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Timestamp: 2020-06-06 17:05:19+00:00

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STC 184/2001, 17 de Septiembre de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 131059
STC 184/2001, 17 de Septiembre de 2001
Número de Recurso: 5001/1998
RA 5001/98. Promovido por don José Ignacio M. U. respecto del Auto y Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le impusieron una sanción discipilinaria por falta de respeto. Vulneración del derecho a la libertad de expresión en el ejercicio de la defensa letrada: exigencia de información en Secretaría sobre una Sentencia, todavía no publicada pero aparentemente conocida por la otra parte.
Sentencia citada en: 85 sentencias, 16 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 5001/98, promovido por don José Ignacio M.U., representado por el Procurador de los Tribunales don Eduardo Muñoz Barona y asistido por el Letrado don Juan Puig de la Bellacasa Alberola, contra el Auto de 14 de julio de 1998 y el Acuerdo de 3 de septiembre de 1998 de la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaídos en pieza separada sobre sanción disciplinaria dimanante del recurso de suplicación núm. 3147/98, confirmados en alzada por el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 5 de octubre de 1998. Han comparecido el Banco de España, representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Eva de Guinea Ruenes y asistido por el Letrado don Juan Picón, y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 30 de noviembre de 1998 don Eduardo Muñoz Barona, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don José Ignacio M.U., interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales a las que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
El día 19 de noviembre de 1997 el demandante de amparo, Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, presentó demanda de conflicto colectivo, en nombre y representación del Sindicato Autónomo de Trabajadores del Banco de España, contra esta última entidad.
La demanda fue turnada al Juzgado de lo Social núm. 31 de Madrid, autos núm. 770/97, personándose igualmente en el procedimiento como parte actora la Federación Estatal de Banca y Ahorro de Comisiones Obreras y la Federación Estatal de Servicios de la Unión General de Trabajadores y adhiriéndose posteriormente a la misma don Francisco F.L. en representación del Comité Nacional de Empresa del Banco de España.
La representación procesal del Banco de España interpuso recurso de suplicación contra la anterior Sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, siendo turnado a la Sección Primera de dicho Tribunal con el núm. 3147/98.
El día 10 de junio de 1998 el demandante de amparo indicó a su compañera de despacho profesional, la Letrada doña Ana Belén V.M., que se personara en la Secretaría de la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al objeto de informarse si se había dictado Sentencia en el recurso de suplicación núm. 3147/98. Personada en la Secretaría de la Sala, le fue comunicado por una de las funcionarias que allí se encontraba que no había sido dictada Sentencia en el referido recurso, pues los Srs. Magistrados no se habían reunido y, por tanto, no habían podido deliberar y votar, e igualmente le manifestaron que a ellas no les informaban hasta que les entregaban el texto de la Sentencia para transcribirlo a máquina.
El día 11 de junio de 1998 don Francisco F.L., Presidente del Comité Nacional de Empresa del Banco de España, se puso en contacto telefónico con el demandante de amparo y le dijo que el Subgobernador del Banco de España, don Miguel M.F., le había manifestado ese mismo día en una conversación telefónica lo siguiente: "según mis últimas informaciones habéis perdido la Sentencia del conflicto colectivo".
El día 12 de junio de 1998 la compañera de despacho profesional del demandante de amparo, doña Ana Belén V.M., se personó nuevamente en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, manifestándole de forma reiterada varias funcionarias que todavía no había sido dictada Sentencia en el recurso de suplicación núm. 3147/98.
El demandante de amparo, una vez informado por su compañera de lo que le habían manifestado en la Secretaría de la Sala, se puso de nuevo en contacto con don Francisco F.L., quien le volvió a reiterar que el Subgobernador del Banco de España, don Miguel M.F., conocía el contenido de la Sentencia el día 11 de junio de 1998.
Lo expuesto se acredita por medio de actas de manifestaciones otorgadas el día 26 de junio de 1998 por don Francisco F.L. y doña Ana Belén V.M. ante el Notario de Madrid don Manuel Hurlé González, números de protocolo 2564 y 2566, respectivamente, de las que se acompaña copia con la demanda de amparo.
