Source: http://desmitificandolamineriaenelperu.blogspot.com/2014/06/
Timestamp: 2017-04-30 22:29:17+00:00

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Faltas y delitos ambientales en Perú Los
casos más comunes con delito ambiental en Perú corresponden a las empresas petroleras
y mineras. Este hecho tiene que ver con lo establecido por los límites máximos
permisibles (LMP) para industrias, así como el ajuste de los estándares de
calidad ambiental (ECA), por parte del Ministerio del Ambiente (Minam) y otras
También tiene marcada influencia la filosofía anti industrias
extractivas que induce presiones
mediáticas debido a su dimensión vinculante con la política económica
sustentada en un modelo primario exportador que caracteriza al país de los Incas.
las normas peruanas, en caso de infracciones ambientales, el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental _ OEFA, puede imponer hasta 30,000 unidades
impositivas tributarias (UITs) a la
empresa infractora. Para el año 2014, el valor de una UIT es S/. 3,800 nuevos soles. Asimismo, la pena por un delito de contaminación
es de hasta seis años de privación de la libertad o cárcel.
este escenario, el diario Gestión indica que “el Juzgado de Investigación
Preparatoria Especializado en Delitos Ambientales de Piura abrió 323 procesos
por presuntos delitos contra el ecosistema en diversas regiones del norte del
país. Según informó, 23 de los casos están relacionados a la minería informal y
cinco de estos fueron cometidos en el distrito de Tambogrande, Piura. El órgano
jurisdiccional fue creado hace cinco meses y sus competencias alcanzan a los
distritos judiciales de Piura, Cajamarca, Tumbes, Lambayeque y Sullana”.
que el primer proyecto de grandes inversiones paralizado en el país por
conflictos sociales fue en Tambogrande, en el año 2002. La oposición de grupos
antimineros llevó a que se retire la empresa Manhattan; sin embargo, los daños
ambientales se realizaron por intervención de otras industrias productivas, las
cuales se mantuvieron en operación , sin una marcada oposición de ONGs
ambientalistas y laxa participación de las autoridades ambientales competentes.
Inversión sectorial en saneamiento En Saneamiento & minería difundimos algunas cifras de nuestras investigaciones en inversión sectorial en Perú, como que en el periodo 1985-2005 (veinte
años), las inversiones en Saneamiento fueron del orden de los tres mil millones
de dólares; en el periodo 2006-2010 (cuatro
años), se invirtió en Saneamiento el orden de los dos mil millones de dólares y de otro lado, entre Enero y
Noviembre del 2011 (11 meses), las inversiones en minería ascendieron
al orden de los 6 mil millones de dólares. 71.9 por ciento más respecto al
Para ver algún nivel de contraste, seguidamente citamos parte de la publicación "Políticas e institucionalidad enmateria de agua potable y saneamiento en América Latina y el Caribe. CEPAL donde las investigaciones de Franz Rojas Ortuste indican que "la ejecución presupuestaria en saneamiento fue
de 840 millones de dólares en el año 2009 y de 845 millones en 2012, que en
comparación con el periodo 2000-2005 (167 millones) ha sido mucho más alta,
como parte del impulso otorgado con el Programa Agua Para Todos (PAPT) durante el quinquenio 2006-2011.
Sin embargo, muchas obras del PAPT han quedado inconclusas o sin financiamiento
o personal para su operación y mantenimiento. Las fuentes de financiamiento han
sido fundamentalmente recursos del Tesoro Público y empréstitos y recursos no
reembolsables de la cooperación internacional, con baja contraparte de las Empresas Prestadoras de servicios de saneamiento (EPS).
En efecto, si bien las EPS se formaron entre 1994 a 1996, recién en 1999 se
emitió la Resolución 1200-99-SUNASS con la cual se dio inicio al proceso de
reordenamiento tarifario, y para fines del año 2006, con la Ley 28870, se efectuaron los
primeros ajustes tarifarios —salvo algunas excepciones—, dado que ya no se
requería del aval municipal para el efecto. Por su parte, el Plan Bicentenario
2021 considera estratégicos tanto el Programa Nacional de Saneamiento Rural que
contaría con un presupuesto de 640 millones de dólares, como el Programa
Nacional de Saneamiento Urbano con un presupuesto de más de 1,8 mil millones.
