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Timestamp: 2018-08-18 14:48:53+00:00

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Noticias Ambientales de Argentina: Ley de Humedales
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En Ambiente definen metodología del Inventario de Humedales
El Ministerio de Ambiente avanza en el Inventario Nacional de Humedales
Una reunión de especialistas que buscan definir las metodologías del Inventario Nacional de Humedales tuvo lugar ayer en la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La cartera —a cargo de Sergio Bergman— es la institución que lidera el proceso de construcción del inventario, en el marco de lo establecido por la Ley General del Ambiente (N.° 25675) y la Convención sobre los Humedales.
La complejidad y heterogeneidad de los ecosistemas de humedales determinan la necesidad de un desarrollo conceptual y metodológico específico para implementar los relevamientos en las diversas regiones del país. En ese sentido, la cartera ambiental convocó a especialistas de los ámbitos científico técnicos con el objetivo de establecer el marco conceptual y los lineamientos metodológicos del inventario.
En el encuentro, los expertos abordaron diversos aspectos técnicos y operativos, incluyendo cuestiones asociadas a la terminología, escalas y enfoques. También propusieron y debatieron sobre las estrategias y desafíos de su implementación, analizando las capacidades existentes en el país para la ejecución de los trabajos. Asimismo, remarcaron la continuidad del proceso con relación a los talleres y experiencias demostrativas anteriormente realizados, como plataforma para la profundización de las tareas de inventario y la consolidación de una red de instituciones involucradas.
El secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, presente en la reunión, destacó que “la generación de información pública de calidad es fundamental para el ordenamiento ambiental del territorio”. Enfatizó además “el compromiso del ministro Bergman, y de todo el Gobierno nacional, para contar con un relevamiento de los humedales en el país, acorde al mejor conocimiento y tecnologías disponibles, para fortalecer las políticas de conservación y uso sustentable de estos ecosistemas”.
El director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, señaló a su turno que “las recientes publicaciones del Informe del Estado del Ambiente y el Inventario Nacional de Glaciares, entre otros, dan cuenta de la relevancia de estos instrumentos para profundizar la coordinación de acciones con las provincias y los diversos sectores involucrados”. Finalmente explicó que “la mesa de expertos tendrá continuidad con un taller participativo que permitirá consolidar los consensos metodológicos para la realización del inventario en todo el país”.
Participaron en el encuentro: Patricia Kandus y Priscilla Minotti, del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín; Rubén Quintana, de CONICET, Elizabeth Mazzoni, de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral; Carlos Ramonell, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral; Clara Rubio, del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas; y José Volante, de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
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Diputados: proyecto de Ley de humedales en tratamiento
Diputados da luz verde a la Ley de Humedales
Fecha de Publicación: 11/06/2017
La Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara de Diputados nacional comenzó a tratar el proyecto de ley de humedales, aprobado el 30 de noviembre de 2016 en el Senado, informó a AIM la asesora parlamentaria María de los Ángeles Pérez. Por el momento, la iniciativa no contendría modificaciones y se volvería a debatir a fin de mes. De todos modos, deberá sortear los obstáculos que interponga el oficialismo, que no estaría de acuerdo con el avance del texto.
Pérez, asesora del presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Julio Solanas (FPV, Entre Ríos), confirmó a AIM que el proyecto de ley comenzó a tratarse esta semana en reunión de asesores de la comisión de Asuntos Marítimos. Ahora, la iniciativa pasó para su tratamiento a los diputados, quien comenzarían su estudio en la última semana de junio.
Pérez adelantó a esta Agencia que el proyecto no tiene modificaciones hasta el momento, pero no se descartan cambios entre los diputados.
Cabe aclarar que la iniciativa tuvo una primera instancia de debate entre los asesores de la Comisión de Asuntos Marítimos y, ahora, tendrá que someterse a estudio de los diputados integrantes de ese órgano. De avanzar, tendrá que tratarse también en la Comisión de Agricultura, a la cual tiene giro. Si se aprueba, estará en condiciones de aprobarse en sesión. De todos modos, el proyecto deberá sortear el escollo del oficialismo, que no estaría de acuerdo con el avance del texto.
La iniciativa establece los presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales. Además, pretende preservar los beneficios ecosistémicos que brindan a la sociedad, entendiéndolos como espacios que dependen de la inundación constante o recurrente, o la saturación del sustrato en la superficie o cerca de ella.
De acuerdo a la normativa la autoridad nacional de aplicación, junto con las autoridades provinciales competentes, llevarán a cabo el registro de los humedales en un plazo no mayor a tres años.
El proyecto de ley es autoría de los senadores Fernando Pino Solanas (Proyecto Sur), María Magdalena Odarda (CC-ARI) y Jaime Linares (FAP-GEN).
La iniciativa perdido estado parlamentario en una oportunidad, y luego se volvió a presentar a fines de 2015. Recién a fines de 2016 obtuvo media sanción, luego de modificaciones y disidencias entre los legisladores.
Una de las modificaciones que generó más polémica entre la sociedad y organizaciones ambientalistas fue la eliminación de uno de los puntos más importantes que tenía el proyecto, y que preveía la cuestión de la moratoria. Este artículo estipulaba un plazo de cinco años a partir de la aprobación de la ley para llevar a cabo el ordenamiento. El peligro concreto es que mientras tanto se puedan impulsar actividades que produzcan daños difíciles de revertir. El ejemplo más claro es el de las actividades inmobiliarias sobre la región del delta.
Al quitar este punto de la ley habrá uno seis años en los que se podrán realizar actividades sin regulación.
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Los especialistas coinciden en las acciones que deberían ponerse en marcha y en la necesidad de darle al ambiente un peso significativo a la hora de pensar políticas
Semanas después de las inundaciones que azotaron a gran parte del país, dejando miles de evacuados y pérdidas millonarias, la pregunta en boca de todos es la misma: ¿qué medidas tomar para prevenir que estas catástrofes vuelvan a ocurrir?
Consultados por LA NACION, especialistas en medio ambiente del Gobierno y de organizaciones sociales coinciden en los puntos clave para reducir el impacto de las intensas lluvias a largo plazo. Subrayan que las políticas que deberían aplicarse -desde la necesidad de establecer un plan de ordenamiento territorial hasta la de diversificar la matriz energética- implican una tarea articulada de las diferentes carteras del Estado, pero también de la sociedad civil y de actores económicos como el campo y las empresas.
En este sentido, otorgarle al factor ambiental un peso significativo a la hora de establecer políticas públicas resulta prioritario.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explica que hace falta tener una visión "ecosistémica" para entender los múltiples factores que provocan las inundaciones.
"No se puede tocar un elemento de la naturaleza sin desacomodar los demás: las consecuencias muchas veces no se muestran inmediatamente, sino con situaciones catastróficas", cuenta. "Es necesario que el ambiente sea considerado como una variable importante a la hora de definir las políticas públicas, como la económica o la social."