Dadas las dudas que al demandante de amparo le produjeron los hechos narrados, decidió personarse en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el día 12 de junio de 1998, manifestándole a la Sra. Secretaria, doña Asunción Oliet, que un alto cargo del Banco de España conocía el fallo de la Sentencia del recurso de suplicación núm. 3147/98, pues así se lo había hecho saber a uno de sus empleados. El demandante de amparo también le preguntó a la Sra. Secretaria por el nombre de los Magistrados que componían la Sección Primera y le comunicó que deseaba mantener una entrevista con su Presidente. Al ser informado de que ningún Magistrado de la Sección se encontraba presente, el demandante de amparo le indicó que iba a trasladarse a su despacho profesional y que esperaba que algún Magistrado se pusiera en contacto telefónico con él. Aunque el relato de hechos de demanda no lo exprese, conviene aclarar aquí que las circunstancias de esa comparecencia del demandante de amparo, a las que luego se hará referencia, son las que se tomaron como base para la imposición de la sanción que se impugna en este recurso, impuesta por la resolución referida más adelante en el antecedente 3 c).
La Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó Sentencia en fecha 15 de junio de 1998, estimando el recurso de suplicación interpuesto por la representación procesal del Banco de España contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 31 de Madrid, de 20 de marzo de 1998.
El mismo día 15 de junio la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó abrir expediente disciplinario al demandante de amparo, vista la diligencia emitida por la Sra. Secretaria de la Sala en esa misma fecha. Del referido expediente fue nombrado instructor don Manuel Ávila Romero, quien acordó formar pieza separada y conceder al demandante de amparo un plazo de diez días para que formulara las alegaciones que a su derecho conviniera.
El día 7 de julio de 1998 el Instructor acordó, vistas las alegaciones vertidas por el demandante de amparo, dar traslado de las mismas a la Sra. Secretaria de la Sala para que emitiera el certificado interesado e informase acerca de las manifestaciones contenidas en el escrito de alegaciones del recurrente en amparo.
La Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en fecha 14 de julio de 1998 dictó Auto, firmado, entre otros Magistrados, por el Sr. Instructor don Manuel Ávila Romero, en el que se declaró al demandante de amparo responsable de una falta de respeto a la referida Sección Primera, condenándole a una multa equivalente a ocho días falta por un importe de 4.000 pesetas día, en total 32.000 pesetas.
En el antecedente fáctico segundo de dicho Auto expresamente se recoge que la Sección, una vez evacuado el trámite de alegaciones conferido al demandante de amparo, acordó "pedir nuevamente un segundo informe a la Secretaria de la Sección sobre los hechos ocurridos el día 12, así como otros informes a los empleados de la Sala que presenciaron el incidente doña Laura María T.G. y doña Pilar Z.A., los cuales se emitieron dentro del plazo concedido y se encuentran incorporados a la pieza".
El demandante de amparo interpuso simultáneamente contra el anterior Auto recurso de audiencia en justicia ante la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia y recurso de alzada ante la Sala de Gobierno del mismo Tribunal, solicitando en el primero de ellos, además de que se revocara el Auto recurrido y se dejara sin efecto la sanción impuesta, un trámite de audiencia en relación con los nuevos informes pedidos por la Sección y a los que se hacía referencia en el antecedente fáctico segundo de su Auto.
La Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó en fecha 30 de julio de 1998 nombrar nuevo instructor del expediente disciplinario a don Manuel Poves Rojas, al haberse jubilado don Manuel Ávila Romero, así como dar traslado al demandante de amparo de las declaraciones efectuadas por la Sra. Secretaria de la Sala y por las funcionarias doña Laura T.G. y doña Pilar Z.A., concediéndole un plazo de tres días para que alegara lo que a su derecho conviniera.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Acuerdo de fecha 5 de octubre de 1998 decidió confirmar el Acuerdo de la Sección Primera de la Sala de lo Social de 3 de septiembre de 1998.
En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo se invoca en ésta, frente a las resoluciones judiciales impugnadas, la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y de la libertad de expresión del Abogado en el ejercicio de su función de defensa (art. 20 CE).
El derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) habría sido conculcado, en opinión del demandante de amparo, en la medida en que don Manuel Ávila Romero, Magistrado de la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha sido juez y parte en el procedimiento sancionador, al haber ejercido simultáneamente funciones de instrucción y de decisión, lo que ha redundado en una infracción del principio de imparcialidad.
