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Timestamp: 2019-01-22 19:21:53+00:00

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Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC)
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP)
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18va. Asamblea 2da. Sesión
R. de la C. 36
La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes, previo estudio e investigación en torno a la Resolución de la Cámara 36, tiene el honor de presentar a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Final con los hallazgos, recomendaciones y conclusiones para su aprobación.
La Resolución de la Cámara 36, ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio sobre las alternativas para que las familias con limitación de crédito puedan ser dueñas de su hogar.
Respondiendo al mandato de la R. de la C. 36, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano realizó dos vistas públicas en las cuales participaron el Departamento de la Vivienda, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), la Asociación de Bancos de Puerto Rico y la Mortgage Bankers Association of Puerto Rico. Estas últimas dos asociaciones sometieron ponencia conjunta. Además, se recibieron los comentarios de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) y de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP).
El Departamento de la Vivienda expresa que como parte de su política pública, apoya aquellas iniciativas que aumenten el número de familias que son propietarias de sus hogares y reconoce la necesidad de seguir apoyando esa gesta. El Departamento endiente que es necesario proveerles las herramientas necesarias a los residentes de vivienda pública para que puedan adquirir su hogar y salir de la vertiente de vivienda pública que por años han vivido. Es a través de la educación temprana, la cual es parte esencial de su enfoque programático, que se logra la autogestión.
En medio de la precariedad económica que por la que está pasando Puerto Rico, el Plan de Vivienda desarrollado por el Departamento en colaboración con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos revela que, de las viviendas disponibles para la venta, solamente el 36% de éstas tienen precios por debajo de $140,000.00. Con la mayoría del inventario, un 53.7% el precio de estas viviendas fluctúa entre $140,000.00 a $299,000.00. Esto a pesar de que las Estadísticas Seleccionadas sobre la Industria de la Construcción 2014 de la Junta de Planificación (“Estadísticas Seleccionadas”) revelan una dramática reducción en la construcción de viviendas en Puerto Rico. De un total de 16,873 unidades de viviendas privadas nuevas construidas en el 2005, solamente se construyeron 2,187 en el 2014.
Según el Departamento de la Vivienda, estos precios ponen un gran segmento del mercado inmobiliario fuera del alcance de la mayoría de las familias puertorriqueñas; considerando que, según el Negociado del Censo de los Estados Unidos, en el 2015 un 42.5% de la población vive bajo el nivel de pobreza federal y el ingreso medio de un hogar en Puerto Rico es apenas $18,626.
De acuerdo con el Plan de Vivienda, desde el punto de vista del mercado, la venta de viviendas nuevas y existentes ha continuado en picada. Irónicamente, mientras esto ocurre, se ha observado una merma en el número de unidades de viviendas de bajo costo y un aumento en las viviendas de alto costo. Este factor dificulta aún más el proceso de adquirir y mantener su propio hogar a la mayoría de las familias.
Al mismo tiempo, el Departamento entiende que la promoción de la vivienda propia estimularía una de las industrias principales, la de construcción, que en el año 2000 representó el 10.9% del Producto Bruto de Puerto Rico y hoy no alcanza ni el 1%, según las Estadísticas Seleccionadas. Estas estadísticas señalan una dramática contracción en la actividad privada de la construcción, la cual disminuyó de $3,641.1 millones en el 2005 a $1,849.8 millones en el 2014.
El Departamento de Vivienda indica que en busca de brindar alternativas reales a las familias con limitación de crédito, la actual administración ha establecido el Programa Casa Mía. El mismo busca brindar la oportunidad de realizar una transición para obtener un hogar propio mediante un proceso ordenado; más la creación de alianzas con diversas entidades y organizaciones para ayudar a este fin. Con el inventario del gobierno central, más de sobre ciento sesenta (160) viviendas alrededor de la Isla que se tienen en su inventario, se estaría dando la oportunidad a muchas familias puertorriqueñas a ser dueñas de su propio hogar y mejorar su calidad de vida.
Por otro lado, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) destaca que le ha sido delegada la implementación del Programa Casa Mía, el cual fue establecido por el Gobernador de Puerto Rico, mediante la firma de la Orden Ejecutiva OE2017-0023.
