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Timestamp: 2015-01-28 20:10:16+00:00

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Análisis de una posible consecuencia penal en los recursos administrativos - CCPBC
updated 12:31 AM EST, Jan 10, 2015	Noticias:
Escrito por L.D. y M.C. Christian N. Raygoza Lozano Los actos de autoridades administrativas y fiscales aunque se esperan legales en todos sus aspectos, son constantemente recurridos, en ocasiones con razón buscando la trasparencia y el buen derecho en sus actuaciones, sin embargo, no se puede negar que otras veces, la interposición de recursos, se debe simples estrategias con la búsqueda de anular ciertas obligaciones o evitar pagar impuestos omitidos.
En lo anterior, el abogado o asesor juega un papel esencial, al ser la persona que aconseja e instruye el actuar del afectado, ante el conocimiento del derecho, por ello, la autoridad responsable en la que sus actos están en tela de juicio, ha tomando la actitud de evidenciar la conducta supuestamente inapropiada de estos, al considerarla delictuosa, cuando se interpone el recursos administrativo correspondiente.
Bajo esa premisa y a través del análisis llevado a cabo se señalaran las consecuencias penales que las autoridades buscan sean determinadas a los abogados o asesores, como lo son los siguientes delitos: fraude procesal, el delito de los abogados, defensores y litigantes y la falsedad en declaraciones.
No se puede analizar la posible comisión de delitos penales en la interposición de recursos administrativos, sin tener claro, que es, cuales son y los requisitos de los recursos administrativos, por lo que en primer lugar se advierte lo siguiente.
Como es bien sabido, existe la posibilidad de interponer un medio de defensa ante las autoridades (tanto administrativas como fiscales) en el ejercicio de sus facultades de acuerdo a su normatividad, a través de un procedimiento y concluyendo al emitir la resolución o determinación correspondiente, llamado este "Recurso", pudiendo este tener diversas denominaciones de acuerdo a la Ley que lo rige.
Por ello, y para efectos prácticos se denominaran en términos generales: recursos administrativos a todos aquellos recursos de inconformidad, revocación, reclamación, etc., que se conozcan por las disposiciones legales y que apliquen a cada acto de autoridad de acuerdo a su naturaleza u origen.
Ahora bien, para arribar a la parte medular del análisis que nos ocupa, la cual resulta ser el supuesto ilícito al momento de presentar un recurso administrativo ante la autoridad competente para resolver este, mediante una denuncia por fraude procesal, alegando que el abogado o asesor del promovente o recurrente ha interpuesto de manera reiterada este recurso, manifestando el desconocimiento del cual se deriva, a pesar de ser ampliamente conocido por el afectado y con toda la intención de lograr algún beneficio otorgado por ese medio de defensa, es preciso tener claro lo siguiente:
La naturaleza del recurso administrativo, como un medio de defensa que se promueve ante la autoridad que emitió el acto impugnado, consistente en volver a estudiar una decisión con el fin de eliminarla, ya que en la práctica no se recurre con el objeto que se perfeccione la irregularidad de la autoridad.
Este medio tiene por objeto proteger a los administrados, contribuyentes, afectados y hasta terceros perjudicados, mediante un sistema de control jurídico y administrativo de la actividad de los órganos de esa naturaleza.
A continuación, se citan algunos de los recursos administrativos contra autoridades administrativas y fiscales, así como el sustento legal de cada uno de estos medios de impugnación, que en la práctica resultan ser los más comunes:
De los anteriores recursos administrativos, por cuestiones de estrategia en la defensa del cliente, cabe la posibilidad que estos sean interpuestos con la intención de obtener ciertas ventajas entre la que encontramos las siguientes:
Obtener de estos una resolución dentro de tres meses a comparación con el juicio contencioso administrativo federal tradicional, que pueden durar hasta tres años.
Otro de los beneficios es que no se requiere de preparación especial del autorizado en el recurso administrativo, como en el caso de los Licenciados en Derecho, así como no se requiere de una formalidad especial o rigurosa para interponer este medio de defensa, excepto que sea por escrito y cumplir con los requisitos mínimos de toda promoción.
Tal vez el mayor beneficio es que en la mayoría de los casos, no se requiere de garantía para suspender el cobro de un crédito o el cumplimiento de alguna obligación, en los casos fiscales se suspende hasta por 5 meses, esto es, por la sola interposición de recurso, la autoridad fiscal otorga un término de gracia de cinco meses, en los cuales no molestara al contribuyente con el procedimiento administrativo de ejecución.
Un beneficio muy particular que pudieran obtener los afectados, es que al momento de interponer el recurso, pueden omitir hacer valer agravios, ello en virtud de que la autoridad fiscal, tiene la obligación de requerírselos.
Si bien existen ventajas, también encontramos desventajas, tales como: a) La posibilidad de que la autoridad no resuelve el medio de defensa si lo desea, configurándose así la negativa ficta, b) La autoridad como es juez y parte, por lo regular se aferra a aceptar que existen irregularidades en sus actos, por lo que la mayoría de las veces la autoridad confirma o reconoce la legalidad del acto controvertido, argumentando un exceso de trabajo.
