Source: http://justiciayconcordia.org/newsletters/12/septiembre/index.html
Timestamp: 2017-06-28 00:08:32+00:00

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OTRAS NOTICIAS Denuncia penal de nuestra Asociación contra la UBA (Universidad de Buenos Aires), por haber violado gravemente el sistema legal y por actuar con relativismo moral y ético
Un bravo soldado, preso político que se las aguantó callado durante mas de ocho o diez años, explota frente a los distraídos
Iniquidades carcelarias, o el regreso de "las cárceles del pueblo"
Jubilados sin derechos humanos y, desde hace casi 5 años, la Corte Suprema no tiene solución para ellos ni "política de estado" -según su impropio decir- Denuncia penal de nuestra Asociación contra la UBA (Universidad de Buenos Aires), por haber violado gravemente el sistema legal y por actuar con relativismo moral y ético
A los fines de facilitar la identificación de los posibles involucrados, acompañamos copia simple de la resolución impugnada de fecha 1 de agosto de 2012, en el expediente 15263/12. Solicitamos se instruya una investigación por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, art. 248 del CPN, así como la violación de la ley contra la discriminación (23.592) en su art. 3, in fine.
De este modo, en el carácter invocado en el punto “I”, demandamos ser tenidos por querellantes y parte interesada a los fines de solicitar se deje sin efecto la resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires del día 1 de agosto de 2012, (Expte 15263/12) por considerar que incurre en discriminación contra un grupo de personas por su estatus social, a los que la resolución atacada impide, obstruye, restringe y menoscaba su derecho a estudiar, reconocido por la Constitución Nacional, los Pactos Internacionales introducidos a nuestro ordenamiento por el art. 31 y 75 inc. 22 de la CN. y su derecho a gozar de un trato igualitario frente a otras personas en su misma condición, esto es, imputados, procesados o condenados por distintos delitos. Esto último en contra de lo que expresamente ordenan las leyes y reglamentos que regulan el ejercicio de estudiar en distintas prisiones federales argentinas. A los fines de facilitar la investigación denunciamos que el domicilio del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires se encuentra en Viamonte 444, C.A.B.A.
Este convenio es ratificado por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires por Resolución Nº 63 del 18 de febrero de 1986 (63/86). A partir de la firma de un convenio entre la Universidad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal, desde 1986 se implementa este programa de estudios universitarios en cárceles.
En el marco de este convenio, se creó el programa UBA XXII, que permite que personas privadas de su libertad puedan cursar en la Universidad de Buenos Aires, distintas carreras universitarias. Las carreras que se dictan en UBA XXII son
Amparado por el derecho que le acuerda este proyecto, el Sr. Carlos Domingo Jurio, cirujano y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, procesado por supuestos delitos de “lesa humanidad”, solicitó estudiar mediante UBA XXII. A esta posibilidad se opuso uno de los profesores del proyecto, Rodolfo Raffo. La Asociación Civil Abogados por la Justicia y la Concordia realizó la denuncia ante el INADI (Instituyo Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), ya que la negativa del profesor le impedía ejercer el derecho que le acuerdan las leyes.
Que la autonomía universitaria no tiene otro objetivo que garantizar este marco, sin discriminación alguna y dentro de la legalidad que marca la Constitución Nacional, el derecho internacional y las leyes de la República. Que en este sentido la Universidad de Buenos Aires no puede negar la condición de miembro de su comunidad a cualquier persona que cumpla con los requisitos formales y respete sus normas. Por ello ha abierto sus claustros a todas las personas privadas de la libertad que cumplan y acepten estas condiciones, sin reparar en el delito imputado o cometido, pues considera que todo habitante de la Nación tiene el inalienable derecho constitucional a educarse, perfeccionar su conocimiento y superar las condiciones en que las circunstancias o su propia conducta anterior lo hayan colocado.
Se los rotula genéricamente como “condenados y/o procesados por delitos de lesa humanidad” creando una clase política o social que abiertamente busca segregarlos del resto de la sociedad. Entre los argumentos, se asegura que el ingreso de miembros de esta clase política o social sería “disolvente” para el espíritu comunitario que anima a la universidad; que el ingreso de esta clase sería fuente de interminables conflictos y desavenencias internas y acabaría lesionando o destruyendo las condiciones indispensables para la convivencia comunitaria.
En primer lugar, porque no sólo establece la proscripción para los condenados, sino que la extiende también a los procesados, violando el principio de inocencia de que goza todo ciudadano conforme lo establecido en el citado artículo. El proceso penal no se hace para penar, sino para saber si hay que penar. Pero el Consejo aplica la discriminación como castigo, incluso a una persona que no ha sido declarada culpable por ningún Tribunal de la Nación. Se trata de otra violación inadmisible.	En segundo lugar, la resolución ignora la finalidad meramente asegurativa de las cárceles que dispone la última parte del art. 18 CN, prohibiendo el castigo, así como medidas mortificantes a los presos, estableciendo para siempre la prioridad de la finalidad resocializadora de la pena, largamente ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la doctrina penitenciarista, nacida al amparo del pensamiento de la célebre autora española Concepción Arenal, citada recientemente por el máximo Tribunal en el habeas corpus "Verbitsky", precisamente para mostrar el grado de marginación y desamparo en que se encuentran miles de presos en nuestro sistema.
