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2017 01 LV Entrevista Miguel Herrero de Miñón - La solución al problema catalán tiene que ser imaginativa para funcionar.docx
Montero, Feliciano - Iglesia y política en la transición (ETyF1999)
El Socialismo Andalucia y El Futuro i
Gobernabilidad y Transición Democrática en México
estado y el bloque
MIGUEL HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN **
O que voy a contar es el índice del libro que debería escribir
sobre una cuestión en la que como testigo personal e incluso
protagonista no me falta cierta autoridad. Al final de esta disertación les explicaré por qué no voy a escribirlo todavía. Este índice
tiene tres partes fundamentales: En primer lugar, recordar a ustedes cuál fue el procedimiento constituyente. En segundo término,
analizar cuáles fueron sus protagonistas. Y, por último, exponer
los rasgos que a mi juicio caracterizan, en función de tales protagonistas y tal procedimiento, la obra constituyente.
' Voy a tratar de explicar todo ello no desde la razón práctica,
propia de una visión ética, sino desde la razón mecánica que, a mi
juicio, inspira la política de poder. No se trata de saber si unos
partidos lo hicieron mejor o peor, si unos ponentes tuvieron mejor
o peor carácter que otros, sino de cuáles son las causas profundas
que hacen que, en función de las leyes de la mecánica del poder,
cada uno de los protagonistas constituyentes adoptara la posición
que en último término adopta.
** Madrid, 1940. Letrado
del Consejo de Estado. Diputado desde 1977. Miembro de la
ponencia redactora de la Constitución.
* Este texto fue, en su origen, una conferencia pronunciada en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Lo primero que trataré es el procedimiento: Se celebran elecciones el 15 de junio de 1977, en virtud de un proceso al que se
han referido lecciones anteriores de este curso. Las Cortes que se
reúnen a continuación asumen competencias constituyentes. No
era ninguna novedad realmente que hubiera que hacer una constitución de nueva planta que sustituyera las viejas Leyes Fundamentales. Algunos veníamos diciendo eso desde 1972, otros se
incorporaron después. En todo caso, a la altura de 1977 era evidente que España necesitaba una nueva Constitución. Se elabora a
través de las siguientes etapas: una fase de ponencia, compuesta
por siete personas. Tres eran miembros de UCD (los señores Pérez
Llorca, Cisneros y yo mismo), uno por parte del PSOE (el señor
Peces Barba), otro de Minoría Catalana (don Miguel Roca), otro
del PCE-PSUC (el profesor Solé Tura) y otro de Alianza Popular
(el profesor Fraga).
La ponencia debe dividirse en tres fases: una que dura de agosto a diciembre del 77 (en la que se elabora un anteproyecto); otra
que transcurre en el mes de enero (los partidos políticos y grupos
parlamentarios elaboran enmiendas a ese anteproyecto, que se había filtrado primero a la prensa y después publicado en el Boletín
Oficial de las Cortes el 5 de enero. La ponencia se reúne en los
meses de febrero, marzo y abril y elabora, sobre esas enmiendas, él
proyecto de Constitución publicado el 17 de abril, que se somete a
debate, primero en comisión, después en el pleno del Congreso y
más tarde en el trámite del Senado.
A su vez, el trámite de comisión debe dividirse en dos fases: la
fase que ha venido en llamarse de confrontación, y la fase de consenso paraparlamentario, caracterizada porque los ponentes, y sobre todo los dirigentes de los grupos políticos, celebran reuniones
paralelas, donde se acordaban las grandes decisiones a adoptar en
el debate constitucional del día siguiente.
Los planteamientos personales de los ponentes primaron en la
elaboración del anteproyecto, hasta el punto que importantes opciones v.gr. el actual artículo 99, se deben a iniciativas personales,
en el caso mencionado una iniciativa mía de acuerdo con Miguel
Roca, frente al criterio antes adoptado por la ponencia. Y, en
cambio, a partir del trámite de enmiendas, fueron primando paulatinamente los planteamientos de las direcciones de los partidos
políticos, que ya fueron muy predominantes en las fases de debate
parlamentario y de consenso paraparlamentario. Sin embargo, lo
cierto es que cuando el intérprete de la Constitución ha de recurrir
a los trabajos de las Constituyentes, tanto en la comisión como en
el pleno, encuentra en muchas ocasiones criterios que, dentro de
la línea de disciplina marcada por el propio grupo, revelan en gran
parte la visión de quien en ese momento está interviniendo. Esas
visiones no fueron intrascendentes en manera alguna, sino que, de
una u otra manera, son hoy el elemento histórico de interpretación del texto constitucional.
