Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/22982
Timestamp: 2020-06-03 16:29:31+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 134/2012
SENTENCIA 134/2012, de 19 de junio
ECLI:ES:TC:2012:134
En el conflicto positivo de competencia núm. 3134-2006, planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra el Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) una lotería instantánea o presorteada. Ha formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer del Tribunal.
El escrito de promoción, tras señalar que el requerimiento formulado fue rechazado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2006, invoca la competencia exclusiva que, conforme a lo establecido en el art. 13.33 del Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma en materia de “casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas mutuas deportivo-benéficas”, competencia que, según lo señalado en la STC 163/1994, de 26 de mayo, incluiría la organización y autorización de juegos en el territorio de la Comunidad Autónoma, rechazando que pueda producirse un trasvase competencial en materia de juego y apuestas al Estado a partir del art. 149.1.14 CE y so pretexto de la existencia de un beneficio de interés general y de ámbito nacional.
Entiende la Letrada de la Junta de Andalucía que la lotería instantánea o presorteada que regula el decreto impugnado plantea un caso distinto de los abordados y resueltos por las SSTC 163/1994, de 26 de mayo, y 171/1998, de 23 de julio, pues se trata de una nueva lotería que nada tiene que ver ni con la Lotería Nacional, ni con el “cupón pro-ciegos”. A diferencia de las anteriores, la nueva lotería no tiene cabida en el título competencial del art. 149.1.14 CE pues no existe ese pretendido beneficio del interés general y de ámbito nacional que invoca el acuerdo del Consejo de Ministros según el cual “el título estatutario y el previsto en el art. 149.1.14 CE habilitan tanto a la Comunidad Autónoma de Andalucía como al Estado para organizar juegos o loterías, en el primer caso, dentro de su ámbito territorial y, en el segundo, en beneficio del interés general y de ámbito nacional”.
Aduce la Junta de Andalucía que el concepto de “hacienda general” del que parten las citadas Sentencias ha sido superado en la doctrina constitucional lo que conduce a un concepto nuevo identificado con el de la “hacienda pública estatal” interconectado con los principios de coordinación (art. 156 CE), autonomía financiera de las Comunidades Autónomas (art. 157 CE) y suficiencia financiera de las Entidades locales (art. 142 CE). Dicho concepto sería, en su opinión, el desarrollado por la STC 233/1999, de 16 de diciembre, de la cual derivaría que para que el Estado pueda invocar frente a los específicos títulos competenciales autonómicos la competencia general que deriva del art. 149.1.14 CE es precisa la existencia de títulos legitimadores de su ejercicio, esto es, el principio de coordinación, o el principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas para el ejercicio de sus competencias. Y prueba de ello es que si la competencia de hacienda general amparara al Estado, la aprobación del real decreto impugnado hubiera requerido el pronunciamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera, o la modificación de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas, lo que en este caso no ha ocurrido.
A mayor abundamiento considera, con cita de los Votos particulares antes mencionados, que ni siquiera es posible aducir la titularidad de un ingreso pues los procedentes de la lotería instantánea o presorteada corresponderían a un ente ajeno al Estado, cual es la ONCE, sin que sea argumento suficiente el que una corporación de Derecho público con fines de interés público se mantenga a partir de ingresos procedentes del juego para que pueda excluirse la competencia autonómica en esta materia, lo que pone de manifiesto lo contradictorio del argumento pues si la competencia estatal se justifica en cuanto “ingreso” de la Hacienda, el “no ingreso” no puede ser al mismo tiempo legitimador de la competencia debatida.
Tras estas consideraciones generales, la Letrada de la Junta de Andalucía pasa a analizar los cuatro artículos controvertidos. En cuanto al art.1, como quiera que autoriza a la ONCE para la comercialización de este tipo de lotería y establece su contenido, estaría articulando una especie de “servicio público” que no sería el juego sino el fin social al que sirve la ONCE, lo que entraría de lleno en el campo de la asistencia social. Si el mecanismo de la “repercusión directa o indirecta” o “afectación al ámbito del monopolio” es válido en orden a establecer la competencia del Estado ex art. 149.1.14 CE, podrá convenirse que tal criterio de imputación competencial también ha de ser válido para reconocer dicha actuación como propia de la competencia autonómica en materia de asistencia social. Estos mismos reproches se extienden al art. 2 en cuanto prevé el destino de los ingresos obtenidos con la explotación de la lotería a favor de la ONCE, siendo así que la determinación de la forma por la que puede nutrirse de ingresos una corporación de base asociativa incide directamente en la política de asistencia social de Andalucía.
