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UrbanismoPatasArriba: viernes 2 de diciembre de 2011
Las ciudades no se atreven con los coches
ELPAÍS/Reportaje* : Las Administraciones locales están facultadas para poner coto al tráfico privado, pero falta valentía política.
Corría el año 1989 cuando se propuso por primera vez en el Ayuntamiento de Madrid cerrar al tráfico determinadas zonas de la ciudad que superasen los límites de contaminación. Desde entonces, los vehículos en la capital no han hecho más que avanzar, salvo en alguna zona del centro donde ha aumentado la peatonalización. La idea, que desde entonces ha sido aplicada con métodos diversos en otras ciudades europeas, resurge de la mano del Plan de Calidad del Aire que aprobó a principios de noviembre el Consejo de Ministros. Pero, tal y como sucedió hace 22 años, el Consistorio madrileño no tiene mucha intención de ponerla en marcha, a pesar de las numerosas zonas que existen en la ciudad con más dióxido de nitrógeno (generado sobre todo por los coches) de lo que permite la ley.
Los tubos de escape son los principales causantes de la polución en las grandes urbes, pero los Gobiernos no quieren, no pueden o no se atreven a frenar su proliferación de forma tajante.
El plan del Ministerio de Medio Ambiente es un Libro Blanco lleno de buenos propósitos que en su mayoría competen a autonomías y, sobre todo, a los municipios.
Las Administraciones locales y autónomas lo miran como un manual de buenas prácticas que puede servir como referencia, pero no como una hoja de ruta a la que seguir punto por punto. Consta de 90 medidas, pero carece de memoria económica. "Es ideal. Es muy bonito y muy bueno, pero cuesta dinero y hay que ver quién lo financia", resume el director general de Calidad Ambiental de la Comunidad Valenciana, Vicente Tejedo. Aunque ha sido consensuado con comunidades autónomas y municipios, los del PP -es decir, la mayoría-, echan en falta una financiación que lo sustente, porque muchas de las propuestas verdes que incluye -renovación de flotas de vehículos, creación de aparcamientos disuasorios, aumento en la frecuencia del transporte público, abaratamiento de sus títulos, creación de carriles bici, por poner unos cuantos ejemplos- son costosas. Consultadas las grandes ciudades españolas, las que más polución soportan y por tanto las que más necesitan mejorar la calidad de su aire, ninguna apuesta por desarrollar actuaciones inmediatas ni un cambio apremiante en su planificación medioambiental como consecuencia del plan.
Las pegas de índole económica por parte de las Administraciones responden a una visión cortoplacista, según la mayoría de los expertos consultados. Argumentan que el ahorro que se produce a medio y largo plazo en gasto sanitario compensa con creces las inversiones para reducir la polución.
Más allá de inconvenientes puramente contables y de las penurias en las cuentas de las Administraciones, José María Baldasano, catedrático de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Barcelona, asegura que hay una clara falta de voluntad política para ejecutar verdaderos cambios. "Falta decisión con los coches. Hay una prevención excesiva por parte de las comunidades y municipios de abordar el tema del tráfico y ahí hay un problema serio. Es verdad que hubo un momento que se necesitaba el coche como motor de dinamización, pero el péndulo ha pasado al lado opuesto y ahora las ciudades están saturadas". Propone dos soluciones que califica de muy efectivas y baratas: limitación de la velocidad y restricción de los vehículos a determinadas zonas. "No se trata de atacar al coche, como se pretende hacer creer desde el ámbito neoliberal. Son medidas efectivas y de coste limitado que, eso sí, se tienen que complementar con otras, como la mejora del transporte público o la modernización de la flota circulante".
Todo lo anterior está incluido en el plan de mejora de calidad del aire, pero prácticamente sin plazos ni sanciones para las ciudades que no hagan nada. "El ministerio es un mero mediador, pero es Bruselas la que se encarga de las multas. Si no se actúa con severidad, los Ayuntamientos no serán valientes porque políticamente es muy impopular restringir el coche y puede suponerles un castigo electoral", asegura Susana Huertas, secretaria de Medio Ambiente de UGT.
El que las competencias para gestionar estas mejoras del aire conciernan a varias Administraciones y, dentro de ellas, a diferentes organismos, tampoco ayuda a que las medidas se puedan concretar de la noche a la mañana. La legislación y la normativa están en poder de las comunidades autónomas y el Gobierno central, pero son las ciudades las que tienen que ejecutar buena parte de las acciones. Una de las medidas más visibles para los ciudadanos dentro del plan del aire es la creación de etiquetado para los automóviles en función de cuánto contaminan y la restricción al tráfico rodado en determinadas zonas de las ciudades siguiendo esta clasificación. Sobre las pegatinas, todavía nadie sabe cómo se van a arbitrar y colocar. "El plan está recién creado y ahora se están reuniendo los técnicos de los departamentos competentes para ver cómo se desarrolla", asegura una portavoz del Ministerio de Industria. Respecto a las Zonas Urbanas de Atmósfera Protegida, aquellas en donde las localidades podrán restringir el acceso a determinado tipo de vehículos, tampoco habrá grandes cambios en el corto y medio plazo, a tenor de la respuesta que dieron los Consistorios.
