Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920197.html
Timestamp: 2019-11-21 03:41:59+00:00

Document:
as201920197
Auto Supremo: 197/2019 Sucre: 06 de marzo de 2019
Expediente: CH-58-18-S
Partes: Gonzalo Rubén Gaspar Cortez c/ Nayfi Marcelina Gaspar Cortez y otros.
Proceso: División, partición de bienes y otros. Distrito: Chuquisaca.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 823 a 831 vta., interpuesto por Naify Marcelina Gaspar Cortez contra el Auto de Vista Nº 191/2018 de 05 de julio de fs. 813 a 820, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso sobre división y partición de bienes, seguido por Gonzalo Rubén Gaspar Cortez en contra de la recurrente y otros; la contestación al recurso de fs. 840 a 845; el Auto de Concesión de fecha 09 de agosto de 2018 cursante en fs. 846; el Auto Supremo de Admisión de fs. 854 a 855 vta.; los demás antecedentes procesales; y:
Que, el Juez Publico Civil y Comercial Nº 2 del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció la Sentencia Nº 36/2018 de fecha 10 de abril, cursante de fs. 731 vta. a 752, por la que declara: PROBADA la demanda sobre división, partición y reconocimientos de mejoras impetrada por Gonzalo Rubén Gaspar Cortez; IMPROBADA la acción reconvencional sobre colación e imputación opuesta por Naify Marcelina Gaspar Cortez y PROBADA en parte la demanda reconvencional sobre división y partición formulada por Yesi Verónica y Naify Marcelina Gaspar Cortez.
Resolución de primera instancia que fue apelada por Yesi Verónica Gaspar Cortez mediante el escrito que cursa en fs. 759 a 763 vta.; por Gilka Gaspar Daza a través de su representante, mediante el memorial de fs. 765 a 766 vta.; por Naify Marcelina Gaspar Cortes por intermedio del memorial de fs. 768 a 775 vta.; y por Gonzalo Rubén Gaspar Cortez a través del escrito de fs. 777 a 778, a cuyo efecto la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca mediante el Auto de Vista Nº 191/2018 de 05 de julio, obrante de fs. 813 a 820, CONFIRMÓ la Sentencia antes mencionada y declaró INADMISIBLES los puntos 1, 2, 3 y 5 de la apelación de Naify Marcelina Gaspar Cortez, así como la apelación de Gonzalo Rubén Gaspar Cortez, señalando, entre otros aspectos, que el porcentaje de los derechos de las partes está definida a partir de las afirmaciones que hicieron todos los sujetos procesales (a momento de presentar la demanda y responder a la misma), en sentido de haberse acordado (en la escritura pública Nº 99/2018) que el actor es dueño del 75% y los demandados del 25% de las acciones y derechos del inmueble ubicado en la calle Tarapacá, en cuyo entendido el juez A quo, advirtiendo que dicho inmueble no admite cómoda división dispuso llevarla a subasta judicial y la división del precio en función a los porcentajes señalados.
Esta resolución fue impugnada mediante el recurso de casación de fs. 823 a 831 vta., interpuesto por Naify Marcelina Gaspar Cortez, el cual se analiza.
II.1.- En la forma
Acusa la falta de motivación y fundamentación del Auto de Vista, señalando que dicha resolución, el Ad quem no se ha pronunciado respecto al reclamo expuesto en el punto II.3 de su memorial de apelación planteado en el efecto diferido; omisión que refiere infringe el art. 265.I de la Ley Nº 439.
II.2.- En el fondo
Reitera que la resolución recurrida carece de motivación y fundamentación, en sentido de no contener decisiones expresas positivas y precisas, pues esta se apartaría de los criterios jurisprudenciales (cita diferentes Sentencias Constitucionales) que establecen que toda resolución o decisión de autoridad judicial debe contener la motivación que explique los parámetros legales bajo los cuales fueron considerados los reclamos de apelación; inadvertencia que sostiene, es vulneratorio de los arts. 15 de la CPE; 33 num. 12) de la Ley Nº 025 y 4 de la Ley Nº 439.
Denuncia la violación e interpretación errónea del art. 112 de la Ley Nº 439, respecto a la primera parte de su apelación diferida, concretamente del agravio expuesto en el punto II.1 de dicho recurso resuelto en el inc. a) del auto de vista y en ese entendido a manera de fundamentar esta alegación realiza una descripción de los argumentos que fueron sustento de dicho agravio.
