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Timestamp: 2019-05-22 02:09:50+00:00

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﻿ SENTENCIA C-576 DE JULIO 25 DE 2006
SENTENCIA C-576 DE 25 DE JULIO DE 2006
CONTENIDO:TRÁMITE DE LOS PROYECTOS DE LEY. REQUISITO DE ANUNCIAR LA SESIÓN EN QUE SE VOTARÁ PROYECTO DE LEY APROBATORIO DE TRATADO. SE DECLARA INEXEQUIBLE LA LEY 994 DE 2005, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL "CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES", HECHO EN ESTOCOLMO A LOS 22 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2001.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRÁMITE DEL PROYECTO DE LEY, DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, CONTAMINANTE ORGÁNICO, CONTAMINANTE ORGÁNICO PERSISTENTE
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:418 DE OCTUBRE DE 2006, PG.1788
Sentencia C-576 de julio 25 de 2006
Requisito de anunciar la sesión en que se votará proyecto de ley aprobatorio de tratado.
Sentencia C-576 de 2006
Ref.: Expediente LAT-285
Revisión constitucional del “Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, hecho en Estocolmo a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil uno (2001)” y la Ley 994 de 2005 aprobatoria del mismo.
Bogotá, D.C., veinticinco de julio de dos mil seis.
A continuación se transcribe el texto de la ley enviada para revisión, conforme a su publicación en el Diario Oficial 46.082 del 4 de noviembre de 2005:
Visto el texto del “Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes”, hecho en Estocolmo a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil uno (2001).
“Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes
6. Toda parte que tenga una excepción específica de acuerdo con el anexo A, o una finalidad aceptable de acuerdo con el anexo B, tomará las medidas apropiadas para velar por que cualquier producción o utilización correspondiente a esa exención o finalidad se realice de manera que evite o reduzca al mínimo la exposición humana y la liberación en el medio ambiente. En cuanto a las utilizaciones exentas o a las finalidades aceptables que incluyan la liberación intencional en el medio ambiente en condiciones de utilización normal, tal liberación deberá ser la mínima necesaria, teniendo en cuenta las normas y directrices aplicables.
a) Se han cumplido los criterios de selección, remitirá, a través de la secretaría la propuesta y la evaluación del comité a todas las partes y observadores y los invitará a que presenten la información señalada en el anexo E; o
8. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como los Estados que no sean partes en el convenio, podrán estar representados por observadores en las reuniones de las conferencias de las partes. Todo órgano u organismo con competencia en las esferas que abarca el presente convenio, ya sea nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental, que haya comunicado a la secretaría su deseo de estar representado en una reunión de la conferencia de las partes como observador podrá ser admitido, salvo que se oponga a ello por lo menos un tercio de las partes presentes. La admisión y la participación de observadores se regirán por el reglamento aprobado por la conferencia de las partes.
Bogotá, D.C., 21 de julio de 2003.
ART. 1º—Apruébase el “Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes”, hecho en Estocolmo a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil uno (2001).
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes”, hecho en Estocolmo a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil uno (2001), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Se examinará por la Corte, si se cumplieron los requisitos exigidos en los artículos 241, numeral 10, 146, 154, 157, 160 y 165 de la Constitución Política; y, el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003.
El texto de la Ley 994 de 2005, en copia autenticada, fue enviado por el secretario jurídico de la Presidencia de la República a la Corte Constitucional para su revisión el 4 de noviembre de 2005, es decir, dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción, señalados en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política.
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que el deber constitucional de revisar los tratados internacionales, así como las leyes que los aprueben, incluye el examen de las facultades del ejecutivo respecto de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo. De conformidad con el Oficio OAJ. CAT Nº 68083 radicado el 9 de diciembre de 2005 y suscrito por el coordinador grupo interno trabajo de tratados oficina asesora jurídica (fl. 156), el convenio en estudio fue firmado en representación del Gobierno Nacional el 23 de mayo de 2001 por el entonces embajador de Colombia ante el gobierno de Suecia, señor Francisco Sanclemente Molina, a quien se le confirieron plenos poderes, de los cuales adjunta una copia.
El Presidente de la República sancionó la Ley 994 de 2005 el 2 de noviembre de 2005, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 157 y 165 de la Constitución Política.
2.4. Trámite realizado en el Congreso de la República para la formación de la Ley 994 de 2005.
De conformidad con la documentación que obra en el expediente, el proyecto de Ley 86 de 2004 Senado 261 de 2004 Cámara agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República:
El texto del convenio, junto con su exposición de motivos, fue publicado en la Gaceta del Congreso 471 de 26 de agosto de 2004 (págs. 1-17, fls. 344-360), antes de darle curso en la comisión respectiva, cumpliendo así con los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la República y publicación previa a la iniciación del mismo en la comisión respectiva, establecido en el artículo 154 de la Constitución.
2.4.2. La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda fue presentada por los senadores Luis Alfredo Ramos Botero y Enrique Gómez Hurtado, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso 634 de 21 de octubre de 2004 (pág. 12, fl. 322), antes de la iniciación del primer debate (L. 5ª/92, art. 157).
2.4.3. El aviso de votación en primer debate fue efectuado en la sesión de la Comisión Segunda del Senado el 26 de octubre de 2004, según consta en el Acta 17 publicada en la Gaceta del Congreso 540 de 2005, fijando como fecha de votación la de la siguiente sesión.
2.4.4. El proyecto de ley fue sometido a votación y aprobado en la sesión del 3 de noviembre de 2004 de la Comisión Segunda del Senado, con un total de 11 votos, según consta en el Acta 18 publicada en la Gaceta del Congreso 541 de 2005, cumpliendo así el requisito establecido en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 sobre votación en sesión anunciada previamente y distinta de la del anuncio y la exigencia sobre quórum y mayoría (C. Pol., arts. 145 y 146), teniendo en cuenta que tal comisión está compuesta por 13 miembros.
