Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-434-de-julio-12-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_370cfd8bcc464d1c9d37158c63d413eb&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-16 14:38:16+00:00

Document:
SENTENCIA C-434 DE 12 DE JULIO DE 2017
CONTENIDO:REVISIÓN DE DISPOSICIONES EN MATERIA PRESUPUESTAL PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA. SE EXPONE LA REVISIÓN AUTOMÁTICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 733 DE 2017, POR EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA PRESUPUESTAL PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, A TRAVÉS DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2017 Y SE EFECTÚA LA CORRESPONDIENTE LIQUIDACIÓN. A TRAVÉS DEL PRECITADO DECRETO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA REASIGNÓ LA DESTINACIÓN DE ALGUNAS RENTAS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CONTRACRÉDITOS Y LA APERTURA DE CRÉDITOS EN LAS SECCIONES DE MINAS Y ENERGÍA, INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA, COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Y, EN LA SECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL. TRAS CONCLUIR QUE LA NORMA OBJETO DE REVISIÓN ES COMPATIBLE CON LA CARTA AL SUPERAR LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES EXIGIDOS POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES PERTINENTES, EL ALTO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECIDE DECLARAR EXEQUIBLE EL DECRETO 733 DE 2017.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRESUPUESTO DE LA NACIÓN, EMERGENCIA AMBIENTAL, ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL, ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, FALLO DE EXEQUIBILIDAD
Sentencia C-434 de julio 12 de 2017
Ref.: Expediente RE-229
EXTRACTOS: «II. Texto del decreto objeto de control
El siguiente es el texto del Decreto 733 de 5 de mayo de 2017, como aparece publicado en el Diario Oficial 50224.
“DECRETO-LEY 733 DE 2017
ART. 1º—Contracréditos al presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Efectúanse los siguientes contracréditos en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, en la suma de quince mil novecientos noventa y dos millones de pesos moneda legal ($15.992.000.000), según el siguiente detalle:
Cta. Prog Subc. Sbp Concepto Aporte nacional Recursos propios Total
1900 Intersectorial minas y energía 1.792.000.000 1.792.000.000
C. Créditos de inversión 1.792.000.000 1.792.000.000
2102 Consolidación productiva del sector energía eléctrica 1.522.000.000 1.522.000.000
0600 Intersubsectorial trasnporte 3.200.000.000 3.200.000.000
Seccion 3501. Ministerio de comercio, industria y turismo 15.992.000.000 15.992.000.000
Dado en Bogotá, D.C., el 5 de mayo de 2017
Mediante Sentencia C-386 de 2017(1), la Corte consideró que el Decreto Legislativo 601 de 2017, “por el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el municipio de Mocoa” se hallaba ajustado a la Constitución y declaró su exequibilidad. La Sala señaló que el Decreto superaba los presupuestos formales y sustantivos de validez constitucional y, en particular, concluyó que dada la gravedad de los daños e impactos económicos, sociales y a la infraestructura, causados por la avenida torrencial ocurrida el 31 de marzo de 2017 en Mocoa (Putumayo), resultó adecuado y pertinente que el Gobierno Nacional declarara la emergencia económica, social y ecológica y precisó que estaba acreditada la insuficiencia de los mecanismos jurídicos ordinarios para atender las necesidades de la población.
5.3. Materia objeto de análisis y estructura de la decisión.
5.4. Fundamentos.
5.4.1. Requisitos formales y materiales de validez de los decretos de emergencia.
1. Como lo ha subrayado la jurisprudencia constitucional, pese a sus diferencias, no solo en el contexto de los estados de guerra exterior y de conmoción interior, sino también en el escenario de las emergencias de naturaleza económica, social y ecológica, las potestades legislativas del Presidente de la República se encuentran sometidas a un conjunto de límites constitucionales. En razón de la excepcionalidad de las causas que originan la declaratoria de ese estado excepcional y el carácter extraordinario de las atribuciones conferidas al Ejecutivo, la Carta impone un conjunto de restricciones que demarcan la habilitación de las competencias presidenciales y, correlativamente, su legítima utilización durante la vigencia del periodo de excepción(2).
