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Timestamp: 2017-03-01 18:08:28+00:00

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Victoria Bustos Chávez
1 JURISPRUDENCIA PROVINCIAL DOCTRINA PLENARIA Para la procedencia de la presunción prevista en el artículo 27 de la ley , la denuncia de venta hecha ante la policía suple la que debe hacerse en el Registro Nacional de Propiedad del Automotor? Autos Labroussans de Bravo, María Eugenia vs. Macarón, Julio César y otros Sumario por Indemnización de Daños y Perjuicios, Expte. N 9354/96 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 2 Nominación del Distrito Judicial del Norte Orán; Expte. N /06 de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, y Expte. N 745/07 de Cámara en Pleno LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA I) RESUELVE que para la procedencia de la presunción prevista en el artículo 27 de la ley , la denuncia de venta hecha ante la policía no suple la que debe hacerse en el Registro Nacional de Propiedad del Automotor. II) DEJA sin efecto el fallo de fs. 855/866 y ordena que pasen las actuaciones a la Sala que resulte sorteada para que pronuncie nueva sentencia, de acuerdo a la doctrina plenaria establecida (art. 292 CPCC). III) CÓPIESE, regístrese y notifíquese. FALLO COMPLETO En la ciudad de Salta a los 15 días del mes de marzo del año dos mil diez en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, integrada por los doctores Oscar Gustavo Koehle, Graciela Carlsen, Mario Ricardo D Jallad, José Gerardo Ruiz, Marcelo Ramón Domínguez, Guillermo Félix Díaz, Alfredo Ricardo Amerisse, María Cristina Montalbetti, Graciela Susana Kauffman de Martinelli y Liliana Teresa Loutayf Ranea, siendo horas diez, formando Tribunal pleno en autos Labroussans de Bravo, María Eugenia vs. Macarón, Julio César y otros Sumario por Indemnización de Daños y Perjuicios, Expte. N 9354/96 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 2 Nominación del Distrito Judicial del Norte Orán; Expte. N /06 de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, y Expte. N 745/07 de Cámara en Pleno con el objeto de fijar la doctrina legal aplicable sobre el siguiente tema sometido a plenario: Para la procedencia de la presunción prevista en el artículo 27 de la ley , la denuncia de venta hecha ante2 la policía suple la que debe hacerse en el Registro Nacional de Propiedad del Automotor? A) Se transcriben los votos emitidos por los Sres. Jueces de acuerdo al orden de sorteo establecido a fs El doctor Marcelo Ramón Domínguez dijo: I) Al ser uno de los firmantes de la resolución de la Sala I de este Cuerpo que generara el pedido y la convocatoria a plenario, me anticipo a ratificar la doctrina expuesta en tal ocasión y que sustenta la sentencia rolante a fs. 855/ 866 de esta causa (más concretamente lo sentado en el considerando III de la misma cuando se tratara los agravios de la parte actora). II) Destacaba con la Dra. Susana K. de Martinelli y lo singularizo en esta ocasión que el Decreto ley 6582/58, modificado por la Ley , en el desarrollo de su articulado establece el sistema de inscripción constitutiva de derechos, de modo independiente a la posesión sobre el vehículo. El dominio de un automotor, jurídicamente hablando, nace entonces con la inscripción en el Registro respectivo y recién a partir de ese momento se producen los efectos de la transmisión entre las partes (art. 1º del Decreto Ley Nº 6.582/58). Así, la tradición no resulta modo suficiente para adquirir la propiedad del bien, ni aún entre partes, sino que la única forma posible es la inscripción registral, de carácter constitutivo, de los acuerdos transmisivos (conf. Viggiola - Molina Quiroga, Régimen Jurídico del Automotor, Ed. La Ley, 2002, pag. 26). Vale recordar que el originario texto del artículo 26 del Decreto Ley 6582/58 disponía: La falta de inscripción de la transferencia del dominio de los automotores de acuerdo con las prescripciones del presente decreto - ley presumirá la responsabilidad de la persona a cuyo nombre figure inscripto el vehículo, y en esos términos entonces, establecía una presunción iuris tantum de responsabilidad del titular registral. Y la reforma introducida por la Ley , en su art. 27 refuerza el aludido carácter constitutivo de la inscripción registral, disponiendo en su primer párrafo que: Hasta tanto se inscriba la transferencia el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor, en su carácter de dueño de la cosa. No obstante, si con anterioridad al hecho que motive su responsabilidad, el transmitente hubiere comunicado al Registro que hizo tradición del automotor, se reputará que el adquirente o quienes de este último hubiesen recibido el uso, la tenencia o la posesión -de aquél-, revisten con relación al transmitente el carácter de terceros por quienes él no debe responder, y que el automotor fue usado en contra de su voluntad. La comunicación prevista en este artículo, operará la revocación de la autorización para circular con el automotor, si el titular la hubiese otorgado, una vez transcurrido el término fijado en el3 artículo 15 sin que la inscripción se hubiere peticionado, e importará su pedido de secuestro, si en un plazo de treinta días el adquirente no iniciare su tramitación. La primera parte de la disposición en cita establece como regla que, el titular registral, hasta tanto se inscriba la transferencia será responsable de los daños y perjuicios que se produzcan con la cosa, en virtud de su carácter de dueño. Así entonces, la norma ya no presume su responsabilidad como en la redacción originaria del art. 26- sino que la consagra, ajustándose de tal suerte a lo que prescribe el art del Código Civil (conf. Borella, Régimen registral del automotor, Ed. Rubinzal Culzoni, pag. 426). Más, luego exceptúa de responsabilidad al transmitente que hubiere comunicado al Registro la tradición del automotor, presumiendo que el adquirente o quien hubiese recibido el uso, tenencia o posesión es, con relación al transmitente, un tercero por quien no debe responder y que el automotor fue usado en contra de su voluntad. Esta parte del referido artículo 27 ha generado doctrinaria y jurisprudencialmente posiciones antagónicas, y es su interpretación la que motiva el presente plenario. III) Sabido es que el derecho de daños se ha orientado hacia la protección de la víctima. En este sentido una de las preocupaciones esenciales ha sido la de aligerar la carga probatoria del lesionado en su patrimonio con el fin de restituir un equilibrio afectado por la masividad y la producción anónima de daños (Josserand, en Curso de Derecho Civil, E., t. II, vol. I, pag. 376, cit. por Lorenzetti, en Teoría general de distribución de la carga probatoria, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Prueba- I, Ed. Rubinzal Culzoni, pag. 78). Los factores objetivos de atribución más importantes son el riesgo creado, la garantía y la equidad y se caracterizan por fundar la responsabilidad civil sobre parámetros de esa naturaleza, con total abstracción de la idea de culpabilidad. Esta visión favorece la posición de la víctima, puesto que no debe probar la culpa del responsable para ser indemnizada. En esa línea protectoria de los derechos de la víctima es que originariamente el art. 26 del Decreto Ley 6582/58, establecía la presunción de responsabilidad del titular registral, que jurisprudencialmente había sido calificada como iuris tantum, aún cuando la norma