Source: https://tc.vlex.es/vid/2001-s-246216
Timestamp: 2019-03-22 18:58:22+00:00

Document:
STC 25/2005, 14 de Febrero de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 246216
STC 25/2005, 14 de Febrero de 2005
Número de Recurso: 2123-2001
Recurso de amparo 2123-2001. Promovido por don Ion A.S., sustituido luego por sus padres, frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa que le condenó por un delito de homicidio imprudente. Supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia, y vulneración del derecho a la intimidad personal: intervención judicial de análisis médicos realizados en el curso de la asistencia prestada en un hospital al reo sin motivación; condena fundada en pruebas de cargo independientes. Voto particular concurrente.
Sentencia citada en: 209 sentencias, 12 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 2123-2001, promovido por don Ion A.S., sustituido tras su fallecimiento por don José Cruz A.U. y doña María Cruz S.L., representados por el Procurador de los Tribunales don Eduardo Morales Price y asistidos por el Abogado don Pedro Íñiguez de Heredia Quintana, contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Sección Segunda, de fecha 12 de marzo de 2001, recaída en rollo de apelación número 2123-2000. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, y ha comparecido doña Ana María E.G., representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Soledad Paloma Muelas García. Ha sido Ponente el Magistrado don Roberto García-Calvo y Montiel, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 11 de abril de 2001, don Eduardo Morales Price, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Ion A.S., interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia. Dicha Sentencia revocaba parcialmente, en cuanto a los pronunciamientos correspondientes a la responsabilidad civil, la dictada previamente por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de los de San Sebastián, el día 28 de marzo de 2000, en el procedimiento núm. 567/99, que condenó al demandante como autor responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad de minoría de edad, a la pena de seis meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un año, costas procesales, y a abonar determinadas indemnizaciones a los perjudicados, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de los padres del acusado, que era menor de edad, y la responsabilidad civil directa de la entidad aseguradora.
El proceso penal se inició a consecuencia del fallecimiento en accidente de tráfico de Juan Elizalde Ganzarain. Por Auto de 21 de junio de 1998, el Juzgado de Instrucción núm. 3 de los de San Sebastián acordó incoar las diligencias previas núm. 1377/98, y acordó la práctica de diversas diligencias de investigación. Realizada la instrucción de la causa, fue acordada la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado por Auto de 19 de mayo de 1999, dándose traslado al fiscal y a las acusaciones personadas para que formularan escritos de acusación o requirieran su sobreseimiento.
La acusación particular formuló sus conclusiones provisionales el 4 de noviembre siguiente, acusando a don Ion A.S. en los mismos términos que el Ministerio Fiscal, e interesando indemnizaciones a favor de los perjudicados por un monto total de 29.928.534 pesetas, proponiendo como pruebas el interrogatorio del acusado, testifical y pericial.
El Juzgado de lo Penal núm. 1 de los de San Sebastián, al que resultó turnada la causa en reparto, se pronunció por Auto de 7 de enero de 2000 sobre la pertinencia de las pruebas propuestas por las partes y señaló juicio oral, que se celebró el 23 de marzo de 2000.
"Resulta probado y así se declara que el día 21 de junio de 1998, sobre las 4:52 horas, el acusado Ion A.S., nacido el día 28 de julio de 1980, menor de edad y sin antecedentes penales, conducía el ciclomotor marca Derbi modelo Coppa de su propiedad, por la carretera GI-2133, pk 12, en el término municipal de Amezketa, a una velocidad excesiva e inadecuada por las características del tramo curvo por el que circulaba, haciéndolo asimismo bajo la influencia de una ingestión alcohólica precedente que limitaba su capacidad de conducción, como consecuencia de lo cual perdió el control del ciclomotor arrollando al peatón Sr. Juan María Elizalde Ganzarain que caminaba por el margen derecho de la carretera. Como consecuencia del siniestro falleció el peatón Juan María Elizalde, de 56 años de edad. El ciclomotor accidentado estaba asegurado a través de la correduría de seguros Carasa, Cilvetti, Lacort y Cía, en la compañía de seguros Baloise Seguros y Reaseguros por póliza número 0038969864".
