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Timestamp: 2016-08-26 20:00:26+00:00

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El deber de la memoria: imprescindible para superar la crisis de dere…
El deber de la memoria: imprescindible para superar la crisis de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia 2004
Acabar olvido
by Fedegan
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Orga n iza c ión n o gu b e r n a m e n t a l con s t a t u s c on s u ltivo a n t e la O NU Filial de la Comisión Andina de Juristas (Lima) y de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) El deber de la memoria:imprescindible para superar la crisis de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia 2004 ___________________________________________________________________ Personería jurídica: resolución 1060, Agosto de 1988, Alcaldía Mayor de Bogotá Calle 72 n.° 12- 65 Piso 7 Tel: (571) 3768200 – 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Apartado Aéreo 58533, Bogotá, Colombia 2.
El deber de la memoria: imprescindible para superar la crisis de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia 2005 (Informe sobre el año 2004)Introducción 1. Panorama general de violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario (enero a junio de 2004) 1.1. Derecho a la vida 1.1.1. Panorama estadístico 1.1.2. Persecución contra las comunidades del Jiguamiandó y Curbaradó (Chocó): un caso ilustrativo 1.2. Derecho a la integridad personal 1.3. Derecho a la libertad 1.3.1. Detenciones arbitrarias 1.3.2. Secuestros 1.4. Violación múltiple a los derechos humanos: el desplazamiento forzado 2. Institucionalización del paramilitarismo 2.1. Permanencia de la comisión de los crímenes 2.2. Fortalecimiento de los nexos entre la fuerza pública y los grupos paramilitares: el Plan Patriota 2.3. Continúan los programas que permiten el empleo de civiles y ex combatientes en tareas de apoyo a la fuerza pública 2.4. Creación de un marco jurídico para la consolidación del paramilitarismo y la impunidad de los crímenes cometidos 2.5. Seguimiento judicial a violaciones al derecho a la vida cometidas por los grupos paramilitares 2.5.1. Estado general de las investigaciones en los departamentos de Antioquia y del Tolima 2.5.2. Las investigaciones archivadas: un permanente síntoma de impunidad 2 3.
2.5.3. El proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos (ley 906 de 2004): adiós a las investigaciones archivadas3. Grupos guerrilleros y conflicto armado 3.1. Requisitos para la definición del conflicto armado y para la aplicación del derecho humanitario 3.2. Persistencia del conflicto armado 3.3. Permanencia de las infracciones al derecho humanitario cometidas por grupos guerrilleros4. Algunos factores de exclusión social y política 4.1. Pobreza y concentración del ingreso y de la tierra 4.2. Concentración de tierras y desplazamiento forzado 4.3. Despojo de la tierra y violación a derechos humanos: el caso de la comunidad de Jiguamiandó y Curbaradó (Chocó) 4.4. Precariedad en la garantía del derecho a la alimentación 4.4.1. Población desplazada en el dilema entre aguantar hambre o retornar sin condiciones de dignidad y de seguridad 4.4.2. El control del abastecimiento utilizado como método de represión contra la población civil 4.5. Fumigaciones aéreas y violaciones a los derechos de pobladores rurales 4.6. Graves violaciones al derecho a la libertad sindical 4.6.1. Políticas o legislaciones que atentan contra la libertad sindical 4.6.2. Persecución contra el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali): el caso de la “Operación Dragón” 4.7. Ausencia de garantía del derecho a la educación 4.7.1. Medidas en contra del principio de universalidad y gratuidad 4.7.2. No se garantiza el disfrute del derecho a la educación a las niñas y los niños desplazados5. Conclusiones6. Recomendaciones 3 4.
Anexos:Cómo procesa su información la Comisión Colombiana de JuristasCuadro 1 Derecho a la vidaCuadro 2 Toma de rehenes y secuestros 4 5.
Introducción “La luna, cubierta hasta entonces por una nube, se despejó, iluminando el grupo compuesto de las dos mujeres sentadas en el quicio de la puerta y los niños agazapados en contorno de la madre. Los perros, después de haber husmeado en varias direcciones, se precipitaron por el camino del platanar, y al cabo de un instante se les oyó ladrar, poco después a los ladridos sucedió un aullido lastimoso y prolongado” 1.Este documento está inspirado en el derecho de saber, más allá del derecho individual quetienen todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos a saber y entender lo quépasó, por qué y por quién fueron atacadas. Está pensado para aportar a un justo reclamo delderecho colectivo que tienen todas las colombianas y colombianos a conocer su historiapara evitar que las violaciones se sigan reproduciendo.Entre enero y junio de 2004, más de siete personas murieron o fueron desaparecidas fuerade combate por motivos sociopolíticos cada día en promedio, es decir, en la calle, en sucasa, o en su lugar de trabajo. Además, cada día murieron en promedio más de seispersonas en enfrentamientos entre grupos combatientes incluyendo civiles víctimas delfuego cruzado. En total, más de trece personas murieron en Colombia cada día a causa de laviolencia sociopolítica.En el capítulo primero de este informe puede verse que en cuanto a las violaciones alderecho a la vida cometidas por fuera de combate, en las cuales se conoce el presunto autorgenérico, más del 73% de los casos se atribuyó al Estado: por perpetración directa deagentes estatales, más del 17%; por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a lasviolaciones perpetradas por grupos paramilitares, casi el 56%. A las guerrillas se lesatribuyó la presunta autoría de más del 26% de los casos. Es preocupante que, mientras seregistró una disminución del número de homicidios y desapariciones perpetrados por losgrupos paramilitares y guerrilleros, continuó aumentando el número de esas violacionesatribuidas directamente a la Fuerza Pública. Durante el primer semestre de 2004 se duplicóel número de violaciones al derecho a la vida directamente perpetradas por agentes estatalespor fuera de combate (139 en el semestre), en comparación con el número de violacionesregistradas en el anterior Gobierno (60 por semestre, en promedio). Dentro de ese gravecontexto de violencia sociopolítica, una mujer murió cada día en Colombia.El aumento del número de personas forzadamente desplazadas continúa siendo una de lasconsecuencias dramáticas de las violaciones de derechos humanos e infracciones al derechohumanitario. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento(Codhes), durante el año 2004 el número de personas desplazadas aumentó en casi 300.000víctimas (287.581). Además de los asesinatos, desapariciones forzadas y amenazas, otrascausas del incremento en el 2004 fueron la intensificación de los enfrentamientos armadosy las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario que han1 Soledad Acosta de Samper, “El crimen”, en Luz Mary Giraldo (compiladora), Ellas cuentan, Bogotá, Editorial Seix Barral, 1998, pág.68. 5 6.
acompañando los operativos militares. A pesar de esta trágica realidad, el Gobierno no haadoptado las medidas ordenadas por la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004para superar el estado de cosas inconstitucional que constituye el desplazamiento forzado.El Gobierno les ha dado un creciente e incondicional respaldo político, jurídico yeconómico a los grupos paramilitares. El proceso de negociaciones que se inicióformalmente el 1° de diciembre de 2002 ha desconocido el funesto papel que han jugadolos grupos paramilitares en el país, sus orígenes, su historia. Las vidas de miles de personasse han extinguido o han quedado profundamente marcadas por los actos cometidos por losgrupos paramilitares en el país, que han servido a la vez para mantener diversas formas deexclusión económica, social y política, entre ellas niveles alarmantes de concentración de latierra. La conciencia de la sociedad colombiana ha quedado lesionada y se sigue lesionandoa diario por la comisión de crímenes que no han sido nunca debidamente investigados nisancionados por parte del Estado y que hoy se pretenden olvidar del todo.Este proceso de negociaciones no se ajusta a las obligaciones del Estado en materia dederechos humanos, es superficial y por lo tanto resulta difícil creer que conducirá en algúnmomento a la paz. Entre las razones que permiten hacer esta afirmación puedenmencionarse las siguientes: a) Los grupos paramilitares siguen cometiendo violaciones alos derechos humanos y al derecho humanitario. Desde el 1° de diciembre de 2002 y hastael 31 de diciembre de 2004, los grupos paramilitares han asesinado o desaparecido a por lomenos 2.241 personas por fuera de combate. Hasta ahora el Gobierno no ha emprendidoninguna acción seria con el fin de hacer efectivo el acuerdo de cese de hostilidadescelebrado con estos grupos; b) Los nexos entre los grupos paramilitares y la Fuerza Públicase han fortalecido; c) El Estado colombiano ha tenido una indiscutible responsabilidad en laconformación y desarrollo de los grupos paramilitares a través de su historia, la cual ha sidoreconocida por diversas instancias internacionales de protección a los derechos humanos,entre ellas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una importante sentenciaen el caso conocido como la masacre de 19 comerciantes (emitida el 5 de julio de 2004).No obstante, y lejos de enfrentar este problema, el Gobierno colombiano ha dadocontinuidad a los programas que permiten la reedición de los grupos paramilitares.Además de lo anterior, no existe, hasta el momento, un marco legal integral que garanticelos derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación. Por elcontrario, la aplicación del régimen vigente a las desmovilizaciones masivas que han tenidoocasión desde finales del año 2003 ha permitido resolver la situación jurídica de la granmayoría de combatientes desmovilizados sin que se realicen procesos judiciales dirigidos ainvestigar y juzgar a los responsables de crímenes atroces, esclarecer la verdad de losucedido y garantizar la reparación de las víctimas.Las anteriores preocupaciones, descritas detalladamente en el segundo capítulo de esteanálisis, han sido expresadas previamente por la Comisión Interamericana de DerechosHumanos (CIDH), a partir de una visita a Colombia, que realizó en el mes de julio de 2004,y plasmadas en su Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia(OEA/Ser.L/V/II.120 Doc.60, 13 de diciembre de 2004). El presente estudio advierte que elEstado colombiano no ha hecho suyos los motivos de preocupación de la CIDH y, enconsecuencia, no ha dado pasos hacia la armonización del proceso de negociaciones que 6 7.
