Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCD-12-CO-42.CODI.%29
Timestamp: 2020-04-04 00:31:06+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 42, de 02/11/2016
cve: DSCD-12-CO-42
Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 42
- Sobre actuaciones para hacer frente a la crisis humanitaria de los refugiados. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000438)... (Página2)
- Sobre el Acuerdo económico y comercial global (AECG-CETA). Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000586)... (Página8)
- Sobre Gibraltar. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000634)... (Página13)
- Sobre la necesidad de evaluar la participación española en la guerra, ocupación y reconstrucción de Irak. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/000652) ? (Página 20)
- Sobre las medidas que tiene pensado adoptar el Gobierno ante la prolongada suspensión del pago de pensiones, por parte del Gobierno de Venezuela, a sus beneficiarios en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000679)... (Página26)
Debate y votación de la solicitud de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores, para el estudio de las consecuencias derivadas de la salida del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 158/000002)... (Página31)
- SOBRE ACTUACIONES PARA HACER FRENTE A LA CRISIS HUMANITARIA DE LOS REFUGIADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000438).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores.
Como primera idea quiero decir que en este caso vamos a celebrar la Comisión una semana que no hay Pleno. La idea de la Mesa es que las comisiones de Asuntos Exteriores coincidan con las semanas de Pleno, pero esta vez no ha podido ser.
El orden del día de hoy es el debate y votación de proposiciones no de ley. El proponente de cada proposición no de ley tiene siete minutos y los que presentan enmiendas o los grupos que intervengan para fijar posición cinco minutos. Al final de todas las proposiciones no de ley tendrá lugar la votación, que no será antes de las siete y media. Me gustaría que nos acercáramos a esa hora, pero no antes de las siete y media.
Comenzamos con la proposición no de ley sobre actuaciones para hacer frente a la crisis humanitaria de los refugiados, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hay cuestiones de principios y puntos de encuentro entre los distintos grupos de esta Cámara, por lo que quizás incluso no serán necesarios estos siete minutos.
El mes de julio del año pasado el Consejo Europeo tomó un acuerdo sobre reubicación y reasentamiento de personas solicitantes de asilo después de la crisis migratoria más importante desde la Segunda Guerra Mundial tributaria del conflicto de la guerra en Siria y también de la inestabilidad en el Medio Oriente. En aquel momento los veintiocho Estados miembros de la UE a veintiocho se comprometieron a acoger 160.000 refugiados y asilados políticos por motivos humanitarios y también se asignó a España la cantidad de 17.680 refugiados. Un año y algunos meses después, señorías, ustedes saben que la política fijada por la Unión Europea está cerca del colapso, que no se están acogiendo estos refugiados en la distribución entre los distintos Estados miembros -se calcula que la Unión Europea tardaría cuarenta y tres años en poder acomodar estos 160.000 refugiados si continuara con el ritmo de este último año- y que es necesario que este Gobierno que ya no está en funciones y que mañana tendrá nuevos ministros no se parapete debajo de su condición de Gobierno en funciones y asuma también las responsabilidades en el ámbito del Estado español.
Por esto, esta proposición no de ley del Partit Demòcrata del Grupo Mixto y que está abierta al pacto y la transacción con las distintas aportaciones de otros grupos, tiene claramente el objetivo de honorar los compromisos adoptados en el Consejo Europeo y también en las reuniones de alto nivel celebradas posteriormente en Naciones Unidas. Impulsar la revisión y adecuación del Reglamento de Dublín. Algún grupo parlamentario propone la derogación del Reglamento de Dublín. Yo creo que simplemente el Reglamento de Dublín ha quedado superado por la realidad como el conjunto de la política migratoria que tendría que ser una de las características de la integración política y del nervio político en estos momentos en la Unión Europea. Hay que destacar que en estos momentos hay un país de la Unión Europea que está asumiendo con gran dignidad la acogida de estos refugiados y estoy hablando de Grecia, un país cerca de la bancarrota o que está sobreviviendo a la bancarrota de sus finanzas, pero que, a la vez, bien sea en las islas, bien sea en la capital, está asumiendo esta acogida. El día que entendamos que los refugiados que llegan a Lesbos no llegan a Grecia, sino que llegan al conjunto de la Unión Europea, el día que entendamos que un referéndum en un Estado miembro que va absolutamente en contra de esta posición común, me estoy refiriendo al referéndum de Hungría, que falló por falta de participación, pero que mantiene la voluntad política del Gobierno húngaro, cuando entendamos que Lesbos es la frontera de Hungría y que Lesbos también es la frontera de España, tendremos por fin una política común de migración y de acogida de refugiados y asilados.
Señorías, la anterior legislatura, que fue una legislatura fallida y breve, en la Comisión Mixta de la Unión Europea fuimos capaces de llegar a un acuerdo y de fijar una posición común entre todos los grupos. Creo que una forma de empezar esta legislatura y los trabajos de esta Comisión sería también
poder integrar las distintas aportaciones de los grupos para enviar un mensaje claro al Gobierno de que definitivamente es necesario que el Gobierno español honore su obligación de acogida de estos 17.680 refugiados y no los pocos centenares que en estos momentos presentan como resultado después de un año y tres meses.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Salvador para que fije posición.
Voy a intervenir a los efectos de fijar la posición de mi grupo, Unión del Pueblo Navarro, a esta iniciativa del Partido Demócrata de Cataluña. Quiero decir brevemente que nosotros queremos, primero, mostrar la solidaridad como partido con todas las víctimas de todos los conflictos que provocan esta crisis humanitaria -como decía mi colega-, la más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Segundo, porque a veces lo olvidamos, queremos trasladar nuestro reconocimiento a aquellas organizaciones, instituciones y personas como políticos, Estados y comunidades autónomas que se ocupan de ayudar a mitigar esta verdadera crisis. Son muchos y por todos ellos quisiera recordar a los hombres y mujeres de la fragata Navarra, que ayudan a salvar vidas todos los días en el Mediterráneo, por todos ellos. Tercero, quisiera trasladar también nuestra condena expresa a aquellos que hacen negocio del sufrimiento de miles de desplazados y, desde luego, mostrar nuestro apoyo a que seamos capaces de combatir esta lacra -como digo- de estas personas y organizaciones que se lucran de este terrible drama. Cuarto, creo que nos debemos de exigir -lo ha dicho muy bien mi colega Xuclà- más compromiso, más claridad y más unidad para dar respuestas urgentes y eficaces. Ha citado esa propuesta de la Comisión Mixta de la Unión Europea y yo creo que esa es la base. Ojalá seamos capaces de buscar un acuerdo. He leído la propuesta del proponente, que tiene catorce apartados; la enmienda de Ciudadanos, que incorpora ocho apartados; la del Grupo Socialista, que tiene otros diecinueve temas; Podemos, dos; y el Grupo Popular, otros doce asuntos. Ojalá seamos capaces de buscar entre todos una solución que sea común, compartida, digna y que sea fundamentalmente eficaz. Eso es lo que yo espero y deseo que ocurra esta tarde.
Se han presentado diversas enmiendas. El orden es el del tiempo de presentación. En primer lugar, comienza el Grupo Ciudadanos para presentar su enmienda y tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Señor presidente, miembros de la Mesa, señorías, cuando hablamos de refugiados muchas veces se intenta frivolizar el término y, al final, estamos hablando de un drama social, que es fruto de un conflicto bélico que, en este momento, no tiene un horizonte previo de finalización, a pesar de que se hayan podido hacer o no distintos esfuerzos para que este termine. Hoy podemos decir que solamente existen veintisiete países que tengan programas de reasentamiento de refugiados y que solamente nueve de estos veintisiete están dentro del G-20. Podemos poner un ejemplo de países que sí han asumido responsabilidades y de países que no, como es el caso de Canadá, que ha hecho un serio ejercicio de responsabilidad y de apertura al reasentamiento. Hay que decir que desde 2015 han aceptado la entrada de más de 25.000 refugiados sirios. Si nos vamos a Europa, podemos ver que existen posturas diferentes en distintos países de la Unión que, al final, tienen como nexo en común que existe una falta de pertenencia a la Unión Europea y que no se tiene conciencia de que es un proyecto común y que tenemos que dar soluciones comunes, aunque tengamos particularidades distintas. El pasado mes, en la cumbre del G-20 se pidió un mayor reparto de responsabilidades y se reflejó que el propio G-20 ha contribuido bastante poco a solucionar esta crisis. Además, no es que solamente hayan contribuido poco, sino que hay algunos países que han intentado bloquear todas estas políticas de reasentamiento en la Unión Europea. España se comprometió y aceptó el reparto de cuotas establecido con esos 17.000 refugiados en un periodo de dos años, pero a día de hoy podemos decir que solo hemos acogido a 18 personas.
Nosotros hemos presentado una enmienda que tiene diferentes puntos, pero hay uno que queremos destacar y es que ese plan nacional de acogida se establezca en tres meses; un plan en el cual se tienen que desarrollar los mecanismos que el Gobierno tenga ya previstos para cumplir los objetivos en materia de acogida que, a día de hoy, ni siquiera se nos han presentado. Asimismo, que se garantice
que los centros de acogida van a cumplir con unas condiciones mínimas de salubridad, de dignidad y que se va a poner especial atención en la protección de los niños. Además, este plan ha de desarrollar los criterios establecidos por la Comisión Europea al contingente que tenga por destino España y la participación de España en dicha selección. Para resumir, no podemos afrontar el resto de puntos que se han tratado en la enmienda, ya que nosotros creemos que es necesario priorizar los derechos de los niños y, sobre todo, la situación dramática de los niños no acompañados. Es necesario que se nombren esos guardianes para tener también una lucha activa en cuanto al tráfico de niños; que se tenga un criterio, que se identifiquen y, sobre todo, que se tomen medidas para que esto no siga sucediendo. Como ya decía antes en el tema de la pertenencia, es necesario buscar soluciones conjuntas, y eso solamente será posible si intentamos tener una visión conjunta de lo que está sucediendo. Creemos que es muy importante que se incluya dentro de esos derechos el derecho de reunificación familiar. Esperamos llegar a un acuerdo con las distintas fuerzas políticas para acabar definiendo nuestra posición, así que hasta que no acabe el proceso de negociación con las distintas fuerzas no podremos establecer nuestra posición.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Amor para presentar su enmienda.
El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias, presidente.
Las intervenciones de los compañeros que han hablado preparan el camino para lo que debería ser la conclusión, o por lo menos la que nosotros pensamos que podríamos proponer, y es que, efectivamente, los textos de la propuesta y de las enmiendas son complejos. Creo que va a ser difícil negociarlos en una sesión, por lo que propondría a mis compañeros repetir lo que hicimos en primavera, que fue un acuerdo sobre refugiados unánime de toda la Cámara. Esto nos permitiría poner al día el acuerdo político de marzo con los nuevos elementos que están encima de la mesa y que son bastantes. En este sentido, desde el punto de vista formal podríamos presentar una enmienda in voce que fuera aceptada por todos y en la que sencillamente nos comprometiéramos a reunirnos, a comenzar una negociación, para alcanzar una posición común, algo que no parece muy alejado después de leer las distintas propuestas que hay encima de la mesa. Lo hicimos bien en marzo, e incluso diría que nos adelantamos a algunos desarrollos que se han producido después. Recuerdo que llegamos a un acuerdo para poner el acento sobre todo en la vigilancia de la aplicación del acuerdo de la Unión Europea con Turquía, y hoy todo el mundo está en eso. Seguramente, hoy todos hayamos recibido un informe de diez o doce ONG que están trabajando en Grecia y que lo que temen es que el acuerdo Unión Europea-Turquía se rompa y la llegada de personas y las muertes en el Egeo vuelvan a aparecer. Este es el gráfico de la media de llegadas diarias antes y después del acuerdo (Muestra un gráfico), por tanto creo que hicimos bien en marzo en concentrarnos en el examen de la implementación del acuerdo. Por ejemplo, temíamos que se produjeran deportaciones masivas y no solamente no ha sido así, sino que los datos indican que Grecia devolvió más personas a Turquía antes del acuerdo que después, porque el acuerdo crea un procedimiento administrativo y judicial lento, que tiene a 47.000 personas en Grecia, pero en el que precisamente por eso se están intentando cumplir todas las garantías.
En definitiva, no adelantaría posiciones sino que simplemente propondría a mis colegas hacer una enmienda entre todos comprometiéndonos a intentar un acuerdo y formalizarlo reglamentariamente después de manera adecuada para poner al día nuestro acuerdo político del mes de marzo pasado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Amor.
Por el Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Viejo.
El señor VIEJO VIÑAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, volvemos a traer a esta Comisión un problema de extrema gravedad que se sigue prolongando en el tiempo y que de hecho muestra las limitaciones de la coyuntura política que tiene lugar no solo en el contexto europeo sino muy particularmente en el contexto doméstico. Hasta la semana pasada no hemos tenido Gobierno y, a tenor de lo sucedido, no parece que podamos estar muy esperanzados respecto a la capacidad de resolución en esa materia, visto lo visto del Gobierno en funciones y de la anterior legislatura con mayoría absoluta del Partido Popular. En todo caso, nos parece que la situación tiene una urgencia evidente, las cifras son trágicas -podríamos entrar en batallas sobre cuántos han sido los asentados y cuántos no-, pero el drama sigue ahí y su importancia hace que no
pueda ser soslayada. Nos encontramos, pues, con esta especie de Día de la Marmota, pero, si me permiten la referencia a la película, Día de la Marmota invertido, porque en la película al personaje se le repite siempre la misma situación pero él va aprendiendo, va mejorando y al final resulta que hasta lo hace bien; mientras que aquí parece que se repite una y otra vez la misma situación y cada vez estamos más entrampados en una especie de círculo vicioso del que parece que no tenemos capacidad o voluntad para salir con determinación.
Como quiera que sea, la proposición no de ley que presenta el Partit Demòcrata Català avanza en términos generales respecto a la situación en la que nos encontramos. De igual manera, entendemos que la enmienda del Grupo Socialista precisa unas cuantas cuestiones que tienen su relevancia. En este sentido, por una parte nos parece que ambas son propuestas con las que se puede trabajar, no sé si en los términos en que ha expresado ahora el señor Sánchez Amor o en los que consideremos entre todos. Sea como sea, por aquello de concluir rápidamente y a la espera de que podamos fijar posición en función de las conversaciones que tengamos ahora, en relación con la PNL del Partit Demòcrata Català sería importante reconocer que la Generalitat no es la única Administración que ha actuado en este caso, incluso hasta me atrevería a decir que lo ha hecho de manera reactiva respecto a la iniciativa de los que llaman ayuntamientos del cambio. En todo caso, hay grandes ayuntamientos que tuvieron en su momento un protagonismo indudable a la hora de plantear este tema. Como no es cuestión de entrar en quién fue primero, quién tuvo la idea, quién lo hace mejor o quién lo deja de hacer, sino que en definitiva es cuestión de que se resuelvan los problemas que se plantean, es necesario que se logre la implicación de un máximo de administraciones y que no se levanten barreras de competición política. Por ello, nos gustaría que fuera recogida la primera de las dos enmiendas que planteamos.
De igual modo -y esta es una cuestión que tiene más fondo- nos preocupa lo que plantea el sistema de Dublín, que para nuestra formación es en el fondo la clave de todo lo que está sucediendo, cuando nos remitimos una y otra vez a las dificultades con que nos encontramos para poder hallar una solución a la ubicación de todas estas refugiadas y refugiados. En este sentido, nos parece importante que encaremos con convicción y con firmeza el problema, planteándonos que este sistema de Dublín no funciona y no lo resuelve, e identifiquemos que aquí hay algo que nos está demandando una actuación más contundente al respecto.
Con esto concluyo y quedo a expensas de lo que vayamos comentando.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Viejo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, para defender su enmienda, el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender nuestra enmienda, nuestra posición y nuestra oferta de diálogo sincero porque estamos hablando de un drama humano, estamos hablando de personas, y -junto al resto de países de la comunidad internacional- tenemos que darle una solución coordinada, colectiva, duradera, segura, sin improvisaciones y con seguridad jurídica. Con este encabezamiento creo que queda bien claro cuál es la intención del Grupo Parlamentario Popular, plasmada en esta enmienda y en una transaccional que voy a ofrecer al final de mi intervención, recogiendo -con la máxima sensibilidad-muchas de las cuestiones que han presentado los grupos parlamentarios en el día de hoy antes de las once de la mañana.
