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Diferencia entre revisiones de «Unificación Rol N° 3.201-2019» - DerechoPedia
Diferencia entre revisiones de «Unificación Rol N° 3.201-2019»
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Santiago, veinte de julio de dos mil veinte.
En estos autos RUC 1840008829-0, RIT O-122-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, don Héctor Barrios Olguín deduce demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo en contra de Claudia Ulloa EIRL en su calidad de empleadora principal, y solidariamente en contra de la Municipalidad de Doñihue en su calidad de dueña de la obra, fundado en el incumplimiento de las obligaciones que impone el artículo 184 y pertinentes del Código del Trabajo.
Mediante sentencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se acogió la demanda deducida, sólo en cuanto condenó a la demandada principal al pago de la suma de 70 millones de pesos por concepto de daño moral, pero la rechazó respecto de la Municipalidad de Doñihue, como asimismo, desestimó el capítulo por el cual demandó indemnización por lucro cesante.
En contra de este fallo, el actor recurrió de nulidad, fundado en las causales contenidas en los artículos 477 y 478 e) del Código del Trabajo, denunciando a través de la primera causal, por un lado, la infracción del artículo 3º y 183-A del estatuto laboral; y, por otro, la vulneración del artículo 1556 del Código Civil en relación con el artículo 69 b) de la Ley Nº 16744. La causal del literal e) del artículo 478 del estatuto laboral, lo vincula con el numeral 4º del artículo 459 del mismo texto.
Por sentencia de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de nulidad deducido.
En contra de esta última decisión la misma parte dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, para cuyo conocimiento se ordenó traer estos autos en relación.
Primero: Que, de conformidad a lo que previenen los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en una o más sentencias firmes emanadas de Tribunales Superiores de Justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de los distintos pronunciamientos respecto del asunto de que se trate, sostenidos en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia en contra de la cual se recurre y, por último, se debe acompañar copia fidedigna de la o las sentencias que se invocan como fundamento.
Segundo: Que mediante el recurso se proponen dos materias para su unificación, a saber: en primer lugar, acerca de la correcta aplicación e interpretación de las normas sobre trabajo en régimen de subcontratación, en especial los artículos 183-A, 183-B y 183-E del Código del Trabajo, reprochándose que haya descartado la concurrencia de régimen de subcontratación, al considerar que las labores desarrolladas son de carácter discontinuo o esporádico, excluyendo dicho tipo de vínculo.
En segundo lugar, se plantea sobre la adecuada interpretación del artículo 1556 del Código Civil en relación con el artículo 69 letra b) de la Ley Nº 16.744, en lo relativo al lucro cesante y la acreditación de la disminución de la capacidad de ganancia.
Pide, que se acoja el arbitrio impetrado, invalidando la sentencia impugnada, dictándose la pertinente de reemplazo.
Tercero: Que para unificar la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia respecto a una determinada materia de derecho relativas a la cuestión jurídica en torno al cual se desarrolló el juicio, atendida la forma como está concebido el recurso de que se trata, es necesario aparejar resoluciones firmes que adopten una línea de reflexión contradictorias, que resuelva litigios de análoga naturaleza y sobre la base de supuestos fácticos afines idóneos de compararse.
Cuarto: Que, según se lee, la decisión recurrida rechazó el recurso de nulidad deducido en contra de la de base que, si bien acogió la demanda en lo referente al daño moral y respecto del demandado principal, en lo pertinente, desestimó la existencia de régimen de subcontratación con relación a la Municipalidad demandada; y, además, denegó el capítulo indemnizatorio fundado en el lucro cesante.
Para tal conclusión, la judicatura de instancia tuvo por establecidas, en lo pertinente, las siguientes circunstancias:
- La existencia de un vínculo laboral entre el actor y la demandada principal, contratado como Jefe de Obras, para prestar sus servicios en la ciudad de Rancagua.
- En el contexto de dicho vínculo, se le encargó la conducción de un camión para el transporte de escombros desde la faena de la Municipalidad.
- En el trayecto de dicha labor, el vehículo sufrió un desperfecto mecánico que le ocasionó al afectado lesiones que le provocaron una paraplejia definitiva, siendo su causa basal, el pinchazo de un neumático, producto de la falta de mantención del referido vehículo.
