Source: http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-S/ignacio_del_transito_santander_a.htm
Timestamp: 2017-12-12 13:52:54+00:00

Document:
F.Nacim. : 22-03-56, 17 años de edad a la fecha de su detención.
Domicilio : Asentamiento El Escorial Paine
Actividad : Estudiante y trabajador agrícola ocasional
F.Detenc. : 24 de septiembre de 1973
Los detenidos fueron llevados hasta la Escuela de Infantería de San Bernardo y luego al campo de detención de Chena. Santander Albornoz y Cuadra Espinoza según consta en certificado remitido por el Director de la Escuela de Infantería de San Bernardo en abril de 1974 a la Corte de Apelaciones de Santiago, fueron ejecutados el día 5 de octubre de 1973 en el Campamento de Detención de Chena. De los otros detenidos en la oportunidad, tres recuperaron su libertad desde ese recinto de detención en tanto que otros dos fueron nuevamente llevados al Asentamiento El Escorial el día 3 de octubre y desde allí a la Cuesta de Chada lugar en que se les ejecutó junto a otros doce campesinos. (Mayores antecedentes acerca de las víctimas de Cuesta de Chada en relato del caso de Héctor Santiago Pinto Caroca).
El cadáver de Cuadra Espinoza ingresó al Instituto Médico Legal según consta en protocolo de autopsia N°3143. En tanto que Santander Albornoz no fue encontrado.
Investigaciones posteriores realizadas por el Ministro en Visita don Humberto Espejo en agosto de 1980, en proceso rol 24005-1, permitieron establecer que Ignacio Santander A. bajo el protocolo de autopsia N°3130 fue sepultado en la tumba 2665 del Patio 29 del Cementerio General de Santiago. Posteriormente, en enero de 1991, el Ministro en Visita don Germán Hermosilla procedió a exhumar dicha tumba no encontrando osamentas correspondientes a Ignacio Santander, quedando de manifiesto que se había infringido orden judicial vigente emitida en 1980 en causa 24005-1 que prohibía la incineración, traslado y exhumación de las sepulturas bajo la inscripción de NN, o bien su cadáver no fue sepultado en el lugar que los libros de índices del Cementerio General señalaban.
Mayores antecedentes en relación al operativo del día 24 de septiembre de 1973 se encuentran referidas en el caso de Héctor Guillermo Castro Sáez.
La detención y ejecución de Ignacio del Tránsito Santander Albornoz se enmarca en lo que fue la represión en Paine de 1973. (antecedentes al respecto en caso de José Domingo Adasme Núñez).
Tras haber confirmado la permanencia en el Campamento de Chena, tanto de Cuadra Espinoza como de Santander Albornoz; por intermedio de sus compañeros de trabajo Marchant Rapa, Farías Aravena y Garrido Morales quienes salieron en libertad; familiares de los afectados se acercaron al recinto de detención, en donde personal de guardia reconoció las detenciones efectuadas en Paine, agregando "que era demasiado tarde para seguir preguntando por ellas", pese a ello regresaron nuevamente al recinto a fin de inquirir información de los afectados, siendo en esta oportunidad conminados a alejarse de allí bajo amenazas de ser detenidos. La búsqueda continuó en Santiago recorriendo todos los recintos de detención habilitados en esa época además hicieron consultas en la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET) Cruz Roja Internacional, y Ministerio de Defensa Nacional. A fines de diciembre de 1973 la familia Cuadra Espinoza fue informada por el Instituto Médico Legal que su cadáver había ingresado a ese servicio y luego había sido sepultado en la tumba 2526 del Patio 29 del Cementerio General. Al consultarse el Libro Indice de Ingresos de Cadáveres, los familiares se percataron que en la tumba asignada a Cuadra figuraba otro nombre y al hacérselo saber al funcionario que los atendía se limitó a tarjar el nombre del desconocido y poner el de Cuadra. Los familiares solicitaron la exhumación de la tumba a fin de verificar lo que se les informaba, la solicitud fue denegada por el personal del Cementerio General. La familia agudizó las dudas respecto a la información que se les entregaba, al concurrir a la sepultura 2526 y constatar que el terreno parecía no haber sido cavado ni removida su tierra por mucho tiempo. Respecto a Santander Albornoz, el Instituto Médico Legal informó a los familiares que no figuraba ingresado ningún cadáver con ese nombre.
