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Revista CESCO de Derecho de Consumo Nº 8/ PDF
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María del Rosario Prado Sánchez
1 Nº 8/2013 I. Estudios y Consultas EL CONSUMIDOR COMO INVERSOR DE ALTO RIESGO: LA IMPUGNACIÓN POR VICIOS DEL CONSENTIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES PREFERENTES Y SWAPS, UNA OPCIÓN SÓLO AL ALCANCE DE ALGUNOS Alicia Agüero Ortiz Universidad de Castilla-La Mancha Título: El consumidor como inversor de alto riesgo: la impugnación por vicios del consentimiento de los contratos de adquisición de participaciones preferentes y swaps, una opción sólo al alcance de algunos. Title: Consumer as high risk investor: the impugnation of defects of consent and preferent shares and swaps, just an option available to some consumer. Resumen: En el presente trabajo nos proponemos realizar una exposición pormenorizada del problema que ha supuesto para los consumidores la suscripción de participaciones preferentes y la contratación de swaps, prestando especial atención a su eventual nulidad por vicios del consentimiento. Abstract: In this paper we propose to make a detailed presentation of the problem that has cost for consumers subscribing preference shares and hiring swaps, paying particular attention to its possible invalidity on defects of consent. Palabras Clave: participaciones preferentes, swaps, consumidor, vicios del consentimiento, free rider. Key words: preferent shares, swaps, consumer, defects of consent, free rider. SUMARIO: 1. Naturaleza de las participaciones preferentes y los swaps Las participaciones preferentes Los swaps o permuta financiera de tipos de interés. 2. Normativa aplicable. 2.1 Regulación de las participaciones preferentes Regulación de los swaps Régimen de contratación de instrumentos financieros y deberes de información de las entidades prestadoras de servicios de inversión. 3. Obligaciones de las entidades de crédito en la contratación de
2 participaciones preferentes y swaps Obligación de actuar con diligencia y transparencia Obligación de clasificar a los clientes Obligación de obtener información sobre las circunstancias de los clientes Obligación de informar a los clientes Especial referencia a las participaciones preferentes: Folleto informativo. 4. Nulidad de las participaciones preferentes y los swaps Por error en el consentimiento Por dolo civil Por vulnerar la normativa de protección a consumidores y usuarios. 5. Consecuencias de la nulidad. 6. Free riders, comerciales y vicios del consentimiento. 7. Conclusiones: No está en los genes. No vale todo. 8. Bibliografía 1. Naturaleza de las participaciones preferentes y los swaps En primer lugar vamos a exponer la naturaleza y caracteres de los productos financieros que constituyen el objeto de este trabajo, a fin de alcanzar una ordenada exposición que permita al lector comprender el de principio a fin el problema que ha supuesto para el consumidor, el mercado y el consumo la contratación de swaps y la suscripción de participaciones preferentes. 1.1 Las participaciones preferentes A pesar de la denominación de este producto financiero complejo 1, las participaciones preferentes no son ni participaciones, ni preferentes: no conllevan participación en el capital de la entidad emisora, ni suponen preferencia alguna en el orden de prelación de créditos. Así, en caso de concurso de acreedores de la entidad emisora tendrán prioridad todos los acreedores, incluso aquellos cuyos créditos sean subordinados, respecto a los tenedores de participaciones preferentes que sólo son preferentes respecto a los accionistas ordinarios o, en su caso, cuotapartícipes (Disposición Adicional 2ª. h., Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros, en adelante Ley 13/1985). De conformidad con la definición de las participaciones preferentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 2 (en adelante, CNMV), podemos sintetizar como sigue sus principales caracteres: Son valores emitidos por una sociedad que no confieren participación en su capital ni derecho de voto. 1 Consideramos que las participaciones preferentes constituyen instrumentos financieros complejos puesto que no cumplen ninguno de los requisitos previstos en el art. 79 bis 8 a) para su consideración como no complejos. Así, (i) no existen posibilidades frecuentes de venta o reembolso; (ii) implican pérdidas potenciales y reales para el cliente que exceden del coste de adquisición; y (iii) como analizaremos en profundidad, no existió información suficiente y comprensible para un cliente minorista sobre sus características
3 Las participaciones preferentes son, pues, valores no participativos no asimilables a las acciones al no conferir derechos políticos ni derechos de adquisición preferente. Tampoco confieren a su titular un derecho de adquisición de acciones mediante su conversión, salvo previa oferta de la entidad emisora Su remuneración el primer año suele ser fija. A partir del segundo normalmente está referenciada al Euribor (o a algún otro tipo de referencia) más un determinado diferencial. Esta remuneración está condicionada a que la entidad emisora de las participaciones obtenga beneficios suficientes. En efecto, la rentabilidad de la participación preferente está sujeta a la existencia de beneficios o reservas distribuibles en la sociedad emisora (DA 2ª c. ii. Ley 13/1985). Además, la misma DA establece una obligación de cancelación de la remuneración si la entidad emisora no mantiene un volumen suficiente de recursos propios en relación con las inversiones realizadas y los riesgos asumidos (DA 2ª c. ii. en relación con el art. 6.1 de la Ley 13/1985). Huelga decir que esta rentabilidad no es acumulativa, ello significa que el titular de las participaciones preferentes no podrá solicitar un posterior pago de la remuneración en caso de inexistencia de beneficios distribuibles o cancelación de la remuneración. Incluso, el pago de la remuneración puede sustituirse por acciones ordinarias, cuotas de participación