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Timestamp: 2019-10-15 11:42:50+00:00

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﻿ SENTENCIA C-925 DE SEPTIEMBRE 6 DE 2005
SENTENCIA C-925 DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2005
CONTENIDO:TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA LEY 906 DE 2004. EL TEXTO QUE DEBE PRODUCIR EFECTOS, ES AQUEL QUE FUE APROBADO EN LAS RESPECTIVAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DESPUÉS DE CONCLUIDO EL TRÁMITE LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE. SE DECLARA EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE LA LEY 906 DE 2004.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRÁMITE DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA, PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN, DEFENSA DEL ACUSADO, NÚMERO DE PERITOS, PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN DE LA PRUEBA, REANUDACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:410 DE FEBRERO DE 2006, PG.344
Sentencia C-925 de septiembre 6 de 2005
Sentencia C-925 de 2005
Ref.: Expediente D-5592
Actores: Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha, Julián Rivera Loaiza y Julián Andrés Durán Puentes.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 8º, 16, 364, 407, 530 y 531 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
A continuación se transcriben los artículos demandados en el presente proceso, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 45.658 del 1º de septiembre de 2004:
(...) l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En estos eventos requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor.
ART. 16.—Inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías.
ART. 364.—Reanudación de la audiencia. El juez señalará el día, hora y sala para la reanudación de la audiencia suspendida en los casos del artículo anterior.
ART. 407.—Número de peritos. A menos que se trate de prueba impertinente, irrelevante o superflua, el juez no podrá limitar el número de peritos que sean llamados a declarar en la audiencia pública por las partes.
ART. 530.—Selección de distritos judiciales. Con base en el análisis de los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1º de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal.
Los términos contemplados en el presente artículo se aplicarán en todos los distritos judiciales a partir de la promulgación del código (negrilla fuera del texto original).
En el presente caso se encuentra que el problema jurídico a resolver es el siguiente:
¿Existen vicios de procedimiento en la sanción presidencial de la Ley 906 de 2004, respecto de los artículos 8º, 16, 364, 407, 530 y 531, cuando según los demandantes se promulga de un texto diferente al aprobado por el Congreso, modificándolo, suprimiéndolo y adicionándolo, lo que constituiría una vulneración de los artículos 157, 160 y 161 de la Constitución?
Los demandantes consideran que los artículos 8º, 16, 364, 407, 530 y 531 de la Ley 906 de 2004, fueron objeto de alteraciones sustanciales al momento de la sanción presidencial, que hacen que las normas acusadas difieran de aquellas discutidas y aprobadas por el Congreso de la República. Dichas alteraciones, en el sentir de los demandantes, vulneran los artículos 157, 160 y 161 de la Constitución, al igual que los artículos 147, 160, 177 y 178 de la Ley 5ª de 1992.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que se declarasen exequibles los artículos 8º, 16, 364, 407, 530 de la Ley 906 de 2004 bajo el entendido que el texto que debe producir efectos, es aquel que fue aprobado en las respectivas cámaras del Congreso de la República, después de concluido el trámite legislativo correspondiente. Para la procuraduría el Presidente de la República excedió su facultad de corregir errores o yerros tipográficos, pues al expedir el Decreto 2770 de 2004 efectuó una interpretación de los artículos demandados modificándolos, adicionándolos o suprimiendo algunas de sus partes a través de un decreto que solo podía corregir errores o yerros de carácter caligráfico o tipográfico. Lo anterior desconoció el proceso de formación de las leyes, en detrimento de la separación funcional entre ramas del poder público. Por lo tanto, para la procuraduría, existió un vicio de procedimiento en la expedición de los artículos demandados, por cuanto se sancionó un texto distinto a aquel que fue discutido y aprobado por el Congreso de la República y las modificaciones realizadas a dichos artículos alteraron su sentido e implicaron, en unos casos, la extensión y, en otros, la restricción de su alcance normativo. Para la procuraduría, el único artículo demandado ajustado a las disposiciones constitucionales es el artículo 531.
Para efectuar el examen de constitucionalidad de las normas demandadas, la Corte Constitucional, primero, deberá establecer si es procedente la acción de inconstitucionalidad contra las normas demandadas teniendo en cuenta que cuando se trata de cargos por vicios de forma existe un límite temporal para formularlos. Igualmente se constatará si es necesario efectuar una integración normativa respecto de toda la ley corregida mediante un decreto, en especial pero no exclusivamente de otros artículos al igual que la titulación y enumeración de los títulos y capítulos de la Ley 906 de 2004 corregidos por el Decreto 2770 de 2004 y por lo tanto si la revisión que debe efectuar la Corte también ha de cobijar el resto de la ley, y en particular los artículos 32, 37, 56, 294, 85, 158, 181, 184, 198, 207, 240, 242, 264, 307, 317, 324, 414, 439, 474, 484 así como la titulación de: i) Capítulo X (De la acción de revisión), ii) el título V (El principio de oportunidad), iii) el título V (De la preclusión), la titulación y numeración del “Capítulo II Ejecución de medidas de seguridad” y el título del artículo 158 (Prórroga y restitución de términos) de la Ley 906 de 2004. Después recordará antecedentes jurisprudenciales sobre la corrección de yerros. Luego procederá a constatar en qué momento del trámite legislativo se surtieron los cambios aducidos por los demandantes para después verificar si estos se hicieron con observancia a las normas constitucionales y legales aplicables al caso.
Teniendo en cuenta que los cargos presentados en la demanda corresponden a cargos por vicios de forma, de acuerdo a lo establecido por el artículo 242 de la Constitución, la Corte Constitucional solo es competente para conocer de los mismos un año después de haber sido publicada la norma. La Ley 906 de 2004 fue sancionada el 31 de agosto de 2004 y publicada ese mismo día según consta en el Diario Oficial 45657. La demanda fue presentada el 3 de diciembre de dos mil cuatro (2004) por lo que se verifica que la acción fue presentada oportunamente.
2. Integración normativa de la Ley 906 de 2004.
La Corte Constitucional de manera excepcional, y en virtud del artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 (15) , procede a integrar la unidad normativa entre las disposiciones acusadas y otros textos que no han sido demandados pero con los cuales estas tienen una relación inescindible (16) . La jurisprudencia de la Corte ha reiterado en este aspecto que:
“(...) la unidad normativa procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la corporación pueda decidir de fondo el problema planteado” (17) .
Igualmente, la jurisprudencia ha establecido los eventos en que dicha integración se hace necesaria:
Tal y como lo ha reiterado la Corte, la unidad normativa solo puede tener lugar cuando ello sea necesario para evitar que el fallo sea inocuo o cuando resulta indispensable para pronunciarse de fondo sobre un asunto. Estas hipótesis se configuran en uno de los siguientes tres casos: en primer lugar, cuando es preciso integrar la proposición jurídica para que la norma demandada tenga un significado jurídico concreto. En segundo término, cuando resulte imprescindible integrar la unidad normativa de manera tal que el fallo no sea inocuo, al dejar vigentes disposiciones jurídicas que tienen idéntico contenido normativo. En tercer término, cuando la disposición impugnada se encuentre íntima e inescindiblemente relacionada con otra norma que parece prima facie inconstitucional (18)(19) .
Sobre la relación “íntima e inescindible” la Corte ha señalado que se trata de un tipo de relación en la que sea imposible, para evitar un fallo inocuo, estudiar la constitucionalidad de una norma sin analizar las otras disposiciones pero que “Las normas en este caso tienen cada una un sentido regulador propio y autónomo (20) , pero el estudio de constitucionalidad de la disposición acusada impone el examen de la conformidad o inconformidad con la Constitución de algunos elementos normativos a los cuales hace referencia, que están contenidos en otras disposiciones no demandadas. Con estas últimas se constituye la unidad normativa” (21)(22) .
La Corte encuentra que para poder efectuar un adecuado análisis del problema planteado, la sentencia debe integrar al objeto del juicio de constitucionalidad la Ley 906 de 2004. Efectuada dicha integración, se podrá comparar el texto de la ley aprobada por el Congreso con el decreto de corrección de yerros. Las normas demandadas guardan una estrecha relación con la Ley 906 de 2004 y en especial con los artículos 32, 37, 56, 294, 85, 158, 181, 184, 198, 207, 240, 242, 264, 307, 317, 324, 414, 439, 474, 484 así como la titulación de: i) Capítulo X (De la acción de revisión), ii) el título V (El principio de oportunidad), iii) el título V (De la preclusión), la titulación y numeración del “Capítulo II Ejecución de medidas de seguridad” y el título del artículo 158 (Prórroga y restitución de términos) de la Ley 906 de 2004. Estos artículos, títulos y capítulos también fueron, mediante el Decreto 2770 de 2004 de corrección de yerros, modificados, suprimidos o adicionados, después de haber sido aprobados por el Congreso y sancionados por el Presidente de la República. En el conjunto de estas disposiciones normativas se encuentra una diferencia con el texto aprobado por el Congreso de la República, de acuerdo a lo publicado por la Gaceta del Congreso 529 de 2004. Por lo tanto, carecería de sentido pronunciarse sobre unos artículos y otros no cuando el vicio planteado se predica de todos los artículos de la Ley 906 de 2004 cuyo contenido no fue el aprobado por el Congreso de la República. De acuerdo a lo anterior, la Corte, procederá a pronunciarse sobre la Ley 906 de 2004. No obstante, el análisis puntual de las correcciones y de su contenido específico solo se hará respecto de los artículos modificados, suprimidos o adicionados. Es decir, los artículos que han sido demandados y los artículos 32, 37, 56, 294, 85, 158, 181, 184, 198, 207, 240, 242, 264, 307, 317, 324, 414, 439, 474, 484 así como la titulación de: i) Capítulo X (De la acción de revisión), ii) el título V (El principio de oportunidad), iii) el título V (De la preclusión), la titulación y numeración del “Capítulo II Ejecución de medidas de seguridad” y el título del artículo 158 (Prórroga y restitución de términos) de la Ley 906 de 2004.
3. Trámite legislativo aplicable al caso: sanción presidencial, promulgación de la ley y alcances de los decretos de yerros.
De acuerdo al artículo 241-4 (23) de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de la constitucionalidad de las leyes tanto por vicios en su formación como por su contenido material. El artículo 150 de la Constitución establece que es competencia del Congreso hacer las leyes, al igual que expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones:
En el presente caso, la revisión de constitucionalidad de las normas demandadas, pasa por analizar tres aspectos separables pero relacionados entre sí: la sanción presidencial, la promulgación de la ley y la corrección de los yerros detectados por el ejecutivo.
3.1. Sanción presidencial de la ley.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones para establecer que la sanción de un proyecto de ley “(…) es el acto mediante el cual el gobierno lo aprueba, y da fe de su existencia y autenticidad. Este acto constituye un requisito esencial que pone fin al proceso formativo de la ley, tal como lo prescribe el artículo 157 numeral 4º de la Constitución (...)” (24) .
Igualmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que existe una diferencia entre la sanción de una ley y su promulgación:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 de la Carta Política, ningún proyecto será ley sin el lleno de los siguientes requisitos:
“1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva.
2. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada cámara (...).
