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Timestamp: 2020-06-02 09:44:43+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 13, de 14/09/2016
cve: BOCG-12-D-13
161/000115 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la defensa de la libertad religiosa y su ejercicio ... (Página4)
161/000200 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en lo relativo a la construcción del pantano del Cenajo ... (Página6)
161/000155 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el cese del Jefe Superior de Policía de la Comunitat Valenciana ... (Página7)
161/000177 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la elaboración de un protocolo contra el acoso sexual y por razón de género que permita adoptar las medidas imprescindibles ante una denuncia de acoso sexual... (Página7)
161/000087 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la restitución a sus archivos originarios de la documentación del Gobierno catalán requisada por la Gestapo en París en 1940 que se conserva en el archivo de Ávila ... (Página9)
161/000131 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la emisión de un billete conmemorativo de la Lotería Nacional sobre el Sitio de los Dólmenes de Antequera ... (Página11)
161/000132 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la paralización inmediata del procedimiento de enajenación que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene abierto sobre la llamada Cava de los Civiles, en Triana, Sevilla ... (Página11)
161/000222 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a reclamar los impuestos no pagados por Apple a raíz de la investigación realizada por la Comisión Europea ... (Página13)
161/000232 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Impuesto sobre las Transacciones Financieras ... (Página14)
161/000112 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el abono de la cuantía que adeuda el Estado a Navarra por las obras de infraestructuras del TAV ... (Página15)
161/000130 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la inclusión del Sitio de los Dólmenes de Antequera en el Sistema de Señalización Turística Homologada (SISTHO )... (Página16)
161/000216 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de suspender definitivamente la concesión para el proyecto de hotel con dos únicas habitaciones en el Faro de la Isla Pancha en Ribadeo (Lugo) ... (Página17)
161/000142 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al proceso de selección y posterior contratación de varios ingenieros para la empresa pública Navantia, S.A. ... (Página18)
161/000161 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la Sentencia 131/2016 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional contra Izar, Construcciones Navales, S.A./SEPI ... (Página19)
161/000163 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la Sentencia del Tribunal Supremo 1966/2016 por la que se anula el Plan de Emergencia Exterior de la Regasificadora del Noroeste, S.A. (Reganosa) de Mugardos (A Coruña) ... (Página20)
161/000164 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cese del pago del complemento salarial vitalicio de las y los pensionistas de la antigua E.N. Bazán ... (Página21)
161/000251 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la venta de la empresa Alcoa ... (Página22)
161/000101 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el recrecido del actual embalse de Puente Alta (Segovia) ... (Página23)
161/000102 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la regulación de la margen izquierda del río Duero ... (Página24)
161/000217 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el control de lanzamiento de cohetes antigranizo a la atmósfera y vuelos de avionetas ... (Página25)
161/000220 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la invasión de la carretera A-2325 por la arena procedente de la duna de Valdevaqueros en Tarifa (Cádiz), ante la falta de labores de conservación del sistema dunar... (Página26)
161/000242 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para las personas afectadas por la talidomida ... (Página27)
161/000086 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la devolución inmediata de los papeles de Salamanca ... (Página29)
161/000116 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la defensa de la tauromaquia ... (Página30)
161/000174 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el reconocimiento a la labor e historia del Teatro Real ... (Página32)
161/000225 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo ... (Página33)
161/000237 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover el 28 de septiembre como Día Internacional de Aborto Seguro, en el marco de los días internacionales de las Naciones Unidas ... (Página35)
161/000243 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a evitar la difusión de estereotipos vejatorios hacia el colectivo de las personas con disfemia ... (Página36)
161/000244 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la instalación de avisadores sonoros en los semáforos para favorecer la movilidad de las personas con discapacidad visual ... (Página37)
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Íñigo Alli Martínez y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputados de Unión del Pueblo Navarro/UPN, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de la libertad religiosa y su ejercicio, para su debate en Comisión.
La libertad religiosa es una de las libertades públicas que nuestra Carta Magna garantiza, regulando su contenido material en la Sección Primera ("de los derechos fundamentales y de las libertades públicas") del Capítulo Segundo ("derechos y libertades") del Título I "De los derechos y deberes fundamentales", esto es, reconociéndole el mayor nivel de protección que la Constitución reserva únicamente para una lista tasada de derechos y libertades. En concreto, el artículo 16 en su apartado 1 la formula en los términos siguientes: "se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".
El artículo 9 en su apartado 1 establece que "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento". Y añade en el apartado 2 que "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".
Expuesto el marco constitucional que ampara la libertad religiosa, sin embargo, en demasiadas ocasiones y con una excesiva contemporización o indiferencia general observamos que los ataques y ofensas al sentimiento religioso son cada día más frecuentes y, mucho tememos, más organizados.
En especial, en los últimos tiempos, se han acentuado los ataques y ofensas contra la religión católica y sus fieles.
Así, recientemente, hemos conocido innumerables actos, algunos de los cuales bien han sido protagonizados personalmente por cargos públicos, bien han sido promovidos y financiados desde distintas administraciones públicas. Cabe recordar, entre otros, la actuación de la actual concejal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, irrumpiendo en la capilla de la Universidad Complutense mientras otros estudiantes y personal de la Universidad rezaban, pasando por el contenido de la obra "La bruja y Don Cristóbal" de la compañía "Títeres desde abajo" incluida en la programación municipal de los Carnavales Madrid 2016, la exposición organizada por el Ayuntamiento de Pamplona del "artista" local Abel Azcona basada en el robo de formas consagradas o la versión del Padrenuestro de la "poetisa" Dolors Miguel con motivo de los Premios Ciudad de Barcelona el día 15 de febrero y saludado con entusiasmo por la alcaldesa de Barcelona -la misma que ha sido acusada por la propia "poetisa" de haber sido utilizada imponiendo en ese acto la lectura del poema sacrílego.
Si la convivencia deja de alimentarse de tolerancia, sencillamente se seca. La proliferación de actos ofensivos contra la libertad religiosa supone un retroceso objetivo de nuestra convivencia.
El ejercicio de las libertades de cada cual exige un espacio de respeto con las libertades de los demás, y así el Estado en todas sus manifestaciones y foros debe, a juicio de Unión del Pueblo Navarro/UPN, contribuir positivamente a que ese espacio no sea violado. De forma nítida, el artículo 10 apartado 1 de la Constitución proclama que "la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social".
Ese respeto, además, debiera incluir una mínima neutralidad ante las expresiones, las manifestaciones individuales o colectivas de quienes profesan su fe de forma pública.
Si bien algunos tratan de amparar dichas manifestaciones dentro del paraguas de la libertad de expresión y de creación "artística", deben carecer de justificación o amparo constitucional los actos ofensivos, las campañas injuriosas, los "escraches" o, todavía más doloroso, los actos de acoso acompañados de presión o violencia en las personas.
En un momento de nuestra historia en el que algunos hablan de la necesidad de iniciar una segunda transición, merece la pena incidir en la conveniencia de reafirmar un compromiso institucional con el respeto a la libertad religiosa y de culto.
Nada hay en la historia que nos invite a pensar que la intolerancia o la indiferencia frente a las muestras de odio antirreligioso prologarán un tiempo político mejor. Todo lo contrario.
De este modo, el éxito de la transición española solo se explica desde la tolerancia, el respeto y la defensa compartida de la libertad de pensamiento, expresión y manifestación. Ese respeto debe incluir a los que creen y a los que no creen.
Unido a este aumento de las ofensas a los sentimientos religiosos en nuestro país, se produce un repunte de ataques a los cristianos en Europa. El último caso, el asesinato del sacerdote francés Padre Jacques Hamel secuestrado junto a varios fieles en la iglesia Saint-Etienne-du-Rouvray (Francia) grabado por los propios asesinos.
No es posible construir un edificio de convivencia mejorado desde la ofensa, el agravio y la violencia. Tanto los hechos que denunciamos en esta iniciativa, como la posibilidad de que en el futuro su frecuencia aumente, son las razones que justifican su presentación.
Por todo ello, queriendo contribuir a evitar desde ahora mismo la eventualidad de que pudiéramos llegar a ese fracaso social, UPN presenta la siguiente
"1. El Congreso de los Diputados reafirma la vigencia del artículo 16.1 de la Constitución española de 1978 que establece:
- promover aquellas condiciones que mejor garanticen el ejercicio de la libertad religiosa en España,
- perseguir todos aquellos ataques y ofensas que atenten gravemente la libertad religiosa y el derecho de los ciudadanos a profesar su fe de forma libre, pública y pacífica,
- velar para que, en cumplimiento del artículo 16.3, el Estado y las distintas confesiones religiosas mantengan las "consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones",
- fiscalizar la actuación de las administraciones públicas de modo que respeten el carácter aconfesional del estado, sin que se transforme en laicidad negativa,
- mantenerse en alerta ante los riesgos de instrumentalización de la religión para fines distintos de los que le son propios, y
- extremar la vigilancia para combatir eficazmente el fenómeno de la radicalización."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2016.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz e Íñigo Jesús Alli Martínez, Diputados.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000200
En los límites de las provincias de Murcia y Albacete se encuentra el embalse y presa del Cenajo. Los antecedentes de este proyecto, según constan en la información oficial de la web de la Confederación Hidrográfica del Segura, se remontan a finales del siglo XIX, pero no fue hasta marzo de 1947 cuando dieron comienzo las obras principales de la presa. El 6 de junio de 1963, el dictador, Francisco Franco, inauguró el pantano.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2016.-María González Veracruz, Pedro Saura García y Manuel Gabriel González Ramos, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000155
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para el cese del jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, para su debate en la Comisión de Interior.
El reciente nombramiento como jefe superior de Policía en la Comunitat Valenciana, José Javier Cuasante, por parte del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, está envuelto en una gran polémica atendiendo a las circunstancias y noticias que envuelven a dicho jefe de Policía.
José Javier Cuasante fue acusado de desviar agentes encargados de investigar casos de corrupción a otras unidades (El País, 21/07/14) y de obstaculizar a la Justicia los informes de la UDEF referentes al caso Brugal (El Mundo, 17/04/15). También el juez del caso Brugal le exigió más policías para investigar el caso (Diario Información, 19/05/15).
Y no solo la Justicia se ha enfrentado a Cuasante en numerosas ocasiones, sino también sindicatos policiales lo han acusado de "autoritarismo" (Diario Información, 20/08/15) y lo han criticado por aumentar los expedientes disciplinarios (Diario Información, 19/05/15). Los sindicatos de policías llegaron a pedir su cese cuando Cuasante ocupaba el cargo de Comisario de Elche (La Verdad, 18/07/08).
Estos son solo algunos de los casos en los que se ha visto envuelto el recién nombrado jefe superior de Policía en la Comunitat Valenciana, pero se han recogido muchos más (en el documento adjunto se recogen algunas de ellas).
Aun con todos estos precedentes, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, nombró a José Javier Cuasante jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana (Orden INT/342/2016, de 8 de marzo).
Por todo lo expuesto, D. Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente
Cesar a José Javier Cuasante como jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2016.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000177
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para instar al gobierno a la elaboración de un Protocolo contra el acoso sexual y por razón de género que permita adoptar las medidas imprescindibles ante una denuncia de acoso sexual, para su debate en la Comisión de Interior.
El día 16 de este mes de junio conocimos a través de un medio de comunicación que el Juzgado Togado Militar Territorial número 14, tras tener conocimiento de los hechos a través de un escrito presentado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), dictó auto de procesamiento a un miembro de la
guardia civil por delitos de abuso de autoridad y contra la libertad e indemnidad sexual. Los hechos referidos, que estaban siendo padecidos por una mujer miembro del mismo cuerpo, llevaban sucediéndose no menos de 4 años, con la agravante de que el agresor era su superior jerárquico.
Estos hechos eran conocidos por miembros de la guardia civil al menos desde 2013, sin que conste que hubieran realizado actuación de oficio alguna, aunque la víctima los hechos, por el estado de terror al que estaba sometida, no lo hubiera denunciado.
