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Timestamp: 2020-08-13 11:36:42+00:00

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Derechos y leyes – Decreto 2/1997
El presente Decreto se dicta en desarrollo de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción. Esta Ley respondió, básicamente, a la necesidad de proporcionar una protección al menor, especialmente cuando se encuentra en una situación de desamparo. Hasta ese momento, la protección de los menores desamparados estaba regulada por la Ley 11/1985, de 13 de junio, de protección de menores. La Ley 37/1991 deroga expresamente el título VI de la mencionada Ley 11/1985, relativo a la tutela de menores por derecho o por inadecuado ejercicio de la patria potestad o del derecho de guarda y educación.
Posteriormente, la Ley 8/1995, de 27 de julio, de atención y protección de la infancia y de la adolescencia y de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, supuso, no sólo la modificación de determinados artículos de la Ley 37/1991, sino la adición de nuevos. En este sentido, se establece la posibilidad de que pueda ser adoptado el menor que esté sometido a la medida de acogidas simple por los que lo pretenden adoptar, cuando no sea previsible el retorno de aquel a su familia, y no sólo el que se encuentre en situación de acogida preadoptiva. También la mencionada Ley 8/1995 incorpora en el capítulo II de la Ley 37/1991, mediante su disposición adicional séptima, apartado 5, una Sección quinta con el título Adopción internacional.
Finalmente, el Acuerdo de 21 de septiembre de 1995 del Pleno del Parlamento de Cataluña estableció la redacción armónica de la Ley de atención y protección de los menores y los adolescentes y modifico la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción.
Por otra parte, determinados artículos de la Ley contienen mandatos específicos de despliegue reglamentario, algunos de los cuales ya se materializaron en el Decreto 337/1995, de 28 de diciembre, sobre la acreditación y el funcionamiento de las instituciones colaboradoras de integración familiar y de las entidades colaboradoras de adopción internacional, y en el Decreto 313/1996, de 17 de septiembre, por el que se determina la capacidad sancionadora en el ámbito de atención y protección a la infancia y la adolescencia.
El segundo título, ordenado en tres capítulos, establece una cuidadosa clasificación de los centros de atención a la infancia, entre centros de acogida y centros residenciales de atención educativa, los cuales pueden se propios o colaboradores. Este título tiene el marco normativo dado por el Decreto legislativo 17/1994,de 16 de noviembre, por el cual se aprobó la refundición de las leyes 12/1983, de 14 de julio, 26/1985, de 27 de diciembre, y 4/1994, de 20 de abril, en materia de asistencial y servicios sociales y del Decreto 284/1996, de 23 de julio, de regulación del sistema catalán de servicios sociales.
Un tercer título, llamado de forma genérica del procedimiento de la acogida familiar, incluye en primer lugar la acogida simple en familia y el proceso de selección de la persona o familia, así como el Registro de Familias para la Acogida Simple. Después prevé la acogida preadoptiva y para la Adopción. Un tercer capítulo de este tercer título son disposiciones comunes a la acogida simple en familia y a la acogida preadoptiva.
El cuarto y último título del presente Reglamento está dedicado a la adopción internacional que, como ya hemos dicho anteriormente, se incorporó a la Ley 37/1991, mediante un art. 31 bis, previsto en la Ley 8/1995.
Por tanto, a propuesta de la consejera de Justicia, consultada la sectorial de infancia del Consejo General de Servicios Sociales, de acuerdo con el dictamen preceptivo emitido por la Comisión Jurídica Asesora y de acuerdo con el Gobierno de la Generalidad.
Este Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOGC, a excepción de los títulos III y IV, que; entrarán en vigor el día 3 de junio de 1997.
REGLAMENTO DE PROTECCION DE LOS MENORES DESAMPARADOS Y DE LA ADOPCION
La competencia territorial, a los efectos de asistencia y protección de la infancia y la adolescencia, vendrá determinada por el lugar de residencia de los padres, o del padre o de la madre que tengan la guarda del menor, o por el lugar de residencia de los representantes legales o guardadores del menor.
Al menor extranjero que se encuentre en Cataluña en situación de desamparo, se le aplicará la legislación civil catalana sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, y la Dirección General de Atención a la Infancia acordará las medidas de protección adecuadas en interés del menor. Se tendrán en cuenta, en su caso, las disposiciones en relación a los menores extranjeros contenidas en la Ley orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y las libertades de los extranjeros en España y en las normas reglamentarias que la desarrollan.
