Source: https://www.scribd.com/document/326969497/TC-00679-2005-AA-Santiago-Martin-Rivas
Timestamp: 2018-10-18 01:19:54+00:00

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TC 00679 2005 AA Santiago Martin Rivas
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Accion de amparo Santiago Martin Rivas
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00679-2005-AA
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/00679-2005-AA.html
EXP. N.° 679-2005-PA/TC
En Lima, a los 2 días del mes de marzo de 2007 (vista la causa: 8-03-2005), reunido el Tribunal
Constitucional en sesión de pleno jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini,
Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Santiago Enrique Martin Rivas contra la resolución
de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 46
del segundo cuaderno, su fecha 6 de octubre de 2004, que declara improcedente la demanda de amparo de
El recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Supremo de Justicia Militar, alegando la
vulneración de sus derechos al debido proceso, a la cosa juzgada, a la amnistía y del principio de
seguridad jurídica, a fin de que se deje sin efecto: a) la resolución de fecha 17 de octubre de 2001,
mediante la cual –en aplicación de la Ley de Amnistía N.° 26479– se anula la resolución que dispuso el
archivo definitivo de su proceso, y b) la resolución de fecha 13 de octubre de 2003, que declara
improcedente la nulidad deducida contra la resolución de fecha 17 de octubre de 2001. Manifiesta que en
el año de 1995 la Sala de Guerra le concedió el derecho de amnistía por los hechos ocurridos en torno al
denominado Caso La Cantuta (causa N.° 157-V-93). Dicha medida fue elevada en consulta a la Sala
Revisora de la Justicia Militar, la misma que aprobó el archivo definitivo del proceso. No obstante, con
fecha 17 de octubre de 2001, la demandada reabrió el caso, anulando la ejecutoria suprema que disponía
su archivo definitivo y, posteriormente, desestimó el recurso de nulidad interpuesto por el recurrente.
Al respecto, alega que las resoluciones emitidas por el Tribunal del Consejo Supremo de Justicia Militar
contravienen las leyes de amnistía –Ley N.° 26479 y N.° 26492– así como la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a conflictos
armados de carácter internacional. Asimismo, señala que, siguiendo la jurisprudencia emitida por la Corte
Interamericana de Derecho Humanos en el caso Castillo Petruzzi y otros, debe concluirse que la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos no puede suprimir o limitar el derecho de amnistía
otorgado por el Estado peruano; más aún si el propio Tribunal Constitucional declaró improcedente la
demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos artículos de las leyes de amnistía.
Con fecha 2 de febrero de 2004, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara
improcedente la demanda por considerar que el Tribunal del Consejo Supremo de Justicia Militar es un
órgano ajeno al Poder Judicial, motivo por el cual no es un órgano jurisdiccional cuyas resoluciones
puedan ser cuestionadas a través del proceso de amparo.
18/09/2016 06:16 p.m.
Aduce el demandante que se viola sus derechos constitucionales a la cosa juzgada. a la vez que el rechazo liminar de la demanda no ha afectado el derecho de defensa de los emplazados –quienes han participado a través del Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de la Justicia Militar. a través de la cual se declaró improcedente in límine la demanda. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto las resoluciones expedidas por el Consejo Supremo de Justicia Militar de 13 de octubre del 2003 y 17 de octubre del 2001. el principio de seguridad jurídica y los derechos al debido proceso y a la amnistía (sic).. la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República confirmó la resolución apelada. 157-V-93. FUNDAMENTOS §1. particularmente en lo relativo a la comprensión y delimitación del artículo 139. . por lo que este Tribunal es competente para resolver el fondo del asunto. 3. se anuló la resolución que dispuso el archivamiento definitivo de los hechos investigados en la Causa Militar Nº. Análisis constitucional del caso concreto 3. de la Constitución. Como se ha precisado en el primer fundamento de esta sentencia. este Colegiado. considera pertinente su aplicación. en cumplimiento de las Leyes de Amnistía N. mediante resolución de fecha 6 de octubre de 2004. la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República declara improcedente la demanda por considerar que las resoluciones cuestionadas han sido dictadas en el marco de un proceso regular. §2.1. resulta pertinente el pronunciamiento en tal sentido. A ello se suma que la demanda tiene por objeto que se lleve a cabo un nuevo análisis de los hechos que motivaron la emisión de las resoluciones cuestionadas. inciso 13. mediante las cuales. el Tribunal aprecia que si 18/09/2016 06:16 p.. en virtud del principio de aplicación inmediata de las leyes procesales –Segunda Disposición Final– y no derivándose de su aplicación vulneración alguna de los derechos procesales del demandante. III. Previamente a la resolución de la cuestión de fondo. Sobre la supuesta afectación del derecho a la cosa juzgada.º 26492. en aplicación del artículo II –“[s]on fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales”– y del tercer párrafo del artículo III –“(. Precisión del petitorio de la demanda 1. nada obsta para que el Tribunal se pronuncie sobre el fondo.) el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales”– del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.html 3. el Tribunal Constitucional estima pertinente señalar que si bien la demanda en el presente proceso constitucional ha sido interpuesta con anterioridad a la vigencia del Código Procesal Constitucional. Cuestiones procesales previas 2. el "derecho a la amnistía" y del principio de seguridad jurídica 5. Por lo tanto.00679-2005-AA 2 de 14 http://www.gob. Que en efecto. De otro lado. en relación con las resoluciones judiciales dictadas al amparo de una ley de amnistía. existiendo los recaudos necesarios para ello.pe/jurisprudencia/2007/00679-2005-AA.tc.m. Resolución de segundo grado Con fecha 6 de octubre de 2004. §3.º 26479 y N. seguridad jurídica. Al respecto. el demandante ha alegado que las resoluciones judiciales cuestionadas lesionan el derecho a la cosa juzgada. debido proceso y amnistía (sic). 4. y dada la trascendencia del caso por las cuestiones que él conlleva.
