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Timestamp: 2018-01-22 14:10:00+00:00

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Casos en que el SAT debe indemnizar a los contribuyentes | Veritas Online
Casos en que el SAT debe indemnizar a los contribuyentes
Por regla general, dentro de la relación “contribuyente y autoridad fiscal”, los particulares son siempre los deudores, al ser ellos quienes se encuentran obligados al pago de impuestos y demás contribuciones a la autoridad para financiar el gasto público. No obstante, existen algunos casos en donde los contribuyentes pueden convertirse en acreedores del fisco federal.
Los supuestos más comunes en donde el Servicio de Administración Tributaria se ve obligado a resarcir a los contribuyentes, se relacionan con la tardanza o negativa en la devolución de saldos a favor generados o pagos de lo indebido realizados por los contribuyentes. En estos casos, la autoridad hacendaria se encuentra constreñida a compensar su falta, a través del pago de intereses sobre las cantidades solicitadas en devolución.
INDEMNIZACIÓN EN JUICIO DE NULIDAD
Independientemente de las devoluciones de contribuciones por saldos a favor o pagos de lo indebido que pueden obtener los contribuyentes en México, existen otros supuestos por los cuales el mencionado órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se puede convertir en deudor frente a un particular.
En efecto, cuando un contribuyente acude al juicio de nulidad a defender sus derechos e intereses, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, además de anular la resolución que lo afecta, puede también condenar a la autoridad a indemnizar a dicho contribuyente.
Por regla general, en los juicios contencioso administrativos que se tramitan ante el mencionado Tribunal, no ha lugar a la condenación de costas, como ocurre en otras ramas del Derecho, como por ejemplo, la mercantil. Esto significa que cada parte (sea la autoridad fiscal demandada o el contribuyente demandante) debe responsabilizarse por los gastos en los que incurra, incluidos los derivados de diligencias efectuadas con motivo del desarrollo y sustanciación del juicio (por ejemplo, gastos relacionados con pruebas periciales).
Sin embargo, existen hipótesis excepcionales que justifican que la autoridad demandada deba indemnizar a un particular por los daños y perjuicios causados. Los daños deben ser entendidos como una pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio y los perjuicios como la privación de alguna ganancia lícita que se hubiera obtenido.
Estos supuestos de excepción se actualizan cuando alguna unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, incurre en una falta grave al dictar la resolución que el particular combate mediante juicio de nulidad, siempre y cuando la autoridad fiscal no se allane al contestar la demanda respectiva. Allanarse significa que, al contestar la demanda, la autoridad hacendaria accede a las pretensiones del contribuyente.
La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley del Servicio de Administración Tributaria consideran como faltas graves, que obligan al pago de una indemnización, las siguientes:
a) Cuando la resolución se anula por ausencia de fundamentación o motivación, en relación con el fondo del asunto o la competencia de la autoridad.
b) Cuando la resolución es contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de legalidad (en oposición a un tema de constitucionalidad de leyes), siempre y cuando ya haya sido publicada al momento en que la autoridad conteste la demanda.
c) Cuando la resolución se haya dictado en ejercicio de facultades discrecionales y se declare su ilegalidad por no corresponder a los fines para los cuales se confirieron dichas facultades. La Ley del Servicio de Administración Tributaria lo menciona como desvío de poder.
En este sentido, se observa que las leyes mexicanas establecen supuestos que permiten a los particulares defenderse contra actos de la autoridad contrarios a Derecho, e inclusive, de probarse que dichas actuaciones son consideradas faltas graves, la autoridad hacendaria deberá indemnizar a los contribuyentes por los daños y perjuicios ocasionados. En otras palabras, existe la posibilidad de acudir al juicio contencioso administrativo y no sólo nulificar una resolución de la autoridad fiscal que afecte al contribuyente, sino también, lograr obtener una indemnización justa por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la actuación irregular de los servidores públicos.
Así, las disposiciones obligan a las autoridades fiscales a ceñirse a la ley en sus actuaciones frente a los particulares, pues de lo contrario, generan responsabilidad para el Servicio de Administración Tributaria, que se traduce en una afectación al erario público, independientemente de las demás responsabilidades administrativas o inclusive penales que puedan actualizarse.
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