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Timestamp: 2018-08-20 22:42:54+00:00

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Alhen Abogados: Iniciativa Ciudadana de Reformas al Art. 51 de la CPEQROO
Iniciativa Ciudadana de Reformas al Art. 51 de la CPEQROO
Por: Leslie A. Hendricks y Hugo Alday
Leslie Angelina Hendricks Rubio y Hugo Alday Nieto, en nuestro carácter de ciudadanos quintanarroenses con domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en la avenida Tankah lote 30, Supermanzana 25, Manzana 20, 77509 de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a través de este medio y con fundamento en el primer párrafo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en la fracción IV del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como de los artículos 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, con el debido respeto comparecemos a exponer:
Que venimos a presentar el PROYECTO DE REFORMA AL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, de conformidad con los siguientes Antecedentes, Exposición de Motivos y Conclusiones:
Con fecha 24 de enero de 1997, en entonces titular del poder ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Ing. Mario Villanueva Madrid, hizo llegar a la H. Legislatura del Estado un Decreto adicionando el artículo 51; derogando la fracción XII del artículo 75 y reformando el artículo 100 de la Constitución Política del Estado.
Que con fecha 30 de enero de 1997, mediante el Oficio número 178/97, los titulares de la Mesa Directiva de la VIII Legislatura del Estado turnaron al Ejecutivo copia del Decreto número 48 para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Que el objeto de dicha reforma fue el de concatenar los diversos preceptos que establecían una representación legal del Estado a través de sus respectivos Poderes, ya que hasta ese momento la fracción XII del artículo 75 de la Constitución Local establecía facultades exclusivas directas a favor del Poder Legislativo para representar legalmente al Estado cuando se tratase de reclamar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la violación o invasión a su soberanía a través de alguna ley o acto del Gobierno Federal, únicamente dando vista al Ejecutivo para los efectos conducentes, lo que generaba un monopolio en el ejercicio de la representación del Estado en materia de juicios de control constitucional a favor del Poder Legislativo, dejando sin facultad alguna a los otros dos poderes, contraviniendo así lo dispuesto por la propia Constitución General de la República en cuanto a la división de poderes.
De acuerdo a lo anterior, y acorde a la reforma constitucional federal en materia de controversias constitucionales, referidas a las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución General de la República, el C. Gobernador constitucional del Estado tuvo a bien adicionar dos párrafos al artículo 51y en consecuencia modificar los diversos 75 y 100 para estar acordes a la adición del primero.
Que la adición al artículo 51 de la Constitución del Estado de Quintana Roo publicada con fecha 3 de febrero de 1997, quedó de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 51.- No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
La Legislatura del Estado o en los recesos de ésta la Diputación Permanente, el Gobernador del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, como titulares de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, respectivamente, representarán legalmente, en conjunto, al Estado, en los casos previstos en la fracción I, del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en el supuesto previsto en el Artículo 46, será representado por el Gobernador del Estado, en cuyo caso, los convenios que éste celebre deberán ser aprobados por la Legislatura.
En los demás casos, el Estado estará representado en la forma que prevea la Ley.”
Que tal como se percibe en el adicionado texto el término “en conjunto” pretende revelar un espíritu democrático en su textual percepción, sin embargo, dada la situación política que prevalecía entonces, aunado a las reformas de los artículos 75 y 100[1] de la Constitución Política del Estado, lo que pretendía dicha reforma era controlar a través de la coordinación del Ejecutivo la libre actuación de los Poderes Legislativo y Judicial.
Que dicha reforma constitucional a través del Decreto número 48 lejos de beneficiar al Estado constituyó el origen de un sistema de representación en el que se subyugaron las facultades autónomas de los tres poderes, generando un insostenible sistema de control procesal en materia de juicios de control constitucional en los que el Estado de Quintana Roo era parte, lo que ha ocasionado imprecisiones y obstáculos para el Estado al momento de defender los intereses propios y de sus gobernados.
Que derivado del ejercicio del derecho, en materia de juicios de control constitucional, dicha reforma resulta procesalmente inoperante para la correcta representación legal y por ende la real defensa de los intereses de la entidad en materia de juicios de control constitucional, particularmente en aquellos relacionados con la fracción I del artículo 105 de la Constitución General de la República.
