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Derecho de petición No. 18 al presidente Álvaro Uribe sobre la Comunidad de (...) - Desde los márgenes
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Derecho de petición No. 18 al presidente Álvaro Uribe sobre la Comunidad de Paz
Lunes 7 de diciembre de 2009, por Javier Giraldo M. , S.J.
"Si el Señor Presidente renunciara a los propósitos persecutorios contra la Comunidad de Paz, restauraría su honor y su buen nombre retractándose de sus calumnias que han servido de justificación a tantas violencias contra la Comunidad acallando a quienes las están reeditando constantemente para servir a sus propósitos, como periodistas, ex ministros, funcionarios judiciales, paramilitares, políticos e intelectuales; reubicaría las unidades de la fuerza pública en donde no incentiven el conflicto armado ni violen las opciones de paz de la Comunidad; permitiría que los proyectos de economía solidaria se desarrollaran con tranquilidad y que la vida, la libertad y dignidad de los miembros de la Comunidad y de la población de su entorno dejaran de ser rehenes de sus proyectos políticos, económicos y militares".
Bogotá, 3 de diciembre de 2009
· Derecho de Petición de 29.07.03 – Rad: 152982
· Derecho de Petición de 15.10.03 – Rad: 195947
· Derecho de Petición de 15.01.04 – Rad: 241719
· Derecho de Petición de 26.02.04 – Rad: 260021
· Derecho de Petición de 05.04.04 – Rad: 279992
· Derecho de Petición de 20.05.04 – Rad: 300313
· Derecho de Petición de 06.07.04 – Rad: 320803
· Derecho de Petición de 20.09.04 – Rad: 359840
· Derecho de Petición de 19.01.05 – Rad: 399453
· Derecho de Petición de 12.05.05 – Rad: 419900
· Derecho de Petición de 16.09.05 – Rad: 435971
· Derecho de Petición de 21.11.05 – Rad: 442212
· Derecho de Petición de 16.03.06 – Rad: 06-26397
· Derecho de Petición de 18.09.06 – Rad: 06-209339
· Derecho de Petición de 03.07.07 – Rad: 07-67332
· Derecho de Petición de 31.03.08 – Rad: 08-31917
· Derecho de Petición de 16.02.09 – Rad: 09-15.563
Nuevamente, Señor Presidente, invoco el derecho constitucional de petición, al igual que en las 17 ocasiones anteriores, para volverle a suplicar que cese la persecución de exterminio contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y que, haciendo uso de las atribuciones que la Constitución Nacional le otorga y cumpliendo los deberes que la misma le impone, intervenga sin dilación en las instituciones que no han cesado de perpetrar crímenes horrendos en nombre del Estado y remueva a los funcionarios que han utilizado su investidura oficial para desconocer todo derecho humano y toda norma legal, así como para convertir misiones que la Constitución diseña como medios de protección de la ciudadanía, en cometidos de destrucción y agresión que se ejercen con la bajeza delincuencial más repudiable, como la práctica de ejecuciones, torturas, violencia sexual, destrucción de cultivos y bienes, saqueo de despensas, conminación a abandonar los territorios bajo las más graves amenazas, anuncios permanentes de exterminio, empadronamientos ilegales, compra de falsos testigos, usurpación de funciones judiciales, sobornos y chantajes, promoción y protección de estructuras paramilitares, actividades de inteligencia con fines perversos, utilización de los recursos del erario público para disuadir a poblaciones de adelantar proyectos de economía solidaria, etc.
En los últimos meses y semanas se ha reiterado, por parte de diversas entidades, tales como la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, la Cancillería, el mismo Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo[1], el deseo de que se superen cuanto antes las dificultades de interlocución entre la Comunidad de Paz y las instituciones del Estado, de modo que se pueda llegar a concertaciones sobre medidas urgentes que habría que tomar para evitar más pérdidas de vidas y mayores sufrimientos de la población victimizada.
La Comunidad de Paz tuvo una larga experiencia de interlocución con el Estado pero nunca pudo llegar a evitar los crímenes ni a obtener formas de protección eficaz, ni a que se repararan los graves daños que los agentes del Estado y sus aliados paramilitares le causaron y le siguen causando. En 2004 , sin embargo, el proceso de concertación en torno al establecimiento de un puesto de policía en la zona, que no violara los principios esenciales de una Comunidad de Paz pero que al mismo tiempo le permitiera a la Policía cumplir con su misión constitucional, hizo pensar que se había encontrado un camino de diálogo fecundo que podría evitar tanta violación de los derechos humanos. Pero cuando se estaba a punto de ejecutar el acuerdo, el Ejército perpetró la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005 y el Señor Presidente lanzó graves calumnias contra la Comunidad por todos los medios masivos de comunicación, al tiempo que le ordenó a la Policía ocupar los espacios de vida y trabajo de la Comunidad de Paz, desconociendo todo lo que se había avanzado en la concertación y ofendiendo todos los principios de una Comunidad de Paz. Por ello la Comunidad decidió desplazarse y sus sufrimientos se multiplicaron enormemente: se intensificaron las formas de violencia del Estado y del Para-Estado contra la Comunidad y contra la población de su entorno; se realizó una intensa campaña de difamación y estigmatización de la Comunidad por todos los medios masivos de información; se estigmatizó a los líderes y acompañantes de la Comunidad; se entablaron numerosos procesos judiciales fundados en montajes de una vileza inconcebible, lo que redundó en el cada vez mayor envilecimiento de la administración de justicia en la región; se invirtieron recursos del erario público para disuadir, mediante el soborno, a la población del entorno, de adherir a la Comunidad de Paz, ofreciéndole premiar su distancia de la misma con proyectos productivos y donaciones, y se respondió a todos los reclamos con la inmodificable negación impávida de la realidad real.
A pesar de todo ello, la Comunidad no se ha negado nunca a considerar su retorno a mesas de concertación con las instituciones del Estado, pero desde el comienzo comprendió que, para no repetir la triste historia de engaños y manipulaciones, era necesario definir unas condiciones que permitieran garantizar una mínima base de buena fe, sin la cual todo avance en la concertación está llamado a fracasar nuevamente y a causar daños peores que los anteriores.
Ese mínimo de buena fe, la Comunidad lo concretó desde el comienzo en cuatro condiciones elementales:
· 1. Que el Señor Presidente restituya la honra, dignidad y buen nombre de la Comunidad de Paz, gravemente afectados por las calumnias que profirió por todos los medios masivos de información los días 27 de mayo de 2004 y 20 de marzo de 2005, apoyándose en falsos testigos reclutados por la Brigada XVII y en violación de principios básicos de comportamiento que la Constitución Nacional le impone, tal como lo recordó en detalle la Corte Constitucional en su Sentencia T-1191 de 2004. Nadie ignora, de hecho, que tan intensa y reforzada difamación ha tenido efectos enormes, graves y prolongados, toda vez que las tropas oficiales y las paramilitares se apoyan en la tesis subyacente a las cinco falsas afirmaciones del Señor Presidente, en los momentos en que tratan de justificar sus masacres, ejecuciones, desapariciones, torturas, desplazamientos, saqueos, violencias sexuales, destrucciones, amenazas y anuncios persistentes de exterminio, efectos que se siguen extendiendo en el tiempo, como puede verse en la cronología de los últimos meses y semanas.
· 2. Que se retire el puesto de policía del caserío de San José de Apartadó y se reanude la interlocución sobre su mejor ubicación, de modo que no desconozca los principios esenciales de una comunidad de paz, respetando los lugares de vivienda y trabajo de la población civil. Es evidente que la presencia de la fuerza pública en San José ha reactivado el conflicto armado y los enfrentamientos han producido la muerte y limitaciones físicas a una ya larga lista de civiles. Los mismos organismos de seguridad del Estado, como el DAS, han documentado los desarrollos del conflicto y registrado las víctimas, muchas de ellas militares y policías, dándose las condiciones señaladas por la Corte Constitucional en su Sentencia T-1206 de 2001 para reubicar la fuerza pública. En dicha sentencia se reconoce cuál es el papel real de la Policía en Colombia, en tanto “población combatiente”, a la vez que se destacan los derechos que el Estado no puede desconocerle a la población civil, como el derecho a la vida y a una tranquilidad y seguridad que no pueden ponerse en alto riesgo por políticas del Estado.
· 3. Que el Gobierno y su fuerza pública reconozcan las Zonas Humanitarias, que son espacios delimitados y marcados donde la población civil puede refugiarse en momentos de enfrentamientos, bombardeos o incursiones armadas, sin ser atacada por los actores armados. La Comunidad le ha presentado al Gobierno a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los mapas y reglamentos de dichas zonas, propuesta que fue avalada por la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15 de marzo de 2005 y por el Procurador General de la Nación. No obstante, el Gobierno se ha negado a reconocer dichas Zonas apoyándose en algunos artículos de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos, que miran a las modalidades de su tramitación entre los actores armados, pero desconociendo que la protección de la población civil en medio de un conflicto es uno de los principios rectores y transversales de todo el Derecho Internacional Humanitario y hace parte del más esencial espíritu de los Convenios.
· 4. Que se establezca una Comisión de Evaluación de la Justicia, con participación de delegados de instituciones del poder judicial nacional, de órganos internacionales, de la misma Comunidad de Paz y de organizaciones no gubernamentales que se ocupan del campo de la defensa de los derechos humanos. Tal Comisión tendrá la misión de identificar los mecanismos que han conducido a una impunidad tan generalizada en la región de Urabá y a una administración de justicia tan en contravía de los principios constitucionales y legales. Si bien la Fiscalía había sido el principal ente opositor al establecimiento de dicha Comisión, en el último período ha mostrado interés en la puesta en marcha de la misma, aunque aún no se ha podido concretar un acuerdo.
Estas cuatro condiciones que la Comunidad de Paz ha juzgado como las más elementales manifestaciones de buena fe en orden a permitir una interlocución entre Gobierno, Instituciones del Estado y Comunidad, que no naufrague en nuevas falsedades y engaños que arruinan toda confianza, destruyen toda relación y proyecto en sus mismas raíces, incentivan la prevención, el odio y la indignación y, alimentándose en el contexto de violencia generalizada, se proyectan en cadenas interminables de destrucción de vidas y de producción de sufrimientos sin fin.
La Comunidad de Paz ha hecho esfuerzos enormes en los últimos cinco años por buscar la aceptación de estas cuatro condiciones elementales para poder retornar a una interlocución con el Estado sobre bases más consistentes:
- Respecto a la PRIMERA CONDICIÓN, luego de suplicarle al Señor Presidente que restituya el honor y buen nombre de la Comunidad y se retracte de sus calumnias, cuyos enormes daños ya le será de todas maneras imposible reparar, y sin dejar de suplicárselo de manera persistente, con el aval del Procurador General de la Nación la Comunidad acudió al juez constitucional del Presidente que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde se abrió el expediente 1712. El 30 de abril de 2008 la Comisión de Acusaciones ordenó el archivo del mismo, pero el 3 de junio del mismo año la Comunidad apeló esa decisión y la Comisión concedió el 3 de diciembre de 2008 el recurso de apelación “para ante la Plenaria de la Cámara”, ocasión que no se ha dado debido a la renuncia de todos los miembros de la Comisión de Acusaciones. Pero las cinco afirmaciones falsas del Señor Presidente, proferidas el 20 de marzo de 2005 por todos los medios masivos de información, buscaban hacer creer a la opinión pública nacional e internacional que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó era aliada de la guerrilla, sin atender a que su Declaración constitutiva, su Reglamento y su Estatuto constituían precisamente un conjunto de normas y mecanismos operativos para no colaborar con ningún actor armado, por lo cual todos los actores armados habían intentado vengarse, asesinando a muchos de sus líderes y ejerciendo múltiples formas de violencia contra sus integrantes. Luego de las protestas de la Comunidad por tan infame calumnia, muy pronto ésta se reeditó en mayo de 2005, cuando no ya el Presidente sino el Vicepresidente y varios Congresistas afectos al Gobierno, consiguieron falsos testigos para llevarlos a un debate en la Cámara de Representantes, ante el Cuerpo Diplomático y en programas televisados de amplia audiencia[2], todo con la intención de seguir difundiendo la misma calumnia presidencial, apoyándose en falsas versiones de la masacre del 21 de febrero de 2005, como después quedaría totalmente al descubierto. Para difundirla aún más, contaron con los servicios de los medios afines al Gobierno de El Colombiano, El Mundo, RCN, Radio Super, Apartadó Estéreo y otras cadenas radiales que difunden sin discernimiento el pensamiento y las “noticias” del Ejército. En los años siguientes, la Brigada XVII del Ejército con sede en Carepa, Antioquia, usurpando el poder judicial y cooptando a fiscales, jueces, magistrados, procuradores y defensores, confeccionó expedientes-montajes para tratar de judicializar a campesinos cercanos a la Comunidad de Paz y apoyarse en esos procesos para difundir a más amplio nivel la misma calumnia. Sin embargo, ninguna prueba legal pudo ser presentada y más bien la estrategia sirvió para acumular procedimientos corruptos y deslegitimar el poder judicial en la zona, tal como se demostró en el Derecho de Petición radicado en todas las Altas Cortes del Estado el 19 de enero de 2009. En todo ese período, la Brigada XVII cooptó mediante dinero y otras prebendas a un grupo de desmovilizados (algunos ex milicianos, otros falsos desmovilizados) para que acusaran en diversas fiscalías, mediante falsos testimonios, a líderes y acompañantes de la Comunidad de Paz, de ser colaboradores de la guerrilla. Ninguno de tales falsos testigos quiso sostener sus falsedades en las audiencias que fueron convocadas y muchos de ellos se retractaron posteriormente dejando al descubierto los métodos perversos y corruptos con que militares, agentes de inteligencia y funcionarios judiciales, los hicieron mentir. En el último año, el Gobierno ha querido alimentar la misma calumnia con el falso testimonio de un comandante de compañía de las FARC quien desertó, siendo albergado ilegalmente por más de un año en la Brigada XVII, donde lo prepararon durante 6 meses para salir a los medios masivos a alimentar la misma calumnia contra la Comunidad de Paz, mediante un cúmulo de falsedades que la Comunidad respondió desde el primer momento, pero que ha gozado de amplísima difusión por parte de todos los medios masivos de información afectos al Gobierno. Ya desde diciembre de 2008, la Brigada convocó a un miembro de la Diócesis de Apartadó y a una dama holandesa[3] que gestiona proyectos con los guerrilleros desmovilizados, para que le ayudaran en la difusión de la calumnia; también buscó los servicios de ex Ministro del Interior y de Justicia del Presidente Uribe, cuya hoja de vida está colmada de fraudes y mentiras, para difundir la misma calumnia. La perspectiva histórica de estos cinco años ha permitido, pues, seguir los diversos intentos del Gobierno de deslegitimar la Comunidad de Paz mediante el ardid de la calumnia, en una incansable búsqueda y actualización de medios perversos.
