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Ley 9/2009, de 30 de junio, de política industrial - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 9/2009, DE 30 DE JUNIO, DE POLÍTICA INDUSTRIAL (DOGC DE 9 DE JULIO)
Art. 2. Finalidades
Art. 3. Definiciones y categorías de empresa
Art. 5. Libertad de ejercicio de actividades industriales
Art. 5 bis. Registro Industrial y de Servicios Empresariales de la Producción
Art. 6. Actuación pública en materia de actividad industrial y de los servicios dirigidos a la producción
Título II. De la actuación administrativa, la participación institucional, las nuevas tecnologías y la calidad industrial (Arts. 7 a 23)
Capítulo I. Disposiciones generales (Arts. 7 a 11)
Art. 7. Principios de actuación
Art. 8. Implantación territorial de la actividad industrial
Art. 9. Proyectos de interés general
Art. 10. Competencias
Art. 11. Consulta preceptiva
Capítulo II. Consejo de Política Industrial (Arts. 12 a 17)
Art. 12. Creación
Art. 13. Naturaleza jurídica
Art. 14. Objetivo
Art. 15. Funciones
Art. 16. Órganos
Art. 17. Composición y miembros
Capítulo III. Tecnologías de la información y la comunicación (Arts. 18 a 21)
Art. 18. Impulso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración
Art. 19. Servicio básico electrónico
Art. 20. Sistemas de intercambio de información
Art. 21. Efectos
Capítulo IV. Calidad industrial (Arts. 22 y 23)
Art. 22. Finalidades y fomento de la calidad industrial
Art. 23. Agentes del sistema de calidad industrial
Título III. De las medidas de política industrial, de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana y del Ente de Coordinación y Gestión de las Participaciones y Entidades Públicas Industriales (Arts. 24 a 56)
Capítulo I. Instrumentos, medidas y programas de política industrial (Arts. 24 a 29)
Art. 24. Instrumentos y directrices de política industrial
Art. 25. Medidas de acompañamiento y programas de apoyo
Art. 26. Objetivos de los planes y programas en materia de promoción industrial
Art. 27. Programas de apoyo empresarial
Art. 28. Competencias en materia de promoción industrial
Art. 29. Régimen jurídico de los planes, programas y medidas de promoción industrial
Capítulo II. La Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (Arts. 30 a 46)
Sección 1.ª Disposiciones Generales (Arts. 30 a 32)
Art. 30. Creación, objeto y naturaleza
Art. 31. Régimen jurídico
Art. 32. Finalidad y funciones
Sección 2.ª Estructura orgánica (Arts. 33 a 37)
Art. 33. Órganos
Art. 34. El Consejo Rector
Art. 35. El Consejo de Administración
Art. 36. La Presidencia
Art. 37. El consejero delegado o consejera delegada
Sección 3.ª Régimen de personal, de contratación, económico y patrimonial, y régimen de control de la gestión (Arts. 38 a 46)
Art. 38. Personal al servicio de la Agencia
Art. 39. Personal directivo profesional
Art. 40. Contratación
Art. 41. Recursos económicos
Art. 42. Presupuesto
Art. 43. Contrato de gestión
Art. 45. Contabilidad
Art. 46. Control económico y de gestión
Capítulo III. Ente de Coordinación y Gestión de las Participaciones y Entidades Públicas Industriales de la Generalidad (Arts. 47 a 56)
Sección 1.ª Disposiciones generales (Arts. 47 a 50)
Art. 47. Creación
Art. 48. Naturaleza y régimen jurídico
Art. 49. Funciones
Art. 50. Acciones y participaciones de titularidad del Ente
Sección 2.ª Estructura orgánica (Arts. 51 a 53)
Art. 51. Órganos
Art. 52. La Presidencia
Art. 53. El Consejo de Administración
Sección 3.ª Régimen del personal, económico y de gestión (Arts. 54 a 56)
Art. 54. Régimen del personal
Art. 55. Recursos económicos
Art. 56. Contrato de gestión
Diposición adicional. Denominación de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana
Primera.- Denominación de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana
Segunda. Sustitución del Registro de Establecimientos Industriales de Cataluña
Primera. Modificación de la Ley 12/2008
Segunda. Texto refundido de la legislación en materia de política industrial y de seguridad industrial
Tercera. Equivalencias con la Clasificación catalana de actividades económicas
Cuarta. Modificación de los límites de los efectivos e importes financieros establecidos por la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE
LEY 9/2009, DE 30 DE JUNIO, DE POLÍTICA INDUSTRIAL (DOGC DE 9 DE JULIO; BOE DE 3 DE AGOSTO)
I. Cataluña es una sociedad emprendedora de base industrial, con un peso del sector industrial sobre el conjunto de la economía de los más elevados de Europa. En este contexto, es preciso tener en cuenta que la empresa industrial tiene, desde hace siglos, un papel clave en la vertebración de la economía catalana y en la generación de efectos multiplicadores en el conjunto de la cadena de valor, lo cual ha impulsado el desarrollo de las demás actividades productivas, la creación de puestos de trabajo, el aumento de la renta y, en definitiva, el bienestar de la ciudadanía de Cataluña. Bajo el punto de vista estructural, la industria catalana puede describirse como fundamentalmente transformadora, diversificada, ligera, flexible y constituida principalmente por pequeñas y medianas empresas y, como pasa en las demás economías desarrolladas, se halla plenamente afectada por los intensos procesos de globalización, de cambio tecnológico y de transformación sectorial desde actividades industriales tradicionales hacia nuevos sectores emergentes y de servicios relacionados con la producción, más intensivos en conocimiento y de mayor valor añadido. Ante estos cambios estructurales, y en la medida en que la industria es el sector pionero en la innovación tecnológica, la internacionalización, la racionalización de procesos, el impulso de la calidad, el respeto al medio ambiente y la seguridad en el trabajo, es preciso considerar que la actividad industrial asume un rol central y estratégico para Cataluña a la hora de avanzar decididamente en el cambio de modelo productivo y en el proceso de transición hacia una economía del conocimiento.