A pesar de la doctrina constitucional que considera que las correcciones disciplinarias impuestas por los Jueces y Tribunales a los Abogados en el curso de un procedimiento, así como las resoluciones revisoras de las mismas, no son actos materialmente administrativos, sino resoluciones jurisdiccionales dictadas en un proceso con todas las garantías, el demandante de amparo entiende que en el presente supuesto existieron actuaciones encaminadas a preparar la resolución correctora y practicadas para averiguar y hacer constar la comisión de un acto merecedor, a juicio del Tribunal, de corrección, por lo que estima que ha existido una actividad investigadora que redunda en la pérdida de la imparcialidad del criterio judicial en los términos establecidos en la STC 145/1988, de 12 de julio. Tal actuación investigadora se plasma en los informes que fueron requeridos por el Sr. Instructor a la Sra. Secretaria de la Sala, doña Asunción Oliet, así como a las funcionarias doña Laura T. y doña Pilar Z., por lo que resulta indudable que ha existido en el expediente disciplinario una actividad instructora encaminada a averiguar los hechos que acaecieron el día 12 de junio de 1998, ya que el Sr. Instructor no se encontraba presente cuando aquéllos se produjeron.
El demandante de amparo considera también vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al haberse incorporado al expediente disciplinario los informes emitidos por la Sra. Secretaria de la Sala y por dos funcionarias, a los que se hace referencia en el antecedente de hecho segundo del Auto de 14 de julio de 1998, los cuales fueron de trascendental importancia para que la Sección Primera de la Sala de lo Social resolviera imponerle la sanción, sin que con anterioridad a dictarse el referido Auto se le diera traslado al demandante de amparo de los mencionados informes, al objeto de que pudiera alegar lo que a su derecho conviniera, pues en ellos se introdujeron hechos sobre los que no pudo pronunciarse ni contestar en la forma debida.
La descrita conducta procesal de la Sección Primera le ha generado, sostiene, una grave indefensión, conculcando el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la defensa contradictoria, pues como tiene declarado el Tribunal Constitucional, "la indefensión que proscribe el artículo 24.1 de la Constitución es la material, esto es, la que se traduce en una real privación o limitación del derecho de defensa como directa consecuencia de una acción u omisión del órgano judicial" (STC 123/1989), que es precisamente lo que ha ocurrido en el presente supuesto.
En relación con la denunciada vulneración del derecho a la libertad de expresión del Abogado en el ejercicio de su función de defensa (art. 20 CE) el demandante de amparo manifiesta su disconformidad con los hechos que se le imputan en el Auto de 14 de julio de 1998 y que fueron causa directa de la sanción que se le ha impuesto, los cuales se concretan en la mencionada resolución en el "tono elevado de voz exigiendo que se le informara sobre el resultado de una sentencia que todavía no había sido publicada" y las "amenazas y coacciones a los empleados y a la Señora Secretaria de la Sala". En este sentido reitera, como ya alegara en el expediente disciplinario, que se personó en el despacho de la Sra. Secretaria y le informó de que un alto cargo del Banco de España conocía el contenido de la Sentencia dictada en el recurso de suplicación núm. 3147/98, así como le preguntó por el nombre de los Magistrados que componían la Sección y le manifestó que deseaba mantener una entrevista con su Presidente, poniendo en conocimiento de la Sra. Secretaria, tras haberle sido comunicado que ningún Magistrado se encontraba en la sede del órgano judicial, que se trasladaba a su despacho profesional y que deseaba que algún Magistrado de la Sección se pusiera en contacto telefónico con él.
El demandante de amparo sostiene que el tono de voz que utilizó en la conversación fue absolutamente normal, como lo prueba el hecho de que en la diligencia redactada por la Sra. Secretaria el día 15 de junio de 1998 no se reflejase que el tono de voz utilizado fuese inadecuado, pues en la misma se hace referencia exclusivamente al estado anímico del recurrente en amparo, apreciación meramente subjetiva que no debe servir de fundamento al Auto que resuelve el expediente disciplinario. Asimismo afirma que tampoco utilizó un tono de voz elevado para dirigirse a las empleadas de la Sala, como lo prueba la declaración de doña Laura María T.G., quien manifestó que el demandante de amparo había tenido con ella una conversación en "actitud nerviosa", pero en ningún momento que se dirigiera a ella misma o a su compañera dando fuertes voces. Finalmente asevera que no amenazó ni coaccionó a la Sra. Secretaria de la Sala o a las empleadas de la misma, puesto que en ningún caso puede resultar una coacción el anunciar el ejercicio de acciones legales, que forma parte del derecho fundamental reconocido en el art. 24 CE.