Quiero decir que -aquí se ha comentado junio de 2015 y ese es el camino- los documentos básicos de donde salen la enmienda y la propuesta de transaccional del Grupo Parlamentario Popular son varios documentos que hemos ido elaborando desde el consenso, buscando soluciones coordinadas y colectivas, como dice el acuerdo de Naciones Unidas de los pasados 19 y 20 de septiembre, en esa reunión de alto nivel donde España participó de una manera activa para dar respuesta a los desplazamientos de refugiados y migrantes. Planteamos diversos extremos. En primer lugar, el apoyo total y absoluto a reafirmarnos en el acuerdo de la Comisión Mixta de 16 de marzo de 2016, fruto del consenso; en el acuerdo del Consejo Europeo de 18 de marzo de 2016 y, sobre todo, nuestro texto respeta escrupulosamente el fondo y la forma, la letra y el espíritu de la declaración de Nueva York de Naciones Unidas de hace apenas un mes y medio. Nosotros planteamos que, como bien recoge esa declaración, tienen que ser soluciones coordinadas y colectivas. No es buen camino que cada país vaya renacionalizando las cuestiones de refugiados y de migrantes, porque entiendo que se necesita una acción global y una decisión coordinada. Este es el primer punto de nuestra enmienda que también quiero plantear recogiendo el espíritu del acuerdo de Nueva York en la transaccional que voy a ofrecer a los grupos. Lógicamente, como país
miembro de la Unión Europea, tenemos que seguir impulsando una política migratoria común desde la perspectiva integral que abarque todas las vertientes del problema, que son muchos, en origen, en destino y en transito; la ayuda humanitaria en el ámbito global, pero con estrategias regionales y bilaterales, y sobre todo incidiendo en lo que España planteó tanto en Nueva York como en los foros europeos del marco fiduciario de emergencia de la Unión Europea para África. Se está trabajando a día de hoy con la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo para darle una verdadera dimensión que intensifique los esfuerzos de la Comisión Europea y dar cumplimiento a los objetivos plasmados en el Consejo del 18 de marzo de 2016. Queremos que España contribuya, según el peso que tenemos en la Unión Europea, a las necesidades que reclama la Oficina Europea de Apoyo al Asilo; hay que seguir apoyando todo las cuestiones de Grecia e Italia, y ahora daré algunos datos. También nos ha sorprendido que en ninguna de las enmiendas presentadas -esto es importante- se refleje que se continúen utilizando las vías legales y seguras existentes de entrada de personas en la Unión Europea, y en España en particular, para favorecer la lucha efectiva contra las redes de tráfico de personas, con varios apartados. El SECA, el Sistema Europeo Común de Asilo, está ahora en un momento de negociación, y eso puede marcar las decisiones políticas de directivas de asilo de la Unión Europea e incluso reformas legislativas en la propia Ley de Asilo española. Pero quería romper una lanza a favor del acuerdo de la Unión Europea con Turquía porque tiene tres principios fundamentales que algunas de las enmiendas reivindican y que con la vigencia de este acuerdo no tienen sentido, porque en el acuerdo Unión Europea-Turquía se estableció una cláusula específica de estricto cumplimiento del derecho internacional y de la Unión Europea, excluyendo cualquier forma de expulsión colectiva; también hacía una referencia expresa a la tramitación individualizada de los expedientes de solicitud de asilo. Por lo tanto, había una garantía jurídica de un procedimiento individualizado y personalizado; también había una previsión específica del reasentamiento de nacionales, especialmente de aquellas personas más vulnerables -mujeres, discapacitados, menores- que, de acuerdo con el documento de Naciones Unidas, aparecen en el texto de todas las enmiendas y que el Grupo Parlamentario Popular ha incorporado en su iniciativa inicial y en la transaccional que queremos ofrecer.
Hay una cuestión que es importante.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, se le ha acabado el tiempo. Si va a ofrecer una transaccional, hágalo ya.
El señor CHIQUILLO BARBER: Voy a ofrecerla.
Primero, el Gobierno de España ha hecho el trabajo con seriedad y rigor; no son varios centenares sino casi mil las personas a las que España les ha dado un tratamiento humano, digno y respetuoso con la dignidad humana. La transaccional que presentamos, sobre la base de los documentos que he citado -que ahora pasaré a todos los grupos- recoge lógicamente la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y los puntos más importantes de prácticamente todas las enmiendas que se han presentado por los grupos Ciudadanos, socialista, incluso de Podemos y del Grupo Catalán, presentada por el señor Xuclà. Lo que pretendemos es: Sistema Europeo Común de Asilo, el examen de la solicitud evitando tiempos de tramitación; el Sistema nacional de acogida e integración para los inmigrantes y refugiados, la agilización de los procedimientos de reunificación familiar; trasponer directivas europeas lo más rápidamente posible en temas de asilo y aprobar lo antes posible el reglamento de la Ley 12/2009; la participación de las comunidades autónomas a nivel de sus competencias en la Conferencia Sectorial de Inmigración, reforzando los programas para aquellas personas refugiadas más vulnerables -víctimas de tortura, trata, violencia de género y menores-; establecer protocolos con las comunidades autónomas, donde se refleje el papel fundamental que desempeñan en la prestación de servicios de acogida e inmigración; desarrollar una campaña de sensibilización entre la población española y que se implemente un procedimiento de evaluación del Sistema nacional de acogida y de integración que vele por un trato humano, respetuoso y digno para todas las personas que vengan a nuestro país.
Muchas gracias por su benevolencia y por su paciencia. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chiquillo.
Turno de los grupos que no han presentado enmiendas. Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Surra.
La señora SURRA SPADEA: Gracias, presidente.
Quisiera iniciar mi intervención de hoy recordando que hace pocas horas un motín en el centro de internamiento de extranjeros de la zona franca de Barcelona nos ha vuelto a mostrar hasta qué punto las políticas de emigración, extranjería y derechos humanos del Gobierno de España continúan sin dar respuesta a las demandas de las organizaciones humanitarias, de la sociedad civil y de la mayoría política y social, que piden el cierre inmediato de estas prisiones para quienes el único delito que han cometido es ser extranjeros sin papeles ni recursos, una situación que está íntimamente vinculada al tema que se trata en esta proposición, porque no se puede disociar la situación de los demandantes de asilo y la crisis de refugiados que vive el mundo de la crisis migratoria. Hoy fuimos con los diputados de la Comisión de Interior al CIE de Madrid y no se nos permitió hablar con los detenidos allí, simplemente fue una visita de cortesía a las instalaciones.
Dicho esto, quisiera continuar recordando que el pasado 27 de octubre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en España nos envió a todos los grupos parlamentarios un informe, donde se hacían una serie de recomendaciones que van en la línea de la proposición que hoy estamos debatiendo y al que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana va a dar su apoyo decidido; recomendaciones de acciones que ya sería hora que se empezaran a aplicar. Primero. La dotación de un verdadero sistema común de asilo donde España asuma un mayor grado de responsabilidad, superando el actual 1% de refugiados y solicitantes de asilo sobre el total de la Unión Europea. En resumen, que dejen de estar en la cola de los que acogen y se pongan las pilas, porque la sociedad española, catalana, vasca y gallega ya han dado multitud de muestras de solidaridad y los municipios ya han mostrado su predisposición a ser ciudades refugio. Solo faltan ustedes. Segundo. La garantía de acceso a la protección internacional en España, que implique la estandarización de procedimientos de todas las llegadas irregulares marítimas y terrestres. Para que nos entendamos, que se echen abajo las vergonzosas vallas de Ceuta y Melilla y se dé un trato humanitario a las personas solicitantes de protección. Tercero. El desarrollo de vías legales para la admisión de refugiados, para que los refugiados que se encuentran en países de primera acogida puedan llegar a países seguros. Estas vías legales complementarias son imprescindibles para evitar que caigan en las redes criminales que no hacen más que sumar muertos en el Mediterráneo, para nuestra vergüenza. Cuarto. Acabar con las devoluciones automáticas en la frontera de Ceuta y Melilla, contrarias a la normativa europea e internacional de derechos humanos, que prohíbe las expulsiones colectivas y exige a los Estados garantizar el derecho a solicitar asilo, algo que en Ceuta y Melilla es una tarea imposible, y condicionar la cooperación al desarrollo a que Marruecos haga de poli malo en una práctica hipócrita que se debe erradicar. Quinto. Mejorar y modernizar el sistema de asilo, revisar en profundidad el sistema de acogida e integración, disponer de un enfoque adecuado para la protección de menores no acompañados y separados y dotar de los fondos necesarios a los programas humanitarios de ayuda al desarrollo y situaciones de desplazamiento forzoso. Es indignante ver cómo España interrumpe su aportación al programa mundial de alimentos, causando una crisis humanitaria en los campos de refugiados saharauis, tal y como ha denunciado la Media Luna Roja Saharaui. Sexto. Tomar en cuenta las ofertas de colaboración que llegan desde municipios, comunidades autónomas en general y de Cataluña en concreto. No dar salida a estas ofertas con la excusa de las competencias sería una estupidez e inhumanidad inaceptables a ojos de la ciudadanía catalana.
Nos parecen muy acertadas y oportunas las enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista, fundamentalmente en el punto de derogar el reglamento de Dublín, no tanto modificarlo, y en establecer protocolos de cofinanciación tanto de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos.
Finalmente, quisiera recordar que es imprescindible que se denuncie el tratado de la Unión Europea con Turquía. La semana pasada, la ciudad de Diyarbakir fue ocupada por la policía y los coalcaldes electos de la capital kurda de Turquía fueron arrestados e incomunicados; un escándalo sin precedentes que se suma a los treinta y cuatro alcaldes kurdos detenidos sin razón alguna. Ayer eran sustituidos por un administrador, nombrado a dedo por un Gobierno que no acepta la democracia y se toma la justicia por su mano en su particular guerra contra el pueblo kurdo dentro y fuera de sus fronteras, inhabilitando y encerrando cargos electos por motivos políticos, clausurando medios de comunicación, persiguiendo maestros y un largo etcétera. Esperemos que esta manera de actuar no sea un avance de programación de lo que el Gobierno de España haga con los cargos electos catalanes. Erdogan no es un modelo a seguir, señores del Gobierno español, ni tampoco un Gobierno seguro para los refugiados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surra.
Señor Xuclà, ¿qué me dice usted de las enmiendas?
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor presidente.
Usted ve que hay ganas de trabajar en esta Comisión, con lo cual vamos a intentar presentar a la Mesa antes de la votación, en tiempo y forma, una transaccional a partir de nuestra iniciativa y de las enriquecedoras aportaciones de los otros grupos.
- SOBRE EL ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL (AECG-CETA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000586).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al 2.º punto del orden del día. Proposición no de ley sobre el acuerdo económico y comercial global AECG-CETA. Presenta esta proposición no de ley el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y para su defensa tiene la palabra el señor Bustinduy.
El señor BUSTINDUY AMADOR: Muchas gracias, presidente.
Mi grupo presenta una proposición no de ley para oponerse sin ambages y exigir la paralización de la ratificación del CETA, el acuerdo comercial con Canadá. El pasado domingo por la tarde, en una sucesión chapucera de presiones, chantajes y borrones, se procedió a la firma de este acuerdo que ahora deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y por treinta y ocho parlamentos estatales y autonómicos. El Gobierno en funciones de este país autorizó y negoció sin que este Congreso, sin que la sede de la soberanía popular, haya sido informado, haya podido debatir sobre su contenido o haya podido controlar o limitar la acción del Gobierno. Esto es algo particularmente grave porque el artículo 94 de la Constitución española dice que la prestación del consentimiento para obligarse por medio de tratados requiere la autorización previa de las Cortes Generales, con lo cual yo quería preguntar aquí -antes de empezar incluso con la defensa de los argumentos- con qué mandato ha operado ese Gobierno en funciones. Me quería dirigir a aquellas fuerzas políticas que han vendido a nuestros compatriotas ahora que entramos en una nueva fase en la que el Parlamento va a ser la sede, el centro de la política estatal y donde se va a poder limitar y controlar al Gobierno. ¡Vaya forma de empezar! El Gobierno, sin haber rendido cuentas, sin haber ni siquiera informado a quien tiene la potestad constitucional de autorizar estos tratados, lo ha firmado por todos nosotros. Nosotros denunciamos que esa firma se ha hecho sin autorización, rechazamos la aplicación provisional de ese tratado y exigimos su no ratificación por este Parlamento.
El CETA, como otros tratados de nueva generación, no es un acuerdo comercial; los acuerdos comerciales consisten en la eliminación de aranceles. El CETA incluye provisiones para la creación de órganos con capacidades legislativas que van a limitar la capacidad soberana de los poderes públicos para regular cuestiones fundamentales que van a producir cambios legislativos sin que haya participación ni control democrático ninguno. El CETA incluye la creación de instrumentos de arbitraje que rompen los principios fundamentales del Estado de derecho y que son incompatibles con el derecho comunitario. En otras palabras, crea tribunales especiales para las empresas multinacionales. No se trata solo del impacto económico tremendo que estos acuerdos tendrían sobre nuestro tejido productivo, sobre las pymes, sobre el sector primario, sobre el empleo, sobre la recaudación pública; se trata, para que lo entiendan quienes nos estén viendo, de que cuando en este país haya un Gobierno que quiera hacer cosas como elevar el salario mínimo interprofesional, hacer una reforma fiscal o desprivatizar algún servicio público esencial, según este tratado, esas medidas podrán ser caracterizadas como obstáculos innecesarios al comercio y nuestro Gobierno, democráticamente elegido, podrá ser denunciado ante cortes y tribunales que estarán fuera de nuestro ordenamiento jurídico. Es un escándalo; no es un acuerdo comercial, es un golpe de sociedad que quiere transformar nuestro modelo de convivencia.
En el año 2008 no fue el Che Guevara, fue Nicolas Sarkozy, después del colapso financiero mundial, quien dijo que teníamos que refundar el capitalismo, sin embargo, desde entonces no hemos visto una reforma en profundidad del sistema financiero, no hemos democratizado los espacios de toma de decisión que luego pagan los ciudadanos con sus derechos sociales. Lo que hemos visto son políticas de austeridad que han devaluado las condiciones de vida de nuestros compatriotas, lo que hemos visto es un aumento de esa espiral incesante de guerras que están rearticulando geopolíticamente los mercados de materias primas y de las commodities y lo que hemos visto es un impulso decidido a estos modelos de libre
comercio, a estos acuerdos comerciales que buscan blindar constitucionalmente la economía de la deuda, desmantelar derechos laborales y sociales que llevaron décadas conseguir, privatizar derechos públicos y conceder facultades y derechos extraordinarios a los inversores y a las empresas multinacionales. No son tratados de libre comercio, son una operación sistemática para vaciar de contenido la soberanía popular y nuestras democracias y, lo que es más grave, se están haciendo utilizando a la Unión Europea como punta de lanza, como ariete, para lograr su conclusión y finalización. La Unión Europea, convirtiéndose en el adalid de estos acuerdos, vaciando nuestras capacidades democráticas, imponiendo mediante el chantaje recortes que afectan a las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, se está convirtiendo en una jaula de hierro neoliberal. Y después ustedes se preguntan de dónde sale el euroescepticismo, de dónde sale la desafección de los ciudadanos con la Unión Europea, y contestan con una retórica de europeísmo vacío a cuestiones que después apoyan sistemáticamente, como la firma de este tratado.
Para concluir, me quiero dirigir a mis compañeras y compañeros diputados del Partido Socialista en esta Comisión. Me parece inexplicable que el Partido Socialista apoye estos modelos de libre comercio que vacían y atentan contra las capacidades básicas de nuestros poderes públicos. ¿Cómo es posible que ustedes brinden su apoyo a semejante operación, que va a repercutir en que nuestros ciudadanos tengan peores condiciones de vida? Esto, señores del PSOE, es otro artículo 135. ¿Así es como van a hacer oposición al Gobierno, desoyendo el clamor de la sociedad civil organizada a lo largo y ancho del continente para que no se apruebe este tratado, desoyendo a federaciones enteras de su propio partido y a parlamentos donde están ustedes representados y donde han votado en contra del CETA? También me quiero dirigir al Grupo Parlamentario Ciudadanos, y en especial a su portavoz, no para pedirles explicaciones porque sé que este modelo de una democracia sin ciudadanos y de consumidores gobernados por las empresas es algo que a ustedes les viene bien, sino para recordarles -ustedes que reparten carnés de constitucionalistas, de demócratas y de patriotas- una frase de un político español que hace muchos años dijo que la patria no existe sin la lealtad a sus hijos. Defender la patria, ser leal a la patria, es defender a la gente, defender sus derechos y condiciones de vida. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer; por eso, nos oponemos a este tratado y, de la mano de las miles de organizaciones de la sociedad civil que en todo el continente están determinadas a no ceder las conquistas de nuestras generaciones anteriores, vamos a acabar paralizando este tratado y todos los que vienen después.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bustinduy.
El Grupo de Esquerra Republicana ha presentado una enmienda y para su defensa tiene la palabra el señor Tardà.
