Source: http://fabianyaksic.blogspot.com/2014/09/cinco-compromisos-y-acciones-urgentes.html
Timestamp: 2018-01-24 07:45:13+00:00

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CINCO COMPROMISOS Y ACCIONES URGENTES A IMPLEMENTAR
CANDIDATO A DIPUTADO UNINOMINAL
LEGISLAR, FISCALIZAR Y GESTIONAR
1. RECUPERAR LA JUSTICIA, LA LIBERTAD Y LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA
2. CONSTRUIR UN FUTURO CON OPORTUNIDADES PARA LA JUVENTUD
3. VELAR POR LA SEGURIDAD DE TÚ FAMILIA Y LA DE TÚ BARRIO
4. IMPULSAR UNA COMUNIDAD CON CALIDAD DE VIDA
5. GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y LAS AUTONOMÍAS
En la historia de Bolivia, desde 1825 hasta nuestros días, se han impulsado experimentos gubernamentales que no han sido sino ensayos de modernizaciones empobrecedoras en varios sentidos, sea qua hayan sido dirigidos por miradas oligárquicas, nacionalistas, neoliberales o populistas, tanto de izquierda o de derecha. Lo cierto es que después de 189 años de vida republicana no hemos podido superar los tres tipos de exclusiones estructurales que caracteriza a nuestro país: la primera está referida a la exclusión social poblacional, donde la marginalidad adopta rostro de mujer, joven e indígena que conlleva con especial crudeza a la explotación económica y dominación monocultural de las diversas nacionalidades indígeno originarias existentes en el país. La segunda exclusión es la geográfica a partir del centralismo burocrático, ineficiente y corrupto que ha concentrado las decisiones en materia de política económica y social en las capitales de Departamento abandonando el resto del territorio nacional. La tercera exclusión es la económico-productiva caracterizada por la herencia colonial del extractivismo mono productor y mono exportador de materias primas, que todavía caracteriza a nuestra matriz productiva, que no genera empleo ni economía duradera para el país y sus habitantes y que nos hace vulnerables al precio internacional de las materias primas.
Para enfrentar estas exclusiones el Movimiento Sin Miedo plantea cinco construcciones relacionadas con lo económico-productivo, la calidad de vida, la interculturalidad plurinacional, la institucionalidad democrática y la construcción autonómica. Construcciones que en el caso de nuestra candidatura uninominal las hemos ordenado en los siguientes cinco compromisos y varias tareas urgentes que pasamos a desarrollar.
1.- RECUPERAR LA JUSTICIA, LA LIBERTAD Y LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA
Se hace imperiosa la necesidad de compatibilizar y armonizar el concepto de Estado Plurinacional con el de República en el sentido estructural de garantizar y consolidar la independencia y coordinación de los órganos de poder, la vigencia irrestricta de los derechos humanos y la participación plena de la ciudadanía en el desarrollo de la democracia representativa, directa y comunitaria, como única fuente de poder y de gobierno.
La construcción de institucionalidad democrática parte de mantener vivo el espíritu constituyente en nuestra comunidad para seguir encarando las grandes reformas estructurales e institucionales de manera democrática.
La institucionalidad democrática implica una explícita negación a toda forma de hegemonismo, de patrimonialismo y caudillismo presidencialista.
El Movimiento Sin Miedo es un movimiento político que declara que la ética y el servicio a la comunidad deben ser la esencia de la función pública.
Sostenemos que la corrupción y la impunidad en toda la administración pública deben ser eliminadas, como condición básica para aproximar y restablecer niveles de confianza entre gobernantes y gobernados.
La oscuridad en la mayoría de las contrataciones estatales sin licitación, la falta absoluta de información, la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos y una estructura de impunidad son el marco general en el que ya es incontable el rosario de corruptelas diarias de los gobernantes.
1.1. Impulsaremos un SANEAMIENTO ÉTICO E INSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA para recuperar las garantías constitucionales y la institucionalidad democrática; mediante una revolución moral e institucional en el Órgano Judicial, Tribunal Constitucional y Ministerio Público que implica las siguientes acciones:
ü MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ELEGIR A MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ÓRGANO JUDICIAL Y FISCAL GENERAL. Una reforma integral del Órgano Judicial y del Ministerio Público deberá ser la tarea primordial para devolverle una correcta y oportuna administración de justicia a la Comunidad.
En el preselección y elección de Magistrados no se respetó la voluntad ciudadana expresada en las elecciones judiciales de octubre de 2011 donde el voto nulo y blanco ganaron mayoritariamente rechazando las candidaturas impuestas por el MAS. Frente a la estafa masista en la justicia, en el caso de los Magistrados del Tribunal Constitucional, Órgano Judicial y del Fiscal General, expresión agudizada de la partidización y de la crisis de la administración de justicia, no es posible esperar el cumplimiento de sus periodos de funciones a riesgo de inviabilizar todo intento de saneamiento estructural; exigimos su renuncia o promoveremos su remoción legal y hasta tanto se produzca la reforma constitucional, su elección por sufragio popular será precedida por una ley transitoria que modifique los procedimientos parlamentarios y establezca un organismo técnico, imparcial, independiente y ciudadano para la selección de postulantes que solo deberán acreditar méritos profesionales, experiencia, conocimiento y solvencia ética.
ü INSTITUCIONALIZAREMOS LA COMISIÓN CIUDADANA de JUSTICIA Y VERDAD para terminar con la persecución judicial, la judicialización de la política y lograr el restablecimiento pleno de las libertades, garantías y derechos constitucionales individuales y colectivos, y el sistema universal de los Derechos Humanos en nuestro país.
Esta comisión estará integrada por JURISTAS Y PERSONALIDADES INDEPENDIENTES que en un plazo de un año, proponga a los órganos del Estado la dictación de una AMNISTÍA para todos aquellos casos que lo ameriten, o el re encauzamiento procesal independiente para los que tengan evidente materia justiciable, en base a una AUDITORÍA DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES denunciados o que se denunciaren con evidentes vicios procesales.
Esta misma comisión, deberá esclarecer y establecer responsabilidades en la violación de los derechos humanos y procesos judiciales manipulados por intereses políticos durante los gobiernos de facto de las dictaduras militares, de los gobiernos constitucionales neoliberales y del gobierno del MAS, a fin de proponer el resarcimiento inmediato a las víctimas de la represión y violación de sus derechos humanos por los daños personales y materiales que hubiesen sufrido.
ü Para ACABAR CON LA RETARDACIÓN DE JUSTICIA y el hacinamiento en los recintos carcelarios impulsaremos que la detención preventiva sea una excepción solo en casos graves y al mismo tiempo HABILITAR JUECES CONTROLADORES DE CELERIDAD Y LEGALIDAD PROCESAL. Gestionaremos la modernización de la infraestructura carcelaria que haga posible la implementación de un efectivo régimen penitenciario.
ü Para desjudicializar los conflictos que se dan en la sociedad, regularemos e institucionalizaremos “INSTANCIAS DE CONCILIACIÓN CIUDADANA para resolución de conflictos entre vecinos sobre asuntos de carácter municipal”; que al ser una competencia compartida entre todos los niveles del Estado, artículo 299.6 de la Constitución Política del Estado, requiere una legislación básica del nivel central y posterior reglamentación por parte de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) que corresponda. Lo que implica que el Órgano Judicial instaure y reconozca ésta especial jurisdicción para la resolución de conflictos vecinales (Art. 179.I. CPE). Esto permitirá disminuir la carga procesal y resolver conflictos entre vecinos que no requieran de los onerosos, morosos y tormentosos estrados judiciales.
