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Casación # 0484-2-2001 – Global Consulting Enterprise E.I.R.L.
HomeCasación # 0484-2-2001
EXPEDIENTE N° 3979-98
ASUNTO Impuesto General a las Ventas y otros Lima
FECHA Lima, 20 de abril del 2001
Vista la apelación interpuesta por contra la Resolución de Intendencia N° 015-4-08209, emitida el 29 de mayo de 1998 por la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que declara improcedente la reclamación formulada contra las Resoluciones de Determinación N9s. 012-3-06605, 012-3-06606 y 012-3-06611 a 012-3-06613, sobre Impuesto General a las Ventas Cuenta Propia de los períodos enero a diciembre de 1996 y enero a abril 1997, sobre Impuesto General a las Ventas No Domiciliados de los períodos diciembre 1996 y enero y febrero de 1997 y, sobre el Impuesto a la Renta del ejercicio 1996; contra las Resoluciones de Multa NQs. 012-2-14268 a 012-2-14274, 012-2-14277 y 012-2-14295 a 012-2- 14300, emitidas por la infracción prevista en el numeral 1 del articulo 178e del Código Tributario; contra las Resoluciones de Multa N9s. 012-2-14275 y 012-2-14276, por la Infracción prevista en el numeral 2 del artículo 1789 del Código Tributarlo, y contra las Resoluciones de Multa N9s. 012-2-14301 y 012-2-14302, por las infracciones previstas en el numeral 1 del artículo 1759 y en el numeral 3 del artículo 1769 del Código Tributario.
Que en su reclamación la recurrente se limita a alegar la nulidad de la fiscalización y de los valores emitidos, sin discutir la procedencia de los reparos y de las sanciones imputadas, sin embargo en su recurso de apelación, cuestiona el reparo al crédito fiscal y a la renta neta imponible por operaciones no reales;
Que el artículo 1479 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N9 135-99-EF, dispone que al interponer apelación ante el Tribunal Fiscal, el recurrente no podrá discutir aspectos que no impugnó al reclamar, a no ser que, no figurando en la orden de pago o en la resolución de la Administración Tributaria, hubieran sido incorporados por ésta al resolver la reclamación, de modo que al no presentarse estos supuestos de excepción sólo procede emitir pronunciamiento respecto a la existencia de vicios de nulidad en la fiscalización o en la emisión de los valores y Resolución de Intendencia impugnadas;
Que la recurrente plantea la nulidad en tres extremos: i) reemplazo del auditor inicial, sin modificar los períodos a fiscalizar, ii) improcedencia de la fiscalización del Impuesto a la Renta del ejercicio 1996 y iii) extensión de la fiscalización a períodos no prescritos sin haber emitido las resoluciones de determinación referidas a los últimos doce meses;
Que mediante el Requerimiento Ns 0747-A-4-97 la Administración solicitó a la recurrente diversa Información contable y tributaria relacionada con el Impuesto General a las Ventas de mayo de 1996 a abril de 1997, precisando que la auditoría se Iniciaría el 2 de junio de 1997;
Que el 23 de mayo de 1997, conjuntamente con dicho requerimiento se notificó la Carta de Presentación Ns 970011010520-1-SUNAT, y posteriormente, el 1 de agosto de 1997, la Administración notificó la Carta de Presentación NQ 970011010520-2-SUNAT, mediante la cual comunicó el reemplazo del auditor inicialmente destacado para realizar la fiscalización;
Que al respecto es preciso señalar que, la Administración ejercita las facultades para cumplir su labor de fiscalización mediante los diversos requerimientos emitidos durante el proceso de verificación, habiendo emitido en el presente caso el Requerimiento N9 0747-A-4-97, con arreglo a lo señalado en el artículo 819 del Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo NQ 816;
Que de otro lado, las cartas de presentación emitidas por la Administración tienen como finalidad poner en conocimiento de los contribuyentes quiénes son los funcionarlos encargados de cumplir con la labor de auditoría, siendo potestad de dicha entidad disponer su reemplazo, lo cual no implica cambio alguno en los períodos a fiscalizar, por lo que carecen de fundamento las afirmaciones de la recurrente;