Acusa la violación e interpretación errónea del art. 365.III de la Ley Nº 439, en relación a la segunda parte de su apelación diferida resuelta en el inc. a) del fallo recurrido, señalando que el Tribunal de alzada no consideró que Gilka Gaspar Cortez, luego de haberse suspendido la primera audiencia nunca más se apersonó al juzgado para participar personalmente en juicio, situación que vulneraria dicha norma que es clara y taxativa al disponer que las partes tienen que estar presentes personalmente en la audiencia preliminar, excepto motivo fundado que justifique la incomparecencia, bajo pena de desestimar todas las prensiones de la parte ausente.
Haciendo mención a la primera parte de su segunda apelación diferida resuelta en el inc. b) del auto de vista, señala que el demandante debió tomar en cuenta que la división y partición de bienes hereditarios como la división y partición del acervo hereditario son dos acciones distintas; de igual modo que la petición de su memorial de conciliación previa no guarda relación con la pretensión de su demanda, pues en la primera hace alusión a tres inmuebles y en la segunda únicamente a un inmueble; finalmente que solo se puede accionar la división de la cosa común y la herencia conforme establecen los arts. 167 y 1233 del Código Civil.
Como quinto motivo, y mencionando la segunda parte de su apelación diferida resuelta en el inc. c) del fallo recurrido, arguye que su acción reconvencional sobre anulabilidad de documento, fue fundamentada en base al art. 166 del CC que exige el consentimiento de todos los copropietarios para realizar o celebrar actos de disposición de la cosa común y que por ello Gonzalo Rubén Gaspar Cortez y Gilka Gaspar Cortez, necesitaban de su consentimiento (de la recurrente) y el de Yesi Verónica Gaspar Cortez para celebrar el contrato que cursa de fs. 52 a 53 vta., lo que por otra parte justificaría el interés legítimo de la recurrentes para impetrar dicha acción reconvencional.
Imputa la violación del derecho a la defensa establecida en el art. 115 y 119 de la CPE, en relación a su tercera apelación diferida resuelta en el inc. d) del fallo recurrido, refiriendo que en el penúltimo párrafo de su memorial de 490 existe un anuncio de apelación diferida y que por ello ésta merecía un pronunciamiento de fondo por el Tribunal de alzada.
Como séptimo motivo denuncia la violación a su derecho a la defensa y la mala valoración de la prueba documental e interpretación errónea del art. 1311 del Código Civil, señalando que con respecto a su cuarta apelación diferida resuelta en el inc. e) del Auto de Vista, debe quedar claro que la prueba de fs. 528 a 548, es pertinente y conducente para el presente proceso, puesto que la misma acredita sus pretensiones y desvirtúa las del contrario, vale decir que demuestra los únicos montos que recibió por concepto de alquileres de parte de su hermana Yesi Verónica Gaspar Cortez, y que la misma cuenta con la fuerza probatoria requerida, al tratarse de fotocopias debidamente legalizadas.
En el octavo motivo, nuevamente haciendo alusión a su apelación diferida, en este caso a la resuelta en el inc. f) del fallo apelado, señala que se encontraba pendiente el diligenciamiento de un medio probatorio en el asiento judicial de Tarija referente a la confesión provocada de Gilka Gaspar Cortez.
Por otro aparte, con relación a su sexta apelación diferida, resuelta en el inc. g) del Auto de Vista, señala que no puede disponerse que contra la resolución de fs. 613 vta. corresponda primero interponerse recurso de reposición y no directamente anuncio de apelación diferida, pues este criterio es contrario a lo dispuesto por el art. 260.III num. 3) del Código Procesal Civil, que además confluyó en la imposición de la multa de Bs. 100 en su contra sin considerar que su petición de saneamiento procesal no fue presentada como incidente sino únicamente al amparo del art. 24 de la CPE.
