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Timestamp: 2018-11-16 19:03:58+00:00

Document:
﻿ Consejo de Estado- apelación recurso Omaira Morales y JUan Carlos Londoño_1995
Consejo de Estado. -
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Consejero ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos. Referencia:
Radicación No.AC - 2820. Acción de Cumplimiento.
Apelación sentencia de 18 de mayo de 1995 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección primera.
Actor: Juan Carlos Londoño Gómez y Omaira Morales Ramírez
[15 de agosto 1995]
“SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior y como medida cautelar previa, se ordene al Consejo Nacional de Estupefacientes, la suspensión inmediata de la asperción (sic) aérea de herbicidas o cualquier sustancia similar, dentro del territorio de la Jurisdicción del Departamento del Guaviare, hasta tanto no se cumpla a cabalidad con los estudios previos del impacto ambiental y socioeconómico en la región; se constituyan los comités de seguimiento y control correspondiente y se hayan tramitado las licencias ambiental y sanitaria entre las autoridades competentes; teniendo en cuenta la información y concepto técnico suministrado por la Corporación para el Desarrollo sostenible del Norte y Oriente Amazónico, CEA; el departamento del Guaviare; la Asamblea Departamental del Guaviare; los Alcaldes y Consejos Municipales de San José del Guaviare; el Retorno, Calamar y Miraflores.
– De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1o. numeral 6 de la ley 99 de 1993, la Procuraduría General de la Nación afirma que debe cumplirse con el principio de precaución, en el sentido de que siendo el medio ambiente patrimonio público, la utilización de los recursos naturales debe garantizar el desarrollo sostenible y deben tomarse medidas eficaces para impedir su degradación y que si bien es cierto que el Consejo Nacional de Estupefacientes, de conformidad con las normas que los rigen tiene la facultad para disponer la destrucción de los cultivos de los cuales se puedan extraer sustancias que produzcan dependencia, debe oír el concepto de los organismos encargados de preservar el ecosistema, todo lo cual debe estar fundamentado en estudios previos de tipo ambiental y epidemiológico y contar con medidas preventivas de mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales. De acuerdo con lo anterior la Procuraduría, en el concepto referido, consideró que mientras no se cumplieran dichos lineamientos, la fumigación aérea a los cultivos ilícitos debía suspenderse.
Cita jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los acuerdos con las comunidades e insiste en la necesidad de que la autoridad competente exija su cumplimiento, ya que los firmantes formaron parte de los firmantes del acuerdo y no han sido convocados para verificar el proceso, como tampoco lo han sido la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
– La ejecución de las anteriores decisiones corresponde a la Dirección de Policía Antinarcóticos de la Policía Nacional, tal como lo dispone el artículo 2 del decreto reglamentario 423 de 1987, adoptado como legislación permanente por el artículo 1 del decreto 2253 de octubre 3 de 1991.
– En ejercicio de las anteriores competencias, desde comienzos de 1992 el Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó la erradicación de cultivos ilícitos de amapola y el 22 de diciembre de 1993 resolvió extender su autorización a otros cultivos ilícitos y precisar las autorizaciones dadas a la División Antinarcóticos de la Policía Nacional para la destrucción y erradicación de cultivos ilícitos en el país a través de medios idóneos prescritos para el efecto, decisión contenida en la resolución 0001 del 11 de febrero de 1994, la cual fue expedida previa obtención de los conceptos favorables del Ministerio de Salud y del INDERENA, según consta en comunicaciones del 8 y del 11 de octubre de 1993.
– Se refiere luego a la posición de la Procuraduría General de la Nación que invoca al accionante y transcribe una parte de la comunicación dirigida por el señor delegado para Asuntos Ambientales a la Dirección del diario El Espectador, con fecha 15 de marzo, el cual dice textualmente:
– Según la Dirección Nacional de Estupefacientes a partir de 1988 se han realizado los siguientes estudios ambientales y sanitarios sobre la erradicación de cultivos ilícitos:
“E. ‘Análisis del glifosato, su impacto ambiental en el medio ambiente y uso en el tratamiento de cultivos ilícitos en Colombia’, llevado a cabo en septiembre de 1992, por la International Union for the Conservation of Natura (IUCN). El estudio supervisa y califica las operaciones de erradicación por aspersión aérea con glifosato, considerando ‘... procedentes, viables y técnicas las actividades de erradicación...’, además de indicar la necesidad de cuantificar el impacto causado por la tala y quema indiscriminada de los bosques tropicales por parte de quienes propician y adelantan tales cautivos.
“F. ‘Informe correspondiente a las pruebas sistemáticas para la erradicación del cultivo ilícito de coca en las regiones biogeográficas de la Amazonía y Orinoquía Colombiana’, presentado por la Auditoría Ambiental el 27 de septiembre de 1994, este estudio desarrolla una metodología científica para establecer la dosis adecuada de glifosato, que hoy se utiliza en la aspersión aérea de la hoja de coca, y determina las consideraciones ambientales que deberán ser tenidas en cuenta para su aplicación.
