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Timestamp: 2020-06-03 12:55:29+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 146, de 18/11/2008
Año 2008 IX Legislatura Núm. 146
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ROSA DELIA BLANCO TERÁN
Sesión núm. 7 celebrada el martes 18 de noviembre de 2008
Comparecencia del señor secretario de Estado de Economía (Vegara Figueras) para:... (Página ) - Informar, en cumplimiento de la disposición adicional primera de la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda externa, sobre datos y las líneas principales en materia de gestión de la deuda externa. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000076.)... (Página 2)
- Explicar el estado de situación de la reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Por acuerdo de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. (Número de expediente 212/000332.)... (Página 2)
La señora PRESIDENTA: Señorías, quiero dar la bienvenida al secretario de Estado de Economía en esta Comisión, que también es la suya, aunque no sea la de primera condición, digamos, pero también es la suya sobre todo en unos momentos difíciles de recesión y de crisis económica. Él ha tenido la amabilidad de venir a comparecer y, si les parece, vamos a hacer de forma conjunta las dos solicitudes de comparecencia que ustedes habían formulado: la primera, para informar, en cumplimiento de la disposición adicional primera de la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda externa, acerca de los datos y las líneas principales en materia de gestión de la deuda externa y, en segundo lugar, para explicar el estado de situación de la reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Hay que señalar que el secretario de Estado de Economía no se ocupa de los FAD, sino que es el secretario de Estado de Comercio, en este caso secretaria de Estado, pero ha tenido la amabilidad de hacer él las dos comparecencias y, por tanto, aliviar a la Comisión de las numerosas peticiones de comparecencias que tiene.
Gracias, secretario de Estado. Tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA (Vegara Figueras): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, para mí es un placer comparecer por primera vez en esta legislatura, pero por tercera vez en total, ante esta Comisión de Cooperación al Desarrollo. Este año la comparecencia se ha retrasado con respecto a la del año anterior, como consecuencia del periodo electoral y del encaje de agendas, pero lo importante es que nuevamente tenemos ocasión de mantener, espero, un diálogo productivo.
El objeto de esta comparecencia, como decía la presidenta, es responder a lo dispuesto en la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda externa, que exige que el Gobierno dé cuenta a SS.SS.
de las principales cifras y las líneas que guían la política de gestión de la deuda externa que el Estado español ostenta como acreedor. También les informaré, tal y como han solicitado, del estado de la reforma del FAD. Quiero aprovechar esta ocasión para presentar la política de participación española en las instituciones financieras internacionales, las IFI, actores fundamentales de la cooperación financiera y competencia de la Secretaría de Estado de Economía. Además quiero anunciarles que, consciente del interés que este tema tiene para esta Comisión, es mi intención remitir a la misma, y a la Comisión de Economía y Hacienda, un informe por escrito sobre la actividad de las dos principales instituciones financieras multilaterales en las que España participa; el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El repaso de todas estas cuestiones es especialmente importante en un momento difícil como el actual, en el que muchos países en desarrollo y emergentes están sufriendo las consecuencias de la crisis económica.
La estructura de mi comparecencia será la siguiente: en primer lugar, presentaré los principios generales que rigen la política en materia de deuda externa; a continuación haré un breve recorrido por el informe de datos de la deuda externa del Estado español, que ha sido distribuido a SS.SS.; seguidamente repasaré las líneas generales de actuación en materia de deuda externa de la legislatura pasada y los planes de actuación para la actual, así como el progreso en la reforma del FAD. La última parte de mi exposición la dedicaré a describir estas líneas básicas que comentaba de la política española ante las instituciones financieras internacionales.
Entrando en los principios generales de gestión de la deuda externa y de participación de España en las IFI, quiero resaltar que su repaso es especialmente relevante teniendo en cuenta que se está elaborando a lo largo de este año 2008 el III plan director de la cooperación española, en cuya redacción el Ministerio de Economía y Hacienda está colaborando activamente, como viene siendo práctica consolidada. Las directrices rectoras en materia de deuda externa son las fijadas por la Ley de Deuda Externa de diciembre de 2006 y en ella se recogen siete principios básicos, que voy a agrupar en dos: necesidad y eficiencia. El primero de ellos exige que las acciones en materia de deuda externa se dirijan a los países con problemas de sobreendeudamiento. El instrumento principal para la medición de los problemas de sobreendeudamiento es el marco de sostenibilidad de deuda elaborado conjuntamente por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que estima la capacidad de un país para contraer deuda sin generar riesgo de crisis. Ya he dicho en las comparecencias anteriores, y repito ahora, que el endeudamiento, siempre que sea responsable, no debe considerarse un obstáculo al desarrollo de los países. De hecho, la financiación exterior en forma de préstamos supone una inyección de recursos al país receptor que le posibilita impulsar su proceso de inversión y desarrollo más allá de lo que su ahorro interno habría permitido. Desde esta perspectiva, queda claro que la condonación de deuda no es un fin en sí misma ni es siempre y en todo caso una forma óptima de cooperación. Solo será un instrumento adecuado cuando el país receptor se enfrente a problemas de insostenibilidad de la deuda. En estos casos existe un consenso generalizado entre los referentes internacionales de la cooperación al desarrollo -consenso de Monterrey, objetivos de desarrollo del Milenio- acerca de que el endeudamiento insostenible es un lastre para las posibilidades de desarrollo del país que lo sufre y, por tanto, es necesaria la acción internacional en forma de reestructuraciones de deuda o condonaciones de la misma. Fuera de estos casos, el principio general de la política de gestión de
deuda debe ser el mantenimiento de relaciones financieras normales y el respeto a las obligaciones contractuales. No olvidemos que los Estados son soberanos para endeudarse. Por su parte, el principio de eficiencia pretende garantizar que el esfuerzo financiero que supone la condonación revierta efectivamente en el desarrollo del país beneficiario, evitando que resulte un mero despilfarro de recursos. La condonación de deuda por sí sola no basta para promover el desarrollo ni puede ser la base sobre la que sustentarlo. Es imprescindible que los recursos liberados se utilicen responsablemente y que se adopten políticas que corrijan las causas últimas de este sobreendeudamiento. Demasiadas veces los países que han recibido importantes condonaciones no han llegado a experimentar progresos sustanciales y se han visto inmersos rápidamente en una nueva crisis de deuda. A esto se refiere el principio de condicionalidad recogido en la Ley de Deuda. A estos principios se añaden otros de gestión, que son igualmente relevantes, entre los que destacan la importancia de la coordinación interna y la transparencia en la actuación. Todos ellos se han plasmado en el borrador de la tercera edición del plan director de cooperación, actualmente sometido al procedimiento de consulta pública, como paso previo a la elaboración del borrador final.
Paso a continuación a referirme a las principales cifras de deuda externa que el Estado español ostenta como acreedor. Para ello, me basaré en el informe que les fue remitido en junio y que contiene las cifras de deuda a 31 de diciembre de 2007, puesto que eso es lo exigido por la Ley de Deuda y porque es el informe con el que cuentan sus señorías.
Adicionalmente, y dado que ya ha transcurrido la mayor parte del año 2008, les proporcionaré también los datos más relevantes actualizados, a modo de adelanto del informe, que lógicamente les remitiremos a principios del próximo año. A 31 de diciembre de 2007 la deuda total ascendía a 8.496 millones de euros, de los cuales 4.195 son de deuda FAD, 3.661 deuda comercial y 639 millones corresponden a otro tipo de deuda.
La cifra de deuda total a finales de 2007 puede compararse con la del año anterior que era de 9.587 millones de euros, observándose por tanto una reducción de casi 1.090 millones de euros. Este descenso puede descomponerse en varios componentes. En primer lugar, la cifra de deuda ha caído como consecuencia de los pagos de principal recibidos, que han ascendido a una cuantía de alrededor de 540 millones de euros, y no incluimos en esta cifra los pagos por concepto de intereses. En segundo lugar han sido las condonaciones realizadas por un importe de casi 430 millones de euros. En tercer lugar, el valor de la deuda en euros se ha reducido en más de 540 millones, puesto que una parte muy importante de la misma está denominada en dólares, divisa que como bien saben SS.SS. se ha depreciado fuertemente frente al euro a lo largo de 2007. Vista la fuerte apreciación del dólar que se ha venido produciendo en los últimos meses, cabe esperar que el impacto del tipo de cambios sea algo opuesto en 2008. Por el lado contrario, el descenso mencionado se ha compensado parcialmente por la aparición de nueva deuda, FAD y comercial, así como por la acumulación de intereses de demora, básicamente Cuba, todo lo cual ha venido a suponer un importe de 420 millones de euros.
En lo que se refiere a 2008, la cifra de deuda total a 1 de septiembre es de 8.367,78 millones de euros. El reparto geográfico de la deuda se mantiene muy similar al de años anteriores, siendo los países iberoamericanos, con un 47,2 por ciento del total, los principales deudores. En cuanto al objeto del contrato hemos presentado una lista detallada de las casi 1.800 operaciones que dan lugar a la deuda de titularidad española, en un esfuerzo por hacer el informe de deuda lo más transparente posible. En la deuda FAD destaca la preponderancia de sectores como el de equipamiento social, transporte y obras públicas. La deuda de origen comercial, es decir la derivada de aquellas operaciones aseguradas por Cesce, se concentra en sectores como bienes de equipo y obra civil. Por otro lado, al igual que hiciera en mi anterior comparecencia, quisiera insistir en que estas operaciones aseguradas por Cesce no tienen por qué ser generadoras de deuda para el Estado español.
Solo lo serán si son impagadas, en cuyo caso deben ser indemnizadas por Cesce, surgiendo así la deuda del Estado. En la práctica esto solo ocurre en un porcentaje muy bajo de las operaciones aseguradas, lo cual muestra que el seguro de crédito a la exportación no es por regla general un instrumento generador de deuda frente al Estado español. Asimismo, esto es coherente con la idea de que el seguro de crédito debe concederse sobre la base de un análisis de sostenibilidad de la deuda del país receptor. Existen otros dos datos de especial interés en el informe que les hemos presentado, los relativos a los impagos existentes y a los pagos recibidos. En cuanto a los impagos se trata posiblemente de la información más sensible de las recogidas en el informe que les hemos distribuido, pues pueden suponer señalizaciones negativas para los países afectados. A 31 de diciembre de 2007 los impagos totales frente al Estado español ascienden a 2.639 millones de euros, lo que representa un 31 por ciento del total de nuestra deuda externa. Dicha cifra es un 21 por ciento inferior a la de 2006. Encabezan la lista de impagos de 2007 los mismos tres países que el año anterior: Cuba, Angola y Argentina que reúnen un 87 por ciento del total de los impagos. En cualquier caso, las circunstancias de estos tres países han cambiado sustancialmente en los últimos meses. El mayor deudor por impagos continúa siendo Cuba, con prácticamente el 70 por ciento del total. En todo caso, recientemente se han mantenido contactos con este país, que les detallaré al hablar de los planes de actuación. Por lo que se refiere a Angola debo resaltar que los impagos que recoge el informe de deuda han quedado plenamente regularizados mediante un acuerdo firmado a principios de 2008 y que, por tanto, a día de hoy estos importes ya no deben tener la consideración de impagos. Posteriormente
explicaré con más detalle los términos de esta regularización. En cuanto a Argentina me gustaría resaltar dos cuestiones. En primer lugar, a principios de 2007 se llegó a un acuerdo enormemente relevante de reestructuración de la línea de crédito concedida por España en el año 2001, el cual está siendo cumplido por Argentina puntualmente. El resto de la deuda bilateral tradicional, FAD y comercial, continúa en impago y pendiente de una solución en el marco del Club de París. En este sentido, la presidenta argentina anunció a principios del mes del mes de septiembre el compromiso de regularizar mediante un pago único el total de deuda con este foro. Actualmente el Club de París está en contacto con las autoridades argentinas a este respecto. A 1 de septiembre de 2008 los impagos ascienden a 2.473 millones de euros, sin que se observen variaciones sustanciales respecto a finales de 2007. Para concluir con esta radiografía de la deuda externa titularidad del Estado español, quisiera referirme a los pagos recibidos durante 2007. Estos se elevaron a un total de 700 millones de euros, de los que un 55,5 por ciento fueron realizados por tres países: Perú, con prácticamente el 32 por ciento, que ha realizado un pago anticipado de su deuda al Club de París, Argentina con un 18 por ciento e Indonesia con un 5 por ciento. Estos pagos incluyen tanto la amortización de principal como pago de intereses.
Completo esta información señalándoles que durante 2008 se han recibido ya pagos por importe de unos 415 millones de euros.
A continuación y antes de pasar a exponerles los objetivos de acción para la presente legislatura, quisiera hacer un rápido repaso de las actuaciones concretas realizadas durante la pasada, resultado de la aplicación práctica de los principios que les exponía al comienzo. En el periodo 2004-2008 el Gobierno de España ha desarrollado una intensa actividad en la lucha contra el sobreendeudamiento exterior que sufren los países pobres. En esos años España ha firmado condonaciones de deuda por un importe de 1.936 millones de euros, contribuyendo de esta manera también al compromiso del Gobierno en materia de ayuda oficial al desarrollo. Para poner este esfuerzo en un contexto hay que señalar que este es superior en más de un 39 por ciento a lo condonado en el conjunto de las dos legislaturas anteriores. Esta condonación se deriva tanto de acciones puramente bilaterales (523 millones de euros en conversión de deuda y 453 en la resolución del contencioso Celgusa con Guatemala) como de acciones coordinadas multilateralmente con otros acreedores con objeto de maximizar el impacto de la condonación por un total de 960 millones de euros. Permítanme realizar una exposición algo más detallada. El instrumento fundamental en la gestión bilateral de la deuda externa han sido los programas de conversión de deuda en inversiones públicas. Me gustaría destacar además que en este instrumento se ha basado la iniciativa más emblemática en materia de deuda; esta es la conversión de deuda por educación en Iberoamérica lanzada por el presidente del Gobierno en septiembre de 2004. Esta iniciativa es actualmente una referencia internacional en el ámbito de la conversión y creo que puede decirse que el liderazgo español en la misma es reconocido.
