Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0200_ES.html
Timestamp: 2019-08-26 00:35:21+00:00

Document:
Textos aprobados - Informe de 2018 sobre Turquía - Miércoles 13 de marzo de 2019
Procedimiento : 2018/2150(INI)
Ciclo relativo al documento : A8-0091/2019
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Informe de 2018 sobre Turquía
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2019, sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Turquía (2018/2150(INI))
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Turquía, y en particular las de 24 de noviembre de 2016 sobre las relaciones entre la Unión Europea y Turquía(1), de 27 de octubre de 2016 sobre la situación de los periodistas en Turquía(2), y de 8 de febrero de 2018 sobre la situación actual de los derechos humanos en Turquía(3),
– Vistos la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 17 de abril de 2018, sobre la política de ampliación de la UE (COM(2018)0450), el Informe de 2018 sobre Turquía (SWD(2018)0153) y el documento de estrategia indicativo revisado para Turquía (2014‑2020), aprobado en agosto de 2018,
– Vistas las conclusiones de la Presidencia, de 13 de diciembre de 2016, las conclusiones del Consejo, de 26 de junio de 2018, y las conclusiones previas pertinentes del Consejo y del Consejo Europeo,
– Vistos el marco de negociación con Turquía, de 3 de octubre de 2005, y el hecho de que la adhesión de Turquía a la Unión, al igual que en el caso de todos los países candidatos a la adhesión, depende del pleno cumplimiento de los criterios de Copenhague,
– Vistas la Decisión 2008/157/CE del Consejo, de 18 de febrero de 2008, relativa a los principios, prioridades y condiciones contemplados en la Asociación para la adhesión con la República de Turquía (la «Asociación para la adhesión»)(4) y las decisiones previas del Consejo de 2001, 2003 y 2006 sobre la Asociación para la adhesión,
– Vistos la Declaración conjunta tras la Cumbre entre la UE y Turquía, de 29 de noviembre de 2015, y el Plan de acción entre la UE y Turquía,
– Vistas la Declaración de la Comunidad Europea y de sus Estados miembros, de 21 de septiembre de 2005, que incluye una disposición según la cual el reconocimiento de todos los Estados miembros es un elemento esencial del proceso de adhesión, y la necesidad de que Turquía aplique íntegramente el Protocolo adicional del Acuerdo de Ankara en lo que respecta a todos los Estados miembros, eliminando todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías sin restricciones ni discriminaciones,
– Vistos el artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que establece que las partes contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en los litigios en que sean partes, y, por consiguiente, la obligación de Turquía de ejecutar todas las sentencias del TEDH,
– Vista la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2018 publicada por Reporteros sin Fronteras, en la que Turquía figura en el puesto 157 entre 180 países,
– Vista la Resolución 1625(2008) del Consejo de Europa relativa a los derechos de propiedad y de sucesiones de la población griega ortodoxa y sus asentamientos en las islas de Gökçeada (Imbros) y Bozcaada (Tenedos),
– Vistas su Resolución, de 13 de noviembre de 2014, sobre las tensiones generadas por las acciones turcas en la zona económica exclusiva de Chipre(5) y su Resolución, de 15 de abril de 2015, sobre el centenario del genocidio armenio(6),
– Vistas las opiniones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en particular las de los días 10 y 11 de marzo de 2017 sobre las modificaciones de la Constitución que deben someterse a un referéndum nacional, sobre las medidas previstas en los recientes Decretos Leyes de excepción relativos a la libertad de los medios de comunicación, así como a las obligaciones, las competencias y el modo de funcionamiento de los juzgados de paz en materia de Derecho penal, las de 6 y 7 de octubre de 2017 sobre las disposiciones del Decreto Ley n.º 674 sobre el ejercicio de la democracia local, las de 9 y 10 de diciembre de 2016, sobre los Decretos Ley de excepción n.º 667-676, aprobados tras el fracasado golpe de Estado de 15 de julio de 2016, y las de 14 y 15 de octubre de 2016 sobre la suspensión del artículo 83, párrafo segundo, de la Constitución, sobre la inviolabilidad parlamentaria,
– Vista la declaración del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 26 de julio de 2016, sobre las medidas adoptadas en el marco del estado de excepción en Turquía,
– Vistas las constataciones y conclusiones de la misión de evaluación de las necesidades de la OSCE/OIDDH sobre las elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas de 24 de junio de 2018,
– Vista la Resolución 2156 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 25 de abril de 2017, titulada «The functioning of democratic institutions in Turkey» (El funcionamiento de las instituciones democráticas en Turquía) que dio lugar a la reapertura del procedimiento de control,
– Vista la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016,
– Vistas la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 2 de marzo de 2017, sobre el primer informe anual sobre el Mecanismo para los refugiados en Turquía (COM(2017)0130), la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 14 de marzo de 2018, sobre el segundo informe anual sobre el Mecanismo para los refugiados en Turquía (COM(2018)0091), y el quinto informe de la Comisión, de 2 marzo de 2017, al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo sobre los progresos realizados en la aplicación de la Declaración UE-Turquía (COM(2017)0204),