De conformidad con los preceptos anteriores, hay que distinguir claramente entre dos momentos: el primero que pone fin al proceso de formación de las leyes, cual es el de la sanción gubernamental, y el segundo, la promulgación de la misma. Así entonces, la expedición de la ley hace relación a la formación del contenido, mientras que la promulgación se refiere a la publicación de dicho contenido (25) .
La anterior distinción pone de presente que la sanción presidencial es un requisito en el trámite legislativo y guarda relación con la formación de la norma, además de ponerle fin.
3.2. La promulgación de las normas.
Como ha precisado esta corporación, siguiendo el texto del artículo 52 de la Ley 4 de 1913, Código de Régimen Departamental y Municipal: “La promulgación no es otra cosa que la publicación de la ley en el Diario Oficial, con el fin de poner en conocimiento de los destinatarios de la misma los mandatos que ella contiene (...)” (26) . Así mismo se ha señalado que:
“La promulgación de la ley es requisito indispensable para su obligatoriedad, pues es principio general de derecho que nadie puede ser obligado a cumplir las normas que no conoce (principio de la publicidad) (27) . Dicha función le corresponde ejecutarla al gobierno, después de efectuada la sanción (28) . Tal regla es complemento de la que prescribe que la ignorancia de la ley no excusa su incumplimiento (29) , puesto que solo con la publicación oficial de las normas se justifica la ficción de que estas han sido conocidas por los asociados (30) , para luego exigir su cumplimiento. Si la promulgación se relaciona exclusivamente con la publicación o divulgación del contenido de la ley, tal como fue aprobada por el Congreso de la República, no es posible deducir de allí facultad alguna que le permita al Presidente determinar el momento a partir del cual esta debe empezar a regir” (31) (negrilla fuera del texto).
Igualmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional en Sentencia C-161 de 1999 (32) dispuso que:
La publicación de la ley, aunque presupone su existencia, es trascendental desde el punto de vista de su eficacia. De todas formas, se trata de un requisito que no se integra en el íter formativo de la ley. La publicación, en estricto rigor, constituye una operación administrativa material, reglada, que corresponde ejecutar al gobierno y que se desarrolla de conformidad con lo que establezca la ley, la cual ha dispuesto que se realice por escrito y en el diario oficial” (33) .
Adicionalmente los artículos 165 y 166 de la Constitución (34) establecen que una vez aprobado el proyecto de ley por el Congreso, si el gobierno no lo objetare, este deberá sancionarlo y promulgarlo. Por lo que la sanción de los proyectos de ley, aprobados por el Congreso, es un acto debido que no puede modificar el contenido material de la norma.
De otra parte, también esta corporación ha señalado que dentro de la función constitucional de promulgar las leyes es válido que “... se haga uso del mecanismo idóneo para enmendar los textos legales cuando ellos presentan errores caligráficos o tipográficos que puedan alterar su sentido real, tal como sucede en el caso en estudio, cual es la publicación de la ley con la corrección del error o la expedición de un decreto que ponga de presente el error y su correspondiente corrección —los cuales no afectan la vigencia y validez de la inicialmente publicada—, actuaciones que le corresponde ejecutar al Presidente de la República,…” (35) .
3.3. Los decretos de corrección de yerros y la excepcional revisión de la Corte constitucional de su exequibilidad.
El artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, sobre el régimen político y municipal establece:
ART. 45.—Los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador.
El artículo establece que la modificación de las citas o referencias de unas leyes a otras se encuentra circunscrita a la corrección de yerros tipográficos o caligráficos y dicha corrección debe respetar la voluntad del legislador. Por lo tanto, la modificación, supresión o adición de una disposición normativa que desborde los límites de las correcciones tipográficas o caligráficas de acuerdo a la voluntad objetiva del legislador rebasan el ámbito definido en dicho artículo.
La expedición de los decretos de corrección de yerros se enmarca dentro de las funciones ordinarias del Presidente encaminadas a la promulgación de las leyes (C.P., art. 189, num. 10), como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la Sentencia C-500 de 2001 (36) se revisó la constitucionalidad del parágrafo 3º del artículo 47 de la Ley 640 de 2001. En esa oportunidad se verificó si en el trámite legislativo de la mencionada norma se incurrió en un vicio de procedimiento por haber sido desconocidos los debates reglamentarios establecidos en el artículo 157 de la Constitución, y si se generó una ruptura de la unidad de materia. La Corte declaró la inconstitucionalidad de la totalidad del artículo 47 de la Ley 640 de 2001 al encontrar que este no surtió los debates dispuestos por la Constitución y que su texto apareció como producto de la comisión accidental de conciliación.
En la revisión del trámite legislativo del artículo demandado se constató que, después de la expedición de la Ley 640 de 2001, el Presidente de la República expidió el Decreto 131 de 2000, con el cual se pretendía subsanar el presunto yerro en que se incurrió en el artículo 47 de la ley (37) . En la sentencia se estableció que la expedición de dicho decreto estaba circunscrita a las facultades ordinarias del Presidente de la República:
Como ya se ha expresado mediante el Decreto 131 de 2001, el Gobierno Nacional, conforme a los considerandos del mismo, buscó subsanar “un yerro” en su contenido, que hace consistir en que, según las expresiones allí mismo consignadas, por error en el texto de la ley se aludió al parágrafo tercero del artículo 52 de la Ley 510 cuando ha debido hacerse referencia tan solo al parágrafo primero del mencionado artículo. El gobierno en el encabezamiento del decreto y en la respectiva motivación invoca como fundamento normativo de este a la Ley 4ª de 1913, cuyo artículo 45 dispone:
“Los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencia de unas leyes a otras no perjudicarán y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador”.
Así las cosas, el Decreto 131 de 2001 ha de enmarcarse dentro de las funciones propias del Presidente de la República, encaminadas a la promulgación de las leyes (C.P., art. 189, num. 10).
A su vez en dicha sentencia se consideró que el control del decreto no era procedente ya que su revisión implicaría necesariamente pronunciarse sobre la “competencia constitucional enderezada a la promulgación de la ley” del Presidente de la República:
De otra parte para la Corte es evidente que el juicio de constitucionalidad que se intentara del decreto en mención tiene que pasar de manera indispensable por la confrontación entre el contenido de este y la Ley 4ª de 1913, invocada como fundamento del mismo.
Igualmente no puede desconocerse que la identidad de “contenido” que señala el señor procurador no implica un idéntico tratamiento desde el punto de vista del control de juridicidad de la ley y del decreto. En efecto, mientras que en el caso de autos, el análisis del tramite de la ley busca establecer si este fue el constitucionalmente apropiado, el estudio del decreto debe estar encaminado a determinar si el Presidente de la República usó bien —dentro del marco legal— su competencia constitucional enderezada a la promulgación de la ley (C.P., art. 165, en concordancia con el art. 189-10).
Finalmente, si bien es cierto que por resultas de la decisión de inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas el decreto puede llegar a carecer de objeto, es también cierto que la ley para tales eventos ofrece soluciones especificas como la contenida en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo (D.L. 1/84), por lo cual no es necesario asumir el control del decreto, aspecto este susceptible de fundadas dudas habida cuenta que las competencias de la Corte en materia de control de constitucionalidad de los decretos expedidos por el gobierno solo pueden ejercitarse en los precisos y restrictivos términos del artículo 241 de la Constitución que en todo caso han de interpretarse en armonía con lo dispuesto en los artículos 237 y 238 de la misma, que regulan las competencia propias del Consejo de Estado como tribunal supremo en lo contencioso administrativo.
La Sentencia C-232 de 2002 (38) reiteró que la expedición de los decretos de yerros es una función presidencial que corresponde a sus facultades ordinarias:
Habiéndose corregido el anotado yerro por medio del procedimiento adecuado, el que era atribuible a la función presidencial de promulgación de las leyes (39) , puede concluirse que no es necesario que la Corte se pronuncie de fondo sobre la conjunción disyuntiva “o” por cuanto la misma nunca formó parte del texto del artículo 180 de la Ley 599 de 1999 y el error ya fue enmendado, motivo por el cual se declarará inhibida respecto de ella en la parte resolutiva de esta providencia.
En otras oportunidades la Corte Constitucional ha revisado de manera excepcional decretos de yerros pero exclusivamente en razón a las particularidades del caso. Por ejemplo, la Sentencia C-334 de 2005, en la que se controlaron los artículos 4º (parcial) y 9º del Decreto 2637 de 2004, “Por el cual se desarrolla el Acto Legislativo 3 de 2002 para la implementación del sistema penal acusatorio” se verificó que la expedición de dicho decreto en conjunto con el Decreto 2697 de 2004, “Por el cual se corrigen yerros tipográficos del Decreto 2637 del 19 de agosto de 2004” estaba encaminado a modificar o adicionar la ley estatutaria de administración de justicia (L. 270/96). Por lo tanto, y atendiendo al explícito mandato constitucional de los artículos 153 y 248-1 que dispone a la Corte Constitucional ejercer el control de los proyectos de ley estatutaria, “tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación”, se consideró que lo correcto era proceder a su estudio integral y definitivo. Antes de la sentencia, ya había sido ordenado que se remitieran los decretos mencionados a la Corte Constitucional, por lo que se ordenó que la demanda, en esa oportunidad, fuese tenida como una intervención ciudadana en el pronunciamiento definitivo de la totalidad de los decretos (40) .
En concordancia con la anterior providencia, la Corte Constitucional en la Sentencia C-672 de 2005 (41) revisó la constitucionalidad de los decretos 2637 de 2004 y 2697 de 2004 y declaró la inexequibilidad de ambos porque el Presidente de la República desbordó la competencia excepcional que le fue atribuida por el Acto Legislativo 3 de 2002 ya que el “decreto —2637/2004— no se orienta a desarrollar las normas legales requeridas para la puesta en funcionamiento de la nueva estructura básica de acusación y juzgamiento, sino que, lejos de ello, modifica múltiples disposiciones de la ley estatutaria de la administración de justicia que nada tienen que ver con ese nuevo modelo de justicia penal”. En esa ocasión los dos decretos revisados se encontraban inescindiblemente ligados por lo que la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 2637 de 2005 implicaba la necesaria inexequibilidad del Decreto 2697 de 2005, que corregía los yerros del primero. Adicionalmente la Corte estableció que el decreto de yerros no se limitó a corregir los errores tipográficos y caligráficos del primero sino que procedió a alterar sustancialmente el sentido de las normas que supuestamente corregía:
De este modo, es claro para la Corte que el Gobierno Nacional, a través del Decreto 2697 de 2004 no se limitó a corregir yerros tipográficos advertidos en el Decreto 2637 de ese año, sino que, lejos de ello, le introdujo modificaciones y adiciones que variaron sustancialmente el alcance del título, del encabezado y de dos de las reglas de derecho contenidas en este último (42) .
