Source: http://politicaderecho.blogspot.com/2009/08/
Timestamp: 2018-06-18 11:45:23+00:00

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POLITICA Y DERECHO: agosto 2009
Hace unos días, el Presidente Felipe Calderón criticó a los críticos y convocó a hablar bien de México. La resignación, la complicidad, el silencio y la impasividad de tantos explican por qué México ha sido tan mal gobernado
Y en los tiempos oscuros, ¿habrá canto? Sí. Habrá el canto sobre los tiempos oscuros. Bertolt Brecht Hace unos días, el Presidente Felipe Calderón criticó a los críticos y convocó a hablar bien de México: "Hablar bien de México, de las ventajas que México tiene ... es la manera de construir, precisamente, el futuro del País". Y de allí, siguiendo su propio exhorto, pasó a congratularse porque la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes aquí es más baja que en Colombia, Brasil, El Salvador o Nueva Orleáns. Las ventajas de México quedarán claras cuando decidamos hablar bien del País, concluyó. Escribo ahora para pedirte, lector o lectora, que hagas exactamente lo contrario a lo que el Presidente exige. Escribo ahora para recordarte que el estoicismo, la resignación, la complicidad, el silencio, y la impasibilidad de tantos explican por qué un País tan majestuoso como México ha sido tan mal gobernado. Es la tarea del ciudadano, como lo apuntaba Gunther Grass, vivir con la boca abierta. Hablar bien de los ríos claros y transparentes, pero hablar mal de los políticos opacos y tramposos; hablar bien de los árboles erguidos y frondosos pero hablar mal de las instituciones torcidas e corrompidas; hablar bien del País pero hablar mal de quienes se lo han embolsado. El oficio de ser un buen ciudadano parte del compromiso de llamar a las cosas por su nombre. De descubrir la verdad aunque haya tantos empeñados en esconderla. De decirle a los corruptos que lo han sido; de decirle a los abusivos que deberían dejar de serlo; de decirle a quienes han expoliado al país que no tienen derecho a seguir haciéndolo; de mirar a México con la honestidad que necesita; de mostrar que somos mejor que nuestra clase política y no tenemos el Gobierno que merecemos. De vivir anclado en la indignación permanente: criticando, proponiendo, sacudiendo. De alzar la vara de medición. De convertirte en autor de un lenguaje que intenta decirle la verdad al poder. Porque hay pocas cosas peores, como lo advertía Martin Luther King, que el apabullante silencio de la gente buena. Ser ciudadano requiere entender que la obligación intelectual mayor es rendirle tributo a tu País a través de la crítica. Ahora bien, ser un buen ciudadano en México no es una tarea fácil. Implica tolerar los vituperios de quienes te exigen que te pases el alto, cuando insistes en pararte allí. Implica resistir las burlas de quienes te rodean cuando admites que pagas impuestos, porque lo consideras una obligación moral. Lleva con frecuencia a la sensación de desesperación ante el poder omnipresente de los medios, la gerontocracia sindical, los empresarios resistentes al cambio, los empecinados en proteger sus privilegios. Aun así me parece que hay un gran valor en el espíritu de oposición permanente y constructiva versus el acomodamiento fácil. Hay algo intelectual y moralmente poderoso en disentir del statu quo y encabezar la lucha por la representación de quienes no tienen voz en su propio País. Como apunta el escritor J.M. Coetzee, cuando algunos hombres sufren injustamente, es el destino de quienes son testigos de su sufrimiento, padecer la humillación de presenciarlo. Por ello se vuelve imperativo criticar la corrupción, defender a los débiles, retar a la autoridad imperfecta u opresiva. Por ello se vuelve fundamental seguir denunciando las casas de Arturo Montiel y los pasaportes falsos de Raúl Salinas de Gortari y las mentiras de Mario Marín y los abusos de Carlos Romero Deschamps y el escandaloso Partido Verde y los niños muertos de la Guardería ABC y los 5 millones de pobres más. No se trata de desempeñar el papel de quejumbroso y plañidero o erigirse en la Cassandra que nadie quiere oír. No se trata de llevar a cabo una crítica rutinaria, monocromática, predecible. Más bien un buen ciudadano busca mantener vivas las aspiraciones eternas de verdad y justicia en un sistema político que se burla de ellas. Sabe que el suyo debe ser un papel puntiagudo, punzante, cuestionador. Sabe que le corresponde hacer las preguntas difíciles, confrontar la ortodoxia, enfrentar el dogma. Sabe que debe asumirse como alguien cuya razón de ser es representar a las personas y a las causas que muchos preferirían ignorar. Sabe que todos los seres humanos tienen derecho a aspirar a ciertos estándares decentes de comportamiento de parte del Gobierno. Y sabe que la violación de esos estándares debe ser detectada y denunciada: hablando, escribiendo, participando, diagnosticando un problema o fundando una ONG para lidiar con él. Ser un buen ciudadano en México es una vocación que requiere compromiso y osadía. Es tener el valor de creer en algo profundamente y estar dispuesto a convencer a los demás sobre ello. Es retar de manera continua las medias verdades, la mediocridad, la corrección política, la mendacidad. Es resistir la cooptación. Es vivir produciendo pequeños shocks y terremotos y sacudidas. Vivir generando incomodidad. Vivir en alerta constante.Vivir sin bajar la guardia. Vivir alterando, milímetro tras milímetro, la percepción de la realidad para así cambiarla. Vivir, como lo sugería George Orwell, diciéndoles a los demás lo que no quieren oír. Quienes hacen suyo el oficio de disentir no están en busca del avance material, del avance personal o de una relación cercana con un diputado o un delegado o un presidente municipal o un Secretario de Estado o un Presidente. Viven en ese lugar habitado por quienes entienden que ningún poder es demasiado grande para ser criticado. El oficio de ser incómodo no trae consigo privilegios ni reconocimiento, ni premios, ni honores. Uno se vuelve la persona que nadie sabe en realidad si debe ser invitado, o el colaborador de una revista a la cual le recortan la publicidad. Pero el ciudadano crítico debe poseer una gran capacidad para resistir las imágenes convencionales, las narrativas oficiales, las justificaciones circuladas por televisoras poderosas o presidentes porristas. La tarea que le toca, te toca, precisamente es la de desenmascarar versiones alternativas y desenterrar lo olvidado. No es una tarea fácil porque implica estar parado siempre del lado de los que no tienen quién los represente, escribe Edward Said. Y no por idealismo romántico, sino por el compromiso con formar parte del equipo de rescate de un país secuestrado por gobernadores venales y líderes sindicales corruptos y monopolistas rapaces. Aunque la voz del crítico es solitaria, adquiere resonancia en la medida en la que es capaz de articular la realidad de un movimiento o las aspiraciones de un grupo. Es una voz que nos recuerda aquello que está escrito en la tumba de Sigmund Freud en Viena: "La voz de la razón es pequeña pero muy persistente". Vivir así tiene una extraordinaria ventaja: la libertad. El enorme placer de pensar por uno mismo. Eso que te lleva a ver las cosas no simplemente como son, sino por qué llegaron a ser de esa manera. Cuando asumes el pensamiento crítico, no percibes a la realidad como un hecho dado, inamovible, incambiable, sino como una situación contingente, resultado de decisiones humanas. La crisis del País se convierte en algo que es posible revertir, que es posible alterar mediante la acción decidida y el debate público intenso. La crítica se convierte en una forma de abastecer la esperanza en el País posible. Hablar mal de México se vuelve una forma de aspirar al País mejor. Esta es una posición vital extraordinariamente útil pero heterodoxa en un lugar que cambia pero muy lentamente debido la complicidad de sus habitantes y sus gobernantes. Porque hay tantos que parten de la premisa: "Así es México". Tantos que parten de la inevitabilidad. Tantos que parten de la conformidad. Ya lo decía Octavio Paz: "Y si no somos todos estoicos e impasibles, como Juárez y Cuauhtémoc, al menos procuramos ser resignados, pacientes y sufridos. La resignación es una de nuestras virtudes populares. Más que el brillo de nuestras victorias nos conmueve nuestra entereza ante la adversidad". Allí está nuestro conformismo con la corrupción cuando es compartida. Nuestra propensión a compararnos hacia abajo y congratularnos, como lo hace Felipe Calderón, porque por lo menos México no es tan violento como la ciudad de Nueva Orleáns. Ante esa propensión al conformismo te invito a hablar mal de México. A formar parte de los ciudadanos que se rehúsan a aceptar la lógica compartida del "por lo menos". A los que ejercen a cabalidad el oficio de la ciudadanía crítica. A los que alzan un espejo para que un País pueda verse a sí mismo tal y como es. A los que dicen "no". A los que resisten el uso arbitrario de la autoridad. A los que asumen el reto de la inteligencia libre. A los que piensan diferente. A los que declaran que el emperador está desnudo. A los que se involucran en causas y en temas y en movimientos más grandes que sí mismos. A los que en tiempos de grandes disyuntivas éticas no permanecen neutrales. A los que se niegan a ser espectadores de la injusticia o la estupidez. A los que critican a México porque están cansados de aquello que Carlos Pellicer llamó "el esplendor ausente". A los que cantan en la oscuridad porque es la única forma de iluminarla.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 14:38 No hay comentarios:
PAUPERIZACIÓN UNIVERSITARIA
En estos días en los que se dice que la crisis cede o que la crisis crece –y uno piensa que lo segundo es lo cierto– se plantean como soluciones, entre otras, la disminución de los presupuestos universitarios. No parece la mejor noticia, porque olvida que muchas de nuestras pobrezas son la consecuencia necesaria de la falta de formación de nuestra gente, disminuida por lamentables retrocesos en la educación primaria y hoy amenazada por el cierre de las puertas de las universidades públicas a quienes no tienen capacidad para cubrir los costos muy elevados de las instituciones privadas.
