Source: https://frentepolisario.es/memorandum-proclamacion-rasd/
Timestamp: 2020-06-03 16:46:12+00:00

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El primero se refiere a la legitimidad de la proclamación de la independencia del pueblo saharaui. Esta legitimidad natural procede de la cualidad y de la dignidad inherente a todo pueblo. Se impone pues en la «cuestión del Sahara Occidental». Ha justificado la proclamación de la República, el 27 de febrero de 1976.
El segundo tema concierne a la legalidad de la proclamación de la independencia. En efecto, la proclamación de la independencia en el Sahara Occidental se produce conforme a la legalidad internacional, y especialmente al derecho elaborado por la Organización de las Naciones Unidas y consagrado por el Tribunal Internacional de Justicia.
El cuarto tema evoca la representatividad del Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática y del Frente Polisario. No es necesario justificar tal representatividad y tal autenticidad con argumentos más o menos laboriosos o sofisticados. Esta representatividad procede de una idea y una situación que no cabe imaginar más sencilla. En las circunstancias actuales -históricas para el Sahara Occidental y el pueblo saharaui- debe ser considerado lógicamente como representativo, es decir, como regularmente investido, todo gobierno, todo partido, todo movimiento nacional, toda agrupación, todo individuo, que proclame su plena adhesión a la legitimidad y la realidad internacionales antes evocadas. Estos son hoy el Gobierno de la R.A.S.D. y el Frente Polisario. y ese es, históricamente, su honor. Declaran aquí, con toda la solemnidad requerida, su adhesión total y sin reservas a esos objetivos de independencia queridos por el pueblo saharaui y la comunidad internacional.
4) la independencia es la «situación» más natural para todo pueblo.
Basándose en ese derecho, España ¡que ha olvidado demasiado pronto!- sostuvo ante el Tribunal Internacional de Justicia que «los títulos históricos, pretendidos o verdaderos, no pueden prevalecer ante el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. Todo territorio no autónomo tiene una condición jurídica internacional, un estatuto jurídico propio en el derecho internacional contemporáneo» (exposición escrita del Gobierno español, párrafo 350).
«Todo territorio no independiente posee una condición jurídica internacional regida y justificada por el derecho internacional, y su población es titular del derecho de autodeterminación» (párrafo 350 de la misma exposición).
La Organización de Naciones Unidas lo calificó de tal en numerosas resoluciones. La resolución 3162 (XXVIII) del 14 de diciembre de 1973 habla de «pueblo» saharaui (párrafo 6Q del preámbulo) si el término II pueblo» , que es el más apropiado, ha visto el dia tardiamente en las resoluciones de las Naciones Unidas, es menos por negar su existencia política o sociológica que por sacrificar consciente o inconscientemente a la hipocresía del vocabulario tanto como a la situación colonial, a un pueblo que evoca una situación normal de independencia incompatible con el mantenimiento de la situación colonial en la que se encontraba el pueblo saharaui.
Este Tribunal ha comprobado la existencia de lazos diversos entre el Sahara y sus vecinos, como existen entre muchos otros países del mundo que tienen fronteras comunes, especialmente en África y el mundo árabe. Pero para borrar todo equivoco, mostró con especial cuidado que el Sahara Occidental siempre ha tenido una existencia independiente: que antes de la colonización nunca estuvo sometido a ninguna soberanía externa de hecho ni de derecho. No existía, subrayó, ningún lazo de soberanía entre él y sus vecinos y la única legitimidad en materia de poder y soberanía no podía residir sino en la voluntad del pueblo saharaui para decidir libremente su porvenir.
En efecto, la historia del Sahara Occidental no empieza con la colonización española.
El Sahara Occidental siempre ha constituido una entidad independiente, a pesar de la originalidad de sus estructuras y de sus características particulares.
A pesar de las invasiones extranjeras que se han sucedido en el Sahara, el pueblo saharaui ha conservado su identidad propia y su soberanía, bajo la autoridad de sus jefes, algunos de los cuales han adquirido notoriedad legendaria.
