Source: https://www.wcl.american.edu/humright/digest/sp1980/2381.cfm
Timestamp: 2016-07-28 22:20:20+00:00

Document:
CASO 2141 (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) 6 de marzo de 1981 RESUMEN DEL CASO E1 19 de enero de 1977, Christian S. White y Gary K. Potter
interpusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
una petición contra los Estados Unidos de América y el
Estado de Massachusetts para los fines establecidos en el Estatuto y
Reglamento de la Comisión. La petición fue presentada
mediante una carta firmada por el Sr. Gary Potter, Presidente de
Catholics for Christian Political Action. A continuactón se resumen los detalles de la pettción: Nombre de la persona cuyos derechos humanos han sido violados: "Baby
Boy" Véase el anexo, p.ll, párrafo 7, y el Documento
Explicativo, p 1) Dirección: Boston City Hospital, Boston Massachusetts. Descripción de la violación: la víctima
fue muerta por proceso de aborto (histerotomía), ejecutado por el
Dr. Kenneth Edelin, M.D., en violación del derecho a la vida
reconocido por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, aclarado por la definición y descripción de "derecho
a la vida" que consta en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Documento Explicativo, p .1) . Lugar y fecha de la violación: Boston City Hospital,
Boston Massachusetts. Octubre 3 de 1973. Ediftcio de la Corte Suprema de
Estados Unidos, Washtngton, D.C., enero 22 de 1973. Autoridad local que tomó conocimiento del acto y de la fecha
en que ocurrió: Oficina del Fiscal de Distrito, Boston,
Massachusetts. Juez o Tribunal que tomó conocimiento del acto y de la fecha
en que ocurrió: Corte Superior de Boston, Massachusetts, Juez
McGuire, abril 5-11, 1976. Decisión final de la autoridad que conoció del caso:
la Corte Suprema Judicial de Massachusetts, Boston, Massachusetts, absolvió
al Dr. Edelin, después de su apelación el 17 de diciembre de
1976. Si no ha sido posible interponer denuncia ante una autoridad, juez
o tribunal local, explique las razones de esa imposibilidad: No hay
posibilidad de apelar a la Corte Suprema de Estados Unidos (Documento
Explicativo, p.6) Nombres y direcciones de testigos del acto o adjunte los documentos
correspondientes: Anexo A: copia oficial de la decisión de la
Corte Suprema Judicial de Massachusetts en el caso Estado (Commonwealth)
vs. Dr. Edelin; Anexo b: "Working and Waiting", The Washington
Post, domingo, primero de agosto de 1976. Indíquese si el suscrito desea que se mantenga en secreto su
identidad: No es necesario. En el Documento Explicativo que se adjunta a la petición, el
peticionario añade, inter alia, las siguientes
informaciones y argumentos: La víctima del presente caso, un niño varón,
antes del término normal del embarazo, ha sido identificado
desde el comienzo por las autoridades de Massachusetts con la
denominación de "Baby Boy", Anexo A, p.ll, renglón
7 del caso Nº S-393 SJC, Commonwealth of Massachusetts vs.
Kenneth Edelin. Esta violación de los siguientes derechos consagrados en
--Capltulo 1, artículo I ("... derecho a la vida..."),
artículo II ("Todas las personas son iguales ante la
ley... sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra
alguna"; aqui, edad), artículo VII ("Todo niño,
tiene derecho a protección, cuidado y ayuda") y artículo
XI ("Toda persona tiene derecho a que su salud sea
preservada...")-- empezó el 22 de enero de 1973, cuando
la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió sus decisiones
en los casos judiciales de Roe vs. Wade, 410 U.S. 113* y Doe vs.
Bolton, 410 U.S. 179. E1 efecto de las decisiones Wade and Bolton (supra), al
poner fin a la protección jurídica de niños
nonatos preparó el camino para privar del derecho a la vida a
"Baby Boy". Estas decisiones por sí mismas
constituyen una violación de su derecho a la vida, y, por
tanto, Estados Unidos de América es acusado de violar el artículo
I del Capítulo I de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre. El Gobierno de Estados Unidos, por su Corte Suprema, es
culpable de tal violación. En el proceso, el jurado consideró culpable de homicidio
sin premeditación al Dr. Edelin, estableciendo necesariamente
el hecho de que se trataba de un niño que reunía las
condiciones relativas a la "excepción protegible"
(más de seis meses después de la concepción y/o
vivo fuera del vientre) señalada por la Corte Suprema de los
Estados Unidos en las causas de Wade y Bolton. A raíz de la
apelación, la Corte Suprema Judicial de Massachusetts la anuló,
por las causales siguientes: Prueba insuficiente de "temeridad" y "creencia
en" (o preocupación por) "la viabilidad del
feto" (paráfrasís). Anexo A. p.l90, renglón
17 a p. 19, renglón 6. Prueba insuficiente de vida fuera del vientre. Anexo A,
p.22, renglón 5, a p.25, renglón Error de procedimiento. Anexo A. p.25, renglón 2, a
p.29, renglón 7. La decisión fue emitida el 17 de diciembre de 1976, y, al
impedir que se castigue al Dr. Edelin por sus actos, puso al Estado
de Massachusetts en violación del derecho a la vida de "Baby
Boy", conforme a la Declaración. La Corte Suprema de Estados Unidos no tiene jurisdicción
en la materia, puesto que las causales para la anulación
dadas en la opinión de la Corte Suprema Judicial se basan en
aspectos de la ley que pertenecen únicamente al Estado, y los
derechos de Edelin no fueron violados al declararlo excusable. La
insuficiencia de pruebas respecto a elementos de un crimen y
material de procedimiento de un tribunal de Estado pueden ser
tratadas por la Corte Suprema de Estados Unidos, o cualquier otra
Corte Federal de Estados Unidos, únicamente cuando el
Estado no hubiera considerado el asunto. El Anexo A, adjunto a la petición, es fotocopia del texto
Integro de la decisión de la Corte Suprema Judicial de
Massachusetts en el caso conocido como Commonwealth vs. Kenneth Edelin. El primero de abril de 1977, Mary Ann Kreitzer (4011 Franconia
Road, Alexandria, Va., 22310) envió una carta a la Comisión,
en su nombre y en el de seis personas más, pidiendo "que se
les considere como peticionarios en las comunicaciones interpuestas ante
la Comisión por los señores Potter y White y la organtzación
Catholics for Christian Political Action con relación al caso del
Dr. Edeltn...". Una solicitud similar fue hecha más tarde por el Reverendo
Thomas Y. Welsh, Obispo de Arlington (200 North Glebe Road, Arlington,
Va.). Frederick C. Greenhalge Jr. (Box 1114, Los Gatos, Santa Clara
County, California 95030) y Lawyers for Life, grupo representado por
Joseph P. Metssner (Room 203, 3441 Lee Road, Shaper Heights, Ohio
44120). Por carta del 5 de mayo de 1977, los peticionarios presentaron a
la consideración de la Comisión cuatro consultas sobre cuáles
eran las reservas aceptables a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. La Comisión, en su 41a reunión (mayo de 1977)
decidió nombrar un relator para que preparase una nota al
Gobierno, pero en su 42a reunión, al aceptar una recomendación
procedente de su Comité Ad Hoc, encargó a la Secretaría
que transmitiera al Gobierno del Estado las partes pertinentes de la
petición y solicitara las informaciones usuales. Por medio de la nota del 20 de julio de 1978, el Presidente de la
Comisión solicitó al Secretario de Estado de Estados
Unidos las informaciones apropiadas, de acuerdo con los artículos
42 y 54 de su Reglamento. E1 26 de enero de 1979 la Comisión recibió una
carta del petictonario en la cual se establecía lo siguiente: No habiendo Estados Unidos contestado a su carta de consulta del 20 de
julio de 1978 dentro de los 180 días establecidos por el
Reglamento de la Comisión (artículo 51), se requiere ahora
que se considere comprobadas las alegaciones de hechos (artículo
51). E1 22 de febrero de 1979, el Embajador Gale McGee, Representante
Permanente de Estados Unidos ante la Organización de los Estados
Americanos, presentó a la Comisión un memorándum
preparado en el Departamento de Estado en el que se contestaba los
principales puntos suscitados por los peticionarios. En la respuesta de los Estados Unidos se planteó la
siguiente cuestión: Respecto a la condición de que se agoten los recursos jurídicos
en el caso de Edelin, las decisiones de las cortes supremas estatales
son apelables a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Sin
embargo, en este caso no se apeló y el plazo para ese fin ha
vencido. Respecto a los hechos a los que se refería la petición,
el memorándum expresa: E1 caso especifico llevado a la atención de la Comisión
es el de "Baby Boy", nombre dado al feto extraido por el Dr.
Kenneth Edelin cuando ejecutó la operación de aborto en
Boston el 3 de octubre de 1973. E1 Dr. Edelin fue procesado por
homicidio no premeditado por ese aborto y condenado a raíz del
juicio. La Corte Suprema Judicial de Massachusetts anuló la
condena y ordenó el registro de un dictamen de absolución
el 17 de dictembre de 1976. La Corte decidió que las pruebas eran
insuficientes para llevar a un jurado una cuestión de alcance tan
vasto como la de si el Dr. Edelin era o no culpable sin duda alguna de
acción "intencional" o "temerarla" resultante
en la muerte que le hace merecedor de condena, por lo que concedió
el veredicto directo de absolución. E1 Gobierno de Estados Unidos, al responder a las importantes
cuestiones planteadas por los peticionarios dividió en tres
partes su argumento de que no se violaron las disposiciones relativas al
derecho a la vida consignadas en la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, aun en la hipótesis de que la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, pudiera servir de
base para la interpretación del caso: Con respecto al derecho a la vida reconocido en la Declaración,
es importante notar que los signatarios que actuaron en Bogotá en
1948 rechazaron cualquier redacción que hubiera extendido ese
derecho a los que están por nacer. E1 proyecto sometido a ellos
había sido preparado por el Comité Juridico
Interamericano. El artículo 1 de dicha redacción
preliminar expresaba: Toda persona tiene derecho a la vida, inclusive los que están
por nacer, así como también los incurables, dementes y débiles
mentales. Novena Conferencia Internacional Americana, Actas y
Documentos, Vol. V, p.449 (1948). La Conferencia, sin embargo, adoptó una simple declaración
del derecho a la vida, sin referencia a los que están por nacer
y lo vinculó a la libertad y seguridad de la persona. Parecería
entonces incorrecto interpretar que la Declaración incorpora la
noción de que exista el derecho a la vida desde el momento de
la concepción. Los signatarios enfrentaron la cuestión y
decidieron no adoptar un lenguaje que hubiera claramente establecido
ese principio. Aunque la intención fue de que la Convención Americana
sobre Derechos Humanos complemente la Declaración, los dos
instrumentos existen en planos jurídicos diferentes y
deben analizarse separadamente. La Declaración, adoptada como una
resolución en la Novena Conferencia Internacional de los Estados
Americanos en Bogotá en 1948, es un pronunciamiento sobre los
derechos humanos básicos. Se aprobó por el voto unánime,
en el cual participó Estados Unidos. Cuando se creó la
Comisión en 1959, la Declaración dio forma a su
responsabilidad de proteger la observancia de los derechos humanos en América.