En los casos de adopción de menores originarios del extranjero, en los supuestos del párrafo anterior, se aplicarán, cuando sea posible, las disposiciones generales del art. 13 bis sobre adopción internacional de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de menores vigente en Cataluña.
La Dirección General de Atención a la Infancia adoptará las medidas convenientes para conseguir la protección efectiva de los menores desamparados, contando con la ayuda y colaboración de las entidades públicas y privadas, relacionadas con la infancia y la adolescencia, debidamente autorizadas. La Dirección General de Atención a la Infancia coordinará las actuaciones pertinentes a efectos de conseguir la eficiencia y eficacia necesaria.
La Dirección General de Atención a la Infancia promoverá las actuaciones legales necesarias en defensa de los derechos e intereses de los menores respecto de los cuales tenga asumida funciones tutelares.
PROCEDIMIENTO PARA LA ASUNCION DE FUNCIONES TUTELARES
d) Que los padres, tutores o guardadores o las personas que convivan o estén relacionadas con el menor sean drogodependientes y repercuta negativamente sobre él.
g) Que no hayan vínculos afectivos o estos tengan muchas carencias, por incumplimiento de los deberes de protección por parte de los padres, tutores o guardadores y que están establecidos por la ley para la guarda de los menores.
h) Que se induzca al menor a la mendicidad delincuencia o prostitución.
Para apreciar la procedencia de la declaración de la situación de desamparo se solicitarán los informes sociales, médicos, psicológicos, pedagógicos o policiales, si es necesario, y también de las posibilidades de atención de la propia familia o familia extensa o, en su caso, ajena.
Los equipos técnicos priorizarán la medida de protección de atención a la propia familia cuando se prevea que la situación de desamparo, puede ser modificable mediante la acción de las intervenciones técnicas adecuadas.
c) Cuales serán los objetivos concretos a alcanzar y por los cuales se propone la medida.
Una vez completada la información necesaria a la que se refieren los artículos anteriores, los equipos técnicos deben elaborar de forma razonada la propuesta técnica que, con la validación previa de las unidades a las que corresponda de la Dirección General de Atención al Menor, ha de ser elevada a la directora general de Atención al Menor, que debe dictar la correspondiente resolución. Cuando la propuesta sea de adopción de alguna medida que comporte la separación del menor de su núcleo familiar, será preceptivo el informe previo del Comité Técnico de Evaluación de Declaraciones de Desamparo. También es preceptivo este informe en las propuestas de cambio de medida que comporten dicha separación y en las revisiones que la mantengan.
En caso, que fuera necesario y cuando las circunstancias lo aconsejen, se podrá promover el nombramiento judicial de un administrador patrimonial.
En los casos previstos en el art. 9 de la Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de protección de los menores desamparados y de la adopción, los padres o guardadores de un menor podrán solicitar a la Dirección General de Atención a la Infancia que asuma la guarda temporal.
Cuando la solicitud se haya formulado ante los servicios sociales especializados de atención a la infancia y adolescencia, éstos la deberán valorar con las formalidades y requisitos previstos en el artículo anterior y la deberán remitir con el informe propuesta correspondiente, a la Dirección General de Atención a la Infancia, que resolverá de acuerdo con lo que disponer el artículo precedente.
El director del centro residencial o las personas que acojan al menor, ejercerán la guarda, bajo la vigilancia de la Dirección General de Atención a la Infancia, a la que deberán facilitar información periódica, semestralmente como mínimo, sobre la situación y atención al menor, sin perjuicio del seguimiento que efectúen los servicios correspondientes.
CLASIFICACION DE LOS CENTROS DE ATENCION A LA INFANCIA
Son centros propios aquellos cuya dirección y gestión corresponde a la Dirección General de Atención a la Infancia.
Los centros de atención a la infancia contarán con un proyecto marco aprobado por la Dirección General de Atención a la Infancia, validado por ella y basado en los principios de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, de protección de los menores desamparados y de la adopción.
a) Un equipo educativo formado por educadores sociales que realicen la atención directa. Cada menor contará con un educador como figura referencial durante su permanencia en el centro de acogida que será su educador-tutor. Este será el responsable del plan de trabajo individualizado del menor, recogiendo, integrando y aportando la observación propia y la del resto del equipo educativo al equipo técnico interdisciplinar:
c) Centros de acogida verticales: son aquellos que acogen menores de franjas de edad diversas.