El balance global de todas estas fases procedimentales puede
resumirse como sigue: en la fase de ponencia, tanto al elaborar el
anteproyecto como el proyecto, se acuerda la estructura general de
la Constitución y creo que cerca del noventa por ciento de sus
textos importantes. Las fases ulteriores que quiero resaltar fueron
claves para el buen término de la obra constituyente, no aportaron
sin embargo, elementos materiales de relieve, sino que deterioraron un poco la técnica general del texto; reabrieron y dejaron en la
nebulosa el título VIII, pero limaron asperezas, eso sí, a veces a
costa de la buena técnica jurídica. Su aportación material a la
Constitución, si se hace una comparación de textos, es muy escasa. Sin embargo, creo que fue muy importante para hacer políticamente posible la aceptación de la Constitución por todas las fuerzas en presencia.
Esto ocurrió por las actitudes de los protagonistas de dicho
proceso, y con eso pasamos al segundo epígrafe de lo que debería
ser mi libro. Me voy a referir a los partidos políticos como protagonistas del proceso y no a las personas, porque, como decía
Gramsci, los partidos políticos son el príncipe maquiavélico de la
política de nuestros días, su protagonista fundamental antes que
las individualidades, sin perjuicio de dar por supuesto el relieve de
las personalidades que, para bien y para mal, intervinieron en el
proceso de elaboración de la Constitución. Personalidades a cuyos
caracteres y actitudes subjetivas no me voy a referir aquí.
En este epígrafe creo que hay que hacer tres cosas: identificar a
los sujetos, exponer sus actitudes y explicar la mecánica que rige
esas actitudes. Enguanto a la identificación, los sujetos del proyecto constituyente fueron los grandes partidos políticos ya en presencia —UCD, PSOE, PCE, AP y Minoría Catalana—. A mi juicio se
cometió el gravísimo error de no incluir en la ponencia representantes del PNV. La excusa para ello fue la exclusión del Partido
Socialista Popular del profesor Tierno Calvan. El PSOE no quería
que Tierno participara en la ponencia constitucional. He dicho
antes ante la prensa, y lo repito ante ustedes, que, como amigo
personal del profesor Tierno Galván, lamento mucho que no estuviera en la citada ponencia, pero que, desde un punto de vista
histórico, la labor de unificación bajo unas siglas de las fuerzas
socialistas en un solo partido me parece una obra históricamente
positiva. Lamento la ausencia de don Enrique en la ponencia,
pero me alegro de que el PSOE haya conseguido la unidad de las
fuerzas socialistas. Es históricamente positivo para el equilibrio
DEL PNV
Sin embargo, la exclusión del PNV creo que se debió a otras
razones: a que UCD y el PSOE creyeron que podían distribuirse el
escenario político de Euskadi entre dos fuerzas eminentemente
estatales, marginando a las fuerzas nacionalistas. En consecuencia,
no se les quiso dar protagonismo en la elaboración de la Constitución. Los hechos han demostrado que, como entonces clamábamos algunos en el desierto, era una ilusión tan peligrosa como
carente de fundamento. Hoy, las fuerzas nacionalistas son mayoritarias en el País Vasco y, desde luego, el devenir político en Euskadi ha demostrado que si el PNV hubiera participado desde el principio en la elaboración de la Constitución, podría haberse
conseguido su adhesión al proyecto y el voto positivo en el futuro
referéndum. Por otra parte, al haberse marginado al PNV, sólo
hubo una voz nacionalista en la ponencia, la de don Miguel Roca,
que defendía lógicamente las posiciones nacionalistas catalanas en
el plano autonómico, sin perjuicio de una muy positiva contribución a la solución de problemas generales.