El ejemplo más claro es Madrid, una de las ciudades diana de este plan: será multada por Bruselas si no consigue una moratoria para cumplir la legalidad ambiental y una de sus medidas más sonadas para combatir la polución fue cambiar los medidores a lugares con menos tráfico. La concejal delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, explica que hay zonas con la circulación muy restringida, como el barrio de las Letras o las Cortes que ya están consideradas por el Ayuntamiento de bajas emisiones. Botella asegura que en la capital no se cambiarán estas áreas como consecuencia del plan ni se incorporarán las otras de velocidad variable que aconseja. "La velocidad ya está muy limitada en los túneles de la M-30, lo que evita contaminación y accidentes", zanja. Su departamento está preparando un plan del aire local y evita dar detalles sobre sus proyectos más allá de las actuaciones que ya están en funcionamiento, como la información en los paneles y en Internet o el anillo ciclista.
El Consistorio de la segunda ciudad más contaminada de España por dióxido de nitrógeno, Barcelona, se limita a señalar a través de una portavoz que está trabajando "en nuevas medidas para adaptarse a la normativa recién aprobada". "En Zaragoza llevamos tiempo trabajando en esto y lo seguiremos haciendo", explica un portavoz municipal, que relata cómo la ciudad ya ha adoptado muchas de las recomendaciones del plan: "La web con información sobre la calidad del aire, los carriles bici, el aumento de las zonas verdes, la peatonalización de las zonas del centro". Tampoco está en la agenda aumentar la restricción de movimientos a los vehículos.
"Las ciudades se pensaron hace decenios para los coches y los ciudadanos somos muy sufridos", reflexiona Eduardo Peris Mora, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia. "Ya está todo inventado y hay localidades fuera de España a las que le va bien", subraya. También destaca la correlación entre picos de contaminación y muertes: "Está clarísima la causalidad, pero como la responsabilidad es difusa, es complicado señalar culpables y pedirles actuaciones".
El Ministerio de Medio Ambiente es consciente de que uno de los retos es coordinar e impulsar el trabajo de todas las Administraciones implicadas, por lo que esto se convierte en su prioridad tras aprobar el plan. A la pregunta de qué será lo que los ciudadanos verán antes como resultado de la norma, un portavoz responde que una de las primeras acciones palpables será la puesta en marcha de los boletines de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): "Se difundirán las predicciones de calidad del aire a 24 horas a través de la página web, generando boletines diarios accesibles para todo el mundo a partir del 1 diciembre. Otro ámbito avanzado permite relacionar la información sanitaria y de calidad del aire en el Sistema de Vigilancia y Prevención de la Contaminación Atmosférica conjuntamente con el Ministerio de Sanidad y Política Social e Igualdad. Con ello dispondremos en tiempo real de los datos epidemiológicos del recientemente aprobado Sistema de Información en Salud Pública".
Todos los pasos, por pequeños que sean, son positivos en opinión de los expertos consultados, que ven en el plan un buen modelo si se llegase a implementar. Pero en su opinión hace falta decisión para seguirlo. "El panorama es desolador. No hay ninguna voluntad real", afirma Paco Segura, de Ecologistas en Acción. Pone el ejemplo de la limitación de velocidad que se puso en marcha en el entorno metropolitano de Barcelona en 2007 que, "pese a suponer un descenso de la contaminación del 15%, la Generalitat se lo ha cargado". "Los carriles de acceso a las ciudades preferentes para autobuses y vehículos de alta ocupación (VAO) son un gran ejemplo, pero solo tenemos el de la A-6 de entrada a Madrid. El Gobierno, que ahora quiere fomentarlos, no ha hecho nuevos desde 1995, se dedica a los AVE y las autovías. Las restricciones de tráfico a las zonas más saturadas de polución funcionan en 400 ciudades europeas, aquí ninguna de las importantes, de las que realmente lo necesitan, lo ejecuta", resume.
Tomás Santacecilia, del Real Automóvil Club de España (RACE), comparte soluciones como los carriles bus-VAO, pero no otras como la restricción de vehículos a determinadas zonas de las ciudades: "Con esta medida lo único que estamos haciendo es trasladar el problema de la contaminación a zonas periféricas de la ciudad, en otras palabras, trasladar el problema a otro sitio. Como medida eficiente se trataría de potenciar, fomentar e incentivar la compra y adquisición de vehículos nuevos, menos contaminantes y más respetuosos con el medio ambiente".