- Respecto a la SEGUNDA CONDICIÓN, a pesar de su desplazamiento del caserío de San José en el momento de ser ocupado éste por la fuerza pública, la Comunidad ha estado atenta a los daños generalizados que esa presencia ha ocasionado. La presencia de Policía y Ejército allí en el centro del caserío, en un esfuerzo constante por infiltrar todos los espacios de vida de las pocas personas que allí permanecieron o que la fuerza pública llevó a vivir allí, dejando sus armas hasta en la escuela, en casas particulares y en sitios de comercio; acosando sexualmente a las pocas jóvenes que allí estaban o por allí pasaban, y tomando como escudo a los pocos civiles que pernoctaban en el caserío, incentivó el conflicto armado y volvió a poner como escenario de combate el caserío de San José. La misma colaboración forzada que prestaban los civiles a los agentes armados del Estado, los convirtió en objetivo militar para la insurgencia, y por ello hubo que lamentar varias muertes desde los primeros meses de la ocupación, tales como el homicidio de Ángela Correa (14.09.05) y el de Carlos López (13.08.05). Frecuentes incursiones armadas sobresaltaban las noches de los escasos pobladores, llegando a morir una señora de infarto cuando comenzaba la incursión. Los mismos funcionarios judiciales que acudían al caserío fueron objeto de atentados, como el ocurrido el 2 de marzo de 2005 en el que murió un miembro de la Policía. Ya en junio de 2005 se comenzaron a dar combates en el mismo caserío de San José (junio 26 de 2005), los que se intensificaron en 2007 (julio 9, julio 27 y noviembre 8) y aún más en 2009 (mayo 23 en Playa Larga y El Porvenir; julio 31 en Mulatos; agosto 8 en Arenas; septiembre 15 y septiembre 19 en San José; última semana de septiembre en Nuevo Antioquia). El 13 de febrero de 2007 un soldado murió en enfrentamiento en la vereda La Linda; el 9 de julio de 2007 fue asesinado un patrullero de la Policía y el 27 del mismo mes otro patrullero fue muerto en otro ataque de la guerrilla; el 8 de agosto de 2008 un patrullero de la Policía perdió un pié y otro fue herido y el 13 de octubre de 2009 fue asesinado un soldado cerca de San José; el 23 de noviembre de 2009 fue degollado el paramilitar alias “Lalo” en San José, quien llegó allí desde la ocupación militar y policial en abril de 2005, a pesar de haber participado en numerosos atentados contra la Comunidad sin haber sido nunca judicializado. Un documento del DAS fechado el 4 de diciembre de 2007 registra numerosos hechos de guerra en la zona y alerta sobre el incremento del accionar bélico en numerosas veredas de San José de Apartadó, extendiéndose los planes de la insurgencia hasta el municipio de Dabeiba.
La Sentencia T-1206/01 de la Corte Constitucional, tras un minucioso análisis concluye que LA POLICIA es de todas formas una “población combatiente” y que, por lo tanto, dado que una de las obligaciones del Estado es la de minimizar el riesgo que enfrenta la población civil, no puede crear “situaciones de violencia sobreviniente para los vecinos de las estaciones”. Por ello, la misma Corte Constitucional en la Sentencia T-1025 de 2007, en la que avoca el problema de los crímenes perpetrados contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y su impunidad, alude a varias sentencias en que ha ordenado retirar puestos de policía que creaban riesgos sobrevinientes para la población civil, riesgos que el Estado no tiene derecho a crear.
A nadie se le oculta que la ocupación del caserío de San José de Apartadó por la fuerza pública, el 1° de abril de 2005, tenía el cometido de violar el derecho de una comunidad a no involucrarse en el conflicto armado, derecho que era el eje de la Declaración, el Reglamento y el Estatuto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. En numerosas ocasiones anteriores, militares y policías ingresaron al caserío de San José portando armas letales en gran cantidad, con el sólo propósito de burlarse de los espacios de paz consagrados por la Comunidad, y de obligar a la población civil a venderles alimentos, proporcionarles vituallas, techo e informaciones, para marcarlos como sus colaboradores y partícipes en el conflicto y señalarlos así como objetivos militares del otro polo de la guerra, llegando incluso a golpear y torturar al que no les colaboraba. Después de la ocupación, trataron de tejer relaciones eróticas con mujeres a quienes hicieron asesinar o desplazar; saquearon los bienes de los desplazados y convirtieron los recintos de las actividades comunitarias en centros de prostitución.
Todo esto es repugnante y muestra la podredumbre ética a que han llegado las instituciones del Estado. Pero en los últimos meses el problema del puesto de Policía, o de la presencia de la fuerza pública en medio de la población civil, se ha vuelto aún más trágico. En efecto, patrullajes del Ejército por las veredas, que se caracterizan por hacer campamentos de una o varias semanas en las cercanías de los asentamientos de la Comunidad de Paz, cuando el mismo campamento no se convierte en ocasión de pillajes, amenazas y anuncios de exterminio de la Comunidad de Paz, se convierte de facto en un llamado a la insurgencia para que tome represalias: una vez levantado el campamento, llega la guerrilla y siembra de minas los sitios que sirvieron de morada a los militares, y la comunidad queda en altísimo riesgo de ser víctima de las minas cuando sale a trabajar sus parcelas.
Dado que se han multiplicado estas tragedias en los últimos meses, el problema del puesto de Policía en San José ha quedado desbordado y ha adquirido dimensiones mucho más grandes. Ahora es necesario suplicarle al Señor Presidente, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, que prohíba los campamentos militares en cercanías de los asentamientos de la Comunidad de Paz, pues ello equivale a “crear situaciones de violencia sobreviviente” para los integrantes de la Comunidad de Paz que moran en esos asentamientos, lo que es ilegítimo e inconstitucional, según la sentencia citada de la Corte Constitucional (T-1206/01).
- Respecto a la TERCERA CONDICIÓN, la Comunidad sustentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la coherencia de la propuesta de las ZONAS HUMANITARIAS con los Convenios de Ginebra, y la Corte avaló la propuesta en su Resolución del 15 de marzo de 2005, en cuyos considerandos No.19 y 20 (pag. 14) estableció:
“19. Que la Corte valora lo relativo a las “zonas humanitarias”, las cuales son sitios delimitados y ubicados en lugares que no son militarmente estratégicos; son bienes privados a los cuales varios miembros se asocian bajo principios de organización colectiva y de no participación en el conflicto armado interno, esto es, no participar en ninguna acción armada, no prestar información o apoyo logístico o de cualquier naturaleza a las partes involucradas en el conflicto armado interno, y que su importancia se debe a que en ese lugar se desarrollan mecanismos para la protección y supervivencia de sus miembros, como un espacio preventivo del desplazamiento y de la vinculación de niños al conflicto armado interno.
20. Que la Corte considera pertinente instar al Estado para que garantice y haga garantizar el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, en relación con los miembros de la Comunidad de Paz, quienes son civiles ajenos al conflicto armado interno.”
La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha relacionado profundamente la ZONAS HUMANITARIAS con la vigencia del Principio de Distinción, uno de los principios ejes del DIH. Por ello la Comunidad no entiende la persistente negativa del Gobierno y de la Fuerza Pública de Colombia a reconocer las Zonas Humanitarias.
- Respecto a la CUARTA CONDICIÓN, La Comunidad ha hecho seguimiento, durante varios años, a algunos procesos penales que afectan a miembros de la Comunidad de Paz o a pobladores del entorno social de la Comunidad, procesos sobre los cuales tenía la sospecha de una radical ilegalidad. Luego de comprobar que en ellos fueron violadas importantes normas constitucionales, así como principios rectores de los códigos penal y de procedimiento penal y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el 19 de enero de 2009 presentó un Derecho de Petición a todas las Altas Cortes del Estado para que declaren un “estado de cosas inconstitucional en Urabá”. A pesar de que las respuestas de las Altas Cortes fueron decepcionantes, pues fuera de deplorar la situación, concluían que no había nada que hacer, la Comunidad revivió en este año 2009 una propuesta antigua, formulada en su origen por el líder Luis Eduardo Guerra (masacrado el 21 de febrero de 2005), de solicitar una Comisión de Evaluación de la Justicia. Entregada dicha propuesta a la Fiscalía a mediados del año, la Fiscalía comenzó a dar señales de interés, pero aún no ha concretado su aceptación.
Como ve, Señor Presidente, la Comunidad de Paz no ha cesado de insistir en el logro de las cuatro condiciones elementales en las que un mínimo de buena fe podría ser asegurado para reanudar una interlocución que permita avanzar en la protección de la vida y los derechos fundamentales de las víctimas y en la superación de la impunidad de los crímenes. Una lógica elemental exige, como paso previo, detener la comisión de crímenes, circunscritos para el caso a una campaña incesante de difamación y deslegitimación tendiente a justificar montajes judiciales y exterminio físico de los integrantes de la Comunidad. Mientras persista este objetivo y se alimente de recursos mediáticos, judiciales, militares y paramilitares, toda interlocución estaría profundamente viciada de inautenticidad y condenada a un permanente fracaso.
Es muy sintomático que las respuestas del Gobierno, tanto a los derechos de petición elevados ante su despacho, como a los requerimientos de la Comisión y de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, hayan consistido hasta ahora en evadir el abordaje de las cuatro condiciones e ignorar su formulación. En todos los oficios se reitera que el Gobierno “está listo a reanudar la interlocución con la Comunidad”, fingiendo ignorar siempre las condiciones puestas por la Comunidad de Paz. La misma Comisión y la Corte Interamericanas han registrado ese silencio del Gobierno, denso en significados.
¿Cómo sería posible, Señor Presidente, avanzar en soluciones, si no se aborda el problema de fondo?
¿Significa su silencio frente a las cuatro condiciones, que las rechaza pero prefiere no decirlo?; ¿que cree posible seguir camuflando en otras instancias los objetivos de difamación y exterminio, por ejemplo en periodistas y medios masivos al servicio de su política; en paramilitares; en “bandas criminales” anónimas; en “testigos” judiciales mercantilizados; en gestores de proyectos extranjeros; en ex ministros y políticos de su confianza, etc. y que para ello es mejor no abordar el tema con las víctimas?
