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STC 197/1995, 21 de Diciembre de 1995 - Jurisprudencia - VLEX 445549
STC 197/1995, 21 de Diciembre de 1995
Fecha de Resolución: 21 de Diciembre de 1995
Número de Recurso: 2848/1993
Sentencia citada en: 1875 sentencias, 52 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 2 formularios, 26 resoluciones administrativas
El Tribunal Constitucional tiene declarado desde la STC 18/1981 que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al Derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, hasta el punto de que un mismo bien jurídico puede ser protegido por técnicas administrativas o penales, si bien en el primer caso con el límite que establece el art. 25.3 de la C.E. No obstante, el Tribunal se ha referido también a la cautela con la que conviene operar cuando se trata de trasladar al ámbito administrativo sancionador las garantías esenciales reflejadas en el art. 24.2 de la C.E. en materia de procedimiento y con relación directa al proceso penal, pues esta operación no puede hacerse de forma automática, dadas las diferencias existentes entre uno y otro procedimiento. De modo que la aplicación de dichas garantías a la actividad sancionadora de la Administración sólo es posible en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base del precepto constitucional y resulten compatibles con la naturaleza del procedimiento administrativo sancionador (SSTC 18/1981, 29/1989, 22/1990, 246/1991, entre otras).
No puede suscitar duda que el derecho a no declarar contra sí mismo, en cuanto garantía instrumental del derecho de defensa al que presta cobertura en su manifestación pasiva, rige y ha de ser respetado, en principio, en la imposición de cualesquiera sanciones administrativas, sin perjuicio de las modulaciones que pudiera experimentar en razón de las diferencias existentes entre el orden penal y el Derecho administrativo sancionador, pues los valores esenciales que se encuentran en la base del art. 24.2 de la C.E. no quedarían salvaguardados si se admitiera que la Administración pudiera compeler u obligar al administrado a confesar la comisión o autoría de los hechos antijurídicos que se le imputan o pudieran imputar o a declarar en tal sentido. El ejercicio del «ius puniendi» del Estado en sus diversas manifestaciones está sometido al juego de la prueba de cargo o incriminatoria de la conducta reprochada y a un procedimiento en el que la persona a la que se le imputa o pueda imputar aquélla pueda ejercer su derecho de defensa, de modo que, también en el procedimiento administrativo sancionador, la carga de la prueba de los hechos constitutivos en la infracción vincula a la Administración, que concentra las funciones de acusador y decisor, sin que el sujeto pasivo de la actuación sancionadora esté obligado a declarar contra sí mismo.
La carga del titular del vehículo de participar a la Administración quién lo conducía al tiempo de producirse una supuesta infracción de tráfico y cuando no hubiera sido posible su identificación en el acto de formularse la denuncia no se presenta como excesiva o desproporcionada. Se comprende, por lo demás, que sin la colaboración en tales casos del titular del vehículo, la obligada intervención de los poderes públicos en el mantenimiento de la seguridad de la circulación vial resultaría notablemente dificultada.
No cabe confundir el cumplimiento de la obligación legal pública de colaborar en la identificación del conductor presuntamente responsable de una infracción con la obligación de autoconfesar conductas sancionables, ya que con tal requerimiento no se compele al propietario del vehículo a emitir una declaración admitiendo su culpabilidad ni presumiendo responsabilidades ajenas, sino a exigir su colaboración, en razón a la titularidad de un objeto cuyo uso entraña un peligro potencial para la vida, salud e integridad de las personas, en la tarea inicial de identificación del conductor del vehículo en la fecha y hora en la que se formuló la denuncia. En suma, en cuanto el deber de colaboración que al titular del vehículo impone el precepto legal cuestionado no supone la realización de una manifestación de voluntad ni la emisión de una declaración que exteriorice un contenido inculpatorio no puede considerarse el mismo, ni la consiguiente tipificación de su incumplimiento sin causa que lo justifique como infracción, contrario al derecho a no declarar contra sí mismo.
Dado que la identificación del conductor que la Ley exige no es la del propietario en condición de imputado sino en la de titular del vehículo ninguna consistencia cabe otorgar a la pretendida vulneración del derecho fundamental a no declarar contra sí mismo por parte del precepto legal cuestionado, el cual se limita a configurar un mero deber de colaboración con la Administración de los titulares de los vehículos, cuyo cumplimiento no transciende al plano de la real y efectiva responsabilidad de los mismos en las infracciones objeto de depuración. Por ello ha de estimarse que el art. 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial no vulnera el derecho fundamental a no declarar contra sí mismo consagrado en el art. 24.2 de la Constitución.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Alvaro Rodríguez Bereijo, Presidente, don José Gabaldón López, Vicepresidente, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Vicente Gimeno Sendra, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Pedro Cruz Villalón, don Carles Viver Pi-Sunyer, don Enrique Ruiz Vadillo, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Francisco Javier Delgado Barrio y don Tomás S. Vives Antón, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas núms. 2.848/93, 2.849/93, 3.413/93, 3.828/93, 1.270/94 y 2.217/94, promovidas por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la primera, segunda y sexta; la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la tercera y quinta, y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, la cuarta, por supuesta inconstitucionalidad del art. 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado. Ha actuado como Ponente el Magistrado don Enrique Ruiz Vadillo, quien expresa el parecer del Tribunal.
El 27 de septiembre de 1993 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Presidente de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al que se acompañaba, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de la referida Sección de 28 de julio anterior, en el que se acordaba plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
El 27 de septiembre de 1993 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Presidente de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al que se acompañaba, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de la referida Sección de 29 de julio anterior, en el que se acordaba plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
La Sección Segunda y la Sección Primera de este Tribunal, por sendas providencias de 28 de octubre de 1993, acordaron, a efectos de lo dispuesto en el art. 37.1 de la LOTC, oír al Fiscal General del Estado para que en el plazo de diez días alegara lo que estimare pertinente sobre la posibilidad de que resultasen notoriamente infundadas las cuestiones suscitadas.
El Presidente del Senado, por escritos registrados el día 23 de diciembre de 1993, interesó se tuviera por personada a dicha Cámara y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 de la LOTC. Mediante escritos registrados el 4 de enero de 1994, el Presidente del Congreso comunicó el Acuerdo de la Cámara de no personarse en el procedimiento.