adelanta con los grupos paramilitares con los estándares internacionales relativos a losderechos de las víctimas y con los presupuestos básicos de la democracia. Por consiguiente,este informe pretende, entre otros aspectos, alertar a la comunidad nacional e internacionalsobre las reales consecuencias del proceso de conversaciones con los grupos paramilitares,en términos de impunidad y desconocimiento de los derechos de las víctimas.Para el período que cubre este informe se identificó también como un grave problema elhecho de que, mientras todos los grupos combatientes (Fuerza Pública, grupos paramilitaresy grupos guerrilleros) continúan cometiendo infracciones al derecho humanitario, elGobierno ha negado de manera insistente la existencia de un conflicto armado en el país.Este planteamiento gubernamental desconoce y ampara el desconocimiento de la aplicacióndel derecho humanitario. Por consiguiente, el capítulo tercero está destinado a aportaralgunos elementos para demostrar que en el país existe un conflicto armado interno y quelos requisitos de aplicación del derecho humanitario se cumplen ampliamente. Talesrequisitos se revisan básicamente a partir del carácter y la estructura militar de los gruposguerrilleros alzados en armas contra el Estado colombiano. Adicionalmente, se presenta unpanorama de las infracciones al derecho humanitario cometidas por los grupos guerrilleros.En dicho capítulo tercero quedan expuestas las diversas formas como los gruposguerrilleros han vulnerado las normas humanitarias cometiendo, entre otras infracciones,ejecuciones individualizadas, masacres, secuestros (los grupos guerrilleros fueron lospresuntos autores del secuestro de por lo menos 441 personas, entre enero y diciembre de2004). Se ilustra también la permanencia del uso de armas prohibidas y de medios ymétodos indiscriminados y, por eso, prohibidos por el derecho humanitario.El informe contiene la propuesta de abordar las raíces de la crisis de derechos humanospara hacerle frente. Por consiguiente, en el capítulo cuarto se abordan algunas expresionesde dichas raíces, tales como la pobreza y la concentración del ingreso (según el últimoinforme de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] Colombiapresenta un coeficiente de concentración de ingresos [Gini] para el año 2002 de 0,575); laconcentración de las tierras en pocas manos y la utilización del desplazamiento forzadocomo método para despojar de sus tierras a miles de familias campesinas, pueblosindígenas y comunidades afrocolombianas; las graves violaciones al derecho a la libertadsindical; y el lamentable hecho de que en el país aún no se garantiza la educación primariauniversal y gratuita, ni siquiera a las poblaciones más vulnerables como son las niñas y losniños desplazados. La recomendación que surge de este análisis es que deben tomarse todaslas medidas tendientes a garantizar un orden político, económico y social justo, tal y comolo establece desde su preámbulo la Constitución Política. El deber de garantizar un ordenjusto en un Estado social de derecho implica la obligación estatal de corregir las estructurasde poder surgidas de los abusos y de acciones que ofenden la dignidad humana.La situación de derechos humanos y derecho humanitario continúa siendo muy crítica.Nuevas víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario se siguensumando a la deplorable historia de la nación en esta materia. La pretensión gubernamentalde que la sociedad ignore los crímenes del pasado, e incluso los del presente, lejos de ser lapuerta de entrada a la paz, es el camino más cierto hacia la destrucción de fundamentalesbases democráticas. La comunidad internacional debe aumentar su atención sobre 7 8.
Colombia y exigir que el Estado enfoque sus esfuerzos en superar esta crisis de derechoshumanos; en garantizar a toda la población colombiana el disfrute de los derechos civiles,políticos, económicos, sociales y culturales; y en darle una salida negociada, pero basada enel respeto por los derechos humanos, a un conflicto armado interno que indudablementeexiste. 8 9.
1. Panorama general de violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario (enero a junio de 2004) En este capítulo se muestra, a través de un panorama estadístico apoyado en casos ilustrativos, que la situación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad continúa siendo muy crítica. Ese estado crítico tiene sus más graves expresiones en las ejecuciones extrajudiciales y homicidios políticos, las desapariciones forzadas, los homicidios contra personas socialmente marginadas, las torturas, las violaciones sexuales, las detenciones arbitrarias y los desplazamientos forzados. Violaciones en su mayoría, como se sustentará más adelante, cometidas bajo la responsabilidad del Estado, porque o son perpetradas directamente por sus agentes o han sido cometidas por grupos paramilitares que actúan bajo la tolerancia o en connivencia con la Fuerza Pública. Gran parte de dichos ataques han sido perpetrados contra personas que asumieron algún liderazgo social o político, han pretendido defender los derechos de su comunidad, o se han atrevido a expresar sus ideas en un Estado profundamente excluyente. También forman parte de este cuadro de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil los crímenes cometidos por los grupos guerrilleros, entre ellos los secuestros. La responsabilidad de cerca del 77% de los secuestros cometidos por los grupos combatientes se atribuye a los grupos guerrilleros. En lo que respecta a la actuación estatal frente a sus obligaciones en materia de los derechos citados, se tienen como principales preocupaciones, por ser agravantes de la situación: el aumento de las violaciones al derecho a la vida atribuidas directamente a quien tiene la función constitucional de cuidarla, es decir a la Fuerza Pública; el hecho de que los grupos paramilitares continúen siendo los mayores violadores al derecho a la vida aun en medio de las negociaciones con el Gobierno y a pesar de las promesas de cesar los ataques contra la población civil; el hecho de que, como parte de la política gubernamental, se militaricen los territorios y lugares de vida de la gente y se emprendan persecuciones contra comunidades que han pretendido construir “Zonas humanitarias de refugio”; los atropellos contra el derecho a la justicia a través de las graves violaciones al debido proceso y en particular al principio de la presunción de inocencia, cometidas en forma recurrente para atacar la labor de defensa a los derechos humanos; y las actuaciones contrarias a las órdenes de la Corte Constitucional en materia de desplazamiento forzado. En este capítulo no se pretende hacer memoria con respecto a crímenes anteriores al período en estudio, porque esa tarea se ha venido cumpliendo año tras año. Se busca evidenciar el crítico estado actual de una situación que agobia la conciencia de la nación justamente porque es estructural y se ha extendido en el tiempo afectando generaciones enteras.2 Soledad Acosta de Samper, El Crimen, en, Ellas cuentan, Compiladora Luz Mary Giraldo, Editorial Seix Barral, Bogotá, 1998, pág. 68. 10 11.
1.1. Derecho a la vidaFue allí, según me precisó mi madre aquel día, donde el ejército había matado en 1928 un número nunca establecido de jornaleros del banano. Yo conocía el episodio como si lo hubiera vivido, después de haberlo oído contado y mil veces repetido por mi abuelo desde que tuve memoria: el militar leyendo el decreto por el que los peones en huelga fueron declarados una partida de malhechores; los tres mil hombres, mujeres y niños inmóvilesbajo el sol bárbaro después que el oficial les dio un plazo de cinco minutos para evacuar la plaza; la orden de fuego, el tableteo de las ráfagas de escupitajos incandescentes, lamuchedumbre acorralada por el pánico mientras la iban disminuyendo palmo a palmo con las tijeras metódicas e insaciables de la metralla3.Este apartado presenta un balance de la situación del derecho a la vida en Colombia durante2004. En materia estadística el informe cubre el período correspondiente al primer semestrede ese año. No se incluye información completa sobre el año 2004, porque hasta la fecha laComisión Colombiana de Juristas no cuenta con todas las fuentes necesarias paraconsolidar los datos correspondientes a dicho período. Sin embargo, se ilustra la situacióncon casos ocurridos durante el segundo semestre de 2004. La primera parte demuestra queen Colombia se siguen cometiendo graves violaciones al derecho a la vida por parte detodos los actores armados, particularmente por parte de los grupos paramilitares, a pesar dehaberse comprometido a cesar todo ataque contra la población civil desde diciembre de2002.La segunda parte de este acápite ilustra a través del caso de las comunidades delJiguamiandó y Curbaradó la grave situación de derechos humanos que vive el país. Estascomunidades han sido víctimas de ataques sistemáticos contra sus derechos humanos desde1997, cuando decidieron organizarse para resistir a la guerra y para defender su derecho a latierra.1.1.1. Panorama estadísticoEntre enero y junio de 2004, 2.512 personas perdieron la vida en Colombia a causa de laviolencia sociopolítica4. De ellas, 1.356 fueron muertas o desaparecidas por fuera decombate, es decir, en su casa, en la calle o en su lugar de trabajo: 1.107 fueron víctimas dehomicidios políticos o ejecuciones extrajudiciales, 182 fueron desaparecidas y 67 murierona causa de la violencia contra personas socialmente marginadas5. Durante los primeros seismeses del año 2004, 1.156 personas perdieron la vida en medio de combates; de ellas, 733 Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, Bogotá, Editorial Norma S.A., octubre de 2002, págs 22 y 23.4 Por violencia sociopolítica se entienden los hechos que configuran atentados contra la vida, la integridad y la libertad personalproducidos por abuso de autoridad de agentes del Estado, los originados en motivaciones políticas, los derivados de la discriminaciónhacia personas socialmente marginadas, o los causados por el conflicto armado interno.5 Son consideradas personas socialmente marginadas los indigentes, niñas y niños de la calle, mendigos, vendedoras y vendedoresambulantes, trabajadoras y trabajadores sexuales, homosexuales dedicados a la prostitución, drogadictos, personas con antecedentespenales o presuntos delincuentes. 11 12.
eran personas civiles que murieron en medio del fuego cruzado entre combatientes6. Estasestadísticas significan que, entre enero y junio de 2004, más de 13 personas murieron cadadía en Colombia a causa de la violencia sociopolítica.En cuanto a las violaciones al derecho a la vida cometidas por fuera de combate entre eneroy junio de 2004, en las cuales se conoce el presunto autor genérico, el 73,23% de lasmuertes se atribuyó al Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 17,31% (139víctimas); por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas porgrupos paramilitares, el 55,92% (449 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la presuntaautoría del 26,77% de los casos (215 víctimas) (ver cuadro 1, col. 4).Del total de muertes registradas durante este período, 179 eran mujeres7. Es decir que entreenero y junio de 2004, una mujer murió cada día en Colombia a causa de la violenciasociopolítica. De ellas, 153 fueron muertas o desaparecidas forzadamente por fuera decombate, es decir, en su casa, en la calle o en su lugar de trabajo: 121 fueron víctimas dehomicidios políticos o ejecuciones extrajudiciales, 25 fueron desaparecidas y 7 murieron acausa de la violencia contra personas socialmente marginadas. En medio de combates, 26mujeres más perdieron la vida.Durante el primer semestre de 2003 por lo menos 3.923 personas perdieron la vida enColombia a causa de la violencia sociopolítica. Del total de casos registrados en eseperíodo, el 57,38% de las muertes o desapariciones forzadas ocurrieron por fuera decombate (2.251 víctimas). En comparación con lo ocurrido durante los primeros seis mesesde 2004, se observa una reducción del número total de víctimas de violencia sociopolítica.Sin embargo, la proporción de víctimas muertas por fuera de combate en cada año essimilar: entre enero y junio de 2004, el 53,98% de las víctimas fueron asesinadas odesaparecidas forzadamente por fuera de combate.En relación con el primer semestre de 2004, excepto en el caso de las violacionespresuntamente cometidas por agentes estatales, se registró una disminución del número deviolaciones al derecho a la vida cometidas por los demás grupos de perpetradores. Entreenero y junio de 2003 los grupos guerrilleros fueron los presuntos autores de por lo menos327 de las muertes y desapariciones forzadas ocurridas por fuera de combate. En el mismoperíodo de 2004 a las guerrillas se les atribuyó la presunta autoría de 215 de los casosregistrados por fuera de combate (ver cuadro 1, col. 4, fila C).En cuanto a los grupos paramilitares, entre enero y junio de 2004, por lo menos 449personas fueron asesinadas o desaparecidas por fuera de combate por estos grupos,mientras que en el mismo período de 2003 lo fueron al menos 752 personas. A pesar de estareducción, los paramilitares continúan siendo los mayores violadores del derecho a la vida6 El presente informe da cuenta también de las muertes en combate. Las muertes en combate no se consideran en sí violaciones dederechos humanos o de derecho humanitario. Tampoco son necesariamente un delito las causadas por agentes estatales. Sin embargo,hacen parte de las muertes causadas por motivos políticos. También hacen parte de la crisis humanitaria que vive el país. Se trata de lapérdida de valiosas vidas de agentes estatales, guerrilleros, paramilitares y civiles (víctimas de fuego cruzado), muchos de ellos jóvenescampesinos, que un estudio completo sobre derechos humanos no puede ignorar. Las muertes en combate son materia de seguimientoespecial en los informes que han rendido sobre sus visitas a Colombia órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(2º informe: cap. 7; 3er. informe: párr. 86-93 y 200-204) o el Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias oarbitrarias (informe de 1990: párr. 29 y cuadros VI y VII).7 El total de víctimas de sexo femenino incluye a las niñas y las jóvenes. 12 13.
