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Timestamp: 2017-03-30 08:47:32+00:00

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Contenido de la página¿Qué es el derecho de petición?
El derecho de petición es una facultad que tiene todo ciudadano de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades, verbalmente o por escrito, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución, así como acceder a documentos públicos, salvo los casos que establezca la Ley. Este derecho está contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política y en los artículos 5 y siguientes el Código Contencioso Administrativo. Las autoridades tienen el deber de hacer efectivo el ejercicio del derecho que consagra el artículo 23 de la Constitución Política, mediante la rápida y oportuna resolución de las peticiones que se les formulen y que tengan relación directa con las actividades a cargo de esas mismas autoridades. Las peticiones en interés general o particular deberán ser contestadas por las autoridades en un plazo máximo de quince (15) días, contados a partir de la recepción de las mismas. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta. Si el funcionario a quien se dirige la petición, o ante quien se cumple el deber legal de solicitar que inicie la actuación administrativa, no es el competente, deberá informarlo en el acto al interesado, si éste actúa verbalmente; o dentro del término de diez (10) días, a partir de la recepción si obró por escrito; en este último caso el funcionario a quien se hizo la petición deberá enviar el escrito, dentro del mismo término, al competente, y los términos establecidos para decidir se ampliarán en diez (10) días. Este derecho incluye también la posibilidad de solicitar y obtener acceso a la información sobre la acción de las autoridades y, en particular, a que se expida copia de sus documentos. La petición se negará si la solicitud se refiere a alguno de los documentos que la Constitución Política o las leyes autorizan tratar como reservados. En tal caso la decisión negativa será siempre motivada. Las autoridades deberán decidir sobre las peticiones de información en un plazo máximo de diez (10) días, y el incumplimiento por parte del funcionario dará lugar a las sanciones disciplinarias previstas en la ley. El derecho sirve, además, para formular consultas a las autoridades, en relación con las materias a su cargo. Estas consultas deberán tramitarse con economía, celeridad, eficacia e imparcialidad y resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días. Las respuestas en estos casos no comprometerán la responsabilidad de las entidades que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución. subir
Las peticiones escritas deben contener, por lo menos, los siguientes requisitos: La designación de la autoridad a la que se dirigen. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección. El objeto de la petición. Las razones en que se apoya. La relación de documentos que se acompañan. La firma del peticionario, cuando fuere el caso. Si quien presenta una petición verbal afirma no saber o no poder escribir y pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta. Las autoridades podrán exigir, en forma general, que ciertas peticiones se presenten por escrito. Para algunos de estos casos podrán elaborar formularios para que los diligencien los interesados, en todo lo que les sea aplicable, y añadan las informaciones o aclaraciones pertinentes. A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, autenticada por el funcionario respectivo, con anotación de la fecha de su presentación y del número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado. Esta autenticación no causará derecho alguno a cargo del peticionario. subir
Teniendo en cuenta que el derecho de petición está consagrado como un derecho fundamental, regulado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, el incumplimiento por parte del funcionario competente en la respuesta oportuna y satisfactoria del derecho de petición, da lugar a la posibilidad de utilizar otros mecanismos para su efectivo cumplimiento. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, le da la facultad al ciudadano para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En caso de que el funcionario no cumpliere con lo ordenado por el fallo de tutela, el peticionario tendrá la facultad de iniciar un incidente de desacato ante el juez de conocimiento de la acción de tutela en primera instancia, para que éste, luego de verificar dicho incumplimiento, le ordene al funcionario competente o al superior jerárquico su realización. Si ninguno de los dos cumpliere con lo ordenado por el juez, podrán ser sancionados con penas de arresto y/o multa. subir
Si el proyecto de ley a que se refiere el mensaje de urgencia se encuentra al estudio de una comisión permanente, ésta, a solicitud del Gobierno, deliberará conjuntamente con la correspondiente comisión de la otra cámara para darle primer debate. subir
El Gobierno puede objetar, total o parcialmente, los Proyectos de Ley presentados para sanción. La objeción de un proyecto de ley obedece a razones de inconstitucionalidad o inconveniencia. En caso de no ser objetado, el Gobierno ordenará su promulgación como Ley; de lo contrario, lo devolverá a la Cámara en que tuvo origen, para que sea reconsiderado en segundo debate de acuerdo con las objeciones presentadas. Si las Cámaras han entrado en receso, deberá el Presidente de la República publicar el proyecto objetado dentro de los términos constitucionales. El Presidente sancionará sin poder presentar objeciones el proyecto que, reconsiderado, fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de una y otra Cámara. En caso de que el proyecto haya sido objetado por inconstitucional, y las Cámaras insistieren en su promulgación, el proyecto pasará a la Corte Constitucional para que, dentro de los seis (6) días siguientes, decida sobre su exequibilidad. El fallo de la Corte obliga al Presidente a sancionar la ley. Si lo declara inexequible, se archivará el proyecto. Si la Corte considera que el proyecto es parcialmente inexequible, así lo indicará a la Cámara en que tuvo origen para que, oído el Ministro del ramo, rehaga e integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte. Una vez cumplido este trámite, remitirá a la Corte el proyecto para fallo definitivo. Cuando una Cámara hubiere declarado infundadas las objeciones presentadas por el Gobierno a un proyecto de ley, y la otra las encontrare fundadas, se archivará el proyecto. Las Leyes Estatutarias tienen un control previo y automático por parte de la Corte Constitucional, antes de pasar al Gobierno para sanción.