En este contexto, la función principal de la política industrial es proporcionar el marco adecuado para la creación de empresas y para el desarrollo y la innovación empresariales, con la finalidad de que Cataluña se convierta en un referente europeo y mundial -y especialmente en el ámbito del Mediterráneo- en cuanto a la inversión productiva y la creación de empleo de calidad. Ante este reto, la Ley de política industrial trata de ofrecer -en el marco de las competencias otorgadas por el Estatuto de autonomía de 2006 y de acuerdo con las directrices de la Unión Europea y los objetivos recogidos por el Acuerdo estratégico por la internacionalización, la calidad del empleo y la competitividad de la economía catalana, de 16 de febrero de 2005- una respuesta clara al tejido empresarial mediante la mejora de los mecanismos e instrumentos de planificación y apoyo y del entorno y las condiciones de competitividad en que las industrias catalanas y todas las empresas que se relacionan con ellas desarrollan su actividad.
II. Esta ley de política industrial se adecua al marco normativo comunitario y responde a los objetivos más avanzados en materia de política industrial formulados desde distintas instituciones de la Unión Europea. El principal objetivo de las políticas comunitarias en materia de industria, investigación y desarrollo tecnológico es la mejora de la competitividad. El propio Tratado constitutivo de la Comunidad Europea incluye entre sus objetivos «el fortalecimiento de la competitividad de la industria de la Comunidad» (artículo 3.1.m). Para la mejora de la competitividad industrial, tal y como establece el artículo 157.1 del Tratado, la acción de los estados miembros, y en este caso se trata de Cataluña, debe dirigirse a acelerar la adaptación de la industria a los cambios estructurales; fomentar un entorno favorable para la iniciativa y el desarrollo empresariales, en particular de las pequeñas y medianas empresas; promover la innovación mediante la investigación y el desarrollo tecnológico, e incentivar la cooperación entre las empresas. Tanto en el ámbito de la política industrial como en el de la investigación y el desarrollo tecnológico, desde el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se favorece la actuación de los estados miembros, y se respeta así el principio de subsidiariedad. Por lo tanto, las comunidades autónomas están llamadas a actuar, en el ámbito de sus competencias, para la consecución de los objetivos comunitarios. Con esta ley se pretende configurar el marco normativo de la política industrial en Cataluña para garantizar el cumplimiento de dichos objetivos.
La política industrial de la Unión Europea se ha configurado alrededor de la llamada Estrategia de Lisboa, producto del Consejo Europeo de 23 y 24 de marzo de 2000. La finalidad esencial es hacer de la Unión Europea «la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo, capaz de crecer económicamente de forma sostenible con más y mejores puestos de trabajo y mayor cohesión social.. El Consejo Europeo, el 22 y 23 de marzo de 2005, revisó la Estrategia de Lisboa, y enfatizó la necesidad de concentrarse en el crecimiento y el empleo. Se estableció que Europa debía renovar las bases de su competitividad, aumentar el potencial de crecimiento y la productividad y reforzar la cohesión social, apostando sobre todo por el conocimiento, la innovación y la valorización del capital humano. De acuerdo con estas líneas orientadoras, las instituciones comunitarias han aprobado una gran cantidad de documentos que han inspirado la elaboración de la presente ley. Cabe destacar la Carta europea de las pequeñas empresas, aprobada por el Consejo Europeo de Feira, de 19 y 20 de junio de 2000, y el Libro verde de la Comisión: El espíritu empresarial en Europa, de 21 de enero de 2003, en la medida en que el propio artículo 45.5 del Estatuto de autonomía establece que la Generalidad debe proteger la actividad de los emprendedores autónomos y de las pequeñas y medianas empresas. La presente ley se hace eco de las recomendaciones incluidas en estos documentos. Asimismo, con la finalidad de aclarar las nociones de empresa y, sobre todo, de microempresa, pequeña empresa y mediana empresa, se incorporan a la Ley las definiciones de empresas recogidas por la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
Por lo tanto, la presente ley regula la política relacionada con la actividad industrial -salvo el ámbito relativo a la seguridad industrial- con un contenido inspirado en los principios comunitarios más avanzados, y combina adecuadamente los objetivos propios de la industria -competitividad, innovación, internacionalización, productividad, etc.. con los derivados de una dimensión social -cohesión, calidad de empleo, etc.
III. La Ley de política industrial contribuye al desarrollo del Estatuto de autonomía en esta materia. El Estatuto de 2006 plantea el tratamiento de la materia de industria y la actividad empresarial a partir de una serie de presupuestos distintos de los del Estatuto de 1979. En cualquier caso, al igual que sucede en la Unión Europea y en el sistema constitucional, el Estatuto recoge muchas materias que directa o indirectamente afectan al ámbito de la industria.
El Estatuto de 1979 había asumido como competencia exclusiva de la Generalidad la materia de industria, a pesar de no ser objeto de un desarrollo legislativo específico por parte del Parlamento de Cataluña. Pese a que la materia de industria tenía el calificativo de «exclusiva», tal y como aparecía recogida en el artículo 12.1.2 del Estatuto de 1979, se sometía a una serie de límites, en concreto, a las «bases y ordenación de la actividad económica general».
La Constitución española no reconoce expresamente competencias a favor del Estado en materia de industria en la lista de competencias del artículo 149.1. Sin embargo, hay varios apartados específicos que tienen conexión con la materia de industria o se ocupan de sectores específicos de este ámbito, como por ejemplo el régimen minero y energético. Asimismo, hay un buen número de apartados transversales o horizontales, especialmente el artículo 149.1.13a y 15a, mediante los cuales el Estado regula -y, en su caso, ejecuta- algunos aspectos relativos a la materia de industria. La legislación del Estado en esta materia se ha materializado en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, que se basa en los apartados competenciales del artículo 149.1.1a y 13a de la Constitución.
