Source: https://es.scribd.com/doc/53404533/Teoria-General-de-La-Prueba
Timestamp: 2016-02-12 10:31:21+00:00

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Medios Probatorios y fuentes de los mismos-
Valoración de la Prueba-
PRINCIPIOS RECTORES DE LA PRUEBA JUDICIAL -
bien actúan sobre la base de que ya han probado los resultados de sus
El Derecho Probatorio, ciencia que estudia el conjunto de reglas
decisiones. En efecto, el funcionario judicial sólo decide justamente los
utilización, para así proponer medidas tendientes a superarlos, generando
eficacia en la administración de justicia y sentencias que correspondan a la
Dentro de los temas enunciados el relativo a la carga de la prueba es el que,
En lenguaje forense la palabra "carga" indica la conveniencia de la persona
partes obran dentro del proceso estimuladas por cargas y son pocas las
diferentes actividades que se desarrollan en el proceso: el juez tiene el deber
No siempre el incumplimiento de una carga ocasiona perjuicio: puede ser
que no se conteste la demanda y, no obstante, la pretensión del actor sea
rechazada o que no se produzca determinada prueba y ello no tenga ninguna
consecuencia sea porque la prueba se produjo por iniciativa de la contraria o
del juez o porque, en definitiva, resultó innecesaria.
• CONCEPTO DE PRUEBA.
A diferencia de lo que ocurre con ciertas instituciones y conceptos
jurídicos, que atañen sólo a determinada rama del Derecho, la noción de
prueba no solo tiene relación con todos los sectores del Derecho, sino que
trasciende el campo general de éste para extenderse a todas las ciencias que
integran el saber humano e, inclusive, a la vida práctica cotidiana.
Se la puede concebir como la razón o argumento mediante el cual se
pretende demostrar y hacer patente la verdad o falsedad de un hecho.
Carnelutti considera la prueba no sólo al objeto que sirve para el conocimiento
el hecho, sino también la certeza o convicción que aquel proporciona. En
sentido amplio, define a la prueba como un equivalente sensible del hecho que
habrá de valorarse. Para Goldschimidt, es el conjunto de actos de las partes
que tiene por fin convencer al Juez acerca de la verdad de la afirmación de un
Carnelutti en ocasión de la definición de la prueba, señala: “El Juez está
en medio de un minúsculo cerco de luces, fuera del cual todo es tinieblas:
detrás de él el enigma del pasado y delante, el enigma del futuro; ése
minúsculo cerco es la prueba. La prueba es el corazón del problema del
juicio, del mismo modo que éste es el corazón del problema del pensamiento
del juicio, más no del proceso, puesto que la prueba es una de las claves, no
tanto para la teoría del proceso, cuanto para la del juicio, que es lógica pura.
Empero, esto no significa que la actividad probatoria sea solamente lógica,
porque también es sicológica y técnica.
El fin principal del proceso es la realización del derecho como
satisfacción de un interés público del Estado y, el secundario, la justa
composición de los litigios o solución de la petición del actor; para poder
cumplir con esos fines, el proceso necesita entrar en contacto con la realidad
del caso concreto que en él se ventila, pues si el Juez no conoce exactamente
sus características y circunstancias, no le es posible aplicar correctamente la
norma legal que lo regula y declarar así los efectos jurídicos materiales que de
ella deban deducirse y que constituirán el contenido de la cosa juzgada, en
estricta congruencia con la demanda y las excepciones.
Por ende, podemos definir la prueba judicial como el conjunto de reglas
que regulan la admisión, producción asunción y valoración de los diversos
medios que pueden emplearse para llevarse al Juez la convicción sobre los
hechos que interesan al proceso.
Lo podemos definir como todo aquello sobre lo cual puede recaer la
prueba, deviniendo en algo completamente objetivo y abstracto, extendiéndose
tanto a los hechos del mundo interno como del externo, con tal que sean de
importancia para el dictamen. El objeto de la prueba viene a ser una noción
objetiva, porque no se contempla en ella la persona o parte que debe
suministrar la prueba de esos hechos o de alguno de ellos, sino el panorama
general probatorio del proceso, pero recae sobre hechos determinados sobre
los cuales versa el debate o la cuestión voluntariamente planteada y que debe
probarse, por constituir el presupuesto de los efectos jurídicos perseguidos por
ambas partes, sin cuyo conocimiento el Juez no puede decidir.
Carnelutti define el objeto de la prueba como el hecho que debe verificarse
y donde se vierte el conocimiento motivo de la controversia. La noción lógica
de la prueba supone una relación de sujeto a objeto, lo que permite dividirla en
mediata e inmediata, esto en atención al concepto.