La Sentencia refiere que los anteriores hechos han quedado acreditados del conjunto de la prueba practicada en el acto del juicio y de las diligencias de instrucción practicadas con todas las garantías, las cuales fueron llevadas a las sesiones del plenario en condiciones tales que permitieron dar satisfacción a los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, indicando que se tomaron en cuenta los siguientes elementos probatorios: la declaración del propio acusado; la declaración testifical de cuatro agentes de la Ertzaina, del conductor de la ambulancia y de un miembro del equipo de la Cruz Roja Española que acudieron al lugar del suceso, y de otros seis testigos; las periciales practicadas y ratificadas en el plenario sobre la autopsia y sobre la analítica sanguínea practicada al acusado; y la prueba documental reproducida. Seguidamente establece que los hechos constituyen un delito de homicidio imprudente del art. 142 CP, y que la causa que motivó que el ciclomotor conducido por el acusado se saliera de la calzada fue que circulaba a una velocidad excesiva e inadecuada para las condiciones de la vía, unido al hecho de que lo hacía bajo la influencia de bebidas alcohólicas, lo que mermaba la capacidad de reacción y reflejos en la conducción. Por último, determina las cantidades que corresponde fijar en concepto de indemnización, pronunciando un fallo en el que condenó al demandante como autor responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad de minoría de edad, a la pena de seis meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un año, costas procesales, y a abonar a los perjudicados, esto es, a los hermanos del fallecido, Lorenzo, Román y Ana María E.G., la cantidad de 10.076.237 pesetas, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de los padres del acusado, que era menor de edad, y la directa de la entidad aseguradora.
En escrito de 6 de abril de 2000, el demandante de amparo formuló recurso de apelación por infracción del art. 24.2 CE, así como del art. 238.3 LOPJ, alegando la nulidad de pleno derecho de la extracción de sangre que le fue realizada; por error en la valoración de la prueba, con infracción del art. 24.2 CE; por infracción en la aplicación de los arts. 142.1 y 2 CP, por no haber calificado los hechos como constitutivos de una falta de homicidio imprudente del art. 621 CP; y por infracción de lo dispuesto en la Ley 50/98, en relación con el baremo anexo a la Ley 30/95, de 8 de noviembre.
El Ministerio Fiscal, por medio de escrito de 11 de mayo de 2000, presentó escrito oponiéndose al recurso anterior, solicitando la confirmación de la Sentencia recurrida.
La acusación particular presentó escrito el día 15 de mayo de 2000, impugnando el recurso de apelación deducido de contrario y, al tiempo, adhiriéndose al mismo, apelando la sentencia respecto de la cuantía de las indemnizaciones acordadas en la misma.
El Juzgado de lo Penal, por medio de diligencia de ordenación de 16 de mayo de 2000, habiendo transcurrido el plazo de impugnación o adhesión al recurso de apelación, elevó las actuaciones, junto con los escritos presentados, a la Audiencia Provincial.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincia de Guipúzcoa dictó, en el rollo de apelación núm. 2123-2000, Sentencia de 12 de marzo de 2001, por la que desestimó el recurso interpuesto por el acusado, y estimó parcialmente el recurso de apelación adhesivo interpuesto por la acusación particular. En consecuencia, revocó la Sentencia recurrida en lo relativo a la responsabilidad civil, condenando al acusado a indemnizar a doña Ana María y a don Román Elizalde Ganzarain, en 2.837.444 pesetas a cada uno de ellos, por el fallecimiento de su hermano, y a don Lorenzo Elizalde Ganzarain, en la cantidad de 4.256.166 pesetas por el fallecimiento de su hermano, y en 1.266.589 pesetas por los gastos de atención devengados para su atención desde el 4 de agosto de 1999 hasta el mes de marzo de 2001, debiendo además constituir una renta vitalicia a su favor ascendente a la suma de 69.463 pesetas mensuales; finalmente, a los tres hermanos citados, en 389.791 pesetas, por gastos acreditados, devengando todas las cantidades los intereses legales; también le condenó, por último, al pago de las costas procesales de la primera instancia, incluidas las correspondientes a la acusación particular y, en cuanto a las del recurso, se impusieron al condenado las causadas por el recurso principal, sin hacer pronunciamiento alguno en relación con las del recurso adherido.
Notificada esta Sentencia a la entidad aseguradora Baloise Seguros y Reaseguros, S.A., presentó solicitud de nulidad de actuaciones judiciales el día 28 de septiembre de 2001, por cuanto no le fue notificado en ningún momento el recurso de apelación adhesivo interpuesto por la acusación particular ni tuvo ocasión, por lo tanto, de realizar las alegaciones correspondientes, habiéndose vulnerado el principio de contradicción y su derecho de defensa constitucionalmente protegido.