Fernando Miñarro, director de conservación de Vida Silvestre, afirma que, aunque existe una mayor conciencia ambiental en todos los niveles de la sociedad y sectores políticos, todavía hay un largo camino por recorrer. "Que el Gobierno haya tomado la decisión de elevar el rango de secretaría a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable es una muy buena noticia, porque lo pone en un mismo rango de discusión frente otros como el de Agroindustria o Energía y Minería, por ejemplo. Pero eso en la práctica no ocurre: por ahora, en la discusión siguen ganando estos dos últimos."
Para él, hacer un uso sustentable de los recursos significa apostar a un mayor bienestar humano por la cantidad de servicios que una naturaleza en buen estado de conservación le brinda a la sociedad, como reducir el impacto de las lluvias. Y dice: "Cuando hablamos de conservar un bosque o un humedal, estamos hablando también de reducir las pérdidas humanas y económicas que provocan las inundaciones".
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, agrega: "Se le echa la culpa de las inundaciones al cambio climático y a países como Estados Unidos, ¿pero qué estamos haciendo nosotros? La Argentina está en el puesto 25 entre los países que emiten más gases de efecto invernadero, lo que se vincula con nuestra forma de producir energía, con la deforestación y el modelo de agricultura y ganadería. No podemos decir que no tenemos ninguna responsabilidad".
Por su parte, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, también opina que "todavía es un asunto pendiente en la Argentina que los temas ambientales sean considerados como una pata más para un desarrollo sustentable". Sostiene que, normalmente, en el sector privado como en el público se prioriza la cuestión económica.
Anticiparse a las catástrofes. Prevenir. Ése es otro de los nodos de la cuestión. "Los ecologistas planteamos el principio precautorio como una de las claves. Debemos ser más prudentes a la hora de la planificación urbana", asegura Giardini.
Ordenamiento territorial: planificar el uso del suelo en todo el país
El ordenamiento territorial establece los usos que se le darán al suelo: por ejemplo, dónde podrán establecerse las ciudades o desarrollarse la agricultura y la ganadería, y en qué lugares se pondrá el foco para la conservación de recursos naturales que brindan servicios ambientales fundamentales. Los especialistas coinciden en que establecer un ordenamiento a nivel nacional es la principal medida -y que de alguna manera engloba a las demás- que debería implementarse para prevenir las inundaciones.
Nápoli subraya: "Es necesario sancionar una ley de ordenamiento territorial nacional y una de evaluación de impacto ambiental [la Argentina es el único país de América latina que no la tiene a nivel país], que unifiquen los criterios para la autorización de actividades como grandes obras en cada provincia, que pueden impactar negativamente en el ambiente".
En este sentido, Miñarro opina que la falta de decisiones sobre cómo planificar el uso del territorio lleva a que sea utilizado de manera desordenada, con modelos productivos agropecuarios que están más regidos por el mercado que por el verdadero potencial o el correcto uso del suelo. "Ahí aparece el link con las inundaciones", dice.
Giardini agrega: "La planificación de las ciudades es clave para no destruir ecosistemas frágiles que nos protegen de altas precipitaciones: a más cemento, menos posibilidades de absorción".
Humedales: sancionar una normativa que proteja estos ecosistemas
Al igual que los bosques, los humedales funcionan como "esponjas naturales", brindando servicios ambientales clave, por ejemplo, a la hora de prevenir inundaciones. Por eso, los especialistas subrayan la importancia de sancionar, cuanto antes, una ley que los proteja.
Al poco tiempo de asumir, el presidente Mauricio Macri anunció la necesidad de sancionar una ley de humedales. "Hay un proyecto que obtuvo media sanción en el Congreso, pero le costó mucho avanzar por la presión del sector inmobiliario y agroindustrial, ante la ambiciosa búsqueda de expandir sus negocios en los espacios actualmente cubiertos por estos delicados ecosistemas", dice Nápoli.
Explica que los humedales brindan muchos servicios ecosistémicos, entre ellos, absorben y retienen el agua, y regulan el ciclo hidrológico. Agrega que hay un 20% del territorio argentino que forma parte de humedales.
Miñarro señala que cuando el suelo donde se encuentran se ve modificado, el agua antes absorbida por estas ecorregiones sigue su curso e inunda otros sectores.
Las fuentes consultadas remarcan la necesidad urgente de inventariar todos los humedales que existen (desde el Ministerio de Ambiente aseguran que ya se encuentran trabajando en esto), y a partir de ahí establecer las medidas de protección y evitar que se establezcan sobre ellos actividades que los hagan desaparecer.
Bosques: garantizar que se cumpla la ley y penalizar el desmonte
Los referentes de las organizaciones sociales afirman que, en la práctica, la ley de bosques no se aplica, y que los mismos se encuentran amenazados por el avance de la frontera agropecuaria y los desarrollos inmobiliarios.
Desde Greenpeace advierten que los datos oficiales estiman que desde la sanción de la ley, en 2007, se desmontaron 2.403.240 hectáreas en el país, y que durante el año pasado el 42% de la deforestación se realizó donde la normativa no lo permite. Agregan que un reciente informe de la FAO ubicó a la Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años: se perdieron 7,6 millones de hectáreas (una superficie similar a la provincia de Entre Ríos), unas 300.000 al año.
"Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una con soja. Más desmontes es sinónimo de más inundaciones", subraya Giardini.
A la necesidad de un estricto cumplimiento de la ley vigente, desde Greenpeace agregan la de sancionar una nueva normativa que penalice los desmontes ilegales e incendios intencionales. "Hoy por violar el bosque se paga una multa irrisoria. Estamos impulsando una ley de delitos forestales para que sea considerado un delito penal", explica Giardini.
Respetar el presupuesto que la ley otorga para la protección de los bosques, es otra de las cuentas pendientes. Nápoli advierte: "Es sistemáticamente desfinanciada".
Reforestar: recuperar las especies nativas que se perdieron
Reforestar las especies nativas es el camino para recuperar aquellos ecosistemas que ya se perdieron a causa de la deforestación y el mal uso del suelo.
Los especialistas explican que al perder los bosques, las napas freáticas (el agua subterránea) comienzan a estar más cerca de la superficie, se disminuye la absorción, aumentan los riesgos de inundaciones y, una vez que se producen, el agua permanece allí más tiempo.
Miñarro afirma que recomponer el bosque que se taló (así también como el pastizal que se aró y el humedal que se contaminó o desagotó) resulta prioritario. Y ejemplifica con el caso de Córdoba, una de las provincias donde la situación es especialmente alarmante: durante el último siglo, perdió más del 95% de sus bosques nativos.
Según el especialista, por esa razón, en los últimos años las lluvias han tenido un impacto fortísimo en las ciudades de las sierras cordobesas. "Hay muchas cuencas asociadas a bosques que hay que empezar a reforestar, para volver a tener el servicio de mitigación de las grandes lluvias y controlar todo ese volumen de agua que hoy afecta rápidamente a esas localidades", dice.
Y agrega: "Cuando un country o una ciudad se inunda, se le echa la culpa al cambio climático, pero también hay que considerar que fue el hombre el que eligió mal el lugar donde llevar adelante esa obra de construcción".
