Source: https://es.scribd.com/document/232792768/PGN-0398-2012-002
Timestamp: 2020-07-15 05:38:48+00:00

Document:
PGN-0398-2012-002 | Adopción | Parto
PGN-0398-2012-002
guardarGuardar PGN-0398-2012-002 para más tarde
OD 2913.PDF Identidad de Genero
Ciclo de cine y adopción AFAMUNDI 2012
Problemas comportamentales en niños adoptados.pdf
PRONTUARIO 13
Procedimiento Menores Salir Entrar Pais
TrámitesAdopcionBlog
Garretón Kreft, Estudio de Políticas Públicas de Verdad y Memoria en Siete Países de América Latina
Psicoprofilaxis Obstetrica y Estimulacion Pre Natal Clase i (1)
Contrato de Adopción Responsable de Mascota
i2 . b-VZ-
ÜÍXL.L O
! ,\hlA
í)t LA kAClOi'J
Resolución PGNN °
3^' ^
de octubre de 2012.-
El Protoco/o de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, las resoluciones PG N 39/98 , 40/99, 41/00, 56/01, 87/01, 29/0 2 y 93/02; así como las resoluciones PGN 73/98, 40/99, 15/00, 46/02, 80/03, MP 28/04, PGN 163/04, 11/05, 30/05, 109/05, 110/05, 138/05, MP 92/05, PG N 23/06, 61/06, 68/06, 72/06, 85/06, 91/06, 118/06, 128/06, 139/06, 143/06, 3/07/13/07, 14/07 y 13/08; los dictámenes de esta Procuración General en las causas S.C. G. 1015, L. XXXVIII, "Gualtieri Rugnone de Prieto Emma EHdia y otros s/ sustracción de menores de 10 años -causa n i 46/85-", del 7 de septiembre de 2006, y S.C. G. 291, L. XLIII, "Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma EHdia y otros s/ sustracción de menores de 10
años (art. 146)", del 12 de junio de 2008; la sentencia pronunciada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 en la causa N° 1351, caratulada "Franco, Rubén O. y otros s/sustracción de menores de diez años" (Plan Sistemático), del 5 de juUo de 2012; las leyes 26.548 y 26.549; el art. 33 de la Ley Orgánica del Ministerio PúbUco (Ley 24.946), el Acuerdo de Solución Amistosa entre la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y el
petición 242/0 3 de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos — y el art. 120 de la Constitución Nacional;
Gobierno de la República Argentina —e n el marco de la
Que una de las funciones encomendadas al Procurador General de la Nación por la Ley Orgánica citada es la de diseñar la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal (art. 33 inc. e).
Que esta Procuración General de la Nación, dentro de su marco funcional, debe promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, adoptando todas aquellas medidas necesarias para el cumplimiento del mandato expreso de la Constitución Nacional.
Que en reiteradas ocasiones esta Procuración General ha sostenido que los casos de crímenes contra la humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en nuestro país exigen como imperativo insoslayable una búsqueda comprometida de la verdad y la justicia, como contribución esencial a la reconstrucción del tejido social y de los mecanismos institucionales del Estado, que permitan evitar una repetición de hechos de similar naturaleza.
Que más allá de las múltiples medidas adoptadas por el Ministerio Público Fiscal para el descubrimiento de la verdad y la sanción adecuada de los responsables de esta clase de hechos, cobra aquí interés particular referirse a los casos de apropiación de niños, en tanto manifestación específica del terrorismo de Estado que requiere de la adopción de una serie de medidas especiales para dotar de eficiencia a las investigaciones en curso.
Que en esta materia, la Procuración General de la Nación ha venido desde hace años implementando mecanismos de acmación fiscal tendientes a garantizar el derecho a la identidad de las personas afectadas por la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños implementada durante el terrorismo de Estado (c£ sentencia dictada en la causa N° 1351, caratulada "Franco, Rubén O. y otros s/sustracción de menores de diez años" -"Plan Sistemático"—, por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6, el 5 de julio de 2012). En este sentido pueden mencionarse, entre otras, las resoluciones PG N 39/98, 40/99, 41/00, 56/01, 87/01, 29/0 2 y la 93/02, por la que se creó la Comisión por el Derecho a la Identidad Biológica y se me designó como su presidenta.
Que en los últimos años se han observado avances en muchos procesos vinculados a la temática. Vale decir que hasta el momento se registran 51 condenas por la apropiación de niños y se ha podido restituir la identidad a 107 hijos de desaparecidos.
Más allá de ello, debe repararse en que, según la información brindada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, aún restan ubicar cerca de 400 niños que continúan siendo víctimas de estos crímenes aberrantes, en desconocimiento de su verdadera identidad. Que, en este marco, corresponde mencionar que la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado ha venido detectando serios obstáculos para el avance eficaz de esta clase de investigaciones y, en consecuencia, ha señalado la
í:^ÍOTOCOLÍZAGÍON]
,K&MB
Ílf-TAHIA
^,ef,ALLiHL/.,HAC10^
Q//^(>€^c¿rtzc¿¿ÍAi ^e/ie/'tz/c/e
aoíoyt Q^Ya
necesidad imperiosa de implementar medidas orientadas a elevar la eficiencia de la
intervención del Ministerio Público Fiscal y principalmente a acortar los largos plazos
insumidos por la instrucción de estos procesos.
Que, de conformidad con el rol procesal fijndamental que la Constitución
Nacional (art 120), la Ley 24.946 y el código de procedimientos le asignan, resulta
esencial que el Ministerio Público Fiscal asuma un papel protagónico en el impulso de
la acción y la orientación de las investigaciones en estos procesos de máxima
trascendencia instimcional en los que, por otra parte, se encuentra en juego la
responsabilidad internacional del Estado (cf. Corte Interamericana de Derechos
Humanos, caso Geknan vs. Uruguay, sentencia del 24 de febrero de 2011, Serie C No.
221), ya se trate de causas en las que la dirección de la instrucción se haya delegado en
la fiscalía en los términos del art. 196, CPPN, o no. Sin dudas, ello implica
necesariamente la producción o proposición de toda clase de diligencias y la debida
intervención personal del fiscal en cada uno de los momentos claves de la investigación,
tales como, por ejemplo, los actos en los que se procura la obtención de AD N
(audiencias en la que se proceda a la extracción de sangre u otra clase de muestras,
requisas, allanamientos, etc.); vale destacar, la prueba más relevante en este tipo de
Que en esta misma dirección, para colaborar con el trabajo que llevan
adelante los fiscales de las distintas jurisdicciones que entienden en esta clase de casos y
dotar de coherencia, uniformidad y eficiencia a la intervención en la materia de los
representantes del Ministerio Público Fiscal, la Unidad Fiscal de Coordinación ha
elaborado un Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de
instado en el que se describen los principales rasgos y problemáticas atinentes a estos
crímenes y muchas de las medidas conducentes para el descubrimiento de la verdad, la
identificación de los responsables y su sometimiento a juicio.
Que, con el propósito de reforzar la intervención del Ministerio PúbHco en
estas investigaciones, entiendo necesario adoptar con carácter de instrucción general el
Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Pistado reali-
zado por la Unidad Fiscal de Coordinación y disponer que los fiscales que conocen en
las actuaciones vinculadas con casos de apropiación de niños durante el terrorismo de
Estado adecúen su proceder a las pautas fijadas en dicho documento, así como a
aquéllas mencionadas en los considerandos de esta resolución general.
Que todo ello resulta plenamente compatible con el punto 2.2 del Acuerdo de Solución Amistosa entre la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y el Gobierno de la República Argentina —en el marco de la petición 242/03 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
24.946,
Que en uso de las facultades
33, incs. d)
e), de
LA PROCURADORA GENERAL D E LA NACIÓN RESUELVE:
Artículo 1: APROBA R el Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de listado elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, que se adjunta en anexo y forma parte de esta resolución general, e INSTRUI R a los señores fiscales de todo el país para que ajusten su actuación en el marco de las investigaciones vinculadas a la materia en las que intervengan a las pautas allí fijadas (artículo 33, inc. d) de la ley 24.946). Artículo 2: INSTRUI R a todos los señores fiscales del país que intervienen en casos de apropiación durante el terrorismo de Estado para que intervengan personalmente en cada uno de los momentos claves de las investigaciones por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, tales como, por ejemplo, los actos en los que se procura la obtención de AD N (audiencias en la que se proceda a la extracción de sangre u otra clase de muestras, requisas, allanamientos, etc.) y adecúen su proceder a los Hneamientos señalados en los considerandos de esta resolución general. Artículo 3: Protocolícese, notifíquese, publíquese y, oportunamente,
DRA GILS CARBO PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN
•ZAGÍON
^JZihJ^.
^^ ^ ^^ Hl^fj^ad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones
I "pRCví'Ai/f' ''^'^
j ,a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CAUSAS POR APROPIACIÓN DE NIÑOS DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO
Entre las funciones de la Unidad Fiscal de Coordinación se encuentra el seguimiento del trámite de las numerosas causas del país en las que se investigan apropiaciones de niños durante el terrorismo de Estado. Los datos que surgen de esa labor son complementados con información que ingresa a nuestros registros a través de asiduas consultas, entrevistas y discusiones que se mantienen con diferentes organismos, públicos y privados, especializados en la temática. En el contexto de ese trabajo pudo detectarse, por un lado, que existe una serie de elementos comunes a la mayor parte de los casos en cuestión. Por otro, que son altamente disímiles las estrategias de investigación en esos casos. En virtud de ambas circunstancias se presenta a continuación una somera descripción de las dos principales modalidades comisivas que puede asumir este fenómeno criminal. Luego se hace referencia a las medidas probatorias más relevantes y conducentes que deberían adoptarse en las investigaciones a su respecto, con una mínima alusión al valor probatorio de los elementos que podrían surgir de ellas. Una implementación generalizada de esas diligencias en las causas de apropiación, al unificar los criterios de actuación fiscal y maximizar el rendimiento de la prueba, podría elevar los niveles de eficacia en la detección de personas que aún no recuperaron su identidad y en la individualización de los responsables penales por estos hechos.