Una vez dado traslado a las partes, adhiriéndose al mismo el acusado y el Fiscal, que interesaron la estimación de la solicitud, y oponiéndose la acusación particular, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial dictó Auto de 28 de enero de 2002 desestimándolo y acordando en consecuencia no haber lugar a la nulidad demandada, por extemporánea.
La demanda de amparo plantea cuatro vulneraciones de derechos constitucionales.
La primera vulneración alegada es la violación del derecho constitucional a la presunción de inocencia, consagrado en el art. 24.2 CE. El demandante considera que la base de la condena radica en tener como probado que circulaba conduciendo un ciclomotor bajo la influencia de una ingestión alcohólica que limitaba su capacidad de conducción. Para declarar probado este hecho se ha tenido en cuenta, en primer lugar, la declaración de los agentes de la Ertzaintza, pero estos se limitaron únicamente a ratificar el contenido del atestado, en el que únicamente se recoge una declaración de un testigo voluntario de la Cruz Roja, respecto de que al acusado olía a alcohol; en segundo lugar, la declaración de este voluntario de la Cruz Roja en el juicio oral, pero este testigo, si bien reiteró esta declaración, también indicó que había muchísima gente alrededor y que incluso había un compañero de la Cruz Roja al que tuvieron que retirar por estar embriagado. Y, en tercer lugar, la pericial forense, que se practicó sobre unas muestras de sangre extraídas, no con expresa finalidad analítica, sino en el entorno de una operación terapéutica realizada en la UCI de un hospital después del accidente, sobre un individuo al que, previsiblemente, después del accidente y después de la extracción, se le habían administrado otros tratamientos, de los que el perito desconocía si contenían etanol u otra sustancia distorsionadora de los análisis resultantes, todo ello sin ningún tipo de autorización para la injerencia, ni del propio acusado ni de la autoridad correspondiente. De lo anterior deduce el demandante que la pericia se practicó con vulneración no sólo del principio constitucional consagrado en el art. 18 CE (derecho a la intimidad) sino también del derecho a la presunción de inocencia en relación a su vez con el de defensa (art. 24 CE), puesto que el resto de la prueba de cargo citada es inexistente y, en todo caso, insuficiente para enervar la presunción de inocencia que le ampara.
En segundo lugar se aduce violación del derecho constitucional de defensa, consagrado en el art. 24.2 CE, en relación con el art. 24.1 CE. El demandante alega que los órganos judiciales no han dado respuesta, y respuesta motivada, a una pretensión oportunamente deducida en el proceso, la declaración de nulidad de la extracción de sangre realizada al acusado sin las debidas garantías, como base de cuantas consecuencias probatorias se pudiesen derivar de aquélla. De este modo, considera que la Audiencia Provincial ha incurrido en incongruencia omisiva, por haber dejado de contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, lo que habría provocado indefensión y defraudado el principio de contradicción, habiéndose resuelto otras cuestiones también trascendentales pero ajenas a los términos planteados por la defensa.