2.4.5. La ponencia para segundo debate fue presentada por los senadores Luis Alfredo Ramos Botero y Enrique Gómez Hurtado, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso 722 de 19 de noviembre de 2004 (págs. 19-20, fl. 342) antes de la iniciación del debate (L. 5ª/92, arts. 157 y 185).
2.4.6. El aviso de votación en segundo debate fue efectuado en la sesión plenaria del Senado el 23 de noviembre de 2004, según consta en el Acta 22 publicada en la Gaceta del Congreso 845 de 2004 (pág. 9, fl. 92), fijando como fecha de votación la de la siguiente sesión.
2.4.7. El proyecto de ley no fue sometido a votación en la sesión plenaria del Senado de la República del día 24 de noviembre de 2004, que fue la siguiente a la del aviso, según consta en el Acta 23 publicada en la Gaceta del Congreso 846 de 2004, y en cambio fue sometido a votación y aprobado en la sesión del 30 de noviembre de 2004, sin el aviso previo correspondiente, con un total de 86 votos, según consta en el Acta 24 publicada en la Gaceta del Congreso 847 de 2004 (pág. 16, fl. 135), cumpliendo el lapso no inferior a ocho (8) días que debe mediar entre el primero y el segundo debates (C. Pol., art. 160) y la exigencia sobre quórum y mayoría (C. Pol., arts. 145 y 146), teniendo en cuenta que dicha corporación está integrada por 102 miembros, y sin cumplir el requisito establecido en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 como se analizará más adelante.
2.4.8. La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda fue presentada por el representante Germán Velásquez Suárez, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso 230 de 4 de mayo de 2005 (págs. 7-21, fls. 216-230), antes de la iniciación del primer debate (L. 5ª/92, art. 157).
2.4.9. El aviso de votación en primer debate fue efectuado en la sesión de la Comisión Segunda el 15 de junio de 2005, según consta en el Acta 44 de 2005, publicada en la Gaceta Nº 735 de 2005, págs. 10-11, señalando que la votación se haría en la sesión del 16 de junio de 2005.
2.4.10. El proyecto fue sometido a votación y aprobado en la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes del 16 de junio de 2005 con un total de 17 votos, según consta en el Acta 45 de 2005 publicada en la Gaceta del Congreso 735 de 2005 (págs. 14-15) y en la certificación expedida por el subsecretario de la comisión (fl. 205), cumpliendo así la exigencia de que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra deberán transcurrir por lo menos quince (15) días (C. Pol., art. 160), el requisito establecido en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 sobre votación en sesión anunciada previamente y distinta de la del anuncio y la exigencia sobre quórum y mayoría (C. Pol., arts. 145 y 146), teniendo en cuenta que tal comisión está compuesta por 19 miembros.
2.4.11. La ponencia para segundo debate fue presentada por el representante Germán Velásquez Suárez, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso 480 de 3 de agosto de 2005 (págs. 1-16, fls. 187-201), antes de la iniciación del debate (L. 5ª/92, arts. 157 y 185).
2.4.13. El proyecto de ley fue sometido a votación en la sesión plenaria del 27 de septiembre de 2005 y aprobado con un total de 151 votos, según consta en el Acta 203 publicada en la Gaceta del Congreso 739 de 2005 (pág. 26) y en la certificación expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes (fl. 160), cumpliendo así el lapso no inferior a ocho (8) días que debe mediar entre el primero y el segundo debates (C. Pol., art. 160), el requisito establecido en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 sobre votación en sesión anunciada previamente y distinta de la del anuncio y la exigencia sobre quórum y mayoría (C. Pol., arts. 145 y 146), teniendo en cuenta que dicha corporación está compuesta por 166 miembros.
Igualmente, se respetó la prohibición de que un proyecto de ley sea considerado en más de dos legislaturas (C. Pol., art. 162).
3. Vicio de carácter insubsanable en el trámite legislativo de la Ley 994 de 2005 por medio de la cual se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.
3.1. En el presente caso, revisado el trámite legislativo surtido ante el Senado de la República, segundo debate, resulta absolutamente claro que en esa oportunidad no se dio cumplimiento a la exigencia constitucional prevista en el Acto Legislativo 1 de 2003, artículo 8º.
“Por instrucciones de la Presidencia y en cumplimiento del Acto Legislativo 1 de 2003, la secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la siguiente sesión:
“Proyecto de Ley 86 de 2004 Senado, por medio del cual se aprueba el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, hecho en Estocolmo a los 22 días del mes de mayo de 2001”.
“(…)” (6) (las negrillas forman parte del texto original).
3.3. Según el Acta 23 de la sesión ordinaria del miércoles 24 de noviembre de 2004, el citado proyecto de ley no fue debatido ni sometido a votación en dicha sesión, ni en ella se dio aviso tampoco sobre la votación del mismo proyecto en una sesión posterior (7) .
3.5. El proyecto de ley fue sometido a votación y aprobado en la sesión ordinaria del martes 30 de noviembre de 2004, según consta en el Acta 24 de dicha sesión (8) y en la certificación expedida por el secretario general del Senado de la República (fl. 83).
4.1. De conformidad con la jurisprudencia de esta Corte (9) , para que un cambio jurisprudencial no se considere arbitrario, este debe obedecer a razones poderosas que lleven no solo a modificar la solución al problema jurídico concreto sino que prevalezcan sobre las consideraciones relativas al derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica que invitarían a seguir el precedente (10) . Dentro de tales razones la Corte encuentra que, en este caso, se presenta la necesidad de unificar precedentes por coexistir, antes del presente fallo, dos líneas jurisprudenciales encontradas como se verá a continuación, lo cual iba en desmedro de la seguridad jurídica, por la incertidumbre sobre las reglas determinantes, y, además, tenía como resultado decisiones aparentemente encontrados, porque se le estaba dando un trato diverso a las decisiones de los congresistas sin que fuera clara la razón de las distinciones efectuadas al respecto.