Creo que el hecho de que sólo hubiera una posición autonomista y esa posición se generalizara, ha deformado la solución
autonómica que España necesita. España no se compone de diecisiete Cataluñas: hay una Cataluña, un Euskadi; puede que haya
otras comunidades históricas. Pero desde luego, el hecho catalán
no es generalizable. Se fue por la vía de generalización de un solo
modelo en lugar de optar por la vía del reconocimiento de diversos
hechos diferenciales, que era lo que en realidad existía en España;
y esta solución hubiera sido favorecida por los planteamientos particularistas vascos.
En cuanto a las actitudes, creo que todos los grupos hicieron
un esfuerzo de moderación evidente, del que sería injusto excluir a
nadie. De la misma manera que es injusto afirmar que la transición estaba diseñada en Suresnes y que la Constitución es obra
exclusiva de don Alfonso Guerra.
Estas actitudes de moderación exigen matices: UCD fue la moderación absoluta, aunque tal vez fallara en la estrategia y en las
técnicas utilizadas para llevarla a cabo. Minoría Catalana y el Partido Comunista, representado en la ponencia y en los debates
constitucionales fundamentalmente por el señor Solé Tura, es decir, por el PSUC, hicieron un notabilísimo esfuerzo no sólo de
moderación de sus posiciones, sino de concurso al consenso general, si bien no olvidaron sus respectivos electorados, el de izquierda
para el PCE-PSUC, el electorado nacionalista catalán para
Convergencia. Eso no lo hizo UCD, probablemente porque no
sabía cuál era su electorado natural. AP siguió una estrategia de
confrontación en todos los frentes: en el trámite de ponencia y,
después, en los trámites de comisión. El voto a favor de la Constitución se produce cuando el texto viene del Senado de nuevo al
Congreso. El PSOE buscaba, a mi juicio, protagonismo. Un protagonismo que después ha sido políticamente rentable, estrategia
perfectamente lícita, pero que no debe ocultar la verdad histórica.
Esto llevó a los socialistas a ciertas posiciones retóricas radicales, como por ejemplo la inflación de la parte dogmática, o el
derecho constitucional económico, o el abandono de la ponencia
constitucional por parte del señor Peces Barba. El PSOE no quería
ser una de las fuerzas que contribuyesen a la Constitución, sino
protagonizar el proceso constituyente desde su posición minoritaria, como después ha querido protagonizar la transición democrática. Esto es algo que en parte ha conseguido y demuestra la rentabilidad de su estrategia política, aunque ese protagonismo sea
históricamente falso. En cuanto a la transición, lo ha demostrado
el señor Palacio Attard en su discurso de ingreso en la Academia
de la Historia. En lo respectivo al proceso constitucional, se demostrará el día en que se publiquen los borradores de los diversos
partidos y se analicen sus actitudes a lo largo de toda la elaboración constitucional. Creo que la contribución del PSOE es decisiva
desde el punto de vista político e importante desde el jurídico,
pero no exclusiva. En la actitud el PSOE durante la elaboración de
la Constitución, a la vez que actitudes sumamente responsables y
positivas, hay un deseo de plus protagonismo que le era difícil
obtener de otra manera, al estar fuera del gobierno y en una posición minoritaria.
¿Cuáles son las estrategias que corresponden a estas actitudes?
Ante la política de tensión del PSOE y la disyuntiva ofrecida por
AP de «mayoría natural» o «política de lo peor», la UCD en la
fase de ponencia se alió con Minoría Catalana y obtuvo el apoyo
tácito del Partido Comunista, aislando al PSOE, que se descalificaba por la izquierda, dada la moderación de que hacía gala el PCE y
forzando a AP, en último término, a apoyar unas posiciones mayoritariamente moderadas. Esta fue la estrategia que se mantuvo
en ponencia y de la cual, hasta cierto punto, me considero autor.
Para obtener, ya en ponencia, la constitucionalización de la
monarquía (art. 1.3), la designación regia del Presidente del Gobierno (art. 99), la separación amistosa y coordinada del Estado
con la Iglesia (art. 16), la deflación antidemagógica de la declaración de derechos, no hubo entonces, hora es ya de decirlo, otra alternativa.
