Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-10-D-725.CODI.%29
Timestamp: 2019-12-09 16:46:35+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 725, de 15/09/2015
cve: BOCG-10-D-725
158/000057 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, al objeto de configurar un procedimiento de elección de Corporaciones Locales con un sistema de prima de mayoría y doble vuelta electoral, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ... (Página7)
161/003844 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a defender el libre tránsito de ciudadanos y mercancías en Gaza ... (Página9)
161/003850 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al cumplimiento de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU ... (Página11)
161/003851 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la investigación del robo de recién nacidos ... (Página12)
161/003838 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la posición española en la reforma de la INTERPOL en relación con el abuso de sus mecanismos para la persecución de disidentes políticos ... (Página13)
161/003849 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre cierre y desmantelamiento del Campo de Instrucción y Adiestramiento Aéreo de Las Bardenas Reales ... (Página14)
161/003853 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió, relativa a la inclusión del cálculo de las paridades de poder adquisitivo por Comunidades Autónomas dentro del Plan Estadístico del INE ... (Página16)
161/003840 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el mantenimiento de los servicios ferroviarios en la Comarca de El Bierzo ... (Página18)
161/003847 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las obras a realizar por ADIF en el apeadero de Legazpi (Gipuzkoa) ... (Página19)
161/003848 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de la seguridad vial en O Pino ... (Página20)
161/003854 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre jubilación de los trabajadores con discapacidad ... (Página21)
161/003837 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre interrumpibilidad ... (Página22)
161/003857 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar la continuidad de la planta y el empleo de Innovyn-Solvay de Martorell, después de su exclusión de la subasta de interrumpibilidad eléctrica para los años 2015 y 2016 por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ... (Página22)
161/003843 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación de un Plan Integral para la recuperación de los suelos contaminados por el Lindano en Aragón ... (Página23)
161/003845 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de proceder con urgencia a la regeneración de la Ría de O Burgo (A Coruña) ... (Página25)
161/003856 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de paralizar cualquier actuación en relación a la posible prórroga de la concesión de Ence-Elnosa en la ría de Pontevedra ... (Página26)
161/003858 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los daños producidos por la tormenta de granizo en la provincia de Toledo ... (Página27)
161/003859 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el entorno del río Eo... (Página28)
161/003839 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desarrollar las acciones necesarias para mejorar el diagnóstico y tratamiento de las pacientes afectadas por endometriosis ... (Página30)
161/003841 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a acabar con la discriminación que sufren las personas con diabetes, de manera genérica, a la hora de acceder a puestos de trabajo de la Administración Pública ... (Página31)
161/003846 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las "Meninas de Canido" en Ferrol ... (Página32)
161/003852 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a implementar un sistema de valoración de riesgo al objeto de auxiliar al Juez ante la toma de decisiones respecto a las medidas a imponer para proteger a los menores, hijos de víctimas de violencia de género ... (Página33)
161/003855 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió, sobre la regulación de la prestación ortoprotésica ... (Página35)
181/003578 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre trámites, operaciones o acciones llevadas a cabo desde el año 2012 en el edificio de Correos de la Plaza de San Agustín número 1 de Logroño ... (Página37)
181/003579 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre tramos paralizados en las obras de LAV entre Lubián y Ourense en los dos últimos años ... (Página37)
181/003580 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre motivos por los que el Gobierno ha negado en sus respuestas parlamentarias la existencia de retrasos o paralizaciones temporales en las obras de LAV Lubián-Ourense ... (Página38)
181/003581 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre causas que están provocando los retrasos o paralización en la ejecución en las obras de LAV entre Lubián y Ourense ... (Página38)
181/003582 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre medidas adoptadas en relación con los retrasos o paralización en la ejecución en las obras de LAV entre Lubián y Ourense ... (Página38)
181/003583 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre exigencias planteadas por las empresas para continuar ejecutando las obras de LAV entre Lubián y Ourense ... (Página38)
181/003584 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre tramos en los que se han producido retrasos o paralización en la ejecución en las obras de LAV entre Lubián y Ourense ... (Página39)
181/003585 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre empresas que están ejecutando las obras de LAV entre Lubián y Ourense en las que se han producido retrasos o paralización de las mismas ... (Página39)
181/003588 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre incidencia de la llegada del AVE a Galicia del recorte por la Unión Europea de 45 millones de euros para la alta velocidad ... (Página39)
181/003589 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre ejecución presupuestaria de los años 2012 a 2015 de la LAV Lubián-Ourense ... (Página40)
181/003590 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre motivos por los que el Ministerio de Fomento eliminó los datos de la liquidación presupuestaria de los últimos tres años del anuario estadístico del citado Ministerio ... (Página40)
181/003591 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre número de bajas por embarazo de riesgo solicitadas en la provincia de Ourense en los años 2011 a 2015 ... (Página40)
181/003592 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre número de bajas por embarazo de riesgo denegadas en la provincia de Ourense en los años 2011 a 2015 ... (Página41)
181/003593 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre número de bajas por embarazo de riesgo solicitadas en Galicia en los años 2011 a 2015 ... (Página41)
181/003594 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre número de bajas por embarazo de riesgo denegadas en Galicia en los años 2011 a 2015 ... (Página41)
181/003595 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre número de bajas por maternidad solicitadas en la provincia de Ourense en los años 2011 a 2015... (Página42)
181/003596 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre número de bajas por maternidad denegadas en la provincia de Ourense en los años 2011 a 2015 ... (Página42)
181/003597 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre número de bajas por maternidad solicitadas en Galicia en los años 2011 a 2015. ... (Página42)
181/003598 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre número de bajas por maternidad denegadas en Galicia en los años 2011 a 2015 ... (Página42)
181/003577 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de que la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente fuera su representante en la final femenina de Wimbledon justo el fin de semana que se producía una importante devastación forestal debido a los incendios forestales ... (Página43)
181/003586 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre partidas destinadas a diversos medios de comunicación para sensibilizar a la población y prevenir la violencia de género ... (Página43)
181/003587 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre previsiones acerca de activar un procedimiento judicial que revise los casos de consentimiento denegado en la modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, para incluir la obligación de consentimiento parental ... (Página44)
232/000372 Encabezamiento y fallo de la Sentencia en el recurso de inconstitucionalidad número 6084/2007, promovido por setenta y un diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, contra los artículos 27.1, 27 bis.1.a), 34, 35, 37, 56.2 y 62 apartados 3 y 4, todos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada respectivamente por los apartados 26, 27, 30, 31, 33, 59 y 64 del artículo único de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades ... (Página44)
233/000110 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 4558/2013, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 17 de Madrid, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución española ... (Página45)
233/000118 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 5374/2013, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Mérida, en relación con los artículos 2.1 y 2.2º. 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución ... (Página46)
233/000121 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 5371/2013, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Mérida, en relación con los artículos 2.1 y 2.2º. 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución española ... (Página47)
233/000122 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 5373/2013, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Mérida, en relación con los artículos 2.1 y 2.2º. 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución española ... (Página48)
233/000124 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 5372/2013, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Mérida, en relación con los artículos 2.1 y 2.2º. 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución ... (Página49)
233/000126 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 5375/2013, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Mérida, en relación con los artículos 2.1 y 2.2º. 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución española ... (Página51)
233/000141 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 7166/2013, planteada por el Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de Tenerife, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal laboral del sector público, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución ... (Página52)
233/000154 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 743/2014, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 22 de Madrid, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución española ... (Página53)
233/000162 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 890/2014, planteada por el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 7, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación a los funcionarios públicos, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución española ... (Página54)
233/000193 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 3311/2014, planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución española ... (Página55)
233/000204 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 4552/2014, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución ... (Página56)
233/000210 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 5344/2014, planteada por el Juzgado de lo Social número 2 de Guadalajara, en relación con los artículos 2.2 y 6 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución ... (Página57)
233/000225 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 5186/2014, planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución ... (Página58)
158/000057
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, al objeto de configurar un procedimiento de elección de Corporaciones Locales con un sistema de prima de mayoría y doble vuelta electoral.
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Constitucional, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2015.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara de fecha 26 de junio de 1996 publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de junio de 1996 solicita la creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, al objeto de configurar un procedimiento de elección de Corporaciones Locales con un sistema de prima de mayoría y doble vuelta electoral.
El proceso electoral constituye, sin duda, un elemento nuclear de cualquier sistema democrático representativo. En efecto, es el mecanismo a través del cual una sociedad se define políticamente, expresando su voluntad política y permitiendo la legitimación de las decisiones colectivas mediante la constante definición de mayorías y minorías durante todo el tiempo constitucional o legalmente establecido para la existencia de un órgano representativo.
Habitualmente, suele atribuirse al sistema electoral en sentido estricto -las reglas que disciplinan ese proceso, permitiendo la manifestación de la voluntad de los ciudadanos y su conversión en escaños de representantes- una doble función: de una parte, la de asegurar la representación de los principales sectores sociales efectivamente existentes (representatividad); de otra, la de permitir la adopción de decisiones respaldadas por la mayoría social, convertida en mayoría parlamentaria (gobernabilidad). Un adecuado equilibrio entre ambas resulta beneficioso porque permite que tales decisiones deriven de un proceso donde se asegura una participación plural pero también donde se garantiza la estabilidad del gobierno de la institución.
Ese equilibrio puede romperse si las reglas hacen prevalecer en exceso cualquiera de esas dos funciones sobre la otra: si la representatividad se impone a la gobernabilidad, o viceversa. Y, en el sistema español, la práctica demuestra -y la opinión pública así lo expresa- que, en el ámbito local, se han dado múltiples casos en los que, una vez conocidos los resultados del proceso electoral, las candidaturas
perdedoras se han coaligado entre sí basándose en un criterio de mero reparto de poder con el único propósito de impedir el gobierno a la candidatura ganadora.
Estas situaciones provocan una interpretación forzada de la voluntad popular expresada en las urnas, deformándola y privando de manera efectiva al electorado de su capacidad de poder decidir sobre la oportunidad y conveniencia de ulteriores pactos de gobierno o programáticos o sobre candidatos concretos, respecto de los que el cuerpo electoral no ha tenido ocasión de pronunciarse explícitamente.
Los hechos que acabamos de exponer obligan reflexionar acerca de la necesidad de establecer un sistema y unas reglas precisas que, sin menoscabo del respeto al pluralismo político en la representación de la corporación, garantice que quien gane con claridad las elecciones gobierne, evitando las negociaciones opacas al margen de la voluntad electoral y asegurando que los gobiernos municipales se sustenten el en respaldo mayoritario de los ciudadanos.
Precisamente, un sistema de prima de mayoría o gobernabilidad, complementado con la doble vuelta electoral, garantizará la participación directa de los ciudadanos a la hora de conformar gobierno en las corporaciones locales desde el respeto a su voluntad mayoritaria y reforzará la legitimidad popular del alcalde favoreciendo la gobernabilidad y la estabilidad del gobierno municipal.
De otro lado, a lo largo de esta legislatura, son diferentes las formaciones que han solicitado revisar para su mejora algunos aspectos del régimen electoral vigente, pretensión que también podría ser cubierta con la creación de esta Subcomisión.
A ) Objeto de la Subcomisión.
La presente Subcomisión tendrá por objeto la elaboración de un Dictamen en el que se desarrolle la fórmula electoral, el procedimiento, las disposiciones y el resto de los elementos que deben configurar un procedimiento de elección de Corporaciones Locales con un sistema de prima de mayoría y doble vuelta electoral, con la determinación del contenido de las normas y preceptos que deban ser modificados en la Ley 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General u otras leyes que pudiesen verse afectadas, así como cualesquiera otras modificaciones que mejoren el vigente régimen electoral general.
La Subcomisión estará compuesta por dos representantes de los Grupos Parlamentarios con más de cien Diputados, y un representante de los demás Grupos Parlamentarios, con sus correspondientes suplentes.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 26 de junio de 1996, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de junio de 1996, sobre procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Comisiones de la Cámara, para la realización del mencionado informe la Subcomisión podrá recabar:
La Subcomisión habrá de culminar sus trabajos en el plazo de tres meses desde su constitución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2015.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003844
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de BNG, ERC, Amaiur, Geroba Bai, Compromís-Equo y Nueva Canarias, y del Grupo de la Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, para defender el libre tránsito de ciudadanos y mercancías en Gaza.
El bloqueo de Gaza contraviene el derecho internacional humanitario, ya que impone un castigo colectivo a los residentes de Gaza.
Ocasiona, además, periódicos sucesos álgidos de violencia. El bloqueo y la ocupación son violencia institucional que efectúa la potencia ocupante israelí hacia los habitantes de Gaza.
La población palestina de Gaza, aproximadamente 1.800.000 personas, está mayoritariamente compuesta de refugiados y sus descendientes a los que la potencia ocupante, Israel, les impide la vuelta a sus hogares y propiedades, contraviniendo así las resoluciones de las Naciones Unidas.
El bloqueo israelí contra Gaza empieza en el año 2006, tras el resultado de las elecciones democráticas en Palestina, aunque ya se habían producido con anterioridad cierres intermitentes.
El bloqueo israelí sigue la estrategia de mantener una línea de aprovisionamiento, en el mejor de los casos insuficiente, imposibilitando el logro de la autonomía económica, con carencias estructurales en energía, construcción, tratamiento de agua, alimentos, etc.,
Ya Dov Weissglas, asesor del gobierno israelí de Olmert, estableció en 2007 que los israelíes debemos "hacer que los palestinos adelgacen pero sin que mueran". Después, el informe Gisha lo corraboró y se puede leer en este enlace: (http://www.haaretz.com/resources/Pdf/red-lines.pdf).
Es una cruda realidad que los palestinos continúan adelgazando, pero las arcas israelíes siguen disfrutando de ser los proveedores necesarios y cuasi monopólicos de la ayuda internacional que va destinada a los palestinos.