La situación geográfica privilegiada que ocupa en la región el Sahara Occidental hacía de él, antes del desarrollo de los medios de transporte modernos, un lugar de paso ideal entre el Norte y el Sur, entre la costa y el interior del África occidental, sobre todo para los comerciantes.
A pesar de su tenaz resistencia, el Sahara Occidental, como tantos otros países africanos, será sometido progresivamente al yugo colonial a partir de 1884.
El Sahara Occidental ha sufrido mucho tiempo el yugo del colonialismo español. Éste, como las demás fuerzas coloniales que habían sometido continentes enteros, a pesar de los medios de que dispone, no consiguió hacer desaparecer ni transformar la personalidad del pueblo saharaui.
La proclamación de la independencia del Sahara Occidental se inscribe rigurosamente en la línea de las decisiones de la comunidad internacional, especialmente las resoluciones de las Naciones Unidas, de la OUA., de la Conferencia de Países No Alineados y otros órganos internacionales. En ese sentido, la proclamación de la independencia saharaui es perfectamente conforme a la legalidad internacional.
Desde 1966, las Naciones Unidas, con notable constancia, han definido el proceso de descolonización aplicable al Sahara occidental, conforme a la declaración 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960 sobre la concesión de la independencia a los países y a los pueblos colonizados. Han elaborado el método a seguir para la descolonización rápida y propuesto una consulta de la población autóctona por medio de un referéndum organizado bajo los auspicios y el control de las Naciones Unidas.
Como ha recordado el Tribunal Internacional de Justicia, el principio de libre autodeterminación debe aplicarse inmediatamente a todas las situaciones coloniales (párrafo 55 del dictamen consultivo del 16 de octubre de 1975, sobre el Sahara Occidental). Por su parte, la declaración 1514 (XV) antes citada subraya «la necesidad de poner fin incondicional y rápidamente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones». La misma resolución 1514 (XV) dispone con fuerza que «todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación» .
Desde 1966, fecha en la cual el Comité especial fue encargado de estudiar la situación en lo que concierne a la aplicación de la «Declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos colonizados», las Naciones Unidas han definido ne varietur el proceso de descolonización del Sahara Occidental. En consecuencia, la resolución 2229 (XXI) ha invitado «a la potencia administradora a disponer lo antes posible, de conformidad con las aspiraciones de la población autóctona del Sahara español y en consulta con los gobiernos marroquí y mauritano así como toda otra parte interesada, las modalidades de la organización de un referéndum que se realizará bajo los auspicios de la Organización de Naciones Unidas para permitir a la población autóctona del territorio ejercer libremente su derecho a la autodeterminación» .
La resolución 2229 (XXI) ha servido de modelo a una serie de disposiciones sobre el Sahara que eran idénticas en su sustancia (ver resoluciones 2354 (XXII) del 19 de septiembre 1967; 2428 (XXXII) del 18 de diciembre 1968; 2591 (XXIV) del 16 de diciembre 1969: 2711 (XXV) del 14 de diciembre 1970: 2983 (XXVII) del 14 de diciembre 1972; y 3162 (XXVIII) del 14 de diciembre 1973). Las Naciones Unidas han reiterado en términos cada vez más precisos la necesidad de consultar a la población del territorio sobre su porvenir político en las condiciones exigidas de libertad y autenticidad. Especialmente la resolución 2983 (XXVII) de 1972 reafirmaba «la responsabilidad particular de la ONU. en todas las consultas que deben desembocar en la expresión libre de la voluntad de las poblaciones».
La resolución 3162 (XXVIII) de 1973 reafirmaba «su adhesión al principio de autodeterminación y su cuidado de ver aplicarse este principio en un marco que garantice a los habitantes del Sahara bajo dominación española la expresión libre y auténtica de su voluntad, conforme a las resoluciones pertinentes de la ONU. en este dominio.
