Source: http://polis.revues.org/3733
Timestamp: 2016-06-28 22:12:44+00:00

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Burguesía agraria, conflictividad política y quiebres institucionales. Argentina, 1975-2008
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Español Français English Português El presente artículo aborda la reconstrucción de los conflictos que enfrentaron a la burguesía agraria argentina con el gobierno nacional encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, entre marzo y julio de 2008. Estos enfrentamientos interburgueses son comparados con su antecesor inmediato, los “paros agrarios” de 1975, con los que las corporaciones rurales iniciaron una ofensiva destinada a impulsar el golpe de estado de marzo de 1976, cuyo programa consistía en eliminar la amenaza revolucionaria y relanzar la acumulación de capital. Nos ocuparemos de reconstruir las alianzas sociales enfrentadas en ambas coyunturas, sus componentes, su programa y sus acciones, prestando especial atención a la acción política emprendida por la burguesía agraria. Buscamos desentrañar, de esta manera, la naturaleza de ambas crisis, sus semejanzas y diferencias.
Cet article traite de la reconstruction des conflits entre la bourgeoisie agraire argentine et le gouvernement régional dirigé par Cristina Fernandez de Kirchner, entre mars et juillet 2008. Ces affrontements inter-bourgeois sont comparés avec leurs antécédents immédiats, les «grèves agraires » de 1975, au cours desquelles les corporations rurales initièrent une offensive destinée à impulser le coup d’Etat de mars 1976, dont le programme consistait à éliminer la menace révolutionnaire et à relancer l’accumulation du capitale. Nous nous consacrerons à la reconstruction des alliances sociales confrontées lors de chacune des deux conjonctures, leurs composants, leur programme et leurs actions, portant une attention particulière sur l’action politique entreprise par la bourgeoisie agraire. Nous cherchons de cette manière à découvrir la nature des deux crises, leurs similitudes et différences.
This article focuses on the reconstruction of the conflict between the agrarian argentinian bourgeoisie and the national government, headed by Cristina Fernandez de Kirchner, between March and July 2008. These inter-bourgeois confrontation are compared with their immediate predecessor, the “agricultural strikes” of 1975, with which the rural corporations began an offensive to drive the coup of March 1976, whose program was to eliminate the revolutionary threat and boosting capital accumulation. We will rebuild the social alliances competing in both situations, its components, its programs and activities, with particular attention to political action undertaken by the agrarian bourgeoisie. We seek to unravel in this way the nature of both crises, their similarities and differences.
O presente artigo aborda a reconstrução do conflito que opôs a Argentina agrária com o governo nacional liderado por Cristina Fernandez de Kirchner, entre março e julho de 2008. Estes confrontos inter-burgueses são comparados com seu antecessor imediato, as “greves agrícolas”, de 1975, com que as empresas rurais iniciaram uma ofensiva para conduzir o golpe de março de 1976, cuja agenda era eliminar a ameaça revolucionária eo relançamento do acumulação de capital. Nós vamos a reconstruir as alianças sociais concorrentes em ambas as situações, os seus componentes, o seu programa e actividades, com especial atenção para a ação política empreendida pela burguesia agrária. Procuramos desvendar, assim, a natureza de ambas as crises, as suas semelhanças e diferenças.
Palabras claves :régime démocratique, lutte des classes, bourgeoisie agraire, corporations entrepreneuriales
Keywords :democratic regime, class struggle, Agrarian bourgeoisie, interest groups
Palabras claves :régimen democrático, lucha de clases, burguesía agraria, corporaciones empresarias
Palavras-chaves :regime democrático, luta de clases, burguesia agraria, corporate empresáriosInicio de página
La ofensiva golpista de 1975
El conflicto entre gobierno y corporaciones agrarias de 2008
Recibido: 12.09.2011 Aceptado: 11.03.2012
* Este artículo es parte de la investigación en curso para la tesis doctoral en historia del autor, (...)
1Argentina ha protagonizado recientemente un conflicto inusual: una de las fracciones de su clase dominante*, la burguesía agraria, se movilizó para enfrentar la política gubernamental. Entre marzo y julio de 2008, la burguesía agraria argentina en su conjunto, utilizó métodos más propios de los explotados, los cortes de calle, la paralización de la venta de su producción y la deliberación en asambleas, para enfrentar disposiciones gubernamentales tendientes a elevar los impuestos a la exportación de productos agropecuarios. Decimos que fue un conflicto inusual porque la intervención política de la clase dominante suele darse dentro de los marcos institucionales, en el parlamento y a través de los partidos políticos que expresan sus intereses. No es común que los propios burgueses salgan a la calle ni que recurran a la acción directa para imponer sus demandas. En la historia argentina esto ha sucedido pocas veces, y en términos de la profundidad de los enfrentamientos, sólo registra un antecedente: los paros comerciales agrarios de 1975, mediante los cuales esta fracción de la burguesía intervino para forzar la salida del gobierno encabezado por María Estela Martínez de Perón y el cambio de régimen, que llevó al poder, a través de un golpe de estado, a las Fuerzas Armadas. Aquella coyuntura es famosa no sólo por el alto grado de enfrentamiento previo, sino porque la principal tarea emprendida por aquella dictadura fue la eliminación de la amenaza revolucionaria, aplicando la represión clandestina, la tortura y el asesinato de miles de dirigentes de izquierda. En este artículo nos ocuparemos de reconstruir y comparar ambos conflictos, la ofensiva golpista de la burguesía en 1975-1976, y el “conflicto del campo”, denominación que adquirieron los enfrentamientos de la burguesía agraria con el gobierno en 2008.
2Para explicar la naturaleza y las causas de los enfrentamientos de 1975 y del golpe de estado de 1976 en la Argentina debemos retrotraernos a la primera mitad de la década del ’50. Desde ese momento el país comienza una etapa de inestabilidad política y económica, correctamente caracterizado por algunos autores como crisis hegemónica (O’Donnell 1976; Portantiero 1973). Un elemento central de esta crisis son los enfrentamientos interburgueses, que se expresaron en la disputa entre dos alianzas, dirigidas por distintas fracciones de la burguesía, que intentaban imponer su salida a la crisis. Este enfrentamiento no pudo resolverse en los 20 años que van de 1955 a 1976. La alianza que expresaba los intereses de la burguesía más concentrada, que se alzó con el gobierno tras los golpes militares de 1955, 1962 y 1966, tenía un programa que implicaba la expropiación de las fracciones más débiles de la burguesía, de la pequeña burguesía y de la clase obrera, desatando un proceso de concentración y centralización que relanzara la acumulación de capital en el país. Este programa encontró un freno en la estructuración de una “alianza defensiva”, que se expresó mayormente a través del peronismo, que a pesar de no poder relanzar la acumulación de capital, tenía la fuerza suficiente para evitar la expropiación de las fracciones atacadas por el programa liberal. Esto llevó a una situación de “empate” en medio de una crisis que se profundizaba con el correr del tiempo.