en Colombia (ver cuadro 1, Col. 4, fila B). En diciembre de 2002 estos grupos secomprometieron con el Gobierno Nacional a cesar toda acción en contra de la poblacióncivil. Dicho compromiso fue ratificado el 15 de julio de 20038. Sin embargo, desde el 1° dediciembre de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2004, los grupos paramilitares hanasesinado o desaparecido a por lo menos 2.241 personas por fuera de combate. Hasta ahorael Gobierno no ha emprendido ninguna acción seria con el fin de hacer efectivo el acuerdode cese de hostilidades celebrado con los grupos paramilitares.También se registra una disminución del número de víctimas muertas por fuera de combateen las cuales se desconoce el presunto autor de los hechos. Entre enero y junio de 2003 seregistraron 271 casos en los cuales se presume que el autor es uno de los gruposcombatientes, sin que se pueda identificar cuál de ellos. En otros 776 casos no se tienenindicios sobre el presunto autor de los hechos. Durante el primer semestre de 2004 seconocieron por lo menos 200 casos de homicidio o desapariciones forzadas en los cuales sepresume que el autor es uno de los grupos combatientes. En otros 353 casos no se tienenindicios sobre el presunto autor de los hechos (ver cuadro 1, Col. 5, filas D y G).En contraste, llama la atención el continuo aumento del número de violaciones al derecho ala vida directamente atribuidas a la Fuerza Pública. Durante los primeros seis meses del año2004, a los agentes estatales se les atribuyó la presunta autoría de 139 de los casos deejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas registradas en dicho período. Entreenero y diciembre de 2003, los agentes estatales fueron los presuntos autores de por lomenos 184 de los casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas registradasen ese año (un promedio de 92 por semestre). Entre 1998 y 2002, el número de violacionesal derecho a la vida directamente atribuidas a agentes estatales se mantuvo alrededor de 120casos cada año (un promedio de 60 cada semestre). Esto significa que durante el primersemestre de 2004 se duplicó el número de violaciones al derecho a la vida directamenteperpetradas por agentes estatales, en comparación con el número de violaciones registradasen el anterior Gobierno.En muchos de estos casos la Fuerza Pública ha pretendido encubrir sus delitos reportandocomo combatientes muertos en combate a personas civiles que realmente habían sidoejecutadas extrajudicialmente. También ha buscado encubrir ejecuciones extrajudiciales depersonas civiles presentándolas en sus reportes como muertes ocurridas en medio del fuegocruzado por enfrentamientos con grupos guerrilleros. En otros casos, la Fuerza Pública haquerido justificar sus acciones presentándolas como “errores militares”, o como hechosaislados. Muchas de las víctimas de este tipo de violaciones son personas líderes sociales ysindicales, defensoras y defensores de derechos humanos o personas campesinas quehabitan en zonas controladas por los grupos guerrilleros.Para la Fuerza Pública son insurgentes no solo los combatientes miembros de gruposguerrilleros, sino también todas aquellas personas civiles que, por sus ideas políticas, ellosconsideran que pueden de alguna manera contribuir al fortalecimiento de las guerrillas. Porconsiguiente, las estrategias contrainsurgentes emprendidas por la Fuerza Pública han8 Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz de Colombia, 15 de julio de 2003, enhttp://www.presidencia.gov.co/ene/2003/julio/15/09152003.htm 13 14.
estado dirigidas a atacar no solo a los combatientes, sino también a la población civil. Deesta manera, organizaciones de la población civil que pretendan abrir espaciosdemocráticos de discusión política, controvertir las políticas gubernamentales, o buscartransformaciones dentro del sistema político nacional, son estigmatizadas y pueden verseatacadas.1.1.2. Persecución contra las comunidades del Jiguamiandó y Curbaradó (Chocó): un caso ilustrativoLas comunidades del Jiguamiandó y Curbaradó están conformadas por aproximadamente515 familias afrodescendientes organizadas en torno al Consejo Comunitario delJiguamiandó. El territorio en el que habitan es de propiedad colectiva9 y se encuentraubicado en el municipio del Carmen del Darién (Chocó).Con el fin de defender y exigir sus derechos humanos, especialmente su derecho alterritorio y a la autonomía como población civil, los miembros de esas comunidades seorganizaron y asumieron una postura de no involucramiento en el conflicto armado.Construyeron una “Zonas Humanitarias de Refugio”, claramente delimitadas y demarcadas,en donde se ubican sus lugares de vivienda. Dentro de estas Zonas Humanitarias lascomunidades no permiten el paso de ningún grupo armado, incluyendo la Fuerza Pública.Esta iniciativa encuentra sustento en el artículo 22 de la Constitución Política que reconoceque la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y que puede interpretarsecomo el “derecho a vivir en una sociedad en la que no haya guerra y en la que se excluya laviolencia como medio de solución de los conflictos”10. En el mismo sentido, en suObservación General n°.6 el Comité de Derechos Humanos señala que “la cabal proteccióndel derecho a la vida, requiere, entre otras cosas, medidas destinadas a prevenir la guerra”11.Además, esta propuesta se basa en el derecho que, según el derecho humanitario, asiste alos civiles de protegerse y ser protegidos contra los efectos de los conflictos armados.A pesar de que el Estado colombiano ha reconocido formalmente el derecho de estascomunidades sobre el territorio, sus miembros son víctimas de ataques masivos ysistemáticos contra la vida, la libertad y la integridad, y de desplazamientos forzadosperpetrados directamente por miembros de la Fuerza Pública o por grupos paramilitares queactúan con su omisión, tolerancia o aquiescencia. En algunos casos los grupos guerrillerostambién han atacado a estas comunidades. Las violaciones a los derechos humanos de lospobladores de las cuencas del Jiguamiandó y Curbaradó han generado desplazamientosforzados sucesivos desde octubre de 1996. El 2 de febrero de 2004, se produjo en lacomunidad de Nueva Esperanza una nueva incursión de grupos paramilitares, que provocóel séptimo desplazamiento forzado masivo de pobladores afrodescendientes.9 La titulación colectiva del territorio perteneciente a las comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó fue legalizada por el Estado el 21de mayo de 2001, conforme a la ley 70 de 1993. Esta ley brinda un marco normativo genérico para proteger el derecho a la propiedad y laidentidad cultural de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del Pacífico, incluyendo a las comunidades del Jiguamiandó y elCurbaradó. La ley establece que, una vez adjudicadas a una comunidad las tierras de uso colectivo, son “inalienables, imprescriptibles einembargables” (art. 7); y que “el Estado sancionará y evitará todo acto de intimidación, segregación, discriminación o racismo contralas comunidades negras [...] y velará para que se ejerzan los principios de igualdad y respeto de las diversidad étnica y cultural” (art. 33).10 Manuel Barreto y Libardo Sarmiento, Constitución política comentada por la Comisión Colombiana de Juristas. De los derechos, lasgarantías y los deberes, Título II, Bogotá, 1997, pág. 76.11 Citada en Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos,Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, Bogotá, abril de 2004, pág. 100. 14 15.
En la mayoría de los casos, las familias desplazadas han tomado la decisión de buscarrefugio dentro de su territorio, en las Zonas Humanitarias, como una forma de exigir suderecho a permanecer en sus lugares de vida ancestrales. El proceso de resistencia de lacomunidad es estigmatizado y sus miembros y sus líderes son señalados de ser guerrilleros.Esta situación afecta también a los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz,organización no gubernamental que acompaña a estas comunidades.El 14 de mayo de 2003 fue instaurada una demanda penal por parte de dos cooperantes delEjército en contra de Danilo Rueda, Abilio Peña, Enrique Chimonja, Ana María Lozano yel padre Daniel Vásquez, miembros de Justicia y Paz; y contra Naufal Quinto y JesúsPalacio, integrantes de los Consejos Comunitarios, por los delitos de rebelión y conciertopara delinquir. La demanda fue dada a conocer por el entonces comandante de las fuerzasmilitares, general Jorge Enrique Mora Rangel, durante una rueda de prensa en el mes deagosto de 2003. Dentro del proceso judicial participaron testigos falsos. Miembros de laBrigada XVII presionaron a los pobladores, incluidos algunos menores de edad, para quedeclararan en contra de los acusados. En algunos casos ofrecieron dinero a cambio de lostestimonios12.El 28 de enero de 2005, la Fiscal segunda especializada, adscrita a la Unidad de DerechosHumanos, profirió resolución inhibitoria a favor de todos los procesados. La Fiscalíaconsideró que la denuncia en contra de Justicia y Paz y los miembros del ConsejoComunitario “[s]e sustentó en imputar responsabilidad a todas las personas que no trabajanen armonía con sus deseos [buscando] personas que tuvieran problemas con Justicia y Paz oque no estuvieran de acuerdo con su labor, para ofrecerles beneficios a cambio de querindieran declaraciones en este proceso, lo cual cuando menos riñe con los principios de laética profesional”13.Desde el año 2001, las graves violaciones a los derechos humanos de estas comunidadesestán relacionadas con la implantación de un cultivo extensivo de palma aceitera en suterritorio. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que: “[L]a empresa Urapalma S.A. ha promovido la siembra de palma aceitera en aproximadamente 1.500 hectáreas de la zona del territorio colectivo de estas comunidades, con ayuda de ‘la protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados en sus factorías y bancos de semillas’. Los operativos e incursiones armadas en estos territorios han tenido el objetivo de intimidar a los miembros de las comunidades, ya sea para que se vinculen a la producción de palma o para que desocupen el territorio. La siembra de palma africana y la explotación de los recursos naturales en los territorios de las comunidades, en las presentes circunstancias, ponen en peligro la supervivencia de estas familias”14.12 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Inhibidos de los cargos de rebelión integrantes de Justicia y Paz, informe n.° 12, 12 defebrero de 2005.13 Fiscalía segunda especializada, Unidad de Derechos Humanos, radicado 1701.14 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana deDerechos Humanos, respecto de la República de Colombia, caso de las comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó, 6 de marzo de2003, párrafo, 2, literal e. 15 16.