Corresponderá a la Cámara de Diputados la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución, y no deja de preocupar que sus problemas mayores sean de otra índole y, ante la falta de recursos del Estado, en lugar de crear nuevos impuestos prefiera disminuir el gasto en educación.
Ya el doctor José Narro Robles, rector de la UNAM, ha puesto de manifiesto la absoluta necesidad de, por lo menos, mantener el presupuesto vigente. La alternativa, de no hacerlo así, será el incremento desmedido de los desocupados en nuestro país y, dado su nivel, no es difícil que se provoquen conflictos que por ser universitarios –o preuniversitarios, para ser más preciso– generen ejemplos que podrán seguir, con justa razón, quienes hoy son parte importante de los desocupados.
Los datos que nos dan a conocer, a veces el Inegi de por medio, acerca del aumento del nivel de pobreza son no sólo preocupantes sino angustiosos. No es casual que coincidan con el aumento de la delincuencia, lo que a su vez genera un mayor gasto para las fuerzas armadas y las policías e inhibe a las inversiones mexicanas o extranjeras en nuestro país.
Recordemos el intento de aumentar las miserables cuotas que se pagan a la UNAM, lo que condujo a la lamentable renuncia del rector Francisco Barnés de Castro con motivo de la huelga de extrema duración realizada por los estudiantes. En mi concepto, sin razón alguna, ya que el aumento propuesto estaba totalmente al alcance del presupuesto familiar. Pero las posibilidades de expresar violentamente una inconformidad no fueron desaprovechadas.
Lo negativo de aquella huelga, que causó daños extraordinarios a la UNAM, fundamentalmente por no poder aumentar su presupuesto con cargo a las cuotas, se compensó con el nombramiento como rector del doctor Juan Ramón de la Fuente, quien durante su actuación terminó con la huelga y logró mejorar el nivel de la Universidad Nacional, demostrando cualidades políticas notables, congruentes con su previa actuación como secretario de Salud.
En la UNAM la falta de recursos se compensa con la aceptación tácita de su personal académico de recibir remuneraciones económicas que están muy lejos de generar plena satisfacción. La oportunidad de formar parte del profesorado o del cuadro de investigadores de la universidad constituye un premio que compensa de sobra la falta de valoración adecuada en términos económicos de los académicos. Lo digo con pleno conocimiento personal de ese hecho indiscutible.
No puede dejar de mencionarse que las organizaciones sindicales, particularmente el STUNAM, han hecho honor a sus responsabilidades al mantener sus contratos colectivos en niveles compatibles con la condición económica de la UNAM. La noche del martes pasado escuhé precisamente al doctor De la Fuente afirmarlo categóricamente en una entrevista por televisión. Y yo diría, aunque no venga al caso, que en esa entrevista el doctor De la Fuente puso de manifiesto cualidades que habrá que tomar en cuenta cuando, en el momento político oportuno, se tenga que decidir, en primer lugar, sobre las candidaturas a la Presidencia de la República y, enseguida, por la elección.
Aunque el doctor De la Fuente no ha dado señales, por ahora, de su intención de participar en una candidatura, no dudo que puede ser el hombre adecuado. Ya los partidos políticos tendrán que considerar esa posibilidad.
Volviendo al tema principal, la Cámara de Diputados tendrá que hacer un esfuerzo político por resolver el problema de los subsidios a las universidades. No me refiero sólo a la UNAM, por supuesto. Quizá la solución, siempre lamentable desde cualquier punto de vista, tenga que consistir en el incremento fiscal. A esa conclusión se podría llegar jugando a una especie de compensación que evitaría los males en contra de la seguridad y la pobreza que se plantean más arriba.
LA FORMA EN EL FONDO: ¿ADIOS A LA POLÍTICA?
El formato inicial anunciado para el tercer Informe de gobierno del presidente Calderón anunciaba la crónica de una estrategia de ruptura dirigida a agudizar la propiciada por el panismo en 2005 y convertida en imposición y fractura nacional en 2006 por la coalición que pretende gobernarnos. No sólo se reiteraba la renuncia al tradicional pero indispensable cara a cara en el Congreso, anulando cualquier posibilidad de retomar pronto el diálogo republicano, sino se buscaba poner a los legisladores contra la pared al invitarlos a un discurso presidencial en Palacio Nacional, antes de que el informe ordenado por la Constitución se entregase a la Cámara de Diputados. Como si se tratara de un diálogo en el más allá con Reyes Heroles, el gobierno le asestaba al estratega del reformismo político un rotundo revire: la forma al pozo y el PAN al gozo.
Ya dirán los constitucionalistas si este extraño soliloquio presidencial es una violación más del orden constitucional, pero de lo que no debía caber duda, a pesar de la corrección de la ceremonia, es que el gobierno no teme hacer fintas con una confrontación sin salida y sin el menor cuidado por unas formas de la política cuyo cultivo es indispensable para la evolución democrática. La bravata como estrategia y la exigencia como forma de diálogo.
Mal augurio para lo que viene, en especial cuando las coordenadas de la política económica para el año entrante requieren tratamiento de shock, pero en sentido radicalmente distinto al que se volvió rutina tecnocrática en los años ochenta del siglo pasado.
El PRI puede seguir jugando a la matatena o el nintendo de los estadistas, pero el juego presidencial va por otro lado. No, desde luego, por el de una negociación seria que asuma la gravedad de la situación económica y social, sino por el de una imposición más que se espera aceitar en la cúpula con algunos priístas invitados a cenar y, a los postres, a pontificar sobre los hoyos hacendarios que, de mantenerse como el foco de la acción pública, pueden llevar a un auténtico hoyo negro del que nadie puede saber de antemano cómo se saldrá.
A juzgar por el tono de la tormenta de espot desatada, las altas calificaciones asignadas a Calderón y los fervorines envalentonados de algunos prohombres del lobby empresarial, lo que se quiere implantar de una vez es un ajuste draconiano contra el ingreso y el consumo, que afectaría gravemente a una población ya dañada de manera considerable por la desocupación y la caída generalizada del ingreso. Pero esta vez, al parecer, sin al menos buscar vertientes de entendimiento político que pudieran hacer las veces de amortiguadores, aunque fuere simbólicos, para una circunstancia social muy deteriorada.
De acuerdo con el Banco Mundial, la crisis habría incrementado el número de pobres en América Latina en más de ocho millones, tocando a México la distinción de explicar más de la mitad de esa cifra afrentosa. Aún antes de que el receso irrumpiera, el desempeño de la economía iba a la zaga de prácticamente todos los países de la región y el producto por persona era de apenas el 16 por ciento del de Estados Unidos, proporción similar a la registrada hace cincuenta años.
El sentimiento general de desazón, desaliento y pérdida de expectativas, reportado por encuestas menos festivas, refleja las caídas laborales, de ingreso y consumo que afectan a toda la población, pero ahora sobre todo a los más beneficiados por el cambio neoliberal. Es probable que también recoja la constatación de que la desigualdad, la herida que marca nuestra historia, no se ha corregido sino agudizado en los años recientes.
El gobierno puede creer que lo anterior es secular o heredado, y sus corifeos volver a la carga con aquello de los setenta años perdidos del priísmo. Pero lo que no puede hacer es soslayar el cuadro económico y social y apelar a la paciencia o la valentía del pueblo para aferrarse a una política económica y social disparatada y ahora contraria a todo intento sensato de buscar algún entendimiento nacional para encarar el peligro inminente de estallidos sociales de diverso pero letal significado.
La renuncia a los protocolos de la política formal no es el camino para asumir responsable y racionalmente la necesidad de una plataforma de emergencia que abra la puerta a una política constitucional, de grandes reformas, como la que México requiere. Es, más bien, una opción por el vacío, pero poblado de violencia y vocación autodestructiva.
LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
radicionalmente, en el derecho público la palabra auditar y derivados como audiencia y auditor tienen una larga historia. En España, desde hace siglos, tienen que ver con la impartición de justicia. Se trata de la actividad de los tribunales que escuchan quejas y resuelven conforme a derecho. Provienen del latín audire (audit), escuchar. En el derecho económico anglosajón y sus ramas significa el examen de la actividad contable de un ente público o privado y en señalamientos que indican si se cumplió con las reglas de operación o con la ley. En esta segunda acepción nosotros las hemos adoptado.
La cuenta pública es el registro que se hace de los gastos que efectúan las entidades públicas, federales o locales, de acuerdo con y siguiendo los lineamientos de los presupuestos de egresos que se aprueban en los poderes legislativos federal y locales. La auditoría, en estos casos, es un control que se lleva a cabo por un ente autorizado para ello por la Constitución y cuya misión, hasta ahora, es sólo la de comprobar si dichos lineamientos se han seguido o no. Si no se han seguido y, encima, se ha hecho mal uso de los dineros públicos, tal y como están las cosas hoy, no pasa nada porque las observaciones de ese ente no son coercitivas.