Habiendo reiterado la jurisprudencia de esta Corte que establece que i) la expedición de los decretos de yerros se encuentra comprendida y circunscrita a las facultades administrativas del Presidente de la República; ii) la Corte Constitucional no es competente para revisar los decretos que el Presidente de la República haya expedido en desarrollo de sus facultades administrativas ordinarias salvo en circunstancias excepcionales precisadas en la jurisprudencia; y adicionalmente como lo establece el artículo 241-4 de la Constitución iii) la Corte Constitucional es competente para conocer de la constitucionalidad de las leyes y códigos expedidos por el Congreso tanto por vicios formales como por vicios materiales, se pasa a revisar los artículos demandados y aquellos que han sido integrados en la revisión de constitucionalidad, en lo que hace referencia a su sanción y promulgación para poder establecer en qué momento se dieron los cambios que se aducen en la demanda.
4. Evolución del contenido de los artículos 8º, 16, 32, 37, 56, 294, 85, 158, 181, 184, 198, 207, 240, 242, 264, 307, 317, 324, 364, 407, 414, 439, 474, 484, 530 y 531 y de la titulación de algunos capítulos de la Ley 906 de 2004, desde su aprobación por el Congreso.
Pasa la Corte a verificar el texto de los artículos demandados al igual que los integrados para su revisión en la sentencia, conforme a lo aprobado por el Congreso y lo sancionado por el gobierno. Se resaltará en negrilla el texto respecto del cual los demandantes afirman que el Presidente de la República alteró el contenido del proyecto de ley.
4.1. Artículo 8º de la Ley 906 de 2004.
Gaceta 529 de 2004 Texto Sancionado por el Presidente de la República
Diario Oficial. Año CXL. Nº 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 1 Texto del Decreto 2270 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 40 Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el Decreto 2770 de 2004
Diario Oficial. Año CXL. Nº 45658. 1º, septiembre, 2004. Pág. 1
(...). ART. 8º—Defensa. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a:
(...). ART. 1º—Corrígese el literal (l) del artículo 8º de la Ley 906 de 2004 cuyo tenor literal será el siguiente:
l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En el evento de los literales c) y j) requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor. l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En el evento de los literales c) y j) requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor. l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales (b) y (k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En estos eventos requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor”. l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En estos eventos requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor.
De acuerdo a lo constatado, según publicación en las gacetas del Congreso 167 de 2004, para texto aprobado en la Cámara de Representantes, y 273 de 2004, correspondiente al texto aprobado por Senado de la República, el anterior artículo fue aprobado en forma idéntica en Cámara y Senado. Por lo tanto, para el literal demandado no operó la figura de la conciliación. El Presidente sancionó el texto como fue aprobado por el Congreso, la norma fue publicada en el Diario Oficial 45657 y después se expidió un decreto de yerros que lo modificaba.
En las consideraciones del Decreto 2770 de 2004 se sustenta dicha modificación de la siguiente manera:
Los literales a que alude el decreto de yerros en su parte motiva dicen lo siguiente:
ART. 8º—(...).
Se debe anotar que la Corte Constitucional, en Sentencia C-822 de 2005 (43) se pronunció sobre la constitucionalidad de la expresión “o civil” contenida en el literal b) del artículo 8º del Código de Procedimiento Civil. En dicha oportunidad se declaró la exequibilidad de la expresión pues se consideró que la garantía de la no incriminación de los parientes hasta el cuarto grado civil no era violatoria del artículo 33 superior.
4.2. Artículo 16 de la Ley 906 de 2004.
ART. 16.—Inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías o ante el juez de conocimiento, según el caso. ART. 16.—Inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías o ante el juez de conocimiento, según el caso. “ART. 16.—Inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías”. ART. 16.—Inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías.
De acuerdo a lo constatado, según publicación en la gacetas del Congreso 167 de 2004, texto aprobado en la Cámara de Representantes y 273 de 2004, correspondiente al Senado de la República, el anterior artículo fue aprobado en forma idéntica en Cámara y Senado. Para el artículo no operó la figura de la conciliación. El Presidente sancionó el texto como fue aprobado por el Congreso, la norma fue publicada en el Diario Oficial 45657 y después se expidió un decreto de yerros que suprimía un aparte del artículo. El sustento de la anterior supresión es el siguiente:
Que en el curso del proceso legislativo las normas aprobadas finalmente establecen que la prueba anticipada solo podrá practicarse ante el juez de control de garantías, y como corolario de lo anterior, resulta contradictoria la facultad de practicar prueba anticipada ante el juez de conocimiento.
Se debe advertir que en la Sentencia C-591 de 2005 (44) se revisó el aparte del artículo 16 de la Ley 906 de 2004 que dispone “Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías”. Es decir, se juzgó la constitucionalidad la versión que fue promulgada en el Diario Oficial 45658, que corresponde a lo modificado por el decreto de yerros. En esa oportunidad la Corte Constitucional decidió declarar exequible el aparte de la disposición demandada, por el cargo analizado. La Corte consideró que la práctica de pruebas anticipadas en circunstancias excepcionales y respetando el derecho de defensa y de contradicción, durante una audiencia ante el juez de control de garantías, no vulnera el principio de inmediación de la prueba en un sistema acusatorio. La sentencia debe estar fundada en pruebas practicadas durante el juicio oral, y la norma acusada exige la repetición de la prueba practicada anticipadamente, de ser fácticamente posible.
Las normas de la Ley 906 de 2004, adicionales al demandado, que hacen referencia a la prueba anticipada corresponden a los artículos 15, 112, 125, 154, 274, 284, 285, 337 y 383 (45) .
4.3. Artículo 32 de la Ley 906 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. N. 45658. 1º, septiembre, 2004. Pág. 1
PAR.—Cuando los funcionarios a los que se refieren los literales 6º, 7º y 9º anteriores hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero solo se mantendrá para los delitos que tengan relación con las funciones desempeñadas. ART. 32.—De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:
PAR.—Cuando los funcionarios a los que se refieren los literales 6º, 7º y 9º anteriores hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero solo se mantendrá para los delitos que tengan relación con las funciones desempeñadas. “ART. 32.—De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:
PAR.—Cuando los funcionarios a los que se refieren los numerales 6º, 7º y 9º anteriores hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero solo se mantendrá para los delitos que tengan relación con las funciones desempeñadas”. ART. 32.—De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:
De acuerdo a lo constando en las gacetas del Congreso 167 de 2004, 273 de 2004 y 286 de 2004 el texto del artículo fue aprobado de manera idéntica por las plenarias del Senado y de la Cámara, pero el texto que correspondía al numeral 10 en la Cámara de representantes fue cambiando por la plenaria del Senado para que fuera titulado como parágrafo. La comisión de conciliación conservó la titulación de “parágrafo” para el texto final del artículo. La disposición no fue objetada por el gobierno. La modificación del artículo, efectuada por el Decreto 2770 de 2004, fue sustentada de la siguiente manera:
4.4. Artículo 37 de la Ley 906 de 2004.
4. La investigación de oficio no impide aplicar, cuando la decisión se considere necesaria, los efectos propios de la querella para beneficio y reparación integral de la víctima del injusto.
5. De la función de control de garantías. ART. 37.—De los jueces penales municipales. Los jueces penales municipales conocen:
5. De la función de control de garantías. “ART. 37.—De los jueces penales municipales. Los jueces penales municipales conocen:
4. De la función de control de garantías”. ART. 37.—De los jueces penales municipales. Los jueces penales municipales conocen:
El artículo fue aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes estableciendo que el conocimiento de los jueces penales municipales de los delitos contra el patrimonio correspondería a aquellos delitos cuya cuantía fuera equivalente a cien (100) salarios mínimos legales vigentes. Dicha cuantía fue variada a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales vigentes por la plenaria del Senado y dicho texto fue el acogido por la comisión accidental de conciliación. El artículo no fue objetado por el gobierno. El cambio de numeración de los numerales fue sustentado así:
4.5. Artículo 56 de la Ley 906 de 2004.
ART. 56.—Causales de impedimento. Son causales de impedimento:
8. Que el fiscal haya dejado vencer el término previsto en el artículo 174 de este código para formular acusación o solicitar la preclusión ante el juez de conocimiento.
(...). ART. 56.—Causales de impedimento. Son causales de impedimento:
(...). “ART. 56.—Causales de impedimento. Son causales de impedimento:
El artículo fue aprobado de manera diferente por las plenarias de la Cámara y el Senado. El numeral octavo del artículo fue suprimido por la Plenaria del Senado pero la comisión de conciliación lo conservó variando la alusión inicial al artículo 171 para que quedara con una alusión al artículo 174. El artículo no fue objetado por el gobierno. La modificación se encuentra sustentada en el Decreto 2770 de 2004 de la siguiente manera:
4.6. Artículo 294 de la Ley 906 de 2004.
ART. 294.—Vencimiento del término. Vencido el término previsto en el artículo 174 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior.
(...). ART. 294.—Vencimiento del término. Vencido el término previsto en el artículo 174 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior.
(...). “ART. 294.—Vencimiento del término. Vencido el término previsto en el artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. D e no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior”. ART. 294.—Vencimiento del término. Vencido el término previsto en el artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior.
El artículo fue aprobado de manera diferente por las plenarias de la Cámara y el Senado y se conservó la versión aprobada por la plenaria del Senado, cambiando la referencia al artículo 176 por la referencia al artículo 174. El artículo no fue objetado por el gobierno. El Decreto 2770 de 2004 sustenta su modificación en los mismos términos que la del artículo 56:
4.7. Artículo 85 de la Ley 906 de 2004.
ART. 85.—Suspensión del poder dispositivo.
Presentada la solicitud, el juez de control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes y recursos cuando constate alguna de las circunstancias previstas en el artículo anterior. Si determina que la medida no es procedente, el fiscal examinará si el bien se encuentra dentro de una causal de extinción de dominio, evento en el cual dispondrá en forma inmediata lo pertinente para que se promueva la acción respectiva.
(...). ART. 85.—Suspensión del poder dispositivo.
(...). “ART. 85.—Suspensión del poder dispositivo.
Presentada la solicitud, el juez de control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes y recursos cuando constate alguna de las circunstancias previstas en el artículo 83. Si determina que la medida no es procedente, el fiscal examinará si el bien se encuentra dentro de una causal de extinción de dominio, evento en el cual dispondrá en forma inmediata lo pertinente para que se promueva la acción respectiva”. ART. 85.—Suspensión del poder dispositivo.
El artículo 85 fue aprobado de manera idéntica por las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado. Este no fue objetado por el gobierno y fue sancionado y publicado en el Diario Oficial 45657 como se verifica en el cuadro, de acuerdo a la Gaceta del Congreso 529 de 2004. La modificación de su texto, efectuada por el Decreto 2770 de 2004, fue sustentada así:
7. Que en el inciso segundo del artículo 85 de la Ley 906 de 2004 se hace referencia al artículo anterior en cuanto a la constatación de alguna de las circunstancias allí previstas, cuando ellas están consagradas en el artículo 83 de la referida ley.
4.8. Capítulo IV Del ejercicio del incidente de reparación integral.
El capítulo IV Del ejercicio del incidente de reparación integral”, de la Ley 906 de 2004 regula los artículos 101 a 108. El capítulo IV Del ejercicio del incidente de reparación integral”, de la Ley 906 de 2004 regula los artículos 101 a 108. Artículo 8º. Corrígese el título denominado “Capítulo IV Del ejercicio del incidente de reparación integral”, de la Ley 906 de 2004, el cual pasa a ser título de los artículos 102 a 108, inclusive, quedando el artículo 101 como último del “Capítulo III Medidas cautelares”. El capítulo IV Del ejercicio del incidente de reparación integral”, de la Ley 906 de 2004 regula los artículos 102 a 108.