o aportaciones al capital de las cooperativas de crédito de la entidad emisora o matriz. Para ello, esta posibilidad debe estar prevista en las condiciones de emisión y observar las limitaciones establecidas reglamentariamente Tienen carácter perpetuo Se trata de una inversión perpetua, o si se prefiere, sin vencimiento. Ello implica que el titular no podrá solicitar en ningún caso la restitución de su valor nominal, es decir, no podrá recuperar la inversión salvo en los casos en que el emisor lo autorice. De esta forma, en ausencia de autorización de la entidad, sólo podrá reclamarse el valor nominal de las participaciones preferentes en caso de concurso de la entidad, acudiendo el titular en tanto que acreedor con un crédito situado detrás de todos los restantes acreedores (ordinarios y subordinados), como hemos dicho, sólo con preferencia frente a los créditos de los accionistas ordinarios o cuotapartícipes. Esta perpetuidad convierte a las participaciones en activos prácticamente ilíquidos, no convertibles fácilmente en dinero en efectivo. En la práctica, la única forma de recobrar la inversión era la venta de las participaciones preferentes en un mercado secundario de 481
4 valores, produciéndose unas sucesiones de inversores en la titularidad de la participación, que no es reintegrada por la entidad. Esta limitación de las facultades dispositivas por parte del suscribiente es uno de los hitos que hacen exigible una especial diligencia en la información, particularmente cuando la contraparte es un cliente minorista Su rentabilidad, generalmente de carácter variable, no está garantizada. Como hemos dicho, la rentabilidad está condicionada a la obtención por la entidad emisora de beneficios distribuibles, y expuesta a su eventual cancelación o sustitución. Conviene recordar que tampoco están garantizadas las inversiones en participaciones preferentes por el Fondo de Garantía de Depósitos (creado por el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre), cuya cobertura se restringe a las cantidades depositadas en cuentas corrientes, cuentas de ahorro y depósitos a plazo, con un límite de por entidad y titular. Habiendo sido analizados los caracteres de las participaciones preferentes, puede observarse ya el origen de la hecatombe: Las entidades de crédito, en el epicentro de la vorágine del estallido de la burbuja inmobiliaria y crisis económica, comenzaron a cancelar la remuneración o rentabilidad de las participaciones preferentes (ya fuera por la ausencia de beneficios, por falta de mantenimiento de recursos propios mínimos, o por adopción de las posibilidades ofrecidas por la Ley 6/2011 y Reales Decretos-Leyes 2/2012 y 24/2012). Esta cancelación de las remuneraciones, recordemos, no acumulables, provocó que los tenedores de las participaciones quisieran deshacerse de ellas y recuperar su inversión o capital nominal. Dada la imposibilidad de reintegro por la entidad emisora, por carecer de vencimiento, sólo podrían deshacerse de ellas vendiéndola a otro inversor que entrara como sustituto en la titularidad de la participación inversores ya inexistentes, que no comprarían una participación que no reportara rentabilidad. Así, la conclusión para el preferentista es la tenencia de un capital invertido a fondo perdido. 1.2 Los swaps o permuta financiera de tipos de interés DE LA TORRE 3 define los swaps de tipo de interés como un contrato en el que dos partes acuerdan, durante un período de tiempo establecido, un intercambio mutuo de pagos periódicos de intereses nominados en la misma moneda y calculados sobre un mismo principal, pero con tipos de 3 DE LA TORRE, A.: Operaciones de permuta financiera (Swaps). Editorial Ariel Economía. Edición (Pág. 17). 482
5 referencia distintos. En el caso más habitual, una de las partes paga los intereses a tipo variable en función del MIBOR o LIBOR, mientras que la otra lo hace a un tipo fijo o bien variable, pero referenciado, en este supuesto, a otra base distinta. Así los swaps funcionan como contratos de gestión de riesgos financieros por los que las partes convienen abonarse recíprocamente determinados intereses ligados a una cifra nominal, siendo corriente que una parte asuma el pago de intereses a un tipo variable, y su contraparte a un tipo fijo. Sin embargo, ninguna parte deposita cantidad alguna, sino que se fija un capital sobre el que se girarán las correspondientes liquidaciones periódicas por compensación, según el resultado que proceda en virtud de la evolución real de los tipos de interés es decir, una de las partes compensaría a la otra la diferencia negativa de los intereses asumidos según su evolución-. De esta forma, en una estructura básica de swap de tipo de interés, la parte que haya optado por el interés fijo resultará beneficiada si el tipo variable de referencia resulta superior en el período pactado; y la parte que haya optado por el interés variable obtendrá beneficios cuando el tipo de referencia baje siendo inferior al fijo asumido por la contraparte. Los principales riesgos derivados de la contratación de este tipo de swaps de tipo fijo contra variable es el riesgo de mercado, relativo a la variación de los tipos de interés, riesgo que será proporcionalmente mayor cuanto mayor sea el vencimiento pactado. Como hemos explicado, el tipo fijo permanece constante hasta el vencimiento, revisándose el variable periódicamente. Consecuentemente, la rentabilidad dependerá de cómo varíe el tipo de referencia (por ejemplo el EURIBOR). Siguiendo este ejemplo, cuando el EURIBOR se sitúe por encima del fijo pactado, la parte que pague intereses variables registrará pérdidas, debiendo abonar esta diferencia a su contraparte. Por el contrario, si el EURIBOR se situara en valores inferiores al tipo fijo será el pagador del tipo fijo quien asuma la diferencia y las pérdidas. La contratación de este tipo de productos por clientes minoristas ha solido estar vinculada a la suscripción de un contrato de préstamo con interés variable con una entidad de crédito, aún cuando el contrato de swap es un contrato autónomo e independiente. Mediante esta permuta financiera, el cliente que asumía unos intereses variables en la financiación obtenida de la entidad, pasa a asumir intereses a tipo fijo. La apariencia de la transacción es clara, todo parece indicar que se está celebrado un contrato de seguro ante la fluctuación de los tipos de interés, siendo común el argumento encaminado a la venta del producto en la entidad de crédito relativo a la finalidad de cobertura frente al riesgo de las variaciones alcistas. Nótese que, si tal era la finalidad, la entidad no hubiera tenido más que ofrecer al cliente una modalidad de préstamo a interés fijo, por la que no hubieran tenido que producirse 483