4.2. Como ya se ha indicado en otras oportunidades, el artículo 160 de la Constitución fue adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 3 de julio de 2003, así:
De conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, la finalidad del acto legislativo, es “permitir a los congresistas saber con anterioridad cuáles proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas” (11) .
La Corte ha establecido que esta disposición requiere para su cumplimiento que en una sesión anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior, siempre y cuando se convoque para su aprobación en una fecha futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable (12) . La exigencia constitucional apunta al efectivo conocimiento previo de los proyectos que serán objeto de decisión, por lo que, si por razones del desarrollo del debate legislativo, la votación de un proyecto no tiene lugar el día inicialmente fijado, no se incurre inexorablemente en una vulneración a la Carta Fundamental, si se hace clara y nuevamente el anuncio o si del contexto existen elementos que permitan determinar con claridad cuando se realizará la votación (13) .
4.3. La jurisprudencia de la Corte sobre el carácter subsanable o insubsanable del vicio que se deriva del desconocimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 en virtud del rompimiento de la cadena de anuncios no es clara ya que existen decisiones en diversos sentidos, veamos:
En la Sentencia C-533 de 2004 (14) se revisó la constitucionalidad del “Proyecto de Ley 230 de 2003, Cámara, 31 de 2002 Senado, por medio del cual se aprueba el “Tratado de cooperación judicial mutua entre el gobierno de la República de El Salvador y el gobierno de la República de Colombia”. La Corte declaró que al dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, la plenaria de la Cámara no precisó la fecha exacta en que dicho debate se llevaría a cabo, y el debate finalmente ocurrió 3 sesiones después de aquella en que se hizo el anuncio. El vicio detectado se entendió suplido en el curso del debate en razón a las circunstancias especificas del contexto en que se realizó finalmente la votación, y se declaró la exequibilidad de la norma. En esta oportunidad la falta de anuncio de la votación del proyecto de ley sucedió en la votación en la plenaria de la Cámara de Representantes (15) .
En la Sentencia C-661 de 2004 (16) se revisó la constitucionalidad de la Ley 867 de 2003, “por medio de la cual se aprueba el acuerdo de cooperación entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Ecuador en la esfera de la actividad musical”. En dicha oportunidad la Corte constató que durante el trámite legislativo en la plenaria del Senado se realizó el anuncio para la votación pero para la misma sesión, no para una sesión posterior. La votación del proyecto no pudo ser realizada durante esa sesión y se votó en la sesión posterior. En dicha sesión se anunció que se agotaría el orden del día de la sesión anterior. La Corte consideró que se había configurado un vicio en el procedimiento pero que había sido subsanado por el Congreso (17) dadas las especificidades del caso y declaró la exequibilidad de la norma.
En la Sentencia C-780 de 2004 (18) se revisó la constitucionalidad de la Ley 876 de 2004, “por medio de la cual se aprueba el protocolo modificatorio a la ‘Convención de extradición entre la República de Colombia y el Reino de España’, suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892, hecho en Madrid el dieciséis (16) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)”. La Corte encontró que el anuncio para la votación del proyecto en el primer debate en la Cámara de Representantes no indicaba una fecha cierta y precisa ya que se dijo que el proyecto sería votado la próxima semana. Lo anterior constituyó para la Corte una irregularidad pero no un vicio en el procedimiento y la norma fue declarada exequible (19) .
En la Sentencia C-333 de 2005 (20) se estudió la constitucionalidad de la Ley 898 de 2004, por medio de la cual se aprueba la “Convención interamericana contra el terrorismo”. La Corte encontró que el anuncio para la votación del proyecto en la plenaria del Senado se había realizado en la misma sesión en que fue efectivamente votado el proyecto. Lo anterior fue considerado como un vicio insubsanable por lo que la norma fue declarada inexequible (21) .
En la Sentencia C-400 de 2005 (22) se revisó la constitucionalidad de la Ley 899 de 2004, “por medio de la cual se aprueba el segundo protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”. La Corte constató que se incurrió en un vicio de procedimiento en la votación del proyecto de ley en primer debate en la Comisión Segunda del Senado efectuada el día 11 de noviembre de 2003, al omitir el requisito establecido en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, el cual prescribe que ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella en que previamente se haya anunciado y que el anuncio debe hacerse en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación (23) . A juicio de la Corte, el haber omitido ese requisito constitucional en el primer debate en la Comisión Segunda del Senado afectó la validez de todo el trámite legislativo y en consecuencia, la Ley 899 de 2004 fue declarada inexequible (24) .
Mediante Auto 88 de 2005 (25) la Corte devolvió al Congreso el proyecto de ley aprobatoria del Convenio de cooperación técnica y científica entre Guatemala y Colombia al constatar que en la votación de la plenaria del Senado se había anunciado y votado el proyecto (26) . Para la Corte se había configurado un vicio en procedimiento legislativo que era subsanable por lo que el proyecto fue devuelto al Congreso para que se realizara la votación adecuadamente y el proyecto continuara su trámite (27) .
Así mismo, la Corte, mediante Auto 89 de 2005 (28) ordenó la devolución de la Ley 896 de 2004 “por medio de la cual se aprueba el Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Bolivia para la recuperación de bienes culturales y otros específicos robados, importados o exportados ilícitamente” al haber encontrado que en la misma sesión de la plenaria del Senado se había anunciado y votado el proyecto (29) . Como en el evento anterior la Corte consideró que el vicio en que se había incurrido era de carácter subsanable y por lo tanto fue devuelto al Congreso para que continuara su trámite (30) .
En la Sentencia C-930 de 2005 (31) se revisó la constitucionalidad de la Ley 943 de 2005, por medio de la cual se aprueba el Convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Bolivia. La Corte encontró que el anuncio efectuado para la votación del proyecto en la plenaria del Senado era inexacto, ya que el presidente del Senado solo se había referido a la posibilidad de continuar con los asuntos que no habían sido agotados del orden del día, por lo que se configuraba un vicio en el trámite legislativo insubsanable que desencadenó la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma (32) .