El 28 de marzo de 1974 se interpuso un Recurso de Amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago rol 293-74 en el cual se dio cuenta de ambas detenciones y la negación de los arrestos por parte de los organismos consultados.
La Corte ofició al Ministerio del Interior y de Defensa, a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos y al Director de la Escuela de Infantería de San Bernardo. La Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos reiteró la respuesta que entregara personalmente a los familiares: "no se encuentra registrada en esta Secretaría el ingreso de Ignacio Santander Albornoz y Juan Cuadra Espinoza" el Oficio lo firmó el Coronel Jorge Espinoza V., Secretario Ejecutivo. De manera casi simultánea respondió el Coronel Pedro Montalva Calvo, en su calidad de Director de la Escuela de Infantería y Jefe de Zona Interior Departamento San Bernardo y Maipo, su Oficio textualmente decía: "Se informa a U.S. que los detenidos Ignacio Santander Albornoz y Juan Cuadra Espinoza fueron dados de baja por centinelas del Campo de Prisioneros de Chena el 4 de octubre de 1973 por intento de escape del citado lugar"... La Corte de Apelaciones declaró sin lugar el Recurso de Amparo el 23 de abril de 1974, habiendo tenido presente el Oficio respuesta del coronel Pedro Montalva Calvo. Con posterioridad a la resolución de la Corte el Ministro del Interior Oscar Bonilla B. hizo llegar un Oficio en el cual se agregaban otros antecedentes; el protocolo de autopsia N°3130 -informaba el Ministro- correspondía a Ignacio del Tránsito Santander Albornoz y el N°3143 a Juan Guillermo Cuadra Espinoza. El Oficio fue agregado al expediente y se atuvo a lo ya resuelto.
El 4 de diciembre de 1979 ingresó al Juzgado de Letras Maipo Buin una querella por los delitos de secuestro y homicidio calificado de Ignacio Santander Albornoz y Juan Guillermo Cuadra Espinoza en contra de efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo que participaron en la detención y posterior eliminación de los afectados. La causa fue acumulada al proceso rol 1-79 (rol de origen 24005-1).
Es del caso informar que el proceso 1-79 se había iniciado en el Juzgado de Letras Maipo Buin el 21 de marzo de 1975 bajo el rol 24005-1. En él se encontraba una denuncia por presunta desgracia por 23 personas detenidas en Paine durante septiembre y octubre de 1973. Posteriormente, el 4 de abril de 1979, la investigación recayó en el Ministro en Visita Juan Rivas Larraín designado por la Corte de Apelaciones de Rancagua en respuesta a solicitud hecha en tal sentido por el Cardenal Raúl Silva Henríquez y los Vicarios Episcopales a la Corte Suprema de Justicia, todo ello ante la conmoción pública provocada por los múltiples arrestos seguidos de desaparecimiento a lo largo de todo el país. El Ministro Rivas, con fecha 13 de agosto de 1979, se declaró incompetente para seguir conociendo de la causa dada la creación de la Corte de Apelaciones Presidente Pedro Aguirre Cerda cuya jurisdicción comprende Maipo Buin. De esta forma, tras haber sido designado por la nueva Corte, la investigación la continuó el Ministro en Visita Humberto Espejo con el nuevo rol N°1-79. A la denuncia inicial se habían agregado nuevas presentaciones que abarcaban denuncias por 26 arrestos de personas que permanecían desaparecidas y 9 querellas en contra del personal de la Escuela de Infantería de San Bernardo: cinco querellas contra el Coronel Jorge Dowling Santa María, como encubridor del delito de arresto ilegal de personas; una querella por secuestro en contra del Teniente Andrés Magaña Bau y otra contra el Sargento de Carabineros de la Subcomisaría de Paine Manuel Reyes. Las diligencias más relevantes referidas al caso de Ignacio del Tránsito Santander Albornoz realizadas durante el proceso rol 24005-1, se reseñan a continuación.
