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Timestamp: 2019-01-19 19:01:49+00:00

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﻿ SENTENCIA C-378 DE JULIO 27 DE 1998
SENTENCIA C-378 DE 27 DE JULIO DE 1998
CONTENIDO:DECLARA EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE LA EXPRESIÓN "DE NATURALEZA PÚBLICA", CONTENIDA EN EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 100 DE 1993, EN EL ENTENDIDO QUE LA NATURALEZA PÚBLICA QUE SE RECONOCE AL FONDO COMÚN QUE SE CONSTITUYE CON LOS APORTES DE LOS AFILIADOS EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA, DADO SU CARÁCTER PARAFISCAL, EN NINGÚN CASO, DEBE SER ENTENDIDA EN EL SENTIDO QUE LOS DINEROS QUE DE ÉL HACEN PARTE PERTENECEN A LA NACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRIBUCIONES PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, FONDOS DE RESERVAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA
Sentencia C-378 de julio 27 de 1998
Ref.: Expediente D-1934.
Actor: Carlos Orlando Velázquez Murcia.
Demanda de inconstitucionalidad en contra del literal b) (parcial) del artículo 32 de la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, Distrito Capital, según consta en acta número treinta (30), a los veintisiete días del mes de julio de mil novecientos noventa y ocho.
ART. 32.—Características. El régimen de prima media con prestación definida tendrá las siguientes características:
a) En un régimen solidario de prestación definida;
c) El Estado garantiza el pago de los beneficios a que se hacen acreedores los afiliados”.
El asunto se circunscribe a examinar si el carácter público que le asigna el artículo 32 de la Ley 100 de 1993, al fondo que se constituye con los aportes de los afiliados y su rendimiento, en el régimen de prima media con prestación definida, vulnera los derechos a la seguridad social, en los términos del artículo 48 de la Constitución, y el de la propiedad privada (art. 58), pues, según el actor, esa naturaleza pública que se le asigna a estos recursos, tiene un carácter expropiatorio.
Tercera. Naturaleza de los fondos de pensiones en la Ley 100 de 1993.
Por su parte, el régimen de ahorro individual con solidaridad, se basa “en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros...” (L. 100/93, art. 59), en donde la cuantía de la pensión dependerá “de los aportes de los afiliados y empleadores, sus rendimientos financieros, y de los subsidios del Estado, cuando a ellos hubiere lugar” (L. 100/93, art. 60, lit. a)).
Como puede observarse, los dos sistemas responden a características disímiles, hecho que, como lo reconoció esta corporación en la sentencia C-538 de 1996, con ponencia del doctor Barrera Carbonell, “estimula como lo quiso el legislador la competencia en el sector público y privado, lo cual redunda en beneficio de la eficacia y eficiencia de los servicios de seguridad social.” En la mencionada sentencia, se precisó que “hacer una igualación de los regímenes, puede significar la desaparición de dicha competencia y favorecer a los fondos privados de pensiones en perjuicio del Instituto de Seguros Sociales, aparte de que limitaría las opciones que tienen los destinatarios del servicio para escoger el régimen que más convenga a sus intereses o particulares situaciones”.
Para el demandante, el carácter público que le otorga el inciso acusado al fondo que se constituye con los aportes de los trabajadores y empleadores en el régimen solidario de prima con prestación definida, desconoce los derechos a la propiedad (art. 58 de la Constitución) y a la seguridad social (art. 48 de la Constitución), pues, en su concepto, no existe razón alguna para que los dineros que aportan los trabajadores y empleadores al sistema de seguridad social, en el régimen mencionado, tengan una naturaleza pública, convirtiéndolos en recursos del Estado, y permitiendo un manejo, como si se tratase de recursos propios de la Nación.
Los dineros que aportan trabajadores y empleadores al sistema de seguridad social, por sus características, son recursos de carácter parafiscal, pues responden a las características con que la Constitución, la ley y la jurisprudencia han definido esta clase de rentas. Al respecto, basta citar el artículo 29 del Decreto 111 de 1996, que compila las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, según el cual las contribuciones parafiscales son “...los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable.
Las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que formen parte del Presupuesto General de la Nación se incorporarán al presupuesto solamente para registrar la estimación de su cuantía y en capítulo separado de las rentas fiscales y su recaudo por los órganos encargados de su administración.”
Así, los aportes que tanto trabajadores como empleadores hacen al sistema de seguridad social, bien sea en el régimen de prima media con prestación, definida, como en el régimen de ahorro individual, responde a las características descritas, pues: 1) Los trabajadores y empleadores deben, en forma obligatoria, realizar los aportes según las cuantías establecidas por la ley; 2) Estos aportes redundan en beneficio del trabajador y exoneran al empleador de asumir los riesgos que entran a cubrir las entidades correspondientes; 3) La administración y destinación de estos recursos la establece expresamente la Ley 100 de 1993.
En tratándose del régimen de prima media con prestación definida, cuya administración corresponde al Instituto de Seguros Sociales “empresa industrial y comercial del Estado, del orden nacional, con personaría jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente... ” según el artículo 275 de la Ley 100 de 1993, no es válido afirmar que por la naturaleza jurídica de este instituto o por su vinculación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los recursos que administra por concepto de los aportes que realizan sus afiliados y empleadores, hacen parte de su patrimonio o puedan catalogarse como ingresos de la Nación, como parece entenderlo el demandante. Pues, como fue explicado, los aportes que administra el instituto, así como sus rendimientos, en razón a su naturaleza parafiscal no pueden reputarse de propiedad ni del ente administrador ni del Estado.
Corolario de lo anterior, es que la definición que hace el literal b) del artículo 32 acusado, según la cual, en el régimen solidario con prestación definida “los aportes de los afiliados y sus rendimientos, constituyen un fondo común de naturaleza pública” no puede entenderse en el sentido que lo hace el actor. Pues esa característica, por la naturaleza misma de los aportes que lo integran, en ningún momento, puede implicar que la Nación pueda apropiarse de estos recursos ni mucho menos, que puedan recibir el tratamiento que se da a los ingresos ordinarios del Estado.
Dentro de este contexto, no encuentra la Corte cómo el aparte acusado del literal b) del artículo 32 de la Ley 100, puede violar los derechos a, seguridad social, pues, como fue explicado, los recursos por concepto de los aportes al sistema de seguridad social no pueden reputarse como de propiedad de las entidades administradores ni de la Nación. Igualmente este derecho se encuentra garantizado, pues en ningún caso, la definición de “público” que hace la norma parcialmente acusada, desconoce las prerrogativas que constitucional y legalmente poseen los afiliados al régimen de prima media con prestación definida.
Por las consideraciones anteriores, se declarará exequible la expresión “de naturaleza pública”, contenida en el literal b) del artículo 32 de la Ley 100 de 1993, por no violar los artículos 48 y 58 de la Constitución, en el entendido que la naturaleza pública que se reconoce al fondo común que se constituye con los aportes de los afiliados en el régimen de prima media con prestación definida, dado su carácter parafiscal, en ningún caso, debe ser entendida en el sentido que los dineros que de él hacen parte pertenecen a la Nación.
Declárase exequible, en los términos de esta sentencia, la expresión “de naturaleza pública” contenida en el literal b) del artículo 32 de la Ley 100 de 1993 “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.

References: ARTÍCULO 32
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 48
 artículo 29
 artículo 275
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32