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Timestamp: 2019-12-06 18:08:46+00:00

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﻿ Sentencia 2004-03619 de marzo 3 de 2011
SENTENCIA 2004-03619 DE 03 DE MARZO DE 2011
CONTENIDO:REINTEGRO LABORAL. LA REINCORPORACIÓN AL SERVICIO DE UNA PERSONA QUE ADQUIERE EL STATUS PENSIONAL Y LE ES RECONOCIDA SU PRESTACIÓN ES UNA SITUACIÓN EXCEPCIONAL QUE SÓLO PROCEDE PARA OCUPAR LOS CARGOS EXPRESAMENTE CONTEMPLADOS EN EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 29 DEL DECRETO 2400 DE 1968 Y LOS DE ELECCIÓN POPULAR ESTABLECIDOS POR EL DECRETO 583 DE 1995.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE JUBILACIÓN, PENSIONADO, REINTEGRO LABORAL, RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN
Sentencia 2004-03619 de marzo 3 de 2011
Rad.: 25000-23-25-000-2004-03619-01(0148-090029
Actor: Rosa Irene Peña García
Demandado: Caja de Previsión Social de Comunicaciones
Consiste en determinar si la actora tiene derecho o no a la reliquidación de su pensión de jubilación teniendo en cuenta los salarios percibidos en el cargo de subdirectora del departamento administrativo de talento humano del departamento de Cundinamarca, devengados con posterioridad a la fecha a partir de la cual le fue efectivamente reconocida la pensión de jubilación.
Resolución 2258 de 4 de noviembre de 2002 (Fls. 1-6), por medio del cual el secretario general de Caprecom, revocó de oficio las resoluciones 2081 de 7 de diciembre de 2001 y 1891 de 1º de octubre de 2002, por considerar que la demandante no reúne las condiciones que le permitan acceder a la reliquidación de la pensión de jubilación por acreditar nuevos tiempos de servicio después del reconocimiento pensional.
Resolución 2904 de 23 de diciembre de 2003 (Fls. 7-8), por medio de la cual el secretario general de Caprecom resolvió no revocar la Resolución 2258 de 4 de noviembre de 2002.
Mediante Resolución 1267 de 22 de julio de 1996, el director general de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Caprecom, ordenó el reconocimiento de la pensión de jubilación de la actora en cuantía de $ 666.261,89 efectiva a partir de la fecha en que acredite el retiro definitivo del servicio. (Fls. 185-192)
A folio 9 está probado que el Ministro de Comunicaciones mediante Resolución 2346 de 5 de mayo de 1997, le aceptó la renuncia a la demandante a partir del día 16 del mismo mes y año.
Por Resolución 1390 de 31 de agosto de 2000, el secretario general de Caprecom ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la accionante en cuantía de $ 1’233.976 efectiva a partir de 16 de mayo de 1997. (Fls. 9-16)
Mediante Resolución 1716 de 6 de octubre de 2000, el secretario general de Caprecom, procedió a aclarar la Resolución 1390 de 31 de agosto de la misma anualidad, precisando el nombre de la beneficiaria. (Fls. 229-230)
La subdirectora de gestión del departamento administrativo de talento humano del departamento de Cundinamarca a folio 20 certificó que la demandante laboró en la Entidad desde el 19 de mayo de 1997 hasta el 31 de enero de 2001, que al momento del retiro ocupaba el cargo de subdirectora del departamento administrativo, Código 076, grado 02, de la subdirección de pensiones y cesantías, dependencia del departamento administrativo de talento humano.
El 26 de junio de 2001 la demandante solicitó la reliquidación de la pensión de jubilación, teniendo en cuenta su nueva vinculación al departamento de Cundinamarca. (Fls. 17-19)
Por Resolución 2081 de 7 de diciembre de 2001, el secretario general de Caprecom, resolvió no dar trámite a la petición, “hasta que la interesada haya cumplido el requisito legal de la edad de cincuenta y cinco (55) años, a que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993” (Fls. 22-26).
Mediante escrito de 12 de febrero de 2002, la demandante interpuso recurso de reposición contra la Resolución 2081 de 7 de diciembre de 2001, por considerar que le asistía el derecho a que su pensión de jubilación se reliquidará y por tanto solicitó se diera trámite a su petición. (Fls. 27-36)
Como de las pruebas allegadas al plenario se evidencia que el pago efectivo de la pensión por vejez reconocida a favor de la actora se dio a partir del 1º de febrero de 2001, la Sala estudiará la procedencia de la reliquidación pensional por revinculación, en el siguiente orden:
Con relación con la incorporación al servicio público de un pensionado, el artículo 4º de la Ley 171 de 1961, determinó:
A su vez, el Decreto Ley 2400 de 1968, que regula la Administración del Personal Civil que presta sus servicios en los empleos de la rama ejecutiva del poder público, dispone en el artículo 29 lo siguiente:
“El empleado que reúna las condiciones para tener derecho a disfrutar de una pensión de jubilación, cesará definitivamente en sus funciones y será retirado del servicio, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que reúna tales condiciones. No obstante, el Gobierno podrá establecer excepciones para el retiro, cuando las necesidades del servicio lo exijan”(1).
El inciso segundo del artículo precedente, fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-124 de 1996, por considerar que dicho precepto desarrolla el mandato superior que habilita al Legislador para regular las normas relacionadas con el ingreso y retiro del servicio, y adicionalmente, establece situaciones excepcionales que permiten a los pensionados por jubilación desempeñar los empleos señalados en la misma disposición, los cuales por su naturaleza y delicada función, demandan un alto grado de confianza, experiencia y conocimiento para la verdadera y real eficacia de la función pública dentro del adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
Posteriormente el Decreto 1848 de 1969 en su artículo 78, ratificó la prohibición a los pensionados de reintegrarse al servicio oficial y corroboró los cargos exceptuados a la regla general de no reincorporación, en los siguientes términos:
PAR.—Lo dispuesto en los artículos anteriores no comprende a las personas que vayan a ocupar cualquiera de los siguientes empleos: Presidente de la República, ministros del despacho, jefe de departamento administrativo, superintendente, viceministro, secretario general de ministerio o departamento administrativo, presidente, gerente, director de establecimientos públicos o de empresas industriales y comerciales del Estado, miembro de misiones diplomáticas no comprendidos en la respectiva carrera y secretarios privados de los despachos de los funcionarios de que trata este artículo y los demás empleos que el Gobierno Nacional señale, conforme a la facultad que al efecto le confiere el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968, citado antes” (Se subraya).
La normatividad en cita evidencia que el empleado que reúna las condiciones para tener derecho a disfrutar de una pensión de jubilación, cesará definitivamente en sus funciones salvo en los casos excepcionales en los que se permite el reintegro al servicio.
La Sección Segunda de esta corporación en sentencia de 16 de octubre de 2008, expediente 151-07, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, al respecto indicó: “(...) que dicha disposición sigue reconociendo la prohibición de reintegro de los pensionados al servicio oficial, en la medida en que hace referencia a los empleos de excepción de que trata el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968 para poder reintegrarse, situación que permite concluir que la reincorporación es una situación administrativa excepcional de los pensionados para ocupar empleos de la misma naturaleza especial, pues tanto el Legislador como el Ejecutivo han querido en términos generales que las personas que tengan amparada la contingencia de vejez y, por ende, gocen de una pensión de jubilación, se dediquen a las actividades que han dejado de realizar en su vida por haber dedicado gran parte de su tiempo al servicio del Estado. (...)”(3).
“ART. 1º—Las personas que se encuentren gozando de pensión de jubilación o vejez y se reintegren al servicio en uno de los empleos señalados en el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968 o en uno de elección popular, percibirá la asignación mensual correspondiente. En el evento de que dicha asignación fuere menor a la mesada pensional, percibirán adicionalmente la diferencia por concepto de pensión, hasta concurrencia total de la prestación social.”
El artículo precedente debe interpretarse en conjunto con la disposición contenida en el artículo 150 de la Ley 100 de 1993, según el cual:
En relación con el tema de la diferencia que existe entre la situación de reincorporación de un pensionado al servicio público y la reliquidación de la pensión de un servidor que ostenta el status pensional pero continúa laborando, la Corte Constitucional, en Sentencia C-331 de 22 de marzo de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell, sostuvo lo siguiente:
La regla jurídica que gobierna la reincorporación al servicio de un pensionado en forma excepcional, obedece primordialmente a la política de empleo del Estado y a la necesidad de ofrecer oportunidades a todas las personas de ejercer y gozar el derecho político de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos (C.P. art. 40-7), en la medida en que como los pensionados ya han tenido oportunidad de un empleo en el sector público, las posibilidades de reintegro al servicio deben ser muy restringidas para asegurar a las demás personas el mencionado derecho.
