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Timestamp: 2020-07-02 16:34:10+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 100/01 de Corte Constitucional, 31 de Enero de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43614350
Sentencia de Constitucionalidad nº 100/01 de Corte Constitucional, 31 de Enero de 2001
Fecha de Resolución: 31 de Enero de 2001
Codigo de procedimiento civil. Arts. 2 y 37. Codigo contencioso administrativo. Art. 77. Iniciacion e impulso de procesos. Deberes del juez. Regimen de responsabilidad patrimonial del estado, funcionarios y empleados judiciales. Exequibles.
Sentencia citada en: 35 sentencias, 13 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas
Expediente D-3018
DAÑO ANTIJURIDICO-Definición
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y previo el cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano J.L.P.A. demandó parcialmente los artículos 2° y 37 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 77 del Código Contencioso Administrativo.
Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran.
Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este código le otorga.
Prevenir, remediar y sancionar por los medios que este código consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad y probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal.
Emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias.
Guardar reserva sobre las decisiones que deban dictarse en los procesos, so pena de incurrir en mala conducta. El mismo deber rige para los empleados judiciales.
Dictar las providencias dentro de los términos legales; resolver los procesos en el orden en que hayan ingresado a su despacho, salvo prelación legal; fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal, y asistir a ellas.
Hacer personal y oportunamente el reparto de los negocios.
Decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, o aquélla sea oscura o incompleta, para lo cual aplicará las leyes que regulen situaciones o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional, la costumbre y las reglas generales de derecho sustancial y procesal.
Verificar verbalmente con el secretario las cuestiones relativas al proceso, y abstenerse solicitarle por autos informes sobre hechos que consten en el expediente.
Respecto al artículo 77 del Código de Contencioso Administrativo, asevera que éste se ajusta plenamente a lo dispuesto por la Carta Política puesto que se limita a señalar la procedencia de la acción de repetición del Estado contra el agente que ha causado el daño por su conducta dolosa o gravemente culposa, en los términos expuestos en el inciso 2 del art. 90 CP. Por último, aclara, que el actor se equivoca al afirmar que la norma demandada se refiere al funcionario judicial como sujeto pasivo de la acción de repetición, pues, por el contrario, "la expresión `funcionarios' contenida en la norma demandada, es predicable de todos los agentes del Estado, con excepción de los funcionarios y empleados judiciales, los cuales son responsables en los términos del artículo 72 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia."
El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado y de los funcionarios y empleados judiciales
Respecto a la noción de daño antijurídico, ya esta Corporación, siguiendo la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha indicado que éste puede definirse como aquella lesión patrimonial o extrapatrimonial, causada en forma lícita o ilícita, que el perjudicado no está en el deber jurídico de soportar. Sentencia C-333/96 (MP A.M.C.. De esta manera, la responsabilidad del Estado podría configurarse no solo cuando el daño es el resultado de una actividad irregular o ilícita, sino también, cuando en el ejercicio normal de la función pública se causa lesión a un bien o derecho del particular, el cual no está obligado a soportar. No obstante, para que el Estado deba responder patrimonialmente, no basta con que se cause el perjuicio antijurídico sino que éste haya sido causado por alguna autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.
2.2. Los anteriores criterios constitucionales de responsabilidad del Estado y de sus agentes, son retomados por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Capítulo VI del Título III de la Ley 270/96), al regular lo relacionado con la responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales. En efecto, el artículo 65 de la Ley reitera que el Estado tiene la obligación de responder por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción u omisión de sus agentes judiciales. En tal sentido, señala expresamente, que el Estado responderá por (1) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, (2) el error jurisdiccional y (3) la privación injusta de la libertad. Al estudiar la exequibilidad de la norma, la Corte precisó que si bien ésta solo contempla la responsabilidad estatal cuando se presenta "falla en el servicio" de la administración de justicia, ello no implica que se limite el artículo 90 de la Carta, pues éste se aplica directamente a todos los casos. Sentencia C-037/96 (MP V.N.M..
"El artículo interpreta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 90 constitucional. Adicionalmente, resulta propio de los aspectos que deben ser regulados por una ley estatutaria de administración de justicia el fijar un procedimiento - que, por lo demás respeta los principios esenciales del debido proceso - para hacer efectiva la acción de repetición en los casos de responsabilidad del Estado. En iguales términos, estima la Corte que se ajusta a la Carta Política el hecho de que se excluya el ejercicio de la acción de repetición en los procesos penales, pues para ello el Estado se podrá constituir en parte civil dentro del respectivo trámite judicial y lograr, así, la reparación de los perjuicios causados por la acción dolosa o gravemente culposa del funcionario." Sentencia C-037/96 (MP V.N.M..
"Según el inciso segundo del art. 90 de la Constitución, sólo en el evento de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial del daño antijurídico, que haya sido determinado por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, puede aquél repetir lo pagado contra éste. Ello significa, en consecuencia, que los perjudicados no pueden reclamar directamente del funcionario la indemnización por el daño. Con ello se garantiza, de un lado, la reparación al perjudicado, porque queda debidamente asegurada con el respaldo patrimonial del Estado, y, de otro, se consigue que pueda establecerse dentro del proceso el dolo o la culpa grave del funcionario en los hechos dañosos, para efectos de la acción de repetición." Sentencia C-430/00 MP (A.B.C.).
