Source: http://www.cienciaeconomica.com/2013/08/recordais-la-nacionalizacion-de-repsol.html
Timestamp: 2018-07-18 10:36:06+00:00

Document:
Ciencia Económica: ¿Recordáis la nacionalización de Repsol YPF?
¿Recordáis la nacionalización de Repsol YPF?
Recientemente hemos publicado un artículo a este respecto en la revista internacional de alto índice de impacto Utilities Policy. Eso sí, está en inglés. El artículo cuesta 35,90$ pero lo compartiremos con todos vosotros gratuitamente.
POR FAVOR ACORDAROS DE IR AL FINAL DE LA PÁGINA Y DARLE A"ME GUSTA"
Enlace oficial de la revista (de pago)
Enlace de Ciencia Económica (gratis) (está en la parte inferior de la pantalla)
Professor of History and Economic Institutions
+34 965 90 3400x 3198
iortiz@ua.es
+34 965 90 3770
University of Alicante (Spain
borja.montano@ua.es
+34 965 90 3609
La nacionalización por el Gobierno argentino del 51% de las acciones de Repsol en YPF en abril de 2012 no ha sido una sorpresa. La presidenta Cristina Fernández llevaba tiempo maniobrando para recuperar el control de la empresa y ha elegido el momento adecuado en función de factores políticos, demoscópicos, económicos y energéticos que incrementaron el rendimiento de los beneficios que el Gobierno argentino creyó obtener con la nacionalización. La presidenta se enfrentaba, en ese momento, a problemas internos derivados de escándalos de corrupción que habían salpicado incluso al vicepresidente Amado Boudou, y a una coyuntura económica crecientemente adversa. De ahí, que incidiera en dos campañas cargadas de significado nacionalista: recuperar las Malvinas y devolver YPF al pueblo argentino. Además, esta estrategia venía apoyada por encuestas, ya que la mayoría de la población respaldaba ambas medidas. En una coyuntura internacional marcada por los altos precios de la energía y otras materias primas, por la elevada demanda de los llamados países emergentes, especialmente China e India, resultó tentador renacionalizar los recursos naturales. A esto se sumó el descubrimiento por Repsol-YPF de un gran yacimiento de gas de pizarra: la tercera reserva mundial de este hidrocarburo no convencional, solo por detrás de EE UU y China. Si bien, para explotar Vaca Muerta y sacarle partido habrá que realizar grandes inversiones y disponer de una tecnología sumamente sofisticada.
Con todo, la expropiación de YPF es un paso más en una larga lista de decisiones crecientemente proteccionistas e intervencionistas del Gobierno argentino: primero fue la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y de los planes de pensiones privados; más tarde, la modificación de los estatutos del Banco Central para flexibilizar el uso de sus reservas, el aumento de las barreras no arancelarias para bloquear el comercio; y finalmente llegó la expropiación de YPF[1]. Esto ha ocurrido en un contexto de elevada inflación –cercana al 27% según estimaciones privadas, aunque según el Gobierno no alcanza el 10%, lo que la coloca como la más elevada de América Latina-, reducción drástica del crecimiento y crecientes salidas de capital. Si bien en muchos países emergentes exitosos encontramos un creciente intervencionismo gubernamental en la economía que sustenta lo que se conoce como capitalismo de Estado; en Argentina, estas intervenciones llevan a un capitalismo de amigos, destinado a incrementar el poder de los círculos cercanos al Gobierno y a incrementar los subsidios que generalizan el clientelismo[2]. Además, desde hace algún tiempo, el Gobierno argentino multiplica estas operaciones de distracción, para compensar mediante gestos y desplantes demagógicos la grave crisis social que ha provocado el mismo con su política insensata de subsidios al consumo, de intervencionismo en la vida económica, su conflicto irresuelto con los agricultores y la inseguridad que han generado su falta de transparencia y constantes retoques y mudanzas de las reglas de juego en su política de precios y de reglas para la inversión. No es sorprendente que la inflación crezca, que la fuga de capitales, hacia Brasil y Uruguay principalmente, aumente cada día y que la imagen internacional del país se haya venido deteriorando de manera sistemática, imagen que se refleja en el concepto de riesgo país que se situó en septiembre de 2012 entorno a los 1.050 puntos básicos, por encima incluso de Venezuela (977). No obstante, nadie niega el derecho soberano de Argentina a la estatalización o nacionalización de sus recursos, en este caso el petróleo y el gas, pero indemnizar con justiprecio es asimismo una obligación, que además está reconocida en su ordenamiento jurídico; y esta indemnización es la que el Gobierno argentino no hace más que discutir y obstaculizar.
I. El sector de los hidrocarburos en Argentina y su privatización 1989-1999
Hasta abril de 2012 la Argentina era, junto con EE.UU., Gran Bretaña, Canadá y Australia, uno de los cinco países del mundo que tenía una industria petrolera y gasífera totalmente privada y abierta al juego de los mercados, donde tanto los locales como los extranjeros podían competir en igualdad de condiciones, ya fuese en actividades industriales como comerciales. Uno de los rasgos de identidad de las grandes corporaciones petroleras es la llamada integración vertical; es decir, la realización de todas las actividades del negocio: exploración-producción de petróleo y gas (upstream), transporte marítimo, refino, petroquímica, distribución y comercialización (downstream). Esta característica ha prevalecido en el tiempo, debido tanto a las ventajas de economía de escala, como a la posibilidad de que un eslabón de la cadena con dificultades temporales pueda recuperarse con la ayuda de los restantes.
Desde que se descubrió petróleo en Argentina, en 1907, hasta las privatizaciones de Gas del Estado e YPF en 1992, la industria creció por ciclos en los que la apertura al capital privado resultó definitoria para lograr un incremento de la producción. El petróleo no fue ni un sector liberado a la actividad privada ni tampoco un sector en el que se impulsó de manera consistente y sostenida la explotación estatal. A lo largo del siglo, el sector privado participó de diversas formas en la industria (tanto en el upstream como en el downstream), pero siempre bajo la amenaza de un cambio abrupto en las reglas del juego. Argentina adoptó un régimen dominial-regalista, por el cual el recurso pertenece al Estado nacional, pero puede ser explotado por concesión legal otorgada a empresas públicas o a inversores privados. Éstos aportan las inversiones y tecnología para la exploración y explotación de los hidrocarburos descubiertos así como la operación de las unidades correspondientes, soportando las consecuencias del riesgo minero. Su principal contraprestación al Estado concedente es el pago de una regalía que, ordinariamente, es del 12% de la producción bruta de hidrocarburos, admitiéndose algunas deducciones. El régimen fiscal es el general para las actividades económicas del país. Durante muchos años, siguiendo una corriente que aún persiste en varios países, el monopolio de la exploración y explotación de hidrocarburos recayó en una empresa estatal, al igual que el transporte y la distribución del gas natural. La identificación de los hidrocarburos con aspectos relativos a la estrategia nacional y a la soberanía del Estado hizo que algunas decisiones políticas que posibilitaban el acceso del capital privado a su explotación fueran más tarde cuestionadas y revocadas.
Tras décadas de continua inestabilidad política y económica, el gobierno de Carlos Menem (Partido Justicialista), que llegó al poder en 1989, puso en marcha un conjunto de medidas políticas y económicas que, en cierta medida, contribuyeron a generar un marco estable[3]. Dentro de las medidas adoptadas destaca, por un lado, la publicación de la Ley de Convertibilidad en 1991 que establecía un modelo de caja de convertibilidad monetaria entre el peso argentino y el dólar estadounidense y, por otro, la privatización masiva de empresas públicas, así como la concesión de la mayor parte de los servicios públicos. Las privatizaciones realizadas en Argentina durante los años noventa no fueron un hecho aislado en Latinoamérica, si no que formaron parte de un cambio de tendencia y del modelo de la participación del Estado en la economía. Dicho cambio, en parte, fue consecuencia de las propuestas de reformas que apoyaron los principales organismos internacionales que operaban en la región como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que, en su conjunto, pueden resumirse en el denominado Consenso de Washington. Los primeros esfuerzos del presidente Menen se centraron en el Plan de Reforma del Estado (Ley 23.696/89). Dicho Plan de Reforma estaba enfocado a: parar la hiperinflación existente, equilibrar el presupuesto y modernizar al Estado, renegociar la deuda e iniciar una política comercial tendente a facilitar la apertura de la economía. Entre otros efectos, consiguieron vencer la hiperinflación y recuperar la senda del crecimiento económico, fortalecer el sector financiero y facilitar la entrada masiva de inversión extranjera (promedio de 6.760 millones anuales para este decenio, aproximadamente un 2% del PIB), gracias sobre todo a la realización de privatizaciones masivas de empresas públicas. Las privatizaciones contribuyeron a mejorar la macroeconomía del país como consecuencia de la entrada de flujos de capital, la posibilidad de reducir inicialmente la deuda externa y la reducción del gasto público que suponía el mantenimiento de un sector empresarial público deficitario.
La mayor parte de los flujos de capitales de no residentes procedían en un 90% de cinco países. El país con una mayor inversión realizada en el periodo fue España con un 42%. Este porcentaje era de un 17% hasta 1998, pero la venta del 14,99% de las acciones que poseía el Estado en YPF al Grupo Repsol en el año1999 por un importe de 2.010 millones de dólares, supuso que España pasara a ser el mayor inversor. Otros países que también participaron muy activamente el proceso de privatizaciones fueron Estados Unidos (26%), Chile (10%), Francia (7%) e Italia (6%). España jugó un papel muy destacado como país inversor en las privatizaciones y, en paralelo, como uno de los principales inversores extranjeros en el país entre 1990 y 1999, representando un total del 25,2 % del total y aportando un volumen aproximado de 32.000 millones de dólares. La mayor inversión realizada por España fue la compra de la petrolera YPF –era y es la primera empresa del país por activos- por Repsol en 1999, por un importe estimado de 15.400 millones de dólares, lo que le posicionó como el primer inversor extranjero en Argentina, por delante de EE.UU.
