Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2008/T-1091-08.htm
Timestamp: 2017-10-20 19:37:05+00:00

Document:
T-1091-08
La Corte Constitucional ha considerado que la aplicación de las reglas de carácter procedimental no puede llegar a un grado de rigor tal, que se sacrifique el goce de los derechos fundamentales. Ha considerado que “si bien la actuación judicial se presume legítima, se torna en vía de hecho cuando el actuar del juez se distancia abiertamente del ordenamiento normativo, principalmente de la normatividad constitucional, ignorando los principios por los cuales se debe regir la administración de justicia.” Para la Corte Constitucional. En esta decisión, la Corte indicó que se viola el derecho al debido proceso ‘por exceso ritual manifiesto’ en una sentencia cuando este implica una ‘renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales’.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por vulneración del derecho al debido proceso de un menor de edad, por excesivo rigor en la aplicación de una norma procesal
1.1. El 26 de febrero de 2008, Sonia Galvis Galvis, actuando en representación de su hijo, Miguel Ángel Andrade Galvis (2 años de edad), presentó acción de tutela en contra del Juez Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, por considerar que esta entidad violó el derecho al debido proceso de su hijo (art. 29, CP), así como sus derechos prevalentes, en tanto niño (art. 44, CP). La madre adujo que el despacho judicial acusado había proferido una sentencia en la cual reconoció que el padre del menor antes de fallecer había realizado una simulación que afectaba sus intereses, pero, al concluir el fallo, no protegió los derechos del menor, dejando de contemplar las normas constitucionales y legales aplicables al caso. La acción de tutela presentó el caso en los siguientes términos:
“1. El 9 de noviembre de 2007 el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Piedecuesta dictó sentencia de primera instancia, por la cual declaró que el contrato de compraventa celebrado por Orlando Andrade Peña (fallecido) a favor de su hijo Osman Wladimir Andrade Gómez, mediante escritura pública (…) de 25 de abril de 2006, otorgada en la notaría de Piedecuesta (…), es simulado de simulación absoluta, efectuando y ordenando, a su vez las condenas y cancelaciones del caso.
2. Este fallo fue apelado por el demandado y correspondió al señor Juez Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, en segunda instancia, quedando radicado con el mismo número del Juzgado Civil Municipal 089-2007, quien con suma presteza dictó sentencia de segunda instancia revocando todo lo actuado por el A quo.”
El Juez Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga consideró que en el proceso de instancia se había constatado que el padre del menor había realizado una simulación relativa, más no una simulación absoluta, que fue lo alegado y demandado por la accionante, en representación de su hijo. En tal sentido, al no haberse constatado lo pedido por la demandante –una simulación absoluta–, el Juez Civil de segunda instancia consideró que no podía ser declarada tal simulación, y, en consecuencia revocó el fallo de primera instancia.
“3. En esta sentencia de segunda instancia considero que fueron vulnerados los derechos de mi hijo menor, a quien represento, por cuanto el ad quem no tuvo en cuenta la condición de menor de edad del demandante y con su fallo violó las normas citadas al principio de este escrito [artículos 29 y 44 de la CP y artículos 5, 9, 11, 16, 26 y 41, del Código de Infancia y Adolescencia]: i) no tuvo en cuenta las leyes preexistentes de protección la menor; ii) que las normas sobre los niños y las niñas son de carácter irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes; iii) que en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, niñas y adolescentes prevalecerán los derechos de éstos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona, y iv) los niños, niñas y adolescentes serán protegidos cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes los administren.
5- Como ya lo he expresado, el señor Juez de segunda instancia no se preocupó por velar los derechos del menor, como así se lo manda nuestra Constitución Nacional, y el Código del Menor y falló sin tomar ninguna medida, ni siquiera una insinuación respecto a los derechos que le fueron vulnerados al menor demandante por su hermano demandado y probados en el desarrollo del proceso, no obstante reconocer uno y otro fallador la existencia de la simulación del acto demandado, el primero en toda la sentencia y el de alzada en la parte motiva de la suya, agravando más la situación del acto demandado, el primero en toda la sentencia y el de alzada en la parte motiva de la suya, agravando más la situación económica del menor al ser condenado en costas de primera y segunda instancia.”