Según informa la AUGC estos hechos fueron denunciados por un guardia civil, destinado en la misma unidad donde ocurrieron en un parte disciplinario, el cual recogía detalladamente lo que está observando. El ahora procesado, lejos de modificar su actuación y ante la pasividad de los mandos, terminó denunciado en el Juzgado Togado Militar al denunciante por "aseveraciones falsas". La Guardia Civil cierra el expediente de información reservado sin responsabilidad por acoso laboral y sexual, y aconseja para más "Inri" proceder disciplinariamente contra el agente dador del parte y anima al mando a tomar acciones judiciales.
Según informa la propia AUGC, ya en diciembre de 2015 pone en conocimiento por escrito y de manera directa al director de la Guardia Civil los hechos tan graves que están ocurriendo, y a pesar de ello nunca se abrió protocolo por acoso laboral y sexual. Es cierto que oficialmente se ordenó una investigación, pero no se adoptó ninguna medida ni preventiva ni de protección de la "presunta" víctima, contribuyendo con ello al calvario que la misma ha padecido, ni por supuesto se apartó del servicio al mando.
Durante todo este tiempo el presunto agresor ha seguido teniendo competencias, ha podido emitir órdenes, ha podido mantenerse en su puesto de trabajo como si nada hubiera ocurrido, y ello debido a que no se procedió a suspenderle de funciones y cesarle en el destino, hasta que los hechos han sido dados a conocer a la opinión pública. Claro que esto no parece sorprendente si tenemos en cuenta que el Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa en el Pleno del Consejo de la Guardia Civil de fecha 18/12/14 llegó a manifestar que "en la Guardia Civil no existe acoso laboral, ni sexual", negando posteriormente en reiteradas ocasiones la existencia de acoso en la institución y no va a venir la realidad a estropear una imagen tan idílica como la que trata de vendernos el insigne director, con esta premisa a ver quién es el mando que le lleva la contraria.
Resulta llamativo que en la nota pública donde se informa de la suspensión, también haga pública la unidad de destino donde han ocurrido los hechos, algo que no garantiza la seguridad y el derecho a la intimidad de la víctima que tiene que ser preservada en todo momento, y que choca con reflexiones tales como: "(...) han provocado una amplia difusión en los medios y generan un notable desprestigio de la Institución a la que pertenece el procesado." Es decir, que ante los posibles delitos de abuso de autoridad y contra la libertad e indemnidad sexual, a la guardia civil y a su Director solo les preocupa el desprestigio de la Institución que supone que los hechos se hayan hecho públicos.
A este caso extremo se le unen otros casos de acoso sexual y/o por razón de género en el seno de la Guardia Civil que no están siendo tratados desde la prevención, rigor y sensibilidad más absoluta. El protocolo no se activa, no se activan las medidas preventivas y lo más indignante que se velan los datos bajo una estadística semestral en el seno del Consejo de la Guardia Civil donde se aprecia que la instrucción de expedientes al respecto brillan por su ausencia.
Actualmente el colectivo de la Guardia Civil lo componen 77.234 efectivos de los que 5.069 son mujeres, solo el 6,5% una cifra que se mantiene invariable desde el ingreso de la mujer en la GC en el año 1988, sin embargo, el acoso se ceba con ellas y es el acoso sexual el que predomina.
De los casos constatados en los dos últimos trimestres del año 2015 el acoso supone el 0,02% en los hombres y siempre es acoso laboral nunca sexual, mientras que para las mujeres guardias civiles supone el 0,09% y de cada 5 casos 3 son de acoso sexual. Se dan casos tan esperpénticos en los que un expediente instruido, abierto y cerrado por el mismo mando que está implicado como denunciado.
Mediante Resolución de 8 de abril de 2013, del Director General de la Guardia Civil, se aprueba el protocolo de actuación en relación con el acoso laboral y sexual en la Guardia Civil y si bien dicho protocolo supuso un avance, la aplicación del mismo y el tratamiento de los elementos diferenciados ante dichos acosos, que pueden compartir elementos comunes, pero no son similares ni tan siquiera en las medidas para combatir dichos comportamientos, hace necesario un tratamiento diferenciado, incluso normativo, que dé respuesta al acoso sexual y establezca no solo medidas preventivas, sino de respuesta inmediata ante la sospecha de un comportamiento de esta naturaleza.
Y a pesar de las constantes denuncias emitidas por las asociaciones, entre ellas la AUGC en el seno del Pleno del Consejo de la Guardia Civil, presidido por su Director General, y en otros organismos, la Dirección General de la Guardia Civil sigue mirando para otro lado.
Esto hace necesario la creación de un Protocolo como el ya existente en la Administración General del Estado, aprobado por Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella, o el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015 y publicado en el BOE de 30 de diciembre de 2015.
1. La creación de un protocolo específico de acoso sexual y por razón de género, diferenciado del protocolo de acoso laboral, en el seno de la Guardia Civil.
2. Se lleve a cabo, en el caso mencionado, la realización de una investigación completamente independiente y que dependa de una unidad externa ajena a la cadena de mando de la víctima y del perpetrador de los actos, específica y especializada."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2016.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Zaida Cantera de Castro y Ángeles Álvarez Álvarez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000087
El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Xavier Eritja i Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la restitución a sus archivos originarios de la documentación del gobierno catalán requisada por la Gestapo en París en 1940 que se conserva en el archivo de Ávila, para su debate en la Comisión de Defensa.
La restitución de los abusos y actos de incautaciones nazis son un deber asumido de forma general por todos los gobiernos e instituciones europeas, como lo han hecho recientemente los reyes de Holanda en devolver a sus legítimos propietarios el cuadro "El bosque de la Haya con una vista del Palacio Huis ten Bosch" del pintor del siglo XVII Joris van der Haagen, al descubrir que había sido requisado por los nazis.
1. Proceder a la identificación de la documentación del gobierno catalán requisada por la Gestapo en París el 1940 que se conserva en el archivo de Ávila.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2016.-Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/000131
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la emisión de un billete conmemorativo de la Lotería Nacional sobre el Sitio de los Dólmenes de Antequera, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
El Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, también conocido como Sitio de los Dólmenes de Antequera, lo conforman los Dólmenes de Menga, Viera y El Romeral en Antequera, Málaga, además del Paraje Natural de El Torcal y la Peña de los Enamorados, y es considerado como uno de los mejores y más conocidos exponentes del megalitismo europeo. Los megalitos constituyen las primeras formas de arquitectura monumental en la Prehistoria europea, desarrollándose, de acuerdo con los datos actualmente disponibles, desde comienzos del V milenio antes de nuestra era, período Neolítico, hace unos 6.500 años.
Ya en 1886 fue declarado Monumento Nacional el Dolmen de Menga y, en 1923, el Dolmen de Viera. El Tholos de El Romeral pertenece al Tesoro Artístico Arqueológico Nacional desde 1926 y en 1931 fue declarado Monumento Histórico-Artístico. Recientemente, mediante el Decreto 25/2009, de 27 de enero, el ámbito arqueológico de los Dólmenes de Antequera se inscribió en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica.
El pasado mes de julio, en su 40 reunión anual en la ciudad de Estambul, el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO decidió que el Sitio de los Dólmenes de Antequera pasara a engrosar la prestigiosa lista, lo que reconoce el valor universal del monumento megalítico malagueño.
Es habitual que los billetes para los sorteos de la Lotería Nacional estén ilustrados con imágenes del patrimonio natural y cultural de nuestro país. De hecho, otro bien Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1984 como es el conjunto monumental de la Alhambra y Generalife ha aparecido como ilustración en los billetes de Lotería Nacional en diversas ocasiones.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a la mayor brevedad, impulse la emisión de un billete conmemorativo para el sorteo de la Lotería Nacional ilustrado con imágenes del Sitio de los Dólmenes de Antequera, que está integrado por los tres monumentos megalíticos (Menga, Viera y El Romeral) y por el Paraje Natural de El Torcal y la Peña de los Enamorados, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2016.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000132
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para exigir al Gobierno que paralice de inmediato el procedimiento de enajenación que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene abierto sobre la llamada Cava de los Civiles, en Triana, Sevilla, para su debate en Comisión.
Triana constituye un pueblo en sí mismo dentro de la ciudad de Sevilla. Es uno de los barrios con más solera y carisma de la ciudad y constituye uno de los once distritos en la que esta está organizada. Fue tradicionalmente un barrio de marineros, obreros, alfareros e industriales, famosa mundialmente por sus artistas, toreros, cantaores y bailaores de flamenco.
La historia de Triana ha estado unida a la historia de la ciudad aunque por su posición estratégica situada en la orilla del río Guadalquivir y separada de la antigua zona intramuros de la ciudad por la dársena del río que recorre su cauce histórico, generó su propia idiosincrasia.
La defensa del patrimonio cultural de Triana, de su esencia arquitectónica, su cultura, en definitiva de su historia, es fundamental. Triana ha sufrido en el pasado demasiadas agresiones de carácter especulativo entre las que destacan la que sufrió en los años 60-70. Como consecuencia de la misma sus corrales casi desaparecieron, su pasado industrial en la mayoría de los casos es un mero recuerdo y muchas de sus gentes tuvieron que abandonar su barrio.
Uno de los símbolos que han dado personalidad y han configurado su entorno es la llamada CAVA VIEJA, conocida igualmente como la Cava de los Civiles, de indudable significado histórico y que perteneció al inventario municipal desde hace más de dos siglos según rezan los archivos históricos.
No obstante, el municipio cedió habitualmente el aprovechamiento, bien al Ministerio de la Guerra, bien a otras autoridades relacionadas con la defensa y seguridad según el momento, pero la Cava siguió siendo de titularidad municipal hasta 2012, hace apenas cuatro años.
En el año 2012, el Ministerio de Hacienda lo intitula, incorporándolo a Patrimonio del Estado, según reza en el Registro de la Propiedad n.º 10 de Sevilla. Dicha intitulación plantea numerosas dudas sobre si es ajustada a Derecho y en este sentido la Junta Municipal del Distrito de Triana el día 1 de marzo de este año acuerda que "el Ayuntamiento de Sevilla promueva cuantas acciones sean necesarias para reclamar al Estado la propiedad del suelo y reincorporar al patrimonio de la ciudad el solar del antiguo Cuartel de la Guardia Civil de Triana".
El respaldo a esta aspiración lo encontramos en las referencias existentes en el Archivo Municipal y en el Archivo Militar Sur, Acuartelamiento de la Borbolla. En el Archivo Municipal reza información en documento de Acta Capitular, fechada en 1901, respecto a que el Excmo. Ayuntamiento adquirió la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Triana en 1731. Entre los antecedentes históricos podemos destacar diversos documentos en los que se recoge que el 27 de febrero de 1731 el Cabildo de Sevilla formalizó, ante el escribano don Juan José del Castillo, la compra de un "Corral de Vezindad" por diez mil ducados en la Cava Vieja del barrio de Triana, que poco después se ocupó con un cuartel de Infantería, más tarde Cuartel de Carabineros y por último cuartel de la Guardia Civil. Desde entonces, el Cuartel de la Cava ha constituido un referente irrenunciable en la Memoria Histórica de Triana, un trazo grueso en su perfil identitario que ahora se pretende arrancar del imaginario colectivo trianero sustrayéndolo, además, de su legítimo dueño que es el Ayuntamiento.
Casualmente, en este mismo año de 2012, al citado solar se le modifica su consideración urbanística, pasando a ser residencial, y, curiosamente, el solar anejo al que nos ocupa, es adquirido por una inmobiliaria tras la cual está una entidad bancaria.
No estamos hablando, por tanto, de un espacio o de un solar cualquiera, estamos hablando de un lugar que ha configurado el barrio de Triana desde siglos pasados.
Ya en octubre de 2013 el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó por unanimidad instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la inmediata paralización de los procedimientos de enajenación de los inmuebles incluidos en el Avance del Plan Especial del Conjunto Histórico de Sevilla y que se procediera al archivo de cualquier expediente abierto a este fin.
El 30 de octubre de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla adopta por unanimidad acuerdo para solicitar de la Dirección General de Patrimonio del Estado la paralización de la subasta del solar situado en el número 41 de la calle Pages del Corro, solar en el que estaba situado el antiguo cuartel de la Guardia Civil en Triana, manifestando la Corporación su voluntad inequívoca de revisar las condiciones de uso de dicho solar de manera que se pudiera abrir un periodo de estudio para disponer, llegado el momento, la consideración de suelo dotación al público para posible instalación de un equipamiento cultural.