Con la promulgación de la Ley de Reforma del Estado de Emergencia Administrativa se pretendía, entre otras cosas, incrementar la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a partir de la desregulación de la industria y la libre disposición de los hidrocarburos; hasta entonces, el mercado interno había estado completamente regulado, correspondiendo a YPF, a través de la Secretaría de Energía, el reparto de crudo entre los refinadores, por medio de la llamada Mesa de Crudos. Los precios estaban regulados y el Estado fijaba los márgenes de los distintos escalones de la comercialización. Las distintas medidas tomadas eliminaron las cuotas de crudo y liberalizaron los precios de venta de los hidrocarburos y de los productos petrolíferos.
En diciembre de 1990 se aprobó el Plan de transformación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en YPF, S.A., con el objeto de que sus acciones pudiesen ser ofrecidas en los mercados bursátiles y en cuyo capital podían participar tanto el Estado argentino como accionistas privados. Se justificó esta conversión por la necesidad de hacer frente a la difícil situación económica y financiera y con el fin de alcanzar una gestión eficiente que permitiera a la empresa competir en un mercado desregulado y desmonopolizado, dotándola de la máxima autonomía empresarial y liberándola de las limitaciones y restricciones entonces existentes. En septiembre de 1992 se dictó la Ley 21145, con dos objetivos: por un lado, transferir a las provincias el dominio de los hidrocarburos y, por el otro, declarar a YPF sujeta a privatización total[4]. Se convirtió a las áreas exploradas y explotadas por YPF en el momento de sanción de la Ley en licencias de exploración y concesiones de explotación en los términos de la Ley 17319, exceptuándola de las restricciones legales relacionadas al máximo de áreas que una misma empresa podía explotar y/o explorar[5]. A mediados de 1993 se realizó con éxito la Oferta Pública Inicial (OPI) tanto en el mercado argentino como en el internacional, cuyo resultado fue la adquisición por el sector privado del 59% de YPF, mientras que el Estado Nacional mantuvo el 20%, los trabajadores el 10% y las provincias productoras de petróleo el 11%. En años posteriores la participación de particulares creció hasta el 75%. En total en la OPI se obtuvieron US$ 3.040 MM por el 45% de las acciones, cifra que luego se incrementó como consecuencia de las colocaciones adicionales de acciones realizadas (Gadano, 1998:26). La privatización de YPF fue la primera de las realizadas en Argentina en la que no se entregó el control de la empresa a un operador internacional, sino que se vendieron las acciones en forma atomizada. La producción de petróleo de YPF en Argentina representaba en 1993 el 47% de la producción total del país y del 59% del gas natural. En cuanto al refino, contaba con siete refinerías de petróleo operativas en 1992; su capacidad total ascendía al 52% y disponía de una red de 2.700 estaciones de servicio, el 54% de las existentes en Argentina. En un primer momento las acciones de YPF se distribuyeron de la siguiente manera: 20% pertenecían al estado nacional, 11,26% a las provincias, 10% al personal de YPF, un 46,44% fueron vendidas en distintas bolsas de valores y un 12,3% fueron transferidas a los jubilados (en compensación por la caída de valores de los Planes de Jubilación).
Fuente: Rodríguez Martín, 2005. Elaboración Propia.
Con los procesos de privatización, internacionalización y modernización YPF, SA se convirtió en una empresa rentable y altamente competitiva en contraste con la situación en la que se encontraba antes de dicho proceso.
En 1998 Repsol compró al Estado argentino en subasta pública el 14,9% de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y un año más tarde incrementó su participación al 82,47% a través de una OPA. En julio de 2000 Repsol canjeó acciones suyas por las de YPF que todavía quedaban en manos de los accionistas minoritarios, con lo que su participación se elevó al 98,99%; y desde julio de 2000 Repsol pasó a denominarse Repsol-YPF. La inversión total ascendió a 15.066 millones de dólares y se financió por medio de emisiones de renta fija y una ampliación de capital[6]. El Estado Nacional, así como los gobiernos de Mendoza, Chubut y Santa Cruz, ingresaron importantes cifras por la venta de su porción de la empresa; sin embargo, la mayor parte del desembolso realizado por Repsol fue para fondos de pensiones que poseían el 63,52% de YPF, a los que se pagaron 10.040 millones de dólares[7]. La propuesta de administrar la totalidad de la compañía se estructuró a partir de la posibilidad de acceder a un préstamo de 15.000 millones de dólares, logrado mediante un acuerdo entre Repsol y un grupo de bancos, entre los que se encontraban el BBV, Citigroup, Goldman Sachs, la Caixa y Merrill Lynch. Ello llevó a la empresa a encarar una ampliación de un tercio de su capital mediante la emisión de obligaciones negociables.
Para Repsol, YPF representaba un gran valor estratégico debido a la alta complementariedad entre las empresas. La compañía española tenía el mayor potencial en la explotación de áreas con hidrocarburos y había desarrollado las mayores inversiones en la búsqueda de nuevas reservas. Tenía un alto grado de internacionalización, localizándose en varios países, entre ellos en Brasil (en asociación con Petrobras), Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Estados Unidos e Indonesia (con Maxus) y Rusia (con Bitech). En comparación con las grandes petroleras internacionales, YPF poseía bajos costos de exploración y amplitud de reservas, mientras que entre sus desventajas se encontraban, por un lado, los bajos márgenes operativos en el downstream, es decir, en los procesos de refinación y comercialización. Por otra parte, se sostenía, que las reservas probadas de crudo representaban 7,9 años de producción, un número bajo comparado con los 20 años promedio para el total de las reservas argentinas. Repsol pretendía aprovechar la fortaleza de la capacidad de exploración y producción de hidrocarburos de YPF, conjugándola con su poder en los procesos de refinación y comercialización. Así, YPF se convirtió en el vehículo de la articulación del sector energético en América Latina, papel que en otros momentos había sido desempeñado por Astra (Iza, 2007:13). Repsol pasó a controlar el 51,2% del petróleo que se extraía en Argentina, el 44,1% del gas; refinó el 56% de las gasolinas/naftas y el 60,6% del gasoil que se utilizaba.
La mayor debilidad de Repsol se encontraba en los bajos niveles de reservas de hidrocarburos. Sus activos se dividían de la siguiente manera: 42% en refinación y marketing, 27% en el negocio del gas y sólo un 23% en exploración y producción. La compañía petrolera tenía un valor de mercado de 14.000 millones de dólares. Por el contrario, YPF, aunque con una capitalización de mercado un poco menor (11.500 millones de dólares), concentraba el 64% de sus activos en exploración y producción. Del resto, un 32% se destinaba a refinación y marketing. Tras la integración, los activos del grupo quedaron concentrados en un 39% en exploración y producción, un 38% en refinación y comercialización y un 16% en gas. Las dos compañías equilibraron el perfil de negocios y fortalecieron su posición en el mercado petrolero cada vez más concentrado. La conversión de Repsol-YPF en una multinacional le garantizaba a la empresa la posibilidad de competir en el concentrado mercado petrolero mundial. De esta manera, el aumento de reservas de crudo y gas ubicaba a Repsol-YPF en la posición nueve a nivel internacional, así como en capitalización bursátil; en cuanto a la capacidad de refinación, llegaba al séptimo lugar y al octavo en número de puestos de venta en el mundo entero.
II. Repsol-YPF (1999-2012)
Los primeros años del siglo XXI comenzaron en Argentina con una profunda crisis económica, institucional y social iniciada en el país a fines del año 2000, que impactó severamente en todas las estructuras económicas nacionales y como consecuencia de ello también en el desarrollo de la industria petrolera nacional[8]. La gravedad de la crisis determinó que el Congreso de la Nación pusiera en vigor un régimen jurídico de excepción sancionando la ley 25.561 (B.O. 06/01/2002) que declaró la emergencia pública en materia social, económica, financiera y cambiaria. Como consecuencia de la vigencia de este régimen de emergencia económica las autoridades energéticas crearon –sin un ordenamiento adecuado- un sinnúmero de normas, disposiciones, instrucciones y otras medidas de excepción al régimen legal vigente, con el objeto de reconducir el sector y procurar la menor afectación posible al conjunto de los usuarios. Ello, sin tener en consideración que este desordenado proceso generaría un dilatado sentimiento de inseguridad entre los operadores e inversores, que contribuyó, entre otras causas, a una creciente parálisis de nuevas inversiones en las áreas de hidrocarburos y en los servicios públicos energéticos, con una importante afectación en los niveles de producción y el descenso de los volúmenes de las reservas.
Esta crisis económica que se había generado y extendido fuera del ámbito de la industria de los hidrocarburos impactó severamente en su desarrollo. A ello debe sumarse el retraso en la concreción de la transferencia del dominio de los yacimientos de hidrocarburos a las administraciones provinciales, conforme a lo dispuesto por el artículo 124 de la Constitución Nacional según su reforma del año 1994[9]. Los sucesivos proyectos no concretados y las constantes indefiniciones retardaron decisiones relacionadas con la continuidad de las tareas de exploración en búsqueda de nuevos recursos. El 6 de diciembre de 2006 (doce años después de la reforma constitucional), el Congreso nacional sancionó la ley 26.197, llamada ley Corta[10]. El artículo 1º de esta ley declaraba “que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren”. Por ello, se reconoce a los Estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el dominio originario de los yacimientos de hidrocarburos situados en su territorio, y en el lecho y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas o del Río de la Plata en su caso. También disponía la transferencia a las provincias, de pleno derecho y sin trámites adicionales, de todos los actuales permisos de exploración y concesiones de explotación, así como cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado Nacional, incluyendo la facultad de su administración, y sin afectación de los derechos de los particulares que los estuvieren explotando. La ley declaraba de manera expresa que el diseño de las políticas energéticas a nivel federal sería responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional y que las provincias tenían el derecho exclusivo para otorgar, prorrogar y declarar la caducidad de permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos.
En el periodo, iniciado en la segunda mitad de los años noventa y que se extendió hasta el 2002, se observó una profunda extranjerización, tanto en la extracción de los hidrocarburos como en la comercialización de sus derivados[11].
