Source: http://www.articulacionfeminista.org/a2/index.cfm?aplicacion=app003&cnl=76&opc=23
Timestamp: 2019-05-25 07:01:21+00:00

Document:
BENEFICIOS SOCIALES, UN DERECHO DE LAS MUJERES
AUTO SUPREMO Nº 078 02/03/2009 – CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Una mujer que trabajaba en la Empresa Bopa Internacional, desde febrero de 2001, fue despedida intempestivamente el 26 de abril de 2002, después de que cumpliera un mes de haber dado a luz. Por esta situación, la mujer amparándose en la Ley 975 interpuso una demanda contra sus empleadores/as por pago de beneficios sociales, subsidios familiares, así como también salarios devengados por todo el tiempo no trabajado. Después de 30 días de haber transcurrido el despido, los demandados teniendo conocimiento del proceso, decidieron convocar a la empleada para reincorporarla a su fuente laboral. Entretanto, el proceso siguió su curso y la demanda fue declarada probada en la Sentencia Nº 222 emitida el 5 de octubre de 2004, que declara probada la demanda, que ordena a la Empresa empleadora el pago de beneficios sociales a la demandante, disponiendo la suma total de Bs.13.893, 60. La resolución, fue recurrida y elevada hasta casación por la parte demandada; sin embargo, esta última concluyó ratificando la sentencia que motivó el recurso. A partir de este caso, se puede destacar, que la Ley que se hace referencia, prevé que toda mujer en periodo de gestación, hasta un año de nacimiento del hijo, goza de inamovilidad en su puesto de trabajo, LA NORMA NO SUPONE QUE QUIEN SE AMPARA en ELLA, PUEDA ELEGIR ENTRE EXIGIR SU REINCORPORACIÓN O SIMPLEMENTE SOLICITAR UN PAGO COMPENSATORIO POR TAL PERIODO. Por esta razón, es importante que toda mujer que se encuentre en esta situación u otra similar, sepa que al amparo de la ley 975 puede demandar su reincorporación inmediata a su fuente laboral y en su defecto, ante el eventual rechazo de su reincorporación por la entidad empleadora, la empresa en cuestión, queda obligada al pago de salarios por el tiempo de cesación hasta el año de vida de la hija/o. La Ley 975 brinda protección a la mujer en estado de gestación o de lactancia, en concordancia con la jurisprudencia emitida por el Supremo Tribunal a través de Sentencias Constitucionales, que disponen expresamente la inamovilidad funcionaria, hasta el año de nacimiento del hijo o hija y se efectiviza precisamente cuando la trabajadora es retirada por causas ajenas a su voluntad y ello exige la reincorporación a su trabajo, dejando claro que el derecho al trabajo no puede monetarizarse sino mas bien restituirse y en su defecto compensarse con beneficios sociales que correspondan.
TRIBUNAL SUPREMO GARANTIZA DERECHO A BENEFICIOS SOCIALES DE DEMANDANTE
La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo garantizando el derecho de una mujer al pago de sus beneficios sociales por parte de una empresa hotelera en la que prestaba servicios.
El caso da cuenta de que la empleada presentó la demanda en un juzgado en el que obtuvo una sentencia favorable, reconociéndose el pago de beneficios a su favor por un monto de más de 16 mil bolivianos, correspondientes a indemnización, desahucio, vacación, subsidios prenatal, de natalidad y lactancia.
La sentencia fue apelada por el demandado ante la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, quien emitió el Auto de Vista Nº 182/2005 SSA II del 4 de agosto de 2005, por la que se confirma la sentencia de primera instancia en todas sus partes, con costas para el empleador.
Esta decisión motivó al demandado a interponer un nuevo recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando indebida aplicación de leyes laborales, "violación total a la inversión de la prueba" y "desprecio procesal" a todas sus pruebas. Pese a estos argumentos, el Tribunal Supremo confirmó la decisión ratificada en segunda instancia, expresando que “si realmente se hubiera obstruido su derecho a la defensa, la solución dictada por ese tribunal hubiera sido la nulidad y no otra.
El fallo concluye con una llamada de atención sobre la falta de ética profesional, por la utilización de expresiones de desprecio a la condición de mujer y el uso de calificativos como "oscura demandante", "ignorante", "analfabeta funcional" y otras ofensas contra la dignidad humana de la demandante”.