Sobre el art. 4, precepto que encomienda el control de la gestión de la lotería instantánea al consejo de protectorado de la ONCE, considera que se trata de actividades privadas que cumplen fines sociales que se insertan por su finalidad en el ámbito autonómico y que desarrollan actividades de competencia autonómica, que sólo se relacionan de modo mediato con la hacienda del Estado en su sentido más estricto
2. Este Tribunal, mediante providencia de la Sección Primera de 25 de abril de 2006, admitió a trámite el conflicto positivo de competencia planteado por la Junta de Andalucía, acordando dar traslado de las actuaciones al Gobierno de la Nación, por conducto de su Presidente, al objeto de que, en el plazo de veinte días y bajo la representación procesal que señala el art. 82.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), pudiera personarse en los autos y aportar cuantos documentos y alegaciones considerase convenientes. Se acordó asimismo comunicar la incoación del conflicto a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, para el caso de encontrarse impugnado o se impugnare el referido real decreto, en cuyo caso se suspendería el curso del proceso hasta la decisión del conflicto. Igualmente, la citada providencia acordó la publicación de la incoación del conflicto en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”.
Prosigue el Abogado del Estado refutando los argumentos de la demanda. Alega que la STC 233/1999, de 16 diciembre, no sienta un concepto de “hacienda general” como pretende la Letrada autonómica, pues en ella solo se analiza este título desde la perspectiva de la submateria de haciendas locales. Si, como pretende la demanda, la “hacienda general” sólo comprende la coordinación de las haciendas territoriales pero no la materia “hacienda estatal” ésta última quedaría sin ubicación específica. Así pues rechaza que exista un concepto de “hacienda estatal” diferenciado del de hacienda general, y analiza las SSTC 163/1994, y 164/1994, ambas de 26 de mayo, para concluir que el poder financiero estatal le habilita para establecer y gestionar las apuestas y juegos estatales que se configuren como recurso ordinario de su hacienda, más allá de la lotería nacional en su sentido tradicional.
En lo atinente a la remisión, por la demanda autonómica, a los votos particulares para sustentar la competencia de la Junta de Andalucía en la materia, pone de manifiesto el carácter disidente de todo Voto particular pues, en palabras de la Abogacía del Estado, “siendo absolutamente respetables, no lograron convencer a la mayoría del Tribunal”.
4. El real decreto impugnado, como hemos sostenido recientemente en la STC 32/2012, de 15 de marzo, que resolvió un conflicto positivo de competencia en el que se impugnaba esta misma norma, debe encuadrarse en la materia juego y apuestas. En la Sentencia citada, que a su vez aplica la doctrina establecida en la STC 204/2002, de 31 de octubre, afirmamos que “la materia de juego, a pesar de no ser mencionada en los arts. 148.1 y 149.1 CE y en los Estatutos de Autonomía, ha sido atribuida a las Comunidades Autónomas bajo el uniforme título de ‘casinos, juegos y apuestas con exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas’, en sus respectivos Estatutos. [En consecuencia], de acuerdo con el art. 149.3 CE, y dado que en el art. 149.1 no se reserva expresamente al Estado dicha materia, cabe afirmar que corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva sobre los casinos, juegos y apuestas, excepto las apuestas mutuas deportivo-benéficas (STC 52/1988, FJ 4), y que la misma comprende la de organizar y autorizar la celebración de juegos en el territorio de la Comunidad Autónoma (SSTC 163/1994, FJ 3; 164/1994, FJ 4), precisamente en dicho territorio; pero no, evidentemente, la de cualquier juego en todo el territorio nacional, puesto que los Estatutos de Autonomía limitan al territorio de la Comunidad el ámbito en el que ha de desenvolver sus competencias”.