La orden ejecutiva señala que en la actualidad miles de familias puertorriqueñas viven en residencias alquiladas sin poder realizar su sueño de poseer su propio hogar. Según los datos de “Public Use Microdata Samples” (PUMS Puerto Rico) 249,980 mujeres, que son madres solteras, jefas de familia, rentan o alquilan residencias en la Isla. El mayor obstáculo para la adquisición de una propiedad es el historial crediticio.
Indica la AFV que con la creación del Programa Casa Mía, se le delegó la facultad de promulgar la reglamentación necesaria para ejecutar el mismo. En cumplimiento con lo anterior, promulgó la guía de procedimientos titulada “Procedimiento para Disponer de los Bienes Inmuebles Pertenecientes a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (para el Programa Casa Mía)”. La AFV se encuentra implementando el Programa Casa Mía con el fin de garantizar el acceso a un hogar propio, fomentar la actividad económica, brindar calidad de vida a familias e impulsar el valor de las propiedades.
La AFV expresa que cuentan con 400 unidades reposeídas, las cuales se estarán evaluando conforme a la necesidad de los participantes para determinar cuáles serán utilizadas para el Programa Casa Mía. No obstante, para la primera fase ya están disponibles 29 propiedades principalmente en el área metro.
El Programa Casa Mía consiste en un alquiler con opción a compra, el cual no excederá de 5 años (60 meses). El mismo puede darse por terminado si el participante deja de pagar tres meses seguidos de alquiler contractual o tenga acumulados seis de alquiler (no seguidos); el participante haya desatendido la estructura; y sea enjuiciado y hallado culpable por algún delito grave, a nivel local o federal.
Se requiere una fianza la cual el participante deberá prestar un mes de la renta establecida. De no ser formalizada la compraventa dentro del término establecido en el contrato, por razones atribuibles a la persona interesada, la AFV no devolverá el depósito. En caso de que la transacción no sea finalmente concretada, se devolverá la fianza si no es por razones atribuibles al participante.
Entre los criterios de cualificación que tienen que cumplir los ciudadanos que deseen aplicar para el Programa Casa Mía se encuentran los siguientes:
Ser padre o madre jefe de familia;
Personas o familias puertorriqueñas de recursos bajos o moderados;
Certificación de la Administración de Vivienda Pública sobre su historial de pago de alquiler en bien inmueble público; (si aplica)
Recomendación de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC); (si aplica)
Análisis de ingresos y gastos familiares;
Certificado de antecedents penales;
Tener ingresos suficientes que provengan de un empleo permanente y evidenciarlo, para pagar canon de arrendamiento equivalente a $300.00 o más;
No tener cuentas abiertas clasificadas como “tiradas a pérdida” según consulta crediticia “online”; y
Los requisitos del Programa Casa Mía son los siguientes:
Certificación de radicación de planilla de los últimos 5 años. De no haber rendido, proveer formulario 2781.
Certificación de deuda del Departamento de Hacienda.
Identificación con foto expedida por el Gobierno de Puerto Rico o pasaporte válido.
Certificación negativa del CRIM por ambos conceptos (propiedad mueble e inmueble).
Certificación negativa de ASUME (de ambos solicitantes, si aplica).
Certificación de pensión (veteranos, seguro social, retiro, etc., si aplica).
Estados de cuenta bancario (6 meses).
Estados financieros (si es negocio propio, preparados por un CPA y Notario).
Planilla de contribución sobre ingresos de los últimos 2 años.
Hoja informativa de relación de ingresos, gastos, activos y deudas. (Formulario AFV).
Formulario de autorización para consulta crediticia.
Giro postal de $325.00 para tasación (1 una) o $575.00 (2 unidades) (si aplica).
Declaración jurada de que no tiene propiedad inmueble o donde exprese su habilidad y deseo de mantener el bien inmueble en buen estado y llegar a ser dueño titular de bien inmueble.
Copia de Certificado de Matrimonio (si aplica), en caso de persona divorciada deberá proveer copia certificada de la sentencia de divorcio.