Seré muy breve puesto que nuestra posición respecto a los tratados comerciales entre Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea ya es conocida; somos críticos por todo lo que representarán para el modelo social europeo. Dicho esto, puesto que ya es conocida nuestra posición porque se han sustanciado ya algunos debates al respecto en este Parlamento, solo desearíamos incorporar -si le parece bien al diputado que me ha precedido- un punto nuevo, que es la reivindicación que venimos postulando desde hace ya muchos meses de que el Estado español no pueda ratificar ningún tratado -en este caso el que nos ocupa -sin que pase previamente por un referéndum. Entendemos que dada la importancia, la trascendencia de este tipo de tratados, es condición sine qua non que la ciudadanía decida en referendum si hay que ratificarlo o no. Por desgracia, todo está ya muy cocido y tras haber pasado el filtro del Parlamento de Valonia ahora son los Gobiernos los que han de ratificarlo y lo que nosotros reclamamos es que sea la ciudadanía del Estado español quien tenga la última palabra. Por este motivo pedimos que se incorpore este punto a la iniciativa de Podemos y confluencias, con la que coincidimos en la mayoría de sus apartados.
Pasamos a continuación a la intervención de los grupos. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Salvador.
Quiero anunciar que nosotros no apoyaremos esta proposición no de ley en estos términos si finalmente se votase así. Sinceramente, no tenemos una visión tan negativa del acuerdo, como se ha expuesto por los anteriores intervinientes, y tampoco compartimos su argumentación no sé si decir filosófica o ideológica ni la descripción que se hace de todas esas plagas a las que se va a ver abocada la sociedad occidental, Europa, que están descritas en su exposición de motivos. No lo compartimos, al igual que tampoco compartimos esa expresión de que va a provocar o se va a modificar nuestro modelo de convivencia hasta ese punto. Sí que habría que preguntar de qué manera o cuál es ese otro modelo de convivencia como referente con un país al que nos podríamos ver abocados en el caso de que no aceptáramos los términos de la globalización, el libre cambio o la voluntad de unos y otros de crecer juntos y de coordinarse e integrarse en una sociedad globalizada.
Es verdad que, a la vista de las intervenciones, tenemos que hacer mucha pedagogía de este acuerdo si creemos que efectivamente tiene muchas más bondades que perjuicios. También es verdad que tiene una tramitación administrativa compleja porque creo que son treinta y ocho parlamentos los que de alguna manera tienen que votarlo positivamente. En todo caso, en la propia definición de los objetivos de este acuerdo se nos hace difícil que lo que pretenda sea precisamente lo contrario de lo que se dice; es decir, en el acuerdo se pretende ayudar a la generación de crecimiento y empleo a nivel nacional, se provoca la supresión de los derechos de aduana, se pretende el acceso de las empresas de la Unión Europea a los contratos públicos -en este caso de Canadá-, se pretende incrementar la cooperación normativa entre Canadá y la Unión Europea, se pretende proteger a los innovadores y a los productores tradicionales europeos, se pretende abrir el comercio de servicios, la promoción de las inversiones y la garantía de cooperación futura. Creo que es algo que comparten las dos partes, en este caso, proteger la democracia, a los consumidores, el medio ambiente... Todas esas no solo ya declaraciones de principios sino acuerdos, que provoquen precisamente el efecto contrario... Nosotros no creemos que esto vaya a ser así. Por tanto, no apoyaremos esta PNL porque no tenemos esa visión tan catastrofista de los efectos que vaya a traer este acuerdo; por el contrario, creemos y esperamos que sea un acuerdo beneficioso para todos.
Por el Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Maura.
El señor MAURA BARANDIARÁN: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, tengo que decir que una vez que se ha firmado el Acuerdo CETA por parte del Gobierno de Canadá y el Consejo Europeo no sé hasta qué punto esta proposición no de ley tiene mucho sentido. Por cierto, esa referencia a que no se ha debatido por parte de este Parlamento tampoco es correcta porque recordarán sus señorías y el proponente que en esta Comisión de Asuntos Exteriores hace escasas fechas compareció el secretario de Estado para la Unión Europea y se estuvo debatiendo sobre este asunto. En todo caso, el acuerdo CETA se ha negociado desde el año 2009 bajo el mandato unánime de todos los Estados miembros. No es verdad que se trate de un expediente opaco, porque se ha podido consultar desde septiembre de 2014 on line. No es verdad tampoco que sea algo que pueda perjudicar a la economía española. Según el análisis que ha hecho nuestro grupo parlamentario a nivel europeo, el grupo de los demócratas y liberales europeos, la reducción de tasas y aranceles que prevé permitirá un ahorro de 500 millones a las empresas europeas y un acceso a los mercados públicos canadienses por valor de 30.000 millones de dólares al año, y reducirá también el umbral de inversión necesaria en Canadá.
Hay que insistir en que Canadá es el país que más se parece a Europa. El acuerdo mantiene además los derechos de los trabajadores, de los consumidores y los derechos al medio ambiente en la Unión Europea. Es importante señalar, porque también se está tergiversando la cuestión, que el procedimiento de arbitraje, conocido por ISDS, permitirá a las empresas concernidas evitar los procedimientos jurisdiccionales en los posibles litigios que se originen. Se ha incluido la iniciación de un procedimiento que deberá ser ratificado por los Estados miembros. Los Parlamentos nacionales deberán decidir finalmente, algo que debería quedar sujeto, por lo menos desde nuestro punto de vista, a revisión para no transformar la democracia europea en una especie de vetocracia. En resumen, se trata de un acuerdo comercial positivo para el empleo, para la inversión y para las empresas europeas y también las canadienses. Quienes pretenden encerrarse en los estrechos límites de las fronteras nacionales, se llamen como se llamen, le hacen un flaco favor al progreso, al desarrollo económico y al bienestar de los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Maura.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez Ramos.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Muchas gracias, presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista no va a apoyar la iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Y a la pregunta concreta que nos hacía su portavoz, quiero decirle que los socialistas somos una fuerza internacionalista, no una izquierda localista y nacionalista. Frente a la globalización económica y a las empresas multinacionales y los operadores económicos y comerciales que operan fuera de las fronteras nacionales, la única forma de defender los derechos de los trabajadores, los derechos de los ciudadanos, los derechos de los consumidores, es forjar un marco jurídico internacional vinculante para estas empresas.
Desde esta perspectiva, señorías, el acuerdo económico y comercial de la Unión Europea y Canadá es un acuerdo amplio de segunda generación, que efectivamente no solo actúa eliminando las barreras arancelarias sino las no arancelarias, lo que es mucho más difícil de suprimir pero beneficia mucho más a las pequeñas y medianas empresas y pequeños operadores económicos. Quisiera decirles, señorías, que si no podemos firmar un acuerdo comercial con Canadá, la Unión Europea no podría hacerlo con nadie. Canadá es un país cuyo coeficiente de desarrollo humano, elaborado por el PNUD, es del 0.913, lo que le sitúa en el noveno país del ránquin mundial en desarrollo humano frente al puesto veintiséis que representa España.
La Unión Europea y Canadá compartimos muchísimos objetivos medioambientales, sociales y laborales que incluyen las normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo relativas a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, así como los estándares de responsabilidad social corporativa. Señorías, Canadá ha ratificado siete de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y ha iniciado ya el procedimiento de ratificación del último convenio sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva. Los socialistas siempre hemos defendido la inclusión de un capítulo vinculante sobre desarrollo sostenible que establezca referencias a todos estos convenios de la Organización Internacional del Trabajo y a los acuerdos multilaterales firmados por esta organización y otros Estados. Lo hemos conseguido y están incluidos en este acuerdo.
Muy brevemente, señorías, quisiera decirles que, más allá de las relaciones económicas que mantienen Canadá y la Unión Europea -solamente quiero citar que la Unión Europea es el segundo socio comercial de Canadá, por delante solo está Estados Unidos-, los socialistas tenemos algunas importantes y serias preocupaciones al respecto pero queremos trabajar por mejorar el acuerdo y no por obstaculizarlo. En relación con la eliminación de aranceles en el ámbito industrial y de agricultura, hemos tenido nuestras preocupaciones sobre el reconocimiento de las indicaciones geográficas de origen, muy importante para España y un elemento que Canadá no reconoce. En estos momentos Canadá ha reconocido 125, de las cuales quisiera decirles que 27 son españolas. En cuanto a la liberalización de servicios, quisiera señalarles que los socialistas no compartimos que esta liberalización se hiciera por listas negativas. Las listas negativas no aportan transparencia y además generan confusión. Nos hubieran gustado más listas positivas de servicios liberados. No habiéndolo conseguido, el Grupo Socialista europeo consiguió la exclusión clara, expresa y determinante de los servicios públicos de esta liberalización. Servicios como la sanidad, la educación y otros servicios sociales, así como la distribución de agua, servicios audiovisuales y algunos servicios aéreos. No obstante, seguimos trabajando hasta su ratificación por el Parlamento Europeo para que se establezca de forma clara la exclusión de estos servicios públicos del acuerdo.
En relación con la protección de inversiones extranjeras y de lo que aquí se ha hablado de los tribunales del arbitraje privado, los socialistas europeos hemos sido rotundos, taxativos en nuestra negativa a que el arbitraje privado fuera incluido en cualquier acuerdo comercial de la Unión Europea. Gracias a esta negativa y a esta presión, conseguimos en febrero de 2016 que la Comisión estableciera un tribunal de inversiones que sustituyera este arbitraje privado. Quiero señalar que este tribunal de inversiones garantiza que todas las autoridades públicas de la Unión Europea a nivel nacional, regional o local mantengan su derecho a regular políticas públicas para lograr objetivos políticos legítimos. Este tribunal de inversiones para la resolución de conflictos escapa a que el nombramiento de los jueces sean arbitrarios; serán nombrados por la Unión Europea y por Canadá de forma clara, transparente y con criterios de objetividad. Se establece un código de conducta vinculante para todos los miembros del tribunal y se crean mecanismos de apelación. No obstante, señorías, los socialistas, que celebramos la sustitución de este arbitraje privado por este nuevo tribunal, consideramos a día de hoy todavía insuficientemente detallado el régimen de
incompatibilidades previsto para el nuevo sistema, por lo que estamos exigiendo su mayor definición. Quisiera decirles que tras la aprobación el pasado domingo -tras la firma del Consejo y Canadá-de este acuerdo, su posterior ratificación por el Parlamento Europeo y la ratificación por treinta y ocho parlamentos nacionales -por lo tanto tendremos que volver aquí a hablar de ello- los socialistas europeos trabajaremos y también los españoles hasta la ratificación por el Parlamento español por que se solventen de forma clara y positiva algunos aspectos como la protección de las inversiones para garantizar el derecho regulatorio de todos los Estados, la cooperación regulatoria, blindar de forma clara y definitiva los servicios públicos y la protección de los derechos laborales, sociales y medioambientales. No obstante, señorías, consideramos un avance las mejoras que ha introducido el Gobierno belga a través de un anexo de doce páginas que se ha adjuntado al tratado que se ha firmado el pasado domingo y consideramos que, siendo necesario avanzar para perfeccionarlo, es positivo el trabajo conjunto que podemos realizar los parlamentos nacionales en la firma de estos acuerdos de segunda generación de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ramos.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Mariscal.
Me gustaría, antes de nada, decir para qué estamos aquí, y es fundamentalmente para hablar del CETA, que es plantearnos si queremos o no queremos que exista un incremento en los intercambios comerciales o en los flujos de inversión entre Canadá y la Unión Europea que afectan a 545 millones de personas, más allá de proclamas o de la utilización del Parlamento como una tribuna para esgrimir idearios políticos de otros siglos. Realmente, no se sostiene la posición del señor Bustinduy, y él lo sabe. Yo no dudo de su capacidad intelectual, pero evidentemente él sabe que no se sostiene y que no es el momento para tratar este asunto, puesto que ya se ha aprobado en el seno de la Unión Europea. Sabe perfectamente que no existe un déficit democrático, porque es evidente que se adquiere la obligación jurídica positiva una vez que se aprueba en este Parlamento y en los otros treinta y nueve parlamentos restantes que deben aprobarlo. Por tanto, no existe un déficit parlamentario.
No voy a extenderme en la enumeración de los asuntos a los que se refiere este pacto porque el señor Maura ya lo ha hecho de una manera intensa y muy clara, pero me gustaría saber por qué tiene el Grupo Podemos, el grupo del señor Bustinduy, esa posición. ¿Cuál es la alternativa que esgrimen? ¿Es el proteccionismo?, ¿es el egoísmo nacional?, ¿o es el aislamiento? No alcanzo a entender cuál es el objetivo, qué política diferenciada esgrimen aquí para aludir a que no es necesaria la continuidad de este acuerdo. Pienso en mi país, en España, donde el sector exterior es el que ha conseguido que salgamos, que podamos recuperar económicamente a nuestro país. Un tercio de nuestro PIB se encuentra en las exportaciones y muchas de las 150.000 empresas que exportan son pequeñas y medianas empresas. ¿También nos parece mal que se exporte? ¿Está mal el comercio? ¿Es malo reducir los aranceles? ¿Es malo reducir en 500 millones de euros la capacidad que tenemos de comprar o vender? ¿Eso es malo, es negativo? ¿Por qué lo es? ¿Es mala la eliminación de trabas administrativas? ¿Es malo que exista un programa de inversión pública y que, por tanto, las empresas españolas especializadas en concesión pública puedan acceder, por ejemplo, al plan que ha presentado Justin Trudeau, en Canadá, de 5.000 millones de dólares? ¿Está mal, es malo esto? ¿Qué buscan con este tipo de iniciativas políticas? ¿Cuál es el objetivo? Sinceramente, no lo conozco.
Decía Benjamin Franklin que no hay ninguna nación en el mundo que se haya arruinado por causa del comercio; no existe, no hay un caso. Yo sé que hay personas dentro de la izquierda radical en nuestro país que piensan que estamos gobernados por una especie de conspiración capitalista, y me gustaría recordarles que las dos ideologías que más fuertemente han luchado y han puesto trabas al comercio en el siglo XX trajeron la miseria, el hambre y la muerte al continente europeo, como ustedes bien saben, y son el fascismo y el comunismo. Estas son las principales ideologías que han luchado contra el comercio. Hablan de disminución de soberanía. Yo no creo que se disminuya la soberanía de los países, lo que ocurre es que hay un aumento radical de la soberanía de las personas y de las empresas sobre sus propias acciones, porque se les permite ampliar universalmente los potenciales clientes, en el caso de los productores, y las posibilidades de compra, en el caso de los clientes. Sinceramente, yo creo que con el paso o el transcurso del tiempo cada vez serán más las personas y consumidores que reaccionarán contra quienes opinan como ustedes han hecho hoy.
Decía recientemente Guy Sorman, en un artículo publicado en nuestro país, que el progreso que genera el libre comercio, unido al progreso científico, es el principal factor de crecimiento actualmente en el mundo. Los países aislados siguen siendo pobres, ¿no? Los países abiertos se enriquecen, ¿no? ¿Es España un país que debe dejar de estar abierto al exterior? ¿Es así el continente europeo el que debe dejar de estar abierto? Escuchando sus argumentos, señor Bustinduy, dudo mucho que usted, por ejemplo, estuviera de acuerdo con el ingreso de España en la Unión Europea, porque sus argumentos me valen también para el acceso a esta entidad supranacional.
En fin, me parece que el ahorro que supone esta iniciativa, la capacidad de poder intercambiar libremente bienes y servicios, bien vale la pena. Creo que es un buen acuerdo y que no hay déficit democrático. Por tanto, nuestro grupo parlamentario votará en contra de la iniciativa del señor Bustinduy.
Señor Bustinduy, ¿acepta usted la enmienda que le ha presentado el Grupo de ERC?
El señor BUSTINDUY AMADOR: La acepto con sumo gusto y además le iba a pedir un turno por alusiones.
El señor PRESIDENTE: Pues no se lo voy a dar, porque no le han aludido, simplemente le han contradicho, que es otra cosa.
El señor BUSTINDUY AMADOR: ¿Ni de treinta segundos? Acabo de ser psicoanalizado en público, señor presidente. (Risas).
El señor PRESIDENTE: Yo creo que no hay motivo.
El señor BUSTINDUY AMADOR: Bueno, qué se le va a hacer.
- SOBRE GIBRALTAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000634).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, sobre Gibraltar, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
Quisiera comenzar recordando y leyendo textualmente el compromiso que tiene recogido en su programa electoral el Partido Socialista respecto a Gibraltar y que dice textualmente: Reclamar la soberanía de Gibraltar, así como favorecer los cauces y los foros adecuados para resolver los problemas de convivencia en la zona del Campo de Gibraltar. Recuerdo esto porque las recientes intervenciones del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, don José Manuel García-Margallo, sobre la propuesta de cosoberanía -no soberanía, sino cosoberanía- de Gibraltar han puesto de manifiesto una vez más la falta de estrategia de Estado sobre Gibraltar por parte de España.
