Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654046
Timestamp: 2019-08-24 01:19:01+00:00

Document:
NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE BOMBEROS EN ACTOS DE SERVICIO
CONTROVERSIA SOBRE USO DE LAGOS. OFICIOS
DEUDA DE MUNICIPIOS CON PROFESORES. OFICIOS
TRAMITACIÓN DE CONCESIONES ACUÍCOLAS EN TERCERA REGIÓN. OFICIOS
CONFLICTO INDÍGENA EN NOVENA REGIÓN. SOLICITUD DE SESIÓN ESPECIAL
DEPENDENCIA ENERGÉTICA CHILENA
CONFLICTO INDÍGENA EN NOVENA REGIÓN
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR STANGE CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY SOBRE PROHIBICIÓN A LOS EXTRANJEROS DE ADQUIRIR EL DOMINIO DE BIENES RAÍCES QUE OCUPEN MÁS DEL PORCENTAJE QUE INDICA DE SUPERFICIE DE LAS PROVINCIAS EN QUE SE ENCUENTREN SITUADOS (2895-12)
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES LAVANDERO Y RUIZ-ESQUIDE, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.575, PARA ESTABLECER INCOMPATIBILIDAD ENTRE LOS CARGOS DE PRESIDENTE, DIRECTOR, CONSEJERO O GERENTE DE UNA EMPRESA DEL ESTADO Y TODO EMPLEO O COMISIÓN DESEMPEÑADA EN EMPRESAS PRIVADAS(2896-06)
Sesión 3ª, en miércoles 20 de marzo de 2002
(De 16:22 a 17:3)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que establece normas para proteger seguridad de voluntarios de Bomberos en actos de servicio (2471-06) (se aprueba en general)
Controversia sobre uso de lagos. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Deuda de municipios con profesores. Oficio (observaciones del señor García)
Tramitación de concesiones acuícolas en Tercera Región. Oficios (observaciones del señor Prokurica)
Conflicto indígena en Novena Región. Solicitud de sesión especial (observaciones de los señores Canessa, Muñoz Barra, Ríos y Espina)
Dependencia energética chilena (observaciones del señor Martínez)
Conflicto indígena en Novena Región (observaciones del señor Martínez)
Actuó de Secretario el señor Sergio Sepúlveda Gumucio, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 24 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Se da por aprobada el acta de la sesión 1ª de la Legislatura Extraordinaria, en 13 de marzo del año en curso, que no ha sido observada.
Con el primero, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, referido a la oportunidad en que el Gobierno efectuará la transferencia de recursos para la Séptima Región, derivados de la entrega en concesión de la empresa sanitaria ESSAM.
Con el segundo, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, relativo a las consecuencias que ocasionaría a la economía nacional la celebración de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América.
Con el último, da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Viera-Gallo, referido a la situación del acero en nuestro país.
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, en que comunica que ha elegido como Presidenta a la Senadora señora Carmen Frei Ruiz-Tagle.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, a través de la cual comunica que ha elegido como Presidente al Senador señor Gabriel Valdés Subercaseaux.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por medio de la cual comunica que ha elegido como Presidente al Senador señor Andrés Chadwick Piñera.
De la Comisión de Economía, mediante la cual comunica que ha elegido como Presidente al Senador señor José García Ruminot.
De la Comisión de Hacienda, donde comunica que ha elegido como Presidente al Senador señor Carlos Ominami Pascual.
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por intermedio de la cual comunica que ha elegido como Presidente al Senador señor Roberto Muñoz Barra.
De la Comisión de Defensa Nacional, con la que comunica que ha elegido como Presidente al Senador señor Sergio Páez Verdugo.
De la Comisión de Obras Públicas, en que comunica que ha elegido como Presidente al Senador señor Rodolfo Stange Oelckers.
De la Comisión de Agricultura, a través de la cual comunica que ha elegido como Presidente al Senador señor Jaime Naranjo Ortiz.
De la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, por medio de la cual comunica que ha elegido como Presidente al Senador señor Antonio Horvath Kiss.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, mediante la cual comunica que ha elegido como Presidente al Senador señor José Ruiz De Giorgio.
De la Comisión de Salud, donde comunica que ha elegido como Presidente al Senador señor Mario Ríos Santander.
De la Comisión de Minería y Energía, por intermedio de la cual comunica que ha elegido como Presidente al Senador señor Ricardo Núñez Muñoz.
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, con la cual comunica que ha elegido como Presidente al Senador señor Jorge Arancibia Reyes.
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, en que comunica que ha elegido como Presidente al Senador señor Jorge Pizarro Soto.
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, a través de la cual comunica que ha elegido como Presidente al Senador señor Enrique Zurita Camps.
De la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, por medio de la cual comunica que ha elegido como Presidente al Senador señor Jorge Arancibia Reyes.