2.2. Con el propósito de que se le tutelen los derechos a su hijo, la acción de tutela formuló dos solicitudes al Tribunal , a saber, (i) “disponer que queda sin efecto la sentencia de segunda instancia, por violación de hecho al revocar en su totalidad la sentencia del A quo” y (ii) “suspender la orden de levantamiento de las medidas cautelares, hasta tanto el menor reciba de parte de su hermano mayor demandado Osman Wladimir Andrade Gómez, lo que le corresponde como heredero desplazado con la actuación de éste.”
3.1. El 6 de marzo de 2008, la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga tuteló el derecho al debido proceso del hijo de la accionante, Sonia Galvis Galvis. El Tribunal consideró que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga había violado el derecho al debido proceso del menor, al haber proferido una sentencia que revocaba la protección judicial que se le había dado en primera instancia, fundándose en una decisión que sólo se pudo dar en tanto se dejó de aplicar una regla aplicable, a saber, ‘el juez debe interpretar el sentido de la demanda’. El Tribunal presentó sus argumentos en los siguientes términos,
“(…) considera la Sala que la decisión del funcionario demandado no es acertada, pues no obstante analizar la pluralidad de indicios que llevan a concluir que el negocio celebrado entre Orlando Andrade Peña y Osman Vladimir Andrade Gómez es simulado, decide revocar el fallo de la funcionaria de primera instancia, al considerar que la simulación que afecta al negocio jurídico no es una simulación absoluta, sino una simulación relativa, y como en las pretensiones de la demanda se solicitó la declaratoria de simulación absoluta del contrato, lo procedente es revocar el fallo apelado para denegar las pretensiones.
De otro lado, aunque le asiste razón al funcionario demandado cuando afirma que al Juzgador no le es permitido basarse en causa distinta a la alegada en la demanda tal apotegma no es aplicable al caso concreto, pues no se trata de reconocer hechos distintos a los alegados en el libelo demandatorio, sino de interpretarlos armónicamente con las pretensiones, a fin de desentrañar la verdadera intención del demandante.”
“(…) se ordena dejar sin efectivo la providencia del 14 de 2008, dictada por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, así como las demás actuaciones derivadas de la misma, y en su lugar, se ordena al señor Juez Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, que en el término improrrogable de los ocho días siguientes a la notificación del presente fallo, proceda a dictar nuevamente sentencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.
En el evento que el Juez accionado considere necesario decretar pruebas de oficio, el término para el cumplimiento del fallo de tutela empezará a contarse después de que se haya vencido el término probatorio respectivo.”
“(…) la Corte reitera que el Juez en sus discusiones es autónomo, y, en esa medida, no puede inmiscuirse en lo resuelto en la sentencia de 14 de febrero de 2008, porque lo allí dispuesto en torno a la imposibilidad de decidir sobre la simulación relativa, se sustentó en la normatividad vigente y en la citación de dos precedentes judiciales, considerados como pertinentes para el caso. En ese orden de ideas, se descarta la presencia de un yerro con la entidad suficiente para predicar la vulneración del debido proceso del extremo actor, con abstracción de que se comparta o no lo resuelto por el Despacho accionando.”
4.2. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema señaló que los precedentes jurisprudenciales suyos citados por la Sala del Tribual en primera instancia para fundar la decisión de tutelar el derecho al debido proceso, por cuanto en ellos se estable la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho,
En este punto es preciso indicar que mientras en la casación le corresponde a la Corte determinar cuál de las interpretaciones es la más convincente, en la tutela el Juez constitucional no cumple esta función.”
“De suerte entonces que con independencia de que la Corporación avale o no lo decidido por el Juez de segundo grado en el proceso ordinario de marras, dada la motivación que dio en su fallo y la referencia a la normatividad vigente, no puede accederse al amparo.”
El 24 de julio de 2008, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, insistió a la Corte Constitucional que seleccionara el caso para su revisión. A su juicio, a partir de la jurisprudencia constitucional vigente se concluye que “al juez de tutela le ha sido encomendada la protección y garantía de los derechos fundamentales constitucionales, máxime cuando se discute la violación de los derechos fundamentales de los menores.” Considera que “la realidad sustancial del asunto concreto y ‘(…) la necesidad de garantizar una correcta interpretación del ordenamiento jurídico que respete el contenido y alcance de los derechos fundamentales’, (…)”.