al amparo de la cual se expidieron las resoluciones judiciales cuyo restablecimiento solicita. Por otro lado.). el Tribunal militar emplazado recurrió al (. dichas leyes de amnistía no son incompatibles con la Convención.) no sólo comprende la admisión de demandas o denuncias.)[3]... cuyo (. pronunció sentencia el 09 de MAYO-1997... a propósito de la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.) concediendo el Derecho de Amnistía a las personas civiles. En su opinión. En efecto. 26479 y 26492.m. El demandante sostiene que el órgano emplazado dejó sin efecto la resolución de archivo definitivo de la Causa N. en mi caso el respeto de la Ejecutoria Suprema de Archivo Definitivo por Amnistía.. son conformes a lo previsto en el literal b) del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos.) si el Derecho de Amnistía está reconocido por el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra.00679-2005-AA 3 de 14 http://www. que para desestimar su solicitud de nulidad. A su juicio.... (. por cuanto la tutela jurisdiccional significa la obligación que tiene el Estado de proteger al ciudadano en todo lo que la ley como derecho le otorga. el recurrente sostuvo que éste último derecho (. la cual fue desestimada alegándose que dichas leyes habían sido declaradas incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos en la sentencia sobre el Caso Barrios Altos.pe/jurisprudencia/2007/00679-2005-AA.º 26479 y N.) argumento falaz [de]que el art. en su demanda. declarando Improcedente la Acción de Inconstitucionalidad de las leyes de amnistía. considerando la legislación supranacional citada y las atribuciones del Congreso para dictar las leyes de Amnistía. 9.html bien se ha alegado la afectación de diversos derechos fundamentales –y algunos que no son derechos.º 26492. al amparo de su Ley Orgánica. Recuerda. 8.) Pleno (.º 157-V-93 (La Cantuta) dictada al amparo de las leyes de amnistía Nos. sino además la protección de la parte durante todo el proceso y el cumplimiento de resoluciones que han alcanzado el carácter de cosa juzgada. pues además de sustentarse en el Derecho Internacional Humanitario. .. los agravios expuestos por el recurrente están relacionados esencialmente con la violación del derecho a la cosa juzgada. [1] 6. relativo a conflictos armados sin carácter internacional (. fue objeto de pronunciamiento por parte de este Tribunal.. resulta falaz el argumento de incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención (no olvidar que el Art.). ellos habrían sido lesionados como consecuencia de que no se observara la calidad de cosa juzgada que habrían adquirido las resoluciones que dispusieron la aplicación de las leyes de amnistía N. Lo mismo sucede en relación con el supuesto "derecho a la amnistía" o con el respeto del principio de seguridad jurídica. entonces estos derechos están permitidos para todos los demás casos.. ya que (. 68 inciso 1 de la Convención Americana sobre 18/09/2016 06:16 p. Recuerda que en base a la Constitución y al Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra. señala que una vez que se enteró de que se había declarado la nulidad de la resolución judicial dictada al amparo de las leyes de amnistía. como la amnistía–.. solicitó su nulidad. relativo a conflictos armados sin carácter internacional.. además.. 4º inciso 6 de la Convención sí permite a los Estados conceder el derecho de amnistía.tc. Sostiene que las referidas leyes de amnistía. el Congreso dictó las referidas leyes. A) Alegatos del demandante 7. 10. el indulto y otros para los condenados a muerte que son los más graves violadores a los derechos humanos como por ejemplo los terroristas y traidores a la patria. militares o policías comprendidos o simplemente relacionados en la aludida lucha interna o conflicto armado sin carácter internacional[2].. se cumple el apotegma jurídico: EL QUE PUEDE LO MÁS PUEDE LO MENOS)..gob. por lo que ésta produce todos los efectos legales por imperio de la misma Ley Orgánica del Tribunal Constitucional(.