No obstante, la Convención es un tratado que sólo hace
poco ha entrado en vigor para 13 Estados, entre los cuales no se
encuentra Estados Unidos. En ella se definen en detalle los derechos
humanos que los signatarios se comprometen observar. La especificidad de
esos derechos, en comparación con los enumerados en la Declaración,
señala la necesidad de que su observancia se emprenda por medio
de un tratado. La vaguedad de los derechos descritos en la Declaración
pueden permitir considerable latitud de interpretación a la
Comisión, pero dicha interpretación debe guardar
congruencia con la intención de quienes adoptaron la Declaración.
En casos particulares, la Convención puede o no proporcionar
directivas precisas para definir los términos de la Declaración. Aunque el alcance del derecho a la vida reconocido en la Convención
no concierne directamente a la cuestión presente, merece
comentario el análisis que de esa cuestión hacen los
peticionarios. El párrafo 1 del artículo 4 de la Convención
describe el derecho a la vida en los siguientes términos: Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará
Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. En la segunda sesión plenaria de la Conferencia de San José,
las delegaciones de Estados Unidos y Brasil consignaron en acta la
siguiente declaración: Estados Unidos y Brasil interpretan el texto del párrafo 1 del
artículo 4 en el sentido de que deja a la discreción de los
Estados Parte el contenido de la legislación a la luz de su propio
desarrollo social, experiencia y factores similares (Conferencia
Especializada Americana sobre Derechos Humanos, Acta de la segunda sesión
plenaria, OEA/Ser.K/XVI/2, p.ó). Cuando se enfrenta la cuestión del aborto, hay dos aspectos por
destacar en la formulación del derecho a la vida en la Convención.
En primer término la frase "En general". En las sesiones
de preparación del texto en San José se reconoció que
esta frase dejaba abierta la posibilidad de que los Estados Partes en una
futura Convención incluyeran en su legislación nacional "los
casos más diversos de aborto". (Conferencia Especializada
Interamericana sobre Derechos Humanos, OEA/Ser.K/XVI/2, p.l59). Segundo,
la última expresión enfoca las privaciones arbitrarias de la
vida. Al evaluar si la ejecución de un aborto viola la norma del
artículo 4, hay que considerar las circunstancias en que se practicó.
¿Fue un acto "arbitrario"? Un aborto practicado sin causa
substancial con base a la ley podria ser incompatible con el artículo
4. E1 memorándum del Departamento de Estado contesta también
a las alegaciones de los peticionarios en lo relativo a la opinión
de la Corte Suprema de los Estados Unidos y de la Corte Suprema Judicial
de Massachusetts sobre el tema del aborto, y expresa lo siguiente: Los peticionarios alegan que las decisiones de la Corte Suprema de
Estados Unidos en los casos Wade y Bolton (Anexos A y B) implicaban "arbitrariedad
absoluta" en una decisión de si se debe o no practicar un
aborto en un caso particular. En efecto, lo que la Corte Suprema hizo
en estos casos fue establecer directivas constitucionales para que las
leyes estatales reglamenten los abortos. Estas directivas no fueron
formuladas de manera arbitraria. La cuestión planteada a la Corte en el caso Roe vs. Wade
fue si una ley estatal penal sobre aborto que exceptuara de
criminalidad solamente un procedimtento que tenga por fin salvar la
vida de la madre era constitucional.[1]La Corte opinió que
limitaba el ejercicio de un "derecho fundamental" -- del
derecho a la intimidad--.[2]en manera que no guarda congruencia con los
''intereses apremiantes del Estado" que puedan justificar la
reglamentación de ese derecho. Es un principio básico
del derecho constitucional de Estados Unidos que los Estados pueden
limitar el ejercicio de derechos fundamentales sólo cuando
puedan demostrar un interés apremiante, y las fórmulas
legislativas que persiguen ese fin deben expresar con certeza úntcamente
los intereses legítimos del Estado. La Corte identificó
dos de esos intereses que podrían formar la base de una
reglamentación estatal legítima durante ciertas etapas
de la gravidez: la salud de la madre (se dice salud) y no vida en el
período subsiguiente a aproximadamente el fin del primer
trimestre y la vida potencial del feto en el período
subsiguiente a la viabilidad. Para el primer trimestre, la Corte ha
dejado la decisión y aplicación al criterto médico
del facultativo que atienda a la embarazada (410 U.S. 113, 164). Los peticionarios alegan que en virtud de esta decistón la
Corte Suprema de Estados Unidos ha sancionado la muerte arbitraria de
fetos humanos durante los primeros seis meses de desarrollo. En
realidad, la Corte expresamente rechazó la opinión de "que
el derecho de la mujer es absoluto y tiene ella derecho a dar término
a su embarazo en cualquier momento, de cualquier manera, y por
cualquier razón que le parezca adecuada". La Corte declaró
que el derecho a la ------------------------ En el caso Commonwealth vs. Edelin, el aborto fue
practicado en el período interino entre el anuncio de la decisión sobre el caso Wade, que dejó inoperante la ley penal de
Massachusetts sobre el aborto, y la promulgación de nuevas
leyes estatales sobre la materta. De enero de 1973 a agosto de 1974 no
hubo restricciones legales a la práctica de abortos per se
en Massachusetts, y el Dr. Edelin fue procesado de acuerdo con una ley
sobre homicidio no premeditado. Fue absuelto; el record demuestra
ampliamente la dificultad de situar los hechos de un aborto legal
dentro de los términos de una ley sobre homicidio no
premeditado. Sin embargo, no establece que el aborto fue ejecutado "arbitrariamente". Los peticionarios observan que la opinión sobre el caso Edelin no explica los factores que influyeron en la decisión de
ejecutar el aborto; la Corte hace sólo referencia tangencial a
la "petición de que se practique el aborto" por parte
de la embarazada y de su madre. Si el caso se hubiera procesado según
la ley de 1974 de Massachusetts (anexo C), se habría explorado
detalladamente este aspecto. Sin embargo, no constituyó una
cuestión central según la teoría de homicidio no
premeditado presentada por el Estado (Commonwealth). Por tanto, los
registros no dicen nada acerca de la motivación de la
embarazada o de la necesidad médica de procurar el aborto, y no
puede considerarse legítimamente que el caso del Dr. Edelin
sancione "el deseo de la madre de matar al que está por
nacer por razones impropias o sin alguna". (Documento Explicativo
del peticionario, p.3). Es digno de notarse, sin embargo, que al
tiempo del aborto el Dr. Edelin estimó el período de
gestación en veinte o veintidos semanas --menos del tiempo que
generalmente se cree que el feto necesita para ser viable-- y no creyó
que el feto era viable. La Corte no opinó que había razón
para recusar su buen criterto sobre la materia. A la respuesta de los Estados Unidos se acompañan copias
de los textos de las opiniones dadas en los casos Roe vs. Wade y
Doe vs. Bolton, y Secciones 12K - 12Y, Capítulo 112 de
las Leyes señaladas de Massachusetts. E1 12 de junio de 1979, en la réplica de los
peticionarios a la respuesta del Gobierno de Estados Unidos se expresó
lo que se resume a continuación: E1 memorándum del Departamento de Estado (implica) casi
una confesión de culpabilidad en el caso. E1 Gobierno de Estados Unidos no ha contestado a las alegaciones
de los señores Potter y White respecto al considerable número
de abortos y la alta proporción de abortos injustificados
llevados a cabo por pura conveniencia, y no ha negado que la Corte
Suprema de Estados Unidos ha prohibido la protección de la vida
de los que están por nacer en las primeras 24 semanas de
existencia prenatal. E1 Gobierno no tiene razón para sostener que en el caso de
Edelin no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna
porque la jurisdicción de apelaciones de la Corte Suprema de
Estados Unidos tiene limitaciones estrictas, en cuanto al derecho de
apelar y al auto de avocación. La historia de cómo surgió la Declaración
Americana demuestra que el argumento de Estados Unidos es incorrecto,
pues el cambio de redacción obedeció únicamente a
propósitos de simplificación y no de cambio del contenido. Las opiniones en los casos Wade y Bolton, como lo admite el
Gobierno de Estados Unidos, dejó inoperante la ley penal de
Massachusetts sobre aborto, y, en general, influyó en la misma
forma en las otras leyes estatales sobre aborto. Ese cambio destruyó
la protección legal de la vida de los nonatos. E1 término "en general" no puede considerarse
aplicable únicamente al período prenatal, a causa de la
estructura lógica y de la redacción de la Declaración
sobre el derecho a la vida, así como de otros aspectos de la
Declaración y de la Convención que se relacionan con la
vida humana. Tales aspectos de los dos instrumentos, como las
limitaciones a la pena capital, deben "interpretarse" a partir
de la frase "en general". La historia demuestra con claridad que numerosas violaciones de
los derechos humanos han tenido su origen en Procesos ordenados de la
elaboración de las leyes, como en los casos de Wade y Bolton. En su réplica a la respuesta de Estados Unidos, los
peticionarios hacen frecuente referencia al anexo que exhibe el
Documento Explicativo, interpuesto por los señores Potter y White
el 8 de junio de 1978. Este documento es el resultado, en opinión
de los peticionarios, de la investigación basada en las Actas y
Documentos de la Novena Conferencia Internacional de Estados Americanos
y otras publicaciones relacionadas con el tema para probar que el término
"vida" del artículo 1 de la Declaración de Bogotá
de 1948 sobre derechos y deberes del hombre fue, en realidad, definido
por los redactores y promulgadores de la Declaración en tal forma
que proteja los derechos del individuo a la vida "desde el momento
de la concepción." E1 27 de julio de 1979, los señores Thomas Y Yank, Henry
Y. Hyde, Charles F. Dougherty y Daniel E. Lungren, miembros de la Cámara
de Representantes del Congreso de Estados Unidos, solicitaron que la
Comisión les informara sobre el caso 2141: En el supuesto de que la Comisión en pleno decide sobre la
demanda, y que Estados Unidos pierda la causa, desearíamos saber si
este país estaría sujeto a las mismas sanciones económicas
y diplomáticas impuestas a Cuba por la OEA parcialmente a causa de
las violaciones de los derechos humanos por el régimen de Castro. ¿Podria
la Comisión sugerir a los suscritos miembros del Congreso la forma
en que podría adecuarse la legislación a fin de que se
elimine toda duda relativa a la observancia de las normas de la Convención
Interamericana sobre Derechos Humanos, por parte de Estados Unidos? Concordamos, naturalmente, con los fines y propósitos de la
Comisión, y solicitamos estos datos en un espíritu de
cooperación y con el deseo de impulsar sus labores. Una vez preparado el caso para la decisión, la Comisión,
