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Timestamp: 2018-12-16 00:20:46+00:00

Document:
V., C. A. C. HSBC Bank Argentina S.A. - Amparo - Habeas Data ARGENTINA 2017 HABEAS DATA CIV Y COM CORDOBA FALLOS DESTACADOS
Cámara 6.º de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 18/09/17
"HABEAS DATA DE ACCESO": QUIERO QUE ME INFORMEN CUÁL FUE MI INCUMPLIMIENTO
La Cámara 6.º de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba declaró admisible una acción de "habeas data de acceso" por la que el actor requiere que una entidad bancaria le informe cuál fue el supuesto incumplimiento por el cual le cerró su cuenta corriente.
Así se resolvió en autos "V., C. A. C. HSBC BANK ARGENTINA S.A. - AMPARO - HABEAS DATA" (Cámara 6.º de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, 18/09/17)
En su escrito de inicio, el actor planteó un "habeas data de acceso", solicitando que se ordene al banco demandado que provea determinada información referida a su persona. Concretamente, dado que la entidad bancaria cerró la cuenta corriente del actor, y le comunicó por cartadocumento que eso se debió a "incumplimiento contractual de su parte", la actora quiere que se le informe cuál fue el supuesto incumplimiento.
El juez de primera instancia rechazó la acción por inadmisible, al considerar que el habeas data no era la vía adecuada para la petición planteada.
En la Alzada, en cambio, los camaristas entendieron que "(d)e la documental acompañada a fs.... no surge cuál fue el
incumplimiento contractual al que la entidad crediticia hizo referencia en la carta documento arriba trascripta. Además, consideramos que la manifestación allí consignada no alcanza a garantizar per se el razonable ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información."
En consecuencia, y "teniendo en especial consideración que el actor ha movilizado la estructura jurisdiccional a fin de hacer valer su derecho de acceso a la información, la que -según lo dispuesto en los incs. 1 y 2 del art. 15 de la ley 25.326, debe ser: clara, exenta de codificaciones, acompañada de una explicación en leguaje accesible al conocimiento medio de la población, amplia y versar sobre la totalidad de los datos registrados-, consideramos ajustado a derecho admitir la presente acción de habeas data..."
Por lo anterior, se revocó la decisión de grado y se declaró la admisibilidad de la acción.
pdf https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba
Frisicale, María Laura c/ Telecom Personal S.A. s/ daños y perjuicios ARGENTINA 2017 DAÑO PUNITIVO,CUANTIFICACIÓN MEDIANTE FÓRMULAS MATEMÁTICAS CAM. PRIMERA DE APELACIONES CIV. Y COM. BAHIA BLANCA (SALA II) FALLOS DESTACADOS
Cámara de Apelación en lo Civ. y Comercial de Bahia Blanca (Sala II) - Sentencia del 15 de Agosto de 2017
"Frisicale, María Laura contra Telecom Personal S.A. sobre daños y perjuicios" (Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, Sala 2, 15/08/17)
Condenaron a Telecom Personal SA a indemnizar con $5.000 por daño moral, $1.682,24 por daño emergente y $735.046,4, en concepto de multa por daños punitivos por facturar mensajes de texto de contenido Premium no solicitados por la actora. El Tribunal aplicó la fórmula "Testa" para cuantificar la multa civil.
En el voto del vocal preopinante, Dr. Peralta Mariscal, se fundó la procedencia de la multa civil en "...la continuación de la prestación y/o facturación del servicio con posterioridad al acuerdo celebrado en la sede de OMIC -v. fs. 30/32- donde, con independencia de su tenor y de la discusión no esclarecida sobre cómo se activó el servicio de mensajes, quedó suficientemente claro que la usuaria no quería continuar recibiéndolo ni pagando por él, viéndose obligada a judicializar la cuestión para lograrlo, configura un comportamiento groseramente negligente y desinteresado de los derechos de ésta (arts. 42 de la Constitución Nacional), lo que justifica la aplicación del instituto en cuestión."