– Vistas la Recomendación de la Comisión, de 21 de diciembre de 2016, de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones con Turquía sobre un acuerdo relativo a la ampliación de las relaciones comerciales bilaterales preferenciales y a la modernización de la Unión Aduanera, así como las conclusiones del Consejo, de 26 de junio de 2018, en las que se afirma que no se prevén nuevos trabajos destinados a la modernización de la Unión Aduanera entre la Unión y Turquía,
– Visto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo, de 14 de marzo de 2018, titulado «La ayuda de preadhesión de la UE a Turquía: solo resultado limitados hasta la fecha»,
– Visto el presupuesto de 2019, en el marco del cual se recortarán los fondos del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP II) para Turquía en 146,7 millones EUR habida cuenta de la situación en Turquía en lo que se refiere a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho,
– Visto el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de marzo de 2018, sobre el impacto del estado de excepción sobre los derechos humanos en Turquía, y en particular su referencia al sudeste del país,
– Visto el Acuerdo de readmisión UE-Turquía,
– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8‑0091/2019),
A. Considerando que la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía celebró su tan esperada 77.ª reunión en Bruselas el 28 de abril de 2018, tras tres años de estancamiento de las relaciones interparlamentarias;
B. Considerando que, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Turquía acoge a la mayor población de refugiados del mundo, con más de tres millones de refugiados registrados procedentes de Siria, Irak y Afganistán;
C. Considerando que el respeto del Estado de Derecho y los derechos fundamentales, y en particular la separación de poderes, la democracia, la libertad de expresión y de los medios de comunicación, los derechos humanos, los derechos de las minorías y la libertad religiosa, la libertad de asociación y el derecho de manifestación pacífica, así como la lucha contra la corrupción y la lucha contra el racismo y la discriminación de los grupos vulnerables, son elementos fundamentales del proceso de negociación;
D. Considerando que en noviembre de 2016 el Parlamento pidió a la Comisión y a los Estados miembros que procedieran a interrumpir temporalmente las negociaciones de adhesión en curso con Turquía y se comprometió a revisar su posición una vez levantadas las desproporcionadas medidas impuestas en el marco del estado de excepción en Turquía;
E. Considerando que en julio de 2017 el Parlamento pidió a la Comisión y a los Estados miembros, de conformidad con el marco de negociación, que suspendieran formalmente y sin demora las negociaciones de adhesión con Turquía en caso de que se aplicara sin cambios el conjunto de reformas constitucionales;
1. Observa que el estado de excepción, introducido tras el intento de golpe de Estado de 2016, ha sido prorrogado en siete ocasiones; acoge favorablemente la decisión de 19 de julio de 2018 de levantar el estado de excepción; lamenta, no obstante, que la nueva legislación introducida en julio de 2018, y en particular la Ley n.º 7145, preserve muchos de los poderes otorgados al presidente y al poder ejecutivo en el marco del estado de excepción y permita en realidad su continuación, con todas las restricciones que ello supone para las libertades y los derechos humanos fundamentales; hace hincapié en que ello limita cualquier efecto positivo de su conclusión; observa que el estado de excepción prolongado ha erosionado el Estado de Derecho y ha provocado un deterioro de los derechos humanos en Turquía, lo que podría tener consecuencias a largo plazo para el tejido institucional y socioeconómico del país; manifiesta su preocupación por el hecho de que las fuerzas policiales y las administraciones locales sigan aplicando muchos de los procedimientos vigentes durante el estado de excepción; expresa asimismo su preocupación ante el grave retroceso en los ámbitos de la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación y los derechos procesales y de propiedad;
2. Manifiesta su honda preocupación por el hecho de que más de 150 000 personas fueran privadas de libertad durante la represión posterior al golpe de Estado, 78 000 personas fueran detenidas acusadas de terrorismo, y más de 50 000 personas sigan en prisión, en la mayoría de los casos sin pruebas concluyentes; manifiesta su preocupación por la duración excesiva de la prisión preventiva y los procedimientos judiciales, por el hecho de que, en varios casos, aún no se haya presentado escrito de acusación alguno, y por la dureza de las condiciones del internamiento; expresa asimismo su preocupación ante la práctica generalizada de anular los pasaportes de los familiares de los detenidos y sospechosos, y destaca la necesidad de que se respeten las garantías procesales y de que se garantice la posibilidad de recurso administrativo cuando la anulación no esté justificada debidamente; expresa su especial preocupación por el hecho de que estas detenciones también parezcan dirigidas contra voces legítimas de disidentes, como defensores de los derechos humanos, periodistas o miembros de la oposición; manifiesta su gran preocupación por las acusaciones de malos tratos y torturas de las personas detenidas, según denuncian varias organizaciones de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; manifiesta su profunda preocupación por los informes que indican que se está aplicando de forma generalizada el régimen de aislamiento de larga duración, convirtiéndolo en un segundo castigo para los detenidos; alerta contra el uso indebido de las medidas antiterroristas para legitimar la represión de los derechos humanos; insta a Turquía a que respete el principio de proporcionalidad en sus medidas de lucha contra el terrorismo y a que ajuste su legislación antiterrorista a las normas internacionales sobre derechos humanos;
