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Timestamp: 2020-02-18 12:57:39+00:00

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Sentencia de Tutela nº 247/12 de Corte Constitucional, 26 de Marzo de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 369775326
T-247-12 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-247/12
Acción de Tutela instaurada por la señora I.M.C.C. contra la Administración Temporal para el Sector Educativo del Departamento del C..
La S. Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados J.I.P.C. - quien la preside , H.A.S.P. y L.E.V.S., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
En la revisión del fallo de tutela adoptado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial - S. Única- de Quibdó, C., el 2 de septiembre de 2011, que confirma la sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Distrito Judicial de Quibdó, C., del 15 de julio de 2011, que negó el amparo solicitado por la señora I.M.C.C..
La señora I.M.C.C., a nombre propio y de sus hijos menores de 18 años, B.H. y J.G.G.C., solicita que se le tutelen sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, de los niños, la unidad familiar, al trabajo en condiciones dignas y al debido proceso y, por consiguiente, se le traslade a otra institución educativa cercana al área de su residencia.
1.2.1. La señora I.M.C.C. fue nombrada en el mes de marzo de 2008, como Técnico Administrativo de la Secretaría de Educación del Departamento del C., asignada a la Oficina de Calidad de la Educación.
1.2.2. Manifiesta que la Administración Temporal para el Sector Educativo del C., mediante Resolución 009202 del 24 de noviembre de 2010, la trasladó a la entidad educativa N.l Superior La Inmaculada del corregimiento La Italia del municipio de S.J. delP., alegando necesidad del servicio, sin que pudiera ejercer su derecho de contradicción y defensa.
1.2.5. Indica que para llegar a la Institución Educativa N.l Superior la Inmaculada ubicada en el corregimiento La Italia del Municipio de S.J. delP., hay que tomar un bus desde Quibdó a Cartago en el Valle del Cauca durante 8 horas y, luego un bus escalera al día siguiente durante seis 6 horas más, por lo que sólo puede visitar a sus hijos en semana santa y las vacaciones de julio y diciembre, situación que pone en riesgo la estabilidad y unidad de su familia, afectándolos psicológica y emocionalmente, al punto de que su hija quedó en estado de embarazo, con alto riesgo para su vida y el niño por su corta edad.
1.3.1 Copia de la Resolución 002902 del 24 de noviembre de 2010, expedida por la Secretaría de Educación Departamental del C., Administración Temporal para el Sector Educativo, en la cual se dispone por necesidad del servicio el traslado de la señora I.M.C.C., en su calidad de Técnico Administrativo, a la Institución Educativa Escuela N.l Superior La Inmaculada, ubicada el La Italia, corregimiento del municipio de S.J. delP..
1.3.3 Copia del recurso de reposición presentado por la señora I.M.C.C., el día 30 de noviembre de 2010, donde solicita la revocatoria del acto administrativo que le ordena el traslado.
1.3.4 Copia del oficio de fecha 3 de diciembre de 2010, mediante el cual el Director de la I.E. Escuela N.l Superior La Inmaculada, le informa al Coordinador de Recursos Humanos de la Administración Temporal para el Sector Educativo, que el cargo que solicitó era de una persona con conocimientos contables.
1.3.5 Certificado médico de la IPS Confir donde consta que B.E.G.C. cuenta con 25 semanas de embarazo.
1.3.6 Copia del registro de nacimiento de B.E.G.C., en donde consta que nació el 24 de noviembre de 1993.
1.3.7 Copia del registro de nacimiento de J.G.G.C., en donde consta que nació el 28 de junio de 1995.
1.4 TRÁMITES PROCESALES.
El Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Distrito Judicial de Quibdó  C., admitió la solicitud el día 30 de junio de 2011, para lo cual requirió a la Secretaría del Departamento del C. Administración Temporal para el Sector Educativo, para que se pronunciara sobre los hechos.
1.4.1 Mediante escrito del 5 de julio de 2011, la Secretaría del Departamento del C. Administración Temporal para el Sector Educativo, informó que la señora C. fue trasladada como funcionaria administrativa mediante Resolución 002902 del 24 de noviembre de 2010, a la IE N.l Superior La Inmaculada, ubicada en el corregimiento La Italia del municipio de S.J. delP., en ejercicio de las facultades del ente administrador para realizar los traslados de docentes y/o administrativos de conformidad con el Decreto 520 del 17 de febrero de 2010, teniendo en cuenta la necesidad del servicio.
Recordó que el sector educativo en el C. se encuentra ante una situación de excepción por la adopción de la medida cautelar y correctiva de la Asunción Temporal de la Administración por parte del Ministerio de Educación Nacional, uno de sus objetivos es precisamente la distribución de la planta de cargos docentes y administrativos, teniendo en cuenta la población escolar de cada una de las IE.
Sobre ello hizo referencia al documento CONPES No. 124 de 6 de julio de 2009, por el cual se recomendó la adopción de la medida cautelar correctiva de Asunción Temporal de la competencia de la prestación del servicio educativo en el Departamento del C. donde se estableció que: La distribución de la planta no se ajustaba a los parámetros establecidos en los Decretos 3020 y 1850 de 2002, dado que presentaba  una alta concentración de funcionarios en Quibdó, en sus municipios cercanos y en las cabeceras municipales lo que contrasta con el déficit en los lugares apartados de la zona rural dentro del departamento, con un número importante de sedes educativas cerradas por falta de éstos.
Agregó que ante el diagnóstico anterior, el Ministerio de Educación Nacional, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 715 de 2001, decidió aplicar el Sistema de Control de la Educación en el Departamento, expidiendo para tal efecto la Resolución 596 del 13 de febrero de 2006, que ordenó a las autoridades departamentales la adopción de medidas, entre otras, la de administrar la planta de personal y distribuir su totalidad por municipio y zona urbana y rural.
