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Timestamp: 2017-05-27 15:36:31+00:00

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Sentencia C-263 de 1994	Navegación
Sentencia 263 de 1994
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., según consta en acta del dos (2) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).	I. LA DEMANDA
"por el cual se dicta el estatuto básico de las entidades descentralizadas departamentales"
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confierela Ley 3ª de 1986 y oída la Comisión Asesora a que ella se refiere,
"Artículo 64.-Del régimen aplicable a los embargos. No son embargables por ninguna autoridad los recursos que reciban las entidades descentralizadas a título de transferencia de la Nación o del respectivo Departamento o como producto de los contratos de empréstito interno o externo que celebren. De sus recursos propios u ordinarios sólo es embargable hasta la tercera parte del valor total de los mismos."
"por el cual se expide el Código de Régimen
Departamental"
Artículo 318.-No son embargables por ninguna autoridad los recursos que reciban las entidades descentralizadas a título de transferencia de la Nación o del respectivo departamento o como producto de los contratos de empréstito interno o externo que celebren. De sus recursos propios u ordinarios sólo es embargable hasta la tercera parte del valor total de los mismos".
Concluyen, entonces, que las disposiciones acusadas constituyen un contrasentido con la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Carta y que, por tanto, son incompatibles con ella.	II. DEFENSA
El ciudadano ANTONIO JOSE NUÑEZ TRUJILLO, designado al efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presentó en tiempo un escrito mediante el cual defiende las normas impugnadas, salvo algunas expresiones cuya inexequibilidad solicita. En el mencionado documento se dice en cuanto a la inembargabilidad: "...la inembargabilidad debe vislumbrarse según los efectos que esta garantía presupuestal tenga en el desarrollo de las políticas del Estado y de los destinos constitucionales afectos a él (como lo indica el artículo 2º de la Constitución Política), máxime si la labor ejecutora en punto a necesidades básicas (salud y educación) de la población se encuentra actualmente en cabeza de las entidades territoriales, particularmente en los municipios y los departamentos. Lo anterior hace pensar que las razones que tuvo la Corte para sujetar la ejecución del presupuesto al principio de la inembargabilidad hacen parte del acopio jurídico que debe ser tenido en cuenta al momento de dictar el fallo por medio del cual se decida acerca de la ejecutabilidad de las normas sub examine". "...debe tenerse en cuenta que la Corte ha declarado exequible el artículo 94 de la Ley 38 de 1989 según el cual "las entidades territoriales de los órdenes departamental, intendencial, comisarial, distrital y municipal, en la expedición de sus códigos fiscales o estatutos presupuestales, deberán seguir principios análogos a los contenidos en la presente ley". El mencionado artículo se refiere a los principios contenidos en los artículos 9 a 16 del la Ley 38 de 1989. En efecto, con el propósito de demostrar la aplicación de los principios presupuestales de carácter nacional a las entidades territoriales, se debe efectuar un sencillo razonamiento cuyo sustento es la jurisprudencia reciente de la Corte en esta materia. En primer lugar, el principio de inembargabilidad no admite más excepción que la relativa a las obligaciones laborales a cargo de la Nación. De otra parte, estos principios, según se precisará adelante, son aplicables a los presupuestos departamentales, inter alia, por lo tanto éstos resultan ser, en principio, inembargables. Es forzoso concluir, entonces, que las normas en mención no se oponen a los principios constitucionales que señalan los actores. (...)Si la inembargabilidad ha sido reconocida como principio presupuestal en el manejo del presupuesto nacional las directrices ínsitas para éste son aplicables, analógicamente, a los presupuestos departamentales..." (Cfr. folio 13 y 14). No obstante, la defensa concluye: "...es necesario reconocer que las normas examinadas contravienen parcialmente la Constitución Política, no por los cargos que formulan los impugnantes, sino atendiendo al principio general de inembargabilidad aplicable en materia de presupuestos departamentales. En este orden de ideas, las leyes ordinarias, los acuerdos u ordenanzas que regulen el presupuesto pueden admitir que las rentas, así se trate de rentas propias como lo establecen las normas en juicio, sean susceptibles de embargo..." "En este sentido, estamos en presencia de unas normas que habrían sido derogadas por la ley orgánica de Presupuesto, al momento de expedición de ésta. Sin embargo, como ha sido necesario realizar los razonamientos supra, a la luz de los procedimientos constitucionales esbozados, es propio que la Corte dilucide este aspecto de constitucionalidad de la frase "de sus recursos propios u ordinarios sólo es embargable hasta la tercera parte del valor total de los mismos" contenida en los artículos 67 y 141(sic) objeto de la presente demanda, pero no con base en la aceptación de la embargabilidad de éstas sino teniendo en cuenta, por el contrario, que su inembargabilidad ya fue establecida por la ley orgánica de presupuesto". (Cfr. folios 16 y 17). En lo que respecta a los criterios de interpretación en el Estado Social de derecho, afirma el representante del Ministerio: "...en virtud de los nuevos compromisos asumidos por el Estado, por los jueces constitucionales y por los ciudadanos, se exige incorporar al presupuesto los recursos necesarios para su cumplida y debida ejecución como un imperativo categórico para el Estado. Como se advierte del artículo 2º de la Constitución Política el servicio a la comunidad, la efectividad de los derechos y los deberes constitucionales, son los cometidos esenciales que lo justifican como tal". (Cfr. folio 16). "...el Estado social de derecho constituye el propósito de organización y funcionamiento estatal. Normas como las examinadas, deben entenderse alrededor de ese principio sustancial organizativo y bajo el soporte del reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales. Es bien conocido que los principios de organización deben ser la guía de su ejecución práctica así como las posibilidades de que se lleva a cabo una determinada política, con más razón si ésta tiene un subrayado carácter social. En su presentación, el Estado no puede eludir ni minimizar las especiales circunstancias y necesidades de la población cuando el alivio corresponde a su resorte pero no puede pasarse por alto que el Estado, debe seguir una serie de procedimientos que la propia Constitución le impone, en especial cuando se trata de decretar y ordenar el gasto. Existen gastos de carácter prioritario (los relativos al gasto público social), además de aquéllos que se realizan con motivo de guerra exterior o conmoción interior. Dichas erogaciones están por encima de cualesquiera otras que decreten gasto". "...es forzoso concluir que aquellos cargos fundados en la organización del Estado, sus compromisos y fines esenciales, así como el acatamiento a los derechos fundamentales, la Constitución y la ley, no se encuentran menoscabados con las normas en juicio. Es más, resulta protectora de una virtual parálisis en los planes y programas que están a cargo del Estado (léase departamento) y de los cuales no puede sustraerse". (Cfr. folios 18 y 19). III. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte que declare exequibles los artículos 64 del Decreto Ley 1221 de 1986 y 318 del Decreto Ley 1222 del mismo año, salvo la frase "de sus recursos propios u ordinarios sólo es embargable hasta la tercera parte del valor total de los mismos" que, según él, es inexequible para los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales departamentales. Dice el Ministerio Público: "De conformidad con el artículo 8º de la Ley 38 de 1989, uno de los principios del sistema presupuestal lo constituye el de la inembargabilidad, que se encuentra regulado en el artículo 16 ibídem..." (...) "Ahora, por lo que atañe al principio de la inembargabilidad en sí mismo considerado la Corte Constitucional tuvo ocasión de parangonarlo con la Ley Fundamental que hoy nos rige, llegando a declarar su exequibilidad a partir de su reconocimiento como regla general que admite como excepción "los casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de obligaciones laborales, sólo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación..." La razón de fondo que identificó el Máximo Tribunal para postular la supervivencia del principio de inembargabilidad estriba en que él "...es una garantía que es necesario preservar y defender, ya que ella permite proteger los recursos financieros del Estado, destinados por definición, en un Estado social de derecho, a satisfacer los requerimientos indispensables para la realización de la dignidad humana..." Por lo que respecta a las normas acusadas, añade el Procurador: El mandato contenido en las disposiciones demandadas tiene por destinatario a las entidades descentralizadas del nivel departamental: establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales y sociedades de economía mixta, bajo la fórmula "No son embargables por ninguna autoridad los recursos que reciban... a título de transferencia de la Nación o del respectivo Departamento o como producto de los contratos de empréstito interno o externo que celebren", a la que se agrega: "De sus recursos propios u ordinarios sólo es embargable hasta la tercera parte del valor total de los mismos". Tanto los establecimientos públicos como las empresas industriales y comerciales están constituidas con recursos públicos, mientras que las sociedades de economía mixta cuentan con un porcentaje de capital privado. Bajo este supuesto (configuración del capital o patrimonio) no se puede ignorar que las sociedades de economía mixta, aprovechando su condición de organismos descentralizados se benefician con el principio de la inembargabilidad porque sus recursos, no siendo en su totalidad públicos, se ven amparados por una garantía que solo favorece a estos. El hecho que los particulares participen en la composición del capital de las sociedades de economía mixta, determina que éstos, en cuanto beneficiados a la sombra de la participación pública, inclusive la mínima, obtengan un beneficio arbitrario en relación con las empresas y personas particulares, resulta contrario al principio de igualdad (C.P. art. 13). El principio de la inembargabilidad consagrado en la Ley Orgánica del Presupuesto, con proyección constitucional a partir de 1991 para todo el Tesoro Público con la orientación dada por ese Alto Tribunal, y con antecedente para el nivel seccional en los artículos 64 del Decreto Ley 1221 y 318 del decreto Ley 1222 de 1986, objeto de acusación, en una interpretación producto de un ejercicio de sopesamiento que consulte los fines del Estado social de derecho, debe maximizarse con todo su rigor para los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales departamentales, y graduarse en su intensidad en lo que se refiere a las sociedades de economía mixta, con el propósito de que queden plenamente tutelados los recursos de los primeros". IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional de la República de Colombia, oído el concepto del Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites previstos por el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE:
Jorge Arango Mejía, Presidente—Antonio Barrera Carbonell—Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—Hernando Herrera Vergara—José Gregorio Hernández Galindo—Alejandro Martínez Caballero—Fabio Morón Díaz—Vladimiro Naranjo Mesa.
Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.	© Juriscundi. Todos los derechos reservados por la Gobernación de Cundinamarca

References: Artículo 318
 artículo 2
 artículo 94
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 16