cuando) el citado artículo e inciso no se refiere a interpretación alguna de la Convención. C) Consideraciones del Tribunal Constitucional Derecho a la cosa juzgada 13. La amnistía.pe/jurisprudencia/2007/00679-2005-AA. de terceros o.. de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia de interpretación de fondo.. En cumplimiento de ella.) uno de los efectos que se deriva de haberse alcanzado dicha autoridad de cosa juzgada es la prohibición de que por los mismos fundamentos se pueda volver a juzgar a la misma persona. Por tanto. el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada. 18/09/2016 06:16 p. en primer lugar. ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla. Igualmente. sea por actos de otros poderes públicos. el indulto. . El artículo 139.. 15. B) Alegatos del Procurador Público de los Asuntos Judiciales de la Justicia Militar 12. no pueda ser dejado sin efecto ni modificado.. sino a que: `Los Estados Parte en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean parte´. de 3 de setiembre de 2001. 26479 y N. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (.html Derechos Humanos señala la obligatoriedad de cumplir con las interpretaciones que realiza la Corte Interamericana. Para ello. 14. configura lo que en nuestra jurisprudencia hemos denominado el derecho a no ser juzgado 2 veces por el mismo fundamento (ne bis in ídem) (FJ 46).. Según éste. es preciso que la ley de amnistía no sólo debe ser válida sino también constitucionalmente legítima. a su vez. refiere que la Justicia Militar se inhibió de conocer el caso La Cantuta y dispuso que éste se enviara al fuero común.. El Procurador Público de los Asuntos Judiciales de la Justicia Militar alega que las leyes de amnistía Nos. de la Ley Fundamental reconoce el derecho a la cosa juzgada. Una ley puede ser válida pero no necesariamente legítima desde la perspectiva de la Constitución. a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición. en la misma STC 4587-2004-AA/TC. según el artículo 139. y como ya se ha dejado dicho el proceso Cantuta no fue para un caso sujeto a competencia contenciosa de la Corte para que ésta ejerza función jurisdiccional sino para que emita su simple OPINIÓN CONSULTIVA (. este Tribunal precisó que (.. inciso 13.) 13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. de la Constitución. Es evidente que el derecho a la cosa juzgada también se configura a partir de resoluciones judiciales dictadas en aplicación de una ley de amnistía.º 26492 han sido declaradas incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos por la Corte Interamericana mediante la sentencia del 14 de marzo de 2001 (Caso Barrios Altos). y.)[4]. a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios.m. incluso. En la STC 4587-2004-AA/TC este Tribunal destacó que su contenido constitucionalmente protegido (.. Cosa juzgada constitucional y resoluciones judiciales dictadas al amparo de leyes de amnistía 16. en segundo lugar. inciso 13.tc.. sin embargo. la misma que tiene efectos generales.00679-2005-AA 4 de 14 http://www. la primera cuestión que debe abordarse es la indagación sobre la legitimidad constitucional de una ley de amnistía al amparo de la cual se haya dictado una resolución judicial. (. 11.) garantiza el derecho de todo justiciable. (FJ 38). Concluye que en la medida en que las leyes de amnistía fueron dictadas conforme al ordenamiento constitucional e internacional.gob. Esa eficacia negativa de las resoluciones que pasan con la calidad de cosa juzgada. de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó.. las decisiones cuestionadas violan su derecho a la cosa juzgada así como el principio de seguridad jurídica.
. corresponde al Tribunal precisar los criterios generales de legitimidad constitucional de las leyes de amnistía. . Este mismo criterio ha sido adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso La Cantuta vs. suspende a éste en cualquier estado en el que se encuentre y. donde se invocó el carácter de cosa juzgada de una resolución judicial dictada por un tribunal militar que no era competente ratione materiae. 22. incluyendo las que habilitan de competencias a los órganos del Estado. sino a partir del pleno respeto del principio-derecho de dignidad humana. En dicho caso.gob. por ende. constitutiva de una infracción al derecho internacional. todo precepto constitucional se encuentra orientado a proteger los derechos fundamentales como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana (artículo 1 de la Constitución) (STC 2730-2006PA/TC). Por ello. Por tanto. ha sustraído al acusado de su responsabilidad penal. teniendo presente que. con excepción de los de orden civil. La consecuencia del olvido de la responsabilidad penal es la renuncia del Estado al ejercicio de la acción penal (extinción) así como a la ejecución de la pena. inciso 6. 23.) exige concebir a la Constitución como un todo plenamente armónico e internamente coherente (. 19. 21. El artículo 102. Mediante ellas el legislador establece que determinados hechos.. a efectos de determinar cuándo una resolución judicial dictada al amparo de aquellas configura cosa juzgada constitucional. Según el artículo 102. En la medida en que forma parte de la Ley Fundamental.pe/jurisprudencia/2007/00679-2005-AA. 18/09/2016 06:16 p. o cuando el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales[6].. la entrada en vigencia de una ley de amnistía impide la iniciación de un proceso penal. el de sus órganos constitucionales no se justifica de por sí. 20. puede ser interpretada aisladamente. recientemente la Corte precisó que el principio non bis in ídem no resulta aplicable cuando el procedimiento que culmina con el sobreseimiento de la causa o la absolución del responsable de una violación a los derechos humanos. su ejercicio se encuentra sujeto a límites constitucionales. y de la observancia cabal de los principios constitucionales y los derechos fundamentales. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta[7]. ello no significa que estos no existan. Este principio. En la medida en que la expedición de las leyes de amnistía constituye el ejercicio de una competencia jurídico-constitucional. Un criterio semejante fue expuesto por el Tribunal en la STC 4587-2004-AA/TC.m. la determinación de sus alcances y límites debe realizarse bajo los alcances del principio de unidad. en última instancia. dejaron de serlo.tc. 18. cancela todos sus efectos penales. por tanto. de la Constitución. considerados originariamente ilícitos. de la Constitución no prevé expresamente cuáles son los límites a los que se debe sujetar el dictado de leyes de amnistía. conforme hemos recordado. Perú. entre las atribuciones del Congreso de la República se encuentra la de dictar leyes de amnistía. Siendo ello así. este Tribunal expuso que una resolución judicial emanada de un proceso seguido ante un órgano jurisdiccional incompetente no formaba parte del ámbito normativo del derecho fundamental a la cosa juzgada y a la prohibición del ne bis in ídem[5].. (. puesto que la legitimidad del ejercicio del poder del Estado y. debe realizar dentro del marco de la Constitución Política del Estado. Se trata de una competencia constitucionalmente conferida al titular de la política de persecución criminal del Estado y cuyo ejercicio. inciso 6. si se hubiera dictado sentencia condenatoria. Sin embargo. este Tribunal ha recordado que ninguna disposición constitucional.00679-2005-AA 5 de 14 http://www.html 17.). Allí la Corte Interamericana señaló: Específicamente en relación con la figura de la cosa juzgada.
