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Timestamp: 2020-02-17 06:33:06+00:00

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Sentencia nº 1684 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Noviembre de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 283322543
Fecha de Resolución: 4 de Noviembre de 2008
Número de Expediente: 08-1016
Expediente Nº 08-1016
Mediante el Oficio N° TPE-08-0344 del 25 de julio de 2008, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia remitió a esta Sala Constitucional el expediente N° AA10-L-2008-000067 de esa Sala, contentivo de la solicitud de antejuicio de mérito solicitado por la ciudadana Dra. L.O.D., Fiscala General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el ciudadano C.E.G.C., titular de la cédula de identidad N° 5.426.658, quien ejerce el cargo de Gobernador del Estado Yaracuy.
El 4 de agosto de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado A.D.R., quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
…la ciudadana Fiscala General de la República solicitó en su escrito, la determinación del tribunal competente ˈ…para conocer del procedimiento que habrá de seguirse en lo sucesivo contra el ciudadano C.E. GIMÉNEZ COLMENÁREZ…ˈ.
2. Declarar, en Sala Plena, si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora General de la República, del Fiscal o la Fiscal General de la República, del Contralor o Contralora General de la República, del Defensor o Defensora del Pueblo, de los Gobernadores o Gobernadoras, Oficiales, Generales y Almirantes de la Fuerza Armada Nacional, en funciones de comando, y de los Jefes o Jefas de Misiones Diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal o a la Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva…
En aplicación de las precedentes consideraciones en concordancia con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone que las interpretaciones de la Sala Constitucional son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto al contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, la Sala Plena se declara incompetente para resolver la colisión de normas existente para determinar el Tribunal Competente para el enjuiciamiento de los Altos Funcionarios distintos del Presidente de la República; y declina la competencia en la Sala Constitucional de este máximoT.. Así de declara…”.
Previo a cualquier pronunciamiento, pasa esta Sala a determinar su competencia para conocer de la presunta colisión de normas existente entre los artículos 5 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido, observa que lo requerido a la Sala Plena por la Fiscala General de la República fue la“…determinación del tribunal competente para conocer del procedimiento que habrá de seguirse en lo sucesivo contra el ciudadano C.E. GIMÉNEZ COLMENÁREZ…”, una vez que fue declarada ha lugar la solicitud de antejuicio de mérito propuesta en su contra.
En este sentido, esta Sala en sentencia Nº 1.077 del 22 de septiembre de 2000 (caso: S.T.L.), determinó su competencia para interpretar el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 336 eiusdem.
En este orden de ideas, se ha precisado que la norma a interpretar debe estar en la Constitución (sentencia Nº 1415/2000 del 22 de noviembre caso: F.R.R., entre otras) o integrar el sistema constitucional (sentencia Nº 1860/2001 del 5 de octubre caso: C.L. delE.B.), del cual formarían parte los tratados o convenios internacionales que autorizan la producción de normas por parte de organismos multiestatales (sentencia Nº 1077/2000 del 22 de septiembre caso: S.T.L.) o las normas de carácter general dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente (sentencia Nº 1563/2000, caso: A.P.).
Establecido lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción interpuesta y, al respecto, observa que en la sentencia Nº 1.029 del 13 de junio de 2001 (caso: Asamblea Nacional), este órgano jurisdiccional precisó los requisitos de admisibilidad de la acción de interpretación constitucional, en atención a su objeto y alcance. En este sentido, estableció lo siguiente:
…1.- Legitimación para recurrir. Debe subyacer a la consulta una duda que afecte de forma actual o futura al accionante.
En caso de instancia verbal, se exigirán, en lo posible, los mismos requisitos...
La Sala advierte que, en el caso de autos, está demostrado el cumplimiento efectivo de cada uno de los requisitos señalados supra, por parte de la interesada en la interpretación que ocupa a esta Sala; en efecto, este órgano jurisdiccional reconoce la legitimidad que ostenta a tales fines la Sala Plena en el requerimiento de la determinación del tribunal competente para conocer del procedimiento que habrá de seguirse contra el ciudadano C.E.G.C., en su condición de Gobernador del Estado Yaracuy, una vez declarada ha lugar la solicitud de antejuicio de mérito propuesta en su contra, por parte de la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia.
En cuanto al procedimiento a seguir para sustanciar el recurso de interpretación constitucional, la Sala, en sentencia del 22 de septiembre de 2000 (caso: S.T.L.), dejó abierta la posibilidad de que, una vez admitida la acción, si lo creyere necesario, en aras de la participación de la sociedad, pudiera emplazar por “edicto” a cualquier interesado que quisiera coadyuvar en el sentido que ha de darse a la interpretación, para lo cual se señalaría un lapso de preclusión a fin de que aquéllos concurrieran y expusieran por escrito (dada la condición de mero derecho de este tipo de causas), lo que creyeren conveniente. Además, a los mismos fines, se haría saber de la admisión del recurso, mediante notificación, a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo, quedando a criterio del Juzgado de Sustanciación de la Sala el término señalado para las observaciones, así como la necesidad de llamar a los interesados, ya que la urgencia de la interpretación puede conducir a que ello sea obviado (Vid. Sentencia Nº 226 del 20 de febrero del 2001, caso: G.M.H. y otros).
