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Timestamp: 2018-04-20 22:08:53+00:00

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Derecho de contratación - Apuntes UNED
El llamado derecho de los consumidores
El llamado derecho de los consumidores contiene normas específicas o propias, pero, además, se integra por normas pertenecientes a otras disciplinas jurídicas entre ellas las de D. civil, y D. mercantil. Todas tienen por finalidad contribuir a la protección de consumidores y usuarios dada la insuficiencia de las normas de las disciplinas jurídicas tradicionales fundadas en planteamientos económicos y sociales ya superados. El D. civil contenido en los Códigos decimonónicos, responde a las exigencias de una sociedad agraria, rural y artesana. Se ha dicho de ellos que NO es el D. civil de la alta burguesía ni del capitalismo; es el D. civil de los propietarios y de los poseedores, el de los amos y los criados, más campesino que de la ciudad; más de la «tierra o heredad» que de la fábrica o la industria, que apenas se menciona en su articulado, difícilmente puede constituir instrumento jurídico suficiente para proteger los intereses y dar respuesta adecuada a quienes desarrollan su vida de relación en una sociedad plenamente industrializada, con sistema de producción capitalista, que demanda el constante aumento de producción y la libre circulación de mercancías.
En materia de contratación, el D. civil tiene como principio rector el llamado principio de autonomía privada o de autonomía de la voluntad o dogma de la voluntad. El contrato pertenece a la esfera del «ius dispositivum» o derecho dispositivo o voluntario, manifestándose el dogma de la voluntad en libertad para celebrar el contrato (autodecisión) y libertad para fijar su contenido (autorregulación). El contrato es un acto voluntario, que no se impone, - expresión de la libre voluntad de las partes -, que son también libres para establecer las cláusulas o estipulaciones que estimen conveniente sin más limitación que el respeto a las normas imperativas.
El C. civil español, aparte de la limitación general del artículo 1255 (cláusulas contrarias a la ley, la moral o el orden público), contiene algunas limitaciones a la facultad de autorregular o fijar el contenido de los contratos en otros preceptos. El Art. 1275 cuando establece la nulidad de los contratos de causa ilícita; o cuando en el Art. 1116 declara nulas las obligaciones con condiciones opuestas a las buenas costumbres.
El sistema económico y jurídico moderno ha introducido importantes cambios en el régimen contractual tradicional asentado sobre el dogma de la autonomía privada. De un lado, la aparición de formas contractuales desconocidas en otros tiempos producto de la sociedad consumista y de desarrollo; y de otro, la intervención del Estado y de la Comunidad Europea en la vida económica se ha intensificado de tal manera que el dogma de la autonomía privada ha encontrado limitaciones desconocidas asimismo en otras épocas.
Se ha generalizado también las llamadas relaciones contractuales de hecho nacidas de comportamientos sociales típicos. La utilización o servicios masificados da lugar a comportamientos que, por su significado social típico, producen las mismas consecuencias jurídicas que las que pudieran derivarse de determinada actuación negocial (transportes colectivos en donde, en ocasiones, ni siquiera es preciso la previa adquisición del billete; los sistemas de autoservicio, aparcamientos, etcétera).
La interdisciplinariedad es una característica del Derecho de los consumidores: su contenido se integra por normas que pertenecen a varias disciplinas jurídicas, La parte del D. civil que tiene más incidencia en los derechos de los consumidores y usuarios es el Derecho de obligaciones. Es la parte del D. civil que se ve más afectada por las normas ordenadoras de la defensa de los consumidores.
El fenómeno jurídico denominado obligación forma la trama de la vida jurídica y de relación en general, y tiene su fuente principal en el contrato, así como en ciertos hechos de los que la ley hace derivar relaciones obligatorias. El contrato es el instrumento jurídico por el qué normalmente se desarrolla la actividad de consumo. Mediante él se realiza la actividad económica de intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades cotidianas.
Los contratos de compraventa (incluida la venta a plazos), los de arrendamiento de cosas y servicios, el mutuo o préstamo, en todas sus modalidades, etcétera, constituyen la fuente más común de relaciones jurídicas obligatorias en las que, por lo general, aparece como sujeto -activo o pasivo- el consumidor, entendido como la persona física o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta, como destinatario final, bienes muebles o inmuebles, productos, actividades, funciones de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden (artículo 17 LGDCU).
El sistema contractual de la mayoría de los D. civiles NO protegen específicamente al consumidor, nacido como consecuencia de la desigualdad, cuando se contrata frente a quienes producen y comercializan sus productos y servicios.
En el Derecho español la protección de los consumidores se realiza mediante normas estatales, normas comunitarias y normas autonómicas.
Con la Constitución de 1978 la defensa y protección de los consumidores y usuarios alcanza rango constitucional, como principio rector de la política social y económica. Está recogida en el importante Art. 51.
El derecho de los consumidores en la Unión Europea
En la Unión Europea el Derecho de los consumidores ha tenido una evolución pa- ralela a la de los países miembros. Cuando nace la Comunidad Económica Europea en el año 1957, el Tratado constitutivo, hecho en Roma, no contiene ningún precepto el que se haga alusión de manera expresa a la protección del consumidor.
