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Timestamp: 2019-09-18 01:35:46+00:00

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﻿ SENTENCIA SC12236-2017/2007-00115 DE AGOSTO 16 DE 2017
SENTENCIA SC12236-2017 DE 16 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR PERJUICIOS CAUSADOS POR UNA DILIGENCIA DE SECUESTRO QUE AFECTÓ UN INMUEBLE EN EL QUE SE CONSTRUÍA UN COMPLEJO HABITACIONAL QUE POR ESA MEDIDA CAUTELAR FUE SUSPENDIDA. AUNQUE SE PROBÓ QUE EL TERRENO MATERIA DE LA GARANTÍA REAL NO PUDO SER DETERMINADO CON SUS LINDEROS SE DECLARÓ LA RESPONSABILIDAD. ADEMÁS, EL NEXO CAUSAL ENTRE LA CULPA Y EL DAÑO SE PRETENDÍA PROBAR CON EL HECHO DE QUE LOS POTENCIALES COMPRADORES DE LAS VIVIENDAS QUE SE IBAN A EDIFICAR FUERON AHUYENTADOS POR RUMORES, ASÍ COMO COPIA AUTÉNTICA DEL PROCESO EJECUTIVO ALLEGADA COMO PRUEBA TRASLADADA. PARA LA CORTE NO TENER EN CUENTA EL FOLIO DE MATRÍCULA COMO PRUEBA NO IMPLICA ERROR ALGUNO, PUES EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD PARA EFECTOS DE RESOLVER LA PRETENSIÓN Y LAS DEFENSAS PLANTEADAS EN EL LITIGIO ERA IMPERTINENTE Y NO INCIDÍA EN LA MATERIA OBJETO DE DECISIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD, NEXO DE CAUSALIDAD, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, PERJUICIOS, PAGO DE PERJUICIOS, PRUEBA, SECUESTRO, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Sentencia SC12236-2017/2007-00115 de agosto 16 de 2017
SC12236-2017
Radicación: 05697-31-03-001-2007-00115-01
Contiene cuatro reproches, fundados en el primer motivo de casación por agravio de la ley sustancial, el inicial encaminado por la vía recta y los restantes por la indirecta, de los cuales el segundo por error de derecho y los siguientes por yerro fáctico (folios 10 a 50, cuaderno 13).
1. Fundado en la primera causal de casación, aduce la violación directa por falta de aplicación de los artículos 306 a 308, 687 numerales 4º, 8º e inciso final del Código de Procedimiento Civil, que generó la transgresión de los cánones 1614, 2341 y 2356 del Código Civil por aplicación indebida.
2. La censora hace consistir el quebranto:
2.1. Conforme a las normas citadas, la caducidad debe ser declarada por el funcionario de conocimiento, aun de oficio, lo que no se hizo en el sub lite, a pesar que el derecho de los demandantes había caducado.
En efecto, como el reclamo de perjuicios derivados de la práctica de medidas cautelares en una ejecución debe pedirse en esta, venció el derecho de los promotores porque no procedieron de esa forma.
2.2. Agregó que es inadmisible que, a pesar de que una persona tenga medios idóneos de defensa en un proceso donde le cautelan sus bienes, demande una indemnización en juicio separado, máxime si en el presente caso no fue Coogranada la que impuso las medidas cautelares, sino un juez de la república, por lo que el Estado es el que debe reparar a la víctima por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
2.3. Por último afirmó, interpretando jurisprudencia de la Corte, que la única excepción a la regla según la cual el reclamo debió plantearse en la misma acción ejecutiva es que el afectado con las medidas cautelares no actúe en esta, lo que en el presente caso está desvirtuado porque los demandantes sí intervinieron en la ejecución promovida por Coogranada contra Inversiones Ossa Zuluaga S. en C., Bibiana Edith Ossa Aristizábal, Gildardo de Jesús y Humberto de Jesús Ossa Zuluaga.
1. Con respaldo en la primera causal prevista en el canon 368 del Código de Procedimiento Civil, se denunció el quebranto indirecto de los artículos 306 a 308, 687 numerales 4º, 8º e inciso final de la misma obra, 1614, 2341 y 2536 del Código Civil, como consecuencia de errores de derecho, “que constituyen violación intermedia” de los preceptos 183, 194 a 195, 252 y 254 de aquél estatuto.
2. En sustento de la acusación, la recurrente consignó las apreciaciones que seguidamente se sintetizan:
2.1. Luego de transcribir un precedente de esta Sala que le resta mérito demostrativo a las “copias simples”, el casacionista singularizó los escritos que se hallan en esas circunstancias y que, por tanto, no podían ser soporte del fallo.
Esas piezas fueron la providencia del 7 de febrero de 2006 del Tribunal de Medellín, de la cual el ad quem extrajo “que (i) la diligencia de secuestro no fue debidamente practicada porque no se identificó el inmueble objeto de la misma, (ii) se trata de predios involucrados en problemas de titulación, posesión y tenencia, para lo cual no tiene competencia el juez del proceso ejecutivo, y (iii) que las partes conocían acerca de la indeterminación del inmueble gravado y luego dado en pago”.