no asignaba al mismo forma alguna de eximirse de ella. Dicha visión jurisprudencial fue receptada por la reforma introducida por la Ley , al incluir una presunción no ya de responsabilidad, sino de exención de responsabilidad, ante la comprobación de la realización de la denuncia de venta. En ese sentido Félix Trigo Represas analiza la evolución normativa y jurisprudencial en los siguientes términos Por ello es que se pudo sostener que igualmente sería responsable de los daños ocasionados a terceros quien resulte propietario del4 automotor conforme a la inscripción registral, aun cuando con anterioridad hubiese hecho entrega de la posesión del vehículo a otra persona. Lo cual resultaba además corroborado por lo que disponía el originario art. 26 del citado Decreto Ley 6582/58 ( ) lo que no constituía una presunción de propiedad sino de responsabilidad, como lo señala Moisset de Espanés, pues solamente se había querido expresar con ese giro la existencia de una presunción semejante a la que pesa sobre cualquier propietario de una cosa, y con los mismos alcances que el viejo art del Código Civil concedía a esa presunción, indicando que quien debe responder como propietario es el titular inscripto y no otra persona. Presunción que, a mayor abundamiento, no admitiría entonces prueba en contrario. ( ) Sin embargo la jurisprudencia mayoritaria de nuestros tribunales se fue orientando en otro sentido, resolviendo que lo establecido en el art. 26 del Decreto Ley 6582/58 era una presunción iuris tantum, susceptible de demostración en contrario; por lo que no se podía hacer cargar al primitivo dueño de un vehículo de las consecuencias civiles de los daños con él producidos, si había prueba de que aquél se había desvinculado de su guarda, comprometiendo en venta la unidad y transmitiendo la posesión al adquirente. Criterio este que inclusive fue acogido en su momento por la entonces existente Cámara Nacional Especial en lo Civil y Comercial, en su plenario del día 18 de agosto de 1980 en los autos Morrazo c. Villareal ( ) Nosotros también adherimos a esta doctrina, la que entendemos encuentra adecuado fundamento en la circunstancia de que el adquirente a quien se le hizo entrega de la posesión del automotor enajenado y lo utiliza desde entonces con ánimo de dueño pasa a ser desde ese momento un tercero extraño con relación al primitivo propietario, razón por la cual el daño que de ahí en más se pudiese causar con dicho vehículo habrá de resultar para el todavía titular registral, en rigor un propietario sólo aparente, el hecho de un tercero por quien no debe responder. Siendo en definitiva tal solución la receptada en el nuevo texto del art. 27. (conf. Felix Trigo Represas, en Legitimados pasivos en la acción de daños causados por accidentes de automotores, LL A, Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo III, 1231). Sostiene Díaz Solimine que la Reforma permite ubicar en un plano la calidad de dueño registral, y en otro distinto la responsabilidad que genera tal carácter, la cual puede declinarse a partir del remedio contemplado por el art. 27 (Díaz Solimine, Dominio de los automotores, Ed. Astrea, pag. 90), posición que, como vimos, es la misma que la de Trigo Represas (ob. cit.). IV) En el fallo que diera origen a la contradicción invocada al interponerse el recurso de inaplicabilidad de ley, integrando la Sala Primera, he sostenido que no se trata de una presunción iuris et de iure de que el propietario que no denunció haber vendido y entregado conserva la guarda del vehículo por lo que se admite la prueba en contrario, aunque no se trate de la denuncia ante el Registro de la Propiedad del Automotor, siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Seoane c/provincia de Entre Ríos y otro s/daños y perjuicios, de fecha 19 de mayo de 1997, reiterado en Camargo5 (CSJN, C XXXII., 21/5/2002, en J.A II-275), y más recientemente en la disidencia de los Dres. López y Vázquez en Pereyra Rodríguez (CSJN, P XXXVI., 10/4/2003). La Corte Federal, en el precedente Seoane además afirmó que... configuraría un exceso ritual privar al titular registral de la posibilidad -jurídicamente relevante- de demostrar si concurre tal extremo, refiriéndose a la pérdida de la guarda del vehículo. La denuncia viabilizada conforme el art. 27 de la Ley debe entenderse que es, entonces, una presunción iuris tantum de la falta de responsabilidad de quien ha hecho la denuncia, y jurisprudencialmente se ha sostenido que la omisión de realizarla permite presumir con el mismo alcance, la responsabilidad de quien ha incurrido en ella, siempre que no pruebe acabadamente que el desprendimiento de la posesión y custodia del vehículo, es decir, de su animus domini, existió en la realidad de los hechos (del voto de Pettigiani en la causa Guatto de Minchin, Olinda c. Maidana Pablo Damián y otros s/ Daños y Perjuicios ac ). Hitters -en posición minoritaria-, sentenció: como punto de partida es dable señalar, que según mi criterio, el art. 27 de la Ley , sancionada el 16 de noviembre de 1983, no ha cambiado el sistema de responsabilidad civil instaurado por la Ley , que por ende permanece enhiesto, siendo aplicable sin mengua la segunda parte del art del aludido cuerpo normativo. Parece claro que de la interpretación armónica y funcional de las dos normas citadas debe inferirse sin ambages, que el titular de dominio de un automotor responde civilmente hasta que haga la transferencia (según lo indica el nombrado art. 27), salvo que conforme al art apart. 2do. del Código Civil demuestre que el evento dañoso se ha originado sin su culpa, o por la culpa de la víctima o, según los casos, de un tercero por ejemplo el comprador que todavía no es titular de dominio- por el que no debe responder, al haberle transferido la guarda del móvil. En estas hipótesis es el titular dominial quien tiene la carga de probar (art. 375 del C.P.C.C.) que se desvinculó de la cosa causante del daño, como ha señalado esta Corte, en reiteradas oportunidades. (del voto del Dr. Hitters, integrando la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en Ac , sent. del 29/IV/1997, cit. por Fernández, en La problemática de la responsabilidad civil del titular registral automotor en los accidentes de tránsito, publicado en Universidad Nacional de La Plata, Año , 892, extraído de la Ley On Line). Así, vemos que quien resulta ser titular registral de un vehículo automotor será responsable de los daños ocasionados con él presunción derivada de la responsabilidad objetiva dispuesta por el art del Código Civil-, salvo que demuestre que hubo culpa de la víctima, o que es un tercero por quien no debe responder, asignándole el ya citado artículo 27 de la Ley la calidad de fuente de presunción suficiente a la denuncia de venta para que se exima de responsabilidad, sin descartar otros medios de prueba, pero sin asignarles a estos otros ninguna fuerza especial en cuanto a su validez y valor probatorio.6 De lo dicho se sigue que la presunción establecida provoca que el titular registral, con la sola presentación de la denuncia de venta formalizada por ante el Registro con anterioridad a la fecha del hecho causal pueda eximirse de responsabilidad, salvo que el actor o mejor, la víctima- demuestre que continúa bajo su esfera de custodia. Disiento con la doctrina que sostiene que la denuncia de venta opera como una exoneración de responsabilidad, y que como tal es de interpretación restrictiva, debiendo