Source: http://laboralparatodos.com/sentencia-c-06010-constitucionalidad-contra-el-inciso-tercero-del-articulo-454-de-la-ley-906-de-2004-expedicion-del-codigo-de-procedimiento-penal/
Timestamp: 2016-12-08 07:53:14+00:00

Document:
[Sentencia C-060/10]-Constitucionalidad contra el inciso tercero del artículo 454 de la Ley 906 de 2004- Expedicion del Código de Procedimiento Penal | laboralparatodos.com
[Sentencia C-060/10]-Constitucionalidad contra el inciso tercero del artículo 454 de la Ley 906 de 2004- Expedicion del Código de Procedimiento Penal
Inicio » Sentencias » [Sentencia C-060/10]-Constitucionalidad contra el inciso tercero del artículo 454 de la Ley 906 de 2004- Expedicion del Código de Procedimiento Penal	Descarga este documento aqui.
Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso tercero (parcial) del artículo 454 de la Ley 906 de 2004, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Actora: Indira Katy Vélez Murillo. Magistrado Ponente:
Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil diez (2010). La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Nilson Pinilla Pinilla, -quien la preside-, Maria Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Mauricio González Cuervo, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes, 1. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana Indira Katy Vélez Murillo demandó el inciso tercero (parcial) del artículo 454 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. Mediante auto de tres (3) de julio de dos mil nueve, el Despacho del Magistrado sustanciador inadmitió la demanda presentada, por cuanto los cargos expuestos en ella no fueron suficientes para proponer un posible conflicto normativo entre la Constitución y la norma acusada, requisito exigido por el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 para la presentación de las demandas de inconstitucionalidad.
2.1. NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, dentro de la cual se resaltan y subrayan los apartes en contra de los cuales se dirige la acusación: “LEY 906 DE 2004
“Si el término de suspensión incide por el transcurso del tiempo en la memoria de lo sucedido en la audiencia y, sobre todo de los resultados de las pruebas practicadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se realizará si en cualquier etapa del juicio oral se debe cambiar al juez”. 2.2. LA DEMANDA Solicita la demandante la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 454 (parcial) de la Ley 906 de 2004, por considerarlo violatorio del Preámbulo de la Constitución, específicamente en relación con el valor de la justicia, así como de los artículos 1°, 29 inciso 4° y 288 de la Constitución. Señala que si bien dentro del sistema penal acusatorio la etapa del juicio oral está amparada por los principios de concentración, publicidad, oralidad e inmediación, reanudar el juicio oral con un juez distinto del que le dio inicio no quebranta per se las garantías y derechos fundamentales que tales principios protegen, pues, en su criterio, lo constitucionalmente importante no es la permanencia del mismo juez en todo el debate probatorio, sino que quien ostente dicha calidad lo haga respetando las garantías procesales y los derechos fundamentales.
Reitera su inconformidad con la norma demandada, por considerarla inadecuada, desproporcionada e innecesaria, debido a que en la mayoría de los casos produce consecuencias gravosas para el procesado o para la víctima. Además, la disposición ignora que el mismo Código de Procedimiento Penal permite grabar la audiencia oral, por lo cual el nuevo juez puede acudir a tal medio técnico sin necesidad de que se repita el juicio oral. Apoya su aseveración en un aparte de la Sentencia del 30 de enero de 2008, proferida por la Corte Suprema de Justicia .
Concluye afirmando que para el ciudadano es una garantía que el proceso se defina en forma rápida y eficaz, motivo por el cual no debe aplicarse el aparte final del artículo 454 del Código de Procedimiento Penal. 3. INTERVENCIONES
3.1. Intervención de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. El ciudadano Wilson Alejandro Martínez Sánchez, en representación del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, presentó concepto jurídico sobre la constitucionalidad de la norma demandada, en los siguientes términos:
De la misma manera, se refiere a la jurisprudencia de esta Corporación concerniente a los requisitos para ordenar la suspensión del juicio, en donde a su parecer se señaló que dicha posibilidad es constitucional en la medida en que sea justificada y razonable, dadas las circunstancias de cada caso en particular, y siempre que sea necesaria para hacer efectivos los principios de inmediación y concentración.
De análisis jurisprudencial anterior concluye que no es acertada la interpretación de la norma acusada que hace la demandante, para quien todo caso de reemplazo de juez debe dar lugar a la repetición del juicio oral. Comparte lo afirmado por la demandante, en el sentido de que el procesado tiene derecho a ser juzgado mediante un procedimiento expedito y sin dilaciones injustificadas. No obstante, advierte que el Preámbulo de la Constitución establece como deber del Estado asegurar la vigencia de un orden justo, y ello sólo se logra en la medida en que las decisiones judiciales sean producidas con sujeción a los principios de inmediatez y concentración, lo que reduce al mínimo las probabilidades de error judicial.
