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Timestamp: 2020-06-04 14:42:00+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Miércoles 31 Enero 2018
ANDRÉS BETANCOR El Mundo 31 Enero 2018
La Constitución establece, en el artículo 27, que los poderes públicos deben inspeccionar el sistema educativo. El reparto competencial hizo posible que a las comunidades les correspondiese la inspección ordinaria, mientras que al Estado la denominada Alta Inspección. Los Estatutos de Autonomía recogieron expresamente la competencia del Estado. Así, los del País Vasco (art. 16), Galicia (art. 31), Andalucía (art. 84), Asturias (art. 18), Cantabria (art. 28), La Rioja (art. 10), Murcia (art. 17), Valencia (art. 53), Canarias (art. 32), Navarra (art. 47) y Madrid (art. 29).
En coherencia con la distribución de competencias, todas las leyes estatales de Educación han contemplado la Alta Inspección. Desde la Ley orgánica 5/1980, pasando por las Leyes orgánicas 8/1985, 1/1990, 10/2002, hasta llegar a la vigente Ley orgánica 2/2006, de Educación. Las dos últimas leyes, la 10/2002 y la 2/2006, son ilustrativas de lo que quiero decir. La primera, obra de la mayoría del PP, especificó en qué consistía la Alta Inspección (art. 104). La segunda, fruto de la mayoría socialista con el respaldo de los nacionalistas vascos y catalanes, asume lo dispuesto en la anterior y detalla que a la Alta Inspección le compete comprobar, velar y verificar el cumplimiento de la legislación del Estado en cuanto a modalidades, etapas, ciclos y especialidades de enseñanza; la inclusión e impartición de los aspectos básicos de los currículos; las condiciones para la obtención de los títulos correspondientes y de sus efectos académicos o profesionales; y la adecuación de la concesión de las becas.
A la Alta Inspección se le atribuye, además, una competencia singularmente relevante: «velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos» (art. 105). El elenco de competencias debería ser suficiente para evitar los abusos denunciados en las escuelas. El Estado no ha hecho nada para impedirlos cuando tiene reconocidas las competencias adecuadas por una la ley fruto de la mayoría socialista, que el PP no ha reformado.
Los políticos saben perfectamente cómo desactivar las competencias incómodas: se les encarga su ejercicio a un enano organizativo, sin medios, sin recursos y aplastado por una jerarquía que no está interesada en lo que investiga, descubre y denuncia. La versión moderna «Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento» (Álvaro de Figueroa y Torres, primer conde de Romanones): ponga en la Constitución lo que quiera, que ya me encargaré de hacerlo inviable. Este proceder lo vemos en distintos ámbitos: ¿cómo es posible que el órgano encargado de velar por el respeto del régimen de incompatibilidades y de conflictos de intereses de, por ejemplo, el presidente del Gobierno, los ministros y los secretarios de Estado tenga rango de dirección general? ¿Es razonable, en relación con la Educación, que las competencias de la Alta Inspección estén en manos de una jefatura de servicio inserta en las delegaciones de Gobierno en cada una de las comunidades autónomas? Salvo en la Biblia, David no puede ganar al Goliat organizativo.
La Constitución es objeto de críticas, algunas merecidas. Menos son las que se vierten contra los políticos que han decidido desactivar sus determinaciones con fines no precisamente confesables. ¿De qué sirven unas competencias si quien las ejerce no cuenta con la fuerza y naturaleza organizativa adecuadas? Desde 1980 no se ha querido regular la organización y el régimen de personal de la Alta Inspección. La inactividad es, también, una forma de hacer política, en este caso, además, a complacencia de los nacionalistas.
La Alta Inspección debe estar en manos de aquél que quiera y pueda ejercerla porque disfruta del estatus organizativo apropiado. Una fórmula organizativa que garantizaría su despolitización sería la de la autoridad administrativa independiente, regulada y con carácter general en la legislación administrativa. Es la propuesta presentada por Ciudadanos y cuya toma en consideración fue rechazada por el Congreso, impidiendo que pudiera ser objeto de discusión y debate en el seno del correspondiente procedimiento legislativo. Ni discutirla quieren. No es sorprendente.
Los distintos Gobiernos del PP y del PSOE han renunciado a regular la Alta Inspección para evitar incomodar a las comunidades con la desagradable tarea de supervisar el cómo cumplen con la legislación de Educación y, en particular, con las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes educativos, así como de sus derechos lingüísticos en la enseñanza. La Constitución ofrece un instrumento que está contemplado en la legislación desde 1980 y que, por razones políticas, ha sido desactivado. El resultado es la impunidad con la que se violentan los derechos más básicos de los españoles. No se garantiza la igualdad en el ejercicio de sus derechos y deberes, así como tampoco el disfrute de los derechos lingüísticos. Es la ley, es la Constitución, no es la ensoñación de utopistas revolucionarios.
Que la Constitución necesita reformas, no lo dudo. Pero la más importante es que se cumpla. Y para cumplirla no necesitamos reformarla. Necesitamos la voluntad decidida de que sus determinaciones no sean piezas de escaparate, sino las reglas básicas que ordenan nuestra convivencia y, sobre todo, garantizan la igualdad de derechos de todos los españoles en cualquier rincón del territorio nacional.
Circo interminable
EDITORIAL Libertad Digital 31 Enero 2018
Estaremos condenados a un 155 desnaturalizado que no lleva a Cataluña de vuelta al orden constitucional.
Una cosa es que el presidente del Parlamento regional de Cataluña, Roger Torrent, no se haya atrevido a desobedecer el auto del Tribunal Constitucional por el que se suspende cautelarmente la investidura de Puigdemont, mientras esté activa la orden de búsqueda y captura e ingreso en prisión del golpista, y otra muy distinta que se haya puesto final al desafío de los separatistas –el propio Torrent incluido– al Estado de Derecho.
Desgraciadamente, tanto el desafío separatista como el circo al que ha dado pie la aplicación del artículo 155 de la Constitución sólo para convocar elecciones autonómicas parece que van a tener un larguísimo recorrido.
Para empezar, resulta esperpéntico que quien preside el Parlamento regional catalán sin quitarse de la solapa un lazo que revela su solidaridad con prófugos de la Justicia o con quienes están en la cárcel acusados de las más graves vulneraciones del orden constitucional se permita, tras ignorar a los letrados del propio Parlamento que preside, dar lecciones de Derecho Constitucional a los miembros del TC, a los que Torrent ha acusado de perpetrar una "chapuza jurídica". Torrent parece ignorar que el TC todavía no ha resuelto la impugnación del Gobierno y se ha limitado a tomar una oportuna medida cautelar que, obviamente, y dada su naturaleza jurídica, tiene un carácter necesaria y encomiablemente preventivo.
El esperpento abarca también las movilizaciones callejeras, las acampadas ante el Parlamento regional y las disensiones que el aplazamiento de la investidura de Puigdemont ha provocado en las filas separatistas. Dado que tanto el presidente de la Cámara catalana como el golpista huido dicen no contemplar otra investidura que no sea la del propio Puigdemont, habrá que tener presente que no es posible la celebración de nuevas elecciones regionales sin que previamente se haya celebrado una votación de investidura. Así que, mientras los separatistas se empecinen en investir presidente al golpista y mientras los constitucionalistas no presenten una candidatura alternativa, aunque no vaya a salir adelante, estaremos condenados sine die a un 155 desnaturalizado que no lleva a Cataluña de vuelta al orden constitucional.
La magistrada de la Audiencia Nacional que ordenó la prisión para 'los jordis' se muestra intransigente ante el expresidente del Barça, a quien investiga por blanqueo
Carlos Quílez El Espanol 31 Enero 2018
Ocurrió a finales del año pasado. La juez de instrucción número 1 de Andorra, Canolic Mingorance, y el fiscal general del país, Alfons Alberca, se trasladaron a Madrid para interrogar al expresidente del Barça Sandro Rosell y al gestor andorrano Joan Besolí. Ambos se encuentran en prisión preventiva por orden de la juez Carmen Lamela (la misma que ordenó prisión para los Jordis por sedición), que les investiga por blanqueo de capitales.
Justamente Mingorance y Alberca dirigen una investigación por idénticos hechos contra ambos en Andorra. En el marco de esa causa, la juez y el fiscal se trasladaron a la Audiencia Nacional para recabar información de Rosell y Besolí, quienes estaban siendo investigados en el Principado desde hacia dos años sin que, paradójicamente, nunca, hasta el momento, se les tomara declaración.
Ambos fueron trasladados desde Soto del Real esposados en una furgoneta de la Guardia Civil que compartían con presuntos terroristas de Dáesh citados por otros jueces de la Audiencia Nacional.
Entraron esposados en la sala de vistas de la audiencia, donde les esperaban Lamela (la anfitriona), Mingorance y Alberca. Estaba a punto de comenzar un acto jurisdiccional de Andorra. Rosell fue preguntado por Mingorance y se dispuso a hablar en catalán. Lamela, que en principio no jugaba papel alguno en aquel trámite judicial, interrumpió a Rosell y le conminó a hablar en castellano.
Rosell y sus letrados le recordaron airados a la juez que aquel era un acto jurisdiccional andorrano y que el catalán es idioma oficial en Andorra. La Juez respondió mal humorada: “¡Esto es España, así que responda usted en castellano!”.
A Rosell y Besolí, que llevan ocho meses en la cárcel, la Audiencia Nacional les ha denegado hasta en cuatro ocasiones? la libertad provisional bajo fianza.
"La Fiscalía me pide 25 años de prisión por denunciar la corrupción en España, empezando por la Infanta Cristina y Urdangarín"
Miguel Bernad Remón, jurista y secretario general de Manos Limpias latribunadelpaisvasco 31 Enero 2018
Tengo 75 años, y “disfruto” de los achaques propios de la edad, aunque no me quejo.
Agradezco mucho a la fiscalía española, tan experta en mirar para otro lado cuando le conviene, que me pida 24 años y 10 meses de prisión, es decir, casi 25 años de cárcel, ya que ello me hace suponer que piensan llegaré a los cien años, y ese detalle es muy de agradecer…
He dedicado los últimos 22 años de mi vida, desde 1995 hasta la fecha, a luchar contra la corrupción en España, y prueba de ello son más de un millar de denuncias y querellas presentadas por el sindicato Manos Limpias, del que soy fundador y secretario general.
Del Rey abajo nadie se ha librado de nuestra persecución, siempre que viéramos indicios de corrupción, prevaricación, cohecho, etc., empezando por la propia hija y hermana de reyes, Cristina de Borbón y Grecia, y su marido, Urdangarín.