1.2. Fiscalizaremos e impulsaremos el mandato constitucional que establece la independencia y separación de poderes restableciendo la REPÚBLICA PLURINACIONAL DE BOLIVIA (CPE, Art. 12, I) para la construcción de una institucionalidad democrática y la vigencia plena de las garantías constitucionales de libertad, derechos humanos individuales y colectivos, justicia e igualdad de oportunidades para todas y todos. Esto implica que:
ü REESTRUCTURAREMOS EL ÓRGANO EJECUTIVO en un proceso de arriba hacia abajo, empezando por los Ministerios de Estado, para adecuar la estructura de gobierno a los fines de la Transformación Democrática, RACIONALIZANDO al máximo los recursos públicos, el gasto corriente y la burocracia.
ü INSTITUCIONALIZAREMOS TODOS LOS NOMBRAMIENTOS, especialmente en las instituciones públicas de control del Estado, defensa de la sociedad y de las empresas y autarquías estatales, primando la idoneidad profesional y la experiencia personales, para integrar a las personas más capacitadas a la estructura y fortalecimiento del Estado. Nos referimos a las máximas autoridades ejecutivas del Banco Central de Bolivia, Contraloría General del Estado, Aduana, Impuestos Internos, Administradora Boliviana de Carreteras, entre otras entidades.
ü Al haberse suprimido las Superintendencias Sectoriales, que en los gobiernos neoliberales gozaban de super poderes sin control, con el actual gobierno fuimos al otro extremo con las mal llamadas Autoridades de Fiscalización y Control Social que dependen de las máximas autoridades ejecutivas de los Ministerios, por tanto dependen de quienes son políticamente designados por el partido en función de gobierno, lo que les quita legitimidad y autoridad a estas entidades llamadas a regular y fiscalizar servicios estratégicos. Por lo que impulsaremos un proyecto de Ley que restablezca efectivamente la cualidad reguladora del Estado a través de “AUTORIDADES DE FISCALIZACIÓN Y REGULACIÓN SECTORIAL” QUE DEBEN SER ENTIDADES AUTÁRQUICAS CON AUTONOMÍA DE GESTIÓN, para una efectiva regulación de servicios y aspectos estratégicos en beneficio de la comunidad como AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, ENERGÍA, CUIDADO MEDIOAMBIENTAL, TELECOMUNICACIONES, TRANSPORTE, HIDROCARBUROS, MINERÍA, SISTEMA FINANCIERO, entre otros.
ü REVALORIZAREMOS LAS FUNCIONES DE LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL ÓRGANO LEGISLATIVO, otra vez convertido en una mayoría silenciosa de levantamos, para convertirla en el ESCENARIO PRINCIPAL DE LOS CONSENSOS NACIONALES PARA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, donde la mayoría proponga su visión programática como base de acuerdos y consensos con la minoría y viceversa. TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS CON REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA DEBERÁN CONSENSUAR ANUALMENTE UNA AGENDA LEGISLATIVA DESTINADA A FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD.
ü Planteamos la CONTINUIDAD DEL PROCESO CONSTITUYENTE PARA DESARROLLAR LA DELIBERACIÓN CIUDADANA en la CONSTRUCCIÓN DE VERDADEROS CONSENSOS NACIONALES, no solo para la PROYECCIÓN LEGISLATIVA sino fundamentalmente para el PERFECCIONAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO mediante ley de reforma parcial. Sea mediante el desarrollo legislativo o reforma parcial de la Constitución Política proponemos al menos encarar los siguientes aspectos medulares que requieren de consensos nacionales: procedimientos para elegir a las autoridades judiciales del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional; modalidad de elección de las principales autoridades en el Ministerio Público empezando con el Fiscal General del Estado y Fiscales Departamentales; modalidad de designación y elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Electorales Departamentales; la REPÚBLICA PLURINACIONAL DE BOLIVIA; el carácter presidencialista de nuestro gobierno; la conveniencia o no de mantener un parlamento bicameral; las formas de consolidar el estado autonómico, la organización territorial mediante regionalización del país, el PACTO FISCAL; junto a toda la temática del desarrollo productivo integral, para sacar al país de su condición primario exportadora.
1.3. Activaremos mecanismos institucionales para lograr en toda la administración pública CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN mediante el restablecimiento de la ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD mediante las siguientes acciones a impulsar:
ü Se nombrará, de acuerdo a la Constitución Política, un verdadero Contralor General de la República entre las personalidades más idóneas y capaces para reconstruir un Sistema de Control Gubernamental independiente de toda ligazón político partidaria y corporativa.
ü Se desarrollará el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN tanto de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) como del nivel central del Estado, para hacer efectiva la atribución fiscalizadora de las instancias legislativas de todos los niveles del Estado.
ü Pondremos en marcha un PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA en el que la información pública, el control y participación ciudadana, la rendición de cuentas y el seguimiento y evaluación sean los mecanismos principales para detectar las irregularidades funcionarias.
ü REVALORIZAREMOS LA FUNCIÓN PÚBLICA, capacitando a los funcionarios, DESPARTIDIZANDO LOS CARGOS PÚBLICOS, creando una verdadera carrera administrativa con la ESCUELA NACIONAL DE GOBIERNO, mejorando las remuneraciones, garantizando estabilidad laboral, y SUPRIMIENDO TODO CARGO QUE NO ESTÉ DIRECTAMENTE VINCULADO A UNA FUNCIÓN ESPECÍFICA Y NECESARIA PARA LA COMUNIDAD.
ü Estableceremos mecanismos informatizados regulares de plena transparencia e información de la gestión pública en todos los niveles de gobierno, hacia un efectivo GOBIERNO ELECTRÓNICO. El acceso a la información pública debe ser irrestricto y normado por ley. Por lo mismo, debe legislarse un verdadero SISTEMA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS en todo el sector público, comenzando con el Presupuesto General del Estado de cada gestión fiscal.
ü INSTITUCIONALIZAREMOS LOS MECANISMOS DE CONTROL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, legislando sus instancias y procedimientos, privilegiando y democratizando los mecanismos de control y participación ciudadanas directas más que los mecanismos corporativos, principalmente en los niveles departamentales y municipales, y en especial a la hora de la planificación operativa y la rendición de cuentas.
ü Gestionar el gobierno con criterio de calidad, significa optimizar el uso de los recursos, logrando el máximo beneficio para la población, con el mínimo costo, y para ello es necesario mejorar la calidad y la efectividad de la Inversión Pública, SUBORDINANDO EL PRESUPUESTO A LOS OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL y no al revés, como lo efectúa el actual gobierno; e incrementando la inversión pública, reduciendo al máximo el gasto corriente y operativo, especialmente en el nivel central de gobierno.