Del Senador señor Stange, con la cual inicia un proyecto de ley sobre prohibición a los extranjeros de adquirir el dominio de bienes raíces que ocupen más del porcentaje que indica de la superficie de la provincia en que se encuentren situados (Boletín Nº 2.895-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. (Este proyecto no podrá ser tratado mientras no se incluya por Su Excelencia el Presidente de la República en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones).
De los Senadores señores Lavandero y Ruiz-Esquide, en virtud de la cual inician un proyecto sobre modificación de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, para establecer una incompatibilidad entre los cargos de presidente , director, consejero o gerente de una empresa del Estado y todo empleo o comisión desempeñado en empresas privadas (Boletín Nº 2.896-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. (Este proyecto no podrá ser tratado mientras no se incluya por Su Excelencia el Presidente de la República en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones ).
El señor LAVANDERO.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Tiene la palabra, Su Señoría.
Señor Presidente , solicito que se oficie en nombre del Senado, o en el mío propio, al señor Ministro Secretario General de la Presidencia , a fin de que se le remita copia del proyecto sobre incompatibilidad entre los cargos directivos de una empresa del Estado y todo empleo o comisión en alguna empresa privada, pidiéndole además incluirlo en la actual convocatoria.
Si le parece a la Sala, se enviaría el oficio en nombre del Senado, para solicitar que se incluya en la convocatoria actual no sólo el citado proyecto, sino también el del Honorable señor Stange, relativo a limitar la adquisición de bienes raíces por parte de los extranjeros a un porcentaje de la superficie de la provincia correspondiente.
Señor Presidente , ¿dicho oficio tiene por objeto pedir al Ejecutivo el patrocinio para ambos proyectos, o únicamente que los incluya en la convocatoria actual?
Sólo para que el Presidente de la República los incorpore en la convocatoria, señor Senador, pues no requieren su patrocinio.
¿Habría acuerdo en la Sala para enviar el oficio en cuestión, en nombre del Senado?
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas para proteger la seguridad de los voluntarios de Bomberos en actos de servicio, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2471-06 ) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 23ª, en 12 de septiembre de 2000.
Constitución, sesión 2ª, en 19 de marzo de 2002.
La Comisión señala en su informe que el objetivo principal de la iniciativa es modificar el Código Penal para castigar el entorpecimiento de la labor realizada por el Cuerpo de Bomberos y otros servicios de utilidad pública en casos de siniestro o emergencia, así como las falsas alarmas que se hagan injustificadamente.
La Comisión aprobó el proyecto en general y particular, con modificaciones, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Martínez, Silva, Viera-Gallo y el ex Senador señor Díez.
En la discusión general del proyecto, ofrezco la palabra.
Señor Presidente , junto con un grupo de Diputados miembros de la Comisión Especial Cuerpos de Bomberos de Chile, presentamos este proyecto, con el objeto de corregir lo que, a nuestro juicio, resulta una situación bastante injusta para un grupo humano que, sin duda, constituye el mejor ejemplo de servicio público.
El Cuerpo de Bomberos de Chile está constituido por un grupo de ciudadanos que arriesga y entrega su vida, su integridad física, en forma absolutamente desinteresada, para salvar la de los demás.
Sin embargo, hemos visto a través de los medios de comunicación cómo, en reiteradas ocasiones -especialmente en la Región Metropolitana-, la gente, en una acción incomprensible, agrede a los bomberos cuando acuden a cumplir un acto de servicio.
En el proyecto original establecimos una sanción agravada. Partimos considerando -participó en ello también el ahora Senador señor Naranjo , en esa época miembro de la referida Comisión- un delito específico, y terminamos con una agravante que, en la práctica, implicaba que la pena para un ilícito cometido contra bomberos en acto de servicio quedaba agravada en un grado.
Señor Presidente , junto con declarar que no comparto la modificación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, quiero señalar que existe una cuestión formal que debemos mejorar, referente al hecho de que durante la tramitación de la iniciativa no se invitó a la Comisión al señor Presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos ni a quienes asesoran jurídicamente a dicha institución. De acuerdo a lo que he leído en el informe, sólo se consultó al Ministro de Justicia , quien planteó -cuestión que no comparto- asimilar la situación planteada con una de las agravantes genéricas establecidas en el Nº 10 del artículo 12 del Código Penal, pues se trataría de un delito que significa obstruir la acción destinada a ayudar a la comunidad.
Repito: no comparto tal enmienda, porque aquí estamos en presencia de una doble agravante. No se trata de un funcionario público cualquiera, sino de gente que -como dije- se halla trabajando por la comunidad en forma voluntaria, arriesgando y entregando su vida, sin cobrar un sueldo. Entonces, el Cuerpo de Bomberos hoy día vive una situación ante la cual el Parlamento debe responder.
Por lo mismo, presentaré dos indicaciones -suscritas también por los Senadores señores Naranjo y García -, con la finalidad de que el proyecto regrese a Comisión para estudiarlo nuevamente.
