Source: https://www.scribd.com/document/62953770/Titulo-Reconocimiento-y-ejecucion-de-sentencias-extranjeras-La-delicada-pero-decidida-intervencion-del-orden-publico-internacional-Autor-Feldstein
Timestamp: 2017-06-27 03:08:56+00:00

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Título: Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras: La delicada pero decidida intervención del orden público internacional Autor: Feldstein de Cárdenas, Sara L.Uploaded by DIPBoggianoRelated InterestsJurisdictionProcedural LawState (Polity)Capital PunishmentCompetence (Law)Rating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentVoces: ORDEN PUBLICO INTERNACIONAL ~ SENTENCIA EXTRANJERA ~ SENTENCIA ~ EXEQUATUR ~ CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION ~ TRATADO DE DERECHOPROCESAL INTERNACIONAL DE MONTEVIDEO DE 1940 ~ MERCOSUR Título: Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras: La delicada pero decidida intervención del orden público internacional Autor: Feldstein de Cárdenas, Sara L. Publicado en: Colección de Análisis Jurisprudencial Derecho Internacional Privado y de la Integración Director: Sara L. Feldstein de Cárdenas, Editorial LA LEY, 2004, 01/01/2004, 478 Fallo comentado: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS) ~ 1996-10-15 ~ Riopar S.R.L. c. Transportes Fluviales Argenrío S.A. SUMARIO: I. Introducción. — II. La cooperación judicial internacional. — III. Reconocimiento y Ejecución de Sentencias y Laudos Extranjeros. — IV. Métodos de control de la jurisdicción internacional extranjera. — V. Sistema Jurídico Argentino de fuente interna y convencional. — VI. Soluciones en el nivel no convencional. — VII. Soluciones en el nivel convencional bilateral. — VIII. Soluciones en el nivel convencional multilateral americano. — IX. Soluciones en el nivel convencional regional. El Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Extranjeras en el Mercosur. — X. Soluciones en el nivel convencional universal: La Convención de Nueva York de 1958 sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros. — XI. La ratificación por la Argentina de la Convención de Nueva York. — XII. Jurisprudencia Argentina. — XIII. Los hechos del caso. — XIV. Decisión de Primera y Segunda Instancia. — XV. Pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. — XVI. Reflexiones finales. — XVII. Bibliografía. I. Introducción La pertenencia al Derecho Internacional Privado en razón de su objeto de las cuestiones vinculadas con el denominado derecho procesal internacional, como uno de sus capítulos o áreas temáticas, afortunadamente se ha convertido en la actualidad, en una polémica doctrinaria superada en el derecho argentino (1). Desde su génesis la disciplina se ha preocupado y ocupado de la regulación del proceso transfronterizo, proponiendo soluciones que después de más de setecientos años aún conservan vigencia (2). Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que, en un mundo caracterizado por la búsqueda de la superación del fenómeno de la frontera, sobre todo dentro de los espacios integrados, el objetivo central a conseguir consista en facilitar, simplificar, garantizar, el reconocimiento y establecimiento de aquellos procedimientos o mecanismos tendientes al logro de la libre circulación de decisiones judiciales entre los Estados Miembros; a punto tal de llegar a erigirse en la no menos célebre quinta libertad (3). Esta orientación se inclina por reconocer los pronunciamientos judiciales dictados en el extranjero con arreglo a las normas sobre jurisdicción internacional del tribunal sentenciante y a no entorpecer mediante la revisión de fondo tales resoluciones (4). En esta oportunidad analizaremos el caso jurisprudencia' Riopar S.R.L. c. Transportes Fluviales Argenrío S.A. a fin de estudiar algunos aspectos del mencionado Derecho Procesal Internacional, en particular el reconocimiento de sentencias extranjeras. A tal fin realizaremos algunas consideraciones previas vinculadas con dicha temática. II. La cooperación judicial internacional El auxilio o la cooperación jurídica internacional puede ser entendida como, la actividad de naturaleza procesal desarrollada en un Estado, al servicio de un proceso incoado o a incoarse ante extraña jurisdicción (5). Asistencia, auxilio o cooperación que puede desplegarse en distintos niveles, relativos a: • Actos de mero trámite, probatorios y de información del derecho de un Estado en otro. • Medidas cautelares o precautorias. • Reconocimiento y ejecución de sentencias o laudos arbitrales extranjeros. Tal como hemos indicado, quedan comprendidos un abanico de posibilidades que van desde la mínima asistencia, denominada de mero trámite, pero por cierto no menos importante ya que es la más requerida, tales como las intimaciones, las citaciones, emplazamientos, notificaciones, la recepción u obtención de pruebas; pasando por la cooperación cautelar sin la cual, el victorioso en un proceso transnacional puede ver seria o definitivamente frustradas sus legítimas expectativas, hasta llegar al grado máximo de colaboración cuando el órgano de un Estado presta su cooperación para el reconocimiento o ejecución dentro de su territorio de un pronunciamiento dictado en el extranjero. Por ello resulta imprescindible destacar que en el campo del Derecho Internacional Privado, cuando se aborda la cuestión de la jurisdicción internacional, corresponde analizarla en sus diversos aspectos. • En un primer aspecto, ella indica el poder del Estado para entender en una controversia que le es sometida; en esta hipótesis el juez o el árbitro se plantea el interrogante si es competente para dirimir una determinada desavenencia.
• En un segundo aspecto, señala el poder de un tribunal extranjero de producir una decisión o un pronunciamiento en condiciones de ser reconocido o ejecutado en otro, en este supuesto se plantea si en la disputa que se le pide reconocimiento o ejecución, el juez que dictó el pronunciamiento es internacionalmente competente. Por cierto, que tal como veremos, existen diversos métodos o criterios para determinar la jurisdicción internacional indirecta o, • En un tercer aspecto, comprende el análisis de la denominada prórroga o elección de jurisdicción. Los dos primeros aspectos enunciados han llevado a diferenciar lo que doctrinariamente se ha denominado "competencia o jurisdicción general directa" y "competencia o jurisdicción general indirecta"(6). Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que frente a la noción de jurisdicción o competencia internacional general se encuentra la denominada competencia especial que determina las autoridades competentes, sean judiciales, administrativas, religiosas, entre otras, que deberán conocer en el proceso según sus reglas internas. Dicho de otro modo y, siguiendo a un prestigioso maestro de derecho internacional privado uruguayo, la cooperación jurídica en sentido amplio comprende tres capítulos tradicionales: la atribución o distribución de la competencia entre las judicaturas de los distintos Estados; el cumplimiento extraterritorial de medidas procesales dictadas por la judicatura de un Estado y el reconocimiento y la ejecución extraterritorial de la sentencia pronunciada por los magistrados de un Estado extranjero (7). En esta ocasión exploraremos uno de los aspectos mencionados focalizándolo, en el poder de un tribunal extranjero de dictar un pronunciamiento en condiciones de ser reconocido o recibir el llamado exequatur en otro Estado (8). Si una de sus más importantes finalidades del derecho internacional privado es el logro de certeza jurídica en el ámbito de las relaciones jurídicas internacionales, aparece como ineludible la asistencia y cooperación entre los Estados en un área de singular relevancia y delicadeza como la relativa al reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros. III. Reconocimiento y Ejecución de Sentencias y Laudos Extranjeros Una sentencia extranjera constituye el acto adoptado por la autoridad judicial de otro Estado en el ejercicio de un poder vinculado con la soberanía estatal: el de juzgar y ejecutar lo juzgado (9). Esta decisión goza, dentro del territorio del Estado donde ha sido dictada de todos los atributos que le son propios y conforme con su naturaleza. Este acto jurisdiccional tendrá los efectos de cosa juzgada formal y material, fuerza ejecutiva, dentro de los límites del Estado en el que ha sido dictado, pero en principio, carecerá de efecto, de eficacia extraterritorial. La importancia de esta delicada cuestión ha sido magistralmente expresada por autores españoles cuando señalan que "la ausencia de un reconocimiento de las decisiones judiciales extranjeras abocaría a situaciones claudicantes y a una negación de la función propia del derecho internacional privado; la continuidad de las relaciones jurídicas en el espacio. En este sentido, el reconocimiento de las decisiones se incardina, tal vez como ninguna otra materia, en el corazón del objeto y función del derecho internacional privado y, consecuentemente, constituye parte fundamental de su contenido... "(10). Cuánta razón le asiste a tal aseveración claramente encaminada a sortear, a elevarse por encima de las fronteras estaduales. Esta temática implica básicamente dar respuesta a las siguientes alternativas, una se refiere a la elección entre la aceptación o el rechazo de la eficacia de las decisiones judiciales dictadas por órganos jurisdiccionales o arbitrales extranjeros y la otra, quizás la más relevante, en caso de aceptar la eficacia, consiste en resolver si el reconocimiento precisa o no de un control previo de la resolución respectiva. Estamos en presencia de los denominados sistemas de reconocimiento de "autorización previa" o "sistemas de reconocimiento automático", respectivamente. Aún en el último de los sistemas los Estados convienen en imponer una serie de condiciones mínimas que se justifican por la especial naturaleza de las relaciones jurídicas internacionales regladas. El primero de los criterios enunciados consiste en la exigencia para que tenga lugar el reconocimiento de una previa declaración de autorización por parte de los tribunales estatales requeridos. El otro criterio atribuye efectos a la decisión extranjera sin que sea necesario una previa autorización, sino que ella goza, sustenta la virtualidad de tener efectos de modo automático dentro del territorio de otros Estados. Si bien es preciso señalar, que ningún Estado reconoce o ejecuta una decisión extranjera sin condicionamiento alguno. Cabe establecer que uno de los principios rectores que impregnan algunos marcos normativos, como el Convenio de Bruselas de 1968 (11) es la ausencia de control por parte del Estado requerido. Este principio implica la consagración de la presunción de validez de la resolución judicial emanada de un órgano jurisdiccional de un Estado contratante y la nítida adopción, por parte del legislador del sistema de reconocimiento automático. Ello se explica por la propia naturaleza del convenio que es de los de denominador doble, ya que regla conjuntamente las mentadas jurisdicción directa y jurisdicción indirecta (12) y por el principio de confianza en los tribunales de los otros Estados contratantes. Por cierto, que cuando hablamos de control mínimo, no queremos decir reconocimiento a ciegas. En este sentido podemos citar los artículos 27, 28 y 29 del citado texto legal que, en cinco incisos contempla aquellas hipótesis en que las resoluciones judiciales no
