Source: https://www.slideshare.net/lizkno10/su917-10
Timestamp: 2017-11-18 05:44:22+00:00

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1. SENTENCIA SU-917 de 2010 Referencia: Expedientes Acumulados: T-2116104 (Lucas Arturo Pulido Guarnizo); T-2123871 (Diana Yolima Niño Avendaño); T-2123824 (Gloria María Arias Arboleda); T-2139736 (Gregorio Oviedo Oviedo); T-2155221 (Juan de Dios Pinto Seija); T-2180526 (Luis María Sierra Castilla); T-2180541 (Jorge Cañedo de la Hoz); T-2180822 (Isabel Linero Gómez); T-2188198 (Myriam Lizarazo Vargas); T-2188408 (Abel Antonio Piñeres Mejía); T-2188413 (José Gregorio Gutiérrez Alvarado); T-2188416 (Octavio Mantilla Sáenz); T-2189945 (Carlos Arturo Marín Perea); T-2190768 (Libardo de Jesús Mora Medina); T-2192129 (Jesús Manuel López Celedón); T-2210469 (César Augusto Hernández Aguirre); T-2217575 (Tito Díaz Algarín); T-2241166 (Jaime Enrique Niño López); T-2259171 (Elena Patricia Cárdenas Díaz); T-2436474 (Oscar Arturo Escobar Torres) T-2442394 (José Ignacio Pineda Palencia) T- 2482380 (Santiago Rocha Zarta) T-2482383 (Francisco José Mario Renato Orozco Zúñiga) T-2482404 (Pablo Alberto Villaveces Gelves) Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIOBogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil diez (2010).La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competenciasconstitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991,profiere la siguiente: SENTENCIADentro del trámite de revisión de los fallos dictados en los asuntos de tutela dela referencia, seleccionados para tal fin por diferentes Salas de estaCorporación.
2. I.- ANTECEDENTESLa Sala Plena asumió el estudio de estos expedientes de conformidad con loprevisto en el artículo 54A del Reglamento Interno de la CorteConstitucional1, luego de advertir que existe una conexidad temática entreellos para ser fallados en una misma sentencia ya que todos los accionantesdesempeñaban cargos de carrera en provisionalidad en diferentes entidadespúblicas, siendo desvinculados de sus empleos sin que los actos de retirohubieren sido motivados.- El primer grupo de demandantes (20 en total) interpuso acción de nulidad yrestablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa,donde sus pretensiones fueron negadas con el argumento de que los actos deinsubsistencia de empleos de carrera en provisionalidad no requierenmotivación alguna. Ejercen la tutela contra las sentencias judiciales quedesestimaron sus reclamaciones, invocando la protección de sus derechos aldebido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, trabajo, accesoa la función pública e igualdad2.- El segundo grupo de demandantes (4 en total) acude a la tutela directamentecontra las entidades de las que fueron desvinculados sin motivación alguna3.Solicitan su reintegro, ya sea en forma definitiva o mientras la jurisdiccióncontencioso administrativa resuelve la controversia sobre la validez de losactos de retiro.Sin embargo, como cada caso presenta sus propias especificidades a pesar dela conexidad anotada, la Corte reseña a continuación los supuestos fácticos,elementos probatorios relevantes y decisiones de instancia de cada uno.1. Expediente T-2116104.1.1. Hechos.El señor Lucas Arturo Pulido Guarnizo interpone acción de tutela contra la1 “Artículo 54 A. Revisión por la Sala Plena. Modificado mediante Acuerdo 01 de 3 de diciembre de 2008,quedando en los siguientes términos: “Artículo 54 A. Revisión por la Sala Plena. Cuando a juicio de la SalaPlena, por solicitud de cualquier magistrado, un proceso de tutela dé lugar a un fallo de unificación dejurisprudencia o la transcendencia del tema amerite su estudio por todos los magistrados, se dispondrá quela sentencia correspondiente sea proferida por la Sala Plena. // Adicionalmente, para los fines establecidosen las normas vigentes, después de haber sido escogidos autónomamente por la Sala de Seleccióncompetente, los fallos sobre acciones de tutela instauradas contra providencias de la Corte Suprema deJusticia y del Consejo de Estado deberán ser llevados por el magistrado a quien le corresponda en reparto ala Sala Plena, la cual determinará si asume su conocimiento con base en el informe mensual que le seapresentado a partir de la Sala de Selección de marzo de 2009. // En tal evento, el magistrado ponenteregistrará en la Secretaría el proyecto de fallo respectivo y se procederá a cumplir el mismo trámite previstopor el artículo 53 del Reglamento de la Corporación para el cambio de jurisprudencia, en materia desentencias de revisión de tutela”.2 Uno de los demandantes (expediente T-2190768) interpuso una acción de tutela con anterioridad(expediente T-2047312). El amparo fue negado y los fallos de instancia excluidos de revisión por la CorteConstitucional (auto del 9 de octubre de 2008).3 Expedientes T-2180541, T-2180822, T-2189945 y T-2259171.
3. Sentencia SU-917 de 2010 3sentencia proferida el 8 de noviembre de 2007 por la Sección Segunda,subsección “B”, del Consejo de Estado, que confirmó la sentencia del 17 demarzo de 2006, emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,por medio de la cual denegó las súplicas de la demanda dentro del proceso dede nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el accionante contrala Fiscalía General de la Nación, al considerar que esa decisión vulnera suderecho fundamental al debido proceso.Manifiesta el accionante que el 18 de mayo de 1978 se vinculó mediantenombramiento provisional a la Rama Judicial, desempeñando diferentescargos durante el tiempo que prestó sus servicios. Sostiene que por resoluciónnúmero 0-0587 del 31 de mayo de 2001 el Fiscal General de la Nación lonombró en el cargo de Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Cali yque, mediante resolución número 0-0629 del 27 de marzo de 2003, se declaróla insubsistencia del cargo que desempeñaba, sin que dicha resolución fueraacompañada de motivación alguna.Por tal razón, inició la correspondiente acción de nulidad y restablecimientodel derecho contra la Fiscalía, aduciendo que la administración debió motivarel acto de retiro del servicio y precisando que esta omisión quebranta eldebido proceso constitucional. Demanda que correspondió en primerainstancia al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, que ensentencia del 17 de marzo de 2006 denegó las súplicas de la demanda.Impugnada esa decisión por la parte demandante, conoció de la misma elConsejo de Estado, el cual, en sentencia de la Sección Segunda, Subsección“B”, del 8 de noviembre de 2007, confirmó la sentencia del Tribunal.Expone que los argumentos que fundamentaron el fallo del Consejo de Estadodel 8 de noviembre de 2007, que ahora se cuestiona en sede de tutela, secontraen básicamente a señalar que “los nombramientos en provisionalidad encargos de carrera administrativa, (...) se asimilan a los de librenombramiento y remoción dada la similitud en la forma de provisión, por loque la administración puede en cualquier tiempo declararlos insubsistentes, através de un acto administrativo que no requiere motivación”.1.2. Trámite procesal.El demandante interpuso inicialmente la acción de tutela ante el Consejo deEstado. Sin embargo, la Sección Cuarta de esa Corporación, medianteprovidencia del 15 de febrero de 2008, procedió a rechazarla aduciendo que laacción de tutela no procede contra providencias judiciales, omitiendo ademássu envío para la eventual revisión en la Corte Constitucional. Por lo expuesto,el accionante acudió ante los Juzgados Penales Municipales de Bogotá parasolicitar el amparo de sus derechos fundamentales, invocando comofundamento el Auto 100 de 2008 dictado por la Corte Constitucional.El Juzgado 44 Penal Municipal con Función de Control de Garantías,
4. mediante auto del 13 de junio de 2008, admitió la acción de tutela y decidióvincular al trámite de la demanda a la Fiscalía General de la Nación.1.3. Intervención de las entidades demandadas.Consejo de Estado. Notificado el Consejo de Estado, dio respuesta a laacción de tutela oponiéndose a su prosperidad al considerar que la acción detutela contra decisiones judiciales es excepcional y que por lo tanto esresponsabilidad del juez verificar si la sentencia objeto de análisis envuelvealguno de los vicios que se consignan de forma puntual en la sentencia C-590de 2005.Respecto al caso concreto aclara que en la sentencia proferida por la SecciónSegunda, Subsección “B”, de esa Corporación, se realizó un análisisponderado y razonable respecto del ejercicio de la facultad discrecional queaplica para prescindir del servicio de quienes no gozan del estatus deescalafón en carrera administrativa, y que el mismo estuvo acorde a loestablecido por el ordenamiento jurídico (artículo 36 del C.C.A.), por lo quefue correcto que no se despojara el acto administrativo proferido por laFiscalía General de la Nación de la presunción de legalidad que lo rodea.Finalmente asevera que de la documentación aportada también se observaque el accionante respecto de los mismos hechos ya había interpuesto unaacción de tutela ante la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Por lo tanto,solicita se analice la posible temeridad de la acción.Fiscalía General de la Nación. Por su parte, la Fiscalía General de la Naciónmanifiesta que, de acuerdo con la Jurisprudencia del Consejo de Estado, laspersonas que ocupan un cargo de carrera en provisionalidad no adquieren losderechos de carrera respecto del cargo que ocupan, pues en estos eventos,debido a que fueron discrecionales las facultades por las que se les designó,también en ejercicio de ellas es posible su remoción “respondiendo con ello alprincipio según el cual las cosas se deshacen como se hacen”.Expone que el demandante pretende imponer su particular criteriohermenéutico, desconociendo el análisis concienzudo y apegado alordenamiento jurídico realizado por el juez ordinario, en el cual se explicaclara, concisa y congruentemente los motivos legales por lo cuales serechazaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento delderecho. Asevera que mal podría decirse que con el actuar discrecional se lehan vulnerado los derechos fundamentales al accionante, cuando, por elcontrario, éste ha ejercitado su derecho de defensa y contradicción.Finalmente señala que la intención del actor es crear a través del amparoconstitucional una instancia judicial más, lo cual es inconcebible teniendo encuenta el carácter subsidiario de la acción de tutela.1.4. Pruebas.