En el mes de diciembre de 1979 declararon los ex-detenidos Francisco Javier Garrido Morales, Carlos Farías Arévalo y José Luis Marchant Roba, quienes afirmaron haber sido detenidos y haber permanecido en todo momento junto a Ignacio Santander y Juan Guillermo Cuadra, hasta el momento en que estos dos afectados son sacados de la celda que compartían en el Campamento de detención del Cerro Chena al menos 10 días después del arresto. También declaró el Coronel Pedro Montalba Calvo, reafirmando la existencia del citado campamento de detenidos, agregando que en el campamento de Chena no se fusiló a detenidos porque en tal caso debía haberse formado un Consejo de Guerra, pero sí que hubo personas "dadas de baja" al intentar escapar. En tal caso, agregó, se levantaba el cadáver y se entregaba al Instituto Médico Legal para su autopsia y posterior sepultura.
Con fecha 12 de diciembre de 1979 el Ministro en Visita se declaró incompetente resolviendo remitir los antecedentes a la Fiscalía Militar. Su incompetencia se basó en los antecedentes entregados por los propios denunciantes, vale decir, se trataba de arrestos efectuados por los Militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo a cargo del Teniente Andrés Magaña Bau, que no habían sido arrestados conforme a ley, que Cuadra y Santander habrían sido muertos por centinelas en el Campamento de prisioneros de Chena y que se sindicaba como responsables a los Coroneles Leonel Koening (Director de la Escuela de Infantería de San Bernardo a septiembre (octubre '73) y Jorge Dauling Santa María, éste último por ocultamiento de información.
Cabe hacer presente, que en el expediente se encontraba acumulado un volumen importante de antecedentes de los cuales aún era preciso agotar su investigación. Tal era el caso de una presentación fechada el 13 de noviembre de 1979 hecha por el Vicario General Monseñor Ignacio Ortúzar R. al Ministro Humberto Espejo, y que éste acogiera. En ella le había hecho llegar antecedentes acerca de inhumaciones masivas e irregulares de cadáveres en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago y agregaba que lo hacía "como una forma de colaborar con la investigación que le había sido encomendada (se refiere al Ministro), a fin de determinar la situación de personas desaparecidas en la localidad de Paine en los meses de septiembre y octubre de 1973". A la presentación se acompañó entre los casos ejemplarizados de estas irregularidades precisamente a Juan Guillermo Cuadra Espinoza e Ignacio Santander Albornoz. Al momento de su incompetencia el Ministro recibió del Director del Cementerio General una lista completa de NN sepultados en el Patio 29. A su vez él había oficiado a dicho Servicio comunicando que hasta nueva orden de ese Tribunal no se podría incinerar, exhumar o trasladar restos de personas enterradas como NN correspondientes al Patio 29 del mencionado cementerio, asimismo el propio Ministro se constituyó en el Cementerio y confirmó la existencia de tumbas NN. La parte querellante apeló a tal resolución fundamentando su posición precisamente en la necesidad de completar la investigación del Tribunal Civil en orden a no desvirtuar el sentido de la designación de un "Ministro Visitador".