Concluyó en su escrito de descargo, que no se encuentran vulnerados los derechos fundamentales que invoca la demandante, por cuanto, en lo relacionado a sus hijos, éstos se encuentran en una edad (16 y 17 años) en la que ya tienen definidos sus principios y valores por lo que ya pueden ayudar a sus padres. Agregó que en lo referente a la unidad familiar, no se evidencia vulneración de los derechos, porque con los ingresos económicos que recibe como funcionaria de la Secretaría de Educación del C., le brinda bienestar a su familia; sostuvo que el trabajo del docente implica sacrificio y entrega para realizar su labor donde sea requerido y que ante los derechos de la accionante y de sus menores hijos, están los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que necesitan educación y para lo cual, la señora C.  asumió el compromiso como funcionaria al servicio de la educación superior.
Respecto al derecho al trabajo en condiciones dignas, manifestó que el trabajo de la actora está ubicado en un lugar donde la población infantil se encuentra desprotegida  donde la única presencia del Estado son los maestros y o funcionarios asignados.
1.5 DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA.
El Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Distrito Judicial de Quibdó - C., mediante fallo del 15 de julio de 2011, negó el amparo solicitado, por cuanto consideró que los derechos fundamentales de la accionante no fueron vulnerados con ocasión del traslado. Agregó que, frente a su hija B.E. de 17 años de edad, si bien es cierto cuenta, según certificación médica, con 25 semanas de embarazo y está en estado anémico, no está demostrado que no está casada o que su pareja no pueda atenderla; y en cuanto a J.G. de 16 años, indicó que puede vivir y estudiar cerca al lugar de trabajo de su madre.
De igual forma, sostuvo el a-quo que no existe prueba de amenaza o violación grave de los derechos de la accionante o de su núcleo familiar, puesto que  las circunstancias del traslado son superables ya que no es necesaria la ruptura de su núcleo familiar máxime si se tiene en cuenta la cercanía a la cabecera municipal, o sea, a S.J. delP., así como del municipio de Cartago, por lo tanto, argumentó que los hijos pueden vivir en el lugar de trabajo de la madre o cerca de él.
1.6 IMPUGNACIÓN.
1.6.1 Indicó que el acto administrativo por el cual fue trasladada la señora C. se basó en una falsa motivación de necesidad del servicio. Esto por cuanto el rector de la IE N.l Superior La Inmaculada solicitó al Administrador Temporal de la Educación para el Departamento del C., una auxiliar contable para dicha institución, como así lo recalcó en oficio del 3 de diciembre de 2010. Manifestó que el a-quo no analizó esa situación y el hecho de que la accionante es de profesión abogada y no contadora.
1.6.4 Como soporte de su impugnación, anexó dos declaraciones extra proceso de los señores J.A.S.R. y H.A.Á.M., rendidas en la Notaría Primera del Círculo de Quibdó, el día 28 de julio de 2011, en las cuales los declarantes dan testimonio de que los adolescentes B.E. y J.G.G.C. dependen única y exclusivamente de su madre en Quibdó, quien es cabeza de familia, por cuanto el padre de sus hijos no vive con ellos sino en Bogotá y no aporta económicamente al hogar. Igualmente, sostuvo que viven en una casa que constituye su único patrimonio familiar. Manifestó que a raíz del traslado de I.C., los hijos viven solos y sin el cuidado de su madre, y que por esa circunstancia, la hija quedó embarazada de un compañero del colegio también menor de 18 años, quien igualmente depende de su madre.
1.7 DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, S. Única, en sentencia del 2 de septiembre de 2011, confirmó la decisión de primera instancia y negó la tutela, por considerar que si lo que se pretende es demostrar la ilegalidad del acto por la presunta falsa motivación, para ello existen otras vías jurídicas que pudo iniciar la actora a fin de controvertir la decisión administrativa.
En el presente caso se debe establecer si se vulneraron los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, al debido proceso y a la unidad y estabilidad familiar, de la señora I.C. y sus hijos, por parte de la Administración Temporal del Servicio Educativo del Departamento del C., al trasladarla a una institución educativa lejos del lugar de su residencia, y no valorar en debida forma su particular situación, como la desmejora salarial y económica, su condición de ser madre cabeza de familia y la ruptura del vínculo familiar que implica el traslado, puesto que no puede atender a sus hijos adolescentes, quienes requieren especial cuidado en esa etapa de transición.
2.3 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA CONTROVERTIR ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ORDENAN TRASLADOS DE SERVIDORES PÚBLICOS.
Según los artículos 86 de la Constitución Política y 6º del Decreto 2591 de 1991, en principio la acción de tutela es improcedente cuando se demandan actos administrativos, por cuanto existen diversos mecanismos judiciales que pueden ser empleados para su cuestionamiento ante la jurisdicción contencioso administrativa. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional excepcionalmente ha admitido la procedencia de la tutela en estos casos cuando (i) existe una amenaza de perjuicio irremediable o (ii) los mecanismos ordinarios de defensa no resultan idóneos en el caso concreto.[3]
Según la jurisprudencia constitucional, esta situación se presenta cuando se encuentra que el acto de traslado es ostensiblemente arbitrario[6] y adicionalmente, se cumple alguno de los siguientes supuestos: (1) que el traslado tenga como consecuencia necesaria la afectación de la salud del servidor público o de alguno de los miembros de su núcleo familiar, especialmente porque en la localidad de destino no existan condiciones adecuadas para brindarle el cuidado médico requerido[7]; (2) cuando la decisión de trasladar al trabajador es intempestiva y arbitraria y tiene como consecuencia necesaria la ruptura del núcleo familiar, siempre que no suponga simplemente una separación transitoria u originada en factores distintos al traslado o a circunstancias superables[8]; (3) cuando quede demostrado que el traslado pone en serio peligro la vida o la integridad personal del servidor público o de su familia[9].[10]
Teniendo como base lo anterior, a continuación la S. se referirá a los casos en los que la Corte, observando que existía una amenaza de vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes o de su núcleo familiar, ha considerado procedente la acción de tutela frente a actos administrativos que ordenan traslados o los niegan. Adicionalmente, se hará una breve referencia a las situaciones en que la Corte ha sostenido que el mecanismo de amparo no puede tenerse como instrumento idóneo para controvertir tales actos.
