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﻿ Sentencia 15839 de diciembre 5 de 2005
SENTENCIA 15839 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2005
Sentencia 15839 de diciembre 5 de 2005
Ref.: 15.839
Rad.: 76001-23-31-000-1995-1826-01
Actor: María Helena Martínez Soto y otro.
Demandado: Nación e Invías.
I. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación que interpuso el Invías, uno de los demandados, frente a la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (Sección Segunda) el día 5 de junio de 1998, mediante la cual dispuso:
“DECLÁRASE PARCIALMENTE FUNDADA la excepción culpa de la víctima propuesta por el Instituto Nacional de Vías.
DECLÁRANSE INFUNDADAS las restantes excepciones propuestas por el instituto.
DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda deducidas contra la Nación (Ministerio de Transporte).
DENIÉGANSE las pretensiones contra el llamado en garantía, La Previsora S.A. compañía de seguros.
DECLÁRASE al Instituto Nacional de Vías administrativamente responsable de la muerte del señor Héctor Manuel Roa Torres ocurrida en las circunstancias que se refiere en los hechos. En consecuencia,
CONDÉNASE al Instituto Nacional de Vías a pagar a las demandantes las siguientes cantidades de dinero por los conceptos que también se indican:
1. A María Elena Martínez Soto en calidad de compañera permanente del occiso y a su hija menor María Alejandra Roa Martínez, el equivalente en moneda de curso legal a un mil (1.000) gramos oro a cada una, según lo certifique el Banco de la República.
a) Para la compañera permanente, María Elena Martínez, la suma de $ 23.505.457.40
b) Para la hija menor María Alejandra Roa Martínez, la suma de $ 23.505.457.40. CONSÚLTESE este fallo con el superior si no fuere apelado” (fls. 264 a 266, cdno. ppal.).
La presentó la señora María Elena Martínez Soto en nombre propio y en representación de su hija menor Maira Alejandra Roa Martínez y en ejercicio de la acción de reparación directa, el día 15 de septiembre de 1995, y la dirigió frente a la Nación (Ministerio de Transporte) y el Instituto Nacional de Vías “Invías” (fls. 7 a 16, cdno. 1).
“1. La Nación (Ministerio de Transporte e Instituto Nacional de Vías) es responsable administrativa y civilmente de todos los daños y perjuicios, tanto morales como materiales, ocasionados a la señora María Elena Martínez Soto, y a su hija menor de edad, Maira Alejandra Roa Martínez, la mayor vecina de Tuluá (Valle), con motivo de la muerte accidental de que fue víctima el señor Héctor Manuel Roa Torres quien fuera compañero permanente de Maira (sic) y padre de la menor, en hechos sucedidos el día 23 de abril de 1995 en la vía que de Roldadillo(sic) conduce a La Unión (Valle), en jurisdicción del municipio de Roldadillo(sic) (Valle), al accidentarse aparatosamente en la motocicleta en que viajaba, después de caer a un hueco sobre la vía por falta de mantenimiento de la misma, en una evidente y presunta falla en el servicio atribuible al Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Vías, por omisión en el mantenimiento, conservación, señalización y medidas de seguridad en dicha vía de carácter nacional.
2. Condénase a la Nación (Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías), a pagar a la señora María Elena Martínez Soto, y a su hija menor de edad Maira Alejandra Roa Martínez, la mayor vecina de Tuluá (Valle), por intermedio de su apoderado, todos los daños y perjuicios, tanto morales como materiales, que se les ocasionaron con la muerte accidental de que fue víctima su compañero permanente y padre, señor Héctor Manuel Roa Torres, conforme a la siguiente liquidación o la que se demostrase en el proceso, así:
a) Cien millones de pesos ($ 100.000.000) por concepto de lucro cesante, que se le liquidarán a favor de la compañera permanente e hija del fallecido, señor Héctor Manuel Roa Torres, correspondientes a las sumas que el occiso ha dejado de producir, en razón de su muerte prematura y por todo el resto posible de vida que le quedaba, en la actividad económica que realizaba (director de la Caja Agraria de Toldadillo(sic) - Valle) habida cuenta de su edad al momento del insuceso (41 años), y a la esperanza de vida calculada conforme a las tablas de moralidad aprobadas por la Superintendencia Bancaria.
b) El equivalente en moneda nacional de 1.000 gramos de oro fino para cada uno de los demandantes por concepto de perjuicios morales o ‘petium doloris’, consistentes en el profundo trauma psíquico que produce el hecho de saberse víctima de un acto arbitrario o una grave omisión nacida de la falta de responsabilidad en la administración, en aplicación del artículo 106 del Código Penal, máxime cuando el hecho se comete por falta de diligencia del Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Vías, entidades que tienen el deber constitucional de velar por la vida de los asociados y con su omisión se ha causado la muerte a un ser querido, como lo es un compañero permanente y un padre.
c) Todas las condenas serán actualizadas conforme a la evolución del índice de precios al consumidor.
d) Intereses aumentados con la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor.
3. La Nación dará cumplimiento a la sentencia dentro de los 30 días siguientes a su ejecutoria (fls. 7 a 8, cdno. 1).
“1. El señor Héctor Manuel Roa Torres y la señora María Elena Martínez Soto sostenían relaciones maritales extramatrimoniales desde el año 1991, hasta la fecha de la muerte del señor Roa Torres, unión de la cual procrearon como fruto natural, una hija, el 21 de noviembre de 1991, a quien se le dio por nombre Maira Alejandra Roa Martínez.
2. El señor Héctor Manuel Roa Torres había fijado su residencia en la población de Roldadillo(sic) (Valle), donde realizaba su actividad laboral y convivía con parte de su familia, visitándose en forma semanal con su compañera permanente e hija quienes residen en Tuluá (Valle).
3. El señor Héctor Manuel Roa Torres, se dedicaba antes del accidente que le costó la vida, a laborar como director de la Caja Agraria en la población de Roldadillo(sic) (Valle), actividades laborales en las que devengaba mensualmente la suma de $ 700.000.00 para 1995, suma con la cual atendía sus necesidades, las de su compañera permanente e hija.
4. El día 23 de abril de 1995, aproximadamente a las 2:00 a.m., el señor Héctor Manuel Roa Torres se dirigía hacia la población de La Unión (Valle), conduciendo una motocicleta marca Yamaha, color roja, modelo 1994, de placa TWN-36, en compañía del señor José Luis Dossman Cortés quien conducía otra motocicleta, ambos motociclistas habían estado departiendo alegremente en un billar de la población de Roldadillo(sic), y se dirigían a una reunión social familiar a la que habían sido invitados a la población de La Unión. En momentos en que se movilizaban sobre la vía Panorama, aún en jurisdicción de Roldadillo(sic), y frente a las haciendas Las Gramas, el automotor conducido por el señor Roa Torres tropezó con un profundo hueco que se encuentra sobre la vía, donde no existe señalización alguna que previniese sobre el peligro, lo que le hizo perder el equilibrio a pesar de la baja velocidad que conducía, y se estrelló aparatosamente contra el pavimento, golpeándose violentamente el cráneo y ocasionándose lesiones de gravedad, por lo que fue conducido de urgencia al Hospital Local de Tuluá (Valle), desde donde se lo remitió al hospital del seguro social en la ciudad de Cali, lugar donde falleció a las 11:00 a.m. del mismo día.
5. Las omisiones en que incurrió el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, a cuyo cargo estaba la vía pública, son constitutivas de falla presunta en el servicio, en razón del poco o nulo mantenimiento a que fue sometida la carretera nacional que de Roldadillo(sic) conduce a La Unión (Valle), en el sitio de la Hacienda Las Gramas, donde ocurrió el accidente; por falta de señales de peligro y de mantenimiento de la vía, creando así un riesgo colectivo, y a la ausencia de obras de infraestructura que dieran garantía de tránsito, y a la categoría de empleados públicos de quienes tenían la obligación de dicho mantenimiento, falla que compromete la responsabilidad de la Nación, a cuyo nombre actuaban las entidades y funcionarios omisivos.
6. Los perjudicados con los anteriores hechos me han conferido poder suficiente para demandar de la Nación las indemnizaciones pertinentes”, y al Invías (fls. 1 y 9 a 10, cdno. 1).