Los continuos ataques israelíes a las infraestructuras civiles, la tierra quemada alrededor del perímetro fronterizo, la esquilmación de los acuíferos y el vertido de aguas no tratadas por parte israelí forma parte del empobrecimiento planificado. Al igual que la destrucción del aeropuerto de Gaza, financiado por el estado español, que renunció a pedir la justa indemnización por su destrucción. Los pescadores han visto reducir hasta seis millas la posibilidad de ejercer su actividad pesquera, y suma y sigue.
El paso fronterizo con Egipto sigue los cánones que establece Israel y la variabilidad de los egipcios.
Toda la violencia del bloqueo, la planificada destrucción y empobrecimiento no se puede hacer si no es con la aquiescencia activa y pasiva de la comunidad internacional. Una comunidad internacional que no hace respetar el derecho internacional o los acuerdos que ella misma establece.
Tras el último masivo ataque a Gaza por parte israelí, que tuvo lugar entre los meses de julio y agosto de 2014, hubo en octubre de 2014, la ya clásica conferencia de donantes. Se prometieron 5.400 millones de dólares para la reconstrucción a través del Gobierno palestino (ya unificado después de los acuerdos Al Fatah-Hamas en mayo del año pasado, que quizá fue el detonante real del ataque israelí) y se reclamó una solución definitiva al "conflicto" (no lo llamaron ocupación) para evitar que se repita la "guerra" (tampoco la llamaron destrucción unilateral israelí).
Pero también los donantes recordaron que la eficacia de la reconstrucción de Gaza estaba condicionada al levantamiento del bloqueo israelí y a la anulación de las restricciones de Israel sobre la circulación de personas y de mercancías desde y hacia los territorios palestinos.
El comunicado final reiteró la necesidad de la reanudación de las negociaciones para llegar a la solución de la creación de los dos estados en el marco de la legitimidad internacional y de los acuerdos firmados entre ambas partes, precisando que "la finalización de la ocupación es la única garantía para evitar que se repita la destrucción".
Pero IRIN, una ONG especializada en información sobre crisis, evaluaba que a finales de enero de 2015 solo se habían desembolsado 300 millones de dólares de la cantidad prometida, debido a las condiciones sobre el terreno que impiden el desembolso de más cuotas. El puerto sigue cerrado. Los pescadores siguen sin poder faenar. El gas descubierto en la plataforma continental de Gaza solo lo puede explorar y explotar los israelíes.
Sin embargo, esas condiciones, el bloqueo y la ocupación israelí, no son denunciadas.
Todo esto es lo que ha conducido a varias organizaciones y ciudadanos europeos y de otros continentes, incluyendo ciudadanos israelíes, a retomar una III Flotilla de la Libertad, para reivindicar el derecho de libre tránsito de personas y mercancías hacia y desde Gaza. Se rechaza el control israelí, pero no el de la propia comunidad internacional y la posibilidad de que el último puerto internacional, en Chipre, por ejemplo, supervisase la composición de la carga.
El abordaje de esa Flotilla se llevó a cabo a unas 90 millas de Gaza, en aguas internacionales. Otros abordajes realizados por el ejército israelí a barcos de las diferentes flotillas que buscaban atracar en Gaza, en años anteriores, se han realizado a menos millas de la costa gazatí. En todos los casos, los barcos, tripulantes y pasajeros secuestrados fueron llevados a un puerto israelí en contra de la voluntad de los integrantes de la Flotilla.
No consta que haya habido una intervención pública de las autoridades europeas, ni españolas, frente a las autoridades de la potencia ocupante Israel, para impedir o denunciar el secuestro del ejército israelí a los barcos de la III Flotilla.
Es irónico que el Primer ministro israelí, Netanyahu, insista en que no hay bloqueo y que todo puede llegar, mientras al mismo tiempo prohíbe que la flotilla llegue a Gaza o que haya un libre tránsito por tierra, mar y aire. La UNRWA ha denunciado en el mes de julio de 2015 que "los supervivientes han de celebrar su fiesta sagrada entre los escombros de lo que fueron sus hogares". La realidad es que ni una sola casa ha sido reconstruida y la situación en Gaza es incluso peor que el año pasado.
- Realizar manifestaciones en las que se explicite la postura española de apoyo al derecho internacional a favor del libre tránsito de personas y mercancías desde y hacia Gaza (Palestina).
- Dar apoyo humanitario a la población de Gaza, directo o a través de organismos internacionales o de ONGs y sin intermediación israelí.
- Pedir que el necesario control fronterizo o del suministro de bienes civiles a la población de Gaza no esté coaccionado por Israel, estudiando fórmulas de transporte aéreo o marítimo, donde se involucre directamente, o con otros socios, en un pasillo humanitario.
- Reclamar a la potencia ocupante daños y perjuicios por la destrucción de bienes o inversiones donadas por el estado español o sus ciudadanos y asociaciones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2015.-Rosana Pérez Fernández, Joan Tardà i Coma, Pedro Quevedo Iturbe, Bizente Serrano Izko y Joan Baldoví Roda, Diputados.-Joan Josep Nuet Pujals, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003850
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al cumplimiento de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Este año se cumplen quince años desde la aprobación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fue en el año 2000 cuando se marcó un hito en la consideración del papel de la mujer en situaciones de conflicto y post-conflicto al adoptarse la primera resolución del Consejo de Seguridad sobre Mujer, Paz y Seguridad. Esa resolución está en el origen de los avances que se han producido desde entonces en relación con las necesidades específicas de protección de las mujeres en situaciones de conflicto y con el papel activo que las mujeres deben desempeñar en los procesos y negociaciones de paz para que ésta sea sostenible a largo plazo.
Coincidiendo con este aniversario España será el país que presida, el próximo mes de octubre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ha convocado un Debate Abierto de Alto Nivel sobre la revisión de la implementación de la Resolución 1325. De ahí la importancia de que nuestro país lidere el cumplimiento de dicha resolución.
La experiencia en Operaciones de Paz demuestra lo importante y decisiva que es la presencia de las mujeres. Además del desempeño de sus funciones con la máxima eficacia en las Fuerzas Armadas, favorecen el acceso a canales de comunicación con las mujeres locales, parte esencial del tejido social de toda sociedad, y permiten incorporar una perspectiva nueva a la construcción y consolidación de la paz.
Por otro lado, es importante reconocer la doble faceta de la mujer en las situaciones de conflicto, no solo como víctima de la violencia sino también como agente necesario en la construcción de una paz duradera. Solo mediante el reconocimiento de la mujer como sujeto activo en la resolución de los conflictos y en la construcción y consolidación de la paz, será posible luchar contra las desigualdades, una de las causas profundas de los conflictos.
A pesar de todo ello, en la práctica, la participación activa de la mujer en estas situaciones es todavía insuficiente. Según el Informe Alerta 2013 de la ONU, aunque en doce de las catorce negociaciones de paz que tuvieron lugar en el mundo en 2011 hubo presencia de mujeres en las delegaciones de apoyo a la mediación, solo en cuatro de éstas el papel de las mujeres fue activo. Solo en dos de los acuerdos de paz firmados ese mismo año (Yemen y Somalia), se hizo alusión a las mujeres, la paz y la seguridad.
Estos datos demuestran que, si bien la Resolución 1325 constituyó un avance importante para la igualdad de género y su contribución al logro de una paz estable y duradera, hoy resulta necesario un renovado compromiso de todos los Estados Miembros, y del sistema de Naciones Unidas en su integridad, con la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover el cumplimiento y la implementación de las medidas propuestas en la Resolución 1325 "Mujer, Paz y Seguridad" y sucesivas, con ocasión de la celebración el próximo mes de octubre, del quince aniversario de su aprobación, bajo presidencia española del Consejo de Seguridad. Entre ellas:
- Asegurar que la participación activa y las necesidades de protección de las mujeres en las situaciones previas al conflicto, en conflicto y post-conflicto son incorporadas a todo el sistema de NNUU y, en particular, a sus Operaciones de Paz, desde el momento de su planificación. Para ello estas Misiones deben contar con los recursos personales y materiales adecuados.
- Fomentar activamente la participación de las mujeres en todas las discusiones internacionales sobre paz, seguridad y desarrollo.
- Integrar los compromisos de la Resolución 1325 en todas las resoluciones, comunicados, términos de referencia, viajes y misiones del Consejo de Seguridad relacionados con el mantenimiento de la paz y la seguridad.
- Promover medidas concretas para establecer un mecanismo de alerta temprana, incluyendo una mejor implementación del artículo 7.4 del Tratado de Comercio de Armas en relación a los riesgos que sufren las mujeres.; y la perspectiva de mujer, paz y seguridad en las estrategias de prevención y lucha contra el extremismo violento; asignando más atención y recursos para abordar las causas subyacentes a la violencia sexual y la desigualdad; y haciendo frente a la impunidad a través de la rendición de cuentas de los responsables de cualquier tipo de violencia basada en género".
- Proteger a las mujeres que viven en situación de conflicto y postconflicto, plasmando de manera específica en los acuerdos de alto el fuego y en los acuerdos de paz, su participación en la implementación de los mismos, sus necesidades de protección y de reintegración social, así como el resarcimiento de los daños producidos por la violencia que se ejerce contra las mujeres en las situaciones de conflicto.
- Promover el liderazgo de la mujer, a través de su contratación a todos los niveles y en todos los ámbitos (en particular en puestos de responsabilidad en Naciones Unidas), tanto en la sede como sobre el terreno.
- Promover que todos los Estados Miembros doten de la financiación necesaria a la agenda Mujeres, Paz y Seguridad, incluidos sus planes de acción nacionales, con al menos el 15% de todo el gasto destinado a la gestión de crisis y conflictos, dedicado al empoderamiento de la mujer y la igualdad y a las necesidades de las mujeres en situaciones de conflicto.
- Apoyar a las organizaciones de mujeres y a las defensoras de sus derechos, para que puedan llevar a cabo su importante trabajo de promoción y protección de los mismos sin ser objeto de ataques ni intimidaciones. Asegurar el trabajo de estas mujeres con medidas de protección específicas, garantizando que toda denuncia por amenazas o ataques es objeto de una investigación completa e imparcial, y que los perpetradores son llevados ante la justicia.
- De una manera especial promover y defender el derecho de las niñas a acceder a la educación especialmente en situaciones en conflicto, fomentando políticas encaminadas a garantizar el derecho de todas las niñas a acudir a la escuela y apoyando ejemplos como el de Malala Yousafzay, símbolo mundial en la lucha y defensa del derecho a la educación de las niñas y fuente de inspiración para muchas otras niñas que ven coartados sus derechos y libertades, por el simple hecho de serio.
- Promover la contribución de la mujer al logro de una cultura de paz.
- Asumir compromisos ambiciosos a nivel nacional en materia de Mujer, Paz y Seguridad que puedan ser presentados con motivo de la revisión de la Resolución 1325 y, entre ellos, la actualización de nuestro Plan de Acción para la aplicación de la resolución 1325 aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros en el año 2007."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2015.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003851
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la investigación del robo de recién nacidos, para su debate en la Comisión de Justicia.
Los casos de bebés robados en España entre los años 1940 y 1990 siguen siendo una de las páginas de nuestra historia más silenciadas por el Gobierno. Según las denuncias formuladas por las asociaciones de víctimas de esta trama de venta de seres humanos, se han producido al menos 300.000 casos de bebés arrancados de sus madres tras nacer en decenas de hospitales públicos, privados y religiosos de toda España.
Nos encontramos, por tanto, ante miles de víctimas de una trama organizada y que ha operado con total impunidad durante décadas, mientras el Estado y las autoridades pertinentes han mirado a otro lado pese al clamor de las víctimas por desenmascarar a los responsables para conocer la verdad.
Los órganos judiciales de las distintas comunidades autónomas reciben a diario nuevas denuncias de familias que sospechan que sus hijos fueron vendidos después de haber sido dados por muertos, así como particulares que sospechan de la irregularidad de sus adopciones. Hablamos de decenas de responsables médicos que han falseado la documentación, matronas que han intercambiado recién nacidos y responsables de cementerios que han inscrito en nichos a bebés que nunca se llegaron a enterrar y en cuyas supuestas tumbas han llorado sus madres y padres durante décadas.
Con el paso de los años, las víctimas han podido demostrar que en numerosas exhumaciones de los supuestos bebés fallecidos no existen evidencias de restos mortales. También las pruebas de ADN han sacado a la luz que las supuestas madres biológicas de centenares de hijos vendidos al nacer no coinciden.
Estos hechos han logrado desentrañar los métodos utilizados por la trama de venta de recién nacidos, que en la mayoría de ocasiones no formulaba la venta de bebés como adopciones, sino que estos niños constaban en todos los documentos oficiales como hijos biológicos.
Las víctimas de estas tropelías siguen demandando ayuda de los poderes públicos para conocer su historia, pero lamentablemente sus testimonios relatan cómo han encontrado siempre el silencio de la Administración, la negativa de los centros hospitalarios a aportar documentación y numerosas trabas en registros civiles o instituciones eclesiásticas para conocer sus verdaderos orígenes.
Por todo lo cual se propone la siguiente
1. Impulsar todas las medidas necesarias para la investigación de la desaparición de bebés entre los años 1940 y 1990.
2. Facilitar la creación de un banco de ADN que permita cruzar los datos de las víctimas, de manera que se les ayude a encontrar a sus verdaderas familias.
3. Establecer ayudas económicas para las víctimas que no puedan costearse las citadas pruebas de ADN, dado que se trata de pruebas determinantes para el esclarecimiento de la verdad.
4. Impulsar medidas de apoyo psicológico a las víctimas de estos deleznables sucesos en todas las Comunidades Autónomas.
5. Establecer los mecanismos necesarios para que las familias afectadas por esta trama accedan a la Justicia Gratuita para llevar a cabo sus denuncias, dado que en numerosos casos no pueden costearse el procedimiento judicial."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de agosto de 2015.-José Luis Ábalos Meco, Diputado.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003838
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la posición española en la reforma de la INTERPOL en relación con el abuso de sus mecanismos para la persecución de disidentes políticos, para su debate en la Comisión de Interior.