El devenir histórico del Estado de Quintana Roo nos lleva cada día a defender los intereses de la entidad y de los gobernados a través de las instituciones que constitucionalmente se establecen para ello; sin embargo, la entidad se encuentra en una importante disyuntiva ante la imposibilidad de tener una clara capacidad para representar al estado en relación con el párrafo segundo del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, que al establecer el vocablo “EN CONJUNTO”, violenta el espíritu del principio constitucional de la División de Poderes establecido tanto en la Constitución del Estado como en la General de la República, pugnando, de igual manera, contra los principios de congruencia y supremacía establecidos en ambos ordenamientos fundamentales.
Lo anterior debido a que en la controversia constitucional 160/2008 promovida por el Estado de Quintana Roo en contra de los actos del Director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, recayeron los Recursos de Reclamación ante el Máximo Tribunal de la Nación números 104/2008 CA y 107/2008 CA, en los que se combate la personalidad del titular del Ejecutivo del Estado, personalidad que fuera imprecisamente modificada con fecha 3 de febrero de 1997 cuando se adicionó el segundo párrafo del artículo 51 de la Constitución del Estado de Quintana Roo.
Precisamente, la oscuridad de dicho párrafo, al establecer que la representación legal del Estado en materia de las Controversias Constitucionales relacionadas con la fracción I del artículo 105 Constitucional se llevará a cabo “EN CONJUNTO” por los poderes del Estado; tal presupuesto normativo pugna con el propio espíritu del sistema de División de Poderes (también llamado división de funciones), y del propio procedimiento de control constitucional como veremos a continuación.
La propia Constitución Política del Estado de Quintana Roo, como ya hemos visto establece:
ARTÍCULO 51.- No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
En los demás casos, el Estado estará representado en la forma que prevea la Ley.
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, señala:
ARTICULO 2.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado quien tendrá las facultades y obligaciones que le señalen: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la presente Ley y demás disposiciones legales vigentes en el Estado. La Administración Pública Central y Paraestatal, se regirá por la presente Ley y demás disposiciones legales vigentes que resulten aplicables.
ARTICULO 8.- Las facultades y poderes directamente conferidos al Gobernador del Estado no son delegables, sino en los casos expresamente determinados por la Constitución Política y las Leyes del Estado. La delegación de facultades deberá ser expresa, transitoria y limitada y no requiere más formalidad que la de una comunicación escrita, salvo que en atención a la materia, el interés o la cuantía del negocio, exijan las leyes formalidades especiales...
En este sentido, es de explorado derecho que el C. Gobernador Constitucional de Estado de Quintana Roo tiene plena Legitimación Activa como representante del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo para ser parte en juicios de control constitucional, como representante legal de la entidad, ya que derivado del propio artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo no se advierte textualmente que el escrito de demanda de Controversia Constitucional deba ser signado o ratificado por los representantes de los tres poderes del Estado, y mucho menos supone quien o quienes deberán signar “EN CONJUNTO” tales demandas cuando se trate de periodos vacacionales o de receso en la legislatura local; no debiendo pasar desapercibido que a interpretación estricta de la norma suprema del Estado de Quintana Roo concatenada a los artículos 2 y 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, la facultad del ejecutivo para actuar en procedimientos de control constitucional es de naturaleza exclusiva y no delegada, por lo cual, en los términos que actualmente se encuentra redactada trae consigo un vacío de poder.
Lo anterior se afirma porque la propia Constitución Política del Estado de Quintana Roo retoma la División de Poderes plasmada en la propia Constitución Federal, respetando el principio de congruencia en concatenación con el supremacía, y su naturaleza implica la facultad de cada uno de los titulares de los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial local para actuar en representación del Estado sin sujeción expresa a los otros dos poderes, de acuerdo con los siguientes criterios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
No. Registro: 181,996
Tesis: P./J. 13/2004
Página: 1272
Controversia constitucional 1/2001. Gobernador del Estado de Durango. 6 de enero de 2004. mayoría de ocho votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Víctor Miguel Bravo Melgoza.
Siguiendo con dicha jurisprudencia del Pleno, es preciso argumentar que, si se supeditara la firma de cada uno de los poderes “EN CONJUNTO”, en su acepción sintáctica de reiteración, ratificación, conjunción, unión o reunión para la representación del Estado de Quintana Roo; se estaría en el supuesto arriba mencionado, ya que no sería acorde con el sistema procesal plasmado en el propio artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que pretende en todo caso preservar el control constitucional.