Repsol y el grupo local Petersen de la familia Eskenazi alcanzaron un acuerdo en diciembre de 2007, formalizado en 2008, por el cual los Eskenazi adquirieron un 15% de YPF con una opción de compra por otro 10%, lo que se ha llamado la “argentinización” de la compañía. Como consecuencia, Sebastián Eskenazi pasó a formar parte del consejo de administración de YPF. En aquella oportunidad, el grupo argentino concretó el pago a través de los dividendos en efectivo que reportó la petrolera y mediante financiación, mecanismo que repetía ahora en este nuevo acuerdo. Unos US$ 700 millones serían aportados en un crédito de un grupo de bancos formado por Credit Suisse, Itaú, Citibank, Standard Bank y BNP Paribas. El resto sería financiado por Repsol al Grupo Petersen. Esta operación supuso un paso significativo en el cumplimiento del objetivo establecido por Repsol en su Plan Estratégico Horizonte 2014 de reequilibrar el peso de su cartera global de activos[12]. Según el convenio firmado, Eskenazi tenía opción para adquirir otro 10% adicional que vencería a finales de 2012[13].
A finales de 2010, Repsol dio un nuevo paso en su estrategia de desinversión parcial en YPF que había puesto en marcha a principios de 2008. A cambio de US$ 500 millones les vendió a dos fondos de inversión estadounidenses un 3,3% de las acciones de la petrolera argentina. Según la Comisión de Valores de España (CNMV), los nuevos compradores de las acciones de YPF, que fueron vendidas a US$ 39, fueron los fondos Eton Park[14] y Capital Guardian Trust[15]. Este fondo adquirió el 1,63% de YPF por US$ 250 millones. Capital Guardian Trust desembolsó la misma suma y se quedó con otro 1,63%. Teniendo en cuenta el precio por acción, el valor de mercado de YPF ascendería a US$ 15.300 millones. Tras estas operaciones, que se sumaron a la reciente venta de 0,60% de YPF en la bolsa de Nueva York, el capital de la petrolera quedó repartido de la siguiente manera: Repsol, 79,84%; Grupo Petersen, 15,46% y en la Bolsa (free float) el 4,69% restante.
En mayo de 2011 el grupo Petersen acabó de concretar la compra de otro 10% de YPF por US$ 1.304 millones. De esta manera, el grupo que controlaba la familia Eskenazi se quedaba con el 25,46% de la petrolera. Se trata de un paso clave en el denominado proceso de “argentinización” de la compañía, cuya mayoría (58,23%) seguirá en manos de Repsol.
Los accionistas principales de Repsol-YPF en marzo de 2012 los podemos observar en el siguiente gráfico: el 10,01 de Sacyr-Vallermoso pertenecía a la autocartera de Repsol desde finales de 2011.
El diario económico español Expansión ante los rumores de una posible expropiación de las acciones de Repsol en YPF, el 13 de abril de 2012, hizo una valoración basándose en las memorias de Repsol de 2010 y 2011[16]. Repsol necesitaría vender YPF valorando el 100% en, al menos, 8.200 millones de euros; si fuera menos, tendría minusvalías. Así se desprende de los datos de la memoria de Repsol, donde se detallan las últimas ventas de participaciones de YPF en 2010 y 2011. Entre ellas, figura una pequeña OPV (oferta pública de venta) en bolsa, el traspaso de un 10% adicional al grupo Petersen (familia Eskenazi) y la venta de participaciones menores a fondos de inversión como Eton y Lazzard Asset. En 2010, Repsol vendió un 4,23% de YPF por un importe de 489 millones de euros, con una plusvalía bruta de 139 millones que se anotó en el epígrafe “otras reservas”; el 100% de la compañía se valoró entonces en 11.560 millones de euros. En 2011, Repsol traspasó un 22,38% de YPF por un importe neto de 2.327 millones de euros y una plusvalía bruta de 478 millones. En 2011, Repsol hizo peor venta que en el año anterior, entre otras cosas, porque en el pasado ejercicio se incluyó el 10% que compraron los Eskenazi, que lo pagaron valorando YPF en 9.130 millones de euros. Si de la valoración que se hizo de YPF, tanto en 2010 como en 2011, se descuentan las plusvalías de cada año, resulta una valoración de la empresa de 8.270 millones de euros en ambos ejercicios. Por debajo de este listón, Repsol empezaría a generar minusvalías en caso del traspaso total o parcial del 57,43% que tenía en YPF.
Cotización de Repsol desde que compro YPF, en € por acción.
Fuente: Repsol-YPF/CNMV. Elaboración propia.
Tras la re-estatalización de YPF, en junio de 2012, el accionariado de la empresa había cambiado radicalmente. La actual composición es la siguiente: 51%, en manos del Estado y Provincias argentinas productoras de hidrocarburos[17]; 19,5% propiedad de un grupo de bancos internacionales encabezados por Crédit Suisse; 12,4% propiedad de Repsol; 7,09% (Eton Park Capital, Capital Guardian Trust y Lazzard Asset Management) y el resto pequeños accionistas (bolsas de Buenos Aires y Nueva York)[18]. El magnate mexicano Carlos Slim entró, en junio de 2012, como accionista de YPF al comprar un 8,36% de las acciones a través del grupo financiero mexicano Inbursa (6,59%), el precio pagado fue el de 11,12 dólares por acción, una operación que alcanzó los 288,1 millones de dólares; y de la Inmobiliaria Carso (1,77%), que adquirieron esas acciones al ejecutar la garantía en títulos de YPF por créditos impagados por el grupo Petersen. M. Galuccio, director ejecutivo de YPF, dijo que la incorporación del empresario mexicano al paquete accionarial de la empresa es "una clara señal" al mercado financiero internacional[19]. El brasileño Itaú Unibanco se hizo asimismo con una participación del 3,609% de YPF después de que el grupo Petersen se declarase insolvente para afrontar el pago de los créditos concedidos por este y otros bancos para la compra del 25,46% que tenía en la petrolera expropiada por el Gobierno argentino. En un comunicado a la Comisión Nacional de Valores, YPF informó que el 12 de junio el banco brasileño ejecutó 14,1 millones de acciones a 11,12 dólares hasta 157,8 millones de dólares (unos 124 millones de euros).
Con estas dos ejecuciones –Slim (8,36%) e Itaú Unibanco (3,60%)- y la participación del 6% que Repsol tenía pignorada, Repsol cuenta con dos aliados en su batalla para reclamar un justiprecio por la compañía y los daños y perjuicios que le ha ocasionado la nacionalización y expropiación. Repsol mantiene, pues, un 12% de YPF, y ha logrado un puesto en el consejo de dirección de YPF, que ocupa Luis García del Río.
Las turbulencias provocadas por la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF han tenido repercusiones en la calificación internacional de Repsol, las agencias de calificación de riesgo financiero Standard & Poors y Fitch bajaron un escalón la nota de la petrolera pasando de BBB a BBB- (categoría de “inversión especulativa”), porque consideran que a medio plazo no habrá indemnizaciones por la expropiación de su filial argentina.
III. Intervencionismo y nacionalismo económico. La re-estatalización de YPF
Según Monaldi, en el marco de instituciones débiles, cualquier episodio de inestabilidad económica o política puede inducir a que los políticos tengan altas tasas de descuento, es decir, que estén dispuestos a sacrificar altos beneficios políticos en el futuro para obtener alguna ganancia en el corto plazo[20].
Durante la primera presidencia de Carlos Menem, el proceso legislativo para la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) duró 389 días y, bajo la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el trámite parlamentario que terminó con la estatalización de YPF se realizó en 17 días[21]. Los tiempos legislativos de la reciente intervención y estatalización han sido los siguientes: el Mensaje del Poder Ejecutivo Nº 529/12 y proyecto de ley “Declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A., representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa, pertenecientes o controladas por REPSOL YPF S.A., sus controlantes o controladas, en forma directa e indirecta” ingresó por Mesa de Entradas del Senado de la Nación el 16 de abril de 2012[22] y dos días más tarde ya se produjo el dictamen conjunto de cuatro comisiones de la cámara alta; en diez días, el 26 de abril, el proyecto fue aprobado por el Senado (63 votos a favor, cuatro abstenciones, dos ausencias y tres en contra) y un día después, el 27, ya tenía dictamen de comisión en Diputados y finalmente, el 3 de mayo resultaba sancionado (208 a favor y 32 en contra), tras ser aprobado por los miembros de la cámara baja[23].
La puesta en escena para la expropiación de las acciones de Repsol en YPF, estuvo milimétricamente estudiada[24]. La campaña propagandista impulsada desde el Gobierno y grupos ideológicos afines como la Campora fue intensísima, teniendo como principal idea fuerza la argentinización y nacionalización del YPF; llegando incluso a identificar a la presidenta como una parte más del patrimonio de la Nación. La campaña respondió a la necesidad de búsqueda de agentes externos que ayudasen a la cohesión interna en un país que se encuentra definiendo su estrategia de crecimiento. Los recursos justificativos del acto fueron mucho más allá de la expropiación económica de las acciones de una empresa extranjera. La fotografía que recoge el acto está cargada de fuertes simbolismos patrióticos y nacionalistas, que recurren a la historia y a las pulsiones más atávicas de una gran mayoría de argentinos. El recurso a la imagen de Evita Perón como trasfondo del acontecimiento entronca directamente con el imaginario populista y peronista de una Argentina autosuficiente, con la que la presidenta C. Fernández se encuentra perfectamente identificada.
CFK anuncia la expropiación de las acciones de Repsol en YPF 16/4/2012
La primera vez que el Gobierno puso sobre la mesa una posible nacionalización de YPF fue a principios de febrero de 2012, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló que no iba a permitir "volver a los tiempos del virreinato, cuando los españoles se llevaban de Argentina toda la plata". Las inversiones extranjeras comenzaron a ser observadas desde una óptica nacionalista y con claros tintes autárquicos, dentro del más clásico estilo populista, y en un contexto de graves problemas internos. La cuestión empieza a verse no como el necesario cambio en la política energética kirchnerista caracterizada por las subvenciones y subsidios, sino que se identifican todos los males con la mala gestión de una empresa extranjera (Repsol-YPF) que controla recursos estratégicos tan importantes como los hidrocarburos y que conduce al “vaciamiento” por falta de las necesarias inversiones que consigan el incremento de la producción y la reducción de importaciones de carácter energético[25].