Esta situación motivó que el 6 de marzo de 2003 la Corte Interamericana de DerechosHumanos decretara medidas provisionales de protección a favor de los miembros de lascomunidades del Jiguamiandó y Curbaradó. Sin embargo, hasta ahora el Estado no haemprendido ninguna acción efectiva encaminada a proteger y garantizar los derechos deestas comunidades.Entre el 26 y el 31 de enero de 2005, miembros de la Brigada XVII del Ejército Nacionalllevaron a cabo un operativo militar en inmediaciones del territorio colectivo de lascomunidades del Jiguamiandó. De acuerdo con los pobladores, en esta operación militarparticiparon los paramilitares Rigoberto y Gustavo Martínez, quienes también estuvieron enla incursión a Buena Vista15 en 2001, y Rosendo Nisperuza Urango, conocido como “ElGallo” o “Gallito”16.Durante el operativo los soldados sometieron a varios pobladores a maltratos verbales yfísicos17. Varios pobladores que se encontraron con el Ejército fueron interrogados sobre lasZonas Humanitarias y sobre las organizaciones que acompañan el proceso. Los soldadosseñalaron que “Esas tales Zonas Humanitarias son centros de concentración de la guerrilla yde refugio para guerrilleros”. También les dijeron que “Ustedes y las ONG sonnarcoterroristas”, y les advirtieron que “Un día ustedes caerán en nuestras manos comoguerrilleros. Vamos a desmembrar a las ONG y al proceso de las comunidades delJiguamiandó, dándoles en la cabeza”18.El 29 de enero de 2005, en la vereda Caño Seco (Chocó), el líder de las comunidades delJiguamiandó Pedro Murillo fue ejecutado extrajudicialmente por miembros del EjércitoNacional. Pedro estaba frente a la casa de otro campesino, junto con la señora IsidoraRomaña. Mientras conversaban vieron salir del monte un grupo de aproximadamente cincosoldados que les apuntaron con las armas. Pedro se asustó y corrió. Los soldados dispararonhasta que Pedro cayó herido, y luego le propinaron tres disparos más, hasta que murió.Enseguida salieron del monte una gran cantidad de soldados que se identificaron comomiembros del Ejército Nacional y procedieron a encerrar a la señora Isidora en la casa endonde se encontraba la señora Dorelys Romero, junto con sus cuatro hijos menores de edad.Una vez allí, los soldados las intimidaron, las obligaron a sentarse en el piso y lasamenazaron con llevárselas en un helicóptero si no entregaban información sobre laguerrilla.Durante el interrogatorio los soldados se refirieron a Pedro como un guerrillero y a ellascomo unas encubridoras de las guerrillas. También interrogaron a los niños, a quienes lespreguntaron por las supuestas armas que escondía Pedro Murillo en la casa. Las mujerespermanecieron encerradas en la casa hasta el día siguiente, cuando los soldados levantaron15 El 15 de enero de 2001, en Riosucio (Chocó), un grupo de aproximadamente 200 paramilitares fuertemente armados incursionaron enla comunidad de Buena Vista. Los paramilitares asesinaron a Dagoberto Gaviria Laris, Miguel Martínez y a Élida Rosa Torres Silgado ydejaron gravemente herida a Ítala Cuava Flórez. Las víctimas tenían edades entre los 52 y los 70 años y fueron asesinadas con machete yde varios impactos de bala. Durante la incursión los paramilitares quemaron diez casas, saquearon varias viviendas, mataron variosanimales y robaron herramientas de propiedad de la comunidad.16 Testimonios recibidos por la Comisión Colombiana de Juristas, Caño Seco (Chocó), 4 al 6 de febrero de 2005.17 Ver acápite 1.2. de este documento.18 Testimonios recibidos por la Comisión Colombiana de Juristas, Caño Seco (Chocó), 4 al 6 de febrero de 2005. 16 17.
y se llevaron el cadáver de Pedro Murillo. Varios pobladores vieron pasar al Ejército con elcuerpo de Pedro envuelto en bolsas plásticas y montado en un caballo. Hasta el momentono se tiene información sobre el paradero de su cuerpo.Desde julio de 2004 se encuentra abierto otro proceso por rebelión en contra de seismiembros de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curbaradó. Dicho proceso seinició con fundamento en la denuncias formuladas por informantes del Ejército, quienesseñalaron a varios líderes de las comunidades de ser miembros de las Farc. Entre laspersonas señaladas se encontraba Pedro Murillo.Pedro Murillo tenía 56 años y era originario de la zona. Fue miembro del partido políticoUnión Patriótica, en cuya representación viajó a diferentes partes del país. Siempre sedestacó como líder dentro de su comunidad. Luego del desplazamiento forzado de lascomunidades del Jiguamiandó en 1997, él permaneció resistiendo en el territorio junto conotros campesinos. Cuando las comunidades desplazadas retornaron, participó en lasactividades de organización comunitaria y fue impulsor del proceso de titulación colectivade las tierras de las comunidades afrocolombianas del Jiguamiandó y Curbaradó. A raíz desu trabajo estuvo en varias reuniones con funcionarias y funcionarios del Estado enrepresentación de su comunidad. Aunque hacía un tiempo se había retirado de los puestosdirigentes, continuaba siendo un importante líder, asesor del trabajo del ConsejoComunitario y gran defensor del territorio del Jiguamiandó, en donde su comunidad loespera para enterrarlo con dignidad.1.2. Derecho a la integridad personalEl Comité contra la Tortura, luego de examinar en noviembre de 2003 el tercer informeperiódico de Colombia, manifestó serias preocupaciones por la práctica de la tortura y losmalos tratos ejercida en Colombia “de manera generalizada y habitual por las fuerzas ycuerpos de seguridad del Estado [...] tanto en operaciones militares como fuera de ellas”19.Esta deplorable situación desafortunadamente se mantiene. También permanece la prácticade la tortura por parte de grupos paramilitares y guerrilleros.Entre enero y junio de 2004 se registró un promedio de una víctima torturada cada dosdías20. Durante dicho período fueron víctimas de torturas por lo menos 96 personas. De19 Comité contra la Tortura, Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 19 de la Convención.Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura, Colombia, ONU, 31° período de sesiones, doc. CAT/C/DR/31/1,18 denoviembre de 2003, párr. 8.20 Entre julio de 1996 y junio de 1998, el promedio diario de víctimas de tortura era de aproximadamente más de una persona cada dosdías. Entre julio de 1998 y junio de 1999, este promedio diario disminuyó a más de una víctima cada tres días; y para el período julio1999 a junio de 2002, el promedio diario se mantuvo en más de una persona cada dos días. Entre julio de 2002 y junio de 2003, seregistró un promedio de casi una víctima torturada cada día, siendo este el promedio más alto presentado a lo largo de los últimos ochoaños. Durante dicho período fueron víctimas de torturas por lo menos 340 personas. De ellas, 58 fueron torturadas y dejadas con vida y282 fueron torturadas antes de ser asesinadas. Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Corporación Avre y Comité de Solidaridad conlos Presos Políticos, Violencia estatal en Colombia, Un informe alternativo al tercer informe periódico del Estado colombiano al Comitécontra la Tortura, presentado al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, Ginebra, Organización Mundial contra la Tortura,mayo de 2004, pág. 18. 17 18.
ellas, 36 fueron torturadas y dejadas con vida y 60 fueron torturadas antes de serasesinadas21. Del total de víctimas torturadas, nueve fueron víctimas de sexo femenino22.En cuanto a las presuntas autorías, el 70,84% del total de los actos de tortura cometidosdurante el período en estudio fue atribuido al Estado: por perpetración directa de agentesestatales, el 34,38% (33 víctimas); por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a lasviolaciones cometidas por grupos paramilitares, el 36,46% (35 víctimas). A las guerrillas seles atribuyó la presunta autoría del 9,38% (9 víctimas).En 19 casos se desconoce el presunto autor de las violaciones. Sin embargo, en cuatro deestos casos (4,17% del total) existen indicios de que el perpetrador fue uno de los gruposcombatientes, sin que se pueda especificar cuál de ellos. En 15 de los 19 casos (15,63% deltotal) no se tienen indicios del presunto autor.En Colombia la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes son parte de unapráctica habitual y deliberada por parte de los grupos combatientes, con objetivos claros,que responde a patrones diferentes según los autores. Se reconocen por lo menos tresmodalidades de acción que, por supuesto, no se excluyen entre sí: en algunos casos setortura con el fin de conseguir información; en otros, la tortura es utilizada como medio depersecución política, para castigar a las personas por su actividad política o social; además,la tortura es utilizada dentro del contexto del conflicto armado como un medio paraatemorizar a la población civil. La violencia sexual contra las mujeres y las niñas tambiénse presenta en cualquiera de las tres modalidades, particularmente como forma de infundirterror y de controlar a la población. También se demostró que son prácticas usuales en elpaís las torturas y los tratos crueles e inhumanos durante procesos de detención en la cárcel,o durante la represión por parte de la Fuerza Pública contra manifestaciones en lugarespúblicos. En muchas oportunidades las personas que son víctimas de secuestro sonsometidas también a tratos crueles, inhumanos y degradantes durante el cautiverio.a) La tortura como medio para conseguir informaciónEsta modalidad de acción es especialmente característica de la Fuerza Pública (aunque esposible que sea también utilizada por grupos guerrilleros y paramilitares). En la mayoría deestos casos se trata de buscar información sobre las guerrillas a través de la población civila la que sindican de ser colaboradora de estos grupos. En otros casos se pretende obtenerconfesiones o presionar a las personas para que se autoinculpen como miembros de lasguerrillas. Las víctimas suelen ser campesinos que han estado sometidos al control degrupos guerrilleros, o personas que desempeñan actividades que la Fuerza Públicaconsidera subversivas, es decir, líderes sindicales, defensoras y defensores de derechoshumanos o personas que son líderes sociales y comunitarios.21 Estos datos constituyen un subregistro en relación con los hechos de tortura y tratos crueles e inhumanos que ocurren en Colombia.Esto se debe a que este tipo de violaciones rara vez son reportadas, en particular porque a menudo están asociadas a violaciones alderecho a la vida o la libertad personal, de manera que no se investigan ni se reportan los hechos de tortura o tratos crueles o inhumanos.En muchos otros casos las víctimas de este tipo de violaciones no las denuncian por temor a posibles represalias. Por lo tanto, estas cifrasdeben entenderse como un registro mínimo y no como un dato final en relación con la totalidad de las víctimas.22 Una de ellas es Inés Peña, de 22 años de edad, líder de la Organización Femenina Popular, cuyo caso está reseñado más adelante. 18 19.
