Source: https://tc.vlex.es/vid/-131188
Timestamp: 2019-09-16 14:11:47+00:00

Document:
STC 178/2001, 17 de Septiembre de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 131188
Número de Recurso: 4343/1997
RA 4343/97. Promovido por Rottaservice Establishment, Vaduz, frente al Auto de la Audiencia Provincial de Alicante que decretó el sobreseimiento parcial de una causa seguida por supuestos delitos de falsedad, estafa y apropiación indebida. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: recurso de queja, contra la incoación del procedimiento abreviado, sustanciado sin contradicción del querellante.
Sentencia citada en: 955 sentencias, 14 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 4342/97, promovido por la entidad Rottaservice Establishment, Vaduz, representada por el Procurador de los Tribunales don Felipe Ramos Cea y asistida por el Letrado don Javier Gerona Pérez, contra el Auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, de 18 de julio de 1997, recaído en el recurso de queja núm. 37/97, dimanante del procedimiento abreviado núm. 317/96 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Alicante. Han comparecido y formulado alegaciones don José S.J., representado por el Procurador de los Tribunales don José Granados Weil y asistido por el Letrado don Basilio Fuentes Alarcón, y el Ministerio Fiscal. Ha actuado como Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 29 de octubre de 1997 don Felipe Ramos Cea, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la entidad Rottaservice Establishment, Vaduz, interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
La entidad demandante de amparo interpuso querella por delitos de falsedad en documento mercantil, estafa impropia y apropiación indebida contra don Miguel H. M., doña María Isabel M.R. y don José S.J., que fue admitida a trámite por providencia del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Alicante, de 21 de febrero de 1995, dando lugar a las diligencias previas núm. 373/95.
Practicadas las diligencias de averiguación y esclarecimiento de los hechos que el Juzgado instructor consideró pertinentes, por Auto de 20 de diciembre de 1996 se acordó incoar procedimiento abreviado, núm. 317/96, por supuestos delitos de falsedad, estafa y apropiación indebida en el que aparecían como imputados don Miguel H. M., doña María Isabel M.R. y don José S.J..
Las personas imputadas en el procedimiento interpusieron sendos recursos de reforma contra el anterior Auto, entre ellas, don José S.J., cuyo recurso fue admitido a trámite por providencia de 18 de febrero de 1997. En la misma providencia se dio traslado a las demás partes para adherirse o impugnar el recurso, trámite que evacuó la representación procesal de la demandante de amparo mediante escrito de impugnación del recurso de reforma.
Por providencia de 23 de mayo de 1997 se requirió a la representación procesal de la demandante de amparo para que en el término de una audiencia recogiese los autos en la Secretaría del Juzgado y presentase escrito de calificación en el plazo de cinco días.
La representación procesal de la demandante de amparo tuvo conocimiento en septiembre de 1997, por una conversación casual, de que por la representación procesal de don José S.J. se había interpuesto recurso de queja contra el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Alicante, de 20 de mayo de 1997, por el que se había desestimado el recurso de reforma contra el Auto por el que se había acordado la incoación del procedimiento abreviado, el cual se tramitaba con el núm. 37/97 ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, por providencia de 2 de octubre de 1997, acordó unir el anterior escrito al rollo de queja y, habiéndose dictado resolución por la Sala en el recurso de queja, que se le notificase la misma a la representación procesal de la demandante de amparo.
Con la referida providencia, le fue notificado a la representación procesal de la demandante de amparo el Auto de 18 de julio de 1997, por el que la Sala acordó, estimando el recurso de queja interpuesto por don José S.J., el sobreseimiento con carácter libre de éste.
La representación procesal de la demandante de amparo solicitó la aclaración del referido Auto, petición que fue inadmitida por providencia de 17 de octubre de 1997, en la que se le indicaba que no había sido parte en el recurso, así como la extemporaneidad de la petición.