Esto último también está en el plan del ministerio: continuar con las subvenciones a los vehículos eléctricos y hacer un llamamiento a las ciudades para que faciliten su circulación y aparcamiento, para que los conductores con coches verdes tengan ventajas añadidas. Paradójicamente, al mismo tiempo, el Gobierno también ha primado la adquisición de vehículos diésel, los que más dióxido de nitrógeno generan, al grabar este combustible con menos impuestos que la gasolina. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha usado en más de una ocasión este argumento para quitarse responsabilidad en la polución de la capital.
El peso de los automovilistas y de la industria del sector es uno de los culpables de que no haya mayor voluntad de atajar el problema, en opinión de Raquel López, que desde el grupo de IU en el Ayuntamiento de Madrid trata de impulsar medidas que se encuentran una y otra vez con el rechazo del PP. Igual que sucedió en 1989, cuando su coalición política presentó en el pleno un plan para limitar el uso del coche que fue igualmente ignorado por los gobernantes de entonces.
El mapa de la contaminación en España
- Territorios que superaron en 2010 los niveles permitidos de NO2 (consecuencia directa del tráfico): Área metropolitana de Granada, Palma de Mallorca, Barcelona y área metropolitana, área metropolitana de Bilbao, Madrid y área metropolitana, Murcia, L'Horta (Valencia).
- Según un informe de Ecologistas en Acción, en España hay 34,6 millones de personas (el 74% de la población) que están expuestos a niveles que superan el máximo recomendado por la OMS de partículas PM-10 (polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen). Respecto al dióxido de nitrógeno, son el 10% quienes respiran niveles superiores a lo permitido. En el caso del dióxido de azufre el porcentaje es del 5%. Respecto al ozono (una sustancia que no se genera directamente, sino que es fruto de la reacción química de los óxidos de nitrógeno con la luz solar), un 27% está expuesto a niveles superiores a los legales, a los que hay que sumar otro 17% por encima de lo aconsejado, lo que hace un total de 20,8 millones de personas.
- Las ciudades con más partículas PM-10 son Zaragoza, Sevilla, Granada, Torrejón de Ardoz, Albacete, Jaén, Cádiz y Málaga, con 32.
- Las ciudades menos contaminadas con partículas PM-10 son Santiago de Compostela, Logroño, Badajoz, Vitoria, Palma de Mallorca y Valladolid.
* El País - PABLO LINDE 30/11/2011
Foto: Los tubos de escape sonlos principales responsables de la contaminación en las grandes urbes.- elpais
en 2.12.11 por UrbanismoPatasArriba Carlos de Rueda 4 comentarios
'Malaya'.- Exediles del GIL firman conformidad con la Fiscalía por una causa urbanística
LAOPINIÓN/Málaga* : Exconcejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento de Marbella de la Corporación de 2003 a 2006 y la exedil que formó parte del gobierno tripartito, Isabel García Marcos, han firmado hoy con la Fiscalía la conformidad de una causa urbanística que iba a ser juzgada hoy.
El juicio estaba previsto hoy en el Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga y en el banquillo de los acusados estaba previsto que se sentaran doce acusados por dar licencia al proyecto básico y al de ejecución para la construcción de más viviendas de las que presuntamente se permitían.
Entre los acusados se encuentra el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, que junto a Rafael González, Marisa Alcalá, José Luis Troyano, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García, Tomás Reñones y Javier Lendínez (en situación de rebeldía), ya se habían acogido con anterioridad al acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
En dicho acuerdo se fijaba un año de prisión para los ediles de la primera Corporación del GIL (1995-1999) y de nueve meses para los de la segunda (1999-2003).
Además de estos ocho procesados, quedan cuatro, los que presuntamente aprobaron el proyecto de ejecución, que son los que hoy se han conformado con la petición del fiscal García Marcos, José Jaén, María del Carmen Revilla y Pedro Pérez.
Tras el acuerdo con estos cuatro últimos procesados, el fiscal les pide doce meses de multa a diez euros por un delito de prevaricación urbanística.
Excepto estos cuatro acusados y el exedil que está fugado, el resto de exconcejales ha estado en prisión cumpliendo condena por delitos urbanísticos.
Estos acuerdos con el fiscal se enmarcan dentro de los pactos a los que los exediles están llegando con la Fiscalía para no celebrar juicios urbanísticos en los que se encuentran imputados, exconcejales del GIL de tres corporaciones consecutivas entre 1995 a 2006, cuando se destapó el caso Malaya.
El pacto entre la Fiscalía y los exediles establece una condena por cada procedimiento, con la limitación establecida por la ley de que los condenados cumplirán a lo sumo el triple de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga conexidad.