El capítulo al que se hace referencia titulaba en su paso por la Cámara de Representantes los artículos 103 a 106C con el nombre de “Capítulo IV. Del ejercicio del incidente de reparación integral”. En la plenaria del Senado correspondía al “Capítulo IV. Del ejercicio del incidente de reparación integral” pero incluyendo los artículos numerados del 102 al 108. El texto presentado por la comisión accidental, según la Gaceta 286 de 2004, numeró los artículos 101 al 108 y mantuvo el mismo nombre del capítulo correspondiente (“Capítulo IV. Del ejercicio del incidente de reparación integral”). No obstante, incluyó el artículo 101 que regula la suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. La modificación efectuada por el decreto de corrección de yerros fue sustentada así:
4.9. Artículo 158 de la Ley 906 de 2004.
ART. 158.—Prórroga y restitución de términos.
(...). ART. 158.—Prórroga y restitución de términos.
(...). “ART. 158.—Prórroga de términos.
(...)”. ART. 158.—Prórroga de términos.
El artículo, de acuerdo a las gacetas del Congreso 167, 273 y 286 de 2004, fue aprobado de manera idéntica en las Plenarias de la Cámara y el Senado. Este no fue objetado por el gobierno y fue sancionado y publicado por el Presidente de la República como aparece en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. Sin embargo, el Decreto 2770 de 2004 modificó el título del artículo. La modificación fue sustentada así:
4.10. Artículo 181 de la Ley 906 de 2004.
ART. 181.—Procedencia.
2. Desconocimiento de la estructura del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes.
(...). ART. 181.—Procedencia.
(...). “ART. 181.—Procedencia (...).
2. Desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes”. ART. 181.—Procedencia.
El artículo fue aprobado de manera idéntica por las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado. El artículo no fue objetado por el gobierno y fue sancionado y promulgado en el Diario Oficial 45657 de acuerdo a lo aprobado por el Congreso que se constata en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. Su cambio de redacción fue sustentado en el Decreto 2770 de 2004 de la siguiente manera:
4.11. Artículo 184 de la Ley 906 de 2004.
ART. 184.—Admisión.
En caso contrario, se fijará fecha para la audiencia de sustentación que se celebrará dentro de los treinta (30) días siguientes, a la que podrán concurrir los no recurrentes para ejercer su derecho de contradicción dentro de los límites de la demanda. ART. 184.—Admisión.
En caso contrario, se fijará fecha para la audiencia de sustentación que se celebrará dentro de los treinta (30) días siguientes, a la que podrán concurrir los no recurrentes para ejercer su derecho de contradicción dentro de los límites de la demanda. “ART. 184.—Admisión.
Para el efecto, se fijará fecha para la audiencia de sustentación que se celebrará dentro de los treinta (30) días siguientes, a la que podrán concurrir los no recurrentes para ejercer su derecho de contradicción dentro de los límites de la demanda”. ART. 184.—Admisión.
Para el efecto, se fijará fecha para la audiencia de sustentación que se celebrará dentro de los treinta (30) días siguientes, a la que podrán concurrir los no recurrentes para ejercer su derecho de contradicción dentro de los límites de la demanda.
El artículo fue aprobado de manera diferente por las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado. La comisión accidental de conciliación, integrada para el efecto, conservó el texto aprobado por el Senado. El artículo no fue objetado por el gobierno y fue sancionado y promulgado en el Diario Oficial 45657 de acuerdo a lo aprobado por el Congreso, como se constata en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. La modificación efectuada por el Decreto 2770 de 2004 fue sustentada así:
4.12. Artículo 198 de la Ley 906 de 2004.
ART. 198.—Consecuencias del fallo rescindente. Salvo que se trate de las causales de revisión previstas en los numerales 4º y 5º del artículo 191, los efectos del fallo rescindente se extenderán a los no accionantes. ART. 198.—Consecuencias del fallo rescindente. Salvo que se trate de las causales de revisión previstas en los numerales 4º y 5º del artículo 191, los efectos del fallo rescindente se extenderán a los no accionantes. “ART. 198.—Consecuencias del fallo rescindente. Salvo que se trate de las causales de revisión previstas en los numerales 4º y 5º del artículo 192, los efectos del fallo rescindente se extenderán a los no accionantes”. ART. 198.—Consecuencias del fallo rescindente. Salvo que se trate de las causales de revisión previstas en los numerales 4º y 5º del artículo 192, los efectos del fallo rescindente se extenderán a los no accionantes.
El texto del artículo fue aprobado de manera idéntica por las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado pero la remisión al artículo, que prevé las causales de revisión, varió en cuanto a su numeración. En la plenaria de la Cámara de Representantes se hizo alusión al artículo 186; en la plenaria del Senado se remitió al artículo 193; y el texto presentado por la comisión accidental el artículo hace referencia al artículo 191. El artículo no fue objetado por el gobierno y fue sancionado y promulgado en el Diario Oficial 45657 de acuerdo a lo aprobado por el Congreso, como se constata en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. El Decreto 2770 de 2004 sustenta su cambio así:
4.13. Capítulo XI “Disposición común a la casación y acción de revisión” de la Ley 906 de 2004.
Acción de revisión CAPÍTULO X
Acción de revisión “CAPÍTULO XI
Disposición común a la casación y acción de revisión” CAPÍTULO XI
Disposición común a la casación y acción de revisión
El capítulo correspondiente al artículo 199, sobre el desistimiento, fue titulado en la plenaria de la Cámara de Representantes como “Capítulo X Disposición común a la casación y acción de revisión”; en la plenaria del Senado su denominación fue “Capítulo XI Disposición común a la casación y la acción de revisión”. El texto presentado por la comisión accidental de conciliación lo tituló “Capítulo X Acción de revisión”. La modificación de la titulación fue sustentada en el Decreto 2770 de 2004 como un error de digitación:
13. Que por error de digitación se repitió el capítulo X con su título acción de revisión, cuando en realidad se trata del Capítulo XI denominado “Disposición común a la casación y acción de revisión” del cual hace parte el artículo 199 de la Ley 906 de 2004 que prevé la posibilidad de desistir del recurso de casación o de la acción de revisión antes de que la Sala decida.
4.14. Artículo 207 de la Ley 906 de 2004.
ART. 14.—Corrígese el inciso primero del artículo 207 de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
ART. 207.—Programa metodológico. Recibido el informe de que trata el artículo 204, el fiscal encargado de coordinar la investigación dispondrá, si fuere el caso, la ratificación de los actos de investigación y la realización de reunión de trabajo con los miembros de la policía judicial. Si la complejidad del asunto lo amerita, el fiscal dispondrá, previa autorización del jefe de la unidad a que se encuentre adscrito, la ampliación del equipo investigativo.
(...). ART. 207.—Programa metodológico. Recibido el informe de que trata el artículo 204, el fiscal encargado de coordinar la investigación dispondrá, si fuere el caso, la ratificación de los actos de investigación y la realización de reunión de trabajo con los miembros de la policía judicial. Si la complejidad del asunto lo amerita, el fiscal dispondrá, previa autorización del jefe de la unidad a que se encuentre adscrito, la ampliación del equipo investigativo.
(...). “ART. 207.—Programa metodológico. Recibido el informe de que trata el artículo 205, el fiscal encargado de coordinar la investigación dispondrá, si fuere el caso, la ratificación de los actos de investigación y la realización de reunión de trabajo con los miembros de la policía judicial. Si la complejidad del asunto lo amerita, el fiscal dispondrá, previa autorización del jefe de la unidad a que se encuentre adscrito la ampliación del equipo investigativo”. ART. 207.—Programa metodológico. Recibido el informe de que trata el artículo 205, el fiscal encargado de coordinar la investigación dispondrá, si fuere el caso, la ratificación de los actos de investigación y la realización de reunión de trabajo con los miembros de la policía judicial. Si la complejidad del asunto lo amerita, el fiscal dispondrá, previa autorización del jefe de la unidad a que se encuentre adscrito, la ampliación del equipo investigativo.
El texto del artículo fue aprobado de manera idéntica tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. En su paso por el Congreso solo se varió la alusión al número del artículo que regula el informe al que hace referencia la disposición. En el texto aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes se trataba del artículo 199; en el texto aprobado por la plenaria del Senado del artículo 206; y en el texto final presentado por la comisión accidental de conciliación del artículo 204. El artículo no fue objetado por el gobierno y fue sancionado y promulgado en el Diario Oficial 45657 de acuerdo a lo aprobado por el Congreso, como se constata en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. Su modificación se sustenta así:
4.15. Artículo 240 de la Ley 906 de 2004.
ART. 240.—Vigilancia de cosas. El fiscal que dirija la investigación, que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que un inmueble, nave, aeronave o cualquier otro vehículo o mueble se usa para almacenar droga que produzca dependencia, elemento que sirva para el procesamiento de dicha droga, o para ocultar explosivos, armas, municiones, sustancias para producir explosivos y, en general, los instrumentos de comisión de un delito o los bienes y efectos provenientes de su ejecución, ordenará a la policía judicial vigilar esos lugares y esas cosas, con el fin de conseguir información útil para la investigación que se adelanta. Si en el lapso máximo de un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos.
En este último caso se aplicará lo dispuesto en el artículo siguiente sobre la vigilancia electrónica.
En todo caso se surtirá la autorización del juez de control de garantías para la determinación de su legalidad formal y material, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte de la fiscalía general. ART. 240.—Vigilancia de cosas. El fiscal que dirija la investigación, que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que un inmueble, nave, aeronave o cualquier otro vehículo o mueble se usa para almacenar droga que produzca dependencia, elemento que sirva para el procesamiento de dicha droga, o para ocultar explosivos, armas, municiones, sustancias para producir explosivos y, en general, los instrumentos de comisión de un delito o los bienes y efectos provenientes de su ejecución, ordenará a la policía judicial vigilar esos lugares y esas cosas, con el fin de conseguir información útil para la investigación que se adelanta. Si en el lapso máximo de un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos.
En todo caso se surtirá la autorización del juez de control de garantías para la determinación de su legalidad formal y material, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte de la fiscalía general. “ART. 240.—Vigilancia de cosas. El fiscal que dirija la investigación, que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que un inmueble, nave, aeronave o cualquier otro vehículo o mueble se usa para almacenar droga que produzca dependencia, elemento que sirva para el procesamiento de dicha droga, o para ocultar explosivos, armas, municiones, sustancias para producir explosivos y, en general, los instrumentos de comisión de un delito o los bienes y efectos provenientes de su ejecución, ordenará a la policía judicial vigilar esos lugares y esas cosas, con el fin de conseguir información útil para la investigación que se adelanta. Si en el lapso máximo de un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos.