Al respecto, este órgano jurisdiccional, en sentencia Nº 1.309 del 19 de julio de 2001 (caso: H.E.), manifestó su intención de explicar el sentido de la interpretación constitucional, en atención al postulado del artículo 335 de la Carta Magna, para lo cual precisó la noción y alcance de su propia potestad interpretativa, señalando al respecto lo siguiente:
…La interpretación constitucional hace girar el proceso hermenéutico alrededor de las normas y principios básicos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha previsto. Ello significa que la protección de la Constitución y la jurisdicción constitucional que la garantiza exigen que la interpretación de todo el ordenamiento jurídico ha de hacerse conforme a la Constitución (ver-fassungskonfome Auslegung von Gesetze). Pero esta conformidad requiere el cumplimiento de varias condiciones, unas formales, como la técnica fundamental (división del poder, reserva legal, no retroactividad de las leyes, generalidad y permanencia de las normas, soberanía del orden jurídico, etc.) [Ripert. Les Forces créatices du droit, París, LGDJ, 1955, pp. 307 y ss]; y otras axiológicas (Estado social de derecho y de justicia, pluralismo político y preeminencia de los derechos fundamentales, soberanía y autodeterminación nacional), pues el carácter dominante de la Constitución en el proceso interpretativo no puede servir de pretexto para vulnerar los principios axiológicos en que descansa el Estado constitucional venezolano. Interpretar el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución significa, por tanto, salvaguardar a la Constitución misma de toda desviación de principios y de todo apartamiento del proyecto político que ella encarna por voluntad del pueblo.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé dos clases de interpretación constitucional. La primera está vinculada con el control difuso de la constitucionalidad de las leyes y de todos los actos realizados en ejecución directa de la Constitución; y la segunda, con el control concentrado de dicha constitucionalidad. Como se sabe, el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela impone a todos los jueces la obligación de asegurar la integridad de la Constitución; y el artículo 335 eiusdem prescribe la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, por lo que declara a esta Sala Constitucional su máximo y último intérprete, para velar por su uniforme interpretación y aplicación, y para proferir sus interpretaciones sobre el contenido o alcance de dichos principios y normas, con carácter vinculante, respecto de las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República (jurisprudencia obligatoria). Como puede verse, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no duplica en estos artículos la competencia interpretativa de la Constitución, sino que consagra dos clases de interpretación constitucional, a saber, la interpretación individualizada que se da en la sentencia como norma individualizada, y la interpretación general o abstracta prescrita por el artículos 335, que es una verdadera jurisdatio, en la medida que se declara erga omnes y pro futuro (ex nunc), el contenido y alcance de los principios y normas constitucionales cuya interpretación constitucional se insta a través de la acción extraordinaria correspondiente. Esta jurisdatio es distinta de la función que controla concentradamente la constitucionalidad de las leyes, pues tal función monofiláctica es, como lo ha dicho Kelsen, una verdadera legislación negativa que decreta la invalidez de las normas que colidan con la Constitución, aparte de la interpretación general o abstracta mencionada no versa sobre normas subconstitucionales sino sobre el sistema constitucional mismo. El recto sentido del artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hace posible la acción extraordinaria de interpretación, ya que, de otro modo, dicho artículo sería redundante en lo dispuesto por el artículo 334 eiusdem, que sólo puede dar lugar a normas individualizadas, como son, incluso, las sentencias de la Sala Constitucional en materia de amparo. La diferencia entre ambos tipos de interpretación es patente y produce consecuencias jurídicas decisivas en el ejercicio de la jurisdicción constitucional por parte de esta Sala. Esas consecuencias se refieren al diverso efecto de la jurisdictio y la jurisdatio y ello porque la eficacia de la norma individualizada se limita al caso resuelto, mientras que la norma general producida por la interpretación abstracta vale erga omnes y constituye, como verdadera jurisdatio, una interpretación cuasiauténtica y paraconstituyente, que profiere el contenido constitucionalmente declarado por el texto fundamental…
Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de
La atribución señalada en el numeral 1 será ejercida por la Sala Constitucional; las señaladas en los numerales 2 y 3, en Sala Plena; y las contenidas en los numerales 4 y 5 en Sala Político Administrativa. Las demás atribuciones serán ejercidas por las diversas Salas conforme a lo previsto en esta Constitución y la ley…
…2.- Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento de los miembros del Congreso o de la propia Corte, de los Ministros, el Fiscal General, el Procurador General o el Contralor General de la República, los Gobernadores y los jefes de misiones diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, pasar los autos al Tribunal ordinario competente, si el delito fuere común, o continuar conociendo la causa hasta sentencia definitiva, cuando se trate de delitos políticos, salvo lo dispuesto en el artículo 144 con respecto a los miembros del Congreso…
Ahora bien, atribuirle a la Sala Plena de este M.T. el conocimiento de las causas instauradas contra los altos funcionarios públicos cuando el delito por ellos presuntamente cometido fuese calificado como “delito común”, revela la existencia de un error material del Constituyente de 1999, y con ello una inconsistencia de la norma, es decir, que la solución aportada no responde a las propiedades que tomó en cuenta el mismo Constituyente para establecer el supuesto de hecho de dicha consecuencia jurídica. Siendo así, se está en presencia de un enunciado que presenta una laguna, que a su vez conduce a una solución jurídica ilógica e inaceptable.