El período transcurrido después del último Derecho de Petición radicado en su despacho (16 de febrero de 2009) ha sido intenso en dinámicas de difamación y en anuncios e intentos de exterminio, concomitantes con los esfuerzos por involucrar en el conflicto armado a quienes han permanecido en la Comunidad de Paz y por convencer a los mismos para recibir exiguas dádivas del Estado con la condición de alejarse de la Comunidad. La cronología de los hechos es la siguiente:
En los primeros meses de 2009, REINALDO AREIZA, quien fue miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz en años anteriores continuó siendo acosado de manera insistente por el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, Comandante del Batallón Voltígeros, quien le anunció que si no colaboraba en la destrucción definitiva de la Comunidad de Paz, sería judicializado como “financista del Frente 58 de las FARC” y como “traficante de droga”, para lo cual ya había conseguido “testigos”, como lo ha venido haciendo la Brigada desde hace décadas, remunerando delincuentes para lograr sus objetivos criminales. Desde que Reinaldo y la Comunidad pusieron este chantaje en conocimiento de muchas autoridades y de la comunidad internacional, miembros del Ejército y paramilitares han buscado a Reinaldo desesperadamente por la zona y le han manifestado su enorme enojo por haber denunciado el chantaje. No se trata de tácticas nuevas ni aisladas del Ejército: en esos mismos días los militares acantonados en zona rural de Dabeiba estaban acosando a una joven campesina, anunciándole que si se negaba a acostarse con ellos la iban a judicializar como “guerrillera” o “miliciana”. También en 2003 chantajearon de igual manera a otro joven de la Comunidad de Paz, diciéndole que si no declaraba en la Fiscalía que todos los líderes de la Comunidad de Paz eran guerrilleros, lo iban a judicializar a él como “miliciano”, para lo cual le mostraron una “lista” elaborada por ellos mismos y le aseguraron que ya tenían “testigos” para acusarlo. En el mes de junio de este mismo año 2009, la Fiscalía recogió el testimonio de Apolinar Guerra, quien había sido sometido a sobornos y chantajes por el CORONEL NÉSTOR IVÁN DUQUE, comandante del Batallín Bejarano Muñoz durante varios años, como lo hizo también con otros falsos “desmovilizados”, para lograr que él declarara que la masacre del 21 de febrero de 2005 había sido perpetrada por las FARC y para involucrar a gente de la Comunidad de Paz en delitos que no habían cometido. Numerosos casos similares han sido denunciados sin que las autoridades hagan algo para sancionar a quienes así proceden. El Coronel Rojas continúa, sin embargo, en su puesto, como igualmente permaneció años en su puesto de comandante de batallón el Coronel Duque, a pesar de las graves denuncias que hicimos contra él.
El martes 17 de febrero de 2009, hacia las 15:00 horas, cuatro paramilitares que se presentaron como “Águilas Negras” y que venían de Nuevo Antioquia, vestidos de civil y con armas cortas, hicieron presencia en la vereda Naín, en las viviendas de dos familias de la Comunidad de Paz. Allí estuvieron preguntando por los lugares de la Comunidad y sobre cómo se mueven los líderes. Afirmaron que necesitan exterminar la Comunidad a cualquier costo y conminaron a dichas familias a retirarse de la comunidad. Al no recibir respuesta de las familias amenazadas, se mostraron furiosos y se alejaron reconfirmando que acabarán con la Comunidad a toda costa.
El domingo 22 de febrero de 2009, en la vereda Mulatos – Cabecera, hacia las 19:00 horas, hombres armados preguntaron por el acompañante de la Comunidad de Paz EDUAR LANCHERO, insistiendo en que se les dijera dónde estaba; cómo se movilizaba y cuáles eran sus rutas en esos días. El lunes 23 de febrero, en el filo conocido como Chontalito, varios hombres armados abordaron a los diversos grupos de personas que regresaban de las ceremonias de aniversario de la masacre del 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos y La Resbalosa, haciendo las mismas preguntas sobre EDUAR. Muy cerca de la zona por donde se movilizaban dichos hombres armados, había patrullas del Ejército, que se cruzaron con los peregrinos nacionales e internacionales.
El lunes 23 de febrero de 2009, tropas del Ejército ingresaron ilegalmente a la vivienda de Don ARÓN DAVID, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, en la vereda La Resbalosa, y dañaron o tomaron para sí 200 palos de yuca, 60 kilos de fríjol, 200 matas de caña de azúcar y robaron un hacha, una rula, un cuchillo y una cacerola de cocinar. Si se tiene en cuenta que cada palo de yuca contiene en promedio 14 kilos, los cuales se venden a $ 900,oo el kilo, el robo en ese rubro equivale a $ 2.520.000,oo (dos millones quinientos veinte mil pesos). Si se tiene en cuenta que el kilo de fríjol costaba en el momento $ 5.000,oo (cinco mil pesos), el robo en ese rubro equivale a $ 300.000,oo (trescientos mil pesos). Si se tiene en cuenta que la mata de caña estaba produciendo en el momento $ 1.000,oo cada una (mil pesos), el robo en ese rubro fue de # 200.000,oo (doscientos mil pesos). Calculándose el valor de las herramientas robadas en $ 60.000,oo (sesenta mil pesos), el total del daño material causado a Don Arón fue de $ 3.080.000,oo (tres millones ochenta mil pesos). El daño moral también fue significativo y los responsables deben ser sancionados por toda la ilegalidad y violencia delictiva de sus actuaciones.
El martes 24 de febrero de 2009, hacia las 10:00 horas, en la vereda Las Nieves fue detenido ilegal y arbitrariamente por el Ejército un miembro de la Comunidad de Paz quien se dirigía de la vereda la Esperanza a la vereda La Unión. El Ejército le preguntó por Reinaldo Areiza (ver Caso 1 de esta cronología de 2009), a lo cual él respondió que no sabía dónde estaba. Ellos le dijeron que Reinaldo ya se había ganado la muerte; que le iba a ocurrir lo que le ocurrió a Arturo David, pues se había puesto a “abrir la boca” cuando se le había dado la oportunidad de vivir bien. El miembro de la Comunidad les respondió que se trataba de casos distintos, pues Arturo David, quien había pertenecido a la Comunidad y se había retirado, había muerto en un combate, mientras que Reinaldo era un campesino que nada tenía que ver con grupos armados. Los militares le contestaron que en la zona todos los campesinos son guerrilleros y que así Reinaldo sea campesino, ya se ganó la muerte con ellos. Más tarde lo dejaron seguir su camino.
El domingo 1° de marzo de 2009 hacia las 14:00 horas, una moto con dos hombres encapuchados y con armas cortas entró y dio vueltas por todo el caserío de San José, sembrando terror en los pobladores.
Los días 1°, 2 y 3 de marzo de 2009, los paramilitares realizaron retenes a la salida del poblado de Nuevo Antioquia hacia la vereda La Esperanza, vestidos de camuflado, con armas largas y con brazaletes de “Autodefensas”; hicieron requisas y le decían a la gente que estaba prohibido pasar mas de $ 50.000,oo en alimentos.
Entre el 7 y 13 de marzo de 2009, el Ejército hizo presencia nuevamente en la vereda La Resbalosa. Allí destruyeron varias cosechas; entraron a las casas y se llevaron la comida que tenían las familias; amenazaron a la profesora de la Comunidad que trabaja allí y a varias familias les dijeron que eran “guerrilleros” y que los iban a matar. A cinco familias del asentamiento de la Comunidad de Paz en La Resbalosa les destruyeron sus cultivos de alimentos, representados en hectáreas de plátano y yuca, habiéndose calculado lo destruido y lo robado en $ 9.395.000,oo (Nueve millones trescientos noventa y cinco mil pesos). A Don MARCOS PARRA le destruyeron media hectárea de plátano. Si se tiene en cuenta que la rosada de media hectárea implica el pago de 15 jornales; que la siembra de la misma extensión implica 12 jornales y la limpiada del terreno hasta la producción implica 35 jornales, y que cada jornal costaba en ese momento $ 16.000,oo (dieciséis mil pesos), la pérdida en sólo jornales equivale a $ 992.000,oo (novecientos noventa y dos mil pesos), a lo cual hay que sumarle la pérdida del producto mismo que se calculaba en 200 kilos semanales avaluados en $ 320.000,oo (trescientos veinte mil pesos), llegando a ser la pérdida mínima de $ 1.312.000,oo (un millón trescientos doce mil pesos). A Don ARNOLDO VALDERRAMA le destruyeron 1000 palos de yuca. Si se calcula que en la rosada invirtió 15 jornales, en la siembra 12 jornales y en la limpiada 25 jornales, en sólo jornales el daño se calcula en $ 832.000,oo (ochocientos treinta y dos mil pesos), debiendo sumársele la producción, calculada en 20 cargas de yuca ó 2.800 kilos, cada uno de los cuales se vendía en el momento a $ 1.200,oo (mil doscientos pesos), lo cual equivale a una pérdida en venta de $ 3.360.000,oo (tres millones trescientos sesenta mil pesos) y a una pérdida total de $ 4.242.000,oo (cuatro millones doscientos cuarenta y dos mil pesos). A Don ARÓN DAVID nuevamente le destruyeron una hectárea de plátano y 500 palos de yuca, equivalente la pérdida en la media hectárea de plátano a $ 1.320.000,oo (un millón trescientos veinte mil pesos) y en los 500 palos de yuca a $ 2.121.000 (dos millones ciento veinte y un mil pesos), lo que suma una pérdida total de $ 3.441.000,oo (tres millones cuatrocientos cuarenta y un mil pesos). A Don LUIS GRACIANO los soldados le robaron un mercado que tenía en su cocina, avaluado en $ 150.000,oo (ciento cincuenta mil pesos) y a Don JULIO GUISAO un mercado avaluado en $ 250.000,oo (doscientos cincuenta mil pesos). Las pérdidas de las cinco familias damnificadas en la semana del 7 al 23 de marzo en la vereda La Resbalosa, por hurto o destrucción de cosechas perpetradas por los integrantes del Ejército, asciende, pues, a $ 9.395.000,oo (nueve millones, trescientos noventa y cinco mil pesos).
Los días lunes 9 y martes 10 de marzo de 2009, fueron repartidos en Apartado y San José de Apartadó panfletos firmados por los paramilitares con listas de personas a quienes se les advertía que tenían que irse de la zona o serían asesinadas, afirmando que iban a realizar, según ellos, una “limpieza social”.
El sábado 14 de marzo de 2009, a las 12:00 horas, en la vereda Mulatos – Cabecera, tropas del Ejército intentaron violar a LUZ TATIANA PUERTA. Ella se defendió como pudo y gritó pidiendo auxilio. Al no poderla violar, la amenazaron de muerte y de judicializarla como guerrillera. Al mismo tiempo, a ISAAC TORRES, quien venía con ella, lo hicieron a un lado y le pasaban un machete por la mejilla diciéndole que le iban a quitar el cuero de la cara y a sacarle los ojos; le decían que él era un guerrillero y lo iban a matar. Isaac les respondía que hicieran lo que quisieran. Después de tenerlo más de media hora en esa tortura psicológica, lo soltaron, lo mismo que a Luz Tatiana, advirtiéndoles que si contaban lo sucedido les iría muy mal.
