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Timestamp: 2018-04-19 22:57:41+00:00

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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales – Diputado Ricardo Mejía Berdeja
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 219 Y 220 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.
El proponente RICARDO MEJÍA BERDEJA y el suscrito RICARDO MONREAL ÁVILA, Diputados integrantes de la LXII Legislatura, y a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 219 Y 220 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al tenor del siguiente:
Hace 59 años, el 17 de octubre de 1953, las mujeres en México obtuvieron a nivel nacional el reconocimiento legal de su derecho a votar y a ser votadas, en 1947 lo habían obtenido a nivel municipal. Sin embargo, muchos años han tenido que pasar para que las mujeres puedan ejercer y gozar de ese derecho a cabalidad.
No es casualidad que países desarrollados como Nueva Zelandia, Australia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Alemania y Austria les reconocieron su ciudadanía a las mujeres desde fines del siglo XIX y principios del XX. Mientras que países latinoamericanos como Honduras, Nicaragua, Perú y Colombia, lo hicieron en la década de 1950, o casos como el de Kuwait que lo hicieron apenas en 2005.
La ciudadanía de las mujeres en México se ha visto pospuesta a lo largo de estos 59 años, pues aunque las mujeres han asumido su carácter ciudadano al participar en los procesos electorales, votando con responsabilidad, fungiendo como funcionarias de casilla, siendo las principales promotoras en tiempos de campaña, y haciendo trabajo de base al interior de los partidos políticos y en organizaciones sociales, sigue habiendo un déficit de representación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política de nuestro país.
Una de las áreas más visibles de la participación política de las mujeres es su acceso a cargos legislativos de elección popular, tales como diputaciones federales o locales, y senadurías. La importancia de su presencia en los congresos radica en gran medida en que las mujeres se vuelven referentes para que más mujeres puedan acceder a esos y otros espacios de decisión pública.
Además, la presencia de las mujeres en el Poder Legislativo, en diferentes partes del mundo y al interior del país, se ha traducido en un incremento de iniciativas que tienen como objetivo plasmar en las leyes una visión equitativa y más igualitaria, lo que al final de cuentas es favorable para el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
Las cuotas de género en las diputaciones federales y a nivel estatal, han venido a ser una acción afirmativa que busca revertir esa subrepresentación y desde sus primeros antecedentes en leyes federales en 1993, y las reformas de 1996, 2002 y 2008 se ha venido avanzando en la legislación para tener en la actualidad la obligatoriedad de los partidos políticos de no postular más de 60 por ciento de candidatos de un mismo sexo.
Las cuotas de género en las candidaturas en México han tenido un alto impacto en el porcentaje de representación en la Cámara de Diputados. La presencia de diputadas a nivel federal se ha incrementado de forma sustancial, pasando de seis por ciento en la primer ocasión que tuvieron oportunidad de acceder en la XLII Legislatura, a 37.8 por ciento en la actual legislatura.
De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el folleto Mujeres. Participación Política en México 2012 , de 1952 a 2011, ha habido 921 diputadas federales propietarias, esto representa 13.3 por ciento de un total de 6 mil 947 curules. El incremento más alto se vio reflejado justo en las elecciones de 1994 y 2003, que coinciden con las reformas en materia de cuotas de género de 1993 y 2002, cuando el porcentaje de legisladoras aumentó 8 y 7 puntos porcentuales respectivamente, respecto de la legislatura anterior.
El mayor incremento histórico en la representación política de las mujeres se dio en la presente legislatura, que fue de 10 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior, y coincide con el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma que estableció mecanismos para la obligatoriedad de la cuota de al menos 40 por ciento de candidatos de un mismo género, y de fórmulas integradas por el mismo género.
Esto demuestra el papel que la legislación progresiva en materia de las cuotas de género ha tenido para lograr una representación más equitativa entre los géneros para estos cargos de elección popular.
Sin embargo, las cuotas de género han venido sorteando los obstáculos y mecanismos de simulación con los que se ha torcido la ley para no darle cumplimiento a la cuota de representación política de las mujeres.
Uno de esos mecanismos de simulación de la ley, que se dio desde la instauración de las cuotas de género de manera obligatoria para los partidos políticos en el 2002, fue postular candidatas propietarias para cumplir con el porcentaje requerido, pero ubicar como suplentes a varones quienes serían, al llegar al Congreso, los que en realidad ocuparían los curules o escaños.
El caso más dramático se dio al iniciar la LXI Legislatura cuando 18 diputadas pidieron licencia para dejar su espacio a su suplente varón, al final –después de la presión de la opinión pública, de mujeres políticas y de organizaciones civiles- sólo diez de ellas concretaron su salida, afectando considerablemente el porcentaje de representación política de las mujeres en esa legislatura.
Otro obstáculo para el cabal cumplimiento de las cuotas, es lo que Javier Aparicio llama “válvula de escape” en su investigación para el Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE)– Instituto Federal Electoral (IFE), llamado: Cuotas de género en México. Candidaturas y resultados electorales para diputados federales 2009 .
Esta válvula de escape, que quedó establecida tanto en la reforma de 2002, como en la de 2008, es considerada como excepción para el cumplimiento de las cuotas las candidaturas que se hayan seleccionado por medio de “procesos democráticos de elección” al interior de los partidos.
En el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), la excepción a las cuotas de género está establecida en el segundo párrafo del artículo 219, que a la letra dice:
“2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido.”
Esta excepción en los hechos, sobre todo en elecciones de 2009, se había convertido en la regla ya que, por principio, todos los procesos de selección de candidatos considerados en los estatutos de los partidos son democráticos, ya fueran elección directa o indirecta, asambleas e incluso designaciones. Luego entonces las cuotas de género perdían su carácter de acción afirmativa, pues mediante la excepción considerada en la ley, todos podrían evadir su cumplimiento.
Es hasta la sentencia SUP-JDC-12624/ 2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal que se sentaron las bases para que los partidos cumplieran con la cuota establecida del 40/60, habiendo de cubrirla al menos con 40 por ciento de mujeres candidatas, en fórmulas integradas por mujeres propietarias y suplentes.
A raíz de esa sentencia, es que en esta LXII Legislatura hay 184 diputadas y 42 senadoras, con sus respectivas mujeres suplentes, que representan más de 38 por ciento en el caso de las primeras, y 32 por ciento con respecto al Senado.
Esta sentencia se convirtió en ese otro momento trascendente para la historia de los derechos político-electorales de las mexicanas, pues fue una resolución jurídica que ha hecho válido el derecho de las mujeres de ser electas.
A raíz de los resultados positivos de esta sentencia en el incremento de mujeres en los espacios de representación parlamentaria, las y los legisladores tenemos la responsabilidad de impulsar las medidas legislativas que hagan efectiva la ciudadanía de las mujeres, y conviertan el mandato del máximo órgano jurisdiccional electoral en parte de nuestro marco legal vigente.
La representación política de las mujeres es un tema ineludible para consolidar nuestra democracia. En este sentido, la democracia no será tal mientras se impida el ejercicio efectivo del poder político a las mujeres y ello implica apostar a una democracia paritaria.
Apostemos en esta legislatura a hacer de nuestra democracia representativa, una efectiva para mujeres y hombres.
En nuestro país, se ha ampliado el abanico de derechos que deben ser considerados en nuestra legislación, a raíz de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, que le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país, bajo el principio pro homine , con la finalidad de que su interpretación jurídica sea siempre de optar por la norma que proteja de mejor manera los derechos de las personas.
En ese sentido, los tratados firmados y ratificados por el Estado mexicano, deben formar parte de los derechos de las y los mexicanos. Nos corresponde, en todo caso, armonizar las leyes a fin de incorporar los tratados internacionales a leyes y mecanismos nacionales que los hagan efectivos y exigibles por la ciudadanía.
En razón de ello, debemos incorporar a nuestras leyes todas las medidas que busquen fortalecer y hacer efectivos los derechos políticos de las mexicanas.
Además, México ha adquirido la obligación de promover la participación política de las mujeres a través de la firma de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), y las Conferencias Mundiales en el Cairo (1994) y Beijing (1995).
La firma de dichos instrumentos compromete a nuestro país a impulsar las reformas legislativas necesarias y a tomar las medidas de política pública que se requieran a fin de acelerar el proceso de incorporación de las mujeres en la toma de decisiones, y con ello contribuir a la igualdad sustantiva y efectiva entre mujeres y hombres.
De acuerdo al PNUD, en el folleto Mujeres. Participación Política en México 2012 la firma de dichos tratados ha contribuido a fortalecer el consenso en torno a la legitimidad de la participación política de las mujeres. Tales consensos son:
“El primero, porque se considera que es injusto que el poder político esté monopolizado y, por tanto, la participación de las mujeres es un asunto de equilibrar el acceso a dicho poder. El segundo, porque si las mujeres no están en los cargos públicos, se desperdicia la mitad de talento de nuestro país. El tercero, porque un Congreso donde más de la mitad de la población está subrepresentada, no puede considerarse representativo.”
En México, sin duda a nivel de la legislación ha habido avances importantes para fortalecer los derechos políticos de las mujeres. Como se ha visto, las cuotas han sido una medida eficiente para incrementar el porcentaje de representación de las mujeres en los cargos de elección popular y en la vida pública de México.
Sin embargo, el proceso ha sido lento y lleno de obstáculos, lo que retrasa la consolidación de nuestra democracia. Tenemos que acelerar el paso, e impulsar las medidas legislativas que tiendan a garantizar plenamente la ciudadanía de las mujeres, la igualdad sustantiva y la paridad.
Los argumentos que se esgrimieron a raíz de los diez juicios de protección a los derechos ciudadanos presentado por la red Mujeres en Plural, integrada por mujeres con diferente militancia partidista, y que fueron el origen de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el número 12624/2011, para el cumplimiento de la cuota de género en las candidaturas para el proceso electoral de 2012, nos dan luces de las reformas necesarias e inmediatas que debemos implementar para que se consolide el avance obtenido en esta legislatura, y atajar cualquier posibilidad de retroceso, mientras conseguimos los mecanismos legales definitivos que garanticen la representación paritaria de mujeres y hombres en el Congreso.
Al fin de cuentas, las cuotas de género son acciones afirmativas, de carácter temporal, que tienen como finalidad la de impulsar los consensos y cambios culturales que permitan abrir de manera definitiva los espacios de representación política de las mujeres.
El acto impugnado en la sentencia SUP-JDC-12624/ 2011 del TEPJF para las elecciones del 2012, fue:
El acuerdo CG327/2011, “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del instituto, para el proceso electoral federal 2011- 2012.
La autoridad electoral dispuso, en el citado acuerdo reglamentario lo siguiente:
Es de toda evidencia que el IFE no sólo tergiversó la disposición legal expresamente establecida por el legislador ordinario, al omitir la condicionante del voto directo, sino que, en los hechos, reformó -sin derecho a hacerlo- la propia ley al establecer lo que se entendería por procesos de elección democrática.
La interpretación que ha venido haciendo la autoridad electoral de la excepción a la cuota de género ha producido una grave distorsión a la cuota de género, restringiendo o haciendo nugatoria la intención de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del legislador ordinario, en favor de la participación de las mujeres en candidaturas a cargos de elección popular.
En lo que hace a la cuota de género, los estatutos remiten -o transcriben- las disposiciones aplicables del Cofipe. Estamos entonces ante un círculo vicioso: el Cofipe remite a los estatutos, y éstos remiten al Cofipe.
Los efectos de la sentencia SUP-JDC-12624/ 2011 que deben verse reflejados en las reformas al Cofipe, son:
a) Expulsar del acuerdo impugnado el párrafo cuarto del punto de acuerdo decimotercero, que decía:
“Para efectos de lo señalado en los dos párrafos anteriores, debe entenderse por procedimiento democrático aquél en el que la elección de las candidaturas se realice de forma directa por la militancia del partido o por la ciudadanía, o de forma indirecta a través de una convención o asamblea en la que participe un número importante de delegados electos ex profeso por dicha militancia”.
b) Modificar los párrafos tercero y quinto del punto decimotercero del acuerdo impugnado, para quedar como sigue:
“Esto es, en caso de que el partido político elija a sus candidatos de mayoría relativa mediante un proceso de elección democrático observando y privilegiando lo previsto en sus estatutos respecto de la forma de elección, el partido político o coalición, en todo caso, deberá presentar como mínimo 120 y 26 candidatos propietarios de un mismo género, a diputados y senadores, respectivamente en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”
“Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada. En el caso de las candidaturas que conforman la cuota de género prevista en el artículo 220, párrafo primero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (mínimo cuarenta por ciento del total), la fórmula completa (propietario y suplente) debe integrarse por candidatos del mismo género. Tratándose de la lista de candidatos a senadores, los dos últimos lugares serán ocupados por un candidato de cada género.”
Es de observarse que la sentencia 12624/2011 al establecer que en “todo caso” se debería cubrir el porcentaje de candidaturas de género establecido por el Cofipe, no importando el proceso de elección democrático que establecieran los partidos, dejó sin efecto el segundo párrafo del artículo 219, por lo que esta iniciativa propone su derogación.
Consideramos que los procesos de elección internos para candidaturas de elección popular, establecidos en los estatutos de cada partido, son por principio democráticos, pues fue un requisito para declarar su validez constitucional, dejar esa consideración como una excepción para el cumplimiento de las cuotas de género, invalida en los hechos la cuota misma, y la excepción se convierte en la regla. Por ello, coincidimos con las valoraciones hechas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y consideramos una reforma pertinente el derogarla del Cofipe.
Al mismo tiempo, la sentencia 12624/2011 cerró el paso a la simulación de la cuota de género mediante las suplencias, al establecer que las fórmulas completas, de las candidaturas propietarias y suplentes, por el principio de representación proporcional, fueran integradas por el mismo género.
En razón de ello, esta iniciativa considera necesario implementar en la ley, el Cofipe, ese mismo mecanismo de fórmulas completas que conforman las cuotas de género, no sólo en las candidaturas de representación proporcional, sino también en las de mayoría relativa, dejando abierta la posibilidad de que las demás fórmulas (que no son producto de la cuota) se integren de manera indistinta (propietarios y suplentes del mismo o diferente género) con la finalidad de hacer efectivo el espíritu de las cuotas como medidas afirmativas para la incorporación equitativa de las mujeres en los espacios de representación popular.
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción I y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Decreto por el que se reforman los artículos 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Único. Se reforman y adicionan los artículos 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. Las candidaturas que conforman la cuota de género, por ambos principios, se deberán integrar en fórmulas completas de propietarios y suplentes del mismo género.
Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada. Tratándose de la lista de candidatos a senadores, los dos últimos lugares serán ocupados por un candidato de cada género.

References: Artículo 6
 artículo 219
 resolución 
 artículo 219
 artículo 220
 artículo 219