La Unión Europea, a pesar del silencio inicial, ha propiciado el desarrollado de una importante actividad encaminada a la defensa de los consumidores materializada en numerosas disposiciones.
El primer paso puede considerarse que se dio con el Programa Preliminar para una Política de Protección e Información de las Comunidades de 1975.
En los últimos años de la que suele denominarse primera fase de la Comunidad, la Europa de los mercados, se inicia ya una actividad significativa en este sentido.
El T. de Maastricht dedica el Título XI, que comprende el Art. 129 A, a la protección de los consumidores en estos términos:
« 1. La Comunidad contribuirá a que se alcance un alto nivel de protección de los consumidores:
a) medidas que adopte en virtud del Art. 100 A, en el marco de la realización del mercado interior; b) acciones concretas que apoyen y complementen la política llevada a cabo por los Estados miembros a fin de proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, y de garantizarles una información adecuada.
2. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el Art. 189 A, y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptará las acciones concretas mencionadas en la letra b) del apartado 1.
3. Las acciones que se adopten en virtud del apartado 2 no obstan para que cada uno de los Estados miembros mantenga y adopte medidas de mayor protección. Dichas medidas deberán ser compatibles con el presente Tratado. Se notificarán a la Comisión».
Este precepto reconoce la protección de los consumidores como uno de los fines prioritarios de la Comunidad e insta a que se adopten medidas para alcanzar un alto nivel de protección. Las medidas pueden ser de tres clases:
Medidas tomadas por la propia Comunidad a iniciativa suya.
Medidas de la Comunidades para apoyar y completar las adoptadas por los Estados miembros.
Medidas adoptadas por los Est. miembros de mayor protección, siempre que sean compatibles con el Tratado.
Las primeras medidas se fundan en el principio de competencia; las segundas, en el principio de subsidiariedad y las terceras, en el principio de proporcionalidad.
El T. de la Unión Europea, hecho en Maastricht, el 7 de febrero de 1992, supuso, la reafirmación de la política de los países de la Unión, entre ellos España, de protección de los consumidores mediante el establecimiento de un sistema normativo adecuado.
Desde el T. de Maastricht al T. de Amsterdam, tanto la Comunidad como los Estados miembros han seguido realizando una importante labor en la protección de los consumidores, adoptando distintas disposiciones.
En el ámbito comunitario cabe destacar, entre otras, la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
El T. de Amsterdam consolida toda la política anterior sobre protección de los consumidores, y da, incluso, un paso muy importante en su protección.
Esta nueva regulación está recogida en el Título XIV, que lleva por rúbrica «Protección de los consumidores» y que comprende el Art. 153 (antiguo Art. 129 p), a cuyo tenor:
«1, Para promover las intereses de los consumidores y garantizar un alto nivel de protección, la Comunidad contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, así como a promover su derecho a la información, a la educación y a organizarse para salvaguardar sus intereses.
2. A1 definirse y ejecutarse otras políticas y acciones comunitarias se tendrán en cuenta las exigencias de la protección de los consumidores.
a) medidas que adopte en virtud del Art. 95 en el marco de la realización del mercado interior; b) medidas que apoyen, complementen y supervisen la política llevada a cabo por los Estados miembros.
d. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el Art. 251 y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptará las medidas mencionadas en la letra b) del apartado 3.
5. Las medidas que se adopten en virtud del apartado 4 no obstarán para que cada uno de los Estados miembros mantenga y adopte medidas de mayor protección. Dichas medidas deberán ser compatibles con el presente Tratado. Se notificarán a la Comisión».
El precepto se ha ampliado con dos apartados más, el 1° y el 2°; e1 3°, e1 4° y e1 5°, se corresponden, con un ligera modificación a los apartados 1°, 2° y 3°, del antiguo Art. 129 A.
El 1° apartado introduce dos acciones. Una, encaminada a señalar de qué manera va a contribuir a la protección de los consumidores. Esta protección se realiza en tres frentes protegiendo su salud, la seguridad y los intereses económicos de los mismos. Y la otra, promoviendo su derecho a la información, a la educación y a organizarse para salvaguardar sus intereses. La última tiene una gran relevancia por ser la primera vez que un texto comunitario otorga la consideración de derecho a la protección de los consumidores; hasta ahora sólo se había hablado de proteger a los consumidores, ahora ya se les concede ese derecho. El cambio determina que puedan acudir a los Tribunales si su derecho es conculcado, mientras que antes esto no podía ocurrir.
El 2° párrafo no sólo insta a que se tomen medidas y acciones para su protección, sino que obliga a que cuando esas acciones o medidas se refieran a otras políticas comunitarias tiene que tenerse en cuenta la protección del consumidor; en consecuencia, se expande de manera significativa la protección del consumidor, que se convierte así en principio rector de todas las políticas de la comunidad.
Por tanto, la protección al consumidor tiene una doble cara, porque frente al consumidor es un derecho, pero frente a la Comunidad es un principio rector de toda su política. Por eso debería haberse incluido en el Art. 2 del TUE.
Posteriormente al T. de Amsterdam, la Comunidad ha seguido dictando disposiciones encaminadas a asegurar la protección de los consumidores.