El Abogado del Estado, por escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 30 de diciembre de 1993, se personó, en nombre del Gobierno, en las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 2.848 y 2.849/93 y solicitó su acumulación, con suspensión del plazo para formular alegaciones.
El Fiscal General del Estado evacuó el trámite conferido mediante sendos escritos, de idéntico contenido, registrados el 20 de enero de 1994, en los que expuso la argumentación que a continuación se resume.
Tras señalar que se cumplen los requisitos formales que como presupuestos procesales para el planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad exige el art. 35.2 de la LOTC y recordar que el objeto de las cuestiones suscitadas se circunscribe únicamente a examinar si el derecho a no declarar contra sí mismo puede verse conculcado por el precepto cuestionado, no extendiéndose el análisis a realizar al derecho a la presunción de inocencia, considera que el primer aspecto a determinar es el relativo a si el art. 73.2 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (L.T.S.V.) exige una auténtica «declaración» al imponer al titular del vehículo «el deber de identificar al conductor responsable de la infracción». En este sentido, entiende que la doctrina recogida en la STC 76/1990, a contrario sensu, permite sostener que el deber de «identificar al conductor responsable de la infracción» sí que comporta una manifestación de voluntad que exterioriza un contenido relativo a la responsabilidad de una persona, que puede ser el propio autor de la declaración, de modo que se trata de una auténtica «declaración» en el sentido utilizado por el art. 24.2 de la C.E.
A continuación, se refiere a la posibilidad de extender la aplicación del derecho que todos tienen a no declarar contra sí mismos (art. 24.2 C.E.) al Derecho administrativo sancionador. Cuestión que analiza a la luz de la doctrina contemplada en la STC 246/1991, cuyo fundamento jurídico 2. reproduce, para llegar a afirmar que aquel Derecho, en su opinión, es sin duda perfectamente compatible con la naturaleza del derecho administrativo sancionador y le es perfectamente aplicable, como se deduce de la citada STC 76/1990, al tratarse en el presente supuesto, a diferencia del entonces contemplado, de una auténtica «declaración».
Establecidas tales premisas, precisa que, como se indica en los Autos de planteamiento de las cuestiones, se trata, además, de una «declaración contra sí mismo» cuando el titular del vehículo fuera su conductor en el momento de cometer la infracción de tráfico, lo que cabe presumir que será así en muchos casos. De modo que, en tales supuestos, el art. 72.3 de la L.T.S.V. coloca al propietario del vehículo en la tesitura de confesar la autoría de la primera infracción (en este caso, por velocidad) o negarla (por desconocimiento del conductor o por otra causa), pudiendo entonces incurrir en la autoría de la infracción autónoma prevista en el art. 72.3 de la L.T.S.V.
El Fiscal General del Estado entiende que cuando el art. 24.2 de la C.E. establece el derecho a «no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable», está consagrando dos derechos distintos, aunque íntimamente conectados. Con base a ellos, cualquier persona acusada de un delito o de una infracción administrativa puede: a) negarse a declarar en absoluto, sin más explicaciones; b) dar la versión de los hechos que más le beneficie, sin que tenga la obligación legal de ser veraz. En cualquier caso, su conducta no puede acarrearle por sí misma consecuencias negativas, esto es, su silencio o su declaración no autoinculpatoria no puede convertirse en una ficta confesio. En definitiva, el derecho a no declarar contra sí mismo incluye el «derecho a no declarar», por lo que si el denunciado por una infracción de tráfico ejerce tal derecho fundamental queda exento de sanción por dicha infracción, salvo que su autoría pueda probarse por otros medios.
Respecto a la infracción autónoma tipificada en el precepto cuestionado -art. 72.3 L.T.S.V.- es necesario distinguir varios supuestos. Si el titular del vehículo era efectivamente quien lo conducía en el momento de la denuncia, el art. 24.2 de la C.E. le otorga el derecho a no autoinculparse. Ahora bien, el deber de controlar el automóvil de su propiedad le impone la obligación de cooperar con los Agentes de la Autoridad para averiguar la identidad del autor de la infracción, por lo que, si no era él el conductor, debe señalar a la persona a la que autorizó usar su vehículo en el momento en el que la infracción de tráfico se cometió. Es evidente que, en tal supuesto, su declaración será tan sólo un medio de prueba, de los varios que pueden concurrir a formar la convicción de la Administración sancionadora respecto a la autoría de la falta. Aunque el precepto cuestionado obedece a la loable finalidad de que las infracciones de tráfico no queden impunes, ello no puede llevarse a cabo, sin embargo, con la quiebra de derechos fundamentales, de forma que no se le puede obligar al titular del vehículo a declarar en su contra si era él quien lo conducía cuando el vehículo fue denunciado, lo que no empece su deber de colaborar a la denuncia de la persona responsable si era otra la que conducía.
Ordinariamente deben ser los poderes públicos quienes aporten las pruebas suficientes para castigar las infracciones, aunque ello les suponga un plus de dedicación y de medios. El propio art. 77 de la L.T.S.V. dispone que «como norma general, las denuncias de carácter obligatorio formuladas por los Agentes de la Autoridad se notificarán en el acto al interesado, haciendo constar en las mismas los datos señalados en el art. 75 (identidad del conductor, identificación del vehículo, infracción cometida...) y el derecho reconocido en el art. 79. Por razones justificadas, que deberán constar en la propia denuncia, podrá notificarse la misma con posterioridad». Si los Agentes de la Autoridad no son suficientes para efectuar tal notificación personal, puede pensarse en que la Administración debe dedicar más personal o buscar otras soluciones, pero no intentar una autoinculpación, que no se compadece con las garantías del procedimiento sancionador.
Discrepa el Fiscal General del Estado de la argumentación esgrimida en los Autos de planteamiento en el extremo relativo a que el inciso final del art. 72.
3 de la L.T.S.V., «sin causa justificada», no sea suficiente para excluir la quiebra del derecho a no declarar contra sí mismo. En su opinión, si el titular del vehículo no era su conductor en el momento de la denuncia, no posee ningún motivo suficiente para no manifestar su identidad a la Administración de Tráfico, pues el art. 72.3 de la L.T.S.V. le impone ese deber legal. Por el contrario, si era él mismo quien conducía el derecho a no declarar contra sí mismo (art. 24.
2 C.E.) le otorga «la causa justificada» para no efectuar una declaración autoinculpatoria a que se refiere el tenor literal de aquel precepto legal. Es decir, a su juicio cabe una interpretación del precepto cuestionado compatible con el art. 24.2 de la C.E., por lo que no procede declarar su inconstitucionalidad.