Señorías, en democracia una clara estrategia de Estado pasa, sin lugar a dudas, por asumir los cauces democráticos establecidos y contar con el mayor apoyo posible de las diferentes fuerzas políticas aquí representadas. Sin embargo, y todos somos conocedores por la retahíla de declaraciones del ministro en el último mes, pese a encontrarse el Gobierno y él mismo en funciones, se ha llegado a depositar nada menos que en Nueva York, ante las Naciones Unidas, una propuesta que cambia la posición tradicional española sobre la soberanía de Gibraltar sin siquiera haberlo planteado aquí, en esta Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Entendemos que es un acto unilateral muy grave en un asunto de Estado de un Gobierno en funciones al que difícilmente puede, entiendo yo, vincularse el resto de los grupos políticos que estamos aquí presentes.
No quiero hacer añoranza del pasado, pero está ese Foro de diálogo sobre Gibraltar y sus acuerdos de Córdoba de 18 de septiembre de 2016 que, como se decía en el propio Acuerdo de Córdoba, encapsulaba el tema de la soberanía y abordaba los problemas de convivencia, especialmente de los ciudadanos del Campo de Gibraltar. Soy residente de aquella zona, que tiene un paro del 43%, señorías,
el doble de la media nacional, y lo que los ciudadanos quieren es que el Gobierno de España, en una colonia que es un anacronismo en la Europa del siglo XXI y que ha tenido unas consecuencias históricas de más de trescientos años en la población de La Línea y de toda la zona del Campo de Gibraltar, se preocupe de sus problemas. Eso fue lo que hizo el Foro de diálogo con el ministro Moratinos desde 2004 hasta 2011. Los resultados los vivimos algunos que ya éramos diputados en aquella fecha: 7.000 extrabajadores españoles de Gibraltar vieron revalorizadas sus pensiones, que estaban congeladas hace veinte años. Muchas de esas personas, casi todas octogenarias, murieron en el camino porque esperaron dieciocho años para ver revalorizadas sus pensiones y percibieron -yo fui testigo de ello- 6.000 euros cada uno de atrasos. Eso es lo que quieren los ciudadanos, que se preocupen de los problemas medioambientales, sanitarios, de empleo y que el Gobierno, a diferencia de lo que ha pasado en estos cuatro años, introduzca medidas para paliar esos efectos derivados de la situación de Gibraltar. De eso no se ha hablado nada por el ministro en estos cinco años. Pero, señorías, hace quince días estuvo el ministro de visita en el Campo de Gibraltar. Algunos decían que había ido a vender su libro porque realmente habló mucho del libro, poco de la propuesta que había hecho en la ONU, en Nueva York, y de lo que todo el mundo esperaba, que hablara de empleo, de medidas económicas, del plan de choque, del plan de dinamización para el Campo de Gibraltar, ni por un asomo se le oyó hablar.
Señor presidente, después de cinco años de Gobierno del Partido Popular, estamos en una situación peor que la de entonces, porque ese diálogo que había producido ese foro y esa cooperación que había establecido mecanismos de entendimiento con Gibraltar se han roto. Ahora nos encontramos en 2016 con un Gobierno y un ministro en funciones que nos plantea públicamente, sin que ningún portavoz de esta Comisión conozca, una propuesta de cosoberanía que no discutimos si es buena o mala, puesto que no se nos ha dado a conocer. ¿Y cuál es nuestra iniciativa aquí? Que ante un tema de Estado como este, es este lugar, las Cortes españolas y esta Cámara, donde se tiene que debatir. Por eso, planteamos que se establezca un marco institucional consensuado para lograr una estrategia de Estado sobre Gibraltar y que no se lleven a cabo acciones unilaterales, como las llevadas por el ministro Margallo, que condicionen el futuro de la posición española. No quiero pensar que el ministro haya estado haciendo méritos estos quince días, como un mal estudiante, para ver si le renuevan en el Gobierno, que sería lo peor que podría pasar con respecto al tema de Gibraltar, puesto que la falta de aceptación de las posiciones del ministro -no porque sean malas, sino por él mismo- han sido de tal consideración en los exabruptos que ha dirigido hacia Gibraltar, que son rechazadas de plano.
Por lo tanto, tenemos deberes que hacer, pero nosotros no queremos poner los deberes. Le decimos al Gobierno que esos deberes los tiene que traer aquí. De manera que no hablamos de cuál es la propuesta. Lo tenemos que aprobar aquí hoy -y yo les pido, por favor, el voto a todos- sin introducir aspectos que quizá distorsionan y que no vienen al caso, como es el referéndum de autodeterminación. No se está hablando de eso. Se está hablando de que durante los próximos seis meses, hasta marzo, estamos en una situación muy complicada. Reino Unido, por el referéndum del brexit, sale de la Unión Europea; Gibraltar queda en una situación difícil; y, entre todos, tenemos que buscar un punto de encuentro en un tema de Estado como este -les recuerdo que es la única colonia que hay en Europa-, para ver cómo afrontamos esos retos tan difíciles. Desde el Partido Socialista pensamos en los ciudadanos del Campo de Gibraltar, pensamos en dinamizar su economía, que ha sido la gran cenicienta de estos 314 años de colonia de Gibraltar y sin marcar posiciones.
Si ustedes leen el resto de los puntos -no los voy a leer para no cansarles, señor presidente, puesto que son seis-, verán que ninguno de ellos introduce factores que no puedan ser aceptados -con todos los respetos- por todos. Ni siquiera le he hecho una crítica al Partido Popular; se la he hecho al ministro actual en funciones, que deseo que, después de cinco años, mañana deje su puesto y tenga mucha suerte en su futuro. Sería lo mejor para que estas negociaciones que tenemos pendientes con el Reino Unido sobre el brexit y Gibraltar pudieran avanzar. Con él, como digo, si se le renovara la confianza -cosa que no esperamos-- va a ser muy difícil.
Por último, quiero reiterar de nuevo que piensen, cuando estén aquí, en Gibraltar, especialmente en la colonia en cuanto a soberanía, pero también en los ciudadanos que vivimos allí y que tenemos, desde hace muchos años, más del 40% de desempleo, y que necesitamos -y la Junta de Andalucía está poniendo de su parte todo lo que puede- un plan de dinamización porque somos el único territorio de Europa que tiene una colonia frente por frente con medidas fiscales y de otro tipo que conocen y que hacen muy difícil competir, no porque seamos peores sino porque tenemos unas circunstancias distintas.
Desde luego, todo aquello que se vaya a hacer, desde el Partido Socialista abanderamos que se haga con diálogo, cooperación y entendimiento.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Encina.
Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo de Esquerra Republicana. Para su defensa, tiene la palabra el señor Tardà.
Después de veinte, cuarenta, sesenta u ochenta años de escuchar fanfarronadas por parte de distintos Gobiernos españoles, a uno ya no le llama la atención lo dicho por el señor Margallo el otro día. Es textual, entre comillas: Pondré la bandera mucho antes de lo que Picardo cree. Bien, vale, de acuerdo, otra fanfarronada. La misma fanfarronada que la del Gobierno de Aznar. Cuando en el año 2002 tenía casi arreglado lo relativo a la cosoberanía con Tony Blair, se fue todo al garete precisamente por otra fanfarronada. Les pueden más las tripas que el cerebro, y así estamos.
Al lado de estas fanfarronadas, la iniciativa del Grupo Socialista es sensata. Ahora bien, no podemos apoyarla porque olvida dos cuestiones fundamentales: una, que en las conversaciones siempre tendría que estar el Gobierno de Gibraltar; y, dos, que así como es muy legítimo -por supuesto que lo es- reivindicar la soberanía española de Gibraltar, y es legítimo reclamar la cosoberanía -por supuesto que lo es-, de la misma manera que es legítimo defender todo ello, también se debe contemplar el derecho a la autodeterminación del pueblo llanito, del pueblo de Gibraltar. Por tanto, pedimos que también se incorpore que esta reivindicación legítima tiene que casar con la otra que, a nuestro entender, también es legítima; es decir, respetar el derecho a la autodeterminación del pueblo de Gibraltar.
Recuerden que el 95,5% del pueblo de Gibraltar votó en contra del brexit, luego es cierto que tienen un problema, el mismo problema que tienen los escoceses. Por tanto, si quieren ayudarles, a nuestro entender, lo mejor es escucharlos para saber cuáles son sus reclamaciones, sus reivindicaciones, su posicionamiento, razón por la cual es lógico que también estén en las mesas de negociación. Recuerden que aquel fracaso del Gobierno Aznar, repito, por las fanfarronadas que hubo -permítanme la expresión, porque así está en la literatura británica-, cabrearon, indignaron al Gobierno de Tony Blair y por eso se echaron para atrás. Y recuerden los referéndums de 1967 y de 2002, que aunque no han sido reconocidos por Naciones Unidas, evidencian una voluntad -que puede gustar o no gustar- de los ciudadanos de Gibraltar. Dejen de hacerles la puñeta.
Les voy a contar un caso que puede parecer anecdótico. Gibraltar fue reconocido por la UEFA y por la FIFA, 172 federaciones internacionales dijeron que sí y 12 que no, y ahora tienen que ir a jugar las competiciones a Faro, en el Estado portugués, cuando bien podrían jugar en el campo de fútbol de la Balompédica Linense, porque tanto ustedes como el diputado que acaba de intervenir conoce la estrecha relación que hay entre los gibraltareños y el Campo de Gibraltar. Pues bien, dado que la Federación Española veta este hecho, tienen que ir a jugar a Portugal. ¿Ustedes creen que el Gobierno español va a recuperar así la estima de los gibraltareños, decidiendo que vayan a jugar lejos? Y si pudiera ser, ni en Faro; ojalá tuvieran que ir a jugar a las islas Madeira. Otro caso es el bloqueo, porque así lo quiere el Estado español, de la aprobación del espacio común europeo, que además de costar mucho dinero a la Unión Europea, solo tiene una finalidad: que no pueda quedar incorporado a este espacio común el aeropuerto de Gibraltar. Es decir, mantienen esta política que ya viene de tiempos del antiguo régimen -del cercano-de hacer la puñeta al pueblo de Gibraltar. Son las formas del sistema político español.
De manera que si aceptan nuestras enmiendas -cosa que, por supuesto, no va a ocurrir-votaríamos a favor de esta proposición. Entiendo que hay sentido común y voluntad constructiva, pero el Partido Socialista no acepta el derecho a la autodeterminación del pueblo de Gibraltar, y como nosotros consideramos que esta cuestión es fundamental y una condición sine qua non para dar nuestro apoyo a la propuesta, votaremos en contra de la misma. Hemos presentado estas enmiendas para que recuerden todos ustedes que el pueblo de Gibraltar tiene derecho a decidir su futuro.
En turno de fijación de posición de los grupos, comenzamos por el Grupo Mixto. Tiene la palabra el señor Salvador.
Intervengo muy brevemente para decir que coincidimos con los proponentes en varias cosas. La primera, en reclamar la soberanía de Gibraltar, como en la exposición de motivos se recuerda que así se establecía en el programa del Partido Socialista Obrero Español. Creo que esto es lo más importante. La segunda es que para ello convendría establecer una estrategia común y compartida. La tercera, en que este es un tema de Estado y, por tanto, no deberíamos tratarlo de forma coyuntural sino como lo que es, un tema de Estado, y en consecuencia tener más altura de miras igual que tenemos con otros temas. Y la cuarta, en que sería bueno que este Congreso tuviera un papel más protagonista en la definición, en el desarrollo, en el diseño y en el control de una estrategia compartida. Esas son las coincidencias. Es verdad que podemos analizar y criticar lo que han hecho unos y otros, lo que un partido hizo en el pasado, lo que hizo otro. En fin, me recuerda un poco a ese comentario deportivo que dice que los problemas del vestuario, mejor que se queden en el vestuario. Porque si en lo fundamental estamos de acuerdo, vamos a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo, más allá de esas diferencias. Creo que eso es lo importante y es lo que pediría a los grupos porque tenemos una oportunidad doble. Por un lado, la aritmética parlamentaria, que casi nos obliga a dialogar -aunque no queramos tenemos que dialogar- y a aprovechar esta aritmética en positivo. Y por otro lado, el momento coyuntural de la Unión, el brexit, que deja este tema en una situación peculiar por la decisión de Gibraltar.
Por ello -y termino, señor presidente- deseo que podamos trabajar en esa estrategia común y compartida cuyo horizonte sea la recuperación de la soberanía. Y si además lo defendemos juntos, muchísimo mejor. Ojalá todos tengamos protagonismo y participación, y que el Gobierno y el ministro -el que sea- esté abierto a escuchar las contribuciones de todos nosotros.
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Maura.
Intervendré brevemente para manifestar nuestro punto de vista en relación con esta propuesta del Grupo Socialista. En primer lugar, quiero decirles que, en una lectura de la misma, yo diferenciaría claramente la exposición de motivos de la parte resolutiva de la proposición, porque la exposición de motivos parece reenviarnos a la situación anterior -a la del Gobierno presidido por el señor Rodríguez Zapatero y cuyo ministro de Asuntos Exteriores fue el señor Moratinos-, que nosotros -ya adelanto a esta Comisión- no avalamos como la mejor fórmula posible, y me refiero a la de los tres elementos para la discusión y el consenso del asunto. Para nosotros este es un teme bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino Unido y en ese ámbito debe situarse la discusión y la negociación. Pero analizada la parte resolutiva de la propuesta, nos parece que está cargada de razón. Ya hemos dicho en todas las ocasiones en que nuestro grupo ha tenido que pronunciarse respecto no solamente de cuestiones de acción exterior sino sobre cualquier tipo de cuestión que ha afectado al Gobierno en funciones que terminó la semana pasada, que para actuar debería tener el amparo del Parlamento. Esto no siempre ha ocurrido, y este es un caso paradigmático de la falta de apoyo parlamentario por parte del Gobierno. En un asunto como este, que es un asunto de Estado, nos ha supuesto bastante disgusto ver cómo el ministro Margallo ha actuado sin tener la cobertura del Parlamento, ha desarrollado una acción. Yo no entraré en el contenido de la propuesta que ha hecho -ya nos lo anunció en un foro privado, concretamente en un desayuno de trabajo que tuvimos con él-, con el que podemos estar más o menos de acuerdo, pero sí en que esto no tiene que plantearse en un desayuno de trabajo, en un foro privado, sino con luz y taquígrafos, hablando de una manera clara, expresa y coadyuvando a tener el apoyo del Parlamento. Por eso estamos de acuerdo con la parte resolutiva. Tenemos noticia de que es posible que haya un acuerdo entre los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular, al que nuestro grupo, sin duda, se va a sumar sin ningún tipo de problema.
Voy a hacer una aclaración que probablemente sea absolutamente innecesaria porque supongo que todos los diputados la conocen muy bien: lo que se vota en una proposición no de ley es la parte resolutiva, o sea que las exposiciones de motivos no se votan en absoluto.
Por el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Rodríguez Martínez.
La señora RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Boa tarde.
En primer lugar, quería decir que estoy bastante sorprendida. Esta es la primera vez que estoy en la Comisión de Asuntos Exteriores y si otras Comisiones están ocupadas completamente por mujeres, esta es una Comisión de hombres -y vista la Mesa, también-, lo que me ha dejado bastante impactada y me parece que merece la pena emplear veinte segundos en comentar esta situación.
Respecto a la PNL del Partido Socialista, el Grupo Confederal coincide bastante con ella y celebramos el espíritu que está expresado en la misma, pero nos parece que no es suficiente. Por ello, también celebramos la enmienda que ha presentado Esquerra y esperamos que podamos tener un diálogo al respecto. No parece que vaya a ser así en este momento, pero en cualquier caso este sería nuestro posicionamiento por ahora.
Decía antes el diputado del Partido Socialista que no se iba a poner a criticar la actuación del Partido Popular, sino solo la de Margallo, como si fueran dos cosas diferentes. (Risas). Yo creo que sí toca criticar la acción del Partido Popular, sea de Margallo o de cualquier otro. El ejemplo que estamos debatiendo hoy con el caso de Gibraltar es uno más en el que la actuación del Partido Popular ha sido de espaldas a la gente, de forma unilateral, negando toda posibilidad de establecer diálogo y, por supuesto, sin consultar con otros actores estatales o parlamentarios, como está recogido en la PNL, que nosotras y nosotros compartimos y que nos parece importante poner hoy encima de la mesa.