En todo caso se surtirá la autorización del juez de control de garantías para la determinación de su legalidad formal y material, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte de la fiscalía general”. ART. 240.—Vigilancia de cosas. El fiscal que dirija la investigación, que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que un inmueble, nave, aeronave o cualquier otro vehículo o mueble se usa para almacenar droga que produzca dependencia, elemento que sirva para el procesamiento de dicha droga, o para ocultar explosivos, armas, municiones, sustancias para producir explosivos y, en general, los instrumentos de comisión de un delito o los bienes y efectos provenientes de su ejecución, ordenará a la policía judicial vigilar esos lugares y esas cosas, con el fin de conseguir información útil para la investigación que se adelanta. Si en el lapso máximo de un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos.
En todo caso se surtirá la autorización del juez de control de garantías para la determinación de su legalidad formal y material, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte de la fiscalía general.
El artículo fue aprobado de manera diferente por la Cámara de Representantes y por el Senado y la comisión accidental conservó el inciso primero aprobado por el Senado y le adicionó los incisos 2º, 3º y 4? aprobados por la Cámara de Representantes. El artículo no fue objetado por el gobierno y fue sancionado y promulgado en el Diario Oficial 45657 de acuerdo a lo aprobado por el Congreso, como se constata en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. Su modificación fue sustentada de la siguiente manera:
15. Que en el inciso tercero del artículo 240 de la Ley 906 de 2004 se hace referencia a la vigilancia prevista en el artículo siguiente cuando la referencia correcta, de acuerdo con el curso del proyecto en el Congreso, es el artículo 239.
4.16. Artículo 242 de la Ley 906 de 2004.
ART. 242.—Actuación de agentes encubiertos.
(...). ART. 242.—Actuación de agentes encubiertos.
(...). “ART. 242.—Actuación de agentes encubiertos (...).
Durante la realización de los procedimientos encubiertos podrán utilizarse los medios técnicos de ayuda previstos en el artículo 239”. ART. 242.—Actuación de agentes encubiertos.
El artículo fue modificado en su paso por el Congreso en cuanto al orden gramatical de las expresiones del primer inciso del mismo. El artículo no fue objetado por el gobierno y fue sancionado y promulgado en el Diario Oficial 45657 de acuerdo a lo aprobado por el Congreso, como se constata en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. Sin embargo el Decreto 2770 de 2004 efectúo un cambio que se sustentó así:
4.17. Artículo 264 de la Ley 906 de 2004.
Diario Oficial. Año CXL. 45657. 31, agosto, 2004. Pág. 40 Texto final con la inclusión de las correcciones efectuadas por el Decreto 2770 de 2004.
ART. 264.—Identificación. Toda persona que aparezca como embalador y rotulador, o que entrega o recibe el contenedor de elemento material probatorio y evidencia física, deberá identificarse con su nombre completo y apellidos, el número de su cédula su (sic) ciudadanía y el cargo que desempeña. Así constará en el formato de cadena de custodia.
ART. 264.—Identificación. Toda persona que aparezca como embalador y rotulador, o que entrega o recibe el contenedor de elemento material probatorio y evidencia física, deberá identificarse con su nombre completo y apellidos, el número de su cédula su (sic) ciudadanía y el cargo que desempeña. Así constará en el formato de cadena de custodia. “ART. 264.—Identificación. Toda persona que aparezca como embalador y rotulador, o que entrega o recibe el contenedor de elemento material probatorio y evidencia física, deberá identificarse con su nombre completo y apellidos, el número de su cédula de ciudadanía y el cargo que desempeña. Así constará en el formato de cadena de custodia".
ART. 264.—Identificación. Toda persona que aparezca como embalador y rotulador, o que entrega o recibe el contenedor de elemento material probatorio y evidencia física, deberá identificarse con su nombre completo y apellidos, el número de su cédula de ciudadanía y el cargo que desempeña. Así constará en el formato de cadena de custodia.
El artículo 264, aprobado por la Cámara de Representantes fue acogido por la comisión accidental de conciliación, de acuerdo a la Gaceta del Congreso 286 de 2004. El artículo no fue objetado por el gobierno y fue sancionado y promulgado en el Diario Oficial 45657, de acuerdo a lo aprobado por el Congreso, como se constata en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. El texto del artículo fue modificado por el Decreto 2770 de 2004, por la siguiente razón:
4.18. Artículo 307 de la Ley 906 de 2004.
ART. 307.—Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento:
(...). ART. 307.—Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento:
(...). “ART. 307.—Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento:
(...)”. ART. 307.—Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento:
El artículo fue aprobado de manera diferente por la Cámara de Representantes y por el Senado y la comisión accidental de conciliación conservó el texto adoptado por el Senado. El gobierno no objetó el artículo y fue sancionado y promulgado en el Diario Oficial 45657, de acuerdo a lo aprobado por el Congreso, como se constata en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. Su modificación, de acuerdo al Decreto 2770 de 2004, fue sustentada así:
18. Que en el numeral 3º del artículo 307 de la Ley 906 de 2004 se incurrió en error gramatical que puede dar lugar a confusión al expresar “cuando sea requerido por el juez ante sí mismo o ante la autoridad que él designe”, siendo claro que el legislador quiso consagrar la presentación del imputado “ante el juez o ante la autoridad que él designe”.
4.19. Artículo 317 de la Ley 906 de 2004.
ART. 317.—Causales de libertad.
5. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la formulación de la acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juzgamiento. ART. 317.—Causales de libertad.
5. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la formulación de la acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juzgamiento. “ART. 317.—Causales de libertad (...).
5. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la formulación de la acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral”. ART. 317.—Causales de libertad.
El artículo fue aprobado de manera diferente en las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado. La comisión accidental concilió el texto para quedar como fue aprobado por la plenaria del Senado. El gobierno no objetó el artículo y lo sancionó y publicó, de acuerdo a lo que aparece en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. Sin embargo, este fue modificado por el Decreto 2770 de 2004 y su cambio fue sustentado como una imprecisión:
19. Que en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 se incurrió en imprecisión que puede dar lugar a confusión al referirse a la audiencia de juzgamiento cuando lo correcto es audiencia del juicio oral conforme lo establece el artículo 175 de la misma ley.
4.20. Título V “Principio de oportunidad” de la Ley 906 de 2004.
Principio de oportunidad TÍTULO IV
Principio de oportunidad ART. 20.—Corrígese el acápite de la Ley 906 de 2004 denominado “Título IV Principio de oportunidad” el cual pasa a ser “Título V Principio de oportunidad”. TÍTULO IV
El título que corresponde al principio de oportunidad cambió de numeración tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado y en el texto presentado por la comisión accidental de conciliación se numeró como “Título IV”. La modificación de la numeración se sustentó así:
4.21. Artículo 324 de la Ley 906 de 2004.
PAR. 2º—La aplicación del principio de oportunidad respecto de delitos sancionados con pena privativa de la libertad que excedan seis (6) años será proferida por el Fiscal General de la Nación o el delegado especial que designe para tal efecto.
(...). ART. 324.—Causales. El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos:
(...). “ART. 324.—Causales. El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos:
PAR. 2º—La aplicación del principio de oportunidad respecto de delitos sancionados con pena privativa de la libertad que exceda de seis (6) años será proferida por el Fiscal General de la Nación o el delegado especial que designe para tal efecto”. ART. 324.—Causales. El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos:
PAR. 2º—La aplicación del principio de oportunidad respecto de delitos sancionados con pena privativa de la libertad que exceda de seis (6) años será proferida por el Fiscal General de la Nación o el delegado especial que designe para tal efecto.
El texto del artículo fue aprobado de manera diferente en la Cámara de Representantes y el Senado. La comisión accidental concilió las discrepancias del artículo. El gobierno no lo objetó y sancionó y promulgó su texto en el Diario Oficial 45657, como aparece en la Gaceta del Congreso 529 de 2004. El cambio del artículo, de acuerdo al Decreto 2770 de 2004, se sustentó así:
La Corte Constitucional, en Sentencia C-673 de 2005 (46) , se pronunció sobre el numeral 16 del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal. El numeral fue declarado inexequible ya que este es vago y demasiado indeterminado al no fijar parámetros claros para la aplicación del principio de oportunidad por parte del fiscal, conforme lo exige el inciso primero del artículo 250 de la Constitución, por tratarse de una excepción al mandato de que el fiscal no puede suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, lo que impide así mismo, que el juez de control de garantías pueda ejercer un verdadero control del ejercicio de esa facultad.
4.22. Título VI “De la preclusión” de la Ley 906 de 2004.
De la preclusión TÍTULO V
De la preclusión ART. 22.—Corrígese el acápite de la Ley 906 de 2004 denominado “Título V De la preclusión” el cual pasa a ser “Título VI De la preclusión”. TÍTULO VI
La numeración del título “De la preclusión” cambió en la Cámara de Representantes y en el Senado y en el texto remitido por la comisión accidental de conciliación fue titulado como “Título V. De la preclusión”. El cambio efectuado por el Decreto 2770 de 2004 fue sustentado como un error de digitación, de acuerdo a la secuencia del Código de Procedimiento Penal:
4.23. Artículo 364 de la Ley 906 de 2004.
ART. 364.—Reanudación de la audiencia.
El juez podrá decretar recesos, máximo por dos (2) horas, cuando sean indispensables para el buen entendimiento de la audiencia, o cuando no comparezca un testigo y deba hacérsele comparecer coactivamente. En este evento el término podrá ampliarse prudencialmente. ART. 364.—Reanudación de la audiencia.
El juez podrá decretar recesos, máximo por dos (2) horas, cuando sean indispensables para el buen entendimiento de la audiencia, o cuando no comparezca un testigo y deba hacérsele comparecer coactivamente. En este evento el término podrá ampliarse prudencialmente. “ART. 364.—Reanudación de la audiencia.
El juez podrá decretar recesos, máximo por dos (2) horas, cuando sean indispensables para el buen entendimiento de la audiencia”. ART. 364.—Reanudación de la audiencia.
El artículo 364 de la Ley 906 de 2004 se aprobó en idéntica forma en Cámara de Representantes y Senado de la República. El Presidente sancionó el texto como fue aprobado por el Congreso, la norma fue publicada en el Diario Oficial 45657 y después se expidió un decreto de yerros que suprimía un aparte del artículo.
El Presidente de la República consideró que el anterior artículo debía suprimirse pues “(...) se incurrió en imprecisión al prever la comparecencia del testigo a la audiencia preparatoria, cuando este concurre es a la audiencia del juicio oral, como se establece en la parte segunda del capítulo III del título IV “Del juicio oral” de la misma ley; en consecuencia, debe eliminarse la expresión “, o cuando no comparezca un testigo y deba hacérsele comparecer coactivamente. En este evento el término podrá ampliarse prudencialmente” (47) .
El artículo 363 sobre la audiencia preparatoria dice:
ART. 363.—Suspensión. La audiencia preparatoria, además de lo previsto en este código, según proceda, solamente podrá suspenderse:
4.24. Artículo 407 de la Ley 906 de 2004.
ART. 407.—Número de peritos. A menos que se trate de prueba impertinente, irrelevante o superflua, el juez no podrá limitar el número de testigos expertos o peritos que sean llamados a declarar en la audiencia pública por las partes. ART. 407.—Número de peritos. A menos que se trate de prueba impertinente, irrelevante o superflua, el juez no podrá limitar el número de testigos expertos o peritos que sean llamados a declarar en la audiencia pública por las partes. “ART. 407.—Número de peritos. A menos que se trate de prueba impertinente, irrelevante o superflua, el juez no podrá limitar el número de peritos que sean llamados a declarar en la audiencia pública por las partes”. ART. 407.—Número de peritos. A menos que se trate de prueba impertinente, irrelevante o superflua, el juez no podrá limitar el número de peritos que sean llamados a declarar en la audiencia pública por las partes.