- Entre la demandada principal Claudia Ulloa Constructora EIRL y la Municipalidad existía una relación contractual administrativa, por medio de la cual se le adjudicó a aquella el proyecto denominado “Remodelación Servicios Higiénicos Mis Primeros Pasos”.
- El contrato consiste en la obra de remodelación de tales servicios, consistente, específicamente en el “recambio de artefactos sanitarios y equipos de iluminación, reposición de pisos y muros en mal estado además de la implementación de mallas mosquiteras entre otros trabajos de mantención”.
- No se adjuntó resolución del órgano competente relativo al grado de incapacidad que el accidente le ocasionó al actor, ni se acompañó su certificado de nacimiento.
Sobre la base de dichos presupuestos fácticos, la judicatura del grado concluyó, por un lado, la responsabilidad de la demandada principal, sin embargo, descartó la existencia de régimen de subcontratación en relación con la Municipalidad demandada, pues consideró que el servicio contratado entre ellas, no era el transporte de escombros, lo que corresponde a una labor que debía realizar el contratista para ejecutar el servicio que si fue acordado, por lo que la labor efectuada por el actor, se trata de una de carácter ajeno al servicio acordado prestar al mandante, esto es, funciones que no tienen vinculación con el giro de dicha empresa, sino con servicios ligados con transporte de trabajadores, materiales y escombros.
Por otro lado, reafirma dicha conclusión, indicando que el contrato de trabajo del actor, fue suscrito para ejercer el cargo de “jefe de obras”, funciones que no se realizaban en un lugar específico, pero recibiendo instrucciones en el domicilio del empleador, esto es, en la ciudad de Rancagua, sin perjuicio de que debiera concurrir a las dependencias de la Municipalidad de Doñihue, por lo que expresa que, “en el peor de los casos estaríamos en presencia de servicios que se prestaban de manera esporádica y discontinua”
De este modo, concluye, en la especie no son aplicables las reglas relativas al régimen de subcontratación, desestimando la demanda en relación a la Municipalidad de Doñihue.
En relación a la demandada principal, regula el daño moral sufrido en la suma de 70 millones de peso, pero rechaza el lucro cesante, por cuanto, no se determinó el grado de incapacidad laboral por el órgano competente, ni se acreditó la edad del actor con el certificado correspondiente, lo que impide concluir de forma certera “que durante todo el tiempo que le restaba para cumplir la edad para jubilarse por vejez hubiese mantenido una fuente laboral con ingresos equivalentes a los que supuestamente percibía antes de sufrir el accidente”.
Quinto: Que la parte demandante dedujo recurso de nulidad fundado en la causal contenida en el artículo 477, que formula en dos capítulos, por un lado, en relación a las normas que regulan la subcontratación laboral, estos son, los artículos 3º y 183-A del Estatuto Laboral; y, por otro, en lo concerniente al lucro cesante, denunciando la infracción de los artículos 1556 del Código Civil y 69 b) de la Ley Nº 16.744. Finalmente, opone la causal subsidiaria del literal e) del artículo 478 del código laboral, en relación con el numeral 4º de su artículo 459, en relación a ambos acápites ya enunciados.
El fallo impugnado rechazó tales arbitrios, sosteniendo, en lo relativo a la primera materia de derecho propuesta en el recurso en análisis, que no se pudo demostrar que las labores desarrolladas por el actor, consistentes en el retiro de escombros, fuera responsabilidad exclusiva de la empresa adjudicataria, pues el actor no pudo probar que la conducción del camión el día del accidente correspondía a una actividad de aquella y que era necesario el retiro de escombros, lo que pudo ser cumplido por la propia empleadora directa o un tercero, conforme se desprende de las especificaciones técnicas, por lo que se tratan de labores esporádicas y discontinuas de la mandataria, que excluyen la responsabilidad por régimen de subcontratación de la Municipalidad de Doñihue, descartando la infracción de la normativa invocada al respecto, como también, la falta de fundamentación en este punto, que se reprochó mediante la interposición del motivo de nulidad del artículo 478 e) del Estatuto Laboral, que también fue desestimado.