Por otra parte y dadas las circunstancias que rodean toda la situación de Gibraltar, no queríamos dejar de aprovechar esta ocasión para decir que el Partido Popular ha actuado de espaldas a todos sus trabajadores y trabajadoras que en esta zona de Gibraltar, que tiene una de las tasas de paro más altas de toda Europa, tienen que enfrentarse día a día a colas y controles para acceder a sus puestos de trabajo y, probablemente, soportando comentarios que reflejan esta actitud de espaldas a la gente que, como digo, tiene el Gobierno del Partido Popular, Margallo también, y da igual que esté o no en funciones o esté apoyado o no por sus amigos naranjas o rojos, dependiendo de la semana.
Otra muestra más de este comportamiento del Partido Popular es que es evidente que muchas de las empresas y de las actividades ilícitas que se realizan en Gibraltar en materia financiera son conocidas por todos y por todas, son de dominio público, y ahora veremos qué hace al respecto el Partido Popular y su Gobierno, que ya es un Gobierno legítimo y en minoría en esta Cámara, pero desde luego hasta ahora ha actuado de espaldas a la gente.
Por otro lado y volviendo a la PNL del Partido Socialista, nos parece importante poner encima de la mesa lo siguiente. Gibraltar está considerado, según la Resolución 2625 de las Naciones Unidas, una colonia, y por esto es evidente -no porque lo digamos desde el Grupo Confederal de Podemos o porque lo diga Esquerra, sino porque lo dicen las Naciones Unidas y esta resolución- que tenemos que iniciar un proceso de descolonización que va a tener que terminar de forma inevitable, según las Naciones Unidas -y veremos si en esta Comisión lo queremos respetar o no-, en un referéndum que tiene que ser vinculante; es decir, las personas que allí viven van a tener que decidir cuál es su futuro. Esto me parece que es importante y que es la gran ausencia en esta PNL, y aunque compartimos el espíritu general, como antes decía, lo echamos en falta. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdone, señora Rodríguez.
Por favor, ruego silencio para que podamos escuchar al orador.
Por otro lado, este es el caso del Sáhara Occidental y, aprovechando también esta intervención, apremiamos al Gobierno español para que tome el mismo tipo de medidas que hoy estamos debatiendo con el caso de Gibraltar.
Por último, ya para terminar, quería añadir dos reflexiones más. En primer lugar y ya que mi compañero Bustinduy no pudo responder al diputado del Partido Popular, que le psicoanalizó públicamente, me gustaría llevarle la contraria ahora a él. No es que las naciones se arruinen por el comercio -también se la llevaría Franklin entonces-, es que las personas se arruinan por el comercio. Nosotras y nosotros pensamos que las naciones son las personas, las naciones son la gente porque, si no, estarían vacías y vaya sinsentido tendríamos. No creo que esto sea una conspiración que tengamos los y las de la izquierda radical. Yo no me considero de la izquierda radical, pero creo que los países están conformados por la
gente. A lo mejor estoy diciendo una cosa que no es cierta, pero desde luego me da que no. Muchas veces lo que le pasa al Partido Popular es que confunde esto y que la nación sean solo ciertas personas y no todas las que la conforman. Por eso le parece normal que defender la soberanía nacional o la soberanía popular sea defender el TTIP o sea saquear la hucha de las pensiones, pero todos sabemos que en realidad esto beneficia solo a unos pocos y no a todas las personas. Esta es la gran diferencia. No es que sea una conspiración, es para quién trabaja uno: para el 1% o para el 99%.
Por último, el debate que estamos teniendo hoy es una muestra más de la poca capacidad que están mostrando tanto el Partido Socialista como Ciudadanos como el Partido Popular para encontrar un nuevo encaje territorial de la realidad plurinacional que tiene el Estado español. Esperemos que en esta legislatura sepamos tratar este tema con altura de miras.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ SAIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, a lo largo de estos años de democracia y con respecto a la reclamación de soberanía de España sobre Gibraltar y las relaciones diarias de convivencia entre gaditanos del Campo de Gibraltar y los propios gibraltareños ha habido más momentos de tensión que de tranquilidad, momentos de tensión casi siempre provocados por las acciones llevadas a cabo por los distintos Gobiernos de Gibraltar, que, para alcanzar sus aspiraciones de carácter económico o de otro tipo, han tratado de poner como escudo a los campogibraltareños que trabajan en Gibraltar y el bienestar de sus familias. Como ejemplo, les puedo hablar de la situación de estos últimos años, sobre todo del año 2015, en que, para evitar esa utilización de las famosas colas, el Gobierno de España tuvo que invertir más de siete millones de euros en una frontera inteligente para agilizar al máximo los controles fronterizos. No voy a hablar hoy aquí del daño económico causado por la existencia de miles de sociedades instrumentales en Gibraltar, que han hecho un daño muy grande a las empresas, a los empresarios y a los vecinos de Cádiz y del Campo de Gibraltar. No voy a hablar de los rellenos para aumentar su territorio y así tener más capacidad edificatoria, sin tener en cuenta normas medioambientales que nos afectan a todos los europeos. No voy a hablar de la bunkerización de los suministros de combustible a los barcos que transitan por el estrecho, con grave riesgo para los campogibraltareños y los gaditanos; parece que eso a algunos no les importa desde la lejanía. No voy a hablar de las acciones llevadas a cabo para impedir que los pescadores linenses y algecireños faenen en sus caladeros tradicionales, ni de lo que es más grave, el papel jugado en el tráfico ilegal de tabaco y de drogas, porque es de todos sabido y conocido, y muy especialmente sufrido por los gaditanos, tratando siempre desde las autoridades gibraltareñas -a mi entender- de tensar la cuerda entre los Gobiernos del Reino Unido y de España en el contencioso histórico sobre la soberanía de Gibraltar.
Nos encontramos ahora, señorías, con una situación nueva que va a provocar la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que nos obliga como nación a encontrar el mayor acuerdo para diseñar la estrategia más adecuada en la reclamación de la soberanía y, al mismo tiempo, un acuerdo que sirva para garantizar la mejor defensa de los intereses legítimos de los gaditanos vecinos del Campo de Gibraltar, que trabajan y conviven todos los días con los vecinos del Peñón. En los últimos meses se ha hablado mucho sobre el brexit y sus consecuencias en la zona, y hemos podido comprobar la importancia que para el Gobierno en funciones tenía el contacto directo con las instituciones gaditanas y con los agentes económicos y sociales, siendo el propio ministro de Asuntos Exteriores el que se desplazó al Campo de Gibraltar para establecer contactos, cosa que ningún otro ministro de Asuntos Exteriores había hecho antes. Bajo el mandato de este ministro de Asuntos Exteriores en ningún momento se dejó de tener un diálogo fluido con las autoridades del Reino Unido, como dejó claro en su comparecencia parlamentaria el 3 de septiembre de 2013, no habiendo ningún bloqueo en las negociaciones con el Reino Unido en estos años.
Por otro lado, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha hecho otra cosa que enlazar sus actuaciones en esta materia con lo que ha sido la posición común de los distintos Gobiernos de España desde el inicio de la democracia, salvo el paréntesis del señor Moratinos. Tanto Fernando Morán como Fernández Ordóñez, Javier Solana o Trinidad Jiménez trabajaron siempre de acuerdo con lo dicho por la ONU, que siempre ha visto la cuestión de la descolonización de Gibraltar como un tema bilateral entre España y el Reino Unido,
aunque también pide que se tengan en cuenta los intereses de los habitantes, tanto del Peñón como del Campo de Gibraltar.
Una vez expuesto lo anterior, y dejando claro que no podemos asumir algunas de las consideraciones de la exposición de motivos, en el Grupo Popular creemos que la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista puede ser apoyada como vehículo para trabajar de forma coordinada en sede parlamentaria de forma que nos permita establecer un consenso básico sobre la posición de España en relación con Gibraltar recordando, no obstante, que según dispone el artículo 97 de nuestro texto constitucional la política exterior es competencia del Gobierno. También creemos que es importante hacer compatible la firmeza en la reivindicación de la soberanía española sobre Gibraltar con la defensa de los intereses y el bienestar de los ciudadanos españoles que trabajan en Gibraltar o cuyos negocios dependan de la relación con la colonia británica. Es muy importante para nosotros el reforzamiento de los foros de diálogo y cooperación existentes entre las distintas instituciones con competencias en la provincia de Cádiz y en el Campo de Gibraltar -asociaciones y agentes sociales- pues se van a ver afectadas por el brexit, lo que sin duda nos tiene que llevar a una mayor disposición al diálogo y a la cooperación, cooperación y diálogo que deben servir para dar solución a los problemas específicos de carácter local, sin intervenir en las negociaciones entre España y el Reino Unido en cuestiones de soberanía y de la integridad territorial de nuestra nación.
Finalmente, quiero dejar claro en sede parlamentaria que es imprescindible que de una vez por todas el Estado español establezca una estrategia a medio y largo plazo que coordine a las distintas administraciones para lograr la mejora imprescindible en las estructuras sociales y económicas del Campo de Gibraltar, especialmente en la ciudad de La Línea, y que esas abismales diferencias de renta entre los vecinos del Peñón y los de las poblaciones de la bahía de Algeciras no sigan jugando un papel determinante a la hora de llegar a acuerdos a nivel local entre los gibraltareños y los gaditanos, y propiciar la solución definitiva del contencioso entre España y el Reino Unido. Hasta ahora se ha invertido en infraestructuras, en equipamientos, pero esas inversiones a lo largo de estos años no han logrado equiparar las rentas de los españoles de un lado y los vecinos y ciudadanos del otro lado de la verja, por lo que ha llegado el momento de rediseñar las actuaciones para dar un vuelco definitivo a esta situación. Por eso, señorías, yo propondría al Grupo Socialista una modificación de carácter aclaratorio en el punto tercero del texto, que diría: Establecer las coordenadas de un plan de acción que impulse una solución entre el Reino Unido y España sobre la cuestión de Gibraltar. En el punto quinto, incluir a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Y en el punto sexto: Mantener e impulsar un diálogo fluido destinado al establecimiento de mecanismos de diálogo y cooperación entre las autoridades locales españolas y las autoridades gibraltareñas en cuestiones de ámbito local que vayan en beneficio de las poblaciones del Campo de Gibraltar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
Señor De la Encina, le pregunto su posición sobre las enmiendas.
Aceptamos las modificaciones que acaba de leer doña Teófila Martínez en relación con los puntos tercero, quinto -simplemente es introducir la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar- y sexto -una matización de carácter menor-. Lo tengo por escrito y, si le parece oportuno, se lo presento a la Mesa para que el señor letrado lo tenga.
Por último, no podemos aceptar -con todo nuestro pesar- la enmienda que presenta Esquerra Republicana puesto que habla de autodeterminación y de derecho a referéndum, que obviamente no consideramos adecuado ni conforme a lo que aquí se debate hoy, que es establecer en esta Cámara un marco consensuado para lograr una estrategia de Estado sobre el tema de Gibraltar, sin marcar posiciones predeterminadas como plantea Esquerra.
Sí acepto y agradezco a Ciudadanos el apoyo público, tanto a él como al señor Salvador, que se ha manifestado anteriormente.
- SOBRE LA NECESIDAD DE EVALUAR LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN LA GUERRA, OCUPACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE IRAK. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000652).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley sobre la necesidad de evaluar la participación española en la guerra, ocupación y reconstrucción de Irak. Ha sido presentada por Esquerra Republicana y para su defensa tiene la palabra el señor Tardà.
La iniciativa que presenta Esquerra Republicana tiene como objetivo crear una comisión de evaluación de la participación española en la guerra, ocupación y reconstrucción de Irak; de hecho, se trata de instar al Gobierno su creación. Nosotros postulamos que la manera de parecernos más a la actuación -aplaudida por todas las democracias- del Gobierno británico a raíz de la creación de la Comisión Chilcot, denominada así por el apellido de la persona que la presidía, era, a nuestro entender, que cada uno de los grupos parlamentarios pudiera presentar cuatro nombres de cuatro personalidades, personas distinguidas y singulares con capacidad académica reconocida, para que llevaran a cabo este informe. Entendemos que nueve meses es un plazo correcto para que puedan trabajar bien. Hemos distinguido cuatro ámbitos: el político, el militar -los separamos pero es cierto que lo militar tiene una consecuencia política-, la ayuda oficial y todo aquello que tiene que ver con las relaciones comerciales que se proyectaron -muchas de ellas no ejecutadas- por parte de las fuerzas ocupantes en relación con empresas de sus propios Estados. A nuestro entender esto tenía que alcanzar tanto al ámbito público como al privado y a todo aquello relacionado con la ocupación y la reconstrucción. Estamos hablando ya de un largo periodo de años, puesto que la ocupación fue en 2003 y estamos en 2016 y en todo ese periodo han ocurrido muchas cosas. ¿Cuál es el contexto internacional de nuestra demanda? El informe Chilcot ha sido determinante, porque ha abierto muchas posibilidades. Debo decir -y perdonen la petulancia- que nuestro grupo parlamentario ya presentó esto en el año 2003; por cierto, fue aprobado con los votos socialistas. El Grupo Socialista lo modificó un tanto; lógico, el grupo parlamentario que apoya al Gobierno siempre tiende a ponderar las reclamaciones de la oposición cuando las acepta. Lo triste fue que luego el Gobierno socialista, aun cuando el Parlamento le había instado a hacerlo, no lo hizo. Esto ya está metabolizado políticamente, pero ahora, trece años más tarde y con esta nueva correlación de fuerzas que hay en el Parlamento -en los últimos cuatro años esto fue impensable- hemos vuelto a la carga. Esta es nuestra posición.
El Partido Socialista nos ha presentado una enmienda que desvirtúa un tanto lo que reclamamos; quizá nuestra iniciativa tiene la ambición que requieren los tiempos. En todo caso, el Partido Socialista nos ofrece una enmienda que aceptamos, siempre y cuando la culminásemos con una transaccional con la que al parecer -ahora el compañero lo va a ratificar- están de acuerdo. Dicha transaccional dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar y enviar a la Cámara en el plazo de nueve meses un informe de evaluación sobre la participación militar española en Irak. Y nosotros pedimos que se incorpore en la transaccional "comercial y en el ámbito de la cooperación". Dicho informe será remitido a la Comisión de Asuntos Exteriores y a los grupos parlamentarios para la tramitación de las iniciativas que consideren oportunas.
¿Qué resulta de esto? De entrada, no es lo mismo que se hizo en el Parlamento británico, pero nosotros no desesperamos, de manera que dentro de nueve meses -a no ser que el Gobierno del Partido Popular no lo haga; en todo caso vamos a ver qué ocurre- esta Comisión tendrá el informe y podremos evaluar su calidad. Aun cuando lo que hoy vamos a aprobar aquí -si el compañero socialista no desmiente lo que he dicho sobre la transaccional- no es lo que exigíamos o pedíamos, al menos no será posible que este Gobierno conservador pueda sepultar una reclamación que se ha ido abriendo camino no solo en el debate ideológico y político de las izquierdas, sino también en algunos parlamentos de la Unión Europea. Es evidente que este informe, para no desmerecer las reclamaciones que están encima de la mesa, tendrá que comprender todo el universo de lo que hubo tanto detrás de las causas que llevaron al Estado español a implicarse militarmente -causas políticas, por supuesto- como también todo aquello que afecta a la cooperación. Ustedes saben que en la Conferencia de donantes de Madrid se comprometieron 300 millones, pero nunca, nunca, ningún Gobierno ha dado ninguna explicación sobre la finalidad, sobre el destino de estos 300 millones. Y también todas aquellas empresas españolas que colaboraron en la reconstrucción de Irak; por cierto, muchas menos y con un volumen de participación menor del que se había prometido por parte del Gobierno español a fin de hacer más estimulante la participación del Estado español en la reconstrucción de Irak. De manera que vamos a reclamar que el
Gobierno sea diligente y respete a esta Comisión de Asuntos de Exteriores, de forma que dentro de nueve meses no nos remita un trabajo escolar sino un verdadero informe que sea homologable a todo lo que se está haciendo ya en otros Parlamentos.
Se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez.