Las relaciones entre Repsol-YPF y la clase política argentina se fueron tensando en los meses anteriores a la expropiación. Las acciones de la filial, que cotiza en la Bolsa de Buenos Aires, cayeron cerca de un 30% desde comienzos de 2012 y un 44% desde marzo de 2011 hasta el 14 de abril de 2012. En Wall Street, los American Depositary Receipts (ADR) de YPF, instrumentos financieros requeridos a las entidades extranjeras para inscribir sus acciones en la bolsa neoyorquina, acumulan, desde comienzos de 2012, una caída del 43,77% y, desde abril de 2012, del 56,93%. Por otra parte, los títulos Repsol que se cotizan en los mercados secundarios de Nueva York han sufrido un retroceso del 28,42% desde enero de 2012 al 16 abril.
Lo que el Gobierno CFK realmente pretende es solucionar un problema financiero: las importaciones energéticas del país ya ascienden a 14.000 millones de dólares. Para ello, el Gobierno estaría adquiriendo Repsol a precio de saldo (tras haber hundido la cotización de YPF con la retirada de licencias), y, además, el Gobierno tomaría directamente el control del yacimiento de gas pizarra de Vaca Muerta, el tercer yacimiento de hidrocarburos no convencionales más grande del planeta (22.807 millones de barriles equivalentes de petróleo, con un valor de mercado estimado superior a los 250.000 millones de dólares). Repsol-YPF informó que en caso de resultar exitosa la exploración en toda la formación Vaca Muerta e iniciar inmediatamente el desarrollo intensivo del área, en 10 años se podría duplicar la capacidad de producción de petróleo y gas actual en Argentina. Para ello, sería necesario realizar un esfuerzo inversor que alcanzaría los 25.000 millones de dólares anuales para poder desarrollar todos los recursos prospectivos existentes (Europa Press, 8/2/2012). El dos de abril, A. Brufau, presidente de Repsol-YPF, remitió una carta a la presidenta de Argentina en la que le ofrecía invertir conjuntamente para elevar la producción de petróleo en un 30% y de gas en un 20% en cinco años, y “convertir a Argentina en un país autoabastecido energéticamente y netamente exportador de hidrocarburos”. El Gobierno argentino no solo rechazó el ofrecimiento, sino que consideró la carta “autoincriminatoria” y que reforzaba sus argumentos para la expropiación.
El Proyecto de Ley de 16 de abril insistió en el concepto de vaciamiento de la empresa, que en multitud de ocasiones ha sido esgrimido por el viceministro de Economía, A. Kicillof. Se ha intentado legitimar la acción gubernamental insistiendo en una supuesta estrategia de virtual vaciamiento de la empresa, que se habría plasmado en un sensible aumento en la remisión de utilidades y dividendos al exterior. Se acusa de política depredatoria a la principal accionista desde el año 1999, que habría conducido a una sistemática pérdida de la relevancia de YPF S.A. en el mercado hidrocarburífero local. Así, mientras numerosas empresas privadas, tanto extranjeras como nacionales, expandieron sus inversiones, y con ello su producción, se habría verificado una disminución progresiva de la relevancia de YPF S.A. en la producción de hidrocarburos: si en el año 1997 YPF representaba el 42% de la producción petrolera y el 35% de la gasífera argentina, esta participación se redujo en el año 2011 al 34% y 23%, respectivamente. Y esta misma estrategia se verificaría en la producción de gas. Entretanto, el consumo de petróleo en Argentina creció un 38% entre 2003 y 2010, y el de gas lo hizo un 25%. Sin embargo, según Barclays Capital, la producción de crudo habría caído un 12% y la de gas solo habría subido un 2,3%. La clase dirigente argentina culpa a Repsol-YPF de esta situación.
En síntesis, la presidenta acusó concretamente a Repsol del “vaciado” de YPF a través de reducir inversiones, reducir la producción, disminuir las reservas y aumentar los dividendos expatriados a la matriz. Según Xavier Vidal-Folch, con información de Repsol, las inversiones habían aumentado continuamente desde los 1.000 millones de dólares de 1999 a los 2.990 de 2011, con dos alzas significativas en 2002 y 2008. Desde 2006 han totalizado 12.618 millones, cantidad superior a los beneficios obtenidos (7.790 millones). En 2011 lo invertido en YPF supuso el 34% de lo destinado al conjunto de los 40 países donde actúa el grupo Repsol-YPF. Efectivamente, la producción cayó pero en todos los operadores de Argentina, la de YPF lo hizo en un 12% en los últimos 4 años, pero sus competidoras como Chevron o Enap lo hicieron en un 29 y 30% respectivamente. La caída media de la producción del sector en Argentina, según IAPG, fue del 9%; por lo que la reducción de la producción ha seguido una atendencia general, propia de unos yacimientos “maduros”, y no específica de YPF. En cuanto a productos acabados, el ascenso ha sido sostenido: en naftas/gasolinas, YPF ganó 10 puntos de cuota en 10 años y en gasoil 8. Contra la acusación de especular, la empresa se vanagloria de tener los precios más bajos: un 18% inferior a la media en nafta súper y un 21% en gasoil. Respecto a las reservas de petróleo, no solo no han disminuido, sino que han aumentado un 5% en YPF, contra un descenso sectorial del 4%; y las de gas cayeron un 16%, frente a las del conjunto que lo hicieron en un 19%. En cuanto a los dividendos, desde 2006 estos han totalizado 8.175 millones, de los que Repsol se embolsó 6.844, aproximadamente la mitad de la inversión hecha por YPF. Desde 1999, Repsol ha recibido 13.727 millones en dividendos, algo menos que la inversión inicial de 15.005 millones. Ha recuperado la inversión, al menos teóricamente, porque además vendió acciones por valor de 6.239 millones, que aún no están del todo pagadas. Pero no obtuvo una rentabilidad espectacular (sino del 7%-8%, para un coste de financiación del 14%-16%), aunque la expectativa es que lo fuera a largo plazo. La plantilla de YPF y sus participadas ha pasado de 8.867 empleados en 2001 a 16.048 en 2011, casi el doble. De ellos, menos de 50 son españoles. El primer ejecutivo era el representante del grupo Petersen, Sebastián Eskenazy, de la familia que entró auspiciada por los Kirchner[26].
Fuente: Plan Estratégico 2012-2016, Repsol 2012:9
La respuesta contra el Decreto de expropiación por parte del Gobierno de España no se hizo esperar. Tanto J. M. Soria (ministro de Industria) como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, declararon que se trataba de una medida “arbitraria” y “dañina”, que suponía la ruptura de “la relación de amistad y cordialidad” que había unido hasta ese momento a ambos países y reprocharon que España había acudido en socorro de Argentina, cuando el país latinoamericano se encontraba en sus peores momentos[27]. El presidente de México, Felipe Calderón, lamentó la decisión "poco responsable y poco racional" de Cristina Fernández, a quien animó a rectificar su postura, "claramente violatoria de acuerdos y tratados"[28]. No en vano, Pemex contaba con el 9,49% de Repsol-YPF. Desde la Unión Europea (UE), el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, John Clancy, advirtió de que la acción sobre YPF tendrá consecuencias. "Una expropiación por parte del Gobierno argentino enviaría una señal muy negativa (...) y podría dañar seriamente el clima de negocios en Argentina"[29]. Tras varios días de neutralidad en el conflicto, el Gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por la nacionalización de YPF, y avisó de que se trata de una medida que puede tener “efectos negativos en el clima de inversión en Argentina” y “urge a Argentina a normalizar sus relaciones con la comunidad financiera internacional”. “Estamos muy preocupados por el intento del Gobierno argentino de nacionalizar Repsol-YPF, cuanto más sabemos de esa decisión, más nos parece un paso negativo”, declaró en rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner. El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, expresó que el plan de expropiación de YPF "es un error y un síntoma al que hay que estar atentos, de si, bajo presión económica, los países van a responder con populismo y proteccionismo”.
La respuesta a las anteriores manifestaciones por parte de la presidenta C. Fernández fue la de ampliar las amenazas al resto de las empresas españolas con inversiones en Argentina, insinuando que la expropiación de YPF podría ser solo el comienzo de otras. Avisó a las empresas extranjeras con intereses en el país, como “las telefónicas o bancos”, sobre la “necesidad” de que reinviertan en Argentina[30]. Según Emilo J. Apud, ex-secretario de Energía de Argentina, ante la pregunta: ¿Resuelve la crisis energética, la estatalización de YPF, caracterizada por importaciones crecientes debidas a la pérdida del autoabastecimiento? La respuesta fue un contundente "no", porque atenta contra la verdadera solución a la descapitalización que ha experimentado el sector: la inversión. Pero sí satisface una serie de necesidades políticas del Gobierno, como revertir la caída de su imagen, desviar la atención pública de los casos de corrupción e inseguridad, disponer de cargos ejecutivos para repartir políticamente entre militantes sin experiencia empresarial y, fundamentalmente, garantizar la caja. Es decir, se han priorizado otra vez las necesidades políticas sobre los intereses del país. Sin embargo, el Gobierno de Cristina Fernández y amplios sectores políticos han instalado el mito de que la actual crisis energética arranca con las privatizaciones para así justificar las estatalizaciones y la mala política energética implantada por el kirchnerismo[31]. Esa política energética de carácter intervencionista y cortoplacista, se basó en transferencia de renta (subsidios al consumo) del sector energético a la población, en tiempos de elevados crecimientos del PBI. Esta ha sido la verdadera causa de la estrepitosa caída de reservas y producción, aunque por supuesto ha tenido un gran rédito político para el Gobierno en las urnas en 2007 y 2011[32].