2.- CONSTRUIR UN FUTURO CON OPORTUNIDADES PARA LA JUVENTUD mediante políticas y/o programas a desarrollar a través del MINISTERIO DE LA JUVENTUD a crearse, que vele por los derechos e igualdad de oportunidades de la juventud para revertir la vulnerabilidad en que se encuentran los y las jóvenes principalmente en materia de empleo, emprendimientos productivos, vivienda, salud y seguridad ciudadana, entre otros temas importantes, e implemente las siguientes políticas públicas con su correspondiente asignación presupuestaria:
ü Potenciar y mejorar la actual política del Gobierno Municipal de La Paz “MI PRIMER EMPLEO” transformándola en POLÍTICA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL, para que las y los jóvenes tengan su primera experiencia de trabajo en la administración pública y empresas privadas productivas donde al menos, en un 30% del total de su planilla, incorporen a jóvenes profesionales.
ü Implementar el CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO JUVENIL, para las y los jóvenes que tengan ideas emprendedoras ACCEDAN A CRÉDITOS, cuenten con un RÉGIMEN TRIBUTARIO DIFERENCIADO, asesoramiento técnico y tengan a disposición tecnologías de información y comunicación para iniciar sus emprendimientos productivos.
ü INSTITUCIONALIZAR LAS PASANTÍAS PRODUCTIVAS en toda la administración pública, pagando el salario mínimo nacional, para alumnos destacados de los últimos años de universidad, para que concluyan su carrera, ganen experiencia y tengan incentivo a la investigación.
ü Con el Ministerio de Salud impulsar el SEGURO UNIVERSAL Y GRATUITO DE SALUD JUVENIL para la atención integral y diferenciada en salud para jóvenes en toda la red municipal, departamental y nacional de salud.
ü Con el Ministerio de Vivienda impulsaremos el ACCESO A CRÉDITOS DE VIVIENDA para generar oportunidades de soluciones habitacionales para familias jóvenes a sola garantía hipotecaria del propio bien inmueble.
ü Impulsaremos el reconocimiento de ALTERNATIVAS AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO de manera que los y las jóvenes puedan elegir entre el servicio militar obligatorio establecido o un servicio social, comunitario o ambiental reconocido como opcional al servicio militar obligatorio.
ü Impulsar el paradigma de MUNICIPIO AMIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (MANA) para acabar con la violencia en contra de nuestros niños y niñas; y la falta de oportunidades para los y las adolescentes.
ü Implementar la CUOTA ELECTORAL JUVENIL de al menos el 25% de las candidaturas a cargos de elección popular para las instancias legislativas municipales, departamentales y nacionales.
3.- VELAR POR LA SEGURIDAD DE TÚ FAMILIA Y LA DE TÚ BARRIO.
Son dos las dimensiones de inseguridad que encararemos desde las funciones de legislación, fiscalización y gestión que corresponden a un Diputado. Una de ellas tiene que ver con la inseguridad ciudadana y la otra con la situación de riesgo en el que se encuentran todavía muchos barrios de nuestra circunscripción.
En lo que se refiere a la inseguridad ciudadana, evidenciamos que los organismos policiales aparecen cada vez más incompetentes frente al crimen organizado y mafioso, y frente a ello la sociedad o tiende a retraerse acudiendo a mecanismos parapoliciales y sistemas de seguridad privados, o a “defenderse” ejecutando acciones punitivas por “mano propia”, también delictivas y violentas que generan a su vez una peligrosa espiral de violencia en el seno de la comunidad.
La población puede vivir con carencias inclusive de servicios básicos pero no puede vivir con miedo. La gente en los barrios tiene miedo, 2 de cada 3 personas viven con temor a ser víctima de un delito. Vivir cada vez más seguro, es hoy un gran desafío pero también es el primer deseo y reclamo de la población en todas las ciudades del país, así como recuperar las calles y los espacios abiertos como expresión de calidad de vida y lucha contra la delincuencia.
El narcotráfico aparece en el centro del agravamiento de la delincuencia que genera redes delictivas cada vez más extendidas, en la sociedad y el estado, que multiplican los crímenes, los ajustes de cuentas, aparición de sicarios, el secuestro y trata de personas, el lavado de dinero, el control delictivo de recintos penitenciarios y la penetración de estructuras policiales y gubernamentales, agravan el estado de indefensión e inseguridad ciudadanas.
Además del accionar del crimen organizado, está la lacerante realidad de la violencia intrafamiliar que afecta con especial crudeza a niñas, niños y mujeres.
El mayor consumo de alcohol, la drogadicción, el pandillerismo y la degradación del espacio público, son otros de los tantos factores asociados que perturban la tranquilidad y la convivencia pacífica entre la población.
En inspección a la EPI de Chasquipampa evidenciamos que por instrucciones del Ministerio de Gobierno ésta EPI fue “tomada” por la UTOP, que no es un servicio policial de seguridad ciudadana sino de operaciones especiales que tienen que ver con la conservación del orden público. Para fines de seguridad ciudadana en ésta EPI la Policía asignó alrededor de 30 efectivos, lo que va en contravención con lo estipulado en la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que en su Artículo 32 (ESTACIONES POLICIALES INTEGRALES) establece que:
“I. Las Estaciones Policiales Integrales son infraestructuras en las que funcionan el Ministerio Público, los Juzgados Contravencionales y los Servicios Policiales de Seguridad Ciudadana, estos últimos encargados de la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y los planes, programas y proyectos departamentales, municipales e indígena originario campesinos de seguridad ciudadana. ….
III. La Policía Boliviana, asignará recursos humanos necesarios para el funcionamiento de las Estaciones Policiales Integrales y utilizará los bienes inmuebles donados o transferidos, para prestar los servicios inherentes a la seguridad ciudadana”.
Otro aspecto fundamental que impide una labor efectiva de la Policía Boliviana es la permanente movilidad de sus principales comandantes. En el Comando Sur (regimiento 4) y en la EPI de Chasquipampa los Comandantes son removidos varias veces al año, impidiendo la necesaria continuidad en la implementación de los planes y acuerdos logrados con la comunidad.
En lo que se refiere a la situación de riesgos y fragilidad de los suelos de varios barrios de nuestra circunscripción, donde hemos tenido ya varios deslizamientos, amerita una intervención integral e interinstitucional para garantizar la seguridad física de nuestros barrios.
En el marco de las dos dimensiones de la inseguridad en nuestra circunscripción priorizaremos, a través de iniciativas legislativas, de fiscalización y gestión las siguientes acciones:
3.1. Impulsaremos una ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA basada en el ENFOQUE PREVENTIVO (causas del delito antes que éste se produzca) y no enteramente REACTIVO POLICIAL (después de cometido el delito) que implica un conjunto de iniciativas legislativas, de fiscalización y gestión parlamentaria orientadas a encarar las siguientes acciones:
ü Garantizar el CUMPLIMIENTO DE DEBERES y la efectiva concurrencia de todas las instituciones públicas del nivel nacional, departamental y municipal en la lucha permanente contra la inseguridad ciudadana, como lo establece la CPE (Art. 299, II, 13). Fortaleciendo al mismo tiempo sus capacidades institucionales para garantizar la seguridad ciudadana de todos los y las bolivianas.
ü Promoveremos la INDEPENDENCIA POLÍTICO-PARTIDARIA DE LA POLICÍA BOLIVIANA, MINISTERIO PÚBLICO Y EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, de manera que LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, OPERATIVA Y TÉCNICA ESTÉ A CARGO DE LA POLICÍA BOLIVIANA sin injerencia y manipulación desde el Ministerio de Gobierno.