2. La Corte ha sostenido de manera reiterada que las fuentes de las restricciones a las potestades legislativas del Presidente consisten básicamente en las normas constitucionales que regulan la declaratoria y desarrollo de los estados de excepción, la Ley 137 de 1994, Estatutaria de los Estados de Excepción, y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, particularmente, aquellos que prevalecen en el orden interno, en virtud del artículo 93 de la Constitución(3). A partir de las reglas derivadas de estos cuerpos normativos, la Sala ha diseñado una metodología para determinar la validez de los decretos dictados bajo el amparo de un estado de excepción. En este sentido, ha sostenido que existen presupuestos formales y materiales de validez, frente a los que deben ser examinadas las medidas legislativas de excepción(4). A continuación se sintetizan las reglas básicas de tales presupuestos.
5.4.1.1. Requisitos formales de validez de los decretos de emergencia.
3. A la Corte corresponde constatar que los decretos legislativos emitidos para conjurar los efectos de una emergencia económica, social o ecológica superen los siguientes presupuestos formales: (i) que hayan sido dictados y promulgados en desarrollo del decreto que declaró el respectivo estado de excepción, (ii) que lleven la firma del Presidente de la República y de todos los Ministros del Despacho, (iii) que hayan sido emitidos dentro del término de vigencia del estado de emergencia fijado en el decreto declaratorio, y (iv) que cuenten con unas motivaciones, las cuales sirvan de razones o causas que condujeron y justifican su expedición(5).
5.4.1.2. Requisitos materiales de validez de los decretos de emergencia.
4. Los presupuestos materiales de validez de los decretos de emergencia se dividen, a su vez, en dos clases, unos de carácter general, relacionados con aspectos mínimos y esenciales, de estricto rango constitucional, que deben satisfacer sustantivamente las normas sometidas a control(6), y otros de naturaleza específica, asociados al examen de contenido de las medidas adoptadas, orientados a examinar su razonabilidad y necesidad en el marco de la específica situación de excepción declarada(7).
5.1. Juicio de conexidad material. Este análisis implica determinar que las medidas previstas en el decreto legislativo estén íntimamente relacionadas con las circunstancias que dieron lugar al estado de excepción(8). Esa relación entre las reglas incorporadas en el Decreto y el estado de excepción, a la luz de una interpretación textual del artículo 47 de la Ley 137 de 1994(9), debe ser exclusiva, directa y específica, en el sentido de que aquellas únicamente pueden cobrar sentido a la luz de las circunstancias en que consiste la crisis y sus efectos, no de otros hechos o ámbitos más generales, distintos o inconexos de regulación(10).
La Corte también ha señalado que la conexidad debe ser interna y externa. Es interna cuando las normas del Decreto guardan una estrecha vinculación con los motivos aducidos como justificación de la producción del acto. Por su parte, es externa si hay una conexión temática entre las causas que dieron lugar a la declaración del estado de excepción y las reglas previstas en el decreto de desarrollo(11).
5.3. Juicio de intangibilidad. Según el artículo 4º de la Ley 137 de 1994, en concordancia con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, las normas de excepción no puede desconocer el derecho a la vida y a la integridad personal; el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos; la prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación; la libertad de conciencia; la libertad de religión; el principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser elegido; el derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia; los derechos del niño, a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado; el derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles; el derecho al habeas corpus y el derecho de los colombianos por nacimiento a no ser extraditados. Tampoco podrán ser suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
5.4.1.2.2. Requisitos materiales específicos.
6.1. Juicio de finalidad. Este test comporta la necesidad de que las medidas adoptadas se encuentren destinadas con exclusividad a conjurar la emergencia económica, social o ecológica y a impedir la extensión de sus efectos. Debe ser clara la existencia de una conexidad de carácter teleológico entre el contenido material de las acciones, planes, estrategias obras o proyectos previstos en el decreto y su aptitud para detener la expansión de las consecuencias nocivas de la crisis o para reestablecer la situación social de normalidad(12).