Acusa que el Tribunal de alzada determinó el porcentaje que supuestamente les correspondería sobre el inmueble de la calle Tarapacá N° 32, sin que haya existido producción de prueba alguna para tal efecto, es decir, que en la presente causa se estableció que el actor Gonzalo Rubén Gaspar Cortez es beneficiario del 75 % del terreno de la calle Tarapacá y su persona (la recurrente) conjuntamente con Yesi Verónica Gaspar Cortez del 25 %, sin que tal aspecto haya sido establecido, menos solicitado en la demanda, puesto que solo se solicitó la división y partición de dicho inmueble y en ese marco acusa la errónea valoración de la prueba testifical de cargo, señalando que las declaraciones de Edmundo Arancibia Cáceres, dan cuenta que en esta litis debía ser incorporada la empresa AGRECOM que fue la que pagó las mejoras demandadas por el actor, así también observa el valor probatorio de los recibos presentado por el demandante, para luego acusar que no se valoró su prueba testifical de descargo que demuestra que el pago de las mejoras habrían sido realizadas por su madre y finalmente refiere que no se tomó en cuenta que la prueba pericial de oficio, demuestra que las mejoras tienen una data de 10 a 15 años y que los testigos del actor manifestaron que dichas mejoras fueron realizadas en año 2009.
Por todo lo expuesto, solicita se anule el Auto de Vista impugnado y se disponga que el Tribunal de alzada pronuncie nueva resolución de acuerdo a los puntos apelados, o bien se case el referido fallo de acuerdo a los reclamos expuestos en el presente recurso.
Señala que el recurso de casación carece de sustento, puesto que la recurrente no hace referencia, ni demuestra que parte del fallo recurrido no está motivado y simplemente hace cita de jurisprudencia sin mencionar que punto no se ha resuelto por el Ad quem.
Sostiene que el recurso de casación no cumple con el voto del art. 274 del Código Procesal Civil, toda vez que en dicho medio impugnatorio no se tiene una expresión clara y precisa de la ley o leyes infringidas, violadas o que fueron indebidamente o erróneamente aplicadas o interpretadas, ya que de forma escueta se hace referencia a memoriales anteriores, siendo así este recurso un medio dilatorio que simplemente demuestra que la recurrente pretende alargar la ejecución del fallo de instancia.
En merito a estos y otros argumentos, solicita se declare improcedente el referido recurso de casación de la parte demandada.
III.1.De la Incongruencia Omisiva
III.2.Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales
Sobre este particular, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, ha razonado: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.
III.3.De la procedencia del recurso de casación de la apelación en efecto diferido
III.4.Sobre la valoración de la prueba en el Código Procesal Civil
IV.I.- En la forma
En el punto 1) del recurso de casación planteado en la forma, el recurrente acusa la falta de motivación y fundamentación del Auto de Vista, señalando que el Tribunal de alzada no se ha pronunciado respecto al reclamo expuesto en el punto II.3 de su memorial de apelación planteado en el efecto diferido; omisión que refiere infringe el art. 265.I de la Ley Nº 439.
Sobre esta cuestión, no existe duda que la citada alegación recursiva se encuentra abocada a observar la incongruencia omisiva del fallo recurrido, situación por la cual conviene remitirnos a los criterios descritos en el punto III.1 de la doctrina aplicable, y en ese entendido dejar sentado que de acuerdo a los razonamiento jurisprudenciales desarrollados por este Tribunal de casación, se ha establecido que en los casos en que se acusa incongruencia omisiva respecto al recurso de apelación, este máximo Tribunal debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo, por lo que el hecho de identificar las respuestas consideradas de omitidas en la resolución impugnada no implica que se dé una respuesta positiva o negativa a lo razonado en el fondo o que se esté de acuerdo con las mismas; razonamiento que se aplica también al análisis para identificar la existencia o no de fundamentación y motivación en la resolución recurrida.
En ese contexto, del análisis del fallo recurrido, se ha podido advertir que el Tribunal de alzada con una argumentación clara y concreta, en el inc. d) de la parte considerativa de dicho fallo (denominada apelaciones diferidas de Naify Marcelina Gaspar C.) ha analizado el punto II.3 del recurso de apelación planteado en el efecto diferido (referente al auto que cursa en fs. 482) en cuyo entendido no resulta evidente la incongruencia omisiva acusada por la recurrente, en razón a que dicho Tribunal atendiendo el reclamo de referencia, ha señalado que el auto de fs. 482, está inserto en el acta de audiencia complementaria de fs. 476 a 490, y que tras la lectura de dicha acta no existe ninguna apelación diferida formulada en contra del mencionado auto, y siendo que la impugnación debe ser activada en dicha audiencia por mandato del art. 368.V de la Ley Nº 439, es inviable activarla de forma posterior; razonamiento que nos permiten entender que la acusada incongruencia omisiva carece de sustento, puesto que no es evidente que el Tribunal de alzada no haya considerado el agravio expuesto en el punto II.3 de la apelación diferida, lo que en consecuencia permite desvirtuar la alegada infracción del art. 265.I de la Ley Nº 439; situación por la cual no merece emitirse mayores consideraciones al respecto.