ü Impulsaremos la RESTRUCTURACIÓN, DESCONCENTRACIÓN y FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA COMUNITARIA. Gestionaremos la mejora de las condiciones de trabajo de la Policía Boliviana mediante la dotación de movilidades, equipos de comunicación, la construcción y pleno funcionamiento efectivo de las ESTACIONES POLICIALES INTEGRALES, a fin de contar con una Policía especializada, digna e integrada a cada barrio, distrito y comunidad del país.
ü Impulsaremos la PREVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA, mediante la INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS Distritales y Municipales de Seguridad Ciudadana; y la formación de LÍDERES DE LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD CIUDADANA (jóvenes, docentes, padres de familia y propietarios de negocios). De manera que los actores sociales, vecinales y económicos del barrio, conjuntamente la Policía Comunitaria definan acciones y soluciones concertadas en la comunidad, estableciendo los perímetros de prevención del delito estableciendo el programa ZONAS SEGURAS en nuestros barrios.
ü Fiscalizaremos y gestionaremos la implementación de políticas de PREVENCIÓN SITUACIONAL y CUALIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO que busca disuadir y reducir las oportunidades de actividades delictivas, mediante el uso de tecnologías de información y comunicación: cámaras de vigilancia, alarmas comunitarias en todos los barrios, aplicaciones en teléfonos celulares u otros dispositivos móviles de comunicación que emitan una señal de alerta ante cualquier amenaza o situación de riesgo. Así como mejoramiento del alumbrado público, áreas de esparcimiento, ordenamiento urbano y fiscalización permanente de locales de expendio y consumo de bebidas alcohólicas.
ü Impulsaremos una efectiva PROTECCIÓN DE LA FAMILIA mediante los SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA FAMILIA con especial incidencia en mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad.
ü Modificaremos la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana estableciendo con mayor amplitud: a) los roles de los gobiernos municipales al tratarse de una COMPETENCIA CONCURRENTE (CPE, Art. 299, II, 13); y b) mayor énfasis y aplicación de recursos en la prevención del delito.
3.2. Gestionaremos FINANCIAMIENTO Y PROYECTOS CONCURRENTES entre el Gobierno Municipal y Nacional en CANALIZACIONES, EMBOVEDADOS Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, que garanticen la SEGURIDAD FÍSICA DE NUESTROS BARRIOS.
4.- IMPULSAR UNA COMUNIDAD CON CALIDAD DE VIDA.
Una comunidad con calidad de vida implica una visión del “desarrollo a escala humana” como lo plateara Manfred MaxNeef quien concibe que el ser humano es el fin del desarrollo. Por lo que “la economía debe servir a las personas y no las personas a la economía”, y donde el “desarrollo se refiera a las personas, no a objetos”. Donde el modelo desarrollo no esté centrado en el tener, sino en el ser.
Por ello el desarrollo económico productivo deberá estar orientado en función a mejorar la calidad de vida de la gente, de ahí que proponemos una agenda de transformación productiva que permita a Bolivia superar el patrón extractivista mono productor y mono exportador de materias primas, y tenga por objetivos la superación de la pobreza, la disminución de la desigualdad y el logro del bienestar social para toda la población boliviana.
Es preciso superar el punto muerto que nos atrapó en la oscilación entre estrategias opuestas de desarrollo: estatismo o liberalismo a ultranza.
En base a una sinergia entre crecimiento económico, equidad social y sostenibilidad ambiental, implementaremos políticas económicas de apoyo a productores e innovación tecnológica, y políticas sociales de incremento en el gasto en educación, salud, servicios básicos y seguridad ciudadana, para contar con una comunidad boliviana con calidad de vida.
La intervención estatal en la economía debe servir para promover innovación, transformación tecnológica e incrementos de productividad, garantizando, al mismo tiempo, estabilidad macroeconómica, sostenibilidad ambiental y protección social.
Bolivia es considerada como un país de desarrollo humano medio, según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) calculado por el PNUD el 2013. Bolivia se ubica en el puesto 108 entre los 186 países, con un valor de 0,699. Bolivia se sitúa por debajo de la media regional que es de 0,741, y en Sudamérica sólo por encima de Paraguay. Recordemos que el IDH expresa el bienestar a través de una media compuesta de tres dimensiones básicas: salud, educación e ingresos.
De los tres criterios el único que ha tenido una mejora es el del Producto Nacional Bruto per Cápita, gracias a los ingresos extraordinarios obtenidos por la exportación de gas y minerales.
Pero lamentablemente cuando ajustamos el índice de Desarrollo Humano por la desigualdad; nuestro IDH se reduce a sólo 0,444 sólo superado por algunos países africanos y Haití.
La gran desigualdad existente en la distribución de los ingresos entre los bolivianos se expresa en su coeficiente de Gini, que en Bolivia es de 56,3, lo que muestra la mayor desigualdad en Sudamérica. (El índice de GINI en honor al estadístico Corrado Gini, mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa donde el índice de Gini sería 0).
El presupuesto del PIB per cápita que destina Bolivia a salud alcanza a $us 118 cuando el promedio de los países vecinos el 2011 fue de $us 749.
En este sentido, la desatención del Estado en la generación de empleos dignos, salud y educación son los mayores determinantes de la vulnerabilidad y pobreza en nuestro país.
Por todo lo expuesto y en procura de una comunidad con calidad de vida, a través de iniciativas legislativas, de fiscalización y de gestión impulsaremos las siguientes acciones:
4.1. No hay calidad de vida sin empleo digno y permanente para ello GESTIONAREMOS Y CANALIZAREMOS RECURSOS PRODUCTIVOS CON LA CONSTITUCIÓN DE TRES TIPOS DE FONDOS: i. Generación de EMPLEOS PERMANENTES Y DE CALIDAD a través de la aceleración del ritmo de crecimiento económico y la constitución de un FONDO CONCURSABLE PRODUCTIVO destinado a la investigación, desarrollo y producción de las materias primas e insumos de la industria que puedan producirse en Bolivia, lo que permitirá una sostenible política de sustitución de importaciones creando emprendimientos productivos no tradicionales que supere el patrón extractivista mono productor y mono exportador de materias primas que caracteriza todavía a nuestro país. ii. FONDO AGROPRODUCTIVO para reactivar efectivamente el agro y producir lo que comemos impulsando la seguridad y soberanía alimentaria. iii. FONDO DE EXPLORACIÓN para incrementar nuestras reservas de gas.
4.2. Crearemos el MINISTERIO DE LA MUJER, que vele por los derechos e igualdad de oportunidades de las mujeres; e implemente políticas públicas con su correspondiente asignación presupuestaria, destinadas a disminuir el índice de feminicidios y todo tipo de violencia contra las mujeres; y garantizar sus derechos políticos, económicos y sociales.
4.3. CREACIÓN DE LA EMPRESA METROPOLITANA Y MUNICIPAL DE AGUA para acabar con la burocracia e ineficiencia de EPSAS, y garantizar el abastecimiento de agua potable para La Paz.
4.4. Gestionaremos financiamiento concurrente nacional y municipal para ampliar el TRANSPORTE MASIVO DIGNO con el PUMAKATARI para todos los Distritos.