La Sección Tercera del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril de 1999, acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que formulasen las alegaciones que estimaran pertinentes en relación con la posible carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda de amparo [art. 50.1 c) LOTC] y la falta de agotamiento de la vía judicial previa [art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a), ambos de la LOTC].
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de octubre de 1999, tuvo por personada y parte a la Procuradora de los Tribunales doña María Eva Guinea Ruenes, en nombre y representación del Banco de España, y por posterior proveído de 9 de diciembre de 1999 acordó dar vista de las actuaciones recibidas al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por un plazo común de veinte días, dentro de los cuales pudieran presentar las alegaciones que estimaren pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
La representación procesal del demandante de amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Constitucional el día 17 de enero de 2000, en el que reiteró las alegaciones efectuadas en la demanda de amparo.
El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 1 de febrero de 2000, en el que dio por reproducidas las alegaciones presentadas en su anterior escrito de fecha 15 de noviembre de 1999, mediante el que cumplimentó el trámite del art. 52.1 LOTC, conferido inicialmente por providencia de 5 de octubre de 1999, posteriormente dejada sin efecto por providencia de 7 de octubre de 1999.
En relación con la denunciada vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías el Ministerio Fiscal aduce como óbice procesal a la queja del recurrente en amparo la falta de invocación del derecho constitucional supuestamente lesionado, pues en ningún momento suscitó, ni ante la Sección Primera de la Sala de lo Social, ni ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la cuestión que ahora ex novo plantea ante el Tribunal Constitucional, por lo que la misma incurre en causa de inadmisión.
El Ministerio Fiscal estima que no ha sido vulnerado el derecho del recurrente en amparo a la tutela judicial efectiva, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión (art. 24.1 CE), como consecuencia de que no se le hubiera dado traslado, antes de dictar el Auto de 14 de julio de 1998, de los informes solicitados por el Instructor a la Secretaria y a dos funcionarias de la Sala.
Finalmente, respecto a la alegada infracción del derecho a la libertad de expresión del Abogado en el ejercicio de su función de defensa (art. 20 CE), el Ministerio Fiscal, tras reproducir la doctrina recogida en la STC 157/1996, de 15 de octubre (FJ 5), aduce que en este caso el demandante de amparo se personó en las dependencias judiciales para recabar una Sentencia, habiendo sido informado previamente de su inexistencia. Compareció ante la Secretaria de la Sección dando por sentado que la Sentencia en cuestión había sido filtrada a la contraparte por alguno de los Magistrados de la Sala; solicitó que se le pusiera de manifiesto la identidad de los Magistrados que componían la Sección, dato por lo demás público, así como ser recibido por el Presidente de la Sala, que al igual que el resto de los Magistrados no se encontraba en la sede judicial por razones de servicio, por lo que exigió entonces que se le comunicase al Presidente que debía llamarle por teléfono antes de determinada hora, pues de lo contrario formularía denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial y pondría los hechos en conocimiento de un diario de difusión nacional.
La Sentencia en cuestión se dictó tres días después. Así pues, la actuación del Letrado no tenía por objeto ninguna actuación procesal concreta, ni fue utilizada como reforzamiento de impugnación o alegación alguna, ni siquiera se engarzaba con nada que sirviera a la defensa de sus clientes. Consistió en una imputación de una conducta irregular al órgano judicial, fuera del cauce previsto para ello y que sólo tras la incoación del expediente al parecer se efectuó, y en una exigencia de comportamiento a realizar por el Presidente de la Sección ¿llamarle a su despacho profesional¿ tampoco prevista legalmente, debiendo tildarse tal actuación como absolutamente gratuita y ajena por completo a su labor de defensa.
Por providencia de 13 de septiembre de 2001, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 17 de septiembre siguiente.
En el presente recurso de amparo se impugna el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de julio de 1998, confirmado por Acuerdo de la misma Sección de 3 de septiembre de 1998 y por Acuerdo de la Sala de Gobierno de dicho Tribunal de 5 de octubre de 1998, en virtud del cual se impuso al demandante de amparo, en su condición de Abogado, la sanción de multa equivalente a ocho días falta por un importe de 4.000 pesetas día, como responsable de una falta disciplinaria prevista en el art. 449.1 LOPJ, consistente en faltar al respeto debido en su actuación forense a los Jueces y Tribunales, Fiscales, Abogados, Secretarios Judiciales o cualquier persona que intervenga o se relacione con el proceso.