en su 50 período de sesiones (setiembre-octubre de 1980), designó
relator al Profesor Carlos A. Dunshee de Abranches y le encargó
preparar el informe preliminar, apropiado, de acuerdo con el artículo
24 de su Estatuto actual y el artículo 49 de su Reglamento
anterior. LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CONSIDERANDO: Los hechos básicos descritos en la petición como
presuntas violaciones de los artículos I, II, VII y IX de la
Declaración Americana ocurrieron el 22 de enero de 1973 (fecha de
las decisiones tomadas en los casos de Roe vs. Wade y Doe
vs. Bolton por la Corte Suprema de Estados Unidos), el 3 de octubre
de 1973 (fecha del aborto de "Baby Boy ejecutado en el hospital
Boston City) y 17 de diciembre de 1976 (fecha de la decisión
final de la Corte Suprema Judicial de Massachusetts que absolvió
al Dr. Edelin, autor del aborto). Los Estados Unidos de América
no son Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La petición fue interpuesta el 19 de enero de 1977, antes de que
la Convención entrara en vigor, lo cual ocurrió el 18 de
julio de 1978. En consecuencta, a este caso sólo puede aplicarse el
procedimiento de los artículos 53 al 57 del Reglamento de la
Comisión, aprobado en 1960 y enmendado, de acuerdo con el artículo
24 del presente Estatuto y artículo 49 del nuevo Reglamento. Las comunicaciones que denuncian violaciones de derechos humanos
establecidos en el artículo 53, deben dirigirse a la Comisión
dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que, según la
naturaleza del caso, se haya dictado la decisión interna
definitiva (artículo 55 del Reglamento de 1960). Sin embargo, el
Reglamento de 1980, manteniendo la misma regla, especifica que el plazo
inicial de 6 meses será a partir de la fecha en que la parte
hubiere sido notificada de la decisión definitiva, en caso de
agotamiento de los recursos internos (artículo 35.1 aplicable a
los Estados que no son Parte en la Convención, según lo
dispuesto en el artículo 49). Los peticionarios no fueron partes en el caso Commonwealth of
Massachusetts vs. Kenneth Edelin, cuyo fallo final fue emitido por
la Corte Suprema Judicial de Massachusetts el 17 de diciembre de 1976
(Anexo A de la denuncia). Por tanto, no han sido notificados sobre dicho
dictamen; pero en este caso el punto no es relevante ya que la denuncia
fue interpuesta ante la Comisión el 19 de enero de 1977, sólo
32 días después del fallo de la corte estatal. La Comisión debe verificar, como medida previa al
ejercicio de su jurisdicción, si se han aplicado debidamente y
agotado los procesos y recursos jurídicos internos (artículo
9 bis (d) del Estatuto y artículo 54 del Reglamento, enmendado en
1980). E1 Gobierno de los Estados Unidos sostiene que las decisiones de
las cortes estatales son apelables ante la Corte Suprema, pero que no se
apeló en el presente juicio. A1 contrario, los peticionarios
replicaron que la jurisdicción de la Corte Suprema para examinar
decisiones de cortes estatales cuando se apele de ellas o por auto de
avocación se limita a situaciones específicas, ninguna de
las cuales es aplicable al caso. (Véase el razonamiento
transcrito en N. 3 (g) del presente informe). Los hechos del caso no son objeto de controversia. Se aceptó
la autenticidad del texto de la decisión de la Corte Suprema
Judicial de Massachusetts, presentada por los peticionarios. Unicamente
lo que está sujeto a examen son sus méritos. La
consideración de esos hechos, los términos de esa decisión
y el análisis de las reglas y precedentes de la Corte Suprema de
Estados Unidos, aplicables al presente caso, indican que no existían
procedimientos internos que agotar antes de recurrir a la jurisdicción
internacional. Las bases objetivas que llevan a esta conclusión son las
siguientes: E1 3 de octubre de 1973, el demandado, Dr. Kenneth Edelin, Jefe
de médicos residentes en la sección de obstetricia y
ginecología del Boston City Hospital, ejecutó un aborto
por histerotomía en una soltera de 17 años de edad,
habiendo ella y su madre solicitado el aborto y consentido en la operación.
E1 Dr. Edelin fue acusado de homicidio no premeditado, y condenado a raíz
del juicio. E1 Dr. Edelin apeló la sentencia de condena y la
negativa del juez a abrir un nuevo juicio. En Massachusetts por muchos años la ley penal sobre aborto
(G.L.c 272, S 19) había tenido el efecto de castigar como delito
su ejecución excepto cuando fuera llevado a cabo por un médico "de buena fe y la creencia sincera de que
era necesario para la preservación de la vida o de la salud de la
mujer. E1 22 de enero de 1973, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió
los casos de Roe vs. Wade, 410 US 113, y de Doe vs. Bolton,
410 US 179. Estas decisiones no sólo "dejaron inoperante"
la ley penal sobre el aborto en Massachusetts, como lo expresara la
Corte Estatal en Doe vs. Bolton (365 Mass. 556, 560 (1974)),
sino que introdujo un nuevo régimen permitiendo protección
constitucional en la forma que sigue (citas del documento Wade, 410 US
p. 164-165): En la etapa anterior aproximadamente al final del primer
trimestre, la decisión sobre un aborto y su ejecución debe
dejarse al criterio médico del facultativo que atienda a la
embarazada. En la etapa siguiente aproximadamente al final del primer
trimestre, el Estado, al promover el interés en la salud de la
madre, puede, si así lo desea, regular el procedimiento de aborto
en forma que se relacione aceptablemente con la salud materna. En la etapa subsiguiente a la viabilidad, el Estado, al
promover su interés en la potencialidad de la vida humana, puede,
si lo desea, regular o proscribir el aborto, salvo cuando fuera
necesario, según opinión médica apropiada, para la
preservación de la vida o de la salud de la madre. Todos los seis jueces de la Corte Suprema Judicial de
Massachusetts que conocieron de la apelación, considerando que
hubo errores en el proceso, votaron en favor de la anulación de
la condena. Cinco de ellos votaron también en favor de que se
registre la sentencia absolutoria. E1 Presidente de la Corte Suprema,
disintiendo parcialmente en una opinión separada, prefería
un nuevo juicio. Los cinco jueces estuvieron de acuerdo en que las
pruebas eran insuficientes para someter a jurado una cuestión de
tan gran alcance como la de si el Dr. Edelin era o no culpable fuera de
toda duda, de acción "intencional" o "temeraria"
resultante en la muerte que le hace merecedor de condena, y que, por
tanto, debía concederse el veredicto de absolución. "La
sentencia se revoca y se anula el veredicto. Debe registrarse la
sentencia de absolución". La Suprema Corte, en la conclusión de su dictamen expresa:
Esta opinión no no busca o no trata de obtener contestación
a la pregunta de cuándo son o no moralmente justificables los
abortos. Ese asunto está totalmente fuera de nuestro fuero. Lo
que si se ha examinado -es la cuestión de culpabilidad o
inocencia en un estado particular de hechos. Estamos conscientes de que
la importancia de nuestra decisión como precedente se ve aún
más reducida por el hecho de que el caso surgió en el
interegnum entre las decisiones que la Corte Suprema tomaba con respecto
a abortos en 1973 y la adopción de leyes dirigidas a adecuar con
esas decisiones --una clase de circunstancia interna que no tiene
probabilidad de repetirse (véase anexo A, ps. 1, 2, 3 y 29). La jurisdicción de la Corte Suprema para revisar
decisiones de las cortes estatales se base en el 28 US C S 1257, que
expresa: Decisiones o decretos finales de la corte más alta del
Estado en que se puede obtener una decisión, puede ser revisada
por la Corte Suprema, en los siguientes términos: Por apelación, cuando se pone en duda la validez del
tratado o ley de Estados Unidos y la decisión es contra su validez. Por apelación, cuando se pone en duda la validez de una
ley de cualquier Estado por razón de incompatibilidad con la
Constitución, tratados y leyes de Estados Unidos y la decisión
es en favor de la validez. Por auto de avocación, cuando se pone en duda la validez
de un tratado o ley de Estados Unidos o la validez de una ley estatal
por considerarse incompatible con la Constitución, tratados o
leyes de Estados Unidos, o cuando se ofrece como defensa o se reclama
un título, derecho, privilegio o inmunidad, de conformidad con
la Constitución, tratados o leyes de Estados Unidos, o bajo
comisión o autoridad conforme a la Constituctón. (Código
de Estados Unidos, Edición de 1976 - US Goverment Printing
Office). No hay suficientes causas en el presente caso para que se
aplique la sanción establecida en el artículo 51 del
Reglamento de 1960: la presunción de veracidad de los hechos
alegados. Es correcta la afirmación de los peticionarios de que
la respuesta del Departamento de Estado fue recibida en la Comisión
32 días después de expirado el plazo de 180 días,
pero esta regla es flexible. Puede extenderse el plazo en casos en que
la Comision considere justificados (artículo 52). La
naturaleza, complejidad e importancia de diversas cuestiones jurídicas,
morales y cientificas que se disputan en este caso justifican la demora
razonable de la respuesta del Gobierno. De otra parte, no hay razón para declarar que se presume
la verdad de los hechos descritos en la petición, si las dos
partes en el caso están de acuerdo, como claramente lo indica el
examen del expediente, en que no hay controversia respecto de los
hechos. Sin embargo, es oportuno esclarecer que no hay relación lógica
o jurídica entre la presunción de veracidad de los hechos
descritos por los peticionarios y la solicitud relativa a cuestiones jurídicas,
que se exponen en la petición del 22 de enero de 1979 (véase
n. 12 del presente informe). La última cuestión preliminar que debe resolverse es
la admisibilidad de la solicitud hecha a la Comisión por cuatro
honorables miembros del Congreso de Estados Unidos que solicitaban una
opinión consultiva sobre las consecuencias de una decisión
eventual de la Comisión adversa a Estados Unidos. Desde su creación, la Comisión ha tenido la
competencia para servir a la Organización de los Estados
Americanos como organismo asesor en materia de derechos humanos
(Estatuto 1960, artículo 9 (c)). Esta función ha sido
confirmada por el artículo 112 de la Carta (enmendada por el
Protocolo de Buenos Aires en 1967), ratificada por Estados Unidos el 23
de abril de 1968. E1 nuevo Estatuto de la Comisión, aprobado por
la Asamblea General en octubre de 1979, dispone que la Comisión
tiene facultades, con respecto a los Estados miembros de la Organización,
para "atender las consultas que, por medio de la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos, le formule
cualquier Estado miembro en cuestiones relacionadas con los derechos
humanos en ese Estado y, dentro de sus posibilidades, prestar el
asesoramiento que estos le soliciten." (articulo 18 (e)). Este artículo demuestra claramente que las consultas de los
miembros del Congreso, o de cualquier otra autoridad de los Estados
