Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1997/C-213-97.htm
Timestamp: 2017-10-21 13:51:40+00:00

Document:
C-213-97
Sentencia C-213/97
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Arresto por aborto en circunstancias específicas
Referencia: Expediente D-1475
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 345 del Decreto 100 de 1980 "Por el cual se expide el nuevo Código Penal"
Santa Fe de Bogotá, D.C., abril veinticuatro (24) de mil novecientos noventa y siete (1997). Aprobada por acta No. 16
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su Presidente Antonio Barrera Carbonell y por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Carmenza Isaza de Gómez, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa
En el proceso de constitucionalidad contra los artículo 345 del Decreto 100 de 1980 "Por el cual se expide el nuevo Código Penal".
El Presidente de la República de Colombia en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
Artículo 345.- Circunstancias específicas. La mujer embarazada como resultado de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial no consentida que causare el aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en arresto de cuatro meses a un año.
1. El Presidente de la República expidió el Decreto 100 de 1980, "Por el cual se expide el nuevo Código Penal", el cual fue publicado en el Diario Oficial Nº 35.461 de 1980.
2. El ciudadano Alexandre Sochandamandou demandó el artículos 345 del Decreto 100 de 1980, por considerarlo violatorio de los artículos 1, 5, 11 y 13 de la Constitución Política.
3. El Procurador General de la Nación (E), mediante concepto fechado el 27 de noviembre de 1996, solicitó a esta Corporación que declarara la exequibilidad de las normas acusadas.
Dado que los argumentos del demandante son cortos, se transcribirán:
1. La benignidad de la pena contemplada en el art. 345 del C.P. atenta contra el derecho a la vida del nasciturus, porque no es lo suficientemente severa para disuadir a quien tenga intención de matarlo.
2. Pienso que esta situación repugna a la lógica jurídica; que lo verdaderamente razonable y justo es que la pena por el delito de homicidio sea la misma sin ningún tipo de discriminación legal por edad intrauterina o extrauterina de la víctima.
3. El artículo 345 del C.P. viola los preceptos constitucionales en sus Arts. 1, 5 y 13 de la C.P., porque establece grave (sic) distinción y discriminación nasciturus/persona, vulnerando el principio de igualdad ante la ley en cuanto a la dosificación de la pena que busca disuadir a quien tenga la intención de matar".
El Procurador General de la Nación (E) reitera lo expuesto en los procesos D-1336-1359, razón por la cual se transcriben los argumentos:
"1. El demandante considera que la atenuación punitiva para los casos en los cuales el hecho punible es antecedido por un acceso carnal violento o una inseminación artificial no consentida no es admisible, debiéndose dar un tratamiento igual, en razón al bien jurídico tutelado, de suerte que se penalice de manera igual a las madres agresoras.
"2. Tal argumento no es admisible como quiera que busca retornar a épocas en las cuales se pregonaba una concepción objetiva del derecho penal, que ha sido superada al integrarse al derecho penal la idea de responsabilidad conforme al postulado “nullum crimen sine culpa”, según la cual no hay delito sin culpa o dolo y “sin que sea procedente que se acuda a criterios fundados en la causalidad material para el señalamiento de las penas”.
"3. A lo anterior añade que “considerar únicamente el bien jurídico tutelado como único criterio para establecer la punibilidad de una conducta realizada por una persona determinada, conduce a una deshumanización de la actividad punitiva del Estado, por cuanto a no tener en cuenta el legislador el principio lógico de la proporcionalidad de la responsabilidad del autor en la comisión de un hecho típico, se estaría desconociendo un axioma básico del derecho penal a partir del cual se reconoce la vulnerabilidad del hombre, su falibilidad, sus miedos, anhelos, rabias, condicionamientos, estados de crisis y sus respuestas frente a los diferentes estímulos del mundo que lo rodea”.
"4. El legislador está legitimado para asumir que ciertos hechos han de incidir de manera decisiva en el comportamiento de las personas, de suerte que puede considerar que tales hechos deben operar como atenuantes. De otra parte, sería contrario a la igualdad “que el ordenamiento penal consagrara penas iguales para personas que no tuvieron las mismas oportunidades para comportarse o actuar de manera legítima, como es el caso de la mujer objeto de acceso carnal violento o abusivo o de inseminación artificial no consentida frente a la comisión de los delitos en comento, al quedar ella embarazada como consecuencia de una conducta violenta, degradante y cruel inferida en contra de su integridad física y psíquica, la cual deja secuelas graves de diversa índole que van a condicionar la actuación de la madre de manera considerable en relación con el fruto de la concepción”.
