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Timestamp: 2018-12-19 14:02:56+00:00

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Nueva sanción de la AEPD por difusión de documentos judiciales no anonimizados (la publicación en internet del sumario del 11-M) · Noticias Jurídicas
27/06/2016 17:46:41 | Sanciones LOPD
Abogada. CIPP/E. Lead Auditor.
La gradación de la sanción
Las sentencias no son fuentes de datos accesibles al público
En opinión de la AEPD, se trata de un “supuesto de concurso medial, en el que un mismo hecho deriva en dos infracciones, dándose la circunstancia que la comisión de una implica, necesariamente, la comisión de la otra”. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, se subsumen ambas infracciones en una, en este caso, en la más grave (esto es, el tratamiento de datos especialmente protegidos sin consentimiento de los afectados).
Una vez tipificada la infracción como muy grave, la AEPD aplica los criterios contenidos en el artículo 45 de la LOPD a la hora de fijar la sanción finalmente impuesta. La escala de sanciones prevista en la LOPD para cada tipo de infracción resulta muy amplia. El citado artículo 45 recoge dos grupos de circunstancias que permiten (i) aplicar la escala de sanciones correspondiente al grado inmediatamente inferior y (ii) graduar dentro de una escala la multa correspondiente a unos determinados hechos.
En primer lugar, la Agencia aprecia una disminución cualificada de la culpabilidad del la entidad denunciada, que procedió a iniciativa propia, antes de dictarse la resolución, a retirar el contenido de su web. Esto permite aplicar la escalas de sanciones correspondientes a las infracciones de un grado inferior (es decir, a la infracciones graves). Adicionalmente, dentro de la escala de 40.001 e y 300.000 € con que se sancionan las infracciones graves, se impone finalmente una multa intermedia. Si bien se tienen en cuenta los escasos ingresos de la asociación, no se pasa por alto ni el alto volumen de información tratada en forma no anonimizada y accesible a terceros, ni el carácter continuado de la infracción.
No es la primera vez que la AEPD sanciona a una entidad por difundir sentencias o partes de sumarios en los que figuran datos de carácter personal. En el 2010, una compañía especializada en la publicación on-line de contenidos jurídicos fue sancionada con 6.000 € por publicar en su web una sentencia donde figuraban los datos de carácter personal de las partes en una sentencia relativa a partición de herencias (PS/00564/2010).También en este caso, la denunciante descubrió el documento realizando una búsqueda de su nombre en Google.
En la Memoria de Actividades de la AEPD correspondiente al año 2012, podemos encontrar otros supuestos de difusión de sentencias por distintos medios que dieron lugar al inicio de actuaciones. En el procedimiento A/00149/2012, se apercibió a un particular que había divulgado a través de su blog dos sentencias judiciales en las que aparecían datos de los padres de unos menores condenados por acoso escolar. De la misma forma, en el PS/00446/2011, se sancionó a la titular de un blog que publicó un documento judicial relacionado con un asunto de violencia de género. En el procedimiento PS/00553/2011, se multa a los responsables de una web especializada en la publicación de documentación jurídica por un error de disociación al publicar los datos de una sentencia.
Ejemplos similares se repiten en la Memoria del 2013 y en la del 2014. Entre ellos, destacamos dos:
- En el procedimiento A/00225/2012, fue denunciada una asociación incorporó a su web una sentencia en la que constaban los datos de distintos miembros de la Guardia Civil (nombre, apellidos, escala, destino, etc.). En este caso, la AEPD apercibe a la asociación al considerar que actuó dentro de los fines y actividades que le son propios, divulgando una sentencia de interés para sus asociados.
- El procedimiento AP/00008/2014 analiza la divulgación en un anuario, accesible a través de internet, de diversas sentencias de la jurisdicción militar sin anonimizar.
La AEPD ha aclarado en diversos informes jurídicos que, sin perjuicio del principio de publicidad contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, las sentencias y resoluciones judiciales no tienen la consideración de fuentes accesibles al público. Es decir, no forman parte del número tasado de bases de datos y repertorios de los que se obtienen datos que pueden ser tratados sin el consentimiento del afectado. Así, en un informe jurídico del año 2000 ([1]), en el que se consulta la posibilidad de publicar sentencias condenatorias de negligencia médica, la Agencia señala lo siguiente:
“(…) la regla general establecida en el inciso primero del artículo 3.j) [de la LOPD] en modo alguno impide que resulte de aplicación la enumeración taxativa contenida en su inciso segundo, dado que el contenido de este primer inciso no hace sino indicar un requisito indispensable para que los ficheros enumerados por la propia norma puedan ser considerados como fuentes de acceso público. En resumen tales ficheros sólo serán considerados como fuentes de acceso público cuando su consulta pueda ser realizada por cualquiera sin ninguna limitación salvo, en su caso, el abono de un precio, pero sólo son fuentes de acceso público las enumeradas, entre las que no se encuentran las resoluciones judiciales.”
