Source: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=190171&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=307253
Timestamp: 2018-05-23 01:03:06+00:00

Document:
2. Si bien el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de facilitar algunas aclaraciones sobre la interpretación de las disposiciones de la Directiva 93/13 en el contexto, muy particular, de los contratos de crédito denominados en divisas extranjeras, la presente petición de decisión prejudicial invita al Tribunal de Justicia a facilitar precisiones complementarias, en primer lugar sobre el momento en que debe apreciarse la existencia de un «desequilibrio importante» en detrimento del consumidor, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de esta Directiva y, en segundo lugar, sobre el alcance del artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva, que excluye, en particular, las cláusulas que definen el «objeto principal» de un contrato de la apreciación de su carácter abusivo. Más fundamentalmente, el asunto brinda la ocasión de pronunciarse sobre la propia conformidad de recurrir a los préstamos en divisas extranjeras (3) en un contexto particularmente sensible. (4)
4. A tenor del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, «las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.»
Ley n.º 193/2000
7. La Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori (Ley n.º 193/2000 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre comerciantes y consumidores), de 10 de noviembre de 2000, en su versión consolidada, (5) tiene por objeto incorporar al Derecho interno lo dispuesto en la Directiva 93/13.
9. El punto 1, letra p), del anexo de la Ley n.º 193/2000 dispone que serán declaradas abusivas las cláusulas contractuales que estipulen que «el precio de los bienes se determinará en el momento de su entrega u otorguen al vendedor de bienes o al proveedor de servicios el derecho de incrementar los precios, sin reconocer al consumidor, en ninguno de estos dos casos, el derecho de rescindir el contrato cuando el precio final resultase muy superior al precio convenido al celebrar el contrato». Se precisa que «lo dispuesto en esta letra se entenderá sin perjuicio de las cláusulas que vinculan los precios a un índice, siempre que sean legales y que se describa explícitamente el método de variación de los precios».
11. El órgano jurisdiccional remitente señala que el artículo 4, apartado 6, y el punto 2 de dicho anexo fueron introducidos por la Ley n.º 363/2007, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2007 y que, antes de la entrada en vigor de la Ley n.º 363/2007, el punto 1, letra p), del anexo estaba redactado en los siguientes términos:
Ley n.º 190/1999
14. El artículo 8 de la Ley n.º 190/1999 sobre el crédito hipotecario para las inversiones inmobiliarias (en lo sucesivo, «Ley n.º 190/1999»), en su versión vigente en la fecha de celebración de los contratos en cuestión, disponía:
15. El artículo 14, apartado 1, de la Ley n.º 190/1999 tiene el siguiente tenor:
Reglamento n.º 3
16. El órgano jurisdiccional remitente señala que el artículo 4 del Reglamento n.º 3 de la Banca Naţională a Romaniei (Banco Nacional de Rumanía), de 12 de marzo de 2007, relativo a la limitación del riesgo de crédito en los créditos destinados a personas físicas, entró en vigor el 22 de agosto de 2008 y establece:
21. Mediante su sentencia n.º 280/COM de 30 de abril de 2015, el Tribunalul Bihor (Tribunal de Distrito de Bihor) desestimó la demanda.
«1. ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 en el sentido de que el desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que resulta del contrato debe examinarse únicamente en relación con el momento de celebración del contrato, o incluye también la situación en la que, debido a la existencia de variaciones significativas en el tipo de cambio de una divisa, durante la vigencia de un contrato de tracto sucesivo la prestación del consumidor resulta excesivamente gravosa comparada con el momento en el que se celebró el contrato?
2. ¿Debe entenderse por carácter claro y comprensible de una cláusula contractual, en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, que dicha cláusula contractual sólo debe establecer los motivos por los que se incluyó en el contrato y su mecanismo de funcionamiento, o bien que también debe establecer todas sus posibles consecuencias susceptibles de provocar una variación en el precio pagado por el consumidor, como sería el riesgo del tipo de cambio, y puede considerarse, a la luz de la Directiva 93/13, que la obligación del banco de informar al cliente en el momento de conceder el crédito se refiere exclusivamente a las condiciones del crédito, esto es, a los intereses, comisiones y garantías a cargo del prestatario, sin que pueda incluirse en dicha obligación la posibilidad de apreciación o de depreciación de una moneda extranjera?
3. ¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 en el sentido de que en los términos “objeto principal del contrato” y “adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra” está comprendida una cláusula incluida en un contrato de crédito celebrado en moneda extranjera entre un vendedor o proveedor y un consumidor, que no ha sido negociada individualmente y según la cual el crédito será devuelto en la misma divisa?»
32. Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si la cláusula contractual en virtud de la cual el crédito se reembolsa en la misma divisa en que fue concedido —y que por ello, a juicio de los prestatarios, supone hacer recaer el «riesgo de tipo de cambio» sobre el consumidor— entra en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13.
34. En virtud del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, quedan excluidas de la apreciación del carácter abusivo las cláusulas relativas al «objeto principal del contrato» y a la «adecuación entre precio y retribución, por una parte, y a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra». Esta disposición se basa en la idea de que la esencia de la relación contractual (essentialia negotii) no debe resultar afectada, en principio, por una intervención exterior, (10) ni, en particular, por la intervención del juez.
83. El primer supuesto, que se corresponde, en particular, con el que el Tribunal de Justicia examinó en el asunto que dio lugar a la sentencia de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180) y que versaba sobre la posibilidad de que el profesional modificase unilateralmente, en virtud de la inclusión de una cláusula tipo, el precio de una prestación de servicios (suministro de gas), la «evolución posterior» al contrato en cuestión afectaba efectivamente a la aplicación de una cláusula contractual que era desde un primer momento abusiva por entrañar un desequilibrio importante entre las partes.
91. A la vista de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas por el Curtea de Apel Oradea (Tribunal Superior de Oradea, Rumanía) del siguiente modo:
2 Directiva del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).
5 Publicada de nuevo, por última vez, en el Monitorul Oficial al României, parte I, n.º 543 de 3 de agosto de 2012.
16 Véase, en particular, la resolución n.º 2/2014 PJE de la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría), adoptada en interés de una interpretación uniforme de las disposiciones de Derecho civil, a la que hace referencia expresa la sentencia de 3 de diciembre de 2015, Banif Plus Bank (C‑312/14, EU:C:2015:794), apartados 43 a 45. En esta resolución, la Kúria declaró que, en principio, las cláusulas de un contrato de préstamo denominado en una divisa que tengan como efecto que, como contrapartida de un tipo de interés más favorable que el ofrecido para los préstamos denominados en moneda nacional, el riesgo de una apreciación de la divisa recaiga por completo sobre el consumidor, versan sobre el objeto principal del contrato.
29 Véanse en este sentido las sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282), apartado 74, y de 26 de febrero de 2015, Matei (C‑143/13, EU:C:2015:127), apartado 75.

References: artículo 3
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 resolución