miembros, a fin de que sean atendidos por la Comisión, deben ser
presentados oficialmente por intermedio del representante de dicho
Estado ante la Organización. Sin prejuzgar la substancia de la
opinión solicitada, la Comisión debe cumplir en todo
momento con su obligación de responder a esas consultas si se han
sometido a este organismo en la forma apropiada. La obligación internacional de Estados Unidos, como miembro
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), bajo la
jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), se rige por la Carta de la OEA (Bogotá, 1948),
enmendada por el Protocolo de Buenos Aires el 27 de febrero de 1967, y
ratificada por Estados Unidos el 23 de abril de 1968. Como consecuencia de los artículos 3 (j), 16, 51 (e), 112 y
150 de este Tratado, las disposiciones de otros instrumentos y
resoluciones de la OEA sobre derechos humanos adquieren fuerza
obligatoria. De esos instrumentos y resoluciones, los aprobados con el
voto de Estados Unidos son los siguientes: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
(Bogotá, 1948); Estatuto y Reglamento de la CIDH, 1960, enmendados por resolución
XXII de la Segunda Conferencia Especial Interamericana (Rto de
Janeiro, 1965); Estatuto y Reglamento de la CIDH, 1979-80. Ambos estatutos disponen que, para los fines de tales instrumentos,
la CIDH es el organismo de la OEA al que se le ha encomendado la
competencia de promover la observancia y respeto de los derechos
humanos. Para los fines de su estatuto, se entienden por derechos
humanos los formulados en la Declaración Americana en relación
con los Estados que no son Parte en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (San José, 1969). (Artículos 1 y 2 de
1960 y artículo 1 de 1969). La primera violación denunciada en la petición se
refiere al artículo I de la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre: "Todo ser humano tiene derecho a la
vida...". Los peticionarios admiten que la Declaración no
elabora "cuándo comienza la vida", "cuándo
el producto de la concepción se convierte en un ser humano"
u otras cuestiones. Sin embargo, tratan de esclarecer en estas
cuestiones fundamentales con dos argumentos: Los trabajos preparatorios, la discusión del Proyecto de
la Declaración durante la IX Conferencia Internacional de
Estados Americanos en Bogotá en 1948, y el voto final demuestra
que la intención de la conferencia fue la de proteger el
derecho a la vida "desde el momento de la concepción". La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos,
promulgada para impulsar los altos fines de la Declaración y
como un corolario de ella, da una definición del derecho a la
vida en el articulo 4.1: "Este derecho estará protegido
por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción". La breve historia legislativa de la Declaración no apoya el
argumento de los peticionarios, como puede inferirse de las siguientes
informaciones y documentos: De acuerdo con la resolución XL de la Conferencia
Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz (México,
1945), el Comité Juridico Interamericano, con sede en Río
de Janeiro, formuló un Proyecto de una Declaración
Internacional de los Derechos y Deberes del Hombre para que lo
estudiara la Novena Conferencia Internacional de Estados Americanos
(Bogotá, 1948). Ese texto preliminar sirvió a la
Conferencia de base para las discusiones, juntamente con el texto
preliminar de una declaración similar preparada por las
Naciones Unidas en diciembre de 1947. E1 artículo 1, sobre el derecho a la vida, del Proyecto
sometido por el Comité Jurídico expresa: "Toda
persona tiene derecho a la vida. Este derecho se extiende al derecho a
la vida desde el momento de la concepción; al derecho a la vida
de los incurables, imbéciles y dementes. La pena capital puede
aplicarse únicamente en casos en que se haya prescrito por
leyes pre-existentes por delitos de extrema gravedad". (Novena
Conferencia Internacional Americana - Actas y Documentos, Vol. V, p.
449). Se formó un grupo de trabajo para que estudiara las
observaciones y enmiendas introducidas por los delegados y preparara
un documento aceptable. E1 grupo sometió, en efecto, a la sexta
comisión, un nuevo texto preliminar con el título de
Declaración Americana de los Derechos y Deberes Fundamentales
del Hombre, cuyo artículo I decía: "Todo ser humano
tiene derecho a la vida, libertad, seguridad, o integridad de su
persona". Este artículo 1, completamente nuevo, y algunos cambios
substanciales introducidos por el grupo de trabajo en otros artículos,
han sido explicados por el mismo grupo en su informe a la comisión
sexta, como un arreglo al que se llegó para resolver los
problemas suscitados por las delegaciones de Argentina, Brasil, Cuba,
Estados Unidos, México, Perú, Uruguay y Venezuela,
principalmente como consecuencia del conflicto entre las leyes de esos
Estados y el texto preliminar del Comité Jurídico (Actas
y Documentos, Vol. 5, pp. 474-484, 513-514). En relación con el derecho a la vida, la definición
dada en el Proyecto del Comité Jurídico era incompatible
con las leyes que rigen la pena capital y aborto en la mayoría
de los Estados americanos. En efecto, la aceptación de este
concepto absoluto --el derecho a la vida desde el momento de la
concepción-- habría implicado la derogación de
los artículos de los códigos penales que regían
en 1948 en muchos países, porque dichos artículos excluían
la sanción penal por el crimen de aborto si se lo ejecutaba en
uno o más de los siguientes casos: A) cuando es necesario para
salvar la vida de la madre; B) para interrumpir la gravidez de una
victima de estupro; C) para proteger el honor de una mujer honrada; B)
para prevenir la transmisión al feto de una enfermedad
hereditaria o contagiosa y, E) por angustia económica. En 1948, los Estados americanos que permitían el aborto
en uno de dichos casos y, en consecuencia, hubieran sido afectados por
la adopción del artículo I del Comité Jurídico,
fueron: Argentina -artículo 86 n.l , 2 (casos A y B); Brasil -
artículo 128 n I, II (A y B); Costa Rica - artículo 199
(Caso A); Cuba - artículo 443 (casos A, B. y D); Ecuador - artículo
423 n. 1, 2 (casos A y B); México - Distrito y Territorios
Federales -- Artículos 332 e. y 334 (Casos A y B); Nicaragua -
artículo 399 /intento frustrado/ (caso C); Paraguay - artículo
352 (casoA); Perú - artículo 163 (caso A, para salvar la
vida o la salud de la madre); Uruguay - artículo 328 n. 1-5
(casos A, B, C, y F), el aborto debe ejecutarse en los primeros tres
meses de gravidez); Venezuela- artículo 435 (caso A); Estados Unidos de América -véanse las leyes estatales
y precedentes (*); Puerto Rico S S 266, 267 - caso A (Códigos
Penales Iberoamertcanos - Luis Jiménez de Asua, Editorial Andrés
Bello, Caracas, 1946, Vol. I y II). E1 22 de abril de 1948, el nuevo artículo I de la
Declaración, preparado por el grupo de trabajo, fue aprobado
por la comisión sexta con un pequeño cambio de redacción
en el texto español (no hubo texto inglés oficial en
esta etapa) (Actas y Documentos, Vol. V, p. 510-516 y 578).
Finalmente, el texto definitivo de la Declaración en cuatro
lenguas: español, inglés, portugués y francés,
fue aprobado en la séptima sesión plenaria de la
conferencia, el 30 de abril de 1948, y el Acta Final se firmó
el 2 de mayo. La única diferencia en la última versión
es la supresión de la palabra "integridad" (Actas y
Documentos, Vol. VI, p. 297-298; Vol. I, p. 231, 234, 236, 260 y 261). En consecuencia, el Estados Unidos tiene razón en recusar
la suposición de los peticionarios de que el artículo I
de la Declaración ha incorporado la noción de que el
derecho a la vida existe desde el momento de la concepción. En
realidad, la conferencia enfrentó esta cuestión y decidió
no adoptar una redacción que hubiera claramente establecido ese
principio. E1 segundo argumento de los peticionarios, respecto a encontrar
en la Convención elementos para interpretar la Declaración,
requiere también un estudio de los motivos que prevalecieron en
la Conferencia de San José al adoptarse la definición del
derecho a la vida. La Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores de la OEA, celebrada en Santiago de Chile en 1959, encomendó
al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la preparación de un
Proyecto de convención de derechos humanos que los Estados
Americanos deseaban suscribir desde la Conferencia de México de
1945. E1 Proyecto, preparado por ese Consejo en dos semanas, fue
origen de la Declaración Americana aprobada en Bogotá,
pero también recibió la contribución de otras
fuentes, inclusive los trabajos iniciados en las Naciones Unidas.
Contiene 88 artículos, empieza con una definición del
derecho a la vida (artículo 2), en la cual se volvió a
introducir el concepto de que "Este derecho estará protegido
por la ley desde el momento de la concepción." Anuario
Interamericano de Derechos Humanos, 1968 - Organización de los
Estados Americanos, Washington, D.C. 1973, p. 67 y 237). 23. La Segunda
Conferencia Especial de Estados Americanos (Río de Janeiro, 1965)
consideró el proyecto del Consejo y otros dos textos preliminares
presentados por los gobiernos de Chile y Uruguay, respectivamente, y
solicitó que el Consejo de la OEA, en cooperación con la
CIDH, preparase un Proyecto de Convención para presentarlo a la
conferencia diplomática que habría de convocarse con este
propósito. ______________ *Daniel Callahan -Abortion: Law, Choice and Morality. William A. Nolen -The Baby in the Bottle -Cowarn, Mc Cann
Geoghengan, Inc. -New York, 1978; 410 U.S. 113 proporciona una lista
de artículos de Código Penal del Estado y leyes
similares existentes en la mayoría de los estados en 1973 (pp.
118-119) E1 Consejo de la OEA, al considerar la Opinión emitida por
la CIDH sobre el Proyecto de Convención preparado por el Consejo
de Jurisconsultos, encomendó a la Comisión que estudiara
dicho texto y elaborara otro definitivo para transmitirlo como documento
de trabajo a la Conferencia de San José (Anuario, 1968, p.
73-93). Para conciliar los puntos de vista que insistían sobre el
concepto de "desde el momento de la concepción", con
las objeciones suscitadas, desde la Conferencia de Bogotá sobre
la base de la legislación de los Estados americanos que permitían
el aborto, inter-alia, para salvar la vida de la madre y en caso
de estupro, la CIDH, volvió a redactar el artículo 2
(derecho a la vida) y decidió por mayoría de votos
introducir, antes de ese concepto, las palabras "en general".
Ese arreglo fue el origen del nuevo texto del artículo 2 "
Toda persona tiene el derecho a que se respete su vida. Este derecho
estará protegido por la ley, en general, desde el momento
de la concepción" (Anuario, 1968, p. 321). E1 relator propuso, en esta segunda oportunidad de discusión
de la definición del derecho a la vida, eliminar la frase final
entera "...en general, desde el momento de la concepción".