En este último caso de prevaricación urbanística el fiscal asegura en su escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe, que en la comisión de gobierno de abril de 2002 acordaron por unanimidad otorgar licencia de obras al proyecto básico, presentado por un grupo inmobiliario, para la construcción de 20 viviendas adosadas.
Posteriormente, los cuatro últimos procesados aprobaron el proyecto de ejecución en marzo de 2004.
* La Opinión - EFE - 1.12.12
Foto: La Fiscalía pide multa, pero la acusación particular, ejercida por el PSOE, solicita un año y 10 meses de prisión - EP
en 2.12.11 por UrbanismoPatasArriba Carlos de Rueda 0 comentarios
Madrid.- Asambleas del 15M reclaman un referéndum sobre la privatización del Canal de Isabel II
MADRILONIA* : Las Asambleas Populares-15M de Chamberí, Tetuán, Moncloa, Malasaña y Chueca, reunidas el pasado sábado 26 de noviembre en el parque De Santander han acordado hacer pública su posición común ante la pretendida privatización del 49% de la Empresa pública Canal de Isabel II:
1º Todo el mundo sabe que un grupo privado que posee el 49 % de las acciones de una empresa, la gobierna. La filosofía de la empresa mixta es entonces la del grupo privado, que no puede ser otra que aumentar los dividendos de sus accionistas, es decir, lograr el crecimiento de los beneficios económicos del grupo.
Aumentar los beneficios de una empresa del agua pasa por encarecer la factura y por disminuir los recursos económicos necesarios para mantener la calidad del agua a la llegada a su destino. La experiencia dice que a los grupos privados del agua les interesa que baje la calidad del agua del grifo para facilitar la comercialización de agua embotellada, cuyo precio es 1000 veces mayor.
Reconocemos la excelente calidad que tiene ahora el agua que llega los grifos de los hogares Madrileños. Según la OCU es la de mejor calidad de España. Esto es debido sin duda a que la empresa que la gestiona ha pensado prioritariamente en el bien público, a su excelente gestión, y a la consolidada competencia de su plantilla.
Como se ha dado tan poca información al respecto a la población madrileña en los últimos años, nos vemos obligados a informar que la empresa pública “Canal de Isabel II”, tiene unos beneficios anuales de unos 100 millones de euros, que se invierten en servicios para toda la comunidad (obras públicas, metro, polideportivos, teatros, etc….) Es fácil prever que el grupo que dominara la empresa, en caso de que el 49% de Canal de Isabel II fuese privatizada, trataría de quedarse con todos los beneficios.
Entendemos que la privatización de un bien tan esencial para la vida humana dejaría a la población madrileña al arbitrio de los intereses de una empresa privada que, como es lógico, antepondría sus intereses privados al bien público.
En conformidad con todo lo expuesto consideramos que dicha privatización sería contraria al bien público.
2º La privatización del 49 % de Canal de Isabel II no ha figurado en ningún programa electoral de ninguno de los grupos políticos con representación en la Asamblea de Madrid, institución que tendría que tomar finalmente la decisión de sacar a la venta el 49 % de las acciones de esta empresa.
Así, su decisión, cualquiera que esta fuese, sería tomada de espaldas a todos los madrileños sin excepción. Entendemos que esto no es lo correcto ya que el agua es un bien esencial para la ciudadanía, y que esta es la única que tiene la potestad de vender total o parcialmente lo que es suyo.
En consecuencia, las cinco Asambleas Populares presentes en este acto reclamamos un referéndum vinculante acerca de la pretendida privatización de Canal de Isabel II.
* Madrilonia - Nov 2011
Foto: Madrid, no privatización Canal - madrilonia
El Algarrobico.- Una aberración con vistas
ELPAÍS/Almería* : Ahí está. Y ahí va a seguir un buen tiempo, blanco sobre la arena negra de la playa de El Algarrobico. Es un recordatorio de los años en los que España soñaba con gigantes de hormigón armado.
El sueño de la promotora Azata del Sol para la playa almeriense de El Algarrobico era un complejo de siete hoteles, viviendas y un campo de golf. Y la punta de lanza de este proyecto inmobiliario para este paraje del municipio de Carboneras era un enorme hotel que empezó a levantarse en 2003 sobre una parcela de 32.660 metros cuadrados que la empresa adquirió por algo más de diez millones de euros.
Cuatro estrellas y 411 habitaciones, todas con terraza y vistas. El hotel se hizo literalmente a pie de playa. Tan en primera línea, que incumple los 100 metros de reserva que se fijaban como dominio público en la Ley de Costas de 1988. El Algarrobico, con sus locales comerciales y su helipuerto, era un sueño de hormigón pensado para un hermoso paraje. Tan hermoso, que se levantó dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
INCÓMODA ESPINA
El Algarrobico es hoy el símbolo más recurrente de la destrucción del litoral durante los años de la fiesta nacional del ladrillo. También es una incómoda espina que tienen clavada la Junta de Andalucía y el Gobierno central, a los que los grupos ecologistas apremian para que dinamiten de una vez este proyecto.
