre" significa que los familiares del traidor no compartirán la culpa de éste. Anteriormente, también la familia del culpable podía ser castigada.
(Gran parte de este artículo fue tomado, palabra por palabra, de los viejos Artículos de la Confederación.)
(1) Los Ciudadanos de cada Estado tendrán derecho a todos los Privilegios e Inmunidades de los Ciudadanos de los distintos Estados.
Esto significa que los ciudadanos que viajen de un estado a otro tendrán derecho a todos los privilegios e inmunidades que corresponden en forma automática a los ciudadanos de esos estados. Algunos privilegios, como el derecho de voto, no se confieren automáticamente junto con la ciudadanía, sino requieren un periodo de residencia y tal vez otras condiciones. En esta disposición, la palabra "ciudadano" no incluye a las corporaciones.
La "persona forzada a prestar servicios o trabajar" era en realidad un esclavo (un individuo obligado por contrato a servir a otra persona durante varios años). Nadie está hoy sometido a esa servidumbre en Estados Unidos, por lo cual este pasaje de la Constitución fue sobreseído por la 13ª Enmienda y ya no tiene fuerza alguna.
No es posible formar nuevos estados por medio de la división o combinación de estados existentes, a menos que se cuente con el consentimiento de las legislaturas de dichos estados y del Congreso. Durante la Guerra Civil (1861-1865), Virginia combatió por la Confederación, al tiempo que la población de la parte occidental del estado apoyaba a la Unión. Una vez que Virginia Occidental se separó de Virginia, el Congreso aceptó al nuevo estado en virtud de que Virginia se había rebelado.
(2) El Congreso tendrá Facultades para disponer de, y para promulgar todas las Reglas y Reglamentos necesarios en relación con el Territorio u otras Propiedades pertenecientes a Estados Unidos; y ningún pasaje de esta Constitución se deberá interpretar en Perjuicio de cualquier Reclamación de Estados Unidos o de algún Estado en particular.
En esta sección se exige que el gobierno federal se asegure de que cada uno de los estados tenga "una forma de gobierno republicana". Un gobierno republicano es aquel en el cual el pueblo elige a sus representantes en el gobierno. El Tribunal Supremo dispuso que el Congreso, y no los tribunales, es quien debe decidir si el gobierno de un estado es republicano. Si el Congreso admite a los senadores y representantes de un estado, por ese hecho indica que el propio Congreso considera que el gobierno de ese estado es republicano.
La legislatura o el gobernador de un estado pueden solicitar ayuda federal para lidiar con disturbios públicos u otras formas de violencia interna. Sin embargo, el presidente no necesita contar con el consentimiento de un estado para enviar a él fuerzas federales, e incluso de carácter militar, a fin de hacer cumplir las leyes federales. Durante la huelga de Pullman de 1894, el gobierno federal envió tropas a Illinois, a pesar de que el gobernador del estado no lo deseaba. En 1957, el Presidente Eisenhower nacionalizó la Guardia Nacional de Arkansas con el fin de sustraerla del comando del gobernador de Arkansas, Orval Faubus, y envió al Ejército de Estados Unidos a prestar ayuda en la implementación de las órdenes de un juez federal de distrito para que se pusiera fin a la segregación racial en las escuelas de Little Rock.
Las enmiendas pueden ser propuestas por el voto de dos terceras partes de cada una de las cámaras del Congreso o por una convención nacional convocada por el Congreso a solicitud de dos terceras partes de los estados. Para que lleguen a ser integradas a la Constitución, las enmiendas tienen que ser ratificadas (aprobadas) por las legislaturas de tres cuartas partes de los estados o por convenciones celebradas en tres cuartas partes de los estados.
Con toda deliberación, los creadores de la Constitución hicieron que fuera difícil lograr que una enmienda sea aceptada. El Congreso ha considerado más de 9.000 enmiendas, pero sólo a 33 de ellas las ha propuesto y enviado a los estados. De estas últimas, no han sido ratificadas más que 27. Solamente una enmienda, la 21a, ha sido ratificada por convenciones estatales. Todas las demás fueron ratificadas por las legislaturas de los estados.
La Constitución no establece un límite de tiempo para que los estados ratifiquen una enmienda propuesta. No obstante, los tribunales han sostenido que las enmiendas deben ser ratificadas en un "tiempo razonable" y que al Congreso le toca decidir lo que se considera razonable, tal como lo hizo cuando permitió la promulgación de la 27a Enmienda, el 7 de mayo de 1992: más de 202 años después de que fue propuesta. Desde principios del siglo XX, la mayoría de las enmiendas propuestas han ido acompañadas de la petición de que la ratificación necesaria sea otorgada en un plazo de siete años.
(1) Todas las Deudas y Obligaciones contraídas antes de la Adopción de esta Constitución serán tan válidas para Estados Unidos bajo esta Constitución como lo eran bajo la Confederación.
Esta sección promete que todas las deudas y obligaciones contraídas por Estados Unidos antes de la adopción de la Constitución serán reconocidas.
(2) Esta Constitución y las Leyes de Estados Unidos que en Cumplimiento de ella sean creadas; y todos los Tratados previamente celebrados o que se celebren bajo la Autoridad de Estados Unidos, serán la Ley suprema de la Nación; y los Jueces de cada Estado estarán obligados a acatarla, aun cuando hubiere alguna Disposición en Contrario en la Constitución o en las Leyes de cualquier Estado.
(3) Los Senadores y Representantes antes mencionados y los Miembros de las Asambleas Legislativas de los diversos Estados, así como todos los Funcionarios ejecutivos y judiciales, tanto de Estados Unidos como de los distintos Estados, se comprometerán bajo Juramento o Promesa a hacer cumplir esta Constitución; mas no se exigirá jamás Requisito religioso alguno como Condición para ocupar una Comisión o un Cargo público, Retribuido o de Confianza, bajo la autoridad de Estados Unidos.
Esta sección exige que tanto los funcionarios federales como los estatales profesen una lealtad suprema a la Constitución de Estados Unidos, antes que a la Constitución de cualquier estado. Esta sección prohíbe también el uso de cualquier tipo de examen religioso como condición para ocupar un cargo federal. Esta disposición sólo es aplicable al gobierno nacional, pero la 14a Enmienda aplica el mismo precepto a los gobiernos estatales y locales.
La Ratificación de las Convenciones de nueve Estados será suficiente para el Establecimiento de esta Constitución entre los Estados que la Ratifiquen.
(La siguiente declaración indica las correcciones que hizo el copista al documento original.)
La Palabra "el" está intercalada entre los Renglones séptimo y octavo de la primera Página: la Palabra "Treinta" aparece escrita parcialmente sobre una Tachadura en el decimoquinto Renglón de la primera Página; las Palabras "es juzgado" están intercaladas entre el trigésimo segundo y el trigésimo tercer Renglones de la primera Página, y la Palabra "la" está intercalada entre el cuadragésimo tercero y el cuadragésimo cuarto Renglones de la segunda Página.
Doy fe, Secretario William Jackson
Dada en Convención con el Consentimiento Unánime de los Estados presentes, el Decimoséptimo Día de Septiembre del Año de Nuestro Señor de mil setecientos Ochenta y siete, y Decimosegundo de la Independencia de Estados Unidos de América.
En Testimonio de lo cual Nosotros suscribimos la presente con nuestros Nombres,
Go. WASHINGTON -- Presid.t y delegado de Virginia
CONSTITUCIONALISMO NORTEAMERICANO Y SUS ORÍGENES COLONIALES
Puede decirse que la historia de los Estados Unidos de comenzó a partir de la colonización británica de Norteamérica, protagonizada por inmigrantes británicos que fundaron por oleadas, entre los siglos XVII y XVIII, Trece Colonias en la costa atlántica del subcontinente norteamericano.
