Source: http://docplayer.es/142362-Contrato-administrativo-de-servicios-cas-es-un-contrato-laboral-sentencia-del-pleno-jurisdiccional-del-tribunal-constitucional-del-peru.html
Timestamp: 2017-02-23 01:10:18+00:00

Document:
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) ES UN CONTRATO LABORAL SENTENCIA DEL PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ - PDF
Download "CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) ES UN CONTRATO LABORAL SENTENCIA DEL PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ"
Xavier Olivares Fidalgo
1 Derecho y Cambio Social CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) ES UN CONTRATO LABORAL EXP. N.º PI/TC LIMA MÁS DE 5,000 CIUDADANOS SENTENCIA DEL PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ DEL 31 DE AGOSTO DE 2010 PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD MÁS DE 5,000 CIUDADANOS CONTRA EL PODER EJECUTIVO SÍNTESIS Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más de 5,000 ciudadanos, contra el Decreto Legislativo N.º 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios Magistrados firmantes MESÍA RAMÍREZ BEAUMONT CALLIRGOS VERGARA GOTELLI CALLE HAYEN ÁLVAREZ MIRANDA URVIOLA HANI EXP. N.º PI/TC LIMA MÁS DE 5,000 CIUDADANOS 12 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 7 días del mes de setiembre de 2010, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Presidente; Beaumont Callirgos, Vicepresidente; Vergara Gotelli, Calle Hayen, Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega I. ASUNTO Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más de 5,000 ciudadanos contra el Decreto Legislativo N.º 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de junio de II. DISPOSICIÓN CUESTIONADA DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Artículo 1.- Finalidad La presente norma regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, y tiene por objeto garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo de la administración pública. Artículo 2.- Ámbito de aplicación El régimen especial de contratación administrativa de servicios es aplicable a toda entidad pública sujeta al Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y a otras normas que regulan carreras administrativas especiales; asimismo, a las entidades públicas sujetas al régimen laboral de la actividad privada, con excepción de las empresas del Estado. Artículo 3.- Definición del contrato administrativo de servicios El contrato administrativo de servicios constituye una modalidad especial propia del derecho administrativo y privativa del Estado. Se regula por la presente norma, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales. La presente norma no se aplica a los contratos de prestación de servicios de consultoría o de asesoría, siempre que se desarrollen de forma autónoma, fuera de los locales o centros de trabajo de la entidad. Artículo 4.- Requisitos para su celebración Son requisitos para la celebración del contrato administrativo de servicios: 4.1 Requerimiento realizado por la dependencia usuaria. 4.2 Existencia de disponibilidad presupuestaria, determinada por la oficina de presupuesto de la entidad o quien haga sus veces. Artículo 5.- Duración El contrato administrativo de servicios se celebra a plazo determinado y es renovable. Artículo 6.- Contenido El contrato administrativo de servicios comprende únicamente lo siguiente: 6.1. Un máximo de cuarenta y ocho (48) horas de prestación de servicios a la semana Descanso de veinticuatro (24) horas continuas por semana. 23 6.3. Descanso de quince (15) días calendario continuos por año cumplido Afiliación al régimen contributivo que administra ESSALUD. A estos efectos, la contribución tiene como base máxima el equivalente al 30% de la UIT vigente en el ejercicio por cada asegurado. 6.5 a afiliación a un régimen de pensiones es opcional para quienes ya vienen prestando servicios a favor del Estado y son contratados bajo el presente régimen; y, obligatoria para las personas que sean contratadas bajo este régimen a partir de su entrada en vigencia. A estos efectos, la persona debe elegir entre el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones. Artículo 7.- Responsabilidad administrativa y civil Los funcionarios o servidores públicos que efectúen contratación de personas que presten servicios no autónomos fuera de las reglas del presente régimen, incurren en falta administrativa y, en consecuencia, son responsables civiles por los daños y perjuicios que le originen al Estado. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES PRIMERA.- Las referencias normativas a la contratación de servicios no personales se entienden realizadas a la contratación administrativa de servicios. SEGUNDA.- Las prohibiciones de contratación de servicios no personales reguladas en las normas de presupuesto son aplicables a la contratación administrativa de servicios a que se refiere la presente norma. TERCERA.- Queda prohibido a las entidades del Sector Público cubrir cargos de naturaleza permanente a través de empresas de servicios especiales o de servicios temporales o de cooperativas de trabajadores. Sólo se autoriza la contratación de personal a través de empresas o cooperativas intermediarias de mano de obra cuando se trate de labores complementarias, expresamente calificadas como tales, o para cubrir la ausencia temporal de un servidor permanente, sin que tal cobertura pueda sobrepasar de tres meses. CUARTA.- Las entidades comprendidas en la presente norma quedan prohibidas en lo sucesivo de suscribir o prorrogar contratos de servicios no personales o de cualquier modalidad contractual para la prestación de servicios no autónomos. Las partes están facultadas para sustituirlos antes de su vencimiento, por contratos celebrados con arreglo a la presente norma. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS PRIMERA.- Las entidades a que se refiere la presente norma que tengan celebrados contratos sujetos a sus alcances deberán proceder a los registros pertinentes en ESSALUD, en un plazo no mayor de 30 días calendario contados a partir de su entrada en vigencia. SEGUNDA.- El período de carencia regulado en el artículo 10 de la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, no es exigible a los contratos administrativos de servicios vigentes a la entrada en vigencia de la presente norma. TERCERA.- En caso una persona, una vez afiliado en un sistema pensionario, voluntariamente acepte efectuar aportes por un período de servicios anterior a la presente norma, el mismo se efectuará sin intereses, moras ni recargo alguno, en un plazo en meses igual al doble del número de cotizaciones que efectúe. Los aportes serán registrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o por la Administradora de Fondos de Pensiones elegida por aquél, como efectuados en el mes en que se abonan. CUARTA.- El presente Decreto Legislativo entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo por el numeral 6.4 del artículo 6 de la presente norma hasta que se apruebe el financiamiento correspondiente. En ningún caso reconoce o genera derechos con carácter retroactivo. QUINTA.- Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, se aprobará el Reglamento del presente Decreto Legislativo, dentro de un plazo de sesenta (60) días calendario de su publicación. 34 III. ANTECEDENTES 1. Argumentos de la demanda Con fecha 8 de enero de 2010, los recurrentes interponen demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo N.º 1057, Ley que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios CAS, impugnando sus artículos 1º, 2º, 3º 5, 6.1º y 6.2º, así como su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.º PCM, por considerar que dicho dispositivo vulnera los siguientes artículos de la Constitución: 2.2º (derecho a la igualdad ante la ley, 104º (delegación de facultades); 25º (jornada ordinaria de trabajo ), 23º tercer y cuarto párrafo (el Estado y el Trabajo), 24º (derechos laborales del trabajador), 26.1º (principio de igualdad de oportunidades sin discriminación), 27º (protección del trabajador frente al despido arbitrario), 42º (derecho de sindicación de los trabajadores públicos) y 103º cuarto párrafo (prohibición de abuso de derecho). Los fundamentos de la demanda, alegando la inconstitucionalidad formal de la norma impugnada, son los siguientes: El Decreto Legislativo N.º 1057 fue expedido por el Poder Ejecutivo al amparo de facultades delegadas otorgadas por el Congreso de la República mediante Ley N.º 29157, que delega facultades de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú Estados Unidos, y con el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento. En el artículo 2º de la Ley autoritativa se detallaban las materias específicas respecto de las que se delegaban facultades, mientras que en el artículo 2.2º, a criterio de la parte demandante, se apuntaba a evitar excesos de legislativos por parte del Poder Ejecutivo, de manera que los decretos legislativos que se expidan guarden coherencia y consecuencia con cada uno de los compromisos expresamente fijados en el acuerdo comercial y sirvan para mejorar la competitividad económica del país, de manera que el Poder Ejecutivo estaba prohibido de regular un tema que no formara parte de los compromisos asumidos por el TLC. Ello además es concordante con lo expuesto en el artículo 104º de la Constitución que en su primer párrafo dispone la posibilidad de delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo, siempre que sea sobre materia específica, siendo evidente que la legislación que exceda la materia, devendrá en inconstitucional. En ese sentido se cita el fundamento 25 de la sentencia recaída en el Exp. N.º PI/TC, expedida por el Tribunal Constitucional. Respecto a si lo regulado por el Decreto Legislativo N.º 1057 se circunscribe a los parámetros de la materia delegada en el artículo 2.1º de la Ley N.º 29157, la parte demandante cuestiona si el Contrato Administrativo de Servicios se introduce en la materia de modernización del Estado, prevista en el artículo 2.1.b) de la Ley N.º La Ley N.º Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, describe este concepto como el desarrollo de una correcta y eficiente administración pública estatal y en su artículo 5º detalla las principales acciones en 45 las que se sustenta el proceso de modernización de la gestión del Estado. Sin embargo, no establece la necesidad de crear un sistema de contratación administrativa o de contratación laboral; en ese sentido, la ley precisa que el proceso de modernización del Estado se sustenta en: - Priorizar la labor de desarrollo social. - La concertación entre la sociedad civil y fuerzas políticas. - La descentralización del Gobierno. - La mayor eficiencia en la utilización de recursos del Estado. - Revalorizar de la carrera pública (con énfasis en la ética pública). - Institucionalizar la evaluación de gestión por resultados. - Regularizar de las relaciones sectoriales. De otro lado, citando a la consultora Pierina Polarrollo Giglio quien elaboró el documento Modernización del Estado 1[1], se señala que no se ha considerado que un sistema de contratación administrativo de servicios en la administración pública, forme parte del proceso de modernización del Estado, dado que únicamente se consideran los siguientes lineamientos: - Mayor transparencia en la rendición de cuentas. - Simplificación de trámites administrativos y trabas burocráticas. - Mejoramiento de la organización y funcionamiento del Estado. - Profesionalización de la administración pública. - Descentralización adecuada del Estado. Por ello, la modernización del Estado no tiene que ver con un nuevo sistema de contratación y menos con un sistema de contratación administrativa no laboral, que lo único que va a generar es mayor carga de servidores públicos sin línea de carrera y sin derechos laborales, desnaturalizándose los objetivos de la modernización estatal, que son los de eliminar la burocracia y optimizar su eficiencia. En relación a si el CAS forma parte del TLC, precisan que los compromisos adoptados en materia laboral (Capítulo 17 del TLC) están referidos a proteger y reforzar el sistema laboral bajo el que se encuentran los trabajadores de los agentes económicos de nuestro país (privados), quienes serán los únicos que van a comerciar con EEUU, pero no hay obligación del Estado en introducir una reforma del sistema de contratación de personal en la administración pública. En el precitado capítulo el Estado Peruano se compromete a mantener en sus leyes y reglamentos el respeto a los derechos fundamentales de asociación, negociación colectiva y eliminación de discriminación entre empleo y ocupación; sin embargo, se ha expedido la norma que crea el CAS como un régimen laboral, por el que se impide al servidor CAS la posibilidad de asociarse a un sindicato, lo que también le imposibilita para iniciar una negociación colectiva, promoviendo una situación de discriminación respecto de los servidores de este régimen o de los del régimen laboral público, así como con los del régimen laboral privado. Por ello concluye manifestando que el CAS no forma parte de los compromisos 1[1] En la demanda se refiere que fue publicado en la página web de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas CONFIEP. 56 asumidos por el Estado en el TLC con Estados Unidos, por lo que la norma impugnada es inconstitucional por exceder las facultades delegadas. Finalmente, en relación a si el CAS genera mayor competitividad del Estado, la parte demandante se remite al Plan Nacional de Competitividad elaborado por Consejo Nacional de Competitividad 2[2], en el que se establecen las políticas de gobierno y medidas que deben adoptarse en el corto y mediano plazo para proveer competitividad económica a nuestro país; entre ellas se establecen: - Priorizar la labor de desarrollo social. - Innovación tecnológica. - Educación. - Fortalecimiento institucional (reglas claras y estabilidad jurídica). - Política económica, mercados financieros y de capitales. - Infraestructura. - Medio ambiente. El gobierno en su diseño de estrategias para su plan de competitividad no tiene una medida como la de mejorar o reformar su sistema de contratación laboral estatal o el ingreso a la administración pública; y menos aún introducir un novísimo sistema como el CAS, pues el régimen económico no va a generar o coadyuvar mayor competitividad económica al Estado, pues el concepto está referido básicamente a la relación Estado agentes económicos privados y no a la relación Estado sector público. Los fundamentos de la demanda, alegando la inconstitucionalidad material de la norma impugnada, son los siguientes: Aplicando el test de igualdad para establecer si se ha vulnerado el derecho principio de igualdad previsto en el artículo 2.2º de la Constitución, para verificar si el régimen de CAS es razonable y necesario, llega a la siguiente conclusión: - Sub examen de idoneidad: No resulta razonable que existiendo dos regímenes laborales para el ingreso y acceso a la administración pública, como los contenidos en los Decretos Legislativos N.º 276 y N.º 728, se introduzca un tercer régimen, sin los mismos derechos que ofrecen los anteriores y promueva expresamente su carácter no laboral pese a obligar a trabajar 8 horas diarias, a cambio de una contraprestación económica y 15 días de vacaciones, mientras que un servidor del régimen laboral público o privado que efectúa el mismo trabajo y con el mismo horario va a recibir una remuneración completa, 30 días de vacaciones y una compensación por tiempo de servicios, lo que demuestra la inidoneidad de la norma impugnada. - Sub examen de necesidad: El acceso a la administración pública estaba regulado en el artículo 1º del Decreto Legislativo N.º 276, norma que ha sido refrendada por la Ley N.º 28175, Ley Marco del Empleo Público, así como en el artículo 1º del Decreto Legislativo N.º 1057; por ello, no se entiende cuál era 2[2] Se cita la página web: 67 la necesidad de crear un nuevo sistema de ingreso a la administración pública, si ya existía un sistema alternativo claro y definido. Asimismo, a las entidades públicas de derecho privado se les permite el uso del régimen de contratación laboral de la actividad privada previsto en el Decreto Legislativo N.º 728, el que permite el ingreso de servidores públicos al Estado con no menos derechos laborales, por lo que no es necesario aplicar el CAS en dichas entidades. - Sub examen de proporcionalidad: El Decreto Legislativo N.º 1057 no tiene justificación legal o fáctica, sino, tal vez, económica, por lo que su expedición era innecesaria por existir vías alternas de contratación de personal para el sector público (Decretos Legislativos N.º 276 y N.º 728); por ello debía promoverse estos caminos y no crear uno nuevo con el propósito de desmejorar el acceso al empleo público y evitar el pago de derechos laborales para hacer caja. La situación de desigualdad que genera y promueve alienta el tratamiento laboral discriminatorio en una entidad del Estado y por tanto vulnera del principio-derecho de igualdad ante la Ley. Sobre la inconstitucionalidad de los artículos 1º y 2º del Decreto Legislativo N.º 1057, ambos artículos introducen un régimen administrativo carente de derechos laborales, por encima incluso de los regímenes existentes, lo que vulnera el artículo 22º de la Constitución. Se crea así un régimen de contratación administrativa de servicios, carente de derechos laborales, el que conviviría con otro que sí provee derechos mínimos, lo que genera una situación de desigualdad dentro del mismo centro de trabajo. Además existe contradicción entre el artículo 1º del Decreto Legislativo N.º 1057 con los demás artículos del mismo, cuando se establece que la finalidad de la norma es garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo, mientras que el resto del decreto legislativo solo prohíbe cualquier posibilidad de que este régimen sea confundido con los otros dos existentes; por ello, también es contradictorio lo expuesto en los artículos 5º y 6, respecto al carácter temporal y determinado pero renovable ilimitadamente, sin recibir una remuneración, sino una retribución económica o contraprestación no laboral. Se cuestiona la constitucionalidad del artículo 3º porque desde que se impone la obligación de trabajar 48 horas a la semana, dentro de la sede, se ha reducido el contenido esencial del derecho al trabajo, a través de una legislación para peor en materia laboral, desprovista de justificación legal. Esta modalidad abusa de la necesidad de trabajo para proveerse de servidores en situación de desigualdad que no podrán hacer carrera, los que además están expuesto a la arbitraria decisión del empleador para ser despedidos, generando una situación de permanente inestabilidad. Si se pretendía introducir el CAS como una modalidad de empleo productivo, se ha fallado en el intento, pues dicho término significa un empleo provisto de beneficios laborales y de seguridad social. El CAS no provee casi ningún beneficio laboral, salvo las vacaciones de 15 días, por lo que no constituye una forma de empleo productivo. El artículo 3º precitado también contraviene el tercer párrafo del artículo 23º de la 78 Constitución, pues termina de consumar la desprotección de derechos constitucionales básicos como a la sindicación y negociación colectiva, así como a la protección adecuada contra el despido, pues en el Decreto Legislativo N.º 1057 no se ha contemplado el ejercicio de estos derechos, lo que rebaja la dignidad de los trabajadores. Respecto a la sindicación también se expone que se ha contravenido el artículo 42º de la Constitución, que reconoce tanto este derecho como el de huelga. También se detalla que la norma en comentario contraviene el TLC, dado que el Estado se comprometió a respetar los derechos fundamentales de asociación, de negociación colectiva y de eliminación de la discriminación entre empleo y ocupación; de otro lado, el Decreto Legislativo N.º 1057 introduce una incuestionable desigualdad en el sector público, al crear el CAS, el que no puede competir con los regímenes laborales existentes, lo que contraviene el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación, como lo establece el artículo 26.1º de la Constitución. Como prueba de la desigualdad que genera el CAS, es que frente a una misma labor realizadas por dos servidores públicos, uno de ellos perteneciente al CAS y el otro a cualquier otro régimen laboral, el Estado les retribuirá de manera distinta, a uno le pagará gratificaciones y CTS completas, mientras que al servidor del CAS no, además que no podrá hacer carrera pública y no tendrá protección frente al despido. Precisa que el artículo 5º es inconstitucional pues no establece un límite temporal para la vigencia del CAS, permitiendo su vigencia indefinida, sin que en algún momento pueda gozar de algún beneficio laboral adicional o derecho constitucional, sin la posibilidad de pasar a planilla laboral e igualar a su compañero de trabajo que sí goza de tales derechos. Esto es considerado grave porque lo regímenes laboral público y privado regulan periodos temporales de ingreso, siempre limitados (3 y 5 años, respectivamente) pero siempre sujetos a vínculo laboral; en el régimen público un servidor contratado solo podrá ser renovado por un plazo máximo de 3 años, en cuyo caso pasa a ser nombrado, mientras que en el régimen laboral privado ello ocurre cuando transcurren 5 años, convirtiéndose el contrato en uno a plazo indeterminado. Ello no se aprecia en el CAS, situación que genera un abuso de derecho no amparado por la Constitución artículo 103º dado que deben respetarse los derechos fundamentales y su acceso a ellos debe ser progresivo, por lo que resulta incomprensible que el Poder Ejecutivo imponga una norma que establezca una situación permanente e ilimitada, ausente de derechos básicos. Lo expuesto también importa la afectación del artículo 23º tercer párrafo de la Constitución. En relación al cuestionamiento de los artículos 6.1º y 6.2º, estos dispositivos repiten la jornada ordinaria de trabajo (8 horas) y el descanso semanal (24 horas), elementos constituyentes del contrato de trabajo y de toda relación laboral; sin embargo, los demás artículos insisten en reiterar el carácter no laboral del régimen CAS. Se expone que el Decreto Legislativo es inconstitucional, así como su reglamento, porque no contiene ninguna precisión en relación a la extinción del contrato 89 administrativo; por su parte el reglamento solo configura la posibilidad de que el trabajador puede ser despedido por decisión unilateral e injustificada sin la posibilidad de que reciba algún beneficio económico que repare esta decisión, por lo que deberá recurrir ante del Poder Judicial para que se ordene el pago de los meses dejados de percibir hasta un máximo de dos meses, con lo que dicho reglamento resulta más draconiano que la propia ley. Todo ello constituye una afectación del artículo 27º de la Constitución. Sustenta también la ilegalidad del CAS en la función médica, dado que existen leyes especiales para los profesionales de la salud, como el Decreto Legislativo N.