El Algarrobico se quedó varado el 21 de febrero de 2006. Ese día el magistrado Jesús Rivera Fernández, titular entonces del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, ordenó la paralización cautelar de las obras, que se mantiene todavía hoy y que parece complicado que se pueda revertir.
El juez ordenó parar cuando las obras estaban al 94,41%. La estructura del edificio de 20 plantas estaba rematada y se iban a empezar a amueblar las habitaciones. Cinco años después, las grúas amarillas todavía siguen instaladas.
El retorno parece ya imposible con las sentencias y autos que han ido dictado los tribunales de primera instancia, el Superior de Justicia de Andalucía, la Audiencia Nacional y el Supremo. Hasta 16 fallos en contra del hotel tiene contabilizados Greenpeace. Pero, durante los últimos años, se ha ido engordando una complicada madeja de recursos judiciales.
¿Se derribará algún día El Algarrobico? "Sí, no hay otra salida, y cada vez menos", responde José Ignacio Domínguez, el abogado de Salvemos Mojácar, la asociación que ha encabezado la lucha contra el hotel. También dicen tenerlo claro el Gobierno y la Junta. Este proyecto fue apadrinado por el anterior alcalde socialista de Carboneras y respaldado al principio por la Junta.
El problema ahora no es tanto si el hotel acabará desapareciendo, sino cuándo se podrá derribar. Teresa Ribera, secretaria de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, reconoce que los "enmarañados procesos judiciales" retrasan la salida debido a que la promotora está utilizando todas las "herramientas jurídicas posibles". Es una carrera de fondo. Ribero, pensando ya en el siguiente Gobierno, pide a las Administraciones y a los ecologistas que permanezcan firmes en la batalla que queda por delante. La secretaria de Estado pone el ejemplo otro hotel: el Atlanterra, levantado en los años setenta en la playa de Zahara de los Atunes (Cádiz) y que no se pudo demoler hasta 2002. Jaume Matas, exministro de Medio Ambiente con José María Aznar, fue el que accionó el mecanismo de demolición que terminó con aquel otro símbolo del urbanismo descontrolado. Paradójicamente, Matas, también expresidente balear, hoy se encuentra en libertad bajo fianza por su implicación en el caso de corrupción Palma Arena.
No será Rosa Aguilar, la todavía ministra de Medio Ambiente, la que accione el botón de demolición en El Algarrobico, pese a que cuando tomó posesión de su cargo se mostró esperanzada con que pudiera desaparecer en esta legislatura que termina.
LA FACTURA DE LA DEMOLICIÓN
Lo que sí ha dejado redactado Aguilar es un convenio con la Junta para que, cuando sea legalmente posible, las dos Administraciones se hagan cargo de la demolición, con independencia de que la factura se le pueda pasar luego a los responsables que permitieron que se levantara el hotel. Según el convenio, el Gobierno correría con los costes de derribo y la Junta con el desescombro y de la restauración de la zona.
Pero, ¿cuándo se podrá aplicar este convenio? Los grupos ecologistas han pedido que se haga ya. Sin embargo, los procesos abiertos en los tribunales eternizan la solución.
Tras el anuncio de la elaboración del convenio de demolición, Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción presentaron el 14 de septiembre pasado un escrito en el que pedían la ejecución de la sentencia de 5 septiembre de 2008 que anuló, de facto, la licencia de obras de El Algarrobico. Según detalla el abogado José Ignacio Domínguez, la licencia es el único soporte legal que tiene el hotel para seguir en pie. El mismo magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería que ordenó en 2006 paralizar las obras fue el que en 2008 anuló la tramitación que hizo el Ayuntamiento de Carboneras de la licencia para la construcción del complejo. Jesús Rivera Fernández sentenció que el hotel invadía la zona de reserva de 100 metros fijada en la Ley de Costas y que, además, se levantó en suelo de especial protección, como se reflejaba en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque de Cabo de Gata-Níjar de 1994, que sigue vigente según el Tribunal Supremo.
Este fallo de septiembre de 2008 está recurrido por la promotora ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y, según el letrado de Salvemos Mojácar, se espera una respuesta en breve. Sin embargo, los ecologistas han querido forzar la demolición. Por eso reclamaron la ejecución de la sentencia de 2008 el pasado mes de septiembre. El nuevo titular del Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo, Raúl Hugo Muñoz, ha rechazado decretar la ejecución provisional al entender que supondría "perjuicios ciertamente irreparables o irreversibles" para la promotora cuando aún se está a la espera del pronunciamiento del TSJA. El fallo que salga del alto tribunal andaluz, a su vez, podría ser recurrido ante el Supremo, lo que supondría otros cinco años más, calcula Domínguez.