Señorías, la verdad es que durante años la guerra de Irak fue y se convirtió en mantra y bandera de muchos, también en el trampolín de algunos que utilizaron el no a la guerra como plataforma para saltar a la primera línea de la política nacional. Han pasado, sin embargo, trece años y todavía hay quienes quieren reabrir un debate que los españoles ya tenemos olvidado. No nos extraña, si algunos están intentando reabrir conflictos de hace más de ochenta años, qué no van a hacer con uno que solo lleva catorce. Señorías, nosotros consideramos que resulta innecesario abrir una subcomisión de investigación parlamentaria para determinar las eventuales responsabilidades políticas del Gobierno de entonces respecto de la legitimidad de participar o no en la guerra de Irak. Si hubiese existido alguna responsabilidad política, esta ya habría quedado dirimida en las elecciones generales del año 2004 a través del voto de nuestros ciudadanos porque, señoría, qué mejor forma de determinar las responsabilidades políticas de un Gobierno que a través del voto de los ciudadanos en un sufragio directo. Sin embargo, dado el alto nivel de compromiso presupuestario alcanzado por España para la reconstrucción de Irak -cerca de 300 millones de euros-, no estaría de más que el Gobierno actual presentara a esta Cámara un informe sobre el retorno económico que supuso para las empresas españolas la reconstrucción del país. El mismo Gobierno al que están atribuyendo eventuales responsabilidades políticas por la participación de España en la guerra de Irak -por cierto, una intervención puramente humanitaria- comprometió una gran cantidad presupuestaria a través de Fondos FAD para proyectos de ayuda a refugiados, estudios de viabilidad de proyectos o la propia reconstrucción del país. Por eso, señorías, votaremos en contra de esta iniciativa que pide reabrir un debate que consideramos innecesario a través de una subcomisión de investigación. Pediremos al Gobierno, eso sí, la realización de un informe económico que analice el retorno económico y la participación de nuestras empresas tras el fin de la desgraciada guerra de Irak en la que España, lo reiteramos una vez más, participó en misión humanitaria. La enmienda que nosotros hemos presentado en este sentido entendemos que el proponente no la ha aceptado, por lo cual nuestro voto será en contra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez.
Antes de confirmar lo que ha adelantado ya el colega Tardà, me voy a permitir un cierto excurso político porque tengo una reserva mental que, si no la digo, me parece que me va a amargar la tarde. Así que me permito decir que la relación con Esquerra Republicana de Catalunya, que es un partido nacionalista y de izquierdas -yo creo que la coincidencia de esas dos almas, esa especie de síntesis es algo realmente milagroso-, a veces se traduce en que ERC en algunos momentos y en algunos asuntos actúa como izquierda y en algunos asuntos y en algunos momentos actúa como nacionalista. Yo creo que cuando ERC habla, por ejemplo, de expolio fiscal, se aleja mucho del campo de la izquierda. Y creo también que cuando actuando legítimamente, como han hecho otros grupos, ha decidido tener acuerdos políticos sustanciales en Cataluña con fuerzas conservadoras y con fuerzas que tenían asuntos de corrupción pendientes, también se aleja de ese campo de la izquierda. En cualquier caso, estimado colega Tardà, yo constato que en esta casa, en el Parlamento, la izquierda que representa el PSOE, que ha representado desde siempre el PSOE y seguirá representando el PSOE, ha tenido momentos de convergencia con Podemos, una vez que Podemos ha decidido superar su fase infantil de no saber si era de izquierda o de derecha, y con ERC cuando ERC no entra en modo territorial. Y debo decir que la coincidencia muchas veces en la izquierda tiene que ver también con la forma de conducirse del colega Tardà. Yo creo que el colega Tardà, por su forma de trabajar en el Parlamento, ha ayudado a que eso se produzca y a una
convergencia con una izquierda que no es nacionalista, que es una izquierda que representa al PSOE y que es internacionalista y solidaria. El señor Tardà es un compañero de voz fuerte y de palabra gruesa, pero es un hombre de palabra y cada acuerdo que toma es un acuerdo que se lleva a efecto. Por eso debo decir que el Grupo Parlamentario Socialista tiene una extraña sensación, porque parecería a partir del Pleno de la semana pasada que ERC se había dispuesto a volar los puentes que nos han permitido que la izquierda convergiera en muchas ocasiones en este Parlamento, y a mí me preocupa por la sensibilidad que pueda estar, digamos, siendo prevalente dentro de ERC. Yo creo que para esas voladuras hay que encomendarse a dinamiteros, no hay que encomendarse a aficionados, a entusiastas de pirotecnias, a críos que juegan con petarditos de fiesta de colegio de curas. Yo creo que hace falta bastante más que una afectada cursilería recitada con tono teatral para hacerle cosquillas al PSOE.
En cualquier caso, debo decirle, colega Tardà, que estamos expectantes y deseosos de saber cuál es la actitud de ERC respecto de nosotros y de nuestras propuestas. Pero mientras resolvemos eso, el colega Tardà nos trae con inteligencia y flexibilidad, como ya he señalado que es su forma de trabajar, la cuestión de Irak. Y la primera reflexión que le quiero hacer a Tardà es que la guerra de Irak fue una guerra ilegal, que la ilegalidad en la vida política tiene un coste y que no deben asumirse ilegalidades por más que quieran cubrirse con expedientes de legitimidades que no sean la legitimidad propia de un Estado de derecho. Una guerra ilegal es ilegal y un referéndum ilegal es ilegal, y yo creo que la forma de conducirse en un Estado de derecho es precisamente intentar que lo que en algún momento sea ilegal pueda convertirse en posible dentro de esa legalidad.
Los méritos del PSOE en materia de guerra de Irak se los voy a ahorrar a sus señorías. Nosotros estuvimos en aquellas manifestaciones en la calle y fue el presidente Rodríguez Zapatero, en su primera decisión como gobernante, el que decidió la retirada de las tropas de Irak y con ello la retirada del saludo de nuestros colegas americanos que no entendieron aquello y nos castigaron a no visitarnos y a no invitarnos a Washington durante unos años. No sé lo que estaba haciendo en aquellos momentos el señor Aznar, que había buscado tan vehementemente una medalla del Congreso de los Estados Unidos para jalonar su entrega servil a los intereses americanos en aquel momento y en aquel asunto. Los países serios -lo ha dicho Tardà con otras palabras- examinan con seriedad este tipo de asuntos del pasado. Por eso, le hacía la reflexión a Tardà sobre que la forma en la que había diseñado la composición de esa comisión no nos parecía adecuada porque era una mezcla extraña entre una comisión administrativa y una comisión parlamentaria. Le agradezco que haya entendido esa situación y le digo que aceptando la enmienda en los términos que ha dicho, nosotros nos plantearemos -con toda la seriedad que requiere el asunto- una revisión de esa parte de nuestro pasado cuyo formato no puede ser una revancha partidaria. Por eso, si algún día se llega a alguna fórmula deberá ser una fórmula que acepte todo el mundo o que intentemos que acepte todo el mundo -incluido el PP, que puede sentir una natural reticencia a embarcarse en esa revisión de la historia- y la forma de hacerlo sería una comisión como la británica, en la que no hubiera políticos que tuvieran la tentación de llevar el agua a su molino o lavar viejas deudas. En cualquier caso, agradezco la flexibilidad de Tardà a acoger nuestra enmienda con esa adición que él refería a los aspectos militares, comerciales y el resto de los que citaba. Deseo que esta seriedad de Tardà se imponga en su partido y sigamos considerando el Parlamento no un sitio donde uno viene a recitar cuatro tuits, sino un sitio donde se hace una reflexión política para hacer mejor la vida política en este país.
Turno de los grupos. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Xuclà.
Intervendré brevemente. En primer lugar, quiero celebrar este acuerdo transaccional que mejora respecto a la propuesta inicial, que nos había parecido un poquito desajustada porque existiendo como existe el mecanismo de comisiones de investigación parlamentaria no entendíamos por qué el grupo proponente se acogía a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, y concretamente a su artículo 22, para crear una comisión gubernamental. Al final, nosotros siempre estamos a favor de trasladar al Parlamento información para que el Parlamento tome las iniciativas apropiadas a la luz de esa información. Hace unos años era imposible hablar de la parlamentarización de la política exterior o de la política de defensa y actualmente el Congreso de los Diputados vota la autorización de misiones internacionales y conoce, y cada vez más, sobre asuntos de política internacional. Con lo cual, nos parece que es una buena solución y siempre estaremos a favor de la remisión de mayor información.
También estoy de acuerdo en que esta no puede ser una información que pueda ser utilizada con revanchismo -como decía el señor Sánchez Amor- sino con perspectiva, y que es necesaria la serenidad del paso del tiempo para analizar aquel gran error. Nuestro partido político estuvo en las calles y oponiéndose desde un principio a la decisión política de la guerra de Irak, incluso algunos de los actores políticos del Partido Popular que han dirigido la política exterior de los últimos cuatro años en público también han manifestado que fue un error. Nosotros estuvimos en aquellos años, en aquel 2003, en contra de la guerra de Irak y de la decisión que se demostró un error, y nos parece bueno que este Parlamento tenga todo tipo de información.
Termino, señor presidente. El señor Sánchez Amor quería enviar un recado al señor Tardà, pero para enviar un recado al señor Tardà, de pasada, también ha tenido que hacer una referencia a la política catalana. Y para hacer una referencia a la política catalana ha invitado al señor Tardà -en un gran soliloquio que no tenía nada que ver con esta proposición no de ley- a reflexionar sobre la importancia de reconstruir los puentes entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana y le ha afeado sus acuerdos de gobierno en Cataluña. Creo que cada partido político construye sus mayorías, a veces complejas y complejas de digerir y de gestionar, a la luz de los actuales parlamentos, que no son de mayorías absolutas. Pero el señor Sánchez Amor, en un redoble de tambores -haciendo aquello que muchas veces aconsejaba un viejo escritor catalán: cuando no tienes razón dilo en voz alta, que así parecerá que la tienes-, ha acusado a mi partido político de corrupto. No voy a entrar en un concurso de partidos que tienen casos de corrupción en los juzgados. Señor Sánchez Amor, si usted quiere enviar mensajes al señor Tardà, mensajes constructivos, de conciliación, de futuro o de discrepancia lo puede hacer. Si usted quiere hablar de los casos de corrupción de su partido en los juzgados o de los casos que se van a juzgar a partir del primer semestre del próximo año de mi partido, le diré que deseo que los corruptos vayan a la prisión, los de su partido y los de mi partido; pero, por favor, no confunda las cosas.
Tengo mis dudas de si he hecho bien permitiendo esta digresión del señor Sánchez Amor separándose completamente del tema que estamos tratando. Yo creo que he hecho bien. Por tanto, si algún otro grupo, en su tiempo, decide hacer algún comentario, naturalmente puede hacerlo.
Por el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Bustamante.
El señor BUSTAMANTE MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Intentaremos ceñirnos a lo que toca, que es la guerra de Irak. En primer lugar, queremos saludar la PNL presentada por el Grupo de Esquerra Republicana sobre la necesidad de evaluar las consecuencias de la guerra de Irak. Pensamos que es el momento adecuado a pesar del tiempo que ha transcurrido; en primer lugar, por el cambio en la correlación de fuerzas que hay en el Parlamento, que puede permitir el desarrollo del trabajo y, en segundo lugar, por la reciente publicación del informe Chilcot, en el que el Parlamento del Reino Unido ponía de manifiesto lo que ocurrió en aquel momento. La guerra de Irak fue una guerra imperialista que no tenía como objetivo democratizar Irak, sino apropiarse de los recursos naturales de aquel país, especialmente del petróleo. Así fue reconocido por el propio Wesley Clark, general del ejército de Estados Unidos en aquel momento y comandante supremo de la OTAN, que en una famosa entrevista manifestaba que en el Pentágono conocían que no había armas de destrucción masiva y que había un plan por parte del Pentágono para invadir y por tanto derrocar los Gobiernos de siete países en cinco años, en primer lugar Irak, pasando por Libia, Siria y acabando en Irán. Por tanto, una guerra imperialista, una guerra ilegal e ilegítima, que tuvo el rechazo mayoritario de la comunidad internacional.
Paso a hacer cronología de lo que ocurrió. El 27 de enero de 2003, después de dos meses de investigación, el equipo de inspectores de la ONU comparece ante el Consejo de Seguridad de la ONU y manifiesta que no hay indicios de que Irak posea armas de destrucción masiva. El 7 marzo Estados Unidos, Reino Unido y España, a pesar del trabajo de los investigadores, presenta una resolución que es rechazada por el resto de los países. El 15 de marzo Rusia, Francia y Alemania presentan un llamamiento al diálogo; cinco días después, sin embargo, Estados Unidos de forma unilateral inicia el 20 marzo la guerra de Irak. Esta guerra tuvo además el rechazo unánime de la población internacional, donde más de 36 millones de personas se manifestaron en el mundo en más de 3.000 manifestaciones. Tuvo también un rechazo muy importante por parte de la población española. Según las encuestas del momento, el 90% de los españoles y españolas estaban en contra de la guerra de Irak y nos manifestamos en nuestras calles en contra de la misma entre 8 y 11 millones de españoles. En el Congreso contó con el apoyo
mayoritario del Grupo Parlamentario Popular y tuvo el rechazo del resto de los grupos. Lamentablemente, en aquel momento había mayoría absoluta del Grupo Popular y tuvo el apoyo unánime del Gobierno del señor Aznar, con el señor Rajoy como vicepresidente del Gobierno. La guerra tuvo como consecuencia un conflicto que hoy en día todavía no se ha cerrado, con más de un millón de víctimas en actos violentos, cientos de miles de personas desplazadas y el abandono de un espacio que ha permitido posteriormente el desarrollo del Estado Islámico en Irak, apoyado y financiado directa o indirectamente por países como Estados Unidos o Arabia Saudí. Por tanto, es un conflicto que además del millón de víctimas tuvo víctimas españolas; fallecieron once militares españoles cumpliendo misiones. Fueron enviados a una guerra ilegítima e ilegal donde perdieron la vida siete agentes del CNI, tres militares y un comandante de la Guardia Civil, además de dos periodistas españoles que fallecieron en el conflicto, el cámara José Couso y el reportero Julio Anguita Parrado. A pesar del millón de muertos, señores como Aznar trabajan desde entonces para empresas norteamericanas, como News Corporation, a razón de 2,2 millones de dólares en estos diez años. Los otros protagonistas, el señor Bush y el señor Blair, de alguna forma han pedido perdón, han manifestado públicamente los errores de aquella guerra, pero todavía esperamos la rectificación por parte del expresidente español en aquel conflicto.
Quiero señalar también que nos parece poco adecuada la enmienda de Ciudadanos en relación con la PNL propuesta por Esquerra. La enmienda de Ciudadanos dice que es innecesaria la Comisión, puesto que la responsabilidad quedó dirimida en el año 2004 tras el voto de los ciudadanos. Es como decir que los nazis no tuvieron responsabilidad política, puesto que los alemanes votaron y es innecesario evaluar políticamente las responsabilidades de los dirigentes de aquella Alemania porque quedaron dirimidas.
Por otro lado, el Grupo Socialista en esta Comisión hoy ha dicho dos veces que es un partido de izquierdas e internacionalista y de alguna forma nos ha descalificado llamándonos localistas. Quisiera decir que soy representante de Izquierda Unida, una organización de izquierda internacionalista que ha estado en contra de la guerra de Irak, pero también en contra de la guerra de Yugoslavia y de Libia, donde coincidimos y estamos tratando de construir una alternativa con los compañeros de Podemos-En Comú Podem-En Marea, y no aceptamos que el Partido Socialista nos dé lecciones sobre qué es la izquierda internacionalista, puesto que consideramos que priman más los hechos que las palabras y el pasado sábado en el debate de investidura vimos cómo el partido de izquierda internacionalista le dio el Gobierno al señor Rajoy y al Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bustamante.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Tarno.
El señor TARNO BLANCO: Gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar en contra de esta proposición no de ley primero porque es ilegal. Lo que es ilegal es la PNL. El contenido de la misma es de imposible cumplimiento. Comete errores garrafales de carácter jurídico, porque la creación de comisiones en este Parlamento está regulada en el Reglamento del Congreso, es clara y concisa y, a través de algunos acuerdos de la Mesa, también la creación de una subcomisión. La creación de comisiones gubernamentales, ministeriales o interministeriales que recoge el artículo 21 y 22 de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por las Cortes, y que entró en vigor el 1 de octubre de este año, tampoco ampara esta Comisión, porque para crear esta Comisión a la que alude el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña en sus artículos 22 y 21 tienen que ser miembros de los ministerios. Por tanto, es de imposible cumplimiento y de imposible encaje legal. A partir de ahí podemos entrar en cualquier fondo del asunto. Por eso, lo que es ilegal e ilegítima es la PNL presentada, porque no se puede cumplir. No es posible el cumplimiento. Los asesores del señor Tardà esta vez se han equivocado. Entre falta y falta de ortografía del señor Rufián aquí han metido también algún error que otro en cuanto a la proposición no de ley. Aquí se crean comisiones y subcomisiones de manera habitual, pero esta extraña composición de una comisión amparada en una ley que no viene al caso, evidentemente no es posible. A partir de ahí se tendría que terminar, dudo hasta de la calificación, ¿qué quieren que les diga?