El Estatuto de autonomía de 2006 plantea el tratamiento de la materia de industria y la actividad empresarial de forma innovadora con respecto a su predecesor. Las competencias en materia de industria están reguladas en los apartados 1 y 2 del artículo 139. La materia de industria tiene el carácter de competencia exclusiva, exceptuando lo establecido en el artículo 139.2. En este último caso, las competencias de planificación en materia de industria están sujetas «a la planificación de la industria» que lleve a cabo el Estado, de modo que la competencia, en este caso, se transforma en compartida, pero se trata de la única excepción al carácter exclusivo de la competencia que establece el propio Estatuto. Así pues, con el nuevo Estatuto se ha ampliado el techo competencial en esta materia, particularmente -a pesar de que no exclusivamente- en cuanto a la regulación de la submateria llamada «seguridad industrial», pero esta regulación, como ya se ha dicho, no es objeto de la presente ley. Por lo tanto, la competencia de la Generalidad en materia de industria ha pasado a ser una competencia íntegra y exclusiva, salvo lo establecido en el artículo 139.2 del Estatuto, con el alcance que a las competencias exclusivas otorga el artículo 110 de la norma institucional básica de Cataluña. Asimismo, el Estatuto establece competencias específicas en materia de innovación tecnológica (artículo 158) y también establece competencias en materia de proyección exterior e internacionalización, con el apoyo expreso de los artículos 193 y 194, que se vinculan con la internacionalización de la empresa catalana.
Además, también es preciso tener en cuenta lo establecido en el artículo 53 del Estatuto. Este artículo determina que los poderes públicos «deben facilitar el conocimiento de la sociedad de la información y deben impulsar el acceso a la comunicación y a las tecnologías de la información, en condiciones de igualdad, en todos los ámbitos de la vida social, incluido el laboral». Asimismo, establece que los poderes públicos deben garantizar la prestación de servicios mediante estas tecnologías. Finalmente, con relación a la innovación, el apartado 2 de dicho artículo establece: «La Generalidad debe promover la formación, la investigación y la innovación tecnológicas para que las oportunidades de progreso que ofrece la sociedad del conocimiento y de la información contribuyan a la mejora del bienestar y la cohesión sociales».
IV. La parte dispositiva de la presente ley se estructura en tres títulos, y la parte final incluye una disposición adicional, tres disposiciones transitorias, una derogatoria y seis finales.
El título I regula las disposiciones directivas de la Ley, donde se incluyen aspectos sustantivos de la concepción en materia de política industrial, incluidos los servicios dirigidos a la producción. Asimismo, establece las finalidades de este nuevo marco normativo, un aspecto de notable interés, ya que esta regulación se enmarca en los principios recogidos por la Estrategia de Lisboa del año 2000 y en la actualización de estos principios que se llevó a cabo en el año 2005. Las finalidades perseguidas por esta ley tienen tanto una dimensión económica -como la mejora de la competitividad y la productividad de la empresa catalana, el fomento de la innovación y el impulso de la internacionalización- como social -la cohesión social, el trabajo de calidad y el desarrollo sostenible. La presente ley se basa en que la función principal de la política industrial es proporcionar un marco idóneo para el desarrollo y la innovación de la empresa catalana, con la finalidad de que Cataluña siga siendo un lugar atractivo de inversión industrial y de creación de puestos de trabajo, tal como tradicionalmente ha sido.
Esta ley dedica también un capítulo, el IV, a la calidad industrial. Una política industrial integral es un aspecto que justifica ampliamente su tratamiento en esta norma. En efecto, los instrumentos de la calidad industrial, principalmente la normalización y la certificación, sin perjuicio de su carácter voluntario, son factores que seguirán siendo muy importantes en el mercado de los productos industriales y especialmente en los servicios dirigidos a la producción, en un mercado con una competitividad muy intensa que tenderá a crecer en el espacio económico europeo. Por ello, la continuidad de una política de calidad industrial, que ya hace décadas que empezó en Cataluña, es una necesidad objetiva de cualquier política industrial que persiga los objetivos expuestos por esta ley. Así, se abordan principalmente cuestiones como por ejemplo las finalidades de la calidad industrial -íntimamente relacionadas con la competitividad, la seguridad y la calidad de los productos y los servicios- y las infraestructuras de calidad, constituidas por los agentes que intervienen en la seguridad industrial, a que se refiere la Ley 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial.
La Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana tiene una estructura orgánica que pretende diferenciar claramente la relación entre «órgano principal» y «órgano secundario». Los órganos principales son los de gobierno (el Consejo Rector, el Consejo de Administración y la Presidencia) y el órgano agente o de gestión es el consejero delegado o consejera delegada, quien asume las funciones de la dirección general de la Agencia. Asimismo, se prevén órganos de apoyo, y la posibilidad de que existan órganos de asesoramiento y participación, de acuerdo con lo que establezcan los respectivos estatutos de la Agencia.
La Agencia dispone, según lo determinado en la presente ley, de algunas singularidades en materia de régimen económico, presupuestario, de contratación, así como de personal, con la apuesta por la configuración de un personal directivo profesional. La finalidad de estas singularidades es que la Agencia pueda desarrollar sus funciones tanto en el interior de Cataluña -con la apuesta por la innovación y la sociedad del conocimiento-, como en los mercados internacionales -mediante la promoción de la empresa catalana y la captación de inversiones en el territorio de Cataluña. Estas funciones tan trascendentales de la Agencia, vinculadas a la creación de un marco institucional que debe fomentar la política industrial y el desarrollo de la actividad empresarial, explican que excepcionalmente se haya dotado a la Agencia de un régimen singular en algunas cuestiones. En este sentido, la puesta en funcionamiento de forma inmediata de la Agencia justifica la entrada en vigor de la presente Ley al día siguiente de su publicación.