Tortura sicológica y tratos crueles por parte de la Fuerza Pública, Caño Seco (Chocó)El 30 de enero de 2005, en Caño Seco (Chocó), el campesino Simón Pérez, habitante del territorio colectivodel Jiguamiandó, en cuyo favor la Corte Interamericana de Derechos Humanos decretó medidas provisionalesel 6 de marzo de 2003, fue torturado presuntamente por miembros del Ejército Nacional pertenecientes a laBrigada XVII. Los hechos ocurrieron hacia las 7:30 de la mañana, cuando el campesino iba en busca de unapartera para que atendiera a su esposa que estaba a punto de dar a luz. En el camino se encontró conmiembros del Ejército Nacional, que venían acompañados de un hombre encapuchado, quien señaló alcampesino de ser guerrillero. Los soldados insultaron y encañonaron a Simón, lo hicieron arrodillar yempezaron a interrogarlo sobre la guerrilla. Le pusieron un fusil en la boca para que confesara ser de laguerrilla. Durante el interrogatorio le preguntaron por varios de los líderes de su comunidad, a quienes elEjército se refirió como guerrilleros. Le dijeron que ya estaba perdido y que lo iban a matar. Uno de lossoldados ordenó que trajeran una pala para cavar una tumba y dejarlo enterrado de una vez. Otro de lossoldados le dijo que mejor lo iban a matar y luego le iban a amarrar piedras en el cuello para echarlo al río ydarle de comer a las sardinas.Los soldados se dividieron en dos grupos. Mientras unos permanecieron con Simón, los otros se dirigieronhacia la casa, en donde se encontraba su esposa junto con sus cinco hijos menores de edad. Una vez allíregistraron el lugar sin orden judicial. La esposa de Simón preguntó por su esposo y la razón por la cual lossoldados entraban en su casa. Los miembros del Ejército le dijeron que habían matado a Simón Pérez, por serun guerrillero y que venían a buscar las armas. Los militares no tomaron en consideración en ningúnmomento que la esposa de Simón ya había iniciado el trabajo de parto. La amenazaron con un hacha ytambién la interrogaron sobre la guerrilla. Los niños también fueron interrogados sobre la guerrilla, y sobre ellugar donde presuntamente Simón guardaba las armas. Al no encontrar nada se fueron, no sin antes dañar losenseres de la casa y robar algunos utensilios domésticos y animales.Simón fue dejado en libertad hacia el medio día. Antes de dejarlo ir lo obligaron a firmar un papel cuyocontenido no pudo leer y le dijeron que no denunciara nada de lo ocurrido. Además, le advirtieron que teníaun mes para irse, porque de lo contrario vendrían otros que lo matarían a él, así como a su mujer y sus hijos23.b) La tortura como medio de persecución políticaEn muchos casos la tortura es utilizada por los actores del conflicto armado como unaforma de persecución en contra de las personas que consideran sus opositores. Se trata depenalizar la actividad política o social de las víctimas, al tiempo que se busca intimidarlaspara que abandonen dichas actividades.23 Informe de la visita realizada por la Comisión Colombiana de Juristas a la cuenca del Jiguamiandó (Chocó), los días 4, 5 y 6 de febrerode 2005; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, informe n.° 48, Bogotá, 30 de enero de 2005. 19 20.
Tortura contra una líder de la Organización Femenina Popular por parte de grupos paramilitares, Barrancabermeja (Santander)El 28 de enero de 2004, en Barrancabermeja (Santander), Inés Peña, de 22 años de edad, integrante de laOrganización Femenina Popular (OFP), fue secuestrada y torturada, presuntamente por miembros de un grupoparamilitar. La víctima caminaba cerca de la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis (que queda a tres cuadras dela base principal de la policía), cuando fue interceptada por los paramilitares, quienes con un arma de fuego laobligaron a subir en un vehículo. Al interior del vehículo la torturaron. La fuente afirma que su cabello fuerapado y sus pies quemados con agua caliente, mientras recibía repetidas amenazas diciéndole: “para que sesalga de esa OFP donde está metida y ahora sí siga haciendo cultura por la vida”. Posteriormente, la víctimafue dejada en libertad.Inés Peña es una líder juvenil que coordina el centro de documentación María Cano de la OFP. Es tambiénpresentadora del programa La Mohana que se transmite por la televisión regional e integrante de la RedJuvenil de Derechos Humanos de la Defensoría Regional del Pueblo24.c) La tortura y la violencia sexual como medio para atemorizar a la población civilLa tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes son utilizados también comomecanismo para atemorizar a la población civil, con el propósito de enviarle un mensajeclaro a la comunidad en general para que haga o deje de hacer algo. Esta práctica esespecialmente recurrente en los hechos perpetrados por paramilitares.La violencia sexual contra las mujeres es una práctica recurrente por parte de todos losgrupos combatientes en el país. Desafortunadamente, no se cuenta con un registroestadístico confiable sobre estos hechos, en parte porque muchas mujeres víctimas de estetipo de agresiones prefieren no denunciarlas, por temor a posibles represalias, pero tambiénporque, en muchos casos, las mujeres son asesinadas después de ser violadas. Durante elperíodo en estudio se registró que 10 mujeres fueron víctimas de violencia sexual en elcontexto de violencia sociopolítica. Nueve de los ataques fueron cometidos directamentepor miembros de la Fuerza Pública y uno de ellos por grupos paramilitares. Tortura y violencia sexual contra campesinas y campesinos, Remedios (Antioquia) El 10 de enero de 2004, en Remedios (Antioquia), miembros de los batallones Tacines y Palacias del Ejército Nacional, asesinaron a dos campesinos, torturaron a uno de ellos, y torturaron y violaron a una mujer campesina. Los hechos ocurrieron a las 10:00 de la mañana, cuando ingresaron a la población aproximadamente 200 hombres, algunos de ellos encapuchados, identificados por testigos como miembros del Ejército y paramilitares. Al campesino Hernán Restrepo, de 60 años de edad, le arrancaron la barba y la piel con su machete, y lo sometieron a varias torturas hasta que finalmente murió como consecuencia de las torturas. Los autores del homicidio hurtaron todas sus propiedades, incluyendo 70 cabezas de ganado. Otro campesino de apellido Correa y conocido como “Caifás” fue asesinado, y su esposa Odilia fue brutalmente torturada y violada. A esta pareja de campesinos también le hurtaron sus propiedades, y le robaron además sus animales domésticos25.24 Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep (BDC), Noche y niebla – Panorama de derechos humanos yviolencia política en Colombia, Bogotá, BDC, n.° 29, 2004, en www.nocheyniebla.org pág. 52; denuncias n.° D-04112 y D-04023,archivo de la Comisión Colombiana de Juristas; “ONG denuncia en Ginebra la tortura de defensora de derechos humanos, Inés Peña, porparamilitares”, diario El Tiempo, Bogotá, 2 de febrero de 2004, en www.eltiempo.com “Paras torturaron a una periodista”, diario ElColombiano, 3 de febrero de 2004, pág. 12A; Vicepresidencia de la República, Observatorio del Programa Presidencial para los DerechosHumanos y el Derecho Internacional Humanitario, Bitácora semanal de prensa, 28 de enero al 3 de febrero de 2004, enwww.derechoshumanos.gov.co25 Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep (BDC), Noche y niebla- Panorama de derechos humanos yviolencia política en Colombia, Bogotá, BDC n.° 29, 2004, pág. 38. 20 21.
d) Torturas de personas privadas de la libertadLas personas privadas de la libertad son frecuentemente víctimas de tortura y tratos crueles,inhumanos y degradantes, producto del hacinamiento carcelario, las deplorablescondiciones sanitarias en que se encuentran y de los abusos cometidos por parte de lasfuncionarias y funcionarios encargados de su custodia. Estas prácticas han venidoincrementándose como consecuencia de las detenciones arbitrarias y violatorias del debidoproceso que actualmente se adelantan en el país en el marco de la política de detencionesmasivas, cuyos avances mide el Presidente por el número de personas capturadas y no porla calidad de las investigaciones, ni por las garantías procesales de las mismas. Torturas contra personas detenidas arbitrariamente, Bello (Antioquia)El 8 de marzo de 2004, en Bello (Antioquia), agentes del Grupo de Acción Unificada para la LibertadPersonal (Gaula) detuvieron de manera arbitraria a los señores Carlos Mario Gómez y Wilmar AntonioCaro. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 4:30 p.m. cuando las víctimas se desplazaban en unvehículo particular a la altura del barrio La Navarra, en compañía de la hermana, la hija y la esposa deCarlos Mario.A Carlos Mario y a Wilmar se los llevaron y los separaron esa noche. A Carlos Mario lo metieron en unvehículo donde se movilizaban miembros del Gaula, lo esposaron, le amarraron los pies con cintaadhesiva y le pusieron una bolsa en la cabeza. Luego lo trasladaron a una finca cercana, donde unhombre, al que llamaban “El Negro Grande”, lo torturó. En la finca, varios hombres lo amarraron y locolgaron en un árbol con la cabeza hacia abajo, le introdujeron un elemento en la boca que la víctima nopudo identificar, que le produjo heridas y sangrado, le amarraron los genitales al mismo tiempo quejugaban con ellos, le pusieron choques eléctricos y le preguntaban por “su hermano, el de la moto”.También lo amenazaron con degollar a su hija, si no les daba información.En la madrugada del día siguiente, 9 de marzo de 2004, llevaron a Carlos Mario y a Wilmar a otra fincadonde también los torturaron. Los encerraron en un salón grande donde Wilmar pudo ver unaguadañadora ensangrentada, canecas con gasolina, las paredes salpicadas de sangre y unos bultos alparecer de cemento blanco para cubrir las manchas de sangre de las paredes. En ese lugar se encontrabandos niños de aproximadamente 14 y 15 años, quienes vestían botas, chaqueta negra, y portaban un armablanca.Ese mismo día, Carlos Mario y Wilmar fueron trasladados a la zona del Oriente Antioqueño, por hombresarmados y por un agente del Gaula. En el recorrido los agentes les insistieron que hablaran y quecolaboraran, y reiteraron la amenaza de degollar a la hija de Carlos Mario. Más adelante, los hombres quellevaban a las víctimas manifestaron: “Vamos a entregárselos a los paracos”. Momentos despuésentregaron a las víctimas a un grupo de hombres armados que se movilizaban en doce vehículos. Estoshombres golpearon a las víctimas hasta que las hicieron sangrar por la boca y la nariz. Les cubrieron lacabeza con dos bolsas plásticas a cada uno, produciéndoles asfixia.Luego fueron trasladados a la estación de policía de El Poblado, un barrio del suroriente de Medellín. Enla eStación de policía los metieron en el calabozo y los amenazaron diciéndoles que conocían a susfamilias. Posteriormente, les hicieron firmar un documento en el que decía que habían recibido buenostratos. Carlos Mario actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Bellavista en Medellín(Antioquia)26.26 Denuncia recibida por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), en la cárcel de Bellavista en Medellín(Antioquia). 21 22.