Que respecto a la ampliación de la fiscalización a los períodos enero a abril de 1996, cabe indicar que el artículo 819 del Código Tributario disponía que la suspensión de la verificación de los mismos, procedía siempre y cuando no se detectasen irregularidades referidas a la determinación de la obligación tributaria en las declaraciones presentadas correspondientes a los doce últimos períodos o al último ejercicio, según se trate de tributos de periodicidad mensual o anual, de modo que, la detección de tales inconsistencias sólo podía efectuarse dentro del proceso de fiscalización de esos últimos períodos, sin embargo, dicha norma no exigía que para proceder a la revisión de los períodos no prescritos dicho proceso debía haberse concluido y emitido las correspondientes resoluciones de determinación;
Que en el caso de autos, conforme al Requerimiento NB 696-A-4-97 y a su resultado se detectaron diversos reparos al Impuesto General a las Ventas de los meses de mayo de 1996 a abril de 1997, algunos de los cuales fueron reconocidos por la propia recurrente, lo cual evidencia que la Administración se encontraba plenamente facultada a fiscalizar los períodos de enero a abril de 1996;
Que en lo concerniente a la fiscalización del Impuesto a la Renta del ejercicio 1996, el artículo 81s del Código Tributario establecía que tratándose de tributos de liquidación anual, la facultad de verificación o fiscalización se prorrogaría hasta el sexto mes del período gravable siguiente a aquél en el que correspondía presentar la declaración;
Que el Requerimiento N9 6100 a través del cual se amplía la fiscalización a los periodos de enero a abril de 1996 y se procede a fiscalizar el Impuesto a la Renta del ejercicio, fue emitido el 15 de agosto de 1997, esto es dentro del plazo estipulado por el citado artículo 81°, por lo que se encuentra arreglada a ley la actuación de la Administración;
Que asimismo, la recurrente señala que no debió fiscalizarse el Impuesto a la Renta ya que los requerimientos emitidos sólo estaban referidos al Impuesto General a las Ventas, sin embargo, mediante tales documentos la Administración solicitó adicionalmente a los Registros de Ventas y de Compras, los Libros Diario, Mayor, Caja, Inventarios y Balances, la documentación sustentatoria de éstos, de costos y de gastos, por lo que no puede afirmarse que la auditoría sólo estaba referida al Impuesto General a las Ventas;
Que finalmente debe indicarse que los valores y la Resolución de Intendencia impugnada se han emitido de conformidad con lo establecido por los artículos 77s y 129Q del Código Tributario, no evidenciándose vicio alguno de nulidad;
De acuerdo al Dictamen del vocal Ayasta Seclén, cuyos fundamentos se
Con los vocales Zelaya Vidal, Espinoza Bassino y Ayasta Seclén.
CONFIRMAR la Resolución de Intendencia NQ 015-4-08209 del 29 de mayo de 1998.
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y DEVUÉLVASE a la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, para sus efectos.
AS/113
DICTAMEN Vocal Ayasta Seclén
ASUNTO Impuesto General a las Ventas y otros
Representada por Knell Griessbach Humberto, interpone recurso de apelación contra la Resolución de Intendencia N9 015-4-08209, emitida el 29 de mayo de 1998 por la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que declara improcedente la reclamación formulada contra las Resoluciones de Determinación N9s. 012-3-06605, 012-3-06606 y 012-3-06611 a 012-3- 06613, sobre el Impuesto General a las Ventas – Cuenta Propia de los períodos enero a diciembre de 1996 y enero a abril 1997, sobre el Impuesto General a las Ventas – No Domiciliados de los períodos diciembre 1996 y enero y febrero de 1997 y, sobre el Impuesto a la Renta del ejercicio 1996; contra las Resoluciones de Multa N9s. 012-2-14268 a 012-2-14274, 012- 2-14277, 012-2-14295 a 012-2-14300, emitidas por no incluir en las declaraciones ingresos, rentas, patrimonio, actos gravados o tributos retenidos o percibidos o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias que influyan en la determinación de la obligación tributaria; contra las Resoluciones de Multa N9s. 012-2-14275 y 012-2-14276, por declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias con el fin de obtener indebidamente Notas de Crédito Negociables u otros valores similares o que impliquen un aumento indebido de saldos o créditos a favor del deudor tributario; contra la Resolución de Multa Ng 012-2-14301, por no llevar Registro de Inventario Permanente y contra la Resolución de Multa NQ 012-2-14302, por presentar fuera de plazo las declaraciones juradas de tributos.