probarse además de haberla hecho, que efectivamente se perdió la guarda del rodado (Pizarro, La responsabilidad del titular registral de un automotor en la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en L.L F, Responsabilidad Civil- Doctrinas Esenciales T. III, 1203). Por el contrario, la norma selecciona un medio de proyección registral, al cual le asigna una consecuencia presuncional, pero no descarta la posibilidad de que el titular registral demuestre que ha perdido la guarda del vehículo, con la diferencia de que estos medios carecerán de la fuerza presuntiva atribuida por la norma a la denuncia de venta. Ese es el argumento central que sustenta la sentencia que dictara, tal como lo expuse. Un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II, en uno de sus párrafos resume la posición que sustento: a la luz del art. 1113, 2da parte, del Código Civil, quien figura como titular registral de un vehículo vendido a un tercero puede exonerarse de responsabilidad si realiza la denuncia en el Registro de la Propiedad Automotor (art. 27, Ley ) o si probó fehacientemente haber perdido la guarda del mismo antes de que acaeciera el hecho dañoso culpa de un tercero por quien no debe responder- (art. 1113, 2ª. parte, Código Civil; C2a.CCivyCom de Mar del Plata, Sala II, 2004/04/16-Lara, Irma T.C. Velásquez, Marcos y otros, publicado en LLBA 2004, 656). Dicho decisorio, en comentario de Graciela Messina, es considerado meritorio puesto que asume la interpretación armónica y funcional entre diversas normativas, y resuelve propiciar la aplicación de la ley de fondo no obstante la falta de la inscripción de dominio del automotor y del trámite de denuncia que surgen del Decreto Ley 6582/58 y art. 27 de la Ley V) Ahora bien, la convocatoria a plenario ha fijado el tema a decidir con la siguiente pregunta: Para la procedencia de la presunción prevista en el artículo 27 de la ley , la denuncia de venta hecha ante la policía suple la que debe hacerse en el Registro Nacional de Propiedad del Automotor?. La presunción dispuesta por la segunda oración del art. 27 de la Ley como es evidente- reviste el carácter de legal. Couture distingue entre las presunciones legales absolutas y relativas, a las que define como: Presunciones legales absolutas: son proposiciones normativas acerca de la verdad de un hecho contra la cual no se admite prueba en contrario, y Presunciones legales simples o relativas: son proposiciones normativas de carácter legal acerca de la verdad de un hecho, contra la cual se admite, sin embargo, prueba en contrario (Couture, Eduardo, Vocabulario jurídico, Montevideo, 2004, pág. 582/583).7 Héctor Eduardo Leguisamón puntualiza que ninguna de las presunciones legales sustanciales, como tampoco las presunciones jurisprudenciales, producen una inversión en la carga de la prueba, como lo entiende también parte de la jurisprudencia, sino que el onus probandi se mantiene intacto. Lo que sucede es que varían los hechos a probar (Leguisamón, La presunciones judiciales y los indicios, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 59). Podemos entonces sostener que la presunción, entonces, no es una prueba, sino una exención o dispensa de la prueba (Devis Echandía, Teoría General de la Prueba, Ed. Zavalía, t. I, pag. 204). Y la denuncia o exposición policial es una declaración unilateral de voluntad, al igual que la denuncia de venta prevista por el régimen registral automotor, por la cual se comunica la transferencia del vehículo. Mucho se ha discutido sobre si la denuncia de venta provoca una distorsión del sistema registral constitutivo de derecho. Más, si pensamos que la denuncia de venta ha sido prevista por el legislador como una forma de mostrar ante terceros que la ley presume que el titular ha perdido la guarda receptando como ya se dijo- la visión jurisprudencial imperante al momento de su dictado, pero que no representa el hecho traslativo de dominio, podemos entender que no se ha modificado el sistema registral en su carácter constitutivo, sino que se ha dispuesto una forma sencilla y publicitada de presunción iuris tantumexonerativa de responsabilidad ante terceros. En el caso de la denuncia de venta prevista por el artículo 27, es el legislador quien le atribuye la calidad de fuente de presunción suficiente para desvirtuar la responsabilidad que le cabe al titular registral por los daños y perjuicios ocasionados con la cosa. Por lo expuesto, no comparto la posición doctrinaria y jurisprudencial que sostiene que, sobre la base de la buena fe contractual, debe el titular registral que ha transferido el vehículo, además de presentar la denuncia de venta, demostrar que efectivamente ha perdido su guarda (Pizarro, Félix Trigo Represas, entre otros autores), puesto que así se estaría separando del régimen normativo vigente, exigiéndole acreditar un extremo pérdida efectiva de la guarda- que en el supuesto, es presumido por la ley. Ahora bien, la exposición policial tiene por objeto dejar constancia de una declaración unilateral al igual que la denuncia de venta, pero no existe norma alguna que le atribuya las consecuencias asignadas por ley a la denuncia hecha en el Registro. Jurisprudencialmente se ha dicho con relación a su valor probatorio que las exposiciones policiales carecen de eficacia probatoria si se trata de simples manifestaciones de una de las partes efectuadas sin posibilidad de contralor por la contraria y, substancialmente, sin comprobación por la autoridad receptora, de manera que mientras ellas no encierren la comisión de un delito (vg. denuncia), quien expone puede formular lo que le parezca -sea cierto o no- ya que no existirá comprobación ni inmediata ni mediata por la autoridad8 policial (art. 384 del C.P.C.C.; CAC de La Plata, 08/02/1990, R., O. M. C/ O., J. S/ Divorcio, Mag. Votantes: Vásquez - Rezzónico J.C.). La exposición policial, aunque haya sido hecha ante el oficial de policía y asentada en acta labrada en los libros de la comisaría no puede tenerse por exacta en juicio, no hace fe contra terceros y solo puede invocarse, a título de confesión extrajudicial contra el propio exponente (Cám. Civ de La Plata Rsd S, Fecha: 10/12/1991, Juez: Pérez Crocco (sd), Carátula: Arcidiacono, Juan Ramón C/ Cufré, Mónica Patricia S/ Daños y Perjuicios, Mag. Votantes: Pérez Crocco Roncoroni). Lo dicho, me conduce a concluir que la denuncia efectuada ante la policía no puede, por sí sola, conllevar similares efectos a la denuncia de venta prevista en el sistema registral automotor, y que, en consecuencia, no la sustituye. Se advierte entonces que será el titular registral quien deberá demostrar haberse desprendido efectivamente de la guarda del vehículo, lo que -como lo he analizado- no será suficientemente acreditado con la sola exposición policial. Deberá entonces quien pretenda demostrar tal extremo arrimar al proceso suficiente prueba, como para provocar en el juzgador la convicción necesaria a fin de obtener una resolución favorable a su pretensión. En síntesis: nuestro sistema registral en materia de automotores tiene carácter constitutivo del derecho de propiedad del bien, pero escinde, en el art. 27, la calidad de dueño de la de responsable, por los daños ocasionados con la cosa a un tercero, víctima del obrar culposo o negligente del autor del hecho que genera el reclamo resarcitorio, atribuyendo así a la denuncia de venta la calidad de fuente de presunción suficiente para que el