LOS CASOS DE APROPIACIÓN
Los casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado tienen en común que en ellos se realizaron maniobras orientadas a ocultar el origen del niño y de este modo alterar su identidad. Se advierten dos características centrales en la metodología de apropiación: a) por un lado, la sustracción de los niños nacidos durante el cautiverio de sus madres, en el momento del secuestro de sus padres o en circunstancias conexas; b) por otro, la entrega de los niños a familias que les eran ajenas y que procuraron ocultar su verdadera identidad. La sustracción y el posterior ocultamiento obviamente tienden a impedir el restablecimiento del vínculo entre la persona apropiada y su familia biológica. En este sentido, se trata de maniobras delictivas que tienen una multiplicidad de víctimas: afectan tanto a la persona apropiada, como los integrantes de la familia de origen. El fenómeno criminal de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, con los rasgos esenciales señalados, puede asumir, a su vez, dos modalidades comisivas. La conducta prototípica de una de ellas resulta ser la simulación del embarazo de la apropiadora y/o la inscripción del niño como hija/o biológica/o del matrimonio apropiador. Por ello, la mayoría de los casos que siguieron esta modalidad comisiva cuentan con la participación de profesionales de la salud (médicos, enfermeros, parteras) que intervinieron en los partos clandestinos y en la confección de documentos y asientos regístrales falsos'. La otra modalidad comisiva es la que se estructuró a partir del ingreso del niño apropiado al sistema judicial de minoridad mediante la adulteración de las condiciones de su ingreso —esto es, se alegaba falsamente estado de abandono o la entrega consentida por los padres de los niños sustraídos para así dárseles entrada al sistema judicial de menores. Una vez a disposición de juzgados de menores, la maniobra de apropiación se perfeccionaba
' Por ejemplo libros de partos, de parturientas, de neonatos, certificados médicos.
de nacimiento y otros
Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado
mediante la tramitación irregular de incidentes de guarda o adopción, por medio de los cuales se entregaban los niños a las familias que les eran ajenas. En el contexto de los casos que responden a esta última modalidad se destaca la intervención de jueces y otros operadores judiciales. Su rol en el devenir de estos hechos fue de crucial importancia, en tanto en los expedientes judiciales a su cargo se daban por ciertas circunstancias falsas (p. ej. el supuesto abandono), sobre la base de las cuales los niños ingresaban al sistema de minoridad. Por otra parte, en el marco de estos expedientes habitualmente no se adoptaban las medidas correspondientes a fin de detectar a la familia biológica del niño. En muchos de estos expedientes se intentó dar un viso de legalidad a las adopciones o las guardas mediante las cuales se perfeccionaron las maniobras de apropiación. Esta última clasificación, que apunta a dejar en evidencia los rasgos más salientes de las dos modalidades comisivas habituales de este fenómeno criminal, no pretende ser exhaustiva y comprender todos los supuestos de apropiación que pueden presentarse. Ahora bien, en lo que sigue se describen patrones comunes que están presentes en muchos de los expedientes en los que se investigan sucesos delictivos de este tipo y que, cuando aparecen en el marco de una investigación en curso, pueden representar indicios de que se está de cara a un caso de apropiación de niños. Estas circunstancias, claro está, no agotan el universo de indicadores que pueden generar sospecha pero aportan una idea de la clase de elementos que se consideran relevantes en estas investigaciones. Ellos son:
Que el nacimiento se haya producido durante el período 1975-1983. Que quien figura como madre -supuesta apropiadora- al momento del nacimiento haya tenido una edad biológica que oscile entre los 40 y 50 años, con una convivencia o matrimonio de varios años sin hijos biológicos. Que existan datos sobre problemas de infertilidad por parte de alguna de las personas indicadas como apropiadoras. Que, no obstante haberse acreditado que la supuesta madre se encontraba trabajando en relación de dependencia, no exista registro de haber gozado o solicitado licencia por parto, asignación prenatal o cualquier otro beneficio por maternidad . Que el médico, partero o enfermero que de alguna manera haya intervenido en la certificación o registro del nacimiento esté presumiblemente involucrado en otras causas de este tipo^. Que el parto hubiese ocurrido en el domicilio particular de quienes figuran como los padres. Del mismo modo, que éste haya ocurrido en establecimientos médicos o consultorios ajenos a la obra social o servicio de medicina prepaga del que fueran beneficiarios los presuntos apropiadores. También resulta importante reparar en los casos en los que sólo haya intervenido una partera y en aquellos en que el médico certificante no contaba con la especialidad de obstetricia. En este sentido, también resulta sospechoso que los domicilios indicados como lugar de nacimiento -sea que se trate de una clínica o un domicilio particular- se encuentren ostensiblemente alejados del lugar de residencia de los supuestos padres, o que pertenezca a amigos, conocidos o familiares, como así también que resulte inexistente (por ejemplo debido a falsedad de calle y numeración, o solo de numeración).
Que figure en la documentación respectiva que el nacimiento se produjo en algún hospital sospechado de haber funcionado como una maternidad clandestina durante la dictadura .
" También deberá verificarse el otorgamiento de esta clase de beneficios para los padres. Por ejemplo, Norberto Atilio Blanco, Jorge Antonio Bergés, Jorge Luis Magnacco, Lidia Fanni Villavicencio, Nora Raquel Manacorda, Elsa Gladys Nasatasky, Julio Cesar Cáceres Monié, Yolanda Arroche de Sala García, Jorge Vidal entre otros.
-'oENfíí -•
•7 ,'
«N Ax S^(^fi^ Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones
a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado
LA IjIACI'JN
Que los padres sospechados sean miembros o tengan algún vínculo con las fuerzas armadas o fuerzas de seguridad en actividad durante la dictadura. Que en el trámite de adopción se haya registrado al niño, en su origen, com o 7\W y qu e el juzgad o no haya realizad o medida s tendiente s a ubica r a su familia biológica. Que sea sumamente breve el plazo entre el hallazgo y la concesión de la guarda y/o entre éste y el otorgamiento de la adopción plena. Que el nacimiento se haya inscripto tardíamente^. Inexistencia de fotos de la presunta madre embarazada o de fotos de bebé del niño/a.
III.ESTRATEGIAS PARA LA INVESTIGACIÓN
1. MEDIDAS DE PRUEBA SEGÚN LA MODALIDAD DE APROPIACIÓN
En lo que sigue se hará referencia a medidas de prueba que pueden ser de suma utilidad para determinar aspectos relevantes en el análisis de los casos donde se investiguen presuntas apropiaciones. Tras la mención de cada una de las diligencias se efectuará una mínima alusión a la pertinencia y utilidad de los elementos probatorios que de ellas podrían surgir.
Las medidas se ordenarán de acuerdo con las dos modalidades de apropiación descriptas anteriormente, esto es: por un lado, los supuestos de apropiación mediante la inscripción del niño apropiado como hija/o biológica/o y, por el otro, los supuestos de apropiación mediante adopciones irregulares.
Para la aplicación de estas medidas en cada caso concreto es importante tener en cuenta que la información con que se cuenta al inicio de cada causa no es siempre la misma
y depende de muchos factores, entre ellos, la forma en que se haya originado la
investigación. Entre las fuentes de inicio de investigaciones de este tipo pueden mencionarse, entre otras, las siguientes:
a) algunas causas se inician luego de constatarse, por medio de un examen de ADN, que una persona es hijo/a de víctimas del accionar represivo ilegal del Estado. Ello
presupone la presentación espontánea del joven ante la Comisión Nacional por el Derecho a
la Identidad^ -CONADI- o la asociación Abuelas de Plaza de Mayo para la realización de
un examen en el BNDG. Así, una vez comprobado el vínculo biológico y frente a la hipótesis de que se han cometido los delitos de apropiación de niños y sustitución de identidad (entre otros), se inicia la investigación judicial ;
* Por lo general, se trata de instituciones pertenecientes a alguna de las fuerzas armadas o de seguridad, por ejemplo, el Hospital Militar de Campo de Mayo, el Hospital de la Cárcel de Olmos, el Hospital Militar Central, el Hospital Naval, etc. ' La inscripción tardía consta en la partida de nacimiento haciendo referencia, según el trámite dado, a un número de resolución o decreto al final de la partida. Se labraba un expediente administrativo en el registro
civil, y habiéndose superado un determinado lapso de tiempo debía iniciarse un expediente en la justicia civil. Todo esto se formalizaba mediante un trámite interno ante la Dirección Genera! del Gobierno provincial o de la Capital Federal o con un expediente ante la Justicia Civil de conformidad con lo normado por el art. 29
decreto ley 8204/63, el que establecía "
del plazo que establezca la reglamentación local, no pudiendo exceder éste de cuarenta (40) días: art. 29:
28: La inscripción de los nacimientos deberá efectuarse dentro
Vencido dicho plazo y hasta el término de seis (6) años después del nacimiento, la Dirección Nacional podrá por resolución motivada, admitir la inscripción cuando existan causas justificadas acreditadas fehacientemente y con intervención obligadas del Ministerio Público. Cuando el solicitante supere la edad de seis (6) años, se requerirá necesariamente la resoluciónjudicial previa ". •^ Creada por Ley 25.457.