3El año 1969 marca un hito en el proceso, ya que aparece allí, incipientemente, una tercera alianza integrada por fracciones del proletariado y de la pequeña-burguesía, que actuaba con independencia de las distintas fracciones de la clase dominante (Balvé y Balvé 2005; Marín 2003; Izaguirre 1994). La profundización de la crisis política y económica, la incapacidad de la burguesía para dar una salida y los sistemáticos ataques hacia las clases dominadas fueron minando los lazos ideológicos que hacían posible la dominación. Los cuestionamientos de conjunto a la sociedad capitalista se fueron haciendo cada vez más fuertes, y fue en este contexto que se gestó esta tercera alianza o fuerza social, que desde 1969 comenzó a atacar objetivamente las bases de la dominación social de la burguesía. Estas fracciones comenzaron a romper paulatinamente con la estrategia reformista, característica de la clase obrera hasta ese momento. Un síntoma de este cambio de estrategia se manifestó en el recurso a la acción directa para expresar reclamos frente al Estado o la clase dominante, que comenzó a incrementarse en la etapa en detrimento de los reclamos institucionales, más propios del reformismo. Esto se expresó en la apertura de un ciclo de insurrecciones (la más importante de las cuales fue el “Cordobazo”, de 1969) y en el crecimiento de las tendencias de izquierda revolucionaria, a nivel sindical y político, abriendo un ciclo de luchas en el que se ponía en cuestión la dominación. Por estas razones, estaríamos ante la apertura de un proceso revolucionario.
4El retorno del peronismo al gobierno, el 25 de mayo de 1973, constituyó un intento, encabezado por ciertas fracciones de la burguesía (centralmente la burguesía industrial), para descomprimir la situación política explosiva que vivía en esos momentos el país. La clausura de régimen militar instaurado en 1966 y el desarrollo de unas elecciones sin la proscripción del peronismo, por primera vez en casi 20 años, permitieron canalizar el descontento de las masas por la vía institucional. Frente a la coyuntura electoral, la Fuerza Social Revolucionaria se quebró, y buena parte de quiénes venían enfrentando al régimen militar abandonaron el combate esperanzados en el retorno del viejo líder reformista. Sin embargo, Perón no tardó mucho en demostrar que no volvía para llevar adelante la “revolución nacional” que anhelaba el ala izquierda de su movimiento. A poco de andar comenzaron los ataques contra la izquierda peronista y no peronista, avalados por el propio líder. Primero fue la “Masacre de Ezeiza”, el 20 de junio de 1973, una emboscada encabezada por la derecha peronista durante las movilizaciones por el retorno al país de Perón, que terminó con el asesinato de decenas de militantes del ala izquierda del movimiento. Le siguieron los golpes e intervenciones contra las gobernaciones peronistas afines a la “Tendencia Revolucionaria”, y la creación de una fuerza paramilitar destinada a eliminar a los dirigentes de la izquierda: la Alianza Anticomunista Argentina(AAA o “Triple A”).
1 La CGE era la cámara empresaria que nucleaba centralmente a los pequeños industriales. En 1974 se (...)
5En términos económicos el peronismo impulsó un plan de cuño claramente reformista, elaborado por la Confederación General Económica (CGE),1 que fue llevado adelante por José Ber Gelbard, histórico dirigente de la entidad que asumió como ministro de Economía. El principal problema de la economía argentina, las crisis cíclicas que estallaban periódicamente como crisis de balanza de pagos por el saldo negativo de las exportaciones con respecto a las importaciones, intentó ser resuelto, nuevamente, transfiriendo ingresos del agro a la industria. El principal mecanismo de transferencia de renta fue la intervención estatal en el comercio exterior e interior de productos agropecuarios. A través de la centralización de la producción y su venta a través de organismos oficiales, el Estado captaba una porción de la renta pagando precios menores a la cotización internacional de los productos. A su vez, se intentó estimular la producción agraria para aumentar los excedentes exportables, sancionando impositivamente la desinversión. El subsidio a las exportaciones industriales fue la principal vía en que la renta captada por el Estado iba a parar al ineficiente entramado industrial (Acuña 1996). Pero la iniciativa más importante encarada por Gelbard fue el acuerdo entre una fracción del empresariado (la burguesía industrial) y las cúpulas sindicales, destinado a contener la inflación. A partir de la firma del “Pacto Social”, denominación que adoptó el acuerdo, los empresarios se comprometían a no aumentar los precios y los dirigentes sindicales a no encarar luchas por aumentos salariales. Sin embargo, este acuerdo tenía implicancias que trascendían los objetivos económicos: el cerrojo que se imponía sobre los conflictos salariales apuntaba no solo a contener la inflación, sino a aquietar las aguas de la conflictividad obrera.
6El tibio programa reformista que intentó aplicar el peronismo no pudo relanzar la acumulación ni poner un freno a los conflictos obreros, que comenzaron a estallar a poco de asumido el nuevo gobierno. La insurgencia tampoco pudo ser erradicada mediante el accionar paramilitar, impulsado desde el propio gobierno peronista. Las tensiones siguieron acumulándose hasta que, en 1975, comenzaron a estallar. Ante el fracaso de la alianza reformista para dar salida a la crisis, la contrarrevolución comenzó su ofensiva contra el gobierno. A medida que la crisis se profundizaba, las divisiones en el seno de la burguesía tendieron a resolverse por la vía de la confluencia en una alianza que se proponía liquidar los brotes de insurgencia para recomponer la hegemonía y lazar, desde nuevas bases, la acumulación de capital. Denominamos a esta alianza Fuerza Social Contrarrevolucionaria. Ella fue la que promovió el golpe de estado de 1976, la eliminación de la Fuerza Social Revolucionaria mediante el aniquilamiento de sus dirigentes y cuadros medios, y el disciplinamiento del conjunto de sus bases. Uno de sus principales componentes fue la burguesía agraria, que a través de sus corporaciones, emprendió una ofensiva de “paros comerciales” que culminaron en un lock out general en febrero de 1976. Hacia 1975, las divisiones en la clase dominante tendieron a desdibujarse, produciéndose una confluencia detrás de la salida golpista, empujadas por la descomposición del régimen y el peligro común que enfrentaban: la alianza revolucionaria.
2 SRA agrupó históricamente a la gran burguesía terrateniente. CRA surgió como escisión de la SRA tr (...)
3 Un paro comercial agrario implica la paralización de la venta de productos, tanto para el mercado (...)
4 Una descripción más amplia de estos hechos puede consultarse en Sanz Cerbino (2009).
7Durante 1975 se realizaron cinco paros agrarios de alcance nacional, en los que se destacó la participación de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), encabezada por su fracción pampeana, CARBAP (Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), de Federación Agraria Argentina (FAA) y de la Sociedad Rural Argentina (SRA).2 Además, se realizaron otros 11 paros de alcance regional, que incluyeron cortes de ruta, movilizaciones y llamados a la rebelión fiscal (no pago de impuestos). El primer paro comercial3 de alcance nacional tuvo una duración acotada, de 24 horas, pero constituyó el inicio de una ofensiva sin precedentes de la burguesía agraria. Fue convocado para el 3 de marzo por el Comité de Acción Agropecuaria (CAA), que reunía a SRA, CRA y CONINAGRO. La medida alcanzó, según sus organizadores, un acatamiento del 90%, y fue acompañado por medidas de acción directa tendientes a garantizarlo, como el ataque a los camiones que intentaron transportar productos agrarios.4
8A poco de finalizado el paro, las corporaciones que lo impulsaron manifestaron diferencias sobre la continuidad de la ofensiva. Mientras que CRA y CARBAP se pronunciaron a favor de convocar a un nuevo paro comercial, CONINAGRO y SRA se mostraron más cautos. Estas diferencias no pudieron salvarse, llevando a la ruptura del CAA. Sin embargo, esto no implicó el fin de la ofensiva. Una nueva alianza, constituida por CRA y FAA, retomaría la posta convocando a un nuevo paro (ganadero), esta vez por tres días, que se concretó entre el 19 y el 21 de mayo. La SRA retomaría el curso de la acción directa en junio, al sumarse al paro comercial por 3 días convocado por el Comité de Defensa de la Producción Lechera, junto a CRA y la FAA.