Dicho plan plantea avanzar hacia el acceso universal de la población a
servicios adecuados de agua potable y saneamiento, para lo cual fija la meta de 85% de la
población con acceso a servicios regulares de agua potable y 79% con cobertura de alcantarillado para el año
2021. De manera complementaria, se cuenta con el Plan Estratégico Sectorial
Multianual (PESEM) del MVCS, como instrumento orientador de la gestión institucional y sectorial, con objetivos
estratégicos, institucionales y sectoriales así como la programación multianual institucional y
sectorial. Adicionalmente, la Ley de modernización de los Servicios de Saneamiento_ Ley 30045 establece un impulso redistributivo en
la inversión sectorial, e indica que a partir del año 2013 el Gobierno Nacional
destine al menos 3% de los recursos previstos en inversión de obras de agua
potable y saneamiento, a los gobiernos regionales y locales que no reciban
canon, sobre-canon o regalía minera, para el financiamiento o cofinanciamiento
de proyectos de inversión en estos servicios. Estos recursos se distribuyen
entre las provincias tomando en cuenta factores
tales como población sin servicios, niveles de pobreza y capacidad financiera
Asimismo, de acuerdo con esta Ley 30045, el
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento podrá intervenir en aquellos
proyectos que se encuentren paralizados y que hayan sido financiados con recursos
del Ministerio, a fin de realizar las acciones que correspondan para la
culminación de las obras. De otro lado, el gobierno peruano dictó el Decreto Supremo N° 015-2013-Vivienda, que reglamentó la precitada Ley 30045, asignando funciones específicas al Organismo Técnico de
Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS); organismo cuyo desempeño es comentando en sendas publicaciones : Proceso de inversión privada en EPS y Reformas en gestión del agua en EPS. También emitió el Decreto Supremo N° 009-2014-Vivienda donde aprobó el procedimiento para la aplicación de aportes no reembolsables (ANR) en los Servicios de Saneamiento.
"Más de cincuenta empresas
prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) en el Perú –entre ellas Sedapal–
enfrentarán una reforma en los próximos años. SEMANA económica conversó con el
titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Milton
von Hesse, para entender los pormenores de dicha reforma. ¿Qué hará el gobierno
para arreglar la pobre gestión de estas empresas? Y… ¿qué rol tendrá el sector
El primer paso de la reforma es que el Gobierno Central reemplace a
los municipios como entes encargados de la gestión de las EPS. Para ello el
gobierno apelará a la voluntad de los alcaldes de ceder voluntariamente la
gestión de las EPS de sus localidades.
De momento, el gobierno no tomará
control de estas empresas a través de los mecanismos que establece la Ley de
Modernización de los Servicios de Saneamiento y su reglamento, según reveló
Milton von Hesse. Con esta ley, el gobierno central puede tomar control de las
EPS en situación de insolvencia, entre otros supuestos, tras una evaluación.
Sin embargo, el ministro asegura
que ya existen dos regiones donde todos sus alcaldes estarían dispuestos a
ceder el control de sus EPS. Tras obtener el control de las EPS, se ejecutarían
procesos graduales de ingreso de la inversión privada.
Primero se buscará promover la
inversión y gestión privada en las plantas de tratamiento de aguas residuales y
las plantas de tratamiento de agua potable a través de modelos de asociaciones
público-privadas (APP) y del mecanismo de obras por impuestos. De acuerdo a la
evolución de cada EPS, la participación privada se extendería al manejo
comercial de la empresa, como la microfacturación, el cobro de los servicios y
hasta la gerencia misma.
Por ahora, no se privatizarán
–transferir en su totalidad a una empresa privada– estas empresas, como se hizo
con la EPS de Tumbes, que se privatizó a la Empresa Aguas de Tumbes y que hoy
constituye la única EPS privatizada en el Perú. Pese a ello, el objetivo de la
reforma es implantar modelos de gestión basados en criterios de eficiencia en
La "Autoridad Nacional" mencionada en la Ley 29338-Ley de Recursos Hídricos, es precisada como una referencia a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en la sentencia del Tribunal Constitucional: STC Nº 0001-2012-PI/TC ; la cual declaró a inconstitucionalidad de la Ordenanza Regional de Cajamarca N.° 036-2011-GR.CAJ-CR, que declara inviable el Proyecto Minero Conga.
