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Timestamp: 2019-06-17 05:12:15+00:00

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El pasado jueves nos llegaba a la bandeja de entrada la noticia que el abogado general Sr. Melchior Wathelet había emitido sus conclusiones sobre el caso Liffers, Asunto C-99/15, del que nos ocupamos en el momento en el que el TS planteó la cuestión prejudicial. El pleito que la origina se entabla entre el Sr. Liffers, director de un documental, y Telecinco y Mandarina, emisora y productora respectivamente, de otro documental que incorporaba varias secuencias del primero, sin autorización.
La cuestión que se plantea el TS deriva de las interpretaciones contrapuestas que se le ha venido dando al artículo 140.2 LPI desde la redacción dada por la Ley 19/2006 por la que se incorpora la Directiva 2004/48: en concreto, se plantea si la indemnización por daños morales se puede solicitar cuando se calcula la indemnización mediante el sistema de la regalía hipotética. Como ya expusimos en su momento los argumentos a favor y en contra y nuestra opinión, vamos directamente a las conclusiones del Abogado General.
El Abogado General no duda en apoyar la compatibilidad de los daños morales con el sistema de determinación de los daños mediante el sistema de la regalía hipotética. Para ello emplea de forma sucesiva los tres criterios clásicos de la interpretación de las normas: el literal, el sistemático y el teleológico, para concluir sin dudarlo que todos los criterios llevan a la misma conclusión. En efecto, el “cuando menos” del artículo 13 de la Directiva 2004/48 indica claramente el carácter de minimis de los factores que presenta a continuación como alternativos. Esta aparente alternativa no cambia el sentido de la interpretación anterior porque la utilización del criterio sistemático permite ver que estos medios de cálculo son solamente el medio para obtener una “indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos” (art. 13.1 in fine), de los que los daños morales son una parte. Cerrando el razonamiento y como prueba del nueve, el criterio teleológico remacha la conclusión al considerar que el fin de la norma es lograr un efecto disuasorio, lo que quedaría en entredicho si el daño indemnizable fuera solamente el equivalente a lo que debería haber pagado de mediar autorización.
Estas conclusiones nos merecen dos comentarios. El primero y general es que coincide con lo que opinábamos cuando dábamos noticia del planteamiento de la cuestión, de lo cual uno siempre se alegra. Sobre todo si nos parece la interpretación más sensata y la única conclusión posible superando una estrechísima lectura literal despojada de su contexto, que nunca debería plantearse como jerárquicamente superior al resto de los criterios.
En segundo lugar, hay un comentario que si bien no se encuentra en la ratio, sí que podría inducir a confusión. Se dice en el párrafo 28, tras aclarar que los daños morales no puede ser punitivos, que “es difícilmente rebatible que un daño moral como, concretamente, un menoscabo de la reputación, pueda ser, siempre que se demuestre, un componente per se del daño realmente sufrido por el autor.” (subrayado nuestro).
Parecería que el autor dice que el daño moral “debe probarse”. No creemos que esta sea la interpretación que deba darse ni el sentido que quiso imprimir el autor. Tal interpretación dejaría vacía de contenido las funciones que se le atribuyen al daño moral en derechos de autor (modulador de las dificultades de cuantificación de la compensación, incluso cuando se trata de un daño in re ipsa o para compensar la reducción judicial de la regalía hipotética). Afectaría también a la presunción de producción de un daño (moral) cuando se produce una infracción de un derecho moral.
Entendemos que siendo una manifestación a mayor abundamiento, lo que realmente ocurre con este párrafo es que se realiza una metonimia entre infracción y daño, expresando la consecuencia para aludir al presupuesto: en efecto, el objeto de la prueba al que se refiere no es al daño moral, sino a su presupuesto: es la infracción, como presupuesto del daño, lo que en todo caso debe probarse, estando el daño resultante al juego de la presunción. Utiliza el daño por la infracción, pero es ésta y no aquél el que seguro debe probarse. A partir de aquí, cabría prueba en contrario por parte del infractor, si la tuviere, para neutralizar la presunción defendida por CARRASCO (CARRASCO PERERA, Ángel en comentarios al artículo 140 de Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual de Bercovitz. Ed. Tecnos 3ª Edición, pp 1701 y 1702.) entre otros. En otras palabras, este párrafo debería leerse del siguiente modo: “es difícilmente rebatible que un daño moral […] pueda ser […] un componente per se, del daño realmente sufrido por el autor.”, lo que tiene pleno sentido en el contexto en el que se produce.