Una vez el participante haya sido cualificado y esté establecido en su residencia, éste deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Certificado de examen médico (voluntario)- debe hacer referencia a todos los miembros de su composición familiar. El participante del Programa, posterior al cumplimiento con este requisito, tendrá un descuento en su alquiler de un 100% del mes cuando entregue el certificado. Los certificados no tendrán más de doce (12) meses de vigencia, serían utilizados luego de transcurrido un (1) año de la firma del contrato de alquiler con opción a compra; el mismo podrá ser utilizado en sólo una ocasión.
Por cada veinte (20) horas de trabajo comunitario, certificado a través de Fondos Unidos, el ciudadano tendrá un descuento de un 20% del pago de alquiler.
Uno de los atractivos del Programa, según AFV, es que para cualificar no es necesario tener una empírica en específico, debido que Casa Mía está diseñada para personas que tengan el crédito afectado. La persona entrará en un alquiler con opción a compra de 24 a 60 meses. Durante el término del arrendamiento la persona se compromete a llevar sus finanzas de una forma saludable, periodo que servirá para arreglar su crédito y luego realizar el negocio jurídico de la compraventa.
Al cierre de este Informe la AFV notificó a la Comisión que han recibido 8,277 comunicaciones vía correo electrónico, teléfono o en persona solicitando información sobre el Programa Casa Mía. De éstas, se ha materializado la entrega de 13 propiedades mediante alquiler con opción a compra; se han firmado 17 contratos de opción a alquiler y 11 familias están en espera de firmar contrato.
La AFV destaca que la Ley 26-2017, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, ha detenido la entrega de propiedades y firma de contratos toda vez que la misma crea un Comité de Disposición de Bienes el cual regirá estos procesos. A los efectos de poder continuar con la consideración de las solicitudes, la AFV ha solicitado a las autoridades correspondientes una dispensa, la cual al momento de la redacción de este Informe no ha sido otorgada.
De otra parte, la Asociación de Bancos de Puerto Rico y la Mortgage Bankers Association of Puerto Rico (Asociaciones), indican que la Exposición de Motivos se refiere indistintamente a familias “con limitación de crédito” y a familias que carecen de un “buen historial de crédito”. Por lo que entienden que se trata aquí de personas con un historial de crédito deficiente o defectuoso.
Sobre este particular, las Asociaciones señalan que por razones reglamentarias, sus miembros se encuentran sujetos a estrictas limitaciones en la concesión de créditos hipotecarios a personas con crédito defectuoso o insuficiente. Estos créditos se conocen con “créditos subprime” o de alto riesgo. Este tipo de crédito se caracteriza por tener un nivel de riesgo de impago superior a la media del resto de los créditos.
La crisis financiera en los Estados Unidos del 2007-2008 se le atribuye, en gran medida, a la concesión de créditos hipotecarios “subprime”. Como resultado de ello, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la conocida ley “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act” (Pub. L. 111203, July 21, 2010) (la “Ley Dodd-Frank”), en la que se introdujo un Capítulo 14 dirigido a establecer estrictas normas en lo relativo a la originación, administración y demás aspectos relativos a los créditos hipotecarios.
La Ley Dodd-Frank y los reglamentos promulgados en relación a la misma aplican a los miembros de las Asociaciones. Este conjunto regulatorio está diseñado para asegurar la calidad de los créditos hipotecarios que se concedan, entre otros, por entidades que extienden créditos a individuos cuyos depósitos se encuentran asegurados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (“FDIC”, por sus siglas en inglés).
Es debido a lo anterior, que ambas Asociaciones, y sus bancos miembros, ponen gran énfasis en la educación financiera. El propósito de la educación financiera es precisamente crear una cultura de responsabilidad en el pago de las obligaciones de crédito para así prevenir que las personas comprometan adversamente su historial de crédito.