titular registral se exima de responsabilidad en su carácter de dueño, salvo prueba en contrario. Pero, no cabe entender que se excluye la presencia de otros medios probatorios para que pueda eximirse de responsabilidad conforme al art del Código Civil, sin que importe asignarles a éstos la fuerza presuntiva que confiere a la denuncia de venta. Por lo expuesto concluyo que: La denuncia de venta formulada ante la policía no tiene los mismos efectos que la denuncia de venta presentada ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, pero sí podrá ser parte del espectro probatorio que despliegue el titular registral para eximirse de responsabilidad. La doctora Susana Kauffman de Martinelli dijo: Como integrante de la Sala I de esta Cámara he suscripto la sentencia que diera lugar al presente Plenario, conjuntamente con el Vocal preopinante, Dr. Marcelo R. Domínguez. En dicho fallo se eximió de responsabilidad al titular registral del vehículo causante del accidente, a pesar de no haber realizado la denuncia de venta ante el Registro9 Nacional de Propiedad del Automotor, en razón de haber demostrado -de manera fehaciente- que el automotor se había vendido y que dicha venta se denunció ante la Policía de la Provincia por cuanto, en la localidad en que se efectuó el contrato, no existía oficina alguna del Registro Nacional del Automotor que le permitiera denunciar la venta mediante el trámite que prevé la ley. En el fallo se analizó, como principio general, que: La transmisión del dominio de los automotores se opera con la inscripción en el Registro de la Propiedad del Automotor; antes de ella, no produce efectos entre las partes del negocio jurídico ni tampoco para los terceros. Se trata, en consecuencia de una inscripción constitutiva (J.A.1979-II-572). Ello implica que el titular del dominio de un vehículo automotor es aquél que lo tiene registrado a su nombre, con prescindencia de su efectiva posesión y de los contratos que pueda haber realizado para trasmitir ese dominio (Zeus de Rosario- Repertorio 2-pág.78). Pero además del carácter constitutivo de la inscripción registral se manifestó que la ley /83, modificatoria del régimen legal del Registro Nacional de Propiedad Automotor vigente hasta entonces (Dec-Ley 6582/58) especialmente se ocupa -en su art.27- de la cuestión de la responsabilidad del titular registral disponiendo que: Hasta tanto se inscriba la transferencia el trasmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor en su carácter de dueño de la cosa. No obstante, si con anterioridad al hecho que motiva su responsabilidad, el trasmitente hubiera comunicado al Registro que hizo la tradición del automotor, se reputará que el adquirente o quienes de éste último hubiesen recibido el uso, la tenencia o posesión revisten con relación al trasmitente el carácter de terceros por quienes él no debe responder y que el automotor fue usado en contra de su voluntad. Debe tenerse presente, además, que el art. 27 del Dec.Ley, en su primera parte, establece que la falta de inscripción de la transferencia del dominio de los automotores de acuerdo con las prescripciones del Decreto presumirá la responsabilidad de la persona a cuyo nombre figure inscripto el vehículo. Dicho precepto establece una presunción de responsabilidad que armoniza con el art.1113 del C.C. que consagra, a su vez, una presunción de responsabilidad a cargo del propietario de la cosa que causó el daño (Fallos Sala I año 1991 fs.462/463;1992 fs.214/218; 1999 fs.418/420). O sea que, si bien la norma del art. 27 de la Ley establece que hasta tanto se inscriba la transferencia, el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el automotor en su carácter de dueño, dispone también la posibilidad de exonerarse de la responsabilidad mediante la denuncia de venta efectuada en forma unilateral en el Registro respectivo. Con ello la ley creó a favor del titular registral un expeditivo procedimiento con el propósito de conferirle protección legal frente a la desidia o negligencia del comprador que omite registrar la transferencia (Fallos CSJN in re: Seoane, Jorge Omar c/provincia de Entre Ríos y otro s/ Daños y Perjuicios de fecha 19 de Mayo de 1997).10 En dicho fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación admite que, si la ley exonera de responsabilidad a quien efectúa una denuncia de venta no cabe privar del mismo efecto a quien demuestra efectivamente que se encuentra en idéntica situación, es decir que no dispone del vehículo por haberlo enajenado y hallarse el automotor en poder del adquirente o de terceros que de éste hubiesen recibido el uso, tenencia o posesión. Igualmente en el fallo citado se establece que no se trata de una presunción iuris et de iure de que el propietario que no denunció haber vendido y entregado conserva la guarda del vehículo (art.26-dec. Ley 6582/58) por lo que se admite la prueba en contrario, aunque no se trate propiamente de la denuncia ante el Registro de la Propiedad del Automotor. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( Camargo, Martina y otros c/ Provincia de San Luis y otra s/ Daños y Perjuicios Fallo de fecha 21/05/02 en J.A II-págs.275 yss) sostuvo que: Los efectos que el art. 27 de la Ley atribuye a la denuncia no excluyen la posibilidad de acreditar de manera fehaciente que el titular registral ha perdido la guarda del vehículo con anterioridad al suceso que genera su responsabilidad y permiten, por ende, que se evalúe en la causa si subsiste la responsabilidad que le atribuye la primera parte del art.27 de la Ley La Corte llega a esta conclusión sustentándose en la interpretación de la ley en cuanto atiende al propósito que la inspira y a la vez que preserva y asegura su finalidad (Fallos 310:149; 203;267; 311:193; 401) que es proteger al vendedor frente a la omisión negligente del comprador en efectuar la transferencia del dominio considerando que, de no admitirse la prueba de la venta y entrega del vehículo, y por consiguiente que no se dispone del mismo, se incurriría en un exceso ritual al privar al titular registral de la posibilidad -jurídicamente relevante- de demostrar si concurre tal extremo. En el fallo que diera lugar al presente fallo plenario se consideró que, no obstante que no se efectuó formalmente la denuncia de venta en el Registro de la Propiedad del Automotor, sino que la misma fue realizada ante la Policía de la Provincia, dicha denuncia (conjuntamente con otras pruebas presentadas) exoneraba de responsabilidad al titular registral pues, mediante ella, puso en conocimiento de manera fehaciente, que su parte se había desprendido de la guarda legal del camión con anterioridad al accidente por lo que se concluyó que tampoco le resultaba de aplicación el art.1113 del C.C. por tratarse de daños causados por terceros por quiénes él no debía responder, habiéndose acreditado también - además de la denuncia policial- que se había firmado contrato de compraventa cuyas firmas se encontraban certificadas y que, en el lugar de celebración del contrato, (Embarcación- Provincia de Salta) no existía delegación alguna del Registro Nacional de Propiedad del Automotor que hubiera permitido que el trámite de denuncia se llevara a cabo en legal forma. En el fallo en cuestión también se tuvo en consideración que la responsabilidad objetiva que emana de la norma del art.1113 del Código Civil hace referencia al dueño o guardián manifestando, en consecuencia, que el propietario sólo