9Hasta este momento, los reclamos de la burguesía agraria fueron mayormente gremiales: en particular, el mejoramiento del precio de sus productos, que eran fijados por el Estado a través de distintos mecanismos de regulación. Sin embargo la naturaleza de los reclamos cambió a partir de junio, cuando el fracaso del plan económico que intentó implementar el ministro Celestino Rodrigo puso sobre la mesa que la resolución de los problemas económicos demandaba una solución política previa. El gobierno de María Estela Martínez de Perón realizó un violento giro en materia económica con el nombramiento de Rodrigo, el 2 de junio de 1975. Su programa consistió en un brusco descenso de los salarios reales, que apuntaba a constituirse en el primer escalón de un relanzamiento de la acumulación de capital por la vía de un aumento de la explotación. El plan se basó en una importante devaluación de la moneda y un fuerte aumento de precios y tarifas, que no serían acompañados por aumentos salariales, a los que el gobierno fijó un tope menor al aumento de precios. Sin embargo, pronto el plan se encontró con un obstáculo político: la resistencia de la clase obrera a ser la variable de ajuste. Rápidamente comenzaron a estallar paros parciales y movilizaciones contra lo que se conoció como “El Rodrigazo”. Dirigida por cuadros de la izquierda revolucionaria, la resistencia al plan comenzó a darse órganos de coordinación que rebasaban la tradicional conducción sindical peronista, en una escalada que amenazaba las propias bases de la dominación social (Löbbe 2009; Kandel y Monteverde 1976).
10Como veremos, el fracaso del plan puso al conjunto de la burguesía en pie de guerra. La derrota sufrida con la salida de Rodrigo, y la forma en que se produjo, marcó un punto de inflexión. Desde este momento la burguesía relanzó su ofensiva con un objetivo cada vez más claro: derrocar al gobierno. Esto se observa, por un lado, en la radicalización de los discursos. Comenzaron a reiterarse con insistencia una serie de elementos: en primer lugar, la caracterización de la situación como una crisis general, económica, política y social, producto de los errores del gobierno. A su vez, aumentaron las referencias al problema de la “subversión”, con la que se hacía referencia ya no sólo a las organizaciones armadas, sino también a las fracciones de la clase obrera que actuaban bajo la dirección de la izquierda, la “guerrilla fabril”. Por último, se insiste una y otra vez en la incapacidad del gobierno para dar salida a la crisis, acompañado de un permanente llamado al “restablecimiento del orden”, con claras connotaciones golpistas (Sanz Cerbino 2009).
11Un ejemplo de ello es el discurso pronunciado por Jorge Aguado, presidente de CARBAP y futuro funcionario de la dictadura, en el acto por el 43º aniversario de esa entidad, el 24 de julio de 1975 (Aguado 1977: 157-163). Allí se refirió negativamente a la situación nacional y responsabilizó por ella al gobierno, al que atacaba con una virulencia inédita. El dirigente agrario caracterizó que la Nación se encontraba ante “una crisis general”, que comprometía la existencia misma del poder del Estado, la posibilidad de una convivencia civilizada entre argentinos y la estabilidad de las instituciones. Señaló que se vivían horas inciertas y difíciles para el país, ya que “fuerzas extrañas a nuestro ser nacional, no tan ocultas pero de inconfesables designios están listas para alzarse con el botín de la República a poco que la ciudadanía no se defienda”. La alusión al fantasma de la subversión, que reavivó la reacción popular al plan Rodrigo, era clara. Cerró su discurso señalando que los productores rurales estaban dispuestos a luchar por devolver al país “tres factores fundamentales”: autoridad, seguridad y confianza. Ese reclamo parece una clara invocación a la intervención militar.
12El endurecimiento de las posiciones precedió a la convocatoria a nuevas medidas de fuerza. A fines de agosto, el frente conformado por CRA y FAA convocó a un paro comercial ganadero de 11 días, que se realizó entre el 19 y el 29 de septiembre, al que se sumó SRA. Se cumplió con un gran acatamiento en todo el país, acompañado por movilizaciones y cortes de ruta. Contó con la solidaridad de sectores del comercio y de la industria, que realizaron cierres y “apagones” en adhesión. También recibió el respaldo de algunos partidos políticos provinciales y de la principal fuerza de oposición, la Unión Cívica Radical (UCR). Finalizada la medida, las entidades convocantes mantuvieron el estado de alerta y abrieron un paréntesis de 10 días para retomar el diálogo con el gobierno. Las reuniones con las autoridades nacionales se sucedieron vertiginosamente, sin que las promesas oficiales pudieran torcer la voluntad de las corporaciones rurales de ir a un nuevo paro.
13El siguiente paro comercial, quinto y último de 1975, fue convocado para el 24 de octubre por CRA, FAA y SRA, y tuvo una duración de 18 días. El anuncio repentino y su extensión tomaron por sorpresa al gobierno, que no pudo acumular stocks de hacienda. El masivo acatamiento tuvo, entonces, importantes consecuencias: generó un pronunciado desabastecimiento y el aumento en los precios de la carne y sus substitutos, que en un contexto inflacionario trajo graves problemas. Frente a la escalada de los precios, el Ministerio de Economía fijó precios máximos para todos los cortes de carne y amenazó con aplicar la ley de abastecimiento expropiando hacienda. Sin embargo las medidas tomadas no fueron efectivas: los dueños de carnicerías salieron a denunciar que el producto no les llegaba a los precios fijados por el gobierno, y declararon un lock out hasta que se garantice el abastecimiento a los precios oficiales. Este nuevo paro contó con el respaldo de varios partidos políticos y de las corporaciones empresarias más importantes del país. Se produjeron movilizaciones, concentraciones, cortes de ruta y cierres de comercios en varias ciudades del interior. A su vez, el gobierno denunció amenazas y atentados dirigidos contra aquellos que no se sumaron a la medida de fuerza.
14Una vez concluido el paro, la ofensiva de la burguesía no cejó. Las declaraciones y los pronunciamientos fueron aumentando su virulencia a medida que la crisis se profundizaba. Las amenazas de nuevos paros eran casi diarias y ya se hablaba abiertamente del golpe de estado en todos los ámbitos. En el marco de esta ofensiva, la burguesía conformó la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), que constituyó el núcleo del “partido del orden”. El origen formal de APEGE se remontaba a agosto del ’75, producto directo del fracaso del “Rodrigazo”. Como decíamos, este hecho constituyó un punto de inflexión, que sacudió a la burguesía y la puso en pie de guerra: fue la constatación de que la salida a la crisis de acumulación no podría alcanzarse si previamente no se derrotaba a la clase obrera y a su vanguardia. Como veremos, este va a ser el programa de APEGE.
15La entidad surgió de las reuniones sostenidas por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Unión Comercial Argentina (UCA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), y CARBAP. Al poco tiempo se sumaron SRA y la Cámara Argentina de Sociedades Anónimas (CAMSACOM). Estas corporaciones integrarían su dirección, el Secretariado Ejecutivo, constituido en septiembre. A fines de octubre se realizó una reunión plenaria en la que se votó un programa, que sería refrendado por las bases empresarias en tres asambleas simultáneas el 13 de diciembre de 1975. El programa tenía cuatro ejes claros. En primer lugar, restablecer el orden, eliminando a la subversión. En segundo lugar, y asociado a este, eliminar aquellos elementos que en las fábricas dificultaban el desarrollo del proceso productivo e impedían el aumento de la productividad. Se referían a los instrumentos legales y organizativos de los que se valía la clase obrera para impedir el aumento de la explotación, y en particular, a las “comisiones internas” dominadas por la izquierda revolucionaria. En tercer lugar, se reclamaba un recorte de los gastos estatales y eliminar los aumentos de impuestos que servían para financiar el déficit fiscal. Es decir, se oponían a destinar parte de la plusvalía a sostener empresas ineficientes y trasferencias hacia la clase obrera. Por último, se abogó por la liberación de los precios y del comercio exterior. Los mecanismos con los cuales el Estado se apropiaba de la renta, subvencionaba el consumo y protegía a una industria incapaz de competir.