En consecuencia, concluye su escrito de alegaciones interesando de este Tribunal que dicte Sentencia en la que se declare la constitucionalidad del art. 72.3 de la L.T.S.V., por no ser contrario al derecho a no declarar contra sí mismo consagrado en el art. 24.2 de la C.E.
El 18 de noviembre de 1993 tuvo entrada en el Registro de este Tribunal un escrito del Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria al que se acompañaba, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de la referida Sala, de 20 de octubre anterior, en el que se acordaba plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
En el Auto de planteamiento, el órgano proponente comienza por referirse al llamado juicio de relevancia, argumentando, a continuación, sobre la novedad que supone el art. 72.3 de la L.T.S.V. respecto del derogado art. 278.2 del Código de la Circulación, a propósito del cual se dictó la STC 219/1988. Más adelante, la Sala señala que el precepto cuestionado conculca y sanciona el ejercicio del derecho a no declarar contra sí mismo, consagrado en el art. 24.2 C.E., «en el supuesto de que el conductor infractor sea el propio titular del vehículo, pues coloca a éste en la tesitura de, o asumir la sanción que le corresponde por la infracción de tráfico que no pudo serle debidamente notificada en el momento de su comisión por los Agentes de Tráfico, declarándose autor de la misma, en cuyo caso evitaría la sanción que impone el art. 72.3..., mediante la autoinculpación de la falta, y consiguiente imposición de la multa que por la misma le corresponde, o negarse a confesarse autor de la misma, cuya consecuencia es la imposición de la sanción por no identificar ante la Administración al conductor del vehículo infractor, que podría ser él mismo».
El supuesto que el precepto contempla es distinto de la obligación de sometimiento a las pruebas de alcoholemia (STC 103/1985) o de la de exhibir determinados documentos a la Inspección de Tributos (STC 76/1990). No se comparte, por tanto, la tesis del Abogado del Estado de que tal precepto no es sino una plasmación del deber general de denunciar, cuya conculcación es sancionable por comportar «indocilidad civil», pues dicho deber no entraña en modo alguno la obligación de autoconfesar conductas sancionables, «precisamente porque... quiebra cuando nos encontramos ante el propio autor de la falta, el cual puede invocar tal derecho constitucional en el momento en que le sea exigida o requerida por la Administración la puesta en su conocimiento de aquellas conductas sancionables de las que él mismo es autor y se le solicita o requiere información sobre aquellas que le sea perjudicial y que en modo alguno tiene el deber de poner en conocimiento de la Autoridad que pretende sancionarle». «No cabe obviar tales consecuencias a través del inciso final del precepto, que sólo exime al titular del vehículo de identificar al conductor cuando exista "causa justificada", la cual sólo podrá concurrir en aquellos supuestos en que el vehículo haya sido sustraído ilegítimamente por un tercero, única situación en que existe auténtica imposibilidad por parte del titular de conocer al conductor, pues en aquellos casos en que el infractor sea un miembro de su familia o de su círculo de allegados se entiende que debe o puede conocer quién ha sido el conductor en el momento de cometerse la infracción, so pena de imputación de falta de diligencia.
Cuando el conductor es el propio titular que en su momento no fue identificado, la invocación y ejercicio del derecho a no declarar contra uno mismo como causa de la negativa a facilitar dichos datos comporta automáticamente la imposición de la sanción por comisión de la falta que el precepto tipifica, multándose al sujeto renuente a confesarse autor de la infracción, a lo que tiene derecho en ejercicio del art. 24.2 de la Constitución».
La Sección Cuarta de este Tribunal, por providencia de 21 de diciembre de 1993, acordó admitir a trámite la cuestión planteada, turnada con el núm. 3.
413/93; dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.
2 de la LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el común e improrrogable plazo de quince días pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimaren convenientes; y, finalmente, publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado».
El Abogado del Estado, por escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 12 de enero de 1994, se personó en nombre del Gobierno en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3.413/93 y, existiendo una conexión objetiva con las registradas con los núms. 2.848 y 2.849/93, solicitó su acumulación con suspensión del plazo para formular alegaciones.
El Presidente del Senado, por escrito registrado el día 13 de enero de 1994, interesó se tuviera por personada a dicha Cámara y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 de la LOTC. Mediante escrito registrado el día 25 de enero de 1994, el Presidente del Congreso comunicó el Acuerdo de la Cámara de no personarse en el procedimiento.
El Fiscal General del Estado evacuó el trámite conferido mediante escrito registrado el 20 de enero de 1994, en el que reitera la argumentación ofrecida en igual trámite con ocasión de las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 2.
848 y 2.849/93, consignada en el Antecedente núm. 6 de la presente Sentencia, interesando, asimismo, se dicte Sentencia en la que se declare la constitucionalidad del art. 72.3 de la L.T.S.V. por no ser contrario al derecho a no declarar contra sí mismo (art. 24.2 C.E.).
El día 21 de diciembre de 1993 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León, con sede en Burgos, al que se acompañaba, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de la referida Sala, de 4 de diciembre de 1993, en el que se acordaba plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
La Sección Cuarta de este Tribunal, por providencia de 25 de enero de 1994, acordó admitir a trámite la cuestión planteada, turnada con el núm. 3.828/93; dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 de la LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el improrrogable plazo de quince días pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimaren pertinentes;así como publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado».
El Abogado del Estado, por escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 3 de febrero de 1994, se personó en nombre del Gobierno en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3.828/93 y, existiendo una conexión objetiva con las registradas con los núms. 2.848, 2.849 y 3.413/93, solicitó su acumulación, con suspensión del plazo para formular alegaciones.
El Presidente del Senado, por escrito registrado el día 10 de febrero de 1994, interesó se tuviera por personada dicha Cámara y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 de la LOTC.
El Fiscal General del Estado evacuó el trámite conferido mediante escrito registrado el 18 de febrero de 1994, interesando se dicte Sentencia en la que se declare la constitucionalidad del art. 72.3 de la L.T.S.V.