En tercer lugar estima el demandante violado su derecho constitucional a la intimidad (art. 18.1 CE), en relación de nuevo con extracción de sangre que le fue practicada durante su estancia hospitalaria inmediatamente posterior al accidente de tráfico sufrido. Si el fin de esa extracción de sangre hubiese tenido por objeto la aportación de sus resultados al procedimiento penal, debió hacerse con autorización del interesado, de sus padres o, en su caso, bajo resolución judicial motivada, pues tales exigencias derivan de la necesidad de que la extracción, que pudiera ser causa de una sentencia penal, se realice con todas las garantías. No habiéndolo hecho así, se vulneró su derecho a la intimidad, entendida como derecho a la integridad física. La vulneración de este derecho fundamental se encuentra, además, en la aportación de la analítica del historial clínico del demandante a los autos, de un lado por afectar su aportación a derechos fundamentales del recurrente, no habiendo sido adoptada dicha resolución, que fue instada de parte, mediante resolución motivada, y, de otro lado, al afectar dicha aportación a su más estricta intimidad, al no haberse examinado si se justificaba desde criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Lo que alega es que la incorporación de la analítica a la causa penal ha supuesto una afectación de su derecho fundamental a la intimidad personal, al implicar según doctrina constitucional la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el desconocimiento de los demás, según las pautas de nuestras cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana. Seguidamente analiza si el sacrificio de ese derecho fundamental tiene una justificación objetiva y razonable, lo que implicaría previsión legal, resolución judicial motivada, e idoneidad, necesariedad y proporcionalidad en relación con un fin constitucional legítimo, llegando a la conclusión de que ninguna de estas circunstancias concurre en el caso de autos. Así, si bien el art. 339 LECrim autoriza al juez instructor de oficio la realización de determinados informes periciales, no menos expresamente prevé que dichos dictámenes se limitan al cuerpo del delito. Por ello, la autoridad judicial podrá ordenar el análisis pericial de cualesquiera elementos del cuerpo humano aprehendidos en alguno de los lugares previstos en la norma, pero no en otro caso, mucho menos cuando la muestra no reúna las mínimas garantías. Tampoco se da la necesidad, por cuanto un examen de contraste entre el delito por el que el recurrente ha sido condenado, que pudo haberse acreditado por otros medios, y la finalidad perseguida por la medida, desvela que no resulta objetivamente imprescindible para acreditar la existencia de los hechos delictivos investigados, ni su autoría. Finalmente, con esta pericia sólo se puede acreditar un hecho indiciario del delito, no susceptible por sí sólo de destruir el derecho a la presunción de inocencia; y un acto instructor, limitativo de un derecho fundamental, no puede estar dirigido exclusivamente a obtener meros indicios o sospechas de criminalidad, sino a preconstituir la prueba de los hechos que integran el objeto del proceso penal.
En cuarto lugar, finalmente, se alega violación del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, consagrado en el art. 24.1 CE en relación con el principio a la seguridad jurídica y la interdicción a la arbitrariedad de los poderes públicos, producida al haber sido estimada parcialmente la adhesión al recurso principal formulado por el demandante. La acusación particular se adhirió en el trámite de alegaciones al recurso interpuesto por el recurrente y bajo la cobertura de tal adhesión pretendió y ejerció un extemporáneo recurso de apelación, lo que desde un punto de vista estrictamente procesal resulta inviable al chocar de lleno dicha pretensión con el recurso principal interpuesto por el acusado. La acusación particular debió recurrir la sentencia, pero si no lo hizo así no puede ampararse, bajo una pretendida apelación adhesiva, para impugnarla, en el sentido opuesto a la apelación principal. Cita consolidada jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sobre la adhesión en la jurisdicción penal y analiza la regulación de la apelación en el procedimiento abreviado. La indefensión que proscribe el texto constitucional supone una limitación de los medios de defensa producida por una inadecuada actuación judicial, que no se produce por la mera transgresión de las normas procesales, y que consiste en el impedimento del derecho a alegar, demostrar y justificar los derechos propios, para que le sean reconocidos o para replicar posiciones contrarias. Seguidamente analiza los requisitos de la indefensión a la luz de la STC 145/1990, que estima concurrentes, esto es, la vulneración de una garantía procesal, limitación del derecho de defensa e imputabilidad al órgano judicial, especificando que la indefensión denunciada es imputable tanto al Juzgado de lo Penal como a la Audiencia Provincial. Concluye indicando que la privación o limitación de los medios de defensa de que pudo disponer la parte, ha tenido consecuencia directa en el fallo de la sentencia, al admitirse una adhesión como recurso principal, extemporáneo y contrario al original que además viola el derecho a la defensa contradictoria de las partes contendientes.
La Sala Primera de este Tribunal acordó, por providencia de 9 de diciembre de 2002, la admisión a trámite de la demanda de amparo y, al tenor de lo previsto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales competentes para la remisión de actuaciones y emplazamiento a quienes hubieran sido parte en este procedimiento para comparecer en el mismo.
Mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 31 diciembre de 2002, el Procurador de los Tribunales don Eduardo Morales Price, en nombre y representación de don José Cruz A.U. y doña María Cruz S.L., asistido por el Abogado don Pedro Iñiguez de Heredia Quintana, puso en conocimiento del Tribunal el fallecimiento del demandante de amparo e hijo de los anteriores, don Ion A.S., adjuntando, al efecto, certificado de defunción expedido por el Registro Civil de Ibarra, y solicitó se admitiera su personación en autos a nombre de los padres del demandante.