"5. De las respuestas dadas al interrogatorio preparado por el Magistrado Ponente se descubre claramente que el acceso carnal violento son inconmensurables, traduciéndose en afectaciones graves a su personalidad y a los procesos de socialización, así como un rechazo contra el agresor y contra la criatura que espera, de manera que no “puede dársele idéntico tratamiento punitivo respecto de la madre que no haya sido objeto de tales actos abusivos y por ello el legislador podía válidamente señalar consecuencias disímiles para dos sujetos de derecho que no están en igualdad de condiciones”.
"6. En los tipos penales objeto de estudio existe una indudable tensión entre los derechos del nasciturus y del hijo recién nacido respecto de los derechos de la madre, que el legislador ha resuelto en favor de los primeros, sin que por ello el juez, en cada caso concreto no pueda absolver a la mujer si se hallare en situación de inimputabilidad.
"7. Cabe mencionar que, de acuerdo con las pruebas recogidas, la penalización de estas conductas “no es el más adecuado para tutelar los derechos en conflicto en estas normas”, pues su tipificación no restringe su comisión “sino que su consagración... coadyuva a su práctica en forma clandestina y en malas condiciones de higiene, poniendo en peligro la vida de la madre que se lo practica, quien acude a este procedimiento determinada por el mismo estado anímico producto de la violación, en el que desarrolla un odio inmenso hacia su agresor, hacia el fruto de la concepción y hacia si misma”.
"8. Por último señala que la definición de la política criminal es de resorte del legislador, a quien corresponderá lograr el equilibrio y la armonización de los derechos en conflicto; y, teniendo en cuenta que los derechos no son absolutos, ha de considerarse que debe tenerse siempre presente “la razonable exigibilidad de una conducta y la proporcionalidad de la pena en el caso de incumplimiento” de suerte que pude renunciarse a la punibilidad de una conducta que suponga una carga insoportable, sin que ello signifique que no subsista “el deber de protección del Estado del bien jurídico en otros ámbitos”. De ahí que al juez de la Carta no “sería el habilitado para diseñar la política requerida por el actor en su demanda”.
1. En los términos del artículo 241-5, la Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda.
2. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-13 de 1997, se pronunció sobre la inexequibilidad del artículo 345 del Código Penal. En consecuencia, dada la existencia de cosa juzgada constitucional sobre esta materia (C.P. art. 243), se resolverá estarse a lo resuelto en la sentencia anotada, en la cual se señaló:
"3. El valor constitucional de la vida
En efecto, si se comienza por el Preámbulo de la Carta Política - que según lo ha destacado esta Corte (Cfr. Sentencia C-479 del 13 de agosto de 1992. M.P.: Drs. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero), goza de fuerza vinculante y constituye insustituible elemento de interpretación que se proyecta sobre la integridad del Estatuto Fundamental -, aparece la vida como el primero de los objetivos básicos buscados por el Constituyente. El marco jurídico que, a partir de sus postulados se establece, ha de garantizar, como allí se expresa, un orden político, económico y social justo.
Según el artículo 5º de la Constitución, el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. De este principio constitucional se deriva sin duda la obligación del legislador - dentro de la autonomía ya subrayada - de establecer los mecanismos adecuados para la efectiva protección de la vida humana - en especial la de los niños y la de los que están por nacer -, así como para la prevención y sanción de las infracciones que contra ella se intenten o perpetren.
Se trata, sin duda, de un derecho inalienable de todo ser humano, garantizado además con claridad en los pactos internacionales de derechos, que prevalecen en el orden interno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución. El 94, por su parte, declara sin rodeos que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Carta y en los convenios internacionales no debe entenderse como negación de otros - la intangibilidad de la vida del nasciturus, por ejemplo - que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.
3) Para la Corte, el derecho a la vida está tan íntimamente ligado al ser humano y se erige de tal forma, aun sobre la voluntad estatal, que no necesita estar garantizado expresamente en norma positiva para ser jurídicamente exigible. El sustento de su vigencia está en el Derecho, no en la ley. Entonces, el hecho de estar positivamente librado a la decisión del legislador lo referente a la búsqueda de las más eficientes formas de su protección - como lo destaca esta sentencia - no significa la potestad legislativa para suprimirlo o ignorarlo, ni tampoco para despojarlo de amparo jurídico.
6) La mujer - considera esta Corte - no es dueña del fruto vivo de la concepción, que es, en sí mismo, un ser diferente, titular de una vida humana en formación pero autónoma. Por lo tanto, no le es lícito disponer de él.
7) Dedúcese de lo dicho que, si la defensa de la vida humana en todos sus estadios es obligación y responsabilidad de las autoridades (Preámbulo y artículos 2 y 11 de la Constitución Política), es plenamente legítima y constitucional la decisión del órgano competente en el sentido de penalizar el aborto provocado en cuanto, en esencia e independientemente de las motivaciones subjetivas de quien lo ocasiona - las cuales, desde luego, pueden dar lugar a la disminución de la pena y al establecimiento de causales de justificación del hecho o de exculpación, como en todos los delitos -, es agresión, ataque, violencia contra un ser vivo, de tal magnitud que, al perpetrarse, corta definitivamente, de modo arbitrario, el proceso vital y representa, ni más ni menos, la muerte de la criatura.