Nos congratulamos de la opinión del AG en este procedimiento y esperamos que el Tribunal la siga. Sólo con la resolución de la cuestión se dará en cualquier caso mayor seguridad a quien tenga que aplicar esta norma. Y si es en el sentido defendido por el AG, será además, más justa.
La semana pasada nos notificaron una sentencia (se puede encontrar al final de este post) que nos ha hecho mucha ilusión: estiman la demanda de nulidad de las condiciones generales de contratación interpuesta en nombre de nuestro cliente, contra SOCOBAIL, sucesora de PARFIP y esta sucesora de CORTIX.
Y nos hace especial ilusión porque se trata de la nulidad de unas condiciones generales suscritas con un empresario, no un consumidor, lo que siempre dificulta su apreciación. Esta dificultad radica en que mientras para el consumidor existe un catálogo detallado y explícito de cláusulas que se consideran abusivas y por tanto nulas (art. 8.2 de la LCGC remite actualmente a los artículos 85 a 90 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), para el empresario la ley no establece como parámetro de nulidad otro que la fórmula general contenida en el artículo 6.3 del Código Civil: Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva...
La nulidad obtenida no se puede entender sin tener en cuenta cual era el esquema contractual que tenía en mente la proponente. CORTIX era una empresa dedicada a la realización de páginas web, y en su oferta de servicios ofrecía a empresas pequeñas, normalmente de servicios profesionales (desde arquitectos hasta tiendas de informática, pasando por pastelerías), un paquete integrado de servicios consistente en la confección de la página web y su actualización, la obtención del nombre de dominio, la indexación y el alojamiento, durante un periodo de obligada permanencia de cuatro años, a cambio de una cuota mensual, alrededor de los 100 €.
La calificación de este contrato es, tal como hace la sentencia, de arrendamiento de obra (confección de página web), con obligaciones de medios reforzadas (actualización, alojamiento e indexación). La contraprestación a estos servicios de CORTIX se articulaba mediante un pago fijo mensual durante toda la duración del contrato.
Sin embargo, y esta es la distorsión que ha arrastrado la nulidad del contrato entero, desde el principio se introducía un factor cuyo incorrecto trato ha sido definitivo: en el mismo acto del contrato, CORTIX cedía a otra empresa, PARFIP, la deuda. Aunque no se dice en ningún momento en el contrato, se entiende que esta deuda era la que se iría generando con el vencimiento de las sucesivas mensualidades, o incluso la que se generaría en su caso por la terminación anticipada del contrato, en forma de penalización. Se establecía además, como así ocurría en la práctica de estas empresas, la posibilidad de sucesivas cesiones de este crédito. Esto de por sí no es ilegal ni incorrecto. El problema para SOCOBAIL es que en el contrato se iba más allá.
El viernes pasado se publicó la Orden ECD/2166/2014 por la que se determina la cuantía de la compensación equitativa por copia privada. La cuantía destinada para todas las modalidades de reproducción y para todas las entidades es de 5 millones de Euros, cantidad que aunque no es sorpresa para las entidades de gestión, sigue suponiendo un grave perjuicio en comparación con la situación anterior.
La única esperanza para las entidades de gestión está ahora puesta en la cuestión prejudicial planteada por el Auto de 10 de septiembre de 2014 dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta en el recurso 34/2013 interpuesto por varias entidades de gestión contra el Real Decreto 1657/2012 de desarrollo de la DA 10ª del RD-Ley 20/2011(es decir, la disposición con rango de ley que eliminó por sorpresa el canon e instauró la compensación con cargo a los presupuestos del Estado), de la que ya dimos cuenta en su momento.
En esta línea creemos que la motivación de la Orden abunda en los motivos de incompatibilidad del sistema español con el derecho de la Unión puesto que si de conformidad con éste se establece una relación directa entre ejercicio de copia privada y compensación, mal puede compaginarse con un límite objetivo y por motivos ajenos a esta relación.
Y decimos que la motivación de la Orden abunda porque tras recordar que cuantía y perjuicio son las dos caras de la misma moneda, acto seguido lo limita por razones presupuestarias, sin más.
Por lo demás, la Orden fija los porcentajes de reparto entre modalidades de explotación y abre a su vez los procesos de negociación entre entidades que administran una misma modalidad de explotación, lo que en el contexto de escasez pondrá al límite el dilema en cooperar o competir y los mecanismos para la resolución de estos conflictos previstos legalmente.

References: artículo 140
 artículo 13
in fine
 artículo 140
 resolución 
 artículo 6
 Real Decreto 
 resolución