Utilidad: Derecho Comparado, Derecho Estadounidense, Derecho Anglosajón, Derecho Constitucional.
3.- La constitución norteamericana 17 de septiembre de 1787, puesto en vigencia, después de la ratificación de nuevos estados el 21 julio de 1788.
4.- Parte Orgánica de los EE.UU.
4.1.- Rama legislativa.-
4.2.- Rama ejecutiva.-
4.3.- La rama judicial.-
5.- Aportes del constitucionalismo Norteamericano
6.- LAS TRECE COLONIAS BRITÁNICAS
6.1.- Virginia – 1585
7.- EL PRIMER ASENTAMIENTO PERMANENTE
8.- LOS PILGRIMS
9.- LOS PRIMEROS COLONOS REPUBLICANOS
Es escrita sintetizada y codificada en su parte orgánica y dogmática
Es producto del poder constituyente originario
Es producto de la guerra de la independencia de las 13 colonias
Adopta el sistema presidencialista de gobierno
Adopta el sistema de estado federal
Adopta el sistema bicameral
Buscar y asegurar la autonomía de los estados miembros de la Unión
Primacía de la constitución y el sistema de control difuso de control de constitucionalidad.
Después de un desarrollo más bien pacífico de los colonos, las guerras contra los franceses al norte obligaron la creación de cuerpos de ejército coloniales, una de las primeras expresiones de identidad nacional. Más tarde, y fomentados por las ideas de los enciclopedistas franceses, vinieron las sublevaciones como el Motín del Té en el puerto de Boston (1773). Las medidas represivas del gobierno inglés provocaron el inicio de la Guerra de Independencia. Los colonos formaron un ejército de milicianos que se pusieron bajo el mando de George Washington, quien tuvo problemas para equipar a sus hombres con armas y municiones, además de no disponer de una flota para combatir a la del imperio británico, por lo que pidió ayuda a Francia, país que recién salía de la Guerra de los Siete Años y que accedió a ayudar a las colonias británicas en su emancipación, instalándose el Congreso Continental, reuniéndose en Filadelfia, Pennsylvania, el 10 de mayo, el congreso voto entonces por levantarse en armas.
Aun cuando el conflicto armado había estallado, la idea de separarse por completo de Inglaterra aún les parecía repugnante a muchos miembros del congreso continental
Al concluir la guerra de la independencia los representantes de las colonias se reunieron una vez más en el poder Congreso Constituyente de 1787 en Filadelfia y elaboraron la primera constitución escrita y sistematizada del mundo, afirmando el régimen democrático-representativo y dando vida al sistema federal.
Esta constitución estuvo adecuada a la realidad del pueblo norteamericano que se había iniciado, desde la fundación de las colonias, en la formación económica del colona, ya que no tenían de vecinos Francia y Canadá, no siente la necesidad del patrocinio de la metrópoli; de otra, este pretende en el primer gozo de esta nueva expansión, colonial, aplicar parcialmente a las viejas colonias, el régimen mas severo establecido por las normas.
Después de trabajar en Filadelfia, la convención elaboro por fin un breve documento que mostraba la organización del gobierno más complejo ideado hasta entonces: un gobierno supremo dentro de una esfera de acciones definidas y limitadas con claridad. Tendría plenos poderes para imponer, obtener fondos en préstamo, instituir derechos e impuestos al consumo uniformes, acuñar moneda, reglamentar el comercio interestatal, definir pesas-medidas, otorgar patentes, entre otros.
El principio de la separación de poderes ya había puesto a prueba en la mayoría de las constituciones de los estados y su solides estaba demostrada. Por eso la Convención estableció un sistema de gobierno formado por la rama legislativa, ejecutiva y judicial, separadas entre sí y cada uno sometido al freno de las otras dos.
La Convención había decido que la constitución tendría vigencia cuando fuera ratificada por convenciones en nueve de los trece estados. En junio de 1788 los nueve estados requeridos ya habían ratificado la constitución, pero los grandes estados de Virginia, y Nueva York aun no lo hacían. La mayoría de la gente sintió que sin el apoyo de esos dos estados, la constitución jamás seria respetada, pero finalmente dos estados grandes ratificaron la constitución.
La constitución se compone de un preámbulo, siete artículos y veintisiete enmiendas; establece un sistema federal que divide los poderes entre el gobierno nacional y los estados. Dispone también un gobierno nacional equilibrado, repartiendo al autoridad en tres ramas independientes: Ejecutivo, legislativo y judicial.
La rama ejecutiva hace cumplir la ley esta representada por el presidente, la rama legislativa elabora las leyes representada por el congreso y la rama judicial las interpreta representada por la Corte Suprema.
El gobierno federal esta constituido por tres ramas diferentes, estas son: ejecutiva, legislativa y judicial.
El poder legislativo está a cargo del Congreso. Tiene un carácter bicamaral integrado por la cámara de representantes y por el senado de la república, donde una sola cámara podría resultar un peligro para la autonomía de los estados, se consideró oponer a la cámara de representantes, una segunda cámara que de denominara de reflexión.
a. Cámara de representantes, considerada también como la camera del pueblo, le integran 435 representantes designados proporcionalmente por los estados de acuerdo con la población de cada uno, cuyo servicio es de dos años todos al mismo tiempo, pero cuando hay vacante se puede efectuar una elección especial o general,
b. Senado de la república, Considerado como la cámara alta, se le atribuye un carácter más deliberativo, esta integrado por cien senadores, el senado confirma las designaciones presidenciales para la Corte Suprema, los tribunales menores y puestos claves, como también aprueba o rechaza los tratados internacionales que ha negociado el presidente, el senado representa los estados de la unión igualitaria.
Sobre Estados Unidos, el Departamento de Estado, la persona que la encabeza es el presidente aun que la rama ejecutiva comparte poderes en plan de igualdad con las otras ramas del gobierno.
El rasgo característico es la confusión en cabeza del presidente de la república, jefatura del estado o de gobierno, y jefatura de la administración.
Designar magistrados de la Corte Suprema y jueces de tribunales
Designar un gabinete de secretarios
Ejercer como jefe de estado titular
Vetar la legislación
El presidente tiene para el desempeño de sus funciones un conjunto de agencias estatales, instituciones públicas de apoyo.
Consejo de ministros o gabinete, compuesto por ministros y secretarios de estado
Oficina de la casa blanca, los asesores constituyen una especie de gabinete personal del presidente.
Oficina presidencial, se llama el Departamento de Estado, integrado por un conjunto de instituciones que constituyen el cerebro de la Casa Blanca, se encuentran los mismos a juicio del presidente, estos son la NASA, CIA, DEA.
Conjunto de instituciones, son instituciones descentralizadas
Es responsable de juzgar los casos jurídicos que impugnen los actos del congreso o requieren interpretación de estos, y también deben conocer las causas penales sobre el acusado, los cargos que pesan por haber transgredido una ley federal.
La rama judicial esta constituida por la corte suprema y os juzgados federales menores, lo cual incluye los tribunales de apelación, la constitución, por todos los medios a su alcance, intenta preservar la independencia de las cortes.
La garantía de que los jueces conservaran su puesto mientras observen buena conducta significa que, mientras no sean impugnados o convictos, podrán conservar sus cargos en forma vitalicia, esto protege a los jueces durante toda su vida de cualquier amenaza de destitución que pudiera hacerles el presidente que los designo o cualquier otro presidente. La disposición de que el sueldo del juez no puede ser reducido, protegiendo al magistrado de las presiones del congreso, que en otras condiciones, podrían obligar al juez a admitir ante la amenaza de asignarle un salario excesivamente bajo.