3. Lamenta las acciones emprendidas por el Gobierno turco contra ciudadanos turcos en terceros países, que incluyen acoso, secuestros y vigilancia encubierta, así como la práctica de utilizar líneas telefónicas a través de las cuales se anima a las personas a denunciar a otros ciudadanos ante el Gobierno; manifiesta su profunda preocupación por el secuestro ilegal y la extradición de 101 ciudadanos turcos llevados a cabo en 18 países y confirmados por la declaración de las autoridades turcas de 16 de julio de 2018; insta a los Estados miembros de la Unión a que tramiten de manera transparente las solicitudes de extradición de Turquía a través de procedimientos judiciales plenamente conformes con las normas internacionales sobre derechos humanos; reitera que las órdenes de detención de Interpol no pueden utilizarse indebidamente contra disidentes turcos, defensores de los derechos humanos, periodistas y críticos del Gobierno, como el antiguo finalista del Premio Sájarov Can Dündar;
4. Observa que, desde la introducción del estado de excepción, se ha despedido a más de 152 000 funcionarios, incluidos profesores, médicos, académicos (favorables a la paz), abogados, jueces y fiscales; señala que 125 000 personas se han dirigido a la Comisión de Investigación sobre el Estado de las Medidas de Emergencia, que se encarga de examinar las reclamaciones contra las medidas adoptadas en virtud del estado de excepción y los decretos correspondientes y de pronunciarse al respecto en el plazo de dos años, y que 81 000 de esas reclamaciones siguen pendientes de una decisión; constata el nivel extremadamente bajo (7 %) de resoluciones favorables que se han traducido en la reintegración de los solicitantes en sus puestos; manifiesta su preocupación por el reducido alcance del mandato de esta comisión, por su falta de independencia y por el hecho de que los exámenes se realicen únicamente a partir de los documentos que figuran en el expediente, sin la participación de la persona interesada; observa que los despidos han tenido un impacto muy severo en las personas afectadas y en sus familias, también desde el punto de vista económico, y suponen un estigma social y profesional duradero; pide al Gobierno turco que garantice que todas las personas tienen derecho a una tutela judicial efectiva y a que su situación sea revisada por un tribunal independiente, de conformidad con las normas internacionales, que pueda garantizar una indemnización por los daños materiales y morales causados por su despido arbitrario; pide a Turquía que garantice la independencia operativa, estructural y financiera de la Institución Nacional de Derechos Humanos e Igualdad y la institución del Defensor del Pueblo con el fin de preservar su capacidad para proporcionar verdaderas oportunidades de revisión y recurso;
5. Manifiesta su gran preocupación por los informes que indican que la Dirección de Asuntos Religiosos (Diyanet) está siendo explotada por la agencia de inteligencia turca para perseguir a líderes de la oposición del movimiento Gülen o a cualquier otro oponente, e insta a las instituciones de seguridad a escala de la Unión y de los Estados miembros a que investiguen esta grave violación de la soberanía y el orden público;
6. Condena el aumento de la vigilancia por parte del poder ejecutivo y de la presión política que afecta a la labor de los jueces y fiscales; subraya la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma de los poderes legislativo y judicial en Turquía con el fin de mejorar el acceso al sistema judicial, aumentar su eficacia y proporcionar una mejor protección del derecho a un juicio dentro de un plazo razonable; destaca que estas reformas también son necesarias para que Turquía cumpla sus obligaciones en virtud del Derecho internacional en materia de derechos humanos; manifiesta su preocupación por el despido de más de 4 000 jueces y fiscales, que supone una amenaza a la independencia e imparcialidad del poder judicial; considera asimismo que la detención de más de 570 abogados constituye un obstáculo al derecho de defensa y supone una violación del derecho a un juicio justo; condena asimismo la detención y el acoso judicial de abogados defensores de los derechos humanos; pide al Grupo de acción para las reformas que revise la estrategia de reforma judicial y la adapte a las normas exigidas por la Unión y el Consejo de Europa; pide a Turquía que a lo largo del proceso de reforma garantice la participación de todas las partes interesadas pertinentes, y especialmente de las organizaciones de la sociedad civil; pide a la Comisión que supervise la correcta utilización de los fondos de la Unión para la formación de agentes judiciales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que no deben utilizarse para legitimar un comportamiento represivo;
7. Observa con preocupación que, desde la instauración del estado de excepción, el número de solicitudes de asilo de ciudadanos turcos ha aumentado drásticamente, de manera que, según la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, Turquía ocupa actualmente el quinto lugar en cuanto a solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de la Unión; subraya que en septiembre de 2018 seguían a la espera de una decisión en primera instancia más de 16 000 solicitudes;
8. Reitera la importancia de la libertad e independencia de los medios de comunicación como uno de los valores fundamentales de la Unión y una piedra angular de cualquier democracia; expresa su profunda preocupación por las medidas desproporcionadas y arbitrarias que restringen la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación y el acceso a la información; condena el cierre de más de 160 medios de comunicación, el elevado número de detenciones de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación realizadas tras el intento de golpe de Estado, las sentencias infundadas y desproporcionadas dictadas, y el bloqueo de más de 114 000 sitios web en Turquía hasta el año pasado, incluido el de Wikipedia; señala a la atención las restricciones impuestas a los derechos de los periodistas y los defensores de los derechos humanos que trabajan en la cuestión kurda; insta a Turquía a que garantice la libertad de los medios de comunicación con carácter prioritario y a que ponga en libertad y absuelva inmediatamente a todos los periodistas detenidos ilegalmente; pide a las autoridades turcas que muestren tolerancia cero con todos los incidentes de abusos físicos e insultos o amenazas dirigidos contra periodistas y que permitan que se reabran los medios de comunicación que han sido cerrados arbitrariamente;