Mediante Auto 207 de 2005 (33) la Corte devolvió al Congreso la Ley 944 de 2005 por medio de la cual se aprueba el Acuerdo sobre transporte aéreo transfronterizo entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República del Perú. La Corte constató que no se había realizado el anuncio previo a la sesión de votación de la plenaria del Senado por lo que se había incurrido en un vicio en el trámite legislativo (34) que la Corte, en esta oportunidad, estimó subsanable (35) .
Finalmente, mediante Sentencia C-241 de 2006 (36) se estudió la constitucionalidad de la Ley 968 de 2005, por medio de la cual se aprueba el estatuto migratorio permanente entre Colombia y Ecuador. En esta sentencia se dio un pronunciamiento unánime de la Corte en cuanto a que se incumplía con el artículo 160 de la Constitución cuando se hacía un anuncio de votación de un proyecto de manera vaga. Como el vicio se presentó en la votación del proyecto en la Comisión Segunda del Senado, es decir durante el primer debate, este era insubsanable (37) , y por lo tanto la norma fue declarada inexequible.
4.4. De acuerdo al anterior recuento de las decisiones en las que se han detectado irregularidades y vicios en el trámite legislativo de las leyes que aprueban tratados o convenios internacionales en razón al incumplimiento del artículo 160 de la Constitución (A.L. 1/2003, art. 8º) en cuanto al anuncio previo a las votaciones del proyecto en el Congreso, se desprende que existe unanimidad en la jurisprudencia en cuanto a establecer que el procedimiento legislativo previsto en el inciso final del artículo 160 C.P. obliga a que en las células legislativas sean anunciados, de manera cierta y determinada, o, al menos, determinable en razón del contexto en que se efectuó el anuncio, cuáles son los proyectos de ley que serán sometidos a votación en una sesión futura. Para la Corte, cada caso revisado ha presentado una especificidad por lo que a la luz de las características del trámite legislativo particular se ha analizado si, i) el vicio fue saneado por el propio Congreso, ii) si es subsanable una vez identificado por la Corte Constitucional al revisar la ley aprobatoria o iii) si es insubsanable y lo que procede es declarar inexequible la ley, en lugar de devolverla para que el Congreso tenga la oportunidad de subsanar el vicio (38) . Sin embargo, existe una discrepancia de posiciones en torno a las condiciones en las cuales este vicio es subsanable y, por lo tanto, se han proferido sentencias que parecen discrepar en cuanto a los efectos de la constatación de una transgresión de la anterior norma. Es decir, de las decisiones antes reseñadas se encuentra que en algunas ocasiones se ha determinado el vicio como subsanable y se ha decidido devolver la norma al Congreso para que se corrija y se continúe con el trámite legislativo y, otras veces, se ha caracterizado el vicio como insubsanable, lo que ha desencadenado la inexequibilidad de la norma revisada (39) .
La Corte ha emitido decisiones en las que: i) se encuentra que el vicio ocurrió durante el primer debate en el Senado y se considera insubsanable (40) ; ii) se encuentra que el vicio sucedió durante la votación en la plenaria del Senado y se considera subsanable (41) ; y iii) se encuentra que el vicio se presentó durante la votación en la plenaria del Senado y se considera insubsanable (42) . Los otros pronunciamientos se refieren a irregularidades en la forma del anuncio mismo, en diversos momentos del trámite legislativo que no han sido consideradas como vicios en el procedimiento (43) .
5. Para que la omisión del anuncio contemplado en el artículo 160 de la Constitución sea subsanable este debe suceder después de que la Cámara por la cual se inicia el trámite de las leyes aprobatorias de tratados haya expresado su voluntad.
5.2. Este vicio no es por naturaleza insubsanable, pero tampoco es siempre subsanable. Deben reunirse ciertas condiciones para que sea subsanable. La posibilidad de subsanar un vicio durante el procedimiento legislativo responde al principio de instrumentalidad de las formas, que como la Corte ha dicho, implica “que la constatación de que ocurrió una irregularidad en el trámite de una ley, no conlleva inevitablemente que el juez constitucional deba siempre retirarla del ordenamiento. Es necesario que, previamente, el juez examine (i) si ese defecto es de suficiente entidad como para constituir un vicio susceptible de afectar la validez de la ley; (ii) en caso de que la irregularidad represente un vicio, debe la Corte estudiar si existió o no una convalidación del mencionado vicio durante el trámite mismo de la ley; (iii) si el vicio no fue convalidado, debe la Corte analizar si es posible devolver la ley al Congreso y al Presidente para que subsanen el defecto observado; y (iv) si no se presenta ninguna de las anteriores hipótesis, la Corte debe determinar si es posible que ella misma subsane, en su pronunciamiento, el vicio detectado, de conformidad con los lineamientos arriba trazados, y respetando siempre el principio de razonabilidad” (44) .
5.3. La posibilidad de que el incumplimiento del requisito contemplado en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 en el trámite legislativo de las leyes que aprueban un tratado o convenio internacional —rompimiento de la cadena de anuncios previos a la votación del proyecto de ley— depende del contexto en el cual se produjo el vicio y de su incidencia en la formación de la voluntad del Congreso.