Los juristas Agustin Ruiz y Dolores Rufian, consideran que la expropiación de YPF es dudosamente constitucional y que el Decreto 530 que la auspició está viciado de arbitrariedad[33]. El artículo 17 de la Constitución argentina establece: "La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley". Las expropiaciones, tanto en Argentina como en España, deben ser por causa de utilidad pública establecida en una ley. A diferencia de la española, la Constitución argentina añade que la expropiación debe ser "previamente" indemnizada. Repsol se ha visto privada de sus acciones en YPF sin que exista la ley que establece la utilidad pública de la expropiación y sin que se haya fijado previamente el justiprecio.
El 10 de mayo Repsol envió una carta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se trataba del primer paso para demandar a Argentina por la nacionalización de la petrolera YPF. La compañía notifica a la presidenta la declaración de existencia de controversia bajo el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones[34], controversia que deberá dirimirse en un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)[35], organismo con sede en Washington dependiente del Banco Mundial. Según la empresa, la expropiación de YPF implica una violación de los compromisos asumidos por Argentina bajo el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina (APPRIs)[36]. Antonio Brufau, presidente de Repsol, argumenta que previamente al anuncio de la expropiación, Argentina sometió a los activos de YPF a ciertas medidas dirigidas a erosionar o destruir su valor[37]. Además, considera que la expropiación de las inversiones de Repsol ha sido ilícita y no ha sido acompañada de ninguna de las garantías exigidas por el citado Tratado, ni tan siquiera de la que contempla el pago de una indemnización adecuada y sin demora a cualquier medida expropiatoria.
En definitiva, A. Brufau, tras una multitudinaria rueda de prensa el 17 de abril en Madrid, aseguró que la decisión del Gobierno argentino ha sido “irracional”, arbitraria, “ilegítima e “injustificable; tratándose de un “expolio” perfectamente planificado para hundir el valor de YPF y quedárselo a precio de saldo. Según el presidente de Repsol, la razón que explica esta actuación del Gobierno argentino es que con ella pretenden ocultar la “crisis social y económica que atraviesa el país” y el propósito no declarado del Ejecutivo que preside C. Fernández de Kirchner radica en “controlar el gran hallazgo de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, realizado por Repsol-YPF y valorado, solo en la pequeña parte auditada en más de 13.700 millones de dólares”. A continuación pasó a criticar la política energética de CFK, argumentando que “el Estado argentino importa hidrocarburos por los que paga siete veces lo que cobra en el interior” (refiriéndose a la política de subsidios) e incluso insinuó practicas poco ortodoxas por parte del Gobierno argentino en la política de precios (“Repsol aplicaba precios más baratos, porque no pagaba comisiones a intermediarios”, a lo mejor “nos están pasando factura por eso”)[38].
Lo que reclama Repsol es la aplicación de los compromisos asumidos en el proceso de privatización de YPF a finales de los noventa. En ellos, se recogen la obligación del Gobierno argentino de lanzar una oferta por el 100% de YPF si quiere tomar su control y poseer más del 15% de las acciones[39]. La empresa considera que el precio que se debería ofrecer en esa OPA es de 46,55 dólares por acción, lo que equivaldría a pagar 10.500 millones de dólares, por el 57,4% de YPF en manos de Repsol. Por el contrario, el Gobierno argentino aduce que la empresa no solo ha recuperado ya todo lo invertido en YPF, sino que además se ha embolsado 8.813 millones de dólares (unos 6.700 millones de euros al cambio actual) adicionales entre 1999 y 2011 considerando los dividendos distribuidos y la venta parcial de su participación en la compañía; “si se considera además el valor de las acciones de YPF aún en manos de Repsol -un 57% del capital-, las ganancias han sido todavía mayores”, asegura el Ejecutivo de Fernández de Kirchner, que no toma en cuenta las diferencias de cambio entre el dólar y el euro en el tiempo[40]. A lo que Repsol replicó que “la rentabilidad financiera anual media desde la compra de YPF ha sido del 7%-8%, lo que contrasta desfavorablemente con el coste de financiación en Argentina en dólares, que ascendió al 14%-16%”.
Miguel Galuccio, director ejecutivo (CEO) y presidente de la "nueva" YPF[41], presentó el plan estratégico de la empresa 2012-2017, el objetivo final de la nueva gestión es aumentar el abastecimiento de gas y petróleo, para lo cual será necesario llevar a cabo una inversión de 7.000 millones de dólares anuales en los próximos cinco años, es decir, el doble de la inversión actual, hasta llegar a un total de US$ 38.500 millones. Con eso se espera llegar, en 2017, a una producción de 216 millones de barriles de petróleo equivalentes, es decir, 36% más que la producción estimada para este año. Según Galuccio, parte de esa inversión provendrá del propio flujo operativo de la empresa y de la necesaria participación de inversores externos, de compañías que tengan el know how para la explotación de recursos no convencionales y de otras capaces de aportar la tecnología necesaria, pero no dijo cuáles. También habló de "socios financieros" que invertirían en la empresa a través del mercado de capitales, aunque no detalló el mecanismo financiero que se piensa adoptar[42].
Plan de inversiones de YPF, 2012-2017
Fuente: YPF/ La Nación, 6/6/2012
La información disponible de la nueva YPF tras la expropiación, la conocemos por un comunicado de la propia compañía emitido el 12 de agosto. En él se recoge que entre junio y julio de 2012 sus beneficios netos alcanzaron los 2.127 millones de pesos (376,4 millones de euros), en el primer semestre de 2011 las ganancias ascendieron a los 2.367 millones de pesos (418,8 millones de euros), es decir, un descenso en el beneficio de la empresa de entorno al 10%. En el segundo trimestre del año las ganancias netas alcanzaron los 883 millones de pesos (147 millones de euros, un 8% más en igual trimestre de 2011). En cuanto a las inversiones del primer semestre, ascendieron a 5.544 millones de pesos (981,2 millones de euros), lo que representa un incremento interanual del 22,3%. En el mismo comunicado, YPF anunció un Plan de inversiones para 2012-2017 de 7.000 millones de dólares (5.700 millones de euros)[43].
A partir de los trabajos seminales de R. Coase (1960) y los posteriores de D. North (1995) se ha llegado a la conclusión de que las instituciones son las reglas del juego que rigen el comportamiento de las personas y las empresas, proporcionando la estructura de incentivos y el conjunto de reglas que favorecen la reducción del oportunismo en los intercambios, que extienden la mutua confianza entre los agentes y, con ello, la viabilidad a largo plazo de la ejecución de los contratos y el ahorro de costes de transacción. Por ello, las instituciones se entienden como procedimientos para estabilizar expectativas.
Los determinantes institucionales del desarrollo económico argentino fueron analizados en el Informe 2006 del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el progreso económico y social en América Latina, en él se clasifica a las naciones latinoamericanas en tres categorías (“alta”, “media” y “baja”) según la calidad de sus políticas públicas. El Informe considera que las correspondientes a la República Argentina presentan una “baja” calidad en materia de “estabilidad”, “aplicación efectiva”, “coherencia” y “eficiencia”, otorgando también la calificación “baja” al índice global de las políticas[44].
La característica más notable de las políticas públicas en Argentina es su volatilidad: fiscal, comercial, regulatoria y social (P.Spiller y M. Tommasi, 2011), circunstancia que conduce a resultados económicos y sociales muy inferiores a los deseables. La historia de incumplimientos de sus compromisos internacionales es, en el caso de Argentina, interminable. No en vano se trata del país con más causas activas en el CIADI por denuncias presentadas por empresas e inversores de toda condición, y lo mismo cabría decir de las deudas millonarias con el Club de París.
Los Kichner iniciaron la “reargentinización” de antiguas empresas públicas y privadas propiedad de inversores extranjeros, sobre la base de presiones, para que sus dueños dieran entrada en el accionariado, caso del grupo Petersen en Repsol-YPF. De este modo, el Gobierno argentino provocó el éxodo de empresas multinacionales (Shell y Suez, entre otras) y que la inversión directa internacional prefiriera ir a países como Chile, México o Brasil[45].
El broche final de este proceso lo ha puesto la presidenta C. Fernández con la expropiación del 51% de las acciones de YPF propiedad de Repsol, incumpliendo manifiestamente las normas del Derecho Internacional y el Acuerdo para la protección recíproca de inversiones entre España y Argentina, de 3 de octubre de 1991. Una decisión que incrementará más el aislamiento internacional de Argentina.
En definitiva, coincidimos con la apreciación del premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa cuando escribió que lo ocurrido con Repsol “tiene un curioso sabor anacrónico, de fuera de época, de reminiscencia rancia de un mundo que ya desapareció. Parecía ya superada la época nefasta del nacionalismo económico, del desarrollo hacia adentro, del dirigismo estatal de la economía que tanta violencia y miseria nos deparó”[46].
Apud, Emilio J., “YPF: para qué sirve la estatización”, diario La Nación: http://www.lanacion.com.ar/1475888-ypf-para-que-sirve-laestatizacion
Campodónico, H. (2004). Reformas e inversión en la industria de hidrocarburos de América Latina. Series reformas económicas e infraestructuras, 2004, nº 78.
http://www.cepal.org/ogibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/2046/P2046/xml&xsl=/drmi/tpl/pgf.xsl6base=/tpl/top-bottom.xslt
CEPAL (1998): Determinantes de la inversión en el sector petrolero gas de la Argentina. Santiago de Chile.
Damill, M., Frenkell, R. y Juvenal, L. (2003): Las cuentas públicas y la crisis de la convertibilidad en Argentina. Desarrollo Económico, 2003, vol. 43, nº 170, pp. 203-229.
Gerchunoff, P. y Aguirre, H. (2004): La política económica de Kirchner en la Argentina. Varios estilos de agenda, 2004. En http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/122.asp
Gadano, N. (1998): Determinantes de la inversión en el sector petróleo y gas en la Argentina.
Gadano, N. (2006): Historia del Petróleo en Argentina. Ed. Edhasa Argentina. Buenos Aires.