16Como lo demostró el fracaso del “Rodrigazo”, este programa no podría implementarse en los marcos de la democracia burguesa. El disciplinamiento de la clase obrera y la eliminación de su vanguardia, requisitos indispensables para su implementación, solo podrían obtenerse bajo un régimen de excepción. Por eso, estas fracciones de la burguesía concentraron su acción en generar las condiciones para el golpe. Es así que, mientras APEGE y las corporaciones de la burguesía que la integraban avanzaban en su acción de desgaste del gobierno democrático, encolumnando al conjunto de la burguesía tras su estrategia y buscando neutralizar cualquier atisbo de resistencia al golpe, el personal técnico que llevaría a cabo el programa, los militares, fueron ubicándose en sus posiciones. Por debajo de la mesa, civiles y militares ultimaban detalles. Algunas de estas negociaciones han trascendido, como la reunión que mantuvo el Comandante en Jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla (futuro presidente de facto del país), en noviembre de 1975, con dirigentes de SRA. Allí se manifestó preocupación por el avance de la “subversión”, a la que no se dudó en relacionar con la política del gobierno: “La falta de seguridad física y jurídica ha determinado un clima de desconfianza. No se percibe una acción definida en contra del extremismo, [hay] desgobierno [y] un clima de terror creado por la guerrilla, a la que es difícil combatir por estar amparada en diversos niveles políticos y administrativos” (Sociedad Rural Argentina 1976). Pero, como decíamos, para dar el golpe, y para que este pudiera llevar adelante las tareas que demandaba el aniquilamiento de la Fuerza Social Revolucionaria, era necesario generar las condiciones políticas que lo hicieran posible. Esto es, obtener el mayor apoyo posible para este programa. Y en los casos en que no se consiguiera el apoyo, obtener por lo menos una neutralidad que garantizara la menor resistencia. Por eso, la disputa política más importante del momento pasó por demostrar que el gobierno reformista era incapaz de encausar la situación. A su vez, el desgaste a que se sometía al gobierno apuntaba a minar el apoyo que tenía dentro de la clase obrera, buscando evitar que a la hora decisiva salieran a defenderlo.
17A eso apuntaba la ofensiva final encabezada por APEGE, que comenzó a fines de 1975 y culminó con el golpe de marzo de 1976. El factor aglutinante fue el intento gubernamental de imponer una reforma impositiva, que rápidamente se ganó el repudio del conjunto de los empresarios. Los primero comunicados de la entidad ya amenazaban con la convocatoria a un lock out, medida finalmente aprobada en la asamblea del 28 de enero de 1976. La fecha fijada para la protesta fue el 16 de febrero, y los reclamos no se concentraron sólo en la reforma fiscal sino que exigieron un drástico giro en la política económica: reducción del gasto público, reducción de la carga fiscal, derogación de la legislación laboral, eliminar a las comisiones internas y el activismo sindical de las fábricas, liquidar a la subversión y restablecer el orden.
18A lo largo de las dos primeras semanas de febrero fueron llegando adhesiones de distintas cámaras empresarias al lock out, votadas en centenares de asambleas a lo largo de todo el país. Incluso la CGE, que todavía mantenía su respaldo al gobierno, se vio obligada a endurecer su discurso, convocar a tibias medidas de protesta e incluso, dejar en libertad de acción a los empresarios que decidieran sumarse a la medida de APEGE, luego de haber condenado públicamente el lock out. Es que la atracción que generaba el programa de APEGE comenzó a erosionar las bases de la CGE, hecho que se manifestó en la ruptura de buena parte de las entidades que la componían con su dirección y el alineamiento con los empresarios golpistas.
19El lock out contó con el apoyo de unas 1.200 cámaras comerciales e industriales, generando una adhesión casi unánime en todo el país, especialmente en el comercio y en el agro. A diferencia de los dos últimos paros agrarios de 1975, el lock out de APEGE no tuvo efectos materiales significativos. Los paros agrarios tuvieron una duración tal, 11 y 18 días, que generaron problemas de abastecimiento y el aumento en los precios de la carne, en un contexto económico ya signado por la hiperinflación y el desabastecimiento. No fue el caso del lock out del 16 de febrero. Sin embargo, el impacto político de la medida fue aún más significativo. El apoyo masivo de la burguesía al paro, y por ende, al programa golpista impulsado por APEGE, quedó cabalmente demostrado. El gobierno democrático había perdido el apoyo de la clase dominante. A su vez, la medida sirvió también para medir el respaldo que aún conservaba el gobierno en la clase obrera. La completa pasividad de los trabajadores, que no salieron a enfrentar el paro golpista ni a respaldar al gobierno, terminó de definir su suerte. El futuro golpe de estado tenía el respaldo de la clase dominante, y se había obtenido, por lo menos, la neutralidad complaciente de los explotados.
20Desde el fracaso del Plan Rodrigo la alianza golpista comenzó su ofensiva final contra el régimen democrático. Durante la segunda mitad de 1975 los esfuerzos organizativos cuajaron en la formación de un “partido”, que llevó adelante la tarea de derrocar al gobierno democrático para eliminar las trabas que impedían a las Fuerzas Armadas liquidar militarmente a la insurgencia. Este partido, como se observa en nuestra reconstrucción, fue APEGE. El partido del orden se organizó: se sumaron corporaciones, se discutió en asambleas el programa y el plan de lucha, y se enfrentó ideológicamente al programa rival, el reformismo encabezado por el gobierno peronista y la CGE. En ese proceso el partido de la contrarrevolución fue creciendo, al calor de las distintas fracciones de la burguesía que sumaban su apoyo. Se tejieron los lazos con el personal técnico que llevaría a cabo las tareas planteadas, los militares. Y cuando todo estaba listo, se emprendió la ofensiva final contra el gobierno: el lock out del 16 de febrero. Esa demostración sirvió además como globo de ensayo: medir el apoyo de la burguesía al programa, y la pasividad de las clases dominadas que no salieron a enfrentar el paro golpista. Luego todo estaba dicho. Poco menos de un mes después, el 24 de marzo de 1976, los militares se alzaron con el poder.
21Los enfrentamientos de 2008 fueron producto de los mismos límites estructurales que obturaban en la década de 1970: la incapacidad de la renta agraria para sostener el grado de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas en la Argentina. Durante las décadas de 1980 y 1990, estos límites fueron compensados por el aumento de la explotación (caída de los salarios reales, avance sobre conquistas laborales y desocupación de masas), un enorme proceso de liquidación de capital sobrantes y el aumento exponencial del endeudamiento externo. A pesar de ello, la industria argentina siguió perdiendo posiciones en los mercados internacionales y la crisis económica, la miseria, la desocupación y la conflictividad social, se volvieron crónicas. Las consecuencias sociales del ajuste y el cierre de los mercados de crédito internacionales profundizaron la crisis hacia fines de los ’90. Luego de dos décadas de reflujo de las luchas obreras, comenzó a gestarse una alianza, encabezada por obreros desocupados, que comenzó a enfrentar el ajuste permanente abriendo una disputa por el poder político. Reapareció entre los explotados, nuevamente, la tendencia a la acción directa y crecieron los partidos de izquierda que se abocaron a la organización de los “piqueteros”, nombre de fantasía con que se conoció a los desocupados que recurrían al corte de ruta (los “piquetes”) para reclamar al Estado subsidios y puestos de trabajo (Sartelli 2007).
