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Timestamp: 2017-06-22 14:22:46+00:00

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Jueves 9 de Febrero de 2017Gaceta: LXIII/2SPO-77/68878	Jueves 9 de Febrero de 2017Gaceta: LXIII/2SPO-77/68878	Iniciativas Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción III del artículo 232 del Código Penal Federal.SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.Ver Sinopsis Español:La iniciativa tiene como propósito, establecer en el Código Penal Federal, que se podrán imponer de tres meses a tres años de prisión, al defensor de un reo, sea particular o de oficio, que sólo se concrete a aceptar el cargo, sin promover más pruebas, realizar los actos necesarios para representar los intereses de su defendido ni dirigirlo en su defensa de forma adecuada como lo establece el apartado B, fracción VIII del artículo 20 de la Constitución.Synopsis in English:The initiative has as a purpose, to establish in the Federal Penal Code that three months to three years imprisonment may be imposed on the defendant of an inmate, whether private or ex officio, only to accept the charge, without further evidence, The acts necessary to represent the interests of his or her defended person or to guide him in his defense in an adequate manner as established in subsection B, fraction VIII to article 20 of the Constitution.
Sen. DavidMonreal ÁvilaDAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 232 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:
Un escenario que pretende darcerteza jurídica plena a todos y cada uno de los individuos que conforman la sociedad es susceptible de ser trastocado por el dinamismo que lo caracteriza, tanto en su concepción de lo permitido y lo prohibido por la norma, así como en la forma en que operan los diversos principios del derecho en la realidad.
Como es natural, el proceso de consolidación de la convivencia social y del orden público puede llegar a tener obstáculos, como es el caso de los conflictos de intereses que se presentan entre particulares, o bien, entre estos últimos con el Estado.Por ello, a lo largo de la historia han evolucionado las formas en las que se resuelven las controversias que se suscitan entre los distintos sujetosque conforman la sociedad, dando pie a la formación de diversos mecanismos cuya tarea primordial es la de dirimirlas mediante un pronunciamiento fundado y motivado en la norma por parte de un tercero ajeno al asunto.
Una vez que comienza a operar este engranaje, la cuestión se complica para los justiciables por múltiples circunstancias, una de ellas es el amplio entramado legal con el que cuenta el país, y otra el lenguaje de su contenido, así como las distintas interpretaciones quede este derivan; por tales motivos requieren de una asistencia principalmente técnica de un tercero. Este tercero no solo debe ostentarse como perito en derecho, sino que además debe mostrar un interés profesional por llevar a cabo lo que se le encomiende de forma adecuada y con un amplio sentido de responsabilidadconforme a la naturaleza del cargo que ha aceptado.
El ejercicio de la abogacía nace con el ánimo de coadyuvar, lato sensu, en la consecución de una operación correcta del sistema de justicia. Su actividad en un inicio se forjó mediante actividades oratorias encaminadas a la convicción y a la persuasión, sin dejar de lado el ejercicio por escrito que requiere también de múltiples habilidades y conocimientos.El ejercicio de esta actividad ha tenido que evolucionar, sin embargo en esencia ha permanecido el perfil del abogado como una persona dedicada a las actividades propias en los Tribunales, en un despacho o bufete.