No obstante, en el BOE de 19 de marzo de 2016, la Delegación-Especial de Economía y Hacienda Andalucía-Sevilla fija la fecha de 28 de abril para la enajenación mediante subasta de 13 inmuebles en la provincia de Sevilla, entre los que se encuentra el solar de la Cava de los Civiles. La subasta se celebró
quedando desierta. Posteriormente es convocada por el Estado una segunda subasta que se celebra el 30 de junio pasado, cuatro días después de las elecciones generales, volviendo a quedar desierta.
En la actualidad la Delegación de Economía y Hacienda del Estado en Sevilla ha abierto un procedimiento de adjudicación directa, señalando como fecha tope para presentar solicitudes el 30/09/2016.
Es de destacar que esta enajenación es aprobada por un Gobierno en funciones, que de acuerdo con la ley debe limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos. Entendemos desde el Grupo Socialista, que la enajenación de bienes reclamados históricamente por otra Administración excede de lo que ha de entenderse por despacho ordinario de asuntos públicos. Podríamos concluir, que con la oposición unánime de los representantes de la ciudadanía de Sevilla, el Gobierno de España en funciones, está sacando a la venta un inmueble, cuyo título de propiedad no es pacífico y posiblemente será motivo de litigio en los tribunales, en aras de beneficiar intereses especulativos de inmobiliarias y entidades financieras privando a nuestra ciudad de un lugar que tienen un significado y una personalidad especial, por formar parte de nuestra historia y nuestras señas de identidad.
Triana es un barrio conocido internacionalmente como portador de tradiciones populares y por ello dotado de propia personalidad, una personalidad que ha sido forjada, entre otras circunstancias, por lugares como la Cava Vieja, por ello es necesario mantener sus señas de identidad que, sin lugar a dudas, son también señas de identidad de la ciudad de Sevilla.
1. La paralización inmediata del procedimiento de enajenación del solar, sito en la calle Pages del Corro, núm. 41.
2. Iniciar negociaciones con el Ayuntamiento de Sevilla a efectos de reconocer que dicho solar pertenece al patrimonio de esta.
3. Establecer los contactos pertinentes con el Ayuntamiento de Sevilla para modificar los usos del inmueble sin que este cambio de uso pueda suponer costes para el Ayuntamiento."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2016.-Juana Amalia Rodríguez Hernández, Antonio Pradas Torres, Antonio Gutiérrez Limones y Carmen Rocío Cuello Pérez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000222
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para reclamar los impuestos no pagados por Apple a raíz de la investigación realizada por la Comisión Europea, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
La Comisión Europea anunció ayer 30 de agosto los resultados de la investigación realizada a Apple Inc. en materia tributaria. Según la Comisión, entre 2003 y 2014 Apple pagó una tasa efectiva del 0,005% de Impuesto de Sociedades (IS) sobre sus beneficios.
El sistema de ingeniería fiscal utilizado por la compañía tecnológica consistía en registrar todas las ventas en Irlanda, en lugar de hacerlo en los países en los que se producían, lo que le permitiría pagar un IS más bajo que en el resto de la mayoría de países de la UE (Irlanda tiene un tipo impositivo del 12,5%). Pero, además, la compañía firmó un acuerdo fiscal con las autoridades irlandesas por el cual ha acabado pagando una tasa efectiva del 0,005% de IS sobre sus beneficios en 2014: 10 millones de euros por 17.000 millones de beneficios. Es decir, 50 ? por millón.
La Comisión ha instado a Irlanda a cobrar los 13.000 millones de euros que se ahorró Apple y ha animado a los estados miembro a estudiar si pueden reclamar su parte de impuestos.
Por todo lo expuesto, D. Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente
1. Recuperar todos los impuestos no pagados por Apple en España desde 2003.
2. Investigar si otras compañías multinacionales han utilizado métodos similares al de Apple para evitar pagar impuestos y, de ser así, recuperarlos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de agosto de 2016.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Enric Bataller i Ruiz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al Impuesto sobre las Transacciones Financieras, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
La idea de gravar las operaciones financieras está inspirada en la tasa propuesta por el economista estadounidense James Tobin en 1971, cuando propuso, en una conferencia en la Universidad de Princeton, aplicar un tipo impositivo reducido al cambio de una moneda a otra para amortiguar las fluctuaciones en los tipos de cambio, con el objetivo de acabar con la especulación financiera y para dotar a los Estados de una herramienta con la que defender la economía nacional.
En fechas recientes y en la Unión Europea, el proyecto de instaurar la conocida como "tasa Tobin" arranca en 2011, a partir de una propuesta hecha por el entonces presidente de la Comisión: Durao Barroso, y a la que se fueron adhiriendo varios países a lo largo de 2012 (entre ellos, Francia y Alemania).
En 2013, las autoridades europeas propusieron la instauración de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) que gravaría con un 0,1% las transacciones financieras en general (compra de bonos y acciones) y un 0,01% las transacciones financieras en los mercados de derivados. A esta idea se adhirieron Bélgica, España, Grecia, Francia, Italia, Austria, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia y Alemania. El objetivo era garantizar que el sector financiero, cuyas operaciones están exentas de IVA, contribuyera de forma equitativa a los ingresos públicos, y asimismo se perseguía crear un instrumento que permitiera una moderada intervención el los mercados financieros, desincentivando la especulación.
Ante la falta de unanimidad, por la oposición de determinados países con un importante peso del sector financiero en su economía, los once países citados, entre ellos España, acordaron profundizar en la creación del nuevo tributo mediante cooperación reforzada.
Según diversas estimaciones, este impuesto podría recaudar más de 35.000 millones de euros, de los que más de 4.000 millones de euros podrían obtenerse en España.
Sin embargo, se ha venido poniendo de manifiesto que el Gobierno español, pese a pertenecer al grupo de once países que apoyó su creación y defendió un concepto amplio del Impuesto sobre Transacciones Financieras, viene retrasando desde el comienzo de las negociaciones su puesta en marcha. Estonia se ha descolgado de la idea, y recientemente (principios de marzo de 2016), se ha conocido que los diez países restantes se van a tornar un plazo de tres meses para decidir si quieren seguir adelante con la iniciativa y si son suficientes Estados miembros los que la apoyan (se exige el concurso de al menos nueve países para seguir el procedimiento de cooperación reforzada).
Declaraciones recientes del Ministro de Finanzas francés, Michael Sapín, señalaban que los gobiernos de España y Eslovaquia estaban bloqueando las negociaciones al mostrar su incapacidad para tomar
decisiones aludiendo a la situación política actual. Dicha incapacidad quedaría resuelta si se tiene en cuenta el amplio consenso por parte de los partidos políticos, que componen el Parlamento en este momento, para exigir la puesta en marcha de un impuesto a las transacciones financieras siguiendo la propuesta de la Comisión Europea, y con el compromiso de que de los fondos recaudados se destine el 50% a la lucha contra la pobreza en España y el 50% a la lucha contra la pobreza en el mundo y el cambio climático.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en las reuniones de ministros europeos de finanzas defienda y exija la aplicación inmediata del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, con el fin de gravar tanto la compraventa de acciones como otro tipo de operaciones financieras, singularmente aquellas realizadas con derivados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2016.-Julián López Milla y Pedro Saura García, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000112
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Íñigo Alli Martínez y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputados de Unión del Pueblo Navarro/UPN, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el abono de la cuantía que adeuda el Estado a Navarra por las obras de infraestructuras del TAV, para su debate en Comisión.
El pasado 11 de enero se celebraba una reunión en la sede del Ministerio de Fomento entre la titular del mismo, doña Ana Pastor, junto a su equipo y el Vicepresidente del Gobierno de Navarra, don. Manuel Ayerdi. Entre otros temas, se abordó el pago previsto en los Presupuestos Generales del Estado de la inversión realizada durante el año 2014 en la plataforma de Alta Velocidad del corredor ferroviario Zaragoza-Pamplona, tramo Castejón-Villafranca, por el Gobierno de Navarra.
Dicho corredor es uno de los que se desarrollan en virtud de un Convenio de Colaboración entre ambas Administraciones firmado en 2010. Según se señala en los medios de comunicación, la Ministra de Fomento puso sobre la mesa un informe jurídico en el que se indica que los 30 millones que reclama Navarra no se pueden pagar por los incumplimientos en la ejecución de las obras y unos retrasos que han llevado a que no se hayan ejecutado en plazo todos los trabajos para el pasado año 2015, tal como se preveía en el citado Convenio.
El referido Convenio prevé que el primer tramo del mismo se ejecutaría entre 2011 y 2014, habiéndose finalizado en 2015 debido a cierto retraso producido en el traslado de los apoyos de las líneas de alta tensión de Red Eléctrica Española, que por motivos de ajenos al proyecto modificó los apoyos previstos en el mismo.
En cuanto al resto de tramos, no se han ejecutado por motivos ajenos a la voluntad del Gobierno de Navarra sino de la propia ADIF, que no ha tramitado ninguno de los otros proyectos realizados desde el Gobierno de Navarra, o del propio Ministerio de Fomento que tampoco ha impulsado ninguna de las modificaciones del Convenio que desde el Gobierno de Navarra se le han presentado, en número de hasta doce, ni ha preparado de oficio ninguna otra.
La cláusula sexta del Convenio, titulada "financiación", no refiere en ningún caso la circunstancia del retraso en las obras como justificación para el no pago de las cantidades adeudadas. Sólo establece "compromisos financieros que como máximo" asumirá el Estado, y que establecían 30 millones de euros
para 2015. En el año 2014 se abonaron los 35,65 millones de euros previstos para 2012 y 2013, en las mismas circunstancias que las actuales, por lo que no se entiende la negativa a pagar ahora.
Asimismo es reseñable cómo dicho Convenio prevé pagos "trimestrales" a obra certificada, sin que ello se haya tampoco cumplido por ADIF.
A la vista de todo ello, a través de la presente
"La Comisión de Fomento insta al Gobierno de España a abonar al Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra la cantidad prevista para el ejercicio 2015 en el Convenio y en los Presupuestos Generales del Estado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2016.-Íñigo Jesús Alli Martínez y Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Diputados.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000130
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la inclusión del Sitio de los Dólmenes de Antequera en el Sistema de Señalización Turística Homologada (SISTHO), para su debate en la Comisión de Fomento.
La difusión de nuestros Bienes Culturales, ya sean Patrimonio Monumental, Artístico, Arqueológico o Histórico es una obligación de los poderes públicos. El Sitio de los Dólmenes de Antequera fue declarado, el pasado 15 de julio, Patrimonio Mundial por la UNESCO, en su reunión en la localidad turca de Estambul. La incorporación a tan prestigiosa lista de esta manifestación que cuenta con un Valor Universal Excepcional (VUE), según certificaron los técnicos de la UNESCO, puede impulsar el interés cultural y turístico de la zona.
En la coyuntura actual de crisis y deterioro de la economía, con altos niveles de desempleo, más del 50% procedente del sector servicios, en el municipio de Antequera, es además necesario incentivar valores como el Sitio de los Dólmenes de Antequera como oferta de calidad para el segmento turístico que se siente atraído por la visita cultural.
Estas circunstancias convierten a las vías de comunicación en un kilométrico escaparate en el cual se muestra la posibilidad de conocer y disfrutar algunos de los elementos más significativos e identitarios de nuestra tierra, como son sin duda nuestras ciudades catalogadas como Conjuntos Históricos o con cascos históricos declarados BIC. Desde el pasado mes de julio, el Sitio de los Dólmenes de Antequera ha pasado a ser uno de los más importantes elementos de este tipo.
Una señal a tiempo, una llamada de atención al conductor, una información a pie de carretera que oferte la visita a una ciudad única y especial, ayudará al sector turístico local que bien merece la atención, el apoyo y la colaboración de todas las administraciones.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir al Sitio de los Dólmenes de Antequera en el Sistema de Señalización Turística Homologada de la Red de Carreteras del Estado, tras su declaración como Patrimonio Mundial por la UNESCO."