Los programas de conversión de deuda son especialmente adecuados para garantizar que la condonación sirve al fin de la promoción del desarrollo en un contexto en el que no debe olvidarse que las condonaciones de deuda suponen una merma de recursos presupuestarios para España, por lo que es esencial salvaguardar su buen uso. Además en estos años se ha impulsado decididamente la mayor coordinación en la gestión de la conversión, tanto interna, española, como con las instancias de desarrollo del país beneficiario y con las ONG. Asimismo se ha buscado la colaboración de instituciones multilaterales de desarrollo cuya existencia contribuye a reforzar la solidez técnica de los proyectos, así como su seguimiento y evaluación. Esta amplia participación en la gestión de los programas facilita que la conversión española se ejecute en armonía con la cooperación del resto de los países e instituciones multilaterales, tal y como establece la Declaración de París y la propia Ley de Deuda. Mediante la conversión de deuda se han financiado numerosos proyectos de desarrollo. Solo a lo largo de la pasada legislatura se firmaron dieciocho programas de conversión de deuda -de lejos la legislatura más prolífica en este aspecto-, suponiendo una condonación total de 523 millones de euros. En el campo de la educación pueden citarse como ejemplos varios proyectos de mejora de la calidad y acceso a la educación básica en Ecuador, la construcción de centros educativos en El Salvador o la rehabilitación de institutos en Nicaragua. También se han financiado proyectos medioambientales, como la construcción de un parque eólico en Uruguay, por poner algunos ejemplos.
Junto a estas condonaciones voluntarias bilaterales, el Gobierno de España también ha coordinado sus actuaciones en materia de deuda externa en los foros multilaterales relevantes. Así, España ha participado activamente en la iniciativa HIPC de condonación de la deuda de los países más pobres y endeudados, sin duda los más vulnerables a este tipo de problemas. La condonación de España a estos países va más allá de la que cualquier otro acreedor bilateral, incluidos los G7, ha establecido. Sus señorías conocen muy bien que mediante la Ley de Deuda Externa, de diciembre de 2006. España amplió sus condonaciones voluntarias hasta cubrir la totalidad de la deuda de estos países, contraída con anterioridad al 31 de diciembre de 2003. Esto da una idea inequívoca del compromiso español puesto que, como decía, ningún acreedor bilateral va tan lejos en sus esfuerzos voluntarios. La deuda condonada a los países HIPC por parte de España en la pasada legislatura ha sido de 444 millones de euros, una cifra a la que cabe sumar varios de los programas de conversión de deuda citados anteriormente, de los que también se han beneficiado los países HIPC. De estos, 116 millones han sido condonaciones voluntarias, adicionales a las estrictamente derivadas
de la aplicación de esta iniciativa. Asimismo, en 2007 se ha contribuido a sufragar el coste de la iniciativa HIPC en las instituciones financieras internacionales a través de una participación de algo más de 28 millones de euros, en el HIPC Trust Fund del Banco Mundial. De nuevo en el marco multilateral, España ha participado activamente en los acuerdos del Club de París. En este contexto, España ha condonado deuda por importe de 516 millones de euros. Igualmente, en el mismo periodo la deuda reestructurada por parte de España ha sido de 527 millones de euros, incluyendo la reestructuración concedida a Indonesia tras el terrible tsunami de diciembre de 2004.
Por lo que se refiere a operaciones de pago anticipado, se ha participado en diez operaciones por un importe total de 1.803 millones de euros.
También en el seno del Club de París se ha resuelto uno de los contenciosos de deuda más relevantes, como es el referido a Angola. Este país llevaba más de una década acumulando atrasos respecto al Club de París, especialmente frente a Francia y España. Tras algunos avances en 2006, en octubre de 2007 se alcanzó finalmente un acuerdo que supone la recuperación en tres años de 1.800 millones de dólares para el total de acreedores del Club de París, de los cuales 296 millones -algo así como un 16 por ciento- corresponden a España.
Desde el punto de vista cualitativo, destaco dos importantes actuaciones en el marco del Club de París. La primera se refiere a la defensa de los países HIPC frente a los denominados fondos buitre. Estos fondos adquieren la deuda de los países HIPC a precios bajos y posteriormente la reclaman vía judicial. El Club de París ha acordado que sus miembros no deberán vender deuda a estos fondos y continúa trabajando para que la aplicación de la HIPC se extienda a todos los acreedores. En segundo lugar, con objeto de aumentar la transparencia, se ha publicado recientemente un primer informe anual de actividades, referido en este caso al año 2007, lo que será ya una actividad oficial más con periodicidad anual. En este documento -que pueden encontrar tanto en la página web del club como en la del Ministerio de Economía y Hacienda- se repasan los distintos tratamientos de deuda y operaciones de pago anticipado habidos en el Club de París en el año 2007. En resumen, la legislatura pasada ha supuesto tanto un salto cuantitativo en la política de gestión de deuda externa, por el importante volumen de deuda condonada, como cualitativo, al quedar encuadrada en un marco legislativo claro y por los progresos realizados en su sistematización, marcando el camino de lo que esta política será en el futuro.
Señorías, quisiera dirigir ahora la atención precisamente hacia ese futuro, a nuestros objetivos y prioridades de acción para los próximos años. De nuevo, el principio rector seguirá siendo el marcado por la Ley de deuda de actuación frente al sobreendeudamiento. El primer gran objetivo es llevar a buen término los numerosos proyectos lanzados en la legislatura anterior y de los que acabo de darles cuenta. Les señalaba que se han firmado dieciocho programas de conversión de deuda en los últimos años, todos ellos están ya en ejecución, pero es necesario concluir con éxito su aplicación a la financiación de proyectos de desarrollo, asegurando que los recursos invertidos cumplen plenamente los fines a los que están destinados. En segundo lugar, debe concluirse la firma de los programas que están comprometidos y actualmente en negociación. De hecho, en lo que llevamos de legislatura se han firmado ya tres programas de conversión de deuda por importe de 64,2 millones de euros y están en negociación los programas de Bolivia, Ghana, Tanzania y Mozambique, por un total superior a los 107 millones de euros. Este compromiso con los países HIPC seguirá marcando nuestra política futura, continuándose concediendo las condonaciones correspondientes a medida que estos países vayan alcanzando los puntos de decisión y culminación. Las condonaciones que se apliquen serán tanto las estrictamente derivadas de la iniciativa, como las excepcionales voluntariamente asumidas por España, especialmente a través, como he dicho ya, de la Ley de Deuda Externa. Por el momento, en los meses que han transcurrido de la legislatura, España ya ha participado en la negociación llevada a cabo en el marco del Club de París del tratamiento de deuda a Togo, preparatorio de su incorporación a la iniciativa HIPC, aplicando una condonación de alrededor de 22 millones de euros y una reestructuración de 14,5 millones de euros. Igualmente, seguiremos contribuyendo a financiar la participación de las IFI, en la HIPC, así como en la complementaria multilateral debt relief initiative, iniciativa de condonación de la deuda multilateral. España ha comprometido una compensación total de 744 millones de euros, de los que 62 millones de euros están ya desembolsados
Cabe estimar que, supuesta la plena aplicación de la HIPC, y teniendo en cuenta las condonaciones ya realizadas, tanto bilateralmente como a través de instituciones multilaterales, el esfuerzo español total dentro de la HIPC será de en torno a 3.550 millones de euros. Esta cantidad incluye todo lo ya condonado desde el lanzamiento de la HIPC, en 1996, y todo lo que se espera condonar una vez que todos los países HIPC hayan llegado al punto de culminación. Pero además España seguirá trabajando para lograr una participación universal en la HIPC de todos los acreedores, incluyendo a los bilaterales públicos no pertenecientes al Club de París y a los acreedores privados. Estas actuaciones bilaterales se verán complementadas con el mantenimiento de nuestra participación activa en el club. Precisamente en este foro está discutiéndose actualmente la posibilidad de diseñar un tratamiento para los países salientes de un conflicto que permita concederles un diferimiento de pagos. De esta manera se les proporcionaría un importante alivio de liquidez que, en caso de que el país firmara un programa con el Fondo Monetario Internacional del tipo PRGF, podría ir seguido de un tratamiento con condonación. España seguirá trabajando activamente en el club para que se llegue a un acuerdo sobre los términos
de este nuevo tratamiento, de modo que pase a enriquecer los instrumentos disponibles en este foro. Así, en lo que llevamos de legislatura el Club de París ya ha concedido también un tratamiento de deuda a un país no HIPC, que es Djibuti. En virtud de este acuerdo del día 16 de octubre la deuda española reestructurada es de en torno a 4,5 millones de euros.
Asimismo, a través del Club de París deberá buscarse una solución a los grandes contenciosos multilaterales de deuda todavía vivos. El primero es el caso de Argentina, al que ya me he referido anteriormente. El otro gran caso sería el de Cuba, que mantiene deuda con un gran número de acreedores. Desde el punto de vista bilateral, España ha abierto contactos para estudiar soluciones a la deuda de corto plazo, para la cual el Club de París tiene permitida la negociación bilateral. Estas acciones tendrían por objeto buscar algún tipo de regularización de esta parte de la deuda cubana, así como asistir a la población de la isla tras las catástrofes naturales sufridas durante el pasado verano. Hasta aquí lo referido a actuaciones externas en el marco de la gestión de deuda, destacando en cualquier caso que en el año 2008 se prevé que la AOD generada por operaciones de deuda se sitúe en torno a los 300 millones de euros. Todo ello confío que haya dejado claro el compromiso del Gobierno de seguir prestando máxima atención a una gestión activa y solidaria de la deuda externa. A nivel interno estamos colaborando -como ya les he mencionado anteriormente- con la Secretaría de Estado de Cooperación al Desarrollo para la elaboración del III plan director de la cooperación, dirigido al periodo 2009-2012. Este plan servirá para reforzar aún más la coordinación interior en las actuaciones con impacto sobre el desarrollo.
Señora presidenta, señorías, en mi última comparecencia en esta Comisión ya comenté que las acciones de resolución de problemas de sobreendeudamiento deben ir acompañadas de un esfuerzo de deudores y acreedores para que esto no vuelva a producirse. Por tanto, es fundamental que prestamistas y prestatarios asuman prácticas responsables. Este es uno de los principios orientadores del actual proceso de reforma del FAD y del seguro de crédito a la exportación derivado de la Ley de Deuda, en el que se está trabajando conjuntamente con los ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación y de Industria, Turismo y Comercio. A continuación me referiré a esta reforma, la cual busca dos elementos esenciales, por un lado, el fomento de la sostenibilidad y, por otro, la especialización de los instrumentos financieros en la consecución de sus propios fines. La línea de reforma en la que trabaja el Gobierno consiste en la creación de dos nuevos instrumentos. El primero estará dedicado exclusivamente a la cooperación al desarrollo -el Fondo de promoción del desarrollo, Fonprode-, mientras que el segundo será un fondo para internacionalización de la empresa, FIEM. Por otro lado, las aportaciones a las instituciones financieras internacionales se financiarán directamente desde el presupuesto. La acción en los tres frentes debe estar coordinada y ser consistente.
Quiero resaltar a este respecto que el FIEM incorporará expresamente la preocupación por la sostenibilidad de deuda en los países receptores. No se trata de cerrar la puerta al endeudamiento -ya que he dicho que es un recurso válido para la financiación-, sino de garantizar que no acaba siendo un lastre para el progreso. El proyecto de ley del FIEM se referirá también al seguro de crédito a la exportación, estableciendo que cada operación se analizará en relación con el nivel de endeudamiento del país. La cobertura a los países HIPC estará cerrada salvo habilitación expresa. En este mismo sentido, la OCDE ha aprobado a principios de este año unas directrices para préstamos sostenibles cuyo objetivo es garantizar que la financiación concedida por sus miembros es compatible con un nivel de deuda sostenible en los países receptores. El gran reto en este campo es que todos los prestamistas -y no solo los miembros de la OCDE- asuman este objetivo. Esto es especialmente importante cuando cada vez hay más países no miembros con un protagonismo financiador creciente.
Soy consciente de la preocupación de SS.SS. por los plazos para la presentación y tramitación de los correspondientes proyectos de ley. No obstante, la articulación del nuevo marco legal del FAD a través de los instrumentos anteriormente señalados es una tarea técnicamente compleja que implica a diferentes departamentos ministeriales. Puedo asegurarles que en todos ellos se está trabajando activamente para dar respuesta a la mayor brevedad al mandato derivado de la Ley de gestión de la deuda externa.
Quiero ahora referirme a las instituciones financieras multilaterales y a la posición española dentro de ellas. Las IFI son un instrumento fundamental en la coordinación económica internacional, piezas clave de la arquitectura financiera internacional y de la cooperación al desarrollo y están consolidando un papel primordial en la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio. España otorga un gran valor a la participación activa en el multilateralismo como forma de optimizar el impacto de sus actuaciones, aprovechando el conocimiento técnico de estas instituciones y su capacidad privilegiada de interlocución con las autoridades de los distintos países en desarrollo. Esta participación se basa en los principios de proactividad por parte de España, focalización en las instituciones más eficientes y especialización de cada institución en sus puntos fuertes, principios que son recogidos en el capítulo dedicado a las IFI de estrategia española de cooperación multilateral. La relevancia de estas instituciones queda especialmente de manifiesto en unas circunstancias económicas internacionales tan complejas como las actuales, en las que la coordinación y la solidaridad son fundamentales.