22La crisis que se venía gestando estalló violentamente en diciembre de 2001. El creciente déficit de balanza comercial y la bancarrota del Estado obligaron al gobierno a profundizar el ajuste sobre los asalariados. La respuesta de la “alianza piquetera” fue la insurrección nacional del 19 y 20 de diciembre de 2001, conocida bajo el rótulo de “Argentinazo”, que obligó al presidente a renunciar y abrió un nuevo proceso revolucionario. En las semanas siguientes se agudizaron las disputas por el poder, hasta que la presidencia fue asumida por el dirigente peronista Eduardo Duhalde, con el apoyo de las cámaras legislativas. Sobre la base de una profunda devaluación de la moneda, que devolvió competitividad a la industria local bajando los salarios en dólares, la cesación de pagos de deuda externa y conteniendo la movilización social a través del un amplio plan de subsidios a la desocupación, la cooptación de dirigentes y la represión a los “piqueteros duros”, comenzó el intento de restauración de la hegemonía burguesa. Los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011), son hijos de este proceso (Sartelli 2007; Cominiello 2007).
23El plan económico y político de los Kirchner es una continuación del iniciado por Duhalde en 2002. En términos económicos, se apostó a un desarrollo industrial que elevara el empleo y resolviera en el mediano plazo los problemas sociales. El problema estructural de la falta de competitividad de la industrial local buscó ser salvado mediante la licuación de salarios reales vía devaluación. Este esquema económico se enfrentaba al fantasma de la hiperinflación, que podría hacer estallar los frágiles equilibrios sociales alcanzados. Para evitar la escalada inflacionaria, el gobierno recurrió a una amplia estructura de subsidios al transporte y a los prestadores de servicios públicos, que mantendrían congeladas las tarifas. Estos subsidios funcionaban, a su vez, como una transferencia hacia la burguesía industrial, principal beneficiaria de las tarifas congeladas. En ausencia de financiamiento externo, los crecientes gastos estatales fueron sostenidos merced al aumento de las cargas fiscales sobre las exportaciones agropecuarias. En términos políticos, el “kirchnerismo” buscó contener las movilizaciones sociales realizando concesiones materiales (los subsidios a la desocupación) y discursivas “por izquierda”. El crecimiento de la actividad industrial y la caída de la desocupación operaron en el mismo sentido. Así, la lucha de los explotados entró en un reflujo, aunque, a diferencia de lo sucedido en 1976, no se eliminó la amenaza. Se instaló un régimen “bonapartista”, que a través de un personal político adventista, intentó restaurar la hegemonía de la clase dominante desmovilizando a las masas y cooptando a sus organizaciones. El gobierno logró así un precario equilibrio que dependía, nuevamente, de la posibilidad de captar y redistribuir los ingresos por renta agraria. Los impuestos a la exportación de materias primas (“retenciones”) se convirtieron en la pieza clave del esquema, y por ellas estalló el conflicto de 2008 (Sartelli 2007).
24El plan económico comenzó a mostrar síntomas de agotamiento desde 2006. Los gastos estatales destinados a contener la inflación se hicieron cada vez más altos. A pesar de ello, la inflación, que crecía a ritmo lento pero sostenido, fue devorando la protección cambiaria, sin que la industria lograra remontar vuelo propio. El crecimiento industrial comenzó a mostrar sus límites, sin solucionar los problemas estructurales. Sostener el esquema implicaba entonces aumentar las transferencias a una industria que no lograba recuperar competitividad. El futuro auguraba entonces una crisis fiscal que ya comenzaba a observarse. En ausencia de crédito externo, escaso por la crisis económica mundial, y más aún para Argentina, que no había renegociado aún la deuda en default con los organismos internacionales de crédito, la solución pasaba por captar una mayor proporción de renta agraria. Una coyuntura de alza en los precios internacionales de los productos agrarios facilitó esta solución, y el gobierno se precipitó a implementar el esquema de tarifas de la discordia, la Resolución Nº 125/2008 del Ministerio de Economía.
25La mentada resolución elevaba los impuestos a la exportación de los principales granos producidos en el país, y estableció una “tablita” de retenciones móviles, es decir, que subían o bajaban las alícuotas según evolucionaran los precios. En el caso de la soja, el cultivo de mayor expansión en los últimos años, las retenciones llegaban al 41%, y en caso de superar el precio internacional los 610 dólares, el estado se apropiaba el 95% de cada dólar ingresado por encima de ese precio. Las retenciones tenían efectos diferentes sobre las distintas tierras. A los más eficientes (por su tamaño y/o mejores tierras), sólo les afectará una porción de la renta diferencial. En cambio, los capitales menos eficientes podrían ver incluso amenazada su supervivencia como tales, ya que les afectaba su tasa de ganancia. Por esta razón, fueron los productores más chicos los que impulsaron más fuertemente el enfrentamiento (Sartelli 2008; Barsky y Dávila 2008). 26El conflicto estalló el 11 de marzo de 2008, con el anuncio de la Resolución 125 y culminó el 18 de julio, con su derogación. En más de cinco meses de duración, 129 días, asistimos al desarrollo de una fuerza social que, como en 1975, brotó desde los reclamos corporativos y alcanzó a darse una fórmula política de alcance nacional. El enfrentamiento puede dividirse en tres etapas. La primera va desde el 11 de marzo hasta la primera tregua (2 de abril). La segunda comienza con la tregua y llega hasta que el Poder Ejecutivo envía la resolución 125 al Parlamento, en un intento por destrabar el conflicto, el 17 de junio. La tercera gira en torno a la batalla legislativa, y se extenderá hasta la derogación de la resolución en la Cámara de Senadores, el 18 de julio.
5 La reconstrucción fáctica del conflicto está apoyada en la consulta de los periódicos de alcance n (...)
27Un día después de conocida la modificación del esquema de retenciones las cuatro corporaciones más importantes de la burguesía agraria argentina, CRA, FAA, SRA y CONINAGRO, anunciaron un paro comercial por 24 horas.5 La medida se cumplió con un alto acatamiento y recibió el apoyo de varias entidades de empresarios vinculados al agro: bolsas de comercio, acopiadores de granos y contratistas de maquinaria. Fue acompañada por manifestaciones y “tractorazos”, una modalidad de protesta agraria que consiste en movilizarse conduciendo maquinaria agrícola. El epicentro de los conflictos se encontró en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Ante la falta de respuestas oficiales, el 14 de marzo se decidió extender la protesta hasta el miércoles 19. Durante ese período se incrementaron las movilizaciones y comenzaron a realizarse cortes de ruta en todo el país para garantizar la medida. El gobierno, por su parte, recibió el apoyo de la Confederación General del Trabajo (central sindical obrera), de organizaciones de desocupados afines al gobierno y de la Unión Industrial Argentina.
28A pesar de los ofrecimientos oficiales en negociaciones secretas de las que participaron las cuatro corporaciones, el conflicto se profundizó por la negativa presidencial a tocar el esquema de las retenciones. El 17 de marzo se anunció que la protesta se extendería “por tiempo indeterminado”. Comenzaron a ganar protagonismo los manifestantes “autoconvocados”, es decir, aquellos que no parecían responder a las resoluciones de las corporaciones que encabezan la protesta. En realidad, se trataba de dirigentes locales, vinculados a FAA y CRA, que se apoyaban parcialmente en elementos no sindicalizados, escapando al control de las entidades nacionales que convocaron a la protesta. La dinámica del conflicto, en la que en cada localidad se decidía en asamblea las medidas de apoyo a la protesta (cortes de ruta o movilizaciones), facilitó la emergencia de estos sectores más radicalizados.