La recurrente manifiesta que el 23 de mayo de 1997 la Administración notificó la Carta de Presentación Ne 9700111010520-1 y el Requerimiento N9 00747-A-4-97, a fin de fiscalizar los períodos de mayo 1996 a abril de 1997. Agrega que posteriormente, mediante Carta de Presentación N9 970011010520-2, se reemplazó al auditor inicialmente enviado sin embargo se mantiene el requerimiento cursado. Según expone, esta actuación ha vulnerado su derecho a la excepción de fiscalización, toda vez que en vista que la segunda carta fue notificada el 1 de agosto de 1997, los períodos a fiscalizar debieron modificarse y comprender los meses de julio 1996 a junio 1997. Continúa explicando que por una carta de reemplazo, la Administración puede suspender la fiscalización de un tributo y luego reanudarla vencidos los 12 últimos meses, transgrediendo así lo dispuesto en el artículo 819 del Código Tributario.
Asimismo, sostiene que habiendo presentado su declaración jurada anual del Impuesto a la Renta 1996, el 2 de abril de 1997, la Administración podía fiscalizar dicho ejercicio desde el 1 de julio de 1997 hasta el 30 de junio de 1998, pero no en base a las cartas de presentación originales y a los Requerimientos N9 970011010520-1 y 2 y N9 00747-A-4-97, vinculados al Impuesto General a las Ventas, según la documentación que solicitan y la alusión al programa 0251 Débito-Crédito.
En base a estos argumentos concluye que la Resolución de Intendencia es nula y de los valores emitidos, de conformidad con el numeral 2 del artículo 1099 del Código Tributario.
Respecto a la fiscalización de los períodos no prescritos indica que no se le ha notificado de la Resolución de Determinación del Impuesto General a las Ventas de los períodos de mayo 1996 a abril de 1997, sino solo el Requerimiento NQ 06100 del 15 de agosto de 1997, en ei que se le solicita información correspondiente a los períodos enero a abril 1996. Anteriormente a ello, refiere que se le notificó el Requerimiento N9 06096-A-4-97 del 8 de agosto de 1997 respecto a diversos reparos u observaciones. No obstante, indica que dichos documentos no constituyen actos administrativos, sino actos de administración no impugnables.
Sobre los reparos efectuados por la Administración refiere que se desconoció el crédito fiscal de las operaciones comerciales realizadas con las empresas CAPEM S.R.L. y P y G Contratistas Generales S.A., a quienes se les hizo llegar varias cartas en las cuales se les solicitaba que remitan la documentación contable relacionada con los trabajos realizados.
Afirma que las obras realizadas a sus clientes exigían realizar obras de construcción; sin embargo, debido a que no se tenía la capacidad ni la infraestructura necesaria para tales labores, se celebró subcontratos de obra con empresas CAPEM S.R.L. y P y G Contratistas Generales S.A. Añade que si bien es cierto que a la fecha de revisión, ambos proveedores no habían presentado las declaraciones pago del Impuesto General a las Ventas, este hecho no puede acarrear el desconocimiento del crédito fiscal ni del costo para efectos del Impuesto a la Renta.
Señala que de persistir en los reparos, se estaría concluyendo que la empresa realizó obras sin costo alguno.
En el informe N° 022-98-SUNAT-I6-3000-FLA, la Administración refiere que en la reclamación la recurrente no cuestionó los reparos determinados en la auditoría practicada, sino que se limita a sostener la existencia de vicios de nulidad en el procedimiento de fiscalización.