6 compensaciones sino que el cliente hubiera asumido reiteradamente el abono del mismo interés fijo. Muy al contrario, lejos de neutralizar los efectos negativos del alza de los tipos de interés evitando la sobrecarga financiera de los deudores, el resultado ha sido que los tipos de interés de referencia han registrado mínimos históricos 4 suponiendo no sólo el efecto contrario, sino agravado. Precisamente porque el cliente minorista no sólo no se beneficiaba de la bajada de los tipos de referencia (análogamente a lo que sucede con las cláusulas suelo), sino que además debía hacer frente a la obligación de la liquidación del derivado financiero (la diferencia entre el interés variable y el fijo a favor de la entidad de crédito). Además, resultaba habitual la inclusión en los contratos de permuta financiera el pacto de suelo de tipo de interés (floor) muy cercano al fijo pactado-, de esta forma si el índice de referencia se situaba en valores inferiores a ese suelo, el cliente se obligaba a pagar a la entidad la diferencia entre el índice de referencia y el fijo pactado. También se solía incluir un techo (cap), a partir del cual, si el índice de referencia subía por encima del techo, la entidad abonaría al cliente la diferencia entre el techo y el valor del índice (apréciese que no abonaría la entidad la diferencia entre el índice y el fijo, como sí haría el cliente si el índice descendiera por debajo del suelo, sino sólo la diferencia con el techo). Finalmente, para los supuestos en los que el índice de referencia se hallara entre el suelo y el techo se fijaba un diferencial, usualmente bajo, que la entidad abonaría al cliente. De esta forma, si el índice baja por debajo del suelo, aún mínimamente, el cliente comenzará a pagar la diferencia con el fijo a la entidad; y si el índice sube por encima del techo, la entidad abonará una mínima diferencia al cliente, pues el techo fijado suele ser cercano al interés fijo suscrito por el cliente. Veámoslo con un ejemplo: Figura 1. Ejemplo de contrato de Swap Tipos Según Contrato 5 Suelo (Floor) 4,22% Tipo Fijo 5,00% Diferencial 0,33% Techo (Cap) 6,55% Capital ,00 4 Cfr. Valor del Euribor en el mes de octubre del año 2008 alcanzó los 5,50 puntos, siendo el valor del mes de junio del presente año 2013 de 0,47 puntos. 5 Ejemplo propuesto de condiciones pactadas sobre las cuales se calculan los subsiguientes escenarios. 484
7 Primer escenario (Euribor por encima del suelo y por debajo del techo) Euribor a septiembre 2008: 5,36% Intereses que recibe (Diferencial) 0,33% Cliente recibe: (200,000 x 0,33% / 4) 165,00 Euribor a diciembre 2008: 5,38% Intereses que recibe (Diferencial) 0,33% Cliente recibe: ( x 0,33% / 4) 165,00 Total cobrado 330,00 Segundo escenario (Euribor por debajo del suelo) Euribor a marzo ,45% Interés que paga (Diferencia entre Euribor y fijo: 5% - 3,45%) 1,55% Cliente Paga ( x 1,55% / 4) 774,00 Euribor a junio ,91% Interés que paga (Diferencia entre Euribor y fijo: 5% - 1,91%) 3,09% Cliente Paga ( x 3,09% / 4) 1.545,50 Euribor a septiembre ,61% Interés que paga (Diferencia entre Euribor y fijo: 5% - 1,61%) 3,39% Cliente Paga ( x 3,39% / 4) 1.695,00 Euribor a diciembre ,26% Interés que paga (Diferencia entre Euribor y fijo: 5% - 1,26%) 3,74% Cliente Paga ( x 3,74% / 4) 1.869,50 Euribor a marzo ,24% Interés que paga (Diferencia entre Euribor y fijo: 5% - 1,24%) 3,76% Cliente Paga ( x 3,76% / 4) 1.879,00 Euribor a junio ,22% Interés que paga (Diferencia entre Euribor y fijo: 5% - 1,22%) 3,79% Cliente Paga ( x 3,79% / 4) 1.892,50 485
8 Total pagado 9.655,50 Tercer escenario (Supuesto del Euribor por encima del techo 6 ) Euribor a septiembre 2010 (supuesto): 7,20% Intereses que recibe (Diferencia entre Euribor y techo: 7,20% - 6,55%) 0,65% Cliente recibe ( x 0,65% / 4): 325,00 Total cobrado 325,00 2. Normativa aplicable 2.1. Regulación de las participaciones preferentes Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de reforma del sistema financiero (en adelante, Ley 44/2002). La regulación de las participaciones preferentes en el ordenamiento jurídico español comenzó en el año con la Ley 44/2002, cuyo art incluía en el artículo 7 de la Ley 13/1985 una mención expresa a las participaciones preferentes como integrantes de los recursos propios de las entidades de crédito y de los grupos consolidables de entidades de crédito Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior (en adelante, Ley 19/2003). Esta Ley introdujo en su Disposición Adicional Tercera la ya mencionada Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985, en la que existe ya una pretensión de tipificar y regular específicamente las participaciones preferentes. Aún así, esta primera tipificación se dirige más al control fiscal y al control de la solvencia de las entidades de crédito emisoras. 6 Hito que nunca ha acaecido. 486