B. Trámite procesal.
1. La demanda se admitió el 4 de octubre de 1995 y el auto admisorio se notificó personalmente a los señores agente del Ministerio Público el día 19 siguiente y al Ministro de Transporte y al director del Invías, el día 3 de junio del siguiente año (fls. 18 a 19, 19 vto., 28 y 30, cdno. 1).
2. Al contestar la demanda.
a) El Invías se opuso a las pretensiones porque no existe falla o falta del servicio debido a que la víctima directa practicaba una actividad peligrosa, como es la conducción de vehículos, sin las condiciones y precauciones a las cuales estaba obligado, como son la prudencia, la pericia y el respeto por el límite de velocidad permitido. Propuso a título de excepciones la falta de legitimación en la causa; inexistencia de culpa de los demandados porque no existe relación de causalidad entre los hechos y la presunta falla o falta del servicio toda vez que el daño fue culpa exclusiva de la víctima debido a que condujo a exceso de velocidad y desconoció las señales de tránsito (fls. 40 a 44, cdno. 1).
b) La Nación (Ministerio de Transporte) es del criterio que las pretensiones de la demanda deben desestimarse porque a ella no le corresponden las funciones de conservación y mantenimiento de carreteras, toda vez que es una entidad reguladora, planificadora y normativa de transporte, y no ejecutora de las mismas. Explicó que la Ley 64 de 1967 creó el Fondo Vial Nacional (entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio autónomo) a cargo de los gastos que generen estudios, construcción, conservación y pavimentación de las carreteras nacionales y vías fluviales; luego, a través del Decreto-Ley 2171 de 1992 que entró en vigencia el 31 de diciembre de 1992, se reestructuraron: el antes Fondo Vial Nacional en Instituto Nacional de Vías; y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte en Ministerio de Transporte; que dentro de las funciones asignadas a este último no está la del mantenimiento de vías ni de carreteras, pues ellas están a cargo del Invías, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 ibídem. Propuso a título de excepciones los hechos de falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de responsabilidad porque no le corresponde conservar ni mantener la infraestructura vial nacional; de culpa exclusiva de la víctima debido a la imprudencia e impericia al conducir a exceso de velocidad y por la calzada contraria; y de cualquier otro hecho que se demuestre (fls. 109 a 113, cdno. 1).
3. También los demandados, al contestar la demanda, llamaron en garantía a la Compañía de Seguros La Previsora S.A. con base en las pólizas RC-158281 con vigencia del 1º de enero de 1995 y el 31 de diciembre del mismo año cuyo asegurado es Invías (fls. 95 a 96, cdno. 1) y 158247 con la misma vigencia a favor del Ministerio de Transporte (fls. 117 a 119, cdno. 1).
4. Y el tribunal admitió esas solicitudes de intervención de terceros el 9 de agosto de 1996 (fls. 120 a 122, cdno. 1); decisión que se notificó el 3 de diciembre de 1996 (fl. 146, cdno. 1).
5. Al contestar la demanda, La Previsora solicitó que se denieguen las súplicas de la demanda porque no se demostró la relación de las actoras con la víctima directa, quien solo las visitaba ocasionalmente y no convivía con ellas, situación que desvirtúa el concepto de permanencia y de la existencia de unión marital de hecho; arguyó que la muerte del señor Roa no la causó la omisión de las demandadas sino la imprudencia y negligencia de aquel, por las condiciones en que conducía, bajo el influjo de bebidas embriagantes, a altas horas de la noche, en exceso de velocidad y sin casco. Propuso a título de excepciones inexistencia de la obligación porque la causa del accidente fue la culpa exclusiva de la víctima; concurrencia de culpas, bajo el supuesto de que resulten condenadas las demandadas para que la indemnización se rebaje por la coparticipación de la víctima en la causación de su propio daño; compensación para que opere frente a cualquier suma de dinero que hayan recibido las demandantes en relación con los hechos de la demanda; y las excepciones innominadas en el evento que se demuestre cualquier otra que exima de responsabilidad a los demandados.
En relación con el llamamiento en garantía, propuso a título de excepción los hechos de inexistencia de la obligación por pago total de la suma asegurada e inexistencia de cobertura contractual debido a que las pólizas establecen que en caso de presentarse reclamaciones por daños materiales consecuenciales, durante la vigencia de las mismas, la responsabilidad máxima de la aseguradora no puede exceder el monto global de la póliza aunque durante su vigencia se presenten dos o más acontecimientos constitutivos de siniestro y, por lo tanto, como durante la vigencia de las pólizas mediante las cuales se fundó el llamamiento, pagó las sumas aseguradas en otros siniestros amparados, la cobertura se agotó frente a otros siniestros (fls. 133 a 141, cdno. 1).
6. Luego el proceso se abrió pruebas el 18 de febrero de 1997; se citó a las partes a audiencia de conciliación para el día 4 de noviembre siguiente (fls. 191 a 192, cdno. 1), la cual fracasó por falta de ánimo (fl. 209, cdno. 1); en consecuencia, se ordenó correr traslado para la presentación de alegaciones finales el 11 de marzo de 1998 (fls. 216, cdno. 1); la Nación y la aseguradora guardaron silencio.
a) Ministerio Público: Soticitó acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda debido a la concurrencia de culpas entre el Invías y la víctima directa, porque si esta no hubiese ingerido bebidas alcohólicas habría evitado que la motocicleta cayera en el hueco y si a la carretera se le hubieran realizado las labores de mantenimiento, los riesgos del accidente habrían disminuido. Agregó que aunque el departamento del Valle del Cauca estuvo a cargo de las construcción de la carretera, lo cierto es que las funciones de conservación y mantenimiento de las vías nacionales está a cargo del Invías (fls. 217 a 227, cdno. 1).
b) Parte actora: Reiteró el fallo favorable a sus súplicas porque se demostraron los hechos que alegó en la demanda. Destacó que el lugar de los hechos sí es una vía nacional que construyó el departamento del Valle del Cauca y que se integró a la red nacional de transporte a través de la Resolución 66 que expidió el Departamento Nacional de Planeación el 4 de mayo de 1994, razón por la cual a partir de esa fecha las funciones de conservación y reparación de las vías nacionales quedaron a cargo de Invías y las relativas a la señalización como la advertencia de peligros es responsabilidad del Ministerio de Transporte según los artículos 111 a 113 del Código Nacional de Transporte; y finalmente dijo que la legitimación en la causa por activa también se probó mediante testimonios (fls. 228 a 238, cdno. 1).
c) Invías: Insistió en los hechos de ilegitimación en la causa de las demandantes toda vez que el señor Roa Torres era casado y vivía con la esposa y la hija y que solo visitaba a las demandantes los fines de semana y por tanto no convivía con ellas, razón por la cual la señora María Elena Martínez no ostenta la calidad de compañera permanente; y de culpa exclusiva de la víctima porque conducía en estado de embriaguez, de acuerdo con la necropsia y las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos (fls. 239 a 241, cdno. 1).
C. Sentencia apelada.
Declaró parcialmente fundada la excepción de culpa exclusiva de la víctima e infundadas las restantes; negó las pretensiones frente a la Nación (Ministerio de Transporte) y al llamado en garantía y declaró administrativamente responsable al Invías por la muerte del señor Roa Martínez. Expresó que aunque hubo falla en el servicio por parte del Invías, que tiene a cargo el mantenimiento y el cuidado de las carreteras nacionales, está en la obligación de mantenerlas en buen estado, como en la que ocurrieron los hechos. Adujo que también se demostró que al momento del accidente el señor Roa no estaba en pleno uso de sus facultades debido al consumo de bebidas alcohólicas.
Y al valorar los declaraciones de los testigos presenciales, dijo que no existen razones para demeritarlos debido a que son sinceros y espontáneos; arguyó que la situación relativa a que no se hubiera levantado croquis del accidente se debe a que no se trató de un choque de vehículos y al traslado inmediato del señor Roa a un centro de salud; que la muerte no fue inmediata y se causó por trauma craneoencefálico severo.
Desde otro punto de vista, concluyó que las demandantes sí están legitimadas para reclamar indemnización porque acreditaron sus condiciones de damnificada y su relación de dependencia con la víctima directa. A la hora de determinar la indemnización fijó por concepto de perjuicio moral 1.000 gramos para cada una de las demandantes; y por perjuicio material dijo que reduciría a la mitad el quantum indemnizatorio por concurrencia de la víctima en la producción del daño (fls. 243 a 266, cdno. ppal.).