El diccionario de la Real Academia Española define que un abogado es el licenciado en derecho que ofrece profesionalmente asesoramiento jurídico y que ejerce la defensa de las partes en los procesos judiciales o en los procedimientos administrativos; esta definición equipara o relaciona el ejercicio de abogar directamente con el grado académico de licenciado en Derecho, sin embargo, abogar tiene un significado más amplio pues más allá de solo ejercer la defensa, ya sea por escrito o mediante el uso de la palabra, debe interceder en favor de alguien (su representado) o de algo (la causa a defender) con todos los medios que estén a su alcance. El origen de esta profesión es tan antigua como el mundo mismo, porque en todas las épocas el desconocimiento la norma ha sido patrimonio de la mayoría de los hombres y siempre la injusticia se ha ensañado en contra de ellos. Pero también en todos los tiempos algunas personas se han distinguido, por su celo y su talento y a ellos acudían los desamparados, convirtiéndose en sus patrones y defensores. [*]He aquí que la figura del abogado se ha consolidado en un perfil caracterizado por el talento, el avance y el progreso, razones que se han traducido en la confianza que las personas depositan en ellos para el asesoramiento y encomienda en sus asuntos. Tratar la historia de la abogacía en México es referirse a una de las profesiones más antiguas y conspicuas de la vida pública y privada de México. No existe en la historia del país una profesión que haya ejercido mayor influencia en sus destinos, ni dejado una huella más honda en su devenir. [*]Precisamente esta gran interferencia en la vida de todo un país es la razón que motiva la presente iniciativa; específicamente el tema del desenvolvimiento del abogado en la materia penal es el punto medular a tratar.
Es preciso tener en cuenta que una de las finalidades de la utilización del Derecho Penal en su más amplio sentido, es la del mantenimiento del orden público, por tanto se debe atender a lo que regula la legislación de la materia cuando este orden se ve transgredido por conductas lesivas de bienes jurídicos protegidos. Es en este sentido, cuando se dice que el legislador no está facultado para castigar una conducta cualquiera, sino solo aquellas que afecten bienes jurídicos. [*]
Por consiguiente, uno de los bienes jurídicos que preocupa y motiva a la presente propuesta es el de la correcta administración de Justicia, aunado al del legal desahogo, en este caso, del proceso en materia penal.
El papel del abogado es medular en el funcionamiento del sistema de administración de justicia, siendo toral su intervención en lo concerniente al proceso penal, tanto en el anterior como el nuevo sistema acusatorio y oral. Derivado de las reformas que sustanciaron la implementación de este último sistema, específicamente en la del 18 de junio de 2008, se reestructuró totalmente el artículo 20 de la Constitución, pasando de estar dividido en dos apartados (A. Del inculpado y B. De la víctima o del ofendido) a una estructura que contempla hoy en día tres apartados (A. De los principios generales; B. De los derechos de toda persona imputada; y C. De los derechos de la víctima o del ofendido).
Lo que a esta iniciativa interesa es el derecho que se contempla en la fracción VIII, apartado B (de los derechos de toda persona imputada), del artículo 20 de la Constitución vigente, el cual a la letra refiere:
VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera…”
Para entender lo que comprende una defensa adecuada, es oportuno acudir a lo expuesto en la siguiente Tesis Aislada en Materia Constitucional, que refiere que “…del contenido del derecho de defensa adecuada, reconocido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de acuerdo con su apartado A, fracción IX, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008; y apartado B, fracción VIII, en su texto vigente), se identifican dos elementos: uno de carácter formal y otro material. El primero consiste en que el nombramiento de defensor debe recaer en una persona con conocimientos técnicos en derecho, esto es, abogado con título o cédula profesional; el segundo, se traduce en la asistencia y participación personal del defensor dentro del proceso, mediante la asesoría, vigilancia y realización de los actos necesarios para representar los intereses de sudefendido; siendo la coexistencia de ambos elementos, lo que dota de contenido a este derecho fundamental y permite garantizar su pleno ejercicio...” [*]
Derivado de lo anterior es que se ha afirmado en múltiples ocasiones que la función del abogado en materia penal es indispensable, pues coloquialmente se concibe que en sus manos tiene la defensa de un bien jurídico de gran valor, como lo es la libertad o el patrimonio de su representado.
No obstante, el derecho a una defensa adecuada es susceptible de verse transgredido, y por ende traducirse en una afectación a la correcta administración de justicia en un amplio sentido; esta cuestión ha sido retomada por el Código Penal Federal vigente, el cual en su Título Decimosegundo de la Responsabilidad Profesional, Capítulo II de los Delitos de abogados, patronos y litigantes, prevé en su artículo 231 las conductas punibles que pueden cometer los sujetos que tienen la calidad específica de abogados, patronos o litigantes, las cuales son:
II.- Pedir términos para probar lo que notoriamente no puede probarse o no ha de aprovechar su parte;promover artículos o incidentes que motiven la suspensión del juicio o recursos manifiestamente improcedentes o de cualquiera otra manera procurar dilaciones que sean notoriamente ilegales.