Se acompaña copia simple de la resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires del 1 de agosto de 2012.	Expediente Nº 15263/2012. Expediente Nº 21719/2012.
Expediente administrativo ante el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) caratulado Jurio, Carlos Domingo s/ denuncia contra Raffo, Rodolfo. Dirección Moreno 750, 1er. Piso, C.A.B.A. Informativa.
4) Se sancionen las conductas denunciadas y se deje sin efecto la Resolución de Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires de fecha 1 de agosto de 2012 de fs. 475/8 del expediente administrativo 15263/12.
Estamos acá porque combatimos en una guerra que nosotros no buscamos ni empezamos pero a la que la sociedad, herida de miedo y dolor, nos compelía a llevar a cabo cada vez que nos decían:“Que esperan para salir a meterle balas a esos asesinos”. Una guerra que aquellos que la declararon la plantearon tan puerca y desalmada que lo único que sabíamos con seguridad era que si algo iba a salir herido de ella eran nuestras almas.
El diario “LA NACION”, en el artículo que sigue, se ha hecho cargo de una de las tantas perversidades que caracterizan al kirchnerismo en su deformación más desleznable, que es el pomposamente llamado “cristinismo”.
Nuestra Asociación, visitante asidua de las cárceles, es testigo de las iniquidades que en ellas se cometen y que, en buena medida y por sus consecuencias sobre las personas a que se refiere Mariano De Vedia, remedan a las “cárceles del pueblo”, que el accionar subversivo y terrorista utilizó en nuestro país en los años ’70.
Es relevante entonces, para “Justicia y Concordia”, el contribuir en alguna medida a una mayor difusión de ese excelente artículo.
• Jorge VidelaEx general
• Emilio MasseraEx almirante
(*) http://www.lanacion.com.ar/1511187-fuerte-critica-al-trato-de-militares-encarcelados
Jubilados sin derechos humanos y, desde hace casi 5 años, la Corte Suprema no tiene solución para ellos ni "política de estado" -según su impropio decir-
Es de público conocimiento y preocupación el saqueo, otro más, que se hace desde el Poder Ejecutivo Nacional de los fondos previsionales, y particularmente en los últimos 5 años. Cuenta el Gobierno para ello con la tolerancia, rayana en complicidad, de quienes han estado y están al frente de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social).
La masiva judicialización de los derechos de los jubilados, sistemáticamente vulnerados por el Poder Ejecutivo e ignorados por el Poder Legislativo, no hubiese sido posible de no contar con la complacencia y tolerancia inaudita del restante Poder gubernamental, del Poder Judicial, el cual, desde su cabeza y con una injustificable inoperancia, sirvió eficazmente a aquellos malsanos propósitos.
En efecto, hace ya casi cinco años que la Corte Suprema de Justicia debate en sus estrados la aplicación automática y obligatoria de sus precedentes a todos los beneficiarios previsionales (casos Badaro y otros), y con ello no obligarlos a tener que reclamar sus derechos en juicios individuales ante tribunales colapsados, y litigando contra una ANSES que, con temeridad y malicia, se los niega sistemáticamente y sin razón en todas las instancias posibles. Pero, en realidad, no existe tal debate, solo hay un “patear hacia adelante”, sin llegar a la decisión de fondo (juicio “Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional s/ amparos y sumarísimos” expte. 45/2009, t. 45, letra D, recibido en la Corte Suprema el 25/2/2009).
Véanse, como prueba de ello, los ciento cuatro anodinos movimientos que registra aquel expediente al día de hoy. Es pura apariencia y no hay Juez que se haya hecho cargo de la inocultable gravedad institucional comprometida y, también, de la urgencia en tomar una decisión en tiempo oportuno. Tal vez existan buenas intenciones pero, a no dudarlo, hay pésimos resultados. Mientras tanto los jubilados y pensionados, cientos de miles de ellos que son uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, si no el que más, asisten indefensos al desconocimiento de sus derechos humanos más trascendentes. Y en ello, los tres Poderes de Gobierno, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, actúan en consuno.
Cabe entonces aplaudir el Editorial que el diario “LA NACION” consagra al tema en su edición del 24 de septiembre último, titulado “Feroz sadismo con los jubilados” y resaltar, como lo hemos hecho, la responsabilidad primaria que cabe a la Corte Suprema de Justicia en esa realidad tan desgarradora, que ha causado, causa y seguirá causando a diario, daños irreparables en las personas y en las instituciones.
Mientras desvía los fondos jubilatorios, el Gobierno recurre a toda clase de artimañas para trabar los juicios de actualización de haberes de la clase pasiva
(*) http://www.lanacion.com.ar/1511132-feroz-sadismo-con-los-jubilados

References: resolución 
in fine
 resolución 
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