desde el punto de vista constitucional.m. Las leyes de amnistía tampoco pueden expedirse en oposición a las obligaciones internacionales derivadas de los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado peruano. De conformidad con el segundo. forman parte del Derecho nacional y. Igualmente. si es posible. investigar y sancionar toda violación de los derechos (. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir. una vez que estos son ratificados. Con respecto a la primera cabe señalar que el dictado de una ley de amnistía es que ésta sólo puede formalizarse en virtud de una ley ordinaria. la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. La Ley Fundamental es una norma lo suficientemente abierta para que dentro de ella el legislador pueda elegir entre las diferentes opciones de política de persecución criminal. La obligación de garantizar los derechos fundamentales. cualquiera que sea la competencia constitucional de que se trate. una ley de amnistía no puede comprender en sus alcances a una persona o un grupo de personas en particular. lo que impide que. en cambio. Estos dos primeros límites distinguen a la amnistía del indulto. Este último comporta la obligación de no afectar dichos derechos y su fundamento se encuentra en el reconocimiento específico de cada uno de ellos.tc. Este deber no es semejante al deber de respetarlos. las leyes de amnistía deben respetar el principio-derecho de igualdad jurídica. Su fundamento.gob. Ello sucede tanto cuando 18/09/2016 06:16 p. el legislador pueda brindar un tratamiento diferenciado que no satisfaga las exigencias que impone el principio de proporcionalidad[8].. A diferencia de este último. en su caso. 167. La capacidad de los tratados sobre derechos humanos para limitar materialmente las leyes de amnistía se funda en el artículo 55 y en la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución.) y procurar. sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia. de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (énfasis añadido)[9]. en general. 29. además de respetar los principios constitucionales que informan el procedimiento legislativo. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación.. el derecho a la protección jurisdiccional de los derechos[11] y el derecho a la verdad[12]). .g. esto es. 27. los tratados sirven en el proceso de delimitación del ámbito constitucionalmente garantizado de los derechos fundamentales. supone el deber (. se encuentra en el referido artículo 44 de la Constitución. del derecho conculcado y. en la realidad. 25. con exclusión de otras que se encuentren en los mismos supuestos que motivan su expedición. su ejercicio debe estar orientado a garantizar y proteger los derechos fundamentales como manifestaciones del principioderecho de dignidad humana (artículo 1 de la Constitución) y a servir a las obligaciones derivadas del artículo 44 de la Ley Fundamental. Sin embargo. además..pe/jurisprudencia/2007/00679-2005-AA.html 24. debe observar los criterios de generalidad y abstracción exigidos por el artículo 103 de la Constitución. vinculan a los poderes públicos. todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público. Tampoco la amnistía puede fundarse en un motivo incompatible con la Constitución.. 26.) de organizar todo el aparato gubernamental y. De conformidad con el primero. pero también de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos [10]. 28. previsto el ámbito de aplicación de la ley de amnistía. Una ley de amnistía se encuentra sujeta tanto a límites formales como materiales. por tanto. es posible identificar los derechos fundamentales garantizados definitivamente por los derechos que pudieran resultar comprometidos con la expedición de una ley de amnistía (v. A partir de los tratados. de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Por tanto. garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.00679-2005-AA 6 de 14 http://www. el restablecimiento.
32. esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable. cuando funcionarios públicos o agentes del Estado han cometido violaciones de los derechos del Pacto a que se hace referencia en el presente párrafo. 33. frecuentemente. de género u otros motivos universalmente reconocidos como contrarios a los principios universales que garantizan el pleno respeto de los derechos humanos con arreglo al derecho internacional.m. culturales. religiosos. la ejecución sumaria y arbitraria (art. excarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de Derecho internacional. Al igual que sucede con la insuficiencia a la investigación. en tanto contravienen los estándares mínimos de protección a la dignidad de la persona humana. no pueden ser amnistiados. como cuando se declara. para el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas[13]. Además. esclavitud. Esas obligaciones surgen. 7). exterminio. ninguna posición oficial justifica que personas que pueden ser acusadas de responsabilidad por esas violaciones queden inmunes de responsabilidad jurídica. de conformidad con el Derecho Internacional.00679-2005-AA 7 de 14 http://www. esas violaciones del Pacto son crímenes de lesa humanidad (véase el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. embarazo forzado. asesinato. las disposiciones de prescripción y el 18/09/2016 06:16 p. La prohibición de amnistías para delitos de esa envergadura también ha sido advertida por la jurisprudencia de los órganos y tribunales internacionales sobre derechos humanos. étnicos. el haz de facultades que confiere el derecho a su titular. la falta de sometimiento a la justicia de los autores de esas violaciones podía de por sí constituir una violación separada del Pacto.html se determina. en negativo. desaparición forzada de personas. 6). En consecuencia. En atención al mandato contenido en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.gob.pe/jurisprudencia/2007/00679-2005-AA. Cuando las investigaciones a que se ha hecho referencia en el párrafo 15 revelan violaciones de determinados derechos del Pacto. puede constituir un elemento importante que contribuye a la repetición de las violaciones. En el ámbito del sistema regional de protección de los derechos humanos. asunto que causa una constante preocupación al Comité. 7). por ejemplo. con respecto a las violaciones reconocidas como delictivas con arreglo al derecho interno o al derecho internacional. la Corte Interamericana ha destacado que (. Las obligaciones asumidas por el Estado peruano con la ratificación de los tratados sobre derechos humanos comprenden el deber de garantizar aquellos derechos que. como ha ocurrido con determinadas amnistías [véase la Observación general N. son inderogables y respecto de los cuales el Estado se ha obligado internacionalmente a sancionar su afectación. En realidad. persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos. esclavitud sexual. deportación o traslado forzoso de población. prostitución forzada. el problema de la impunidad con relación a esas violaciones. los Estados Partes no pueden eximir a los autores de su responsabilidad personal. qué tipo de injerencias sobre el derecho se encuentran prohibidas. 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.. raciales. .) son inadmisibles las disposiciones de amnistía. inhumanos o degradantes similares (art. los Estados Partes deben velar por que los responsables sean sometidos a la justicia. se recurre a los tratados que han cristalizado la proscripción absoluta de aquellos ilícitos que. en positivo. Cuando se cometen como parte de un ataque generalizado sistemático contra la población civil. Entre dichos ilícitos destacan los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad recogidos en los artículos 6. de conformidad con el Derecho Internacional. 31. violación. Así. en particular.. tortura. 30. que comprenden los siguientes actos: los delitos de ejecución extrajudicial. 6) y la desaparición forzosa (artículos 7 y 9 y.º 20 [14]] y las inmunidades e indemnizaciones jurídicas anteriores. art. como la tortura o los tratos crueles. crimen de apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de las personas. nacionales.tc.