Unificación jurídico-privada de Europa
El Derecho comunitario ha penetrado en el Derecho privado de los Estados miembros, especialmente mediante las normas de protección al consumidor, en el derecho de la contratación, responsabilidad civil, publicidad, etcétera. Hay otras materias en las que igualmente se ha producido esa penetración, aunque no se trate en ellas de protección al consumidor. Así, en materia de sociedades, entidades de crédito, seguros, propiedad intelectual, etcétera. De tal manera que el D. civil comunitario se va expandiendo paulatinamente en detrimento del D. civil interno.
Se ha conseguido, una aproximación de las normas jurídicas vigentes de los Estados miembros de la Comunidad. Aunque se trate de medidas de armonización de carácter sectorial y discontinuo, preguntándose si tienden a constituir los primeros pasos de un proceso más ambicioso, que habría de concluir con la unificación deL Derecho privado de los Estados comunitarios, ta1 vez, con la elaboración de un Código de Derecho privado Comunitario. La cuestión no es nueva en la Comunidad jurídica europea. La oportunidad o conveniencia de la unificación del Derecho privado europeo, hasta que en 1980 un grupo de juristas independientes constituyó la comisión sobre Derecho europeo de contratos, conocida como comisión LANDO, por ser el nombre de su presidente. Los esfuerzos realizados por la comisión a lo largo de estos años han sido dirigidos a la preparación y elaboración de los que pueden ser los principios generales del Derecho de obligaciones y contratos de los países comunitarios, que estarían destinados a cumplir con la elaboración de un futuro Código contractual europeo, cuya solución aventura, un proceso lento y difícil hacia la unificación jurídico privada en Europa.
El contrato: concepto
El contrato es la fuente principal de las obligaciones. El contrato no es otra cosa que una modalidad del concepto general del negocio jurídico. Es el negocio jurídico por excelencia.
En sentido amplio el contrato equivale a negocio jurídico bilateral, dirigido a crear, modificar o extinguir relaciones obligatorias o a constituir relaciones de otra índole (reales o familiares). En este concepto el contrato se equipara a convención y se extiende a todo el D. civil. Así hay contratos obligatorios, reales, de familia y sucesiones.
En sentido estricto se limita al Derecho de obligaciones y significa todo acuerdo de voluntad de dos o más partes por el que se crea, modifica o extinguen obligaciones Se separa la idea de contrato de la de convención; ésta es el género, aquél la especie. La convención puede tener por objeto la constitución de una relación obligatoria, un derecho real o familiar. El contrato, la constitución de un vínculo obligatorio de carácter patrimonial. Pero el contrato no sólo tiende a constituir una relación obligatoria, sino también a modificar o extinguir la ya creada.
De ahí que se acepte como definición de contrato la siguiente: «Es el negocio jurídico bilateral dirigido a constituir, modificar o extinguir un vínculo jurídico de contenido patrimonial».
El C. civil ofrece una noción estricta de contrato. El Art. 1254 dice que “ El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio». Este Art. funda el contrato en el consentimiento.
Esta definición, sin embargo, no recoge todo el ámbito del contrato, pues no se refiere a la modificación o extinción de las obligaciones que también se realiza de forma contractual.
Aunque el contrato exige pluralidad de personas, es posible que una sola persona realice un contrato, al actuar por sí y en representación de otra, es el llamado autocontrato.
En materia de contratos rige el principio de autonomía privada, que ahora se ve recortado de manera sustancial en el llamado Derecho de los consumidores, que trata de limitar esa autonomía en beneficio de la parte más débil.
La autonomía privada se manifiesta en:
La libertad para celebrar el contrato (auto-decisión), es una consecuencia del derecho fundamental a la libertad (Art. 17 de la CE). Toda persona es libre de contratar o no; el contrato no se impone. Por lo general el contrato surge de la coincidencia de voluntades.
Libertad para fijar su contenido (auto-regulación). La mayoría de las normas reguladoras de los contratos son dispositivas.
Fuerza vinculante del contrato (auto-obligarse). El contrato se celebra con libertad; se fija el contenido con libertad y surgido aparece dotado de fuerza vinculante (Art. 1091 del CC).
Pero la autonomía privada también tiene limitaciones, el mismo C. civil contiene limitaciones. El propio Art. 1255 dispone la prohibición de establecer cláusulas contrarias a la lev, la moral o el orden público. El Art. 1275 establece la nulidad de los contratos de causa ilícita, o sea opuesta a las leyes o a la moral; el Art. 1116 establece la anulación de la obligación con condiciones opuestas a las buenas costumbres V ELEMENTOS DEL CONTRATO Elementos o requisitos de todo contrato son el consentimiento, objeto y causa (Art.1261 CC).
El consentimiento es esencial; sin consentimiento no hay contrato. Equivale a acuerdo de voluntades. Según el Art. 1262 CC «el consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato».
El objeto del contrato es o una cosa del mundo exterior o la actividad de una persona; es decir, las cosas o servicios en que consiste la prestación.
Requiere que sea real o posible (Art. 1272 CC), lícito (Art. 1271 CC) y determinado o susceptible de determinación (Art. 1273 CC).
Sobre la causa se han elaborado muchas teorías. Decir simplemente que la causa es lo que determina que un contrato sea ese y no otro, por ejemplo lo que determina que un contrato sea una compraventa es la obligación de cambiar una cosa por el precio, mientras que estaríamos ante una permuta cuando la obligación fuese el cambiar una cosa por otra.