9 Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas (en adelante, Ley 6/2011). La Ley 6/2011 modificó la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985, añadiendo ahora sí la caracterización legal de las participaciones preferentes, estableciendo en las letras a) y b) los siguientes requisitos de aquellas (i) que sean emitidas por una entidad de crédito española o por una sociedad anónima residente en España o en un territorio de la Unión Europea, que no tenga la condición de paraíso fiscal, y cuyos derechos de voto correspondan a una entidad de crédito española; y (ii) que en caso de emisión por una filial, los recursos obtenidos sean invertidos en su totalidad y de forma permanente, en la entidad de crédito dominante Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero (en adelante, RDL 2/2012). La Disposición Adicional Primera contiene un tratamiento excepcional de las participaciones preferentes, por el que se permite a las entidades de crédito que se acojan al plan de saneamiento previsto en el art. 1 de la Ley a diferir el pago de la remuneración prevista por un plazo no superior a doce meses, trascurrido el cual deberá abonar dichas remuneraciones diferidas salvo que no disponga de reservar o beneficios distribuibles. El legislador opta por salvaguardar la solvencia de las entidades de crédito frente a la percepción de la remuneración devengada por los preferentistas Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de las entidades de crédito (en adelante, RDL 24/2012). Por vía de este Real Decreto-Ley el legislador determina que el deber de financiación de las medidas de restructuración y resolución de la entidad bancaria corresponde a la propia entidad (accionistas y acreedores), antes que a los contribuyentes, en ejercicio de su responsabilidad y asunción de riesgos del negocio. Por este motivo, establece mecanismos voluntarios y obligatorios de gestión de instrumentos híbridos de capital, como las participaciones preferentes, correspondiendo al FROB el acuerdo de estas acciones y su instrumentalización. En suma, se declara la asunción de los titulares de las participaciones preferentes de su parte del coste de la restructuración de la entidad, lo cual resulta lógico, salvo en los casos 487
10 en que, como veremos, la falta información proporcionada impidiera conocer el producto adquirido viciando así el consentimiento otorgado. Las medidas a adoptar para la gestión de instrumentos híbridos de capital consisten en (i) ofertas de canje por acciones, cuotas participativas o aportaciones al capital de la entidad de crédito; (ii) ofertas de recompra de los valores en efectivo o condicionado a la suscripción de acciones, cuotas participativas, aportaciones al capital de la entidad, o reinversión en otro producto bancario; (iii) reducción del valor nominal de la deuda; o (iv) amortización anticipada a valor distinto del nominal (art RDL 24/2012). Además, establece el art que los titulares de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada afectados no podrán reclamar de la entidad ni del FROB ningún tipo de compensación económica por los perjuicios que les hubiera podido causar la ejecución de una acción de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada. Ello no impide, entendemos, el ejercicio de acciones de nulidad por vicios del consentimiento derivados del incumplimiento de los deberes de información y comercialización de las entidades de crédito, especialmente tratándose de consumidores y usuarios Regulación de los swaps Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica (en adelante, Ley 36/2003). El art. 19 de la Ley 36/2003 titulado Instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios establece un régimen de deber información sobre los instrumentos de cobertura de riesgo de alza de los tipos de interés en los préstamos hipotecarios. Este artículo contiene la obligación de las entidades de crédito de informar a los deudores de préstamos hipotecarios a interés variable sobre los instrumentos, productos o sistemas de cobertura del riesgo de incremento del tipo de interés. Asimismo, deberán ofrecer a estos clientes al menos un instrumento de los antes citados. Al amparo de este artículo se comercializaron los swaps como instrumentos de cobertura del tipo de interés variable, de forma cuasi masiva, confundiendo habitualmente una parte el concepto cobertura con el de seguro, y la otra parte el concepto ofrecer con el de imponer Orden EHA/2899/2011 de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. Dado que la Orden es bastante tardía, no resulta de aplicación a casi ningún litigio de los que conocen actualmente los juzgados y tribunales españoles, sin embargo, no podemos pasarla por alto en este trabajo. En su artículo 24 nominado Información adicional sobre instrumentos 488
11 de cobertura del riesgo de tipo de interés se establece un nuevo régimen de transparencia y protección a los clientes personas físicas que contraten un instrumento de cobertura del riesgo de tipos de interés, vinculados a préstamos hipotecarios. El citado artículo contiene la obligación de la entidad de (i) informar sobre la naturaleza del instrumento de cobertura, si se trata de un límite al alza (cap), o si conlleva también un límite a la baja (floor) o cualquier otra circunstancia, aclarando en tal caso que el producto no se limita a proteger al cliente frente a la subida de los tipos; (ii) duración y condiciones de prórroga o renovación; (iii) eventual existencia de prima y su importe; (iv) potenciales liquidaciones del instrumento con simulación de distintos escenarios; (v) coste asociado a una cancelación anticipada, (vi) y cualquier otra que pudiera establecer el Banco de España (en adelante, BdE) Régimen de contratación de instrumentos financieros y deberes de información de las entidades prestadoras de servicios de inversión Las normas que exponemos en estos momentos se dirigen a establecer una serie de obligaciones a las entidades de crédito en relación a la comercialización de instrumentos financieros, en especial, deberes de diligencia y transparencia, clasificación de clientes, recapitulación de información de los clientes e información durante todo el iter de la contratación. Así las cosas, debemos distinguir dos bloques normativos: la normativa pre-mifid y la normativa MIFID, con la que se derogan las anteriores regulaciones Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en adelante, LMV). El artículo 79 incluía ya, en su redacción de 1.998, deberes de diligencia y transparencia en interés de los clientes y defensa de los mercados, así como la obligación de mantener debidamente informados a los clientes RD 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios (en adelante, RD 629/1993). Este RD estuvo en vigor hasta el 17 de febrero de 2008, momento en que resultó derogado por el RD 217/2008. Hasta dicha fecha regulaba, junto con la LMV, los deberes de las entidades de crédito en la comercialización de instrumentos financieros. En concreto, su art. 16 bajo la rúbrica Información a la clientela sobre operaciones realizadas establecía un deber de información con la debida diligencia sobre todas 489