En este tenor, es necesario precisar que no es procesalmente posible pretender que los representantes de los tres poderes del Estado de Quintana Roo suscriban las mismas promociones porque que se vería afectado el propio Estado de Quintana Roo para defender sus intereses ante otras entidades de la nación que pretendan tocar su soberanía y los derechos públicos y privados de sus gobernados, y, además, por ser contraria a los fines que persigue el Legislador Federal y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación de dar certeza jurídica a los juicios de control constitucional salvaguardando las esferas de competencia de los órganos y poderes representados en la propia Constitución Federal.
De la lectura e interpretación del artículo 51 de la Constitución Local, no se desprende en ningún momento que los representantes de tres poderes deban suscribir o firmar al mismo tiempo una demanda de Controversia Constitucional, sino más bien, para efectos procesales; se entiende que dichos representantes de los tres poderes del Estado están de acuerdo con el procedimiento, entendiéndose vinculados al mismo como personas actuantes y de intereses comunes, y, por ende, resulta evidente que debe ser el ejecutivo del Estado quien sea el encargado de instrumentarlo.
Lo anterior ha quedado manifestado por la reciente jurisprudencia del Pleno, sin la necesidad de que las promociones o la representación legal de las entidades deba ser compartida en juicio, lo que rompería con el principio procesal establecido en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo siguiente:
No. Registro: 170,808
Tesis: P./J. 21/2007
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PREVÉ LOS ENTES, PODERES U ÓRGANOS LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA, NO ES LIMITATIVA.
El citado precepto no debe interpretarse en un sentido literal o limitativo ni que establezca un listado taxativo de los entes, poderes u órganos legitimados para promover controversias constitucionales, sino en armonía con las normas que disponen el sistema federal y el principio de división de poderes, con la finalidad de que no queden marginados otros supuestos; de ahí que la aplicación del artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe favorecer hipótesis de procedencia que, aunque no estén previstas expresamente en su texto, sean acordes con la finalidad manifiesta de ese medio de control constitucional, que es precisamente salvaguardar las esferas de competencia de los órganos y poderes cuya existencia prevé la Constitución Federal.
El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 21/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.
De igual forma, la Segunda Sala del Máximo Tribunal se ha manifestado al respecto, señalando que cualquiera de los Poderes de los Estados se encuentra facultado para representar a la entidad en materia de Controversias Constitucionales, salvo cuando expresamente esa facultad se confiere solo a uno de ellos, y en el caso que nos ocupa a contrario sensu, se encuentran facultados los tres poderes para representar al Estado, entendiendo que puede interpretarse como el caso del Recurso de Reclamación 104/2008 CA presentado por el Ejecutivo Federal a través de su Consejero Jurídico, que se supedita dicha facultad a la voluntad de otro poder violentando el Principio Constitucional de División de Poderes.
No. Registro: 184,511
Tesis: 2a. XLVI/2003
Página: 862
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ENTIDADES POLÍTICAS QUE CONFORMAN EL ESTADO FEDERAL PUEDEN PROMOVER LA DEMANDA RESPECTIVA A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LOS ÓRGANOS QUE CONSTITUCIONALMENTE ESTÁN PREVISTOS PARA ACTUAR EN SU NOMBRE, SALVO DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRARIO.
Las entidades políticas que conforman el Estado Federal mexicano (la Federación, los Estados, el Distrito Federal o los Municipios) necesariamente deben actuar a través de los órganos que las integran, de manera que, salvo disposición constitucional en contrario, la representación de esas entidades para promover un juicio de controversia constitucional debe recaer en los órganos que constitucionalmente están previstos para actuar en su nombre. En ese tenor, cuando se trata de las entidades políticas Federación y Estados, si se atiende a que la soberanía popular se ejerce por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los Poderes de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, según lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dichos poderes son los que, en principio, desarrollan la esfera competencial reservada a las entidades respectivas, es indudable que son esos órganos los que se encuentran legitimados para entablar una controversia constitucional, a través de los servidores públicos a los que la legislación correspondiente les otorgue, a su vez, la facultad para actuar en su nombre; sin embargo, este principio general encuentra su excepción cuando la propia Constitución federal o, en el caso de las entidades federativas la Constitución local, confieren a un determinado Poder de los que integran la entidad política correspondiente, la representación de ésta para promover una controversia constitucional, pues en esta hipótesis únicamente el respectivo Poder u órgano podrá ejercer tal atribución.
