Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/04/12/no-es-responsable-civil-el-colegio-de-abogados-que-denego-la-rehabilitacion-de-la-matricula-con-motivo-de-la-destitucion-del-actor-como-juez/
Timestamp: 2018-07-22 10:41:22+00:00

Document:
No es responsable civil el Colegio de Abogados que denegó la rehabilitación de la matrícula con motivo de la destitución del actor como juez – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: F. E. L. M. c/ Colegio de Abogados de la 4° Circunscripción Judicial s/ ordinario – daños y perjuicios
Cita: MJ-JU-M-108327-AR | MJJ108327 | MJJ108327
El Colegio de Abogados que denegó la rehabilitación de la matrícula con fundamento en la destitución del actor como juez, no es responsable civilmente por los daños que este pudiera haber sufrido, aún cuando su decisión haya sido revocada.
1.-Corresponde rechazar la acción resarcitoria de los daños que habría sufrido el actor con motivo de la decisión del Colegio de Abogados de denegar su pedido de rehabilitación de la matrícula profesional basándose en la falta de idoneidad ética requerida por haber sido destituido del cargo de juez, pues si bien la decisión denegatoria luego fue anulada y es el antecedente fáctico de la restricción del derecho a trabajar como abogado, ha sido la propia conducta carente de ética, decoro, probidad y honestidad la cual constituyó la causa generadora de la restricción de sus derechos subjetivos, toda vez que son las mismas virtudes éticas las exigibles para abogados como para magistrados.
2.-La decisión denegatoria de la rehabilitación en la matrícula de abogados, adoptada por el Directorio del Colegio de Abogados accionado con fundamento en que el actor fue destituido como juez, luego dejada sin efecto por el órgano jurisdiccional revisor, debe ser ubicada en el marco de un acto administrativo derivado de la actividad lícita de un ente público o paraestatal, lo cual conlleva a la improcedencia del resarcimiento del daño moral y lucro cesante, a la vez que debe ser analizada a la luz de la doctrina jurisprudencial del ‘error judicial’ y dentro de ella, en el marco de la responsabilidad de los agentes en ejercicio de potestades públicas.
3.-El hecho de que la decisión del Directorio del Colegio del Abogados de denegar la rehabilitación de la matrícula del actor, haya sido anulada con fundamento en que el órgano carece de facultades sancionatorias y que asumió atribuciones que no le corresponden, no responsabiliza al Colegio porque el Tribunal de Disciplina tiene a su cargo el conocimiento y juzgamiento de las faltas cometidas por los abogados en el ejercicio de sus funciones y el Directorio detenta las facultades necesarias para el cumplimiento de sus fines, entre los cuales se encuentra ‘velar por el decoro del foro y la magistratura’ (art. 297 inc. 4 L.O.P.J) y existe un vacío normativo en lo atinente a la ‘rehabilitación’, la cual supone un lapso entre el cual se suspendió la matrícula y la nueva solicitud de rehabilitación, en el cual quedarían sin valoración las inconductas éticas cometidas por los abogados en otra función interconectada con la abogacía y esencialmente dirigida al mismo fin que ella, como lo es la magistratura.
4.-El innegable carácter de personas jurídicas de derecho público o paraestatales o entes públicos que detentan los Colegios de Abogados, que actúan por delegación de la administración cumpliendo finalidades públicas, destacándose entre ellas el ordenamiento de la actividad profesional como el control del cumplimiento de las normas deontológicas, implica que cuando se demanda a un colegio por responsabilidad civil quede atrapado por la normativa atinente a la responsabilidad del estado por actividad lícita y/o ilícita (según se determine en cada caso), en la cual rigen estándares propios de la justicia distributiva que rige las relaciones entre las prerrogativas estatales y las garantías (sustanciales y adjetivas) de las personas.
5.-Tratándose de la responsabilidad por actividad ilícita, delimitada la que le puede caber a un Colegio de Abogados en el cumplimiento de sus funciones públicas dentro de los límites del universo de normas que regulan la responsabilidad del estado y funcionarios o entes públicos, no habiendo sido demandado el estado provincial -cuya responsabilidad en base a un factor de atribución objetivo resulta doctrina jurisprudencial mayoritaria- la responsabilidad endilgada en base a un factor de atribución objetivo resulta contraria al sistema de responsabilidad por daños vigente, el cual prescribe para los funcionarios y/o entes en cumplimiento de funciones públicas una responsabilidad con base subjetiva a título de dolo o culpa (art. 1112 , CC.).
En la ciudad de Reconquista, a los 23 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario el Tribunal de la 4° Circunscripción Judicial integrado por los Señores Jueces Dres. Alejandro A. Román, Beatriz A. Abele y Lorenzo J. M. Macagno para resolver los recursos de nulidad y de apelación interpuestos por las partes, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito N° 4 en lo Civil y Comercial de la 3° Nominación de Reconquista, en los autos caratulados:
“Expte. N° 241 Año 2010 – F., E. L. M. c/ Colegio de Abogados de la 4° Circunscripción Judicial s/ ORDINARIO – DAÑOS Y PERJUICIOS”.
1a.: ¿Es nula la sentencia apelada?
2a.: En caso contrario, ¿es ella justa?
3a.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?
A la primera cuestión el Dr. Alejandro A. Román dijo:
Los recursos de nulidad -interpuestos por ambas partes conjuntamente con el de apelación a fs. 487 y 489- deben ser desestimados dado que no fueron sostenidos en esta instancia (v. fs. 498/504 y 506/509).
Por otro lado, revisado de oficio, tanto el procedimiento como la resolución en crisis, no advierto defecto alguno que justifique una declaración de nulidad.
Por lo tanto, mi respuesta a este interrogante es negativa.