Las normas primarias tendrían como destinatarios a los particulares, e impondrían conductas u otorgarían potestades a dichos particulares; por su parte, las normas secundarias “…establecen qué contenido deben tener o tendrán las decisiones dictadas por la Administración Pública o por los jueces en determinados casos…” (Vid. R. H.M., op. cit., pág. 98).
El Tribunal conocerá en Sala Plena los asuntos a que se refiere este artículo en sus numerales 1 al 2…
Artículo 22. El Tribunal Supremo de Justicia conocerá de las causas para declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento de los altos funcionarios o funcionarias, de acuerdo con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a instancia del Fiscal General de la República, quien interpondrá escrito con los respectivos documentos, testimonios, averiguaciones u otros medios de prueba que acrediten los alegatos expuestos y permitan constatar la presunta comisión de un hecho punible previsto en la ley. En caso de que la solicitud vaya dirigida contra un diputado o una diputada de la Asamblea Nacional, el procedimiento se regirá conforme a lo que establece el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Ley.
En todo lo no previsto en este artículo se aplicarán las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal y del Código de Procedimiento Civil, así como las disposiciones normativas que emanen de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y fueren publicadas de conformidad con la ley, en cuanto sean compatibles con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con esta Ley…
Artículo 378.- Efectos. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia declare que hay mérito para el enjuiciamiento del Presidente de la República, previa autorización de la Asamblea nacional, continuará conociendo de la causa hasta sentencia definitiva.
Cuando se trate de los otros funcionarios del Estado y se declare que hay lugar al enjuiciamiento, el Tribunal Supremo de Justicia deberá pasar los autos al tribunal ordinario competente si el delito fuere común, y continuará conociendo de la causa hasta sentencia definitiva, cuando se trate de delitos políticos, salvo lo dispuesto en la Constitución de la República respecto del allanamiento de la inmunidad de los miembros de la Asamblea Nacional…
De la lectura de las disposiciones supra transcritas, se desprende que pareciera existir una colisión de normas o antinomia, es decir, una situación de incompatibilidad entre enunciados jurídicos “…que pertenecen al mismo ordenamiento (y que) tienen el mismo ámbito de validez…”, producto de una solución contraria a supuestos de hecho similares (Cfr. N.B., Teoría General del Derecho, pág. 201).
Sin embargo, en vista de la interpretación constitucional realizada y el hecho de que el último aparte del artículo 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia remita expresamente al Código Orgánico Procesal Penal “en todo lo no previsto” en lo que concierne a los procedimientos de antejuicio de mérito y enjuiciamiento de altos funcionarios hace concluir a esta Sala Constitucional, que la antinomia está resuelta, no solo por la aludida remisión, sino porque, a pesar de tratarse la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el Código Orgánico Procesal Penal de normas de igual jerarquía (orgánicas), el Código Orgánico Procesal Penal es ley posterior (su última reforma es del 4 de octubre de 2006) y ley especial en lo que concierne al procedimiento penal, pues la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia es fundamentalmente una ley organizativa del máximoT.. En consecuencia, la normativa aplicable en lo que concierne al Tribunal competente y al enjuiciamiento de altos funcionarios es la contenida en el Título IV (artículos 377 al 381) del Código Orgánico Procesal Penal; y así se decide.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 04 días del mes de noviembre de dos mil ocho (2008). Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.
Exp. Nº 08-1016
El Magistrado P.R.R.H. manifiesta su disentimiento del fallo que antecede, razón por la cual, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, expresa su voto salvado en los siguientes términos:
1. En primer lugar, resulta pertinente la reiteración, del voto salvado que se rindió respecto del veredicto que declinó en esta Sala el asunto de autos (s.S.P. n.° 90 de 22.07.08):
En el presente caso, la Sala Plena se pronunció respecto de las solicitudes de aclaración que interpusieron, por una parte, la Fiscal General de la República y, por la otra, la Defensa del ciudadano C.E.G.C., respecto del acto de juzgamiento que pronunció esta misma Sala, el 10 de junio de 2008, mediante el cual declaró que había mérito para el enjuiciamiento del ciudadano antes mencionado quien, hasta esa fecha, ejerció el cargo de Gobernador del Estado Yaracuy.
