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Timestamp: 2019-05-22 14:01:34+00:00

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¿Qué responsabilidad tiene el socio de una entidad de utilidad pública en caso de suspensión de pagos o concurso de acreedores? - solucionesONG.org
¿Qué responsabilidad tiene el socio de una entidad de utilidad pública en caso de suspensión de pagos o concurso de acreedores?
¿Qué responsabilidad tiene el socio de una entidad de utilidad pública en caso de suspensión de pagos, concurso de acreedores, etc.?
¿Un socio (no miembro de la Junta Directiva) es responsable con sus bienes de las deudas de la asociación?.
Los socios no responden de las obligaciones de la asociación ni tampoco responden los miembros de la junta directiva salvo que hayan avalado personalmente a la asociacion o que exista algún fraude o mala administración.
El artículo 18.4. de la Ley Orgánica 1/2002, “En caso de insolvencia de la asociación, el órgano de representación o, los liquidadores han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal ante el juez competente”. Este precepto legal es de aplicación directa en todo el Estado, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.1 de la Constitución.
En este sentido, la situación de insolvencia supone la aplicación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que instaura el concurso de acreedores como vía para resolver las situaciones de insolvencia.
La nueva normativa mercantil apuesta por la continuidad de las personas jurídicas, incluyendo, dentro de ésta a las asociaciones, en virtud de un acuerdo con los acreedores, facilitando con una fórmula totalmente transparente la reestructuración de las mismas y, en último extremo, su liquidación.
Con la nueva legislación mencionada las asociaciones con falta de liquidez deben presentar voluntariamente un concurso antes de que se agoten todos sus activos y dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia, no siendo posible con la Ley 22/2003, de 9 de julio, que las asociaciones se disuelvan dejando sin pagar a acreedores y trabajadores.
La nueva Ley Concursal también supone grandes responsabilidades para los órganos de representación de las asociaciones, ya que se endurece la obligación de ir a concurso a las entidades asociativas cuando se encuentre en situación de insolvencia, la solicitud deberá ser presentada por los liquidadores o ésta sea inminente, en cuyo supuesto la solicitud deberá ser presentado por el Presidente o Presidenta de la entidad. Otro factor importante es si el concurso está solicitado por la propia asociación (concurso voluntario) donde los miembros del órgano de representación o los liquidadores mantienen sus facultades aunque quedan sometidos a la intervención de la administración concursal, o si el concurso está instado por los acreedores (concurso necesario) donde dichos componentes del órgano de representación pierden todas sus facultades que pasan en exclusiva a la administración concursal.
Asimismo, es de aplicacion el artículo 15 de la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación:
Por tanto vuestra entidad responde con sus bienes presente y futuros de las obligaciones contraídas, no siendo responsable personalmente de las mismas, con sus bienes presentes y futuros, las personas asociadas (siempre y cuando la asociacion permanezca INSCRITA EN EL REGISTRO. Cuestión bien distinta es la responsabilidad de los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación de la entidad asociativa, así como las demás personas que obren en nombre y representación de la entidad asociativa, los cuales responderán civil y administrativamente ante la asociación, los asociados y ante terceras personas, con sus bienes presentes y futuros, de los daños causados y de las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes. así como de los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, y por los acuerdos que hubiesen votado, frente a terceros, a la asociación y a los asociados.
Para el caso de que la responsabilidad no pueda ser imputada de forma expresa, a ningún miembro o titular de los órganos de gobierno y representación de vuestra entidad asociativa, esta situación conllevará a que los mismos respondan todos solidariamente por los daños causados y las deudas contraídas mediante actos dolosos, culposos o negligentes, así como por los actos por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, y por los acuerdos que hubiesen votado frente a terceros a la asociación y a los asociados a menos que acrediten que no han participado en su aprobación y ejecución de dichos actos o que expresaron con claridad su oposición a los mismos.
En relación con la consulta planteada, paso a informarles lo siguiente: junto con las aportaciones que le trasladan mis compañeros Valentín y Ramón, así como mi compañera Teresa, inicialmente, debemos de partir de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, a cuyo tenor:
Al hilo de lo expuesto, una primera cuestión que se apunta es la relativa a la posible responsabilidad de la asociación, derivada de actuaciones, anteriores a su inscripción registral, de las personas que, una vez cumplimentada el acta fundacional, hayan asumido ya su representación. De acuerdo con la doctrina y la jurisp rudencia, habrá que inclinarse por admitir la responsabilidad de la asociación también por tales actuaciones, si bien tal responsabilidad sólo podrá exigírsele a partir del momento de su inscripción en el Registro.
De otra parte, ninguna duda ofrece la posibilidad de existencia de la responsabilidad penal, de la que trata el apartado 6 del artículo 15; en él se remite a las leyes penales para su determinación. Y no podía ser menos; lo cierto es que resulta de todo punto innecesaria cualquier referencia a este tipo de responsabilidad en esta Ley Orgánica, ya que es una materia propia de otro campo del Derecho, del Derecho penal, lo que hace que tal responsabilidad va a existir sin necesidad de que lo mencione la norma objeto de esta consulta.
Junto a la responsabilidad establecida en el art. 15 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, en lo relativo a la situación de insolvencia de una entidad asociativa declarada de utilidad pública, ha de estarse a lo dispuesto en el artículo 18.4. de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, a cuyo tenor, “En caso de insolvencia de la asociación, el órgano de representación o, si es el caso, los liquidadores han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal ante el juez competente”. Este precepto legal es de aplicación directa en todo el Estado, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.1 de la Constitución., tal y como determina la Disposición Final Segunda, apartado segundo, de la Ley referenciada.
En este sentido, debe de significarse que la situación de insolvencia a que alude la normativa estatal –art. 18.4. Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo-, supone la aplicación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la cual ha supuesto un cambio en el tratamiento de la insolvencia en nuestro país, ya que desaparece la suspensión de pagos y la quiebra e instaura el concurso de acreedores como vía para resolver las situaciones de insolvencia.
La nueva normativa mercantil apuesta por la continuidad de las personas jurídicas, incluyendo, dentro de ésta a las asociaciones, en virtud de un acuerdo con los acreedores, facilitando con una fórmula totalmente transparente la reestructuración y reflotamiento de las mismas y, en último extremo, su liquidación.
La nueva Ley Concursal también supone grandes responsabilidades para los órganos de representación de las asociaciones, ya que se endurece la obligación de ir a concurso a las entidades asociativas cuando se encuentre en situación de insolvencia, en este caso, la solicitud deberá ser presentada por los liquidadores o ésta sea inminente, en cuyo supuesto la solicitud deberá ser presentado por el Presidente o Presidenta de la entidad. Otro factor importante que debe tomarse en cuenta es si el concurso está solicitado por la propia asociación – concurso voluntario –, con la distinción entre insolvencia actual o inminente, donde los miembros del órgano de representación o los liquidadores mantienen sus facultades aunque quedan sometidos a la intervención de la administración concursal, o si el concurso está instado por los acreedores – concurso necesario – donde dichos componentes del órgano de representación pierden todas sus facultades que pasan en exclusiva a la administración concursal.

References: artículo 18
 artículo 149
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 18
 artículo 149