Decretar impuestos. Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República.
Los Decretos - Leyes, también llamados Decretos Extraordinarios, están clasificados dentro de la jerarquía normativa como Decretos con Fuerza de Ley, y son aquellos que dicta el Presidente en ejercicio de facultades extraordinarias. Los Decretos - Leyes tiene jerarquía de ley ordinaria, por lo tanto, están en la pirámide normativa debajo de la Constitución, de las leyes orgánicas y las estatutarias. El inciso 3 del artículo 150 numeral 10, establece que el Congreso, como titular de la potestad legislativa, puede modificar en cualquier momento los Decretos - Leyes que hayan sido dictados por el Gobierno en ejercicio de facultades extraordinarias. El Congreso no está vinculado por la ley delegante y por razones de conveniencia puede considerar que no procede la delegación y derogar de forma expresa o implícita la ley de facultades extraordinarias.
Tanto los Decretos - Leyes, dictados en ejercicio de facultades extraordinarias, como los Decretos Legislativos, dictados con ocasión de los llamados estados de excepción, tienen rango, fuerza y valor de ley. Sin embargo, se diferencian en cuanto a su estructura y razón de ser. Los Decretos Legislativos no requieren una autorización previa por parte del Congreso para que el Gobierno ejerza la función legislativa. Por lo tanto, existe una potestad legislativa que es originaria para el ejecutivo y es reconocida expresamente por la Constitución Política. La intervención del Congreso no parte de una ley que habilite al Presidente para ejercer dicha función normativa, sino que se circunscribe simplemente a un control posterior. La facultad legislativa del Gobierno, en estos casos, obedece a razones de urgencia, es decir, requieren una actuación inmediata que ponga fin a una situación anormal, con la única restricción de que dichos decretos se dirijan exclusivamente a conjurar la crisis y la extensión de sus efectos.
Se podrá conferir comisión de estudios en el exterior al servidor público que tenga por lo menos un (1) año continuo de servicio en la respectiva entidad, y para tal efecto, además de las autorizaciones de la Junta, Consejo Directivo o Superior respectivo, cuando a ello haya lugar, deberán cumplirse los siguientes requisitos, sin excepción: Convenio mediante el cual el comisionado se compromete a prestar sus servicios a la entidad por el doble del tiempo de duración de la comisión y Póliza de Garantía de cumplimiento por el término señalado en el aparte anterior y un (1) mes más, y por el cincuenta por ciento (50%) del valor total de los gastos en que haya incurrido la entidad con ocasión de la comisión de estudios y los sueldos que el funcionario pueda devengar durante el transcurso de su permanencia en el exterior.
El plazo de la comisión de estudios no podrá ser mayor de doce (12) meses, prorrogable por un término igual hasta por dos (2) veces, siempre que se trate de obtener título académico y previa comprobación del buen rendimiento del comisionado, debidamente acreditada con los certificados del respectivo Centro Académico. Cuando se trate de obtener título académico de especialización científica o médica la prórroga a los doce (12) meses podrá otorgarse hasta por tres (3) veces, bajo las mismas condiciones contempladas en el párrafo anterior. El comisionado tendrá derecho a recibir su sueldo, pasajes aéreos, marítimos o terrestres de clase económica y cualquier otro emolumento pactado en convenios que haya suscrito la entidad a la cual pertenezca el funcionario. En ninguna comisión de estudios en el exterior podrán reconocerse viáticos.
Se refieren a actuaciones administrativas situados dentro de la órbita constitucional del Gobierno para enajenar, contratar, negociar, inspeccionar, etc., es decir, actos creadores de situaciones jurídicas. El Congreso no fija un límite temporal para ejercer esa función, por lo cual se dice que son funciones eminentemente administrativas, con cierto grado de participación del legislador y suponen la necesaria colaboración legislativa previa y expresa. subir
Coordinar con los ministerios y departamentos administrativos la formulación de políticas y la ejecución de proyectos tendientes a simplificar y racionalizar el ordenamiento jurídica, mediante la preparación de decretos compilatorios u ordenadores de la normatividad vigente. InfoIzquierda
Última actualización: 06/11/2012 9:46 Presidencia de la República de Colombia

References: artículo 23
 artículo 23
 resolución 
 artículo 23
 artículo 86
 artículo 150