º 559 (Ley de Trabajo Médico), Ley N.º (Ley del Trabajo del Cirujano Dentista) y la Ley N.º (Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico, que exigen que el ingreso a la carrera pública solo se haga a través del nombramiento (Decreto Legislativo N.º 276) o con contrato a plazo indeterminado (Decreto Legislativo N.º 728). En caso que el Tribunal Constitucional opte por mantener la vigencia del Decreto Legislativo N.º 1057, incluso como un régimen temporal, ello va a generar acciones ante el Poder Judicial para el reconocimiento de los beneficios laborales que correspondan al principal régimen de contratación que predomine en la entidad estatal, sustentados en el principio de primacía de la realidad, como ha ocurrido en el caso de los servicios no personales. Por ello el Tribunal Constitucional debe emitir una sentencia interpretativa estimatoria, en la que se disponga la inconstitucionalidad de los contratos CAS, pero al mismo tiempo la permanencia temporal de dichos puestos de trabajo en la perspectiva de un pase progresivo de estos trabajadores a la planilla regular de la entidad estatal, según corresponda. Resulta pues necesario que se expida una sentencia aditiva para efectos de introducir en la ley impugnada una disposición interpretativa que regule una adecuada protección frente al despido del trabajador. 2. Argumentos de la contestación de la demanda Con fecha 10 de junio de 2010, la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia se apersona al proceso y contesta la demanda, solicitando que sea declarada infundada, por los siguientes fundamentos: La ley autoritativa necesariamente debe contener dos aspectos; las materias específicas que definen el marco de facultades legislativas otorgadas; y el plazo en que se puede ejercer la delegación concedida. También es evidente que la norma autoritativa jamás contiene disposiciones genéricas, sino reglas precisas, detalladas y exactas con relación a la materia objeto de delegación. Se trata de normas temporales que cuenta con un periodo de vigencia determinado. - Las actividades delegadas difícilmente podían estar circunscritas única y exclusivamente a la materia comercial, toda vez que se pretendía una delegación normativa para establecer reformas estructurales de manera célere y técnica, sobre todo en aquellos casos en los que la referida modificación 910 estructural supondría una asunción más intensa de competencias o funciones públicas. En ese contexto, algunas de las materias delegadas tienen la característica de una imperativa reforma estructural, la que debido a que no está vinculada a la materia en forma directa (comercial), sino al órgano, debe ser integral, siendo algunas de ellas la facilitación del comercio y la mejora del marco regulatorio, fortalecimiento institucional y simplificación administrativa y modernización del Estado. No es factible que una reforma y modernización del Estado se circunscriba y limite solo al ejercicio de competencias vinculadas a la inversión privada, pues el perfeccionamiento institucional del Estado no debe ser visto únicamente desde una óptica de la entidad, dado que el Estado no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr fines superiores a él. - Como se ha señalado en la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, la administración pública debe estar orientada por principios y valores tales como la primacía de los ciudadanos, manejo responsable, priorización de necesidades, implementar la revalorización de la carrera pública, su orientación por resultados y evaluaciones de manera que permita el surgimiento de la meritocracia, con profesionales honestos y de calidad; en esa perspectiva, para el cumplimiento de los fines contenidos en la norma autoritativa, se requiere de una reforma estructural dirigida no solo al establecimiento de mecanismos más céleres de realización de actos vinculados al comercio internacional, sino que también debe ir acompañada de la renovación del aparato que agrupa a aquellos que ejercen la administración pública, esto es, una real modernización del Estado. - Para la promoción de la inversión privada no sólo se debe brindar seguridad jurídica sino también irradiar una imagen de Estado moderno, ágil y respetuoso de las normas constitucionales. Por ello, considera que para satisfacer los fines de la ley autoritativa ésta no debe ser vista de manera restrictiva sino desde una perspectiva teleológica que propenda a garantizar que la gestión pública tenga un enfoque centrado en el ciudadano y mejore la calidad de la información, de la atención y de los servicios prestados; por ello debe entenderse la ley autoritativa no como una norma pensada para reformas parciales en materia comercial, sino como una pauta preceptiva que apunte a la modernización real e integral de las relaciones Estado-sociedad. En relación al principio derecho de igualdad ante la ley sin discriminación, y a los derechos al trabajo y a la jornada laboral, a la sindicación y a la negociación colectiva, así como a la prohibición del despido arbitrario, se precisa que el Decreto Legislativo N.º 1057 no afecta el principio-derecho de igualdad, si se tiene en cuenta que no se considera discriminaciones las acciones legislativas que promueven la igualdad real de oportunidades; dicha norma reconoce que dentro del proceso de modernización del Estado se brinda una igualdad de oportunidades para acceder a la contratación administrativa de servicios en las entidades estatales, garantizando los principios de méritos y capacidad así como el profesionalismo en la administración pública. 1011 IV. Para analizar un caso de discriminación ante la ley, es necesario emplear el test de proporcionalidad aplicado al principio-derecho de igualdad; en ese sentido, existe la obligación de asegurar coherencia y equilibrio entre el antecedente que origina el acto estatal y la consecuencia que deriva de aquel. A través del Decreto Legislativo N.º 1057 se ha incorporado a los servidores antes contratados bajo la modalidad de contratos civiles de locación de servicios no personales, dentro de los cánones que establece la Constitución, reconociéndolo dentro de un régimen especial de contratación administrativa de servicios aplicable a las entidades públicas sujetas al Decreto Legislativo N.º 276 y otras normas especiales, así como a las entidades públicas sujetas al régimen laboral de la actividad privada, beneficiándose ahora con la observancia de un horario y jornada de trabajo que no exceda de 48 horas semanales, con derecho a descanso semanal de 24 horas continuas, de 15 días calendario de descanso físico por cada año cumplido y la afiliación del régimen contributivo que administra ESSALUD para desarrollar sus actividades con tranquilidad. Establecer 48 horas de prestación de servicios a la semana como máximo no vulnera lo previsto en el artículo 25º de la Constitución; del mismo modo, el descanso físico por 24 horas continuas no constituye una desigualdad con los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad pública o privada. De otro lado, el goce de 15 días de descanso físico por cada año cumplido no está condicionado al cumplimiento de los requisitos que sí son exigibles a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada (labor efectiva de 260 días en dicho periodo), lo que constituye una evidente ventaja para los servidores CAS. Antes de promulgarse el Decreto Legislativo N.º 1057, el Decreto Legislativo N.º 276 regulaba el acceso e ingreso de servidores a la Administración Pública; de otro lado, a través de las normas que regulan el presupuesto del Sector Público, de manera excepcional se autorizó la contratación de personal bajo la modalidad de servicios no personales, contrato que no corresponde a ninguna categoría jurídica conocida o específica, al no tener precedentes normativos ni doctrinarios, ni tampoco una adecuada precisión legal. El régimen de contratación administrativa de servicios está orientado a regular la situación jurídica de las personas que prestan servicios para la administración pública en regímenes distintos a los regulados por la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, así como por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. La regulación de esta situación anómala (servicios no personales), constituye un beneficio por el reconocimiento de derechos contenidos en la Constitución. FUNDAMENTOS Análisis sobre la Forma 1. La pretendida inconstitucionalidad formal del Contrato Administrativo de Servicios 1112 1. Por la Ley N.º 29157, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de diciembre de 2007, el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos (en adelante TLC o ALC ), y con el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento. En su artículo 1º la precitada norma establece que la finalidad de dicha delegación es facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos y su Protocolo de Enmienda, y el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento, sustentándose para ello en los artículos 101.4º y 104º de la Constitución, así como en los artículos 76.1.dº y 90º del Reglamento del Congreso de la República. 2. El artículo 2º de la misma norma precisa tanto las materias como el plazo durante el cual se delegan las facultades allí detalladas. 3. Se ha cuestionado la inconstitucionalidad formal del Decreto Legislativo N.º 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, norma que conforme se dispone en su artículo 1º, tiene por objeto regular el régimen especial de contratación administrativa de servicios, y tiene por objeto garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo de la administración pública. 4. Entre las objeciones esgrimidas para cuestionar este dispositivo se ha alegado que el objeto de la delegación de facultades era para mejorar la competencia económica del país, por lo que, en relación a la modernización del Estado, no hay justificación para crear un sistema de contratación administrativa no laboral como el creado por el Decreto Legislativo N.