Así las cosas, la S. concluye que es válida la intervención del juez de tutela en el caso concreto porque las condiciones de salud del hijo de la accionante determinaron la inconstitucionalidad del traslado. En tal virtud, procede la tutela de la referencia para dejar sin efectos el traslado de la docente porque éste pone en peligro la vida, la integridad y la salud de su hijo y, en consecuencia, se ordene a la Secretaría de Educación del Municipio de Quibdó, por ser esta la entidad a quien fue entregada la plaza docente que desempeñaba la accionante, que disponga su reubicación en dicho municipio, tal y como lo ha ordenado esta Corporación en anteriores oportunidades.
Así mismo, en la sentencia T-791 del 1 de octubre de 2010[13], esta Corporación analizó la situación de una docente que había sido trasladada de la ciudad de Tunja al municipio de S.. Por medio de tutela ella solicitó la protección del derecho a la salud y, en consecuencia, su traslado nuevamente a la ciudad a Tunja, pues en su nuevo lugar de trabajo existía una alta actividad minera industrial, lo cual afectaba su salud pulmonar y respiratoria, siendo diagnosticada con asma por parte del médico especialista en salud ocupacional. En este caso, la S. Séptima de revisión encontró que las condiciones de la docente en su nuevo lugar de trabajo afectaban su derecho a la salud, por lo cual decidió:
Así las cosas, sin desconocimiento de las exigencias que contempla la ley y en aras de proteger los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, y a la salud en conexidad con la vida, invocados por la accionante, además teniendo en cuenta el tiempo que tardaría la celebración de un convenio interadministrativo, esta S. ordenará al Municipio de Tunja que, en un lapso de quince días, a partir de la notificación de la sentencia, dé respuesta a la accionante en cuanto a si para el año lectivo de 2011 existe la posibilidad de ubicarla en algún plantel educativo del Municipio de Tunja. De ser así, se ordenará que, dentro de un término prudencial, el Departamento de Boyacá gestione el convenio interadministrativo con el Municipio de Tunja, con el fin de ubicar de manera definitiva a la accionante, en un establecimiento educativo de dicho Municipio..
En el presente caso, el hecho de que la Secretaría de Educación y de Cultura del Cauca, no hubiese autorizado el traslado del docente a una institución educativa ubicada en la cabecera municipal de Piendamó, Timbío o Popayán, pone en grave peligro la vida del señor P., toda vez que éste sufre de una enfermedad catastrófica, como es el virus de inmunodeficiencia humana VIH/SIDA, el cual, causa el deterioro paulatino de la salud de quien la padece y éste, al estar ubicado en una institución lejana y, además, con un dificultoso acceso a un centro de salud, vulnera sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la dignidad humana.
En segundo lugar, esta S. observa los conceptos médicos en los cuales se ordena que el actor debe trabajar en una institución educativa en la cabecera municipal y, además, se evidencia el concepto del Comité de Salud Ocupacional del sector educativo, el cual señala la conveniencia de la reubicación del docente en la cabecera municipal de Piendamó que, si bien fue proferido el 24 de noviembre de 2008, para esta S. es claro que la enfermedad que padece el actor no tiene cura y, por tanto, su situación, desafortunadamente, no va a mejorar con el transcurso del tiempo, por el contrario se podrá ver desmejorada.
Con base en lo anterior, esta S. concluye que el señor P. requiere el traslado a una institución educativa ubicada en la cabecera municipal de Piendamó, Timbío o en Popayán, toda vez que éste necesita estar cerca de un centro de salud en consideración a la enfermedad que padece, pues donde se encuentra actualmente, Escuela Rural Mixta Octavio, no tiene como acceder a un centro hospitalario que le brinde una atención rápida y oportuna en caso de sufrir alguna complicación en su salud.
De este modo, en la sentencia T-165 del 26 de febrero de 2004[16], la Corte concedió la tutela como mecanismo transitorio para la protección del derecho a la unidad familiar. En aquella oportunidad, un juez en Cúcuta, presentó tutela en su propio nombre y en representación de su hijo, de seis años de edad, porque se consideraban afectados por la orden de traslado dada por la F.ía General de la Nación, respecto de su esposa y madre, quien venía laborando en una de las F.ías en Cúcuta y de repente se ordenó su traslado a las F.ías en Pasto y al Charco (Nariño). Allí, se consideró que dicho desplazamiento constituía un elemento inminente que traía como inevitable consecuencia el rompimiento de la unidad familiar, especialmente frente al derecho de hijo de la accionante a tener una familia y no ser separado de ella. Además, el esposo padecía diabetes mellitus y requería de los cuidados constantes de su pareja. En tal sentido, la Corte sostuvo que:
En efecto, el rompimiento de la unidad familiar es inminente porque madre e hijo van a quedar separados, con dificultad para el reencuentro y sin razones legales para ello. El peligro es grave porque el menor sufre de problemas de adaptación y está en una edad que requiere la presencia de la madre. Es necesario adoptar medidas urgentes porque no solamente inicialmente se la trasladó hacia Pasto sino que luego se ordenó enviarla aún más lejos y por consiguiente se deben tomar medidas inmediatas para que, dadas las circunstancias obrantes en el presente caso, no se rompa la unidad familiar ().
Por último, la Corte ha concedido la tutela en casos en los que la decisión de trasladar o no a un servidor público ha amenazado sus derechos a la vida, a la integridad y a la seguridad personal. Por ejemplo, en la sentencia T-1656 de 2000[17], la Corte ordenó el traslado de un F.S. que estando en el municipio de Aguachica, fue objeto de amenazas contra su vida. Allí se consideró que al estar en peligro la vida del actor, y al ser este un derecho fundamental sin el cual el ejercicio de los demás derechos sería imposible, era procedente que por medio de tutela se ordenara el traslado a la cabecera municipal de Valledupar, ciudad en la que antes prestaba su servicio, por cuanto:
el juez de tutela esta obligado a decidir con prontitud y de manera preferente la protección real de la vida en juego, más aún en razón de los hechos y la situación personal del actor quien se desempeñó como F. en el municipio de Aguachica y en razón de su desempeño adelantó investigaciones en contra de reconocidos jefes paramilitares.