Controversia constitucional 7/99. Poder Ejecutivo Federal. 4 de octubre de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Mara Gómez Pérez y Rafael Coello Cetina.
Por si fuera poco, el actual texto del segundo párrafo del artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo resulta, además de un claro impedimento para el ejercicio de la representatividad legal de la entidad en juicios de control constitucional, una clara contravención a la Constitución General de la República en cuyo artículo 133 señala los casos en los que el juzgador deberá considerar la supremacía de las leyes para ser aplicable a los casos concretos.
En el tema que nos ocupa, es decir, en tratándose de demandas de controversia constitucional relacionadas principalmente con la fracción I del artículo 107; resulta evidente, ante la ambigüedad y múltiple acepción de la palabra “CONJUNTO” contenida en el artículo 51 de la Constitución Política de Quintana Roo, que, al ser multiconceptual en cuanto a la definición e interpretación (estricta, contrario sensu, amplio, etc.), y debido a que dicho término interpretado de la manera en que lo hizo el recurrente; vulneraría el principio de DIVISIÓN DE PODERES, supeditando el actuar de cada uno de ellos al arbitrio del otro; por lo cual, debiera tenerse por no puesta tal afirmación ajustándose a lo dispuesto a los artículos 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el diverso 105 de la misma carta magna, debiéndose ceñir al espíritu de la Norma Suprema.
De acuerdo a lo anterior, y suponiendo sin conceder que la acepción de la palabra conjunto fuere textualmente la de que materialmente deba estar plasmada la firma y con ello la voluntad de los representantes de los tres Poderes del Estado de Quintana Roo para poder enfrentar asuntos legales de control constitucional; a continuación me permito agregar diversas tesis y jurisprudencias vinculadas directamente con el proceder que debe tener el juzgador en relación con el caso que nos ocupa, en que una ley secundaria, se contrapone con los principios emanados de la Ley Fundamental, y el criterio a imperar por tratarse de la protección a un bien mayor:
No. Registro: 171,956
Tesis: 2a. XCII/2007
La aplicación del principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige del órgano jurisdiccional optar por aquella de la que derive un resultado acorde al texto supremo, en caso de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles. Así, el Juez constitucional, en el despliegue y ejercicio del control judicial de la ley, debe optar, en la medida de lo posible, por aquella interpretación mediante la cual sea factible preservar la constitucionalidad de la norma impugnada, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico.
No. Registro: 172,667
Tesis: P. VIII/2007
A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las Leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de "supremacía constitucional" implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la "Ley Suprema de la Unión", esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales.
No. Registro: 180,240
Tesis: 1a./J. 80/2004
En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.
Amparo en revisión 2119/99. 29 de noviembre de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz.
Amparo directo en revisión 1189/2003. Anabella Demonte Fonseca y otro. 29 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.
Amparo directo en revisión 1390/2003. Gustavo José Gerardo García Gómez y otros. 17 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jaime Salomón Hariz Piña.
Amparo directo en revisión 1391/2003. Anabella Demonte Fonseca. 31 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.
Tesis de jurisprudencia 80/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil cuatro.
No. Registro: 192,867
Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión "... serán la Ley Suprema de toda la Unión ..." parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.". No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.
No. Registro: 326,474
CONSTITUCION, SUPREMACIA DE LA.
Tratándose de leyes reglamentarias de la Constitución, la Suprema Corte ha establecido que, en cada caso particular, debe estudiarse si se afecta, o no, el interés público; y dicho interés no interviene en la inmediata aplicación de leyes reglamentarias de la Constitución, que vulneren o desvirtúen los preceptos de la misma, que se pretenda reglamentar. La misma Suprema Corte ha establecido la supremacía absoluta de la Constitución sobre toda legislación secundaria, y la sociedad y el Estado tienen interés en que se apliquen desde luego los preceptos de aquélla y no los textos contrarios de la misma.
En este orden de ideas debemos considerar que al supeditarse la actuación de los poderes en la Constitución Local de Quintana Roo, como lo pretendió la reforma de 1997, se rompe directamente con el Principio de División de Poderes establecido por la Ley Fundamental como base del sistema constitucional mexicano, y, por esa razón, el texto vigente se opone al claro principio de control constitucional establecido por el artículo 105 de la Ley Fundamental; de donde, por congruencia con las norma superiores es de tenerse por NO PUESTA tal condicionante, ya que el control constitucional se vería definitivamente violentado en caso de quedar incólume el término “EN CONJUNTO” y con éllo, lo limitado, ambiguo y multiacepcional de dicho vocablo.