Diversificar los cultivos: incentivar una agricultura responsable
El desarrollo de un modelo productivo basado en el monocultivo, que cambió de manera significativa el uso del suelo y arrasó con el bosque nativo, es otro de los puntos que más preocupación generan. "Dicho modelo empuja la frontera agropecuaria generando presión sobre los ecosistemas que funcionan como mecanismos naturales de absorción y escurrimiento de las aguas", dice Nápoli.
Como él, los especialistas remarcan la necesidad de unificar y respetar las normas que limitan la aplicación de agroquímicos, y de diversificar los cultivos.
Explican que la tendencia al monocultivo modifica el uso del suelo, disminuyendo la cobertura vegetal y su capacidad de absorción de agua (el consumo de agua de los cultivos anuales como la soja es alrededor de un tercio menor que el de pasturas perennes y pastizales).
Generar estímulos o penalizaciones (aumentando o bajando impuestos, por ejemplo) para que el productor reciba una orientación de cómo usar su tierra resulta clave. Miñarro sostiene: "Hay que acompañar el desarrollo agrícola con incentivos a aquellos productores que hagan un mejor uso integral de su campo, con buenas prácticas que permitan compatibilizar la actividad económica con la conservación de los ambientes clave, como es el caso de arroyos, humedales o bosques".
Energías sustentables: pasar de las fósiles a la eólica y solar
Dejar de apostar al uso de las energías fósiles para avanzar hacia el desarrollo de las renovables, como la eólica y la solar, es uno de los desafíos urgentes que plantean los especialistas.
En este sentido, Giardini explica que la principal fuente de emisión de efecto invernadero a nivel global es la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) para la producción de energía. "La Argentina tiene una matriz energética basada en un 90% en dichos combustibles -dice-. Estamos proponiendo el desarrollo de Vaca Muerta en lugar de desarrollar la energía eólica, por ejemplo."
Cómo él, las fuentes consultadas subrayan el "enorme potencial" que tiene el país en la explotación de los vientos, por ejemplo, en la Patagonia. "Hay mitos sobre la energía eólica (que no era competitiva o era cara) que fueron dejándose atrás. Fue de las que más creció en los últimos años a nivel mundial: España y Alemania son sólo algunos de los países que más la aprovecharon", ejemplifica Giardini.
Nápoli coincide en que es necesario diversificar la matriz energética, tendiendo a las renovables y limpias. "Ese es un compromiso que la Argentina debería asumir", dice. Y concluye: "Hoy en el país siguen operando centrales a base de carbón que ya no deberían funcionar más; tampoco las centrales térmicas que producen impacto de efecto invernadero".
Alerta temprana: sumar la voz del sector científico
Otra de las prioridades es incorporar al sector científico a la hora de pensar políticas, para prevenir las catástrofes en un escenario que, por el cambio climático, resulta sumamente impredecible (generándose episodios bastante más severos en un lapso muy corto).
Esto significa, para los especialistas, un cambio de paradigma: tener una mirada multidisciplinaria. "Implica sumar a otra gente como los científicos, que tienen mucho para decir acá y hoy no se les da el lugar que deberían tener: están más para explicar las consecuencias desastrosas de los problemas que para ser escuchados en los procesos de toma de decisiones", asegura Nápoli.
En este sentido, las fuentes consultadas subrayan que, a nivel gubernamental, cuando se implementan medidas, muchas veces no se analizan las consecuencias negativas sobre el medio ambiente, y hacen énfasis en la necesidad de planificar de manera previa.
"Seguimos sin contar con acciones de adaptación al cambio climático ni con sistemas de evaluación de riesgos y alertas que permitan a los gobiernos y comunidades actuar de manera temprana y efectiva ante situaciones de profunda incertidumbre", agrega Nápoli.
Generar estas herramientas para saber qué va a pasar con el clima y cuáles son las tendencias es otro de los puntos que deberían priorizarse en la agenda.
Compromisos internacionales: reforzar las obligaciones asumidas
Austeros. Así definen los referentes en medio ambiente los compromisos internacionales vinculados con el cambio climático que fueron asumidos por la Argentina. Para ellos es necesario reforzar las obligaciones a las que se comprometió el país en el Acuerdo de París de 2015.
En este sentido, Enrique Maurtua Konstantinidis, director de Cambio Climático de FARN, explica que si bien el presidente Mauricio Macri presentó a fines del año pasado una versión actualizada de los compromisos establecidos por el gobierno anterior en París, la misma no es, en esencia, "sustantivamente mejor".
"Desde la sociedad civil hubo más de 200 propuestas para agregarle ambición a esa contribución de la gestión de Macri, pero hasta la fecha no hay novedades", dice Konstantinidis. "La Argentina tiene mucho para dar en cuanto a las políticas necesarias para reducir las emisiones de carbono."
Miñarro coincide: "El cambio climático es una realidad, nos está afectando y no podemos volver atrás, pero sí frenarlo y ahí vienen los compromisos de los países".
Para los especialistas, un concepto fundamental es el de "adaptarse al cambio climático". Según Miñarro implica empezar a entender que la Argentina tiene un clima distinto, que las lluvias tienen otros comportamientos y que hay que adaptar nuestras actividades productivas, por ejemplo, a esa realidad.
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Humedales: el agronegocio y el desarrollismo pudo más
Fecha de Publicación: 26/11/2016
Tenía dictamen de mayoría y todo indicaba que sería aprobado en la sesión, pero a la hora de votar el Senado devolvió el proyecto de protección de los reservorios de agua dulce.
“El agronegocio y las grandes inmobiliarias vetaron la protección de humedales”, aseguraron organizaciones socioambientales, académicos y legisladores luego de que la Cámara de Senadores devolviera a comisión un proyecto de protección de humedales (reservorios de agua dulce), aunque tenía dictamen de mayoría y estaba a punto de recibir media sanción. La iniciativa, que recibió el apoyo de un centenar de especialistas, protegía más de 60 millones de hectáreas, a lo que se había comprometido el presidente Mauricio Macri.
En 2015 perdió estado parlamentario un proyecto que ya tenía media sanción. Este año fue presentado nuevamente, con las firmas de las senadoras Magdalena Odarda (Frente Progresista-Coalición Cívica-ARI) y Teresita Luna (Frente para la Victoria). Contó con el acompañamiento de Fernando Solanas (presidente de la Comisión de Ambiente), Jaime Linares, Elizabeth Kunath, Sandra Giménez y Ruperto Godoy. Fue debatido y consensuado en doce reuniones y dos audiencias públicas de las que participaron especialistas de universidades nacionales, investigadores, representantes de instituciones gubernamentales y un amplio espectro de organizaciones y movimientos sociales. El 20 de septiembre el proyecto obtuvo luz verde con dictamen de mayoría con la firma de 16 senadores de las dos comisiones intervinientes, la de Ambiente y la de Agricultura.
El proyecto plantea un ordenamiento territorial de humedales y protege los ecosistemas, fundamentales para aliviar inundaciones y proveer de agua potable. También incorpora una moratoria para impedir la continuidad de las obras o el inicio de actividades que impliquen cambios del uso del suelo.