6.2. Juicio de motivación suficiente. Conforme a este análisis, la Corte debe examinar que el Presidente de la República haya justificado las razones por las cuales se establecen limitaciones de los derechos constitucionales y, concretamente, que de la exposición de los considerandos del decreto sea posible inferir la conexidad de las restricciones a los derechos introducidas con las causas de la crisis y los motivos por las cuales tales medidas son requeridas(13).
6.3. Juicio de necesidad. La necesidad, como criterio de control, resulta una herramienta fundamental para el análisis de validez constitucional de los decretos dictados en el marco de un estado de emergencia, pues racionaliza y restringe de forma sustancial y a condiciones precisas y debidamente justificadas, el uso de las atribuciones legislativas del Ejecutivo(14).
Esta corporación ha considerado que la evaluación de la necesidad del decreto implica dos análisis diferenciados, de necesidad fáctica y de subsidiariedad(15). Respecto del primero, se debe determinar si el Presidente incurrió en error manifiesto de apreciación al diseñar la medida o proporcionarle determinado contenido, a la luz del propósito de superar la crisis o evitar la extensión de sus efectos. En este sentido, las acciones o estrategias creadas en el decreto deben ser razonablemente idóneas o aptas para lograr los fines de restablecimiento de la normalidad y neutralización de la situación. En relación con el segundo, se requiere establecer si el ejecutivo no tenía a disposición o no le era posible acudir, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales ordinarias, a mecanismos jurídicos igualmente idóneos para detener la crisis o contrarrestar sus consecuencias.
6.4. Juicio de incompatibilidad. Como complemento del test anterior, la Corte debe constatar si el gobierno puso de manifiesto las razones por las cuales, las normas modificadas o suspendidas mediante las medidas controladas son incompatibles con el estado de emergencia que estas buscan mitigar(16).
6.5. Juicio de proporcionalidad. Este análisis está orientado a prevenir la introducción de normas que generen restricciones excesivas para la superación de la emergencia, en comparación con los beneficios que tienen la potencialidad de asegurar. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la proporcionalidad exige que los rendimientos que puedan obtenerse con la aplicación de las normas excepcionales sean cualitativamente superiores a las limitaciones a mandatos constitucionales y, de otro lado, que los avances hacia el retorno de la normalidad sean sustanciales, en relación con las restricciones ocasionadas a los derechos fundamentales, a partir de la aplicación de las medidas(17).
6.6. Juicio de no discriminación. Con arreglo a este examen, las previsiones que se incorporen en un decreto de emergencia no pueden conllevar tratos discriminatorios por razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica(18).
5.4.2. Las modificaciones al presupuesto general de la Nación en los estados de excepción.
7. La Constitución establece, como regla general, que no se podrá hacer erogación o gasto alguno con cargo al tesoro público, ni trasferir créditos que no se hallen incluidos en el presupuesto de gastos decretados por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales (art. 345 C.P.) Así mismo, de manera específica, los artículos 346 y 347 de la Carta Política prevén que el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá ser aprobado por el Congreso de la República. De este modo, la Corte ha considerado que rige el principio de legalidad del presupuesto o la reserva de ley para su expedición, modificación o adición, en virtud de la trascendencia del principio democrático en la adopción de las decisiones sobre el uso y destinación de los recursos públicos(19).
10. En este orden de ideas, al Ejecutivo le asiste la competencia, de un lado, para generar créditos adicionales a los contemplados en la ley de presupuesto aprobada por el legislador y, del otro, para llevar a cabo traslados al interior del mismo presupuesto general, con el objeto de solventar y financiar las medidas tendientes a controlar los efectos de la crisis a la que se refiere el respectivo estado de excepción. La jurisprudencia constitucional ha clarificado, a este respecto, la distinción entre las operaciones presupuestales relacionadas con traslados de partidas y aquellas modificaciones que suponen una creación de créditos adicionales a los inicialmente previstos, como formas diversas de injerencia excepcional en la organización de los gastos públicos durante una vigencia fiscal, por parte del Presidente de la República(20).