5. Sentencia SU-917 de 2010 5- Fotocopia de la resolución número 0-0587 de mayo 31 de 2001, por la cualel Fiscal General de la Nación nombra en provisionalidad en el cargo de Fiscaldelegado ante Tribunal de Distrito, de la Dirección Seccional de Fiscalías deCali, al señor Lucas Arturo Pulido Guarnizo (folio 96).- Fotocopia de la resolución número 0-0629 de marzo 27 de 2003, por la cualel Fiscal General de la Nación declaró insubsistente al señor Lucas ArturoPulido Guarnizo del cargo de Fiscal delegado ante Tribunal de Distrito, de laDirección Seccional de Fiscalías de Cali (folio 89).- Fotocopia de la sentencia dictada el 17 de marzo de 2006 por el TribunalContencioso Administrativo del Valle del Cauca dentro del trámite de unaacción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señorLucas Arturo Pulido Guarnizo contra la Fiscalía General de la Nación, quedenegó las súplicas de la demanda (folios 163 al 172).- Fotocopia de la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2007 por la SecciónSegunda, Subsección “B”, de la Sala Contencioso Administrativa del Consejode Estado, que confirmó la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativodel Valle del Cauca (folios 66 a 109).1.5. Sentencias objeto de revisión.Primera Instancia. El Juzgado 44 Penal Municipal con Funciones de Controlde Garantías de Bogotá, en sentencia del 26 de junio de 2008, negó porimprocedente el amparo invocado. Considera el a quo que no le asiste razón alactor cuando afirma que la sentencia proferida por el Consejo de Estadovulneró su derecho fundamental al debido proceso, pues está demostrado quelas dos instancias que conocieron del proceso de nulidad y restablecimientodel derecho “respetaron, garantizaron y velaron por la salvaguarda de losderechos y garantías constitucionales del demandante”.Según el despacho, la acción es también improcedente en este caso porque nocumple con los requisitos o causales especiales de procedibilidad señaladospor la jurisprudencia constitucional para que la acción de tutela proceda contraprovidencias judiciales, ya que en materia de tutela el precedente judicial tieneuna vinculación prima facie y no plena o absoluta, en virtud de la cual surgela obligación del juez de seguir el precedente o, en su defecto, de justificaradecuada y suficientemente las razones por las que decide apartarse delmismo. Hipótesis esta última que fue utilizada por el Consejo de Estado alresolver el recurso de apelación que el accionante interpuso contra laprovidencia de primera instancia al argumentar que los actos administrativosde desvinculación no debían motivarse, escogiendo su propio precedentejudicial y no el de la Corte Constitucional.Segunda instancia. En sentencia del 13 de agosto de 2008 el Juzgado 5 Penal
6. del Circuito de Bogotá confirmó en todas sus partes la de primera instancia,con base en las mismas consideraciones en ella expuestas. Adicionalmenteindicó que no es cierto que el Consejo de Estado haya sustentado su decisióncon base en una norma “inexistente, inconstitucional, evidentementeinaplicable o desconocido el ordenamiento jurídico vigente sobre la materia”,pues las normas acusadas por el actor como transgredidas por la demandada,al declarar la insubsistencia del cargo por él ejercido, no hacen referencia a ladesvinculación de los empleados en provisionalidad que ocupan cargos encarrera sino a los de libre nombramiento y remoción.2. Expediente T-2123871.2.1. Hechos.La señora Diana Yolima Niño Avendaño, mediante apoderado judicial,formuló acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Segunda delTribunal Administrativo de Cundinamarca, al considerar que esa corporaciónvulneró su derecho fundamental al debido proceso, con base en los hechos quea continuación se resumen:La accionante laboró en provisionalidad al servicio de la Fiscalía General de laNación entre el 14 de julio de 1994 y el 18 de octubre de 2001, fecha en lacual su nombramiento fue declarado insubsistente, mediante resoluciónNúmero 0-1533, proferida por el Fiscal General de la Nación .Contra este acto administrativo impetró acción de nulidad y restablecimientodel derecho, la cual fue conocida y fallada favorablemente en primerainstancia por el Juzgado Séptimo Contencioso Administrativo del Circuito deBogotá, mediante sentencia del 3 de octubre de 2007, en la cual se declaró lanulidad de la actuación que declaró la insubsistencia y ordenó reintegrar a lademandante al cargo que venía desempeñando al momento de sudesvinculación o a otro igual o superior sin solución de continuidad. Decisiónque al ser apelada por la Fiscalía General de la Nación, fue revocada mediantefallo proferido por la Subsección ahora accionada el 22 de mayo de 2008, quedispuso negar en su totalidad las súplicas de la demanda.La acción contencioso administrativa a la que se hace referencia se sustentó endos cargos. El primero, por desviación de poder y el segundo, por violación denormas superiores. Dentro de este último punto, se planteó la presunta falta demotivación del acto que declaró la insubsistencia, que en su concepto eranecesaria para ejercer el control de los actos administrativos, puesto quefacilita la función revisora ante el contencioso administrativo; por ende, señalaque su ausencia constituye un obstáculo para el efectivo acceso a la justicia.Según afirma, con la sentencia de segunda instancia dictada por el TribunalAdministrativo de Cundinamarca, fueron violados sus derechos fundamentalespor dos principales razones: de una parte, por basarse o invocar un fallo del
7. Sentencia SU-917 de 2010 7Consejo de Estado (Expediente S-531, sentencia de septiembre 2 de 2002),que, posteriormente, fue dejado sin efectos por una sentencia de revisión detutela proferida por esta corporación (T-170 de 2006). De otra, por considerarque tratándose de un nombramiento en provisionalidad no era necesariomotivar el acto administrativo que declara la insubsistencia, postura que escontraria a la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional.En relación con el contenido de la sentencia cuestionada, la demandaejemplifica y describe ampliamente un conjunto de circunstancias que a juiciode la actora contribuyen a justificar la concesión del amparo, entre las cualespueden mencionarse: (i) no haber reconocido derechos de carrera pese ahaberse inscrito en una convocatoria adelantada por la Fiscalía General de laNación en 1994; (ii) haber echado de menos una conducta procesal que nopodía serle exigida a la accionante, como era apelar la sentencia del JuzgadoSéptimo Administrativo de Bogotá, que le había sido íntegramente favorable;(iii) aducir, sin soporte probatorio suficiente, que la Fiscalía General de laNación no ha provisto ningún cargo mediante concurso público de méritos, loque además se consideró un hecho público y notorio, situación que ya habíasido resuelta mediante la sentencia del 23 de septiembre de 1999 proferida porla Subsección B del Consejo de Estado, con ponencia de Javier Díaz Bueno(Expediente número 602 de 1999) y la sentencia T-170 de 2006; (iv) eldesconocimiento de los precedentes aplicables sobre la materia, entendiendopor tales la línea jurisprudencial de esta Corporación (cita las sentencias T-800de 1998, T-884 de 2002, T-410 de 2007, T-437 de 2008) en relación con lanecesidad de motivación de la declaratoria de insubsistencia de las personasque desempeñan cargos de carrera en provisionalidad.Teniendo en cuenta lo anterior, resalta que en su caso se llenan los requisitosde procedibilidad de la acción contra sentencia judiciales, además porque secumplen a cabalidad los criterios de subsidiariedad e inmediatez.La demandante Niño Avendaño solicita al juez de tutela que deje sin efectos lasentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 22 demayo de 2008, y en su lugar, deje en firme la sentencia de primera instanciadictada por el Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá el 3 de octubre de2007. También pide que se prevenga al Tribunal accionado “para que en losucesivo se abstenga de seguir vulnerando los derechos fundamentales de losdemandantes que se encuentran en las mismas condiciones de la actora”.2.2. Trámite procesal.Mediante auto del 4 de septiembre de 2008, el Consejo de Estado, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Quinta admitió la solicitud de tutela yordenó su notificación a los magistrados del Tribunal Administrativo deCundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. Según se hizo constar en lasentencia que decidió esta acción en única instancia, los Magistrados contraquienes fue dirigida no contestaron en tiempo la demanda de tutela.
8. No se vinculó a la Fiscalía General de la Nación, entidad que si bien no fuedemandada puede tener interés en el resultado de la presente acción.2.3. Intervención de la entidad demandada.Con posterioridad a la decisión, la Magistrada ponente de la sentenciacuestionada dirigió un memorial al juez de instancia y se pronunció sobre laprotección constitucional. En su concepto, la sentencia objeto de debate estuvoplenamente ajustada al derecho aplicable y fue resultado del materialprobatorio recaudado.2.4. Pruebas.- Fotocopia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho quepresentó la actora contra la resolución que declaró su insubsistencia (folios 17al 35 del cuaderno principal).- Fotocopia de la Resolución número 0-1533 del 18 de octubre de 2001 quedeclaró la insubsistencia de la accionante del cargo de fiscal Delegado ante losJueces del Circuito de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá (folio 37ib.).- Fotocopia del fallo dictado por el Juzgado Séptimo Administrativo deBogotá-Sección Segunda, el 3 de octubre de 2007, en el cual se accedió a laspretensiones de la actora en la acción de nulidad y restablecimiento delderecho que interpuso contra el acto que dictó la Fiscalía General de la Naciónque declaró su insubsistencia (folios 38 al 53 ib.).- Fotocopia de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo deCundinamarca-Sección Segunda-Subsección C, en la cual se revocó ladecisión del Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá-Sección Segunda(folios 58 al 95 ib.).- Fotocopia de escrito mediante el cual la Fiscalía General de la Naciónpresenta cierta información (folios 95 al 97 ib.).- Fotocopia del acta número 017 del 9 de mayo de 200 realizada por laComisión Nacional de Administración de la Carrera en la que se trató lasituación jurídica de los servidores que participaron en el proceso de seleccióndel año 1994 para proveer cargos en las unidades locales de fiscalía, entreotros asuntos (folios 99 al 103 ib.).2.5. Sentencia objeto de revisión.Fallo de única instancia. El 19 de septiembre de 2008, la Sección Quinta delConsejo de Estado resolvió rechazar por improcedente la tutela interpuesta por
9. Sentencia SU-917 de 2010 9la señora Niño Avendaño. Hizo referencia a la general improcedencia de estaacción contra decisiones judiciales, para lo cual se apoyó en una extensatranscripción de apartes de la sentencia C-543 de 1992 de esta corporación,particularmente de lo relativo a la situación que se presenta cuando la personainteresada ha hecho uso de los mecanismos de defensa judicial disponibles yéstos se han agotado. Indicó que su aceptación implicaría desconocer losprincipios de cosa juzgada, seguridad jurídica e, independencia y autonomíade los jueces.3. Expediente T-2123824.3.1. Hechos.La señora Gloria María Arias Arboleda interpone acción de tutela contra lasentencia proferida el 6 de marzo de 2008 por la Sección Segunda, subsección“A”, de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, alconsiderar que esa decisión vulneró sus derechos fundamentales al acceso acargos y funciones públicas, al debido proceso, a la defensa y a la igualdad.Señala la accionante que ingresó a la Fiscalía General de la Nación el 23 deabril de 1994. Manifiesta que mediante resolución número 0-1178 del 19 dejulio de 1999 fue nombrada en provisionalidad en el cargo de carreradenominado Fiscal Delegada ante los Jueces Penales del CircuitoEspecializados y que éste fue el último cargo que desempeñó en esa entidadhasta cuando, mediante resolución número 0-0689 del 11 de abril de 2000, fuedeclarada insubsistente, acto que fue expedido con una marcada desviación depoder y sin expresar las razones o motivaciones de la desvinculación.Indica que interpuso, a través de apoderado judicial, demanda de nulidad yrestablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de la Nación,solicitando la nulidad de la resolución número 0-0689 del 11 de abril de 2000,proferida por el Fiscal General de la Nación, demanda que correspondió enprimera instancia al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca,que por sentencia del 10 de diciembre de 2004 accedió a las pretensiones de laaccionante. Impugnada esa decisión por la parte demandada, conoció de lamisma el Consejo de Estado, el cual, en sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, del 6 de marzo de 2008,revocó el fallo proferido por el a quo y, en su lugar, dispuso negar las súplicasde la demanda, sin valorar las pruebas en su conjunto y con eldesconocimiento total del precedente constitucional sobre la motivación de losactos de desvinculación de una persona que ocupa un cargo de carrera enprovisionalidad y de la misma jurisprudencia del Consejo de Estado aplicadaen casos similares, incurriendo por tales razones en una vía de hecho pordefecto fáctico y por desconocimiento del precedente constitucional sobre laestabilidad laboral de los funcionarios que ocupan en provisionalidad cargosde carrera y la necesidad de motivar los actos de desvinculación de talesservidores públicos.