161/000216
El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del Diputado don Miguel Anxo Fernández Vello, de la agrupación parlamentaria de En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de suspender definitivamente la concesión para el proyecto de hotel con dos únicas habitaciones en el Faro de la Isla Pancha en Ribadeo (Lugo), para su debate en la Comisión de Fomento.
En mayo de 2015, el Consejo de Ministros autorizaba el uso hotelero del faro de la Isla Pancha a la entrada de la Ría de Ribadeo (costa de Lugo), perteneciente al dominio público portuario afecto al servicio de señalización marítima, adscrito a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
Dicho acuerdo se enmarca en la iniciativa del Ministerio de Fomento denominada "Faros de España" con el propósito de impulsar el desarrollo de actividades en estas antiguas instalaciones como un modo de revitalizarlas. A priori, no tenemos nada que objetar al hecho de que se preserve y se incentive el uso del patrimonio marítimo con fines turísticos, siempre y cuando confluyan los factores adecuados para tal fin. Es decir, se respeten zonas medioambientales de gran valor natural, no se lleven a cabo actuaciones agresivas ni que quiebren el normal equilibrio entre el entorno y la edificabilidad, y sobre todo, se trate de proyectos eco sustentables.
Entre las posibles funciones a las que se pueden destinar los faros, no sólo figuran los usos hoteleros, sino también otros usos alternativos como la ubicación de Centros de Interpretación de la Naturaleza, Salas de Exposiciones, Galerías, o funciones de índole social.
Aunque la iniciativa nos parece adecuada y muy interesante, en el caso concreto de la Isla Pancha debemos mostrar nuestro desacuerdo con el proyecto por diversas razones. Explicaremos pormenorizadamente los motivos de nuestra oposición al proyecto que fue sometido a tramitación por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
En la información proporcionada por el Ministerio se indica que el proyecto "se limita al espacio disponible en régimen de concesión, sin que el edificio del antiguo faro sufra alteración alguna". En el momento de la aprobación no se incluyen los siguientes elementos: "una cafetería cubierta con estructura metálica de 47 metros cuadrados", "carpa de material transparente", "aparcamiento", "banderas", "señalización", "fosas sépticas" y otros elementos invasivos que se han ido conociendo a posteriori.
Resulta sorprendente que ocho días más tarde del acuerdo de las condiciones de la concesión se contemplen toda esta serie de elementos que no fueron evaluados previamente y que pueden causar algún impacto en el entorno. Nos preocupa verdaderamente que a lo largo de la tramitación del Expediente no se haya realizado ninguna evaluación conjunta de todas las actuaciones.
Una de las grandes carencias de este proyecto es la falta de un análisis sobre las repercusiones de esta actuación en la Isla Pancha y áreas adyacentes puesto que se trata de un espacio incluido en la Red Natura 2000 desde el año 1992. Asimismo, la Ría de Ribadeo está incluida en el registro de Zonas de Especial Protección de Aves desde 1989 y en el Convenio Internacional RAMSAR desde 1994.
Consideramos que dada la importancia natural que tiene este ecosistema, no se ha respetado la legislación comunitaria en relación a la necesidad de llevar a cabo un informe específico sobre la repercusión de proyectos en espacios de la Red Natura. Informe que según nos consta no existe.
Sin olvidar que la empresa separó el expediente inicial en dos nuevos y diferentes, presentados en el Ayuntamiento de Ribadeo en enero de 2016, intentando camuflar los impactos ambientales mediante la división del proyecto en dos partes. Llama la atención la indiferencia al respecto de las administraciones competentes como Puertos del Estado. Lo lógico sería que se obligase a presentar de nuevo todo el expediente con total transparencia y claridad.
Además, el artículo 84 d) del Real Decreto 2/2011, de 5 de septiembre, texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, exige una "Memoria económico-financiera de la actividad a desarrollar en la concesión". La Autoridad portuaria no ha cumplido con este requisito y ha aceptado un simple resumen de la empresa promotora totalmente ambigüo y falto de cifras y de concreción.
Nos preocupa enormemente la opacidad que existe en torno a este disparatado proyecto. Colectivos y asociaciones como "Por Nuestro Faro" han solicitado, sin éxito, la documentación correspondiente a la primera fase de la adjudicación de la concesión, obteniendo la callada por respuesta. Ejemplo claro de la falta de transparencia con la que se está actuando. Lo idóneo es que una Administración ofrezca o publique los expedientes en su integridad.
Aparte de las cuestiones más legales o la necesaria observancia medioambiental, desde En Marea consideramos que se trata de un proyecto absolutamente prescindible y que carece de sentido. Su uso hotelero resulta extremadamente limitado, diríamos que irrisorio ya que se reduce a "dos estancias adaptadas a la edificación existente". No hay espacio para nada más. Por tanto, se va a destinar un faro en una Isla de alto valor ecológico y natural a un uso hotelero de dos habitaciones. Convendría que el Ministerio de Fomento reflexionase sobre este aspecto y procediese a anular el proyecto.
- Suspender de forma definitiva la concesión para el proyecto de hotel con dos habitaciones en el Faro de la Isla Pancha en Ribadeo (Lugo) dado su limitado uso hotelero, los incumplimientos observados en la tramitación del expediente, así como la falta de un análisis sobre las repercusiones de dicha actuación en la Isla Pancha, ecosistema perteneciente a la Red Natura 2000."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2016.-Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputado.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000142
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez y a través de su portavoz, Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Comisión, relativa al proceso de selección y posterior contratación de varios ingenieros para la empresa pública Navantia, S. A.
El pasado mes de junio de 2016 la dirección de Navantia y el Comité de Empresa de la factoría mantuvieron varias reuniones en las que los representantes sindicales fueron informados de la intención de la empresa pública de iniciar un proceso de contratación de 25 ingenieros para la factoría de Ferrol y de una treintena para la factoría de San Fernando (Cádiz).
Según informa la dirección de Navantia, se trata de técnicos superiores que se incorporarán a la plantilla para cubrir la demanda que se está generando, ligada, por ejemplo, al trabajo en Australia o Noruega. Parte de estas contrataciones serán fijos y el resto temporales (12 y 13 respectivamente en el caso de Navantia Ferrol).
El Comité de Empresa solicitó a la dirección de Navantia su participación en el proceso de selección, ya que así aparece regulado en el artículo 31 (apartado ingresos) y en el artículo 66 (derechos de los representantes) del Convenio colectivo de Navantia, S. A., en los que se indica que cualquier ingreso en la factoría tiene que tener "consenso de la parte social" y debe respetar los criterios de igualdad, mérito y capacidad que se tienen que dar en la administración pública para acceder a un puesto de estas características.
Sin embargo, desde la dirección del astillero público se le niega la participación a los representantes sindicales en este proceso, aduciendo que los puestos de técnicos superiores no están regulados por el Convenio Colectivo de Navantia. Esto sólo es cierto en parte, ya que sí es verdad que los técnicos
superiores no entran en la regulación del convenio, pero una vez sean contratados. Y aquí se está negociando aún la participación de la base social de la empresa en el proceso de selección previo.
De hecho, el único requisito que se les está exigiendo a los candidatos al puesto ofertado de ingenieros es la presentación del currículo, que da acceso directo a la entrevista, lo que convierte el proceso en poco transparente.
Ante la negativa de la dirección de Navantia a que el Comité de Empresa participe en el proceso de selección para estas contrataciones, la representación sindical denuncia los hechos ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, organismo que acaba de emitir un informe favorable a los denunciantes, en el que se le requiere a la Dirección de Navantia a realizar un proceso transparente, abierto y participativo para la selección y posterior contratación de los puestos ofertados.
El informe emitido por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social también expone que de no acatarse este requerimiento, la empresa pública podría ser sancionada con una multa grave, además de que se procedería a la paralización del proceso de selección de personal.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal UP-EC-EM presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a que presente en esta Cámara el informe emitido por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a actuar conforme a los requerimientos que se indican en el mencionado informe.
- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a exigir a la dirección de Navantia, S.A., que dé marcha atrás en este proceso y permita la participación y consulta del Comité de Empresa en el mismo, tal y como se indica en los artículos 31 y 66 del Convenio Colectivo de la empresa pública.
- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a exigir a la dirección de Navantia el desarrollo de un proceso de selección que respete los criterios de igualdad, mérito y capacidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000161
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez y a través de su portavoz doña Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Comisión, relativa a la sentencia 131/2016 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional contra Izar Construcciones Navales, S.A./SEPI.
En el año 2004 Izar Construcciones Navales, S. A. y los trabajadores de la empresa pública extinguieron su relación laboral en virtud del Expediente de Regulación de Empleo n.º 67/2004 aprobado por la Dirección General de Trabajo, en Resolución de 16 de marzo de 2005, y cuya indemnización por cese no ha sido satisfecha en su totalidad.
El acuerdo marco firmado entre SEPI-IZAR/Federaciones Sindicales sobre IZAR especificaba que la empresa "garantizaría inicialmente a todas y todos los trabajadores incluidos en el expediente, el 76% de sus retribuciones brutas asignadas en el momento del cese".
Y en el apartado de prejubilaciones, sentenciaba que "los complementos abonados por la Empresa se considerarían indemnizaciones diferidas en el tiempo, en razón de la extinción de las relaciones laborales de los trabajadores afectados".
Así, a partir del 1 de enero de 2005 y durante el periodo de prejubilación, también se indicaba que "la citada garantía económica será objeto de actualización anual, con efecto 1 de enero, en el porcentaje del IPC real de cada año".
En cumplimiento de lo acordado, desde el primer año se fueron efectuando las actualizaciones correspondientes, hasta que en el año 2014, debido al resultado de un IPC negativo en el 1%, se les descontó a las y los extrabajadores el citado importe (1%) de su remuneración, lo que llevó al colectivo a presentar demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
Ahora, con fecha 20 de julio de 2016, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional declara la nulidad de minorar las retribuciones a las prejubiladas y los prejubilados en un 1% por cuenta del IPC real de 2014 (-1%), el único negativo registrado desde que hay estadísticas al respecto.
Según la Audiencia Nacional, hay jurisprudencia más que sobrada del Tribunal Supremo respecto a las conocidas como "cláusulas de revisión salarial", en la que se reitera que nunca se podrá abonar en un ejercicio, cantidades inferiores por regularizaciones a la baja "excepto que tal operación se pacte expresamente" (sentencia de 19 de noviembre de 2013, entre otras).
Como en ningún texto de los EREs pactados en el naval en estos últimos años se hace referencia a aplicar el IPC a la baja, estos descuentos no son acordes a derecho.
Por lo expuesto, Grupo Parlamentario Confederal UP-EC-EM presenta la siguiente
"1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a cumplir con la sentencia y abonar las cantidades adeudadas a las y los extrabajadores de Izar Construcciones Navales, S. A.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a que indique cuándo se abonarán las cantidades adeudadas.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a no recurrir la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 131/2016, de fecha 20 de julio de 2016."
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez y a través de su portavoz doña Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Comisión, relativa a la Sentencia del Tribunal Supremo 1966/2016 por la que se anula el Plan de Emergencia Exterior de la Regasificadora del Noroeste, S. A. (Reganosa) de Mugardos (A Coruña).
El pasado mes de julio de 2016, la Asesoría Jurídica del Comité Ciudadano de Emergencia de Reganosa presentó, ante el Tribunal Supremo, el Recurso Contencioso Administrativo, contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de mayo de 2016, por el que se declaraban excluidos del trámite de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Mugardos, A Coruña".
El Tribunal Supremo estimó este recurso, en el que se pedía la anulación del Plan de Emergencia Exterior de la planta de Regasificadora del Noroeste, S. A. (Reganosa) ubicada en Punta Promontoiro (Mugardos-A Coruña), así como del Real Decreto 144/2007, de 9 de julio, de la Xunta de Galicia, por el que se aprobó.