A continuación paso a repasar los grandes hitos en la agenda de las IFI y su reacción ante la crisis actual. En este sentido, ya les anunciaba al principio de la comparecencia que vamos a remitir a SS.SS. un informe escrito presentando de forma más completa las actuaciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, así como la
posición española en los distintos asuntos. Comienzo por el Fondo Monetario que, si bien no se trata de una institución de desarrollo propiamente dicha, sí es obvio que es un referente esencial en la arquitectura económica internacional y, en particular, para el resto de IFI, más aún dada la actual situación. España considera que el Fondo Monetario debe jugar un papel fundamental en la resolución de las crisis a través de la financiación y de la supervisión. En cuanto a la primera, hace pocas semanas se activó un procedimiento de urgencia para agilizar la aprobación de programas y para facilitar el acceso a financiación excepcional, en virtud del cual ya se han aprobado programas con Ucrania y Hungría y están en trámites de aprobarse otros con Pakistán, Islandia y Bielorrusia. Asimismo, el Fondo Monetario ha creado un nuevo instrumento preventivo que permitirá la rápida movilización de recursos suficientes con la mayor flexibilidad y celeridad posibles como para ayudar a los países beneficiarios a recuperar la confianza de los mercados. Por otra parte, el Fondo Monetario está siendo ahora el centro del debate acerca del fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional, como bien saben SS.SS. Creemos que el fondo tiene un papel muy relevante que jugar en la construcción de un sistema financiero más sólido, más seguro y más estable gracias a su experiencia, su capital humano y la legitimidad que le da su amplia representación y números de miembros.
Este último aspecto ha sido reforzado gracias a la reciente modificación del reparto de poder de votos. Será fundamental que la estructura de gobierno se actualice de forma continuada, de modo que el poder de decisión en el Fondo Monetario se ajuste a la realidad mundial. Así ha quedado recogido en la reciente cumbre de Washington, en la que se reconoce que el fondo debe tener un mandato claro en supervisión de la estabilidad financiera global en coordinación con los demás foros internaciones relevantes. Asimismo deberá poner especial atención en la alerta temprana de riesgos, con objeto de favorecer la prevención. Más en general, la idea fundamental que quiero transmitirles sobre la reciente reunión de Washington es lo que supone de apuesta por la coordinación multilateral en los momentos de crisis, una reacción totalmente distinta de la de los años treinta con la multiplicación de acciones unilaterales que, sin duda, contribuyeron a dilatar la crisis. Este espíritu de coordinación multilateral es el que da fuerza a las instituciones financieras internacionales.
Permítanme referirme a continuación al Banco Mundial, como referente principal del conjunto de bancos multilaterales de desarrollo. En este ámbito nuestras principales líneas de actuación han sido las siguientes.
En primer lugar, en los últimos cuatro años y medio hemos profundizado de forma muy significativa nuestras relaciones con esta institución, así como con el resto de IFI, pasando a ser un donante relevante y a participar en un número creciente de iniciativas, aumentando de forma notable la interlocución con la institución. En segundo lugar, en relación con el gobierno de la institución, hemos apoyado la mejora de la representación de los países en desarrollo respaldando el proceso de reforma que está actualmente en curso. En tercer lugar, por lo que se refiere a la relación con los países beneficiarios, hemos defendido la necesidad de aumentar la flexibilidad y la personalización de los servicios ofrecidos a los países, así como la simplificación y agilización de los procedimientos de trabajo del banco y la utilización de los sistemas nacionales de licitación, siempre que se den las necesarias condiciones de transparencia. En cuanto a políticas concretas, permítanme mencionar algunas de las iniciativas más importantes que hemos apoyado, en muchos casos acompañadas de significativas contribuciones financieras, siempre siguiendo el marco y las directrices establecidas en el Plan director de la cooperación española y los planes anuales de cooperación internacional en cuanto a sectores y zonas geográficas prioritarias. En relación con la lucha contra la pobreza extrema España ha sido uno de los países que más ha aumentado su contribución a la 15ª reposición de recursos de la Asociación Internacional de Desarrollo, es decir, la ventanilla blanda del Grupo Banco Mundial, pasando del 2,2 por ciento al 3 por ciento del total, lo que va representar una contribución de 646 millones de euros para los próximos tres años 2009-2011. Esto nos sitúa en el octavo lugar entre los principales donantes. La asociación es la principal fuente de financiación concesional de los 80 países más pobres del mundo, aproximadamente un 20 por ciento de su ayuda se concede en forma de donaciones y destinan el 50 por ciento de sus recursos a África subsahariana.
De forma similar hemos aumentado nuestra contribución a las ventanillas blandas de otras IFI, situándonos en el 3 por ciento en el Fondo Africano de Desarrollo, lo que supone 124 millones de euros en los próximos tres años también y en el 2,8 por ciento en el Fondo Asiático de Desarrollo, con un compromiso de contribución de más de 87 millones de euros. En el caso de los países HIPC, me gustaría destacar que el Banco Mundial, junto con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Africano y el Banco Interamericano de Desarrollo, ha puesto en marcha la iniciativa de condonación de la deuda multilateral de estos países con estas instituciones, que supone la cancelación del cien por cien de esta deuda, de la que ya les hablado en la parte de deuda y cuyo coste total asciende a casi 55.000 millones de euros. Por otra parte, el Banco Mundial ha expresado su gran interés por contar España como socio estratégico para profundizar sus relaciones con los países latinoamericanos. Muchos de estos países se encuentran entre los países de renta media, donde se combinan en muchos casos significativos ritmos de crecimiento con grandes bolsas de pobreza. España siempre ha defendido el relanzamiento de una estrategia para estos países, en particular, la necesidad de reducir y simplificar los precios de los préstamos, de ampliar los vencimientos y de aumentar la oferta de productos y servicios financieros, todo lo cual ya se está poniendo en práctica.
Otras áreas que España considera críticas y en las que está realizando importantes aportaciones financieras son, por un lado, el refuerzo de la capacidad institucional y la mejora de la gobernabilidad en los países en desarrollo y, por otro, la lucha contra el cambio climático. En este último ámbito estamos aprovechando además la experiencia acumulada por el Banco Mundial y hemos realizado aportaciones financieras muy importantes a distintos fondos gestionados por esta institución para la compra de derechos de emisión de CO2 en países en desarrollo, que en su conjunto se elevan a unos 435 millones de euros, a lo que se suman 57 millones aportados por el sector privado español. Lo mismo cabría decir con respecto a nuestro apoyo a otras áreas vitales para el desarrollo, como son la educación, la sanidad, la participación de la mujer y la asistencia a países frágiles y en situaciones posconflicto, donde asimismo se están realizando aportaciones financieras muy importantes a fondos gestionados por el Banco Mundial a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, siempre en coordinación con el Ministerio de Economía y Hacienda.
Por último, quiero insistir, como ya he hecho antes en mi intervención, en el papel de las IFI en la actual crisis financiera internacional, que ya está afectando a los países en desarrollo, facilitando el acceso al crédito. En el caso del Banco Mundial, su solidez financiera le permitirá duplicar el volumen de préstamos a los países de renta media hasta alcanzar los 28.000 millones de dólares anuales. De esta forma, creemos que en el contexto actual será necesario llevar a cabo una revisión profunda del papel de las IFI y en particular deberá asegurarse que el Banco Mundial actúe de forma eficiente para minimizar el impacto de la crisis sobre los países más pobres del mundo y sobre sus ciudadanos.
Señorías, concluyo ya. He retomado en esta comparecencia la obligación de presentarles las líneas principales de la política española de gestión de deuda. Confío en que haya dejado patente la intensidad con la que en los últimos años el Gobierno ha tratado de apoyar a los países en desarrollo a través de alivios de su deuda externa, así como la intención de continuar por esta senda los próximos cuatro años. Debemos consolidar y culminar todos los esfuerzos realizados y continuar ofreciendo nuestra solidaridad a los países más pobres y endeudados, habida cuenta de que estos países son siempre los más vulnerables ante situaciones de crisis.
Por otro lado, en relación con las IFI, en un contexto de crisis como el actual, es fundamental que nos apoyemos en organismos multilaterales para garantizar la coordinación, armonización y coherencia de los esfuerzos.
Por ello, España seguirá apostando por una participación cada vez más activa en estas instituciones y seguirá esforzándose para que estas cumplan cada vez mejor sus objetivos de promoción de la estabilidad y del desarrollo. Señorías, la cooperación económica de los países desarrollados no puede sustituir el imprescindible compromiso de los países en desarrollo con su propio progreso. Sin embargo, sí podemos estar a su lado, impulsando ese compromiso y proporcionando asistencia y financiación para que llegue a buen puerto. En ese esfuerzo responsable estará el Gobierno de España.
Señora presidenta, señorías, quedo a su disposición para todos los comentarios y preguntas que consideren pertinentes.
La señora PRESIDENTA: En primer lugar intervendrán los portavoces de menor a mayor y en un turno de diez minutos. Al ser dos comparecencias que hemos resuelto en una sola podremos ampliar un poquito más, pero no mucho más, así que les ruego se ciñan a sus tiempos. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra su portavoz el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Señor secretario de Estado, quisiera empezar por valorar los elementos positivos que tiene la presentación del informe y una comparecencia que no es nueva, es nueva en esta legislatura pero no lo es en esta casa. Es a partir de la Ley de Deuda, del informe, que tenemos más transparencia, que podemos seguir mejor a España como acreedor, que tenemos información sobre los acuerdos, el tratamiento de los países en el marco del Club de París, la deuda reestructurada y la no reestructurada. Ese es un elemento claramente positivo. Ahora bien, quisiera poner también la atención en aquellos aspectos donde necesitamos más luz. Al igual que en la anterior legislatura le trasladamos la necesidad de entrar en mayor detalle en el objeto del contrato, hoy se lo vuelvo a reiterar. Además entendemos que el objeto podría introducirse, por ejemplo, no solo en la deuda no reestructurada sino en la reestructurada. Lo digo porque cuando no explican el objeto del contrato en la deuda reestructurada su argumento es que esta deja de estar referida a un proyecto concreto, pero no conocer el objeto de la deuda reestructurada lo que no permite precisamente es establecer las razones por las cuales acaba siendo reestructurada, con lo cual nosotros entenderíamos que el objeto en estos casos sería oportuno que se conociese. De la misma manera le traslado -son reflexiones que saben ustedes que son compartidas no solo por nuestro grupo sino por el conjunto de la sociedad civil, por lo que les han trasladado diferentes organizaciones no gubernamentales, desde Intermón hasta el Observatori del Deute en la Globalització que en el objeto del contrato nos encontramos con excesiva indefinición. Esas organizaciones nos ponen tres ejemplos: Cuba, con proyectos de equipos y de servicios; Indonesia, con proyectos educativos, y Argelia, con bienes de equipo. Podría ir a la solicitud de información que nuestro grupo hizo en la anterior legislatura y en la información que nos han detallado nos vienen propuestas absolutamente genéricas que no nos permiten conocer el objeto del contrato...
La señora PRESIDENTA: Un poco más alto, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Señora presidenta, no se puede acercar más el micrófono, intentaré subir el tono. También me puedo abalanzar más sobre el micrófono, pero creo que no sería tampoco oportuno. (Risas.) Intentaré subir el tono.
Decía que en materia del objeto del contrato consideramos que hay excesiva indefinición y que el Gobierno debería prestar más atención en temas concretos y, por supuesto, en la deuda reestructurada. Además, entendemos que el detalle permitiría avanzar como se ha avanzado en otros países.
Usted sabe que en países como Noruega se ha avanzado en torno a la ilegitimidad de la deuda. Podemos discutir la oportunidad o no. Nosotros somos partidarios; seguramente ustedes no lo serán. En cualquier caso, el detalle que les reclamamos sería oportuno para poder avanzar en este sentido.
Aquí quiero entrar en el detalle para pedirle que haya una mayor información de la deuda realizada o comprometida en el detalle de los programas aprobados y ejecutados en el año 2007. Esa es una petición compartida. Usted sabe que el artículo 5 de la ley establece que los programas de conversión se dirigirán a la promoción de inversiones y proyectos que promuevan el desarrollo de los países beneficiarios en los sectores que estos consideren prioritarios, de acuerdo con el principio de soberanía local. Para ello se fomentará, en primer lugar, la participación de los actores locales, primando el apoyo del tejido productivo y asociativo local, al objeto de que las operaciones de conversión de deuda maximicen el impacto de desarrollo en los países beneficiarios. Pues bien, nos hubiese gustado conocer precisamente cómo se garantizan en los programas aprobados y ejecutados en el año 2007 el cumplimiento del artículo 5 de la ley. En el mismo artículo se establece que en las diferentes estructuras de decisión y gestión de los recursos disponibles a partir de operaciones de conversión de deuda se propiciará la participación de la sociedad civil, la de España y la del país beneficiario. En definitiva, quisiéramos conocer cómo han establecido esa participación de la sociedad civil y asimismo -esto es algo que también le trasladan estas organizaciones- el cumplimiento de los compromisos de cancelación de deuda de los países HIPC. Quisiera saber cómo se ha avanzado en el compromiso que se materializó en el Consejo de Ministros que se celebró en julio de 2007, en el que se preveía la condonación voluntaria de 384 millones de euros a un conjunto de países: Ghana, Mauritania, Tanzania, Senegal, etcétera. Me gustaría saber cómo se ha avanzado porque no lo hemos podido ver del todo en el informe. Además, queremos conocer también los detalles, en qué medida se ha avanzado hasta la fecha en el rol del Banco Mundial, en el desarrollo del Plan África y en los compromisos que ustedes han ido planteando.
Más allá de estos elementos que le he trasladado, quisiera conocer en torno al nuevo escenario financiero internacional cuáles van a ser las políticas del Gobierno. Cuando en la Ley de Deuda Externa se afirma que es preciso evitar la propensión a un endeudamiento insostenible para evitar que desde una perspectiva financiera se den situaciones de riesgo moral, selección adversa y falta de disciplina macroeconómica, en un escenario de crisis financiera en que los países HIPC o países altamente endeudados puedan recurrir precisamente al crédito nos gustaría saber cuál va a ser la estrategia del Gobierno y del ministerio para garantizar que en un escenario como el actual no acumulemos mayor nivel de endeudamiento de estos países. Además, debería haber una hoja de ruta, un planteamiento para garantizar la sostenibilidad de la deuda, otorgando centralidad a los objetivos de desarrollo humano y a los derechos humanos. Dicho de otra manera, ¿cuál va a ser el criterio con el que el Gobierno va a trabajar para garantizar ese endeudamiento sostenible y cómo van a revisar precisamente ese concepto de sostenibilidad de la deuda, teniendo en cuenta la situación de los países en desarrollo, para alcanzar básicamente la meta de la lucha contra la pobreza con las perspectivas financieras actuales?