En este orden de ideas, y por lo que hace al artículo 232 del ordenamiento sustantivo que es objeto de la presente iniciativa, se infiere de su interpretación que las fracciones contenidas en él carecen de una realidad autónoma como tipos penales, pues al actualizarse solo operan como agravantes que repercuten en el aumento de las penas que se prevén para las conductas del artículo citado con antelación. Esta afirmación se hace en razón a que el artículo 232 señala:
Tal como se puede ver, el artículo citado señala “además de las penas mencionadas”, y tomando en consideración que la palabra “además” se refiere a un adverbio usado para introducir información que se añade a la ya presentada [*], hace la precisión de que aparte de las penas que correspondan por la comisión de algún tipo contenido en el artículo 231, se podrán aumentar cuando se actualice una de las hipótesis señaladas en el artículo 232 del Código Penal Federal.
Lo que se pretende con esta propuesta es modificar una de las agravantes que prevé el artículo 232 del Código citado, en razón de que el contenido y el alcance que tiene se torna limitado por algunas cuestiones que más adelante se detallan. En este sentido, primero cabe señalar lo que sostiene Enrique Díaz Aranda, Doctor en Derecho penal eInvestigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien diceque las agravantes o atenuantes solo aumentan o disminuyen las calidades de la esencia pero no pueden transformarla para cambiarla a otra sustancia. Por ende, las agravantes y atenuantes solo son especies del vocablo “calificativa” porque definen con exactitud la esencia y deben distinguirse de la “modificativa”, que implicaría cambiarla o transformarla. [*]
Con atención a lo que se ha precisado es que se propone la modificación a la fracción III del artículo 232 del Código Penal Federal, con la finalidad de que opere como una agravante efectiva que aumente el peso de los tipos penales contenidos en el artículo 231, esto en razón a que dadas las circunstancias actuales del nuevo sistema penal acusatorio, y con motivo de los cambios que se han hecho constitucional y procesalmente en la materia penal, la fracción mencionada aún mantiene una limitante que restringe su aplicación práctica a los sujetos que desempeñan su actividad profesional en el anterior sistema penal. Para efectos de realizar un análisis de la fracción a modificar se cita a continuación: Artículo 232.- Además de las penas mencionadas, se podrán imponer de tres meses a tres años de prisión.
Se propone suprimir parte del texto que dice “y a solicitar la libertad caucional que menciona la fracción I del artículo 20 de la Constitución”, en razón de que el precepto constitucional a que se refiere, como se apuntó con antelación, ha sido restructurado totalmente como producto de la reforma en materia penal de 2008, cuestión que limita su ámbito de aplicación, pues no podría encuadrarse la calificativa a los sujetos que, aunque teniendo la calidad especifica requerida en los tipos penales, se encuentre defendiendo a su representado en el nuevo sistema penal acusatorio.
Lo anterior cobra sentido cuando, del análisis de las reformas en materia penal, se desprende que en primer lugar, la libertad caucional desaparece no solo de la redacción del texto constitucional, sino también en materia procesal, toda vez que se atendió a un sentido garantista en el cual predomina el principio de presunción de inocencia.
La libertad caucional en el anterior artículo 20, se establecía como una garantía en favor del inculpado (hoy imputado) para que pudiera gozar de su libertad provisional bajo caución otorgada según procediera el caso; esta cuestión tomo un giro radical en el nuevo sistema penal, pues constitucionalmente se fijó como excepcional el uso de la prisión preventiva [*], y en el Nuevo Código Nacional Procedimental Penalse consagra el derecho al respeto a la libertad personal [*], en virtud del cual la autoridad judicial sólo puede autorizar como medidas cautelares, o providencias precautoriasrestrictivas de la libertad, las que estén establecidas en este Código y en las leyes especiales; con ello se confirma el carácter excepcional de le prisión preventiva y la desaparición de la innecesaria solicitud de libertad bajo caución en la actualidad.