Respecto de la cuantía, el magistrado destacó que se trata de imponer una "cantidad encuadrable en el concepto de sanción con función estrictamente preventiva que no sea inferior ni superior a la suma necesaria para generar incentivos económicos suficientes en el infractor como para disuadirlo de incurrir en conductas análogas, postura que ha sido aprobada por unanimidad en el Tercer Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de los Consumidores (Buenos Aires, 23 a 25 de septiembre de 2010) bajo la siguiente fórmula: "De lege lata se interpreta que la multa civil no debe ser inferior ni exceder el monto necesario para cumplir con su función de disuasión". Se trata de que el deudor internalice las consecuencias de la baja probabilidad de condena, lo que se logra obligándolo a pagar a un damnificado los daños provocados a los demás afectados que no hicieron el reclamo ante la autoridad jurisdiccional; se compensa con daños punitivos la escasa probabilidad de ser sentenciado."
Para lograr tal cometido se aplicó la formula "Testa", en la que se tiene en cuenta "el resarcimiento por daños reparables que corresponden a la víctima y la probabilidad de que un damnificado decida transitar todo el periplo necesario y logre una condena resarcitoria por los padecimientos infligidos, que incluya daños punitivos."
Sentencia de Cámara 4841-17-17-34-Frisicale.pdf
Vera, Juan Carlos c. Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios ARGENTINA 2018 CÁLCULO INTERESES MORATORIOS SCBA FALLOS DESTACADOS
Vera, Juan Carlos c. Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios (SCBA, 18/04/2018)
Por mayoría, se hace lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley intentado, revocándose la sentencia de la Cámara de Apelación únicamente respecto de la tasa de interés aplicada al rubro "privación de ganancias", la que deberá liquidarse a una tasa de interés puro del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio en cuestión desde que se hayan producido los perjuicios considerados conforme el dies a quoestablecido en la sentencia, y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1748, Cód. Civ. y Com. de la Nación). De allí en más, resultará aplicable la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (ambas sents. de 21/10/2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15/ 06 /2016).
Del voto del Dr. Soria:
* "...la aplicación de una tasa pasiva bancaria al capital de condena determinado en el caso a valores actuales conduce a un resultado desproporcionado, que sobrestima la incidencia de ciertos componentes sin causa justificada y arroja un resultado que excede de la expectativa razonable de conservación patrimonial ..."
* "Como la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, era congruente con esa realidad económica liquidar los intereses devengados hasta ese momento aplicando, como tradicionalmente se establecía en relación con todas las modalidades de actualización, una tasa de interés puro; es decir, el accesorio destinado a la retribución de la privación del capital, despojado de otros componentes...desagregado de los factores o riesgos que el prestador asume hasta lograr la recuperación íntegra de la suma prestada..."
pdf 4989-17-18-43-FALLO VERA SCBA.pdf
Nidera S.A. contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios ARGENTINA 2018 CÁLCULO INTERESES MORATORIOS,DOCTRINA LEGAL SOBRE TASA DE INTERÉS SCBA FALLOS DESTACADOS
"Nidera S.A. contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", SCBA, 03/05/18
Por mayoría, la Suprema Corte bonaerense hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, se revoca el pronunciamiento de grado en cuanto a la tasa de interés que ordenó adicionar al capital de condena, estableciéndose que para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio conforme el dies a quo establecido en la sentencia, y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.). De allí en más, resultará aplicable la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce"; L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
* "La determinación realizada por la Cámara encuadra en la modalidad no indexatoria. En el fallo se ha fijado la indemnización a valores actuales, solución que -vaya a dicho a título referencial- se adecua a lo que prescribe el art. 772 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en orden a las denominadas deudas de valor."
* "...la aplicación de una tasa pasiva bancaria al capital de condena determinado en el caso a valores actuales conduce a un resultado desproporcionado, que sobrestima la incidencia de ciertos componentes sin causa justificada y arroja un resultado que excede de la expectativa razonable de conservación patrimonial, con prescindencia de la realidad económica implicada..."
* "Como la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, era congruente con esa realidad económica liquidar los intereses devengados hasta ese momento aplicando, como tradicionalmente se establecía en relación con todas las modalidades de actualización, una tasa de interés puro; es decir, el accesorio destinado a la retribución de la privación del capital, despojado de otros componentes..."
pdf 4994-20-26-23-FALLO NIDERA SCBA.pdf
Camderros, Lidia Marta y otros contra Francés Administradora de Inversiones S.A. y otros. Daños y perjuicios ARGENTINA 2017 DERECHO DEL CONSUMIDOR FALLOS DESTACADOS
"Camderros, Lidia Marta y otros contra Francés Administradora de Inversiones S.A. y otros. Daños y perjuicios" (SCBA, 29/11/17).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, por mayoría, hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto, revocó la sentencia impugnada y dispuso que "(l)a causa se remitirá a la instancia ordinaria a efectos de que se dicte nuevo pronunciamiento, incluyendo como base normativa para la resolución del caso la de la ley del consumidor 24.240 (T.O.) de conformidad con las pautas expresadas en el voto mayoritario."
