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Timestamp: 2020-08-07 11:03:51+00:00

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Ley de Protección del Empleo - Núm. 2, Abril 2020 - COVID-19 Legal News - Noticias - VLEX 844293968
Con fecha 31 de marzo de 2020 se aprobó el proyecto de Ley “Que Faculta el Acceso a Prestaciones del Seguro de Desempleo de la Ley N° 19.728, en Circunstancias Excepcionales”, para contrarrestar los nocivos efectos de la enfermedad Coronavirus en la economía y particularmente en el empleo.
El foco de la Ley es, por un lado, que aquellas actividades o labores que no puedan seguir funcionando debido a un acto o declaración de autoridad, verán suspendidos de pleno derecho los efectos de la relación laboral (salvo pacto en contrario), por lo que el trabajador podrá acceder a las prestaciones del seguro de cesantía estando vigente la relación laboral; y por otra parte, dar la posibilidad de acordar una reducción de jornada, en cuyo caso operará un complemento por parte del seguro de cesantía para los trabajadores de empresas que se encuentren en las situaciones especiales que regula la ley.
I. Acceso extraordinario a prestaciones de cesantía por efectos de la declaración o acto de autoridad que disponga la paralización total de actividades
1.Cuándo aplica
Cuando exista un acto o declaración de autoridad que impida el cumplimiento de los servicios, esto es, un acto o declaración que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control de la enfermedad denominada COVID-19, que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados.
Para estos efectos el Subsecretario de Hacienda, deberá dictar una resolución fundada en la que señalará la zona o territorio afectado de conformidad a los efectos del acto o declaración de autoridad y, en su caso, las actividades o establecimientos exceptuados de la paralización de actividades. Esta resolución también deber firmada por el Subsecretario del Trabajo, previa visación del Director de Presupuestos.
La ley comienza a tener efectos desde que se publica en el Diario Oficial y rige de pleno derecho, es decir, sin necesidad de acuerdo entre las partes; salvo que exista un pacto entre empleador y trabajador a efectos de dar continuidad a la relación laboral durante este período, el que deberá constar por escrito.
Suspensión temporal de la relación laboral.
Para el trabajador: Implica el cese temporal, por el período de tiempo que el acto o declaración de autoridad determine, de la obligación de prestar servicios.
Para el empleador: Se suspende la obligación de pagar la remuneración, pero deberá continuar pagando las cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto de su cargo como aquellas del trabajador, con excepción de las cotizaciones del seguro social de la ley N°16.744 sobre Accidentes Del Trabajo y Enfermedades Profesionales, las que se calcularán sobre el 50 por ciento de la remuneración.
3. Requisitos para ser beneficiario
Registrar tres cotizaciones continuas en los últimos tres meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad.
Asimismo, podrán acceder aquellos trabajadores que registren un mínimo de seis cotizaciones mensuales continuas o discontinuas durante los últimos doce meses, siempre que a lo menos registren las últimas dos cotizaciones con el mismo empleador en los dos meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad.
4. A quiénes aplica
A todo trabajador afiliado al seguro de desempleo, que se vea impedido de cumplir con sus funciones debido al acto o declaración de autoridad.
A los trabajadores, afiliados al seguro de desempleo, cuyos empleadores hayan paralizado sus actividades por mutuo acuerdo o a consecuencia de un acto o declaración de autoridad; o que hayan pactado la continuidad de la prestación de los servicios, entre el 18 de marzo de 2020 y la fecha de entrada en vigencia de esta ley. En este caso, los trabajadores podrán acceder a las prestaciones establecidas en esta Ley, una vez dictado el acto o declaración de autoridad.
5. A quiénes NO aplica
Al trabajador que haya pactado con su empleador la continuación de los servicios y el pago total o parcial de sus remuneraciones, por ejemplo, en la modalidad de teletrabajo.
Al trabajador que reciba en el mismo período, subsidio por incapacidad laboral, cualquiera sea la naturaleza de la licencia médica o motivo de salud que le dio origen, durante el tiempo en que perciba dicho subsidio.
A trabajadores de Empresas que se dediquen a los servicios exceptuados de los efectos del acto o declaración de autoridad.