deberán ser reconocidas en el territorio de los Estados contratantes. - Si el reconocimiento fuera contrario al orden público del Estado requerido; - Cuando se dictaren en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado o notificado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente, de forma regular y con tiempo suficiente para defenderse (13); - Si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado requerido; - Si el tribunal del Estado de origen, para dictar la resolución, hubiere desconocido, al decidir de una cuestión relativa al estado o capacidad de las personas físicas, a los regímenes matrimoniales, a los testamentos o a las sucesiones, una regla de derecho internacional privado del Estado requerido, a menos que se hubiere llegado al mismo resultado mediante la aplicación de las normas de derecho internacional privado del Estado requerido; - Si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en un Estado contratante entre las mismas partes en un litigio que tuviere el mismo objeto y la misma causa, cuando esta última resolución reuniere las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido. Uno de los principios rectores es el de la ausencia de control por parte del Estado requerido. El otro, no menos significativo que el anterior, establece la Imposibilidad por parte de los órganos jurisdiccionales de los Estados contratantes de someter la resolución extranjera a una revisión en cuanto al fondo. La doctrina más autorizada en la materia, tanto nacional como extranjera, luego de distinguir nítidamente entre las nociones de reconocimiento y de ejecución (14), aclara que "toda sentencia declarativa, constitutiva o de condena es susceptible de reconocimiento en un Estado distinto del cual procede. Solamente las sentencias condenatorias son susceptibles de ejecución (15). Queda claro que no puede haber ejecución sin reconocimiento, pero en cambio puede haber reconocimiento sin ejecución. Se trata de nociones distintas, las que no pueden ser confundidas. De modo, que por reconocimiento entendemos el examen de la admisibilidad jurídica del pronunciamiento dictado en el extranjero, comprendiendo el conjunto de actos procesales para establecer si la decisión reúne los requisitos de admisibilidad indispensables y por ejecución, la pretensión de dotar de fuerza ejecutiva al pronunciamiento dictado en el extranjero con virtualidad suficiente como para habilitar al titular del derecho allí consagrado para requerir, de resultar menester, el auxilio de la fuerza pública del Estado requerido (16). Dentro de esa línea de pensamiento, y dicho de otra manera puede conceptualmente distinguirse entre "reconocimiento" que implica el acto a través del cual la sentencia o laudo extranjero es considerado como definitivo y vinculante para las partes y "ejecución" que consiste en el procedimiento a través del cual el titular de una sentencia extranjera a su favor obtiene la vía procesal efectiva para cobrar su crédito. Sin embargo, cabe señalar que coincidentemente tanto para el reconocimiento como para la ejecución de una sentencia o laudo dictado en el extranjero, es necesario que se cumplan determinados requisitos que cubran los aspectos formales, procesales y materiales. El control de los mencionados recaudos tienden, en mayor o menor medida, con los primeros, a verificar si los fallos extranjeros se encuentran revestidos de las formalidades externas necesarias para ser considerados auténticos en el Estado de donde proceden; con los segundos, a asegurar la regularidad del proceso llevado a cabo en el extranjero, el cumplimiento del debido proceso por parte de un juez que ostente competencia internacional y con los últimos, a resguardar que el reconocimiento o la ejecución no entrañe la vulneración del orden público internacional del Estado requerido (17). IV. Métodos de control de la jurisdicción internacional extranjera Resulta necesario subrayar los diferentes criterios de control de la jurisdicción internacional del juez extranjero. En este sentido se observan, dos teorías o doctrinas fundamentales, la denominada doctrina unilateralista y la doctrina bilateralista. A su turno, el primer criterio, se bifurca entre la denominada doctrina unilateralista simple y la doctrina unilateralista doble. De manera sintética procuraremos explicar los rasgos característicos de cada una de estas teorías (18). IV.1. Doctrina unilateralista: • Simple: La jurisdicción internacional del juez extranjero debe ser examinada con arreglo a las normas de su propio ordenamiento y no del ordenamiento del foro. Permite que el Estado requerido pueda negar el reconocimiento cuando se encuentran involucrados los principios básicos de la legislación del foro. Por ende, para esta concepción el juez requerido debe aplicar las normas de jurisdicción internacional del Estado requirente. • Doble: La jurisdicción internacional del juez extranjero debe ser examinada con arreglo a las normas de su propio ordenamiento pero permite que el Estado requerido pueda negar el reconocimiento cuando invadan la esfera de la jurisdicción internacional exclusiva del foro. Para esta línea de pensamiento, solamente corresponde negar la jurisdicción del sentenciarte extranjero cuando hay invasión de la jurisdicción internacional del juez requerido (19). IV.2. Doctrina bilateralista La jurisdicción internacional del juez extranjero son juzgadas desde los criterios atributivos de jurisdicción
del foro, ya que las disposiciones sobre jurisdicción son bilateralizadas a fin de controlar la jurisdicción del juez extranjero. Ello implica, como destaca la doctrina más prestigiosa que, para considerarse que el juez extranjero es competente en la esfera internacional además de no haber invadido la jurisdicción exclusiva del Estado requerido, ha detentado jurisdicción internacional en base a criterios semejantes o análogos a los del juez del foro (20). Esta última concepción, cuenta con defensores (21) y con detractores. Estos últimos se han alzado ante la rigidez que implica el exigir una coincidencia entre los criterios de la legislación del foro y de la legislación del Estado requirente. Además, ello encierra una suerte de desconfianza hacia los criterios jurisdiccionales en que se ha basado el sentenciante extranjero, no acorde con las tendencias actuales. Según nuestro punto de mira, quizás les asista razón a quienes critican esta teoría, porque como ya hemos explicado la tendencia contemporánea se mueve, se orienta en otras direcciones más proclives a la cooperación jurídica internacional. V. Sistema Jurídico Argentino de fuente interna y convencional Cabe señalar que el derecho positivo argentino tanto de fuente interna cuanto de fuente convencional, se alinea dentro de la concepción bilateralista (22). Así en el primer nivel, la adhesión a este criterio surge de lo establecido por el art. 517 y sigtes. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y en el segundo nivel, basta citar los Tratados de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1889 y de 1940 y la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos arbitrales extranjeros, aprobada por la República Argentina mediante la ley 22.921, donde se dispone en el artículo 2: "Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones judiciales extranjeras tendrán eficacia extraterritorial en los Estados Partes si reúnen las condiciones siguientes: a)...b)...c)...d)que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir efecto..". Sin embargo, un atisbo de un cambio en la orientación general, parece vislumbrarse en la Convención aprobada por Ley 23.720, entre la República Argentina y la República Italiana sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias en Materia Civil. En esta convención, tal como destaca una autora argentina, "el verdadero aporte consiste en disociar las normas de competencia directa e indirecta y proporcionar criterios autónomos y específicos para reconocer regularidad internacional en la intervención de la autoridad judicial de origen". Es más, con muestras de un gran optimismo, llega a decir que "...el art. 22 párrafo 2 de la Convención, contiene nueve criterios generales de competencia internacional indirecta, muchos de los cuales coinciden con las normas de competencia directa establecidas en el título II de la Convención de Bruselas de 1968 (23). No sólo se logra uniformidad en las relaciones bilaterales a los fines del reconocimiento sino que se aporta luz al sistema argentino de fuente interna y se favorece la introducción del litigante domiciliado en la República Argentina, en el espacio de libre circulación de sentencias de la Comunidad Económica Europea"(24). VI. Soluciones en el nivel no convencional Corresponde examinar los arts. 517 al 519 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que se encuentran dentro del capítulo II titulado "Sentencias de tribunales extranjeros. Laudos de tribunales arbitrales extranjeros". El art. 517 del texto legal dispone: "Conversión de título ejecutorio. Las sentencias de tribunales extranjeros tendrán fuerza ejecutoria en los términos de los tratados celebrados con el país de que provengan. Cuando no hubiese tratados, serán ejecutables si concurriesen los siguientes requisitos: 1°. Que la sentencia, con autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se ha pronunciado, emane de tribunal competente según las normas argentinas de jurisdicción internacional y sea consecuencia del ejercicio de una acción personal o de una acción real sobre un bien mueble, si éste ha sido trasladado a la República durante o después del juicio tramitado en el extranjero. 2°. Que la parte demandada contra la que se pretende ejecutar la sentencia hubiese sido personalmente citada y se haya garantizado su defensa. 3°. Que la sentencia reúna los requisitos necesarios para ser considerada como tal en el lugar en que hubiere sido dictada y las condiciones de autenticidad requeridas por la ley nacional. 4°. Que la sentencia no afecte los principios de orden público del derecho argentino. 5°. Que la sentencia no sea incompatible con otra pronunciada, con anterioridad o simultáneamente, por un tribunal argentino. El art. 518 establece: Competencia. Recaudos. Sustanciación. "La ejecución de la sentencia dictada por un tribunal extranjero se pedirá ante el juez de primera instancia que corresponda, acompañando su testimonio legalizado y traducido y de las actuaciones que acrediten que ha quedado ejecutoriada y que se han cumplido los demás requisitos, si no resultaren, de la sentencia misma. Para el trámite del exequatur se aplicarán las normas de los incidentes.