º Este Colegiado observa que en el artículo 2.1.bº de la norma que contiene las facultades delegadas, se exponen las materias que comprenden, todas vinculadas a la mejora del marco regulatorio, fortalecimiento institucional y simplificación administrativa, y modernización del Estado, ello dentro de los compromisos del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos y de su Protocolo de Enmienda, y a las medidas necesarias para mejorar la competitividad económica para su aprovechamiento (artículo 2.2º). 6. Resuelta pues necesario interpretar ambas disposiciones de la ley la facultad delegada expresada y el objetivo de ella-, ya que mientras el artículo 2.2º pretende limitar las competencias delegadas a la implementación del ALC, el artículo 2.1.bº de la norma, al detallar las facultades delegadas, hace una referencia genérica a la modernización del Estado, sin advertir que esa materia es mucho más amplia de lo que pretende la parte demandante como si únicamente estuviera referida al contenido de la Ley N.º 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, la que además está referida a aspectos de gestión, como su nombre lo señala ; esto es, que abarca conceptos tales como la falta de transparencia, el exceso de trámites burocráticos, la desorganización existente dentro de las instituciones públicas para el cumplimiento de fines y metas, etc. 1213 En ese sentido, el proceso de modernización del Estado debe abarcar aspectos y deficiencias estructurales advertidas en su funcionamiento, de modo que, resolviendo los problemas identificados, mejore la gestión del Estado. Esta inconsistencia debe ser resuelta, de preferencia, tomando en cuenta la preponderancia que tiene la competencia expresamente delegada respecto de la temática en la que se le pretende enmarcar. 7. Un componente importante en este proceso de modernización resulta ser el funcionamiento del aparato burocrático del Estado, en el que se advierte la coexistencia de dos regímenes laborales de distinta naturaleza conocidos como público y privado ; a ello debe agregarse que la posibilidad que tenía el Estado de suscribir contratos de naturaleza civil, conocidos como de servicios no personales, en los que la parte contratante privada carecía de cualquier derecho laboral, a pesar que en algunos casos realizaba labores de naturaleza permanente, situación que podía llevar a la desnaturalización de este sistema de contratación. 8. Pretender que la legislación delegada únicamente permite regular y solucionar este problema en relación a los trabajadores del sector privado, siempre que estén vinculados al sector comercial como pretende la parte demandante, importa atribuir un significado que no abarca todo lo establecido en la ley delegatoria, dado que una interpretación en ese sentido es limitada, pues requeriría legislaciones sectoriales que en nada resuelven los problemas del Estado, tanto más cuando en el propio TLC, el Estado peruano se ha comprometido a PROTEGER, fortalecer y hacer efectivos los derechos fundamentales de sus trabajadores, fortalecer su cooperación en materia laboral y desarrollar sus respectivos compromisos internacionales en materia laboral (Preámbulo del TLC), sin que ello se limite a los trabajadores del sector privado vinculados a actividades comerciales. 9. En consecuencia, dado que el Decreto Legislativo N.º 1070 está dentro del marco de la legislación delegada, corresponde desestimar este extremo de la demanda. Análisis Material 2. Naturaleza del denominado Contrato Administrativo de Servicios CAS 10. El Decreto Legislativo N.º 1057, que aprueba el denominado Contrato Administrativo de Servicios, en su artículo 1º regula un régimen especial de contratación administrativa que tiene por objeto garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo de la administración pública. 11. Resulta pues necesario, previamente a cualquier desarrollo sobre la constitucionalidad o no de dicha norma, determinar si nos encontramos frente a un contrato administrativo o a un contrato laboral; para ello, el Tribunal Constitucional tendrá en cuenta no solo la nomenclatura utilizada por la norma cuestionada, sino principalmente el contenido de los dispositivos que aquella contiene. 12. En principio, la contratación administrativa se aparta del régimen general de contratación contenido en la legislación civil, de modo que nos remite a un régimen 1314 especial, vinculado a la particular posición que tiene la administración pública en nuestro ordenamiento jurídico; por un lado como ente con prerrogativas previstas en la Constitución y las leyes, y por el otro como parte contratante, asumiendo obligaciones y deberes vinculados a los contratos que aquella suscribe con personas de derecho privado. 13. A través de los contratos administrativos la Administración contrata a un tercero para que ejecute obras públicas, preste o administre en su representación un servicio público; en otras palabras, se recurre a un particular para que, a cambio de una contraprestación, ejecute o desarrolle una obra o actividad propia de la administración. 14. Estos contratos tienen ciertas características o particularidades que justifican su consideración como un régimen especial o particular; así, se tiene que, no alteran o modifican la posición de la partes dentro del ordenamiento jurídico (administración o tercero), son de naturaleza contractual (esto es, que es voluntario, y que regula obligatoriamente los derechos y obligaciones de las partes, aunque la administración no pierde sus prerrogativas), e incluso el cuestionamiento de estos contratos en sede judicial ya no es de competencia de la jurisdicción civil (entendida como ordinaria), sino de la contenciosa administrativa. 15. Ello demuestra la importancia y magnitud que ha ido tomando la actividad contractual de la administración pública, sobre todo cuando aquella se caracteriza por la contratación de bienes, servicios y obras, según corresponda y de acuerdo a las necesidades de la entidad contratante. La referencia a la contratación de servicios, podría llevar a considerar a priori que la norma impugnada, en tanto pretende regular la contratación de servicios administrativos, regula un mecanismo de contratación administrativa; sin embargo, la respuesta no puede darse tan a la ligera y sin tomar en cuenta el contenido del contrato de servicios así como el marco jurídico que le sirve de sustento. 16. Es que en general un contrato contiene sin que ello importe intentar un análisis pormenorizado y sea solo con fines pedagógicos, primero, la identificación de las partes que lo suscriben, así como la descripción de la materia u objeto materia del mismo, luego las obligaciones que corresponden a cada parte, y finalmente las cláusulas vinculadas al incumplimiento, impugnación del contrato, pacto arbitral o de sometimiento a la competencia territorial de determinados jueces, etc., entre otras cláusulas. 17. Sin embargo, en el presente caso resulta sumamente paradójico encontrar especificado dentro del marco jurídico que regula el contrato el detalle de los derechos fundamentales que deben respetarse como parte del contrato, lo cual evidencia la existencia de una relación laboral a la sola suscripción de los contratos. 18. Al respecto, en el Decreto Legislativo N.º 1057 se encuentran disposiciones que hacen dudar de que nos encontremos frente a un contrato administrativo, más allá de la denominación que se le haya pretendido dar al sistema de contratación regulado por él. Así se tiene que: 1415 - Garantiza los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo de la administración pública (artículo 1º). - Fija como parte del contenido del contrato administrativo de servicios (artículo 6º, incisos 1 a 4): Un máximo de cuarenta y ocho (48) horas de prestación de servicios a la semana. Veinticuatro (24) horas continuas de descanso por semana. Quince (15) días calendario continuos de descanso por año cumplido. Afiliación al régimen contributivo que administra ESSALUD, fijando como base máxima de la contribución el equivalente al 30% de la UIT vigente en el ejercicio por cada asegurado A mayor abundamiento, el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1057, Decreto Supremo N.º PCM, reitera estos contenidos, haciendo precisiones sobre el particular 19. Por ello, este Colegiado concluye expresando que el contenido del contrato regulado en la norma impugnada tiene las características de un contrato de trabajo y no de un contrato administrativo, en la medida en que prevé aspectos tales como la determinación de la jornada de trabajo (que implica incluso determinar el horario de trabajo, pues de lo contrario sería imposible controlar la jornada semanal), así como los descansos semanales y anual. Cabe considerar también que la denominación dada por el legislador a la norma cuestionada resulta, cuando menos, imprecisa, dado que le pretende conferir un significado distinto al contenido que regula. 20. En consecuencia, el Tribunal Constitucional estima que más allá de la denominación dada a los contratos suscritos bajo el marco del Decreto Legislativo N.º 1057, al pretender considerarlos como contratos administrativos de servicios, los contratos suscritos bajo el marco del Decreto Legislativo N.º 1057 son de naturaleza laboral. En todo caso, lo que corresponde determinar, ahora, es si estos contratos están vinculados a un régimen laboral preexistente o si se trata de uno nuevo. 3. Los regímenes laborales en la Administración Pública 21. La Constitución Política del Estado, en sus artículos 2.15º, 10º, 11º y 22º a 29º establece el conjunto de derechos, principios y garantías que deben protegerse en una relación laboral; en ese sentido, el legislador tanto el ordinario como el delegado tiene amplio margen de acción, siempre que en el desarrollo de su labor, primero, no afecten derechos fundamentales o los principios y valores contenidos en la Constitución, y segundo, no afecten los límites de la legislación delegatoria, situación que no se advierte en el caso de autos. 22. Sin embargo, de las normas precitadas no se puede derivar la necesidad de un régimen laboral único para el sector público más allá de que ello pudiera considerarse deseable ; sin embargo el objeto de la presente demanda es otro, esto es, analizar el contenido del Decreto Legislativo N.º 1057 tal como si de una norma laboral se tratara, sin que ello afecte su constitucionalidad. 1516 23. El ordenamiento jurídico peruano contiene cuando menos dos regímenes laborales generales, alrededor de los cuales giran otros más específicos. Nos referimos a los regulados por los Decretos Legislativos N.º 276 y 728, denominados Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, el primero, y Ley de Fomento del Empleo, el segundo, los cuales contiene la legislación marco aplicable tanto al sector público como al sector privado, respectivamente. El acceso, características, derechos y obligaciones, finalización de la relación laboral, etc., están regulados en cada caso de manera específica y expresa, lo que a su vez ha dado lugar a que los mecanismos de protección de tales regímenes sean diferentes y específicos, como de alguna manera lo ha señalado el Tribunal Constitucional en el denominado Caso Baylón (STC PA/TC). 24. Además, alrededor de estos dispositivos coexisten normas específicas para distintos sectores laborales, tales como las aplicables a los trabajadores de la micro y pequeña empresa (Ley N.º 28015), a los trabajadores del sector agrario (Ley N.º 27360), a los de construcción civil, del hogar, mineros, profesores, trabajadores portuarios, etc. 25. Sin embargo, esta distinción no es muy clara respecto de los obreros, empleados, servidores y funcionarios públicos que cumplen funciones para el Estado, dado que aquellos pueden encontrarse vinculados a cualquiera de los regímenes laborales generales, pues de ello depende cuál es el aplicable a la entidad a la que pertenecen, dándose supuestos en los que incluso es posible la coexistencia de ambos regímenes laborales en la misma institución. 26. Por lo que se puede tener, como primera conclusión, que no resulta inconstitucional considerar al Decreto Legislativo N.º 1057 como una norma de derecho laboral, dado que puede coexistir con los regímenes generales existentes. No obstante ello, corresponde determinar si es que forma parte o complementa a alguno de ellos. Ello resulta de vital importancia, dado que permitirá que el Tribunal Constitucional, dentro de una gama de posibilidades que van desde la inconstitucionalidad material con la consiguiente derogación de la norma impugnada, precisando los efectos de ello, hasta la declaración de su constitucionalidad, elija un pronunciamiento simple, o uno sujeto a ciertas reglas interpretativas para hacer compatible el contenido de la norma impugnada con el texto constitucional. 27. En el caso del Decreto Legislativo N.º 276, que promulga la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, se advierte efectos de la presente sentencia, que el ingreso a la carrera pública está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos (artículo 12º), tales como ser ciudadano en ejercicio; acreditar buena conducta y salud; reunir los requisitos propios del respectivo grupo ocupacional; aprobar el concurso de admisión; así como los demás que señale la ley. Además, el ingreso a la Carrera Administrativa debe hacerse por el nivel inicial de cada grupo ocupacional, siendo necesario para ello la existencia de vacantes presupuestadas, pues de otro modo no podría entenderse lo expuesto en el artículo 1617 13º cuando se dispone que Las vacantes se establecen en el presupuesto de cada entidad. 28. Respecto del Decreto Legislativo N.º 728, del que posteriormente se separaron dos textos normativos, denominados Ley de Formación y Promoción Laboral y Ley de Productividad y Competitividad Laboral, cabe tener presente el Decreto Supremo N.º TR, por el que se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que regula el régimen laboral para los trabajadores del sector privado. Esta norma contiene, en su artículo 4º, dos disposiciones que deben tenerse presente; por un lado, la que regula la existencia de un contrato de trabajo y por el otro, la que expone las características de dicho contrato, el cual puede ser a plazo indeterminado, sujeto a modalidad o a tiempo parcial. Asimismo, la protección contra el despido arbitrario aparece prevista para aquellos casos en los que se supere el periodo de prueba de 3 meses (artículo 10º). 29. Este marco general tiene ciertas peculiaridades al momento en que se aplica para los trabajadores de este régimen, pero que laboran para entidades o dependencias del sector público; en ese sentido cabe señalar que todas las leyes de presupuesto en los últimos años han contenido disposiciones que tienen por objeto limitar, genéricamente, el ingreso de personal al sector público, estableciendo, por excepción, casos en los que ello es posible; en ese sentido, tenemos: Ley De Presupuesto N.º Vigente en el Año Artículo º bº º º º º 30. De todo lo expuesto, se puede extraer, como segunda conclusión, que para ingresar al sector público, tanto en el régimen laboral público como en el privado, resulta necesario no solo la existencia de una plaza vacante, que debe encontrarse previamente presupuestada, sino además que no exista impedimento para que aquella sea cubierta a través del mecanismo idóneo para tal efecto. 31. Por ello, al tomar en cuenta cómo regulan estos sistemas el acceso a la carrera pública independientemente del régimen laboral aplicable y al compararlos con el contenido en el Decreto Legislativo N.º 1057, se advierte que este no es complementario de ninguno de tales regímenes, dado que tiene sus propias reglas de contratación, por lo que se le puede considerar como un sistema de contratación laboral independiente. 32. Esta posibilidad ha sido implícitamente aludida por la parte demandante, la que propuso como una alternativa para salvar la inconstitucionalidad de la norma, que a través de una sentencia interpretativa se equipare dicho sistema de contratación, con el previsto en el régimen regulado por el Decreto Legislativo N.º En ese sentido se propuso realizar un análisis bajo los presupuestos del principio- 1718 derecho de igualdad; sin embargo, considera el Tribunal Constitucional que ello no es posible, dado que no nos encontramos frente a regímenes o sistemas laborales que tengan la misma naturaleza o características, pues el acceso a ellos, es de diferente naturaleza como se ha sido advertido precedentemente, lo que justifica un trato diferenciado, no siendo por ello necesario, para criterio de este Colegiado, que se aplique el test de igualdad. No escapa a este Colegiado, además, que de aceptarse dicha propuesta, se permitiría que quienes no forman parte de la carrera pública ingresen a ella, sin que se verifique la existencia de una plaza presupuestada vacante, sino que además, lo harían en un régimen laboral que incluso probablemente no sea el aplicable en la entidad en que se labora, pues como ocurre en muchas de ellas, el régimen laboral aplicable es el previsto en el Decreto Legislativo N.º Sin embargo también queda claro para el Tribunal Constitucional que no es posible que la norma impugnada sea aplicada tal como fue promulgada, tanto porque su naturaleza es distinta de la denominación que el legislador ordinario le confirió, como porque su aplicación, en tanto considerada como una norma de naturaleza laboral, exige que sea interpretada y complementada con el contenido de la Constitución, por lo que se justifica dictar en ese extremo una sentencia de naturaleza interpretativa que establezca el sentido correcto de las normas impugnadas. 35. Abona a lo dicho que este sistema de contratación laboral es sustitutorio del sistema civil de contratación de locación de servicios, también conocido como de servicios no personales regulado por el artículo 1764º y siguientes del Código Civil, siempre que se advierta la desnaturalización de dicho contrato. Esto no significa que el Estado no pueda recurrir a los contratos de locación de servicios, cuando por la naturaleza de la actividad a desarrollar, ello se justifique; lo que se proscribe es recurrir a este sistema de contratación, para actividades que importan la existencia de un vínculo laboral. 36. En efecto, el contrato de locación de servicios podía ser utilizado fraudulentamente, en razón de las labores que se pretendía realicen los comitentes que podían ser de naturaleza permanente, o por la duración de estos contratos cuya extensión los desnaturalizaba-, sin que por ello se respetara el goce o acceso a ningún derecho constitucional de naturaleza laboral. 37. Así, al pasar de un contrato independiente a otro en el que existe subordinación, y de uno en el que no se reconoce el goce de derechos constitucionales de naturaleza laboral a otro que reconoce algunos de ellos, se advierte que hay una mejora o progresión en la protección de los derechos de naturaleza social; sin embargo, ello genera la necesidad de evaluar el contenido de este contrato tomando como base los derechos y garantías contenidos en la Constitución. 38. Al compararse este sistema de contratación con los regímenes laborales vigentes, se advierte que, en determinados supuestos, aquellos protegen en mayor medida los derechos fundamentales de los trabajadores; sin embargo, al comparar el mismo sistema de contratación con las reglas imperantes para los contratos de locación de 1819 servicios también conocidos como servicios no personales, obviamente la comparación sería más favorable al previsto por el Decreto Legislativo N.º Sin embargo, a criterio del Tribunal Constitucional la constitucionalidad del Decreto Legislativo N.º 1057 no se determina comparándolo con el sistema de locación de servicios o cualquier otro, sino, desde la Constitución. En consecuencia, corresponde ahora determinar si el sistema de contratación acotado protege los derechos laborales que la Constitución establece. 4. Los derechos fundamentales con contenido laboral o que son aplicados en contratos o relaciones laborales, conforme a la Constitución de Algunos de los derechos consagrados en la Constitución, ya son objeto de reconocimiento en el Decreto Legislativo N.º 1057, como ocurre con la jornada de trabajo y el descanso semanal. También ocurre lo mismo con al descanso anual; sin embargo, la discrepancia de la parte demandante es que sólo se conceden, en este caso, 15 días, mientras que en el caso de los trabajadores de otros regímenes laborales es de 30 días. Sobre el particular cabe precisar que la Constitución no establece un periodo de tiempo, sino la necesidad de que dicho descanso se dé con la periodicidad señalada. La Organización Internacional de Trabajo, en el Convenio N.º 52 o Convenio sobre las vacaciones pagadas, sucrito el año 1936, y que fue ratificado por Res. Leg. Nº del 1 de febrero de 1960 dado que el Estado peruano no ha ratificado el Convenio 132, ha señalado en su artículo 2.1º, que toda persona a la que se aplique dicho Convenio tiene derecho, después de un año de servicio continuo a vacaciones anuales pagadas de cuando menos 6 días laborales, tiempo este inferior al reconocido en la norma impugnada, por lo que el artículo 6.2º del Decreto Legislativo N.º 1057 no resulta contrario ni a la Constitución ni a los tratados. 41. Respecto a los beneficios sociales, cabe señalar que estos tienen reconocimiento constitucional, conforme se advierte del artículo 24º segundo párrafo de la Constitución; empero, su acceso y goce están determinados en la legislación ordinaria pertinente, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento sobre el particular. 42. Donde se advierte que existe una evidente omisión constitucional es en la regulación de los derechos de sindicación y huelga, omisión que debe ser subsanada por la autoridad administrativa, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 28º de la Constitución. 43. Consecuentemente, corresponde a la autoridad administrativa competente dictar la regulación necesaria, en acatamiento de la Constitución, para la protección de los derechos fundamentales de naturaleza laboral que reconoce la Constitución a favor de los trabajadores en cualquier régimen laboral, incluidos los que ahora forman parte del sistema de contratación laboral regulado por el Decreto Legislativo N.