La intervención del Reino de España en Irak fue legal y legítima. Y no lo digo yo, lo dice el Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero y lo firman en el Real Decreto-ley 8/2004, que dice: La participación española, amparada por las resoluciones 1441, 1483 y 1511, se concretó en el envío de dos diferentes tipos de unidades con la misión de ayuda humanitaria y restablecimiento de la seguridad. La primera operación de ayuda humanitaria fue autorizada mediante acuerdo de Consejo de Ministros
de 21 de marzo de 2003, que autorizó el despliegue en Um Qsar del buque Castilla y diversas unidades de apoyo. Por acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2003, se autoriza el despliegue de la Brigada Multinacional Plus Ultra, con un máximo de 1.300 efectivos, que se integra dentro de la División Multinacional Centro-Sur, cuyo mando ostenta Polonia y despliega en la zona central de Iran, An Najaf y An Nasiriya. Ordenado el repliegue por el Gobierno, las unidades españolas finalizaron su presencia en la zona el pasado 27 mayo de 2004.
Por lo tanto, señor Sánchez Amor, legítima y legal, porque lo dice el Gobierno de España presidido por don José Luis Rodríguez Zapatero. Esto lo firma doña María Teresa Fernández de la Vega, don José Bono, don Miguel Ángel Moratinos, don José Antonio Alonso, el señor Caldera, don Jordi Sevilla; firmaron que era legal y legítima en el año 2005. Es más, esto no tendría que estar aquí hoy debatiéndose, porque ya se aprobó -se ha equivocado de fecha el señor Tardà, yo lo entiendo-, en el año 2006 una propuesta de resolución de ERC con una enmienda de Convergència i Unió, y le daba tres meses al Gobierno de la nación para presentar el informe. ¿Y sabe lo que hizo su Gobierno, el Gobierno que presidía y que usted sustentaba, señor Sánchez Amor? No presentar el informe; y no estaríamos hablando de esto. ¿Y sabe usted por qué el señor Tardà, que es diputado desde 2004, ya no le interesó el informe y no lo pidió tres meses después? Porque entonces el PSOE y ERC estaban en lo que estaban, en el Estatuto, en la cuestión catalana, y ya no interesaba la guerra de Irak. En aquel momento, en 2006, ya no le interesó a usted la guerra de Irak; y en ninguno de esos años en los que usted fue diputado, porque es diputado desde 2004, señor Tardà, pidió que ese informe se presentara. No hay ni un escrito en esta Cámara del señor Tardà reclamando el informe. Ahora, en 2016, vienen a reescribir la historia, que les encanta reescribir la historia. La izquierda española tiene una obsesión con reescribir la historia y la historia no se reescribe en el parlamento. La historia, con el paso del tiempo, la escriben los historiadores. La historia no se va a cambiar por lo que ustedes digan o planeen. Por eso, la resolución fue legal y legítima; y, además, se dieron explicaciones. Aquí, en esta Cámara, hubo cuarenta y dos intervenciones para explicar este asunto: once del presidente del Gobierno, cinco de los vicepresidentes del Gobierno, dieciocho del ministro de Defensa, siete del ministro de Asuntos Exteriores; hubo dos comparecencias en la Comisión de Secretos Oficiales, una del ministro de Defensa y otra del director del Centro Nacional de Inteligencia para explicar los acontecimientos que provocaron la muerte de ocho compatriotas nuestros en aquella intervención. Por eso, los países serios los asuntos del pasado los tratan con seriedad y rigor, no con propuestas ilegales, como la que presenta el señor Tardà....
El señor PRESIDENTE: Señor Tarno, tiene usted que ir acabando.
El señor TARNO BLANCO: Por eso, no podemos votar que sí, porque, además, es un engendro jurídico. No hay posibilidad de crear lo que plantea ERC, y no sé si se puede enmendar algo que es per se un engendro jurídico. Por eso, no entiendo qué hace aquí esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tarno.
Para dar su parecer sobre las enmiendas, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: ¿Me deja diez segundos?
El señor PRESIDENTE: Si es para entrar en disquisiciones políticas tiene diez segundos, porque luego tiene usted otra intervención.
El señor TARDÀ I COMA: Respeto las palabras que ha dicho el compañero Sánchez Amor, por supuesto, pero también, a efectos solo del Diario de Sesiones quiero decir que el diputado de nuestro grupo, al cual hacía referencia, hablaba en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor PRESIDENTE: Doy por hecho que admite usted la enmienda.
El señor TARDÀ I COMA: De hecho, me he tomado la libertad de leerla antes de que él dijera que sí.
El señor PRESIDENTE: Es lo que he interpretado, muchas gracias.
- SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PENSADO ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA PROLONGADA SUSPENSIÓN DEL PAGO DE PENSIONES, POR PARTE DEL GOBIERNO DE VENEZUELA, A SUS BENEFICIARIOS EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000679).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley sobre las medidas que tiene pensado adoptar el Gobierno ante la prolongada suspensión del pago de pensiones por parte del Gobierno de Venezuela a sus beneficiarios en España. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Ciudadanos y para su defensa tiene la palabra el señor Maura.
La PNL que presenta el Grupo Ciudadanos a su consideración en estos momentos tiene que ver con la desastrosa gestión económica del Gobierno de Venezuela, una gestión que habría que acumular a la actuación política que avanza hacia un golpe de Estado del Gobierno sobre las instituciones representativas del país, como ha puesto en evidencia últimamente la reciente declaración de los expresidentes vinculados a la organización IDEA, en sus siglas Iniciativa Democrática de España y las Américas. (El señor vicepresidente, Madina Muñoz, ocupa la Presidencia). La angustia que está atravesando Venezuela se observa con claridad en el WhatsApp que he recibido esta misma tarde por parte de Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López, y que el presidente me permitirá que lea en este momento: Le exigimos a Maduro que nos dé una fe de vida de Leopoldo antes de las ocho de esta tarde. Leopoldo López desde el viernes está aislado y sus familiares y abogados no tenemos ninguna información de él. Los familiares y abogados de Leopoldo tenemos ciento veinte horas sin saber nada de él.
Como les decía, esta propuesta se basa más concretamente en la crisis humanitaria que está suponiendo la pésima gestión del régimen presidido por Maduro, que en diciembre de 2015 interrumpió el pago de las pensiones a sus beneficiarios del exterior, afectando a 3.800 personas al menos en España -seguramente más, porque desconocemos la cifra real-, de las que buena parte residen en Asturias. Se trata de personas que llevan ya unos nueve meses sin percibir sus pensiones, lo que está dando lugar a episodios de gran dramatismo si se tiene en cuenta que para muchos esta pensión constituye la única fuente de ingreso familiar. En la explicación previa a la PNL mostramos el caso de una pensionista residente en Oviedo que falleció porque carecía de recursos para adquirir la medicación necesaria para tratar su dolencia renal, o el de un enfermo de cáncer que se suicidó porque no podía pagarse el tratamiento, por no referirme a los desahucios o a la asistencia de los afectados a comedores sociales. Muchos de estos pensionistas que no están percibiendo su pensión han acudido a las comunidades autónomas en busca de ayudas que contribuyan a paliar su situación, aunque solo en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Tenerife las han conseguido, y solo los ciudadanos que tienen doble nacionalidad o residen desde hace más de diez años en España se han visto beneficiados por las mismas.
Como quiera que el pago de las prestaciones a los pensionistas venezolanos está previsto en un acuerdo entre las seguridades sociales española y venezolana, la PNL pide al Gobierno español que exija al venezolano el cumplimiento del convenio y, en todo caso, que presente al Congreso alguna alternativa a esta situación. La solidaridad de España respecto de la deriva antidemocrática que sufre Venezuela, y especialmente con los venezolanos más próximos a la crisis humanitaria que vive su país, debería trascender a las palabras y concretarse en los hechos. Creo que esta es la oportunidad que tiene esta Comisión, este Parlamento, de hacer visible nuestra solidaridad concreta con la población venezolana, sobre todo con la más cercana a nosotros, la que vive con nosotros.
El señor VICEPRESIDENTE (Madina Muñoz): Muchas gracias, señor Maura.
En el turno de los grupos parlamentarios, tiene la palabra por el Grupo Mixto, el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias.
Quiero anunciar que nosotros vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley, que efectivamente describe un problema que por desgracia no nos sorprende, porque las noticias sobre la economía venezolana son continuas y reflejan un estado semicomatoso de la misma. Esto no es sino una consecuencia más del desgobierno que vive ese país hermano. Quiero agradecer al Grupo Ciudadanos que haya traído esta propuesta y que hoy, en una agenda muy internacional -Gibraltar, refugiados, Irak, brexit, acuerdo Unión Europea-Canadá-, hayamos podido meter en el foco mediático este problema más
concreto, pero real, como digo. Ojala que la propuesta que se hace fuera más eficaz. Creo que peca de voluntarismo, la vamos a apoyar pero es más voluntarismo que eficacia. En todo caso, más allá de las afinidades, fobias o críticas de unos y otros sobre el actual Gobierno de Venezuela, creo que deberíamos intentar consensuar un acuerdo o un texto conjunto, que responda, por un lado, a la realidad de lo que pasa, de lo que se denuncia, que es un hecho objetivo e injusto y, por otro lado, responda a la preocupación de todos, esperando que las cosas en aquel país mejoren, aunque no parece que vaya ser así. En todo caso, y saliéndome un poco del tema, quisiera abogar en este asunto por los buenos oficios de la diplomacia vaticana, que ha iniciado un diálogo en ese país. Deseo que sirva para que se recuperen una serie de libertades, para que algunos políticos recuperen su libertad física y también para que se recuperen los derechos de las personas y a su vez se llegue a una cierta estabilidad, se reconduzca una economía que, como vemos hoy, también afecta a personas que conviven con nosotros.
El señor VICEPRESIDENTE (Madina Muñoz): Gracias, señor Salvador.
El señor XUCLÁ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente para anunciar el voto favorable del Partit Demòcrata y para subrayar que estamos trabajando en Comisión, que ya hemos empezado con el inicio de la legislatura a trabajar de forma concreta sobre textos precisos. Es muy importante delimitar el objeto de la votación de esta tarde. Señorías, a veces en el debate parlamentario uno habla de una cosa para hablar de otra, y exactamente el objeto de esta iniciativa de Ciudadanos es denunciar el incumplimiento de un convenio bilateral que tiene suscrito Venezuela con España, que obliga y compromete al Gobierno de Venezuela a pagar a los pensionistas venezolanos en España. Señorías, quizás mi declaración no es muy épica, pero creo que es muy bueno llamar la atención de lo que estamos votando, porque no me pasa por la cabeza que ningún grupo parlamentario pueda estar en contra del cumplimiento de un convenio bilateral. No estamos en el trazo grueso de algunos discursos de los últimos meses; estamos trabajando pensando en personas concretas. Por esto anuncio nuestro voto favorable.
El señor VICEPRESIDENTE (Madina Muñoz): Gracias a usted, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, la señora Surra tiene la palabra.
La señora SURRA SPADEA: En primer lugar, quisiera poner algo de contexto a la propuesta de Ciudadanos, ya que sin el contexto el texto no tiene sentido. Después de que la derecha venezolana promulgara a finales de los años noventa la liquidación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Gobierno bolivariano rescató el sistema de pensiones venezolano y ha protegido permanentemente a los pensionados y jubilados durante más de dos décadas. De hecho, no solo se rescató el sistema de pensiones venezolano, sino que el número de beneficiarios se incrementó exponencialmente y de forma sostenida, pasando de 376.490 en el año 1998 a 3.081.381 en 2016. Para que nos entendamos, en 1998, apenas el 19% de las personas en edad de recibir la pensión de la Seguridad Social, lo hacía, y en 2016 la recibe el 84,67% de los que tienen derecho. Pero no se trata solo de la cantidad de personas sino también de las cantidades de las pensiones, unas pensiones que hasta 1999 eran de miseria, ya que se mantenía la cuantía del último salario del trabajador, sin importar la inflación, que en Venezuela siempre ha sido alta. Solo en 2016 se han realizado cuatro aumentos de salario mínimo y pensiones: en enero, el 52%; en mayo, 35%; en septiembre, 93%, y el pasado 27 de octubre se anunciaba el cuarto incremento de 2016, de un 40%, del salario mínimo integral, incluyendo pensiones para todos los trabajadores con efecto a partir de ayer, 1 de noviembre. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Pero el problema radica en el efecto perverso de la especulación cambiaria, manipulación artificiosa del precio no oficial de la divisa internacional dólar como parte de la guerra económica que se libra contra el Gobierno sobre la moneda venezolana, el bolívar. El presidente Hugo Chávez incorporó a los pensionados en el exterior el convenio cambiario al considerar que se trata de un sector sensible y vulnerable, de modo que los montos correspondientes a sus pensiones en el exterior permanecieran protegidos a través de los mecanismos gubernamentales para regularizar los precios del dólar y proteger la economía nacional, una situación que ha continuado con el presidente Maduro y, de hecho, el Estado venezolano no ha dejado de otorgar nuevas pensiones, incluyendo a sectores que jamás se habían beneficiado de este derecho social.
En España a día de hoy hay alrededor de 4.000 pensionados y jubilados venezolanos amparados por los distintos convenios suscritos entre Venezuela y España. Los consulados de Venezuela y la propia embajada en España están en contacto permanente con sus conciudadanos y han recibido a representantes de distintas asociaciones de pensionados y jubilados en España, preocupándose por suministrar a las autoridades en Caracas toda la información para que la problemática se resuelva lo antes posible. Otro aspecto del contexto es una coyuntura económica muy crítica que provoca un lamentable retraso en el pago de las pensiones, algo que el Gobierno venezolano ha reconocido. El atraso comenzó a finales de 2015 por la escasez de divisas en el país. El presidente Nicolás Maduro declaró que la diferencia de los ingresos petroleros de enero de 2015 frente a los ingresos de enero de 2016 representaron una caída de casi 1.000% en los ingresos de la nación: pasaron de 815 millones de dólares a apenas 77 millones de dólares solo en ese año. Y todo esto ocurre en un clima de agudización exponencial de las acciones de sabotaje de la derecha opositora para acabar con el Gobierno de Maduro. Entre las acciones que inciden en el sistema de pagos internacionales venezolanos, destaca la decisión arbitraria e injustificada de City Bank de cesar sus operaciones como banca corresponsal de Venezuela, es decir, las cuentas por las cuales el país realiza sus pagos en el extranjero.
Conocemos los esfuerzos del Gobierno venezolano para atender de manera efectiva la problemática generada a los pensionados y jubilados en el exterior, buscando salvaguardar todos sus derechos, y visto el contexto y los antecedentes este grupo no tiene ninguna duda en que estos esfuerzos están orientados a que los pensionistas venezolanos residentes en España recuperen sus pensiones lo antes posible y por esta razón no vamos a apoyar la propuesta que presenta y que da a entender que no existe tal voluntad; más aun, cuando hace pocos días, todas las fuerzas vivas de Venezuela, junto con el Vaticano y el señor Rodríguez Zapatero, han comenzado los acuerdos de paz entre todos ellos. No quisiera acabar mi intervención sin preguntarme sobre la obsesión de ciertos grupos parlamentarios acerca de Venezuela y su falta absoluta de interés sobre países como Arabia Saudí, un gran cliente de la industria armamentista española y un violador sistemático de los derechos humanos; o Turquía, que persigue a periodistas, maestros, sindicalistas y al pueblo kurdo, por poner dos ejemplos de mucha más proximidad.
Tiene la palabra por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, las relaciones de España con los países de América Latina han sido largamente ya discutidas en esta Comisión. Otras fuerzas políticas han expuesto una determinada forma de entender estas relaciones, una mirada que no compartimos por cuanto estamos convencidos de que cabe estrechar aún más los lazos con nuestros hermanos latinoamericanos sin la necesidad de promover un segundo desembarco de las carabelas, trasfiguradas ahora en trasnacionales como Telefónica, Endesa o el Banco Santander, sino más bien a través del intercambio en condiciones de igualdad y de mutuo beneficio con una ventaja fundamental añadida, y es que habitamos una misma lengua, como decía el filósofo rumano Emil Cioran, lo que nos hace aún más hermanos y si cabe aún más iguales. Por tanto, la problemática que afecta ahora a estos países nos afecta sin duda también a nosotros.