La otra enmienda de la Comisión -que comparto- es para introducir al Código Penal una sanción no contemplada en el ordenamiento jurídico vigente: las falsas alarmas.
En verdad, con mucha mayor frecuencia de la que podríamos pensar, tanto Bomberos como otros servicios en que el Estado gasta muchos recursos reciben en forma permanente falsas alarmas. Hace aproximadamente seis meses una compañía de bomberos de Santiago fue objeto de una falsa alarma, a consecuencia de lo cual fallecieron dos voluntarios.
Estimamos importante fijar una sanción al respecto. De modo que concuerdo con la enmienda de la Comisión en el sentido de incorporar el delito de falsa alarma de emergencia contra otros servicios de utilidad pública, como el de ambulancia, porque también constituyen un hecho grave.
Por lo tanto, reitero que presentaré indicaciones. Asimismo, pido que la iniciativa vuelva a Comisión, a fin de reevaluarla.
Señor Presidente , por petición del señor Presidente de la Comisión de Constitución , iba a dar cuenta del proyecto en estudio y de cómo fue aprobado por unanimidad, en los términos que la Secretaría señaló.
Sin embargo escuché el planteamiento del Honorable señor Prokurica , y debo decir que la Comisión no tendría inconveniente en que el proyecto volviese a Comisión, para estudiar las indicaciones que ese señor Senador anunció.
Sin embargo, me permito sugerir la conveniencia de votar primero la idea de legislar, para los efectos de que el proyecto se pueda tratar en particular en la Comisión.
Ése es el procedimiento reglamentario que debe seguirse.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto.
La iniciativa volverá a la Comisión para que sea analizada en particular. Debemos fijar plazo para presentar indicaciones.
Señor Presidente , las indicaciones las tenemos hechas; pero me gustaría que el plazo lo propusieran los miembros de la Comisión de Constitución, sobre la base de la carga de trabajo que puedan tener.
Si le parece a la Sala, se fijará plazo para presentar indicaciones hasta el 1º de abril, a las 18.
Antes de entrar a Incidentes, quiero hacer un llamado a los miembros de las Comisiones, que ya se encuentran constituidas, para que realicen un catastro de los proyectos pendientes, con el objeto de agilizar su despacho.
Al mismo tiempo, solicito que, junto con el señor Secretario, sean revisados los proyectos respecto de los cuales pueda proponerse su archivo, ya que algunos han perdido oportunidad o llevan un tiempo excesivo sin ser tratados. Lo planteo con el objeto de que el Senado no se vea enfrentado al contrapunto -es la objeción que se hace- de que, pese a haber muchos proyectos pendientes, no tiene asuntos en tabla.
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes, que no hará uso de él.
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Horvath.
Señor Presidente , en la zona austral se ha generado una controversia respecto al uso de los lagos para fines de acuicultura, donde en algunos casos hay superposición de intereses con la actividad turística. Así sucedió, por ejemplo, en el sector de la comuna de Río Ibáñez, en las lagunas Larga y Las Huiñas, en que se negó la posibilidad de establecer un centro acuícola precisamente por la preponderancia de acciones de turismo y deportivas. Finalmente, la empresa afectada apeló ante la Comisión Nacional del Medio Ambiente, la que, después de revisar los antecedentes, desestimó la resolución regional. Las autoridades y pobladores del sector se sienten, en cierto modo, atropellados por esta medida, lo que, en el fondo, viene a constituir un ejemplo de falta de planificación mínima en cuanto al uso del territorio, del borde costero y de los cuerpos de agua continentales.
Se ha hecho un esfuerzo importante, con apoyo incluso de agencias de cooperación internacional, para dirimir el asunto y generar una condición previa de usos compatibles e incompatibles, con participación de todos los actores, públicos y privados; pero esta materia todavía no se define en la zona austral, particularmente, en Aisén. Es más: se están realizando estudios para verificar la capacidad de sustentación para la acuicultura de estos cuerpos de agua.
Por lo expuesto, solicito oficiar a la Subsecretaría de Pesca y a los Ministerios de Planificación y de Economía -a este último, en lo que le compete en materia de turismo-, a fin de que hagan llegar al Senado todos los antecedentes de que disponen sobre la materia, indicando lo que proyectan hacer para el buen uso y el ordenamiento territorial de las actividades que comprometan lagos, ríos y mar de la zona austral chilena.
Lo señalo, porque si se evalúa el potencial económico que encierran las aguas limpias y protegidas de esa zona del territorio, pienso -sin ser soñador- que equivaldría a las actuales exportaciones de cobre del país.
En esta materia, en lugar de enfrascarse en discusiones y en procesos de índole administrativa y judicial, conviene mucho más prevenir a través de una planificación participativa oportuna.
En el tiempo que resta al Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor García.
