Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018s/se201831014.html
Timestamp: 2019-09-15 20:11:24+00:00

Document:
se201831014
Sucre, 1 de marzo de 2018
Expediente :225/2016
Demandante :Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales.
Resolución Impugnada :AGIT-RJ 0572/2016 de 30 de mayo.
VISTOS: La demanda de fs. 31 a 35 vta., la respuesta de fs. 46 a 56; Réplica, Dúplica, decreto de autos, antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.
Señala que la AGIT, no realizó una correcta valoración de los antecedentes administrativos, vulnerándolo dispuesto por los arts. 84 y 96 de la Ley 2492, art. 4 inc. d) de la Ley 2341(principio de verdad material) y art. 7 del D.S. 27310, debido a que tanto la Vista de Cargo N° 29 0208 15 como la Resolución Determinativa N° 17 1103 15 cumplieron con todos los requisitos establecidos en el art. 96 de la Ley 2492, sin haber vulnerado el derecho a la defensa del sujeto pasivo.
Manifiesta que a momento de notificar a la contribuyente con la Vista de Cargo, esta presentó algunos descargos que únicamente corroboraron la información obtenida respecto a las 4 facturas informadas por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, siendo este el motivo por el cual la Vista de Cargo no señala como parte de los fundamentos fácticos tales descargos.
Aduce que la información que la administración tributaria logró obtener de su Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT II)y del Sistema de Dosificación GAUSS, tiene validez probatoria conforme el art. 7 del D.S. 27310, habiendo procedido a determinar la base imponible sobre base cierta, al amparo del art. 43.I. de la Ley 2492.
Concluyó solicitando se declare probada la demanda contencioso administrativa y en consecuencia revoque la Resolución Administrativa Jerárquica AGIT-RJ 0572/2016 de 30 de mayo de 2016 y se confirme la Resolución de Alzada AIT-LPZ/RA 0204/2016 de 14 de marzo de 2016.
La Autoridad Jerárquica, durante el proceso de impugnación en vía administrativa, no ingresó a revisar aspectos de fondo, debido a que evidenció actuaciones y actos administrativos que adolecen de requisitos fundamentales que hicieron a la nulidad de obrados, hecho que impide al Tribunal Supremo a ingresar al fondo de la problemática planteada hasta que se subsanen los vicios de nulidad, en aplicación del principio de congruencia, debido proceso y conforme el derecho a la defensa.
La administración tributaria, expuso en la Vista de Cargo que la prueba de los reparos determinados, es la información obtenida de sus sistemas, aspecto que además de ser muy general, no es muy claro y que no permitió a la contribuyente, conocer el origen de la liquidación preliminar de la deuda tributaria establecida en su contra.
Si bien es cierto que constituye una obligación legal del contribuyente presentar toda la documentación que le fue solicitada por la Administración Tributaria, no es menos cierto que también constituye una obligación legal del ente fiscal, cumplir con lo establecido de manera taxativa; es decir, determinar la vinculación o conexión normal con el hecho generador que le permitan deducir la existencia de la obligación tributaria; toda vez que, así como existen obligaciones para el sujeto pasivo, también este tiene derechos, entre ellos, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Finalmente, solicita que se declare improbada la demanda interpuesta por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales y se mantenga firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0572/2016 de 30 de mayo de 2016 emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
El 18 de diciembre de 2014, la administración tributaria, notificó personalmente a Juana Rivera Vda. de Huanca, con la Orden de Verificación Nº 2114OVE00045 de 18 de noviembre de 2014, comunicándole el inicio de un proceso de determinación en la modalidad Operativo Débito IVA y su efecto en el IT correspondiente al periodo noviembre 2009, solicitando también mediante Requerimiento Nº 103726, la presentación de DDJJ Form. 200 y 400, libro de ventas IVA, notas fiscales de respaldo al débito fiscal y otra documentación que sea necesaria durante el proceso, otorgándole para el efecto, plazo hasta el 24 de diciembre de 2014.
El 27 de marzo de 2015, la contribuyente, formuló alegatos, aduciendo que no pudo hallar a su encargado de contabilidad, solicitando la emisión y notificación de la correspondiente Vista de Cargo.
Luego de la emisión de las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 131343 y 131425 y del informe CITE: SIN/GDEA/DF/VE/INF/04897/2015, que estableció que la contribuyente no determinó correctamente sus obligaciones tributarias por el IVA e IT del periodo noviembre 2009, por lo que recomendó la emisión de la Vista de Cargo.
El 7 de septiembre la administración tributaria notificó personalmente a Juana Rivera Vda. de Huanca, con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/00201/2015, de 5 de agosto de 2015, estableciendo sobre base cierta, una deuda tributaria preliminar de 48.754 UFV, equivalentes Bs. 100.863, por la calificación preliminar del contribuyente como Omisión de Pago por el IVA e IT del periodo Fiscal noviembre 2009, otorgándole 30 días de plazo para la presentación de descargos.
