Source: http://rgiustiniani.blogspot.com.ar/2012/04/
Timestamp: 2017-06-25 01:50:06+00:00

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Ruben Giustiniani: abril 2012
LA PARABOLA YPEFIANA
Estoy de acuerdo con la declaración de utilidad pública y expropiación del 51% del paquete accionario de YPF, que es el camino de la recuperación de una herramienta central para la regulación de los mercados de hidrocarburos: una empresa petrolera estatal. El sector energético fue desarticulado mediante la privatización y desregulación llevada a cabo durante la década del ’90, y que tuvo como protagonistas a no pocos funcionarios del actual gobierno. Ni México, ni Brasil, ni Venezuela, durante los años de hegemonía neoliberal, privatizaron sus petroleras estatales. Privatización que tuvo como consecuencia una gigantesca transferencia de la renta petrolera a empresas privadas extranjeras y una política de explotación indiscriminada de reservas en pos de la exportación y obtención de ganancias extraordinarias en detrimento del autoabastecimiento energético interno y la promoción del desarrollo nacional.
La producción de petróleo cae desde hace 14 años y la de gas desde hace 7, las reservas se desmoronan estrepitosamente desde hace una década. Las importaciones han adquirido un volumen insostenible. La apuesta a reservas no convencionales (shale gas y shale oil) que se anunciaron en los últimos tiempos no es suficiente. Mientras tanto, la rentabilidad de las siete multinacionales que concentran el 92% de la producción de petróleo ha sido escandalosa. Esta decisión del Gobierno nacional es la contracara de la equivocada política que llevó adelante en los últimos 8 años, que profundizó y consolidó la política energética del neoliberalismo, y que en un escenario de restricciones presupuestarias (donde las importaciones ya no son una opción) ha hecho eclosión.
El Gobierno, quien es legalmente el responsable de fijar la política nacional de hidrocarburos y de controlar a las empresas que han recibido millonarios subsidios, recurrió a diversas herramientas para hacer frente a la crisis energética, fundamentalmente a las importaciones crecientes y los programas de incentivos y exenciones fiscales para la explotación, exploración y refinación (Petróleo Plus y Refino Plus, recientemente derogados), que implicaron millonarios subsidios, con escasos resultados. ENARSA, a pesar de los objetivos esgrimidos para su creación, no ha aportado al desarrollo de una industria petrolera estatal, limitándose casi exclusivamente a importar grandes cantidades de gas natural y de gas oil con destino al sector del transporte. Además, la empresa, que es titular de la totalidad de los derechos en la plataforma continental, ha dejado la exploración en manos privadas, sin resultados significativos.
Este mismo gobierno, defendiendo un supuesto proceso de “argentinización” de YPF, posibilitó que REPSOL transfiriera la mayoría de sus ingresos a la casa matriz. En consecuencia, la distribución de dividendos entre 2008-2011 fue de un promedio de 140%, es decir de una suma superior a las utilidades de esos ejercicios, avalando así el gobierno una transferencia de ganancias hacia el exterior y una reducción significativa de las inversiones de la empresa en el país.
Por otra parte, a través de la llamada “ley corta” (Ley 26.197) la Nación resignó el dominio jurisdiccional de los yacimientos a favor de las provincias que tienen la fortuna de estar geográficamente emplazadas sobre millonarias reservas. El resultado, que anticipamos al fundamentar el único voto negativo a dicha ley en la sesión del 22 de noviembre de 2006 en el Senado de la Nación, fue una suerte de segunda privatización encubierta que permitió que algunas provincias extendieran concesiones vigentes hasta un plazo de 40 años. Sólo 5 años después, vimos como cínicamente provincias que hace unos pocos años prorrogaron escandalosamente las concesiones a favor de empresas que nunca cumplieron los contratos vigentes, hoy revierten algunas de estas concesiones aduciendo precisamente la falta de inversiones comprometidas.
Después de 8 años de gestión, la sistemáticamente negada crisis energética ha sido blanqueada por el gobierno nacional. Asistimos hoy en este sentido a la “crónica de una muerte anunciada”, al fracaso de las políticas neoliberales en materia de hidrocarburos que este gobierno perpetuó durante los últimos años.