El artículo 407 se aprobó en idéntica forma en Cámara de Representantes y Senado de la República. El Presidente sancionó el texto como fue aprobado por el Congreso, la norma fue publicada en el Diario Oficial 45657 y después se expidió un decreto de yerros que suprimía un aparte del artículo. Dicha supresión fue sustentada de la siguiente manera en el decreto de yerros 2770 de 2004:
4.25. Artículo 414 de la Ley 906 de 2004.
ART. 414.—Admisibilidad del informe y citación del perito. Si el juez admite el informe presentado por la parte, en la audiencia preparatoria del juicio oral y público, inmediatamente ordenará citar al perito o peritos que lo suscriben, para que concurran a la audiencia con el fin de ser interrogados y contrainterrogados. ART. 414.—Admisibilidad del informe y citación del perito. Si el juez admite el informe presentado por la parte, en la audiencia preparatoria del juicio oral y público, inmediatamente ordenará citar al perito o peritos que lo suscriben, para que concurran a la audiencia con el fin de ser interrogados y contrainterrogados “ART. 414.—Admisibilidad del informe y citación del perito. Si el juez admite el informe presentado por la parte, en la audiencia preparatoria, inmediatamente ordenará citar al perito o peritos que lo suscriben, para que concurran a la audiencia del juicio oral y público con el fin de ser interrogados y contrainterrogados”. ART. 414.—Admisibilidad del informe y citación del perito. Si el juez admite el informe presentado por la parte, en la audiencia preparatoria, inmediatamente ordenará citar al perito o peritos que lo suscriben, para que concurran a la audiencia del juicio oral y público con el fin de ser interrogados y contrainterrogados.
Este artículo fue aprobado de forma idéntica por las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado. El gobierno no objetó la disposición y fue sancionada como fue aprobada por el Congreso. La norma fue publicada en el Diario Oficial No. 45657. Sin embargo, el Decreto 2770 de 2004 cambió su redacción sustentado la modificación así:
25. Que en el artículo 414 de la Ley 906 de 2004 se cometió un error en la expresión “audiencia preparatoria del juicio oral y público” cuando lo correcto es referir allí solamente la “audiencia preparatoria”, en tanto la locución “del juicio oral y público” debe ir más adelante, después del término audiencia, a la que precisamente deben concurrir los peritos a los que se refiere la disposición.
4.26. Artículo 439 de la Ley 906 de 2004.
ART. 439.—Prueba de referencia múltiple. Cuando una declaración contenga apartes que constituya prueba de referencia admisible y no admisible, deberán suprimirse aquellos no cobijados por las excepciones previstas en los artículos anteriores, salvo que de proceder de esa manera la declaración se torne en ininteligible, en cuyo caso se excluirá la declaración en su integridad. ART. 439.—Prueba de referencia múltiple. Cuando una declaración contenga apartes que constituya prueba de referencia admisible y no admisible, deberán suprimirse aquellos no cobijados por las excepciones previstas en los artículos anteriores, salvo que de proceder de esa manera la declaración se torne en ininteligible, en cuyo caso se excluirá la declaración en su integridad. “ART. 439.—Prueba de referencia múltiple. Cuando una declaración contenga apartes que constituya prueba de referencia admisible y no admisible, deberán suprimirse aquellos no cobijados por las excepciones previstas en los artículos anteriores, salvo que de proceder de esa manera la declaración se torne ininteligible, en cuyo caso se excluirá la declaración en su integridad”. ART. 439.—Prueba de referencia múltiple. Cuando una declaración contenga apartes que constituya prueba de referencia admisible y no admisible, deberán suprimirse aquellos no cobijados por las excepciones previstas en los artículos anteriores, salvo que de proceder de esa manera la declaración se torne ininteligible, en cuyo caso se excluirá la declaración en su integridad.
Este artículo fue aprobado de forma idéntica por las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado. El gobierno no objetó el artículo y lo sancionó de acuerdo a lo aprobado por el Congreso. La norma fue publicada en el Diario Oficial 45657. No obstante, este fue modificado por el Decreto 2770 de 2004, siendo sustentado dicho cambio así:
4.27. Capítulo III “Libertad condicional” de la Ley 906 de 2004.
Ejecución de medidas de seguridad CAPÍTULO II
Ejecución de medidas de seguridad ART. 27.—Corrígese el número y el título del capítulo II de la Ley 906 de 2004 que precede los artículos 471 a 473 de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal será el siguiente:
Libertad condicional” CAPÍTULO III
La titulación del capítulo segundo del Código de Procedimiento Penal, al igual que su numeración, se mantuvo tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de forma idéntica. Su modificación, por el Decreto 2770 de 2004, fue justificada así:
4.28. Artículo 474 de la Ley 906 de 2004.
ART. 474.—Procedencia.
Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional, salvo las excepciones de ley. ART. 474.—Procedencia.
Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional, salvo las excepciones de ley. “ART. 474.—Procedencia (...).
Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional, salvo las excepciones de ley”. ART. 474.—Procedencia.
Este artículo fue aprobado de forma idéntica en la Cámara de Representantes y en el Senado. El artículo no fue objetado por el gobierno y fue sancionado tal como fue aprobado por el Congreso, como se constata en el Diario Oficial 45657. Sin embargo, el Decreto 2770 de 2004 modificó su texto cambiando la expresión “la libertad condicional” por “la condena de ejecución condicional”. Dicha modificación se sustentó así:
28. Que en el inciso segundo del artículo 474 de la Ley 906 de 2004 se hace referencia impropia a la libertad condicional, regulada en el capítulo anterior, cuando en realidad se trata de condena de ejecución condicional, como se desprende del contenido de las normas pertinentes a este capítulo, concordantes con la misma institución regulada en el Código Penal.
4.29. Artículo 484 de la Ley 906 de 2004.
ART. 484.—Principio general.
La Fiscalía General de la Nación comunicará inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores para lo pertinente y librará, en término no superior a dos (2) días hábiles, la orden de captura con fines de extradición si fuere del caso, a tenor de lo dispuesto en el artículo 508 de este código. ART. 484.—Principio general.
La Fiscalía General de la Nación comunicará inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores para lo pertinente y librará, en término no superior a dos (2) días hábiles, la orden de captura con fines de extradición si fuere del caso, a tenor de lo dispuesto en el artículo 508 de este código. “ART. 484.—Principio general.
La Fiscalía General de la Nación comunicará inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores para lo pertinente y librará, en término no superior a dos (2) días hábiles, la orden de captura con fines de extradición si fuere del caso, a tenor de lo dispuesto en el artículo 509 de este código”. ART. 484.—Principio general.
La Fiscalía General de la Nación comunicará inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores para lo pertinente y librará, en término no superior a dos (2) días hábiles, la orden de captura con fines de extradición si fuere del caso, a tenor de lo dispuesto en el artículo 509 de este código.
El texto del artículo fue mantenido tal como fue aprobado por la plenaria del Senado. Este no fue objetado por el gobierno y fue sancionado tal como fue aprobado por el Congreso y publicado en el Diario Oficial 45657. Sin embargo este fue modificado por el Decreto 2770 de 2004, por la siguiente razón:
4.30. Artículo 530 de la Ley 906 de 2004.
ART. 530.—Selección de distritos judiciales. Con base en el análisis de los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1º de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo y Tunja.
(...). ART. 530.—Selección de distritos judiciales. Con base en el análisis de los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1º de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo y Tunja.
(...). “ART. 530.—Selección de distritos judiciales. Con base en el análisis de los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1º de enero de 2006 incluirá a los Distritos Judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal.
(...)”. ART. 530.—Selección de distritos judiciales. Con base en el análisis de los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1º de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal.
El anterior artículo sí sufrió modificaciones en su paso de la Cámara de Representantes al Senado de la República, fue objeto de conciliación y finalmente fue aprobado como se verifica en el cuadro. Las modificaciones que surtió el artículo se pueden constatar en las gacetas del Congreso de la República 285, 286 y 362 de 2004. El Presidente sancionó el texto como fue aprobado por el Congreso después de conciliado, la norma fue publicada en el Diario Oficial 45657 y después se expidió un decreto de yerros que adicionaba un distrito judicial al artículo. El Presidente de la República, para justificar dicho cambio, consideró:
Cosa distinta ocurre con los distritos judiciales de Arauca y San Andrés puesto que los hechos ocurridos en esas jurisdicciones, en vigencia del nuevo sistema, serán conocidos en fase de investigación por las direcciones seccionales de fiscalía de Cúcuta y Cartagena, respectivamente, en el año 2008, momento para el cual el nuevo sistema estará en vigencia en todo el territorio nacional.
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-801 de 2005 (48) , se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 530 del Código de Procedimiento Penal. En la sentencia se consideró que la aplicación progresiva del sistema penal acusatorio establecido por el Acto Legislativo 3 de 2002 en los distintos distritos judiciales del país no vulneraba los artículos 13 y 29 de la Constitución, por lo que se declaró exequible por los cargos formulados.
4.31. Artículo 531 de la Ley 906 de 2004.
ART. 531.—Proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos (...).
(...). ART. 531.—Proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos (...).
(...). “ART. 531.—Proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos (...).
Los fiscales y jueces, en los casos previstos en los incisos anteriores, procederán de inmediato a su revisión para tomar las determinaciones. En una sola decisión se podrán agrupar todos los casos susceptibles de este efecto".
El artículo 531 de la Ley 906 de 2004 fue aprobado de manera idéntica en Cámara de Representantes y en el Senado de la República por lo que no surtió el trámite de la conciliación. Sin embargo el artículo fue objetado por el Presidente. Las plenarias del Congreso aceptaron parcialmente la objeción presidencial y, en consecuencia, acordaron dejar la disposición como aparece en la primera columna del cuadro anterior. La aprobación del texto de artículos 531 después de la objeción presidencial se puede verificar en las gacetas del Congreso 425 y 527 de 2004. El Presidente sancionó el texto como fue aprobado por el Congreso después del anterior trámite, la norma fue publicada en el Diario Oficial 45657 y después se expidió un decreto de yerros que modificaba la expresión “inciso anterior” por incisos anteriores”. En cuanto a este artículo los considerandos del Decreto 2770 de 2004 disponen:
4.32. Conclusión de la comparación de textos.
Del anterior recuento se desprende que los artículos 8º, 16, 32, 37, 56, 294, 85, 158, 181, 184, 198, 207, 240, 242, 264, 307, 317, 324, 364, 407 414, 439, 474, 484,530 y 531 al igual que la titulación de: i) el capítulo X (De la acción de revisión), ii) el título V (El principio de oportunidad), iii) el título V (De la preclusión), la titulación y numeración del “Capítulo II Ejecución de medidas de seguridad” y el título del artículo 158 (Prórroga y restitución de términos) de la Ley 906 de 2004 fueron objeto de sanción presidencial tal como fueron aprobados por el Congreso. A su vez, la ley que contenía dichas normas fue publicada en el Diario Oficial 45657. No obstante, después, se expidió un decreto de corrección de yerros mediante el cual se efectuaron ciertas modificaciones a dichas disposiciones. Entonces, los cambios fueron introducidos mediante un decreto fundado en el ejercicio de las facultades que le confiere al Presidente de la República el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913 una vez el trámite de formación de la ley había terminado.