29El 19 de marzo la negativa del gobierno a negociar las retenciones fue respondida con una escalada: los cortes de ruta, que hasta ese momento ascendían a 30 en todo el país, se multiplicaron hasta alcanzar los 301. El 35% de los bloqueos de rutas eran “cortes totales”, es decir, que no se limitaban a evitar el paso de los camiones que transportaban productos agropecuarios, sino que impedían el tránsito de cualquier tipo de vehículo. Esto provocó enfrentamientos, verbales y físicos, de los productores agrarios con representantes del sindicato de conductores de camiones, alineado con el gobierno nacional. Los cortes se combinaron con bloqueos a las empresas lácteas o aceiteras, asambleas esporádicas o permanentes, cacerolazos, tractorazos y movilizaciones (algunas de ellas dirigidas al poder político municipal o provincial). Los cortes de ruta más importantes contaron con la presencia de partidos políticos de la oposición o en algunos casos, de los intendentes.
30El desabastecimiento de productos comenzó a sentirse fuertemente en algunas ciudades y algunos intendentes locales abrieron negociaciones con los ruralistas, a pesar de no contar para ello con el respaldo de la presidenta Cristina Kirchner. La apertura de negociaciones a nivel local fue acompañada por una merma en los cortes de ruta, que bajaron a un promedio de 50. Sin embargo, una nueva escalada que comenzó el 24 de marzo elevó nuevamente el número a unos 279 cortes. El 25 de marzo estalló la primera protesta urbana en apoyo al paro en la capital del país. A su vez se desarrolló, simultáneamente, en decenas de localidades del interior del país, principalmente en las capitales de las provincias agrarias y en las localidades cabeceras de distritos agrarios. Asumió la forma de un “cacerolazo”, una movilización que se acompaña golpeando ollas y otros utensilios de cocina. La reacción brotó como respuesta al discurso presidencial que en la tarde-noche de ese día descalificó el paro agrario. Sin embargo, la protesta había sido preparada y convocada desde varios días antes por dirigentes locales y organizaciones de apoyo. Las protestas en el medio urbano movilizaron a productores agrarios, estudiantes universitarios hijos de productores (sectores mayoritarios en las grandes urbanizaciones con mucha concentración de estudiantes universitarios, como La Plata y la Ciudad de Buenos Aires), y pequeños terratenientes rentistas alejados de la producción directa. Es claro que, a pesar de la magnitud de las protestas, no se movilizaron otras fracciones de clase más allá de los directamente afectados por las medidas gubernamentales. Ese 25 de marzo, entre 4.000 y 10.000 personas se movilizaron a la Plaza de Mayo, centro del poder político en la Ciudad de Buenos Aires. Las mayores concentraciones se produjeron en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. En la primera registramos 47 cacerolazos, que movilizaron a unas 22.500 personas. En la segunda registramos 36 cacerolazos, con unas 24.000 personas movilizadas. Las protestas registradas en todo el país llegaron, esa noche, a 169. En los días siguientes se reiterarán las protestas en el medio urbano. En muchas localidades del interior los mismos que durante el día cortaban las rutas, se trasladan por la noche a protestar en la ciudad.
31El gobierno privilegió durante estos primeros 21 días de conflicto los pronunciamientos públicos, ya sea de sus funcionarios o de dirigentes sindicales o sociales afines. Recién el 1 de abril el gobierno movilizará a sus partidarios a un acto en Plaza de Mayo. El “campo” responderá con un masivo acto en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Esa manifestación cierra la primera etapa del conflicto, ya que los productores habían aceptado una tregua de 30 días para negociar con el gobierno.
32¿Con qué programa intervino la alianza agraria? En un primer momento, el reclamo se circunscribió a lo económico-corporativo: derogar la resolución 125 y retrotraer el esquema de retenciones al 10 de marzo. Se sumaron posteriormente reclamos contra los controles de precios, especialmente en carnes y lácteos. Sin embargo, desde el vamos este reclamo tenía implicancias políticas: demandan que el Estado deje de financiar sus gastos con la renta agraria, lo que obligaría al gobierno a cambiar el esquema económico. Sin los ingresos por las retenciones y los controles de precios, sin los subsidios a las tarifas y a la industria local, se abriría un proceso hiperinflacionario que ajustaría los salarios obreros y una política recesiva que profundizaría ese ajuste. O sea, se volvería a una política similar a la que hizo estallar el país en 2001, con las consecuencias sociales y políticas que eso traería. A su vez, la alianza agraria asumió reclamos abiertamente políticos: que las retenciones se distribuyan proporcionalmente entre las provincias y que la política fiscal sea votada en el parlamento. Es decir, un recorte del poder presidencial que apuntaba desmontar la construcción política que sostenía al kirchnerismo. La alianza agraria demandaba una salida del bonapartismo.
33La segunda etapa comenzó con la tregua, que escondía el pasaje a otra modalidad de conflicto: se pasó de la lucha callejera a las escaramuzas de pasillo, ocupando las declaraciones y los alineamientos el lugar central. Los contendientes comenzaron a disputar la “opinión pública”, especialmente a las fracciones de clase no involucradas directamente en el conflicto. La burguesía rural intentó alinear tras su bando a dirigentes políticos, gobernadores e intendentes, tanto oficialistas como de la oposición. El primer gobernador peronista en enfrentar a la presidenta fue Juan Schiaretti, de la provincia de Córdoba, otrora cercano al kirchnerismo, que el 7 de abril reclamó al gobierno nacional el envío de fondos, alineándose objetivamente con el campo. Córdoba, al igual que Santa Fe, fueron las provincias con mayor movilización. En esta última la burguesía rural obtuvo también el apoyo del gobernador Hermes Binner, que proviniendo del Partido Socialista, había mantenido una buena relación con gobierno central. También se posicionaron con el campo algunos dirigentes peronistas como el senador santafesino Carlos Reutemann.
34Desde la tregua se iniciaron negociaciones en donde se obtuvieron acuerdos parciales, pero no se habló de las retenciones. Esta demora elevó el descontento en las bases rurales, que presionaron para volver al paro. El 22 y 23 de abril se produjo una ofensiva judicial contra los dirigentes más virulentos de la protesta: se los denunció por incitar a la violencia y por violación de la Ley de Abastecimiento. La imposibilidad de destrabar el conflicto terminó sacando del juego al Ministro de Economía Martín Lousteau, impulsor de la cuestionada resolución, que renunció el 24 de abril. Sin embargo, los ruralistas no se bajaron de sus reclamos y finalmente, la tregua finalizó la primera semana de mayo. El detonante fue el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos alcanzados para la carne y el trigo, y el anuncio de su intención de no tocar las retenciones. El 7 de mayo se relanzó el paro comercial agrario. En esta segunda etapa se incrementará la cantidad de cortes de ruta, llegando a registrarse 458 piquetes. De ellos, 312 correspondieron a los ruralistas y 146 a los camioneros, que comenzaron enfrentándose a los cortes del campo, pero terminaron sumándose a la protesta, demandando el cese del conflicto. También se incrementó la cantidad de cortes totales, que pasaron de 102 en la primera etapa a 170 en la segunda. A su vez, los cortes se extendieron a lo largo de 60 días, con dos treguas en medio. La prolongación del conflicto, contra las expectativas del gobierno, no produjo un desgaste en los ruralistas. Los partidos de la oposición (tanto de derecha, el PRO y la Coalición Cívica, como de centroizquierda -Partido Nuevo y Partido Socialista- y algunos partidos de izquierda -MST y PCR-) y la Iglesia se hicieron presentes en la protesta, respaldando a la alianza ruralista. También dieron su respaldo miembros del partido gobernante, intendentes y gobernadores oficialistas. El campo fue ganando apoyo dentro de la fuerza enemiga, su alianza crecía y se consolidaba.