La generación de créditos adicionales a los inicialmente incorporados en el presupuesto implica nuevas apropiaciones, que se abren en el curso de la correspondiente vigencia, con posterioridad a la expedición y liquidación del presupuesto. Tales adiciones dan lugar a nuevas rentas que, a su vez y en la misma proporción, se contabilizan en el presupuesto, como las derivadas de la emisión de bonos o de nuevos tributos(21). Por el contrario, los traslados ocurren en todos aquellos eventos en los cuales, sin modificar de ninguna manera la sumatoria total de las rentas, se decide en el mismo marco del presupuesto, cambios, tanto cuantitativos, como de destinación de dos o más partidas presupuestales. En estas hipótesis, se efectúa un crédito a través del cual se incorpora o adiciona un gasto y, correlativamente, un contracrédito que disminuye una de las partidas originales del presupuesto(22).
Este último análisis implica el estudio, tanto de la nueva destinación de los recursos, como el análisis de la forma en que se afectan las partidas que se disminuyen(23). De la misma manera, incluye la constatación de que los traslados presupuestales que se disponen no supongan la transgresión de límites constitucionales a la modificación del presupuesto, como ocurre con el gasto público social que, según el artículo 349 de la Constitución Política, excepto en los casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional, tiene prioridad sobre cualquier otra asignación(24).
5.4.3. Contenido y alcance del Decreto Legislativo 733 de 2017.
Cuentas contracreditadas Valor en pesos Créditos abiertos Valor en pesos
Total 15.992.000.000 Total 15.992.000.000
5.4.4. Control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 733 de 2017.
5.4.4.1. Los requisitos formales de validez del Decreto Legislativo 733 de 2017.
19. La Sala encuentra que el Decreto Legislativo 733 de 2017 satisface los presupuestos formales de las normas jurídicas de excepción, dictadas al amparo de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. En efecto, el Decreto (i) fue emitido por el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política y la Ley 137 de 1994. Así mismo, (ii) se expidió en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 601 del 6 de abril de 2017, que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el municipio de Mocoa; y (iii) se encuentra firmado por el Presidente de la República y todos los ministros de despacho, con excepción del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien en el momento de la emisión del acto normativo se hallaba en comisión de servicios en el exterior, debidamente concedida mediante la Resolución 690 del 2017(25). Sus funciones eran ejercidas en ese instante por el Viceministro de Ambiente, quien entonces signó el Decreto y, para los efectos pertinentes, concurre a satisfacer la regla de la firma por parte del gabinete ministerial, derivada de los artículos 215 de la Constitución Política y 46 de la Ley 137 de 1994, como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional(26).
5.4.4.2. Los requisitos materiales de validez del Decreto Legislativo 733 de 2017.
24. Adicionalmente, las medidas juzgadas mantienen también una relación de conexidad interna con los considerandos expuestos en el Decreto-Ley 733 de 2017. En estos, el Presidente de la República expuso que el artículo 3º del Decreto 601 de 2017, declaratorio del estado de excepción, ya contenía la previsión de que se llevarían cabo las operaciones presupuestales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Así mismo, en la motivación del Decreto sometido a revisión, el Ejecutivo sustentó que las apropiaciones incluidas en la Ley 1815 de 2016, sobre el Presupuesto de Rentas y Apropiaciones, vigencia 2017, resultaron insuficientes para dicho propósito, de manera que se hacía indispensable disponer la destinación transitoria de algunas rentas y la reasignación de otras existentes. El Gobierno puso de presente, además, la competencia que le otorga el artículo 83 del Estatuto Orgánico del Presupuesto para atender los gastos ocasionados por los estados de excepción, mediante créditos adicionales y traslados al Presupuesto General de la Nación.