Si se dispusiere la ejecución, se procederá en la misma forma establecida para las sentencias pronunciadas por tribunales argentinos". El art. 519, sobre Eficacia de sentencia extranjera, dice: "Cuando en juicio se invocare la autoridad de una sentencia extranjera, ésta sólo tendrá eficacia si reúne los requisitos del artículo 517". El art. 519 bis, sobre Laudos de Tribunales Arbitrales extranjeros estipula: "Los laudos pronunciados por tribunales arbitrales extranjeros podrán ser ejecutados por el procedimiento establecido en los artículos anteriores, siempre que: "1°. Se cumplieren los recaudos del artículo 517, en lo pertinente y, en su caso, la prórroga de jurisdicción hubiese sido admisible en los términos del artículo 1°. "2°. Las cuestiones que hayan constituido el objeto del compromiso no se encuentren excluidas del arbitraje conforme a lo establecido por el artículo 737". De forma sumamente prolija, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el Capítulo II, regula las condiciones de la jurisdicción internacional indirecta. Se distingue según: • Que las decisiones provengan de tribunales extranjeros radicados en Estados con los que nuestro país tenga celebrados tratados. En este supuesto, ello es innecesario señalarlo, el trámite de reconocimiento y de ejecución de las decisiones se cumplirá con arreglo a los mismos. • Que la decisión provenga de un país con el cual no existe tratado, en cuyo caso, la sentencia debe reunir las condiciones establecidas en los incisos 1 a 5 del artículo 517 y 518. Si se trata de la ejecución de sentencias serán aplicables los artículos mencionados y, en el caso de reconocimiento idénticas condiciones, ya que el artículo 519 realiza un reenvío interno al artículo 517. De modo que en uno u otro supuesto, de reconocimiento o de ejecución, las condiciones de admisibilidad son idénticas. Asimismo, cabe observar que el Código Procesal, a los efectos de la ejecución en nuestro territorio, equipara a las sentencias con los laudos arbitrales dictados en el extranjero. En esta última hipótesis, para lograr la ejecución de laudos arbitrales dictados en el extranjero dentro del territorio nacional, se prevé que además de los recaudos establecidos en lo pertinente en los artículos anteriores, deberán ser cumplidas dos condiciones adicionales. Una referida a la validez del acuerdo de prórroga, la cual deberá ajustarse a los términos del artículo 1 del Código Procesal y otra relativa a la arbitrabilidad de la controversia, estableciéndose que las cuestiones que constituyan el objeto del acuerdo arbitral sean transables. El laudo dictado en el extranjero, por tanto, será reconocido o ejecutable en el territorio nacional: 1°. Si reúne, en lo pertinente las condiciones de los artículos 517 y 518 del texto bajo examen; 2°. Si las controversias, los diferendos objeto de la vía arbitral, se corresponden con las susceptibles de transacción, es decir, aquellas que básicamente, se mueven dentro del área de la disponibilidad de las partes. En este caso se produce un reenvío interno a los arts. 842 a 849 del Cód. Civil. 3°. Si el acuerdo de prórroga de jurisdicción es válido, esto es si se trata de cuestiones objetivamente internacionales, no existe jurisdicción exclusiva de los tribunales estatales argentinos y la prórroga no está prohibida por la ley (25). VII. Soluciones en el nivel convencional bilateral La República Argentina y la República Italiana han celebrado la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias en Materia Civil, que nuestro país ha aprobado por Ley 23.720, dispone: Artículo 21: "Cada una de las partes reconocerá y declarará ejecutivas, dentro de los limites de los artículos anteriores, las sentencias en materia civil, dictadas por autoridades judiciales de la otra, así como las disposiciones concernientes al resarcimiento de los daños y a la restitución de bienes contenidas en sentencias penales". Asimismo, si bien con un alcance distinto, nuestro país ha suscripto la Convención de Cooperación Judicial con la República Francesa, aprobada por Ley 24.107. La colaboración, la asistencia según surge del artículo 1, alcanza a las sentencias y a los laudos pronunciados en los Estados Parte que hayan sido dictados en materia civil, comercial y laboral, así como en las sentencias penales en cuanto se refieran a la indemnización derivados del delito. El art. 2° indica que las sentencias pronunciadas en un Estado podrán ser reconocidas y podrán ser declaradas ejecutorias en el otro, cuando reúnan las condiciones que a continuación enumera. Remitimos a la lectura del texto del Convenio que enrolándose en la línea de la mayoría de los textos normativos no introduce alteraciones importantes en este aspecto (26). VIII. Soluciones en el nivel convencional multilateral americano A) La obra codificadora de Montevideo
a. Tratado de Derecho Procesal Internacional de 1889 El art. 3° establece: "Las sentencias o laudos homologados expedidos en asuntos civiles y comerciales, las escrituras públicas y demás documentos auténticos otorgados por funcionarios de un Estado, y los exhortos y cartas rogatorias surtirán sus efectos en los otros Estados signatarios, con arreglo a lo estipulado en este Tratado, siempre que estén debidamente legalizados"(27). Corresponde el examen de los arts. 5°, 6°, 7° y 8°. Estas disposiciones se encuentran ubicadas dentro del Título III denominado "Del cumplimiento de los exhortos, sentencias y fallos judiciales". Debe destacarse que mientras que el Tratado de 1889 no distingue entre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias y laudos extranjeros, sí acepta esta distinción la versión de 1940. Así el art. 5° establece que: "Las sentencias y los fallos arbitrales dictados en asuntos civiles y comerciales en uno de los Estados signatarios, tendrán en los territorios de los demás la misma fuerza ejecutiva que en el país en donde fueron pronunciados, si reúnen los requisitos siguientes: "a) Que han sido dictados por tribunal competente en la esfera internacional; "b) Que tengan el carácter de ejecutoriados o pasados en autoridad de cosa juzgada en el Estado en donde hayan sido pronunciados; "c) Que la parte contra la cual se hubieran dictado haya sido legalmente citada y representada o declarada rebelde, conforme a la ley del país en donde se siguió el juicio; "d) Que no se opongan al orden público del país de su cumplimiento...". En el art. 6° se señalan las condiciones respecto de los "documentos indispensables para solicitar el cumplimiento de las sentencias o de los fallos arbitrales", indicándose: "a) Copia íntegra de la sentencia o del fallo arbitral; "b) Copias de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado cumplimiento al inciso c) del artículo anterior; "c) Copia auténtica del auto que declare que la sentencia o laudo tiene el carácter de ejecutoríado o pasado en autoridad de cosa juzgada, y de las leyes en que dicho auto se funda". Artículo 7°: "El carácter ejecutivo o de apremio de las sentencias o fallos arbitrales, y el juicio a que su cumplimiento dé lugar, serán los que determine la ley de procedimiento del Estado en donde se pide la ejecución". Artículo 8°: "Los actos de jurisdicción voluntaria, como son los inventarios, apertura de testamentos, tasaciones u otros semejantes, practicados en un Estado, tendrán en los demás Estados el mismo valor que si se hubiesen realizado en su propio territorio, con tal de que reúnan los requisitos establecidos en los precedentes artículos". Durante las reuniones llevadas a cabo, el miembro informante de la Comisión de Derecho Procesal, sostuvo que la adopción de los principios que inspiraron el reconocimiento de las sentencias pronunciadas en otros países no fue motivo de controversias. Las doctrinas que propiciaban la revisión de las sentencias extranjeras, sólo les concedían el carácter de medios de defensa y constituyeron criterios de transición entre el exclusivismo del imperio de la jurisdicción territorial y las exigencias de los pueblos modernos. Tratándose de las relaciones entre las naciones del continente sudamericano, que tienen intereses comunes, instituciones análogas y las mismas bases en su legislación civil y criminal, surgió como una consecuencia natural que las sentencias o fallos arbitrales pasados en autoridad de cosa juzgada en un Estado, tuviesen el mismo valor en los demás. Los requisitos que se enumeran, y los documentos que se deben acompañar, no constituyen restricciones al principio, sino garantías a favor de los interesados en el litigio y resguardo de la soberanía del territorio en que se pide la ejecución de la sentencia. Asimismo, la Comisión se ocupó de los actos de jurisdicción voluntaria para otorgarle dentro del ámbito de los territorios de los Estados signatarios un valor probatorio análogo al que les acuerda la ley del Estado en que se han practicado. b. Tratado de Derecho Procesal Internacional de 1940 En la versión de 1940 del Tratado de Montevideo, el artículo 5 se mantiene con un agregado en su última parte en la que se establece que: "Quedan incluidos en el presente artículo las sentencias civiles dictadas en cualquier Estado signatario por un Tribunal Internacional, que se refieren a personas o a intereses privados"(28). Mientras que el artículo 6 permaneció inalterado, el artículo 7° fue modificado de la siguiente manera: "La ejecución de las sentencias y fallos arbitrales, así como la de las sentencias de los tribunales internacionales contempladas en el último inciso del art. 5°, deberá pedirse a los jueces o tribunales competentes, los cuales con audiencia del Ministerio Público y previa comprobación de que aquellos se ajustan a lo dispuesto en dicho artículo, ordenarán su cumplimiento por la vía que corresponda, de acuerdo a lo que a ese respecto disponga la ley de procedimiento local. En todo caso, mediando pedido formulado por el Ministerio Público, y aún de oficio, podrá oírse, sin otra forma de defensa, a la parte contra la cual se pretende hacer efectiva la sentencia o el