2. Reiteración de jurisprudencia, violación del derecho al debido proceso por exceso ritual manifiesto en la aplicación de las reglas procedimentales y omisión consciente del deber de protección de derechos fundamentales
2.1. La Corte Constitucional ha considerado que la aplicación de las reglas de carácter procedimental no puede llegar a un grado de rigor tal, que se sacrifique el goce de los derechos fundamentales. [1] Ha considerado que “si bien la actuación judicial se presume legítima, se torna en vía de hecho cuando el actuar del juez se distancia abiertamente del ordenamiento normativo, principalmente de la normatividad constitucional, ignorando los principios por los cuales se debe regir la administración de justicia.”[2] Para la Corte Constitucional
(…) si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho material (art. 228).”
En esta decisión, la Corte indicó que se viola el derecho al debido proceso ‘por exceso ritual manifiesto’ en una sentencia cuando este implica una ‘renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales’. Así lo ha considerado la Corte incluso para el caso de los procedimientos de casación, en los cuales el rigor procesal exige el cumplimiento de especiales y particulares requisitos formales.[3]
El Juez Tercero Promiscuo Municipal de Piedecuesta Santander, luego de valorar las pruebas aportadas al proceso, consideró que el contrato celebrado entre el padre y su hijo antes de fallecer, con el objeto de venderle a éste el único bien inmueble que aquel tenía, había sido una simulación. Sin embargo, la Juez no entró a considerar de manera específica cuál era la clase de simulación de la que se trataba, ni las consecuencias específicas jurídicas que implicaba el ser clasificada de tal forma.[4] Declaró que el contrato en cuestión es simulado de manera absoluta y, adicionalmente, condenó al demandado, Osman Vladimir Andrade Gómez, a regresar lo frutos civiles producidos desde la fecha del fallecimiento del causante, los cuales tasó en $5’998.440 pesos.
“Analizada la prueba en su conjunto y siguiendo los criterios de la sana crítica, existe la certeza que el negocio fue simulado en lo que tiene que ver con la clase de negocio jurídico celebrado, por lo que el mismo no se estima eficaz y por ende capaz de producir la plenitud de sus efectos; esta habida cuenta que el interesado –parte demandante– demostró de modo concluyente la ficción de la que fue producto, razón por la cual se estaría frente a una de las modalidades de la simulación relativa o parcial, o como lo dice la Corte Suprema de Justicia (Sentencia del 3 de junio de 1996) que: ‘la simulación relativa ofrece como una de sus hipótesis la simulación en cuanto a la identidad de las partes, la cual ocurre cuando se finge un contrato con un sujeto determinado, cuando en realidad la intención se endereza a celebrarlo con otro que no aparece, pero tenido en cuenta y con su pleno conocimiento.’ En el fondo lo que existió fue una donación sin el lleno de los requisitos legales.”
No obstante lo cogitado, el Despacho encuentra un escollo legal insuperable, que conlleva a que tengan que desestimar las pretensiones principales (y por ésta vía revocar el fallo apelado), esto por cuanto la causa invocada en la demanda fue la simulación total o absoluta, cuando debió ser la simulación relativa o parcial (que es la acreditada –se reitera–), sin que le sea permitido al Juzgador adecuar el fallo a esta realidad o basarse en causa distinta a la alegada, pues de hacerlo implicaría violar el principio de congruencia consagrado en el artículo 305 del Código Instrumental Civil. Recuérdese que la congruencia (o consonancia, como otros la llaman), debe observarla el juzgador, en cuanto a las partes que intervienen en el proceso, respecto del objeto de litigio y en lo que atañe a los hechos constitutivos de la causa petendi; de ahí que en la jurisprudencia patria (Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 27 de noviembre de 1977) haya sido precisado que ‘la sentencia para ser congruente debe decidir sólo sobre los temas sometidos a composición del juez y con apoyo en los mismos hechos alegados como causa petendi, pues si se funda en supuestos fácticos que no fueron oportunamente invocados por las partes, lesionaría gravemente el derecho de defensa del adversario, al sorprender con hechos de los que, por no haber sido alegados, no se le habría dado oportunidad de contradecirlos. Tal es el fundamento para afirmar que igual da condenar a lo no pedido, que acoger una pretensión deducida, pero con causa distinta a la invocada, es decir, con fundamento en hechos no alegados.’
