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Timestamp: 2017-06-29 05:40:49+00:00

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Amparo por mora de la administracion. Procedencia. | Estudio Longhi & Cia.
> Contencioso administrativo Bs. As., Jurisprudencia administrativa	> Amparo por mora de la administracion. Procedencia.	Amparo por mora de la administracion. Procedencia.
AMPARO POR MORA. EN WORD
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En la ciudad de La Plata, a 6 de septiembre de 2006, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Hitters, Genoud, de Lázzari, Soria, Pettigiani, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 66.982, “P. , S. A. M. (en representación de F. M. G. ) contra Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Amparo por mora”.
1. La señora Susana A. M. P. , invocando la representación de su hija F. M. G. , promovió ante la justicia federal acción de amparo por mora contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (en adelante, I.P.S.).
Pretendió, concretamente, que se libre orden judicial de pronto despacho contra la referida entidad, para que en el plazo de cinco días disponga el pago del haber pensionario que según adujo le corresponde a su hija por fallecimiento de su padre (conforme exped. adm. 2350 073067/2000).
Refirió que la demora en el pronunciamiento administrativo comprendió, la decisión sobre la reanudación del beneficio y el pago de los haberes previsionales devengados en los meses de diciembre de 2001 (proporcional), enero, febrero y marzo de 2002 y el segundo semestre del sueldo anual complementario del año 2001, con más los accesorios por la demora.
Fundamentó su pretensión en el art. 28 y otras disposiciones de la ley nacional 19.549 que imponen el deber de resolver a la Administración Pública y en la ley de amparo nacional 16.986. Pidió expresa imposición de costas a la demandada.
2. Por resolución de fecha 30 IV 2003 el juez federal que previno se declaró incompetente para entender en autos (ver fs. 28) y ordenó la remisión de las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes de La Plata (fs. 30). El expediente fue recibido en la Secretaría de Demandas Originarias de esta Suprema Corte el día 28 X 2003 (conforme cargo de fs. 31).
3. Por resolución de fecha 30 VI 2004 el Tribunal declaró su competencia para resolver el caso y decidió radicar la causa ante sus estrados. Además, requirió en los términos del art. 76 inc. 2º de la ley 12.008 (texto según ley 13.101) , del señor Presidente del I.P.S. de la Provincia de Buenos Aires, un informe acerca del motivo de la demora denunciada en la demanda (ver res. a fs. 35/36 y oficio a fs. 37).
4. A fs. 41/44 compareció la Fiscalía de Estado, acompañó el informe brindado por la autoridad demandada (agregado a fs. 40) y adujo acerca de la improcedencia de la condena en costas requerida por la demandante.
5. Con posterioridad la amparista acompañó documentación y solicitó su agregación (fs. 50).
6. Por proveído del Presidente del Tribunal se requirió al I.P.S. la remisión de fotocopias certificadas del expediente 2350 147.229/03 reconstrucción del exped. 2350 073067/2000) (ver fs. 45), las que fueron remitidas el 10 III 2005 (ver fs. 125) y agregadas a fs. 53/124).
7. A fs. 133 se presenta F. M. G. . Denuncia haber alcanzado la mayoría de edad y ratifica lo actuado por su madre.
8. En atención al tiempo transcurrido desde la promoción de la demanda ante la justicia federal (el 26 XII 2002, según cargo de fs. 27 vta.) y el estado en el que se encontraban las actuaciones administrativas correspondientes al caso sub examine al momento de su remisión (el 10 III 2005, según fs. 125), el Tribunal confirió vista a las partes para que efectúen las consideraciones pertinentes con respecto a la pretensión de amparo por mora planteada en autos (fs. 134).
9. A fs. 139/141 respondió la amparista, sosteniendo que mantiene su pretensión.
10. A fs. 137/138 el Fiscal de Estado solicitó que se declare que la cuestión se ha tornado abstracta considerando que de las constancias de las actuaciones administrativas agregadas en autos se desprende que F. G. se encuentra percibiendo la pensión que reclama, por haberse restablecido el beneficio.