Señor Presidente , numerosos profesores han denunciado que las municipalidades para las cuales trabajan les adeudan, desde 1999, el bono correspondiente a la asignación de perfeccionamiento docente.
A raíz de esta denuncia, solicité a todos los municipios del país que informaran del estado de cumplimiento de esta obligación legal. Hasta el momento han respondido 161 de las 341 municipalidades existentes. De las 161 que contestaron, 84 reconocieron estar en deuda con sus profesores por concepto de perfeccionamiento docente por un monto superior a 2 mil 200 millones de pesos.
Por lo tanto, si hacemos una aproximación, una vez que dispongamos de los antecedentes de los 341 municipios del país, lo más probable será que la deuda por dicho concepto sobrepase los 4 mil millones de pesos.
Lo grave es que las municipalidades sostienen que no pagan porque el Ministerio de Educación no les da recursos suficientes para cumplir con tal obligación.
Por mi parte, el lunes recién pasado me entrevisté con el Subsecretario de Educación , quien, al conocer de esta situación, me manifestó su extrañeza, por cuanto el Ministerio asegura estar entregando a los respectivos municipios el dinero necesario para el pago de la referida asignación.
Por consiguiente, caben dos posibilidades: o bien la ley salió desfinanciada desde el Congreso porque las estimaciones proporcionadas por los Ministerios de Educación y de Hacienda en su momento no fueron los correctos; o simplemente los municipios están desviando los recursos destinados al pago del perfeccionamiento docente al cumplimiento de otros fines. Cualquiera que sea la situación, lo grave es que a los profesores se les adeuda una parte de sus remuneraciones desde 1999.
En uso del derecho de petición, solicito que se informe de esta situación al señor Contralor General de la República , a fin de que inicie una investigación para saber si los municipios han recibido los fondos suficientes destinados a pagar a los profesores la asignación de perfeccionamiento docente, o si han recibido menos de lo que verdaderamente corresponde. Con tales antecedentes podremos determinar si la responsabilidad es de las municipalidades que, habiendo recibido el dinero, no han pagado a sus docentes; o bien, del Ministerio de Hacienda, o del Congreso, por haber despachado una ley desfinanciada.
Deseo hacer presente a Su Señoría que no me es posible cursar el oficio en los términos solicitados, porque la facultad fiscalizadora corresponde ejercerla a la Cámara de Diputados.
Sin embargo, sí puedo enviar copia de su intervención al Contralor General de la República para que él tome nota de lo aseverado en ella -sin perjuicio, por supuesto, de pedir a la Cámara de Diputados que inicie una investigación al respecto-, haciéndole ver su preocupación por el tema planteado.
Señor Presidente , estimo que la información proporcionada por el Senador señor García es demasiado relevante y bien se podría pedir al Contralor que, basado en ella, emprenda las acciones correspondientes. En esto no hay un afán fiscalizador, sino de saber si ha habido incumplimiento por parte de los municipios en sus obligaciones para con los profesores. Sobre esa base, bien puede el Contralor, una vez conocidos los antecedentes, adoptar las medidas que correspondan.
Es para dilucidar si hay o no alguna irregularidad.
Entonces, se trata de remitir a la Contraloría General de la República el texto con la intervención del Honorable señor García , para los fines que correspondan, de acuerdo con la Constitución y la ley.
Además, solicito que, de ser posible, se haga en nombre del Senado, dada la importancia que ello reviste.
Si no hubiere objeción, se enviará el oficio en los términos señalados, en nombre de los señores Senadores presentes en la Sala.
Señor Presidente , en estos tiempos al país no le sobran puestos de trabajo. Haciendo un análisis de las distintas actividades, donde como Parlamentarios y autoridades podemos hacer algún aporte y prestar nuestro apoyo, se detectó, conforme a un estudio realizado en la Región de Atacama, la existencia de al menos 120 concesiones acuícolas que llevan uno, dos y hasta cuatro años esperando una decisión de la autoridad para empezar a operar. Si consideramos que cada una de ellas puede generar veinte puestos de trabajo, francamente considero que la autoridad encargada de tramitar dichas concesiones debe tener alguna respuesta sobre el particular.
Por ello, solicito que se remita el texto de mi intervención a los señores Subsecretarios de Marina y de Pesca, además del señor Ministro de Economía , para que informen -esto, en virtud del derecho de petición, no en un acto de fiscalización- la razón por la cual esas 120 concesiones no se han tramitado, dada la importancia que revisten para el sector pesquero y para la Tercera Región.
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
En el turno correspondiente al Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Honorable señor Canessa.
Señor Presidente , hago uso de la palabra en nombre del Comité Institucionales 1, para pedir que se cite al Senado a sesión especial con el objeto de abordar lo que impropiamente se ha dado en llamar "conflicto indígena", invitando a representantes del Poder Ejecutivo , para compartir información y establecer un diagnóstico de la situación que permita visualizar con realismo las posibilidades de su evolución.