A esta misma cuestión, los Dres. Beatriz A. Abele y Lorenzo J. M. Macagno dijeron que por idénticos fundamentos votaron asimismo por la negativa a esta primera cuestión.
1. Que, por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, esta causa debe ser nuevamente juzgada (A. y S. T. 270, pág.77/87). En esa tarea, señalo a continuación los antecedentes del caso que para esta etapa procesal entiendo presentan relevancias a destacar.
El accionante, E. L. M. F. inició demanda con el objetivo de obtener indemnización del daño moral y patrimonial -lucro cesante- que imputa derivado de la decisión del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción Judicial de fecha 11.04.2006. En esa oportunidad, la institución había denegado el pedido de rehabilitación de la matrícula profesional solicitada el 20.03.2006 -aunque fue luego anulada por la Cámara Penal de la ciudad de Vera- basándose en la falta de idoneidad ética requerida conforme surgía de la sentencia dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación -de fecha 06.03.2006- en la que se había removido al peticionante del cargo de Juez Federal de la ciudad de Reconquista.
A su turno, por sentencia dictada en primera instancia, se hizo lugar a la pretensión actora (fs, 482/486). Seguidamente, y contra tal pronunciamiento, ambas partes interpusieron recursos de nulidad y apelación (fs. 487 y 489) que resultaron concedidos y oportunamente sustanciados (fs. 498/504 y 506/509).
Con posterioridad y con opiniones divididas, el Tribunal de Alzada resolvió desestimar los recursos de nulidad planteados por ambas partes, rechazar el de apelación interpuesto por el actor, haciendo lugar parcialmente a la apelación deducida por el Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción Judicial; con imposición de las costas de ambas instancias a la demandada vencida.
Requerida la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, por medio del recurso de inconstitucionalidad -concedido oportunamente por la Alzada- se decidió anular la sentencia anterior, disponiéndose que se juzgue nuevamente la causa.
2.Que, sabido es que los precedentes dictados por la Corte Suprema de Justicia deben acatarse por razones de economía procesal y celeridad, pues tienen un valor que obliga a ser seguido y respetado; claro está -aunque no es el caso de autos, vale aclarar- que una situación de excepción amerite una decisión distinta, exigiendo así una argumentación suficiente.
3. Que, el planteo del actor refiere, en concreto, a cuestionar las cantidades admitidas en concepto de daño moral y de daño lucro-cesante, por considerarlas exiguas.
La postulación de la demandada, en cambio, está sostenida en esencia por su disconformidad porque se le adjudica responsabilidad, sin observar que el actor, como profesional del derecho, es un integrante insoslayable en la prestación del servicio de justicia por lo cual el ejercicio de la profesión está especialmente regulado y fiscalizado por el Estado, a cuyo fin instituyó colegios de abogados en los que delegó el gobierno de la matrícula con la obligación de cuidar el decoro del foro y de la magistratura (art. 297 L.O.P.J.).
Agrega, en particular, su queja porque la resolución anterior se excedió objetivamente de los fines impuestos por la ley, y que fue producto de una evaluación discrecional e irrazonable, fuera de los cauces constitucionales al crear inhabilidades e incompatibilidades no previstas por la ley. Sustenta su planteo en que la Jueza A-quo omitió considerar los siguientes puntos: 1) Que la resolución denegatoria fue dictada por el Colegio en cumplimiento de una carga-deber (arts. 293, 291 y 297 L.O.P.J.) dentro del margen de lo jurídicamente opinable y que por lo mismo su revocación o anulación no genera responsabilidad civil, ya que la vida en comunidad institucionalmente organizada necesariamente genera molestias y limitaciones a los derechos, que se deben soportar sin resarcimiento alguno en pro de los valores de convivencia, en tanto no se padezcan abusos o arbitrariedades. 2) Que el actor haya reconocido su inhabilidad para cumplir con las cargas profesionales (art.312 L.O.P.J.), y que la ética y su evaluación no se encasilla en tipos legales. 3) Que se presenta como razonable que quien fue tan severamente descalificado por el Tribunal de Enjuiciamiento en base a conducta escandalosa en la función judicial, no sea admitido en el ejercicio de la abogacía y que por el contrario lo irrazonable es que no se tenga en cuenta su deshonestidad y su inhabilidad de cumplir con las cargas funcionales anexas a la habilitación profesional.
Asimismo, se queja, en lo relativo a los presupuestos de responsabilidad, que se le ha imputado una responsabilidad de tipo objetivo sin consideración a un factor de atribución subjetivo. Cuestiona también los rubros admitidos y que no se valoraron las constancias probatorias de la causa, soslayando toda consideración sobre la conducta del actor, la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento y las consecuencias que genera compensar a un juez severamente descalificado para castigar al Colegio Profesional que pretendió volver a encausar el comportamiento éticamente exigible en el foro.
4. Que, en virtud que los agravios de la parte demandada refieren principalmente a la procedencia misma de la responsabilidad civil indemnizatoria a cargo del ente demandado (además del acogimiento específico de cada rubro peticionado), por razones metodológicas se debe comenzar con el tratamiento de la configuración en autos de los presupuestos necesarios de responsabilidad, para luego a partir de la conclusión a la que arribe en tal cuestión, proceder si correspondiere al análisis de los agravios de ambas partes referidos al monto y procedencia de los rubros acogidos de daño moral y daño lucro-cesante.
5.Que, al dar la Corte Suprema de Justicia los lineamientos sobre los cuales interpretar este caso expresó que “la equiparación ‘tout court’ del ente demandado con el Estado imponía una fundamentación acerca de la naturaleza jurídica y de la actividad realizada por los Colegios de Abogados a los efectos de su encuadramiento normativo.
En ese orden, se pueden hallar una serie de argumentos que avalan esta interpretación analógica.