En efecto, las disposiciones contenidas en el Decreto introducen un conjunto de estrategias y acciones para contrarrestar las consecuencias socioeconómicas que trajo la avenida torrencial sobre el Municipio de Mocoa, pero no implican el desamparo de un valor constitucional, ni comportan el desconocimiento de un especial mandato superior. Solamente priorizan temporalmente el uso de algunos recursos públicos para la ayuda humanitaria y la reconstrucción de la zona golpeada por la emergencia, frente a proyectos como la implementación del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo en el Ministerio de Minas y Energía y el mantenimiento y ampliación de la infraestructura de las sedes de esa entidad(27), y en relación con la cuantía que en el presente año se destinará al pago de la deuda pública. Estos asuntos, si bien son relevantes en el marco de la gestión y el funcionamiento del Estado, a juicio de la Corte, no implican urgencias inaplazables, por cuanto su cumplimiento podría disponerse en siguientes vigencias presupuestales. Por lo tanto, las normas de excepción que disponen la transitoria restricción de tales rubros se muestran proporcionales y razonables.
5.4.4.3. Conclusión.
2 Cfr. Sentencias C-802 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. S.V. Jaime Araújo Rentería, Marco Gerardo Monroy Cabra, Rodrigo Escobar Gil. SPV. Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández. A.V. Jaime Córdoba Triviño; C-224 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime; C-672 de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Unánime; C-700 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; C-156 de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo. A.V. María Victoria Calle y Jorge Iván Palacio; C-670 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa. A.V. Jorge Iván Palacio Palacio; y C-940 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.P.V. Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas Hernández, Rodrigo Escobar Gil y Jaime Araújo Rentería. S.V. Marco Gerardo Monroy Cabra.
3 Ver, entre otras, las Sentencias C-751 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa. Unánime; C-724 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime; C-985 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. S.V. Jaime Araújo Rentería. A.V. Nilson Pinilla Pinilla; C-703 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Unánime; C-701 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Unánime.
4 Para una ilustración de la metodología, ver las Sentencias C-225 de 2009. M.P. (e) Clara Elena Reales Gutiérrez. S.V. Cristina Pardo Schlesinger y Mauricio González Cuervo. A.V. Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto y Juan Carlos Henao Pérez; C-224 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime; y C-723 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime.
5 Cfr., al menos, las Sentencias C-723 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime; C-216 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Unánime; C-701 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Unánime; C-218 de 2011. M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Unánime; C-876 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis. S.V. Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas Hernández y Álvaro Araújo Rentería. A. V. Rodrigo Escobar Gil y Jaime Córdoba Triviño; y C-940 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.P.V. Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas Hernández, Rodrigo Escobar Gil y Jaime Araújo Rentería. S.V. Marco Gerardo Monroy Cabra.
6 La Corte ha señalado que estos requisitos versan, en otros términos, sobre violaciones “groseras” o “abiertas” a la Constitución. Ver, a este respecto, las Sentencias C-274 de 2011. M.P. María Victoria Calle Correa. Unánime; C-149 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. A.V. Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil; y C-224 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime.
7 Los requisitos generales relacionados se derivan directamente de las exigencias previstas en los artículos 8º a 14 de la Ley 137 de 1994.
8 Constitución Política. ART. 215.—“(…) Estos decretos (de desarrollo) deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de Emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente”.
9 Ley 137 de 1994. ART. 147.—“Facultades. En virtud de la declaración del Estado de Emergencia, el Gobierno podrá dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. // Los decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y especifica con dicho Estado”.
10 Sentencias C-225 de 2009. M.P. (e) Clara Elena Reales Gutiérrez. Unánime; C-274 de 2011. M.P. María Victoria Calle Correa. Unánime.
11 Sentencias C-723 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime; C-724 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime; y C-703 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Unánime.
12 Ley 137 de 1994. ART. 10.—Finalidad. Cada una de las medidas adoptadas en los decretos legislativos deberá estar directa y específicamente encaminada a conjurar las causas de la perturbación y a impedir la extensión de sus efectos”.
13 Ley 137 de 1994. ART. 8º—“Justificación expresa de la limitación del derecho. Los decretos de excepción deberán señalar los motivos por los cuales se imponen cada una de las limitaciones de los derechos constitucionales de tal manera que permitan demostrar la relación de conexidad con las causas de la perturbación y los motivos por las cuales se hacen necesarias”.
14 Ley 137 de 1994. ART. 11.—“Necesidad. Los decretos legislativos deberán expresar claramente las razones por las cuales cada una de las medidas adoptadas es necesaria para alcanzar los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción correspondiente”.
15 En la Sentencia C-723 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se señaló: “[a]sí, el juicio de necesidad apunta a que determinar si la medida adoptada es necesaria para conjurar los hechos que dieron lugar al estado de emergencia o a limitar sus efectos. Para ello, debe la Corte apreciar dos aspectos definidos: El primero, relativo a si el Presidente incurrió en error manifiesto en la apreciación de la necesidad de la medida, de modo que esta carecía de toda vocación de utilidad para superar el estado de emergencia y/o evitar la extensión de los efectos de los hechos que la motivaron. El segundo, relacionado con la evaluación acerca de la existencia dentro del ordenamiento jurídico ordinario de previsiones legales que fueran suficientes y adecuadas para lograr los objetivos de la medida excepcional, evaluación denominada por la jurisprudencia como juicio de subsidiariedad”. Cfr. así mismo, las Sentencias C-916 de 2002. M.P. (e) Clara Elena Reales. Unánime; C-225 de 2009. M.P. (e) Clara Elena Reales Gutiérrez. S.V. Cristina Pardo Schlesinger y Mauricio Gonzalez Cuervo. A.V. Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto y Juan Carlos Henao Pérez.
16 Ley 137 de 1994. ART. 12.—“Motivación de incompatibilidad. Los decretos legislativos que suspendan leyes deberán expresar las razones por las cuales son incompatibles con el correspondiente Estado de Excepción”.
17 La división analítica de este juicio en dos reglas se deriva del artículo 13 de la Ley 134 de 1994, según el cual, “Las medidas expedidas durante los Estados de Excepción deberán guardar proporcionalidad con la gravedad de los hechos que buscan conjurar. // La limitación en el ejercicio de los derechos y libertades sólo será admisible en el grado estrictamente necesario, para buscar el retorno a la normalidad”.
18 Ley 137 de 1994. ART. 14.—“No discriminación. Las medidas adoptadas con ocasión de los Estados de Excepción, no pueden entrañar discriminación alguna, fundada en razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica. Lo anterior no obsta para que se adopten medidas en favor de miembros de grupos rebeldes para facilitar y garantizar su incorporación a la vida civil. // La Procuraduría General de la Nación, en desarrollo de su función constitucional, velara por el respeto al principio de no discriminación consagrado en este artículo, en relación con las medidas concretas adoptadas durante los Estados de Excepción. Para ello tomara medidas, desde la correctiva, hasta la destitución, según la gravedad de la falta y mediante procedimiento especial, sin perjuicio del derecho de defensa”.
19 Cfr. Sentencias C-625 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Unánime; C-006 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa. A.P.V. Mauricio González Cuervo; Sentencia C-192 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero. S.V. José Gregorio Hernández Galindo; C-685 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Unánime; C-685 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
20 En la Sentencia C-685 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Unánime, la Corte subrayó: “11. En ese orden de ideas, si debido a naturales cambios económicos o de prioridades, el Gobierno necesita modificar la destinación de determinadas apropiaciones fiscales, crear nuevas o aumentar el monto de las existentes, debe recurrir a los llamados créditos adicionales y traslados presupuestales. En virtud de los primeros, se busca aumentar la cuantía de una determinada apropiación (créditos suplementales) o crear una partida de gasto que no estaba prevista en el proyecto original (créditos extraordinarios). En virtud de los traslados, se disminuye el montante de una apropiación (contracrédito) con el fin de aumentar la cantidad de otra partida (crédito), por lo cual esta corporación ya había indicado que en estas operaciones "simplemente se varía la destinación del gasto entre diferentes secciones (entidades públicas) o entre numerales de una misma sección (rubros presupuestales de una misma entidad), lo cual se consigue con la apertura de créditos mediante una operación de contracréditos en la ley de apropiaciones". En el mismo sentido, ver la Sentencia C-483 de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Unánime.