Gambina, J. (2003): ¿Cuál es la política económica de Kirchner?, 2003. En www.cefja.org.ar
Herrera, C. V. (2003): “A 10 años de la privatización de YPF. Análisis y consecuencias en la Argentina y en la cuenca del Golfo San Jorge”. http://www.creepace.com.ar/notas/20030829-sec_pet.htm
IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y del Gas) (2007): El abecé del Petróleo y el Gas en el mundo y en la Argentina. Buenos Aires.
Iza, Mª. P. (2007): “El proceso de internacionalización del sector energético español: Análisis de caso Repsol-YPF" en Contribuciones a la Economía, agosto 2007. Texto completo en http://www.eumed.net/ce/2007b/mpi.htm
Kosacoff, B. Lineamientos para fortalecer las fuentes de crecimiento en la Argentina. http://www.ie.ufrj.br/desenvolvimiento/pdfs/lineamientos_para_fortalecer_las_fuentes_de_crecimiento_economico_22Bernardo+Kosacoff%22&hl=es
Kozulj, R. y Bravo, V. (1993): La política de desregulación petrolera argentina. Antecedentes e impactos. Bibliotecas Universitarias, Centro Editor de América Latina. Buenos Aires.
Jozami, Á. (2003): Argentina: la desestructuración de una Nación. Mondadori, Barcelona.
Monaldi, F. (2010): La economía política del petróleo y el gas en América Latina. Working Paper nº 9, Julio de 2010. Plataforma Democrática. www.plataformademocrática.com.
Montamat, D. G. (1995) Economía y Petróleo. Buenos Aires.
North, D. C. (1995): Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. FCE, México.
Ortiz, R. (2007): Las empresas transnacionales en el sector petrolero argentino. Agotamiento de los recursos naturales, comportamiento oligopólico e irresponsabilidad socio-ambiental. FOCO. Cuadernos de Investigación Nº 2. Buenos Aires.
REPSOL-YPF. Informes anuales, 1999-2011. En http://www.repsolypf.es
Rodríguez Martín, A. (2005): El impacto de la crisis argentina en la inversión de las empresas españolas: El caso de Repsol-YPF.
Sáiz Álvarez, J. M. y del Río Sánchez, F. J. (2004): La economía latinoamericana en la globalización. Perspectivas para el SXXI. LibrosEnRed, 2004.
Salas, H. (2007): centenario del Petróleo Argentino, 1907-2007. Tomo I. IAPG. Buenos Aires.
Salvia, G. C. y Repond, V. (2012): A 20 años de la privatización de YPF. Su debate legislativo y el trámite parlamentario de la reciente estatización. CADAL.
Scartascini,C.; Spiller, P.; Stein, E. y Tommasi, M. (Eds.) (2011): El juego político en América Latina. ¿ cómo se deciden las políticas públicas? BID, Colombia.
Spiller, P. y Tommasi, M.(2003). “The Institutional Foundations of Public Policy: A Transactions Approach with Application to Argentina”. Journal of Law, Economics, and Organization 19 (2): 281-306.
Tommasi, M. y Spiller, P. (2000): Los determinantes institucionales del desarrollo argentino. PNUD y Eudeba, Buenos Aires, Argentina.
Turic, M. A. y Ferrari, J. C. (2000): “La exploración de petróleo y gas en Argentina: El aporte de YPF”, YPF, S.A. Buenos Aires.
Velasco, A. (2012): “The last Argentine picture show. And what a depressing film it makes”, Project Syndicate: http://www.europeanvoice.com/article/2012/april/the-last-argentine-picture-show/74248.aspx
Yeatts, G. M. (1994): El robo del subsuelo. Ediciones Lumiere. Buenos Aires.
[1] Las nacionalizaciones se iniciaron en marzo de 2006, bajo el gobierno de Néstor Kirchner. La primera empresa elegida fue Aguas Argentinas, la empresa de distribución de agua y saneamiento en Buenos Aires y 17 distritos, que estaba controlada por la francesa Suez y la española Aguas de Barcelona, que acudió al arbitraje del Banco Mundial a través del CIADI (todavía no hay resolución). Con Cristina Fernández se han incrementado las nacionalizaciones: solo seis meses después de asumir el cargo de presidenta, anunció la nacionalización de las AFJP (fondos de pensiones privados) controladas por diez empresas, una de las afectadas fue la española Consolidar de BBVA, que junto a otras cinco compañías demandó el año pasado al Estado ante la Justicia federal, como paso previo a decidir si acudirán al arbitraje internacional. Un mayor impacto internacional generó, en 2008, la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, controlada por el grupo español Marsans. La empresa seguía con un déficit de 387 millones de dólares en 2011, Marsans acudió al arbitraje del CIADI con una demanda de 1.100 millones de euros, que aún se encuentra pendiente de resolución.
[2] En 2005 el total de los subsidios en energía y transporte era de 3.500 millones de pesos (614 millones de euros), en 2011 fueron 76.000 millones de pesos (13.300 de euros); es decir, en 6 años se han incrementado los subsidios vía tarifas subvencionadas en casi 22 veces.
[3] Carlos S. Menem, candidato del Partido Justicialista y ex gobernador de la provincia de La Rioja, llegó al poder de forma precipitada y en un momento delicado para la economía argentina al estar en plena hiperinflación, heredando de su antecesor un panorama bastante complicado. Gobernó dos legislaturas de 1989-1994 y 1995- 1999, teniendo que reformar en 1995 la Constitución vigente, que databa de 1853 para poder hacerlo. En esa reforma, además de facilitar esa posibilidad, redujo la duración de los mandatos presidenciales de seis a cuatro años.
[4] Cuando en 1992 se transfirió el dominio de los hidrocarburos desde la Nación a las Provincias se hizo imprescindible modificar la vieja Ley 17319. Esta necesidad fue incluso expresada por los legisladores en la Ley de Federalización y Privatización de YPF (Ley Nº 24.145/92). Todas las áreas concesionadas pasaron a manos de las provincias productoras, aunque solamente podrían disponer de las mismas a partir del año 2017.
[5] El 17 de septiembre de 1992, días antes de la aprobación de la venta de YPF, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz aprobó a mano alzada el proyecto de ley impulsado por la entonces diputada provincial Cristina Kirchner, titulado "Necesidad de sanción del proyecto de ley de Federalización de los Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales". En el mismo sentido se expresó su poderoso marido: “La sanción por la Cámara Baja del Parlamento Nacional de la Ley de transformación de YPF, que permite una reivindicación histórica, ya que nos va a permitir cobrar 500 millones de dólares en regalías que le debe la Nación a la Provincia (…) Para aquellos que dicen que la privatización de YPF es una entrega de soberanía, para los santacruceños no es (…). No hay nada más soberano que conseguir inversiones” (Néstor Kirchner, La Opinión Austral, Río Gallegos, 26/3/1993). Esta ley provincial permitió destrabar definitivamente la iniciativa privatizadora, favor que fue muy bien recompensado por el menemismo un año más tarde, en 1993, cuando Domingo Cavallo, entonces todopoderoso ministro de Economía de la Nación, les entregó a los Kirchner más de 650 millones de dólares en concepto de "regalías mal liquidadas", cuyo destino nunca fue debidamente aclarado. (Lucio Pérez Clavo y Sebastián Mª. Steverlynck: YPF. “Crónica de una crisis anunciada”, El País 26/4/2012).
[6] La capitalización bursátil del grupo Repsol ascendía en diciembre de 1999 a 26.000 millones de dólares, con una emisión de 1.188 millones de acciones, repartidas de la siguiente manera: un 34,5% en poder del núcleo duro –Banco Bilbao Vizcaya (10%), La Caixa (10%), la mexicana PEMEX (5%), las eléctricas Endesa e Iberdrola (3,5% cada una) y el resto entre entidades financieras menores- y el restante 65,5% de las acciones estaban en el mercado. Había un 20,1% en el tramo minorista, 12,3% en manos de fondos de inversión españoles, un 15,9% en fondos de Estados Unidos y el 17,2% en fondos europeos.
[7] La operación le costó 13.158 millones de dólares, de los cuales 739 millones de dólares fueron para el gobierno nacional por el 5,4% que entregó; cerca de 1.000 millones de dólares fueron para las provincias que todavía tenían el 6,4%; cerca de 1.300 millones de dólares para pequeños inversionistas y planes de pensiones locales, lo que equivale al 8%, y 10.040 millones de dólares fueron para inversores extranjeros, en su mayoría fondos de pensiones estadounidenses que tenían el 63,52% (Campodónico, 2004, Jozami, 2003).
[8] Sáiz Álvarez, 2004; Damill, Frenkel y Mauricio, 2003; Jozami, 2003; Kosacoff, 2004; Gambina, 2003; Gerchunoff y Aguirre, 2004.
[9] Las provincias lograron, primero, la transferencia de dominio de las áreas no exploradas dispuesta por la ley 24.145 y, luego, la concreción de su máxima aspiración: el reconocimiento del dominio originario de esos recursos. Para ello, la Convención Constituyente de 1994 incorporó al artículo 124 de la Constitución Nacional un párrafo estableciendo que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Se trató de un acto de discernimiento de los recursos naturales, dando satisfacción política y jurídica a las provincias que durante tantos años buscaron ese reconocimiento (IAPG, 2007).
[10] Promulgada el 3 de enero de 2007 y publicada en el Boletín Oficial el 5 de enero de 2007.
[11] Además de la privatización de YPF y su transferencia a Repsol, ésta también adquirió el grupo Astra y la mayoría accionaria de Pluspetrol; la norteamericana Amoco compró el 60% del grupo Bridas y conformó PanAmerican Energy; Petrobras compró los activos energéticos de Perez Companc; y Shell y Esso mantuvieron su fuerte presencia en la producción y ventas de naftas/gasolinas, gasoil y otros derivados.
[12] El 14 de marzo de 2011 el fondo de inversión Lazzard Asset Management de Estados Unidos compró el 3,83% de YPF por 639 millones de dólares, a un precio de 42,4 dólares por acción.