El viernes 3 de abril de 2009, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalia rindió un informe a la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia (Rad: 11 001 60 00686 2009 00002), en el cual registraba numerosas acciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- consistentes en un largo espionaje contra organizaciones, grupos y personas, incluyendo altos funcionarios del Estado como magistrados de las altas cortes. Entre las 104 carpetas en que se contenían los documentos de los espionajes, en la CARPETA 33-2004, folio 157, se registran las órdenes de espionaje contra 10 miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la mayoría de los cuales han sido líderes e integrantes de su Consejo Interno: Jesús Emilio Tuberquia Zapata (actual Representante Legal); Aníbal Durango, Ana (sic) [o Diana] Patricia Valderrama Taborda, María Bertilda Tuberquia Quintero, Wilson David Higuita (anterior Representante Legal), Miguel Ángel Graciano Úsuga, María Brígida González de Cartagena, Gildardo Tuberquia Úsuga, Eduar José Lanchero Jiménez (acompañante de la Comunidad) y Bernardo Antonio Sepúlveda Puerta. En el folio 40 de la misma carpeta se menciona una orden impartida por el Subdirector de Operaciones del DAS, Carlos Alberto Arzayus Guerrero, de “hacer seguimiento a organizaciones y personas de tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales con el fin de restringir o neutralizar su accionar”. En el mismo folio 157 se ordena consultar toda fuente de información sobre los mencionados líderes de la Comunidad de Paz, tales como: bases de datos de la Registraduría; teléfonos; Cámara de Comercio; Instituto Agustín Codazzi (propiedades de tierras); organismos de inteligencia; CIFIN; Datacrédito; archivos de Catastro. En los folios 218 a 220 de la misma carpeta se registra una reunión del Grupo G-3 el 25 de julio de 2005 en la cual se ordena un espionaje de “inteligencia ofensiva” contra el P. Javier Giraldo, acompañante de la Comunidad de Paz, designando para ello a los detectives Deicy Carolina Cancino y Carlos Alberto Herrera. Hay que anotar que, según lo establece la Fiscalía, el Grupo G-3., creado dentro del DAS, era un grupo ilegal. El mismo informe registra que el teléfono celular 315 7273772 citado en varias carpetas así como el correo electrónico cdpsanjose@hotmail.com, ambos, teléfono y correo electrónico de la Comunidad de Paz, son objeto de control por parte del ilegal grupo G-3. Al conocerse este espionaje ilegal, se interpuso derecho de petición ante el actual Director del DAS, FELIPE MUÑOZ, y ante el Presidente Uribe, ya que el DAS es organismo asignado a la Presidencia de la República, pero ambos se negaron a dar aplicación al artículo 15 de la Constitución que establece que todo ciudadano tiene derecho a conocer las informaciones que se hayan recogido sobre él en bancos de datos o archivos de entidades públicas y privadas. Todo esto esclarece muchos antecedentes que han sido puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República en numerosos derechos de petición radicados en el despacho presidencial y relativos a lo vivido por la Comunidad. Se esclarece particularmente el afán de judicializar a todos sus miembros y especialmente a los miembros de su Consejo Interno, sus líderes y acompañantes, lo cual ha quedado evidente en los procesos cuyo análisis fue puesto a consideración de todas las Altas Cortes del Estado el pasado 19 de enero de 2009, donde se demuestra que hay una verdadera usurpación del poder judicial por el poder ejecutivo en Urabá, pues es la Brigada XVII del Ejército, la cual también depende de la Presidencia en cuanto el Jefe del Estado es investido por la Constitución como “comandante supremo de las fuerzas armadas” (Constitución Nacional, art. 189, 3), la que dirige y controla el ejercicio de la “justicia” en Urabá, con criterios de persecución política contra quienes piensan distinto. Se esclarecen también, de manera muy evidente, los últimos episodios de ataque a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en su patrimonio ético y político, mediante la manipulación del ex comandante de la Compañía Otoniel Álvarez del Frente 5 de las FARC, quien se entregó al Ejército en noviembre de 2008, ha permanecido ilegalmente en la Brigada XVII y ha sido utilizado para difundir las más infames calumnias contra la Comunidad de Paz por los medios masivos de de información, con la colaboración del ex Ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos.
El domingo 10 de mayo de 2009, en la vereda Playa Larga, hacia las 14:00 horas, cuando un grupo de pobladores de la zona, entre ellos varios integrantes de la Comunidad de Paz, jugaban un partido de fútbol, llegaron doce paramilitares con armas largas y vestidos de camuflado y se presentaron como “Autodefensas Gaitanistas”, afirmando que en el filo de Playa Larga eran más de doscientos; que estaban allí para controlar la zona; que las personas que llegaran a estar contra ellos, serían exterminadas. Después de ello se fueron. En efecto, los pobladores afirman que ven gran cantidad de paramilitares recorriendo las veredas.
El día sábado 23 de mayo de 2009, en la vereda El Porvenir se presentaron combates entre los paramilitares y la guerrilla, estos se dieron entre las 06:30 y las 08:00 horas. Una familia de El Porvenir quedó en medio del fuego cruzado.
El jueves 28 de mayo de 2009, el guerrillero desmovilizado alias “Samir”, quien según el Ejército se llama “DANIS DANIEL SIERRA RAMÍREZ”, antes comandante de la Compañía Otoniel Álvarez del V Frente de las FARC, fue entrevistado en el programa “La Hora de la Verdad”, difundido por la cadena radial “Super” y dirigido por el ex Ministro del Interior del Presidente Uribe, FERNANDO LONDOÑO HOYOS. En dicha entrevista hizo una serie de señalamientos contra líderes, acompañantes y el conjunto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Se ensañó especialmente contra el acompañante de la Comunidad, Eduar Lanchero, contra la ex Alcaldesa de Apartadó, Dra. Gloria Cuartas, y contra otros líderes de la Comunidad de Paz. Valiéndose de relatos y datos completamente falsos, seguramente inducidos por la Brigada XVII donde permaneció ilegalmente 6 meses antes de la entrevista preparando el montaje, quiso presentar a la Comunidad de Paz y a sus acompañantes y líderes como colaboradores de las FARC; como beneficiarios de inmensas ayudas financieras internacionales que estarían destinadas al desarrollo de la región pero son robadas por los líderes, y como déspotas que mantienen a los integrantes de la Comunidad de Paz en “campos de concentración”, obligados a realizar “trabajos forzados”. Ya muchas personas e incluso funcionarios del Gobierno a diversos niveles habían prevenido sobre el montaje que se preparaba, pero si bien sus declaraciones fueron burdas e imposibles de creer para quien conozca mínimamente la historia de la Comunidad de Paz, sin embargo, las grandes masas que no tienen acceso a información directa y que son manipuladas por los medios, asimilan las calumnias destrozando la honra de la Comunidad. Las proporciones de esta difamación criminal contra la Comunidad sólo es comparable a las calumnias difundidas por todos los medios masivos de información por el PRESIDENTE ÁLVARO URIBE VÉLEZ los días 27 de mayo de 2004 y 20 de marzo de 2005, sin que hasta ahora haya querido retractarse. Fiscales de alto rango consultados por la Comunidad de Paz sostuvieron que la permanencia en la Brigada XVII de alias “SAMIR” por más de 15 días era absolutamente ilegal. Además, la historia de las agresiones del Estado contra la Comunidad de Paz está llena de casos en que supuestos ex combatientes son albergados en la Brigada y altamente remunerados para acusar en órganos judiciales y ante la opinión pública a la Comunidad de Paz y a sus líderes y acompañantes, de ser “colaboradores de la guerrilla”. En este caso, por un testimonio directo, se supo que la Brigada trató de vincular a las falsas denuncias elaboradas para que alias “SAMIR” las hiciera suyas, a un sacerdote de la Curia de Apartadó y a una dama de nacionalidad holandesa que gerencia un programa nacional para los prisioneros de las guerrillas. Esta última logró que en una revista holandesa publicara un artículo de difamación contra la Comunidad de Paz e incluso que una parlamentaria holandesa interrogara a su Gobierno sobre una supuesta “ayuda a las FARC a través de la Comunidad de Paz”. Si bien la Comunidad hizo una minuciosa respuesta a las calumnias de alias “SAMIR” demostrando su falsedad y perversidad, ningún medio de comunicación quiso difundirla, en lo que se adivinan presiones explícitas o tácitas de los militares. Por el contrario, desde mayo hasta noviembre, la difusión repetitiva de las calumnias de alias “SAMIR” ha sido permanente.
El viernes 12 de junio de 2009, hacia las 8:30 horas, el Ejército llegó a la casa de ORLANDO GUISAO, en la vereda La Resbalosa. Los militares comenzaron a insultarlo diciéndole que tenía que saber dónde estaba la guerrilla; que él era uno de ellos y que lo tenían en la mira para matarlo.
El domingo 14 de junio de 2009, hacia las 10:00 horas, un grupo de más de 100 paramilitares llegaron hasta la vereda La Esperanza, con armas largas, uniformados y portando brazaletes que decían “Autodefensas Gaitanistas”. Dijeron a las familias que estarían patrullando en la zona y que la gente tenía que acogerse a lo que ellos decían; que el que no estuviera de acuerdo, o se iba o se moría.
El lunes 22 de junio de 2009, hacia las 10:00 horas, mientras JAIRO TUBERQUIA estaba trabajando en su parcela, en la vereda La Resbalosa, llegó el Ejército y comenzó a insultarlo diciéndole que era un guerrillero y que tenía que irse si no quería que le fuera mal. Como Jairo estaba con su compañera, a ella también la insultaron y amenazaron. Les dijeron que los iban a sacar de la zona como fuera
El viernes 26 de junio de 2009, hacia las 6:00 horas, fue allanada la casa de JESÚS URREGO por parte del Ejército, en la vereda La Resbalosa. Los militares llegaron y entraron a su casa, sin llevar orden judicial alguna, revolcaron todos los enseres de la familia y le dijeron a Jesús que él y su familia eran guerrilleros. Les decían que mejor se fueran de la zona antes que tuvieran que acabarlos, porque las cosas ahora sí se iban a agravar; que las cosas ya les estaban saliendo a ellos bien y que esa Comunidad de Paz no iba a durar mucho. Le dijeron que tenía que guardar silencio sobre lo ocurrido si no quería que volvieran por él y se arrepintiera de abrir la boca. Después de insultarlo un buen rato, se fueron.
El martes 30 de junio de 2009, a las 11: 40 horas, ingresaron a San Josesito, por espacio de 45 minutos, 3 personas en trajes civiles, una mujer y dos hombres, quienes se identificaron en un primer momento como personal de la SIJIN ; luego como del CTI de la Fiscalía; más tarde, como de la “Policía Judicial”, pero no suministraron ningún nombre ni carné. Sólo dijeron que cumplían órdenes de un supuesto Fiscal PEDRO DUARTE RINCÓN. Dos miembros de la Comunidad les solicitaron que se retiraran del caserío, el cual es propiedad privada, mostrándoles la valla donde se indica de manera muy visible, al borde de la carretera, que es una PROPIEDAD PRIVADA, pero ellos, en forma airada y con agresiones verbales, manifestaron que podían estar en cualquier parte del territorio nacional y que, además, ¿quién era la comunidad para no permitirles el ingreso? Los dos miembros de la Comunidad les informaron nuevamente que no los podían atender, y mucho menos dejarlos entrar al caserío. Exigían que se les firmara unos documentos y que se presentaran algunos miembros de la Comunidad para rendir declaraciones sobre constancias públicas que la Comunidad ha dejado. Al respecto, ellos, de forma altanera y grosera y con tono airado, calificaron de “ineficaces” las denuncias de la Comunidad, diciendo que eso no tiene sentido; que para qué los ponen a trabajar si la Comunidad no va a declarar; que no hagan más denuncias públicas. Inmediatamente procedieron a fotografiar y a filmar a la gente diciendo que ellos podían tomar las fotos que quisieran y que no le temían a nadie. Amenazaron que podían traer la fuerza pública y hacer lo que les diera gana. La Comunidad ya hace tiempo que se cansó de hacer denuncias formales ante órganos de la justicia colombiana, luego de comprobar durante más de una década que no servían para nada, o solamente para que las víctimas, sus familias y los testigos fueran asesinados, amenazados u obligados a desplazarse, mientras los expedientes permanecían inactivos dejando en absoluta impunidad más de 700 crímenes de lesa humanidad. Pero lo que es peor, la Comunidad le ha presentado a todas las Altas Cortes del Estado una petición apremiante para que declare un “estado de cosas inconstitucional en Urabá” dada la podredumbre y corrupción extrema de la administración de justicia, demostrándoles minuciosamente a través de casi 20 expedientes, cómo se viola la Constitución, los códigos procesales, el Derecho Internacional, las normas del debido proceso y los principios éticos más básicos implicados en la administración de justicia. Allí están señalados, con nombres propios, los fiscales, jueces, magistrados, procuradores y defensores que han recurrido a tan bajos procedimientos de corrupción, los cuales continúan en sus cargos y no han sido sancionados en absoluto. Colaborar con tal podredumbre es un imposible ético. Se le ha suplicado al menos, a la Fiscalía y otras autoridades del Estado, que se acepte una Comisión de Evaluación de la Justicia, pero nunca ha habido respuesta alguna.
Desde el Jueves 2 de Julio de 2009, el Ejército estuvo en la quebrada La Resbalosa realizando empadronamientos a todos los que pasaron por allí. El sábado 4 de julio humillaron al señor YONY EDILSON URREGO MORA, acusándolo de ser guerrillero y amenazándolo; a la compañera de él le ofrecieron comodidades y que se la llevaban para la ciudad si acusaba de guerrillero a su esposo (Yony Edilson). Durante la permanencia del Ejército en La Resbalosa, constantemente estuvieron preguntando quién es el que está informando a la Comunidad de Paz sobre lo que pasa en La Resbalosa y señalando a esa o esas personas que informan de ser guerrilleros; ellos (el Ejército) estuvieron acantonados en el interior de la casa del señor Jesús Urrego.