Asimismo, sobre la explotación de recursos naturales_ señaló que,no es una actividad que se encuentre desregulada, y tampoco cuenta con licencias especiales que la eximan de la compensación o indemnización de los daños que esta origine.
El Colegiado hace referencia al deber que tienen las empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales de establecer mecanismos para prevenir daños ambientales y conflictos sociales. Dicho de otro modo, las empresas tienen la obligación y
responsabilidad social de desarrollar su actividad empresarial en armonía con los intereses de la comunidad.
Seguidamente hace referencia al conjunto de obligaciones que asume el Estado frente a las actividades extractivas de recursos naturales. El Estado debe fiscalizar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección del medio ambiente; asimismo, implementar políticas públicas que beneficien de manera especial la principal actividad económica de las poblaciones aledañas a los proyectos extractivos.
Posteriormente desarrolla la atención a situaciones de daño o afectación de derechos de terceros que deben observar las empresas. Si la actividad empresarial, genera daños estos no solo deben ser sancionados por la Administración, sino que deben generar una
reparación directa, justa, inmediata y proporcionada a las personas directamente perjudicadas.Los órganos jurisdiccionales
deben convertirse en garantes de estos intereses, debiendo para ello considerar de manera objetiva y responsable los daños provocados a fin de establecer un pago indemnizatorio proporcional a los daños sufridos.
Tanto el Estado, como la empresa,tienen el deber de plasmar el principio de co-participación de la riqueza (empresa-comunidad).
Seguidamente se presenta el resumen de la sentencia publicada el 17 de Abril del 2012:
declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Fiscal de
la Nación contra la Ordenanza Nº 036-2011-GR.CAJ-CR del Gobierno Regional de Cajamarca,
que declara inviable el proyecto Conga al determinarse que el Gobierno Regional
de Cajamarca se extralimitó en sus funciones y contravino la repartición de
competencia establecida por la Constitución, pues los gobiernos regionales no
son competentes para regular aspectos relativos a la gran y mediana minería. Por
tal motivo, señaló, que corresponde al gobierno nacional elaborar planes de
control de la actividad económica de las empresas dedicadas a la extracción de minerales,
pues si bien la inversión privada es necesaria para crear riqueza, corresponde
al Estado el ineludible rol de fiscalizar que tales actividades no se
encuentren reñidas con el medio ambiente, principalmente en el caso de
actividades extractivas.En el presente caso, el Colegiado
advirtió de los considerandos de la Ordenanza Regional bajo examen dos tipos de
argumentos: Aquellos dirigidos a sustentar la conservación e intangibilidad de
la protección de cabeceras de cuencas como de interés público regional, y
aquellos dirigidos a sustentar la inviabilidad de la ejecución del proyecto
Conga al cuestionar el EIA de tal proyecto minero aprobado por la Dirección General
de Asuntos Ambientales (DGAAM) del MEM.Señaló también que este proceso
de inconstitucionalidad era en esencia un conflicto de competencias que debe
ser tramitado según lo ordena el artículo 110º del Código Procesal
Constitucional debido a que la Ordenanza Regional tiene rango legal (art. 200º,
inciso 4, de la Constitución). Precisó, por otro lado, que en este caso en particular, no analizaría la legalidad o constitucionalidad de
actos administrativos como el EIA referido, por no ser competente para ello en el presente proceso, avocándose exclusivamente a determinar las competencias establecidas por la Constitución y otras normas (LBD, LOGR, Ley Nº 28273 - Ley
del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales,Decreto Supremo N°052-2005-PCM o el Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM, entre otros),tanto para los gobiernos regionales como para el Gobierno Nacional en el ámbito
del sector minero, teniendo en consideración la protección del medio ambiente,
específicamente, los recursos hídricos (las cabeceras de cuenca). Asimismo, para determinar los límites concretos de las competencias de los gobiernos regionales y el Gobierno
Nacional, el Colegiado apeló al test de competencia, el cual está estructurado según determinados principios constitucionales: principio de unidad, principio de competencia, entre otros, desarrollados en las STC Nº 0020-2005-PI/TC (FF.JJ. 34-79) y otras (0024-2006-PI/TC, 006-2010-PI/TC y 008-2010-PI/TC).