e) Tratos inhumanos contra personas secuestradasEn muchas oportunidades las personas que son víctimas de secuestro son sometidassufrimientos adicionales a los que de por sí causa la privación de la libertad. Algunos deestos tratos crueles, inhumanos y degradantes consisten en: largas caminatas por lugaresselváticos teniendo que enfrentar condiciones climáticas agrestes y perjudiciales para lasalud de quienes no están habituados a ese medio; los lugares en donde tienen querefugiarse son, la mayoría de veces, al aire libre, por lo que las víctimas son obligadas apreparar el terreno y construir sus propios sitios para dormir y para protegerse del agua ydel sol; la alimentación es muy precaria y poco balanceada; las personas secuestradas estánaisladas y en imposibilidad de comunicarse con sus familiares y amigos. Estos factoreshacen que las condiciones anímicas y de salud de las personas secuestradas se deteriore yque necesiten atención médica adecuada, con la cual no cuentan. Además, en ocasiones,algunas personas necesitan medicinas especiales por enfermedades que ya padecían antesdel secuestro y la falta de atención médica hace que se agraven e incluso a veces lesocasiona la muerte. Secuestro y tratos inhumanos contra el fiscal Jaime Ibarra, Chiriguaná (Cesar)El 26 de mayo de 2004, en Chiriguaná (Cesar), Jaime Ibarra, fiscal local de este municipio, fue secuestradopresuntamente por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (Eln). El fiscal fue secuestrado cuando sedesplazaba hacia Curumaní para cumplir con una diligencia judicial. El 21 de agosto de 2004 fue entregado auna comisión de la Cruz Roja Internacional. La víctima tenía 10 kilos menos de peso y presentaba síntomasde deshidratación27.1.3. Derecho a la libertadEste capítulo da cuenta de dos graves formas de vulnerar el derecho a la libertad frecuentesen Colombia: las detenciones arbitrarias, que se ilustran con datos estadísticos hasta el sietede agosto de 2004, y los secuestros, evidenciados con datos estadísticos hasta diciembre de2004. 1.3.1. Detenciones arbitrariasEn Colombia se vienen cometiendo de manera sistemática y generalizada gravesviolaciones al derecho a la libertad, a través de la práctica de detenciones arbitrarias. Entreel 8 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2004, alrededor de 6.411 personas fueronprivadas de la libertad de manera arbitraria o violando el debido proceso28. Esta cifrasignifica un inusitado incremento con respecto a lo ocurrido durante los seis años27 Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep (BDC), Noche y niebla- Panorama de derechos humanos yviolencia política en Colombia, Bogotá, BDC n.° 29, 2004, pág. 219; denuncia D-04058, archivo de la Comisión Colombiana de Juristas;“Eln liberó a Fiscal 27 de Chiriguaná”, diario El Tiempo, 23 de agosto de 2004, pág. 1-5.28 Información recogida en el marco de la investigación adelantada por el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias del Observatoriode Derechos Humanos de la Coordinación Colombia - Europa Estados Unidos, coalición de organizaciones no gubernamentalescolombianas. 22 23.
precedentes: entre julio de 1996 y junio de 2002, alrededor de 2.869 personas fuerondetenidas arbitrariamente en Colombia29.Esta práctica afecta de manera particular a las defensoras y defensores de derechoshumanos, cuya labor es percibida como una actividad subversiva o afín con la de los gruposguerrilleros. En muchos casos, la condición de defensores de derechos humanos ha sidovalorada de manera negativa por parte de las autoridades que llevan a cabo las detenciones,así como por parte de las autoridades judiciales que definen la situación jurídica de laspersonas procesadas por el delito de rebelión.En el caso de la detención del defensor de derechos humanos Juan Carlos Celis González30,los miembros de la Policía Nacional que llevaron a cabo su captura le preguntaron por surelación con las organizaciones de derechos humanos y le dijeron que “todos esos soncolaboradores de la guerrilla”31. A pesar de que en el proceso que se sigue en su contra seha demostrado ampliamente su labor como defensor de derechos humanos y trabajador porla paz, la Fiscalía dictó resolución de acusación en su contra argumentando que “JuanCarlos Celis es una de esas personas que no necesita las armas para identificarse con elgrupo subversivo de las Farc, puesto que realiza la función que –presuntamente se le haencomendado- desde la labor social que ha desempeñado”32.Las autoridades colombianas no respetan la labor de las defensoras y los defensores dederechos humanos. La presunción según la cual el trabajo en pro de los derechos humanoses una fachada de las guerrillas ha dado lugar a persecuciones y montajes judiciales porparte de agentes estatales. En muchos casos las defensoras y defensores de derechoshumanos son señalados por informantes encapuchados que acompañan los operativos de laFuerza Pública, y que actúan motivados por recompensas. Los informantes suelen serpreparados para que atestigüen en contra de determinadas personas, en diferentes procesos,en distintas partes del país.Es el caso del informante al servicio de la Fuerza Pública Joseph Andreack PalaciosDelgado, quien señaló en Barranquilla al defensor de derechos humanos Mauricio JoséAvilez Álvarez de ser miembro del grupo guerrillero Farc. El mismo testigo declaró enBogotá en contra de Marco Aurelio Nieves Martínez, dirigente de la Asociación Nacionalde Desplazados de Colombia (Andescol)33.En otros casos los testimonios provienen de paramilitares reinsertados. El 12 de junio de2004, en Medellín, fueron detenidos arbitrariamente los integrantes de la agrupaciónmusical Pasajeros, acusados de los delitos de rebelión, terrorismo y concierto paradelinquir. Las detenciones se hicieron con fundamento en las declaraciones de dos29 Fuente: Comisión Colombiana de Juristas.30 El 11 de diciembre de 2002, Juan Carlos Celis González fue detenido y torturado arbitrariamente por miembros de la Policía Nacional,quienes lo señalaron de ser miembro del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La detención se llevó acabo sin orden de captura y sin acompañamiento de ninguna autoridad judicial. Actualmente Juan Carlos Celis se encuentra recluido en lacárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), a la espera de sentencia.31 Fiscalía General de la Nación, Subunidad contra Terrorismo de Bogotá, expediente radicado con el n..° 59.177.32 Fiscalía General de la Nación, Subunidad contra Terrorismo de Bogotá, expediente radicado con el n..° 59.177.33 Fiscalía General de la Nación, Subunidad contra Terrorismo de Bogotá, expediente radicado con el n..° 728.405. Información recogidaen el marco de la investigación adelantada por el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias del Observatorio de Derechos Humanosde la Coordinación Colombia - Europa Estados Unidos, coalición de organizaciones no gubernamentales colombianas. 23 24.
informantes de la Fuerza Pública, quienes fueron presentados como reinsertados del grupoguerrillero Ejército de Liberación Nacional (Eln). En providencia del 30 de noviembre de2004, la Fiscalía ordenó la liberación de los integrantes del grupo, luego de comprobar quelos informantes “aparecen registrados como personas desmovilizadas o reincorporadas a lavida civil en razón a su condición de integrantes del Bloque Cacique ‘Nutibara’ de lasautodefensas, circunstancia que resta credibilidad a sus afirmaciones, pues dichosciudadanos aseguraron en todo momento haber sido militantes del ELN"34.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado de manera reiteradasobre la necesidad de que el Estado colombiano “adopte medidas para garantizar que susfuerzas de seguridad comprendan que los activistas y las organizaciones de derechoshumanos no pueden considerarse como participantes en actividades ilegales y/o dedisidentes por el hecho de que actúen en favor del fomento y la protección de los derechoshumanos”35. El Estado colombiano y sus agentes deben abstenerse de iniciar actuacioneslegales encaminadas a acosar a los activistas y defensores de derechos humanos. “Esasacciones son arbitrarias y constituyen un abuso de poder y del proceso legal”36. 1.3.2. SecuestrosEntre enero y diciembre de 2004, 1.402 personas fueron víctimas de secuestro enColombia37. Esto significa que, en promedio, fueron secuestradas diariamente casi cuatropersonas. Los grupos guerrilleros fueron los presuntos autores del secuestro de 441personas (31,46%) y los grupos paramilitares de 128 (9,13%). La delincuencia comúnsecuestró presuntamente a 397 personas (28,32%). A familiares de las víctimas se lesatribuyó la presunta autoría de 59 secuestros (4,21%)38 y no se identificó el presunto autorde 377 casos de secuestros (26,89%) (Ver cuadro 2, cols 1 y 2).De los 1.402 secuestros, 569 (40,58%) fueron atribuidos presuntamente a los gruposcombatientes, es decir que en Colombia fue secuestrada, por uno de estos grupos, más deuna persona cada día. Los grupos guerrilleros fueron los presuntos autores del secuestro de441 personas (77,5%) y los grupos paramilitares, de 128 secuestros (22,5%) (Ver cuadro 2,col. 3, filas F y G). La presunta autoría de los 441 secuestros cometidos por los gruposguerrilleros se desagrega así: a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc),se les atribuyó la presunta autoría de 270 secuestros (47,45%); al Ejército de LiberaciónNacional (Eln), 130 (22,85%); al Ejército Revolucionario Popular (Erp), 31 (5,45%); alEjército Popular de Liberación (Epl) y al Ejército Revolucionario Guevarista (Erg), cincocasos de secuestro (0,88%) cada uno.34 Fiscalía n.° 8, Subunidad contra Terrorismo de Medellín (Antioquia), expediente radicado con el n..° 822.555. Información recogida enel marco de la investigación adelantada por el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias del Observatorio de Derechos Humanos dela Coordinación Colombia - Europa Estados Unidos, coalición de organizaciones no gubernamentales colombianas.35 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia,Washington, Organización de los Estados Americanos, OEA/Ser.L/V/II.102, doc. 9 Rev. 1, Cap. VII, E, 26 de febrero de 1999, párrafo 2.36 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia,Washington, Organización de los Estados Americanos, OEA/Ser.L/V/II.102, doc. 9 Rev. 1, Cap. VII, E, 26 de febrero de 1999, párrafo 4.37 Cifras suministradas a la Comisión Colombiana de Juristas por el Centro de Investigaciones criminológicas de la Policía Nacional,consolidadas con Fondelibertad, agosto de 2004 y enero de 2005.38 Los 59 secuestros reportados corresponden al período de enero a junio de 2004. El Centro de investigaciones criminológicas no reportósecuestros por parte de los familiares de las víctimas entre julio y diciembre de 2004. 24 25.