Con respecto a los países HIPC, en la comparecencia de la secretaria de Estado de Comercio en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio esta decía el 24 de junio de 2008 que desde que se publicó la Ley de Gestión de Deuda Externa ya no dábamos apoyo financiero a los países pobres altamente endeudados, a los países HIPC. Sin embargo, usted sabe que desde el 7 de diciembre de 2006, fecha de publicación de la ley, el Gobierno ha otorgado hasta catorce créditos FAD, en este caso a países HIPC, y ocho de ellos después de la aprobación de la ley en el Parlamento: Nicaragua, Ghana, Mauritania, Santo Tomé y Príncipe, Burkina Faso y Honduras. Quiero conocer su opinión y cuál es la postura del Gobierno a la hora de financiar a estos países en esta aparente contradicción entre la declaración de la secretaria de Estado de Comercio, lo aprobado por la ley y lo realizado desde la aprobación de la misma. En definitiva, cómo piensan aplicar en esta legislatura aquello que se establece y a lo que se había comprometido.
También tengo interés en conocer cómo piensan empezar a hacer efectiva esa disposición transitoria cuarta de la Ley de Deuda Externa que estuvimos negociando, que hablaba de la adicionalidad de la deuda, con objeto de que precisamente la deuda no se pudiese contabilizar como AOD una vez llegásemos al 0,7 por ciento. Teóricamente, al final de esta legislatura sobre el papel tenemos que llegar a ese 0,7. Así lo establecen los compromisos firmados por el conjunto de fuerzas políticas con el conjunto de las organizaciones no gubernamentales. Su Gobierno debería tener esa hoja de ruta para cumplir con esa disposición transitoria cuarta.
En cuanto a la conferencia de Doha, quisiera saber cuál va a ser la postura del Gobierno para abordar de forma integral los problemas de deuda en los países de desarrollo y cómo piensan cumplir los compromisos de hace seis años en la Conferencia de Monterrey, cuáles
van a ser las propuestas que ustedes van a llevar a ese marco. Y también quiero saber cuál es su postura en torno a una resolución del Parlamento Europeo aprobada recientemente, el 23 de septiembre. Se trata de un informe en el cual se pide a la Comisión que solvente el tema de las deudas odiosas o ilegítimas, entendiendo por estas aquellas que han surgido de un préstamo irresponsable por interés propio. Si hace un tiempo tildaban esta propuesta de ilusa y después tildaban al Gobierno noruego de aventurero, ya es la Comisión, en este caso el Parlamento, al que insta para que se avance en este sentido. Precisamente quiero saber qué se plantea el Gobierno, si se plantea algo, en esta materia a la hora de hacer esto realidad.
Por último, usted ha planteado en torno a los fondos Buitre propuestas en el marco multilateral, algo que creemos especialmente oportuno. ¿Cree el Gobierno que tiene que tomar alguna iniciativa propia precisamente para evitar la proliferación de los mismos? Lo digo porque existen experiencias de liderazgo en el Reino Unido y en Bélgica en torno a esta materia y quería saber si su Gobierno y el ministerio han pensado algo al respecto.
En cuanto a la Ley FAD, que tiene que llegar, saben ustedes, tal y como algunos aventuramos en la tramitación de la Ley de Deuda, que el Gobierno en este caso está en falso, pues precisamente el proyecto de ley que regula los créditos FAD debería haber llegado al final de la legislatura anterior, aun a sabiendas de que hubiese sido difícil su tramitación, pero entendiendo que esta era la voluntad del legislador, de la mayoría de la Cámara, cuando aprobamos la Ley de Deuda. Me gustaría saber qué trámite piensan ustedes articular para consultar a la sociedad civil, porque precisamente esta consulta fue uno de los elementos que se introdujeron en la Ley de Deuda y creemos que, antes de que se presente en esta Cámara la ley y antes de que sea aprobada por el Consejo de Ministros, sería fundamental saber qué marco van a establecer para las consultas oportunas, cómo lo piensan tramitar y cuáles son los mecanismos para asegurar la participación. También quisiera que usted me explicase en relación con la ley, con los fondos de internalización de la empresa que usted apuntaba, aparte del Fonprode -perdone el nombre, pero aún no lo hemos digerido-, si se van a computar estos como AOD y qué criterios van a seguir para garantizar la coherencia en la materia. Asimismo quiero conocer, por supuesto, si aquellos recursos que provengan de las devoluciones de deuda se van a destinar a AOD o exactamente a qué, si así lo establece la ley. Quiero saber si me puede avanzar algunos de estos aspectos.
En cuanto a la Ley de Deuda, quiero recordarle que la disposición transitoria tercera establece que el Gobierno presentará en las Cortes la aprobación en la presente legislatura de un proyecto de ley que reformule la regulación de los créditos Cesce para minimizar su impacto en la generación de deuda. Quiero saber en qué plazos entregaría el Gobierno a las Cortes el proyecto de reforma del Cesce y en qué marco y cómo piensa dialogar con la sociedad civil sobre esta materia.
Estas son las dudas que mi grupo quería trasladar, dudas compartidas además por parte de la sociedad civil y por las organizaciones que antes he citado. Quería agradecerle también su comparecencia. La Ley de Deuda ha supuesto un avance -está claro que la comparecencia de hoy y las informaciones de las que disponemos son un paso adelante respecto a aquello que teníamos-, pero aún hay camino por recorrer, sobre todo en materia de transparencia de información, para cumplir con aquellas disposiciones en la Ley de Deuda que aún no se han cumplido. El Gobierno, hay que decirlo así, está en falso porque establecía unos calendarios que vienen incumpliéndose desde hace un año.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo Popular su portavoz, el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Señor secretario de Estado, le agradezco mucho la información que nos ha remitido y que nos ha facilitado hoy, así como la extraordinaria sinceridad y claridad con la que se ha expresado, porque centra bastante más el discurso del Gobierno a la realidad de las cosas.
Muchas veces en esta Comisión hemos escuchado discursos en una dirección que usted, con una claridad meridiana, ha centrado en la justa dimensión.
Le pongo un solo ejemplo. En esta Comisión hemos acostumbrado a escuchar, fundamentalmente desde el Grupo Socialista, en esta época y en la anterior, unas críticas demoledoras contra las instituciones financieras internacionales, especialmente contra el Banco Mundial, y en este momento vemos que es precisamente el Banco Mundial el receptor del 52 por ciento de los créditos de ayuda al desarrollo. Esto clarifica las cosas. No seré yo el que lo critique. Simplemente me parece que esta ese una visión mucho más realista y completa, global, de lo que se puede entender como una política de cooperación, sobre todo una política de desarrollo. Nos ayuda a centrar las cosas y a saber qué es lo que podemos esperar ahora y en los próximos años.
Como le he dicho, le agradezco los datos. Son bastantes exhaustivos, pero que adolecen, señor secretario de Estado, de una cuestión que quizá podríamos consensuar de cara al futuro y que no es únicamente de su competencia: lo que hay en el trasfondo de los números. La cuestión no es solo saber la cantidad que se ha cancelado ni la importancia de los países a los que se les ha hecho. Como usted bien ha dicho -por eso digo que ha sido extraordinariamente clarificador-, esto no es más que un instrumento, no es un fin en sí mismo. La cuestión es saber qué impacto están teniendo todas estas políticas en las cuestiones fundamentales. Es decir, podemos sentirnos todos muy orgullosos de saber que hemos cancelado 300 millones de euros o de dólares, pero lo que importa realmente saber es qué impacto están teniendo estas políticas sobre temas tan importantes como la educación, que usted ha citado, como la gobernabilidad,
el fortalecimiento, etcétera. Es evidente que tenemos indicadores indirectos, no medidos tanto en concreto de esa acción sino en términos globales. Le vuelvo a poner un ejemplo. Hemos analizado muchas veces ya en esta Comisión un informe que ya es tradicional, el informe de transparencia internacional, que nos da una visión general de cómo evolucionan los índices de corrupción de estos países, con todo lo que eso simplifica y significa, tanto de fortalecimiento de las instituciones como de las capacidades de los Estados para hacerle frente.
Desgraciadamente, en los años que llevamos analizando, los países receptores de la ayuda española, lejos de mejorar, están empeorando. No es muy halagüeño pensar que de cincuenta y tantos países con los que España tiene cooperación hay cuarenta y tantos que han empeorado sus índices de corrupción. Si uno de los programas de la Ley de Deuda era precisamente el de cancelar deuda para proyectos de fortalecimiento institucional, que aquí no se han detallado, a simple vista parece que el impacto no se está consiguiendo. Lo mismo podríamos decir de los temas de educación. A mí me gustaría saber qué impacto están teniendo. Está bien que los cancelemos, pero lo que importa también es que miremos si está siendo eficaz. ¿Por qué? Porque luego las cosas son más complejas. Usted ha vuelto a poner el énfasis y ha dicho que es un proyecto novedoso el canje de deuda por educación, pero yo le puedo citar proyectos como Perú, como Bolivia o como Nicaragua -en algunos participé personalmente- y, por tanto, se hicieron antes de 2004 proyectos concretos de cancelación por proyectos, por ejemplo, de educación. La cuestión es saber en este momento qué impacto están teniendo. Como le decía, la secretaria de Estado de Cooperación nos relató aquí que la voluntad del Gobierno español de ir a hacer esos proyectos y la realidad chocan, porque las comisiones mixtas de los países receptores no siempre son favorables ni proclives a hacer lo que a nosotros nos gustaría -por ejemplo, proyectos de educación-. Hay que contar, lógicamente, con la voluntad del país.
Todo esto es el trasfondo de los números. Repito que quizá no sea su obligación traerlo aquí, pero para que el informe fuera mucho más completo deberíamos consensuar que los números vengan acompañados de una evaluación de los impactos, de la eficiencia. Porque -insisto- usted tiene razón: esto es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Por tanto, no es que nos tengamos que sentir más o menos orgullosos de la cancelación sino del impacto que está teniendo en los países en desarrollo. Le agradezco la información, pero sería bueno que entre todos -insisto en que seguramente trasciende de sus competencias- pudiéramos establecer mecanismos que nos permitieran saber si estas políticas están teniendo el impacto debido a la generosidad del Estado español o al compromiso con el que está realmente trabajando. Esa sería la forma de centrarlo adecuadamente.
Creo que hoy tenemos que partir no solo de la Ley de Deuda, que evidentemente es lo que hoy nos obliga a estar aquí, a usted y a nosotros. La Ley de Deuda marca no solo la obligación de traer este informe sino que habla de cosas muy concretas. El artículo 3.f) habla, por ejemplo, de que en estos proyectos y en estos programas deben de participar los inmigrantes de los países que son así. Por tanto, deberíamos saber en ese informe qué nivel de implicación están teniendo los inmigrantes en estas políticas de cancelación, porque la Ley de Deuda lo dice. No sé si es fácil, difícil o complicado, pero de alguna manera deberíamos hacerlo. El artículo 4.3 dice que con estos programas de cancelación de deuda debemos de hacer proyectos de fortalecimiento institucional y de lucha contra la corrupción. Por tanto, sería bueno saber qué proyectos, qué programas, qué impacto está teniendo, porque son cosas literales que nos pide la Ley de Deuda. Pero hay otra cuestión que hoy nos congrega aquí, que sé que no tiene el rango de ley aunque en democracia casi lo debería tener, que es el pacto contra la pobreza. Es un pacto que firmamos todos los partidos políticos antes de las elecciones generales y que nos comprometía a cosas muy concretas. Por tanto, hay que ir evaluándolo. Insisto en que no tiene el rango de ley pero sí tiene el rango de la voluntad expresada ante los ciudadanos por todos los líderes políticos del país. En ese pacto contra la pobreza se hablaba de avanzar en cosas concretas sobre servicios sociales básicos; se hablaba de conversión de deuda por educación con una concreción muy determinada; se hablaba de hacer una calendario hasta el final de la legislatura, que debería de conocer el Parlamento; se hablaba de instar en organismos internacionales a un tribunal internacional de arbitraje.
Eran una serie de cuestiones y en algún momento -no tiene por qué ser este- debe estar en la cabeza de los responsables políticos saber que se firmó ese pacto y hay que ponerle fechas. Comprendo también que tenemos un escenario distinto, señor Vegara. Estamos en un escenario de crisis económica, de una revisión de los instrumentos de las instituciones financieras internacionales, en las que tienen que participar. Pero precisamente por todo eso también es bueno que se tenga en la cabeza estas cuestiones. Vamos a estar dentro de poco en Doha, que era otro de los compromisos concretos del pacto de la pobreza, lo que significa en este momento el acceso a los mercados de productos. Además, curiosamente en Washington ustedes han puesto el acento en Doha. Han hablado de Doha como una de las posibles soluciones, entre comillas, o avances en esta situación internacional. Sería bueno saber cuál va a ser la actitud del Gobierno español, hasta dónde está dispuesto el Gobierno español a comprometerse. Ya sabemos que vamos dentro del paquete de la Unión Europea, pero también estábamos dentro del paquete de la Unión Europea en Washington y se supone que tenemos posición. Hoy deberíamos conocer cuál va a ser nuestra posición en todos estos instrumentos y muy especialmente en Doha.
Usted nos ha dado datos de la cancelación y de los recobros, pero más que hablar de la sostenibilidad de la deuda me gustaría hablar de las sostenibilidad de la AOD española. Todos estamos de acuerdo -se ha expresado
en más de una ocasión- que gran parte del crecimiento de la AOD española en estos años ha tenido que ver con los recobros anticipados que se han producido por una situación económica determinada, es decir, el recobro de los créditos FAD, que han sido destinados en gran medida otra vez a ayuda oficial al desarrollo. Yo no sé qué visión tiene usted, y me gustaría conocerla, de lo que va a suceder en esta legislatura, es decir, si realmente la situación económica internacional, la bajada del precio del petróleo, la crisis de muchos países, va a permitir que sigamos con el nivel de recobro de deudas, y si, por tanto, va a ser posible que ese sistema que se ha utilizado para mantener la AOD siga este ritmo, si va a ser posible que tenga sostenibilidad o, si no, qué alternativas están dispuestos a poner en marcha. Me preocupa mucho que esta situación de crisis internacional, de dificultad para muchos países vaya a garantizar la posibilidad de que mantengamos ese nivel de la AOD.