9. Expresa su honda preocupación por la reducción del espacio reservado a la sociedad civil y a la promoción de los derechos y las libertades fundamentales; hace hincapié en que durante el estado de excepción se detuvo a un gran número de activistas, incluidos defensores de los derechos humanos, y se prohibieron reiteradamente las manifestaciones; pide a Turquía que ponga inmediatamente en libertad a todos los defensores de los derechos humanos, periodistas y otras personas a quienes se ha detenido sobre la base de cargos infundados y que retire los cargos y les permita realizar su trabajo sin amenazas ni obstáculos en cualquier circunstancia; pide a Turquía que proteja los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluidas las minorías étnicas, religiosas y sexuales; recuerda que la legislación sobre incitación al odio de Turquía no se ajusta a la jurisprudencia del TEDH; insta al Gobierno y al Parlamento de Turquía a que promulguen una ley de delitos de odio que permita proteger a todos los miembros de las minorías frente a los ataques físicos y los insultos y que respete los criterios de Copenhague para los países candidatos a la adhesión en materia de respeto y protección de las minorías; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten la protección y el apoyo a los defensores de los derechos humanos que corren peligro en Turquía, también mediante subvenciones de emergencia;
10. Condena la detención arbitraria de Osman Kavala, personalidad prominente y respetada de la sociedad civil turca, que permanece detenido desde hace más de año y medio; manifiesta su consternación por el reciente escrito de acusación contra Osman Kavala y otras quince personas más que se enfrentan a una pena de cadena perpetua agravada por «tentativa de derrocamiento del Gobierno» debido a su presunto papel en las protestas de Gezi de 2013; solicita la puesta en libertad inmediata e incondicional de todos ellos y pide a la delegación de la UE en Turquía que siga muy de cerca su caso; pide, además, que una delegación del Parlamento Europeo esté presente en el juicio; expresa su descontento ante la detención de trece académicos y activistas, el 16 de noviembre de 2018, en relación con el caso de Osman Kavala; observa que doce de ellos fueron liberados tras prestar declaración y que uno sigue detenido; solicita la puesta en libertad de este último a la espera del proceso y el levantamiento de la prohibición de viajar impuesta a los demás;
11. Expresa su honda preocupación por la falta de respeto hacia la libertad de religión, la discriminación de las minorías religiosas, en particular los cristianos y los alevíes, y los actos de violencia perpetrados por motivos religiosos; destaca que las iglesias siguen enfrentándose a problemas en lo que respecta a la implantación o la continuación del uso de sus instalaciones como lugares de culto; pide a las autoridades turcas que impulsen reformas decididas y eficaces en el ámbito de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, permitiendo que las comunidades religiosas obtengan personalidad jurídica, permitiendo que las fundaciones caritativas elijan a sus órganos de gobierno, eliminando todas las restricciones relativas a la formación, nombramiento y sucesión de clérigos, cumpliendo las sentencias pertinentes del TEDH y las recomendaciones de la Comisión de Venecia, y eliminando todas las formas de discriminación o barreras basadas en la religión; pide a Turquía que respete el carácter particular y la importancia del Patriarcado Ecuménico y que reconozca su personalidad jurídica; reitera la necesidad de permitir la reapertura del seminario de Halki y de retirar todos los obstáculos a su buen funcionamiento; pide que se publique el reglamento electoral para las fundaciones no musulmanas; acoge favorablemente la restitución por parte del Gobierno turco de cincuenta iglesias, monasterios y cementerios arameos en Mardin, y pide a las autoridades turcas que restituyan también a sus propietarios legítimos los terrenos correspondientes; señala a la atención el impacto de las medidas de seguridad en la población de Tur Abdin, y pide a Turquía que vele por que se proteja el acceso de sus habitantes a la educación, las actividades económicas y los lugares de culto; insta a Turquía a que haga todo lo posible para evitar la destrucción de patrimonio cultural arameo por los trabajos preparatorios en curso para el proyecto de la presa de Ilisu; pide a las autoridades turcas que adopten medidas firmes para luchar contra todas las manifestaciones de antisemitismo en la sociedad;