Así, refirió que la Constitución (art. 192º) ha establecido que las regiones son competentes para regular las
materias relativas al ámbito de minería.
Por su parte, la LBD (art. 36 c) y la LOGR (art. 10º inc 2 c), en su calidad de normas interpuestas, han establecido que estas competencias son compartidas. Sin embargo, aclaró que estos artículos no presentan una lista específica de cómo se reparten tales
responsabilidades normativas,pero que ello se podría deducir de lo establecido en el artículo 59º de la LOGR, que complementando y desarrollando las disposiciones previas, establece que son funciones específicas de los Gobiernos Regionales, en materia de energía y minas e hidrocarburos: “a) Formular,aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los
planes y políticas en materia de energía, minas e hidrocarburos de la región,en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales. […]” y “f)Otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal de alcance regional” (énfasis agregado).
De lo expuesto advirtió que los gobiernos regionales están encargados de regular y fiscalizar la pequeña minería y la minería artesanal, no contando con competencia expresa en el ámbito de la gran y mediana minería, cuya competencia corresponde al Gobierno Nacional. Por tanto, siendo esto así, concluyó el Tribunal que el Gobierno Regional de Cajamarca no tiene competencias normativas para declarar la inviabilidad de la ejecución del proyecto de gran minería,como es el caso del proyecto Conga; y que, con la Ordenanza Regional impugnada, estaría excediendo sus funciones y contraviniendo la repartición de competencia establecida por la Constitución y las normas antes citas. Por todo ello, consideró que el artículo segundo de la Ordenanza regional bajo estudio debía ser declarado inconstitucional.
De otro lado, en la Ordenanza Regional impugnada se planteó también proteger a determinado sector de la población cajamarquina de un proyecto minero cuyo EIA tenía, supuestamente,serias deficiencias. El Colegiado, expresó al respecto, en consonancia con lo
señalado en el punto anterior, que la determinación y autorización del EIA para proyectos de mediana y gran minería era competencia del Gobierno Nacional. A mayor abundancia, citó que tal relevancia ha sido, asimismo, reconocida en la
LRH, que en su artículo 75 establece: “El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas.
La Autoridad Nacional, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua”.
Además, puntualizó que del artículo 4 de la LRH se lee que la Autoridad Nacional es una referencia a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Por lo tanto, es el ANA el organismo
encargado de determinar la intangibilidad de una zona de cabecera de cuenca y no el Gobierno Regional, que no interviene en tal procedimiento.
Consecuentemente, determinó que atendiendo al principio de taxatividad y de subsidiariedad, el Gobierno Regional de Cajamarca no era competente para declarar la intangibilidad de las cabeceras de cuenca en su región, deviniendo también
en inconstitucional el artículo 1º de la ordenanza impugnada".
En nuestra publicación ¿Gran minería es un tema de Estado? indicamos el relacionamiento entre el sectores minero y saneamiento. Manifestamos que las comunidades colisionan y
generan conflictos sociales con todo lo que significa "competencia al
acceso del recurso agua", más aún si es que se trata de pequeñas
localidades donde los servicios son deficientes y cuentan con tarifas
subsidiadas, siendo los municipios los que por razones políticas cubren los
costo de estos servicios. Precisamos entonces que en el ámbito urbano las EPS
están, en su mayoría, atravesando una severa crisis empresarial y financiera
que las está llevando al colapso, el cual se expresa en insolvencia
"Las empresas prestadoras de agua
y desagüe (EPS), entre las que se encuentran Sedapal y otras 48 a nivel
nacional, tienen una historia de mala gestión de más de dos décadas. Hay, desde
luego, EPS con mejor gestión, pero en general, la calidad de su servicio
—estándares de calidad del agua, continuidad del servicio— y su cobertura
—número de usuarios con conexión de agua y desagüe— es pésima.