El deber de informar al juez competente se encuentra regulado en el art. 16 de la ley 26548, "Deber de informar. Cuando se compruebe la sustitución de identidad de una persona o cualquier otro delito, el Banco Nacional de Datos Genéticos deberá poner tal circunstancia en conocimiento deljuez competente. Cuando el
b) otras causas tienen su origen en la presentación judicial de una persona que
presume ser hijo/a de víctimas del terrorismo de Estado, pero que aún no ha constatado esa circunstancia. En estos casos, corresponderá, como primera medida, procurar la realización
del examen de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos ;
c) otros casos se originan a partir de denuncias realizadas por terceros , motivadas en que se sospecha que no existe vínculo biológico entre un joven y quienes lo inscribieron como hijo propio -supuestos de nacimiento fraguado-, o por sospechas vinculadas al trámite de adopción -supuestos de apropiación mediante adopciones irregulares-. En estos casos es probable que la persona presuntamente apropiada no esté al tanto de las sospechas sobre su identidad;
d) asimismo, varias causas se inician a partir de testimonios que indican que un
niño/a fue separado de sus padres al momento del secuestro o que nació durante el cautiverio de su madre y no fue entregado a su familia biológica, ni se conoce su destino.
Este tipo de investigaciones se diferencian de las anteriores en que no se originan a partir de
la sospecha sobre la identidad de una persona en concreto -la persona apropiada no está
individualizada-, sino sobre el dato de que un niño/a fue separado de sus padres, víctimas del terrorismo de Estado -por lo que en principio los únicos que están individualizados como imputados son los agentes que participaron en la sustracción y ocultación del niño en forma directa o mediata, pero no aquellos que se quedaron con el niño, responsables del acuitamiento y retención hasta el día de hoy-.
La pertinencia y modalidad de implementación de cada una de las medidas que se describen a continuación, obviamente estarán condicionadas por cuál haya sido la modalidad de inicio de la investigación y la clase de información aportada inicialmente u obtenida en el curso del proceso. Así, por ejemplo, varias de las medidas propuestas podrían no ser necesarias si se ha develado la identidad del joven mediante la realización del peritaje de ADN en el BNDG. En este sentido, esta medida de prueba, por su certeza y eficacia, no debería ser postergada cuando ya están reunidos los requisitos para su realización.
A) Supuestos de nacimientos fraguados
Este supuesto comprende aquellos casos en que el niño fue separado de sus padres biológicos, víctimas del terrorismo de Estado, y entregado a una familia ajena que lo inscribió como hijo propio. En la mayoría de estos casos se advierte la utilización de un
certificado falso de nacimiento para la inscripción del niño apropiado como hijo biológico.
A continuación se describen medidas tendientes a acreditar esta clase de hipótesis.
• Requerir al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (en el
interior del país, a la Delegación Provincial de ese Registro que corresponda según el lugar
en que el nacimiento fue inscripto) copias certificadas de la partida de nacimiento, del certificado médico original con sello y firma del profesional que intervino —formulario N
1— y de cualquier documentación que se haya labrado al registrar el nacimiento. Por otro lado, corresponde solicitar al Registro Nacional de las Personas'^ la ficha identificatoria que
se completa al tramitar el respectivo Documento Nacional de Identidad.
examen y/o análisis hubiese sido ordenado por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos informará a esa Comisión, que tendrá el deber de informar a lajusticia. " En estos supuestos, donde la persona se presenta voluntariamente, es altamente probable que exista consentimiento para la realización del examen genético. En algunos casos se trata de personas cercanas al joven y/o a los presuntos apropiadores: amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, etc. En otros, por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo o por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, entre otros. '" De acuerdo a lo establecido por Resolución PGN N° 96/06, la Dirección General del Registro Nacional de la Personas autorizó a los fiscales nacionales a evacuar las consultas referidas vía fax al Tel. nro. 4393-7647, utilizando un formulario predeterminado que obra como Anexo de la resolución mencionada. Si bien el sistema prevé su uso sólo para los fiscales de esta ciudad, su uso es frecuentemente habilitado para las fiscalías federales del interior del país.
A-,^ -
ANA otkUmdad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones
LAN/ijCION a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado
¡NEKALÜc
••ai
~"~'' La obtención de esta documentación apunta a acreditar su falsedad ideológica y a obtener información sobre los médicos y parteras que intervinieron, testigos y domicilios de los supuestos padres. Ello permitirá individualizar a cada una de las personas que participaron en la acreditación falsa del nacimiento y evaluar su responsabilidad penal. En caso de no contar con elementos de prueba -por ejemplo la realización del peritaje de ADN- que acredite la inexistencia de vínculo biológico entre el joven y quienes
lo inscribieron como hijo propio, se recomienda la localización de vecinos y/o cualquier otra
persona que pueda dar testimonio de las circunstancias que rodearon al momento en que el bebé ingresó al seno familiar de los apropiadores, es decir si les consta que la imputada estaba embarazada, si recuerdan la llegada del bebé o alguna mención sobre su origen. Antes de convocar a los testigos, dado que éstos podrían continuar en contacto con la persona apropiada o con alguno de los imputados, deberá evaluarse la oportunidad de su convocatoria, a fin de evitar poner en riesgo la investigación. En cuanto a la fecha de nacimiento denunciada en la partida resultará de utilidad establecer si en el caso, ésta coincide o remite a algún otro dato, como por ejemplo, igual fecha de nacimiento que algún supuesto familiar, alguna fecha relevante para las fuerzas de seguridad, fechas patrias, cercanía con la fecha de secuestro denunciada de alguna pareja desaparecida con su hijo/a''.
• Obtener del establecimiento médico en el que conste que se produjo el
nacimiento investigado: a) los libros de partos, de parturientas, de altas de obstetricia y neonatos; b) nombres de los médicos y enfermeros que trabajaban en sectores de obstetricia
o que eventualmente estuvieron presentes el día del parto y c) historia clínica de la madre
sospechada y del supuesto niño/a allí nacido. Esta medida apunta a determinar la efectiva ocurrencia o no del nacimiento en el lugar registrado, si es que en el caso no se acreditó aún la inexistencia de vínculo biológico por otros medios -por ejemplo la realización del peritaje de ADN-. En este sentido, la ausencia de registro constituirá un serio indicio de la inexistencia del parto en el lugar. A su vez, aun verificado que el parto no se encuentra registrado, es probable que la madre sospechada de apropiación efectivamente se haya atendido allí por otras razones distintas a un parto y existan registros de ello. Tal circunstancia podrá cotejarse en la historia clínica, documento en el que se asientan circunstancias relevantes para la investigación (por ejemplo, la infertilidad de la madre sospechada).
• Solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud de la
Nación (o, en su caso, a las dependencias equivalentes de los ministerios de salud provinciales) que se remita el legajo correspondiente al profesional de la salud involucrado en el nacimiento investigado. Podrá requerirse también que se informen domicilios registrados y especialidad del médico u otro profesional matriculado que hubiera intervenido en el parto de la madre sospechada . El legajo del médico interviniente también podrá solicitarse al sanatorio u hospital que esté denunciado como lugar donde sucedió el parto o se atendió la presunta madre. Con esta medida se podrían obtener datos que permitan individualizar y localizar a los profesionales de la salud que, en principio por su intervención -haber constatado un parto y/o nacimiento inexistentes-, podrían ser responsables penalmente. Los datos personales del médico que supuestamente intervino en el parto resultarán
útiles para localizarlo y para cotejar que su especialidad sea acorde con su participación en
parto (resulta sospechoso, por ejemplo, que un parto haya sido atendido por un cardiólogo
por un traumatólogo).
'' En más de un caso se ha advertido que las fechas elegidas para simular el nacimiento de un niño apropiado responden a circunstancias de este tipo, al igual que nombres de padrinos -entregadores-. Se trata de algo meramente circunstancial, que puede darse o no, pero que vale tener en cuenta. '^ La CONADl y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo —APM—, con base en el relevamiento de datos de las denuncias recibidas, cuentan con información sobre profesionales (médicos/parteras/obstetras) que intervinieron en casos de nacimientos fraguados que puede ser de utilidad para el desarrollo de la investigación.
• Citar a prestar declaración testimonial al personal del establecimiento médico
en el que se habría producido el parto, atendido la madre sospechada o donde se desempeñaba el médico certificante. Esta medida pretende determinar el contexto del ñincionamiento del establecimiento, así como cualquier aspecto relevante (p. ej., si en ese lugar se hacían o no partos, si determinado profesional era conocido en esa institución, modalidad de registro, etc.).
• En caso de que el parto haya sido registrado como sucedido en un domicilio
particular, es necesario intentar determinar si el suceso fue acreditado mediante testigos o algún profesional de la salud. A su vez, resulta necesario constatar la titularidad de aquel
domicilio. Los datos de las personas que acreditan el nacimiento en un domicilio particular obran en el Registro Civil correspondiente a la jurisdicción en que sucedió el nacimiento. Cuando el parto se realiza en un domicilio particular y no se contó en tal ocasión con la intervención de un profesional (médico/obstetra/partera), el Registro exige para su inscripción la acreditación del suceso mediante testigos. Consecuentemente, en caso de existir indicios de que se trata de un nacimiento fraguado, deberá evaluarse la responsabilidad de los testigos o el profesional, según el caso. Por otro lado, sería un indicio de que se trata de un nacimiento fraguado, por ejemplo, corroborar que el domicilio particular consignado en el certificado de parto no coincida con el domicilio real a la época de los hechos o es inexistente.