El jueves 2 de julio de 2009, a las 14: 20 horas, GIRLEIDA GRACIANO, integrante de la Comunidad de Paz, y FLOR MARÍA, sobrina de un miembro de la Comunidad, quienes habitan en la vereda La Esperanza, mientras se dirigían de Nuevo Antioquia hacia la Esperanza fueron perseguidas por dos hombres de traje civil quienes portaban armas cortas, por espacio de 20 minutos. Luego les ordenaron esperar en un sitio hasta que llegara el jefe de ellos quien se encontraba en esos momentos en Nuevo Antioquia. Luego de hacer una llamada, prosiguieron forzándolas a seguir con ellos; momentos más tarde se encontraron con paramilitares en trajes de camuflado militar y con brazaletes de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, fuertemente armados, quienes se las llevaron obligadas, desviándolas del camino, hasta un filo. Allí las amenazaron y las señalaron de ser informantes de la guerrilla; las obligaron a estar allí hasta que subiera el jefe paramilitar. Más tarde los paramilitares las obligaron a que les dieran el número del celular de un miembro de la Comunidad que vive en La Esperanza. Ellas fueron retenidas bajo amenazas y señalamientos contra la Comunidad de Paz. En horas de la mañana del día siguiente, fueron puestas en libertad, advirtiéndoles que no las querían ver más por allí.
El viernes 3 de julio de 2009, hubo una reunión en las oficinas del Programa Presidencial para la Acción Social en Apartadó, con el objetivo de coordinar la programación de una visita inter-agencial que se estaría preparando en San José de Apartadó para el 22 de julio. Dicha visita pretendería mostrar los "cambios positivos” que ha tenido San José de Apartadó a partir de las inversiones que se han realizado allí, ocultando toda la barbarie que el Estado y sus instituciones han empleado contra la Comunidad de Paz, su plan de exterminio de la misma, sus campañas difamatorias, sus montajes judiciales, sus sobornos a los campesinos para que se retiren o se alejen de la Comunidad de Paz si quieren recibir dinero y servicios del Estado.
El mismo viernes 3 de julio de 2009, hacia las 14:00 horas, miembros del Ejército llegaron a la casa de dos familias de la Comunidad de Paz en la vereda La Resbalosa y las conminaron a desplazarse de la vereda cuanto antes, si no querían que pasara lo que pasó en 2005 (la masacre del 21 de febrero de 2005); que mejor se fueran para no tener que matarlos. Después de ello, los militares se ubicaron en una de las casas de la vereda donde permanecieron más de tres días, pese a las solicitudes que los pobladores les hacían de que salieran de las casas, ya que permanecer allí era colocar en riesgo a las familias, debido a la confrontación armada que vive la zona. Sin embargo, los militares sólo se burlaban y acusaban a las familias y a la Comunidad de ser guerrilleros y anunciaban el próximo exterminio de la Comunidad de Paz.
El viernes 10 de julio de 2009, hacia las 12:00 horas, en la vereda La Unión, hombres del Ejército hablaron con un joven de la vereda que se encontraba en su casa, quien les suplicó que se fueran, pues su presencia era un riesgo para su vida. Uno de los militares le preguntó si era miembro de la Comunidad de Paz; él le contesto que no; ellos le dijeron que menos mal, pues esa Comunidad iba a ser exterminada y los paramilitares se iban a encargar de ello; afirmaron, además, que el único estorbo en la zona, para su trabajo, era “esa h.p. comunidad guerrillera”. Le dijeron al joven que ellos se iban, pero que no se le ocurriera meterse a esa comunidad.
El domingo 19 de julio de 2009, hacia las 8:00 horas, miembros del Ejército ingresaron ilegalmente a varias viviendas de la vereda La Resbalosa de donde hurtaron el mercado que las familias tenían en sus humildes cocinas, así como elementos de vajilla y productos alimenticios que habían cosechado en los últimos días, como fríjol y maíz.
El lunes 20 de julio de 2009, hacia las 11.30 horas, miembros del Ejército ubicados en la vereda Mulatos, detuvieron a JULIO GUISAO, coordinador de la Comunidad en el asentamiento de La Resbalosa, lo sometieron a torturas golpeándolo muy fuertemente en la cara hasta hacerlo sangrar, a pesar de que él tiene incapacidades físicas como efecto de anteriores agresiones, y luego lo amenazaron de muerte diciéndole que tenía que irse o “desmovilizarse”, como si fuera integrante o colaborador de algún grupo armado. Cuando él les explicaba que era integrante de la Comunidad de Paz, lo golpeaban con mayor saña y le decían que ellos iban a acabar “con esa h.p. comunidad guerrillera”. Lo tuvieron bajo insultos y golpes hasta las 13:30 horas.
El viernes 31 de julio de 2009, hacia las 18:00 horas, paramilitares ejecutaron en la salida de la vereda Batata, de Tierralta (Córdoba), a poca distancia de uno de los asentamientos de nuestra Comunidad de Paz, a JAVIER LOZANO REDONDO, quien iba acompañado de su esposa y de su hija de tres años. Los paramilitares le salieron al camino cuando se dirigía a su casa en la vereda El Tesoro; al pasar por el retén paramilitar le dispararon por la espalda y le dijeron a su esposa que tenía que desaparecerse y callarse si quería vivir; así mismo, que si “esa h.p. Comunidad de Paz” seguía denunciando, iban a exterminar a varios de sus líderes para acabarla. Este asesinato generó desplazamientos de más de diez familias en las veredas Murmullo Alto y Murmullo Medio.
Los días viernes 31 de julio, en Mulatos, y sábado 8 de agosto, en Arenas, de este mismo año 2009, se han presentado combates entre el Ejército y la Guerrilla, sin respetar el territorio de paz y las súplicas que la Comunidad de Paz ha hecho durante 12 años de que no circulen armas por los espacios de vida y trabajo de su territorio ni se derrame una sola gota de sangre en el territorio de paz.
El lunes 3 de agosto de 2009, en la vereda Mulatos, cuando se separó unos pocos metros del camino, AIDA LUZ, una campesina del sector, fue víctima de una mina antipersona que le produjo quemaduras en su cuerpo. La guerrilla suele minar los terrenos frecuentados por los soldados, poniendo en alto riesgo la vida y la integridad de la población civil.
El jueves 13 de agosto de 2009, en horas de la mañana, se encontró una persona asesinada en la vereda la Unión. Dicha persona no era conocida en la zona. Inmediatamente la comunidad dio aviso a la Defensoría del Pueblo para que solicitara el levantamiento del cadáver y las investigaciones de ley. La Comunidad se viene preguntando qué significa manchar de sangre sus espacios y qué pretenden esos crímenes, fuera de sus ya perversos efectos.
El miércoles 26 de agosto de 2009, hacia las 11:00 horas, dos hombres de civil con armas cortas, detuvieron en Nuevo Antioquia a MARCOS DURANGO, WILTON BERRÍO y RAÚL BERRÍO, miembros de la Comunidad. Les dijeron que ellos eran paramilitares y que tenían que acompañarlos a un paraje alejado. Como los paramilitares iban en bicicletas, cuando salían del poblado pasaron por la Estación de Policía y le pidieron a los policías que les cuidaran las bicicletas mientras ellos se llevaban a los detenidos. Luego, al pasar por la base militar, se saludaron muy amistosamente con los militares y siguieron. A los detenidos los sacaron del poblado y los llevaron como a 30 minutos de Nuevo Antioquia; allí estaba la base paramilitar donde había mas de 200 paramilitares con armas largas y uniformes de camuflaje. Los llevaron donde el comandante y éste les dijo que los iban a matar; los amarraron y comenzaban a interrogarlos, interrogatorios que se repitieron tres veces, preguntándoles por la Comunidad de Paz, por sus líderes y acompañantes, hablando especialmente mal de Eduar Lanchero, de “El Negro” (Jesús Emilio Tuberquia, el Representante Legal) y de Reinaldo Areiza (quien había sido chantajeado por el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ el pasado mes de enero). Decían que a ellos tenían que acabarlos como fuera, así como a otros miembros de la Comunidad. Les preguntaban también qué impacto habían tenido en la Comunidad las declaraciones públicas de alias “SAMIR”. Reiteraban que tenían que atacar a la Comunidad a cualquier costo y les preguntaban quiénes acompañaban, en nombre de la comunidad internacional, a la Comunidad y quiénes los apoyaban. Los detenidos les contestaban que no sabían, y ante esa respuesta los victimarios los insultaban y les repetían que la comunidad era el principal estorbo en Urabá y que estaban todos de acuerdo en que había que acabarla. Les colocaban pistolas en la cabeza y las disparaban pero sin tener balas. Los tuvieron así hasta el jueves 27 de agosto al medio día, interrogándolos varias veces sobre los mismos temas. Luego les dijeron que ahora no podían asesinarlos porque ya esa comunidad guerrillera había comunicado su detención a la Defensoría del Pueblo, y los pusieron en libertad hacia las 13:00 horas de ese jueves. La identidad de lenguajes, estrategias, agresiones y propósitos, entre militares y paramilitares, salta a la vista, a la vez que se refuerza por la evidencia de sus estrechas y amistosas relaciones y la cercanía de sus cuarteles.
El miércoles 2 de septiembre de 2009, en la vereda El Guineo, tropas del Ejército preguntaron a miembros de la comunidad por Jesús Emilio Tuberquia y Eduar Lanchero: qué hacían; por dónde se movían; con quién hablaban y de qué hablaban. Ellos les respondieron que no sabían, ante lo cual los militares se pusieron furiosos, tratándolos de “guerrilleros” y diciéndoles que “esa gente era la que hacía daño al país y que debían ser exterminados para poder avanzar en la zona”.
El sábado 19 de septiembre de 2009, a la 1:00 hora del amanecer se presentó un combate en el caserío de San José por espacio de 20 minutos. El martes 15 de septiembre hacia las 22:30 horas, de igual forma se había presentado otro combate por espacio de 10 minutos, en el mismo caserío de San José de Apartadó.
El lunes 21 de septiembre de 2009, hacia las 10:00 horas, en la vereda Las Nieves, miembros del Ejército detuvieron a dos miembros de la Comunidad de Paz que se encontraban trabajando en su finca, donde estaban sembrando maíz. Los militares les preguntaron si eran de la Comunidad y al responder ellos afirmativamente, comenzaron a insultarlos y a tratarlos de “guerrilleros”, diciéndoles que allí no podían estar; que no permitirían que la Comunidad estuviera en ningún lugar. Anotaron sus nombres, y cuando ellos les respondieron que eso era un empadronamiento prohibido por la Corte Constitucional, los militares respondieron que ellos hacían lo que les diera la gana; que para ellos no existían leyes. Después de insultarlos y preguntar por Reinaldo Areiza (a quien el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ sometió a chantajes el pasado mes de enero, diciéndole que si no colaboraba en la destrucción de la Comunidad le haría un proceso judicial como financista de las FARC y como narcotraficante, y que si colaboraba, le daría muchísimo dinero). Al ver que Reinaldo no estaba allí, se fueron, pero antes les advirtieron a los que habían detenido, que si amaban la vida, abandonaran esa zona, o si no lo hacían, ellos no respondían por lo que les ocurriera.
El martes 22 de septiembre de 2009, hacia las 11:00 horas, miembros del Ejército entraron a la escuelita de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza. Allí se les pidió que salieran, pues era un espacio privado de la Comunidad de Paz, y entonces comenzaron a insultar a los miembros de la Comunidad, tratándolos de “guerrilleros” y afirmando que ellos (los militares) podían hacer lo que les diera la gana.
El miércoles 23 de septiembre de 2009, hacia las 14:00 horas, miembros del Ejército entraron nuevamente a la escuela de la Comunidad de Paz en la vereda La Resbalosa. Se les pidió que se retiraran, pues era un espacio privado de la Comunidad de Paz donde no debía haber armas, y entonces comenzaron a insultar a la gente de la Comunidad, diciendo que ellos iban a acabar con la Comunidad como fuera. La gente de la Comunidad les explicó que ese sitio era una propiedad privada donde no podían ingresar y menos portando armas, ante lo cual los militares respondieron que hacían lo que les diera la gana y que podían destruir esa escuela si les daba la gana; que si no, recordaran la masacre de 2005. Luego se fueron furiosos, profiriendo insultos contra la Comunidad. El viernes 25 de septiembre hacia las 16:00 horas, volvieron a ingresar a la escuela y estuvieron allí una hora, tiempo en el cual se dedicaron de nuevo a insultar a la Comunidad, diciéndole a la gente que la iban a exterminar como fuera. El sábado 26 de septiembre, hacia las 10:00 horas, volvieron a ingresar de nuevo a la escuela y volvieron a repetir los mismos insultos y amenazas.
El jueves 24 de septiembre de 2009, en horas de la mañana, fue robado un computador portátil de la Comunidad, así como una USB. A pesar de encontrarse otros elementos de valor en esa casa, fueron substraídos únicamente el computador y la USB, para lo cual violaron la cerradura de la vivienda.
El domingo 27 de septiembre de 2009, hacia las 17:00 horas, en la vereda La Unión, fue detenido Mauricio David por el Ejército. Sus captores le decían que “esa h.p. Comunidad de Paz era guerrillera y que la iban a acabar como fuera”. El lunes 28, entraron a los espacios privados de la Comunidad y se identificaron como Batallón 33. Acompañantes internacionales que estaban presentes, les dijeron que esa zona era propiedad privada y que se les pedía que por favor respetaran estos espacios. Los militares se reían de ellos y decían que ni la Unión ni la Resbalosa eran reconocidas por ellos como terrenos de la Comunidad de Paz.