Las actoras, clientas del Banco Francés, aceptaron la oferta de dicha institución para invertir en su fondo común de inversión (FCI). Ahora reclaman resarcimiento por los daños y perjuicios que alegan haber sufrido con motivo del incumplimiento contractual de las demandadas por administración negligente o dolosa. En primera y segunda instancia se les rechazó la demanda, por lo que interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Recomendamos leer el voto del ministro de Lázzari, al que adhieren Kohan, Carral y Negri, este último por sus fundamentos.
Entre otros conceptos, de Lázzari destaca que "(d)e las transcripciones precedentes queda en claro que para la Cámara la relación que vincula a las partes se encuadra en los parámetros previstos por la ley 24.240, pero no está regida por las previsiones de la Ley de Defensa del Consumidor. Tenemos a la vista estrepitosa quiebra de los principios lógicos de identidad y de no contradicción."
Para mayor claridad, lo que señala el ministro es lo siguiente:
* Al tiempo de definir la cuestión de competencia, la Cámara expresa que "resulta fácil concluir que estamos frente un contrato de adhesión, con cláusulas predispuestas y que como tal debe ser interpretado al amparo de los principios rectores de la legislación mencionada; esto es, en el sentido más favorable al consumidor (conf. art. 3 de la Ley 24.240; Cám. Civ. Com. II de La Plata, Sala II, causa 100.347, RSD- 58-03, del 1-4-2003), receptando de esta manera el principio del 'favor debilis'", y por tal razón, declara nula la cláusula inserta en el contrato de adhesión que establecía la jurisdicción arbitral.
* Luego, la misma Cámara considera que "las actoras acercan su perfil negocial más al de inversionistas que al de consumidores" y a continuación tratan el caso "en función de normativa común ajena al derecho de los consumidores".
"Y no se diga", advierte de Lázzari, "que en la primera oportunidad la precisión tuvo que ver con la adjudicación de competencia y no con el fondo del litigio. El marco legal que rige la controversia es uno e inescindible, resultando impensable que se opte por un determinado régimen para una parcela del vínculo, y otro distinto para el resto", agrega el ministro.
En ese sentido, "...a partir de la instalación del caso en el sistema de protección al consumidor se generaron expectativas claramente diversas de las que podrían emerger de otro marco legal, en orden a presunciones, cargas probatorias, deberes de información y un sinnúmero de alternativas desde la perspectiva procesal que quedaron incorporadas definitivamente. La ruptura intempestiva importó, en consecuencia, clara afectación del derecho de defensa garantizado constitucionalmente."
Además, el magistrado destaca que "(s)e verifica un robustecimiento del concepto de consumidor desde la reforma constitucional de 1994 y su art. 42, siguiendo por el decreto 677/01, pasando por la reforma de la ley 24.240 por ley 26.361 y llegando a la ley 26.831 que regula el mercado de capitales. Esta última, en su art. 1 inc. "B" refiere a "Fortalecer los mecanismos de protección y prevención de abusos contra los pequeños inversores, en el marco de la función tuitiva del derecho del consumidor..."
En el caso concreto, "(d)ebe diferenciarse, por razones de contexto y circunstancias, al inversor minorista de los inversores institucionales, que resultan profesionales de la inversión. Pretender que las actoras, personas de la tercera edad, vecinas de La Plata y Berisso, clientas del Banco Francés que invirtieran parte de sus ahorros (USD 32.000 y USD 40.000 una y otra) se identifiquen con los inversores profesionales, asiduos e institucionales, cuanto menos resulta excesivo..."