el negocio de casi la mitad de estas EPS no es rentable y subsiste a través de
subsidios y transferencias presupuestales, pese a que con una adecuada gestión
podría ser autosuficiente y rentable. ¿Quién es responsable de tan mala gestión? Los municipios provinciales,
que son dueños de estas empresas y que, como entes políticos, a veces las
utilizan como caja chica o como despensa de puestos de trabajo para pagar
Recientemente el ministro de
Vivienda, Milton Von Hesse, consideró que es hora de cambiar el modelo de
gestión de estas EPS, cuyos directorios son elegidos por los municipios. Sin
embargo, aún no se sabe con exactitud cuál es el modelo que reemplazará al
actual, ni el cronograma de tal transición. Lo que sí se sabe es que este
cambio se hará de acuerdo a lo establecido en la ley de modernización de los servicios de saneamiento y su
reglamento. ¿Qué establece esta ley (y
su reglamento) al respecto?
CUANTO PEOR SEA LA GESTIÓN, MAYOR
SERÁ LA INTERVENCIÓN (DEL GOBIERNO CENTRAL) EN EPS
Las EPS que tengan una gestión y
situación financiera adecuada continuarán operando tal como lo hacen
actualmente. Ello significa que los municipios conservarán el control sobre
tales empresas.
Para las EPS que tienen una mala
gestión, es decir, que incumplen con las
metas que establece la SUNASS — regulador de las EPS— como expandir sus conexiones, o que tienen
una situación de insolvencia financiera, entre otros supuestos, la ley encarga
su administración al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de
Saneamiento (Otass) —organismo que esa misma ley crea pero que aún no ha sido
implementado—, el cual depende del gobierno central. Este organismo asumiría el
rol de los municipios en la gestión de la empresa hasta por 15 años. A este
régimen la ley lo llama Apoyo Transitorio.
Las EPS con una gestión incluso
peor —en situación de quiebra— serán sometidas a un proceso concursal, en el
cual sus acreedores —usualmente otras entidades estatales como la SUNAT y el
MEF — tomarían el control de la empresa. Pero tras el proceso concursal, ¿quién
estará a cargo de la compañía? Tales acreedores — evidentemente — no tienen
experiencia en el manejo de las EPS ni mucho menos tienen tal función entre sus
competencias. Así, es presumible que el Otass también se haga cargo de tales
EPS tras su proceso concursal.
Al 2012, existían al menos 10 EPS
con pérdidas de más de S/.1 millón y
otras 11 con pérdidas menores. Entonces,
¿cerca de 21 de estas empresas, de un total de 49, pasarían a ser controladas
por el Gobierno tras una reforma?
PARTICIPACIÓN DE PRIVADOS EN LAS
La ley indica que durante el
régimen de Apoyo Transitorio, el Otass puede promover la inversión privada en
las EPS. Dado que las EPS atravesarían un proceso concursal gestionadas por el
Otass, tal oportunidad de inversión privada también se daría en ese supuesto.
Pero, ¿bajo qué condiciones
entrarían los privados en las EPS? En la ley y su reglamento no se indica ello
con exactitud. Lo que sí se indica es que la administración del Otass duraría,
como ya se mencionó, máximo 15 años.
Luego de ese periodo, ¿qué pasaría con la inversión privada? ¿Se vería obligada
a vender su participación a los municipios? ¿Tendría que cogestionar la EPS con
ellos? Tales preocupaciones, pueden ser las principales limitaciones en un
eventual proceso de inversión privada en las EPS.
Asimismo, aún persiste la
interrogante de si el Gobierno permitirá que las EPS puedan ser privatizadas en
su totalidad —actualmente la única EPS privatiza es Aguas de Tumbes—. Actualmente, la ley y su reglamento sólo
contemplan la posibilidad de que se hagan Asociaciones Público Privadas
(APP’s), aunque no se desarrollan a detalle tales situaciones.
La ley y su reglamento únicamente
dan pistas de cuál es el plan del gobierno para las EPS. En buena cuenta, tan
solo constituyen el esqueleto sobre el cuál se desarrollará la ansiada
modernización de la gestión de las EPS. De su análisis, no cabe duda de que el
objetivo del Gobierno es mejorar la gestión de las EPS —y por tanto su
deficiente servicio y cobertura—. Los expertos como Pablo Secada, que trabajó
en los intentos de privatización de las EPS de los 90, coinciden en que el
modelo actual favorece la corrupción por parte de los municipios.
