Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810343.html
Timestamp: 2019-11-21 04:00:35+00:00

Document:
as201810343
AUTO SUPREMO Nº 343/2018-RRC
Expediente : Pando 32/2017
Parte Imputada : Aroldo Sánchez Paz
Por memorial presentado el 19 de julio de 2017, cursante de fs. 47 a 49 vta., el Gobierno Autónomo Departamental de Pando, representado por sus apoderados Jorge Felipez Yavi y Edgar Ramiro Espinoza Martínez, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 26 de junio de 2017, de fs. 37 a 38, pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso penal seguido por la parte recurrente y el Ministerio Público contra Aroldo Sánchez Paz, por la presunta comisión de los delitos de Peculado e Incumplimiento de Deberes, previstos y sancionados por los arts. 142 y 154 del Código Penal (CP), respectivamente.
Por Resolución de 30 de marzo de 2016 (fs. 5 a 8), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró a Aroldo Sánchez Paz, culpable de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, imponiendo la pena de un año de reclusión, más el pago de costas, daños y perjuicios, siendo absuelto de pena y culpa por el delito de Peculado.
Contra la mencionada Sentencia, los apoderados del Gobierno Autónomo Departamental de Pando (fs. 15 a 18 vta.), interpusieron recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista de 26 de junio de 2017, dictado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación.
Del recurso de casación y del Auto Supremo 841/2017-RA de 31 de octubre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
La parte recurrente señala que existió vulneración al debido proceso y la seguridad jurídica que le causaron los señores Vocales de la Sala Penal debido a que contravinieron el art. 412 del CPP, porque en el presente caso dichas autoridades omitieron la aplicación del acápite (Audiencia de prueba o de fundamentación), con esa actuación el Tribunal de alzada les dejó en total indefensión en vulneración de la seguridad jurídica y el principio de certeza, por lo que solicita se revoque la referida Resolución y se anule la Sentencia.
El recurrente solicita revocar el Auto de Vista impugnado.
Mediante Auto Supremo 841/2017-RA de 31 de octubre, cursante de fs. 56 a 59, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando, representado por sus apoderados Jorge Felipez Yavi y Edgar Ramiro Espinoza Martínez, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.
II.1. Del recurso de apelación restringida interpuesto por la víctima.
El recurso de apelación restringida, se fundó en los siguientes motivos: i) “VIOLACION E INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA PROBATORIA Y JURÍDICA DEL DEBIDO PROCESO” (sic), ii) “DEFECTOS Y VIOLACIONEN LA VALORACIÓN DE LA PENA” (sic); en otro 1º, a fines de conocer providencias, señaló domicilio procesal.
II.2. De la actuación del Tribunal de apelación.
Por decreto de 29 de mayo del 2017 (fs. 34 vta.), el Tribunal de apelación dispuso el sorteo de la causa, en virtud a que la parte apelante no solicitó de manera expresa audiencia de fundamentación.
El recurso de apelación restringida, fue resuelto por Auto de Vista de 26 de junio de 2017, emitido por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declarando improcedente y confirmando la resolución apelada, bajo los siguientes fundamentos.
En cuanto al primer motivo de alzada, argumentó que en el punto II del fallo apelado, los jueces habrían valorado la prueba documental, de la cual emergería la sucesión de hechos desde el inicio de los trámites, la recepción de dinero y la falta de rendición de cuentas; los hechos hubiesen sido narrados conforme la prueba documental, sin que varíen las conclusiones respecto a la apreciación de la prueba, no siendo evidente la existencia de defectos en la valoración, saltando a la vista la sana crítica o prudente arbitrio en la asignación del alcance de las pruebas; por otro lado, el apelante no habría manifestado qué hecho es resultado de una valoración defectuosa de la prueba.
Sobre el segundo motivo de apelación, el Ad quem refirió que el Tribunal de Sentencia, recurrió a la doctrina para señalar que el hecho se consuma al momento que el infractor se apropia de bienes o valores que tiene en su poder o que custodia, el elemento subjetivo sería apropiarse de bienes del Estado, disponiendo de ellos como si fueran suyos; bajo dicho entendimiento concluyó que en el caso de autos el acusado era responsable de la realización de los fines destinados al dinero que le fue entregado; empero, no se podría presumir su culpabilidad en el tipo de Peculado, por la falta de presentación de descargos, siendo dicho aspecto insuficiente e inválido para acreditar los elementos del tipo penal acusado; es decir, la demostración que el dinero fue utilizado como propio, por el acusado. Agrega, que el Ministerio Público, solo se abocó a producir prueba para demostrar que el acusado no presentó descargos en tiempo oportuno, sobre los fondos en avance que recibió, aspecto insuficiente para la configuración del delito de Peculado, por lo que la conclusión del A quo sería razonable, al no poderse presumir la apropiación de los dineros.
En cuanto, a la pena –por la comisión el delito de Incumplimiento de Deberes-, los jueces habían tomado en cuenta que el acusado no cuenta con antecedentes penales; asimismo, el hecho juzgado sería la falta de presentación de descargos de los fondos en avance, por lo que conforme lo previsto por el art 38 del CP, el mínimo de un año en la condena, estaría acorde a lo previsto por el art. 154 de la norma sustantiva penal, vigente antes de la Ley 004 y posterior a ella.