Comienza por referirse a los razonamientos específicos que se contienen en el Auto de planteamiento de la presente cuestión, respecto a las registradas con los núms. 2.848, 2.849 y 3.413/93. Así, en primer lugar, en cuanto a la posible quiebra de las garantías del procedimiento sancionador por la imposición de una sanción «sin sujeción a ningún tipo de procedimiento», sostiene que la duda del órgano proponente es manifiestamente infundada, pues carece de base dicha afirmación, ya que el Capítulo Primero del Título VI de la L.T.S.V. prevé un procedimiento sancionador y, en todo caso, debería aplicarse con carácter supletorio la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollada en este extremo por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
La Sección Cuarta, por providencia de 24 de febrero de 1994, acordó oír al Fiscal General del Estado para que, en el plazo de diez días, expusiera lo que considerase oportuno acerca de la acumulación de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3.828/93 con las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 2.848, 2.849 y 3.413/93, como había solicitado el Abogado del Estado, para quien se deja en suspenso el plazo para formular alegaciones en tanto se resuelva dicha acumulación.
Con fecha 12 de abril de 1994 presentó su escrito de alegaciones el Abogado del Estado, quien, en síntesis, y solicitando la desestimación de las cuestiones de inconstitucionalidad, argumentó lo siguiente.
Comienza por reproducir el contenido de los arts. 75 y 77 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (L.T.S.V.), para señalar, a continuación, que la notificación de la denuncia al titular del vehículo, que habrá de incorporar un requerimiento para que, según el precepto legal cuestionado, identifique «al conductor responsable de la infracción», presenta un doble carácter: a) por un lado, se constituye en el acto de iniciación del procedimiento administrativo sancionador, y b) por otro, es un requerimiento de colaboración al titular del vehículo para que, si no era él quien conducía el vehículo en la fecha y hora indicados en el boletín de denuncia, identifique al conductor presunto responsable de la infracción. No cabe, pues, confundir el cumplimiento de la obligación legal pública de colaborar en la identificación del conductor presuntamente responsable de una infracción con la «obligación de autoconfesar conductas sancionables», como se pretende en algunos Autos. Con dicho requerimiento no se obliga al titular del vehículo a emitir una declaración admitiendo su culpabilidad ni presumiendo culpabilidades ajenas, ya que identificar al conductor, aun cuando fuere el propio titular requerido, no equivale a confesar la infracción. La declaración requerida del titular del vehículo, por tanto, no es equiparable a la confesión ni a la declaración contra sí mismo y, en consecuencia, no está comprendida en el ámbito del derecho consagrado en el art. 24.2 de la C.E. (SSTC 110/1984, fundamento jurídico 2.; 103/1985, fundamento jurídico 3.; 75/1987, fundamento jurídico 1., y 127/1992, fundamento jurídico 2.).
No puede así decirse que el precepto cuestionado obligue a «declarar "a priori" responsabilidades», dado que la identificación del conductor del vehículo, presunto autor de una infracción, nada tiene que ver con la determinación de su responsabilidad. El titular del vehículo no es competente, en modo alguno, para «declarar responsabilidades», que sólo serán resultado de un procedimiento en cuya tramitación el conductor podrá alegar en su descargo y proponer la práctica de cuantas pruebas sean pertinentes o necesarias (SSTC 192/1987, fundamento jurídico 2.; 212/1990, fundamento jurídico 3.).
En opinión del Abogado del Estado ningún motivo de inconstitucionalidad cabe advertir en el deber de colaboración consagrado en el art. 72.3 de la L.T.S.V. En este sentido hace suya la doctrina recogida en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 28 de septiembre de 1992, objeto del recurso de amparo núm. 2.650/92, cuyo fundamento jurídico 2. reproduce, según el cual «el deber de diligencia de conocer y facilitar a la Administración los datos necesarios para identificar (...) [sólo] supone (...) un deber de colaboración con la Administración en el procedimiento sancionador a fin de responsabilizar sólo al culpable de la infracción, evitándose así la presunción que responsabilizase al dueño del vehículo por el mero hecho de serlo, lo que iría contra el principio de personalización de la sanción. Ante este deber de colaboración con la Administración Pública en la investigación del ilícito administrativo no parece inconstitucional que se sancione pecuniariamente su infracción pues, como se ha dicho por el Tribunal Constitucional (STC 103/1985) ante el deber de someterse al control de alcoholemia, no se obliga al interesado a emitir una declaración que exteriorice su contenido, admitiendo su culpabilidad; ni es inconstitucional el deber de aportar datos que puedan ayudar a la investigación practicada por la Inspección Tributaria al verificar la conducta fiscal del contribuyente (STC 110/1984)».
El art. 72.3 de la L.T.S.V., en todo respetuoso con la doctrina constitucional derivada de la STC 219/1988, tipifica una sanción administrativa con la que se conmina al titular encubridor del conductor responsable de una infracción de las normas de seguridad vial. Se limita a castigar como falta grave el incumplimiento injustificado del deber de identificar al conductor responsable de la infracción, que pesa sobre el titular del vehículo. Es obvio que el titular del vehículo no podrá ser hecho responsable del pago de la sanción simplemente porque la Administración no haya logrado identificar al conductor, es decir, el titular no puede ser «responsable objetivo» de la sanción; por el contrario, será necesario que la Administración pruebe que el titular requerido observó una conducta encubridora tendente a facilitar la impunidad del infractor. Es patente, también, que la Administración deberá admitir y practicar las pruebas de descargo propuestas por el titular del vehículo -siempre que sean pertinentes- para combatir los elementos de cargo que arguyan encubrimiento. Ahora bien, es perfectamente compatible con el art. 24.2 de la C.E. que la Administración pueda legítimamente valorar como prueba de la conducta encubridora del titular del vehículo incluso las respuestas evasivas o reticentes que no proporcionen los datos precisos para identificar al autor de la infracción, cuando haya razón suficiente para sostener que el titular del vehículo posee tales datos (cabrá desde luego acudir a este efecto a máximas generales de la experiencia e incluso razonar a partir de los especiales deberes de cuidado dimanantes de la simple titularidad del vehículo).
En definitiva, ninguna tacha de inconstitucionalidad cabe oponer contra la formulación legal de un deber de colaboración del titular del vehículo en la identificación del conductor presuntamente responsable de una infracción. El cumplimiento de ese deber de identificación en nada afecta al contenido protegido por los derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, consagrados en el art. 24.2 de la C.E. El requerimiento tan sólo es el acto inicial del procedimiento administrativo sancionador. Si en la contestación al requerimiento el titular del vehículo identifica a otra persona como conductor presuntamente responsable, esa declaración no determinará, por sí misma, la imposición de una sanción al señalado. Al contrario, supondrá el inicio del correspondiente procedimiento sancionador, con todas las garantías constitucionales y legales, contra la persona identificada, quien podrá alegar y probar en su descargo cuanto tenga por conveniente.