5.4. En lo que se refiere al trámite de leyes que aprueban tratados o convenios internacionales se debe recordar que estas leyes surten el mismo procedimiento que las leyes ordinarias (45) con la particularidad de que el proyecto de ley debe iniciar su trámite en el Senado y la competencia del Congreso de la República se limita a aprobar o improbar el tratado o convenio (46) . La Corte ha determinado como criterios relevantes para establecer la subsanibilidad de este vicio los siguientes: “(i) el cumplimiento de las etapas básicas y estructurales del proceso legislativo, establecidas en el artículo 157 de la Carta; (ii) el contexto dentro del cual se presentó el vicio; (iii) la garantía de los derechos de las minorías a lo largo del debate parlamentario y del principio democrático en la votación del proyecto de ley; (iv) el tipo de ley de que se trata y su evolución a lo largo del debate parlamentario” (47) . En armonía con los criterios y particularidades mencionadas se debe entender que en materia de leyes que aprueban tratados o convenios internacionales, la condición esencial de subsanabilidad es que el Senado se haya pronunciado de tal forma que la Cámara donde por mandato constitucional ha de iniciarse el trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de un tratado ha expresado de manera completa su voluntad. Así, una de las etapas estructurales del trámite, v.gr., la aprobación por el Senado, habrá concluido a plenitud sin vicio alguno.
DECLARAR INEXEQUIBLE la Ley 994 de 2005, por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, hecho en Estocolmo a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil uno (2001)”.
(4) Según lo dispuesto en el artículo 204 del reglamento del Congreso, los proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales se tramitan por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especificidades establecidas en la Carta (sobre la iniciación del trámite de la ley en el Senado de la República, artículo 154, C.N.) y en el reglamento sobre la posibilidad del presentar propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de tratados y convenios internacionales (L. 5ª/92, art. 217). En relación con esta posibilidad, en la Sentencia C-227 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía, la Corte señaló que durante el trámite de un proyecto de ley que aprueba el tratado, pueden presentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de tratados y convenios internacionales.
(5) El artículo 19 de la Convención de 1969 sobre derecho de los tratados dice: “Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos: a) que la reserva esté prohibida por el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trata (...)” En la práctica las soluciones convencionales son diversas: ciertos tratados prohíben cualquier tipo de reservas (como la Convención de Montego Bay de 1982 sobre el derecho del mar o las convenciones de Nueva York y Río de Janeiro sobre diversidad biológica y cambios climáticos); otros autorizan las reservas sobre ciertas disposiciones únicamente (por ejemplo el artículo 42 de la Convención sobre refugiados de 1951) y algunos excluyen ciertas categorías de reservas (como el artículo 64 de la Convención europea de derechos humanos que prohíbe las reservas de carácter vago). De manera general, una reserva expresamente permitida por las cláusulas finales del tratado no requiere ser aprobada o aceptada por los demás Estados (art. 20 párrafo 1 de las convenciones de Viena de 1969 y 1986).
(6) Gaceta del Congreso 845 de 23 de diciembre de 2004, pág. 9 (fl. 92).
(7) Gaceta del Congreso 846 de 23 de diciembre de 2004.
(8) Gaceta del Congreso 847 de 23 de diciembre de 2004, pág. 16 (fl. 135).
(9) Sentencia C-194 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. aclaración de voto de Eduardo Cifuentes Muñoz, Alejandro Martínez Caballero y Vladimiro Naranjo Mesa. En la aclaración de voto los magistrados señalan que para justificar un cambio jurisprudencial (overruling) “es necesario que el tribunal aporte razones que sean de un peso y una fuerza tales que, en el caso concreto, ellas primen no solo sobre los criterios que sirvieron de base a la decisión en el pasado sino, además, sobre las consideraciones de seguridad jurídica e igualdad que fundamentan el principio esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho”.
(10) Corte Constitucional, Sentencia C-836 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. (aclaración de voto de Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra, así como salvamentos de voto de Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández). En este fallo, la Corte examinó la constitucionalidad del artículo 4º de la Ley 169 de 1896, que regula la figura de la doctrina probable. Luego de analizar la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como juez de casación, esta corporación señaló tres razones que justificaban un cambio de jurisprudencia: 1) cuando había un cambio en la legislación y era necesario modificar la jurisprudencia para no contrariar la voluntad del legislador; 2) cuando se había producido un cambio sustancial en la situación social, política o económica de tal forma que la ponderación e interpretación del ordenamiento, tal como lo venía haciendo la Corte Suprema de Justicia, no resultara ya adecuado para responder a las exigencias sociales; y 3) cuando ese cambio fuera necesario para unificar y precisar la jurisprudencia sobre un determinado tema.
(11) Véase Auto 38 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Sentencia C-533 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(12) Corte Constitucional, Sentencia C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, S.V. Rodrigo Uprimny Yepes.
(13) Corte Constitucional, Sentencia C-533 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(14) Sentencia C-533 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis, S.V. Jaime Araújo Rentería.
(15) Sentencia C-533 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis, S.V. Jaime Araújo Rentería. La Corte consideró que no se configuraba un vicio de procedimiento pues: “Para la Corte en el presente caso ha de entenderse cumplido el requisito señalado el inciso final del artículo 160 constitucional, en la medida en que, atendiendo la finalidad de la norma —a saber permitir a los congresistas conocer previamente cuales proyectos serán sometidos a votación, sin que pueda sorprendérseles con votaciones intempestivas— y dadas las circunstancias que se presentaron en la sesión del 26 de agosto de 2003 donde fue necesario levantar la sesión por falta de quórum para decidir, el proyecto que culminó con la expedición de la Ley 840 de 2003 fue discutido y aprobado previo anuncio en sesión anterior de que sería discutido y votado en la siguiente sesión plenaria destinada a la votación de proyectos de ley, sesión plenaria que se realizó efectivamente el martes 2 de septiembre de 2003”. Además agregó: “Al respecto es pertinente recordar además que el artículo 80 de la Ley 5ª de 1992 señala que “Cuando en una sesión no se hubiere agotado el orden del día señalado para ella, en la siguiente continuará el mismo orden hasta su conclusión”. y que ello fue lo que precisamente sucedió en la sesión del 26 de agosto que debió levantarse por ausencia de quórum para decidir sobre los asuntos de dicho orden del día”.
(16) Sentencia C-661 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. A.C. Jaime Araújo Rentería.