Los grupos ecologistas han reclamado a la Junta y al Estado que presenten en el juzgado un millonario aval, que permitiría, según su interpretación, ejecutar la demolición. La empresa, como respuesta al último escrito de los ecologistas, señalaba que, de aceptarse sus pretensiones, "implicaría tener que destruir algo, con la posibilidad de que luego se declare la legalidad de lo construido, cuyo coste de construcción asciende a 34.282.222,5 euros", según un informe realizado en 2007 por Tasaciones Inmobiliarias.
Teresa Ribera descarta que el Gobierno ponga un solo euro de aval. "Sería un ejemplo malísimo, además, con dinero del contribuyente". La secretaria de Estado remarca que el ministerio puso reparos al proyecto desde 1988, cuando el Ayuntamiento, con el beneplácito de la Junta, aprobó el plan parcial que daba cobertura legal al macroproyecto. Además, recuerda que el ministerio inició un proceso de expropiación, que se ha dejado en suspenso hasta que haya un pronunciamiento firme sobre la licencia de obras.
Al margen del litigio abierto por la licencia, hay una ristra de recursos y sentencias. Los más importantes son los que se refieren al plan urbanístico de finales de los ochenta y al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque natural. Estos dos asuntos podrían retrasar aún más la salida. "Es un lento proceso judicial", reconoce Ribera, "pero hay que ser firmes y pacientes, el momento llegará".
El empleo como excusa
El Algarrobico no fue visto con malos ojos por muchos habitantes de Carboneras, que esperaban una oportunidad de empleo. La Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de esta localidad ha vuelto a defender recientemente el hotel, al considerarlo una "oportunidad de desarrollo económico y turístico".
El actual alcalde de la localidad, Salvador Hernández, del Grupo Independiente por Carboneras (Gicar), intenta mantenerse al margen de un proyecto del anterior equipo: "Abogo por una salida negociada entre la empresa, las Administraciones y los ecologistas". Aunque sostiene que el hotel "tiene todos los permisos del Ayuntamiento y de la Junta". Lamenta que "siga ahí sin dar frutos" y recurre al empleo que podría generar: "No estaría mal que se abriera".
El empleo siempre ha sido una de las bazas de los defensores del proyecto. Y, en tiempos de crisis, más. La promotora, en el escrito que presentó para que no se ejecutara la sentencia de 2008, defendía que la demolición del edificio va "en contra del interés general". Y adjuntaba parte de la encuesta del CIS de julio, en la que el paro (81,1%) y la economía (49,5%) son las principales preocupaciones de los encuestados. Y los problemas medioambientales solo para el 0,6%.
Teresa Ribera intenta romper con esta argumentación: "Eso no va a ningún lado, el empleo que se plantea es no sostenible en el tiempo". Y añade: "Es más fácil construir capital financiero que capital natural".
* El País - MANUEL PLANELLES 16/11/2011
Foto: Hotel El Algarrobico - elpais
Valencia.- Círculo por la Defensa del Patrimonio Cultural se opone a la desprotección del Jardín de Ayora
KAOSENLARED* : Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural exige al Ayuntamiento de Valencia y a la Consellería de Cultura que mantenga la protección máxima al Jardín Histórico de Ayora y Palacete, al ser un conjunto singular y único, que ha sobrevivido milagrosamente a la voracidad urbanística y a usos disparatados
Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural considera inadmisible rebajar la protección de cinco espacios BIC situados en Valencia ciudad, pues los citados monumentos poseen la relevancia y valor extraordinario, tal y como en su día fueron calificados por los expertos que redactaron las declaraciones aprobadas por la Consellería de Cultura.
Nuestra entidad estima, que el Ayuntamiento de Valencia debe redactar y aprobar los Planes Especiales de los referidos BICs y sus entornos, en aras a evitar daños en un futuro inminente, así como permitir las rehabilitaciones y puestas en valor y uso de los monumentos referidos para permitir su disfrute adecuado.
A continuación transcribimos el texto que constan en la ficha del Inventario de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, en su apartado dedicado a la Descripción, donde se indica el valor y la historia del PALACETE Y JARDÍN DE AYORA, uno de los pocos jardines históricos junto al de Monforte, que merece especial protección y cuidado por parte de las instituciones competentes.
“En el barrio de Algirós, junto al antiguo camino de ese nombre, integrado en la trama urbana de la ciudad se encuentra este Palacete y su jardín. Fue levantado como villa de recreo en la zona suburbana de la ciudad en 1900, aunque en la actualidad está completamente integrado en la trama urbana. Fue un palacio de recreo realizado para José Ayora según proyecto de Pelegrín Mustieles. Su construcción se llevó a cabo entre 1899 y 1900.