En este momento estamos hablando de un análisis más, no solo cuantitativo sino también cualitativo; hay instrumentos que se vienen utilizando con anterioridad, señor Vegara, aunque todo el mundo tiene la intención de descubrir el Mediterráneo cada vez que llega al poder, porque ni la iniciativa HIPC la iniciaron ustedes ni la mayor cancelación de deuda se hizo entonces. Lo he dicho en más de una ocasión -y me gustaría que me dijera lo contrario-, pero entre el año 1996 y 2004 se canceló el 74 por ciento de la deuda que se había generado previamente, antes del año 1996; por tanto, ese es un esfuerzo que evidencia en cada momento la voluntad de todos los gobiernos por aportar esta solución. En consecuencia, ustedes han llevado a cabo una continuación. Ya en el año 2004 éramos el séptimo país dentro de la iniciativa HIPC y ya habíamos llevado a cabo proyectos de cambio por la educación. Por tanto, ustedes han hecho lo correcto, han llevado a cabo una continuación, e incluso -les voy a dar la razón- una potenciación, fruto de las circunstancias boyantes de la economía internacional. Todo eso está muy bien, pero el escenario en el que estamos es el contrario, es el escenario de una situación económica difícil de aquí a los próximos años para nosotros y para la comunidad internacional. Si me permite, en este momento, aparte de contarnos los datos de lo que ha sido, sería bueno que nos hiciera un análisis de lo que cree que va a suceder porque, sinceramente, la situación a la que nos enfrentamos en los próximos años es muy distinta a la que tenemos en este momento. En este sentido, hay dudas de si vamos a continuar con la posibilidad de seguir cancelando; hay dudas sobre qué vamos a poder hacer con nuestra AOD; en definitiva, hay dudas que sería conveniente que el Gobierno despejara, insisto, no solo por los compromisos adquiridos en el plan director o en el plan de deuda o en el pacto contra la pobreza, sino porque existe la situación que existe y respecto de la que no podemos ser ajenos. Y usted, que en este momento debe tener información de primera mano, mejor que nadie para decirnos qué va a pasar y cómo nos va a afectar esto, así como qué va a suceder en los organismos internacionales, cuál va a ser allí nuestro papel y qué va a pasar en Doha. Esas son las cuestiones que en estos momentos nos inquietan, no porque yo, insisto, desprecie su informe, que me parece extraordinario -creo que era el momento y era reglamentario-, sino porque la actualidad desborda las cosas. En este momento la situación internacional está desbordando los resultados de este informe, y nuestra inquietud es más sobre lo que se nos avecina y cómo puede eso impactar en todas las políticas de cooperación, es decir, sobre lo que va a suceder y no sobre lo que ya ha sucedido, que está bien que lo analicemos pero, insisto, lo preocupante es lo otro.
Por no alargarme más, y porque veo a la presidenta que me mira con cara de que me estoy pasando, tengo que decir algo del FAD. Efectivamente el FAD es una de esas reivindicaciones históricas de las personas que están trabajando desde hace mucho tiempo en cooperación. Este es un instrumento que ha tenido su evolución y probablemente también ha tenido su utilidad -hay visiones más o menos optimistas al respecto-, pero todo eso también es pasado. La cuestión es que se ha producido un consenso respecto a que debe ser reformado, que debe ser un nuevo instrumento. Ahora la cuestión es saber qué dirección tomamos, porque da la impresión de que, como algunas veces pasa, se cambia todo, se cambian los nombres, pero todo sigue igual. Al final lo que nos ha venido a decir es que hay dos o tres instrumentos. Uno se va a llamar de una manera, otro se va a llamar de otra, pero, ¿cuál es la naturaleza de esos tres instrumentos? Pues en el fondo uno es básicamente un artilugio contable. Es decir, lo que llamamos Fondos de Desarrollo, que van a estar en Cooperación, podrían ser perfectamente el capítulo 4 de los presupuestos de la Aecid y hacerse a través de transferencias. Señor Vegara, ¿por qué no se hace así? Sencillamente porque ese artilugio contable nos permite no aumentar el déficit del Estado español y, por tanto, tener una partida que está ahí, que no genera déficit en los presupuestos del Estado, pero que en el fondo no es más que una transferencia o una donación de capital.
Señorías, esa no es la naturaleza inicial de los fondos, eso es un artilugio para vestir algo que contablemente nos interesa. Los otros, los de verdad, los que siempre existieron, los cambien ustedes de nombre o no, y que ahora van a estar en Comercio o en Economía, van a seguir siendo, con otro nombre, los FAD tradicionales para la internacionalización de las empresas o para otras cuestiones, como los que también van a crear para organismos internacionales. Pues bien, en este punto la pregunta es si esos FAD -entiendo que no estamos hablando de los de Cooperación, porque si se destinan a cooperación supongo que computarán como tales, y luego hablaremos de si se utilizan bien-, los FAD tradicionales, van a computar o no van a computar en AOD y cuál va a ser la naturaleza de ese instrumento financiero. En este momento eso es lo que estamos esperando, es decir, saber cuál va a ser realmente la filosofía de todas estas cuestiones.
Señorías, este tema es extraordinariamente oportuno porque probablemente en este mismo momento a unos cientos de miles de kilómetros de aquí, en Ginebra, se está inaugurando un edificio que ha sido financiado parcialmente, aunque es verdad que con una cantidad pequeña...
La señora PRESIDENTA: Señoría, discúlpeme, pero ahora sí tengo que llamarle la atención para que, por favor, vaya terminando. Gracias.
El señor ROBLES OROZCO: Voy terminado, señora presidenta. Justamente cuando iba a hablar de lo de la cúpula, me corta usted. (Risas.-Un señor diputado: ¡Qué casualidad!)
La señora PRESIDENTA: Seguro que se ha encendido la luz roja y usted ya la había visto.
El señor ROBLES OROZCO: Ya sé que no tiene relación con el tema.
La señora PRESIDENTA: En absoluto. Gracias, señoría.
El señor ROBLES OROZCO: Decía que las cuestiones hay que hacerlas bien, y en este momento es evidente que hay muchas personas a las que les preocupa que se haya usado una cantidad proveniente de los FAD para financiar estos temas. Probablemente, si hubiera habido una mejor regulación, si hubiera habido un mejor control, un apropiado sentido del destino de las cosas, la procedencia de esos 500.000 euros que han sido utilizados desde los FAD no sería Cooperación sino Economía, porque ustedes durante cuatro años se han llenado la boca vendiéndonos -entre comillas- que habían hecho una gran transferencia de los FAD al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y que ese nuevo FAD estaba destinado exclusivamente a temas de cooperación. Que yo sepa, todos aquí y fuera de aquí entendemos por cooperación y desarrollo aquello que incide directamente sobre el terreno en los temas de desarrollo. Evidentemente existe una interpretación muy amplia, como la que ha hecho el ministro o la que ha hecho el propio embajador, según la cual el edificio que se destina a determinados fines también sirve para el desarrollo, pero me parece una extensión demasiado amplia. No me imagino yo a los pobres de África sintiendo mucho consuelo por que haya un edificio en Ginebra maravillosamente decorado y pensando con eso que su pobreza ha sido aliviada. Sinceramente no creo que esa sea la naturaleza de las cosas. El FAD estaba previsto para un fin relacionado con el desarrollo. Comprendo que no gusta este argumento, pero cuando en esta Cámara se presenta la Ley de Presupuestos -y usted nos puede dar muchas lecciones sobre esto-, que tiene un articulado, y en ese articulado hay una partida presupuestaria, si uno se va al artículo concreto y ve que es un FAD destinado a la cooperación al desarrollo y que se debe firmar un convenio con el organismo internacional determinado para los fines que se marcan, es evidente que por mucha interpretación que se quiera hacer este era un dinero previsto y destinado para el desarrollo que se ha usado para otra cosa. El Gobierno lo puede hacer, pero no sé con qué instrumento. En todo caso, originalmente este era un dinero para el desarrollo y finalmente ha sido destinado a pintar una cúpula, y no entro en si está bien, si está mal o está regular.
Simplemente creo que este dinero no debería haber salido de ahí y, por tanto, en este momento es muy apropiado el debate sobre el buen uso de los FAD, los destinos de los FAD, cómo se van a articular, cómo va a ser su cómputo, etcétera. Deberíamos tener claras todas estas cuestiones porque, además, señor Vegara, hay un retraso importante en este aspecto, y no solamente hay un retraso debido a la ley, la ley ya nos obligaba a que hubiera sido antes. Este Gobierno llegó al Ejecutivo precisamente con una actitud previa en la oposición muy crítica con los créditos FAD y con una actitud muy clara respecto a lo que quería hacer desde el primer minuto con los créditos FAD. Pues bien, no parece que lo tuvieran tan claro, porque han pasado casi cinco años y todavía no tenemos un proyecto FAD, y sinceramente lo que sabemos tampoco nos convence demasiado. Por tanto, es el momento no solamente de que nos relate cuáles van a ser esos tres instrumentos sino de que nos diga cómo van a ser cada uno de esos tres instrumentos, y en cuanto al ámbito de la cooperación, preocupan determinadas cuestiones que no han sido aclaradas adecuadamente.
Termino agradeciéndole sinceramente la información y diciéndole que debería buscarse un instrumento dentro del Gobierno para que estos informes vinieran acompañados de una información cualitativa y de evaluación, porque en sí mismos los números, como usted ha dicho, son un instrumento, pero no son el fin. Por tanto, deberíamos tener algo más completo de lo que en este momento tenemos. Me preocupa mucho en este momento la sostenibilidad de la ayuda oficial al desarrollo en base a que durante estos años hemos crecido con una situación económica favorable, nacional e internacional, con unos recobros de los créditos FAD que han sido destinados de nuevo a ese tema. Nos preocupa qué va a pasar en el futuro en estos organismos internacionales. Sería bueno saber nuestra posición tanto en el fondo como en el banco como en otros organismos, y especialmente me gustaría saber, si hay posibilidad en este momento, cuál va a ser nuestra actitud en Doha sobre estos temas tan importantes. Por último, lo que le he dicho del crédito FAD preocupa extraordinariamente en el sector y creo que no está suficientemente aclarado.
La señora PRESIDENTA: Para finalizar esta ronda tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Madina.
El señor MADINA MUÑOZ: Señor Vegara, sabe que esta es su casa, esta es su Comisión, y mi grupo está muy feliz de verle por aquí en esta comparecencia tan exhaustiva y con tanto material aportado sobre un criterio de sinceridad. Ser sincero con lo que uno hace es una práctica de este Gobierno y de este grupo parlamentario, con lo cual a nosotros no nos extraña tanto como al portavoz del Grupo Popular, pero le queremos dar con todo el calor por parte del Grupo Socialista la mejor de las bienvenidas.
En segundo lugar, señora presidenta, me ha solicitado el señor Campuzano, portavoz de Convergència i Unió, que le disculpara porque está en otra Comisión y no podía acudir a una comparecencia que era de alto interés para él.
Sobre ese criterio ha tocado usted dos temas importantes en el debate de la cooperación al desarrollo: uno, la deuda externa; otro, a grandes rasgos, lo que puede ser en el futuro la reforma de uno de los instrumentos que computa como ayuda oficial al desarrollo, el FAD. Es verdad que desde que nosotros llegamos al Gobierno en esta Comisión se abrió el debate, porque lo que se hacía antes en esta Comisión era vetar el debate, y ese es el salto que en 2004 se pudo comprobar en el ámbito de la cooperación al desarrollo, donde ya hay una ley que indica que este instrumento debe ser reformado y una actitud positiva por parte del Gobierno para que éste sea reformado a lo largo de esta legislatura y entre ya a funcionar sobre sus nuevos criterios.
Por empezar con la parte de la deuda externa, que es lo que usted ha elegido como primera parte de su intervención, señor Vegara, es evidente que mi grupo coincide con usted subrayando la importancia que tuvo la aprobación de la Ley de Deuda en el año 2006. Tuvo que ser mayoritaria en esta Cámara la presencia de diputados y diputadas socialistas para que una ley como esa pudiera ser tomada en consideración y tramitada como se hizo. Este fue otro de los debates vetados en legislaturas anteriores al año 2004, cuando el Partido Socialista ganó las elecciones generales en España. Lo subrayamos igual que usted porque pensamos que es una ley que establece una vinculación obligatoria en operaciones de deuda vinculadas a los objetivos de la cooperación al desarrollo. Antes se condonaba deuda por otras cosas, y en el periodo de negociación de apoyos para una aventura bélica muy famosa en el cambio de siglo se condonó deuda por apoyo de envío de tropas a la guerra de Irak. Eso es lo que a partir de la aprobación de esta ley ya no se puede hacer y eso es lo que mi grupo considera que es una noticia positiva, que todas las operaciones de deuda sean exclusivamente vinculadas a las prioridades que el plan director y la filosofía de la cooperación al desarrollo establecen en cada una de las regiones del mundo en las que este país opera condonando deuda, una ley que -y lo señalaba incluso el portavoz de un grupo como ICV, que no votó a favor de esa ley- supone una mejora notoria en la transparencia de los instrumentos de deuda. La prueba, su presencia hoy aquí, dando datos de cuáles han sido los modelos y las operaciones de deuda en el último periodo de tiempo. Por tanto, una ley -mi grupo dijo esto y lo sigue manteniendo desde la tramitación a hoy- que impulsa prácticas que facilitan el alivio de deuda a países en desarrollo altamente endeudados y que, por tanto, garantiza desde nuestra óptica una mayor coherencia a la política financiera exterior de España con los objetivos marcados para la política de cooperación internacional para el desarrollo.