(17) Sentencia C-661 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. A.C. Jaime Araújo Rentería. “Esta circunstancia, a juicio de la Corte, implica que los senadores conocían que el proyecto pendiente iba a ser votado en la sesión del 30, como en efecto ocurrió.
Así las cosas, tendiendo en cuenta que el proyecto de la ley de la referencia fue finalmente votado en sesión posterior a la cual se anunció —pese a que, en principio, esa no era la intención— esta Corte encuentra que el vicio detectado se subsanó y que el requisito constitucional exigido se cumplió a cabalidad”.
(18) Sentencia C-780 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño. S.V. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra.
(19) Sentencia C-780 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño. S.V. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra. “Se concluye entonces que aunque la situación presentada puede considerarse como irregular, en tanto -se repite- el anuncio de que trata el último inciso del artículo 160 de la Constitución debe ser claro y con fecha precisa, tal irregularidad no genera en este evento un vicio que conlleve a la inconstitucionalidad de la ley aprobada”
(20) Sentencia C-333 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. S.V. Manuel José Cepeda Espinosa; Marco Gerardo Monroy Cabra; Rodrigo Escobar Gil y Álvaro Tafur Galvis. A.V. Humberto Sierra Porto.
(21) Sentencia C-333 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. S.V. Manuel José Cepeda Espinosa; Marco Gerardo Monroy Cabra; Rodrigo Escobar Gil y Álvaro Tafur Galvis. A.V. Humberto Sierra Porto. “Si bien podría afirmarse que el vicio al que se ha aludido sería subsanable, al haberse respetado al menos las etapas estructurales del procedimiento legislativo, es decir, los requisitos señalados en el artículo 157 de la Carta, y por lo tanto viable la aplicación del parágrafo del artículo 241 superior, para la Corte, esta interpretación resulta contraria a los principios que informan el proceso de formación de la ley.
En este sentido, no puede olvidarse que el requisito infringido en el presente caso fue impuesto por la norma fundamental del Estado que se erige en el marco supremo y último para determinar tanto la pertenencia al orden jurídico como la validez de cualquier norma, regla o decisión que formulen o profieran los órganos por ella instaurados”.
(22) Sentencia C-400 de 2005, M.P. Humberto Sierra Porto. S.V. Manuel José Cepeda Espinosa; Marco Gerardo Monroy Cabra; Rodrigo Escobar Gil y Álvaro Tafur Galvis.
(23) Sentencia C-400 de 2005, M.P. Humberto Sierra Porto. S.V. Manuel José Cepeda Espinosa; Marco Gerardo Monroy Cabra; Rodrigo Escobar Gil y Álvaro Tafur Galvis. ““(…) encontramos que el anuncio, en primer debate en la Comisión del Senado, se hizo para la siguiente sesión el día 14 de octubre de 2003 y solo hasta el 11 de noviembre de dicho año el proyecto de ley fue aprobado, tres semanas y seis días después de anunciarse (…) El anuncio, en segundo debate en la plenaria del Senado, se hizo el 26 de noviembre de 2003, para lo que se utilizó la fórmula la próxima semana, expresión que no específica la sesión en la que se iba a llevar a cabo la correspondiente votación, en contradicción con lo dispuesto por el último inciso del artículo 160 constitucional, y los hechos consignados en el expediente, no demuestran ni dan a entender que los parlamentarios tuviesen certeza con relación a la fecha de la votación.
“En este orden de ideas es claro, que el proyecto de ley se votó sin anuncios ciertos, respecto de las fechas en que se iban a llevar a cabo las respectivas votaciones, y que no consta en el expediente expresión o hecho alguno que permita inferir lo contrario. Que no obstante, se votó unánimemente en la Comisión del Senado y en la Comisión de la Cámara, la flagrante infracción del requisito constitucional señalado, no puede ser desconocida por la Corte, ya que además del conocimiento previo del texto, se dejó de cumplir otros propósitos y objetivos de la norma que no se limitan a este, y que, en igual forma, tienden a la realización del principio de democracia participativa que orienta nuestra Carta Política, los cuales pudieron verse truncados ante la incertidumbre del momento en que se iba a realizar la votación”.
(24) El salvamento de voto estableció que el vicio de procedimiento observado por la Corte era subsanable y por tal motivo, lo que procedía en este caso, de conformidad con el parágrafo del artículo 241 de la Constitución, era devolver la ley al Senado de la República, para que se enmendara el defecto observado y se surtieran las demás etapas del procedimiento legislativo establecido por la Constitución Política.
(25) Auto 88 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis. S.V. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández.
(26) Auto 88 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis. S.V. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández. “Así las cosas ha de concluirse que en relación con la votación en la plenaria del Senado del Proyecto de Ley 108 de 2002 Senado, “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio básico de cooperación técnica y científica entre el gobierno de la República de Guatemala y el gobierno de la República de Colombia” se configuró el vicio de procedimiento a que se ha hecho referencia.
(27) Auto 88 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis. S.V. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández.: “Ahora bien, la Corte considera que los criterios señalados en las decisiones a que se ha hecho referencia resultan aplicables en el presente caso (—instrumentalidad de las formas—), máxime cuando se trata de una ley aprobatoria de tratado que por su naturaleza y las características del control de constitucionalidad a que ellas se someten (art. 241-8) resulta imposible la ratificación del instrumento internacional respectivo hasta tanto no se declare la exequibilidad del mismo y de su ley aprobatoria por parte de la Corte.
(28) Auto 89 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.V. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández. A.V. Jaime Araújo Rentería.
(29) Auto 89 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.V. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández. A.V. Jaime Araújo Rentería. “De acuerdo a lo anterior, se puede establecer que no existió un anuncio en sesión inicial sobre la determinación de la fecha momento en que se discutiría y se aprobaría el proyecto, pues si bien este se había introducido en el orden del día del 2 de septiembre de 2003 cuando se decidió no continuar con la sesión no se hizo ningún tipo de referencia o anuncio explícito indicando que se llevaría a acabo la discusión y votación del proyecto en la sesión del 9 de septiembre de 2003”.