En relación con la primera de las vulneraciones aducidas por el demandante de amparo, esto es, la supuesta lesión del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), por haber formado parte del órgano judicial que le impuso la sanción quien había sido designado Magistrado instructor del expediente disciplinario, es necesario examinar, antes de proceder, en su caso, al enjuiciamiento en cuanto al fondo de la queja del recurrente en amparo, si respecto a ella concurre, como señala el Ministerio Fiscal, la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con su art. 44.1 c), por no haberse invocado en el proceso el derecho fundamental supuestamente vulnerado.
El art. 44.1 c) LOTC exige, como presupuesto procesal para la admisión de la demanda de amparo frente a supuestas vulneraciones de derechos fundamentales y libertades públicas que tuvieran su origen inmediato y directo en actos u omisiones de un órgano judicial, "que se haya invocado en el proceso el derecho constitucional vulnerado, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere lugar para ello". La razón de ser que abona dicha exigencia, y, con ella, la interpretación puramente teleológica del mencionado requisito, estriba, de acuerdo con una reiterada doctrina constitucional, en la necesidad de preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo constitucional, configurándose aquélla como un mecanismo esencial para la articulación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, por cuanto reclama que con carácter previo al recurso de amparo constitucional se haya dado una efectiva oportunidad a los órganos jurisdiccionales ordinarios para reparar la vulneración supuestamente cometida a través de la inserción en el proceso judicial del problema constitucional que constituye el objeto del recurso de amparo constitucional (SSTC 1/1981, de 26 de enero, FJ 4; 75/1984, de 27 de junio, FJ 1; 106/1984, de 16 de noviembre, FJ 3; 176/1987, de 10 de noviembre, FJ 3; 130/1989, de 17 de julio, FJ 1; 16/1991, de 28 de enero, FJ 1; 287/1993, de 4 de octubre, FJ 2; 29/1996, de 26 de febrero, FJ 2; 201/2000, de 24 de julio, FJ 3; AATC 362/1984, de 13 de junio; 364/1985, de 29 de mayo). Así pues, aquel requisito está directamente ordenado a facilitar que en el proceso judicial, vía ordinaria de defensa de los derechos y libertades públicas, quien conoce de él pueda satisfacer tales derechos o libertades, haciendo innecesario el acceso al proceso constitucional (SSTC 1/1981, de 26 de enero, FJ 4; 53/1983, de 20 de junio, FJ 2; 201/2000, de 24 de julio, FJ 3). Su finalidad, por consiguiente, es la de someter al Juez que conoce del proceso, o al que están atribuidos otras instancias o recursos útiles para remediar la vulneración constitucional, los motivos susceptibles de fundar el recurso de amparo, con el designio de introducir en el debate del que conoce el Juez o Tribunal los motivos y fundamentos referentes al derecho constitucional que se reputa vulnerado y, en su caso, propiciar que se remedie en la instancia o en los recursos la vulneración de tal derecho (SSTC 3/1981, de 2 de febrero, FJ 2; 50/1982, de 15 de julio, FJ 2; 201/2000, de 24 de julio, FJ 3; ATC 114/1990, de 17 de diciembre). En definitiva, con el requisito examinado se trata de preservar el carácter subsidiario de la jurisdicción constitucional de amparo, que resultaría desvirtuada si ante ella se trajeran cuestiones sobre las que previamente, a través de las vías procesales oportunas, no se ha dado ocasión de pronunciarse a los órganos del Poder Judicial, que son los que de modo directo y en primer término han de garantizar los derechos fundamentales que la Constitución proclama (SSTC 203/1987, de 18 de diciembre, FJ 2; 201/2000, de 24 de julio, FJ 3).
Como segundo motivo de la demanda de amparo el recurrente aduce la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión (art. 24.1 CE), al haberse incorporado al expediente disciplinario los informes emitidos a petición de la Sección por la Secretaria y por dos funcionarias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia sobre los hechos acaecidos, una vez que el solicitante de amparo ya había presentado su escrito de alegaciones, y sin que antes de dictarse el Auto de 14 de julio de 1998 se le diera traslado de los referidos informes al objeto de alegar lo que a su derecho conviniera, pues, en su opinión, en ellos se introdujeron hechos sobre los que no pudo pronunciarse ni contestar en la forma debida.