V. En coherencia con lo dispuesto en el Plan de Gobierno, la presente ley integra en la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de Cataluña (Cidem) y el Consorcio para la Promoción Comercial de Cataluña (Copca). A tal efecto, se disuelven los dos organismos, sin perjuicio que, tal y como establecen las disposiciones transitorias y la disposición derogatoria, estas entidades sigan en funcionamiento hasta la aprobación de los estatutos de la Agencia y la constitución de sus órganos de gobierno y gestión.
Artículo 1. Objeto.-La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo de la actuación pública relativa a la actividad de las industrias y los servicios dirigidos a la producción, en el ámbito de las competencias que el Estatuto de autonomía atribuye a la Generalidad.
Artículo 2. Finalidades.-Las finalidades de la presente ley son:
Artículo 3. Definiciones y categorías de empresa.-A efectos de la presente ley, se entiende por:
Artículo 4. Ámbito de aplicación.-1. La presente ley se aplica a las actividades de la Administración de la Generalidad con incidencia sobre las empresas y los establecimientos que desarrollan en el ámbito no financiero actividades industriales o de servicios dirigidos a la producción en Cataluña, definidas en el apartado 3, en todo aquello no previsto por la correspondiente legislación específica y sin perjuicio de las competencias atribuidas a los departamentos de la Generalidad.
Artículo 5. Libertad de ejercicio de actividades industriales.- 1. En el marco de la libertad de empresa, se declara y se protege la libertad de ejercicio de actividades industriales, que comprende:
2. No obstante lo previsto en el apartado 1, en el plazo de un año desde el inicio de la actividad o de cualquier variación de los datos que figuran inscritos en el Registro Industrial y de Servicios Empresariales de la Producción al que hace referencia ell artículo 5 bis, la persona titular de un establecimiento industrial o su representante debe comunicarlo al órgano competente de la Administración de la Generalidad en materia de industria.
Este apartado 2 ha sido redactado por el Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre (DOGC del 6), para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
Este apartado 4 ha sido dejado sin contenido por el Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre (DOGC del 6), para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
VIGENTE DE 10 DE JULIO DE 2009 A 6 DE OCTUBRE DE 2010.
Artículo 5. Libertad de ejercicio de actividades industriales.-1. En el marco de la libertad de empresa, se declara y se protege la libertad de ejercicio de actividades industriales, que comprende:
Artículo 5 bis. Registro Industrial y de Servicios Empresariales de la Producción.-1. El Registro Industrial y de Servicios Empresariales de la Producción, que depende del departamento competente en materia de industria, tiene carácter informativo y se inscriben de oficio los datos referentes a los establecimientos industriales y a su ubicación. Estos datos los obtiene la Administración a partir de la información facilitada de acuerdo con lo que dispone el artículo 5.2 o a partir de otra información de que dispongan las administraciones públicas.
3. Por reglamento se tienen que regular la estructura y contenido del Registro.
Este artículo 5 bis ha sido añadido por el Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre (DOGC del 6), para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
Artículo 6. Actuación pública en materia de actividad industrial y de los servicios dirigidos a la producción.-1. Los órganos competentes deben desarrollar las actuaciones públicas relativas a la actividad industrial y de servicios dirigidos a la producción de conformidad con la realidad social, económica, tecnológica, medioambiental, sectorial y territorial, de acuerdo con las siguientes líneas de actuación:
De la actuación administrativa, la participación institucional, las nuevas tecnologías y la calidad industrial
Artículo 7. Principios de actuación.-1. La actuación administrativa en materia de industria y servicios dirigidos a la producción, en el marco de lo que dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 71 del Estatuto de autonomía, se rige por los principios de:
a) Libertad de establecimiento y ejercicio.
b) Actuación necesaria, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, suficiencia, proporcionalidad, calidad de servicio, gestión transparente por objetivos y evaluación de los resultados.
c) Adaptación a las necesidades de la actividad industrial y de servicios dirigidos a la producción, con plena garantía de la legalidad, la seguridad y el interés público.
2. El Gobierno debe homogeneizar, armonizar, aclarar y simplificar las disposiciones reglamentarias relativas al acceso y el ejercicio de la actividad industrial y a la prestación de los servicios dirigidos a la producción, y debe reducir y simplificar los trámites administrativos para lograr la mejora de la competitividad de las empresas.
Artículo 8. Implantación territorial de la actividad industrial.-1. Las actividades industriales en Cataluña deben llevarse a cabo en el marco de un desarrollo sostenible y una utilización racional de los recursos, promoviendo el equilibrio territorial.
2. El departamento competente en materia de industria, en colaboración con los departamentos con competencias sectoriales relacionadas, y especialmente con el departamento competente en materia de política territorial, que debe emitir un informe preceptivo, debe llevar a cabo una política de coordinación de recursos y estructuras tecnológicas y de promoción empresarial que implique la gestión integrada del techo industrial y tecnológico en áreas de actividad económica, parques científicos, polígonos industriales y centros tecnológicos y viveros de empresas en toda Cataluña, mediante la elaboración de un plan territorial sectorial que debe aprobar el Gobierno.
3. El plan territorial sectorial, en coherencia con el Plan territorial general de Cataluña, los planes territoriales parciales y los planes directores territoriales, debe incluir, como mínimo, una estimación de las necesidades, los déficits y los desequilibrios en la materia objeto del plan, así como una cuantificación de las necesidades de techo para los espacios donde se llevan a cabo las distintas modalidades de actividad económica establecidas en el apartado 2.
Artículo 9. Proyectos de interés general.-El consejero o consejera del departamento competente en materia de industria, de acuerdo con lo que establece la correspondiente legislación y sin perjuicio de las competencias atribuidas a los distintos departamentos, puede proponer al Gobierno, para su aprobación, proyectos de interés general con el objetivo de crear infraestructuras que favorezcan especialmente a las pequeñas y medianas empresas industriales, la instalación de industrias con características singulares o los proyectos que favorezcan la transformación sectorial, la diversificación y el desarrollo tecnológico del tejido industrial catalán.