10. 3.2. Trámite procesal.Mediante auto del 8 de julio de 2008, el Consejo de Estado, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Cuarta admitió la demanda de tutela yordenó su notificación a la Corporación accionada. No se vinculó a la FiscalíaGeneral de la Nación, entidad que si bien no fue demandada puede tenerinterés en el resultado de la presente acción.3.3. Intervención de la entidad demandada.Mediante escrito del 15 de julio de 2008, el Consejo de Estado dio respuesta ala demanda de tutela, señalando que la decisión tuvo como fundamento laspruebas allegadas al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y quelas mismas no permitían desvirtuar la legalidad del acto administrativo allícuestionado. Agrega que la Sección Segunda del Consejo de Estado, ensentencia del 13 de marzo de 2003, expediente 1834-01, unificó criterio segúnel cual el “acto de retiro del empleado provisional que desempeña un cargode carrera no requiere motivación”.3.4. Pruebas.- Fotocopia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derechointerpuesta por Gloria María Arias Arboleda contra la Nación - FiscalíaGeneral de la Nación- (folios 88 al 101).- Fotocopia de la sentencia dictada el 10 de diciembre de 2004 por el TribunalAdministrativo del Valle del Cauca dentro del trámite de una acción denulidad y restablecimiento del derecho promovida por la señora Gloria MaríaArias Arboleda contra la Nación - Fiscalía General de la Nación-, en la que sedeclaró la nulidad del acto administrativo que desvinculó a la actora y ordenósu reintegro al cargo (folios 42 al 56).- Fotocopia de la sentencia proferida el 6 de marzo de 2008 por la SecciónSegunda, Subsección “A”, de la Sala Contencioso Administrativa del Consejode Estado, que revocó la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle delCauca y negó las pretensiones de la accionante (folios 57 a 109).3.5. Sentencias objeto de revisión.Primera Instancia. En sentencia del 24 de julio de 2008, la Sección Cuartadel Consejo de Estado decidió rechazar por improcedente la acción de tutelapor considerar que: (i) la acción de tutela no procede contra providenciasjudiciales, pues no es admisible que por un procedimiento sumario, como el deesta acción, se invaliden actuaciones surtidas en un proceso diseñadoprecisamente para garantizar los derechos fundamentales de las partes; (ii)aceptar que el juez de tutela pueda invalidar providencias de otros jueces en
11. Sentencia SU-917 de 2010 11asuntos cuyo conocimiento éstos tiene asignada precisa competencia, setraduce en un claro quebranto del principio de autonomía e independencia deljuzgador; (iii) la acción de tutela no procede contra providencias judiciales nicuando se argumente que la decisión judicial configura una vía de hecho, puesesas calificaciones se traducen en interpretaciones y criterios subjetivos quedependerán, en cada caso, del alcance que a bien tenga darle un juzgador a ladecisión de otro; y (iv) la procedencia de la acción de tutela respecto dedecisiones judiciales requiere de una norma o precepto constitucionalexpreso, previo y concreto, los cuales no inexisten en el ordenamiento jurídicocolombiano.Segunda instancia. La Sección Quinta de la Sala Contencioso Administrativadel Consejo de Estado, en sentencia del 4 de septiembre de 2008, confirmó ladecisión de primera instancia, bajo los mismos argumentos expuestos en elfallo impugnado.4. Expediente T-2139736.4.1. Hechos.El accionante Gregorio Oviedo Oviedo interpone acción de tutela contra laSección Segunda, Subsección “A”, de la Sala Contencioso Administrativo delConsejo de Estado, por considerar que esa entidad, al dictar la sentencia del 3de agosto de 2006, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso eigualdad.Explica el actor que fue declarado insubsistente del cargo de Fiscal Delegadoante el Tribunal del Distrito de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá,por resolución número 0-1221 del 10 de agosto de 2001, proferida por elFiscal General de la Nación sin que se manifestara por parte del nominadormotivación alguna.Indica que interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contrala resolución No. 0-1221 del 10 de agosto de 2001, y que la misma fue falladaen primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala deDescongestión, Sección Segunda, Subsección “B” el cual, en sentencia del 12de agosto de 2004 que denegó las súplicas de la demanda utilizando para elloel argumento según el cual “el servidor público que haya sido nombrado enprovisionalidad, al no pertenecer al sistema de carrera, puede serdesvinculado del servicio de manera discrecional por el nominador y, porende, la Administración al ejercer esta facultad no infringe las normas en quedebía fundarse. Así mismo, al no gozar de la estabilidad predicada de losfuncionarios de carrera, no se le aplican los procedimientos establecidospara el retiro de esta clase de funcionarios, esto es, no es necesario quemedi[e] resolución motivada”.El señor Gregorio Oviedo Oviedo presentó recurso de apelación contra la
12. sentencia de primera instancia, recurso del cual conoció la Sala de loContencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, del Consejode Estado, que en sentencia del 3 de agosto de 2006 confirmó la decisiónimpugnada con similares argumentos a los del a quo.Asevera el accionante que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca seatuvo a lo dispuesto por el Consejo de Estado en auto de obedézcase ycúmplase, notificado en el estado del 20 de abril de 2007, siendo la fecha deejecutoria del mencionado auto el 23 de los mismos mes y año, momento en elcual quedó también ejecutoriada la sentencia proferida por la SecciónSegunda, subsección “A”, del Consejo de Estado.Advierte el actor que, por razones de seguridad personal, se encuentra“exiliado fuera del país”, y que solo varios meses después vino a conocer,por personas distintas a su apoderado judicial, de las resultas del procesocontencioso que inició contra la Fiscalía General de la Nación. Agrega que,ante la imposibilidad de contactar al abogado que había contratado para lainterposición y trámite de la demanda de nulidad y restablecimiento delderecho, se vio obligado a solicitar los servicios de otro abogado para elacopio de documentos y el estudio de procedibilidad de la presente acción detutela, quien obtuvo las copias auténticas de todo el expediente, necesariaspara interponer el recurso el día 11 de marzo de 2008.Explicado el motivo de la interposición de la acción de tutela, el accionanteseñala que la decisión del Consejo de Estado controvertida por vía de tutela seerige como una vía de hecho por defecto sustantivo, pues desconoce porcompleto la posición asumida por la Corte Constitucional en relación con lanecesidad de motivar los actos de desvinculación de trabajadores nombradosen provisionalidad en un cargo de carrera.Por lo anterior, en protección de sus derechos fundamentales, el señorGregorio Oviedo Oviedo pide que se deje sin efectos la sentencia del 3 deagosto de 2006 dictada por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejode Estado, y que se le ordene a dicha Corporación que profiera una nuevadecisión, para la cual deberá tener en cuenta la doctrina constitucional sobre eltema.4.2. Trámite procesal.La demanda de tutela fue radicada en la Secretaría General del Consejo deEstado el 25 de marzo de 2008. Mediante auto del 28 de marzo del mismo añose rechazó por improcedente la tutela interpuesta. Por memorial radicado el 4de abril de 2008 se impugnó el auto de rechazo, remitiendo el expediente alConsejero que seguía en turno.En sesión del 26 de junio de 2008 la Sala modificó el criterio de rechazar inlimine las acciones de tutela contra providencias judiciales, para, en su lugar,
13. Sentencia SU-917 de 2010 13tramitarlas y resolverlas. Por auto del 17 de julio del mismo año se declaró lanulidad de todo lo actuado y se admitió la acción, ordenando notificar a laspartes y a la Fiscalía General de la Nación como tercera interesada. Noobstante, la Sección Segunda, Subsección “A”, de la Sala ContenciosoAdministrativa del Consejo de Estado guardó silencio.4.3. Intervención de la Fiscalía General de la Nación, como tercerointeresado.La Fiscalía General de la Nación dio respuesta a la acción de amparooponiéndose a su prosperidad. Manifiesta que, siguiendo los lineamientos dela Corte Constitucional, la acción de tutela en este caso es improcedente, puesno se cumple con el requisito de la inmediatez, por cuanto los hechos puestosa consideración ocurrieron en el año 2006 y hasta ahora parece darse cuenta eldemandante que supuestamente se vulneraron derechos fundamentales con talproceder.Sostiene la improcedencia general de la acción de tutela contra providenciasjudiciales, aclarando que las diferencias interpretativas del juez basadas en undeterminado criterio jurídico hacen parte de la autonomía que éste tiene y quela misma Constitución Política consagra. Adiciona que el demandantepretende imponer su criterio hermenéutico sobre los hechos comentados entutela, desconociendo la labor autorizada que sobre los mismos efectuara deforma “concienzuda y apegada al ordenamiento jurídico” el juez ordinario.Por todo lo anterior y en especial por lo resuelto por la Corte Constitucionalen sentencia T-222 de 2006, que corrobora lo afirmado sobre el principio deinmediatez, considera que hay argumentos suficientes para que la tutela encuestión sea negada.4.4. Pruebas.- Fotocopia de la resolución número 0-1221 del 10 de agosto de 2001proferida por el Fiscal General de la Nación, por la cual es declaradoinsubsistente el señor Oviedo Oviedo del cargo de Fiscal Delegado anteTribunal de Distrito de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá (folio77).- Fotocopia de la sentencia de primera instancia del 12 de agosto de 2004,proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del procesode nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Gregorio OviedoOviedo (folios 20 a 33).- Fotocopia de la sentencia de segunda instancia del 3 de agosto de 2006proferida por la Sección Segunda, subsección “A”, del Consejo de Estadodentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido porGregorio Oviedo Oviedo (folios 33 a 51).