A trabajadores de las empresas que habiendo contratado o celebrado convenios que se financien íntegramente con cargo a la Ley de Presupuestos del Sector Público, reciban de los servicios o instituciones los pagos correspondientes.
6. Cómo opera el seguro
Se considerará el promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos tres meses en que se registren cotizaciones, anteriores al inicio del acto o declaración de autoridad.
Se pagará por mensualidades vencidas y se devengará a partir de la fecha en que comience a regir el acto o declaración de autoridad.
Si el acto o declaración de autoridad se extiende por un plazo menor a un mes, se pagará proporcionalmente.
Primero se girará contra la cuenta individual por cesantía del trabajador y cuando ello sea insuficiente, se financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. Las prestaciones se pagan en forma decreciente, partiendo de un 70% de la remuneración imponible y aplicando los porcentajes, meses y tablas del artículo 15 y 25 de la Ley Sobre Seguro de Desempleo (Ley N° 19.728), pero con un ajuste en el tramo inferior del fondo solidario, como pasa a explicarse:
Tabla Art. 15 Ley Sobre Seguro de Desempleo (cuenta individual):
ii. Tabla art. 25 Ley Sobre Seguro de Desempleo (fondo solidario y ajuste en valor inferior dado por esta Ley):
Meses Porcentaje Valor Superior Valor Inferior
Primero 70% $652.956.- $225.000.-
Segundo 55% $513.038.- $225.000.-
Tercero 45% $419.757.- $225.000.-
Cuarto 40% $373.118.- $200.000.-
Quinto 35% $326.478 $175.000.-
Y en el caso de trabajadores contratados a plazo fijo o por obra o faena:
Primero 50% $466.398.- $225.000.-
Segundo 40% $373.118.- $200.000.-
Tercero 35% $326.478.- $175.000.-
e.La Superintendencia de Pensiones estará facultada para dictar una norma de carácter general que regule la solicitud, registro, giro, cobro, pago, orden y sucesión de las prestaciones del seguro de cesantía que procedan por efecto de esta Ley.
Los trabajadores a quienes se apliquen los beneficios de esta Ley tendrán derecho a hacer efectivos los seguros de cesantía o cláusulas de cesantía asociadas a los créditos de cualquier naturaleza que sean éstos, con bancos, instituciones financieras, casas comerciales y similares, con los que mantengan deudas.
7. Obligaciones para el empleador
Debe mantener el pago de cotizaciones previsionales y de seguridad social, salvo las relativas a la ley N°16.744 de Accidentes Del Trabajo y Enfermedades Profesionales, las que se calcularán sobre el 50 por ciento de la remuneración.
En el caso de trabajadores de casa particular, el empleador solo estará obligado a continuar pagando y enterando la cotización de salud, y del seguro de invalidez y sobrevivencia.
Debe solicitar a la AFC la prestación del seguro, presentando preferentemente en forma electrónica una declaración jurada simple que dé cuenta de lo siguiente:
c.1. Que él o los trabajadores respecto de los cuales se solicita la prestación, no se encuentran en alguna de las situaciones descritas en el inciso tercero del artículo 1 de la ley, es decir, que no se trata de trabajadores que se encuentren en las situaciones de los puntos 5.a y 5.b de esta minuta.
c.2. Debe aportarse la información necesaria para efectuar el pago correspondiente al trabajador.
Con todo, el trabajador respecto del cual no se haya solicitado el beneficio podrá, individual o colectivamente, requerir la prestación respectiva, presentando una declaración jurada en el mismo tenor señalado.
El empleador debe remitir mensualmente a la Dirección del Trabajo, por medios electrónicos, la nómina de trabajadores que se hayan visto afectados por la suspensión de las obligaciones contractuales respecto de las cuales se hayan solicitado las prestaciones que regula esta Ley.
8. Restricciones para tener en cuenta
Durante la vigencia de la suspensión, solo se puede poner término a la relación laboral por la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo (necesidades de la empresa / desahucio escrito del empleador).
Durante un plazo de 6 meses desde la publicación de la Ley en el Diario Oficial, o bien, existiendo el Estado de Catástrofe decretado por el Presidente de la República, no se podrá poner término a los contratos de trabajo por la causal de caso fortuito o fuerza mayor, invocando como motivo los efectos de la pandemia de COVID-19.