Los cambios efectuados en dicho decreto se pueden agrupar en modificaciones, supresiones y adiciones.
4.33. Modificaciones efectuadas por el Decreto 2770 de 2004.
El artículo 8º fue modificado disponiendo la presencia del abogado defensor para los eventos de los numerales b) (49) y k) (50) . En el artículo 531 se cambió la expresión “inciso anterior” por la expresión “incisos anteriores”. El artículo 32 se cambió la expresión “literales” por “numerales”. En el artículo 37 se cambió la numeración de los numerales volviendo el numeral cuarto parte del tercero. En el artículo 56 se hacía alusión al artículo 174 y dicha alusión se modificó al artículo 175 al igual que en el artículo 294. En el artículo 85 se cambió la expresión “en el artículo anterior” por “en el artículo 83”. Al artículo 184 se cambió la expresión “En caso contrario” por “Para el efecto”. Al artículo 198 se cambió la referencia que se hacía al artículo 191 por la referencia al artículo 192. El capítulo X “De la acción de revisión” que regula el artículo 199 fue modificado para pasar a numerarse como capítulo XI y llamarse “Disposición común a la casación y acción de revisión”. El artículo 207 hacía referencia al artículo 204 y fue modificado para hacer referencia al artículo 205. El artículo 240 contenía la expresión “En este último caso se aplicará lo dispuesto en el artículo siguiente sobre la vigilancia electrónica” que fue modificada por la expresión “En este último caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 239”. En el artículo 242 la expresión “previstos en el artículo anterior” fue modificada por la expresión “previstos en el artículo 239”. La expresión “su cédula su ciudadanía” del artículo 264 fue modificada por “su cédula de ciudadanía”. En el artículo 307 la expresión “cuando sea requerido ante el juez ante sí mismo o ante la autoridad que él designe” fue modificada por la expresión “cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe”. La referencia del artículo 317 a la audiencia de juzgamiento fue reemplazada por la referencia a la audiencia de juicio oral. La numeración del título sobre “el principio de oportunidad” cambió de corresponder al título V al IV. La expresión “excedan” del artículo 324 fue modificada a “exceda”. La numeración del título “De la preclusión” cambió su numeración de “Título V” a “Título VI”. La titulación y numeración del “Capítulo II Ejecución de medidas de seguridad” pasó a ser “Capítulo III Libertad condicional”. El artículo 439 pasó de contener la expresión “la declaración se torne en ininteligible” a “la declaración se torne ininteligible”.
La expresión “la libertad condicional” del artículo 474 pasó a ser “la condena de ejecución condicional”. La remisión del artículo 484 al artículo 508 fue modificada para hacer referencia al artículo 509.
4.34. Supresiones efectuadas por el Decreto 2770 de 2004.
Al artículo 16 se le suprimió la expresión “o ante el juez de conocimiento, según el caso”. Al artículo 364 se le suprimió la expresión “o cuando no comparezca un testigo y deba hacérsele comparecer coactivamente. En este evento el término podrá ampliarse prudencialmente”. Al artículo 407 se le suprimió la expresión “testigos expertos”. El título del artículo 158 pasó de ser “Prórroga y restitución de términos” a “Prórroga de términos”. Al artículo 181 se le suprimió la expresión “de la estructura”. La expresión “del juicio oral y público” fue suprimida del artículo 414.
4.35. Adiciones efectuadas por el Decreto 2770 de 2004.
Al artículo 530 se le incluyó el distrito judicial de Yopal en la aplicación, a partir del 1 de enero de 2005, del nuevo sistema penal.
5. La competencia de la Corte Constitucional para pronunciarse sobre las normas del Código de Procedimiento Penal.
De los antecedentes de la Ley 906 de 2004 se desprende que una vez publicado el texto aprobado por las plenarias del Congreso de la República, de acuerdo a lo consignado en la Gaceta del Congreso 529 de 2004, el texto fue sancionado y promulgado tal como fue aprobado por el Congreso. Posteriormente el Presidente de la República expidió el Decreto 2770 de 2004, en ejercicio de la facultad concedida por el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913.
Los cargos de la demanda se refieren a la inconstitucionalidad de los artículos 8º, 16, 364, 407, 530 y 531 de la Ley 906 de 2004 por no haber surtido los debates establecidos en la Constitución y porque el Presidente de la República sancionó un texto diferente al que se aprobó por el Congreso al haber expedido un decreto de yerros que modificaba los artículos aprobados por el Congreso. Al objeto de este juicio también fueron integradas todas las disposiciones de la Ley 906 de 2004 con el fin de identificar y apreciar en su integridad los cambios que le fueron introducidos por el decreto de corrección de yerros. Se advirtió que habían sido objeto de cambios y se efectúo, por consiguiente, la comparación entre el texto aprobado y sancionado, de un lado, y el texto “corregido”, de otro lado. Específicamente se encontraron cambios en los artículos 8º, 16, 32, 37, 56, 85, 158, 181, 184, 198, 207, 240, 242, 264, 294, 307, 317, 324, 364, 407, 414, 439, 474, 484, 530 y 531 así como la titulación de: i) Capítulo X (De la acción de revisión), ii) el título V (El principio de oportunidad), iii) el título V (De la preclusión), la titulación y numeración del “Capítulo II Ejecución de medidas de seguridad” y el título del artículo 158 (Prórroga y restitución de términos) por unidad normativa. Como ha sido constatado en esta sentencia el trámite que surtieron las disposiciones referidas, en cuanto a la sanción y promulgación de la norma, fue acorde a la regulación constitucional.
La Corte Constitucional tiene la competencia para revisar la constitucionalidad de leyes y códigos expedidos por el Congreso de acuerdo a lo establecido en el artículo 241-4 de la Constitución. En esta oportunidad las normas que han sido demandadas son normas que pertenecen al Código de Procedimiento Penal. El artículo 150-2 (51) establece que es el Congreso el órgano competente para expedir códigos. En el precedente análisis se ha constado que las normas revisadas han sufrido una modificación sustancial del contenido material de la ley aprobada por el Congreso de la República, sancionada por el Presidente de la República y publicada en el Diario Oficial 45.567 de 2004.
Después, la ley “corregida” fue publicada en el Diario Oficial 45658. Esto llevó a que haya dos textos de la misma ley, no uno solo, publicados de manera diferente en el Diario Oficial.
Si bien la Corte Constitucional no es competente para conocer del decreto de corrección de yerros sí lo es para conocer de la ley, la cual, en este caso, ha sufrido cambios sustanciales después de su sanción y promulgación. Por lo tanto, para preservar la voluntad del Congreso expresada según el procedimiento de formación de la ley establecido en la Constitución se deberá declarar exequible la Ley 906 de 2004 tal como fue aprobada por el Congreso de la República, sancionada por el Presidente de la República y promulgada en el Diario Oficial 45.657. En este sentido se condicionará la exequibilidad de la Ley 906 de 2004.
La Corte entiende que pueden darse contradicciones o presentarse confusiones entre normas de dicha ley por fallas de técnica legislativa, pero estas deben ser resueltas de acuerdo a los criterios de interpretación de las normas establecidos en la Ley 153 de 1887 y en la Ley 57 de 1887. Por ejemplo, la Corte Constitucional en Sentencia C-657 de 2005 (52) revisó la constitucionalidad del artículo 1º de la Ley 882 de 2004, que modificaba el artículo 229 de la Ley 599 2000. Los apartes demandados son los que se subrayan a continuación:
Dentro de los cargos presentados en la demanda se indicaba que la expresión “artículo anterior” debía ser retirada del ordenamiento, por ser esta un error del legislador, ya que era claro que el reenvío normativo era al inciso anterior (53) . La Corte debía establecer si la errónea remisión al “artículo anterior”, contenida en el segundo inciso de la norma demandada, resultaba contraria al principio de tipicidad en materia penal y, por consiguiente, contraria al principio de legalidad. La Corte se pronuncio de la siguiente manera:
Tal como se pone de presente por la demandante, la referencia al “artículo anterior” contenida en la disposición acusada obedece a un evidente error del legislador y es claro que, en realidad, se quería significar el “inciso anterior”. Sin embargo, la acción de inconstitucionalidad no es la vía para la corrección de los errores en los que incurra el legislador, cuando ellos, en si mismos considerados, no constituyan un vicio de inconstitucionalidad, bien sea por defecto de trámite o por manifestarse en una disposición contraria a la Constitución. En el presente caso se está ante un problema de aplicación de la norma, para lo cual los operadores jurídicos deberán tener en cuenta que existió claridad en el propósito legislativo, en la medida en que la ley se introdujo precisamente con el propósito de establecer unos agravantes punitivos al tipo preexistente de la violencia intrafamiliar, y que no obstante el error en la remisión, es evidente que ellos se predican de las conductas descritas en el mismo artículo, en su inciso primero.
Las posibles incongruencias o confusiones que puedan surgir del texto de la Ley 906 de 2004 que será declarada exequible, por los cargos analizados, pueden ser resueltas de acuerdo a los métodos de interpretación de la ley, atendiendo al real significado de la norma pertinente, a la intención del legislador y a la estructura del código que conforma un sistema de procedimiento penal nuevo de orientación acusatoria.
En el nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
DECLARAR EXEQUIBLE, por el cargo analizado, la Ley 906 de 2004, en el entendido de que su texto único es el aprobado por el Congreso de la República, sancionado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial 45.657 del 31 de agosto de 2004.
(15) Decreto 2067 de 1991. ART. 6º—“El magistrado sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere que esta no incluye las normas que deberían ser demandadas para que el fallo en sí mismo no sea inocuo, y ordenará cumplir el trámite previsto en el inciso segundo de este artículo. La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales”.
(16) Ver, entre otras, las sentencias C-221 de 1997, C-320 de 1997 y C-204 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-010 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz; C-173 de 2001 y C-514 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-813 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería, C-1031 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-251 de 2002, Ms.Ps. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández; C-373 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-642 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(17) Sentencia C-320 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero reiterado en Sentencia C-591 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(18) En la Sentencia C-539 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, se enunciaron, como siguen, las hipótesis que permiten la integración de la unidad normativa: “Excepcionalmente, la Corte puede conocer sobre la constitucionalidad de leyes ordinarias que no son objeto de control previo u oficioso, pese a que contra las mismas no se hubiere dirigido demanda alguna. Se trata de aquellos eventos en los cuales procede la integración de la unidad normativa. Sin embargo, para que, so pretexto de la figura enunciada, la Corte no termine siendo juez oficioso de todo el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia ha señalado que la formación de la unidad normativa es procedente, exclusivamente, en uno de los siguientes tres eventos. En primer lugar, procede la integración de la unidad normativa cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada. En estos casos es necesario completar la proposición jurídica demandada para evitar proferir un fallo inhibitorio. En segundo término, se justifica la configuración de la unidad normativa en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas. Esta hipótesis pretende evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo. Por último, la integración normativa procede cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad”. Sobre integración de la proposición jurídica pueden consultarse las sentencias C-320 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-560 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández, C-565 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández y C-1647 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández; C-064 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Sobre integración de unidad normativa respecto de normas que resultan prima facie inconstitucionales, ver entre otras sentencias C-320 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-871 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(19) Sentencia C-707 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(20) Este rasgo permite distinguir la unidad normativa de la llamada proposición jurídica completa, pues esta última figura se presenta cuando el alcance normativo contenidos en la disposición carece de sentido regulante propio aislado del contexto dentro del cual está insertado. Sobre el tema pueden consultarse entre otras las sentencias C-357 de 1999 y C-409 de 1994.