12. Manifiesta su preocupación por las violaciones de los derechos humanos de las personas LGBTI, en particular las reiteradas prohibiciones de marchas del orgullo y de eventos LGBTI que siguen imponiéndose en todo el país, a pesar del levantamiento del estado de excepción, y pide que se supriman inmediatamente todas estas prohibiciones discriminatorias; pide a Turquía que adopte las medidas pertinentes para prevenir y castigar la incitación al odio o los delitos dirigidos contra grupos desfavorecidos como los romaníes y los refugiados y solicitantes de asilo sirios, y solicita esfuerzos constantes para mejorar su situación; pide a Turquía que aplique plenamente el Plan estratégico de integración de los romaníes 2016-2021, prestando especial atención a la lucha contra la hostilidad hacia los gitanos, que garantice el acceso de los romaníes a viviendas asequibles y de calidad, que proteja su acceso a la educación y que adopte medidas para evitar el abandono escolar prematuro, luchar contra la segregación y aumentar la tasa de empleo de la población romaní; observa con preocupación el aumento de los llamados «crímenes de honor»; pide a Turquía que armonice su legislación nacional con el Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; pide a Turquía que garantice la plena igualdad de todos los ciudadanos y resuelva los problemas a los que se enfrentan los miembros de las minorías, en particular en lo que se refiere a los derechos a la educación y la propiedad; recuerda la importancia que reviste la plena aplicación de la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre las islas de Imbros y Tenedos, y pide a Turquía que contribuya a la repatriación de las familias de minorías que deseen regresar a estas islas; acoge con satisfacción la apertura de una escuela para la minoría griega en Imbros, que constituye un paso positivo;
13. Expresa su preocupación tanto por la prevalencia y la gravedad de la violencia contra las mujeres en la sociedad turca —que incluye crímenes «de honor», matrimonios infantiles ilegales y abusos sexuales—, como por la reticencia de las autoridades turcas a castigar a los autores de estos actos de violencia fundamentada en el sexo de la víctima; destaca que la violencia doméstica causó la muerte de 440 mujeres en 2018 —un número de víctimas mayor en años anteriores— y que los procesos judiciales son a menudo largos y se demoran en exceso; pide al Gobierno turco que adopte y aplique una política de tolerancia cero en esta cuestión;
14. Pide al Gobierno turco que respete y ejecute plenamente las obligaciones jurídicas que ha contraído en relación con la protección del patrimonio cultural y, en particular, que elabore de buena fe un inventario integral del patrimonio griego, armenio, asirio y de otros orígenes destruido o arruinado durante el siglo pasado; se opone, en este contexto, a toda opinión extrema que promueva alteraciones de la fisionomía del monumento histórico-religioso de Santa Sofía y su conversión en una mezquita; pide a Turquía que ratifique la Convención de la Unesco de 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales; pide a Turquía que coopere con las organizaciones internacionales pertinentes, y especialmente el Consejo de Europa, para prevenir y combatir el tráfico ilícito y la destrucción deliberada de patrimonio cultural;
15. Manifiesta su honda preocupación ante la situación en el sudeste de Turquía y las graves acusaciones de violaciones de los derechos humanos, uso excesivo de la fuerza y tortura, así como la grave limitación del derecho a la libertad de opinión y de expresión y del derecho de participación política en el sudeste, tal como documentan la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los defensores de los derechos humanos en Turquía, especialmente desde el fracaso del proceso de resolución del conflicto kurdo en 2015; reitera su firme condena de la vuelta a la violencia por parte del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que está incluido desde 2002 en la lista de la Unión de organizaciones terroristas; insiste en que es urgente reanudar un proceso político creíble que conduzca a una solución pacífica de la cuestión kurda; pide a Turquía que investigue rápidamente todas las graves acusaciones de violaciones de los derechos humanos y asesinatos y que permita que los observadores internacionales lleven a cabo actividades de supervisión independientes; expresa su preocupación por la destrucción de sitios de patrimonio histórico en el sudeste, entre ellos el antiguo distrito de Sur en Diyarbakir, incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, por tratarse de un acto que pone en peligro la conservación de la identidad y la cultura kurdas en Turquía;
16. Observa con preocupación que, durante el estado de excepción, se destituyó o detuvo a un gran número de alcaldes y tenientes de alcalde en el sudeste del país, y que el Gobierno designó a administradores para sustituirlos; destaca que, como consecuencia, una gran parte de la población de Turquía no ha estado representada democráticamente al nivel local; opina que las elecciones municipales que se celebrarán en marzo de 2019 deben verse como una importante oportunidad para restablecer plenamente el principio de un mandato democrático directo;
17. Señala con preocupación que el estado de excepción y algunas disposiciones introducidas con el paquete de reformas constitucionales han limitado aún más la capacidad de la Gran Asamblea Nacional para cumplir su función fundamental de garantizar el control y la rendición de cuentas democráticos; toma nota con gran preocupación de la detención de dos diputados del Partido Republicano del Pueblo, así como de la forma en que se ha marginado especialmente al Partido Democrático Popular, al haber sido detenidos muchos de los representantes de este partido por su supuesto apoyo a actividades terroristas; solicita la puesta en libertad de todos los miembros de la Gran Asamblea Nacional detenidos por discursos y acciones realizados en el marco de su actividad parlamentaria; subraya que la Gran Asamblea Nacional debe ser la institución central de la democracia turca y representar a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones; lamenta el elevado umbral electoral, que limita la auténtica representación política y no refleja la sociedad pluralista de Turquía;