En comisión, por el contrario, se siguió otra estrategia, la de
consensuar con el PSOE. Ello supuso reabrir las demandas autonómicas de Minoría Catalana y PSUC que, en último término,
también se adhirieron al consenso, en condiciones distintas de las
que habían acordado en ponencia. Insisto en que no valoro más
una u otra estrategia; digo que se siguieron dos diferentes. Creo
que las dos hubieran producido una situación de consenso porque
todos lo sabíamos imprescindible, tanto los políticos como la sociedad. El problema era qué precio se pagaba por el consenso y a
quién. Personalmente creía entonces y creo ahora que es preciso
consensuar, que consensuar no es ceder sino pactar y que se pacta
mejor desde una posición de fuerza y de alianzas múltiples que
desde el aislamiento y la debilidad. Quienes trabajamos en la ponencia también consensuamos y mucho, siguiendo esta línea. Sin
ella tampoco hubiera sido posible el consenso ulterior.
En todo caso, la actitud de UCD en comisión fue preludio de
un fenómeno que se dio en el resto de la legislatura constituyente
y en la ulterior: la incapacidad de UCD para garantizarse una
mayoría parlamentaria sólida que mantuviera un gobierno estable, sea con una coalición o mediante un pacto de legislatura. Se
suplía esto con una negociación día a día de la mayoría necesaria
para sacar adelante un proyecto legislativo o un presupuesto. Ello
supone gobernar en soledad, tener que pactar en todos los frentes
y nacerlo a un coste mucho más amplio que el que supone pactar
un consenso cuando se tiene ya una mayoría garantizada.
Había partidos minoritarios que querían un mayor protagonismo y partidos que estaban dispuestos a pactar en determinadas
condiciones, a reabrir los pactos si era necesario o, en el caso de
UCD, manejar legítimamente diversas opciones; todas ellas destinadas a obtener un consenso que hiciera que la Constitución fuera
aprobada prácticamente por todos los partidos, con excepción del
PNV, por las razones más atrás mencionadas. El PNV quería
—hay numerosas muestras de ello en los trabajos de la Constituyente— un reconocimiento del hecho diferencial vasco, en términos materialmente más moderados que los que, por ejemplo, reclamaba el nacionalismo catalán, porque lo hacía en términos de
reminiscencia histórica y no de reivindicación nacional. El miedo
que tienen los españoles a la Historia hizo que se rechazaran las
posiciones del PNV en el trámite de las Constituyentes. Las mismas fórmulas que ellos proponían, que causaron tanto escándalo
en 1978, y originaron que algunos, por defenderlas, fuéramos tachados de enemigos de la unidad patria, son después aceptadas y
potenciadas en el propio Estatuto de Autonomía de Euskadi, y
repetidas hasta la saciedad en la Ley Orgánica de Amejoramiento
del Fuero de Navarra (1983). Esto revela, entre otras cosas, que
también a la Historia es aplicable la categoría sicológica de la elaboración, el «durcharbeiten» de Frend, el «working throngh» de
los analistas anglosajones. Lo que parecía chocante en 1978 resulta
trivial en el 83.
Paso a lo que denomino «Caracteres de la obra constitucional», tal como se elaboraron durante el proceso descrito por los
protagonistas descritos y de acuerdo con la mecánica que he des-
crito, mecánica que tendrá aciertos o errores de planteamiento
estratégico, pero que responde a posiciones legítimas dentro de la
política de poder.
Los caracteres de la obra constituyente son tres a mi juicio (y
éste sería el tercer epígrafe de la obra por escribir: es una Constitución consensuada, derivada e imprevisora.