Así, en la Sentencia 1966/2016 con fecha del pasado 26 de julio de 2016, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictaminado "Declarar la nulidad del Acuerdo del Consejo de Ministros recurrido y de todos aquellos actos que tuvieran causa en el Acuerdo declarado nulo, incluyendo cualesquiera
autorizaciones que le hayan sido otorgadas a Reganosa con base en el Acuerdo del Consejo de Ministros y, en consecuencia, sin haber superado la correspondiente evaluación ambiental, en la que se debe incluir en todo caso la alternativa 0, esto es la paralización inmediata de la planta como consecuencia de las Sentencias de 28 de marzo y de 25 de abril de 2016, que declararon nulas las autorizaciones previa y de construcción de la instalación de Reganosa, y ordenar de manera inmediata y expresa la paralización de la actividad en la planta de regasificación".
El Tribunal Supremo apunta en esta nueva sentencia que para realizar un plan de emergencia exterior con un mínimo de eficacia, se ha de tener en cuenta el emplazamiento o ubicación de la instalación, cuyos riesgos se trata de prevenir. Esto contradice una sentencia anterior del Tribunal de Justicia de Galicia que consideraba que no era relevante la relación entre el plan de emergencia y la declaración como nulo de pleno derecho la modificación del Plan General de Ordenación Municipal de Mugardos que daba cobertura urbanística a la planta en cuestión.
Además, la sentencia del Tribunal Supremo incide en que el plan de emergencia debe ser anulado "si no se conoce el lugar del emplazamiento de la instalación". Por todo ello deja claro, en varias ocasiones a lo largo del escrito, que "hasta que no se determine un nuevo planeamiento urbanístico, no es posible aprobar un eficaz plan de emergencia".
Asimismo, y vista la ilegalidad de la empresa de gas, hay que destacar que Reganosa percibe del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, retribuciones económicas anuales "en función de disponibilidad de instalaciones y de continuidad de suministro". Lo grave de esta situación es que la empresa gasista mantiene su actividad por debajo del 30% de su capacidad, y aún así solicita duplicar esta capacidad de regasificación con el único objetivo de acceder a mayores retribuciones.
Lo expuesto anteriormente pone de manifiesto que Reganosa es una instalación ilegal, además de prescindible, debido a su baja eficiencia. No existe ningún motivo que pueda justificar mantener operativa una planta de gas con la inseguridad que supone Reganosa y su alto coste medioambiental y económico.
161/000164
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez y a través de su portavoz doña Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Comisión, relativa al cese del pago del complemento salarial vitalicio de las y los pensionistas de la antigua E. N. Bazán.
Con motivo del ERE realizado en la empresa pública naval Bazán entre 1994 y 1996, hasta 300 personas tuvieron que ser prejubiladas y prejubilados, perdiendo de este modo el derecho a parte de su pensión, al no poder cotizar durante algunos años.
En ese momento, y tras presiones de las trabajadoras y los trabajadores, Bazán ofreció pagarles un complemento salarial vitalicio que compensase esta pérdida a las afectadas y los afectados. A partir 1996, estas jubiladas y jubilados comenzaron a cobrar dichas cantidades de manera directa. En el año 2000 el pago se externalizó a la compañía aseguradora MAPFRE Vida, y era esta empresa privada quien venía sufragando, puntualmente, el abono de dichos complementos salariales.
El pasado mes de junio, sin ningún tipo de aviso, este complemento dejó de llegar a las y los extrabajadores, por lo que su salario habitual se vio reducido, en cantidades que oscilan entre los 650 y 750 euros brutos, hecho oficiosamente relacionado con el Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, resolución que ordenaba que "durante 2012 no se podrían realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación".
"1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a que explique cuál es la causa por la que han dejado de pagar el complemento salarial vitalicio que las y los pensionistas llevaban cobrando desde 1996.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a dar las instrucciones a IZAR para que abone a la aseguradora MAPFRE Vida las cuantías devengadas en concepto de complemento salarial.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a que solicite a IZAR el desbloqueo de los abonos a la aseguradora MAPFRE Vida para que esta cumpla con los compromisos adquiridos con las trabajadoras y los trabajadores."
161/000251
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en relación a la venta de la empresa Alcoa, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Alcoa es una empresa fundamental en la economía de la provincia de Lugo. De su factoría en Cervo dependen 1.200 empleos directos y otros 600 indirectos, tiene también una factoría en A Coruña, en la que trabajan 400 personas y otra en Avilés en la que trabajan 500 personas.
Las fábricas de Alcoa tienen serias dificultades por diversas circunstancias.
El PP privatizó INESPAL a un coste inferior al de construcción de la fábrica en 1998 e incluyó en el contrato la subvención del incremento que hubiera en el coste de la energía.
La empresa no está facilitando ningún tipo de información a los comités de empresa y hay un riesgo elevado de que la operación sea meramente especulativa y posteriormente abandonaran la actividad.
Teniendo en cuenta la importancia de esta empresa en las respectivas comarcas por los puestos de trabajo directos e indirectos que genera y su inicial compra al gobierno de España en 1998.
Según información publicada Alcoa está en trámites para vender las factorías de aluminio primario de San Ciprián, A Coruña y Avilés. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a supervisar el proceso de venta de las plantas de producción de aluminio primario iniciado por Alcoa y exija a la propia Alcoa o a cualquier posible comprador un proyecto industrial y las inversiones necesarias que garanticen la competitividad y la viabilidad para dar estabilidad a la actividad industrial y a los empleos derivados, evitando el riesgo de especulación y posterior cierre de las factorías."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2016.-Pilar Cancela Rodríguez, Ricardo Antonio García Mira, Margarita Pérez Herraiz, Adriana Lastra Fernández y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para el recrecido del actual embalse de Puente Alta (Segovia), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La provincia de Segovia no tiene garantizado el suministro de agua en muchos municipios en calidad y cantidad. Gran parte de los acuíferos de los que se abastecen muchos de los municipios segovianos están contaminados por arsénicos y nitratos. No son aptos para su consumo. Pero también hay problemas de disponibilidad. Segovia tiene problemas con el agua de calidad y abastecimiento de cantidad suficiente.
El agua es un bien absolutamente necesario y para el que debemos tener una visión de futuro. Es imprescindible dotar a la provincia de infraestructuras que atiendan las necesidades presentes y futuras.
Es imprescindible atajar este problema, no solo por un posible crecimiento de población en la provincia dentro de unos años, sino por una época de sequía o la llegada del verano (cuando llegan a la provincia otras 129.000 personas, según estudios del propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).
El recrecimiento de la presa de El Tejo y del pantano de Puente Alta, así como pequeños embalses en distintos municipios, darían la respuesta al problema, unido a una utilización más racional del agua y la corrección de la cuantiosas pérdidas en la red.
El pantano del Pontón Alto (con una capacidad de 7,4 hectómetros cúbicos), tiene con frecuencia, debido a la sequía, dificultades para abastecer a la ciudad de Segovia y los municipios cercanos. Y el actual pantano de Puente Alta no tiene tampoco grandes dimensiones, con 2,5 hectómetros cúbicos.
La interconexión de las presas del Tejo, Puente Alta y el Pontón permite no sólo regular la cuenca sino tener más garantías para el abastecimiento de agua en cantidad y calidad de la ciudad de Segovia y su zona periurbana, la más poblada de Segovia.
El actual embalse de Puente Alta está situado en la Sierra del Guadarrama, en su vertiente segoviana, en el cauce del Río Frío o Río de la Acebeda.
La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) sacó a información pública el anteproyecto de recrecimiento del embalse de Puente Alta mediante la construcción de una nueva presa de gravedad de planta curva y su correspondiente estudio de impacto ambiental, según publicó con fecha 14 de octubre de 2013 el "Boletín Oficial del Estado" ("BOE") y el "Boletín Oficial de la Provincia" ("BOP").
Las obras objeto de este anteproyecto tienen como objetivo final el recrecimiento de la presa aguas abajo del actual muro del embalse para asegurar el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Segovia y a otros municipios de la zona periurbana, ya que con la capacidad actual de la presa de Revenga no se cuenta con la garantía suficiente.
Estas obras, como recoge el anuncio publicado en el "BOE", forman parte de la ordenación del río Eresma y fueron declaradas de Interés General del Estado dentro del Plan Hidrológico Nacional.
Las actuaciones que ahora salen a información pública consisten en concreto en la construcción de una nueva presa de gravedad de planta curva situada aguas abajo de la actual. Esta tendrá una altura de 69,41 metros sobre cimientos, que creará un embalse con una capacidad de 6,03 hectómetros cúbicos, mientras que la actual de Puente Alta o Revenga embalsa en total 2,5 hectómetros cúbicos. La superficie de inundación a máximo nivel normal será de 32,91 hectáreas.
Otras características de la presa que constan en el anteproyecto son una anchura del muro en la coronación de 10 metros, con una longitud total de coronación de 593 metros y una cota de nivel máximo situada a 1.175 metros sobre el nivel del mar. El volumen de hormigón previsto para la ejecución de la obra es de 240.000 metros cúbicos.
La redacción del anteproyecto que ahora sale a información pública fue adjudicada a finales de 2012, aunque la construcción de esta nueva presa todavía está siendo sometida al trámite reglado de Evaluación de Impacto Ambiental.
La ampliación de la presa de Puente Alta está incluida dentro de la actuación que ejecuta la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España para la aportación de caudales a zonas de especial contaminación afectada por el embalse de Bernardos, donde se contempla, entre otros aspectos, la continuación de los trabajos emprendidos por el Ayuntamiento de Segovia en cuanto al recrecimiento de este embalse.
La extrema dificultad para garantizar el abastecimiento de agua en la provincia de Segovia como consecuencia de la actual sequía aconsejan impulsar este proyecto y acelerar su tramitación para dar respuesta a la incertidumbre existente en el abastecimiento, en especial en la ciudad de Segovia y los núcleos de población situados en el pie de sierra entre Segovia y El Espinar.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar el conjunto de actuaciones necesarias para el recrecido del actual embalse de Puente Alta y pasar de los 2,5 hectómetros cúbicos actuales de capacidad de almacenamiento a los 6,03 hectómetros previstos, y de esta forma contribuir a garantizar el abastecimiento de agua en la ciudad de Segovia y su zona periurbana."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2016.-Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación de la margen izquierda del río Duero, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Las fuertes y continuadas lluvias del pasado, acompañadas del deshielo repentino, han puesto de manifiesto la existencia de problemas estructurales en la regulación de los caudales de agua y su gestión en la margen izquierda de la cuenca del río Duero.
Amplias zonas de las provincias de Segovia y Valladolid, pero también Burgos, se han visto afectadas por la ausencia de regulación o por su ineficiencia en la margen izquierda del río Duero. Como consecuencia de ello amplias zonas de cultivo se inundan, al no poder regular los embalses existentes el fuerte caudal de entrada o bien gestionar el agua caída adecuadamente ante la insuficiente capacidad de los embalses existentes en esta margen.
Gran parte de los embalses existentes en la margen izquierda del río Duero, son en el momento actual, insuficientes y presentan importantes deficiencias técnicas, tanto en su diseño como en sus características, para garantizar la regulación de la cuenca y el abastecimiento de agua para el consumo humano y de la agricultura en condiciones de sostenibilidad. Se requiere con urgencia buscar un nuevo
marco de ordenación con la reestructuración de los embalses y presas existentes pero, a su vez, con la construcción de nuevos embalses que permitan, bajo criterios de sostenibilidad, dar repuesta a los problemas referidos y aplicar los fondos comprometidos por la Unión Europea para estos fines.
Algún embalse, como el del Pontón sobre el río Eresma -de 5,3 hm3- es insuficiente para garantizar la regulación de caudal del río, como se ha podido comprobar ante las continuas y persistentes lluvias de épocas pasadas, pero también para garantizar el abastecimiento de agua, en momentos críticos a la ciudad de Segovia y su entorno.
De ahí la importancia de recrecer y garantizar la estanqueidad del embalse del Tejo, sobre el río Moros, que si bien tiene menos importancia en la regulación, dada la altura a la que se ubica, su capacidad de ampliación, bajo impacto ambiental y abastecimiento por gravedad hasta un potencial 68 por ciento de la provincia, hacen que su recrecido goce de una importancia sublime, tanto desde el punto de vista de mejora de la eficiencia en el abastecimiento de agua a amplias zonas de la provincia, como su contribución a dar respuesta a los problemas de contaminación de agua por arsénico y nitritos.