Así mismo los escritos que el juzgador tuvo en cuenta para sostener que, para cuando fue secuestrado el predio sobre el cual los demandantes fincan sus pretensiones, estaba siendo urbanizado, esto es, la respuesta dada por la división de desarrollo territorial de Bello, fechada el 12 de enero de 2000 sobre el uso del suelo y las vías del inmueble; el estudio de suelos para llevar a cabo el proyecto de vivienda realizado en el mes de junio de 2001; la licencia de urbanismo y construcción contenida en la Resolución C1L-731-2002 proferida por el curador urbano del referido municipio para el proyecto multifamiliar Jardín de los Sueños, relacionado con la edificación de 192 casas; y copia del contrato de fiducia celebrado por Wbeimar Augusto Jiménez Zuluaga, como fideicomitente.
Agregó que como el tribunal apreció los citados escritos a pesar de carecer de influencia persuasiva, deviene inane su conclusión según la cual “con anterioridad a la diligencia de secuestro del predio, los aquí demandantes ya estaban adelantando las labores necesarias para la construcción de una urbanización, tales como estudio de suelos y trámites para obtener licencias y autorizaciones (…)”.
Igualmente señaló que la carta enviada por el entonces senador de la República Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y por la apoderada de Coogranada Ltda., a la Fiduciaria Central, al carecer de mérito probatorio, no podían servir al ad quem para sostener que la aludida cooperativa se autoatribuyó el predio y con esta actuación torpedió el proyecto inmobiliario en curso, cuando lo correcto era esperar una decisión judicial definitiva que aclarara el punto.
Para el recurrente, el agravio se concretó en darle valor probatorio a esas copias sin tenerlo, con lo que desconocieron los artículos 254 y 252 del Código de Procedimiento Civil.
2.2. De otro lado, expuso que el sentenciador quebrantó los preceptos 194 y 195 ejusdem, al haberle dado mérito persuasivo a los interrogatorios de parte rendidos por los demandantes Orlando Gómez Botero, María Mercedes Jiménez Salazar, José Jairo Ramírez Duque y Wbeimar Augusto Jiménez Zuluaga, porque con sus declaraciones se favorecieron, pues el fallador concluyó que los promotores siempre han tenido contacto material con el bien y han dispuesto del mismo, hasta cuando fue secuestrado.
Así las cosas, citando jurisprudencia, el casacionista planteó “que el tribunal no podía darle el efecto que le otorgó al contenido de las declaraciones de parte de los demandantes”, pues les permitió hacerse su propia prueba.
Finalizó con la solicitud que se case el fallo del ad quem y se revoque el de primer grado, denegando las súplicas demandatorias.
1. Al amparo del primer motivo de casación, el impugnante denunció el quebranto indirecto de los artículos 306 a 308, 687 numerales 4º, 8º e inciso final del estatuto procesal civil, 1614, 2341 y 2536 del Código Civil, como consecuencia de errores de hecho, debido a que el ad quem dio por probado, sin estarlo, el nexo causal entre el secuestro practicado en el proceso ejecutivo y el daño aducido por los actores.
2. Tendiente a demostrar la equivocación, el recurrente argumentó lo que a continuación se condensa:
2.1. El tribunal “[s]upuso la prueba del nexo causal entre las medidas cautelares y el daño que alegan los demandantes, siendo que no existe ningún solo medio de convicción que así lo demuestre”, pues “tan sólo con referencia a un fallo de tutela de la Corte Constitucional, el tribunal dio por demostrado el nexo causal”.
Añadió el recurrente que el tribunal dedujo erróneamente el nexo causal de la inspección judicial y de los dictámenes periciales rendidos con ocasión de ésta, pues de estos sólo se desprende que los inmuebles con M.I. 01N-5135817 y 01N-5206503 son diferentes, y que a pesar de que los actores hicieron una advertencia a través de Orlando Gómez, “la cooperativa accionada hizo caso omiso e insistió en la entrega para sí del lote secuestrado y que es propiedad de [aquellos]”.
Así mismo, explicó que el juzgador, con base en los documentos aportados sin mérito probatorio relacionados en el segundo cargo, sostuvo que los demandantes estaban urbanizando el predio para cuando fue practicado el secuestro. Adicionalmente halló la relación de causalidad, en la copia simple de las misivas enviadas a la Fiduciaria Central, por Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, senador de la República para esa época y por la apoderada de Coogranada Ltda., que lo llevaron a concluir que el comportamiento de la demandada era incorrecto, cuando esos elementos de juicio no lo demuestran, aún de aceptarse su eficacia.
2.2. Complementó el censor que hubo pretermisión del certificado de tradición y libertad correspondiente a la matrícula inmobiliaria 01N-5206503, demostrativo de que el predio de los reclamantes no fue el embargado, como ellos lo manifiestan, al punto que según su anotación nº 5, celebraron y registraron el contrato de fiducia que tenía por objeto el proyecto inmobiliario supuestamente afectado, lo que fue realizado “casi un año después de que se practicara el secuestro”, el 22 de mayo de 2003, de lo cual se desprende, entre otros aspectos, “que no hay causa de las pretensiones (…) porque la cautela no recayó sobre el predio al que hacen alusión”.
2.3. También omitió el documento denominado “cesión de derechos y compromiso” del 8 de mayo de 2008, celebrado entre Inversiones Prospectivas IP y la Compañía Suramericana de Seguros S.A., en la que consta “que aquella era la encargada de desarrollar el proyecto inmobiliario que los actores dicen resultó afectado y que se declaró el siniestro por parte de la aseguradora, el que tuvo por causa el incumplimiento del proyecto declarado por Fonvivienda”; que de haberlo apreciado, la sentencia sería distinta porque esta probanza acredita “que la presunta ‘afectación’ en que los actores basan su reclamación ocurrió cerca de cinco (5) años después de la práctica del secuestro del inmueble que refieren, luego el nexo causal no fue el hecho de haber realizado esta diligencia”.