Por su parte, mediante escrito que tuvo su entrada en este Tribunal el 15 de enero de 2003, la Procuradora de los Tribunales, doña María Soledad Paloma Muelas García, en nombre y representación de doña Ana María E.G., se personó en el presente recurso de amparo, bajo la dirección letrada de don Juan Ramón Gutiérrez de Rozas y Salterain.
Por providencia de 22 de enero de 2003, la Sala Primera acordó tener por personado al Procurador de los Tribunales don Eduardo Morales Price, en nombre y representación don José Cruz A.U. y doña María Cruz S.L., como herederos y sucesores de su hijo don Ion A.S., recurrente en amparo, por fallecimiento del mismo. Asimismo se tuvo por personada a la Procuradora de los Tribunales, doña María Soledad Paloma Muelas García, en nombre y representación de doña Ana María E.G.. Por su parte, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se acordó dar vista de las actuaciones y un plazo común de veinte días para alegaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas.
El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 17 de febrero de 2003, presenta también alegaciones, en las que manifiesta, sucintamente, lo siguiente:
Los sucesores del demandante, en escrito registrado el 13 de febrero de 2003, presentaron también alegaciones, en las que se ratifican en el contenido de la demanda de amparo, dándolo expresamente por reproducido.
La parte demandada de amparo, en escrito de 17 de febrero de 2003, presentó también alegaciones, en las que sucintamente se manifiesta lo siguiente: en primer lugar, que la ingestión de bebidas alcohólicas se reputó acreditada por la propia declaración del acusado, por los agentes actuantes, que se ratificaron en el atestado, y por prueba testifical, por lo que no hay vulneración alguna del principio de presunción de inocencia; y, en segundo lugar, que las analíticas aportadas en autos son de máxima fiabilidad y autenticidad, y ofrecen la más incuestionable garantía de veracidad, sin que la defensa del demandante ni la de sus padres dijeran ni alegaran nada cuando se personaron en autos ni en ningún momento posterior del proceso, razón por la que no ha habido indefensión, se han respetado todas las garantías procesales, no ha habido arbitrariedad de los poderes públicos, no se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, y no se ha vulnerado norma procesal alguna ni en el Juzgado de Instrucción de Tolosa, ni en el Juzgado de lo Penal de San Sebastián ni en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa.
Por providencia de 10 de noviembre de 2004 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 15 del mismo mes y año, en que comenzó dicho trámite finalizando el día de la fecha.
El recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de 12 de marzo de 2001 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. Dicha Sentencia revocaba parcialmente, en cuanto a los pronunciamientos correspondientes a la responsabilidad civil, la dictada previamente por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de los de San Sebastián, el día 28 de mazo de 2000, en el procedimiento número 567/99, que condenó al posteriormente fallecido don Ion A.S., como autor responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad de minoría de edad, a la pena de seis meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un año, costas procesales, y a abonar determinadas indemnizaciones a los perjudicados, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de los padres del acusado, que era menor de edad, y la responsabilidad civil directa de la entidad aseguradora.
Antes de abordar las cuestiones de fondo interesa destacar que los demandantes son, como ya se ha dicho, padres del condenado por las Sentencias que se impugnan, que falleció sobrevenidamente a que promoviera el amparo constitucional. Aquéllos invocan ante este Tribunal un interés legítimo en la continuación del proceso constitucional, y es verdad que en este caso concurre la circunstancia legitimadora a la que se refiere el art. 162.1 b) CE y que posibilita la sucesión procesal por las recurrentes en la personalísima acción en defensa de los derechos fundamentales (SSTC 205/2002, de 11 de noviembre, FJ 3; y 239/2001, de 18 de diciembre, FJ 4). En efecto, como dijimos en los AATC 1193/1988, de 24 de octubre, y 58/2000, de 28 de febrero, la legitimación activa se sustenta no tanto en la titularidad del derecho cuya protección se demanda, cuanto en la posesión de un interés legítimo, categoría más amplia que la de derecho subjetivo y la de interés directo y, por tanto, la legitimación se concede a toda persona cuyo círculo jurídico pueda resultar afectado por la violación de un derecho fundamental aunque la violación no se haya producido directamente en su contra. Pues bien, el reproche que la condena incorpora no alcanza exclusivamente a la persona sobre la que recae de modo inmediato, sino que se proyecta negativamente también sobre quienes reúnen la doble condición de padres y herederos del originario demandante de amparo, amén de haber sido condenados por las resoluciones recurridas en concepto de responsables civiles subsidiarios. Consecuentemente, procede acordar la continuación del presente proceso constitucional, toda vez que don José Cruz A.U. y doña María Cruz S.L. ostentan un interés legítimo en el mismo.