Así, respecto a la nulidad por remplazo del auditor ¡nlcialmente presentado, señala que si bien mediante una segunda carta de presentación se comunicó tal hecho, se mantiene inalterable el resto del contenido de la primera carta, por lo que es ¡rrelevante la mención a la excepción de la fiscalización prevista en el artículo 81° del Código Tributario.
Continua exponiendo que durante la revisión de los meses de mayo 1996 y abril 1997, se verificó la existencia de omisiones en la determinación de la obligación tributaria, por lo que se amplió intervención a los períodos enero a abril de 1996.
Sobre el particular, añade que de la Interpretación literal del artículo 819 en cuestión se infiere que no es necesaria la notificación de una Resolución de Determinación en la que consten las omisiones detectadas, para que la Administración pueda extender el período a fiscalizar más allá de los doce meses que contempla la norma. Explica que tampoco se prohibe que las omisiones detectadas en el período inicialmente fiscalizado como en el ampliado, se incluyan en un solo acto de determinación.
En cuanto al Impuesto a la Renta, al amparo de lo establecido en el tercer párrafo del artículo 819 antes citado, indica que toda vez que la recurrente presentó su declaración jurada anual el 2 de abril de 1997, la fiscalización de dicho ejercicio se podía prolongar hasta el mes de junio de 1998.
En el presente caso, la Administración emite las Resoluciones de Determinación NQs. 012-3-06605 y 012-3-06606 por el Impuesto General a las Ventas de cuenta de la recurrente, correspondiente a los períodos enero a diciembre de 1996 y enero a abril de 1997, al repararse la base imponible por diferencias entre los importes registrados y los determinados por fiscalización, error en la aplicación del tipo de cambio, venta de un vehículo considerada como no gravada, diferimiento de ventas. Asimismo, se reparó el crédito fiscal por operaciones no reales, uso anticipado del impuesto, anotación extemporánea de facturas de compra, comprobantes de pago no exhibidos, adquisiciones de bienes ajenos al giro del negocio y que no están destinadas a operaciones gravadas, comprobantes de pago registrados por montos mayores, duplicidad de registro de comprobantes de pago, notas de crédito no registradas, notas de crédito registradas como notas de cargo y comprobantes de pago otorgados por sujetos que no son contribuyentes del impuesto
Por su parte, las Resoluciones de Determinación Nes. 012-3-06611 y 012-3-06612, fueron emitidas por las omisiones al Impuesto General a las Ventas originadas en la utilización de servicios prestados por no domiciliados.
La Resolución de Determinación Ne 012-3-06613 fue emitida por el Impuesto a la Renta Regularización 1996, debido a que se efectuaron reparos a la renta neta imponible por exceso de gastos, gastos ajenos al giro del negocio, ingresos omitidos por aplicación de un menor tipo de cambio, diferencia entre los ingresos determinados por la Administración y los registrados por la recurrente, impuestos atrasados y sanciones administrativas fiscales cargadas como gasto, gastos y costos que no corresponden al ejercicio, duplicidad de registro de comprobantes de pago, facturas correspondientes a operaciones no reales, gastos y/o costos sin documentación sustentatoria, no contabilización de notas de crédito, anotación de comprobantes de pago por importes mayores a los consignados en ellos, registro de notas de crédito como si fueran comprobantes de compra, no contabilización de facturas de venta y cargo indebido a resultados de notas de crédito vinculadas a la recuperación y cobro de fondos.
En el caso de las Resoluciones de Multa N9s. 012-2-14268 a 012-2-14277 y 012-2-14295 a 012-2-14300, éstas fueron giradas por la comisión de las infracciones previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 1789 del Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo N9 816 y se encuentran vinculadas a las determinaciones del Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta antes enunciadas.
Finalmente, las Resoluciones de Multa N9s. 012-2-14301 y 012-2-14302, fueron emitidas por no llevar Registro de Inventario Permanente y por presentar fuera de plazo las declaraciones juradas de tributos.