Es importante, tener en cuenta que en la mayoría de los casos los recursos administrativos, se deben de interponer dentro de los 15 días siguientes a la notificación del acto, pudiendo variar el plazo, dependiendo del tipo de acto y la norma que lo regule.
Ahora bien, estos recursos administrativos contienen ciertas generalidades, como son los casos de procedencia, requisitos del escrito, sus anexos, su trámite, las pruebas admisibles, su improcedencia, sobreseimiento y su resolución.
De las anteriores generalidades, se debe prestar la debida atención a los requisitos del escrito, siendo algunos los siguientes: los datos del promovente o recurrente, como domicilio, autorizados, algún registro, etc., el acto o resolución que se impugna, los hechos, agravios, terceros, pruebas y la firma del recurrente o afectado.
Para efectos del estudio, se le prestara mayor atención a los requisitos de los hechos y la firma, toda vez que es a través de estos, en los que los abogados o asesores pudieran incurrir en algún delito, de los que más adelante se verán.
Analizando el requisito de los "hechos", de acuerdo con el artículo 322, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que a la letra dice "Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su contestación y defensa", se logra advertir que estos pudieran ser citados buscando mas una estrategia que la verdad jurídica, en virtud de que estos son a favor del recurrente y manipulables a su interés.
Consecuentemente, en relación a la narración de los "hechos", es importante para este análisis, señalar la figura jurídica del "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", que es utilizada en la práctica por algunos abogados e inclusive contadores que promueven el recurso administrativo, citando al momento de redactar los hechos, el fraseo anterior, figura que no es más que la promesa de decir verdad en un juicio o ante una autoridad.
Ahora bien, respecto del análisis de la "firma", como requisito de los recursos, que en sentido estricto, este no es un requisito exclusivo del escrito de recurso sino de todos los actos que deban constar por escrito, pues la firma es el signo manuscrito que acredita la voluntad de la o las personas para intervenir en el acto y asumir las obligaciones que deriven de este.
Dentro de la "firma", por mero formulismo se asienta el "PROTESTO LO NECESARIO" que es un uso en la práctica de carácter formal al cerrar el escrito de la demanda o en este caso el recurso administrativo con la formulación del protesto lo necesario, equivalente al "juramento de mancuadra" concepto español y que es una declaración jurada de litigar de buena fe.
Ahora bien, tomando en cuenta los requisitos antes citados, y la forma en que en la práctica se plasman, se analizaran los posibles delitos que estos pueden acarrear, los cuales inician por la denuncia ante el Ministerio Público, ya sea Federal o Local, dependiendo la competente para conocer, situación que en este análisis no se tocara, por no ser el caso.
Así pues, a través de una denuncia, acto mediante el cual se hace del conocimiento al Ministerio Publico de la comisión de algún delito, que conlleva a la investigación de estos, por querella o denuncia y que concluye con la determinación de no delito, reserva o con el ejercicio de la acción penal, que es la consignación, esto es, la solicitud al juez de lo penal, que se juzgue y se condene al inculpado, con la intención de la autoridad resolutora del recurso promovido, buscar de alguna manera frenar la intención delictuosa de los abogados o asesores.
Es importante tener en cuenta, la actuación que ha llamado la atención de la autoridad, y que la ha hecho optar por denunciar como un supuesto ilícito, siendo esta que algunos abogados, asesores e inclusive contadores, de manera reiterada promueven recursos administrativos ante la autoridad competente, manifestando el supuesto desconocimiento del acto administrativo o fiscal controvertido, a pesar de ser este ampliamente conocido por el afectado, la mayor parte de las veces por estrategia.
Por ello, la autoridad ha tomando la iniciativa de denunciar estas conductas, pretendiendo tipificarlas en algún delito penal.
Adentrándonos a los delitos anteriormente citados, es preciso tener en cuenta el concepto de cada uno de ellos de acuerdo al Código Penal, ya sea del orden Federal o Estatal, así como sus elementos:
El primero de ellos "fraude procesal" lo encontramos en el artículo 325 del Código Penal de Baja California:
"FRAUDE PROCESAL, Art. 325, CPBC.- Al que simule un acto jurídico, o un acto o escrito judiciales o altere elementos de prueba en perjuicio de otro, o para obtener un beneficio indebido.
Es en contra la administración de justicia (procesal)
La simulación de un acto jurídico, o un acto o escrito judiciales o altere pruebas
Que afecte a su contraparte
Se obtenga un beneficio indebido
Este delito es el considerado por la autoridad administrativa, que se comete al momento en que se presenta el recurso administrativo, ello en virtud de que la persona que lo elaboró fue con el fin de simular un supuesto acto, por el cual falsamente desconocía el origen de la actuación de la autoridad, ya que tenia previamente conocimiento de este pretendiendo obtener así un beneficio indebido, como es, la suspensión de un pago o el cumplimiento a una obligación por parte del recurrente.