Una constitución consensuada es aquella que podemos considerar como pacto de Estado. Una ley (la de Arrendamientos Urbanos, la de Enjuiciamiento Civil...) es la decisión unilateral del legislador, aunque todos sabemos que éste no es un fantasma, sino
la diagonal resultante de las fuerzas en presencia. En todo caso, el
legislador tiene una voluntad —todo lo sobredeterminada que se
quiera—, pero unilateral y, hasta cierto punto, unívoca. En la
Constitución no ocurre así. Es un pacto. El consenso constitucional se suele definir como el acuerdo sobre las reglas del juego. No
es un acuerdo sobre las políticas a seguir, cosa que mucha gente
creía en 1977-78. El consenso no quiere decir que hubiera que
hacer una política internacional, sanitaria, fiscal o de carreteras
prefijada. «El consenso político existe —decía Aristóteles— cuando los ciudadanos se ponen de acuerdo, por ejemplo, sobre la
forma de elegir los magistrados». Pero no se ponen de acuerdo
sobre qué magistrados van a ser elegidos ni sobre la política que
deben seguir, sino sobre las reglas del juego.
Cito a Aristóteles porque esa frase pasó a Cicerón, en su tratado De república y Ortega la comentó brillantísimamente en el
ensayo del Imperio romano. Hubo algún ponente que se la explicó
al gobierno en términos orteguianos. Después, curiosamente, hay
discursos del gobierno de aquel momento, donde aparecen los textos orteguianos, ciceronianos y aristotélicos. Cuando se tiene una
vocación frustrada de profesor, como es mi caso, a veces gusta
contribuir a la divulgación de Aristóteles en Occidente.
Así definido el consenso, expondré las vías por las que se pudo
obtener, o por las que se siguió, debida o indebidamente. Hay que
destacar tres:
En primer lugar, lo que Jelinek llamaba «poder normativo de
los hechos». A veces el consenso se produjo no porque hubiera
una voluntad expresa de consensuar, sino por realidades por todos
asumidas. Creo que fueron las siguientes:
En primer lugar, la conciencia nacional pedía un Estado social
de derecho. Debíamos tener libertades individuales homologas a
las de los países miembros del Consejo de Europa o a las de las
democracias occidentales. Todas las fuerzas políticas lo aceptaron
así. Recuerdo que en una de las primeras reuniones de la ponencia, los señores Fraga y Solé Tura se pusieron de acuerdo en que
figurara el pluralismo político en el primer artículo de la Constitución. Ambos dijeron, con razón, que era importante haberlo reconocido así desde sus posiciones tan distintas y entonces extremosas, porque de esa forma se daba por supuesto que lo reconocían
también los demás.
El segundo elemento fáctico que se impuso por su propio peso
a la aceptación y consenso de todos fue la Monarquía, que era
anterior a la Constitución, que la hi/o posible y que no deriva de
ella. Es un hecho que se inserta en la Constitución. El Rey no la
jura para ser rey, sino por ser rey, como decía Cánovas en 1876.
Eso se recoge en el propio texto constitucional.
La monarquía en un Estado moderno da lugar al parlamentarismo. Otro elemento inmediatamente consensuado fue, por tanto, la necesidad de un régimen de monarquía parlamentaria, que
no puede tener otro carácter en una sociedad europea postindustrial de finales del siglo xx, moderna y correspondiente a un Estado de derecho.
En tercer término, había autonomías históricas reconocidas
por todas las fuerzas políticas de la oposición democrática y por
quienes, sin estar en ella, habían meditado sobre la realidad nacional. Cataluña era un hecho diferencial incontestable, como lo era
Euskadi y no sigo con la lista para no crear agravios. Es evidente
que esas autonomías son históricas no por haber plebiscitado un
Estado de Autonomía en el período 1931-36, sino por una tradición de siglos, a veces milenaria, como acaba de celebrar Cataluña.
Estos hechos diferenciales, con vocación de reconocimiento jurídico-político, también se imponían al constituyente.