Lo que sí interesa es distinguir la causa de los motivos:
La causa es el fin directo, inmediato; los motivos son fines indirectos o remotos.
La causa es un fin objetivo, intrínseco del contrato; los motivos son fines psicológicos, individuales o personales.
La causa es siempre la misma, dentro de cada categoría de contratos; el móvil es variable.
En los contratos onerosos se entiende por causa para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor.
La causa requiere que exista, que sea verdadera y que sea lícita.
La Unión Europea en materia de precios ha dictado varias disposiciones cuyo fin no es otro que facilitar al consumidor el precio de los productos de forma inequívoca, fácilmente identificables y claramente legibles, para mejorar la información y facilitar así la comparación de precios.
Estas disposiciones son la Directiva 79/581/CEE relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos alimenticios, modificada por la Directiva 95/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de noviembre de 1995; la Directiva 88/314/CEE relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos no alimenticios y la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores, que derogó las dos anteriores a partir del 18 de marzo de 2000.
La Directiva regula de manera pormenorizada la información que los comerciantes deben dar al consumidor de los precios de sus productos, distinguiendo el precio de venta y el precio por unidad de medida.
La Directiva tiene, fundamentalmente, carácter imperativo para los Estados miembros, pero también de mínimos, porque permite establecer disposiciones más favorables en materia de información a los consumidores y de comparación de precios. Cabe predicar el carácter dispositivo de lo dispuesto en el Art. 3.2 relativo a que podrán optar por no indicar el precio de venta y el precio por unidad de medida: a) los productos suministrados con ocasión de una prestación de servicios, b) las ventas en subasta pública, y c) las ventas de arte o antigüedades.
También podrán eximir de la obligación de indicar el precio por unidad de medida respecto de los productos para los cuales esta indicación no sea útil a causa de su naturaleza o destino, o pueda suscitar confusión. Así como por un período transitorio de 3 años a partir del 18 de marzo de 2000, los Estados miembros (Art. 6) podrán disponer que la obligación de indicar el precio por unidad de medida de productos distintos de los vendidos a granel, vendidos en determinados pequeños comercios minoristas, no se aplique, en caso de que la obligación de indicar el precio por unidad de medida implicare una carga excesiva para dichos comercios a causa del número de productos ofrecidos a la venta, de la superficie de venta, de las características del lugar de venta, de las condiciones específicas de venta de aquellos casos en que el producto no se encuentra directamente accesible al consumidor, o de determinadas formas de comercio, tales como ciertas clases de venta ambulante.
La Directiva viene a desarrollar lo que dispone el Art. 1.445 del CC, cuando dice con relación al contrato de compraventa que la otra parte se obliga a pagar un precio cierto, o, lo que es lo mismo, que no haya duda de la cantidad a pagar por dos razones, una porque podrá saber si el producto que se compra es más caro o más barato que en otro comercio y, otra, porque no le puedan engañar en el momento de cumplir la obligación contraída en la perfección del contrato. La finalidad de todas estas medidas está dirigida a que la aceptación del consumidor, voluntad de aceptar y manifestación de esa voluntad, se haya formado sin vicios. Pues aunque los vicios de la voluntad determinan la anulabilidad del negocio jurídico, es mejor para el consumidor la prevención que tener que demostrar la existencia de un vicio del consentimiento.
El dinero cumple dos funciones económicas esenciales.
a) Como instrumento de cambio (en esta función distribuye los demás bienes y él también es distribuido). Se estima en razón a lo que, a cambio de él puede lograrse y b) Como medida o módulo de valor de los demás bienes.
Pero el dinero no es sólo medida de valor, sino también valor, que no suele ser unitario ni constante, dando lugar a varios valores (nominal, intrínseco, en curso). Es, ante todo un medio de pago que está garantizado por el Estado. El instrumento del dinero es la moneda.
El C. civil español da por supuesto el concepto del dinero. Se considera un bien mueble y, aunque no lo diga, es un bien fungible o mejor dicho el bien fungible por excelencia.
Cometido del dinero en el derecho de obligaciones
En el derecho de obligaciones el dinero actúa:
Como precio, por ejemplo en el contrato de compraventa. Aquí cumple la función económica de cambio y medida de valor.
Como renta, ejemplo el arrendamiento de cosas. La renta a diferencia del precio, no es preceptivo que consista en dinero (renta en especie). Cuando la renta no consiste en dinero no difiere del precio, lo que ocurre es que se debe no por la transmisión de la propiedad de una cosa, sino por cesión del uso y disfrute.
Como capital, ejemplo de este cometido se observa en los contratos de sociedad o de préstamo, con las aportaciones de los socios a la sociedad. En este sentido hay que situar la transferencia del dinero en virtud de préstamo.
Como retribución. Es la contraprestación dineraria de una prestación de hacer (contrato de trabajo, el de obra, el de mandato, el de corretaje, etc.).
Como indemnización. En la responsabilidad contractual o extracontractual. La indemnización ha de efectuarse en dinero, el cual cumple la función valorativa dirigida a fijar el quantum de la lesión o el daño.