El 6 de octubre de 2015, la contribuyente presentó memorial con argumentos de descargo, denunciando el incumplimiento de requisitos esenciales de la Vista de Cargo, solicitando se deje sin efecto el proceso determinativo y se dicte la inexistencia de adeudos tributarios. Dichos descargos, no fueron considerados suficientes para desvirtuar los reparos establecidos en la Vista de Cargo; motivo por el cual, la Administración Tributaria notificó el 24 de noviembre de 2015 a la contribuyente con la Resolución Determinativa Nº 17-1103-15, de 11 de noviembre, en la que determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, una deuda tributaria de 47.792 UFV´s equivalente a Bs.99.767, por concepto de tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes formales.
La contribuyente, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 17-1103-15, mismo que fue resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba a través de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0204/2016 de 14 de marzo que confirmó la RD Nº 17-1103-15.
Finalmente, la contribuyente interpuso contra la mencionada resolución, el Recurso Jerárquico, que fue resuelto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, a través de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0572/2016 que Anuló la Resolución impugnada, hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la Vista de Cargo, a efecto de que la administración tributaria consigne en la nueva Vista de Cargo, los hechos, actos, elementos y valoraciones previstos en el art. 96.I. de la Ley 2492, que permitan a la contribuyente tomar conocimiento del origen de la deuda tributaria determinada por el periodo noviembre 2009.
III. PROBLEMÁTICA PLANTEADA.
Determinar si correspondía declarar la nulidad obrados hasta el vicio más antiguo por no haberse consignado en la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/00201/2015, de 5 de agosto de 2015, los hechos, actos, elementos y valoraciones previstos en el art. 96.I. de la Ley 2492.
En principio, debemos establecer que la competencia de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera asume competencia para la resolución de este tipo de controversias, en el marco de lo establecido por el art. 2 de la Ley Nº 620 del 31 de diciembre de 2014 en concordancia con el art. 775 del Código de Procedimiento Civil (CPC), y la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439 (Código Procesal Civil) y tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste un juicio de puro derecho, en el que sólo se analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante, corresponde realizar el control jurisdiccional y de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en sede administrativa.
En ese contexto debemos referir que, el procedimiento contencioso administrativo, se constituye garantía formal que ampara al sujeto administrado, redimiéndolo de la discrecionalidad y arbitrariedad de poder de los detentadores del poder público, a través del derecho de impugnación contra aquellos actos de la administración pública que le resultaren gravosos, con el fin de lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados, buscándose ese fin precisamente con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.
Estando definida la competencia de este Tribunal y analizados los antecedentes administrativos del caso, los fundamentos esgrimidos tanto por la Entidad demandante, como por la AGIT, resulta pertinente establecer que los actos administrativos de los órganos e instituciones públicas, deben necesariamente circunscribirse en el cumplimiento de la CPE, cuya aplicación es directa, conforme el art. 109 de la CPE, en el cual debe circunscribirse el actuar normado y reglado de la Administración Pública.
En el marco del Bloque de Constitucionalidad, el art. 8º de Pacto de Costa Rica de noviembre de 1969, suscrito por Bolivia, en lo concerniente a las Garantías Judiciales señala que: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” [sic] declaración que debe ser observada también por instancias administrativas, administrativas impugnatorias y jurisdiccionales en el marco de las garantías procesales propias del derecho al debido procedimiento, en lo concerniente a la imparcialidad en el proceso administrativo, a la igualdad de las partes ante la Ley, al derecho a la defensa, el derecho de aportar pruebas, a la amplitud e informalidad de la misma en procesos administrativos, al sometimiento pleno a la ley y sobre todo, a determinar en el procedimiento administrativo la verdad material de los hechos.
En esa línea la garantía jurisdiccional otorgada por la Constitución Política y el Bloque de Constitucionalidad a todas las personas naturales y jurídicas, se traduce en el cumplimiento por parte de las autoridades públicas al derecho al debido proceso, al derecho a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, esta garantía plasmada y avalada por el art. 115 I. y II.
Respecto a la incorrecta nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo acusada por la parte demandante. No se debe perder de vista que uno de los aspectos fundamentales del Derecho Tributario Formal consiste en la facultad de la administración para, controlar, verificar, fiscalizar y luego determinar la existencia y cuantía del hecho imponible y el sujeto de la obligación. Para poder realizar dicha tarea el art. 100 del Código Tributario Ley N° 2492, otorga a la administración las más amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación. En tal sentido, resulta imprescindible -en aplicación del principio de legalidad-, desentrañar cómo la administración llega a constatar dichos hechos y cuál es el procedimiento probatorio y valorativo que sigue en esa determinación; así como cuál es la motivación y fundamentación de la Vista de Cargo y la posterior Resolución Determinativa; por tanto; el objeto de análisis del caso de autos se circunscribe en establecer la importancia del sustento probatorio del procedimiento de determinación tributaria realizada por la administración, la configuración de los hechos generadores que llevan a determinar la obligación tributaria y el responsable de su pago.