En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo, se invoca en ésta, frente al Auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, de 18 de julio de 1997, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin que en ningún caso pueda producirse indefensión (art. 24.1 CE) y la del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
El Auto impugnado vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, causando una patente indefensión a la entidad demandante de amparo, al no haber tenido ésta conocimiento en ningún momento de la tramitación del recurso de queja, puesto que ninguno de los órganos judiciales, tanto la Audiencia Provincial como el Juzgado de Instrucción, le comunicó la existencia de dicho recurso para poder formular alegaciones a favor o en contra del mismo. De modo que, tras haber sostenido la acusación desde el escrito inicial de querella, haberse admitido y practicado diligencias a instancia de la demandante de amparo, haber confirmado el Juzgado de Instrucción el Auto de incoación del procedimiento abreviado, así como haber presentado el escrito de apertura del juicio oral formulando la correspondiente acusación, se resuelve inaudita parte un recurso que, nada menos, absuelve al ya acusado por la demandante de amparo de los delitos por los que se había presentado la querella, al considerar la Audiencia Provincial, por un lado, que los hechos referidos a la falsedad en documento mercantil no son constitutivos de delito (art. 637.2 LECrim) y, de otro, lo que constituye una auténtica e impropia "sentencia de fondo", que respecto a los otros delitos actuó sin la presencia de un elemento subjetivo, el ánimo de lucro.
De la providencia de 17 de octubre de 1997, por la que se inadmitió la solicitud de aclaración, puede deducirse que la Sala ha entendido que el recurso de queja ha sido correctamente tramitado desde la perspectiva procesal, al indicarse expresamente "como tramitado a tenor de lo establecido en el artículo 787, en relación con el 233 y siguientes, todos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Tal aseveración lleva a la demandante de amparo a examinar si la Audiencia Provincial, no sólo contempló en la tramitación del recurso de queja lo dispuesto en las normas procesales, sino, además, la adecuación de su interpretación a la Constitución, para lo que se refiere a continuación a la regulación procesal del recurso de queja prevista en los arts. 787 y 233 y siguientes LECrim.
Para el supuesto de que se entendiera que la regulación recogida en los arts. 233 y siguientes LECrim ha sido aplicada de forma correcta desde el punto de vista constitucional, la demandante de amparo aduce, con carácter subsidiario a la queja expuesta, que la Audiencia Provincial infringió el art. 642 LECrim y que tal infracción, dada su importancia, conlleva también la del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Argumenta al respecto que, dada su condición de parte en la causa y el hecho de que el Ministerio Fiscal con ocasión del recurso de queja hubiere cambiado de parecer y solicitado el sobreseimiento de don José S.J., circunstancias ambas que conocía la Audiencia Provincial, la Sala venía obligada a darle traslado de la pretensión del Ministerio Fiscal, por lo que al obviar este trámite, no sólo ha vulnerado el art. 642 LECrim, sino también el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), puesto que su finalidad es la de permitir sostener la acusación ante el Tribunal que ha de resolver el recurso.
Además, la indefensión causada a la demandante de amparo no ha sido meramente formal, sino que por el contrario reviste carácter material, ya que existían argumentos respecto a la cuestión de fondo que se hubiera podido alegar y que podrían haber variado el sentido de la resolución. En primer lugar, la existencia de opiniones doctrinales relativas a que no todas las falsedades ideológicas han quedado despenalizadas por el Código Penal de 1995; en segundo lugar, la existencia de otras diligencias de prueba ¿distintas a las aportadas por el recurrente en queja¿ mediante las que quedaba indiciariamente acreditado que éste tenía conocimiento de quiénes eran los verdaderos accionistas de la sociedad y, por tanto, la falsedad que estaba cometiendo al certificar en falso la existencia de una Junta General Universal cuando la recurrente en amparo no había asistido a la misma; en tercer lugar, la posibilidad de aportar con el recurso de queja nuevos datos no conocidos al formular el escrito de impugnación del recurso de reforma y, en concreto, la existencia de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1997, en la que por primera vez se declara que la falsedad consistente en la suposición de una persona en un acto, realizada por un particular, queda integrada y penalizada en el nuevo Código Penal (arts. 392, en relación con el 390.3); en cuarto lugar, la improcedencia de dictar un sobreseimiento libre en este tipo de recursos de queja cuando, en su caso, debería de haberse dejado sin efecto la incoación del procedimiento abreviado con retroacción de las actuaciones al Juez Instructor para que volviese a dictar una de las resoluciones previstas en el art. 789.5 LECrim (STS de 1 de marzo de 1996); y, por último, la improcedencia, también, de la petición del recurrente en queja de que se acordase el sobreseimiento libre en orden a una valoración probatoria o apreciación de una cuestión subjetiva, la existencia de ánimo de lucro, que no permite el art. 637.2 LECrim, habida cuenta que la apreciación de tales elementos ha de realizarse a partir de datos objetivos, siendo una cuestión que sólo se puede dilucidar en la fase de juicio oral.
El derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) habría resultado vulnerado por la resolución judicial impugnada, en opinión de la demandante de amparo, al haber decretado la Audiencia Provincial, al resolver el recurso de queja contra el Auto de incoación del procedimiento abreviado, el sobreseimiento libre de don José S.J., ya que tal pronunciamiento no se ajusta a las garantías que han de presidir el proceso penal, en la medida en que no es éste el momento procesal para decidir sobre ese particular si no lo ha hecho ya el Juez instructor. Cuando la Audiencia Provincial ha dictado el Auto de archivo, el procedimiento se encontraba aún en la etapa instructora y, en tal supuesto, el Tribunal ad quem del Instructor tiene las mismas facultades que éste, no las que adquiere después en la etapa del juicio oral, de modo que en ese estadio el Instructor sólo podrá archivar la causa por no revestir los hechos extrínsecamente apariencia delictiva o no ser el imputado autor de los mismos (STS de 1 de marzo de 1996), pero no por falta de ánimo de lucro o por la existencia de una causa de exención. Al igual que ocurre en el procedimiento ordinario en un recurso de apelación contra el Auto de procesamiento, la Sala a lo más que puede llegar es a dejar sin efecto dicho procesamiento, retornando las actuaciones al Juzgado Instructor para que continúe con su labor instructora y esclarecedora de los hechos, pero no puede acordar directamente el cierre de la causa, pues éste es un trámite previsto posteriormente al concluirse el sumario. En el mismo sentido, en el caso del art. 789.5.4 LECrim, cuando el Juez Instructor acuerda procesar, esto es, incoar procedimiento abreviado y sujetar a una persona a la preparación de un posible juicio oral, el Tribunal Superior, si es recurrida esa decisión, sólo puede dejarla sin efecto, pero no acordar el sobreseimiento libre, ya que este trámite está reservado para el supuesto contemplado en el art. 790.6 LECrim o, directamente, para revisar el sobreseimiento decretado por el Juez Instructor de acuerdo con lo dispuesto en el art. 789.5.1 LECrim
La Sección Cuarta del Tribunal Constitucional, por providencia de 28 de octubre de 1998, acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder a la demandante de amparo y al Ministerio Fiscal el plazo común de diez días para que formulasen, con las aportaciones documentales que procediesen, las alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la posible carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda de amparo [art. 50.1 c) LOTC].
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de 19 de abril de 2001, se acordó tener por personado y parte en el procedimiento al Procurador de los Tribunales don José Granados Weil, en nombre y representación de don José S.J., así como dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que pudieran formular, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, cuantas alegaciones tuvieran por conveniente.
La representación procesal de don José S.J. evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 17 de mayo de 2001, en el que interesó, con base en la argumentación que a continuación se resume, la desestimación de la demanda de amparo.
La mera circunstancia de que la demandante de amparo no haya tenido conocimiento del recurso de queja no puede determinar por sí misma la lesión del derecho recogido en el art. 24.1 CE, pues el recurso de queja ha sido articulado por el legislador, en evitación de inútiles redundancias, con la simple consideración del informe del Juez que dictó la resolución que no reformó. No existen, por lo tanto, más trámites para un recurso de naturaleza esencialmente jurídica, por muy ordinario que sea, salvo que se trate de delitos en los que el Ministerio Fiscal haya de intervenir, en cuyo caso se pide también a éste su dictamen por escrito antes de que el Tribunal superior resuelva. De modo que si la Audiencia Provincial ha atendido al dictado legal no puede invocarse como causa de vulneración de un derecho constitucional, por sí sola al menos, lo que es un escrupuloso respeto al esquema legal. Así pues, la ausencia de comunicación a la demandante de amparo del recurso de queja no constituye, al responder a una previsión legal expresa, irregularidad procedimental o defecto procesal formal alguno, planteándose, en definitiva, una cuestión de legalidad ordinaria, que excede del objeto del recurso de amparo constitucional (SSTC 140/1985, 37/1988, 106/1988, 37/1995).