Repitió el razonamiento de su opinión disidente, es decir,
que se basaba en las leyes sobre aborto vigentes en la mayoría de
los Estados americanos, con la siguiente adición: "para
evitar cualquier posibilidad de conflicto con el artículo 6, párrafo
1, del Pacto de las Naciones Unidas sobre Derecho Cívicos y Políticos,
que establece este derecho únicamente de manera general"
(Anuario 1968, p. 97). Sin embargo, la mayoría de miembros de la Comisión
creyeron que, por razones de principio, era fundamental formular la
disposición sobre la protección del derecho a la vida en
la forma recomendada al Consejo de la OEA en su Opinión (primera
parte). Se decidió, por tanto, mantener el texto del párrafo
1, sin cambios (Anuario, 1968, p. 97). En la conferencia diplomática que aprobó la
Convención Americana, las delegaciones del Brasil y de la República
Dominicana presentaron enmiendas separadas de eliminación de la
frase final del párrafo 1 del artículo 3 (derecho a la
vida), o sea: "en general, desde el momento de la concepción".
La delegación de Estados Unidos apoyó la posición
del Brasil (Conferencia Especializada Americana sobre Derechos
Humanos -Actas y Documentos -Washington, D.C. 1978, (reimpresa), p.
57, 121 y 160). La delegación del Ecuador apoyó, en cambio, la
eliminación de las palabras "en general". Por fin, por
voto de la mayoría, la conferencia adoptó el texto
preliminar sometido por la CIDH y aprobado por el Consejo de la OEA el
cual continúa hasta el presente como texto del artículo 4,
párrafo 1, de la Convención Americana (Actas y
Documentos, p. 160 y 481). A la luz de los antecedentes expuestos, queda en claro que la
interpretación que adjudican los peticionarios de la definición
del derecho a la vida formulada por la Convención Americana es
incorrecta. La adición de la frase "en general, desde el
momento de la concepción" no significa que quienes
formularon la Convención tuviesen la intención de
modificar el concepto de derecho a la vida que prevaleció en
Bogotá, cuando aprobaron la Declaración Americana. Las
implicaciones jurídicas de la cláusula "en general,
desde el momento de la concepción" son substancialmente
diferentes de las de la cláusula más corta "desde el
momento de la concepción", que aparace repetida muchas veces
en el documento de los peticionarios. Sin embargo, aceptando "gratia argumentandi"
que la Convención Americana hubiese establecido el concepto
absoluto del derecho a la vida desde el momento de la concepción,
sería imposible importar al Gobierno de Estados Unidos o de
cualquier otro Estado miembro de la OEA, por medio de una "interpretación",
una obligación internacional basada en un tratado que dicho
Estado no ha aceptado ni ratificado. La cuestión de cuál es la reserva respecto al artículo
I de la Convención que debe admitirse, como lo sugiere el
Presidente Jimmy Carter en su carta enviada el 23 de febrero de 1978 al
Senado, no tiene vinculación directa con el objetivo de la petición.
No es éste el lugar apropiado ni la oportunidad para la
consideración de esta materia. Los demás derechos que los peticionarios alegan fueron
violados --artículos II, VII y XI de la Declaración
Americana-- no guardan relación directa con los hechos expuestos en
la petición, incluyendo la decisión de la Corte Suprema de
Estados Unidos y de 1a Corte Suprema Judicial de Massachusetts que fueron
recusadas en el presente caso. LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESUELVE: La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y de la
Corte Suprema Judicial de Massachusetts, así como los demás
hechos establecidos en la petición, no constituyen violación
de los artículos I, II, VII y XI de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La presente decisión debe ser transmitida a los
peticionarios y al Gobierno de Estados Unidos. Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión. Concurrieron en la aprobación de esta Resolución, el
Presidente Tom J. Farer, el Segundo Vicepresidente Francisco Bertrand
Galindo, y los Doctores Car1os A. Dunshee de Abranches, Andrés
Aguilar y César Sepúlveda. E1 Doctor Aguilar presentó
un voto razonado concurrente. Los Doctores Marco Gerardo Monroy Cabra y
Luis Demetrio Tinoco Castro presentaron, por separado, votos disidentes.
Dichos votos se incluyen como anexos a la presente Resolución. COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESOLUCION No. 23/81 CASO 2141 (ESTADOS UNIDOS) EXPLICACION DEL VOTO DEL DR. ANDRES AGUILAR M. Concurro con la decisión de la mayoría de los
miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
este caso, porque estimo que no hay, desde el punto de vista jurídico,
razones que permitan a la Comisión sostener que los hechos
alegados por los peticionarios constituyen una violación por
parte de los Estados Unidos de América de los derechos
consagrados en los artículos I, II, VII y XI de la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cualquiera
que sea la opinión que sus miembros tengan, individual o
colectivamente, sobre determinadas cuestiones, debe establecer en cada
caso si los hechos imputados a los Estados Miembros de la Organización
de los Estados Americanos constituyen o no violación de uno o más
derechos previstos en la Convención Americana de Derechos
Humanos, si se trata de un Estado parte de este instrumento
internacional, o en la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre, si el caso atañe a un Estado que no es parte
de dicha Convención. Se trata, en una y otra hipótesis, de
determinar si las imputaciones que se hacen a un Estado Miembro de la
Organización constituyen una violación de las obligaciones
internacionales que, en materia de derechos humanos y en el ámbito
regional, ha contraído tal Estado. La Comisión debe, por consiguiente examinar con sumo cuidado
el sentido y alcance de las normas aplicables a cada caso, teniendo en
cuenta para su interpretación correcta, entre otros elementos de
juicio, los trabajos preparatorios de los textos internacionales
pertinentes. Estados Unidos de América no es parte de la Convención
Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, por lo cual la
tarea primordial de la Comisión es determinar si en este caso ha
habido o no violación de alguno de los derechos consagrados en la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. La opinión mayoritaria llega a la conclusión
correcta, a mi juicio, de que no ha habido violación de ninguno
de los derechos previstos en dicha Declaración. En efecto, de los
trabajos preparatorios resulta claramente que el Artículo I de la
Declaración, que es la disposición fundamental en este
caso, elude la cuestión muy controvertida de la historia
legislativa de este artículo permite concluir que la redacción
que en definitiva fue aprobada es una fórmula de transacción
que si bien obviamente protege la vida desde el momento del nacimiento
deja a cada Estado la facultad de resolver en su derecho interno si la
vida comienza y merece protección desde el momento de la concepción
o en algún otro tiempo anterior al nacimiento. Siendo este el caso, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, que es un órgano internacional regional de
promoción y protección de los derechos humanos con un
mandato legal preciso, no podría, sin exceder los límites
de este mandato, emitir un juicio de" valor sobre el derecho
Interno de los Estados Unidos de América o de cualquier otro
Estado en esta cuestión. La decisión de la mayoría no entra ni podría
entrar a juzgar si es o no censurable desde el punto de vista religioso,
ético o científico permitir el aborto y se limita
correctamente a decidir que los Estados Unidos de América no ha
asumido la obligacion internacional de proteger el derecho a la vida
desde la concepción o desde otro momento anterior al nacimiento y
que por consiguiente mal podría afirmarse que ha violado el
derecho a la vida consagrado en el Artículo 1 de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Por las razones expuestas disiento, en este punto, del paracer de
mis ilustrados colegas doctores Luis Demetrio Tinoco y Marco Gerardo
Monroy Cabra. Comparto plenamente, en cambio, su criterio, apoyado en
opiniones de reputados hombres de ciencia de que la vida del ser humano
comienza en el momento mismo de la concepción y debería
merecer desde este momento plena protección, tanto en el derecho
interno como en el internacional.
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESOLUCION No. 23/81 CASO 2141 (ESTADOS UNIDOS) VOTO NEGATIVO DEL DR. MARCO GERARDO MORROY CABRA Las razones que me llevan a no compartir la opinión mayoritaria
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 2141
son las siguientes: E1 artículo I de la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre dice: 'Todo ser humano tiene derecho a la
vida". Considero que como el texto no distingue, la interpretación
que se ajusta más a la genuina protección del derecho a la
vida no es otra que la que sostiene que dicha protección comienza
en la concepción y no en el nacimiento. E1 argumento histórico esgriminado en la opinión
mayoritaria de la Comisión no es claro. En efecto, revisando el
Informe del Grupo de Trabajo a la Comisión Sexta y las actas de ésta,
no existe ninguna conclusión que permita con certeza inferir que
la intención de los redactores de la Declaración hubiera
sido que la protección al derecho a la vida comenzara con el
nacimiento y mucho menos permitir el aborto ya que éste tema no
fué abordado. La Resolución de la Comisión expresa que existía
incompatibilidad entre el Artículo 1 del Proyecto del Comité
Jurídico Interamericano y algunas legislaciones de Estados
Americanos que en ciertos casos permitían el aborto y esto es
cierto. Sin embargo, esta incompatibilidad no lleva a concluir que la
intencion de la IX Conferencia Panamericana de Bogotá hubiera
sido aceptar que la vida sólo se protegiera desde el nacimiento y
no desde la concepción ya que esta conclusion no aparace en las
Actas de la Comisión Sexta. Lo afirmado por la Comisión
implica que es posible la existencia de un conflicto entre el derecho
interno y el derecho internacional que en cada caso sería
resuelto según los principios de la doctrina internacional, la
jurisprudencia internaciona1 y las normas constitucionales de cada Estado. No SOBRA
advertir que actualmente prevalece la concepción monista de
Kelsen que le otorga primacía al derecho internacional sobre el
derecho interno en caso de conflicto y que como regla general se aprobó
en los artículos 27 y 46 de la Convención de Viena sobre
Derechos de los Tratados. Ello implicaría que si la Declaración
era contraria a las legislaciones de algunos Estados Americanos,
prevalecía la norma internacional. Argumenta el fallo de la Comisión que se suprimió
la frase " Este derecho se extiende al derecho a la vida desde el
momento de la concepción" que figuraba en el Proyecto del
Comité Jurídico Interamericano y ello es cierto. Sin
embargo, no se puede concluir que la supresión implique que se
aceptó que la vida no se protegiera desde la concepción,
por cuanto también se suprimió la expresión "A1
derecho a la vida de los incurables, imbéciles y dementes sin que
nadie sensatamente pueda afirmar que no se debe proteger la vida de los
dementes, imbéciles o incurables. Como el Artículo 1 no expresa cuándo comienza la
vida, se puede acudir a la ciencia médica que ha concluido que la
vida tiene inicio en la fusión de dos series de cromosomas. La
mayoría de los científicos están de acuerdo en que
el feto es un ser humano y genéticamente está completo. Si la interpretación de los acuerdos internacionales debe
ser de buena fe, textual, conforme al sentido que haya de atribuirse a
los términos del tratado en el contexto y teniendo en cuenta su
objeto y fin, no hay duda de que la protección del derecho a la
vida debe comenzar desde la concepción ya que el artículo
1 es general, la finalidad de protección debe comenzar cuando
comienza la vida y ya se ha visto que ésta tiene inicio en el
momento en que la fertilización queda completa por la fusión
de dos series de cromosomas. Ya desde el derecho romano se consideraba que podían otorgársele
derechos al infante concebido aunque no hubiera nacido, condicionado
tales derechos a que el nacimiento constituyera principio de la
existencia de la persona (infans conceptus pro nato habetur, quoties de
conmodis eyus agitur). Ese principio que protege la vida del que está
por nacer está consagrado en muchos códigos civiles (p.