Expuesto lo anterior, es menester señalar que en el proceso sólo los hechos
son objeto de prueba, por ser esencial al resultado del juicio y así lo pauta la
norma adjetiva venezolana contenida en el artículo 388, pero como toda regla
admite su excepción, tenemos que el lapso probatorio no se abrirá en los casos
establecidos en el artículo 389 ejusdem, a saber: “(…) 1° Cuando el punto
sobre el cual versare la demanda, aparezca, así por ésta como por la
contestación, ser de mero derecho; 2° Cuando el demandado haya aceptado
expresamente los hechos narrados en el libelo y haya contradicho solamente
el derecho; 3° Cuando las partes, de común acuerdo, convengan en ello, o
bien cada una por separado pida que el asunto se decida como de mero
derecho, o sólo con los elementos de prueba que obren ya en autos, o con los
instrumentos que presentaren hasta informes; 4° Cuando la ley establezca que
sólo es admisible la prueba instrumental, la cual, en tal caso, deberá
presentarse hasta el acto de informes”.
En este orden de ideas, también surgen en el proceso hechos que no
necesitan ser probados, los cuales se enumeran a continuación:
* HECHOS PRESUMIDOS POR LA LEY. Es regla procesal que no necesitan
ser probados aquellos hechos que están amparados en una presunción legal. La
presunción está condicionada a tres elementos que unidos, van a darle su
característica; el hecho conocido, el desconocido y la relación de causalidad;
siendo de observar que la presunción no es una prueba, sino más bien una
excepción o dispensa de ella y, lo que está fuera de la órbita de la prueba, lo
son el hecho desconocido y la relación de causalidad.
* HECHOS IMPERTINENTES E IRRELEVANTES. Para que las pruebas
puedan ser admitidas por el Juez, no deben ser impertinentes e irrelevantes, ya
que ellas no conllevan utilidad alguna al litigio; siendo impertinentes e
irrelevantes aquellas referidas a hechos no alegados o rebatidos en la fase de
las alegaciones; lo mismo que las remitidas a hechos probados o tendentes a
desvirtuar la confesión verificada por quien la propone, o las referidas a
cuestiones sin influencia en el juicio o sin conexión con los hechos
fundamentales discutidos en el curso de la traba de la litis, todo lo cual se
encuentra plasmado en el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil.
* EL HECHO NEGATIVO. El derecho procesal moderno afirma que el hecho
negativo no sólo puede ser objeto de prueba, sino que en muchos casos la Ley
exige como supuesto de una norma, un hecho cuya naturaleza es negativa. Las
negaciones, al efecto de su valoración en el proceso, pueden clasificarse como
sustanciales o absolutas y formales o aparentes; considerándose las primeras
como aquellas que tienen su fundamento en la nada y no implican, en
consecuencia, ninguna afirmación opuesta, indirecta o implícita; en tanto que
las segundas, son afirmaciones contrarias, ya que revisten de un carácter
definido o indefinido. Las negaciones formales pueden serlo de derecho, de
hecho y de cualidad. Las primeras se remiten a la titularidad de un derecho, a
las condiciones requeridas por la Ley para la validez del acto; las negaciones
de hecho equivalen a la afirmación de un hecho contrario, ya sea concreto o
indefinido; en tanto que las negaciones de cualidad, se dan cuando se niega a
alguna persona una determinada cualidad y, al actuar de esta manera, se está
afirmando lo opuesto.
De lo anterior se puede concluir que: 1° Las verdaderas negaciones son las
sustanciales o absolutas; 2° Las negaciones formales no son otra cosa que
afirmaciones redactadas en una forma negativa; 3° Las únicas afirmaciones
que no pueden ser probadas son las sustanciales y las formales indefinidas de
hecho y 4° Las demás negaciones se prueban demostrando el hecho contrario.
* EL HECHO NOTORIO. El Derecho positivo venezolano tiene sentado como
principio que lo notorio está exento de prueba; pero esta afirmación no puede
conducir al extremo de que el Juez pueda favorecer a alguna de las partes, ya
que lo que en sí debe probarse es la naturaleza notoria del hecho cuando ha
sido cuestionado. La notoriedad del hecho viene dado por el conocimiento
humano en general, considerándolo como cierto en indiscutible, o
perteneciente a la historia o a las leyes naturales, a la ciencia o a las vicisitudes
de la vida pública actual, siendo una exigencia innecesaria su prueba, puesto
que no queda duda sobre su existencia y sólo la parte que lo negare deberá de
suministrar la prueba de lo contrario.
Los artículos 395 y 436 del Código Adjetivo Civil y el artículo 1.355 y
siguientes de la norma civil sustantiva, establecen cuales son los medios de
prueba admitidos en el Derecho Positivo Venezolano: Instrumentales,
Testimoniales, Presunciones, Indicios, Confesión, Juramento, Experticia e
Inspección Judicial. Ahora bien, la técnica ha avanzado y los medios de
investigación se superan más cada año y su uso permite, en la mayoría de las
veces, establecer en forma meridiana la certeza de los hechos; por lo que ante
este avance, es de preguntarse si el Juez en su oficio no podrá hacer uso de
otros medios que no sean los establecidos en los textos legales.