4.5. Gestionaremos financiamiento concurrente nacional y municipal para la construcción de BARRIOS Y COMUNIDADES DE VERDAD en todos los Distritos de nuestra circunscripción, extendiendo el programa a nivel nacional, con obras civiles, instalaciones de servicios básicos y programas sociales para transformar la vida de la gente. El objetivo fundamental de este programa es anular la marginalidad urbana en barrios carentes de condiciones de habitabilidad óptimas.
El Programa Comunidades y Barrios de Verdad encarará su intervención en el área rural y urbana marginal de toda Bolivia a través de la puesta en marcha de proyectos integrales con dos componentes que, enlazados, hacen de las zonas, lugares más habitables. Estos componentes son:
1. Componente físico: Sistemas viales: vías peatonales, vías vehiculares, control de riesgos, equipamientos productivos como: riego, de almacenaje y otros, sistemas medio ambientales, equipamiento comunitario: casas comunales, parques, plazas, canchas, servicios básicos: baños domiciliarios y mobiliario urbano.
2. Componente social: fortalecimiento de la organización vecinal, saneamiento legal y catastral.
Este programa exitoso en el Municipio de La Paz, está siendo replicado por el Banco Mundial en otras capitales de distintos países como un modelo en gestión pública local.
4.6. Impulsaremos iniciativas legislativas y de gestión en la LUCHA CONTRA EL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN a través de dos programas: el primero referido a la alimentación escolar CONSOLIDANDO EL DESAYUNO ESCOLAR, complementado con el ALMUERZO ESCOLAR. El segundo programa está referido al SUBSIDIO UNIVERSAL DE LACTANCIA para todas las mujeres embarazadas y madres que no estén atendidas por este beneficio, es decir cuya familia no cuente con un trabajo formal esto es más del 80% de la población.
4.7. Incrementaremos en los próximos años a un 25% DEL PIB COMO PRESUPUESTO mínimo para garantizar el acceso universal y gratuito a la salud; y mejorar la calidad de nuestra educación. Al mismo tiempo impulsar una efectiva concurrencia de las Entidades Territoriales Autónomas en la gestión del sistema de salud y educación como establece la CPE (Art. 299, II, 2) modificando la Ley Avelino Siñani y Elizardo Peres, y aprobando la Ley del Sistema Boliviano de Salud.
4.8. En materia de Salud impulsaremos la LEY DEL SISTEMA BOLIVIANO DE SALUD que implica prioritariamente las siguientes políticas:
ü El SEGURO INTEGRADO DE SALUD DE ACCESO UNIVERSAL Y GRATUITO, que demanda la transformación del modelo de gestión y de financiamiento del sistema de salud para garantizar su ejecución. Se diseñará e implementará un esquema de MÚLTIPLES PRESTADORES, que podrán ser públicos o privados. Este enfoque significa utilizar toda la capacidad sanitaria instalada en el país. Para alcanzar este objetivo crearemos DOS FONDOS DE ADMINISTRACIÓN de los recursos destinados a la salud.
a. FONDO SUBSIDIADO O NO CONTRIBUTIVO: se constituirá con recursos de la Cooperación Internacional, TGN, Co-participación Tributaria, IDH e impuestos específicos destinados a programas de promoción y prevención de las principales patologías del país. CONSTRUIREMOS UN PAQUETE BÁSICO DE PRESTACIONES, PARA TODA LA POBLACIÓN NO CUBIERTA POR LAS CAJAS DE SALUD, PRESTACIONES QUE CORRESPONDAN AL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO y las tasas de morbilidad del país y cada una de sus regiones y/o municipios, tomando como criterios priorizadores, aquellas afecciones que tengan mayor impacto en las poblaciones más vulnerables como mujeres, niños, niñas o personas de la tercera edad, o puedan generar discapacidades temporales o permanentes. Este paquete básico de prestaciones serán otorgadas obligatoriamente por todo el Sector Público y, bajo el concepto de múltiples prestadores, se concertarán costos mínimos de tratamiento con las instituciones y organizaciones privadas con y sin fines de lucro.
b. FONDO CONTRIBUTIVO. Constituido y financiado en base a las cotizaciones de los trabajadores asegurados a las Cajas de Salud. Lo que implicará una reingeniería de las Cajas de Salud, especialmente de la Caja Nacional de Salud en sus medios de financiamiento, costos, modelos de gestión y atención, para lograr modificar la cantidad y proporción de personal médico y administrativo, determinar la prima media en base a un estudio serio de costos de las prestaciones para garantizar una atención humana de calidad.
ü NUEVO MODELO SANITARIO AUTONÓMICO
Modificaremos la Ley Marco de Autonomías que establece actualmente competencias exclusivas y concurrentes en el nivel central y en los niveles autónomos departamentales, municipales, e indígena originarios, pero no plantea fuentes de financiamiento para estas competencias, como tampoco plantea una efectiva concurrencia en la gestión de salud de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) sobre todo referido al personal y a las herramientas para encarar los perfiles epidemiológicos locales y regionales.
El modelo de gestión que planteamos, deberá desarrollarse en base a una progresiva municipalización de la gestión de salud del Sector Público para su consolidación en el paradigma de “Municipios Saludables”, específicamente para la promoción y prevención en función de las determinantes de salud locales, lo que implica la creación y fortalecimiento de las redes intermunicipales funcionales de Salud; transformando todas las postas de salud en verdaderos Centros de Salud con o sin camas, como puerta de entrada al Sistema Integral en función de la densidad poblacional (municipios de más de 2000 habitantes); y los Centros de Salud sean convertidos en policlínicos con especialidades básicas y de atención permanente y contínua.
Del mismo modo, los hospitales de Segundo Nivel deberán convertirse en Hospitales Resolutivos de las REDES INTEGRADAS DE SALUD, y estos Hospitales Resolutivos deben interactuar en red, fortaleciendo en cada uno de ellos una especialidad de acuerdo al perfil epidemiológico local. Conformadas así las redes municipales, y en los conurbados metropolitanos las redes metropolitanas de establecimientos de segundo nivel, se creará una GERENCIA DE REDES, mejorando la capacidad resolutiva de los existentes y construyendo nuevos hospitales en función de la estructuración de estas redes, descentralizando la gestión hasta los hospitales de Tercer Nivel para otorgarles autonomía de gestión.
ü CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
En el presente existen en Bolivia cinco Institutos Nacionales de Salud: el Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO), el de Laboratorios de Salud (INLASA), el de Medicina Nuclear (INAMEN), el de Biología de Altura (IBBA), y el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (CENETROP). Además tenemos, los Institutos Clínicos Especializados (Gastroenterológico, Oftalmológico y del Tórax), que componen el incipiente cuarto nivel de atención.
El conjunto de estas instituciones debe conformar el nuevo INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Este Instituto, tendrá como uno de sus roles principales apoyar y fortalecer al Ministerio de Salud en su función de Rectoría y a la red de servicios en el ejercicio y desarrollo de su capacidad resolutiva. Para ello, tendrá como funciones principales desarrollar la investigación sanitaria, estudiar y analizar el impacto de las políticas de salud en la población; normará, evaluará y fiscalizará el desempeño de la red de laboratorios, calidad de los medicamentos, vacunas y otros; dirigirá investigaciones aplicadas en función de los perfiles epidemiológicos regionales, y el impacto de las patologías prevalentes en el territorio nacional.