11. De este nuevo planteo formulado por la demandada el Tribunal corrió traslado a la accionante, quien contestó a fs. 144/145.
12. Una vez que el llamado de autos adquirió firmeza la causa quedó en estado de ser fallada (art. 76, ley 12.008), decidiendo el Tribunal plantear y votar la siguiente
I. Al demandar, la señora S. A. M. P. relata que en su carácter de representante legal de su hija F. M. G. entonces menor de edad solicitó el 27 III 2002 ante el I.P.S. el cobro de la pensión que fue otorgada según aduce en el expediente 2350 073067/2000, por fallecimiento del padre de la nombrada (M. D. G. ), quien era jubilado del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (ver documentación a fs. 6).
Afirma que con el reclamo acompañó el certificado de alumna regular de la carrera de Técnico en Cerámica Artística de la Escuela de Cerámica nº 1 de la Secretaría de Educación del G.C.B.A.
Agrega que la mencionada presentación se fundamentó en que, sorpresivamente, al presentarse a cobrar el haber correspondiente al mes de diciembre y sueldo anual complementario del año 2001, le informaron que se había dado de baja el beneficio de Florencia por haber alcanzado ésta la edad de dieciocho años.
Se agravia arguyendo que su hija cumplió esa edad el 20 XII 2001 y no le habían informado que tres meses antes debió haber presentado las constancias de estudios correspondientes. Considera que corresponde a los funcionarios actuantes suministrar esa información y se agravia sosteniendo que desde ese momento no percibe los haberes previsionales en cuestión.
Explica que el reclamo efectuado en marzo de 2002 abarcaba el pago de los haberes pensionarios correspondientes a los meses de diciembre de 2001 y el 2do. semestre del Sueldo Anual Complementario correspondiente a ese año y los meses de enero, febrero y marzo de 2002.
Continúa narrando que el 1 II 2002 (luego de la suspensión de tareas en el I.P.S. durante el mes de enero) acudió con su hija a las oficinas de la filial del I.P.S. y presentó la documentación pertinente.
Afirma que le comunicaron telefónicamente que el trámite no se podía realizar porque el expediente había sido enviado por el Departamento Técnico Administrativo a la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 6 de noviembre y que no había sido devuelto.
Expresa que ante su requerimiento acerca del seguimiento de los expedientes que salen del I.P.S. hasta su regreso, le respondieron que los mismos “no se siguen, que salen y cuando deben volver, vuelven” (sic).-LEER FALLO COMPLETO-
Manifiesta que una empleada dedicada a la correspondencia le brindó el número de la carta certificada y el remito, por el cual se registra la salida del expediente en cuestión, el cual es gestionado por la empresa SEPRIT S.A., que es el correo utilizado por el I.P.S. para la remisión de sus piezas postales y se encarga de llevar a destino el expediente.
Continúa narrando que el 11 VI 2002 intimó el pago y la resolución del reclamo planteado (ver documentación a fs. 8). Destaca que, hasta ese entonces, habían transcurrido más de seis meses desde la negativa al pago y más de tres desde la nota de marzo de 2002.
Relata que el 26 VI 2002 recibió una nota remitida por el I.P.S., por la cual le comunican que para resolver la mentada petición se necesitaba el expediente que fue enviado a la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 6 XI 2001 (ver documentación a fs. 9). Aduce que esa comunicación dilató el trámite puesto que el I.P.S. debió solicitar esas actuaciones y evitar mayores demoras y perjuicios.
Señala que respondió la nota mediante carta documento del 23 VII 2002 destacando la urgencia en la devolución del expediente de marras y el perjuicio causado con la demora (ver documentación a fs. 10).
Agrega que el 10 X 2002 dirigió una nota al I.P.S., puntualizando que lo expresado por el Presidente de la referida entidad no coincide con lo informado por la empresa antes referida, encargada de llevar el expediente al destino establecido. Asegura que ésta manifestó que el expediente fue rechazado y devuelto al I.P.S. el día 14 XI 2002 por falta de datos (ver documentación a fs. 18/19).