En breve: como ha señalado el Tribunal, el proceso de descolonización que debe ser acelerado es un proceso que respete el derecho de las poblaciones del Sahara Occidental para determinar su status político futuro por la libre expresión de su voluntad. Este derecho no se ve modificado ni por la presente investigación para dictamen consultivo ni por la resolución 3292 (XXIX) que lo reafirma expresamente, todo lo contrario. El derecho de estas poblaciones a la autodeterminación constituye pues un elemento de base de las preguntas dirigidas al Tribunal (párrafo 70 del dictamen).
El comité Especial de Naciones Unidas encargado de estudiar las condiciones de aplicación de la declaración 1513 (XV) sobre la concesión del derecho a la independencia a los países y pueblos colonizados, en su resolución del 16 de noviembre 1966, adoptada en la sesión 479, se había referido expresamente al «ejercicio del derecho de la población autóctona del Sahara a la autodeterminación ya la independencia II.
Como consecuencia, la Asamblea General de las Naciones unidas ha afirmado el derecho del pueblo saharaui a la independencia. Así, en su resolución 2983 (XXVII) del 14 de diciembre 1972, ha reafirmado, por cuatro veces «el derecho inalienable de la población del Sahara a… la independencia» (párrafo 12,42 y 52 de las disposiciones de la resolución precitada).
En estas condiciones, la adopción por la Asamblea General de las resoluciones sobre el Sahara Occidental, y la aceptación de estas resoluciones por la potencia administradora y los demás Estados a los que se considera interesados e implicados, ha creado (según el propio parecer de España, que lo sostuvo ante el Tribunal pero lo ha olvidado recientemente) una situación jurídica objetiva en relación al territorio del Sahara. De esta situación se desprenden el reconocimiento de los derechos del pueblo de este territorio y el establecimiento de obligaciones a cargo de la potencia administradora.
La proclamación de la independencia es conforme, pues, no sólo con la legitimidad internacional extraída del derecho de todo pueblo a la independencia, sino igualmente con la legalidad internacional creada por la situación jurídico-política reconocida al Sahara Occidental ya su pueblo.
El proceso de esta descolonización ha sido rigurosamente trazado para el Sahara Occidental por el conjunto de la comunidad internacional, expresando las aspiraciones profundas del pueblo saharaui.
Por el acuerdo tripartito de Madrid, dos de las partes que se dicen interesadas y España han alterado gravemente el proceso y las modalidades de la descolonización del Sahara, ignorado peligrosamente el estatuto internacional del territorio, desconocido de forma intolerable el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y se han burlado miserablemente de las obligaciones internacionales de la potencia administradora.
Abofeteando el derecho natural de todo pueblo, y del pueblo saharaui en particular, a la independencia, y tirando a la papelera de la historia todas las decisiones adoptadas por la ONU. sobre esta cuestión, los tres Estados han desnaturalizado gravemente el contexto y el problema de fondo de la descolonización del Sahara Occidental, ahogando el derecho de los saharauis a la autodeterminación, o en la peor de las hipótesis, haciendo de ese derecho un simple reflejo de las ambiciones ilegales e ilegítimas de Marruecos y Mauritania. Atentaban contra uno de los principios fundamentales de la moral de la civilización universal, resultado de la lucha milenaria de los pueblos: el derecho a la libertad, que es lo que para los pueblos significa la autodeterminación.
Así, se ha excluido completamente el problema de la descolonización verdadera del Sahara Occidental y transformado en anexionismo, es decir, en una nueva colonización, el proceso de descolonización largamente buscado por Naciones Unidas.
Esta negación de un proceso natural, legal y lógico de descolonización relacionado con el estatuto internacional del territorio y las aspiraciones legítimas de su pueblo a la autodeterminación ya la independencia, ha roto en pedazos todo lazo de continuidad entre ese estatuto del Sahara Occidental y su libre futuro.
El jurista español Federico de Castro, miembro del Tribunal Internacional de Justicia, precisó que España no tenía y no tiene cualidad para ser parte en una querella entre Marruecos y otro Estado sobre los títulos de soberanía actuales o pasados concernientes a un territorio no autóctono y del que ella era potencia administradora. España no sabría ni reconocer el derecho de otro Estado a reivindicar el territorio, ni admitir la existencia de títulos de soberanía, ni decidir sobre su explotación en común, ni atribuirse a sí misma esa soberanía… La potencia administradora no podía ignorar tampoco que ella no tenía ni el poder de disponer del derecho a la autodeterminación reconocido a los saharauis por ocho resoluciones de la Asamblea General y por las partes interesadas e implicadas, ni podía desconocer ese derecho».