ej. arts. 91 y 93 del Código Civil Colombiano). La interrupción intencional, ilegítima del proceso
fisiológico de la gravidez, con destrucción del embrión
o muerte del feto, constituye indudablemente un atentado contra la vida
y por ende una violación al artículo I de la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre. E1 vientre materno en que se
prende la llama de la vida es sagrado y no puede profanarse para apagar
lo que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Ya se ha repetido que
desde el punto de vista biológico la vida humane existe desde el
momento de la fecundación del óvulo por el espermatozoide,
y, más concretamente, desde cuando se efectúa la anidación
del ovocito en el útero. E1 proceso cientifico es el siguiente:
Las células sexuales (óvulos y espermatozoides), en
condiciones de fertilidad, sufren el proceso especial de división
de sus cromosomas denominado meiosis. Se reducen así; a 23 los
cromosomas de cada una, de manera que aparace la peculiaridad del
espermatozoide o del óvulo, cuál es: el de llevar cada uno
de ellos solo la mitad de los cromosomas presentes en el núcleo
de la mayoría de las células humanas. Después de un
proceso de búsqueda y rechazo realizado por estas células
fértiles, se llega al momento denominado de la activación
que tiene lugar cuando el espermatozoide logra penetrar en el interior
del óvulo. Se logra, así, la fecundación o proceso
de unión por el que las dos células sexuales (óvulo
y espermatozoide) se unen para convertirse en la primera célula
de un individuo . A este primer estado llamado de activación
sigue otro proceso: los informes genéticos llevados por el
espermatozoide y los que ya tienen el óvulo se atraen y se
unifican, son los 23 cromosomas de la madre y los 23 del padre que, al
sumarse, han erigido los 46 cromosomas de la célula hermana. Esta
unión de los materiales femenino y masculino produce el cigoto
que no es más que el óvulo fecundado. Ahora sí se
puede hablar de fecundación propiamente dicha. Ya se puede hablar
de concepción y existe un ser humano puesto que se ha efectuado
una unión que contiene el número de elementos: 46
cromosomas propias de una célula humana. Este nuevo ser que lo
llaman los científicos cigoto, es distinto del padre y de la
madre en razón de que sólo tiene mitad de él y
mitad de ella. Se está en presencia de un óvulo fecundado,
el cual integra una vida que tiene los genes que permitirán la
aparición de nuevas células que irán a formar las
diferentes partes del cuerpo humano. E1 óvulo así
fecundado comienza su viaje hacia el útero, al que llega en pocos
días y luego el embrión sigue desarrollándose en
estadios singularizados hoy por los científicos que están
en capacidad de darnos la edad precisa de cualquiera de ellos. E1 profesor Jerome Lejeune, titular de la cátedra de genética
fundamental de la Universidad de Paris, miembro de la academia de
Ciencias de esta misma ciudad y de la Real Sociedad de Medicina de
Londres, a la pregunta de si la primera célula,desde el momento
de la concepción, se podía considerar ya un ser humano con
su propia personalidad, independiente de la madre, respondió: "Por
supuesto" : Está demostrado que en esa primera célula
se encuentran todas las cualidades genéticas del individuo, que
van a desarrollarse progresivamente, y, si todas estas cualidades no se
hallaran al principio, el individuo no se desarrollaría jamás". La vida es el primer derecho de toda persona humana. Es el
derecho fundamental y condición para la existencia de todos los
demás. Si no se reconoce la existencia humana no hay sujeto para
predicar de los otros derechos. Es un derecho anterior a los demás
derechos y existe por el hecho de ser sin que requiera el reconocimiento
del Estado para que se posea. No pertenece al Estado indicar que no se
reconoce en un caso y se reconoce en otro, ya que ello conllevaría
discriminación. La vida se debe reconocer al niño que está
por nacer, al nacido, al joven, al anciano, al demente, al minus válido
y en general a todo ser humano. Lo anterior significa que si en el producto de la concepción hay
vida humana y este derecho es el primero y fundamental, el aborto atenta
contra el derecho a la vida y por ende contra el artículo I de la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. CONCLUSIONES:
E1 artículo I de la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre protege la vida humana desde la
2. Los trabajos preparatorios de la Declaración
y la discusión del artículo 1 en la Comisión 6a. y en
el Grupo de Trabajo no permiten concluir que la intención de sus
redactores haya sido restringir la protección al derecho a la vida
3. Las leyes sobre aborto violan el artículo 1
de la Declaración antes citada.
4. Las decisiones judiciales de Estados Unidos al terminar la protección jurídica de los niños
no nacidos, constituyen una violación del artículo I de la
5. No es el caso de analizar el artículo 40 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos por cuanto Estados Unidos no ha
ratificato este tratado. En los anteriores términos dejo expuestas
las motivaciones que me llevaron a separarme de la opinión
mayoritaria de la Comisión. Marco Gerardo Monroy Cabra Miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos RESOLUCION No. 23/81 CASO 2141 (ESTADOS UNIDOS) EXPLICACION DEL VOTO DEL DR. ANDRES AGUILAR M. Concurro con la decisión de la mayoría de los
regional, ha contraído tal Estado. La Comisión debe, por consiguiente examinar con sumo cuidado el
sentido y alcance de las normas aplicables a cada caso, teniendo en cuenta
para su interpretación correcta, entre otros elementos de juicio,
los trabajos preparatorios de los textos internacionales pertinentes. Estados Unidos de América no es parte de la Convención
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. La opinión mayoritaria llega a la conclusión correcta,
a mi juicio, de que no ha habido violación de ninguno de los
derechos previstos en dicha Declaración. En efecto, de los trabajos
preparatorios resulta claramente que el Artículo I de la Declaración,
que es la disposición fundamental en este caso, elude la cuestión
muy controvertida de la historia legislativa de este artículo
permite concluir que la redacción que en definitiva fue aprobada es
una fórmula de transacción que si bien obviamente protege la
vida desde el momento del nacimiento deja a cada Estado la facultad de
resolver en su derecho interno si la vida comienza y merece protección
desde el momento de la concepción o en algún otro tiempo
anterior al nacimiento. Siendo este el caso, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que es un órgano internacional regional de promoción
y protección de los derechos humanos con un mandato legal preciso,
no podría, sin exceder los límites de este mandato, emitir
un juicio de" valor sobre el derecho Interno de los Estados Unidos de
América o de cualquier otro Estado en esta cuestión. La decisión de la mayoría no entra ni podría
entrar a juzgar si es o no censurable desde el punto de vista religioso, ético
o científico permitir el aborto y se limita correctamente a decidir
que los Estados Unidos de América no ha asumido la obligacion
internacional de proteger el derecho a la vida desde la concepción
o desde otro momento anterior al nacimiento y que por consiguiente mal
podría afirmarse que ha violado el derecho a la vida consagrado en
el Artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre. Por las razones expuestas disiento, en este punto, del paracer de
interno como en el internacional. COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESOLUCION No. 23/81 CASO 2141 (ESTADOS UNIDOS) VOTO NEGATIVO DEL DR. MARCO GERARDO MORROY CABRA Las razones que me llevan a no compartir la opinión mayoritaria
son las siguientes: E1 artículo I de la Declaración Americana de Derechos
y Deberes del Hombre dice: 'Todo ser humano tiene derecho a la vida".
Considero que como el texto no distingue, la interpretación que se
ajusta más a la genuina protección del derecho a la vida no
es otra que la que sostiene que dicha protección comienza en la
concepción y no en el nacimiento. E1 argumento histórico esgriminado en la opinión
no existe ninguna conclusión que permita con certeza inferir que la
intención de los redactores de la Declaración hubiera sido
que la protección al derecho a la vida comenzara con el nacimiento
y mucho menos permitir el aborto ya que éste tema no fué
abordado. La Resolución de la Comisión expresa que existía
intencion de la IX Conferencia Panamericana de Bogotá hubiera sido
aceptar que la vida sólo se protegiera desde el nacimiento y no
desde la concepción ya que esta conclusion no aparace en las Actas
de la Comisión Sexta. Lo afirmado por la Comisión implica
que es posible la existencia de un conflicto entre el derecho interno y el
derecho internacional que en cada caso sería resuelto según
los principios de la doctrina internacional, la jurisprudencia internaciona1 y las normas constitucionales de cada Estado. No SOBRA
advertir que actualmente prevalece la concepción monista de Kelsen
que le otorga primacía al derecho internacional sobre el derecho
interno en caso de conflicto y que como regla general se aprobó en
los artículos 27 y 46 de la Convención de Viena sobre
era contraria a las legislaciones de algunos Estados Americanos, prevalecía
la norma internacional. Argumenta el fallo de la Comisión que se suprimió la
frase " Este derecho se extiende al derecho a la vida desde el
aceptó que la vida no se protegiera desde la concepción, por
cuanto también se suprimió la expresión "A1
dementes, imbéciles o incurables. Como el Artículo 1 no expresa cuándo comienza la vida,
se puede acudir a la ciencia médica que ha concluido que la vida
tiene inicio en la fusión de dos series de cromosomas. La mayoría
de los científicos están de acuerdo en que el feto es un ser
humano y genéticamente está completo. Si la interpretación de los acuerdos internacionales debe ser
de buena fe, textual, conforme al sentido que haya de atribuirse a los términos
del tratado en el contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin, no hay
duda de que la protección del derecho a la vida debe comenzar desde
la concepción ya que el artículo 1 es general, la finalidad
de protección debe comenzar cuando comienza la vida y ya se ha
visto que ésta tiene inicio en el momento en que la fertilización
queda completa por la fusión de dos series de cromosomas. Ya desde el derecho romano se consideraba que podían otorgársele
derechos al infante concebido aunque no hubiera nacido, condicionado tales
derechos a que el nacimiento constituyera principio de la existencia de la
persona (infans conceptus pro nato habetur, quoties de conmodis eyus
agitur). Ese principio que protege la vida del que está por nacer
está consagrado en muchos códigos civiles (p. ej. arts. 91 y
93 del Código Civil Colombiano). La interrupción intencional, ilegítima del proceso
o muerte del feto, constituye indudablemente un atentado contra la vida y
por ende una violación al artículo I de la Declaración
prende la llama de la vida es sagrado y no puede profanarse para apagar lo
que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Ya se ha repetido que desde el
punto de vista biológico la vida humane existe desde el momento de
la fecundación del óvulo por el espermatozoide, y, más
concretamente, desde cuando se efectúa la anidación del
ovocito en el útero. E1 proceso cientifico es el siguiente: Las células
sexuales (óvulos y espermatozoides), en condiciones de fertilidad,
sufren el proceso especial de división de sus cromosomas denominado
meiosis. Se reducen así; a 23 los cromosomas de cada una, de manera
que aparace la peculiaridad del espermatozoide o del óvulo, cuál
es: el de llevar cada uno de ellos solo la mitad de los cromosomas
presentes en el núcleo de la mayoría de las células
humanas. Después de un proceso de búsqueda y rechazo
realizado por estas células fértiles, se llega al momento
denominado de la activación que tiene lugar cuando el
espermatozoide logra penetrar en el interior del óvulo. Se logra,
así, la fecundación o proceso de unión por el que las
dos células sexuales (óvulo y espermatozoide) se unen para
convertirse en la primera célula de un individuo . A este primer
estado llamado de activación sigue otro proceso: los informes genéticos
llevados por el espermatozoide y los que ya tienen el óvulo se
atraen y se unifican, son los 23 cromosomas de la madre y los 23 del padre
que, al sumarse, han erigido los 46 cromosomas de la célula
hermana. Esta unión de los materiales femenino y masculino produce
el cigoto que no es más que el óvulo fecundado. Ahora sí
se puede hablar de fecundación propiamente dicha. Ya se puede
hablar de concepción y existe un ser humano puesto que se ha
efectuado una unión que contiene el número de elementos: 46
llaman los científicos cigoto, es distinto del padre y de la madre
en razón de que sólo tiene mitad de él y mitad de
ella. Se está en presencia de un óvulo fecundado, el cual
integra una vida que tiene los genes que permitirán la aparición
de nuevas células que irán a formar las diferentes partes
del cuerpo humano. E1 óvulo así fecundado comienza su viaje
hacia el útero, al que llega en pocos días y luego el embrión
sigue desarrollándose en estadios singularizados hoy por los científicos
que están en capacidad de darnos la edad precisa de cualquiera de
ellos. E1 profesor Jerome Lejeune, titular de la cátedra de genética
fundamental de la Universidad de Paris, miembro de la academia de Ciencias
de esta misma ciudad y de la Real Sociedad de Medicina de Londres, a la
pregunta de si la primera célula,desde el momento de la concepción,
se podía considerar ya un ser humano con su propia personalidad,
independiente de la madre, respondió: "Por supuesto" :
Está demostrado que en esa primera célula se encuentran
todas las cualidades genéticas del individuo, que van a
desarrollarse progresivamente, y, si todas estas cualidades no se hallaran
al principio, el individuo no se desarrollaría jamás". La vida es el primer derecho de toda persona humana. Es el derecho
fundamental y condición para la existencia de todos los demás.