2.3. De acuerdo con lo expuesto, la Corte estima que no le asiste razón al actor, al afirmar que existe una omisión del legislador respecto a la regulación de la "responsabilidad directa patrimonial de los jueces". Si bien es cierto que el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, que establecía la responsabilidad patrimonial de jueces por los perjuicios que causaran a las partes procesales, ha sido subrogado por las disposiciones de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como lo indicó esta Corporación en la Sentencia C-244A/96 (MP J.G.H.G., no puede considerarse que en la normatividad vigente haya un vacío sobre la referida materia. En efecto, respecto al régimen de responsabilidad patrimonial de los funcionarios judiciales consagrado en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Corporación sostuvo lo siguiente:
"(...), la normatividad estatutaria recoge todas las disposiciones anteriores referentes a la responsabilidad patrimonial de los jueces, en cuanto plasma de manera integral la pertinente regulación del tema, con unas determinadas causales y bajo ciertos criterios, que no en todos los aspectos coinciden con las normas precedentes, pues el estatuto en nada depende de las disposiciones que venían rigiendo, a la vez que concentra en el Consejo de Estado y en los tribunales administrativos la competencia para definir lo relativo a tal responsabilidad, reiterando la procedencia de la acción civil de repetición de la que es titular el Estado cuando se le hubiere condenado, sin perjuicio de las sanciones que se deriven de aquellas conductas que puedan configurar hechos punibles.
Ello significa que los particulares afectados por perjuicios que hayan tenido origen en el dolo o en la culpa grave de quienes administran justicia deben actuar ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por el mecanismo de la reparación directa, con base en cualquiera de las causales señaladas en el nuevo ordenamiento. Tan sólo después, como consecuencia del fallo adverso, el sistema que el legislador estatutario consagró hace posible la acción de repetición a favor del Estado, salvo el caso del llamamiento en garantía." Sentencia C-244A/96 (MP J.G.H..
El régimen de responsabilidad de los agentes judiciales y las normas demandadas
Además, lo consagrado por los apartes demandados de los artículos 2 y 37 del C.P.C., se adecua a lo dispuesto por el artículo 228 de la Carta Política y por el artículo 4 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (L.270/96), respecto a la necesaria observancia de los términos procesales por parte de los agentes judiciales. Estas disposiciones de naturaleza superior estatuyen el principio de celeridad como un deber fundamental en la administración de justicia. De esta forma, el artículo 228 consagra que "(...)Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.(...)."Así mismo, el artículo 4 de la Ley 270 de 1996 dispone:
"(...), el derecho fundamental de acceder a la administración de justicia implica necesariamente que el juez resuelva en forma imparcial, efectiva y prudente las diversas situaciones que las personas someten a su conocimiento. Para lograr lo anterior, es requisito indispensable que el juez propugne la vigencia del principio de la seguridad jurídica, es decir, que asuma el compromiso de resolver en forma diligente y oportuna los conflictos a él sometidos dentro de los plazos que define el legislador. Por ello, esta Corporación ha calificado, como parte integrante del derecho al debido proceso y de acceder a la administración de justicia, el "derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos" Corte Constitucional. Sentencia No. T-006/92, citada.. Lo anterior, por lo demás, resulta especialmente aplicable para el caso de los procesos penales, pues, como la Corte señaló: "Ni el procesado tiene el deber constitucional de esperar indefinidamente que el Estado profiera una sentencia condenatoria o absolutoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad" Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 7. Sentencia No. T-450 del 12 de octubre de 1993. Magistrado Ponente: A.M.C...
Consecuencia de los argumentos precedentes, fue la consagración en el artículo 228 superior del deber del juez de observar con diligencia los términos procesales y, principalmente, de sancionar su incumplimiento. Por ello, la norma bajo examen establece que de darse esta situación, el respectivo funcionario podrá ser sancionado con causal de mala conducta. La Corte se aparta así de las intervenciones que cuestionan este precepto, pues, como se vio, él contiene pleno respaldo constitucional. Sin embargo, debe advertirse que la sanción al funcionario judicial que entre en mora respecto del cumplimiento de sus obligaciones procesales, es asunto que debe ser analizado con sumo cuidado. En efecto, el responsable de evaluar la situación deberá estimar si dicho funcionario ha actuado en forma negligente o si, por el contrario, su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación de responsabilidad, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable. (...)." (C-37/96 M.P.V.N.M.)
"(...) la referida norma [art.78 CCA] debe ser entendida bajo la idea de que sólo después de que se declare la responsabilidad y se condene a la entidad pública, es cuando ésta puede repetir contra el funcionario. De manera que con la demanda simultánea de la entidad y del agente no se vulnera la mencionada norma constitucional, sino que se atiende a la economía procesal, porque en un mismo proceso se deduce la responsabilidad que a cada uno de ellos corresponde.

References: artículo 77
 artículo 77
 artículo 72
 artículo 65
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 40
 artículo 228
 artículo 4
 artículo 228
 artículo 4
 artículo 228