Dicho acuerdo no es un acuerdo de gestión sino de disposición. Si desde el punto de vista de la ONU. la potencia administradora, que no tiene soberanía sobre el territorio saharaui, procede por delegación de la comunidad internacional de los poderes de gestión de dicho territorio hasta el día de su autodeterminación, en ningún caso le sería dado gozar de un poder de disposición. Desde este punto de vista, España ha sobrepasado gravemente su competencia como potencia administradora en una proporción que pone en peligro los derechos del pueblo saharaui, reconocidos sin embargo solemnemente por ella misma y, desde ha- ce diez años, por el conjunto de la comunidad internacional. En tanto que potencia administradora, España debía limitarse a realizar actos de gestión en el Sahara Occidental, sin perder de vista que no era sino la fiel comisaría de las Naciones Unidas, sujeta por sus compromisos hacia éstas, lo que la obligaba a ejecutar fielmente su política de descolonización.
Por otra parte, la invalidez del acuerdo de Madrid procede de la cualidad de sus contratantes, en el sentido de que ni España ni los otros dos Estados firmantes, Marruecos y Mauritania, que son Estados terceros con relación a la descolonización del Sahara por la autodeterminación de su pueblo, estaban cualificados para disponer de un territorio y un pueblo que les son extraños, y que seguirán siéndolo mientras este pueblo no se haya pronunciado por un acto libre y auténtico.
Es manifiesta la incompetencia de España para firmar con Estados terceros un acuerdo que vincule la suerte de un territorio y una población que le son extraños. Dicha incompetencia brota del hecho del carácter ((separado y distinto(( del territorio saharaui en relación al territorio español, en el sentido de la resolución 2625 (XXV) antes citada. Se desprende también del hecho de que el pueblo saharaui, que no se confunde política ni jurídicamente con el pueblo español, era titular de manera definitiva e intangible del derecho a la autodeterminación, lo que descalifica a todo otro pueblo o todo otro Gobierno para pronunciarse en su lugar sobre el propio destino. Se desprende finalmente del hecho de que España no poseía la soberanía sobre el Sahara Occidental, única que le hubiera podido dar fundamento para concluir un acuerdo de disposición como el del 14 de noviembre 1975.
En cuanto a Marruecos y Mauritania, partes también del acuerdo de Madrid, no pueden ser considerados más que como Estados terceros, ya que el Tribunal Internacional de Justicia había confirmado lo que la propia España había sostuvo con tanta constancia antes, a saber: que no existía «soberanía nacional marroquí(( (ni mauritana) en el Sahara Occidental; ni tampoco, con más razón aún, «posesión inmemorial marroquí».
Desde este punto de vista, conviene recordar que el Tribunal había concluido que la noción de integridad territorial menciona- da en el párrafo 6 de la resolución 1514 (XV) ha sido interpreta- do de manera errónea por Marruecos, y que la integridad territorial de Marruecos no podía ser puesta en juego sobre el Sahara Occidental más que en tanto que existiera una soberanía territorial marroquí sobre esta región, lo que no era el caso según las investigaciones que el Tribunal había realizado si se trata del objeto del acuerdo, no cabe duda de que es ilegal. Desde este punto de vista, la ilegalidad del acuerdo tripartito de Madrid el 14 de noviembre 1975 aparece doblemente.
En particular, esta última resolución, en su decimosexto considerando, plantea con fuerza, como un caso de agresión caracterizado, el que se falte «al deber de los Estados de no recurrir al uso de la fuerza armada para privar a los pueblos de su derecho a la autodeterminación, a la libertad ya la independencia».