Mujer que fue despedida por haber faltado dos días a su lugar de trabajo debido a la muerte de su padre, deduce recurso de casación en el fondo, para que se declare injustificado el despido de que fue objeto. Este caso plantea la problemática que se presenta en la aplicación por parte de los jueces de fondo, de las reglas de la sana crítica, que si bien otorgan libertad al juez para lograr convicción, ésta no puede significar desatender el tenor literal de la ley. La actora acusa falta de los sentenciadores porque desestimaron el dolor y la aflicción padecida por su parte como constitutivos de la justificación de sus ausencias, en especial destaca la no aplicación de la modificación al artículo 66, que establece como permiso legal, el ocasionado por fallecimiento de un ser querido. La Corte Suprema acoge el recurso y deja de manifiesto el error del tribunal de primera y segunda instancia en la interpretación y aplicación de las normas invocadas por cuanto, según se desprende de los múltiples y graves pruebas de autos, las faltas de la actora fueron por una parte, plenamente justificadas y por otra configuran un caso fortuito, que no es posible informar con antelación. “ De acuerdo al artículo 45 del Código Civil, un caso fortuito es un hecho imprevisible e irresistible, por lo que la muerte del padre se ajusta a él y justifica las inasistencias de los días 7 y 8 de diciembre de 2005. Así, la decisión del tribunal es equivocada en tanto se basó en lo ocurrido días siguientes a los referidos, porque la justificación aquí se compone de la comprobación del fallecimiento referido y el conocimiento que de ello tenía la empleadora.” “No habiéndose configurado la causal de despido invocada por la demandada, procede acoger las pretensiones de la actora relativas al pago de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicios, esta última con un recargo del ochenta por ciento, por lo que se revoca la sentencia apelada en cuanto declara justificado el despido de la actora”
Sentencia T-424/10. M.P. Juan Carlos Enao Perez
La mujer accionante del caso, interpuso tutela contra el alcalde del municipio de Luruaco, Atlántico, como contratante de sus labores, debido a que fue traslada sin el correcto proceso y posteriormente retirada de su labor, sin tener en cuenta que la mujer tenía doble protección, en razón a su fuero sindical y a ser madre cabeza de familia. La Corte determina que a pesar de que la actora pudo haber acudido a la jurisdicción ordinaria laboral para pedir la protección de su fuero sindical, en el caso concreto, la acción de tutela es procedente como mecanismo para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Lo anterior teniendo en cuenta que se probo tanto que la peticionaria es una madre cabeza de familia a cargo de dos niños menores de edad, uno de los cuales está gravemente enfermo, como que depende económicamente del salario que dejo percibir a raíz de los hechos del caso. Establece que la Administración vulneró los derechos de la mujer a un debido proceso, al trabajo y al mínimo vital, por haber ordenado traslado sin el procedimiento de levantamiento del fuero sindical y posteriormente, ser retirada del servicio por la causal de declaración de vacancia del empleo por abandono del mismo, sin que se reunieran los presupuestos fácticos para que dicha causal se configurara y sin que tampoco se llevara a cabo el correcto procedimiento para realizar este acto. Por este motivo, la Sala suspende los efectos de las Resoluciones que dieron lugar a los hechos, y ordena el reintegro de la peticionaria a su labor, como mecanismos transitorios de protección, mientras la jurisdicción competente se pronuncia sobre su caso particular, dando 4 meses a la mujer para que interponga la correspondiente acción.
Jueces y Juezas de la Red, aportan en la construcción de “la Ley de Deslinde Jurisdiccional”
El proceso constituyente abrió la oportunidad para que muchos sectores excluidos como el de las mujeres y de los pueblos indígenas pudieran aportar y participar activamente en la construcción de un nuevo Estado. Este proceso, generó espacios de diálogo, análisis y extensos debates respecto a las mejores formas de garantía de protección de los derechos humanos de estos sectores, entre los cuales se disputaba el reconocimiento constitucional de la autodeterminación de los pueblos como un derecho colectivo y que ponía en debate, si esta podía ser o no ejercida en todos los ámbitos, desde la propiedad de la tierra y territorio, el respeto y ejercicio pleno de usos y costumbres, hasta la aplicación de estos últimos en la administración de justicia.
La Nueva Constitución Política del Estado reconoce a la justicia Indígena Originaria Campesina, en igualdad de jerarquía que la Ordinaria, disponiendo para su eficaz funcionamiento la elaboración de una normativa especial como la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que norma la convivencia de esos ordenamientos y sus consensos formales.
Actualmente Bolivia, se encuentra en etapa de adecuación de normativas que hacen a la estructura y composición de la nueva institucionalidad del Estado y la “Ley de Deslinde Jurisdiccional”, está en proceso de construcción. En este marco, se hace imprescindible la participación de actoras/es tales como autoridades indígenas originarios campesinos que conocen, aplican y administran justicia en sus respectivos pueblos, según sus usos y costumbres; así como también de autoridades de la justicia ordinaria. Los días 24 y 25 de agosto del año en curso, miembros de la Red Nacional de Juezas, participaron en el Taller Nacional de Revisión del Proyecto de “Ley de Deslinde Jurisdiccional”, convocado por el Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina y apoyado por la Coordinadora de la Mujer y COSUDE. En este espacio, las autoridades de ambas jurisdicciones debatieron sobre las mejores formas de implementación y coordinación entre ambos sistemas de justicia y concertaron sobre la necesidad de garantizar el acceso a la justicia para todas las personas y de hacer efectiva la resolución de conflictos de manera rápida, ágil, oportuna y en concordancia a principios fundamentales que rigen al Nuevo Estado, como el reconocimiento, el respeto y la obligatoriedad de protección y garantía de los derechos humanos.
Entre otros puntos, no menos importantes, las/os integrantes de la Red de Juezas pusieron en consideración la revisión y validación de los artículos relativos a la composición de autoridades para que se garantice la participación de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres, así como la aplicación de la justicia de forma coordinada entre las jurisdicciones ordinaria e indígena originaria, cuando se traten o resuelvan conflictos vinculados a los derechos humanos, en especial el de las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
.uri', '', 'width=780,height=580,scrollbars' )">Boletin N° 5 - 01/06/2011
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PROTECCIÓN A MUJERES EMBARAZADAS E INAMOVILIDAD LABORAL
AUTO SUPREMO Nº 98 20/03/2009 ? Corte Suprema de Justicia
El presente caso evidencia la vulneración del derecho al trabajo de una mujer en estado de gravidez, es vulnerado por parte de sus empleadores. Ella fue despedida intempestivamente y esta razón la motivó a plantear una demanda por despido forzoso de su fuente laboral. Del proceso, la trabajadora obtuvo como resultado una resolución favorable emitida en primera instancia del distrito judicial que atendió el caso y que dispuso, de conformidad a la ley 975 de inamovilidad laboral a mujeres en estado de gestación hasta el año de nacimiento del hijo o hijo/a, a la inmediata reincorporación de la trabajadora a su fuente laboral, el reconocimiento del subsidio prenatal, lactancias y maternidad, además de todos los salarios devengados hasta la fecha de reincorporación de la trabajadora a su fuente laboral. Esta primera decisión fue apelada por la parte demandada, argumentando que ignoraba por completo el estado de gestación de la trabajadora y utilizando como instrumento de su defensa la revisión y consideración de la ecografía presentada por la misma demandante. Los empleadores destacaron que incluso ella desconocía de su estado de gravidez. Este argumento logra desvirtuar el rol protector y garante del Estado a los derechos humanos en particular de las mujeres gestantes y es el que utilizó el Tribunal Supremo que revisó la causa como fundamentación para disponer y deliberar que no correspondía la cancelación de los sueldos devengados dispuesta por los juzgadores de primera instancia ni la reincorporación de la demandante a su fuente laboral, en mérito al tiempo transcurrido.