La permanencia en estos centros estará limitada en el tiempo a la duración de la realización del análisis de la situación de riesgos del menor, del estudio diagnóstico y de la elaboración de la propuesta de medida de protección.
DE LOS CENTROS RESIDENCIALES DE ACCION EDUCATIVA
La organización de los centros se llevará a cabo de manera que reproduzca, tanto como sea posible, las condiciones de vida de un familia, para permitir al menor un crecimiento armónico y estable. Los grupos de convivencia serán reducidos y cada menor tendrá un educador tutor de referencia.
El proyecto educativo individualizado preverá los sistemas de evaluación de la acción educativa y de la evolución del menor, de manera que se puedan revisar los objetivos propuestos en función de sus evolución.
c) Centros para menores adolescentes: menores entre 13 y 16 años.
e) Centros verticales: son aquellos centros que acogen a menores de franjas de edad muy diversas, en atención especialmente a la problemática que presentan las acogidas institucionales de grupos de hermanos.
Los centros para jóvenes entre 16 a 18 años, podrán utilizar otros recursos asistenciales más autónomos, donde se pueda preparar con más intensidad el programa de desinternamiento y autonomía del menor para su próximo desinternamiento.
Los pisos asistidos son viviendas que ofrecen un servicio de carácter asistencial y educativo para jóvenes entre 16 a 18 años, para los cuales se considera necesario iniciar un proceso de desinternamiento gradual para conseguir la mayoría de edad con la capacidad suficiente para obtener la integración social.
Estos pisos asistidos contarán con el personal cualificado formado por educadores sociales, que podrán tener soporte externo de otros educadores y, si es necesario, el de otros profesionales especializados.
Se podrán crear, promover o concertar centros residenciales de acción educativa específicos destinados a atender a niños que no puedan ser adecuadamente integrados en los otros centros porque requieran tratamientos y atenciones muy especializadas.
DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR Y DE LA ADOPCION
DEL ACOGIMIENTO SIMPLE EN FAMILIA
b) La posibilidad de retornar a menor a su familia biológica y, en su caso, una previsión temporalidad.
1. La medida de acogimiento simple por una persona o familia será acordada por la Dirección General de Atención a la Infancia, con audiencia previa de los padres, del tutor, del guardador o de los familiares que hayan convivido con el menor, si están identificados y localizados.
2. En la misma resolución que acuerde la medida se podrá constituir el acogimiento simple en interés al menor si ya se cuenta con una persona o familia propuesta para tal fin.
1. Una vez constituido el acogimiento, su evolución será revisada por la Dirección General de Atención a la Infancia, como mínimo cada seis meses, y se hará constar la valoración de la medida en informe escrito; todo esto sin perjuicio de las facultades que, según los arts. 6 y 11 de la Ley, corresponden al ministerio fiscal.
2. Si transcurrido el tiempo de duración del acogimiento, resulta aconsejable mantener al menor separado de su hogar o entorno familiar, los equipos técnicos podrán proponer la prórroga de la medida y, en su caso, la resolución que la acuerde se adoptará siguiendo el mismo procedimiento establecido por los arts. 51 y 52 de este Reglamento.
2. A efectos de este Reglamento, se entenderá como familia extensa aquella en que existe una relación de parentesco por consaguinidad o por afinidad entre el menor y la persona acogedora, o los miembros de la familia acogedora. El acogimiento en familia ajena se constituirá con personas o familias que no tengan ninguna relación de parentesco con el menor.
Acogimiento simple en familia extensa
La elección de los familiares se hará teniendo en cuenta, en todo caso, que aquellos que quieran acoger al menor haya mostrado suficiente interés por el bienestar de éste, que haya vínculo afectivo, que tengan la capacidad de preservarlo de las condiciones que generaran la situación de desamparo, y una adecuada aptitud educadora. Así mismo, será necesario que haya oposición al acogimiento familiar por parte de las personas en el domicilio de los acogedores.
Acogimiento simple en familia ajena
1. La persona o personas que se ofrezcan para acoger a un menor tendrán que presentar la solicitud a la Dirección General de Atención a la Infancia, en el cual deberán constar los datos personales y familiares y su voluntad de acoger en forma simple a uno o más menores.
c) Certificado de empadronamiento en el cual consten todas las personas que vivan en el domicilio.