3.8. En otros términos, esta S. de Revisión señala que la Constitución protege la vida de las personas como el primer derecho fundamental, derecho inviolable (artículo 11), a él se hallan subordinados los demás derechos, razón por la que este derecho debe ser pleno, es decir que va en contra del mismo, cualquier acto por medio del cual la vida humana sea lesionada o resulte amenazada
Por ejemplo, en la sentencia T-1498 del 2 de noviembre de 2000[18], la Corte analizó el caso de un funcionario de la F.ía General de la Nación en el que no se encontró que la situación de traslado ameritaba necesariamente la intervención del juez constitucional, porque no se demostró que el desmejoramiento de las condiciones económicas del servidor público, en razón a los gastos adicionales que debía sufragar al ser trasladado a una ciudad distinta de aquella en la cual habitaba, fuera motivo suficiente para la procedencia de la acción de tutela. En particular, la Corte concluyó que no se encontraba establecida la afectación del mínimo vital.
En suma, la S. concluye que todo servidor público que vea amenazados gravemente sus derechos fundamentales por un acto administrativo que disponga su traslado o que lo niegue, puede acudir a la acción de tutela para efectos de garantizar su protección y evitar la consumación de dicho perjuicio. Adicionalmente, debe entenderse que esta situación de vulnerabilidad puede presentarse, entre otras, en una de las tres hipótesis planteadas previamente, es decir, cuando se vean amenazados sus derechos fundamentales a la salud, a la unidad familiar y la vida e integridad física, tanto propia como de familiares.
La S. es enfática en manifestar que el ámbito de protección del recurso de amparo frente a derechos fundamentales del trabajador como consecuencia de esta clase de actos administrativos, no puede enmarcarse únicamente dentro de las premisas anteriores, pues ello significaría desconocer que existen circunstancias en las que dichas reglas pueden no resultar aplicables. Por lo tanto, la S. considera pertinente resaltar que cualquier derecho fundamental que pueda verse afectado por el traslado de un servidor público, es susceptible de amparo por vía de tutela siempre y cuando no exista otro mecanismo judicial de protección y se esté ante un perjuicio irremediable.
Visto lo anterior se puede concluir, que a pesar de que la administración puede modificar las condiciones de prestación del servicio, no existe discrecionalidad absoluta, pues debe tener en cuenta las condiciones particulares del funcionario que ha ejercido su cargo por años, las cuales no pueden ser alteradas sino por razones que al menos conduzcan a una mejora en el servicio. Establecida entonces la procedencia de la tutela de forma excepcional, la S. entrará a estudiar el tema del ius variandi.
2.4 ALCANCE Y LÍMITES AL EJERCICIO DEL IUS VARIANDI. REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA.
La Corte Constitucional[19], en reiteradas ocasiones, ha sostenido que la facultad del empleador de trasladar a sus empleados no tiene carácter absoluto, porque, por un lado, existen límites que impone la Constitución Política que exigen que el trabajo se desarrolle en condiciones dignas y justas, de conformidad a lo establecido en el artículo 53 de la N. Superior, y, de otro lado, las decisiones deben sujetarse al principio de proporcionalidad y deben responder a las necesidades del servicio u objeto social de la empresa.
que la estructura interna que tienen muchas de las entidades del Estado, en razón a los fines que constitucionalmente les han sido confiados, requieren de una planta de personal de carácter global y flexible, que les permita tener la capacidad suficiente para cumplir cabalmente con las funciones a su cargo, pudiendo por lo tanto, reubicar o trasladar a sus funcionarios en cualquiera de sus diferentes sedes o dependencias, en el nivel territorial o nacional[20].
Artículo 22. Traslados. Cuando para la debida prestación del servicio educativo se requiera el traslado de un docente o directivo docente, este se ejecutará discrecionalmente y por acto debidamente motivado por la autoridad nominadora departamental, distrital o del municipio certificado cuando se efectúe dentro de la misma entidad territorial. ()
El Gobierno Nacional reglamentará esta disposición.
Articulo 2. Traslados por necesidades del servicio. Cuando para la debida prestación del servicio educativo se requiera el traslado de un docente o directivo docente, la autoridad nominadora efectuará el traslado mediante acto administrativo debidamente motivado. Para todo traslado la autoridad nominadora deberá tener en cuenta las necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal.
Parágrafo 3. El traslado no procederá cuando el docente o directivo docente deba permanecer en el municipio por orden judicial o de autoridad policiva.
Sobre éste tema, igualmente el Decreto 1278 de 2002, en su Artículo 52, establece: Se produce traslado cuando se provee un cargo docente o directivo docente vacante definitivamente, con un educador en servicio activo que ocupa en propiedad otro con funciones afines y para el cual se exijan los mismos requisitos aunque sean de distintas entidades territoriales.
a) Discrecionalmente por la autoridad competente, cuando para la debida prestación del servicio se requiera el traslado de un docente o directivo docente dentro del mismo distrito o municipio, o dentro del mismo departamento cuando se trate de municipios no certificados, con el fin de garantizar un servicio continuo, eficaz y eficiente; b) Por razones de seguridad debidamente comprobadas; c) Por solicitud propia.
Por su parte, la Corte Constitucional ha considerado que el ius variandi es una de las manifestaciones del poder de subordinación que ejerce el empleador sobre sus empleados, y se concreta en la facultad de variar las condiciones en que se realiza la prestación personal del servicio, es decir, la potestad de modificar el modo, el lugar, la cantidad o el tiempo de trabajo[23], y en varias oportunidades se ha referido al alcance del mismo.