Ante tal interrogante, surgen diversas interpretaciones, pero la tendencia
moderada es que la enumeración de los medios de prueba no es taxativa sino
enunciativa y que nada prohíbe al Juez y a las partes acudir a aquellos medios
no especialmente previstos, siempre y cuando se sometan a las garantías
generales que son características al sistema probatorio.
Por esto, la ampliación de los medios de prueba y su introducción al
proceso por impulso de las partes, deben ser admisibles, siempre y cuando no
afecten a la moral o a las buenas costumbres y fuesen conducentes al
esclarecimiento de la verdad; su finalidad es interesante, a fin de evitar que
por causa de un criterio ortodoxo, anticuado y desfasado, se impida llevar a
los autos manifestaciones cuya autenticidad es fácil de probar. Señala
Humberto Bello Lozano: “(…) De lo contrario, estaríamos siempre detenidos
en los medios de prueba del tiempo de los romanos, sin pensar que también
ellos hubieran evolucionado de haber seguido legislando.(…)”
Podría estimarse, que lo relativo a la prueba es sólo materia del
procedimiento, porque cuando el derecho es desconocido o violado, los
Tribunales conocen del conflicto y el Juez debe atenerse a lo alegado y
probado en autos; pero también tienen igualmente su lugar en el estudio del
Derecho Civil, motivado a su íntima relación con la finalidad última del
Derecho y de la importancia de su realización práctica. Por esta razón, su
estudio ha de hacerse desde el punto de vista del derecho civil, donde se
establece cual es la prueba que incumbe a cada una de las partes en litigio y
las admitidas por la Ley desde el campo del procedimiento, para determinar
los medios prácticos procesales de su administración ante los Tribunales.
De lo anteriormente expuesto se desprende que, las reglas relacionadas
con el derecho a probar, no solamente se encuentran en las normas de la Ley
Adjetiva (Código de Procedimiento Civil), sino también en las de la Ley
Sustantiva (Código Civil – Código de Comercio). Por lo tanto, es conveniente
estudiar la ubicación de dichas normas, bien sea en el campo sustantivo o bien
Así vemos que muchas materias rigurosamente procesales están
debidamente tratadas en códigos sustantivos, especialmente en el Civil y
Mercantil y diversas Leyes especiales no se limitan a una simple enumeración
de los aspectos sustantivos a cada institución, sino que dan también cabida a
preceptos procesales, entre ellos, algunos procedimientos probatorios que
coadyuvan al nacimiento de pequeñas incidencias que lían las controversias
judiciales, con desmedro, en muchas ocasiones, de las relaciones jurídicas.
Tenemos entonces, que todo lo relativo a la prueba en el Código Civil
está contenido en los artículos 1.354 al 1.430 de dicha norma sustantiva, el
principio rector se halla contenido en el precitado artículo 1.354 del referido
texto legal. La mencionada norma no determina con exactitud y en forma
debida el contenido cierto de la carga de la prueba y, ha sido la jurisprudencia
quien, al interpretar el derecho en su quehacer dinámico, ha barrido con el
viejo concepto y aplicado a las modernas teorías determinantes del animus
El Código de Comercio cuenta en su articulado con normas
esencialmente procesales, que dan la debida pauta para su apreciación. El
artículo 38 de dicha norma, contiene reglas para la evaluación probatoria de
los libros de los comerciantes. Así mismo, los artículos 41 y 42 ejusdem, son
fuentes legales del Derecho Comercial para la admisión y apreciación de
determinados medios probatorios; el artículo 124, señala cuáles son los
medios de prueba admisibles en el Derecho Mercantil; igualmente el artículo
126, toma la escritura como prueba de solemnidad; el artículo 127 señala los
medios por usar o que se usan para establecer la fecha cierta de los contratos
mercantiles y el artículo 128 se refiere, en cuanto a dichos contratos, a la
amplitud de la admisión de la prueba de testigos.
Nuestro Código de Procedimiento Civil regula todo lo referente a la
materia de pruebas, en su Libro II, Título II, artículos 388 al 510,
comprendiendo sus secciones las siguientes: I, apertura del término
probatorio; II, de los medios de prueba y de la promoción; III, de la confesión;
IV, del juramento decisorio; V, de la prueba por escrito; VI, de la experticia,
VII, de la inspección judicial y VIII, de la prueba de testigos, de las
reproducciones, copias y experimentos.
Esta diversidad de normas no trae confusión, y no es problema su
existencia porque están admitidas por la doctrina jurídica, puesto que en los
procesos judiciales se aplicarán las normas del Código adjetivo y lo que no
haya sido previsto y resuelto en la Ley, se aplicarán las supletorias del Código
Civil, conforme a las normas generales del Derecho.