Ese ente se llama en la letra de la Constitución (artículos 74, fracciones II y VI, y 79), desde hace 10 años: Entidad de Fiscalización Superior de la Federación y en la ley reglamentaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se denomina simplemente Auditoría Superior de la Federación. En el artículo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en las 19 fracciones que lo integran, se da el sentido de varios conceptos y, en la primera de esas fracciones, se define a la Auditoría Superior de la Federación como “la entidad de fiscalización superior de la Federación a que hacen referencia los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. No es mucho, pero es lo que dice.
El hecho es que ese órgano no tiene otra misión que la de dar a conocer el examen que realiza sobre la cuenta pública de todos los órganos integrantes de la administración pública federal, local y municipal. De su examen no se deriva ninguna responsabilidad para los órganos infractores de las normas del gasto público y sus señalamientos no obligan a nadie, no son vinculantes, como se dice en la jerga legal. El gobierno de Zedillo consideró que ya era hora de que, según los reclamos de la ciudadanía, existiera un ente que se encargara de informar del modo en el que desde el gobierno se hace uso de los dineros del pueblo. Pero se guardó muy bien de que ese examen diera lugar a sanciones o correcciones de ningún tipo.
Estábamos en las postrimerías del régimen priísta, por lo que nunca pudimos saber nada de lo que sus funcionarios hicieron en el pasado. Luego supimos, por lo menos, lo que los nuevos gobernantes panistas estuvieron haciendo. A cada informe de la ASF nos escandalizábamos más y más por las tropelías que acumulaban y, junto con ellos, los remanentes priístas y algunos otros en los estados de la República. Durante estos 10 años se ha señalado de todas partes el hecho de que ya no nos basta con conocer las irregularidades en el ejercicio del gasto.
La ASF es un anómalo órgano dependiente de una de las comisiones de la Cámara de Diputados, la de Vigilancia, y carece de autonomía administrativa. Hace unos días se llevó a cabo un seminario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el cual surgió muy claro el clamor de que un órgano que adquiría rango constitucional (ahora se le dedica todo un artículo de la Carta Magna, el 79, antes dedicado todo a la Comisión Permanente del Congreso, y dos fracciones del 74) no tenga en los hechos esa alcurnia, sino que sea una simple oficina de revisión de cuentas sin efectos legales de ninguna especie.
Aparte de que ahora podemos saber cómo se gasta el dinero público, eso que en la política actual se ha planteado como una característica definitoria de un gobierno democrático y que es la rendición de cuentas de todas las instituciones estatales, ahora es un concepto constitucional, pero, paradójicamente, sin efecto alguno institucional. Podemos saber que los funcionarios públicos y los políticos se roban el dinero del pueblo, pero no tenemos a la mano ningún medio que llame a responsabilidades y sean castigados los ladrones. El auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, ha hecho un magnífico trabajo y, también, denuncias puntuales del mal gasto que nos horrorizan, pero no podemos hacer nada.
César Nava, ese pequeño merolico y fajador como su antecesor en la presidencia del PAN, igual que su pequeño jefe, se lanzó contra él alegando que no garantizaba honorabilidad ni confianza. El auditor lo desenmascaró y lo puso en su lugar. Sólo respira por la herida, pues, en su turno, le hizo notar sus tropelías cuando fue funcionario de la Secretaría de Energía, con Calderón, y sabemos más de lo que hizo en otros órganos públicos en los que ha calentado la silla. Los panistas en el gobierno no quieren que González de Aragón repita en su importante cargo y harán todo lo posible para que eso no suceda.
Aquí el punto, sin embargo, no es el destino de González de Aragón, sino el de la misma Auditoría Superior de la Federación. Esta debe ser un órgano autónomo en toda la extensión de la palabra. Debe ser nombrada por la Cámara de Diputados, que es el órgano encargado de controlar la política económica del gobierno, pero debe ser autónoma. Debe contar con un estatuto propio, con los medios suficientes (presupuesto) para desarrollar sus funciones. Debe tener la máxima autoridad para obtener información de todos los órganos del Estado a todos los niveles, aun sobre las alcahueterías del IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información).Y, ante todo, sus observaciones deben ser vinculatorias, vale decir, que deben dar lugar a sanciones.
El auditor superior de la Federación nos está informando continuamente de copiosas irregularidades sobre las que, al parecer, no es posible poner remedio. Los últimos dos botones de muestra: uno, en el último año de gobierno de Fox y el primero de Calderón desaparecieron 37 mil millones de pesos provenientes de préstamos del extranjero y otros recursos disponibles; otro, en el ejercicio fiscal de 2007 se desviaron como dádivas a los sindicatos, mediante un fideicomiso que está en vías de desaparecer, 30 mil 879 millones de pesos. Y no pasa nada.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 10:29 No hay comentarios:
EL INFORME DE FELIPE CALDERÓN
Calderón y su gobierno han dudado en las modalidades en las que se pretende dar un mensaje a la nación, al que equivocadamente le llaman informe, Con esa actitud están mostrando su debilidad frente al PRI y respecto a las fuerzas políticas de izquierda y, además evidencian la manera hipócrita, el doble rasero de su discurso, en torno al respeto a la legalidad, la Constitución, y el Estado de Derecho.
Si Calderón desea rendir cuentas ante el Congreso de la Unión y frente a la sociedad, tiene que presentar su informe ante el Congreso de la Unión, tal como lo ordena el artículo 69 de la Constitución. Si Calderón presenta un “informe” ante el club de sus amigos, de los poderes fácticos y los legisladores de su partido, estará vulnerando el precepto constitucional ya mencionado. Sería palpable la escasa consideración que tiene por el orden constitucional, las instituciones y el Estado de Derecho.
¿Por qué el informe se debe presentar ante el Congreso de la Unión? Además de ordenarlo una norma de la Constitución, las razones constitucionales tienen que ver, con: el respeto hacia los representantes de la nación que son los que revisan la información y hacen el análisis sobre la situación que guarda la administración pública del país según el juicio del ejecutivo; las facultades de control del Congreso al ejecutivo, que son tan importantes como las legislativas, y la observancia del principio de división de poderes que indica, entre otras cosas, la igualdad jerárquica entre poderes públicos.
Calderón no tiene facultades constitucionales para invitar a su mensaje o “informe” a sus amigos. Es el Congreso el que debe recibirlo para analizarlo y exigirle cuentas, pues así lo indican los principios constitucionales. La obligación del informe presidencial es uno de los instrumentos constitucionales y legales con que cuenta el Congreso de la Unión para fiscalizar y supervisar constitucionalmente al ejecutivo y, por esa razón el titular del ejecutivo, aunque sea de facto, no lo puede presentar sólo ante sus apoyadores.