Las anteriores consideraciones permiten concluir que la reincorporación al servicio de una persona que adquiere el status pensional y le es reconocida su prestación es una situación excepcional que sólo procede para ocupar los cargos expresamente contemplados en el inciso segundo del artículo 29 del Decreto 2400 de 1968 y los de elección popular establecidos por el Decreto 583 de 1995(4).
La demandante en la alzada pretende se dé aplicación a lo manifestado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el Concepto 786 de 26 de marzo de 1993, según el cual las excepciones a la prohibición de reintegrar personas jubiladas al servicio público perdieron eficacia, porque están derogadas tácitamente las normas que consignaban el impedimento.
Para la Sala, tal aspiración resulta improcedente dado que la Corte Constitucional en Sentencia C-331 de 22 de marzo de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell, estableció que la Ley 100 de 1993 no derogó expresamente el artículo 4º de la Ley 171 de de 1961, porque los mandatos allí contenidos no resultan incompatibles con ella, dado que lo relativo a la reincorporación del pensionado al servicio público y al derecho a la revisión de la pensión no fue objeto de regulación en aquella y a renglón seguido indicó:
“Es más, el nuevo régimen de pensiones en nada se opone a las previsiones legales que regulan dicha reincorporación y el aludido derecho, en razón de que la reincorporación al servicio de un pensionado, aun cuando de alguna manera atañe a la cuestión relativa a la seguridad social, tiene una incidencia directa en lo que concierne a la función pública, en cuanto a la posibilidad de un nuevo acceso al servicio público de quienes antes estuvieron incorporados a este y se retiraron para gozar de una pensión. (...)”.
En el presenta caso, la Caprecom, le reconoció a la demandante la pensión de jubilación una vez cumplió 25 años de servicio sin consideración a la edad, de conformidad con los artículos 9º y 10º del Decreto 2661 de 1960(5), en aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que a la entrada en vigencia (abr. 1º/94), había cumplido más de 35 años de edad y trabajado más de 15 años, porque nació el 3 de enero de 1950 (fls. 159) y estuvo afiliada a Caprecom desde el 21 de abril de 1970 (fls. 20-21),, es decir, que se le debían aplicar en materia pensional las disposiciones especiales que rigen esta prestación social para los funcionarios del sector de las telecomunicaciones.
Revisado el acervo probatorio allegado al expediente, la Sala considera claro que la demandante se vinculó como empleada del departamento de Cundinamarca el 19 de mayo de 1997, cuando ya ostentaba la calidad de pensionada (jul. 22/96) y conforme a la normatividad que se analizó, no tiene derecho a la revisión de su pensión de jubilación en los términos del artículo 4º de la Ley 171 de 1961, dado que el cargo de subdirectora del departamento administrativo, Código 076, Grado 02, de la subdirección de pensiones y cesantías, dependencia del departamento administrativo de talento humano, no es útil para la reliquidación de la pensión por no estar dentro de las excepciones consagradas en la ley.
Conforme a lo anotado, no se incorporó en ninguno de los cargos referidos en el inciso 2º del artículo 29 de la Ley 2400 de 1968, es decir, que los nuevos tiempos de servicio que pretendió acreditar la actora, ante la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, por el ejercicio de actividades realizadas con posterioridad a la fecha de retiro del servicio por haberse pensionado, no suple los supuestos necesarios para acceder a la reliquidación pensional.
CONFÍRMASE la sentencia de 13 de marzo de 2008, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, que NEGÓ las súplicas de la demanda incoada por Rosa Irene Peña García contra la Caja Nacional de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
(3) En igual sentido pueden consultarse la sentencia de 10 de julio de 2010, expediente 1921-07, M.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez
(5) Decreto 2661 de 1960, por el cual se dictan los estatutos de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, en armonía con el Decreto 625 de 1988, previó las siguientes modalidades pensionales: “Que el servidor público que en servicio activo haya llegado o llegue a los cincuenta (50) años de edad, después de veinte años de servicios continuos o discontinuos.
Que el servidor público haya servido veinticinco (25) años, sin consideración a la edad.
Parágrafo: Para el reconocimiento del régimen especial del sector de las comunicaciones aplicable por efecto del régimen de transición, es acumulable el tiempo de servicio a diversas entidades del sector público”.

References: ARTÍCULO 29

Resolución 

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 Resolución 
 artículo 36
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 artículo 4
 artículo 29
 artículo 78
 artículo 29
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 artículo 150
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