Pequeños embalses en Bernardos y Lastras de Cuéllar son necesarios para dar respuesta a los problemas de contaminación de agua de la zona, así como del regadío de amplias zonas del Carracillo y del sur de Valladolid.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a regular la margen izquierda de la cuenca del río Duero para evitar inundaciones, pérdidas en la agricultura y daños medioambientales, así como garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano y la agricultura con el menor coste posible, garantizando la sostenibilidad medioambiental con su localización y dimensionamiento."
161/000217
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el control de lanzamiento de cohetes antigranizo a la atmósfera y vuelos de avionetas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Se viene denunciando, desde hace mucho tiempo, por parte de los agricultores y agricultoras de la Región de Murcia que los días que amanecen nublados y con previsión de lluvia, se escucha la explosión de cohetes y vuelos sospechosos de avionetas que provocan que las nubes se retiren e impiden la aparición de dichas lluvias, causando por tanto un perjuicio en la zona más que evidente además del deterioro y perjuicio medioambiental.
Hay constancia de que en febrero de 2016 se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, ya que estas prácticas son ilegales. Según parece, ya se están practicando diligencias de investigación sobre el tema.
1.º Abra una investigación para saber si existe o no el lanzamiento de cohetes antigranizo y vuelo de avionetas, y si existieran estas prácticas, se identifique a los responsables, y se ponga en conocimiento del órgano competente para que se acabe lo antes posible con esas supuestas prácticas ilegales, que tanto perjuicio causaría a los agricultores de la Región.
2.º Abra por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una investigación, donde se analice cuáles pudieran ser los productos químicos y materiales que se podrían estar lanzando a la atmósfera, sin ningún tipo de control, y sin saber si son perjudiciales para la salud de los ciudadanos y ciudadanas de las zonas afectadas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2016.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000220
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la invasión de la carretera A-2325 por la arena procedente de la duna de Valdevaqueros en Tarifa (Cádiz), ante la falta de labores de conservación del sistema dunar, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La duna de Valdevaqueros, en Tarifa, es una de los sistemas dunares mayores de España, con unas dimensiones de 2 km de longitud, con una orientación de 300 m de anchura y una altura media de unos 35 m, lo que representa un volumen de arena de más de 10 millones de metros cúbicos.
En la formación de esta duna intervienen los fuertes vientos de Levante que, al pasar por la Punta de Tarifa adquieren un componente sureste paralelo a la Costa. Esta característica dirección del viento, junto con su elevada velocidad (todos los meses se superan rachas de viento de más de 100 km/h) ha formado uno de los sistemas dunares más espectaculares del litoral español.
Sin embargo, los vecinos de Paloma Baja, en Tarifa, vuelven a sufrir los problemas de aislamiento debido a la invasión de la carretera de acceso a sus viviendas por parte de la duna de Valdevaqueros y llevan varios años padeciendo este problema, que les conduce en ocasiones a la incomunicación, y ven indignados como se dilata en el tiempo por un conflicto de competencias entre administraciones.
Ante ello, es por lo que el 28 de mayo de 2013, se crea el grupo de trabajo de Valdevaqueros por encargo de la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, al objeto de hacer propuestas a la junta rectora para solucionar el problema de la duna, encargándose un estudio al equipo del Profesor Miguel Losada, de la Universidad de Granada.
Dicho estudio fue expuesto a la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, el pasado 19 de febrero de 2014, y a modo de resumen concluye que:
"La invasión de la carretera A-2325 por la duna de Valdevaqueros es una de las consecuencias de la mala salud ambiental y del desequilibrio morfodinámico de la unidad fisiográfica provocados por la drástica intervención en el corredor dunar con fines militares hacia 1940. Desde entonces, los procesos y la evolución de la Ensenada de Valdevaqueros y de la playa de Los Lances y de Tarifa están condicionadas por aquella actuación."
El estudio presentado ante el Grupo de Trabajo alcanzó la plena unanimidad respecto a la necesidad de realizar un enfoque global del problema, atendiendo a la recuperación de la calidad ambiental del sistema. En ese sentido, la solución que se entendió que debía abordarse es la relacionada en el estudio de la Universidad de Granada como alternativa V:
Alternativa V: recuperación y restauración ambiental de la unidad fisiográfica.
Una vez que se consiguió la unanimidad, la Delegación de Medio Ambiente de Cádiz hizo unas propuestas de actuación por orden de prioridad y una propuesta de financiación, en lo referente a la participación de las distintas administraciones, según la distribución de los distintos ámbitos competenciales y en este sentido cabe indicar que el Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, sobre traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral, en su apartado B "Funciones de la Administración del Estado que asume
la Comunidad Autónoma e identificación de los servicios que se traspasan" -no incluyen las denominadas obras de interés general, que siguen recayendo en la Administración del Estado-. Según la definición que hace el artículo 111 de la Ley de Costas, estas obras son "las que se consideren necesarias para la protección, defensa, conservación y uso del dominio marítimo-terrestre, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que lo integran..."
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico en Cádiz, proceda a realizar los trabajos necesarios de la recuperación y restauración ambiental de la duna de Valdevaqueros en Tarifa (Cádiz), al estar considerada obra de interés general, controlándose la invasión de la carretera complementaria de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía (A-2325), por la arena procedente de la duna de Valdevaqueros."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2016.-Salvador Antonio de la Encina Ortega, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000242
La talidomida es un medicamento que se utilizó como sedante y para evitar las náuseas en las primeras semanas del embarazo (hiperémesis gravídica). Fue puesto a la venta por la farmacéutica Grünenthal en 1957 y en ese mismo año fue autorizada en España para su distribución a través de laboratorios Pravia.
El Gobierno socialista, en el año 2009, reconoció la jubilación anticipada a las personas con anomalías congénitas secundarias a talidomida. En el año 2010 se aprobó el Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965, que hacía efectivo y desarrollaba el compromiso contraído por el Presidente Rodríguez Zapatero y que se había plasmado ya previamente en los Presupuestos Generales de aquel año. Asimismo se aprobó el protocolo para determinar las personas que eran víctimas de este fármaco. Este Real Decreto no solo reconoció oficialmente las consecuencias de este tratamiento y visibilizó el problema sino que, además, estableció el derecho a una indemnización de entre 30.000 y 100.000 euros en función del grado de discapacidad causado por la medicación.
En este estado de cosas, desde hace años el colectivo de afectados y afectadas ha desarrollado diferentes actividades sociales y políticas, además de las pertinentes actuaciones en los tribunales,
encaminadas al reconocimiento por parte de la multinacional farmacéutica y del Estado español de sus responsabilidades. También como consecuencia de esta actividad del colectivo de afectados se han planteado nuevas informaciones en cuanto a, por ejemplo, las fechas durante las cuales las distintas presentaciones comerciales de este fármaco estuvieron siendo distribuidas en España.
En el Parlamento Europeo, todos los grupos han manifestado recientemente, por unanimidad, la necesaria y urgente adopción de medidas, por parte del Estado español, para las personas afectadas españolas.
Por todo ello, es necesario continuar profundizando en la mejora de la respuesta que tienen que dar las administraciones públicas a esta problemática, más aun cuando la respuesta que han dado los tribunales ha sido eximir de responsabilidad a la empresa farmacéutica, por apreciar la prescripción de la acción, dejando a las personas afectadas sin la posibilidad de tener alguna ayuda o compensación.
En la pasada legislatura se debatió, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una PNL que resultó aprobada por unanimidad. Los antecedentes relatados, así como el alto grado de consenso alcanzado en el ámbito parlamentario, son motivos suficientes para situar entre las primeras medidas que debe abordar el Gobierno, el avance en la protección de los derechos de las personas afectadas por la talidomida.
1. Reabrir con urgencia el registro contenido en el Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, para ampliar el alcance, las condiciones y el procedimiento para el reconocimiento a las personas que sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con las descritas para la talidomida, en el periodo 1955-1985, y cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas.
2. Que a los efectos de su determinación se constituya una unidad de diagnóstico de daños por talidomida en colaboración con las comunidades autónomas, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
3. La unidad que se cree tendrá en cuenta criterios científicos aceptados internacionalmente.
4. Proceder a indemnizar a los pacientes de acuerdo a una tabla de valoración de discapacidad, así como a pagar prestaciones justas que procedan, y todo ello en el plazo máximo de 2018.
5. Facilitar en lo posible los tratamientos rehabilitadores y ortoprotésicos, así como eliminar el copago en otras prestaciones originadas por sus lesiones, mediante las modificaciones legales oportunas.
6. Analizar las exenciones fiscales y tributarias sobre las eventuales percepciones dinerarias, prestaciones y/o indemnizaciones percibidas por las víctimas de la talidomida.
8. Reconocer el trabajo y la contribución que todas las personas afectadas y sus familiares han tenido a lo largo de todos estos años, tanto para reivindicar su derecho a un justo resarcimiento por el daño causado como por la contribución que han hecho a mejorar el sistema de farmacovigilancia y evitar que situaciones como la de la talidomida pudieran llegar a reproducirse.
9. Crear un comité de seguimiento en el que participen las asociaciones de víctimas, a fin de velar por el correcto cumplimiento de esta iniciativa."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2016.-Jesús María Fernández Díaz, Elvira Ramón Utrabo, María del Puerto Gallego Arriola y María Guadalupe Martín Gónzalez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado don Xavier Eritja i Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la devolución inmediata de los papeles de Salamanca, para su debate en la Comisión de Cultura.
Hace más de 75 años de la partida de Barcelona del último tren con 35 toneladas de documentos requisados en Catalunya en dirección a Salamanca. Después de este tiempo y cuando todavía están vivas las palabras "es vuestro por derecho de conquista", pronunciadas por el escritor Torrente-Ballester desde el balcón del Ayuntamiento de Salamanca en relación a los documentos, la devolución todavía no solamente no se ha llevado a cabo sino que todo apunta a que existe la voluntad política de entorpecer, una vez más, el desarrollo y cumplimiento de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre. De hecho, la última entrega de documentación data del año 2011. Desde entonces, y a pesar de los trabajos realizados por la Comisión Mixta Ministerio de Cultura-Generalitat de Catalunya, no se ha llevado a cabo ninguna otra devolución.
Lo afirmado no es baladí y es constatable: el día 27 de febrero de 2013, la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados debatió y aprobó, por 41 votos a favor y una abstención, una Proposición no de Ley presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (161/1313) sobre la devolución de la documentación del Archivo General de la Guerra Civil Española incautada en Catalunya. El texto aprobado fue el siguiente: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a finalizar, en el plazo de seis meses, el proceso de restitución, en colaboración con la Generalitat de Cataluña y en los términos previstos en la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil que se encuentran en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, y según la sentencia del Tribunal Constitucional 020/2013, de 30 de enero de 2013".
La razón que hizo posible este acuerdo tan mayoritario, que incluso ponía fecha para la culminación del proceso de retorno, radicaba en la aceptación por parte del Gobierno que de forma recurrente se comprometía en plazos que, posteriormente, no se cumplían. Prueba de ello es que el actual ministro había afirmado en el inicio de sus responsabilidades al frente del Ministerio de Cultura, en una entrevista con el Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que el día 20 de junio de 2012 ya habrían culminado todos los retornos de la documentación incautada y depositada en Salamanca que por ley tenían que ser devueltos a sus propietarios vía Generalitat de Catalunya. Sin duda, el reconocimiento de los múltiples incumplimientos hizo posible el acuerdo del día 27 de febrero de 2013 en sede parlamentaria.
A pesar que la Ley fue aprobada en el año 2005 (Ley 21/2005, de 17 de noviembre), a pesar que las tareas de digitalización de la documentación concluyeron en el mes de julio de 2013, a pesar de haberse celebrado ya en la última legislatura de gobierno del Partido Popular la convocatoria de la Comisión Mixta Ministerio de Cultura-Generalitat de Catalunya encargada de la evaluación y aprobación de los fondos a retornar y de haber acordado -con carácter vinculante- su transferencia en el pazo de tres meses, han transcurrido diecinueve meses y no se han llevado a cabo los envíos.