Son cuatro los aportes principales
La primera constitución escrita en el mundo
La adopción de la forma de estado federal
Implantación del sistema de gobierno presidencial
La formalización de la independencia de los jueces
La adopción del sistema difuso del control de constitucionalidad.
Library of Congress: g3880 ct000777 http://hdl.loc.gov/loc.gmd/g3880.ct000777
El primer asentamiento inglés permanente en el continente americano tuvo lugar en 1607, en las costas de lo que actualmente es el Estado de Virginia. Con anterioridad los navegantes ingleses habían hecho varios intentos que resultaron fallidos. En 1497, el navegante italiano Juan Caboto, buscando una travesía más corta hacia la India, zarpó de Bristol con rumbo oeste. Para poder partir de un puerto inglés, Caboto necesitaba el permiso de las autoridades, por lo que obtuvo del Henry VII unas cartas patentes concediéndole “libre autoridad, facultad y potestad para navegar a todas las partes, regiones y costas del mar del este, oeste y norte, bajo nuestros estandartes, banderas y enseñas, con cinco barcos o naves del desplazamiento y calidad que fuere, y con los marineros que quisiera llevar con [él] en dichos barcos, a su coste y cargo, para que encontrase, descubriese e investigase todas aquellas islas, países, regiones o provincias de paganos e infieles, ubicadas en cualquier parte del mundo, [y] que no fueran conocidas a todos los cristianos antes de ahora. (First Letters Patent granted by Henry VII to John Cabot , 5 March 1496.)
Caboto, que en realidad navegó con un solo barco, regresó ese mismo año informado que había descubierto una Terra Nova. Casi un siglo después el pirata inglés Francis Drake manifestó que en 1579 había desembarcado en las costas de California, tomando posesión de aquel territorio en nombre de la corona inglesa, pero no hay documentos que lo respalden. El intento de asentamiento más famoso fue el de la denominada Lost Colony [la colonia perdida] de Roanoke, en el actual Estado de North Carolina, expedición que en 1587 había organizado y financiado Sir Walter Raleigh.
Después del establecimiento de la colonia de Virginia hubo varios intentos más que fracasaron, hasta que en 1620 otros colonos ingleses se establecieron en las costas de lo que hoy es el Estado de Massachusetts y consiguieron que su asentamiento también sobreviviera.
A partir de entonces se inició el proceso de constitución del resto de las colonias británicas en el subcontinente norteamericano, bien por escisión de colonias ya establecidas –como en el caso de Connecticut, Rhode Island o New Hampshire, que se separaron de Massachusetts–, o fundando nuevas colonias –como las de Maryland, las dos Carolinas, Pennsylvania y Georgia–, o bien como botín de guerra o por la captura de territorios colonizados anteriormente por otras naciones –como fueron las colonias de New York y New Jersey arrebatadas a los holandeses, o la de Delaware a los suecos–. En 1776, estas trece colonias británicas se declararon independientes y rompieron los lazos de lealtad que les unían a su monarca. Al norte quedaron fieles a su monarca otras colonias británicas, como Canadá. Al sur estaba la Florida y al oeste la Louisiana, entonces pertenecientes a la corona española.
Sir Walter Raleigh (1554-1618), o Guantarral en la literatura española, fue un aristócrata inglés, ejemplo de hombre renacentista: soldado, cortesano, espía, escritor, poeta y, finalmente, marino, explorador y pirata. En 1580 participó en la supresión de la rebelión irlandesa, haciéndose con muchas de las tierras de los rebeldes. La reina Elizabeth I lo elevó a la nobleza, pasando a ser uno de sus favoritos. En 1584 obtuvo una patente real para colonizar la costa de Norteamérica, financiando una expedición que, para 1590, había desaparecido en las costas de la actual North Carolina. En 1596 participó en el saqueo de Cádiz. Preso en la Torre de Londres en varias ocasiones por desobedecer a la reina y conspirar contra el rey James I, en 1618, y a petición del embajador español, fue encarcelado y decapitado por haber saqueado en 1616 la ciudad de Santo Tomás de la Guayana, en la actual Venezuela.
Antes de iniciarse la revolución americana, cada una de las trece colonias mencionadas había desarrollado su particular forma de gobierno. Aunque todas hablaban la misma lengua, profesaban fidelidad al mismo monarca, recibían leyes del mismo Parlamento, o tenían el mismo common law, cada una de ellas tenía sus propias idiosincrasias y había desarrollado suficientes diferencias como para que éstas fueran ostensibles. Parte de esas diferencias provenían de la forma en que las colonias se habían establecido originalmente.
James I de Inglaterra y VI de Escocia (1566-1625) subió al trono de Escocia en 1567 y, a la muerte de Elizabeth I, a los de Inglaterra e Irlanda en 1603. Los tres reinos permanecieron jurídicamente separados, con sus propios parlamentos y leyes. Como consecuencia de las luchas religiosas en Inglaterra, en 1605 James I fue objeto de un complot organizado por un grupo de católicos para asesinarlo. Aunque el complot fracasó, la reacción fue un aumento de la persecución contra todos los grupos disidentes, tanto católicos como protestantes puritanos. Una de las consecuencias de dichas persecuciones sería con el tiempo la emigración de los denominados Pilgrims [peregrinos] a las costas de la actual Massachusetts. En 1606 James I otorgó un Charter a la Compañía de Virginia mediante el que se estableció la primera colonia británica permanente en el continente norteamericano.
Según su origen, históricamente las colonias se han clasificado en tres grupos o tipos y así se han denominado colonias “charter”, “proprietary” o “provincial”. Virginia y Massachusetts, por ejemplo, fueron colonias que se iniciaron mediante un charter real que el rey concedió a una corporación, o a un grupo de súbditos más o menos organizados, y en el que se fijaban los territorios concedidos y la forma de gobierno por la que se habían de regir los colonos. En otros casos, como en los de Maryland o Pennsylvania, el monarca las otorgó en propiedad y nombró a determinados nobles sus propietarios, con amplias prerrogativas para actuar como señores feudales. Otras colonias, en fin, se iniciaron como meras provincias en los dominios del rey, dependiendo directamente de éste. (Curtis, vol. I, pp. 4 y ss.; Putney, vol. I, pp. 194 y ss.)
Charles I (1600-1649), segundo hijo de James I. Por haber fallecido anteriormente su hermano mayor sin descendencia, Charles ascendió al trono en 1625 al fallecer su padre. Monarca de carácter absolutista, creía que su prerrogativa real era de origen divino, por lo que se enfrentó al Parlamento de Inglaterra cuando éste pretendió reducir sus potestades, dando lugar a las guerras civiles inglesas y a su posterior ejecución, aboliéndose entonces la monarquía en Inglaterra e instaurándose la “Commonwealth” [mancomunidad o república] o interregno de Cromwell. Restaurada la monarquía, en 1660 fue canonizado por la Iglesia Anglicana, denominándole San Charles Stuart o Rey Charles, el mártir, por haber dado su vida defendiendo la fe.
Charles II (1630-1685) accedió al trono de Escocia en 1649, al ser ejecutado su padre Charles I; pero tuvo que esperar a la Restauración de 1660 para hacerlo a los de Inglaterra e Irlanda. Durante el Interregno de Oliver Cromwell estuvo exilado en Francia y Holanda. Después de la Restauración hizo que todos los documentos se fechasen como si hubiese recibido la corona en 1649. Su reinado estuvo cargado de intrigas religiosas. En 1681 disolvió el Parlamento, gobernando como un monarca absolutista hasta su fallecimiento. En su lecho de muerte se convirtió al catolicismo, religión que profesaba su hermano, el Duque de York. Éste le sucedió en el trono, pues Charles II, que estaba casado con Catarina de Bragança, no tuvo descendencia legítima (aunque tuvo al menos 15 ilegítimos).