Además, en este mismo informe la Agencia diferencia entre la difusión del texto completo de las sentencias, incluyendo los datos de las partes intervinientes y otras circunstancias que los hagan identificables, que parecía ser uno de los objetivos de la entidad consultante, y el tratamiento efectuado en los repertorios de jurisprudencia. Éstos últimos deben aparecer siempre anonimizados:
“Por último, se planteó si resultaba admisible establecer listas o repertorios de las sentencias dictadas en que existan condenas por negligencia médica, publicándose los datos con referencia exclusiva al nombre e iniciales de los apellidos de los afectados.
Con carácter general, y en lo referente a los repertorios, su publicación será posible, a juicio de esta Agencia Española de Protección de Datos, siempre y cuando de la misma no pueda derivarse el conocimiento de la persona que haya resultado condenada por la sentencia. En caso contrario, tal y como se ha venido indicando hasta ahora, no será posible la difusión de las sentencias sin antes recabar el consentimiento de los afectados.
En este sentido, las disposiciones de la LOPD no serán de aplicación siempre que los datos hayan sido previamente sometidos a un procedimiento de disociación, que el artículo 3 f) de la Ley define como "todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable".
A la vista de lo anterior, y teniendo en cuenta las especiales circunstancias concurrentes en el presente caso, en que los facultativos pueden ser identificados no sólo por su nombre y apellidos, sino también por el puesto que desempeñan en un determinado centro sanitario o, incluso, en áreas reducidas, por ser el único especialista en una determinada rama de la medicina, la mera sustitución de los apellidos por sus iniciales puede no resultar suficiente para que la disociación pueda considerarse conforme a lo prevenido en la LOPD, dado que si dicha supresión no va acompañada de la referente al puesto desempeñado y, en su caso, a la del área geográfica en la que el facultativo desempeña su profesión, no será posible considerar que aquél no resulta identificable, debiendo, en ese caso, someterse el fichero a las previsiones de la Ley, que exigen el consentimiento del afectado.”
No obstante lo expuesto hasta ahora, la AEPD acepta la publicación de sentencias que contengan datos de carácter personal con ciertas condiciones. Así por ejemplo, en el informe jurídico 434/2006 ([2]), la AEPD se pronuncia sobre la publicación de datos de abogados y procuradores en repertorios de jurisprudencia, concluyendo que dicha publicación no es contraria a la LOPD. Tampoco se considera contrataría a la LOPD la publicación de las sentencias del Tribunal Constitucional, de acuerdo a su regulación específica, aunque incluyan el nombre de las partes intervinientes en el mismo (Informe jurídico 451/2006 ([3])).
Otros órganos judiciales, por cierto, también publican sus sentencias incluyendo el nombre de las partes (por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; por este motivo, conocemos el nombre de la Señora Bodil Lindqvist, parte en la tantas veces citada sentencia de 6 de noviembre de 2003[4]). Fuera de estos casos de publicaciones “oficiales”, a la vista de lo expuesto, resulta claro que la publicación de sentencias (o sumarios) por parte de particulares, especialmente si se utiliza Internet como medio de difusión, puede dar lugar a una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos.
([1]) Informe jurídico disponible en: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/cesion_datos/common/pdfs/2000-0000_Difusi-oo-n-de-datos-de-sentencias-condenatorias-por-negligencia-m-ee-dica.pdf
([2]) Disponible en:
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/cesion_datos/common/pdfs/2006-0434_Publicaci-oo-n-de-datos-de-abogados-y-procuradores-en-repertorios-de-jurisprudencia..pdf
([3]) Disponible en:
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/cesion_datos/common/pdfs/2006-0451_Publicaci-oo-n-de-datos-de-car-aa-cter-personal-en-Sentencias-del-Tribunal-Constitucional..pdf
([4]) Disponible en:
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-101/01&td=ALL

References: artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 3
 artículo 3