En el recinto, 42 senadores votaron el regreso a comisión y sólo 12 optaron para que se vote en la sesión. Entre los que rechazaron votar la protección de humedales figuran, además de Luenzo, José Alperovich, Julio Cobos, Alfredo De Angeli, Omar Perotti, Luis Naidenoff, Federico Pinedo y Juan Carlos Romero.
Franco Segesso, de Greenpeace Argentina, aseguró que “la vuelta a comisión es casi una sentencia de muerte, ya que pronto el proyecto pierde estado parlamentario y no se puede volver a tratar en el recinto. Tiene que quedar claro que menos protección de humedales es igual a más inundaciones”.
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El ministerio de Ambiente apuesta por una ley de Humedales que contenga a productores y ecologistas
El organismo encabezado por el Rabino Sergio Bergman considera "clave" la sanción de una Ley de Humedales con una visión integral, para elaborar un inventario que permita planificar acciones sobre esos hábitats.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación considera "clave" la sanción de una Ley de Humedales para elaborar un inventario que permita planificar acciones sobre esos hábitats, no sólo con una mirada productiva o de desarrollo urbano, sino también con una visión integral de conservación de la biodiversidad y de uso sustentable de la naturaleza.
Así lo expresó en una entrevista con Télam el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable y ex director de la Fundación Vida Silvestre, Diego Moreno, quien admitió que el proyecto parlamentario defendido por Cambiemos "no plantea en un 100 por ciento" los criterios sobre humedales del Ministerio, que pretende "compatibilizar las miradas" de los sectores productivos y de los ecologistas sobre cómo deben ser utilizados esos territorios.
Frente a las múltiples posiciones, el Ejecutivo evitó enviar una iniciativa propia y dejó en manos del Parlamento la resolución del debate, que apuntaría -con el acuerdo con las provincias- a replicar para los humedales los logros de la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007.
Esa norma estableció un ordenamiento territorial de los bosques a través de un proceso participativo y categorizó los usos posibles de esas tierras, desde su conservación absoluta hasta la posibilidad de ser transformadas para agricultura sustentable u otros usos.
¿Cuál es la posición del Ministerio sobre el debate parlamentario en torno al proyecto para proteger los humedales?
Para nosotros es muy importante la sanción de la ley porque nos daría una herramienta fundamental. La ley apunta a saber con qué recursos contamos, qué valor tienen y qué planificación del uso hacemos para que no sea sólo con una mirada productiva o de desarrollo urbano, sino integral, aplicable a la conservación de la biodiversidad y a un uso sustentable de la naturaleza. Hasta ahora no hay una legislación uniforme en todas las provincias sobre humedales. No hay un estándar nacional. No tenemos ningún instrumento directo para interferir en las provincias. Se trabajó en algunos casos, en proyectos específicos con cuencas que cruzan varias provincias, pero no hay ninguna norma de base de la política ambiental nacional.
¿Por qué es tan dificultoso el consenso y se demora tanto el acuerdo parlamentario?
Sobre un territorio hay distintas expectativas de uso. Hay sectores ambientales que sostienen que esa área es importante para conservar la biodiversidad, la provisión de agua o prevenir inundaciones; por otro lado, hay sectores productivos que dicen que esos terrenos tienen un valor importante desde el punto de vista de la producción y una ley muy restrictiva les va a frenar oportunidades de desarrollo a nivel local. Son las discusiones que se tienen que dar. La idea es encontrar un equilibrio entre un desarrollo como venía haciéndose hasta ahora -sin ningún tipo de consideración o limitación ambiental- y un desarrollo que esté en línea con parámetros ambientales. En el ámbito del Poder Ejecutivo se está tratando de generar consensos con otros ministerios sobre algunos aspectos que consideramos relevantes que deben estar contenidos en la ley. Algunos de ellos figuran en el proyecto de las senadoras María Magdalena Odarda (Frente Progresista-Coalición Cívica-ARI) y Teresa Luna (FpV), y otros, en el que impulsa la comisión de Agricultura que preside Alfredo De Ángelis (PRO).
¿El proyecto de Cambiemos se ajusta a las prioridades que plantea el Ministerio?
El proyecto del PRO no es 100 por ciento lo que a nivel Ejecutivo estamos planteando. Incorporó algunas cuestiones que se habían conversado entre ministerios, otras que había planteado el Consejo Federal de Medio Ambiente (reúne a representantes provinciales y nacionales del área de Ambiente), y aportes de los legisladores de la comisión de Agricultura.
Entonces parece que resulta difícil ponerse de acuerdo.
Es difícil. Bastante difícil. Lo tiene que resolver el Congreso. Nosotros participamos de las reuniones, llevamos nuestra opinión. En su momento se decidió no presentar un proyecto del Ejecutivo sino trabajar sobre las iniciativas que ya estaban en el Congreso, justamente para no alterar la estrategia legislativa porque subsistía una distancia muy grande entre esos proyectos y lo que nosotros estábamos planteando. Pensamos que, con algunos ajustes en la discusión parlamentaria, se podía lograr un proyecto que nos incluyera y eso es en parte lo que está ocurriendo.
¿Cuáles son para el Ministerio los puntos fundamentales que debe contener la ley?
En primer término, que el Ejecutivo Nacional sea el encargado de hacer el inventario de humedales, que exista una metodología uniforme, consensuada y unificada, a través de una red técnica. En segundo lugar, que cada provincia, una vez que esté elaborado el inventario, defina su ordenamiento territorial: cuáles son los humedales que deben ser protegidos, cuáles pueden tener algún uso productivo y cuáles no son tan relevantes y pueden ser modificados sustancialmente. Es de competencia provincial definir qué hacer con ese recurso. Tercero, que haya participación ciudadana, liderada por la autoridad de aplicación en cada distrito, con el aporte de equipos técnicos, académicos y de organizaciones no gubernamentales. Se trata de compatibilizar las distintas miradas que hay en la sociedad: que el sector productivo y el ambiental lleguen a algún tipo de consenso sobre cómo van a utilizar el territorio. Como cuarto punto, establecer el tipo de actividades permitidas o prohibidas en cada una de las categorías de humedales. El proyecto de Odarda es bastante restrictivo para todas. Lo acordado con otros ministerios es que está muy bien que haya medidas proteccionistas para algunos casos, pero podrían ser más flexibles en aquellas áreas que tienen menor valor ambiental y alto potencial productivo. Sería una forma de compatibilizar.
¿El Ministerio ya está elaborando un inventario de humedales?
Sí, más allá de la discusión parlamentaria, nosotros empezamos, porque un inventario es necesario para cualquier política de Estado. Hicimos convenios con cinco universidades (del Litoral, San Martín, Salta, Tucumán y la de Buenos Aires) y elegimos zonas prioritarias: el Delta, Corrientes, la Puna y los salares. Es una experiencia piloto porque los humedales son muy diferentes y hay que validar una metodología que sea igual para todos los casos. En dos o tres años podríamos llegar a tener el inventario nacional completo.