Aunque todas las colonias (con la posible excepción de New York, que fue “regalada” por el rey Charles II a su hermano James II, entonces todavía Duque de York) habían recibido inicialmente alguna forma de charter real como documento público autorizando su establecimiento, en 1776 sólo quedaban tres de las denominadas “colonias charter”: Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. Estas tres colonias habían conseguido que los monarcas les concediesen charters que les permitían actuar con un notable grado de independencia de las decisiones del monarca y del Parlamento británicos, y regirse por su propio gobierno. En particular, los colonos de Connecticut y Rhode Island elegían directamente a todos sus oficiales y gobernantes, y su relación con la corona se limitaba prácticamente a jurar lealtad y fidelidad al monarca. Tal era el grado de autonomía de estas dos colonias que, declarada la independencia en 1776, mantuvieron los antiguos charters como sus normas fundamentales estatales –en el caso de Connecticut hasta 1818 y en el de Rhode Island hasta 1842– eliminado únicamente de ellas las referencias a la monarquía y Parlamento británicos.
James II de Inglaterra y VII Escocia (1633- 1701), en 1685 sucedió en el trono a su hermano Charles II. Fue el último rey católico en el Reino Unido, gobernando como monarca absolutista hasta 1688. Como tal –católico y absolutista– sufrió la oposición de muchos de los nobles y políticos británicos. Cuando tuvo un heredero católico, los nobles se sublevaron en la denominada Glorious Revolution [revolución gloriosa] y James II se vio obligado a huir del país, siendo depuesto por el Parlamento y reemplazado en el trono por su hija Mary II que estaba casada con su primo William III de Orange, ambos protestantes. En 1689 intentó recuperar el trono por las armas, pero fue derrotado en 1690, refugiándose entonces en la corte de su primo Louis XVI de Francia, donde permaneció hasta su muerte.
Al contrario que los monarcas de Portugal y Castilla, que sufragaron directamente los esfuerzos coloniales de sus países, Inglaterra lo hizo principalmente a través de compañías mercantiles privadas, creadas expresamente con el propósito de financiar las expediciones colonizadoras para luego recoger los beneficios económicos que produjesen. Así se creó en 1555 la Muscovy Company para intentar un nuevo camino a la China a través del norte de Rusia. En 1600 la reina Elizabeth I otorgó un Royal Charter a la East India Company. Para la colonización americana se crearon inicialmente la London Company y la Plymouth Company. Estas compañías recibieron del monarca James I un charter o letra patente en el que, como se ha dicho, se describía detalladamente los territorios en los que podían asentarse cada una de ellas, sus privilegios e incluso la forma de gobierno que debían adoptar. (Ver más adelante la Primera Carta de Virginia.) La colonia de Virginia fue el resultado de la inversión hecha por la London Company –posteriormente denominada la Virginia Company–, y los asentamientos iniciales de New England se hicieron mediante concesiones otorgadas por la Plymouth Company a diversos colonos, como los mencionados Pilgrims. Debido a las muchas dificultades sufridas en los inicios de la colonización, ambas compañías quebraron y, primero la Virginia Company en 1624 y luego la Plymouth Company en 1635, perdieron sus charters, pasando la colonia de Virginia a ser una provincial colony y quedando New England dividida en varias colonias, de las que con el tiempo New Hampshire pasó a ser otra de las provincias reales.
Al final del periodo colonial, la mayoría de las colonias pertenecía a este grupo de provincial colonies, en las que el rey, a través de gobernadores nombrados directamente por él, tomaba en ellas prácticamente todas las decisiones políticas y administrativas, motivo por el que también se las conoce como royal colonies. De hecho, a lo largo del periodo colonial todas las colonias tuvieron en algún momento esta forma de gobierno, pues, por unas razones u otras, los monarcas británicos siempre encontraron justificaciones para revocar, aunque fuera temporalmente, los charters originales de las colonias, poniéndolas directamente bajo su control. Así, en
1686, el rey James II unió las colonias de Bahía de Massachusetts, New Plymouth, New
Hampshire, Maine, Rhode Island, Connecticut, New York e East y West Jersey, para formar el Dominio de New England, dejándolo todo bajo el control de un sólo gobernador con poderes casi absolutos. (Ver, por ejemplo, la Comisión a Sir Edmund Andros de 1688, en Grau vol. II, pp. 483 y ss.) Al comenzar la revolución en 1775, New Hampshire, New York, New Jersey, Virginia, North Carolina, South Carolina y Georgia eran provincial colonies.
Sir Edmund Andros (1637-1714) fue gobernador real de diversas colonias británicas en América, incluido el denominado “Dominio de New England” que abarcaba desde los límites con Canadá a los de Pennsylvania. Odiado por la mayoría de sus gobernados, que le consideraban un tirano, hoy se reconoce que en realidad fue un administrador eficiente que llevó a cabo fielmente los mandatos del monarca –James II– que le había nombrado. En 1689, al llegar a América las noticias de la Gloriosa Revolución, fue detenido por los colonos y devuelto a Inglaterra en grilletes.
Cecilius (o Cecil) Calvert, segundo Barón Baltimore (1605-1675), fue el primer Propietario de Maryland y su primer Gobernador. Su padre, George Calvert, primer Lord Baltimore y católico, solicitó a Charles I que le concediese un charter para establecer una colonia en América que sirviera de refugio a los católicos que estaban siendo perseguidos en Inglaterra, pero falleció antes de recibirlo. Su hijo, asimismo católico, estableció la colonia bajo los principios de tolerancia religiosa y de separación entre la Iglesia y el Estado. En 1649 Maryland aprobó la primera Ley de tolerancia religiosa (Grau, vol. I, pp. 589- 597). Sus herederos todavía gobernaban Maryland como sus propietarios cuando en 1776 se produjo la independencia de la colonia.
En el tercer grupo, el de las denominadas proprietary colonies, el rey concedía la colonia a uno o varios “propietarios” –todos ellos nobles– para que, a cambio de algún tipo de arrendamiento, a menudo meramente simbólico, la rigiese como un señor feudal. La primera de estas colonias fue Maryland, que el rey Charles I concedió en 1632 a Lord Baltimore a fin de que estableciese en América un refugio para los católicos, que entonces estaban siendo perseguidos en Gran Bretaña y en Irlanda como resultado de las luchas de religión. Mas adelante, en 1663, Charles II agradeció a varios de sus cortesanos los esfuerzos que habían realizado para conseguir su restauración, concediéndoles los territorios de las Carolinas. Al año siguiente, y cuando la colonia de “Nieuw-Nederland” aún estaba en posesión de los holandeses, Charles II se la entregó a su hermano el Duque de York, futuro James II, pasando la colonia a denominarse New York. También Charles II, esta vez para saldar una deuda que tenía pendiente con su almirante Penn, a la muerte de éste en 1682 concedió a su hijo, William Penn, la colonia de Pennsylvania. (Para dar salida al mar, Penn le compró al Duque de York la colonia de Delaware.) Por último, en 1732 James E. Oglethorpe consiguió que el rey George II le concediese –a él y a varios otros socios– la colonia de Georgia para establecer allí otro refugio, pero esta vez no para los perseguidos por su religión sino a los muchos presos por deudas monetarias que, como resultado de la crisis económica de 1720 y en la que se arruinaron gran número de pequeños inversores, se hacinaban entonces en las cárceles de Gran Bretaña junto a otros presos culpables de delitos y crímenes violentos.