1. El proceso de valoración de la familia o persona que se ofrezca para coger a un menor se hará de acuerdo con lo que establecen los artículos siguientes. La duración de todo el procedimiento no ha de exceder de seis meses. Si, transcurrido este plazo, la persona titular de la Dirección General de Atención a la Infancia no ha resuelto, la solicitud de entenderá desestimada, pero el vencimiento de dicho plazo no exime a la Administración de la obligación de resolver.
No padecer ninguna enfermedad física o psíquica que imposibilite la atención del menor.
c) Capacidad educativa y entorno familiar directo que pueda apoyar l atarea educativa.
1. El proceso de estudio y valoración de la persona o familia que se ofrece para acoger incluirá un mínimo de dos entrevistas, de las cuales al menos una será efectuada por un diplomado en trabajo social y otro por un psicólogo del equipo técnico competente. Se efectuará una visita domiciliaria y también se podrán incluir cuestionarios y pruebas psicométricas.
2. Dentro del proceso de selección, habrá unas sesiones informativas que se establecerán a este efecto, consistentes en un vertiente teórica sobre las características fundamentales del acogimiento simple en familia con participación de profesionales relacionados con la infancia y la educación, y una vertiente más práctica que incluirá la aportación de personas o familias que hayan vivido esta experiencia.
4. Cada miembro del equipo técnico elaborará los informes de cada fase del proceso y un informe final respecto a las circunstancias que concurren en la persona o familia solicitante.
Una vez seleccionada un apersona o familia como acogedora y antes de constituir un acogimiento simple, tendrán que asistir a las sesiones de formación que para tal fin se establezcan.
1. La Asignación de un menor en acogida a un apersona o familia determinada se hará siempre en interés de éste y a partir de sus necesidades y con valoración conjunta de los siguientes criterios:
c) La menor edad del menor a acoger respecto de los hijos propios de la persona o de la familia acogedora.
Caducidad del tiempo de duración previsto en la resolución de adopción de adopción de la medida y, en su caso, de la prórroga.
Cuando hayan desaparecido las circunstancias que dieran lugar a la adopción de la medida.
DEL ACOGIMIENTO PREADOPTIVO Y DE LA ADOPCION
La propuesta de medida de acogimiento preadoptivo hecha por los equipos técnicos deberá tener en cuenta y valorar la concurrencia del supuesto que prevé el art. 131 de la Ley 37/1991, y los aspectos siguientes:
1. Una vez se haya instruido el procedimiento, con audiencia del menor de 12 años si tiene suficiente conocimiento y habiendo obtenido el consentimiento del mayor de 12 años, inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá en conocimiento de los padres o tutores que no estén privados de la patria potestad o removidos del cargo tutelar para que, en el plazo de 30 días, presten su asentimiento a la medida de acogimiento preadoptivo.
2. En el caso de que los padres o tutores que no estén privados de potestad o removidos de su cargo titular disintieran, citados no comparecieran en el plazo previsto o no hubiera podido conocer su paradero, la Dirección General de Atención a la Infancia solicitará al juez que acuerde la medida de acogimiento.
Procedimiento de valoración de los solicitantes de adopción
2. A esta solicitud se adjuntará la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos legales para adoptar establecidos en el art. 18 de la Ley 37/1991, y la que, de acuerdo con el artículo siguiente, es necesaria para llevar a cabo el estudio y la valoración de los solicitantes de adopción.
3. Si falta la acreditación de los requisitos citados, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de 10 días, corrija el defecto o adjunte los documentos preceptivos, con la indicación de que, si no lo hace así, se le tendrá por desistida de su solicitud, que se archivará sin más trámite.
El proceso de estudio y valoración de la persona que se ofrecen para adoptar a un menor tanto de Cataluña como de otra comunidad autónoma o del extranjero se llevará a cabo por la Dirección General de Atención a la Infancia. La finalidad de este proceso es determinar la idoneidad de la persona o familia que quiere adoptar para garantizar la cobertura de las necesidades del menor y el cumplimiento de las obligaciones establecidas legalmente, y, específicamente, pretende garantizar que la persona o familia pueda ofrecer al menor la estabilidad, el cuidado y el respeto a sus señas de identidad que permitan su desarrollo integral.
f) Motivaciones para la adopción compartida, en el caso de pareja.
a) Situación económica que permita la atención del menor.
