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Timestamp: 2019-08-22 00:55:39+00:00

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LEY 36/1988, DE 5 DE DICIEMBRE, DE ARBITRAJE. | Iberley
LEY 36/1988, DE 5 DE DICIEMBRE, DE ARBITRAJE. - Boletín Oficial del Estado, de 07-12-1988
El Título I delimita el ámbito de aplicación de la ley, configurando el objeto sobre el que pueda recaer el arbitraje y separando esta institución de otras figuras afines. Se elimina la distinción entre el contrato preliminar de arbitraje y el compromiso, que efectúa la ley de 1953. El convenio arbitral, instrumento en el que se plasma el derecho de las personas a solucionar las cuestiones litigiosas de su libre disposición que reconoce el Artículo 1. , puede tener por objeto cuestiones presentes o futuras. Se trata con ello de superar la relativa ineficacia de la cláusula compromisoria o contrato preliminar de arbitraje, que solía estipularse antes del nacimiento real de la
controversia entre las partes, obligando quizá por la misma naturaleza de las cosas a exigir su formalización judicial cuando la controversia ya estaba presente entre las partes.
El Título III se refiere a los árbitros y regula su capacidad, sus incompatibilidades y su abstención y recusación. En el caso de pluralidad de
árbitros, estos elegirán un presidente a quien incumbe dictar el laudo en el caso de que no hubiera acuerdo mayoritario.
El Título VI se dedica a la intervención jurisdiccional a lo largo del procedimiento arbitral. Tal intervención se ha reducido a la estrictamente
necesaria. Con la intención de simplificar el procedimiento arbitral propiamente dicho y en línea con lo establecido en otros ordenamientos, se encomienda a los árbitros, en defecto de acuerdo de las partes, la delimitación de la controversia sometida a arbitraje, lo que permitirá descargar a la administración de justicia de algunas de las funciones que actualmente tiene encomendadas en la formalización judicial del arbitraje. El convenio arbitral no implica renuncia de las partes a su derecho fundamental de tutela judicial, consagrado en el Artículo 24 de la constitución. Por ello, el Título vII regula un recurso de anulación del laudo, a fin de garantizar que el nacimiento, desarrollo y conclusión del procedimiento arbitral se ajustan a lo establecido en la ley.
La ley efectúa una reforma en profundidad del arbitraje para que esta institución resulte apta no solo para resolver los litigios que se planteen en el marco de complejas relaciones mercantiles o de aisladas relaciones jurídico-civiles, sino tambien para eliminar conflictos como los que se producen en el trafico jurídico en masa, mediante la autonomía de la voluntad de las partes. El comité de ministros del consejo de Europa, en su recomendación 12/1986, referente a ciertas medidas tendentes a prevenir y reducir la sobrecarga de trabajo de los tribunales, postula que los gobiernos adopten las disposiciones adecuadas para que "en los casos que se presten a ello, el
arbitraje pueda constituir una alternativa mas accesible y mas eficaz a la acción judicial".
Esta ley facilitará un cauce sencillo y económico para la eliminación de conflictos mediante el uso de su libertad por parte de los ciudadanos, garantizando, al mismo tiempo, que el sistema que se instaura es igualitario. Se trata, en definitiva, de remover, conforme ordena el Artículo 9. De la constitución, los obstáculos que dificulten o impidan la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra.
2. Los reglamentos arbitrales de las corporaciones de derecho publico y de las asociaciones y sus modificaciones, se protocolizarán notarialmente.
Artículo 11 (artículo modificado por Ley 1/2000)
2. En su defecto, los árbitros podrán elegir de entre ellos, si lo consideran conveniente, al que desempeñe las funciones de secretario, que en ningun caso deberá ser el presidente del colegio arbitral.
2. Si los árbitros estimaren la oposición planteada sobre las cuestiones del párrafo anterior quedará expedito el acceso a los órganos jurisdiccionales para la solución de la cuestión litigiosa sin que quepa recurso contra la decisión arbitral desestimatoria sobre estas cuestiones podrá impugnarse, en su caso, al solicitarse la anulación judicial del laudo.
1.Los árbitros no están sujetos en el desarrollo del arbitraje a plazos determinados, salvo acuerdo de las partes y sin perjuicio de lo establecido en esta ley respecto del plazo para dictar el laudo.
Los árbitros podrán acordar, una vez practicadas las pruebas, oir a las partes o a sus representantes.
2. Transcurrido el plazo sin que se hubiere dictado el laudo, quedará sin efecto el convenio arbitral y expedita la vía judicial para plantear la
3. En los procedimientos arbitrales que traigan causa de contratos sometidos al régimen jurídico de la Ley de Arrendamientos Urbanos, a falta de pacto expreso de las partes, los árbitros deberán dictar el laudo en el término de tres meses, contado como se dispone en el número 1 de este artículo. (Apartado añadido por Ley 29/1994, de arrendamientos urbanos)
2.Los árbitros resolverán dentro de los diez días siguientes, protocolizarán su decisión notarialmente y harán que se notifique fehacientemente a las partes.
Si en el plazo señalado no hubiesen resuelto se entenderá que deniegan la petición.
2. Si no hay convenio sobre la designación de los árbitros o modo de designarlos y las partes no se ponen de acuerdo, procederá el juez a la designación de los árbitros mediante sorteo de entre los nombres incluidos en la lista de abogados en ejercicio que solicitará del colegio profesional de la circunscripción judicial correspondiente o del consejo general de la abogacía.
Los jueces de primera instancia rechazarán fundamentalmente la practica de pruebas contrarias a las leyes, sin que contra sus resoluciones quepa recurso alguno.
b) En los casos del numero 2 del Artículo 45, conforme a la ley que resulte
"los convenios arbitrales establecidos en la contratación a que se refiere este Artículo serán eficaces si, además de reunir los requisitos que para su validez exigen las leyes, resultan claros y explícitos. La negativa del consumidor o usuario a someterse a un convenio arbitral distinto del previsto en el Artículo 31 de esta ley no podrá impedir por si misma la celebración del contrato principal.> (Apartado derogado por la ley 7 /1998, sobre condiciones generales de la contratación)

References: Artículo 1
 Artículo 24
 Artículo 9

Artículo 11
 Artículo 45
 Artículo 31