De ahí que la STC 32/2012, de 15 de marzo, FJ 3, afirmara también que “ni el silencio del art. 149.1 CE respecto al género juego, ni el hecho de que los Estatutos de Autonomía califiquen de exclusiva la competencia autonómica en cuanto a juegos y apuestas, puede interpretarse como determinante de un total desapoderamiento del Estado en la materia, pues ciertas actividades que bajo otros enunciados el art. 149.1 CE atribuye a aquél, se encuentran estrechamente ligadas con el juego en general y no sólo la que le reserva el art. 149.1.14 de la Constitución respecto de la gestión y explotación en todo el territorio nacional del monopolio de la lotería nacional, sin perjuicio de las competencias de algunas Comunidades Autónomas en materia de juego (SSTC 163/1994, de 26 de mayo, FJ 4; 164/1994, de 26 de mayo, FJ 5; 216/1994, de 20 de julio, FJ 2; y 49/1995, de 16 de febrero, FJ 3)”.
El art 81.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) establece que “[c]orresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de juegos, apuestas y casinos, incluidas las modalidades por medios informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Andalucía”, y el apartado segundo de este precepto estatutario añade que “[l]a autorización de nuevas modalidades de juego y apuestas de ámbito estatal, o bien la modificación de las existentes, requiere la deliberación en la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado prevista en el Título IX y el informe previo de la Junta de Andalucía”, por lo que, como señalamos en la STC 32/2012, de 15 de marzo, FJ 3, está reconociendo la existencia de modalidades y apuestas de ámbito estatal.
Por otra parte, debe indicarse que, en contra de lo que sostiene la Junta de Andalucía, la norma recurrida no puede encuadrarse en la materia de asistencia social, pues los preceptos impugnados “no pretenden ni ordenar ni disponer regla alguna sobre las actividades de asistencia o protección social encomendadas y dispensadas”, tal y como afirmamos en la STC 171/1998, de 23 de julio, FJ 3, en la que también resolvíamos un conflicto de competencia en materia de juego y apuestas, y en el que también una de las partes pretendía fundamentar su competencia en el título competencial relativo a la asistencia social.
5. Resulta, por tanto, que como declaramos en la STC 32/20012, de 15 de marzo, FJ 4, en un supuesto análogo, “la competencia exclusiva autonómica comprende los supuestos de juegos que se desarrollen exclusivamente en Andalucía. Y este no es desde luego el caso del citado real decreto que justo comienza por precisar (art. 1) que la modalidad de lotería que establece es de ámbito nacional, lo que determina la competencia estatal sobre la misma”. De ahí que la citada STC 32/2012, de 15 de marzo, FJ 8 declarase que “no hay duda de que el Real Decreto 1336/2005 impugnado no menoscaba ni invade la competencia autonómica en materia de juego”.
Type et numéro d'enregistrement Conflicto positivo de competencia 3134-2006
Planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1336/2005, por el que se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles una lotería instantánea o presorteada.
Reitera la doctrina sobre la delimitación competencial en materia de juegos y apuestas de la SSTC 32/2012 [FFJJ 4, 5].
Dado que en el art. 149.1 no se reserva expresamente al Estado la materia juego y apuestas, corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva sobre los casinos, juegos y apuestas, excepto las apuestas mutuas deportivo-benéficas, comprendiendo la misma la de organizar y autorizar la celebración de juegos en el territorio de la Comunidad Autónoma (SSTC 52/1988, 32/2012) [FJ 4].
Ni el silencio del art. 149.1 CE respecto al juego, ni el hecho de que los Estatutos de Autonomía califiquen de exclusiva la competencia autonómica en cuanto a juegos y apuestas, puede interpretarse como determinante de un total desapoderamiento del Estado en la materia, pues ciertas actividades que bajo otros enunciados el art. 149.1 CE atribuye a aquél, se encuentran estrechamente ligadas con el juego en general y no sólo la que le reserva el art. 149.1.14 CE (SSTC 163/1994, 32/2012) [FJ 4].
Doctrina sobre el ius superveniens, según la cual el control de las normas que incurren en un posible exceso competencial debe hacerse de acuerdo con las normas del bloque de la constitucionalidad vigentes en el momento de dictar Sentencia (STC 83/2012) [FJ 3].
Artículo 2 (redactado por el Real Decreto 1706/2011, de 18 de noviembre), f. 2
Competencias en materia de juegos de azarCompetencias en materia de juegos de azar, ff. 4, 5

References: Real Decreto 
 real decreto 
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 Real Decreto 
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Artículo 2
 Real Decreto