INTERPOL se ha consolidado tras su largo recorrido operativo como uno de los elementos clave en la lucha contra la delincuencia de carácter transnacional. Su eficaz funcionamiento es traducido en un clima de colaboración entre fuerzas y cuerpos de seguridad que es en sí mismo un logro, pero sobre todo en la creación de un sistema ágil de información y comunicaciones que permite la persecución de delincuentes más allá de las fronteras del Estado perseguidor.
No obstante esta fructífera trayectoria, en los últimos años viene observándose con preocupación por parte de muchas entidades de defensa de derechos humanos y de protección de refugiados políticos como algunos estados autoritarios o de baja calidad democrática pueden estar aprovechando el práctico automatismo de los resortes de la Interpol para la persecución de políticos de la oposición, periodistas o activistas críticos con el gobierno de que se trate.
La propia organización ha tratado de yugular esos intentos, y de hecho la cuestión parece formar parte de una reforma que se comienza a debatir en su seno. Pero entretanto, el goteo de casos que afectan a "alertas rojas" (Red Notices) ha hecho aumentar la preocupación en ámbitos internacionales, como lo demuestran las referencias al asunto en documentos tanto en el Consejo de Europa como en la OSCE.
1. Participar en el proceso de reforma de la INTERPOL y a cuidar especialmente del ajuste de los actuales mecanismos de comunicación internacional de persecuciones policiales al más estricto cumplimiento de los estándares de protección de los derechos humanos y el respeto a las personas que disfruten del estatus de refugiados políticos.
Y concretamente:
- Que los mecanismos internos de INTERPOL para la supervisión de peticiones de emisión de "alertas rojas" tengan en cuenta los informes internacionales sobre la calidad democrática de los sistemas judiciales de los países demandantes y la existencia de antecedentes de persecuciones por motivos políticos o del mal uso de los mecanismos de INTERPOL.
- Que la concesión del estatus de refugiado o la decisión judicial de no conceder la extradición suponga la inmediata retirada de la "alerta roja".
- Que INTERPOL se asegure con eficacia de que la retirada de una "alerta roja" implica automáticamente la desaparición de la misma en todos los sistemas policiales subsidiarios."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2015.-José Ignacio Sánchez Amor, Diputado.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003849
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre cierre y desmantelamiento del Campo de Instrucción y Adiestramiento Aéreo de Las Bardenas Reales, para su debate en la Comisión de Defensa.
Las Bardenas Reales de Navarra son un paraje natural semidesértico situado al sur de la Comunidad Foral de Navarra. Dicho paraje, de unas 42.500 hectáreas de extensión se trata de un espacio de una importancia biológica excepcional que alcanza las figuras más altas de protección ambiental al tratarse de un Parque Natural y una Reserva Mundial de la Biosfera. No obstante pese a tener estos altísimos grados
de protección ambiental, las Bardenas Reales albergan en su interior desde 1951 y ocupando 2.244 hectáreas, el único polígono de tiro del ejército del aire y el mayor de la OTAN en Europa.
Esta instalación militar comparte vecindad con diecinueve municipios, dos valles y un monasterio de la Comunidad Foral de Navarra, siendo Tudela la población mayor con 30.000 habitantes, y con la comarca zaragozana de Cinco Villas afectada igualmente por los riesgos inherentes a esta instalación militar.
Desde que en 1979 se llevase a cabo la primera gran movilización social solicitando el desmantelamiento de esta instalación al día de hoy han sido innumerables las iniciativas sociales y políticas que han exigido esta cuestión. Destacan la marcha por el desmantelamiento de esta instalación militar que se desarrolla todos los años desde 1979, o las innumerables mociones aprobadas y acuerdos alcanzados en municipios y comarcas, en la cámara Foral Navarra y en las Cortes de Aragón, todos ellos solicitando el desmantelamiento de esta instalación.
A pesar de ello la permanencia de este polígono de tiro ha sido acordada reiteradamente por los ministerios de turno sin consular a la población afectada sobre si querían o no querían dicho polígono de tiro y bombardeo como vecino que entraña graves riesgos para la población y el medio ambiente, unos riesgos que lamentablemente han vuelto a ser de actualidad en los últimos meses en sendos accidentes.
El primero el pasado 5 de marzo cuando un matrimonio de Zaragoza que se encontraba de excursión en las Bardenas tuvo que salir huyendo al ver cómo dos proyectiles, parece ser dos bombas de humo, caían a escasos 50 metros de su vehículo fuera del perímetro de seguridad que al parecer fueron lanzadas desde un caza F-18.
Igualmente el pasado jueves 23 de julio se produjo un accidente en las inmediaciones del polígono de tiro en el que resultó herido de bala en el omoplato un turista. El suceso, aún en fase de investigación, ocurrió durante unas maniobras militares cuando, según Defensa, un proyectil procedente de la ametralladora de un helicóptero recorrió varios kilómetros y terminó impactando en el interior de un vehículo que circulaba fuera del perímetro de seguridad con dos ocupantes, hiriendo en el hombro a su conductor.
Estos dos accidentes se suman a la larga lista de sucesos, más de treinta, acaecidos fuera de las instalaciones militares. En la lista de siniestros, hay aviones estrellados, bombas perdidas y explosiones fuera del área de entrenamiento.
En esta ocasión no hemos tenido que lamentar víctimas mortales, sin embargo, algunos accidentes hablan por sí solos del riesgo que supone esta instalación militar para las poblaciones vecinas. Sirvan como ejemplo los dos últimos siniestros aéreos ocurridos. El que en el año 2000 se saldó con la muerte de un piloto cuando colisionaron dos F-18 que cayeron a escasos dos segundos de vuelo de la localidad aragonesa de Ejea de los Caballeros, con una población de más de dieciséis mil habitantes.
O el último, el 2 de abril de 2009, cuando se estrelló un F-18, fuera del polígono y a 10 kilómetros de las poblaciones de Arguedas y de Valtierra.
Los hechos ponen de manifiesto los riesgos evidentes que entraña esta instalación para la zona, sus habitantes y el medio ambiente. Una instalación que sirve además de base de pruebas de las operaciones militares de la OTAN que se están incrementando peligrosamente, aumentando el riesgo evidente para nuestro territorio y su población
Dentro de poco más de dos años, se ha de proceder a revisar la vigencia del contrato de arrendamiento que posibilita que este territorio en mitad de una Reserva Mundial de la Biosfera sea utilizado como campo de maniobras militares. Cabe recordar que el contrato firmado en 2008 tenía una vigencia de veinte años, siendo los diez primeros fijos y los siguientes prorrogables. Es ahora, por lo tanto, el momento para garantizar con tiempo suficiente el desmantelamiento de esta instalación.
Por todo lo anterior se presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desestimar la prórroga del contrato de arrendamiento del terreno de Bardenas que permite destinarlo a uso militar y proceda al cierre y desmantelamiento del Campo de Instrucción y Adiestramiento Aéreo de Las Bardenas Reales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2015.-Álvaro Sanz Remón y Ascensión de las Heras Ladera, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/003853
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Portavoz de Convergència Democràtica de Catalunya y Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, una Proposición no de Ley para la inclusión del cálculo de las paridades de poder adquisitivo por comunidades autónomas dentro del plan estadístico del INE.
Es bien conocido por la ciudadanía y por los economistas que para obtener un mismo bien o servicio no se paga la misma cantidad de dinero en un territorio que en otro. Lo fundamental de una renta no es su valor nominal, si no su capacidad de compra. Dentro de la Unión Europea los precios entre estados miembros varían y varían también a nivel regional.
El cálculo de las paridades de poder de compra es una necesidad para poder realizar comparaciones homogéneas entre distintos países o distintas regiones. En este sentido, se manifiesta el reglamento 549/2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión, donde se establece que:
- El hecho de que los países tengan diferentes precios y monedas supone una dificultad para las comparaciones interespaciales de precios y volúmenes. Los tipos de cambio nominales no son factores de conversión pertinentes para estas comparaciones, ya que no reflejan adecuadamente las diferencias de precios y no permanecen suficientemente estables.
- Por ello se aplican las paridades de poder adquisitivo (PPA). Una PPA es el número de unidades de la moneda del país B que se precisa en el país B para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que una unidad de la moneda del país A podrá comprar en el país A. Así pues, las PPA pueden interpretarse como el tipo de cambio de una moneda artificial denominada estándar de poder adquisitivo (EPA). Si los gastos de los países A y B expresados en monedas nacionales se convierten en EPA, las cifras resultantes se expresan en el mismo nivel de precios y la misma moneda, lo que permitirá una comparación significativa de los volúmenes.
Eurostat difunde desde el año 1995 las PPA de los estados de la Unión Europea y más recientemente, de la zona euro.
En el preámbulo del Reglamento de la UE 1445/2007 por el que se establecen reglas comunes para el suministro de información básica sobre las paridades de poder adquisitivo, y para su cálculo y difusión se recomienda que los Estados miembros elaboren los datos para las PPA regionales.
La falta de información sobre las PPA regionales es especialmente preocupante en un contexto europeo, donde se realiza una política de cohesión regional importante, la cual puede resultar sesgada por la falta de información sobre dicha magnitud
Para poder comparar el nivel real de compra de una renta se utiliza la paridad de poder adquisitivo (PPA). La PPA regional se puede definir como la relación o cociente entre la cantidad de euros que se necesitan en un territorio para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que en otro territorio se adquiere con un euro.
Las PPA son ampliamente utilizadas en el ámbito internacional para poder comparar magnitudes. La Unión Europea calcula las PPA de los Estados miembros gracias al trabajo conjunto del Eurostat y la OCDE.
En el Reino Unido e Italia han elaborado sus PPA regionales a través de sus oficinas estadísticas, mientras que Alemania también las ha calculado mediante el trabajo conjunto de su oficina federal y de sus oficinas estatales.
En el estado español, la Fundación de las Cajas de Ahorra (Funcas) hasta hace unos años elaboraba las PPA regionales, mientras que el Idescat es el único organismo que las continúa elaborando y solo para el ámbito de Catalunya.
En el estado español existen profundas diferencias de precios entre territorios que, de acuerdo con recientes estudios, pueden alcanzar a ser de hasta el 43%. Es decir, con datos 2012, para poder comprar una misma cesta de bienes y servicios, si en un territorio se necesitan 1.000 euros en otro para comprar la misma cesta se necesitan 1.430 euros. En el caso de Catalunya, para el año 2012, la paridad sería de 1,35 con la comunidad autónoma que mantiene los precios más bajos, es decir, en Catalunya se necesitarían 1.350 ? para pagar una misma cesta de la compra que en la comunidad con los precios más bajos cueste 1.000 ?.
Ignorar estas diferencias en el coste de la vida significa que bajo una pátina de igualdad monetaria, se están ignorando grandes discriminaciones entre los ciudadanos en muchos aspectos. Por ejemplo:
- prestaciones no contributivas iguales monetariamente pero muy diferentes en poder adquisitivo,
- diferencias sustanciales en la calidad de determinados servicios públicos que se prestan, como, por ejemplo, una plaza en una residencia de la 3.ª edad, una cama hospitalaria, una plaza de guardería,... ya que tienen costes diferentes en territorios diferentes,
- o también discriminaciones muy relevantes cuando se trata de determinar el umbral para el acceso a becas,
- o, en el caso de la lucha contra las desigualdades, para establecer el umbral de la pobreza.
Saber cuál es la paridad del poder adquisitivo de las rentas también sería necesario desde la perspectiva de los ingresos públicos. Por ejemplo:
- para evitar que la progresividad del Impuesto sobre la renta no recaiga sobre renta monetaria, sino sobre las rentas reales más elevadas, corregidas por el PPA,
- o para evitar que en la financiación autonómica la teórica "igualdad de financiación" no perjudique gravemente a los ciudadanos de los territorios que soportan niveles de precio más elevados.
Desde la perspectiva teórica, resulta evidente que una de las funciones importantes de la administración en sus políticas públicas es la redistribución de la riqueza. No tiene sentido que, a la hora de llevar este planteamiento teórico a la práctica, la Administración central no tenga en cuenta las diferencias de capacidad de compra de una misma renta en un territorio u en otro; o dicho más llanamente, no tenga en cuenta las grandes diferencias territoriales existentes en el coste de la vida. Al no tener en cuenta esta variable, se está perjudicando significativamente a los habitantes de los territorios donde los precios son más caros, porque las subvenciones, ayudas, financiación autonómica se corresponden con una capacidad adquisitiva inferior a la que tendrían en los territorios donde los precios son más baratos.
Nadie puede hablar de igualdad y de equidad por habitante en lo que atañe a la prestación de servicios públicos por comunidades autónomas si no se tienen en cuenta las diferencias de costes para la provisión de estos servicios en cada uno de los territorios. En este contexto, es preciso avanzar en el cálculo sistemático de las paridades de poder adquisitivo por comunidades autónomas dentro del plan estadístico del INE.
Por todo ello las diputadas y diputados de Convergència Democràtica de Catalunya adscritos al Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió presentan la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incorporar, dentro del plan estadístico del INE, el cálculo anual de las paridades de poder adquisitivo de cada comunidad autónoma, como instrumento estadístico necesario para corregir las inequidades de las políticas públicas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de agosto de 2015.-Pere Macias i Arau, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió.
161/003840
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para el mantenimiento de los servicios ferroviarios en la Comarca de El Bierzo, para su debate en la Comisión de Fomento.
Con la anunciada y esperada llegada de la alta velocidad a León en septiembre se va a producir una reorganización de los servicios ferroviarios que presta Renfe en El Bierzo, la Maragatería y Valdeorras, perjudicando gravemente la conexión Ponferrada-Madrid.