¿Existen humedales o regiones en riesgo por el avance inmobiliario?
La zona de la cuenca del Río Luján es una de las más críticas. En ese lugar, como no había un análisis territorial, se avanzó con barrios y countries sobre zonas que funcionaban como esponjas ante las inundaciones. Al haber rellenado esos sitios, la función se perdió y el agua se desborda. Una ley nacional es la base para que las provincias hagan su ordenamiento territorial. Se crea un régimen de sanciones y se establece que las autoridades de aplicación provinciales auditen el impacto ambiental y puedan penalizar a nivel local.
Hay forma de revertir el daño detectado en esas zonas?
Hay forma de mitigarlo. En Pilar, que tiene varios problemas por el avance de la urbanización, se está haciendo una experiencia interesante que pasa por acordar con los countries para que, en épocas de fuertes lluvias, permitan inundar las canchas de golf o ciertos espacios internos y de esa manera mitigar las inundaciones en los alrededores.
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Chaco lleva al COFELMA los humedales y agroquímicos
Humedales y Fitosanitarios, la agenda que lleva el Chaco al COFELMA
Diputados de la comisión de Recursos Naturales participarán el próximo 21 de noviembre del segundo encuentro nacional del Consejo Federal del Medio Ambiente. En ese contexto, los legisladores informaron que lograron incluir en la agenda el debate por una ley de Humedales y otra de Fitosanitarios además del reclamo de más recursos por la ley de Bosques.
En una sesión realizada este lunes, los integrantes de la comisión de Recursos Naturales y Ambiente que preside el diputado del Frente Grande, Daniel Trabalón, destacó la invitación recibida por parte del Consejo Federal Legislativo de Medio Ambiente (Cofelma) que se reunirá para tratar la problemática ambiental. Se trata del Segundo Encuentro Nacional del Cofelma en la ciudad de Buenos Aires el próximo lunes 21 de noviembre. Las leyes de Humedales y Fitosanitaria, respectivamente, estarán en la agenda a pedido de legisladores provinciales del Chaco, como así también acompañar el pedido de aumento de los recursos que se destinan en función de la ley de Bosques nacional solicitada por el ministerio de Planificación y Ambiente. De la reunión participaron también los legisladores Enrique Paredes, Claudia Panzardi, Ana María Canata y Mariana Salom.
Trabalón se refirió al mismo y brindó detalle del programa previsto: “Durante la mañana – contó – se realizará la visita al CEAMSE III que es la Planta de Residuos Sólidos Urbanos más importante del país; ver el funcionamiento, y en ese marco, discutir uno de los temas centrales que tiene el Cofelma que es una política federal que hace a la legislación provincial que tiene que ver con residuos sólidos urbanos, algo que nuestra provincia tiene”. “Ver cómo está funcionando hoy esa planta y generar un debate sobre las legislaciones provinciales en el marco de la ley nacional” precisó.
“Durante la tarde habrá una serie de reuniones – describió –, una que tiene que ver con la discusión e información de la ley de Humedales que está en tratamiento en el Congreso de la Nación. Va a haber un informe de especialistas sobre esos temas. Y la idea es que a partir de informarnos sobre cómo se está discutiendo ese tema podamos las provincias realizar algunos aportes sobre lo que entendemos tiene que ser una política de protección de los humedales”. “Algo también importante para la provincia del Chaco y del Nordeste” resaltó el legislador.
Posteriormente a eso, “se va a tocar un tema que lo planteamos desde el Chaco que tiene que ver con la discusión de la ley Fitosanitaria. Esto tiene que ver con una legislación nacional que regule la aplicación de agrotóxicos en el marco del modelo productivo que tenemos. Lo que sería la ley de biocidas provincial”. “En ese contexto y estos dos temas a pedido de la provincia del Chaco” enfatizó.
“Básicamente lo que se busca es por un lado es conocer cómo se está trabajando a nivel nacional; cuál es la situación de los proyectos sobre estos dos temas: ley de Humedales y ley Fitosanitaria; y a partir de ahí, hacer un aporte desde la provincia sobre estas temáticas” insistió el legislador.
“El tercer punto que llevamos en la agenda de esta reunión del Cofelma es acompañar desde la Legislatura provincial lo que viene pidiendo el Ministerio de Planificación y Ambiente y el Cofema – Consejo Federal de Medio Ambiente - que es el aumento de los recursos que se destinan en función de la ley de Bosques nacional” anunció.
“Las provincias, hace un tiempo atrás, se reunieron en el Chaco, en el Cofema y ha planteado la necesidad que se aumenten los destinos que en conceptos de la ley de Bosques reciben las provincias. Vamos a acompañar ese pedido que está haciendo el ministerio de la provincia y el Cofema” adelantó el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente del Chaco.
Por Resolución 2414/16 se aprobó declarar de interés legislativo la participación en el segundo encuentro nacional del Consejo Federal de Legisladores de Medio Ambiente (COFELMA) a llevarse a cabo el 21 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa partió del diputado del Frente Grande Daniel Trabalón que preside la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente.
El Cuerpo Legislativo aprobó la Resolución 2414/16 que declara de interés legislativo el Segundo Encuentro Nacional del Cofelma y resalta la importancia en el citado evento a través de la participación de la presidencia de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de nuestra legislatura provincial. Trabalón autor de la iniciativa consideró que este encuentro “representa una herramienta importante de trabajo sobre la temática del medio ambiente y el desarrollo sustentable para generar políticas publicas referidos a la ecología y recursos naturales”.
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De Ángeli se opone al proyecto de Pino Solanas sobre la ley de humedales
Fuente: Radio Máxima On Line
El senador nacional Alfredo De Angeli dijo en RADIO MÁXIMA que “los recursos naturales son de las provincias”, y agregó que él impulsa, desde la Comisión de Agricultura del Senado un proyecto absolutamente diferente sobre los Humedales que se presentó desde la Comisión de ambiente presidida por Pino solana. La discusión, según De Angeli, se zanjará el próximo miércoles, “cuando se apruebe la ley de humedales”.
De Angeli puntualizó que “pondremos a consideración nuestro proyecto sobre la ley de humedales que se va a tratar el miércoles, por lo que habrá dos proyectos diferentes porque en el nuestro, que impulsamos desde la Comisión de agricultura, le damos más participación a las provincias, tal como pidió el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Los recursos naturales son potestad de las provincias, por eso les daremos participación para caracterizar e identificar los humedales. Algunos habrá que protegerlos y a otros habrá que conservarlos, lo cual quedará a cargo de cada provincia”.
El legislador admitió que “existe un proyecto original que viene de la Comisión de Medio Ambiente del Senado presidida por el senador Solanas al cual nos oponemos y la nuestra que impulsamos desde la Comisión de Agricultura y Ganadería, que tiene el acuerdo del COFEMA”.
El senador afirmó que respecto de la cuestión “creo haber actuado con toda responsabilidad para que las provincias no pierdan su potestad. La Nación debe crear el marco donde cada provincia esté incluida”.