La recuperación del poder de decisión de YPF debe ser el punto de partida para avanzar en la formulación de un nuevo rol del Estado en materia de política energética e hidrocarburos. Política que deberá garantizar el funcionamiento del mercado de hidrocarburos con el Estado como rector en la materia, el abastecimiento interno, la preservación de las reservas, la defensa de los consumidores, el cumplimiento de las inversiones y los contratos vigentes, la promoción de la exploración y la sanción de un nuevo marco regulatorio que garantice la explotación racional y sustentable de los recursos.
SE DEBE LLEVAR EL TEMA A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU
En pleno desarrollo el proceso de descolonización impulsado por la Carta de la ONU, el 14 de diciembre de 1960, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1514 (XV): “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”, que proclamó “la necesidad de poner fin, rápida e incondicionalmente, al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones”‘. Además consagró dos principios fundamentales que debían guiar el proceso de descolonización: el de autodeterminación y el de integridad territorial. La Resolución establece en su párrafo sexto que “todo intento encaminado a quebrar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones”. Indiscutiblemente deja en claro que, allí donde está en juego el principio de integridad territorial de los Estados no puede tener aplicación el de autodeterminación.
En ejecución de la Resolución 1514 (XV) el 16 de diciembre de 1965 la Asamblea General aprobó la Resolución 2065 (XX) por cuyo intermedio reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte e invitó a ambos países a negociar para encontrar una solución pacífica a la controversia.
La misma contiene los elementos esenciales que encuadran la cuestión:
* El caso de las Islas Malvinas es una de las formas de colonialismo al que debe ponerse fin.
* Se toma nota de la existencia de una disputa entre los gobiernos argentino y británico.
* Se invita a los gobiernos argentino y británico a entablar negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica al problema y a informar el resultado de las mismas al Comité Especial o a la Asamblea General.
* Para dichas negociaciones deberán tenerse en cuenta los objetivos y las disposiciones de la Carta (entre ellos el art. 33 relativo a la obligación de las partes de un diferendo de buscar la solución ante todo por la vía de la negociación) y de la Resolución 1514 (principio de integridad territorial), así como los intereses de la población de las Islas.
El Reino Unido violó sistemáticamente las Resoluciones de Naciones Unidas, no sólo no sentándose a la mesa de negociaciones sino además con acciones unilaterales como la exploración y explotación de los recursos naturales y militarizando el Atlántico Sur.
Atento a ello, en diciembre de 1976, la Asamblea General de la ONU adoptó una nueva Resolución -la número 31/49-, de significativa importancia por su contenido, por 102 votos a favor, 1 en contra (Reino Unido) y 32 abstenciones. Ésta insta a las dos partes de la disputa a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado por las Resoluciones 2065(XX) y 3160 ya mencionadas. Hasta hoy esta Resolución es desoída por el Reino Unido, que persiste en desarrollar actividades unilaterales en el área disputada vinculadas a la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, y acciones de carácter militar.
El conflicto de 1982 no alteró la naturaleza de la controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que continuó pendiente de negociación y solución. A partir de 1989, durante la presidencia de Carlos Menem, siendo Domingo Cavallo canciller, Argentina dejó de presentar la “Cuestión de las Islas Malvinas” en el seno de la Asamblea General, quedando la misma radicada en el Comité de Descolonización.
En este sentido, creemos en la necesidad de llevar la “Cuestión de las Islas Malvinas” nuevamente a la Asamblea General, presentando una Resolución en el 67º período de Sesiones del mes de septiembre del presente año. Y es por ello que presenté un Proyecto en el Senado de la Nación solicitando al gobierno nacional que proceda en ese sentido.
La República Argentina, con el respaldo diplomático de todos de los países que han apoyado con sendas declaraciones su posición respecto de su soberanía sobre la “Cuestión de las Islas Malvinas”, nos llevaría a la aprobación en la Asamblea General de la ONU de una Resolución que tendría una gran trascendencia.
El Estado nacional seguirá de esta manera el camino de nuestra Constitución Nacional, que en su Disposición Transitoria Primera expresa: “La Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino” Publicado por

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