Según la fuente, la práctica del secuestro en Colombia ha descendido en un 31,88% conrespecto a 2003, año en que se reportaron 2.058 casos39. Las cifras sugieren un descenso del58% en la práctica del secuestro por parte de los grupos guerrilleros; y un 24% en elnúmero de secuestros perpetrados presuntamente por grupos paramilitares. El número desecuestros cometidos presuntamente por la delincuencia común, y autores sin identificar nopresentaron un descenso comparable el de los grupos combatientes: durante el período sereportó una reducción del 7,75%. El Centro de Investigaciones Criminológicas, consideródentro de sus estadísticas la categoría de presunto autor a familiares de las víctimas a partirdel 2004. Por esta razón, en relación a esta categoría de autor, no se puede establecer unacomparación a la variación del número de secuestros, con respecto al año de 2003.El número de secuestros por parte de la delincuencia común, familiares y autores sinidentificar sigue siendo preocupante. Entre enero y diciembre de 2004 cometieron más de lamitad (59,42%) de los secuestros perpetrados en Colombia. Como se ha venido afirmandoen informes anteriores de la Comisión Colombiana de Juristas, es importante que elGobierno colombiano tenga en cuenta en su política de lucha contra el secuestro estecomponente.Los secuestros perpetrados presuntamente por agentes estatales no son reportados demanera discriminada por el Centro de Investigaciones Criminológicas de la PolicíaNacional. Entre enero y diciembre de 2004 se presentaron varios casos de secuestro en loscuales miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro se vieron involucrados.Se tiene conocimiento de esos casos por la información de los medios de comunicación.De las 1.402 personas secuestradas entre enero y diciembre de 2004, 399 fueron mujeres(28,45%). Los grupos combatientes secuestraron a 91 víctimas de sexo femenino: losgrupos guerrilleros secuestraron a 67 mujeres, de las 441 personas que fueron secuestradaspor ellos y los grupos paramilitares secuestraron a 24 mujeres, de 128 personas. Ladelincuencia común secuestró a 397 personas, 168 fueron mujeres; por sus familiaresfueron secuestradas 35 mujeres, de 59 personas; De las 377 víctimas de secuestro en las queno se identificó el presunto autor fueron secuestradas 105 mujeres.Del total de personas secuestradas durante el período analizado, sólo se tiene informaciónsobre la edad de 581 (41,44%) víctimas de secuestro. De estas, 177 fueron menores de 18años40 (103 niñas y 74 niños), 88 fueron jóvenes41 (25 mujeres y 63 hombres), 290 fueronpersonas adultas (57 mujeres y 233 hombres), y 26 fueron adultas mayores42 (3 mujeres y23 hombres).Según las cifras se puede afirmar, que la vulnerabilidad al secuestro está relacionada con laedad y el sexo de las víctimas. Para las personas víctimas de sexo femenino, lavulnerabilidad tiende a disminuir con la edad. Al contrario, para los hombres esa39 Par más información sobre la situación de la práctica del secuestro para el año 2003, véase Comisión Colombiana de Juristas (CCJ),Colombia: Veinte Razones para afirmar que la situación de derechos humanos y derecho humanitario es muy grave y tiende a empeorar.Balance año 2003, Bogotá. CCJ, marzo 2004, págs 20 – 22 y anexo 3, pág. 76.40 La Convención sobre derechos del niño, en su artículo 1°, define una niña o niño como persona menor de 18 años.41 Se clasifican como jóvenes las víctimas con edades expresadas entre 18 a 25 años incluso.42 Se clasifican como personas adultas mayores las víctimas con más de 65 años de edad. 25 26.
vulnerabilidad tiende a aumentar con la edad. Lo anterior significa que entre más joven seala mujer, tiene mayor riesgo de ser víctima de secuestro.Desagregando las víctimas por grupo de edad y sexo, las niñas constituyeron el segundogrupo de víctimas, cuya edad ha sido registrada, más afectado por el secuestro, siendo elprimero el de los hombres adultos. Las niñas constituyeron el 18% de las 581 víctimas, consexo y edad identificados, y el 55% de las víctimas de sexo femenino. Además, el 58% delas víctimas menores de edad fueron niñas. Así, frente al secuestro las niñas sufren unadoble vulnerabilidad: por edad y por sexo. Secuestro de 12 personas en Piedrancha (Nariño)El 18 de abril de 2004, en la cabecera municipal de Piedrancha Mallaza (Nariño), fueron secuestrados AdriánPasmiño, Marino Hincapié, Bernardo Preciado, Tadeo Ospina, una funcionaria del Instituto Departamental deSalud, tres menores de edad y cuatro personas más cuyas identidades no fueron reveladas, por presuntosguerrilleros del Eln. Los hechos se desarrollaron en el sector conocido como El Guabo, hacia las 5:40 de latarde, momento en que el grupo de guerrilleros salió a la carretera y secuestró a las personas mencionadas, lascuales se transportaban en cuatro vehículos.El Escuadrón de Carabineros n.° 1 de la Policía Nacional con cuarenta efectivos armados se trasladó a lazona, con el objetivo de rescatar a las personas secuestradas. Dos horas después, luego de un enfrentamientoentre los miembros de la Fuerza Pública y los guerrilleros, las doce personas fueron dejadas en libertad43. Secuestro por parte de agentes de la Policía NacionalEl 13 de septiembre de 2004, en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), Diego Fernando Giraldo Ospina, de 23años de edad, fue secuestrado por tres personas, dos de ellas miembros activos de la Policía Nacional44. Loshechos ocurrieron cuando Diego Fernando fue abordado por los tres hombres mientras realizaba una llamadadesde un teléfono público, en el barrio Floralia en la ciudad de Cali. Según la fuente, los secuestradorescometieron el delito presuntamente para garantizar el pago de una deuda adquirida por un familiar de lavíctima. El 17 de septiembre de 2004, Diego Fernando Giraldo fue rescatado por unidades del CuerpoTécnico de Investigaciones adscritas a los Grupos de Acción Unificada para la Liberación Personal (Gaula),del Ejército45.Los secuestros en los que se ha logrado la liberación de las personaspor acciones de la Fuerza Pública son una constante que se evidencia en la mayoría de loscasos registrados por los medios de comunicación. Por esta razón, en el capítulo tercero deeste documento se hará un análisis de la forma como la Policía Nacional y los medios decomunicación presentan esos casos.1.4. Violación múltiple a los derechos humanos: el desplazamiento forzadoSegún la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), el númerode personas desplazadas aumentó un 38,5% en 2004, año en el cual se registraron 287.58143 “Policía liberó a trece personas”, Diario del Sur, en www.diariodelsur.com consultado el 20 de abril de 2004 (consulta el 1 de marzo de2005).44 Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República, Bitácora del 15 al 21 deseptiembre de 2004, en www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/ (consulta el 3 de marzo de 2005).45 “Rescatan a joven plagiado”, diario El País, 17 de septiembre de 2005, www.elpais-cali.com 26 27.
víctimas46. Estas personas se suman a la población que ha sido forzadamente desplazada enlos últimos 20 años, estimada por las organizaciones no gubernamentales de derechoshumanos en tres millones de personas. Esta cifra contrasta con el registro del Gobiernonacional, según el cual 137.315 personas han sido forzadamente desplazadas en 2004 y1.565.765 personas desde 199547. Esta diferencia se origina en el subregistro estatalocasionado por los criterios de valoración aplicados a los riesgos de seguridad y elconsecuente temor de las personas desplazadas a acercarse a las autoridades estatales ydeclarar su situación, y en la no inclusión en los datos gubernamentales de las personasdesplazadas por causa de las fumigaciones aéreas.Muchas agencias humanitarias reconocen que el sistema oficial de registro esinsatisfactorio48. Además, según la Corte Constitucional, “esta debilidad [del SistemaÚnico de Registro] impide dimensionar el esfuerzo futuro que será necesario para diseñarlas políticas de retorno y devolución de propiedades o reparación de perjuicios causados ala población desplazada; obstaculiza el control sobre las ayudas entregadas por otrasagencias; y dificulta la evaluación del impacto de la ayuda entregada”49.El desplazamiento forzado durante 2004 se caracterizó por ser en su mayoría familiar oindividual y provocado por los asesinatos selectivos, las amenazas y las detencionesarbitrarias. La aplicación de la política llamada de “Seguridad democrática” siguegenerando nuevos desplazamientos forzados y perjudica los procesos de retorno: hanaumentado las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacionalhumanitario cometidas directamente por la Fuerza Publica, se han fortalecido los nexosentre Fuerza Pública y los grupos paramilitares, y continúan las violaciones perpetradas porlos grupos paramilitares a pesar de su participación en un proceso de diálogo con elGobierno nacional.Se ha presentado también un incremento significativo de personas desplazadas en las zonasafectadas por operativos militares, como el Plan Patriota en los departamentos del Meta,Caquetá, Putumayo, Guaviare y Vichada. En esos departamentos, las violaciones dederechos humanos perpetradas por miembros de la Fuerza Pública y los gruposparamilitares, las infracciones al derecho humanitario por parte de los grupos combatientes,la intensificación de los combates, los bombardeos y las fumigaciones indiscriminadas hansido las principales causas de los desplazamientos forzados.A pesar de la permanencia de estas violaciones a los derechos humanos de miles deciudadanas y ciudadanos colombianos, el Gobierno no ha adoptado medidas efectivas paraprevenir el desplazamiento forzado, proteger a las víctimas y garantizarles el disfrute de losderechos económicos, sociales y culturales. Esta falta de voluntad política se haevidenciado en el incumplimiento de las ordenes de la sentencia T-025 de la Corte46 Codhes, Conflicto armado y crisis humanitaria en Colombia: desplazados en el limbo. Informe 2004, Bogotá, 1 de febrero de 2005,pág.1 y 2, en www.codhes.org.co47 Presidencia de la República, Acción Social, Vértice, número 1, octubre de 2004, pág. 12; “Gobierno reporta disminución de 37 porciento en el desplazamiento forzado durante el 2004”, diario El Tiempo, 1 de febrero de 2005, www.eltiempo.com48 Naciones Unidas, Report on the Inter-Agency Internal Displacement Division, Mission to Colombia, 16-27 January 2004.49 Corte Constitucional, sentencia T-025/04, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, 22 de enero de 2004, numeral 6.3.1.3. 27 28.