Por ejemplo, esta Corte ha sostenido que la regulación del desempeño de las distintas actividades profesionales es una manifestación del poder de policía que se reconoce, en principio, reservado a las provincias, pero que, en el caso de Santa Fe, esa potestad se ha ejercido a través de la creación de Colegios Profesionales, con la consecuente reglamentación y fijación de condiciones de admisibilidad de los colegiados. Se ha reconocido legislativamente, en consecuencia, las potestades oportunamente conferidas por el ordenamiento jurídico provincial a los Colegios y Consejos profesionales creados por ley a fin de proveer al poder de policía en cuanto al control de la matrícula y ejercicio del poder disciplinario (Vid. C.S.J.S.F., “Brusco”, A. y S. T. 231, págs. 12/21).
El Cimero Tribunal nacional, por su parte, destacó que el Colegio Público de Abogados es una entidad destinada a cumplir fines públicos que originariamente pertenecen al Estado y que éste, por delegación circunstanciada normativamente, ‘transfiere a la institución que crea para el gobierno de la matrícula y el régimen disciplinario de todos los abogados de la Capital Federal, como auxiliares de la administración de justicia’ (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Capital Federal “Colegio Público de Abogados de Capital Federal c/ Martínez Echenique, Benjamín s/ cobro de sumas de dinero” – sumario, de fecha 1 de septiembre de 1992). En este orden de consideraciones se inserta el voto minoritario que equipara al ente demandado con una persona de derecho público, para luego aplicar las pautas que rigen la responsabilidad del Estado (fs.536/545).
Adviértase, en tal sentido, que la vocal disidente, tras destacar la centralidad del ‘interés público’ de la existencia del Colegio de Abogados, concluyó que no procedía la reparación civil ya sea que se considere responsabilidad por actividad lícita o ilícita del Estado. Para así decidir y en lo que toca a la responsabilidad por actividad ilícita, dijo que le asistía razón al ente demandado habida cuenta que juzgó que en el caso se acreditaron factores que suprimen el nexo causal, a saber la culpa de la vícti ma respecto al daño moral que exige, ya que fue su misma conducta carente de ética la que generó el daño que ahora reclama, y el hecho de un tercero en lo relativo al daño lucro cesante, ya que el lapso que estuvo el actor sin trabajar pudo ser mitigado por recursos que tenía a su disposición y de los cuales no se valió (medida cautelar innovativa, pronto despacho).
En ese mismo temperamento de asimilar el Colegio con el Estado, arguyó la vocal que si se optaba por ubicar la decisión administrativa del Colegio de Abogados en el marco de un acto administrativo derivado de la actividad lícita de un ente público o paraestatal, tampoco procedía el resarcimiento por daño moral o lucro cesante por no ser rubros indemnizables en este ámbito específico, agregando que, también, la responsabilidad debe ser examinada a la luz de la doctrina jurisprudencial del error judicial, y dentro de este, en el supuesto de responsabilidad de los agentes en ejercicio de potestades públicas, donde entra a jugar los factores de atribución para responsabilizar civilmente a los jueces, a saber un dolo o culpa grave, que en el caso -adujo- no fue acreditado.Y bien, más allá de compartirse o no la analogía trazada por la vocal disidente, lo cierto es que representa una de las exégesis posibles para resolver el caso, toda vez que justifica abundantemente el encuadramiento de la cuestión dentro del derecho público y a partir de ello examina detalladamente la acreditación de los presupuestos necesarios para la procedencia de la responsabilidad civil por daños causados por el Estado ya sea en su actividad lícita o ilícita”.
Y más adelante, insiste en que “a la causal de falta de fundamentación del fallo en torno a la equiparación del Colegio de Abogados y el Estado, se suma ahora la de no discurrir el razonamiento sentencial por ninguno de los ámbitos de responsabilidad estatal perfilados. En otros términos, no se sabe por qué el Colegio es condenado civilmente, ya sea por responsabilidad por actividad lícita o ilícita, por lo que queda vacío de todo contenido cualquier indagación que haya hecho el Tribunal respecto del nexo causal entre el daño y la conducta del Colegio de Abogados, que por otra parte aparece como el fruto de una reflexión genérica, al invocar el abuso del derecho y la culpa, y a su vez mecánica, al trasladar automáticamente el resultado de la sentencia de la Cámara Penal a los fines de la pretensión civil”.
6. Que, en cumplimiento a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, voy a reiterar, al hacer propios, los argumentos expuestos por la colega de la Cuarta Circunscripción Judicial, Dra. María Eugenia Chapero. Primero, porque comparto plenamente lo que expresó en la etapa procesal oportuna (fs.536 y sgtes.); y, segundo, porque a ellos refieren de alguna manera los lineamientos dados por el Alto Tribunal provincial.
Así entonces, debo señalar que tal como se desprende del cuerpo de la resolución alzada, la Jueza A-quo centró su análisis en la valoración de la legitimidad y/o ilegitimidad de la decisión del ente colegial, cuestión ésta que ya había sido resuelta -compartible el criterio adoptado o no- por el órgano jurisdiccional a cargo de la revisión judicial del acto administrativo cuestionado, conforme corresponde no sólo en virtud del art. 291 L.O.P.J., sino por expresos lineamientos de la Corte Nacional (en “Fernandez Arias”, fallos 247:646) referidos a la necesariedad en todo estado constitucional de derecho del control judicial suficiente de la actividad de la administración, en ejercicio de algún tipo o modo de facultad jurisdiccional que afecte derechos de terceros. Es decir que habiendo la Cámara Penal de Vera merituado las razones en las cuales fundó el acogimiento de la pretensión del actor de ser rehabilitado en su matrícula profesional y la descalificación de la decisión administrativa, era menester -en el ámbito de este reclamo indemnizatorio posterior basado en la tal decisión administrativa a la postre anulada por el órgano competente para hacerlo- el análisis riguroso de la acreditación de los presupuestos necesarios de toda responsabilidad por daños, como asimismo el correcto encuadramiento de la cuestión atendiendo las circunstancias particulares del caso, como lo constituye el carácter público del ente demandado. Ambas cuestiones esenciales fueron soslayadas por la Juzgadora de grado.