"El jus variandi no es absoluto. Está limitado, ante todo, por la norma constitucional que exige para el trabajo condiciones dignas y justas (art. 25 C.N.), así como por los principios mínimos fundamentales señalados por el artículo 53 de la Carta en lo que concierne al estatuto del trabajo. Y, por supuesto, su ejercicio concreto depende de factores tales como las circunstancias que afectan al trabajador, la situación de su familia, su propia salud y la de sus allegados, el lugar y el tiempo de trabajo, sus condiciones salariales, la conducta que ha venido observando y el rendimiento demostrado. En cada ejercicio de su facultad de modificación el empleador deberá apreciar el conjunto de estos elementos y adoptar una determinación que los consulte de manera adecuada y coherente.
Tratándose del servicio público de educación que interesa a esta causa, se viene afirmando que el mismo guarda una íntima relación con los derechos fundamentales de los niños y debe prestarse a nivel nacional, sin tener en cuenta la categoría y grado de desarrollo de los municipios o regiones. Por estas razones, y en atención al mandato constitucional impartido al Estado de solucionar las necesidades insatisfechas de la población en materia de educación y de garantizar tanto la continuidad como el funcionamiento eficaz del mismo, resulta apenas obvio que la administración pública pueda contar con amplias facultades para trasladar a sus funcionarios y docentes de acuerdo con las necesidades del servicio[29], constituyéndose tales facultades en instrumentos para el desarrollo del mandato educativo institucional.
Y es que, lo ha sostenido la Corte[32], la figura del traslado no está prevista únicamente como una herramienta del empleador - público o privado - para ajustar su planta de personal a los requerimientos que imponen las necesidades del servicio. Para la Corte, el traslado también comporta un derecho de los trabajadores íntimamente relacionado con otros derechos como la vida, la dignidad, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad, en la medida que el mismo puede ser solicitado por éstos para garantizar su seguridad o sus condiciones de salud, e, igualmente, como un medio idóneo para implementar autónomamente sus proyectos de vida a nivel personal o familiar. En este sentido, la discrecionalidad de la administración no sólo debe consultar los límites establecidos expresamente por la legislación, sino que debe procurar la realización de los derechos fundamentales de los docentes conforme a los mandatos previstos en la Constitución Política.
 que a pesar de la existencia de esta facultad en cabeza de la administración pública, la misma debe ejercerse dentro de los límites de la razonabilidad y de las necesidades del servicio. En estos términos, su aplicación ha de consultar los derechos fundamentales del trabajador, su apego profesional y familiar, los derechos de terceros que eventualmente podrían verse afectados y todos aquellos factores relevantes para evitar la toma de una decisión arbitraria.
Por su parte, el afectado con la nueva medida, para hacer uso de los límites al derecho del empleador, debe probar en qué medida lo afecta la variación ordenada, pues no le basta simplemente manifestar su inconformidad.
2.5 EL DERECHO DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE ELLA.
Posteriormente, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, establece en el artículo 25 (num. 2), que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados de asistencia especiales, y que todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. (subrayado nuestro)
A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y aprobado en Colombia mediante la Ley 74 de 1968, dispone en el artículo 24 (num. 1), que todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.
Igualmente, el artículo 10 (num. 3) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y aprobado en Colombia mediante la Ley 74 de 1968, prevé que se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición.
En el mismo sentido, el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, firmada en San José, Costa Rica, en 1969 y aprobada en Colombia mediante la Ley 16 de 1972, establece que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. (Subrayado nuestro)
Respecto a la protección especial a los adolescentes referido en el artículo citado, la Corte, en sentencia C-092 de 2002[35], sostuvo que ellos están comprendidos en el concepto de niños a que se refiere el artículo 44 de la Constitución y, por tanto, deben gozar de protección especial por parte de la familia, la sociedad y el Estado, y son titulares de los derechos fundamentales consagrados en la N. Superior, que prevalecen sobre los derechos de los demás. Igualmente, señaló que la distinción entre niños y adolescentes, no tiene como finalidad otorgar a éstos últimos una protección distinta, sino darles participación en los organismos públicos y privados que adopten decisiones que les conciernen, teniendo en cuenta su mayor grado de desarrollo[36].
() El concepto de adolescente no se encuentra claramente definido. En los debates de la Comisión Quinta de la Asamblea Nacional Constituyente se discutió sobre la necesidad de señalar el límite de edad para efectos de la protección contenida en el artículo 44 superior, lo cual finalmente no fue objeto de consideración alguna, apareciendo simplemente breves alusiones al tema, existiendo una serie de variables que dificultan tal delimitación. En este sentido, se expresó:
De este modo, la Carta utiliza el término adolescentes para referirse a aquellos jóvenes que no han alcanzado aún la mayoría de edad, pero que tienen capacidad y madurez para participar en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud, sin definir cuándo comienza y a qué edad termina la adolescencia. Lo que se buscó con tal consagración fue pues garantizar la protección y la formación física, psicológica, intelectual y social, así como la participación activa de los jóvenes en la vida cultural, deportiva, política, laboral y económica del país, promoviendo su intervención en las decisiones de los organismos que tienen a su cargo políticas respecto de ese grupo de la población. Así, la distinción entre niño y adolescente, no se hizo para efectos de la prevalencia de sus derechos, sino de la participación. La intención del constituyente no fue excluir a los adolescentes de la protección especial otorgada a la niñez, sino hacerla más participativa respecto de las decisiones que les conciernen.
() la Corte, con un gran sentido garantista y proteccionista ha considerado que es niño, todo ser humano menor de 18 años, siguiendo los parámetros de la Convención sobre los Derechos del Niño (...).
Con base en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que "en Colombia, los adolescentes poseen garantías propias de su edad y nivel de madurez, pero gozan de los mismos privilegios y derechos fundamentales que los niños, y son, por lo tanto, "menores" (siempre y cuando no hayan cumplido los 18 años)"[38]. En consecuencia, la protección constitucional estatuida en el artículo 44 C.P. en favor de los "niños" ha de entenderse referida a todo menor de dieciocho años. [39]
Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.
2.6 CONCEPTO DE LA MUJER CABEZA DE FAMILIA COMO SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.
En ese sentido, la Constitución Política trae un concepto de familia muy amplio, pues en el artículo 42 de la Carta, se estableció que [s]e constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla (). De esa manera la familia surge, entre otros, por el matrimonio, la unión marital de hecho o la adopción.