14. -Fotocopia del edicto de fecha 7 de diciembre de 2006 del Consejo de Estado,Sección Segunda, mediante el cual se notifica al señor Gregorio OviedoOviedo y a la Fiscalía General de la Nación la sentencia de fecha 3 de agostode 2006, proferida por esa Corporación (folio 74).- Fotocopia del auto dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,Sección Segunda, Subsección “B”, mediante el cual se ordena obedecer ycumplir lo resuelto por el Consejo de Estado en providencia de fecha agosto 3de 2006 (folio 53).- Fotocopia de la declaración extrapoceso rendida por el señor Oviedo Oviedoen el Consulado General de Colombia en Québec (Canadá), el 2 de octubre de2007 (folios 97 a 99).- Fotocopia del memorial de fecha 18 de octubre de 2007, mediante el cual elapoderado judicial del señor Gregorio Oviedo Oviedo solicita al TribunalAdministrativo de Cundinamarca el desarchivo del expediente con número deradicación 2002-01201 y expedir copias auténticas de todo el plenario (folio75).-Fotocopia del registro de consulta de procesos judiciales correspondiente alproceso de nulidad interpuesto por el señor Gregorio Oviedo Oviedo contra laFiscalía General de la Nación, con el número de radicación 25000232500, enel cual consta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenóexpedir copias mediante auto de fecha 14 de febrero de 2008.4.5. Sentencias objeto de revisión.Primera Instancia. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante fallodel 14 de agosto de 2008, resolvió rechazar por improcedente la acción detutela, al considerar que ésta no procede contra providencias judiciales, puesno es admisible ni lógico que un procedimiento sumario como la acción detutela invalide las actuaciones surtidas en el proceso, que ha sido diseñadoprecisamente para garantizar los derechos constitucionales y legales de laspartes. Además añade que de aceptarse tal intromisión de la acción de tutelaen decisiones de otras jurisdicciones, ello supondría el desconocimiento de laautonomía e independencia del juzgador natural, poniendo en peligro laseguridad jurídica y desconociendo el postulado de la cosa juzgada.Señala que la acción de tutela no procede contra providencias judiciales nicuando se alega la existencia de una vía de hecho, pues “semejantescalificaciones se traducen en interpretaciones y criterios eminentementesubjetivos, que dependerán, en cada caso, del alcance que a bien tenga darleel juzgador a la decisión de otro”. Finaliza indicando que la procedencia de laacción de tutela contra decisiones judiciales requiere de la existencia de unanorma o precepto constitucional expreso y concreto, circunstancia que no seda en el ordenamiento jurídico colombiano.
15. Sentencia SU-917 de 2010 15Segunda instancia. En sentencia del 23 de octubre de 2008, la Sección Quintade la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado confirmó ladecisión de primera instancia con fundamento en las mismas consideracionesexpuestas en dicho fallo.5. Expediente T-2155221.5.1. Hechos.El señor Juan de Dios Pinto Seija interpone acción de tutela contra lasdecisiones judiciales proferidas por el Juzgado 26 Administrativo del Circuitode Bogotá y la Subsección B, Sección Segunda del Tribunal Administrativo deCundinamarca, al estimar que éstas vulneraron sus derechos fundamentales aldebido proceso, al trabajo, a la igualdad, a la vida, al acceso a la justicia y alcumplimiento de las sentencias constitucionales.Manifiesta que presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho el10 de marzo de 2004, la cual correspondió al Juzgado 26 Administrativo delCircuito de Bogotá. En ésta, atacó la resolución número 0-2270 del 4 denoviembre de 2003, proferida por el Fiscal General de la Nación mediante lacual se declaró su insubsistencia en el cargo que desempeñaba enprovisionalidad como Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito enla Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, el cual ejercía desde el 21 deabril de 1995, sin que la misma hubiera sido motivada.Narra que el juzgado denegó sus pretensiones mediante sentencia del 1° dejunio de 2007, con el argumento de que el Fiscal General de la Nación tenía lafacultad discrecional de retirar a quienes ejercían un cargo de carrera enprovisionalidad, que se presume en aras del buen servicio. Decisiónconfirmada por el juez de segunda instancia, el Tribunal accionado, el 10 deabril de 2008.Alega que estas providencias incurren en defectos sustantivos, fácticos yprocedimentales. Sustantivo, por cuanto no aplicaron numerosas sentenciasdictadas por la Corte Constitucional en relación a que la insubsistencia de losservidores nombrados en provisionalidad debe ser motivada. Fáctico, porresultar contrarias a la realidad jurídica frente a las pruebas arrimadas alproceso, al basarse en la errónea interpretación de que el cargo enprovisionalidad era similar al de libre nombramiento y remoción, y por ende elnominador tenía la facultad discrecional de retirarlo del servicio. Además,señala que pese a que los fallos indicaron que la resolución censurada no teníafines distintos a mejorar el buen servicio, ni si quiera fue consultada su hoja devida, que era obligatorio según el Decreto 2400 de 1968. Afirma que en ellano constan ni investigaciones disciplinarias, ni llamados de atención, lo cualno fue valorado por las autoridades judiciales accionadas. Agrega que con suretiro ha perdido todos los beneficios de la seguridad social, lo cual afecta
16. ostensiblemente su derecho a la vida.Por consiguiente, solicita la protección de sus derechos fundamentales, a finde que se deje sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal Administrativode Cundinamarca y se acceda a las suplicas de la demanda de nulidad yrestablecimiento del derecho.5.2. Trámite procesal.El Juzgado 26 Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección B de laSección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fueronnotificados de la acción de tutela en su contra por parte del juez de primerainstancia mediante auto del 14 de agosto de 2008, quien dispuso corrertraslado de la acción, con el objeto de que informaran sobre los hechos de laacción. No obstante, guardaron silencio.No se vinculó a la Fiscalía General de la Nación, entidad que si bien no fuedemandada puede tener interés en el resultado de la presente acción.5.3. Pruebas.- Fotocopia de resolución 0-0908 del 21 de abril de 1995 proferida por elFiscal General de la Nación, mediante la cual se nombró en provisionalidad alactor en el cargo de Fiscal Seccional de la Dirección Seccional de Fiscalías deSantafé de Bogotá, entre otros (folios 9 al 11 del cuaderno principal).- Fotocopia del escrito de contestación de la demanda que presentó el actorcontra la Fiscalía General de la Nación ante el Tribunal Administrativo deCundinamarca (folios 12 al 23 ib) y otras actuaciones procesales del mismoasunto (cuatro cuadernos anexos a la demanda de tutela).- Fotocopia de la sentencia proferida por el Juzgado 26 Administrativo deBogotá el 1° de junio de 2007 la cual denegó las súplicas de la demandadentro del trámite de una acción de nulidad y restablecimiento del derechopromovida por el señor Juan de Dios Pinto Seija contra la Fiscalía General dela Nación (folios 25 al 49 ib).- Fotocopia del fallo de la Subsección B Sección Segunda del TribunalAdministrativo de Cundinamarca del 10 de abril de 2008, mediante el cual seconfirma la decisión del Juzgado 26 Administrativo de Bogotá (folios 50 al 81ib).5.4. Sentencias objeto de revisión.Primera instancia. La Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso Administrativodel Consejo de Estado, el 3 de septiembre de 2008, rechazó por improcedenteel recurso constitucional presentado, indicando que en aras de los principios
17. Sentencia SU-917 de 2010 17de cosa juzgada y seguridad jurídica, no era posible invocarlo contrasentencias judiciales.Segunda instancia. La Sección Quinta Sala de lo Contencioso Administrativodel Consejo de Estado, mediante providencia del 30 de octubre de 2008,confirmó el fallo del a quo, con similares argumentos. Adicionalmente, indicóque estaba completamente vedado cuestionar la labor interpretativa de losjueces de conocimiento cuando sus decisiones se encontraban debidamentesustentadas.6. Expediente T-2180526.6.1. Hechos.El señor Luis María Sierra Castilla afirma que se vinculó en provisionalidad ala Fiscalía General de la Nación desde el 30 de junio de 1995 y que el últimocargo que desempeñó en esa entidad fue el de Técnico Judicial I en laDirección Seccional del C.T.I. de Cartagena. Indica que el 21 de diciembre de2001, luego de prestar sus servicios en forma ininterrumpida, medianteresolución número 0-2001 proferida por el Fiscal General de la Nación fuedeclarado insubsistente del cargo que desempeñaba, sin ningúnpronunciamiento sobre las motivaciones de esta resolución.El actor demandó la nulidad del acto de insubsistencia y su reintegro sinsolución de continuidad. Demanda que correspondió por reparto al Juzgado 9Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, el cual, mediante sentenciade marzo 27 de 2007, definió la controversia, declarando la nulidad del actode insubsistencia y ordenando el reintegro del actor sin solución decontinuidad por encontrar configurado el vicio de falta de motivación del actoadministrativo y una desviación de poder de la administración que desborda lafacultad discrecional. Dice que, impugnada esa decisión por la FiscalíaGeneral de la Nación, el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante lasentencia de fecha octubre 2 de 2008 revocó la decisión de primera instancia ydenegó las pretensiones de la demanda, por considerar que no requieremotivación el acto administrativo que declara la insubsistencia de unnombramiento en un cargo en provisionalidad. La sentencia contó con laaclaración del voto del Magistrado Javier Ortiz del Valle que sostiene que elfallo sólo puede indicar la denegatoria a lo solicitado en la demanda, por queen este caso no se dieron las circunstancias de argumentación y probatorias deotros procesos fallados por el Tribunal en los que se ha dado curso a laspretensiones de la demanda.El señor Luis María Sierra Castilla presenta acción de tutela contra el TribunalAdministrativo de Bolívar, por considerar que dicha entidad vulneró susderechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a laadministración de justicia y al trabajo, al proferir sentencia dentro del procesode nulidad y restablecimiento del derecho adelantado contra la Fiscalía
18. General de la Nación. Como consecuencia, solicita se deje sin efectos lasentencia proferida por ese Tribunal y se le dé pleno valor a la sentencia delJuzgado 9 Administrativo del Circuito de Cartagena.6.2. Trámite procesal.Mediante auto del 16 de octubre de 2008, el Consejo de Estado, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Quinta admitió la demanda de tutela yordenó su notificación a los magistrados del Tribunal Administrativo deBolívar y a la Fiscalía General de la Nación como tercero interesado en lasresultas del proceso.6.2. Intervención de la Corporación demandada.La Presidenta del Tribunal Administrativo de Bolívar señala que la acción esimprocedente porque en ningún momento se vulnera el derecho al debidoproceso del accionante, pues la decisión se ajustó a los lineamientosjurisprudenciales que sobre el tema ha sentado el Consejo de Estado comomáximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa.Expone que si bien la posición de la Corte Constitucional sobre el particulares diferente, es decir, considera que los actos de desvinculación de untrabajador nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera deben sermotivados, ello no es óbice para que el Tribunal al momento de tomar unadecisión sobre el mismo tema aplique tal criterio jurisprudencial, como quieraque su superior jerárquico, al analizar la misma situación, asume una posicióndiferente.Por último, afirma que, aunque esa corporación en los procesos donde sedemanda la insubsistencia de personas que ocupan en provisionalidad cargosde carrera ha mantenido su criterio de no declarar la nulidad de dichos actosadministrativos con fundamento en la ley y la jurisprudencia de la SecciónSegunda del Consejo de Estado, existen algunos contados casos en los cualesse declaró la nulidad de actos de insubsistencia de empleados de la Fiscalía,pero el fundamento legal fue la desviación de poder por persecución política.6.3. Intervención de la Fiscalía General de la Nación, como tercerointeresado.La Fiscalía General de la Nación manifiesta que en el presente caso el actorpretende imponer su criterio hermenéutico desconociendo la labor apegada alordenamiento jurídico efectuada por el juez ordinario, queriendo de estaforma crear una instancia judicial adicional en el trámite del procesoordinario.Agrega que con el actuar jurisdiccional no se ha vulnerado al demandanteningún derecho fundamental, pues, por el contrario, éste ha ejercitado sus
19. Sentencia SU-917 de 2010 19derechos de contradicción, defensa y el asunto ha sido conocido y resuelto porla instancia judicial competente.6.4. Pruebas.- Fotocopia de la resolución número 0-1346 de mayo 29 de 1995, por mediode la cual se nombra en provisionalidad al señor Luis María Sierra Castilla enel cargo de Técnico Judicial I de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnicode Investigación de Sincelejo (folio 48).- Fotocopia de la resolución número 0-2001 de diciembre 21 de 2001, pormedio de la cual se declara insubsistente el nombramiento del accionante(folio 45).- Fotocopia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derechopresentada por el accionante en abril 26 de 2002 (folios 25 a 44).- Fotocopia de la sentencia de fecha marzo 27 de 2007, proferida por elJuzgado 9 Administrativo de Cartagena (folios 56 a 76).- Fotocopia de la sentencia de fecha octubre 2 de 2008, dictada por el TribunalAdministrativo de Bolívar (folios 77 a 94).6.5. Sentencia objeto de revisión.Fallo de única instancia. En sentencia del 13 de noviembre de 2008, laSección Quinta de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estadorechazó la tutela presentada por el señor Luís María Sierra Castilla, alconsiderar que el ejercicio de la acción de tutela no es procedente paraimpugnar providencias judiciales cuando éstas se encuentran debidamentesustentadas, bien sean de trámite o de fondo, porque no está dentro de lasatribuciones del juez de tutela la de inmiscuirse en un proceso judicial,adoptando decisiones paralelas a las que cumple quien lo conduce, nimodificar las sentencias por él dictadas. Además, porque se quebrantaría elprincipio de la cosa juzgada y la desconcentración que caracteriza laadministración de justicia.Mediante memorial suscrito por la apoderada judicial del accionante, seexpresó claramente que no harían uso del derecho a impugnar enconsideración a la postura asumida por el Consejo de Estado según la cual laacción de tutela no procede contra providencias judiciales contrariando la tesisde la Corte Constitucional.7. Expediente T-2180541.7.1. Hechos.