Robustece lo anterior la siguiente jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de 2007.
Consolida nuestra propuesta, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que se ha manifestado en múltiples ocasiones sobre la representación de una entidad federativa a través del titular del poder ejecutivo de la misma, es decir del Gobernador Constitucional, como es el caso que nos ocupa, por lo que a continuación me permito agregar diversas jurisprudencias y criterios que fundamentan la Legitimación Activa del C. Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo:
No. Registro: 195,024
Tesis: P. LXXIII/98
Solicitud de revocación por hecho superveniente en el incidente de suspensión relativo a la controversia constitucional 51/96. Gabriel Hinojosa Rivero y Marcial Benigno Felipe Campos y Diez, en su carácter de Presidente Municipal y Síndico, respectivamente, del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, del Estado de Puebla, contra el Gobernador y el Congreso del propio Estado. 16 de junio de 1998. Unanimidad de diez votos (impedimento legal Mariano Azuela Güitrón). Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Roberto Lara Hernández.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciséis de noviembre en curso, aprobó, con el número LXXIII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 967, tesis P./J. 84/2000 de rubro: "LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS."
No. Registro: 903,841
I, P.R. Acciones de Inconstitucionalidad y C.C.
Tesis: 38
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 790, Pleno, tesis P. LXXIII/98.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA.-
Solicitud de revocación por hecho superveniente en el incidente de suspensión relativo a la controversia constitucional 51/96.-Gabriel Hinojosa Rivero y Marcial Benigno Felipe Campos y Diez, en su carácter de presidente municipal y síndico, respectivamente, del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, del Estado de Puebla, contra el Gobernador y el Congreso del propio Estado.-16 de junio de 1998.-Unanimidad de diez votos.-Impedimento: Mariano Azuela Güitrón.-Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.-Secretario: Roberto Lara Hernández.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 790, Pleno, tesis P. LXXIII/98.
No. Registro: 169,526
Tesis: P. XLVIII/2008
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. OPORTUNIDAD PARA PROMOVERLA POR PARTE DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA CUANDO EL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA LO CONOCIÓ CON ANTERIORIDAD UN DIVERSO PODER QUE NO TIENE LA REPRESENTACIÓN DE AQUÉLLA.
Conforme a la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para la impugnación de actos será de 30 días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación respectiva, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos, de lo que se infiere que el legislador estableció dichos supuestos, tratándose de entidades federativas, en relación con el Poder constituido (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) que cuente con la legitimación activa para promover la controversia constitucional por tener la representación de aquéllas. Por consiguiente, si se alega que el juicio promovido por un Poder cuya legitimación activa está acreditada, es extemporáneo porque con anterioridad a la fecha indicada en la demanda otro Poder tuvo conocimiento directo de los actos impugnados, y de sus facultades no se desprende que sea representante de la entidad federativa actora, tal situación no lleva a sobreseer en el juicio por el motivo planteado, aun cuando se aduzca que ambos Poderes pertenecen a la entidad federativa actora, en virtud de que en este supuesto el plazo para la presentación de la demanda debe computarse a partir de la fecha en que el Poder que cuenta con la representación de aquélla se entere, en cualquiera de las hipótesis previstas en el numeral citado, de la existencia del acto cuya invalidez demanda. Esta conclusión se corrobora si se toma en cuenta que los Poderes constituidos de una entidad federativa son distintos e independientes entre sí, por lo que el hecho de que uno conozca los actos, no da lugar a considerar que el otro igualmente los conoce, de lo que se deduce que es incorrecto afirmar que una entidad federativa tiene conocimiento del acto impugnado por conducto de un Poder distinto al legitimado para promover en su nombre el juicio de controversia constitucional.
Controversia constitucional 6/2004. Estado de México, por conducto del Poder Legislativo de la entidad. 18 de febrero de 2008. Mayoría de seis votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar Palomo Carrasco.
El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número XLVIII/2008, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.
No. Registro: 183,319
XVIII, Septiembre de 2003
Tesis: P./J. 52/2003
Página: 1057
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE REGULA LA LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA, ADMITE INTERPRETACIÓN FLEXIBLE.