La mayoría sentenciadora, en su fallo, declaró lo siguiente:
PRIMERO: Declina la competencia en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para resolver la colisión de normas existente para determinar el tribunal que habrá de conocer el juicio penal contra el ciudadano C.E.G.C., por la presunta comisión de los delitos de PECULADO DOLOSO IMPROPIO, EVASIÓN DE PROCESOS LICITATORIOS y CONCIERTO CON CONTRATISTAS, tipificados en los artículos 52, 58 y 70, respectivamente, de la Ley Contra la Corrupción.
SEGUNDO: Declara improcedente el alegato expuesto por la ciudadana Fiscala General de la República Bolivariana de Venezuela, Doctora L.O.D., relacionado con la renuncia de la prerrogativa del antejuicio de mérito.
TERCERO: Declara improcedentes las pretensiones contenidas en el escrito de la ciudadana Gerin Páez Martínez, defensora privada del ciudadano C.E.G.C..
Respecto de la decisión que fue transcrita, este Magistrado disidente estima lo siguiente:
1. En relación con la declaración, por parte de la Sala Plena, de que existe colisión de normas entre la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal, en lo que respecta a cuál es el tribunal materialmente competente para el conocimiento de la causa que se sigue contra el ex Gobernador del Estado Yaracuy, C.E.G.C., es opinión de quien se aparta del criterio mayoritario que éste incurrió en error por cuanto, en Derecho, no es concebible, como problema que amerite el planteamiento de una pretensión por colisión de leyes –que es el único que existe- una colisión entre normas vigentes de las cuales unas sean de rango constitucional y otras infraconstitucionales; ello, por la indiscutible prevalencia, siempre, de las primeras sobre las segundas.
En efecto, la Sala Constitucional, mediante sentencia n.° 2720 de 14 de octubre de 2003, caso: A.J.B.L., señaló:
Delimitado lo anterior, esta Sala observa que, en la sentencia N° 265 dictada el 25 de abril de 2000 (caso: J.D.C.), se hizo referencia a los aspectos sustantivos y adjetivos a considerar para la resolución de los conflictos derivados de la colisión de leyes, reiterando el criterio que, en su oportunidad, había expuesto la otrora Corte Suprema de Justicia en Pleno. En tal sentido, se dispuso:
‘(...) debe señalarse que de las mencionadas normas atributivas de competencia, no existen otras disposiciones relativas al procedimiento del denominado recurso de colisión, salvo la referencia expresa que del mismo hace el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que alude a la reducción de lapsos y la eliminación de las etapas de relación e informes cuando el asunto fuere de mero derecho. En el mismo sentido, puede afirmarse, que tampoco existe regulación desde el punto de vista de los criterios materiales que han de seguirse cuando se planteen colisiones de normas.
No obstante, la Sala Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 31 de octubre de 1995, dictada en el caso: A.J.V.B., en el análisis del contexto del ordenamiento jurídico, expuso los elementos que caracterizan a esta figura de la ‘Colisión de Normas’.’
Desde el punto de vista del derecho adjetivo, el fallo señaló:
‘Primero. La Corte conoce del mismo a instancia de parte interesada, tal como lo prevé el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, (...).
Dos. Se trata de un verdadero y propio recurso, en el sentido de que se solicita a la Corte se dirima un conflicto planteado por la preexistencia de normas que aparentemente coliden.
Tres. No existe un procedimiento expresamente previsto, (...), por lo cual rige para su decisión lo previsto en el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia’.
Desde un punto de vista material, delineó los objetivos de este recurso:
‘Que la Corte resuelva el conflicto planteado entre diversas disposiciones legales y que efectuado lo anterior, la Corte declare cual ha de prevalecer.
El recurso alude a la situación en la cual dos disposiciones intentan regular el mismo supuesto en forma diferente, con lo cual las mismas se encontrarían en conflicto.
Esta norma atributiva de competencia contenida en el citado ordinal 6° del artículo 42 implica, la facultad de este Alto Tribunal de determinar si existe contraste entre dos normas jurídicas en forma tal que la aplicación de una de ellas implique la violación de su sentido y alcance, y, en el caso dado de que tal fuese la situación, determinar cuál ha de predominar en base a los criterios hermeneúticos que utiliza.’
De lo anterior se deduce, que la colisión de normas parte de la existencia de diferentes disposiciones que estén destinadas a regular en forma diferente una misma hipótesis. De allí que, este recurso implica la aplicación de los siguientes criterios interpretativos:
a.- Puede plantearse cuando la presunta colisión se da entre cualquier tipo de normas, e incluso, tratarse de diferentes disposiciones de un mismo texto legal.
b.- El conflicto de normas se manifiesta cuando la aplicación de una de las normas implica la violación del objeto de la otra norma en conflicto; o bien, cuando impide la ejecución de la misma.
c.- No se exige que exista un caso concreto de conflicto planteado cuya decisión dependa del predominio de una norma sobre otra; sino que el conflicto puede ser potencial, es decir, susceptible de materializarse en cualquier momento en que se concreten las situaciones que las normas regulan.