Mi grupo resalta en ese sentido el grado de cumplimiento y la rendición de cuentas de su Gobierno en esta materia. Es cierto que en la legislatura anterior compareció en dos ocasiones ante la Comisión de Cooperación Internacional para informar de las líneas y las estrategias principales en materia de gestión de la deuda externa y para facilitar información correspondiente que, como bien señala la citada disposición adicional, se refiere a una serie de datos sobre los que se ha vuelto a dar cumplida cuenta en los dos ejercicios correspondientes a los años de vigencia de esta Ley de Deuda que hoy tanto ha sido citada en este debate de la Comisión. Mi grupo no puede dejar pasar por alto los avances concretos en la realización de importantes operaciones, tanto en el marco multilateral -seguimiento de las iniciativas HIPC y de condonación de deuda multilateral- como en el ámbito bilateral. En ese sentido, mi grupo quiere destacar las aportaciones que España ha realizado a los llamados fondos globales de multidonantes que desde el año 2006 han derivado una parte importante de los recursos presupuestarios del Fondo de Ayuda al Desarrollo, FAD; para apoyar a los organismos multilaterales de desarrollo, donde la presencia de España se ha multiplicado por mucho: el Fondo central para respuestas de emergencia de Naciones Unidas, el Fondo del agua, el Fondo de educación básica de Unicef, el Fondo España-PNUD para el cumplimiento de los objetivos del Milenio y el Fondo multidonante de Unicef para el empoderamiento de las mujeres y los objetivos de igualdad de género. Espacios de trabajo en el ámbito multilateral donde España, en el último periodo de tiempo, ha multiplicado su presencia, sus influencias políticas y sus aportaciones financieras o de capital para poder luchar y combatir contra el hambre y contra la pobreza en el mundo.
No quiero tampoco dejar pasar por alto una incidencia en la importancia de los mecanismos de prevención de nuevas crisis de sobreendeudamiento o en la constitución de instancias de arbitraje que traten las posibles situaciones de impago, garantizando al mismo tiempo un reparto equitativo de los costes del ajuste para acreedores y deudores. En ese sentido, quisiera que el secretario de Estado se detuviera más expresamente en ese tipo de propuestas y en la contribución que España ha hecho en las iniciativas HIPC 2, que pretenden avanzar más rápidamente en los procesos de cancelación de deuda de los países más pobres y endeudados, incluyendo asimismo la MDRI -por sus siglas en inglés-, suscrita por
España en el año 2005, señor Vegara, que usted conoce bien y que está orientada a condonar el total de la deuda multilateral de los países de África. Nunca España, por mucho que otros se empeñen, ha condonado y cancelado tanto volumen de deuda como en este periodo de tiempo. Nunca ha cancelado tanto y nunca ha condonado tan bien sobre criterios mejor regulados por ley y sobre criterios de condonación vinculados a las prioridades establecidas en la filosofía de la cooperación al desarrollo.
El tipo de deuda condonada por desarrollo es una buena forma de financiar ayuda oficial al desarrollo y de impactar en los niveles de desarrollo de los países donde operamos. Habrá que ver qué impacto ha tenido y habrá que evaluar mejor la política de cooperación en todas sus dimensiones. Mi grupo, en ese sentido, está plenamente de acuerdo con el señor Robles.
Desde esa óptica, la condonación de deuda por desarrollo no es sino un buen instrumento de condonación de deuda. Nos gusta ese modelo: condonar por deuda. A la Ley de Gestión de la Deuda también le gusta, y tuvo una amplia mayoría en esta Cámara y que contó también con el apoyo del Grupo Popular.
En cuanto a la reforma del FAD, señor Vegara -su segunda parte de la intervención-, mi grupo ha sido proclive a ese debate en esta Comisión; no ha vetado nada, ha tratado, incluso, de acelerar la llegada de ese debate. La importancia que la reforma del instrumento tiene y su coherencia con las previsiones de la ley, en cualquier caso significará, en primer lugar -tal y como usted ha señalado en su intervención-, la configuración de un nuevo instrumento como un instrumento exclusivamente de cooperación para el desarrollo a través del Fonprode. En segundo lugar, el incremento de la coherencia en los instrumentos de ayuda. Y en tercer lugar, el cumplimiento con las recomendaciones de la OCDE sobre desvinculación de la ayuda. Por tanto, desde esa óptica yo resaltaría la importancia que el compromiso de su ministerio tiene en el avance de la coherencia política, por su papel en la cooperación reembolsable, en la reorganización de la deuda y en la cooperación multilateral, ya que es a este departamento al que le corresponde la gestión de la deuda externa y las relaciones con los organismos financieros multilaterales, donde prácticamente tiene que ver nada con lo que nos encontramos en la llegada al Gobierno en el año 2004. Por otro lado, la coherencia de políticas como el desafío más importante, pues, como sabe, el Partido Socialista fijó allí en su programa electoral en estas últimas elecciones el centro de gravedad de la política de cooperación para estos cuatro años: avanzar en coherencia de políticas, ser coherentes en todos los frentes -más de lo que ya lo somos- que definen la cooperación al desarrollo para que el impacto de nuestra ayuda sea mejor y los objetivos alcanzados en el año 2012 sean más valientes y marquen líneas de frontera más avanzadas de lo que marcaríamos si no lo fuéramos. En ese sentido, yo haría referencia al último papel jugado en la cumbre de Accra, donde creo que España ha hecho avances importantes en el ámbito de la mejora de la calidad de la ayuda.
Señor Vegara, hay algunas cuestiones que me gustaría señalar. Como ha podido comprobar, el debate está muy cambiado en esta Comisión. Las mayorías se establecen sobre doctrinas de la cooperación al desarrollo diferentes a las de hace algunos años. Ya nadie está en contra de la reforma del FAD. Ya no hay ningún grupo en esta Cámara, después de muchos años de sensibilización, que esté en contra de que, por ejemplo, este Gobierno haya colocado la ayuda no reembolsable en cifras más altas que nunca, por encima del 96 por ciento del total bilateral de la ayuda oficial al desarrollo, y haya colocado la reembolsable -la que estuvo tan alta en otros periodos de tiempo, en los años del milagro español- en el 3,6 por ciento del total en las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. Nosotros pensamos que debemos seguir insistiendo ahí. Nos gusta un modelo de reforma del FAD que destine a las orientaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para la política de cooperación un fondo de promoción del desarrollo cien por cien no reembolsable y que no sea para nada más que para trabajar en pro del desarrollo de los países hacia los que se proyecta ese tipo de financiación y este tipo de instrumento, porque es coincidente con el modelo de cooperación con el que hemos trabajado desde que llegamos al Gobierno, donde se puede estudiar la curvatura de la ayuda reembolsable y la no reembolsable, que es directamente proporcional a lo que fue en los periodos de tiempo anterior. Por lo tanto, un modelo de reforma del fondo que vaya en ese sentido y con esa orientación estoy seguro que tendrá el total apoyo del Grupo Socialista y de otros grupos parlamentarios en esta Cámara. En segundo lugar, este instrumento, el Fonprode, y el instrumento para la financiación de organismos financieros multilaterales deben estar desvinculados de intereses económicos y comerciales españoles. Nos gusta un modelo de ayuda no reembolsable a través de estos fondos, desvinculado de los intereses económicos empresariales o comerciales españoles para que avancen hacia la total eliminación de la ayuda ligada de la cooperación española. Nos parece que esa es una buena estrella del norte hacia la que ir caminando. Como ve, hay un consenso mucho más amplio de lo que uno pensaría a la entrada de esta Comisión para que se trabaje en esa orientación, cien por cien no reembolsable, cien por cien en el futuro desligado de intereses propios. En tercer lugar, que los fondos de internacionalización de la empresa computen solo como AOD cuando así lo señale el CAD y de acuerdo siempre con los compromisos internacionales en responsabilidad social corporativa. Solo cuando lo diga la OCDE, solo cuando se cumpla plenamente con los compromisos internacionales en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. En cuarto lugar, que la nueva ley o el nuevo modelo de regulación del instrumento -y voy terminando, señora presidenta- debe
evitar que sean los países del sur los que contribuyan a refinanciar instrumentos de internacionalización de empresas españolas. Es decir, que tal y como ha señalado el portavoz del Grupo Popular y otros grupos en esta Cámara, los recobros del FAD se destinen siempre a ayuda oficial al desarrollo gestionados por nuestro Gobierno. Por lo tanto, defendemos un modelo de ayuda oficial al desarrollo, señor Vegara, que utilice instrumentos principalmente no reembolsables para servicios sociales básicos, para ayuda humanitaria, donde la ayuda debe ser cien por cien donación, en cumplimiento con los compromisos del pacto de Estado acordado por todos los grupos parlamentarios y donde ya ve que hemos sentado una doctrina que sorprendentemente nos agrupa a todos en un mismo criterio de lo que la cooperación al desarrollo debe seguir siendo en los próximos años.
En conclusión -y ya termino-, señor secretario de Estado, mi grupo le invita a seguir trabajando, tal y como lo ha venido haciendo desde su ministerio, importante ministerio en el ámbito del combate contra el hambre y la pobreza en el mundo, en la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio, respondiendo a los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos en el ámbito de la crisis económica o financiera internacional, pero también en el de la crisis energética y en el de la crisis alimentaria, o de las consecuencias del cambio climático en este contexto que estamos viviendo. La primera reunión celebrada en Washington hace muy pocas horas y también la futuras convocatorias y conversaciones que se celebrarán han evidenciado, desde nuestro punto de vista, el compromiso y la capacidad de protagonizar por nuestro Gobierno un apoyo a la reforma del sistema internacional y a poner en marcha una serie de reformas que, frente al fin del modelo teórico con una dimensión práctica que ha terminado convirtiéndose en un fracaso, globalicen la política para tomar decisiones en el marco de la globalización; trampolín que todavía los procesos de toma de decisiones globales no han alcanzado en el ámbito de lo político mientras que sí lo han alcanzando en el ámbito de lo económico o de la economía trasnacional. Es necesaria una mayor y una mejor coordinación de políticas macroeconómicas, la reforma de los instrumentos de gobernanza financiera global y reforzar la regulación de los mercados financieros para evitar el exceso de riesgos que han conducido a esta crisis. Ha muerto el mito de la desregulación total y ya hasta los neoliberales, incluso algún neocon un poco despistado, piden más presencia de Estado, más Estado, más regulación y más democracia.
Está muy bien eso. Asimismo, manejar los sobreendeudamientos, ofrecer financiación para el desarrollo y alcanzar normas justas de comercio internacional, en el ámbito de la ronda de Doha, donde esperamos que se alcancen en las próximas fechas avances importantes.
Señor Vegara, sabe que mi grupo valora muy positivamente el trabajo que ha venido realizando desde su primer nombramiento como secretario de Estado en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Sabemos que es usted un aliado de todo lo que sucede aquí, en este rinconcito de esta Cámara, en el debate de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Mi grupo le invita a que lo siga siendo en los próximos años en lo que queda de esta legislatura.
La señora PRESIDENTA: Le agradezco, señor Madina que se haya ajustado estrictamente a su tiempo.
Para contestar a todos los portavoces tiene la palabra el señor secretario de Estado, señor Vegara.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA (Vegara Figueras): Voy a intentar abordar todos los temas que han ido saliendo que han sido unos cuantos, en particular destacaría el número de preguntas del señor Herrera, he contado alrededor de 17. No sé si voy a ser capaz de responderlas todas. Responderé en el orden en que han tenido lugar las intervenciones. Su reconocimiento a que estamos ante un evento positivo es compartido. Entra usted después en lo que no le gusta. Ahí debo disculparme porque es cuando se oía muy poco y doy fe de lo que decía la presidenta. No he entendido muy bien si estábamos hablando de la parte reestructurada o de la parte no reestructurada. (El señor Herrera Torres: De la reestructurada.) Esta es una distinción que no sé hasta qué punto es relevante, y me voy a explicar. No sé hasta qué punto es relevante porque el objeto de la reestructuración no es si la deuda tiene un origen equis o y, sino si responde a problemas de sobreendeudamiento. Ese es el objeto de nuestro análisis y la razón por la que intentamos dar una respuesta desde este campo. No es tanto cuál era el objeto inicial o qué iba a financiar esta deuda, cosa que, además, le gustará o no señor Herrera pero al menos es coherente con lo que he dicho en relación al resto de los temas. Sobre los programas puestos en marcha en 2007 en temas de conversión y sobre la participación, en los comités binacionales hay participación de las ONG, de las autoridades locales, de los gobiernos nacionales del país, de nuestro Gobierno y de la oficina comercial de España en ese país. Hay una representación muy amplia. Si lo que hace falta es información sobre el desarrollo de esas actividades, no tenemos ningún problema en proporcionar esa información en los casos en los que se nos pida. Lógicamente, y perdóneme la franqueza con que le digo esto, sabiendo que las decisiones las toma quien las toma. Eso es así y seguirá siendo así y eso involucra al Gobierno español y también a las autoridades de los gobiernos. Sobre cómo se está articulando la parte de condonación voluntaria a los países HIPC, creo que es bastante fácil en el sentido de que una vez se llega al punto de culminación y hay un acuerdo general, se articula. No hay más secreto. Me ha parecido entender -quizá es un atrevimiento lo que voy a decir- que se cuestionaba el papel del Banco Mundial en el tema del Plan África
y en los elementos de condonación que tenemos en marcha allí, donde creo que se está haciendo un buen trabajo. El Banco Mundial tiene un conocimiento importante sobre el terreno, y en muchos casos los importes -lo digo con toda franqueza- son relativamente pequeños, por lo que sería absurdo montar un comité binacional y hacer lo mismo que cuando los programas de condonación tienen una dimensión que sí justifica un aparato administrativo suficiente para dar respuesta a las necesidades.
