Source: https://lpderecho.pe/r-n-1272-2016-lima-norte-declaraciones-etapa-instruccion-juicio-oral/
Timestamp: 2020-05-30 04:40:48+00:00

Document:
Tribunal puede creer más en declaraciones de la instrucción que lo dicho en juicio oral [R.N. 1272-2016, Lima Norte] | LP
Quinto: Debiendo además señalar que en materia recursal constituye un imperativo la limitación del conocimiento del Juez Superior en Grado, respecto a los extremos impugnados de la resolución del Juez que emitió la resolución impugnada, pues opera el Principio del Efecto Parcialmente Devolutivo -«Tanto deferido como lo reclamado»- en cuya virtud la Corte Suprema debe reducir los límites de su resolución únicamente a las cuestiones promovidas en los recursos; las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.
Sexto: Corresponde precisar que la materialidad del delito se encuentra plenamente corroborado con la declaración del coprocesado absuelto Cristhian Jimmy Castro Muñoz, de fojas 22/27, la misma que se realizaron en presencia del representante del Ministerio Público, y conforme a lo establecido en el artículo 62 del Código de Procedimientos Penales tiene valor probatorio, donde refirió que el día de los hechos siendo las 03:00 horas aproximadamente cuando transitaba por la avenida Revolución, se encontró con el sentenciado Fernando Antonio Sanjinés Tipian, conocido como «Moroco», es así que al encontrarse a cuatro casas de la vivienda del agraviado Elvis Gregorio Contreras Rivas, le indicó que le espere en dicho lugar y que le avisara si alguien venía, posteriormente el sentenciado se encontró con dos personas más con quienes procedieron a ingresar a la vivienda del agraviado, procediendo a escalar la pared, permaneciendo en el interior del domicilio por espacio de media hora aproximadamente donde estos sujeto y el acusado salieron portando balones de gas de color morado o lila, procediendo a retirarse del lugar. Asimismo, señala que cuando se encontraba tomando emoliente con caña, aproximadamente a las 17:30 o 18:00 horas, donde la señora Santana Lozano Bonifacio, conocida como «Ana», se hizo presente el sentenciado Fernando Antonio Sanjinés Tipian, quien portaba los balones de gas que había robado en horas de la madrugada, a fin de ofrecerlos en venta, y ante la negativa de esta procedió a retirarse, en compañía de otros sujetos; lo mismo también se detalla en el Acta de Entrevista Personal de Jimmy Castro Muñoz, de fojas 40/42. Si bien a nivel de la instrucción y juicio oral -véase fojas 149/151 y 442/444- este se retractó de lo vertido a nivel preliminar, ante ello debemos remitirnos a lo establecido en el Recurso de Nulidad N.° 3044-2004, considerando quinto que refiere lo siguiente: «cuando se frota de testigos o imputados que han declarado indistintamente en ambas etapas del proceso penal, en la medida en que la declaración prestada en la etapa de la instrucción se haya actuado con las garantías legalmente exigibles – situación que se extiende a las declaraciones en sede policial, siempre que se cumpla lo expresamente estatuido en la norma habilitante pertinente referido a la presencia del Fiscal y, en su caso, del abogado defensor- el Tribunal no está obligado a creer aquello que se dijo en el acto oral, sino que tiene libertad para conceder mayor o menor fiabilidad a unas u otras de tales declaraciones, pues puede ocurrir, por determinadas razones- que el Tribunal debe precisar cumplidamente-, que ofrezca mayor credibilidad lo declarado en la etapa de instrucción que lo dicho después en juicio oral, en tanto dicha declaración se haya sometido en tal acto a contradicción con las garantías de igualdad, publicidad e inmediación y trasunta una mayor verosimilitud y fidelidad-cumplimiento, en su esencia, de los requisitos de legalidad y contradicción- (…)»; hecho que se advierte en la declaración preliminar de Jimmy Castro Muñoz, la misma que fue prestada en presencia del representante del Ministerio Público, que fue incorporada en juicio oral -véase fojas 442-.
Séptimo: Además se tiene el Acta de Entrevista realizada a Santana Lozano Bonifacio, de fojas 37/39, de donde detalló que las personas: Fernando Antonio Sanjinés Tipian, conocido como “Moroco» y Cristhian Jimmy Castro Muñoz, conocido como “Chumpi”, se presentaron ante ella portando balones de gas de color lila, a las 17:30 horas aproximadamente, ofreciéndole en venta a lo que no accedió. Si bien, las citadas actas no fueron realizadas en presencia del representante público, las mismas fueron realizadas a fin de esclarecer e investigar los hechos, conforme lo faculta el artículo 64 del Código de Procedimientos Penales; siendo ello así, dentro de la labor de búsqueda la policía ubicó a la señora Santana Lozano Bonifacio y al entonces procesado Jimmy Castro Muñoz; además dicha acta fue válidamente incorporada en el proceso, conforme obra a fojas 515. Aunado a ello, se tiene también la declaración de Luciano Acostupa Rivas, de fojas 31/33, donde refirió que el móvil de la muerte de su hermano fue el robo de los balones de gas que había en su casa, la misma que pertenecía al comedor que funcionaba en la misma casa.
Noveno: De la inexistencia de la motivación en la resolución recurrida, debemos precisar que el artículo 139, numeral 3), de la Constitución Política estatuye como principio y derechos de la función jurisdiccional observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Acorde con tales principio – derechos, cuando el órgano jurisdiccional imparte justicia está obligado a observar los principios, derechos y garantías que la carta magna establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas. En tal sentido, la exigencia de la debida motivación de las resoluciones judiciales es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y es al mismo tiempo un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella se garantiza, por un lado, que la impartición de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (numerales 45 y 138 de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa[1]. En cuanto al derecho a la debida motivación el Tribunal Constitucional ha dejado sentado que “la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruente entre lo pedido y lo resuelto, y que, por si misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa2«; lo cual se advierte en el presente caso.
Décimo Primero: Respecto a la impugnación del Fiscal Superior no es menester emitir mayor pronunciamiento pues su impugnación se tiene por desistida al haberse pronunciado el Fiscal Supremo en favor de declarar no haber nulidad en la sentencia impugnada. Debiendo considerarse que el Ministerio Público está sujeto al Principio de Jerarquía Institucional, cuya relevancia normativa dimana del artículo 5° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que dispone: «Los fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado deben sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirles sus superiores». Acorde con ello, es preciso destacar que el Tribunal Constitucional ha reconocido la relevancia jurídica de este principio. Así, en la STC N.° 2920-2012-PHC/TC, Lima, del veintitrés de agosto de dos mil trece[2] [3], estableció: los fiscales de menor grado o rango, deben sujetarse a las instrucciones de sus superiores, dado que (…) el Ministerio Público es un órgano orgánica y jerárquicamente estructurado, de modo que las competencias (…) atribuidas puedan ser ejercidas por los funcionarios determinados para tal efecto, quienes puedan actuar conforme a su criterio o conforme a lo ordenado o dispuesto por sus superiores (…)» -fundamento jurídico octavo-; y al mismo tiempo, determinó: «(…) en aplicación del (…) artículo 5° de la LOMP -Ley Orgánica del Ministerio Público- cuando un actuado llega a conocimiento del Fiscal Superior o Supremo, es el criterio de éste el que debe primar sobre el criterio de los Fiscales de menor jerarquía (…)”. En consecuencia la opinión del Fiscal Supremo en lo Penal debe primar sobre la del Fiscal Superior conforme lo ha sostenido esta Suprema Corte[4].

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 62
 artículo 64
 resolución 
 artículo 139
 artículo 5
 artículo 5