AUTO SUPREMO Nº 078 02/03/2009 ? CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
T-649/09 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
Una mujer en estado de embarazo presentó acción de tutela contra una empresa de servicios temporales, con ocasión del despido efectuado sin justa causa cuando transcurría el segundo mes de embarazo. La Corte analiza si esta actuación de la empresa vulnera los derechos fundamentales de la mujer a la vida digna, seguridad social, trabajo y estabilidad laboral reforzada. Se reitera jurisprudencia en cuanto al alcance del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo y durante el período de lactancia y la presunción de despido por esa razón, cuando no media autorización del inspector de trabajo o del alcalde ni se tiene en cuenta los procedimientos legalmente establecidos. Subraya que el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo o durante el período de lactancia tiene el estatus de fundamental, por ello la acción de tutela se constituye en mecanismo idóneo y eficaz para causar su protección, especialmente cuando está involucrado el mínimo vital o se trata de una situación que para la mujer es insostenible y amerita la adopción de medidas urgentes del juez constitucional. Por lo anterior tutela los derechos de la mujer, aclarando que el juez de tutela debe analizar cada caso en concreto, pues del tipo de contrato y de función desempeñada es que se deben tomar las medidas necesarias para restablecer los derechos afectados, de esa manera, se ordeno el reintegro en el punto especifico donde se desempeñaba la mujer, estableciendo que en caso de que realmente no existiera ninguna posibilidad de que está continuará prestado la labor para la cual fue contratada en ese establecimiento de comercio, debía ser reubicada en cualquiera otra empresa usuaria
SE FORTALECE RED NACIONAL DE JUEZAS Y JUECES PARA PROTEGER
La Coordinadora de la Mujer, en coordinación con ocho instituciones afiliadas a la misma, impulsa desde la gestión 2009, la articulación y fortalecimiento de una instancia nacional conformada por operadoras/es, administradoras/es de justicia, que estén vinculadas al tratamiento y resolución de conflictos directamente relacionadas con la vulneración de los derechos humanos de las mujeres, en especial el derecho a vivir sin violencia, cualquiera sea su forma de ejercicio.
En este sentido, el Centro de Capacitación Integral de la Mujer Campesina - CCIMCA, institución afiliada a la Coordinadora de la Mujer, con la finalidad de dar continuidad a esta iniciativa; realizó el 09 de agosto del año en curso, en la Sala de Honor de la Corte Superior de Distrito, un taller de facilitación sobre instrumentos internacionales de protección de los derechos de las mujeres, en el que se enfatizó la violencia sexual y el feminicidio como las máximas expresiones de ejercicio de poder contra las mujeres.
En la actividad, participaron autoridades del Órgano Judicial, Brigadas de Protección a la Familia, FELCC, Ministerio Público entre otros, quienes a partir de un extenso debate sobre los temas arriba señalados, expresaron que una de las grandes limitaciones para su actuación incorporando el enfoque de género, se da por la misma norma que aplican ya tiene componentes altamente machistas. Por esta razón, los concurrentes, decidieron ser parte de esta instancia nacional, entre ellos, el Presidente de la Corte Superior de Distrito de Oruro, Doctor Juan Domingo Ferrufino, quien expresó que el ser parte de la Red plantea como uno de los muchos desafíos que puedan emerger para coadyuvar en la exigibilidad del mejoramiento del sistema judicial y el acceso de las mujeres al mismo, trabajar en los procesos de reforma legislativa que actualmente vive nuestro para la adecuación de normativas especiales a la Nueva Constitución Política del Estado; entre las cuales destacó la revisión del Proyecto de Reforma Penal y la incorporación de la figura del feminicidio.
.uri', '', 'width=780,height=580,scrollbars' )">Boletin N° 4 - 30/09/2010
CUANDO LA JUSTICIA ES EFECTIVA
SANCIONAN A VOLCALES POR INADECUADA REVISIÓN DE ACTUACIONES PROCESALES
Una mujer obtuvo la disolución de matrimonio, la tenencia de sus tres hijas y una asistencia familiar de 130 Bs. (menos de veinte dólares), acogiéndose a la causal prevista en el Art. 130 - numeral 4 del Código de Familia referida a “sevicias, injurias graves o malos tratos de palabra o de obra que hagan intolerable la vida en común….”.
Una vez tomada esta decisión la mujer interpone recurso de apelación para que se revise el monto de asistencia familiar impuesto por la autoridad judicial, ya que la asistencia definida, no cubría las necesidades básicas de las menores.
La instancia que conoce el recurso, no se pronuncia sobre el tema de apelación y por el contrario plantea una observación de “supuestos defectos procesales”, bajo el fundamento legal previsto en el art. 327 del Código de Procedimiento Civil, lo que motivó en ese tribunal a la anulación de obrados hasta la demanda, es decir hasta su inicio.
En consecuencia, la demandante interpone un recurso de casación contra aquella decisión, aclarando, pertinentemente además, que los defectos procesales a los que se refiere el tribunal de segunda instancia fueron subsanados y enmendados oportunamente, por lo que bajo ninguna circunstancia correspondía la anulación de obrados.
Este caso permite evidenciar la falta de eficacia en la administración de justicia que en este caso particular no fue ocasionado por incumplimiento o inobservancia de lo que establece la norma, sino más bien por los vocales que dictaron auto de vista, desconociendo las actuaciones de las partes, y fundamentalmente la petición de la recurrente.