La misma resolución que define la agresión subraya, en su artículo 7, la licitud del apoyo dado a los pueblos que, como el pueblo saharaui, luchan en tales condiciones contra los ejércitos de invasión para obtener su derecho a la autodeterminación: «Nada en la presente definición…», se lee en dicho artículo, «podrá de alguna manera traer perjuicio al derecho a la autodetermina- ción, a la libertad ya la independencia tal como se desprende de la Carta, de los pueblos por la fuerza de ese derecho y al que hace referencia la declaración relativa a los principios del derecho internacional respecto a las relaciones amistosas y de cooperación entre Estados conforme a la carta de las Naciones Unidas, sobre todo los pueblos que están sometidos a regímenes coloniales…, así como al derecho de esos mismos pueblos a luchar con este fin y buscar y recibir un apoyo conforme a los principios de la Carta y en conformidad con la declaración antes mencionada II.
Era imperativo, era vital para el pueblo saharaui reaccionar a este acuerdo tripartito que hacía de él un condenado a muerte y de la independencia del Sahara Occidental un espejismo hábil- mente borrado por la conjura de Madrid. Estaba en juego la misma supervivencia del pueblo saharaui.
Garantizado en su derecho a la autodeterminación por solemnes compromisos de la comunidad internacional y con la promesa de una independencia próxima, el Sahara Occidental representa la excepción, el caso único e intolerable de una joven nación que se quiere muerta al nacer por los golpes conjurados del «Triplicio» de Madrid. He aquí por qué ese drama, ese error consciente cometido en la vía abierta a todos de la descolonización, es más cruel y más insoportable en un mundo que se libera de los demonios de la dominación y del expansionismo.
La descolonización del Sahara Occidental no ha sido hecha, pues, según el procedimiento propuesto por la o. N. U. Evidentemente, no se puede culpar de ello al pueblo saharaui, por dos series de razones:
Así, ante la negativa permanente de España a organizar el referéndum de autodeterminación y la imposibilidad de que la ONU. le obligara a hacerlo, el pueblo saharaui comenzó la lucha de liberación. Las Naciones Unidas reconocieron la legitimidad de esta lucha recomendando incluso a todos los países miembros que la apoyaran. Un gran número de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas admitieron, en efecto, la legitimidad y legalidad de la lucha armada por la liberación nacional. Las luchas por la independencia de los pueblos han ido conduciendo a considerar las guerras de reconquista colonial como «crímenes contra la humanidad, como las calificó la resolución A/2270. Por otra parte, y según la resolución A/2625 (XXV) del 14 de diciembre 1970 que incluye la «Declaración de los siete principios del derecho internacional sobre las relaciones amistosas y la cooperación entre Estados», los pueblos dependientes tienen el derecho de tomar las armas para liberarse y los Estados de la comunidad internacional el deber de ayudarles.
El acceso a la independencia del Sahara por una proclamación unilateral y no como consecuencia de un referéndum es pues plenamente legítimo y plenamente conforme al derecho ya los principios de la ONU.
2- El hecho de que no haya sido aplicado el procedimiento recomendado por la ONU. no puede imputársele al pueblo saharaui. Aunque haya declarado siempre que su derecho a la independencia no tenía por qué ser sometido a premisa alguna, este pueblo estaba dispuesto a cooperar en la organización de una consulta bajo la égida de la ONU. Pero el colonizador, a pesar de sus promesas reiteradas, se negó a organizar el referéndum hasta el momento en que se vio obligado a abandonar la mayor parte del territorio saharaui. Entonces coronó con una última infamia su vergonzosa carrera colonial. Por medio de sórdidas transacciones, se comprometió a ayudar a dos Estados expansionistas a satisfacer su codicia anexionándose el Sahara.
Excluida, pues, como posibilidad y convertida en imposible la organización de un referéndum por la «potencia administradora», al pueblo saharaui no le quedaba más que elegir entre dos soluciones: o bien prestarse a una recolonización bipartita, es decir, aceptar definitivamente que se le tachara de la historia, o bien completar la liberación de su país, y ante todo reafirmar su derecho a la existencia recobrando el ejercicio de su sobera- nía nacional. Esto fue lo que hizo, proclamando en particular su independencia y dotándose de instituciones estatales normales.
