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Timestamp: 2019-12-14 10:29:32+00:00

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¿Cómo me divorcio?: Posibilidades ante la legislación actual. En especial, el divorcio ante notario.
Cuando se nos viene a la mente un proceso de divorcio, lo imaginamos como un camino tortuoso, costoso y prolongado. Sin embargo, no necesariamente tienen que reunirse estas circunstancias. No vamos a decir que divorciarse es un “camino de rosas”, pero no sólo hay una vía para llegar al fin. Los caminos son varios y dependerá de las circunstancias de cada caso adoptar uno, u otro.
En primer lugar, debemos hacer referencia a una novedad legislativa muy importante y es la introducida en el Código Civil de la mano de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria. Hablamos de la posibilidad de tramitar el proceso de divorcio, bien ante notaría, bien ante la Secretaría Judicial. Así, el apartado veintiuno de la Disposición Final Primera de la mencionada Ley de Jurisdicción Voluntaria modifica totalmente lo previsto en el artículo 87 del Código Civil, introduciendo esta posibilidad. Sin embargo, debemos concretar qué casos pueden acogerse a esta posibilidad, y cuáles serían los pasos a seguir en estos supuestos.
El primer requisito para que el divorcio pueda tramitarse por la vía de la nueva redacción de artículo 87 del Código Civil es que exista mutuo acuerdo. Es decir, si existen discordancias, bien en el hecho propio del divorcio, bien en las medidas reguladoras del mismo, no podremos acudir a esta posibilidad, aunque bien es cierto que las medidas que suelen ser más conflictivas en estos casos (patria potestad, guarda y custodia) no pueden adoptarse en este supuesto, y ello por la razón que exponemos a continuación.
Y es que, para que podamos acudir a una notaría y salir con la escritura de divorcio bajo el brazo, será preciso que el matrimonio no tenga hijos menores o, de haberlos, se encuentren emancipados. Así lo requiere la nueva redacción del artículo 82 del Código Civil que, además, precisa, en caso de existir hijos mayores de edad o emancipados la autorización expresa de éstos, en todo aquello que pudiere afectarles.
En cuanto al proceso que debemos seguir, pasa por la redacción de un convenio regulador, que debe tener un contenido mínimo, previsto en el artículo 90 del Código Civil, y que pasa por estos puntos esenciales:
Voluntad inequívoca de los cónyuges de proceder a la separación o divorcio.
Contribución a las cargas del matrimonio, si las hubiera.
Liquidación, en su caso, del régimen económico matrimonial. Es decir, en el caso de encontrarnos ante una sociedad de gananciales, el mismo convenio en el que se acuerda el divorcio puede contener la liquidación de esta sociedad, con el reparto de bienes, derechos y deudas que pudieran existir en la misma.
Para poder suscribir la escritura pública de divorcio, en estos casos, será necesaria la intervención personal de ambos cónyuges, así como que los mismos se encuentren asistidos de Letrado, cuya intervención es obligatoria en virtud del artículo 81.1 del Código Civil.
En cuanto a los efectos, debemos acudir al artículo 83 el Código Civil, que establece como tales la suspensión de la vida en común de los casados, así como la imposibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en ejercicio de la potestad doméstica.
Cabe puntualizar que, si el notario apreciase que el convenio presentado pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial, bien para uno de los cónyuges, bien para los hijos mayores o emancipados (o para alguno de ellos), puede dar por terminado el expediente de divorcio, advirtiendo a los cónyuges de tal extremo (artículo 90.2 CC). En tal caso, los cónyuges deberán acudir, necesariamente, a la vía judicial para proceder a la disolución de su matrimonio.
Ahora bien, ¿qué ocurre si el matrimonio tiene hijos menores? En este caso, sólo podremos acudir a la vía judicial para proceder a la disolución matrimonial, si bien la vía del mutuo acuerdo sigue siendo una opción. En este sentido, las partes deberán suscribir un convenio regulador, en los mismos términos antes descritos pero, esta vez, deberá contener, además, los siguientes pronunciamientos:
Atribución de la patria potestad, que salvo circunstancias muy particulares, es compartida. La patria potestad se refiere al núcleo de decisiones importantes en la vida del menor.
Atribución, de la guarda y custodia, es decir, determinar la persona con quien residen los menores. En caso de que la misma no sea compartida, habrá que establecer, además, un régimen de visitas a favor de quien no ostenta la guarda y custodia.
En su caso, pensiones de alimentos a favor de los menores.
Este convenio regulador se acompaña al juzgado mediante una demanda suscrita, necesariamente, por abogado y procurador. Una vez admitida la misma, los cónyuges tendrán que acudir al Juzgado a ratificar personalmente el convenio presentado. Si existen menores, se dará traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie, siendo así que si aprecia algún perjuicio para los mismos emitirá informe desfavorable, por lo que se requerirá a los cónyuges para la aportación de un nuevo convenio. Si el informe del Ministerio Fiscal es favorable, el Juez, mediante Sentencia, aprobará el convenio y declarará disuelto el matrimonio con las medidas establecidas en el mismo.
Por último, debemos considerar una última posibilidad, y es que no exista acuerdo entre los cónyuges a la hora de establecer las medidas reguladoras del divorcio. En estos casos, nos encontraremos ante un proceso contencioso, previsto en los artículos 769 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que se regirá, con especialidades, por las normas del Juicio Verbal. Es decir, se iniciará por demanda, se seguirá por contestación y vista, para finalizar por una sentencia que, tras valorar los argumentos de las partes y las pruebas practicadas, decretará el divorcio (en todo caso) y las correspondientes medidas aplicables al mismo. Ahora bien, debe tenerse presente que, si el divorcio se tramita mediante un procedimiento contencioso, no puede tramitarse, de forma conjunta, la liquidación del régimen económico matrimonial, para lo que deberá acudirse a otro procedimiento en el que, nuevamente, podemos tomar el camino del acuerdo, o el contencioso.
Lorena Loeches Ruiz.

References: artículo 87
 artículo 87
 artículo 82
 artículo 90
 artículo 81
 artículo 83