Actualmente Ponferrada cuenta con un Intercity diario que cubre el trayecto Madrid-León-Vigo, y otro Intercity diario excepto sábados que realiza el trayecto Madrid-León-Ponferrada, ambos con un tiempo de viaje entre cuatro horas y media y cinco horas, además de un Trenhotel nocturno con un tiempo de viaje cercano a las seis horas y media.
Dentro de los planes de Renfe que ya comienzan a conocerse en las oficinas de la compañía, una vez se inaugure en el mes de septiembre la Línea de Alta Velocidad (En adelante, LAV) Valladolid-Palencia-León, dando continuidad al tramo inaugurado en diciembre de 2007 entre Madrid y Valladolid, se procederá a reestructurar la oferta de servicios que presta Renfe en El Bierzo, resultando gravemente perjudicado.
Según informan diversos medios, el Intercity Madrid-Ponferrada pasará a fragmentarse en dos servicios, habría servicio AVE de Madrid a León y ahí los viajeros que quisieran continuar el viaje hasta Ponferrada se verían obligados a hacer un transbordo a un tren más antiguo y lento.
Asimismo, el otro servicio directo, el Intercity Madrid-Vigo también pasaría a ser dividido en dos servicios: AveCity entre Madrid y León, y circulando íntegramente por la LAV Madrid-León, y mediante transbordo en la capital leonesa, para poder continuar el viaje hacia Astorga y Ponferrada será necesario cambiar al Intercity País Vasco-Galicia, perdiendo, por tanto, un servicio diario por sentido entre León, Ponferrada y Vigo (Dado que el Intercity Madrid-León-Vigo entre León y Vigo no se reemplaza por otro servicio, sino que se aprovecha un servicio ya existente), y las estaciones de Veguellina, Astorga, Vega-Magaz, Bembibre, Ponferrada, Toral de los Vados, así como el resto de estaciones de Valdeorras contarían con un tren menos para poder viajar a Vigo, León, Valladolid y Madrid. El servicio Intercity que une a Galicia y Ponferrada con el País Vasco, al que habría que transbordar en León para continuar viaje desde Madrid hacia la Maragatería y El Bierzo habitualmente circula con retraso, ocasionando, por tanto, molestias adicionales una vez realizado el transbordo, además de no efectuar parada en Veguellina, Vega-Magaz o Toral de los Vados entre otras. El único servicio directo que proseguiría entre Ponferrada y Madrid tras la reorganización de servicios es el Trenhotel Ferrol-Madrid, un tren nocturno que pasa por nuestra ciudad a la 1:25 de la madrugada sentido Madrid (cuya llegada se produce pasadas las 8 de la mañana), y la salida de la capital de España es a las 22:30, llegando a Ponferrada cercano a las 5 de la mañana, siendo, por consiguiente, una alternativa poco competitiva.
Las comunicaciones de Ponferrada, El Bierzo y la Maragatería son ya de por sí muy escasas y deficientes, por lo que no pueden permitirse, bajo ningún concepto, la reestructuración propuesta por Renfe, puesto que es un trayecto que no nos comunica únicamente con la capital de España, sino con todo el mundo, mediante el aeropuerto Madrid-Barajas, y con la capital de nuestra comunidad, Valladolid. Es un itinerario que realizan diariamente decenas de personas, que necesitan desplazarse tanto a Valladolid como a Madrid por asuntos laborales, por estudios, para realizar trámites, ocio etc..., y no se puede permitir que con la apertura de la LAV hasta León, el servicio actual no solo no mejore, sino que empeore e impida a los usuarios aprovechar los beneficios de esta infraestructura que recordemos no está destinada a mejorar los servicios solo de la capital, sino de toda la provincia.
"- Mantener las conexiones ferroviarias existentes entre la Comarca de El Bierzo y la Maragatería con Madrid y Vigo.
- Estudiar la posibilidad de ampliar y mejorar las conexiones entre la Comarca de El Bierzo y Madrid, aprovechando la llegada de los servicios de Alta Velocidad a la capital de la provincia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio 2015.-María Luisa González Santín y Helena Castellano Ramón, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003847
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las obras a realizar por ADIF en el apeadero de Legazpi (Gipuzkoa), para su debate en la Comisión de Fomento.
El apeadero de Legazpi y la estación de Beasain, ambas localidades en Gipuzkoa, presentan deficiencias que serán abordadas dentro del plan de actuaciones de Adif en estaciones y apeaderos ferroviarios para el periodo 2015-2016. Así se expresa en la respuesta del Gobierno del pasado 29 de junio a la pregunta que formulé con fecha 14 de abril.
En el caso de Legazpi, además de mejoras en la accesibilidad y en el recrecido de andenes, se precisa ampliar de dos a tres el número de vías disponibles para contar con una vía de espera y hacer posible un aumento de frecuencias de los trenes Cercanías de Renfe, aprovechando los que ahora finalizan su trayecto en la vecina localidad de Zumárraga.
Esto requiere que Adif redacte y ejecute un proyecto que reordene la playa de vías del actual apeadero de Legazpi para crear una tercera vía y favorecer un mayor uso de este transporte público. Sin embargo, esta intervención no está contemplada en los planes de Adif para el año 2016.
Los cerca de 10.000 ciudadanos de Legazpi podrían contar, tras esa actuación, con el aumento en la frecuencia de los servicios de Cercanías Renfe, una prioridad contemplada en el Plan de Movilidad de esta localidad de Gipuzkoa, así como del conjunto de municipios de la Mancomunidad que apuestan por una movilidad sostenible.
Sería lamentable desaprovechar la oportunidad de ampliar la obra de inversión prevista realizar en Legazpi por parte del Ministerio de Fomento.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en el Plan de obras de Adif en apeaderos y estaciones durante el periodo 2015-2016, la redacción de un proyecto y la realización de la actuación, que dote al actual apeadero de Legazpi (Gipuzkoa) de una tercera vía, que permita una mejora en las frecuencias de los servicios de Cercanías Renfe."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2015.-Odón Elorza González, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003848
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la seguridad vial en O Pino, para su debate en la Comisión de Fomento.
El Camino de Santiago, en sus diferentes variantes, año tras año ve incrementada la afluencia de peregrinos a la ciudad de Compostela, siendo una de las rutas más utilizada la del Camiño Francés, que supone una importante fuente generadora de turismo y riqueza por aquellos lugares y localidades que atraviesa.
Últimamente esta ruta está de triste actualidad debido a los accidentes protagonizados por peregrinos y peregrinas ocurridos en distintos puntos kilométricos de la misma.
En el pasado mes de junio de 2015 una peregrina vecina de Lugo perdía la vida en el punto kilométrico 82,6 de la carretera N-547 donde el camino pierde su continuidad precisamente al ser cruzado por la citada carretera nacional. En el mes de septiembre del año 2013, dos peregrinos de nacionalidad alemana perdían su vida al ser atropellados por un camión en el punto kilométrico 80,3 de la misma carretera nacional 547.
Se da la circunstancia de que en el punto kilométrico 80,3 de la N-547 existe un panel informativo con señalización de direcciones de obligada observación por parte de las personas que recorren la ruta Xacobea pero, debido a la ubicación de dicho panel, los peregrinos para verlo deben colocarse en el arcén de la carretera nacional con el consiguiente peligro que ello supone y el incremento que conlleva en la seguridad vial, tanto para viandantes como para ciclistas y conductores y conductoras de vehículos.
Esta deficiencia en la seguridad vial, sin entrar a debatir las causas de los atropellos, se produce de forma alarmante en aquellos puntos donde el Camino de Santiago, en este caso el Camino Francés, pierde su continuidad al ser cruzado por la carretera nacional convirtiéndose en una zona peligrosa para el tránsito rodado y peatonal. Peligro que se intensifica en las épocas de mayor afluencia de caminantes por los distintos caminos a Santiago.
Para paliar estas deficiencias, el Gobierno Socialista en la anterior legislatura acometió la construcción de pasos inferiores en el año 2006, que eliminaron en gran parte el riesgo de las y los caminantes.
A pesar de ello y debido a que la accidentalidad en esta zona continúa, a finales del mes de junio de 2015, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en la provincia de Lugo interrumpió la circulación del tráfico en la carretera N-547 en Arca, O Pino, con una gran barrera humana en forma de paso de peatones formada por medio centenar de personas en el punto en el que fue atropellada hace unos días una peregrina.
Con este acto simbólico buscaban reclamar más protección para los peatones y ciclistas que recorren la ruta jacobea y la implantación de medidas de seguridad en los puntos del camino que presentan mayores dificultades.
1. La construcción inmediata de tres pasos inferiores en el término municipal de O Pino en los puntos kilométricos 76,5, 78,75 y 82,6 de la carretera Nacional 547.
2. El pintado de pasos peatonales en el núcleo urbano de Pedrouzo, Arca, O Pino en la Avenida de Lugo y la Avenida de Santiago.
3. La eliminación de barreras arquitectónicas para acceder a los pasos peatonales ya existentes que al encontrarse a distinto nivel de la vía causan graves dificultades a las personas con movilidad reducida."
Palacio del Congresos de los Diputados, 28 de julio de 2015.-María Paloma Rodríguez Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003854
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre jubilación de los trabajadores con discapacidad, para su debate en la Comisión de Empleo y Servicios Sociales.
El Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social, en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento, supuso un importante avance en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
La reducción de la edad de jubilación no solo tiene su fundamento en el mayor esfuerzo y la penosidad que el desarrollo de una actividad profesional comporta para un trabajador con discapacidad, lo cual ya posibilitó que conforme al Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, se establecieran coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento. También se basa en la exigencia de que en las personas con discapacidad con respecto a las que se establezca la anticipación de la edad de jubilación concurran evidencias de reducción de su esperanza de vida. Ello hace que en este supuesto se estimara más adecuado el establecimiento de una edad fija de acceso a la jubilación anticipada en lugar de la fijación de coeficientes reductores de la edad de jubilación.
El Real Decreto 1851/2009 se aplica a las personas con discapacidades determinadas y establece, entre los requisitos que deben reunir las personas con discapacidad para acceder a la anticipación de la edad de jubilación, que el grado igual o superior al 45 por ciento lo hayan tenido durante todo el tiempo equivalente al período mínimo de cotización que se exige para poder acceder a la pensión de jubilación.
La realidad es que muchas de las personas con las discapacidades contempladas en el artículo 2 del Real Decreto 1851/2009, contaban desde hacía más de los 15 años que se exigen, con un certificado de discapacidad que les reconocía un grado "superior al 33%", lo cual era suficiente para acceder a las ventajas que con anterioridad a la publicación del Real Decreto existían para las personas con discapacidad. Es decir, la eventual subida de grado no habría producido ningún efecto y por eso, en muchos casos, no la solicitaron aunque hubieran experimentado un empeoramiento en su estado. A ello hay que añadir que con la sintomatología de algunas patologías existe confusión, así como frecuentes errores de diagnóstico, como es el caso del síndrome pospolio.
La exigencia de que el grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento lo hayan tenido durante todo el tiempo equivalente al período mínimo de cotización que se exige para poder acceder a la pensión de jubilación expulsa de la aplicación de las ventajas del Real Decreto 1851/2009 a muchas de las personas cuyas circunstancias encajan en el supuesto que se pretende proteger.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social, para que el grado de discapacidad que se exige durante el tiempo equivalente al período mínimo de cotización para poder acceder a la pensión de jubilación, sea igual o superior al 33%, sin perjuicio de que se mantenga la exigencia de un grado igual o superior al 45% en el momento de la solicitud."
Palacio del Congresos de los Diputados, 21 de agosto de 2015.-María del Mar Arnaiz García, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003837
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre interrumpibilidad, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Las industrias electrointensivas en España están teniendo muy difícil competir con las de otros países en igualdad de condiciones por el alto coste de la energía.
Desde que se liberalizó la energía en 2007, en teoría para abaratar costes por la competencia, su coste se incrementó un 70%.
Esto afecta de forma muy importante a empresas como Alcoa, con factorías en Lugo, A Coruña y Avilés; y Ferroatlántica, Megasa, Celsa y SLG Carbón.
Alcoa es una empresa fundamental en la economía de la provincia de Lugo, de su factoría en Cervo dependen 1.200 empleos directos y otros 600 indirectos, tiene también una factoría en A Coruña, en la que trabajan 400 personas, y cuya actividad está relacionada con la de Cervo, ya que ésta le suministra la alúmina para la producción de aluminio. La misma empresa también tiene una factoría en Avilés de la que dependen 500 empleos directos.
La fórmula de la subasta ideada por el gobierno no cubrió las necesidades de las empresas, genera incertidumbre e imposibilidad de planificar la actividad y la inversión a medio plazo con el correspondiente riesgo de deslocalización de la actividad.
Que promueva la celebración de contratos bilaterales entre empresas y compañías productoras de energía.
Que la subasta de interrumpibilidad tenga una periodicidad de tres años.
Que se aporten para interrumpibilidad 600 millones de euros por año.
Que se añada una nueva modalidad de distribución de 50 MW y se amplíe la oferta de paquetes de 90MW.
Que se aumenten las interconexiones eléctricas con la Unión Europea."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2015.-Margarita Pérez Herraiz, Miguel Ángel, Cortizo Nieto, María Paloma Rodríguez Vázquez, Laura Carmen Seara Sobrado, Guillermo Antonio Meijón Couselo, Rosa María Cañizares Cabezas, María Luisa Carcedo Roces y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003857
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la continuidad de la planta y el empleo de Innovyn-Solvay de Martorell, después de su exclusión de la subasta de interrumpibilidad eléctrica para los años 2015 y 2016 por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
El pasado 27 de agosto, el Comité de Empresa de INNOVYN-SOLVAY convocó a los representantes políticos para exponer la situación en que se encuentra dicha empresa después de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo la hubiera excluido de la subasta del servicio de gestión de demanda de interrumpibilidad de energía eléctrica para los años 2015 y 2016.
