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﻿ Sentencia 2013-02423 de mayo 22 de 2014
SENTENCIA 2013-02423 DE 22 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL (INMEDIATEZ) – PRESTACIONES PERIÓDICAS. CUANDO SE TRATA DE ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE VERSA SOBRE PRESTACIONES PERIÓDICAS, EL JUEZ DEBE ANALIZAR LOS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA CON SUJECIÓN AL REQUISITO DE INMEDIATEZ: I) SE DEMUESTRE QUE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS PERMANECE EN EL TIEMPO, ESTO ES, QUE ES CONTINUA Y ACTUAL, PESE A QUE EL HECHO QUE LA ORIGINÓ SEA MUY ANTIGUO RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA TUTELAY QUE II) EL ACTOR SE ENCUENTRE EN CONDICIÓN DE DEBILIDAD MANIFIESTA. LOS REQUISITOS PARA QUE SE DESCONOZCA O INAPLIQUE LA EXIGENCIA DE LA INMEDIATEZ EN LA INTERPOSICIÓN DE ACCIONES DE TUTELA CUANDO SE TRATE DE PRESTACIONES PERIÓDICAS, DEBERÁN SER CONCURRENTES PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA, OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, PENSIÓN DEL DOCENTE, PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PRINCIPIO DE INMEDIATEZ, ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA JUDICIAL
Sentencia 2013-02423 de mayo 22 de 2014
Rad.: 11001-03-15-000-2013-02423-01(AC)
Bogotá, D.C. veintidós de mayo de dos mil catorce.
Se decide la impugnación oportunamente presentada por la actora, contra la sentencia de 16 de diciembre de 2013, proferida por la Sección Quinta de esta corporación, mediante la cual declaró improcedente la tutela impetrada por la actora.
I.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, interpuso acción de tutela, a fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados por la sentencia del 15 de septiembre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, en la que se ordenó a la extinta Caja Nacional de Previsión Social EICE suprimir el descuento que para salud dispuso en las resoluciones 2280 del 09 de febrero de 2004, 15273 del 27 de mayo de 2005, 6122 del 22 de septiembre de 2005 y 42767 del 29 de agosto de 2008, en la pensión gracia de la señora Flor Carmenza Hurtado Rincón, así como el reintegro de las sumas descontadas por dicho concepto.
1. La señora Flor Carmenza Hurtado Rincón prestó sus servicios como docente del Departamento del Casanare.
2. La Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal mediante la Resolución 2280 del 09 de febrero de 2004, le reconoció la pensión gracia a la docente Hurtado Rincón por valor de un millón ciento ochenta y nueve mil seiscientos treinta y un pesos con veinticinco centavos ($ 1.189.631.25) efectiva a partir del 4 de abril de 2003.
3. Con Resolución 15237 del 27 de mayo de 2005, le fue reliquidada la pensión a la docente elevando la cuantía a la suma de un millón trescientos sesenta y ocho mil setenta y cinco pesos con setenta y cinco centavos ($ 1.368.075,75) efectiva a partir del 4 de abril de 2003. Posteriormente Cajanal reliquidó nuevamente la pensión mediante la Resolución 42767 del 29 de agosto de 2008 subiendo la mesada a la suma de un millón setecientos ochenta y dos mil seiscientos ochenta y siete pesos con sesenta y dos centavos ($ 1.782.687,62).
4. La señora Hurtado Rincón solicitó a Cajanal el reintegro de los aportes a salud efectuados con ocasión del reconocimiento y pago de la pensión gracia; solicitud de reintegro que fue negada por Cajanal mediante Oficio PBAF CDP-2009-011789 de 30 de septiembre de 2009.
5. La señora Flor Carmenza Hurtado Rincón instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra Cajanal, para que fuese declarada la nulidad del Oficio PBAF CDP-2009-011789 de 30 de septiembre de 2009.
6. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Yopal mediante sentencia de 6 de abril de 2011 decidió declarar no probadas las excepciones y negó las pretensiones de la demanda.