Sin embargo, el Gobierno central
aún no ha demostrado que su propuesta de centralizar la gestión de las EPS en
un organismo del Ejecutivo, efectivamente vaya a mejorar el servicio que
ofrecen las prestadoras de servicios. Existen varios obstáculos que tal reforma
deberá superar. Los principales riesgos son la eventual resistencia social y
política a que estas empresas sean centralizadas.
El famoso “Arequipazo” es un
ejemplo de cuán fuerte pueden ser estos factores en esta clase de situaciones.
Así, está en la cancha del Gobierno central revelar los pormenores de su
reforma, y diseñar una estrategia que pueda llevar adelante. No va a ser una
tarea sencilla, aunque es favorable que exista la voluntad política para
Para poner en marcha un proyecto minero en el Perú, se tienen que tramitar entre 250 a 400 permisos y autorizaciones ante una diversidad de instituciones públicas, que obligan al inversionista a tener que
contratar más abogados, que ingenieros para concretar ese tipo de empresas.
Así lo observó Francisco Tong, socio del Estudio Rodrigo,
Elías & Medrano, que advirtió que las empresas mineras deben contratar un
ejército de abogados y demorar varios años en trámites, por un excesivo control
de la administración pública y rigidez en la normativa, particularmente a éste
Puso como ejemplo que si bien la minería consume sólo el 2%
del agua, y el agro consume un 80% de ese recurso natural, a proyectos de ésta
última actividad le toma mucho menos tiempo conseguir permisos, que a la
minería, y tramitar esto le toma años.
En tal sentido, remarcó que no existe uniformidad en la
aplicación de las normas, y más aún, existe falta de predictibilidad en los
procedimientos, que son poco definidos y arbitrarios, que hacen todo un reto
hacer minería en el país.
Frente a esto, se preguntó cómo el Gobierno puede pretender
formalizar a los pequeños mineros, por lo que planteó cambios en los enfoques
de la regulación, modificar los términos de referencia para el otorgamiento de
permisos y autorizaciones, y reformar los textos únicos de procedimientos
administrativos (TUPA).
El diario Gestión difundió el anuncio del presidente de la República, Ollanta Humala, que el Consejo de Ministros aprobó un grupo de
medidas que abordarán prioritariamente la modificación del sistema tributario,
impulso a la inversión en sectores claves y la reducción de sobrecostos al
“Aún existen una serie de limitaciones para que la inversión
privada se ejecute a la velocidad que necesitamos los peruanos, por eso en los
próximos días presentaremos al Congreso de la República una serie de medidas
que permitirán impulsar el crecimiento económico y las inversiones de las
pequeñas, medianas y grandes empresas”, señaló.
Indicó que las medidas constituyen una “nueva etapa” dentro
de las reformas que ha venido implementando el gobierno para agilizar las
inversiones y abordarán prioritariamente tres frentes.
El primer frente será la modificación al sistema tributario
para reducir costos de transacción y darle predictibilidad al contribuyente.
“El segundo es el impulso a la inversión en sectores que,
por la magnitud de sus inversiones, son generadores de crecimiento y empleo
como son minería, hidrocarburos, telecomunicaciones, entre otros”, dijo.
Mientras que el tercer frente es para la reducción de
sobrecostos de la economía, a través de la simplificación de trámites,
procedimientos exigibles al sector privado y la eliminación de incentivos
perversos en la aplicación de sanciones.
“Además para que los procesos de contrataciones en el Estado
sean más rápidos y eficientes, se modificará la Ley de Contrataciones del
Estado con el objetivo de acelerar los procesos de contratación, generar
incentivos para la competencia y reducir los riesgos de fraude y la
corrupción”, enfatizó.