Concluye sosteniendo que la omisión de la respuesta a su reclamo presentado con fecha 27 III 2002 (v. fs. 6/7), el transcurso de un plazo más que razonable a la espera de la actividad de la Administración y el carácter alimentario de los derechos en juego, permiten considerar caducos todos los plazos existentes y recurrir a la justicia haciendo efectiva la reserva de derechos que efectuó en sus presentaciones en sede administrativa.
Manifiesta que, a causa de la injustificada demora y negligencia de la Administración demandada, su hija no cobra la pensión desde el mes de noviembre de 2001. Considera lesionados, de manera arbitraria e injustificada, los derechos a la seguridad social y a aprender.
Con fundamento en disposiciones de la ley nacional de procedimientos administrativos (19.549), arguye acerca del deber de resolver de la demandada. Sostiene que los plazos son obligatorios para la Administración Pública y que el administrado tiene el derecho a una decisión. A ello agrega que el mecanismo previsto por la ley establece que el particular, luego de esperar los plazos establecidos y considerar el silencio como negativa, excite su pronunciamiento a través del amparo por mora regulado en el art. 28 de la mentada ley. Considera que el mismo posibilita al interesado a acudir a la instancia judicial a fin de que, vencido el plazo previsto por la ley o a falta de éste habiendo transcurrido un plazo razonable, se emplace a la Administración a cumplir su cometido en el término que fije el juez.
Concluye peticionando que judicialmente se libre orden de pronto despacho de las actuaciones para que el I.P.S. disponga el pago de la pensión devengada a favor de su hija (F. G. ) desde el mes de diciembre de 2001 hasta la fecha del efectivo pago, con más los sueldos anuales correspondientes (punto 6 del petitorio, a fs. 25 vta.).
II. A su turno se presenta la Fiscalía de Estado (fs. 41/44) y manifiesta que del informe producido por la Dirección de Auditoría del I.P.S. (que acompaña a fs. 40) se desprende que el expediente administrativo 2350 73067 que diera origen a la acción incoada fue remitido con fecha 6 XI 2001 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de constatar el carácter del establecimiento educativo y la validez de los estudios cursados por la beneficiaria en la Escuela de Cerámica Nº 1 de aquella jurisdicción. Ello, en el marco de lo dispuesto por el art. 37 del decreto ley 9650/1980 t.o. 1994 . Agrega que también surge del informe que el expediente de marras fue extraviado durante la sustanciación del trámite mencionado y, por pedido de la apoderada de la beneficiaria que, en realidad se trata de otra persona que también reclama la pensión (v. fs. 70/75) , se procedió a la reconstrucción de éste, a través del expediente 2350 147229/03, encontrándose en el Departamento Correlación de Cargos y Cómputo para adjuntar constancias.
Concluye sosteniendo que la actividad desarrollada por el organismo demandado se encuentra enderezada a finiquitar la reconstrucción del expediente administrativo extraviado, de conformidad con lo establecido en el art. 131 del decreto ley 7647/1970, a fin de resolver el reclamo previsional con ajuste a lo dispuesto en el art. 37 del dec. ley 9650/1980 t.o. 1994 .
Con respecto al pedido de la accionante de condena en costas, arguye que en el sub lite no existe un vacío legislativo que amerite la aplicación de las disposiciones previstas en la ley de amparo provincial, razón por la cual según aduce cabe aplicar el régimen regulado en el Código Contencioso Administrativo (ley 12.008 texto según ley 13.101 ), del cual emerge como principio general sobre el tema que las costas serán soportadas por las partes en el orden causado (conforme art. 51 de la ley citada).