Apoya su petición en las consideraciones expuestas por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia citada por la demandante , en la que se precisa que la repetición de la audiencia del juicio oral, cuando se presenta cambio de juez, sólo es aplicable cuando se ven afectados los principios reguladores de la fase del juicio, lo cual debe ser estudiado en cada caso en particular.
“5. Como consecuencia de todo lo anterior, la no repetición del juicio oral, cuando se da el cambio del juez que lo instaló, desconoce los principios de inmediación y concentración y distorsionan el papel que el juez debe cumplir con esta etapa del proceso, la cual es medular dentro del mismo.” Hechas las anteriores precisiones, concluye manifestando su desacuerdo con el argumento presentado por la actora, según el cual la repetición del juicio oral dilata injustificadamente el proceso y vulnera el valor de la justicia, los principios del debido proceso y el respeto a la dignidad humana, toda vez la dilación del proceso se ve justificada precisamente cuando no se ha dado observancia a los principios de inmediación y concentración, viéndose en consecuencia afectado el debido proceso y la dignidad humana.
Para apoyar la constitucionalidad de la disposición, el interviniente realiza un amplio estudio doctrinario, dividido en tres títulos, a saber: (i) “Objetivos constitucionales del principio de concentración dentro del sistema penal acusatorio”, en donde explica que dicho principio persigue la realización de la justicia material a través de la verificación de una audiencia continua dentro de la cual se practiquen las pruebas y se adopte la decisión judicial correspondiente, de manera que si es necesario suspender la audiencia del juicio oral, las sucesiva o sucesivas sesiones deben ser próximas en el tiempo. (ii) “Complementariedad del principio de concentración con otros principios y derechos fundamentales”, aparte en donde la intervención se refiere a los principios de inmediación, oralidad y contradicción, que garantizan el contacto directo del juez con las pruebas y la posibilidad de que tenga presentes las argumentaciones y razones de todos los sujetos procesales, a través de una comunicación y una interacción directa con ellos. Y (iii) “Aplicación concreta en la audiencia de juicio oral del principio de concentración”, en donde la intervención explica que dicho principio exige que sea el mismo juez que instale la audiencia quien escuche las alegaciones de las partes y practique las pruebas para llegar a una conclusión, anunciando el sentido del fallo. Con fundamento en el estudio anterior, explica el interviniente que la norma demandada encuentra soporte constitucional y es exequible, pues en virtud del principio de concentración, existe la prohibición genérica de que el juez de conocimiento falle sin tener suficiente ilustración sobre el debate jurídico- probatorio y sin la posibilidad de tener contacto directo con las pruebas durante su práctica.
Procede luego a explicar que el principio de concentración comporta una doble connotación: por un lado es considerado criterio rector de la realización del proceso y, por otro lado, es principio relativo a la producción y valoración de la prueba. Sobre este último aspecto, trae a colación legislaciones procesales penales de tendencia acusatoria como la española y la chilena, donde la reglamentación del juicio se orienta a garantizar al máximo los principios de concentración e inmediación. En su exposición, el interviniente se refiere al concepto doctrinal de “unidad de debate”, en virtud del cual el principio de concentración no se circunscribe exclusivamente a la valoración del material probatorio en un mismo escenario, sino a la evaluación integral de todos los elementos probatorios en conjunto y en un corto periodo de tiempo. Lo que a su parecer justifica y legitima la repetición del juicio oral, cuando es un nuevo juez el que entra a presidir el juicio.
Por otro lado, señala que la norma demandada encaja sistemáticamente dentro de la estructura de la Ley 906 de 2004, y en este sentido cita los artículos 16, 379, 404, 420 y 146 ídem, que respectivamente consagran: (i) el principio de inmediación, que implica que la prueba sea producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento; (ii) los criterios de valoración de la prueba testimonial y pericial, que implican que el juez debe tener en cuenta, entre otros factores, el estado de sanidad del sentido o los sentidos por los cuales se tuvo la percepción, y el comportamiento del testigo o perito en la audiencia; y (iii) la utilización de medios técnicos que permitan el registro y reproducción fidedignos de lo ocurrido en el juicio. El interviniente concluye observando que la norma demandada no contraría el concepto de plazo razonable, toda vez que, de los criterios establecidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se puede determinar de manera genérica el plazo dentro del cual un proceso penal debe surtirse, pues en cada caso en particular ha de establecerse según la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades públicas.
4. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, estando dentro el término legalmente previsto emitió el concepto de su competencia en el cual pidió declarar la exequibilidad del aparte de la norma demandado, con base en las siguientes consideraciones:
Procede luego a explicar que, si bien la disposición normativa impugnada no había sido sometida a un examen de constitucionalidad, sí existe una interpretación de la misma realizada por parte de los altos tribunales de la jurisdicción ordinaria y constitucional, que señalan en qué sentido debe aplicarse el precitado artículo : no toda suspensión del proceso penal o de sus audiencias genera vulneración del debido proceso, pero cada suspensión debe encontrarse justificada y valorada bajo criterios de razonabilidad. Así, hay suspensiones que no son injustificadas. En apoyo a esta afirmación, señala que existen circunstancias dentro del proceso penal, avaladas por esta Corporación, en las que es admisible y justificado un receso en la audiencia. A manera de ejemplo, plantea el caso de la contumacia, en donde el indiciado no comparece sin justa causa a la audiencia y por consiguiente ésta debe realizarse con el defensor designado para su representación. Indica que, en este evento, la Corte ha establecido que al abogado defensor le asiste la posibilidad de solicitar un receso para su debida preparación; sin embargo, dicha posibilidad se ve limitada bajo la premisa de que la mencionada petición sea justificada.
5.	CONSIDERACIONES DE LA CORTE Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN.
De conformidad con lo prescrito por el numeral 4° del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para resolver sobre la constitucionalidad de la norma demandada, por tratarse de una ley de la República . 5.2. Existencia de cosa juzgada constitucional.
“Si el término de suspensión incide por el transcurso del tiempo en la memoria de lo sucedido en la audiencia y, sobre todo de los resultados de las pruebas practicadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se realizará si en cualquier etapa del juicio oral se debe cambiar al juez”. Las razones por las cuales se acusa de inconstitucionalidad el anterior aparte normativo pueden resumirse de la sigueitne manera: La expresión subrayada del artículo 454 del C.P.P. es inconstitucional porque:
d) ignora los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad, puesto que existiendo la posibilidad legal de acudir a ayudas técnicas y audiovisuales, la norma demandada no remite a ellas, sino que exige repetir íntegramente la audacia respectiva. 5.2.2. La Corte Constitucional, en Sentencia C-059 de 2010 , declaró exequible el texto íntegro del último inciso del artículo 454 de la Ley 906 de 2004, anteriormente trascrito. Los cargos de la demanda en esa ocasión eran, en síntesis, los siguientes: El último inciso del artículo 454 del C.P.P. es inconstitucional porque:
c) La norma acusada desconoce los derechos de las víctimas, por la nueva “victimización” de que son objeto con la dilación del proceso. En la Sentencia C-059 de 2010 la Corte consideró que el texto completo del último inciso del artículo 454 del C.P.P es exequible, porque desarrolla adecuadamente el principio constitucional de concentración de la prueba en el sistema penal acusatorio, según el cual aquella debe practicarse durante el juicio oral ante el respectivo juzgador, quien debe conocerla de primera mano. Por tal razón, la audiencia en principio debe ser continua, pudiendo suspenderse sólo por términos cortos. Si la suspensión de la audiencia afecta la memoria de lo sucedido (situación subjetiva), o si hay un cambio de juez (situación objetiva), la misma debe repetirse. 5.2.3	Como puede verse, la demanda analizada en la Sentencia C-059 de 2010 recaía sobre una disposición normativa más amplia que la que ahora se acusa, pues se dirigía contra el texto íntegro del último inciso del artículo 454 del C.P.P., que contempla la repetición del juicio oral por dos causas: (i) por afectación de la memoria de lo sucedido debido a suspensión prolongada de la audiencia, y (ii) por cambio de juez. En cambio, en esta oportunidad la demanda recae únicamente sobre el aparte normativo relativo a la repetición del juicio oral por cambio de juez. No obstante, en todo caso la expresión ahora acusada fue objeto de estudio en la mencionada Sentencia C-059 de 2010 . De otro lado, tras comparar los cargos esgrimidos en las dos demandas a que se ha hecho referencia, es fácil concluir que ellos son esencialmente iguales y se reducen a alegar (i) el desconocimiento del debido proceso porque la repetición de la audiencia es una dilación injustificada, (ii) el desconocimiento de la posibilidad de acudir a las ayudas técnicas; y (iii) el desconocimiento de los derechos de las partes o de las víctimas. En consecuencia, la Corte concluye que respecto del aparte normativo ahora acusado ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-059 de 2010, en la cual se declaró exequible el último inciso del artículo 454 del Código de Procedimiento Penal. Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. NILSON PINILLA PINILLA

References: artículo 454
 artículo 454
 artículo 454
 artículo 454
 artículo 454
 artículo 2
 artículo 454
 artículo 454
 artículo 241
 artículo 454
 artículo 454
 artículo 454
 artículo 454
 artículo 454
 artículo 454