La Carta dispuso en su artículo 43 que () El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia (); amparo que se debe brindar aún si aquella no es madre de los demás miembros del núcleo familiar que dependen de ella, ya sean abuelos, padres, o hermanos.
En este sentido, el inciso segundo del artículo 2º de La ley 82 de 1993, Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia, modificado por el artículo 1º de la Ley 1232 de 2008, establece que () es M.C. de familia, quien () ejerce la jefatura del hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar ().[41]
(i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental ó, como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar[44].
el desempleo y la vacancia temporal de la pareja, o su ausencia transitoria, por prolongada y desafortunada que esta pueda resultar, no significa per se que una madre adquiera la condición de cabeza de familia, toda vez que para ello es indispensable el total abandono del hogar por parte de su pareja y de las responsabilidades que le corresponden como padre; es decir, debe existir un incumplimiento absoluto y permanente de las obligaciones inherentes a esta condición[46]. Todo ello sin olvidar que el trabajo doméstico, con independencia de quién lo realiza, constituye un valioso apoyo para la familia, a tal punto que debe ser tenido en cuenta como aporte social[47]. En ese orden de ideas, debido a la existencia de otras formas de colaboración en el hogar, la carencia de un ingreso económico fijo de una persona no puede ser utilizada por su pareja para reclamar la condición de cabeza de familia.
las acciones afirmativas genéricas autorizadas para las mujeres en el artículo 13 de la Constitución se diferencian de la especial protección que el Estado debe brindar a las madres cabeza de familia, cuyo fundamento es el artículo 43 de la Carta, pues estas últimas plantean un vínculo de conexidad directa con la protección de los hijos menores de edad o discapacitados, donde es razonable suponer que la ayuda ofrecida redundará en beneficio de toda la familia y no de uno de sus miembros en particular.
2.7 EL CASO CONCRETO.
2.7.1 Resumen de los hechos.
La señora I.M.C.C. se desempeña como Técnico Administrativo desde en el mes de marzo de 2008, al servicio de la Secretaría de Educación del Departamento del C.. Dice que es madre cabeza de familia y solicita se amparen sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, al libre desarrollo de la personalidad de sus hijos adolescentes y a la unidad familiar.
La S. observa que según los registros de nacimiento de los hijos adolescentes de la demandante, B.E. nació el 24 de noviembre de 1993, de modo que a la fecha de la presentación de la tutela era menor de 18 años, pero en la actualidad, es mayor de edad; por su parte, J.G. nació el 28 de junio de 1995, de manera que actualmente cuenta con 17 años y ocho meses de edad.
La Secretaría de Educación del Departamento del C., a través de la Administración Temporal para el Sector Educativo del Departamento, trasladó a la demandante a la entidad educativa N.l Superior La Inmaculada del corregimiento La Italia del municipio de S.J. delP., aduciendo necesidad del servicio. En virtud de esta orden, la peticionaria inició labores a partir de diciembre de 2010.
Sin embargo, la accionante presentó recurso de reposición, informando (i) que fue desmejorada laboralmente al ser ubicada en un sitio con menores condiciones de calidad de vida a los que tenía donde antes se encontraba; que el traslado le genera laboralmente sobrecostos económicos, dado que es la única persona que trabaja en su hogar; (ii) que el traslado afectaría los derechos fundamentales de sus hijos al libre desarrollo de la personalidad y a la unidad familiar; (iii) que el Rector de la IE N.l Superior La Inmaculada comunicó a la Administración Temporal que requería para el cargo a una persona con conocimientos contables, para lo cual ella no reúne los requisitos; (iv) que la Institución Educativa N.l Superior la Inmaculada se encuentra ubicada a más de 8 horas de viaje por carretera en zona de riesgo de orden público, por lo que se le hace imposible viajar para estar con sus hijos y tan solo lo puede hacer en semana santa y las vacaciones de julio y diciembre, situación que, adujo, pone en riesgo la estabilidad y unidad de su familia, afectándolos psicológica y emocionalmente, al quedar sus hijos solos sin el acompañamiento y cuidados del padre, por cuanto él vive en otra ciudad; y (v) que lo anterior ha traído como consecuencia que su hija se encuentra en estado de embarazo de un adolescente, quien no puede responder ni por ella ni por el niño que está por nacer, con el agravante del alto riesgo para la vida de su hija y del niño, por el estado anémico que padece.
En las pruebas aportadas por el apoderado de la accionante, se encuentran dos declaraciones de vecinos que afirman que los hijos adolescentes de la accionante permanecen solos en una casa de su patrimonio familiar, que su calidad de vida se ha desmejorado y que la niña en estado de embarazo se ha visto obligada a retirarse de los estudios a causa de su delicado estado de salud. Agregan que el padre del niño por nacer es un menor de 18 años igual que ella, por lo que no puede responder económicamente. Igualmente, afirman que la señora C. no posee otra propiedad.
Es preciso aclarar que a la fecha de la presentación de la tutela, B.E., la hija de la accionante, contaba con 25 semanas de embarazo, lo que hace suponer que a fecha presente su hijo ya nació.
2.7.2 La procedencia de la tutela.
2.7.2.1 Legitimación en la causa.
En el caso sub examine se observa que la señora I.M.C.C., al momento de presentar la acción de tutela a nombre propio, también lo hizo a nombre de sus hijos, quienes para esa fecha, eran menores de 18 años, por lo cual la S. encuentra que se encuentra legitimada para representar los intereses de sus hijos.
Por otra parte, la S. observa que el demandado es una entidad pública, de forma que en los términos del Decreto 2591 de 1991, está acreditada la legitimación por pasiva.