Ahora bien, de una minuciosa lectura del recurso de casación planteado en el fondo, se puede advertir que los puntos 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) y 9) se encuentran abocados a cuestiones atingentes a la forma del proceso, escenario en el cual corresponden ser analizadas.
En ese entendido, en el punto 1) de dicho recurso, los recurrentes reclaman la ausencia de motivación y fundamentación del fallo recurrido, arguyendo que dicha resolución no contiene decisiones expresas positivas y precisas al apartarse de los criterios jurisprudenciales que establecen que toda resolución o decisión de autoridad judicial debe contener la motivación que explique los parámetros legales bajo los cuales fueron considerados los reclamos de apelación; inadvertencia que acusan como vulneratorio de los arts. 15 de la CPE, 33 num. 12) de la Ley Nº 025 y 4 de la Ley Nº 439.
Sobre este planteamiento, conviene precisar que el art. 115.II del Constitución Política del Estado, impone a las autoridades judiciales, la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de hecho y derecho consideradas para dictar sus resoluciones, los cuales deben estar envestidos de la fuerza legal suficiente para hacer valido el decisorio; pues cuando un Juez omite fundamentar o motivar una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que también toma una decisión de hecho y no de derecho que vulnera de manera flagrante el debido proceso que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la razón de derecho que llevó al juzgador a tomar la decisión de fondo.
Es en ese marco que este Tribunal, en sus diferentes fallos, ha comprendido la importancia de esta exigencia legal como uno de los elementos que garantiza el debido proceso, empero se debe tener presente que para el cumplimiento de esta exigencia, la estructura de la resolución, no requiere de una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que basta que esta sea coherente, precisa y clara, dando a entender los motivos y/o convicciones determinativas del fallo, y que estas respondan a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones de los sujetos procesales, cumplido este extremo, se tiene por realizada la motivación de una resolución judicial.
De ahí que en el presente caso, se puede advertir que la resolución impugnada, es decir el Auto de Vista N° 191/2018, cuenta con los criterios jurídico-facticos que sustentan el decisorio asumido, puesto que de manera clara el Tribunal de alzada ha expuesto los juicios cognitivos por los cuales considera que los agravios formulado en la apelación no resultan consistentes para acoger la petición de alzada y en ese entendido las afirmaciones de los recurrentes resultan endebles, ya que por una parte, en los incisos a), b), c), d), f) y g) de la parte considerativa de la resolución recurrida denominada “apelaciones diferidas de Naify Marcelina Gaspar C.”, se han ido considerando todas y cada una de las cuestiones postuladas en el efecto diferido, y de igual manera en el acápite rotulado como “apelación de la sentencia de Naify Marcelina Gaspar Cortez”, han sido analizadas los alegaciones recursivas planteadas en contra de la Sentencia de primer grado, de tal manera que muchas de estas incluso han sido declaradas inadmisibles por su manifiesta carencia de técnica recursiva, sin que ahora haya cambiado tal situación, puesto que la recurrente simplemente ha reiterado las alegaciones del recurso de apelación y se ha limitado a sostener que el Auto de Vista es carente de fundamentación y motivación, sin precisar cual o cuales agravios adolecen de tal defecto, extremo por el cual no resulta evidente la vulneración de los arts. 15 de la CPE; 33 num. 12) de la Ley Nº 025 y 4 de la Ley Nº 439 y en esa medida no corresponde emitir mayores criterios al respecto.