Usted me preguntaba que cuándo y cómo revisaremos el criterio de sostenibilidad de la deuda. Para no modificarlo y entrar en una discusión sobre si es bueno o si es malo, entre todos acordamos que el esquema general era el que era, que esto es bueno y que si hay algo que cambiar se puede reflexionar, pero siempre sobre la base de un análisis y de una metodología que está en marcha, que tiene un reconocimiento internacional y que es un punto de partida, seguramente discutible, pero, desde una perspectiva técnica, consistente, coherente y solvente para su objeto. Es cierto que hay algunas operaciones a países HIPC, posteriores a las fechas que usted ha dado. La secretaria de Estado de Comercio ya explicó en su momento que esto tenía relación con compromisos asumidos con anterioridad, esto es así; pero una vez estos compromisos se han cumplido, se ha eliminado esa posibilidad. Sobre la Conferencia de Doha, no quiero - y no lo digo con segundas- repetir aquí lo que ya ha dicho la secretaria de Estado de Cooperación, entre otras cosas, porque sería hacer perder el tiempo a sus señorias. Hay dos temas fundamentales por los cuales me han preguntado, sobre los que en su última intervención, que creo que fue el 16 de octubre, la secretaria de Estado fue clara. Uno es el relativo a la Conferencia de Doha. Es verdad que la posición española en temas de deuda externa tendrá que ver con iniciativas de alivio de deuda en países sobreendeudados, con una participación más global de los acreedores, sobre todo respecto a los PNA, y concretamente respecto de los países beneficiarios de la iniciativa HIPC; sobre el papel y el apoyo a todas las iniciativas sobre los fondos buitres a los que me refería; sobre la necesidad de insistir en la responsabilidad mutua de deudores y acreedores respecto a la política de financiación, con una mayor transparencia, etcétera. Todos estos elementos, junto con la posición española, fueron definidos en su día, y yo no haría más que repetir exactamente lo que dijo la secretaria de Estado de Cooperación y, como decía, no quiero hacerles perder el tiempo. Esto tiene que ver también con la pregunta de qué se va a contabilizar como ayuda al desarrollo en el fondo del Ministerio de Industria y Comercio. Lo dijo la secretaria de Estado. ¿Qué parte se dedicará o se computará en la ayuda oficial al desarrollo? Fin de la pregunta. Señorías, yo les contesto que única y exclusivamente la parte no reembolsable que el CAD permite que se pueda imputar como ayuda oficial al desarrollo como, por otra parte, el portavoz socialista acaba de comentar.
Sobre los temas de deuda odiosa o ilegítima tuvimos una discusión suficientemente dilatada y extensa en mi última intervención. Entiendo el argumento, pero objetivamente es extremadamente complejo ponerle números a esta cuestión. Si el Parlamento Europeo realiza avances y es una acción coordinada a nivel europeo, lógicamente la contemplaríamos y la apoyaríamos. Sobre la Ley del FAD y qué trámite de consulta queremos hacer a la sociedad civil, creo que la Ley de Deuda -y no solo la Ley de Deuda, sino todo lo que es la articulación del Consejo de Cooperación, etcétera- abre suficientes elementos y ámbitos para abordar la discusión de esta ley específica, como lo hace también el procedimiento de audiencia pública al que, estoy convencido, se someterá esta ley, y por tanto, los usuales no solo en esta ley, porque esta debe tener una participación especial. Deberá tener la que deba tener, como seguramente es bueno que cualquier ley sea sometida a audiencia pública. Respecto al tema de Cesce, va a ser paralelo al Fondo de internacionalización de la empresa española. Aquí, discúlpenme porque el Cesce tampoco depende de la Secretaría de Estado de Economía, pero siempre insisto en que hay una cierta confusión sobre el papel generador de deuda externa de una empresa como Cesce. La empresa Cesce no genera deuda en sus operaciones per se, las genera cuando hay un fallido. Esto es algo que intenté explicar en mi primera comparecencia cuando puse el ejemplo de que de las noventa y pico mil operaciones que ha hecho el Cesce a lo largo de su historia, menos de mil han acabado generando deuda porque han resultado fallidas.
Estrictamente no tienen que ver con una voluntad, aunque fuera imprecisa o indeseada, de generación de deuda, son dos debates radicalmente distintos. Quiero hacer un comentario colateral sobre la deuda odiosa o ilegítima. No sé si el señor Herrera se refería a mí, pero quiero que quede constancia. Al menos el señor secretario de Economía ni en esta legislatura ni en la otra habló de una visión ilusa, ni de que el Gobierno noruego fuera aventurero. Quiero que quede constancia de que esto es así.
Al señor Robles le agradezco que esté tan de acuerdo conmigo, no puedo discutirle mucho. Me ha dicho que antes el Banco Mundial tenía muchas críticas, por supuesto. Pero es que en estos últimos cinco años han cambiado unas cuantas cosas en términos de gobernabilidad del Banco, en términos de transparencia del Banco, en términos de políticas del Banco y en términos de qué es lo que le exigimos al Banco Mundial cuando nosotros participamos. Usted ha dicho que nosotros también lo hacíamos, no me he metido en eso. Lo que está claro es que nosotros trabajamos cómodamente con el Banco Mundial, aunque compartimos ciertas críticas que se realizaron en su día e incluso en estos momentos no podemos estar plenamente satisfechos porque nunca podemos estar plenamente satisfechos con el nivel de
exigencia en general y en particular con las instituciones multilaterales.
Después ha comentado que la condonación de deuda y la conversión ya se habían hecho anteriormente. Francamente he estado repasando mi intervención y en ningún momento he dicho lo contrario. Por tanto, volvería a decir exactamente lo que he dicho. Estoy convencido de que los datos que usted ha dado en términos de condonación de deuda en el periodo 1996-2004, respecto a la deuda anterior, son ciertos en sí. Pero lo que yo he dicho, también es cierto. La condonación en esta última legislatura ha sido un 40 por ciento adicional o superior a toda la que hubo en las dos legislaturas pasadas. Su afirmación no contradice la mía; la mía no contradice la suya. Por tanto, es razonable dejarlo así.
Nos ha pedido en el ámbito del informe unas valoraciones. Nosotros estamos abiertos -también se lo digo al señor Herrera- a mejorar el informe todo lo que podamos, pero debemos primero atenernos al contenido de lo que la ley obliga, por supuesto. Luego me referiré al tema del objeto del contrato; señor Herrera, ya discutimos esto en una intervención anterior.
Hay 1.800 contratos, hemos dado toda la información que podemos. Insisto en lo que dije ya en su día. Si hay algún caso en concreto y es factible, no hay inconveniente, pero no podemos trasladar 1.800. Si no sabemos lo que estamos buscando, por decirlo claramente, no sabemos ni cómo ponernos a buscar. Ese es el tema.
En cuanto a los elementos que deben acompañar, aspectos cualitativos o de valoración, soy crítico con esta visión, pues creo que el ámbito de valoración de los resultados de esta parte de la cooperación no debe corresponder a la Secretaría de Estado de Economía solamente en el marco de este informe.
Me preguntaba el señor Robles dos cosas. Primero, qué creo que va a suceder en el futuro. No creo que esto sea objeto de esta comparecencia.
Y segundo, en cuanto a su preocupación en relación con el ámbito de futuro de la cooperación al desarrollo, no puedo decir más que lo que ha dicho el Gobierno en todos los foros: que nuestra voluntad es cumplir los compromisos adquiridos, reconociendo que la situación es bien distinta a la que teníamos hace un año y medio. Sin duda, eso es bien cierto.
Hablaba usted de los cambios de nombre para que todo quede igual en el FAD. No me voy a atrever a mejorar la intervención del señor Madina, pues ha puesto los puntos sobre las íes en relación con los objetivos de la reforma del FAD, que en su día se comentaron y se explicitaron. Sobre si esto es capítulo IV o capítulo VIII y si al final no genera déficit, si no es reembolsable genera déficit, se haya puesto en el capítulo VIII o en el capítulo IV; no es una diferencia sustancial. Y sobre si el FAD tradicional va a computar como AOD, ya he comentado lo que dijo -por supuesto es así- la secretaria de Estado de Cooperación. De todas formas, lo que ahora se entiende como FAD internacionalización sobre la AOD total, en los últimos dos años se ha movido entre el 2 y el 4 por ciento.
Está identificado y, una vez identificado, tiene una importancia relativamente pequeña.
En relación con el tema de la cúpula, por el que tanto interés ha mostrado, el ministro dio cumplidas explicaciones ayer en el Senado y, por la información que tengo, creo que precisamente las va a dar también muy cumplidas mañana en el Congreso. Si su preocupación es si esto va a contar como AOD o no, la respuesta, por lo que dijo el ministro ayer, evidentemente es que no.
Al señor Madina, aparte de ahorrarme por su precisión unas cuantas respuestas, le diría que nosotros hemos tenido un interés muy particular en que en el marco de la iniciativa HIPC, con la iniciativa HIPC II, como usted decía, se avance rápidamente, que los objetivos en términos del relief multilateral sean efectivos cuanto antes. Se está trabajando en esto, hemos tenido un interés especial y hay un reconocimiento del papel de España en el ámbito, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, que en un primer momento no estaba incluido en esta iniciativa. Por supuesto con el acuerdo de todos, pero también por estar al frente de la manifestación, si me permiten la expresión, al final fue incluida en el ámbito de las IFI, que adoptaban esta iniciativa.
Con esto, señora presidenta, he acabado.
La señora PRESIDENTA: No sé qué grupos quieren tomar la palabra, pero será por un tiempo de tres minutos para que el señor secretario de Estado cierre con una última contestación.
Señor Herrera, por Iniciativa per Catalunya Verds. Y Esquerra Republicana e Izquierda Unida, disculpe usted, ya que representa a muchísima gente.
El señor HERRERA TORRES: Señor Vegara, en materia de objeto del contrato, si tan fácil nos lo ponen, es muy sencillo. Cuando tengamos una duda en torno a un contrato, solicitaremos el mismo y ustedes nos lo darán. Eso significaría transparencia absoluta y a partir de ese compromiso, en información de solicitud de datos, espero que así sea, pues con el objeto del contrato que nos trasladan hay casos en los que tenemos serias dudas, y nos gustaría disponer de toda la información. A partir de ese compromiso espero poder disponer precisamente de todo el detalle del mismo.
Segundo elemento. Me gustaría que fijasen los criterios de deuda sostenible porque la secretaria de Estado los citó, pero en ningún caso los detalló. Me gustaría que el Gobierno y usted, como representante y secretario de Estado en este caso del Ministerio de Economía, nos detallasen qué entendemos por lo mismo. Y en relación con Doha, quiero conocer también su opinión, permítame la curiosidad. Dicho de otra manera, si usted dice que su opinión es exactamente la que trasladó a esta Comisión la secretaria de Estado de Cooperación, tomo nota, pero espero que eso se concrete en la postura que lleve el Gobierno de España y el Ministerio de Economía
a la cumbre de Doha. Si se lo he preguntado es porque tenía dudas, legítimas y razonables, a sabiendas de que no siempre todo el mundo, no en este Gobierno sino en cualquiera, opina lo mismo sobre una cumbre de la trascendencia de la de Doha. Por eso le he preguntado y, si usted dice que opina exactamente lo mismo que dijo la secretaria de Estado, tomo nota.
Para acabar, hay una pregunta que no me ha respondido -sé que eran varias-, relativa a la adicionalidad. Manifestaba yo que la disposición transitoria cuarta de la ley dice: Con objeto de dejar de contabilizar aquellas operaciones de deuda externa que no deben computarse como AOD una vez alcanzada la cifra del 0,7 por ciento del PIB, el Gobierno presentará ante el Congreso, ante los organismos internacionales, las iniciativas oportunas. Quiero saber cómo lo van a hacer, cómo van a cumplir con la disposición transitoria cuarta de la Ley de Deuda, porque al final de la legislatura -no me negará que mantienen un compromiso para llegar al 0,7 por ciento, que también quiero que me lo aclare- el escenario económico no afectará a ese compromiso en materia de AOD.
Quiero que me aclare cómo van a cumplir con ello.
Por último, el FAD. Coincido con el señor Robles en lo relativo al FAD. La gran duda está en qué pasa con los FAD no de cooperación, sino con el resto, qué criterios, si son computables o no, etcétera. Ni la reflexión del portavoz socialista ni la suya me han aclarado duda alguna, de la misma manera que tampoco me ha quedado claro -quizá sea yo quien no lo ha entendido bien- el trámite de audiencia y compartir con la sociedad civil para la Ley de FAD. Es imprescindible, y me hubiese gustado escuchar un compromiso más concreto y detallado porque vamos con mucho retraso y porque además usted sabe bien que, dependiendo de lo que planteen, esta ley puede ser controvertida.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra su portavoz, el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Intervengo brevemente.
Señor secretario de Estado, quiero repetir que hoy estamos dando cumplimiento al trámite que obliga la ley, que ese informe arroja luz sobre cuestiones que han preocupado y preocupan a esta Comisión, pero, aceptando que no es una competencia exclusivamente suya, es bueno que los secretarios de Estado y el Gobierno tomen nota del sentir de la preocupación de las personas que nos dedicamos a estas cuestiones, porque de alguna manera, a través de los mecanismos internos de los que dispone el Gobierno, la Comisión Delegada de Cooperación o los organismos que ustedes consideren convenientes, este es un informe que necesita ser completado o al mismo tiempo ser parte de otro informe más amplio. Es evidente que en un país como el nuestro, que ha crecido en los últimos años -todos nos hemos felicitado por ello- en la AOD española, significa que en este momento hay una cantidad importante. No lo digo con afán de fastidiar a nadie, sino simplemente con afán de ser didácticos. En este momento la media de lo que destinan las familias españolas de sus impuestos a la cooperación internacional al desarrollo es entre 550 y 600 euros. Cuando se llegan a esas cifras, cuando estamos además en unos momentos delicados, yo creo que es una exigencia no solo la transparencia, sino la seguridad del impacto que están teniendo estos recursos. Por tanto, en este momento es importante saber los números, pero es importante saber el impacto en lo que nos hemos planteado, que es la reducción de la pobreza. Es una exigencia que tenemos que hacer.