En relación al capítulo indemnizatorio fundado en el lucro cesante, el fallo impugnado rechazó el libelo de nulidad, señalando que, sobre la base del concepto del instituto en cuestión, que corresponde a la de “ganancia esperada que no se obtuvo debido al incumplimiento del contrato o al hecho dañino”, fluye que el elemento esencial para su reconocimiento, es la obtención de certeza y efectividad del daño, que es justamente alrededor de lo cual gira el razonamiento de la sentenciadora de instancia, quien estimó que ello no se logró acreditar “por considerar que de toda la prueba vertida especialmente por el actor, le permitieran tener una certeza de estabilidad en el empleo en la empresa para la cual trabajaba, como también de sus montos a percibir en el futuro. Puesto que se trata de una empresa que trabaja en base a licitaciones y no a obras de carácter permanente y continúo”, de manera que no se vulneraron las normas denunciadas como infringidas.
Sexto: Que el recurso de unificación, en lo relativo a su primer planteamiento, acompañó como fallos de cotejos, dos pronunciamientos de esta Corte, recaídos en los antecedentes Nº 6869-09 y 21195-15.
El primero de ellos, corresponde a una decisión que resolvió un recurso de casación en el fondo, que refiriéndose al alcance del régimen de subcontratación, en relación a las relaciones jurídicas que se traban de modo discontinuo o esporádico, señala que por tales labores, “deben entenderse los servicios ocasionales, aislados, que obedecen a una causa específica extraordinaria, que se expresa en un contrato civil o comercial con un objeto determinado y que queda limitado en el tiempo”, de modo que las prestaciones que impliquen permanencia, habitualidad, periodicidad o alguna secuencia en el tiempo, como aquellas que excedan de la brevedad, especificidad o transitoriedad de las mismas, quedan comprendidas en el régimen de trabajo en subcontratación.
Añade, que entonces, el criterio para definir la concurrencia de régimen de subcontratación, es el de la habitualidad, en cuanto permanencia en el tiempo de las labores desarrolladas por los dependientes del contratista en beneficio de la empresa principal, en otras palabras, se trata de determinar si las funciones realizadas por los trabajadores del contratista o subcontratista se han originado en el proceso productivo –entendido en su sentido amplio- desarrollado por la empresa principal, en la medida en que se encuentre presente la continuidad en dichas funciones, ya que, “en el evento de tratarse de servicios ocasionales, aislados, que obedecen a una causa específica extraordinaria, con un objeto determinado y delimitado en el tiempo, es decir, accidentales, casuales o fortuitos, dicho estatuto no resulta aplicable”.
Por su parte, la segunda sentencia mencionada, concluyó, en el contexto de un recurso de casación en el fondo, la existencia de régimen de subcontratación respecto de la empresa demandada CGE Distribución S.A., en virtud de la adjudicación obtenida “…para la ejecución del proyecto de instalación y reposición del alumbrado eléctrico, concluyéndose su responsabilidad por la inobservancia de los deberes de seguridad que protegen a los trabajadores en la ejecución de una obra, obligación que debería ser respetada por quien precisamente encarga la obra, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 183 y 184 del Código del Trabajo”
Séptimo: Que, como se aprecia, se verifica el contraste exigido por la ley para la procedencia del recurso de unificación de jurisprudencia, desde que de la lectura de los fallos acompañados para dichos efectos por los recurrentes, se advierte que contienen un pronunciamiento en sentido diverso concerniente a la materia jurídica en análisis, esto es, respecto la concurrencia del régimen de subcontratación, pues en la decisión impugnada se descartó, al estimar que los hechos establecidos no la configuran, pues las labores de transporte de carga y escombros de una obra, son labores esporádicas o discontinuas y ajenas a las obras contratadas, por lo que queda fuera del marco de la responsabilidad que se somete a las reglas de la subcontratación, y ello, no obstante, que en la especie, se acreditó que dicha faena laboral estaba vinculada con la obra para la cual la empleadora principal fue contratada, incluida en los términos de la adjudicación.