El 19 de abril de 1994 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Secretario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria al que se acompañaba, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de la referida Sala de 7 de abril anterior, en el que se acordaba plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
La cuestión trae causa del recurso contencioso-administrativo deducido por doña María Luisa Fernández Gómez contra la Resolución del Ayuntamiento de Camargo, que le había impuesto una sanción de 50.000 pesetas de multa por infracción de lo dispuesto en el precepto cuestionado. Dicha sanción se origina en la denuncia formulada contra la recurrente por la Policía Municipal a causa del estacionamiento de su vehículo en un paso de peatones, imponiéndosele una multa de 4.000 pesetas. Habiendo alegado la recurrente no ser la autora de la infracción y manifestado, tras el oportuno requerimiento, que le resultaba imposible identificar al conductor del vehículo, se le incoó un nuevo expediente sancionador por infracción de lo dispuesto en el art. 72.3 meritado, en el que recayó la Resolución sancionadora de que se ha hecho mención.
En el curso de la vista oral del proceso, celebrada el 2 de noviembre de 1993, la Sala acordó conceder a las partes y al Ministerio Fiscal un plazo de diez días para formular alegaciones respecto a la posibilidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 72.3 de la L.T.S.V. Una vez evacuado el trámite conferido, la Sala, en proveído del 12 de noviembre siguiente, resolvió que, «presentadas las anteriores alegaciones, únanse a los autos de su razón, y visto su contenido se acuerda la suspensión del término para dictar Sentencia, al haber planteado la Sala cuestión de inconstitucionalidad sobre el precepto controvertido y aplicable al presente procedimiento». En fin, por providencia de 14 de marzo de 1994, dijo la Sala que, «visto el estado que mantienen las presentes actuaciones, dése traslado por término de diez días a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que efectúen alegaciones sobre la pertinencia del planteamiento de la cuestión de constitucionalidad (sic) del art. 72.3 de la Ley de Seguridad Vial». A esta nueva convocatoria sólo respondió la recurrente, resumiendo y reiterando lo alegado en su escrito anterior.
La Sección Cuarta, por providencia de 10 de mayo de 1994, acordó admitir a trámite la cuestión planteada, turnada con el núm. 1.270/94; dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 de la LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el improrrogable plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren pertinentes; oír a las partes antes mencionadas para que, en el mismo plazo del traslado, expusieran lo que considerasen conveniente acerca de la acumulación de la presente cuestión con la registrada bajo el núm. 2.848/93 y otras ya acumuladas; así como publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado».
El Presidente del Congreso, por escrito registrado el día 19 de mayo de 1994, comunicó el Acuerdo de la Cámara de no personarse en el procedimiento. Mediante escrito registrado el día 27 de mayo de 1994, el Presidente del Senado interesó se tuviera por personada a dicha Cámara y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 de la LOTC.
El Abogado del Estado evacuó el trámite conferido mediante escrito registrado el 25 de mayo de 1994, en el que reitera la argumentación ofrecida en igual trámite con ocasión de las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 2.
848/93, 2.849/93, 3.413/93 y 3.828/93 (acumuladas), consignada en el Antecedente núm. 18 de la presente Sentencia.
En otrosí de su escrito de alegaciones solicita se acuerde la acumulación de la presente cuestión con las registradas con los núms. 2.848, 2.849, 3.413 y 3.
828/93, dada la estrecha y objetiva conexión existente.
El Fiscal General del Estado presentó su escrito de alegaciones con fecha 30 de mayo de 1994, en el que interesa la acumulación de la presente cuestión a las registradas con los núms. 2.848, 2.849, 3.413 y 3.828/93, ya acumuladas, y se remite a las alegaciones emitidas con ocasión de las mismas, consignadas en los Antecedentes núms. 6 y 16 de esta Sentencia.
El Pleno de este Tribunal, por Auto de 22 de junio de 1994, acordó acumular la cuestión de inconstitucionalidad registrada con el núm. 1.270/94 a las ya acumuladas registradas con los núms. 2.848/93, 2.849/93, 3.413/93 y 3.828/93.
El 24 de junio de 1994 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Presidente de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al que se acompañaba, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de la referida Sección de 10 de febrero de 1994, en el que se acordaba plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
La cuestión trae causa del recurso contencioso-administrativo deducido por «Industrias Plásticas Pover, S.A.», frente a la Resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de Gerona que le impuso una sanción de 50.000 pesetas de multa por infracción de lo dispuesto en el precepto mencionado. Dicha sanción se origina en la denuncia formulada contra el conductor del vehículo propiedad de la recurrente por circular a una velocidad superior a la permitida. Notificada a la actora la incoación del oportuno expediente sancionador, se le requirió para que comunicara la identidad del conductor del vehículo, bajo apercibimiento de ser sancionada en caso contrario y de entenderse que el conductor era el mismo titular del vehículo, a cuyo fin el propio escrito surtiría efectos de notificación de la denuncia. Habiendo manifestado la recurrente que no recordaba la identidad del conductor dado el tiempo transcurrido desde que los hechos habían tenido lugar, la Administración incoó un nuevo expediente por la infracción de lo dispuesto en el art. 72.3 meritado, en el que recayó finalmente la Resolución sancionadora de que se ha hecho mención.
En el Auto de planteamiento de la cuestión, el Tribunal proponente reitera la argumentación empleada en las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 2.848 y 2.
849/93, referida en el Antecedente núm. 1 de la presente Sentencia.
La Sección Segunda, por providencia de 12 de julio de 1994, acordó admitir a trámite la cuestión planteada, turnada con el núm. 1.270/94; dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 de la LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el improrrogable plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren pertinentes; oír a las partes antes mencionadas para que, en el mismo plazo del traslado, expusieran lo que considerasen conveniente acerca de la acumulación de la presente cuestión con la registrada bajo el núm. 2.848/93 y otras ya acumuladas; así como publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado».
El Abogado del Estado evacuó el trámite conferido mediante escrito registrado el 21 de julio de 1994, en el que reitera la argumentación ofrecida en igual trámite con ocasión de las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 2.