William Penn (1644-1718), hijo del Almirante sir William Penn (uno de los personajes más involucrados en la restauración de Charles II) fue el colonizador de las colonias de Pennsylvania, Delaware y New Jersey. A los 22 años Penn se hizo cuáquero –secta perseguida por los anglicanos en Inglaterra y por los puritanos en América– lo que le costó por un lado el enfrentamiento con su padre, que le expulsó del hogar familiar, y por otro con la justicia real, que lo encarceló varias veces. A la muerte de su padre, William Penn heredó el derecho sobre una cuantiosa deuda que Charles II tenía con el Almirante. A cambio de la deuda Penn aceptó que el rey le transfiriera un territorio en América donde sus correligionarios cuáqueros pudieran practicar su religión libre de toda persecución y donde Penn pudiera establecer un gobierno en el que plasmar los ideales democráticos e igualitarios de los cuáqueros. Penn denominó Sylvania (bosque) al territorio concedido, nombre al que el rey añadió el prefijo Penn. En 1682 William Penn redactó el “Marco o forma de gobierno de Pennsylvania” (Grau 2009, vol. II, pp. 377-407) y luego viajó a su colonia con un nutrido grupo de colonos, fundando allí la ciudad de Philadelphia y firmando un tratado de paz con los indios de la zona. Con el paso del tiempo, sin embargo, William Penn resultó ser un mal gestor, tanto pública como personalmente, y acabó perdiendo el control de Pennsylvania y falleció arruinado.
El Duque de York vendió parte de los territorios que había recibido de su hermano, formándose la colonia de New Jersey y la ya mencionada de Delaware, y, cuando en 1685 accedió al trono como James II, el resto de sus posesiones pasaron a ser la colonia real de New York.
En 1729, los proprietaries de la colonia de las Carolinas la dividieron en North y South Carolina, y éstas pasaron a ser provincias reales. La concesión de la colonia de Georgia se había hecho inicialmente por 21 años, pero debido a los desacuerdos entre sus propietarios, en 1752 la devolvieron al monarca, convirtiéndose en la última provincial colony. Así pues, en 1776 sólo quedaban como proprietary colonies Maryland, Pennsylvania y Delaware, aunque para entonces William Penn había concedido a los colonos de estas dos últimas un alto grado de autogobierno. (Ver los charters de estas colonias en Grau 2009, vol. I, pp. 339-381 el de Maryland y pp. 625- 653 el primero de las Carolinas; y vol. II, pp. 297-321 el de Pennsylvania.)
George II (1683-1760) de Gran Bretaña e Irlanda, ascendió al trono en 1727. Nacido en Hannover, Alemania, su padre, George I, fue llamado a ocupar el trono británico en 1714 al morir la reina Anne. Fue el último monarca británico que dirigió en combate personalmente su ejército, en Dettingen, Bavaria, en 1743. Como Príncipe de Gales tuvo muchos conflictos con su padre, como luego, una vez en el trono, los tendría él con su propio hijo, el Príncipe heredero Frederick Louis. Más interesado en las intrigas políticas europeas que en la gestión de su propio gobierno, George II dio lugar al incremento de poder del Parlamento británico y de sus primer-ministros.
A pesar de las mencionadas diferencias en su forma de creación, todas las colonias acabaron teniendo estructuras de gobierno bastante semejantes y que reproducían, en buena medida, el propio modelo británico. Todas ellas tenían a la cabeza un gobernador como principal figura ejecutiva. En las colonias charter, dicho gobernador era elegido según el procedimiento indicado en el propio charter, que en el caso de Connecticut y Rhode Island, como se ha dicho, era directamente por los representantes de las propias colonias y sin intervención real. Los gobernadores de las provincias reales eran nombrados por el rey, y en las colonias proprietary, el gobernador era designado por los dueños de la colonia –quienes normalmente residían en la metrópoli– para que les representase físicamente en ultramar.
James Edward Oglethorpe (1696-1785) fue un militar, político y filántropo inglés. Deseoso de mejorar la situación de los muchos pobres que en aquel momento había en Inglaterra, y en especial la de los condenados por insolvencia a penas de cárcel, Oglethorpe y un grupo de nobles que compartían las mismas preocupaciones sociales propusieron a George II que les concediese un charter para crear la colonia de Georgia. El plan de Oglethorpe era que los colonos poseyeran la tierra que se les asignase, pero sin poder venderla ni transmitirla por herencia. Cuando se inició la colonia, sin embargo, muy pocos de los insolventes emigraron. Si se admitieron, sin embargo, a refugiados de todas las creencias religiosas, excepto a católicos. Anticipándose a lo que había de venir, Oglethorpe promulgó estrictas leyes para la colonia, prohibiendo, entre otras cosas, la esclavitud o el consumo de alcohol, pero la reacción de muchos colonos fue tildarle de dictador.
En todas las colonias existía un Council [consejo] que asistía al gobernador en sus decisiones y hacía al mismo tiempo las funciones de Upper House o cámara alta del Parlamento británico. Todas las colonias tenían, asimismo, una cámara baja semejante a la House of Commons de dicho Parlamento, en la que estaban representados directamente al menos los estamentos más acaudalados de la comunidad colonial.
La primera reunión formal de los representantes legislativos de los freemen [colonos con todos los derechos políticos] tuvo lugar en Virginia, en 1619, en la que se denominó House of Burgesses [cámara de burgueses o representantes de los burgos o ciudades]. Ésta actuaba como cámara baja en la General Assembly [asamblea general legislativa] de Virginia, siendo su otro órgano el Council presidido por el Gobernador. Esta Asamblea tenía la potestad para promulgar las leyes que considerasen esenciales o necesarias para le gestión de la colonia (Putney, p. 196). Además de sus funciones propiamente legislativas, la House of Burgesses realizaba otras tareas para las que existían tres Committees [comités], a saber: “on Private Claims” [para las reclamaciones de los particulares], “on Election Returns” [para revisar los resultados de las elecciones] y “on Propositions and Grievances” [de propuestas y quejas] (Bruce, p. 478 y ss.).
Las asambleas eran una institución intrínseca a las congregaciones puritanas y presbiterianas, pues esa era la forma como se regían esos grupos religiosos, y así los colonos puritanos obtuvieron del rey James I que el Charter de Massachusetts de 1628 incluyese que:
“en Juntas generales [... se] hagan, ordenen y establezcan todo tipo de prudentes y razonables órdenes, leyes, estatutos y ordenanzas, directivas e instrucciones que no sean contrarias a las leyes de este nuestro reino de Inglaterra, [...] y que nombren y pongan toda clase de oficiales, tanto superiores como inferiores, que determinen sean necesarios para ese gobierno y asentamiento” (Grau 2009, vol. I, p. 269).
La colonia de New Hampshire fue (como Connecticut) el resultado de una escisión que se produjo entre los colonos puritanos de Massachusetts. En la Comisión a John Cutt, de 1680, el rey impuso que se convocara inmediatamente la Asamblea General de New Hampshire (Ibid., vol. II, p. 291).
En el caso de la colonia proprietary de Maryland, una interpretación literal de la siguiente frase del Charter:
“con el consejo, consentimiento y aprobación de los freemen de esa Provincia, o de su mayoría, o de sus delegados o diputados, a quienes queremos les convoque el dicho actual Lord Baltimore, y sus herederos, y en la forma y manera que mejor les parezca, cuando y tan a menudo como la necesidad lo requiera para la elaboración de las leyes”,
obligó al Proprietary a reconocer y permitir que se estableciese una asamblea de los representantes de los colonos. En las demás colonias se dieron circunstancias semejantes.