Los juristas de todos los tiempos se preocuparon por establecer una
regla rígida que determinara cómo se distribuye la carga de la prueba entre los
litigantes y las consecuencias de la falta de prueba.
Todos sabemos que las normas jurídicas son la expresión de los que
tienen mayor poder; no obstante resulta asombrosa la regla sobre carga de la
prueba en los procesos germanos primitivos; según señala Lessona, ella recaía
sobre la parte más débil social y económicamente. Es a partir de la edad media
cuando se empieza a sistematizar el concepto y a enunciar concretamente las
reglas sobre carga de la prueba.
Más tarde se formularon otros principios mejor elaborados, como el
propuesto por Chiovenda según el cual el actor tiene que probar los hechos
constitutivos y el demandado los modificativos, impeditivos o extintivos y que
siguieron otros autores. La regla no es totalmente exacta; así, por ejemplo, si
el actor promueve una demanda para que se dicte una sentencia meramente
declarativa que decida que una obligación está prescrita, él tendrá la carga de
probar el hecho extintivo en que funda su pretensión.
Es interesante la regla que establece que la carga de la prueba la tiene
quien pretende modificar una situación jurídica o quien alega un hecho
contrario a la posición que adquirió su contrincante. La crítica a este principio
se centra en la dificultad para determinar en cada caso quien alega la
El gran avance en materia de carga de la prueba lo constituyó la teoría
elaborada por Rosenmberg según la cual cada parte debe acreditar los
presupuestos de hecho de las normas sin cuya aplicación no puede tener éxito
en su pretensión. Ella tuvo el mérito de haber desplazado el tema a la faz
normativa; la teoría fue, de alguna manera, complementada por Michelli al
decir que la carga de la prueba se distribuye según el efecto jurídico exigido.
CARGA DINÁMICA. Ante la falta de prueba, es importante que el juez valore
las circunstancias particulares de cada caso, apreciando quien se encontraba en
mejores condiciones para acreditar el hecho controvertido, así como las
razones por las cuales quien tenía la carga de la prueba no la produjo, a fin de
dar primacía a la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento no
se vea perturbado por un excesivo rigor formal.
PRESUNCIONES LEGALES Y JUDICIALES - INVERSIÓN DE LA CARGA
a) Presunciones legales. Están impuestas por el legislador, quien le indica al
juez cómo debe interpretar determinada conducta; sin son absolutas (iuris et
de iure) no admiten prueba en contrario y sin son relativas (iuris tantum) la
parte perjudicada por ella puede destruirla mediante prueba idónea.
b) Presunciones judiciales. Son aquellas que el juzgador extrae a través de
indicios; constituyen una forma de razonamiento judicial. Mientras que en las
presunciones legales podemos advertir un resabio de la prueba tasada, en las
presunciones judiciales se amplía el poder discrecional del juez.
Las presunciones son la consecuencia de la labor intelectual del juez para
extraer conclusiones de esos indicios.
Los indicios son fuentes de presunciones y se diferencian de las fuentes
de prueba en que no se refieren directamente al hecho a probar sino a otros
hechos autónomos a éste pero que, vinculados entre sí, permiten juzgar que
aquél ha existido o que es falso el hecho alegado. Se traen al proceso por los
mismos medios que las fuentes de prueba; éstas son las personas o cosas que
representan el hecho a probar mientras que aquellos, como dijimos, se refieren
No es correcto denominar indicios o medios de prueba según los
caracteres de las fuentes; debe meritarse el contenido de la declaración o del
documento que se presenta. La prueba producida podrá ser más o menos
eficaz pero seguirá siendo tal si se vincula directamente con el hecho a probar,
o será un indicio si se refiere a otros hechos distintos.
Se observa el siguiente ejemplo: si tiene que acreditarse la forma en que
ocurrió un accidente de tránsito, consideramos como medios de prueba los
siguientes: la declaración de un testigo presencial, la presentación de una
fotografía tomada en el momento o la filmación del hecho; y como indicios
el testimonio de personas que declaran haber visto el automóvil chocado, el
lugar donde se encuentran los daños de los vehículos, las huellas dejadas en el
pavimento, etc., se advierte que ninguno de estos últimos hechos son
representativos del hecho controvertido, pero valorados en conjunto autorizan
al juzgador a inferirlo.
Las partes tienen la carga de convencer al juez de que los hechos
sucedieron de la manera en que lo han narrado en sus respectivos escritos,
pero si el juzgador duda, tiene el deber de esclarecer esos hechos preservando
el derecho de defensa de aquellas. Una vez que los litigantes han determinado
el alcance del litigio, debe quedar a cargo del juez el hacer lo que estime
necesario para el esclarecimiento del asunto.
