Source: http://fiscalizacion-local.blogspot.com/2012/01/
Timestamp: 2019-12-12 22:08:09+00:00

Document:
enero 2012 ~ Fiscalizacion Local
11:55 Maite Sanahuja y Óscar Moreno No comments
"Cuestiones sobre los contratos de servicios cuya finalidad es la "colaboración" en materias de gestión de sanciones de una Administración Pública".
Supone una cuestión común en el día a día de los Ayuntamientos el saber si una Administración puede acudir, dada la falta de medios personales y/o materiales, al ámbito de la contratación administrativa para que un tercero lleve a cabo tareas relacionadas con la gestión de multas de tráfico, la gestión tributaria, etc.
A tal efecto, y partiendo de la noción que dichos contratos, en caso de que fueran viables, serían calificados como contratos de servicios, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a la hora de analizar las especialidades del contrato de servicios, deja patente en su art. 301.1. que "No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos", por lo que, de entrada, el legislador estatal ya prohíbe que se pueda acudir a la vía del contrato de servicios para que un tercero ajeno a la Administración tramite expedientes propios del ámbito de la materia de gestión tributaria o sanción de multas de tráfico, por ejemplo.
Ahora bien, pero ¿Es viable que una Administración acuda a un contrato de servicios de colaboración, en los que un tercero "colabore" en las tareas de preparación de expedientes administrativos relacionados con las áreas arriba descritas?
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña, por medio de su Informe 8/2009, de 3 de julio, resolvió dicha cuestión, argumentando que es "viable contratar un servicio de colaboración en la gestión de los expedientes sancionadores por infracciones a la normativa de tráfico vial urbano siempre que las actividades a llevar a cabo sean de carácter material, técnico o de servicios y no incluyan actos que puedan producir efectos que generen eventuales deberes, de carácter positivo o negativo, derivados del ejercicio de su actuación."
No obstante, recomendamos cautela a la hora de redactar el contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas por los que deberá regirse el procedimiento, por cuanto en modo alguno debe haber duda de que dichas tareas que se pretendan contratar puedan ser, en la práctica diaria, un ejercicio práctico de la potestad de autoridad, esto es, que lo que se ponga sobre papel en la práctica no sea más que una declaración de buenas intenciones y se tergiverse el espíritu de la norma."
11:56 Maite Sanahuja y Óscar Moreno No comments
Hoy queríamos poner en común una interesante sentencia sobre el cobro de cuotas de urbanización por el ayuntamiento cuando estas devienen morosas al urbanizador, evidentemente nos referimos al ambito de la Comunidad Valenciana, aunque entendemos que el concepto es trasladable a otras comunidades con legislación parecida. La cuestión es basta la mera exigencia por el urbanizador o debe realizar la administración algún acto que complete la actividad de este. A este interrogante responde el fundamento de derecho 10º en los siguientes términos:
No queremos seguir, sin abordar el problema relativo a la mecánica del cobro de las cuotas de
urbanización porque existe una apreciación equivocada, otorgándose al urbanizador facultades que, además, no tiene. En este sentido es muy explicito el conjunto de afirmaciones que se contienen en la contestación de la demanda que formula el ayuntamiento, y que son del siguiente tenor:
Aprobada de este modo la liquidación provisional de las cuotas de urbanización, que indica la cantidad abonar por cada propietario con carácter provisional, a cuenta y meramente estimativo, el urbanizador será el responsable de la gestión para su cobro para el periodo voluntario; procediendo la ejecución forzosa de su liquidación por la administración actuante para el caso de no ser abonadas. Es esto ciertamente lo que se suele hacer, y lo que se ha hecho en el supuesto de autos, pero no es lo que la ley dice que se haga, ni por supuesto, se le conceden al urbanizador esas facultades, sin ningún tipo de control.
El artº 72 , que cita la administración, y que se refiere al impago de cuotas, dice textualmente:
D) El impago de las cuotas dará lugar a la ejecución forzosa de su liquidación, a través de la
Administración actuante y en beneficio del Urbanizador, mediante apremio sobre la finca afectada. La demora en el pago devengará, en favor del Urbanizador, el interés legal del dinero. Incurrirá en mora la cuota impagada al mes de la notificación de la resolución que autorice su cobro inmediato.