Dicho precepto establece que podrán comparecer a juicio los funcionarios que, en los términos de las normas que los rigen, estén facultados para representar a los órganos correspondientes y que, en todo caso, la representación se presumirá, salvo prueba en contrario. Ahora bien, del contenido de esa facultad otorgada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presumir la representación de quien promueve se desprende que la interpretación jurídica que debe realizarse respecto de las normas que regulan dicho presupuesto procesal, admite interpretación flexible, de manera que se procure no convertir las normas legales en obstáculos para el acceso a la justicia, si se advierte que se presenta una hipótesis no prevista específicamente en la ley local y, sobre todo, si en autos existen elementos de los que se infiere que quien promueve no actúa en interés propio, sino en el del órgano en nombre de quien lo hace.
Controversia constitucional 327/2001. Félix Ismael Germán Olivares, como presidente municipal de Tecamac, Estado de México, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del mismo Estado. 8 de julio de 2003. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de agosto en curso, aprobó, con el número 52/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de agosto de dos mil tres.
No. Registro: 813,985
Informe 1941
INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 105 Y 76, FRACCION VI, CONSTITUCIONALES.
La Suprema Corte debe abstenerse de conocer del conflicto que se denuncia por las siguientes razones: El artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en forma precisa que sólo corresponde a la Suprema Corte de Justicia conocer de las controversias que se susciten entre dos o más Estados, entre los poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos, y de los conflictos entre la Federación y uno o más Estados, así cono de aquellos en que la Federación fuese parte. Examinando la cuestión propuesta a la luz de este precepto que delimita en forma categórica la competencia de la Suprema Corte, y encuentra que el conflicto que se plantea, por su naturaleza esencial y exclusivamente política, y de ninguna manera constitucional, es ajeno a la función encomendada a la Suprema Corte, pudiendo corresponder, por lo mismo, al Senado de la República, atento a lo dispuesto en el artículo 76, fracciones V y VI, por ser el organismo capacitado para resolver las cuestiones políticas que surjan entre un Estado y la Federación. El simple hecho de dar entrada a la presente demanda equivaldría a reconocer al promovente la controversia, cosa ajena a las atribuciones de la Suprema Corte que no tiene por qué conocer de la integración, organización y funcionamiento de los Poderes Locales, por ser actos de índole sustancialmente política, pues de otro modo se constituirá en árbitro para la designación de los poderes públicos, al decidir sobre los títulos de legitimidad de los mismos. Tal es la recta interpretación que debe darse a los citados artículos 105 y 76, fracción VI, constitucionales, para que no resulten incompatibles sino armónicos en su letra y en su espíritu, como lo quiso el legislador, según se desprende del Diario de los Debates del Congreso Constituyente, a fin de garantizar así la independencia y división de poderes, cuyas atribuciones se hallan perfectamente diferenciadas. Al discutirse el artículo 105, se precisó como facultad privativa del Senado, el conocimiento de los conflictos de carácter político, dejando para la Suprema, los de índole estrictamente constitucional.
Controversia constitucional 9/41. Carreto Francisco S., ostentándose como Gobernador del Estado de Guerrero quien denunció que en su concepto existía conflicto entre la Federación y el Estado de Guerrero. La publicación no menciona la fecha de resolución. Mayoría de diecisiete votos contra uno. La publicación no menciona el nombre del ponente.
PRIMERA.- Que el Decreto número 48 que modifica el artículo 51 de la Constitución Política del estado de Quintana Roo, mediante la adición de su párrafo segundo, en su origen tuvo una función meramente y de control de las acciones y representación del Estado, el cual ante el propio devenir democrático de la entidad ha sido rebasado y su eficacia en coadyuvar a solucionar la problemática social y la consolidación del Estado de Derecho han corrido la misma suerte.
SECUNDA.- Que de conformidad con el propio texto del párrafo segundo del artículo 51 de la constitución local, se debe determinar que existe una grave inconsistencia al haberse agregado el texto “EN CONJUNTO” ya que se el legislador local en el ánimo de poner en un plano igualdad de condiciones a los tres poderes, supeditó las facultades autónomas de los poderes entre sí, rompiendo con el espíritu de la División de Poderes consagrado por el pensamiento constituyente liberal del 1824 inspirado en las ideas Montesquieu, retomado en el 1857 y plasmado de forma definitiva en el constituyente de 1917.
TERCERA.- Que al supeditarse los tres poderes a la decisión del otro además de atentar contra un principio constitucional y republicano, se afecta directamente al Estado de Quintana Roo y por ende a sus gobernados, ya que la defensa de los intereses del Estado no pueden ser encabezados por quien en estricto sentido debe representar legalmente los intereses estatales como lo es el propio titular del Poder Ejecutivo.