Tampoco puede considerarse como causa de vulneración del art. 24.1 CE una supuesta interpretación incorrecta por parte de la Audiencia Provincial del art. 787, en relación con los arts. 233 y siguientes, todos ellos de la LECrim, pues su actuación se acomodó de manera escrupulosa a lo previsto en los citados preceptos legales. En este sentido, para rebatir la invocación que la demandante de amparo hace en apoyo de su pretensión a la STC 66/1989, de 17 de abril, la representación procesal de don José S.J. sostiene que, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal (STC 112/1987), no existe lesión al derecho de defensa cuando la audiencia no se ha producido o se ha limitado de manera justificada y dicha justificación se produce, no sólo por voluntad del afectado o por negligencia a él imputable, sino también cuando el legislador, en el ámbito de su legítima potestad, articula la tramitación de los recursos de un modo que, atendidas las circunstancias, no reclama la eventual alegación de alguna parte o de todas ellas, como acontece con el diseño del recurso de queja del art. 787 LECrim. La plena contradicción que reclama la demandante de amparo no cabe duda de que ha de ser absoluta en el juicio oral, pero en otros estadios o fases procesales la naturaleza del proceso puede modular el requisito con mayor o menor intensidad, y tal intensidad depende de la posición procesal de cada parte. Así resulta de la STC 66/1989, de 17 de abril, que incide en la posición del procesado, que no es la que ocupa en el proceso a quo la recurrente en amparo. Resulta obvio, en fin, que la posición del procesado o inculpado no es la del querellante, y la aplicación extensiva de la interpretación que del art. 627 LECrim se hizo en la citada STC 66/1989, de 17 de abril, carece de fundamento en el presente supuesto, pues no existe en absoluto identidad de razón entre uno y otro caso.
En relación con la denunciada vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), la representación procesal de don José S.J. argumenta, en primer lugar, que el Auto de la Audiencia Provincial no afecta a la totalidad de la causa, sino que se refiere exclusivamente a uno de los inculpados y, por tanto, acuerda sólo la revocación parcial de la resolución del Juez Instructor.
La representación procesal de la demandante de amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 18 de mayo de 2001, en el que, sucintamente, reiteró las formuladas en el escrito de demanda.
El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 14 de junio de 2001, en el que, con base en los razonamientos que a continuación sucintamente se resumen, interesó se dictase Sentencia estimando la demanda de amparo.
En relación con la denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), el Ministerio Fiscal reproduce la doctrina recogida en la STC 176/1998, de 14 de septiembre, sobre la exigencia del principio de contradicción en cuanto vinculada al derecho a un proceso público con todas las garantías, y alude a la necesidad de interpretar las leyes en el sentido más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales (SSTC 34/1983 y 67/1984). Manifiesta, al respecto, que, ante las deficiencias que ofrece la regulación del recurso de queja, previsto en la LECrim para unos supuestos muy concretos y configurado ahora por su art. 787 como el recurso normal para impugnar resoluciones interlocutorias del procedimiento abreviado, por los órganos de enjuiciamiento, las Audiencias Provinciales, se han arbitrado con carácter general trámites para permitir la intervención en el mismo de todas las partes procesales, trámites que la Ley no prohíbe, a fin de dar efectividad a la exigencia de que todo el proceso penal esté presidido por la posibilidad de una efectiva y equilibrada contradicción entre las partes, así como a la obligación de que los órganos judiciales promuevan el debate procesal en condiciones que respeten la contradicción e igualdad entre las partes acusadoras y defensoras. Por ello entiende que la inexistencia de previsión legal de dar traslado del recurso de queja a las partes procesales, con excepción del Ministerio público, no pudo justificar la ausencia de dicho trámite, como ha reiterado recientemente este Tribunal en la STC 101/2001, de 23 de abril, cuyo fundamento jurídico 3 reproduce. Además la necesidad de dar intervención a la totalidad de las partes procesales aparece reforzada por la propia configuración legal del recurso de queja, cuyo conocimiento por el órgano judicial superior aparece limitado a los aportes documentales elegidos por las partes, siendo escasamente utilizada, como ocurrió en el caso de autos, la posibilidad de un examen total de las actuaciones.