Paralelamente, en Catalunya el inconcebible retraso ha ido intensificando la preocupación en la medida que, además de los documentos pertenecientes a instituciones, a sindicatos, a entidades sociales, etc, también buena parte de ellos provienen de personas físicas, muchas de ellas en una edad muy avanzada. Preocupación y en buena medida indignación porque es evidente que el Gobierno pretende blindar, mediante una actuación arbitraria y contraria a la ley, la requisa y mantener el oprobio de las víctimas. En este sentido, es importante reseñar que la Ley mandata a la Generalitat de Catalunya ordenar y llevar a cabo el proceso de retorno y localización de los herederos de quienes fueron expoliados.
A pesar de todo ello, existe en Catalunya la constatación de uso político del retorno de la documentación por parte del PSOE y el PP. En este sentido, ya se denunciaron las presiones que en su día recibió la Ministra de Cultura del PSOE González-Sinde desde su mismo Gobierno para que no ejecutara una parte del retorno de la documentación pocos meses antes de la celebración de las elecciones generales del
mes de noviembre de 2011 ante el riesgo electoral que ello pudiera provocar o las mismas declaraciones del Ministro de Cultura, señor Wert, reconociendo que no era buen momento el llevar a cabo el traslado ante la celebración de las elecciones europeas.
Con posterioridad, el Ministro manifestó a la prensa que tenía prevista la devolución de 238 cajas, 350 libros y otros elementos, una cantidad inferior a la reclamada por parte de la Generalitat de Catalunya consistente en 546 cajas, 4.139 libros, 259 carteles y otros documentos. El Gobierno español aduce para no cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en el mes de enero de 2013, que avalaba que la Generalitat de Catalunya percibiera la documentación para restituirla a sus propietarios lícitos, que algunos de ellos ya no existen. Es evidente que deberá ser responsabilidad del Gobierno catalán el llevar a cabo el procedimiento de entrega de los documentos a sus propietarios cuando la devolución por parte del Ministerio de Cultura se haya completado.
De igual manera, tal como fue acordado por el Consell de l'Advocacia Catalana, el 30 de junio de 2014, se reclama la restitución a Catalunya de la documentación de los tribunales catalanes y del Departament de Justicia de la Generalitat republicana que existen en el fondo de la Causa General atendiendo a la importancia que este fondo posee para la historia de la justicia catalana. Exigencia que debe hacerse extensible a los fondos relativos a la Conselleria d'Interior, que el Gobierno español se niega a devolver aduciendo que, a raíz de los hechos acaecidos en el mes de mayo de 1937, en Barcelona fue retirada esta competencia al Gobierno de Catalunya, tal como resolvió en sentencia de 19 de diciembre de 2008 la Audiencia Nacional.
1. Proceder a la devolución inmediata de la documentación referida en la Ley 21/2005 de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, que ya ha sido identificada y digitalizada, en cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Mixta Ministerio de Cultura-Generalitat de Catalunya de 2011 y 2013.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Carlos Salvador Armendáriz y don Íñigo Alli Martínez, Diputados de Unión del Pueblo Navarro/UPN, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de la tauromaquia, para su debate en Comisión.
A lo largo de este año 2016 son numerosas las ocasiones en las que los aficionados a los toros han tenido que reivindicar el valor de la tauromaquia. Por ejemplo, el domingo 13 de marzo se celebraba en Valencia una manifestación, organizada por la Unión Taurina de la Comunidad Valenciana, a la que acudieron miles de aficionados, figuras del toreo y ganaderos para reivindicar la tauromaquia bajo el lema "Por nuestra cultura, por nuestras raíces y por nuestra libertad". El diestro Enrique Ponce leyó el siguiente manifiesto:
Reivindicamos la Tauromaquia como portadora de valores sociales y humanos, como soporte básico y principal de la biodiversidad en nuestro país, 500.000 hectáreas de dehesa se mantienen gracias a la cría del toro bravo, ¿dónde estarían si no esos paraísos, en qué incendio hubiesen desaparecido, quién las mantendría...? Reivindicamos la Tauromaquia también por su animalismo, que incluye especialmente la defensa del toro y todas las especies que se refugian en su ambiente. Reivindicamos la Tauromaquia como herramienta económica dinamizadora de tantas y tantas ciudades, por su capacidad de crear puestos de trabajo, por los efectos en la fijación de la población rural, por sus aportaciones a las arcas del Estado y fundamentalmente porque son raíces de nuestra cultura a las que tenemos derecho a no renunciar.
Por todo eso nos hemos reunido aquí. Hemos reclamado lo nuestro con argumentos, en una exhibición de cordura, con el peso de nuestros sentimientos, con la contundencia de nuestras cifras. Y una recomendación, no nos nieguen sin conocernos. Gracias. ¡Viva el toreo!. Por nuestra cultura, por nuestras raíces y por nuestra libertad."
En la novena legislatura, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, en cuyo preámbulo se recogen las siguientes consideraciones sobre la Tauromaquia: "forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, en cuanto actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común"; "es signo de identidad colectiva, y ello justifica que su preservación corresponda y competa a todos los poderes públicos"; "El carácter cultural de la Tauromaquia es indiscutible y merece ser preservado como un tesoro propio de nuestro país, rico en culturas distintas (...) ha sido, incluso, exportada a otros países que la desarrollan, promocionan y protegen"; "es una manifestación artística en sí misma desvinculada de ideologías en la que se resaltan valores profundamente humanos como puedan ser la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad, o el raciocinio como forma de control de la fuerza bruta"; "La fiesta de los toros y los espectáculos taurinos populares son algo vivo y dinámico, sujetos a constante evolución, sin que se puedan hacer conjeturas sobre de qué manera se adaptarán a las sensibilidades cambiantes de nuestros tiempos u otros venideros. Esto dependerá de que se mantenga la afición popular
y de que la misma sea capaz de renovarse en las nuevas generaciones de aficionados que son los que, en su caso, deberán mantener, actualizar y conservar la fiesta de los toros. Pero en todo caso, será desde la libertad de la sociedad a optar y desde la propia libertad que significa la cultura, no cercenando el acceso a ésta"; "la Tauromaquia conforma un incuestionable patrimonio cultural inmaterial español, que no ostentamos en exclusiva, sino que compartimos con otros lugares como Portugal, Iberoamérica y el sur de Francia"; "Pero, además del aspecto cultural, la Tauromaquia tiene una indudable trascendencia como actividad económica y empresarial, de dación de bienes y servicios al mercado, produce un flujo económico que se traduce en miles de puestos de trabajo"; "La Tauromaquia constituye un sector económico de primera magnitud, con una incidencia tangible en ámbitos diversos y dispersos como son el empresarial, el fiscal, el agrícola-ganadero, el medioambiental, el social, el alimentario, el industrial o el turístico".
Por último, algunos detractores de la fiesta de los toros, recurren a un argumento que resulta especialmente ofensivo para los aficionados y amantes de la Tauromaquia, y es considerarlos a todos ellos como un colectivo que carecería de sensibilidad o de humanidad, tratando de trasladar al resto de la opinión pública la falsa imagen de que todos ellos fueran personas proclives a la violencia. Conviene traer a colación en este punto, y como respuesta a dichas acusaciones, la reflexión de Antonio Lorca recogida en un diario nacional al día siguiente de la manifestación celebrada Valencia: "No es la Tauromaquia, además, una escuela de violencia, esa que los niños aprenden en la televisión en horario infantil o en los videojuegos; es, por el contrario, una universidad de valores en la que se forjan mujeres y hombres en el sacrificio, el esfuerzo, la superación y la búsqueda de la gloria".
Por todo ello, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte:
4. Asimismo, insta al Gobierno a continuar en el impulso de los trámites necesarios para la solicitud de la inclusión de la Tauromaquia en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a que se refiere el artículo 16 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada, el 17 de octubre de 2003, en París por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2016.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz e Íñigo Jesús Alli Martínez, Diputados.-Ana María Oramas Gónzalez-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000174
Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento a la labor e historia del Teatro Real, para su debate en la Comisión de Cultura.
Durante la temporada 2016-2017, el Teatro Real conmemorará su segundo centenario. En estos doscientos años, el Teatro Real se ha consolidado como una institución cultural en España de tal forma que el Observatorio de la Cultura de 2015 lo considera como una de las tres principales instituciones culturales españolas, siendo un claro referente nacional en la lírica y la ópera.
Sin embargo, el Teatro Real ha sido también el epicentro de otras actividades distintas a la cultura. Por ejemplo, fue el núcleo político de España en el año 1841 cuando tras declararse en ruina la entonces sede del Congreso de los Diputados, en el ruinoso Convento del Espíritu Santo en la Carrera de san Jerónimo, el Gobierno de España dio orden de habilitar el Salón de Baile del Teatro Real como sede temporal del
mismo. Durante unos meses, de diciembre de 1841 a julio de 1842, la Cámara Baja celebró sus reuniones en el Real.
Por ello, consideramos que sería justo que el Congreso de los Diputados se uniese formalmente a las celebraciones del segundo centenario de la institución, y que la Comisión de Cultura, así como sus componentes, colaboren con los actuales responsables del Teatro Real transmitiéndoles, además, su reconocimiento por la labor desarrollada a favor de la música, al tiempo que se recuerdan y conmemoran esos años en los que nuestro teatro de la ópera alojó la actividad parlamentaria en España.
"El Congreso de los Diputados manifiesta su reconocimiento a la labor que desarrolla el Teatro Real como institución cultural, deseando unirse a los actos conmemorativos de su segundo centenario."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2016.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
161/000225
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, para su debate en la Comisión de Cultura.
La primera vuelta al mundo tuvo lugar entre los años 1519 y 1522, cuyo punto de partida fue el puerto de Sanlúcar de Barrameda, desde el que levantaron velas 237 marineros de diferentes países y culturas. Por más de catorce mil cuatrocientas sesenta leguas, cinco naos -Santiago, San Antonio, Concepción, Trinidad y Victoria- surcaron todos los mares del mundo en la gesta que se ha considerado más impresionante y dura que el hombre moderno ha tenido el valor de realizar.
El 20 de septiembre del 1519 fue la fecha de partida de la expedición que trazará un viaje cuajado, de peligros, luchas, motines y necesidades vitales, cuya duración se alargará hasta tres años, cuando un 6 de septiembre de 1522 volvieron al punto de partida solo 18 marineros capitaneados por Juan Sebastián Elcano a bordo de un solo navío, la nao Victoria. Tocaron en su periplo mundial distintos países que hoy también son protagonistas de la historia junto con España, como son Portugal, Cabo Verde, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Filipinas, Malasia y Brunei.
Esta travesía les llevó de Sanlúcar de Barrameda a Tenerife, costas de Sierra Leona, Brasil, el Río de la Plata, la Patagonia, la Tierra del Fuego y el Estrecho de Magallanes, el Pacífico y las islas Marianas, las islas Filipinas, Sumatra y las Molucas, el cabo de Buena Esperanza y las islas Cabo Verde para retornar a sus puertos de origen.
En el año 2019 se cumple el quinto centenario del inicio de la expedición promovida por la Corona de España y capitaneada inicialmente por Fernando de Magallanes, natural del municipio portugués de Sabrosa, con el propósito de abrir una nueva ruta a las islas de las Especias. La expedición sería finalmente culminada por una de sus naves al mando de Juan Sebastián Elcano, nacido en Getaria (Guipúzcoa), que arribó a su punto de partida en la Península Ibérica en 1522. Son ellos los absolutos protagonistas de un hito histórico que se ha catalogado como la hazaña más importante de nuestra historia moderna, hecho sobrehumano que supera con creces incluso al primer viaje a la Luna.
Tan asombroso periplo a través de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico y los continentes de Europa, América, Oceanía, Asia y África supuso un decisivo avance científico al demostrar experimentalmente la redondez de la Tierra, revalidando el legado de la antigüedad, y un paso de gigante en la apertura a escala mundial de los conocimientos, las comunicaciones y los intercambios de todo orden, así como en el desarrollo y proyección de Europa y, en especial, de los países ibéricos. Incluso la misma composición de
la expedición, en la que se integraron mandos y tripulaciones de múltiples nacionalidades, subraya el carácter cosmopolita de esta iniciativa.
La sociedad sanluqueña y muchos colectivos sociales de varias localidades de la geografía española realizan, desde hace años, actos conmemorativos para reclamar a las administraciones la toma en consideración de la importancia de realizar un proyecto de Estado que rememore esta hazaña.