Por su parte, en los fallos de contraste se sostiene que la discontinuidad o lo esporádica de una obra se verifica en el caso de servicios ocasionales y aislados, que obedecen a una causa específica extraordinaria, por lo que las prestaciones que impliquen habitualidad o periodicidad, excediendo del margen de brevedad, especificidad o transitoriedad, quedan comprendida en el régimen de trabajo en subcontratación. Añade que uno de los criterios para precisar la procedencia de dicho régimen, es la determinación de si las funciones en duda, se originaron o no en el proceso productivo, entendido en sentido amplio, en la medida que se verifique continuidad en las mismas y no se trate de un servicio que obedezca a una causa específica extraordinaria.
De este modo, corresponde a esta Corte decidir que postura jurisprudencial debe prevalecer, y así, decidir el destino del presente arbitrio.
Octavo: Que para tales efectos, es relevante señalar, que el artículo 183-A del código laboral, dispone que: "Es trabajo en régimen de subcontratación, aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas de este Párrafo las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica.
Como se puede colegir de su lectura, son requisitos para que se configure trabajo bajo dicho régimen: la existencia de una relación en la que participa una empresa principal que contrata a otra –contratista– que obra como empleador del trabajador subcontratado; que entre la empresa principal y la contratista exista un acuerdo, de carácter civil o mercantil, conforme al cual ésta desarrolla para aquélla la obra o servicio que motivó el contrato; que las labores sean ejecutadas en dependencias de la empresa principal, requisito respecto del cual la Dirección del Trabajo, a través del Dictamen N° 141/5 de 10 de enero de 2007, sostuvo que también concurre cuando los servicios subcontratados se desarrollan fuera de las instalaciones o espacios físicos del dueño de la obra, con las particularidades que indica; que la obra o el servicio sea estable y continuo, lo que denota habitualidad y no interrupción en la ejecución o prestación; que las labores sean desarrolladas por cuenta y riesgo del contratista o subcontratista; y que el trabajador sea subordinado y dependiente de su empleador, contratista o subcontratista.
Por otro lado, debe tenerse presente, que la definición legal del régimen en análisis, tiene como punto de partida la prestación de servicios del trabajador, en la medida que se enmarquen en labores que impliquen no sólo permanencia, sino también periodicidad y alguna secuencia en el tiempo, y, fundamentalmente, vinculación con el proceso productivo en el cual se ha originado el encargo por parte del dueño de la obra.
Noveno: Que, a juicio de esta Corte, aquella es la postura jurisprudencial que debe prevalecer sobre el asunto en examen, que contraría la consignada en el fallo impugnado, por lo que procede acoger el arbitrio de unificación de jurisprudencia, permitiendo, al mismo tiempo, constatar que se configura la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, mediante la cual se denuncia la infracción del artículo 183-A del mismo compendio.
Pues bien, de los hechos establecidos por los jueces de la instancia, queda de manifiesto que la actividad realizada por el actor al día del accidente, esto es, conducir el camión en el cual se transportaban escombros desde la obra de la Municipalidad de Doñihue, que le fue adjudicada a la demandada empleadora principal, denominada “Remodelación Servicios Higiénicos Mis Primeros Pasos”, no corresponde a una de naturaleza discontinua u esporádica, siendo irrelevante, como lo afirma el fallo impugnado, si el retiro de escombros se trataba o no a una actividad que fuera asignada de modo exclusivo a la empresa adjudicataria, pues basta con probar que, en los hechos, realizaba tal labor, con trabajadores vinculados a su empresa, como sucede en autos.
En efecto, el régimen de subcontratación, como se indicó precedentemente, debe ser analizado desde la perspectiva de su vinculación con el proceso productivo emprendido por la dueña de la obra. En la especie, se trata de un encargo para realizar una serie de mejoras materiales en una instalación de la Municipalidad, donde el retiro de escombros es una faena laboral que se inserta en la ejecución del encargo, tanto es así, que como el propio fallo recurrido reconoce, se establece la obligación de su retiro en las especificaciones técnicas, indicando que “los excedentes de excavaciones que no sean aptos o no se requieran para rellenos, así como otros escombros originados por las faenas de construcción deberán ser retirados de inmediato del recinto de la obra a botadero oficial, debiendo archivarse los documentos que acrediten dicha faena”, añadiendo que la periodicidad o frecuencia de dicha labor, debe ser ejecutada semanalmente.