21 Cfr. Sentencias C-947 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. S.V. Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Araújo Rentería. S.P.V.
22 En la Sentencia C-206 de 1993. M.P. Antonio Barrera Carbonell. S.V. Jorge Arango Mejía, reiterada en la Sentencia C-947 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte refirió: “[e]n el traslado presupuestal, como se dijo, simplemente se varía la destinación del gasto entre diferentes secciones (entidades públicas) o entre numerales de una misma sección (rubros presupuestales de una misma entidad), lo cual se consigue con la apertura de créditos mediante una operación de contracréditos en la ley de apropiaciones. // Con el empleo de esta figura no se produce un incremento en la magnitud global del presupuesto, sino que tan solo se transfieren partidas de unos renglones debidamente apropiados a otros que no lo fueron o cuya apropiación es insuficiente para cubrir los compromisos asumidos”.
23 Cfr. Sentencias C-947 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. S.V. Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Araújo Rentería. S.P.V.
24 Sentencia C-146 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime.
25 Al expediente fue allegada copia auténtica de la Resolución, firmada por el Presidente de la República. Folios 37 a 38 del expediente.
26 La Corte ha considerado que, en estos eventos, los Viceministros encargados tienen la dignidad y desempeñan atribuciones propias de Ministros. Además, ha subrayado que asumen la responsabilidad política de aquellos. En la Sentencia C-488 de 1992. M.P. Fabio Morón Díaz, que analizó la constitucionalidad del Decreto Legislativo 700 de 1992, “por cual se adoptaron medidas en materia de contratación, endeudamiento, presupuesto y reestructuración de las entidades del sector eléctrico”, con el fin de conjurar la crisis en el servicio público de energía eléctrica, la Corte indicó: “[l]os viceministros de Desarrollo Económico y Educación Nacional, quienes aparecen suscribiendo el Decreto, lo hicieron, como allí mismo se expresa, en su calidad de encargados de los correspondientes despachos, es decir que ostentaban el rango de ministros y tenían las facultades propias de los titulares”. En similar sentido, en la Sentencia C-1065 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett, la Sala analizó si la circunstancia de que algunos Ministros encargados de Ministerios diferentes al suyo y Viceministros encargados de Ministerios hubieran firmado el Decreto Legislativo 2180 de 2002, que introdujo algunos tipos penales en el marco del estado de conmoción, incidía en la validez formal del acto. En respuesta al problema, señaló: “el hecho de que algunos ministerios estén encargados a los ministros de otras carteras, en nada afecta la constitucionalidad formal del decreto, pues el requisito está dirigido a que el gobierno, en el sentido indicado en el artículo 115 de la Constitución, participe de la decisión de declarar el estado de conmoción interior. Así, se trata de una decisión colegiada, reservada a aquellas personas que tienen funciones políticas: los ministros, sea que sean directores de una sola entidad o varias. Así mismo, en concepto de la Corte no existe irregularidad por el hecho de que en algunos casos, el Decreto fue firmado por viceministros encargados de las funciones del Ministro respectivo, pues éste habrá asumido las funciones políticas de aquél. Así mismo, la responsabilidad de que trata el artículo 214 de la Carta”. Ver, en igual sentido, las Sentencias C-723 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime. C-724 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime; C-296 de 2011. M.P. María Victoria Calle Correa. Unánime; y C-243 de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo. Unánime.
27 Ver, a este respecto, anexo del Decreto. Folio 9 del expediente.

References: artículo 93
 artículo 47
 artículo 4
 artículo 27
 artículo 349
 artículo 215
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 83
 artículo 13
 artículo 115
 artículo 214