848/93, 2.849/93, 3.413/93, 3.828/93 y 1.270/94 (acumuladas), consignada en el Antecedente núm. 18 de esta Sentencia, si bien añade que lo entonces sostenido queda corroborado por la reciente STC 154/1994, cuyo fundamento jurídico 3. reproduce.
El Presidente del Senado, por escrito registrado el 26 de julio de 1994, interesó se tuviera por personada a dicha Cámara y por ofrecida su colaboración a efectos del art. 88.1 de la LOTC. Mediante escrito registrado en la misma fecha, el Presidente del Congreso comunicó el Acuerdo de la Cámara de no personarse en el procedimiento.
El Fiscal General del Estado presentó escrito de alegaciones el día 26 de julio de 1994, en el que interesó la acumulación de la presente cuestión a las registradas con los núms. 2.848/93, 2.849/93, 3.413/93, 3.828/93 y 1.270/94, ya acumuladas, y se remite a las alegaciones emitidas con ocasión de las mismas, consignadas en los Antecedentes núms. 6 y 16 de esta Sentencia.
El Pleno de este Tribunal, por Auto de 27 de septiembre de 1994, acordó acumular la cuestión de inconstitucionalidad registrada con el núm. 2.217/94 a las ya acumuladas registradas con los núms. 2.848/93, 2.849/93, 3.413/93, 3.
828/93 y 1.270/94.
Por providencia de 19 de diciembre, se señaló para deliberación y votación de esta Sentencia el día 21 del mismo mes y año.
Fundamentos jurídicos 1. El objeto de las presentes cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas es el art. 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (L.T.S.V.). Según el referido precepto.
El titular del vehículo, debidamente requerido para ello, tiene el deber de identificar al conductor responsable de la infracción y si incumpliere esta obligación en el trámite procedimental oportuno sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.
Estas últimas objeciones que a la constitucionalidad del art. 72.3 de la L.T.
S.V. formula únicamente la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León deben ser rechazadas, sin necesidad de un detenido esfuerzo argumental, como ponen de manifiesto en sus escritos de alegaciones el Fiscal General y el Abogado del Estado, para centrar nuestra atención en la principal y común imputación de inconstitucionalidad que las Salas proponentes hacen al precepto cuestionado.
Los órganos judiciales promotores de las presentes cuestiones de inconstitucionalidad consideran, en síntesis, tras estimar que el derecho a no declarar contra sí mismo (art. 24.2 C.E.) se extiende y despliega sus efectos no sólo en el ámbito del proceso penal, sino también en el campo del Derecho administrativo sancionador, que el art. 72.3 de la L.T.S.V., cuando concurran en una misma persona la condición de propietario del vehículo y de conductor que ha cometido la supuesta infracción de tráfico, vulnera el mencionado derecho fundamental, en cuanto compele al titular del vehículo a confesarse autor de dicha infracción bajo la amenaza de ser sancionado pecuniariamente como autor de la falta grave de no identificar al conductor, que tipifica la norma cuestionada. Así pues, en tales casos, el deber de identificación que se impone al titular del vehículo le coloca en la tesitura de declararse autor de la infracción de tráfico, para evitar la sanción prevista en el art. 72.3 L.T.S.V., pues, de negarse a confesar su autoría, será sancionado entonces por el incumplimiento de aquel deber, lo que resulta contrario al derecho a no declarar contra sí mismo.
Es necesario, antes de emprender el examen de la duda de constitucionalidad planteada, realizar algunas consideraciones sobre el art. 72.3 de la L.T.S.V. Este precepto desarrolla la base 8.6 de la Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que establece «un especial deber de diligencia del titular del vehículo que le obligará a conocer y facilitar a la Administración todos los datos necesarios para identificar al conductor, cuando se hubiere producido una infracción, al objeto de poder dirigir contra éste el correspondiente procedimiento sancionador. El incumplimiento de este deber está sancionado como infracción grave».
El precepto cuestionado, por consiguiente, tipifica una infracción autónoma consistente en incumplir el titular del vehículo el deber de identificar y comunicar a las autoridades de tráfico la identidad del conductor que supuestamente ha infringido las normas de circulación. Es evidente la diferencia que existe entre el vigente art. 72.3 de la L.T.S.V. y el derogado art. 278.II del Código de la Circulación, que acogía una forma de imputación de la denominada responsabilidad en cascada, al prever que, si el conductor responsable de la infracción no fuese conocido, el titular del vehículo, tras interesar la Administración de éste los datos de dicho conductor, podría verse obligado al pago de la sanción pecuniaria que en su caso correspondiese a la infracción de tráfico cometida si dicha identificación no se lograse. El Tribunal Constitucional consideró aceptable desde la óptica constitucional este desplazamiento de la responsabilidad al titular del vehículo por la infracción de tráfico, puesto que «es indudable que el propietario de un vehículo en razón del conjunto de derechos y obligaciones dimanantes de sus facultades dominicales y esencialmente debido al riesgo potencial que la utilización de un automóvil entraña para la vida, salud e integridad de las personas, debe conocer en todo momento quién lo conduce. En caso contrario, esa falta de control sobre los bienes propios constituye un supuesto claro de culpa por falta de cuidado o de vigilancia, cuya concurrencia posibilita de modo indubitado la traslación de la responsabilidad, que no podrá ser calificada en consecuencia de indebida ni de objetiva» (STC 154/1994, fundamento jurídico 3.).
Si bien este Tribunal ya había tenido ocasión de advertir con anterioridad -en un supuesto en el que el titular del vehículo había señalado al posible infractor, sin que la Administración realizase comprobación o identificación de tipo alguno imponiéndole a aquél la sanción directamente- que lo que no se podía inferir, en una aplicación correcta del art. 278.II del Código de la Circulación, era que de la notificación de la denuncia y de la advertencia de ser posible exigir la multa al titular del vehículo, resulta se una legitimación de la Autoridad de Tráfico para imponer directamente la sanción pecuniaria al titular del vehículo, ni por ello la exoneraba de proseguir las pertinentes diligencias de prueba para conseguir la identificación del conductor, ya que dicha comunicación y advertencia no podía convertirse, por pasividad de la Administración, en una presunción iuris et de iure que no resultaba del mencionado precepto del Código de la Circulación (STC 219/1988, fundamento jurídico 3.).