Así, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto, se revoca la sentencia impugnada y se dispone que "(l)a causa se remitirá a la instancia ordinaria a efectos de que se dicte nuevo pronunciamiento, incluyendo como base normativa para la resolución del caso la de la ley del consumidor 24.240 (T.O.) de conformidad con las pautas expresadas en el voto mayoritario."
pdf 4995-11-42-31-FALLO CAMDERROS.pdf
CARRIQUIRI GIORGI, HERNAN PEDRO C/ CANDY ELECTRODOMESTICOS ARGENTINA S.A. Y OTRO S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ARGENTINA 2017 DERECHO DEL CONSUMIDOR,DERECHO PROCESAL,COMPETENCIA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL FALLOS DESTACADOS
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala F, 23/04/17
COMPETENCIA EN CONFLICTOS DE CONSUMO: NO HAY MÁS CONTRATOS COMERCIALES, PERO SIGUEN EXISTIENDO LAS "ACTIVIDADES COMERCIALES"
Las actuaciones fueron iniciadas contra Candy Electrodomésticos Argentina SA y Equipcenter SRL a fin de obtener la sustitución de un lavarropas por otro de idénticas características de aquel adquirido por el actor, con más la indemnización de los daños y perjuicios por supuestas fallas de funcionamiento del mentado electrodoméstico. Se alega que el producto se encontraba en garantía y se atribuye a las accionadas un obrar antijurídico y arbitrario en orden a lo dispuesto por los arts. 15, 17, 40 de la Ley 24.240 y concordancias legales.
La Cámara destaca que, a la fecha del contrato que motiva el presente pleito (13/02/16) "perdió virtualidad la distinción que traía el art. 451 Cód. Comercio ya que con la sanción de la Ley 26.994 la compraventa se regula en el capítulo I del Título IV del Libro III del actual Código Civil y Comercial de la Nación. Desde tal vértice, no caben mayores conceptualizaciones sobre el carácter "civil" o "comercial" de la compraventa".
Para el Tribunal, la competencia del fuero surge, no por la calificación del contrato, sino que "es la Justicia Comercial la habilitada a dirimir el entuerto dado que el actor ha referido inequívocamente al "incumplimiento contractual" de las empresas accionadas...cuya actividad resulta incuestionablemente comercial (cfr. esta Sala, 12/11/2009, "Esposito Josefina c/Hewlett Packard Argentina SRL s/ordinario", íd. 6/5/2014, "Gomez Maria Belen c/Volkswagen SA de ahorro p/f determinados s/ordinario")."
Consecuentemente, se resuelve "la contienda negativa de competencia en favor del Titular a cargo del Juzgado en lo Civil n° 11" y se dispone "que continúe el trámite de las presentes actuaciones por ante el Juzgado en lo Comercial N° 15, Secretaría N° 29."
pdf 4998-13-33-48-FALLO COMPETENCIA COMERCIAL.pdf
ASOCIACION DE DEFENSA DE CONSUMIDORES ENTRERRIANOS C/ ALL MEDICINE S.A. S/ SUMARISIMO ARGENTINA 2017 DERECHO DEL CONSUMIDOR CÁMARA SEGUNDA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE PARANÁ FALLOS DESTACADOS
"ASOCIACION DE DEFENSA DE CONSUMIDORES ENTRERRIANOS C/ ALL MEDICINE S.A. S/ SUMARISIMO" (Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Paraná, Sala III, 06/11/17)
ENTRE RÍOS - MEDICINA PREPAGA: LA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES ESTÁ LEGITIMADA PARA RECLAMAR DAÑO PUNITIVO POR AUMENTO DE CUOTA SIN PREVIA AUTORIZACIÓN ESTATAL (y los $250.000 de multa se destinan a la educación de los consumidores)
La Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos -A.DE.C.EN- promovió acción colectiva contra ALL MEDICINE S.A. empresa que se dedica a la prestación y cobertura de servicios médicos mediante el sistema de pago de una suma de dinero y afiliación voluntaria, con la finalidad de que se declaren inválidos los aumentos de las cuotas dispuestos en el período mayo del 2012, octubre del 2012, enero del 2013, mayo del 2013, por cuanto los mismos carecían de autorización de la autoridad estatal correspondiente o en violación de las normas legales aplicables, pidiendo la reducción del valor de la cuota de afiliación a los parámetros autorizados por el Ministerio de Salud, la devolución de los importes percibidos indebidamente, y la reducción del valor de las cuotas a los permitidos por la autoridad de control.
Expone además que en autos se debe indagar además como se efectivizaron los incrementos posteriores a la resolución no1344 y en especial el autorizado mediante Res.1994/13 MS, y si el mismo se ajustó a las disposiciones del decreto 1993/2011 artículo 5o inciso "g", y en su caso pide se los deje sin efecto también.
Peticionó la aplicación de un daño punitivo equivalente al 100% de los incrementos aplicados.