Firmando el acuerdo del 14 de noviembre 1975 por los términos del cual España cede a Marruecos y Mauritania el Sahara Occidental, el Gobierno español acaba de cometer el acto político más infame que haya cometido jamás potencia colonial alguna, al disponer de un territorio que pertenece con toda legitimidad y toda legalidad al pueblo saharaui. España, que ya había expoliado este territorio en un contexto general de descolonización, no posee ningún derecho sobre el Sahara Occidental para disponer de él a su manera de nuevo.
No es necesario justificar esta representatividad y esta autenticidad con argumentos más o menos laboriosos o sofistica- dos. Procede de una idea o una situación sencillas a más no poder. En las circunstancias actuales -históricas para el Sahara Occidental y el pueblo saharaui- debe ser lógicamente considerado como representativo, es decir como regularmente investido, todo gobierno, todo partido, todo movimiento nacional, toda agrupación, todo individuo, que declare su plena adhesión a la legitimidad ya la legalidad internacionales antes evocadas. El Frente Polisario y el Gobierno de la RASD. son hoy éstos. Y, históricamente, ese es su honor. Declaran aquí, con toda la solemnidad requerida, su adhesión total y sin reserva a los objetivos de independencia queridos por el pueblo saharaui y la comunidad internacional.
Los éxitos obtenidos por el Frente Polisario, tanto en el interior del Sahara Occidental como en el plano internacional, constituyen la demostración no sólo de su representatividad sino también y sobre todo de la determinación del pueblo saharaui, de su cohesión y de su ardor en el combate para recobrar su soberanía y su independencia.
Por lo demás, la representatividad del Frente Polisario ha sido abundantemente demostrada con hechos. En particular, fue oficialmente comprobada por los observadores calificados de la ONU. La misión de visita enviada lo consideró «el movimiento saharaui de liberación nacional» calificándolo de «fuerza política dominante». Por otra parte, describió ampliamente las entusiastas manifestaciones populares en apoyo del Frente Polisario que reunieron a la casi totalidad de los habitantes de las ciudades y localidades visitadas.
El Gobierno de la RASD. goza igualmente del apoyo de los medios que en los últimos tiempos han quedado al margen del combate liberador, y que tras la firma del acuerdo de Madrid se han agrupado alrededor del Frente Polisario para celebrar la asamblea general del pueblo saharaui (del 28 de noviembre al 30 de diciembre 1.975 en Guelta y Mahbes}. Esta asamblea comprendía a todas las capas sociales ya todas las corrientes, incluso quienes hasta el último momento tuvieron confianza en el colonizador. Así por ejemplo, el Gobierno de la RASD. es apoyado por la mayor parte de los miembros de la antigua Yemáa, con la que contaban los firmantes del infame acuerdo de Madrid para dar la impresión de consultar «a algo que fuera saharaui».
Naturalmente, la Yemáa no representaba al pueblo saharaui y el hecho de «consultarla» no hubiera dado ninguna legalidad a la recolonización del Sahara. Pero de todas formas, la Yemáa no está disponible para desempeñar ese papel. Se disolvió por sí misma tras haber denunciado el acuerdo de Madrid y sus miembros se unieron al Frente Polisario para apoyar la independencia ya su país. Es el caso igualmente de la mayor parte de los jefes de tribu, como de los saharauis que residen en el exterior, que regresan en masa al país para participar en su defensa. Su movilización espontánea da testimonio de la determinación y la cohesión de este pueblo y lo refuerza.
La legitimidad de la proclamación de la independencia saharaui ha sido inmediatamente confirmada con brío por el concierto de las naciones africanas. El 29 de febrero de 1976 (apenas dos días después del nacimiento de la RASD.), el Consejo de Ministros de la OUA. adoptaba por consenso una declaración que decía «como todo pueblo, el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación ya la independencia. Este derecho lo ha ejercido efectivamente creando un Estado independiente y soberano, la RASD.»

References: resolución 
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 artículo 7
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