(30) Auto 89 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.V. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández. A.V. Jaime Araújo Rentería. “El vicio constatado en el presente proceso, como ya se dijo, es uno de aquellos que la Corte ha estimado subsanables solo si se reúnen determinados requisitos respecto de la formación de la ley que esta juzgando.
Ahora bien, en el caso bajo estudio, es preciso considerar distintos factores relevantes para determinar si el vicio señalado —el incumplimiento del requisito establecido en el artículo 8º citado durante el segundo debate del proyecto de ley en la plenaria del Senado— es subsanable o no lo es: (i) el cumplimiento de las etapas básicas y estructurales del proceso legislativo, establecidas en el artículo 157 de la Carta; (ii) el contexto dentro del cual se presentó el vicio; (iii) la garantía de los derechos de las minorías a lo largo del debate parlamentario y del principio democrático en la votación del proyecto de ley; (iv) el tipo de ley de que se trata y su evolución a lo largo del debate parlamentario.
(31) Sentencia C-930 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, S.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Álvaro Tafur Galvis.
(32) Sentencia C-930 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, S.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Álvaro Tafur Galvis. “Por ende, la regla subyacente a las consideraciones de la Corte en la sentencia mencionada consiste en que el requisito del anuncio de la votación deja de cumplirse cuando se rompe la secuencia de citaciones y anuncios, evento en el cual la votación se lleva a cabo en una sesión distinta a la que fue anunciada, esto es, contrario a lo dispuesto en el inciso final del artículo 160 C.P.
En definitiva, para el presente caso se está ante un vicio de procedimiento, derivado del incumplimiento manifiesto del requisito previsto en el inciso final del artículo 160 C.P. Esta infracción, habida cuenta de su relevancia constitucional, el momento del trámite legislativo en que ocurrió y las particulares condiciones del caso, constituye una irregularidad de carácter insubsanable que genera la inexequibilidad de la Ley 943 de 2005”.
(33) Auto 207 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. S.V. Clara Inés Vargas Hernández, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Jaime Araújo Rentería.
(34) Auto 207 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. S.V. Clara Inés Vargas Hernández, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Jaime Araújo Rentería. “De los hechos anteriormente descritos, es evidente que la votación del proyecto tuvo lugar en una sesión distinta a aquella en que previamente se había anunciado. En efecto, el aviso para ser discutido y aprobado el proyecto de ley se hizo para la sesión del 17 de junio de 2004. No obstante, su aprobación se aplazó hasta la sesión del 18 del mismo mes y año, sin que previamente se hubiese reiterado dicho anuncio en la sesión correspondiente al 17 de junio”.
(35) Auto 207 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. S.V. Clara Inés Vargas Hernández, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Jaime Araújo Rentería. “En estos casos, los principios democrático y de instrumentalidad de las formas, conducen a sostener que el hecho de no reiterar un anuncio, cuando previamente este se ha realizado, no puede consolidarse como un vicio insubsanable de procedimiento en la formación de ley, pues es claro que dicha omisión no compromete ni el diseño de la forma como el constituyente previó el desarrollo de la función legislativa, ni los pilares del sistema democrático, ni las obligaciones de publicidad, conocimiento y de debate previo de los proyectos de ley. De donde resulta que, una conclusión en sentido contrario, sacrificaría la primacía de lo sustancial sobre lo formal, imponiendo trabas claramente desproporcionadas a la producción democrática como expresión de la democracia representativa en el Estado social de derecho.
Así las cosas, la Corte procederá a reiterar lo expuesto en el Auto 89 de 2005, que concluyó que el vicio consistente en la ruptura de la secuencia temporal del aviso, por sí solo, es un vicio subsanable”.
(36) Sentencia C-241 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(37) Sentencia C-241 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. ““(…) la Corte considera preciso señalar que en el presente caso se sigue la jurisprudencia de la corporación en la medida en que el vicio de la ley en análisis se constituye por la indeterminabilidad de la finalidad del anuncio. En efecto, la expresión “que más tendríamos para el día de hoy o para mañana” contiene tanto una indeterminación temporal como una imprecisión y una vaguedad de tal entidad que se concluye que no se dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003. La forma en que se citó a los parlamentarios en el primer anuncio no cumple la finalidad prevista en el Acto Legislativo 1 de 2003, artículo 8º, sino que la desvirtúa. Por ende, se configura un defecto procedimental que conlleva la inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado objeto de revisión constitucional.
Para finalizar, la Corte debe analizar si el vicio que se presenta es o no subsanable. En virtud de que el vicio se presentó al inicio del trámite del proyecto de ley, siguiendo la jurisprudencia de esta corporación (Auto A-089/05 fundamentado en lo determinado en las sentencias C-737/01 y C-760/01), este se torna insubsanable. Lo anterior, toda vez que sería casi equiparable devolver el proyecto para que fuera subsanado el vicio que retirar del ordenamiento la ley en estudio para que se le dé nuevo trámite en el Congreso”.
(38) La regla subyacente consiste en que el requisito del anuncio de la votación deja de cumplirse cuando se rompe la secuencia de citaciones y anuncios, evento en el cual la votación se lleva a cabo en una sesión distinta a la que fue anunciada, esto es, contrario a lo dispuesto en el inciso final del artículo 160 C.P.
(39) No obstante, de acuerdo a la Sentencia C-241 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) existe una posición sólida en cuanto a que si bien la omisión del anuncio previo establecido en el artículo 160 de la Constitución es en principio subsanable lo anterior no es posible si el vicio se presenta en el primero de los debates en el Senado.