En primera instancia se dictó sentencia admitiendo parcialmente la demanda, disponiendo el reajuste de las cuotas y la restitución de lo cobrado sin autorización estatal.
En cambio, en relación al daño punitivo, el juez dijo que en este caso la legitimación no era ejercida por consumidores sino por una asociación y que de acuerdo al art.52 bis no estaba legitimada la asociación, y correspondía el rechazo de la pretensión.
Apelado el fallo por ambas partes, en la Alzada se resolvió la procedencia del daño punitivo.
El vocal preopinante, Dr. Marfil, consideró que "la asociación que promovió la demanda se encuentra plenamente facultada para accionar, independientemente de que ningún afiliado haya intervenido en esta causa o haya requerido su intervención, por cuanto su legitimación sustancial se verifica con su objeto social y el respaldo constitucional que poseen estas entidades."
En ese sentido "...la actora no es la damnificada directa, pero como se dijo la legitimación igualmente le estaba reconocida, ahora bien a quién debe destinarse la multa aplicada, considero que en este caso en particular, debe ir a los consumidores en su conjunto en función de la naturaleza de la acción y de que ha sido una Asociación con objeto amplio la que ha incoado la pretensión.
Esto encuentra fundamento en el hecho que la ley tiene previsto que el daño punitivo a modo de incentivo sea en cierta medida usufructuado por los damnificados que promueven la acción, pero ante el hecho de que, por una parte, estamos en presencia de una acción colectiva iniciada por una Asociación, resulta razonable que sea el colectivo de todos los consumidores entrerrianos los que tengan la posibilidad de percibir indirectamente esos importes mediante una de las herramientas mas importantes que tiene la legislación consumeril que es la educación para el consumo. Y en segundo lugar se debe ver cual es la forma que la sanción tendra un mayor efecto útil en relación al resultado de la sanción desde el punto de vista de los consumidores.
Cumplido con ello el Juzgado del trámite deberá destinar los fondos a la educación de los consumidores entrerrianos. Para esto último se escuchará la propuesta que en un plazo de 15 días realice la parte actora -como entidad de defensa de los intereses consumeriles que promovió la presente- pues resulta razonable que a modo de reconocimiento por la tarea llevada adelante participe en la planificación o proponga como se usará ese dinero en el destino señalado."
Respecto de la procedencia de la multa civil en razón de la falta de la demandada, el camarista destacó que "(e)n el presente está acreditado que la demandada en reiteradas ocasiones procedió a incrementar el valor de la cuota que cobraba a sus afiliados sin autorización estatal, cuando la normativa prohibía expresamente esa conducta, lo que a la luz de su profesionalidad, siendo una empresa especializada en su actividad, no puede pensarse que haya obrado desconociendo la normativa reglamentaria, por el contrario tal conducta al no haber sido justificada de ninguna forma no solo al contestar demanda, sino tampoco en la instancia extrajudicial cuando se produjo el intercambio epistolar, es demostrativa de un obrar con culpa grave -por grosera negligencia y desinterés por el daño al consumidor-. Conducta respecto de la cual debe ser el demandado el que debe acreditar que no resulta configurativa de grave negligencia, ante un obrar palmariamente contrario a la ley..."
En cuanto al monto de la multa, "(n)o contando con una liquidación de daños definitiva, debemos apoyarnos en la gravedad de la conducta, de un prestador de un servicio íntimamente vinculado con la salud, como principal parámetro para aplicar la multa. Por ello se estima adecuado fijar la misma en $250.000, a la fecha de la presente sentencia."
Por otro lado, el vocal también entendió que la "anterior instancia debe modificarse, en tanto la condena debe comprender también el aumento efectuado el 1o de enero del 2014, en tanto el mismo se realizó sin cumplir el trámite establecido en el art.5 inc."g" del Decreto 1993/2011 a cuyo cumplimiento supeditó el Ministerio de Salud de la Nación el incremento autorizado, y éste prevé la notificación a los consumidores con una antelación de 30 días hábiles, lo que constituye un violación al deber de información adecuada -art .4LDC-."