La caída del precio de las commodities, especialmente del crudo, pero no solo, ha supuesto un duro golpe para un continente dependiente de su matriz primario-exportadora pero que antes se había beneficiado de una larga década de precios altos. Ello coincide con el declive de un ciclo político de carácter progresista que, sin embargo, fue capaz de alumbrar uno de los momentos de mayor crecimiento y redistribución social en la historia de la región, como así lo atestiguan las estadísticas de Naciones Unidas y del mismísimo Banco Mundial, señorías. Venezuela representa mejor que ningún otro país las bondades y contradicciones de esta última época. Tras el nacimiento de la V República, el país ha vivido uno de los progresos más significativos en los principales indicadores de desarrollo humano manejados por el programa de Naciones Unidas para el desarrollo. Así, la República Bolivariana presenta un incremento espectacular sostenido de su IDH entre los años 2000 y 2014, llegando en este último año a 0,764%, que aproximadamente son cifras similares a las que manejaba España en los años noventa. Actualmente pasa por una grave crisis económica que ha provocado momentos de gran tensión política interna. El choque frontal entre Ejecutivo y Legislativo ha profundizado en una fractura ya abierta poco después del fallecimiento del presidente Chávez. Los esfuerzos de mediación de entidades como Unasur, de personalidades como el expresidente Zapatero o de la misma diplomacia vaticana contrastan con el
silencio del Palacio de Santa Cruz, así como con las declaraciones injerencistas, poco edificantes, yo diría incluso que inflamables, que se realizan desde determinados partidos y medios de comunicación. Seguramente no hayan sido estas las intervenciones que hayan permitido el excarcelamiento de seis presos recientemente ni el nivel de distensión que se ha logrado en los últimos días y horas. Insisto, no habrá sido España quien haya conseguido este avance, sino yo diría más bien una diplomacia como la del Vaticano, que por lo demás no es sospechosa de ser de izquierda radical, como ya se ha puesto aquí en boca de algunos diputados del Partido Popular.
Por otro lado, las pensiones en España -cambio de tercio, pensiones-, las presentes y futuras, se han convertido en uno de los grandes temas del debate político. Las serias dudas que recaen sobre la sostenibilidad a medio plazo de nuestro sistema público de pensiones han hecho saltar una importante alarma social; más de siete millones de pensionistas presentes y otros tantos que esperan beneficiarse aún, quién sabe si ilusoriamente, de un Estado del bienestar en franca decadencia. Pero ¿por qué nos encontramos hablando hoy aquí de dos temas tan aparentemente dispares? ¿Acaso el futuro de nuestros pensionistas depende de nuestras relaciones con América Latina? En realidad no tiene nada que ver. Déjenme, sin embargo, señorías, que adivine el proceso de elaboración de esta iniciativa. Alguien en Ciudadanos ha leído alguna noticia en un diario -digamos, por ejemplo, La Voz de Asturias- y se le ha ocurrido esa misma mañana que esto le sirve para cubrir el casillero de iniciativas parlamentarias. En un ejercicio evidente de cuñadismo político -nuevo ejercicio de cuñadismo-, los amigos de Ciudadanos improvisan no una iniciativa parlamentaria, no, tres iniciativas: una pregunta por escrito, de ahí una proposición no de ley en Comisión y de ahí una proposición no de ley en Pleno. Enhorabuena, señores de Ciudadanos, tienen ustedes un afilado instinto para la polémica. Son ustedes unos sabuesos para olfatear buena mercancía política por la mañana, con el cafecito y los bollos: pensiones y Venezuela. Bingo. Y además me como uno y me cuento tres iniciativas, como en el parchís. El problema es que esto es la Comisión de Asuntos Exteriores y aquí deberíamos venir con planteamientos un poco más trabajados, al menos que obedezcan a algo más que al capricho del que se sienta con su cruasán de mañana a jugar a hacer política.
Primero -aquí vamos a la parte resolutiva- ¿se han molestado en preguntar al Gobierno o en hablar con algún responsable de la Seguridad Social española, que seguro está detrás del caso, como así lo atestigua alguna noticia en prensa -hablo de detalles, plazos, personas afectadas- sobre las gestiones que se han realizado ya al menos? Por la redacción de la primera proposición nadie lo diría. En la segunda proposición ni me detengo porque es una deducción de la primera, más bien yo diría que es una perogrullada. Si se está preguntando por la falta de cumplimiento de un convenio, se sobreentiende que se está solicitando su cumplimiento, con lo cual, por cierto, estamos de acuerdo. La tercera cuestión es que, si realmente hubiera una voluntad de solucionar el problema que afecta a estos miles de españoles o de venezolanos, sabrían que el problema se arrastra al menos desde enero, como ya se ha dicho, y que por tanto el Gobierno español debería estar implementando ya medidas paliativas. No esperemos a que el Gobierno venezolano diga que ahora he recibido, sino ya -realmente si les importaran las personas y no los significantes como Venezuela y pensionistas que, como digo, les suena así como una gran carambola-, en lugar de tener que esperar a la respuesta de un Gobierno que además es un Gobierno lejano que atiende actualmente a una crisis económica extendida por todo el país.
Para terminar, presidente, les diría a sus señorías de Ciudadanos que durante la pasada investidura el señor Rivera llamó desde la tribuna a ponerse a trabajar, entre comillas. Pues bien, si esto es un ejemplo de lo que ustedes entienden por esta expresión no solo van a ser ustedes muy funcionales al inmovilismo sino propiamente al descrédito de esta Cámara. Por lo tanto, ante la falta de seriedad que nos parece tiene esta iniciativa, votaremos directamente en contra.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Gutiérrez Limones.
El señor GUTIÉRREZ LIMONES: De nuevo muchas gracias, señor presidente.
Tomo la palabra en nombre del Grupo Socialista para manifestar nuestro apoyo a esta proposición no de ley del Grupo Ciudadanos que pretende dar respuesta, sencillamente, a la situación que viven miles de emigrantes españoles retornados de Venezuela y también muchos venezolanos que después de su jubilación han venido a vivir a nuestro país y que se encuentran en una situación a veces dramática por el incumplimiento por parte del Gobierno de Venezuela del convenio suscrito con nuestro país y el impago
de sus pensiones. Pero, al mismo tiempo, queremos solicitar al Gobierno de España que, en coordinación con las comunidades autónomas, dé respuesta inmediata a situaciones que no pueden esperar. Hay verdaderos dramas y situaciones personales y familiares que sencillamente no pueden esperar a la solución definitiva de este problema y, en este momento, nosotros, los españoles -el Gobierno, las instituciones- tienen que dar respuesta a esto.
Por otro lado, es de sobra conocido por todos la posición de nuestro grupo en relación con la situación de los derechos humanos y libertades públicas en Venezuela y queremos manifestar nuestra satisfacción por la apertura de este periodo de diálogo con la intermediación del Vaticano, del expresidente español Rodríguez Zapatero, los expresidentes de Panamá y República Dominicana y el presidente de Costa Rica. Por último, desbloquear el conflicto político-institucional que vive Venezuela es fundamental, es una prioridad pero, al mismo tiempo, lo que no podemos dejar de atender es la situación de crisis humanitaria. Lo manifiesta la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, Mercosur y lo que solicitamos al Gobierno venezolano es que reconozca esta situación de crisis humanitaria que vive y que se permita que llegue esta ayuda que dé respuesta a las situaciones que están viviendo muchísimos venezolanos y muchísimas familias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez Limones.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Hoyo.
Señorías, por culpa de una nefasta gestión del Gobierno chavista de Maduro -muy admirado por cierto por algunos grupos de esta Cámara-, Venezuela está pasando por una grave situación de crisis política y económica. El Partido Popular y este grupo parlamentario llevan muchos años alertando de la grave situación de Venezuela respecto a la falta de normalidad democrática y a la falta de libertad. Allí, en este momento, se está incumpliendo la Constitución; se está incumpliendo el Estado de derecho y se está incumpliendo la separación de poderes. Además, cada mes son más los presos políticos, personas que por expresar lo que piensan son encarceladas y privadas de libertad.
Respecto a la crisis económica, ¿qué decir? Hay muchas personas que seguro que todavía se preguntan cómo un país con tanto potencial, con tantos recursos naturales, el país que más reservas petrolíferas tiene a nivel mundial tiene una previsión de una contracción del 8% a nivel económico. La respuesta es sencilla, señorías: populismo. Sí, un Gobierno populista es el que ha llevado a la situación que viven los venezolanos en este momento; un Gobierno populista es el que ha hecho que los venezolanos en este momento no tengan los productos básicos, no tengan los alimentos de primera necesidad, que los enfermos no tengan medicinas y que los niños y los bebés no tengan ni leche ni pañales. Un Gobierno populista es el que ha causado esta situación; una situación que sufren todas las personas que viven en Venezuela pero que también sufren muchas personas que viven fuera.
Como dice la proposición no de ley que estamos debatiendo en este momento, hay muchas personas -venezolanos y españoles que han vivido y cotizado en Venezuela- que tienen derecho a una pensión por el sistema venezolano de pensiones y que, sin embargo, desde hace nueve meses no la están cobrando. Esas personas están reivindicando algo que les corresponde por derecho. Todas las personas que han trabajado y cotizado y que ahora están jubiladas tienen derecho a recibir una pensión. El Gobierno de Mariano Rajoy está preocupado y ocupado en esta cuestión. En septiembre se reunió el director general del Instituto Nacional de Seguridad Social con el presidente de la Asociación de pensionistas y jubilados de Venezuela para abordar y conocer de primera mano este problema en profundidad. El 15 de septiembre el Gobierno de España hizo un requerimiento formal para exigir al Gobierno de Venezuela el cumplimiento del convenio mencionado en la proposición no de ley que estamos debatiendo en este momento. Vamos a votar a favor de esta PNL porque creemos que es de justicia seguir trabajando para solucionar el problema que están viviendo muchas personas en España y que, como decía, lo están pasando mal. Además, seguiremos trabajando para conseguir que Venezuela tenga una normalidad democrática.
Señores de Podemos, coincidimos en que hay que traer los temas bien trabajados, pero, en nuestra opinión, tienen que obedecer a algo más que a una buena remuneración. Somos partidarios de estrechar lazos, por supuesto, pero no tanto como para cobrar a costa de dinero que debería ir dirigido a ellos, a los venezolanos.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Guijarro García pide la palabra).
No, señor Guijarro, siempre se hacen alusiones entre los grupos que, además, se reiteran, están respondidas muchas veces. (La señora Rodríguez Hernández: Si pide turno por alusiones, nosotros también). Usted ha hecho alusión a Ciudadanos y, además, ha hecho unas alusiones mucho más concretas (La señora Rodríguez Hernández: Graves). Por lo tanto, no hay turno de alusiones y damos por terminado este punto.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES, PARA EL ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA SALIDA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE DE LA UNIÓN EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 158/000002).
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al último punto, que es debate y votación de la solicitud de creación de una subcomisión en el seno de esta Comisión de Asuntos Exteriores para el estudio de las consecuencias derivadas de la salida del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea. Esta propuesta la ha hecho el Grupo Socialista y tiene la palabra el señor Sánchez Amor.
Voy a ser muy breve porque no se trata de avanzar aquí ninguna posición política de fondo, sino de la decisión de crear o no esta subcomisión. Por tanto, no voy a insistir en la importancia que tiene para nuestro país y para todo el conjunto de la Unión Europea la decisión que tomaron los británicos en el referéndum de hace unos meses en relación con su no continuidad en la Unión Europea. El asunto tiene todo tipo de derivadas y va a afectar en nuestro país a una enorme cantidad de sectores que deben ser tenidos en cuenta. Nos parece que el Parlamento no debe permanecer ajeno a una situación como esta, en la que tantos intereses españoles y europeos se juegan. La posición del Parlamento español no debe ser solo la del puro examen de los asuntos que a partir del brexit afectan a nuestro país, sino que, como Parlamento de un miembro de la Unión Europea, debemos plantearnos cómo colaboramos o cuál va a ser el papel de las instituciones europeas en esta negociación del brexit.
A pesar de lo que parece, la negociación del brexit ya ha comenzado. Hay una cierta sensación de que no comenzará hasta que Gran Bretaña no active el famoso artículo 50, pero la señora May se está paseando por todas las cancillerías europeas negociando. Este es un aspecto que quiero reiterar porque ya lo he dicho en alguna ocasión y que debe mantenernos alerta. Una estrategia británica ha sido, desde el primer momento, sabiendo que la posición de las instituciones europeas va a ser más dura, tratar de alcanzar acuerdos en asuntos sectoriales bilaterales con todos los países miembros que pueda para que la posición de dichos países miembros sea más flexible y comprensiva con las necesidades británicas. El señor Margallo ya nos anunció en una reunión informal que España intentará introducir a Gibraltar en la agenda vinculada al brexit, Malta intentará meter a sus titulados universitarios en las instituciones británicas, Irlanda seguramente intentará alguna flexibilización de su frontera con Irlanda del Norte y yendo por este camino Gran Bretaña va consiguiendo aliados a base de una agenda bilateral que deja fuera del debate, por una posición puramente adjetiva, a quien debe estar negociando. De quien se divorcia Gran Bretaña no es ni de España ni de Polonia ni de Holanda, es de la Unión Europea, por lo que la interlocución en nombre de la Unión Europea para negociar esa salida debe ser de las instituciones europeas, especialmente de la Comisión, que es la que tiene la capacidad técnica para ir desentrañando desde el punto de vista jurídico una difícil maraña de relaciones que ahora hay que ir disolviendo poco a poco. Por tanto, la negociación ya ha empezado. No creo que este Parlamento, como otros, deba esperar a que se formalice el artículo 50 porque ya se han comenzado a dar todo tipo de movimientos en estos meses desde el mismo momento en que se supo la decisión británica.
Los compañeros portavoces hemos planteado una cuestión relativa a la ubicación de la Comisión. Creo que había razones de todo tipo para que la subcomisión se pidiera para esta Comisión de Asuntos Exteriores o para la Comisión Mixta para la Unión Europea. Tiene todo el sentido que el debate lo tengamos aquí porque la Comisión Mixta para la Unión Europea no está formada, pero la decisión de que la subcomisión se vincule a la de la Unión Europea tiene también su lógica porque, como yo decía irónicamente a algunos compañeros, a los británicos hay que acostumbrarlos a que la relación con España a partir de ahora no se hará en la Unión Europea sino aquí y, por tanto, tendría sentido que se fuesen acostumbrando a la lógica de no ser un socio comunitario. Pero hay razones también perfectamente
atendibles para que la petición de subcomisión, aunque salga de aquí, se forme en la Comisión Mixta para la Unión Europea porque, a pesar de no ser legislativa y de tener una composición en la que las reuniones pueden tener alguna complicación, quizá desde el punto de vista puramente material tenga más sentido. Por tanto, en la medida en que se pueda hacer formalmente, nosotros, como grupo proponente, planteamos la creación de la subcomisión con la fórmula habitual proporcional que se decida por la Mesa, que puede ser la de las ponencias, pero para que se incardine o dependa de la Comisión Mixta para la Unión Europea por las razones que he expuesto. Espero el apoyo de los compañeros para que nuestros compañeros de la Comisión Mixta para la Unión Europea permitan a este Parlamento seguir, como otros parlamentos europeos, las muchísimas derivadas que tendrá la negociación futura de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.
Yo interpreto que las palabras del portavoz han sido consensuadas con los demás portavoces y está muy bien que queden recogidas en el Diario de Sesiones para manifestar la voluntad de esta Comisión. No podemos votar que se cree esta subcomisión en la Comisión Mixta para la Unión Europea porque es algo que tiene acordar la propia Comisión Mixta para la Unión Europea. Por tanto, lo que aquí constaría es que se retira esta petición para que se formule en la Comisión Mixta para la Unión Europea -de lo que quedará constancia en el Diario de Sesiones- con el acuerdo de todos y con esa finalidad.
Señorías, vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, proposición no de ley sobre actuaciones para hacer frente a la crisis humanitaria de los refugiados. Hay una transaccional que se ha repartido a todos los grupos y que sus señorías conocen. Se vota en esas condiciones.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 7.
Votamos la proposición no de ley sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG-CETA), presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Hay una enmienda de ERC que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 28.
Proposición no de ley sobre Gibraltar, con una enmienda transaccional que ha sido repartida a todos los portavoces y que sus señorías conocen.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 1; abstenciones,7.
Proposición no de ley sobre la necesidad de evaluar la participación española en la guerra, ocupación y reconstrucción de Irak. Se vota en los términos de la enmienda transaccional planteada.
El señor PRESIDENTE: El resultado es: 18 votos a favor y 18 votos en contra. Si el Grupo Parlamentario Mixto hubiera votado de forma unánime podríamos hacer la valoración de los votos de cada grupo pero, al haber votado de forma diferente, no puede hacerse, por lo tanto se repite la votación.
El señor PRESIDENTE: Se repite el resultado. Aquí ahora hay que dejar pasar un tiempo, pero como presidente voy a optar por repetir por tercera vez la votación, si a ustedes les parece bien. (Asentimiento).
Votamos la proposición no de ley sobre las medidas que tiene pensado adoptar el Gobierno ante la prolongada suspensión del pago de pensiones por parte del Gobierno de Venezuela a sus beneficiarios en España.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 8.
En cuanto a la solicitud de creación de una subcomisión, ya ha quedado explicado que ha sido retirada.

References: resolución 
 artículo 94
 artículo 135
 resolución 
 Resolución 
 artículo 97
 artículo 22
 resolución 
 artículo 21
 resolución 
 resolución 
 artículo 50
 artículo 50