Un caso similar fue objeto de pronunciamiento por el Tribunal Superior de Bucaramanga (sentencia del 2 de octubre de 2003, Magistrado Ponente Doctor Jorge Pradilla Ardila), donde se precisó que ‘se confirmará la sentencia recurrida, pero por motivos diferentes a los expuestos por el A quo, como quiera que no puede la Corporación declarar la simulación relativa, habida cuenta que la invocada fue la absoluta, so pena de desconocer lo preceptuado por el artículo 305 del CPC en materia de congruencia de la sentencia’.”
La lectura de la regla procesal en cuestión ­–acerca del respeto al principio de la congruencia a la hora de interpretar el alcance de una demanda–, en el contexto de la jurisdicción ordinaria, es menos formal y más material, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Como lo señala el Juez de Primera instancia dentro del proceso de tutela.
La Sala llama la atención sobre el diferente rigor con el cual el Juez Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga analiza las distintas partes del caso. Mientras que en lo que se refiere al tipo de simulación que se alega en la demanda, el Juez Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga se abstiene de hacer una interpretación integral, en lo que se refiere al análisis de las pretensiones subsidiarias sí lo hace.[5] De hecho, con relación a éste segundo aspecto, el Juez parece consultar más fuentes de derecho que las consideradas en el análisis del primero.[6]
En lo que respecta a la simulación, el Juez acusado desconoce en la sentencia una gran cantidad de normas aplicables al caso, las cuáles no son tenidas en cuenta. Con respecto a la Constitución, deja de tener en cuenta la prevalencia de los derechos de los niños (art. 44, CP), la especial prohibición de discriminación a niños, por razón de su origen familiar (art. 13, CP), así como el deber judicial de que prevalezca en toda actuación judicial el derecho sustancial (art. 228, CP). Con relación a las reglas sustantivas civiles, se deja de tener en cuenta que el Código Civil contempla normas expresas, en relación con los contratos.[7] Del Código de Infancia y adolescencia, los artículos 5, 9, 11 y 26;[8] en especial, el primero de éstos artículos, el cual establece que ‘las normas sobre los niños, las niñas y los adolescentes, contenidas en este código, son de orden público, de carácter irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes.’
El primer hecho que tienen en cuenta la sentencia de la Juez Tercero Promiscuo Municipal de Piedecuesta Santander y la del Juez Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga es que la señora Sonia Galvis Galvis convivió bajo el mismo techo con el señor Orlando Andrade Peña, en unión marital de hecho, desde el mes de junio de 2001, hasta la muerte de éste. De esta unión nació un hijo común, hoy menor de edad, llamado Miguel Ángel Andrade Peña. El Juez Octavo del Circuito sabía entonces que estaban en juego los derechos de un niño.
Adicionalmente, el Juez acusado sabía que el daño que implicaba la aplicación rigurosa de la regla procesal, consistía en permitir que el padre, de común acuerdo con los demás miembros de la primera familia que conformó en su vida, adoptaran medidas para desconocer la parte que sobre los bienes del padre fallecido le corresponde por derecho al hijo de la accionante, hijo de su segunda familia. Se trató de maniobras fraudulentas orientadas a dar un tratamiento discriminatorio a un niño frente a sus hermanos, en razón a su origen familiar. Se trata pues, de un trato discriminatorio expresamente proscrito por la Constitución Política (art. 13, CP).
Primero.- Revocar el fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso de acción de tutela de la referencia, y en su lugar, tutelar el derecho al debido proceso del hijo de la accionante.
Segundo.- Dejar sin efectos la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga dentro del proceso civil instaurado por Sonia Galvis Galvis en representación de su hijo contra su hermano, Osmar Vladimir Andrade Gómez, y ordenar al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga ­­que profiera sentencia de segunda instancia nuevamente, dentro de los siguientes 30 días, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la parte motiva, en especial en el apartado 2.2.
Tercero.- La Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga notificará esta sentencia dentro del término de cinco días después de haber recibido la comunicación, de conformidad con el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
[1] En la sentencia T-1306 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) la Corte decidió que la Corte Suprema de Justicia había incurrido en una vía de hecho por exceso ritual manifiesto en el recurso extraordinario de casación y omisión consciente del deber de protección de derechos fundamentales en la decisión de este recurso. En este caso, la Corte consideró que se había violado los derechos de una persona al haber reconocido que tenía derecho a la pensión, pero no haber protegido los derechos sustantivos respectivos, de acuerdo con el mandato constitucional, en razón a que se aplicaron prevalentemente, reglas de carácter procedimental.