Convocar a esta sesión especial se justifica plenamente. Poco a poco la opinión pública ha ido tomando conciencia del peligro que encierra para el desarrollo y la convivencia nacional lo que está ocurriendo en la zona centro sur del país.
En esta Corporación hace ya bastante tiempo que preocupa la forma como se está aplicando la legislación especial sobre pueblos indígenas, no sólo por las manifestaciones de violencia a que ha dado lugar, sino porque los propósitos que hace una década inspiraron dicha normativa están lejos de haberse cumplido. Así, por ejemplo, a mediados de 1999 se efectuó una sesión especial con esta finalidad, desgraciadamente sin mayor trascendencia por falta de voluntad política del Ejecutivo de la época.
Pareciera que ahora Gobierno y Oposición están de acuerdo en que el grado de confusión reinante es inaceptable y que sólo podrá ser superado con claridad de ideas y una firme voluntad, respaldada por un consenso político que hoy no existe.
No basta con reestructurar la CONADI, que de hecho es un desastre, ni con seguir gastando fondos públicos para apaciguar a los violentos. No basta con lamentar los malos efectos y desear, en cada ocasión penosa, que milagrosamente no vuelvan a repetirse. Tampoco se resolverá esta situación cambiando al negociador, que es lo que se acaba de hacer al designar al Subsecretario del Ministerio de Planificación y Cooperación como nuevo Coordinador Ejecutivo para las Políticas y Programas Indígenas. Le deseo la mejor de las suertes. Pero me sorprendería mucho si se alcanza algún resultado concreto, ya que negociar fructíferamente supone la intención de acercarse a un objetivo común y me parece que éste no es el caso.
Señor Presidente, hay que pensar este grave problema con serenidad, examinándolo desde su raíz. Y, para ello, el Senado es una instancia apropiada.
Le solicito, en consecuencia, que cite a una sesión especial con el objetivo indicado, invitando a las autoridades del Poder Ejecutivo que estime pertinente.
En la esfera de competencia del Senado, a mi juicio, tenemos la obligación de contribuir con nuestro punto de vista a la solución de un problema nacional de singular importancia. Las dificultades que han rodeado esta situación hasta hacerla inmanejable todavía pueden ser resueltas con sensatez. Si no logramos cambiar el rumbo que están siguiendo los acontecimientos, más tarde nuestro papel se reducirá a contabilizar las víctimas de una política que, por haber sido mal concebida, se tradujo fatalmente en un desastre social. Ciertamente, no es lo que deseamos para nuestro país.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, hoy acordó celebrar una sesión para analizar la situación indígena. Ello habría que compatibilizarlo con lo planteado por Su Señoría
Se trata de un tema de preocupación nacional y está en su derecho solicitarla.
Podría procederse de la siguiente manera: uno, que la pida
un tercio de los señores Senadores en ejercicio, y dos, que yo, en mi calidad de Presidente, la convoque.
Sin embargo, estoy dispuesto a flexibilizar dicha facultad, pues preferiría que esta materia se resolviera en la próxima reunión de Comités, fijando ahí día y hora de la sesión y las personas que corresponda invitar.
Mientras tanto, la Comisión de Constitución podría, incluso, preparar la documentación necesaria sobre la materia y hacerla llegar a la Sala.
Señor Presidente , deseo respaldar su planteamiento y sumarme a la petición hecha por el Senador señor Canessa respecto a llevar a cabo una sesión especial sobre el tema indígena.
Aquí están expresadas las fuerzas políticas del país y hay señores Senadores que conocen más que otros acerca de la materia. Por tanto, pienso que ésta es una instancia importante para ver cómo ayudar en la solución del problema que aflige especialmente a la Novena Región.
En consecuencia, adhiero a la petición de sesión especial del Honorable señor Canessa y, en espera de que este asunto sea tratado en reunión de Comités, desde ya anuncio, en nombre de los integrantes del PPD, nuestra aprobación para tal efecto.
Solicito una interrupción con la venia de la Mesa.
Señor Presidente , quiero recordar al Senado que ya tuvimos una sesión especial para analizar esta materia.
En dicha ocasión concurrieron las autoridades que entonces tenían la responsabilidad; ahora son otras.
Por lo tanto, si se realiza una segunda sesión -es bueno hacerlo, porque, sin duda alguna, no se han obtenido los resultados que se esperaban- es indispensable que los señores Senadores tengan a la vista -y la Mesa deberá preocuparse de ello- todos los acuerdos y resoluciones alcanzados en aquella sesión, a fin de estudiar y calificar si las situaciones que la motivaron se están repitiendo ahora con efectos negativos.
Por tal motivo, solicito, señor Presidente, que se ponga a disposición de los señores Senadores los documentos y acuerdos planteados por el Ejecutivo sobre la materia en aquella oportunidad.
Señor Presidente , ¿aún dispone de algunos minutos el Comité Institucionales 1?