20. El señor Jorge Cañedo de la Hoz inició el trámite de la presente acción detutela contra la Fiscalía General de la Nación, al considerar vulnerados susderechos fundamentales a la vida, a la dignidad, al buen nombre, a la familia,al derecho de los niños, al trabajo, a la estabilidad laboral, al debido proceso yal mínimo vital.Afirma que fue nombrado en provisionalidad como Fiscal Delegado ante elTribunal de Distrito en la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín el 18de junio de 2004 mediante resolución número 0-2673. El 2 de mayo de 2008fue trasladado en el mismo cargo a la Unidad Nacional de Justicia y Paz enMedellín. No obstante, el 8 de septiembre de 2008, mediante resoluciónnúmero 0-5437 proferida por el Fiscal General de la Nación, se le declaró suinsubsistencia. A su juicio, este acto es impreciso y carente defundamentación; por ende, violatorio del debido proceso.De igual manera, advierte que tiene más de sesenta años de edad y se hadesempeñado durante más de 20 años como servidor público; porconsiguiente, se encuentra cobijado bajo la protección de la ley 790 de 2002 afavor de las personas que se encuentren próximas a cumplir los requisitosexigidos en la ley para acceder a una pensión de jubilación. Asevera que laactuación de la Fiscalía le arrebata la posibilidad de que le sea reconocida lapensión de vejez. Además, pone de presente que padece hipertensión arterialcrónica, presbicia y otras enfermedades propias de la edad y del trabajodesempeñado. Afecciones que le obstaculizan conseguir otra opción laboralque le permita tener ingresos para cubrir los gastos propios de vivienda,alimentación, salud y manutención a los miembros de su grupo familiar,especialmente los de su hijo de 13 años. De igual manera, alega que al notener trabajo, no puede continuar cancelando las obligaciones civiles quemantiene con el banco Davivienda, por concepto de un crédito de vivienda.Por consiguiente, solicita que (i) se deje sin efectos la resolución 0-5437 del 5de septiembre de 2008, en la que el Fiscal General de la Nación declaró suinsubsistencia en el cargo que desempeñaba; (ii) el reintegro al cargo queejercía con las mismas condiciones laborales; (ii) que se dé aplicación alartículo 18 del Decreto 2591 de 1991.7.2. Intervención de la entidad demandada.El Jefe de la Oficina Jurídica de la Fiscalía General de la Nación dio respuestaal requerimiento del juez de primera instancia, de la siguiente manera:En primer lugar, explica que el recurso de amparo tiene un caráctersubsidiario, por ende la acción interpuesta resulta improcedente por laexistencia de otros mecanismos de defensa judicial, esto es, la acción denulidad y restablecimiento del derecho, idónea para resolver de fondo lacontroversia.
21. Sentencia SU-917 de 2010 21En segundo lugar, alega que no se configura un perjuicio irremediable, dadoque el actor ha percibido las prestaciones sociales consagradas en la ley, talcomo las cesantías, cuya finalidad es garantizar a las personas que seencuentran sin trabajo que tengan los recursos para subsistir mientrasencuentran otra opción laboral. Además, que el accionante, con su experiencialaboral y sus capacidades físicas e intelectuales, puede acudir a actividadesindependientes o subordinadas con las cuales podría satisfacer sus necesidadesbásicas y las de su familia.En tercer lugar, indica que según los artículos 251 de la Constitución, 11 de laley 938 de 2004 y el 163 de la Resolución 0-1501 de 19 de abril de 2005, elFiscal General de la Nación, puede remover del servicio a quienes seencuentren bajo su dependencia; por ende, tenía la facultad discrecional dedeclarar insubsistente al demandante en el cargo que desempeñaba, dado quesu vinculación fue en provisionalidad.En cuarto lugar, manifiesta que el acto atacado llevaba implícitos los motivosque lo sustentan, tales como: el interés general y el mejoramiento de laadministración de justicia; cuya presunción debe ser desvirtuada ante lajurisdicción contenciosa administrativa.Finalmente, indica que los funcionarios que se desempeñan en la Fiscalía, queforma parte de la rama judicial, no les es aplicable la ley 790 de 2002, cuyosdestinatarios son los servidores públicos de la rama ejecutiva que seencuentren en particulares condiciones.7.3. Pruebas.- Fotocopia de la Resolución 0-5437 del 05 de septiembre de 2008, dictada porel Fiscal General de la Nación, mediante la cual se declaró la insubsistencia alactor del cargo de Fiscal ante Tribunal de Distrito de la Unidad Nacional deFiscalías para la Justicia y la Paz de Medellín. (Folio 8 del cuadernoprincipal).- Fotocopia de la Resolución 0-2673 del 18 junio de 2004, proferida por elFiscal General de la Nación, mediante la cual se nombró en provisionalidad alaccionante en el cargo de Fiscal ante Tribunal de Distrito de la DirecciónSeccional de Fiscalías de Medellín (folio 10 ib).- Fotocopia de acta mediante la cual se toma la posesión en provisionalidad alseñor Jorge Cañedo de la Hoz en el cargo de Fiscal Delegado ante el Tribunaldel Distrito en la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín (folio 11 ib).-Fotocopia de la resolución número 2-1060 del 2 de mayo de 2008, realizadapor la Secretaria General de la Fiscalía General de la Nación, mediante la cualse traslada al demandante a la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y laPaz con sede en Medellín (folios 13 y 14 ib).
22. - Fotocopia de certificación de la Notaría Doce del Círculo de Medellín dondecertifica que el actor es padre de Antonio Miguel Cañedo Martínez (folio 15ib).-Fotocopia de la tarjeta de identidad del menor Antonio Miguel CañedoMartínez (folio 16 ib).- Fotocopia de certificación de la Coordinadora de Registro Universitario de laUniversidad Pontificia Bolivariana, del 12 de septiembre de 2008 (folio 18 ib).- Fotocopia de certificación del galeno Fernando Londoño Martínez el día 12de septiembre de 2008 (folio 19 ib).- Fotocopia certificación de la coordinadora de cartera del banco Davivienda,del 11 de septiembre de 2008, en la cual se señala que el demandante tiene uncrédito de leasing habitacional con un saldo de $58.421.350.08 (folio 20 ib).- Fotocopia de certificación del Coordinador del Área de Recursos Humanosde la Alcaldía Municipal de Ciénaga, del 12 de julio de 2006, donde se indicaque el actor laboró en dicha entidad del 1° de enero de 1980 al 8 deseptiembre de 1980 en diferentes cargos (folio 22 ib).- Fotocopia de certificación de la Coordinadora de la AdministraciónDocumental y de la Jefe de Unidad de Recursos Humanos de la DirecciónSeccional de Administración Judicial de Antioquia y Chocó del 6 de junio de2006, en la cual se señala que el demandante laboró como Juez CivilMunicipal de Segovia del 6 de octubre al 31 de diciembre de 1981 (folios 23 y24 ib).- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del demandante (folio 28 ib).- Fotocopia de constancia de la Secretaria General de Organismo de Controlde la Contraloría de Antioquia, que indica que el actor laboró en dicha entidaddesde el 18 de agosto de 1993 hasta el 10 de enero de 1994 (folio 25 ib).- Fotocopia de las resoluciones 0-1349 y 0-0470 del 7 de diciembre de 1993proferida por la Fiscalía General de la Nación, mediante las cuales se nombraen provisionalidad al actor en el cargo de Fiscal Seccional de Medellín (folio34 y 36).- Fotocopia del acta número 022, mediante la cual el actor se posesionó enprovisionalidad en el cargo de Fiscal Seccional de la Dirección Seccional deFiscalías de Medellín el 17 de enero de 1994 (folio 35 ib).- Fotocopia del acta número 000056 del 15 de octubre de 2002, mediante lacual el accionante se posesionó en el cargo de Fiscal Delegado ante Tribunal
23. Sentencia SU-917 de 2010 23de Distrito de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cúcuta (folio 38 ib).- Fotocopia de certificación realizada por la Oficina de Personal de laDirección Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación el13 de marzo de 2008, donde se indica que el demandante se desempeñó comoFiscal Delegado ante Tribunal de Distrito en la Dirección Seccional deFiscalías de Montería desde el 1° de junio de 2003 hasta el 19 de mayo de2004 (folio 39 ib).7.4. Sentencias objeto de revisión.Primera instancia. La Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativode Antioquia, en sentencia del 26 de septiembre de 2008, negó la procedenciade la acción de tutela, indicando que el actor contaba con otros mecanismos dedefensa judicial y no se vislumbraba la ocurrencia de un perjuicioirremediable que hiciera improrrogable el amparo. Sobre este último aspecto,adujo que el actor se había limitado a enunciar unos hechos y la valoración delos mismos no permitía observar un daño inminente.Segunda instancia. La Sección Quinta del Consejo de Estado, el 11 dediciembre de 2008, modificó la sentencia del a quo, puesto que rechazó porimprocedente la acción de tutela, aduciendo similares argumentos del juez deprimera instancia. Adicionalmente, señaló que el retén social sólo se aplicapara la renovación y modernización de la estructura de la rama ejecutiva delorden nacional y la Fiscalía General de la Nación hace parte de la ramajudicial.8. Expediente T-2180822.8.1. Hechos.La señora Isabel Linero Gómez, mediante apoderado judicial, interponeacción de tutela contra la Contraloría Distrital de Santa Marta, al estimarlesionados sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, al debidoproceso, a la protección a la madre cabeza de familia, al mínimo vital enconexidad con la seguridad social y a los derechos de los niños.Afirma que se vinculó en la entidad demandada a partir del 15 de marzo de2001 hasta el 31 de marzo de 2008 como Jefe de la Oficina Administrativa yFinanciera, cuyo cargo es de carrera administrativa según el acuerdo distritalnúmero 001 de 2006 y las resoluciones número 072, 073, 074 y 082 de 2006.Precisa que fue nombrada en el mismo en provisionalidad el 11 de septiembrede 2006. Considera que el acto que declaró su insubsistencia fue dictado sinninguna motivación, pues se le dio el tratamiento de empleada pública de librenombramiento y remoción; por tanto, al no indicársele las razones legales yconcretas para el retiro se transgredió su derecho fundamental al debidoproceso en la medida en que se denegó su derecho a la defensa. Igualmente,