º 1057, entendido este último, a partir de esta sentencia, como un régimen especial laboral, distinto de los ya existentes. 1920 5. La necesidad de dictar una sentencia interpretativa 44. Comprender que la Constitución es la norma jurídica suprema y que, como tal, puede ser interpretada, permite también comprender que la jurisdicción constitucional no es solamente la negación o afirmación de la legislación, sino también su necesario complemento. 45. En ese sentido, el artículo 201º de la Constitución establece que el Tribunal Constitucional es independiente y autónomo en el ejercicio de sus competencias, y como intérprete supremo de la Constitución (artículos 201º y 202º de la Constitución, y 1º de la LOTC) goza de un amplio margen en la determinación de los métodos interpretativos e integrativos que le sean útiles para cumplir de manera óptima su función de órgano de control de la Constitución (artículo 201º de la Constitución), siempre que respete los límites que de ella deriven. 46. Por ello este Colegiado considera en este caso más allá de las críticas que algunos fallos anteriores hubieran generado en ciertos sectores, corresponde dictar una sentencia interpretativa (Vid. STC CC, fundamento 3.3), la que encuentra su fundamento normativo en diversas disposiciones constitucionales (artículos 38º, 45º, 51º y 93º de la Constitución); ello porque el Tribunal debe actuar responsablemente al advertir que si se declarase la inconstitucionalidad de la Ley impugnada, se generaría un vacío normativo, que importaría dejar sin derechos laborales a quienes han sido contratados bajo su marco regulatorio, situación que sería manifiestamente inconstitucional. 47. De modo que, a partir de la presente sentencia, el artículo 1º del Decreto Legislativo N.º 1057 debe ser interpretado de modo que toda actividad interpretativa hecha respecto del denominado contrato administrativo de servicios, deba entenderse que dicho contrato es propiamente un régimen especial de contratación laboral para el sector público, el mismo que como ya se ha expuesto, resulta compatible con el marco constitucional. 48. En relación al Decreto Legislativo N.º 1057, corresponde también que el Ministerio de Trabajo y de Promoción del Empleo dicte la regulación necesaria para que, complementando dicha legislación, adopte disposiciones tales como la fijación de los límites para la contratación de personal bajo esta modalidad de modo que pueda hacerlo no sólo fijando porcentajes respecto del total de trabajadores de este régimen, sino estableciendo otros criterios que considere razonables para tal efecto. V. FALLO Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO 1. Declarar INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad, debiendo interpretarse el artículo 1º del Decreto Legislativo N.º 1057, conforme se ha expuesto en el fundamento 47 de la presente sentencia. 20 Mostrar más
Derecho y Cambio Social PROTECCIÓN CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO EN EL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL (CAS) EXP. N. 03818-2009-PA/TC SAN MARTÍN ROY MARDEN LEAL MAYTAHUARI SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Más detalles LEY Nº 30288 LEY QUE PROMUEVE EL ACCESO DE JÓVENES AL MERCADO LABORAL Y A LA PROTECCIÓN SOCIAL TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
LEY Nº 30288 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY QUE PROMUEVE EL ACCESO DE JÓVENES AL MERCADO LABORAL Y A LA PROTECCIÓN SOCIAL Artículo Más detalles TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO APRUEBAN NORMAS REGLAMENTARIAS DE LA LEY Nº 28791 QUE ESTABLECE MODIFICACIONES A LA LEY DE MODERNIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Más detalles Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado LEY Nº 27658
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado LEY Nº 27658 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley Más detalles SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP N 01671-2012-PA/TC SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima a los 23 días del mes de julio de 2013, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Urviola 1-lani, Vergara Más detalles Sobre los empleados de confianza en la Administración!Pública
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" A De Asunto Referencia JUAN CARLOS CORTÉS CARCELÉN Presidente Ejecutivo JANEYRI BOYER CARRERA r.:. Gerente (e) de Políticas de Gestión del Servicio Más detalles LEY Nº 30167. Artículo 4.- Clasificación de Asociación Público- Privada Las Asociaciones Público-Privadas pueden clasificarse de la siguiente manera:
LEY Nº 30167 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR CUANTO: LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1012, QUE APRUEBA LA LEY MARCO Más detalles Al omitir el procedimiento previo al despido se produce la vulneración del derecho al debido proceso y del derecho de defensa
Al omitir el procedimiento previo al despido se produce la vulneración del derecho al debido proceso y del derecho de defensa EXP: 05038-2009-PA/TC Sumilla: [A]simismo, la parte demandada, en el eventual Más detalles LA INDEMNIZACIÓN VACACIONAL PARA GERENTES O REPRESENTANTES DE LA EMPRESA
LA INDEMNIZACIÓN VACACIONAL PARA GERENTES O REPRESENTANTES DE LA EMPRESA Javier Ricardo Dolorier Torres Estudio Santistevan de Noriega & Gutierrez Abogados. Uno de los temas menos desarrollado por nuestra Más detalles EL TRABAJO DOMESTICO EN EL PERU. Situación socioeconómica de las trabajadoras y los trabajadores del hogar en el Perú
EL TRABAJO DOMESTICO EN EL PERU Situación socioeconómica de las trabajadoras y los trabajadores del hogar en el Perú En el año 2013 existían cerca de 406 mil trabajadores del hogar a nivel nacional, los Más detalles REGLAMENTO QUE ESTABLECE DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PUBLICIDAD, PUBLICACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS Y DIFUSIÓN DE NORMAS LEGALES DE CARÁCTER GENERAL
REGLAMENTO QUE ESTABLECE DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PUBLICIDAD, PUBLICACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS Y DIFUSIÓN DE NORMAS LEGALES DE CARÁCTER GENERAL DECRETO SUPREMO Nº 001-2009-JUS Publicado en el Diario Más detalles NORMATIVA PROPIA Universidad de Castilla-La Mancha XV BOE Y DOCM. B) Boletín Oficial de Castilla-La Mancha
Núm. 10 Sábado 11 de enero de 2014 Sec. I. Pág. 1560 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 317 Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos Más detalles LEY PARA EL ORDENAMIENTO DE LAS RETRIBUCIONES ADICIONALES AL SALARIO BASE DEL SECTOR PÚBLICO
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY LEY PARA EL ORDENAMIENTO DE LAS RETRIBUCIONES ADICIONALES AL SALARIO BASE DEL SECTOR PÚBLICO SANDRA PISZK FEINZILBER DIPUTADA EXPEDIENTE Más detalles SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1 IIIII liml111111111 EXP N 04515 2012-PA/TC SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, al primer día del mes de julio de 2013 la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Más detalles DECRETO SUPREMO Nº 003-2002-TR (28/04/029. CONCORDANCIAS: R. Nº 131-2003-SUNAT. Art. 2 DIRECTIVA N 005-2004 MTPE-DVMPEMPE-DNPEFP
ESTABLECEN DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS LEYES NºS. 27626 Y 27696, QUE REGULAN LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS ESPECIALES DE SERVICIOS Y DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJADORES DECRETO SUPREMO Nº 003-2002-TR Más detalles REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DEL TRABAJO
REPUBLICA DE COLOMBIA L. MINISTERIO DEL TRABAJO Por el cual se establece el régimen de autorización para los planes, programas y proyectos de inversión en obras y servicios sociales que desarrollen las Más detalles Gerencia General. "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"
INFORME LEGAL Nº OH -2009-ANSC/OAJ A DE REFERENCIA ASUNTO FECHA NURIA ESPARCH Presidenta Ejecutiva Abog. MANUEL MESONES CASTELO Jefe de la Carta N 004-EOOOO-EP-2009 Opinión sobre supuesta incompatibilidad Más detalles PARTE 4. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR EN COLOMBIA PARTE 4 OFRECIMIENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR EN COLOMBIA
PARTE 4 OFRECIMIENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR EN Artículo 4.1.1.1.1 (Artículo 1 del Decreto 2558 de 2007) Definiciones. Para efectos de lo previsto en el presente decreto se entenderá por: Más detalles PROCESO DE CONTRATACION EN EL BANCO DE LA REPUBLICA MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
1 PROCESO DE CONTRATACION EN EL BANCO DE LA REPUBLICA MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Los artículos 371 a 373 de la Constitución Política regulan lo concerniente a la Banca Central. Precisamente, Más detalles LEY Nº 30083 LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA FORTALECER LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MÓVILES CAPÍTULO I GENERALIDADES
LEY Nº 30083 CONCORDANCIAS: R.M. N 825-2014-MTC-03 (Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30083, Ley que Establece Medidas para Fortalecer la Competencia en el Mercado de los Más detalles Al AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO
Núm. 147 Sábado 20 de junio de 2015 Sec. I. Pág. 51543 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 6839 Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto Más detalles LEY DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y EMPLEADOS DE CONFIANZA INDICE TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
LEY DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y EMPLEADOS DE CONFIANZA INDICE TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES TÍTULO II DE LA CLASIFICACIÓN Y ACCESO AL CARGO DE FUNCIONARIO PÚBLICO Y EMPLEADO DE CONFIANZA CAPÍTULO I DE Más detalles TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. Aprueban Reglamento para la Gestión y Supervisión de la Numeración de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Aprueban Reglamento para la Gestión y Supervisión de la Numeración de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones DECRETO SUPREMO Nº 021-2004-MTC EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Más detalles DECRETO SUPREMO Nº 028-2008-EM
DECRETO SUPREMO Nº 028-2008-EM CONCORDANCIAS: R.M. Nº 304-2008-MEM-DM (Aprueban Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero) EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Más detalles Se ha dictado la reglamentación de las disposiciones sobre personal del Estado incluídas en la Ley de Presupuesto Nº 18.719
Departamento de Derecho Administrativo y Regulatorio Newsletter, marzo 2011 Formas de contratación y sistema de reclutamiento y selección de personal del Estado Se ha dictado la reglamentación de las disposiciones Más detalles CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID- Y LA ENTIDAD COLABORADORA.