Por otra parte en lo concerniente a los puntos 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) y 9) del recurso de casación, resulta preciso remitirnos a los argumentos expresados en el punto III.3 de la doctrina aplicable, donde este Tribunal, partiendo de la naturaleza formal del recurso de casación, ha señalado que contra los Autos de Vista que confirmen apelaciones de autos y/o resoluciones concedidas en el efecto diferido, no es procedente el recurso de casación al no constituir resoluciones de carácter definitivo conforme lo establecido por el art. 211.I de la Ley Nº 439; entendimiento que es aplicable al presente caso, ello tomando en cuenta que los autos de fs. 388 a 391, 409 a 411, 482, 579 a 581, 555 y 702 a 703 (todos impugnados en el efecto diferido), no constituyen resoluciones de carácter definitivo, puesto que no cortan procedimiento ulterior, ni impide la prosecución de la causa, y que además fueron confirmadas por el Auto de Vista recurrido, situación por la cual no corresponde ingresar al análisis de los argumentos expuestos en los puntos precitados, donde claramente la recurrente hace mención a que dichos reclamos están abocados a los diferentes recursos de apelación planteados en el efecto diferido, y en ese entendido, considerando que el recurso de casación tiene como una de sus características esenciales, que no se trata de una tercera instancia (pues el Tribunal de casación es un Tribunal de derecho y no de hecho) el recurso de casación solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley o reguladas por la jurisprudencia, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico.
IV.II.- En el fondo
En el punto 10) del recurso casación, se han traído una serie de cuestiones abocadas a examinar la valoración de los elementos probatorios, entre otros extremos.
Tal es así que en un primer argumento, la recurrente cuestiona que en la presente litis, sin que haya existido producción de elementos probatorios, se haya establecido que el actor Gonzalo Rubén Gaspar Cortez sea beneficiario del 75 % del terreno ubicado en la calle Tarapacá Nº 32 y la recurrente conjuntamente su hermana Yesi Verónica Gaspar Cortez solamente del 25 %.
Sobre esta cuestionante, cabe señalar que la acusada ausencia de elementos probatorios en la determinación de porcentajes correspondientes a la división y partición del inmueble ubicado calle Tarapacá Nº 32, no resulta evidente, puesto que dicha determinación, no precisamente es emergente de la valoración de los elementos probatorios producidos por las partes, sino que responde a los argumentos discernidos tanto en la demanda como en la contestación a la misma, puesto que si nos detenemos a observar la demanda de fs. 93 a 95, claramente podremos advertir que el actor, entre los argumentos que sustentan su pretensión, señaló lo siguiente: “… a la fecha somos copropietarios del indicado inmueble, mi persona con 75%, mi hermana YESI VERONICA con el 12,5 % y mi otra hermana NAIFY MARCELINA con el 12,5 %...” (Sic.), alegación que se tiene fue asentida por las demandadas en sus diferentes memoriales de contestación, tal es así que por ejemplo la co-demandada Yesi Verónica Gaspar Cortez, en su escrito de fs. 143 a 146, señaló: “…se tiene evidenciado que el 50 % del inmueble de la calle Tarapacá Nº 32, le corresponde a mi hermano GONZALO RUBEN GASPAR, sin embrago y tal cual consta en dicha documental el restante 50 % de la propiedad correspondía a mi madre MARIA NILDA CORTEZ BALDIVIEZO DE GASPAR, a la muerte de nuestra madre, quedamos cuatro hijos entre los cuales corresponde la división de dicho 50 %, dado que a cada uno de los hijos y herederos de mi madre al ser cuatro, NIFY MARCELINA, GILKA, GONZALO RUBEN y YESI VERONICA, todos GASPAR CORTEZ, ALCANZA UN PORCENTAJE DEL 12,5 % (…). Así mismo de mi parte reconozco la cesión que ha realizado GILKA GASPAR CORTEZ de HERNAIZ, quien ha cedido su alícuota parte de 12,5 % en favor del demandante, por lo que el mismo tiene un porcentaje de 75 % del inmueble referido…” (El resaltado nos corresponde), y de la misma manera Gilka Gaspar Cortez, en su memorial de fs. 217 a 220 asiente tal extremo manifestando: “Por otra parte en cuanto a los derechos, acciones y obligaciones que me pudieran corresponder sobre el bien inmueble ubicado en la calle Tarapacá, cabemos señalar que todo lo he transferido y reconocido en favor del Sr. GONZALO RUBEN GASPAR CORTEZ, tal cual se desprende del reconocimiento de derecho propietario que mi persona realizó (…) repito no tengo ninguna acción, derecho u obligación sobre este bien inmueble”, situación que además es corroborada por los elementos probatorios que cursan en fs. 33 a 35, 36 a 37 y 53 a 53 vta., y en ese entendido no resulta evidente lo acusado por la recurrente ya que si bien ella en su memorial de contestación rebate la determinación de porcentajes, ello lo hace a partir de su acción reconvencional sobre anulabilidad de la Escritura Publica Nº 499/2017, que fue rechazada por carecer de legitimación para tal efecto, y en ese entendido no se tiene que la recurrente hay planteado algún criterio o haya presentado algún medio probatorio que refute válidamente la determinación de los porcentajes que ahora se acusan, no correspondiendo por ello expresar mayores consideraciones al respecto.