Si no se reconoce la existencia humana no hay sujeto para predicar de los
otros derechos. Es un derecho anterior a los demás derechos y
existe por el hecho de ser sin que requiera el reconocimiento del Estado
para que se posea. No pertenece al Estado indicar que no se reconoce en un
caso y se reconoce en otro, ya que ello conllevaría discriminación.
La vida se debe reconocer al niño que está por nacer, al
nacido, al joven, al anciano, al demente, al minus válido y en
general a todo ser humano. Lo anterior significa que si en el producto de la concepción hay
concepción. Los trabajos preparatorios de la Declaración
4. Las decisiones judiciales de
Estados Unidos al terminar la protección jurídica de los niños
mayoritaria de la Comisión. Marco Gerardo Monroy Cabra Miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESOLUCION No, 23/81 CASO 2141 (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) VOTO NEGATIVO DEL DR. LUIS DEMETRIO TINOCO CASTRO Disiento de la opinión de mayoría y de la Resolución
recaida en este Caso 2141, en su Parte Resolutiva y en los apartes 19,30 y
31 de la Considerativa, por las razones que paso a exponer, no sin antes
expresar mi voto de aplauso al Relator, por su encomiable esfuerzo de
sintetizar en la forma en que figuran en los otros apartes, los hechos y
los argumentos de las Partes, y los antecedentes, tanto de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, como de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa
Rica, que nos permite prescindir en este voto disidente de la enumeración
taxitiva de los hechos y de los argumentos presentados por las Partes. Me aparto de la opinión de la mayoría en cuanto afirma en
el numeral 19 de la Parte Considerativa de la Resolución, que "la
breve historia legislativa de la Declaración no apoya el argumento de los peticionarios', y que ello puede inferirse del Informe
que presentó el Grupo de Trabajo que estudió el proyecto de
redacción del Artículo I de la Declaración, así
como del hecho de haberse eliminado en ese Grupo los conceptos que
contiene el Proyecto del Comité Jurídico Interamericano, que
dice, después de afirmar que toda persona tiene derecho a la vida: "Este
derecho se extiende al derecho a la vida desde el momento de la concepción,
al derecho a la vida de los incurables, imbéciles y dementes".
(Verbatim Informe del Relator, numeral 19 b.) E1 estudio de las Actas y Documentos del Grupo de Trabajo relacionado y
de la Comisión Sexta que tuvo a su cargo la consideración de
estos artículos del Proyecto de Declaración me lleva a
conclusiones contrarias a las consignas en el voto de la mayoría.
No encuentro, en efecto, ni en el Informe del Grupo de Trabajo (Documento
CB-310/CIN-41), que suscribe su Relator el Dr. Guy Pérez Cisneros,
ni en el Informe de la Comisión Sexta (Documento CB-445/VI-36), que
presenta su Relator don Luis Lopez de Mesa, -según aparacen en las
paginas 472 a 478 y 510 a 516 del Volumen V de Actas y Documentos de la
Novena Conferencia Internacional Americana publicado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, ninguna explicación específica
de las razones que motivaron la eliminación de la frase
complementaria que contiene el Proyecto de Declaración de los
Derechos y Deberes Internacionales del Hombre presentado por el Comité
Jurídico Interamericano (DocumentoCB-7) y que reconoce el "derecho
a la vida, inclusive (a) los que están por nacer, así como
también (a)los incurables, dementes y débiles mentales". Por lo que
debo deducir que la razón de esa eliminación no fue otra que
la que expresa el Relator señor López de Mesa en estos términos:
"Asímismo se dispuso redactarlos (los derechos y deberes)
en su mera mera esencia, sin enumeraclones- ejemplares o taxativas, que
llevan consigo el riesgo de la difusión inútil y de la
confusión peligrosa de sus límites. Y no puede ser otra
la razón, porque no la habría para explicar la eliminación
de la frase que reconoce el derecho a la vida a "los incurables,
dementes y débiles mentales". Ahora bien: si la supresión
de la frase que concierne a éstos no tiene otra justificación
moral, lógica y jurídica que el propósito de la
Comisión Sexta- y luego de la Asamblea General-, de evitar
enumeraciones ejemplares o taxativas , por paridad de razón es
preciso admitir que fue el propósito de evitar su "enumeración--
y no otro- lo que llevó a la Comisión y a la Asamblea a
eliminar también la expresión innecesesariamente
explicativa-, de que inclusive los que están por nacer" tienen
derecho a la vida. No puedo compartir el criterio, por tanto, de que la supresión
del concepto que explícitamente reconoce el derecho a la vida de
los seres humanos "que están por nacer" conforme al
Proyecto del Comité Jurídico Interamericano, obedeció
a "un arreglo al que se llegó para resolver los problemas
suscitados por las delegaciones de Argentina, Brasil, Cuba, Estados
Unidos, México, Peru, Uruguay y Venezuela, principalmente como
consecuencia del conflicto entre las leyes de esos Estados y el texto
preliminar del Comité Jurídico-, del cual arreglo o de cuyas
objeciones no encuentro referencia alguna en las Actas del Grupo de
Trabajo, de la Comisión Sexta, o de la Asamblea General de la
Conferencia reunida en Bogotá. Por el contrario, el hecho de no
figurar en los Volúmenes correspondientes de Actas y Documentos
ninguna proposición concreta, ni proyecto escrito de alguna
Delegación, que en forma expresa solicitara la supresión de
la frase del Proyecto del Comité Jurídico que integraban los
eminentes juristas Doctores Francisco Campos, José Joaquín
Caicedo Castilla, E. Arroyo Lameda y Charles G. Fenwick, indica en mi
criterio que la frase complementaria se suprimió por considerarse
innecesaria, manteniéndose implícitamente el concepto- por
nadie discutido o puesto en duda-, de que "toda persona tiene derecho
a la vida, inclusive los que están por nacer, así como también
los incurables, dementes y débiles mentales". Ese principio, recogido por el Comité Jurídico
Interamericano y no discutido en la Conferencia de Bogotá, por otra
parte, no fue exclusivo de los internacionalistas del mundo
interamericano, sino el predominante en los círculos más
amplios de las Naciones Unidas, como resulta del Considerando III de la
Declaración de los Derechos del Niño proclamada el 20 de
noviembre de 1959 por la XIV Asamblea General de dicha organización
como Resolución 1386 (XIV), que dice en lo conducente: "Considerando:
que el niño, por su falta de madurez física y
mental, necesita protección y cuidado- especiales; incluso la
debida protección legal, tanto antes como después del
nacimiento. E1 Proyecto del Comité Jurídico Interamericano, lo mismo
que la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas (Resolución 1386/XIV) como se ve, expresamente reconocen que
el ser humano existe y tiene derechos, y necesita protección
incluso legal, en el período que precede a su nacimiento. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
por su parte, en forma llana y escueta dice: "Todo ser humano tiene
derecho a la vida-". Dejando de lado los antecedentes jurídicos que condujeron a esta
redacción simple del Artículo I de la Declaración,
para resolver el presente Caso 2141 se hace necesario definir previamente
la cuestión trascendental de la naturaleza del no nato, el tema de
trascendentales consecuencias jurídicas y morales de precisar si es
"ser humano con derecho a la vida el que se ha formado en el vientre
de una mujer y aún se encuentra dentro de él. O si el "derecho
a la vida" a que es acreedor todo ser humano según el referido
Artículo I de la Declaración de Bogotá, debe
entenderse que sólo ampara a quienes ya viven su vida propia,
extra-uterina. En otros términos: ¿en qué momento de su
largo proceso de formación, desarrollo, decadencia, y muerte, se
considera que existe un "ser humano" con "derecho a la vida"
y a la protección que le otorgan los instumentos jurídicos
fundamentales de la nueva disciplina de los Derechos Humanos?. Más
concretamente, en cuanto atañe al problema que plantea el Caso 2141
a que nos referimos: cuándo el óvulo femenino fecundado por
acción del varón, se ha constituido en un ser humano y tiene
derecho a la vida. La pregunta se le formuló hace escasos tres años al
eminente Decano de la Unidad de Enseñanza e Investigación de
la Universidad de París y titular de la Cátedra de Genética
Fundamental de la misma, Profesor Jeróme Lejeune, miembro
distinguido de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de París,
de la Real Sociedad de Medicina de Londres, de la Academia Norteamericana
de Artes y Ciencias de Boston, galardoneado con la Medalla de Oro de la
Investigación Cientifica y los Premios Jean Toy, Kennedy y de
Ciencias de la Ciudad de París. "Profesor- se le preguntó-,
la primera célula formada desde el momento de la concepción ¿puede
considerarse ya que es un ser humano, con su propia personalidad,
independiente de la de su madre?" "por supuesto" -contestó-,
agregando: "Está demostrado que en esa primera célula
se encuentran ya todas las calidades genéticas del individuo, que
el embrión, siete días después de la fecundación...