Las aludidas circunstancias - pese a su carácter extraordinario, pues los casos de interrupción del embarazo en los supuestos normativos en comento no constituyen la regla general - merecieron la atención del legislador, aunque no fueran suficientes como para suprimir la penalización del comportamiento, y ello se ajusta a la Constitución Política.
Lo dispuesto tiene sentido, en cuanto, de todas maneras, con el aborto se causa voluntariamente el agravio al bien jurídico protegido. La intención de la madre en el momento de actuar - tal es el supuesto del aborto inducido, que es el objeto de sanción penal - está dirigida de manera cierta e indudable a interrumpir el proceso de gestación, causando la destrucción del embrión humano o del nasciturus.
La ilicitud de tal acto es manifiesta frente al texto constitucional - el derecho a la vida es inviolable - y, si se castiga con una pena menor, ello acontece en razón del factor atenuante aceptado por la ley - la fecundación no es buscada ni aceptada por la madre -, mas no porque se entienda que la acción de la mujer contra el fruto de la concepción pueda quedar impune o, como erróneamente se sostiene por algunos, que en los casos expuestos sea un derecho de la madre.
La Corte debe declarar al respecto que, aun considerada la ofensa inferida a la mujer por el delincuente - de cuya sanción deberá ocuparse el Estado -, nadie puede alegar un derecho a cometer un crimen.
Obsérvese que, miradas las cosas con objetividad, el ser engendrado a partir del acto violento no es sino otra víctima - la más indefensa e inocente - del violador o de quien manipuló sin autorización de la mujer la inseminación artificial. Si se acude al sano equilibrio que emana de la verdadera justicia, se ha de concluir en que, sin dejar de entender la reacción de la madre ante el hecho punible perpetrado en persona suya, resulta jurídicamente inaceptable que el fruto de la concepción, también un ser humano, pague el delito con su vida cuando no ha sido el agresor, es decir, que espíe la culpa de un tercero y pierda, por decisión unilateral de su progenitora, la oportunidad de vivir.
La Corte desecha también el argumento según el cual la penalización - aun leve - de la voluntaria interrupción del embarazo en los eventos anotados afecta o degrada la dignidad de la mujer. Se confunde así el acto de la violación o de la inseminación abusiva con el de la maternidad. Mientras el primero ocasiona daños muy graves que se proyectan en la vida futura de la víctima, a veces de modo irreparable, y lesiona de veras la dignidad femenina, el segundo, en cuanto representa la transmisión de la vida a un ser humano, dignifica y enaltece a la madre. Nadie podrá tildar de indigna a la mujer que, no obstante haber sido violada y hallarse encinta como consecuencia de la violación, decide dar a luz. No reside la dignidad de la mujer en reconocerle un derecho que naturalmente no tiene.
Pero, aún admitiendo, en gracia de discusión, que la prohibición legal del aborto en los eventos descritos implicara agravio a la dignidad de la mujer, este derecho no podría jamás entenderse como prevalente sobre el de la vida del que está por nacer.
Caben aquí las mismas reflexiones expuestas en lo relativo a la competencia del legislador para plasmar los delitos, dentro del criterio, emanado de la Constitución y de los principios fundantes del Derecho, según el cual el Estado - con independencia de la forma en que lo haga - está obligado a prevenir, reprimir y sancionar los comportamientos que impliquen ataque a la vida de la persona.
De este modo se produce un cambio de trágicas consecuencias en el largo proceso histórico, que después de descubrir la idea de los "derechos humanos" - como derechos inherentes a cada persona y previos a toda Constitución y legislación de los Estados - incurre hoy en una sorprendente contradicción: justo en una época en la que se proclaman solemnemente los derechos inviolables de la persona y se afirma públicamente el valor de la vida, el derecho mismo a la vida queda prácticamente negado y conculcado, en particular en los momentos más emblemáticos de la existencia, como son el nacimiento y la muerte.
Estarse a lo resuelto en la sentencia C-013/97, en la cual se declaró EXEQUIBLE el artículo 345 del Código Penal.
Aclaración de voto a la Sentencia C-213/97
En acatamiento de la cosa juzgada constitucional, se impone la decisión adoptada en la presente providencia. No obstante, reitero los argumentos expuestos en el salvamento de voto que expuse en relación con la sentencia C-013 de 1997.

References: artículo 345
 artículo 345

Artículo 345
 artículo 345
 artículo 241
 artículo 345
 artículo 5
 artículo 93
 artículo 345