La señora Flor Carmenza Hurtado Rincón, mediante apoderado apeló la decisión del Juzgado y el Tribunal Administrativo del Casanare, en providencia del 15 de septiembre de 2011, resuelve revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar dispuso:
“a. Declarar la nulidad del Oficio PBAF CDP-2009-011789 de 30 de septiembre de 2009, expedido por el gerente de “Buen Futuro - Patrimonio Autónomo”, obrando como apoderado de Cajanal En Liquidación.
b. Inaplicar, por infracción directa a la ley, las órdenes de efectuar descuentos con destino al sistema de seguridad social en salud, consignadas en las resoluciones 2280 del 9 de febrero de 2004, 15273 del 27 de mayo del 2005, 6122 del 22 de septiembre de 2005 y 42767 del 29 de agosto del 2008, expedidas por la administración de Cajanal, por las cuales se reconoció y reliquidó la pensión de gracia a que se contrae este litigio.
c. Ordenar que a partir de la ejecutoria del fallo cesen los descuentos que se hayan aplicado o estén aplicando respecto de la pensión de gracia que devenga la demandante, salvo los que le correspondan en cumplimiento del artículo 280 de la Ley 100 de 1993, o de las normas que los sustituyan acorde con lo precisado en la motivación.
d. Condenar a Caja Nacional de Previsión Social EICE En Liquidación, a reintegrar a la actora el valor actualizado de los descuentos que se hayan aplicado a partir del veinticinco 25 de noviembre de dos mil cinco (2005) respecto de la pensión de gracia que ella devenga, salvo los que le correspondan en cumplimiento del artículo 280 de la Ley 100 de 1993, o de las normas que la sustituyan acorde con lo precisado en la motivación; la actualización se hará conforme se indicó en ella.
e. Declarar prescrito el derecho respecto de los aludidos descuentos, causados hasta el 24 de noviembre de 2005.
f. Denegar las demás pretensiones de la demanda”.
7. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP mediante Resolución RDP 018265 del 22 de abril de 2013, dio cumplimiento al fallo citado, ordenando suspender el descuento de aportes para salud de la pensión gracia de la señora Hurtado Rincón.
8. Posteriormente, la UGPP mediante la Resolución RDP 030043 del 03 de julio de 2013, modificó la parte motiva pertinente y del artículo tercero de la Resolución RDP 018265 del 22 de abril de 2013, indicando que se comunicara la resolución al proceso liquidatorio de Cajanal EICE En Liquidación para los fines pertinentes.
9. Manifestó el apoderado de la parte actora que el cumplimiento del fallo de 15 de septiembre de 2011, afecta los intereses de la entidad, en tanto, representa un desequilibrio entre la obligación de cotización al sistema de salud frente al incremento salarial, además de que no responde al principio de solidaridad que en marca al sistema de seguridad social en salud.
10. Argumentó que, en razón a que la UGPP asumió plenamente la defensa judicial producto de la transferencia de funciones provenientes de la extinta Caja Nacional de Previsión Social a partir del 11 de junio de 2013, no pudo ejercer su derecho de defensa como entidad.
11. Respecto del principio de inmediatez, arguye que, en razón a que el pago de la mesada pensional se hace de manera periódica, el detrimento al erario público por la decisión judicial es continuo, lo que hace procedente la acción de amparo.
12. Expresó que en la orden dada por el Tribunal Administrativo del Casanare constituye una vía de hecho por defecto sustantivo, al encontrarse indebidamente sustentada en razón a que las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud no exceptúa de la obligación de cotizar al sistema a los beneficiarios de la pensión gracia.
13. Finalmente, alegó desconocimiento del precedente jurisprudencial sosteniendo que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la improcedencia en el reembolso de los descuentos en salud efectuados sobre la pensión gracia, y, ausencia de prueba que evidenciara que la pensionada tenía derecho a que le fueron reintegrados los dineros descontados por aportes en salud.
Con auto de 5 de noviembre de 2013,(1) se admitió la tutela, se ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Casanare y por tener interés directo en el resultado del proceso ordenó notificar a la señora Flor Carmenza Hurtado Rincón.