2.7.2.2 Examen de la inmediatez.
La S. considera que la acción de tutela procede en este caso, toda vez que al momento de interposición de la demanda, existía un riesgo de perjuicio irremediable, como quiera que (i) la hija de la peticionaria -para ese entonces menor de 18 años- estaba embarazada y presentaba un embarazo riesgoso, al punto que el médico tratante le recomendó reposo, de modo que le era imposible trasladarse con la madre al nuevo sitio de trabajo; (ii) el padre de la niña vive en Bogotá y no podía encargarse de su cuidado ni del otro hijo menor de 18 años, de modo que la presencia de la demandante en Quibdó era fundamental para garantizar los derechos de sus hijos menores de 18 años, no solamente a la unidad familiar, sino a la salud y al cuidado.
2.7.3 Examen de la vulneración de los derechos fundamentales de los tutelantes.
Respecto al primer punto, la S. observa de los hechos y pruebas obrantes en el expediente, así como de las afirmaciones de la señora C. cuyos soportes anexa, que la demandada no tuvo en cuenta la solicitud de la accionante de no ser trasladada a un lugar lejano de su familia, ni se realizó el previo análisis de su situación particular respecto a su condición familiar y laboral. En otras palabras, la entidad demandada decidió trasladar a la peticionaria sin examinar su situación personal.
Respecto a la afectación grave y directa los derechos fundamentales de la accionante y de su hija, es preciso recalcar que la Carta Política, en su artículo 43, señala una especial protección reforzada para la mujer cuando se encuentra en estado de maternidad y posterior a éste, al indicar que durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado,
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al proceso y de conformidad con lo expresado en la consideración 2.7.2.3., observa la S. que efectivamente el traslado de la señora C. le impide brindar a sus hijos adolescentes, especialmente a su hija (quien al momento de la presentación de la tutela, contaba con 25 semanas de embarazo y en la actualidad tiene un hijo recién nacido) los cuidados debidos. Tal cuidado era además indispensable en la etapa de gestación, pues la hija de la demandante presentó un embarazo de alto riesgo, debido a la anemia que padecía, lo que le impedía trasladarse con la madre y, de otro lado, hacía apremiantes los cuidados de esta última.
Ahora bien, como quiera que desde la presentación de la solicitud de amparo hasta la fecha presente, han transcurrido más de nueve meses, es de suponer que el hijo de B.H. ya nació; sin embargo, ello no significa que exista una carencia actual de objeto por daño consumado, puesto que en este estado debe también protegerse la vida del niño recién nacido, quien en el caso concreto depende única y exclusivamente de la abuela.
Con base en lo anterior, la S. concluye que es preciso conceder la tutela como mecanismo transitorio a los derechos fundamentales a la unidad familiar y a la protección especial de los niños, las niñas y los adolescentes; por tanto, ordenará el traslado de la señora I.C. a una institución educativa ubicada en Quibdó o cerca de este municipio, a fin de que pueda atender a su hija y su nieto recién nacido, durante el tiempo que requieran de sus cuidados. Sin embargo, advertirá a la peticionaria que dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de la presente decisión, deberá acudir a los mecanismos judiciales ordinarios de defensa para impugnar el acto administrativo que confirmó la decisión de traslado, so pena de que la protección dispuesta en este fallo cese.
En consecuencia, la S. revocará los fallos de instancia proferidos por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Distrito Judicial de C., el 15 de julio de 2011, y por el Tribunal Superior de Quibdó  S. Única, de fecha 2 de septiembre de 2011 y, en su lugar, concederá la tutela de manera transitoria, con fundamento en las consideraciones antes expuestas. En consecuencia, se ordenará a la Secretaría de Educación del Departamento de C. -Administración Temporal para el Sector Educativo- disponer las medidas pertinentes para que en un término no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la notificación del presente fallo, reubique provisionalmente a la señora I.C.C., en una institución educativa del municipio de Quibdó o de un municipio cercano.
En mérito de lo expuesto la S. Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
PRIMERO: REVOCAR los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Distrito Judicial de Quibdó, C., el 15 de julio de 2011, y por el Tribunal Superior de Quibdó  S. Única, de fecha 2 de septiembre de 2011. En su lugar, CONCEDER en forma transitoria el amparo a los derechos fundamentales a la unidad familiar y a la protección especial de los niños, niñas y adolescentes de la hija de la accionante y su nieto recién nacido.
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR a la Secretaría de Educación del Departamento de C. - Administración Temporal para el Sector Educativo, que en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente fallo, reubique provisionalmente a la señora I.C.C., en una institución educativa del municipio de Quibdó o de un municipio cercano, hasta tanto la vulneración sea superada.
TERCERO: ADVERTIR a la peticionaria que dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de esta providencia, deberá hacer uso de los mecanismos judiciales ordinarios de defensa para impugnar el acto administrativo que confirmó la decisión de traslado, so pena de que la protección dispuesta en esta decisión finalice.
[1] Sentencias T-1156 de 2004 MP. Marco G.M., T-346 de 2001 MP. J.A.R., T-1498 de 2000 MP. M.V.S., T-965 de 2000 MP. E.C., T-288 de 1998 MP. F.M.D., T-715 de 1996 MP. E.C., T-016 de 1995 MP. J.G.H. y T-483 de 1993 MP. J.G.H..
[2] MP. J.I.P.C..
[3] Ver Sentencia T-894 del 11 de noviembre de 2010 M.P.N.P.P..
[4] El ius variandi ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la potestad del patrono en ejercicio de su poder subordinante para alterar las condiciones en cuanto al modo, lugar, cantidad o tiempo de trabajo de sus empleados Sentencia T-468 de 2002 M.P.E.M.L..
[6] T-715/96 (MP E.C.M.); T-288/98 (MP F.M.D.).
[7] Sentencias, T-330/93 (MP A.M.C., (T-483/93 MP J.G.H.G., T-131/95 (MP. J.A.M., T-181/96 (MP. A.M.C., T-514/96 (MP. J.G.H.G., T-516/97 (MP. H.H.V., T-208/98 (MP. F.M.D.) y T-532/98 (MP A.B.C.)
[8] Sentencia T-503/99 (MP. C.G.D..
[9] Sentencia T-120/97 (MP C.G.D.); T-532/96 (MP A.B.C.).