Artículo 10. Competencias.-El departamento competente en materia de industria es el encargado de diseñar y planificar la actuación pública de apoyo a la industria y los servicios dirigidos a la producción, así como ejecutar las líneas estratégicas de actuación pública a que se refiere el artículo 6. Estas actuaciones deben llevarse a cabo al amparo del principio de coordinación administrativa, a fin de lograr un ejercicio eficaz de las competencias de los distintos departamentos, de las entidades públicas que dependan de los mismos y las administraciones públicas afectadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 con relación al ámbito de aplicación.
Artículo 11. Consulta preceptiva.-El departamento competente en materia de industria debe ser consultado preceptivamente sobre las acciones que pueden incidir significativamente en la estructura del tejido industrial catalán y que hacen referencia a la normativa, los planes, los programas y las medidas de fomento de la calidad que afectan a la actividad industrial y de servicios dirigidos a la producción.
Artículo 12. Creación.-Se crea el Consejo de Política Industrial de Cataluña, como organismo que participa en la definición de objetivos y la identificación de los instrumentos de política industrial más adecuados para cada sector de actividad y los adapta a situaciones y realidades nuevas.
Artículo 13. Naturaleza jurídica.-1. El Consejo de Política Industrial de Cataluña es un órgano de participación institucional y de diálogo social entre las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Cataluña y la Administración de la Generalidad en el ámbito sectorial de la industria y de los servicios relacionados con las empresas.
2. El Consejo de Política Industrial se configura como un órgano de carácter colegiado, y está adscrito al departamento competente en materia de industria.
3. El Consejo de Política Industrial actúa con total autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones, para cumplir las finalidades y los objetivos establecidos por esta ley y las disposiciones que la desarrollan. A tal efecto, el Consejo debe disponer de los recursos humanos y materiales necesarios.
Artículo 14. Objetivo.-El Consejo de Política Industrial tiene el objetivo de acelerar el proceso de transformación industrial mediante una política activa, previsora y eficaz que favorezca la adaptación de las empresas de los diferentes sectores de actividad a los cambios estructurales y la inversión productiva.
Artículo 15. Funciones.-1. El Consejo de Política Industrial de Cataluña tiene las siguientes funciones:
a) Definir planteamientos de anticipación y gestión del cambio industrial de aplicación sectorial y analizar de qué modo los diferentes sectores de actividad industrial y de servicios dirigidos a la producción pueden contribuir al cumplimiento de los objetivos generales de política industrial.
b) Contribuir a desarrollar las condiciones necesarias para que los procesos de transformación industrial sean compatibles con la necesidad de mejora continua de la productividad y con la cohesión económica, social y territorial.
c) Favorecer el marco para generar y atraer proyectos de inversión empresarial estratégicos para Cataluña en el ámbito industrial y de servicios dirigidos a la producción.
d) Informar del Plan territorial sectorial y del Plan de política industrial, antes de que se aprueben, así como informar de las directrices sectoriales o subsectoriales que se desprendan de dichos planes.
2. El Consejo de Política Industrial de Cataluña, con la participación del Observatorio de Prospectiva Industrial y la colaboración, si procede, de las unidades o los entes adscritos al departamento competente en materia de industria, debe:
a) Proponer mejoras de los instrumentos de política industrial con el objetivo de adaptarlos, aumentar su eficacia y hacerlos más adecuados a las nuevas situaciones y realidades.
b) Evaluar el impacto de los cambios en el entorno productivo sobre la estructura y la organización empresariales y en la localización e implantación territorial de la industria y las empresas de servicios que se relacionan con el Consejo.
c) Formular propuestas de buenas prácticas de transformación industrial y promover y difundir las buenas prácticas ya existentes.
3. El Consejo de Política Industrial debe enviar anualmente al Parlamento un informe sobre los resultados conseguidos en el año anterior con relación a los objetivos propuestos.
Artículo 16. Órganos.-1. Los órganos del Consejo de Política Industrial de Cataluña son el Pleno, la Presidencia, la Vicepresidencia y la Comisión de Políticas Sectoriales.
2. El Consejo de Política Industrial puede constituir grupos de trabajo en los ámbitos de actuación que le son propios.
3. El Consejo de Política Industrial actúa en pleno, en comisión o, si procede, en grupos de trabajo.
Artículo 17. Composición y miembros.-1. El presidente o presidenta del Consejo de Política Industrial es el consejero o consejera del departamento competente en materia de industria, a quien corresponde el nombramiento de los miembros, a propuesta de los departamentos y las asociaciones empresariales y sindicales que están representados en el mismo.
2. El vicepresidente o vicepresidenta del Consejo de Política Industrial es el secretario o secretaria sectorial en materia de industria del departamento competente en materia de industria.
3. En la composición del Consejo de Política Industrial deben estar representados los departamentos con competencias vinculadas a la actividad industrial y de servicios relacionados con las empresas, así como las asociaciones empresariales y sindicales más representativas.
4. La composición del Consejo debe ser paritaria entre mujeres y hombres. Para cumplir este precepto, la Administración de la Generalidad y las asociaciones empresariales y sindicales deben respetar la paridad tanto en la designación como en la sustitución de los miembros que las representan.
5. El Pleno del Consejo de Política Industrial debe aprobar sus normas de funcionamiento interno de acuerdo con lo que establecen la presente ley y las disposiciones normativas que la desarrollan. En estas normas puede establecerse la existencia de grupos de trabajo, comisiones de trabajo especializadas y órganos de asesoramiento y consulta, que pueden contar con representantes de ámbito territorial, del mundo local, de organizaciones profesionales, de corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales, de cooperativas y de entidades asociativas del tercer sector, así como con personas de referencia y expertos en los ámbitos específicos de actuación del Consejo.