Es decir, cuando la cuota se impaga haciendo el propietario caso omiso de las cartas que a tal efecto le gira el urbanizador, no se abre directamente el procedimiento de apremio, ni muchísimo menos. Ante esta situación, que no puede calificarse aun de impago, (no se generan intereses), según nos dice el precepto, el urbanizador ha de recurrir a la administración, que debe dictar resolución que autorice su cobro inmediato, que por supuesto, debe estar motivada y debe notificarse en legal forma, evidentemente, al sujeto pasivo, con expresión de recursos, en la medida en que, la resolución que autoriza ese cobro, le afecta inmediatamente pues, es quien ha de pagar. La notificación ha de hacerse con los requisitos que son inexcusables y entre ellos, la expresión de los recursos. Solo tras esa resolución, puede requerirse de pago, por el urbanizador, en vía voluntaria, y el impago de la liquidación determina el apremio.
Es decir el apremio queda casualizado, no solo por impago en vía voluntaria abierta por el urbanizador, sino por la notificación de la resolución de la administración que, autoriza al urbanizador, al cobro de la liquidación. En el supuesto de autos, no se ha hecho sí, y evidentemente la vía de apremio hay que anularla porque está mal abierta.
STSJ Valencia de 13/11/2009
9:08 Maite Sanahuja y Óscar Moreno No comments
14:49 Maite Sanahuja y Óscar Moreno No comments
Hoy queríamos destacar la consulta vinculante de la DGT V2687-11 sobre el tipo de IRPF aplicable a los concejales por la asistencia a Plenos.
El tratamiento de las retribuciones que se satisfacen a los concejales, ediles, etc. en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aparece regulado en el artículo 17.2 b) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de los no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre, en adelante LIRPF), conforme al cual tienen la consideración de rendimientos del trabajo “las cantidades que se abonen, por razón de su cargo, a los diputados españoles en el Parlamento Europeo, a los diputados y senadores de las Cortes Generales, a los miembros de las asambleas legislativas autonómicas, concejales de ayuntamiento y miembros de las diputaciones provinciales, cabildos insulares u otras entidades locales, con exclusión, en todo caso, de la parte de aquellas que dichas instituciones asignen para gastos de viaje y desplazamiento.”
Según se deduce del precepto transcrito, las retribuciones que se asignan a los miembros referenciados, estarán sometidas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a su sistema de retenciones a cuenta como rendimientos del trabajo, con excepción de la parte de las mismas que el citado ente local asigne para gastos de viaje y desplazamiento de sus destinatarios.
La determinación del porcentaje de retención aplicable a los rendimientos del trabajo obtenidos por los concejales y demás miembros en el ejercicio de su cargo seguirá el mismo régimen, ya perciban retribuciones fijas por el desempeño del mismo, en el caso de dedicación exclusiva, o se trate de cantidades fijas por cada asistencia a sesiones o reuniones. En ambos supuestos, la retención a practicar sobre las cantidades que se abonen por razón de su cargo a los concejales de Ayuntamiento, con exclusión, únicamente y en todo caso, de la parte de las mismas que dicha institución asigne para gastos de viaje y desplazamiento, será el resultado de aplicar a la cuantía total de las retribuciones que se satisfagan o abonen el tipo de retención que resulte, según lo establecido en el artículo 86 del Reglamento Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, de acuerdo con el procedimiento general para determinar el importe de la retención establecido en el artículo 82 del mismo Reglamento, siendo de aplicación, igualmente, el límite excluyente de la obligación de retener previsto en el artículo 81.
22:55 Maite Sanahuja y Óscar Moreno 2 comments
Buenas, buceando por la red encontramos un dictamen de la Audiencia de Canarias de 31 de Octubre de 2007, que resolviendo una cuestión planteada por una concesión de basuras, define de forma muy clara los conceptos de "ius variandi", riesgo imprevisible y "factum principis" como elementos "alteradores" del equilibrio economico financiero concesional, así que los ponemos en común para nuestro fondo de armario
12:01 Maite Sanahuja y Óscar Moreno No comments
Bueno tras el paréntesis navideño toca estudiar y ponerse al día en las modificaciones que nos ha traído el año nuevo. Respecto a la administración local interesa destacar:
El artículo 2, que implica la congelación de los sueldos.
El artículo 8, que incrementa los tipos del IBI del artículo 72 TRLHL en hasta un 10%
El artículo 10 sobre la participación en los Tributos del Estado.
Finalmente la DA 14ª que mantiene los efectos del apartdado dos de artículo 14 del Real Decreto Ley 8/2010
22:47 Maite Sanahuja y Óscar Moreno No comments
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References: Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
 artículo 86
 Real Decreto 
 artículo 82
 artículo 81
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 72
 artículo 10
 artículo 14
 Real Decreto 

Real Decreto