18. Denuncia la continuación de la detención de Selahattin Demirtas, líder de la oposición y candidato a la presidencia; acoge con satisfacción la sentencia del TEDH sobre su caso, en la que se pide a las autoridades turcas que lo pongan inmediatamente en libertad; destaca que el TEDH ha dictaminado asimismo que la detención del Sr. Demirtaș respondía al propósito oculto preponderante de sofocar el pluralismo y limitar la libertad del debate político; condena la posición de las autoridades turcas, que se oponen a esta sentencia; espera que la Comisión y los Estados miembros sigan muy de cerca este caso, y solicita la puesta en libertad inmediata e incondicional del Sr. Demirtas;
19. Destaca la importancia de la lucha contra la corrupción, y recuerda las conclusiones del Informe de 2018 sobre Turquía en el sentido de que la corrupción sigue estando muy extendida en muchos ámbitos y sigue siendo un problema grave; manifiesta su preocupación por el hecho de que el historial de Turquía en la investigación, enjuiciamiento y condena en casos de corrupción siga siendo deficiente, especialmente en los casos de alto nivel;
20. Recuerda que la Comisión de Venecia ha considerado que las enmiendas constitucionales relativas a la introducción de un sistema presidencial carecían de controles y contrapesos suficientes, además de poner en peligro la separación de poderes entre el ejecutivo y el judicial; recuerda, por otra parte, que el Parlamento Europeo ha pedido al Gobierno de Turquía que aplique cambios y reformas constitucionales y judiciales en cooperación con la Comisión de Venecia, y que el año pasado también solicitó la suspensión formal de las negociaciones de adhesión en caso de que la reforma constitucional se llevase a cabo sin cambios, ya que esto sería incompatible con los criterios de Copenhague;
21. Recomienda, teniendo en cuenta todo lo anterior, que la Comisión y el Consejo de la Unión Europea, de conformidad con el marco de negociación, suspendan formalmente las negociaciones de adhesión con Turquía; reitera su compromiso, no obstante, con el diálogo democrático y político con Turquía; pide a la Comisión que utilice los fondos asignados en la actualidad en el marco del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP II y el futuro IAP III) para apoyar, a través de una dotación específica gestionada directamente por la Unión, a la sociedad civil turca, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, así como para incrementar las oportunidades para los contactos interpersonales, el diálogo académico, el acceso de los estudiantes turcos a las universidades europeas y las plataformas de medios de comunicación para periodistas con objeto de proteger y promover los valores y principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho; confía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, en que la relación entre Turquía y la Unión se redefina como una asociación efectiva; subraya que cualquier compromiso político entre la Unión y Turquía debe basarse en disposiciones de condicionalidad relativas al respeto de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;
22. Señala que, si bien el proceso de adhesión a la Unión supuso al principio una fuerte motivación para las reformas en Turquía, en los últimos años se ha producido un fuerte retroceso en los ámbitos del Estado de Derecho y los derechos humanos;
23. Destaca que la modernización de la Unión Aduanera reforzaría aún más los fuertes vínculos que ya existen entre Turquía y la Unión y mantendría a Turquía vinculada económicamente a la Unión; considera, por lo tanto, que debe dejarse la puerta abierta a la modernización y mejora de la Unión Aduanera de 1995 entre la Unión y Turquía, con objeto de incluir ámbitos pertinentes como la agricultura, los servicios y la contratación pública, que actualmente no están incluidos; recuerda que Turquía es el quinto socio comercial más importante de la Unión, mientras que la Unión es el socio más importante de Turquía, que dos tercios de la inversión extranjera directa en Turquía proceden de Estados miembros de la Unión, y que Turquía es un importante mercado en expansión para la Unión; opina que la mejora supondría una valiosa oportunidad para la condicionalidad democrática, un efecto multiplicador positivo y la posibilidad de una hoja de ruta en la que la modernización de la Unión Aduanera iría acompañada de mejoras concretas por parte de Turquía en materia de reformas democráticas en los ámbitos de la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales, y el Estado de Derecho, de cara a un verdadero espacio abierto para la sociedad civil y el pluralismo; considera, además, que la mejora de la Unión Aduanera brindaría una importante oportunidad para el diálogo político sobre el desarrollo sostenible desde las perspectivas social y medioambiental y el cambio climático, así como sobre los derechos laborales en Turquía; pide a la Comisión que inicie los trabajos preparatorios para la mejora de la Unión Aduanera tan pronto como el Gobierno turco dé pruebas de que está dispuesto a llevar a cabo reformas profundas; pide a la Comisión que incluya una cláusula sobre derechos humanos y libertades fundamentales en la Unión Aduanera mejorada que imponga el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales como una condición básica; recuerda que la Unión Aduanera actual no podrá desarrollar todo su potencial hasta que Turquía aplique en su integridad el Protocolo Adicional respecto a todos los Estados miembros;
24. Destaca que la libertad sindical y el diálogo social son vitales para el desarrollo de una sociedad pluralista; lamenta las deficiencias legislativas en materia de derechos laborales y sindicales, y subraya que el derecho a organizarse, el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga son derechos fundamentales de los trabajadores; lamenta profundamente que la afiliación a un sindicato se haya considerado con frecuencia una prueba delictiva en las causas judiciales; cree que esta actitud podría agravar aún más la situación de los sindicatos en el país; expresa su profunda preocupación por las condiciones de trabajo de los trabajadores durante la construcción del nuevo aeropuerto de Estambul, dado que, al parecer, 38 trabajadores han muerto en accidentes laborales desde el inicio de la construcción en mayo de 2015 y 31 personas, incluido un líder sindical, están actualmente en prisión por protestar contra las malas condiciones de trabajo y los salarios bajos e irregulares; pide a las autoridades turcas que mantengan consultas estrechas con los sindicatos correspondientes sobre la cuestión de las medidas de seguridad necesarias para los trabajadores en las obras, que lleven a cabo una investigación exhaustiva de las muertes y las lesiones que se han producido, y que permitan a los sindicatos el pleno acceso a los trabajadores afectados; manifiesta su preocupación por la cuestión del trabajo infantil, especialmente en sectores como la agricultura y el trabajo estacional; toma nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno turco para garantizar a los refugiados que disfrutan de protección temporal en Turquía el derecho a trabajar, siempre que cuenten con una autorización adecuada; señala que se han expedido más de 20 000 permisos de trabajo a ciudadanos sirios que incluyen determinadas condiciones relativas a los niveles salariales mínimos y la seguridad social; señala que, a pesar de estos esfuerzos, muchos sirios siguen trabajando sin autorización en numerosos sectores y provincias de Turquía; destaca que la lengua sigue siendo una de las barreras más importantes para los trabajadores sirios;
25. Pide al Gobierno turco que suspenda sus planes de construcción de la central nuclear de Akkuyu; pide a Turquía que se adhiera al Convenio de Espoo; pide al Gobierno turco que involucre, o como mínimo consulte, a los Gobiernos de los países vecinos, como Grecia y Chipre, en lo que respecta a posibles nuevos avances en el proyecto de Akkuyu;
26. Señala que la liberalización de visados reviste una gran importancia para los ciudadanos turcos, y en particular para los estudiantes, los académicos, los representantes de empresas y las personas con vínculos familiares en los Estados miembros de la Unión; alienta al Gobierno turco a que cumpla plenamente los 72 criterios definidos en la hoja de ruta para la liberalización del régimen de visados; subraya que la revisión de la legislación antiterrorista de Turquía es una condición fundamental para garantizar los derechos y libertades fundamentales; alienta a Turquía a que realice los esfuerzos necesarios para cumplir los criterios restantes; destaca que la liberalización de visados solo será posible cuando se hayan cumplido todos los criterios de forma íntegra, eficaz y no discriminatoria;
27. Recuerda el importante papel que ha desempeñado Turquía en la respuesta a la crisis migratoria provocada por la guerra en Siria; opina que Turquía y su población han sido muy hospitalarios, ofreciendo cobijo a más de tres millones y medio de refugiados sirios; subraya que en Turquía hay alrededor de un millón de niños sirios en edad escolar, el 60 % de los cuales están matriculados en escuelas turcas; toma nota de la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016; insta a Turquía a que respete el principio de no devolución; lamenta que, en el marco del programa del IAP para 2011 y 2012, la Unión financiase la adquisición de vehículos blindados de vigilancia Cobra II, y pide a la Comisión que siga de cerca el uso del equipo (co)financiado en el marco de los programas de la Unión y la aplicación efectiva del principio de no devolución, en particular en la frontera con Siria; pide a la Unión y a sus Estados miembros que respeten sus promesas en lo relativo al reasentamiento a gran escala y que garanticen los recursos financieros adecuados para el apoyo a largo plazo de los refugiados sirios en Turquía; reconoce el Informe Especial de 2018 del Tribunal de Cuentas Europeo, que pide una mayor eficiencia y transparencia en la asignación y la distribución de los fondos; señala la creciente incertidumbre de los refugiados sirios en cuanto a las perspectivas de su protección temporal en Turquía, y pide a Turquía que examine posibles estrategias para reforzar la cohesión social en las zonas en las que viven importantes comunidades de refugiados sirios, así como de cara a la inclusión socioeconómica y cultural a largo plazo y un acceso adecuado y efectivo a la educación y la formación profesional; pide a la Comisión que siga estando atenta y que garantice que siempre que se utilicen fondos de la Unión se defiendan debidamente los derechos de los refugiados y se adopten medidas para evitar el trabajo infantil, la explotación sexual de menores y otras violaciones de los derechos humanos;
28. Señala la importancia que reviste tanto para la Unión y sus Estados miembros como para Turquía mantener un estrecho diálogo y una cooperación en materia de política exterior y cuestiones de seguridad; alienta la cooperación y una mayor armonización en política exterior, defensa y cuestiones de seguridad, incluida la cooperación en la lucha contra el terrorismo; recuerda que Turquía también es miembro de la OTAN desde hace mucho tiempo y se encuentra en un lugar geoestratégico fundamental para mantener la seguridad regional y europea; señala que la Unión y Turquía continúan cooperando en cuestiones de importancia estratégica (militar) en el marco de la OTAN; pide, por consiguiente, a Turquía que reanude la cooperación con los miembros de la OTAN que pertenecen a la Unión en el contexto del programa permanente de cooperación de la OTAN con países no pertenecientes a la Unión;