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID- Y LA ENTIDAD COLABORADORA. (Prácticas Académicas Externas Curriculares de la (Centro).) En Madrid, a. de de Más detalles Reglamento para el Programa de Fortalecimiento para la Innovación y Desarrollo Tecnológico de las PYME Nº 37168-MICIT-MEIC
Decreto Ejecutivo : 37168 del 08/05/2012 Observaciones Reglamento para el Programa de Fortalecimiento para la Innovación y Desarrollo Tecnológico de las PYME Datos generales: Ente emisor: Poder Ejecutivo Más detalles CAPÍTULO I Normas generales
Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad Más detalles La municipalidad, la contratación a honorarios y la jurisprudencia
La municipalidad, la contratación a honorarios y la jurisprudencia 1 NATURALEZA JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD Y POSIBILIDADES DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA MISMA La Municipalidad de Santiago, al igual Más detalles PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL LABORAL 1999 TRUJILLO
PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL LABORAL 1999 TRUJILLO Acuerdo Nº 01-99 Caducidad Primero.- Que la caducidad en materia laboral tiene regulación propia en cuanto al plazo y ejercicio de la acción. Segundo.- Más detalles NOTA MONOGRÁFICA I ÁREA LABORAL
NOTA MONOGRÁFICA I ÁREA LABORAL Marzo de 2013 MODIFICACIONES LEGISLATIVAS INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO-LEY 5/2013, DE 15 DE MARZO, DE MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONTINUIDAD DE LA VIDA LABORAL DE LOS Más detalles DE CONSEJO DIRECTIVO N 069-2012-CD/OSIPTEL
Proyecto de Resolución mediante la cual se determina el mercado relevante, se identifican a los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y se establecen las obligaciones regulatorias Más detalles NÚMERO 219 Martes, 13 de noviembre de 2012
23857 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2012, del Consejero, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad Más detalles Junta Consultiva de Contratación Administrativa
INFORME 1/2007 DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE DIVERSOS ASPECTOS RELATIVOS A DETERMINADAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS LICITACIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS Más detalles Id. Cendoj: 41091330012015100002 Organo: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Sevilla Sección: 1 Tipo de Resolución: Sentencia
Id. Cendoj: 41091330012015100002 Organo: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Sevilla Sección: 1 Tipo de Resolución: Sentencia Fecha de resolución: 02/06/2015 Nº Recurso: 496/2014 Más detalles REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS DECRETO SUPREMO Nº 014-92-TR
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS DECRETO SUPREMO Nº 014-92-TR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA: CONSIDERANDO: Que, la Primera Disposición Transitoria y Final del Decreto Legislativo Más detalles SENTENCIA DEL PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 14 DE SETIEMBRE DE 2010 PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD
1, T IBUNAL CONSTITUCIONAL í 1' ru FXP N 016)2 20 I2-PAITC LA LIBER2 AD SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 15 días del mes de junio de 2015, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, Más detalles Información básica NIPO 270-13-045-5
servicio del hogar familiar 2013 Información básica NIPO 270-13-045-5 Régimen Laboral laboral Se considera relación laboral especial del servicio del hogar familiar la que conciertan el titular del mismo, Más detalles REGLAMENTO DE MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES : PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Y PROFESIONALES
REGLAMENTO DE MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES : PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Y PROFESIONALES 1 REGLAMENTO DE MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES: PRACTICAS PREPROFESIONALES Y PROFESIONALES Artículo 1 Objetivo Más detalles LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS ESPECIALES DE SERVICIOS Y DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJADORES LEY Nº 27626
LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS ESPECIALES DE SERVICIOS Y DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJADORES LEY Nº 27626 CONCORDANCIAS: R.M. N 064-2003-TR R. N 131-2003-SUNAT. Art. 2 D.S. N 003-2002-TR DIRECTIVA Más detalles Gabinete Jurídico. Informe 0030/2010
Informe 0030/2010 La consulta plantea dudas sobre los supuestos de subcontratación a los que será de aplicación el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores y si, en los supuestos en que no sea éste Más detalles COMENTARIOS SOBRE LOS DECRETOS SUPREMOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO PLURINACIONAL EL 1º DE MAYO DE 2010
COMENTARIOS SOBRE LOS DECRETOS SUPREMOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO PLURINACIONAL EL 1º DE MAYO DE 2010 DECRETO SUPREMO Nº 495 MODIFICA EL ART. 10 DEL DECRETO SUPREMO Nº 28699 REINCORPORACIÓN POR Más detalles Reglamento para la aprobación de los proyectos de cánones de la ARESEP y de la SUTEL que son competencia de la Contraloría General de la República
Reglamento para la aprobación de los proyectos de cánones de la ARESEP y de la SUTEL que son competencia de la Contraloría General de la República R-DC-55-12. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Despacho Más detalles ACCIONA, S.A. Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de delegación para emitir valores. (punto 9º del orden del día)
ACCIONA, S.A. Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de delegación para emitir valores (punto 9º del orden del día) El Consejo de Administración de ACCIONA, S.A. (la Sociedad Más detalles COMITÉ DE APELACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. San Salvador, a las diez horas y treinta minutos del veinticuatro de enero de dos mil catorce.
REF: CA-1-2014 COMITÉ DE APELACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. San Salvador, a las diez horas y treinta minutos del veinticuatro de enero de dos mil catorce.- El Pleno del Comité de Apelaciones del Sistema Más detalles El demandante absuelve las excepciones planteadas y deduce la excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandado.
II 11111111 1I I II II EXP N 04975 20 H-PAITC SAN MAR I IN SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a 1 de setiembre de 2014, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores Más detalles PROTOCOLO DE ACTUACION EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LAS EJECUCIONES DE OBRA DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN SEGUROS MULTIRRIESGO DEL HOGAR ENTRE
PROTOCOLO DE ACTUACION EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LAS EJECUCIONES DE OBRA DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN SEGUROS MULTIRRIESGO DEL HOGAR ENTRE A.M.A. AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA, Mutua de Seguros Más detalles Gerencia General. "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"
11 Autoridad Nacional [CARGó1 INFORME LEGAL Nº OC 1-2009-ANSC/OAJ A De Asunto Ref. Fecha Abog. BEATRIZ ROBLES CAHUAS Gerente de Políticas de Gestión de Recursos Humanos Abog. MANUEL MESONES CASTELO Jefe Más detalles APRUEBAN REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ESPECIAL PARA GOBIERNOS LOCALES
APRUEBAN REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ESPECIAL PARA GOBIERNOS LOCALES EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: DECRETO SUPREMO Nº 041-2014-PCM Que, la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, estableció en la Más detalles TRIBUNAL SUPREMO POPULAR
M.Sc. CARIDAD M. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SECRETARIA DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- CERTIFICO: Que el Consejo Más detalles INFORME LABORAL EL PERIODO DE PRUEBA EN LA LEGISLACIÓN PERUANA
INFORME LABORAL EL PERIODO DE PRUEBA EN LA LEGISLACIÓN PERUANA Dr. Enrique Guerrero González. ABOGADO EGRESADO DE LA U.I.G.V.; EGRESADO DE LA MAESTRÍA CON MENCIÓN AL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD Más detalles LEY Nro. 26505 LEY Nº 26505
LEY Nro. 26505 LEY Nº 26505 LEY DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LAS TIERRAS DEL TERRITORIO NACIONAL Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS Promulgada el 17 Más detalles CISS grupo Wolters Kluwer
una auténtica retroacción de actuaciones que exige, tanto un pronunciamiento expreso en tal sentido en una Resolución Económico-administrativa o judicial que así lo ordene, como que dicha retroacción de Más detalles REFORMA LABORAL. México 2012
REFORMA LABORAL México 2012 ANTECEDENTES Derivado de la reforma constitucional en materia política, aprobada por el poder legislativo recientemente, el ex titular del poder ejecutivo C. FELIPE CALDERON Más detalles DIRECTIVA PARA LA ADECUADA DEFENSA JURÍDICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS Jirón Guillermo Billinghurst Nº 480 Puerto Maldonado Tambopata Madre de Dios Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo Madre de Dios Capital de la Biodiversidad Más detalles del hogar familiar servicio Información básica NIPO 270-14-007-3 SUBSECRETAR SEGURIDAD S
servicio servicio del hogar familiar Información básica 2014 NIPO 270-14-007-3 0 SUBSECRETAR DIRECCIÓN G INSPECCIÓN SEGURIDAD S Régimen Régimen laboral Se considera relación laboral especial del servicio Más detalles NÚMERO 212 Martes, 4 de noviembre de 2014
33484 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2014, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración social para la utilización de la plataforma de presentación y pago telemático Más detalles CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID En Madrid, a de dos mil dos. REUNIDOS De una parte, D. Luís Más detalles REGLAMENTO DEL ACADÉMICO de la
REGLAMENTO DEL ACADÉMICO de la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez Santiago, Marzo de 2013 UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ Índice Resolución...5 TÍTULO I NORMAS GENERALES...7 TÍTULO Más detalles SERVICIOS DE LA SUB-DIRECCIÓN DE DEFENSA GRATUITA Y ASESORÍA DEL TRABAJADOR
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE TACNA SUB-DIRECCION DE DEFENSA GRATUITA Y ASESORIA DEL TRABAJADOR DIFUNDIENDO LA LEGISLACIÓN LABORAL SERVICIOS DE LA SUB-DIRECCIÓN DE DEFENSA GRATUITA Más detalles INSTRUCCIONES INTERNAS DEL INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA PARA LA CONTRATACIÓN NO SUJETA A REGULACIÓN ARMONIZADA. ( Aprobadas por Consejo de
INSTRUCCIONES INTERNAS DEL INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA PARA LA CONTRATACIÓN NO SUJETA A REGULACIÓN ARMONIZADA. ( Aprobadas por Consejo de Administración del Instituto Tutelar de Bizkaia en fecha 9 de Más detalles EXP. N. 00061-2008-PA/TC LIMA RÍMAC INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N. 00061-2008-PA/TC LIMA RÍMAC INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 28 días del mes de enero de 2008, el Pleno del Tribunal Constitucional, Más detalles CENTRO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y EMPLEO (COIE) Centro Asociado de (NOMBRE CENTRO ASOCIADO)
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES DE DIPLOMATURAS, INGENIERÍAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS, INGENIERÍAS, GRADOS, MÁSTERES OFICIALES Y TÍTULOS PROPIOS, Más detalles REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO MIRANDA MUNICIPIO BARUTA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MUNICIPIO BARUTA NUMERO EXTRAORDINARIO: 275-12/2006 AÑO:MMVI MES:12 A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2006 AÑO 196 DE LA INDEPENDENCIA Y 147 DE LA FEDERACION Más detalles Manual de Inducción De la Consejería jurídica Del Ejecutivo Federal
De la Consejería jurídica Del Ejecutivo Federal Página 1 de 15 ÍNDICE 1 INTRODUCCIÓN...4 1.1 La República y la División de Poderes....4 1.2 Poder Ejecutivo Federal...7 2 ANTECEDENTES DE LA CJEF...8 3 SITUACIÓN Más detalles CAS. Nº 0815-2012. LIMA. Recálculo de pensión por jubilación. PROCESO ESPECIAL. Lima, seis de marzo de dos mil catorce.-
CAS. Nº 0815-2012 LIMA. Recálculo de pensión por jubilación. PROCESO ESPECIAL Lima, seis de marzo de dos mil catorce.- VISTA; con el acompañado, la causa número ochocientos quince, guión dos mil doce, Más detalles LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. Ley Nº 27293
LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Ley Nº 27293 (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de 2000; modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802, publicadas en el Diario Más detalles PORCENTAJE ADICIONAL POR RETRASO DE LA EDAD JUBILACIÓN DE ALGUNOS FUNCIONARIOS DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS
PORCENTAJE ADICIONAL POR RETRASO DE LA EDAD JUBILACIÓN DE ALGUNOS FUNCIONARIOS DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS AUTORES: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PENSIONES Y PROTECCIÓN SOCIAL: E. DEVESA, M. DEVESA, I. DOMÍNGUEZ, Más detalles ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Recurso nº 19/2011 Resolución nº 15/2011 ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID En Madrid, a 1 de junio de 2011. VISTO el recurso especial en materia de contratación Más detalles ARTÍCULO 2.- ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN Y COMPETENCIAS
INSTRUCCIONES DE CONTRATACION DE LA EMT SAM ART.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 1.1. Las presentes normas tienen por objeto regular el procedimiento interno de contratación de la sociedad Empresa Malagueña Más detalles del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, interpuesto Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 5 May. 2006, rec.