Es preciso mencionar el programa para familias interesadas en adquirir su primera vivienda, conocido como “First Home Club”. Este programa está disponible para aquellos bancos que sean miembros del sistema del banco federal de la vivienda de Nueva York (“Federal Home Loan Bank of New York” o “FHLBNY”, por sus siglas en inglés). Este programa está diseñado para asistir a familias a adquirir su primer hogar mediante un pareo de los fondos que ésta logre ahorrar dentro de un período de tiempo. El pareo consiste de $4.00 por cada $1.00 ahorrado hasta un máximo de ahorro de $1,875. El plan de ahorro es establecido en un mínimo de 10 meses a un máximo de 24 meses. Estos fondos serán utilizados para cubrir el pronto y los gastos de cierre.
Entre los requisitos establecidos por el FHLBNY, se encuentra el de someterse a talleres de consejería financiera durante el período de ahorro a fin de asegurar que estas familias puedan cualificar y cumplir sus obligaciones de pago una vez adquieran su vivienda. El programa además de asistir a las familias económicamente, les encamina a crear hábitos de ahorro y a recibir educación financiera que les prepara para la creación y manejo de un presupuesto y les crea conciencia de la importancia de mantener un buen crédito.
Las Asociaciones destacan que otras alternativas disponibles son los préstamos hipotecarios con la garantía del Federal Housing Administration (“FHA” por sus siglas en inglés) las cuales están asegurados bajo HUD y se basan en guías de aprobación más flexibles. Asimismo, existen otros productos hipotecarios con garantías federales que pudieran estar accesibles a esta población tales como los préstamos garantizados por la Administración de Veteranos federal y el “Rural Housing Development”.
Existen ciertos programas a nivel estatal, a través de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), ofrecidos por los miembros las Asociaciones que van dirigidos al mercado que les ocupa. Entre otros, mencionan el programa conocido como “Ley 87”. Bajo este programa, la persona puede recibir financiamiento de una institución financiera privada hasta el 98% del valor de la propiedad y la cantidad máxima que la AFV asegura puede llegar hasta $300,000. Este programa está diseñado para personas cuyo ingreso sea entre $60,000 a $150,000 anuales, con puntuación de crédito de 600 mínimo.
Otros programas existentes a través de AFV en que tradicionalmente los miembros de las Asociaciones han participado son los conocidos como “Mi Seguro Hipotecario” y “FHA Boricua”. Estos programas están basados en garantías de parte de la AFV a las instituciones privadas por lo que dependen para su éxito de que se le provea a esta agencia de los recursos suficientes para poder atender las reclamaciones resultantes de la garantía.
En atención a lo solicitado por la Resolución, y considerando las limitaciones reglamentarias antes mencionadas, los bancos miembros de las Asociaciones han analizado varias alternativas que pudieran considerarse para atender la situación bajo investigación. A esos efectos, resaltan un programa que se ha generalizado en varias jurisdicciones de Estados Unidos. Se trata de un programa que conlleva un financiamiento configurado de inicio como un arrendamiento con la opción a que, luego de un período de experiencia, el arrendatario pueda adquirir el título al convertirse el financiamiento en un préstamo hipotecario. Estos programas son conocidos comúnmente como “Rent to Own” y se han utilizado para familias de bajos ingresos o que presentan dificultad para obtener una hipoteca tradicional. Estos programas también van dirigidos a preparar a las personas para que puedan cualificar para un préstamo hipotecario y envuelven un fuerte elemento de asesoría financiera.
A nivel local, otra alternativa para el solicitante con bajo puntaje de crédito y estabilidad de ingresos es el Programa de Alquiler con Opción a Compra, el cual está siendo utilizado al presente. En estos casos, al solicitante se le hace una evaluación de crédito e ingresos bajo el concepto de préstamo convencional “non conforming”, esto, en aras de determinar el término del contrato de arrendamiento. Un 11% del precio de venta se le retiene de su canon de arrendamiento para cubrir el pronto. La cantidad retenida se lleva a un “escrow account”. En estos casos, la cualificación está atada a la política de crédito de la institución hipotecaria. Esto se aplica a propiedades re-poseídas por la institución.
A modo de alternativa, las Asociaciones sugieren que se reactiven los programas de garantías y subsidios antes mencionados de la AFV y se les provea de los fondos necesarios a fin de que se atiendan de manera efectiva y segura las reclamaciones de sus bancos participantes bajo los compromisos de garantías de la AFV. Esto estimularía a una mayor participación por parte de sus bancos asociados en estos programas.