[13] En 2008, Repsol, presidida ya por Antonio Brufau y en un contexto económico de recuperación, accedió a los deseos del Ejecutivo de Néstor Kirchner y facilitó la entrada en YPF del grupo local Petersen de Enrique Eskenazi. Repsol facilitó a los Eskenazi apoyo financiero y todo tipo de facilidades. El grupo Petersen financiaría su entrada con los dividendos a repartir. Según el acuerdo, se distribuirían hasta un 90% de los beneficios de YPF.
[14] Eton Park se dio a conocer en Argentina cuando el gobierno de Néstor Kirchner le impidió comprar la mitad de Transener en 2006, hecho que provocó una protesta de la embajada de Estados Unidos; después, adquirió casi 5% de Pampa Energía, un grupo fuerte en generación eléctrica, dueño de Edenor y de la otra mitad de Transener.
[15] A Eton Park se lo otorgó adicionalmente una opción de compra por otro 1,63%, a US$ 43 por acción, que podría ejercer en una o varias veces hasta el 17 de enero de 2012. A Capital Guardian Trust (CGT) se le concedió una opción de venta a US$ 39 por la parte proporcional de los papeles adquiridos que excediera el 15% del free float de YPF al 22 de diciembre de 2011. Si a esa fecha Repsol lograba elevar el free float de YPF del 4,7% al 6,2% vendiendo más acciones, la opción no sería ejecutable.
[16] Expansión 13/4/2012.
[17] 51% para el Estado Nacional y el 49% restantes para las provincias productoras de hidrocarburos. Hasta que se concrete la cesión y el pago de las acciones por parte de las provincias, la Nación tendrá el control de la empresa.
[18] El grupo Petersen (Eskenazi) tenía un vencimiento por US$ 400 millones, en 2012, por los créditos que le habían dado para comprar las acciones de YPF. Fueron US$ 1.018 millones tomados en 2008 de un consorcio integrado por Crédit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa, y otro de 1.015 millones de Repsol para adquirir 14,9% de Repsol-YPF. En 2011, tomaron otros US$ 670 millones de un grupo formado por Banco Itaú, Standard Bank, Crédit Suisse y Citi, y otros US$ 670 millones de Repsol para adquirir otro 10% de la empresa. En todos los casos, los créditos se pagarían con las utilidades generadas por YPF. Al estatalizarse YPF, la familia Eskenazi ya no tuvo manera de pagar y entró en situación de impago, ante esta situación los bancos citados y Repsol reclamaron sus acciones, quedando de este modo el Grupo Petersen fuera de YPF.
[19] Según Carlos Slim Domit, hijo del magnate, la presencia de Slim en Argentina no fue como la presentó el Gobierno: "no ha sido una compra, sino el ejercicio de las garantías que estaban en poder de los bancos" ante la falta de pago de un préstamo de Petersen, en el que "trabajábamos desde hacía cuatro años". La operación ascendió a 344 millones de dólares (271 millones de euros). ABC, 21/6/2012.
[20] Monaldi, 2010:14.
[21] Según Salvia y Repond (2012): “Está claro que más allá de las posiciones políticas sobre si YPF tiene que ser una empresa privada, estatal o mixta, desde el punto de vista institucional la expropiación impulsada por el kirchnerismo y aprobada con un amplio apoyo legislativo ha sido en clara violación al principio republicano de publicidad que requiere el proceso de formación y sanción de las leyes”.
[22] El mismo día 16 de abril, sin esperar a que el Proyecto de Ley fuese sancionado por el Congreso, su Gobierno dictó el Decreto 530 ordenando la intervención de YPF. El Decreto 530, con entrada en vigor y aplicación inmediatas, indicaba que había sido dictado "para asegurar el total y absoluto cumplimiento de las medidas que se propician a través del referido Proyecto de Ley" e implicó la atribución de la gestión de la compañía al Ministro de Planificación, Julio De Vido, a quien otorgó la condición de "interventor". Posteriormente, se dictó el Decreto 532 por el que se designó a Axel Kicillof, viceministro de Economía, como subinterventor. Durante su tramitación parlamentaria, el Proyecto de Ley fue modificado para extender la expropiación a la participación de Repsol Butano en la compañía Repsol YPF Gas, S.A., empresa líder de distribución minorista de Gas Licuado de Petróleo en Argentina. En relación con ello, el 18 de abril el Gobierno dictó el Decreto 557 mediante el que se ampliaba a Repsol YPF Gas el alcance del Decreto 530 de intervención de YPF (conjuntamente, los Decretos 530 y 557).
[23] Se trata de la Ley 26741 de Estatización de YPF de 4 de mayo de 2012. La reglamentación de la Ley se hizo por Decreto PE Nº 1277 (25/7/2012). Artículo 7: “declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el cincuenta y un por ciento (51%) del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa, pertenecientes a Repsol YPF S.A., sus controlantes o controladas, en forma directa o indirecta. Asimismo, declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el cincuenta y un por ciento (51%) del patrimonio de Repsol YPF GAS S.A. representado por el sesenta por ciento (60%) de las acciones Clase A de dicha empresa, pertenecientes a Repsol Butano S.A., sus controlantes o controladas”. El proyecto de ley fue aprobado con el apoyo unánime del Frente para la Victoria (FPV), el partido gobernante, el Frente Amplio Progresista (FAP) y la Unión Cívica Radical (UCR). La mayoría de los diputados del Frente Peronista y la Coalición Cívica votaron también a favor, aunque algunos se abstuvieron o se ausentaron. Propuesta Republicana (PRO), liderado por Mauricio Macri, se convirtió en el único partido que lo rechazó de forma unánime.
[24] El Gobierno quiso revestir la ocasión con aires de acontecimiento histórico, festivo, patriótico y nacionalista. Invitó a los palcos del Congreso, donde se desplegó una gran pancarta con la imagen de Néstor Kirchner enmarcado por la bandera argentina, a gobernadores, alcaldes, fundadoras del movimiento Madres de Plaza de Mayo, filósofos y artistas afines. Fuera del recinto, las juventudes peronistas también se dieron cita para conmemorar la sanción de la ley con cánticos peronistas y fuegos artificiales. Toda una estética marcada por el más genuino estilo populista. Es conveniente recordar el gran respaldo electoral de la presidenta, Cristina Fernández ganó las presidenciales de 2011 con un 54% de los votos, más que el 51% de Raúl Ricardo Alfonsín en 1983, mucho más que el 48% de Fernando de la Rúa en 1999, más que el 47% de Carlos Menem en 1989 y más que el 49,9% de Menem en 1995; muchísimo más que el 22% con que Néstor Kirchner ganó en 2003 y más que el 45% que sacó ella misma en 2007.
[25] Estas declaraciones contrastan con las que realizó la presidenta Cristina Fernández el 22 de diciembre de 2009, en que se refirió a YPF como “la más grande e importante en términos de volumen económico y de aportes contributivos al Estado”; también con las realizadas por el vicepresidente, Amado Boudou, en febrero de 2011 contra las actuaciones de otras compañías petroleras: “YPF está haciendo un esfuerzo muy fuerte, está atendiendo el 64% del mercado y no es saludable que otra petrolera pretenda avanzar sobre el conjunto de sus competidores y sobre los consumidores argentinos”. El ministro de Planificación, J. De Vido, señaló: "En Argentina las empresas tienen seguridad jurídica, por eso no hay motivo alguno de preocupación, especialmente en el caso de YPF, ya que conocemos con detalles su plan de negocios e inversión y nos parece adecuado a las necesidades del país". Entre todas las frases, resulta especialmente llamativa, y no tan conocida en la opinión pública, la que pronunció en noviembre de 2011 el que entonces era representante del Estado en la dirección de YPF, Roberto Baratta: “El Estado Nacional está en todo de acuerdo con las actividades que la compañía- Repsol-YPF- viene desarrollando”. Resulta interesante recordar que la presidenta y su marido estuvieron entre los líderes más entusiastas de la desnacionalización, y que ambos consiguieron gracias a la privatización 500 millones de dólares que nunca reaparecieron. Fueron los Kirchner también los que obligaron a Repsol a venderle a sus amigos Eskenazi una parte importante de la empresa con el dinero de la propia empresa, y apoyaron y elogiaron con todo entusiasmo a esa empresa argentinizada, siendo ellos también los que gobernaron durante estos nueve años de desnacionalización y desinversión (Martín Caparros, La Nación 16/4/2012).
[26] Vidal-Folch, X.: “Repsol, ¿fiera depredadora?” (El País 19/4/2012).
[27] El Gobierno de España anunció la puesta en vigor de la orden de asignación del biodiesel elaborada por el anterior Ejecutivo para frenar la entrada en España de este tipo de carburante que venga de Argentina. Esta orden, que estaba paralizada desde octubre de 2010, establece un sistema para la protección de la industria nacional frente a las importaciones de terceros países. Según el último Anuario de Aduanas, Argentina exportó a España más de 430.000 toneladas de biodiesel, lo que supone el 53% del total de las importaciones españolas de este producto. En los últimos años, las compras de estos productos a Argentina han pasado de 90 a 700 millones de euros, lo que supuso la práctica totalidad de los 706 millones de euros en productos químicos que entraron desde el país suramericano, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio. La respuesta argentina a la decisión del Gobierno español de reducir las importaciones de biodiesel es que no habrá respuesta, al menos eso ha dicho la presidenta CFK durante un acto público en la provincia de Santa Cruz. Eso sí, con sus declaraciones, la presidenta ha asegurado que su país respetará la decisión, aunque España tendrá que comprar el combustible "más caro y no sé cómo afectará eso en su economía". "No haremos ningún planteamiento" ante la Organización Mundial del Comercio. "No diremos que nos están cerrando las exportaciones, no habrá diatribas, no somos así, somos gente de trabajo", ha asegurado Cristina Fernández. "Somos gente muy respetuosa de la soberanía de los países, por eso somos tan celosos cuando tomamos decisiones soberanas", argumentó haciendo referencia a la decisión de expropiar el 51 por ciento de acciones de YPF a Repsol (21/4/12). No fue así, ya que en agosto de 2012 denunció esta resolución del Gobierno de España ante la OMC. La balanza comercial entre España y Argentina en 2011 arrojó un déficit de 946 millones de euros. Las importaciones españolas de productos argentinos sumaron 1.770 millones, frente a las exportaciones que ascendieron a 824 millones de euros (ICEX, 2012).