ü INTEGRACIÓN DE LA MEDICINA TRADICIONAL AL SISTEMA DE SALUD EN LA PERSPECTIVA DEL MUNICIPIO SALUDABLE
Formalizar, incluir, regular y certificar la profesionalidad de los practicantes de la medicina tradicional, a fin de contribuir a la generación y aplicación de políticas de salud, especialmente de promoción y prevención, respetando y complementando las diferentes cosmovisiones existentes en el país, cuya meta sea crear una CONCIENCIA SANITARIA ESPECIALMENTE EN LAS GENERACIONES JÓVENES, EN LA PERSPECTIVA DEL MUNICIPIO SALUDABLE.
4.9. Impulsaremos una verdadera TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA CON CALIDAD que implica los siguientes ejes fundamentales:
ü CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, que implica varias dimensiones a atender: a. Dimensión información educativa que nos permita contar con información confiable sobre indicadores de calidad educativa sobre: cobertura, permanencia, promoción, relación profesor/estudiante, costo estudiante e inversión y resultados. b. Dimensión pedagógica donde Los resultados del aprendizaje obtenidos por los estudiantes sean producto tanto del desempeño docente, como de la participación activa de los padres de familia e incluso de otros actores sociales. Por ello el nuevo enfoque será APRENDER ANTES QUE ENSEÑAR debiendo la dimensión pedagógica comprender procesos educativos que pongan énfasis en las áreas de lecto-escritura, matemática, ciencias naturales y sociales. c. Dimensión socio-psico-axiológica, favoreciendo la evaluación de factores asociados a la personalidad, conducta, valores, capacidad de liderazgo de profesores y estudiantes, sociabilidad, sensibilidad y competencias básicas desarrolladas para desenvolverse en la comunidad educativa y fuera de ella. Esta dimensión apareja: Valores éticos y morales; Identidad y pertenencia social; Liderazgo y toma de decisiones; Trabajo en equipo; Participación y compromiso social; Acceso y uso de tecnologías de la información y comunicación. d. Dimensión habilidades y desempeño, que nos permita encarar el desarrollo de habilidades y potencialidades seleccionadas, acorde a las edades cronológicas en relación con la creatividad, producción y capacidad de resolución de conflictos; el desempeño docente en función de los resultados conseguidos por los estudiantes y su impacto en la comunidad. Esta dimensión implica: Capacidad de resolución de conflictos. Sinergias entre habilidades y potencialidades productivas. Creatividad. Innovación para la transformación dialéctica. e. Dimensión insumos considerando que son un factor muy importantes en la calidad educativa los insumos y materiales educativos. Entre ellos: Materiales educativos disponibles. Equipamiento, medios tecnológicos, laboratorios, bibliotecas, espacios deportivos, etc. Infraestructura.
ü MODELO EDUCATIVO, la educación es un hecho político y un proyecto social para la transformación, por lo mismo, se requiere que esta visión incida plenamente en lo pedagógico innovador y lo pedagógico innovador en lo político, para generar una teoría y práctica dialécticas, es decir, una educación y pedagogía que no se subordinen a intereses privilegiados, sino que sea una pedagogía de la rebeldía a todo orden social injusto, discriminador y excluyente.
Los procesos educativos en el aula dejarán de ser “bancarios” para emprender procesos de enseñanza creativos, activos e innovadores. Mucho se ha escrito sobre la enseñanza, poco del aprendizaje, pero con base a investigaciones válidas y fiables de teorías de la enseñanza, los profesores con la comunidad tendremos que construir una auténtica pedagogía nacional e intercultural.
El currículo, es el conjunto de competencias básicas, contenidos, metodologías y criterios de evaluación, debidamente planificados, es el mecanismo a través del cual se concreta la educación. La estructura curricular debe comprender dos bloques:
Un currículum fundamental, común y obligatorio, que, además, permita a los estudiantes aprender a aprender y desarrollar un espíritu investigativo e innovador. Comprende las asignaturas de: Matemáticas, Comunicación y lenguas (lenguaje, comunicación y literatura), ciencias naturales (geografía, física, química biología, según corresponda), ciencias sociales (historia, psicología), ética y valores/filosofía. Concentrar la escolaridad en estas asignaturas evitará el picoteo superficial en el enciclopedismo actual.
Un currículum complementario, conformado por las asignaturas de: Artes (musicales, plásticas, escénicas, danzas, etc.), educación física y deportes, talleres de capacitación técnica y otros idiomas.
ü GESTIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN DESCENTRALIZADA, adecuaremos el marco normativo a fin de redimensionar los roles y funciones de autoridades locales y departamentales en el marco de la competencia concurrente en gestión del sistema de educación, entre todos los niveles del Estado, establecido en la Constitución Política del Estado.
Fortaleceremos las unidades educativas públicas y de convenio, asegurándoles autonomía, institucionalidad, calidad de aprendizaje, mejora sustancial del desempeño y calidad profesional de los profesores, en el marco de una nueva organización que favorezca el principio de escuela activa, productiva y solidaria.
ü La FORMACIÓN DOCENTE es uno de los pilares de la transformación de la educación. Sin maestros y maestras adecuadamente formados, continuamente capacitados y permanentemente actualizados en una visión educativa liberadora, crítica y reflexiva, es prácticamente imposible la transformación educativa. El éxito o fracaso de un sistema educativo no depende sólo de infraestructuras modernas, equipamiento, ni de buenos currículos, sino de la calidad del desempeño docente, y este es uno de los factores críticos a superar. No es posible pensar en la mejora de la calidad, sin planificar el desarrollo profesional del docente en sus dos etapas: formación inicial y permanente, articulada a la innovación pedagógico/didáctica y a una sólida formación académica de los profesores y las profesoras.
ü EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. La educación superior universitaria, técnico-tecnológica no se ha modificado a excepción de la creación improvisada de tres universidades indígenas cuyos resultados no se los conoce, a pesar de que las primeras promociones deberían ya estar egresando. Necesitamos hacer un estudio de mercado laboral; no se puede seguir formando profesionales desocupados, que llevados por la frustración y la desesperanza acaben en actividades laborales eventuales o precarias; o busquen emigrar para someterse a trabajos subalternos en el exterior o, finalmente, estemos impulsando la fuga de cerebros valiosos por falta de oportunidades, y por la desvalorización de lo profesional, porque en ocho años de gobierno no se han creado fuentes de trabajo, y se ha retrocedido en todos los ámbitos educativos. Los estudios del mercado laboral nos podrán señalar la sobre oferta y las necesidades profesionales reales que tiene Bolivia.
Generaremos condiciones financieras, técnicas y normativas desde el Estado, en sinergia con el sistema universitario tanto público como privado, para una mayor inversión en investigación; impulsar la innovación y la modernización del país para incentivar el estudio de carreras vinculadas con las técnicas, las ingenierías, las ciencias y las tecnologías que nos permitan saltos cualitativos en la producción, agregación de valor y comercialización de nuestros productos; para salir estructuralmente del extractivismo mono productor y mono exportador de materias primas que nos hace cada vez más pobres y dependientes.