Siendo compartido este criterio se resolvió rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada y hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora, y en consecuencia, disponer que la condena comprende también el aumento efectuado el 1o de enero de 2014. Asimismo, condenar a All Medicine S.A. a abonar en el término de diez días, en concepto de daño punitivo, la suma de $250.000 estimado a la fecha del presente pronunciamiento.
pdf 4999-15-10-57-falloprepagapunitivo.pdf
SPEKTOR VERONICA VIVIANA Y OTRO/A C/ RINCON CLUB DE LOS ANDES S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) ARGENTINA 2017 DEFENSA DEL CONSUMIDOR CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE MAR DEL PLATA FALLOS DESTACADOS
"SPEKTOR VERONICA VIVIANA Y OTRO/A C/ RINCON CLUB DE LOS ANDES S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala Tercera, 06/12/17)
INTERPRETACIÓN SEGÚN LA FINALIDAD DE LA NORMA: EL ART. 1109 DEL CCC NO FUE PENSADO PARA "DESPROTEGER" AL CONSUMIDOR
En un contrato de hospedaje con fines turísticos celebrado por vía electrónica, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata consideró que es competente el juez del domicilio real del consumidor, a pesar del texto del art. 1109 CCC, que establece que "se considera lugar de cumplimiento aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir la prestación. Ese lugar fija la jurisdicción aplicable a los conflictos derivados del contrato. La cláusula de prórroga de jurisdicción se tiene por no escrita."
Con voto preopinante de la Dra. Zampini, el Tribunal entendió aplicable, por analogía, al art. 36 de la LDC y, a mayor abundamiento, destacó que las normas referidas a contratos internacionales de consumo que figuran en el CCC llevan a similar solución.
La Dra. Zampini destaca que una aplicación literal del mentado art. 1109 CCC genera que "...la jurisdicción aplicable se ubicaría en el lugar donde el consumidor recibió o debió recibir la prestación, en este caso en la localidad de San Martín de los Andes (Provincia de Neuquén).
No obstante ello, conforme las pautas que deben presidir en toda tarea hermenéutica, se impone colegir que el art. 1109 no es de aplicación a la contratación que hoy nos ocupa (léase contrato de consumo de hospedaje con fines turísticos celebrado por medios electrónicos), en tanto importaría colocar al consumidor o usuario en una posición desfavorable respecto del proveedor del servicio, al obligarlo a litigar en una jurisdicción extraña a su domicilio.
Evidentemente perjudicar al consumidor o usuario no ha sido la finalidad de la norma, extremo éste que no puede ser desoído por la judicatura por expresa manda del art. 1 del Título Preliminar del Código Civil y Comercial, en la medida que la aplicación de las normas contenidas en dicho cuerpo debe efectuarse atendiendo a "la finalidad de la norma".
Así, la magistrada destaca que "el art. 1109 ha sido establecido favor debilis, y de ahí que la norma no puede utilizarse en disfavor del consumidor, como pretende la sociedad demandada, en tanto su aceptación sin más implicaría una elusión inaceptable de la legislación protectoria consumeril, al constituir una restricción de los derechos del consumidor y una ampliación de los derechos del proveedor (art. 1094 del CCyC y 37 de la LDC). Así también, la aplicación del mentado dispositivo legal importaría afectar el principio de gratuidad en el acceso a la justicia (art. 53 LDC) al imponer al consumidor la carga económica de un eventual litigio alejado de la jurisdicción de su domicilio."
Por lo anterior, se confirmó la sentencia que resolvió rechazar la excepción de incompetencia planteada por la demandada.
pdf 5000-10-15-43-FALLO HOSPEDAJE COMPETENCIA.pdf
C., J. V. C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (BANCOR) - AMPARO ARGENTINA 2017 DERECHO DEL CONSUMIDOR CIV Y COM CORDOBA FALLOS DESTACADOS
"C., J. V. C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (BANCOR) - AMPARO", (Cámara Civil, Comercial, de Familia y del Trabajo de la Séptima Circunscripción Judicial, Cruz del Eje, Córdoba, 20/09/17)
NO COBRARÁS EXTRAJUDICIALMENTE LO QUE SE TE ANTOJA
El Tribunal confirmó la medida cautelar por la cual se ordenó al Banco de la Provincia de Córdoba S.A la inmediata restitución de los montos descontados en el mes de mayo de 2017 en concepto de "Cobro Deudas BPC" de la cuenta de ahorro perteneciente a la actora por la suma de 31.559$ y que se abstenga la demandada de seguir efectuando ese tipo de descuentos en los próximos depósitos.
El banco demandado planteaba que la actora autorizó a debitar en su cuenta los montos de las cuotas de los créditos tomados.