12 las operaciones de sus clientes, reservando al Ministerio de Economía y Hacienda la determinación del contenido mínimo y periodicidad con la que las entidades debían informar a sus clientes sobre sus contratos. Dicha información habría de ser clara, concreta y de fácil comprensión para los clientes. Su Anexo, denominado Código general de conducta de los mercados de valores, contenía además unos específicos deberes de actuación en el marco de la operación en el mercado de valores. Así establecía la preceptividad de actuar (i) con imparcialidad y buena fe, prohibiendo a la entidad inducir a la realización de un negocio con el fin exclusivo de obtener un beneficio propio; (ii) con cuidado y diligencia; (iii) facilitando toda la información disponible al cliente, información que será clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo, etc Normativa MIFID 7 : Directiva 2004/39, Directiva 2006/73 y Reglamento 1287/2006, incorporadas al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, y RD 217/2008, de 15 de febrero. La Ley 47/2007 modifica la LMV introduciendo en el ordenamiento español la normativa MIFID, respecto a lo que aquí interesa, crea un Capítulo I en el Título II llamado CAPÍTULO I Normas de conducta aplicables a quienes presten servicios de inversión Artículo 78. Sujetos obligados. Bajo la sombra de dicho capítulo se halla la obligación de las entidades de servicios de inversión de clasificar a sus clientes como profesionales o minoristas (requisitos art. 78 bis LMV) siendo minoristas aquellos clientes que no sean profesionales. También se introduce el art. 79 bis relativo a las Obligaciones de Información que contempla, principalmente 8, los siguientes deberes de información por parte de las entidades que presten servicios de inversión: (i) la información, incluida la publicitaria, deberá ser imparcial, clara y no engañosa; (ii) se facilitará información comprensible y adecuada (a clientes actuales y potenciales) sobre los servicios que se prestan, gastos, costes asociados y riesgos, a fin de que el cliente pueda tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa (sic); (iii) la entidad deberá incluir información adicional y destacada sobre las diferencias entre los instrumentos financieros y los depósitos bancarios; (iv) en caso de clientes minoristas, la entidad obtendrá la información 7 Por la denominación en inglés de la Directiva 2004/39 Markets in Financial Instruments Directive. 8 No desarrollamos aquí un estudio exhaustivo de los deberes de información de las entidades prestadoras de servicios de inversión, tan sólo es nuestra pretensión ofrecer una imagen generalizada en orden a contextualizar el problema de la comercialización de las participaciones preferentes y swaps a clientes minoristas. 490
13 necesaria sobre los conocimientos y experiencia del cliente, su situación financiera y objetivos de inversión, en caso contrario, no recomendará productos de inversión al cliente o potencial cliente; además (v) la recomendación, características de producto, y objetivos de inversión se entregarán al cliente por escrito o en soporte duradero. Siguiendo la estela de las regulaciones precedentes, el RD 217/2008 contempla determinados requisitos de información al cliente, si bien los refuerza. En particular, su artículo 60 titulado Condiciones que debe cumplir la información para ser imparcial, clara y no engañosa no sólo impone deberes de información, sino que define con mayor precisión los requisitos que ha de cumplir dicha información. La información que debe otorgar la entidad al cliente (i) deberá ser exacta, sin destacar los potenciales beneficios sin destacar los riesgos que comporta; (ii) suficiente y comprensible para el grupo de destinatarios al que se dirija; (iii) no ocultará, encubrirá o minimizará ningún aspecto o advertencia importante; etc. También establece la obligación de la entidad de crédito de clasificar a los clientes como profesionales o minoristas, previendo unos requisitos de información específicos para la contratación de instrumentos financieros. En virtud del artículo 64, la entidad deberá informar sobre la naturaleza y los riesgos de los instrumentos financieros, mediante una explicación adecuada al perfil del cliente. Con todo, la aplicabilidad de esta normativa a los swaps no es del todo pacífica, en primer lugar por el contenido del art. 79 quáter LMV que reza lo dispuesto en los dos artículos anteriores no será de aplicación cuando se ofrezca un servicio de inversión como parte de un producto financiero que ya esté sujeto a otras disposiciones, y es que los swaps de intereses, dijimos, suelen estar ligados a otros productos como préstamos hipotecarios. Tampoco parece favorable a su aplicación la Nota conjunta del BdE y la CNMV de 20 de abril de 2010 sobre las competencias de ambos órganos en relación a la supervisión y resolución de reclamaciones sobre productos financieros derivados de cobertura. En ella, se atribuye al BdE el conocimiento de las reclamaciones sobre swaps de intereses vinculados a productos bancarios (como préstamos hipotecarios), y a la CNMV en caso contrario. El elemento decisivo sobre la aplicabilidad de estos deberes de información radica en la consideración o no del asesoramiento de swaps vinculados a un producto bancario como asesoramiento de inversión. Considero, con la mayor parte de las Audiencias Provinciales, que el ofrecimiento de contratación de un instrumento financiero, aún estando ligado a un producto bancario, constituye asesoramiento de inversión, y que por ende, debe estar sometido a las normas de conducta de las regulaciones Pre-MIFID o MIFID, según la fecha de contratación. En 491