D. Recursos de apelación y trámite.
1. Los propusieron el Invías, uno de los demandados, y la parte actora quien desistió en segunda instancia (fls. 268 y 321, cdno. ppal.). El Invías estimó que la sentencia de primera instancia debe revocarse y, en su lugar, para exonerarla de responsabilidad, debido a que la decisión del tribunal se edificó sobre testimonios de personas que al momento de la ocurrencia del hecho dañoso se encontraban, igual que la víctima directa, en estado de embriaguez; que por ello insiste en que la muerte del señor Roa se debió a su propia culpa. Criticó también el razonamiento del a quo para determinar la relación que existía entre las demandantes y el señor Roa porque según los testimonios este era casado y tenía un hijo con la esposa con los cuales, además, vivía; que ocasionalmente visitaba a las demandantes y, por lo tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, la unión marital de hecho es aquella que se forma entre un hombre y una mujer que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular, situación que no se presenta y que por el contrario desconoce a la esposa y al hijo del señor Roa, quienes también demandaron ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En cuanto al mantenimiento de la vía dijo:
“De conformidad con las declaraciones que obran en el proceso, rendida por el ingeniero Henry Millán, la construcción de la vía corresponde al año 1992, en la cual el departamento del Valle del Cauca colocó la señalización correspondiente, y la vía era ancha 7.20 metros, con bermas amplias, la vía se cobró por el departamento del Valle a través del establecimiento público de valorización departamental, cobro efectuado de conformidad con la Resolución 313 del 28 de octubre de 1993, la cual obra en el proceso, lo cual prueba que la vía estaba recién pavimentada y por ende señalizada” (fls. 269 a 273, cdno. ppal.).
2. El tribunal no concedió los recursos porque consideró que el proceso no tenía vocación de doble instancia (fls. 276 a 277, cdno. ppal). Inconforme con la decisión, la parte demandante recurrió en reposición y en subsidio solicitó la expedición de copias para tramitar el recurso de queja (fl. 278). Y el a quo repuso y en consecuencia concedió los recursos ante el Consejo de Estado (fls. 284 a 286, cdno. ppal.).
3. El consejero a quien le correspondió en reparto, declaró improcedente el recurso y en firme la sentencia del tribunal (fls. 300 a 302, cdno. ppal.); pero al decidirse el recurso de súplica la Sala lo revocó y ordenó la admisión el 18 de marzo de 1999 (fls. 308 a 309, cdno. ppal.).
4. El tribunal ordenó el traslado a las partes para la presentación de alegaciones finales, el 12 de abril siguiente (fl. 311, cdno. ppal.); solo la parte actora allegó escrito en el que insiste que la indemnización que obtuvo es exigua y por lo tanto debe aumentarse (fls. 315 a 319, cdno. ppal.).
5. Luego, encontrándose el proceso para fallo, la parte demandante desistió del recurso (fl. 321, cdno. ppal.), desistimiento que se aceptó el 3 de agosto de 1999 (fls. 322 a 323, cdno. ppal.), y uno de los consejeros, doctor Ramiro Saavedra Becerra, manifestó su impedimento, por haber conocido de asunto en primera instancia (fl. 337); impedimento que se aceptó el día 13 de julio de 2005 (fls. 338 a 339, cdno. ppal.).
Como no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a decidir previas las siguientes,
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación que interpuso Invías, uno de los demandados, frente a la sentencia condenatoria que dictó en su contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (Sala Segunda) el día 5 de junio de 1998.
A. Imputaciones.
La demanda imputa materialmente el hecho de la muerte del señor Héctor Manuel Roa Torres cuando se transportaba en motocicleta y cayó en un bache de una vía pública; e imputa jurídicamente tanto a la Nación como al Invías falla del servicio por omisión en el mantenimiento, conservación, señalización y medidas de seguridad de una vía pública.
Y el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, propuesto por el Invías —único apelante— solicita la revocatoria de la sentencia, para que se le exonere de responsabilidad, porque el hecho dañoso ocurrió por culpa exclusiva de la víctima.
B. Falla por mal estado de vías y por falta de señalización.
El caso se analizará bajo ese título jurídico toda vez que las demandantes le atribuyeron al Invías violación por omisión a sus deberes en el mantenimiento, conservación, señalización y medidas de seguridad de la carretera Roldanillo - La Unión. Este título jurídico ha sido utilizado en la jurisprudencia para el análisis de los casos de daños producidos a terceros en desarrollo de la función de conservación, mantenimiento y señalamiento de vías y por obras públicas; bajo él deben demostrarse, concurrentemente, la conducta anormal de la administración o por retardo, irregularidad, ineficiencia u omisión en el servicio; el daño con características de particular, cierto y determinado y jurídicamente tutelado por el derecho y el nexo de causalidad eficiente y determinante entre la anomalía y el daño; y el Estado se exonerará cuando demuestre o la inexistencia de la falla alegada o la ausencia del nexo causal, por el acaecimiento de una causa extraña (hecho exclusivo de la víctima o del tercero y fuerza mayor).
C. Principio de legalidad sobre las conductas imputadas.
1. El Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente para la época de los hechos demandados (D.L. 1344, ago. 4/70) y aplicable en todo el territorio nacional señala lo siguiente: las autoridades competentes para la conservación y mantenimiento de carreteras, están a cargo de colocar y demarcar las señales de tránsito (1) (art. 113); los requisitos generales para el tránsito de vehículos como es exigir al conductor portar con las condiciones de seguridad determinadas (art. 41) y en caso de transitar por vías del territorio nacional el vehículo debe contar con las condiciones mínimas de funcionamiento en cuanto a frenos, llantas, vidrios de seguridad, luces, controles de dirección, señales audibles, equipo de seguridad, nivel mínimo de combustible, escape de gases y elementos ópticos (art. 42) y que en todo caso el conductor del vehículo deberá conocer y cumplir las normas de tránsito y obedecer las indicaciones de las autoridades y de la señales de tránsito (2) (art. 109); la velocidad máxima permitida para conducir en carretera, 80 kilómetros por hora (art. 148) y excepcionalmente el de 30 kilómetros por hora, en aquellos casos en que se indique “disminución de velocidad” (art. 138).
En materia de conducción de motocicletas, se exige y prohíbe a los conductores: utilizar una pierna a cada lado del vehículo y sujetar los manubrios con ambas manos (art. 55); transitar por la derecha de las vías, a distancia no mayor de un metro de la acera u orilla y procurar no utilizar las vías de los buses y busetas; y los que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro; respetar las señales y normas de tránsito (art. 156); y que no podrán sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte de la vista de los conductores que transiten en sentido contrario y transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por quellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban.
En cuanto al estado de los conductores de vehículos en general, prohíbe hacerlo en estado de embriaguez y en caso de que alguna persona conduzca bajo excitación producida por alcohol, será llevada por el agente que conozca el hecho a la oficina de tránsito o de policía más cercana, únicamente a fin de someterla a examen para establecer el estado en que se encuentra (art. 253). Para determinar el estado de embriaguez se utiliza la prueba de carácter científico que, sin causar lesiones al infractor, establezca el Instituto de Medicina Legal, que por lo general es el de alcoholemia (3) . Y explica que el levantamiento de croquis se realiza en los casos de hechos en que resulten daños a personas, a los vehículos, inmuebles, muebles o animales, el agente de policía de tránsito o vial que conozca el hecho levantará un croquis descriptivo de sus pormenores, con copia inmediata a los conductores quienes deberán firmarlas y en su defecto la firmará un testigo, entre otros; dicho informe debe contener los siguientes datos: lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho; clase de vehículo, número de placa y demás características; nombre del conductor o conductores, documento de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de su expedición; nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos; nombre, documento de identidad y dirección de los testigos; estado de seguridad en general del vehículo o vehículos, frenos, dirección, luces y bocinas; estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, la cual constará en el croquis levantado; y descripción de los daños. El croquis y el informe deben entregarse a la autoridad competente y a los interesados al día siguiente del acaecimiento del hecho a los interesados (art. 250).
2. El Decreto-Ley 2171 de 30 de diciembre de 1992 (4) , vigente para la época de los hechos (5) reestructuró el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte y suprimió, fusionó y reestructuró entidades de la Rama ejecutiva del orden nacional. Integró el sector del transporte a cargo del Ministerio de Transporte y sus organismos adscritos y vinculados (art. 1º) y señaló las funciones de dicho ministerio en su calidad de coordinador y articulador general de las políticas de todos sus organismos y dependencias, entre ellas la expedición de la regulación general aplicable de cada modo de transporte (art. 3º) y las siguientes (art. 6º):
— Fijar las políticas en materia de transporte nacional e internacional, en este último caso en coordinación con los ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior (num. 1º).
— Fijar la política nacional en materia de tránsito en todos los modos de transporte y vigilar su ejecución por parte de las autoridades competentes, de conformidad con la ley (num. 2º).
— Preparar los planes y programas en materia de regulación y control de los diferentes modos de transporte del país, y expedir las normas necesarias para su ejecución (num. 8º).
— Preparar los planes y programas en materia de seguridad en los diferentes modos de transporte del país (num. 9º).
— Ejercer control de tutela sobre los organismos adscritos o vinculados (num. 14).
Además reestructuró el Fondo Vial Nacional como el Instituto Nacional de Vías, establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Transporte, cuyo objetivo es ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura no concesionada de la red vial nacional de carreteras primaria y terciaria y a cargo de la Nación, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte (art. 52); y le señaló al Invías las siguiente funciones, entre otras:
— Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con la infraestructura de su competencia, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministro de Transporte.
— Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura de su competencia.
— Coordinar con el Ministerio de Transporte la ejecución de los planes y programas de su competencia.
— Definir las características técnicas de la demarcación y señalización de la infraestructura de transporte de su competencia, así como las normas que deberán aplicarse para su uso. Celebrar todo tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo.
En cuanto a la ejecución de las obras de la infraestructura de transporte dispone que su construcción y conservación no podrá ser ejecutada directamente por el Invías sino que siempre deberá contratar la construcción y conservación de la infraestructura de transporte de su competencia (art. 65).
3. Y la Ley 105 del 30 de diciembre de 1993 (6) por la cual se dictan disposiciones sobre transporte y se distribuyen competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, define la integración de la infraestructura del transporte a cargo de la Nación como aquella de su propiedad que cumpla con la función de integración de las principales zonas de producción y consumo del país, la cual está constituida por la red nacional de carreteras, entre otros:
“ART. 12.—Definición de integración de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación.
Se entiende por infraestructura del transporte a cargo de la Nación, aquella de su propiedad que cumple la función básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo del país, y de este con los demás países. Esta infraestructura está constituida por:
(...) b) Las carreteras con dirección predominante sur-norte, denominadas troncales, que inician su recorrido en las fronteras internacionales y terminan en los puertos del Atlántico o en fronteras internacionales”.
D. Responsabilidad patrimonial.
1. Hecho y conducta dañosa; anomalías administrativas:
Es hecho no negado el de la muerte de Héctor Manuel Roa Torres en la carretera que conduce de Roldanillo a La Unión (departamento del Valle del Cauca), cuando cayó en un hueco de la vía en el momento en que conducía una motocicleta. Las pruebas son indicadoras claras de dos indiscutibles:
Del señor Héctor Roa Torres que ocurrió el día 23 de abril de 1995, causada físicamente por trauma craneoencefálico, que le generó muerte por choque neurogénico, con descripción detallada de las heridas en el acta de necropsia, suscrita el día 5 de septiembre de 1995 por médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (regional sur):
“Antecedentes: Moto en la cual viajaba cayó a un hueco en Roldadillo(sic), de ahí fue enviado a Tuluá y de Tuluá al ISS de Cali.
Examen externo. Descripción del cadáver: cadáver de hombre que corresponde a la edad, con señales de trauma craneano. ( ) Cara: herida abierta en ceja derecha, de 1.5 x 0.3 cms. a 4 cms. de la línea media y 7cms. del vértex. Escoriaciones en área de 3 x 0.8 cms. a 5 cms. de la línea media y 7 cms. del vértex en región supraciliar izquierda. Escoriaciones en área de 3 x 1.5 cms. en la línea media y a 20 cms. del vértex en región submentoniana (de la línea media a la derecha). ( ) Extremidades: laceraciones en área de 9 x 6 cms. a 62 cms. del vértex en antebrazo derecho cara anteromedial. Examen interno. Cavidad craneana: ( ) Cerebro y meninges: hematoma epidural, hematoma subdural generalizado, hemorragia subcranoidea. Cerebelo y tallo: hemorragia subaracnoidea. ( ) Diagnóstico: 1. Politraumatizado en accidente de tránsito. 2. Trauma craneoencefálico severo: hemorragia subaracnoidea, hematoma epidural y subdural. Opinión y conclusiones: hombre quien viajaba en moto la cual cayó a un hueco, sufriendo trauma craneoencefálico severo que lo condujo a choque neurogénico y la muerte. ( ). Resultado de los exámenes solicitados: alcoholemia: 71MG%” (documento público auténtico en copia simple, fl. 44, cdno. 2A).
Y en el registro de defunción 2286494, que expidió la Notaría 12 de Cali el 24 de abril de 1995, consta que el señor Roa falleció el 23 de abril de 1995 debido a shock neurogénico (documento público que aportó la parte demandante en copia autenticada, fl. 6, cdno. 1).
• Sitio de ocurrencia del accidente
Varios elementos de prueba aluden a esos hechos. En el informe de policía, que rindió el Jefe de la Segunda Sección de Vigilancia del Departamento de Policía de Valle (Quinto Distrito) el día 28 de abril de 1995 sobre los hechos que ocurrieron el día 23 anterior, en caso por lesiones del señor Héctor Roa Torres (documento público auténtico en copia simple, fl. 50, cdno. 2A). Y en los testimonios de personas que fueron presenciales de los hechos (José Luis Dossman Cortés y Jesús Antonio Muñoz Saavedra), que eran amigos de la víctima, se da a conocer que el día de los hechos cuando ellos pasaban en sus vehículos por el sector de Las Gramas, aproximadamente a las 2 a.m. ocurrió el accidente: Roa cayó en un hueco de la vía y cuando se devolvieron para ayudarlo vieron que vomitaba sangre y por ello le hicieron señas a una camioneta, para que lo condujera al hospital; en ese momento la carretera estaba oscura, carecía de señales de tránsito o de prevención del peligro “por los huecos”; afirmaron que Roa conocía perfectamente la vía porque él trabajó antes en La Unión, paso obligado por el lugar (fls. 69 a 72, cdno. 2A).
• El mantenimiento de la vía a cargo del Invías
Correspondía al Invías, de acuerdo con las normas vigentes a la época de los hechos y el material probatorio. La Ley 105 de 1993 definió la integración de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, constituida por la red nacional de carreteras determinada por varios criterios, entre otros, que se trata de carreteras con dirección predominante sur-norte, denominadas troncales, que inician su recorrido en las fronteras internacionales y terminan en los puertos del Atlántico o en fronteras internacionales.
La secuencia cronológica sobre la pertenencia de la vía, desde antes de la ocurrencia del hecho dañoso, hasta después del mismo, es la siguiente:
El subdirector de infraestructura vial del Ministerio de Transporte informó mediante oficio 013066 del 10 de junio de 1997 que el Invías transfirió la carretera Cali - Cavasa - Crucero Candelaria - Florida al departamento del Valle del Cauca el día 30 de marzo de 1994 mediante el convenio interadministrativo 147 (documento público en original, fl. 35, cdno. 2A).
Mediante documento público se conoce que el Invías y el departamento del Valle del Cauca suscribieron el convenio interadministrativo 147 el día 30 de marzo de 1994, que tuvo por objeto la transferencia a favor del departamento, de la carretera Cali - Cavasa - Crucero Candelaria - Florida determinada por la nomenclatura vial según descripción de la Resolución 830 del 5 de febrero de 1992, por un plazo de 20 días —más adelante se verá cómo la vía siguió siendo nacional—. Ese convenio se rigió por las siguientes cláusulas condicionales para la trasferencia:
“Cláusula segunda. Plazo. El plazo del presente convenio es de 30 días contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento, dentro del cual se suscribirá la respectiva acta de entrega, la cual formará parte integral de este convenio.
PAR. 1º—La entrega de esta carretera se efectuará teniendo en cuenta lo ordenado por la Ley 105 de 1993, dentro del plan de transferencia de carreteras, numeral 1º, artículo 12. Esta transferencia se hace con base en la solicitud del señor gobernador del Valle del Cauca, consignada en oficio DG-0597 del 10 de marzo de 1994.
PAR. 2º—La entrega se protocolizará mediante acta, en la cual se detallarán las características geométricas y estructurales de la vía, incluyendo puentes y señalización.
Cláusula tercera. Perfeccionamiento: El presente convenio quedará perfeccionado con la suscripción por las partes. El departamento cancelará por su cuenta los derechos de publicación en el Diario Oficial dentro de los ocho (8) días siguientes a la remisión que para el efecto hará la oficina de descentralización del instituto” (documento público autenticado, fls. 38 a 39, cdno. 2A).
Con documento público también se conoce que luego, el director regional del Valle envió el memorando DRV - 334 a la subdirectora de conservación del Invías el día 13 de mayo de 1997, mediante el cual le informó que la vía que comunica los municipios de Roldanillo y La Unión la construyó el departamento del Valle del Cauca a través de valorización departamental y en cuanto a la naturaleza de la misma dijo que es una vía nacional desde el 4 de mayo de 1994, fecha en la cual el Conpes aprobó el proyecto de integración a la red nacional de transporte:
“Acorde con la Ley 105 del 30 de diciembre de 1993, en su artículo 15, el Ministerio de Transporte, presentó al Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, para su aprobación el proyecto de integración de la red nacional de transporte, en el cual se identifica la red de carreteras que estará a cargo de la Nación a través del Instituto Nacional de Vías.
Dicho proyecto fue aprobado mediante la Resolución 66 del 4 de mayo de 1994 del Departamento Nacional de Planeación y en este quedaron incorporados a la troncal de occidente (Rumichaca - Barranquilla), los tramos 23 - 01 Cali - Mediacanoa y 23 - 02 Mediacanoa - La Unión” (documento público, fls. 18 a 20, cdno. 2A).
Por documento público igualmente se averiguó que, después de la ocurrencia de los hechos demandados, la vía seguía siendo nacional y que el Invías contrató el 1º de enero de 1996 el mantenimiento rutinario a través de microempresas asociativas (documento público auténtico en copia simple, fls. 18 a 20, cdno. 2A).
El material probatorio es indicativo de que el departamento del Valle del Cauca ejecutó las obras de construcción de la vía; que esta es nacional, que pasó a ser propiedad de la Nación luego de que el Conpes así lo autorizó, en la Resolución 66 de 14 de mayo de 1994 —antes de la ocurrencia del hecho demandado 23 de abril de 1995— y que su mantenimiento está a cargo del Invías debido a que se trata de una troncal.
• Conductas dañosas y la falla del servicio
El Jefe de la Segunda Sección de Vigilancia del Departamento de Policía del Valle (Quinto Distrito) rindió informe el día 28 de abril de 1995 sobre los hechos que ocurrieron el 23 de abril anterior en el cual atendió el caso de lesiones en accidente de tránsito en que resultó herido Héctor Roa Torres; señaló que ante la gravedad de las lesiones el herido se remitió a Tuluá y luego a Cali, donde murió; las lesiones fueron producidas cuando Roa conducía una motocicleta particular (Yamaha Chappi, roja, del año 1994 y chasis 3VS007390) y se dirigía hacia el Municipio de La Unión: en el sector de Las Gramas sufrió el accidente a causa de los huecos que presentaba la vía; la víctima iba acompañada por el señor José Luis Dossman que se transportaba también en motocicleta; la moto accidentada tenía seguro obligatorio que expidió la Caja Agraria y que expiraba el 3 de octubre de 1995 (documento público auténtico en copia simple, fl. 50, cdno. 2A).
El médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (regional sur) elaboró el acta de necropsia al cadáver de Roa Torres el día 5 de septiembre de 1995, de fallecimiento que ocurrió el 23 de abril de 1995 y a quien se le practicó la necropsia el mismo día (documento público fl. 44, cdno. 2A).
Gustavo Adolfo Garcés y Henry Millán García, Ingenieros del Invías, declararon ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el día 10 de junio de 1997. Manifestaron que la carretera en que ocurrieron los hechos la construyó el departamento del Valle del Cauca, entidad territorial que fue responsable del mantenimiento al finalizar la construcción de la vía, esto es a finales de 1992; que el Invías realiza el mantenimiento de las carreteras a través de microempresas o contratos de obras públicas incluida la señalización que consiste en advertir sobre la disminución de velocidad a 30 km. por hora máximo y cruces peligrosos. Describieron la vía como una carretera de primera categoría que se construyó según especificaciones del Ministerio de Transporte con calzadas de 7.20, bermas de 1.50 y señalización horizontal y vertical (fls. 1 a 10 y 12 a 15, cdno. 2).
José Luis Dossman Cortés y Jesús Antonio Muñoz Saavedra, quienes declararon ante comisionado, Juzgado Civil del Circuito de Roldanillo (Valle) el día 13 de agosto de 1997, afirmaron que conocieron al señor Roa porque trabajaba en la Caja Agraria y ellos eran usuarios de esta entidad. Frente a la ocurrencia de los hechos indicaron que llegaron al juego de billares, por separado, aproximadamente a las 6 p.m. y el señor Roa ya estaba en el lugar; que tomaron cerveza, gaseosas, refrescos y Cola y Pola; luego, en horas de la noche se fueron al establecimiento “Rancho Viejo” donde comieron fritanga y continuaron tomando las mismas bebidas; y luego de ese lugar se dirigieron hacia La Unión en tres motos, encabezada por Roa a una velocidad de 30 kms. por hora; en el momento en que pasaban por el sector de Las Gramas, aproximadamente a las 2 a.m., ocurrió el accidente; Roa cayó a un hueco; y cuando se devolvieron para ayudarlo vieron que vomitaba sangre y por la gravedad le hicieron señas a una camioneta para conducirlo al hospital; la carretera estaba oscura y carecía de señales de tránsito que previniera el peligro, por los huecos. Dijeron que Roa conocía perfectamente la vía porque en el pasado trabajó en La Unión, y la vía era sitio obligado de paso (fls. 69 a 72, cdno. 2A).
Esas pruebas son conclusivas de las dos imputaciones de conducta contra el Invías, hechas en la demanda: la existencia de huecos y la falta de señalización en la vía troncal que de Roldanillo conduce a La Unión (departamento del Valle), el día 23 de abril de 1995, como así se indicó en el documento público contenido en el informe de policía que rindió el Jefe de la Segunda Sección de Vigilancia del Departamento de Policía de Valle (Quinto Distrito), que hace fe de la fecha y de las declaraciones que en él hizo el funcionario (CPC., art. 264), como en las declaraciones de José Luis Dossman Cortés y Jesús Antonio Muñoz Saavedra, las cuales son de recibo, y no pueden descartarse como lo pide el Invías. El hecho relativo a que esos testigos que fueron presenciales del accidente de Roa Torres y que, para el momento del percance que padeció este, hubiesen ingerido tragos no puede traducirse en la falsedad de sus dichos, sobre la existencia de huecos en la vía y falta de señalización, porque se demostró, con informe policial (documentos público) que el desperfecto de la vía, por existencia de huecos, era real.
Por tanto, se demostró la falla en el servicio, por el incumplimiento de deberes administrativos del Invías fijados por el legislador en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, sobre el mantenimiento y conservación de las vías y la colocación y demarcación de señales de tránsito: reglamentarias que indican las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre el uso de la vía; y las preventivas que advierten la existencia de un peligro y la naturaleza de este.
2. Daño.
Las demandantes alegaron y probaron daños morales y materiales a consecuencia de la muerte de Héctor Manuel Roa Torres, padre y compañero, respectivamente; la hija, con el registro civil de nacimiento y los testimonios sobre su padecimiento y dependencia económica; y la compañera, María Elena Martínez Soto, con declaraciones de terceros también relativos a su dolor y pérdida de ayuda económica. Estos medios de prueba testimonial son conclusivos sobre la existencia de una relación marital de hecho, como lo establece el artículo 14 de la Ley 54 de 1990 por la cual se definen las uniones maritales, entre otros, al señalar que “la existencia de la unión marital de hecho se establecerá por los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil...”.