35El 19 de mayo se consiguió una nueva tregua. Ambas alianzas se estaban preparando para una nueva demostración de fuerza el 25 de mayo, con dos actos: el gobierno en la provincia de Salta y la burguesía agraria en Rosario, provincia de Santa Fe. La pulseada la ganaron finalmente los productores agrarios, ya que su acto cuadriplicó en convocatoria al del gobierno: convocó a 200.000 personas, frente a las 50.000 del acto oficial. A la demostración de Rosario asistieron los principales dirigentes de los partidos opositores al gobierno. Fortalecida, la burguesía rural volvió al paro el 27 de mayo.
36El gobierno contraatacó flexibilizando la resolución 125, otorgando reintegros a los pequeños productores, en un intento por fracturar a la alianza agraria. También profundizó las medidas represivas, tendientes a testear la resistencia rural. Apeló al Poder Judicial, a la Gendarmería y a los transportistas. También intentó ganar el apoyo y movilizar al conjunto de la clase obrera, anunciando planes de salud, construcción de viviendas y caminos con parte de lo recaudado por las retenciones. A pesar de estos intentos, el gobierno aparecía cada día más aislado. Por un lado, mantuvo la adhesión de las fracciones más poderosas de la industria y las finanzas. Sin embargo, este apoyo era cada vez más débil y crítico. Apeló a la clase obrera, pero no consiguió un apoyo firme salvo por los dirigentes de una fracción de la CGT y una parte de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos). Nunca en todo el conflicto logró movilizar genuinamente a alguna fracción de la clase obrera en su apoyo, prevaleciendo en los actos oficiales la presencia de la “clientela política” de sindicalistas y dirigentes peronistas. En términos estrictos perdió respaldo, ya que ambas centrales sindicales ostentaron fracciones que se mostraron hostiles al gobierno o retacearon su apoyo.
37El 2 de junio los ruralistas realizaron un acto en Amstrong, Santa Fe. Convocado y sostenido exclusivamente por la Federación Agraria, reunió a 40.000 personas. La burguesía rural llamó para esa fecha a un lock out general, obteniendo sólo el apoyo de pequeños comerciantes e industriales del interior del país. La mayor adhesión se obtuvo en Córdoba. En algunos lugares, como Santa Fe, La Pampa, Corrientes y ciertas localidades de Buenos Aires, algunas industrias y comercios cerraron sus puertas una o dos horas, o realizaron apagones en solidaridad. Las grandes cámaras industriales, vinculadas a la UIA, no pararon, y en algunos casos se manifestaron contra la medida. El intento de convocar a un lock out general no prosperó, aunque sirvió a la alianza agraria para fracturar el frente industrial, atrayendo la solidaridad de pequeños comerciantes e industriales del interior ligados a la actividad agropecuaria.
38La escalada represiva del gobierno alcanzó un pico máximo de tensión con la detención del dirigente ruralista Alfredo De Ángeli en el piquete de Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos), el 14 de junio. Como respuesta, se recrudecieron los cortes en todo el país y centenares de manifestantes se movilizaron a la puerta del juzgado interviniente para exigir su liberación. El 16 de junio se produjeron cacerolazos y protestas en todo el país, con epicentro en las principales ciudades. La provincia que ostentó mayor grado de conflictividad fue Santa Fe: en su capital, se reunieron 20.000 personas frente a la gobernación. En la ciudad de Rosario, de la misma provincia, 30.000. En la capital de Córdoba se reunieron 20.000 personas frente a la casa de gobierno. En Tucumán 30.000. En Capital Federal llegaron a reunirse 15.000. Los principales reclamos pasaron por el pedido de “diálogo”, y un rechazo a la política gubernamental escondido bajo las críticas al “autoritarismo” y la “soberbia”. También se defendió al “campo”, aunque primaron los dos primeros reclamos. La reacción frente al intento represivo obligó a la presidenta a aceptar la sugerencia de su vicepresidente, Julio Cobos: someter la resolución 125 a votación parlamentaria. Se inició así la última etapa del conflicto, que giró en torno a las disputas parlamentarias en pos de la ratificación de las retenciones.
39Durante la tercera etapa predominó la lucha parlamentaria, apoyada en la movilización, la lucha ideológica y la presión sobre los legisladores. Lo que estaba en juego era la ratificación de la resolución 125 por las cámaras legislativas. Una votación en contra en cualquiera de las dos cámaras implicaba un rechazo a la medida, que debería ser modificada. La batalla se adivinaba reñida, ya que a pesar de que el oficialismo contaba con mayoría en ambas cámaras, había perdido muchos legisladores propios o aliados a lo largo del conflicto. Por esa razón, ambas alianzas desplegaron sus fuerzas frente a los diputados y senadores, buscando conseguir los votos necesarios a sus fines. Desde el momento en que la presidenta envió el proyecto a la Cámara de Diputados, se instalaron en la Plaza Congreso, frente a las cámaras legislativas, decenas de carpas que respondían a los contendientes. Por un lado, varias decenas de carpas de diferentes agrupaciones oficialistas, en las que se organizaron actividades de propaganda y charlas con intelectuales defendiendo las medidas. En la misma plaza la alianza agraria instaló su única carpa, en la que los dirigentes ruralistas se acercaban a explicar a los transeúntes la justeza de sus reclamos.
40Así se llegó a la primera votación, en la Cámara de Diputados, en la que se ratificó por una diferencia de siete votos el proyecto oficial. A pesar de la derrota, la alianza agraria logró quebrar al bloque oficialista y a sus aliados: de 154 diputados afines al kirchnerismo, 22 terminaron votando contra el proyecto de retenciones móviles. Todo un síntoma de lo que sucedería en la Cámara de Senadores. El 15 de julio, un día antes de la votación en Senadores, ambas alianzas realizaron la última demostración de fuerza. Nuevamente perdió el gobierno: el acto organizado por los oficialistas en Plaza de Mayo reunió entre 90.000 y 100.000 personas, mientras que la concentración agraria en el barrio norte de la Ciudad de Buenos Aires reunió 200.000. Así se llegó a la votación en el Senado, el 16 de julio. Allí, luego de un empate en votos, el vicepresidente de la Nación (y presidente del Senado) Julio Cobos, desempató avalando la posición de los ruralistas. Todo un síntoma del resultado de los 129 días de enfrentamientos: el conflicto logró quebrar la alianza de gobierno. Apenas dos días después se anunciaba la derogación de la resolución 125. El “campo” ganó la batalla.
41Los enfrentamientos de 2008 son la forma que asumió el conflicto, de muy larga data en la historia argentina, entre las fracciones agrarias y las fracciones industriales de la burguesía, conflicto que tiene como elemento en disputa la posesión de la renta diferencial. Las bases sociales del kirchnerismo son las fracciones más poderosas del capital financiero e industrial local (nacional y extranjero) y la fracción obrera que les corresponde. La vehiculización de la renta diferencial le permitió añadir a ese eje, mediante subsidios, a las fracciones no industriales (transportes, energía, etc.) y neutralizar a los protagonistas de la insurrección de diciembre de 2001, los desocupados y a la pequeña burguesía pauperizada (mediante el crecimiento del empleo), y a las fracciones más débiles de la burguesía y la pequeña burguesía no agraria (mediante la devaluación). Ese vasto conjunto resultó el soporte inestable del régimen que gobierna actualmente la Argentina. Mientras la economía se recuperaba y la renta aceitaba los puntos críticos de la maquinaria armada, el kirchnerismo progresó desde el arribismo político a la jefatura de una poderosa y apabullante estructura de poder. Cuando la fracción sobre la cual se realizaba la plusvalía se rebeló, el gobierno trastabilló y hasta se especuló con su renuncia. No era para menos: aceptar el reclamo del “campo” significaba liquidar esa experiencia. La rebelión progresaba, entonces, hacia la crisis del régimen de gobierno.