2.4. En razón de lo anterior, pidió casar la sentencia del tribunal y al resolver la apelación, revocar la del a quo, declarando “no probadas las pretensiones de los accionantes, por ausencia del nexo causal de la reparación que pretenden”.
1. Al amparo del motivo inicial de casación, se aducen vulnerados indirectamente los artículos 1613 a 1614, 2341 a 2343 del Código Civil y 8º de la Ley 153 de 1887, como consecuencia del error de hecho “consistente en haber pretermitido la prueba de que la demandada Coogranada actuó en el proceso ejecutivo en cuestión prevalida de un título ejecutivo”, que se desprende de la copia de ese proceso allegada como prueba trasladada.
2. Como fundamento del ataque la recurrente adujo:
Que el fallador de última instancia olvidó la copia auténtica del proceso ejecutivo en el cual fueron practicadas las medidas cautelares, trasladada a este nuevo litigio, pues dejaba ver que Coogranada inició aquella causa al amparo de varios títulos valores y que la sentencia dictada se basó en el errado diligenciamiento de esos instrumentos carturales.
Y como la práctica de cautelas en un proceso ejecutivo en el que la posterior decisión del juzgador es favorable al ejecutado no genera responsabilidad para el ejecutante, porque esta no opera automáticamente, otra hubiese sido la sentencia dictada de haber sido observados esos documentos.
1. De forma previa al estudio de los cargos, es pertinente señalar que, no obstante haber entrado en vigencia de manera íntegra el Código General del Proceso a partir del 1º de enero del año en curso, en el presente caso no resulta aplicable porque los artículos 624 y 625 numeral 5º establecieron que los recursos, entre otras actuaciones, deberán surtirse bajo “las leyes vigentes cuando se interpusieron”.
Y como el recurso de casación que ahora ocupa la atención de la Sala fue interpuesto en vigor el Código de Procedimiento Civil, será este ordenamiento el que siga aplicándose.
2. El numeral 3º del artículo 374 de esta obra consagra que el escrito con que se provoca esta vía debe contener “[l]a formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa”.
Dichas reglas técnicas deben observarse por parte del censor, de suerte que se facilite la comprensión de los argumentos con que pretende rebatir los sustentos del proveído atacado, evitando que el citado mecanismo excepcional se convierta en una tercera instancia.
Se impone, de esta manera, una aplicación estricta del principio dispositivo del recurso, en cuya virtud no es posible que las deficiencias observadas sean subsanadas directamente y a iniciativa propia por la corporación, pues “sin distinción de la razón invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserción, máxime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos” (CSJ AC, 16 ago. 2012, Rad. 2009-00466-01, reiterado CSJ AC, 12 jul. 2013, Rad. 2006-00622-01).
3. Con base en tales premisas, y en cuanto atañe al primer cargo planteado, colige la Corte que habrá de despacharse desfavorablemente para su proponente, en la medida en que allí se adujo que el fallador de segunda instancia se equivocó porque omitió declarar de oficio la caducidad de la acción.
Esa alegación, de cara al recurso extraordinario de casación, debió invocarse por la causal 2ª del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, es decir, por “(n)o estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio”.
Y es que la supuesta incorrección no se originó en una inadecuada aplicación de las normas que regulan la caducidad de las acciones o los requisitos para su procedencia, caso en el cual sí sería dable acudir a la causal primera, sino que se fundamentó en la ausencia de reconocimiento de una excepción que, de oficio, debió ser declarada, lo que debe acusarse a través de la segunda causal.
En efecto, la Sala ha precisado:
… cuando la inconsonancia deriva de la inobservancia de las reglas procesales —art. 305, C. de P.C.—, el error es de actividad y, consiguientemente, su denuncia debe efectuarse con respaldo en el segundo de los motivos contemplados en el precitado precepto.
Sobre el particular, tiene decantado la Corte que “[l]a incongruencia contemplada en el numeral segundo del artículo 368 del Código de Procedimiento corresponde a un vicio de actividad o error in procedendo, que se presenta cuando el sentenciador, por un lado, quebranta los linderos de la controversia trazados por las partes en la demanda y en su contestación, en particular, cuando lo resuelto no guarda completa armonía con las pretensiones o con las excepciones que han sido alegadas o que pueden ser reconocidas de oficio y, por el otro, cuando se despreocupa de los supuestos que integran la causa petendi o, dicho de otra forma, se aparta de los extremos fácticos que delimitan el litigio (CSJ AC de 20 mayo 2013, Rad. 2003-00351-01. Resaltó la Sala).
Así mismo, en otro pronunciamiento la Corte explicó:
Con relación a la demanda, la incongruencia objetiva por citra petita supone que el juzgador haya omitido resolver alguno de los objetos demandados o que debieron ser considerados de oficio, pero no que los haya negado, porque en este caso, el error, de existir, tendría que buscarse en las razones que condujeron a la negativa, lo cual exigiría un tipo de confrontación distinto al que debe hacerse entre lo pedido y lo que debía constituir la decisión, pues una cosa es no decidir un extremo de la litis, y otra, distinta, resolverlo en forma adversa al demandante.