fallo arbitral de que se trata". El artículo 8° establece: "El juez a quien se solicite el cumplimiento de una sentencia extranjera, podrá, sin más trámite y a petición de parte y aun de oficio, tomar todas las medidas necesarias para asegurar la efectividad de aquel fallo, conforme a lo dispuesto por la ley del tribunal local sobre secuestros, inhibiciones, embargos u otras medidas preventivas". A su turno, el artículo 9° es el que produce la más importante innovación, cuando introduce la distinción entre reconocimiento y ejecución de sentencias. Dispone: "Cuando sólo se trate de hace valer como prueba la autoridad de cosa juzgada de una sentencia o de un fallo, deberá ser presentada en juicio con la documentación a que se refiere el art. 6, en el momento que corresponda según la ley local; y los jueces o tribunales se pronunciarán sobre su mérito en la sentencia que dicten, previa comprobación, con audiencia del Ministerio Público, de que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5°". Finalmente, el artículo 10 se dedica a reproducir el artículo 8 del tratado de 1889, si bien altera el texto cuando en lugar de referirse a los actos de jurisdicción voluntaria alude a los "actos procesales no contenciosos". B) La Obra Codificadora de la C.I.D.I.P. a. La Convención Interamericana sobre Competencia en la esfera internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Extranjeros de Montevideo de 1979. C.I.D.I.P. II, aprobada por Ley 22.921. Esta Convención establece su ámbito de aplicación respecto de las sentencias judiciales y laudos arbitrales dictados en procesos civiles, comerciales y laborales. De manera, que introduce una importante innovación al incorporar las decisiones recaídas en materia laboral (29). Las condiciones para otorgar eficacia internacional a las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeras, son las establecidas en el artículo 2°, en el que en los incisos a), b) y c) se indican las formalidades referidas a la autenticidad, traducción en su caso y legalización. En los incisos d) a h) indusive, se establecen las condiciones requeridas que las decisiones deben reunir para obtener eficacia, señalándose: • Que deben haber sido dictadas por el juez o tribunal en la esfera internacional, de conformidad con la ley del Estado donde deban surtir efecto. • Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma legal; • Que se haya asegurado la defensa de las partes; • Que tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa juzgada en el Estado en que fueron dictadas y, • Que las decisiones no contraríen el orden público del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecución. En el artículo 3 se especifican los documentos de comprobación indispensables para solicitar el cumplimiento de los pronunciamientos. b. La Convención Interamericana sobre Competencia en la esfera internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Extranjeros de La Paz de 1984. C.I.D.I.P. III Esta Convención fue sancionada, según surge de la lectura de sus considerandos, para dar eficaz aplicación al art. 2°, inciso d, de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros de Montevideo de 1979 (30). En el art. 1° del texto legal se determina el juez competente en la esfera internacional, para lo que distingue entre acciones personales de naturaleza patrimonial; acciones reales sobre bienes muebles corporales, o sobre bienes inmuebles, ocupándose además de las acciones derivadas de contratos mercantiles celebrados en el ámbito internacional. En las acciones personales se señala que "es competente el juez del domicilio o residencia habitual del demandado si se tratare de personas físicas o que hayan tenido su establecimiento principal en dicho territorio en el caso de personas jurídicas". El artículo 4 establece, que "Podrá negarse eficacia extraterritorial a una sentencia cuando haya sido dictada invadiendo la competencia exclusiva del Estado Parte ante el cual se invoca". Para concluir, cabe observar que curiosamente este texto normativo, excluye de su ámbito de aplicación al arbitraje. Finalmente, el artículo 5 del citado marco normativo condiciona la eficacia de las sentencias extranjeras a que, además de tener carácter de cosa juzgada, sean susceptibles de reconocimiento o ejecución en todo el territorio del Estado donde fueron pronunciadas. Tal como lo ha advertido la doctrina argentina, el fundamento de esta norma radica en la necesidad de eliminar diferencias entre Estados federales y unitarios, teniendo claro que la sentencia extranjera resulta eficaz en el país de origen, independientemente de su forma de gobierno. IX. Soluciones en el nivel convencional regional El Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Extranjeras en el Mercosur a. El Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y
Administrativa de Las Leñas de 1992- Aprobado por la República Argentina por Ley 24.578 El Protocolo de Las Leñas es un instrumento cuya finalidad es asegurar la prestación de un adecuado auxilio jurídico internacional entre los Estados Partes. Comprende en su ámbito tanto la cooperación de mero trámite y probatoria como el reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros. Consta de nueve capítulos y un total de treinta y seis artículos y precisamente el capítulo y se dedica a regular lo relacionado con el "Reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales". El ámbito de aplicación comprende, los pronunciamientos recaídos en materia civil, comercial, laboral y administrativa, así como las sentencias recaídas en sede penal en materia de reparación de daños y restitución de bienes. Los artículos comprendidos son desde el art. 18 al art. 24 inclusive. Los iremos analizando y comentando de manera ordenada. El texto normativo establece, aludiendo a los requisitos formales que deben reunir los pronunciamientos para ser susceptibles de reconocimiento o de ejecución, que los fallos extranjeros deben estar revestidos de las formalidades externas necesarias para ser considerados auténticos en el Estado de donde proceden. El cumplimiento de estas condiciones deben surgir del testimonio de la sentencia cuya eficacia se persigue, lo cual implica que se adopta el criterio de la lex causae para solucionar este tema. En cambio, hay ciertos requisitos formales, tales como que tanto la sentencia como la documentación acompañada deben estar debidamente traducidas en el idioma oficial del Estado ante el cual se solicita el reconocimiento o ejecución. Para concluir, cabe observar que el requisito de la legalización no resulta exigible dado que se ha convenido que la tramitación sea realizada a través de las autoridades centrales, que son organismos técnicos especializados en materia de cooperación internacional a quienes se les encarga gestionar las solicitudes para lograr la debida celeridad. El artículo 20 establece en el inciso c) que tendrán eficacia extraterritorial en los Estados Parte, las sentencias que emanen de un órgano jurisdiccional competente, según las normas del Estado requerido sobre jurisdicción internacional y en el inciso e) se dispone que resulta un requisito indispensable que el pronunciamiento cuyo reconocimiento se solicita, haya pasado en autoridad de cosa juzgada. Finalmente, respecto del cumplimiento de los mentados aspectos sustanciales o materiales, el instrumento en análisis en el artículo 20 inciso f) dispone que las sentencias y laudos arbitrales