En el caso de trabajadores que hayan recibido las prestaciones establecidas en la presente ley, en caso de término de contrato por el artículo 161 del Código del Trabajo; el empleador no podrá descontar de la indemnización por años de servicio, el saldo aportado por el empleador en este tiempo a la cuenta individual de cesantía del trabajador.
9. Quién fiscaliza
La Dirección del Trabajo, en conocimiento de los antecedentes que proporcione el empleador en la remisión mensual y los que pueda recabar en función de sus facultades fiscalizadoras, podrá determinar el incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley, aplicando las sanciones que en derecho correspondan, según sea el caso, y derivando los antecedentes a los tribunales de justicia.
Las partes podrán denunciar ante la Inspección del Trabajo los incumplimientos que se deriven de los pactos establecidos en la presente ley, sin perjuicio de la facultad de éstas para recurrir a los Tribunales de Justicia competentes.
Las personas que, conforme a la presente ley, obtuvieren mediante simulación o engaño complementos y/o prestaciones y, quiénes de igual forma, obtuvieren un beneficio mayor al que les corresponda, serán sancionadas con reclusión menor en sus grados medio a máximo.
Igual sanción se aplica a quienes faciliten los medios para la comisión de tales delitos.
Los empleadores que sean personas jurídicas serán responsables de los delitos que fueren cometidos directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que la comisión de tales delitos fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de la persona jurídica, de los deberes de dirección y supervisión, y serán sancionados con multa a beneficio fiscal correspondiente al doble del monto del beneficio indebidamente recibido y prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado por dos años.
También serán responsables los empleadores que sean personas jurídicas, cuando dichos delitos sean cometidos por personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de los sujetos antes mencionados.
11. Empleadores cuya actividad se vea afectada total o parcialmente
Podrán suscribir con trabajadores afiliados al seguro de cesantía en forma personal, o previa consulta a la organización sindical a la que se encuentre afiliado, un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo.
En este caso, cumpliendo los requisitos señalados para ser beneficiarios (3 de esta minuta), los trabajadores tendrán derecho a acceder a las prestaciones del seguro de cesantía.
Este pacto solo puede celebrarse fuera de los períodos en que rija un acto o declaración de autoridad y hasta un plazo de 6 meses contado desde la publicación de la Ley en el Diario Oficial.
Si durante la vigencia de este pacto, se decrete un acto o declaración de autoridad, se suspenderá su vigencia, la que continuará de pleno derecho una vez finalizada la vigencia del mandato de la autoridad.
El empleador y el trabajador y/o el representante de la organización sindical respectiva, que lo represente, según sea el caso, deberán presentar ante la AFC preferentemente de forma electrónica, una declaración jurada simple, suscrita por ambas partes, en la que deberán dar cuenta de lo siguiente:
Que la actividad de la empresa se ha visto afectada total o parcialmente.
ii. Que el o los trabajadores, no se encuentran en las situaciones de los puntos 5.a y 5.b de esta minuta.
Las partes serán personalmente responsables de la veracidad de las declaraciones en el documento.
Las partes no pueden pactar la ejecución diferida de la suspensión.
12. Empresas de servicios esenciales
En el caso de empresas que deban continuar funcionando durante la vigencia del acto o declaración de autoridad, para garantizar la prestación de servicios de utilidad pública, la atención de necesidades básicas de la población, y para garantizar la prevención de daños ambientales y sanitarios, podrán alterar la naturaleza de las funciones que deberán desempeñar sus trabajadores durante dicho periodo, resguardando siempre los derechos fundamentales de éstos.
Terminada la vigencia del acto o declaración de autoridad, de pleno derecho, las condiciones contractuales originalmente convenidas volverán a tener efectos.
13. Trabajadoras de casa particular
En caso que el acto de autoridad impida cumplir con los servicios, pueden impetrar el derecho a percibir una indemnización a todo evento.
Para lo anterior, la AFP respectiva deberá girar de la cuenta del trabajador, el equivalente a un 70% de su remuneración mensual imponible o el saldo total si este fuere inferior. Si el acto o declaración de autoridad se extendiere por más de 30 días y el trabajador tuviere saldo en dicha cuenta, la AFP girará la suma equivalente al 55%, 45%, 40% y 35% de la remuneración imponible, para los meses segundo, tercero, cuarto y quinto, respectivamente.