El tercer motivo en el que el demandante sustenta su pretensión de amparo, que constituye la cuestión principal suscitada con ocasión del presente recurso, consiste en la supuesta vulneración del derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE], que le corresponde como Abogado en el ejercicio de la actividad de defensa, al considerar que la conducta por la que ha sido corregido disciplinariamente encuentra su cobertura en el mencionado derecho fundamental.
Tal doctrina parte de la premisa de que los bienes y derechos en juego en el procedimiento sancionador regulado en los arts. 448 y ss. LOPJ no pueden estimarse ajenos al ámbito propio del recurso de amparo, ya que lo establecido en tales preceptos sobre la corrección disciplinaria de los Abogados que intervengan en los pleitos "no constituye sólo una regulación de la potestad disciplinaria atribuida a los Jueces o a las Salas sobre dichos profesionales, `que cooperan con la Administración de Justicia¿ -según el epígrafe del Libro V (de la LOPJ)¿, sino también un reforzamiento de la función de defensa que les está encomendada". De ahí que resulte preciso cohonestar dos exigencias potencialmente opuestas, pero complementarias: el respeto a la libertad del Abogado en la defensa del ciudadano, por una parte, y el respeto por parte del Abogado de las demás partes y sujetos procesales, que también participan en la función de administrar justicia (SSTC 38/1988, de 9 de marzo, FJ 2; 205/1994, de 11 de julio, FJ 5), por otra. La primera exigencia aparece contemplada en el art. 437.1 LOPJ, al disponer que "en su actuación ante los Jueces y Tribunales, los Abogados son libres e independientes, se sujetarán al principio de buena fe, gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de su función y serán amparados por aquéllos en su libertad de expresión y defensa". "Con estos términos ¿se declaró en la STC 157/1996, de 15 de octubre¿ el legislador orgánico de 1985 ha descrito los rasgos más esenciales del estatuto de la abogacía, concluyendo con una proclamación de la `libertad de expresión y defensa¿" (FJ 5). La segunda de las exigencias antes apuntadas requiere, en reciprocidad, el respeto por parte del Abogado de las demás personas que también participan en la función de administrar justicia, y que tiene como consecuencia el que, a tenor del art. 449.1 LOPJ, los Abogados y Procuradores serán corregidos disciplinariamente por su actuación ante los Juzgados y Tribunales, "cuando en su actuación forense faltasen oralmente, por escrito o por obra, al respeto debido a los Jueces y Tribunales, Fiscales, Abogados, Secretarios Judiciales o cualquier persona que intervenga o se relacione con el proceso" (STC 38/1988, de 9 de marzo, FJ 2).
Por ello hemos dicho que en todo procedimiento sancionador dirigido contra un Abogado por una falta del respeto debido a los demás participantes en el proceso, eventualmente cometida en su actuación forense, entrarán en juego, y deberán ser tenidos en cuenta, no sólo el respeto debido a ¿en su caso¿ una u otra autoridad, sino también la dignidad de la función de defensa, en cuanto ejercitada al servicio de garantías establecidas en el art. 24 CE, así como la libertad de expresión de la que es titular el Abogado en cuanto tal, como ha sido entendido por el legislador en el art. 437.1 LOPJ (SSTC 38/1988, de 9 de marzo, FJ 2; 157/1996, de 15 de octubre, FJ 5).
El Ministerio Fiscal se opone a la pretensión del demandante de amparo al entender que la actuación por la que ha sido corregido disciplinariamente resultaba ajena por completo a su labor de defensa. Mas en este caso no puede compartirse en el extremo apuntado el criterio del Ministerio Fiscal.