tendrán eficacia extraterritorial en los Estados Partes si reúnen las siguientes condiciones "que no contraríen manifiestamente los principios de orden público del Estado en que solicitan el reconocimiento y/o ejecución". b. El Protocolo sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual de Buenos Aires de 1994, aprobado en Argentina por Ley 24.669 Este convenio reviste importancia por numerosos motivos: uno, por ofrecer a los operadores, tanto particulares, como los propios Estados, de un marco regulador apropiado, de previsibilidad y seguridad jurídica destinado a garantizar la uniformidad de las decisiones jurisdiccionales dentro del área integrada. La adopción de reglas comunes sobre jurisdicción internacional en materia contractual, está enderezada a generar un mayor impulso para el desarrollo de las relaciones económicas entre los pueblos de los países miembros. Este instrumento jurídico dedicado a la materia contractual, regula los tres aspectos que tal como lo hemos señalado precedentemente, comprende la jurisdicción internacional. En efecto, en el título III regla "La Jurisdicción como requisito para el reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales", en un único artículo el número 14 (31). Esta disposición prevé que la jurisdicción internacional reglada por el artículo 20 literal c) del Protocolo de las Leñas sobre Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, quedará sometida a lo dispuesto en el Protocolo de Buenos Aires. Ello implica que si una parte solicita, por vía de hipótesis, el reconocimiento de una sentencia o de un laudo extranjero ante los Estados Partes, éstos deberán darle cumplimiento si la decisión hubiera sido dictada con arreglo, en primer lugar con las normas establecidas en el Protocolo y en segundo término si reúnen las condiciones establecidas en el artículo 20 literal c) del Protocolo de Las Leñas. Precisamente, se produce un reenvío interno legislativo dado que para evaluar la jurisdicción del órgano jurisdiccional o arbitral competente, habrá que recurrir a los criterios establecidos en el Protocolo de Buenos Aires. Que la sentencia haya sido dictada: - Por el juez o el árbitro que las partes eligieron en un acuerdo válido o en ausencia o invalidez de la prórroga; - Por el juez del Estado del lugar del domicilio del demandado; o - Por el juez del Estado del lugar del cumplimiento de contrato; o - Por el juez del Estado del lugar del domicilio o sede social del actor si demostrare que cumplió con la prestación a su cargo (32). Como advertirá el lector, el Protocolo pertenece a la categoría de instrumentos que en materia de cooperación internacional se dedica a regular no solamente la validez de la prórroga de jurisdicción, sino las ya famosas jurisdicción internacional directa y la jurisdicción internacional indirecta (33). X. Soluciones en el nivel convencional universal La Convención de Nueva York de 1958 sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales
Extranjeros - Aprobada por Ley Argentina 23.619 del 28 de Septiembre de 1988 (34) Resulta casi de toda obviedad señalar que el incremento de las relaciones jurídicas internacionales a través de las fronteras, ha elevado al arbitraje privado internacional a la categoría de método de resolución de las disputas por excelencia. Las partes en las transacciones internacionales, al preseleccionar al arbitraje como método de resolución de sus disputas, esperan encontrar: un foro neutral que interprete sus derechos, en lo posible sin la interferencia de los tribunales estatales; la posibilidad de recurrir a un tribunal estatal para anular el laudo que no ha respetado las garantías básicas del debido proceso, o que ha sido dictado bajo los efectos del fraude o la corrupción y por último lo que aquí nos interesa, asegurarse que la decisión arbitral habrá de ser rápidamente ejecutada sin ser sujeta a la revisión sobre el fondo por los tribunales estatales. En este trabajo, nos hemos marcado referirnos a uno de sus aspectos más importantes como es el relativo al reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales o laudos extranjeros, razón por la cual no podemos soslayar el análisis de la célebre Convención de Nueva York de 1958 (35). Precisamente se ha dicho que es el instrumento de carácter práctico más importante del derecho privado uniforme, se ha conformado con resolver dos cuestiones básicas en la materia: 1) Cuando las partes han acordado el arbitraje y ante el estallido de la disputa, una de ellas mediante el recurso a tácticas, a añagazas, que procuran dilatar el procedimiento iniciando la acción ante los tribunales estatales, y 2) Cuando dictado el laudo arbitral, una de las partes se niega a reconocerlo y cumplirlo. La Convención de Nueva York, reconoce la validez de los acuerdos arbitrales celebrados por escrito y obliga a los tribunales estatales a remitir a las partes a arbitraje y dictado el laudo obliga a los tribunales estatales a reconocerlos y a ordenar su cumplimiento forzoso. Veamos los textos pertinentes: Artículo V (36) "1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución: • Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo II estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia; o • Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o • Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones que exceden los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refiere a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o • Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje; o • Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia". "2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución, comprueba: • Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje (37); o • Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país". Sintéticamente puede decirse que esta Convención que tiene vigencia casi universal (38), regula dos de los aspectos fundamentales en materia de arbitraje privado internacional como son el reconocimiento de la validez del acuerdo de arbitraje (39) y el reconocimiento y ejecución de los denominados laudos extranjeros (40). Entre sus principales méritos, podemos señalar los siguientes: • Recoge la noción de sentencia extranjera, entendiéndose por tal la que ha sido dictada en territorio distinto al del Estado donde se solicita su reconocimiento o ejecución, o que no haya sido considerada comó nacional por el Estado en el cual se pide dicho reconocimiento o ejecución. Estos criterios se desprenden del artículo I de la Convención, cuando establece que son aquellas dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquél en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias. Se aplicará también a las sentencias arbitrales que no sean consideradas como sentencias nacionales en el Estado en el que se pide su reconocimiento o ejecución.
Siguiendo a la doctrina extranjera más autorizada diremos que para "saber cuando existe una sentencia extranjera podemos aplicar dos criterios, ambos negativos: a. Que no se haya dictado en el territorio del Estado ante el cual se pide reconocimiento y ejecución o b. que aún dictada en dicho territorio, el ordenamiento jurídico del Estado requerido no la considere como laudo nacional". • Consagra el principio rector que inspira las modernas legislaciones y convenciones internacionales que se basa en la presunción de validez de los acuerdos arbitrales y la regularidad de las sentencias arbitrales extranjeras. • Establece el requisito de la obligatoriedad de la sentencia extrajera, no su firmeza (41). Este tema ha dado lugar a una gran diversidad en su interpretación, dado que del texto del instrumento bajo examen no surge una definición del término obligatorio, cuestión que le permitió a la más autorizada de las doctrinas vaticinar las consecuencias negativas de esta omisión (42). • Exige la presentación de un número mínimo de documentos para respaldar la petición de la parte que invoca a su favor una sentencia arbitral extranjera. Solamente se trata de la copia del acuerdo arbitral y del laudo, en su caso traducido si el idioma en que se ha dictado es distinto de aquél en que se redactó el acuerdo arbitral. • Invierte la carga de la prueba, obligando a quien resiste el reconocimiento y/o ejecución a probar que no se encuentran reunidos los requisitos que lo impiden. En este sentido, cabe señalar que las causales se encuentran taxativamente establecidas en el artículo V de la Convención. Se trata de motivos oponibles por parte del demandado. • Posibilita la denegación o rechazo de oficio por parte del juez requerido, cuando el laudo se opone al orden público internacional o se trata de una cuestión no arbitrable de conformidad con la ley del foro. • Permite el