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Timestamp: 2020-01-17 23:50:24+00:00

Document:
Resolución DGRN de 28 de julio de 2016. Sucesión de una británica: certificación última voluntad origen; no cabe sucesión parcial de bienes España.
Resolución DGRN de 28 de julio de 2016. Recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Sant Mateu, por la que se suspende la inscripción de una escritura de herencia. Sucesión de una británica: certificación última voluntad origen; no cabe sucesión parcial de bienes España.
En escritura de herencia autorizada por el recurrente el día 2 de diciembre de 2015 bajo el número de protocolo 1.104, se protocolizan las operaciones particionales llevadas a cabo como consecuencia del fallecimiento de doña J. G. H. de nacionalidad británica y residente en Essex, testamento autorizado por el notario de Peñíscola, don Manuel Sierra Murcia, el día 11 de mayo de 2006 (acompañado de certificados de defunción y del Registro de Últimas Voluntades español), del que se transcriben dos cláusulas pertinentes al objeto del presente recurso: «Tercera. Instituye heredero a su citado esposo (…) Cuarta. (Ámbito del testamento) El presente testamento será aplicable a los bienes del causante radicados en territorio español al momento de su fallecimiento». En la escritura de partición se señala expresamente que la ley aplicable a su sucesión es la ley británica.
Como cuestión procedimental previa alude el recurrente a la supuesta confusión entre dos calificaciones recaídas sobre la misma escritura, que fue presentada en dos ocasiones. La calificación relativa a la segunda presentación recibida por el recurrente por fax, en el apartado «Hechos» introduce a su juicio una enorme confusión pues no tiene en cuenta las variaciones existentes como si el asiento sólo hubiera caducado a medias y sólo se hubiera producido una cancelación parcial o una especie de prórroga del mismo. La calificación notificada al presentante y a los interesados es distinta según el recurrente a lo recibido por el notario, ya que la documentación unida a la escritura que se devuelve contiene la calificación de mayo de 2016, a la que se añade la de enero de 2016. Pero tal supuesta confusión no se aprecia de la lectura de la nota de calificación ni puede inducir al notario como conocedor del procedimiento registral, a error sobre la interposición del recurso. El hecho de incluir en la documentación las distintas calificaciones recaídas no hace sino dar a conocer a los interesados el resultado de las distintas presentaciones de que ha sido objeto el documento y por otra parte si bien la Ley Hipotecaria, artículo 322, señala como obligados receptores de la notificación de la calificación negativa al funcionario autorizante y al presentante, nada impide que tal notificación se efectúe así mismo a los interesados, si bien esta notificación no tendrá efectos respecto al cómputo de los plazos para interponer en su caso el recurso.
La existencia, cada vez más numerosa, de extranjeros propietarios de inmuebles en España, en los que establecen, además, su segunda residencia, determina la frecuencia de sucesiones internacionales en los que se involucra la legislación española, por lo que es necesario dar respuesta a este fenómeno.
La Unión Europea, consciente de esta realidad y deseosa de dotar seguridad a los movimientos de personas en los distintos países miembros, aprobó el Reglamento (UE) núm. 650/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, instrumento que regula ciertos aspectos de la determinación de ley aplicable a las sucesiones internacionales comunitarias, con la posible creación de un título sucesorio europeo que facilite dicha determinación en supuestos como el presente, si bien sus disposiciones (salvo ciertas excepciones que no son del caso), se aplicarán sólo a la sucesión de las personas que fallezcan a partir del 17 de agosto de 2015, según aclaran los artículos 83.1 y 84 del Reglamento, que contiene sus disposiciones transitorias.
La aplicación del Reglamento (UE) núm. 650/2012 plantea además diversas cuestiones interpretativas, entre ellas, no son menores las relativas a las herencias de ciudadanos británicos con bienes en un Estado miembro participante. La razón es que Reino Unido al igual que Irlanda, dada su especial posición en los Tratados (vid. artículos 1 y 2 de los Protocolos 21 y 22 anejos al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), presentan una calificación técnica de Estados miembros en situación de opting out provisional, con la consecuencia de ser considerados -en general- terceros países en cuanto Estados miembros no participantes.
En el supuesto de este expediente el fallecimiento se produce el 10 de junio de 2015 por lo tanto no le son aplicables tales disposiciones. Para la resolución del recurso hay que estar, por tanto, a la ley de la nacionalidad del causante, aplicable de conformidad con la norma de conflicto española, artículo 9.8 del Código Civil, que conduce en este caso a la aplicación de la ley británica.
Ahora bien, como se ha dicho, la sucesión británica en general (pues es distinto el régimen en las legislaciones inglesa y escocesa) gira en torno a los bienes antes a que en torno a las personas a diferencia de lo que sucede en los sistemas latinos, ello deriva en que en dicho sistema conforme se ha dicho la situación del inmueble sea determinante de forma que resulta inevitable fragmentación de la sucesión frente al criterio de universalidad operante en la legislación española.
No discutido el contenido material sucesorio, el registrador exige, que se aporte información del Registro de Últimas Voluntades, de su inexistencia o de la imposibilidad de acompañarlo.
Por último señalar que conforme al Reglamento (UE) núm. 650/2012, la sucesión es única y comprende la totalidad de los bienes muebles e inmuebles del causante (con claridad, inciso primero del artículo 23) por lo que estas disposiciones testamentarias simpliciter, que tanto han facilitado las sucesiones de los causantes británico en España deberán ser erradicadas de la práctica testamentaria notarial posterior al 17 de agosto de 2015.
Por tanto, debe considerarse que, aunque no forme parte Reino Unido del Reglamento (UE) núm. 650/2012, las autoridades judiciales y extrajudiciales españolas deben tener presente el carácter universal de la ley aplicable prevista en el mismo, incluso para Estados miembros no participantes.
Esta Dirección General vuelve a recordar (cfr. Resolución 15 de febrero de 2016) tanto a notarios como a registradores la conveniencia de ir avanzando en el conocimiento de los derechos de los demás Estados, especialmente si forman parte de la Unión Europea, en aras a facilitar la aplicación del Derecho extranjero en el ámbito extrajudicial, acudiendo no solo a los medios previstos en el artículo 36 del Reglamento Hipotecario, y excepcionalmente a los artículos de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, sino a los medios que proporciona el entorno E-Justicia, colaborando activamente en la resolución de conflictos de Derecho Internacional Privado, dada la especial importancia que tiene la inversión extranjera en la economía nacional.
Resoluciones dictadas por DGRN en 2016:
RDGRN 15.06.2016. Ley aplicable a sucesión de un nacional británico residente en España: professio Iuris tácita.
RDGRN 29.06.2016. Compraventa inmueble entre extranjeros y discordancia del número de pasaporte de los vendedores.

References: Resolución 
 artículo 322
 resolución 
 artículo 9
 artículo 23
 Resolución 
 artículo 36
 resolución