El trabajador deberá presentar una declaración jurada simple ante la entidad pagadora del beneficio, preferentemente de forma electrónica, en que dé cuenta que no se encuentra en las situaciones descritas en el punto 5.a y 5.b de esta minuta.
El Trabajador será personalmente responsable de la veracidad de las declaraciones en el documento.
II. Pactos de rendición temporal de jornada de trabajo
En la posibilidad de acordar la reducción de jornadas de trabajo, hasta en un 50%.
De formalizarse el pacto, el empleador pagará una parte de la remuneración y el trabajador tendrá derecho a recibir un complemento por parte del seguro de cesantía.
2. Requisitos para el empleador
Debe encontrarse en una de las siguientes situaciones:
En el caso de empleadores que sean contribuyentes de IVA, los que hayan experimentado a contar de octubre de 2019 una disminución del promedio de ventas que exceda un 20%, en un periodo cualquiera de 3 meses seguidos, en comparación al mismo periodo del año anterior.
Los empleadores que se encuentren actualmente en procedimiento de reorganización concursal.
Los empleadores que se encuentren actualmente en procedimiento de asesoría económica de insolvencia.
Empleadores cuyas empresas hayan sido exceptuadas del acto o declaración de autoridad, que necesiten reducir o redistribuir la jornada de sus trabajadores para mantener su continuidad operaciones o para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores.
3. Requisitos para los trabajadores
Registrar 10 cotizaciones en el Fondo de Cesantía, continuas o discontinuas, si tienen contrato indefinido o 5 cotizaciones en el Fondo de Cesantía en caso de contrato a plazo o por obra o servicio determinado.
En ambos casos, contados desde la afiliación al seguro o desde el último giro por cesantía efectuado.
Para acceder al Fondo Solidario se exigirá que dichas cotizaciones se hayan efectuado en los últimos 24 meses.
Debe registrar las últimas 3 cotizaciones continuas con el mismo empleador.
4. Cómo opera el pacto
Se podrá pactar con el trabajador directamente o por intermedio de la organización sindical a que encuentren afiliado.
Si el trabajador está afiliado a un sindicato, el empleador debe consultar previamente a la organización sindical.
La reducción se podrá pactar por mínimo de 1 mes y un máximo de 5 meses tratándose de contratos de trabajo indefinidos y 3 meses en caso de contratos a plazo o por obra.
Finalizado el plazo se reestablecerán de pleno derecho las condiciones originalmente convenidas.
El empleador deberá continuar pagando las cotizaciones previsionales por la remuneración imponible convenida en el pacto.
5. Remuneración y complemento
Acordada la reducción, el trabajador recibirá una remuneración de su empleador equivalente a la jornada reducida (se considerará el promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos 3 meses antes del pacto), y un complemento con cargo a los fondos de su Cuenta Individual por Cesantía, agotados dichos fondos, el saldo se pagará con cargo al Fondo Solidario.
En caso que, la jornada de trabajo se reduzca en un 50%, el complemento será de un 25% del promedio de la remuneración imponible de los últimos 3 meses, si la reducción es inferior el complemento se determinará proporcionalmente. De todas formas, el complemento tendrá un límite máximo mensual de $225.000 por trabajador afecto a una jornada ordinaria completa.
El complemento no será tributable ni imponible, ni tampoco será embargable.
No procede este pacto, respecto de trabajadores que se encuentren gozando de fuero laboral.
El empleador no puede contratar en este período a trabajadores que realicen iguales o similares funciones que las que cumplían aquellos con que se suscribe el pacto.
Si es necesario la contratación de trabajadores para otras funciones, el empleador deberá ofrecer primero la vacante a aquellos trabajadores con contrato vigente que tengan similares capacidades, calificaciones e idoneidad para desempeñar el o los cargos que se buscan cubrir.
En caso de término de contrato durante la vigencia del pacto, la base de cálculo para el pago de indemnizaciones es la que regía antes del inicio del mismo. Además, debe ponerse en conocimiento de la Inspección del Trabajo tanto la carta de término, como el finiquito.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 161
 artículo 161