Cabe señalar que en la etapa de reclamación la recurrente se limitó a alegar la nulidad de la fiscalización y de los valores emitidos, sin discutir la procedencia de los reparos y de las sanciones imputadas. Recién en su escrito de apelación, la recurrente cuestiona el reparo al crédito fiscal y a la renta neta imponible por operaciones no reales.
Sobre el particular, el artículo 1479 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, Decreto Supremo N9 135-99-EF, dispone que ai interponer apelación ante el Tribunal Fiscal, el recurrente no podrá discutir aspectos que no impugnó al reclamar, a no ser que, no figurando en la orden de pago o en la resolución de la administración tributaria, hubieran sido incorporados por ésta al resolver la reclamación.
Así las cosas, el presente dictamen solo se centrará en determinar si efectivamente existieron vicios de nulidad en la fiscalización o en la emisión de los valores y Resolución de Intendencia impugnadas.
Es de notar que la recurrente plantea esta nulidad en tres extremos:
Reemplazo del auditor inicial, sin modificar los períodos a fiscalizar.
Improcedencia de la fiscalización del Impuesto a la Renta del ejercicio 1996.
Extensión de la fiscalización a períodos no prescritos sin haber emitido las resoluciones de determinación referidas a los últimos doce meses.
A fin de resolver la controversia, es oportuno hacer referencia al artículo 61° del Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo N° 816, vigente a la fecha de fiscalización, el cual señala que la determinación de la obligación efectuada por el deudor estaba sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria, la que podría modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de Pago o Resolución de Multa. Para tal efecto, el artículo 62° del citado Código, enunciaba las facultades discrecionales de las que gozaba la Administración para ejercer su función fiscalizadora. Así, a fin de concretar esta labor, de conformidad con el numeral 1 de dicho artículo, la Administración podía exigir a los deudores tributarios la exhibición de sus libros, registros, documentación sustentatoria, informes, análisis y correspondencia comercial, entre otros, que se relacionen con hechos que determinen obligación tributaria. Esta facultad es ejercida por la Administración mediante los diferentes requerimientos emitidos dentro de un determinado proceso de fiscalización o verificación.
Por otro lado, el artículo 81° del mismo Código disponía que la Administración suspendería su facultad de verificación o fiscalización, respecto de cada tributo, por los ejercicios o períodos no prescritos, si efectuada la verificación o fiscalización del último ejercicio, tratándose de tributos de liquidación anual o de los últimos doce (12) meses tratándose de tributos de liquidación mensual, no se observara:
Omisiones a la presentación de la declaración de determinación de la obligación tributaria o presentaciones posteriores a la notificación para la verificación o fiscalización.
Irregularidades referidas a la determinación de la obligación tributaria en las declaraciones presentadas.
Omisiones en el pago de los tributos o pagos posteriores a la notificación mencionada.
En el presente caso, con fecha 22 de mayo de 1997, la Administración emite el Requerimiento N° 0747-A-4-97 (folio 683), mediante el cual solicita diversa información contable y tributaria relacionada con el Impuesto General a las Ventas, respecto al período de mayo 1996 a abril 1997, esto es, por los doce últimos meses tal como lo establecía el mencionado artículo 81°. Dicho requerimiento fue notificado conjuntamente con la Carta de Presentación N° 970011010520-1-SUNAT, el día 23 de mayo de 1997. Adicionalmente, debe precisarse que de acuerdo al requerimiento en cuestión, la auditoría debía iniciarse el 2 de junio de 1997.
Posteriormente, el 1 de agosto de 1997, la Administración notifica la Carta de Presentación N° 970011010520-2-SUNAT, mediante la cual comunica a la recurrente el reemplazo del auditor inicialmente destacado para realizar la fiscalización.
Ante tal actuación, la recurrente argumenta que toda vez que la segunda carta de presentación fue notificada en agosto, los períodos a fiscalizar debieron modificarse, de tal forma que abarcasen los meses de julio de 1996 a junio de 1997, es decir a los doce últimos períodos vencidos a la fecha de dicha notificación.
Al respecto, cabe indicar que tal como se indicó en párrafos precedentes, la Administración ejercita las facultades para cumplir su labor de fiscalización, mediante los diversos requerimientos emitidos durante el proceso de verificación. En el caso de autos, se tiene que para efectos de la fiscalización practicada a la recurrente, se emitió el Requerimiento NQ 0747- A-4-97, con arreglo a lo señalado en el artículo 81° del Código Tributario.
En cambio, las cartas de presentación emitidas por la Administración, tienen como finalidad el dar a conocer a los deudores tributarlos quienes son los funcionarios encargados de cumplir con la labor de auditoría, siendo potestad de dicha entidad disponer su reemplazo, situación ante la cual, la Administración emitirá una nueva carta de presentación a fin de comunicar al contribuyente tal decisión. Este reemplazo no implica cambio alguno en los períodos a fiscalizar, pues su único objeto es presentar a la persona que continuará con el procedimiento de fiscalización iniciado. En este sentido, carecen de fundamento las afirmaciones de la recurrente.
Con relación a la ampliación de la fiscalización a los períodos enero a abril de 1996, el artículo 81° del Código Tributario disponía que la suspensión de la verificación de los mismos, procedía siempre y cuando no se detectasen, entre otros, irregularidades referidas a la determinación de la obligación tributaria en las declaraciones presentadas correspondientes a los doce últimos períodos o al último ejercicio, según se trate de tributos de periodicidad mensual o anual. Como se puede extraer de esta disposición, la detección de tales inconsistencias sólo podía efectuarse dentro del proceso de fiscalización de esos últimos períodos; sin embargo, en ningún momento la norma exigía que para proceder a la revisión de los períodos no prescritos dicho proceso debía haberse concluido y emitido las correspondientes Resoluciones de Determinación.
En el caso de autos, conforme al Requerimiento N° 696-A-4-97 y a su resultado (folios 668 a 682) se detectaron diversos reparos en relación al Impuesto General a las Ventas de los meses de mayo de 1996 a abril de 1997, algunos de los cuales fueron reconocidos por la propia recurrente, tal como se puede apreciar en el escrito de fecha 12 de agosto de 1997 (folios 662 a 667) presentado por la recurrente en respuesta al requerimiento mencionado. Por tanto, la Administración se encontraba plenamente facultada a fiscalizar los períodos de enero a abril de 1996, por lo que se desvirtúa el tercer argumento planteado por la recurrente.
En lo concerniente a la fiscalización del Impuesto a la Renta del ejercicio 1996, el artículo 81° del Código Tributario establecía que tratándose de tributos de liquidación anual, la facultad de verificación o fiscalización se prorrogaría hasta el sexto mes del período gravable siguiente a aquél en el que correspondía presentar la declaración. En el caso de autos, se tiene que el Requerimiento N° 6100 a través del cual se amplía la fiscalización a ios períodos enero a abril de 1996 y se procede a fiscalizar el Impuesto a la Renta del ejercicio, fue emitido el 15 de agosto de 1997, esto es dentro del plazo estipulado en el precitado artículo 81°, por lo que se encuentra arreglada a ley la actuación de la Administración.
Sobre este mismo punto, la recurrente señala que no debió fiscalizarse el Impuesto a la Renta, pues los requerimientos emitidos sólo estaban referidos al Impuesto General a las Ventas. Sin embargo, según se observa en tales documentos, a través de ellos la Administración solicita adicionalmente a los Registros de Ventas y de Compras, los libros Diario, Mayor Caja, Inventarios y Balances, asi como la documentación sustentatoria de éstos, de costos y de gastos, por lo que no puede afirmar la recurrente que la auditoría sólo podía efectuarse respecto al Impuesto General a las Ventas.
Finalmente, debe indicarse que de la verificación de los valores y de la Resolución de Intendencia impugnada, se puede constatar que éstos han sido emitidos de conformidad con lo establecido en los artículos 77a y 1292 del Código Tributario, no evidenciándose vicio alguno de nulidad.
Por lo expuesto, soy de la opinión que este Tribunal CONFIRME la Resolución de Intendencia Na 015-4-08209 del 29 de mayo de 1998.
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