Quiero resaltar que el consenso, así determinado, no fue obra
de unos sujetos ni de los ponentes, ni siquiera de los partidos
políticos en exclusiva, sino de unos actores constituyentes —para
distinguir entre sujetos y actores—, entre los que hay que contar
fuerzas políticas, sociales, instituciones de la más diversa índole,
en virtud de cuya conformidad, expresa o tácita, se dio el acuerdo
formal de las fuerzas políticas. El consenso no es sólo el que tenía
lugar la noche anterior de una reunión de la Comisión, sino el que
se había producido, expresa o tácitamente, en la sociedad española
entre entidades histórico-políticas (como me gusta llamarlas) que
contribuyen a configurar ese ser plural que se llama España. Cuando se trata de interpretar la Constitución hay que diluir lo que
Schmidt denominaba «voluntad unilateral e incondicionada del
constituyente», que es un mito, en la realidad de una pluralidad de
actores constitucionales; entender que la Constitución es un pacto
de todos ellos, logrado mediante una unión de voluntades. Esa
unión, que los juristas alemanes han tematizado ampliamente, excluye que la Constitución pueda ser unilateralmente interpretada,
reformada o desarrollada. A veces, cuando el Tribunal Constitucional olvida esto e interpreta la Constitución como si fuera la Ley
de Arrendamientos Urbanos, no está atendiendo a la realidad de
la norma que debe interpretar.
Segunda cuestión: las vías deseables del consenso. Creo —y así
lo expuse durante el propio período constituyente— que debería y
podría haberse llegado al consenso más fácil y rápidamente si se
hubiera sustraído a la deliberación algo tan polémico como la parte dogmática, sustituyéndola por una remisión a la Declaración
Europea de los Derechos del Hombre. Hubiera sido menos polémico, más efectivo y más avanzado desde un punto de vista de
técnica jurídica de defensa internacional de los derechos del hombre. Sin embargo, por obra de los ponentes Peces Barba y Fraga se
prefirió ir a una parte dogmática muy detallada y amplia, en la
que la afición de los españoles a lo concreto hizo que se regularan
situaciones muy singulares: la de los niños, los ancianos, los agricultores de montaña, pescadores, etc.
Ello dio lugar —y ésta es la tercera cuestión de la que quiero COMPROMISOS
ocuparme-^- a las falsas vías de consenso, a que abundaran com- APÓCRIFOS
promisos apócrifos en la Constitución. Se da, por ejemplo, un
compromiso apócrifo cuando se trata de salvar diferencias utilizando términos o expresiones equívocos, o contrapesando en un
mismo artículo o con artículos diversos los términos, de tal manera que al final no se dice nada. Así se pone de acuerdo sobre las
palabras y no sobre las ideas, tal vez, como decía un gran jurista
italiano, Calamandrei, «porque sobran palabras y faltan ideas».
Pongo un ejemplo: cuando en el artículo 28.2 se regula el derecho de huelga, el PSOE y el PCE-PSUC querían que se dijera:
«Los trabajadores tienen derecho de huelga», sin más. Los partidos de centro y derecha querían que se dijera: «Los trabajadores
tienen derecho de huelga para la defensa de sus intereses profesionales». El compromiso apócrifo que ya en el Pleno del Congreso
protagonizamos el señor Saavedra por parte del PSOE y yo mismo
por UCD, consistió en acordar: «Los trabajadores tienen derecho
de huelga para la defensa de sus intereses». El problema estaba en
saber qué se quería decir con «sus», porque unos interpretábamos
que se refería a sus intereses profesionales, otros consideraban que
podían ser también intereses políticos generales. Es un ejemplo
típico de lo que Schmidt denominaba «compromiso apócrifo».
Ello impone al Tribunal Constitucional una tarea de interpretación que a veces, como en este caso, ha resuelto de forma muy
acertada (puesto que confirmó mi tesis), pero que en otros casos
Cuando el T.C. se encuentra con el artículo 38, que reconoce
la economía de mercado, y con el 128, que reconoce la iniciativa
pública, hay una larga serie dé sentencias que, cuando interpretan
el 128 se remiten al 38 y viceversa. Así hay compromisos apócrifos
que no se han despejado.
El segundo carácter es el de «constitución derivada». Entiendo «CONSTITUCIÓN
por constitución derivada la que no es originaria, sino que respon- DERIVADA»
de a modelos e influencias terceras. Parece evidente, por ejemplo,
que la Constitución francesa del 58 responde en parte a un modelo
como el alemán de Weimar de 1919. Sin embargo, está claro que
la Constitución de los Estados Unidos sí es originaria. Creo que
nuestra Constitución está derivada de tres raíces.