Y por eso debo enfrentarse a esa enorme, desproporcionada y, sobre todo injusta, acusación y petición fiscal, que además de ser un disparate jurídico, supone una auténtica intimidación.
Es una acusación sin la más mínima base probatoria para acusar. El Ministerio Público, en una clara huida hacia adelante para justificar mi ingreso en prisión preventiva, y la estancia en la cárcel ininterrumpidamente durante ocho meses y medio (unos 255 días), solicita que s eme imponga una pena de 24 años de prisión y 10 meses más, intentando así amedrentarme para que mi abogado pacte una sentencia de conformidad, en la que reconozca habrá cometido algún delito, intentando así criminalizarme y acabar con mi prestigio y el de Manos Limpias, un referente Español y mundial en la lucha contra la corrupción política.
Pero no lo van a conseguir. Prefiero morir en la cárcel que vivir de rodillas, y más ante un gobierno de traidores, cobardes y corruptos como el que tenemos la desgracia de sufrir actualmente en lo que queda de España…
No contento el instructor, el juez Pedraz, que tenía que haberse abstenido de intervenir en este asunto, ante la enemistad manifiesta que profesaba y tiene al que suscribe, tras haberle denunciado en varias ocasiones ante el Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal actuante prevarica en su petición de ingreso en prisión preventiva, no habiendo causa para ello. Sigue prevaricando al mantenerme durante ocho meses y medio en la cárcel, pese a mi edad, y no tener antecedente penal alguno, y vuelva a prevaricar ahora, con esta infumable petición de 24 años y diez meses de prisión.
El Ministerio Fiscal ha vulnerado todas mis garantías constitucionales y procesales, de manera grosera, flagrante, clamorosa y hasta delictiva.
La fiscalía oculta y desprecia las manifestaciones en sede judicial de los presuntos extorsionados, todos y cada uno de los cuales han dicho que no habían tenido relación alguna conmigo, ni, por supuesto, habían sido objeto de extorsión alguna, por parte del sindicato Manos Limpias.
Todo eso al fiscal le da igual, pues seguramente obedece órdenes superiores, dada la estructura jerárquica de la fiscalía, o pretende que la realidad no le impida construir un relato de ficción, que es pura invención suya, como el argumento de una novela, en las que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia…
El Ministerio Fiscal ha sido incapaz de construir un andamiaje jurídico basado en indicios racionales de criminalidad contra mí, pese a lo cual me mantiene durante ocho meses y medio en prisión preventiva, y solo cuando empiezan a llegar quejas al Consejo de Europa, al Greco, Grupo de Estados contra la Corrupción, e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y suponemos que estos organismos piden explicaciones a España, me dejan en libertad.
La fiscalía retuerce torticeramente los hechos, para darles encaje penal “sí o sí”, aunque sea con calzador, y ello a pesar de la total y absoluta inexistencia de indicios de criminalidad, el fiscal acusa con la más absoluta desvergüenza.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los fiscales son de “servicios mínimos”, deben de pensar que es absurdo que un señor que no tiene interés económico alguno, a diferencia de ellos, que cobran su buen sueldo, pueda dedicar más de dos décadas de su vida a interponer más de 1.000 (mil) querellas y denuncias contra diversos estamentos del Estado, la Judicatura, los gobiernos autonómicos separatistas de Cataluña y el País Vasco, otras autonomías totalmente corruptas y corrompidas como la andaluza, con el caso de los ERES, etc.
El fiscal pasa olímpicamente de los requisitos que establece el Código Penal para incardinar los hechos en los delitos de organización criminal y extorsiones…
La fiscalía pide además la disolución de Manos Limpias, pues por lo visto no quieren competencia, habida cuenta de que nuestro sindicato ha hecho más por la lucha contra la corrupción en España que los alrededor de 3.000 fiscales que los españoles tenemos en nómina…, con muy magros resultados.
Resulta curioso ver que nunca se ha pedido la disolución de UGT, por ejemplo, con su famoso PSV, un timo al por mayor, o de la propia UGT y CC.OO. en el caso de los ERES andaluces, que callaban a cambio de “generosas” subvenciones, o las numerosas cajas de ahorros y bancos que han estado estafando –literalmente- a sus clientes, colocándoles productos que eran un auténtico timo.
Por no hablar de la primera organización delictiva que existe en España, que es el PP, involucrado en cientos de casos de corrupción y latrocinio del dinero público, mordida, comisiones, etc.
La fiscalía nunca ha pedido la disolución de ninguna de esas organizaciones delictivas, pero sí de Manos Limpias, ya que, al parecer, en un país de corruptos un sindicato que lucha contra la corrupción es un peligro público, y debe der erradicado de la faz de la tierra.
La irrupción en los procesos penales de la figura del fiscal defensor del acusado, cuyo máximo valedor y representante es el fiscal Horrach, es la guinda de una Institución sumida en el descrédito y desprestigio de una de uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, o, en el caso de España, y por desgracia, del estado de desecho…
Sainete de la república catalana
Emilio Campmany Libertad Digital 31 Enero 2018
Si algún día Puigdemont pretendiera volver, habría que cerrarle el paso en la frontera y obligarle a volverse a Bélgica.
En el sainete de la república catalana, el papel que le ha tocado a Torrent es el de un oficial fatuo y petulante. Está muy bien recordar la chapuza jurídica perpetrada por el Constitucional porque efectivamente lo es. Como no está de más acentuar que tiene su origen en la necesidad de proteger al Gobierno de la metedura de pata de su marisabidilla vicepresidenta. Pero el caso es que lo que ha hecho es suspender la investidura hasta que esté asegurado que el debate será "efectivo y con garantías". ¿Qué significa esto más allá de que se suspende la investidura sine die? Seguramente, nada. Una de las cosas más reconfortantes de tener que escuchar cómo se dirigen a su parroquia los líderes independentistas es comprobar que toman a sus seguidores por tontos tanto como el resto de políticos españoles toman a los suyos por idiotas. En eso, como en tantas otras cosas, como la corrupción o el apego a las bicocas del cargo, demuestran los independentistas ser tan españolazos como el que más.
La cuestión es que Torrent pertenece a la Esquerra y la Esquerra no quiere a Puigdemont de presidente. No porque sea prófugo de la Justicia, que eso no deja de ser un valor en el activo del expresidente, ni porque no tenga la más mínima intención de volver a Cataluña mientras haya una orden de detención contra él, sino porque no es de su partido. El problema que tienen es que, una vez que el necio ha sido elevado a la categoría de mártir de la causa, no hay más remedio que esperar a que sea el Gobierno o el Tribunal Constitucional quienes se carguen su candidatura. Y el problema de la Esquerra es más grave de lo que parece porque la torpeza innata del Gobierno y la inducida del Tribunal Constitucional hacen que, aunque lo intenten, no consigan cargárselo. Con lo fácil que habría sido esperar a un conato de investidura por vía telemática que el Constitucional podría haber anulado en un pispás. Y Torrent, con lágrimas de cocodrilo, habría podido buscar y encontrar sin remordimiento otro candidato del gusto de la Esquerra.
Pero ahora el Gobierno y el Constitucional han decidido combatir el proceso armados de una suerte de justicia preventiva, que diría el Consejo de Estado, poniendo recursos contra actos no realizados y dictando autos de arúspice con los que atajar el hecho ilícito antes de que se produzca. Con tanta incompetencia, pensará Torrent, no hay manera de cargarse a Puigdemont. De forma que ha hecho lo único que podía hacer, posponer ad calendas graecas y esperar a ver si alguien le da una solución más eficaz con la que desahuciar de una vez al prófugo bobalicón y testarudo empeñado en ser presidente legal en el exilio. Si algún día pretendiera volver, habría que cerrarle el paso en la frontera y obligarle a volverse a Bélgica. Aquí no cabe un tonto más.
Alejo Vidal-Quadras Gaceta.es 31 Enero 2018
El problema del pobre Puigdemont es que ha alcanzado el punto en su huida hacia adelante en que es un estorbo para todos los participantes en el disparatado “procés”.
Es célebre la rotunda afirmación del diestro Rafael Gómez Ortega “El Gallo”: “Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible”, espléndido pleonasmo que une a su carácter de verdad absolutamente indiscutible el colocar a todos aquellos que la ignoran en el ámbito de la idiotez o la locura. Por lo que hemos visto en las últimas horas el actual Presidente del Parlamento de Cataluña, a diferencia de lo que se pudo pensar de su predecesora hasta que los jueces la devolvieron a la realidad, no es ni un demente ni un imbécil. La prueba está en que ha pospuesto sine die el pleno de la Cámara autonómica en la que los grupos separatistas pretendían investír como primera autoridad de Cataluña y máximo representante del Estado en ese territorio a un huido de la justicia sin que éste se dignase personarse en el hemiciclo para defender su programa y ser votado.
Si Roger Torrent hubiera cedido a las presiones de Junts per Catalunya y de la CUP y hubiera consentido que el discurso del ausente hubiese sido pronunciado por un sustituto o que el bruselense temporal se hubiese aparecido ante los diputados transportado por las ondas electromagnéticas, su desobediencia pública y notoria al Tribunal Constitucional hubiera significado un delito que muy posiblemente le habría acarreado como mínimo la inhabilitación y como máximo una larga temporada entre rejas. Además de estas molestas consecuencias, la investidura de Puigdemont hubiera ido en contra de la estrategia del partido en el que milita el Presidente del Parlament, que consiste precisamente en que el fugado desaparezca del mapa por incómodo, por patético y por pesado, y quede el camino expedito para la candidatura de alguien sin cuentas pendientes con la ley, de tal manera que Cataluña pueda ser debidamente gobernada. La prioridad para ERC no es ya a estas alturas de la tragicomedia secesionista la proclamación de la República catalana -entelequia sólo comparable a la isla de Nunca Jamás-, sino el volver a disponer de las palancas del poder y del sustanciosos presupuesto que el ministro Montoro ha ido alimentando generosamente, inasequible al desaliento y a las fechorías de los separatistas. Al final, si no se puede alcanzar la soñada independencia, no son mal consuelo las prebendas, gabelas y privilegios de sentarse en la silla curul del palacio de la Plaza de Sant Jaume. Hay mucho correligionario que mantener colocado, mucha subvención que repartir y mucho ego que colmar como para perder el tiempo con las payasadas de un ex-alcalde de Gerona.