En el extremo norte del jardín se levanta el palacete sobre una terraza en altura cerrada con una balaustrada, que rodea el edificio. En la fachada principal se encuentra la escalera que salva la altura y da acceso al palacio. Se trata de un edificio cuadrangular dividido en planta baja, noble y ático bajo la cubierta. Con una torre en la parte central cuadrada con esquinas achaflanadas cubierta con una cúpula que adopta forma bulbosa con teja dorada. En cada uno de los lados de la torre se abren dos arcos de medio punto.
Cada una de las fachadas presenta tres vanos por planta. Los mayoría de los vanos son adintelados a excepción de los centrales de la planta noble tanto en su fachada principal como en su trasera, al igual que en la torre. Estos son de arco de medio punto doble. Los vanos que se disponen en el ático son rectangulares apaisados.
Las fachadas combinan bicromía con paramentos de ladrillo rojo y apilastrados y recercados de los vanos pintados con un color claro. Destacan la fachada principal y la trasera por su remate. En la trasera se dispone en el centro un frontón curvo. En la fachada principal un frontón curvo partido alberga la imagen de mercurio bajo la que aparece la fecha de la realización del edificio. Los huecos de la planta noble de estas dos fachadas presenta un antepecho abalaustrado, mientras que en las fachadas laterales únicamente está abalaustrado el central.
En el ático se disponen entre los vanos panes cerámicos con motivos geométricos. La cubierta del edificio es a cuatro aguas.
El interior ha sido muy reformado por su nuevo uso como guardería infantil y Sección de la Policía Municipal. Conserva la claraboya central realizada con hierro y vidrio de diversos colores, y algunas pinturas decorativos. Así como la escalera realizada con mármol y madera.
El conjunto está rodeado por una cerca, parte de ella es original. La zona de jardín más alejada de la casa y de forma rectangular es la que mejor conserva la vegetación original. La zona más cercana a la casa solamente conserva algunos de los árboles originales como algunas de la palmeras que flanqueaban el camino de acceso al palacete. En los años setenta se instaló una discoteca siendo adquirido por el Ayuntamiento”.
A través de Resolución de fecha 30 de diciembre de 1982, se incoa expediente de declaración de MONUMENTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO a favor del Palacete y Jardín de Ayora, publicándose la Resolución en el BOE el 25 de febrero de 1983. Anotación del Ministerio de Cultura: A-R-I- 52-0007259
Durante todos estos años, el citado Jardín y Palacete de Ayora ha conservado su estructura y contenido casi intacta, formando su vegetación, fuentes, construcciones, muros… una unidad singular que merece ser conservada y protegida institucionalmente, arbitrándose las medidas oportunas para evitar cualquier alteración, que ponga en peligro y distorsione su espíritu original.
Es importante destacar que el Jardín de Ayora y su Palacete, a pesar de que ciertos tramos del muro original se han sustituido de forma perversa e injustificada por tramos de verja (actuaciones estimamos que han alterando en parte su lectura y han atentando contra lo establecido en la Carta de Florencia), merece gozar de la máxima protección legal pues es uno de los escasos vestigios de Jardines Históricos que han sobrevivido al desarrollo urbanístico en Valencia ciudad.
A continuación transcribimos dos artículos de la Carta de Florencia, que merecen ser motivo de reflexión para las autoridades locales y autonómicas:
“Artículo 14. El jardín histórico debe ser conservado en un entorno apropiado. Toda modificación del medio físico que ponga en peligro el equilibrio ecológico debe ser proscrita. Estas reglas se refieren al conjunto de la infraestructura, tanto externa como interna (canalización, sistemas de riego, caminos, estacionamientos, tapias, dispositivos de vigilancia, atracciones para el visitante, etc.).
Articulo 22. Cuando un jardín está cerrado por muros, no deben suprimirse éstos sin considerar previamente todas las consecuencias perjudiciales que podrían producirse en cuanto a modificación del ambiente y protección de dicho jardín.
1982 – Carta de Florencia – ICOMOS
Adoptada por ICOMOS en Diciembre de 1982″
Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, considera inadmisible y totalmente injustificada la rebaja de protección del Jardín y Palacete de Ayora que desea tramitar el Ayuntamiento de Valencia ante la Consellería de Cultura, Turismo y Deportes, pues el Jardín de Ayora y su Palacete, es una de las muy escasas muestras de casas de recreo burguesas de finales del siglo XIX que existen en Valencia, y continua manteniendo su importancia histórica al ser un ejemplo, una huella de un hermoso jardín de “hortus conclusus”. El citado BIC, se ha conservado bastante bien, a pesar de la voracidad urbanística y los usos ajenos y dispares que ha tenido en las últimas décadas, antes de que el Ayuntamiento lo adquiriese y protegiese legalmente.
