Source: https://tc.vlex.es/vid/1-149-16-c-2-3-18-4-an-ba-5-as-15034618
Timestamp: 2020-02-21 16:13:46+00:00

Document:
STC 80/1984, 20 de Julio de 1984 - Jurisprudencia - VLEX 15034618
STC 80/1984, 20 de Julio de 1984
Número de Recurso: Conflicto Positivo de competencia nº 194/1983
1. La determinación general de los requisitos técnicos y condiciones mínimas para la aprobación, homologación, autorización, revisión o evaluación de instalaciones, equipo, estructuras, organización y funcionamiento de centros, servicios, actividades o establecimientos sanitarios ha de entenderse como una competencia de fijación de bases, que es, por tanto y en virtud del mandato del art. 149.1.16 de la C.E., de titularidad estatal en cuanto trata de establecer características comunes en aquéllos. 2. Sin embargo, tales requisitos y condiciones han de considerarse siempre como mínimos. Por consiguiente y por encima de ellos, la Comunidad Autónoma que posea competencia en materia sanitaria puede establecer medidas de desarrollo legislativo y añadir a los mínimos determinados con carácter general por el Estado otros requisitos y condiciones que entienda oportunos o especialmente adecuados. 3. La competencia que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene en orden al desarrollo legislativo y a la ejecución de las bases fijadas por el Estado (art. 18 del Estatuto de Autonomía) comprende la fijación de los referidos requisitos y condiciones, como medida complementaria de las disposiciones estatales. La competencia comunitaria se concreta, por ende, en la posibilidad de establecer requisitos adicionales de los mínimos señalados por el Estado, de los que en ningún caso podrá prescindirse. 4. Corresponde al Estado la regulación de la extracción y trasplante de órganos, porque así resulta de su incidencia en el ámbito de los derechos de la personalidad que, como tales, no están comprendidos en la materia de sanidad, pero en la medida en que aparecen implicadas competencias de la Administración sanitaria, y sólo en ese sentido, la regulación ha de considerarse como básica en materia de sanidad. 5. La acreditación, homologación y autorización de los centros y establecimientos sanitarios dedicados a extracción y trasplante de órganos no son competencias de carácter normativo, sino claramente de ejecución, cuya titularidad puede ejercerse por la Comunidad Autónoma del País Vasco de conformidad con lo establecido en el Decreto del Gobierno vasco 205/1982. No obstante, esta declaración de competencia tiene carácter provisional, hasta tanto el Estado delimite por Ley las bases de la sanidad interior y el ámbito de las demás competencias.
Sentencia citada en: 71 sentencias, 6 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el conflicto positivo de competencia núm. 194/1983, planteado por el Abogado del Estado contra el Decreto del Gobierno vasco 205/1982, de 2 de noviembre de dicho año, sobre servicios, centros y establecimientos sanitarios. Ha sido parte en este conflicto el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, representado por el Abogado del Ilustre Colegio del Señorío de Vizcaya, don Javier O. B., y ha sido Ponente el Magistrado don Luis D. P. y P. L., quien expresa el parecer del Tribunal.
Sobre el vicio de incompetencia del que -a su juicio- adolece el art. 2 del Decreto 205/1982, dice el Abogado del Estado que este precepto considera «servicios, centros o establecimientos sanitarios a los efectos de este Decreto» a los que enumera en sus letras a) a f) y, además, «todos los no incluidos en los apartados anteriores que por su finalidad principal o por razón de las técnicas que utilicen tengan el carácter sanitario-asistencial», exceptuando (art. 2, último párrafo del citado Decreto) sólo a laboratorios y centros o establecimientos de elaboración de drogas, estupefacientes y otros productos de importancia farmacológica, así como de material. e instrumental médico o similar. Quedan, de forma patente, sujetos al reto en conflicto aquellos centros, establecimientos y servicios, en que se efectúe la extracción y trasplante de órganos humanos o piezas anatómicas, a que se refieren la Ley 30/1979, de 27 de octubre; el Real Decreto 426/1980, de 22 de febrero, y el art. 2.7 del Real Decreto 2824/1981. Según este último precepto es de competencia estatal la acreditación, homologación y autorización de los centros y servicios a que se refieren las otras dos normas «con la colaboración de las demás Administraciones públicas sanitarias en las tramitaciones correspondientes». Por su parte, el art. 3 de la Ley 30/1979, atribuye expresamente al hoy Ministerio de Sanidad y Consumo la competencia para