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﻿ Sentencia SL6414-2014 de mayo 14 de 2014
SENTENCIA SL6414-2014 DE 14 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:RECURSO DE CASACIÓN- PRUEBA EN ERROR DE HECHO. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 7º DE LA LEY 16 DE 1969, LAS DECLARACIONES DE TERCEROS Y LOS INDICIOS NO SON PRUEBAS CALIFICADAS PARA ESTRUCTURAR UN ERROR DE HECHO EN SEDE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, ERROR DE HECHO, PRUEBA, INDICIO, RECURSO DE CASACIÓN
Sentencia SL6414-2014 de mayo 14 de 2014
SL6414-2014
Rad.: 42348
Propuesto por el demandante, fue concedido por el tribunal y admitido por la Corte.
Pretende la casación total del fallo que combate y que lo deje sin efectos. En sede de instancia, pide que se revoquen los dos primeros ordinales de la decisión del a quo, atinentes a la declaración de existencia de los medios exceptivos arriba señalados y la absolución del accionada, y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda inicial.
Con fundamento en la causal primera de casación laboral, formula tres cargos que fueron replicados.
Acusa la sentencia impugnada por infracción directa de los artículos 64, 65, 123 y 143 del Código Sustantivo del Trabajo, de los cuales mencionó brevemente su contenido. Dijo que a pesar del abundante acervo probatorio incorporado, el ad quem inaplicó el último de los preceptos citados, que consagra, en concordancia con el artículo 10 ibídem y el 13 constitucional, el principio de igualdad en cuanto a protecciones y garantías, “y si están en condiciones de cargo igual, o funciones iguales, debe pagárseles el mismo salario asignado para dicho cargo y no un salario inferior, como aconteció con el actor, quien desempeñando funciones de “analista” por varios meses, recibió salario de “auxiliar” que es de menor rango y salario”. Enseguida, copió un fragmento de una sentencia de revisión de tutela.
También, sostiene que los artículos 64 y 65 del Estatuto Sustantivo Laboral se dejaron de aplicar, pues “no ajustó la realidad de los hechos, ni las pruebas aportadas, a la situación fáctica del actor, para negar las respectivas condenas allí reguladas”.
Se opone a la prosperidad de la demanda de casación, y manifiesta que la inferencia del sentenciador de segundo debió atacarse por la vía de los hechos, pues lo que reprocha la censura es la deducción obtenida de la lectura de la carta de renuncia.
V. (Sic) Se considera
Tiene razón la oposición, dado que en un cargo dirigido por la vía directa no se puede disentir de las inferencias fácticas del fallador colegiado, ni, como aquí sucede, aducir que la providencia no se aplicó a unos hechos demostrados, sin precisar cuáles fueron los supuestos fácticos que habiendo quedado demostrados, reclaman la producción de efectos de un determinado elenco normativo.
La presunción de legalidad y acierto con que viene amparada la sentencia gravada, impone al impugnante la carga de argumentar a favor de su tesis, de manera que ponga en evidencia la presunta desviación del juzgador; especialmente, si se acusa infracción directa de una norma jurídica, es indispensable la conformidad del recurrente con los hechos que tuvo por acreditados el ad quem, pues cualquier discrepancia entre el parecer del censor y las conclusiones probatorias del juzgador, comporta la equivocación en la senda de ataque escogida, y conduce a la desestimación del cargo, que es lo que ocurre en este caso, en tanto el tribunal partió de considerar que en su carta de renuncia, el trabajador no expresó siquiera un motivo que lo hubiera llevado a dimitir, que pudiera ser objeto de verificación en el proceso. A esta premisa, por vía directa, el accionante opone la presencia de una realidad fáctica o probatoria que amerita la aplicación de las reglas de derecho que estima violadas, lo que parte de un escenario fáctico diferente a aquél que quedó claro para el sentenciador.
En lo atinente al artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, los comentarios vertidos en el cargo, no son suficientes para contrariar la premisa de la decisión cuestionada, toda vez que para su derribamiento resulta necesario examinar el contenido de los escritos de demanda inicial y de apelación, en la medida en que de la lectura de dichas piezas procesales es que el tribunal coligió la ausencia de argumentos que soportaran la nivelación salarial demandada.
En ese orden, este cargo se desestima.
Denuncia infracción directa de los mismos preceptos sustanciales del anterior cargo y de los artículos 51 y 61 del Código Procesal del Trabajo, inciso 2º, ordinal 2º, del artículo 246 del Código de Procedimiento Civil, y el artículo 249 del mismo ordenamiento, “debido a la falta de apreciación de varias pruebas que lo llevaron a incurrir en error de derecho”. Tales pruebas fueron, dice: (i) el contrato de trabajo; (ii) el otrosí del contrato; (iii) “documento que da fe que el demandante estuvo encargado como “Analista Administrativo” y las funciones que debía incumplir”; (iv) acta de entrega de ese cargo; (v) “Escrito en el que se describen entre otros aspectos, los nombres y las dependencias en que trabajan las personas que laboraban (sic) en la entidad accionada” y (vi) certificación laboral de la demandada.
