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Timestamp: 2017-04-28 21:58:30+00:00

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Martes 14 de Marzo de 2017Gaceta: LXIII/2SPO-100/69605	Martes 14 de Marzo de 2017Gaceta: LXIII/2SPO-100/69605	Iniciativas Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.Ver Sinopsis Español:La iniciativa tiene como propósito adicionar una fracción VII al artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita, no haber sido Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que haya declarado la validez de la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.Ver Sinopsis Ingles:SYNOPSIS: The purpose of the initiative is to add a fraction VII to article 95 of the Political Constitution of the Mexican United States, to establish that to be elected Minister of the Supreme Court of Justice of the Nation, it is necessary, not to have been a Magistrate of the Court Electoral of the Judicial Power of the Federation that has declared the validity of the election of the President of the Mexican United States.
Sen. Jorge LuisPreciado RodríguezEl que suscribe, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral, 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de estaa Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEADICIONAUNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad. En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones.(SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 2017) En México, el Supremo Poder de la Federación se divide, para su Ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial; dentro de este último se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía en nuestro país. Cuando otros tribunales no han podido solucionar un conflicto de intereses, la Suprema Corte de Justicia es la autoridad que lo resuelve de manera definitiva, por lo que sus decisiones son inapelables. La Suprema Corte está integrada por once Ministros, de los cuales uno es su Presidente. El Senado elige a los Ministros de entre los candidatos que propone el Presidente de la República. Duran quince años en su cargo y tienen a su cargo, entre otros asuntos, juicios de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El juicio de amparo es el medio protector por excelencia de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República. Procede en tres casos específicos: Por leyes o actos de las autoridades que violen garantías individuales; Por leyes o actos de las autoridad federal que restrinjan o vulneren la soberanía de los Estados; y, Por leyes o actos de estos últimos que afecten la competencia federal. Las controversias constitucionales son juicios que se promueven cuando se suscitan conflictos entre poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– o niveles de gobierno –Federal, Estatal o Municipal–, por invasiones de esferas de competencia, que contravengan la Constitución General de la República. Las acciones de inconstitucionalidad se tramitan cuando se presenta una posible contradicción entre normas de carácter general –leyes, decretos, reglamentos o tratados internacionales–, por una parte, y la Constitución General de la República, por la otra, con el objeto de invalidar la norma general o el tratado internacional impugnados, para que prevalezcan los mandatos constitucionales. Por último, la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la posibilidad que tiene ésta de nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así los juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún Estado, para averiguar algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de garantías individuales. Además, la Suprema Corte está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho que constituya la violación del voto público, cuando a su juicio, pueda ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de algún Poder de la Unión. En cualquiera de estas situaciones, la Suprema Corte de Justicia, después de analizar el caso concreto, emite una opinión autorizada que es remitida a los órganos competentes para que, en el supuesto de existir alguna responsabilidad, se inicie la acción correspondiente.
Con fundamento en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un Tribunal Electoral, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. La administración, vigilancia y disciplina de este poder, con excepción de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, corresponden al Consejo de la Judicatura Federal. Existen otros órganos encargados de la administración de justicia que no forman parte del Poder Judicial, tales como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el Tribunal Superior Agrario. En los Estados, el Poder Judicial se encuentra organizado según lo que establecen sus respectivas Constituciones. Generalmente se integra por un Tribunal Superior de Justicia –o Supremo Tribunal de Justicia–, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz, llamados también menores, municipales o de cuantía menor y, en algunos casos, por un Consejo de la Judicatura. En algunos Estados los tribunales en materia electoral, administrativa, laboral –de los trabajadores del Estado y Municipios–, o de menores, forman parte del Poder Judicial, mientras que, en otros, funcionan de manera independiente. (Poder Judial de la Federació, 2006)
De acuerdo a nuestra Carta Magna, para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se requiere lo siguiente: “Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento. Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.”
“Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.”