Las Salas promotoras no cuestionan la existencia de la obligación del titular del vehículo de conocer en todo momento quien dispone del mismo, ni con carácter general el deber que tiene de identificar, a requerimiento de la Administración, al conductor que ha cometido la supuesta infracción de tráfico, aunque encuentran un límite a este deber en el derecho del administrado a no declarar contra sí mismo. La duda de constitucionalidad que les suscita el art. 72.3 de la L.T.S.V. se circunscribe, en consecuencia, a determinar si ese deber de identificación que le impone al titular del vehículo la norma cuestionada y la consiguiente tipificación de su incumplimiento sin causa que lo justifique como infracción puede conculcar, en los casos en que coincidan en una misma persona la condición de propietario y conductor, el derecho a no declarar contra sí mismo (art. 24.2 C.E.).
La Constitución reconoce en su art. 24.2, con especial referencia, por tanto, al proceso penal, los derechos íntimamente conectados a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Cierto que estos derechos no aparecen enunciados expresamente en los textos constitucionales de los países de nuestro entorno, en los que se recogen en las Leyes procesales. En el ámbito internacional, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, ratificado por España, los proclama como derechos de toda persona acusada de un delito durante el proceso (art. 14.3). Por su parte, ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, ni el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, consagran de manera formal y expresa los citados derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, si bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el marco de las garantías del art. 6.1 del Convenio, ha reconocido el derecho que tiene todo acusado en materia penal, en el sentido autónomo que el Tribunal ha otorgado a dicha noción en el texto del Convenio y frente al Derecho interno, a guardar silencio y de no contribuir de ninguna manera a su propia incriminación (Sentencia del T.E.D.H. de 25 de febrero de 1993 -caso Funke v. Francia-).
Así pues, los derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable contemplan, como su enunciado indica, los que en el proceso penal al imputado o a quien pueda adquirir tal condición corresponde, y acerca de los cuales los órganos judiciales deben ilustrar desde el primer acto procesal en el que pueda dirigirse contra una determinada persona el procedimiento, de no prestar declaración en contra de sí mismo y de no confesar la culpabilidad. Tanto uno como otro son garantías o derechos instrumentales del genérico derecho de defensa, al que prestan cobertura en su manifestación pasiva, esto es, la que se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que recae o puede recaer una imputación, quien, en consecuencia, puede optar por defenderse en el proceso en la forma que estime más conveniente para sus intereses, sin que en ningún caso pueda ser forzado o inducido, bajo constricción o compulsión alguna, a declarar contra sí mismo o a confesarse culpable (SSTC 36/1983, fundamento jurídico 2.; 127/1992, fundamento jurídico 2.).
La primera de las cuestiones que nos hemos planteado, cuyo afrontamiento hemos ahora de abordar, es la relativa a la posible extensión o aplicación del derecho a no declarar contra sí mismo al Derecho administrativo sancionador, del que la imposición de sanciones en materia de tráfico constituye en nuestro ordenamiento una de sus manifestaciones. Delimitada en estos términos la problemática suscitada, debemos circunscribir nuestras consideraciones, y así deben ser entendidas, a la extensión o no de aquel derecho fundamental al procedimiento administrativo sancionador en sentido estricto, sin que resulte necesario, en consecuencia, que abordemos la más compleja temática referida a su extensión o aplicación a actuaciones o procedimientos distintos del estrictamente administrativo sancionador.
En este sentido, es necesario recordar que el Tribunal Constitucional tiene declarado desde la STC 18/1981, doctrina que ha sido posteriormente reiterada en numerosas ocasiones, que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al Derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, hasta el punto de que un mismo bien jurídico puede ser protegido por técnicas administrativas o penales, si bien en el primer caso con el límite que establece el art. 25.3 de la C.E. No obstante, el Tribunal se ha referido también a la cautela con la que conviene operar cuando se trata de trasladar al ámbito administrativo sancionador las garantías esenciales reflejadas en el art. 24.2 de la C.E. en materia de procedimiento y con relación directa al proceso penal, pues esta operación no puede hacerse de forma automática, dadas las diferencias existentes entre uno y otro procedimiento. De modo que la aplicación de dichas garantías a la actividad sancionadora de la Administración sólo es posible en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base del precepto constitucional y resulten compatibles con la naturaleza del procedimiento administrativo sancionador (SSTC 18/1981, fundamento jurídico 2.; 29/1989, fundamento jurídico 6.; 22/1990, fundamento jurídico 4.; 246/1991, fundamento jurídico 2., entre otras).
La jurisprudencia constitucional ha reconocido como límite ineludible a la potestad sancionadora de la Administración el respeto a los derechos de defensa reconocidos en el art. 24 de la C.E., que son de aplicación a los procedimientos que la Administración siga para la imposición de sanciones (SSTC 77/1983, fundamento jurídico 2.; 74/1985, fundamento jurídico 4.). No puede suscitar duda que el derecho a no declarar contra sí mismo, en cuanto garantía instrumental del derecho de defensa al que presta cobertura en su manifestación pasiva, rige y ha de ser respetado, en principio, en la imposición de cualesquiera sanciones administrativas, sin perjuicio de las modulaciones que pudiera experimentar en razón de las diferencias existentes entre el orden penal y el Derecho administrativo sancionador, pues los valores esenciales que se encuentran en la base del art. 24.2 de la C.E. no quedarían salvaguardados si se admitiera que la Administración pudiera compeler u obligar al administrado a confesar la comisión o autoría de los hechos antijurídicos que se le imputan o pudieran imputar o a declarar en tal sentido. El ejercicio del ius puniendi del Estado en sus diversas manifestaciones está sometido al juego de la prueba de cargo o incriminatoria de la conducta reprochada y a un procedimiento en el que la persona a la que se le imputa o pueda imputar aquélla pueda ejercer su derecho de defensa, de modo que, también en el procedimiento administrativo sancionador, la carga de la prueba de los hechos constitutivos en la infracción vincula a la Administración, que concentra las funciones de acusador y decisor, sin que el sujeto pasivo de la actuación sancionadora esté obligado a declarar contra sí mismo.