autorizar los centros en que pueda efectuarse la extracción de órganos. Finalmente, también se atribuyen competencias al respecto al Ministerio de Sanidad y Consumo en el Real Decreto 426/1980, de 22 de febrero, y en la resolución de 27 de junio de 1980. Todas estas competencias, que, con fundamento en el art. 149.1.16 de la Constitución, atribuye al Estado la Ley 30/1979, y sus disposiciones de desarrollo, son nítidas y palmariamente invadidas por el Decreto que nos ocupan. La Ley 30/1979 es una Ley posconstitucional, que no fue impugnada en su momento por los órganos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como tampoco lo fue el Real Decreto 426/1980. Más aún: en el procedimiento 95/1982, el Gobierno vasco se abstuvo de plantear conflicto respecto al art. 2.7 del Real Decreto 2824/1981. Este comportamiento sólo puede ser considerado de una manera: como reconocimiento de que la Ley 30/1979, el Real Decreto 426/1980 y el art. 2.7 del Real Decreto 2824/1981 se ajustan a la Constitución. Reconocimiento que ahora contradice el Decreto 205/1982. La competencia estatal del art. 3 de la Ley 30/1979 y las que determinan sus disposiciones de desarrollo, se funda en el art. 149.1.16 de la Constitución, que atribuye exclusivamente al Estado las «bases y coordinación general de la sanidad». A partir de la jurisprudencia inaugurada por la Sentencia 1/1982, de 28 de enero, ha quedado claro que una competencia como la que nos ocupa -«bases y coordinación general»- no se reduce a una «normación principal», sino que la noción material de «base» (o aspecto básico o esencial de una materia) puede justificar que la Ley, o una norma que tenga su base en una Ley, retenga para órganos estatales poderes de ejecución, que sean necesarios para satisfacer un interés general o supracomunitario, cuando en tal ejecución sea necesario efectuar valoraciones generales de los intereses nacionales de conjunto, que no consienten fragmentación entre las diversas Comunidades Autónomas. La Ley 30/1979, disciplina lo que no cabe considerar de otra manera que como «bienes y derechos de la personalidad» (órganos y piezas anatómicas humanas de personas vivas y muertas). Constituye, pues, una normación sanitaria básica, en evidente conexión con el derecho fundamental de integridad física e incluso con la competencia estatal sobre legislación civil. La Ley 30/1979 reserva, así, al Estado las competencias sobre las que se viene insistiendo por diversas razones. Primeramente, porque, debido a la novedad y correlativa necesidad de control de las técnicas de extracción e implantación, es necesario que existan unos mismos criterios de autorización para toda España por repercutir en bienes vitales del primer orden en que la igualdad entre los españoles debe ser preservada (arts. 9.2, 14 y 139.1 de la Constitución, en relación con los arts. 15 y 43.1 de la misma). Además, y en segundo lugar, la Ley 30/1979, en su art. 7.1, y el Real Decreto 426/1980 (art. 6.6, por ejemplo) prevén un sistema único de intercambio y circulación de órganos de carácter nacional (supracomunitario) en que los centros se integran (y que debe valorarse específicamente en la autorización: así, el art. 6.6 del Real Decreto 426/1980) con posibilidad incluso de colaboración internacional (disposición final cuarta, 3, del Real Decreto 426/1980). La preservación de esta «unidad sistemática» exige una homogeneidad de condiciones de los centros y servicios sanitarios que sólo puede lograrse concentrando en el Estado la competencia de autorización.
1.° Reconocer la titularidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco para establecer y exigir requisitos técnicos y condiciones mínimas de centros sanitarios, como complemento de los requisitos y condiciones consideradas como mínimas por la Administración sanitaria del Estado para todo el territorio nacional y dentro del marco de las bases fijadas por la legislación estatal.
2.° Reconocer la titularidad de dicha Comunidad Autónoma para el ejercicio de las competencias previstas en el Decreto 205/1982, respecto de los centros de extracción y trasplantes de órganos, dentro de los mismos límites señalados en el apartado anterior y con carácter provisional hasta tanto el Estado delimite por Ley la bases de la sanidad interior.
3.° Alzar la suspensión del art. 4 a) del Decreto del Gobierno vasco 205/1982, que se acordó por providencia de 30 de marzo de 1983 y se mantuvo por Auto de 5 de agosto del mismo año.
STSJ Galicia 1307/2016, 25 de Febrero de 2016

References: resolución 
 Real Decreto 
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 resolución 
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