Perú es un país mega diverso, reconocido mundialmente por su privilegiada biodiversidad que se ve reflejada en la atención internacional de lugares como la Zona Reservada de los Pantanos
de Villa que a partir del 20 de enero de 1997 la Convención RAMSAR
reconoce esta zona como Humedal de Importancia Internacional para Aves
En este contexto, el diario oficial El Peruano, difunde una entrevista didáctica que nos estaría dando mayores elementos de análisis para lograr entender lo que viene sucediendo: "Más allá de la devastación intensa y focalizada que se
registra en Madre de Dios, el manejo de conservación de la biodiversidad
avanza. Se diseñó una estrategia y el esfuerzo involucrará en este proceso a
¿Cuál es la situación que muestra el Perú? Se habla de una
biodiversidad impresionante que podría verse afectada por acción propia de la
En el Perú no hemos tenido una intervención histórica tan
agresiva con el medioambiente. Los Andes son un modelo de gestión sostenible
tradicional de un ecosistema de montaña. Los antiguos peruanos domesticaron la
montaña y la mejoraron en comparación con otros lugares donde la degradaron.
Las montañas muy empinadas, sometidas a una erosión tremenda y a un estrés
hídrico, fueron domesticadas con sistemas de andenes, de mofedales (¿ bofedales?) y de otros
asociados. En el caso de la biodiversidad ocurre lo mismo, no la disminuyeron,
sino que la aumentaron, diversificando plantas. La papa, por ejemplo, de nueve
especies sacaron 3,600 variedades.
¿El peruano es consciente de esta realidad y de lo que
implica conservar el medioambiente?
–El peruano antiguo fue amigable. Hoy más bien sí tenemos
agresiones; hay ecosistemas un poco más amenazados que otros. Los sistemas
acuáticos son los más afectados por el tema de una minería ilegal incontrolada.
Los ecosistemas de agua dulce (ríos) están muy contaminados; y el mar peruano
tiene zonas bastante afectadas, tanto por contaminación de los desagües de las
ciudades como por la sobreexplotación de recursos, como algas marinas,
mariscos, peces de roca. Hay otros ecosistemas que sí están bien conservados,
La zona amazónica, Madre de Dios específicamente, es la más
afectada por la contaminación, ¿qué tan grave es?
Es grave e impactante ver una imagen de la afectación de la
minería ilegal en Madre de Dios, pero habría que decir que en el contexto de
los 70 millones de hectáreas de bosques que hay en el Perú, 40,000 hectáreas
han sido afectadas. Si usted me pregunta cómo están los bosques amazónicos, le
diría que tienen una afectación intensa, pero localizada por la minería
aluvial. Otra menos grave pero también preocupante es la que genera la tala
insostenible, que afecta a varios millones de hectáreas. En lo que corresponde
a bosques, conservamos el 85% o el 90% de bosques nativos, lo que es muy bueno.
Existen esfuerzos privados, muy comprometidos en este
–Ese es una de las grandes noticias en los últimos años: la
incursión de la iniciativa privada en la conservación de bosques naturales por
medio de varias modalidades, de proyectos vinculados con el ecoturismo, por
simple iniciativa de conservación o mediante empresas que han visto en la
conservación una forma de mejorar su competitividad. Una empresa que brinda un
cuidado especial al medioambiente mantiene una mejor relación con la población
local, que depende de sus ecosistemas, logra una mejor imagen y menos gastos a
la hora de hacer el cierre, por mitigar impactos ambientales.
¿Este estudio que elabora el Minam ha permitido esa
identificación que describe o ya se conocía?
–En el quinto informe del estado de la diversidad biológica
se hace una consultoría que nos pone en relieve mucho de esto, y también en el
informe anual del estado del ambiente. En el Minam hacemos periódicamente una
especie de corte y evaluación. En el quinto informe, que lo estamos terminando,
la consultora acopió información de diversas fuentes, y con eso tenemos
indicios y datos de qué cosas nuevas han surgido entre 2010-2013 en cuanto a
biodiversidad. Esa es la línea base para la estrategia nacional de diversidad
Esto sirve para fines internos, de la estrategia nacional,
¿pero también para cumplir metas internacionales?
–Exacto. Tenemos las famosas metas Aichi, que es el plan de
acción que se firmó en Nagoya, Japón. Son 20 metas globales que en buena medida
se incorporaron a nuestra estrategia nacional de biodiversidad.