Las protestas retóricas ante las instrucciones dictadas por el supremo intérprete de la Constitución y la sutil distinción entre desconvocar y aplazar, así como la insistencia en que no hay otro candidato posible que no sea Puigdemont, son volatines circenses para ganar tiempo e ir consolidando entre los diputados afines y la masa independentista que ruge airada en la calle la certeza inapelable de que el ex-President no lo volverá a ser. No descartemos por otro lado, teniendo en cuenta la naturaleza esencialmente perversa de la actividad política, que la musa y sostén moral del exiliado esté velando armas para reemplazarle como aspirante al trono nacionalista convenciéndole de que, si no es él, mejor una leal colaboradora que le mantendrá puntualmente informado de todo lo que suceda y que no dará un paso sin consultarle, que un Muy Honorable que le olvide en el mismo instante en que se cubra con la púrpura. El hecho de que eso es exactamente lo que hará ella tan pronto tome posesión no es algo que, por sabido, tenga demasiada importancia dadas las circunstancias.
El problema del pobre Puigdemont es que ha alcanzado el punto en su huida hacia adelante en que es un estorbo para todos los participantes en el disparatado “procés”, el Gobierno, los Tribunales, sus aliados políticos, los funcionarios de la Generalitat que quieren regresar a la placidez del trabajo cotidiano, los Mossos hartos de hacer de mortadelos de pacotilla y de arriesgarse a expedientes disciplinarios y la mayoría de la población catalana, tabarneses o tractorianos, que tienen negocios que atender o puestos de trabajo que conservar.
Hay otra expresión menos conocida de “El Gallo” que también viene al caso: “Cada cual es cada cual”. Efectivamente, cada uno somos lo que somos y desde luego lo que no somos, salvo contadas excepciones, es masoquistas. Por tanto, la hora del sufrimiento por Cataluña ya ha terminado y se impone que la vida siga. Si los tres golpes anteriores del pasado siglo fracasaron con el más espantoso de los ridículos, se superará también el naufragio del el primero del siglo XXI y habrá que esperar mejores tiempos. Forma parte del alma catalana el que un sector de su sociedad desvaríe de vez en cuando y se dedique a perder el tiempo, las energías y el dinero en aventuras grotescas. Son las cosas de la identidad.
OKDIARIO 31 Enero 2018
El independentismo catalán vuelve a dar una imagen paupérrima. Los disturbios en los alrededores del Parlament, la apología de la ilegalidad, el enfrentamiento constate y el caos continuado son propios de un país bananero, no de una de las regiones más importantes de España. Lo peor es que de seguir con esta broma pesada, nadie tomará en serio Cataluña a nivel internacional. Algo que dañará las inversiones y el empleo y que, por consiguiente, puede lastrar gravemente la economía. Punto por punto, el día a día en la región es un caos insostenible. Este martes hemos tenido la última prueba. En primer lugar, por la insistencia de Roger Torrent en la investidura de Carles Puigdemont a pesar de que lo ha prohibido el Tribunal Constitucional (TC). Si fuera responsable y pensara en el bien de todos los catalanes, el presidente del Parlament optaría por otra fórmula y no insistiría en un imposible.
Sobre todo porque es ilegal. Puigdemont es un prófugo de la justicia. El expresident ni puede gobernar desde Bruselas ni lo puede hacer en España, ya que de pisar suelo patrio el único camino posible desemboca en la cárcel de Estremera después de pasar por el Tribunal Supremo para rendir cuentas ante el magistrado Pablo Llarena. Esta inestabilidad política e institucional provoca que las calles estén al albur de los más radicales y que la inseguridad jurídica sea el plato principal de cada jornada en Cataluña. Así, hemos visto al líder de la CUP, Carles Riera, alentar a los violentos que pasarán la noche en el Parlament. La irresponsabilidad política es gasolina sobre la visceralidad de los más radicales. Lejos de buscar una solución que pase por la legalidad, arengan a sus acólitos como si en vez de estar en un país democrático estuviéramos en un campo de batalla.
El peligro de una turba descontrolada ha sido evidente cuando los Mossos no han podido detener el empuje de los distintos grupos en el Parque de la Ciutadella. Una incapacidad que contrasta con el trabajo férreo y escrupuloso que Guardia Civil y Policía Nacional hacen en la frontera. No obstante, y a pesar de la beligerancia de la CUP y los CDR, lo cierto es que la imposibilidad de que los independentistas rijan en Cataluña por encima de la ley está provocando que la unidad del bloque separatista cada día se resienta más. Como si se tratara de una película de Luis García Berlanga, diputados de la antigua Convergència han llamado “cagados” a los de ERC. Una prueba más de que el esperpento es el estado permanente al otro lado del Ebro. Cataluña necesita a la España constitucionalista. De otra manera, los ciudadanos seguirán padeciendo sine die esta broma pesada.
Teresa Freixes okdiario 31 Enero 2018
Al haber fijado Rajoy el 17 de enero como día para la constitución del Parlamento de Cataluña ejerciendo las atribuciones que el art. 155 CE le atribuye al respecto, la sesión de investidura, que tiene que tener lugar en los 10 días hábiles después de la constitución, debe haberse realizado como máximo el 31 de enero. Pero no parece previsible que ello suceda, ya que el presidente del Parlamento de Cataluña, que había fijado la realización del pleno de investidura para el 30 de enero a las 15.00 horas, ha desistido de la realización del mismo, suspendiéndolo sine die y anunciando que no piensa presentar a otra persona que no sea el prófugo Puigdemont como candidato a la investidura, resistiéndose a presentar al Pleno cualquier otra candidatura. Recuerdo aquí que únicamente pueden ser consideradas las candidaturas oficialmente presentadas por el presidente de la Cámara, tras las correspondientes consultas a los partidos políticos con representación parlamentaria.
El Tribunal Constitucional, que ha dejado en suspenso por diez días la aceptación —o no— a trámite el recurso del Gobierno contra tal designación de candidato, pero ha admitido la personación del Parlamento, de Puigdemont y de los diputados que también presentaron petición en este sentido, en el trámite previo a la admisión a trámite precitada, ha dictado ya resolución inadmitiendo las alegaciones realizadas por Puigdemont, puesto que, para el TC: “La autonomía parlamentaria no puede erigirse en razón para soslayar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional”. Se mantiene, pues, la necesidad de que, si Puigdemont quiere ser investido, tenga que contar con autorización judicial para asistir al Pleno. Lo que equivale a decir que tiene que entrar en España, presentarse ante la justicia o ser detenido para ser puesto a su disposición, ingresar en prisión y solicitar un permiso penitenciario, que el juez resolverá si concede o no. Los precedentes existentes en el caso de Junqueras, los Jordi’s y Forn, parecen indicar que, como máximo, lo que podría suceder es que Puigdemont, al igual que el resto, pueda solicitar a la Mesa del Parlamento una delegación de su voto en otro diputado, que la Mesa tendrá que resolver si acepta o no, pero no parece probable que pueda obtener el permiso para desplazarse a Barcelona para asistir al Pleno.
Esta situación ha tenido indudablemente que pesar en el ánimo del Sr. Torrent, el presidente del Parlamento de Cataluña, además de la consideración de que negarse a acatar la decisión del Tribunal Constitucional y facilitar una investidura telemática, por representante o mediante delegación, cuando el TC las ha considerado contrarias a Derecho, le conduciría a la aplicación de responsabilidades penales sobre su persona, tal como sucedió con su antecesora, Carme Forcadell. Caben varios escenarios ante esta situación insólita. Tan insólita que ningún reglamento parlamentario que conozca la prevé. Porque normalmente las democracias se fundamentan en el principio de lealtad institucional y, también normalmente, ese principio se respeta, porque es la base del correcto funcionamiento democrático del Estado de Derecho. De ahí que se puedan prever distintas situaciones, al margen de que hipotéticas o reales rocambolescas reacciones de Carles Puigdemont puedan provocar quien sabe qué consecuencias.
Por una parte, se podría interpretar que al estar todavía pendiente la resolución del Tribunal Constitucional sobre la admisión a trámite del recurso del Gobierno contra la designación de Puigdemont, admisión que suspendería, en principio, por hasta 5 meses el acto impugnado —aunque podría existir prórroga—, el Pleno del Parlament quedaría automáticamente suspendido hasta que el TC se pronuncie sobre esa admisión a trámite —no sobre el fondo de la cuestión—. Pero no es la única interpretación posible, puesto que el propio Sr. Torrent, haciendo uso de sus facultades como presidente de la cámara catalana, ha interpretado que, aun habiendo convocado el Pleno, tiene potestad para suspenderlo sin haberlo iniciado, les guste o no les guste a los grupos parlamentarios. Y para suspenderlo sine die, sin plazo alguno establecido, hasta que, según su criterio, se den las condiciones para elegir a Puigdemont “con garantías”. Cabría pensar también que, al finalizar el 31 de enero el plazo reglamentario previamente establecido para que tenga lugar el inicio de la sesión de investidura, si el día transcurre sin que ello haya acaecido, la autoridad que lo estableció tendría que decir algo al respecto, es decir, tendría que tomar alguna decisión. Y aquí aparecen, a su vez, escenarios diferentes.
El lío de los plazos
Uno sería el que he apuntado en primer lugar: el Pleno queda suspendido por efecto del auto del TC que se auto-otorga 10 días para admitir a trámite el recurso del Gobierno y da posibilidades a que las partes efectúen alegaciones. No acabo de verlo claro porque existen razones, fundamentadas básicamente en el principio de seguridad jurídica, a favor de entender que quien decidió el inicio de los plazos para la formación del Gobierno, tendría que dictaminar explícitamente que el plazo para el inicio del Pleno de investidura se prolonga hasta que el TC tome la pertinente decisión, ya que el Tribunal nada ha dispuesto al respecto. Otro podría ser que dado que el presidente del Gobierno es quien, en ejercicio de las funciones que la Constitución y el acuerdo del Senado le han conferido en aplicación de la coerción federal propia del art. 155 CE, ha fijado la fecha del calendario que condiciona todo el proceso de la investidura, puede apreciar que el presidente del Parlamento de Cataluña no ha cumplido con las obligaciones que como tal tiene para que la investidura se lleve a buen término. Lo que equivaldría a constatar que ha existido resistencia a la aplicación de las previsiones y mandatos derivados de la aplicación del art. 155 CE.