El segundo de ellos "delito de los abogados defensores y litigantes" lo encontramos en el artículo 337 del Código Penal de Baja California:
"DELITO DE LOS ABOGADOS, DEFENSORES Y LITIGANTES, Artículo 337, Frac. III, CPBC.- A sabiendas alegue hechos falsos o se apoye en Leyes inexistentes o derogadas;
Es en contra de la administración de justicia y no ante autoridades diversas.
Alegar hechos falsos o apoyarse en leyes inexistentes o derogadas.
Sujetos activos; los abogados, defensores y litigantes, exclusivamente."
En cuanto a este delito, la autoridad lo considerara que es cometido cuando el recurso administrativo, promovido por algún abogado o algún contador, alegue hechos falsos a sabiendas, supuestamente se daría el delito.
El tercero de ellos "falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad" lo encontramos en el artículo 247 fracciones I del Código Penal Federal:
"DELITO FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES Y EN INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD, Articulo 247, frac. I, CPF.- Al que interrogado por una autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad.
ELEMENTOS DEL DELITO DE FALSEDAD EN DECLARACIÓN
Se practique un interrogatorio.
Que sea una autoridad diversa a la judicial.
Que ejerza sus facultades.
Se falte a la verdad. "
Por último, el delito de falsedad de declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, es el que cuenta con la mínima posibilidad de configurarse, ya que deben darse todos los elementos señalados, siendo el del interrogatorio y la falta de verdad, los más difíciles que se den, por la interpretación literal que estos ocasionan.
Una vez analizado los posibles delitos en que pudieran incurrir los abogados litigantes e inclusive los contadores, se advierte que es mínima la posibilidad de poder configurase los mismos, con excepción de la falsedad de declaración en un supuesto particular, en razón a lo siguiente.
El delito de Fraude Procesal en los recursos administrativos, resulta que por el simple hecho de desconocer un acto o crédito aunque sea mentira, no logra tipificarse, toda vez que, este delito únicamente se da dentro de un procedimiento judicial que atente contra la administración de justicia, es decir, se realice una simulación de un acto y se obtenga un beneficio indebido.
En cuanto al Delito de los Abogados, Defensores y Litigantes, de igual forma es mínima la posibilidad de configurarse, en virtud, que no se está ante un proceso judicial y además que los contadores nunca se pueden considerar litigantes, ya que este concepto aplica a los pasantes en derecho que son patrocinados por licenciados en derecho.
A lo que respecta al delito de FALSEDAD EN DECLARACIONES ANTE UNA AUTORIDAD DISTINTA A LA JUDICIAL, este sí bien resulta ser el que tiene mayores posibilidades de configurarse, aunque no se haya practicado un interrogatorio o se de algún otro elemento, por el hecho de haber plasmado dentro del recurso administrativo interpuesto, en la narración de los hechos el BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD o al momento de cerrar la firma con el PROTESTO LO NECESARIO, en virtud de que estas figuras han sido reguladas por el Poder Judicial a través de tesis aisladas, que consideran que plasmar en cualquier escrito tanto el BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD o el PROTESTO LO NECESARIO, se equipara al sometimiento o al apercibimiento que haga la autoridad diversa a la judicial a conducirse con verdad so pena de incurrir en el delito de falsedad en la declaración.
Por ello se debe considerar para no incurrir en este ilícito, al interponer el recurso administrativo que correspondiente en contra de los actos de autoridades administrativas y fiscales, suprimir el PROTESTO LO NECESARIO y el BAJO PROTESTO DE DECIR VERDAD, en caso que este último no sea requisito, evitando por ende la posible configuración de un delito del orden penal dentro de un recurso administrativo.
Por todo lo anterior, se puede denotar, que la actuación de los abogados o asesores en particular a los contadores, al momento de interponer recursos administrativo, puede ser sujeta a la denuncia por parte de las autoridades por la posible comisión de delitos penales, sin embargo, bajo el análisis de esos delitos y los requisitos que estos requieren forzosamente para generarse la tipificación del delito, aunque la autoridad pretenda intimidar la conducta de los que promueven o acuden a este medio de defensa, lo cual resulta casi imposible que se puedan configurar los delitos estudiados, sin embargo, el único con mayores posibilidades es el de falsedad en declaraciones ante una autoridad distinta a la judicial, excepto si se suprime el PROTESTO LO NECESARIO y el BAJO PROTESTO DE DECIR VERDAD, solo así se puede liberar la posibilidad de la comisión de este delito de tipo penal.
L.D. y M.C. Christian N. Raygoza Lozano
Abogado litigante, socio del despacho Cortez Bravo y Asociados, con Maestría en Contaduría, catedrático en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California, Ex-funcionario de la Administración Local Jurídica de Tijuana.	Etiquetado como
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