En relación con la invocada lesión del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) el Ministerio Fiscal considera, frente a lo que se afirma en la demanda, que la fase procesal abierta tras la resolución judicial dictada de acuerdo con lo prevenido en el art. 789.5, regla cuarta, LECrim, que la recurrente sigue considerando de instrucción, es fase de preparación de juicio o fase intermedia, así como yerra también, en su opinión, al pretender establecer una identidad entre la tramitación del procedimiento ordinario y el llamado abreviado, ya que en el primero las competencias de la fase intermedia las tiene el órgano de enjuiciamiento, mientras que en el segundo le corresponden al Instructor. De modo que, restringir las facultades del órgano de segunda instancia, cuando se cuestionan y recurren por alguna de las partes las decisiones del Instructor, a las que poseen las Audiencias Provinciales cuando se recurren los Autos de procesamiento, carece de toda apoyatura legal.
La presente demanda de amparo tiene por objeto la impugnación del Auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial del Alicante, de 18 de julio de 1997, que resolvió el recurso de queja interpuesto por uno de los imputados contra el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Alicante de 20 de mayo de 1997, desestimatorio éste del recurso de reforma promovido contra el Auto de 20 de diciembre de 1996, por el que se acordó seguir el trámite de preparación del juicio oral del procedimiento abreviado (art. 789.5, regla cuarta, LECrim) por los supuestos delitos de falsedad, estafa y apropiación indebida contra las personas respecto a las que se dirigió la querella, y que decretó, al estimar el recurso de queja, el sobreseimiento libre del procedimiento respecto de aquel imputado (art. 637.2 LECrim).
La representación procesal de don José S.J. se opone a la estimación del recurso de amparo al considerar, respecto del primero de los motivos en los que éste se funda, que el recurso de queja se ha tramitado de acuerdo con la legislación procesal que lo regula y, en relación con el segundo, que el Auto de la Audiencia Provincial resuelve todas las cuestiones sometidas al conocimiento del órgano judicial, careciendo el querellante en el procedimiento penal de un derecho incondicionado a su sustanciación. Por su parte el Ministerio Fiscal interesa que se estime la primera de las pretensiones de la demandante de amparo, al entender que la inexistencia de una previsión legal de dar traslado del recurso de queja a las partes procesales, con excepción del Ministerio Fiscal, no puede justificar la ausencia de dicho trámite, apareciendo reforzada en este caso la necesidad de intervención de todas las partes personadas por la configuración legal del recurso de queja en el procedimiento penal abreviado, y se opone a la segunda, por carecer de toda apoyatura legal la restricción que se expone en la demanda de amparo respecto de las facultades de las Audiencias Provinciales cuando conocen, como órganos de segunda instancia, de los recursos contra las decisiones del Juez instructor.
Delimitadas en los términos expuestos las cuestiones suscitadas con ocasión de la presente demanda, nuestro enjuiciamiento ha de comenzar por el primero de los motivos en los que se sustenta la pretensión de amparo, esto es, la denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) por no habérsele dado traslado a la entidad demandante de amparo, ni, por consiguiente, conferido la posibilidad de intervenir en su tramitación, del recurso de queja interpuesto por uno de los imputados ante la Audiencia Provincial, cuya estimación determinó que se acordara respecto de éste el libre sobreseimiento del procedimiento penal. Es evidente que la estimación, en su caso, de este motivo de amparo tendría como consecuencia la retroacción de las actuaciones a la Audiencia Provincial al objeto de que se diera traslado del recurso de queja a la solicitante de amparo, y que, por tanto, resultaría innecesario entrar en el examen de la segunda de las vulneraciones que se aducen en la demanda de amparo, que habría de ser planteada, antes de traerse per saltum ante este Tribunal, en la vía judicial previa.