Finalmente el Tribunal Supremo se pronunció sobre el caso, dictando la Anulación de obrados y ordenando al tribunal inferior pronunciar un nuevo Auto de Vista (sobre el fondo de la causa) sin esperar turno y previo sorteo, en concordancia a lo que establece el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (es decir, sobre los puntos que resolvió el juez de primera instancia y que motivaron su apelación para la revisión de fijación de asistencia familiar y división de bienes gananciales). Asimismo, se impuso una multa de Bs. 100.- a cada uno de los vocales que suscribieron el Auto de Vista, a ser descontados por planilla.
Los siguientes dos casos sientan precedente jurisprudencial sobre la efectiva protección de los derechos de las trabajadoras embarazadas:
Sentencia T-088/10. M.P: Jorge Ignacio Pretel Chaljub.
Se interpone acción de tutela contra el Departamento de Magdalena por docente de institución educativa departamental, quien fue despedida estando en estado de gravidez, el cual no había sido notificado al empleador. La Corte decidió en este caso conceder el amparo a los derechos fundamentales invocados y en consecuencia ordena el reintegro al puesto de trabajo de la accionante.
La Corte establece que el requisito de que el empleador conozca o deba conocer el estado de gravidez no puede interpretarse de manera rígida, pues esto ha llevado a condiciones de desprotección que se convierte en un asunto probatorio de difícil superación, lo que coloca a las mujeres en situación de grave indefensión, puesto que conferir protección a la mujer únicamente cuando se ha comprobado que el despido fue discriminatorio esto es, que se despidió a la mujer en razón o por causa del embarazo, termina por restringir una protección que la Constitución confiere de manera positiva, en términos muy amplios, y cobija tanto a las mujeres gestantes como a los (as) recién nacidos (as).
El fallo expone el alcance del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo y durante el período de lactancia y el alcance de la sentencia T-095 de 2008. Señala que “Uno de los principios constitucionales que debe orientar las relaciones laborales es la estabilidad en el empleo (Art. 53 C. P.), entendido como una garantía institucional que debe gobernar en nuestro Estado Social de Derecho y que tiene por finalidad garantizar la primacía de los derechos inalienables de la persona, mandato que adquiere una importancia mayor cuando se trata de mujeres en estado de embarazo y después del parto, en tanto no brindar una protección oportuna y eficaz es constitutivo de un acto discriminatorio que resulta insostenible a la luz de la igualdad real (Arts. 13 y 43 C. P.). “Esta especial protección y asistencia por parte del Estado ha sido entendida por el intérprete constitucional como una estabilidad laboral reforzada que le permite a la trabajadora “permanecer en el empleo y (...) obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, inclusive, en contra de la propia voluntad de su empleador, en caso de no existir una causa que justifique el despido, que de ninguna manera puede ser consecuencia de su estado de embarazo o de lactancia”.
CONFORMAN PRIMERA RED NACIONAL DE JUEZAS Y FISCALES PARA PROTEGER
Respondiendo a la convocatoria de la Coordinadora de la Mujer y de sus instituciones afiliadas como la Fundación La Paz, Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza -CPMGA, Instituto de Formación Femenina Integral- IFFI, Centro Juana Azurduy, Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina - CIMCA, Equipo de Comunicación Alternativa de Mujeres - ECAM , Mujeres en Acción y Casa de la Mujer, se llevó a cabo en la ciudad de La Paz el primer Encuentro Nacional de Juezas y Fiscales, el pasado 8 de abril del presente año, en el que se revisaron los principales instrumentos internacionales ratificados por el Estado Boliviano de protección de los derechos de las mujeres y su aplicación en el ámbito judicial.
El objetivo del Encuentro fue el de conformar con las autoridades presentes una Red Nacional que se constituya en una instancia de protección de los derechos de las mujeres y, en particular, del derecho a acceder a la justicia, garantizando su efectivo ejercicio en el ámbito judicial, a partir de la acción coordinada de juezas, fiscales y organizaciones de mujeres, con capacidad de incidir en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de aplicar normativa e instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres, dentro de los procesos judiciales que conocen y en las resoluciones judiciales que emiten.
Una vez conformada la Red, las autoridades presentes, abogadas de instituciones afiliadas y la Coordinadora de la Mujer, acordaron entre otras actividades a seguir a corto plazo: producir información, definir la caracterización de la problemática de violencia de género, mediante diversas actividades e impulsar la conformación de redes interdepartamentales, que coadyuven en el seguimiento a casos de violencia ejercida contra las mujeres y en la implementación de acciones tendientes a mejorar o en su defecto exigir el cumplimiento de las políticas públicas y/o la aplicación de normativa, relativa a la prevención y protección de las mujeres frente a la violencia y de sanción para sus agresores.
.uri', '', 'width=780,height=580,scrollbars' )">Boletín No 3 - 17/05/2010
VIOLENCIA, JUSTICIA E IMPUNIDAD
RETARDACIÓN DE JUSTICIA GENERA IMPUNIDAD
Después de cuatro largos años de “proceso”, eL delito de violación de una adolescente, queda impune como consecuencia de la aplicación de acción de extinción penal motivada por retardación de justicia en el Sistema Judicial. El caso fue presentado por el Ministerio Público el 22 de diciembre de 2005. Un año después, el agresor es detenido preventivamente en la cárcel pública de la ciudad de Santa Cruz y recién el 20 de enero de 2007, el Ministerio Público eleva acusación ante el Juzgado de Instrucción, para su remisión al Tribunal de Sentencia el 19 de marzo del mismo año. Desde esta instancia se fija como fecha de juicio oral el 27 de agosto de 2007, la audiencia fue suspendida por Inasistencia del Ministerio Público, por lo que se fijó una segunda audiencia para el 10 de septiembre de 2009, la misma que también fue suspendida hasta el 14 de octubre de 2009, fecha en que la audiencia finalmente pudo realizarse. Durante la audiencia el debate se centró en el planteamiento de un recurso legal como es la extinción de acción penal, previsto en el Código Penal y su Procedimiento, propuesto por la defensa del acusado, dejando de lado la acusación por delito de violación ejercido por el imputado contra la adolescente. La defensa fundamentó su recurso apoyándose en normativa internacional y jurisprudencia nacional, que incluye la sentencia Nº 0101/2004 – R y el auto complementario Nº 79/2004 - RCA del Tribunal Constitucional que establece, en líneas generales, que la extinción de acción penal procederá cuando la dilación del proceso más allá del plazo máximo establecido sea atribuible al órgano judicial y/o Ministerio Público y no a la conducta del imputado o procesado. Estas razones justificaron que, finalmente, el Tribunal de Sentencia concluyera la audiencia declarando la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, dejando en total impunidad el delito de violación y otorgando libertad a un hombre que en cualquier momento puede agredir sexualmente a otra mujer.
MUJER CONDENADA A 30 AÑOS DE CÁRCEL POR VIOLAR A CUATRO NIÑAS
Con 30 años de privación de libertad fue sancionada la mujer de 27 años, acusada por el delito de violación contra tres niñas de 10, 8 y 6 años de edad, que era su vecina y “colaboraba a su madre con el cuidado de sus hijas” cuando ésta iba a trabajar. Al proceso se suma otra acusación formulada por la madre de otra menor, también vecina de aquellas, que además de demostrar los daños físicos (desgarros antiguos) por las constantes violaciones a las que fueron sometidas las cuatro niñas, por penetración que la agresora realizaba con sus manos. Por las particularidades del caso, es importante destacar la valoración que se hace de las pruebas psicológicas que señalan daños post traumáticos (traumas ocasionados por violaciones con penetración y práctica de sexo oral) que, como ocurre en muy pocas oportunidades, es considerada relevante, conduciendo asertivamente al Tribunal a condenar a la agresora a la pena máxima de 30 años de privación de libertad El presente caso cuestiona el mito de que la violencia sexual solamente puede ser ejercida por hombres. Si bien la realidad en nuestro país y en el mundo nos demuestra que la violencia es generalmente ejercida por hombres, como una forma de sometimiento y expresión de ejercicio de poder y dominación contra las mujeres, la agresividad y los delitos sexuales cometidos por mujeres también son una realidad. El caso permite abrir el debate respecto a las representaciones y los imaginarios sociales en los que se maneja la idea de que el cuerpo femenino es particularmente “violable”, por ende, la comisión de delitos sexuales solamente es atribuible a los hombres, lo que amerita para el caso de Bolivia, considerar la importancia de que el Estado implemente un registro de datos estadísticos en el Poder Judicial que cuantifique el número de víctimas y agresores, los caracterice, para que justamente este tipo de casos no pasen inobservados. Asimismo, el caso nos convoca a analizar la concepción que se tiene de las mujeres como sujetas “vulnerables a la agresión” que implícitamente aleja la discusión del ámbito de interpelación de relaciones de poder que se mantienen reforzando estos imaginarios. En el caso particular, la violación sexual (como formad ejercicio de poder) es ejercida por una mujer adulta sobre los cuerpos de otras mujeres, menores de edad, que no dan su consentimiento, y que son obligadas, en un esquema jerárquico de fuerzas a responder a sus exigencias.
POR FEMINICIDIO CONDENADO A 30 AÑOS DE CÁRCEL
El presente caso, seguido por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, permite identificar elementos para caracterizar a lo que todavía se describe conceptualmente como feminicidio, para diferenciarlo de la figura penal de asesinato. El caso se refiere al asesinato de una mujer cuyo conviviente maltrataba a la mujer y sus hijos, física y psicológicamente. El último hecho de violencia ejercido contra la mujer ocurrió el 9 de noviembre de 2004, cuando el imputado cumplió las amenazas a quien hasta entonces era su mujer, por haber decidido ya no vivir con su agresor. Esta decisión, al no contar con el respaldo institucional y legal que la víctima buscó, terminó siendo el detonante para que el agresor la asesine. En el proceso, se demostró la situación de convivencia de la víctima y su agresor, así como relación de violencia a la que era sometida y que era de conocimiento de las autoridades competentes, quienes obraron impulsando una conciliación que no ofrecía ninguna garantía de seguridad para la mujer. Asimismo, se demostró la existencia de amenazas de muerte efectuadas por el imputado en reiteradas oportunidades, lo que finalmente concluyó con la muerte de la víctima por asfixia y traumatismo encéfalo craneano. Por estas razones, finalmente el tribunal determinó condenar al imputado a 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto por la comisión del delito de asesinato.
Los siguientes dos casos sientan precedente jurisprudencial que bien puede ser considerado y citado por quienes administran justicia al momento de fundamentar casos relacionados que conocen y resuelven: El primero resuelve una demanda de inconstitucionalidad del artículo 211, numeral 4°, de la Ley 599 de 2000 –modificado por el artículo 7° de la Ley 1236 de 2008 que plantea que la causal de agravación punitiva del artículo impugnado viola el derecho al debido proceso- por contemplar una causal de agravación injustificada para los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de catorce años. La Sentencia se pronunció expresando que la norma cuestionada sí es inconstitucional porque “tanto el comportamiento agravado como los hechos punibles de acceso carnal abusivo (art. 208, Código Penal) y acto sexual abusivo en menor de catorce años (art. 209, Código Penal), tendrían la característica de ofender un mismo bien jurídico, en este caso, el de la libertad e integridad en la formación sexual de personas menores de catorce años.
El segundo caso muestra cómo la Corte Nacional de Justicia de Quito declara infundado el recurso de casación interpuesto por el agresor contra la sentencia que lo condena a cuatro meses de prisión correccional por ser considerado autor del delito tipificado como LESIONES, multa de diez y seis mil dólares americanos y pago de daños y perjuicios ocasionados en la víctima. Por ende, este caso se constituye en una buena práctica judicial favorable a las mujeres, que ratifica la condena y sanción de un agresor.
MOVIMIENTO DE MUJERES DE LA PAZ EN MARCHA FÚNEBRE CONTRA EL FEMINICIDIO
Representantes de organizaciones e instituciones de mujeres vinculadas con la lucha contra la violencia hacia las mujeres protagonizaron el pasado 8 de Marzo una masiva marcha fúnebre de protesta en contra del feminicidio y la impunidad.
Como parte de las acciones de conmemoración de los 100 años de la definición del Día Internacional de la Mujer, las organizaciones de mujeres vestidas de negro y con pancartas con lemas que reclaman justicia, detrás de una carroza fúnebre, marcharon frente a las puertas de la Corte Superior de Distrito, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia para exigir al Estado que actúe en el marco de lo que manda la Nueva Constitución Política del Estado, garantizando que los familiares de mujeres víctimas de feminicidio logren justicia, haciendo que sus demandas y procesos no queden impunes por tráfico de influencias, revictimización y retardación de justicia.
A partir del mes de octubre de 2009, instituciones que trabajan para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres como la Defensoría del Pueblo, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la Comunidad Boliviana de Derechos Humanos, la Red ADA, el Centro de Investigación de la Mujer - CIDEM, el Grupo de Terapia de Mujeres y la Coordinadora de la Mujer han articulado acciones para apoyar casos emblemáticos de violencia con amenaza de feminicidio y feminicidio, con el propósito de poner en evidencia las falencias del sistema judicial.
Dichas acciones tienen como principal objetivo exigir al Estado el cumplimiento de políticas públicas tendientes a prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, así como también exigir el endurecimiento de las penas que condenan y castigan los delitos que atentan contra la vida y la libertad e integridad sexual de las mujeres.
Son parte de estos casos, el de Virginia, quien falleció debido a una golpiza homofóbica que la dejo parapléjica y con un conjunto de daños físicos que terminaron con su muerte.
De igual manera se efectúa seguimiento al caso de Herrera: Mujer victima de violación ejercida por su progenitor desde que ella era adolescente, y que, pese a la denuncia que ella presentó, el caso fue ignorado por el Ministerio Público de la ciudad de Sucre debido a que su agresor es una persona pública (ex Alcalde y Concejal del Municipio de Sucre).
Los delitos de feminicidio y violencia sexual se mantienen en la impunidad por prejuicios en la aplicación de la ley en el sistema judicial y operadores de justicia, denunció la Coordinadora de la Mujer, a tiempo de presentar el Observatorio de Sentencias en el marco de un Desayuno Trabajo con representantes de la Prensa el pasado 4 de marzo.
En la oportunidad, se denunció también que 98 casos de feminicidio ocurrieron en Bolivia durante la gestión 2009, según dato que arroja el Observatorio Manuela del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer – CIDEM, evidenciando casos concretos de violencia que sufren las mujeres pero también proporcionando datos estadísticos de violencia extrema (feminicidio).
Las organizaciones e instituciones que trabajan de manera particular las problemáticas de feminicidio y violencia sexual, señalaron que es fundamental que en la elaboración del nuevo Código Penal, se incluya el feminicidio y se propongan sanciones más severas a los violadores. Señalaron que estos dos objetivos constituirán la base de las acciones de exigibilidad del cumplimiento del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y del derecho a acceder a justicia pronta y oportuna.
A esta iniciativa se han sumado organizaciones sociales que trabajan por los derechos de las mujeres en todo Bolivia, que han realizado plantones en las puertas de la Corte Superior de Distrito demandando justicia y exigiendo 30 años de privación de libertad para violadores y perpetradores de actos de violencia contra las mujeres.
.uri', '', 'width=780,height=580,scrollbars' )">Boletín No2 - 22/03/2010
VIOLENCIA SEXUAL Y ACCESO A LA JUSTICIA
Absuelven de culpa a violador por dudar de testimonio de víctima
Este caso atendido por la Corte Superior de Distrito de Tarija da cuenta de la violación de una mujer mayor de edad, en su propio domicilio, y cuyo agresor es encontrado durmiendo en la cama de la víctima, cuando ella pide auxilio fuera de su propia casa. Para la resolución del caso, en primera instancia, las autoridades judiciales exigen evidencia de la violencia física, señalando que la ausencia de marcas en los brazos y el cuello, no condicen con la declaración de la víctima. No fueron consideradas pruebas las lesiones en los genitales de la víctima, que evidencian la introducción de un elemento duro de bordes romos que indican o sugieren una agresión sexual. El tribunal, en este caso, al momento de emitir sentencia, valoró más la declaración del imputado absolviéndolo de pena y culpa, vulnerando una vez más los derechos de la víctima. En la sentencia se puede observar cómo las autoridades judiciales realizan apreciaciones y emiten criterios sexistas que fundamentan el cuestionamiento a la veracidad de las declaraciones de la víctima respecto a la agresión física y sexual que sufrió. Asimismo se ponen en consideración el consentimiento de la mujer que fue víctima, basándose únicamente en la declaración del imputado, “su agresor”.
30 AÑOS DE CÁRCEL POR VIOLAR A SUS HIJOS/AS
El caso seguido por el Ministerio Público en la Corte Superior de Distrito de Cochabamba, pone de manifiesto el delito de violación sexual en contra de dos niñas y un niño (de 11, 6 y 4 años de edad) por su padre biológico, ante la ausencia de la madre que viajó a Italia para trabajar. En el proceso, se demuestra cómo las niñas/o presenciaban las situaciones de violencia de sus hermanos/as, siendo tod@s víctimas de violencia física, psicológica y sexual diariamente. De los medios probatorios: declaraciones concordantes de las víctimas y testigos, certificados médicos forenses y certificados ginecológicos que demuestran el acceso carnal incestuoso y violento al que fueron sometidos tres herman@s, se tiene la evidencia de que la niña de 11 años presentaba además tricomoniasis que es una enfermedad de transmisión sexual. Por todo lo expuesto y ante la evidente peligrosidad del imputado y la ausencia total de “arrepentimiento” por los delitos cometidos contra sus propios hij@s, el tribunal concluyó determinando la culpabilidad del imputado y sancionándolo a treinta años de privación de libertad sin derecho a indulto.
Prejuicios en sistema de justicia vulneran derechos de víctima de violación sexual: Caso MZ
El Caso MZ constituye un caso emblemático, que evidencia cómo el Sistema Judicial, reproduce estereotipos y prejuicios de carácter patriarcal y machistas, al momento de determinar y fundamentar sus resoluciones judiciales, que atentan contra los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual, a la integridad, la dignidad humana, el acceso a la justicia y la protección y garantía de un debido proceso. Las situaciones de vulneración de derechos de las mujeres, en el caso específico, se presentan en las sentencias dictadas por las autoridades judiciales en diferentes instancias del proceso. La primera, declara la culpabilidad del procesado y lo sanciona a cinco años de privación de libertad, sanción que motiva a la parte acusadora interponer recurso de apelación exigiendo una mayor sanción, equiparable al daño que se causó a la víctima; sin embargo, en esta instancia el juez decide absolver totalmente de culpa al procesado, argumentando entre otros, que la negativa de la víctima a participar de la declaración de su agresor, considerada como ausencia, generó una “duda razonable”. Frente a ello, la parte acusadora planteó un recurso de casación en el que se confirma totalmente el auto de vista y por ende concluye confirmando la absolución total del procesado. Las persistentes vulneraciones de los derechos humanos de la víctima, produjeron la necesidad de recurrir a una instancia internacional; y es así que en noviembre del año 2000, CLADEM BOLIVIA, OFICINA JURÍDICA DE LA MUJER Y CEJIL, presentan formalmente denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington sobre el caso MZ; siendo en esta instancia y sólo a través de ella, que se evidencia y reconoce que el Sistema Judicial Boliviano cometió una serie de violaciones a los derechos humanos de MZ, en especial de su acceso y garantía a la justicia y a un debido proceso. Finalmente, el 11 de marzo del año 2008, el Estado Boliviano asume responsabilidad internacional sobre el caso y firma un acuerdo de solución amistosa, por el cual adquiere varias obligaciones para garantizar a las mujeres víctimas de violencia sexual el acceso a la justicia, sin ninguna discriminación.
• Tribunal Constitucional del Perú, declara IMPROCEDENTE recurso interpuesto por abogado defensor de violador
Este caso fue presentado al Tribunal Constitucional de la República del Perú, interpuesto por la defensa del procesado. En dicha instancia, el tribunal se manifiesta respecto a la sentencia del procesado, declarando IMPROCEDENTE LA EL RECURSO interpuesto por la parte defensora. Por la revisión de la misma, el Tribunal Constitucional del Perú hace un análisis social y jurídico sobre el delito violación sexual perpetrado contra niñas, niños y adolescentes, por el que expresa claramente que este delito afecta irreversible a los menores, de igual forma expresa que en su país si hicieron varias reformas de la normativa penal de la que se tiene actualmente como máxima sanción la cadena perpetua.
Más de 130 representantes de organizaciones de mujeres de la sociedad civil y representantes de los tres órganos de poder del Estado analizaron estrategias para enfrentar la impunidad en los delitos de violencia sexual, en el Encuentro Nacional, realizado el pasado 25 de noviembre.
El Encuentro se planteó como un espacio de rendición de cuentas y de información de los tres Órganos del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- sobre las medidas, acciones y/o políticas que estuvieran aplicando y/o implementando para reducir y eliminar este problema que afecta mayoritariamente a las mujeres de nuestra sociedad; presentar un diagnóstico de casos relativos a violencia sexual en instituciones operadoras de justicia a nivel nacional y departamental; y presentar el Observatorio Regional y Nacional de Sentencias.
El Vice Ministerio de Justicia y Derechos Fundamentales viene desarrollando una serie de acciones para combatir la violencia y, principalmente, la violencia sexual contra las mujeres, afirmó su titular Dr. Nelson Cox, en el Encuentro Nacional de Violencia Sexual “Basta de Impunidad”. Señaló que existe voluntad política para desarrollar acciones, programas, proyectos y planes que permitan encarar desde ese Órgano, la problemática de la impunidad ante la violencia sexual. Entre esas acciones, es fundamental iniciar el cambio de la normativa vigente, comenzando con la modificación del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, así como la elaboración de una política institucional desde el Estado que incluya e implemente en todos sus Ministerios acciones y propuestas para enfrentar la violencia desde sus áreas de competencia.
Asimismo explicó que el Código Penal deberá incluir la reparación, en la etapa de medidas cautelares, y de acuerdo a las necesidades especiales de las víctimas, agotando esfuerzos e instancias para poder sancionar la violencia sexual. De igual manera, indicó que debe considerarse la inclusión de la figura del feminicidio y romper la visión que sólo aplica la norma, sin cuestionar las desigualdades en razón de género en la implementación de justicia y en la acción de los operadores.
El Viceministro informó, además, que la preocupación por la situación de las victimas de violencia sexual data recién del 2007, razón por la cual se viene revisando legislación comparada para posicionar con más fuerza el tema de la impunidad ante la violencia sexual en la agenda política en el país. De igual forma desde ese año hasta la fecha se desarrollaron talleres de discusión nacional para la protección integral a las victimas de violencia, en especial a las victimas de violencia sexual. El representante del Órgano Ejecutivo expresó enfáticamente que predomina la resistencia de los/as administradores/as de justicia, así como la poca sensibilización al momento de enfrentar esta problemática que requiere ser tratada de manera prioritaria, para reducir la marginalidad y la exclusión de las mujeres en el ejercicio efectivo de sus derechos.