Aclarada la anterior cuestión y centrado el objeto del presente recurso, hemos de proceder, a continuación, al estudio de los distintos óbices procesales, ligados a los motivos segundo a cuarto de la demanda, que pone de manifiesto en su escrito el Ministerio Fiscal.
El tercer motivo de la demanda alega la violación del derecho a la intimidad del recurrente (art. 18.1 CE), porque la incorporación a la causa penal de la analítica sanguínea que fue practicada al recurrente sin su consentimiento, o el de sus padres, o sin autorización judicial motivada, ha supuesto una afectación y vulneración de su derecho fundamental a la intimidad, no ya a la intimidad corporal, sino desde una perspectiva más amplia a la intimidad personal.
El cuarto motivo de la demanda denuncia la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el principio de seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, por cuanto la Audiencia Provincial admitió la apelación adhesiva formulada por la acusación particular cuando era extemporánea y contraria al recurso planteado por el apelante principal. Además, se impidió al apelante la posibilidad de debate contradictorio sobre las pretensiones autónomas contenidas en la apelación adhesiva, privándole de la posibilidad de defenderse frente a las alegaciones formuladas de contrario, en cuanto no se dio al apelante traslado de la apelación adhesiva.
Despejados los óbices procesales, es llegado el momento de abordar el fondo de la cuestión suscitada en el presente recurso de amparo, contraída a la alegada vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y del derecho a la intimidad (art. 18.1 CE).
El interés público propio de la investigación de un delito, y, más en concreto, la determinación de hechos relevantes para el proceso penal son, desde luego, causa legítima que puede justificar la realización de una intervención corporal o, como ahora es el caso, la obtención de una información en principio reservada a la acción y conocimiento de los demás. Más en concreto, dado el peligro que entraña la conducción de vehículos de motor bajo el efecto del alcohol es claro que existe un fin legítimo que justifica que se impongan estas medidas de detección alcohólica que pueden afectar al ámbito de la intimidad personal y, en consecuencia, que el resultado de las que se practiquen puedan ser tomadas en consideración como prueba en el proceso penal. Debe tenerse en cuenta que la ingestión de estas sustancias no sólo pone en peligro al sujeto que las ha consumido, sino que al llevar éste a cabo una actividad peligrosa que afecta a terceras personas, pone también en peligro la seguridad del tráfico, por lo que es indudable la existencia de un interés general en evitar que se conduzca en estas condiciones.
Existe también la habilitación legislativa necesaria para la práctica de estas medidas y, por tanto, para la evaluación y toma en consideración de sus resultados. La Audiencia Provincial alude en la resolución recurrida al art. 339 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim). Este precepto autoriza expresamente al Juez instructor a ordenar de oficio la realización de determinados informes periciales en relación con el "cuerpo del delito", entendiendo por tal "las armas, instrumentos o efectos de cualquiera clase que puedan tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que se cometió, o en sus inmediaciones, o en poder del reo, o en otra parte conocida" (art. 334.1 LECrim). Y, aunque hemos dicho que esta norma no facilita el respaldo legal necesario para ordenar la extracción coactiva de elementos del cuerpo del imputado, al amparo de este precepto hemos indicado que la autoridad judicial podrá acordar, entre muchos otros de distinta índole, el análisis pericial de cualesquiera elementos del cuerpo humano (tales como sangre, semen, uñas, cabellos, piel, etc.) que hayan sido previamente aprehendidos en alguno de los lugares previstos en la norma (STC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 6). De otro lado, en relación con la práctica de estas medidas, debe recordarse que la obligación de todos los conductores de vehículos de motor de someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol, está expresamente prevista en una norma con rango de ley, los arts. 12 y 65 de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
Por su parte, en cuanto a la decisión judicial de interesar del centro hospitalario la remisión de los resultados de la analítica referida, para que a su vista el Médico forense emitiese dictamen pericial sobre la tasa de alcohol en sangre, en el curso de una causa penal abierta tras la muerte por atropello de un peatón, en la que concurren determinados indicios de los que racionalmente se desprende la previa ingesta de alcohol por parte del conductor del ciclomotor causante del atropello (comenzando por la propia manifestación del propio conductor), resulta desde luego: 1) que era idónea (apta, adecuada) para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo perseguido con ella (art. 18 del Convenio europeo de derechos humanos, CEDH), esto es, que servía objetivamente para determinar los hechos que constituían el objeto del proceso penal; 2) que era necesaria a tal fin, esto es, que no existían otras medidas menos gravosas que, sin imponer sacrificio alguno de los derechos fundamentales a la integridad física y a la intimidad, o con un menor grado de sacrificio, fueran igualmente aptas para conseguir dicho fin; y 3) que el sacrificio que imponía de tales derechos no resultaba desmedido en comparación con la gravedad de los hechos y de los indicios existentes.