4.10. IMPULSAREMOS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.
En el ámbito del desarrollo cultural, la educación, la producción de ciencia y la tecnología: a. dignificaremos la vida de las personas con capacidades diferentes y otros grupos en proceso de inclusión social, promoviendo su participación constante de manera independiente y segura en todos los ámbitos de vida del Estado. b. Identificaremos y eliminaremos las barreras materiales y simbólicas que impidan o limiten la participación plena de las personas con capacidades diferentes y las de otros grupos en proceso de inclusión social. c. Incorporaremos los lenguajes y códigos de las personas con capacidades diferentes en los sistemas de acceso a información de todos los ámbitos de desarrollo del Estado. d. Aceleraremos el proceso de inclusión educativa de las personas con capacidades diferentes y otros grupos en proceso de inclusión social, en todos los niveles y modalidades del Sistema de Educación Regular. e. Implementaremos la Escuela de Cuidadores Primarios, dirigida a toda persona que tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de la infancia y la adolescencia.
En el ámbito del desarrollo político. a. Transversalizaremos un enfoque de inclusión social y garantías para el ejercicio de todos los derechos civiles y políticos, de las personas con capacidades diferentes y otros grupos en proceso de inclusión social. b. Protegeremos los procesos de inclusión social de personas con capacidades diferentes y otros grupos poblacionales, generando mecanismos legislativos que respalden la implementación de Leyes, Políticas, planes y programas para su inclusión social en el Presupuesto de todo el Estado. d. Garantizaremos el acceso a la justicia de las personas con capacidades diferentes y otros grupos en proceso de inclusión social, reduciendo la dispersión legislativa vigente, transversalizando un enfoque de inclusión social y restitución plena de derechos en las leyes que son fundamentales. e. Garantizaremos la participación de las personas con capacidades diferentes y otros grupos en proceso de inclusión social, en toda la estructura de participación política vigente en el Estado.
En el ámbito económico. a. Activaremos la participación legal y legitimada de las personas con capacidades diferentes y otros grupos en proceso de inclusión social en todo el aparato productivo y de servicios vigente en el Estado. b. Normaremos el establecimiento de climas laborales saludables y adecuados para la participación económica de las personas con capacidades diferentes y otros grupos en proceso de inclusión social. c. Protegeremos el empleo, salario digno, acceso a financiamiento y créditos, consideración en el proceso de recuperación de préstamos de las personas con capacidades diferentes y otros grupos en proceso de inclusión social, incorporando en estas medidas a las personas que fueran determinantes para su seguridad material y afectiva.
En el ámbito de protección a la existencia biológica, psicológica y social. a. Protegeremos la vida de las personas con capacidades diferentes y otros grupos en proceso de inclusión social, valorizando su existencia ante la comunidad, considerándolas sujetos de seguridad y su condición de vulnerabilidad frente al delito, los desastres naturales, conmoción social o guerra. b. Transversalizaremos en el Sistema nacional de salud un enfoque de inclusión social. (incluir en el mismo la atención a la salud afectivo - emocional. Eliminar la discriminación en los seguros privados de salud). c. Impulsaremos la deliberación democrática y la aprobación de LEGISLACIÓN ESPECIAL que de respaldo solidario efectivo a las familias que tienen a su cargo PERSONAS CON DIVERSOS GRADOS DE DISCAPACIDAD PROFUNDA.
5.- GESTIONAR E IMPLEMENTAR LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO, Y LAS AUTONOMÍAS.
Las autonomías están con freno de mano, es preciso destrabar los mecanismos que están impidiendo la implementación plena de las autonomías, para ello es fundamental trabajar modificaciones a la Ley Marco de Autonomías y varias leyes sectoriales especialmente en lo referido al régimen económico-financiero y la asignación competencial.
Es imperiosa la necesidad de resolver los conflictos de límites intermunicipales que están impidiendo un mayor y mejor desarrollo urbano; y pensar estratégicamente la organización territorial del desarrollo mediante la regionalización y especialmente la conformación de las regiones metropolitanas.
Para ello impulsaremos iniciativas legislativas, de fiscalización y gestión que implicará las siguientes acciones:
5.1. ¡REFERENDO YA!!! PARA SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS DE LÍMITES y acabar con LOTEADORES Y AVASALLADORES. Para la consolidación y respeto a la jurisdicción del Municipio de La Paz; preservación y recuperación de nuestras áreas protegidas, espacios públicos; y seguridad jurídica a la propiedad privada. Impulsaremos modificaciones a la Ley de Unidades Territoriales para abrogar la vieja Ley 2150 de Unidades Político Administrativas (UPAS); establecer plazos perentorios para conciliaciones intermunicipales que no sobrepasen de un año calendario, concluido el mismo se activará el referendo obligatorio en las áreas en disputa territorial; y crearemos institucionalidad especializada en la resolución de conflictos de límites intermunicipales e interdepartamentales.
5.2. Gestionaremos la CREACIÓN e IMPLEMENTACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE LA PAZ, para encarar soluciones integrales al tratamiento de la basura, transporte masivo, abastecimiento de agua y cuidado medio ambiental, entre otros, en concurrencia con el gobierno nacional, departamental y los municipios del conurbado metropolitano (La Paz, El Alto, Achocalla, Mecapaca, Palca, Viacha y Laja), como lo establece la CPE (Art. 280, I).
5.3. CONSTRUCCIÓN DE LA BOLIVIA AUTONÓMICA, que implica la implementación plena del régimen autonómico establecido en la Constitución Política del Estado a través de tres ejes estratégicos: institucionalidad autonómica, gestión autonómica-competencial y organización territorial para el desarrollo.
ü INSTITUCIONALIDAD AUTONÓMICA que implica:
· COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL para que no haya más enfrentamiento entre gobierno nacional y gobiernos autónomos en el marco del respeto irrestricto a las autoridades electas democráticamente y las competencias de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs), para lo que desarrollaremos las siguientes tareas: i) Funcionamiento del Consejo Nacional Autonómico (CONAUTO) y de los Consejos de Coordinación Sectorial (CCOSEC) establecidos en la Ley Marco de Autonomías; ii) conformación de los Consejos Regionales Económico Sociales (CRES), como escenarios de encuentro y desarrollo de las autonomías; iii) reorientación del Ministerio de Autonomías y efectivo funcionamiento del Servicio Estatal Autonómico (SEAUTO), como entidad de apoyo a la construcción del Estado Autonómico; y finalmente iv) impulso a los acuerdos intergubernativos entre las entidades territoriales autónomas.
· NUEVO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL DEL ESTADO CON AUTONOMÍAS. Impulsaremos una nueva LEY DEL SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL CONCURRENTE, que reemplace a la actual Ley SAFCO en virtud de que la Constitución establece que el SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL ES UNA COMPETENCIA CONCURRENTE, por lo que la nueva norma deberá ser adecuada para que su reglamentación y ejecución, a cargo de las entidades territoriales autónomas, considere sus particularidades específicas, facilitando y agilizando la gestión pública, transparentándola y haciéndola permeable a la participación ciudadana. Por otro lado impulsaremos la LEY DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO AUTONÓMICO que sustituya al obsoleto SISPLAN no actualizado.