–Mire, esa es una buena pregunta para la que no tengo
respuesta. Y se lo digo porque recién la tendremos en pocos años. La anterior
estrategia de biodiversidad no contaba con un sistema de monitoreo. Eran
lineamientos para la acción, pero no había forma de medir su nivel de
cumplimiento. Esta estrategia sí ofrece un plan de acción con metas objetivas y
¿Cuánto beneficia esta biodiversidad a estas zonas
–Se calcula que entre el 3% y 15% del PBI del Perú depende
de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos, en términos de provisión,
regulación, aprovisionamiento. Para un poblador de Lima no representará mucho,
pero sí para uno que vive de sus ecosistemas
–Mucho. Es uno de los países que más han contribuido, No
somos uno de los mayores exportadores en volumen, pero sí de genes. El tomate,
por ejemplo, que se cultiva en el mundo, el 90% de sus genes son del Perú. Así
ocurre también con la papa y con los granos andinos. Probablemente, la quinua
reemplazará al arroz en 20 o 30 años, pues en términos nutricionales no hay
El director de Diversidad Biológica del Ministerio del
Ambiente (Minam), José Álvarez, asegura que a pesar de lo que se dice de las
debilidades de las regiones en términos de gestión, en lo que respecta al
manejo de biodiversidad, su sector encuentra un avance. Sostiene que desde Lima
se pueden dictaminar políticas, pero no es posible responder a la demanda
sentida de la gente de un valle, de un cultivador de café. “Trabajamos con diez
regiones para implementar sus políticas de mejoramiento de la gestión de la
diversidad biológica. Las apoyamos en la actualización o elaboración de su
estrategia regional. Hay un vínculo, pero ahora ellas deben trabajar con las
autoridades locales antes de llegar a los campesinos, agricultores, pescadores.
En muchos casos, estos últimos no están interiorizados con el tema y no poseen
las capacidades suficientes.”
En relación con los trabajos para mitigar la afectación a la
biodiversidad, afirma que el Minam aporta básicamente lineamientos, políticas,
estrategias e instrumentos de gestión, pero que sí tienen competencia –por el
convenio Ramsar– en la protección de humedales.
Tras cuatro años de trabajo, la Dirección General de
Diversidad Biológica elaboró el Quinto Informe Nacional del Perú sobre
Aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Aquí se mostrará la situación de los ecosistemas, especies y
genes, así como las amenazas que pesan sobre estos, destacando el trabajo para
revertir la pérdida de biodiversidad.
El objetivo es que brinde oportunidades reales para el
desarrollo nacional y el bienestar de las poblaciones.
Con el Ministerio de Economía, el Minam trabaja la
herramienta ‘Lineamientos para proyectos de inversión pública verdes’, dirigida
a gobiernos regionales y alcaldes de todo el país".
Desde inicios de siglo, los primeros Ingenieros formados en
universidades del Perú, comenzaron ha reunirse en Asociaciones y Juntas.
Así se creo el “Colegio de
Ingenieros del Perú”. Han transcurrido 51 años y los ingenieros venimos
recordando, cada 8 de junio, a nuestro Colegio Institucional, a la Ingeniería y
a los Ingenieros.
El rol que cumplen los Ingenieros en el país, hoy, es
resaltado en todos sus confines. Este se refleja principalmente en las obras de
infraestructura física, puesto que la ingeniería es una profesión identificada,
principalmente, con la construcción en armonía con el medio ambiente.
Los ingenieros deben combinar la explotación de los recursos
naturales con la tecnología y el conocimiento, para ayudar a la sociedad. Combatir
la pobreza es su principal aporte.
“La ingeniería es la
profesión, en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales se
aplica en beneficio de la comunidad”. Para tí Ingeniero o Ingeniera
Que construyes un mañana mejor, que participas en el
desarrollo de proyectos para mejorar la calidad de vida de los pobladores, a lo
largo y ancho de nuestro país. Que sigas trabajando con mucho entusiasmo, proponiendo y
analizando las mejores soluciones técnicas para el crecimiento sostenible.

References: Resolución 
 artículo 110
 artículo 59
 artículo 75
 artículo 4
 artículo 1