14 suma, comprendo que el hecho de que el swap esté vinculado a un producto bancario no excluye el test de idoneidad exigido para la contratación de productos financieros por clientes minoristas. 3. Obligaciones de las entidades de crédito en la contratación de participaciones preferentes y swaps Hemos tenido oportunidad de estudiar los distintos deberes de información y transparencia que se exigen a las entidades de crédito en la comercialización de estos productos financieros, con ocasión de la presentación de la evolución normativa en este ámbito. Por ello, en este apartado únicamente expondremos de forma sintética las obligaciones de las entidades, a fin de evitar reiteraciones innecesarias Obligación de actuar con diligencia y transparencia Como vimos, el art. 79 LMV ya en su redacción de 1998 incluía el deber de actuar con diligencia y transparencia, y así se sigue contemplando en la redacción dada por la Ley 47/2007 que insta a las entidades a cuidar los intereses de los clientes como si fueran propios. Recordemos que en la etapa Pre-MIFID también se contemplaban obligaciones de este orden en el Anexo del RD 629/1993. Este deber de actuar con diligencia alberga todas las siguientes obligaciones, especialmente la de informar adecuadamente y asesorar conforme a las necesidades de los clientes, encontrando su último fundamento en el deber de actuar conforme a los principios de la buena fe contractual Obligación de clasificar a los clientes El RD 629/1993 no recogía una exigencia de este calibre, sino sólo la necesidad de recabar información sobre su situación financiera, experiencia inversora y objetivos de financiación, para su correcta identificación (art. 4.1 Anexo). La Ley 47/2007 introduce el deber de clasificación de los clientes como profesionales o clientes minoristas (art bis LMV), definiendo a los clientes minoristas por exclusión, esto es, será cliente minorista todo aquel que no sea profesional 9. La relevancia de esta clasificación radica en la aplicabilidad de los test de conveniencia e idoneidad, a los clientes minoristas habrá que realizarse ambos y a los profesionales sólo el test de idoneidad, como pasamos a exponer Obligación de obtener información sobre las circunstancias de los clientes Esta obligación se desarrolla en el art. 79 bis, apartados 5 a 8, de la LMV, aunque reviste de mayor importancia, por motivos obvios, en la fase 9 Los órganos judiciales tienen a considerar como clientes minoristas a las personas físicas y PYMES. 492
15 previa a la contratación, tiene vigencia durante toda la relación entidadcliente. Esta obligación se materializa a través de los dos test mencionados en el apartado anterior: Test de conveniencia El objetivo de este test el evaluar la adecuación del servicio o producto en cuestión a las necesidades e intereses del cliente, y analizar si éste comprende los riesgos del producto ofrecido o solicitado. Adviértase que este test es exigido en caso de clientes minoristas. El test de conveniencia consiste en un cuestionario relativo a los conocimientos y experiencia del cliente en relación al producto ofertado, y sus preguntas deben versar sobre (i) los tipos de instrumentos financieros con los que esté familiarizado; (ii) la naturaleza, frecuencia y volumen de las transacciones sobre instrumentos financieros realizadas por el cliente; y (iii) el nivel de estudios; profesión actual y anteriores que puedan resultar relevantes Test de idoneidad Su finalidad es determinar qué productos pueden resultar más afines a los intereses del cliente, y así determinar qué productos ofrecer. Ante la ausencia de información al respecto, la entidad no debe ofrecer ningún producto o servicio (art. 79. bis 6 LMV). En este caso, el cuestionario deberá incidir en (i) los conocimientos y experiencia del sector por parte del cliente; (ii) su situación financiera; y (iii) sus objetivos de inversión. Además, tras la modificación operada por el RDL 24/2012, la entidad deberá entregar por escrito o en soporte duradero una descripción relativa al ajuste entre la recomendación ofrecida y las características y objetivos del inversor Obligación de informar a los clientes Esta obligación sí ha sido un imprescindible tanto en la regulación Pre- MIFID (art. 5 Anexo RD 629/1993) como en la etapa MIFID (art. 79 bis, apartados 1 a 4, de la LMV; y arts. 60 a 70 RD 217/2008). En concreto se trata de una información imparcial, clara y no engañosa, tanto para la conformación del consentimiento en una fase precontractual, como durante la relación contractual. Adicionalmente, se refuerzan los requisitos de la información que se facilite a un cliente minorista, exigiéndose que sea exacta, sin que destaque los beneficios potenciales sin hacer lo propio respecto a los riesgos que acarrea; habrá de ser también suficiente y comprensible, y no ocultará, encubrirá o minimizará ningún aspecto, declaración o advertencia importante. El objetivo, naturalmente, es que el cliente conozca ciertamente la naturaleza del instrumento financiero, las condiciones del contrato, los costes y gastos, y los riesgos del servicio de inversión. 493