A juicio de esta Corte, tales datos confirman la existencia de régimen de subcontratación respecto del actor, por cuanto concurre la ejecución de una labor que se enmarca dentro del proceso productivo encargado, realizado por un trabajador de la empresa contratista, con caracteres de periodicidad que excluyen la discontinuidad o lo esporádico que exime de dicho estatuto.
Décimo: Que, en lo relativo a la segunda materia levantada por el recurso, se acompañaron como decisiones de contraste, dos sentencias dictadas por esta Corte, en los autos Nº 2547-14 y 82482-16, de 24 de noviembre de 2014 y 5 de marzo de 2018, respectivamente.
En la primera, se acogió un recurso de unificación de jurisprudencia deducido en el contexto de una demanda por accidente del trabajo rechazada en la instancia, y en la que se desestimó el recurso de nulidad que fue impetrada. En la decisión de reemplazo, se dio la demanda por lucro cesante, señalándose que tanto el porcentaje de incapacidad, como la edad del trabajador afectado, se tuvo por establecido con el mérito de un informe de la Asociación Chilena de Seguridad y de un informe pericial.
En la segunda, que también recae en un recurso de unificación de jurisprudencia, se plantea como definición, que el lucro cesante es la “pérdida de ingresos provocada por el daño corporal y su determinación supone asumir lo que habría ocurrido en el futuro de no haber acaecido el accidente, lo que exige efectuar un juicio de probabilidades”, lo que implica asumir lo que habría de ocurrir en el futuro de no haber sucedido el accidente, mediante una mirada objetiva hacia el curso ordinario de los acontecimientos. En dicho proceso, se estimó que de la remuneración que percibía el actor al momento del accidente, su edad y la incapacidad laboral proyectada por el perito, se puede ponderar la merma mensual sufrida en sus ingresos, la que es posible multiplicar por el periodo de años que razonablemente habría desarrollado su actividad, pues para la procedencia de dicho capítulo, no se requiere de una certeza absoluta, sino de una probable que permita arribar a una posibilidad concreta.
Undécimo: Que, como se indicó, el fallo impugnado consideró que, para que el lucro cesante pueda ser acogido, es menester una “prueba certera que acredite efectividad”, infiriendo que en la especie ello no se logró, principalmente, por que no se acompañó certificado de nacimiento del trabajador, el que considera como “único instrumento público válido para acreditar tanto la existencia humana y su desarrollo”, ni se acompañaron documentos que comprobaran el grado de incapacidad, por parte de la autoridad competente, que es la Asociación Chilena de Seguridad.
Como se advierte, se verifica el supuesto procesal que permite la procedencia del recurso, al constatarse la existencia de distintas interpretaciones sostenidas en diversos fallos emanados de los Tribunales Superiores de Justicia, corresponde entonces a esta Corte señalar el criterio interpretativo que debe primar, como perspectiva doctrinal unificada en cuanto a la materia de derecho en examen.
Duodécimo: Que, para dichos efectos, se debe recordar que, como esta Corte viene afirmando de un tiempo importante a esta parte, el lucro cesante corresponde a un instituto que por su particular contenido, en cuanto se trata de un daño que se proyecta hacia el futuro, no puede exigir el nivel de certeza que se pretende en el fallo impugnado; en efecto, la noción de lucro cesante surge a propósito de la clasificación del daño que hace el artículo 1556 del Código Civil, atendiendo a la forma en que el incumplimiento contractual afecta el patrimonio del acreedor, a cuyo efecto distingue entre el daño emergente y el lucro cesante. Mientras el primero consiste en una disminución patrimonial, el segundo alude al hecho de haberse impedido un efecto patrimonial favorable. Hay lucro cesante, en consecuencia, cuando se deja de percibir un ingreso o una ganancia. En la especie, el daño alegado se fundamenta en el incumplimiento del deber de cuidado que establece el artículo 184 del Código del Trabajo, que permitió el accidente del trabajo que afectó al actor, que habría significado la pérdida de capacidad laboral, por lo que procede que se le indemnice con la suma correspondiente a dicha pérdida patrimonial, en el evento que existan elementos objetivos que permitan realizar al proyección futura referida.
De esta manera, la tesis que debe primar, es aquella expuesta en los fallos de contraste, por lo que corresponde acoger el presente arbitrio, desde que la sostenida por la decisión recurrida, se opone y contradice con aquella, configurando, consecuencialmente, la infracción de los preceptos contenidos en los artículos 1556 del Código Civil y 69 literal b) de la Ley Nº 16.744, en los términos exigidos por el artículo 477 del Código del Trabajo, de manera que el recurso de nulidad planteado por dicha vulneración debió ser acogido, y anulada la sentencia de base.
Conforme a lo razonado, y habiéndose determinado la interpretación acertada respecto de las materias de derecho referida, objeto del juicio, se dará lugar al recurso de unificación de jurisprudencia, en ambos extremos, de la manera en que se dirá.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se acoge el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que rechazó el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia de base de veintitrés de agosto de ese año, por el motivo de infracción de ley previsto en el artículo 477 del Código del Trabajo, en relación, por un lado, con los artículos 3º y 183-A del Código del Trabajo; y, por otro, con los artículos 1556 del Código Civil y 69 b) de la Ley Nº 16.744, y, en consecuencia, se acoge la referida causal, en ambos extremos, y se declara que la sentencia de base es nula en aquella parte que dice relación con las materias del arbitrio, esto es, respecto la existencia de régimen de subcontratación; y, la procedencia de responsabilidad por lucro cesante, debiendo dictarse acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, la respectiva sentencia de reemplazo.
Redacción de la abogada integrante Leonor Etcheberry.
N°3.201-19.
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., señor Mauricio Silva C., señora María Angélica Cecilia Repetto G., y la abogada integrante señora Leonor Etcheberry C. Santiago, veinte de julio de dos mil veinte.
En Santiago, a veinte de julio de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.
Se reproduce la sentencia de base, previa eliminación de los párrafos segundo, tercero y cuarto del considerando décimo, como asimismo su motivo undécimo y duodécimo. Se suprime, también, del razonamiento trigésimo quinto, el párrafo que comienza con la expresión “Que, como se ha dicho”, y que finaliza con el punto aparte. Asimismo, se elimina el fundamento trigésimo sexto.
Primero: Que son hechos establecidos, en lo que interesa, que la empleadora directa se adjudicó un contrato, por el cual debía ejecutar la remodelación de servicios higiénicos de un establecimiento educacional de la Municipalidad demandada, específicamente el “recambio de artefactos sanitarios y equipos de iluminación, reposición de pisos y muros en mal estado además de la implementación de mallas mosquiteras entre otros trabajos de mantención”, acreditándose, además, que “los excedentes de excavaciones que no sean aptos o no se requieran para rellenos, así como otros escombros originados por las faenas de construcción deberán ser retirados de inmediato del recinto de la obra a botadero oficial, debiendo archivarse los documentos que acrediten dicha faena”, y que “la frecuencia de la extracción de escombros será semanalmente”.
Asimismo, se probó que el actor, trabajador de la empresa Claudia Ulloa EIRL, el día del accidente, ejecutó la labor de conducir un camión que justamente transportaba material de escombro de la obra o faena materia de autos, sin contar con licencia hábil para tales efectos, ni documentos propios de circulación, el cual sufrió un pinchazo en uno de sus neumáticos, que provocó su volcamiento.
Por otro lado, se encuentra probado que el actor, a consecuencia de lo anterior, resultó con lesiones graves de carácter traumática que le generó como secuelas subsecuentes “paraplejia completa flácida, vejiga neurogénica, intestino neurogénico, dolor crónico mixto, trastorno sensitivo, atrofia muscular tren inferior, trastorno de control postura axial, limitación de rangos articulares de hombro derecho, cicatriz dorsolumbar, escara sacara, disfunción sexual”
Segundo: Que, por su parte, analizado el mérito del informe pericial médico, evacuado por la facultativa Dra. Delia Ruiz Rodríguez, es posible tener por probado, que el actor, a la fecha de su presentación (esto es, mayo de 2018), tenía 46 años de edad, y que se desempeñaba como Jefe de Obra Construcción, y que, a consecuencia del accidente establecido, sufrió una lesión medular consistente en Traumatismo Raquimedular con fractura torácica inestable T12 y lesión medular nivel neurológico T11 la cual ocasiona como secuela una paraplejia completa, esto es, la pérdida de la función motora y sensitiva de las extremidades inferiores y órganos pelvianos, estado secuelar que implica un impedimento o grado de invalidez, equivalente al 70,6% de incapacidad laboral.
A dicho informe, a juicio de esta Corte, se le debe dar valor probatorio pleno en lo expuesto, y por lo tanto, tener por acreditadas las conclusiones referidas, desde que, utilizado el parámetro de apreciación de la prueba de acuerdo con los criterios de la sana crítica, aparece que lo expresado en el informe referido, se conforma no sólo con las reglas de la lógica, por cuanto sus conclusiones son coherentes con el resto de la prueba rendida y hechos reconocidos, sino que, son la expresión de la aplicación de la ciencia médica, fruto de la reflexión de una profesional de dicho ámbito, que opera con el afianzamiento de una lex artis determinada, y que no ha sido controvertida con una opinión profesional que en el mismo ámbito, permita desestimar sus apreciaciones.
Por lo demás, en cuanto a la edad del actor, obran para efectos de su establecimiento, las fichas médicas adjuntas al proceso, y los comprobantes de datos de la atención de urgencia prestada por el Hospital de Rancagua, en el cual se hace constar que su fecha de nacimiento es el 10 de febrero de 1972, lo que significa que, a la fecha del accidente, acaecido el 9 de enero de 2017, contaba con casi 45 años de edad.
Por otro lado, se debe consignar, que no se alegó formalmente en la contestación de la demanda, ni tampoco se acompañó antecedente alguno, que de cuenta que la demandada hizo valer de su derecho de retención e información.
Tercero: Que, en lo relativo a la existencia de un régimen de subcontratación, se debe señalar, que conforme lo expresado en el fallo de unificación, este se configura en la medida que, como señala la doctrina y jurisprudencia administrativa y judicial, se acredite la existencia de:
1)	Un empleador o empresa mandataria;
2)	Un trabajador de la misma, respecto el cual se acredite la existencia de un vínculo laboral;
3)	Un encargo ejecutado por la empresa mandataria o empleador, quien presta sus servicios para la empresa mandante, bajo su cuenta y riesgo; y,
4)	Los Servicios prestados o ejecución de la obra, revistan el carácter de permanentes, esto es, que no correspondan a servicios esporádicos o transitorios.
En la especie, el punto en controversia es el último.
Al respecto, esta Corte, sobre la base de los hechos acreditados, considera que la labor efectuada por el actor, no correspondía a servicios esporádicos y transitorios, sino a una función permanente e inserta en el proceso productivo de la empleador. En efecto, en una faena de construcción, no es posible considerar que el despeje de los materiales de escombros pueda significar algo ajeno al giro de una empresa que se dedica a tal menester, o que pueda constituir una actividad ocasional o condicional, sino que a un servicio que hace parte de la prestación de la obra, tanto es así, que las propias especificaciones técnicas la contemplan como parte del contrato adjudicado a la empleadora principal, y establece un mínimo de periodicidad, correspondiente a su realización, por lo menos, una vez a la semana, y que, para su ejecución, la demandada encargó su gestión a un empleado de su empresa, configurándose, por lo tanto, todos los elementos del régimen de subcontratación.
Cuarto: Que, por otro lado, establecido que la empleadora directa infringió el deber de seguridad que emana del artículo 184 del Código del Trabajo, al no adoptar las medidas necesarias tendientes a evitar que en el lugar de trabajo, o con ocasión de él, se produzca un accidente que afecte la vida, la integridad física o psíquica, o la salud del trabajador, al encargarle la conducción de un vehículo con la totalidad de su documentación vencida y sin contar con licencia de conducir habilitada para tal efecto, careciendo de una supervisión y evaluación exhaustiva del trabajo a realizar y de quienes lo realizan, como también, de un procedimiento de trabajo seguro para efectuar la labor encomendada, sin evaluar las diferentes condiciones de riesgos que puedan presentarse, ni contar con capacitación permanente y sistemática en prevención de riesgos, además de falta de planificación para la labor encomendada, y falta de supervigilancia.
Quinto: Que, esas mismas falencias, son susceptibles de ser predicadas respecto de la Municipalidad de Doñihue, pues, afectándole, en su calidad de dueña de la obra, las mismas obligaciones antes referidas, por disposición expresa del artículo 183-E del Estatuto Laboral, no rindió prueba destinada a acreditar, de manera suficiente, haber adoptado con diligencia las medidas adecuadas para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena. En efecto, se demuestra principalmente la falta de supervigilancia, control y fiscalización en los vicios incurridos por el empleador, al encargar al actor la conducción del vehículo referido, en las condiciones antes reseñada, razón por la cual, corresponde concluir, que la Municipalidad de Doñihue es también responsable del accidente en cuestión.
Sexto: Que, en lo concerniente al lucro cesante, en cuanto corresponde al daño que experimentará el actor en su patrimonio al dejar de percibir, a partir de su incapacidad laboral, los ingresos que éste producía con su trabajo y con los que proveía las necesidades del núcleo familiar, se debe señalar que, si bien su determinación presenta el obstáculo de tratarse de una cuestión que se puede entender sujeto a incertidumbre tanto sobre la evolución y estabilidad de las ganancias futuras de la víctima, como esta Corte ya ha manifestado, si el lucro cesante se basa en un hecho real y cierto, esto es, que el actor poseía un trabajo y, es un hecho indiscutible que a partir de su incapacidad, se producirá una pérdida de esa estimación futura, que constituye un daño cierto, que debe ser cuantificado considerando el curso normal de los acontecimientos, esto es, la razonable probabilidad de que su desempeño laboral se hubiera mantenido en términos similares al que tenía a la época del accidente, por un periodo prolongado en el tiempo, esto es, hasta la edad de su jubilación, que corresponde a 65 años.
Así las cosas, si la procedencia del lucro cesante aparece fundada en hechos ciertos, no debe ser impedimento para declararlo el que su avaluación tenga que hacerse, necesariamente, sobre la base de un cálculo de probabilidades, es decir, según la ocurrencia normal de los acontecimientos.
De esta manera, con el mérito de lo reflexionado en la sentencia de casación, se tiene acreditado que el demandante mantenía una relación laboral con la empresa demandada, y que se desempeñaba como Jefe de Obras, y que al momento del accidente, era un hombre de 45 años de edad, y que actualmente tendría una afectación del 70,6% de su capacidad laboral.
Séptimo: Que encontrándose acreditado lo anterior, resulta procedente dar lugar a una indemnización por lucro cesante.
Ahora bien, para estimar la medida del daño que debe ser indemnizado, este tribunal se basa en los ingresos que habría podido generar con el producto de su trabajo, desde la fecha del hecho dañoso hasta el término de su vida laboral, a los 65 años –lo que significa un lapso de 20 años–. Por otro lado, se encuentra acreditado que percibía como remuneración, la suma de $1.450.000, de la cual, su 70,6% equivale a $1.023.700, que multiplicado por los 20 años referidos, arroja una suma de $245.688.000, por la cual se acogerá la demanda
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 41, 42, 168, 173, 183-A, 183-B y 183-E 420, 446 y siguientes del Código del Trabajo, se declara:
Que se acoge, la demanda deducida por don Juan Pablo Abello Gómez, declarándose, además de lo establecido en el fallo de base, la existencia de un régimen de subcontratación entre las demandadas Municipalidad de Doñihue y Claudia Ulloa Guerra E.I.R.L, por lo que se les condena a pagar de manera concurrente o in solidum al pago de la suma de $70.000.000 por concepto de daño moral, y a la suma de $245.688.000 por concepto de Lucro Cesante.
Dicha suma deberá ser reajustada conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor desde que esta sentencia quede ejecutoriada a la fecha del pago efectivo, aplicándosele, además, los intereses corrientes para operaciones de crédito no reajustables, desde que las demandadas incurran en mora, sin costas.
Rol N°3.201-19
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References: artículo 184
 artículo 3
 artículo 1556
 artículo 69
 artículo 478
 artículo 459
 artículo 1556
 artículo 69
 resolución 
 artículo 477
 artículo 478
 artículo 459
 artículo 478
 artículo 183
 artículo 477
 artículo 183
 artículo 1556
 artículo 184
 artículo 477
 artículo 477
 resolución 
 artículo 184
 artículo 183