Señor Presidente , señores Senadores,...
El Honorable señor Espina solicita una interrupción, señor Senador.
El señor ESPINA
Señor Presidente , solamente quiero adherir a su petición.
Hoy día en la mañana en la Comisión de Constitución -tal como Su Señoría lo expresó- señalé la conveniencia de que ésta efectuara una sesión con los Ministros para tratar el asunto referido.
En mi opinión, el procedimiento correcto es hacer esa reunión -a la que pueden asistir los señores Senadores que lo deseen- y, posteriormente, con la información allí obtenida realizar la sesión especial de Sala, a fin de debatir en mejor forma la materia.
Pido a Su Señoría que, como Presidente de la Comisión , agilice la convocatoria a dicha reunión en ese sentido.
Yo no soy Presidente de la Comisión.
Perdón, es el Honorable señor Chadwick.
Habría que hacer presente, entonces, a él y a usted como miembro de la misma, que apresuraran la citación a los Ministros, porque se trata de una situación de gran vigencia.
La sesión especial habría de realizarse en un plazo no mayor a 15 días, y para ello debería contarse con el informe de la Comisión de Constitución.
Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Martínez.
Señor Presidente , la situación expuesta por el Senador señor Canessa se inserta dentro de un tema más general todavía.
Si se analiza la imagen país que Chile tiene en este momento y se observa cuál es su mayor fortaleza y su gran debilidad, nos daremos cuenta de que, en el orden externo, tenemos un extraordinario punto débil con relación a la estatura político-estratégica de nuestro país debido a una clara dependencia del gas y del petróleo procedente de Argentina.
Ante esta situación, vemos cómo la prensa a veces resalta y otras ni siquiera le da importancia a la amenaza de huelga de los productores de gas y petróleo en el vecino país, por problemas laborales, hecho que incide derechamente en nuestro proceso de desarrollo.
Cada paralización o amago de ella -ya se produjo una y pueden producirse otras en el futuro- es un atraso en nuestro camino al desarrollo y en el crecimiento del Estado.
Esto lleva a una reflexión.
En 1990 ó 1991, se hizo presente a las autoridades de la época la necesidad de realizar una precisión político-estratégica ante la conveniencia, más allá de los aspectos económicos, de este tipo de convenios y actividad, porque, si no hay una visión clara de la debilidad que significa la dependencia energética con Argentina, se pueden producir serias alteraciones al desarrollo, no debido a la idea clásica de una amenaza de conflicto militar u otro tipo de situación, sino al hecho de controlar lisa y llanamente la llave del gas y del petróleo, elementos que necesitamos para nuestro desarrollo.
Este problema hay que hacerlo presente hoy día, pues debe quedar claro que es un punto de extraordinaria debilidad en nuestro intento por mejorar nuestra lenta velocidad de desarrollo, buscando mayor aceleración.
Lo anterior incide derechamente en nuestra imagen externa, que es observada por analistas de otros países y por grandes inversionistas, quienes perciben que se hallan en presencia de una nación que adolece de cierta debilidad y escasa posibilidad de maniobra, por el hecho de que un sindicato de obreros argentinos resuelva si da energía o no a nuestro país para su crecimiento.
Señor Presidente , en seguida deseo abordar un tema relacionado con el ámbito interno y que, en mi opinión, debe ser enfocado claramente, sin recurrir a eufemismos. No podemos continuar sosteniendo que aquí no hay conflicto alguno ni terrorismo organizado, conocido como "guerrilla rural". Me refiero a lo que está ocurriendo en la Región de la Araucanía..
Cualquier estudioso del tema, independientemente de su posición política, frente a un hecho como el ataque a un camión, que vale alrededor de 300 millones de pesos, llevado a cabo por gente armada, utilizando las típicas tácticas de la emboscada caminera, sabe que se está en presencia de lo que lisa y llanamente se denomina "acción de guerrilla rural". Se trata de una clásica ación analizada en los manuales referentes al desarrollo de la guerrilla en todas partes del mundo.
Lo ocurrido recientemente en Ralco se dio en Europa cuando fue ocupada por los nazis y los partisanos organizaron la resistencia. Aquí, la situación es al revés: Chile desea desarrollarse y salir adelante, para lo cual demanda energía. Sin embargo, nos encontramos con grupos de personas, que muchas veces no tienen nada que ver incluso con chilenos de origen mapuche -hay constancia al respecto-, que realizan acciones de guerrilla rural.
¡Eso hay que decirlo en forma clara!
En consecuencia, por lo menos, a juicio del Senador que habla, y dados tales antecedentes, es imprescindible discutir a fondo el tema en una sesión especial del Senado, con participación de las autoridades pertinentes.