Igualmente, enlistó los testimonios de Francisco Javier Trujillo, Juan Carlos Aguirre y William Antonio García, con los cuales, asevera, “el actor demostró con creces la existencia del cargo de mayor jerarquía desempeñado, el valor de la mayor asignación establecida, el no pago de los reajustes justamente ganados, y las obligaciones insolutas a su favor y a cargo de la entidad demandada (…)”. En consecuencia, sostiene, el error de derecho consistió en no dar por probado, estándolo que la enjuiciada lo ascendió laboralmente, pero no le incrementó la retribución, a más que no tuvo por acreditado, a pesar de estarlo, que la empresa dio lugar al despido del actor, sin pagarle la condigna indemnización.
Copia las normas sustanciales que acusa de violadas, y comenta brevemente el contenido de los artículos 51 y 61 del Código Procesal del Trabajo, lo que repite con los preceptos del estatuto adjetivo en lo civil, y alega que la infracción directa de estos preceptos procesales produjo una violación de medio, “pues entendió que no se había probado el salario correspondiente al cargo al que había sido ascendido el accionante con los testimonios recepcionados, ni apreció la conducta procesal observada por la sociedad demandada, que no aportó en la inspección judicial el documento donde establecía dicho salario, lo cual llevó a la Sala Laboral del Tribunal (…) a no aplicar las normas sustantivas que regulan el principio laboral “a trabajo igual, salario igual”, consagrado en el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, razón por la cual no despachó favorablemente las pretensiones de la demanda”.
Afirma que el tribunal no podía desestimar tales medios de prueba, dado que para demostrar los supuestos fácticos requeridos, no era necesaria la aducción de pruebas solemnes, y que con los testimonios inapreciados se demostró el axioma que enseña que a trabajo igual, salario igual.
Dice que el ataque debió ser encauzado por vía indirecta y que también se equivoca el recurrente al “referirse a los documentos que allí se relacionan son de carácter fáctico y en ningún momento configuran el pretendido error de derecho que queda dentro del ámbito antes mencionado”.
Con sustento en lo preceptuado en el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ha repetido esta Sala que el error de derecho en casación se presenta cuando el juez da por probado un hecho con un medio de prueba no apto para ese cometido o, a pesar de que obra en el expediente la prueba solemne exigida para acreditar un supuesto fáctico determinado, el juzgador no lo da por demostrado. Desde luego, que el error de derecho debe encauzarse por la vía indirecta, que no por la senda jurídica como lo hizo la censura, y todo ello sería suficiente para rechazar el cargo.
Con todo, es claro que el colegiado de segunda instancia no desestimó el mérito de convicción que pudieran ofrecerle los testimonios citados por la censura, ni incursionó en el análisis de su contenido, sino que, con vista a la demanda inicial, coligió que el accionante no había esgrimido “razones o motivos por los cuales el exempleado es acreedor a la nivelación salarial que suplica (…); también expuso que en “el escrito contentivo del recurso de apelación, hace alusión a que establecida la existencia del encargo laboral, con mayor jerarquía y salario dentro de la empresa, se debieron otorgar las condenas, por lo demás afirma que un auxiliar administrativo de inmuebles, para la época en que se desarrolló el contrato de trabajo tenía asignado un salario de $1.232.768 y un analista administrativo de la vicepresidencia de inmuebles, devengaba la suma de $2.498.215 mensuales”.
En el plano de lo fáctico, es claro que el tribunal no puso en duda que Gómez Ramírez hubiera ocupado en encargo el puesto de analista administrativo de la vicepresidencia de inmuebles, desde el 1º de noviembre de 2005 hasta el 29 de agosto de 2006, cuando presentó renuncia a su empleo, pues así lo plasmó en el pronunciamiento que se analiza. Lo que reprochó al actor, además de lo ya mencionado, fue no haberse preocupado por probar la diferencia de salario entre las dos categorías de empleo que ocupó, con lo cual, dijo, —se da al traste” con la pretensión, “pues en el hipotético caso que se concluyera por parte de la corporación que el señor Gómez Ramírez tiene derecho a la misma, no se podría hacer reconocimiento alguno a su favor, por no contar con las bases para determinar las sumas a reajustar por concepto de salarios y prestaciones sociales”.