42Por lo tanto, ya sea por sus alianzas, por su capacidad de movilización, por el desarrollo de un programa y por el deterioro que ha sabido producir en su oponente, estamos ante un fenómeno de características orgánicas. Es decir, no estamos ante un hecho episódico ni coyuntural. La alianza estructurada durante el conflicto tenía sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Por empezar, su fuerza brotaba del control del recurso económico más importante del país. Además, se trataba de una fuerza cuya mayor dinámica se había adquirido en asambleas (244 en todo el país), con poca articulación entre ellas. Por lo tanto, ganó en fuerza y en radicalización a través de líderes locales. A esta altura, es evidente que estamos ante la formación de una alianza con fines políticos. Sin embargo, se trataba de una alianza incipiente que no contaba con cuadros de tipo “nacional”, si bien dio pasos en la definición de un programa. Sin embargo, entre las debilidades de la fuerza se encontraba su incapacidad hegemónica. Una fuerza que se estructuró en torno a un programa que presupone la amputación de la plusvalía que permite la supervivencia de fracciones enteras del capital y de las fracciones obreras que les corresponden, difícilmente pueda organizar en torno a sí a un conjunto de intereses más generales. La prueba más importante de esta incapacidad es la escasa convocatoria que tuvo fuera de sus intereses corporativos.
43La movilización agraria tuvo una fuerte extensión y profundidad. Este tipo de fenómenos expresa un alto grado de descontento de amplias capas de la población. No se trata solamente del número de personas necesario para sostener alrededor de 288 cortes de ruta durante 129 días, sino del consentimiento necesario de una parte importante de la población para sostener estas medidas. No se escucharon quejas ni hubo un especial malhumor en la opinión pública, que a lo sumo se limitó a la protesta de los inmediatamente afectados en algún corte. Así como ningún cacerolazo de la alianza agraria llegó a plantear la caída del gobierno, como sucedió el 19 de diciembre de 2001, el gobierno no consiguió multitudes sin fin que exigieran la destrucción definitiva de la alianza agraria y el fin de los cortes.
44El escenario puede semejarse a otros momentos en que la burguesía se comportó “conspirativamente”, como en 1975, 1989 o 2001. Si analizamos los diferentes movimientos, no aparece aún un lazo militar como el de 1975, ni se prepara una salida gubernamental como en 1989 y 2001. El elemento distintivo del 2008 fue que la burguesía se hallaba fuertemente dividida y un sector de peso aún apoyaba al gobierno. A diferencia de lo visto en 1975, el proceso revolucionario abierto aún no había llegado al punto en que la continuidad de la sociedad capitalista demanda el aniquilamiento de las fuerzas revolucionarias. El proceso abierto en 2001 se encontraba en un reflujo, y el régimen bonapartista de Kirchner aún contaba con aire para mantenerlo así. Por eso, a diferencia de 1975, donde el eje de los enfrentamientos era la forma de enfrentar la alianza revolucionaria, ese problema no fue planteado aquí. Otra diferencia es que ninguna de las dos alianzas de la burguesía logró hegemonizar al conjunto de la clase dominante detrás de su programa, como si sucedió entre agosto de 1975 y marzo de 1976.
45Hoy por hoy, a más de tres años de este conflicto, el gobierno ha logrado cerrar la crisis hegemónica. Diez años de elevados niveles de renta le han permitido recomponer los lazos materiales e ideológicos entre las clases dominantes y las clases dominadas. El cumplimiento de esta tarea, en medio de una crisis económica mundial que hace estragos en Medio Oriente, Europa y Estados Unidos, también le ha permitido realinear nuevamente a las distintas fracciones de la burguesía detrás de su programa. Cerrada la crisis de régimen, el conjunto de las fracciones de la clase dominante respalda al gobierno, como se evidenció en las últimas elecciones nacionales este 2011. Sin embargo, las contradicciones que estallaron en 2008 siguen en pie, aunque la situación se haya recompuesto parcialmente. El desarrollo local sigue sostenido, como desde hace más de 50 años, en las transferencias de renta agraria hacia un entramado industrial incapaz de competir por si mismo a escala internacional. Ingentes fracciones de la clase obrera, con una experiencia reciente de movilización que no ha sido borrada aún de la memoria colectiva, se sostienen directa o indirectamente de estas transferencias. Los subsidios para contener la inflación, la protección de la industria local y la enorme maquinaria de asistencia social que ha desplegado el gobierno provienen de las retenciones aplicadas a las exportaciones agrarias. Esos ingresos, en medio de las turbulencias ocasionadas por la crisis económica mundial, son profundamente inestables. El repaso por los conflictos que enfrentaron a la clase dominante a los gobiernos de María Estela Martínez de Perón en 1975 y a Cristina Fernández de Kirchner, en 2008, es entonces una muestra de lo que le puede deparar el futuro al régimen político en la Argentina.
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* Este artículo es parte de la investigación en curso para la tesis doctoral en historia del autor, presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
1 La CGE era la cámara empresaria que nucleaba centralmente a los pequeños industriales. En 1974 se fusionó con la Unión Industrial Argentina (UIA), dirigida por la burguesía industrial más concentrada pero que albergaba en su seno también a industriales pequeños y medianos.
2 SRA agrupó históricamente a la gran burguesía terrateniente. CRA surgió como escisión de la SRA tras la crisis de 1930, expresando los intereses de una fracción de ganaderos perjudicados por las políticas gubernamentales. Hacia los años ’60 y ’70 expresaba los intereses de la burguesía agraria media y grande, propietaria de tierras. Estaba conformada por una decena de corporaciones regionales, la más importante de las cuales era CARBAP. FAA surgió expresando los intereses de los pequeños arrendatarios agrícolas en los primeros años del siglo XX, aunque buena parte de sus asociados habían pasado a constituirse en pequeños propietarios en los años ’70. CONINAGRO es la expresión corporativa de las cooperativas agrarias y ganaderas (Palomino 1989; Palomino 1988; Giberti 1986).
3 Un paro comercial agrario implica la paralización de la venta de productos, tanto para el mercado interno como externo, manteniendo las actividades productivas al interior de los establecimientos agropecuarios. Dependiendo de su duración, generan desabastecimiento, aumento de precios interno, merma en el ingreso de divisas y presiones sobre la balanza comercial y el tipo de cambio. Un lock out implica la paralización de las actividades productivas en los establecimientos fabriles o agrarios.
5 La reconstrucción fáctica del conflicto está apoyada en la consulta de los periódicos de alcance nacional La Nación, Clarín y Página/12, y más de 150 periódicos provinciales y locales. Una versión más extensa de los hechos ha sido presentada en un libro de cuya elaboración participamos: Sartelli (2008).Inicio de página
Gonzalo Sanz Cerbino, « Burguesía agraria, conflictividad política y quiebres institucionales. Argentina, 1975-2008 », Polis [En línea], 31 | 2012, Publicado el 12 diciembre 2012, consultado el 29 junio 2016. URL : http://polis.revues.org/3733Inicio de página
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina. Email: camilogx@yahoo.com
Osvaldo Barsky y Mabel Dávila, La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2008, 343 p. [Texto completo]
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