Artículo 18. Impulso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración.-El departamento competente en materia de industria y los organismos que dependan del mismo deben impulsar el uso interno de las tecnologías de la información y la comunicación.
Artículo 19. Servicio básico electrónico.-1. Si alguno de los servicios encomendados al departamento competente puede ofrecerse mediante sistemas electrónicos y telemáticos de forma segura y con garantías de eficacia, y se considera básico en función de sus propias finalidades o para el desarrollo económico y social de la sociedad catalana, puede ser declarado servicio básico electrónico por parte del consejero o consejera competente.
2. Declarado un servicio como básico, la Administración debe impulsar su implantación como servicio electrónico e interactivo, disponible de forma electrónica.
3. Se reconoce el derecho de las industrias y de los servicios dirigidos a la producción a relacionarse con el departamento competente en materia de industria por medios telemáticos y electrónicos en los términos establecidos por la legislación vigente.
4. El departamento competente en materia de industria, en el ejercicio de sus competencias, debe utilizar las tecnologías de la información en las relaciones con las empresas, de acuerdo con lo que establece la legislación vigente.
Artículo 20. Sistemas de intercambio de información.-1. El departamento competente en materia de industria puede regular sistemas de intercambio de información por vía telemática con los agentes del sistema de calidad industrial a que se refiere el artículo 23.1. El objeto de aplicación debe seguir las líneas marcadas por la planificación general del Gobierno sobre protección y seguridad de datos y sobre técnicas, medios y sistemas electrónicos, informáticos y telemáticos.
2. Las aplicaciones electrónicas, informáticas y telemáticas que, en el ámbito de aplicación de la presente ley, son utilizadas por el departamento competente en materia de industria en el ejercicio de sus competencias deben ser previamente aprobadas por el consejero o consejera del departamento.
Artículo 21. Efectos.-La información y la documentación remitida mediante técnicas y sistemas electrónicos, informáticos y telemáticos regulados tienen la validez y eficacia establecidas legalmente.
Artículo 22. Finalidades y fomento de la calidad industrial.-1. La Administración de la Generalidad debe asumir el objetivo de implantar sistemas de gestión de la calidad en los servicios públicos vinculados a las actividades industriales y de servicios dirigidos a la producción.
2. El departamento competente en materia de industria debe promover e impulsar la calidad industrial de las empresas, con el fin de fomentar la competitividad y la seguridad y la calidad de los procesos y productos y servicios ofrecidos por las empresas, y debe impulsar y promover la implantación y la mejora de los sistemas de gestión de la calidad en las empresas, así como la adquisición por parte de las administraciones públicas catalanas de productos conformes con las normas técnicas aplicables.
3. La actividad de fomento de la calidad industrial debe llevarse a cabo con la participación de agentes sociales, sectores y partes interesadas de la actividad económico-social afectados por estas medidas.
4. Los estándares de calidad no tienen carácter obligatorio, salvo que así lo exija una disposición legal. Por razones de seguridad o por motivos de interés general puede exigirse, por reglamento, el cumplimiento de aspectos determinados del ámbito voluntario de la calidad.
Artículo 23. Agentes del sistema de calidad industrial.-1. La consecución de las finalidades en materia de calidad industrial establecidas por la presente ley debe llevarse a cabo mediante los agentes a que se refiere el artículo 5 de la Ley 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial, que, a efectos de lo establecido en la presente ley, forman parte de la infraestructura de la calidad.
2. Las funciones de los agentes que forman parte de la infraestructura de la calidad, los requisitos para que puedan ser autorizados, las obligaciones que deben cumplir y sus responsabilidades se regulan por lo dispuesto en la Ley 12/2008 y las normas que la desarrollan.
3. Los agentes que actúan exclusivamente en el ámbito voluntario de la calidad industrial no están sometidos al régimen al que está sometido el ámbito obligatorio de la seguridad industrial, sin perjuicio de que deben estar constituidos y operar de modo que quede garantizada la imparcialidad y la competencia técnica de sus actuaciones.
4. Los requisitos y obligaciones que deben cumplir los agentes del sistema de calidad industrial deben ajustarse a lo establecido en la normativa comunitaria, para que puedan ser reconocidos por otras entidades u organismos de los estados miembros de la Unión Europea.
Artículo 24. Instrumentos y directrices de política industrial.-1. El Gobierno y la Administración de la Generalidad, de acuerdo con los principios de actuación establecidos por esta ley, deben poner a disposición de las empresas e instituciones públicas y privadas que se relacionan con las mismas los instrumentos de política industrial y los mecanismos de apoyo empresarial más adecuados en cada momento para cumplir los objetivos establecidos por la presente ley.
Artículo 25. Medidas de acompañamiento y programas de apoyo.-1. El apoyo del Gobierno y de la Administración de la Generalidad a la actividad industrial y los servicios dirigidos a la producción debe llevarse a cabo de acuerdo con las directrices de política industrial y mediante actuaciones de acompañamiento, promoción y fomento agrupadas en planes estratégicos y programas de apoyo específicos que deben atender especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Artículo 26. Objetivos de los planes y programas en materia de promoción industrial.-1. Los planes y programas a que se refieren los artículos 24 y 25 deben tener los siguientes objetivos:
Artículo 27. Programas de apoyo empresarial.-El apoyo a la actividad empresarial debe llevarse a cabo mediante los planes y programas, así como con otros instrumentos aprobados por el Parlamento, el Gobierno o los departamentos con competencias sectoriales mediante las disposiciones normativas correspondientes. Estos instrumentos pueden contener medidas de fomento de contenido económico, así como, si procede, articular servicios y otros instrumentos de apoyo, que deben ser desarrollados por reglamento.
