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Timestamp: 2019-09-22 16:02:03+00:00

Document:
Sentencia: TAD-CUN-SIII-981684-2003
Si bien cuando una entidad pública no motiva en debida forma la resolución de adjudicación se debe declarar su nulidad, dicha declaración carece de objeto si el oferente perjudicado no acredita que hubiera sufrido algún perjuicio y que su propuesta era más conveniente
CARLOS SANTANA BAHAMON y GRATINIANO LEON CARVAJAL VS. CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL -CAJANAL E.P.S.
CAJANAL abrió la licitación pública No. 08 de 1997, para la ampliación y remodelación del bloque interior de la Clínica de Tunja, presentándose siete proponentes. El 15 de octubre de 1997, mediante la Resolución 3043 se modificó el objeto de la licitación, pues ya no se realizaría en la modalidad de precios unitarios, sino por “administración delegada”. Entre los días 1 y 5 de diciembre de 1997, en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80, estuvieron las propuestas a disposición de los oferentes, oportunidad dentro de la cual se presentaron objeciones a la presentada por CAMILO JOSÉ SAAVEDRA CONDE. Dichas salvedades se relacionaron con el puntaje otorgado como factor de experiencia al precitado SAAVEDRA CONDE, de la siguiente forma: las certificaciones que se anexaban para acreditar tal aspecto, establecían que el precitado no había sido contratista directo sino subcontratista del Departamento del Valle, y que además no había cancelado el impuesto de timbre. CAJANAL desestimó dicha observación, y por tanto los puntajes de CARLOS SANTANA BAHAMON y GRATINIANO LEON CARVAJAL y SAAVEDRA CONDE fueron igualados a 900 puntos. A pesar que las dos propuestas se encontraban en primer lugar, la entidad decidió adjudicar la licitación a SAAVEDRA CONDE.
¿Debe entidad pública indemnizar a un oferente, cuando al adjudicar un contrato a uno de los oferentes entre los cuales se dio un empate, según los criterios de evaluación, omite motivar en debida forma la resolución de adjudicación en la que se inclinó por la oferta ganadora?
«(…) Es acertado el razonamiento del censor al manifestar que la administración no motivó en debida forma la resolución de adjudicación, puesto que si bien es cierto, hizo un recuento pormenorizado de lo acontecido en ese trámite licitatorio y se refirió a los resultados obtenidos por los proponentes en la evaluación realizada por el COMITÉ DE EVALUACIÓN, no es menos cierto que esa motivación es meramente formal, ya que omitió explicar de manera puntual las razones por las cuales se inclinó por la propuesta de SAAVEDRA CONDE, es decir sobre los motivos la indujeron a concluir que a pesar de haber existido un empate en el primer lugar entre el actor y aquel, consideraba que era mejor contratar con el finalmente ganador.
Quiere el legislador que los administrados conozcan los fundamentos legales y fácticos que conllevan a la expedición del acto administrativo cuando dispuso también en su artículo 35 del CCA:
Esta situación, en otras circunstancias acarrearía la nulidad del acto de adjudicación, pero como éste ningún perjuicio causó al actor, puesto que no obra prueba que acredite que su propuesta era más conveniente que la de la ganadora, sino igual, carecería de objeto la declaración de nulidad de tal acto.
Debe precisarse que constituía una carga para el demandante, no solo demostrar que su propuesta era la más favorable, sino además que la favorecida no resultaba adecuada a los intereses de la administración, y en caso sub lite no se ha acreditado ni lo uno ni lo otro, ya que de conformidad con las pruebas antes evaluadas, la propuesta del señor CONDE SAAVEDRA se encontraba ajustada al pliego de condiciones.
El artículo 29 de la ley 80 de l993 establece que la selección de los contratistas deberá ser objetiva, definiéndola como aquella en donde se escoge el “ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.”
Refiere esa normatividad que el ofrecimiento más favorable es el que resulta ser el más ventajoso para la entidad, sin tener en cuenta aspectos distintos a los plasmados en el pliego de condiciones o términos de referencia.
Indica que ese juicio debe efectuarse ateniendo los factores de escogencia, tales como el cumplimiento, la experiencia, la organización, los equipos, el plazo y el precio y “la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismo, en los pliegos de condiciones o términos de referencia”.
Para establecer cual de las propuestas empatadas resultaba ser más beneficiosa para la entidad, se hará una confrontación de las dos desde el punto de vista de la experiencia especifica, el precio y el cumplimiento.
Al estudiar el caso concreto, se observa que en la experiencia específica, tanto el actor CONSORCIO CARLOS SANTANA BAHAMON GRATINIANO LEON CARVAJAL, como a CAMILO JOSÉ SAAVEDRA CONDE se les asignó 200 puntos, que era el máximo que se podía obtener en ese factor, según el literal f del ítem 4.6 del pliego de condiciones. (…)»
Una entidad pública no debe indemnizar a un oferente, cuando al adjudicar un contrato a uno de los oferentes entre los cuales se dio un empate, según los criterios de evaluación, omite motivar en debida forma la resolución de adjudicación en la que se inclinó por la oferta ganadora, porque:
Aunque la administración no motivó en debida forma la resolución de adjudicación, ya que omitió explicar de manera puntual los motivos que la indujeron a concluir que, a pesar de haber existido un empate en el primer lugar entre dos ofertas, era mejor contratar con el oferente adjudicatario, situación que en otras circunstancias acarrearía la nulidad del acto de adjudicación. En el presente caso, el oferente perjudicado no acreditó que hubiera sufrido algún perjuicio y que su propuesta era más conveniente que la de la ganadora, por lo que carecería de objeto la declaración de nulidad de tal acto de adjudicación.
Constituía una carga para el oferente no favorecido, no solo demostrar que su propuesta era la más favorable, sino además que la favorecida no resultaba adecuada a los intereses de la administración, y en caso en estudio no se ha acredito ni lo uno ni lo otro.
primero: Deniéganse las peticiones de la demanda. segundo: Sin costas.
Ley 80 de 1993. Artículo 29.
Ficha: Si bien cuando una entidad pública no motiva en debida forma la resolución de adjudicación se..

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 30
 resolución 
 resolución 
 artículo 35
 artículo 29
 resolución 
 resolución 
 Artículo 29
 resolución