Realizadas las comunicaciones ordenadas, la tutela fue contestada en los siguientes términos:
II.1. Tribunal Administrativo del Casanare
Mediante memorial de 04 de diciembre de 2013, los magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare, contestaron la presente acción, en los siguientes términos:
Refieren que lo que pretende la actora es provocar reabrir el debate ya clausurado con la sentencia de segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que se profirió por ese tribunal el 15 de septiembre de 2011.
Adicionalmente indicó que no se dio cumplimiento al requisito de procedibilidad de la inmediatez fundamental para efectos de viabilizar el éxito de una acción de tutela.
Mediante providencia de 16 de diciembre de 2013,(2) la Sección Quinta de esta corporación, declaró improcedente la tutela interpuesta con base en los argumentos que a continuación se exponen:
Adujo que, no obra prueba en el expediente que justifique la tardanza para incoar la protección de los derechos fundamentales, ya que la acción de amparo fue interpuesta después de más de 2 años de la expedición de la sentencia, razón por la cual su procedencia resulta inviable.
En escrito radicado el 28 de enero de 2014(3) la actora apeló la providencia de 16 de diciembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, reiterando los argumentos expuestos en la demanda, reafirmando que la acción si es procedente y solicitando se revoque el fallo impugnado y se amparen sus derechos.
La Sección Primera de esta corporación inveteradamente fue partidaria de tramitar esta acción en primera y segunda instancia, cuando en ella se controvirtieran providencias judiciales por supuestas vías de hecho, al punto que, en diversas oportunidades, se llegó a conceder el amparo solicitado cuando se concluyera que la decisión estaba afectada con dicho vicio, verbigracia en sentencia de 23 de enero de 1997 (Rad.: AC-4329, C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñóz) y con apoyo en la sentencia de la Corte Constitucional C - 543 de 1º de octubre de 1992, se admitió la posibilidad de estudiar la acción de tutela contra providencias judiciales siempre y cuando se estuviera en presencia del presupuesto antes señalado.
Así mismo, en sentencia de 13 de diciembre de 1999 (Rad: AC-9183, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) se reiteró, que la acción de tutela contra providencias judiciales solo era procedente ante la existencia de una vía de hecho, agregando que ello ocurriría cuando la misma obedecía al capricho o arbitrariedad de quien la profirió.
Con ponencia del mismo consejero se accedió a la tutela en la decisión del 13 de junio de 2002 (Rad.: AC-1124), lo anterior en razón a que la sentencia desconoció el alcance de lo dispuesto en la providencia C-470 de 25 de septiembre de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). Dicha decisión también se fundamentó en la Sentencia T-842 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), según la cual se configura vía de hecho por el no acatamiento de los fallos de constitucionalidad proferidos por la Corte Constitucional.
Sobre el particular y entre otras, se encuentra la sentencia del 14 de julio de 2005 (Rad.: 2005-00501, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la cual se tuteló el derecho de acceso a la administración de justicia de los actores, dejando sin efecto los proveídos que rechazaron la demanda y el recurso de apelación proferidos dentro de un proceso de reparación directa y, en su lugar, se dispuso que se rehiciera la actuación “teniendo en cuenta que se trataba de un proceso de única instancia en el que la admisión o el rechazo de la demanda (que no resuelve la suspensión provisional) debe resolverlo el ponente”.
Ahora bien, y con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, C.P. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, se concluyó que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la corporación había sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, también lo es que las distintas secciones que la componen antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Rad.: AC-10203), abrieron paso, de manera excepcional, para que cuando se advirtiera la vulneración de derechos constitucionales fundamentales fuera procedente este instrumento de naturaleza constitucional.
V.3. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción constitucional cuando se dirige contra decisiones judiciales
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la ocurrencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se presenta uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” (sent. de mar. 23/2010, Rad.: T-225, M.P. Mauricio González Cuervo) que se encaje en dichos parámetros.