Esta decisión pone en grave riesgo la viabilidad de la planta industrial que dicha empresa tiene en Martorell (Barcelona) y podría implicar la pérdida de 2.000 puestos de trabajo (directos e indirectos).
La causa alegada por el Ministerio de Industria es el incumplimiento de las condiciones del contrato de energía eléctrica al no superar tres pruebas de interrumpibilidad que se realizan a nivel nacional entre los grandes consumidores de energía para verificar, que, en el caso de una situación de crisis del sistema eléctrico, estos puedan dejar de consumir esta energía y poderla destinar a mantener el sistema eléctrico nacional. El hecho de no superar estas pruebas, hizo que REE propusiera a la Dirección General de Energía la no participación en las subastas de dicha empresa.
La empresa presentó alegaciones justificando las causas razonadas de dichos incumplimientos y se podría haber optado por una solución que hubiera permitido la participación en la subasta de interrumpibilidad eléctrica para los años 2015 y 2016, si se hubiera aplicado la "excepcionalidad" de acuerdo con lo contemplado en la orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interumpibilidad que en su artículo 11.9 dice: "No obstante, la Dirección General de Política Energética y Minas podrá autorizar la participación en el proceso de habilitación de las subgastas para continuar prestando el servicio en el periodo de entrega siguiente a aquél en que se hubiera producido el incumplimiento cuando el mismo se hubiera producido por motivos excepcionales debidamente justificados por el interesado".
Ante las graves consecuencias que para la viabilidad de la empresa y del mantenimiento del empleo que se desprenden de la exclusión por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
1. Realizar un informe por parte de REE, con el fin de conocer todo lo sucedido en la empresa Innovyn-Solvay, en el que se verifique si se cumplieron por parte de REE las correspondientes notificaciones sobre los controles rutinarios en tiempo y forma.
2. Establecer una mesa de negociación con la dirección de la Empresa, el Comité de Empresa y las centrales sindicales, el Gobierno de la Generaliat de Catalunya, con el objetivo prioritario de encontrar una solución factible para garantizar el futuro de la empresa y el mantenimiento de los puestos de trabajo de la empresa Innovyn-Solvay."
Palacio del Congresos de los Diputados, 1 de septiembre de 2015.-Román Ruiz Llamas, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003843
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, que al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la aprobación de un Plan Integral para la recuperación de los suelos contaminados por el Lindano en Aragón, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Entre 1975 y 1989 la antigua fábrica de la empresa Industrias Químicas del Noreste (INQUINOSA), ubicada en la localidad de Sabiñánigo en el norte de la provincia de Huesca, vertió 27 toneladas diarias de residuos tóxicos -sólidos y líquidos-, derivados de la producción del pesticida Lindano, en los basureros de Sardas y Bailín, sin ninguna medida de aislamiento, La fábrica se abandonó en 1994, sin realizar ninguna labor de saneamiento por lo que también quedaron contaminados los suelos en los más de 10.000 metros cuadrados que ocupaban sus instalaciones.
Estos focos de contaminación están cercanos al río Gállego que desemboca en el Ebro por la ciudad de Zaragoza y está regulado aguas abajo por los embalses de Sabiñánigo, La Peña y Ardisa (del que se deriva agua para el embalse de La Sotonera). Embalses para regadío.
En el año 2008 el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Aragón firmaron un convenio por importe de 28,6 millones de euros para la ordenación y protección de los recursos subterráneos y el dominio público hidráulico en el Barranco de Bailín.
La primera fase de este plan consistió en construir un vaso hermético de seguridad con capacidad para 200.000 metros cúbicos. En mayo de 2015 las máquinas comenzaron a sacar las tierras contaminadas y a trasladarlas a la nueva celda de Bailín. Coincidiendo con el traslado de los primeros residuos desde los viejos vertederos a estas nuevas instalaciones, se ha detectado presencia del peligroso pesticida en los abastecimientos de varias poblaciones ribereñas del río Gállego (Santa Eulalia, Biscarrués, Ardisa, Piedratajada, Marracos, Villanueva de Gállego + Anzánigo, Latre, Estallo y Caldearenas).
A fecha de hoy, los residuos y los suelos contaminados de Bailín están ya depositados en un nuevo vertedero controlado, con un periodo de seguridad estimado entre 25 y 30 años, a falta de que la Confederación Hidrográfica del Ebro construya un by-pass de aguas limpias en el barranco de Bailín.
También se han comenzado a remodelar las redes de abastecimiento de agua potable a los municipios que toman el agua de boca del río Gállego.
No obstante quedan pendientes dos intervenciones importantes, de la misma o mayor dimensión que las actuaciones realizadas en el vertedero de Bailín, que son la descontaminación del vertedero de Sardas y la demolición y descontaminación de las antiguas instalaciones de la fábrica de Inquinosa próximas al casco urbano de Sabiñánigo.
Así mismo, una vez reubicados todos los residuos tóxicos y los suelos contaminados en vertederos controlados y seguros, el objetivo final debe fijarse en la destrucción definitiva de este residuo altamente peligroso. Para ello será necesario potenciar, a través de programas de I+D+i, la investigación necesaria que haga posible alcanzar este objetivo con nuevos métodos ambiental y económicamente sostenibles.
1. Elaborar un Plan Integral contra el Lindano, en colaboración con el Gobierno de Aragón, para la recuperación de todos los suelos contaminados por lindano y el traslado de los residuos peligrosos a vertedero seguro, especialmente los localizados en el antiguo vertedero de Sardas y en las instalaciones de la fábrica de lnquinosa.
2. Reforzar los sistemas de control y alarma para evitar que los residuos de lindano afecten las aguas del río Gállego y acelerar como obra de emergencia la construcción de un by-pass de aguas limpias en el barranco de Bailín.
3. Establecer un programa de financiación para el Plan Integral contra el Lindano, con la aportación de fondos estatales y europeos que permita acometer los trabajos de descontaminación en Sardas y en las instalaciones de Inquinosa de la forma más inmediata posible.
4. Promover en el término municipal de Sabiñánigo un Centro Tecnológico para la investigación de la Contaminación por Compuestos Orgánicos Persistentes, para difundir los trabajos realizados hasta la
fecha en la lucha contra el lindano y para recabar estudios y experiencias nacionales e internacionales que en un futuro próximo permitan alcanzar la eliminación definitiva de residuos y suelos contaminados con unos costes asequibles ambiental y económicamente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 julio de 2015.-Víctor Morlán Gracia, Susana Sumelzo Jordán e Ignacio Magaña Sierra, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003845
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, relativa a la necesidad de proceder con urgencia a la regeneración de la Ría de O Burgo (A Coruña).
La regeneración de la Ría de O Burgo en A Coruña ha sido y sigue siendo una constante en el trabajo parlamentario realizado por el BNG. Desde el año 2000, esta formación política se ha dirigido a los distintos gobiernos centrales para demandar su limpieza y la rehabilitación de una ría rica en actividad marisquera, que por desgracia y debido a dejación de las distintas Administraciones, está cada vez más amenazada.
Pese a su riqueza marisquera, la Ría se encuentra en una situación de gran deterioro medioambiental. Desde siempre, nos ha preocupado su degradación mediombiental que tiene consecuencias directas en el ámbito socio-económico porque afecta al colectivo de mariscadores y mariscadoras que trabajan en esa zona.
Sería idóneo que el Ministerio de Medio Ambiente realizase una visita a esta Ría y comprobase in situ su lamentable estado, al igual que lo hizo una delegación de europarlamentarios en febrero de 2013 que sirvió para dar la voz de alarma sobre el deplorable estado de esta ría coruñesa. Existen fondos de la UE disponibles pero desconocemos si el Gobierno tiene intención de solicitar.
En la anterior legislatura el BNG logró incluir una partida en los Presupuestos Generales del Estado destinada a la Ría de O Burgo, que como siempre ha sucedido, quedó en el cajón de los olvidos, mientras, tanto el Ministerio como la Xunta se dedicaban a pasarse la pelota.
Actualmente, en la Ría de O Burgo sólo se mantienen 76 mariscadoras a pie y 38 embarcaciones de marisqueo a flote (con 43 tripulantes) para la extracción de almeja fina, babosa y japónica, y berberecho.
Una Ría en la que hace treinta años mariscaban 2.200 personas. Hace tres décadas, el 85% de los espacios de la Ría eran productivos cuando ahora el porcentaje llega sólo a un 20%. De continuar este nivel de deterioro, se llegará a la total muerte reproductiva de esta zona de gran valor.
Las cosas siguen igual y ya estamos en el año 2015, en el que con toda probabilidad y ante la cercanía de las elecciones generales, volverán las promesas de inversiones o partidas presupuestarias que nunca se ejecutan. De hecho, en abril del presente año, esta diputada recibió una respuesta del Gobierno sobre esta cuestión, que evidenciaba que el proyecto de regeneración de la Ría permanece suspendido en el mismo lugar de hace años. En la nada.
El Gobierno señalaba que en la "actualidad se está redactando el Estudio de Impacto Ambiental y el proyecto de dragado de los sedimentos de la ría, para mejorar la calidad del sistema y favorecer su recuperación". Son muchas las ocasiones en las que hemos escuchado lo mismo, un proyecto que está eternamente en estudio.
De hecho, el actual Gobierno eliminó de los Presupuestos Generales de la presente legislatura cualquier partida destinada a este problema. Salvo para el presente ejercicio que se dignó a incluir la irrisoria partida de 200.000 euros.
A las puertas de las elecciones generales, y dado que el Gobierno va a presentar los Presupuestos Generales para el 2016 con la intención de tramitarlos, es casi seguro que el Gobierno vuelva a hacer política ficción con este tema, utilizándolo electoralmente cuando durante todo el mandato nada se hizo. Con toda seguridad, volverán las partidas para la Ría de O Burgo y las promesas de llevar a cabo su limpieza.
Recientemente, la Cofradía de pescadores se entrevistó con la Conselleira de Medio Ambiente, quien les indicó que el proyecto estaba en la fase de licitación del proyecto constructivo. En su desesperación por conseguir que el Plan de regeneración de la ría avance, la Cofradía tiene de su parte a los alcaldes de los ayuntamientos afectados: A Coruña, Culleredo, Cambre y Oleiros.
Si volvemos la vista atrás, conviene recordar que en el año 2011 se firmó un Protocolo de colaboración entre la Xunta, el Ministerio de Medio Ambiente y los cuatro ayuntamientos aludidos. En dicho Protocolo, el Ministerio se comprometía a redactar, contratar y ejecutar con cargo a las partidas del propio Ministerio, el dragado de los lodos depositados en la ensenada de la Ría, así como su posterior tratamiento y gestión una vez retirados. Al igual que la regeneración de los fondos marinos.
Sin embargo, nada sabemos acerca de dicho Protocolo, lo que es evidente es que se ha incumplido.
La historia de la Ría de O Burgo es una larga trayectoria plagada de promesas incumplidas, de partidas presupuestarias no ejecutadas, de engaños y de desidia hacia un saneamiento que clama al cielo.
- Dotar de suficiente partida presupuestaria al proyecto de Regeneración de la Ría de O Burgo (A Coruña) para sacarlo de su eterno estado de estudios y poder proceder a la realización de las actuaciones necesarias para su limpieza.
- Acompañar la dotación presupuestaria de unos plazos temporales concretos de ejecución del proyecto.
- Aprobar ayudas económicas destinadas al sector marisquero que realiza su actividad en la Ría de O Burgo para compensarle por la paralización de su trabajo cuando comiencen las actuaciones de limpieza de la Ría."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2015.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003856
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de paralizar cualquier actuación en relación a la posible prórroga de la concesión de Ence-Elnosa en la Ría de Pontevedra. Debate Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Como bien sabe este Gobierno, han sido numerosas las iniciativas parlamentarias del BNG para que no se renovase la concesión al complejo Ence-Elnosa situado en la Ría de Pontevedra y se procediese a su traslado a otro lugar debido al grave problema ambiental generado desde su ubicación en esta Ría.
Su instalación en la Ría de Pontevedra desde los años setenta conllevó el mayor problema de contaminación ambiental y urbanística que sufre Pontevedra y su comarca. Su ubicación fue un despropósito en su momento porque imposibilitó el desarrollo económico y social de las potencialidades de la Ría de Pontevedra, tanto en el ámbito pesquero, como marisquero o turístico. De ampliarse la concesión en la actualidad, sería desde nuestro punto de vista totalmente inaceptable.
En un momento histórico en el que prima la puesta en marcha de modelos urbanos y ambientales de recuperación y regeneración de espacios naturales degradados, un modelo así choca frontalmente con un esquema como el existente actualmente por la presencia de dicho complejo industrial contaminante en la Ría de Pontevedra.
No se trata únicamente de una demanda de colectivos ecologistas, del ayuntamiento o formaciones políticas con conciencia ambiental como el BNG, es una demanda social de los habitantes de Pontevedra que así lo han hecho saber en numerosas ocasiones a lo largo de estas décadas.
Sin embargo, debemos lamentar las estrategias adoptadas desde el PP y desde la Administración del Estado para intentar prorrogar la concesión a Ence-Elnosa en la Ría de Pontevedra. Buen ejemplo de ello fue la modificación de la Ley de Costas, cuya ambigüedad da pábulo a la ampliación de la prórroga más allá de su finalización en 2018. Algo en lo que profundizó el Reglamento de desarrollo de dicha ley así como la Resolución de Costas sobre la situación de la actual concesión.
Esta situación le permite a la empresa poder solicitar la prórroga de la concesión en el pasado mes de julio de 2015. Una decisión gubernamental en la que están implicadas tanto la Xunta como el estado, y que Ence espera que se resuelva positivamente antes de la convocatoria de Elecciones Generales.
De ser así, sería una pésima noticia para la mejora de la calidad ambiental de Pontevedra que lleva décadas respirando el aire insano procedente de la papelera. Y deberíamos denunciar la irresponsabilidad de dos Administraciones que anteponen los intereses de una empresa privada por encima del interés general. Es irresponsable mantener en un entorno urbano una instalación de estas características.