reconocimiento, así como la ejecución parcial del laudo, el denominado exequatur parcial (43). XI. La ratificación por la Argentina de la Convención de Nueva York (44) El Congreso de la Nación aprobó por Ley 23619 del 28 de septiembre de 1988, la Convención de Nueva York de 1958. La República Argentina al momento de ratificar la Convención hizo las reservas de reciprocidad y comercialidad autorizadas por el artículo I (3). De este modo, el Estado Argentino solamente aplicará la Convención a laudos: • Que provengan de un Estado que también la haya ratificado, que hayan sido dictados en materia comercial, y • que sean tales, vale decir, pronunciamientos de naturaleza jurisdiccional sujetos a recursos de apelación y de ejecución. Cabe observar que España no hizo tales reservas, razón por la cual debe aplicar la Convención de Nueva York a cualquier laudo extranjero, proceda o no de un Estado que la haya ratificado, y aunque resuelva una cuestión que no sea comercial según el derecho interno español. XII. Jurisprudencia Argentina Sin perjuicio del presente caso "Ríopar S.R.L. c. Transportes Fluviales Argenrío S.A.", que analizaremos en extenso en otro apartado, podemos mencionar entre los pronunciamientos más relevantes sobre la materia que nos ocupa: La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, con fecha 31 de octubre de 1994, en los autos: "M. de L., O. C.J. sobre Exequatur y reconocimiento de sentencia extranjera", estableció que: "Conforme el art. 227 del Cód. Civil (t.o. ley 23.515), se establece una opción a favor del cónyuge actor, lo que hace que los puntos de conexión sean dos: a) el lugar del domicilio del esposo/a demandado y b) el lugar del último domicilio en que efectivamente convivieron los cónyuges. Si ambos domicilios se ubican en el país, existe una jurisdicción internacional exclusiva y excluyente; si un domicilio se halla en el territorio nacional y otro en el extranjero, la jurisdicción será concurrente; y si ambos domicilios se encuentran fuera de la República, el juez argentino carece de competencia El art. 227 del Cód. Civil, le evita al demandante la carga de demostrar donde estuvo radicado el último domicilio conyugal, extremo que en algunos supuestos puede ser de difícil demostración, por ejemplo cuando la separación de hecho hubiere ocurrido muchos años antes de promoverse la demanda de divorcio, en cuyo caso puede directamente deducir su pretensión ante el tribunal del domicilio del cónyuge demandado sin que éste pueda excepcionarse invocando que el hogar matrimonial se encontraba en otro lugar. A partir de la vigencia de la ley 23.515, la prueba del último domicilio conyugal no reviste la trascendencia que tenía con anterioridad de su entrada en vigor, puesto que ahora el juez extranjero también será competente cuando allí se domicilie la parte demandada. Aunque no surja de la constancias incorporadas a la causa que en el Reino de España hubiera estado radicado el último domicilio del matrimonio, sino que se trataría de una mera afirmación del letrado de la
accionante, si el marido consintió que la acción de divorcio se entablara ante la justicia española, la contestó en tiempo sin oponer reparo alguno en orden a la competencia territorial de la justicia española, el art. 227 del Cód. Civil no puede considerarse vulnerado. Súmese a ello, que el citado artículo se relaciona con la norma del art. 164 del mismo Cód. Civil, por el cual la disolución del matrimonio se rige por la ley del último domicilio de los cónyuges, y en el caso, según la ley española al ser ambos litigantes argentinos resultó de aplicación la ley argentina, esto es, la misma ley que hubiera aplicado el juez argentino, por lo que la acción promovida en aquél país tampoco tuvo por finalidad sustraerse de los efectos de nuestra legislación nacional"(45). La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, con fecha 2 de marzo de 1995, en materia de patria potestad, tenencia y régimen de visitas, sustracción internacional de menores, en la causa caratulada: "A.LA. s/ exhorto", sostuvo en lo particular que: "A los efectos de la ejecución de las sentencias extranjeras corresponde distinguir, en primer lugar, si nuestro país está o no vinculado por un tratado con el país a que pertenece el órgano jurisdiccional foráneo que ha emitido el pronunciamiento, supuesto en el cual, habrá de atenerse a las reglas allí establecidas. Si la sentencia extranjera cuyo cumplimiento se solicita, tiene su fundamento en el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, adoptado el 25 de octubre de 1980 por la decimocuarta sesión de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, aprobado por nuestro país a través de la Ley 23.857, publicada el 31 de octubre de 1990, el análisis de la procedencia del pedido de restitución de una menor a su padre contenido en la rogatoria presentada debe hacerse de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12, 13 y 14 del mentado convenio. Es decir, que el Tribunal sólo le compete evaluar las circunstancias mencionadas en los artículos mencionados, todo ello en concordancia con las disposiciones contenidas en la Convención de los Derechos del Niño, de raigambre constitucional, a la luz del interés superior de éste...."(46). La Cámara Nacional en lo Comercial, Sala A, con fecha 15 de julio de 1999, en la causa caratulada: "Pamet s. Incidente de Revisión por Triunph Europe Holding R. y otros", sostuvo la siguiente doctrina: 1. El exequatur es un juicio de control jurisdiccional mediante el cual se efectúa una declaración de certeza de la ejecutoriedad de una resolución judicial o arbitral extranjera. 2. Dado que el exequatur es un proceso especial mediante el cual se reconoce eficacia ejecutoria a un fallo extranjero, las defensas o articulaciones que pretendan despojar el título de tal eficacia, deberán plantearse ante el juez que conozca en el proceso. 3. Toda vez que el exequatur es un proceso especial mediante el cual se reconoce eficacia ejecutoria a un fallo extranjero, debe reconocerse derecho al futuro ejecutado a objetar los términos del testimonio en cuestión si considera que no corresponde fielmente con las constancias de autos. 4. En materia arancelaria, el derecho a la percepción de los honorarios...". La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, por la Sala E, tuvo ocasión de expedirse sobre nuestro tema en examen, en la causa: "Voest Alpine Intertrading c. Cargem SA", en la sentencia dictada el 11 de octubre de 1988. Se trata de un caso que llega al tribunal superior ante el agravio de la actora contra la decisión del juez de grado que desestimó liminarmente su pretensión de obtener el exequatur a favor de un laudo dictado en la ciudad de Londres, Inglaterra. El sentenciante rechazó el pedido de ejecución del laudo, por entender que la documentación acompañada no había sido presentada debidamente legalizada, por carecer de la necesaria intervención del funcionario de Gran Bretaña que certifique la autenticidad de origen, autorización que debe constar antes de la expedida por el encargado de asuntos argentinos de la Embajada de la República Federativa de Brasil en Londres. Sostuvo la Cámara que "...Más allá de la naturaleza del laudo arbitral en el país de su expedición, lo cierto es que el mismo ha adquirido carácter público por la intervención del notario inglés...". Si bien el tribunal reconoce que el recaudo se encuentra incumplido, considera que tal situación debe ser regularizada mediante el régimen establecido, no al momento del dictado del laudo sino al momento del exequatur, por la Convención de La Haya de 1961, en vigor en la República Argentina, que suprime la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros. En efecto, el mencionado instrumento internacional, en vigor desde el 18 de febrero de 1988, considera documento público a las actas notariales, lo cual determina que la documentación cuya ejecución se intentara se encontrara alcanzada por dicha normativa, que exige como única formalidad la inserción de un certificado denominado "apostille" que deberá ser expedido por la autoridad competente del Estado en que se originó el documento. Finalmente, se revoca el decisorio apelado y se dispone el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 20.305 y de la Convención de La Haya de 1961, en forma previa al despacho de la ejecución pretendida..."(47). XIII. Los hechos del caso El juez de la República del Paraguay solicitó a través de una rogatoria al juez argentino se librara oficio al Registro Nacional de Buques para la cancelación de la hipoteca naval que gravaba las embarcaciones subastadas en remate efectuado el 19 de enero de 1993, por orden del juez extranjero dictada en autos "Riopar S.R.L. c.