En los últimos días del mes de septiembre de 2009 se registraron combates en Nuevo Antioquia, entre los paramilitares y la guerrilla, y en el caserío de San José, entre la guerrilla y la Policía. Los diversos actores armados continúan convirtiendo en campo de batalla espacios densamente habitados por población civil, lo que infringe los principios más básicos de los Convenios de Ginebra.
El domingo 4 de Octubre de 2009, hacia las 11:30 horas, Gildardo Tuberquia miembro de la Comunidad y de su Consejo Interno, se dirigía a la vereda Mulatos donde se encuentran varias familias retornadas, cuando fue retenido por espacio de 20 minutos por uniformados que en ningún momento se identificaron y que se encontraban en San José, allí trataron de empadronarlo pero Gildardo se negó por ser un procedimiento ilegal; ante ello los uniformados procedieron a insultarlo y respondieron que ellos hacían lo que les diera la gana; que para ellos no existían leyes.
El jueves 8 de Octubre de 2009, hacia las 10:00 horas, Julio Guisao, coordinador de la Comunidad de Paz en la vereda La Resbalosa, nuevamente fue retenido en San José de Apartadó por policías y militares; allí le pidieron los nombres de los familiares que habitan en la casa y luego los registraron en un cuaderno; cuando él les reclamó, señalando que eso era un empadronamiento y que era ilegal, le dijeron que tenía que callarse o de lo contrario sería esposado; le recordaron que ya había sido retenido en la vereda Mulatos (pues allí fue retenido y torturado por ellos mismos); después de eso se comunicaron por radio y le dijeron que se podía ir, pero que si los denunciaba, en cualquier momento lo podían retener, pues para eso tenían tropas en la zona.
Los días 8, 9, 10, 11 y 12 de Octubre de 2009, tropas del Ejército que se encontraban patrullando en la vereda La Resbalosa, continuaron amenazando a la gente de la Comunidad que habita allí, además interrumpiendo e irrespetando los espacios de la Comunidad. Dejaron sin agua a las familias de la Comunidad que habitan junto a la escuela de La Resbalosa.
El domingo 18 de octubre de 2009, en horas de la mañana, los paramilitares de Nuevo Antioquia le enviaron una nueva nota a la Comunidad de Paz que dice así:
“A ustedes, les pedimos el favor de que se salgan de esas tierras lo más pronto posible, porque estamos en busca de algunos que la han cagado, más o menos ustedes se imaginan quiénes son y si los llegamos a encontrar va a correr sangre y el que este por ahí va a llevar del tarro también, sea inocente o no sea inocente o si no se salen por uno pagan todos, no es una amenaza es una información que está en peligro sus vidas sino obedecen.”
La Comunidad de Paz reiteró su decisión firme de no obedecer órdenes de criminales aunque estén respaldados de manera tan clara por los poderes del Estado.
El domingo 11 de octubre de 2009, WILLIAM GUZMÁN, paramilitar reclutado para trabajar con la Brigada XVII desde el período del Coronel Néstor Iván Duque, llegó en moto al caserío de San José en compañía de otro paramilitar; allí retuvo a un miembro de la Comunidad de Paz al cual le confirmó que él trabajaba con los paramilitares y en estrecha relación con el Ejército y que ya habían decidido asesinar a EDUAR LANCHERO, acompañante de la Comunidad de Paz. Afirmó que le han hecho seguimientos a Eduar desde hace tiempo y que su muerte es cuestión ya de pocos días. La Brigada XVII del Ejército fue creando a su alrededor desde 1997 un núcleo de paramilitares con miras a destruir la Comunidad de Paz y sus acompañantes. Uno de sus integrantes ha sido WILLIAM GUZMÁN, como se ha denunciado en numerosos comunicados. Eduar fue blanco principal de la cantidad de falsedades que la Brigada le hizo afirmar al desertor de las FARC alias “Samir” el pasado 28 de mayo en la entrevista realizada por el ex Ministro Fernando Londoño Hoyos, pero ya antes, en la Escuela de Cadetes José María Córdova, se había descubierto que algunos oficiales le presentaban fotos de Eduar a los soldados para que lo memorizaran como alguien que había que matar. El Gobierno colombiano se ha negado a darle explicaciones de toda esta persecución contra Eduar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una vez más, queda claro ante el país y ante el mundo que las viejas estructuras paramilitares siguen actuando como antes bajo la protección y en connivencia con la fuerza pública.
El martes 13 de octubre de 2009, el soldado ANDRÉS OSORIO CRUZ, quien llevaba 10 aaños de servicio en la institución y se encontraba de servicio ese día en el caserío de San José de Apartadó, fue asesinado en horas de la noche cuando iba por el camino que conduce a la vereda La Unión, en compañía de ANEL GISSELA ZAPATA SOLÍS. Una hermana de la anterior, SANDRA PATRICIA ZAPATA SOLÍS, se había quedado en el caserío conversando con otros soldados, y cuando escuchó los disparos quiso ir a ver qué le había ocurrido a su hermana, pero los militares no se lo permitieron. Al día siguiente, Anel Gissela fue detenida y llevada a la Fiscalía para ser interrogada sobre el hecho; ella declaró que dada la oscuridad que había en el momento, no había podido identificar a los asesinos del soldado y preguntó que si podía realizar un viaje que tenía previsto a Medellín, a lo cual el fiscal le respondió que sí, pues no estaba detenida. El miércoles 4 de noviembre, la casa de la familia Zapata Solís fue allanada, sin que la Fiscalía hubiera encontrado elemento alguno comprometedor, y fueron detenidos varios miembros de la familia: WILLIAM ZAPATA SOLÍS, de 23 años, LUIS ARCELIO ZAPATA SOLÍS, de 21 años, y SANDRA PATRICIA ZAPATA SOLÍS, de 27 años; también buscaron nuevamente a ANEL GISSELA, pero ésta nos se encontraba, pues había viajado. Los acusaron de “porte ilegal de armas”, “uso de prendas de uso privativo de las fuerzas armadas”, “rebelión” y “homicidio”. Fueron llevados a la Brigada XVII y luego a la Fiscalia. La Defensoría Pública les nombró como abogada a la Doctora Yolanda Albarracín, quien se ha caracterizado por presionar a los detenidos para que acepten los cargos que se les imputan y se acojan a sentencia anticipada. No habiéndose encontrado elemento alguno en el allanamiento, las únicas pruebas que la Fiscalía dice tener contra ellas y ellos son dos testimonios de supuestos milicianos desmovilizados, sin que se sepa quiénes son y sin que den la cara para sostener lo que dicen, e incluso se ignora todavía qué dicen, pues la Fiscalía esconde esas pruebas como pruebas secretas sin permitir que los acusados se defiendan ni sepan en concreto de qué los acusan. Todo da a entender que los supuestos testimonios fueron aportados por la Brigada XVII, la cual ha confeccionado en las décadas pasadas infinidad de falsos testimonios y falsas pruebas para acusar a quien quieren, muchas de ellas obtenidas gracias a sobornos o amenazas y no pocas a torturas. Los pobladores del caserío de San José han escuchado comentar a los militares que permanecen allí, que si estas personas fueran puestas en libertad por la Fiscalía, habría que “tirarlas al piso”, expresión simbólica que significa darles muerte. Hay, pues, un interés del Ejército en acusarlos y condenarlos, quizás por sentimientos de venganza o con el afán de lograr “chivos expiatorios” por la muerte del soldado Osorio. Este nuevo episodio corrobora que la presencia de la fuerza pública en medio de la población civil y en sus espacios, atrae a la insurgencia a enfrentarse militarmente en espacios que son civiles y ambos bandos utilizan a la población civil para sus objetivos bélicos, razones por las cuales la Corte Constitucional censuró la presencia de estaciones de policía en medio de la población civil cuando hay contextos de conflicto armado (Sentencia T- 1206 / 01).
El sábado 17 de octubre de 2009, hacia las 16:00 horas, miembros del Ejército detuvieron, a la salida del caserío de San José de Apartadó, a los jóvenes WILMER ZAPATA y JESÚS ÚSUGA, pobladores de la vereda La Unión de la Comunidad de Paz. Los militares los trataron sin fundamento alguno de “guerrilleros” y les manifestaron que tenían que vengar las muertes que el Ejército estaba sufriendo en la zona, descargando esa venganza en la población de la región. Nuevamente calificaron a la Comunidad de Paz como una “h.p. comunidad guerrillera”, anunciándoles que tarde o temprano los militares iban a gozar con la cantidad de muertes que iba a sufrir esa comunidad.
El domingo 18 de octubre de 2009, hacia las 8:00 horas, en la salida de la vereda La Unión, miembros del Ejército detuvieron por más de media hora a los pobladores REINALDO AREIZA y HUBERT AREIZA, tratándolos también sin fundamento alguno de “guerrilleros”. Reinaldo había sido contactado en el pasado mes de Enero por el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante del Batallón Voltígeros de la Brigada XVII, e invitado a colaborar en la destrucción de la Comunidad de Paz, debiendo enfrentar, si no lo hacía, un proceso por rebelión y narcotráfico sustentado en falsos testigos, y recibiendo en pago, si lo hacía, sumas enormes de dinero. La denuncia del chantaje a todos los órganos del Estado y de la Comunidad Internacional, al parecer detuvo la ejecución del crimen, pero el Coronel Rojas Díaz continúa en su cargo y seguramente a ello se debe la continuidad de tantos hostigamientos y persecuciones, pues quien tiene la capacidad moral de tan viles chantajes, la tiene seguramente para perpetrar otros crímenes. Tanto Reinaldo como otros miembros de su familia han sido hostigados en repetidas ocasiones durante el último año. Los militares que los detuvieron el 18 de octubre les notificaron que “el apoyo internacional a la comunidad de paz se va a acabar muy pronto” y ello va a facilitar la destrucción de la Comunidad, objetivo que busca el Ejército intensamente, pues los militares afirmaban que con ello iban a disfrutar mucho. Seguramente aludían a la campaña mediática que ha desatado la Brigada XVII desde mayo de 2009 en adelante, utilizando las declaraciones colmadas de falsedades que ha dado el ex guerrillero de las FARC alias “SAMIR”, quien se entregó al Ejército en noviembre de 2008; ha permanecido ilegalmente en las instalaciones de la Brigada XVII y desde allí difunde calumnias contra la Comunidad en forma permanente, por las emisoras radiales de la región, sin que ninguna autoridad intervenga.
El lunes 19 de octubre de 2009, hacia las 16:00 horas, integrantes de la estrategia militar encubierta del Estado asesinaron en el corregimiento de Batata, del municipio cordobés de Tierralta, al joven JAIR JOHN REALES, de 22 años, quien había vivido antes en la vereda Naín, donde existe un asentamiento de la Comunidad de Paz, en zona limítrofe entre San José de Apartadó y Tierralta. Los paramilitares, con trajes civiles y portando armas, le pidieron a Jair John que se identificara y luego lo condujeron a la salida de Batata donde lo degollaron. Nuevamente los paramilitares amenazaron a toda la población del entorno a la que conminaron una vez más a abandonar sus tierras, advirtiéndoles que si no se salen van a ser asesinados. Hay que anotar que en Batata hay presencia del Ejército y de la Policia y no obstante los paramilitares tienen allí una base con más de 200 unidades y se movilizan sin problema alguno por la zona.