III. Al evacuar el informe circunstanciado (obrante a fs. 40), la Dirección de Auditoría del I.P.S. expuso que:
a) El expediente 2350 73067/00 caratulado “G. , D. M. s/Sucesión”, por el que tramitara el beneficio pensionario de F. M. G. fue remitido el 6 XI 2001 a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, luego de producida la caducidad de la prestación al alcanzar los 18 años de edad. Ello así explica la mentada autoridad porque a los efectos de la prórroga del beneficio pensionario debía constatarse el carácter del establecimiento educacional y la naturaleza del curso donde se desempeñaba como alumna regular la beneficiaria (conforme lo normado en el art. 37 del dec. ley 9650/1980 t.o. 1994 ).
b) Destaca que resultaba imperioso contar con la mentada información porque del certificado expedido por la Escuela de Cerámica Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, no resultaban en forma indubitada las circunstancias exigidas por la normativa aludida.
c) Puntualiza que luego de reiteradas peticiones efectuadas por la ahora accionante, seguidas de reclamos formulados por el I.P.S. a la Municipalidad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, se promovió la reconstrucción del expediente pensionario presuntamente extraviado , a través del expediente 2350 147229/03, de fecha 17 VI 2003.
d) Señala que, con posterioridad, se arbitraron los medios conducentes para hallar las piezas registradas que pudiere haber en el organismo y que el Departamento Técnico Administrativo informó que no se encuentra registrado el acto administrativo que concediera el beneficio pensionario.
e) Añade que, con su resultado, se derivaron a los Departamentos Correlación de Cargos y Cómputos para adjuntar constancias de pagos y cómputo de servicios, áreas técnicas donde se encontraban las actuaciones al momento de producirse el informe (el 23 VIII 2004).
f) Aduce que, a tenor del carácter restrictivo y excepcional que reviste la prórroga del beneficio pensionario con posterioridad al cumplimiento de los 18 años de edad, el I.P.S. debió extremar los recaudos para verificar si el certificado en cuestión reunía los requisitos legales, sin perjuicio de meritar las circunstancias particulares esgrimidas por la intervención de un ente administrativo de extraña jurisdicción y por el extravío de las actuaciones en dicho ámbito.
IV. De las copias de las actuaciones administrativas 2350 147229 03 00 (reconstrucción del exped. adm. 2350 92662 01), remitidas y agregadas a la causa a fs. 53/124, surgen los siguientes datos útiles a fin de determinar si en el caso existió un comportamiento moroso de la Administración frente al reclamo de la accionante:
a) El 3 IV 2002 la señora S. A. M. P. , reclamó ante el I.P.S. el pago de los haberes pensionarios correspondientes a su hija. Aseguró que no los cobraba desde el mes de noviembre de 2001. El reclamo comprendió, además de la reanudación del beneficio, el cobro de los haberes devengados en los meses de diciembre de 2001, enero, febrero y marzo de 2002 y el segundo semestre del sueldo anual complementario del 2001 (v. fs. 56).
b) El 13 IV 2002 las actuaciones pasan a la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 68).
c) Por resolución 2744, de fecha 21 X 2004, el Directorio del I.P.S. dio por reconstruido, en virtud de los antecedentes que se acompañaron previamente, el expediente mediante el cual se le concedió la pensión a F. M. G. (v. fs. 90).
d) Luego de que la Dirección de Determinación y Liquidación de Haberes del I.P.S. le solicitara la documentación pertinente para reactivar el beneficio que venía percibiendo G. hasta la baja en diciembre de 2001 (v. fs. 96), la interesada acompañó (el 27 XII 2004) certificados de estudios y constancias que acreditan el vínculo con su padre fallecido (v. fs. 110/115). En la misma fecha presta declaración jurada (v. fs. 108).
V. A fs. 131/132 la amparista reconoce que el I.P.S. ha restablecido el beneficio pensionario de su hija. Cuestiona la intervención de la apoderada de una tercera persona, quien solicitó la reconstrucción del expediente pensionario en cuestión, invocando la condición de ex conviviente de su padre fallecido.