Sería un grave error que el BIC del Jardín de Ayora y Palacete, fuese rebajado a Bien de Relevancia Local, pues todo Jardín Histórico, tal y como recomienda la mencionada Carta de Florencia, debe protegerse, en un “entorno apropiado”, evitándose “toda modificación del medio físico que ponga en peligro el equilibrio ecológico”. La referida norma de ICOMOS indica claramente, en su artículo 14, la necesidad de proteger su entorno, tanto externo como interno, incluyendo canalización, sistemas de riego, caminos, estacionamientos, tapias, dispositivos de vigilancia, atracciones para el visitante… así como la necesidad de que el Jardín de Ayora y Palacete puedan ser contemplados y valorados exteriormente, sin alteraciones paisajísticas que impidan su disfrute y conservación presente y futura.
Al ser el citado Jardín Histórico de Ayora y Palacete, un espacio donde hay árboles singulares, es preciso contemplar la conservación del subsuelo y evitar, la construcción de aparcamientos u otras instalaciones subterráneas, que de alguna manera puedan atentar contra la supervivencia presente y/o futura de las especies vegetales.
Nuestra entidad considera que es una oportunidad histórica única para el Ayuntamiento de Valencia y la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, iniciar la redacción del Plan Especial de Protección del BIC y su entorno, en favor del Jardín de Ayora y su Palacete, a la vez que inicia un proyecto didáctico y turístico riguroso, destinado a que los ciudadanos y visitantes puedan conocer y disfrutar de la singularidad y valor de nuestros dos grandes jardines históricos, conjuntos que han sobrevivido milagrosamente a la voracidad urbanística.
Indicar igualmente, que tenemos constancia de la existencia de fotografías antiguas del Jardín de Ayora, documentos visuales que tuvo a bien entregar el director de cine Rafael Gassent hace ya un tiempo al Sr. Domingo Fletcher, responsable de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Valencia.
Tal y como comentamos en una reunión, al concejal Ramón Isidro Sanchis, sería positivo y deseable destinar los palacetes de Ayora y Monforte a actividades expositivas, donde se pudiese ver la evolución e historia de los citados Jardines, así como permitir la entrada de los visitantes al Jardín de Monforte por su entrada natural, que es la del Palacete, incrementándose la vigilancia y la seguridad.
Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, estima que es fundamental recuperar y exponer públicamente ese valioso material fotográfico, a la vez que se contacta con María Teresa Santa María, experta en el Jardín de Monforte, pues sería muy positivo y recomendable organizar una exposición y redactar una guía del famoso y extraordinario jardín histórico nacional, para celebrar la rehabilitación, que se prevé concluya a finales de diciembre del 2011.
A continuación y dada su importancia, transcribimos los artículos de la Carta de Florencia, donde se hace especial hincapié en las obligaciones legales y administrativas que deben asumir las autoridades responsables, subrayando la necesidad de proteger los planes de utilización del suelo a través de los documentos de ordenación y planificación del territorio, Evidentemente, en un jardín histórico o en otro espacio ajardinado, el subsuelo y su entorno debe gozar de especial protección y cuidado por parte de las instituciones, evitándose la construcción de aparcamientos o metros.
“PROTECCIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA.
Artículo 23. Corresponde a las autoridades responsables tomar, con el asesoramiento de expertos competentes, las disposiciones legales y administrativas apropiadas para identificar, inventariar y proteger los jardines históricos.
Su protección debe integrarse en los planes de utilización del suelo y en los documentos de ordenación y planificación del territorio. Corresponde igualmente a las autoridades responsables tomar, con el asesoramiento de expertos competentes, las disposiciones económicas tendentes a favorecer el mantenimiento, la conservación, la restauración y, cuando sea necesaria, la recuperación de los jardines históricos.
Artículo 24. El jardín histórico es uno de los elementos del patrimonio cuya superviviencia, en razón de su naturaleza, exige mayores cuidados contínuos por medio de personas cualificadas. Conviene que una enseñanza apropiada asegure la formación de estas personas, ya se trate de historiadores, arquitectos, paisajistas, jardineros o botánicos.
Debe velarse para asegurar también la producción regular de los vegetales incluídos en la composición de los jardines históricos.
Artículo 25. El interés por los jardines históricos deberá ser estimulado por todo tipo de actuaciones capaces de revalorizar este patrimonio y hacerlo conocer y apreciar mejor: promoción de la investigación científica, intercambio internacional y difusión de la información, publicaciones y trabajos de divulgación, estímulo del acceso controlado del público, sensibilización a través de los medios de comunicación en cuan to a la necesidad de respetar la naturaleza y el patrimonio histórico. Los más sobresalientes jardines históricos serán propuestos para figurar en la Lista del Patrimonio Mundial.
Adoptada por ICOMOS en Diciembre de 1982
* Kaos en la Red - Opinión - 29.11.11
Foto: Jardin de Ayora
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References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 14

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25