Lo que antecede es sólo, sin embargo, la respuesta genérica a la cuestión, igualmente abstracta, acerca de la aplicación o extensión del derecho a no declarar contra sí mismo al procedimiento administrativo sancionador. Llegados a este punto, hemos de examinar finalmente la conformidad o disconformidad de la norma cuestionada con el citado derecho fundamental recogido en el art. 24.2 C.E., cuando el titular del vehículo fuera también el conductor que hubiera cometido la supuesta infracción de tráfico. Las Salas proponentes consideran que, en tales casos, el art. 72.3 de la L.S.T.V. conculca aquel derecho fundamental, ya que obliga al titular del vehículo a confesarse autor de la infracción de tráfico que determinó la incoación del procedimiento sancionador bajo la amenaza de ser sancionado pecuniariamente por incumplir el deber de identificación que como infracción autónoma tipifica el mencionado precepto legal. En su opinión, no evita el vicio de inconstitucionalidad que detectan en el precepto el inciso «sin causa justificada», que exime al titular del vehículo del deber de identificación si existe una causa que justifique su incumplimiento, pues entienden que únicamente quedan comprendidos en aquella expresión legal los supuestos en los que existe una auténtica imposibilidad de control de vehículo por parte de su titular.
El art. 72.3 de la L.S.T.V. impone al titular del vehículo con el que se ha cometido una supuesta infracción de tráfico el deber de identificar, a requerimiento de la Administración cuando no hubiera sido posible determinar la identidad del conductor en el acto de formularse la denuncia, la persona que lo conducía en aquel momento tipificando como infracción autónoma, el incumplimiento sin causa justificada de dicho deber. De este modo, el precepto cuestionado configura un deber de colaboración del titular de un vehículo con la Administración, en el extremo exclusivamente referido, que resulta inherente al hecho de ser propietario, lo cual comporta, con la lógica consecuencia de su disponibilidad continuada, ciertas obligaciones, entre ellas la de saber, dentro de lo razonablemente posible, la persona que lo maneja en un determinado momento, debido, esencialmente, al riesgo potencial que la utilización del automóvil entraña para la vida, salud e integridad de las personas (STC 154/1994, fundamento jurídico 3.). De ahí que la carga del titular del vehículo de participar a la Administración quién lo conducía al tiempo de producirse una supuesta infracción de tráfico y cuando no hubiera sido posible su identificación en el acto de formularse la denuncia no se presenta como excesiva o desproporcionada. Se comprende, por lo demás, que sin la colaboración en tales casos del titular del vehículo, la obligada intervención de los poderes públicos en el mantenimiento de la seguridad de la circulación vial resultaría notablemente dificultada.
A diferencia de la obligación de someterse a la prueba de impregnación alcohólica (STC 103/1985) o del deber del contribuyente de aportar a la Hacienda Pública los documentos contables (STC 76/1990), el deber que al titular del vehículo impone la norma cuestionada de identificar al conductor que ha cometido la presunta infracción de tráfico obliga a aquél a hacer una declaración que exterioriza un contenido relativo a la identidad de quien realizaba la conducción en un momento determinado. Sin embargo, el art. 72.3 de la L.T.S.V. no conmina al titular del vehículo a declarar sobre la supuesta infracción de tráfico, sino simplemente, a comunicar a la Administración el nombre del conductor del vehículo, de modo que, aunque concurran en una misma persona las circunstancias de conductor y propietario del vehículo, a éste no se le impone el deber ni de efectuar declaración alguna sobre la infracción, ni de autoinculparse de la misma, sino únicamente el de comunicar la identidad de quien realizaba la conducción. No puede, pues, compartirse la afirmación esgrimida en los Autos de planteamiento de que el deber de colaboración que contiene el precepto cuestionado sitúa al titular del vehículo en la tesitura de confesar la autoría de la infracción bajo la amenaza de una sanción pecuniaria. No cabe confundir, como en este sentido señala el Abogado del Estado, el cumplimiento de la obligación legal pública de colaborar en la identificación del conductor presuntamente responsable de una infracción con la obligación de autoconfesar conductas sancionables, ya que con tal requerimiento no se compele al propietario del vehículo a emitir una declaración admitiendo su culpabilidad ni presumiendo responsabilidades ajenas, sino a exigir su colaboración, en razón a la titularidad de un objeto cuyo uso entraña un peligro potencial para la vida, salud e integridad de las personas, en la tarea inicial de identificación del conductor del vehículo en la fecha y hora en la que se formuló la denuncia.
En suma, en cuanto el deber de colaboración que al titular del vehículo impone el precepto legal cuestionado no supone la realización de una manifestación de voluntad ni la emisión de una declaración que exteriorice un contenido inculpatorio no puede considerarse el mismo, ni la consiguiente tipificación de su incumplimiento sin causa que lo justifique como infracción, contrario al derecho a no declarar contra sí mismo.
En definitiva, dado que la identificación del conductor que la Ley exige no es la del propietario en condición de imputado sino en la de titular del vehículo ninguna consistencia cabe otorgar a la pretendida vulneración del derecho fundamental a no declarar contra sí mismo por parte del precepto legal cuestionado, el cual se limita a configurar un mero deber de colaboración con la Administración de los titulares de los vehículos, cuyo cumplimiento no transciende al plano de la real y efectiva responsabilidad de los mismos en las infracciones objeto de depuración. Por ello ha de estimarse que el art. 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial no vulnera el derecho fundamental a no declarar contra sí mismo consagrado en el art. 24.2 de la Constitución.
FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA, Ha decidido Desestimar la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Voto particular que formula el Magistrado Excmo. Sr. don Vicente Gimeno Sendra a la Sentencia dictada en las C.C.I.I. núms. 2.848/1993 y acums., al que se adhiere el Magistrado Excmo. Sr. don Rafael de Mendizábal Allende Comparto plenamente la excelente doctrina que esta Sentencia plasma en sus siete fundamentos jurídicos, si bien discrepo de su aplicación (o inaplicación, según se mire) a la norma cuestionada, que se efectúa en su fundamento jurídico 8. y en el fallo que debió ser estimatorio de la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Madrid, a veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.
PLENO. SENTENCIA 197/1995, de 21 de Diciembre de 1995. cuestiones de Inconstitucionalidad 2.848/1993, 2.849/1993, 3.413/1993, 3.828/1993, 1.270/1994 y ...
Notificación de la denuncia y opciones del denunciado en materia de tráfico y seguridad vial
SAP Baleares 413/2007, 9 de Octubre de 2007
STS 881/2000, 19 de Mayo de 2000
SAP Pontevedra 657/2010, 7 de Octubre de 2010

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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 Resolución 
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