24. aduce que se desconoció su condición de madre cabeza de familia, dado quees la única responsable de la manutención de sus dos hijas de cuatro y un añode edad. Circunstancia que era conocida por la entidad demandada.Advierte que durante el tiempo en el que desempeñó el cargo, jamás le fueadelantado algún proceso disciplinario. Estima que inverosímilmente senombró en provisionalidad en el mismo cargo a otra persona, con lo que sevulneró su derecho a la estabilidad laboral pro témpore, aunado a que no seconvocó al respectivo concurso para cubrir este empleo público.Asevera que carece de la capacidad para cancelar las cotizaciones al sistemade salud, razón por la cual la EPS Saludcoop, a la que se encontraba afiliada,procedió a retirarla y con ello se suspendió el tratamiento médico que veníarecibiendo su hija menor, que padece de hipertrofia de adenoides y teníaprogramada una cirugía denominada adenoidectomía y tubinoplastia bilateral.Indica que al encontrarse desempleada, le es imposible responder por lasubsistencia de su núcleo familiar y los servicios médicos que requiere su hija,los cuales son de elevado costo. Precisa que convive con su esposo y su hijaen un humilde inmueble de estrato 2.Por tanto, presenta la acción de tutela como mecanismo transitorio con el finde que se restablezcan sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, aldebido proceso, a la protección a la madre cabeza de familia, al mínimo vitalen conexidad con la salud, y a los derechos de los niños, ordenándose sureintegro en el cargo que desempeñaba como Jefe de la OficinaAdministrativa y Financiera sin solución de continuidad, el pago de lossalarios, prestaciones sociales y de los aportes en salud y pensiones dejados derealizar desde el momento en que fue retirada irregularmente.8.2. Intervención de la entidad demandada.La Contraloría Distrital de Santa Marta, mediante apoderado judicial, solicitadenegar la acción de tutela presentada en su contra.Trae a colación el artículo 107 del Decreto 1950 de 1973, para indicar que elgobierno tiene la facultad discrecional de declarar la insubsistencia de losnombramientos provisionales sin motivar la respectiva providencia. Aduceque la actora no gozaba del derecho a la estabilidad laboral, por cuanto si bienel cargo que desempeñaba era de carrera, ella no fue seleccionada por unconcurso de méritos y fue nombrada en provisionalidad.Por otra parte, esboza que un funcionario puede ser libremente retirado,aunque él no tenga alguna sanción disciplinaria, teniendo en cuenta que lasnecesidades del servicio pueden tener diferentes causas.Finalmente, agrega que no se encontraban acreditados los elementos para laprocedencia de la tutela como mecanismo transitorio. Por ejemplo, no se
25. Sentencia SU-917 de 2010 25aportó prueba que demostrara la calidad de la actora de madre cabeza defamilia, puesto que no era claro que su esposo se encontrare incapacitadofísica, mental o moralmente.8.3. Pruebas.- Fotocopia de la resolución 079 realizada por el Contralor Distrital de SantaMarta el 11 de septiembre de 2006, mediante la cual se nombró enprovisionalidad a la señora Isabel Linero Gómez en el cargo de Jefe de laOficina Administrativa y Financiera de la Contraloría Distrital de Santa Marta(folio 22 del cuaderno principal).- Fotocopia de la Resolución número 058 proferida por la Contralora Distritalde Santa Marta del 22 de abril de 2008, mediante la cual se nombra enprovisionalidad a la señora Rosmery Herrera Mesa en el cargo de Jefe de laOficina Administrativa y Financiera de la Contraloría Distrital de Santa Marta(folios 26 y 27 ib).Fotocopia de la resolución 033 proferida el 31 de marzo de 2008 por laContralora Distrital de Santa Marta, mediante la cual se declaró lainsubsistencia del cargo de Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera enla Contraloría de Santa Marta que desempeñaba la actora (folio 21 ib).- Fotocopia de certificación de la Jefe de la Oficina Administrativa yFinanciera de la Contraloría Distrital de Santa Marta del 9 de mayo de 2008,acerca de los diferentes cargos que ocupó la actora en la Contraloría Distritalde Santa Marta (folios 23 y 24 ib).- Fotocopia de dos registros civiles de nacimiento de dos hijas menores de laaccionante (folios 28 y 29 ib).- Fotocopia de carnés de afiliación a Saludcoop EPS de la demandante y sunúcleo familiar (folio 30 ib).- Fotocopia de la historia clínica de una hija de la actora (folios 31 al 56 ib).- Fotocopias de facturas de servicios públicos domiciliarios (folios 63 al 67ib).- Fotocopia del acuerdo 001 del 12 de mayo de 2006 proferido por el ConcejoDistrital de Santa Marta (folios 69 al 75 ib).- Fotocopias de las resoluciones 074 del 1 de septiembre de 2006 y 082 del 11septiembre de 2008) dictadas por la Contraloría Distrital de Santa Marta, enlas cuales se adoptó una nueva planta de personal y se dictan normas delrégimen especial de la carrera administrativa de la Contraloría Distrital deSanta Marta (folios 76 al 96 ib).
26. - Certificación de la Juez Séptima Administrativa de Santa Marta del 15 deagosto de 2008, donde se indica que la actora presentó el 29 de julio de 2008acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la ContraloríaDistrital de Santa Marta (folio 184 ib).8.4. Sentencias objeto de revisión.Primera instancia. El Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones deControl de Garantías de la ciudad de Santa Marta, el 31 de julio de 2008,decidió negar el recurso constitucional, al indicar que no se evidenciaba lavulneración al mínimo vital de la actora con ocasión de la desvinculación de laentidad accionada. Adicionalmente, adujo que no había lugar a realizar algunamotivación para el retiro del cargo que desempeñaba en provisionalidad.Agregó que la solicitud de reintegro no era procedente llevarlo a cabo por víade tutela, de tal forma que quedaba a juicio de la demandante iniciar otrosmecanismos judiciales para su reclamación.Segunda instancia. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta,confirmó el fallo del a quo el 24 de octubre de 2008. Puso de presente que laaccionante había iniciado acción de nulidad y restablecimiento del derecho;por tanto, la acción de tutela, al ser residual, perdía su eficacia.9. Expediente T-2188198.9.1. Hechos.La señora Myriam Lizarazo Vargas interpone acción de tutela contra lassentencias proferidas el 26 de abril de 2002 y 2 de octubre de 2003 por laSección Segunda, subsección “C”, del Tribunal Administrativo deCundinamarca y por la Sección Segunda, subsección “A”, de la SalaContencioso Administrativa del Consejo de Estado, al considerar que talesdecisiones violaron sus derechos fundamentales al debido proceso, a aldefensa, al trabajo, al mínimo vital, a la vida digna, a la honra y a la dignidad.Advierte la accionante que laboró como empleada del DepartamentoAdministrativo de Seguridad DAS durante 11 años, 7 meses y 5 días, desde el29 de abril de 1988 hasta el 1 de diciembre de 1991, fecha esta última en quefue declarada insubsistente mediante resolución no motivada número 1804proferida por el Director del Departamento Administrativo de Seguridad, apesar de que había sido inscrita en el régimen especial de carrera de esaentidad mediante resolución número 2134 del 5 de julio de 1990.En término legal y mediante apoderado judicial promovió acción de nulidadcontra la citada resolución número 1804 del 1 de diciembre de 1999 y derestablecimiento del derecho. Por decisión del 26 de abril de 2002 el TribunalAdministrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda,
27. Sentencia SU-917 de 2010 27considerando que el acto administrativo cuestionado no requería demotivación y que no se había desvirtuado la presunción de legalidad que loampara. Impugnada tal decisión, conoció en segunda instancia la SecciónSegunda, subsección “A”, de la Sala Contencioso Administrativo del Consejode Estado, que en sentencia del 2 de octubre de 2003 confirmó la sentenciaapelada.Frente a las anteriores circunstancias, la señora Myriam Lizarazo Vargas,considera que luego de haberse proferido las anteriores decisiones judiciales,la jurisprudencia constitucional ha variado de manera sustancial su posturasobre la potestad discrecional, no sólo del Director del DAS sino de otrasentidades estatales, por lo que las sentencias de primera y segunda instanciaconstituyen vías de hecho por desconocer el precedente judicial. Ante talsituación solicita la nulidad de todo lo actuado por el Tribunal Administrativode Cundinamarca y por el Consejo de Estado, y en su lugar pide que la SalaPlena del Consejo de Estado o en su defecto otro consejero de la SecciónSegunda, subsección “A”, de esa misma Corporación, resuelva su caso.9.2. Trámite procesal.El 9 de junio de 2008, la accionante interpuso la presente acción de tuteladirectamente ante la Corte Constitucional, razón por la cual mediante auto deSala Plena fue remitida por competencia al Consejo de Estado. Mediante autodel 14 de agosto de 2008, el Consejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Cuarta admitió la demanda de tutela y ordenó sunotificación a las corporaciones judiciales accionadas y al DepartamentoAdministrativo de Seguridad DAS como tercero interesado.9.3. Intervención de las entidades demandadas.Consejo de Estado. Notificado el Consejo de Estado, Sección Segunda,Subsección “A”, solicita que la acción sea rechazada por improcedente, envirtud de que no concurre el presupuesto de la inmediatez y tampoco sevulneró el derecho a la igualdad, ni los demás que se alegan.Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por su parte, el TribunalAdministrativo de Cundinamarca pide también que la acción se declareimprocedente, porque las providencias judiciales cuestionadas estánmotivadas suficientemente, precisando la causal de retiro consagrada en elartículo 66, literal b) del Decreto 2147 de 1989.9.4. Intervención del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-,como tercero interesado.El Jefe de la Oficina Jurídica del DAS considera que la acción de tutela deberechazarse por improcedente en este caso, por las siguientes razones: (i) laaccionante ya ejerció la vía judicial ordinaria, (ii) se trata de una asunto de
28. naturaleza laboral, (iii) no concurre el prepuesto de la inmediatez, (iv) el actoadministrativo que declaró la insubsistencia fue proferido de cuerdo con elartículo 6 de la Constitución y los Decretos 214 y 2147 de 1989, y (v) lassentencias cuestionadas no vulneran ninguno de los decretos alegados por laaccionante.9.5. Pruebas.- Fotocopia del extracto de la hoja de vida de la señora Myriam LizarazoVargas (folios 39 a 41).- Fotocopia de la resolución número 2134 de julio 5 de 1990, por la cual seinscribe a la señora Lizarazo Vargas al régimen especial de carrera delDepartamento Administrativo de Seguridad DAS (folio 49).- Fotocopia de la decisión proferida en segunda instancia por la SecciónSegunda, subsección “A”, del Consejote Estado, de fecha 2 de octubre de2003, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovidapor la señora Myriam Lizarazo Vargas contra el DAS (folios 50 a 55).9.6. Sentencias objeto de revisión.Primera Instancia. La Sección Cuarta de la Sala Contencioso Administrativadel Consejo de Estado, en sentencia del 18 de septiembre de 2008, resolviórechazar por improcedente la acción de tutela, considerando que no existeninguna disposición constitucional, ni legal, que autorice la acción de tutelacontra providencias judiciales, puesto que los artículos 11, 12 y 40 delDecreto 2591 de 1991 fueron declarados inexequibles por la sentencia C-543de 1992; y que no es admisible, ni lógica ni jurídicamente, la tesis de algunaparte de la jurisprudencia que admite la posibilidad de que la acción de tutelaproceda contra providencias judiciales, porque desconoce los postulados de lacosa juzgada, de la seguridad jurídica y de la desconcentración de laadministración de justicia, consagrados en el artículo 228 de la ConstituciónPolítica, rompiendo de esa manera la estructura del Estado.Segunda instancia. La Sección Quinta de la Sala Contencioso Administrativadel Consejo de Estado, en providencia del 27 de noviembre de 2008, resolvióel recurso de apelación, confirmando integralmente la de primera instancia,aclarando que esa posición jurídica obedece también al mandato del artículo230 de la Constitución, según el cual los jueces en sus providencias solo estánsujetos al imperio de la ley y en este caso ninguna norma constitucional, nilegal, ordena que la acción de tutela procede contra providencias judiciales.10. Expediente T-2188408.10.1. Hechos.