emite un mensaje químico que detiene las reglas de su madre... que
a los veinte días de la fecundación... su corazón
(tan grande como un grano de trigo) comienza a palpitar... a los dos
meses... ya posee completamente forma humana: tiene cabeza, tiene brazos,
tiene sus dedos... y hasta las líneas de la mano trazadas... y
entre los dos y los tres meses... las huellas digitales están ya señaladas...
y no cambiarán hasta el final de su vida... a los tres meses... es
ya capaz de cerrar los ojos, de cerrar los puños, y si en ese
momento le acariciará el labio superior con un hilo, haría
una mueca... . Existe un ser humano... sobre esto no hay ninguna duda-. Y
el mismo profesor, en un artículo de revista afirma: "E1 feto
es un ser humano. Genéticamente está completo. Esto no es un
paracer. Es un hecho". La opinión de la inmensa mayoría de los científicos
por no decir que de la totalidad de ellos, es la misma que la del profesor
Lejeune. "E1 niño no nato es una persona que nadie conoce. Es
un ser viviente desde el momento de la concepción"-, dicen los
doctores Ingelman-Sundberg y Cears Wirsen en su obra "E1 drama de la
vida antes del nacimiento", publicada en 1965. "Desde la
concepción el niño es un individuo complelo, dinámico,
que crece rápidamente", afirma a su vez el autor del libro que
vió la luz pública en 1972, titulado 'The Early Biography of
Every Man-, Dr. Bart Hefferman, agregando: "En el momento de la
fertilización, se crea un individuo nuevo y único, el cual,
aunque recibe una mitad de sus cromosomas de cada padre, es realmente
distinto de cada uno de ellos". En tanto que los científicos
Treslar, Behu y Cowan, al analizar lo que llaman el "Intervalo
Gestional", expresan en términos que no dejan lugar a dudas en
la obra que publicaron en 1967: "La iniciación de una nueva
vida ocurre en el momento en que la fertilización queda completa
por la fusión de dos series de cromosomas". Recogiendo ese
criterio, el Código Internacional de Moral Médica declara
que "el doctor debe tener siempre presente la importancia de
preservar la vida humana desde el tiempo de la concepción";
y la llamada Declaración de Ginebra hace prometer al médico:
"Mantendré el mayor respeto por la vida humana desde el
tiempo de la concepción". Esos principios científicos y de ética profesional han
encontrado también acogida implícita, como era de esperar,
en la legislación de la inmensa mayoría de los países
del mundo occidental, en los cuales, casi sin excepción, tiene
vigencia la norma de que la mujer condenada a sufrir la pena de muerte no
debe ser ajusticiada si se encuentra en estado de gravidez, beneficio que
no se limita a las que hayan alcanzado la etapa de"gravidez avanzada",
sino que es extensivo también a las que se encuentren en cualquiera
otra del proceso de gestación del niño. Pues tan excepcional
disposición, que también se encuentra en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo
6.5.) aprobado por Resolución 2200 A (XXI), de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, sólo puede tener explicación si se
parte del supuesto jurídico de que un ser humano vive en la matriz
de la mujer que habría de ser ajusticiada, y no habiendo sido parte
del juicio este pequeño y no visto ser humano, ni moral ni jurídicamente
podría llevársele a sufrir la pena de muerte que se derivaría
faltalmente del ajusticiamiento de la madre. Es un evidente reconocimiento
por las Naciones Unidas y por el derecho vigente en múltiples
partes, de que un ser humano tiene existencia, vida, durante el período
completo de embarazo de la mujer. Las razones expuestas no dejan ninguna duda en mi ánimo de que
la Declaración Americana de los Derechos Humanos se refiere al período
completo de la vida del hombre-desde la concepción hasta la
muerte-, al afirmar que "todo ser humano tiene derecho a la vida";
de que, para ese valioso instrumento del Derecho Internacional, la vida no
comienza con el nacimiento -fase final del proceso de gestación-,
sino en el momento de la concepción, que es el momentoen que se
forma un nuevo ser humano, distinto del padre y de la madre; y que, al
reconocer el derecho del no nacido a la vida, la Declaración
rechaza la legitimidad de todo acto que autorice o tenga por aceptables
hechos o prácticas que conduzcan a su muerte. Surge un nuevo problema, de orden jurídico internacional. Hasta
qué punto tienen fuerza obligatoria para los Estados las
Declaraciones que formulan, por concenso o por mayoría, los
organismos internacionales, o sus órganos competentes? No voy a
entrar en el terreno especulativo en que giran los debates acerca del
valor jurídico de la Declaración Universal de Derechos
Humanos- expresión general del pensamiento de la humanidad
representada por la Organización de las Naciones Unidas según
unos-, simple manifestación de ideales sin fuerza del jus-cogens
según otros. Me limitaré a señalar la singularidad
que a este respecto alcanzó la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, al aprobar el Consejo de la Organización
de Estados Americanos- sin votos disidentes-, en sus sesiones del 25 de
mayo y de 8 de junio de 1960, el artículo 2 del Estatuto de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que textualmente dice:
"Para los fines de este estatuto, por derechos humanos se entienden
los consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre . Esta singularidad de la Declaración implícitamente
dotada desde entonces de la fuerza de los instrumentos que son jus-cogens
entre los Estados-, se ha visto fortalecida con la aprobación que
la Asamblea General de la OEA, durante los últimos veinte años, ha dado a los Informes Anuales y
sobre Estados determinados de la CIDH todos los cuales giran alrededor de
la observancia o inobservancia por los Estados Miembros de la OEA, de los
derechos que consagra la Declaración de Bogotá. No cabe
duda, en mi criterio, que para dichos Estados, la Declaración es
mucho más que una simple expresión de ideales para realización
en un futuro lejano; es un código de conducta, convenido por todos,
para que en América mantengan pleno valor y eficacia el principio
fundamental de la dignidad del ser humano y el respeto debido a aquellos
derechos que son esenciales al hombre y atributos de la persona humana. Código
de conducta que es a la vez guía principalísima de1 derecho
americano en evolución" y "sistema inicial de protección
que los Estados americanos consideran adecuado a las actuales
circunstancias sociales y jurídicas", según los
Considerandos de la misma Declaración. De lo anterior resulta lógico que no sea razón valedera
para mí, que la existencia en muchas legislaciones de América-
en 1948 -, de normas jurídicas que reconocen la legalidad, en
ciertas condiciones, del aborto provocado, constituyera valladar
insoslayable para que en la Declaración se reconociese al ser
humano su derecho a la existencia, a la vida, en el período
prenatal. Considero que la comunidad internacional, o la comunidad
americana, pueden, y en ciertas ocasiones deben, revisar las reglas de
Derecho Internacional vigentes en ese momento, inclusive las recientes de
la Protección internacional de los Derechos Humanos, con el propósito
de consagrar preceptos nuevos que correspodan a los progresos de la
ciencia, a las enseñanzas de la experiencia, a las realidades
cambiantes de la vida social o internacional, a las necesidades
determinadas por los cambios inevitables que en el decurso de los años
crean las nuevas épocas y las aspiraciones que surgen al sucederse
de las generaciones. La comunidad internacional, la comunidad americana,
no podría negarse a aceptar las innovaciones que tengan base lógica
y justa, porque el no hacerlo implicaría detener el progreso del
derecho, y repudiar el principio que contiene la Declaración de que
"deberá fortalecerse (el sistema de protección de los
derechos del hombre) cada vez más en el campo internacional a
medida que las circunstancias (sociales y jurídicas) vayan siendo más
propicias". Con base en todo lo dicho, y analizando los hechos que sirven de base a
la denuncia que dió origen a este Caso 2141, tal como se exponen en
el Informe del Relator, y las argumentaciones formuladas por los
denunciantes y los representantes del Gobierno de los Estados Unidos, es
mi parecer que en el caso Commonwealth vs. Dr. Kenneth Edeiln; (Caso
de Baby Boy) la Corte Suprema Judicial del Estado de Massachusetts, al
anular el fallo del jurado que condenó al acusado, y absolverlo de
toda pena por considerar que en el proceso no se presentó prueba
suficiente que demostrara la "temeridad" del encartado, ni la
posibilidad de vida fuera del vientre del niño no nato que se
identifica simplemente como Baby Boy, ni de que el autor del aborto "creyera
en la viabilidad del feto", desconoció, irrespetó y
violó el Artículo I de la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre que reconoce que "todo ser humano tiene
derecho a la vida" . Por tanto, voto negativamente el proyecto de resolución que
declara que no constituye violación de aquel artículo la
resolución antedicha de la Corte Suprema Judicial del Estado de
Massachusetts: y hago constar que no considero la denuncia hecha contra
la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América en
relación a sus sentencias en los casos de Roe vs Wade (410-US
119), y Doe vs Bolton (410-US-179), porque el transcurso del tiempo
desde el año 1973 en que se dictaron esas sentencias hasta hoy,
impide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a entrar en
conocimiento de ellas, a pesar de la relación o influencia que
puedan haber tenido en el caso de Baby Boy (Comunidad de Massachusetts vs.
Dr. Kenneth Edelin). Pido que este voto razonado, disidente, se consigne donde corresponda
conforme el artículo 18 del Reglamento de la Comisión y se
le dé cualquier otro trámite usual. [1] E1 objeto de examen en el caso Doe vs. Bolton fue una ley
moderna y más sofisticada que regula la práctica de
abortos. La opinión aplica los principios creados en el caso
Wade y por tanto no requiere discusión ulterior. [2] Debe notarse que e1 derecho a la intimidad es una extensión
del derecho a la libertad personal garantizada por la Décimocuarta
Enmienda a la Constituctón de Estados Unidos. E1 artículo
I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre considera los derechos tanto a la vida como a la libertad como
derechos básicos intimidad no era absoluto y que su ejercicio
podría ser limitado por reglamentaciones estatales válidas
concebidas de conformidad con las directivas antes descritas. Las
leyes de cada Estado deben considerarse en referencia a los criterios
constitucionales básicos establecidos por la Corte. Directions | Directory | Advanced Search | Privacy | Contact | Webmaster

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 artículo 4

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 artículo 49
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 artículo 53
 artículo 49
 artículo 54
 artículo 51
 artículo 9
 artículo 112
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 artículo 199
 artículo 443
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423

artículo 399
 artículo
352
 artículo 163
 artículo 328
 artículo 435
 artículo 2
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 artículo 6
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