Transportes Fluviales Argenrío S.A. s/ cobro de guaraníes (facturas conformadas)", siendo Riopar la adjudicataria de tales bienes. Cabe destacar que el acreedor hipotecario había sido notificado por medio de oficio de la sentencia de remate. XIV. Decisión de Primera y Segunda Instancia El juez de primera instancia resolvió negar el libramiento del oficio al Registro Nacional de Buques para la extinción de la hipoteca naval que gravaba las embarcaciones subastadas por orden judicial en la República del Paraguay. La Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia de primera instancia. La adjudicataria de los bienes en el remate, Riopar S.R.L. interpuso recurso extraordinario federal, el que fue concedido. XV. Pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia La Corte Suprema declaró la admisibilidad del recurso extraordinario por cuanto se hallaba en juego la interpretación y aplicación del Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1940 y la Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros y la decisión era contraria al derecho del apelante fundado en tales convenciones. Admitido el recurso, la Corte expresa que "la eficacia extraterritorial en la República Argentina de una resolución judicial dictada en la República del Paraguay, está condicionada a la satisfacción de ciertos requisitos contenidos en los tratados que unen a ambos Estados, algunos de los cuales pueden ser verificados de oficio por el juez requerido, entre ellos, la compatibilidad de lo actuado y resuelto con los principios y leyes de orden público del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecución (art. 2° inc. h Convención cuya ratificación fue aprobada por ley 22.921 (48); art. 5° inc. d, Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1940)". En este sentido, el Alto Tribunal considera que el art. 18 de la Constitución Nacional, que consagra el principio del debido proceso adjetivo integra el orden público internacional argentino y a él debe conformarse todo procedimiento que concluya en la sentencia o resolución dictada por autoridad judicial extranjera con efectos extraterritoriales en la Argentina. Asimismo cita el art. 2° inc. f de la Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros que establece como requisito para el reconocimiento de eficacia: "que se haya asegurado la defensa de las partes". Siguiendo esta línea de pensamiento, la Corte Suprema concluye que el acreedor hipotecario notificado por oficio no pudo haber tomado conocimiento de la sentencia de remate dictada en jurisdicción extranjera en tiempo útil como para organizar y presentar la defensa de sus derechos con anterioridad a la subasta pública. El Alto Tribunal reconoce que los tratados aplicables no prevén plazos procesales, sin embargo afirma que "...ante el silencio y falta de intervención del acreedor hipotecario en el juicio ejecutivo llevado a cabo en el extranjero corresponde al juez del Estado requerido ponderar si, en la especie concreta, la citación fue regular y dio posibilidad real de asegurar la defensa de la parte (art. 2° inc. f Convención Interamericana citada), sin que ello implique incurrir en una revisión de fondo". En suma, la Corte Suprema resuelve confirmar la sentencia apelada atento a la situación de indefensión del acreedor hipotecario, violatoria de principios constitucionales que integran el orden público internacional argentino (arts. 17 y 18, Constitución Nacional). XVI. Reflexiones finales El fallo que comentamos, según nuestra opinión, logra un delicado equilibrio entre los alcances del juicio de exequatur de la sentencia extranjera como del orden público internacional. La doctrina argentina más autorizada ha expresado con precisión "que el denominado orden público internacional, es en definitiva, el orden público del foro, es el conjunto de principios fundamentales e inderogables por voluntad de las partes, en que se asienta el orden jurídico local y que el juez que entiende en la causa debe invocar y utilizar para excluir la aplicación de un Derecho extranjero[...] que resulta lesivo a tales principios"(49). La idea fuerza de esta noción es que con ella se trata de inhibir los efectos extraterritoriales de aquélla ley extranjera que en su contenido atenta gravemente contra los principios esenciales, las concepciones fundamentales que constituyen la base del propio derecho. Mas no solamente queda descartada la aplicación de la ley extranjera, sino que ello puede ocurrir cuando se pretende reconocer o ejecutar una sentencia o un laudo dictado en el extranjero. Así pues, sabido resulta que el orden público internacional funciona como un mecanismo de excepción, que se traduce como una limitación a la ley extranjera designada por la regla de conflicto o bien para paralizar el reconocimiento o ejecución de un acto jurisdiccional extranjero cuando con su aplicación o reconocimiento en un caso concreto se corre el riesgo de producir un ataque, un resultado inaceptable a los principios, a los valores esenciales del derecho del foro. No podemos más que coincidir con el pronunciamiento de la Corte Suprema. Por un lado, porque entender que la afectación del orden público internacional resulta flagrante por violación de la garantía de defensa en juicio. Por el otro, por el manejo que entendemos debe ser siempre cauteloso, celoso
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por parte de los jueces, y sobre todo cuando como en el caso de autos se ve frustrado el más profundo grado de cooperación, de asistencia jurídica internacional entre los Estados en el campo del derecho procesal internacional, como es el reconocimiento y ejecución de una sentencia dictada en otro territorio. Mas como habrá advertido nuestro lector, nunca se trata de un reconocimiento, de una ejecución ni automática y menos aún "a ciegas". XVII. Bibliografía ALFONSIN, Quintín, La fuerza probatoria de las sentencias extranjeras y el exequatur; LJU, t. XVIII. - "La ejecución extranacional de las sentencias en materia civil y comercial", RDPP, 1955. BARTIN, Etienne, Etudes sur les effets internationaux des jugements, París, 1907. BATTIFOL-LAGARDE, Derecho Internacional Privado, t. II, 10ª ed., 1996. BIOCCA, CARDENAS, BASZ, Lecciones de Derecho Internacional Privado, Parte General, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1997. CALVO CARAVACA, Alfonso, La sentencia extranjera en España y la competencia del país de origen, 1986. DREYZIN DE KLOR, Adriana, Hacia la quinta libertad fundamental del MERCOSUR en Mercosul No Cenario Internacional Direito e Sociedade, Ed. Juruá, Vol. I, Curitiba Brasil. — Cooperación Jurídica del Mercosur; Ed. Zavalía, Buenos Aires, 1997. DROZ, George, Competence judiciaire et effets de jugements dans le Marché Commun, 1972. FELDSTEIN DE CARDENAS, Sara L., Jurisdicción Internacional en Materia Contractual, colección dirigida por los Doctores Atilio A. Alterini y Roberto López Cabana, Sistema Jurídico del Mercosur, Vol. 4, Ed. Abeledo Perrot, 1995. — "El arbitraje comercial internacional una luz en la solución de disputas". Derecho de la Competencia". Capítulo del Libro sobre Derecho de la Competencia, coordinado por Eve Rimoldi de Ladmann, Ed. La Ley, 2001. — "El Reconocimiento y Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros en el Derecho Internacional Privado Argentino". Con referato. Revista Lex. Difusión y Análisis. Año VI. Junio 2001. Número 72. México. Y en Revista Jurídica de San Isidro. Doctrina Síntesis Jurisprudencial. 2001/octubre/ 28. Octubre de 2001. — "Una Nueva Mirada al Derecho Procesal Internacional en materia de Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales", Nuevos Estudios de Derecho Procesal, Homenaje a José Andrés Fuenmayor. Colección Libros Homenaje - N° 8. Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2002. FELDSTEIN DE CARDENAS, Sara y LEONARDI DE HERBON, Hebe, El Arbitraje Interno e Internacional. Una mirada al futuro, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994 y El Arbitraje, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998. FERNANDEZ ROZAS, Carlos y SANCHEZ LORENZO, Sixto, Curso de Derecho Internacional Privado, 2ª ed., Ed. Civitas, Madrid, 2001. GOLDSCHMIDT, Werner, Jurisdicción internacional directa e indirecta, Prudentia Iuris, Universidad Católica Argentina, agosto de 1980, N° 1. — "Autonomía de la jurisdicción internacional indirecta", ED, 120-897. GRIGERA NAON, Horacio, "Ratificación por la Argentina de la Convención de Nueva York de 19.58 sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros", LA LEY, 1989-C, 881. KALLER DE ORCHANSKY, Berta, Nuevo Manual de Derecho Internacional Privado, Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1991. MIAJA DE LA MUELA, Adolfo, Derecho Internacional Privado II. Parte Especial, 10ª ed. revisada, Ed. Atlas, Madrid, 1987. NAJURIETA, María Susana, "Reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil entre la República Argentina y la República Italiana", ED del 6 de febrero de 1991. OPERTTI BADAN, Didier, "Reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros", obra mecanografiada, 1976. PEREZ VERA, Elisa con la colaboración de CALVO CARAVACA, Alfonso, ABARCA JUNCO, P., GONZALEZ CAMPOS, Julio y VIRGOS SORIANO, Derecho Internacional Privado. Vol. I., 4ª ed. revisada, Madrid, 1993. RADZYMINSKI, Alejandro, "El reconocimiento de sentencia extranjera en Argentina (Reconstrucción sistemática de la doctrina de la jurisdicción internacional indirecta a partir de in re "Zc. S")", ED del 04/07/89.