El mismo lunes 19 de octubre de 2009, el Magistrado DAGOBERTO HERNÁNDEZ PEÑA, de la Sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, rechazó la Acción de Tutela interpuesta por el suscrito contra el Presidente de la República, el Ministro de Defensa y el Director del DAS, por haberse negado a dar acceso a los informes que obran en sus bases de datos, tanto sobre el suscrito, como sobre 10 miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como lo establece el Artículo 15 de la Constitución Nacional. En efecto, desde que se conocieron las denuncias sobre “las chuzadas del DAS” y se destapó en parte lo que había detrás de ello, permitiendo conocer someramente que el suscrito había sido ilegalmente sometido a un procedimiento de “inteligencia ofensiva” por integrantes de una dependencia ilegal del DAS –el G3- por el sólo hecho de no compartir posiciones del Gobierno, y que así mismo 10 integrantes de la Comunidad de Paz, la mayoría miembros de su Consejo Interno, fueron sometidos ilegalmente a registros minuciosos de todos los aspectos de su vida privada, el suscrito interpuso diversos derechos de petición ante la Presidencia, el Ministerio de Defensa y el DAS, invocando el Artículo 15 de la Constitución, pero recibiendo siempre respuestas que negaban que allí hubiese informes de inteligencia sobre los accionantes, lo que pudo comprobarse que era absolutamente falso, motivando, entonces, la Acción de Tutela. El Magistrado HERNÁNDEZ PEÑA, al negar las pretensiones, lo hace exclusivamente invocando una “falta de legitimidad activa”, alegando que el suscrito no tiene derecho a representar a la Comunidad de Paz en el reclamo de sus derechos, lo que deben hacer ellos mismos por su cuenta o dándole poder a un abogado titulado. Pero el Magistrado no se pronuncia en absoluto sobre los derechos del suscrito, omitiendo toda consideración de los mismos, y se aparta de toda la jurisprudencia previa, con fundamento en la cual la Corte Constitucional le reconoció al suscrito en tres Sentencias de Tutela (T-249/03; T-327/04; /-1025/07) plena legitimidad para actuar en nombre de la Comunidad de Paz. Todo muestra que hay allí una decisión política, que no jurídica, mucho más si se tiene en cuenta que otro de los magistrados de la terna firmante, FERNANDO MALDONADO CALA, había hecho una trampa para negar otra Tutela en 2006, consistente en modificar las pretensiones de la Acción de Tutela, trampa que la Corte Constitucional descubrió, invalidando su sentencia y corrigiéndola.
El jueves 22 de octubre de 2009 varios altos oficiales de la Brigada XVII le manifestaron a integrantes de organizaciones internacionales que la Comunidad de Paz “miente”; que sus denuncias son “falsas” y tienen como objetivo “desacreditar al Ejército”, utilizando el acompañamiento internacional para “amparar terroristas”. Además les advirtieron que sólo van a reconocer el asentamiento de San Josesito como cobijado por las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y van a desconocer los demás asentamientos de la Comunidad de Paz como beneficiarios de dichas medidas. En los 12 años de existencia de la Comunidad de Paz, Ejército y Policía han negado la existencia de los crímenes de manera gratuita y rutinaria. Las “investigaciones internas” que han prometido o realizado, contemplan solamente la autoinculpación de los autores como prueba válida, la cual, como es lo corriente, nunca se da, procediendo inmediatamente al “archivo” de los casos. Las investigaciones desarrolladas por los organismos de control han sido tan corruptas que nuestra Comunidad tuvo que decidir, en un momento dado, no volver a colaborar con una justicia tan descompuesta. Este año se le expuso a las Altas Cortes del Estado, de manera minuciosa, el nivel de corrupción de la justicia en la zona, pero las Altas Cortes, fuera de manifestar su profunda preocupación, dijeron que no había nada que hacer. Por otra parte, la Comunidad de Paz no es una comunidad delimitada por fronteras territoriales sino por la opción de quienes ingresan a ella, de respetar unos principios y exigir unos derechos plenamente legítimos dentro de la Constitución Nacional, por lo cual la Corte Interamericana ha exigido Medidas Provisionales para TODOS sus integrantes y aún más, para todas las personas que presten servicios a la Comunidad de Paz. El Ejército no puede desconocer, a su arbitrio, los asentamientos de la Comunidad, menos decidir cuáles son y cuáles no son integrantes de la Comunidad de Paz, ni olvidar que la COMUNIDAD DE PAZ fue integrada originalmente por desplazados de muchas veredas que, poco a poco, han ido retornando y reconstruyendo lo que el Estado les había destruido, manteniéndose todos estos asentamientos de retornados dentro de los Principios de Comunidad de Paz.
El jueves 5 de noviembre de 2009 en emisoras locales de la región nuevamente alias “Samir” estuvo hablando por espacio de varias horas contra la Comunidad, mintiendo y agrediendo el proceso. Acciones que demuestran el accionar de la Brigada XVII contra la comunidad. El Estado no actúa en absoluto ante una persona como ésta que ha hecho tanto daño a la comunidad, que ha cometido Crímenes de Lesa Humanidad y que por el contrario posee el apoyo, la impunidad y el favor para atacar y agredir la Comunidad de Paz.
El sábado 14 de noviembre de 2009, hacia las 15:00 horas, GILBERTO GRACIANO, integrante de la Comunidad de Paz en el asentamiento de Mulatos, fue víctima de una mina antipersona mientras buscaba unos cerdos de su propiedad, a muy poca distancia del camino. En la zona había estado el Ejército días antes, y ya se va haciendo costumbre que luego llega la guerrilla y mina los terrenos donde han acampado los militares. Gilberto sufrió el destrozo de uno de sus pies.
El lunes 16 de noviembre de 2009, hacia las 10:00 horas, en la vereda Caracolí, ubicada en el trayecto entre San Josesito y Apartadó, Wilmer Tuberquia, poblador, poblador del caserío de San José, fue abordado por el paramilitar WILFER HIGUITA quien estaba acompañado de otro hombre en traje civil pero portando ambos armas cortas y movilizándose en una moto. Estos le advirtieron a Wilmer que tenían una lista de personas para asesinar y que entre ellas se encontraban: REYNALDO AREIZA, LUIS ARNELIO ZAPATA (asesinado pocos días después), FABIO MANCO, MARIO ARIAS, JESÚS QUINTERO, WILMER TUBERQUIA y otros pobladores de varias veredas, por cuyas muertes están ofreciendo 7 millones de pesos. Luego le pidieron que se fuera. Wilfer Higuita fue la persona de la cual se sirvió el Coronel Germán Rojas Díaz para chantajear a Reynaldo Areiza el pasado mes de diciembre (2008), invitándolo a colaborar en la destrucción de la Comunidad de Paz bajo la amenaza de ser judicializado como guerrillero y narcotraficante si no lo hacía, y a recibir grandes sumas de dinero en recompensa, si lo hacía. Wilfer ha sido visto también patrullando con el Ejército y ahora busca cómo matar al destinatario de los mensajes del Coronel Rojas, seguramente por no haber aceptado el chantaje y haberlo denunciado.
El sábado 21 de noviembre de 2009, a las 11:00 horas, los paramilitares realizaron una reunión en la vereda Batata, de Tierralta, Córdoba, en la cual conminaron a toda la población de la zona a carnetizarse bajo su dirección, para lo cual les daban un plazo hasta diciembre de 2009, advirtiendo que la persona que entonces no tenga carnet, será asesinada. Dicha reunión fue realizada en el centro del caserío, bajo la mirada de Ejército y Policía allí presentes.
El domingo 22 de noviembre de 2009, hacia las 13:00 horas, los paramilitares reunieron a los pobladores de la vereda Murmullo, de Tiarralta, Córdoba, haciéndoles las mismas advertencias que a la población de Batata el día anterior.
El lunes 23 de noviembre de 2009, hacia las 22:00 horas, fue asesinado por degollación, en el caserío de San José, el paramilitar alias “Lalo” o DAIRO DE JESÚS RODRÍGUEZ. Había llegado a colocar un establecimiento comercial desde que la fuerza pública ocupó el caserío en abril de 2005, reuniendo frecuentemente allí a paramilitares que subían de Apartadó y departían con policías y militares, ante el escándalo de la Comunidad de Paz que lo había conocido como partícipe en masacres que conmocionaron a la Comunidad, entre ellas las del 4 de abril de 1999 en la que fue masacrado ante sus hijos pequeños el educador y artista Aníbal Jiménez, autor del himno de la Comunidad de Paz. Ninguna de las múltiples denuncias de la Comunidad logró que el Estado judicializara a alias “Lalo”, ya que es la Brigada XVII la que decide a quién se persigue judicialmente y a quién no, y los paramilitares colaboradores del Ejército no entran entre los posibles judicializados. Siempre el Gobierno respondió que su hoja de vida estaba limpia en la base de datos de la justicia, y así ocurre con la casi totalidad de los paramilitares de base, ya que ellos no han utilizado su nombre ni su documento de identidad en sus actividades, siendo ésta una estrategia esencial del paramilitarismo, por lo cual la Ley 782 puede otorgarles tan generoso indulto y reubicarlos en servicios públicos remunerados. Los hermanos de alias “Lalo”, al llegar a San José a recoger su cadáver, prometieron vengar su muerte en la de algunos pobladores de la zona, para lo cual coordinarían esfuerzos con Ejército y Policía, ya fuera mediante incursiones en San José o en atentados aislados en Apartadó. Esto fue reiterado por paramilitares reunidos en el barrio Policarpo de Apartadó al día siguiente, quienes anunciaron que vengarían esa muerte con masacres contra la Comunidad de Paz.
El martes 24 de noviembre de 2009, hacia las 10:00horas, los paramilitares realizaron una reunión en el poblado de Nueva Antioquia, en la cual le comentaron a la población de la zona que habían estado buscando un acuerdo con la guerrilla, pero que al no lograrlo, asesinarían a cualquiera que tuviese relación con la guerrilla. Le advirtieron, además, a la población, que iban a carnetizar a toda la gente, y llevarían una ficha donde cada persona debe registrar sus movimientos, lugar de vivienda, nombres de los familiares y otros datos, y que quien sea sorprendido sin carnet será asesinado. Agregaron que en estos momentos su objetivo principal es exterminar la Comunidad de Paz. Para ello cuentan con la aquiescencia y apoyo de Policía y Ejército acantonados en Nuevo Antioquia, donde los paramilitares han mantenido una base, protegida por la fuerza pública por más de una década.
El miércoles 25 de noviembre de 2009, hacia las 17:00 horas, el paramilitar ELKIN TUBERQUIA, vinculado a las actividades de la XVII Brigada por el Coronel Néstor Iván Duque quien antes lo había torturado y amenazado de muerte, llamó a un miembro de la Comunidad de Paz múltiples veces amenazado por el Ejército, Rodrigo Rodríguez, y le ofreció $ 400.000,oo (cuatrocientos mil pesos) para que le estuviera informando lo que ocurría en la Comunidad de Paz y especialmente lo que hacía Eduar Lanchero, acompañante de la Comunidad que ha estado en la mira de militares y paramilitares para ser asesinado. Le dijo que a Eduar lo van a matar y que ya tienen una red conectada con el Ejército que va a cumplir esa tarea con facilidad. La triste historia de Elkin Tuberquia es demasiado conocida por la Comunidad, pues constituye un caso de sometimiento a procedimientos psíquicos perversos para cambiarle su conciencia moral y convertirlo en criminal luego de haber sido víctima. Elkin prestó servicios a la Vicepresidencia y al Ejército para adulterar la información sobre la masacre de febrero de 2005 ante el Cuerpo Diplomático y a te medios masivos y la Cámara de Representantes, en lo cual intervino el Coronel Néstor Iván Duque, tal como lo relató el líder paramilitar alias “HH” y su propio compañero de falsedades, Apolinar Guerra, quien decidió confesar todo lo que hicieron con ellos. La Fiscalía ha colaborado en el encubrimiento de Elkin, pues cuando los abogados lo citan a audiencias para que responda por sus falsedades, la Fiscalía afirma que “no sabe dónde está”.
El domingo 29 de noviembre de 2009, hacia las 15:00 horas, fue asesinado el poblador LUIS ARNELIO ZAPATA MONTOYA, habitante de la vereda La Antena, en cercanías del caserío de San José. Dos hombres armados y en moto llegaron temprano ese domingo al caserío de San José y preguntaron por varias personas, entre ellas Luis. Cuando éste bajaba en una chiva de San José a Apartadó, a la altura de el barrio El Mangolo de Apartadó, los hombres en moto y armados, quienes seguían la chiva, se encontraron con otra moto en la cual iban otros dos hombres armados y obligaron al carro a detenerse, quisieron obligar a Luis Arnelio a bajarse, pero él se resistió, y entonces lo asesinaron dentro del carro, en presencia de todos los pasajeros.
Como puede ver, Señor Presidente, esta cronología revela la persistencia de varias prácticas violatorias de los derechos humanos fundamentales y unas modalidades de contumacia permanente en el crimen de lesa humanidad de PERSECUCIÓN, por parte de numerosos agentes directos e indirectos del Estado:
· Se insiste en mantener el eje de su calumnia, proferida el 20 de marzo de 2005, como contenido nuclear de campañas difamatorias incesantes que se apoyan en militares, ex militares, ex guerrilleros, paramilitares supuestamente desmovilizados y activos, ex ministros, periodistas, empresarios e intelectuales, todos afectos a su Gobierno y colaboradores de sus estrategias y proyectos.
· El eje de esa calumnia sirve de justificación a múltiples formas de afrentas contra la Comunidad de Paz y sus integrantes, contándose entre las más graves: la tortura, los abusos sexuales, el pillaje de los medios de subsistencia de los campesinos, la destrucción o consumo de cultivos, el hurto de herramientas y menajes, la conminación a abandonar los territorios, las amenazas, los desplazamientos, el abandono de explosivos en sus parcelas de trabajo y los anuncios continuos de un inminente exterminio violento de la Comunidad de Paz.