16 Esta obligación reviste una esencial importancia en el problema que nos ocupa, pues efectivamente la mayor parte de las demandas que impugnan la validez de los contratos de swaps y adquisición de participaciones preferentes fundamentan el error en el incumplimiento de este deber de información por parte de las entidades de crédito Especial referencia a las participaciones preferentes: Folleto informativo El art c de la LMV exige para la admisión a negociación de los valores en un mercado secundario la aportación, aprobación, registro en la CNVM y publicación de un folleto informativo. El contenido de este folleto informativo se relaciona en el art. 27 del mismo texto legal, y comprenderá información relativa al emisor y a los valores que vayan a ser admitidos a negociación en un mercado secundario, además de suficiente información clara y comprensible relativa a los activos y pasivos, situación financiera, beneficios y pérdidas, perspectivas del emisor, y derechos inherentes a los valores, de forma que los inversores puedan realizar una evaluación completa sobre la oportunidad de la operación. La responsabilidad de la información que figura en el folleto recaerá sobre el emisor, el oferente o la persona que solicite la admisión a negociación en un mercado secundario de los valores en cuestión, y sus administradores. 4. Nulidad de las participaciones preferentes y los swaps Hemos de realizar una matización previa: ni las participaciones preferentes ni los swaps son nulos per se; sin embargo, son productos financieros complejos que exigen un reforzado deber de información al cliente minorista. El incumplimiento de estos especiales deberes, puede comportar la nulidad del negocio jurídico por distintos motivos que pasamos a analizar Por error en el consentimiento La principal causa de nulidad alegada por los afectados por la contratación de estos productos financieros es el error en el consentimiento otorgado a la realización del negocio jurídico, es decir, la prestación de un consentimiento viciado esencialmente por la falta de información y conocimiento del tipo de producto (caracteres esenciales, riesgos, costes, etc.) que se estaba adquiriendo. Como es sabido, tres son los elementos esenciales del contrato cuya ausencia provocará la inexistencia del contrato (art CC sensu contrario): 494
17 (i) Consentimiento de los contratantes; (ii) Objeto cierto que sea materia del contrato; (iii) Causa de la obligación que se establezca. Más aún, para que el consentimiento contractual de las partes pueda generar la validad y eficacia del contrato debe tratarse de un consentimiento libre y no viciado, en concreto, el art CC declara que será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. Ahora bien, por lo que respecta al error en el consentimiento, debe precisarse qué tipo de error, y bajo qué requisitos, puede invalidar el consentimiento y así la validez del contrato: Error esencial El error debe caer sobre la sustancia de la cosa objeto del contrato o sobre las condiciones que hubieran motivado principalmente la contratación (art CC). Por lo que en consentimiento no quedará viciado por el error sobre elementos accesorios o secundarios del objeto del contrato, el error invalidante debe versar sobre el qué se está contratando o qué ha llevado, en esencia, a la parte a contratar. Debe existir un nexo causal entre el objeto del error y la finalidad que se pretendía con el negocio jurídico concertado, así reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo declara que hay error o vicio cuando la voluntad del contratante se forma a partir de una creencia inexacta (SSTS de 29 de marzo de 1.994, RJ\1994\2304; de 21 de mayo de 1.997, RJ\1997\4235; de 12 de noviembre de 2.010, RJ\2010\7587, entre otras muchas). En el caso de la contratación de participaciones preferentes, el error más habitual y con mayor frecuencia alegado, es la creencia de estar contratando un depósito a plazo (con una desproporcionadamente alta rentabilidad). Se trata, pues, de un error del consentimiento esencial, sobre la sustancia última del objeto del contrato, que comporta el error sobre los elementos accesorios del contrato: riesgos, costes, vencimiento, seguridad de la rentabilidad y de las cantidades depositadas/invertidas, etc. Sin embargo, en la contratación de los swaps el origen del error no encuentra una causa tan homogénea. La cuestión principal sobre la que pivota el error del cliente en la contratación de estas permutas financieras el desconocimiento de los riesgos asumidos, especialmente respecto a las liquidaciones negativas a afrontar ante la bajada de los tipos de interés. Otro motivo de error alegado es el coste de la cancelación anticipada del producto, que si bien las entidades de crédito consideran que se trata de una cuestión accesoria, lo cierto es 495
18 que los juzgadores suelen otorgarle carácter esencial. Y es que, recordemos, que el art CC no sólo se refiere a la sustancia de la cosa objeto del contrato, sino también a las condiciones que hubieran motivado principalmente la contratación. Finalmente, como en el caso de las participaciones preferentes, el error también recayó en ocasiones sobre el puro objeto del contrato, al creer el consumidor que en esencia lo que estaba suscribiendo era un seguro de variabilidad de los tipos de interés Error Excusable Este requisito no está contenido expresamente en el Código Civil, pero su reconocimiento jurisprudencial y doctrinal viene harto justificado por las exigencias de los principios de autorresponsabilidad y buena fe contractual (art. 7 CC). Así, el Tribunal Supremo viene declarando de antiguo que el error que invalide el consentimiento contractual ha de derivar de hechos desconocidos por el contratante, cuyo desconocimiento no sea imputable a quien a padece el error (STS de 16 de diciembre de 1.957, RJ\1958\192). El error sería inexcusable si pudo ser evitado empleando una diligencia media o regular, esta diligencia exigible ha de apreciarse valorando las circunstancias de toda índole que concurran en el caso, incluso las personales, tanto de quien ha padecido el error como de su contraparte pues la función básica del requisito de excusabilidad es impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente, trasladando entonces la protección a la otra parte contratante (STS de 4 de enero de 1.982, RJ\1982\179). Consecuentemente, los Jueces y Tribunales que conocen de estos litigios evalúan de un lado, si concurrió o no falta o insuficiencia de información por parte de la entidad de crédito al cliente y, de otro lado, el perfil del cliente, para determinar si el error del cliente es excusable porque no hubiese podido ser evitado empleando una diligencia media y regular. Por lo que respecta a la ausencia de información suficiente 10, debe ponderarse el efectivo otorgamiento de información sobre el objeto del contrato, costes, riesgos, etc. Insistimos, no sólo se trata de comprobar que la entidad cumplió sus deberes de información, sino también de que esta información fuera suficiente, comprensible e inequívoca, única forma de permitir que el consumidor pueda ofrecer un consentimiento válido acerca del objeto del contrato. Asimismo, ha de tenerse en consideración la forma de comercialización, el contexto de la venta y la eventual relación de confianza figurada entre el comercial o director de 10 Que, además, es una obligación de la entidad (véase apartado 3 de este mismo trabajo). 496