En definitiva, dos puntos de extraordinaria debilidad. Primero, en el ámbito externo, como lo es nuestra clara y definida dependencia energética respecto del gas y petróleo argentinos, lamentablemente sin visos de mejoramiento. Y, segundo, otra de carácter interno provocada por la imagen que proyectamos en materia de seguridad, estabilidad y, sobre todo, de voluntad de las autoridades para oponerse a ese tipo de acciones, dentro de los marcos legales que entrega el Estado de Derecho.
Si analizamos el cuadro de desarrollo nacional, observaremos que la Octava, Novena y Décima Regiones , están sufriendo hoy merma de capitales y disminución de su presencia, ya que lamentablemente, por diferentes consideraciones -no estoy formulando críticas, pero así es en el hecho - no se han aplicado las normas que el Estado de Derecho impone en estos casos.
Señor Presidente, deseaba referirme a esos dos aspectos, dentro del marco general que estamos presentando.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Institucionales 2, Partido Por la Democracia, y Demócrata Cristiano, ningún señor Senador hace uso de ella.
Se levantó a las 17:3.
1.-El artículo 19 de la Constitución Política del Estado, asegura a todas las personas, sean naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros, "El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales" y también, para la consecución de ese fin, la facultad o" libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así".
2.-En ese orden de ideas, los números 23 y 24 del artículo 24, consideran la posibilidad de que la legislación establezca limitaciones a la adquisición de determinados bienes, como también limitaciones u obligaciones al ejercicio del derecho de dominio.
3.-Según los términos de la doctrina, se deduce, que la autoridad pública puede y debe intervenir, en la reglamentación de los límites de la propiedad privada en relación con el bien común y debe establecer, cuando la necesidad lo reclama, las obligaciones del propietario con respecto al interés social o común.
4.-Así, el legislador puede y debe regular el uso de la propiedad de acuerdo con las exigencias del bienestar general y hasta le está permitido reservar determinadas clases de bienes al poder Público, porque la fuerza enorme que a ellos va unido, no puede ser abandonada en manos privadas, sin daño al bien común.
5.-Sobre la materia, cabe tener presente que en nuestro país no existe ninguna limitación para adquirir el dominio, en cualquiera de sus formas de extensiones de terrenos en consideración a su cabida o superficie, ya que la Constitución así lo permite y asegura; pero por otra parte, la misma Carta Fundamental señala que existen otros bienes de carácter superior, como son la función social del dominio, la utilidad pública, los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y salubridad públicas y sin menoscabar la conservación del patrimonio ambiental, que regulan ese derecho aparentemente ilimitado.
6.-Es preciso mencionar y dejar oportunamente esclarecido, que es propio del Estado el prevenir, por los medios legislativos adecuados, la excesiva concentración de bienes raíces en manos extranjeras, toda vez que las consecuencias no son previsibles en un futuro cercano, pero son fáciles de deducir. A vía de ejemplo concreto, señalo en este documento, que en la Provincia de Palena de la Xª Región de Los Lagos, un ciudadano extranjero por sí por intermedio de entidades que representa o dirije, de carácter foráneo, ha hecho de su dominio vastos inmuebles, que como consecuencia inmediata, cortan o dividen el territorio nacional de mar a cordillera, coartando el ejercicio de la Administración del Estado y de los particulares en relación con la continuidad territorial.
7.-La función social del dominio, debe necesariamente comprender, los conceptos de "intereses generales de la Nación" y de "patrimonio ambiental", ideas que no pueden ser contrapuestas y por el contrario ellas deben compatiblizarse. Así una conservación exagerada del patrimonio ambiental afecta el desarrollo del individuo, ya que le impide todo tipo de explotación, aún la sustentable. Por otra parte, la satisfacción desmedida de las necesidades humanas, sin considerar el medio ambiente, tiene por efecto dañar irreversiblemente la corteza terrestre. Consecuentemente, es deber del Estado y de sus cuerpos colegisladores dar cumplimiento a los dos mandatos de estar al "servicio de la persona humana" protegiendo el interés general y por otro, el "permitir y estimular la protección del patrimonio ambiental".
8.-En relación con las limitaciones al dominio, existen precedentes legales, la Ley General sobre Ferrocarriles de 13 de Julio de 1931; La Ley General de Urbanismo y Construcciones, D.S. MINVU Diario Oficial 13 Abril de 1976 y mas recientemente el D.L. 1939 sobre adquisición, Administración y Disposición de bienes del Estado de 10 de Noviembre de 1977, y la Ley 19.300 de Bases de Medio Ambiente de 9 de marzo de 1994.
9.-Con motivo de la intervención del infrascrito en sesión del 15 de enero del presente año, es importante dejar establecido, que el Supremo Gobierno, en Oficio Ordinario (DJ) Nº 88 de 31 del mismo mes, suscrito por el Señor Ministro Secretario General de la Presidencia, Don Mario Fernández Baeza, y dirijido al señor Presidente de esta Corporación, expresó que "la hipótesis de afectación de la integridad del territorio nacional, que plantea el H. Senador requirente, debe entenderse comprendida entre las causales que autorizan al legislador a imponer restricciones o limitaciones a la adquisición del dominio sobre ciertos bienes y al derecho de propiedad sobre ellos. La inquietud manifestada corresponde, entonces, a una materia de Ley, cuya solución compete al legislativo...."
10.-En razón, que la doctrina jurídica, las normas Constitucionales vigentes y la necesidad nacional lo permiten se somete a consideración el siguiente:
Artículo 1º:Se prohibe a los extranjeros adquirir el dominio y otros derechos reales o ejercer la posesión o tenencia de bienes raíces que ocupen más del 10% de la superficie total de la Provincia en que se encuentren situados.
La prohibición a que se refiere el inciso anterior se extenderá a las sociedades, Corporaciones, Fundaciones y sociedades o personas jurídicas, con domicilio o sede principal en país extranjero o cuyo capital pertenezca en un 49% o más a nacionales de esos países o cuyo control efectivo se encuentre en manos de esas personas.
Artículo 2º:Tratándose de las personas o entidades mencionadas en el artículo anterior, que actualmente tengan en dominio, posesión o tenencia o derechos reales sobre inmuebles que excedan el porcentaje indicado en el inciso primero del artículo que antecede, declárase que tales derechos excedentes, son de utilidad pública.
Artículo 3º:Los Notarios y los respectivos Conservadores de Bienes Raíces serán responsables del fiel cumplimiento de las disposiciones que anteceden en los actos que ellos autoricen o ejecuten, debiendo los primeros exigir una declaración escrita bajo fé de juramento de la nacionalidad y lugar de nacimiento de los comparecientes.
En caso de incumplimiento por parte de los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces de las exigencias a que se refiere el inciso anterior, serán sancionados en la forma establecida en el artículo 441 del Código Orgánico de Tribunales y con la pérdida de su empleo en caso de reincidencia.
El que valiéndose de documentos falsos, simulación de contrato o cualquier otro engaño semejante, transgediere las prohibiciones establecidas en esta ley, será castigado con la pena de presidio o extrañamiento menor en su grado medio.
(FDO): Rodolfo Stange Oelckers. Senador.-
Valparaíso, 19 de marzo de 2002
En virtud de la Ley Nº 19.653, de 14 de diciembre de 1999, el Congreso Nacional aprobó incorporar un nuevo título a la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por el que consagró en este cuerpo legal una serie de principios y normas que pretenden proteger la probidad administrativa. Según esta norma el principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.
En los últimos días la ciudadanía se ha enterado con estupor y asombro que el Presidente de una empresa estatal ha patrocinado con su votación en el directorio de una empresa privada una demanda millonaria en contra del Fisco. En esta actitud ha primado el interés privado de esa persona por sobre el interés público que toda persona que se desempeña en el sector público debe velar y proteger.
Con el fin de impedir que situaciones como la descrita se repitan en el futuro y evitar que se le cause un daño a la función pública cuando se debe proteger intereses privados, los patrocinantes de esta iniciativa hemos estimado indispensable proponer al Parlamento la aprobación de una enmienda a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado donde se establezca perentoriamente la incompatibilidad entre el desempeño de labores directivas en empresas del Estado y actividades profesionales en el sector privado.
Esta restricción pretende impedir que se repitan situaciones absurdas como las ya descritas que han generado el más amplio rechazo de la opinión pública y fortalecer el principio de la probidad que debe inspirar a toda persona que se desempeña en el sector público.
En consecuencia, sometemos a la Sala del Senado el siguiente:
“Artículo único.— Incorpóranse las siguientes modificaciones a la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado:
1) Intercálese en el artículo 58, los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser sexto.
“Los cargos de presidente, director, consejero o gerente de una empresa del Estado son incompatibles con todo empleo o comisión retribuida o ad honorem por empresas privadas nacionales o extranjeras. La aceptación del cargo de director, consejero o gerente en una empresa del Estado obligará a renunciar a todo empleo o comisión que se sirva en el sector empresarial privado. Se exceptúan de este deber los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial.
La infracción de esta norma supondrá la pérdida inmediata del cargo de presidente, director, consejero o gerente que sirva en el sector público. Asimismo, el infractor de esta prohibición deberá cancelar una multa de beneficio fiscal equivalente a las remuneraciones que hubiere percibido en la o las empresas del Estado en que se desempeñó en el año anterior al de su cesación.”.
2) Sustitúyese en el artículo 70 las expresiones “multas contempladas en el artículo 67,” por la de las “multas contempladas en los artículos 58 y 67,”,”.
(Fdo.): Jorge Lavandero Illanes.— Mariano Ruiz-Esquide Jara.-

References: artículo 12
 resolución 
 artículo 19
 artículo 24

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 441
 artículo 58
 artículo 70
 artículo 67