Como lo ha reiterado la Sala, en el primer caso el fallo sería incongruente, en tanto “en el segundo no, puesto que la Sentencia desfavorable implica un pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensión de la parte, que sólo podría ser impugnada a través de la causal primera, si ella viola directa o indirectamente la ley sustancial. De lo contrario, se llegaría a la conclusión de que el fallo sólo sería congruente cuando fuere favorable a las pretensiones del demandante o a las excepciones del demandado, lo que a todas luces es inaceptable” (Sentencia de 24 de junio de 1997, entre otras, CCXLVI, volumen II, 1417). (CSJ SC de 23 abr. 2002, Rad. 5998).
Con otras palabras, cuando el juzgador omite pronunciarse sobre una excepción que debe declarar de oficio, incurre en incongruencia. Pero si la consideró, ya sea para acceder a ella o negarla, no se muestra inconsonante su decisión, sino que deberá acudirse a las causales consagradas para atacar los errores de juzgamiento.
Tal distinción no fue tenida en cuenta por la recurrente, porque encaminó su primer reclamo por el motivo inicial de casación, esto es, la “violación de una norma de derecho sustancial”, al punto que en el cargo indicó que se configuró tal conculcación por la vía directa.
Sin embargo, su argumentación tiende a indicar que el estrado judicial de segundo grado erró porque no consideró ni decretó la caducidad de la acción.
Así las cosas, concluye la Corte que la impugnante seleccionó inadecuadamente la senda por la cual debió plantear su ataque inicial, pues no obstante esbozar en él la existencia de un yerro in procedendo, lo propuso por una causal destinada a elucidar errores in judicando.
En efecto, cada causal obedece a una específica e inconfundible razón que tuvo en cuenta el legislador para erigirla como motivo de quiebre del fallo, sobre la base de considerar que dichas razones, plasmadas en las causales de casación, se fundamentan en dos tipos de errores en que puede incurrir el juzgador. El primero, comúnmente denominado, vicio in judicando, acaece cuando el sentenciador distorsiona la voluntad hipotetizada en la ley; y el segundo, denominado vicio in procedendo, se estructura a partir de la rebeldía del juez en la aplicación de normas que regulan el proceso, para las partes y para él, incluida la fase de producción del fallo.
Se trata de errores de distinta naturaleza, pues el primero recae en las normas que son llamadas a definir la controversia y el segundo en las que disciplinan el proceso. No pueden ser confundidos, ni menos aducidos en un mismo cargo, en atención a la claridad y precisión que el precepto mencionado reclama. (CSJ AC7828 de 16 dic. 2014, Rad. 2009-00025-02).
Es decir, los cargos invocados deben guardar correspondencia con la causal escogida por el censor, porque ello desarrolla la autonomía de los motivos de casación, toda vez que son “disímiles por su naturaleza, lo cual implica que las razones alegadas para cuestionar la Sentencia deban proponerse al abrigo exclusivo de la correspondiente causal, sin que por ende sea posible alegar o considerar en una de ellas situaciones que a otra pertenecen. De este modo, la parte que decide impugnar una sentencia en casación no puede lanzarse a invocar promiscuamente las diversas causales, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qué tipo de yerro se cometió, y luego, aducir la que para denunciarlo se tiene previsto.” (CSJ AC277 de 19 nov. 1999, Rad. 7780; en el mismo sentido, AC049 de 19 mar. 2002, Rad. 1994-1325-01; G.J. CCXLIX, pág. 1467; AC de 14 dic. 2010, Rad. 1999-01258-01, entre otros).
4. Respecto del segundo cargo observa esta corporación que no está llamado a prosperar, porque tal reproche luce incompleto en la medida en que fueron varias las pruebas valoradas por el despacho judicial de segundo grado para acoger las pretensiones:
i) La copia de la diligencia de secuestro llevada a cabo el 21 de mayo de 2003, en el juicio ejecutivo iniciado por Coogranada contra Inversiones Ossa Zuluaga S. en C., Bibiana Edith Ossa Aristizábal, Gildardo de Jesús y Humberto de Jesús Ossa Zuluaga; documento del cual extractó que el funcionario de conocimiento no alinderó el fundo aprehendido.
ii) Reproducción de tal proceso coactivo, dentro del cual está el incidente de levantamiento de secuestro incoado por María Mercedes Jiménez de Gómez; diversas solicitudes de ella, de Orlando de Jesús Gómez Botero, Wbeimar Augusto Jiménez Zuluaga y José Jairo Ramírez Duque, dirigidas al juzgado décimo civil del circuito de Medellín y a Coogranada pidiendo la verificación del inmueble secuestrado; la sentencia allí pronunciada que negó la ejecución; y las peticiones de entrega de la ejecutante. De estos instrumentos concluyó el tribunal que existieron múltiples reclamos de los detentadores del fundo identificado con la matrícula inmobiliaria 01N-5206503.
iii) La copia del auto de 7 de febrero de 2006, en el cual el Tribunal Superior de Medellín confirmó la decisión del juzgado comisionado para la entrega del inmueble dado en pago a Coogranada, atinente a abstenerse de practicar esa diligencia. De esa probanza extrajo que, según allí se consignó, la diligencia de secuestro no surtía efectos y que la indeterminación física del fundo hipotecado era de conocimiento de las partes en el juicio ejecutivo porque antes había tramitado una querella policiva en ese sentido.
iv) El segundo dictamen pericial rendido en el proceso, indicador de que el predio hipotecado y embargado es disímil al secuestrado, al punto que ni siquiera son colindantes. Esa prueba evidenció, además, que el fundo dado en pago a Coogranada sí existe pero se encuentra invadido por distintas familias que han construidos allí sus viviendas.