El procedimiento es sencillo y muy práctico, sin embargo, no se ha observado que puede haber vicio en el procedimiento, ya que como los establece la Constitución General de la República, el ejecutivo propone las ternas al Senado de la República, esto significa que el Presidente de la República tiene la libertad de proponer a los mejores candidatos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 95 de nuestra Constitución General de la República, es decir que en el caso de los Magistrados Electorales del Poder Judicial que hayan dado validez a su elección, podrían ser beneficiados e incluirlos en estas ternas, ya que al día de hoy no está regulado, por ejemplo, en el año 2018 hay elecciones presidenciales y para ser esquemático, véase la siguiente tabla:
2018 Elección de Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente es el que propone las ternas para la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
PERIODO MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
PERIODO DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. VACANTES PARA OCUPAR EL CARGO DE MINISTRO:
Todos los Magistrados Electorales que se encuentran en la presente tabla y que son los responsables de calificar y validar la elección Presidencial en el año 2018, podrían ser propuestos como candidatos a ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
José Ramón Cossío Díaz Período 2003-2018
2016-2023 2018
Margarita Beatriz Luna Ramos Período
2016-2023 2019
José Fernando Franco González Salas Período
2006- 2021
2016-2024 2021
Magdo. Reyes RodríguezMondragón.
2016-2024 2024
Conforme a la tabla anterior, el Tribunal Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos, es decir, de impartir justicia en el ámbito electoral.
También conoce, y en su caso recibe, las controversias a los actos o resoluciones de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. Su labor es diferente a la que realiza dicho Instituto, el cual planea y desarrolla las elecciones, tanto federales como locales, y cumple una función administrativa. (TEPJF, 2017)
Con base en el artículo 99, fracción I y fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [*] el Tribunal Electoral es el responsable del cómputo final de la elección del Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos. A demás, se debe poner atención en el descontento de la sociedad, al no ser un proceso transparente y claro, donde cada vez se ve un proceso con más vicios y corrupción, ya que se elige como se menciona anteriormente a los ministros que integran el Máximo Tribunal Constitucional del país, como ejemplo, se puede ver la siguiente nota informativa:
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/236947/ongs-califican-designacion-de-ministros-como-deficiente [*]
En conclusión,la presente Iniciativa tiene como finalidad, evitar que haya posibles “negociaciones” o “pagos” o vicio en el procedimiento de selección de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que si bien los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior son personas profesionales y con capacidad de poder ocupar el cargo, también es cierto que son los responsables de calificar la elección presidencial, siendo el Ejecutivo Federal quien es responsable de presentar las propuestas a la Cámara de Senadores, por lo que propongo que los Magistrados Electorales del Poder Judicial de la Federación que en su caso, sean los responsables realizar el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no puedan ser parte de la propuesta del ejecutivo para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma propuesta quedaría de la siguiente manera: Dice:
Reforma: Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento. Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento. No haber sido Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que haya declarado la validez de la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que realice la propuesta de ternas conforme al artículo siguiente. Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
Por lo expuesto en párrafos anteriores, someto a consideración de este honorable Soberanía el siguiente:
ÚNICO: Se adiciona una fracción VII al artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la manera siguiente:
Salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de febrero de 2017.
[*]“ Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.
La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.
[*]“México, DF.- Decenas de organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación frente al que calificaron como un “deficiente” proceso de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en curso. En conferencia de prensa, aseguraron que hay ausencia de transparencia en la elección de candidatos y que se ha mostrado carente de criterios objetivos y preestablecidos.
Las organizaciones recomendaron establecer en la ley un procedimiento claro y transparente, donde se garantice la participación de la sociedad en general y enfatizaron la necesidad de que los senadores sean verdaderos evaluadores y vayan más allá de ratificar a candidatos que se muestran como "candidatos favoritos de la presidencia".
También mencionaron que ninguno de los candidatos propuestos tienen trayectoria en materia de derechos humanos y pidieron despolitizar el proceso y celebrar la economía que debe tener laCorte.”
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69605 INFOMEX

References: artículo 95
 artículo 95
 artículo 71
 ARTÍCULO 95
 artículo 94
 artículo 95
 artículo 99
 Artículo 95

Artículo 95
 artículo 95
 Artículo 99
 artículo 105
 resolución