En el sub lite, pretende la actora que se le amparen los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene dejar sin efecto la sentencia del 15 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho adelantada por la señora Flor Carmenza Hurtado Rincón contra Cajanal EICE En Liquidación.
Ahora bien, de acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, de acuerdo con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta corporación.
Para ello, considera la Sala necesario referirse al concepto de inmediatez frente a sentencias judiciales en procesos en los que el centro del debate fue la determinación de prestaciones periódicas.
— Inmediatez en acciones de tutela
Sobre el particular, resulta pertinente recordar que la Sala ha acogido el criterio jurisprudencial que establece que, quién alegue violación a sus derechos fundamentales y pretenda su amparo mediante la acción constitucional, debe acudir, de manera inmediata, a ella en un lapso de tiempo razonable(4).
En este sentido, la Corte Constitucional ha explicado que, al analizar el requisito de la inmediatez, el juez de la tutela debe determinar que la acción se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración(5). Tal postulado va ligado con la finalidad misma del amparo que otorga una protección efectiva que, en caso de transcurrir el tiempo y consumarse un daño, sería ineficaz.
Por lo anterior, es que para determinar si la acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, ha dicho la Corte que deben tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos:
(i) si existe un motivo válido para la inactividad del accionante.
(ii) si la inactividad injustificada podría causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a adoptar una decisión en sede de tutela.
En este orden de ideas, aunque la acción de tutela no tiene término de caducidad, debe tenerse en cuenta que “la inmediatez con que se ejercita la acción es un factor determinante en el juicio de procedencia, pues si bien no existe un término límite para el ejercicio de la acción, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protección y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentación de la acción de tutela debe realizarse dentro de un término razonable, que permita la protección inmediata del derecho fundamental a que se refiere el artículo 86 de la Carta Política”. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito para la prosperidad de la acción de tutela, pues se evita “el uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica”(6).
Así las cosas, el interesado en obtener el amparo de los derechos fundamentales debe instaurar la acción de tutela cuando tiene conocimiento de la consolidación del hecho, acto u omisión que constituye la violación o amenaza, pues ese momento marca el punto de partida para analizar si la acción ha sido interpuesta oportunamente. Una demora injustificada en ejercer la acción desvirtúa el fin de la acción de tutela, tornándola improcedente.
— Inmediatez en acciones de tutela contra providencias judiciales
Desde el 23 de agosto de 2012, cuando se acogió por la Sección Primera el pronunciamiento de la Sala Plena de la corporación, respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y se determinó que para ello debía verificarse el cumplimiento de los requisitos generales y específicos, de conformidad con la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional; se ha ido decantando el criterio de la Sala respecto del tiempo que debe considerarse como adecuado cuando se instaura una acción de amparo contra una sentencia judicial.
El criterio referido tiene como sustento principal, aquel que determina en el caso de las acciones de tutela contra providencias judiciales, que el análisis del principio de inmediatez debe ser más riguroso para preservar el principio de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, el cual se reitera(7) en esta oportunidad.
En razón a que no puede establecerse un único e inamovible término de inmediatez para la presentación de tutelas contra providencias judiciales, si se determinó una regla general, que debía analizarse en cada caso; que permitiera garantizar un balance entre los diferentes derechos fundamentales en disputa como lo son el debido proceso, la cosa juzgada y la seguridad jurídica.
Es así como, se determinó que un plazo razonable para interponer la acción de tutela contra providencias, en principio, debe ser igual al que se cuenta para adelantar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho; el cual, dependiendo del caso concreto y las circunstancias especiales del actor, podrá ser mayor.
Ese criterio fue inicialmente planteado en la sentencia de 20 de junio de 2013 en la acción de tutela interpuesta por Davivienda, de Radicado 2012-02131, C.P. María Elizabeth García González, en la que se estableció que:
“En efecto, esta Sección ha reiterado el carácter excepcional de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, por lo que el estudio del requisito de inmediatez “(...) debe ser más estricto atendiendo la necesidad de conciliación que debe hacerse entre los derechos fundamentales y los principios de seguridad jurídica y autonomía judicial, los cuales pueden verse comprometidos si esta práctica se torna generalizada”(8).