Admitido el recurso de casación, corresponde emitir pronunciamiento de fondo, dentro de los límites establecido en el Auto Supremo 841/2017-RA de 31 de octubre (fs. 56 a 59), que admitió por flexibilización el recurso que es caso de autos; por lo que, con carácter previo, a los efectos señalados, se establece las bases legales y doctrinales que servirán de sustento a la presente Resolución.
III.1. Sobre la audiencia de fundamentación complementaria.
El artículo 408 del CPP, en su parte in fine, establece que “El recurrente deberá manifestar si fundamentará realmente su recurso.”, al respecto el Auto Supremo 024/2014-RRC de 24 de marzo, estableció: “Ahora bien, a partir del entendimiento desarrollado en el precedente, es menester tener en cuenta que el recurso de apelación restringida, se halla sujeto a las disposiciones contenidas en los arts. 407 y siguientes del CPP, estableciendo el art. 408 del citado Código, el derecho de la parte recurrente de formular solicitud expresa de audiencia para la fundamentación complementaria, a los fines de que en ese actuado pueda fundamentar la impugnación a la sentencia apelada, respaldando sus argumentos jurídicos con la doctrina que sustente sus pretensiones y/o con la línea jurisprudencial emitida por el Tribunal de casación; de modo que de existir una solicitud al respecto, el tribunal de apelación deberá señalar día y hora de audiencia para recibir la fundamentación complementaria del recurso de apelación restringida, donde la participación de la autoridad jurisdiccional, incluso podrá hacerse efectiva a través de pedidos de aclaración sobre aspectos insuficientes de la fundamentación o la solución de propuestas, sin que ello implique prejuzgamiento, sino que sirvan para tomar mayor convicción sobre las impugnaciones interpuestas.
En ese contexto, también debe considerarse que la audiencia de fundamentación del recurso, se regirá en lo pertinente, por las reglas previstas para el juicio oral, que conforme lo dispuesto por el art. 329 del CPP, se halla sujeto a los principios de contradicción, oralidad, publicidad y continuidad, exigiendo en su desarrollo la presencia ininterrumpida de los jueces conforme el principio de inmediación; en cuyo mérito, si se tiene en cuenta que la solicitud de audiencia de fundamentación, se halla vinculada a la efectivización de derechos fundamentales que hacen al debido proceso, como el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva y que en dicha actuación los miembros del tribunal, pueden ejercer facultades propias de su competencia sin que implique prejuzgamiento como refiere el tercer párrafo del art. 412 del CPP, resulta lógico que los vocales que emitan el Auto de Vista resolviendo el recurso de apelación restringida, sean los mismos que participaron en la audiencia de fundamentación oral del citado medio de impugnación.” (El subrayado es nuestro).
Por otro lado el Auto Supremo 135/2014-RRC de 28 de abril del 2014, señaló: “…debiendo convocar a audiencia pública en los supuestos de que haya ofrecido prueba o se haya solicitado expresamente su realización conforme previene el art. 411 del CPP…” (Las negrillas son nuestras).
La entidad recurrente, acusó que el Tribunal de apelación vulneró el debido proceso, la seguridad jurídica, derecho a la defensa y principio de certeza; al no aplicar lo dispuesto por el art. 412 del CPP.
Al respecto, de lo descrito en el acápite II.1 del presente fallo, se tiene que la parte apelante en su recurso, planteó dos agravios; sin embargo, en todo su recurso no solicitó audiencia de fundamentación complementaría como prevé la parte in fine del art. 408 del CPP, tampoco ofreció la producción de prueba; por lo que no existe las dos situaciones previstas por el art. 411 de la norma adjetiva penal, que obligue al Tribunal de apelación a señalar audiencia de fundamentación complementaria, lo cual fue expresamente resaltado por el de alzada a través de la providencia de 29 de mayo del 2017, según consta de lo relatado en el punto II.2 del actual fallo, a tiempo de disponer el sorteo del recurso para su resolución.
De lo expuesto, no es evidente que el Tribunal de apelación hubiese vulnerado los derechos que identifica la parte recurrente; toda vez, que el señalamiento de audiencia de fundamentación complementaría es obligatoria únicamente cuando es solicitado expresamente o cuando aún sin haber sido solicitada, la parte apelante hubiera ofrecido la producción de prueba; en el caso de autos al no existir ninguna de las dos circunstancias, el Tribunal de apelación circunscribió su actuación a las normas previstas por los arts. 407 y siguientes, del CPP, que regulan el procedimiento en apelación restringida, resolviendo el recurso sin necesidad de señalar y celebrar la audiencia de fundamentación, lo cual van acorde con los principios jurisdiccionales de celeridad, eficacia y eficiencia, previstos por el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando, a través de sus apoderados Jorge Felipez Yavi y Edgar Ramiro Espinoza Martínez.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 408
in fine
in fine