Nos parece necesario apelar a la responsabilidad tanto de la Xunta como del Estado para que no se amplíe la concesión a Ence-Elnosa en la Ría de Pontevedra y se permita encarar un futuro enfocado a regenerar un espacio natural para su recuperación.
Nuestra demanda al Estado es clara: que paralice toda actuación conducente a la posible prórroga de las concesiones de Ence y Elnosa en la Ría de Pontevedra. Una petición que se debería atender dado que la presente legislatura está a punto de finalizar y consideramos que no procede que un Gobierno casi en funciones proceda a renovar concesiones.
Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente
- Paralizar cualquier trámite o actuación conducente a la posible prórroga de la concesión del complejo industrial Ence-Elnosa en la Ría de Pontevedra, dada la cercanía de convocatoria de Elecciones Generales del Estado.
- Garantizar su compromiso, como Administración del Estado, con el interés general de los ciudadanos de Pontevedra que llevan décadas respirando el aire insano procedente de la papelera instalada en plena Ría de Pontevedra."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de agosto de 2015.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003858
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre los daños producidos por la tormenta de granizo en la provincia de Toledo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En los últimos días del mes de agosto se han producido en la provincia de Toledo unas intensas tormentas de granizo, lluvias torrenciales y vientos huracanados. Este suceso es uno de los más importantes en muchos años, tanto por el tamaño del granizo como por la intensidad de la tormenta y la amplitud de !a zona en que cayó. Esta tormenta afectó, principalmente, a la comarca de la Jara (Belvis de la Jara, Alcaudete de la Jara, Aldeanueva de Barbarroya, San Bartolomé de las Abiertas...) Comarca de Talavera de la Reina (Cebolla, Pelahustán...), Comarca de Torrijos (Burujón, La Puebla de Montalbán...), San Martín de Montalbán, Carpio de Tajo, Villarrubia de Santiago, Orgaz, Ontígola y otros términos municipales.
Los daños, aún pendientes de una evaluación exhaustiva, son importantes en la agricultura, las infraestructuras públicas y en viviendas y enseres de un buen número de municipios de diversas comarcas toledanas.
En la agricultura, se han visto afectadas miles de hectáreas de cultivo dedicadas fundamentalmente a olivar, viña y otros árboles frutales, incluidos, los frutos secos. Hay afectación en explotaciones de regadío, especialmente en maíz y también son importantes los daños en explotaciones ganaderas, por afectación a las naves por granizo y viento huracanado.
Las Organizaciones Profesionales Agrarias han informado inicialmente que las pérdidas en el olivar son superiores al 70% de la producción y muy graves también en viñedo y almendro al coincidir con el momento de la vendimia.
La Administración del Estado no puede quedar al margen de la adopción de medidas de compensación y reparación por los daños provocados. Ante este tipo de situaciones provocadas por catástrofes naturales, el Gobierno de España, en el marco del principio constitucional de solidaridad, debe actuar con la mayor celeridad posible, poniendo a disposición de los afectados y de las demás administraciones competentes los medios necesarios para proceder a la reparación de los daños producidos y adoptar las medidas extraordinarias necesarias que permitan paliar los mismos. Medidas que ya han sido adoptadas con ocasión de otras catástrofes precedentes y que deben adoptarse también en este caso.
"El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a que en relación a los daños producidos por la tormenta de granizo que afectó a la provincia de Toledo en los últimos días de agosto:
1. Aprobar un Real Decreto-ley que arbitre las ayudas necesarias para paliar los daños personales y materiales producidos por estas inclemencias meteorológicas. Estas ayudas serán, como mínimo, las contempladas en la Ley 31/2010, de 10 de marzo.
2. Actuar, de forma inmediata, para poner en marcha las ayudas necesarias para paliar los daños materiales producidos en la agricultura y recuperar la capacidad productiva de esta zona. En especial, deberá arbitrar las medidas relativas a exenciones y otros beneficios fiscales, créditos sin interés y la moratoria en los pagos a la Seguridad Social por parte de los afectados.
3. Recuperar los niveles de aportación de la Administración General del Estado al Plan Nacional de Seguros Agrarios, que hagan viable el seguro agrario para todos los sectores del campo español."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2015.-Alejandro Alonso Núñez y María Guadalupe Martín González, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003859
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre entorno del río Eo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Los presupuestos de 2015 supusieron el abandono por parte de la Administración Central del programa de desarrollo rural sostenible en colaboración con las Comunidades Autónomas por falta de ejecución de las CC.AA. y "se ha optado por dotar el concepto 762 para proyectos de desarrollo rural en áreas interterritoriales y territorios insulares con 19.638,00 miles de euros".
La Asociación para el desarrollo del territorio interregional que se ubica en el entorno del río Eo (interEo) es una asociación compuesta por 14 municipios, siete pertenecientes al Principado de Asturias
y otros siete a Galicia, cuyos términos municipales coinciden con el territorio de la Reserva de Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón, que cumple con el concepto de área interterritorial que se recoge en el Presupuesto como "unidad del territorio con características naturales, paisajísticas y/o socioeconómicas propias, fácilmente distinguibles por tanto de las de su entorno y que pertenezcan administrativamente a dos o más comunidades autónomas".
La Asociación para el desarrollo del territorio interregional que se ubica en el entorno del río Eo (interEo) suscribió con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, con fecha 30 de marzo de 2010, un Convenio Marco de colaboración para cinco anualidades, en base al cual el Ministerio establecía la aportación de dos millones de euros anuales mediante la inclusión de una partida presupuestaria al efecto.
Dicho Convenio Marco solo desarrolló, mediante la suscripción de Convenios Específicos, dos anualidades (2010 y 2011) incluyendo en los correspondientes Presupuestos Generales una partida dentro del programa 414-C.
Según la información publicada en los presupuestos por programas de los diferentes años los programas correspondientes a esos dos años fueron ejecutados en su totalidad pero a pesar de faltar tres años para el cumplimiento del convenio en los años posteriores no se hizo ninguna transferencia para inversiones en la zona.
En la memoria del presupuesto del programa 414C del año 2015 dice:
"Con la experiencia adquirida en la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, debido al seguimiento y evaluación de los convenios desarrollados, en los años previos, bajo el paraguas de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, se ha constatado que los convenios ejecutados en los ámbitos interterritoriales han tenido una repercusión muy positiva, realizándose proyectos de gran interés. En la mayoría de los casos la inversión realizada por el Ministerio se ha visto duplicada, colaborando al mantenimiento y a la generación de empleo y ayudando a frenar el progresivo despoblamiento que en las últimas décadas se viene produciendo."
"Desde una perspectiva general, estas áreas han sufrido históricamente una marginalización económica y social como consecuencia del modelo predominante de desarrollo "centro-periferia", el cual concentraba/centralizaba los flujos de crecimiento y diversificación económica. Su funcionalidad periférica se potencia además por la frecuente localización de estas áreas en zonas orográficas de gran relieve. Como consecuencia, presentan una problemática general común: baja densidad poblacional, envejecimiento y riesgos de agotamiento demográfico, actividad económica deprimida, focalizada casi exclusivamente en el sector primario, bajos niveles de rentas, equipamiento y dotaciones básicas (salud, educación, ocio) con respecto a los estándares nacionales y, por último, un aislamiento territorial de su entorno. De forma característica, estas áreas conservan un alto grado de naturalidad ambiental, incluyendo su territorio figuras de espacios naturales protegidos, Reservas de la Biosfera y espacios de la Red Natura 2000.
El déficit social y económico de las áreas interterritoriales es el que justifica la inversión priorizada de fondos para promover el desarrollo rural en las mismas, compatibilizando la consecución de objetivos socioeconómicos (aumento de la productividad, incremento de rentas, igualación estándares básicos, equilibrio demográfico, cohesión social) con la conservación de sus valores medioambientales bajo el principio general de la sostenibilidad."
Parece, por tanto, que el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente considera suficientemente justificada la necesidad de esta colaboración con los municipios y el Grupo Parlamentario Socialista considera que se debe ejecutar dicha colaboración.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con cargo a la partida económica 762, correspondiente a la clasificación orgánica 23.18 de la Sección 23, Tomo XI, de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, y sobre la base del Convenio Marco suscrito el 30 de marzo de 2010, se conceda a la Asociación para el desarrollo del territorio interregional que se ubica en el entorno del río Eo una ayuda nominativa por importe de dos millones de euros para el desarrollo de los fines y acciones previstas en dicho Convenio, referidas al apoyo a la estabilidad demográfica, al incremento de la
diversificación e innovación de las actividades económicas (sobre todo agrarias) a la creación de empleo, la protección y restauración del medio natural y del patrimonio cultural, el aumento del bienestar y la cohesión social, así como la vertebración territorial que se desarrollarán mediante la suscripción del correspondiente Convenio Específico."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2015.-Margarita Pérez Herraiz y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003839
La endometriosis es una enfermedad crónica que, según distintas fuentes, padecen entre una y dos de cada 10 mujeres en edad fértil, estando afectadas entre un 30 y un 40% de las mujeres con infertilidad. Se dan también numerosos casos de mujeres con endometriosis ya histerectomizadas o con menopausia que sufren los mismos o peores síntomas, y que no son tratadas por especialistas en ginecología, ya que el sistema sanitario no recoge su excepcionalidad.
La endometriosis es una afección en la cual el tejido que normalmente recubre el interior del útero (el endometrio) crece en otras áreas del cuerpo, causando, entre otras cosas, dolor, sangrado irregular y, en muchas ocasiones, infertilidad. La endometriosis es un proceso de evolución imprevisible y no se conoce su causa, habiendo diversas teorías al respecto. El síntoma principal de la enfermedad es el dolor, antes, durante y tras la menstruación, que no remite con el tratamiento habitual y que puede llegar a ser tan severo que incapacita a la mujer. Además esta enfermedad produce, entre otros problemas, astenia, dispareunia, síndrome miccional y trastornos intestinales, compromete la fertilidad y se asocia en muchas ocasiones con síntomas de fatiga crónica, fibromialgia e hipotiroidismo.
En este contexto las mujeres afectadas no reciben información suficiente, por lo que han surgido asociaciones de afectadas que tienen como objetivo el informar, concienciar y ofrecer ayuda a las pacientes y a sus familiares; realizar una labor de concienciación a nivel social e institucional; y conseguir visibilizar la enfermedad y sus síntomas.
La desinformación es una de las principales características de esta enfermedad, tanto en la población general como en el sector médico. Cuando una mujer muestra síntomas de endometriosis tarda demasiado tiempo en saber cuáles son las consecuencias reales de su afección. Esto es así porque un gran número de las personas profesionales de la salud que la van a atender tienen un conocimiento limitado de esta enfermedad y, o bien no la identifican, llevando a la paciente por un camino de visitas constantes a urgencias sin resultado positivo y derivaciones a ciegas a distintos especialistas (urólogos, reumatólogos, psiquiatras...), o bien le aplican un tratamiento parcial e insuficiente.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover con las Comunidades Autónomas en el marco del Consejo Interterritorial el desarrollo de las acciones necesarias para mejorar el diagnóstico y tratamiento de las pacientes afectadas por endometriosis, siguiendo las recomendaciones contenidas en la Guía de Atención a Mujeres con Endometriosis en el Sistema Nacional de Salud, impulsando actividades
de formación y concienciación de profesionales del Sistema Nacional de Salud sobre esta enfermedad, e impulsando actuaciones para atender las necesidades y expectativas de las afectadas en colaboración con las asociaciones de pacientes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2015.-Susana Sumelzo Jordán e Ignacio Magaña Sierra, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003841
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para acabar con la discriminación que sufren la personas con diabetes, de manera genérica, a la hora de acceder a puestos de trabajo de la administración pública, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La diabetes mellitus es una enfermedad de tipo endocrino metabólico, que afecta a la absorción de la glucosa por parte de las células al no generar el páncreas insulina o hacerlo de forma insuficiente.
Los avances científicos han logrado la síntesis de distintas insulinas que, junto con el desarrollo del sistema sanitario, la mejora de los estilos de vida así como la aplicación de nuevas tecnologías (glucómetros, bombas de insulina, medidores continuos de glucosa, etc.) permiten a una persona con diabetes hacer una vida normalizada, capacitándola para llevar a cabo cualquier tipo de actividad laboral y tarea en igualdad de condiciones y resultados a las personas que no sufren esta enfermedad.
La discriminación por motivos de salud en el ámbito laboral está prohibida por la Constitución (artículo 14), Estatuto de los Trabajadores (17 entre otros) e incluso en el Código Penal (314).
Por ello esta iniciativa tiene como finalidad que la diabetes deje de ser "per se" una barrera para la inserción laboral y para el desempeño de las funciones públicas, dado el estado de la ciencia y su tratamiento.
El artículo 23.2. de nuestra Constitución establece que los ciudadanos "tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes".
Existen numerosos informes médicos que avalan la tesis de que la diabetes no debe ser motivo general e inicial de exclusión médica para optar a ningún puesto de trabajo. En todo caso habrá de valorarse cada caso de forma individual para definir si la persona es apta o no para ese puesto como para cualquier otro aspirante, pero no una exclusión de manera genérica por padecer diabetes.
Las leyes y jurisprudencia avalan que las convocatorias de acceso al empleo público son la ley de la convocatoria mientras en numerosas ocasiones esas convocatorias tienen restricciones relacionadas con la salud que no están actualizadas, ni científica ni tecnológicamente hablando. Ese anacronismo en las convocatorias y en los requisitos de acceso al empleo público hacen que se esté discriminando a un colectivo por el único hecho de padecer diabetes, sin ahondar ni valorar otras cuestiones, mientras que los tribunales no pueden valorar más allá de lo que el legislativo ha establecido, por lo que entendemos que el primer paso en aras a evitar la discriminación de este colectivo ha de partir del poder legislativo.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que desarrolle la normativa necesaria para que se elimine la discriminación que sufren las personas con diabetes cuando se les excluye para participar en cualquier tipo de prueba de acceso al empleo en el sector público de las diferentes administraciones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2015.-Susana Sumelzo Jordán y José Martínez Olmos, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003846
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a las "Meninas de Canido", en Ferrol, para su debate en la Comisión de Cultura.