En principio, el art. 155 CE mantiene su vigencia, según los acuerdos previamente tomados por el Senado y desarrollados en la guía sobre su aplicación emitida posteriormente de acuerdo con los partidos políticos que dieron su apoyo a la aplicación de este artículo, hasta que la normalidad constitucional se reponga en Cataluña mediante la formación de un gobierno que se sitúe en el marco de la ley. Por ello, creo hay que entender que se está todavía dentro de los mandatos establecidos al respecto, pero que, como se ha podido comprobar, aunque el art. 155 ha surtido ciertos efectos, su aplicación ha provocado una resistencia, parlamentaria y callejera, que va a ser difícil de contrarrestar si no se toman otro tipo de medidas. Me refiero a que, según cómo evolucionen las cosas, no es descartable que, una vez constatada la continua oposición a los mandatos constitucionales, estatutarios y reglamentarios, el Gobierno decida volver a convocar al Senado y solicitar autorización para volver a disolver el Parlamento y convocar elecciones de nuevo. Porque al no haberse efectuado votación alguna, el plazo de dos meses que el Estatuto de Autonomía establece para la disolución automática del Parlamento no se ha activado, pues sólo comienza a correr después de la primera votación fallida.
Tal como han transcurrido los últimos meses, parecería quizás más adecuado, y ahora ya me sitúo no tanto en las disposiciones estrictamente legales sino, dentro de ellas por supuesto, en otro plano, que si se disuelve el Parlamento, no volviéramos a realizar las elecciones en otros 54 días y con las estructuras administrativas de la Generalitat prácticamente incólumes, pues ya hemos visto los resultados que ello produce. Quizás se podría pensar, teniendo en cuenta lo que acabo de decir —y al margen de una continuidad, con variaciones o no, del art. 155 CE— en la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, en los sectores que fueran precisos para garantizar que, por poner un ejemplo —aunque hay otros, especialmente relativos a la educación y la comunicación—, los secesionistas de los “Comités de Defensa de la República”, descontentos con la decisión de aplazar el Pleno tomada por Roger Torrent, no tomen por asalto el Parlamento, o conviertan el Parque de La Ciudadela en un Maidán a la catalana. Ciertamente, esta Ley permite operar sobre la administración, esa que se está resistiendo también a regresar al orden constitucional, con precisión de cirujano.
Aunque también cabría pensar que, dado que el presidente del Parlamento de Cataluña no ha sido capaz de organizar una investidura plausible, tal como sucede normalmente en democracia cuando los políticos fracasan tan estrepitosamente, se echara a un lado y presentara su dimisión. Es al Gobierno de España a quien corresponde ahora responder a esta enésima provocación del secesionismo. Tendrá que ponderar los intereses en juego y decidir sobre la aplicación de los instrumentos que el Estado de Derecho pone a su disposición para hacer frente a la situación. Porque, aunque ello es necesario y así se ha demostrado, no todo debe fiarse a la labor de la justicia.
Quiero recordar, al respecto, que poco consciente es el secesionismo del jacobinismo que encierra la crítica que continuamente realiza a la función jurisdiccional en su control sobre el legislador y el ejecutivo. Cuando Lambert, en 1921 publica su obra ‘El gobierno de los jueces’ lo hace para criticar el control de constitucionalidad en los Estados Unidos, ya que en la concepción jacobina francesa la ley lo puede todo y el juez debe ser únicamente la boca que pronuncia la palabra de la ley. Sin embargo, recordemos también que la Historia demuestra que el juez crece en su función cuando el político se revela como infructífero, ya sea en cuanto a legislador o en tanto que ejecutivo. No olvidemos que un repaso atento a los períodos de la Historia de Estados Unidos en los que los jueces han destacado por la “orientación política” que han ejercido mediante la jurisprudencia, muestra claramente que el grado de influencia judicial es directamente proporcional a la torpeza política.
EDITORIAL El Mundo 31 Enero 2018
Y el independentismo acató la ley. Por primera vez desde que adoptaron la vía unilateral, los dirigentes separatistas -con el presidente del Parlament al frente- experimentaron un rapto de realismo que les aconsejó detenerse antes de estrellarse, y no después. Bien es verdad que Roger Torrent no decidió acatar la orden del Tribunal Constitucional porque le hayan convencido las bondades del Estado de derecho y el respeto a la pluralidad social de Cataluña representada en su Cámara autonómica, sino por miedo a la cárcel que desde hace ya casi tres meses padece el jefe de su partido, entre otros. Pero eso sólo demuestra que el Estado, cuando es desafiado, no tiene más remedio que ejercer la pedagogía de la fuerza legítima, acordada por un tribunal.
Es cierto que el Gobierno forzó los límites de la interpretación del Derecho al insistir en su recurso preventivo contra el criterio del Consejo de Estado, y que con ello quebró la unidad de acción institucional frente al separatismo, que lo celebró como una victoria. Pero el TC avaló la arriesgada estrategia gubernamental y la investidura fraudulenta de Carles Puigdemont quedó suspendida. Faltaba saber si Torrent bajaría la cabeza o pasaría a engrosar el martirologio. Sucedió la primero.
Para camuflar la claudicación eligió la fórmula del aplazamiento, que mantiene la candidatura del prófugo al tiempo que cumple con la Justicia, todo ello al precio de cronificar el desgobierno de Cataluña. Pero las bases, no en vano fanatizadas por años de adoctrinamiento y engañadas con promesas de república inminente, no perdonan que se dé un paso atrás. "O investís al president o tomamos el Parlament", gritaba un puñado de radicales congregados en el Parque de la Ciudadela, algunos de los cuales lograron romper el cordón policial merced, de nuevo, a la hospitalaria pasividad de los Mossos. Encarnan una expresión callejera y menor del independentismo, ciertamente, pero también son el síntoma de una fractura política mayor entre ERC y JxCat. Si Roger Torrent se mantiene del lado correcto de la ley, la candidatura de Puigdemont entrará en vía muerta y la frustración subsiguiente podría deparar consecuencias indeseables, entre ellas la repetición electoral.
Pero el caos por el que se despeña la comunidad catalana, a cuyo horizonte de excepcionalidad no se le ve el final, tiene un máximo responsable. Un pícaro egoísta, mentiroso y cobarde que tiene secuestrado el presente político de Cataluña porque sus correligionarios se lo permiten, aterrorizados ante la reacción de sus votantes cuando descubran que nunca hubo arena bajo los adoquines ni independencia posible bajo la Constitución. Para esos catalanes, verdaderos avalistas de la sinrazón, Puigdemont es una mezcla de ídolo tribal y excitante catalizador de odio a España. Por eso le disculpan que exija a los demás diputados el sacrificio procesal que él evade en Bruselas.
Siempre defendimos que la ley prevalecería. Cuanto antes lo acepte el secesionismo, más dinero, tiempo, energías y dignidad ahorraremos todos.
En Cataluña solo ríen los payasos del escenario
Carlos Gorostiza. vozpopuli 31 Enero 2018
Los partidarios del “candidato inviable”, saben más que de sobra que Puigdemont no puede ser president, pero les da igual. Lo que quieren es continuar con el espectáculo de vamos a hacer como si nos fuéramos a independizar
En los sistemas democráticos las elecciones se convocan para determinar quiénes serán los gobernantes y la forma en que estos actuarán. Sin embargo, en Cataluña ya no es así. Esta tarde se supone que se celebrará, no se sabe aún bien cómo, un pleno de investidura en el Parlament que no tiene ninguna posibilidad de servir para formar un Gobierno que se ocupe con normalidad de las funciones que le corresponden. Pero lo peor es que ni hay posibilidad ni tampoco intención alguna. Hoy lo único que importa es cómo se desarrollará en la Ciutadella un capítulo más, el más notorio, pero ni el único ni el último, de la entretenida pero inútil serie de ficción en que se ha convertido la política catalana.
Sabiendo que hace días, los hombres de Zoido estuvieron registrando las alcantarillas en torno al edificio del Parlament, era posible imaginar incluso un desenlace aún más rocambolesco, con el candidato avanzando por los pasadizos y apartando con la palmatoria las telarañas para acceder al pleno burlando a los guardias. En fin…
Los partidarios del “candidato inviable”, sea por subterráneo, digital o recluso, saben más que de sobra que Puigdemont no puede ser president, pero eso les da igual. Lo que les importa es continuar con ese espectáculo, tan emocionante, de que vamos a hacer como si nos fuéramos a independizar. Ya no se trata ni de gobernar la Comunidad Autónoma ni tampoco de crear una imposible república, sino de seguir pedaleando a ver hasta donde llegamos, a ver en cuántos aprietos ponemos al Gobierno de España y así demostrar lo listos que somos. Se trata de continuar con el juego de ver quién sabe utilizar mejor los recovecos de la Ley, algo que les debe parecer muy gracioso y que, de paso, distrae a la gente de la, para ellos, insoportable realidad de que en Cataluña los independentistas han perdido las elecciones del 21D y las ha ganado Ciudadanos, un partido clara y nítidamente contrario al nacionalismo catalán y, por supuesto, a la secesión.
Para, entre otras cosas, tapar esa realidad, necesitan que el espectáculo no decaiga. Los partidarios de la ruptura de Cataluña con España (y consigo misma) jaleaban la semana pasada la resolución del Consejo de Estado de no admitir el recurso del Gobierno, porque señalaban -con tanta razón como cinismo- que jurídicamente no se puede actuar contra quien aún no ha hecho lo que se ha hartado de decir que va a hacer. No aplaudieron tanto la resolución del Constitucional. Y es sorprendente, porque llegados a este punto, la ocasión de conseguir una foto de la policía llevándose detenido a un President recién elegido resulta tentadora para dar lustre al relato. Nada menos que crear un mártir para la causa, lo que todo nacionalismo anhela. Aunque se comprende que a un miembro de la acomodada y extractiva burguesía catalana no le atraiga pasar por un furgón policial y puede que por una cárcel, encima sin garantías de que el juez le permita después acudir al Pleno previsto para esta tarde, que ya veremos si se celebra o no.
La oportunidad de conseguir una foto de la policía llevándose detenido a un president recién elegido resultaba harto tentadora para dar lustre al relato
Así es el pasatiempo en que se ha convertido todo este lío de Cataluña. Porque se trata ya únicamente de un juego. Un juego frívolo y ventajista, además, porque los independentistas que tanto se escandalizan ahora con el Constitucional, son los mismos que vienen ignorando olímpicamente todas las resoluciones de los órganos jurídicos catalanes (letrados del Parlament y Consell de Garanties Estatutàries) que, sin excepción, han resuelto que cada paso del independentismo era ilegal, desde el pleno del 27 de octubre hasta el de la posible o imposible investidura de hoy.
Lo terrible es que en Cataluña la ingeniería jurídico-política ha sustituido a la realidad. Ya solo importa demostrar quién es más astuto (como recomendaba Artur Mas) aunque sea para ganar unas horas durante las que seguir en la carrera hacia la nada.