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(14) ALFONSIN, Quintín, La fuerza probatoria de las sentencias extranjeras y el exequatur, LJU, t. XVIII, p. 65 y "La ejecución extranacional de las sentencias en materia civil y comercial", RDPP. 1955, p. 259 y sigtes.; OPPERTTI BADAN, Didier, Reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros, obra mecanografiada, 1976, DROZ, George, Competence judiciaire et effets de jugements dans le Marché Commun, 1972, entre muchos autores. (15) KALLER DE ORCHANSKY, Berta, Nuevo Manual de Derecho Internacional Privado, p. 468, Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1991. (16) Ver DREYZIN DE KLOR en Cooperación Jurídica del Mercosur, p. 272, Ed. Zavalía, Buenos Aires, 1997. (17) Ver sobre el tema BIOCCA, CARDENAS, BASZ, Lecciones de Derecho Internacional Privado, Parte General, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1997. Asimismo, para los interesados puede consultarse, la peculiar doctrina en la Ponencia presentada por Lily Flah, Myriam Smayevsky y Sara L. Feldstein, en las "XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil", ante la Comisión N° 7, en la que se introduce la noción de "Orden Público Interregional". (18) CALVO CARAVACA, Alfonso, La sentencia extranjera en España y la cotnpetencia del país de origen, p. 58 y sigtes., 1986, VON MEHREN, Recognition and enforcement of foreign judgements. General theoryu and the role of jurisdictional requirements, Recueil des Cours, 167, 1980-11, p. 55 y sigtes, FELDSTEIN DE CARDENAS, Sara L., El arbitraje comercial internacional una luz en la solución de disputas. Derecho de la Competencia. Capítulo del Libro sobre Derecho de la Competencia, coordinado por Eve Rimoldi de Ladmann. Publicado por Ed. La Ley, 2001. (19) Esta posición ha sido recogida jurisprudencialmente por la Corte Suprema de la Nación el 3 de noviembre de 1988, en el caso "Z. c. S. Ver el excelente trabajo realizado por Radzyminski, Alejandro, "El reconocimiento de sentencia extranjera en Argentina" (Reconstrucción sistemática de la doctrina de la jurisdicción internacional indirecta a partir de in re "Z. c. S"), El Derecho 4 de julio de 1989. El autor, parece adherir a la doctrina francesa, cuando señala tres objeciones a esta concepción. En primer lugar, indica que uno de los inconvenientes que pueden formularse al unilateralismo doble, radica en las dificultades para enjuiciar la jurisdicción internacional del juez foráneo a tenor de las normas extranjeras motiva que en la práctica el magistrado requerido abdique de aquel control. La segunda objeción concierne a la insuficiencia del unilateralismo para resolver los conflictos entre jurisdicciones extranjeras ante el evento de múltiples pedidos de reconocimiento fundados en sentencias oriundas de diversos foros y que resuelven el mismo caso de manera distinta. Finalmente, sostiene que el unilateralismo incurre en una petición de principios evidentes: el postulado esencial de la tesis examinada es que un Estado no puede dictar normas atributivas de jurisdicción internacional que deban ser aplicadas por los tribunales de otros Estados. Sin embargo, en el orden internacional, se produce la disociación lógica de ambos factores. Luego, al afirmar que las normas que atribuyen una jurisdicción internacional exclusiva al foro repelen la jurisdicción indirecta foránea, se conculca el carácter unilateral de aquéllas pues en definitiva la distribución de la jurisdicción internacional se formula a tenor de las reglas del foro. (20) Ver BARTIN, Etienne, quien en la obra citada precedentemente adhiere a la doctrina bilateralista. Según este autor, corresponde afirmar el carácter bilateral de las reglas francesas de competencia o jurisdicción internacional directa, lo cual implica que cuando un criterio atributivo de jurisdicción internacional resulta establecido por el foro, quedan desplazados los criterios atributivos contenidos en la legislación foránea. (21) BATTIFOL-LAGARDE, Derecho Internacional Privado, t. II, 10ª ed., 1996. (22) No nos referimos en este trabajo a la doctrina del "reconocimiento involucrado" que en el derecho internacional privado que puede ser enunciada diciendo que, si resulta reconocida una decisión extranjera por un tercer Estado, el juez argentino queda exento del control de la jurisdicción internacional del juez que pronunció la sentencia. (23) El Convenio de Bruselas que entrara en vigor para los seis Estados originariamente miembros del Mercado Común Europeo en 1973, fue básicamente sancionado para evitar que una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional en uno de ellos fuere declarada inejecutable en el otro. Más tarde, fueron incorporándose los otros miembros del "club" de la Unión Europea. Asimismo, uno de sus rasgos más salientes, tal como señala el jurista español Adolfo Miaja de la Muela, en Derecho Internacional Privado II. Parte Especial. 10 edición. Revisada, Atlas, Madrid 1987, es de los llamados dobles por estar en presencia de un convenio "regulador tanto de la competencia directa de los tribunales para entender en un proceso, como de la competencia indirecta en cuanto requisito para que la sentencia dictada sea reconocida y ejecutada en los restantes Estados contratantes del Convenio". (24) Puede consultarse el prolijo trabajo de Najurieta, María Susana, "Reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil entre la República Argentina y la República Italiana", ED del 06/12/1991. (25) Un desarrollo profundizado sobre este tema puede verse en FELDSTEIN DE CARDENAS, Sara L., ob. cit. en la nota 4, FELDSTEIN DE CARDENAS, Sara y LEONARDI DE HERBÓN, Hebe, El Arbitraje
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Interno e Internacional. Una mirada al futuro, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994 y de las mismas autoras, El Arbitraje, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998. (26) Los textos de estas Convenciones pueden verse en el excelente trabajo "Derecho Internacional Privado y de la Integración Regional. Fuentes Convencionales", Sistematización efectuada por las Profesoras Doctoras Adriana Dreyzin de Klor y Amalia Uriondo de Martinoli, Ed. Zavalía, Buenos Aires, 1996. (27) Este tratado se encuentra en vigor entre Argentina, Bolivia y Perú. (28) En vigor entre Argentina, Paraguay y Uruguay. Desde el 18 de junio de 1956 para Argentina y Uruguay y desde el 29 de enero de 1958 para Paraguay. (29) En vigor entre Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Inf. Página web de la Organización de Estados Americanos. (30) No ha sido ratificada por la República Argentina. El único país que la ha ratificado, según información de la Organización de Estados Americanos, es México, el que hizo la siguiente declaración al momento de ratificarla: México declara que este instrumento será aplicado para determinar la validez de la competencia en la esfera internacional a que se refiere el párrafo d) del art. 2° de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y laudos arbitrales extranjeros, sin perjuicio de que México pueda aplicar esta Convención en forma independiente. (31) Puede consultarse de FELDSTEIN DE CARDENAS, Sara L. dentro de la colección Sistema Jurídico del Mercosur, dirigida por el Atilio A. Alterini el volumen 4 de la obra Jurisdicción Internacional en materia contractual, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995. (32) Ello surge claramente del art. 7° del Protocolo de Buenos Aires que establece que "en ausencia de acuerdo tienen jurisdicción a elección del actor: a. Los jueces del lugar de cumplimiento del contrato. b. Los jueces del domicilio del demandado y c. Los jueces del domicilio o sede social del actor cuando demostrare que cumplió con su prestación". (33) Para quienes estén interesados en un examen profundizado de este instrumento jurídico, puede verse entre la extensa bibliografía a él dedicado, la obra de la autora mencionada en la nota 4. (34) Al ratificar la Convención la República Argentina efectuó las reservas autorizadas en su artículo 1, con arreglo a la cual sólo se aplicará a laudos arbitrales dictados en el territorio de otro Estado Parte y cuando se trate de laudos arbitrales extranjeros dictados en materia comercial. Recomiendo la lectura del excelente trabajo GRIGERA NAON, Horacio sobre "Ratificación por la Argentina de la Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros", LA LEY, 1989-C, 881/894. (35) La Convención no resuelve todos los problemas del arbitraje internacional sino tan sólo dos de sus aspectos más relevantes: 1. Reconocimiento y ejecución de los acuerdos arbitrales y sus efectos sobre el procedimiento judicial y 2. Reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. De forma que su título no se corresponde con el ámbito material de aplicación. (36) El prestigioso especialista argentino Horacio GRIGERA NAON, destaca en su trabajo "Ratificación por la Argentina de la Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros", que esta disposición puede ser considerada como su columna vertebral, LA LEY, 1989-C, 882/894. (37) Cabe recordar que la mayoría de los sistemas jurídicos comparados, por motivos de distinta índole, excluyen ciertas materias de la esfera del arbitraje, impidiendo sustraerlas de la jurisdicción de los tribunales estatales. (38) Han adherido a su texto más de 120 países. (39) En este sentido, conviene resaltar que este instrumento internacional elaborado durante la década de los cincuenta, en el artículo II, asume tempranamente las nuevas modalidades en la materia al introducir el principio conforme con el cual el pacto arbitral celebrado por intercambio de telegramas resulta válido. (40) Esta distinción adquiere relevancia dentro de esta Convención. Sin embargo, en otros marcos normativos como la Ley Modelo Uncitral, según surge del art. 1°, un arbitraje puede ser calificado como internacional a pesar de que el procedimiento se haya desarrollado en el mismo Estado en el que se dicta el laudo y se solicita su ejecución. (41) Este aspecto reviste importancia fundamental por eliminar el trámite del doble exequatur. Sin embargo, esta exigencia surge, respecto de los laudos arbitrales, de lo establecido en los arts. 3° y6° de los Tratados de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1889 y de 1940, así como del art. 3° de la Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de sentencias y laudos arbitrales extranjeros, de Montevideo de 1979. Para lograr demostrar que se trata de un laudo definitivo la parte quien solicita su reconocimiento o ejecución ha sido prácticamente obligado a obtener el exequatur en el país donde fue dictado. De manera que resulta claro discernir la diferencia entre laudo obligatorio y laudo final o definitivo. (42) SANDERS, Meter, New York Convention on the Recognition and Enforcement off Foreingn Arbitral
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Awards, VI Netherlands International Law Review, 43, 55, 1959. (43) Recomendamos la consulta de la excelente obra del Profesor uruguayo SANTOS BELANDRO, Ruben S., Arbitraje Comercial Internacional, 2ª ed. Rubén Santos Belandro y Péreznieto Editores, Estudios Monográficos, México, 1997. (44) Entre la extensa bibliografía sobre la Convención de Nueva York, destacamos GRIGERA NAON, Horacio, "Ratificación por la Argentina de la Convención de NY de 1958 sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos Extranjeros", LA LEY, 1989-C, 881. (45) ED. 164-244/247. (46) Ver trabajo en colaboración con la doctora Victoria BASZ publicado en LA LEY, 1996-B, 610. (47) Publicado en ED, 138-717. (48) En rigor, la ley 22.921 no aprueba la ratificación de la Convención por parte del Poder Ejecutivo Nacional sino que autoriza, habilita a éste para que la ratifique. (49) KALLER de ORCHANSKY, Berta, Nuevo Manual de Derecho Internacional Privado, p. 356, Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1991.
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