En el año 2008 tiene lugar la primera edición de la iniciativa "Las Meninas de Canido" de Ferrol, promovida por el artista local Eduardo Hermida.
Esta iniciativa de arte callejero constituye una acción reivindicativa contra el abandono del barrio, secundada, en sus sucesivas ediciones anuales, por medio millar de artistas de todo el mundo y seguida por miles de personas que cada mes de septiembre acuden al barrio a observar y apoyar a las y los artistas mientras elaboran su obra.
Esta acción ha conseguido poner en el mapa de la cultura y del turismo cultural al barrio de Canido, en Ferrol, que además de las zonas de reciente construcción, cuenta con calles y viviendas en condiciones alarmantes de abandono.
Además, ha venido a poner en valor un barrio a través del arte plasmado en puertas, ventanas, paredes ruinosas y edificios deteriorados alcanzando así el objetivo de hermosear y revalorizar el tradicional barrio alto de Ferrol.
En la actualidad, el ayuntamiento de Ferrol y su concejal de turismo, junto con el artista promotor de la iniciativa, están en conversaciones con la Xunta de Galicia para proponer a la Dirección Xeral de Turismo del Gobierno gallego que respalden la propuesta de convertir esta actividad ferrolana en parte integrante del Itinerario Cultural Europeo.
El Ayuntamiento de Ferro! ha comprometido también su apoyo a la consecución del objetivo de que Canido forme parte de la red de Itinerarios Culturales Europeos, de que forma parte por ejemplo el Camino de Santiago, como una de las iniciativas más originales de la rutas de los impresionistas europeos, de la que ya forma parte junto a Francia, Italia, Alemania y Eslovenia.
"Las Meninas de Canido" han recibido apoyo por parte de la asociación europea Eua et Lumiere para ser incluida en las rutas del impresionismo que debatirá en septiembre el Consejo de Europa. Las vertientes social, de participación ciudadana y reivindicativa de esta propuesta cultural de Canido fueron de los elementos más valorados por los dirigente de Eau et Lumiere para incluirlo en su propuesta de la Ruta de los Impresionistas. Es ese carácter de rebeldía y aproximación del arte a personas y colectivos con dificultades para el acceso al arte lo que vincula a las Meninas de Canido con la tradición del impresionismo.
La ciudad de Ferro! y el barrio de Canido necesitan de iniciativas de todo tipo para revitalizar una zona en que, según los datos oficiales, la tasa de desempleo es muy preocupante, la tasa de actividad es la menor de las ciudades de Galicia y tanto la despoblación como la pobreza representan ya el mayor problema con que se enfrenta esta localidad.
"Las Meninas de Canido" se han convertido en una fuente importante de ingresos derivados del turismo cultural y han incrementado los pequeños negocios ubicados en este barrio ferrolano y, consecuentemente, en la ciudad de Ferro!. Por lo tanto, toda iniciativa que constituya un soporte para la recuperación cultural y económica de Ferrol debe ser apoyada y considerada como una alternativa viable para esa recuperación.
La próxima edición de las Meninas de Canido se celebrará los días 4 y 5 de septiembre, con la participación de 70 artistas que reinterpretarán el cuadro de Velázquez en las paredes de las casas del barrio.
El objetivo del presente año es que puedan acudir a Canido personas del ámbito cultural y artístico internacional vinculadas a los Itinerarios Culturales Europeos, ya que la inclusión de esta iniciativa en dichos Itinerarios puede constituir un elemento positivo no solo desde el punto de vista artístico y cultural de Ferrol y del propio barrio, sino también como punto de apoyo a las solicitudes de ayudas a proyectos de rehabilitación o dinamización social y cultural.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la inclusión de la iniciativa "Las Meninas de Canido" en los Itinerarios Culturales Europeos y apoyar la participación de personas del ámbito cultural y artístico internacional vinculadas a dichos Itinerarios en la edición de "Las Meninas de Canido" en septiembre de 2015."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2015.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003852
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para implementar un sistema de valoración de riesgo al objeto de auxiliar al Juez ante la toma de decisiones respecto a la medidas a imponer para proteger a los menores, hijos de víctimas de violencia de género, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Aunque la erradicación y prevención de la violencia de género se ha centrado en los efectos y consecuencias que sufren las mujeres como víctimas protagonistas y principales, el número de menores muertos por violencia de género debe ponernos en alerta sobre las estrategias de que se sirve el violento con el objeto de dañar. Sin lugar a dudas, la amenaza de daño a los hijos/as comunes se presenta como el más brutal de los chantajes y la más cruel de las venganzas.
Hacer visibles a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de la violencia de género como víctimas directas de la misma violencia ha sido un objetivo prioritario, desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
La complejidad del fenómeno de la violencia contra las mujeres reclamó al legislador intervenir desde distintas perspectivas jurídicas, que abarcan desde las normas procesales y sustantivas hasta las disposiciones relativas a la atención a las víctimas, intervención que sólo es posible a través de una legislación específica.
Un buen desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, supone analizar y valorar los programas y acciones que se lleven a cabo y emitir recomendaciones para su mejora.
En nuestro país más del 66 % de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género también han recibido malos tratos físicos o psicológicos 1.
La Macroencuesta de Violencia de Género indica que 7 de cada 10 mujeres víctimas dijo tener hijos menores de edad y la extrapolación de los datos nos llevarían a colegir que casi 2.800.000 personas eran menores de edad cuando estaban expuestas a la situación de violencia que vivía su madre.
La Ley Orgánica 1/2004, ya reconoce que "las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los menores que se encuentran dentro de su entorno familiar" y establece medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas 2.
Todos sabemos que los hijos e hijas de las familias en las que se sufre la violencia de género, están en el epicentro del fenómeno y sufren directamente su impacto. Los esfuerzos del legislador para combatir y erradicar la violencia de género, incluyeron con claridad a los menores introduciendo elementos de reparación del daño, pero también de protección para permitir al juzgador "suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad o de la guarda y custodia, respecto de los menores" y "ordenar la suspensión de visitas del inculpado por violencia de género".
1 Corbalán y Patró (2003).
2 Es el artículo 61.2 de la citada Ley establece medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas, las citas quedan recogidas en los artículos 65 y 66.
La Ley preserva la facultad de que gozan los jueces y magistrados para apreciar según su criterio, la aplicación de esta medida. Sin pretender poner en cuestión un principio tan básico de la libertad de acción de la labor judicial, es bueno conocer el uso que se hace de ese arbitrio para identificar rutinas que pudiesen ser prejuiciosas en el funcionamiento de los órganos judiciales.
El CGPJ Informaba que en los últimos años se han registrado una media de:
- 781 Suspensión régimen visitas,
- 71 Suspensión patria potestad, y
- 1.721 Suspensión guarda y custodia.
Cotejar estos datos con los casos de valoración de riesgo extremo y alto riesgo nos permite afirmar que hay una escasa aplicación de esta potestad en los tribunales de justicia y que incluso en situaciones de alto o extremo riesgo violencia de género, son escasísimos los casos en que se priva a un progenitor del ejercicio de la patria potestad o se restringe el derecho de visitas.
Los expertos consideran que esta situación expone a los niños y niñas a un peligro del que el ordenamiento jurídico pretende protegerles, pero que la práctica judicial no modula.
Los datos podrían llevarnos a pensar que en la práctica judicial, existe la tendencia a considerar que la relación paterno filial prima por encima del interés superior del menor.
Se tiene la tendencia a considerar que la suspensión cautelar de las visitas hasta resolución definitiva, supone la privación de un derecho; sin embargo, cuando existen indicios fundados de peligro para los menores, esta medida es un instrumento asegurador de su protección.
Diferentes organismos vienen observando estas disfunciones en la aplicación de los instrumentos legales y ofreciendo recomendaciones para adaptarlos al objetivo de la ley.
El Defensor del Menor de Andalucía, en su informe especial sobre menores expuestos a la violencia de género recrimina de manera contundente y el propio CGPJ a través de las recomendaciones del Grupo de Expertos/as en violencia doméstica y de género ha indicado que considerando:
"La necesaria ponderación del conjunto de circunstancias concurrentes, en materia del ejercicio de la patria potestad, de la guarda y custodia o del régimen de visitas es aconsejable modificar estas normas en orden a fortalecer el marco de protección penal de los hijos e hijas menores expuestos y testigos de la violencia de género, procurando su mayor seguridad y atención."
Casos como el de la hija de Ángela Gonzalez, han motivado recomendaciones del CEDAW a España, (Comunicación 47/2012) en el sentido de establecer técnicas procesales, que garanticen el examen individualizado, con pleno respeto al principio de contradicción y al derecho del menor a ser escuchado, del régimen de visita de cada menor afectado por una situación familiar en la que exista imputación de violencia de género, de modo que se garantice su seguridad y su superior interés, y se favorezca la supresión de las visitas y comunicaciones con el imputado con el fin de prevenir posibles riesgos, sin perjuicio de que el juzgador pueda adoptar motivadamente otra decisión -con las cautelas y medidas de seguridad necesarias- teniendo en cuenta que "el interés superior del niño y el derecho del niño a ser escuchado deberán prevalecer en todas las decisiones que se tomen en la materia".
Los/as 44 menores que fueron asesinados durante el cumplimiento del régimen de visitas en la última década ponen en evidencia la necesidad de romper con una atención rutinaria y prejuiciosa que antepone supuestos derechos paternos a la protección de los menores testigos o víctimas directas de la violencia de género.
La aplicación de la Ley muestra una resistencia a considerar que los hijos/as menores se vean siempre afectados por esa violencia de la que son destinatarias principales sus madres. Deberían considerar, sin embargo, que maltratar a la madre aumenta el riesgo de maltrato directo a las y los menores y que siendo cierto que no todos los hijos de mujeres víctimas de violencia son agredidos físicamente, no menos cierto es que todos quedan expuestos a los daños y los riesgos al tiempo y de la misma -o de otra- manera, que la padecen sus madres.
Las recomendaciones al legislativo para que refuerce la protección de los menores ya se manifestó en el Informe de 16 julio de 1997 del Parlamento Europeo, cuando instó a los Estados miembros a establecer medidas referidas a la custodia de hijos e hijas y manifestó su preocupación por el "hecho de que muchas mujeres se vean expuestas a abusos continuos a raíz de resoluciones judiciales que permiten los contactos entre un cónyuge o ex cónyuge violento y sus hijos".
A estas se suman las observaciones que vienen haciendo los expertos de la intervención con los hijos e hijas de las víctimas, cuando indican que en la medida de lo posible es preciso que niños y niñas
cuenten con un entorno seguro alejado del abuso y el maltrato y reclaman como requisito previo, para una recuperación efectiva el hecho de poner fin a la exposición de los menores a la situación de violencia, es decir, romper el vínculo con las violencias.
Desgraciadamente, esto no siempre es posible ya que en ocasiones el maltrato hacia la madre no cesa tras la separación y lo más frecuente es que el menor deba seguir viendo o conviviendo con el progenitor violento en atención al régimen de visitas dictado tras la separación o divorcio, lo que puede llegar a constituir un serio obstáculo para su recuperación.
Más grave, aun, parecen las resoluciones judiciales que permiten los contactos entre un cónyuge o ex cónyuge violento con peligrosidad manifiesta y que han facilitado escenarios que han hecho posible el asesinato de menores por progenitores ya identificados como violentos.
Para otorgar una mayor protección a menores víctimas de delitos cometidos por quienes ostentan su patria potestad, en la reforma del Código Penal del año 2010, se estableció la pena de privación de la patria potestad, que implica la pérdida de su titularidad, subsistiendo los derechos del hijo e hija respecto de su progenitor.
En dicha reforma, se estableció la pena de privación de la patria potestad como pena principal en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, y como pena accesoria cuando los derechos derivados de la patria potestad tengan relación con el delito cometido.
Existe pues un marco legal que tutela penalmente el interés y la seguridad de hijos e hijas menores que padecen la violencia de género en su núcleo familiar pero la casuística exige que se refuerce y amplíe en aras al objetivo que debe perseguir el Estado de protección máxima de los niños/as expuestos a esta violencia y que permita acabar, con la rutina de considerar beneficioso, por defecto, el mantenimiento de la relación con el progenitor violento.
Por todo ello, y para que los jueces cuenten con elementos de juicio suficiente para valorar la suspensión cautelar de las comunicaciones cuando existan indicios racionales de criminalidad de un delito de violencia de género y proteger a los menores atendiendo al interés superior del menor.
Conformar en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género un equipo de especialistas y expertos que elaboren un análisis para la creación de indicadores específicos de los factores de riesgo que los menores tienen, en su relación con la violencia de género.
Implementar un sistema individualizado de valoración de riesgo a través de sistemas de recopilación de información suficiente y contrastada que permita identificar información de origen policial, penitenciario y judicial, así como sanitario y de organismos de atención social, etc. para identificar la peligrosidad criminal a través de elementos de valoración médico-forense al objeto de auxiliar al Juez ante la toma de decisiones respecto a la medidas a imponer para proteger a los menores.
Formar a los equipos psicosociales en el conocimiento de los factores de riesgo asociados a la violencia, en el manejo de las estrategias de gestión del riesgo y las principales escalas de predicción del riesgo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de agosto 2015.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003855
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz de los diputados y diputadas de Unió Democrática de Catalunya y al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión para las Políticas Integrales para la Discapacidad, una Proposición no de Ley sobre la regulación de la prestación ortoprotésica.