• Requerir a la obra social o al servicio médico prepago de la madre
sospechada que informe si a la fecha del parto investigado ésta utilizó sus servicios o si cuenta con constancias de que el parto se haya realizado en un lugar ajeno a su cobertura. Es importante conocer también si el establecimiento en el que se registró el parto estaba dentro de la cobertura de la obra social o servicio médico prepago en cuestión. Debe verse que la falta de registros en la obra social o en el servicio médico prepago del parto investigado sería un indicio en favor de la falsedad de los asientos del nacimiento.
• Solicitar al área de Legales de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES'^) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.)'"*, que informe los aportes y/o contribuciones que los presuntos apropiadores hayan realizado y, en
su caso, todos los antecedentes de sus empleadores, así como si existen constancias de haberse pagado salarios por la licencia por maternidad en las fechas relevantes según el caso'\ Corresponderá también que se solicite información sobre la obra social o servicio médico prepago con los que hubieran contado al momento del nacimiento investigado y cualquier beneficio percibido al momento del parto alegado —por ejemplo, si recibieron alguna asignación prenatal"'—, o licencia por maternidad, familiar o algún otro beneficio.
"'* A partir del año 1994 se unificaron las cajas previsionales de parte del país, concentrándose así parte del sistema previsional en ANSES, por eso es allí donde corresponde solicitar la información. No obstante muchos lugares del país, p. ej. Provincia de Buenos Aires no han firmado convenio con la ANSES y los datos anteriores a ese año no figuran en la base de datos, correspondiendo en esos casos solicitarlas a la caja provincial, para el caso de la provincia de Buenos Aires por ejemplo el Instituto de Previsión Social de la
Colon 329 piso 6 írente. En la ANSES las bases de datos existen a partir del año 1994, por lo que los datos anteriores a esa fecha son buscados en forma manual y tardan más. A su vez tener presente que las bases de datos de ANSES y AFIP están unificadas. En oportunidad de solicitar la información a estos organismos deberá hacerse especial mención a que los datos requeridos deberán ser enviados prescindiendo de la remisión de las impresiones de pantalla de las respectivas bases de datos. '"* No obstante lo señalado en al nota anterior -nota nro.9-; por medio de Decreto 507/93 ANSES transfirió a la AFIP la competencia sobre aportes, registro de empresas, empleados y domicilios, como así también contribuciones y su debido contralor. '^ Recuérdese que el salario durante la licencia por maternidad lo paga el Estado. "^ La asignación prenatal se percibía durante los nueve meses del embarazo.
Todos los requerimientos que se hagan a ANSES deben dirigirse al Área de Legales sita en Paseo
c,f:'^cíí;,\
GtNtHAi. i.^<<ioiíÍKÍ^/sca/ </^ Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones
\ a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado
En algunos casos la asignación por nacimiento se paga por medio de la obra social, por ello es allí donde deberá solicitarse la información. La información requerida permitirá conocer si la presunta apropiadora gozó de licencia por maternidad o percibió aportes prenatales durante su embarazo y al momento del parto investigado. Si se lograra establecer que la madre sospechada trabajó al momento del supuesto embarazo también deberá oficiarse (o bien citar a declarar) al empleador para determinar la ausencia de pedidos de licencia por maternidad y otro tipo de aportes vinculados.
• Solicitar el registro domiciliario de los presuntos apropiadores con el objeto
de secuestrar documentación vinculada al origen del niño/a tal como cartas, fotos, etc., como así también toda aquella documentación útil para esclarecer las circunstancias relativas a la sustracción del niño/a y/o su apropiación, tal como documentos que vinculen a los apropiadores y/o sustractores con las fuerzas represivas y/o con la desaparición de los supuestos padres biológicos.
• Solicitar una orden de presentación, secuestro o de registro domiciliario tanto
del consultorio del médico involucrado, como del establecimiento de salud, para secuestrar registros y/o cualquier documentación de interés relativa a la paciente y/o al niño. Corresponderá obtener la documentación pertinente mediante esta modalidad cuando se advierta reticencia, demora significativa o connivencia por parte del establecimiento de salud. En caso de que exista sospecha bastante sobre la existencia de elementos de interés para la investigación, en el consultorio del médico involucrado, corresponderá ordenar su registro.
• Solicitar a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo —APM—, a la
CONADI y a esta Unidad Fiscal de Coordinación, informes sobre la existencia de denuncias que hagan alusión al caso del niño presuntamente apropiado y/o a las personas que en el expediente judicial aparecen mencionados como posibles autores o partícipes de la apropiación (padres supuestamente apropiadores, médicos, etc.). Las organizaciones y/o dependencias indicadas cuentan con información útil para el esclarecimiento de este tipo de maniobras. A su vez, la consulta permitirá evitar que se sustancie más de una causa judicial por el mismo hecho y/o que se produzca la misma prueba más de una vez.
B) Supuestos de apropiación mediante adopciones irregulares
Este supuesto comprende aquellos casos en que el niño fue separado de sus padres biológicos y posteriormente ingresado por los sustractores al sistema de minoridad, generalmente sin la identificación de las circunstancias relevantes para conocer su origen biológico. Consecuentemente, el niño fue dado en guarda y luego en adopción a personas ajenas a su verdadera familia. Con base en esta hipótesis delictiva deberá determinarse la existencia o no de irregularidades en el trámite de adopción y según el caso, la responsabilidad de los adoptantes, de los operadores judiciales (jueces, secretarios, asesor tutelar, etc.) y/o cualquier otra persona que haya participado en la maniobra (p. ej., testigo del supuesto hallazgo en situación de abandono del niño).
• La principal diligencia para este tipo de supuestos es aquella orientada a
obtener las actuaciones judiciales pertenecientes a los trámites de adopción, tutela o guarda
del presunto niño apropiado'^. Para un correcto análisis de dichos trámites se debe tener
'•' El número de expediente y juzgado interviniente debería constar en la partida de nacimiento como una anotación marginal. Tener en cuenta que en las adopciones plenas existen dos partidas de nacimiento; una provisoria y otra posterior definitiva donde no consta casi ningún dato, solamente el nombre de los padres adoptantes (sin hacer referencia a esa condición) y al costado un número de asiento que sí lleva a la provisoria.
presente que, en el supuesto de niños abandonados, debieron labrarse dos expedientes: 1) de hallazgo del niño/a y 2) el tutelar; ambos deberían contener información distinta y posiblemente valiosa. En tales actuaciones obran las constancias relativas a las condiciones en que se produjo la entrega del niño. Es por ello importante verificar si se han llevado adelante los requisitos que la ley imponía para esos trámites. Concretamente, reviste trascendencia la información relativa a la efectiva verificación judicial de las condiciones en que el niño fue ingresado al sistema de minoridad y a las medidas orientadas a establecer su filiación. En suma, lo dirimente en este aspecto es establecer si el niño dado en guarda, tutela o adopción se encontraba efectivamente en estado de abandono y si, en los casos de entrega por parte de sus padres, ésta fue realmente voluntaria. En los supuestos que se traten de entregas voluntarias por parte sus padres biológicos, y teniendo en cuenta que en muchos de estos casos dichas entregas fueron simuladas, corresponderá acreditar no sólo la existencia de quienes figuran como tales, sino también corroborar dicha filiación mediante un examen de ADN en el BNDG. A fin de constatar los extremos arriba señalados, deberá acreditarse la efectiva existencia de las personas intervinientes en el hallazgo o en las actuaciones posteriores. Será necesario identificar, por ejemplo, al personal de la salud -médico, enfermero, etc.- en el caso de situarse el hallazgo en un hospital o clínica; a su vez se deberá verificar la existencia de dicha institución al momento de los hechos; las personas que hayan recibido supuestamente al niño; y en caso de intervención de personal policial, verificar también que esos agentes policiales prestaran efectivamente funciones en la dependencia de la fuerza que intervino. Constatada su existencia, deberá evaluarse su citación a prestar declaración testimonial para que relaten sobre el hecho. En caso de tratarse de un agente de las fuerzas deberá solicitarse previamente su legajo personal, a fin de contar con una idea aproximada del tipo de actividad que efectivamente desempeñaba durante el terrorismo de Estado. En cuanto a la tramitación del expediente en el ámbito judicial, resulta necesario determinar qué medidas fueron adoptadas por la autoridad judicial para determinar la filiación del niño/a supuestamente abandonado -por ejemplo, publicación de fotos en los diarios de gran circulación de la época, edictos, huellas, certificación de denuncias por desaparición de un niño en las comisarías, tesfimoniales a personas que rodearon el hallazgo, etc.-. En los casos donde consten supuestas entregas voluntarias del niño por parte de sus padres biológicos, y teniendo en cuenta que en algunas ocasiones dichas entregas fueron simuladas, corresponderá acreditar no sólo la existencia de quienes figuran como padres biológicos, sino también corroborar la filiación mediante un examen de ADN en el BNDG y las condiciones en las que habría prestado su consentimiento para la entrega.
• Solicitar a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, legajos relafivos a la adopción cuya irregularidad se sospecha.
Los datos volcados en estos expedientes, que de alguna manera documentan el camino recorrido por el niño, permitirán valorar la regularidad o no del proceso, como así también identificar a los agentes intervinientes.
• En los casos de niños dados en adopción o guarda que hayan estado
previamente alojados en hogares de tránsito o instituciones del estilo (como ser hospitales, clínicas o sanatorios), requerir toda la documentación que acredite su ingreso y permanencia en ese lugar . Según el caso, deberá valorarse la pertinencia de obtener la documentación antes aludida de conformidad con lo previsto por los arts. 231 y 232 del CPPN.