19 la oficina de la entidad con el cliente, el desequilibrio entre las partes, el asesoramiento ofrecido, el sujeto que tuvo la iniciativa en la contratación, etc. En relación al perfil del cliente, son factores relevantes la edad, formación o nivel de estudios, profesión, conocimientos del sector financiero y bancario, experiencia en la contratación de productos similares, etc. Todo, absolutamente todo es, y debe ser, tomado en consideración de forma integral por el juzgador, pues la apreciación error sustancial en los contratos ha de hacerse con criterio restrictivo cuando de ello dependa la existencia del negocio, cuya apreciación tiene un sentido excepcional muy acusado (STS de 30 de mayo de RJ\1991\3948). En este orden de cosas, resulta también recurrente la justificación del error excusable en el desequilibrio existente entre las partes. Siguiendo este razonamiento, la entidad de crédito cuenta una posición de preeminencia sobre el consumidor debido al acceso a información privilegiada, pronósticos profesionales sobre la evolución de los tipos de interés en el caso swaps, y de rentabilidad de las participaciones preferentes. Todavía más, en relación a los swaps, el desequilibrio actúa en un doble plano puesto que la asunción de riesgos de la operación no es equilibrada. Como pudimos observar ut supra en la Figura 1, la contraprestación a recibir por el cliente en caso de subida de los intereses suele ser moderada habida cuenta de la frecuencia del límite a la alza o techo (cap), que suele predisponer la entidad de crédito; frente a lo que sucede cuando los tipos descienden y toca al consumidor afrontar el riesgo asumido Por dolo civil El dolo es otro de los vicios del consentimiento, junto con el error y la fuerza o intimidación. Concretamente, el art CC establece que Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho. En palabras del TS presupone la actividad, intencionadamente desplegada por una de las partes, para captar la voluntad de la otra - las palabras o maquinaciones insidiosas a que se refiere el artículo y el efecto de generar en ella una representación fraudulenta de la realidad - induciéndola a celebrar un contrato que, sin ellas, no habría celebrado (STS de 5 de septiembre de RJ\2012\10113). A mayor abundamiento, el dolo supone una voluntad por parte de la contraparte de engañar o defraudar, ya sea por medio de una conducta activa, en este caso podría ser engañar conscientemente al cliente sobre 497
20 los elementos esenciales del contrato, indicando, por ejemplo, que el objeto del contrato es la constitución de un depósito bancario a plazo o un contrato de seguro del tipo de interés, según se trate de la comercialización de participaciones preferentes o swaps respectivamente. O también puede producirse por una conducta pasiva, como la ocultación maliciosa de información. Así lo ha reconocido la reiterada jurisprudencia del Alto Tribunal que advierte que no sólo manifiestan el dolo la insidia directa o inductora de la conducta errónea de otro contratante sino también la reticencia dolosa del que calla o no advierte a la otra parte en contra del deber de informar que exige la buena fe (STS de 29 de diciembre de 1.999, RJ\1999\9380), y más recientemente la reticencia consistente en la omisión de hechos o circunstancias influyentes y determinantes para la conclusión del contrato y respecto de los que existe el deber de informar según la buena fe o los usos del tráfico (STS de 11 de diciembre de 2.006, RJ\2007\609). Ahora bien, para que el dolo produzca la nulidad de los contratos, reza el art CC, debe haber sido grave y no utilizado por las dos partes contratantes. Estos requisitos que ha de cumplir la conducta dolosa para producir la nulidad del contrato han sido perfilados por la jurisprudencia, que viene exigiendo la concurrencia de las siguientes premisas: (i) Que el dolo haya sido grave y antecedente o coetáneo en el perfeccionamiento del contrato, no bastando para viciar el consentimiento cualquier actitud maliciosa sobrevenida con posterioridad; (ii) El dolo debe concurrir en una de las partes del contrato y, por ende, no ser imputable ni a un tercero, ni ser empleado por las dos partes contratantes; (iii) La prueba del dolo corresponde a quien alega el vicio del consentimiento, que deberá ser apreciado con extraordinaria cautela y carácter excepcional, en aras de la seguridad jurídica y del fiel y exacto cumplimiento de lo pactado. Lo cierto es que los requisitos no se diferencian esencialmente de los previstos para que el error del consentimiento invalide el contrato, a excepción de la excusabilidad pues el dolo comporta una afectación consciente del devenir ordinario de la conformación del consentimiento, trasladándose la sospecha de mala fe de la parte que sufre el vicio del consentimiento (que debe haber obrado con diligencia media a fin de que no resulte inexcusable el error), a la parte que lo provoca. Con todo, en la práctica los jueces y tribunales utilizan los mismos criterios seguidos para valorar la concurrencia de error del consentimiento. Así ponderan la suficiencia de la información ofrecida 498

References: artículo 7
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 79
 Artículo 78
 artículo 60
 artículo 64
 resolución