Mientras, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) le brinda total deferencia a la Comisión para el Desarrollo Cooperativo, para que en armonía con sus facultades, exprese una posición formal sobre las alternativas que puede presentar el sector cooperativo para adelantar el propósito de investigación.
COSSEC considera que el modelo de cooperativas de vivienda puede ser una herramienta para alcanzar el logro que persigue esta medida. Por tanto, recomiendan que se haga el análisis sobre las características de las unidades de vivienda reposeídas que tiene el gobierno central en inventario para observar cuáles de éstas se ajustan a las disposiciones de la Ley Núm. 239-2004, según enmendada, conocida coma "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004", sobre las cooperativas de vivienda y el Reglamento Núm. 7659 adoptado al amparo del subcapítulo 35A de dicha Ley.
Además, en la medida que se identifiquen propiedades que cumplan con el modelo cooperativo, COSSEC recomienda la creación de un "Task Force" que concentre sus esfuerzos en identificar programas federales estatales y municipales entre otros, orientados a las cooperativas de vivienda de las cuales la población que se interesa atender con esta iniciativa pueda beneficiarse.
Por otro lado, el sector de cooperativas de ahorro y crédito también podrá colaborar
para el logro de esta iniciativa. Este sector lo gobierna la Ley Núm. 255-2002, según enmendada, conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002. La exposición de motivos de dicha Ley, destaca la intención expresa de la Asamblea Legislativa de entre otras cosas, permitir el libre ofrecimiento de productos y servicios por parte de las cooperativas bajo términos y condiciones similares a los demás participantes de los mercados financieros. En lo pertinente, el Artículo 2.02 de la Ley Núm. 255, establece que este sector puede conceder financiamiento para préstamos hipotecarios de todo tipo. Esto sujeto fundamentalmente, a las políticas prestatarias definidas en el Artículo 6.03 de dicha Ley y las normas prestatarias que establezca la Junta de Directores de la cooperativa, que no pueden ser incompatibles con las prácticas utilizadas en la administración de instituciones financieras. Ciertamente, este tipo de financiamiento debe hacerse dentro de un marco de prudencia administrativa y financiera que en estos tiempos se hace más imperioso observar, para mitigar los riesgos que conllevan transacciones de esta índole para este sector y para la COSSEC como aseguradora de las acciones y depósitos en éstas.
En ese sentido, es conocido que toda solicitud de financiamiento naturalmente comprende la divulgación de información pertinente para su evaluación. Por ejemplo,
uno de los componentes que se evalúa está ligado al historial de crédito del solicitante. Como lo expresa la presente Resolución, muchas personas tienen un crédito limitado, no tienen o el mismo es deficiente lo que impide en lo pertinente, que puedan adquirir una propiedad inmueble. Es precisamente para atender una limitación de esa naturaleza que la presente medida ordena un estudio de alternativas. Además, COSSEC sugiere que se estudie y analice el programa conocido como "Rent to Own". Dicho programa está diseñado para beneficiar tanto al consumidor como a las entidades con inventario de propiedades reposeídas. El mismo permite a personas o familias con circunstancias particulares alquilar con opción a compra una propiedad. El periodo de arrendamiento ayuda a que la persona pueda tomar las medidas correctivas para lograr subsanar la limitación crediticia que le impedía en un principio adquirir la propiedad.
Por otra parte, las cooperativas se basan en valores de ayuda mutua, equidad y
solidaridad entre otros. Estos valores se ponen de manifiesto a través de los principios
esenciales del cooperativismo. Es precisamente de uno de los principios esenciales del
cooperativismo que emerge otra recomendación que COSSEC comparte. Este es el principio de la educación. Es apropiado que se consideren a las cooperativas para que a través de sus programas educativos puedan brindar las herramientas a las familias con limitaciones de crédito para que puedan sobreponerse a las mismas y alcanzar la modalidad de un buen historial de crédito que le permita la compra de un hogar. Un programa educativo de esta naturaleza puede ir de la mano con un programa "Rent to Own" como el sugerido antes. Esto podría ayudar a la persona interesada a subsanar su limitación de crédito de una manera educada y con toda probabilidad podrá ejercer la opción de compra de una forma más rápida.