CUARTA.- Que procesalmente el párrafo segundo del artículo 51 de la Constitución Local, lejos de tratarse de un impacto de igualdad, en la práctica, se ha convertido en un impedimento para la correcta defensa de los intereses del Estado y de sus gobernados.
QUINTA.- Que al contravenir a los principios de División de Poderes, congruencia y supremacía nados la prácticaa suerter la problem consigo un vacientos de control constitucional se ubica en las consideradas así como al propio espíritu de proceso de control constitucional creado por el legislador federal para defensa y protección de los tres poderes de la unión en los tres ámbitos de gobierno, el segundo párrafo del artículo 51 de la Constitución Política resulta inconstitucional por contravenir a la ley suprema.
SEXTA.- Que para un mejor entendimiento y manejo procesal, dicho artículo debiera quedar de la siguiente forma:
“Artículo 51.- No podrán reunirse dos o más reunirse dos o más de estos poderes en una persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
La legislatura del Estado o en los recesos de ésta la Diputación Permanente, el Gobernador del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, como titulares de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, respectivamente, además de ostentar la representación legal de sus respectivos poderes, representaran legalmente al Estado en los casos previstos en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
En los demás casos la representación legal del Estado, corresponderá al Ejecutivo en la forma que prevea la Ley.”[2]
SEPTIMA.- Que siguiendo con el espíritu del artículo 116 de la Constitución General de la Nación, con dicho proyecto reforma se pretende devolver la factibilidad para la representación procesal del Estado de Quintana Roo a un solo individuo cuando se trate de conflictos de control constitucional en que el Estado sea parte, sin limitar o condicionar la representación legal de los titulares de cada uno de los Poderes cuando se trate de controversias o conflictos entre Poderes, o bien, entre alguno de los Poderes de la Unión y un Poder Local en concreto.
OCTAVA.- Que dicha propuesta se encuentra acorde a lo dispuesto por la fracción V del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo en materia de representación legal del Poder Judicial Local.
NOVENA.- Que tal proyecto de reforma se no contraviene a los artículos 25, 29 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo en materia de representación legal de dicho Poder.
DÉCIMA.- Que tal iniciativa se fortalece con los artículos diversos 2 y 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, en los que se plasman las facultades del Ejecutivo y su delegación a terceros en relación con la representación legal de ese Poder.
Por lo anteriormente expuesto, se somete la presente iniciativa de reforma de Ley, ante ése Honorable Congreso del Estado, cumpliendo por las razones expuestas con los requisitos de legalidad establecidos en la Ley Orgánica de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, para el inicio de su proceso legislativo y posteriormente su debida aprobación en el presente período de sesiones.
Corporativo & Propiedad Intelectual
[1] En dicha reforma al artículo 100 de la Constitución Política del Estado se generó una parcial violación material a la esfera del Poder Judicial Local, ya que en el citado Decreto número 48 se estableció que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serían nombrados directamente por el titular del Ejecutivo del Estado, situación que expresamente generaba una invasión material y fáctica de las facultades de un Poder que de conformidad con el propio constituyente federal de 1824, 1857 y 1917 debía estar dotado de una total autonomía respecto del Poder Ejecutivo. Dicha situación quedó subsanada mediante la reforma al sistema judicial impulsada por el entonces titular del Ejecutivo Lic. Joaquín Hendricks Díaz, que junto a la X y XI Legislaturas del Estado previeron una nueva reforma al artículo 100 de la Constitución Local, para que dicho ordenamiento dotara nuevamente de autonomía al Poder Judicial y se sentaran las bases del Consejo de la Judicatura Local.
[2] La representación de los poderes en Juicios de Control Constitucional se encuentra debidamente reglamentada en el artículo 105 de la Constitución General de la República, así como en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal, por lo que no se hace necesario reproducir las facultades de cada uno de los Poderes en materia de control constitucional.
Publicado por ALHEN Abogados Hugo Alday-Alhen Abogados en 10:09
Etiquetas: Constitución, HUGO ALDAY, Inciativa Ciudadana, LESLIE HENDRICKS, QRoo, QUINTANA ROO, Reformas

References: artículo 41
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 ARTÍCULO 51
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 artículo 75
 artículo 100
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 Artículo 46
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