Igualmente. No cabe. La Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así. no es un asunto que deba resolverse de manera aislada. en materia de relaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Derecho constitucional nacional. otorga la calidad de cosa juzgada constitucional a las resoluciones judiciales que se hubieran dictado en aplicación de ella. todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos[15]. asumir una tesis dualista de primacía del Derecho internacional sobre el Derecho interno y a la inversa. 37.º 26479 y N. Por tanto. 36. una solución integradora y de construcción jurisprudencial. bajo los parámetros de una tesis de la coordinación corresponde a este Colegiado analizar la legitimidad de dichas leyes de amnistía. en virtud del cual no resulta aceptable fijar una competencia de competencias privativa. por el contrario. por tanto.) es de precisar que.pe/jurisprudencia/2007/00679-2005-AA. las ejecuciones sumarias. la amnistía decretada de conformidad con los diversos límites a los que se encuentra sujeta.00679-2005-AA 8 de 14 http://www.º 26492 son compatibles con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y con la Constitución. 34.º 26479 y N. se requiere. Corresponde. La primera cuestión. 26479 y 26492 son incompatibles con la Convención 18/09/2016 06:16 p.html establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura... sino su armonización e integración. verificar si las leyes de amnistía N. no es vinculante para el Estado peruano al haber sido expedido absolviendo una opinión consultiva. El recurrente ha sostenido que lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Barrios Altos no era aplicable a los hechos del denominado Caso La Cantuta. mediante el cual se declara que las leyes de amnistía carecen de efectos generales. Ello es así por cuanto es necesario entender al Derecho internacional como un Derecho de integración sobre la base de la responsabilidad internacional de los Estados. dada la protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos. en concordancia con las obligaciones internacionales asumidas como miembro de dicho Sistema. sino a partir de su integración. extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas. el Estado peruano sólo pidió una OPINIÓN CONSULTIVA a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la compatibilidad entre las leyes de amnistía Nº. Se precisa de un sistema de articulación competencial entre las jurisdicciones internacional y constitucional. y declaró que (. En sus palabras.tc.. de conformidad con el artículo 1 de la Constitución. El Tribunal observa que en la Sentencia de 14 de marzo de 2001. que el Tribunal analice tales objeciones.º 26492 35. 38. ha sostenido que el pronunciamiento de la Corte. que establece: La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. siendo que la confluencia teleológica. esto es. en función de dicha responsabilidad no se postula la derogación automática de las normas internas. y confiere a sus beneficiarios la titularidad del derecho fundamental reconocido en el inciso 13) del artículo 139 de la misma Constitución.) las leyes de amnistía Nos. .gob. ni el desconocimiento de estas últimas en el orden nacional. en caso de conflicto con sus obligaciones en el plano internacional. 26479 y 26492 con la Convención Americana de conformidad con el art. la determinación de si estas leyes son compatibles con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución. sino establecer la voluntad del Estado peruano. (.m. la Constitución y las leyes de amnistía N. En ese sentido. pues. 64 inciso 2 de esta Convención[16] Corresponde.. ahora. la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado peruano en el denominado Caso Barrios Altos. determina esta relación de cooperación entre ambas jurisdicciones.
en la que se volvió a recordar que (. en consecuencia.. dada la naturaleza de la violación constituida por las leyes de amnistía No. Igualmente.html Americana de Derechos Humanos y. expedida por la Corte Interamericana. la Corte respondió: La promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convención constituye per se una violación de ésta y genera responsabilidad internacional del Estado. Perú. Siendo así. Ante lo cual. Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. mediante Sentencia del 3 de septiembre de 2001.) la Corte ya analizó el contenido y los alcances de las leyes de amnistía Nos. al amparo del artículo 67 del Pacto de San José de Costa Rica. De lo expuesto se colige que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que las leyes de amnistía aludidas carecen de efectos jurídicos y que lo resuelto. carecen de efectos jurídicos.] y. 26479 y No.00679-2005-AA 9 de 14 http://www. En consecuencia. las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables. alcance general o se limita solamente al caso indicado?[18]. por tanto. con referencia a la incompatibilidad de las leyes Nos.[20] 43..m. no es vinculante porque se trata de una opinión consultiva. sostuvo que. 26492.. 39. tiene efectos generales. Se solicitó a la Corte Interamericana absolviese la siguiente pregunta: [¿]Tiene la Sentencia en el caso Barrios Altos. en consecuencia. como el Caso La Cantuta. ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú [énfasis agregado][17]. el Tribunal Constitucional observa que la solicitud de interpretación de la sentencia de fondo del Caso Barrios Altos no fue solicitada por el Estado peruano... sino por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 40. en relación con el argumento de que la sentencia del 3 de septiembre de 2001. la Corte considera que.tc. 26479 y 26492 con la Convención Americana.pe/jurisprudencia/2007/00679-2005-AA. como lo ha sugerido el recurrente. recientemente resuelto por la Corte Interamericana. 41. La Corte interpretó la Sentencia de fondo dictada en ese caso en el sentido de que (. El Tribunal toma nota asimismo de que.) declaró que las mismas son `incompatibles con la Convención Americana [. sino que comprende a los casos en los que su aplicación impidió que se juzgaran y sancionaran graves violaciones de derechos reconocidos en la Convención Americana. Perú. y en esos términos debe ser resuelto el interrogante formulado en la demanda de interpretación presentada por la Comisión [énfasis añadido][19]. Por otro lado. en cuya Sentencia de fondo (.) tiene efectos generales. El mismo criterio se ha expuesto en el Caso La Cantuta c.) lo resuelto (. lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generales. . la Corte Interamericana absolvió una solicitud de interpretación de la sentencia de fondo formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos...gob. 42.. carecen de efectos jurídicos [ordinal 4 de la parte resolutiva de la Sentencia]. dicho pronunciamiento no sólo es de aplicación a los hechos que suscitaron el Caso Barrios Altos. 45. Igualmente observa que dicha solicitud de interpretación no fue realizada al amparo del artículo 64 del Pacto de San José de Costa Rica. referida a la legitimación para solicitar opiniones consultivas [como también lo ha sugerido el recurrente]. 26479 y 26492 en el Caso Barrios Altos vs... 44. sino sobre la base del artículo 67 del mismo instrumento 18/09/2016 06:16 p.
49. 47. 51. independientemente de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. el recurrente ha argumentado que las referidas leyes de amnistía fueron declaradas constitucionalmente válidas por el Tribunal Constitucional mediante la STC 00013-1996-AI/TC. una vez que esta se expide. En la medida en que la finalidad de la facultad de interpretar el sentido o los alcances del fallo no es otra que la de esclarecer lo decidido por la sentencia de la Corte Interamericana.. El único propósito de la función consultiva es `la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos´[21].. En efecto. En cambio. sin embargo. 18/09/2016 06:16 p. respaldado por la jurisprudencia internacional.. inciso 13. como ya ha señalado esta Corte y como lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.tc. por tanto. el Tribunal juzga que las resoluciones jurisdiccionales dictadas a su amparo no adquieren la calidad de cosa juzgada constitucional y.html internacional. en modo alguno. 46. 50. ella vincula a las partes en los términos del artículo 68. siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de notificación del fallo. el Tribunal declaró improcedente la demanda de inconstitucionalidad promovida contra las leyes aludidas. no pueden. además. de modo que las resoluciones judiciales que se dictan en aplicación de leyes de amnistía constitucionalmente legítimas dan lugar a la configuración de la cosa juzgada constitucional. La interpretación de una sentencia implica no sólo la precisión del texto de los puntos resolutivos del fallo. Lo expuesto sería suficiente para desestimar la pretensión.) y no existe tampoco un litigio a resolver..00679-2005-AA 10 de 14 http://www. que el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una obligación que (. sino también la determinación del alcance. El ejercicio de la competencia consultiva se realiza sin que existan partes (. 48. que prevé: Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. la expedición de leyes de amnistía constituye una competencia jurídicoconstitucional del Congreso de la República. que autoriza que (.. de la Constitución.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.) En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo. Por tanto. parte de la presunción de que el legislador penal ha querido actuar dentro del marco de la Constitución y el respeto de los derechos fundamentales. de 28 de abril de 1997. Lo que no significa. por razones de orden interno. El Tribunal recuerda. al no haber existido un pronunciamiento sobre el fondo de la demanda.) corresponde a un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado. Sin embargo. que el Tribunal Constitucional haya confirmado su constitucionalidad..m. 52. de acuerdo con las consideraciones de la misma (. el Tribunal observa que.gob.pe/jurisprudencia/2007/00679-2005-AA. Como ya se señaló. careciendo de efectos jurídicos las leyes de amnistía señaladas. por mayoría. . la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes. dejar de atender la responsabilidad internacional ya establecida [23]. no se ha afectado el derecho reconocido en el artículo 139. según el cual los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y.. La interpretación de una sentencia de fondo difiere en sus efectos de la que es propia de una Opinión Consultiva. el sentido y la finalidad de la resolución.)[22].. El control de las leyes de amnistía. mediante dicha sentencia.
de los cometidos por el Grupo Colina. finalmente. la que.). el control y la eliminación de aquellas personas que se sospechaba pertenecían a los grupos insurgentes o contrarias al régimen del ex Presidente Alberto Fujimori.00679-2005-AA 11 de 14 http://www. El Grupo Colina cumplía una política de Estado consistente en la identificación. lo que no exime de la facultad y el deber de los tribunales nacionales de realizar las investigaciones judiciales correspondientes. es de garantizar el respeto pleno de la persona. de 21 de julio de 2006. Así lo ha reconocido el Estado peruano. en el marco del orden jurídico nacional e internacional del que el Perú es parte. [Entre otras cosas..)[24].. Éste era un grupo adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que operaba con conocimiento de la Presidencia de la República y del Comando del Ejército. En su escrito de contestación de la demanda. desapariciones forzadas y torturas[25]. g) La existencia del denominado `Grupo Colina´(.tc.). asesinatos selectivos. porque de lo que se trata.479 por el Congreso (párrafo 113 del escrito de la demanda) y de la Ley N.. los actos posteriores de intervención de tribunales militares (párrafos 106. decisión de la Corte Suprema de Justicia (párrafos 108. como ya se dijo supra.. Sobre esto el Tribunal Constitucional estima pertinente hacer algunas precisiones sobre el valor jurídico para los tribunales nacionales de los hechos probados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos..º 26. además de sus remuneraciones como oficiales y sub-oficiales del Ejército.] efectuó un allanamiento y reconocimiento parcial de responsabilidad internacional por determinadas violaciones alegadas por la Comisión (. bajo este principio de integración los tribunales nacionales deben reconocer la validez jurídica de aquellos hechos que han sido propuestos. De otro lado. aprobación de la ley de amnistía N. Al respecto. el legislador penal pretendió encubrir la comisión de delitos de lesa humanidad.)sus miembros participaron en los hechos del presente caso (. Tenía una estructura jerárquica y su personal recibía.º 26. 56.. dicho sucedáneo cuando se comprueba que mediante el ejercicio de la competencia de dictar leyes de amnistía. particularmente. 18/09/2016 06:16 p..m. analizados y probados ante las instancias internacionales de protección de los derechos humanos.gob. si bien no se dice en forma expresa en el texto de la demanda´. a través de su agente designado para el Caso La Cantuta ventilado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 57. después de considerar probada la existencia del denominado Grupo Colina. No opera.492 (párrafo 116 del escrito de la demanda) y promulgación de esas leyes de amnistía por parte del Poder Ejecutivo. al que pertenecía el recurrente. Estos hechos se manifestaron en los actos de investigación iniciales (párrafos 90 a 105 del escrito de la demanda). allí se reconoció que] "Los hechos reconocidos por el Estado comprenden: (. Del mismo modo.. mediante acciones sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales indiscriminadas.pe/jurisprudencia/2007/00679-2005-AA. por tanto.... señaló: (. sino una solución integradora y de construcción jurisprudencial en materia de relaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Derecho constitucional nacional. Tal fue la situación en la que se desenvolvieron las actividades delictivas del denominado Grupo Colina. el Estado peruano sostiene que [. 111 y 112 del escrito de la demanda). no se puede asumir una tesis dualista de primacía del Derecho internacional sobre el Derecho interno y a la inversa. 109 y 110 del escrito de la demanda). También ha sido considerado como un hecho probado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.. 55. 54. del Congreso de la República (párrafo 109 del escrito de la demanda). Tampoco cuando el ejercicio de dicha competencia se utilizó para “garantizar” la impunidad por graves violaciones de derechos humanos. ya en la STC 4587-2004-AA/TC este Tribunal había advertido la existencia de un plan sistemático para promover la impunidad en materia de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. .) f) la vulneración de las garantías judiciales y de la protección judicial.html 53. dinero para gastos operativos y retribuciones económicas personales en carácter de bonificación. su dignidad y sus derechos humanos.
) 85.º 26492 son nulas y carecen. es decir olvidar el delito cometido por determinadas personas. inciso 1.. según los artículos 102.gob. tomando en cuenta el contexto en que se dictaron. de la Constitución. el Tribunal Constitucional considera que ello demuestra palmariamente que sí hubo ausencia de una voluntad estatal destinada a investigar y sancionar con penas adecuadas a la gravedad de los delitos cometidos a los responsables de los hechos conocidos como "Barrios Altos". (. ya que el ejercicio del poder constituido no puede vulnerar los principios y valores constitucionales –como la dignidad de la persona humana. 83. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO Declarar INFUNDADA la demanda.m. de la Constitución. Y si bien éstas no se aplicaron al primer proceso penal que se le seguiera al recurrente. tanto en conexión con el ejercicio de los derechos fundamentales de los particulares –derecho a la vida (artículo 2.pe/jurisprudencia/2007/00679-2005-AA. Este principio-derecho constituye una norma jurídica que contiene un mandato obligatorio. En su condición de resoluciones judiciales nulas. de la Constitución) o el derecho a la justicia (artículo 139 de la Constitución )–. como antes se ha dicho..º 26479 y N... lo constituyen: 82. por cuanto la legitimidad de la Constitución reposa en la defensa de la persona humana y en el respeto de su dignidad. 5-9-M/49. según el artículo 1 de la Constitución. 58.) Expresión de ese plan sistemático. Siendo ello así. por ejemplo–. la verdad. el Tribunal considera que las leyes de amnistía N. inciso 6. en la medida en que no existe conformidad con el orden objetivo de valores. cabe señalar que si bien el Poder Legislativo tiene la atribución de ejercer el derecho de amnistiar.tc. con los principios constitucionales y con los derechos fundamentales que la Constitución consagra. de 24 de agosto de 2000. (iii) El retiro (nulo) de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hecha conocer a dicho órgano supranacional mediante la entrega de la Nota Nº. En mérito de ello. y que fuera aprobada por la también nula Resolución Legislativa 3. Por estos fundamentos. el que se hace efectivo. la vida. y el propósito que las animaba. como fin supremo de la sociedad y del Estado. también son nulas las resoluciones judiciales dictadas con el propósito de garantizar la impunidad de la violación de derechos humanos cometida por los integrantes del denominado Grupo Colina. 59. entre otros– en que se funda la obra del poder constituyente. de fecha 8 de julio de 1999. Por tanto. inciso 13. lo que produce los efectos de la cosa juzgada. Dicho acto tuvo el propósito de asegurar que también en el ámbito internacional el Estado no respondiese por las violaciones de derechos humanos y de esa forma se garantizase que sus autores no fueran sometidos a la acción de la justicia. Precisamente por esto. fomentándose la impunidad. 60. en efecto. (i) El deliberado juzgamiento de delitos comunes por órganos militares.00679-2005-AA 12 de 14 http://www. SS. la facultad legislativa del Congreso no es ilimitada. como en el cumplimiento de las funciones de las autoridades estatales. ellas no dan lugar a la configuración de la cosa juzgada constitucional garantizada por los artículos 102. ab initio. (ii) La expedición en ese lapso de las leyes de amnistía 26479 y 26492.html (. inciso 6 y el artículo 139. de efectos jurídicos. el Tribunal Constitucional. y 139. tortura y ejecución sumaria de personas. 18/09/2016 06:16 p. ello no significa que el Congreso pueda cobijar en las leyes de amnistía a delitos de lesa humanidad –como el secuestro. inciso 13. la justicia. .