Por lo anterior esta Sala ha concluido en casos similares que el requisito analizado “debe reflejarse en un término que, en principio, debe ser el mismo con que se cuenta para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; y que desde luego puede ser mayor, dependiendo de cada caso en concreto y de sus circunstancias específicas”(9).
Lo anterior, ha sido reiterado por la Sala en sentencias de 6 y 27 de marzo de 2014,(10) explicando que el término de los cuatro (4) meses resulta razonable, toda vez que:
“los mayores requisitos técnicos-jurídicos y de forma que impone la ley a quien acude al juez contencioso para presentar una reclamación de esta índole (de nulidad y restablecimiento del derecho), sin que ello obste para que se trate de un plazo razonable y suficiente para hacer efectivo el derecho de acceso a la administración de justicia,(11) sumado al hecho de tratarse de una solicitud de amparo frente a una providencia judicial, lo cual supone la preexistencia de una relación jurídico-procesal y unas cargas especiales de vigilancia y fiscalización del proceso que se deben atender, ofrecen a la Sala un fundamento adecuado para sustentar esta exigencia”.
— Inmediatez en acciones de tutela contra providencias que involucran prestaciones periódicas.
No obstante lo expresado en el análisis precedente, se presenta una controversia respecto de si, en relación con acciones de tutela contra providencias que involucran prestaciones periódicas, se debe o no tener en consideración la inmediatez dentro del estudio del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de que trata la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
La controversia se suscita en razón a que, de conformidad con la Sentencia T-374 de 2012,(12) relativa al derecho a la indexación de la primera mesada pensional para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y el mínimo vital de los pensionados, la Corte Constitucional expresó que:
Así, la regla general sobre inaplicabilidad del requisito de inmediatez en casos de prestaciones periódicas con perjuicios constantemente renovados fue formulada en la Sentencia T-158 de 2006(73) como sigue: “esta corporación ha establecido unos casos en los que resulta admisible la dilación en la interposición de la acción de tutela, a saber: (i) que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual y, (ii) que la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros” (subraya y negrilla fuera de texto original).
Refiere entonces que, precisamente, en razón a la condición de debilidad manifiesta de los pensionados es que se excepciona o se brinda un trato especial al requisito de inmediatez en la interposición de la tutela cuando se trata de prestaciones periódicas, y determina como criterios rectores para el análisis, que i) se demuestre que la vulneración de los derechos permanece en el tiempo, esto es, que es continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y que ii) el actor se encuentre en un condición de debilidad manifiesta.
Los requisitos para que se desconozca o inaplique la exigencia de la inmediatez en la interposición de acciones de tutela cuando se trate de prestaciones periódicas, deberán ser concurrentes para determinar la procedencia del amparo, pues de lo contrario, deberá despacharse desfavorablemente.
Ahora bien, debido a que cuando se trata de revisar la viabilidad de la acción de amparo contra providencias judiciales, el juicio de inmediatez debe ser más estricto; resulta necesario conciliar las dos posiciones adoptadas por la Sala; esto es, i) que se cuenta con 4 meses para interponer la acción de tutela contra providencias judiciales, sin tener en consideración el contenido o tema de las mismas; y, aquella que establece que, ii) en razón a que la providencia cuestionada en sede de tutela versa sobre prestaciones periódicas, no se aplica la inmediatez o se puede ser mucho más laxo y, debe estudiarse de fondo(13).
Para ello, resulta importante traer a colación el pronunciamiento de la Sala, de 23 de mayo de 2013, C.P. María Elizabeth García González, en la acción de tutela de Radicado 2013-0027200, interpuesta por el señor Jorge Orlando Corredor Prieto, en la que se determinó que, cuando se estudie el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de una tutela contra providencia judicial que vincule prestaciones periódicas, se debía tener en consideración que:
“(i) Que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual(14). Y (ii) que la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”(15) (resaltado fuera de texto).