El Estado español se sitúa entre los primeros puestos, a nivel mundial, en esperanza y calidad de vida. Uno de los ámbitos que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas lo constituye la atención ortoprotésica. Prestación sanitaria que cumple además con indiscutibles funciones sociales, como mejorar la autonomía personal, ayudar a gestionar la dependencia, facilitar la reinserción laboral y reducir barreras y discriminaciones sociales.
La limitación de recursos debido a la actual crisis económica ha afectado a la cobertura financiera de la prestación ortoprotésica, ahora bien, cabe señalar que los problemas que afectan a la citada prestación no son exclusivamente coyunturales, sino también estructurales. No disponemos de una normativa ortoprotésica integral. Actualmente contamos con un catálogo totalmente anacrónico, con tipos de productos con más de 30 años, algunos catálogos autonómicos, distintas regulaciones en algunas autonomías sobre los establecimientos ortoprotésicos, y una situación anómala en cuanto a la formación de los profesionales, puesto que el Estado español es el único país del entorno europeo que no les ha dotado de un grado universitario y del estatus de profesión sanitaria.
Ante esta situación el sector ortoprotésico, así como los pacientes y usuarios demandan un marco jurídico-administrativo que dé coherencia e impulso a una atención ortoprotésica más eficaz y eficiente, más sencilla y segura, con más garantías y mejores indicadores tanto sanitarios como sociales y económicos.
El Gobierno con la reforma sanitaria impulsada mediante el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, modificó la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, diferenciando una cartera común suplementaria en la que se incluye la prestación ortoprotésica.
En este sentido, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está elaborando una nueva regulación de la prestación ortoprotésica, en concreto una modificación en la cartera de servicios comunes de prestación ortoprotésica en relación al catálogo, fijación de importes de los productos y modo de tramitación de la prestación, cuya entrada en vigor está prevista para principios de 2016.
De una primera valoración del contenido del borrador de la futura regulación de la prestación ortoprotésica apuntar que: por un lado, hubiera sido de esperar por parte del Ministerio un dialogo entre los distintos protagonistas (colectivos de pacientes y usuarios, fabricantes, distribuidores, establecimientos y técnicos ortoprotésicos) en la fase de elaboración del borrador de la nueva normativa y, por otro, que de la propuesta del Gobierno se desprende que no será positiva ni para los pacientes ni para el sector ortesista y protesista, constituyendo un duro golpe para la calidad de la prestación, privando al Sistema Nacional de Salud de un proyecto de mejora sostenible de la atención ortoprotésica que se base realmente en elementos objetivos y que permita al paciente acceder a una prestación de la mínima calidad.
De lo anteriormente expuesto, señalar que las prestaciones ortoprotésicas suponen un elemento esencial para mejorar la calidad de vida y la autonomía del paciente. Asimismo, se trata de una prestación que afecta de manera directa a millones de familias del Estado español.
Por ello, el Gobierno en la futura regulación sobre la prestación ortoprotésica debería tratar de modernizar el catálogo de las prestaciones en base no solo a criterios de eficiencia económica sino teniendo en cuenta las necesidades de los pacientes y usuarios. Para ello, debería contar con la opinión de todos los actores implicados.
En cuanto al sector ortoprotésico, la voluntad del mismo es que la prestación se organice pero teniendo en cuenta su estructura empresarial, que aglutina en su mayoría Pymes, pero sobretodo que sus productos no sean excluidos de la cartera de servicios por un criterio exclusivamente económico y no sanitario, perjudicando con ello a los pacientes y a la capacidad de innovación del sector ortoprotésico.
Por todo ello los diputados y diputadas de Unió Democrática de Catalunya dentro del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió presentan la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconsiderar su propuesta de regulación de la prestación ortoprotésica en favor de un nuevo texto normativo, consensuado entre todas las partes implicadas (pacientes, profesionales y sector ortoprotésico) que garantice la viabilidad del sector ortoprotésico, así como su capacidad de innovación, a la vez que permita una mejora de la calidad de vida de los pacientes y usuarios mediante el acceso a un catálogo de prestaciones que incluya las últimas novedades en productos
ortoprotésicos. En definitiva una futura regulación de las prestaciones ortoprotésicas que sea capaz de cubrir las necesidades de los pacientes y garantizar la viabilidad del sector."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de agosto de 2015.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió.
181/003578
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
¿Qué trámites, operaciones o acciones se han llevado a cabo desde 2012 en el edificio de Correos de la Plaza de San Agustín n.º 1 de Logroño y cuales piensan ponerse en marcha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2015.-César Luena López, Diputado.
181/003579
La Ministra de Fomento ha reconocido en prensa que existen retrasos o paralización en la ejecución en las obras de LAV entre Lubián y Ourense, ¿en qué tramos se han paralizado las obras más de dos semanas, en los 2 últimos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 2015.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/003580
¿Por qué el Gobierno ha negado en sus respuestas parlamentarias la existencia de retrasos o paralizaciones temporales en las obras de LAV Lubián-Ourense?
181/003581
La Ministra de Fomento ha reconocido en prensa que existen retrasos o paralización en la ejecución en las obras de LAV entre Lubián y Ourense, ¿cuáles son las causas que están provocando estos retrasos o paralización?
181/003582
La Ministra de Fomento ha reconocido en prensa que existen retrasos o paralización en la ejecución en las obras de LAV entre Lubián y Ourense, ¿qué medidas ha tomado el Gobierno al respecto?
181/003583
La Ministra de Fomento ha reconocido en prensa que existen retrasos o paralización en la ejecución en las obras de LAV entre Lubián y Ourense, ¿cuáles son las exigencias planteadas por las empresas para continuar ejecutando las obras?
181/003584
La Ministra de Fomento ha reconocido en prensa que existen retrasos o paralización en la ejecución en las obras de LAV entre Lubián y Ourense, ¿en qué tramos se han producido estos retrasos o paralización?
181/003585
La Ministra de Fomento ha reconocido en prensa que existen retrasos o paralización en la ejecución en las obras de LAV entre Lubián y Ourense, ¿qué empresas son las que están ejecutando las obras en las que se han producido los retrasos o paralización?
181/003588
¿Cómo afectará a la llegada del AVE a Galicia el recorte por parte de la UE de 45 millones de euros para la alta velocidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2015.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/003589
- ¿Cuál ha sido la ejecución presupuestaria del año 2012 de la LAV Lubián-Ourense?
- ¿Cuál ha sido la ejecución presupuestaria del año 2013 de la LAV Lubián-Ourense?
- ¿Cuál ha sido la ejecución presupuestaria del año 2014 de la LAV Lubián-Ourense?
- ¿Cuál ha sido la ejecución presupuestaria en los va de año 2015 de la LAV Lubián-Orense?
181/003590
¿Por qué el Ministerio de Fomento eliminó los datos de la liquidación presupuestaria de los últimos 3 años, y que figuraban en el anuario estadístico del Ministerio de Fomento?
181/003591
¿Cuantas bajas por embarazo de riesgo se han solicitado en la provincia de Ourense en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va de año 2015?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de agosto de 2015.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/003592
¿Cuantas bajas por embarazo de riesgo se han denegado en la provincia de Ourense en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va de año 2015?
181/003593
¿Cuantas bajas por embarazo de riesgo se han solicitado en Galicia en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va de año 2015?
181/003594
¿Cuantas bajas por embarazo de riesgo se han denegado en Galicia en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va de año 2015?
181/003595
¿Cuantas bajas por maternidad se han solicitado en la provincia de Ourense en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va de año 2015?
181/003596
¿Cuantas bajas por maternidad se han denegado en la provincia de Ourense en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va de año 2015?
181/003597
¿Cuantas bajas por maternidad se han solicitado en Galicia en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va de año 2015?
181/003598
¿Cuantas bajas por maternidad se han denegado en Galicia en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va de año 2015?
181/003577
¿Considera adecuado el Gobierno que la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente fuera la representante del Gobierno en la final femenina de Wimbledon justo el fin de semana que se producía una importante devastación forestal debido a los incendios forestales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2015.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/003586
Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez
Según el plan de medios de las campañas institucionales promovidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para sensibilizar a la población y prevenir la violencia de género:
1. ¿Qué partida ha sido destinada al periódico La Razón?; 2. ¿Qué partida ha sido destinada al periódico El País?; 3. ¿Qué partida ha sido destinada al periódico 20 minutos?; 4. ¿Qué partida ha sido destinada al periódico El Mundo?; 5. ¿Qué partida ha sido destinada al periódico La Vanguardia?; 6. ¿Qué partida ha sido destinada a El Periódico de Cataluña?; 7. ¿Qué partida ha sido destinada al periódico ABC?; 8. ¿Qué partida ha sido destinada al periódico La Gaceta?; 9. ¿Qué partida ha sido destinada al Grupo Vocento?; 10. ¿Qué partida ha sido destinada al Grupo Prensa Ibérica?; 11. ¿Qué partida ha sido destinada a otros medios?
Indicando número de inserciones y desglose económico para las campañas de 2013, 2014 y 2015.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de agosto de 2015.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.
181/003587
Dada la previsión de modificar la actual Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, para incluir la obligación de consentimiento parental ¿se contempla la posibilidad de activar un procedimiento judicial que revise los casos de consentimiento denegado?
232/000372
Sentencia dictada por el Pleno del citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 6084/2007, promovido por setenta y un diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, contra los artículos 27.1, 27 bis.l.a), 34, 35, 37, 56.2 y 62, apartados 3 y 4, todos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada respectivamente por los apartados 26, 27, 30, 31, 33, 59 y 64 del artículo único de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martinez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 6084-2007, promovido por setenta y un diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, contra los artículos 27.1, 27 bis.1.a), 34, 35, 37, 56.2 y 62, apartados 3 y 4, todos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada respectivamente por los apartados 26, 27, 30, 31, 33, 59 y 64 del artículo único de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Ha intervenido el Abogado del Estado y ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, quien expresa el parecer del Tribunal.
Dada en Madrid, a 22 de julio de 2015.
233/000110
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 4558/2013, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 17 de Madrid, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución española.
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4558-2013, promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 17 de Madrid contra el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración del artículo 9.3 CE. Han formulado alegaciones el Fiscal General del Estado y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Antonio Narváez Rodríguez, quien expresa el parecer del Tribunal.
Declarar la extinción de la presente cuestión de inconstitucionalidad núm. 4558-2013 por desaparición sobrevenida de su objeto.
Dada en Madrid, a 20 de julio de 2015.
233/000118
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 5374/2013, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Mérida, en relación con los artículos 2.1 y 2.2.º2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución.
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5374-2013, promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Mérida contra los artículos 2.1 y 2.2.º2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 CE. Han formulado alegaciones el Fiscal General del Estado y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro González-Trevijano Sánchez, quién expresa el parecer del Tribunal.
233/000121
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 5371/2013, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Mérida, en relación con los artículos 2.1 y 2.2.º2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución española.
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5371-2013, promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Mérida contra los artículos 2.1 y 2.2.º2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 CE. Han formulado alegaciones el Fiscal General del Estado y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, quien expresa el parecer del Tribunal.
233/000122
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 5373/2013, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Mérida, en relación con los artículos 2.1 y 2.2.º2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución española.
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5373-2013, promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Mérida contra los arts. 2.1 y 2.2.º2.1 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 CE. Han formulado alegaciones el Fiscal General del Estado y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Antonio Narváez Rodríguez, quien expresa el parecer del Tribunal.
Declarar la extinción de la presente cuestión de inconstitucionalidad núm. 5373-2013 por desaparición sobrevenida de su objeto.
233/000124
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 5372/2013, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Mérida, en relación con los
artículos 2.1 y 2.2.º2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución.
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5372-2013, promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Mérida contra los artículos 2.1 y 2.2.º2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 CE. Han formulado alegaciones el Fiscal General del Estado y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, quien expresa el parecer del Tribunal.
233/000126
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 5375/2013, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Mérida, en relación con los artículos 2.1 y 2.2.º2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución española.
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5375-2013, promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Mérida contra los artículos 2.1 y 2.2.º2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 CE. Han formulado alegaciones el Fiscal General del Estado y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal.
233/000141
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 7166/2013, planteada por el Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de Tenerife, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal laboral del sector público, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución.
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 7166-2013 promovida por el Juzgado de lo Social núm. 5 de Santa Cruz de Tenerife, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha intervenido el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal.
233/000154
(231) Cuestión de inconstitucionalidad.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 743/2014, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 22 de Madrid, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución española.
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 743-2014, promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 22 de Madrid contra el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración del artículo 9.3 CE. Han formulado alegaciones el Fiscal General del Estado y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal.
233/000162
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 890/2014, planteada por el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 7, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación a los funcionarios públicos, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución española.
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 890-2014, promovida por el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo núm. 7, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha intervenido el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal.
233/000193
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 3311/2014, planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución española.
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3311-2014, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra contra el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración del artículo 9.3 CE. Han formulado alegaciones el Fiscal General del Estado y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, quien expresa el parecer del Tribunal.
233/000204
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 4552/2014, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4552-2014, promovida por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración del artículo 9.3 CE. Han formulado alegaciones el fiscal General del Estado y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, quien expresa el parecer del Tribunal.
233/000210
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 5344/2014, planteada por el Juzgado de lo Social número 2 de Guadalajara, en relación con los artículos 2.2 y 6 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5344-2014 promovida por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Guadalajara, en relación con los artículos 2.2 y 6 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha intervenido el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal.
233/000225
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 5186/2014, planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5186-2014, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra contra el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración del artículo 9.3 CE. Han formulado alegaciones el Fiscal General del Estado, el Abogado del Estado y la Asesora Jurídica-Letrada de la Comunidad Foral de Navarra. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal.

References: Resolución 
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 9
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 7
 Resolución 
 resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 161
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 161
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 11
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 Resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 23
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 61
 resolución 
 artículo 193
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 9