Y agrego. El innegable carácter de personas jurídicas de derecho público, o paraestatales o entes públicos que detentan los Colegios de Abogados (CSJN, 26.06.1986, “Ferrari c.Estado Nacional” ), que actúan por delegación de la administración cumpliendo finalidades públicas, destacándose entre ellas el ordenamiento de la actividad profesional como el control del cumplimiento de las normas deontológicas, implica que el caso de marras, (aún cuando no ha sido demandado el estado provincial), quede atrapado por la normativa atinente a la responsabilidad del estado por actividad lícita y/o ilícita (según se determine en cada caso), en la cual, según lineamientos del más alto Tribunal rigen estándares -distintos a los propios de la justicia conmutativa de la responsabilidad civil de los particulares-, propios de la justicia distributiva que rige las relaciones entre las prerrogativas estatales y las garantías (sustanciales y adjetivas) de las personas; “.las previsiones normativas estructurales del ordenamiento privado se podrán aplicar sólo analógicamente -esto es adaptándolas a las normas, estándares y principios del derecho público (la regla de la analogía fue utilizada por la CSJN en fallos 190:142, 321:174 , 190:141, 304:919 y 310:1578) solamente cuando no existan normas específicas regulatorias de la responsabilidad del Estado. En tal caso, como dice la propia Corte Suprema en “Barreto”, se deberá tener en cuenta el origen y naturaleza de la relación jurídica que se trate”. (v. “Responsabilidad de los poderes públicos en el Estado constitucional social de derecho:características y nuevas precisiones sobre la “relación de causalidad”, por SANMARTINO, P., Revista de Derecho Público, Año 1, número 2, infojus, páginas 227 a 269).
Y es aquí donde radica el quid sensible de esta cuestión, en el “interés público” comprendido en la existencia de Colegios de Abogados, magníficamente reflejado en un párrafo de la Declaración de la Coadem (Consejo de Ordenes y Colegios de Abogados del Mercosur) con relación a un Decreto del Supremo de Bolivia (N.0100 del 29.04.2009) que afectaba la abogacía boliviana “.Que, los Colegios de Abogados se sitúan como instituciones de la sociedad civil del Estado Democrático y de Derecho de carácter social que tienen como principal función la protección de la independencia y libertad del abogado garantizando así los derechos de los usuarios de los servicios profesionales a través de la representación y ordenación del ejercicio profesional, a través del control de acceso profesional y el ejercicio de la deontología y disciplina conectándolos con las potestades públicas que tienen atribuida, diferenciándose de otras organizaciones de base privada.”.
Ahora bien y ya adentrada en el tratamiento del eje controversial referido a la configuración en el sub-exámine de los presupuestos de responsabilidad, debo adelantar que el análisis riguroso de las constancias de autos a la luz de las normas aplicables me conduce a la conclusión que ya sea que se considere que la decisión administrativa -a la postre anulada en el marco del funcionamiento del sistema de estado constitucional de derecho- se debe regir por las normas de responsabilidad de las personas de derecho público por actividad lícita; o bien que se considere que la decisión administrativa denegatoria de la rehabilitación de la matrícula profesional del actor constituyó una actividad ilícita perpetrada por un órgano dependiente del Estado y ya sea que en tal supuesto la responsabilidad se impute erróneamente en base objetiva (como lo hace el fallo alzado) o a título deculpa, en ninguno de esos tres supuestos (responsabilidad por actividad lícita, responsabilidad por actividad ilícita de tipo objetivo ni responsabilidad por actividad ilícita con culpa) aparece configurada la responsabilidad reparatoria del Ente Colegial.
En lo tocante a la responsabilidad por actividad ilícita, delimitada la que le puede caber al órgano colegial demandado en el cumplimiento de sus funciones públicas dentro de los límites del universo de normas que regulan la responsabilidad del estado y funcionarios o entes públicos, debo manifestar que -no habiendo sido demandado en el sub-lite el estado provincial, cuya responsabilidad en base a un factor de atribución objetivo resulta doctrina jurisprudencial mayoritaria- la responsabilidad endilgada en la baja instancia al Colegio de Abogados en base a un factor de atribución objetivo resulta contraria al sistema de responsabilidad por daños vigente, el cual prescribe para los funcionarios y/o entes en cumplimiento de funciones públicas una responsabilidad con base subjetiva a título de dolo o culpa (art. 1112 Cód. Civil; aplicable al caso), por lo que tiene razón el accionado recurrente cuando se queja por la condena resarcitoria con base objetiva resuelta en la baja instancia; “.mientras el funcionario responde de culpas y dolo en su actuar, el Estado lo hace de manera objetiva, por ser tal, por el riesgo que crea el recurrir al accionar de terceros.” (comentario al art.1112, en Código Civil Comentado, MOSSET ITURRASPE, J., PIEDECASAS, M., tomo “Responsabilidad Civil”, página 320).
Sin perjuicio de la palmaria improcedencia técnica de imputar al agente -en este caso al ente colegial- en base a un factor de atribución objetivo por los daños causados en ejercicio de potestades públicas (más allá que se haya considerado la ilicitud del acto), advierto que además en la citada resolución se ha soslayado considerar que necesariamente todo análisis de responsabilidad basado en un factor d e atribución objetivo debe trascender la ilicitud del acto (en la cual se detuvo la anterior) para abordar la configuración estricta del nexo de causalidad y en su caso indagar la existencia de causas y/o concausas con idoneidad suficiente como para introducirse en el mismo para enervar parcial o totalmente la responsabilidad del agente.
Sin lugar a dudas, el fallo alzado que imputa lacónicamente un factor de atribución objetivo al accionar del ente colegial accionado invocando la figura del abuso del derecho (art. 1071 Cód.Civil) circunscribe la actividad de éste en el marco de actividad ilícita, es decir que el resolutorio se sostiene en el factum de que el Estado o el ente en el cual éste se sirve para el cumplimiento de sus fines (como lo constituye el Colegio de Abogados demandado) ha incurrido en una “faute de service”, es decir una prestación defectuosa o irregular del servicio público en cuestión, como en el sub-lite lo constituye el contralor por parte del ente demandado de la matrícula y cumplimiento de las normas deontológicas de los abogados.
El razonamiento del Colegio accionado expuesto en su pieza de agravios consistente en que el daño moral no puede ser atribuido a la entidad demandada sino a la propia inconducta del actor, y el daño lucro-cesante (de existir) debe ser imputado a terceros extraños al Colegio, reglado en esta faena jurisdiccional a la luz del iura novit curia no es más que la invocación de la existencia, en esta causa, de factores que suprimen la relación causal como lo son el hecho de un tercero o de la propia víctima.
Así, encuentro nítido en autos que si bien la decisión denegatoria del colegio (a la postre anulada) fue el antecedente fáctico inmediato de la restricción del derecho a trabajar como abogado del actor, ha sido su propia conducta carente de ética, decoro, probidad y honestidad la cual constituyó la causa generadora de la restricción de sus derechos subjetivos cuya reparación persigue, toda vez que es indiscutible que son las mismas virtudes éticas las exigibles tanto para abogados como para magistrados, conforme magníficamente ya lo revelara Piero Calamandrei en su “Elogio a los jueces- escrito por un abogado”, editorial E.J.E.A, página LXXXVII, “.más que el elogio de los jueces o de los abogados, será el elogio de la justicia, y el de los hombres de buena voluntad que, bajo la toga del juez o la del abogado, han dedicado su vida a servirla.”. A la luz de lo cual, y frentea la sentencia del Tribunal de Enjuciamiento de la Nación que descalificó por actos de corrupción en el ejercicio de la magistratura la conducta del actor al haber considerado que “.la conducta del juez F. en los cargos que por unanimidad se han tenido por acreditados constituyen la causal constitucional de mal desempeño (art. 53 C.N.), en tanto revelan un intolerable apartamiento de la misión confiada, con daño evidente del servicio público y la administración de justicia y menoscabo de la investidura. El jurado valora debidamente la trascendencia y gravedad institucional de una medida que importa separar a un juez de sus funciones, pero adopta tal decisión en resguardo de la administración de justicia, en el convencimiento de que el Dr. E. L. M. F. debe cesar en el cargo de juez federal y en la prestación de servicios a la Nación.” (copia certificada de la sentencia recaída en los autos “Doctor E. L. M. F. s/ pedido de enjuiciamiento” fs. 359 vto., 360), surge evidente que ha sido la propia conducta de F. valorada por el citado Tribunal ad hoc en fecha 06.03.2006 la causa de la decisión administrativa del Directorio del colegio de fecha 11.04.2006 (reitero, a la postre anulada por el órgano jurisdiccional revisor) de denegar la rehabilitación en la matrícula emitida en un marco de vacío normativo conforme lo desarrollaré infra y lo merituara la Cámara de Vera a la hora de anular la misma, decisión denegatoria que lejos de constituir una discriminación prohibida o arbitraria (para usar los términos de la ley 23.592) por motivos de raza, religión, sexo, ideología, opinión política o gremial, posición social o caracteres físicos (art.16 C.N), se sustentó en hechos objetivos de grave inconducta ética cometidos por el accionante sobradamente acreditados en el marco del juicio de enjuiciamiento de magistrados resuelto el 06.03.2006, es decir a escasos días antes de la petición de rehabilitación en la matrícula de abogado -20.03.2006- y posterior denegatoria a dicho pedido -11.04.2006-.
Por otro lado también surge claro en el sub-judice que la restricción de trabajar por el lapso de 14 meses cuya ganancia frustrada pretende ser resarcido el accionante no puede ser achacado al ente colegial tal como surge del fallo alzado -petición de rehabilitación de matrícula el 20.03.2006, resuelta negativamente el 13.04.2006, apelación 02.05.2006, condedida el 03.05.2006, resolución anulatoria Cámara de Apelación de Vera 29.05.2007, rehabilitación 28.06.2007- si se tiene en cuenta que el propio actor detentando con recursos a su cargo para mitigar los efectos de la espera de la resolución definitiva (medida cautelar innovativa, pronto despacho) no echó mano de los mismos. Esta circunstancia viene a complementar la exoneración total de responsabilidad por conducta de la propia víctima desarrollada en el párrafo anterior, evidenciandose de tal guisa la existencia en el sub-exámine de una doble incidencia de causa extraña, tal como ha resuelto la Corte Nacional en “Odol” (fallo 304:651). En dicha causa dijo la C.S.J.N: “el hecho que causa daño a la persona que lo sufre sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna”, pronunciamiento en el que el Alto Tribunal de la Nación observó una doble incidencia de causa (v. SANMARTINO, P., ob.cit., página 261), -como también se advierte presente en el caso de marras- que obsta a tener por acreditada una relación adecuada de causalidad entre la decisión administrativa de denegar el pedido de rehabilitación en la matrícula profesional y los daños invocados por el accionante, teniendo en cuenta todas las circunstancias fácticas ut supra analizadas.
Y, en cuanto a la responsabilidad por actividad lícita, cabe señalar que si bien es cierto que en el sub-lite la decisión administrativa tomada por el Directorio del Colegio del Abogados de denegar la rehabilitación de la matrícula del actor fue anulada por el órgano jurisdiccional revisor por considerar éste que el Directorio del Colegio no tiene facultades sancionatorias, y que al rechazar el levantamiento de la suspensión al matriculado por la razón invocada no prevista específicamente por la ley para obstar la admisión como miembro del Colegio o el ejercicio profesional asumió atribuciones que no le corresponden, no lo es menos que siendo que el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados tiene a su cargo el conocimiento y juzgamiento de las faltas cometidas por los abogados en el ejercicio de sus funciones (art. 20 Estatuto del Colegio de Abogados); que el Directorio del Colegio en cuanto órgano de gobierno detenta las facultades necesarias para el cumplimiento de sus fines (art. 10 inc. m Estatuto del Colegio de Abogados), entre los cuales se encuentra la función de “velar por el decoro del foro y la magistratura” (art. 297 inc. 4 L.O.P.J) y que las previsiones normativas se circunscriben a los requisitos para la “inscripción” en la matrícula (art. 20 Estatuto Colegio de Abogados, art.304 L.O.P.J) se puede sin temor a error afirmar que existe un vacío normativo en la cuestión en exámen relativa a los requisitos para la “rehabilitación” (no es inscripción) en la matrícula de abogado, toda vez que ésta (a la rehabilitación me refiero) supone un lapso transcurrido entre el cual se suspendió la matrícula y la nueva solicitud de rehabilitación para ejercerla, en el cual quedarían afuera de valoración las inconductas éticas cometidas por los abogados en ese lapso en otra función tan intrínsecamente interconectada con la abogacía y esencialmente dirigida al mismo fin que ella -realizar la justicia- como lo es la magistratura (conforme lo desarrollaré infra) .
En tal sentido la norma del Consejo de la Magistratura (art. 12 inc. h decreto 0164/2007) que exige a los abogados aspirantes a desempeñarse en la Magistratura acompañar una constancia del Tribunal de Disciplina del Colegio respectivo de no haber sido objeto de sanciones disciplinarias en los últimos diez años y/o en su defecto la indicación de las sanciones con fecha y motivo, revela la laguna legal existente en el caso contrario, y la importancia de lege ferenda de que se regulen los efectos y en su caso el alcance temporal que inconductas éticas (acreditadas, como ha acontecido en autos) cometidas en el ejercicio de la magistratura judicial pudieran tener en el supuesto de quien habiendo suspendido su matricula como abogado para desempeñarse como magistrado solicite la rehabilitación en la misma para volver a trabajar como abogado. En tal sentido, la Cámara de Vera se hace cargo de tal vacío legal y lo suple interpretando el derecho con los paradigmas propios del derecho penal (en una cuestión de deontología profesional que admite naturalmente además del estricto e inobjetable reparo de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, otras miradas, otros matices, conforme lo expone magistralmente el Dr. Vigo en el fallo CSJSF, “Rodríguez s/ Recurso de Inconstitucionalidad” N.684, año 1998) sosteniendo que los requisitos para la re-inscripción no podrán ser mayores que para la inscripción, merituando a su vez el Tribunal de Vera las razones de la suspensión por incompatibilidad -en el sub-lite ocurridas 7 años antes- y dejando afuera la valoración de conductas acaecidas en el mes anterior al pedido de rehabilitación “.Si bien la ley prevee los requisitos y exigencias para la inscripción en la matrícula de abogados y no lo hace específicamente respecto al “levantamiento de la suspensión” de quien ya se encuentra matricula do, tal el caso que nos ocupa, parece evidente que las exigencias en éste último caso no pueden ser mayores que para el no inscripto, máxime cuando la suspensión en la matrícula no fue consecuencia de una sanción sino producto de un acto voluntario del interesado, es decir efectuada a su pedido por razones de incompatibilidad”. (fs. 42, autos “FARIZ s/ Recurso de Apelación – denegatoria habilitación matrícula-“, Expte. N 128/2006).
Tal cuestión del vacío legal y/o la indeterminación normativa que fuera suplida a través de la integración e interpretación de las normas por parte del órgano de gobierno del colegio a cargo de la decisión de rematriculación (que no es “inscripción”) materializada en la decisión administrativa denegatoria (acta 313, de fecha 11.04.06), anulada posteriormente por el órgano revisor jurisdiccional me conduce a circunscribir -a diferencia de lo resuelto en la baja instancia- el hecho generador de la responsabilidad debatida en autos en el marco de la actividad lícita de un ente de derecho público en cumplimiento de funciones delegadas por el Estado, como lo constituyen los colegios de abogados que en uso de facultades públicas delegadas emiten resoluciones administrativas susceptibles de afectar derechos de terceros.El principio de revisión judicial suficiente, no admite réplica posible cuando la administración aplica medidas que constituyen una sanción o limitaciones severas a los derechos de propiedad, de comerciar y de ejercer industrias lícitas (conf. GELLI, M. A., “Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada”, tomo II, página 453). En “Elías Jalifé” (fallos 316:3077 (1993) la C.S.J.N. sostuvo que el hecho de que la administración obrase en ejercicio de facultades discrecionales, de modo alguno impide el control judicial suficiente de sus actos a que obliga el principio de separación de poderes, tanto más en una causa de sustancia penal administrativa, como lo constituye en autos la decisión denegatoria de rehabilitación en la matrícula emitida por el Directorio del Colegio de Abogados (art. 301 L.O.P.J). Y es que no encuentro razón alguna para privar a los entes de derecho público como los colegios profesionales a los cuales se les delegaron facultades de control y sancionatorias (véase que la naturaleza sancionatoria de la facultad del Directorio de denegación de matrícula se advierte al estar regulada su apelabilidad ante la Cámara Penal conjuntamente en un mismo artículo -art. 301 L.O.P.J.- a las demás sanciones que pudiere aplicar el Tribunal de Etica) de los paradigmas y principios que rigen la responsabilidad del Estado por el “error judicial” cuya aplicación análogica resulta del todo razonable. Habiendo sido definido éste por la C.S.J.N. como “aquel que ha sido provocado de modo irreparable por una decisión de los órganos de la administración de justicia y cuyas consecuencias perjudiciales no han logrado hacerse cesar por efecto de los medios procesales ordinariamente previstos a ese fin en el ordenamiento (Fallos:308:2095), no se puede achacar en el sub-judice “faute de service” o que el servicio funcionó mal cuando el particular pudo mitigar los efectos adversos en su esfera de derechos subjetivos de una decisión determinada a través de los canales recursivos ordinarios, como advierto ha acontecido en el sub-exámine, más allá que para ello haya debido aguardar la decisión definitiva en el marco de un proceso jurisdiccional: “.() Es que en toda comunidad jurídicamente organizada todos sus componentes tienen el deber o carga genérica de someterse a las decisiones que se adopten en los procesos jurisdiccionales, lo cual lleva consigo la carga de soportar los daños ocasionados por una sentencia desfavorable. Este deber se concreta muchas veces, en el sacrificio que tiene que aceptar todo particular -sin indemnización- de soportar daños que le provoca el sometimiento al proceso, hasta tanto obtenga una sentencia que haga lugar a su pretensión; ello constituye un principio general del derecho cuyo fundamento reposa en la justicia legal o general que es la especie de justicia que establece los deberes de las partes con el todo social, y su límite está dado por la significación del daño, la cual debe exceder la normal tolerancia de lo que para el ciudadano común impone la vida en sociedad. Este sometimiento exige, en principio, soportar todas la consecuencias perjudiciales que ese proceso provoque en sus derechos de propiedad y libertad; más el carácter excepcional de esta responsabilidad no implica sostener la irresponsabilidad estatal, puesto que sí aparece en cabeza de la comunidad el deber de reparar los daños ocasionados cuando la actividad desplegada sea ilegítima a fin de establecer la igualdad a través de la restitución” (C.S.J.S.F. en “Aragón c/ Provincia de Santa Fe” A. y S., T. 219, págs. 140-150).
El funcionamiento particular del sistema de responsabilidad del Estado por actividad lícita ha sido delineado por la Corte Nacional como por Tribunales inferiores. Así en “Canton” (Fallos: 301:403) la C.S.J.N.consideró que ante la falta de normas expresas sobre la responsabilidad del Estado por los perjuicios causados por el accionar legítimo de la administración, se debe atender al modo de responder establecido en instituciones análogas (expropiación), no siendo procedentes las normas propias de derecho común relativas a la responsabilidad civil, lo cual significó que en este ámbito específico no sean indemnizables el daño moral ni el lucro cesante sino sólo el daño emergente (v. Obras citadas SANMARTINO, página 264 y MOSSET ITURRASPE y otro, página 319). En “El Jacarandá” en un voto de alta factura técnica, la jueza Highton de Nolasco sostuvo que, frente a la ausencia de una solución normativa singularizada para la responsabilidad por actividad lícita del Estado, es adecuado recurrir a los principios de leyes análogas. Agregó luego que esa analogía debe fundarse en principios de derecho público. Ello así, debido a que la actividad legítima del Estado, aun cuando provoque daños, tiene una finalidad típica de interés público, que se encuentra ausente en las normas regulatorias de derecho común que persiguen la composición equitativa de conflictos en los que se involucran intereses privados (fallos 328:2654 ).
En verdad, la remoción de un Juez por “mal desempeño” es un acto de tal gravedad institucional (como lo señala la sentencia del Tribunal de enjuicimiento), que conmociona de tal forma a la sociedad, conformada por ciudadanos, cuyos bienes más preciados debían ser custodiados por quien -como en el caso del destituído juez F.- demostró un claro desprecio y desdén por la vida, el honor, la libertad y/o el derecho de propiedad de ciudadanos sometidos a su jurisdicción que es impensable que tal acto institucional de reproche a la falta de idoneidad ética de un magistrado, carezca de efectos expansivos en otros ámbitos institucionales (por ello el vacío legal al que refiero ut supra y la necesidad de lege ferenda de previsión normativa del mismo), como en este caso lo constituye el Colegiode Abogados de la misma circunscripción judicial de la cual fue expulsado por inconducta moral y ética el accionante, el cual entre sus loables finalidades se encuentra la de velar por el “decoro” del foro y la magistratura (art. 297 inc.4 L.O.P.J), término que -según el diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición 2001- significa.3. Pureza, honestidad, recato. 4. Honra, pundonor, estimación. La tensión entre tal “interés público” reflejado en el carácter de entes de derecho público guardianes de intereses superiores asignado a los Colegios Públicos de Abogados y el “interés particular” del aspirante a ser rehabilitado en su matrícula, se evidencia fuertemente presente en los fundamentos de la decisión denegatoria de re-habilitación luego dejada sin efecto (v. Acta N. 313, fs. 7, 8, 9, 10 expte. 128/2006), en la cual el Directorio del colegio demandado frente al grave dilema ético planteado, resuelve en ejercicio del gobierno del órgano entre cuyas funciones está la de velar por la “pureza, honestidad, recato, honra, pundonor, estimación” del foro (para jugar con los significados del término “decoro”) denegar una “rehabilitación” en la matrícula profesional, a expensas del “interés particular” de quien voluntariamente incurrió en conductas impuras, deshonestas, deshonradas, carentes de recato, y estima en una actividad como la magistratura regida por los mismos patrones éticos que la abogacía, a la cual aspira acceder y de la que se sintió injustamente limitado en su ejercicio por 14 meses. La máxima jurídica “Nemo auditur propiam turpitudinem alegans”-nadie puede alegar su propia torpeza- adquiere en el contexto jurídico de esta litis significativa elocuencia.
7. Que, en suma y recapitulando el análisis efectuado, concluyo -siguiendo los fundamentos expuestos por la Dra.Chapero, como lo referí supra- que la decisión denegatoria fundada en Acta 313 tomada por unanimidad de los integrantes del Directorio del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción Judicial dejada sin efecto por el órgano jurisdiccional revisor en el juego armónico de contralor de todo estado constitucional de derecho, debe ser ubicada en el marco de un acto administrativo derivado de la actividad lícita de un ente público o paraestatal, lo cual conlleva a la improcedencia del resarcimiento del daño moral y lucro cesante, como los peticionados por el actor en esta causa; a la vez que debe ser analizada a la luz de la doctrina jurisprudencial (no existe regulación normativa) del “error judicial” y dentro de ella (no de la responsabilidad estatal de base objetiva, como le corresponde al Estado, en ese caso no demandado) sino de la responsabilidad de los agentes en ejercicio de potestades públicas. En tal sentido cabe traer a colación lo manifestado por la C.S.J.S.F en oportunidad de tratar la cuestión de la “responsabilidad civil de los j ueces” in re “GONZALEZ ECHENIQUE”, A y S t. 81, P. 419-444, en la cual nuestro Máximo Tribunal Provincial en esa oportunidad dijo que “.esta Corte debe manejar las situaciones que se planteen ante sus estrados y de hecho proceder al rechazo de todas aquellas pretensiones en que no se plantee un innegable daño injusto debido a un comportamiento, a un acto, etc. emitido por un juez con dolo o culpa grave, en el ejercicio de sus funciones.Debe tratarse, en suma para que se dé esta responsabilidad, de una grave violación legal determinada por la negligencia inexcusable, excluyéndose necesariamente de este ámbito toda actividad de interpretación de las normas de derecho y las referidas a las de valoración de los hechos y de las pruebas.”.
Así, pues, más allá que se comparta o no el criterio de circunscribir la decisión del Colegio de Abogados en cuestión en el marco de la actividad lícita, lo cierto, claro e indiscustible en la doctrina argentina es que la responsabilidad a título de dolo o culpa de la persona física o jurídica generadora del acto o decisión administrativa cuestionada es ineludible y que en ningún caso es dable imputarles una responsabilidad de tipo objetivo, como la impuesta en la instancia anterior, de cuyo análisis me encargué ut supra valorizando la ruptura en el caso de marras del nexo adecuado de causalidad por conducta de la propia víctima. Y como toda imputación subjetiva necesita para su configuración conductas reveladoras de animosidad, intención dañosa (dolo) o negligencia, descuido, déficit de cuidado, desidia, (culpa), caracteres éstos que de ningún modo han sido acreditados por el accionante, ni se pueden extraer de los fundamentos de la decisión (véase fs. 7 a 10, Expte. N° 128/2006) ni de la actuación anterior y/o posterior del cuerpo en el marco fáctico y normativo descripto ut supra, es que propongo que se rechace la demanda por falta de configuración de los presupuestos necesarios para imputar responsabilidad al ente accionado, toda vez que la sola anulación o revocación de un acto administrativo o jurisdiccional por parte del órgano revisor, no puede sin más y de modo objetivo comprometer la responsabilidad de la persona o del cuerpo emisor del mismo, en un Estado que se precie constitucional y de derecho.
8.Que, entonces, la solución propuesta a la cuestión atinente a la responsabilidad del ente demandado torna innecesario el tratamiento de los rubros peticionados y el monto de los mismos.
9. Que, en suma, opino que se debe dejar sin efecto la sentencia anterior, en cuanto ha sido materia de revisión. Ello por cuanto si bien cabe rechazar la apelación interpuesta por el actor, corresponde hacer lugar al mismo recurso planteado por el demandado. En su lugar, se deberá disponer el rechazo de la pretensión actora, con costas de ambas instancias conforme un criterio objetivo de vencimiento.
Por todo lo expuesto, para concluir y ante la pregunta formulada al comienzo y que motiva el desarrollo de mi voto, mi respuesta es negativa.
A esta segunda cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele y el Dr. Lorenzo J. M. Macagno adhieren a los votos del Sr. Juez preopinante.
Como consecuencia del estudio realizado, propongo a mis colegas dictar la siguiente resolución: 1) Desestimar los recursos de nulidad interpuestos por ambas partes. 2) Rechazar la apelación interpuesta por la parte actora y admitir el mismo recurso interpuesto por la parte demandada. En consecuencia, cabe revocar la sentencia de grado, en cuanto ha sido materia de revisión, disponiendo el rechazo de la demanda en su totalidad. 3) Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora, conforme criterio objetivo de vencimiento. 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en la Alzada en el 50% de lo estipulado en el Tribunal de origen.
1) Desestimar los recursos de nulidad interpuestos por ambas partes. 2) Rechazar la apelación interpuesta por la parte actora y admitir el mismo recurso interpuesto por la parte demandada. En consecuencia, cabe revocar la sentencia de grado, en cuanto ha sido materia de revisión, disponiendo el rechazo de la demanda en su totalidad.
3) Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora, conforme criterio objetivo de vencimiento.
4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en la Alzada en el 50% de lo estipulado en el Tribunal de origen.
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de lege ferenda
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