Corresponde a las partes, en el proceso civil dispositivo, determinar el
alcance y contenido de los temas de debate; son ellas las que disponen qué
hechos serán objeto de prueba y cuales no se encuentran controvertidos (salvo
en los casos en que esté afectado el orden público); además pueden transar,
desistir el actor o allanarse el demandado, etc.; pero no pueden requerir del
juez una decisión sobre el litigio y sobre los hechos controvertidos, e
impedirle que él verifique la exactitud o falsedad de éstos.
El derecho de defensa de los litigantes debe ser celosamente resguardado
por el juez cuando ordena una medida de esclarecimiento, de tal forma debe
permitirles el control de la prueba ordenada de oficio e, incluso, autorizarlos a
ofrecer contraprueba. Finalmente debe abstenerse de actuar en forma oficiosa
si las circunstancias particulares del caso determinan que en el estado del
proceso ello puede impedirles ejercer sus derechos. Pero conviene advertir que
la sola alegación de que la contraria no produjo la prueba y tal circunstancia
autoriza al peticionario a mantener oculta la verdad, no es un derecho
jurídicamente tutelado.
De todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir que existen dos
aspectos básicos que se deben tener en cuenta con relación a la carga de la
Prueba, que son:
PRIMERO: Probar es esencial para el resultado del proceso (artículos 12 y
254 del Código de Procedimiento Civil), actividad que compete
primariamente a las partes (de nada sirve el Derecho si no se prueba, cuestión
que se manifiesta en muchas máximas romanas: actore non probante reus
absolvitur – si el demandante no prueba se absuelve al demandado -, actori
incumbit necesitas probando – la prueba incumbe al actor -, non ius déficit,
sed probatio – no falla el derecho, sino la prueba -), pero el Juez tiene
facultades en razón de hallar la verdad (artículos 401 y 514 del Código de
SEGUNDO: La finalidad del proceso es la realización de la justicia como
garantía de los derechos de la persona; debe verse, entonces, el proceso como
la Tutela Judicial Efectiva de los derechos de las personas. Tiene que
compatibilizarse el interés privado con el interés público; la imparcialidad con
el deber de buscar la verdad; la igualdad ante la Ley con la desigualdad social
En el derecho romano, en el antiguo proceso formulario, el juez, cuando no
estaba convencido de la verdad de los hechos controvertidos podía eludir el
pronunciamiento afirmando "no lo veo claro", en cuyo supuesto no
pronunciaba sentencia y absolvía la instancia; en la actualidad no puede dejar
de juzgar en ningún caso: si hubiera omisión de derecho, por silencio,
oscuridad o insuficiencia de las leyes, deberá recurrir a los principios de leyes
análogas o a las generales del derecho; si existiese insuficiencia de prueba
respecto de los hechos controvertidos, procurará esclarecerlos y, en última
instancia, determinará a quien perjudica la omisión probatoria (quien tenía la
carga de la prueba) y dictará una sentencia favorable a la parte contraria.
En esencia, la valoración de los medios probatorios producidos en juicio,
es quizá la función más importante en el proceso, puesto que sobre esa base se
toma la decisión judicial. Expuso Jerome Frank: “Ninguna decisión es justa si
está fundada sobre una apreciación errada de los hechos”. Por ello, acoger
un sistema de valoración de las pruebas en un ordenamiento jurídico, es en
principio una responsabilidad del legislador, ya que es quien elabora las
normas que pretenden asegurar la verdad y eliminar el error, en procura de
lograr la ecuación certeza – verdad. Obviamente, que escogido un
determinado sistema por el legislador, la responsabilidad se traslada al Juez en
el análisis del caso concreto, pues, es él quien tiene que aplicar el sistema
probatorio y ajustar su decisión a la verdad – justicia. Puede decirse, entonces,
que la decisión de fondo constituirá una aplicación eficazmente válida de la
Ley cuando objetivamente se encuentre acertada la verdad de los hechos.
Los autores respecto a los sistemas de valoración y apreciación de las
pruebas han tratado de clasificar los que se han aplicado en diversas etapas
históricas y legislaciones. No hay un criterio único, por ejemplo, Rocha Alvira
señalaba que, reducidos a su más simple expresión, no son sino tres: el de
tarifa legal, el del íntimo convencimiento, que por ciertos respectos podría
llamarse “de conciencia” y el de persuasión racional. La doctrina europea
distingue las llamadas pruebas legales y las llamadas pruebas libres. Otros
autores nos hablan del sistema de libre apreciación, del sistema de tarifa legal,
del sistema de la sana crítica y de un sistema mixto.