Por otro lado, el Viceministro destacó la creación de los SEAVI (Servicios Estatales de Atención a Víctimas), cuyo objetivo es evitar el proceso de revictimización a través de una interacción coordinada entre fiscalía, FELCC y Ministerio, para lo cual se capacitó al personal a objeto de que se acompañe y apoye de manera idónea a las víctimas, lo que requiere de una visión y un accionar concordante con el marco de Derechos Humanos.
AL ORGANO JUDICIAL SE LE ATRIBUYEN FALLAS DE RESPONSABILIDAD DEL PODER LEGISLATIVO
Al poder judicial se le atribuyen fallas que responden a instrumentos y normas arcaicas, que deberían ser modificadas por los legisladores, afirmó el Presidente de la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, Dr. José Luis Baptista, quien en el Encuentro Nacional “Basta de Impunidad” expresó que las/os administradoras/es de justicia actúan sobre la base de las leyes y que si las mismas fallan no se puede exigir al órgano judicial que actúe para repararlas.
De igual forma manifestó que la CSJ debe velar por la aplicación correcta de la ley vigente y determinar si ha habido errores en los otros niveles para aplicar justicia; sin embargo, enfatizó en que se debe insistir en la importancia de informar que en todas las gestiones se ha subestimado la importancia de las funciones del órgano judicial y que ello se hace evidente en la retardación de justicia.
Explicó que entre los principales factores que generan retardación de justicia se encuentran la reducida asignación presupuestaria, que no permite contar con mayor número de jueces para atender los procesos; la falta de nombramiento de los ministros de la Corte, que en la actualidad sólo funciona con 6 de los 12 ministros, lo que se traduce en una sobrecarga procesal que recae sobre los Ministros que actualmente ejercen funciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Asimismo, explicó que existen causas pendientes desde el 2002, y que existen más de 1000 causas sin ser tratadas, en cada sala. “Por causa de los legisladores se ha puesto en una situación inhumana. Lo Obliga a hacerse de la vista gorda respecto a aspectos de la ley”, afirmó. Indicó que no se cumple con los plazos establecidos en los procesos, que según ley tienen un término de cinco años y según el nuevo Código, tres años; pero que existen mecanismos mecanismos para eludir esas normas, lo que produce la impunidad y retardación.
Puntualizó que ante la demora que existe en las salas penales, el Órgano Judicial ha determinado dar prioridad a los delitos contra la vida y contra la libertad sexual. En estos delitos no hay extinción de la acción penal.
Con relación a los delitos contra la libertad sexual informó que existen dos salas penales: en la primera han ingresado en el 2008, 31 causas, de las cuales se han resuelto 5 y quedan 26; en el 2009 en total hay 49 causas pendientes. En la sala Penal segunda entre 2007y 2009 han ingresado 78 causas y quedan pendientes 50. Esto significa que aunque se les da prioridad tampoco se puede abandonar los otros casos.
VEINTE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL SE REPORTAN DIARIAMENTE EN EL PAÍS
Un promedio de 20 casos diarios, son los que se reportan de manera diaria en Bolivia, en instituciones operadoras de Justicia tales como la Fiscalía, Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Instituto de Investigación Forense – IDIF, Brigadas de Protección a la Familia – BPF, revela el estudio realizado por la Coordinadora de la Mujer en coordinación con abogadas de instituciones afiliadas a la misma tales como: Fundación La Paz, Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, ECAM, CCIMCA, Mujeres en Acción, Instituto de Formación Femenina Integral – IFFI, Centro Juana Azurduy.
Los hallazgos fueron presentados en el marco del Encuentro Nacional, en el que cada institución puso énfasis en aspectos particulares de la violencia sexual, destacando la necesidad de tratar esta problemática no sólo como un tema de salud pública, sino fundamentalmente como un tema de derechos, justicia social, acceso y garantía de las mujeres a la justicia.
En el Encuentro Nacional sobre Violencia sexual, se hizo la presentación del Observatorio Regional y Nacional de Sentencias, que se constituye en una base de datos sobre decisiones de tribunales judiciales en seis países de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú; que permitirá determinar el grado de cumplimiento de los derechos reconocidos en la Convención para la Eliminación de Toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) por parte de los poderes judiciales locales, teniendo como objetivos el difundir los derechos de las mujeres y los medios legales para hacerlos efectivos, compartir e intercambiar decisiones relevantes de cada país y promover una mayor aplicación de mecanismos internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres.
Se informó que el trabajo en Bolivia se ha iniciado a partir del segundo semestre de la gestión 2009, con la participación de la Coordinadora de la Mujer como Red Nacional de ONG´s en coordinación con instituciones afiliadas a la misma tales como: Fundación La Paz, Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, ECAM, CCIMCA, Mujeres en Acción, Instituto de Formación Femenina Integral – IFFI, Centro Juana Azurduy. Concluyendo la presentación del Observatorio con la presentación de varias sentencias relativas a violencia sexual, dictadas en diferentes instancias y que evidencian las buenas o malas prácticas de quienes administran justicia en el Órgano Judicial.
PRESENTAN OBSERVATORIO REGIONAL Y NACIONAL DE SENTENCIAS
CAMBIO EN LA NORMATIVA VIGENTE: UNA PRIORIDAD PARA EL EJECUTIVO PARA ENCARAR LA PROBLEMÁTICA DELA IMPUNIDAD ANTELA VIOLENCIA SEXUAL
Participaron también autoridades de las Cortes Departamentales de Distrito de Cochabamba, Sucre, La Paz, así como autoridades del Ministerio Público y, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, quienes expusieron las diferentes acciones, medidas y/o políticas que sus sectores desarrollan con el propósito de reducir la violencia sexual.
.uri', '', 'width=780,height=580,scrollbars' )">Boletín Nº1 BOLIVIA Observatorio de Sentencias Judiciales -

References: artículo 66
 artículo 45
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 211
 artículo 7
 resolución