Una vez establecido el criterio que, en adelante observará la Sala para analizar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias que traten de prestaciones periódicas, la Sala estudiará el presente caso.
En el sub lite se observa que la accionante acude ante la jurisdicción, en ejercicio de la acción de tutela, cuando ha transcurrido un periodo de más de dos (2) años de haber sido dictada la providencia que ahora se controvierte.
No obstante ello, en razón a que la providencia cuestionada versa sobre una prestación periódica, se verificará si se presentan las dos condiciones que permitan morigerar o inaplicar el requisito de inmediatez.
Advierte la Sala que, si bien se cumpliría el primero de los criterios, esto es que la providencia objeto de la presente acción versa sobre una prestación periódica; no se puede predicar que la UGPP sea un sujeto de especial protección; y en tal virtud, el término de 2 años que se dejó trascurrir resulta desproporcionado e injustificado.
En consecuencia, debido a que no se cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, no procede estudiar de fondo el asunto planteado.
De otra parte, para la Sala tampoco resulta de recibo lo sostenido por la parte actora en el escrito contentivo de la solicitud de amparo, cuando afirma que no pudo acudir en tiempo a interponer la acción de amparo porque la UGPP asumió plenamente la defensa judicial producto de la transferencia de funciones provenientes de la extinta Caja Nacional de Previsión Social, a partir del 11 de junio de 2013, y que, por la misma razón no pudo ejercer su derecho a la defensa en el proceso cuya providencia controvierte.
Para la Sala resulta infundado lo expresado por la demandante, si se tiene en cuenta que la entidad sobre la cual recaen las obligaciones prestacionales reconocidas en la sentencia censurada (Cajanal, hoy UGPP), actuó por intermedio de apoderado judicial, garantizándose con ello su derecho a la defensa.
En este orden de ideas y teniendo en consideración los anteriores argumentos, la Sala confirmará el fallo impugnado, por las razones aquí expuestas, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
1. CONFÍRMASE la providencia apelada, esto es, la sentencia de 16 de diciembre de 2013, proferida por la Sección Quinta de esta corporación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
(1) Folio 39 cuaderno principal.
(2) Folios 49 a 51 cuaderno principal.
(3) Folios 59 a 62 cuaderno principal.
(4) Corte Constitucional. Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(5) Corte Constitucional. Sentencia T - 315 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(6) T-123 de 2007, ibídem.
(7) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 22 de noviembre de 2012. Acción de tutela Radicación: 2012-00651-01. Actor: Andrés Felipe Gutiérrez Rincón. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
(8) Sentencia del 13 de febrero de 2014 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. C.P. María Elizabeth García González. Radicado 2013-01909.
(9) Sentencia del 20 de junio de 2013 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. C.P. María Elizabeth García González. Radicado 2012-02131.
(10) Sentencia de 06 de marzo de 2014. Sección Primera del Consejo de Estado. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado 2013-00730. Sentencia de 27 de marzo de 2014. Sección Primera del Consejo de Estado. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado 2013-01320.
(11) En ese sentido, véanse las sentencias de la Corte Constitucional C-531 de 1994 y C-565 de 2000, en las que se declaró la constitucionalidad del término de caducidad fijado por el legislador en relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
(12) Corte Constitucional. Sentencia T-374 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
(13) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia 6 de febrero de 2014. Expediente 2013-00588. Actora: Gloria Sepúlveda. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Reiterado en sentencia de 8 de mayo de 2014. Expediente 2014-00292-00. Actor: Guillermo Casallas Bedoya. C.P. María Claudia Rojas Lasso. En esta se afirmó que: “(...) se cumplió con el principio de inmediatez teniendo en cuenta que, como ya lo ha dicho esta Sala,(13) cuando se trate de tutelas que conciernan al derecho pensional, el análisis de este requisito debe ser menos estricto”.
(14) Cfr. Por ejemplo la Sentencia T-1110 de 2005 (F.J # 46), entre otras.
(15) Sentencia T-158 de 2006. M.P. Humberto A. Sierra Porto.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 280
 artículo 280
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 86