En lo que a la motivación se refiere, la regla de la proporcionalidad de los sacrificios es de observancia obligada al proceder a la limitación de un derecho fundamental (SSTC 13/1985, de 31 de enero, FJ 2; y 26/1981, de 17 de julio, FJ 5), y bien se comprende que el respeto de esta regla impone la motivación de la resolución judicial que excepcione o restrinja el derecho (STC 62/1982, de 15 de octubre, FJ 2), pues sólo tal fundamentación permitirá que se aprecie, en primer lugar, por el afectado y que se pueda controlar, después, la razón que justificó, a juicio del órgano judicial, el sacrificio del derecho fundamental (STC 37/1989, de 15 de febrero, FJ 8). En su virtud, el órgano jurisdiccional debe plasmar el juicio de ponderación entre el derecho fundamental afectado y el interés constitucionalmente protegido y perseguido, del cual se evidencie la necesidad de la adopción de la medida, siendo doctrina reiterada de este Tribunal que su ausencia ocasiona, por sí sola, en estos casos, la vulneración del propio derecho fundamental sustantivo (STC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4, que cita otras muchas).
Por esta razón, consideran los recurrentes que no existen pruebas de cargo que sustenten la responsabilidad criminal del acusado, por lo que se habría vulnerado, adicionalmente, el derecho del acusado a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). En concreto, alegan que las Sentencias recurridas se basan, exclusivamente, en reputar probado que el acusado circulaba conduciendo un ciclomotor bajo la influencia de una previa ingestión alcohólica que limitaba su capacidad de conducción, conclusión a la que llegan por medio de esta única prueba, de carácter pericial (en cuanto a las restantes pruebas practicadas carecerían, en su apreciación, de sentido de cargo). Siendo esta prueba pericial nula de pleno derecho, al haberse practicado con clara conculcación del derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE), la presunción de inocencia habría quedado incólume, ante la inexistencia de otras pruebas de cargo que la enervaran.
Desde luego, la presunción de inocencia "sólo puede entenderse desvirtuada en virtud de ?pruebas que puedan considerarse de cargo y obtenidas con todas las garantías?. Y no las reúnen aquéllas que han sido conseguidas con vulneración de derechos fundamentales sustantivos pues, ?aunque esta prohibición de valoración no se halla proclamada en un precepto constitucional que explícitamente la imponga, ni tiene lugar inmediatamente en virtud del derecho sustantivo originariamente afectado, expresa una garantía objetiva e implícita en el sistema de los derechos fundamentales, cuya vigencia y posición preferente, en el Estado de Derecho que la Constitución instaura, exige que los actos que los vulneren carezcan de eficacia probatoria en el proceso? (STC 114/1984, de 29 de noviembre, FFJJ 2 y 3).
Estimar en parte el amparo solicitado por los demandantes de amparo y, en consecuencia, reconocer, con los efectos meramente declarativos señalados en el fundamento jurídico séptimo, que se vulneró el derecho fundamental de su hijo don Ion A.S. a la intimidad personal (art. 18.1 CE).
Voto particular concurrente que formula la Presidenta doña María Emilia Casas Baamonde, respecto de la Sentencia recaída en el recurso de amparo núm. 2123-2001, al que se adhiere el Magistrado don Manuel Aragón Reyes.
STS, 8 de Junio de 2007
STSJ Comunidad Valenciana 3421/2000, 11 de Septiembre de 2000
SAP Murcia 31/2003, 17 de Noviembre de 2003
SAP Madrid 564/2004, 20 de Septiembre de 2004

References: resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución