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INFORME INVESTIGACIÓN DE SECUESTROS EXTORSIVOS Y TRATA DE PERSONAS (UFASE) - RATT ARGENTINA LINEA FUNDADORA
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INFORME INVESTIGACIÓN DE SECUESTROS EXTORSIVOS Y TRATA DE PERSONAS (UFASE)
A. UNIDAD ESPECIAL FISCAL MÓVIL PARA LA INVESTIGACIÓN DE SECUESTROS EXTORSIVOS Y TRATA DE PERSONAS (UFASE), A CARGO DEL DR. MARCELO COLOMBO
1.1) Consideraciones preliminares en torno a las investigaciones.
La matriz de trabajo para el abordaje de los casos de trata y sus delitos vinculados por parte de los operadores judiciales persistió en los objetivos trazados en años anteriores y que en líneas generales responde a la estructura conceptual definida para atacar el tema en el plan de acción aprobado por resolución PGN N° 160/081
Un antecedente judicial de importancia fue también la confirmación del procesamiento y el embargo preventivo dictado en el denominado “Caso Dolly’s”, por parte de la Sala 1ra de la Cámara del Crimen porteña, por aplicación del delito previsto en el artículo 17 de la ley 12.331. Este precedente, además, rechazó la inconstitucionalidad de esa norma y admitió el embargo preventivo sobre el producido ilícito de esa actividad hasta alcanzar la suma de 10 millones de pesos. El caso abre las puertas para consolidar una línea de política criminal que propone la PGN alrededor de esa figura penal en tanto herramienta muy eficaz. Conforme marcan los datos obtenidos desde la UFASE sobre investigaciones, procesamientos y sentencias dictadas durante el año 2011, las agencias (policiales-judiciales) encargadas de la detección, investigación y sanción de esta modalidad delictiva han incrementado el número de condenas, de procesamientos y también de investigaciones judiciales abiertas. Se destaca en este campo el dictado de las primeras sentencias condenatorias por el delito de trata con finalidad de explotación laboral, una de ellas iniciada por denuncia de UFASE, y el dictado de un mayor número de procesamiento y más cantidad de casos abiertos y en investigación por esta modalidad delictiva (hasta el año pasado no existían antecedentes condenatorios por esa modalidad de trata y éste era uno de los aspectos a atender que habíamos notado en el informa anual del 2010). Como punto negativo, se mantiene en cero el número de condenas por el delito de trata de personas en la Capital Federal, ello pese al avance advertido en el número de procesamientos dictados y de casos abiertos en ese distrito.
Se necesita, sin embargo, de funcionarios públicos que se convenzan de la importancia de una activa aplicación de esta ley instaurada para la eliminación del sistema prostibulario, en donde se explota sexualmente a mujeres (artículo 15 de la ley 12.331); y no partiendo de sesgos moralizantes -como mal y tendenciosamente ciertos sectores buscan denostarla- sino a partir de la comprobada circunstancia de que los prostíbulos y los proxenetas generan el terreno fértil a la esclavitud sexual de la mujer (Convención de Naciones Unidas del año 1949 contra la trata y explotación sexual de las mujeres) y consagran una práctica social discriminatoria que afecta sus derechos humanos (el artículo para el combate a la trata con finalidad de explotación sexual.
1 El informe anual 2010 y los de años anteriores pueden consultarse en www.mpf.gov.ar link “trata de personas” (http://www.mpf.gov.ar/index.asp?page=Accesos/Ufase/ufase1.asp). 2 Eficaz en tanto el delito se acredita verificando sólo el funcionamiento de un prostíbulo en manos de alguien que se beneficia de la explotación sexual ajena que allí se desarrolla.
6to. de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que integra nuestro bloque de constitucionalidad, obliga a nuestro país a “suprimir” la “explotación de la prostitución de la mujer”).
En lo que hace a los conflictos de competencia en razón de la materia que se suscitaron entre el fuero federal y local (por la aplicación del delito de trata de personas o sus vinculados) la CSJN ha adherido al criterio esgrimido por el Procurador General de la Nación, que postula el principio de que la investigación debe quedar en manos de la justicia federal que tiene el deber de investigar la hipótesis de trata hasta que razonablemente pueda descartarse su aplicación; y de investigarla sustancialmente siguiendo aquellos parámetros fijados al respecto por las instrucciones generales emanadas por la PGN. Esto es, escuchar a las víctimas una vez que hayan recibido debida asistencia y empoderamiento de su situación (Res. PGN 94/09); agotar todas las medidas de investigación tendientes a la acreditación de todos los tramos del proceso de trata (Res. PGN 160/08), interpretar la situación de vulnerabilidad de las víctimas mayores de edad de acuerdo a parámetros normativos objetivos tales como el género, la pobreza y la especial situación del migrante (las Reglas de Brasilia), y profundizar las investigaciones tendientes a la determinar responsabilidad de funcionarios públicos (Res. PGN. 99/09), entre otras cuestiones.
Estos lineamientos adoptados, aún así, no alcanzan para sortear los inconvenientes derivados de esta problemática de competencias concurrentes, en donde el congelamiento de las investigaciones judiciales hasta que el conflicto se resuelva lleva meses; y además conduce a instar medidas judiciales por los mismos domicilios de explotación, posiblemente, ante tres fueros diferentes (criminal federal, criminal local y correccional).
La demora en la acción, sumado a la dispersión de investigaciones e investigadores es la antesala de un caso perdido, y éste es uno de los problemas principales que presentan las investigaciones. Problema que se hace más grave cuanto más grande y complejo resulta el hecho o los hechos a probar. Aquí, la herramienta madre que se nos ofrece a los fiscales para intentar solucionar el conflicto es, paradójicamente, una de las causas principales de él. Un Código Procesal Penal que conserva un período de instrucción escrito, cargado de exigencias formales, en manos de un actor ajeno al Ministerio Público Fiscal (el juez) y que se ha evidenciado, desde toda perspectiva ya, como un instrumento inadecuado para investigar y sancionar casos complejos o medianamente complicados. En este sentido, es hora de entender que cualquier mejora importante que pretenda obtenerse en la aplicación de la ley penal para este tipo de criminalidad necesita de un Código Procesal Penal Federal moderno que se asiente, al menos, sobre los criterios de informalidad y agilidad en la investigación, de oportunidad en la priorización de casos y un principio netamente acusatorio (todas las investigaciones dirigidas por los fiscales).
Fuera del campo de las investigaciones, desde la UFASE se han concretado emprendimientos de trabajo en conjunto en proyectos de capacitación, sensibilización y procesamiento de información de casos judicializados, con distintas organizaciones del Sector Civil (INECIP, CELS, Asociación de Mujeres Juezas, Asociación Casa del Encuentro, Fundación María de los Ángeles, Fundación el Otro, AMMAR Capital, ATEM, y otras organizaciones y profesionales independientes).
Se destaca como muy positiva también la interacción de UFASE con otros poderes del Estado Nacional. En particular, los convenios y talleres de capacitación y sensibilización desarrollados con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (que conduce la Sra. Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra. Carmen Argibay); el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Procuración de la Provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, durante buena parte de este año UFASE ha formado parte de una mesa interministerial convocada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con el objeto de compartir experiencias judiciales útiles para la lucha contra la trata de personas y el trabajo esclavo desde distintos sectores del Poder Ejecutivo. De estas reuniones quincenales participaron también funcionarios del Ministerio de Trabajo, de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de Oficina de Rescate de Personas Damnificadas por el delito de trata de personas, entre otros.
Dicho lo anterior cabe entonces pasar a informar el trabajo que se llevó a cabo durante este año y los resultados obtenidos, y agradecer al personal que compone la Unidad por los objetivos alcanzados. Como en las ocasiones anteriores el informe se presenta, de acuerdo a cuatro ejes temáticos: “detección e investigación”, “información estadística”, “capacitación” y “asistencia a víctimas”.
Como último, un saludo muy especial de todos los integrantes de la Unidad a la Licenciada Mónica Molina, quién deja su función pública este año en la Subdirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa, La Pampa, luego de haber efectuado un formidable trabajo de sensibilización, capacitación y acciones efectivas dentro de su municipio para el combate contra la trata de personas y la explotación sexual de mujeres. Sabemos que lo continuará en otros espacios.
1.2) Detección e Investigación.
La especial complejidad para la investigación de este delito, explicada en el informe 2010, ya había dado lugar a tres Resoluciones del Procurador General:
• La Resolución PGN N° 94/09 sobre declaración de víctimas.
• La Resolución PGN N° 99/09 sobre prostíbulos y ataque al núcleo patrimonial del delito.
• La Resolución PGN N° 39/10 sobre proactividad en las investigaciones.
Este año el Procurador General aprobó, mediante Resolución PGN N° 46/11, un documento elaborado por UFASE relacionado con la detección e investigación de trata con finalidad de explotación laboral, que se explicará brevemente luego. Esta Resolución junto a las tres anteriores conforman un conjunto de lineamientos obligatorios para el tratamiento de los casos y la pro-actividad de las investigaciones que intenta ayudar a los operadores judiciales a implementar buenas prácticas en el trámite de causas judiciales por trata de personas y sus delitos vinculados.
Además, las resoluciones son también un importante medio para complementar la tarea de capacitación que es función de esta Unidad. Las resoluciones en cambio, por su forma, tienen la ventaja de estar ahí en el momento que el funcionario las necesita, sin restricciones de contenido. Esta triple función de estar destinadas para la operatoria de
detección e investigación de casos, ser manifestación de una política criminal y ser un complemento en la función de capacitación, las convierte en un elemento clave. Con la aprobación de la Res. PGN N° 46/11 dictada en mayo de este año se completa, por el momento, el tratamiento de los temas más importantes para el abordaje de los casos desde el punto de vista procesal.
1.2.1) Expedientes de UFASE.
En 2011 el ingreso de casos aumentó casi al doble de los casos ingresados en 2009 y 2010, pasando de alrededor de 100 por año a 196 Investigaciones preliminares al momento de elaboración de este informe, con dos meses más por delante.
El incremento obedece, respecto de los canales de ingreso, fundamentalmente a que el Ministerio de Seguridad remite a UFASE las denuncias que reciben telefónicamente en un 0800 cuando podrían estar relacionadas con casos de trata de personas. A su vez, desde UFASE se ha dado curso a muchas investigaciones, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, por posible violación al artículo 17 de la ley 12.331 (administración de prostíbulos, lugares de destino por excelencia de la trata con finalidad de explotación sexual -conf. Res. 99/09-).
Ya se destacó en la introducción lo difícil que es obtener resultados en este tema, pero vale destacar avances realizados en actuaciones de la unidad sobre cuestiones relacionadas con los procesos judiciales que consideramos muy significativas y que fueron indicadas como objetivos para este año en el informe anterior:
Prostíbulos: UFASE es coadyuvante en una causa judicial en la que se imputa la administración, sostenimiento y regenteo de un prostíbulo emblemático de la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con los parámetros de la Resolución PGN N° 99/09, allí se realizó (y se realiza) una investigación del producto o provecho del delito, en pos de hacer efectivo el ataque al núcleo patrimonial de la criminalidad organizada. Se ha estimado, en
este caso, una ganancia como consecuencia de la actividad delictiva de $ 10.000.000 y luego se hizo un relevamiento del patrimonio del imputado (en cuyo análisis colaboró la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública -OCDAP- de este MPF) sobre los que se solicitó se hagan efectivas medidas cautelares. El juez hizo lugar al planteo del Ministerio Público y ordenó los embargos solicitados y la inhibición general de bienes de distintos imputados. La decisión del juez; apelada, fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. Como se destacó en la introducción, este caso es institucionalmente relevante como ejemplo de que es posible asumir una estrategia procesal tendiente al recupero de activos provenientes del delito.
Por otra parte, se ha iniciado un expediente dedicado a la comunicación a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires de los domicilios que funcionan como prostíbulos y que tienen “fraudulentas” habilitaciones comerciales expedidas por la autoridad local con la finalidad de que procedan a revocar el acto administrativo que les dio un permiso de funcionamiento luego violado.
Connivencia de funcionarios públicos: Durante 2010 y 2011, y también en cumplimiento de lo dispuesto por el Procurador General en la Resolución PGN N° 99/09, punto III, en UFASE tramitó una actuación dedicada a la detección de prostíbulos en la Ciudad de Buenos Aires que, al tomar como insumo de investigación los controles efectuados en los inmuebles por agentes de la policía federal en cumplimiento de dos órdenes del día del Jefe de la Policía, permitió simultáneamente advertir delitos e irregularidades en muchos de esos actos de control.
Los funcionarios que tenían participación en los controles (p ej. actas de inspección en las que los testigos que las firmaron eran personas inexistentes) y que conducían a una errónea negación de la explotación de la prostitución de mujeres en un inmueble fueron denunciados conjuntamente con los prostíbulos que allí funcionaban. Según los distintos tipos de defectos con los que se clasificaron las actas de control (se revisaron más de 6000 -seis mil- actas de control policial). La denuncia abarcó así a 75 funcionarios.
En cumplimiento de esa misma resolución (PGN N° 99/09) la UFASE ha instado denuncias contra funcionarios públicos en otras jurisdicciones del país, generalmente en colaboración de fiscales federales de otras provincias. (Un ejemplo, es la denuncia formulada junto al Doctor Carlos Gonella, Fiscal federal de Córdoba, a partir de un caso judicial en donde se obtuvo una sentencia condenatoria pero no se profundizó la investigación sobre el comportamiento de funcionarios públicos policiales y municipales).
Con respecto al estado de las actuaciones preliminares se mantiene, a grandes rasgos, la distribución de los años anteriores, que era aproximadamente de 50% denunciadas, 25% en trámite y 25% archivo, aunque ha aumentado la cantidad de denuncias versus los archivos. Si bien ese dato podría no aportar demasiado, ha significado un gran esfuerzo mantener o mejorar esa relación porcentual (en lugar de que se produjera un aumento importante de actuaciones en trámite) ante la duplicación de la cantidad de expedientes ingresados en el año. La distribución exacta de 2011 es la siguiente:
Finalmente, las actuaciones preliminares iniciadas en 2011 conservan la dispersión de años anteriores en cuanto a la fuente que genera la apertura, que para la totalidad de preliminares de UFASE se distribuye del siguiente modo:
1.2.2) Expedientes de Colaboración en causas judiciales.
Las solicitudes de colaboración en expedientes judiciales en trámite se mantuvieron constantes con respecto a 2010 tanto en la cantidad, con un total de 62 Expedientes de colaboración iniciados este año (61 en 2010), como en la distribución geográfica, que es un dato muy importante para la Unidad y sobre todo porque, más allá de la satisfacción
posterior de las fiscalías (que ojalá estemos logrando), demuestra el interés y compromiso de los representantes del Ministerio Público que cumplen funciones en las distintas provincias, tan vulnerables a la trata como la ciudad y la provincia de Buenos Aires:
Este año se incorporó un sistema de registro informático (además del libro) para los expedientes de asistencia que permite realizar un seguimiento de algunas características adicionales de la participación de UFASE en causas judiciales, como el tipo de colaboración que prevalece y el delito investigado en la causa:
Como se observa en el gráfico, la trata y sus delitos conexos origina el 90% de las solicitudes de colaboración, aunque cabe hacer notar que en los secuestros extorsivos
existen modalidades de colaboración directa en la causa judicial que no genera expediente interno alguno.
Tres tipos de colaboración representan el 95% del total de los casos. Las solicitudes de información (56%) están casi siempre referidas a hallazgos o individualización de personas y lugares, búsquedas de datos importantes paras las investigaciones, determinación de hechos y relevamiento de bases. Estas solicitudes sólo son registradas como expedientes de colaboración cuando lo solicitado reviste complejidad, además de resultar el tipo de registro residual o por defecto ante los requerimientos de colaboración genéricos realizados por las fiscalías. Si el pedido de información consiste en consultas por antecedentes u otro tipo de necesidades de rápida respuesta tramitan como colaboraciones rápidas (ver apartado siguiente) pero no son registrados como expedientes de colaboración.
Las actuaciones con el tipo de colaboración “sugerencias de medidas de investigación” (21%) son casos en los que se solicita un análisis del expediente y luego un asesoramiento o simplemente una confirmación en la definición de los pasos a seguir en el trámite del expediente, que muchas veces incluye la participación de UFASE directamente en la realización de esos actos.
La tercera modalidad, coadyuvancia, con el 18% de las colaboraciones es la máxima participación posible de UFASE en una causa judicial, pues se trata de casos en los que el Procurador General de la Nación designa al fiscal de la Unidad como representante del Ministerio Público en la causa judicial conjuntamente con el fiscal competente en razón del lugar. En términos más simples, el fiscal firma en la causa por el Ministerio Público directamente ante el Juez (pide medidas, indagatorias, contesta vistas, requiere la elevación a juicio, etc.). Si bien ya había alguna coadyuvancia anterior, este es un resultado que cabe destacar de la actuación de este año de la Unidad, porque siendo ya 11 (once) las causas en las que UFASE es coadyuvante, se trata de otra tarea significativa y que se relaciona directamente con aquél objetivo central del informe anual anterior que
era la búsqueda de vías para incentivar al cumplimiento de las Resoluciones PGN N° 94/09, PGN N° 99/09, PGN N° 39/10 (y ahora también la PGN N° 46/11) que delinean la política del Ministerio Público en la lucha contra la trata.
1.2.3) Colaboraciones rápidas.
Desde el año pasado se creó un registro independiente para aquellas solicitudes sencillas de las fiscalías que se resuelven rápidamente, de modo de evitar la inflación de estadísticas pero sin dejar de tener un mecanismo de ubicación posterior de lo actuado. En 2011 se han satisfecho 90 colaboraciones de este tipo (74 en 2010). Esta clase de colaboración de “menor entidad” permite, por otro lado, mantener un flujo de contactos dinámico entre la Unidad y las Fiscalías que sin duda potencia las posibilidades de una buena interacción posterior en casos más complejos.
1.2.4) Colaboraciones Internacionales:
Iberred es un mecanismo de relación entre Ministerios Públicos Fiscales de países de Latinoamérica que permite instrumentar colaboraciones internacionales de un modo sencillo y rápido, en la medida que no sea necesaria la intervención de un Juez. El fiscal de la Unidad es punto de contacto de Iberred para los delitos de trata de personas y secuestro extorsivo.
Durante este año se recibieron y tramitaron 9 (nueve) requerimientos de colaboración internacional (15 en 2010), provenientes en su mayoría de Paraguay, al igual que el año pasado, que es un país del que arriban a Argentina una gran cantidad de mujeres víctimas de explotación sexual. Las solicitudes de colaboración siguen resultando un medio de generación de investigaciones también en Argentina, para los segmentos del hecho ocurridos aquí y para la extensión de la hipótesis de investigación a otras víctimas en los mismos lugares de explotación.
1.2.5) Colaboración en juicios orales por hechos de trata de personas.
Se prestó colaboración en 3 causas que se hallaban en la instancia de juicio oral (5 en 2010).
1.3) Resolución PGN 46/11 sobre detección e investigación de la trata con finalidad de explotación laboral.
La investigación de los hechos de trata con finalidad de reducción a servidumbre, esclavitud o trabajo forzoso (inciso 1 y 2 del artículo 4 de la ley 26.364), genéricamente denominada “finalidad de explotación laboral” es una modalidad delictiva compleja.
La delimitación clara de los casos denotados en esas expresiones (“esclavitud”, “trabajo forzoso” y sobre todo “reducción a servidumbre”) tiene sus dificultades. Si bien la delimitación de los tipos penales es un problema de todos los delitos, la intensidad varía notablemente con cada tipo y las expresiones que aquí interesan presentan como gran desventaja la falta de una ejercitación jurisprudencial amplia como la del hurto, el robo, etc.
Dado que esa delimitación importa mucho a los principios de igualdad ante la ley y culpabilidad, así como a la posibilidad de realizar un trabajo jurídico y técnicamente correcto (y, más llanamente, a saber qué hacer ante un caso), se trabajó en la elaboración de un documento que abordara esta cuestión, trabajo que también había sido establecido como uno de los objetivos para el año 2011 en el informe anual 2010.
Una vez finalizada la Guía de procedimientos y criterios para detectar e investigar la trata con finalidad de explotación laboral el Procurador General dictó la Resolución PGN N° 46/11 por la que resolvió recomendar el uso de esa guía en el diseño de la estrategia de investigación y acreditación de la comisión de esa categoría de delitos.
La guía está dividida en cinco apartados. El primero enumera distintos mecanismos proactivos para la detección de posibles casos de trata con finalidad de explotación laboral.
El segundo apartado se ocupa del problema de delimitación del tipo. Allí se analizan las definiciones disponibles en instrumentos internacionales y los aportes realizados por estudios de organismos con especialidad en la materia, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Luego se hace referencia al encaje de esos conceptos en nuestro sistema jurídico y finalmente se ingresa al análisis de los elementos concretos, empíricos, que configuran la explotación delictiva.
Se sostiene que son tres los elementos esenciales que deben observarse en la explotación: a) cuánto tiempo se debe trabajar (jornada), b) cuál es la remuneración por ello (salario) y cómo es tratada la persona (contexto).
La guía propone un mecanismo de cálculo de un coeficiente de explotación para utilizar como parámetro objetivo que tiene en cuenta una forma específica de relación entre la jornada y salario efectivos de la posible víctima versus la jornada y salarios de los acuerdos colectivos de la actividad de que se trate.
Ese coeficiente debe ser luego ponderado con los parámetros cualitativos de contexto o de trato que también se explican en el documento (libertad, amenazas, violencia, contacto con otras personas, situación de habitación, comida e higiene, etc.).
Para el cálculo del coeficiente se elaboró un archivo Excel que tiene cargados los acuerdos colectivos vigentes de casi todas las actividades “sensibles” a este delito y permite una realización muy sencilla de la tarea con el ingreso de tres datos (jornada, salario y días a la semana trabajados). El archivo está disponible para cualquier interesado y se actualiza regularmente incorporando los nuevos acuerdos colectivos que se van suscribiendo en cada actividad.
El apartado III ofrece algunas pautas para llevar a cabo la investigación y el apartado IV tiene recomendaciones para la realización de allanamientos.
El apartado V, sobre declaración de víctimas, remite directamente a la Resolución PGN N° 94/09.
Una finalidad adicional de la Guía, aun cuando los puntos de vista propios que se asumen allí terminen siendo desechados o criticados, es aportar una estructura de reflexión coherente, que pueda servir durante el trayecto jurisprudencial que dote de un contenido uniforme a esta modalidad de trata de personas.
1.4) Difusión y Capacitación en la aplicación de la ley.
Este año, tratando de aprovechar la experiencia reunida en los dos años de capacitaciones anteriores, las actividades de se han diseñado, combinando propósitos propios con el interés de los receptores (especialmente que los temas que se abordan sean útiles y adecuados cuando el auditorio tiene formación previa), con tres centros de atención distintos.
Así, por un lado, cuando la capacitación estuvo destinada para público en general, que se encontraba en las primeras aproximaciones al tema, el foco de atención se puso en la sensibilización y la explicación de las cuestiones jurídicas básicas relacionadas con la trata de personas (dentro de este esquema se encuentran muchos de los seminarios y jornadas que se enumeran en el ítem II de este capítulo).
En segundo lugar, para destinatarios relacionados con el trabajo en temas de trata de personas pero sin una formación muy profunda en la cuestión, la capacitación fue encarada hacia las precondiciones de una actuación eficaz, básicamente la eliminación de prejuicios, de máximas falsas y dañinas, de discriminaciones, etc. (el trabajo realizado con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se explica seguidamente, se vincula con esta perspectiva).
Finalmente, para receptores con conocimiento del tema y directamente avocados al trabajo en casos, las capacitaciones tuvieron como eje el análisis de cursos de acción en las situaciones cruciales de las investigaciones por hechos de trata según las distintas finalidades de explotación, así como el trabajo de ejercicio con casos (investigación previa, allanamientos, declaraciones de víctimas, precisión del alcance de las palabras de los tipos penales y requisitos para que estén probados, etc.).
En este último grupo se encuentran la capacitación dictada por un experto internacional (Paul Holmes) a Fiscales Federales de todo el país en la sede de la Procuración General de la Nación, que fue sugerida por UFASE y patrocinada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Embajada de los Estados Unidos de América.
También algunas de las capacitaciones del apartado II tuvieron la misma dinámica y al momento de elaboración de este informe se están dictando capacitaciones al personal de comisarías de la ciudad de Buenos Aires (con motivo del convenio firmado por la PGN y el Ministerio de Seguridad) y luego a personal inspectivo de la Secretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tienen idéntico enfoque.
1.4.1) Perspectiva de Género y Trata de Personas. Capacitación organizada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y UFASE.
A raíz del convenio firmado entre la Procuración General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y con el financiamiento de las Naciones Unidas, el 3 de marzo de 2011 (Resolución PGN N° 8/11) que tiene dentro de sus propósitos promover y apoyar la realización de cursos, seminarios, investigaciones y actividades para incorporar la perspectiva de género al Sistema de Administración de Justicia; la UFASE y la Oficina de la Mujer -dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- elaboraron una “Guía de trabajo en talleres sobre género y trata de personas con fines de explotación sexual” que tiene como objetivo servir de guía de contenidos y de organización para los talleres
sobre trata con perspectiva de género que se planifican realizar a partir del mes de marzo del año 2012 en todo el país.
Los talleres serán llevados a cabo por una pareja de replicadores pertenecientes tanto al Poder Judicial de la Nación como al Ministerio Público que fueron seleccionados para tal fin, a los efectos de que realicen dicha capacitación en sus respectivas jurisdicciones.
Para el entrenamiento de los replicadores se programó la realización de dos encuentros: el primero para el 24, 25 y 26 de octubre y el segundo para el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2011.
En estos dos encuentros participaron tanto los replicadores del Poder Judicial de la Nación, como a los del Ministerio Público y de las fuerzas de seguridad. El encuentro se realizó en la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con una concurrencia aproximada de 90 personas por encuentro.
También están previstos dos encuentros más: el primero para el 21, 22 y 23 de noviembre destinado exclusivamente a fuerzas de seguridad; y el restante para el 29 y 30 de noviembre y 1° de diciembre, para aquellos que resulten replicadores de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA).
La guía contiene los pasos a seguir para la realización de cada taller (convocatoria, recordatorio y comunicado de prensa, programa para el taller, lista de asistencia, credenciales, certificados, material de trabajo en talleres, compendio normativo, resumen de la jornada, DVD de la OM-UFASE, encuesta de satisfacción, sumario de la jornada, diplomas y evaluación del taller).
Mientras que a los participantes que asistan, en concordancia con los contenidos especificados en la guía, se les otorgará un documento denominado “Material de Trabajo en los talleres sobre perspectiva de género”, “Material de trabajo en los talleres sobre trata de personas con fines de explotación sexual” y “Compendio normativo”.
1.4.2) Capacitaciones, Jornadas y Seminarios.
A lo largo del año, casi siempre a través del Fiscal de la Unidad, UFASE dictó capacitaciones en una importante cantidad de seminarios y jornadas realizados en todo el país y la región. Las actividades fueron las siguientes:
• 4/10/11 Jornada sobre Trata de Personas, Rosario (organiza la Comisión de Graduados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, UCA)
• 5 y 6/10/2011 Jornadas “Lucha contra la Criminalidad Organizada como una política de Estado en la Pcia de Salta”. En Salta, organizadas por la Secretaría de DDHH y la Agencia Antidroga, del Ministerio de Gobierno, Seguridad y DDHH de la provincia de Salta.
• Cumbre Ibero Americana de los Ministerios Públicos contra la Trata de Seres Humanos realizada entre el 21 y 23 de septiembre en la ciudad de Santiago, República de Chile.
• Primer Seminario de Asistencia Migratoria Mercosur, llevado a cabo del 19 al 23 de septiembre en Montevideo, República Oriental del Uruguay.
• Tercera conferencia internacional contra la trata y el tráfico de personas, llevada a cabo los días 13, 14 y 15 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz, República de Bolivia.
• Jornadas “Nuevos compromisos de la Justicia Federal: ley de trata de personas (ley 26.364)”, realizadas los días 1 y 2 de septiembre de 2011 en la ciudad de Ushuaia.
• Jornada de capacitación sobre trata de personas organizadas por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, llevada a cabo el 18 de agosto de 2011.
• Jornadas provinciales sobre trata de personas y delitos conexos, realizadas los días 8 y 9 de agosto en las ciudades de Rosario y Santa Fe, respectivamente, organizadas por el Centro de Capacitación Judicial del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe.
• Capacitación desde una perspectiva de género para trabajadores sociales, organizada por el Colegio de Trabajadores Sociales de Lomas de Zamora, realizada los días 27 y 28 de junio, en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.
• Nuevos Paradigmas en el Abordaje del Crimen Organizado Trasnacional. Delitos conexos y tecnologías de aplicación. Abuso, Trata y Tráfico, organizado por ANUA, realizada el 17 de junio, en el Honorable Senado de la Nación.
• Seminario Regional sobre trata de personas-deterioro en la salud de las víctimas de explotación sexual y prostitución, organizado por la Subdirección de Políticas de Género de la Universidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, los días 15 y 16 de junio en la ciudad de Santa Rosa.
• “Workshop Internacional de Trata de Personas” celebrado entre los días 30 y 31 de mayo en la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil, en el que se reunió el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la "Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur y Estados Asociados".
• Segundo (II) Seminario sobre trata de personas: violencia y trata de personas: sometimiento sexual y laboral, organizado por el Observatorio de Derechos Humanos de Tucumán, junto con la Universidad Nacional de Tucumán, los días 30 y 31 de mayo en San Miguel de Tucumán, provincia homónima.
• IOM, Programa de capacitación en trata de personas, Buenos Aires, Argentina, Técnicas de Investigación. Llevado a cabo el 9 y 10 de mayo, organizado por OIM y la Procuración General de la Nación.
• Simposio internacional sobre el desmantelamiento de las redes transnacionales ilícitas, coorganizado por Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, llevado a cabo en la ciudad de Lisboa, República de Portugal, los días 16 a 19 de mayo.
• “Seminario Internacional sobre la Trata de Persona en el Mercosur”, realizado entre los días 4, 5 y 6 de abril de 2011, en la ciudad de Asunción, República de Paraguay.
• “Mesa de Trabajo de la Secretaría de Políticas de Prevención de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad”, 22 de marzo de 2011, ciudad de Buenos Aires.
• “Asociación de Mujeres Juezas -AMJA-“, 25 de febrero de 2011, en la ciudad de Buenos Aires.
• “Taller de Trabajo sobre el delito de Trata de Personas”, organizado por la Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores de la Procuración General
de la Nación en conjunto con la U.F.A.S.E., llevado a cabo los días 16 y 17 de diciembre de 2010, en la ciudad de Buenos Aires;
• Jornada de Sensibilización y Capacitación para la Lucha contra la Trata de Personas, realizada el 14/12/2010, en Tucumán por parte de la Fundación María de los Ángeles.
• Jornada de Capacitación, organizada por la Subdirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa, realizada el 9 y 10 de diciembre de 2010, en Santa Rosa, provincia de La Pampa.
• 7º Jornada: Trata de Personas, la nueva Esclavitud, organizado por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, el día 30/11/2010 en dicha provincia.
• Seminario sobre Técnicas Investigativas del delito de Trata de Personas, realizado el día 29 de noviembre de 2010, en la Escuela Superior de la Prefectura Naval Argentina.
• Jornadas de Divulgación: Sociedad y Delitos. Subculturas - Conductas y Creencias, organizada por la Subsecretaría de Seguridad del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Corrientes junto con el Gabinete de Investigaciones Antropológicas, realizada el día 25/11/2010 en Corrientes, provincia homónima.
• Jornadas “La Lucha contra la Trata de Personas, una política pública en la provincia de Salta. Diálogo de la academia y el Estado”, organizada por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos del Gobierno de la provincia de Salta, realizada los días 11 y 12 de noviembre de 2010 en la provincia de Salta.
• 1º Congreso Internacional “200 Años Después - Abuso, Trata y Tráfico en Infancia, Adolescencia y Juventud”, llevado a cabo en el Senado de la Nación de la Nación los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2010.
1.4.3) Nuevo dictado de la currícula de Posgrado dictada por el Fiscal de la Unidad:
El Ministerio Público Fiscal y la Universidad de Buenos Aires ofrecieron nuevamente este año un curso de posgrado sobre Trata de Personas para funcionarios del Ministerio Público Fiscal.
El curso fue dictado en los meses de noviembre y diciembre por el Fiscal de UFASE, y orientado al desarrollo de contenidos teóricos y prácticos con un mayor grado de profundidad.
1.5) Información Estadística
La recolección de información, la elaboración de bases de datos, el análisis de la información y la generación de estadísticas son tareas a las que hemos dado mucha importancia desde el comienzo de actividades en UFASE, haciendo un esfuerzo especial para evitar los riesgos de “marginación” o posposición que genera el cumplimiento de otras funciones que cotidianamente traen urgencias.
El año pasado, además de la elaboración de la base de datos para NOA y NEA y la presentación del informe de análisis, se mencionó que se habían reunido 78 procesamientos por hechos de trata, las 13 sentencias condenatorias que había hasta ese momento y también que en el marco del Convenio firmado entre INECIP y el Ministerio
Público se trabajaría en la ampliación de la base de datos a nuevas provincias. El resultado de este año para esos objetivos en materia de recopilación son los siguientes:
1.5.1) Sentencias de Tribunales Orales.
La recopilación de información este año ha sido constante. Ello cuantitativamente se traduce en que se haya pasado de las 13 sentencias del año pasado a 39 sentencias en 2011 (en principio, serían todas las sentencias dictadas hasta el momento), pero la cualidad de que la recopilación haya sido permanente significó además que la página de Internet, a donde se cargan rápidamente las sentencias que se obtienen, se haya convertido para las personas vinculadas al estudio del tema en una fuente de consulta actualizada y completa de las sentencias que van dictando los Tribunales Orales. Desde ya este no resulta un trabajo menor, no existen alertas ni mecanismos de difusión automáticos que avisan cuando un tribunal dicta un fallo, por lo que reunir el material requiere de dedicación y seguimiento.
1.5.2) Procesamientos.
En la misma línea que las sentencias, pero con una dimensión mayor, se ha hecho una actualización también permanente de los procesamientos que se dictan en causas judiciales por hechos de trata de personas en todo el país. El intento de implementar mecanismos de envío hacia UFASE de una copia de los procesamientos que se dictan, ya sea vía fiscalías o juzgados decididamente no funciona. Por ello, se distribuyeron las jurisdicciones entre el personal de la Unidad, que periódicamente se comunica con todos los juzgados para averiguar si se han dictado procesamientos y solicitar una copia (para la que a veces se exige el envío de oficios). Con esta metodología se ha pasado de los 78 procesamientos de 2010 a un total de 195 procesamientos reunidos en 2011 (virtualmente todos).
1.6) Convenio con INECIP.
La interacción con todas las ONG es parte medular de la gestión de la Unidad. Dentro del conjunto de ONG con las que interactúa UFASE, y de las que obtiene inquietudes, información, casos, sugerencias, etc. es con INECIP; con quien se encaró, además, un trabajo coordinado en materia de recopilación y análisis de información y generación de estadísticas que se desarrolló durante este año.
En ese marco de interacción, UFASE aportó una estructura de campos de base de datos (diseñadas para los secuestros extorsivos y la base de NOA y NEA) que luego INECIP trabajó y modificó. Luego de esa versión modificada por INECIP se trabajó conjuntamente en la elaboración de la estructura definitiva de la base de datos.
Sobre esa base, junto a INECIP, nos encontramos en una fase avanzada de recopilación y análisis de todas las causas abiertas relacionadas con trata de personas correspondientes a las provincias de Santa Fe, Tucumán, Misiones y Santiago del Estero.
También conjuntamente se está finalizando -para una pronta difusión- un pormenorizado análisis estadístico sobre los primeros 71 procesamientos dictados por el delito de trata
con finalidad de explotación sexual que comprenden los 3 primeros años de vigencia de la ley (abril 2008 - abril 2011).
1.7) Estadísticas de sentencias: análisis.
El trabajo de recopilación de los apartados previos continúa luego con el procesamiento y análisis de la información, que finalmente permite obtener estadísticas para conjuntos de casos. A continuación, se presentan datos extraídos del conjunto de “sentencias de tribunales orales por hechos calificados como trata de personas (artículos 145 bis y 145 ter) para todo el país y todo el período desde la sanción de los tipos penales hasta la actualidad”.
Vale aclarar que hay 5 de las 39 sentencias que aún no están traducidas en los gráficos siguientes. Los primeros gráficos destacan características del proceso, luego siguen cuestiones materiales de los hechos, víctimas y autores y finalmente una cuestión sustantiva relacionada con la aplicación de otras normas penales. Veremos que el resultado final al reflexionar sobre las cuestiones procesales que muestran estos datos tiene notas positivas y negativas.
El período de vigencia de la ley, si bien es suficiente para que ya exista cierta cantidad de sentencias, de ningún modo parece alcanzar como para que la distribución geográfica de los fallos indique cuáles son las zonas más afectadas por la comisión de este delito. Así, por ejemplo, sería errado afirmar que en la jurisdicción de Paraná hay más casos de trata que en la ciudad de Buenos Aires; y sin embargo en Paraná ya ha habido 4 juicios y en Capital Federal sólo 1.
En definitiva, esta distribución seguramente esté determinada mucho más por el factor eficacia en la investigación y avance del caso, que por otras razones.
La tendencia inicial en los casos de trata muestra un mayor número de causas que se resuelven tras la realización de juicio oral si se lo compara con el promedio general de expedientes de los tribunales orales federales de la ciudad de Buenos Aires: 61% de juicios para casos de trata, 53% de juicios promedio general (excluidos los casos de suspensión del juicio a prueba).
El gráfico afirma que en la mayoría de los casos en que se obtuvo condena por la realización de un juicio oral, la víctima ha declarado en juicio. Sabemos, sin embargo, que la asistencia de la víctima a debates suele ser conflictiva (por desconocimiento del
paradero, temor u otras razones) y allí la instrucción PGN N° 94/09 puede rendir utilidad para incorporar por lectura el testimonio efectuado en la etapa instructoria. En este punto se destacan también las declaraciones testimoniales prestadas mediante el sistema de videoconferencia, instrumentadas a pedido de los Fiscales Federales de juicio oral, con éxito, en varios juicios de trata de personas con victimas paraguayas.
Que no se asegure el cese del funcionamiento del lugar de explotación cuanto menos en la instancia de condena (ya hemos visto que en instancias anteriores es más difícil todavía) es un dato negativo desde todas las perspectivas de análisis posibles.
En primer lugar, por más que alguien sea condenado, resulta un mensaje de impunidad de máxima potencia comunicativa. Todos cuantos saben de la existencia de una causa judicial por determinado lugar de explotación podrían pensar, “nada cambió” y así la idea de prevención general atribuida a la aplicación de la ley dejaría de tener sentido.
Por otra parte (y esto se relaciona también con la falta de aplicación de los delitos vinculados), por más que la víctima que origina la sentencia haya dejado de ser explotada, los daños y padecimientos continúan sobre otros destinatarios, lo que destruye la idea de que la justicia haga cesar el delito o de algún modo proteja a estas personas.
En la misma línea crítica que la estadística anterior este gráfico, más allá de estar subdividido en cuatro categorías, dice que 1 solo caso sobre 34 tuvo un decomiso compatible con el objetivo de ataque al núcleo patrimonial que motiva a la criminalidad organizada. Nunca se insistirá lo suficiente sobre la importancia de orientar la causa judicial hacia el objetivo de determinar la ganancia proveniente del delito, el aseguramiento cautelar de los bienes y finalmente el decomiso del producido de la actividad ilegal.
No se advierte una internalización por parte de los funcionarios acerca de la importancia de este asunto. Tampoco se ve incorporado como rutina de labor investigativa el hábito de realizar los actos procesales necesarios para la determinación de las ganancias del delito y el aseguramiento patrimonial del monto a decomisar. Para ilustrarlo con un ejemplo, nadie dudaría en considerar un error que se dicte sentencia sin que se hayan certificado los antecedentes penales de un imputado porque ello es necesario para la aplicación de ciertas consecuencias jurídicas (unificación de penas, declaración de reincidencia, etcétera), mientras que no se registra como error el dictar una sentencia sin que se haya tomado una sola medida para determinar la ganancia proveniente del delito, y que tal omisión conlleva la no aplicación del artículo 23 del Código Penal.
Esta falta de consideración como una tarea más inherente a la función parece la explicación más plausible porque no se trata de una cuestión especialmente compleja, sino de un cambio de paradigma en la investigación.
La relación de condenados y absueltos en juicio oral sugiere una buena comunicación entre la instrucción y la instancia de juicio, visto como preparación del material necesario para la demostración de culpabilidad de los imputados, al tiempo que la existencia de un 15% de absoluciones descarta la lectura de un posible piloto automático entre el requerimiento de elevación y la condena.
Por otra parte, en tanto los imputados doblan la cantidad de sentencias, queda demostrado el carácter inherentemente asociativo del delito.
La naturaleza de los hechos que han sido juzgados y condenados, si bien graves, no refleja la existencia de organizaciones delictivas con potente capacidad de organización y logística de actuación.
Las causas por las que prácticamente todas las condenas se refieren a trata de personas con finalidad de explotación sexual pueden vincularse a distintos factores.
Hemos explicado las dificultades de la trata con finalidad de explotación laboral al describir la Res. N° 46/11, a donde remitimos.
Por otro lado, el proxenetismo (la explotación de la prostitución ajena) es en todas las modalidades posibles un delito, al contrario de lo que sucede en el resto de las finalidades de explotación, donde la actividad ejercida es perfectamente legítima y sólo ciertas y especiales condiciones de ejercicio son las que pueden caer bajo el tipo penal.
Además, el lugar de explotación en la trata sexual necesita ser visible para convocar a los prostituyentes, y eso constituye un punto de ingreso al caso. En el supuesto de la trata laboral la invisibilidad y clandestinidad resulta la regla que garantiza la explotación, lo que dificulta el proceso de detección.
En lo sucesivo es importante tener presente que casi todas las sentencias son por hechos de explotación sexual, pues esa característica hace que las consideraciones que siguen en realidad sean aplicables fundamentalmente a esa modalidad de trata antes que a la trata en general.
Los tres gráficos anteriores individualmente muestran, en primer lugar la importante cantidad de casos de trata internacional que se producen en Argentina con víctimas provenientes fundamentalmente de la República de Paraguay (sólo un 30% del total de víctimas son argentinas). En segundo lugar una amplia mayoría de imputados de nacionalidad argentina, que por los casos que han llegado a juicio se trata esencialmente de autores de la etapa de explotación y de modalidad sexual. Finalmente, un 32% del total de autores son mujeres. Si bien los autores son en su mayoría hombres, el porcentaje de mujeres condenadas es muchísimo más alto de la media de mujeres condenadas para toda otra modalidad delictiva (cercana al diez por ciento).
Este es un dato al que cabrá prestarle mucha atención, pues una explicación razonable desde una perspectiva dinámica, es que allí ha operado un mecanismo de conversión de víctima a perpetrador. Casos en que las “ahora” autoras fueron “antes” mujeres prostituidas en el circuito prostibulario. Para ese tipo de situación, el actual régimen legal no contiene soluciones paliativas claras, y las sentencias no han abordado el punto considerando especialmente estas particularidades, salvo una excepción.
La cuarta parte de las víctimas son menores, las víctimas más indefensas y en las que este delito deja las peores huellas. Como porcentaje sobre el total de las víctimas que llegan a juicio es mayor que el porcentaje que se inicia con denuncia de víctimas menores. Ello seguramente obedece a que, tratándose de un dato de tiempo, una vez constatada la fecha de nacimiento y la fecha de la explotación sexual el trámite de la causa avanza sin dificultades, a diferencia de lo que sucede con los casos donde la víctima es mayor de 18 años y la exigencia de acreditación de los medios comisivos lleva a una tan estéril como innecesaria y errada discusión acerca del consentimiento de esa víctima.
De cualquier modo, el 74% de víctimas mayores de edad que muestra el cuadro nos indica que no todos los operadores judiciales se han enredado en las trampas que propone la discusión acerca del consentimiento. En otras palabras, en juicio se han considerado acreditados los medios comisivos exigidos por el tipo penal de trata de mayores de 18 años.
Para la lectura de los gráficos parece mucho más adecuado considerar que los porcentajes de la opción “no consta” obedece a que el indicador representado no estaba presente en el caso o que no ha sido expresamente considerado por el Tribunal para resolver. De este modo (1) había privación de libertad de víctimas en la mitad de los casos, (2) se retenía la documentación a víctimas en el 32% de los casos, (3) había víctimas “endeudadas” con los explotadores en el 44% de los casos y (4) había víctimas que no tenían la administración de sus ingresos también en el 44% de los casos.
Esos porcentajes muestran que no se ha exigido en los casos la presencia simultánea de todos los indicadores sino que los tribunales han realizado una valoración amplia de los medios de sometimiento. En efecto, en el último gráfico se observa que en el 75% de los casos, los tribunales establecieron que las víctimas habían sido sometidas mediante abusos de una situación de vulnerabilidad y en el 50% de los casos encontraron el medio comisivo engaño.
Esta percepción por parte de los tribunales queda claramente de manifiesto al observar la estadística de los medios comisivos aplicados junto con la de privación de libertad. No se trata de casos con privaciones de libertad absolutas, con víctimas encadenadas y encerradas sino casos que muestran situaciones de restricción a la libertad de elección de un plan de vida.
De allí que esas restricciones no se tradujeran en medios comisivos como violencia y otras formas de coerción, sino en abusos de situaciones de vulnerabilidad.