Por ello, la fracción a modificar solo deberá ceñirse a constituir una amenaza, respecto al incumplimiento de lo mandatado por la Constitución en su artículo 20, es decir, la defensa adecuada como derecho del imputado. Así mismo, se considera importante adicionar con claridad que al defensor le es igualmente reprochable no realizar los actos necesarios para representar los intereses de su defendido, pues tal como se desprende de la presente exposición, se le ha conferido la tarea de defender adecuada, diligente y oportunamente a otro sujeto, y por ende, no debe dejar de observar los derechos que en favor de este último se consagran.
Aún subsisten grandes retos que debe enfrentar el sistema de impartición de justicia en el país, uno de ellos es la materialización de la certeza jurídica de los gobernados, quienes han depositado su confianza tanto en los servidores públicos encargados de operar en el sistema como en los abogados, los cuales hacen del derecho un instrumento para la creación de una relación sólida entre los particulares y el Estado; un nexo que debe permanecer libre de vicios, incertidumbre y desigualdad. Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 232 DEL CODIGO PENAL FEDERAL, para quedar como sigue:
III.- Al defensor de un reo, sea particular o de oficio, que sólo se concrete a aceptar el cargo, sin promover más pruebas, realizar los actos necesarios para representar los intereses de su defendidoni dirigirlo en su defensa de forma adecuada como lo establece el apartado B, fracción VIII del artículo 20 de la Constitución.
Artículo 232.- Además de las penas mencionadas, se podrán imponer de tres meses a tres años deprisión.
III.- Al defensor de un reo, sea particular o de oficio, que sólo se concrete a aceptar el cargo y asolicitar la libertad caucional que menciona la fracción I del artículo 20 de la Constitución, sin promovermás pruebas ni dirigirlo en su defensa.
III.- Al defensor de un reo, sea particular o de oficio, que sólo se concrete a aceptar el cargo, sin promover más pruebas, realizar los actos necesarios para representar los intereses de su defendido ni dirigirlo en su defensa de forma adecuada como lo establece el apartado B,fracción VIII del artículo 20 de la Constitución.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 8días del mes de febrero de 2017.
[*]Véase el Diccionario de la Real Academia Española [en línea]. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=07TG2dg
[*] VéaseSagaón Infante, Raquel, Historia de la Abogacía. Texto contenido en: Soberanes Fernández, José Luis, Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano (1983), México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/700/41.pdf
[*]Guerrero, Omar, El Abogado en el bufete, el foro y la Administración Pública, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie de estudios jurídicos, núm., 605. México, 2015, p. 17.
[*]Pérez Daza, Alfonso, Derecho penal, Daza Canseco Editores, México, 2008, p. 82. [*] Tesis XI.P.15 P, Tribunal Colegiado en materia penal del Décimo Primer Circuito, semanario Judicial de la Federación y suGaceta, Décima Época Registro: 2013258, diciembre de 2016.
[*]Véase el Diccionario de la Real Academia Española [en línea]. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=0ilf0VH
[*]Ante esta comparación, el Dr. Enrique Díaz Aranda aprecia que no es lo mismo modificar y calificar, pues lo primero es sinónimo de reformar, cambiar, variar, rectificar, etcétera, la esencia de algo, mientras que cuando se califica algo se mantiene dicha esencia y solo se especifica o matiza, de ahí que los sinónimos de calificar son: cualificar, tener por, conceptuar, llamar, bautizar, considerar, tildar o adjetivar. [*]Véase el artículo 18, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente.
[*]Véase el artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales. http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68878 INFOMEX

References: artículo 232
 artículo 20
 ARTÍCULO 232
 artículo 20
 artículo 20
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 artículo 231
 artículo 232
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 artículo 231
 artículo 232
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 Artículo 232
 artículo 20
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 ARTÍCULO 232
 artículo 20

Artículo 232
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 18
 artículo 19