Como abono de gastos. Este abono ha de realizarse en dinero. El abono suele ser una obligación legal accesoria a diversos contratos (Compraventa, arrendamiento, mandato, depósito, etcétera).
Como interés. Los intereses se satisfacen en dinero; pueden derivar de una prestación dineraria (préstamo) o de otra índole. También equivalen algunas veces a indemnización o a ser parte de la misma.
En todos estos casos el dinero es medio de pago forzoso.
Clases de moneda sobre las que puede recaer
Es necesario que recaiga sobre una especie monetaria admitida por la Ley.
En España hasta el 1 de enero de 2002 la unidad monetaria es la peseta, que reemplazó al escudo (Ley 26-10-1868).
El C. civil en su artículo 1170 estableció que «el pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada y no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plata u oro que tenga curso legal en España». Este Art. no ha sido directamente modificado.
Por lo expuesto el Art. 1170 CC habrá de entenderse modificado en el sentido siguiente:
No hay dos especies de moneda metálica (oro y plata), de igual rango y curso legal, sino una sola moneda con curso forzoso y pleno poder liberatorio: los billetes del Banco de España
Con el papel moneda existe una moneda fraccionaria de limitado curso forzoso, puesto que tienen un límite como medio de pago (Ley 12/1975, de 12 de marzo).
El papel moneda no es convertible.
El euro es la moneda que va a sustituir a la peseta como medio de cambio y de pago a partir del 1 de enero de 2002. Para facilitar la transición habrá un período de doble circulación de monedas, coexistiendo los euros con las pesetas, con total poder liberatorio. En España este período será de dos meses, desde el 1 de enero de 2002 hasta e1 28 de febrero del mismo año. A partir de esta fecha la única moneda de curso legal en nuestro país será el euro.
Un euro equivale, actualmente, a 166,386 pesetas.
Los países que adoptarán el euro como moneda única en la Unión europea, constituyen lo que viene llamándose zona euro en la Unión europea, dichos Estados son doce: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal.
Órganos rectores de la política monetaria
La política monetaria está dirigida por el Banco Central Europeo, cuyos órganos rectores son e1 Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General.
El Consejo de Gobierno está compuesto por todos los miembros del Comité Ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de las Estados miembros que hayan adoptado el euro.
El Comité Ejecutivo está compuesto por el Presidente del Banco Central Europeo, el Vicepresidente y otros cuatro vocales nombrados por los Jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros que han adoptado el euro.
El Consejo General está compuesto por el Presidente, el Vicepresidente y los gobernadores de todos los bancos centrales nacionales de los Estados miembros de la Unión, es decir, se incluyen también los gobernadores de los países que siendo miembros no han adoptado el euro en principio, Dinamarca, Reino Unido y Suecia.
El euro y los contratos en vigor
Uno de los problemas que se ha planteado con relación a la entrada del euro como moneda única es la relativa a los contratos en vigor estipulados en moneda; nacional. Pero este problema ha quedado resuelto por la legislación comunitaria a través del Reglamento 1103/97, adoptado por el Consejo el 17 de junio de 1997, en el que se garantiza la continuidad de todos los seguros y contratos legales que han sustituido las cantidades en moneda nacional por sus equivalentes en euros.
Los principios en que se basa la legislación española que recoge esta disposición son los siguientes:
Principio de neutralidad. La sustitución de la peseta por el euro no produce, ninguna alteración del valor de los créditos o deudas. El valor de éstos permanece idéntico.
Principio de equivalencia nominal. Un importe monetario expresado en pesetas es equivalente al importe en euros que resulte de la aplicación el tipo de conversión (I euro = 166,386 pesetas) y de las reglas del redondeo (cambio de pesetas a euros, si existen milésimas por encima de 5 se aumenta un céntimo de euro, ej. 20.38754 euros, pasa a 20,39 euros, si las milésimas son menores de 5 se desprecian; cambio de euros a pesetas, si hay décimas superiores a 5 se aumenta l peseta, en caso contrario se desprecian 165,985 pesetas, pasa a 166 pesetas).
Principio de continuidad: La sustitución de la peseta por el euro no afecta al cumplimiento de las obligaciones que existan en el momento de dicha sustitución.
El Reglamento prohíbe que el cambio de una moneda a otra signifique una modificación unilateral del contrato por ninguna de las partes, es decir, el cambio no implica novación modificativa del contrato, éste subsiste entre las partes en las mismas condiciones pactadas con la única diferencia que la moneda no va ir referida a la moneda nacional en la que se pactó, sino euro.
La única particularidad que se establece es que la conversión de la moneda nacional al euro se podrá realizar antes del 1 de enero de 2002 si las partes así lo acuerdan, en caso contrario, la conversión se hará en dicha fecha.
La seguridad de los productos en la Unión Europea
El objeto de un contrato debe ser real o posible, lícito y determinado, a estos requisitos en el mercado comunitario hay que añadir la seguridad para aquellos productos destinados a los consumidores o susceptibles de ser utilizados por éstos. Por lo que el requisito de seguridad se establece para un conjunto de productos, pero no para todos los que podamos entender como productos.
La disposición que regula la seguridad general de los productos es la Directiva 92/59/CEE del Consejo de 29 de junio de 1992.
La Directiva esta destinada a garantizar que los productos puestos en el mercado sean seguros.