Los dos gráficos anteriores se encuentran directamente vinculados y dan cuenta de la forma de ejecución del delito de trata y de su correlativo arribo a juicio. De las 34 sentencias incluidas en este análisis 31 llegan a juicio con la totalidad del hecho ocurrido, es decir, alcanzada la etapa de acogimiento (y también consumada la explotación). En 11 de ellos todos los tramos del proceso de trata son sometidos a juicio. Otros 20 que fueron juzgados con instancia de acogimiento consumada casi por regla contenían también el
transporte o la captación. Es un ejemplo extraño el de un juicio por víctimas que huyeron de los autores en la etapa de transporte.
Es cierto que las posibilidades concursales que ha traído la tipificación de la trata de personas no son sencillas, pero aun si se sostienen criterios de absorción la falta de consideración del artículo 17 de la ley 12.331 y de los artículos 116 y siguientes de la ley 25.871 (delitos contra el orden migratorio, sobre todo en las modalidades que prevén la búsqueda de beneficios) afectan directamente el alcance del decomiso del producto del delito.
1.7.1) Estadísticas de Procesamientos (remisión)
Como ya se explico en el apartado III sobre trabajo conjunto con INECIP, el informe de análisis de procesamientos ha sido elaborado por ellos, por lo que no encararemos aquí esa tarea. Sólo se presentarán (sin efectuar consideraciones valorativas) algunos gráficos generales que muestran los números totales o prácticamente totales de casos de trata procesados por el sistema judicial que han alcanzado el dictado de una resolución de mérito en instrucción:
1.7.2) Estadísticas de actuaciones preliminares.
También, dejando a un lado un análisis minucioso, los siguientes gráficos sobre las actuaciones preliminares permiten observar el contraste entre los puntos de partida de una investigación y la instancia de juicio. Si bien la tendencia es claramente el inicio por los lugares de explotación y con predominancia de la modalidad de explotación sexual, en muchas actuaciones se desconoce, al principio, quién es el imputado e incluso en muchas ni siquiera está determinado el sexo de las víctimas. Se ve entonces en funcionamiento la idea del conocimiento progresivo que se adquiere en la investigación penal, y el cuidado y atención que requiere esa circunstancia objetiva a la luz del principio de congruencia y el derecho de defensa.
Pero, además, cuál es ese conocimiento que progresa depende de la hipótesis de investigación, la que, a su vez, está orientada por las calificaciones legales elegidas, lo que nos devuelve a la introducción de este informe sobre la gravedad de los problemas de competencia y la importancia del tipo penal con el que se decide trabajar o, más bien, la importancia de aquellos con los que NO se decide trabajar.
1.8) Asistencia a víctimas.
Este trabajo, medular en un abordaje completo de la trata de personas no es llevado a cabo por UFASE (ni podríamos hacerlo desde el tipo de competencia funcional asignado), salvo en aquellas limitadas cuestiones que se refieren a informar sobre los derechos de las víctimas frente al proceso y la investigación penal. Por ello nos limitamos a generar una rápida conexión entre las víctimas que llegan a UFASE sin asistencia y los organismos, organizaciones y dependencias que sí poseen injerencia en la asistencia de las víctimas. Por supuesto que ese modelo de actuación se adapta a las circunstancias y a las necesidades urgentes, pues luego los contactos entre personas son reales, no mecánicos.
Sin embargo, cabe apuntar que hay un aspecto muy importante de la atención a las víctimas que hasta la actualidad no es función de ningún organismo público (si existen algunas organizaciones sociales que han emprendido la labor).
Se trata de la representación judicial de los intereses particulares de las víctimas o, como suele denominarse, de sus derechos y pretensiones como particular damnificado por los daños ocasionados por el delito. Derecho que le está plenamente reconocido a la víctima por la disposición del artículo 6° inciso “c” de la ley 26.364: “contar con asistencia jurídica gratuita” y que como tal es responsabilidad del Estado.
Este año se realizaron contactos y gestiones con autoridades y funcionarios de dependencias que, por sus competencias actuales, podrían encarar esta tarea y se han logrado avances significativos (en principio desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se podría brindar la asistencia técnica para que las víctimas estén representadas en los expedientes con sus reclamos resarcitorios. Y algunos esfuerzos se han encaminado en esa dirección).
De la innegable realidad de que los tiempos judiciales son perniciosamente largos no debe seguirse el desistimiento total del objetivo de la reparación de las víctimas. La compensación económica por el daño a la víctima directamente de parte del autor constituye la realización de la justicia correctiva en su manifestación más trascendental, es decir, la compensación del daño injustamente sufrido por parte de quien injustamente lo ha causado. La falta de realización de este acto, con todo su significado simbólico además del económico, no puede ser suplido por ningún otro mecanismo.
Esta función , además, reivindicaría a las víctimas frente al autor y le comunicaría al autor su injusto en términos pecuniarios para que lo resarza a favor de la persona que dañó. Económicamente, se encarga de una faceta distinta de la ganancia del delito, que son (aunque en una representación monetaria) los daños y padecimientos que generó su delito y que él nunca soportó.
Es importante que se ocupe este espacio de representación (gratuita) de la pretensión resarcitoria de la víctima por los daños causados por la explotación del autor y por la ejecución de los medios comisivos.
1.9) Representación Institucional.
• En el mes de junio UFASE presentó ante el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del Mercosur un documento informativo acerca del tratamiento del delito de trata en la República Argentina desde el Ministerio Público Fiscal, de acuerdo con lo acordado en las conclusiones del “Workshop Internacional de Trata de Personas” que reunió a representantes del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del Mercosur en la ciudad de Brasilia, entre los días 30 y 31 de mayo de 2011, y del que participó UFASE.
En el Acta de aprobación de la Reunión de Ministerios Públicos Fiscales de Mercosur que se llevó a cabo los días 8 y 9 de junio en Asunción, los participantes del Grupo se comprometieron a presentar periódicamente un boletín informativo acerca del tratamiento del delito en cada uno de nuestros países. Luego, la coordinación del grupo (que corresponde al MPF de Brasil) unificará esta información en un solo documento para su distribución. Teniendo en cuenta que este es el primer boletín
elaborado, se incluyeron consideraciones relativas al período de vigencia de la ley de trata (desde abril del año 2008, hasta la actualidad).
• Convocatoria del Congreso Nacional para exponer sobre el proyecto de ley de modificación de la ley 26.364 de trata de personas. En el mes de marzo de 2011 el Fiscal de la Unidad fue convocado por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación a fin de exponer su opinión sobre una nueva versión del proyecto de ley que modifica distintos aspectos de la ley 26.364.

References: resolución 
 artículo 17
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 17
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 23
 artículo 17
 resolución 
 artículo 6