Con fecha 6 de marzo de 1980, la Corte de Apelaciones revocó la resolución ordenando proseguir con la investigación e indicando diligencias aún pendientes a fin que se les diera cumplimiento. El Ministro Espejo quitó el conocimiento del sumario al momento de su reapertura. Resolución que fue revocada por la Corte el 3 de junio de 1980. Con fecha 7 de marzo del mismo año el Tribunal ofició al Instituto Médico Legal a fin de que le fueran remitidos los protocolos de autopsia 3130 y 3143 correspondientes a Ignacio Santander y J. Guillermo Cuadra respectivamente. Se reiteran los Oficios el 25 de marzo y el 3 de abril. El 21 de abril el Tribunal recibe ambos protocolos, en el Oficio respuesta se le hace ver que el nombre de Ignacio Santander Albornoz no aparece registrado en los libros índice e ingresos de cadáveres. El protocolo 3130, que de acuerdo a la información entregada por el Coronel Montalba Calvo correspondería a Ignacio Santander, se informa que se trata de un cadáver remitido por la Escuela de Infantería de San Bernardo cuya autopsia se realizó el 7 de octubre de 1973, cadáver de sexo masculino de 20 años de edad y cuya causa de muerte son heridas de bala torácicas con salida de proyectil, se trataría de disparos de corta distancia.
Con fecha 5 de junio de 1980 nuevamente se declaró incompetente y se remitió el expediente a la Fiscalía Militar. Su resolución se fundamentó exactamente en los mismos términos de la anterior. Hubo apelación de dicha resolución, en la que se acompañó fotocopia de resolución de la Corte Suprema del 20 de junio de 1980 con motivo de presentación del Vicario General de Santiago y de la Solidaridad, Juan de Castro, en la cual solicitaba mayor acuciosidad en la tramitación de procesos por Presunta Desgracia, de ella la parte querellante reprodujo textualmente: "Se dispondrá oficiar a esta Ilustrísima Corte P. Aguirre Cerca a fin de que recomiende al Ministro en Visita Humberto Espejo investigar con mayor celo y acuciosidad los hechos que pesquisa y en particular lo denunciado respecto a entierros masivos de cadáveres no identificados, en el Patio 29 del Cementerio General". El 25 de junio de 1980 fue revocada la incompetencia, ordenándose diligencias fundamentalmente orientadas a continuar la investigación del Patio 29 y a obtener la concurrencia del General de Brigada Jorge Dawling Santa María, en cuya causa se encontraba acumulada querella en su contra por encubrimiento del delito de arresto. El Ministro al abrir el sumario nuevamente dejó sin su conocimiento al abogado querellante. Resolución que fue modificada el 7 de julio de 1980.
El 23 de julio de 1980 el General de Brigada Dawling Santa María declaró por Oficio; en él niega toda participación y conocimiento de los hechos relativos a detenciones y operativos con consecuencia de desaparecimiento de más de 29 campesinos en Paine. Termina su declaración señalando que los antecedentes de las querella en su contra fueron puestos en conocimiento de la Comandancia en Jefe del Ejército para los efectos de la competencia "que a mi juicio correspondería a los tribunales militares".
Con fecha 4 de septiembre 1980 declaró Alicia Santander Albornoz, hermana de Ignacio del Tránsito, y expresó encontrar importantes semejanzas entre los antecedentes contenidos en el protocolo de autopsia N°3130 y su hermano desaparecido.
El 17 de octubre de 1980 por tercera vez se declaró la incompetencia remitiéndose el expediente a la II Fiscalía Militar. De esta forma el 15 de mayo de 1981 se reanudó la investigación bajo el rol N°952-80.