Estas últimas deberían resultar muy llamativas porque casi no hay datos del lugar de nacimiento, y tiene una fecha muy posterior a la de nacimiento. Por ejemplo, Hospital Dr. Pedro de Elizalde ex-Casa Cuna, sedes de Casa Cuna en distintos lugares del país, Movimiento Familiar Cristiano, Hogar Leopoldo Pereyra, Casa de Belén, etcétera.
noo-OCOLiZACIOHÍ
^ rAj¿jtP.l^
tJAULO
ET» Ri \
Df I A NACIÓN
,^'''-^^J:
Dicha documentación resultará útil a fin de constatar su efectiva estadía en dichos lugares, como así también verificar las condiciones de su ingreso -si existe algún elemento plasmado en esa documentación que permita identificar su real filiación- y la intervención del personal que lo haya tenido a su cargo transitoriamente. Verificados estos extremos y una vez identificadas las personas que hayan intervenido, deberá evaluarse su citación a prestar declaración testimonial para que relaten sobre el hecho.
• Solicitar el registro domiciliario de los imputados con el objeto de secuestrar
documentación vinculada al origen del niño/a tal como cartas, fotos, documentos que acrediten esterilidad, etc., como así también toda aquella documentación útil para esclarecer las circunstancias relativas a la sustracción del niño/a y/o su apropiación, por ejemplo
documentos que vinculen a los apropiadores y/o sustractores con las fuerzas represivas y/o con la desaparición de los supuestos padres biológicos.
Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad'^ —CONADI— y a esta Unidad Fiscal de Coordinación, informes sobre la existencia de denuncias que hagan alusión al caso del niño presuntamente apropiado y/o a las personas que en el expediente judicial aparecen mencionados como posibles autores o partícipes de la apropiación (adoptantes, operadores judiciales intervinientes en el trámite de guarda o adopción, instituciones por las que habría pasado el niño, etc.).
Las organizaciones y/o dependencias indicadas cuentan con información útil para el esclarecimiento de este tipo de maniobras. A su vez, la consulta permitirá evitar que se sustancie más de una causa judicial por el mismo hecho y/o que se produzca la misma prueba más de una vez.
2. IDENTIFICACIÓN DE APROPIADORES Y SUSTRACTORES. DETERMINACIÓN DE LOS PRESUNTOS AUTORE S Y PARTÍCIPES
En la mayoría de los casos que fueron judicializados hasta ahora, una vez develada la identidad biológica del joven apropiado, se ha logrado identificar y determinar la responsabilidad penal por el hecho de aquellos que registral y socialmente figuraban como sus padres, no así de quienes intervinieron en los eslabones previos, los sustractores. La hipótesis delictiva de apropiación de hijos de víctimas del terrorismo de Estado contempla la necesaria intervención mediata o inmediata, en la maniobra de sustracción, ocultamiento y retención, de algún agente de las fuerzas armadas o de seguridad, ya que el niño fue separado de sus padres biológicos al momento del secuestro o luego de nacido en cautiverio. Por ello, a continuación se sugerirán medidas a fin de identificar a todos aquellos que hayan intervenido en la maniobra. Es posible que exista un vínculo ° entre el personal de las fuerzas armadas o de seguridad -sustractores o entregadores- y las personas que retuvieron, ocultaron o suprimieron la identidad del niño -mediante alguna de las dos modalidades comisivas descriptas anteriormente, en los puntos A) o B)-. Este vínculo en muchos casos es difícil de develar debido a la clandestinidad con la que se perpetraron las maniobras . Algunas de las medidas que se detallan a continuación se orientan a identificar esa relación.
"Creadapor Ley 25.457. ^" Podría tratarse de familiares, amigos, padrinos, etc. También puede suceder que la persona que se queda finalmente con el niño lo haya sustraído por sí mismo de la familia biológica, esto es, sin intermediarios. ^' Si bien es deseable que pueda esclarecerse este presunto vínculo entre los apropiadores y los eslabones anteriores en la sustracción del niño, debe tenerse presente que la dilucidación de esta circunstancia no es condición necesaria para la configuración del delito.
• Solicitar a la AFIP^^ la información que surja de todas las bases de datos a las
que tiene acceso (FISCO, SINTyS, VERAZ RISC, VERAZ LOCALIZA, NOSIS) sobre los datos filiatorios, domicilios registrados, cuentas bancarias, planes sociales, participación en sociedades comerciales, situación tributaria de los presuntos apropiadores y sustractores .
La información recibida no sólo permitirá ubicar a los imputados sino que, eventualmente, servirá para la disposición de medidas cautelares a su respecto.
• Requerir a la Cámara Nacional Electoral "^ el domicilio actual y el que
poseían los apropiadores a la época de los hechos. Contar con esta información permitirá cotejar si el lugar de residencia de los imputados al momento del nacimiento coincidía con aquél registrado como lugar de nacimiento del niño. Que el nacimiento haya ocurrido en un lugar muy distante del domicilio real de los imputados puede generar sospechas sobre la veracidad de los registros de! nacimiento en cuestión.
• Solicitar a la División Legajos Personales de la Policía Federal Argentina
copia del legajo personal de los imputados y de la persona presuntamente apropiada, labrados en el marco del trámite de expedición de cédulas y pasaportes. En este legajo personal constan todos los datos filiatorios y los antecedentes penales que pudiera registrar quien solicitó una cédula de identidad o pasaporte. También consta, entre otros elementos, a quiénes el titular del legajo declaró como personas de su confianza que pueden dar referencias sobre él. Esta información puede ser relevante para la investigación de los vínculos personales de la familia presuntamente apropiadora.
• Procurar obtener copias del certificado de bautismo del niño. A tal fin podrá
solicitarse a la Conferencia Episcopal Argentina que requiera esta documentación a las circunscripciones eclesiásticas que correspondan. Tener en cuenta que en los casos de aquellas personas unidas en matrimonio por la Iglesia, los bautismos de los hijos, el nombre de los padrinos y la parroquia donde ocurrió constan en la libreta cristiana de matrimonio, la cual podría ser hallada en el domicilio de los apropiadores, puede ser una pieza a buscar en un eventual allanamiento.
Esta medida se dirige a identificar quienes pudieron haber oficiado de padrinos de bautismo, y de este modo identificar el círculo íntimo de los involucrados. En cuanto a los vínculos con el padrino, es importante determinar si hay coincidencia de nombres entre el niño/a y el padrino/madrina, ya que esta circunstancia se acreditó en algunos casos de niños que recuperaron su verdadera identidad.
• Requerir a la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación los legajos de concepto y de familia de los miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea que habrían intervenido en las maniobras de apropiación (sustracción, retención, ocultamiento o supresión de la identidad) o en la desaparición de sus padres. Con relación a las personas involucradas en esas conductas y respecto de las cuales no hay información sobre su pertenencia a las fuerzas armadas, es prioritario establecer ese vínculo para luego, en su caso, pedir sus respectivos legajos de concepto y de familia.
"~ Recuérdese que las bases de datos de ANSES y AFIP están unificadas.
" Debe tenerse presente que a muchas de estas bases de datos los fiscales pueden acceder directamente en
virtud de convenios que el Ministerio Público Fiscal suscribió con cada una de esas instituciones para facilitar
y agilizar las investigaciones.
'* Por disposición de la Cámara Nacional Electoral, esta información debe requerirse vía mail a la siguiente dirección cnelectoral.despacho¡¿¡)p¡n.aov.ar. '^ Con sede sita en Suipacha 1034 de esta ciudad. '^ Los pedidos de documentación a las diferentes fuerzas (a excepción de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina) deberán centralizase en esta Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación.
JO A"
c -A £¿iM¡Z
•MU.
pnidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones
{ a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado
/:í$-''
^'''^'?
"o•'O'
•?,--x
En los legajos de concepto constan destinos, premios, castigos, licencias por enfermedad, etcétera. Ello permitirá conocer el rol o actividad que el titular del legajo desempeñó durante el terrorismo de Estado. De los legajos de familia surge la composición familiar, constancia de solicitud de licencias, subsidios, asignaciones, etc. Es importante prestar atención a las fechas en las cuales fue solicitada la asignación por nacimiento y por hijo, si varios meses después del nacimiento o inmediatamente, si allí se aportó la partida del supuesto hijo (en general es así), si los datos denunciados coinciden o hay discrepancias. También resultará útil establecer si durante el supuesto embarazo fue solicitada la asignación prenatal y qué certificados se presentaron.
• En los mismos supuestos del punto anterior, requerir a la Dirección de
Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación los legajos del personal de las fuerzas de seguridad (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina)^'. En los casos que corresponda, idénticos requerimientos deberán dirigirse a otras agencias del Poder Ejecutivo Nacional (SIDE, Servicio
Penitenciario Federal, etcétera), las policías provinciales, servicios penitenciarios provinciales y cualquier otra dependencia en la que haya revestido personal que pudiera haber intervenido en estos hechos.
• Solicitar a la Unidad Especial de Investigación de la CONADI —creada
mediante el decreto 715/2004^^—, a la APM y a esta Unidad Fiscal de Coordinación información sobre investigaciones o denuncias relacionadas con el caso de apropiación en estudio y sobre los eventuales imputados^*^.