En el caso de Pennsylvania y Delaware, su propietario, el cuáquero William Penn, antes de iniciar el viaje a América con sus primeros colonos pactó con ellos que participarían directamente en el gobierno por medio de asambleas representativas. New Jersey, poblada como Pennsylvania también por cuáqueros, tuvo la misma forma de representación. En las Carolinas, los colonos que habían emigrado de Virginia, acostumbrados a estar representados en la House of Burgesses, obligaron a los propietarios a establecer una cámara de representación popular. La Asamblea de la colonia de New York se creó en 1683 por una concesión real, al igual que la de Georgia, que lo fue en 1755, una vez convertida la proprietary colony en provincia real. Para 1776 todas y cada una de las trece colonias tenían su asamblea legislativa en la que existía una cámara de representación popular elegida por un sector más o menos amplio de la sociedad, y todas ellas estaban regentadas por un gobernador como principal magistrado de la colonia, que a su vez estaba asistido por un Council que, salvo en Pennsylvania y Delaware, actuaba además como cámara alta en la asamblea legislativa.
Pero a pesar de estas similitudes, también existían diferencias notorias entre las colonias. Los fines para los que se habían creado originalmente eran diferentes: como se ha indicado, unas se habían establecido como una inversión comercial, otras fueron refugios religiosos, y aún otras fueron el feudo personal de ciertos nobles importantes. Sus economías se basaban en modelos radicalmente distintos: unas dependían exclusivamente de la agricultura de productos tales como el tabaco y el algodón, y dependían de la disponibilidad de mano de obra muy barata; otras colonias se dedicaban a las industrias manufactureras y requerían mano de obra especializada; y otras lo hacían a la explotación directa de los recursos naturales, principalmente la madera procedente de los inmensos bosques vírgenes de la costa oriental del continente. En determinadas colonias la Iglesia de Inglaterra era la religión oficial, mientras que otras estaban pobladas por diversas sectas puritanas. Si bien el inglés era la lengua común de todas ellas, los asentamientos originales de holandeses (en New York) y suecos (Delaware), y las inmigraciones de alemanes (principalmente a Pennsylvania), hicieron que en determinadas regiones el inglés fuera menos común de lo anticipado. Todas esas diferencias, unidas a la circunstancia nada desdeñable de las enormes distancias que separaban las colonias y la difícil comunicación entre ellas, hizo que en muchos casos las colonias podían ser consideradas como naciones extranjeras, independientes y aisladas, y no colonias de una misma metrópoli. Estas peculiaridades se manifestaron en el carácter independentista y soberanista de todas ellas que más adelante se reflejaría expresamente en las singularidades de sus constituciones estatales.
El 26 de abril de 1607, un centenar de colonos ingleses desembarcaron en la bahía de Chesapeake, cerca de lo que actualmente es la ciudad de Williamsburg, en el Estado de Virginia. Después de innumerables fatigas y de haber estado varias veces al punto de su extinción, consiguieron establecer el primer asentamiento británico permanente en el continente americano. Los colonos basaban su derecho a establecerse en las tierras americanas en un Charter o Carta real que, justo un año antes, el 10 de abril de 1606, el monarca británico James I había emitido con su firma y el sello privado de Inglaterra. El documento era una “letra patente” que estaba abierta a la inspección de todos y debía se obedecida por todos aquellos a quienes se les presentase. La Carta, junto con otros mandamientos e instrucciones emitidos al mismo tiempo por el rey, creaba la Compañía de Virginia antes citada para que, como una sociedad anónima, financiara y gestionara la expedición y los subsiguientes asentamientos.
Hatzigeorgiou, Karen J. U.S. History Images. 2011. <http://ushistoryimages.com>
Scott, David B. A School History of the United States. New York: Harper & Brothers, 1883
El asentamiento de Jamestown – 1607
En la Carta el monarca concedía a los socios de la Compañía de Virginia la posesión (pues el dominio correspondía únicamente al rey) de “todas las tierras, bosques, suelos, terrenos, refugios, puertos, ríos, minas, minerales, marismas, aguas, pesquerías, bienes y heredades de toda clase” en un radio de 50 millas del punto de la costa donde se asentasen por primera vez, así como “todas las islas que se encuentren hasta cien millas justo enfrente de esa misma costa marítima” (Ibid., vol. I, p. 55). Para los conceptos de la época, el tamaño de la concesión correspondía a lo que hubiera sido un enorme señorío en Inglaterra. (En la siguiente Carta de Virginia, de 1609, la concesión se amplía desmesuradamente, pues desconociendo la magnitud del continente en la latitud de la colonia, el rey la expande “a través de toda la tierra [firme], de mar a mar” [Ibid., p. 89]; es decir, desde el Atlántico hasta el Pacífico, pues en 1609 se suponía que la distancia entre ambos sería semejante a la que había en Panamá, donde Balboa había descubierto el océano Pacífico. El concepto se extendió a otras colonias, y así, en la Carta de la Bahía de Massachusetts de 1628 el rey concede inequívocamente “en largo y longitud, a través de tierra firme desde el Atlántico y mar occidental y océano en la parte este, hasta el mar del sur [el Pacífico] en la parte oeste” [Ibid., pp. 243-245].)
Todo ello a cambio de ceder al monarca y a sus “herederos y sucesores, sólo la quinta parte de todo el oro y la plata, y la quinceava parte del cobre, que [...] se obtenga o consiga, sin que por la misma causa se nos tenga que dar ni ceder, a nosotros, a nuestros herederos o sucesores, ningún otro tipo de ganancia o cantidad” (Ibid., p. 59).
La Carta concedía además “que cada una de dichas colonias tenga un Consejo que gobernará y organizará todas las materias y causas que se planteen, desarrollen o sucedan en cada una de esas colonias, según las leyes, ordenanzas e instrucciones que a ese fin se otorguen y se firmen de nuestra mano o firma real, y lleven el sello privado de nuestro reino de Inglaterra” (Ibid., p. 57). Sin hacer mención alguna del Parlamento inglés, el monarca cedía al menos parte del gobierno de la colonia al Consejo de ésta, si bien rigiéndola por leyes siempre otorgadas y firmadas por el propio rey.
Sin embargo, la cláusula de esta primera Carta que con el tiempo resultaría más significativa –y que sería reclamada por los colonos rebeldes al tiempo de su levantamiento independentista– fue el contenido de su párrafo XV, en el que el monarca declaraba
“que todas y cada una de las personas que sean súbditos nuestros, que moren y habiten en todas y cada una de dichas colonias y asentamientos, y todos sus hijos que nazcan dentro de cualquiera de los límites y demarcaciones de cada una de dichas colonias y asentamientos, tendrán y disfrutarán, a todos los fines, de todas las libertades, franquicias e inmunidades que haya en cualquiera de nuestros otros dominios, igual que si hubieran morado y nacido en este nuestro reino de Inglaterra, o en cualquier otro de nuestros dominios”. (Ibid., pp. 63-65).
Cuando, ciento setenta años después, dichos colonos necesitaron justificar la decisión de romper sus lazos políticos con el Reino Unido, recuperaron los mismo términos en que se expresaba la primera Carta de James I. Así, en el párrafo 2 de las Resoluciones de la Convención de New York de las Colonias inglesas, acordadas el 19 de octubre de 1765, le recordaban a George III “que los vasallos de su majestad de estas colonias tienen todos los derechos y libertades inherentes a sus súbditos nacidos en el reino de Gran Bretaña” (Ibid., vol. III, p. 15).