Afirmada la conexión de la conducta sancionada con el ejercicio de la función de defensa profesional del Abogado demandante de amparo, el pronunciamiento sobre la licitud o no de la sanción desde la perspectiva del derecho fundamental invocado ha de partir necesariamente en este caso de la reiterada doctrina constitucional, elaborada con carácter general en los supuestos de colisión entre las libertades proclamadas en el art. 20 CE y otros bienes o intereses constitucionalmente protegidos que operan como límites de éstas, según la cual los órganos judiciales en los supuestos de conflicto entre aquellas libertades y estos bienes e intereses constitucionalmente protegidos, dada la posición preferente de dichas libertades frente a sus límites y el carácter restrictivo de éstos, deben ponderar, atendiendo a las circunstancias concurrentes, si el ejercicio de dichas libertades se ha llevado a cabo dentro del ámbito constitucionalmente protegido de las mismas o, por el contrario, ha transgredido el referido ámbito, de forma que, siendo inexistente, insuficiente o inadecuada la citada ponderación, este Tribunal ha de declarar la nulidad de las resoluciones judiciales recaídas en el proceso (SSTC 104/1986, de 17 de julio, FJ 6; 105/1990, de 6 de junio, FJ 3; 171/1990, de 12 de noviembre, FJ 4; 227/1992, de 14 de diciembre, FJ 3; 286/1993, de 4 de octubre, FJ 5; 11/2000, de 17 de enero, FJ 8, por todas). Más concretamente, en relación con la libertad de expresión del Abogado en el ejercicio de la actividad de defensa y la aplicación por los órganos jurisdiccionales del régimen disciplinario previsto en los arts 448 y ss. LOPJ, este Tribunal tiene declarado, como se recordaba en el fundamento jurídico 4 de esta Sentencia, con cita de la STC 205/1994, de 11 de julio, FJ 5, que los derechos fundamentales y bienes constitucionales en juego en tales supuestos obligan a los órganos jurisdiccionales a realizar un juicio ponderativo de tales derechos e intereses constitucionales, con el fin de determinar si la conducta del Abogado está justificada, por encontrarse comprendida dentro de la libertad de expresión necesaria para el eficaz ejercicio del derecho de defensa, o si, por el contrario, se pretende atentar contra la imparcialidad del Tribunal o alterar el adecuado orden y desarrollo del proceso, con clara infracción de las obligaciones procesales de actuación en el proceso con corrección, buena fe y sin provocar dilaciones indebidas.
Centrado el objeto de nuestro análisis, debe destacarse, no sólo el dato de la concreta conducta imputada, que se consideró constitutiva de la infracción disciplinaria por la que fue sancionado el demandante (consistente, según la resolución sancionadora, en la utilización de un tono elevado de voz exigiendo que se le informara sobre el resultado de una Sentencia que todavía no había sido publicada y en amenazas y coacciones a los empleados y a la Sra. Secretaria de la Sala), sino también en las circunstancias en las que esa conducta se produjo y en la finalidad de la misma.
Finalmente los términos mismos de la imputación contenida en la resolución sancionadora carecen de entidad suficiente para poder negar que la conducta imputada resultara cubierta por el lícito ejercicio de la libertad de expresión en el ejercicio de la defensa forense. Dicha imputación se refiere a la utilización de un tono elevado de voz, a la exigencia de unas actuaciones procesales no públicas y a la expresión de "amenazas consistentes en comunicaciones a la prensa y denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial", respecto de cuyas imputadas amenazas la propia resolución sancionadora dice que se trata de "actuaciones [que] siendo constitucionales y por tanto legales expuestas en términos airados contienen una coacción hacia las personas a las que van dirigidas".
Por último, no puede compartirse la tesis de que la advertencia de posible comunicación a la prensa y al Consejo General del Poder Judicial, que la propia resolución considera en principio como una actuación constitucional y legal, por el hecho de que se exprese "en términos airados", se convierta en amenazas y en una "coacción hacia las personas a las que van dirigidas". Si la posible comunicación a la prensa y al Consejo General del Poder Judicial de lo que el Letrado demandante consideraba una grave irregularidad se considera por el órgano jurisdiccional sancionador como una actitud constitucional y legal, la utilización de un tono airado no puede convertir lo lícito en amenazas o coacciones inaceptables.
Declarar vulnerado el derecho del recurrente en amparo a la libertad de expresión en el ejercicio de la defensa letrada.
Restablecerle en su derecho y, a tal fin, anular el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 14 de julio de 1998, así como el Acuerdo de la misma Sección, de 3 de septiembre de 1998, y el Acuerdo de la Sala de Gobierno de dicho Tribunal, de 5 de octubre de 1998, recaídos en pieza separada sobre sanción disciplinaria dimanante del recurso de suplicación núm. 3147/98.
SAP Tarragona, 25 de Octubre de 2001
SAP Madrid 44/2004, 21 de Enero de 2004
STSJ Comunidad de Madrid 538/2017, 10 de Octubre de 2017

References: resolución 
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 artículo 24
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