• Pedir información a la Comisión Provincial por la Memoria, que
eventualmente obre en el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), sobre cualquier aspecto de los hechos investigados, sus víctimas y sus presuntos responsables. Idéntico requerimiento deberá efectuarse en caso de que en el lugar existan archivos específicos nacionales, provinciales, públicos o privados. Para los casos en los que la investigación se inicia a partir de la denuncia de la desaparición de un niño que debió nacer en cautiverio o que desapareció luego de ser secuestrado junto a sus padres, resultará útil pedir los legajos de la DIPPBA, relativos a sus padres desaparecidos, ya que puede ser un dato importante si constase qué fuerzas los perseguían. También en algunos casos existen legajos directamente a nombre de los niños desaparecidos, donde podría haber alguna información relevante.
3. DETERMINACIÓN DE LA IDENTIDAD BIOLÓGICA
Una vez verificada la existencia de indicios que ponen de manifiesto la posible comisión del delito de sustitución de identidad y de apropiación, corresponderá adoptar
" Mediante la Resolución N° 544/11 de ese Ministerio, se creó en el ámbito de la Dirección Nacional de Derechos Humanos el Grupo Especial de Relevamiento Documental cuya función consiste en relevar y analizar la documentación y coordinar con las instancias estatales para el adecuado desarrollo del proceso de búsqueda y producción de información referida a los procesos por violaciones a los derechos humanos durante la vigencia del terrorismo de Estado. ^* Por el Decreto N° 715/04 se creó en el ámbito de la CONADI la Unidad Especial de Investigación, que en su art. 4 dispone: "Para el cumplimiento de los fines y objetivos de este decreto la Unidad Especial de Investigación podrá: a) Acceder en forma directa a lodos los archivos de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional incluidos los de la Presidencia de la Nación, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sus organismos dependientes. Fuerzas Armadas y de seguridad y los organismos regístrales, b) Requerir directamente a dichos organismos informaciones, testimonios y documentos sobre la materia de este decreto obrantes en sus archivos, los que deberán cumplimentarse en el término que se fije en el requerimiento'". ^"^ La misma información podrá solicitarse a instituciones directa o tangencialmente vinculadas con la temática, tales como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fondo Documental CONADEP, entre muchas otras.
medidas orientadas a obtener una muestra de ADN a fin de realizar un examen genético con el propósito de determinar el vínculo biológico y la verdadera identidad de la persona presuntamente apropiada. Si bien la realización de este examen resulta la prueba dirimente en este tipo de investigaciones, se ha venido observando cierta reticencia o tardanza injustificada en ordenar la obtención de muestras, a pesar de existir sospechas suficientes de la comisión de un delito de apropiación y/o de sustitución de la identidad. En este sentido, cabe señalar que para la realización de esta medida no se exige un estándar probatorio diferenciado o especialmente agravado respecto del que se exige para otras medidas probatorias durante la instrucción. Hecha esta precisión, debe decirse de todos modos que es habitual que en las investigaciones en las que se observan demoras en realizar medidas destinadas a llevar a cabo un examen genético, no se expresen motivos, sino que simplemente se omita (o dilate) la orden de concretar estas medidas. La ley regula cuatro circunstancias relevantes en este sentido: por un lado, que el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) es la única institución habilitada para realizar estudios de este tipo en el marco de las causas por apropiación de niños durante la última dictadura; por otro, que el perfil genético de la persona presuntamente apropiada debe ser entrecruzado con todas^' las muestras obrantes en el Archivo Nacional de Datos Genéticos -ANDG^^- del BNDG; que el perfil genético de la persona presuntamente apropiada pasa a formar parte del ANDG para asegurar su comparación con los datos que se incorporen en el futuro ^; finalmente, que se encuentra vedada la posibilidad de que el BNDG remita su información genética a particulares o entidades públicas o privadas, sea cual fuere el motivo alegado . El procedimiento de obtención de las muestras de ADN correspondientes a la persona presuntamente apropiada, los imputados y otras personas se encuentra regulado detalladamente por el art. 218 bis, CPPN, incorporado por la ley 26.549. Allí se mencionan los motivos que justifican la adopción de la medida, los recaudos que deben adoptarse para resguardar los derechos de las personas involucradas y las diferentes alternativas para llevar a cabo el acto, de acuerdo con la idoneidad de los medios empleados. Además, se distinguen diferentes soluciones alternativas según si la persona de quien se requiere la muestra se trata de una posible víctima, el imputado u otros. A continuación se explicará el procedimiento a seguir conforme esta disposición legal. El fiscal deberá requerir al juez que lleve a cabo una audiencia en la que pondrá en conocimiento de la persona presuntamente apropiada la existencia de la causa y las sospechas que existen en tomo a su verdadera identidad, debiendo en ese mismo acto procurar obtener una muestra biológica^^ para luego entrecruzarla con las muestras de los apropiadores sospechados y con aquellas obrantes en el ANDG.
''"Conforme leyes 23.511 y 26.548. El artículo 14 de la ley 26.548 dispone: "Eficacia de la medida de prueba. Cuando se trate de una de las medidas de prueba ordenadas por un juez competente o por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad en virtud del objeto definido en el articulo 2° inciso a), el Banco Nacional de Datos Genéticos deberá entrecruzar la información genética obtenida con todo el Archivo Nacional de Datos Genéticos".
"Art . 14 de la ley 26548.
'- Art. 5 de la ley 26.548. Art. 6 de la ley 26.548. "La información genética ingresada quedará registrada en el Archivo Nacional de datos Genéticos con el único objeto de asegurar su comparación con los datos que se incorporen en el
futuro. ". Es por ello que se encuentra vedado condicionar la utilización del perfil, a la realización de un solo peritaje.
'" Ver artículos
la ley 26.548. Más allá de
este punto, a
(http://www.mpfgov.ar/lnstitucional/UnidadesFE/DDHH/Banco datos_geneticos.pdf), la intervención exclusiva del BNDG en esta clase de peritajes también fue objeto de pronunciamiento específico por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante resolución 4102/2010 (expte. 7686/09). En el caso se inhabilitó expresamente al Cuerpo Médico Forense para realizar este tipo de peritajes. •" Previo a la obtención de la muestra biológica de la muestra de sangre deberá cumplirse con la debida identificación de la víctima, de acuerdo a las previsiones del art. 5 de la ley 23.511 -complementada por ley 26.548-, que establece: "La acreditación de identidad de las personas que se sometan a las pruebas biológicas conforme con las prescripciones de la presente ley, consistirá en la exhibición de la documentación
pp'^.^r\pAi_;2ACiOH I
-^•¡¿.doA^
^ y ,„ L ^
\ n£ LA Ufiidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado
/.5/'
^?'- 1,^
Resulta aconsejable que dicho acto se realice con intervención de personal'' especializado y capacitado para asesorar, contener y acompañar a la presunta víctima en ese momento. Corresponderá que ese acompañamiento continiie en las etapas restantes de ese proceso, con especial atención al informarle el resultado del análisis genético. Al momento de realizarse la audiencia deberá estar presente el personal especializado del BNDG y del Grupo Especial de Asistencia Judicial (GEAJ)-^^ a fin de obtener, en ese mismo acto, una muestra forense apta para la obtención de ADN (saliva, huellas digitales y/o sangre). En caso de que mediara voluntad por parte de la persona, la muestra será obtenida por personal del BNDG. Caso contrario, la muestra deberá ser obtenida de forma compulsiva conforme al parámetro de proporcionalidad y orden de prelación indicado por el artículo 218 bis del CPPN, siempre que se garantice igual certeza en el resultado de la medida^^. Los métodos compulsivos de obtención de muestras se encuentran reconocidos por la norma y convalidados por la jurisprudencia . Contemplan opciones que producen una alteración (aunque mínima) de la integridad física —tales como la obtención de mínimas extracciones de sangre o de piel por medio de ablación del tejido —, y otras que no producen ninguna alteración en la integridad física -recolección de saliva mediante hisopado o de células de la piel por método de descamación natural-. En caso de que la persona presuntamente apropiada se negara a entregar voluntariamente una muestra apta, corresponderá adoptar, en primer lugar, métodos considerados no intrusivos tales como la obtención de saliva de la cavidad bucal y la recolección de células de la piel por un método de descamación -registro dactilar"*' por
personal y, además, en la toma de impresiones digitales y de fotografías, las que serán agregadas al respectivo archivo del BNDG. " ^^ A tal efecto podrá convocarse al equipo interdisciplinario de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad creado en el ámbito de la CONADI por Resolución SDH 050/2006. Allí se indica, entre sus funciones, la de "crear para quien debe hacerse un examen de sangre, ordenado por la justicia, un ámbito adecuado, dentro del cual pueda comprender el alcance del mismo, tener una contención suficiente y acceder a él voluntariamente en la medida en que pueda procesar internamente lo que significa ". "E1 Grupo Especial de Asistencia Judicial (GEAJ) —resolución n° 166/11 del Ministerio de Seguridad— funciona en la órbita de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, sito en México 12, piso 1 - (C1425EMA) CABA-. ^* En todos los caso de obtención de muestras para el examen de ADN, tanto de aquellas extraídas del cuerpo de la persona, como de las desprendidas del cuerpo corresponderá proceder a la identificación de la presunta víctima conforme lo establecido en el art. art. 5 de la ley 23.511 -complementada por ley 26.548-, que establece: "La acreditación de identidad de las personas que se sometan a las pruebas biológicas conforme con las prescripciones de la presente ley, consistirá en la exhibición de la documentación personal y, además, en la toma de impresiones digitales y de fotografías, las que serán agregadas al respectivo archivo del BNDG. "
el juez lo estimare conveniente, y siempre que sea posible alcanzar igual
certeza con el resultado de la medida, podrá ordenar la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN) por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya
desprendidas del cuerpo, para lo cual podrán ordenarse medidas como el registro domiciliario o la requisa
". Así, para el caso en que la extracción se realice de la presunta víctima, puede verse un orden de
prelación de acuerdo al cual la extracción compulsiva queda como medida de ultima ratio. ''° La Sala II de la CNCP autorizó la obtención compulsiva de muestras, oportunidad en la que describió los distintos métodos de recolección que deben adoptarse según su injerencia en el cuerpo de la víctima, afirmando que "La recolección de cabellos y de saliva de la cavidad bucal, no constituye alteración alguna de la integridad física, ni involucra riesgos para la salud cuando se practican según el ars médico. Si la recolección de piel se practica por un método de descamación, tampoco aparece ningún riesgo apreciable. Estas prácticas, pues, no afectan la integridad fisica. En cambio, cuando la piel se recoge por métodos que
implican ablación del tejido de la piel, o cuando se extrae sangre del sistema circulatorio, por mínima que sea es inevitable la realización de cierta ruptura de la estructura corporal. Aquí, nuevamente, la práctica es insignificante salvo que circunstancias concurrentes hagan riesgosa para la integridad corporal o para la
De tal suerte, subordinada la elección al criterio del experto según la orden, no es forzosa la
toma de muestras de sangre o de piel mediante ablación, sino que esta es una de las posibles vías autorizadas por lajueza entre las otras que no afectan la integridadfísica. " Causa Nro. 13.957 - Sala II - "Noble Herrera, Marcela y otro s/ recurso de casación." Reg. 18559, del 02/06/2011.