Doc. párr. 98. párrafo 25. Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos. [2] Escrito de Demanda. 20. 20" [Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos.N. párrafo. énfasis añadido. de 14 de noviembre de 1997. Perú. párrafos 166-168. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Doc. folios 34 del cuaderno principal. Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. incluida la indemnización y la rehabilitación más completa posible" [párrafo 15]. U. párrafo 153. A/CONF. Perú. [10] Cf. . 117. y Caso Carpio Nicolle y otros. folios 40 del cuaderno principal. 17 de julio de 1998.7 at 173 (1992)].tc. U.pe/jurisprudencia/2007/00679-2005-AA. STC 02730-2006-AA/TC. [19] Corte Interamericana de Derechos Humanos. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Competencia. STC 2488-2002-AA/TC. J. Sentencia de 3 de septiembre de 2001. párrafo 18. HRI/GEN/1/ Rev. párrafo 41. Caso La Cantuta vs. párrafo 14. Nº. 154 y referencia a ONU. [8] Cf. STC 05374-2005-HC/TC. nota 6. párr. Artículo 7 . 131. N°.N. etc. Sentencia de 29 de julio de 1988. Art. párrafo 44. la STC 00045-2004-PI/TC. etc. y Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Interpretación de la sentencia de indemnización compensatoria. últimamente. Serie C. [4] Escrito de Demanda. 31. Serie C No. 4. Serie C. N°. [20] Corte Interamericana de Derechos Humanos. [5] STC 4587-2004-AA/TC. Perú. art. 154. Los Estados no pueden privar a los particulares del derecho a una reparación efectiva. Caso La Cantuta vs. [3] Escrito de Demanda. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Caso Barrios Altos vs. Caso Godínez Cruz. Serie C No. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 10. folios 38. Caso Velásquez Rodríguez. [17] Corte Interamericana de Derechos Humanos. aprobado por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional.m. [18] Corte Interamericana de Derechos Humanos. 104. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Sentencia Caso Barrios Altos. 26. el Comité de Derechos Humanos señaló que "Las amnistías son generalmente incompatibles con la obligación de los Estados de investigar tales actos. párr. 10. [7] Corte Interamericana de Derechos Humanos. con cita de las sentencias dictadas en el Caso Almonacid Arellano y otros. inhumanos o degradantes. F. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Panama. Opinión Consultiva OC 15/97. 75. [11] Cf. sentencia de 29 de diciembre de 2006. párrafo 61.N. Serie C No. FJ 9-14. Caso Velásquez Rodríguez. STC 0959-2004-HD/TC. con cita de la sentencia dictada en el Caso Almonacid Arellano y otros. [6] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nº. [9] Corte Interamericana de Derechos Humanos. folios 34-35 del cuaderno principal. [22] Corte Interamericana de Derechos Humanos. HRI/GEN/1/Rev. 9.183/9. Caso Barrios Altos vs. La índole de la obligación jurídica general impuesta. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 17 de agosto de 1990 (art. párr. nota 6. 9. [16] Escrito de demanda. [14] En la "Observación General No. párrafo 18. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos).html LANDA ARROYO GONZALES OJEDA ALVA ORLANDINI BARDELLI LARTIRIGOYEN GARCÍA TOMA VERGARA GOTELLI [1] Escrito de demanda. de garantizar que no se cometan tales actos dentro de su jurisdicción y de velar por que no se realicen tales actos en el futuro. [12] Cf. Serie C No. Caso La Cantuta vs. párrafo 26. [24] Cf. No. [15] Corte Interamericana de Derechos Humanos. 18/09/2016 06:16 p. Serie C. 80º período de sesiones. 44º período de sesiones. Corte Interamericana de Derechos Humanos. STC 8377-2005-HC/TC. párrafo 153. Interpretación de la Sentencia de Fondo (art. Interpretación de la sentencia de indemnización compensatoria. 15. 73 y 74. Serie C No. [21] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso La Cantuta vs.Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles. Perú. Sentencia del 29 de noviembre de 2006. [13] Comité de Derechos Humanos.gob. 8 de noviembre de 1994. Interpretación de la Sentencia de Fondo (art. U. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). [23] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo y otros vs. Art. 132. S/Res/955.00679-2005-AA 13 de 14 http://www. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Art. Caso Gutiérrez Soler. 83. Serie A. Serie C No. Sentencia de 3 de septiembre de 2001. Doc. Perú. párrafo 167. Observación General No. Sentencia de 17 de agosto de 1990 (art. Sentencia Caso Barrios Altos. 1993.7 at 225 (2004). folios 37. S/Res/827. STC 1230-2002-HC/TC. Perú. 83.
18.gob.m. [25] Corte Interamericana de Derechos Humanos. 18/09/2016 06:16 p. Sentencia del 29 de noviembre de 2006. .00679-2005-AA 14 de 14 http://www.tc. Perú. párrafos párrafos 80.pe/jurisprudencia/2007/00679-2005-AA.17 y 80. Caso La Cantuta vs.html párrafo 40.
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