La irresponsabilidad política del candidato solo es comparable al miedo a parecer tibios de todos los que le han apoyado, miedo que les impide bajarse del escenario de esta tragicomedia en la que solo ríen los payasos del escenario mientras el pueblo de Cataluña va abandonando la sala, porque tiene que ir a ganarse la vida con más dificultades que antes de que comenzase la función.
Cerco violento al Parlament
Marcello Republica 31 Enero 2018
Que se despida Jordi Sánchez de lograr su salida de la cárcel después de la manifestación de cerco y acoso al Parlament de Cataluña que convocó la ANC que él preside, y que acabó con actos de violencia y de insultos a los diputados como consecuencia de la suspensión por el presidente Torrent del Parlament del pleno convocado para la investidura de Puigdemont.
La violencia secesionista vuelve a confirmar el delito continuado de rebelión por el que están siendo investigados y serán juzgados todos los líderes del PDeCAT, ERC, Omnium, ANC y CUP, y todos aquellos que colaboraron en la ‘organización criminal’ del fallido golpe de Estado catalán que culminó con la declaración de la independencia de Cataluña el pasado 27 de octubre en el Parlament.
Ayer, de la mano de la ANC, la violencia ha vuelto a las calles de Barcelona. Violencia física y política porque hubo empujones a los Mossos y cargas de la policía autonómica, rotura de puertas y candados de la Ciudadela donde entraron a la fuerza decenas de manifestantes, cerco del Parlament y gritos y acoso a los diputados que debieron salir escoltados por los Mossos de Escuadra mientras eran insultados por los manifestantes.
El único que no vio nada de violencia en todo esto fue el presentador de La Sexta TV Antonio García Ferreras (imaginamos que inspirado por Roures) quien negó que hubiera habido violencia por parte de los manifestantes en el informativo de las 20.00 horas de de esta cadena de tv, que le desmintió con imágenes y noticias de sus propios compañeros.
Violencia y cerco al Parlament que se quiere completar con una acampada para forzar la investidura ilegal del prófugo Puigdemont, una posibilidad que pierde apoyos por parte de ERC y una parte del PDeCAT y que ya veremos cómo acaba. Porque si Torrent y sus compañeros de la Mesa del Parlament deciden obedecer a Puigdemont y rechazar el mandato del TC todos ellos acabarán imputados ante la Justicia como sus predecesores y Forcadell.
Me niego a escribir de Cataluña
Fernando Baeta El Espanol 31 Enero 2018
Rompo la baraja y me niego a escribir de Cataluña. Barcelona no es la capital del mundo, ni tan siquiera de España. La vida y la muerte no pasan por el Parlament, ni por la plaza de Sant Jaume. El futuro, desde luego, tampoco deberían. Y la libertad y la democracia no están hechas para el uso exclusivo de quienes las quieren constreñir a sus exclusivos intereses; libertad y democracia son palabras libres, abiertas, desencadenadas; palabras con las que todos podemos jugar y deletrear con la misma intensidad.
Me niego a escribir de Cataluña. Puigdemont no es nadie, una mota de polvo, un estornudo, una equivocación, una nota a pie de página, un lastre, un puto lastre. Y el Gobierno de la nación, por desgracia, no parece ser mucho más. Hartos ya de estar hartos del tema catalán que se nos viene encima día si día también sobrevivimos a duras penas. Las ramas nos están impidiendo ver el bosque y hay mucha más cera que la que arde.
Ya está bien de estar más pendientes de Bruselas que de Extremadura, Aragón o Galicia. Ya está bien de ser víctimas de las declaraciones de cartón piedra con las que políticos y periodistas (o periodistas y políticos) envenenamos los sueños de una ciudadanía mustia que ya no aguanta más, que cree que todo es una bazofia, que le gustaría borrarse de este mapa, irse, esconderse; una ciudadanía entristecida que le gustaría arrancarse de la piel esa costra de podredumbre que a todos nos empapa.
Qué país de mierda somos que no logramos salir de este bucle melancólico al que llevamos tanto tiempo encadenados que ya no somos capaces de recordar lo que debe de ser la vida sin este aire viciado que nos ahoga sin remedio y sin esperanza. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¿Cómo era la vida antes de esto? ¿Cómo será la vida después de esto?
Tenemos un Gobierno pusilánime, cobarde y corrupto que ni ha sido ni será capaz de dar respuestas a una sociedad que las necesita con más urgencia que nunca. No han sabido hacer su trabajo, no han logrado ser esa bandera –recuerdo a Charlie Chaplin en Tiempos Modernos– que todos deberíamos seguir, incluso con los ojos cerrados, incluso sin querer como el propio Chaplin, incluso con estos mangutas al frente del país.
Los perros ladran pero, en contra del dicho, la caravana no continúa. Estamos atascados, agarrotados, esclerotizados; nos estamos perdiendo en los márgenes de nuestros pecados, de nuestra incompetencia.
Cataluña nos está ganando, no por argumentos sino por cansancio.
IVÁN VÉLEZ El Mundo 31 Enero 2018
Sólo la ley frena la candidatura fantasma de Puigdemont
La Razon 31 Enero 2018
La situación de bloqueo político en Cataluña viene de un hecho básico que los estrategas del «proceso» no calibraron o no quisieron tener en cuenta para que no decayese el fervor: el choque frontal con el Estado desencadenaría una batalla política y judicial de la que, en ningún caso, podían salir victoriosos los que han vulnerado la legalidad. Es un principio democrático. Con la Ley en la mano, el Estado ha frenado lo que era el último asalto del independentismo, que vuelve a reproducir los mismos errores que ha llevado a la aplicación del artículo 155.
La investidura prevista para ayer se aplazó en el último momento, tras el anunció del presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent. Aunque no ahorró los ataques al Gobierno y al Tribunal Constitucional por haber recurrido la candidatura de Puigdemont si este no acudía a la cámara y finalmente haber sido prohibida por el Alto Tribunal, acabó reconociendo la evidencia de que dicha sesión no se podía celebrar si no se desobedecía el auto, lo que tendría graves consecuencias.
De haberse celebrado el pleno con el fin de votar la candidatura de Puigdemont, la presidencia de la cámara hubiera incurrido en un delito penado con la inhabilitación. Todo indica que no estaba dispuesto a correr este riesgo y que, como militante de ERC, era partidario de conservar las cuotas de poder conseguidas, pero, sobre todo, que la decisión del Gobierno de impedir que Puigdemont sea investido de forma telemática, por delegación o burlando la orden de detención vigente contra él ha sido eficaz.
La facción independentista que se ha hecho fuerte en Bruselas no tiene más objetivo ni más futuro que bloquear las instituciones y desafiar al Estado. Es una estrategia destructiva que no tiene más recorrido que los límites que le ponga las leyes. Torrent propuso al cabeza de lista de JxCat, aún estando huido de la justicia, en un movimiento que sabía que no podía salir adelante, como ahora se ha demostrado, que le ha permitido poner en marcha el proceso de investidura –debía hacerse a los diez días de la constitución del Parlament– y comprobar que la derogación del 155 sólo es posible desde el estricto cumplimiento del orden constitucional.
Hay un hecho evidente: Puigdemont es ahora el gran problema para que Cataluña recupere un mínima normalidad institucional. Es decir, que se elija a un presidente contra el que no haya causas penales abiertas y se nombre al gobierno. Fue el entonces presidente de la Generalitat quien provocó la aplicación del 155 y quien persiste en su perpetuación. El aplazamiento sin día de la investidura permitirá a los independentistas ganar tiempo para presentar alegaciones, aunque el TC ratificó ayer las medidas cautelares contra la investidura del candidato prófugo, pero sobre todo para resolver el enfrentamiento abierto que JxCat –o el sector afín a Puigdemont– mantiene con ERC.
La situación de Cataluña es de absoluto bloqueo. Por un lado, Puigdemont quiere ser entronizado como el único líder y gobernar aunque sea por delegación. Por otro lado, el aplazamiento paraliza el reloj, dado que no se ha votado, pero deja el futuro en un limbo legal que será difícil sortear, dado que la presidencia del Parlament mantiene el mismo candidato, por lo menos verbalmente y para no agudizar el conflicto interno dentro del separatismo. Si ha descartado otra ronda de contactos entre partidos, la situación se agrava aún más. Cataluña se ha puesto al servicio de las guerras del independentismo.
Roberto L. Blanco Valdés La voz 31 Enero 2018
Javier Barraycoa Gaceta.es 31 Enero 2018
Torrent: contra el TC y el Estado viviremos mejor
Andrea Mármol. vozpopuli 31 Enero 2018
La jaleada ‘judicalización de la política’, siempre en boca de quienes tienen reservas a denunciar la gravedad y las consecuencias de situarse al margen de la ley cuando se es representante público, ha vuelto a protagonizar las crónicas de la temporada dos del ‘procés’. En España, curiosamente, que la Justicia actúe para poner coto a las arbitrariedades que pueden derivarse de la actuación de políticos irresponsables, lejos de tomarse como muestra del ejemplar funcionamiento del Estado de Derecho, da alas a la mirada indulgente con el incumplidor. Así, desde el inicio del desafío independentista, ha parecido como si el saltarse las leyes fuese un efecto colateral del siempre bondadoso e inocente 'hacer política'.
Son precedentes importantes, sobre todo durante los últimos días en que las noticias las han poblado la impericia del Gobierno para frustrar los planes del prófugo y su decisión -¡política!- de desoír las recomendaciones del Consejo de Estado. La convicción de que existía la obligación moral de hacer todo lo posible para impedir la enésima burla de Carles Puigdemont a la democracia española ha visto cuestionada su justificación en la opinión pública. La consecuencia conocida es la coincidencia temporal entre las críticas a la ‘judicalización’ y las disertaciones a cuentas de las extralimitaciones de la razón de Estado.
Para ello ha sido indispensable la fría hemeroteca y el traer a colación los reiterados desplantes de Puigdemont y compañía a los letrados de la cámara catalana. Con ello sobre la mesa, ha bastado para que algunos establezcan la simetría perfecta entre el móvil de las fuerzas separatistas, empeñadas, hoy como siempre, en buscar las grietas del Estado de Derecho que le permitan perpetrar su desafío al orden constitucional y la labor de quienes tratan de evitar la reiteración de ilegalidades dirigidas a vulnerar la unión y la igualdad de los españoles. En esa equiparación encuentran aliento los primeros.