"' Corresponderá obtener tres juegos de cada uno de los dedos de ambas manos. Un juego quedará reservado en el Juzgado y los otros dos serán remitidos al BNDG. Uno de esos juegos será destruido completamente para la realización del examen.
" El art. 218 bis establece "
medio del método denominado "Digifirma"-. Este último, similar al método de impresión de huellas dactilares"*^, supone apoyar los dedos en un soporte que no ingresa en el cuerpo. Las muestras biológicas obtenidas por estos mecanismos resultan altamente idóneas para determinar los perfiles genéticos. Conforme al régimen establecido en el art. 218 bis del CPPN, y siempre que sea posible alcanzar igual certeza, también podrá obtenerse ADN secuestrando objetos que contengan células desprendidas del cuerpo, para lo cual corresponderá ordenar una requisa personal en ese mismo acto o el registro domiciliario, medidas que corresponderá llevar a cabo con el personal del GEAJ. También para estos dos últimos supuestos, a tln de establecer un único perfil biológico, deberán obtenerse impresiones dactilares de la persona presuntamente apropiada . Para el caso de que no se logre la obtención de muestra biológica en el marco de la audiencia, resulta conveniente que ese mismo día se practique el registro domiciliario en búsqueda de elementos que contengan células desprendidas del cuerpo de la persona presuntamente apropiada'*^ aptas para la realización del examen de ADN, también con intervención de personal del GEAJ. Si la persona presuntamente apropiada no compareciera a la audiencia y se encontrara presente en el procedimiento ordenado -registro domiciliario y/o requisa-, corresponderá solicitar el aporte de muestras biológicas de modo voluntario. En caso de no aportarse estas muestras voluntariamente, corresponderá llevar a cabo las medidas compulsivas (medidas que no requieren consentimiento). A efectos de establecer un orden de prelación respecto de las medidas a llevar a cabo, debe tenerse en cuenta que las muestras biológicas obtenidas directamente del cuerpo de la persona, incluso por métodos que no afectan su integridad personal (muestras de saliva o "Digifirma"'**'), suelen ser más aptas para proporcionar la información genética necesaria e indubitada, que el secuestro de elementos personales (ropa, cepillos de dientes, etc.). Estos elementos muchas veces ofrecen menor cantidad de información genética"*^ y por otra parte, pueden presentarse dudas acerca de qué persona o personas los utilizaron .
"" Se distinguen en que, en un caso, el producto es la obtención de huellas dactilares, y que en otro, la obtención de células que se desprenden naturalmente del cuerpo. El BNDG, como laboratorio forense, aprobó este método de obtención de ADN a partir del registro dactilar, tomado a partir de un dispositivo que cuenta con grafito individual para cada uno de los dedos o para cada uno de los individuos el cual tiñe la superficie del dedo, descubriendo una membrana plástica y luego se apoya la yema del dedo. Se comercializa como "Digifírma". Es absolutamente inocuo, no se lo considera intrusivo porque la descamación de la piel es un proceso diario inevitable. ' En todos los casos se deberá identificar a la persona que hace entrega o de la que se obtiene la muestra a analizar, mediante la exhibición de documentación personal, fotografía y huellas digitales. Ello, a fin de tener certeza de que se trata de la persona individualizada como presunta víctima en el marco de la causa judicial. Esto tiende a evitar que la muestra sea aportada o sea extraída de una persona distinta. Ello dado que muchas veces se secuestran prendas de las que se obtiene ADN pero no es posible establecer con certeza que sea el perfil biológico de la presunta víctima.
*^ Conforme las recomendaciones del Banco Nacional de Datos Genéticos deberá procurarse el secuestro de los siguientes elementos: cepillos de dientes -todos los que se encuentren en el domicilio a registrar, sin importar tamaño ni color-; prendas íntimas de vestir usadas -calzoncillos, bombachas, corpinos-; pinza de depilar o máquina de afeitar usadas; colillas de cigarrillo, apositos femeninos usados y medias usadas. Cada uno de estos elementos deberán ser recolectados con guantes de goma y colocados en forma separada, en distintas bolsas de plástico tipo "'ziploc" debidamente rotuladas y precintadas, a fin de evitar la contaminación de las muestras. Resulta preciso aclarar que la enumeración de los elementos a secuestrar se realiza a modo ejemplificativo y no taxativo a fin de no limitar el objeto de secuestro. Por ello es ftindamental precisar en la orden de registro domiciliario o requisa personal que deberá secuestrarse todo aquel elemento con valor pericial, es decir, todo elemento que pueda portar o conservar material biológico. Asimismo, conforme lo previsto en el artículo 15 de la ley 26.548, el Banco Nacional de Datos Genéticos asesorará a los jueces nacionales y federales en relación con el levantamiento de rastros forenses útiles para la obtención de información genética, y pondrá a su disposición personal capacitado para participar de procedimientos judiciales que se deban llevar adelante a ese efecto. '"' La utilización del método "Digifirma" es la muestra alternativa indubitable de mayor eficacia. '*'' Se recomienda que la ropa secuestrada tenga un uso de ocho horas, como mínimo. A fin de obtener mayor información sobre la eficacia de las muestras según su método de obtención, corresponderá consultar al Banco Nacional de Datos Genéticos; el art. 15 de la ley 26.548, establece en su
segundo párrafo que "
Banco Nacional de Datos Genéticos asesorará a los jueces nacionales, y federales
2LhM
En todos los actos orientados a obtener material genético, así como en las audiencias
a las que sean convocados la persona presuntamente apropiada o los imputados, es
indispensable la concurrencia del representante del Ministerio Público. De este modo se garantiza el debido contralor de la regularidad y eficacia de las medidas de recolección de prueba y que las audiencias se lleven adelante con todos los recaudos legales"*^.
A fin de asegurar el éxito de los procedimientos^'', con anterioridad y de modo
próximo a su realización, es necesario establecer la residencia fehaciente de la presunta víctima en el domicilio a registrar; intentar identificar al resto de los moradores de dicho domicilio, su edad y vínculo con la presunta víctima; determinar las características de la finca, los días y franjas horarias en la que los moradores permanecen en su interior; las actividades que habitualmente desarrollan fuera de ella, los vehículos^' en que se movilizan; especificar si existen en las cercanías del lugar cámaras de seguridad que pudieren captar imágenes del frente del inmueble, debiendo -en tal caso- indicar los datos de su respectivo centro de monitoreo y toda otra circunstancia que pudiere resultar de interés para el caso.
Resulta conveniente que las tareas investí gativas antes descriptas sean realizadas por
la misma agencia encargada de llevar a cabo los allanamientos y requisas personales -
GEAJ-, a fin de facilitar el acceso y manejo de información sensible para conducir las medidas, así como también para lograr eficacia en su realización. Se sugiere oficiar^^
directamente a la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de
la Nación, idealmente en sobre cerrado y consignando la menor cantidad de datos referidos
a la causa. Las notificaciones cursadas a la persona presuntamente apropiada también
deberán ser diligenciadas y practicadas por personal de aquella Dirección.
A su vez, tanto al momento de notificar la existencia de las actuaciones a la persona
presuntamente apropiada como al de ejecutarse algunas de las medidas previstas por el 218 bis del CPPN, se recomienda ponderar la posibilidad de intervenir las líneas telefónicas de los involucrados (art. 236 del CPRN)^"^. Del mismo modo, previo a esas ocasiones, deberá evaluarse la conveniencia de prohibir la salida del país de los involucrados, disponer alertas migratorias y realizar tareas investigativas sobre sus domicilios.
Para el caso de personas que tengan residencia en el exterior del país, los artículos 17 y 18 de la ley 26.548 prevén la extracción de muestras biológicas vía consular^^. En tales supuestos, para una mejor coordinación de medidas de estas características, se sugiere promover previamente consulta con la Oficina de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Procuración General de la Nación. La investigación de una hipótesis de apropiación requiere descartar el vínculo entre
la persona presuntamente apropiada y quienes se sospecha que serían sus apropiadores, por
en relación con el levantamiento de rastros forenses útiles para la obtención de información genética. Asimismo, pondrá a su disposición personal capacitado para participar de procedimientos judiciales que se deban llevar adelante a ese efecto ".
'*'' Conforme al Acuerdo de solución amistosa suscripto entre la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y el
Gobierno de la República Argentina en su carácter de Estado Parte de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el marco del caso "Evelin Karina Vázquez Ferrá", en el que específicamente se dispuso: "'2.2, c) El Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina se compromete a trabajar en la
adopción de medidas tendientes a optimizar el uso de la facultad que le confiere el artículo 27 de la ley 24.946
a fin de proponer al Procurador General de la Nación: 1) que dicte instrucciones generales a los fiscales
instándolos a concurrir a los registros domiciliaros que se practiquen en los casos en que se investigue la
apropiación de niños".
'" La audiencia, el registro de la finca en la que reside la víctima, registro del vehículo que utiliza y/o su requisa personal.
" Ello a fin de valorar la necesidad de ordenar su registro, en búsqueda de elementos que contengan células
desprendidas del cuerpo.
^^ En muchos casos el monitoreo de las cámaras está en manos de los moradores, circunstancia que les permite
detectar la presencia del personal encargado del registro domiciliario antes que éstos den aviso de ingreso a la finca. ^^ A fin de lograr mayor reserva de las tareas encomendadas, se recomienda la remisión del oficio en sobre cerrado dirigido a la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, autorizando su diligenciamiento a personal del juzgado o de esa Dirección. ^'* El GEAJ no realiza intervención de líneas telefónicas. ' ' Existen antecedentes de medidas concretadas de este modo.
lo que, en muchos casos, también deberá ordenarse la obtención de ADN de estas
personas. Para ello, el juez ordenará la obtención de muestras biológicas del imputado por medio de mínimas extracciones de sangre, saliva, piel u otra clase de muestras corporales, conforme lo establece el art. 218 bis del CPPN, o bien la obtención, por medio del registro domiciliario o requisa personal, de muestras biológicas ya desprendidas del cuerpo. Por último, para los supuestos en que los peritajes de ADN encomendados al BNDG
sean realizados a partir de muestras que, por cualquier razón, no puedan ser nuevamente utilizadas, a fin de evitar nulidades deberán adoptarse los recaudos previstos por el art. 258 del CPPN. Finalmente, cabe aclarar que para el caso de que el BNDG no cuente con perfiles completos de los presuntos familiares biológicos que se hubieren identificado a lo largo de la investigación, también deberán ordenarse medidas tendientes a la obtención de su ADN.
A tal fin, podrá solicitarse al BNDG que informe cuáles son los perfiles genéticos
incompletos y, en su caso, requerir a los familiares vivos que correspondan, el aporte de una
muestra de sangre o arbitrar los medios parta la exhumación del cuerpo de los parientes que se estimen necesarios .
4. RESTITUCIÓN DE IDENTIDAD
Corroborada la falsedad ideológica de la partida de nacimiento, acreditado que la persona no es hija biológica de los presuntos apropiadores o, en su caso, confirmadas las irregularidades en el trámite de la adopción, y una vez determinado el vínculo biológico con alguno de los perfiles de referencia del Banco Nacional de Datos Genéticos, deberá solicitarse la nulidad de la partida de nacimiento y del trámite de la adopción Para restituir su identidad biológica deberán tenerse en cuenta los datos filiatorios que se desprendan de su origen biológico (conforme el resultado del examen de ADN). A su vez, a efectos de adoptar una decisión relativa a la restitución de la identidad,
deberá contemplarse la prueba documental, testimonial, etc. vinculada con el caso, si es que la hubiere. En este sentido, si bien muchos niños apropiados nacieron durante el cautiverio
sus madres y en consecuencia no hay registros de ese suceso, a lo largo de la instrucción
la causa de apropiación o en el marco de la causa en que se investiga la desaparición de
sus padres, hay testimonios que dan cuenta de la fecha en la que realmente pudo haber nacido o del nombre que sus padres biológicos deseaban ponerle. Por otra parte, deberán realizarse todas las medidas necesarias para proceder a la inscripción de la persona con su verdadera identidad y para que se expida su nueva documentación^ Para ello se puede contar con la asistencia de la Unidad de Regularización Documental de las Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en el marco del Accionar del Terrorismo de Estado, creada por resolución 679/09^° del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
^^ Esta medida no será necesaria en caso de que ya se haya comprobado el vínculo biológico de la persona apropiada con una familia víctima del terrorismo de Estado cuyo perfil genético obraba en el BNDG. " Se sugiere consultar previamente a la Asociación APM y a CONADI ya que ellos cuentan con información sobre los grupos familiares del BNDG y han participado en numerosos trámites de exhumación. ^^ Ver fallo de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, causa Ac. 51.831, "Monaco de Gallicchio, Darwina Rosa contra Siciliano, Susana. Nulidad de adopción" rta.20/9/94. ''' No sólo se trata del documento nacional de identidad de la víctima, sino que deberá expedirse nuevamente la totalidad de los documentos en los que constara la identidad falsa (títulos escolares, universitarios, de propiedad de bienes muebles e inmuebles, libretas de matrimonio, documentación relativa a su descendencia, por ej. partidas de nacimiento, DNI, etc. de sus hijos.) —art. 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño, arts. 1 y 19 de la ley 18.248, art. 322 del CPCC y art. 526 del CPP. Conforme el Acuerdo de solución amistosa en el marco del caso "Evelin Karina Vázquez Perra" citado, el Poder ejecutivo Nacional se comprometió a establecer mecanismos específicos para facilitar la corrección de la documentación de toda persona cuya identidad haya sido sustituida durante la dictadura militar, a fin de favorecer el proceso de la restitución de la identidad. ^^ Creada por resolución 679/09, publicada en el Boletín Oficial el 2 de octubre de 2009.
[o o ^^ T r-, f n i : •/ í f! o ti.
4> / / Fo¡_!'^-:-h
a la víctima sobre la restitución de su identidad y la
. rectificación de documentos, deberá llevarse a cabo una audiencia, con intervención de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y la Unidad de Regularizaciones, recién mencionada, instituciones que la acompañarán en dicho proceso.
Unidad Fiscal de Coordinación. 2 de octubre de 2012.
PABLO F. PARENTI
CAUSAS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS mW m COMETIDAS DURANTE EL TERRORISMO DE ESTMÍ PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
FISCALDECOORDINACIÓN Y SEGUIMIEJTÍ DE US
JORGE EDUARDOAUAT
UNIOA0 nSCALDE COORDIK.iCió'J Y SEGUIMIEWTOOELAS CAUSAS POR V10WCiC-;?S A l;;.::) [ '^ECHOS HUMWDS COMETIDASDüR>::': H'. "ERfsO'fiíS'.O D£ESTADO
Documentos similares a PGN-0398-2012-002
GestionDelaCalidad T3
Guiaburros medidas conciliación.pdf
ricky_buyo
Alejandro Javier Fuenmayor
Derechos Laborales Chile
C-056 Castellano v12 0 Accesibilidad
el rol del periodismo en la restitucion
CUESTIONARIO II.docx
La compulsión en la ejecución de la prueba genética para determinar la identidad de origen_.pdf
Más de Cesar J. Miguel
Conexión en el texto académico
Manual PGN - Violencia Familiar
Mundialización capitalista, poscolonialidad y sistema-mundo en la era de la falsa totalidad
Informe Sobre La Prision Preventiva en Las Americas Por La Cidh
Dumar Arley Betancur Betancur
PGN-0094-2009-001 Protocolo Victimas de Trata
Mariel Riera
Inecip - OMAS
Casancrem - CARNE A LA CACEROLA.pdf
Dictamen Clementi
El acceso a la Justicia - Mauro Cappelletti y Bryan Garth
Sozzo_Maximo_Tradutore_Traditore_._Traduccion_Importacion_Cultural_e_Historia_del_Presente_de_la_Criminologia_en_America_Latina.pdf
Stanley Cohen - Estados de Negacion
Codigo Judicial - Libro I
Casancrem - Colita Rellena
Herrera Ulloa VS COSTA RICA
Rayzer Lala
Penal-Doctrina-2015-05-29
Cyber Deli to Bud a Pest
Ann Hzd Esp
Platt Tony Perspectivas Para Una Criminologia Radical en Estados Unidos
Manual Filatelia
Bonder Aaron - CSJN
CIDH Liakat v Surinam Recurso
CONVOCATORIA PGJ Notificador y Recepcionistas
Giddens. La estructura de clases en las sociedades avanzadas.
Los pueblos indígenas que viven en Argentina
folleto completo .pdf
HGE1-U3
2-TGS (Angel a. Sarabia)
Fidel Nunez Esteves
MEDIDA CAUTELAR ARBITRO
Tipologia Estados Nicaragua Jlvp
Rodriguez Araujo Octavio - Derechas Y Ultraderechas en El Mundo
Ciber politica y redes sociales y nuevas movilizaciones en españa
RESUMEN DERECHO ADMINISTRATIVO me paso Graciela Piana.docx
Ventas ambulantes y espacios público
Desafíos de La Postmodernidad a Filosofía Latinoamericana
15957-63388-1-PB.pdf

References: Resolución 
 resolución 

Artículo 1
 resolución 
 Artículo 2
 resolución 
 Artículo 3
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 14
 resolución 
 artículo 218
 Resolución 
 artículo 15
 artículo 27
 resolución 
 resolución