es responsable en la11 medida en que sea asimismo el guardián de la cosa. Por ello, si acredita que ha perdido dicho carácter en razón de la venta a un tercero o que la cosa fue usada en contra de su voluntad está exento de responsabilidad, que es lo que la Corte Suprema Nacional consideró en Camargo c/ Provincia de San Luis de fecha 21/05/2002, agregando que: El propietario que menta el art.1113 del C.C. no es más que un guardián jurídico de la cosa, quizás el primero en rango, el más importante, el que habitualmente tiene la cosa dañosa o la ley presume que la tiene, el que puede controlarla, el que dispone, etc. pero nada más. En una de las especies de guardián, dentro de lo que clasificamos como guarda jurídica, ubicamos al propietario (Rep.ED-T.15-pág.275 ap.81). Como lo sostiene el Vocal preopinante, la presunción que establece la ley no reviste el carácter de iure et de iure y, en consecuencia, admite prueba en contrario ya que no puede hacerse cargar al primitivo propietario con las consecuencias civiles de los daños ocasionados por un vehículo cuando hay prueba suficiente de que el mismo se desvinculó de su guarda transmitiendo la posesión al adquirente. En este sentido la denuncia de venta prevista en la ley es un trámite administrativo en cumplimiento de preceptos registrales cuya sola omisión no puede contraponerse a la acabada probanza por parte del titular del dominio de su situación frente al siniestro porque tal circunstancia no sólo vulnera los principios sobre los que se asientan los criterios desarrollados por la teoría de la responsabilidad civil en la jurisprudencia y en la doctrina, conforme el art.1113 del Código Civil, sino también al principio de la realidad y de la justicia que el Juez debe tener siempre presente en la interpretación de las normas. Si bien es cierto que la ley en su art.27 prevé un trámite sencillo que soluciona en lo inmediato la cuestión de la exención de la responsabilidad, ello no impide que pueda acreditarse por otras vías que no se es el civilmente responsable por haberse desprendido fehacientemente de la guarda del vehículo. La denuncia de venta se dirige, esencialmente a eximir de responsabilidad a quien figura como titular en el Registro, sin necesidad de demostrar que perdió la disponibilidad material del automotor porque lo ha vendido, y en tal caso, la ley establece la presunción iuris tantum de que fue usado contra su voluntad. Si la ley admite que frente a una declaración unilateral del titular registral éste pueda eximirse de responsabilidad, no se debe privar del mismo efecto a quien demuestra que no dispone del vehículo por haberlo enajenado y encontrarse el automotor en poder del adquirente o de terceros que de éste hubiesen recibido el uso, tenencia o posesión. De modo que, en el caso de haberse efectuado la denuncia de venta ante el Registro Nacional de Propiedad del Automotor la exención de responsabilidad del titular registral es12 indudable. Pero, en el supuesto de no presentarse la denuncia como lo establece la ley, si el titular registral logra demostrar en forma fehaciente que ya no tenía la guarda del vehículo - por haberse desprendido de la misma- también resulta procedente eximirlo de responsabilidad en virtud del juego armónico de los arts. 27 de la Ley y del art.1113 del Código Civil y, en tal sentido, la denuncia realizada en sede policial -que tiene por virtud establecer una fecha cierta- en una localidad en la que no había delegación alguna del Registro, conjuntamente con otras probanzas, también tiene el alcance de exonerar de responsabilidad al titular registral. Conforme con lo expuesto comparto el criterio sustentado por el Dr. Marcelo R. Domínguez. La doctora Graciela Carlsen dijo: La cuestión que motivó la convocatoria a plenario queda acotada, según la determinación que de ella hizo la presidencia del Tribunal, a resolver sobre si la denuncia de venta de un automotor hecha ante la policía, suple la que debe realizarse ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor para la procedencia de la presunción establecida en el artículo 27 del decreto ley 6582/58 según la modificación introducida a la norma por la ley Ubicada así la cuestión, adelanto mi adhesión a la conclusión negativa. La ley ratificó el principio general establecido ya por el decreto ley 6582 al disponer que hasta tanto se inscriba la transferencia, el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor en su carácter de dueño de la cosa, lo que guarda coherencia con el sistema de responsabilidad objetiva de imputación del riesgo establecido por el art del Código Civil y con el sistema de inscripción registral constitutiva del art. 1º del decreto ley citado. Pero a renglón seguido, con cierta incoherencia, sin introducir una nueva causal de eximición de la responsabilidad civil objetiva, señala que se libera al dueño del automotor de la obligación de resarcir que presuntivamente pesa sobre él, por aplicación de las eximentes previstas por el art del Código Civil, si con anterioridad al hecho que motive su responsabilidad, el transmitente hubiere comunicado al Registro que hizo tradición del automotor en su carácter de dueño de la cosa. De esa manera se reputará que el adquirente o quienes recibieran de él el uso, la tenencia o la posesión revisten en relación a aquél la calidad de terceros por quien no debe responder (cf. Matilde Zavala de González, Responsabilidad por Riesgo, ed. 1987, p. 104; Ramón D. Pizarro, Responsabilidad Civil por Riesgo Creado y de Empresa, t. II, p. 246). A partir de su sanción, la norma ha recibido interpretaciones discrepantes que restringen o ensanchan su alcance. La de mayor restricción, entiende que la denuncia de venta o comunicación de la tradición es una condición normativa necesaria pero no suficiente, ya que hará falta acreditar otras circunstancias concurrentes, como la entrega13 efectiva del automotor y la firma y entrega al adquirente de toda la documentación idónea para el registro de la transferencia. En una segunda línea está la interpretación estricta que reconoce en la denuncia formal de la venta y de la tradición del automotor que exterioriza, la causal de por sí suficiente para la operatividad del eximente. Y por último, en una exégesis laxa de la preceptiva, (que hubo de acoger la Corte Suprema en la causa Camargo y otros c/provincia de San Luis -fallos, t. 325, p siguiendo el precedente de la causa Seoane c/provincia de Entre Ríos), está la que sostiene que es suficiente la acreditación de manera fehaciente que el titular registral ha perdido la guarda del vehículo con anterioridad al suceso que genera su responsabilidad. Un interesante recorrido por las posiciones que así se esquematizan puede confrontarse en Norma Lloveras-Sebastián Monjo, Responsabilidad por daños de automotores. El valor de la denuncia de venta, en LLC 2007, p. 237 y Doctrina Judicial 2007-II, 227, consultado en La Ley online). Advierto así, que ninguna de las tres posiciones adoptadas en torno a la interpretación de la reforma introducida por la ley ampara una interpretación que autorice a suplir la denuncia de venta comunicada al Registro del Automotor, otorgando calidad registral y publicidad a la transferencia de la guarda, operando la revocación de la autorización para circular el automotor y que al cabo de un breve lapso importa el pedido de secuestro del vehículo, con la simple denuncia policial que, como bien señala el voto precedente del