Artículo 28. Competencias en materia de promoción industrial.-Corresponde al Gobierno, con carácter general y en el marco de las atribuciones propias y de acuerdo con las determinaciones del artículo 10, aprobar los requisitos generales de las medidas de fomento y de promoción de contenido económico, que deben determinar los elementos esenciales para su puesta en práctica, correspondiendo al consejero o consejera del departamento competente en materia de industria aprobar las bases de las convocatorias de las medidas de fomento y promoción industrial.
Artículo 29. Régimen jurídico de los planes, programas y medidas de promoción industrial.-1. Los planes, programas y medidas de promoción industrial deben respetar, en todos los casos, la normativa comunitaria en materia de defensa de la competencia. Asimismo, y en cuanto a la concesión de ayudas, deben ajustarse a los preceptos del derecho comunitario.
Artículo 30. Creación, objeto y naturaleza.-1. Se crea la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana, que es el organismo que ejecuta las políticas de la Generalidad en los ámbitos de la innovación, la transferencia tecnológica, la internacionalización, el fomento y captación de inversiones en Cataluña y la mejora continua de la productividad de la empresa catalana.
Artículo 31. Régimen jurídico.-1. La Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana se rige por la presente ley, por sus estatutos, por el Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana, y demás normativa aplicable.
Artículo 32. Finalidad y funciones.-1. La Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana tiene como finalidad la promoción y el desarrollo de la empresa catalana mediante la ejecución de las actuaciones y el desarrollo de los servicios de apoyo necesarios para impulsar la competitividad del sector empresarial catalán y la presencia e interrelación de este sector en los mercados internacionales.
6. La Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana puede llevar a cabo sus actividades mediante convenios, sociedades, fundaciones u otras fórmulas de colaboración con las corporaciones de derecho público, asociaciones, agentes sociales y otras entidades públicas o privadas, en los términos establecidos por sus estatutos, por el Decreto legislativo 2/2004, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana, y demás normativa aplicable. La Agencia puede constituir el capital de cualquier entidad que adopte la forma de sociedad mercantil, o participe en alguna, así como cualquier otro ente, público o privado y con o sin ánimo de lucro, cuyo objeto social esté relacionado con la finalidad y los objetivos de la Agencia.
SECCIÓN 2.ª ESTRUCTURA ORGÁNICA
Artículo 33. Órganos.-1. Los órganos de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana se clasifican en órganos de gobierno y órganos de gestión. Los estatutos de la Agencia pueden establecer la existencia de órganos de asesoramiento estratégico y participación.
Artículo 34. El Consejo Rector.-1. El Consejo Rector es el órgano de gobierno que tiene como funciones principales planificar, supervisar y controlar la actividad de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana. El Consejo Rector debe favorecer, en los términos que establecen los estatutos de la Agencia, la presencia de los intereses de los actores económicos y sociales que pueden resultar afectados por las políticas públicas en materia de apoyo a la empresa catalana.
Artículo 35. El Consejo de Administración-1. El Consejo de Administración es el órgano de gobierno al que corresponde la decisión y la dirección de la actividad de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana.
Artículo 36. La Presidencia.-1. La Presidencia de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana, que es también la del Consejo Rector y la del Consejo de Administración, corresponde al consejero o consejera del departamento competente en materia de industria.
Artículo 37. El consejero delegado o consejera delegada.-1. El consejero delegado o consejera delegada es el órgano de gestión encargado de la dirección general de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana y es nombrado y separado por el Gobierno a instancias del Consejo de Administración y a propuesta de la Presidencia. El cargo debe recaer sobre una persona con calificaciones profesionales acreditadas y que tenga competencia y experiencia para desarrollar las funciones asignadas.
SECCIÓN 3.ª RÉGIMEN DE PERSONAL, DE CONTRATACIÓN, ECONÓMICO Y PATRIMONIAL, Y RÉGIMEN DE CONTROL DE LA GESTIÓN
Artículo 38. Personal al servicio de la Agencia.-1. El personal de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana se vincula con la propia Agencia mediante una relación de carácter laboral.
Artículo 39. Personal directivo profesional.-Los estatutos de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana deben determinar el régimen del personal directivo profesional de la Agencia de acuerdo con los siguientes criterios:
Artículo 40. Contratación.-1. El régimen de contratación de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana es el establecido en la Ley del Estado 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.
Artículo 41. Recursos económicos.-1. La Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana dispone de los siguientes recursos económicos:
Artículo 42. Presupuesto.-1. El Consejo de Administración debe elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana y elevarlo al Consejo Rector para su aprobación.
Artículo 43. Contrato de gestión.-1. Las relaciones de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana con el departamento al que está adscrita, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 53 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, del 24 de diciembre, se articulan mediante un contrato de gestión de carácter plurienal.
Artículo 44. Patrimonio.-1. Constituyen el patrimonio de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana los bienes y derechos que le adscriba la Administración de la Generalidad, y los bienes y derechos propios, de cualquier naturaleza, que adquiera por cualquier título, de acuerdo con esta Ley.
Artículo 45. Contabilidad.-1. La Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana queda sometida al régimen de contabilidad pública establecido por la legislación de finanzas públicas de la Generalidad, salvo los aspectos establecidos por esta ley.
Artículo 46. Control económico y de gestión.-1. El control externo de la gestión económica y financiera de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana corresponde a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con su normativa específica.
Artículo 47. Creación.-1. Se crea el Ente de Coordinación y Gestión de las Participaciones y Entidades Públicas Industriales de la Generalidad, a fin de dotar a la Generalidad de un ente instrumental que mejore la eficacia y permita la eficiencia en la gestión de las entidades de diferente naturaleza jurídica que actúan en ámbitos específicos de la actividad industrial.
Artículo 48. Naturaleza y régimen jurídico.-1. El Ente de Coordinación y Gestión de las Participaciones y Entidades Públicas Industriales de la Generalidad es una entidad de derecho público de la Generalidad, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus funciones, que ajusta su actividad al derecho privado, con carácter general, salvo las excepciones que determinen las leyes.