1 2. En igualdad de idoneidad, se respetará el orden cronológico de la solicitud.
2. La Dirección General de Atención a la Infancia, con informe previo de los equipos técnicos competentes que justifique la concurrencia de las circunstancias del art. 13 de la Ley 371 1991, así como la idoneidad de la familia que acoge, podrá proponer que se proceda a la tramitación de la adopción del menor que se encuentre bajo medida de acogimiento simple en familia, en interés de éste
DISPOSICIONES COMUNES AL ACOGIMIENTO SIMPLE EN FAMILIA Y AL ACOGIMIENTO PREADOPTIVO Y LA ADOPCION
3. En los casos de sucesivos acogimientos -o adopciones, el proceso de estudio y valoración consistirá únicamente en la actualización de lo emitido anteriormente.
2. El menor será asignado ala persona o familia acogedora o adoptante inscritos en el registro correspondiente; la asignación se hará siempre en interés del menor y a partir de sus necesidades y particularidades.
DE LA TRAMITACION DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL
1. La Dirección General de Atención a la Infancia y las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional (ECAI) informarán sobre la tramitación necesaria para proceder a la adopción internacional y sobre los requisitos específicos que piden los diferentes países.
2. Las familias o personas con residencia habitual en Cataluña que quieran adoptar a un menor desamparado extranjero residente en un país extranjero deberán formular la solicitud de la declaración de idoneidad ante la Dirección General de Atención a la Infancia.
3. La solicitud se formulará para un país concreto. No obstante, a petición de la persona interesada, y en atención a su viabilidad o dificultades existentes o sobrevenidas, los solicitantes podrán reorientar la solicitud hacia otro país. En el caso de que ya se haya tramitado el expediente al país previamente solicitado, se notificará a aquel país. Si los países solicitantes no exigen que haya una única petición, se podrán tramitar simultáneamente dos solicitudes.
1. La obtención de la declaración de idoneidad es requisito previo para la tramitación del expediente de adopción internacional.
2. El estudio y la valoración para la declaración de idoneidad se llevará a cabo de acuerdo con los criterios y 11 procedimiento establecidos para el acogimiento preadoptivo.
3. Este estudio y valoración se efectuará teniendo presente, además de las circunstancias de los solicitantes, los requisitos y las circunstancias que concurran en el país al que se formulará la petición de adopción. En caso de cambio del país solicitado, el estudio y la valoración de la idoneidad se adaptará, en su caso, a las del nuevo país, en el plazo máximo de un mes.
1. La tramitación del expediente de adopción se hará según el procedimiento establecido por el Convenio de la Haya, si el país de origen del menor lo ha ratificado.
2. En defecto de aplicabilidad del Convenio, la tramitación del expediente de adopción internacional la efectuará la Dirección General de Atención a la Infancia o, en su caso, la ECAI acreditada o las mismas personas interesadas, sin que en este caso puedan intervenir mediadores.
En los casos del apartado 2 del artículo anterior, el certificado de idoneidad y los informes de valoración de la familia o persona solicitante serán enviados por la Dirección General de Atención a la Infancia al organismo competente del país de origen del menor, o a su representación diplomática, directamente o mediante la ECAI habilitada para actuar en el país correspondiente, sin perjuicio del derecho de las personas interesadas de obtener copias.
1. Los adoptantes o, en su caso, la ECAI deberán comunicar a la Dirección General de Atención a la Infancia la asignación y entrega del menor por parte de la autoridad competente del país de origen.
2. En los casos en que el país de origen pida el seguimiento de la situación del menor, los adoptantes deberán colaborar en la actuación.
La Dirección General de Atención a la Infancia, directamente o mediante las ECAI, informará a los adoptantes de la tramitación del reconocimiento o, en su caso, de la constitución de la adopción de los menores extranjeros.
Cuando se trate del reconocimiento de una adopción constituido en el extranjero sin la intervención de la Dirección General de Atención a la Infancia, esta entidad, a petición de la autoridad judicial competente, procederá al estudio y la valoración de la persona -o personas adoptantes, para determinar si reúnen las condiciones necesarias de idoneidad para procurar el desarrollo integral del menor y una adecuada aptitud educadora.
2. Se procederá de la misma manera cuando se haya pronunciado una medida equiparable al acogimiento preadoptivo del menor.
3. Si la valoración es favorable, se entregará el certificado de idoneidad a la autoridad judicial a los efectos de lo que establece el art. 9.5 del Código civil, y si la valoración no es favorable, se comunicará a la autoridad judicial.
1. Cuando el número de solicitudes de acogimiento preadoptivo de menores de Cataluña tutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia, inscritas en la sección primera del Registro previsto en el art. 83.2 de este Reglamento, sea al menos tres veces superior al número de acogimientos constituidos inscritos en la sección segunda del mismo Registro durante el año natural anterior, la persona titular del Departamento de Justicia podrá determinar la suspensión transitoria de los procesos de valoración, con la finalidad de evitar que se desvirtúe el proceso de valoración por el transcurso del tiempo.
2. En el momento en que el número de solicitudes inscritas en la sección primera del registro previsto en el art. 83.2 de este Reglamento sea inferior al triple de los acogimientos constituidos durante el año natural anterior, se reiniciarán los procesos de valoración siguiendo el orden cronológico de las solicitudes presentadas pendientes de valoración.
3. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, los procesos de valoración de solicitudes de adopción de menores con características especiales por razón de la edad, problemas de salud o discapacidades y grupos de hermanos no se interrumpirán.
1. Se crea el Comité de Atención a los Acogimientos Familiares y a las Adopciones, con la finalidad de coordinar, velar, asesorar y potenciar una política global de adopciones y, de acogidas familiares, que tendrá las funciones siguientes:
a) Informar de las propuestas de disposiciones que se presenten en esta materia o formularías.
b) Proponer las actuaciones que permitan una actuación coordinada y favorecedora del trabajo con entidades colaboradoras.
c) Valorar anualmente el proceso de selección de familias y realizar propuestas de funcionamiento.
d) Analizarlos datos anuales de solicitudes de adopción y acogimiento y también de situación.
e) Proponer y favorecerla realización de estudios y evaluaciones globales sobre los acogimientos y-sobre los criterios que se utilizan en estos procesos.
2. El Comité de Atención a los Acogimientos Familiares y a las Adopciones está compuesto por la persona titular del Departamento de Justicia, la persona titular de la Dirección General de Atención a la Infancia, tres profesionales de prestigio, relacionados con la adopción y los acogimientos nombrados por la persona titular del Departamento de Justicia, y un representante designado por cada uno de los consejos de colegios oficiales catalanes de psicólogos, de diplomados en trabajo social y asistentes sociales y de pedagogos.
3. El Comité de Atención a los Acogimientos Familiares y a las Adopciones podrá proponer la creación de grupos de trabajo para temas específicos, en los que podrán tomar parte otros profesionales en los que no concurra la condición de vocales del Comité. Estos grupos serán creados por orden de la persona titular del Departamento de Justicia, para temas concretos y por un tiempo determinado.
4. El Comité de Atención a los Acogimientos Familiares y a las Adopciones se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo, una vez-cada cuatro meses y, extraordinariamente, siempre que lo convoque el presidente a iniciativa propia o a propuesta de un mínimo de tres miembros.
5. La persona titular del Departamento de Justicia presidirá el Comité y podrá ser substituido por la persona titular de la Dirección General de Atención a la Infancia. Un funcionario del Departamento de Justicia ejercerá de secretario y tendrá el apoyo administrativo de este Departamento.
6. La asistencia a las reuniones dará derecho a la percepción de las indemnizaciones que correspondan.
7. Por orden de la persona titular del Departamento de Justicia se regulará el régimen de funcionamiento de este Comité.
1. Se crea el Comité Técnico de Evaluación con las funciones siguientes:
a) Informar respectivamente de las propuestas de resolución sobre la idoneidad de las personas o parejas que deseen adoptar.
b) Informar de los contenidos del proceso de estudio y valoración.
2. Estará compuesto por la persona titular de la Dirección General de Atención a la Infancia, dos funcionarios con responsabilidad en el ámbito de adopciones, y en el ámbito de la asesoría jurídica, hasta tres representantes de las instituciones y entidades colaboradoras en este ámbito, y hasta tres profesionales de prestigio en el ámbito de la adopción.
Podrá recibir asesoramiento exterior y el apoyo administrativo de la Dirección General de Atención a la Infancia.
3. La asistencia alas reuniones dará derecho a percibir dietas.
4. Cada dos años se revisará la composición y se podrán renovar los nombramientos.
5. Por orden de la persona titular del Departamento de Justicia se regulará el régimen de funcionamiento de este Comité y se nombrarán los miembros del Comité.
Por orden de la persona titular del Departamento de Justicia se regularán la organización y el procedimiento de los registros de familias o personas, para el acogimiento simple y para el acogimiento preadoptivo.
1. Contra todas las resoluciones que se dicten en la tramitación de los procedimientos regulados en el presente Reglamento, o contra la falta de resolución en los términos que se establecen, se puede interponer recurso en vía jurisdiccional civil, con aplicación de las normas de la jurisdicción voluntaria, previa reclamación administrativa ante la persona titular del Departamento de Justicia en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución. Esta reclamación administrativa previa no es necesaria en las impugnaciones de las resoluciones de desamparo y de declaración de la asunción de las funciones tutelares por ministerio de la ley.
2. En los procedimientos regulados por los títulos III y IV de este Reglamento, se dará audiencia a las personas interesadas y vista del expediente, excepto de aquellos datos relativos a la idoneidad o que afecten a la intimidad de las familias biológicas o acogedoras de los menores.
3. La falta de resolución por parte de la Administración en los plazos que se fijan en este Reglamento tiene efectos desestimatorios y abre las vías de impugnación establecidas en el apartado 1 de esta disposición.
1. Se crea el Comité Técnico de Evaluación de Declaraciones de Desamparo, como órgano colegiado consultivo de la Administración de la Generalidad en materia de protección de menores desamparados, adscrito a la Dirección General de Atención al Menor, con las siguientes funciones:
a) Emitir informe de las propuestas de resolución sobre la declaración de la situación de desamparo de los menores en situación de alto riesgo social, que a la vez propongan la adopción de una medida que comporte la separación de los menores de su núcleo familiar.
b) Emitir informe de las propuesta de resolución de cambio de medida, si la medida propuesta comporta la separación del menor de su entorno familiar.
c) Emitir informe de las propuestas de resolución de mantenimiento de la medida aplicada, que haya comportado la separación del núcleo familiar, pasados seis meses desde la adopción de esta medida y cada vez que transcurra este período, excepto en los casos de acogida preadoptiva sin oposición, o acordada judicialmente.
d) Informar de los contenidos de los procesos de estudio y valoración para la adopción de medidas que comporten la separación del menor desamparado de su núcleo familiar.
2. Los informes que emite el Comité en cumplimiento de las funciones establecidas en el apartado 1 de esta disposición son preceptivos y no vinculantes, y con carácter general deben ser previos a la resolución que corresponda. No obstante, pueden ser posteriores a la resolución en los casos de urgencia en la adopción de la medida.
3. El Comité debe emitir el correspondiente informe en el plazo máximo de un mes a contar desde la entrada en la Dirección General de Atención al Menor del informe propuesta del equipo técnico. El plazo se puede ampliar hasta dos meses en los casos en que la complejidad del supuesto planteado sea suficiente y fundamentada.
4. En los supuestos de resoluciones adoptadas con carácter urgente, el informe del Comité debe emitirse en el mes inmediatamente posterior a la resolución correspondiente. Si el informe emitido por el Comité fuera de improcedencia de la medida adoptada, la directora general de Atención al Menor debe dictar una nueva resolución que mantendrá o dejará sin efecto la medida.
5. El Comité está formado por la persona titular de la Dirección General de Atención al Menor; dos funcionarios con responsabilidad en el ámbito de protección de menores y uno en el ámbito de asesoría jurídica; hasta dos expertos designados por las instituciones y entidades colaboradoras en este ámbito; un experto designado por la Federación de Municipios de Cataluña y otro experto designado por la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas; y hasta tres profesionales de prestigio en el ámbito de la protección de menores.
6. La Dirección General de Atención al Menor debe dar el apoyo técnico y administrativo al Comité, que también puede ser de asesoramiento exterior en situaciones y casos de especial dificultad o condiciones que así lo requieran, en relación con la conflictividad social o familiar del menor susceptible de declaración de desamparo.
7. La asistencia a reuniones da derecho a recibir las dietas que se aprueben por acuerdo del Gobierno de la Generalidad.
8. Cada dos años debe revisarse la composición y se pueden renovar los nombramientos.
9. El régimen de funcionamiento de este Comité y el nombramiento de sus miembros se regula por orden de la persona titular del Departamento de Justicia.
España: 13:36 h. | China: 20:36 h. | Aviso legal

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