Dr. Domínguez no trasciende a la mera exposición unilateral de una situación, carente o de extremadamente débil eficacia probatoria. Pero más aún opino que, como se ha dicho en precedentes jurisprudenciales, cuando el texto de la ley es claro y expreso no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo aplicarla estrictamente y en el sentido que resulta de su propio contenido, ya que al intérprete de la ley no puede acordársele el poder de variar el contenido mismo del texto legal interpretado, al grado de prescindir de él. El legislador introdujo un remedio jurídico para que el titular registral se exima de responsabilidad, sin que sea suficiente acreditar que ya no ostenta la guarda material o jurídica de la cosa y la incuria en acudir al mismo no puede otorgarle por extensión medios o mecanismos de exoneración no previstos en la ley, que además vulneran el carácter constitutivo de la transferencia del dominio del automotor y que, en definitiva, conspira contra la seguridad jurídica y, en la mayoría de los casos, desprotege a las víctimas de los accidentes de tránsito. Es que la denuncia de venta, como se ha puntualizado, no tiene como único objeto anoticiar al Registro que se operó la tradición del vehículo, sino que tiene también una serie de efectos que tienden a resguardar derechos de terceros ante el incumplimiento de enajenante y adquirente de su obligación de cumplimentar los trámites de registro de la transferencia del automotor (cf. Pizarro, ob. cit.; Zavala de González, ob. citada; Lloveras- Monzo, ob. cit.; Carlos A. Ghersi, La responsabilidad del dueño del automotor y el nuevo plenario Morris de Sotham (la destrucción de la responsabilidad objetiva del art del Cód. Civil), en J.A. t II, p. 882).14 Con estos argumentos, adhiero a la solución propuesta en el voto del Dr. Domínguez, contraria a la posibilidad de suplir con la denuncia policial los efectos establecidos por la ley al reformar el art. 27 del decreto ley 6582/58, a la comunicación de tradición del automotor o denuncia de venta. La doctora María Cristina Montalbetti dijo: 1.- Producida la convocatoria a plenario con el fin de resolver si para la procedencia de la presunción prevista en el artículo 27 de la ley , la denuncia de venta hecha ante la policía suple la que debe hacerse en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, entiendo que la respuesta negativa se desprende evidente del texto legal del actual artículo 27 del Decreto Ley 6582, ratificado por Ley y sus modificatorias, que consagra, como principio, la responsabilidad civil del dueño por los daños y perjuicios que se cause con la cosa y luego establece una forma de exoneración específica, que es la comunicación al Registro, por parte del transmitente de haber hecho tradición del automotor, por la cual se reputa que el adquirente o quienes de este último hubiesen recibido el uso, la tenencia o posesión de aquél, revisten con relación al transmitente el carácter de terceros por quienes él no debe responder y que el automotor fue usado contra su voluntad. Se consagra, entonces, como regla la responsabilidad del titular del automóvil, la que resulta congruente con el carácter constitutivo de la transferencia (art. 1º), cuyos efectos entre las partes y con relación a terceros sólo se producen a partir de la fecha de su inscripción en el Registro respectivo (conf. Régimen Jurídico de los Automotores de Lidia E. Viggiola y Eduardo Molina Quiroga) y con el sistema de responsabilidad mixto adoptado por nuestra legislación civil, por el que la víctima de un evento dañoso puede demandar su reparación a quien produjera el daño (responsabilidad subjetiva) y también, con relación al tema que nos ocupa, al dueño o guardián de la cosa riesgosa con la que se le ocasionara (responsabilidad objetiva), generándose una responsabilidad concurrente entre ambos y no excluyente, sin perjuicio de las acciones de regreso que puedan corresponder entre ellos (conf. Ramón Daniel Pizarro en Responsabilidad Civil del Guardián de un Automotor y la Ley , J.A II-793). A los fines de la exoneración de esa responsabilidad objetiva el Código Civil, en el artículo 1113, dispone que en los casos de daños ocasionados con las cosas riesgosa, el dueño o guardián sólo se eximirá total o parcialmente acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. La ley, en su artículo 27, establece que la comunicación de la tradición ante el Registro tiene efectos eximentes para el dueño, consagrando, en ese caso, que el adquirente reviste la calidad de tercero por quien el titular no debe responder y que automóvil fue usado contra su voluntad.15 La denuncia ante el Registro otorga, así, publicidad a la entrega del vehículo vendido, cuando no se hizo aún la inscripción de la transferencia del dominio, motivo por el cual se produce la liberación que se estudia, reputando al comprador, que recibiera la posesión, como un tercero por quien aquél no debe responder y que el automóvil fue usado contra su voluntad, permitiendo a su vez a la víctima conocer a quienes debe demandar. Partiendo de esas premisas, que no pocas elucubraciones ocasionara, tal como se advierte de los votos precedentes y las citas doctrinarias y jurisprudenciales consultadas, se ha entendido que la norma consagra una presunción iuris tantum y no iure et de iure, por la que el dueño podría liberarse de la responsabilidad por los daños ocasionados con el bien, probando que perdió la guarda, como ocurre en el supuesto de que es desapoderado y se remata judicialmente el rodado, situación que tiene otra forma de publicidad que puede hacer saber quien es el adquirente o guardián al momento del hecho y además, es obvio que se usa contra la voluntad del titular a quien, compulsivamente, se desposeyó del bien. Ello ocurrió en los casos Seoane (S. 637, XXVI) del 19 de mayo de 1997 y Camargo (C: 1948,XXXII), del 21 de mayo de 2.002, en los que la tradición se había otorgado por subasta pública. Allí consideró la SCJN que si la venta se había efectuado con anterioridad al hecho, constituiría un exceso ritual el privar al titular de la posibilidad de demostrar que concurren los extremos de exención, que permiten determinar si subsiste la responsabilidad que la atribuye la primera parte de la norma, interpretando que la ley atiende al propósito de proteger al vendedor frente a la omisión negligente del comprador en efectuar la transferencia de dominio, por lo que no cabe privar del mismo efecto a quien demuestre efectivamente que se encuentra en idéntica situación, haberlo enajenado y hallarse el automotor en poder del adquirente o terceros que de éste hubieren recibido el uso, tenencia o posesión. En las disidencias de los Dres. Guillermo f. López y Adolfo Roberto Vásquez, en el caso Pereyra del 10/04/03 (P. 129, XXXVI), se reitera esa posición, otorgando eficacia probatoria a la entrega de la documentación firmada y certificada notarialmente y reconocida por éste, pero no examina ese Alto Tribunal el tema de la denuncia ante la Policía. Por otra parte, cabe tener en cuenta el contexto jurídico en que se hiciera el análisis precedente, ya que, en los dos primeros casos, se trataban de automotores subastados administrativa o judicialmente, cuando la propia CSJN también entiende que si la sola transferencia de la guarda fuera suficiente para liberar de responsabilidad al propietario la referencia que hace el artículo 1113 del Código Civil al dueño, quedaría vacía de