Esa es la razón que explica que el nuevo presidente del Parlament Roger Torrent, de ERC, iniciase ayer su comparecencia con una beligerancia contra las instituciones del Estado que tuvo poco de tono conciliador: “El Estado ha mostrado una de sus caras más oscuras”. Una fuerza nítidamente separatista como ERC puede permitirse todo el margen de comodidad al realizar esas críticas, en las que encuentra la complicidad de sectores de Podemos, así como de la antigua Convergència. Ayer, ese discurso capaz de articular una mayoría distinta, al menos en la opinión pública catalana, se abrió paso.
Conviene no perder de vista que es el resultado electoral y no otra cosa lo que ha colocado a Torrent y a ERC en esta posición que algunos tardarán poco en alabar como adalid de la moderación"
“Qué malvadísimo y arbitrario es el TC y qué remedio nos queda que obedecer”, podría haber sido un buen resumen de las palabras de Torrent. Se intuye la vuelta a la vieja matraca victimista contra la democracia española que esta vez persigue el objetivo de obligar a los tribunales a constatar lo que ellos no pueden: que Puigdemont no será presidente de la Generalitat. En su comparecencia, no comunicada previamente a los socios de Junts Per Catalunya, se intuía una petición velada de que el expresidente huido abandone sus planes. Que las culpa es de España pero hasta aquí hemos llegado, una afirmación que subyace en el acto de ayer de Torrent y que en Podemos ya “aplaudieron”. Y esa sí es una primera escisión reveladora entre las filas independentistas.
Sin embargo, conviene no perder de vista que es el resultado electoral y no otra cosa lo que ha colocado a Torrent y a ERC en esta posición que algunos tardarán poco en alabar como adalid de la moderación. Es pertinente recordar que el actual presidente de la cámara fue el encargado de solicitar, en aquella infame sesión plenaria del 27 de octubre, una votación secreta para privar de sus derechos a todos los catalanes. No hay nada de convicción en sus denuncias a las carencias democráticas del Estado de Derecho que él mismo ha intentado derrocar desde las instituciones con gestas como aquella.
Sus críticas a la democracia española hay que interpretarlas, además de como algo inherente a todo proyecto que busque liquidarla, dentro de la batalla interna que los republicanos mantienen con Puigdemont. El amago de rectificación de Torrent no tiene que ver con el nuevo rumbo del independentismo, sino con una posición que han tenido que adoptar a la fuerza porque su actual adversario más cercano, Puigdemont, es quien ha hecho la apuesta más grande. Todo hace pensar que nada le hubiese gustado más a Torrent que llegar al día de ayer con esos papeles cambiados.
¿Hasta cuándo España se dejará humillar por el separatismo?
“Los cobardes mueren muchas veces antes de morir” Mahatma Gandhi
Miguel Massanet diariosigloxxi 31 Enero 2018
¿Qué está sucediendo en este país que parece que nadie reacciona de una manera eficaz y “proporcional” como decía que haría el señor Rajoy cuando hablaba de la rebelión catalana? Se ha aplicado el artículo 155 de nuestra Constitución y todo sigue igual. Los separatistas, una y otra vez, están infringiendo las leyes y, contrariamente a lo que se podría de esperar de una comunidad intervenida por el Estado y presidida por la señora vicepresidenta del Gobierno, no hay quien pueda encontrar diferencia sustancial en el comportamiento de aquellos que llevan años enfrentándose a la legalidad, a los tribunales y a todo aquello que provenga de España, respecto a cuándo no se aplicaba. Siguen ocupando las calles cuando les da la gana; utilizan los medios de comunicación como arietes en contra del legítimo gobierno de la nación; siguen haciendo propaganda de sus intenciones separatistas y reniegan de cualquier actuación de los tribunales para restaurar la legalidad y evitar que Cataluña se convierta en algo más que un problema enojoso para los españoles algo que, probablemente, lleva visos de empezar a suceder si tenemos en cuenta la forma vandálica como se están comportando aquellos que fueron, precisamente, los causantes de que se tuviera que recurrir a los remedios que proporciona la Constitución para salvaguardar la integridad del territorio nacional.
Lo cierto es que, el que los Mossos d’Esquadra, otra vez, se hayan visto superados y hayan tenido que ceder cuando una masa de separatistas ha entrado por la fuerza en el recinto de la Ciudadela, para plantarse ante el Parlamento de Cataluña para quedarse, según han dicho. ¿Y si el señor Puigdemont se hubiera encontrado disfrazado entre la multitud, hubiera podido ser descubierto y detenido antes de que pudiera entrar en el Parlament? Puede que no, pero también puede que sí. De todos es sabido lo que sucedió con los mossos cuando tenían la obligación de impedir que se abrieran los colegios electorales y, no obstante, no lo consiguieron: los unos porque estaban confabulados con los que pretendían votar en aquel referéndum declarado ilegal y otros porque obedecían consignas de sus jefes, algo que todavía se está intentando averiguar en los procedimientos iniciados contra algunos de ellos. Se han roto candados de algunas puertas y los convocados en el paseo de Luis Companys por la ANC, cuando han visto que se suspendía la sesión parlamentaria que debía investir al señor Puigdemont, han decidido ocupar a gritos de “El pueblo manda, el Gobierno obedece”,“Fuera las fuerzas de ocupación” y “Libertad presos políticos”, el Parque de la Ciudadela para quedarse instalados ante las vallas que la policía tenía instaladas ante el Parlament. Seguramente con la pretensión de quedarse allí manteniendo la presión. La ANC (curiosamente una entidad que debiera de haberse ilegalizado dado su historial de infracciones de la ley y de inductores a la desobediencia en contra de la Constitución y el Gobierno de la nación) proclamó lemas en los que se amenazaba: “Si no hay investidura entraremos en el Parlament”. En un alarde de incompetencia parece que, a lo que se han limitado los mossos ha sido a intentar cerrar de nuevo las puertas para que no entren más manifestantes ¡dejando que los que ya se habían colado dentro siguieran ocupando el lugar!
Este nuevo personaje que ha ocupado el lugar de la señora Forcadell al frente del Parlamento Catalán, Roger Torrent, en el que algunos insensatos habían confiado en que mantendría la legalidad, ha resultado ser de la misma pasta que Puigdemont y compañía y parece decidido, lo ha dicho públicamente, a mantener al candidato elegido, Carles Puigdemont, sin que las advertencias del TC ni del propio Gobierno de la nación parezca que le vayan a hacer apearse del burro. En resumen, señores, nos encontramos ante una situación similar o peor a aquella del 1.O en la que, por unos instantes, se proclamó la república catalana. Entendemos que se haya querido resolver este contencioso acudiendo a la Justicia y, continuaríamos aceptándolo, si ésta fuera respetada por ambas partes; sin embargo, aquí existe una clara anomalía: una de las partes en este pleito no está dispuesta a aceptar los veredictos de los tribunales, como se ha venido demostrando haciendo caso omiso de todas las disposiciones, autos y advertencias que les han llegado de parte de los más altos tribunales de la nación, incumpliéndolos sistemáticamente y con la agravante de que se han jactado de ello.
¿Hasta cuándo está dispuesto, el señor Rajoy y su ejecutivo, a consentir que los revolucionarios, las hordas independentistas y todos aquellos que forman parte de este desafío, ya de carácter tumultuoso y evidentemente peligroso, se salgan con la suya, vayan dando alas a los miles de ciudadanos catalanes que apoyan el proceso, proporcionen materia a la prensa para que en Europa se admiren de que el Estado permita semejantes comportamientos en contra de la Constitución y del orden establecido? Mucho nos tememos que si siguen confiando en los mossos catalanes las situaciones como la que hoy se ha producido con la invasión del Parque de la Ciudadela se van a repetir cada vez que a los del Omnium Cultural o de la ANC lo consideren oportuno.
Hicieron mal en devolver a sus destinos a la policía nacional y la Guardia Civil, cuando creyeron, equivocadamente, que destituyendo a los miembros del gobierno de la Generalitat y a los componentes del Parlamento Catalán todo iba a quedar resuelto. Estamos entrando en una fase en la que los nacionalistas parece que ya no se van a conformar con regresar a la situación anterior a la ofensiva del señor Mas y los suyos y parecen dispuestos a seguir en su lucha por conseguir un estatus especial que les permita continuar aspirando a la independencia que ahora no van a conseguir. Lo malo es que, esta resistencia, parece que ya han conseguido trasladarla a muchas personas de ideas nacionalistas, pero que nunca pensaron en una rebelión en contra del Estado español. Si no se toman medidas enérgicas (ahora ya no valen los paños calientes ni las ofertas de una mejor financiación), si no se da un golpe de fuerza y se dejan aparcados los tribunales y todas estas políticas rastreras con las que parece que quieren seguir negociando por las alcantarillas de la política, dejándose de preocupar por las críticas que podamos recibir de algunas naciones como Bélgica o de las izquierdas de la UE, es evidente que la solución a este grave problema del separatismo catalán lleva visos de durar durante años, durante los cuales los que más van a sufrir el desgaste van a ser, lógicamente, los distintos gobiernos que tengan que seguir bregando contra los mismos individuos que seguirán sosteniendo en alto su odio hacia el resto de España.
Se ha pecado de ingenuidad cuando se pensó que la sola mención del 155 bastaría para que, lo que han mamado varias generaciones de catalanes desde que entraron en los centros de adoctrinamiento que instaló la Generalitat para que, en las escuelas, todos los niños fueran convenientemente instruidos en su odio a una España “invasora” y a unos españoles que “robaban a Cataluña y que vivían sin dar golpe a expensas del trabajo de los catalanes”; dejara de tener efecto entre los actuales ciudadanos catalanes. Los sucesivos gobiernos que han pasado por la Moncloa, unos por intereses partidistas y los otros por no darle la importancia que, en realidad, tenía el problema catalán, han contribuido a que, lo que hace unos años se hubiera podido solucionar de una forma menos traumática y sin tanta presión social; ahora, en el peor momento de las relaciones del Estado con el separatismo catalán, ya no sea posible pensar que se va a solucionar amigablemente. En consecuencia, deberían nuestros gobernantes y todos los partidos constitucionalistas que no están de acuerdo con la deriva nacionalista ( no olvidemos que en el País Vasco siguen atentamente el desarrollo de lo que sucede en tierras catalanas dispuestos a reclamar, en el momento en el que los catalanes pudieran sacar algún beneficio de su enfrentamiento con el Gobierno, su parte del pastel), empezar a pensar en elevar el listón, bucear en las posibilidades que encierra el de por sí amplio abanico de un artículo que, ya fuera por esperar un posterior desarrollo o aposta para que quien lo tuviera que utilizar, no quedara limitado por unas barreras legales que hicieran insuficiente su aplicación para acabar con las amenazas que motivaran su puesta en práctica; tiene muchas posibilidades de ser interpretado con gran amplitud.