No se comparte la idea que exista un sistema mixto, en el sentido que
exista una combinación de los diversos sistemas, sino que en el momento hay
normas que autorizan al Juez, por ejemplo, en un sistema de tarifa legal, a la
iniciativa probatoria o a la libertad de apreciación en ciertos casos, lo que se
está es en presencia de una aminoración o atenuación de la tarifa legal.
Por lo expuesto, en el estudio de los sistemas de valoración de la prueba
judicial que a continuación se efectuará, no tratará dicho sistema mixto.
* SISTEMA DE PRUEBA LIBRE O DE LIBRE APRECIACIÓN. En este
sistema se otorga al Juez una libertad absoluta en la apreciación de las pruebas
producidas. Este sistema no sólo le concede el poder de considerarlas sin
requisitos legales de especie alguna, sino que llega hasta el poder de
seleccionar las máximas de experiencia que han de servir para su valoración.
Se ha entendido que el sistema de libre apreciación es el mismo que se
denomina de “libre convicción”. Dentro de este método el Magistrado
adquiere el convencimiento de la verdad con la prueba en autos, fuera de la
prueba de autos y aún contra la prueba de autos. En ese régimen el legislador
le dice al Juez: “Tu fallas como tu conciencia te lo diga, con la prueba de
autos, sin la prueba de autos y aún contra la prueba de autos”.
Existen ciertos requisitos al sistema de libre apreciación por el Juez, a
A.- Que la libre apreciación debe ser razonada, crítica, basada en las
reglas de la lógica, la experiencia, la psicología, la sana crítica y no arbitraria.
B.- Que ese proceso de convicción debe explicarse en la motivación del
fallo, para cumplir con los requisitos de publicidad y contradicción, que
forman parte del principio constitucional del debido proceso y del derecho a la
C.- Que dado las modalidades del sistema, como es el caso de los
Jurados de conciencia, debe facultarse al Juez de la causa para tener cierto
control en caso de decisiones contrarias a la evidencia.
Debe advertirse que las formalidades procesales exigidas por la Ley
para que los medios probatorios ingresen al Juicio y puedan ser tomadas en
cuenta, no son limitaciones propiamente al sistema de libre apreciación. Estas
formalidades persiguen la finalidad de regular los actos procesales para que
sean garantía de los derechos de las partes. Por ello, es erróneo afirmar que la
libertad de apreciación de los medios probatorios implica la ausencia de
formalidades para el ingreso de estos al proceso, es decir, que implica libertad
para su aportación al juicio. Admitir una libertad de aducción al proceso es
permitir la violación de principios esenciales con relación a las pruebas, como
el principio de la contradicción, el principio del control de la prueba, etc., que
en última instancia es una trasgresión del derecho de defensa y del debido
No obstante, debe precisarse que no hay estrictamente un sistema puro
de libre apreciación; la doctrina y la jurisprudencia han influido para que el
legislador contemple algunas limitaciones:
A.- La confesión judicial debe aceptarse como prueba de la verdad de
los hechos, cuando recae sobre derechos disponibles y no sobre materias en
que por el carácter de orden público se excluye expresa o implícitamente,
como la del estado civil de las personas, siempre que no aparezca absurda o
contraria a máximas de experiencia o a hechos notorios o a presunciones de
derecho o a otras pruebas que le produzcan certeza al Juez.
B.- Los hechos afirmados por una parte y aceptados por la otra, según
unos códigos o simplemente no discutidos, según otros, deben tenerse como
ciertos, siempre que no aparezca prueba en contrario, en los mismo casos en
que es admisible la confesión y siempre que no estén en contradicción con las
máximas de experiencia o la notoriedad general aceptada por el Juez.
C.- Los documentos públicos conservan un mérito probatorio especial,
regulado por la Ley, pero pueden desvirtuarse por libre prueba en contrario.
A este sistema, básicamente, se le señalan como desventajas que se
corre el peligro de la arbitrariedad puesto que no se tiene una seguridad
probatoria, especialmente, en el sistema de jurados. También se argumenta
que el ciudadano exige que sus Derechos sean ciertos y exigibles, en el
sistema de libre apreciación son muy abstractos sus derechos puesto que no
hay certeza acerca de los medios con los cuales se puede demostrar los hechos
y menos hay seguridad acerca del valor de los medios de prueba.
En cuanto a las ventajas, permite al Juez valorar en su conjunto y en su
contexto las pruebas que se aduzcan y produzcan en el proceso, puesto que no
estaría sujeto a reglas previamente establecidas; su decisión estará
fundamentada en el material probatorio y realiza un proceso profundo de
motivación; debido a la preparación que debe exigirse a los Jueces se
garantiza una decisión sobre bases reales de experiencia, de psicología, de
lógica aplicado a las probanzas contenidas en el juicio.