A partir del 16 de octubre de 1981, y en seis oportunidades, se solicitó la exhumación de 7 tumbas del Patio 29 que podrían arrojar antecedentes de detenidos desaparecidos de Paine de acuerdo a información reunida en su oportunidad por el Ministro Humberto Espejo. En ello se incluía las tumbas asignadas a Santander Albornoz y Cuadra Espinoza. Todas las solicitudes fueron denegadas. El 17 de noviembre de 1981 el Fiscal Militar respondió que las diligencias solicitadas eran inconducentes atendido el tiempo transcurrido. Ante ello la parte querellante interpuso una Queja ante la Corte Marcial, siendo denegada por este Tribunal de Alzada, aduciéndose que tal recurso era improcedente por no existir falta o abuso suceptible de ser considerado por la vía disciplinaria. El 16 de febrero de 1982, el Tribunal Militar solicitó el sobreseimiento de la causa por encontrarse agotada la investigación y no haber sido posible concluir que el desaparecimiento de estas personas haya sido consecuencia de la perpetración de un delito por parte de personal de las Fuerzas Armadas y de Orden. El 20 de marzo de 1984, la Corte Marcial revocó el sobreseimiento apelado y ordenó diligencias orientadas a la comparecencia de toda la dotación, tanto de la Subcomisaría de Paine como de la Escuela de Infantería de San Bernardo, que cumplía funciones en esas Unidades durante septiembre y octubre de 1973. Durante el año 84 un número significativo de uniformados declaró en los autos, negando todos ellos haber participado en operativos, haber detenido personas, así como haber sabido de ejecuciones o permanencia de detenidos en los recintos de Chena y Subcomisaría de Paine. El 22 de noviembre de 1989 el Fiscal General Militar se hizo parte en representación del Ministerio Público y Militar y solicitó al Tribunal el sobreseimiento de la causa y la aplicación del D.L. 9191 por proceder la Amnistía. Tal resolución fue revocada en febrero de 1992 por la Corte Marcial, este Tribunal instruyó que la causa volviera a estado de sumario y ordenó la diligencia de la exhumación de las seis tumbas en el Patio 29. Dicha exhumación no se pudo realizar por orden de este tribunal, ya que en septiembre de 1991 en la causa 4449-AF del 22 Juzgado del Crimen de Santiago se había practicado la exhumación del total de restos de personas no identificadas enterradas entre septiembre y diciembre de 1973 en el referido patio en el Cementerio General. La causa a diciembre de 1992 continuaba en tramitación.
En causa 2-90-E que instruyera el Ministro en Visita don Germán Hermosilla, al ser designado en agosto de 1990 por la Corte de Apelaciones Presidente Pedro Aguirre Cerda, para que se abocara al conocimiento de la denuncia formulada por la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, de inhumaciones irregulares ocurridas en Paine y que afectaría a detenidos desaparecidos de la zona, el Ministro realizó diligencias específicas en el caso de Santander Albornoz. Solicitó nuevamente los protocolos 3130 y 3143 correspondientes a Santander y Cuadra respectivamente, requirió información del Cementerio General que le confirmó que Santander Albornoz no figuraba sepultado en dicho cementerio, confrontó datos del protocolo de autopsia con los que proporcionara la familia de Santander, concluyendo que el protocolo 3130 NN correspondía a la persona de Ignacio Santander.
Tras haberse constituido el 7 de enero de 1991 en el Patio 29 del Cementerio General y no haber tenido éxito en la exhumación de la tumba 2665, que según los documentos del Cementerio General correspondía al cadáver autopsiado N°3130, el Tribunal interrogó a funcionarios de dicho Cementerio acerca de esta irregularidad no pudiendo dar ninguno de ellos una respuesta satisfactoria al respecto, reconociendo sí la existencia de una orden de no inhumar emanada de la III Fiscalía Militar con fecha 19 de agosto de 1981 y remitida el 4 de abril de 1984. Con fecha 22 de enero de 1991, la parte denunciante solicitó al Ministro Visitador realizar una investigación respecto de las irregularidades cometidas en el Cementerio General en el caso de Santander Albornoz. La petición fue acogida favorablemente.
Al cierre de esta redacción no se producían adelantos en la causa 2-90-E relativas al caso de Ignacio del Tránsito Santander Albornoz.
12 de Septiembre 2003 El Mostrador

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución