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Timestamp: 2019-05-19 21:36:02+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Extraordinaria N° 13
V. FÁCIL DESPACHO
AUTORIZACIONES PARA ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL Y CONDONACIÓN DE DEUDAS
INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
VI. ORDEN DEL DÍA
PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2002
INTERVENCIÓN : Fernando Cordero Rusque
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Vega Hidalgo
Sesión 13ª, en miércoles 7 de noviembre de 2001
(De 12:21 a 14:3)
Y MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
I.	ASISTENCIA.........................................................................................................
II.	APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III	TRAMITACIÓN DE ACTAS
IV	CUENTA...............................................................................................................
V.	FÁCIL DESPACHO:
Proyecto de ley, en segundo trámite, que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en los casos que indica y autoriza la condonación de deudas que señala (2814-06) (se aprueba en general y particular).....................................................................................................
VI.	ORDEN DEL DÍA
Proyecto de ley, en segundo trámite, de Presupuestos del Sector Público para el año 2002 (2796-05) (queda pendiente su discusión)................................
Concurrieron, además, el señor Ministro de Hacienda ; el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo y Asesores del Ministerio del Interior; los señores Director y Subdirector de Presupuestos y Asesor Jurídico de la Dirección de Presupuestos.
--Se abrió la sesión a las 12:21, en presencia de 21 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Se da por aprobada el acta de la sesión 11ª, ordinaria, en 31 de octubre de 2001, que no ha sido observada.
De Su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual inicia un proyecto que modifica la ley Nº 19.162, que estableció el Sistema Obligatorio de Clasificación del Ganado. (Boletín Nº 2.826-01).
Asimismo, incluye dicha iniciativa en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional y hace presente la "simple urgencia" para su despacho.
--Pasa a la Comisión de Agricultura y se tiene presente la urgencia.
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que dio su aprobación al proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2002, con informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. (Boletín Nº 2.796-05).
Del señor Ministro del Interior , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Valdés, referido al ciudadano estadounidense señor Douglas Tompkins.
Del señor Jefe de Gabinete del General Director de Carabineros , con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Fernández, sobre reparación del inmueble donde funciona el retén de Río Seco, en Punta Arenas.
Moción del Honorable señor Valdés con la que inicia un proyecto que establece un derecho de opción para los trabajadores que tenían la calidad de funcionarios públicos a la fecha de entrada en vigencia del decreto ley Nº 3.500, de 1980, y que se incorporaron al nuevo sistema previsional, para que, al momento de acogerse a jubilación, decidan pensionarse en su respectiva administradora de fondos de pensiones o a través del Instituto de Normalización Previsional.
--Se declara inadmisible, por referirse a materias propias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , conforme lo establece el Nº 6º del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental.
Del señor Secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, mediante la cual señala que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36, inciso final, del Reglamento de la Corporación, el referido órgano técnico acordó proponer al Senado el archivo del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que agrega un inciso al artículo 161 del Código Laboral con el objeto de proteger a los trabajadores que hubieren participado en un proceso de negociación colectiva. (Boletín Nº 1.246-13).
Lo anterior, en atención a que la ley Nº 19.759, que modificó el Código del Trabajo en lo relativo a las nuevas modalidades de contratación, al derecho de sindicación, a los derechos fundamentales del trabajador y a otras materias que indica, aborda el tema en cuestión.
--Se accede al archivo propuesto, previo acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados.
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en los casos que indica y autoriza la condonación de deudas que señala.
Las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas, rendirán un informe verbal.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2814-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 12ª, en 6 de noviembre de 2001.
Gobierno y Hacienda, unidas (verbal), sesión 13ª, en 7 de noviembre de 2001.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho de la iniciativa, calificándola de "discusión inmediata".
Sus principales objetivos son: primero, autorizar el anticipo de cuotas del Fondo Común Municipal a los municipios durante el año 2002 con la finalidad de enfrentar el problema de obligaciones impagas por concepto de cotizaciones previsionales; y segundo, facultar a las municipalidades que administran servicios municipales de agua potable y alcantarillado para condonar total o parcialmente, previo acuerdo del Concejo, las deudas contraídas por los usuarios que se encuentren en mora al 31 de octubre del año en curso.
Las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas, aprobaron el proyecto en general por la unanimidad de sus miembros presentes: Senadores señora Frei y señores Bitar, Boeninger, Canessa, Cantero, Cariola, Foxley, Núñez y Prat.
En cuanto a la discusión particular, el proyecto fue aprobado en los mismos términos en que lo hizo la Cámara Diputados, con las siguientes votaciones: artículos 1º a 7º, por la unanimidad de los miembros presentes; y artículo 8º, con los votos favorables de los Senadores señora Frei y señores Boeninger, Canessa, Cariola, Foxley y Prat, y las abstenciones de los Honorables señores Bitar y Núñez.
Cabe destacar que los artículos 2º, 6º, 7º y 8º son normas de carácter orgánico constitucional, por lo cual requieren para su aprobación los votos conformes de 27 señores Senadores.
Finalmente, es del caso señalar que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, la iniciativa debe ser discutida en general y particular a la vez, por tener urgencia calificada de "discusión inmediata".
Solicito autorización para que ingresen a la Sala el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Francisco Vidal, y sus asesores, señores Eduardo Pérez y Alex Yáñez.
Como se trata de una iniciativa de Fácil Despacho, su discusión queda limitada a diez minutos.
En primer lugar hará uso de la palabra la Honorable señora Frei, quien rendirá un informe verbal en nombre de las Comisiones unidas. Luego podrán intervenir los Honorables señores Muñoz Barra y Sabag.
Entonces, procederé a distribuir el tiempo, a fin de que el proyecto sea despachado dentro del término establecido.
En la discusión general y particular, tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI (doña Carmen).-
Señor Presidente , en la sesión de ayer se dio cuenta de este proyecto, que fue calificado por el Ejecutivo de "discusión inmediata", y se autorizó, sin que nadie se opusiera, a las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas, para que sesionaran paralelamente con la Sala a partir de las 17:30, lo cual ocurrió.
Esta iniciativa, que consta de ocho artículos, tiene como propósito permitir la transferencia de recursos a los municipios en forma de anticipo por la participación que les corresponda en el Fondo Común Municipal (me refiero a los ingresos futuros), con el objeto de que paguen deudas derivadas de cotizaciones previsionales de los trabajadores de los servicios traspasados. El anticipo opera a través de recursos propios del Fondo, de manera que no compromete aportes o traspasos del Fisco.
La suma global destinada a los objetivos de la ley en proyecto alcanza a 5 mil millones de pesos, debiendo la respectiva municipalidad suscribir con el Fisco un convenio (SUBDERE-DIPRES) mediante el cual se comprometa a restituir en un plazo máximo de tres años los fondos anticipados. El pago de las cuotas pactadas se efectuará por el descuento o retención que hará la Tesorería General de la República en la parte del Fondo Común Municipal que corresponda al municipio respectivo.
Las deudas previsionales que podrán ser cubiertas con los anticipos quedan limitadas a las existentes al 30 de septiembre de 2001, y el municipio, al momento de celebrar el convenio, deberá acreditar hallarse al día en sus compromisos previsionales desde octubre de ese año.
El surgimiento de nuevas deudas previsionales por parte del municipio durante la vigencia del convenio será causal suficiente para poner término a éste y hará exigible la restitución total de las sumas anticipadas.
Además, y teniendo presente que los recursos para la ejecución de la ley son limitados, se establecen ciertas condiciones que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo considerará a los efectos de determinar el monto que se anticipará a cada municipalidad: el porcentaje de la deuda que ésta se halle dispuesta a asumir conforme a sus propias disponibilidades financieras; la existencia de convenios de pago vigentes; las acciones realizadas para generar recursos tendientes a solucionar la respectiva deuda previsional, como la venta de activos municipales o la reasignación de fondos; y, finalmente, el orden de presentación de las solicitudes de suscripción de convenios.
Las autoridades municipales deberán destinar los anticipos de fondos sólo al pago de la deuda previsional pendiente. Emplearlos en un fin distinto constituirá causal del delito de malversación, que se castiga con sanción penal, y hará incurrir al alcalde en la causal de "notable abandono de sus deberes".
El proyecto contiene dos normas de aplicación general en el ámbito comunal y no sólo en los municipios que se acojan al mecanismo de anticipos. Dichas disposiciones están dirigidas a incentivar una correcta gestión de las autoridades municipales y contribuirán a evitar la generación o repetición de los problemas que han requerido la dictación de estas leyes de "auxilio", de carácter excepcional.
Quiero dejar constancia de que muchos municipios arrastran ese tipo de problemas desde gestiones anteriores. Incluso, algunos alcaldes han estado detenidos, pese a no caberles responsabilidad alguna, por tratarse de deudas de arrastre.
Las normas de aplicación general mencionadas son las siguientes:
a) Se introduce en la Ley Orgánica Constitucional una nueva tarea para la Unidad de Control del municipio, con el fin de facilitar la labor fiscalizadora de los concejales: la obligación de informar trimestralmente al Concejo sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones previsionales, como también de los aportes al Fondo Común Municipal.
b) Se establece que los alcaldes que injustificadamente no paguen las cotizaciones previsionales de sus funcionarios o de los trabajadores de los servicios traspasados, o no den debido cumplimiento a los convenios de pago de dichas cotizaciones, o no enteren los correspondientes aportes al Fondo Común Municipal, incurrirán también en la causal de notable abandono de sus deberes.
En síntesis, según informó el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, esta iniciativa pretende sanear las deudas previsionales que, en distinto grado, afectan a 224 municipios del país (¡224 municipios del país!) y que, obviamente, alcanzan diferentes montos.
Asimismo, se procura beneficiar a 120 mil chilenos cuyas cotizaciones previsionales se encuentran impagas, y como ya se indicó, establecer drásticas sanciones para los alcaldes que incumplan los convenios que se suscriban al amparo de la ley en proyecto.
De otro lado, la iniciativa faculta a los municipios que administran servicios de agua potable y de alcantarillado para condonar las deudas que por esos conceptos mantienen con ellos familias modestas. Dicha condonación y la repactación de los saldos no condonados implicarán para los usuarios un beneficio de tremendo impacto social y, al mismo tiempo, una utilidad para el municipio, ya que por la vía de la repactación podrá incorporar recursos que hoy se le adeudan.
La idea de legislar fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones Unidas: Senadores señores Bitar, Boeninger, Canessa, Cantero, Cariola, Foxley, Núñez, Prat y quien habla.
En la discusión particular, los siete primeros preceptos fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes, y el artículo 8º, por seis votos a favor y dos abstenciones, de los Senadores señores Núñez y Bitar.
Finalmente, dejo de manifiesto que las Comisiones Unidas, al aprobar el articulado, acordaron hacer constar, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley en proyecto -y aquí pido especial atención de mis Honorables colegas-, lo siguiente:
1. Que la expresión "según sea el caso" empleada en el inciso segundo del artículo 2º se refiere a las instituciones previsionales que el convenio mencione como receptoras de los anticipos del Fondo.
2. Que el Senador señor Bitar hizo presente que no le parecía adecuado que los municipios deban enajenar cualquier activo para solucionar sus deudas previsionales, como lo establece el artículo 4º, sino solamente los bienes prescindibles que no entorpezcan la marcha del municipio. Al respecto, se discutió sobre la posibilidad de que la decisión pertinente se tome con acuerdo del Concejo.
3. Que, según las Comisiones Unidas, el proyecto no vulnera la autonomía financiera de que gozan los municipios, porque los mecanismos en él consignados para la solución de las deudas que aquéllos mantienen pendientes por cotizaciones previsionales prevén la suscripción de convenios a los que concurrirán voluntariamente.
4. Que, tal como señaló el señor Secretario , y siguiendo el mismo criterio de la Cámara de Diputados, los artículos 2º, 6º, 7º y 8º deberán aprobarse con quórum de ley orgánica constitucional.
¡Muy completo su informe, señora Senadora!
¿Me permite, señor Presidente? Quisiera agregar algo.
Señor Presidente , tal como dijo la Senadora señora Frei , me abstuve en la votación del artículo 8º, que otorga a los municipios la facultad de condonar las deudas contraídas por los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado que administren. Sin embargo, ahora lo votaré a favor. Y he resuelto modificar mi punto de vista en razón de un argumento que en su oportunidad no interpreté adecuadamente: porque las empresas sanitarias, públicas o privadas, de todo el país tienen atribución para condonar, pero no así la dependiente de la Municipalidad de Maipú.
Por ese motivo, votaré afirmativamente el precepto mencionado.
Se encuentran inscritos los Honorables señores Muñoz Barra y Sabag, quienes, como restan 5 minutos de debate, deberán distribuirse este tiempo.
¿Entre ambos tenemos un total de 5 minutos para intervenir?
Sí, señor Senador, conforme al Reglamento.
Señor Presidente , ¿podría concederme la palabra por un minuto?
¡Ya perdieron 30 segundos...!
Si en la Sala hubiere unanimidad para aumentar el tiempo, la Mesa no tendría inconveniente. Pero ayer se acordó tratar la iniciativa en Fácil Despacho y debo aplicar la norma reglamentaria, que establece un total de 10 minutos para su discusión.
Pero, por la vía de la fundamentación del voto, cada Senador dispone de 5 minutos.
Ése es un derecho que Sus Señorías pueden ejercer al momento de la votación.
Entonces, procedamos a votar.
Por consiguiente, cerramos el debate.
Señor Presidente , el asunto que nos ocupa se ha repetido en varias ocasiones: en 1992, 1994 y 1997, y ahora, este año. Vale decir, matemáticamente, cada ciertos años se producen déficit municipales.
Señor Presidente, creo que hay que revisar el sistema municipal en cuanto a las subvenciones. Los alcaldes contraen compromisos en marzo y deben pagarlos durante el resto del año, concurran o no los alumnos. Y hay que tener en cuenta que las subvenciones se entregan por alumno sentado. Esto va creando un déficit de alrededor de 10 a 15 por ciento.
Me parece necesario señalar, además, algo preocupante. Por ejemplo, las AFP están alentando juicios contra los alcaldes, a quienes detienen y envían a la cárcel; pero no hacen lo mismo con los deudores previsionales del resto del país. Actualmente, el sector privado mantiene deudas previsionales por 130 mil millones de pesos. El Senado y el país han visto alcaldes que han sido detenidos y llevados a la cárcel a causa de estos incumplimientos; pero ni nosotros ni nadie en Chile sabe de algún empresario que haya sido encarcelado por deudas previsionales pendientes, que alcanzan las sumas siderales que he mencionado. Aquí hay una actitud, que no puedo repugnar, por parte de las AFP, pero que debería ser aplicada parejamente para lado y lado. Las Administradoras de Fondos de Pensiones saben que cuando un alcalde cae preso es el Estado el que concurre a dar la cara.
En estos cinco minutos de que dispongo, debo hacer presente que el proyecto contiene una norma que introduce en la Ley de Municipalidades una nueva tarea a la unidad encargada del control, con el objeto de facilitar la labor fiscalizadora de los concejales. Ella consiste en la obligación de informar trimestralmente al concejo sobre el estado de cumplimiento de los pagos de cotizaciones previsionales, como también de los aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal. Creo, señor Presidente , que esto debió hacerse extensivo también al concejo municipal, ya que es fiscalizador de los actos municipales, pudiendo informar oportunamente las deudas que se van acumulando.
En este instante, de los 15 mil millones de pesos que adeudan las entidades edilicias por concepto de obligaciones previsionales, a sólo tres corresponden casi 9 mil millones de pesos: son las de Valparaíso, San Miguel y Quilpué.
Pienso que las sanciones tendrían que abarcar también a quienes ocupan cargos de fiscalizadores en los concejos municipales.
Por otra parte, aquí no se ha dicho, y se ha escatimado su mención en el debate de la Cámara de Diputados, que los municipios tienen otro tipo de deudas con el sistema educacional, como las de alimentación, que afectan a instituciones prestadoras de servicios a la Junta Nacional de Auxilio Escolar; las derivadas del perfeccionamiento de profesores; y otros compromisos impagos por concepto de desempeño docente en condiciones difíciles. Es decir, el sistema educacional administrado por las municipalidades requiere análisis y reactualización para determinar dónde están las fisuras y permitir que funcione adecuadamente.
Esto acarrea graves consecuencias al sistema educacional chileno. Hoy nos encontramos con profesores alterados, que permanentemente mantienen actitudes hostiles para con las autoridades, que son sus patrones o empleadores en las comunas. De ahí, entonces, los resultados magros, a pesar de la gran inversión del Estado a la reforma educacional. Cada vez que se hace una medición de calidad, nadie en Chile -ni padres ni apoderados ni autoridades- queda conforme, porque no existe relación entre inversión y resultados. Es evidente que la educación municipalizada debe actualizarse.
Termino expresando que, en mi opinión, el Estado debe concurrir a los gastos completos que los alcaldes aprueban cada mes de marzo, cuando celebran contratos con profesores a quienes tienen que pagar remuneraciones durante todo el año, asistan o no los alumnos. Mientras el Estado no acepte una tuición total en este sentido, en donde tiene que actuar con generosidad porque no hay mejor inversión que la que se hace en educación, todos los esfuerzos por modernizarla, para ser competitivos en el siglo XXI, resultarán estériles o van a tomar demasiado tiempo.
Lamento que para tratar asuntos de esta naturaleza, señor Presidente, se fijen tiempos tan limitados para las intervenciones, lo que no sucede con otras materias, especialmente las referidas a la macroeconomía.
Aunque estamos en votación, ante el comentario de Su Señoría debo hacer presente que, por petición unánime, se decidió tratar este asunto en Fácil Despacho, e incluso recibí información de su parte en cuanto a que también el señor Senador prefería que se procediera así.
Lamentablemente, a "mi parte" no se le consultó, señor Presidente.
Pero recibí también el parecer de Su Señoría en ese sentido; por lo tanto, sólo seguí un buen consejo.
Continúa la votación.
Señor Presidente , en primer lugar, creo que éste es un muy buen proyecto. Debería ser el inicio de la solución del problema que se arrastra por mucho tiempo en el sistema municipal, cual es el de las deudas previsionales que se mantienen con los funcionarios de los servicios traspasados.
En segundo término, el tipo de sanciones que se aplica a los alcaldes y concejos municipales, aun cuando aparece un tanto drástico, lo cierto es que, según experiencias anteriores, constituye un mecanismo que esperamos que resulte.
Finalmente, junto con el Senador señor Bitar nos abstuvimos respecto del artículo 8º, considerando que con esa norma se están beneficiando básicamente tres municipios; o, en el fondo, uno solo: el de Maipú. Por supuesto nos hubiera gustado incluir ese artículo en una ley miscelánea, o en otro proyecto; no en el que ahora estamos votando. No correspondía condonar deudas de usuarios del suministro de agua potable en una iniciativa referida al sistema previsional de los trabajadores de servicios traspasados a los municipios. De haberse tratado separadamente ese tema, habríamos discutido sobre lo que aqueja a miles de chilenos con dificultades para pagar el agua potable y alcantarillado. En todas las Regiones está subiendo sensiblemente el precio del agua potable; sobre todo en el norte del país donde se encarece diariamente. Hay miles de personas que no están en condiciones de pagar ni siquiera los cobros por alcantarillado. En fin, en esa materia enfrentamos un problema serio. Por tales razones, nos abstuvimos el Senador señor Bitar y el que habla. Sin embargo, considerando que la norma que ahora se votará es de quórum calificado, sólo nos cabe exponer el deseo de que el Gobierno ofrezca la posibilidad de abrir debate sobre las deudas impagas por agua potable, sobre todo en la zona del norte del país, donde son bastante grandes la escasez de ese elemento y las dificultades para que su suministro llegue a todos.
Anuncio que aprobaré el artículo 8°.
Señor Presidente , lamento la urgencia con que se está tramitando este proyecto, que estimo de gran importancia. Creo que debió analizarse más profundamente, oyendo con más detención a los protagonistas, los alcaldes, que -según entiendo- no fueron recibidos en audiencia, por la urgencia hecha presente al proyecto.
La Honorable señora Frei hizo una exposición muy clara sobre la iniciativa. Entonces, me referiré a otros aspectos.
Solamente diez municipios acumulan deudas previsionales por 11 mil 634 millones de pesos, del total ascendente a 14 mil millones. Además, persiste una deuda al Fondo Común Municipal de varios municipios que alcanza a 8 mil millones de pesos.
Me parece que deberíamos analizar las causas que han provocado situaciones deficitarias de tal magnitud. Desde luego, sabemos que los aportes del Ministerio de Educación no alcanzan a cubrir la totalidad de los gastos en este sector. Muchas municipalidades ni siquiera reciben los fondos necesarios para pagar las remuneraciones ni, menos, las imposiciones. En consecuencia, deben recurrir a recursos municipales, los que muchas veces tampoco existen. Ello desemboca en una situación en que lo más fácil es dejar impagas las imposiciones.
Considero que se deben revisar las causas del problema. ¿Cómo es posible que durante los once o doce años que ha regido el sistema algunos municipios no hayan podido solucionar sus dificultades, en circunstancias de que la mayoría lo ha hecho? ¿Quién ha investigado esto en profundidad? Quizás no le corresponda al Ministerio del Interior o a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, pero sí a la cartera de Educación. Incluso el Ministerio de Hacienda debió encargar a algunos funcionarios un examen profundo para determinar el porqué algunas municipalidades muestran déficit tan grandes.
A lo mejor, esta situación obedece a la inflexibilidad de la legislación que impide que muchos profesores que ya han cumplido con creces la edad para retirarse -esto es, 70 o más años- no lo hacen porque la jubilación no les ofrece condiciones beneficiosas o porque, para ello, aspiran a algún estímulo más llamativo. El Senador señor Zurita me señalaba que otras reparticiones fijan un límite de edad para jubilar, lo que no ocurre en el caso de los servidores públicos de Educación ni tampoco en el de los de la Administración Pública. En el sector de obras públicas, hay funcionarios de 82 años que siguen en sus cargos y no existe una disposición legal que los obligue a retirarse. Me parece que sobre esto debería realizarse una investigación.
Además, estimo una barbaridad que los jefes de finanzas de las municipalidades, inmediatamente después de recibidos los recursos, deban ingresar a arcas municipales la parte que les corresponde; y la otra parte enterarla al Fondo Común Municipal. En mi opinión, no puede seguir produciéndose esta presión sobre los funcionarios responsables.
Pienso que el artículo 6º es bastante duro cuando prescribe que los alcaldes de aquellas municipalidades que no paguen en forma oportuna las cotizaciones provisionales incurrirán en causal de notable abandono de sus deberes. ¿Y qué pasa si la municipalidad carece de ingresos y ni siquiera dispone de los fondos que se le han traspasado? Entonces, es posible que el alcalde sea destituido por una causa que no le compete.
Por estas razones, apruebo el proyecto en debate, lamentando su trámite tan rápido. A mi entender, se trata de una iniciativa útil, porque va a subsanar los problemas de muchos municipios y sobre cuyos alcaldes pesan órdenes de detención. Y algunos ya han estado presos.
Además, considero pertinente realizar un estudio más profundo en esta materia y buscar las verdaderas causas de por qué se producen estos déficit.
Señor Presidente , comparto lo señalado por el Senador señor Sabag sobre el problema que se suscita cuando un alcalde no paga los compromisos contraídos, porque la sanción tiene un doble carácter. Por una parte, es muy drástica y, por otra, muy inútil.
Cabe la posibilidad de que un alcalde de gran popularidad se ponga de acuerdo con su concejo municipal para no pagar las deudas respectivas -conocemos algunos ediles cercanos que hacen algo por el estilo-, sabiendo que difícilmente será llevado a un tribunal para ser destituido, por efecto de irse creando una especie de confabulación de las distintas instancias. Por ello, una sanción de este tipo puede no ser la más adecuada.	Tampoco es fácil saber qué otra sanción se puede imponer. Algunos sostendrán que dicha falta se debe castigar igual que un delito. Pero, a mi juicio, eso es muy drástico.
Entonces, pienso que el proyecto es más bien una buena intención, en el sentido de que, de ahora en adelante, ojalá los alcaldes paguen sus deudas. Sin embargo, no hay nada, ni la sanción contemplada en el proyecto, que lo garantice.
Por lo tanto, lo planteado por el Senador señor Sabag puede ser efectivo en los municipios más pequeños. Pero donde el alcalde es un verdadero cacique de una gran ciudad puede no seguir pagando. Y dudo que alguien le haga algo, porque los partidos políticos, la clientela, las juntas de vecinos -es decir, un verdadero clamor popular- lo van a defender, salvo los propios afectados. Y al final el Gobierno tendrá que volver a poner la plata, tal vez.
Señor Presidente , es importante tener en claro al momento de votar que el proyecto pretende, literalmente, cubrir déficit o tapar hoyos de la administración municipal. En poco tiempo más deberemos dictar nuevamente una ley, porque el problema de fondo, estructural, no está resuelto. Bien sabe el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo- lo he conversado con él-, que existe otro tipo de deudas, como consecuencia de algunas gestiones municipales que han comprometido el Fondo Común Municipal. Hoy día, los alcaldes están acudiendo a esa Subsecretaría para que les sirva de puente con la Tesorería General de la República a fin de acordar todo tipo de convenios, los que, en el fondo, pretenden postergar déficit y deudas enormes por concepto de educación, de salud o de utilización del Fondo Común Municipal con fines que no son los establecidos.
Entonces, me hace mucha fuerza lo señalado por el Senador señor Sabag , en orden a que el problema estructural no se toca. Pienso que es urgente hacerlo y comenzar a analizar la situación financiera de los municipios, para realizar o un blanqueo total en equis período de tiempo, con el concurso del Estado, en fin, o una racionalización del sistema de administración municipal para determinar hasta dónde los aportes que entrega el Estado en materia de salud o de educación -áreas en que se generan los grandes déficit- son acordes con la realidad que se está viviendo.
Desgraciadamente, señor Presidente , de un largo tiempo a esta parte, no se ha querido tocar la verdad del sistema financiero municipal. Existe una especie de temor para comenzar a analizar esta realidad bastante dramática, y se siguen profundizando los déficit.
Pienso que hay que analizar integralmente, por un lado, el sistema financiero municipal, en conjunto con el Gobierno -para ver cómo puede sanearse eficazmente la labor de los municipios por delegación del Estado, de acuerdo con la autonomía municipal vigente y con el traspaso de las funciones-, y por otro, el sistema de control de la gestión municipal.
Actualmente, buena parte de los déficit obedecen a que no existe ningún control eficaz sobre el sistema municipal. Desde luego, la Contraloría General de la República no lo está controlando debidamente, porque no tiene los medios para hacerlo. En la Comisión de Constitución se está discutiendo un proyecto que modifica la ley orgánica de dicho Órgano Contralor, donde se le restan todavía más atribuciones. A su vez, la Subsecretaría de Desarrollo Regional tampoco está facultada para ejercer un control en esa materia. ¿Quién controla la gestión de los municipios en Chile? Nadie, porque ni siquiera los concejos pueden hacerlo, ya que los concejales carecen de las atribuciones necesarias.
Por consiguiente, sin importar el lado o el signo al que pertenezca quien lo diga, es efectivo que hoy día el sistema municipal no está sujeto a control y que, por eso, se produce, entre otras cosas, este tipo de déficit. Por una parte, es real la existencia de poco aporte y, por otra, hay que analizar cómo se utilizan los recursos municipales.
En consecuencia, insto a una discusión muy de fondo, porque no me cabe la menor duda de que en breve tiempo más deberemos discutir otra iniciativa como ésta para financiar déficit que por otra causal se hayan producido en el mundo municipal.
Por lo tanto, junto con aprobar el proyecto, dejo claramente establecido la necesidad de considerar en forma mucho más profunda el sistema municipal, racionalizar aún más la administración municipal y, si es del caso, reformarla nuevamente. Porque en Chile se democratizaron los municipios, pero no se modificó eficazmente el sistema de administración municipal, de manera que se garantizara que los municipios no fueran deficitarios.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , votaré favorablemente el proyecto, pero quiero dejar constancia de que, a mi modo de entender, esto se aplica no sólo a las deudas de las municipalidades por cotizaciones previsionales, sino también a otras de carácter social, como las deudas a mutualidades o a cajas de compensación, y que también, en algunos casos, corresponden a corporaciones educacionales que ellas han formado.
Señor Presidente , voy a aprobar el proyecto. Me parece necesario e importante solucionar el problema de financiamiento que afecta a las municipalidades.
Sin embargo, deseo llamar la atención sobre algunas normas de la iniciativa que podrían crear situaciones de mucha injusticia. Desde luego, el artículo 6º y todas las disposiciones que, en definitiva, derivan en privar de su libertad a los alcaldes, deberían ser revisadas y ser objeto de un análisis posterior por parte de las autoridades del Ministerio del Interior, pues dicen relación a principios básicos del Derecho.
Por ejemplo, el proyecto castiga a ediles que no han tenido participación en los hechos, ya que es factible que la deuda se haya originado o el pago no se haya efectuado en un período anterior, pese a lo cual se pide que responda el actual alcalde, y no el causante del problema. Se produce, así, una situación de máxima injusticia. El que no participó, responde, en tanto que el verdaderamente culpable, que ha dejado el cargo, queda sin ningún tipo de sanción. Me parece que eso debe revisarse, por cuanto de otra manera se estaría infringiendo uno de los principios básicos del Derecho, cual es el de que exista algún grado de responsabilidad (responsabilidad subjetiva, dolo, en fin, no voy a entrar en detalles técnicos).
Pienso que algunas normas son defectuosas desde ese punto de vista y llevan a injusticias como hacer responder a personas que no han tenido ninguna participación y que, incluso, pueden no haber estado presentes siquiera en la reunión de concejo donde se adoptaron las decisiones.
Por otra parte, también considero necesario reanalizar lo que dice relación a la cesación del cargo de alcalde. De acuerdo con el artículo 60, letra c), de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, ella se produce por "Remoción por impedimento grave o notable abandono de sus deberes;". Y el artículo 6º del proyecto establece que un jefe edilicio incurre en causal de notable abandono de deberes por el mero hecho de no pagar alguna de las obligaciones que allí se señalan. O sea, bastará con que un tribunal compruebe dicha circunstancia para que automáticamente el alcalde cese en su cargo. Me parece algo bastante grave. Creo que el juez siempre debería considerar los factores personales, en especial si se trata de un individuo -como fue el caso, creo, de un alcalde que hace poco estuvo detenido- que no ha tenido participación alguna en los hechos.
Por eso, señor Presidente , llamo la atención sobre la norma indicada y otras que producirían el mismo resultado, las cuales es necesario reestudiar con el objeto de hacer efectivas las responsabilidades en los sujetos que realmente incurrieron en los actos u omisiones que impidieron efectuar los pagos o imposiciones a los trabajadores o funcionarios de los servicios traspasados. De otra manera se estaría cometiendo una tremenda injusticia con personas que no han tenido participación alguna en hechos que, eventualmente, podrían derivar en sanciones penales, en privaciones de libertad o, incluso -lo que sería más grave-, en la cesación de un cargo de elección popular.
Si bien estimo indispensable revisar algunas disposiciones de la iniciativa -aunque creo que no es éste el momento oportuno para hacerlo-, voto que sí.
Según el Reglamento, Su Señoría no puede intervenir, a menos que la Sala lo autorice.
¿Habría acuerdo para que el señor Senador fundamentara su voto?
Señor Presidente , sólo deseo hacer un comentario respecto a la dureza de la sanción para los alcaldes que no den cumplimiento al pago de las cotizaciones previsionales.
Considero razonable que ello sea así, sobre todo si consideramos que en la legislación laboral se han establecido castigos cada vez más fuertes para los empresarios que no efectúan los aportes correspondientes en las AFP. La verdad es que ésas son platas ajenas. Aquí no estamos frente a un problema de mala administración, que podría ser el caso de diversas situaciones planteadas por otros señores Senadores, que apuntan a una revisión de la gestión y el control municipal. Como he dicho en más de una oportunidad, el no pago de las imposiciones equivale a la apropiación indebida de recursos que son ajenos, porque no son ni de los municipios ni de los privados, sino de los trabajadores. Y, por tanto, que eso tenga una sanción ejemplar cuando los responsables son funcionarios públicos, me parece elemental.
Porque, en realidad, en esta materia se ha dado cierta impunidad, por las razones muy válidas que expresaba el Honorable señor Viera-Gallo. Cuando los que incurren en estos actos arbitrarios son alcaldes en ejercicio que gozan de cierta popularidad, finalmente hay una red, de Gobierno u Oposición, que de alguna manera permite que tales actos queden sin castigo, criterio que considero pésimo desde el punto de generar una buena ética para la Administración Pública, a la cual lo menos que se le puede pedir es que cumpla las mismas exigencias que se hacen al sector privado.
En definitiva, estimo que una sanción fuerte para estas inconductas es completamente justificada.
Me pronuncio a favor del proyecto.
Señor Presidente , voto que sí, y lo hago, básicamente, porque en la iniciativa se implantan normas nuevas que hacen mucho más estricta la aplicación de sanas prácticas de la gestión financiera, de las cuales, hasta ahora, se ha prescindido.
En particular -ya lo han indicado otros señores Senadores-, me preocupa y no entiendo cómo es posible que algunos municipios lleguen a utilizar dineros que son de los trabajadores, como los destinados a sus fondos previsionales, o bien que tienen una clarísima orientación, como los que van al Fondo Común Municipal, en propósitos distintos de aquellos para los cuales fueron asignados.
Tal como el Senado ha comprobado en discusiones que ya hemos sostenido y que continuaremos teniendo hoy en la tarde con el proyecto de Ley de Presupuestos, y luego a propósito del que modifica la ley orgánica de la Contraloría, resulta urgente avanzar en Chile en la línea de establecer mayor control sobre los municipios en términos de su regulación financiera. Se ha producido hacia el ámbito del poder local gran desplazamiento de facultades y autonomías financieras sin que haya habido, hasta el momento, el consiguiente desplazamiento de los sistemas de control. Esto ha generado hábitos que pueden ser muy complicados y peligrosos para el futuro del país, máxime si vamos a perseverar en el objetivo de la descentralización, que es indispensable.
En ese sentido, la iniciativa viene a paliar una situación cuyo origen debe ser rechazado, pero, al mismo tiempo, establece sanciones bastante más drásticas.
Quiero terminar señalando que resulta indispensable avanzar en el proyecto de ley -entiendo que ahora está en la Comisión de Gobierno- que modifica la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Esta institución ha conseguido un crédito importante que le permitirá recoger la experiencia de otros países y diseñar una entidad más moderna. Es fundamental que la descentralización del poder de control nacional vaya "pari passu" con la descentralización de la administración y las finanzas del país.
Con la autorización de la Sala, puede fundar el voto Su Señoría.
Señor Presidente , voy a votar a favor del proyecto, aunque me preocupa mucho lo que señaló el Senador señor Viera-Gallo en el sentido de que, incluso con esta iniciativa legal, igual los alcaldes que no pagan podrían quedar en la impunidad. Si ésa fuera la situación, votaría en contra, porque realmente lo que estamos viendo en los municipios es un tremendo desorden. Muchas veces no pagan el agua ni la luz. El otro día, algunas escuelas de mi Región no pudieron funcionar porque les habían cortado el suministro de esos dos servicios por falta de pago por parte de la municipalidad. Sin embargo, dinero para viajes, dinero para fiestas, dinero para cosas de ese tipo, que son gastos inútiles, nunca falta. Y vemos cómo muchos alcaldes se hacen inmensamente populares gastando los fondos municipales en actividades que son del agrado de la gente, pero no efectúan inversiones en educación ni en obras públicas ni pagan a los profesores, como debe ser.
Señor Presidente , quiero solicitar que en la determinación de los nuevos indicadores para establecer cómo se va a repartir el Fondo Común Municipal, respecto de los cuales la Subsecretaría dispone de un año para elaborarlos, se incluyan las deudas, con el objeto de restar puntos para acceder a dicho Fondo, y también los gastos inútiles, con el mismo fin. Y, en cambio, sumar puntos cuando se trata de invertir en la gente -básicamente en educación- y en infraestructura. Porque debe existir algún tipo de estímulo para que los alcaldes se comporten en forma un poco más responsable.
Uno ve mucha fiesta y mucha popularidad a costa de contraer deudas, a veces por dos, tres, cinco o siete años, pero después esos alcaldes, al terminar su período, se van -a lo mejor, algunos son elegidos Diputados o Senadores- dejando un "hoyo" en el municipio que el próximo alcalde deberá ver cómo paga, lo que es inaceptable.
Voto que sí, señor Presidente. Pero espero que éste sea sólo un paso, porque el tema de las deudas municipales se está convirtiendo realmente en un escándalo.
Resultado de la votación: 39 votos por la afirmativa.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Boeninger, Bombal, Canessa, Cariola, Cordero, Chadwick, Díez, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Prat, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Urenda, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Por lo tanto, queda aprobado en general y en particular el proyecto, y despachado en este trámite.
Señor Presidente , quisiera hacer una aclaración.
Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El Honorable señor Bitar expresó que el proyecto sobre la Contraloría se encontraba en la Comisión de Gobierno. En realidad, ello no es así.
Debe estar en la Comisión de Constitución.
Corresponde ocuparse en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2002, en segundo trámite constitucional e informado por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2796-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta del ingreso del mensaje del Ejecutivo, sesión 1ª, en 2 de octubre de 2001.
En segundo trámite, sesión 13ª, en 7 de noviembre de 2001.
Especial Mixta de Presupuestos, sesión 13ª, en 7 de noviembre de 2001.
--Se autoriza el ingreso a la Sala del Director de Presupuestos, señor Mario Marcel; del Subdirector de dicho organismo, señor Sergio Granados, y de los asesores señora Marta Tonda y señor Marcelo Cerna.
El proyecto de Ley de Presupuestos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cuenta con informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y fue aprobado por la Cámara de Diputados con una sola modificación a la letra c) de la glosa 02 del Capítulo 30, "Educación Superior", de la Partida del Ministerio de Educación. Esta modificación consiste en agregar en la letra c), a continuación de la expresión "Centros de Formación Técnica autónomos o en acreditación", las palabras "o en supervisión".
En las páginas 52 a 79 del informe se consignan las proposiciones de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de las partidas presupuestarias y del articulado del proyecto.
Asimismo, los anexos A y B contemplan la exposición del Estado de la Hacienda Pública y el debate suscitado al respecto, y la discusión habida en la Comisión Especial sobre las partidas y el articulado del proyecto.
Cabe hacer presente que el artículo 3º de la iniciativa en discusión debe ser aprobado con quórum calificado y requiere, en consecuencia, el voto conforme de 24 señores Senadores.
Finalmente, según el acuerdo de Comités del día de ayer, los señores Senadores podrán presentar indicaciones al proyecto durante el transcurso de esta sesión extraordinaria.
El señor MARTÍNEZ.-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
En el Capítulo 30 de la Partida del Ministerio de Educación se agregaron, en la letra de c) de la glosa 02, como lo mencionó el señor Secretario , las palabras "o en supervisión", términos que no aparecen en la Ley Orgánica Constitucional de Educación. Sólo figuran los vocablos "en examinación o en acreditación".
Como existe la posibilidad de ver cada Partida, en su momento el señor Senador me lo puede indicar.
De todas maneras vamos a tomar nota, porque esto podría significar que el proyecto volviera en tercer trámite a la Cámara de Diputados.
Es necesario verlo, señor Presidente , porque esos términos no se hallan contemplados en la Ley Orgánica indicada.
Por eso, y si Su Señoría insiste, tendríamos que votarlo a favor o en contra.
Señor Presidente , el proyecto de Ley de Presupuestos ¿tiene discusión general?
No hay aprobación en general de la Ley de Presupuestos. Pero, por supuesto, la Sala es autónoma para determinar algún tipo de intervención.
En todo caso, conforme al Reglamento y a la forma en que hemos procedido en otras oportunidades, vamos a dar por aprobados todos los artículos y partidas presupuestarias que no hayan sido objeto de indicaciones. Como ya se ha informado, las indicaciones pueden presentarse hasta el término de la sesión, es decir, hasta las 14. De igual manera, se entienden aprobadas todas aquellas partes en las que no incida alguna indicación.
En tal sentido, como se dispone de plazo hasta las 14 para presentar indicaciones, sólo a contar de las 16, hora en que se inicia la sesión de la tarde, sabremos qué votaciones deberemos efectuar.
Entonces, podríamos aprovechar esta sesión extraordinaria para abrir un tiempo de exposición o de debate, si algún señor Senador quiere referirse a este tema o algún miembro del Gobierno desea hacer alguna aclaración. Desde ya, el Honorable señor Martínez ha formulado un planteamiento sobre un punto específico, que también deberemos resolver.
Por lo tanto, daríamos por aprobadas todas las Partidas y artículos presupuestarios que no hayan sido objeto de indicaciones, y de igual manera quedarían aprobadas todas aquellas partes en las que no incida alguna indicación.
Señor Presidente , para cualquier Gobierno y para los representantes de la comunidad, la distribución de los siempre limitados recursos es, probablemente, una de las tareas más arduas y complejas, y también una de las más reveladores de sus intereses y prioridades.
La comunidad nacional no sólo recibe las decisiones que se tomen al respecto como un acto de administración gubernamental, sino que las percibe como un anuncio de los aspectos focales que afectarán las políticas nacionales durante el año siguiente.
Por esta razón, quisiera referirme particularmente a los recursos que el país destina a Carabineros de Chile, los que inciden directamente en uno de los aspectos más sensibles de la convivencia en Chile, cual es la seguridad nacional.
Digo esto porque estoy seguro de no ser el único que considera a esta Institución como una de las más necesitadas, exigidas, evaluadas y criticadas públicamente en forma frecuente por todos los sectores políticos.
En efecto, toda la comunidad parece tener la más absoluta claridad acerca de cuáles son las responsabilidades y funciones sociales e institucionales que Carabineros debe cumplir, así como las necesidades comunitarias que ha de satisfacer. Sin embargo, no existe la misma voluntad y determinación cuando se trata de proveer los medios necesarios para que éstas puedan ser cumplidas satisfactoriamente.
Quiero ser enfático en declarar que es necesario que se aborde el financiamiento de Carabineros en forma profunda y radical. La seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia no son un problema menor. Sólo pueden enfrentarse en la medida en que se destinen los medios necesarios para ello. Esto también evitará que se inventen, por parte de personas que no entienden la problemática policial, soluciones sobre seguridad que sólo han perjudicado a las víctimas, y beneficiado a los delincuentes.
No me refiero sólo a los recursos materiales, sino también a los recursos humanos. Carabineros debe estar en condiciones de ofrecer una expectativa profesional interesante, con buenas remuneraciones, para ser capaz de captar entre sus filas a jóvenes de primer nivel profesional y para poder exigir excelencia en sus funciones.
Muchas veces me pregunto si las autoridades y la opinión pública ignoran cuál es la remuneración de un carabinero, o si sabrán que no tiene horario de trabajo, ya que siempre debe estar disponible y no tiene derecho a que se le paguen horas extraordinarias, aunque de hecho las cumple, como cualquier otro trabajador.
¿Sabe la opinión pública que la asignación de rancho de un carabinero es de 760 pesos, lo que obviamente lo obliga a pagar de su bolsillo cualquier otro consumo de alimentos, ya que este monto es insuficiente? Además, sólo tiene derecho a ella cuando está cumpliendo un servicio policial específico, aunque permanezca en dependencias de la Institución, como ocurre con el personal soltero, que está obligado a vivir en el cuartel.
Los carabineros reciben uniforme, pero como se les exige una impecable presentación personal y lo que se les asigna es insuficiente, todos terminan pagando con sus propios ingresos las piezas de uniforme que necesitan y que el Servicio les exige.
No cabe duda de que a Carabineros se le ha estado exigiendo en forma absolutamente desproporcionada con relación a los medios de que dispone, en especial en lo referente a las remuneraciones de su personal.
Por eso, ya es un gran mérito el que sea una de las policías menos corruptas del mundo, en la que la dedicación de sus funcionarios constituye prácticamente un apostolado.
Como señalé al comienzo de mi intervención, la forma de disponer la inversión de los recursos encierra un mensaje a la comunidad acerca de los intereses y valores que son prioritarios para el Estado. De manera que no sigamos poniendo a prueba la vocación de los carabineros. Ellos son los más interesados en que su función sea cumplida con excelencia en la búsqueda de la seguridad y el bien común.
Es hora de cumplir con esa deuda y otorgarles los recursos que requieren, las remuneraciones que merecen y el respaldo de las autoridades, para que sean cada vez más eficientes.
Señor Presidente , al iniciar la discusión de esta nueva Ley de Presupuestos es de toda lógica que la Sala haga un análisis sobre el proyecto en su conjunto.
Hace más de un mes que el señor Ministro -quien se halla presente en la Sala- presentó la iniciativa en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Y me parece adecuado que ahora la Sala sea informada brevemente sobre la materia, por cuanto, dada la importancia que ella reviste, no puede quedar en desconocimiento de los señores Senadores que no integraron la referida comisión.
Cabe destacar que en el lapso transcurrido desde la presentación del proyecto ante dicho organismo técnico hasta la fecha han sucedido eventos y se han formulado estimaciones que se apartan de las proyecciones iniciales en relación con las que hoy se manejan por parte de los especialistas en economía.
Por lo tanto, en esta etapa previa a la discusión en particular, debe efectuarse una exposición sobre la materia.
El proyecto que nos ocupa, en la forma que se nos presentó hace un mes, contenía un déficit original que el Gobierno estimó bastante pequeño en consideración a que esperaba para el próximo año una tasa de crecimiento de la economía del orden de 4,5 por ciento. Transcurrido un mes, las predicciones sobre el crecimiento en el año próximo han ido ajustándose a la baja. El Banco Central hizo un ajuste en tal sentido y planteó que éste sería entre 3 y 4 por ciento. Y hoy día todos los actores señalan que no superará el 3 por ciento.
Asimismo, en cuanto al precio del cobre, que en la Ley de Presupuestos se estima en un nivel bastante optimista según las predicciones, se presupone que será menor.
Por lo tanto, iniciamos la discusión sobre el articulado de un proyecto que, en su origen, tenía déficit y que ahora, a la luz de las nuevas cifras, es, al menos, de 1,5 por ciento. Si sumamos además las deudas de organismos muy importantes, como el Ministerio de Obras Públicos y los servicios de salud, observaremos que ellas son del orden del 1 por ciento del gasto del Gobierno. Por consiguiente, estamos ya hablando de un déficit aproximadamente de 2 por ciento.
En mi concepto, respecto de esta materia y sobre todo en consideración a que estaríamos entrando a un cuarto año con déficit, debemos recoger una opinión del Gobierno.
Hay países que en ese cuadro están bajando sus gastos fiscales. Por ejemplo, conforme a la información recibida, México acaba de hacer un ajuste en tal sentido, para prever los menores ingresos que se visualizan a estas alturas.
Considero que en esta ocasión, cuando se está discutiendo la Ley de Presupuestos y todavía es posible corregirla, la autoridad económica debe dar una respuesta al país, en el sentido de cómo es capaz de sincerar las cifras y tomar decisiones ante escenarios cambiantes. Porque ello constituye una señal que, en definitiva, infundirá optimismo a los actores y traerá a los mercados la sensación de que contamos con autoridades asentadas en la realidad, con capacidad para efectuar cambios sobre la marcha, a fin de que la conducción macroeconómica del país se ajuste a esos escenarios.
Me parece que, dadas las modificaciones en el precio del cobre y en la estimación del crecimiento mundial y nacional producidas durante el mes de trabajo de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y de las Subcomisiones, es preciso un análisis sobre la materia.
Tiene la palabra el Honorable señor Vega.
El señor VEGA.-
Señor Presidente , con motivo del debate sobre el proyecto de Ley de Presupuestos del año pasado, expresé mi opinión acerca de algunas debilidades que provocaba la política de control del gasto público en organizaciones de alta tecnología que tienen externalidades positivas, que inciden directamente en el desarrollo nacional y que se autofinancian, como son los servicios cartográficos; las industrias de la Defensa; las organizaciones de universidades, de investigación y desarrollo, y, en forma muy específica, el sistema aéreo espacial y comercial de Chile.
En esta ocasión me referiré puntualmente a esto último, dado que se halla muy vigente, a raíz de los atentados terroristas perpetrados contra Estados Unidos en Nueva York el 11 de septiembre recién pasado.
En torno de dicho sistema se han generado algunas distorsiones y debilidades que me parece conveniente resaltar, por la alta prioridad que ellas tienen en nuestra seguridad interna y porque aquél, a su vez, incide en otras áreas, como el turismo, la integración nacional, empresas menores de apoyo técnico, etcétera, que significan miles de empleos.
El sistema aéreo espacial se ha desarrollado en Chile en muy corto plazo; pero, por su eficiencia y seguridad, es respetado en el mundo, como lo demuestra el hecho de que los primeros aviones que llegaron a Estados Unidos después del 11 de septiembre último pertenecían a líneas aéreas nacionales, porque estaban bajo la aplicación de un sistema absolutamente probado.
Asimismo, el sistema en cuestión controla y dirige alrededor de 500 mil operaciones al año, mueve cerca de 10 millones de pasajeros y 300 mil toneladas de carga. Ha debido certificar aproximadamente mil aeronaves en el país, y controla más de 7 mil licencias nacionales e internacionales.
Desde 1992, ese sistema dejó de recibir aporte fiscal, por lo que hoy debe autofinanciarse, básicamente con los derechos de embarque - pagados por los pasajeros- y por las rentas de concesiones y otros servicios menores.
Esta gestión ha sido muy exitosa y demuestra que un organismo del Estado que se administra bien puede operar en forma tan eficiente como el sector privado. Ello se debe, entre otros factores, al alto nivel de excelencia de sus profesionales, los cuales son preparados en la Fuerza Aérea y en sus propias escuelas, incluyendo la de seguridad aeroportuaria, conforme a una instrucción que ni siquiera se imparte en Estados Unidos.
Sin embargo, hay un serio problema que limita su desarrollo, y tiene que ver con la privatización de sus principales aeropuertos, lo que, aunque no siendo consecuente con el sector, es muy concordante con nuestra política económica en sus principios, pero que genera un debilitamiento del recurso financiero. De alguna forma, la autoridad política debe corregir esto, por cuanto afecta directamente su necesario perfeccionamiento.
Los dos o tres aeropuertos principales influyen en el desarrollo del resto del país. Como no todas las regiones pueden generar sus recursos propios, por lo tanto, su infraestructura depende, por el momento, del presupuesto central aeronáutico.
La seguridad aérea no depende del terminal aéreo, sino de la calidad de las radio-ayudas, de los radares y de la información satelital que orienta al avión desde su despegue hasta el próximo aterrizaje.
La mantención de este sofisticado sistema electrónico requiere de gran apoyo económico que la privatización del aeropuerto no paga, porque esto no está regulado, lo que afecta en forma muy directa al debilitado presupuesto que hoy maneja esa organización aeronáutica. Existe un delicado programa de modernización que no puede ser alterado, porque de ella depende la seguridad del vuelo, no considerándose una forma de privatización, que es muy legítima.
Como bien sabemos, lo ocurrido en Estados Unidos con los atentados del 11 de septiembre ha generado significativas pérdidas a las empresas aerocomerciales del mundo, que llegan a miles de millones de dólares. Ello, por su magnitud, ha tocado muy directamente a nuestro propio sistema y, como consecuencia, también al presupuesto de la organización rectora de la aeronáutica civil nacional, en forma muy negativa, en más de 30 por ciento, limitando obviamente el plan de desarrollo aeronáutico nacional. Estamos hablando de la segunda pista del aeropuerto Arturo Merino Benítez , del aeropuerto de Temuco, de los aeródromos de Caldera, de Copiapó, de Tongoy, etcétera. Todo eso definitivamente se encuentra detenido.
Esta situación fue expuesta en la Segunda Subcomisión de Presupuestos del Senado y obligó a modificar la Partida 11, Capítulo 26 del presupuesto aeronáutico, reduciéndose cada una de las asignaciones, al preverse un menor aporte de las tasas correspondientes al presupuesto de la Dirección de Aeronáutica.
La complementación del sistema de control de carga, por ejemplo -que no la tiene hoy día el sistema nacional, pues sólo cuenta con el de control de pasajeros-, cuesta 5 millones de dólares, que no están. No se puede esperar hasta el próximo año, porque somos mandatarios de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI); y ello es esencial para que nuestras compañías aéreas operen cargas a los Estados Unidos, a Europa, a Japón, etcétera.
Este importante punto debe ser considerado por la autoridad política con alguna alternativa económica que solucione el problema descrito lo más rápidamente posible.
Otro aspecto relevante que deseo destacar ahora -fue discutido aquí con anterioridad-, se refiere a la pérdida de los oficiales de la rama del aire de la Fuerza Aérea principalmente en los últimos años. Esto tiene dos orígenes esenciales: primero, los sueldos; y, segundo, una muy mala proyección de la carrera de los oficiales y del personal en general, porque carecen de un adecuado sistema de previsión.
Los pilotos especializados comprometen su vida -como todos saben- a una causa vocacional, cuya pérdida resulta muy difícil rehacer, como ocurre en otras profesiones al cumplirse más de 30 años de servicio. Además, el sueldo de dichos profesionales no es consecuente con las actividades que desempeñan, lo que también es sabido por todos. Por lo tanto, es natural que se generen nuevas expectativas e intereses que los obligan a buscar una mejor remuneración en las líneas aéreas comerciales. Por supuesto, la edad, en su momento, constituye un incentivo para tomar tal decisión.
El costo de formación de un piloto de guerra representa millones de dólares. Por eso, las pérdidas del Estado en los últimos diez años por esta grave situación significan varias veces el presupuesto anual de la Fuerza Aérea. Minimizar el problema tendría un costo menor. Consistiría básicamente, a modo de ejemplo, en reintegrar a los pilotos de la rama del aire la asignación de 35 por ciento que se les entregaba por riesgo de vuelo y que fue eliminada.
Considero que el Ministerio de Defensa Nacional debe dar solución a este problema que afecta muy directamente al Presupuesto Nacional, pues se asignan recursos a la Fuerza Aérea que en forma bastante directa van al sector privado a través del costo que implica la preparación de tales profesionales.
Asimismo, en esta intervención deseo referirme al problema de la falta de una previsión moderna y consecuente con la carrera militar. El sistema previsional que rige actualmente es ineficiente en cuanto al apoyo económico al personal en retiro. Por ello, en beneficio de las futuras y las presentes generaciones, es urgente una reestructuración que tome en cuenta las singulares condiciones de la carrera militar, particularmente por sus especiales jerarquías, por sus antigüedades y por sus condiciones laborales extremas.
Señor Presidente , la última materia que deseo abordar se refiere al caso de la Antártida que, como bien sabemos, representa un problema-país por involucrar no sólo a las instituciones de la Defensa Nacional, sino también a Chile como Estado-Nación y, por consiguiente, a su Gobierno.
En reiteradas ocasiones se ha mencionado este asunto en la Sala, debido a su trascendencia y a todo el esfuerzo que las instituciones han desplegado desde 1947 para la exploración, reconocimiento e integración de un territorio chileno absolutamente complejo, hostil y único en el mundo.
El Tratado Antártico de 1959 prioriza la situación de la Antártida como un problema de Estado, pues tiene que ver con su desarrollo, su autonomía y su soberanía.
En consecuencia, es lógico reconocer que las Fuerzas Armadas, con sus presupuestos, han realizado una gran tarea, pero ahora están en el límite. Por tal motivo, ahora deben ser apoyadas económicamente y recibir una asignación presupuestaria adecuada si queremos mantener y perfeccionar esta presencia única entre los países signatarios del Tratado Antártico.
Por eso, estimo importante dejar en claro que hay una reasignación de 2,4 millones de dólares al Presupuesto de la Fuerza Aérea. Y debería quedar establecido que esos dineros están destinados al apoyo directo del Programa de Desarrollo Antártico, especialmente a sus principales objetivos, como la Villa Las Estrellas, el Centro Meteorológico " Presidente Frei", el Aeropuerto "Teniente Marsh", los trabajos de investigación de universidades, etcétera.
Solicito que, en mi nombre, se oficie al Ministerio de Defensa Nacional con el objeto de que aclare que el aporte del Ministerio de Hacienda al presupuesto de la Fuerza Aérea tiene por finalidad apoyar el Programa de Desarrollo Antártico.
Se enviará el oficio solicitado, en nombre del Honorable señor Vega.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , luego de haber transcurrido ya un lapso apreciable de tiempo entre la exposición de la Hacienda Pública ante la Comisión Mixta Especial de Presupuestos, y en atención también -como señalaba el Honorable señor Prat - a que no todos los señores Senadores son miembros de ella, nos parece adecuado realizar una especie de balance de cuáles son las proyecciones fundamentales de la economía y cómo el proyecto de Ley de Presupuestos se inscribe en ese marco.
Como se sabe, dada la tensión del grado de apertura inserto en nuestra estrategia económica, es relativamente evidente que -al menos en el corto y mediano plazo- el desarrollo de la economía internacional constituye uno de los elementos más importantes para estimar lo que ocurrirá en los meses venideros.
En tal sentido, desde nuestra última exposición hasta ahora, han aparecido antecedentes mixtos en la economía internacional. Debido a los calendarios impuestos por la ley, nos vimos forzados a estructurar un Presupuesto en fechas cercanas al ataque terrorista del 11 de septiembre. Por esos días, era extraordinariamente complejo poder estimar cuáles iban a ser los impactos de éste en el corto y mediano plazo. Luego de transcurrido un tiempo, han quedado relativamente claros dos aspectos.
En primer término, el impacto sobre la sicología de los consumidores, los agentes financieros y los inversionistas no ha sido menor, elevándose muy considerablemente la aversión al riesgo. Ello ha tenido una repercusión apreciable sobre los indicadores de confianza del consumidor en las economías industriales, así como en los indicadores de confianza del productor. Y, en general, tanto en Estados Unidos como en Europa ellos tienden a marcar puntos que se encuentran entre los más bajos de la última década.
Asimismo, ha sido notable el efecto del incremento de la incertidumbre sobre la aversión al riesgo para tomar posiciones financieras en economías emergentes, con una considerable alza de los spread soberanos promedio que enfrentan las economías emergentes y una ulterior ralentación de los flujos de inversión extranjera directa.
Del mismo modo, tal como el impacto sobre los mercados reales y financieros del ataque terrorista ha sido adverso, la evidencia económica que ha venido apareciendo en los últimos meses -en su mayoría cuenta lo que estaba ocurriendo en la economía internacional con anterioridad a dichos ataques, pero todavía no estaba disponible a la fecha- ha sido generalmente más pesimista que lo anteriormente planteado. Y a esta altura es perfectamente evidente que, al tercer trimestre (comparado con el segundo trimestre), la economía mundial se encuentra estancada o con una ligera caída.
Quizás, esto podríamos resumirlo en dos titulares.
Por una parte, el Banco Central de Estados Unidos acaba de reducir ayer su tasa de interés en 50 puntos base, situándola en dos por ciento (el nivel más bajo en 40 años). Esto habla de la magnitud de la desaceleración de la economía norteamericana y de la economía internacional en términos de comparación histórica.
Por la otra, la suma de la desaceleración internacional y el efecto adverso sobre las economías emergentes ha llevado a que el señor Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo , Enrique Iglesias, en días recientes haya calificado la situación actual como la más difícil que haya enfrentado la región en décadas.
Junto a este panorama, algo sombrío, destacan, no obstante, algunos elementos que permiten avizorar la luz al final del túnel.
En primer lugar, las reducciones de la tasa de interés en las economías industriales han impactado favorablemente los mercados de activos, y los precios de las Bolsas de dichas economías han recuperado el terreno perdido con posterioridad al 11 de septiembre y hoy día se encuentran en niveles francamente superiores.
Aún más importante que lo anterior, los precios de los activos inmobiliarios (que son fundamentales a la hora de evaluar la conducta particularmente de los consumidores) se han mantenido extremadamente robustos, con alguna tendencia incluso a elevarse, producto de las bajas tasas de interés que han aprovechado los consumidores para refinanciar sus hipotecas.
En el caso más regional, en el último tiempo, particularmente en la última semana, el deterioro visible de la economía argentina parece estar encaminándose hacia una situación más predecible al haber las autoridades de dicho país establecido ya una forma de atacar el problema del sobreendeudamiento sobre la vía de los canjes de deuda interna y externa.
Pero quizás lo más importante para nosotros es que los mercados parecen estar diferenciando muy notablemente a la economía chilena, ya desde la colocación exitosa de nuestro bono soberano y más claramente en el último tiempo. Aún más, la situación acaecida en la economía argentina parece estar ya plenamente internalizada por los mercados, y es así como en días recientes tanto Brasil como Chile parecen crecientemente desvinculados de la situación argentina, produciéndose un aliviamiento de las tasas de interés y un relativo fortalecimiento de sus monedas.
En la actualidad, es extraordinariamente temerario hacer proyecciones sobre qué va a ocurrir en definitiva con la economía internacional en el futuro más cercano. Pero todo parece indicar que la conjunción de las reducidas tasas de interés junto al muy considerable paquete económico fiscal que ha sido implementado por la Administración Bush, estarían condicionando -por lo menos, ésa es la proyección de consenso- una recuperación de la economía norteamericana ya a partir del primer trimestre de 2002.
Sin duda alguna, uno de los temas que más nos preocupa es la extrema debilidad que se ha producido en el precio del cobre, que ha llegado nuevamente a marcar los números más bajos conocidos en términos reales en la historia.
No obstante, no hay que sobrerreaccionar respecto a este punto, por cuanto se sabe que hoy día, en los mercados financieros más desarrollados, el cobre también constituye un activo sobre el que los portafolios de los agentes financieros deciden si tomar o no posiciones. Y la extrema debilidad del precio del cobre, más que fundamentado en datos muy lentos de su demanda, se encuentra más influido por agentes financieros que deshacen posiciones en cobre al ser éste un activo cuyo precio va a estar muy fuertemente ligado a la recuperación de economías, particularmente las asiáticas, cuyo margen de incertidumbre es muy grande. Es decir, constituye un activo muy riesgoso y, en momentos en que el premio por riesgo ha crecido mucho, esto ha deprimido el precio del metal rojo.
No hay duda de que las proyecciones de corto y mediano plazos de nuestra economía dependerán de cómo se desenvuelva en definitiva la conjunción de factores a los que he hecho alusión. Aunque es claro también que, hacia un plazo más mediano, será nuestra capacidad de llevar adelante reformas estructurales la que finalmente determinará nuestro crecimiento, y no tanto la macroeconomía internacional.
Todos estos elementos resultan centrales a la hora de considerar nuestro Presupuesto. Ha habido un debate muy importante en la comunidad internacional respecto de cuál debe ser la reacción de política de los distintos Estados frente a esta coyuntura de marcada desaceleración.
En particular, la revista "The Economist"(de gran prestigio y claramente considerada conservadora en materia económica) ha destacado las declaraciones de muchos líderes de economías industriales, llamando a que aquellos países que tienen solvencia y credibilidad y una situación fiscal asentada contribuyan, mediante paquetes estimulativos, a desarrollar sus economías y a evitar la desaceleración mundial.
En palabras del Presidente Bush , debe haber paquetes fiscales reactivadores cuyo único límite se halla planteado por cuál sea la reacción de las curvas de interés, en particular las tasas de interés de largo plazo.
Frente a tal coyuntura, hemos continuado desarrollando nuestra política fiscal, y en particular este Presupuesto, conforme al marco de presupuesto estructural que trazamos al inicio de la Administración del Presidente Lagos.
Todo ello nos provee un marco creíble de mediano plazo, como, por lo demás, es claramente atestiguado por lo que ha estado ocurriendo con el spread soberano del bono emergente, donde los financistas internacionales no tienen duda alguna sobre la solvencia intertemporal de nuestra economía y, más aún, respecto a lo que ha estado ocurriendo con las tasas de interés de largo plazo, que como Sus Señorías sabrán, ya en 4,7 por ciento han llegado al nivel más bajo en nuestra historia económica.
Así, plantear un Presupuesto con base estructural, que significa aplicar una política fiscal marcadamente contracíclica, no sólo es considerado lo adecuado por los principales economistas del mundo, sino también es claramente la votación que hacen los mercados a través tanto del bono soberano como de las tasas de interés.
Se ha señalado que habría alguna duda sobre si un presupuesto de carácter más expansivo o contracíclico pudiera estar restando espacios al sector privado. Cuando las tasas de interés de largo plazo bajan, el mercado está votando en contra de esa teoría. Es exactamente lo que eso significa.
Más aún, por definición, un Presupuesto basado en características estructurales, lo que hace es acomodar demanda pública cuando no hay demanda privada; al contrario, al ser robusta, limita el crecimiento del gasto total sobre la base de un incremento del gasto público más moderado que el privado. O sea, por definición, no desplaza, sino que reemplaza gasto privado.
En tal sentido, nos parece que claramente estamos presentando un marco responsable, adecuado, contracíclico, que se inscribe en lo más moderno de la forma de manejar las finanzas públicas que actualmente se conoce.
Podríamos preguntarnos, como hace el Senador señor Prat, qué ocurre si en definitiva los supuestos sobre los que se basa el Presupuesto son demasiado optimistas. Cuando el marco de mediano plazo es claro, no tiende a haber problemas de financiamiento. Eso lo saben muy bien las empresas que se financian con bancos privados.
El proyecto de Presupuestos se elaboró dentro de un marco enteramente transparente, en el cual se fijan los márgenes del gasto, que se basan en el precio de mediano plazo del cobre y el crecimiento potencial de la economía. Hemos avanzado en esa materia y nos parece claro que a estas alturas debemos estar completamente disponibles para que sea una comisión externa al Gobierno, con integrantes del sector privado y enteramente independientes de intereses políticos, la que fije los parámetros de precio del cobre y crecimiento potencial de la economía. Por lo tanto, si dicho organismo revisa los supuestos sobre precio del cobre, como ya se hizo en el pasado reciente, o del crecimiento de la economía en el mediano plazo, lo que corresponde es ajustar el gasto público. En ausencia de un cambio sobre estos parámetros de largo plazo, ello no corresponde, y hacerlo sería caer, lamentablemente, en un Presupuesto que sólo contribuiría a agravar la situación económica.
No obstante, aun en el caso de un escenario cercano al más pesimista que hemos planteado, esto es, un crecimiento que bordea el 3,5 por ciento y un precio del cobre de alrededor de 70 centavos de dólar la libra, el Presupuesto se encuentra plenamente financiado. Él daría lugar a un déficit fiscal de sólo 0,6 por ciento del Producto, que se financia enteramente con los empréstitos externos ya implícitos en el Presupuesto, particularmente los del Banco Interamericano de Desarrollo y los saldos de caja. Por lo tanto, no se necesita tomar un peso adicional de deuda para financiarlo, aunque las circunstancias sean las más pesimistas posibles.
Para terminar, deseo decir que, en cuanto al contenido, se ha hecho un esfuerzo de reingeniería muy fuerte para que el Presupuesto sea lo más reactivador posible, y con la fiscalización más adecuada, para proteger a los sectores más vulnerables. En tal sentido, reitero que hemos hecho una muy profunda reingeniería de los gastos corrientes, los cuales, independientemente de los ya legislados, se elevan sólo en 2 por ciento, mientras la inversión pública, que es complementaria y no sustitutiva de la privada, se eleva en 11 por ciento.
Lo anterior es sustancial a la hora de abordar derechamente el tema del empleo. El proyecto de Presupuestos , mediante su generoso programa de inversiones, incorpora en promedio 90 mil puestos de trabajo más que el del año 2000. Además, se ha estructurado nuevamente un fondo de contingencia, que permitirá, en los momentos más difíciles del empleo durante el próximo año, elevar hasta 150 mil los cupos adicionales.
Aún más, se han solicitado, por única vez, modalidades de flexibilidad de reasignación presupuestaria, que permitirían, en la eventualidad de que aun con estos 90 mil empleos, más el fondo de contingencia, que podría ampliarlos a 150 mil, si la situación del desempleo tendiera a agravarse en relación con los índices de este año, hacer reasignaciones y llevar la cifra de empleo público por arriba del esfuerzo realizado este año.
Es así como mediante empleos productivos, con el esfuerzo de inversión pública y una eficiente e imaginativa reingeniería de los gastos, podremos no sólo asegurar un impacto contracíclico, sino también proteger, en la medida de las fuerzas del sector estatal, la situación del empleo, que es tan importante para la familia chilena.
Se ha discutido abundantemente acerca de los importantes esfuerzos e innovaciones que se hacen en materia de salud, educación y vivienda, tendientes, por un lado, a fortalecer la demanda agregada y el empleo, y por otro, a proteger a los sectores que producto de la situación económica más lenta puedan estar particularmente desguarnecidos.
Por último, este Presupuesto se elaboró con una mirada de mediano plazo, y se hacen esfuerzos importantes, tanto en el articulado como en los protocolos suscritos, para mejorar aspectos que son deseables en materia de transparencia, eficiencia y un marco más claro de compromiso de políticas que emanan de él.
Señor Presidente , de haber disposición en la Sala, solicito que el Director de Presupuestos pueda hacer uso de la palabra brevemente para ilustrar a los señores Senadores acerca de los últimos tres aspectos señalados.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Faltan cuatro minutos para el término de la sesión. Si el señor Director de Presupuestos cree posible avanzar contundentemente en ese lapso, puede hacerlo ahora, o si lo prefiere; en la sesión citada para las 16.
Por de pronto, no hay inconveniente para que haga uso de la palabra de inmediato.
Señor Presidente , quiero dejar constancia de que estoy inscrito para intervenir, pero lo haré esta tarde, para no interrumpir mi intervención.
Así es, está en primer lugar, señor Senador.
Yo también me inscribí, señor Presidente.
Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos.
El señor MARCEL ( Director de Presupuestos ).-
Señor Presidente , para ajustarme al tiempo, en materias relacionadas con eficiencia y austeridad del gasto hay poco que agregar a lo señalado por el señor Ministro. Y en cualquier caso existe una serie de antecedentes sobre la materia, que están incluidos en la exposición sobre aspectos macroeconómicos del proyecto presentado en la Primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, el 9 de octubre pasado, y que se distribuyó a los señores Parlamentarios. De tal manera que bastaría remitirse a los antecedentes allí indicados.
Quiero concentrarme nada más en cómo en el sistema presupuestario hemos ido avanzando en materia de control de gestión. A lo largo del tiempo hemos ido concordando con el Congreso una serie de iniciativas que hoy día se han transformado propiamente en un sistema de control de gestión ligado al Presupuesto, constituido fundamentalmente por cinco componentes: primero, indicadores de desempeño en el sector público; segundo, evaluación de programas públicos; tercero, balances de gestión integral, que se publican anualmente; cuarto, programas de mejoramiento de gestión que suscribe cada Ministerio y servicio público, y quinto, el sistema de asignación de recursos incrementales en el Presupuesto a través del fondo común concursable.
Respecto de cada uno de estos cinco componentes, se puede señalar, en primer lugar, que tanto los indicadores de desempeño en el sector público, cuanto la información entregada a los señores Parlamentarios, en total abarcan más de 500 indicadores de gestión, distribuidos en alrededor de 70 u 80 servicios públicos.
En segundo término, en lo que se refiere a la evaluación de programas, hemos acordado año tras año continuar con este sistema, iniciado en 1997, que nos ha permitido a estas alturas contar con la evaluación de 120 programas públicos.
En lo relativo a balances de gestión integral, hace pocos días el Presidente de la SOFOFA emitió declaraciones acerca de la necesidad de que el sector público hiciera balances. En verdad, los venimos haciendo desde 1997 y se entregan al Congreso por cada uno de los servicios públicos y Ministerios, abarcando no sólo su ejecución presupuestaria, sino también lo que han venido haciendo en el cumplimiento de sus propios compromisos programáticos, avances en materia de indicadores de gestión, etcétera.
Respecto de los programas de mejoramiento de gestión, ellos se originaron en una ley aprobada en 1998, que permite ir fijando cada año metas de avance en el desarrollo de sistemas administrativos en los servicios públicos, las cuales van ligadas a una bonificación que se paga a los funcionarios.
Y por último, respecto del mecanismo de asignaciones a través del Fondo Común Concursable, lo que hacemos es someter todas las iniciativas incrementales formuladas en la preparación del Presupuesto a un análisis sobre la base de una presentación en el formato de Marco Lógico -metodología reconocida internacionalmente para el análisis de programas públicos-, lo cual sirve de fundamento para decidir la determinación de los recursos correspondientes.
Ese conjunto de instrumentos, señor Presidente , constituye hoy día el sistema de control de gestión ligado al Presupuesto más desarrollado existente en América Latina. Y creemos que será ratificado en virtud de estudios que se están efectuando.
Nos hemos sometido voluntariamente a un análisis de transparencia fiscal, siguiendo las normas establecidas al efecto por el Fondo Monetario Internacional. En este momento se lleva a cabo un estudio sobre analítica y se están comparando los sistemas de transparencia fiscal en distintos países, incluidos algunos de Latinoamérica. Nosotros participamos en las discusiones y exámenes de los principios de transparencia fiscal de la OECD. Y estimo que todos debemos enorgullecernos de ello, porque es algo que hemos construido con los Parlamentarios mediante los acuerdos desarrollados a lo largo del tiempo.
No se trata, señor Presidente , de algo que guardamos en nuestras oficinas o en los computadores. Toda la información sobre el particular es entregada en el transcurso del año al Congreso Nacional, particularmente a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados. Cuando hay información más agregada, se pone a disposición del público en general por intermedio de la página web de la Dirección de Presupuestos.
Por tanto, invito a los Parlamentarios, a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía a consultar dicha información. En mi concepto, es algo que vale la pena destacar en esta etapa, cuando estamos discutiendo un nuevo Presupuesto y asumiendo nuevos compromisos sobre la profundización del sistema en el futuro.
El señor Secretario dará cuenta de dos asuntos.
Ha llegado a la Mesa un informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regulariza la posesión y ocupación de inmuebles fiscales en la forma que indica.
Asimismo, se recibió un certificado que acredita que el informe de la Comisión de Hacienda recaído en la misma iniciativa se dará en forma verbal.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , solicito que, de ser posible, el proyecto de que se acaba de dar cuenta se trate en la sesión de esta tarde, pues requiere quórum simple de aprobación.
Su Señoría podrá formular esa petición en la reunión de Comités que celebraremos luego.
El señor FOXLEY.-
Pero que no se trate antes del proyecto de Ley de Presupuestos.
Hago presente que se encuentran inscritos para intervenir durante la sesión de esta tarde los Senadores señores Martínez, Parra, Sabag, Horvath y Bitar, en ese orden.
Señor Presidente , hace mucho rato que solicité intervenir. Lo hice casi junto con el Senador señor Prat.
Su Señoría será incorporada en la lista de oradores, en el lugar que corresponda.
--Se levantó a las 14:3.

References: artículo 62
 artículo 36
 artículo 161
 artículo 8
 artículo 127
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 60
 artículo 6
 artículo 19
 artículo 3