(40) Sentencias C-400 de 2004, M.P. Humberto Sierra Porto. S.V. Manuel José Cepeda, Álvaro Tafur Galvis, Marco Gerardo Monroy Cabra, Rodrigo Escobar Gil; C-241 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(41) Auto 88 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis, S.V. Clara Inés Vargas Hernández, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araújo Rentería, Jaime Córdoba Triviño; Auto 89 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa S.V. Clara Inés Vargas Hernández, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araújo Rentería, Jaime Córdoba Triviño; Auto 207 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. S.V. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández.
(42) Sentencia C-333 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, S.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Marco Gerardo Monroy Cabra, Rodrigo Escobar Gil y Álvaro Tafur Galvis; C-930 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. S.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Álvaro Tafur Galvis.
(43) Sentencias C-533 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis S.V. Jaime Araújo Rentería (irregularidad en la votación de la Plenaria de la Cámara de Representantes); C-661 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, A.V. Jaime Araújo Rentería (irregularidad en la votación de la plenaria del Senado); C-780 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, S.V. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra (irregularidad en el primer debate en la Cámara de Representantes).
(44) Sentencia C-737 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. En el mismo sentido ver la Sentencia C-872 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett A.V. de los magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Araújo Rentería. Los lineamientos trazados son: “El principio de la instrumentalidad de las formas procesales y la posibilidad de saneamiento de vicios en la formación de las leyes.
Así, en primer término, es claro que no toda vulneración de una regla sobre la formación de las leyes, contenida en la Constitución o en el respectivo reglamento del Congreso, acarrea ineluctablemente la invalidez de la ley y su declaración de inconstitucionalidad. En efecto, en determinados casos, puede tratarse de una irregularidad irrelevante, en la medida en que no vulnera ningún principio ni valor constitucional, y en especial no llega a afectar el proceso de formación de la voluntad democrática en las cámaras, ni desconoce el contenido básico institucional diseñado por la Carta. En tales casos, esa irregularidad, en sentido estricto, no configura un verdadero vicio en la formación de la ley, tal y como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia nacionales y extranjeras. (…).
28. En segundo término, en otros eventos, puede ocurrir que el vicio exista, pero sea convalidado en el proceso mismo de formación de la ley, en la medida en que se haya cumplido el propósito que la regla de procedimiento pretendía proteger, o la irregularidad haya sido expresamente subsanada por una autoridad que tenía competencia para efectuar ese saneamiento. (…).
En tal contexto, si un vicio de procedimiento existió pero fue convalidado, es obvio que, en función de la prevalencia del derecho sustancial (C.P., art. 228), no tiene sentido que la Corte declare la inconstitucionalidad de la disposición acusada. 29. En tercer término, puede ocurrir que exista un vicio en la formación de la ley, y este no haya sido convalidado, pero la Corte constate que el vicio puede ser subsanado durante la revisión de constitucionalidad de la ley. En tal evento, la Carta expresamente establece que el juez constitucional debe devolver la norma sujeta a control a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, esta proceda a subsanarlo (C.P., art. 241 par). En esos casos, mientras se surte ese trámite, la ley continúa vigente. Y efectivamente, en varias oportunidades, esta Corte ha devuelto al Congreso y al gobierno, leyes sometidas a control para que un vicio de procedimiento fuera subsanado.
30. Finalmente, puede ocurrir que existan vicios en el proceso de formación de la ley, y que estos no hayan sido convalidados en el trámite legislativo, pero pueden ser subsanados por la misma Corte Constitucional, al pronunciarse esta sobre la norma en cuestión. Por ejemplo, cuando a una ley ordinaria se le ha impartido el trámite legislativo propio de una ley orgánica: en casos así, la Corte ha considerado que existe, efectivamente, un vicio, por cuanto, tal y como se expresó en la Sentencia C-025 de 1993, “el principio democrático obliga a interpretar restrictivamente los procedimientos especiales que aparejan mayorías calificadas y que, en cierta medida, petrifican el ordenamiento jurídico e impiden el desarrollo de un proceso político librado al predominio de la mayoría simple, que garantiza cabalmente su libertad y apertura”. En estas situaciones, la Corte cuenta con la posibilidad de subsanar directamente el vicio detectado, constatando que se trata materialmente de una ley de naturaleza ordinaria, y declarando su constitucionalidad bajo tal entendido (…).
32. Con todo, la Corte precisa que en cada una de las anteriores hipótesis, la posibilidad de saneamiento que otorga el ordenamiento jurídico se debe interpretar y ejercer en forma razonable; en otras palabras, no puede otorgarse a dicha facultad un alcance tan amplio, que acabe por desnaturalizar la noción misma de vicio del procedimiento legislativo. Para que se pueda hablar de un vicio saneable en el procedimiento de formación de la ley, es necesario que, cuando menos, se haya cumplido con las etapas estructurales de tal procedimiento, puesto que la omisión de estas —por ejemplo, la pretermisión de los debates ante alguna de las cámaras legislativas—, hace imposible hablar de un procedimiento legislativo como tal —y, en consecuencia, impide considerar la omisión respectiva como un vicio—. En efecto, en esos eventos no habría propiamente un vicio del procedimiento en la formación de la ley sino una ausencia o inexistencia de procedimiento, que no puede ser subsanada. Por lo mismo, es imposible catalogar como “saneamiento” lo que, en realidad, equivale a la repetición de toda una etapa del trámite legislativo, ya que de lo contrario, se terminaría por burlar los mismos fines sustantivos que el principio de instrumentalidad de las formas pretende preservar”.
(45) Ley 5ª de 1992. ART. 204.—Los proyectos de ley orgánica, ley estatutaria, ley de presupuesto, ley sobre derechos humanos y ley sobre tratados internacionales se tramitarán por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especialidades establecidas en la Constitución y en el presente reglamento.
(46) Constitución Política, artículo 150. ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 16. Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados.
(47) Criterios aplicados en Auto 89 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Auto 207 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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