· NORMAS BÁSICAS AUTONÓMICAS Y REESTABLECIMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN DEMOCRÁTICA. Impulsaremos la elaboración participativa y aprobación de las Cartas Orgánicas y Estatutos Autonómicos; así como el restablecimiento de la proporcionalidad democrática en la conformación de los órganos legislativos, especialmente en las gobernaciones. Para ello se deberá aplicar el RÉGIMEN ELECTORAL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL ESTABLECIDO EN LA CPE COMO COMPETENCIA COMPARTIDA a fin de resolver la actual composición de las Asambleas Departamentales que tuvieron una sobre representación del partido mayoritario.
· Se impulsará el efectivo reconocimiento de los Territorios Indígenas y sus autonomías.
· Se velará por el protagonismo de la gente en el ejercicio pleno de la participación y control social en las ETAs y nivel central del Estado; democratizando a su vez los mecanismos de participación y control social existentes y los que se tengan que constituir.
ü ESTE SEGUNDO EJE ESTRATÉGICO TIENE QUE VER CON LA GESTIÓN AUTONÓMICA Y LA GESTIÓN COMPETENCIAL.
· GESTIÓN AUTONÓMICA CON LAS DECISIONES MÁS CERCA DE LA GENTE, para ello impulsaremos el PACTO FISCAL orientado a: i) la generación de recursos con sostenibilidad; ii) distribución de los recursos con equidad; iii) destino social-productivo del gasto y la inversión; iv) administración efectiva, eficiente y eficazmente autónoma; v) transparencia y fiscalización; vi) evaluación y ajuste recurrente.
El Pacto Fiscal es un acuerdo económico, social y político entre el Estado (nivel central y Entidades Territoriales Autónomas) y la Sociedad, pensado para el corto, el mediano y el largo plazo, de tal manera que combine la distribución de responsabilidades del gobierno nacional y gobiernos autónomos, tanto en la generación de recursos como en el logro de objetivos de desarrollo y superación de inequidades, con el acceso a un presupuesto adecuado para su funcionamiento y el cumplimiento de sus responsabilidades, equitativo, regular y previsible para el dimensionamiento y planificación de sus estrategias y sostenible en el tiempo.
Se trata en suma de establecer acuerdos estratégicos para definir con claridad con QUÉ recursos cuenta cada nivel del Estado para cumplir sus competencias asignadas estableciendo una distribución equitativa de los mismos superando las actuales asimetrías entre regiones; QUIÉN hace qué en cada nivel del Estado respetando y desplegando plenamente las competencias asignadas tanto a las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) como al nivel central del Estado; DÓNDE se invierten mejor los recursos orientados a generar condiciones de desarrollo y calidad de vida de la gente garantizando un piso mínimo universal de servicios públicos que reciba todo boliviano viva en Cobija o en Tarija; CUÁNDO se invierten adecuadamente los recursos, es decir la oportunidad de la inversión con eficacia y eficiencia; y CÓMO se ejecuta la inversión pública de manera que el grueso se destine a inversión con transparencia y cero tolerancia a la corrupción.
· GESTIÓN COMPETENCIAL con claridad y seguridad, sin improvisaciones, en el ejercicio de las responsabilidades competenciales que implica:
MODIFICACIONES AL RÉGIMEN COMPETENCIAL, con los necesarios ajustes la Ley Marco de Autonomías, así como otras leyes, adecuándolas a la CPE. Ajustes en la Ley 031 referidos especialmente a la definición y aplicación de las competencias compartidas y concurrentes; y al desarrollo de las competencias en los artículos 88 al 100 de dicha Ley. Se modificarán varias leyes aprobadas en estos últimos cinco años que vulneran el régimen competencial establecido en la CPE.
EDUCACIÓN, SALUD Y SERVICIOS MÁS CERCANOS A LA GENTE, se trabajarán leyes y modificarán las existentes referidas especialmente a las competencias concurrentes, donde la legislación nacional debe dejar que la reglamentación y ejecución la desarrollen en forma concurrente las ETAs.
LEGISLACIÓN BÁSICA Y LEGISLACIÓN DE DESARROLLO EN LAS COMPETENCIAS COMPARTIDAS, lamentablemente muchas de las leyes aprobadas en los últimos cinco años han transformado a las competencias compartidas en competencias exclusivas del nivel central del estado que deben ser corregidas aplicando plenamente el alcance de una competencia compartida donde el nivel central aprueba una ley básica y las ETAs deber aprobar la legislación de desarrollo, y asumir la responsabilidad de su reglamentación y ejecución.
ü REGIONALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO, que implica:
· PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DESDE LAS REGIONES, con el reconocimiento e impulso de las regiones como espacios de planificación y gestión territorial concurrente del desarrollo, donde los actores económicos y sociales locales, las ETAs y el nivel central del Estado acuerdan la planificación regionalizada, lo que permitiría una efectiva concurrencia y mayor impacto de la inversión pública a escala supramunicipal, así como haría que la mayoría de los municipios de menos de 100.000 habitantes no estén obligados a hacer los PDMs poco efectivos ejecutaría sus respectivos POAs en función de la planificación regional concurrente.
METROPOLIZACIÓN Y MEJORA INTEGRAL DE LA CALIDAD DE VIDA, a través de leyes elaboradas con el protagonismo de las ETAs involucradas, se conformarán las regiones metropolitanas de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz que en su conjunto albergan a más del 50% del total de la población del país. Se conformarán Consejos Metropolitanos de Desarrollo para encarar soluciones integrales de alcance metropolitano a los servicios públicos urbanos de salud, educación, vialidad, transporte, tratamiento de residuos, agua potable, manejo de cuencas, conservación ambiental y control de la contaminación, seguridad ciudadana, y desarrollo económico-productivo.
DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES, Elaboraremos y aprobaremos la Ley de Unidades Territoriales, reemplazando la vieja ley de UPAS y la reciente de Delimitación, a tiempo de crear una sólida institucionalidad nacional técnica e independiente que permita resolver a la brevedad los conflictos de límites mediante la conciliación inicial y un referendo final que se realice en todas las unidades territoriales en los que existan controversias limítrofes, donde los ciudadanos residentes en las zonas en disputa definan democráticamente y definitivamente este tema.
La falta de conciencia territorial de los sucesivos gobiernos ha impedido hasta hoy que Bolivia cuente con un mapa político oficial y que más bien se vaya acrecentando la conflictividad causada por la indefinición de todos los límites intermunicipales e interdepartamentales.
La ley de delimitación de unidades territoriales aprobada por el oficialismo, lejos de resolver esta situación, no construye institucionalidad al respecto y más bien genera nuevos problemas, como cuando define que “La Unidad Territorial a delimitarse no podrá definir jurisdicción territorial sobre recursos naturales estratégicos, cuerpos de agua y salares” (Art. 17).
Crearemos el Instituto Nacional de Unidades Territoriales (INUT) como institución pública autárquica con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Autonomías. Será la entidad encargada de formular, dirigir, ejecutar y supervisar la implementación de las políticas estatales sobre creación, modificación y delimitación de Unidades Territoriales, así como diseñar, operar y administrar el Sistema de Información de Unidades Territoriales.
Etiquetas: autonomias , conflicto de limites , Elecciones 2014 , Fabian Yaksic , MSM , Propuesta electoral , referendum territorial

References: resolución 
 artículo 299
 resolución 
 Artículo 32
in fine
 resolución 
 resolución 
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