Busquen ustedes la fórmula, pero igual que estamos hablando estos años de subir las cantidades, hay que tener instrumentos de evaluación, de transparencia y de traslación de esos resultados a quienes en última instancia son los que soportan estas políticas, que son los ciudadanos españoles a través de sus impuestos. De eso es de lo que estaba reflexionando con usted, diciéndole además que la ley no solamente tiene una parte que es la traslación de este informe numérico, sino que tiene una serie de criterios rectores que no se pueden olvidar y sobre los que hemos pasado hoy por encima, como, por ejemplo, los proyectos de fortalecimiento, la implicación de los inmigrantes, que digo yo que no los pusimos allí simplemente porque en ese momento se nos ocurrieron, sino porque en esta Comisión estas son cuestiones que se consideran importantes. Esas son las reflexiones que le hago, como le hago también la reflexión de que existe otro documento adicional, que ya sé que no tiene el mismo rango, que es el Pacto de la Pobreza, pero convendría que el Gobierno se leyera el Pacto de la Pobreza, porque ahí hay necesidades de poner, por ejemplo, un calendario. Yo creo que es importante saber que ese calendario y esa serie de criterios tienen que saberse cuanto antes.
Tampoco le he pedido que haga usted de mago y en este momento nos trate de explicar cuál va a ser la evolución de la economía mundial y cómo va a impactar esto en las instituciones. No le pido eso. Si creyera que usted puede hacerlo le recomendaría para que estuviera usted en este momento en Washington o donde fuera realmente iluminando a todos los líderes del mundo: no es eso. Lo que digo es que la AOD española en gran medida ha crecido estos años por el recobro anticipado, dada la coyuntura económica. La pregunta que le hacía era muy concreta. ¿Usted cree que se va a seguir produciendo esa situación, es decir que España va a seguir recibiendo el retorno de esos fondos, ese recobro, y que va a ser a través de ese mecanismo concreto, o va a haber que establecer otras alternativas, habida cuenta de que ahí puede haber un cambio de tendencia fruto de la crisis? Esa era la pregunta concreta, no sobre la AOD española, de la que ya conozco la posición del Gobierno.
Me referiré no a una cuestión referida a usted, pero que ha salido en el debate. Quiero decirle a mi buen amigo el señor Madina que evidentemente hoy tenemos
una Ley de Deuda, pero no es ni por el Gobierno ni por el Grupo Socialista. La memoria es muy flaca. La ley no proviene ni del Grupo Socialista ni del Gobierno, proviene de esta Cámara; es más, proviene de CiU y fue precisamente, a pesar del Grupo Socialista, cuando todos los demás grupos nos pusimos de acuerdo en aceptarla cuando ha habido precisamente la posibilidad de que haya una Ley de Deuda. La Ley de Deuda surge de esta Cámara, no del Grupo Socialista ni del Gobierno. Por tanto, que cada uno se apunte los tantos que tiene. En todo caso, todos no lo celebramos. Y no puedo estar más de acuerdo con el señor Madina cuando dice que lo que quiere es que haya un FAD de cooperación destinado única y exclusivamente a los temas de cooperación. La pena es que ustedes no se hayan dado cuenta de esto en el año 2007, porque nos hubiéramos ahorrado sacar 500.000 euros destinados a otros fines distintos que estaban en un FAD de cooperación. Esa es la cuestión, señor secretario de Estado. La cuestión no es la explicación del ministro diciendo que computan o no, solo faltaba; sería una osadía. Solo faltaba que se hubiera pretendido que computaran en la AOD. La cuestión no es si han computado o no, sino de dónde han salido y cuál era el fin original para el que estaban previstos esos fines. Esa es la cuestión: en dónde estaba ese dinero, cuál era el fin original para el que se aprobó en esta Cámara, por qué se ha aplicado otro criterio, y no si computa o no, porque es evidente que ese no es un argumento que solucione el problema. En todo caso, me permito decirle que es un argumento que empeora la situación; no la mejora, la empeora, porque con eso España tiene todavía menos porcentaje de AOD. Esos 500.000 euros no han computado en AOD, por tanto es menos dinero que computa en nuestro porcentaje destinado a AOD. Por tanto, no cambia el problema y no lo mejora en absoluto.
Termino diciéndole que le agradezco la información. Creo que estos debates e informes ayudan no solo a nosotros a tener información, sino también al Gobierno para poder trasladarnos una información en la preocupación que tiene esta Comisión. Esperemos que entre todos la cooperación al desarrollo española siga por los caminos que deseamos que continúe. Tiene que entender todo el mundo que se hace camino pactando las cosas que hemos acordado en esta Comisión, pero también controlando al Gobierno. La obligación constitucional es tanto proponer, ayudar y pactar cuando hay que hacerlo como la de controlar. Por tanto, cuando alguien ahora se sorprende de que el Grupo Popular controle una acción concreta, sería al revés. La sorpresa debería ser que hubiéramos claudicado y no hubiéramos hecho algo que nos corresponde constitucionalmente que es el control a la acción del Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Señor Madina, por el Grupo Socialista.
El señor MADINA MUÑOZ: Intervendré para comentar un par de cosas, señor Vegara, comenzando, como he empezado antes, dándole las gracias por su presencia hoy aquí por su intervención, invitándole a que siga haciéndolo todas las veces que quiera, porque para nosotros es estupendo verle por aquí. Así que vuelva mucho, porque que será muy bien recibido siempre.
Hay dos cosas que quiero señalar. Una, no me queda otra que hablar de la cúpula. No quería hablar de la cúpula, pero voy a tener que hacerlo. Y, dos, dar por lo menos mi opinión, y contestar, porque con el silencio da la sensación de que uno tiene indiferencia, que no es el caso, hacia mi buen amigo Robles en ninguno de los debates o algo que ocultar, que no es el caso en el debate de la cúpula. Quiero dar mi opinión, aunque mañana seguro que tendremos la oportunidad en el Pleno con el señor Moratinos- a quien le corresponde mañana en la sesión de control responder esta pregunta-, de debatir con más profundidad este tema.
En primer lugar, en cuanto a la disposición que habla del cómputo de deuda cuando España alcance el 0,7, es verdad que el señor Herrera insiste mucho siempre en esta materia. Dice exactamente que nuestro país debe jugar un papel activo en los organismos multilaterales para que cuando se alcance el 0,7 se convierta en doctrina de la cooperación internacional la norma de construir ayuda oficial al desarrollo sin computar deuda.
Dice que debemos jugar un papel muy activo, y yo creo que debemos hacerlo. Yo estoy de acuerdo con el señor Herrera, y seguro que usted lo está también conmigo y lo estamos todos en esta Comisión, porque debemos hacerlo además ante un debate muy complejo. Eso conlleva que, por ejemplo, si en el año 2012 sigue habiendo deuda en cualquiera de los países acreedores de la comunidad de donantes que se condone por desarrollo sobre los criterios que la cooperación de ese país donante establezca, si hay una condonación por desarrollo, ¿qué hacemos, no computamos eso como ayuda oficial al desarrollo? Si se hace mal, puede terminar convirtiéndose lo que es una buena intención en una mala práctica de gestión de las cancelaciones de deuda, porque a día de hoy sabemos que nos gusta la condonación por desarrollo. Si decimos que ya no va a computar como ayuda oficial las operaciones a partir de que se alcance el 0,7 en el ámbito de la gestión de la deuda podemos dar un instrumento que en las manos equivocadas puede convertirse en una mala noticia para el modelo de operación de deuda.
En segundo lugar, la cúpula de Ginebra. Nos gusta que se critique, que se haga oposición, que se trabaje, que se pregunte y que se diga que no cuando se tiene que decir no y que se diga que sí cuando se tiene que decir que sí. Lo que no nos gusta es la demagogia, y lo que no nos pega es la demagogia en buenos parlamentarios -el señor Robles es un buen parlamentario, pero en este tema se está deslizando por el ámbito de la demagogia-, al decir que los niños africanos, como dijo el otro día en el Pleno, se quedan sin vacunas cuando la ayuda oficial al desarrollo
está en niveles bajos. Cuando se alcanza un mayor nivel de ayuda oficial al desarrollo como el que se ha logrado en esta legislatura, que nunca antes se había producido, hablar de cuántas vacunas de niños africanos por esta cúpula se quedan... es demagógico. Señor Robles, usted lo sabe, eso no es hacer oposición, es hacer crítica. No voy a entrar en las exposiciones en el MOMA, sobre las que el señor Cortés le podría contar, que sí computaban como ayuda oficial al desarrollo; no vamos a hablar de todo eso, porque no me meto en un debate en el que me sienta cómodo, en el: y ustedes más. Pero es positivo que haya sido una financiación de este proyecto de la cúpula complementaria a la ayuda oficial al desarrollo. Hubiera estado de acuerdo con usted si esto computara como ayuda oficial al desarrollo. Si estamos en desacuerdo con el canal de financiación, podemos discutirlo, pero lo que no podemos discutir es que esto, como usted dijo, no le resta ninguna vacuna -en el ámbito de la demagogia en el que usted se movió el otro día- a ningún niño africano.
Esto es complementario y no computa como ayuda oficial al desarrollo; es importante que quede claro. En cualquier caso, si no computa como ayuda oficial al desarrollo -dice usted-, menos AOD en 2007. No, más AOD que nunca en 2007, el 0,5 por ciento de nuestro producto interior bruto, concretamente el doble de lo que ustedes nos dejaron, con lo cual el argumento es débil lo enfoque uno por donde lo enfoque. Yo le invito a la crítica del control al Gobierno. Me he encontrado con usted como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en muchas ocasiones que hemos compartido enfoques de la cooperación al desarrollo, tanto desde el Grupo Popular como desde el Grupo Socialista, pero no me haga dar pasos a zonas donde no le he visto nunca y donde no me gustaría verle, señor Robles.
Señor Vegara -insisto-, gracias por su intervención, seguiremos esperando próximas visitas y próximos debates tan interesantes como el que hemos tenido hoy con usted en esta Comisión de Cooperación.
La señora PRESIDENTA: Para finalizar tiene la palabra el señor secretario de Estado de Economía, y les contesta en una sola intervención a todos los portavoces.
El señor VEGARA FIGUERAS: Intervendré rápidamente.
Sobre el objeto del contrato quiero ser preciso. Yo no he dicho que se nos pida el contrato y que lo remitiremos; entre otras cosas, porque aquí puede haber problemas de protección de datos, de confidencialidad, etcétera. He dicho que si no sabemos lo que buscamos, difícilmente lo encontraremos con 1.800 contratos. Tenemos la mejor predisposición respetando los contratos y en muchos de los contratos hay estos elementos. Lo que no se puede es generar una especie de terreno de nadie y de cortina de dudas generales, porque no es ni razonable ni justo, ni tampoco se puede comprobar lo contrario. Ese no es un terreno de juego razonable.
Sobre los mecanismos para fijar la deuda sostenible, he dicho ya cuáles son. Utilizaremos los del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Seguro que pueden ser mejorables técnicamente, pero son aceptados internacionalmente y nosotros -creo que de manera razonable- hemos ido por ahí. Sobre Doha respondo al señor Herrera -aunque no está, pero por lo menos queda constancia- con un poco de humor: si espera que diga algo contrario a lo que dijo la secretaria de Estado de Cooperación, la respuesta es que no. Pero esto no quiere decir que él interprete, igual que yo, lo que dijo o dirá la secretaria de Estado de Cooperación.
Dejo esto para el futuro.
Sobre la disposición adicional cuarta, qué haremos cuando el 0,7 llegue en 2012, etcétera, en primer lugar, hay que pensar bien qué incentivos perversos -vamos a llamarlos así- puede generar esto en línea con lo que decía el señor Madina. Esto hay que medirlo bien. En segundo lugar, estamos hablando de 2012. Ocupémonos ahora de lo que nos tenemos que ocupar, porque bastantes cosas tenemos encima de la mesa. Sobre el trámite de audiencia y esta aparente permanente preocupación por la transparencia y por comunicar con las ONG, tengo respeto por el trámite de audiencia en esta ley y por cualquier otra, por una que hable de deuda externa y de los fondos de ayuda al desarrollo y por otra que hable de derechos de los consumidores o de lo que sea. Los trámites de audiencia son los trámites de audiencia. No porque sea un tema de deuda externa -perdóneme la franqueza- tiene que haber un trámite de audiencia especial, porque todas las leyes son importantes. En todas las leyes la voluntad popular se expresa a través del Parlamento y en todas las leyes existen mecanismos, unas veces se utilizan mejor que otras y en esta intentaremos utilizarlos de la mejor manera posible en el trámite de audiencia y de participación.
El señor Robles abordaba tres asuntos. En temas de impacto se ha hecho en los últimos años un gran trabajo por parte de la AECI en términos de medición de resultados de impacto y de calibración -un ámbito que no es fácil- y de procedimientos de condonación de deuda por inversiones. Si en la próxima comparecencia -porque no me hace falta el cumplimiento de una previsión legal para venir a esta Comisión, sino que lo haré siempre que ella lo pida, que es la que lo puede pedir-, no tengo inconveniente en traer, al menos en cuanto a los programas de conversión, toda la información que tengamos en términos de resultados. En una cosa quiero ser muy preciso. No puede darse la sensación de que aquí solo se ha aumentado la ayuda oficial al desarrollo porque ha habido más recobros, como pudiera deducirse de las afirmaciones del señor Robles; en absoluto.
Ha habido sin duda un proceso de recobros por la bonanza económica -eso es factual, no es discutible-, pero el aumento de la ayuda oficial al desarrollo es una decisión consciente, buscada y premeditada del Gobierno. No tiene relación con los recobros, porque los recobros se podían haber dedicado a reducir
la deuda, a subir sueldos y salarios, a gastar más en capítulo II o a lo que sea. Esto no tiene nada que ver, porque en términos de AOD lo que es relevante es el término neto, no el término bruto. Sobre si la ley se hizo a pesar del Grupo Parlamentario Socialista -termino aquí, señora presidenta-, lo único que puedo decir es que es un argumento interesante, pero que no puedo compartirlo en absoluto.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor secretario de Estado y gracias a todos ustedes, señorías. Quiero agradecer expresamente al secretario de Estado su transparencia, su esfuerzo por venir a esta Comisión y su disponibilidad a acudir siempre a ella.

References: resolución 
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 artículo 5
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 resolución 
 artículo 3
 artículo 4