Por otra parte respecto al segundo argumento referente a la integración en la litis de la empresa AGRECOM en relación al pago que presuntamente habría realizado sobre las mejoras demandadas por el actor, corresponde manifestar que la alegación de la recurrente resulta ilusoria y forzada, puesto que si bien es cierto que en la declaración testifical de Eduardo Fabio Arancibia Ramírez (fs. 485 a 486) se ha señalado que fue la empresa AGRECOM la que erogó los gastos para introducir las mejoras impetradas, no puede desconocer la recurrente que dicha empresa es de propiedad del demandante (ver fs. 855 de anexos), por lo que dichos pagos independientemente de que hayan sido dispensados por la esposa del actor (como refiere el testigo Edmundo Arancibia Cáceres) o por algún personero de la empresa AGRECOM (como señala Eduardo Fabio Arancibia Ramírez), igualmente siguen formando parte del patrimonio del actor, lo que da cuenta que fue él quien asumió el costo de las mejoras demandadas y en ese entendido no es evidente la necesidad de integración a la litis de la referida empresa, mucho menos es evidente que el juez haya asumido reconocer el pago de las mejoras en favor del demandante, únicamente en razón de dichas declaraciones testificales, sino que en realidad este juicio emerge de un análisis del universo probatorio producido en el proceso, de tal manera que se han tomado en cuenta también todas las pruebas adjuntas en los anexos presentados por el actor, donde claramente se puede advertir que fue este sujeto procesal quien se ocupó del costo de las mejoras impetradas, y en ese entendido resulta impertinente señalar que fue la madre de la recurrente quien cubrió dicha carga, por lo que tampoco resulta evidente la acusada valoración errónea de la prueba testifical de descargo, menos resulta valedero observar el valor probatorio de los recibos adjuntos en dichos anexos, puesto que este extremo ya fue analizado en el acápite concerniente a las impugnaciones concedidas en el efecto diferido, situación por la cual no corresponde expresar mayores consideraciones al respecto.
Finalmente en cuanto a la alegada contradicción que existirá entre las aseveraciones del actor y sus testigos en relación a prueba pericial de oficio, en sentido de que los testigos sostendrían que las mejoras habrían sido introducidas en la gestión 2009 cuando la pericia establece que dichas mejoras datan de hace diez o quince años atrás, cabe manifestar que ninguno de los testigos de cargo a expresado una afirmación concreta respecto a la gestión en la que fueron introducidas las mejoras demandadas por el actor, puesto que contrario a ello estos afirman no recordar la data de dichas mejoras y si bien el testigo Eduardo Fabio Arancibia Ramírez (fs. 486) hace referencia a la gestión 2009, ello lo hace únicamente para señalar el año en el cual se encontraba trabajando en el inmueble en cuestión, expresión que de ninguna manera puede definir que fuera esa la gestión en la que se iniciaron las mejoras demandas, máxime cuando por expresión de actor los trabajos en el inmueble iniciaron en la gestión 2005, criterio que es coincidente con las conclusiones de la pericia de fs. 712 a 722 que fue practicada el año 2018, de manera tal que lo argumentado por la recurrente resulta inconsistente al no encontrar respaldo en otros medios probatorios que puedan sustentar dicha alegación y de esa manera se concluye que las pruebas de este proceso fueron debidamente valoradas conforme las reglas expuestas en el punto III. 4 de la doctrina aplicable en relaciona lo establecido por el art. 145 del Código procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 823 a 831 vta., interpuesto por Naify Marcelina Gaspar Cortez contra el Auto de Vista Nº 191/2018 de 05 de julio de fs. 813 a 820, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas y costos
Se regula honorarios en la suma de Bs. 1000 para el abogado que responde al recurso de casación.

References: Resolución 
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