*SISTEMA DE LA PRUEBA LEGAL EN SENTIDO ESTRICTO. Existe
sistema de prueba legal cuando la Ley señala previamente al Juez el grado de
eficacia que debe atribuir a determinado medio probatorio. Al decir de
Carnelutti: “se llama prueba legal cuando su valoración está regulada por la
Ley”. La valoración de las pruebas tiene lugar mediante el empleo de reglas de
experiencia, las cuales se transforman en virtud del mandato de la Ley en regla
Legal. Esta obligación de aplicarla se impone al Juez, no solo para aplicar la
regla de experiencia, sino, también, en cuanto a las reglas de interpretación.
La valoración está destinada a reconocer la eficacia o ineficacia para
establecer la verdad. Por tanto, cuando la Ley establece reglas para su
valoración de las pruebas, esto se resuelve necesariamente en atribuir a las
pruebas una eficacia legal o, mejor, en establecer su eficacia total o parcial, o
bien su ineficacia.
El sistema de tarifa legal, se ha caracterizado por la exageración de
preverlo y regularlo todo, es decir, un sistema rígido, que da a los medios
probatorios respecto a determinados hechos, un valor inalterable y constante,
independiente del criterio del Juez, que se limitaría a aplicar la Ley a los casos
particulares. Es fácil comprender que frente a este sistema el Juez desempeña
un papel de espectador y de simple aplicador de la Ley, ya que ésta le da una
medida para cada prueba. Su tarea es de encajarlo o rechazarlo; mírese, por
ejemplo, la regla antigua de testis unos, testis nullus, que desechaba a priori la
credibilidad de un solo testigo. Es factible ver que un sistema de pruebas
tasada puede producir la certeza legal, es decir, la aplicación correcta de la
Ley, pero muchas veces en oposición a la certeza moral del Juez.
Entre las ventajas que se le consideran al sistema de prueba tasada se
dice que facilita una mayor confianza en la Justicia, puesto que las sentencias
se someten a la Ley; es un correctivo a la ignorancia de los Jueces, pues lo
contenido en la valoración del legislador es resultado de una larga experiencia;
este sistema permite la uniformidad; incita a las partes a proveerse de pruebas
eficaces conforme a la Ley, lo que facilita el desarrollo del proceso; por
tratarse las pruebas de orden o interés público, la prueba debe estar
reglamentada por el legislador.
Entre las desventajas, se puede señalar:
A. Mecaniza o automatiza la función del Juez.
B. Conduce con frecuencia a la declaración como verdad de una simple
C. Se produce un divorcio entre la Justicia y la sentencia, se convierte el
proceso en una justa aleatoria, propicia a sorpresas y habilidades
reñidas con la ética.
A.- Todas las pruebas no están valoradas por la Ley. Entre ellos
tenemos, las pruebas directas, como el testimonio de la parte sobre un
hecho favorable a su interés o la valoración de documentos directos
como fotografías, grabaciones, etc.
B.- Cuando se trata de pruebas críticas, como es el caso de las
presunciones, la Ley en principio admite la libre valoración, por
ejemplo, en la legislación venezolana en el artículo 1.399 del Código
Civil se estipula que las presunciones que no estén establecidas por la
Ley quedarán a la prudencia del Juez.
C.- No siempre las reglas de valoración excluyen en absoluto la libertad
de apreciación del Juez. Por ejemplo, en el artículo 505 del Código de
Procedimiento Civil, se prevé extraer presunciones conforme a su
* SISTEMA DE LA SANA CRÍTICA O PERSUACIÓN RACIONAL. Éste
sistema proviene del modelo de la Ley española de 1.855, el cual fue tomado
por diversos países en sus codificaciones. Éste concepto configura una
categoría intermedia entre la tarifa legal y la libre apreciación. Se ha
pretendido superar la excesiva rigidez de la primera y la excesiva
incertidumbre de la segunda.
A este sistema se le formula las mismas críticas que al sistema de libre
convicción o libre apreciación. En realidad puede decirse que es el mismo
sistema que se llama libre apreciación razonada. En el sistema de libre
apreciación, el Juez debe orientar su criterio precisamente por las reglas de la
sana crítica, en las cuales se comprenden las de la lógica, la psicología
judicial, la experiencia y la equidad. En cuanto que la tarifa legal impone al
Juez la conclusión, la sana crítica, la deduce por lógica o dialéctica.
En nuestro Código de Procedimiento Civil, en el artículo 507, se
autoriza la aplicación de las reglas de la sana crítica a menos que exista regla
legal expresa para valorar el mérito de la prueba.
*SISTEMA ADOPTADO POR EL DERECHO VENEZOLANO. Se ha dicho
que el sistema venezolano es el de tarifa legal atenuada. La mayoría de las
normas que conforman la regulación probatoria, esto es, los medios legales,
contienen criterios de valoración. No obstante, la reforma del Código de
Procedimiento Civil de 1.986 incorporó nuevos criterios que es conveniente
confrontar en interpretar.