[10] Sentencia T-264 del 17 de marzo de 2005 M.P.J.A.R..
[11] Respecto de la noción de función pública, indicó esta Corporación: Así las cosas, la noción de función pública atañe al conjunto de las funciones que cumple el Estado, a través de los órganos de las ramas del poder público, de los órganos autónomos e independientes, (art. 113) y de las demás entidades o agencias públicas, en orden a alcanzar sus diferentes fines.// Empero, debe la Corte señalar que la posibilidad de desempeñar funciones públicas se predica no solo de las personas que se vinculan con el Estado mediante la elección o nombramiento y la posesión en un cargo, sino también de los particulares que, en los casos taxativamente señalados en la Constitución y la ley, puedan investirse de la autoridad del Estado y desempeñar funciones públicas administrativas (art. 123-3, 210-2, 267-2) o funciones públicas judiciales (art. 118-3). Sentencia C-037 del 28 de enero de 2003.
[13] M.P.J.I.P.C..
[14] M.P.G.E.M.M..
[15] En cuanto al derecho a la unidad familiar, la Corte Constitucional ha sostenido lo siguiente: A partir de la interpretación de las disposiciones normativas contenidas en el artículo 42 de la Constitución, es posible establecer la existencia de un derecho constitucional a mantener la unidad familiar o a mantener los vínculos de solidaridad familiar. De la caracterización constitucional de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, en la cual es necesario preservar la armonía y la unidad, mediante el rechazo jurídico de las conductas que puedan conducir a su desestabilización o disgregación, y además, consultando el deber constitucional de los padres, consistente en sostener y educar a los hijos mientras sean menores o impedidos, resulta perfectamente posible derivar normas de mandato, de prohibición y de autorización. Siguiendo un razonamiento similar es posible configurar el derecho a mantener la unidad familiar. Este derecho es el corolario de la eficacia de la disposición que define la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, en la medida en que constituye el dispositivo normativo que permite realizar la pretensión constitucional de protección a la familia (como núcleo fundamental de la sociedad), al autorizar la intervención de los jueces y en especial del juez constitucional, en situaciones concretas que tengan el poder de afectar la unidad y/o la armonía familia. Sentencia T-207 del 5 de marzo de 2004 M.P.M.J.C.E..
[16] M.P.M.G.M.C..
[18] M.P.M.V.S.M..
[19] Sentencia T-026 de 2002 MP. E.M.L..
[20] Sentencia T-752 de 2001 MP. R.E.G..
[21] MP. Á.T.G..
[22] Sentencias T -065 de 2007 MP. R.E.G. y T -922 de 2008 MP. Marco G.M.C..
[23] Sentencia T-797 de 2005 MP. J.A.R..
[24] MP. J.G.H..
[25] MP. J.G.H..
[26] MP. J.C.T..
[27] Sentencias: T-483 de 1993 MP. J.G.H.; T-503 de 1999 MP. C.G.; T-1156 de 2004 MP. Marco G.M.C.; y T-797 de 2005 MP. J.A.R..
[28] MP. R.E.G..
[29] Sentencias SU-559 de 1997 MP. E.C.; T-694 de 1998 MP. A.B.C.; y T-797 de 2005 MP. J.A.R..
[30] Sentencias SU-559 de 1997 MP. E.C.; T-1156 de 2004 MP. Marco G.M.C.; y T-796 de 2005 MP. R.E.G..
[31] Sentencias: T-752 de 2001 MP. R.E.G., T-026 de 2002 MP. E.M., T-503 de 1999 MP. C.G., T-1156 de 2004 MP. Marco G.M.C. y T-797 de 2005 MP. J.A.R..
[32] Sentencia T-797 de 2005 MP. J.A.R..
[33] Sentencia T-653 de 2011 MP. J.I.P.C..
[34] MP. J.I.P.C.
[35] MP. J.A.R..
[36] Sentencia C-228 de 2008 MP. J.A.R..
[37]Actas de los debates de la Asamblea Nacional Constituyente, Transcripción de sesiones, Presidencia de la República, Plenaria, Junio 10 de 1991, pag. 68
[38] Sentencia C-019 de 1993 M.P.C.A.B..
[39] Sentencia C-092 de 2002, M.P.J.A.R.. Ver también sentencias T-415 y T-727de 1998 M.P.A.M.
[40] Artículo 5º C.P. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.
[41] El texto completo: ARTÍCULO 2o. JEFATURA FEMENINA DE HOGAR. Para los efectos de la presente ley, la Jefatura Femenina de Hogar, es una categoría social de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos, económicos, culturales y de las relaciones de género que se han producido en la estructura familiar, en las subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su posición y condición en los procesos de reproducción y producción social, que es objeto de políticas públicas en las que participan instituciones estatales, privadas y sectores de la sociedad civil.
En concordancia con lo anterior, es M.C. de Familia, quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.
[43] MP. M.J.C.E..
[44] Sentencia SU-388 de 2005 MP. Clara I.V.H..
[45] MP. Clara I.V.H..
[47] Sentencia T-494 de 1992 MP. C.A.B..
[48] Sentencia C-034 de 1999 MP. A.B.S..
[49] MP. Clara I.V.H..
[50] Sentencia C-184 de 2003 MP. M.J.C.E..
[51] T-493 de 2007, M.P.C.I.V.H..
[53] Sentencia T- 417 del 25 de mayo de 2010. M.P.M.V.C. Correa
[54] Sentencias T-715 de 16 de 1996 MP. J.G.H. y T-288 de 1998 MP. F.M.D..
Sentencia nº 2012-00086 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección segunda, de 23 de Abril de 2015
Sentencia nº 73001-23-31-000-2010-00265-02 de Consejo de Estado - Sección Primera, de 12 de Noviembre de 2015

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 29
 Resolución 
 artículo 53
 Artículo 52
 artículo 53
 artículo 25
 artículo 24
 artículo 10
 artículo 19
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 34
 artículo 42
 artículo 43
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 42
 Artículo 5
 ARTÍCULO 2