VI. Al contestar el traslado que le fue conferido por proveído del Presidente del Tribunal de fs. 134, la Fiscalía de Estado sostiene que la cuestión a resolver se ha tornado abstracta. Para así opinar señala que la acción está dirigida a obtener el libramiento de una orden de pronto despacho, a los efectos de que el I.P.S. disponga el pago de la pensión correspondiente a F. G. (titular del expediente 2350 73067/00) y ésta ha reconocido que se encuentra percibiendo la pensión aludida en tanto fue restablecido su beneficio (cfr. fs. 132 vta.).
Aduce que la pretensión de la accionante tendiente a rebatir en este proceso, si quien se presentara en sede administrativa solicitando la reconstrucción del expediente (señora A. A. J. ) ver fs. 70 y 75 reviste el carácter de concubina del padre fallecido de la accionante, excede el marco procedimental del amparo por mora.
Puntualiza que a través del presente proceso tramitado en el marco de los arts. 12 inc. 6 y 76 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo se persigue exclusivamente el dictado de una orden judicial de pronto despacho de las actuaciones tendiente a la obtención de un pronunciamiento administrativo referido al restablecimiento del beneficio previsional de F. G. .
VII. La amparista señala a fs. 139/141 que si bien la demandada ha brindado las razones de la demora, aún se mantienen los perjuicios que ésta le causara y que fueron puestos de manifiesto en el escrito de inicio.
Se refiere, concretamente, al pago de los haberes pensionarios correspondientes a los meses de diciembre de 2001, segundo sueldo anual complementario de 2001, enero, febrero y marzo de 2002. A ello agrega la ampliación correspondiente por todos los períodos y conceptos caídos hasta diciembre de 2004, fecha en la cual asegura que se reanudó el pago de la pensión de marras (el subrayado me pertenece).
Concluye solicitando que se dicte sentencia ordenando al I.P.S. que deposite a favor de F. G. los montos correspondientes a la pensión derivada del fallecimiento de su padre, por todos los conceptos, con más las acrecencias producidas por la demora desde el mes de diciembre de 2001 hasta la fecha del efectivo pago (ver punto 3 del petitorio, a fs. 140 vta./141 y escrito de réplica de fs. 144/145).
VIII. Preliminarmente cabe advertir que estando en trámite la presente causa, comenzó a funcionar el nuevo fuero contencioso administrativo, hecho que tuvo lugar el 15 XII 2003 (art. 27 y concs., ley 12.074, texto según ley 13.101 y Acuerdo 3034 del 18 XI 2003) y simultáneamente con ello, entró en vigor la ley 12.008, texto según ley 13.101.
Bajo tales circunstancias, este Tribunal resolvió que el nuevo Código Contencioso Administrativo deviene aplicable a las causas iniciadas con anterioridad a la mencionada fecha, en tanto sus normas resultaren compatibles con la jurisdicción atribuida a esta Suprema Corte por el art. 215, 2º apartado de la Constitución provincial, con las excepciones previstas en el referido cuerpo legal (art. 78 incs. 2º y 3º de la ley 12.008 modificada por ley 13.101; doctrina causa B. 64.996, “Delbés”, res. del 4-II-2004). Tal aplicación se extendió también al amparo por mora regulado en el art. 76 del mencionado Código (doct. causa B. 67.497, “Gareis”, resoluciones del 18-VIII-2004 y 25-VIII-2004).
Sobre esa base y conforme fue expuesta y fundada la pretensión de la accionante en su escrito inicial (v. fs. 21/25), el Tribunal resolvió mediante el decisorio de fecha 30 VI 2004 radicar la causa ante sus estrados y que tramitara en los términos que el nuevo ordenamiento imprime a la pretensión especial de amparo por mora (art. 76 citado; v. res. a fs. 35/36).
IX. Adelanto que corresponde desestimar el pedido de la Fiscalía de Estado de que se declare que la cuestión a resolver se ha tornado abstracta.