[28] Declaración oficial del Gobierno: México considera que América Latina debe tener en cuenta que si se desea alcanzar crecimiento con empleo y desarrollo sustentable para los pueblos, el camino no son las expropiaciones, el camino es el comercio, el intercambio y las inversiones recíprocas Por ello, es imperativo preservar un ambiente de certidumbre y confianza en los intercambios económicos y, de manera destacada, en las condiciones que hacen posible la inversión tanto interna como extranjera.
[29] El vicepresidente de la Comisión Europea, el italiano Antonio Tajani, expresó: "Nuestros servicios jurídicos estudian, de acuerdo con España, las medidas a adoptar. No se excluye ninguna opción". La UE no descarta elevar una queja ante la Organización Mundial de Comercio y activar subidas arancelarias para las exportaciones argentinas. Estaba previsto que Argentina perdiera sus privilegios arancelarios con la UE en 2014 en productos como la soja, el biodiesel o las carnes. Por amplia mayoría, los eurodiputados han aprobado una resolución que pide a la Comisión y al Consejo de la UE que valoren opciones como la "posible suspensión parcial" de Argentina del sistema generalizado de preferencias (SGP), del que se benefician las exportaciones de ese país para entrar al mercado comunitario. Alrededor del 27% del total de las exportaciones de Argentina a la UE (equivalentes a 2.400 millones de euros) se benefician de este tipo de ventajas comerciales, según datos de 2010. En particular, productos como biodiesel, aceite de soja, aceite de semilla de girasol, camarones y filetes de merluza congelados, zumo de limón, tabaco, mandarinas y uva de mesa. La suspensión de estas ventajas arancelarias es la única medida concreta que incluye la resolución pactada por los principales grupos políticos de la Eurocámara.
[30] Tras hablar sobre Aerolíneas Argentinas y su desaparición, la presidenta pasó a comentar otros sectores en los que España tiene inversiones en Argentina: "Tengamos claro que las empresas que están aquí, aun cuando sus accionistas son de fuera, son empresas Argentinas", se refirió a "las telefónicas, alguna de ellas es española y nos sometió a un apagón recientemente y espero que el ministerio actúe pronto en consecuencia…", en clara referencia a Movistar. El 2 de abril de 2012 una avería en los sistemas de la filial argentina de Telefónica afectó a 16 millones de usuarios del servicio de telefonía móvil y a una porción menor de telefonía fija. Tras el “apagón”, el Gobierno argentino señaló que estudiaba imponer la “máxima” multa posible contra Movistar, la empresa manifestó su intención de resarcir a sus clientes por el incidente.
[31] Las estadísticas, avaladas por la realidad, indican que a principios de los 2000 el sistema energético funcionaba bien, estaba correctamente estructurado y contaba con un stock suficiente que permitió superar los años de la crisis económica hasta comienzos de 2003 prácticamente sin inversiones y sin alterar la oferta. Entre 2001 y 2010 se invirtió en el sector una cuarta parte que en los 90, lo que produjo caídas en la producción de petróleo de más del 25% y crecimiento cero en la de gas, mientras las demandas aumentaban 40%.
[32] http://www.lanacion.com.ar/1475888-ypf-para-que-sirve-la-estatizacion9.
[33] A. Ruiz Robledo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada y D. Rufían Lizana es profesora de derecho Financiero y abogada en Chile. Ambos firman un artículo titulado “Todavía quedan jueces en Buenos Aires” (El País, 27/4/2012).
[34]Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Argentina firmado el 3 de octubre de 1991 y que entró en vigor el 28 de septiembre de 1992.
[35] De las 48 demandas contra Argentina en el CIADI, 24 han concluido y 24 continúan pendientes. De las 24 concluidas, la mayoría de ellas fueron discontinuadas por parte de las empresas demandantes porque llegaron a un acuerdo con el Gobierno. Les convenía desistir del resarcimiento con tal de conseguir nuevos negocios en Argentina, fue el caso de Telefónica. Algunos fallos fueron contrarios a las compañías, en muchos casos por cuestiones de procedimiento, dado que las demandas deben presentarse primero en el país de origen del conflicto antes de ir al CIADI. De los 24 juicios pendientes, muchos de ellos se encuentran suspendidos por decisión de las empresas, dado que están en plena negociación con el Gobierno argentino. Es el caso de Gas Natural Fenosa, que continúa operando en Argentina y espera que alguna vez se produzca la revisión integral de las tarifas, algo que viene reclamando desde la crisis de 2001. Entre las demandas pendientes figuran las de Enersis (filial chilena de Endesa), Marsans y Agbar.
[36] Los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones son tratados bilaterales de naturaleza recíproca que contienen medidas y cláusulas destinadas a proteger, en el plano del derecho internacional, las inversiones realizadas por los inversores de cada Estado-Parte en el territorio del otro Estado-Parte. Su objetivo es proporcionar un ambiente estable y favorable a la inversión que permita reducir los factores de incertidumbre política y jurídica que a veces afectan al desarrollo de los proyectos de inversión a los que se suele enfrentar la empresa en el exterior. Son suscritos principalmente con países no miembros de la OCDE. En ellos los Estados asumen internacionalmente ciertos compromisos de trato a las inversiones procedentes del otro Estado y permiten en caso de discrepancias o controversias dirimirlas en un foro más neutral que la de los tribunales del propio Estado que adopta las medidas que afectan negativamente a esas inversiones extranjeras.
[37] Mediante la sucesión de estas medidas, Argentina ha destruido la inversión de Repsol en YPF y le ha arrebatado los derechos que le correspondían como legítimo accionista mayoritario de dicha compañía. Además, la Ley extiende la expropiación también a la participación de Repsol Butano en Repsol YPF Gas. De este modo, Argentina ha violado flagrantemente las garantías que el Tratado brinda a Repsol y Repsol Butano, y a sus inversiones en Argentina. Repsol y Repsol Butano son personas jurídicas constituidas según el Derecho español y con sede en España, cuyas inversiones en Argentina se materializan a través de su participación accionarial en YPF (equivalente al 57,43% del capital social de YPF, en poder de Repsol), así como en Repsol YPF Gas (equivalente al 84,997% del capital social de Repsol YPF Gas, titularidad directa de Repsol Butano e indirecta de Repsol). Por tanto, las participaciones de Repsol en YPF y de Repsol y Repsol Butano en Repsol YPF Gas se encuentran protegidas por el Tratado.
[38] El País, El Mundo, ABC… (18/4/2012).
[39] En los artículos 7 y 28 de los estatutos de YPF, se indica que una adquisición de control implica la aprobación por parte de la junta de accionistas y el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), por la que se obliga al Estado a lanzar la oferta sobre todas las acciones de clase D para asumir este control.
[40] Según el viceministro de Economía, A. Kicillof, Repsol se ha embolsado vía dividendos cerca de 15.000 millones de dólares de YPF, una cifra parecida a la pagada en 1999 por su compra. Por este motivo, entiende que no existe dolo a la hora de recuperar YPF, lo que puede hacer que el justiprecio a pagar sea simbólico. Kicillof, dio a entender que argentina no pagaría ninguna indemnización porque la deuda de YPF, presuntamente suma unos 6.800 millones de euros; y que, entre 1999 y 2011, se cobró dividendos por 11.900 millones de euros, en su mayoría girados a España.
Resultados contables de Repsol-YPF, según Gobierno argentino, abril de 2012:
-13.158 millones US$
+15.728 millones
Ingresos de la venta del 25.46% de YPF al Grupo PETERSEN
+3.539 millones US$
Ingresos de la venta del 17.09% de YPF en bolsa y a otras empresas
+2.704 millones US$
+8.813 millones US$
[41] El nuevo consejo de dirección de YPF está formado por 17 miembros titulares y 11 suplentes, presidido por M. Galuccio y A. Kicillof (viceministro de Economía e inspirador de la expropiación), en su mayoría representantes del Estado nacional argentino y de las diez provincias petroleras del país, mientras que Repsol, que mantiene una participación del 12% en YPF, tiene un representante.
[42] Hay que recordar que la Argentina no acude al mercado internacional de capitales desde que declaró el default de su deuda y que las empresas nacionales que buscan financiamiento en el exterior deben pagar una elevada tasa de interés, como consecuencia de la baja calificación de la deuda soberana del país. En este contexto adquiere más trascendencia la intención del Gobierno de impulsar que sean los bancos locales los que le presten dinero a YPF. La Nación (6/6/2012).
[43] Información facilitada por la Agencia EFE, 18/8/2012.
[44] En este mismo ranking se reconoce una puntuación “alta” en el índice global a Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Uruguay, reservándose para Chile la categoría de “muy alta”. En el mismo Informe se recoge también que Argentina presenta un nivel “alto” de corrupción en materia de inversión empresarial, frente al “bajo” nivel de Chile o el “medio” de Brasil, Colombia y México. Y, como conclusión, afirma que “ciertas características clave de las políticas públicas, como su estabilidad y su calidad, son tan importantes como el contenido específico de las mismas para el desarrollo económico”. Algo que advierte también la CEPAL (ONU) cuando, refiriéndose a Argentina, señala que “una economía en donde las condiciones futuras son muy inciertas y donde, al mismo tiempo, se desconfía mucho de la discrecionalidad del Gobierno, tendrá dificultades para establecer un marco apropiado de políticas”.
[45] Un informe de CEPAL señaló en 2008 que la República de El Salvador superó a Argentina en el saldo neto de inversiones extranjeras en el bienio anterior.
[46] Mario Vargas Llosa : “La guerra perdida” (El País, 22/4/2012).

References: artículo 124
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 124
 Artículo 7
 resolución 
 resolución 
 resolución