29. Sentencia SU-917 de 2010 29El señor Abel Antonio Piñeres Mejía interpone acción de tutela contra elTribunal Administrativo de Bolívar por considerar vulnerados sus derechosfundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administraciónde justicia y al trabajo.Sostiene el accionante que la Fiscalía General de la Nación, medianteresolución número 006 del 10 de septiembre de 1992, lo nombró enprovisionalidad en el cargo de carrera de Técnico Administrativo Grado IV,del cual tomó posesión el 5 de octubre siguiente. Afirma que la mismaFiscalía, por resolución número 0-2465 del 26 de diciembre de 1997, lonombró en provisionalidad en el cargo de carrera de Asistente Judicial I de laDirección Seccional de Fiscalías de Cartagena, del cual tomó posesión el 7 deenero de 1998 y desempeñó en forma ininterrumpida hasta el 3 de diciembrede 2002, por haber sido declarado insubsistente mediante resolución número0-2002 del 28 de noviembre del mismo año proferida por el Fiscal General dela Nación, la cual no fue motivada y sin que la Fiscalía hubiese convocado aconcurso de méritos para proveer ese cargo.Por tal motivo, el actor ejerció contra la entidad la acción de nulidad yrestablecimiento del derecho, alegando falta de motivación, según lajurisprudencia consignada en la sentencia SU-250 de 1998.Iniciada la actuación contencioso administrativa, correspondió suconocimiento al Juzgado 5 Administrativo del Circuito de Cartagena, el cual,el 14 de noviembre de 2007, declaró la nulidad del acto administrativo quedesvinculó al señor Abel Antonio Piñeres Mejía y ordenó su reintegro alcargo; pero apelada ésta decisión por la Fiscalía General de la Nación, elTribunal Administrativo de Bolívar la revocó íntegramente en sentencia del 23de octubre de 2008, por considerar que no requiere motivación el actoadministrativo que declara la insubsistencia de un nombramiento en un cargoen provisionalidad. La sentencia contó con la aclaración del voto delMagistrado Javier Ortiz del Valle por considerar que el fallo sólo puedeindicar la denegatoria a lo solicitado en la demanda por que en este caso no sedieron las circunstancias de argumentación y probatorias de otros procesosfallados por el Tribunal en los que se ha dado curso a las pretensiones de lademanda.10.2. Trámite procesal.Mediante auto del 11 de noviembre de 2008, el Consejo de Estado, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A admitió lademanda de tutela y ordenó su notificación a los magistrados del TribunalAdministrativo de Bolívar.No se vinculó a la Fiscalía General de la Nación, entidad que si bien no fuedemandada puede tener interés en el resultado de la presente acción.
30. 10.3. Intervención del Tribunal demandado.Los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Bolívar quesuscribieron la sentencia del 23 de octubre de 2008 se abstuvieron decontestar la acción de tutela, pero su presidenta rindió un informe en el cualsostiene que dicha acción es improcedente en contra de la referida sentencia,porque ésta no constituye una vía de hecho, en razón de que no vulneró eldebido proceso, y, por el contrario, se basa en la ley aplicable al caso que noconsagra estabilidad para el personal sin escalafón que desempeña enprovisionalidad cargos de carrera, por no haber ingresado al servicio medianteconcurso de méritos, por lo cual no puede someterse su remoción a lascausales establecidas para la remoción de empleados de carrera, sino que seasimilan a los de libre nombramiento y remoción. Agrega que en el mismosentido es la jurisprudencia del Consejo de Estado.10.4. Pruebas.- Fotocopia del acta de posesión número 010 del 7 de enero de 1998, expedidapor el Director Seccional Administrativo y Financiero de la DirecciónSeccional de Fiscalías de Cartagena, en la cual consta la toma de posesión elseñor Abel Antonio Piñeres Mejía en el cargo de Asistente Judicial I de dichaentidad (folio 28).- Fotocopia de la Resolución No. 0-2002 de noviembre 28 de 2002, por la cualel Fiscal General de la Nación declaró insubsistente al señor Abel AntonioPiñeres Mejía en el cargo de Asistente Judicial I de la Dirección Seccional deFiscalía de Cartagena (folio 29).- Fotocopia de la sentencia dictada el 14 de noviembre de 2007 por el Juzgado5 Administrativo del Circuito de Cartagena dentro del trámite de una acciónde nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señor AbelAntonio Piñeres Mejía contra la Fiscalía General de la Nación, en la que sedeclaró la nulidad del acto administrativo que desvinculó al actor y ordenó sureintegro al cargo (folios 32 a 65).- Fotocopia de la sentencia proferida el 23 de octubre de 2008 por el TribunalAdministrativo de Bolívar, que revocó la sentencia del Juzgado 5Administrativo del Circuito de Cartagena y negó las súplicas del señor PiñeresMejía propuestas en acción de nulidad y restablecimiento del derecho (folios66 a 109).10.5. Sentencia objeto de revisión.Fallo de única instancia. En sentencia del 26 de noviembre de 2008, SecciónSegunda, Subsección “A”, de la Sala Contencioso Administrativa del Consejode Estado, rechazó por improcedente la acción de tutela, por considerar esaSala, acogiendo el criterio de la Sala Plena, que la acción de tutela tiene un
31. Sentencia SU-917 de 2010 31carácter excepcionalísimo como mecanismo para infirmar una providenciajudicial y que por eso resulta procedente sólo si los alegatos de la demanda seencuentran sustentados en la violación de derechos fundamentalesconstitucionales relacionados con el debido proceso y el derecho de defensa ocon el acceso a la administración de justicia, de los cuales ninguno tiene lugaren este caso.11. Expediente T-2188413.11.1. Hechos.La Fiscalía General de la Nación, mediante resolución número 0-2354 del 26de octubre de 1994, nombró en provisionalidad al señor José GregorioGutiérrez Alvarado en el cargo de carrera de Técnico Judicial I del C.T.I. deCartagena , habiendo tomado posesión el 22 de noviembre del mismo año.El Fiscal General de la Nación declaró insubsistente el nombramientomencionado mediante resolución número 0-2002 del 21 de diciembre de 2001,a partir del día 27 de ese mes, luego de que el actor había prestado susservicios de manera ininterrumpida, sin haber motivado la resolución que lodeclaró insubsistente.El señor Gutiérrez Alvarado, mediante apoderado judicial, demandó la nulidadde la resolución número 0-2002 del 21 de diciembre de 2001 y el reintegro alcargo sin solución de continuidad.El Juzgado 9 Administrativo del Circuito de Cartagena, en sentencia del 27 demarzo de 2007, declaró la nulidad de la resolución número 0-2002 del 21 dediciembre de 2001 y ordenó el reintegro del accionante al cargo que tenía.Impugnada la anterior decisión por la Fiscalía General de la Nación, conocióen segunda instancia el Tribunal Administrativo de Bolívar que en sentenciadel 2 de octubre de 2008, revocó la de primera instancia y denegó laspretensiones de la demanda, desconociendo el precedente jurisprudencial de laCorte Constitucional en relación con la necesidad de motivar el actoadministrativo que declara la insubsistencia de un nombramiento en un cargoen provisionalidad. La sentencia contó con la aclaración del voto delMagistrado Javier Ortiz del Valle por considerar que el fallo sólo puedeindicar la denegatoria a lo solicitado en la demanda por que en este caso no sedieron las circunstancias de argumentación y probatorias de otros procesosfallados por el Tribunal en los que se ha dado curso a las pretensiones de lademanda.Ante tal suceso, el accionante interpone acción de tutela con las pretensionesde que se amparen sus derechos constitucionales fundamentales al debidoproceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al trabajo,que considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Bolívar, y que,como consecuencia, se deje sin efectos la sentencia proferida por ese Tribunal
32. el 2 de octubre de 2008 y se le dé pleno valor a la sentencia del Juzgado 9Administrativo del Circuito de Cartagena, de fecha 27 de marzo de 2007.11.2. Trámite procesal.El trámite de la acción correspondió a Sección Primera de la Sala ContenciosoAdministrativa del Consejo de Estado, que en auto del 21 de octubre de 2008la admitió y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo deBolívar y a la Fiscalía General de la Nación para que se pronunciaran sobre lamisma.11.3. Intervención de la entidad demandada.El Tribunal Administrativo de Bolívar no contestó la acción interpuesta, perosu presidenta rindió un informe y en él expone que la sentencia cuestionada noconstituye vía de hecho, ni vulnera los derechos fundamentales delaccionante, porque se fundamenta en la ley aplicable al caso y en lajurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual el acto administrativo quedeclara insubsistente un nombramiento en provisionalidad en un cargo decarrera no requiere motivación. Manifiesta que, si bien la posición de la CorteConstitucional es que los actos de desvinculación de un trabajador nombradoen provisionalidad en un cargo de carrera deben ser motivados, ello no esóbice para que el Tribunal decida de acuerdo al criterio trazado por susuperior jerárquico al analizar situaciones análogas.Indica que el Consejo de Estado, en sentencia del 2 de noviembre de 2004,señaló que la vía de hecho no puede hacerse consistir en discrepanciasinterpretativas, ni en juicios de legalidad o de inconstitucionalidad, pues seríadesnaturalizar el concepto de vía de hecho y crear una instancia o un recursomás. Agrega que ese Tribunal en otros casos ha declarado la nulidad de esaclase de actos administrativos cuando en ellos se ha demostrado desviación depoder de la administración pública debido a persecución política.11.4. Intervención de la Fiscalía General de la Nación, como tercerointeresado.La Jefe de la Oficina Jurídica de la Fiscalía General de la Nación pide que sedeclare improcedente la acción de tutela, porque la sentencia del TribunalAdministrativo de Bolívar se ajusta a la ley y a la jurisprudencia del Consejode Estado, según la cual el acto administrativo que declara insubsistente unnombramiento en provisionalidad en un cargo de carrera no requieremotivación, pues el empleado nombrado en provisionalidad con base enfacultades discrecionales no tiene ninguna estabilidad laboral, como sí la tieneel empleado nombrado en carrera mediante concurso de méritos. Porconsiguiente, también puede ser desvinculado discrecionalmente y sinninguna motivación.
