Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A203-08.htm
Timestamp: 2017-11-22 18:16:24+00:00

Document:
A203-08
Auto 203/08
IMPEDIMENTO Y RECUSACION DE PROCURADOR Y VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD -Término para rendir concepto no corre durante el tiempo indispensable para su trámite
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 506, 509 y 511 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Bogotá D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil ocho (2008).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, procede a resolver sobre los impedimentos manifestados en el proceso de la referencia por los señores Procurador y Viceprocurador General de la Nación, previas las siguientes
1. Por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, la Magistrada Sustanciadora, mediante auto de dieciséis (16) de julio de dos mil ocho (2008), admitió la demanda de la referencia y dispuso correr traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor.
2. Por oficio No. DP-795, recibido en la Secretaría General de esta Corporación el día veintiocho (28) de julio de dos mil ocho (2008), el señor Procurador General de la Nación, Dr. Edgardo José Maya Villazón, y el señor Viceprocurador General de la Nación, Dr. Carlos Arturo Gómez Pavajeau, consideran que se encuentran impedidos para rendir concepto dentro del proceso de la referencia. Señalan como causal de impedimento el haber intervenido en la expedición de la norma sometida al control, ya que participaron “en la comisión redactora, el primero, y en la subcomisión redactora, el segundo, del proyecto de ley que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal –Ley 906 de 2004-, de cuyo texto hace parte el precepto legal demandado”.
Ante esta circunstancia, solicitan a la Corte que se les acepte el impedimento manifestado, para proceder, conforme a la atribución otorgada por el numeral 33 del artículo 7 del Decreto 262 de 2000, a designar el funcionario que habrá de rendir el concepto respectivo.
3.- La jurisprudencia de esta Corporación ha sido uniforme y reiterada, en el sentido de sostener que la Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para resolver tanto los impedimentos y recusaciones de sus magistrados y conjueces, como los planteados por el Procurador General de la Nación, o de quien haga sus veces, en relación con los conceptos que debe emitir dentro de los procesos de constitucionalidad tramitados ante este tribunal. En relación con este punto, por ejemplo, en Auto del 24 de abril de 2003, la Corte precisó lo siguiente[1]:
“La competencia de la Corte para conocer sobre los impedimentos y recusaciones presentados por el Procurador General de la Nación se encuentra sustentada en el hecho de que el artículo 241-11 de la Constitución Política autoriza a la Corporación para dictar su propio reglamento, reglamento cuyo artículo 79 establece que “todos los asuntos de constitucionalidad de que conoce la Corte Constitucional se someterán, en lo que hace a impedimentos y recusaciones, a las causales y al trámite consagrados en el Capítulo V del Decreto 2067 de 1991, en lo pertinente.” (Art. 79 Acuerdo 05 de 1992).
6.- Que la competencia para resolver los impedimentos y recusaciones presentados por el Procurador General en los procesos de constitucionalidad del artículo 241 de la Carta ha sido reconocida por la reiterada práctica judicial de la Corte, ya que, tal como recientemente lo reconoció la Corporación a propósito del citado artículo 79 del Acuerdo 05 de 1992, no existe otra norma en el ordenamiento jurídico a la cual remitirse para resolver tales incidentes. El artículo 79 -dice la Corte- “definió las normas aplicables frente al trámite de los incidentes de recusación e impedimento en procesos de constitucionalidad, y cerró cualquier posibilidad de remisión normativa a otros ordenamientos” (Auto 053 de 2003, Expediente CFR-01)”.
4. Los artículos 25 y 26 del Decreto 2067 de 1991, “Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”, establecen las causales de impedimento y recusación de los Magistrados, las cuales son igualmente aplicables al Procurador General de la Nación -también al Viceprocurador General de la Nación-, cuando interviene en el tramite de las acciones públicas de inconstitucionalidad.
5. Entre las mencionadas causales se encuentra la de haber intervenido en la expedición de la disposición acusada, la cual es manifestada por el señor Procurador General de la Nación. Por lo tanto, la Sala Plena de esta Corporación debe aceptar el impedimento.
6. En cuanto al impedimento manifestado por el Viceprocurador General de la Nación, ha de señalarse que sobre la base de la aceptación del impedimento del Procurador General de la Nación, y debido a que el Viceprocurador invoca la misma causal con similares razones, se impone, en su caso, la misma solución jurídica.
7. La Corte ha precisado que si bien es cierto que en principio correspondería atender el impedimento planteado por el Viceprocurador General sólo luego de que se aceptara el del Procurador General de la Nación -y como consecuencia de ello el Viceprocurador entrará a sustituirlo en sus funciones constitucionales para rendir el correspondiente dictamen-, atendiendo los principios de economía procesal y celeridad es necesario entrar resolver en esta misma providencia el impedimento manifestado tanto por el Procurador como por el Viceprocurador General de la Nación.
8. Aceptados los impedimentos presentados, el expediente deberá remitirse nuevamente al Procurador General de la Nación para que, en cumplimiento del numeral 33 del artículo 7º del Decreto 262 de 2000, designe al funcionario que rendirá concepto en el proceso de la referencia.
9. Debe advertirse que conforme a lo dispuesto en el artículo 48 del Decreto 2067 de 1991, el término establecido para rendir concepto no correrá “durante el tiempo indispensable para tramitar los incidentes de impedimento (…)”. Por ende, una vez levantada la suspensión de los términos, el funcionario designado por el Ministerio Público cuenta con el término restante para rendir el concepto de que trata los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución.
Tercero. ORDENAR que una vez levantada la suspensión de los términos en el proceso de la referencia, la Secretaría General de esta corporación remita el expediente al Procurador General de la Nación, para que conforme con lo dispuesto en el numeral 33 del artículo 7º del Decreto 262 de 2000, designe al funcionario que debe rendir el concepto a quien le correrá el traslado por el resto del término.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 203 DE 2008 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
IMPEDIMENTO Y RECUSACION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION EN ASUNTO DE CONSTITUCIONALIDAD-Debe ser resuelto por el nominador (Salvamento de voto)
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 506, 509 y 511 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”
Con el debido respeto por las decisiones mayoritarias de esta Corporación, me permito salvar mi voto frente al presente Auto, reiterando para ello mi posición jurídica sostenida en repetidas oportunidades en relación con que esta Corte carece de la competencia tanto constitucional como legal para resolver los impedimentos manifestados por el Procurador General de la Nación y el Viceprocurador para emitir el concepto sobre constitucionalidad, en este caso respecto de los artículos 506, 509 y 511 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el código de procedimiento penal”. Las razones que justifican mi posición son las que paso a exponer a continuación:
[1] Cfr. Corte Constitucional, Sala Plena, Auto del 24 de abril de 2003. Ver también, entre muchos otros, los Autos 092 del 18 de abril de 2007, 270 del 17 de octubre de 2007 y 284 del 31 de octubre de 2007, relacionados precisamente con impedimentos manifestados por el Procurador y el Viceprocurador General de la Nación respecto de la Ley 906 de 2004.

References: artículo 2
 artículo 7
 artículo 241
 artículo 79
 artículo 241
 artículo 79
 artículo 79
 artículo 7
 artículo 48
 artículo 7