Si Calderón presenta el “informe” como quiere hacerlo, viola la majestad del Congreso de la Unión y la división de poderes prevista en el artículo 49 de la Constitución. Los legisladores federales y el pueblo de México no nos merecemos esa falta de respeto constitucional. Sin embargo, Calderón suele transgredir la Constitución. En él, la no vigencia de la Carta Magna, no es una novedad.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 10:01 No hay comentarios:
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 9:46 No hay comentarios:
En los tiempos más crudos del autoritarismo presidencial, el Poder Legislativo era una institución borrosa, inerte, sujeta a las decisiones del Ejecutivo que eran aprobadas sin chistar –pues éste participaba activamente en la integración de las cámaras al autorizar las candidaturas que el partido procesaba–, desdeñando las expresiones críticas del puñado de opositores que atenuaban levemente la homogeneidad priista. Tan sumisos eran los diputados y senadores, tan dispuestos a simplemente levantar la mano en las votaciones –no se utilizaba entonces el tablero electrónico– que se les describía de modo ofensivo como si fueran borregos. En consecuencia, su jefe era tenido como un pastor.Así se llamaba corrientemente al líder de la mayoría, que era al mismo tiempo cabeza de la Gran Comisión, órgano de gobierno de cada cámara. Aunque nunca a nadie le gustó ser tenido como simple integrante de un hato, de una manada, los pastores no experimentaban mayor molestia al ser tenidos como conductores de ella. En la medida en que ellos mismos estaban sujetos a la voluntad presidencial, parecían experimentar satisfacción en cumplir cabalmente su función de control estricto, de mando sin miramientos. Casi se les veía portar el cayado y orientar con ese instrumento a las ovejas al redil.Las cosas han cambiado en el modo de conducir los trabajos de las cámaras. Aunque rige, como es comprensible, una disciplina partidaria en las fracciones legislativas, no hay ya subordinación mecánica entre los legisladores y quienes los encabezan. Muchas razones explican que así sea, entre ellas que no hay en ningún partido una fuente exclusiva de las candidaturas y por lo tanto la relación de obediencia se ha diversificado. Por ejemplo, muchos diputados de los que ayer instalaron la LXI Legislatura responderán más directamente a los gobernadores que propiciaron su elección, que a los coordinadores, líderes o jefes que los encabezan.En las bancadas de mayor dimensión el gobierno de las fracciones es conferido por los propios legisladores. Eso ocurre en el PRI y el PRD, cuyos grupos eligen a los coordinadores, que de ese modo resultan primeros entre iguales. Aun en el PAN, donde el nombramiento respectivo es privilegio del jefe nacional del partido, difícilmente puede ser tomada una decisión de este género sin una consulta mínima, y menos se puede adoptar una resolución a contrapelo del sentir mayoritario.El tono de la legislatura que está comenzando será reflejo de la personalidad y los intereses de los líderes de las fracciones, que integran la Junta de coordinación política, uno de los dos órganos que rigen a la cámara –el otro es la mesa directiva, encargada de dirigir los debates– y del modo en que se relacionen entre sí. Aunque la materia legislativa se amasa con muchos ingredientes, el funcionamiento de la Junta es uno de los principales, y dado el talante de quienes la integran es dable esperar un productivo desempeño de sus responsabilidades colectivas.Si bien Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador priista, no ha tenido un largo trayecto legislativo, su actividad poliédrica le permitirá hacer realidad su anuncio de no avasallar a la oposición, ahora que su partido, en alianza con el Verde, ha recuperado la mayoría en el pleno y por ende el control de la cámara, incluidas las posiciones de decisión, como la presidencia de las comisiones más relevantes.Contador público formado en la Universidad Nacional, Rojas Gutiérrez se dedicó largo tiempo al ejercicio privado de su profesión en el despacho Casas Alatriste, que antaño era el predilecto del gobierno para la realización de sus auditorías. Por ese camino ingresó Rojas a la administración pública en que alcanzó sus responsabilidades mayores, vinculado a Miguel de la Madrid. Éste creó la Secretaría de la Contraloría (hoy de la Función pública) y la confió a Rojas Gutiérrez, a quien también designó director de Pemex, cargo en que su compañero de gabinete Carlos Salinas lo ratificó al llegar a Los Pinos. El perfil administrativista de Rojas Gutiérrez se enriqueció con experiencia política, como diputado en la LIX Legislatura. Se le atribuye obediencia al gobernador Enrique Peña Nieto y a través de él a Salinas de Gortari. Pero como director de la Fundación Colosio Rojas Gutiérrez dio señales de independencia al desarrollar foros sobre energéticos que consolidaron la posición formal de su partido, contraria a la privatización petrolera. Otro rasgo singular de su trayectoria es la proximidad que ha mantenido con la UNAM, como dirigente de exalumnos, como presidente del Patronato Universitario (la autoridad que maneja los recursos financieros de esa institución) y como presidente del patronato de la Orquesta Filarmónica de la propia Universidad.Josefina Vázquez Mota ha tenido una carrera pública mucho más breve, y apenas hay en ella un breve tramo de experiencia legislativa. Entró en la vida pública como diputada federal, a partir de su prestigio como consultora privada en materia económica. Apenas permaneció tres meses en la cámara, pues el presidente Fox la designó secretaria de Desarrollo Social. Con matices respecto de los sexenios anteriores, pero en la misma línea, aprovechó la estructura y los programas de esa dependencia para promover clientela política a favor de su partido. Eso explica que Fox la comisionara para coordinar la campaña de Felipe Calderón, que a su vez la designó secretaria de Educación Pública con la encomienda de sujetarse a los lineamientos que fijara Elba Ester Gordillo, siempre poderosa dirigente sindical y exigente cobradora de facturas políticas, como las que generó su eficaz apoyo al ascenso de Calderón. Despedida de esa secretaría y destinada a un lugar secundario en la bancada, el resultado electoral del 5 de julio transformó el panorama en su provecho y ahora buscará que el gobierno salga bien librado de la coyuntura legislativa adversa que padece, con decenas de diputados menos que en legislaturas anteriores.Alejandro Encinas tiene experiencia legislativa. Comunista desde su juventud, fue diputado al mismo tiempo que Luis Donaldo Colosio y su entendimiento con el que sería candidato presidencial del PRI, asesinado arteramente, muestra los alcances de sus capacidades de conciliación. Desde entonces acá su patrocinio político ha crecido por su eficaz desempeño como funcionario en diversas tareas de alto nivel en el gobierno capitalino y como acompañante y suplente de Andrés Manuel López Obrador tras su desafuero. Desde entonces ha observador el delicado equilibrio de ejercer sus propias convicciones sin chocar con López Obrador, habilidad que requerirá ejercer en grado sumo, pues no faltarán circunstancias críticas en que no pocos integrantes de su bancada, y él mismo, se aproximen a los diputados del PT y Convergencia más decididamente alineados con López Obrador.El coordinador del Partido Verde, Juan José Guerra Abud, es un delegado del gobernador Peña Nieto. Su nombramiento revela la diversidad de aspectos de la alianza entre ese partido mercenario, pertinaz infractor de la ley, y el PRI. Uno de esos aspectos vincula directamente al mexiquense con el negocio de los González Torres-Martínez, sin pasar por la mediación de la burocracia priista. Guerra Abud fue funcionario del gobierno mexiquense con el gobernador César Camacho y luego dirigió una agrupación empresarial hasta que el heredero del Grupo Atlacomulco lo comisionó para dirigir, en su nombre, el grupo parlamentario verde, del que, para completar el ensamble, forma parte la telebancada, el núcleo de diputados emparentados o subordinados con los intereses del duopolio.El Partido del Trabajo resolvió con prudencia un conflicto estructural que de no estallar pronto será un ejemplo de negociación política. La estrategia de López Obrador para fortalecer a partidos que lo apoyan dio un fructífero resultado con el PT. Bajo sus siglas fueron elegidos Porfirio Muñoz Ledo, su antiguo secretario particular y hoy activista irredento Gerardo Fernández Noroña, y el expriista jalisciense Enrique Ibarra, así como Jaime Cárdenas Gracia, antiguo consejero electoral, y Mario di Costanzo, responsable de asuntos financieros en el gabinete de López Obrador. De entre ellos debió surgir el coordinador, dada su fuerza en el seno del grupo. Pero ninguno es militante petista, como sí lo es el abogado Pedro Vázquez González, típico cuadro de ese partido en Monterrey, donde ha sido regidor y diputado local. En el ámbito nacional ha sido representante del PT ante el IFE, todo lo cual deriva de ser persona de todas las confianzas de Alberto Anaya.Si se considera que ganar y ejercer la rectoría de una universidad (sobre todo una de las dimensiones e importancia de la de Nuevo León) es una actividad política, entonces la experiencia de Reyes Tamez Guerra se extiende ya a más de una década. Y así ha de ser porque el doctor Reyes Tamez Guerra aprendió a hacerla, y en vez de intentar ser la contraparte gubernamental del SNTE eligió subordinarse a él o cuando más hacerse su aliado. Obtuvo de ello el fruto que lo puso a la cabeza de la fracción de Nueva Alianza, donde será mera correa transmisora de las instrucciones de la dirigente magisterial que lo introdujo a la política electoral.Pedro Jiménez León perseveró como priista tabasqueño hasta hace apenas siete años. Quizá esperaba que la influencia de Roberto Madrazo lo hiciera candidato a gobernador, pero cuando no fue así, en 2002 pasó a Convergencia, donde ha hecho una rápida carrera. A la par con la coordinación parlamentaria del grupo más breve (de apenas seis miembros), seguirá siendo secretario general del partido fundado por el exgobernador de Veracruz Dante Delgado.Diversos orígenes, diferentes modos de ser, distintos propósitos, tendrán que amalgamarse para que la LXI Legislatura no se agote en los desacuerdos.
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"Los hombres luchan entre sí por obedecer a un Dios y no a otro. Los dioses luchan entre sí por captar a los fieles. Sin embargo, tanto las luchas entre los hombres como las luchas entre los dioses se realizan por mano de los hombres... Lo más importante es que los dioses odian las situaciones ambiguas y exigen que los hombres declaren a cada instante y sin rodeos de parte de quién están... Introducen en este mundo deplorables elecciones de carácter disyuntivo, despojando la existencia humana de esa ambigüedad tan amena que es uno de los mayores encantos de la vida" (Leszek Kolakowski. La clave celeste. Melusina (sic). España. 2006. P. 132).Donde Kolakowski dice dioses yo agrego partidos, líderes, oráculos. Ellos tampoco soportan la ambigüedad y son virtuosos en la construcción de alternativas excluyentes; la más socorrida: "conmigo o contra mí". Dioses, partidos, propagandistas, tienen la necesidad de simplificar, de trazar con claridad los campos: fieles e infieles, buenos y malos, víctimas y victimarios. No aceptan los matices porque acaban con la claridad del "juego", lo complican, lo pueden hacer indescifrable, y los creyentes pueden confundirse; y entonces dejar de serlo. "Los dioses luchan entre sí por captar a los fieles"; por construir sociedades en la fe, corrientes de pensamiento (es un decir) alineadas y alienadas.Lo anterior viene al caso al observar la reacción de una franja significativa de la opinión pública o publicada luego de que la Corte ordenó la liberación de 20 presuntos inculpados por el abominable crimen de Acteal, donde fueron asesinadas 45 personas, incluyendo mujeres y niños.La Corte resolvió que esas personas no habían estado sujetas a un debido proceso; que no habían sido juzgadas con las garantías que (supuestamente) se desprenden de la ley. Que se habían fabricado pruebas en su contra, que existían flagrantes violaciones a sus derechos, que habían desaparecido evidencias, que no habían contado con traductores (muchos de los inculpados no hablan español o lo hablan de manera rudimentaria), que en una palabra la justicia había sido trucada. Y que por ello, luego de once años en prisión -¡once años de prisión!-, debían ser puestos en libertad.Si lo que deseamos es justicia y no venganza ciega, lo mínimo que se debe demandar es que cada uno de los presuntos responsables sea juzgado conforme a derecho. No se trata de volverse "quisquilloso", sino de subrayar que al horror siempre se puede sumar un nuevo horror. Así, a la masacre de Acteal no se debió añadir la persecución indiferenciada para presuntamente dejar satisfecha a una parte de la opinión pública o a los deudos de las víctimas.He leído reclamos contra la Clínica de Interés Público del CIDE, que se encargó de la defensa legal de los indígenas procesados, que resultan increíbles por impertinentes. Se les pregunta: "¿por qué defienden a esos indígenas y no a otros?"; derramando insidia se les cuestiona: "¿a quiénes protegen?" o "¿qué fines persiguen?". Por supuesto que esas preguntas tienen respuesta, e imagino las siguientes: a) porque queremos o porque todo tipo de injusticias merece ser combatido, b) a nadie, y c) que inocentes no sean tratados como culpables. Pero preocupan el maniqueísmo y la simplificación que aparecen tras los cuestionamientos.Las reacciones contra la resolución de la Corte no podrían explicarse sin el clima de polarización existente no sólo en la región donde se produjeron los criminales hechos, sino en el que prevalece más allá de esa zona. Pero es necesario, imprescindible, no mimetizarse con los dictados de los Dioses que nos llaman a optar en bloque. Al parecer, miembros de una misma comunidad participaron en la matanza y otros no. Y las culpas no pueden ser asignadas al conjunto. Cada individuo merece un proceso propio, y los ministerios públicos y los jueces no deben (porque, al parecer, sí pueden) sancionar en masa. La pregunta elemental que deberíamos hacernos es: ¿se pueden "aislar" los procesos penales contra un número determinado de inculpados del clima de polarización y revancha? Si ello no es posible, entonces la justicia tampoco.Por otro lado, las versiones que han querido explicar la resolución de la Corte como fruto de una conspiración, de un arreglo, de un mandato extra judicial, parecen incapaces de hacerse cargo de una de las grandes novedades de la vida política: que los poderes de la Federación no responden ya, como en el pasado, a la voluntad de un solo individuo, el presidente de la República, que era capaz de dictar y alinear al resto de los poderes constitucionales. En el marco de las nuevas relaciones institucionales, la resolución de la Corte puede y debe ser juzgada en sus méritos. Sobre todo porque las deliberaciones y los documentos son públicos y no es necesario andar "buscándole tres pies al gato".No debemos aclimatar entre nosotros la siniestra tesis de que es necesario castigar a los culpables... y a los inocentes también.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 19:03 No hay comentarios:
EL SINDICALISMO ZOMBI
En la crisis que vive la economía mexicana están presentes casi todos los elementos de una erosión profunda del bienestar: caída de la producción, del empleo y de las posibilidades de consumo, expansión de la pobreza y aumento de la desigualdad, carencia de redes de protección como el seguro de desempleo, contingencia en las finanzas públicas y un largo etcétera. Pero lo que no hay es una respuesta social medianamente organizada ante tanta calamidad y ante el despropósito del gobierno de recortar aún más los recursos que pueden llegar a la población y paliar el malestar. Esa falta de contestación organizada evidencia que, además de una crisis económica larvada desde hace años –merced de la caída de la inversión, los desincentivos al encadenamiento productivo y al mercado interno, abandono de las políticas de fomento y contracción de la actividad industrial, una política monetaria dedicada a contener los precios y no a promover el crecimiento, así como una política fiscal contractiva–, se suma una crisis profunda en la capacidad de acción de la sociedad y sus organizaciones.Lo anterior no quiere decir que el malestar causado por la crisis no vaya a tener respuesta, sino que esa respuesta puede darse de la peor manera: no a través de ciertas demandas organizadas para reordenar la agenda y la toma de decisiones públicas, sino de reacciones desordenadas de desesperación que conducirían no a fortalecer las capacidades colectivas para enfrentar la contingencia, sino a erosionar aún más el espacio común y el sentido de pertenencia social.Llama la atención, en particular, la falta de protagonismo de las organizaciones sindicales, quizá porque su existencia es más de membrete que real como articuladoras de los intereses de las amplias franjas de trabajadores. La economía mexicana es una de las que peores desempeños está teniendo en la crisis en el mundo, si no la que más. La caída del PIB en 2009 puede rozar los dos dígitos; ese tropiezo mayor ocurre tras años de estancamiento y no de auge; la crisis mexicana está teniendo repercusiones muy serias sobre el empleo formal, en donde podemos llegar a los tres millones de desocupados formales; la contracción productiva ocurre en una fase en donde la pobreza había dejado de disminuir y, por el contrario, en la que se habían generado cinco millones de pobres extremos entre 2006 y 2008. ¿Falta algo para determinar que estamos en una situación de emergencia? Pues a pesar de todo ello, los sindicatos ni se quejan ni articulan demandas ni se movilizan.A pesar del proceso democratizador de México, de la ampliación de espacios en los medios de comunicación para expresar disidencias con la política oficial, de las garantías crecientes para la organización y la libre expresión, hoy cada vez se escuchan menos voces organizadas. En el año de 1987, cuando se pusieron en marcha los primeros “Pactos de concertación económica” que castigaban al salario y legitimaban –es un decir– la política de ajuste estructural, hubo movilizaciones callejeras. Era la época del partido hegemónico y el hiperpresidencialismo, en la que se contaban con los dedos de la mano los medios de comunicación –casi todos ellos impresos– críticos al gobierno y, sin embargo, había expresiones públicas de denuncia, de disidencia. Algo se movía. Ahora no.Con el paso de los años se democratizó el sistema político y se abrieron canales institucionales de acceso a los gobiernos y a los puestos de representación. Se generaron contrapesos al Poder Ejecutivo y se activó la división de poderes. Pero lo que no conseguimos resolver fue el diseño vertical y autoritario para procesar los diferendos laborales y asegurar los derechos de los trabajadores. Es más, a la vista de lo que ocurre hoy, puede decirse que esos derechos en la práctica se han debilitado, al extremo de que, ante la andanada de recortes y afectaciones a la calidad de vida que implican las decisiones de la política económica, la respuesta es el silencio.¿Dónde están los sindicatos universitarios cuando se anuncia un recorte significativo al presupuesto para la educación superior? ¿Dónde está la UNT ahora que cunde el desempleo? ¿Qué tienen que decir las organizaciones de trabajadores del sector público ante el crecimiento del gasto corriente de los últimos tiempos, los subejercicios en inversión y los dispendios en salarios excesivos de los altos funcionarios o en compra de campañas publicitarias? Una de las herencias más lamentables y duraderas del sistema político postrevolucionario y autoritario fue la cancelación de un genuino sindicalismo. El que hoy existe sólo es funcional a los intereses cortoplacistas de un gobierno incapaz siquiera de entender la dimensión de la crisis y de unas élites insensibles al deterioro social. De ahí que las pseudoorganizaciones de trabajadores al servicio del régimen priista hayan sido adoptadas ipso facto por los gobiernes del PAN, dedicadas a administrar la decadencia y a proteger los intereses creados y el statu quo de una sociedad desigual e injusta.Que no haya movilización social, insurgencia sindical, protestas abiertas y masivas contra la política del gobierno no es un síntoma de que las cosas estén bien y en calma. Ni siquiera es sólo una mala noticia para un izquierdista nostálgico. Al contrario, es la expresión de una calma chicha, de una sociedad en una profunda crisis que no es sostenible en el tiempo.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 19:00 No hay comentarios:
En México ejercer el periodismo es peligroso. Muy peligroso. La CNDH acaba de emitir una recomendación general en la que se documentan con gran detalle y acuciosidad las violaciones a la integridad física y a la vida de periodistas mexicanos en los últimos años. El problema es tan grave que en la propia comisión existe un área que se dedica específicamente al tema de los agravios a periodistas. En dicha área se han abierto 487 expedientes en los últimos nueve años, es decir, 54 al año.
En ese mismo periodo se ha documentado la muerte de 50 periodistas o trabajadores de medios de comunicación, los cuales fueron asesinados —presuntamente— por razón de su trabajo. Entre 2000 y 2009 se registró la desaparición de siete periodistas, así como seis atentados con explosivos contra instalaciones de periódicos. Las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo son Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
Por si lo anterior fuera poco, hay que considerar la alta tasa de impunidad que prevalece en esos casos, debido sobre todo a la falta de pericia de los órganos encargados de realizar la investigación correspondiente. Solamente en 27% de los casos las procuradurías competentes fueron capaces de consignar las averiguaciones previas ante un juez, pero solamente en 12% se obtuvieron sentencias condenatorias. De hecho, incluso esas cifras tan pobres deben ser tomadas con cierta precaución, pues con toda seguridad muchos delitos cometidos contra periodistas nunca llegan a ser denunciados.
La CNDH ha detectado que al integrar las averiguaciones previas las procuradurías dejan pasar largos periodos sin hacer ningún tipo de actuación. Hay expedientes que permanecen inactivos por más de un año.
Las procuradurías son incapaces de recabar testimonios, desahogar peritajes, agotar líneas de investigación, etcétera. La PGR no ha ofrecido resultados mucho mejores que los que se observan en las instancias estatales; si bien es cierto que fue creada una fiscalía especial en el tema, sus resultados han sido deplorables: entre febrero de 2006 (cuando se crea la fiscalía) y noviembre de 2008 solamente fue capaz de consignar ante un juez tres expedientes, es decir, tiene un promedio de una consignación al año.
No es algo que sea excepcional en el ámbito de la procuración de justicia. De hecho, la regla general es que nunca se pueda dar con los culpables de los delitos porque no hay una investigación científica y seria por parte de las autoridades competentes. Basta ver el clamoroso ejemplo de las más de 6 mil ejecuciones acontecidas durante 2008: ¿en cuántos casos se pudo ubicar al culpable, detenerlo y sentenciarlo? Aun cuando se trata del gravísimo delito de homicidio la impunidad parece ser la regla general.
Sin embargo, el caso de los agravios contra periodistas es en alguna medida diferente al resto, ya que lo que se intenta en esos casos es acallar su voz, ya sea por parte de personas que trabajan en agencias gubernamentales o por parte de la criminalidad organizada. Y eso es muy grave no solamente para los periodistas, sino para la sociedad en su conjunto. Es una forma de cercenar nuestro derecho a estar informados y a quitarnos la libertad de expresión.
Las amenazas a periodistas o su eliminación física nos pone a todos en peligro, pues es probable que de esa forma se oculten muchos otros delitos o simplemente se excluyan temas importantes de la discusión nacional. A lo mejor dentro de poco tiempo ya no se podrá informar sobre actividades relacionadas con el crimen organizado o sobre delitos cometidos por funcionarios públicos poderosos.
Por eso es que hay que exigir a las autoridades que atiendan la recomendación general de la CNDH: porque si callan a nuestros periodistas nos estarán callando a todos. Y eso, en una democracia, no se vale.
La matanza de Acteal fue un crimen espantoso que no debe quedar sin castigo. El fallo de la Suprema Corte de Justicia, como ya lo dije en artículo precedente, se redujo a cuestiones de simple forma, de insuficiencia e invalidez de pruebas; pero no se ha indagado a fondo en el área de los verdaderos responsables. El diputado electo al Congreso de la Unión Emilio Chuayffet, y que en la época del crimen era Secretario de Gobernación, dijo hace unos días lo siguiente: "No podemos quedarnos satisfechos con lo que tenemos hasta hoy. Acteal debe ser materia de una investigación en la que todos, sin excepción, produzcamos nuestras declaraciones sobre los hechos". Lo anterior es a mi juicio muy importante porque proviene de un hombre que en 1977, cuando la tragedia a que me refiero, tenía un amplio conocimiento e información de los sucesos en el país. Así mismo el fallo de la Corte no impide que se investigue en la especie. Ahora bien, Chuayffet se ha referido a "todos, sin excepción". ¿Y quiénes son "todos"? En un delito de esa magnitud las llamadas líneas de investigación son múltiples, y hay ciertos personajes cuya representación en la vida pública los vuelve imprescindibles en una indagatoria. En tal sentido el Ministerio Público tiene amplias facultades para citarlos. Lo que pasa es que en México carecemos de un auténtica "cultura ciudadana". En otros países el ser convocado por la autoridad correspondiente no se toma, ni con mucho, como posible indicio de responsabilidad. Al contrario, es una prueba manifiesta de colaboración con la autoridad en algo que compete a todo ciudadano, pues el interés común obliga a preocuparse y ocuparse en saber la verdad. Pero aquí somos muy susceptibles, muy quisquillosos, tal vez por el mal uso que con frecuencia se le da a los quehaceres y labores de la justicia, incluida su procuración. O sea, citar a personas de alto relieve trae la consecuencia inmediata de un manejo político de ello. Sin embargo yo me pregunto si no seria saludable, positivo, conveniente, que a propósito de la sugerencia de un diputado electo de la importancia de Emilio Chuayffet comparecieran también ante la autoridad, en calidad de testigos directos o indirectos de los hechos, los que fueran en la época Presidente de la República y Procurador General de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León y Jorge Madrazo Cuéllar, respectivamente ¿Menudo escándalo? ¿Por qué? ¿No ha llegado acaso el momento, habida cuenta de las condiciones por las que atraviesa el país, de imponer nuevos criterios que superen y corrijan prácticas, usos y costumbres que tanto daño nos hicieron? Lo evidente es que si la Corte ha declarado prefabricadas algunas pruebas, lo cual no quiere decir que no haya culpables, y si el Ministerio Público es el encargado constitucionalmente de "la investigación de los delitos", éste tiene amplias, amplísimas facultades para citar a los personajes a los que me he referido. ¿Es absurdo, ridículo, desde el punto de vista de la práctica, de la realidad? ¿Por qué? Sostengo que el sólo ejercicio impecable de aquellas facultades, al margen o aparte de sus resultados concretos, sería una señal de suma trascendencia. En efecto, la lucha por el Derecho en México es en ocasiones una verdadera batalla campal, una guerra sin tregua ni cuartel. Prevalece en los espacios propios de la impartición y procuración de justicia el criterio meramente formalista con abandono de la esencia; olvidando que las formas legales e incluso jurídicas son simples instrumentos al servicio de esa esencia. Es una desgracia de la que nunca nos podremos desprender con reformas y más reformas -poco técnicas, inconsistentes, demagógicas- que engordan los textos legales hasta el absurdo. Mala tendencia que quizás heredamos como reflejo de la insuficiente asimilación de nuestro mestizaje. No obstante hay que ir remediando el defecto. Sería sorprendente pero positivo que el Ministerio Público citara a los personajes en cuestión. Seguramente impugnarían la cita o le darían vueltas al asunto, en medio de una andanada de fuego verbal y por supuesto político. ¡Qué importa! Quedaría el antecedente y los antecedentes, quiérase que no, hacen historia.En suma, es inconcebible, indignante, que se cubra con el velo del silencio un hecho oprobioso y criminal. La prudencia, el miedo, la cobardía, se entremezclan para tapar el sol con un dedo; y la impunidad, igual que una hierba venenosa, aparece en el agua cenagosa de la ignominia. ¿En qué quedamos? ¿No somos todos iguales ante la ley? Las únicas excepciones que conoce el Derecho son de carácter procesal, valga decir circunstancial. ¿Por qué entonces tantos miramientos a los que se consideran personajes políticos? Nadie está satisfecho con las resoluciones judiciales en cuanto a Acteal.
Para Miguel Ángel Granados Chapa, el maestro.Dentro de las variables económicas que se han conocido en las últimas semanas, por demás catastróficas como la caída del PIB en casi 11 por ciento, el desplome en la actividad industrial, el boquete en las finanzas públicas o cualquier otro de los conocidos, tal vez lo que mejor define el alcance de la debacle y sus efectos en millones de personas en este país sea el índice de desempleo, dado a conocer esta semana, y los indicadores de pobreza. Nos acercan más al alcance y profundidad del abismo en el que México ha caído. Nos colocan en perspectiva sobre el alarmante riesgo en el terreno de lo social.El INEGI dio a conocer, hace poco, la encuesta bianual que nos revela que México es un país que tiene hoy mayor pobreza y desigualdad. Fueron medidos ahí los dos primeros años de este gobierno, es decir, sin contar la crisis por la que atravesamos. Cuando se mida éste y el próximo año, ya podremos imaginar lo que vendrá. Expertos en América Latina han dicho que la crisis es de tal magnitud que en muy poco tiempo se terminarán por perder los avances logrados, por lo menos en la última década, en el combate a la pobreza. Un verdadero desastre.El miércoles, el INEGI anunció que el número de desempleados en julio alcanzó niveles sólo comparables a lo ocurrido tras la catástrofe económica de 1994. La tasa de desocupación llegó a un 6.12 por ciento de la Población Económicamente Activa, que equivale a 2 millones 846 mil personas sin empleo. La Secretaría del Trabajo relativizó la gravedad del dato, al decir que ésta no es la tasa de desempleo más alta en la historia, sino la del segundo trimestre de 1995 cuando se llegó a un 6.86 por ciento. Dejemos, pues, en que es la segunda tasa más alta de desempleo en la historia. El problema es que esto apenas empieza. Al mercado laboral le falta vivir los peores momentos de la crisis. En un plazo más bien corto se verán tasas de desempleo más altas y, como saben los expertos, será una de las últimas variables en recuperarse. La Secretaría del Trabajo dice, también, que la tasa del 6.12 "no se debe a una pérdida de empleos, sino a que -además del contexto de crisis internacional de magnitud histórica en la que estamos inmersos- siempre en los meses de julio y agosto se registra presión adicional al mercado laboral de los estudiantes en periodo vacacional". Más allá de los matices, lo que hoy tenemos es desempleo, subocupación y mayor informalidad como la marca más grave de esta etapa crítica en el mercado laboral que, por demás, no tendrá válvulas de escape suficientes como la migración o, incluso, el autoempleo. Los efectos son múltiples. Los caminos a la criminalidad y a más descomposición están francos. México vive hoy rangos de explosividad que no pueden soslayarse. Casi una cuarta parte de la población tiene entre 15 y 29 años de edad. El país transita por lo que se conoce como "bono demográfico", es decir, un periodo largo de tiempo en el que se cuenta con una población económicamente dependiente menor a la población que se encuentra en edad productiva. Una oportunidad única en donde la población en edad de trabajar es más grande que la población inactiva y en donde, si existe crecimiento suficiente y generación de empleo de calidad -cosa que hoy no tiene México-, ese país puede aprovechar a su capital humano para detonar un verdadero desarrollo de largo plazo que incluye excedentes y ahorros, y mejorías sustantivas en calidad de vida y erradicación de la pobreza. La demografía está de nuestro lado. Todo lo demás no. México se perfila hacia el desperdicio de esta oportunidad histórica. Sin crecimiento. Sin empleos suficientes. Con miles de brazos y mentes jóvenes que no encuentran ocupación. Sin salidas alternas. Con el riesgo enorme de convertir la oportunidad en pesadilla. Según Conapo tendrían que generarse anualmente unos 730 mil trabajos de calidad, permanentes y bien remunerados. La realidad va en sentido contrario. Urge un golpe de timón para colocar al empleo, la educación y los jóvenes en el centro del debate y de las decisiones. De lo contrario nos espera un país envejecido. Empobrecido. Con más jóvenes en la delincuencia. Adultos desesperados. En suma, una bomba de tiempo.
¡Pobre de aquel país que conduce su economía de acuerdo a los dictados impuestos por la política y se olvida de la técnica para proteger efectivamente los intereses de la nación! No se trata de exportar más azúcar para importar caramelos ni de ampliar la plataforma petrolera para exportar crudo.
Esta semana Excélsior hizo constar: El PRI apuesta a revivir Pemex. Busca salir de la crisis y evitar un enojo social “de dimensiones incalculables”. El PRI busca utilizar al sector petrolero como detonante para la recuperación económica del país, reducir la importación diaria de 500 mil barriles de derivados y evitar la ingobernabilidad y la inestabilidad social que podría ser de “dimensiones incalculables.”
Hemos vivido irresponsablemente del petróleo que descubrió Díaz Serrano a finales de los años 70, al extremo de que hoy el Presupuesto federal de Egresos depende de los ingresos petrolíferos en casi 40% y si éstos se derrumban por agotamiento de los manantiales o por un desplome en los precios internacionales, la catástrofe financiera de México será impredecible, a pesar de que existen herramientas tributarias para financiar más sanamente el presupuesto, mismas a las que no se recurre para evitar conflictos políticos. ¡Pobre de aquel país que conduce su economía de acuerdo a los dictados impuestos por la política y se olvida de la técnica para proteger efectivamente los intereses de la nación!
No se trata de exportar más azúcar para importar caramelos ni de ampliar la plataforma petrolera para exportar crudo, si bien esto podría contener la crisis en el corto plazo. Lo conveniente es revivir la ley que promulgó Lázaro Cárdenas en 1939, en la que establecía la incapacidad del gobierno mexicano de explotar los mantos petroleros a falta de recursos económicos y de alta tecnología. Cárdenas volvió a abrir la industria petrolera a los extranjeros, pero con nuevas reglas. Ruiz Cortines la cerró.
Los estudios del Instituto Mexicano de la Competitividad demuestran que si México abriera su industria petrolera, como acontece en la inmensa mayoría de todos los países, Cuba y Corea del Norte incluidas, nuestro país podría captar aproximadamente 600 mil millones de dólares en los próximos ocho a diez años. Claro está, lo anterior implica la creación de una industria petroquímica de vanguardia que no solamente no importe 500 mil barriles diarios de derivados, sino que los exporte, eso y mucho más, al mundo entero. Nuestra industria petroquímica está quebrada. La ley nos orilló a un absurdo: invertir en Texas para importar nuestra gasolina a México. Ahora construiremos una refinería que tal vez produzca la primera gota de carburante en seis o siete años, en los que continuaremos dilapidando el tesoro público en forma aberrante. ¿Qué tal invertir los diez mil millones de dólares en universidades y tecnológicos y dejar que los extranjeros, con nuestras reglas, hagan el negocio en el que Pemex siempre irá de socio?
Existe más soberanía, en un país con cuando menos 20 diferentes empresas petroleras en el que no acontecería nada si en una o dos estalla una huelga, que en el nuestro dominado por varios jerifaltes del sindicato petrolero, de cuya buena voluntad depende la subsistencia de más de 100 millones de mexicanos. ¿Eso es soberanía? Noruega cuenta con reservas de más de 350 mil millones de dólares con los que tiene garantizado un largo futuro. El propio Fidel Castro ya abrió la industria petrolera a los extranjeros y hoy en día Repsol, British Petroleum Company y Dutch Shell, entre otras tantas más colaboran, con sus debidas reglas, en la expansión de la difícil economía cubana. Ahí está el éxito brasileño, a mayor abundamiento.
El objetivo debe consistir en la apertura valiente de Pemex a la inversión extranjera como parte de una decisión audaz y visionaria. Con 600 mil millones de dólares en los próximos años podríamos reestructurar nuestro Presupuesto de Egresos, construir obras de infraestructura, abrir cientos de tecnológicos y rescatar a millones de la miseria.
Las encuestas evidencian que la mayoría de la opinión pública estaría de acuerdo en la apertura, sobre la base de que ésta se lleve a cabo para beneficiar realmente a la nación. ¿De qué le ha servido la expropiación petrolera a los 45 millones de mexicanos que subsisten en la miseria? Si el problema político se llama López Obrador o sindicato petrolero, para eso se encuentran los políticos dotados por una excepcional capacidad para negociar con la idea de tener las mejores ventajas para las mayorías nacionales. Nadie se puede dar el lujo de secuestrar el país ni de convertirlo en rehén de sus caprichos para llenar los vacíos emocionales de su infancia. ¿Acaso ya murieron de golpe todos los políticos que sacaban adelante lo imposible?
El PRI llegará seguramente en 2012 al poder y se va a encontrar a un país hecho jirones. México no resiste tres años más de calderonismo. El PRI debe empezar a gobernar desde el Congreso legislando en materia petrolera. Cuando lleguen los cientos de miles de millones de dólares la nación se los va a agradecer. La solución no es exportar más crudo, un suicidio, sino hacer una auténtica revolución energética para conquistar el futuro antes de que el hidrógeno líquido sustituya para siempre al petróleo…
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 18:34 No hay comentarios:
VISTO DESDE WASHIGTON
México, visto desde la perspectiva de Washington, es un problema de seguridad que crece pero en torno al cual puede hacer muy pocoPreguntaEl pasado día 19, tras concluir la sesión dedicada a examinar el estado de las relaciones entre México y Estados Unidos en el Hammer Forum en Los Ángeles, alguien preguntó: "Y qué es lo que Estados Unidos puede hacer para mejorar la relación con México". A una pregunta tan simple sólo puede responderse: no mucho.Una manera de elaborar más sobre el tema es ver a México desde Washington. Conviene partir del hecho que el único interés que importa a cualquier nación es el propio, pues las relaciones de la comunidad internacional están basadas en la política del poder. Bien entendida, esta política puede sacrificar una ganancia inmediata a cambio de obtener otra mayor o a un costo menor en otro lugar o momento, pero eso nunca debe confundirse con solidaridad o altruismo.Cuando el desastre interno en México fue una gran oportunidad para Estados UnidosEn el origen de la relación entre Estados Unidos y la Nueva España convertida en nación independiente, el interés del primero quedó bien servido por la inestabilidad y el desorden político del segundo. Desde Washington, se veía al vecino del sur como un país inviable, con espacio de sobra, con la religión equivocada -la católica-, con la mezcla racial equivocada -la parte indígena era mayoritaria y la minoría europea era de mala calidad (española)- y con una densidad demográfica interesante: fuerte en su lejano centro y muy débil en donde importaba a Estados Unidos: en la frontera común.Los norteamericanos supusieron un "Destino Manifiesto" que les alentó a expandir su civilización a lo largo y ancho de la América del Norte por voluntad de Dios y para ello no tuvieron empacho en aprovechar o fomentar la crisis política de México, ya fuese alentado la separación de Texas, exigiendo que la frontera texana fuese el Río Bravo y no el Nueces, declarándole la guerra al vecino cuando se encontraba sumido en sus disputas internas y, ya derrotado, aprovechar su desunión para ofrecer ayuda a los liberales a cambio de la cesión de Tehuantepec (Tratado McLane-Ocampo) o presionar al débil gobierno conservador presidido por Santa Anna para obligarle a ceder, como mínimo, La Mesilla. Si México no perdió más territorio fue gracias a la gran contradicción interna de Estados Unidos: el norte no quiso dar mayores oportunidades de expansión al sur.Cuando el desastre interno en México se transformó en problema para WashingtonCon su unidad nacional consolidada por el triunfo del norte sobre el sur en 1865, a Estados Unidos ya no le interesó continuar su expansión territorial sino dirigir su esfuerzo al crecimiento material y a fomentar y proteger su interés económico en el mundo externo. En esas condiciones, la falta de orden en México dejó de ser ventaja para convertirse en problema: contrabando, robo de ganado en Texas o incursiones de indios. De ahí la mezcla de amenazas y apoyo al gobierno de Porfirio Díaz para que pusiera orden en la frontera común. Una vez que Díaz estabilizó al país, Washington le dio su apoyo sin importarle su naturaleza dictatorial e incluso le toleró cierto grado de independencia.La Revolución Mexicana fue un reto al imperialismo que terminó por beneficiar al norteamericano. Por un lado, el nacionalismo revolucionario afectó más los intereses europeos -en particular los británicos- que los norteamericanos. Y es que las dos guerras mundiales convirtieron a Estados Unidos en una superpotencia que pudo recuperar en unos campos lo que la Revolución Mexicana le quitó en otros -el petróleo, las propiedades agrícolas o los ferrocarriles- pero los europeos, debilitados por esos conflictos, ya no tuvieron ni los recursos ni las posibilidades de reconstruir su posición en México. Para cuando se inició la Guerra Fría, México era, en términos de política internacional, zona de influencia exclusiva de Washington. Por otro lado, la Revolución Mexicana dio paso a un régimen autoritario mucho más fuerte y eficiente que el de Porfirio Díaz. La estabilidad conservadora mexicana. Eso jugó a favor del interés norteamericano. Por eso Estados Unidos nunca se molestó por una contradicción obvia: aceptar sin problema a un régimen antidemocrático en México pese a que la bandera de lucha de Washington contra la URSS era la democracia política. Y es que el régimen del PRI resultó, sin estridencias, una garantía de estabilidad y de anticomunismo efectivo.