Por una parte es derivada, por reacción o por contagio, de las
Leyes Fundamentales anteriores. Creo que es la primera vez que
se dice esto, pero es así. Hubo primero una reacción ante aquéllas,
tratando de corregir, por una especie de proceso catártico, lo que
había sido negado, reprimido o exagerado en la situación autoritaria anterior. De ahí la inflación de la parte dogmática o el recorte
—más aparente que real— de los poderes del Jefe del Estado, o el
énfasis en determinados derechos hasta entonces negados, como el
de huelga, el derecho de contratación colectiva o el de libertad
sindical. Pese a ello, hay un contagio de las Leyes Fundamentales.
Es curioso señalar que el artículo 129, que reconoce el acceso de
los trabajadores a la propiedad de los medios de producción, sobre
los que el señor Carrillo dijo en las Constituyentes que eran «las
arras del tránsito al socialismo real», fue introducido por una enmienda de don Licinio de la Fuente, que respondía a la «revolución pendiente» de la anterior situación.
En segundo lugar, fue una Constitución derivada de la doctrina. Se ha hablado, por ejemplo, de un orteguismo político y creo
que, efectivamente, Ortega, a través de su libro «La redención de
las provincias», influyó decisivamente, si no en el constituyente, sí
en algo inmediatamente posterior a la Constitución, que fue la
generalización de las autonomías, ya latente en el mismo Título
Octavo por la vía de las preautonomías, en los artículos 143 y 144.
El profesor Ollero influyó claramente con su teoría de la monarquía como forma de Estado en el artículo 1.3. El profesor García
de Enterría se hace presente en el artículo 82, que se refiere a las
delegaciones legislativas. Norberto Bobbio influyó, a través de
Gregorio Peces Barba, en los artículos 1, 9 y 10 y en todo el Título
Primero, según el propio ponente ha reconocido y analizado en
doctas obras de comentario a la Constitución. Yo mismo, que
tuve cierta influencia en algunos preceptos constitucionales sobre
la base de trabajos doctrinales temerariamente publicados con anterioridad. Por ejemplo, el artículo 53.4 relacionado con la distinción sistemática del Título Primero, relativo a los derechos fundamentales y los Principios Rectores. También la parte relativa a la
elaboración de tratados internacionales responde a una serie de
trabajos que había publicado anteriormente, y desde luego las
cláusulas definitorias del artículo 56.1.
Hay por otro lado, una clara influencia de modelos constitucionales extranjeros, fundamentalmente del italiano —aquí el conocimiento del idioma fue fundamental— y del portugués—lo
cual no creo que fuera beneficioso—. También hay influencia de
la Ley Fundamental de Bonn, por ejemplo, en lo que se refiere al
contenido esencial de los derechos, o a la moción de censura constructiva, e influencias de la Constitución francesa —por ejemplo,
el Tribunal Constitucional español en su composición y en su
legitimación para actuar ante él se parece al Consejo Constitucional francés más que a otros tribunales constitucionales—. A veces
se dan influencias insólitas, por ejemplo, el derecho de lock-out
procede de la Constitución sueca y la distinción entre principios
rectores y derechos fundamentales —diferencia trascendental porque los principios rectores no vinculan directamente al legislador,
ni son directamente alegables ante los jueces— fue una distinción
que, asómbrense ustedes, procede de la Constitución birmana de
A veces, la copia de modelos extranjeros tiene sus problemas.
Un ejemplo es el artículo 53.1, que procede de un artículo de la
Ley Fundamental alemana, donde se reconoce el contenido esencial de los derechos. La Constitución alemana dice: «Cuando un
derecho vaya a ser limitado, habrá que respetar su contenido esencial.» Ello establece la necesidad de respeto del contenido esencial
si es posible la limitación del derecho. Cuando esto se introdujo en
la Constitución española inadvertidamente, se redactó de otra manera: «La limitación de los derechos habrá de respetar su contenido esencial», lo cual ha sido interprtado —creo que correctamente— por la doctrina como una habilitación general para la
limitación de derechos. Va mucho de establecer un límite a la
limitación excepcional a establecer la limitación con carácter general y después limitarla.