Constitucional, tendientes a superar el “estado de cosas inconstitucional” que constituye eldesplazamiento forzado50.La atención estatal se sigue enfocando en medidas asistencialistas (que no cubren a toda lapoblación desplazada) y en el retorno sin garantías para la seguridad y la dignidad de laspersonas. En materia de salud, el Gobierno no ha garantizado el mínimo de protección delderecho de las personas desplazadas: la cobertura sigue siendo muy limitada, la calidad dela atención prestada es insuficiente y no se suministran gratuitamente los medicamentosnecesarios. Lo anterior se debe en parte a la decisión del Gobierno de desmontar el modelode atención en salud especial para la población desplazada, reforma que desconoce lasituación de extrema vulnerabilidad de esta población51. En cuanto al derecho a unavivienda digna, el Gobierno no ha superado las falencias de la política pública: la limitadacobertura de los programas, la ejecución demorada de los subsidios y la disminución delmonto del subsidio de vivienda constituyen incumplimientos de la sentencia T-025.En febrero de 2005, el Gobierno adoptó el decreto 250 que pone en vigencia el PlanNacional para la Atención Integral a la Población Desplazada. Si bien con este decreto secumple formalmente una de las órdenes de la sentencia T-025, el Plan no establece en sucontenido acciones claras para garantizar efectivamente la prevención del desplazamientoforzado y la protección de las víctimas en cuanto sigue enmarcando estas en la política de“seguridad democrática”.Adicionalmente, el decreto introduce una propuesta inoportuna e inadecuada para definir lacesación de la condición de personas desplazadas. Se establece que “la Red de SolidaridadSocial, con la asistencia del Departamento Nacional de Planeación, desarrollará indicadoressectoriales de satisfacción de necesidades que permitan establecer que se produjo laestabilización socioeconómica y consecuentemente a la misma la cesación de la condiciónde desplazado”52. Esta decisión del Gobierno de limitar la definición de cesación de lacondición de persona desplazada al acceso a garantías materiales mínimas constituye ungrave riesgo para la protección de los derechos de las personas desplazadas. En efecto, lasuperación de la situación de desplazamiento forzado de una persona requiere no solo laestabilización socioeconómica sino el disfrute de una vida digna, la realización de susderechos a la verdad, la justicia, la reparación integral por los daños ocasionados y lasgarantías de no repetición. Sin eso, se podría llegar a desconocer las violacionessistemáticas de los derechos humanos que han sufrido las personas desplazadas y suderecho a recibir una atención especial por parte del Estado.50 Corte Constitucional, sentencia T-025, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, 22 de enero de 2004.51 El sistema anterior permitía, en teoría, que las personas desplazadas tuvieran un acceso gratuito a la salud con la sola inscripción alSUR, esquema financiado desde el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). Las reformas se formalizaron en los siguientesdocumentos: Circular 0042 de 2002 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social relativa a las fuentes de financiamiento, decreto 2131del 30 de julio de 2003 por el cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 19 de la ley 387 de 1997, el último inciso del artículo 54 de laley 812 de 2003 frente a la atención en salud de la población desplazada por la violencia y se dictan otras disposiciones, y resoluciones0474 y 1038 de 2004 del Ministerio de Protección Social.52 Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada SNAIPD, Plan Nacional de Atención Integral a la PoblaciónDesplazada, párr. 5.3.5. 28 29.
Desplazamiento forzado de afrocolombianas y afrocolombianos del municipio de Bojayá (Chocó), marzo de 2004Desde marzo de 2004, los pobladores afrodescendientes del municipio de Bojayá (Chocó) han denunciado laavanzada masiva de grupos paramilitares desde los ríos Opogadó y Napipí bajo el silencio y consentimientode las fuerzas militares. Los pobladores han denunciado también la presencia del grupo guerrillero Farc en lazona53. Por el temor a una nueva confrontación armada en la cual la población civil se encontraría otra vez enmedio del fuego cruzado, alrededor de 1.200 personas se desplazaron forzadamente. Según la Oficina del AltoComisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), esta cifra inicial podría incrementarseporque aproximadamente 5.000 personas del municipio de Bojayá se encuentran en riesgo de desplazamientoforzado54. Este nuevo éxodo afecta a comunidades como las de Piedra Candela y Caimanero que habíanretornado en septiembre de 2004 y otras comunidades que se habían desplazado en otras ocasiones durante losúltimos dos años. Además, representantes de los pobladores han denunciado que aproximadamente 500personas de estos pueblos no han podido salir de sus comunidades por falta de seguridad, y miembros de lospueblos indígenas de la zona han expresado su voluntad de resistir en sus comunidades para defender suterritorio55.Aunque el Gobierno nacional ha dicho que atiende de manera integral a las víctimas56, organismoshumanitarios han advertido que la infraestructura del casco urbano de Bellavista que recibe la mayoría de laspersonas desplazadas no dispone de medios suficientes para garantizar el alojamiento de todas las personas57. 2. Institucionalización del paramilitarismo Se suponía que la «política de Apartamiento» (así se llamó en un principio) iba a ser solamente una medida transitoria de legítima defensa contra los terroristas, pero en Angosta todo lo precario se vuelve definitivo, los decretos de excepción se vuelven leyes, y cuando uno menos lo piensa ya son artículos constitucionales58.El origen de los paramilitares se encuentra en la creación de grupos llamados deautodefensa formados bajo la dirección del Ejército por campesinos, terratenientes ycapitalistas agrarios tradicionales que los han utilizado como mecanismos privados derepresión y control de la población, y como respuesta armada al asedio guerrillero. Se tratade grupos de carácter ofensivo que operan con el decidido apoyo de las fuerzas militares.Desde mediados de la década de los años sesenta, los objetivos de seguridad nacional sehan cifrado en la lucha contrainsurgente. En el marco de esta lucha, las fuerzas militaresimpulsaron la creación de grupos llamados de autodefensa campesina, destinados a apoyarlas operaciones contrainsurgentes del Ejército. La mayoría de estas medidas se tomaron alamparo de estados de excepción que luego se convirtieron en legislación permanente. Por53 Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia) y la Diócesis de Quibdó, Comunicado a laopinión pública sobre un nuevo desplazamiento masivo de las comunidades afrodescendientes de Bojayá, Quibdó, 17 de febrero de 2005.54 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Some 1,200 people fearing fresh clashes flee their homes inColombia”, UNHCR News Stories, 18 de febrero de 2005.55 Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia) y la Diócesis de Quibdó, Comunicado a laopinión pública sobre un nuevo desplazamiento masivo de las comunidades afrodescendientes de Bojayá, Quibdó, 17 de febrero de 2005.56 Red de Solidaridad Social, “Más de 350 personas han llegado hasta hoy a Bellavista, cabecera municipal de Bojayá”, 16 de febrero de2005, www.red.gov.co57 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Some 1,200 people fearing fresh clashes flee their homes inColombia”, UNHCR News Stories, 18 de febrero de 2005.58 Héctor Abad Faciolince, Angosta, Bogotá, Editorial Planeta Colombiana S.A., octubre de 2003, pág. 25. 29 30.
ello, históricamente la legislación y las políticas estatales han desempeñado un papelinnegable en la actual magnitud y características del paramilitarismo59.Estos grupos encuentran sustento en el decreto de estado de sitio 3398 del 24 de diciembrede 1965, que autorizó a las Fuerzas Armadas a distribuir armas de guerra a la poblacióncampesina para hacer frente a las guerrillas. Esa medida fue convertida en legislaciónpermanente por la ley 48 de 1968. Dos décadas más tarde fue primero suspendida suvigencia por el decreto 815 de 1989 y, luego, declarada su inconstitucionalidad por la CorteSuprema de Justicia en mayo del mismo año. Sin embargo, a partir de ese momento y hastahoy, el Estado colombiano ha implementado de manera sistemática otras medidas de estetipo que, en la práctica, han fortalecido el desarrollo del paramilitarismo en el país.La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la existencia del paramilitarismo,su irrefutable respaldo estatal y su institucionalización en una importante sentencia emitidael 5 de julio de 2004, en el caso conocido como la masacre de 19 comerciantes60. Dichasentencia, y en particular el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en laconformación de grupos paramilitares, fue retomada por la Comisión Interamericana deDerechos Humanos en un reciente informe sobre el proceso de “desmovilización”61.La magnitud y gravedad de los crímenes perpetrados por los grupos paramilitares ha dadolugar a numerosas recomendaciones por parte de las instancias internacionales deprotección de los derechos humanos, para que el Estado colombiano enfrente y desmontelos grupos paramilitares, y para que desarticule los evidentes vínculos entre estos grupos ylos miembros de la Fuerza Pública62. En particular se ha señalado la necesidad de llevar acabo una política eficaz dirigida a “la captura, el juzgamiento y la sanción de quienes losinspiran, organizan, comandan, integran, apoyan y financian”63.La importancia del cumplimiento de estas recomendaciones para la vigencia de losderechos humanos en Colombia radica en que estos grupos son los principales violadoresde los derechos humanos en el país. Entre julio de 1996 y junio de 2004, por lo menos27.244 personas civiles han sido asesinadas o desaparecidas forzadamente en Colombia porfuera de combate a causa de la violencia sociopolítica, en hechos no relacionadosdirectamente con el desarrollo del conflicto armado, es decir, en su casa, en la calle o en su59 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las NacionesUnidas para los Derechos Humanos en Colombia, doc. E/CN.4/2001/15, parr.131.60 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 19 comerciantes, sentencia del 5 de julio de 2004, párr. 134.61 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia, conclusiones, párr. 56, enwww.cidh.org62 Al respecto ver: Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, doc. E/CN.4/22/Add.1, párrafos 64 a 67;Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/SER.L/V/II.84, DOC 39 REV. Conclusiones y Recomendaciones, párrafo 14;Relatores Especiales de Tortura y de Ejecuciones Extrajudiciales, doc. E/CN.4/1995/111, párrafos 124 a 125; Comisión Interamericanade Derechos Humanos OEA/SER.L/V/II.95, DOC. 7, Cap. V, Colombia, párrafo 83; Comité de Derechos Humaos, ONU, doc. A/52/40,párrafo 294; Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, doc. E/CN.4/1998/16, párrafo 197; Comisión deDerechos Humanos ONU, Declaración de la Presidencia, 1998, 56 período de sesiones, OHCHR/STM/99/3, párrafos 12 a 16; ComisiónInteramericana de Derechos Humanos, OEA/SER.L/V/II.102, DOC. 9, Rev. 1, capítulo IV, I, párrafos 6 y 7; Alta Comisionada de lasNaciones Unidas para los Derechos Humanos, doc. E/CN.4/1999/8, párrafo 170; Comisión de Derechos Humanos ONU, Declaración dela Presidencia, 1998, 56 período de sesiones, OHCHR/STM/99/3, párrafo 11; Comisión de derechos Humanos ONU, Declaración de laPresidencia, 1998, 56 período de sesiones, OHCHR/STM/99/3, párrafo 8, entre otros.63 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,54° período de sesiones, doc. E/CN.4/1998/16, párr. 197. 30 Recommended

References: resolución 
 artículo 22
 resolución 
 Resolución 
 artículo 19
 resolución 
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 54