En lo relativo al financiamiento, también recomiendan un "Task Force" para el sector
cooperativo de ahorro y crédito que se dé a la tarea de identificar programas federales,
estatales y municipales entre otros, orientados a: (i) subsidiar el financiamiento de
unidades inmuebles; (ii) mitigar el riesgo que naturalmente tienen estas transacciones
para el sector financiero, como lo sería algún programa que garantice sustancialmente
Sugieren se estudien e identifiquen las cooperativas de ahorro y crédito de condición adecuada que puedan responsablemente ser un vehículo para el logro de la iniciativa. Toda vez que COSSEC supervisa, fiscaliza y asegura este sector del cooperativismo, recomiendan ser ellos quienes identifiquen dichas cooperativas de condición adecuada y definir mediante reglamentación las previsiones justas y adecuadas para que se adelante el propósito de la iniciativa, sin que eso represente un riesgo inaceptable para las cooperativas, la Corporación y el movimiento en general.
Por último, la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP) indica que las cooperativas de vivienda, conforme a su definición son las que se dedican a la administración, compra, construcción, venta, alquiler y a cualquier otra actividad relacionada con la vivienda y la convivencia comunitaria. Su finalidad es proveer una vivienda adecuada a familias de escasos y medianos recursos, garantizar un entorno comunitario tranquilo y seguro, educar a socios y residentes en los principios de autogestión, responsabilidad y convivencia social y evolucionar este tipo de alternativa de vivienda cooperativa para aumentar la efectividad con que se logran estos cometidos.
Según la CDCOOP, actualmente en Puerto Rico existen trece cooperativas de viviendas activas incorporadas bajo el Capítulo 35 de Ley Núm. 239-2004. De las cuales, en agosto de 2016 una fue registrada como la primera Cooperativa de Vivienda de Titulares bajo el Sub Capítulo 35A de la Ley Núm. 239-2004. Se espera que paulatinamente las restantes cooperativas, opten por la conversión al Régimen de Titulares. Dos de ellas, ya han celebrado su Asamblea Decisional afirmando su determinación hacia la titularidad.
La CDCOOP entiende que el marco jurídico promulgado con la aprobación de la Ley del Nuevo Modelo de Vivienda Cooperativa resulta pertinente y es cónsono, tanto con los propósitos de esta Resolución, como con las propuestas de desarrollo socioeconómico y de viviendas de la actual administración de gobierno. A siete años de haberse aprobado dicha legislación, no se constata el desarrollo, la aprobación, ni la ejecución del Plan
Estratégico según dispuesto en el estatuto.
Surge de la Exposición de Motivos de la Resolución que el gobierno central tiene bajo su inventario alrededor de cuatrocientas (400) unidades de vivienda reposeídas. Con dicho dato como parámetro, y al unísono con las disposiciones de la Ley del Nuevo Modelo de Vivienda Cooperativa, la CDCOOP destaca los siguientes elementos que deben ser objeto de desarrollo:
Cesión, transferencia venta nominal o venta rebajada de terrenos o inmuebles rehabilitables para la creación de nuevas cooperativas. Según autorizado por el Artículo 4, de la Ley 147-2011.
Identificación de uno o varios proyectos pilotos mediante los cuales comenzar la implantación.
Adquisición y rehabilitación de viviendas o propiedades existentes utilizando el modelo cooperativo.
Identificación de incentivos y métodos de financiamiento y subsidios disponibles conforme a este tipo de proyecto para satisfacer la demanda existente para el público a quien se dirige.
En lo concerniente a los métodos de financiamiento cooperativo disponibles, en la Isla existen actualmente 117 cooperativas en el sector financiero, además de los mecanismos disponibles bajo el Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo (FIDECOOP).
La CDCOOP está consciente del problema de vivienda en Puerto Rico, particularmente, en los sectores social y económicamente vulnerables, por lo que entienden que el modelo cooperativo es una opción real y probada para el éxito económico y comunitario en los proyectos de vivienda.
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