Tiene carácter subsidiario, en el sentido que se aplicará en la medida que no existan, en el marco de normativas comunitarias, disposiciones específicas que regulen la seguridad de los productos correspondientes.
La Directiva da una definición legal de producto, de tal manera que las normas que contiene se proyectan sólo sobre ese concepto de producto.
Por producto (Art. 2.a) se entenderá cualquier producto destinado al consumidor o que pueda ser utilizado por el consumidor, que se suministre, a título oneroso o gratuito, en el marco de una actividad comercial, ya sea nuevo, usado o reacondicionado.
Están excluidas las antigüedades o aquellos productos que deban ser reparados o reacondicionados antes de su utilización, siempre que el proveedor informe de ello claramente a la persona a la que suministre el producto, pues si se informa y el comprador no se entera, por ejemplo, de que debe reacondicionarse antes de su utilización, no se trataría de un producto excluido.
También están excluidos de la aplicación de la Directiva las instalaciones de producción, los bienes de inversión y los demás productos exclusivamente utilizados en el marco de una actividad profesional.
Producto seguro Producto seguro (Art. 2.b) será cualquier producto que, en condiciones de utilización normales o razonablemente previsibles, incluida la duración, no presente riesgo alguno o únicamente riesgos mínimos, compatibles con el uso del producto y considerados admisibles dentro del respeto de un nivel elevado de protección de la salud y de la seguridad de las personas.
Para determinar si un producto puede calificarse de seguro hay que tener en cuenta los siguientes elementos:
características del producto, y entre ellas su composición, embalaje, instrucciones para su montaje y mantenimiento;
efectos sobre otros productos cuando razonablemente se pueda prever la utilización del primero con los segundos;
presentación del producto, etiquetado, posibles instrucciones de uso y eliminación, así como cualquier indicación o información por parte del productor;
categorías de consumidores que estén en condiciones de mayor riesgo en la utilización del producto, en particular niños.
Es decir, para calificar un producto de seguro no es suficiente que el producto en sí mismo sea seguro, sino que además es preciso que las circunstancias que lo rodean sean lo suficientemente precisas para que el uso o la utilización razonablemente del mismo se realice sin riesgo para la salud y la seguridad de las personas.
La posibilidad de obtener niveles superiores de seguridad o de obtener productos que presenten menor grado de riesgo no será razón suficiente para considerar el producto inseguro o peligroso.
Producto Peligroso Por producto peligroso (Art. 2.c) se entenderá cualquier producto que no responda a la definición de producto seguro que acabamos de exponer. Es evidente que no hubiera hecho falta esta aclaración, si un producto no es seguro porque no cumple los requisitos, la consecuencia ineludible es que se trata de un producto peligroso.
Productor Se entenderá por productor (Art. 2.d):
el fabricante de un producto, cuando esté establecido en la Comunidad; y toda persona que se presente como fabricante poniendo en el producto su nombre, marca o cualquier otro signo distinto, o toda persona que proceda al reacondicionamiento del producto.
el representante del fabricante cuando éste no esté establecido en la Comunidad o, a falta de representante establecido en la Comunidad, el importador del producto.
los demás profesionales de la cadena de comercialización, en la medida en que sus actividades puedan afectar a las características de seguridad del producto puesto en el mercado.
Resumiendo productor es toda persona a la que se le pueda imputar la falta de seguridad del producto, porque lo haya producido, por ser representante del verdadero productor, porque lo haya introducido en la Comunidad o porque lo haya comercializado. Se pretende con este amplio concepto de productor proteger al consumidor, para que en cualquier caso pueda pedir responsabilidad a alguien. Lo que no obsta para que después, por ejemplo, el importador, que se convierte en productor aparente, pueda repetir contra el verdadero productor, siempre que la inseguridad del producto viniese de 1a producción.
Distribuidor Por distribuidor (Art. 2.e) se entenderá cualquier profesional de la cadena de comercialización cuya actividad no afecte a las características de seguridad de los productos.
Al distribuidor parece que se le considera exento de responsabilidad siempre que su actividad no afecte a la seguridad, lo mismo que los demás profesionales de la comercialización.
Obligaciones del productor y distribuidor
La primera obligación de los productores reside en comercializar únicamente productos seguros (Art.3.1).
Están obligados, además, a informar (Art. 3:2) al consumidor de forma adecuada, para que se pueda evaluar los riesgos que pueden surgir al utilizarlo. Los distribuidores (Art. 3.3) deben actuar con la diligencia necesaria, para que se cumpla la obligación general de seguridad. Si conocen o debieran conocer que los productos no cumplen con la obligación de seguridad deberán abstenerse de suministrarlos.
Aplicación de normas de seguridad en los estados miembros
Si no existen normas comunitarias específicas que regulen la seguridad de un producto, se considerará que es seguro cuando sea conforme con las normas nacionales específicas del Est. miembro en cuyo territorio esté en circulación dicho producto.
Si no existen normas específicas en el Est. miembro, la conformidad del producto con el requisito de seguridad se establecerá teniendo en cuenta las normas no obligatorias que recogen una norma europea o, si existieren, las especificaciones técnicas comunitarias, o, a falta de éstas las normas técnicas establecidas en el Est. miembro.