Al proceso se allegó el registro civil de nacimiento de Maira Alejandra Roa Martínez quien nació en el municipio de Cali (Valle) el día 21 de noviembre de 1991, asentado en la Notaría 12 del Círculo de Cali (Valle) el 25 de noviembre de 1991, en el cual consta que es hija de Héctor Manuel Roa Torres y María Elena Martínez Soto (documento público que aportó la parte demandante en copia autenticada, fl. 5, cdno. 1). Y en el juicio se practicaron los siguientes testimonios que dan cuenta del dolor padecido por ambas demandantes y sobre la pérdida de ayuda económica que recibían de Héctor Roa Torres:
Luz Marina Arboleda y Nancy Del Socorro Bustamante, amigas y vecinas de María Elena Martínez Soto, conocieron que el señor Héctor Roa Torres vivió durante 5 años con la señora María Elena Martínez en el municipio de Dagua, con quien tuvo una hija, Maira Alejandra Roa Martínez, pero como él se fue a trabajar a Roldanillo dejó de vivir en el mismo techo con las demandantes; sin embargo las visitaba y siempre estuvo pendiente de ellas durante casi 4 años más; a pesar de que él tenía esposa y otros dos hijos de este matrimonio, respondía económicamente por las demandantes, quienes quedaron deprimidas, desconsoladas y privadas de la ayuda que les daba su padre y compañero (fls. 61 a 63, cdno. 2A).
Para la Sala está demostrado que la víctima directa tenía relación con su compañera permanente y con su hija y que además tenía esposa y dos hijos, situación que incidirá en el momento de indemnizar los perjuicios.
3. Nexo causal.
En relación con los hechos que participan en la producción de un daño es necesario diferenciar las imputaciones fácticas y jurídicas; las fácticas son las situaciones históricas en las cuales la parte actora edifica sus pretensiones o dicho de otra manera el simple señalamiento de las causas materiales, en criterio de quien imputa, que guardan inmediatez con el hecho y que, se considera que contribuyeron desde el punto de vista físico a la concreción del daño; y las imputaciones jurídicas aluden a la fuente normativa de deberes y de obligaciones (constitucionales, legales, administrativas, convencionales o contractuales) en las cuales se plasma el derecho de reclamación (7) .
En el ámbito de la responsabilidad patrimonial del Estado por falla, el análisis que debe hacerse para determinar la obligación de la administración de indemnizar o reparar el daño, según el caso, no puede quedarse en el simple terreno de la fenomenología física, ya que existen otras causas no necesariamente materiales, las cuales atañen con el incumplimiento o extralimitación de las autoridades públicas a su carga obligacional y que pueden constituirse en causas eficientes en la producción de un daño.
El Invías alegó, para exonerarse, la culpa exclusiva de la víctima debido al exceso de velocidad en que conducía y su estado de embriaguez. Y la Sala, para decidir, reitera su jurisprudencia sobre el hecho culposo de la víctima cuando no es eficiente en la producción de su propio daño, esto es cuando es simplemente parte de la cadena histórica de los acontecimientos pero no tuvo la virtualidad de desencadenar la causación del daño; cuando es eficiente y no exclusivo porque concurre con la conducta del demandado y cuando es exclusiva y eficiente y por tanto tiene efecto exonerativo, porque resulta ser la verdadera causa jurídica de la propiciación del daño.
Y en sentencia de 2 de mayo de 2002 (8) se precisó cuál es el comportamiento de la víctima que habilita al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio, teniendo en cuenta para ello la Constitución, la ley (C.C., art. 2357) y la doctrina. El comportamiento de la víctima que habilita al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio, como lo señala el artículo 2357 del Código Civil, es el que contribuye en la producción del hecho dañino (concausa); es decir, cuando la conducta de la persona dañada participa de manera cierta y eficaz en el desenlace del resultado. Se dice así en atención a que no es de recibo a términos del artículo 90 Constitucional, reducir los alcances de la cláusula general de cobertura de responsabilidad, so pretexto de meras conductas culposas, que no tienen incidencia causal en la producción del daño, pues por esa vía se reduciría el sentido y el alcance del valor normativo, contenido en dicho precepto constitucional.
Tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado, una vez configurados los elementos estructurales de esta —daño antijurídico, factor de imputación y nexo causal—, la conducta del dañado solamente puede tener relevancia como factor de aminoración del quantum indemnizatorio, a condición de que su comportamiento tenga las notas características para configurar una cocausación del daño. En esta dirección puede sostenerse que no es de recibo el análisis aislado o meramente conjetural de una eventual imprudencia achacable a la víctima, si la misma no aparece ligada cocausalmente en la producción de la cadena causal.
Bien se ha dicho que la reducción del daño resarcible, con fundamento en el concurso del hecho de la víctima, responde a una razón de ser específica, cual es que la víctima haya contribuido realmente a la causación de su propio daño, caso en el cual esa parte de perjuicio no deviene antijurídico y por ende no tiene la virtud de poder ser reconducido al patrimonio de quien se califica de responsable. Por consiguiente, cuando hay derecho a la disminución, esta ha de analizarse en función de la relación de causalidad, que es el ámbito propio en donde tiene operancia dicho elemento cocausal y no en el denominado plano de la compensación de culpas. Sobre el tema la Sala hace suyo el siguiente razonamiento expuesto por la doctrina italiana, de cara al ordenamiento jurídico italiano (art. 1227) que en la materia guarda similitud con el artículo 2357 del Código Civil colombiano; estos preceptos contienen el elemento común de la culpabilidad del dañado, víctima, como factor de aminoración del quantum indemnizatorio.
“Las concausas que pueden concurrir a la producción del daño junto al hecho por el que se responde, son de varios géneros. Pueden tener un carácter puramente natural, pero pueden ser imputables también a seres humanos; puede acontecer que sean varios los que produzcan el daño a un tercero, al igual que el mismo perjudicado concurra a producir el daño del que es sujeto pasivo. Es en esta última distinción donde aparece, precisamente, el único espécimen de concausa relevante en el sentido expuesto.
De antiguo se ha empleado una expresión poco afortunada para referirse a la concurrencia de culpa en el perjudicado, y es el término compensación de la culpa. Su falta de adecuación puede verse prácticamente con solo observar que el estado de ánimo culposo del perjudicado ni puede eliminar ni reducir el estado de ánimo culposo de la persona que ocasiona el daño; si existe un determinado estado sociológico en una persona, no puede destruirse su entidad o disminuirse por la existencia de un análogo estado sociológico en otro sujeto. Por ello es absurdo pensar en la compensación de las culpas, como algo de naturaleza precisamente compensatoria, análogamente a lo que se dice respecto a la compensación de créditos.
En la doctrina italiana surgida en torno al anterior código civil, además de aquellos autores que se adherían al uso de la vieja fórmula de la ‘compensación de las culpas’ había otros que aun reconociendo su impropiedad, hacían constar que no era fácil abandonarla, dado su empleo secular, sin faltar quienes la repudiaban, observando que se fundaba en una metáfora peligrosa o que constituían un transplante jurídico hecho a propósito para sembrar una confusión de ideas.
Nosotros nos inclinamos, sin más, a esta última tendencia que tiene su confirmación en el título correspondiente al artículo 1227 del código civil actual (concurso del hecho culposo del acreedor) y en el mismo texto del artículo (párr. 1: ‘si el hecho culposo del acreedor ha concurrido a causar el daño, el resarcimiento se disminuirá con arreglo a la gravedad de la culpa y a la entidad de las consecuencias que se han derivado’). Con anterioridad al código civil vigente, la concurrencia del hecho culposo del perjudicado no estaba sujeta a normación, por lo que el artículo 1227 no solo ha colmado tal laguna, sino que también ha eliminado cualquier duda acerca de la imposibilidad de considerar la hipótesis que estudiamos fuera de un caso de concurrencia causal jurídicamente relevante” (9) .
En ese sentido y, no obstante que en el ordenamiento jurídico colombiano la hipótesis de aminoración del quantum indemnizatorio está disciplinada en el Código Civil, es lo cierto que, el análisis de los supuestos de hecho que encuadren en tal precepto normativo, debe abordarse en el plano de la causalidad, no solo por lo inapropiado que resulta tratarlo en el ámbito de la mal denominada “compensación de culpas”, sino, adicionalmente, porque la aplicación en el ámbito de la responsabilidad patrimonial del Estado de dicho precepto, no puede adelantarse, sin las naturales y lógicas reservas, que exige la teoría del daño antijurídico, consagrada constitucionalmente.
“La cooperación jurídica del perjudicado en el nacimiento o en la propagación del daño” (con causa jurídica) denominación en doctrina alemana, debe analizarse, con las debidas cautelas y atendidos varios criterios, como pueden ser, por ejemplo, “el lesionamiento objetivo de un deber u obligación” o la necesidad de “responder de un riesgo”, presupuestos que han de venir conectados “jurídicamente con los danos”. Sostiene dicha doctrina que pese a que las más de las veces el perjudicado ha podido “cooperar” en el nacimiento del daño, así sea solo porque su presencia en determinado lugar ha coincidido con la del causante del mismo, ello no basta para proceder automáticamente a la reducción del resarcimiento, pues en tales eventos, han de considerarse los aspectos mencionados y, en tal sentido, proceder a la denominada “conexión de imputaciones”.
Enseguida se examinará si se estructura la culpa exclusiva de la víctima:
La velocidad máxima permitida en el sector Mediacanoa - La Unión, ruta 23 tramo 02, según la señalización vertical del sector es 60 kms. por hora, como así se estableció con el oficio de la subdirectora de conservación del Invías, del 11 de junio de 1997 (documentó público auténtico en original, fl. 1, cdno. 3). Y con los testimonios de los ingenieros del Invías, Gustavo Adolfo Garcés y Henry Millán García precisaron que en esa vía se debe disminuir la velocidad a 30 kilómetros por hora en los cruces peligrosos (fls. 1 a 10 y 12 a 15, cdno. 2).
Y se probó con las declaraciones de José Luis Dossman Cortés y Jesús Antonio Muñoz Saavedra, quienes estuvieron presentes en el momento de los hechos dañinos, que conducían a 30 kms. por hora.
Pero además hay que tener en cuenta que se probó en contra del Invías las faltas de mantenimiento de la vía, por presencia de huecos, y de señalización de cualquier orden, incluyendo la de velocidad. Y aunque los testigos ingenieros del Invías que declararon que los sitios riesgosos en esa vía afirmaron que se debía rebajar la velocidad a 30 kilómetros por hora, se probó que esa disminución no fue indicada como señalización, como lo exige el artículo 138 del Decreto-Ley 1344 de 1970, al disponer que la velocidad máxima permitida para conducir en carretera, 80 kilómetros por hora (art. 148) y excepcionalmente el de 30 kilómetros por hora, en aquellos casos en que se indique “disminución de velocidad” (art. 138).
Por otra parte, para determinar que la víctima iba a exceso de velocidad era necesario haber demostrado que, como lo dispone el artículo 138 ibídem, la víctima conducía a más de 80 kilómetros por hora, toda vez que no se probó que en la vía se señalizó una “disminución de velocidad”.
El bacteriólogo forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (regional sur) realizó examen de alcoholemia el día 24 de abril de 1995 a la muestra de sangre del cadáver de Héctor Roa, que resultó positivo, con concentración de 71 mg% (documento público auténtico en copia simple, fl. 45, cdno. 2A); y con base en este resultado, el médico forense de este mismo instituto asentó en el acta de necropsia, el día 5 de septiembre de 1995, ese resultado del examen de alcoholemia (documento público auténtico en copia simple, fl. 44, cdno. 2A).
La Sala (10) en anteriores oportunidades, con fundamento en la doctrina como auxiliar en la administración de justicia (art. 230 constitucional), ha señalado que el porcentaje de concentración de alcohol en la sangre determina diferentes estados en las personas, que son interpretados por analistas a través de tablas adoptadas como estándares por parte de la ciencia médica. La clasificación internacional de alcoholimetría de LAD y Gibson, determinan los siguientes grados:
“Primer grado 0.005% a 0.014%
Segundo grado 0.015% a 0.049%
Tercer grado 0.050% a 0.149%
Cuarto grado 0.150% a 0.299%
Quinto grado 0.300% a 0.399%
Sexto grado 0.400% a 0.600%”(11)
Para el caso, el señor Roa Torres tenía 71 mg%, esto es que se encontraba en el tercer grado. Y de acuerdo con esos distintos grados de alcoholemia, la medicina forense precisa la correspondencia entre la tasa alcohólica y la sintomatología:
“Toxicidad en la ingestión aguda. En la ingestión de alcohol, la sintomatología corre pareja con la concentración de alcohol en sangre, y por ende con la impregnación de la misma sustancia en el sistema nervioso central.
Cantidades mínimas de alcohol normalmente son detectables, aun sin antecedentes de ingestión, como resultado de los procesos metabólicos del organismo.
Con cifras en sangre hasta de 20 mgs% no existe ninguna alteración; entre 20 y 50 mgs%, puede haber alguna locuacidad y merma de reflejos; entre 50 y 85 mgs%, hay disminución de los reflejos y alteración en la percepción. Entre 85 y 100 mgs% en una tercera parte de las personas ya puede haber síntomas de embriaguez, y las inhibiciones sociales están disminuidas; las respuestas se tornan lentas y ya existe incoordinación. A niveles de 100 a 150 mgs%, la mitad de las personas con estas cifras ya están ebrias, y hay definida merma de los reflejos y de la coordinación motora” (12) .
Frente al hecho probado de 71 mg% de embriaguez, es claro que la víctima directa no estaba con todos sus reflejos y percepción, pero el estado irregular de la vía, por la presencia de huecos, por oscuridad y por falta de señalización de peligros, colocaron a la víctima en un estado absoluto de imprevisibilidad, para poder adoptar cualquiera conducta de diligencia. En consecuencia el daño que padeció no es imputable ni en parte ni en forma exclusiva a su grado de alcoholismo, el cual no era absoluto, porque estaba en un rango menor a la mitad del máximo de embriaguez, en el cual solo los reflejos se disminuyen, no se pierden, y la percepción sufre alteración, no desaparece.
4. Cuantificación del perjuicio
Hay que tener en cuenta, lo siguiente:
— El tribunal concluyó que la víctima coparticipó en la causación de su propio daño.
— El Consejo de Estado halla en el material probatorio, a contrario de lo visto por el a quo, que la víctima directa no cooperó jurídicamente de la producción de su muerte.
— El Invías es apelante único, porque la parte actora desistió el recurso de apelación:
— Aunque el a quo adujo razones para disminuir el quantum indemnizatorio, lo cierto es que solo aplicó la reducción en cuanto a los perjuicios materiales, porque frente a los perjuicios morales condenó al Invías a indemnizar 1.000 gramos oro para cada una de las víctimas indirectas, quienes solicitaron indemnización por ese máximo.
— En virtud del principio de la non reformatio in pejus (CPC, art. 357) no se puede agravar la condición del apelante único, lo que implica, en el caso, que no se puede aumentar la condena impuesta.
Por lo tanto, a pesar de que la Sala determinó que la víctima directa no coparticipó en la causación de su propio daño no puede aumentar la condena por perjuicios materiales que el tribunal impuso al Invías, teniendo en cuenta la cooperación jurídica del perjudicado, porque de hacerlo se infringiría el principio de la non reformatio in pejus (CPC, art. 357), debido a que el Invías es apelante único, toda vez que la parte actora desistió de su recurso. Pero en lo que tiene que ver con los perjuicios morales es distinto toda vez que el tribunal, a pesar de que concluyó la participación eficiente de la víctima en la causación de su propio daño, condenó a indemnizar en el 100%. En este punto no se agravará la condición del Invías porque fue condenado en el todo.
A partir de la sentencia de 6 se septiembre de 2001 (Exp. 13.232-15.646) la Sala adoptó el salario mínimo legal mensual para cuantificar las condenas por perjuicios morales, estableciendo 100 salarios como el máximo (sin que implique un límite) para el caso de las pérdidas más significativas como la muerte de un ser querido. En el caso, sin embargo, como el valor de 100 salarios mínimos al momento de esta sentencia”, esto es $ 38.150.000, que superan el equivalente en pesos colombianos de 1.000 gramos de oro ($ 34.393.200), pedidos en la demanda para cada una de las actoras, prevalece esta última suma, al dar aplicación al principio de congruencia (CPC, art. 305).
Recuérdese que Héctor Manuel Roa Torres estaba casado y tenía dos hijos del matrimonio y, a su vez, mantenía una relación con otra mujer (demandante) con quien tuvo una hija (también demandante), circunstancias que se demostraron con prueba testimonial y que conducen a que las dos demandantes, compañera permanente e hija, tengan derecho, a una cuota parte de los ingresos económicos de la víctima directa, proporcional al número de dependientes.
Está probado que Héctor Manuel Roa Torres, víctima directa, laboraba el día 23 de abril de 1995 para la Caja de Crédito Agrario de Roldanillo (Valle del Cauca); y que ganaba $ 514.016 mensuales. Así lo certificó el director de esta entidad el 10 de junio de 1997 (documento público en original, fl. 41, cdno. 2A).
Ese valor histórico se actualizará con el IPC, para obtener el valor presente, aplicando el índice inicial, esto es el de abril de 1995 (fecha de la muerte) y el final, de septiembre de 2005 (último conocido a la fecha en la cual se expide esta sentencia).
Al valor presente $ 1.488.423,03, se le descontará el 25% ($ 372.105,75) que corresponde a lo que la víctima destinaba en su propia manutención, quedando $ 1.116.317,28; a esta suma se le descontará el 50% que indicó el tribunal como coparticipación de la víctima (aspecto que no puede modificar el Consejo de Estado porque el Invías fue apelante único). Esa operación arroja como resultado $ 558.158,63. Esta suma se dividirá en cinco partes iguales, para María Elena Martínez Soto (111.631,72), Maira Alejandra Roa Martínez, ($ 111.631,72) y el resto que correspondería a la esposa y dos hijos del señor Roa.
En cuanto a la expectativa de vida, Héctor Roa Torres tenía 41 años de edad el día de su muerte, 23 de abril de 1995, porque nació el día 14 de octubre de 1953 (certificado de registro civil de nacimiento que expidió el notario único del circuito de ese municipio el 14 de septiembre de 1995; documento público que aportó la parte demandante en copia autenticada, fl. 3, cdno. 1). Por tanto, era mayor que su compañera, María Elena Martínez, quien para la fecha de la muerte de Roa tenía 28 años; nació el 14 de febrero de 1967 (registro civil de nacimiento, asentado por el notario segundo de ese municipio el 20 de febrero de 1967; documento público que aportó la parte demandante en copia autenticada, fl. 4, cdno. 1). Por lo tanto, para las liquidaciones se aplicará la edad probable del señor Roa Torres.
La liquidación para Maira Roa Martínez, hija de Roa Torres, se hará hasta el día anterior a su mayoría de edad, 18 años (C.C., arts. 422, modificado por la L. 27/77); y la de María Elena Martínez Soto se hará hasta por la edad probable de Roa Torres.
Datos para aplicar:
Fecha del hecho: 23 de abril de 1995.
Fechas de nacimiento: víctima directa (oct. 14/53) compañera permanente (feb. 14/67); hija (nov. 21/91)
Edad al momento del hecho: víctima (41 años, 5 meses, 21 días), compañera permanente (28 años, 2 meses, 9 días), hija (3 años, 5 meses, 2 días).
Edad probable de la víctima 35,83 años = 429,96 meses.
Período en meses de indemnización para: la compañera 49,68 años = 596,16 meses; para la hija: 14,07 años = 168,84 meses.
Liquidación histórica o consolidada: desde el día del hecho hasta el día en que se dicta la sentencia (106 meses).
Liquidación futura: para la hija: a partir de ese último dato y hasta el día anterior a que cumpla su mayoría de edad (42,84); para la madre: a partir de ese último dato y hasta la edad probable de vida de su compañero(303,96).
Renta actualizada para cada demandante: $ 111.631,72.
Interés legal mensual (C.C., art. 1617): 0.004867.
Indemnización histórica:
ra = renta
i = interés mensual 0.004867
n = período en meses
Valor de indemnización consolidada para cada una de las actoras: $ 19.350.643,50.
Para María Elena Martínez Soto
Para Maira Alejandra Roa Martínez
Total de indemnizaciones:
Para María Elena Martínez Soto $ 37.043.841.55. Para Maira Alejandra Roa Martínez $ 23.657.883.45.
H. Costas.
No habrá lugar a condenar en costas porque, para este momento, no se probó la conducta temeraria de alguna de las partes como lo indica la norma procesal vigente (L. 446/98, art. 55).
MODIFÍCASE la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (Sección Segunda) el día 5 de junio de 1998, la cual quedará así:
1. DECLÁRANSE no probados los hechos exceptivos, que adujo el Invías.
2. DECLÁRASE administrativamente responsable al Instituto Nacional de Vías por la muerte del señor Manuel Roa Torres ocurrida el día 23 de abril de 1995. En consecuencia,
3. CONDÉNASE al Invías a indemnizar los perjuicios causados a las demandantes en las siguientes sumas:
A. A María Elena Martínez Soto en la suma de treinta y siete millones cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y un pesos con cincuenta y cinco centavos ($ 37.043.841,55).
B. A Maira Alejandra Roa Martínez en la suma de veintitrés millones seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y tres pesos con cuarenta y cinco centavos $ 23.657.883,45
5. Las sumas liquidadas ganarán intereses comerciales moratorios a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta sentencia. DÉSE cumplimiento a este fallo en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
6. EXPÍDANSE por la secretaría, copias con destino a la parte demandante, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte demandante serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
Magistrados: Ruth Stella Correa Palacio—María Elena Giraldo Gómez—Alier Eduardo Hernández Enríquez—Germán Rodríguez Villamizar.
(1) La señal de tránsito: Es el dispositivo físico o marca especial, que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías.
(2) El artículo 112 del Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente para la época de los hechos clasificó las señales de tránsito en las de reglamentación o reglamentarias, que tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso y cuya violación constituye falta; de prevención o preventivas, que tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este; y de información o informativas, que tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar. Las marcas sobre pavimento constituyen también señales de tránsito y sus indicaciones deberán seguirse.
(3) El artículo 2º la define como el examen o la prueba para detectar si hay presencia del alcohol en la sangre de una persona anotándose su porcentaje.
(4) Diario Oficial. Año CXXVIII. Nº 40.704 del 31 de diciembre de 1992. pág. 43.
(5) ART. 165. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias y, en especial, el Decreto 1175 de 1980, la Ley 3ª de 1977 y el Decreto-Ley 2332 de 1977.
(6) Diario Oficial Nº 41.158 de 30 de diciembre de 1993.
(7) Puede verse, por ejemplo, sentencia de 27 de noviembre de 2002, exp. 13.774. Consejera ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. Actor: José Jassir Gómez y Cia. Ltda., Demandado: Nación (Ministerio de Defensa - DAS) y Cartagena de Indias.
(8) Exp. 13050, ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. Actor: Vilma Modesta Montalvo García y otros.
(3(sic)) El daño, Teoría general de la responsabilidad civil, De Cupis, Adriano, traducción segunda edición italiana. Edit. Bosch, Barcelona. págs. 275 y siguientes.
(10) Sección Tercera. Sentencia del 10 de agosto de 2005. Actor: Marleny de Fátima Pérez Henao y otros. Consejera ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. Exp. 15.775.
(11) Citado por Orlando Valderrama, ibídem.
(12) GIRALDO G., César Augusto. Medicina forense. Estudio biológico de ciencias forenses para uso de médicos, juristas y estudiantes. 6ª ed., Señal editora, Medellín: 1991.
(13) El salario mínimo para el año 2005 es $ 381.000 según Decreto 4630 de diciembre de 2004.

References: artículo 106
 artículo 53
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 12
 artículo 15
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 14
 artículo 2357
 artículo 90
 artículo 2357
 artículo 1227
 artículo 1227
 artículo 138
 artículo 138
 artículo 115
 artículo 37
 artículo 112
 artículo 2