Escobar prohibe countries sobre la cuenta del Río Luján
Escobar prohibió los countries sobre humedales
Es un histórico reclamo de vecinos y organizaciones ambientalistas de toda la cuenta del Río Luján. Argumentan que estos emprendimientos inmobiliarios provocan las inundaciones.
Mientras que en el partido de Escobar se prohibió la construcción de countries y barrios privados en zona de humedales, en Tigre los vecinos y las organizaciones ambientalistas siguen movilizados para frenar el avance de estos emprendimientos inmobiliarios de los que aseguran, son los causantes de las inundaciones.
Esta semana se sancionó en Escobar una ordenanza enviada por el intendente Ariel Sujarchuk al Concejo Deliberante en la que se establece la protección de 8.000 hectáreas sobre la cuenca del río Luján. La ordenanza preserva en primer lugar unas 6.000 hectáreas, con posibilidad de sumar otras 2.000 a futuro. El texto deja en claro que no aprobará nuevos barrios privados, clubes de campo y cualquier tipo de urbanización abierta o cerrada que modifique las condiciones ambientales y topográficas de las áreas de humedales insulares.
Con respecto a los desarrollos inmobiliarios que ya estaban en curso, el proyecto reformula parte de las acciones urbanas propuestas en el Plan Estratégico del partido de Escobar con la intención de “evitar posibles demandas judiciales contra el municipio y sus vecinos por parte de los desarrolladores que habían recibido la aprobación formal de sus emprendimientos urbanísticos con anterioridad a la nueva gestión”, según informaron fuentes municipales.
En abril de este año, y como antesala del proyecto de ordenanza, la Municipalidad de Escobar suspendió los permisos de construcción de cinco urbanizaciones, hasta que los desarrolladores realizaran las obras públicas necesarias para adaptarse a los lineamientos requeridos por la nueva gestión y beneficiar a los vecinos del distrito. Esos emprendimientos adaptados, y otros dos prexistentes, conforman los 7 barrios que se construyeron en zonas de humedales en los últimos años en una extensión de más de 2.000 hectáreas. A partir de ahora directamente no se aprobarán barrios privados en humedales, y también queda prohibida la caza comercial o deportiva, la realización de lagos o lagunas artificiales y el alumbrado de aguas salobres o saladas (que se produce al alcanzar la napa).
“El primer paso fue solucionar el grave problema de las urbanizaciones que no respetaban las ordenanzas municipales y las leyes provinciales. Y ahora avanzamos en la protección medio ambiental de casi una cuarta parte del territorio de Escobar”, sostuvo Sujarchuk.
Las únicas instalaciones que sí quedaron habilitadas por la ordenanza son los clásicos “recreos” con parrilla y bajadas para lanchas que permiten acampar a la orilla del río, así como actividades comerciales de probada tradición en zona de islas del Delta (apicultura, frutales y horticultura, por ejemplo), la crianza de animales, entre otras.
Por lo pronto, organizaciones ambientalistas y sociales de Tigre estuvieron en el Congreso de la Nación para manifestar su interés por la aprobación de la Ley Nacional de Humedales y se entrevistaron con la senadora nacional Teresita Luna. Junto a laa organizaciones estuvo presente el concejal Federico Ugo quien viene impulsando propuestas para la preservación de los humedales. "Podemos lograr el crecimiento de Tigre en armonía con la naturaleza y la comunidad, respetando el ambiente y la calidad de vida, sin que ningún sector quede afuera de ese crecimiento", manifestó Ugo.
El 6 de julio la Justicia federal frenó la construcción de barrios privados en los dieciséis municipios de Buenos Aires que abarcan la cuenca del río Luján y el Delta del Paraná. La causa se había impulsado por la exigencia de los vecinos de frenar los emprendimientos Venice Ciudad Navegable y Remeros Beach en Tigre y fue iniciada por organizaciones sociales que denunciaron la directa vinculación entre los countries construidos sobre los humedales y las cada vez más trágicas inundaciones en la región, que en 2014 se cobraron dos vidas en la zona.
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“La situación de los humedales es crítica”
Son ecosistemas fundamentales porque funcionan como grandes reservorios de agua. Sin embargo, son considerados tierras improductivas y en poco tiempo podrían desaparecer. Quintana investiga los humedales desde 1986 y advierte sobre el peligro de su desaparición.
Los humedales comprenden zonas de la superficie terrestre que están, de modo temporal o permanente, inundadas. Son ecosistemas híbridos –tanto terrestres como acuáticos– que brindan una multiplicidad de servicios de interés social. Por ejemplo, proveen agua (para uso industrial, agrícola y doméstico) y alimentos (peces), impiden inundaciones y funcionan como reservorio de recursos naturales estratégicos como el carbono. Sin embargo, desde 1970 hasta la actualidad, se estima que se han perdido o degradado entre un 65 y un 74 por ciento a nivel mundial. Con mala reputación, a lo largo de la historia, han sido considerados como tierras improductivas y fuentes de plagas. En la actualidad, un proyecto de ley intentará promover e incentivar su conservación, con el objetivo de regular el estrecho límite que separa la productividad y el desarrollo sustentable de los ambientes naturales.
En esta oportunidad, Rubén Quintana, doctor en Ciencias Biológicas (UBA) intentará explicar todo lo que sabe acerca de estos ecosistemas, unos espacios geográficos muy particulares que lo apasionan hace más de 30 años. Del 17 al 22 de octubre, “el ecólogo –pero no ecologista–” (que pertenece al Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín) participará como docente del posgrado “Futuros”, un foro organizado por la UNSAM y su Fundación Funintec, para reflexionar sobre de las nuevas tecnologías y los desafíos ambientales que enfrenta la humanidad.
“Desde bien pequeño sentí cierta afinidad por la naturaleza y las problemáticas de índole biológica. Cuando era adolescente, mis familiares pensaban que iba a escoger ingeniería agrónoma o veterinaria. Sin embargo, siempre tuve todo muy claro. Además, allá por la década de los 70, cuando culminaba la secundaria, la ecología comenzó a adquirir relevancia mundial. Así que no tuve más remedio que escoger esta hermosa orientación.”
–En una nota usted señala que es ecólogo pero no ecologista. ¿A qué se refiere con la salvedad?
–No lo digo de modo peyorativo. Considero que los ecologistas son militantes y que defienden las políticas de protección medioambientales. Creo que está muy bien y que es necesario que así sea. En mi caso, soy ecólogo porque mi trabajo es distinto: se basa en el aporte de información para la resolución de problemáticas ambientales a partir de políticas públicas por intermedio de la investigación de humedales.
–Estudia a los humedales desde 1986. Toda una vida…
–La verdad que sí. A partir del último tercio de la carrera, conocí a quien sería mi directora de tesis, la doctora Inés Malvarez. Ella fue una de las pioneras en Argentina al introducir la investigación de los humedales. Me gustó tanto su materia que, junto a mis compañeros de curso, decidimos encarar los primeros proyectos en el Delta del Paraná, hace 30 años.