Y nueve años más tarde, el 14 de octubre de 1774, el Congreso continental hacía una manifestación política en la que “se [acordaba] unánimemente, 2º: que nuestros antepasados, que fueron los primeros en establecerse en estas colonias, cuando emigraron de la madre patria tenían derecho a todos los derechos, libertades e inmunidades de los súbditos libres y nacidos en el reino de Inglaterra” (Ibid., vol. III, p. 23).
Quedaba, pues, establecido, desde la primera Carta de las colonias el principio de que sus habitantes tenían determinados derechos inherentes que les pertenecían por el mero hecho de haber nacido (se entiende nacidos como freemen u hombres libres con disfrute de todos los derechos políticos) en territorio inglés, como eran las colonias.
Como se ha dicho, la colonia de Virginia sufrió todo tipo de calamidades – enfermedades, hambrunas, ataques de los nativos– y estuvo a punto de desaparecer como le había ocurrido al anterior intento de asentamiento en las costas de North Carolina. Para intentar salvarla, James I concedió a la Compañía de Virginia varias Cartas más, de las que se conocen dos, en las que ampliaba y modificaba las concesiones anteriores. El rey concedió a la colonia, además, el derecho a organizar su propio órgano legislativo-jurisdiccional, la mencionada House of Burgesses, y que estaba formada por representantes elegidos directamente por los freemen de la colonia y era presidida por su gobernador, a la sazón Sir George Yeardley. La cámara se reunió por primera vez el 30 de julio de 1619 en la ciudad de Jamestown. Doce años después de haberse establecido, la colonia inglesa en América conseguía así una representación popular en su principal órgano de gobierno.
Como consecuencia de las luchas religiosas a finales del siglo XVI en Inglaterra, una congregación de disidentes puritanos ingleses radicales, de creencias calvinistas, huyó a Holanda en 1608. A pesar de haberse asentado con cierto éxito en la ciudad holandesa de Leiden, los líderes del grupo pensaban que les sería más fácil practicar su forma de religión en un ambiente en el que no estuvieran sometidos a las presiones de mandatarios con creencias distintas a las suyas, por lo que en 1618 decidieron emigrar a América. Para ello enviaron emisarios a Inglaterra para negociar con los representantes de la Compañía de Londres una Carta o patente que les permitiera establecerse en los territorios de la colonia de Virginia.
La figura de los Pilgrims es una de las más utilizadas en la historiografía norteamericana para justificar la colonización británica del continente. Su actuación –analizada en los términos actuales– fue positiva en todos los aspectos: los motivos para su emigración fueron el escapar a la opresión del monarca inglés y el afirmar su derecho a la libertad religiosa; su relación con los nativos fue siempre respetuosa y justa; y su comportamiento fue ético desde el mismo momento de su desembarco, fundamentándolo en el llamado “Pacto del Mayflower”. Aunque todos los relatos de los primeros años de la colonización incluyen referencias a estos emigrantes, la utilización del término “Pilgrims” para referirse a los colonos que en 1620 desembarcaron en las costas de Massachusetts no se popularizó hasta 1825.
Debido a problemas surgidos durante las negociaciones con dicha Compañía, un comerciante llamado Thomas Weston les convenció de que se asentasen más al norte, pues él, decía, sí podía obtenerles de la Compañía de Plymouth la necesaria Carta de asentamiento.
Aún sin haber conseguido dicha Carta, la congregación de Leiden regresó a Inglaterra donde un centenar de sus miembros se embarcaron en el carguero Mayflower, partiendo de Plymouth con rumbo a América el 6 de septiembre de 1620 y arribando a las costas de lo que actualmente es el Estado de Massachusetts dos meses después. A estos colonos se les conoce comúnmente por el nombre de Pilgrims [peregrinos].
Puesto que habían llegado al nuevo continente sin un documento legal que formalizase su asentamiento y les permitiese habitar legalmente y organizarse en el territorio en que se encontraban, antes de desembarcar decidieron redactar un contrato entre ellos que fijase cuáles debían ser sus pautas de conducta y su organización, contrato que se conoce con el nombre de Mayflower Compact [pacto del Mayflower]. Dicho pacto es un claro ejemplo contractualista –en 1620, es decir, mucho antes que Hobbes, Pufendorf o Locke desarrollaran esta doctrina– en el que, aunque en forma muy concisa, se dan las condiciones que el Prof. Fioravanti atribuye a esta clase de contratos. Antes de producirse el pactum subiectionis, los Pilgrims entendían que habían de unirse “todos juntos en un cuerpo político civil” (Ibid, vol. I, p. 195). Es decir, reconocían “el pactum societatis con el cual nace la sociedad civil de los individuos” (Fioravanti 2007, p. 42).
A pesar de su brevedad, la importancia constitucional de este famoso texto es definitiva y la historiografía americana lo considera el germen democrático de su sistema constitucional actual. Este sencillo Agreement [acuerdo] contiene los elementos fundamentales para ser considerado como tal, pues parte de un pacto entre los constituyentes, fija una rudimentaria forma de gobierno –“un cuerpo político civil”–, establece la supremacía de la ley en la que “ningún hombre quede exento de cumplir la ley”, y al mismo tiempo reconoce que existen ciertos derechos fundamentales, pues las leyes han de ser “justas y equitativas”, es decir, no pueden violar esos derechos implícitos.
Hatzigeorgiou, Karen (Ibid.) <http://ushistoryimages.com>
Stephens (1), Alex H. A Comprehensive and Popular History of the United States. Chattanooga: Hickman and Fowler, 1882
El desembarco de los Pilgrims
El Pacto es también un precedente de las teorías que, setenta años más tarde, desarrollaría John Locke en su Segundo tratado sobre el gobierno, de 1690. Los Pilgrims entendían que, al “establecer la primera colonia en las regiones septentrionales de Virginia”, se adentraban en una terra incognita, y que sin tomar las medidas adecuadas devendrían en un estado de naturaleza, con todos los inconvenientes que ello conllevaba. Para evitar dichos inconvenientes, el único remedio, según Locke, era establecer un civil government. A ese civil government se llegaba mediante un compact [pacto]; pero, continúa Locke, “no cualquier pacto pone fin al estado de naturaleza entre los hombres, sino sólo aquél en el que juntos acuerdan mutuamente entrar en una comunidad única y formar un sólo cuerpo político” (Locke, p. 13; todas trad. del autor).
Y eso fue, precisamente, lo que hicieron los Pilgrims cuando todos “los [cuarenta y un] abajo firmantes [...] solemne y mutuamente, en la presencia de Dios y de cada uno de nosotros, pactamos y nos unimos todos juntos en un cuerpo político civil para nuestro mejor orden y conservación” (Grau 2009, vol. I, p. 195).
LoC http://www.loc.gov/pictures/item/2004672071/
Para Locke, “aquellos que se han unido en un único cuerpo y tienen una ley común y establecida, así como una judicatura [...], mantienen una sociedad civil entre ellos” (Locke, p. 47).
Con un paralelismo sorprendente, los Pilgrims, para establecer su propia sociedad civil, declaran que “periódicamente redactaremos y decretaremos tales justas y equitativas leyes, ordenanzas, actos, constituciones y constituiremos oficiales como se considere más apropiado y conveniente para el bien general de la colonia” (Grau 2009, vol. I, p. 195).
Y Locke, casi también en los mismos términos, nos dice que “cuando uno se incorpora a un gobierno [...] autoriza [...] al legislativo a hacer las leyes que el bien público de la sociedad requiera” (Locke, p. 48), leyes a las que los Pilgrims prometen “toda la debida sumisión y obediencia”, pues, como Locke exige, “ningún hombre en una sociedad civil puede quedar exento de cumplir sus leyes” (Locke, p. 51).