Con este motivo, el 1 de diciembre de 2011, se publicaba en el "Boletín Oficial del Estado" el Real Decreto 1638/2011, de 14 de noviembre, por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la Conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo (años 2019 a 2022).
Sin embargo, el contexto de crisis económica llevó a la supresión de la citada Comisión Nacional mediante el Real Decreto 232/2013, de 5 de abril, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 19 de abril de 2013.
Una vez superado el peor momento de la crisis, y sobre todo debido a la cercanía del año 2019, es necesario recuperar el singular protagonismo y participación a las ciudades y territorios que fueron conectados por primera vez mediante esta ruta de alcance planetario, así como destacar la importancia que la mar sigue teniendo como catalizador del progreso y bienestar de nuestros pueblos y sociedades.
La ciudad de Sanlúcar de Barrameda, como punto de partida y de llegada de tan excelsa expedición, y la ciudad de Sevilla, centro neurálgico de la corona en esos años, deben de tener su lugar correspondiente en la Historia como focos de un acontecimiento tan importante para la Humanidad.
A falta de tan solo tres años para celebrar esta efeméride, han sido muchas las propuestas y las manifestaciones públicas que desde diferentes estamentos públicos y privados se han ido realizando, pero es primordial e indispensable la implicación fehaciente tanto del Gobierno de España como de todas las Administraciones competentes en la celebración de la conmemoración de los 500 años de la primera circunnavegación a la Tierra.
La Comisión de Cultura del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 2 de septiembre de 2015, aprobó la Proposición no de Ley relativa al V Centenario de la Primera Circunnavegación de la Tierra, por unanimidad con la propuesta de Ciudadanos de creación de una Comisión Autonómica para la conmemoración que está pendiente de próxima constitución.
Las ciudades de Sevilla y Sanlúcar han llegado a acuerdos de colaboración para la conmemoración del hecho histórico que fue rubricado en un protocolo de fecha 11 de enero de 2016. En este documento se crea una comisión técnica para el estudio de los proyectos comunes que se llevarán a cabo en próximos años. Además de ello, en los últimos años, se han propuesto y aprobado por unanimidad en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, infinidad de mociones plenarias reclamando apoyo y compromiso institucional superior.
Se unen a esta iniciativa las dos Diputaciones Provinciales, Cádiz y Sevilla, el pasado día 16 de febrero de 2016, con lo cual se le da un nuevo impulso institucional a la conmemoración del V Centenario de la Circunnavegación.
La Junta de Andalucía está próxima a la cesión en firme del edificio del Castillete de Bajo de Guía en Sanlúcar de Barrameda para la sede de la Oficina de la Circunnavegación.
Todo ello, impulsado por colectivos de la sociedad civil mayoritariamente sanluqueña y sevillana que llevan reivindicando muchos años que las administraciones promuevan de una vez por todas un Proyecto de Estado de Conmemoración para que esos tres años España sea el centro del mundo por ser el país de origen de la mayor gesta histórica del hombre.
El Gobierno de la Nación debe tomar las riendas. Todas las iniciativas, actos, protocolos, acuerdos, reuniones, etc. deben culminar en un apoyo incondicional del Gobierno de España con sus máximos dirigentes e Instituciones a la cabeza. Esta conmemoración es la más importante que se celebrará en nuestro país en los próximos años tras los actos conmemorativos del 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes.
Las instituciones públicas deben estar a la altura de la ciudadanía y del hecho a conmemorar, y, por todo lo expuesto con anterioridad, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a que:
1. Restituya la Comisión Nacional de la Conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, suprimida por el Real Decreto 232/2013, de 5 abril.
2. Trabaje por este proyecto común en colaboración y coordinación con el resto de iniciativas, públicas y privadas, que se hubiesen constituido en los ámbitos autonómico y local para promover la Conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2016.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a promover el 28 de septiembre como Día Internacional de Aborto Seguro, en el marco de los días internacionales de las Naciones Unidas, para su debate en la Comisión de Igualdad.
La fecha del 28 septiembre se declaró Día Internacional de Acción por la Despenalización del Aborto en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Argentina en 1990, y se ha celebrado cada año desde entonces. En 2012, se celebró en 53 países: 10 países de África, 8 países de Asia y el Pacífico, 14 países europeos, 15 países de América/Caribe, 2 países de Oriente Medio, y 2 países de América del Norte. En 2013, 2014 y 2015 el alcance y el impacto de la campaña, a nivel nacional e internacional, ha crecido sustancialmente.
En 2015, los Ministerios de Salud en tres países -República Democrática del Congo, Nepal y Francia- se unieron con las ONG nacionales para celebrar el Día de Acción.
Decenas de grupos han participado internacionalmente en un "tweetathon" mundial en 2015, que alcanzaron casi medio millón de personas. Por otra parte, los medios de comunicación nacionales han comenzado a cubrir estas actividades en un número creciente de países, las entrevistas y la elaboración de destacadas figuras nacionales en la discusión. Este año, se espera que la participación sea más grande que nunca.
Alrededor de la fecha ya se promueven en todo el mundo actividades que incluyen la presentación de informes, artículos, entrevistas en radio y televisión, vídeos, marchas, mítines, manifestaciones, reuniones públicas, días de discusión, teatro de calle, "flashmob", presentación de encuestas, sondeos de opinión, exposiciones de arte, proyecciones de películas y noches de música.
Las actividades destinadas a tener un impacto a largo plazo han incluido campañas para la reforma de la Ley del Aborto, la clarificación o ampliación de las leyes para una mejor aplicación de la legislación existente y se exige un mayor acceso a métodos seguros y servicios y capacitación de los profesionales que prestan servicios para la interrupción voluntaria del embarazo.
La campaña internacional también aboga cada año por la liberación de las mujeres y los profesionales sanitarios que están en prisión como consecuencia de legislaciones no garantistas de los derechos sanitarios en materia de interrupción voluntaria del embarazo.
Las convocatorias del día 28 de septiembre se enmarcan en los objetivos del Programa de Acción de la CIPD en 1994, la plataforma de Acción de Beijing de 1995 y otros acuerdos regionales, como la Convención de Belém do Pará en 1996 y el Protocolo de Maputo de 2005, todos los cuales reconocen que el aborto inseguro es un grave problema de salud pública y que los abortos deben hacerse con garantías sanitarias y jurídicas.
En los últimos cinco-diez años, un número creciente de órganos de los Derechos Humanos de la ONU -incluyendo la CEDAW, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Civiles y Políticos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la
cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y la práctica (Grupo de Trabajo de la ONU), y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP)- han pedido que la interrupción de embarazos no deseados fuera segura y legal.
En enero de 2016, la Comisión Africana pidió la despenalización del aborto en África y en abril del año 2016 el Grupo de Trabajo de la ONU también pidió a todos los Estados a "suspender el uso del derecho penal para castigar a la mujer para interrumpir un embarazo".
El número anual de abortos en todo el mundo ha aumentado debido al crecimiento demográfico. A pesar de que el aborto es uno de los procedimientos médicos más seguros la mitad de todos los abortos son todavía inseguros en el mundo, por lo que es necesario una acción concertada urgente que evite que las mujeres sigan sufriendo y muriendo por complicaciones del aborto inseguro.
Según muestran los datos de las agencias internacionales de salud, las muertes por aborto inseguro se estimaron en 43.684 en 2013, lo que representa el 14,9% de todas las muertes maternas. Desde CIPD de 1994, de hecho, casi un millón de mujeres han muerto a causa de abortos inseguros. Estas muertes fueron casi todas innecesarias y evitables.
Una de cada tres mujeres en todo el mundo tendrá un aborto en su vida. Cientos de profesionales del mundo de la salud dan soporte sanitario a este hecho y ninguno debe ser procesado por algo que es un hecho central de ser mujer.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dirigirse al Secretario General de Naciones Unidas para manifestar el apoyo del Congreso de los Diputados a la propuesta de la Campaña Internacional por el Derecho de las Mujeres al Aborto Seguro que reclama un acuerdo para declarar el 28 de septiembre Día Internacional de Aborto Seguro, como día oficial de las Naciones Unidas. Asimismo hará llegar copia del acuerdo de esta Cámara a los responsables de las siguientes agencias de Naciones Unidas:
- ONU Mujeres.
- Programa de Desarrollo de la ONU.
- Fondo de Población de las Naciones Unidas.
- Fondo de la Infancia de las Naciones Unidas.
- ONUSIDA.
- UNESCO."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2016.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000243
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a evitar la difusión de estereotipos vejatorios hacia el colectivo de las personas con disfemia, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad.
En mayo de 2006 se firmó un acuerdo entre la Fundación Española de Tartamudez y las radios y televisiones públicas, concretamente con RTVE y FORTA, que tenía como objetivo evitar la difusión de
imitaciones de "tartamudos" o "gangosos" con fines humorísticos, en todas sus programaciones y emisiones.
En aras a avanzar en la protección de los derechos de las personas con disfemia, es necesario profundizar en el objetivo de evitar la difusión de estereotipos vejatorios o despreciativos hacia el colectivo de personas que tartamudean. Para lograrlo, es fundamental la implicación de las radios y televisiones privadas de nuestro país.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover que las radios y televisiones privadas de nuestro país subscriban un acuerdo con el objetivo de evitar en sus programaciones y emisiones la difusión de estereotipos vejatorios o despreciativos hacia el colectivo de personas que tartamudean, con un contenido similar al que alcanzaron los organismos públicos del mismo sector, en mayo de 2006."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2016.-Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000244
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la instalación de avisadores sonoros en los semáforos para favorecer la movilidad de las personas con discapacidad visual, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad.
Lograr la accesibilidad universal, entendida en su sentido más amplio y comprensivo, es uno de los grandes retos en el proceso de inclusión, normalización y plena ciudadanía de las personas con discapacidad. Todas las organizaciones, públicas y privadas, están convocadas a este compromiso colectivo que no admite ni demoras ni pretextos. En los últimos años nuestras ciudades y pueblos han ido adoptando medidas que mejoran la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, facilitando su movilidad para que, por ejemplo, ir en silla de ruedas o con un perro guía no suponga una carrera de obstáculos. La problemática que supone para las personas ciegas y con deficiencias visuales efectuar los cruces regulados por semáforos sin la ayuda de otros peatones sin discapacidad visual, ha motivado el diseño de mecanismos acústicos que faciliten el tránsito de este colectivo de personas. Entre otras medidas, se han instalado semáforos que cuentan con avisador sonoro, un dispositivo que emite una señal acústica audible con la finalidad de informar a las personas con discapacidad visual del momento en el que pueden cruzar la calzada con seguridad; es decir, cuando el semáforo para el peatón está en verde.
En el año 2010 el IMSERSO suscribió un convenio de colaboración con la FEMP, la Fundación ONCE y el CERMI para la promoción de la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito local que, entre otras actuaciones, permitió crear el Observatorio de la Accesibilidad Municipal para conocer la situación en cuanto a la accesibilidad universal en los municipios españoles, así como los avances producidos en esta materia.
Este Observatorio realizó en 2011 una evaluación que ponía de manifiesto que, aunque hemos mejorado sensiblemente en la aplicación de criterios de accesibilidad, todavía existen muchas barreras en los elementos urbanos, en edificios, transportes y "webs" municipales que impiden o dificultan que las personas con discapacidad puedan acceder a los mismos y a los servicios que ofrecen en condiciones de igualdad.
Del total de semáforos evaluados, un 67,6% no poseía avisador acústico. La inexistencia de pasos de peatones con semáforo y avisador sonoro conlleva para personas con discapacidad visual la imposibilidad de realizar el cruce en condiciones plenas de seguridad, teniendo que depender de otras personas. El informe destaca que este dato reviste especial gravedad si se compara con el bajo coste de esos sistemas de aviso.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, la ONCE y el CERMI, con el objetivo de adoptar las medidas necesarias para que los semáforos cuenten con avisadores sonoros."

References: artículo 193
 artículo 16
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 193
 artículo 193
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 84
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 31
 artículo 66
 artículo 193
 Resolución 
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 193
 resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 111
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 16
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193