–¿Por qué representan un recurso de relevancia social?
–Se reconocen como ecosistemas críticos para el ser humano, por su gran capacidad para proveer bienes y servicios. De hecho, a nivel mundial, casi el 40 por ciento de los servicios ecosistémicos son brindados por humedales. Sobre todo, porque el agua puede ser destinada para uso industrial, agrícola y doméstico. En especial, me refiero a los humedales de agua dulce, ya que también existen los marinos. El régimen hidrológico es fundamental para su estructura y funcionamiento. Por ello, son tan sensibles a las transformaciones que los seres humanos puedan llegar a producir.
–También son importantes para controlar inundaciones…
–Por supuesto. Se encargan de amortiguar las inundaciones porque absorben los excedentes hídricos. También, son importantes los manglares –humedales costeros de zonas tropicales– por su función protectora de las costas. Por ejemplo, los efectos del huracán Katrina en el 2005 habrían sido suavizados en la ciudad de Nueva Orleans si los humedales costeros del Golfo de México hubieran estado en buenas condiciones. Por otra parte, también son centrales en los procesos de purificación de agua, proveen alimentos (como los peces), impiden la intrusión de agua marina en las cuencas de agua dulce y funcionan como reservorio de carbono (en el caso de las turberas, un tipo ácidos de humedales).
–Con tantas ventajas, ¿por qué están en riesgo a nivel mundial? He leído que el avance de la frontera agrícola, los procesos de urbanización y el aumento de proyectos inmobiliarios son factores centrales en esta línea.
–Los humedales representan uno de los ecosistemas más importantes para la humanidad pero al mismo tiempo son los más vulnerables a la intervención humana. Desde 1970 a la actualidad se han perdido o degradado entre un 65 y un 74 por ciento a nivel mundial. El problema central es que, más allá de su centralidad, siempre fueron considerados tierras improductivas y fuentes de plagas. Por ello, siempre tendieron a ser transformados en ecosistemas terrestres o bien acuáticos, a partir de procesos de drenado y endicado. En Argentina, estos cambios se han producido para habilitar el avance ganadero, la forestación y para promover los emprendimientos urbanos. Incluso, en algunos casos, para impulsar el desarrollo de actividades agrícolas, con cultivos de arroz y soja. Ello, además de su degradación, ocasiona un problema mayor vinculado al uso de agroquímicos como el glifosato y la contaminación del agua.
–A todas estas amenazas, se suma el cambio climático y el calentamiento global.
–Sí. Los humedales costeros, por ejemplo, se ven afectados por el aumento de los niveles del mar, así como también por los incrementos de temperatura y de las precipitaciones. Son transformaciones que afectan su régimen hidrológico.
–¿Qué estrategias de protección se requieren para su conservación? ¿Existe una convención internacional que discute este tipo de problemáticas?
–Sí, existe un grupo que de modo específico se preocupa por los humedales. La convención de Ramsar fue firmada en 1971 (en Irán) y nuestro país se incorporó a principios de los 90. Su objetivo es generar el compromiso de todas las naciones para promover la sustentación y la conservación de estos ecosistemas. En el ámbito nacional, existe un proyecto de ley que tuvo el visto bueno de las comisiones de Agricultura y de Ambiente en el Senado. Así que el próximo paso sería que se discuta en el recinto. Hace tres años, hubo un proyecto similar que fue aprobado en la cámara Alta pero luego perdió estado parlamentario.
–Porque existen sectores que presumen que una ley de este tipo puede afectar sus intereses.
–En cierta medida, se trata de un capítulo más en la eterna tensión entre productividad y desarrollo sustentable…
–Sí, pero algo que debería tenerse en cuenta es que estas leyes no apuntan a prohibir actividades sino más bien a ordenar cursos de acción. El país necesita un ordenamiento ambiental territorial. En efecto, sería fundamental tener bien en claro un panorama completo del modo en que se manejan los ecosistemas. En el Delta, allá por el 2013, pudimos constatar que contábamos con más de 240 mil hectáreas endicadas, cifra que representa un 14 por ciento del territorio. Este año, afrontamos serios problemas de inundaciones porque el agua no circula y se bloquea ante la presencia de terraplenes. Esto, por supuesto, también perjudica a los propios productores rurales y es el resultado de la falta de planificación. Se modifican las infraestructuras sin criterios que consideren cómo ciertas geografías, son sensibles a las modificaciones humanas.
–En este marco, si tuviera que construir una hipótesis: ¿cómo cree que será la situación de los humedales en 300 o 400 años?
–La situación es crítica y lo será aún más. Me cuesta ser optimista. Como dije, tenemos una Convención internacional hace 45 años y las cosas no marchan bien. La propia organización, durante la última reunión en Uruguay, se ocupó de describir el proceso de degradación que estos ecosistemas afrontan. De modo que, si bien hubo muchos avances en el reconocimiento de la importancia de su conservación, la situación no se revierte. Por ello, existe una seria incertidumbre sobre cómo avanzará este tema en el futuro, con una población creciente y con nuevas necesidades.
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Contundentes definiciones del Cofema al proyecto del Senado Nacional
Fuente: Prensa ICAA
La Asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) emitió una contundente resolución referente a la propuesta de modificación de la Ley de Humedales, en la Asamblea realizada en la provincia del Chaco y que está disponible en la página web del ICAA (www.icaa.gov.ar).
En reuniones y aportes de diferentes jurisdicciones, el COFEMA definió en el Anexo de la Resolución propuestas de modificación al proyecto de Ley de Presupuesto Mínimos de Protección Ambiental de los Humedales.
Se destaca la nueva definición de un humedal que propusieron las máximas autoridades ambientales de Argentina, donde se define como un “…ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes de los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones comúnmente plantas hidrófilas y/o suelo hídricos o sustratos con rasgos de isomorfismo”.
Asimismo el nuleamiento solicitó que la categorización y uso de los humedales deberán ser definidos por cada una de las jurisdicciones. De igual manera, solicitaron cambios referidos al inventario de humedales, que se realice sobre todos los humedales según criterios técnicos, sugieren también cambiar el término aprovechamiento por “usos racionales”.
Con respecto a los fondos que conformaría el Fondo Nacional de Humedales, se señala que la ley debe contar con la previsión de un fondo que contemple las pérdidas que le representa a las jurisdicciones y a sus emprendimientos productivos derivados de la aplicación de la presente ley. Asimismo se propone que se establezca una fórmula polinómica a fin de que la distribución de los fondos se realice de manera equitativa y no arbitraria.
Entre las modificaciones sugeridas, el COFEMA solicita que se revise la redacción del artículo 12 en el Capítulo V del borrador en tratamiento en la Comisión de Ambiente del Senado Nacional, toda vez que la gestión no estaría comprendida dentro del concepto de Presupuestos Mínimos y pertenece a las competencias no delegadas por las Provincias a la Nación.