· Se mantiene la estrategia paramilitar dotando de nuevas denominaciones a los mismos contingentes, tales como “Autodefensas Gaitanistas” ó “Águilas Negras”, pero utilizando los mismos cuarteles tradicionales, siendo uno de los más evidentes el de Nuevo Antioquia, donde gozan de la tolerancia, aquiescencia y colaboración de Ejército y Policía, manteniendo las estrechas relaciones que han mantenido durante varias décadas.
· Se ha intensificado como modalidad de persecución, y tomando en cuenta las más recientes reacciones de la insurgencia, el hacer presencia en forma de campamentos de varias semanas en cercanías de los asentamientos de la Comunidad de Paz, de modo que, una vez levantado el campamento, la guerrilla llegue a minar los lugares donde acamparon los militares, exponiéndose a graves riesgos y mutilaciones los integrantes de la Comunidad que acuden a sus sitios de trabajo.
Por otra parte, los medios de protección con que el teórico Estado de Derecho de Colombia dota a los ciudadanos para hacer frente a todas esas barbaries, se han revelado totalmente ineficaces:
· El peor desempeño lo ha tenido el poder judicial o administración de justicia, hoy usurpado – de facto - en la zona, por la Brigada XVII, como se le hizo ver a todas las Altas Cortes del Estado en el Derecho de Petición interpuesto el 19 de enero de 2009 y cuya copia se radicó también en el despacho del Señor Presidente.
· Las medidas administrativas inmediatas, que miran a evitar la persistencia de los males y a depurar la administración pública en contextos de enorme corrupción y criminalidad como el que se vive en Urabá, antes de que sea demasiado tarde, han sido evadidas por el Señor Presidente y remitidas todas las peticiones a otros funcionarios que no tienen competencia para solucionar los problemas. Un ejemplo patético fue el Derecho de Petición elevado al Señor Ministro de Defensa, Dr. GABRIEL SILVA LUJÁN, el pasado 28 de septiembre (2009), cuya copia incluyo en anexo como parte integrante de este Derecho de Petición, ya que haberlo enviado al Ministerio de Defensa fue totalmente inútil. La respuesta del Señor Ministro –incluida también en anexo- no contiene solución alguna a los horrores planteados ni da razón alguna de por qué el Gobierno no ha respondido a sus compromisos internacionales con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejando de responderle a sus requerimientos apremiantes. Tampoco explica el señor Ministro por qué todos los casos de “falsos positivos” perpetrados por la XVII Brigada han permanecido sin reconocimiento, sin verdad, sin justicia, sin reparación y sin respuesta a los órganos intergubernamentales, como han sido los casos de ARLÉN RODRIGO SALAS (17.11.05); EDILBERTO VÁSQUEZ (12.01.06); ALFONSO DE JESÚS BEDOYA FLOREZ (01.09.07); JUAN JAVIER MANCO MOLINA (14.12.07) y MARGARITA GIRALDO ÚSUGA (23.12.07). Tampoco da razón de la persecución contra el acompañante de la Comunidad de Paz EDUAR LANCHERO, por parte de oficiales del Ejército y paramilitares. Tampoco resuelve el problema de la destrucción de las cosechas de los campesinos de La Resbalosa, integrantes de la Comunidad de Paz, ni del pillaje de sus despensas por parte del Ejército, ni ordena la indemnización de las víctimas, sabiendo la penuria en que se encuentran estos campesinos, múltiples veces desplazados y retornados. Tampoco resuelve el problema de la presencia intensa de paramilitares en la zona, sobre todo en el caserío de Nuevo Antioquia donde gozan de la tolerancia, apoyo y simpatía de la fuerza pública. Tampoco resuelve el problema del saqueo permanente de las viviendas de los desplazados de San José ni de los espacios construidos por la Comunidad de Paz ahora convertidos en lupanares ante la mirada de la fuerza pública, luego de violar todas sus cerraduras. Tampoco responde nada sobre los generales y altos oficiales que tienen responsabilidades de mando en crímenes y “falsos positivos”, y sin embargo permanecen en sus puestos.
· Las medidas tomadas por la Corte Constitucional en su Sentencia T-1025/07, al ordenar al Ministerio de Defensa enviar informes quincenales a la Defensoría del Pueblo sobre los mecanismos de protección para los integrantes de la Comunidad y para quienes les prestan servicios, y a la Fiscalía enviar informes mensuales sobre el avance en la superación de la impunidad de los centenares de crímenes de lesa humanidad que han afectado a la Comunidad de Paz, han llegado a ser formalidades vacías. A pesar de los cuestionamientos de la Comunidad a los formatos de los informes, el Ministerio de Defensa ha llegado a una rutina inútil de escribir página y media quincenal, casi siempre idéntica a la anterior, en la que informa de operativos militares, para ellos de “protección”; para la Comunidad de “agresión”, y negando todos los atropellos que cometen en la quincena. Por su parte, la Fiscalía envía listados de casos abiertos en diferentes fiscalías, pero cuyos criterios probatorios y tratamiento judicial elemental, los convierten en delitos inconexos, aislados y perpetrados por fantasmas anónimos, dignos de ser archivados lo más pronto posible, como en efecto muchos lo han sido. Tal situación ha llevado a la Comunidad a solicitar encarecidamente a la Corte Constitucional una audiencia de seguimiento de dicha sentencia.
· Se supone que las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen como objetivo fundamental apelar a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia, en virtud de los cuales el Estado se ha obligado a acatar las Resoluciones de la Comisión y de la Corte, y en consecuencia a tomar medidas preventivas que eviten más crímenes fatales, cuando se dan cuadros de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos, pero Colombia ni siquiera ha acatado en el último año la obligación de enviar informes bimestrales a la Corte, medida con la cual dicho tribunal buscaba mantener una vigilancia extraordinaria de las altas instituciones del Estado con miras a evitar la continuidad de los crímenes.
La perspectiva que proporciona el análisis diacrónico de las prácticas violentas del Estado contra la Comunidad de Paz a través de los últimos trece años, permitiendo descubrir el núcleo del accionar persecutorio y los diversos recursos de recambio para implementarlo, tanto mediáticos como militares, paramilitares y judiciales, me lleva, Señor Presidente, a formularle una petición fundamental: desistir de su intento de exterminar la Comunidad de Paz de san José de Apartadó. Le ruego reconsiderar sus propósitos y tener en cuenta que la Constitución establece la Paz como “un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” (Artículo 22) y que la lógica más elemental enseña que una paz jamás se construye con la fuerza de las armas, sea por dominio de una fuerza sobre otra o mediante su equilibrio aterrorizante. Que, por tanto, la Comunidad tiene pleno derecho a exigir un ámbito vital sin armas ni dominios militares y sin militarización de los servicios esenciales para la supervivencia, y a rechazar el ser involucrada en planes militares y paramilitares para la región. Le ruego considerar también que un Estado no tiene derecho a descargar riesgos sobre la población introduciéndola forzadamente en escenarios de combate, ni a violar los derechos fundamentales de la población a la vida, la integridad y la libertad, recurriendo al patrocinio de estructuras paramilitares para masacrar, aterrorizar, destruir y desplazar a quienes no se someten, por imperativos de conciencia, a una ideología militarista y excluyente.
Si el Señor Presidente renunciara a los propósitos persecutorios contra la Comunidad de Paz, restauraría su honor y su buen nombre retractándose de sus calumnias que han servido de justificación a tantas violencias contra la Comunidad acallando a quienes las están reeditando constantemente para servir a sus propósitos, como periodistas, ex ministros, funcionarios judiciales, paramilitares, políticos e intelectuales; reubicaría las unidades de la fuerza pública en donde no incentiven el conflicto armado ni violen las opciones de paz de la Comunidad; permitiría que los proyectos de economía solidaria se desarrollaran con tranquilidad y que la vida, la libertad y dignidad de los miembros de la Comunidad y de la población de su entorno dejaran de ser rehenes de sus proyectos políticos, económicos y militares.
Invocando, pues, al derecho constitucional de petición, consagrado en el Artículo 23 de la Constitución colombiana, le solicito encarecidamente, Señor Presidente:
1. Intervenir a fondo la Brigada XVII del Ejército y hacer cesar en sus funciones a quienes desde su comandancia y la de sus batallones y secciones han violado la Constitución y la Ley mediante la ejecución o tolerancia de prácticas que viabilizan las diversas modalidades del crimen de lesa humanidad de Persecución, reemplazándolos por militares idóneos que conozcan y respeten la Constitución, las leyes, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los principios elementales de una ética universal.
2. Hacer cesar la usurpación de facto del poder judicial por la Brigada XVII, restaurando la independencia de poderes en la zona, como lo establece la Constitución.
3. Erradicar las estructuras paramilitares en el caserío de Nuevo Antioquia y alrededor de la Brigada XVII, las cuales gozan de aquiescencia, colaboración y respaldo de Ejército y Policía; destituir a quienes las han apoyado haciéndose responsables de sus numerosos crímenes y entregarlos a la justicia ordinaria.
4. Ordenar al Ministerio de Defensa la indemnización inmediata de los campesinos cuyos cultivos han sido destruidos y sus despensas saqueadas por miembros del Ejército, especialmente en la vereda La Resbalosa, así como de las familias desplazadas cuyas viviendas han sido saqueadas en el caserío de San José.
5. Restablecer el respeto a los bienes de los desplazados, como lo establece el Cuerpo de Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, y ordenar la indemnización a la Comunidad de Paz de los bienes colectivos abandonados en el caserío de San José, que han sido saqueados, ocupados y convertidos en lupanares, luego de violar todas sus cerraduras y de destruir los avisos de su protección en virtud del Derecho Internacional, con la aquiescencia de la fuerza pública allí acantonada.
6. Prescindir de los servicios de altos oficiales que recurren de manera tan audaz al chantaje y el crimen, como el CORONEL GERMÁN ROJAS DÍAZ, quien no tuvo recato alguno en conminar a Reinaldo Areiza a colaborarle en la destrucción de la Comunidad, bajo la amenaza de ser judicializado como guerrillero y narcotraficante si no lo hacía, y premiado con inmensas cantidades de dinero si lo hacía, y que ahora se sirve de su colaborador paramilitar WILFER HIGUITA para darle muerte a Reinaldo en represalia por haber denunciado el chantaje.
7. Prohibir los campamentos militares en cercanías de asentamientos de población civil, toda vez que la guerrilla está minando los sitios donde acamparon los militares, convirtiéndose dichos campamentos en un altísimo riesgo para la vida e integridad de la población civil allí asentada.
8. Asumir las peticiones elevadas al señor Ministro de Defensa el pasado 28 de septiembre, ya que ninguna fue respondida en consideración de los derechos y sufrimientos de los integrantes de la Comunidad de Paz y de las poblaciones de su entorno.
9. Suministrarme, a través del Ministerio de Defensa, las siguientes informaciones de carácter muy importante para las demandas de justicia frente a hechos que afectan a la humanidad como humanidad, para lo cual invoco también la Sentencia T-1025/07 de la Corte Constitucional: nombres, códigos, unidades de pertenencia y línea de mando de los militares que estuvieron presentes en los diversos crímenes perpetrados a partir del último derecho de petición (febrero 2 de 2009) y reseñados en la cronología que antecede.
Así mismo le reitero, Señor Presidente, las demás peticiones contenidas en los Derechos de Petición de julio 29 de 2003 (Rad: 152982), de octubre 15 de 2003 (Rad: 195947), de enero 15 de 2004 (Rad: 241719), de febrero 26 de 2004 (Rad: 260021), de abril 5 de 2004 (Rad: 279992), de mayo 20 de 2004 (Rad: 300313), de julio 6 de 2004 (Rad: 320803), de septiembre 20 de 2004 [Rad: 359840], de enero 19 de 2005 (Rad: 399453), de mayo 12 de 2005 (Rad: 419900); de septiembre 16 de 2005 (Rad: 435971), de noviembre 21 de 2005 (Rad: 442212); de marzo 16 de 2006 (Rad: 06-26397); de septiembre 18 de 2006 [Rad: 06-209339]; de julio 3 de 2007 [Rad: 07- 67332] ; de marzo 31 de 2008 [Rad: 08-31917] y de febrero 2 de 2009 [Rad: 09-15.563] que no han obtenido ninguna respuesta compatible con la obligación de GARANTE que la Constitución de la República le impone ni con las atribuciones constitucionales que para ello le otorga.
De antemano le agradezco, Señor Presidente, su atención a estas apremiantes solicitudes y le ruego responderme, dentro de los términos legales.
Derecho de Petición No. 11 al presidente Juan Manuel Santos Calderon

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 15
 Artículo 15
 Artículo 15
 Artículo 23