El examen de la primera de las cuestiones suscitadas en la demanda de amparo requiere traer a colación la reiterada doctrina constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en relación con los principios de contradicción e igualdad de armas en el proceso penal, así como sobre las garantías procesales de quien ejerce la acción penal.
Entre las garantías que comprende el art. 24 CE para todo proceso penal destacan, por ser principios consustanciales al mismo, las de contradicción e igualdad. Según una constante y reiterada doctrina de este Tribunal, el art. 24 CE, en cuanto reconoce los derechos a la tutela judicial efectiva con interdicción de indefensión, a un proceso con todas las garantías y a la defensa, ha consagrado, entre otros, los citados principios de contradicción e igualdad, garantizando el libre acceso de las partes al proceso en defensa de sus derechos e intereses legítimos. Ello impone, entre otras exigencias, la necesidad de que todo proceso penal esté presidido por la posibilidad de una efectiva y equilibrada contradicción entre las partes a fin de que puedan defender sus derechos, así como la obligación de que los órganos judiciales promuevan el debate procesal en condiciones que respeten la contradicción e igualdad entre acusación y defensa. En el proceso penal, además, la necesidad de contradicción y equilibrio entre las partes está reforzada por la vigencia del principio acusatorio ¿que también forma parte de las garantías sustanciales del proceso¿ el cual, entre otras consecuencias, impone la necesidad de que la función de la acusación sea acometida por un sujeto distinto al órgano decisor (nemo iudex sine acusatore) y de que el objeto procesal sea resuelto por un órgano judicial independiente e imparcial, para lo cual es imprescindible disponer de la posibilidad de conocer los argumentos de la otra parte y manifestar ante el Juez los propios, así como poder acreditar los elementos fácticos y jurídicos que fundamentan las respectivas pretensiones (SSTC 53/1987, de 7 de mayo, FJ 2; 66/1989, de 17 de abril, FJ 12; 186/1990, de 15 de noviembre, FJ 5, por todas).
En relación con el derecho a la acción en el proceso penal, que ha sido configurado como ius ut procedatur que no forma parte propiamente de ningún derecho sustantivo, razón por la cual ha sido tratado como una manifestación del derecho fundamental a la jurisdicción, este Tribunal tiene declarado que ese ius ut procedatur no puede quedar reducido a un mero impulso del proceso o a una mera comparecencia en el mismo, sino que de él derivan con naturalidad y necesidad los derechos relativos a las reglas esenciales del desarrollo del proceso (SSTC 16/2001, de 29 de enero, FJ 4, por todas).