El contexto probatorio tiene que ser analizado desde la supremacía
constitucional. En la Constitución Nacional hay un conjunto de estipulaciones
acerca del concepto “Justicia”. Así tenemos que en el artículo 1º se asume la
“Justicia” como un valor fundamentado en la doctrina de Simón Bolívar. Es
indudable que allí se está en presencia de un valor axiológico. En el artículo 2º
se establece que Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social
de Derecho y de Justicia, ratificando la “Justicia” como un valor superior de
ordenamiento jurídico. Interpretando la forma de redacción de la norma se
observa que hay un separación o distinción de Estado de Derecho y Estado de
Justicia, lo que significa que la intención del constituyente, es que el nuevo
Estado sea más que un Estado sometido al Derecho o que en toda su actividad
se aplique del principio de la legalidad, “sea un Estado donde la Justicia sea
una realidad, de suerte que cada quien tenga lo que le corresponda más allá del
formalismo de la Ley o de la legalidad”.
Por otra parte, del artículo 257 ejusdem, se desprende principios
procesales que tienen rango superior a las normas contenidas en el Código
Adjetivo Civil. Se parte por definir que el proceso no es un fin, sino que es un
instrumento fundamental para la realización de la Justicia. Es decir, que la
finalidad que se debe buscar a través de un proceso es la Justicia, lo que
significa que el Juez, como representante de los ciudadanos y parte del Estado
por ser órgano del Poder Público Judicial, tiene la obligación de orientar el
proceso para el logro de la Justicia. Ratificando las garantías del Derecho de
acceso a la Justicia que se consagran en el artículo 26 ejusdem, reafirma que la
Justicia está por encima de los formalismos no esenciales. También orienta al
legislador para que se modifiquen las Leyes procesales y estas, entre otras
cosas, establezcan la eficacia de los trámites. Es obvio, que esa eficacia se
refiere a la finalidad específica del acto, el cual en su última instancia debe
conducir a la Justicia.
En la actividad interpretativa de los hechos y las pruebas, el Juez tiene
que realizar: en primer lugar, la fijación de los hechos, lo cual consiste en la
actualización en el tiempo de un suceso necesariamente anterior, al que hay
que atribuir unos efectos jurídicos. En cuanto a la re -actualización, habrá que
buscarse la reproducción de la situación anterior con la idea de recrear el
escenario en que se ha desarrollado, para averiguar la verdad entre dos
visiones contrapuestas de esa realidad, algunas veces distorsionada ex -
profesamente, que expresan y polarizan el conflicto jurídico. Debe tenerse
presente que el proceso judicial determina unos hechos que no necesariamente
son los que han ocurrido, sino los hechos alegados y que se declaran probados.
En segundo lugar, el análisis de las pruebas conforme a las reglas,
principios de incumbencia, regulados en Leyes procesales, que si resultan
infringidas acarrean la nulidad; análisis que comporta la aplicación de
métodos del pensar reflexivo, de las reglas de experiencia y de raciocinio
lógico. Es pues, en la prueba, donde el Juez adquiere el convencimiento de los
hechos, no hay otro momento más que el de la práctica de la prueba para que
el Juez retrotraiga la realidad social al momento en que ocurren los hechos que
originan la postulación procesal. El Juez debe tener en cuenta que el proceso
es una confrontación dialéctica, o sea, de versiones interesadas y la verdad que
se presenta allí es del mismo carácter, en las que él tiene que dilucidar una
verdad objetiva, extraída de las contradicciones en las que incurren las partes,
de los hechos indubitables y los que se halle probado.
PRINCIPIOS RECTORES DE LA PRUEBA JUDICIAL
Como ya se expuso, a pesar de las diferencias que existen entre los
procedimientos de las diversas materias existentes y la distinta regulación que
adjetivamente suele dársele a los mismos, la Institución de la Prueba Judicial
conserva su unidad en lo referente a los delineamientos y principios generales.
Ahora bien, en el Proceso Civil Venezolano, lo atinente al estudio del proceso
probatorio, debe ser remitido tanto al Código Civil o Sustantivo Venezolano
como al de procedimiento o adjetivo. Consecuentemente, tenemos que la
regulación del procedimiento en parte es común a todos los medios de prueba
y, en parte, privativo de cada una de ellas, estando integrado por la
concatenación de todas aquellas actividades cuya específica finalidad es
convencer al Juez de Causa de la certeza de los hechos alegados e invocados.
La actividad probatoria, como cualquier otra actividad humana, debe
fijarse en su forma, espacio y tiempo, regulándose en su práctica y desarrollo,
sin lo cual no podría efectuarse un verdadero estudio a la Teoría General del
Proceso y, más específicamente, de la prueba; es por esto que a continuación
se señalarán diversos principios que rigen la Prueba Judicial en el Proceso
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