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 5 May. 2006, rec. 1943/2005 Ponente: Maldonado Muñoz, María del Pilar N.º Sentencia: 423/2006 N.º Más detalles GUÍA PRÁCTICA SOBRE QUIEBRA DE LA EMPRESA
GUÍA PRÁCTICA SOBRE QUIEBRA DE LA EMPRESA Qué es la quiebra de una empresa? Es la situación jurídica en que se puede encontrar la empresa que al haber cesado en el pago sus obligaciones comerciales, laborales, Más detalles MODIFICAN REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
MODIFICAN REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: D.S. N 001-2010-MINCETUR Que, mediante Decreto Supremo N 005-2002-MINCETUR, Más detalles Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Decreto Numero 2 5 5 8 de 2007
República de Colombia, J'~l~~~~,~,~~~~:~~~~...-...L, liberlod y Orden Ministerio de Hacienda y Crédito Público Decreto Numero 2 5 5 8 de 2007 Por el cual se expide el régimen de las oficinas de representación Más detalles En materia de Docentes el Articulo 196 de la Ley 115 de 1994 ha establecido:
Concepto 47336 Bogotá, D.C., 20 MAR 2014 ASUNTO: Radicado 52926 Laboral individual Docentes Procedente de la Dirección Territorial Meta hemos recibido la comunicación radicada con el número del asunto, Más detalles Cuando la experiencia es creativa
Cuando la experiencia es creativa SESION II REGIMENES LABORALES APLICABLES EN EL SECTOR PÚBLICO Agosto, 2011 1 ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO PROTECCION DEL DERECHO AL TRABAJO Y DERECHOS CONEXOS EN EL Más detalles DECRETO LEGISLATIVO Nº 1012. (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de mayo de 2008)
Decreto Legislativo que aprueba la ley marco de asociaciones público - privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada Más detalles NOVEDADES DE DERECHO LABORAL
NOVEDADES DE DERECHO LABORAL Presentamos, a continuación, algunas novedades en materia laboral que consideramos de su interés: Obligados al pago de las incapacidades laborales superiores a 180 días que Más detalles DICTAMEN 388/2013. (Sección 2ª)
DICTAMEN 388/2013 (Sección 2ª) La Laguna, a 8 de noviembre de 2013. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del Más detalles INCOMPATIBILIDADES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
INCOMPATIBILIDADES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS 1. Regulación y principios generales. La regulación de las incompatibilidades está integrada dentro del régimen estatutario de los funcionarios públicos. Se Más detalles SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA REGLAMENTO de la Ley de Firma Electrónica Avanzada. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. ENRIQUE Más detalles IIIIII111111 IIIIII IIIIII
Autor: Carlos Montellano Medrano Decreto Supremo No. 28699 Es constitucional la reincorporación laboral dispuesta por una autoridad no judicial? De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto Más detalles PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE LAS APORTACIONES ECONÓMICAS A REALIZAR POR LAS EMPRESAS CON BENEFICIOS QUE REALICEN DESPIDOS COLECTIVOS QUE AFECTEN A
PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE LAS APORTACIONES ECONÓMICAS A REALIZAR POR LAS EMPRESAS CON BENEFICIOS QUE REALICEN DESPIDOS COLECTIVOS QUE AFECTEN A TRABAJADORES DE CINCUENTA O MÁS AÑOS. 18 de junio de Más detalles Reglamento para la Autorización, Reconocimiento y Pago del Tiempo Extraordinario en el Ministerio de Cultura y Juventud Nº 34720-C
Reglamento para la Autorización, Reconocimiento y Pago del Tiempo Extraordinario en el Ministerio de Cultura y Juventud Nº 34720-C EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LA MINISTRA DE CULTURA Y JUVENTUD Con Más detalles I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno Acuerdo 7.1/CG 18-6-14, por el que se aprueba el Reglamento de régimen interno de la Escuela Internacional de Doctorado. Acuerdo 7.1/CG 18-6-14, Más detalles DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE ORDEN de 29 de abril de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, sobre las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias Más detalles ROTACION O DESPLAZAMIENTO DEL TRABAJADOR? No, por favor! O Si, por favor!
ROTACION O DESPLAZAMIENTO DEL TRABAJADOR? No, por favor! O Si, por favor! (*) Dr. Carlos Yoel Tongombol Ríos ABOGADO Karina, nos consulta que su jefe inmediato le comunico que le van a rotar es decir le Más detalles NEGOCIACIÓN COLECTIVA NO REGLADA Y SEMI-REGLADA. PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE CONTRATO COLECTIVO. OPORTUNIDAD. COMUNICACIÓN.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA NO REGLADA Y SEMI-REGLADA. PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE CONTRATO COLECTIVO. OPORTUNIDAD. COMUNICACIÓN. Dictamen 2547/029, de 10 de julio de 2014, Dirección del Trabajo 1. La facultad Más detalles Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo LEY Nº 29381
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo LEY Nº 29381 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente: EL CONGRESO Más detalles Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. CAPÍTULO IV. DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL. DERECHO DE REUNIÓN. Artículo 31. Principios Más detalles NOVEDADES LEGISLATIVAS
Gestión y control de los procesos por IT en los primeros 365 días de su duración. Orden ESS 1187/2015, de 15 de junio (en vigor el 1.12.2015). Nº 7/2015 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS POR IT EN LOS Más detalles Un nuevo órgano constitucional autónomo. Miguel Carbonell. Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM.
Un nuevo órgano constitucional autónomo. Miguel Carbonell. Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM. En el Diario Oficial de la Federación del 7 de abril de 2006 apareció publicada una reforma constitucional Más detalles Archivo General de la Nación
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: REGLAMENTO DE LA LEY N 25323 DECRETO SUPREMO N 008-92-JUS Que, la Ley 25323, que crea el Sistema Nacional de Archivos en el Artículo 7, encarga al Archivo General Más detalles NOVEDADES LEGISLATIVAS
Principales medidas de orden social introducidas por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero. Nº 6/2015 PRINCIPALES MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO-LEY 1/2015, DE 27 DE FEBRERO Más detalles LEY Nº 18.657 (1) AUTORIZA CREACION DE FONDO DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO TITULO I
LEY Nº 18.657 (1) AUTORIZA CREACION DE FONDO DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO TITULO I De los Fondos de Inversión de Capital Extranjero y de su Administración Artículo 1º. Podrán acogerse a las disposiciones Más detalles DECRETO LEGISLATIVO N 882. LEY DE PROMOCION DE LA INVERSION EN LA EDUCACION (Publicado 09/11/96)
DECRETO LEGISLATIVO N 882 LEY DE PROMOCION DE LA INVERSION EN LA EDUCACION (Publicado 09/11/96) EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO : Que el Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 artículo 10
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 104
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 23
 artículo 42
 artículo 26
 artículo 5
 artículo 103
 artículo 23
 artículo 27
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1617
 artículo 4
 artículo 1764
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 24
 artículo 28
 artículo 201
 artículo 1
 artículo 1
 Artículo 4
 Artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Artículo 1
 artículo 42
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 ARTÍCULO 2
 artículo 10
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Artículo 31
 Artículo 7
 Artículo 1