[2] Corte Constitucional, sentencia T-1306 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[3] Corte Constitucional, sentencia T-1306 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra). Dijo la sentencia al respecto: “Tal afirmación no excluye a la Corte Suprema cuando actúa como Tribunal de Casación. En el conocimiento del recurso de casación, cuya naturaleza es ser un juicio de legalidad contra la sentencia que se recurre, el cumplimiento de los requisitos para que se case una sentencia, los cuales han sido reconocidos como válidos y ajustados a la naturaleza de éste recurso extraordinario por la Corte Constitucional, debe verse flexibilizado por la clara manifestación de la existencia de un derecho fundamental que fue desconocido por la sentencia en estudio. Por tanto, a la par del juicio de legalidad, la Corte Suprema no puede dejar de lado un examen de verificación del desconocimiento de derechos fundamentales. En caso de que aparezca protuberante el desconocimiento de un derecho fundamental, este hecho debe tener incidencia en la sentencia objeto del recurso, a la luz de los cargos del recurrente.”
[4] Dijo la sentencia del Juez Tercero Promiscuo Municipal de Piedecuesta, Santander: “Teniendo en cuenta los anteriores requisitos y luego del estudio practicado a cada una de las circunstancias relevantes y obrantes en este expediente, no le asiste duda al despacho para predicar que se reúnen a cabalidad estos tres presupuestos en el contrato de compraventa suscrito entre el fallecido Orlando Andrade Peña y su hijo, Osman Vladimir Andrade Gómez, como quiera que se estructura el (i) acuerdo entre padre e hijo para celebrar el acto o contrato (compraventa) ficto, (ii) una expresión de la voluntad totalmente diferente a la querida por las partes del contrato, pues su objetivo era evadir el procedimiento sucesoral simulando así la compraventa del bien inmueble y (iii) su finalidad de engaño, materializada en el contrato de compraventa para defraudar los derechos sucesorales del menor Miguel Ángel Andrade Galvis.” Sentencia del 9 de noviembre de 2007.
[5] En la sentencia acusada, el Juez Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga dice con relación a una de las pretensiones subsidiarias lo siguiente: “Desafortunadamente, ni en las pretensiones ni en los hechos de la demanda se anota qué vicios de los citados, son los que se invoca como generadores de la nulidad impetrada; así como tampoco dentro de la averiguación probatoria se logró establecer alguno de tales vicios. || Puestas así las cosas, se tiene que la parte demandante no demostró –como era su deber legal (artículo 177 del Código Instrumental Civil)– el vicio del consentimiento; en otros términos no probó los supuestos de hecho de las normas que consagran efectos jurídicos a su favor; luego la decisión ha de ser adversa.”
[6] Dice al respecto la sentencia acusada: “Se aclara que en el presente caso, no se está frente a ninguno de los eventos en que la Constitución Política o la Ley Procedimental Civil exonere de la carga de la prueba al actor, v.gr., por tratarse de hechos notorios o negaciones indefinidas, o haya inversión de la carga.”
[7] Artículo 1520.—El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. || Las convenciones entre la persona que debe una legítima y el legitimario, relativas a la misma legítima o a mejoras, están sujetas a las reglas especiales contenidas en el título de las asignaciones forzosas.
[8] Artículo 5°. Naturaleza de las normas contenidas en este código. Las normas sobre los niños, las niñas y los adolescentes, contenidas en este código, son de orden público, de carácter irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes. ­– Artículo 9°. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. || En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente. || Artículo 11. Exigibilidad de los derechos. Salvo las normas procesales sobre legitimidad en la causa para incoar las acciones judiciales o procedimientos administrativos a favor de los menores de edad, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. || El Estado en cabeza de todos y cada uno de sus agentes tiene la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. (…) || – Artículo 26. Derecho al debido proceso. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados. || En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta.

References: artículo 305
 artículo 305
 artículo 36
 Artículo 1520
 Artículo 5
 Artículo 9
 Artículo 11
 Artículo 26