La actora promovió acción de amparo en contra del Banco de la Provincia de Córdoba (BANCOR).
Relató que el 4 de mayo de 2017 debía tener depositado en su Caja de Ahorro, abierta en el Banco de la Provincia de Córdoba, sucursal Cruz del Eje, la suma de treinta y cinco mil setecientos treinta y nueve pesos con veintisiete ctvs. correspondientes a su salario del mes de abril de 2017, que se paga a mes vencido en mayo de 2017, pero advirtió que existía un saldo de solo 116,10$.
Un empleado del Banco le informó que al existir deudas pendientes de pago habían procedido a descontarle de su Caja de Ahorro el dinero depositado correspondiente a su salario mensual con el fin de destinarlo al pago de dicha deuda.
El banco demandado arguyó que la actora formalizó contratos con el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. por consumo de varios paquetes de servicios los que no pagó.
Expresó que la amparista busca tachar de ilegal un acto propio como fue la autorización para debitar en su cuenta los montos de las cuotas de los créditos tomados con la demandada por la vía del amparo, lo que es improcedente; que el débito de las cuotas mensuales de los créditos tomados por la amparista de la caja de ahorro de la que es titular es una modalidad de pago estipulada por ella misma.
Para confirmar la medida cautelar solicitada por la amparista, el vocal preopinante, Dr. Seco, consideró que:
"La verosimilitud del derecho de la amparista surge prístina de autos. No se ha cuestionado que la amparista sea docente provincial, que percibe sus haberes en el banco provincial mediante la cuenta sueldo citada, que tiene a su cargo a su concubino y seis hijos, la mayoría de ellos menores de edad y uno -que aunque es mayor- es discapacitado. Todo ello fue acreditado documentalmente sin que esos hechos y documentos fueran cuestionados tempestivamente por la demandada.
Tampoco se ha cuestionado que el banco procedió a debitar de la cuenta sueldo de la amparista de los haberes del mes de abril de 2017 en mayo de 2017 un porcentaje muy superior al 20% de esos haberes por cobro de deuda."
Además, "...el art. 10 del convenio 95 de la OIT, referido a la protección del salario de los trabajadores, sean públicos o privados, ratificado por la República Argentina, es una norma supra legal de acuerdo al art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, y que en su inc. 2º establece que el salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y su familia". En ello va la responsabilidad internacional de la República Argentina."
Por otro lado, el magistrado destaca "(q)ue la actora haya suscripto con el banco un contrato bancario, donde consintió que se debite de su cuenta sueldo las sumas que adeude al banco por productos financieros otorgados, no excluye que se halla afectada la disposición de la norma supra legal que impide se ceda una proporción del salario que ponga en peligro el mantenimiento del trabajador y su familia. En la especie casi todo el salario de la actora ha sido debitado por el banco."
En cuanto a la jerarquía de los derechos en juego, se recalca que "(n)o ha reparado el demandado que el derecho fundamental a la vida de la actora y de su familia (el que está implícito en la CN, en el art. 4, inc. 1º, del Pacto de San José de Costa Rica; en el art. 1º, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en el art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en el art. 7 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y explícito en el art. 19 inc. 1º de la Constitución provincial de Córdoba), de los niños y del discapacitado (Convención de los Derechos del Niño), al salario (art. 14 bis de la CN, arts. 6 y 7 del PIDESC y convenio 95 de la OIT), de la niñez (art. 25 de la Constitución provincial), de la discapacidad (art. 27 de la Constitución provincial) se han puesto en cuestión por la demandada con un acto basado en una norma contractual, propia del derecho comercial, que en la pirámide de los derechos se encuentra por debajo de aquellos otros que son fundamentales. La reparación de ese perjuicio familiar no puede esperar."
Respecto de otro requisito de las medidas cautelares, se señala que "...el periculum in mora surge prístino porque si se afecta casi todo el salario la familia de que se trata no puede vivir de manera digna."
Por último, y muy importante, pues se refiere a una eventual calificación de la conducta de las partes, "(e)sto está más allá de la irresponsabilidad de quien pidió dinero prestado y de quien del mismo modo prestó dinero a una persona comprometida patrimonialmente o cuasi insolvente."
pdf 5001-10-32-19-FALLO PROTECCION PROPIEDAD DEUDOR.pd

References: De lege lata
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
e contrario