Tal como se desprende de los antecedentes expuestos el reclamo que la señora P. efectuó en sede administrativa el día 3 IV 2002 (v. fs. 56/57) al que aludió en su escrito de inicio (v. fs. 21/25) exigía un pronunciamiento de la Administración demandada no sólo acerca de la reanudación del beneficio, sino también sobre el pago de los haberes correspondientes a los meses de diciembre de 2001 y enero, febrero y marzo de 2002 y el segundo semestre del sueldo anual complementario del año 2001, con más los accesorios por la demora. Ello, en tanto fueron expresamente pedidos en aquella oportunidad.
Sentado que la amparista ha reconocido expresamente que el beneficio de pensión se reanudó en el mes de diciembre de 2004 (v. fs. 145 vta.), de las constancias de las actuaciones administrativas que han sido arrimadas, en fotocopias, se desprende que se ha configurado un comportamiento moroso de la Administración demandada en resolver la otra parcela del reclamo.
En efecto, el pago de los rubros en cuestión fue solicitado el 3 IV 2002 (v. fs. 56/57). Luego de extraviado el expediente administrativo, su reconstrucción tuvo lugar mediante resolución de fecha 21 X 2004. Con posterioridad, la Administración demandada reactivó el beneficio pensionario como lo reconoció la amparista , sin pronunciarse acerca del pago de los rubros reclamados.
No se me escapan las particulares circunstancias en las que se vio inmerso el reclamo que la ahora amparista efectuó ante el I.P.S. en al año 2002, al haberse extraviado según constancias arrimadas a los autos el expediente administrativo en el ámbito de otra jurisdicción (Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Mas, superado ese obstáculo con su reconstrucción (el 21 X 2004), la Administración demandada no se ha pronunciado concretamente acerca de los rubros reclamados hace más de cuatro años, habiendo vencido los plazos que razonablemente debió observar (art. 76 inc. 1º de la ley 12.008 texto según ley 13.101 ), pues ha transcurrido más de un año y medio de la aludida reconstrucción.
La actitud omisiva de la autoridad demandada lesiona de tal modo el derecho de defensa de la reclamante, que se integra con el derecho a obtener una decisión no sólo motivada, sino también oportuna y que en el ámbito del procedimiento deviene una obligación de la Administración inherente al principio del debido proceso adjetivo que lo informa (arts. 15, Constitución provincial; 103, 108 del dec. ley 7647/1970; doctr. causas B. 64.984, “Verchik”, sent. del 14 V 2002; B. 64.199, “Transportes Servicor”, sent. del 10 XII 2003; B. 66.552, “San José Sud Mouriño S.A.”, sent. del 3 XI 2004 y B. 66.553, “Pereda Benedit”, sent. del 6 IV 2005, entre otras).
Por consiguiente, debe condenarse al I.P.S. a resolver, en el plazo de cinco días, el reclamo que articuló la señora P. (en representación legal de su hija, actualmente mayor de edad) respecto al pago de los haberes previsionales devengados en los meses de diciembre de 2001 (proporcional), enero, febrero y marzo de 2002 y el segundo semestre del sueldo anual complementario del año 2001, que tramita en el expediente administrativo 2350 073067 0 00 001 (reconstruido). Este emplazamiento no implica en modo alguno abrir juicio acerca de la fundabilidad de la petición a decidir, ni sobre el contenido de la resolución administrativa que deba adoptarse.
X. Tratándose de una acción de amparo por mora tal como ha sido fundada la pretensión de la accionante en el escrito de inicio (fs. 21/25) y conforme el trámite que esta Corte imprimió a las actuaciones cuando las radicó ante sus estrados (ver res. a fs. 35/36), decisión que no ha sido cuestionada por la amparista corresponde rechazar el pedido tendiente a condenar al I.P.S. a que deposite los haberes previsionales que F. M. G. aduce adeudados, con más las acrecencias producidas por la demora desde el mes de diciembre de 2001 hasta la fecha del efectivo pago con más los correspondientes sueldos anuales complementarios (ver escrito a fs. 144/145, en particular punto 3 del petitorio).
Como ha resuelto este Tribunal no resulta procedente acumular, en este amparo, la pretensión de obtener una orden judicial de pronto despacho de las actuaciones administrativas a otra de contenido diverso y trámite diferente, como la de condena al pago de haberes previsionales y sus accesorios. Pues se excedería el propósito del presente proceso, esto es, obligar a la Administración a expedirse respecto del reclamo formulado por la accionante.
Ello es así, en tanto en el marco de la acción de amparo por mora regulada en el art. 76 citado (similar al previsto en el art. 28 de la ley 19.549, invocado por la amparista al demandar) no es posible condenar a la Administración a resolver de una manera determinada, pues esta vía procesal no comprende el conocimiento y decisión de la cuestión de fondo involucrada en las actuaciones administrativas, siendo su único objeto el libramiento de una orden judicial de pronto despacho de las actuaciones (cfr. causas B. 64.199, “Transportes Servicor S.A.”, sent. del 10 XII 2003 y B. 65.707, “González”, res. del 24 VIII 2005).
XI. En cuanto a las costas, no obstante que en un pronunciamiento este Tribunal las impuso a la demandada con fundamento en la aplicación de los arts. 68, primera parte del Código Procesal Civil y Comercial y 25 de la ley 7166 (causa B. 66.468, “Ortiz Basualdo” sent. del 13 IV 2005), una nueva reflexión, a la luz de una interpretación sistemática del nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, me persuade de que, en principio deben ser soportadas por las partes en el orden causado.
En efecto, la pretensión de libramiento de una orden judicial de pronto despacho, frecuentemente enunciada como “amparo por mora” (art. 12 inc. 6, C.P.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101), encuentra la regulación de su cauce adjetivo en el art. 76 del aludido digesto, el cual omite toda referencia respecto de las costas.
Ello habilita a formular una integración normativa sistemática, en virtud de la cual resulta de aplicación a esta pretensión el criterio rector establecido por el legislador en el art. 51, es decir que, en principio, corresponde que el pago de las costas sea soportado por las partes en el orden causado, excepto el supuesto en que la demandada hubiese actuado con notoria temeridad o malicia (doctr. causas B. 67.041, “Orazi”, sent. del 12 IV 2006 y B. 66.082, “Bergez Dillon”, sent. del 19 IV 2006).
No advirtiendo que en el caso se configure la aludida causal de excepción, corresponde que las costas sean soportadas en el orden causado (art. 51, C.P.C.A., ley 12.008 texto según ley 13.101 ).
Los señores jueces doctores Genoud, de Lázzari, Soria y Pettigiani, por los fundamentos expuestos por el señor Juez doctor Hitters, votaron en igual sentido.
Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede se hace lugar a la acción de amparo por mora interpuesta con el alcance que se infiere de los considerandos antecedentes, condenándose al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires a resolver, en el plazo de cinco días, el reclamo que articuló la señora P. (en representación legal de su hija, actualmente mayor de edad) respecto al pago de los haberes previsionales devengados en los meses de diciembre de 2001 (proporcional), enero, febrero y marzo de 2002 y el segundo semestre del sueldo anual complementario del año 2001, que tramita en el expediente administrativo 2350 073067 0 00 001 (art. 76 de la ley 12.008 texto según ley 13.101 ).
Asimismo, se rechaza el pedido de la amparista tendiente a condenar a la referida entidad a que deposite los haberes previsionales que aduce adeudados (por los fundamentos dados en el considerando X).
Las costas se imponen en el orden causado (art. 51, C.P.C.A., ley 12.008 texto según ley 13.101 ).
Por su actuación en autos, regúlanse los honorarios de la letrada de la parte actora, doctora Susana Graciela Medina, en la suma de pesos … (arts. 9, 10, 14, 15, 16, 28 inc. “b”, 51 y 54 del decreto ley 8904/1977), cantidad a la que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. “a” y 16 de la ley 6716 y modif.).
Regístrese y notifíquese. Anuncios
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Acoso laboral. Despido discriminatorio.

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