contenido, pues habría bastado con mencionar solamente al guardián (Fallos: 310:1449 y 324. P. 1535), por tanto no pueden interpretarse aquellos fallos en una forma tan extensa que haga perder sentido a la norma, máxime en una cuestión de interpretación restrictiva (conf. Aut. Cit., en ob. Cit)16 De los textos legales y los precedentes citados, puede colegirse que en los casos de responsabilidad, si no se efectúa la comunicación ante el registro, excepcionalmente el vendedor podrá probar por un medio fehaciente que hubo tradición, acreditando, además, que de su parte no existió negligencia, motivo por el cual comprador resultaría un tercero por quien no debe responder. En caso contrario, se desvirtúa la protección especial que la legislación actual otorga a la víctima, el sentido publicitario de la ley, que entre otras efectos permite al damnificado conocer a quien debe demandar y no realizar una exhaustiva investigación sobre quien es el responsable del vehículo y también al dueño a quién se proveyó de un trámite sencillo y eficaz. Así, entonces, la manifestación unilateral que implica la exposición policial, ya que no se trata estrictamente de una denuncia, no es un medio que tenga trascendencia suficiente para eximir al titular registral de responsabilidad y aunque la realizada ante el Registro es igualmente una declaración unilateral, la ley a ella le otorga un fin especial, que además de su publicidad, genera o debiera hacerlo, una serie de diligencias para sacar de circulación el rodado. En conclusión, sin perjuicio del examen que corresponda específicamente en cada caso que se presente y reiterando, entiendo que esa denuncia, que no tiene los fines publicitarios que caracterizan a la realizada ante el Registro, carece de sus efectos y si bien, en juicio, con el objeto de acreditar la causal de liberación de su responsabilidad, el titular podrá demostrar que no es responsable, la prueba tiene que ser fehaciente y llevar a la convicción que, de su parte, cumplió con las obligaciones a su cargo o en su caso, acreditar que fue desapoderado contra su voluntad y en esas condiciones se usó el rodado con el que se ocasionara el daño. Por los motivos expuestos y con relación a la consigna, en cuanto entiende que la exposición policial referida a la venta no suple la realizada ante el Registro de la Propiedad del Automotor, adhiero al voto del Dr. Marcelo Domínguez. Los doctores Mario Ricardo D Jallad y Oscar Gustavo Koehle dijeron: Los Argentinos, entre otros defectos, tenemos una pasión enfermiza por complicar las cosas. Hacer de lo sencillo, algo confuso, contradictorio, y a veces llegar a situaciones casi irresolubles. Una clara muestra de lo recién afirmado, lo constituye el presente plenario. El artículo 1º del decreto ley nº 6.582/58 dice que la transmisión del dominio de los automotores deberá formalizarse por instrumento público o privado y solo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro de la Propiedad del Automotor. Lo que nos lleva al concepto de publicidad registral. El Dr. Cornejo, la define como aquella publicidad jurídica que se obtiene por medio de un órgano específico denominado registro. (Derecho registral, Américo Atilio Cornejo, pág.6, Astrea ed. 94).17 Este autor da cuenta de la clasificación de los registros, según su naturaleza y finalidad: Personales y reales; de Transcripción y de Inscripción; Declarativos y Constitutivos. Precisa en relación a estos últimos en que la distinción radica en cuanto a si el acto que se inscribe existe o no como tal, antes de practicarse la correspondiente inscripción. En los llamados registros declarativos, el derecho existe antes que ingrese el documento. La inscripción hace que ese derecho existente extraregistralmente, pase a ser oponible a ciertos terceros. Un caso de registro declarativo es el de la Propiedad Inmueble, organizado por la ley , que, en su artículo 2º dispone que la inscripción es necesaria para la oponibilidad de terceros. La inscripción es constitutiva cuando el derecho nace con ella. En nuestro sistema, el registro de automotores es constitutivo. (pág. 9 y sgts.) En igual sentido puede verse lo sostenido por Coghlan (Teoría General de Derecho Inmobiliario Registral, pág.18 y sgts., Abeledo- Perrot ed. 1984). Es posible afirmar que los efectos entre registros declarativos y constitutivos es pacífica en nuestra doctrina. En nuestra opinión, la ley nº no modifica en absoluto el régimen de responsabilidad civil establecido en ese Código. En efecto, de acuerdo al artículo 1.113, segundo párrafo, del Código Civil, en los supuestos de daños causados con la cosa (primera parte) o por el riesgo o vicio de la misma, dentro de los que se encuentran los accidentes de automotores (segunda parte) la responsabilidad es del dueño o guardián. Dueño es el titular del dominio. Tratándose de automotores, dado el régimen constitutivo establecido mediante decreto ley 6.582/58 y sus modificatorias, es titular del derecho de dominio quien figura como tal en el Registro de la Propiedad Automotor, respectivo. Por consiguiente, mientras no haya una modificación registral, quien figura como titular de un automotor, es el responsable a título de dueño en los términos del artículo del código civil, ya citado. De modo que cuando el artículo 26 del mencionado decreto ley dice que La falta de inscripción de la transferencia del dominio de los automotores de acuerdo con las prescripciones del presente decreto-ley presumirá la responsabilidad de la persona a cuyo nombre figure inscripto el vehículo, y el 27 dispone que Hasta tanto se inscriba la transferencia el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor, en su carácter de dueño de la cosa, no alteran las disposiciones del régimen general de responsabilidad del código civil. Tampoco lo altera el hecho que el último artículo citado establezca además que No obstante, si con anterioridad al hecho que motive su responsabilidad, el transmitente hubiere comunicado al Registro que hizo tradición del automotor, se reputará que el adquirente o quienes de este último hubiesen recibido el uso, la tenencia o la posesión de aquél, revisten con relación al transmitente el carácter de terceros por quienes él no debe responder, y que el automotor fue usado en contra de su voluntad.-18 Simplemente, esta última norma prevé legalmente un supuesto específico y concreto de exención de responsabilidad, de los pocos o muchos que puedan presentarse en el régimen común que el mismo artículo del código civil establece por un lado, que el dueño o guardián...solo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (parte final del segundo párrafo), y por otro, que Si la cosa hubiere sido usado contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable (párrafo tercero). Siendo así, para que resulte procedente la presunción legal del artículo 27 deben cumplirse los requisitos que la misma establece, esto es, la denuncia al Registro de la Propiedad con anterioridad al hecho que motive la responsabilidad. Se utiliza una forma que permita publicitar la pérdida de la guarda, de igual modo que se publicita la titularidad sobre el dominio de los automotores. Así las cosas, la denuncia efectuada ante la autoridad policial, no puede tener el mismo efecto que la denuncia de venta. Ello en razón de que el legislador no lo previó. Y, además porque el tercero víctima, al desplegar la misma carga que le pesa al demandar esto es constatar la titularidad registral en el Registro -podrá conocer de modo fehaciente, la existencia de denuncia de venta, sin necesidad de ver agravada su condición de víctima, pesquisando, con resultados siempre inciertos, en poder de quien se encuentra el vehículo que operó como agente que produjo el daño. Este extremo, se conduce con la visión de protección hacia la víctima que campea en todo el derecho de daños. Ahora bien si efectivamente el titular registral ha perdido la guarda del vehículo, podrá ejercer, eventualmente las acciones de regreso o de repetición que estime correspondan.