v) La inspección judicial practicada por el juzgado a-quo sobre el predio de propiedad de Coogranada identificado con la matrícula inmobiliaria 01N-5135817, así como respecto del detentado por María Mercedes Jiménez de Gómez, Orlando de Jesús Gómez Botero, Wbeimar Augusto Jiménez Zuluaga y José Jairo Ramírez Duque, marcado con la matrícula 01N-5206503, prueba de la cual el tribunal coligió que el predio secuestrado era diverso al embargado.
vi) Copia de la respuesta dada por la jefatura de la división de desarrollo territorial del municipio de Bello, el 12 de enero de 2000, sobre normas de uso y vías para el último de los lotes citados; copia del estudio de suelos para construcción del proyecto de vivienda realizado en el mes de junio de 2001; reproducción de la Resolución 1 C1L-731-2002 de 24 de julio de 2002, con la que el curador urbano de la misma localidad otorgó la licencia de construcción del proyecto multifamiliar Jardín de los Sueños. De estos elementos de convicción el tribunal extractó que para cuando se practicó el secuestro debatido, los demandantes habían iniciado las labores necesarias para construir la aludida urbanización.
vii) Las fotografías anexas al primer dictamen pericial decretado para cuantificar los perjuicios reclamados por los promotores, de las cuales concluyó que efectivamente en el lote de ellos estaba siendo levantado el conjunto habitacional para el cual obtuvieron licencia de construcción.
viii) Reproducción del contrato de celebrado ajustado entre Wbeimar Augusto Jiménez Zuluaga como fideicomitente, Fiduciaria Central S.A. como fiduciaria e Inversiones Prospectivas OPV como constructora, para edificar el Conjunto Multifamiliar Jardín de los Sueños.
ix) Los interrogatorios de parte absueltos por el gerente de Coogranada y la llamada en garantía Bibiana Edith Ossa, de los que el tribunal estimó que ellos desconocían la situación fáctica de la heredad fundo identificada con la matrícula inmobiliaria 01N-5135817 para cuando fue gravado hipotecariamente en un 50%.
x) Los testimonios de Alejandro Franco Santamaría, Jesús Salvador Jaramillo Mazo, Gabriel Tangarife Serna y Jorge Mario González.
Los tres (3) primeros dieron cuenta del adelantamiento del proyecto Jardín de los Sueños. Adicionalmente los dos (12) iniciales también relataron la forma en que los demandantes adquirieron el fundo secuestrado y el segundo precisó que le constaba que muchas personas que iban a comprar allí su vivienda se alejaron por rumores según los cuales esa tierra era robada.
Los dos (2) últimos también informaron que fueron contratados por Coogranada y por Humberto Ossa, en su orden, para identificar el predio hipotecado y él último testigo precisó que su contratante tenía una confusión respecto del fundo de su propiedad.
De esas versiones el ad quem también encontró que las partes del juicio ejecutivo conocían el problema de identificación del fundo gravado hipotecariamente.
xi) Los interrogatorios absueltos por Orlando Gómez Botero, María Mercedes Jiménez Salazar, José Jairo Ramírez Duque y Wbeimar Augusto Jiménez Zuluaga, valorados como testimonios por el tribunal, de los que extrajo que ellos eran quienes tenían la disposición del fundo secuestrado, al punto que habían adelantado los trámites pertinentes para iniciar en él la urbanización Jardín de los Sueños.
xii) Copia de las comunicaciones remitidas a la Fiduciaria Central, por el entonces senador de la República Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y por Coogranada, en las que advertían de un posible engaño porque el fundo donde se levantaría el Jardín de los Sueños era producto de una “trasplación” de matrículas inmobiliarias hecha por Orlando Gómez. De estas piezas coligió el fallador que Coogranada incurrió en una vía de hecho, pues no obstante conocer los problemas de identificación del inmueble hipotecado, y sin esperar una decisión judicial que dilucidara ese inconveniente, se atribuyó como propio el lote secuestrado y entorpeció la venta de las viviendas que en este iban a ser levantadas en este.
Pues bien, no obstante el anterior acopio probatorio, el segundo cargo de la recurrente en casación sólo tiende a censurar la valoración hecha por el tribunal en relación con la copia de la providencia del 7 de febrero de 2006 del Tribunal de Medellín, la respuesta dada por la división de desarrollo territorial de Bello de 12 de enero de 2000 sobre el uso del suelo y las vías del inmueble, el estudio de suelos, la licencia de urbanismo y construcción contenida en la Resolución C1L-731-2002 del curador urbano del referido municipio para el proyecto multifamiliar Jardín de los Sueños, el contrato de fiducia celebrado por Wbeimar Augusto Jiménez Zuluaga como fideicomitente, las cartas enviadas por Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y por Coogranada Ltda., a la Fiduciaria Central, y la estimación como prueba testimonial de los interrogatorios de parte absueltos por los demandantes.
Así las cosas, quedó incólume por falta de censura la estimación de los demás elementos de convicción acogidos por el fallador ad quem, que igualmente sirvieron de apoyo a la sentencia de segundo grado en la que se estableció la responsabilidad de la demanda.
En efecto, nótese que el actuar culposo de Coogranada también fue colegido de la copia auténtica del proceso ejecutivo iniciado por ella, de la inspección judicial evacuada en el presente litigio ordinario y del dictamen pericial allegado como prueba de una objeción a la primera pericia.
Lo anterior porque el tribunal estableció, de los medios suasorios referidos en el párrafo precedente, que el predio secuestrado era distinto al hipotecado y embargado; así como que esa situación fue puesta en conocimiento de Coogranada.
Así mismo, el daño fue extractado de las fotografías obrantes en el plenario respecto del fundo secuestrado y de los testimonios recibidos a Alejandro Franco Santamaría, Jesús Salvador Jaramillo Mazo, Gabriel Tangarife Serna y Jorge Mario González, quienes manifestaron que allí estaba siendo adelantada la urbanización Jardín de los Sueños.
Además, el nexo causal entre la culpa y el daño también fue extraído del testimonio de Jesús Salvador Jaramillo Mazo, quien informó que los potenciales compradores de las viviendas que se iban a edificar fueron ahuyentados por rumores acerca de que el lote donde serían edificadas era “robado”; así como de la copia auténtica del proceso ejecutivo allegada como prueba trasladada, la cual dejó ver la insistencia de Coogranada en que se practicara la diligencia de entrega del fundo cautelado, acompañada de fuerza policial, generando un mal ambiente para el desarrollo del proyecto habitacional.
Así las cosas, el olvido de la recurrente, al omitir censurar en su totalidad los basamentos del tribunal, se traduce en que el cargo inicial del libelo casacional incoado fue incompleto, porque aun de aceptarse que el juez de segundo grado cometió los yerros que se le endilgan, su determinación se mantendría erigida en los soportes probatorios que no fueron impugnados.
Tal falla es suficiente para no hallar prosperidad al referido embate, como lo ha reconocido la jurisprudencia:
Sobre el particular esta Sala tiene dicho que ‘(…) el recurso de casación debe contar con la fundamentación adecuada para lograr los propósitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo así la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, además de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuestión, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos específicos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relación de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ahínco la doctrina científica, si la declaración del vicio de contenido o de forma sometido a la consideración del tribunal de Casación no tiene injerencia esencial en la resolución jurisdiccional y ésta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecerá entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendrá que ser desechado’. (…) En la misma providencia, se añadió que ‘(…) para cumplir con la exigencia de suficiente sustentación de la que se viene hablando, el recurrente tiene que atacar idóneamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este último y no en otro distinto, en qué ha consistido la infracción a la ley que se le atribuye, cuál su influencia en lo dispositivo y cómo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la crítica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa’. Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jurídica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la línea argumental contenida en aquel proveído (…) (CSJ AC 29 oct. 2013, Rad. 2008-00576-01, reiterada en AC7236 de 2015, Rad. 2001-29864-01).
Así las cosas, como es menester atacar todas las bases de la sentencia cuestionada, lo cual no hizo la recurrente, no es próspero el segundo cargo de su demanda de casación.
5. En el tercer cargo la impugnante censuró el fallo del ad quem por haber incurrido en yerro fáctico, al “dar por probado, sin estarlo, el nexo causal entre las medidas cautelares practicadas en el proceso ejecutivo y el daño aducido por los demandantes”.
La vía indirecta invocada por la recurrente en la modalidad de error de hecho en la valoración probatoria, tiene lugar ostensiblemente cuando el juzgador supone, omite o altera el contenido de las pruebas, siempre y cuando dicha anomalía influya en la forma en que se desató el debate, de tal manera que de no haber ocurrido otro fuera el resultado, lo que aparece palmario o demostrado con contundencia.
Sobre el punto, en Sentencia de 21 de febrero de 2012, Rad. 2004-00649, reiterada el 24 de julio siguiente, Rad. 2005-00595-01, indicó la Sala:
[E]l error de hecho, que como motivo de casación prevé el inciso segundo, numeral primero, del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, ocurre cuando se supone o pretermite la prueba, entendiéndose que incurrirá en la primera hipótesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que sí obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situación cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta última eventualidad, asignarle una significación contraria o diversa. El error ‘atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho’ (G. J., T. LXXVIII, página 313) (…) Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, además, que es trascendente por haber determinado la resolución reprochada, de tal suerte que, de no haberse incurrido en esa sinrazón, otra hubiera sido la resolución adoptada (…) Acorde con la añeja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la corporación, el yerro fáctico será evidente o notorio, ‘cuando su sólo planteamiento haga brotar que el criterio’ del juez ‘está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio’, lo que ocurre en aquellos casos en que él ‘está convicto de contraevidencia’ (sentencias de 11 de julio de 1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es ‘de tal entidad que a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinación adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso’ (Sentencia 146 de 17 de octubre de 2006, Exp. 06798-01); dicho en términos diferentes, significa que la providencia debe aniquilarse cuando aparezca claro que ‘se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía’ (G. J., T. CCXXXI, página 644).
Sin embargo, la Corte no advierte la estructuración del yerro endilgado, por lo siguiente:
5.1. Porque el tribunal no supuso la prueba del nexo causal como elemento de la responsabilidad civil, sino que la extractó de los medios persuasivos acopiados en el plenario.
En efecto, el estrado judicial de segunda instancia consideró que:
… probado como ha quedado que la medida cautelar de secuestro fue decretada sobre el predio con M.I. 01N-5135817, pero practicada sobre el lote identificado con M.I. 01N-5206503; que sobre este último inmueble se adelantaba la construcción de un proyecto urbanístico denominado Jardín de los Sueños, que constaría de 192 unidades de vivienda y que el mismo fue paralizado sin haberse culminado; solo resta determinar si la cancelación del proyecto devino como consecuencia de la práctica de la medida de secuestro y la insistencia en el mismo por parte de la entidad demandada y las reiteradas solicitudes de entrega forzada por parte de ésta, para establecer así la existencia del nexo causal entre la diligencia de secuestro indebidamente recaída sobre el predio de los demandantes y los daños ocasionados a éstos, especialmente los atinentes a la parálisis del proyecto de vivienda.
Recuérdese que en el sub lite, aun antes de la práctica del secuestro, el proyecto de construcción de la urbanización “Jardín de los Sueños” se estaba adelantando (pues para entonces se estaban haciendo los estudios y tramitando los permisos) y pese a que después de la diligencia se inició la construcción de las viviendas, las mismas debieron suspenderse, pues evidentemente la situación se hacía insostenible, si se tiene en cuenta que, como quedó probado, Coogranada junto con un senador de la República, comenzaron una campaña de desprestigio del proyecto ante la Fiduciaria y los potenciales compradores de las viviendas, lo cual llevó al traste con la construcción de éstas. Lo anterior sumado a que en varias oportunidades, por solicitud de la demandada Coogranada, se llevó a efecto, de manera fallida diligencias de entrega forzosa, en las cuales intervino incluso el cuerpo policial, lo cual ponía en entredicho la seriedad del proyecto y la venta del mismo, factor necesario para su construcción (folios 129 a 132, cuaderno 12. Resaltado ajeno al texto).
De allí se desprende que el fallador colegiado, una vez estableció la culpa de la demandada y el daño padecido por su contendora, se avocó a determinar si concurría el vínculo de causalidad entre aquella y esta, encontrándolo probado a partir del acervo probatorio analizado. Luego, lejos de ser un caso de suposición probatoria, como lo argumenta la sociedad casacionista, se trata de una inferencia a partir de las pruebas arrimadas a la foliatura, las cuales le permitieron deducir que la situación de secuestro del inmueble por parte de la demandada generó una serie de rumores que desprestigiaron el proyecto urbanístico de los demandantes.
A ello sumó los intentos de Coogranada para que le fuera entregado el fundo secuestrado, actos realizados en el proceso ejecutivo promovido por tal entidad.
Estos dos hechos los tuvo por probados —descartando los medios de convicción atacados en el cargo precedente— con las declaraciones rendidas por el gerente de Coogranada, la llamada en garantía y los testimonios de Alejandro Franco Santamaría, Jesús Salvador Jaramillo Mazo, Gabriel Tangarife Serna y Jorge Mario González (folios 125 a 127, cuaderno 12), la copia auténtica del proceso ejecutivo allegada como prueba trasladada (folios 118 a 119), enfatizando en el testimonio de “Jesús Salvador Jaramillo Mazo, (quien) dijo que es colindante del lote donde se construía la Urbanización Jardín de los Sueños; que a la señora Bibiana Ossa no la conoce; que ese predio desde hace 9 o 10 años le pertenece a Orlando Gómez; que sabe que la construcción se suspendió pero no sabe porque, pero conoce que el señor Gómez se vio perjudicado porque muchas personas que iban a comprar resultaron diciendo que esa tierra es robada” (folios 126 a 127, ídem).
5.2. Tampoco es de recibo la afirmación de la recurrente, según la cual el tribunal dedujo la prueba del nexo causal de la inspección judicial practicada en el proceso así como de los dictámenes periciales recaudados puesto que, como ya se anotó, fueron otros medios de convicción los que sirvieron de soporte a esa corporación judicial para tener por satisfecho el elemento referido.
5.3. Porque si bien es cierto que el predio de propiedad de los demandantes no fue embargado, al punto que Wbeimar Augusto Jiménez celebró con la Fiduciaria Central S.A. un contrato de fiducia, el que aparece inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria del fundo, ello resulta intrascendente en la medida en que los perjuicios deprecados por los promotores derivan de la diligencia de secuestro que recayó sobre ese inmueble, que impidió el desarrollo de las actividades de construcción y generó un ambiente de desconfianza sobre el proyecto en los potenciales compradores, pero no en razón de un embargo.
En consecuencia, tal inobservancia del tribunal no implica que haya pretermitido un medio de prueba, como es el certificado de tradición y libertad correspondiente a ese bien raíz, sino que, para efectos de resolver la pretensión y las defensas planteadas en el litigio, tal instrumento era impertinente por no incidir en la materia objeto de decisión.
5.4. Porque el documento denominado “cesión de derechos y compromiso” del 8 de mayo de 2008, celebrado entre Inversiones Prospectivas IP y la Compañía Suramericana de Seguros S.A., no fue anexado al expediente dentro de las oportunidades previstas en el ordenamiento procesal, toda vez que aun cuando Coogranada solicitó al ad quem su incorporación, tal petición fue negada con auto de 24 de mayo de 2012 (folios 96 a 98, cuaderno 12).
Traduce lo anterior que el ataque en casación a la decisión del funcionario de conocimiento, endilgándole la vulneración de la ley sustancial por vía indirecta debido a error de hecho, porque pretermitió la valoración de un medio de convicción, sólo es viable respecto aquellos elementos de convicción que tempestivamente son solicitados, decretados, practicados y agregados, si a esto hubiere lugar.
Por ende, si un documento no fue anexado al legajo por haber sido inoportuna su incorporación, no puede afirmarse que el tribunal omitió valorarlo, tal cual lo planteó la recurrente.