Si se optara por juzgar con amplitud, y se estudiara la acusación por la senda de los hechos, y aún más se obviara la deficiencia técnica consistente en que el recurrente no señala qué es lo que los documentos inapreciados demuestran, se encuentra que ninguna importancia tiene para probar lo contrario el contrato de trabajo (fls. 11 al 15), el otrosí que firmaron las partes (fl. 16) —que solo precisa las obligaciones de los contratantes, ni la descripción del empleo del que estuvo encargado (fls. 17 a 24), tampoco el acta de entrega de folios 25 a 29, ni el listado de personas y sus puestos de trabajo, menos la certificación laboral expedida por la enjuiciada (fl. 34), en tanto estos documentos solo sirven para acreditar algo que el juzgador ad quem había dado por demostrado; empero, en ninguno de ellos se hace mención de la existencia de una escala remunerativa para cada uno de los cargos existentes en la compañía.
Respecto de las versiones de los testigos, debe señalarse que este medio de prueba no es calificado para estructurar un error de hecho en casación, a no ser que se hubiere demostrado la comisión de un yerro fáctico sobre una de las pruebas que sí tienen esa connotación.
Tampoco cuestiona el recurrente otra premisa del tribunal, según la cual no se trajo prueba que el trabajo del demandante era igual al de quien ocupaba el cargo, en igual jornada y eficiencia, de suerte que no hay posibilidad diferente a declarar la improcedencia de esta acusación.
Denuncia infracción directa de las mismas normas sustanciales enlistadas en la proposición jurídica anterior, “… debido a la falta de apreciación de varias pruebas que lo llevaron a incurrir en error de hecho”, como no haber dado por demostrado que desde el 1º de noviembre de 2005 hasta el 29 de agosto de 2006, ocupó el cargo de analista administrativo (E) de la vicepresidencia de inmuebles, de mayor jerarquía y responsabilidad que el de auxiliar administrativo de inmuebles, lo que conllevaba el derecho a percibir la remuneración establecida para el primero, pero que se le siguió pagando el correspondiente al segundo, con la incidencia prestacional que ello acarrea. También, dice, se equivocó el tribunal al no dar por probado que el contrato de trabajo terminó por despido indirecto, desatinos originados en la falta de apreciación de las siguientes pruebas:
1. La confesión del representante legal de la entidad accionada al absolver el interrogatorio de parte, sobre las funciones del actor.
2. Los testimonios de los señores Francisco Javier Trujillo, Juan Carlos Aguirre y William Antonio García Pinasco (sic), entre otros.
3. El indicio grave, en contra de la entidad accionada, al negarse injustificadamente a aportar la Circular 001 sobre escalas salariales, mencionada por un testigo, a pesar de haberse requerido tal documento en la inspección judicial, y por posterior oficio dirigido al juzgado del conocimiento, todo desatendido, lo que hace presumir su existencia y veracidad del salario de una “analista””.
Enseguida enlista de nuevo las pruebas que mencionó en la segunda acusación, reitera el primero de los supuestos desatinos, y sostiene que si el ad quem hubiera valorado aquellos medios de convicción, habría reconocido los derechos reclamados, “atendiendo a que él demostró, suficientemente, haber desempeñado un mayor cargo, sin recibir la asignación salarial correspondiente, amén de la eficacia y eficiencia en su desempeño, ambos reconocidos por la propia entidad accionada, con los consecuentes reajustes salariales y de prestaciones sociales, así como de las indemnizaciones por despido injusto”.
Sostiene que el censor incurre en las mismas carencias técnicas de los cargos anteriores y que por ello, la acusación es inane.
A pesar de haberse seleccionado la vía directa, el desarrollo se realiza como si la senda escogida fuera la indirecta, en tanto denuncia la falta de apreciación de algunas pruebas y enlista unos supuestos errores de hecho.
De otra parte, los supuestos dislates fácticos apenas se enuncian, en la medida en que no se demuestra qué es lo que los elementos de juicio enseñan, y cómo incidió su preterición en la decisión gravada. Sin ese ejercicio, a la Sala no le resulta posible estudiar el cargo, dado el conocido carácter rogado y dispositivo del recurso de casación.
Una vez más, conviene memorar que las declaraciones de terceros, ni los indicios son pruebas calificadas para estructurar un error de hecho en sede del recurso extraordinario, tal cual lo prevé el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.
Ante tal escenario, no queda sino concluir que las dos premisas cruciales del pronunciamiento bajo análisis, es decir, la ausencia de prueba del salario establecido para el empleo que desempeñó en encargo el accionante y la falta de motivación de la carta de renuncia, permanecen incólumes como soporte de dicha providencia.
Este cargo tampoco es de estimar.
Dada la improsperidad del recurso, y a que se formuló oposición, costas a cargo de la censura, con inclusión de $3.150.000, como agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 19 de junio de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el proceso ordinario promovido por Alfonso Gómez Ramírez contra Central de Inversiones S. A. CISA.
Costas, como quedó dicho.

References: ARTÍCULO 7
 artículo 10
 artículo 143
 artículo 246
 artículo 249
 artículo 143
 artículo 87
 artículo 7