Es cierto que la pretensión punitiva de quien ejercita la acusación, desde la condición de persona agraviada o perjudicada, no obliga al Estado, único titular del ius puniendi, a castigar en todo caso, pues la Constitución no otorga a los ciudadanos un pretendido derecho a obtener condenas penales (SSTC 31/1996, de 27 de febrero, FJ 10; 41/1997, de 10 de marzo, FJ 4; 116/1997, de 23 de junio, FJ 5; 67/1998, de 18 de marzo, FJ 2; 215/1999, de 29 de noviembre, FJ 1). Tampoco el ejercicio de la acción penal conlleva la existencia de un derecho incondicionado a la apertura y plena sustanciación del proceso, sino solamente a un pronunciamiento motivado del Juez sobre la calificación jurídica que le merecen los hechos, expresando, en su caso, las razones por las que inadmite la tramitación (STC 157/1990, de 18 de octubre, FJ 4). Pero no es menos cierto, sin embargo, que a ese ius ut procedatur, en que el ejercicio de la acción penal consiste, le son aplicables las garantías del art. 24.2 CE, y que no cabe sostener que el haz de derechos cobijados en el art. 24 CE a la hora de configurar la efectividad de la tutela judicial se agote en el proceso penal con el mero respeto de las garantías allí establecidas a favor del imputado, procesado o acusado, según las distintas fases de aquél, pues dicho precepto constitucional incorpora también el interés público, cuya relevancia no es posible, y ni siquiera deseable, desconocer en un juicio justo donde queden intactas tales garantías para todos sus partícipes (SSTC 116/1997, de 23 de junio, FJ 5; 138/1999, de 22 de junio, FJ 5; 215/1999, de 29 de noviembre, FJ 1; 16/2001, de 29 de enero, FJ 4; 115/2001, de 10 de mayo, FJ 11). De modo que el ius ut procedatur, que asiste a la víctima de un delito, no se agota en un mero impulso del proceso o mera comparecencia en el mismo, "sino que de él derivan con naturalidad y necesidad los derechos relativos a las reglas esenciales del desarrollo del proceso" (SSTC 218/1997, de 4 de diciembre, FJ 2; 16/2001, de 29 de enero, FJ 4) y, por consiguiente, "el análisis y la declaración de vulneración de los derechos procesales invocados es ajeno a la inexistencia de un derecho de la víctima del proceso penal a la condena penal de otro y ha de efectuarse tomando como referente el canon de los derechos contenidos en los arts. 24.1 y 2 CE" (SSTC 215/1999, de 29 de noviembre, FJ 1; doctrina que reitera la STC 168/2001, de 16 de julio, FJ 7).
La aplicación de la doctrina constitucional expuesta al supuesto ahora enjuiciado ha de conducir necesariamente, tras el examen de las actuaciones remitidas por los órganos judiciales, a dar la razón a la entidad demandante respecto de su primera pretensión de amparo. En efecto, es evidente que el recurso de queja, que aquí operó como una nueva instancia, fue sustanciado sin su intervención, circunstancia que no fue achacable a la pasividad o negligencia de la parte, sino únicamente a una actuación imputable al órgano judicial, que ni le comunicó la interposición del recurso de queja por parte de uno de los imputados, ni le dio traslado del mismo, habiéndose tramitado, en consecuencia, con el absoluto desconocimiento de la solicitante de amparo, quien tuvo noticia del recurso de queja una vez que ya había recaído resolución de la Audiencia Provincial, no existiendo, ni constando, al menos, dato alguno que permita desvirtuar tal conclusión. Es indudable, también, el interés que la demandante de amparo, personada como acusación particular en el proceso penal, tenía en el pronunciamiento que hubiera de dictarse con ocasión del recurso de queja, a la vista tanto de la pretensión de sobreseimiento formulada por el imputado que lo interpuso como de la decisión judicial finalmente adoptada, por lo que no podía prescindirse de su intervención en la tramitación y sustanciación del recurso.
La estimación del primero de los motivos en los que se funda la demanda de amparo, que hace innecesario, como ya se había advertido, el examen del segundo, conlleva la nulidad del Auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante y la retroacción de las actuaciones al momento procesal en que debió dársele traslado a la demandante de amparo del recurso de queja interpuesto por la representación procesal de don José Sampere Jaén, para que, respetándose el principio de contradicción, pueda formular cuantas alegaciones considere pertinentes en defensa de sus derechos e intereses y se dicte nueva resolución por la Audiencia Provincial en los términos en que resulten procedentes.
Declarar que se ha vulnerado el derecho de la recurrente en amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del Auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, de 18 de julio de 1997, recaído en el recurso de queja núm. 37/97, dimanante del procedimiento abreviado núm. 317/96 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Alicante, retrotrayendo las actuaciones al momento procesal oportuno al objeto de que se dé traslado a la recurrente en amparo del recurso de queja interpuesto por la representación procesal de don José Sampere Jaén para que pueda defenderse contradictoriamente y formular cuantas alegaciones estime pertinentes en defensa de sus derechos e intereses.
STSJ País Vasco , 7 de Junio de 2011
STSJ Castilla-La Mancha , 7 de Marzo de 2001

References: resolución 
 resolución 
 artículo 787
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución