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Timestamp: 2018-09-25 19:54:49+00:00

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﻿ SENTENCIA SC17006-2014 DE DICIEMBRE 12 DE 2014
SENTENCIA SC17006-2014 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:PERJUICIO "IURE HEREDITARIO" Y EL "PROPRIO". SI SE RECLAMA UN PERJUICIO IURE HEREDITARIO, ES DECIR, RADICADO EN LA MASA DE BIENES DE LA SUCESIÓN, EL LUCRO CESANTE COMPRENDE EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE Y SU EXPECTATIVA DE VIDA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA SUPERVIVENCIA Y LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS HEREDEROS. SI SE TRATA DE UN PERJUICIO IURE PROPRIO, EN EL CASO DEL DECESO ESO DE UNO DE LOS ESPOSOS, LA INDEMNIZACIÓN DEBE INCLUIR DICHO LUCRO, PASADO Y FUTURO, CUANDO LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LA VIDA HUMANA SE VEN FRUSTRADOS POR LA PÉRDIDA DE ESTA, LA ACCIÓN SE CONCRETARÍA EN LA AYUDA QUE EL CÓNYUGE SOBREVIVIENTE HABRÍA RECIBIDO DURANTE LA VIDA PROBABLE DEL FALLECIDO, SIEMPRE QUE ESTE SEA MAYOR QUE AQUÉL, EN EL ENTENDIDO QUE SU FALLECIMIENTO OCURRIRÍA PRIMEROO, EN CASO CONTRARIO, DURANTE LA EXPECTATIVA DE VIDA DEL DEMANDANTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:PERJUICIOS, HEREDERO, CAUSANTE, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, CLASES DE PERJUICIOS, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
Sentencia SC17006-2014 de noviembre 10 de 2014
SC17006-2014
Rad.: 11001-0203-000-2010-02197-00
Se decide el recurso de revisión que interpuso la sociedad Palmirana de Aseo S.A. ESP, respecto de la sentencia de 24 de noviembre de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario promovido por Guillermo González Arce, fallecido, y Adriana González Perdomo contra la sociedad recurrente, el Municipio de Palmira y Augusto Duque Salazar.
1. La decisión cuestionada.
1.1. En el proveído citado, confirmatorio del fallo de 23 de agosto de 2007, emitido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira, la sociedad ahora recurrente y los demás codemandados en el aludido trámite, finalmente, resultaron declarados civil y solidariamente responsables de la muerte, en accidente de tránsito, de la señora María del Carmen Perdomo Cabrera, acaecida el 7 de mayo de 1997.
1.2. Consecuentemente, fueron condenados a pagar a los actores, Guillermo González Arce y a Adriana González Perdomo, a la sazón, cónyuge e hija de la causante, los perjuicios irrogados. A favor del primero, lucro cesante consolidado (138 meses), $52’467.040; lucro cesante futuro (84.36 meses), $18’481.275; y daño emergente, $1’390.334.
Los dos primeros rubros equivalentes a una tercera parte de lo devengado, a su muerte, por María del Carmen Perdomo Cabrera, deducido su sostenimiento, y que habría podido recibir de ésta el consorte beneficiario, considerando su expectativa de vida (18.53 años o 222.36 meses).
2.1. Se apoya en el artículo 380-6 del Estatuto Adjetivo, al “[h]aber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente”.
Según la impugnante, Palmirana de Aseo S.A. ESP, la demandante Adriana González Perdomo y su abogada, doctora Luz Eddy Escobar Orejuela, indujeron en error a las autoridades judiciales, al ocultar que Guillermo González Arce, había fallecido el 13 de marzo de 2004.
Por esto, señala, no había lugar a liquidar el lucro cesante, en los términos realizados, pues fundado en la esperanza de vida del cónyuge sobreviviente, dicha “(...) expectativa había desaparecido (...)” para el fallo de segunda instancia, inclusive antes de pronunciarse el de primera.
2.2. La convocada al trámite del recurso, Adriana González Perdomo, se opuso a su prosperidad, ante la inexistencia de la colusión o fraude, en esencia, por cuanto los perjuicios derivados del trágico deceso de María del Carmen Perdomo Cabrera, se causaron sin consideración a la muerte posterior de los beneficiarios.
El Municipio de Palmira y Augusto Duque Salazar, guardaron silencio. De su parte, el curador ad litem de Olga Lucía González Perdomo, llamada como heredera determinada de Guillermo González Arce, y de los sucesores indeterminados, dijo no constarle ningún hecho.
2.3. Las etapas subsiguientes, probatoria y de alegaciones, fueron cabalmente surtidas.
3.1. Las sentencias judiciales, pronunciadas en procesos contenciosos, una vez ejecutoriadas, adquieren, por regla general, el sello de cosa juzgada, por lo tanto, en pro de los principios de certeza, seguridad jurídica y paz sociales, son inmodificables, inimpugnables y coercibles.
El recurso extraordinario de revisión, empero, se ha instituido para derruir los efectos dichos, cuando los fallos en firme resultan contrarios a la justicia y al derecho. Dada su naturaleza exceptiva, el citado medio de impugnación procede en los casos taxativamente previstos por el legislador y en las precisas hipótesis normativas.
En concreto, respecto de las causales señaladas en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, las cuales, en últimas, apuntan al imperio de la justicia (nums. 1 a 6), al restablecimiento del derecho de defensa (nums. 7 y 8) y a la salvaguarda del principio mismo de la cosa juzgada (num. 9).
3.2. Los motivos dichos, en línea general, se estructuran sobre hechos y pruebas que trascienden el pleito, en contraste con circunstancias y elementos de convicción inmanentes o presentes al interior del juicio, propios de otros medios de impugnación, inclusive del también extraordinario de casación.
En el recurso de revisión, tiene explicado esta corporación, los “(...) temas alegados, discutidos y decididos en el proceso en el cual se dictó la sentencia recurrida, constituyen materia inapropiada para fundarlo, porque de no ser así, se legitimaría, sin más, la reapertura de debates concluidos, con desmedro del principio de seguridad que al fin es el que justifica la vigencia de la cosa juzgada (...)”1.
La controversia, como se observa, no puede ser reeditada, sino debe versar sobre hechos nuevos, sucedidos y hallados generalmente fuera del proceso, al margen de si son anteriores, concomitantes o posteriores al mismo. Lo importante, atendiendo la causal escogida, es que al momento de proferirse la providencia impugnada la circunstancia inexistente o ignorada por el juez haya redundado en la adopción de una decisión inicua.
3.2. La causal de revisión propuesta en el sub lite, se estructura en dos hipótesis distintas. La primera, en el evento de “(...) colusión (...)”, esto es, de un pacto o acuerdo de las partes con el propósito avieso de causar perjuicio a un tercero; y la segunda, en el caso de una “(...) maniobra fraudulenta (...)” de uno de los contendientes en detrimento de los demás, específicamente del recurrente.
Se tipifica, en general, según lo ha sostenido la Corte, “cuando las partes, o una de ellas, despliega una actividad deliberada, consciente e ilícita, encaminada a falsear la verdad, con miras a inducir en error al juzgador, malogrando los derechos que la ley concede a terceros o a los otros sujetos procesales (...)”2.
En concreto, la maniobra fraudulenta, al decir de la Sala, “(...) puede corresponder a la estrategia procesal de una de las partes encaminada a disfrazar la realidad procesal en pos de engañar al juzgador y hacerlo incurrir en error para obtener por esa senda una sentencia que, al no amoldarse a la realidad fáctica, es decir, a la verdad, indudablemente vendrá a ser injusta (...)”3.
En todo caso, al margen de si la víctima de la conducta maquinada o deformada de la realidad, es un tercero o una de las partes, se requiere, además de la existencia del perjuicio, que haya tenido entidad suficiente como para engañar al juez y determinado la decisión. Tratándose de la ocultación de hechos, que en la hipótesis de haber sido conocidos, el pronunciamiento habría sido distinto.
3.3. En el asunto materia de examen resulta incontrastable que el óbito del demandante Guillermo González Arce, ocurrido el 13 de marzo de 2004, no fue informado al proceso por su hija, la otra pretensora, antes del 23 de agosto de 2007 y del 24 de noviembre de 2008, fechas de los fallos de instancia. De haberse noticiado dicha circunstancia, la pregunta que surge es ¿cómo se habría proyectado en el campo procesal, en la adopción de la decisión definitiva y en sus consecuencias?
3.3.1. Con relación a lo primero, ninguna incidencia tendría, por cuanto al estar representado el citado, al momento de su muerte, por apoderado judicial, el hecho no es causal de interrupción del proceso (CPC, art. 168-1); tampoco de terminación del poder, según los términos del artículo 69, inciso 5, ibídem. La razón de ser estiba en que así se preserva y garantiza la continuidad de la defensa técnica, sin perjuicio, claro está, de la posibilidad que tienen los sucesores del fallecido de constituir un nuevo mandatario.
Simplemente, acaecido el deceso de un litigante, al tenor del artículo 60, ejusdem, se presenta la figura de la sucesión procesal, sin traumatismo alguno, pues el trámite continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos, o el correspondiente curador.
3.3.2. En el campo de la responsabilidad demandada, la declaración de tal seguiría siendo la misma, inclusive en el caso de haberse conocido la defunción en cuestión antes de proferirse los mentados fallos.
Por esto, seguramente, al introducirse el recurso extraordinario de revisión, se manifestó, lo cual se recabó en los alegatos de conclusión, que “(...) no [se] pretende poner en tela de juicio la responsabilidad civil que fuera derivada en el proceso ordinario adelantado en contra de Palmirana de Aseo S.A. ESP, así como del municipio de Palmira y del señor Augusto Duque Salazar (...)”.
3.3.3. Resta establecer, entonces, si la ocultación del hecho en cuestión, incidió en la extensión temporal de las condenas espetadas a favor de Guillermo González Arce.
3.3.3.1. Según la recurrente, el lucro cesante sólo era dable liquidarlo entre el 7 de mayo de 1997, fecha de la muerte trágica de María del Carmen Perdomo Cabrera, y el 13 de marzo de 2004, cuando falleció el antes citado.
En su sentir, al calcularse, en segunda instancia, el anotado rubro en consideración a la vida probable del señor González Arce, por ser menor a la de su extinta esposa, “(...) es claro que para ese momento dicha expectativa había desaparecido y se estaba ante un hecho fehaciente y concreto cual era la muerte del demandante”.
3.3.3.2. Conforme quedó planteado en el pleito donde se profirió la sentencia ahora impugnada, el perjuicio por el lucro cesante se hizo derivar del salario devengado para la época del accidente por la víctima, deducidos sus gastos, fijados al efecto, promediados, en el 25%.
Lo anterior, al decir del juzgador de segundo grado, “(...) por cuanto se acreditó que la occisa devengaba (...) en el año 1997 (...) 2.32 salarios mínimos”. De ahí, al encontrar conformado el hogar, además de aquella, por el cónyuge y dos hijas comunes, y al establecer que el ingreso de la fallecida se destinaba al sostenimiento del núcleo familiar, señaló que la “(...) renta actualizada deberá repartirse de manera equitativa entre esas tres personas (...)”.
En ese orden, dijo, “(...) 1/3 parte de la renta calculada (...) se destinará para la liquidación de los perjuicios de Guillermo González Arce (...)”.
3.3.3.3. Como se observa, los perjuicios demandados no son los pertenecientes a la víctima, transmisibles, por lo tanto, a sus herederos, entre otras cosas, porque murió en el instante mismo del suceso, sino los propios del demandante que falleció en el transcurso del proceso.
Como tiene sentado esta Corporación, el “(...) accidente que causa la muerte de una persona y que da lugar a la indemnización de perjuicios, no puede considerarse como un bien patrimonial del muerto, por cuanto la muerte no tiene eficacia para acrecentar el patrimonio del fallecido (...)”4.
En el mismo sentido, “(...) si la muerte fue instantánea o inmediata, el crédito no surgiría para el occiso, y no [se] podría pronunciar condena en favor de la sucesión del mismo, y los herederos podrían entonces reclamar resarcimiento, pero sólo por derecho propio (...)”5.
Así, reiteró luego, “(...) fallecida una persona no hay lugar a reclamar, a título de lucro cesante [e] iure hereditatis, las ganancias o utilidades que, de haber continuado su existencia, el causante hubiera percibido hasta la terminación de su vida probable, pues el hecho de la muerte hace que cese la actividad productiva y que, por ende, exista certeza de que los mencionados ingresos no se producirán”6.
Lo dicho, entonces, explica la razón por la cual el Tribunal limitó la indemnización de Guillermo González Arce, particularmente el lucro cesante, a un porcentaje de los ingresos laborales de la causante, a la sazón su cónyuge, y dentro de un determinado tiempo, esto es, el correspondiente al de su vida probable.
La precisión es importante, por cuanto tratándose de un perjuicio iure hereditario, vale decir, radicado en la masa de bienes de la sucesión, el lucro cesante se comprendería entre el óbito de María del Carmen Perdomo Cabrera y su expectativa de vida, sin consideración a la supervivencia ni a la capacidad económica de quienes la heredarían.
3.3.3.4. Además de constituir una obligación recíproca (C.C., art. 113), los esposos normalmente se ayudan hasta su muerte. Por esto, en la reclamación de un perjuicio iure proprio, frente al deceso trágico de uno de ellos, la indemnización debe comprender el lucro cesante, pasado y futuro, cuando los ingresos provenientes de la vida humana, la cual, por supuesto, carece de contenido económico, se ven frustrados por la pérdida de ésta.
El daño a resarcir, desde luego, es el realmente causado en la esfera del sujeto damnificado. Tratándose de un interés propio, por ejemplo, proveniente de la privación de ingresos, el equivalente al recurso suprimido. Si el perjuicio no corresponde a la realidad, todo traduciría en un enriquecimiento del beneficiario y no en una reparación.
En el caso del cónyuge sobreviviente, la acción iure proprio se concretaría en la ayuda que habría recibido durante la vida probable del consorte fallecido, siempre que éste sea mayor que aquél, en el entendido que su fallecimiento ocurriría primero; o en caso contrario, durante la expectativa de vida del demandante. La distinción, se recuerda, es insustancial en la hipótesis del perjuicio iure hereditario, por cuanto ahí contaría únicamente toda la supervivencia probable de la víctima.
Por esto, con ese propósito, la Sala tiene decantada la necesidad de establecer, entre otros requisitos, como el salario de la víctima y lo que destinaba a su propia subsistencia, la “(...) vida probable de los demandantes y el periodo durante el cual estarían destinados a seguir recibiendo la truncada asistencia económica”7.
Ahora, como el lucro cesante futuro se relaciona con un interés que no ha entrado en el patrimonio de una persona, a raíz del perjuicio ocasionado, significa, cuando la circunstancia que condiciona ese ingreso, consistente en la supervivencia del beneficiario, se precipita por la muerte de éste, es claro, en ese momento el daño personal cejaría. Según la doctrina:
“(...) puede suceder que en el momento en que se juzga el daño la atribución del bien se habría ya verificado de no haber concurrido el hecho dañoso, por lo que, he aquí, y ahora, que la situación del perjuicio se exterioriza sensiblemente y el daño puede considerarse como presente actual. Valga decir, el acontecimiento que ha impedido el incremento patrimonial se ha realizado en el intervalo que existe entre el hecho dañoso y el juicio, por lo que, en el momento del tal juicio, el daño por lucro cesante, es actual, presente (...)”8.
En otras palabras, fallecido el damnificado, el acreedor del lucro cesante, en la hipótesis de pervivir la víctima fallecida trágicamente, incontestablemente, la ayuda y el socorro de esta hacia aquél, hasta ahí habría llegado. Así, ocurrida esa muerte antes de proferirse el fallo, lugar donde cabe apreciar el hecho, en los términos del artículo 305, in fine, del Código de Procedimiento Civil, el perjuicio se exteriorizaría, en tanto ya no sería futuro, sino actual.
3.3.3.5. En ese orden, le asiste razón a la sociedad recurrente al sostener que el lucro cesante comprendía entre el 7 de mayo de 1997, fecha de la muerte de María del Carmen Perdomo Cabrera, y el 13 de marzo de 2004, cuando falleció el demandante Guillermo González Arce.
Liquidado en un período mayor, hasta la expectativa de vida de este último, según las tablas de mortalidad, y no a su muerte real, la indemnización superó la magnitud del daño, en detrimento del extremo demandado. Y esto ocurrió porque como la parte demandante no informó al proceso la defunción dicha, los juzgadores no se enteraron de esa circunstancia. De haberla sabido, muy seguramente, el resarcimiento del perjuicio se habría ajustado a la realidad.
Por supuesto, si el actor fallecido era el padre de la otra pretensora, ésta, por lo tanto, heredera de aquél, el sentido común no permite excusar la conducta en el desconocimiento del hecho. Esto significa, contrario a lo alegado en la oposición, en el campo estrictamente civil, que se faltó a los deberes de lealtad, probidad y buena fe. Con mayor razón, cuando el matrimonio de María del Carmen Perdomo Cabrera con Guillermo González Arce, fue aducido en el libelo genitor del proceso precisamente como puntal para fundamentar y elevar las pretensiones.
3.3.4. En consecuencia, al resultar fundada la causal de revisión invocada, se precisa, la cosa juzgada queda destruida en forma parcial, en cuanto el hecho ocultado irradia sus efectos únicamente sobre la extensión de las condenas prodigadas en favor de Guillermo González Arce.
Tocante con el lucro consolidado, la decisión se concretará a ajustarlo a la realidad, sobre las bases sentadas por el Tribunal y en la misma fecha, lugar donde quedó actualizado, pues como se explicitó, “(...) se partió del salario mínimo actual, y la fórmula aplicada envuelve el reconocimiento de un interés del seis por ciento anual por tratarse de un capital que se dejó de recibir en el pasado”.
Si la indemnización por ese concepto debió liquidarse, a razón de $267.670 mensuales, entre el 7 de mayo de 1997 y el 13 de marzo de 2004, esto es, 82 meses y 7 días, resulta bien claro, no podía aplicarse, como se hizo, sobre 138 meses, para un total de $52’467.040.
Se debe, entonces, descontar la diferencia reconocida, vale decir, 56.23 meses, lo cual equivale a $21’582.456.91.
Así, como producto final, en la modalidad de lucro cesante consolidado, se tiene la cantidad de $30’884.583.09.
3.4. En ese orden de ideas, además de invalidarse la sentencia, en cuanto a la condena por lucro cesante futuro, entendiéndose también en la decisión el exceso del lucro cesante consolidado, se procederá de conformidad, a cuyo efecto se reproducirá la parte resolutiva, con los ajustes correspondientes, para mejor comprensión, sin que, de otra parte, haya lugar a condenar en costas en el trámite extraordinario, ante su prosperidad.
3.5. Finalmente, aunque no es admisible argumentar contra la prosperidad del recurso de revisión, que los daños se causaron sin perjuicio de la muerte posterior de los beneficiarios, considera la Corte, frente a la distinción que tuvo que hacerse sobre el perjuicio iure proprio e iure hereditario, para así develar la falta, que ésta, como ya se insinuó, no trascendió el ámbito civil, salvo prueba en contrario, en cuyo caso incumbe a los interesados presentarla ante las autoridades que en otras direcciones adelantan las investigaciones correspondientes.
4.1. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, declara fundado el recurso de revisión que interpuso la sociedad Palmirana de Aseo S.A. ESP, respecto de la sentencia de 24 de noviembre de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario promovido por Guillermo González Arce, fallecido, y Adriana González Perdomo contra la sociedad recurrente, el Municipio de Palmira y Augusto Duque Salazar.
4.2. Consiguientemente:
4.2.1. Se invalida la modificación que se introdujo al numeral 7, punto 2.2, del fallo del juzgado, en cuanto reconoció a favor de Guillermo González Arce, fallecido, “[a] título de lucro cesante futuro. Dieciocho millones cuatrocientos ochenta y un mil doscientos setenta y cinco pesos ($18’481.275)”.
4.2.2. En lo demás, el fallo se mantiene, con transcripciones y adecuaciones respectivas, en la forma como sigue:
“1. CONFIRMAR la sentencia apelada, EXCEPTO el numeral séptimo de su parte resolutiva el cual se MODIFICA de la siguiente manera:
“‘7. CONDÉNASE, en consecuencia, a los demandados municipio de Palmira, Sociedad de aseo de Palmira S.A. ‘Urbaseo’ hoy Palmaseo S.A. ESP, y Augusto Duque Salazar, a pagar a los demandantes a título de perjuicios materiales, dentro de los seis (6) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, las siguientes sumas de dinero:
“1. A favor de Adriana González Perdomo:
“1.1. A título de lucro cesante consolidado, once millones setecientos ochenta y cinco mil ochocientos treinta y un pesos m/cte. ($11’785.831).
“2. A favor de Guillermo González Arce:
“2.1. A título de lucro cesante consolidado” treinta millones ochocientos ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y tres pesos ($30’884.583).
“2.3. A título de daño emergente, un millón trescientos noventa mil trescientos treinta y cuatro pesos m/cte. ($1’390.334).
“2. Sin costas por no aparecer causadas”.
4.3. Cancelar, por extinción del riesgo amparado, la caución otorgada para el trámite extraordinario. Desglósese y con las constancias del caso entréguese a la parte recurrente, enterando lo decidido a la Compañía de Seguros. Ofíciese.
4.4. Sin costas en revisión, ante el éxito del recurso.
4.5. En su oportunidad, devolver a la oficina de origen el original del proceso y archivar la actuación.
Magistrados: Jesús Vall De Rutén Ruíz, presidente de la Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.
1 CSJ. Civil. Sentencia 234 de 1º de diciembre de 2000, expediente 7754.
2 CSJ. Civil. Sentencia 031 de 28 de julio de 1997, expediente 5568 (CCXLIX-149, Segundo Semestre, Volumen I), reiterando jurisprudencia anterior.
3 CSJ. Sentencia 119 de 30 de octubre de 2007, expediente 2005-00791.
4 CSJ. Sala de Negocios Generales. Sentencia de 15 de julio de 1949 (LXVI-527).
5 CSJ. Civil. Sentencia de 4 de abril de 1968 (CXXIV-65).
6 CSJ. Civil. Sentencia de 13 de septiembre de 2013, expediente 37459.
7 CSJ. Civil. Sentencia 150 de 5 de octubre de 2004, expediente 6975, reiterado en fallo de 31 de julio de 2008, expediente 96, entre otros.
8 De Cupis, Adriano. El Daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Barcelona: Boscho, Casa Editorial S.A., 1970-320/321.

References: artículo 380
 artículo 380
 artículo 69
 artículo 60
 artículo 305
in fine