John Locke (1632-1704), filósofo y médico inglés, está considerado el padre del liberalismo moderno. Su pensamiento tuvo una gran influencia en muchos otros filósofos de la Ilustración, como Voltaire, Rousseau, Hume o Kant, así como sobre los revolucionarios norteamericanos como se puede observar en la misma Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Hijo de padres puritanos, Locke estudió medicina y filosofía en Oxford, donde en 1666 conoció al primer Earl de Shaftesbury, pasando a ser miembro de su séquito como su médico personal. Cuando en 1675 Shaftesbury cayó en desgracia, Locke se trasladó con él a Francia, regresando a Inglaterra en 1679. Poco después Shaftesbury participó en una conspiración para impedir que el católico Duque de York, hermano de Charles II, accediera al trono. Al fracasar el complot, Shaftesbury tuvo que huir a Holanda, a donde una vez más le siguió Locke. Después de la Gloriosa Revolución de 1688, Locke regresó a Inglaterra con el cortejo de la reina Mary, esposa de William of Orange. Locke redactó sus obras más influyentes mientras estuvo en Holanda, publicándolas en Inglaterra después de su retorno. Sus obras principales incluyen, Ensayo sobre la tolerancia (1667), Carta sobre la tolerancia (1689, 1690 y 16929), Tratados sobre el gobierno civil (1690) y Ensayo sobre el entendimiento humano (1690). A Locke se le atribuyen también Las Constituciones fundamentales para el gobierno de Carolina (1669).
De esta forma los Pilgrims, todavía a bordo del barco que les había trasladado de Europa y antes de desembarcar en la costa americana, para evitar dispersarse y volver al estado de naturaleza al que años más tarde se referirían Hobbes y Locke, redactaron una breve constitución en la que pactaban y se unían en una sencilla forma de gobierno en el que consensuadamente se redactarían y decretarían “tales justas y equitativas leyes, ordenanzas, actos y constituciones [...] apropiadas y convenientes para el bien general de la colonia”, así como que se nombraría a los oficiales que dicho gobierno requiriese. Sus derechos y libertades fundamentales quedaban asimismo implícitamente protegidos, pues manteniendo su lealtad a su “admirado soberano señor, por la gracia de Dios rey James de Gran Bretaña, Francia, e Irlanda, defensor de la fe, etc.”, podían ahora practicar su religión –“para la gloria de Dios y fomento de la fe cristiana”– sin miedo a ser perseguidos por ello, como lo habían sido con anterioridad en Inglaterra.
Las Fundamental Orders of Connecticut [disposiciones, ordenanzas o preceptos fundamentales de Connecticut] fueron aprobadas el 14 de enero de 1638 por representantes de los freemen de las ciudades de Windsor, Hartford y Wethersfield, reunidos en una Asamblea General en la ciudad de Hartford. Estas ciudades habían sido establecidas por emigrantes procedentes de la colonia de Plymouth (donde inicialmente se asentaron los Pilgrims) y de la de Massachusetts, de las que se habían ido marchando a partir de 1633 por discrepancias religiosas con los líderes puritanos que gobernaban allí.
Lossing, Benson J., Our Country. New York: Johnson and Bailey, 1895
Puritanos emigrando a Connecticut
Parece ser que durante el primer año de los asentamientos no hubo en la región ninguna forma de autoridad formal, ni civil, ni militar, ni siquiera eclesiástica (Trumbull, p. 100). Al haberse establecido los disidentes fuera del territorio concedido por el rey a Massachusetts en su Carta, y no teniendo ninguno de los asentamientos una Carta propia que les sometiese a la jurisdicción real, los colonos se encontraron ante una situación de vacío tanto legal como de autoridad. Situación que, por otra parte, era ideal para una sociedad radicalmente puritana, que pretendía establecer un nuevo orden social y religioso: “una ciudad asentada sobre un monte” (Mateo 5:14). Dicho orden tendría un cierto carácter democrático –pues la elección de los magistrados, decían, “se hará por todos los que estén admitidos como freemen y hayan hecho el juramento de fidelidad y residan en esta jurisdicción”– pero a la vez con un espíritu claramente teocrático ya que, a falta de las leyes civiles necesarias, se regirían “según la regla de la palabra de Dios”. (Grau 2009, vol. I, p. 421).
Dieciocho años después del Mayflower, los colonos de Connecticut fueron mucho más explícitos al expresar su “pactum societatis” y reconocer su necesidad y sus consecuencias, pues manifestaban que “para mantener la paz y la unión de [la] gente, debiera haber un gobierno disciplinado y apropiado”, al que, una vez creado, ellos, sus sucesores y quienes se unieran a ellos en el futuro, ingresarían “juntos en una alianza y confederación [...] para ser guiados y gobernados en nuestros asuntos civiles según las leyes, reglas, órdenes y decretos que se hagan, ordenen y decreten” (Ibid., p. 421). Además, las Orders identifican claramente a “los individuos políticamente activos –el pueblo [...]–, como tal autónomamente capaz de ejercer el poder constituyente, de querer y fundar un cierto tipo [...] de asociación política” (Fioravanti 2007, p. 42), que eran los freemen “que hayan hecho el juramento de fidelidad y residan en [la] jurisdicción”.
American Military History, United States Army Center of Military History, American Military History, vol. 1, Richard W. Stewart, Editor http://www.history.army.mil/books/AMH-V1/Map01.jpg
Las trece colonias británicas - 1776
Pero en América la “dimensión contractual de reciprocidad”, propia del feudalismo medieval (Ibid., p. 27), falla ya en este caso temprano. En este documento – al contrario que en el del Mayflower– los colonos no juraban fidelidad al monarca sino a sí mismos y a las leyes decretadas por ellos mismos. Tampoco esperaban a cambio de esa fidelidad ninguna protección de aquel monarca, pues el pragmatismo más elemental les demostraba que, en sus circunstancias, esa protección nunca llegaría o, si lo hiciera, no llegaría a tiempo; y de esa forma esperaban la protección –como la fidelidad– de ellos mismos a través del cumplimiento de sus leyes.
Aunque sus instituciones fueran relativamente primitivas, las Orders incluían algunos de los aspectos principales que actualmente se exigen a las constituciones occidentales. Establecían una forma de gobierno con asambleas, tribunales y oficiales públicos, incluido un gobernador; esas instituciones tenían un carácter republicano, pues todos sus cargos eran electivos y temporales, no habiendo cabida a la posibilidad de prebendas adquiridas y permanentes como ocurría entonces en las monarquías europeas, sino que exigían que “ninguna persona sea elegida gobernador más de una vez cada dos años” y “ningún otro magistrado será elegido para [un mandato de] más de un año”. Sin embargo el carácter teocrático está permanentemente presente en el documento, pues “el gobernador [había de ser] siempre miembro de alguna congregación acreditada”, y tanto él como el resto de los magistrados debían ejercer “la justicia según la regla de la palabra de Dios”. (Grau 2009, vol. I, p. 421, 423 y 429.)
Globalización, Estado y Derecho constitucional.

References: artículo 2
 artículo 19
 artículo 2
 artículo 257
 artículo 256

Artículo 257

Artículo 116

Artículo 115

Artículo 9
 artículo 125
 resolución 
 artículo 129
 artículo 77
 artículo 130
 artículo 129
 artículo 84
 artículo 7
 artículo 130
 artículo 9
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 132
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 134
 artículo 87
 artículo 24
 artículo 89
 resolución 
 artículo 94
in fine
 artículo 136
 artículo 98
 artículo 126
 artículo 25

ARTÍCULO 1
 Resolución