(eduardo I. Borda, Acerca de las exenciones de responsabilidad por riesgo de la cosa en accidentes de vehículos, D. J I- 977) lo que resguarda suficientemente su derecho, sin necesidad de desvirtuar la letra de la ley, en pos de un derecho, que ya tiene buena protección en el sistema jurídico. La denuncia realizada en sede policial, tal como se señala con anterioridad, es una mera declaración unilateral, igual carácter posee la denuncia de venta efectuada al Registro de la Propiedad Automotor. Pero ocurre, que el legislador le asignó consecuencias específicas y concretas a esta última. La presunción prevista en el artículo 27 dispone una excepción al régimen general de responsabilidad objetiva del titular registral. Como tal es de interpretación restrictiva. No puede, por ende, atribuirse valor legal a otros trámites que pueda efectuar el titular registral, puesto que los mismos carecen del efecto otorgado por el legislador a la denuncia de venta ante el correspondiente Registro. Se trata de cumplir disposiciones vigentes, las que por otra parte, no ofrecen dificultad alguna. Es mas sencillo efectuar una denuncia de venta ante el Registro modo previsto con sus consiguientes efectos- que pretender por las suyas que19 cada uno lo haga donde mejor le plazca. En ese supuesto, carecerá de todo efecto el acto unilateral. Ese, por otra parte, ha sido el criterio invariable de la Sala que integramos, desde su creación en el año 1981, tal como se puede comprobar en tomo II, año 1982: 1.001; Tomo II, año 1982:575; Tomo VIII, año 1988:159; Tomo XXIII, año 2.003:917; Tomo XXVI, año 2.006:1297. De lo que se concluye, que, para que resulte procedente la presunción legal del artículo 27 deben cumplirse con los requisitos que la misma establece: Denuncia ante el Registro de la Propiedad Automotor, con anterioridad al hecho que genere la responsabilidad. Consecuentemente debe responderse negativamente a la cuestión del presente plenario, circunscripto a la aludida presunción y no al régimen general de responsabilidad civil. La doctora Liliana T. Loutayf Ranea dijo: Adhiero al voto de la Dra. Susana Kauffman de Martinelli, compartiendo el criterio que la denuncia realizada en sede policial -que tiene por virtud establecer fecha cierta- en una localidad en la que no había delegación alguna del Registro, conjuntamente con otras probanzas, también tiene el alcance de exonerar de responsabilidad al titular registral. El doctor José Gerardo Ruiz dijo: En relación a la pregunta objeto del plenario, entiendo que la respuesta negativa se impone. De conformidad a la redacción del art. 27 de la ley , la denuncia de venta formulada ante la autoridad policial no puede suplir la que debe efectuarse ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, toda vez que sostener lo contrario implicaría desconocer el carácter constitutivo de la inscripción registral establecido en el art. 1 y concordantes de la citada ley (cf. Luis Moisset de Espanes, Dominio de Automotores y Publicidad Registral, Ed. Hammurabi, pág. 43 y sgtes; Omar Luis Díaz Solimine, Dominio de los Automotores, Ed. Astrea, pág. 25/26, entre otros). Los efectos de la denuncia de venta, en tanto presunción iuris tantum de responsabilidad del titular registral, han sido asignados por la ley, efecto del cual carece la denuncia policial, que solo otorga fecha cierta a una declaración unilateral de voluntad. No obstante lo expuesto, y dentro de las excepciones previstas por el Código Civil en el art. 1113, la exposición policial efectuada en lugares o poblaciones donde no existe Registro de la Propiedad Automotor, conjuntamente con otras pruebas tendientes a demostrar la pérdida de la guarda del vehículo, pueden ser pruebas demostrativas de que se encuentran reunidos los presupuestos para la exoneración de responsabilidad del titular registral.20 Lo expuesto ha sido suficientemente desarrollado en los votos de los Dres. Marcelo Ramón Domínguez, y Graciela Kauffman, lo que me exime de efectuar mayores consideraciones. El doctor Guillermo Félix Díaz dijo: En el texto originario del dcto. ley 6582/58, el art. 26 introducía la responsabilidad presunta del titular registral del dominio. Lo decía en éstos términos: La falta de inscripción de la transferencia del dominio de los automotores de acuerdo con las prescripciones del presente decreto ley presumirá la responsabilidad de la persona a cuyo nombre figure inscripto el vehículo. Es decir, la norma presumía la responsabilidad del dueño de un automotor, por el hecho de ser el dueño. Luego, la ley introdujo agregados al art del Código Civil, que importaron la consagración del régimen de responsabilidad civil objetiva para los supuestos de daños causados por el riesgo o vicio de las cosas (como es el supuesto de los automotores); estableciendo que el dueño o guardián, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad, acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder; y que no será responsable si la cosa hubiese sido usada contra su voluntad expresa o presunta. Finalmente, la ley modificó y ordenó el texto del dcto.ley 6582/58. Específicamente modificó los arts. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 23 y 27, derogando las disposiciones transitorias de los arts. 34, 35, 36, 37 y 39, e incorporando otros textos en el título séptimo sobre disposiciones complementarias. Además ordenó la numeración de los artículos como consecuencia de haber incorporado uno nuevo en el título segundo y elimino la vieja redacción del art. 26 (con el cual se iniciaba el título V), la que ha sido reemplazada por el nuevo texto del art. 27 (con el cual se inicia ahora el título V). En mi criterio, una interpretación sistemática de los arts. 1 (que no ha tenido modificaciones), 15, 22 (que tampoco las tuvo) y 27 de la ley permiten sostener que se ha producido una adecuación entre el régimen de titularidad dominial y el régimen de responsabilidad civil de quienes figuran inscriptos como titulares registrales de automóviles, manteniéndose la responsabilidad objetiva del titular registral (por el hecho de serlo) a menos que hubiese formalizado ante el propio Registro una denuncia de venta mediante el uso de fórmulas prescriptas; supuesto en que el adquirente y aquellos que de él hubiesen recibido el uso, la tenencia o la posesión de la cosa, se reputan terceros por quienes el transmitente no debe responder y que el automóvil fue usado en contra de su voluntad expresa o presunta. En efecto, de acuerdo al art. 1 La transmisión del dominio de los automotores deberá formalizarse por instrumento público o privado, y sólo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. En consonancia con dicha norma, la ley establece en el art. 15 que La inscripción en el Registro de la transferencia de la propiedad de un automotor, Mostrar más
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