2. El Ente de Coordinación y Gestión de las Participaciones y Entidades Públicas Industriales de la Generalidad se rige por esta ley; por el texto refundido de la Ley del Estatuto de la empresa pública catalana, aprobado por el Decreto legislativo 2/2002, de 31 de diciembre; por sus estatutos, y por las demás leyes y disposiciones que le sean de aplicación.
Artículo 49. Funciones.-Son funciones del Ente de Coordinación y Gestión de las Participaciones y Entidades Públicas Industriales de la Generalidad las siguientes:
Artículo 50. Acciones y participaciones de titularidad del Ente.-1. El Ente de Coordinación y Gestión de las Participaciones y Entidades Públicas Industriales de la Generalidad es titular de todas las acciones representativas del capital de la sociedad Empresa de Promoción y Localización Industrial de Cataluña, SA.
Artículo 51. Órganos.-Son órganos del Ente de Coordinación y Gestión de las Participaciones y Entidades Públicas Industriales de la Generalidad la Presidencia y el Consejo de Administración, así como los órganos de carácter complementario que se determinen en los estatutos de la entidad. El Ente tiene un director o directora nombrado por el Gobierno, con las funciones que se determinen en los estatutos de la entidad.
Artículo 52. La Presidencia.-La Presidencia del Ente de Coordinación y Gestión de las Participaciones y Entidades Públicas Industriales de la Generalidad corresponde al consejero o consejera del departamento competente en materia de industria o a la persona que se determine reglamentariamente. Las funciones del presidente o presidenta deben determinarse en los estatutos de la entidad.
Artículo 53. El Consejo de Administración.-1. El Consejo de Administración está integrado por el presidente o presidenta y por los representantes del Gobierno que se determinen por reglamento.
SECCIÓN 3.ª RÉGIMEN DEL PERSONAL, ECONÓMICO Y DE GESTIÓN
Artículo 54. Régimen del personal.-Las relaciones entre el Ente de Coordinación y Gestión de las Participaciones y Entidades Públicas Industriales de la Generalidad y su personal se rigen por las normas laborales. El personal laboral queda sujeto a la normativa básica en materia de empleo público y al desarrollo legislativo que de esta materia lleve a cabo la Generalidad.
Artículo 55. Recursos económicos.-Los recursos económicos del Ente de Coordinación y Gestión de las Participaciones y Entidades Públicas Industriales de la Generalidad son:
Artículo 56. Contrato de gestión.-1. Las relaciones del Ente de Coordinación y Gestión de las Participaciones y Entidades Públicas Industriales de la Generalidad con el departamento al que está adscrito se articulan mediante un contrato de gestión de carácter plurienal, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 53 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.
Disposición adicional primera. Denominación de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana.-1. El Gobierno difunde el conocimiento y la imagen de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana, regulada por el capítulo II del título III, con la marca ACC1Ó.
Esta disposición adicional pasa a ser la disposición adicional primera tras su redacción por el Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre (DOGC del 6), para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
Disposición adicional segunda. Sustitución del Registro de Establecimientos Industriales de Cataluña.-A partir de la entrada en vigor del artículo 5 bis, el Registro Industrial y de Servicios Empresariales de la Producción sustituye al Registro de Establecimientos Industriales de Cataluña creado por el Decreto 324/1996, de 1 de octubre.
Esta disposición adicional segunda ha sido añadida por el Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre (DOGC del 6), para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
Disposición transitoria primera.-Disolución e integración del Cidem en la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana
Disposición transitoria segunda.-Disolución e integración del Copca en la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana
Disposición transitoria tercera.-Régimen de la Ley 12/2005, de 17 de noviembre, de nueva regulación del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (Cidem)
1. Queda derogada la Ley 12/2005, de 17 de noviembre, de nueva regulación del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (Cidem), sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria quinta.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 12/2008.-Se añade una nueva letra, la e, al artículo 44.2 de la Ley 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial, con el siguiente texto:
«e) No comunicar previamente al Registro de Establecimientos Industriales el inicio de la actividad industrial».
Disposición final segunda. Texto refundido de la legislación en materia de política industrial y de seguridad industrial.-Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, apruebe un texto refundido que incluya las determinaciones contenidas en la presente ley y en la Ley 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial. La refundición debe incluir la regularización, aclaración y armonización de dichas disposiciones.
Disposición final tercera. Equivalencias con la Clasificación catalana de actividades económicas.-El Gobierno, mediante la correspondiente disposición reglamentaria, debe determinar las equivalencias entre las actividades a que se refiere el artículo 4.3 y la Clasificación catalana de actividades económicas 2009 (CCAE-2009), aprobada por el Decreto 137/2008, de 8 de julio.
Disposición final cuarta. Modificación de los límites de los efectivos e importes financieros establecidos por la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE.-Se autoriza al Gobierno para que, por decreto y en el marco y condiciones establecidos por la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, o por la que la pueda sustituir, modifique los límites con relación a los efectivos e importes financieros que definen las categorías de empresas a que se refiere el artículo 3.c.
Disposición final quinta. Desarrollo reglamentario.-1. El Gobierno, en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley y en el marco de lo que esta establece, debe aprobar los estatutos de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana, a propuesta del consejero o consejera del departamento al que está adscrita la Agencia. Los estatutos deben regular la organización y régimen de funcionamiento de la Agencia, y en especial:
Disposición final sexta. Entrada en vigor.-La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

References: artículo 157
 artículo 45
 artículo 12
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 139
 artículo 139
 artículo 139
 artículo 110
 artículo 53

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 5

Artículo 5

Artículo 5
 artículo 5
 artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 71

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 6
 artículo 4

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20
 artículo 23

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23
 artículo 5

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28
 artículo 10

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43
 artículo 53

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56
 artículo 53
 artículo 5
 artículo 44
 artículo 4
 artículo 3