Los Est. miembros pueden adoptar las medidas oportunas para restringir la comercialización de un producto o solicitar su retirada del mercado si resulta peligroso para la salud o la seguridad de los consumidores.
Los Est. miembros deberán, en particular, designar las autoridades encargadas de controlar que se comercialicen solamente productos seguros. Incluso con la posibilidad de imponer sanciones adecuadas en caso de incumplimiento de las normas.
Para ello podrán adoptar las medidas enumeradas en el Art. 6 de la Directiva. que serán proporcionales a 1a gravedad del riesgo creado y se ejercerán respetando el Tratado y en particular sus Art. 30 y 36 (según la numeración del T.de Maastrich).
Notificación a la comisión de las medidas adoptadas en los estados miembros
En el caso de que un Est. miembro restrinja la comercialización de un producto o de un lote de productos o imponga su retirada del mercado, dicho Estado miembro notificará dichas medidas a la Comisión, según lo establecido en los Art. 7 y 8 y en el Anexo, donde figuran los procedimientos detallados relativos al sistema comunitario de información.
La Comisión teniendo presente la información y notificación hecha por los Est. miembros y tras consultar con los mismos y a petición de al menos uno de éstos, podrá adoptar una decisión según el procedimiento previsto en el Art. 11 y de acuerdo con lo establecido en el Art. 9.
La Comisión estará asistida por un Comité de urgencia en materia de seguridad de los productos.
La información remitida tiene carácter reservado por lo que no podrá hacerse pública, con excepción de aquella que para proteger adecuadamente la salud y la seguridad de las personas así lo exija.
El plazo de transposición de la Directiva finalizó el 29 de junio de 1994.
Identidad del bien objeto del contrato
La C. Europea en su política de protección de los consumidores y con la finalidad de que se pueda cumplir la existencia de un mercado interior en un espacio sin fronteras ha promulgado la Directiva 1999/44/CE, del Parlamento y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y garantía de los bienes de consumo, dirigida sobre todo a que el consumidor que compre un bien en un Est. miembro sea el conforme con el que adquirió en el contrato. También están incluidos los bienes objeto de contrato de suministro.
La Directiva tiene carácter de protección mínima, es decir los Est. miembros pueden establecer disposiciones más exigentes para proteger al consumidor, en ella se establece el denominador común exigible a los Estados. El carácter de mínimos de las Directivas no parece conveniente en un Estado sin fronteras, pues aunque sea para proteger más al consumidor, las legislaciones, en vez de armonizarse se desarmonizaran.
La Directiva tiene carácter imperativo. Incluso se insta a los Est. miembros a adoptar las medidas necesarias para que el consumidor no se vea privado de la protección de la Directiva por haberse optado por la legislación de un Estado no miembro como derecho aplicable al contrato, cuando éste presente un vínculo estrecho con el territorio de los Estados miembros (Art.7).
Los derechos que confiere la Directiva no obsta a que el consumidor pueda invocar otras normas nacionales relativas a la responsabilidad contractual o extracontractual.
Se entenderá por consumidor toda persona física que, en los contratos a que se refiere la presente Directiva, actúa con fines que no entran en el marco de su actividad profesional.
Se excluye como consumidor el que adquiere bienes para su actividad profesional.
Bien de consumo Bien de consumo es cualquier bien mueble corpóreo, excepto los siguientes:
los bienes vendidos por la autoridad judicial tras un embargo u otro procedimiento.
el agua y el gas cuando no estén envasados para la venta en el volumen delimitado o en cantidades determinadas.
Las excepciones como bien de consumo que establece el Art. 1.2.b tienen su razón de ser porque dadas sus peculiaridades y circunstancias no parece que puedan ser modificadas o sustituidas por otros bienes.
Aquí no se excepciona como bien de consumo las antigüedades, ni los bienes de segunda mano, por lo que debe entenderse que están dentro del ámbito de la Directiva. Aunque los Estados miembros podrán establecer que los bienes de consumo no incluyan los bienes de segunda mano vendidos en una subasta en la que los consumidores pueda asistir personalmente a la venta (Art. 1.3).
Vendedor es cualquier persona física o jurídica que, mediante un contrato, vende bienes de consumo en el marco de su actividad profesional.
En consecuencia, si un particular vende un bien a otro particular no se le aplica la Directiva.
Productor es el fabricante de un bien de consumo, el importador de un bien de consumo en el territorio de la Comunidad o cualquier persona que se presente como productor indicando en el bien de consumo su nombre, su marca u otro signo distintivo.
Se entiende por reparación, en caso de falta de conformidad, poner el bien de consumo en un estado conforme al contrato de venta.
Presunción de que el bien de consumo es conforme al contrato
El vendedor está obligado a entregar al consumidor un bien conforme al contrato de compraventa.
Esta obligación está presente en cualquier contrato de compraventa que se celebre en España de acuerdo con nuestro Derecho positivo, ya que no se permite que se entregue un bien por otro distinto del acordado, o un bien defectuoso, se exige la identidad del objeto. La Directiva lo que pretende es establecer un marco básico en este aspecto en toda la Comunidad.