29. Elogia a Turquía por la negociación del memorando sobre Idlib; lamenta que, al parecer, grupos armados del Ejército Libre Sirio respaldados por Turquía hayan incautado, saqueado y destruido propiedades de civiles kurdos en el distrito de Afrin, en el norte de Siria; insiste en que Turquía y los grupos del Ejército Libre Sirio en Afrin deben indemnizar a los residentes desplazados cuya propiedad hayan incautado, saqueado o destruido, y no deben privar permanentemente a los residentes de sus propiedades; manifiesta su preocupación ante los informes que denuncian la amplia gama de violaciones que tienen lugar en Afrin, principalmente a manos de grupos armados sirios, equipados y armados por Turquía, y también de las fuerzas armadas turcas, que supuestamente han ocupado varias escuelas, perturbando la educación de los niños; expresa su preocupación por el hecho de que Turquía también pretenda cambiar el equilibrio demográfico en el distrito de Afrin mediante el reasentamiento de refugiados sirios árabes suníes de Turquía en la región poblada por los kurdos; pide al Gobierno turco que retire las acusaciones contra todos los ciudadanos que han criticado las acciones militares de Turquía en Siria, respetando así el derecho a la libertad de expresión;
30. Reitera la importancia que revisten unas buenas relaciones de vecindad; pide a Turquía, en este contexto, que redoble sus esfuerzos por resolver, de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y con el Derecho internacional, las cuestiones bilaterales pendientes, incluyendo las obligaciones jurídicas no resueltas y los conflictos con sus vecinos más cercanos por cuestiones de fronteras terrestres y marítimas y de espacio aéreo; reitera su llamamiento al Gobierno turco para que firme y ratifique la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; insta al Gobierno de Turquía a que ponga fin a las reiteradas violaciones del espacio aéreo y las aguas territoriales de Grecia y respete la integridad territorial y la soberanía de todos sus vecinos; lamenta que no se haya retirado la amenaza de casus belli emitida por la Gran Asamblea Nacional turca contra Grecia;
31. Acoge con satisfacción los esfuerzos llevados a cabo bajo los auspicios del secretario general de las Naciones Unidas para reanudar las negociaciones sobre la reunificación de Chipre; reitera su apoyo a una solución justa, global y viable basada en una federación de dos comunidades en dos zonas, con una sola personalidad jurídica internacional, una sola soberanía y una sola ciudadanía en pie de igualdad política entre ambas comunidades, tal como se define en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con el Derecho internacional y el acervo de la Unión, y respetando los principios en los que se fundamenta la Unión; señala a la atención el documento marco presentado por el secretario general de las Naciones Unidas y su llamamiento para que se reanuden las negociaciones sobre la base de los acuerdos ya alcanzados en el proceso de Crans Montana de 2017; pide a la Unión y a sus Estados miembros que desempeñen un papel más activo para que las negociaciones lleguen a buen término; reitera su llamamiento a todas las partes afectadas, y en particular a Turquía, para que se comprometan con el logro de una solución global y contribuyan a ella; pide a Turquía que comience a retirar sus tropas de Chipre, transfiera la zona inaccesible de Famagusta a las Naciones Unidas, de conformidad con la Resolución 550 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y se abstenga de realizar acciones que alteren el equilibrio demográfico en la isla a través de una política de asentamientos ilegales; destaca la necesidad de que el acervo de la Unión se aplique en toda la isla; reconoce, en este sentido, la continuación de la labor del comité bicomunitario ad hoc sobre la preparación para la UE; se compromete a intensificar sus esfuerzos para cooperar con la comunidad turcochipriota en su preparación para la plena integración en la Unión una vez solucionado el problema de Chipre, e insta a la Comisión a que haga lo mismo; elogia la importante labor realizada por el Comité sobre Personas Desaparecidas bicomunitario, que se ocupa de personas desparecidas tanto turcochipriotas como grecochipriotas, y celebra que se haya concedido un mejor acceso a todos los lugares pertinentes, incluidas las zonas militares; pide a Turquía que ayude a este comité proporcionándole información de sus archivos militares; reconoce el derecho de la República de Chipre a celebrar acuerdos bilaterales relativos a su zona económica exclusiva; reitera su llamamiento a Turquía para que respete plenamente los derechos soberanos de todos los Estados miembros, incluidos los relativos a la exploración y explotación de los recursos naturales, de conformidad con el acervo de la Unión y el Derecho internacional; insta a Turquía a que se involucre en la resolución pacífica de los conflictos y se abstenga de cualquier amenaza o acción que pueda tener repercusiones negativas en las relaciones de buena vecindad;
32. Pide a Turquía y a Armenia que prosigan la normalización de sus relaciones; subraya que la apertura de la frontera turco-armenia podría contribuir a la mejora de las relaciones, en especial en lo que respecta a la cooperación transfronteriza y la integración económica;
33. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Estados miembros, y al Gobierno y a la Gran Asamblea Nacional de Turquía, y solicita la traducción del presente informe al turco.
(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0450.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0423.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0040.
(4) DO L 51 de 26.2.2008, p. 4.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0052.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0094.

References: Resolución 
 artículo 46
 Resolución 
 artículo 83
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 49
 Resolución 
 resolución 
 Resolución