Si la policía y el resto de fuerzas de orden público no fueren suficientes; si España se viera precisada a defender su unidad ante una región que intenta torcer la voluntad del resto de los españoles; si aquellos que pretenden convertirla en terreno donde los buitres de la política pudieran devorar la carroña que han sembrado separatistas y comunistas en sus respectivos intentos de acabar con la nación española; deberemos recordar que la Constitución tiene otros medios previstos para acabar, de raíz, cuando no hubiera otra opción para hacerlo, con cualquier peligro que pudiera poner en cuestión a nuestra patria, poniendo en marcha el Artº 8º de la Carta Magna que, cuando se creyó oportuno establecerlo fue porque, el legislador, quiso contemplar la posibilidad de que, en un momento determinado podría ser necesario poder valerse de él.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos como, en lugar de que disminuyan las tensiones existente en España, especialmente en cuanto a este grave problema existente en Cataluña, lo que está sucediendo es que todo lleva a pensar que, este negro panorama que viene marcando el independentismo catalán, lleva camino de prolongarse más de lo que cualquier país puede soportar cuando, un problema identitario como es el que se discute en este caso, es capaz de detener, pausar, congelar y destruir todo el resto de temas que un gobierno tiene la obligación de solventar, no solamente en cuanto a decisiones de orden político sino también económico, financiero, laboral, comercial, administrativo, docente y logístico que, como es evidente, no se pueden tener en barbecho sin que exista el peligro de que todo acabe colapsado. No creemos que sea conveniente, ni para España, ni para Cataluña ni desde el punto de vista de nuestras relaciones con Europa, que el desafío catalán se convierta en algo endémico con el peligro latente de que, en un momento determinado, pudiera peligran gravemente la propia pervivencia de nuestra nación.
¿ESTÁ PODEMOS CUESTA ABAJO?
Ascenso y caída del populismo en España
Roberto Granda. El Club de los Viernes esdiario 31 Enero 2018
¿Está en caída Podemos? ¿Puede remontar o es definitivo? ¿De dónde nació su éxito y por qué puede llegar su fracaso? Un análisis sobre el auge y el fracaso del populismo en España.
La tribu de los asmat la forman veinte mil miembros que viven en las costas de Papúa Nueva Guinea y son el terror de las tribus vecinas, a las que someten con implacable crueldad.
Asmat es el término que utilizan, que en su lengua significa “la gente”, y al referirse a ellos mismos como los únicos seres humanos dignos de tal definición, relegan al resto a un estatus menor, lo que los hace, literalmente, comestibles.
Podemos y el populismo necesitan lograr el poder rápido. Si no lo hacen, terminan hundidos
Como sabemos, grupos un poco más sofisticados que esta tribu de Oceanía se han proclamado valedores de “la gente” aunque no para comérselos, sino para exprimirlos con fines electorales y de poder.
En España, para asimilar en toda su envergadura lo inadecuado y dañino que habría sido para los movimientos cívicos y el conjunto de los derechos ciudadanos una llegada de Podemos a la cúpula de poder, hay que entender de dónde vienen y cuáles son sus características.
Los miembros de Podemos tienen su origen ideológico y militante en varias vertientes. Son, al menos sus fundadores, profesores de la Universidad provenientes de la Fundación CEPS, de Contrapoder y de Izquierda Anticapitalista.
Hasta De Juan Chaos
Contrapoder era una corriente dentro de la propia Universidad, de corte totalitaria, que se dedicaba a boicotear conferencias y llenar los pasillos de carteles de ideología proetarra, como aquellos famosos de apoyo de De Juana Chaos, al que calificaban, tal vez les suene, de preso político.
Si pensamos en el germen del populismo en la mayoría de países donde tuvo un éxito completo o parcial, estos movimientos surgen en sociedades cuyas élites políticas están señaladas de lleno con la mácula de la corrupción, y el sistema empieza a dar graves muestras de desgaste, con la consiguiente pérdida de la confianza ciudadana.
La doctrina neopopulista suele tener más éxito en los países en desarrollo, aunque España presentaba unas características bastantes proclives a que alguien intentara realizar la acometida.
Estas tendencias penetran fácilmente en las partes de la sociedad intelectual y culturalmente más desfavorecidas, y no por titulación, puesto que estar en posesión de un título universitario no es hoy en día garantía de nada, sino por tratarse de una franja sin el poso necesario para poder evadir los mensajes televisivos de agitación y propaganda, al carecer de las herramientas críticas para poder identificar a un telepredicador o a un vendemotos, y tener probablemente una bajo perfil de personalidad que los hace más propensos a sentir cierta fascinación por el caudillismo y la grandilocuencia discursiva.
Pero un requisito necesario para el triunfo absoluto de las modas populistas es que deben acceder rápido al poder, para así eliminar todas las cortapisas democráticas y asegurar su permanencia en el mismo. La constituyente de Chávez es el ejemplo más diáfano.
Si una vez instalados allí, aplacan las posibles vías de oposición, silencian a la disidencia y reprimen a los medios de comunicación no afines, garantizan una continuidad aunque luego haya el número de elecciones que se quiera, como excusa para legitimar su posición.
Si no consiguen ese asalto a los cielos en un plazo más o menos corto de tiempo, su efecto se diluye. Podemos tuvo su match point en el acuerdo que casi logran cuando esperaban pactar con el PSOE del insustancial Sánchez y conseguir ese disparate de cargos que reclamaban (desde la vicepresidencia al control de Interior y de los medios).
Podemos se retrató en su simpatía repulsiva hacia los brotes del radicalismo vasco y por su apoyo a Alsasua
Al haber fallado aquella inmejorable oportunidad (entre otros motivos, por los barones del PSOE, conscientes del peligro acechante, que se opusieron taxativamente a ceder esos cargos a las huestes de Iglesias) su momento es probable que haya pasado, tal vez para siempre.
Como toda moda, Podemos es un movimiento de efecto efímero, ya no cuenta con el revolucionario factor sorpresa, y su idea de querer barrer los estamentos de poder ha quedado sin fuelle al ver lo cómodos que se encuentran asentados en los mismos.
Con el subidón electoral de las europeas ya lejos y las mareas retirándose (así como el otrora incombustible apoyo de los medios de Roures), parece que incluso aquellos electores que fueron víctimas más fáciles de los trileros de la Complutense están dándose cuenta de la verdadera cara de los próceres.
Personalismo y represión
Sus trazas de partido personalista, con la eliminación despótica de las voces discrepantes y la desastrosa gestión como tercera fuerza política, han precipitado su hundimiento en las encuestas y el batacazo en Cataluña, sin olvidarse, por supuesto, del factor más importante: el apoyo sin ambages al proceso soberanista del nacionalismo catalán, además de su simpatía descarada y repulsiva hacia los brotes aún presentes del radicalismo vasco, como la mano tendida a las familias de los abertzales unineuronales que agredieron a dos guardias civiles y a sus novias.
Y es que los ciudadanos pueden estar hastiados del bipartidismo, pero nunca perdonarán que se haya puesto en jaque la soberanía nacional, jugando peligrosamente con los derechos de todos.
El viento 'latino'
Con Podemos perdiendo fuerza y aire, de las iniciativas políticas que llegaron como remplazo del bipartidismo, es Ciudadanos la que parece estar mejor posicionada para desbancar a Rajoy de la Moncloa, siempre que no copien sus vicios y errores y no obtengan el lastre que los populares tienen al haberse convertido en tan evidente foco de corrupción institucionalizada.
Mientras el fantasma del populismo del “cálido viento latinoamericano” se aleja, la sociedad española debe invertir en educación, armarse de cultura y sentido común para que en el futuro no se cometan los mismos errores.
Liberal Enfurruñada okdiaio 31 Enero 2018
Si no eres comunista y sectario vas a tener que quedarte mudo, porque como se te ocurra hablar te van a meter cuatro años en la cárcel, tus opiniones serán borradas, tus libros, escritos, documentos y archivos serán destruidos y el portal de Internet que te difunda será bloqueado. La Comisión de la Verdad tendrá poder para eso y para mucho más. Suena a la película ‘Fahrenheit 451’ de François Truffaut, o a la novela ‘1984’ de George Orwell, pero es algo mucho más cercano y real. Se trata de la Proposición de Ley para la reforma de la Memoria Histórica que el PSOE presentó a finales de diciembre pasado. Con la excusa de dotar presupuestariamente la búsqueda de fosas por las cunetas de España pretenden crear una Comisión de la Verdad que asiente de una vez por todas en el BOE la Verdad Oficial, sobre lo que pasó entre el 18 de julio de 1936 y el 6 de diciembre de 1978.
Así se dictaminará de forma definitiva que los malos fueron muy malos y jamás hicieron nada bueno y que los buenos siempre fueron muy buenos y nunca hicieron nada malo. Y quien discrepe de esta Verdad Oficial ya sabéis, o se queda mudo, o se va a la cárcel y se queman sus libros y artículos. Estas comisiones se dedican a cosas como la que le han hecho al pobre Juan Jara, un panadero de Zalamea de la Serena (Badajoz) al que un socialista asesinó por sus ideas políticas. Un mes antes de su asesinato, la CEDA había ganado las elecciones de noviembre de 1933, así que los socialistas estaban enrabietados. Jara era fundador de la Falange en su pueblo, un partido tan legal como los demás que en dichas elecciones consiguió un escaño para José Antonio Primo de Rivera, quien posteriormente fue también asesinado.
Cuando lo mataron, Juan Jara estaba pegando pasquines de Falange, lo que provocó que lo increpase un militante del PSOE que le pegó un tiro en la cabeza por la espalda. El ayuntamiento de Badajoz (PP) tiene una pequeñísima calle de extrarradio con su nombre y la comisión de expertos de la diputación (PSOE) exige que se elimine, porque dicen que su nombre es una “exaltación del franquismo”. La Ley de Memoria Histórica permite poner el nombre de esa calle al socialista que asesinó a Juan Jara, como las tienen Carrillo y la Pasionaria, pero obliga a que se quite el de su víctima, asesinado casi tres años antes de la Guerra Civil y que seguramente nunca escuchó hablar de Franco.