Sobre este tema la Corte tiene puntualizado:
El artículo 174 del Código de Procedimiento Civil advierte que “[t]oda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”, lo que complementa el 183 ibídem al exigir que, para su apreciación, éstas “deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código”.
Por tal razón, no es suficiente con que un medio de convicción obre en el expediente para que tenga peso en la decisión, sino que su arribo al mismo debe ser idóneo y en los eventos en que la ley adjetiva expresamente lo autoriza, pues, si llega de forma abrupta o por fuera de tiempo, ni siquiera amerita un pronunciamiento del sentenciador, tal como lo estimó la Corte en SC de 30 de septiembre de 2004, Rad. 7762, al precisar que
(…) el sentenciador no podía ponderar la aludida prueba documental (…), habida cuenta que no fue solicitada ni incorporada al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para tal fin en el estatuto procesal, falencia que a voces del artículo 183 de dicha obra impide darle mérito, dado que la prueba, como todo acto procesal, debe estar revestida de las formalidades señaladas en la citada norma, las que lejos de ser una limitación al derecho de probar, son una precisa garantía para las partes y un requisito para que se hagan efectivos los principios fundamentales de publicidad, contradicción e igualdad de oportunidades. (CSJ SC17117 de 15 dic. 2014, Rad. 2000-08519-02).
5.5. En suma, no ocurrió la suposición de pruebas endilgadas al fallador de última instancia en el tercer cargo de la demanda de casación, lo que impone la desestimación de ese reproche.
6. El embate final de la demandada también naufraga por el mismo motivo aducido en el cargo precedente, esto es, porque no ocurrió el yerro alegado.
Tal conclusión deriva de que en ese embate se aseveró que el fallo de segunda instancia pretermitió la copia auténtica del juicio ejecutivo iniciado por Coogranada, probanza con la que demostró que esa Cooperativa actuó prevalida de unos títulos valores y que se dictó sentencia desestimatoria porque esos instrumentos fueron indebidamente diligenciados.
No obstante, como ya la Corte lo consideró al desatar los cargos segundo y tercero de la demanda, motivaciones que se dan por reproducidas en esta ocasión en gracia de brevedad, el tribunal ad quem sí valoró la copia auténtica del juicio ejecutivo mixto iniciado por Coogranada contra Inversiones Ossa Zuluaga S. en C., Bibiana Edith Ossa Aristizábal, Gildardo de Jesús y Humberto de Jesús Ossa Zuluaga, allegada como prueba trasladada.
Aun cuando ese despacho judicial no centró la mirada en los pagarés que sirvieron de soporte a ese pleito coactivo ni en la sentencia allí proferida, sí estimó dicho litigio de manera global, lo que denota que no existió un olvido, como lo alega el recurrente.
Cuestión distinta es que con base en esa prueba no haya declarado probada la oposición planteada por la demandada, habida cuenta que para efectos de determinar la responsabilidad civil solicitada era intrascendente escudriñar el título ejecutivo que soportó el trámite coactivo y la determinación adoptada de cara al mismo.
Ahora, si la crítica pretendía cuestionar la desestimación de la oposición que planteó en el presente juicio, por considerarse que debió ser hallada próspera, otro camino era el adecuado para atacar la decisión del tribunal ad quem, no la senda indirecta atribuyéndole error de hecho a ese estrado judicial, pues como reiteradamente lo ha expuesto la Corte, esta equivocación sólo se origina cuando el fallador se equivoca al apreciar materialmente los medios de convicción, ya sea porque supone el que no existe, pretermite el que sí está o tergiversa el que acertadamente encontró, modalidad ésta que equivale a imaginar u omitir parcialmente el elemento probatorio porque la distorsión que comete el juzgador implica agregarle algo de lo que carece o quitarle lo que sí expresa, alterando su contenido de forma significativa.
Así lo ha explicado la Sala al señalar:
Los errores de hecho probatorios se relacionan con la constatación material de los medios de convicción en el expediente o con la fijación de su contenido objetivo. Se configuran, en palabras de la Corte, ‘(…) a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad sí existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que sí existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento (...)’ (CSJ, SC9680 24 jul. 2015, Rad. 2004-00469-01).
Total, no ocurrió la pretermisión probatoria alegada en el cuarto cargo de la demanda de casación, habida cuenta que, como ya tuvo oportunidad de exponerlo la Sala en esta decisión, el funcionario de conocimiento de última instancia sí estimó la prueba referida en tal reproche.
Por lo anotado el cargo no prospera.
7. Ante la improsperidad del recurso de casación se impone condenar en costas a la impugnante, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, las cuales deberá liquidar la secretaría, incluyendo por concepto de agencias en derecho el valor que aquí se fijará, para lo que se tiene en cuenta que hubo réplica al libelo extraordinario.
Por mérito de lo expuesto, la Sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia dictada el 17 de julio de 2012, por la Sala civil-familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el proceso ordinario que promovieron Orlando de Jesús Gómez Botero, Wbeimar Augusto Jiménez Zuluaga, María Mercedes Jiménez Salazar y José Jairo Ramírez Duque contra Coogranada, en el que esta llamó en garantía a Bibiana Edith Ossa Aristizábal.
Se condena en costas del recurso de casación a la recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000).

References: Resolución 
 artículo 374
 artículo 368
 artículo 368
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 368
 resolución 
 resolución 
 artículo 174
 artículo 183
 artículo 375