33. Sentencia SU-917 de 2010 33Indica que las “discrepancias razonables de interpretación de las normasjurídicas” han sido descartadas por la Corte Constitucional como constitutivasde vías de hecho (Sentencia T-085 de 2001). Por lo tanto, lo pretendido por elactor con la acción de tutela es crear una instancia judicial adicional en eltrámite del proceso ordinario, con el fin de imponer su interpretación de loshechos. Por ello, considera que la conducta del actor desconoce losargumentos jurídicos que en su momento expusiera el Tribunal Administrativode Bolívar en su fallo, afectando la autonomía de que gozan los jueces paraactuar, más aún cuando en el presente caso el juez obró de conformidad con elprocedimiento legal, del cual el mismo actor pudo participar y ejercer endebida forma su derecho de contradicción y defensa.11.5. Pruebas.- Fotocopia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derechopresentada el 26 de abril de 2002 por el accionante (folios 25 a 45).- Fotocopia de la resolución número 0-2354 de octubre 26 de 1994, mediantela cual se nombra en provisionalidad al señor José Gregorio GutiérrezAlvarado en el cargo de Técnico Judicial I del C.T.I. de Cartagena (folio 46).- Fotocopia de la resolución número 0-2002 de diciembre 21 de 2001, por lacual se declara insubsistente el nombramiento del señor Gutiérrez Alvarado(folio 48).- Fotocopia de la sentencia de primera instancia del 27 de marzo de 2007proferida por el Juzgado 9 Administrativo del Circuito de Cartagena, dentrodel proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señorJosé Gregorio Gutiérrez Alvarado (folios 60 a 80).- Fotocopia de la sentencia de segunda instancia del 2 de octubre de 2008proferida por Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del proceso denulidad y restablecimiento del derecho promovido por el accionante (folios 81a 100).11.6. Sentencia objeto de revisión.Fallo de única instancia. La Sección Primera de la Sala ContenciosoAdministrativa del Consejo de Estado, en sentencia del 26 de noviembre de2008, denegó la tutela reclamada por considerar que no existe vulneración delos derechos fundamentales invocados. Para llegar a esa conclusión tuvo encuenta que la Corte Constitucional, en sentencia C-543 del 1 de octubre de1992, declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991,que regulaban la acción de tutela contra providencias judiciales, aclarando quedicha acción no procede contra ninguna providencia judicial, con la únicasalvedad de que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicioirremediable causado por actuaciones judiciales distintas de las providencias;
34. y que de ningún modo es admisible que el juez que resuelve la tutela extiendasu poder de decisión hasta el extremo de resolver la cuestión litigiosa que sedebate en un proceso, posibilidad esa que está excluida de los conceptos deautonomía e independencia funcionales.Agrega que el Consejo de Estado ha reiterado que la acción de tutela esimprocedente contra providencias judiciales, salvo que se haya lesionado elderecho a acceder a la administración de justicia, lo que no sucede en estecaso, porque el accionante intervino en todas las etapas del procesoadministrativo, solicitando pruebas, formulando peticiones y alegando deconclusión.12. Expediente T-2188416.12.1. Hechos.Mediante escrito del 21 de julio de 2008, el señor Octavio Mantilla Sáenz, porintermedio de abogado, interpuso acción de tutela contra el TribunalAdministrativo del Atlántico, al considerar vulnerados sus derechosfundamentales a la vida, igualdad, salud, petición, trabajo y debido proceso.Relata que ingresó a laborar en la Fiscalía General de la Nación en laseccional de Barranquilla, el 30 de octubre de 1992, en el cargo de AsistenteJudicial I; sin embargo, el 5 de noviembre de 2003 fue dictada la resoluciónNo. 0-2305 proferida por el Fiscal General de la Nación en la que se declarósu insubsistencia.Advierte que al momento de su desvinculación, la Fiscalía General de laNación conocía su delicado estado de salud, ocasionado porque anteriormentehabía sufrido un accidente laboral en el que perdió la audición del oídoderecho. Esta lesión le causó afecciones en su equilibrio, tranquilidad,memoria; por consiguiente, en ciertas oportunidades se vio forzado aausentarse de su lugar de trabajo, razón por la cual la entidad le inicióinjustamente procesos disciplinarios.Señala que contra la decisión que declaró su insubsistencia interpuso acciónde nulidad y restablecimiento del derecho, que correspondió a la autoridadjudicial demandada, quien mediante sentencia de 10 de mayo de 2006 denegósus pretensiones, al indicar que el actor ejercía el cargo en provisionalidad, encuanto no ingresó a la Fiscalía previo concurso de méritos, por ende, podía serretirado en cualquier momento sin necesidad de motivación y además porcuanto la facultad de libre nombramiento y remoción no se obstaculiza por elhecho de que el funcionario se encuentre enfermo, circunstancia que no legeneran inamovilidad relativa en el empleo.Considera que con dicho fallo se incurrió en vía de hecho, “al priorizarnormas potestativas de la facultad discrecional del nominador de prescindir
35. Sentencia SU-917 de 2010 35de los servicios del trabajador, contra las que prohíben despedirlo estandogravemente afectada su salud y, de otra parte, militando varios procesosdisciplinarios en su contra, pendientes de fallo.” Además, expone que lasentencia omitió pronunciarse acerca de unos de los extremos de la litis, cuales, el que la entidad no podía desvincularlo cuando estaba pendiente unavaloración de salud ocupacional. Presentó recurso de apelación contra estefallo, no obstante, la autoridad judicial demandada se limitó a no concederlomediante auto del 16 de agosto de 2006, al considerar que, por la cuantía delas pretensiones de la demanda, el proceso era de única instancia. En el mismoescrito también solicitó adicionar la sentencia, petición sobre la cual laautoridad judicial demandada no se pronunció, según narra el actor.Asevera que su esposa, que está enferma, y sus hijos, uno de ellos de 5 añosde edad, se encuentran desprotegidos porque él no cuenta con los recursosnecesarios para proveerles su subsistencia, teniendo en cuenta que asume lacondición de padre cabeza de familia. Señala que se ve obligado a recurrir a lacaridad familiar, especialmente a su progenitor que le ayuda, con grandessacrificios, a atender algunos de sus gastos.Por todo lo anterior, el actor pide que se revoque la sentencia del 10 de mayode 2006 y el auto del 16 de agosto del mismo año dictados por el TribunalAdministrativo del Atlántico, en su lugar, se le ordene que reexamine yprofiera una nueva sentencia que proteja sus derechos fundamentales.12.2. Intervención de la Corporación demandada.Los Magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Atlántico dieronrespuesta del recurso de amparo, señalando que las providencias de 10 demayo y 16 de agosto de 2006 no incurrieron en vía de hecho, ni vulneraron eldebido proceso u otros derechos fundamentales al actor, dado que estacircunstancia se presenta cuando las decisiones sean “burdas” y“absolutamente apartadas de la legalidad”, circunstancia que estaba muylejos de haberse presentado en las decisiones atacadas. Asimismo, alegó que ladivergencia en la interpretación de las normas legales no era materiaconstitucional que pudiera ser objeto de la acción de tutela.12.3. Intervención de la Fiscalía General de la Nación, como tercerointeresado.La Jefe de la Oficina Jurídica de la Fiscalía General de la Nación, solicita quese declare su improcedencia. Pone de presente que la sentencia objeto de lacontroversia fue proferida en el año 2006; por consiguiente, no se configura elpresupuesto de inmediatez de la acción de tutela. Señala que si bien el recursode amparo no tiene término de caducidad, también lo es que el paso deltiempo desdibuja la protección inmediata que se pretende alcanzar con elmecanismo constitucional.De igual manera, indica que las diferentes interpretaciones del juez, basadas
36. en determinado razonamiento jurídico, hacen parte de su autonomía,consagrada en la misma Constitución. Aduce que el accionante pretendeimponer su particular criterio hermenéutico, desconociendo la labor queefectuó la autoridad judicial demandada con total apego al ordenamientojurídico.12.4. Pruebas.- Fotocopia de la Resolución número 0-2305 de 05 de noviembre de 2003,dictada por el Fiscal General de la Nación, mediante la cual se declaró lainsubsistencia del nombramiento del Octavio Mantilla Sáenz en el cargo deAsistente Judicial I (folio 15 del cuaderno principal).- Fotocopia del recurso de revocatoria directa que presentó el accionantecontra la resolución que declaró su insubsistencia (folio 16 y 17 ib).- Fotocopia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuestapor el actor contra el acto que declaró su insubsistencia (folios 1 al 11 ib).- Copia de exámenes de diagnóstico y de la historia clínica del actor (folios 26a 65; 95 a 102 ib.).- Fotocopia de oficio número BS 077 de fecha 15 de mayo de 2001 suscritopor la Analista de Bienestar Social de la Dirección Administrativa yFinanciera de la Seccional de Barranquilla de la Fiscalía General de la Nación,mediante el cual solicita sea realizada una valoración médica al funcionario(folio 73 ib.).- Fotocopia de sentencia del 10 de mayo de 2006 proferida por el TribunalAdministrativo del Atlántico por el proceso iniciado por Octavio MantillaSáenz contra la Fiscalía General de la Nación, el cual negó las súplicas de lademanda (folios 160 a 168) y otras actuaciones procesales (folios 106 al 159ib).- Auto de 16 de agosto de 2006 dictado por el Tribunal Administrativo delAtlántico, mediante el cual no se concede el recurso de apelación interpuestopor el demandante, por cuanto la cuantía no excedía de 100 salarios mínimosal momento de la presentación de la demanda de nulidad y restablecimientodel derecho (folios 175 a 177 ib.).- Fotocopias de registros civiles de la esposa e hijos del actor (folios 178 a 181ib.).- Declaración extraproceso de la señora Piedad María Escorcia Cárdenas y elseñor Erasmo Segundo Mejía Pasión (folio 185 ib.).12.5. Sentencias objeto de revisión.

References: artículo 54
 artículo 53
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 artículo 107
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 artículo 228
 artículo230
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