Según el Código Tributario Ley N° 2492, en su art. 92, “La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia.” [sic]; consiguientemente, la determinación tributaria es un acto administrativo que constituye un acto unilateral de la administración, lo cual no significa de manera alguna que este pueda ser discrecional y menos arbitrario; toda vez que debe expresar la existencia de un hecho imponible, cuantificar el tributo correspondiente e individualizar correctamente el sujeto pasivo de la obligación; asimismo, es también importante destacar los elementos que debe contener dicho acto administrativo, aquellos que se encuentran enumerados en el art. 99 de la Ley N° 2492, siendo un acto declarativo, porque se centra en constatar la individualización del sujeto pasivo, la existencia de un hecho generador y lo más delicado la aplicación de la correspondiente sanción, valorando y acompañando la prueba que demuestre la existencia de la materialización de los presupuestos de hecho de la obligación, la configuración del ilícito y la identificación del sujeto pasivo.
En ese orden, el art. 96 de la nombrada Ley N° 2492 señala: “Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales tributarias.”[sic], de la misma manera, los arts. 96 y 98, complementan el articulado señalando: “La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado.”, la aplicación de ésta norma, es la parte más importante del proceso de determinación de la deuda tributaria, pues se constituye en el momento en el cual la administración hace conocer al sujeto pasivo los resultados de su labor de fiscalización, investigación, verificación mostrando los hallazgos, con cuya notificación se le otorga al sujeto pasivo la posibilidad de asumir su derecho a defensa pues inmediatamente se abre un periodo de descargo de 30 días en favor del sujeto pasivo (art. 98 Ley N° 2492), con el fin de que éste formule y presente descargos que estime convenientes; este procedimiento es de vital trascendencia, pues permite al sujeto pasivo plasmar el derecho a defensa que la constitución y las leyes le otorgan y garantizan; sin embargo, esta posibilidad de formular y presentar descargos está en directa correspondencia al contenido de las observaciones que formula la Administración Tributaria en su Vista de Cargo, de ahí su esencial trascendencia, pues las observaciones que efectúe la administración deben ser de tal transparencia, claridad y certeza, que deberá fundarse en motivos de hecho reales, existentes, verdaderos, específicos, conducentes y sustentados en el cumplimiento de la ley; pues si así no fuese, si los hechos en los que la administración fundó su decisión no hubieren existido o no hubiesen sucedido como la administración afirmó al resolver, el acto correrá el riesgo de ser declarado nulo.
En el marco del entendimiento descrito este Tribunal procede a examinar el argumento de la entidad demandante, advirtiendo lo siguiente:
La entidad demandante acusa de vulneración al principio de congruencia al haber dispuesto en la Resolución AGIT-RJ 0572/2016 de 30 de mayo, la nulidad de la Resolución del Recurso de Alzada, con reposición hasta el vicio más antiguo, (Vista de Cargo Nº SIN/GDEA/DF/VE/VC/00201/2015), no se encuentra que la misma sea evidente, porque conforme el Considerando IV, Punto IV.4.2 que se refiere a la conclusión a la que arribó y la parte dispositiva de la resolución, existe plena congruencia, ello es así porque se advierte que ante la instancia jerárquica el contribuyente expuso aspectos de forma y fondo, procediéndose a analizar los de forma, señalando expresamente que en caso de no ser evidentes recién se ingresaría a los aspectos de fondo. Ahora bien, tras la revisión y análisis de los antecedentes procesales, este Tribunal advierte que la administración tributaria, a momento de dar inicio al proceso de verificación, contaba con información proporcionada por el beneficiario de las facturas; a pesar de ello, se limitó únicamente a mencionar como medios probatorios de la deuda determinada la información obtenida de sus sistemas SIRAT II y GAUSS, hecho que imposibilitó que el sujeto pasivo, tome conocimiento del origen de las observaciones establecidas en su contra para poder ejercer de manera amplia su derecho a la defensa, traduciéndose este accionar de la administración tributaria en el incumplimiento del art. 96.I de la Ley Nº 2492; dicho de otra manera, el ente fiscalizador, no puede limitarse a señalar que el sujeto pasivo no proporcionó con la presentación requerida; sino más bien, la administración tributaria, de manera diligente debió hacer uso de sus amplias facultades de investigación, para poder establecer de manera fehaciente, la vinculación del sujeto pasivo con el hecho generador del tributo y el incumplimiento en la obligación tributaria, hecho que en el presente caso, no existió, siendo correcta la determinación de la AGIT en su Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0572/2016 de 30 de mayo, de anular obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la Vista de Cargo, que como se explicó anteriormente, es la base de la emisión de una Resolución Determinativa adecuada.
Del análisis precedente, el Tribunal Supremo de Justicia concluye que la AGIT, no incurrió en conculcación de normas legales, efectuando correcta valoración e interpretación en su fundamentación técnica jurídica respecto a la normativa aplicable, correspondiendo en consecuencia desestimar los extremos demandados.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en el ejercicio de la atribución conferida en el art. 2 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia a nombre de la ley, y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0572/2016 de 30 de mayo. Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada, sea con nota de atención.

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