“c. Determinación cualitativa y cuantitativa de eventuales efectos ambientales ocasionados por la fumigación aérea de cultivos ilícitos. Igualmente, suministro de información permanente a la Dirección Nacional de Estupefacientes acerca de la magnitud de la desforestación causada en diferentes zonas de siembra de cultivos ilícitos, para que por intermedio de dicha entidad se informe a las instituciones tienen a su cargo el manejo de estos recursos estratégicos de la Nación”.
– El control de los cultivos ilícitos también responde a la necesidad de proteger los recursos naturales, en orden a garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, cumpliendo así con el deber del Estado de proteger la integridad y diversidad del ambiente, de conformidad con el artículo 79 de la Constitución Nacional y asimismo prevenir y conmutar los factores de deterioro ambiental, uno de los cuales es precisamente el originado en la desforestación proveniente de cultivos ilegales.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la providencia recurrida, proferida el 18 de mayo de 1995, decidió abstenerse de librar mandamiento de ejecución contra el Consejo Nacional de Estupefacientes, Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho.
Para llegar a dicha decisión, el a quo afirma que la acción de cumplimiento está consagrada en el artículo 87 de la Constitución Nacional, norma que hasta ahora sólo ha sido reglamentada en los artículos 77 y siguientes de la ley 99 de 1993, para el efectivo cumplimiento de las leyes o actos que tengan relación directa con la protección o defensa del medio ambiente, cumplimiento que podrá ser demandado por cualquier persona natural o jurídica a través del procedimiento de ejecución singular regulado en el Código de Procedimiento Civil.
Se remitió luego a los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente en relación con la acción de cumplimiento, para afirmar que la ley 99 de 1993 constituye el título ejecutivo que permite ejercer la acción sin que pueda decirse que por ser abstracta y general, no se pueda, a partir de su incumplimiento, por la autoridad obligada a acatarla, ejercer la acción de cumplimiento, pues es el mismo legislador quién al reglamentar la norma constitucional en materia ambiental, no exige título distinto, por lo que no puede el juzgador desacatar el tenor literal de la norma.
No puede confundirse la lucha contra el narcotráfico con la violación de los derechos humanos, de la Constitución y la ley y en la Procuraduría, en la Defensoría del Pueblo y en el Ministerio del Medio Ambiente existen testimonios de personas que han sido atropelladas en su dignidad y derechos por cuenta de una fumigación indiscriminada y existen pruebas de los daños causados a cultivos lícitos de pancoger, con lo cual se somete al hambre y a la desocupación a familias colombianas.
El Consejo Nacional de Estupefacientes, en ejercicio de la competencia citada, en el año de 1992, autorizó la erradicación de cultivos de amapola y posteriormente amplió dicha autorización a otros cultivos ilícitos y precisó las facultades de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional, en esta materia, mediante la resolución No. 001 del 11 de febrero de 1994. (Folios 104 y siguientes del expediente).Con anterioridad, el 11 de octubre de 1993, en comunicación #001998, dirigida al señor Director General del Fondo de Estupefacientes, el señor Ministro de Salud conceptuó:
“Igualmente, siguen siendo válidas las observaciones formuladas por el INDERENA en comunicación dirigida a los Ministros de Defensa y Justicia (Febrero 5 de 1992) en relación con la competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales en su jurisdicción y del INDERENA en todos los Parques Naturales Nacionales y la necesidad de contar con la Auditoría Ambiental para supervisión y control ambiental del proceso de erradicación de cultivos ilícitos”.
Si la actividad de erradicación de cultivos ilícitos se rige por el citado régimen de transición y para realizarla el Consejo Nacional de Estupefacientes cumplió con las normas vigentes en su oportunidad, no se da a juicio de la Sala el incumplimiento de la ley 99 de 1993 y de las normas constitucionales invocadas por los accionantes y por lo tanto no resulta procedente el mandamiento de ejecución solicitado.
También deben coordinarse dichas acciones con las autoridades locales y contarán con la presencia permanente de un delegado del Ministerio Público, Procuraduría Provincial y de la Fiscalía General de la Nación y deberán hacerse evaluaciones periódicas de los resultados obtenidos, además de que contarán con una auditoría ambiental encargada de controlar y supervisar la adecuada, técnica y correcta ejecución de la erradicación autorizada.
Estando debidamente establecido que la erradicación de cultivos ilícitos es una actividad asignada al Consejo Nacional de Estupefacientes desde el año de 1986, que la ejecuta a través de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y que la inició con anterioridad a la expedición de la ley 99 de 1993 y de su decreto reglamentario, tal como lo demuestran los conceptos de las autoridades de salud y del medio ambiente a que se ha hecho referencia, se llega a la conclusión de que a dicha actividad se le aplica el régimen de transición que fue consagrado en la misma ley y desarrollado en su decreto reglamentario, según el cual no se requiere la licencia ambiental y puede seguirse desarrollando, sin perjuicio de que las autoridades ambientales que lo consideren necesario puedan intervenir, para que se cumplan las normas que regulan el medio ambiente con el fin de conservarlo sano, de recuperarlo o de restaurarlo según el caso.
tomado de: DMSJuridica

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 resolución 
 artículo 79
 artículo 87
 resolución