¿Qué hacer desde el norte cuando las bases de la estabilidad en el sur se debilitan?Cuando en 1989 cayó el Muro de Berlín, el anticomunismo perdió su razón de ser como centro de la política externa de Washington, pero en México se agudizaron las contradicciones y disfuncionalidades del sistema priista y esas fallas del vecino empezaron a afectar al interés norteamericano. Cuando el modelo económico mexicano fracasó y el país pareció entrar en una crisis sin solución, Estados Unidos, para evitar inestabilidades cercanas, aceptó integrar aún más a México a su economía, vía el neoliberalismo y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, y en contra de los supuestos económicos dominantes, esa política no produjo el resultado previsto al punto que hoy la economía mexicana es la menos dinámica de América Latina. La caída del PIB mexicano es mucho mayor que la del norteamericano, lo que no permite crear en México el más de un millón de nuevos empleos que anualmente necesita y sí, en cambio, ser la fuente más importante de migrantes indocumentados a Estados Unidos, que sus organizaciones de narcotraficantes hayan rebasado todas las estructuras policiacas mexicanas y que hayan echado raíces en 230 ciudades al norte del Bravo. Finalmente, el fin del régimen político del PRI no fue sustituido por un sistema más fuerte, menos corrupto y más eficiente que el anterior, lo que ha debilitado las bases de la estabilidad al otro lado de la frontera sur norteamericana.Unos días antes de los ataques de Al Qaeda a Estados Unidos en septiembre del 2001, el presidente norteamericano dijo que para su país la relación con México era la más importante. Sin embargo, a raíz de lo ocurrido entonces, México dejó de ser prioritario para Washington. Hoy, algunos círculos de Estados Unidos están conscientes que su vecino del sur se encuentra en serios problemas, pues si bien aún no es exactamente un Estado fallido, a su Estado le está fallando todo: su economía, sus sistemas político, de seguridad, de justicia, educativo, etcétera. Sin embargo, y pese a que sabe que sin un crecimiento sustantivo su vecino pobre se puede volver un problema serio, la Casa Blanca puede hacer muy poco al respecto. Y es que el gobierno norteamericano ya tiene una agenda interna muy cargada por su propia crisis económica y una externa muy complicada, pues está envuelto en dos invasiones que, para salir bien de ellas, tiene, entre otras cosas, que reconstruir un Estado al que volvió fallido -Iraq- y a otro que desde hace mucho es fallido -Afganistán. En esas condiciones, y salvo una catástrofe, es casi imposible que el Congreso y la opinión pública de Estados Unidos aceptaran involucrarse seriamente en México.Si, pese a todo y en función de la seguridad de su gran frontera sur, Washington se propusiera auxiliar a México para revertir su involución, no es mucho lo que realmente pudiera hacer por su vecino incómodo -el cómodo es Canadá. Actualmente la pieza más importante del esquema de colaboración México-Estados Unidos es la "Iniciativa Mérida" (IM). Este programa es un auténtico "bomberazo", idea y producto de la impotencia de Felipe Calderón para hacer frente a la multitud de problemas que agobian a su gobierno. La IM busca permitir a los norteamericanos adentrarse en los obscuros laberintos de los aparatos de seguridad y de justicia de México para hacerlos corresponsables de lo que ahí pasa, pero eso no es equiparable al TLCAN de Carlos Salinas que, a su vez, y pese a que el año pasado implicó un comercio bilateral por casi 400 mil millones de dólares, nunca fue capaz de sacar a México del barranco económico en que cayó desde 1982.Los de hoy son tiempos difíciles para la relación entre el sur y el norte de Norteamérica pero pueden empeorar. La actual acumulación de fracasos en México es una amenaza para Estados Unidos, pero tal y como está la agenda política de ese país es poco lo que puede hacer al respecto: no hay apoyo para un TLCAN ampliado ni puede esperarse el fin de la demanda de drogas, apenas si un mayor control de la exportación de armas y no agravar la situación con muros, redadas de indocumentados o violaciones al TLCAN. La lista no es mucho, dado lo mucho que está en juego en ambos países, pero ésa es la realidad.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 18:29 No hay comentarios:
CONQUISTA DE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA
La idea de que la actividad docente e investigadora estuviera limitada por un presupuesto ideológico chocó con la autonomía.
Este año la UNAM cumple cien años de su más reciente etapa histórica, señalada por la autonomía y el desarrollo institucional; la primera mitad de esa etapa se caracteriza por el establecimiento de las normas jurídicas y las prácticas de la vida institucional universitaria. Conquistó su espacio de libertad y fijó las reglas de su comportamiento y su relación con la sociedad y el poder público. Ha sido una historia intensa en la que ha establecido un profundo diálogo a su interior, nutrido por las necesidades e ideas de la sociedad en un reclamo permanente de respeto y apoyo del gobierno.
Cuatro años después de conquistado el primer esbozo de autonomía, quedó claro que se trataba de un primer paso vacilante y limitado que no bastaba para lograr la consolidación de la institución ni podía sostenerse durante mucho tiempo. El siguiente paso estaría determinado por el debate en torno al término correlativo a la autonomía: la libertad de cátedra.
El 25 de agosto de 1933 se inauguró en Veracruz el X Congreso Nacional de Estudiantes, como efecto de las corrientes políticas de su tiempo, el Congreso resolvió que tanto la UNAM como toda las instituciones de educación superior debían colaborar para la creación de un México socialista. La idea de que la actividad docente y la investigadora estuviera limitada por un presupuesto ideológico, chocó con la libertad de cátedra, uno de los elementos sobre los que se había conquistado la autonomía y uno de los pilares de la educación libre a la que se aspiraba. En septiembre del mismo año, el I Congreso de Universitarios Mexicanos reunió a estudiantes, profesores y funcionarios y se propuso al materialismo histórico como guía ideológica de la educación media superior, propuesta defendida por Vicente Lombardo Toledano y que refutó Antonio Caso, quien defendió la libertad de cátedra como principio ideológico y método de trabajo para los universitarios.
Caso no perfiló su argumento en contra del materialismo histórico, doctrina que respetaba, sino por su exclusividad como método y principio. Sin libertad, la Universidad estaría sujeta a los cambios políticos del momento, limitaría la educación y haría nugatorio el esfuerzo científico. Lombardo Toledano se encontraba presionado tanto por la idea de que la Universidad de México debía servir a los sectores marginados de la sociedad y elevarlos de su condición de postración a mejores plataformas de crecimiento como por su postura ideológica relacionada con partidos y grupos políticos definidos.
Otra de las reglas no escritas de la convivencia universitaria es que los más profundos debates intelectuales siempre evolucionan hacia luchas sociales y de convivencia en la Universidad para manifestarse dentro de la vida social y política del país. El debate sobre la libertad de cátedra no fue la excepción. De su diálogo académico surgieron posturas polarizadas. La Facultad de Derecho se declaró a favor de la libertad de cátedra y de la defensa de la autonomía; otros grupos, de Filosofía, Medicina, Comercio y Arquitectura, aprobaron la postura de Lombardo, que era ya la de la Rectoría y también la del gobierno. Estalló la huelga y luego de fuertes presiones que implicaron renuncias y actos violentos, el rector tuvo que renunciar y dejar el cargo a Manuel Gómez Morín, que actuaba como interino. Esto, que aparentemente fue un triunfo para la libertad de cátedra, terminó siendo un retroceso en la lucha por la autonomía total.
El 15 de octubre de 1933, Abelardo Rodríguez envió al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad, reforma aprobada seis días más tarde y por la cual la Universidad perdía su carácter nacional, mantenía sus órganos de autogobierno y recibía en propiedad el patrimonio que ya poseía en bienes inmuebles y en dinero. A cambio de ello, perdía el subsidio del gobierno.
Con la Ley de 1933 se alcanzaba la autonomía plena, pero privada del carácter nacional y del subsidio público, la Universidad veía menguado su alcance y sus posibilidades de desarrollo. Se alejaba de una parte importante de la sociedad y de la posibilidad de apoyarla y educarla.
Estado de cosas que sólo podía ser provisional. El tiempo y los universitarios se encargaron de que así fuera.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 18:27 No hay comentarios:
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Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 18:19 No hay comentarios:
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 artículo 2
 artículo 69
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