Pues bien, este artículo que ahora estás leyendo no podrá ser publicado si se aprueba la propuesta socialista, porque se considerará que aquí yo estoy justificando el franquismo y menospreciando a sus víctimas. Yo no lo podría escribir, tú no lo podrías leer y OKDIARIO no lo podría publicar desde España. Sólo podremos difundir las mentiras que decida la Comisión de la Verdad en la que entrarían, enchufados, los comunistas más sectarios que harán lo que les ordenen para seguir viviendo de tus impuestos. La reforma la apoyan PSOE, Podemos, ERC, Bildu y seguramente el PDeCat, que suman 175 diputados. Para que sea rechazada deberían votar en contra todos los diputados de PP, Cs, Coalición Canaria y el PNV, que suman otros 175. Como sólo uno de ellos enferme ese día, o se confunda de botón, la reforma será aprobada. Aunque también puede ser que algunos tengan miedo a que les llamen fachas si votan en contra, pero eso ni tú ni yo se lo vamos a consentir, ¿o tú sí?
PLIS: "El Gobierno balear infringe las más elementales normas de la pedagogía"
Asociación de Profesores PLIS Educación latribunadelpaisvasco 31 Enero 2018
La asociación de profesores 'PLIS. Educación, por favor' ha acusado al Gobierno balear de querer "volcar todo un sistema educativo en la inmersión lingüística obligatoria", lo que calificó de "atentado pedagógico". Así se expresó la entidad con motivo de la futura ley educativa, con la que a su juicio busca "blindar" la inmersión lingüística.
"Volcar todo un sistema educativo en la llamada inmersión lingüística obligatoria, con el único objetivo de dominar el catalán, considerando objetivo secundario el aprendizaje de materias no lingüísticas, matemáticas, historia, ciencias o filosofía es, además de un atentado pedagógico, una inmoralidad", advirtió.
Para la entidad docente, las lenguas vehiculares "tienen justificación sólo si sirven de forma eficaz al aprendizaje de materias no lingüísticas". Y añade PLIS: "El Govern es refractario a la evidencia pedagógica, sancionada por las UNESCO y por todos los pedagogos, de que la lengua materna es la lengua que mejor sirve al alumno en su aprendizaje, sobre todo en la enseñanza básica. Además, la libre elección de lengua de primera enseñanza es un derecho consagrado por una ley superior y el Govern balear no debería jugar a su supresión. Un alumno debe aprender a leer y a escribir y a fortalecer su capacidad de aprendizaje en la lengua materna, o en la lengua elegida libremente. Unas vez consolidada la competencia de lectura y escritura en su lengua materna se puede pensar en incorporar como lengua vehicular una segunda lengua y hasta una tercera lengua. No seguir este proceso infringe las más elementales normas de la pedagogía"
Entidades de enfermos crónicos de Baleares, alarmados por la «imposición» del catalán en la sanidad pública
El futuro decreto lingüístico que prevé aprobar en breve el Gobierno regional sigue generando controversia
Josep María Aguiló. Palma de Mallorca. ABC 31 Enero 2018
La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) de Baleares y la Asociación de Diabéticos de las Islas Baleares (ADIBA) han emitido este martes un comunicado conjunto para manifestar que sus socios, que padecen enfermedades crónicas, están «muy preocupados y muy alarmados ante la imposición de la acreditación lingüística como requisito en la sanidad». Ambas entidades, que reúnen a más de 1.700 miembros en total, se han expresado de ese modo en relación al futuro decreto autonómico que regulará el conocimiento de catalán que se exigirá a los médicos y enfermeros que deseen trabajar en la sanidad pública.
En el citado comunicado se indica también que las dos asociaciones no han tenido hasta ahora «ninguna queja» por cuestiones lingüísticas. «Muchos de los profesionales que nos atienden no son catalanoparlantes, pero, hasta ahora, esto no ha sido ningún obstáculo, ya que su trato es respetuoso, empático y muy digno», señala la nota. «Sabemos que hay carencias de profesionales y que es muy difícil que las plantillas estén completas y por eso rechazamos que se imponga un requisito que haga todavía más difícil y complicado configurar los servicios como se precisa», recalca el texto.
Tras recordar el rechazo que ha suscitado hasta ahora el futuro decreto en diversos colectivos profesionales y ciudadanos, ALCER y ADIBA añaden que están de acuerdo en «la potenciación e integración del catalán de forma progresiva» en la sanidad balear, pero rechazan «categóricamente» que se haga en forma de un requisito que podría tener un «gran impacto» en la atención que reciben sus asociados. «Como ciudadanos y usuarios defendemos que el derecho a la salud y a una accesibilidad adecuada a nuestra sanidad pública prevalezcan sobre todo lo demás», concluye el comunicado.
Cabe recordar que en la presente legislatura gobierna en Baleares la socialista Francina Armengol, que cuenta con el apoyo directo del PSOE y de MÉS por Mallorca, así como con el aval parlamentario de Podemos y de MÉS por Menorca. La posición de los socialistas con respecto a la exigencia del catalán ha sido siempre más flexible que la de sus socios ecosoberanistas. En ese contexto, Armengol ha vuelto a reiterar este martes que «no quedará ninguna plaza sin cubrir en la sanidad pública por motivos lingüísticos».
La denuncia de ALCER y de ADIBA llega en un momento en el que el PSOE balear y MÉS por Mallorca están volviendo a evidenciar sus recurrentes discrepancias con respecto al futuro decreto del catalán. Desde la Consejería de Salud, que está en manos de los socialistas, se aboga hoy mayoritariamente por flexibilizar un poco las condiciones fijadas en el borrador del citado documento, mientras que los ecosoberanistas quieren que se apruebe lo antes posible y que además entre en vigor sin cambios.
La futura norma autonómica establece, en su actual redacción, que la lengua catalana será un requisito para los auxiliares, enfermeros y médicos que se presenten a oposiciones. Los auxiliares deberán acreditar el nivel B1 —básico—, mientras que médicos y enfermeros deberán tener el nivel B2 —avanzado— para poder optar a una plaza en la sanidad pública. Los únicos trámites que quedan aún pendientes para que se empiece a aplicar la nueva norma son su envío al Consejo Consultivo para que emita el preceptivo dictamen —no vinculante— y su aprobación por parte del Gobierno balear.
El citado decreto fija, en cualquier caso, varias excepciones. Una de ellas establece que cuando haya menos aspirantes que plazas a cubrir, no se exigirá el conocimiento del catalán. Aun así, quienes finalmente consigan una plaza en esas circunstancias tendrán que acreditar, en un plazo máximo de dos años, el nivel de catalán inicialmente requerido en sus respectivas convocatorias. En caso de que esa acreditación idiomática finalmente no se produzca, habrá una «penalización» para dichos profesionales sanitarios. En concreto, se les impedirá participar en los posibles traslados que se convoquen.
El borrador del controvertido decreto fue aprobado inicialmente en la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el 17 noviembre del pasado año, pese a la oposición del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y el Sindicato de Enfermería (Satse), mayoritarios en el sector. Ambos sindicatos, que defienden que el catalán debería ser sólo un mérito, anunciaron que impugnarían el mencionado decreto cuando entre en vigor.
Por otra parte, el Satse de Baleares confirmó el pasado mes de diciembre la marcha de decenas de enfermeras de Ibiza ante la inminente aprobación del citado documento. Fue también en diciembre cuando unas 2.000 personas participaron en Mahón, capital de Menorca, en la manifestación convocada por la plataforma civil ciudadana Mos Movem (En Marcha) bajo el lema «Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas».
A la espera de la aprobación del mencionado decreto, de momento sigue rigiendo lo establecido por la Ley de la Función Pública, más flexible en materia lingüística. Ello ha permitido que recientemente el Servicio de Salud de Baleares haya podido eximir del conocimiento del catalán a ocho jefes de servicio del Hospital de Son Espases, equipamiento sanitario ubicado en Palma y considerado como el de referencia de la Comunidad.
Una decisión en esa misma línea se había producido ya el pasado mes de diciembre en el Hospital de Can Misses, en Ibiza, cuando el requisito del catalán quedó excluido en la convocatoria para cubrir ocho plazas en el servicio de Urgencias de Can Misses. Fue también en diciembre cuando el Hospital Mateu Orfila, en Menorca, publicó una convocatoria para cubrir tres plazas de jefe de servicio. Inicialmente, sí se había exigido el conocimiento del catalán a quienes decidieran optar a estos puestos. Sin embargo, al parecer se habría tratado de una equivocación, por lo que se decidió publicar una nueva convocatoria, eximiendo finalmente de la exigencia de dicho idioma.
Daniel Tercero ABC 31 Enero 2018
Siempre se ha alertado del peligro de la ola de frustración que podía generar el pinchazo de la burbuja independentista, y algo de eso se pudo ver ayer en el parque de la Ciudadela, donde se ubica el Parlament. Blindado desde primera hora de la mañana por los Mossos d’Esquadra, una concentración de la ANC a sus puertas reclamaba la investidura de Carles Puigdemont. Nada distinto, en tono y paisanaje, a las últimas convocatorias «indepes».
El giro se produjo a media tarde, cuando ya se había asumido que ni habría pleno ni investidura: fue entonces cuando, bien saltando las vallas, bien arrollando un cordon policial que se demostró insuficiente, varios cientos de manifestantes entraron en el parque y se acercaron al Palacio del Parlament.
Hubo forcejeo con los agentes, cargas, porrazos y tensión cuando los manifestantes trataron de forzar las vallas del perímetro de seguridad. Cuando la cosa amenazaba con desbordarse, la ANC lanzó un «tuit» desconvocando y mandando a la gente para casa: no sirvió de mucho. Aunque la tensión se fue reduciendo al caer la noche, algún diputado de ERC fue medio abroncado y los Mossos y los escoltas tuvieron que proteger la salida de los diputados de Ciudadanos.
No es la primera vez. El pacifismo del que presume el movimiento «indepe» enseñó ayer su faceta más áspera. Los Comités de Defensa de la República (CDR) que se hicieron famosos cuando los «paros de país», propusieron una acampada frente al parque. Frustración generalizada.
Los Mossos detuvieron ayer a dos personas durante los enfrentamientos entre manifestantes y agentes en el Parque de la Ciutadella de Barcelona, donde partidarios de Carles Puigdemont saltaron el cordón policial para protestar frente al Parlament por el aplazamiento de la sesión de investidura.
Otros 24 agentes fueron atendidos por contusiones o heridas leves, ha informado a Efe el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
El SEM también atendió a tres manifestantes, uno por un traumatismo leve -que fue dado de alta in situ-, otro con una contusión leve en la rodilla -trasladado al ambulatorio de urgencias de Peracamps- y otro menos grave con una fractura de clavícula, evacuado al Hospital del Mar.

References: artículo 27
 artículo 155
 resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 artículo 155
 artículo 155