Un tema muy importante es el referido con la autoridad de aplicación, donde en su artículo 13 se expresa “A los fines de la presente ley, la autoridad competente establecerá los humedales inventariados bajo alguna de las siguientes categorías, que podrán ser únicas o combinadas”. Se sugiere que en lugar de “autoridad competente” se especifique que son las Provincias.
Así también, otra medida importante fue proponer eliminar el artículo 19 del proyecto con dictamen de la Comisión de Ambiente del Senado Nacional, por avanzar en contra de la gestión provincial, ya que el mismo expresaba “..que hasta tanto la jurisdicción respectiva no finalice el Ordenamiento territorial de humedales, no se podrá autorizar ninguna obra o actividad nueva o modificación de las ya existentes que impliquen cambios del uso del suelo, ni tareas de endicamiento, embalses y/o polders, dragados, refulados, excavaciones, creación de lagunas, derivación de cursos de agua, modificación de costas o desagües naturales, modificación de cotas en superficies asociadas a valles de inundación y/o cursos de agua o ambientes isleños”.
Respecto a las sanciones, se consensuó que debería modificarse la base de multas, ya que los montos que establece el proyecto de ley podrían considerarse confiscatorios, por ello se propone que las multas sean entre uno (1) y cien mil (100.000) sueldos mínimo vital y móvil de la administración pública nacional.
Se propuso además, agregar un artículo en el Capítulo VIII sobre Disposiciones Complementarias que expresa que “El Consejo Federal de Medio Ambiente facilitará la coordinación de estrategias de concertación regionales, interjurisdiccionales y nacionales a fin de lograr la preservación, conservación y el uso sustentable de los humedales, en función de las disposiciones de la presente ley”.
Senadores Nacionales. Las autoridades ambientales acordaron que cada representante envíe esta Resolución a los legisladores nacionales.
Así el Ing. Mario Rujana y el Dr. Osmar Dufort, representante titular y alterno de la Provincia de Corrientes ante el Cofema adelantaron por correo electrónico a los Senadores correntinos Pedro Braillard Pocard, Camau Espínola y Ana Almiron lo acordado en Resistencia para conocimiento y consideración a momento del tratamiento en el recinto del Congreso Nacional.
La ley de humedales avanza en el Senado sin acuerdo del Pro
Fecha de Publicación: 03/10/2016
El proyecto obtuvo dictamen esta semana sin el aval de Alfredo De Angeli, titular de la Comisión de Agricultura, que espera "la opinión de las provincias". Más de 30 organizaciones pujan por sancionar la norma.
En medio de una fuerte disputa entre el Pro y la oposición, la ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales avanza en el Senado, donde esta semana obtuvo dictamen por iniciativa de Fernando “Pino” Solanas, en el paso previo a su aprobación en el recinto.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 32 fundaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, pero el debate siempre se vio empantanado por la resistencia de algunos sectores a promover el cuidado de estos ecosistemas, lo que podría contribuir a evitar inundaciones.
Finalmente, senadores de distintos bloques de la oposición e incluso dos radicales firmaron esta semana el dictamen favorable, en una maniobra que generó confusión por la falta de convocatoria de una de las comisiones que entendía en el tema.
Si bien algunos proyectos habían pedido estado parlamentario, en febrero de este año el presidente Mauricio Macri anunció el envío al Congreso de una iniciativa propia, lo que renovó las esperanzas de las ONGs que reclaman la ley.
Como presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, Solanas –reconocido activista de la cuestión medioambiental- receptó tres meses después el pedido de las organizaciones para tratar los proyectos, pero encontró una traba parlamentaria.
Sucedió que el oficialismo decidió ampliar el giro de los proyectos a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que preside el entrerriano del Pro Alfredo De Angeli, lo que desde la oposición fue interpretado como una maniobra para dilatar el debate.
De modo que la Comisión de Ambiente inició el debate con numerosos especialistas de universidades y representantes de instituciones especializadas que formularon sus aportes.
Sin embargo, Solanas nunca consiguió que el ruralista De Angeli convocara a su comisión para tratar la ley de manera conjunta, y allanar así el camino del proyecto hacia el recinto.
Por el contrario, De Angeli recibió en su comisión a autoridades del Consejo Federal Hídrico (COHIFE) y del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), de manera unilateral.
Así fue como finalmente la comisión presidida por “Pino” convocó esta semana a una nueva reunión que culminó con la firma de un dictamen, el cual contó con las firmas de senadores de ambos cuerpos parlamentarios, pero sin la convocatoria de Agricultura por parte de De Angeli.
En efecto, la mitad de los 16 senadores que suscribieron al dictamen pertenece a la Comisión de Agricultura –tres de esos ocho senadores integran ambas comisiones, incluido Solanas-, lo que posibilitó el avance del proyecto.
De manera que, en lo formal, el dictamen quedó en condiciones de ser abordado en el recinto, pero De Angeli sostiene que aún esperan la opinión de las provincias. “Queremos una ley representativa y para eso es necesario que dialoguemos y lleguemos a los consensos”, argumentó.
El “agrosenador” aclaró en un comunicado: “Queremos avanzar en la ley, y vamos hacerlo con la opinión de las provincias que, como Entre Ríos, hoy están trabajando en el tema. Sigo cumpliendo con el compromiso que tengo con ellos y por eso esperamos sus aportes”.
El proyecto consensuado establece los “presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales a fin de preservar los servicios ecosistémicos que éstos brindan a la sociedad en todo el territorio de la Nación”.
Según el texto, los servicios que brindan los humedales tienen que ver con la provisión de agua potable; filtrado y retención de nutrientes y contaminantes; provisión de alimento para personas y fauna silvestre y doméstica; y amortiguación de excedentes hídricos.
También contribuyen a la disminución del poder erosivo de los flujos de agua y su velocidad de circulación hacia el mar; la mitigación de la pérdida y salinización de suelos; la provisión de hábitats; el almacenamiento de carbono y la estabilización climática, entre otras utilidades.
El proyecto crea un Inventario Nacional de Humedales, que debería estar finalizado en un plazo de tres años posteriores a la sanción de la ley, y que debería actualizarse, como máximo, cada cinco años.
También se crea un Fondo Nacional de Humedales, con recursos provenientes del Presupuesto Nacional y aportes de organizaciones, para cumplir con la conservación de estos ecosistemas.
Cada jurisdicción debería determinar cuál es la autoridad competente, salvo en el caso de las áreas protegidas por la Ley de Parques Nacionales 22.351, que quedan bajo la órbita de la Administración de Parques Nacionales.
Quiénes firmaron el dictamen
Además de Solanas, estamparon su firma en el dictamen Marcelo Fuentes, Liliana Fellner, María Ester Labado, María de los Ángeles Sacnun, Teresita Luna, Nancy González y Dalmacio Mera por el Frente para la Victoria; Magdalena Odarda (Coalición Cívica) y Sandra Giménez (Frente Renovador de la Concordia).
También Gerardo Montenegro (Frente Popular); Jaime Linares (GEN); Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos) y Carlos Caserio (Unión por Córdoba), además de dos radicales, Alfredo Martínez y Juan Carlos Marino.

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 13
 artículo 19
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