El tercero de los caracteres señalados es el de Constitución CONSTITUCIÓN
imprevisora. Esto no es una crítica, sino una constatación: nuestra IMPREVISORA
obra del 78, por reactiva y por derivada de experiencias pasadas,
no atiende al futuro. Esto se ve en varias dimensiones, por ejemplo, en las situaciones de crisis. El artículo 116 contempla una
tremenda variedad de posibilidades de crisis, y lo hace muy bien
desde el punto de vista técnico. Hay estados iberoamericanos que
van a copiar de nuestro artículo 116 y su desarrollo legislativo. En
España, felizmente, no ha habido ocasión de aplicar ese artículo,
aunque hubiera de enfrentarnos con una situación absolutamente
ajena por hipótesis a las previsiones constitucionales, el 23-F.
Aquel problema pudo resolverse gracias a las competencias arbitrales del Rey, reconocidas en el artículo 56. La Constitución, que
había previsto diversas situaciones de excepción, no había previsto
la crisis total del Gobierno y el Parlamento que sólo el Rey fue
capaz de salvar. Otra prueba de imprevisión, el modelo constitucional económico, que reconocen fundamentalmente, los artículos 389 y 128. Exisitió el deseo, verdaderamente inexplicable, de
constitucionalizar el modelo económico, alegando que así se había
hecho en la República Federal de Alemania, lo cual es falso. No
hay una sola constitución occidental que constitucionalice la economía social de mercado. A trancas y barrancas se introdujo este
artículo 38, sometiéndolo a numerosas cortapisas.
Como contrapeso al 38, el Partido Socialista introdujo el artículo 128, que prevé la iniciativa pública en el campo económico
y las reservas al sector público, es decir, las nacionalizaciones y el
monopolio estatal en determinados sectores. Todo esto es obsoleto
en virtud de las disposiciones de la CEE y, fundamentalmente, de
las políticas prevista en el Acta Única, porque en la medida en que
se avance hacia un mercado único, éste será, por definición, libre.
No puede haber un mercado único con reservas monopolísticas al
sector público. En ese caso dejaría de existir el principio concurrencial propio del mercado.
Por último, y aunque no voy a insistir en ello, creo que fue una
imprevisión el haber abierto la puerta a la generalización del modelo autonómico sobre la matriz catalana, por no haber reconocido
los hechos diferenciales —incluido el catalán— en su singular e
infungible diferenciación; el haber querido extender a diecisiete
comunidades autónomas lo que estaba previsto para una sola. Sin
embargo, esto no se hizo en la Constituyente, sino en virtud de lo
que el profesor García de Eritema ha llamado una «convención
constitucional», creada mediante los pactos autonómicos de 1981,
calificativo del que dudo mucho, porque el fruto principal de los
pactos autonómicos del 81 fue la LO APA, que la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional calificó de inconstitucional.
El 18 de agosto de 1978
Senado. En la imagen,
Miranda, conversa con
José Federico de
Carvajal en presencia de
Con esto he terminado, pero quiero señalar que, pese a los
defectos de la Constitución (que ya es hora de reconocer), creo que
no debe modificarse en modo alguno en un futuro próximo; basta
con interpretarla bien, de acuerdo a su espíritu de pacto y consenso. No hay que sacralizar la Constitución, pero sí respetarla, como
a cada una de sus instituciones.
Es un gran honor el haber contribuido a esta página de la
Historia de España, pero después de crear una cosa hace falta
criarla. Para criar la Constitución estamos todos, pero fundamentalmente los políticos. Aún no soy historiador, porque no he alcanzado el Orsiano «cuando ya esté tranquilo», pero todavía soy
político. Esa es la razón por la cual no voy a escribir aún el libro
anunciado. Los historiadores tienen la obligación de decir la verdad y los políticos tenemos otras obligaciones igualmente serias:
hacer posible que se diga la verdad y crear y criar tal verdad que
todos estemos orgullosos de poderla decir. Modestamente, trato de
contribuir a ello con actos, palabras y aun silencios.
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Erica López Rodríguez

References: artículo 99
 artículo 28
 artículo 38
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 82
 artículo 53
 artículo 56
 artículo 53
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 56

artículo 38
 artículo 128