(21) Sentencia C-349 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(22) Sentencia C-538 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(23) Constitución Política. ART. 241.—A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:
(24) La Sentencia C-084 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz señala la diferencia entre la promulgación y la sanción de una norma en los siguientes términos:
“La sanción del proyecto de ley es el acto mediante el cual el gobierno lo aprueba, y da fe de su existencia y autenticidad. Este acto constituye un requisito esencial que pone fin al proceso formativo de la ley, tal como lo prescribe el artículo 157 numeral 4º de la Constitución, que dice:
“ART. 167.—Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes: (...).
El artículo 166 de la Constitución, señala términos preclusivos dentro de los cuales el gobierno debe sancionar el proyecto de ley aprobado. El plazo es de seis días, en el caso de que el proyecto tenga una cantidad de artículos igual o inferior a veinte; de diez días si tiene entre veintiuno y cincuenta artículos; y de veinte días si el número de artículos supera los cincuenta. Si el Presidente, como jefe de gobierno, no sanciona el proyecto de ley dentro de los términos establecidos, lo hará el presidente del Congreso, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 168 ibídem. Si la sanción de la ley consiste simplemente en la firma de la misma por parte del Presidente de la República, mal puede deducirse de allí la potestad de tal funcionario para señalar la vigencia de las leyes.
(25) Sentencia C-492 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara. La sentencia revisó la constitucionalidad del artículo 29 de la Ley 335 de 1996, que disponía que la ley regiría a partir de su sanción La sentencia declaró exequible la disposición por considerar que la vigencia de una norma se encuentra supeditada a la voluntad del legislador.
(26) Sentencia C-179 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(27) Fuller, Lon. The morality of Law. Yale University Press. New Haven, 1969. Págs. 49-51.
(28) Dicha obligación del gobierno está consagrada expresamente en el artículo 2º de la Ley 57 de 1985.
(29) Este principio está consagrado expresamente en el artículo 9º del Código Civil Colombiano y en el artículo 56 del Código de Régimen Político Municipal (L. 4ª/13).
(30) Sentencia de la Corte Constitucional C-544 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía. Aftalión, Enrique. Introducción al derecho. Op. cit. Pág. 293.
(31) Sentencia C-084 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(32) Sentencia C-161 de 1999 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(33) Sentencia C-306 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(34) Constitución Política. ART. 165.—Aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras, pasará al gobierno para su sanción. Si este no lo objetare, dispondrá que se promulgue como ley; si lo objetare, lo devolverá a la cámara en que tuvo origen.
ART. 166.—El gobierno dispone del término de seis días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte artículos; de diez días, cuando el proyecto contenga de veintiuno a cincuenta artículos; y hasta de veinte días cuando los artículos sean más de cincuenta.
Si transcurridos los indicados términos, el gobierno no hubiere devuelto el proyecto con objeciones, el Presidente deberá sancionarlo y promulgarlo. Si las cámaras entran en receso dentro de dichos términos, el Presidente tendrá el deber de publicar el proyecto sancionado u objetado dentro de aquellos plazos.
(35) Sentencia C-520 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(36) Sentencia C-500 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(37) La supresión efectuada por el decreto de yerros 131 de 2001 se ilustra a continuación resaltando lo relevante:
Ley 640 de 2001 Decreto 131 de 2001
ART. 47.—Los parágrafos 1º y 3º del artículo 148 de la Ley 446 de 1998, quedarán así:
PAR. 3º—Los defensores del cliente de las instituciones financieras también podrán actuar como conciliadores en los términos y bajo las condiciones de la presente ley”. ART. 47.—El parágrafo primero del artículo 148 de la Ley 446 de 1998, quedará así:
(38) Sentencia C-232 de 2002 M.P. Clara Inés Vargas. La sentencia revisó la constitucionalidad del artículo 180 de la Ley 599 de 2000 por la vulneración de los artículos 2º, 5º, 13, y 42 de la Constitución. En la sentencia se verificó que norma se aprobó finalmente en el Congreso sin la palabra “años” y así fue enviada para sanción presidencial; y que se dio una inclusión de la conjunción disyuntiva “o”, ocurrida en la publicación de la Ley 599 de 2000 en el Diario Oficial. La Corte se declaró inhibida de conocer de la constitucionalidad de la conjunción “o” del inciso primero del artículo demandado ya que el mismo había sido corregido por el Presidente de la República mediante un decreto de yerros. La Corte declaró exequible la disposición bajo el entendido que el delito de desplazamiento forzado está sancionado con las penas de prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de seiscientos (600) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años.
(39) Artículo 189 numeral 10 de la Constitución.
(40) Sentencia C-334 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. La parte resolutiva de la sentencia dispone:
“Primero. INHIBIRSE para decidir de fondo sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 4º (parcial) y 9º del Decreto 2637 de 2004, “Por el cual se desarrolla el Acto Legislativo 3 de 2002 para la implementación del sistema penal acusatorio”.
Segundo. ORDENAR que la demanda instaurada por el ciudadano Eudoro Echeverri Quintana se tenga como intervención ciudadana dentro del proceso de control automático de los decretos 2637 y 2697 de 2004 (Exp. PE-022)”.
(41) Sentencia C-672 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(42) Sentencia C-672 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(43) Sentencia C-822 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda.
(44) Sentencia C-591 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(45) Ley 906 de 2004: ART. 15.—Contradicción. Las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada.
ART. 112.—Actividad probatoria. El Ministerio Público podrá solicitar pruebas anticipadas en aquellos asuntos en los cuales esté ejerciendo o haya ejercido funciones de policía judicial siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos en el artículo 284 del presente código.
Así mismo, podrá solicitar pruebas en el evento contemplado en el último inciso del artículo 357 de este código.
ART. 274.—Solicitud de prueba anticipada. El imputado o su defensor, podrán solicitar al juez de control de garantías, la práctica anticipada de cualquier medio de prueba, en casos de extrema necesidad y urgencia, para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. Se efectuará una audiencia, previa citación al fiscal correspondiente para garantizar el contradictorio.
Se aplicarán las mismas reglas previstas para la práctica de la prueba anticipada y cadena de custodia.
ART. 285.—Conservación de la prueba anticipada. Toda prueba anticipada deberá conservarse de acuerdo con medidas dispuestas por el juez de control de garantías.
ART. 337.—Contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito de acusación deberá contener:
ART. 383.—Obligación de rendir testimonio. Toda persona está obligada a rendir, bajo juramento, el testimonio que se le solicite en el juicio oral y público o como prueba anticipada, salvo las excepciones constitucionales y legales (...).
(46) Sentencia C-673 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. SV Rodrigo Escobar Gil, Humberto Sierra Porto.
(47) Considerando 23 del Decreto 2770 de 2004.
(48) Sentencia C-801 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(49) ART. 8º—(…).
b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad; (...).
(50) k) Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia, de ser necesario aun por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate; (...).
(51) Constitución Política. ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
(52) Sentencia C-657 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(53) En la sentencia así se resumieron los cargos al respecto: “(...) la referencia al “artículo anterior” contenida en el segundo inciso de la norma demandada, es un evidente error del legislador, porque es claro que el reenvío normativo era al inciso anterior, sin embargo, y dado que en virtud de la exigencia del principio de legalidad, no cabe en este caso aplicar inferencias, esa equivocación trae consigo un menor nivel de protección, porque no solo haría inane la norma, en cuanto que se quedaría sin efecto la ampliación de la población en estado de vulnerabilidad, sino que además dejaría sin efecto también el único agravante que con anterioridad existía, que era el maltrato realizado contra un menor, razones por las cuales la mencionada expresión debe ser retirada del ordenamiento”.

References: artículo 531
 artículo 158
 artículo 242
 artículo 6
 artículo 158
 artículo 158
 artículo 241
 artículo 150
 artículo 157
 artículo 157
 artículo 52
 artículo 45
 artículo 47
 artículo 157
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 52
 artículo 45
 artículo 66
 artículo 241
 artículo 180
 artículo 241
 Artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 33
 Artículo 16
 artículo 16
 Artículo 32
 Artículo 37
 Artículo 56
 artículo 174
 artículo 171
 artículo 174
 Artículo 294
 artículo 174
 artículo 174
 artículo 175
 artículo 175
 artículo 176
 artículo 174
 artículo 56
 Artículo 85
 artículo 83
 artículo 85
 artículo 85
 artículo 83
 Artículo 8
 artículo 101
 artículo 101
 Artículo 158
 Artículo 181
 Artículo 184
 Artículo 198
 artículo 191
 artículo 191
 artículo 192
 artículo 192
 artículo 186
 artículo 193
 artículo 191
 artículo 199
 artículo 199
 Artículo 207
 artículo 207
 artículo 204
 artículo 204
 artículo 205
 artículo 205
 artículo 199
 artículo 206
 artículo 204
 Artículo 240
 artículo 240
 artículo 239
 Artículo 242
 artículo 239
 Artículo 264
 artículo 264
 Artículo 307
 artículo 307
 Artículo 317
 artículo 317
 artículo 175
 Artículo 324
 artículo 324
 artículo 250
 Artículo 364
 artículo 364
 artículo 363
 Artículo 407
 artículo 407
 Artículo 414
 artículo 414
 Artículo 439
 Artículo 474
 artículo 474
 Artículo 484
 artículo 508
 artículo 508
 artículo 509
 artículo 509
 Artículo 530
 artículo 530
 Artículo 531
 artículo 531
 artículo 158
 artículo 45
 artículo 8
 artículo 531
 artículo 32
 artículo 37
 artículo 56
 artículo 174
 artículo 175
 artículo 294
 artículo 85
 artículo 83
 artículo 184
 artículo 198
 artículo 191
 artículo 192
 artículo 199
 artículo 207
 artículo 204
 artículo 205
 artículo 240
 artículo 239
 artículo 242
 artículo 239
 artículo 264
 artículo 307
 artículo 317
 artículo 324
 artículo 439
 artículo 474
 artículo 484
 artículo 508
 artículo 509
 artículo 16
 artículo 364
 artículo 407
 artículo 158
 artículo 181
 artículo 414
 artículo 530
 artículo 45
 artículo 158
 artículo 241
 artículo 150
 artículo 1
 artículo 229
 artículo 157
 artículo 166
 artículo 168
 artículo 29
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 56
 artículo 148
 artículo 148
 artículo 180
 Artículo 189
 artículo 284
 artículo 357