d.- No debe confundirse este recurso con el de interpretación, previsto en el numeral 6 del artículo 266 de la Constitución de 1999 y en el ordinal 24° del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
e.- No se puede pretender que a través de este mecanismo, se resuelvan cuestiones de inconstitucionalidad
Igualmente, esta Sala en decisión N° 356 del 11 de mayo de 2000, delimitó el supuesto de procedencia del recurso de colisión, el cual se centra en determinar si existen consecuencias jurídicas distintas que regulan un mismo supuesto de hecho, a saber:
(...) el recurso de colisión de normas se refiere a la situación en la cual dos disposiciones intentan regular el mismo supuesto de forma diferente por la cual las mismas se encontrarían en conflicto (...) una forma peculiar de colisión que puede clasificarse como colisión de sistemas normativos, que serían los casos de conjuntos de normas que rigen una materia determinada que en abstracto forman un cuerpo coherente, pero que, al ser comparadas con otras normas que regulan una situación igual o análoga, se hacen incompatibles al punto de generar problemas en su ejecución, en forma tal que la aplicación de uno de los sistemas implique la violación del sentido y alcance del otro régimen jurídico que coexiste con aquél
2. Por otra parte, observa este disidente que la norma del artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal, a que hace referencia el pronunciamiento de la Sala Plena, es anterior a la Constitución vigente y por razón de que su contenido contradice al artículo 266.3 de la Constitución, aquélla resultó tácitamente derogada conforme a la Disposición Derogatoria Única de la Ley Fundamental. Adicionalmente, se advierte que, pese a su derogación, la predicha disposición legal ha permanecido en el texto del Código Orgánico Procesal Penal luego de las sucesivas reformas parciales que el mismo ha sufrido durante la vigencia de la actual Constitución. Tal situación configura, según doctrina vigente de la Sala Constitucional, una “reedición” de dicha norma, por tanto, carece de validez y vigencia, lo cual abunda en la inexistencia del problema que la Sala Plena estimó debía ser resuelto por la Sala Constitucional.
En efecto, la Sala Constitucional, mediante fallo n.° 728 de 5 de abril de 2006, expediente n.° 06-0189, caso: S.S., estimó lo siguiente:
‘Conforme a la vigente Constitución y a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, corresponde a la Sala Constitucional (salvo excepciones) el control concentrado de la Constitución, y podrá declarar la nulidad de leyes y demás actos de los órganos que ejercen el poder público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando coliden con aquella.
A juicio de esta Sala, ante la situación objetiva que se comprueba con la confrontación que demuestra la identidad entre lo anulado y lo reeditado, y como preservación de la cosa juzgada, no hace falta citar a nadie, sino verificar su burla’ (Vid. Sent. Nº 181/2006).
Así las cosas, estima quien difiere que, en el asunto bajo estudio, es evidente que no existe un problema de colisión de normas de igual rango que requiera resolución a través de un medio judicial específico pues, tal como se dijo, el artículo 266.3 de la Constitución Nacional primaría, indubitablemente, respecto del artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual, además, ha de estimarse derogado; de modo que la competencia para el juzgamiento, por la supuesta comisión de delitos comunes, del ciudadano C.E.G.C. recae en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
3. Sin perjuicio de lo que se expresó con anterioridad, para el Magistrado disidente es evidente que la letra de la norma constitucional conduce a un resultado contrario a la lógica y a la tradición de nuestro ordenamiento jurídico, de modo que resulta indiscutible su necesaria interpretación en forma que no conduzca a un resultado absurdo (laguna), que no puede haber sido el que plasmó el constituyente.
Esa labor integradora del derecho aplicable a un caso concreto compete a todos los jueces de la República y no sólo a la Sala Constitucional, por lo que nada impedía que la hiciese la propia Sala Plena. Por el contrario, la declinación del asunto a la Sala Constitucional demorará la tramitación del juicio que debe seguirse, en perjuicio de los derechos del imputado. Sin embargo, podría estimarse indispensable esa declinación por el carácter auténtico de las interpretaciones que, de la Constitución, hace aquella, en cuyo caso, ésta ha debido realizarse, precisamente, para que recayera tal interpretación con esa fuerza, pero en ningún caso, para la resolución de un problema de colisión que no existe.
2. Pese a que se estime que esta Sala no ha debido aceptar la declinatoria que se le hizo, por las razones que se explicaron en el punto anterior, en atención a la entidad del asunto que se resolvió, el salvante expresará, a continuación, su parecer en relación con el acto decisorio de la Sala Constitucional que precede:
2.1 En opinión de quien difiere, la norma constitucional vigente no deja lugar a duda en lo que concierne a la afirmación de la competencia al Tribunal Supremo de Justicia para el enjuiciamiento de los altos funcionarios que enumera el artículo 266 de la Constitución, por la posible participación de éstos en la comisión de delitos comunes. Al respecto, no se encontró opinión disidente en la doctrina procesal penal nacional (véase, por ejemplo, Vásquez G., Magaly: Derecho Procesal Penal Venezolano, P.S., Eric: Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal, M.B., Carlos: El P.P.V.). No existe, por tanto, laguna o vacío alguno al respecto, en la norma constitucional que atribuyó el Tribunal Supremo de Justicia la competencia en cuestión (delitos comunes) y cuyo contenido fue el que, sin reserva alguna, aprobó el pueblo de Venezuela, en el referéndum constitucional de 1999.
Con el razonamiento en contrario del que se discrepa, la Sala Constitucional se erigió en una suerte de censor valorativo de la voluntad constituyente del pueblo de Venezuela, de suerte que si éste –primero, a través de la representación por la Asamblea Nacional Constituyente y, luego, mediante la directa expresión de su voluntad- votó la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para el conocimiento de las causas penales que deban seguirse contra los antes señalados altos funcionarios, por la comisión de delitos comunes, no le está permitido a ningún Poder Público constituido la modificación de los términos bajo los cuales las normas constitucionales fueron aprobadas por el pueblo soberano. El pronunciamiento del cual se discrepa contradijo, incluso, doctrina anterior de esta Sala, en relación con su sumisión, como órgano del Poder Público constituido, al contenido de la Constitución y a los mecanismos que ésta incorporó para su propia reforma. Así, en su sentencia n.° 1140, de 05 de octubre de 2000, esta juzgadora desarrolló la siguiente doctrina, que es, mutatis mutandi, plenamente aplicable a la situación que se examina:
Aun cuando en su escrito el recurrente no señala de manera específica a qué acto aprobatorio va dirigida la “acción de nulidad”, sin embargo, de los hechos narrados relativos a las dos discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente, y a que sólo en la página 12 del escrito solicita un pronunciamiento interpretativo por parte de esta Sala, en relación “al acto constituyente aprobatorio”, esta Sala debe inferir que la acción de nulidad va dirigida en contra de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, en la segunda discusión del anteproyecto de Constitución, del cambio de denominación de la República de Venezuela por “República Bolivariana de Venezuela”.
No obstante lo anterior, constituye un hecho notorio para esta Sala, el que en fecha 15 de diciembre de 1999 fue realizado el Referéndum Aprobatorio de la Constitución que elaborara la Asamblea Nacional Constituyente. El resultado de dicho referéndum fue la aprobación por parte del pueblo venezolano, de la nueva estructura jurídico-política que se implementaría en el país. Así, el artículo 1 de la Constitución aprobada señala:
La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de S.B., el Libertador...
Por su parte, la Disposición Decimoséptima Transitoria señala que:
“El nombre de la República, una vez aprobada esta Constitución, será “República Bolivariana de Venezuela”, tal como está previsto en su artículo uno...”.
Las normas antes transcritas, forman parte de un todo, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual fue publicada el 30 de diciembre de 1999, en la Gaceta Oficial Nº 36.860, reimpresa en la Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinario de fecha 24 de marzo de 2000.
En este sentido, debe esta Sala observar, que la naturaleza del acto impugnado, esto es, el acto constituyente que modificara la denominación de la República, al ser aprobado por el pueblo mediante el mencionado referendo del 15 de diciembre de 1999, adquirió otro carácter. En efecto, los actos constituyentes que pretende impugnar el recurrente, luego de haber sido aprobados por el cuerpo sufragante mediante el referéndum celebrado el 15 de diciembre de 1999, y su posterior publicación oficial el 30 de diciembre del mismo año, dejaron de ser apenas un anteproyecto de Constitución, para convertirse en el nuevo texto fundamental de la República.
Por tales motivos, esta Sala Constitucional considera que resultaría absurdo que un órgano jurisdiccional subordinado a la Carta Fundamental que le dio origen, pueda en forma alguna declarar la inconstitucionalidad de los preceptos contenidos en ella misma, pues resulta evidente que la voluntad democrática de los sufragantes fue la de adoptar un nuevo pacto social, gestado por sus representantes y legitimado por su aprobación.
En adición a lo expresado, debe esta Sala precisar que la Constitución vigente establece los procedimientos formales para su reforma, configurados éstos en la enmienda, la reforma, y el llamamiento a una Asamblea Nacional Constituyente, consagrados en el Título IX “De la Reforma Constitucional” de la vigente Constitución, en sus artículos 340 al 349. Es sólo mediante dichos mecanismos que puede ser reformada la Constitución, y no utilizando para ello un recurso de nulidad, el cual, lo que busca es la declaratoria, por parte del órgano jurisdiccional competente, de la inexistencia o invalidez del acto contra el cual se obra.
Contra la posibilidad de que un órgano del Poder Público, incluso la Asamblea Nacional Constituyente (a través, esta última, de sus actuaciones posteriores al referéndum aprobatorio de diciembre de 1999) reforme o innove en el texto de la Constitución actualmente vigente, al margen de los procedimientos que esta misma preceptuó para su enmienda o reforma o, bien, para la aprobación de una nueva Constitución, se ha pronunciado la doctrina nacional. Así, por ejemplo, A. R. Brewer-Carías:
Por tanto, conforme a la voluntad popular del 25-4-99 sólo el propio pueblo podía aprobar la Constitución, mediante referéndum aprobatorio, por lo que no podía existir otra norma de rango constitucional que no fuera aprobada por el propio pueblo.
Por ello, al considerar el Tribunal Supremo en la sentencia mencionada que el Estatuto Electoral dictado por la Asamblea Nacional Constituyente tiene un supuesto rango constitucional, con el objeto de llenar los vacíos de las Disposiciones Transitorias de la Constitución, provocado por la propia Asamblea Nacional Constituyente antes de publicar la Constitución; puede considerarse que el Tribunal violó la soberanía popular expresada el 25-4-99 y marginó la soberanía popular expresada el 15-12-99. La verdad es que de nada sirvió que los venezolanos hubiésemos aprobado por referéndum una Constitución el 15-12-99, si paralelamente la Asamblea Nacional Constituyente podía dictar otras normas constitucionales no aprobadas por el pueblo.
En el caso que se examina, se dio la anómala situación jurídica de la implícita acomodación del texto constitucional al del Código Orgánico Procesal Penal, cuando, por imperativo de los principios de jerarquía normativa, debió ser lo contrario, esto es, la adecuación de la ley a la Constitución.
2.2 Por otra parte, no se desconoce que, tal como se indicó ante la mayoría sentenciadora de la Sala Plena de este Alto Tribunal, la simple lectura de la norma constitucional que fue objeto de interpretación, esta vez por la mayoría de la Sala Constitucional, por lo que respecta a la competencia para el enjuiciamiento de los delitos políticos en el marco del artículo 266.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, podría conducir a un resultado contrario a la lógica y a la tradición de nuestro ordenamiento jurídico; sin embargo, en palabras de J.U.C.T., “[l]as normas jurídicas, cuando son expresadas a través del lenguaje escrito, admiten la aparente coexistencia de varios sentidos a la vez, (…), aun admitiendo la postura de que existen preceptos jurídicos que no aceptan estrictamente más que un solo sentido, es indispensable la interpretación para determinarlo y así obtener la norma jurídica. Estos aspectos han dejado como una pieza de museo el viejo adagio in claris non fit interpretatio.” (La interpretación judicial constitucional. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Comisión Nacional de Derechos Humanos. México, 1996, p. 36).
La integración judicial consiste, entonces, “en la facultad atribuida al juzgador para colmar las llamadas lagunas de la ley, es decir, la operación que éste debe efectuar cuando tiene que dictar un fallo no obstante que el legislador no previó o no pudo prever el caso particular sometido al conocimiento judicial. (FIX-ZAMUDIO, Héctor, Breves reflexiones sobre la interpretación judicial, citado por CARMONA TINOCO, J.U. en La interpretación judicial constitucional, ob.cit, p. 37).
Así, como es sabido, la interpretación debe satisfacer dos exigencias: lógica y axiológica. La primera exige el examen de la norma aplicable –de rango constitucional, en el supuesto de autos- dentro de su contexto –en este caso, las normas constitucionales atributivas de competencia al Tribunal Supremo de Justicia-; la segunda exige que ese examen tenga en cuenta la solución óptima de cada situación, según los valores imperantes en la sociedad y en el ordenamiento jurídico.
Desde esta perspectiva, puede verificarse, en primer lugar, que el artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -que está ubicado dentro de la sección segunda, “del Tribunal Supremo de Justicia”, del capítulo III, “Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia”, del Título V, “De la organización del Poder Público Nacional”- confía al Tribunal Supremo de Justicia el ejercicio de las más altas potestades dentro del Poder Judicial. Las disposiciones precedentes recogen severas exigencias para ser magistrado o magistrada de ese Tribunal y las posteriores le otorgan, además, la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial y la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías Públicas. Ese es el contexto normativo dentro del que debe hacerse la interpretación de aquella norma constitucional.
Por lo que toca a la interpretación axiológica, ya puso de relieve, con acierto, la mayoría, como la norma que se desprendería de un análisis superficial de la disposición normativa constitucional que determina la competencia para el conocimiento de los delitos que se atribuyan a los altos funcionarios a que se refiere, después de que este Tribunal Supremo de Justicia hubiere declarado que hay méritos para su enjuiciamiento, conduciría al resultado de que el M.T. de la República, en Sala Plena, enjuiciaría a dichos funcionarios cuando se les imputasen delitos comunes pero no cuando los que se les atribuyesen fuesen políticos. Tal conclusión contraría los valores que el constituyente quiso proteger a través de esa norma, los cuales pueden determinarse a través de nuestra tradición constitucional en la redacción de preceptos análogos y a través del contexto al que se hizo alusión, que no arrojan dudas acerca de que al Tribunal Supremo de Justicia le corresponde el conocimiento de los asuntos de mayor importancia dentro de los que competen al Poder Judicial, en tanto que la distribución y atribución de los de menor entidad se dejó al legislador. La mayor relevancia para la sociedad de los delitos políticos frente a los comunes, por evidente, no necesita de explicación alguna.
2.2 Una interpretación estrictamente literal del artículo 266.3 de la Constitución, además, sería insuficiente porque no menciona a los delitos políticos; existe, entonces, una laguna a su respecto. La conclusión según la cual el conocimiento de estas infracciones está atribuida a los tribunales ordinarios se deduce del enunciado a través del argumento en contrario: en virtud de que hay dos clases de delitos, los comunes y los políticos, y sólo respecto de los primeros establece la Constitución la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para su enjuiciamiento, por argumento en contrario los segundos corresponden, entonces, a los tribunales ordinarios.
Es deber del intérprete –de todo intérprete- el rechazo de las conclusiones que no resistan el análisis lógico y axiológico al que se hizo referencia supra; por lo tanto, la conclusión que se apuntó anteriormente debe rechazarse.
2.3 Sin embargo, en opinión de quien discrepa de la mayoría, la interpretación correcta del artículo 266.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha debido hacerse dentro del máximo respeto a la voluntad popular que refrendó la Constitución vigente.
En este sentido, resulta revelador el examen del Diario de Debates de la Asamblea Nacional Constituyente en cuya sesión ordinaria n.° 37, el 5 de noviembre de 1999, se aprobó, en primera discusión, el artículo 301 del proyecto de Constitución, el cual resultó aprobado, por unanimidad, sin discusión alguna a su respecto, con un texto sustancialmente igual (salvo por los que respecta a la distinción de géneros) al del que se convirtió en la Constitución vigente. (Cfr. Gaceta Constituyente, acta n.° 37, p. 29). En segunda discusión, la totalidad del capítulo III del Título V del proyecto de Constitución fue aprobado en las mismas circunstancias (sin debate y por unanimidad), en sesión n.° 43 del 13 de noviembre de 1999. (Cfr. Gaceta Constituyente, acta n.° 43, p. 75). En consecuencia, no podía la Sala Constitucional desconocer la voluntad constituyente que otorgó el conocimiento de los delitos comunes que comentan las personas a las que se refiere el artículo 266.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al Tribunal Supremo de Justicia.
Problema distinto es la atribución de competencia para el enjuiciamiento de los delitos políticos que se imputen a las personas en cuestión, en cuyo caso, como se afirmó, la norma que deriva del argumento en contrario es inaceptable.
2.4 En cambio, al auxilio del argumento a fortiori, se arriba a una interpretación razonable del enunciado constitucional y no se desvirtúa su texto. Así, en opinión del disidente, la interpretación correcta del artículo que se examina, tanto contextual como axiológicamente, indica que, si el enjuiciamiento de los delitos comunes que se imputen a los altos funcionarios a que se refiere el artículo 266.3 constitucional corresponde al Tribunal Supremo de Justicia como más alto tribunal de la República, con mayor razón le corresponderán también los delitos políticos, que son más graves para la sociedad en su conjunto, en tanto que atentan contra el orden jurídico y político de la Nación.
2.5 Por otra parte, tampoco comparte quien se aparta del criterio mayoritario el razonamiento según el cual la colisión entre el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia se resuelve sobre la base de que el Código Orgánico Procesal Penal es posterior y especial.
En primer lugar, porque el aspecto en el que coliden las normas es adjetivo, “de organización”: la determinación de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, para lo cual es la ley que lo organiza, precisamente, la ley especial.
En segundo lugar, porque no es cierto que el Código Orgánico Procesal Penal sea posterior a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia por lo que a las normas que se enfrentan se refiere, porque la del Código Adjetivo Penal ha permanecido inalterada desde la iniciación de su vigencia primigenia (bajo la de la Constitución de 1961), de modo que es aquella primera fecha y no la de la última reforma la que debe tomarse en cuenta para la determinación de cuál es la ley posterior, que es, entonces, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de 2004.
Por último, porque si se hubiera hecho la interpretación correcta, ambas normas habría que leerlas a la luz de la constitucional de la que no deben apartarse. Así, la de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia debería recibir la misma interpretación a fortiori del precepto del Texto Magno y la del Código Orgánico Procesal Penal sería parcialmente inconstitucional por lo que se refiere a la remisión al tribunal ordinario competente si el delito fuere común, de modo que la colisión tendría que haber sido resuelta a favor de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que, en este caso, frente al Código Orgánico Procesal Penal, ley especial y posterior y, además, porque aquella no contradice el texto constitucional y éste sí.
Exp. 08-1016

References: artículo 335
 artículo 378
 artículo 335
 artículo 336
 artículo 335
 artículo 334
 artículo 335
 artículo 335
 artículo 334

Artículo 266
 artículo 144

Artículo 22
 artículo 200

Artículo 378
 artículo 22
 artículo 20
 resolución 
 artículo 135
 artículo 82
 artículo 102
 artículo 42
 artículo 266
 artículo 42
 artículo 378
 artículo 266
 resolución 
 artículo 266
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 artículo 266
 artículo 1
 artículo 266
 artículo 266
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 artículo 301
 artículo 266
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