Se presumirá que los bienes de consumo son conformes al contrato si:
se ajustan a la descripción realizada por el vendedor y poseen las cualidades del bien que el vendedor haya presentado al consumidor en forma de muestra o modelo;
son aptos para el uso especial a que ordinariamente se destinen bienes del mismo tipo;
son aptos para los usos a que ordinariamente se destinen bienes de todo tipo;
presentan la calidad y las prestaciones habituales de un bien del mismo tipo que el consumidor puede fundadamente esperar.
En este último caso el vendedor no quedará obligado si desconocía y no cabía razonablemente esperar que conociera la declaración pública, o que dicha declaración había sido corregida en el momento de la celebración del contrato o que la misma no pudo influir en la decisión de la compra del bien (Art. 2.3).
Se considerará que no se falta a lo pactado cuando en el momento de la celebración del contrato el consumidor tenía conocimiento del defecto o no podía fundadamente ignorarlo. Es el caso de que se venda a menor precio, por ejemplo, una mesa que tiene un pequeño defecto o que se compre productos que te venden ya como defectuosos.
También se cumple lo pactado cuando la falta de conformidad tiene su origen en materiales suministrados por el consumidor.
No se cumplirá lo estipulado en el contrato cuando se incluya en el contrato la instalación y se realice incorrectamente. O bien cuando la instalación la realice el consumidor y la incorrección se deba a un error en las instrucciones de instalación.
Es evidente que si se ha incluido la instalación en el contrato y no se realiza de acuerdo a lo pactado existe un claro incumplimiento o un incumplimiento defectuoso de la prestación, imputable, por supuesto al vendedor.
Como sucede en todo contrato, en el ordenamiento jurídico español, el vendedor responderá ante el consumidor de cualquier falta de conformidad que exista en la entrega del bien, ya que debe entregarse la cosa vendida en el estado que se hallaba al perfeccionarse el contrato.
Si la falta de conformidad procede del productor, de otro vendedor anterior o de cualquier intermediario, el vendedor final podrá emprender acciones contra la persona responsable en la cadena contractual.
La Directiva regula el saneamiento de forma específica, señalando los derechos que tiene el comprador en los casos de falta de conformidad con lo pactado en el contrato. El consumidor puede exigir:
la reparación del bien sin cargo alguno
la sustitución del bien sin cargo alguno
o la resolución del contrato (Art. 3.2).
Las dos primeras tienen carácter prioritario y alternativo, es decir, el consumidor puede elegir entre ambas> siempre que no resulte imposible o desproporcionado realizarlas. Se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables teniendo en cuenta:
el valor que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad,
si la forma de saneamiento alternativa pudiese realizarse sin inconvenientes
La reducción del precio o la resolución tienen carácter subsidiario, sólo procede en el caso de que no se pueda exigir la reparación o la sustitución, o si el vendedor no hubiera llevado a cabo el saneamiento en un plazo razonable o si el vendedor no hubiera llevado a cabo el saneamiento sin mayores inconvenientes para el consumidor.
Además la resolución no podrá pedirla el consumidor cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia. Es razonable que en este caso no se pueda pedir la resolución del contrato que puede ocasionar perjuicios importantes a los vendedores.
La Directiva establece el plazo de dos años para poder reclamar la falta de conformidad, a contar desde la entrega del bien. El plazo es de prescripción, lo que significa que está sujeto a interrupción y suspensión.
Lo único que permite la Directiva es que los Est. miembros dispongan que se informe al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde la fecha en que se percató de dicha falta.
Se presume, salvo prueba en contrario, es decir con presunción «iuris tantum», que las faltas de conformidad que se manifiesten en un período de seis meses a partir de la entrega del bien ya existían en esa fecha.
Entrada en vigor, transposición y revisión
La Directiva entró en vigor el día de su publicación en el DOCE, es decir el 7 de julio de 1999.
La transposición se realizará a más tardar el 1 de enero de 2002.
La Comisión procederá al examen de la aplicación de la presente Directiva a más tardar el 7 de julio de 2006.
La Directiva 44/CE, del P. Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, dedica el Art. 6 a regular las garantías que los vendedores o productores ofrezcan a los consumidores contra cualquier defecto que aparezca en un plazo determinado.
La garantía deberá contener las siguientes prescripciones:
declarar que la garantía no afecta a los derechos que tenga el consumidor con arreglo a la legislación nacional.
indicar con claridad el contenido de la garantía, en particular su duración y alcance, así como el nombre y la dirección del garante.
a petición del consumidor, la garantía deberá figurar por escrito o en cualquier otro soporte duradero disponible que le sea accesible.
En realidad estas prescripciones van implícitas en toda garantía. Una garantía no puede en ningún caso dejar de aplicar las normas de protección del consumidor. Una norma privada no impide aplicar una norma legal. Si existe una garantía tendrá que indicar lo que garantiza.
El nuevo Real Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre que actualiza e1 catálogo de bienes y servicios de uso común, dispone la obligación del productor o suministrador de los bienes de naturaleza duradera de entregar una garantía normalizada por escrito que dará derecho a su titular a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios y de los daños o perjuicios ocasionados. Incluso en el supuesto de que la reparación efectuada no fuera satisfactoria, la garantía dará derecho a la sustitución del objeto adquirido por otro de idénticas características o a la devolución del precio pagado.

References: artículo 1255
 artículo 1170
 resolución 
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 Real Decreto