Source: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-06362010000100004
Timestamp: 2019-08-21 00:29:13+00:00

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Conflicto social alrededor de la conservación en la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas: un análisis de intereses, posturas y consecuencias
Alejandro I. von Bertrab Tamm
Maestro en estudios de desarrollo por el Institute of Development Studies, University of Sussex. Asesor en el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología, UNAM. alejandrovonbertrab@yahoo.com, avbertrab@ibiologia.unam.mx
Este artículo analiza el conflicto social que se desató a raíz de la expropiación de tierras ejidales para consolidar una de las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, en el sur del estado de Veracruz. Así, toma como estudio de caso la experiencia de dos ejidos con sus territorios ubicados total y parcialmente dentro de la zona expropiada, respectivamente Península de Moreno y Miguel Hidalgo. En el desarrollo del texto se evalúan los efectos sociales y ambientales del conflicto a través de la discusión del contexto sociopolítico y de las perspectivas, intereses y posturas de los actores sociales involucrados. Asimismo, se argumenta que en el escenario de la conservación, las acciones no consensuadas la expropiación en este caso no solamente no resuelven el deterioro ambiental sino que lo pueden agravar, pues por un lado se debilita el tejido social necesario para desatar un proceso de desarrollo comunitario sustentable, y por otro, la conservación se transforma en una actividad o interés ilegítimo para la población local, lo que endurece las posturas y dificulta la búsqueda conjunta de soluciones.
Palabras clave: conflicto social, reserva de la biósfera, ejido.
This article analyzes the social conflict that arose as a result of the expropriation of smallfarmer ejido lands to consolidate one of the core zones of the Los Tuxtlas Biosphere Reserve in the southern part of the state of Veracruz, Mexico. As a case study, it considers the experience of two ejido communities whose territories lie wholly and partially within the expropriated area: Península de Moreno and Miguel Hidalgo, respectively. The conflict's social and environmental effects are evaluated through a discussion of the sociopolitical context and stakeholder perspectives, interests and positions. It is argued that in the context of conservation programs, nonconsented actions not only fail to ameliorate environmental degradation but may actually worsen it. On the one hand, these actions weaken the social fabric necessary to propel a process of sustainable community development, and on the other, conservation becomes an illegitimate activity or interest for local populations, thereby hardening stakeholder positions and complicating a cooperative search for solutions.
Key words: social conflict, biosphere reserve, ejido.
Las áreas naturales protegidas (ANP) se han convertido en uno de los principales instrumentos de política pública para salvaguardar la biodiversidad, los ecosistemas, los servicios ambientales que los mismos proveen y promueven para el desarrollo sustentable. Sin embargo, el establecimiento de las ANP ha generado un sinnúmero de conflictos debido a diversas razones. La restricción de ciertas actividades, las limitaciones impuestas al usufructo de algunos recursos naturales, la carencia de recursos financieros y materiales en la puesta en marcha de programas y proyectos dentro de las ANP y la falta de incorporación de las perspectivas de los habitantes locales en la toma de decisiones, han sido causas directas de la aparición de conflictos en torno a la creación de las ANP a nivel mundial. Estos conflictos ponen en riesgo la propia viabilidad de estas zonas como espacios de regeneración de ecosistemas y de desarrollo sustentable (Colchester, 1997; Oneka, 1996, Warner y Jones, 1998; Tyler, 1999).
Si bien en México la promoción de la participación ciudadana y el desarrollo sustentable se han incorporado como ejes directivos en las políticas de conservación al interior de las ANP (CONANP, 2003), estas áreas no están exentas de conflictos. A lo largo de todo el territorio, la gran gama de intereses, necesidades y posturas de los diversos actores sociales que interactúan en las zonas de protección científicos, personal de las áreas, empresas, gobiernos y comunidades locales han suscitado el conflicto (véanse, por ejemplo, las investigaciones de Ericson et al, 1999; Russell, 1996, Haenn, 1999; StedmanEdwards, 1998).
Los conflictos suelen asociarse con la inestabilidad, los disturbios, la violencia, el estancamiento en las relaciones y la falta de cooperación. Sin embargo, debido a que el conflicto es sobre todo un proceso de cambio social, se le puede entender como un medio transformador, a través del cual se hagan evidentes las posturas, se ventilen los desacuerdos, se expresen las diferencias, se demarquen las identidades de grupo y personales, y se alcancen resoluciones creativas y duraderas que equilibren las diferencias de poder en la sociedad (Deutsch, 1973; Lederach, 1995; Burton, 1991; Dukes, 1996; Warner y Jones 1998). Debido a la prevalencia de situaciones de conflicto en las ANP, se requiere investigar de manera cuidadosa las razones por las cuales estallan las disputas y entender el efecto de éstas.
Ciertamente, la búsqueda de la sustentabilidad se caracteriza por el encuentro de diferentes perspectivas, prioridades y necesidades de diversos actores sociales (Leach et al., 1999). Pero, en palabras de Adams et al. (2003: 1916): "es precisamente cuando los distintos actores sociales [...] exponen sus interpretaciones de asuntos clave que el debate alrededor de las políticas públicas puede ser más productivo".1 El reto está en encontrar la forma de aprovechar esas diferencias para generar procesos de cambio favorables tanto para el ambiente como para los actores sociales involucrados. En otras palabras, el objetivo final debiera ser la identificación de formas de transitar del conflicto a la colaboración mediante la resolución.
Este artículo analizará el conflicto social que estalló debido a la creación en 1998 de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas (RBIOTUX) en el Estado de Veracruz, México. El decreto de creación de esta ANP fue acompañado por la expropiación de tierras a más de un centenar de propietarios y ejidatarios para constituir una de las zonas núcleo de la reserva. El resultado fue la detonación de conflictos en toda la región, tanto entre grupos de campesinos como entre éstos y algunas dependencias gubernamentales; en particular, con la oficina encargada del manejo de la reserva: la Dirección de la RBIOTUX. El trabajo toma como punto de partida la experiencia de dos ejidos con parte o la totalidad de su superficie ubicada dentro de la zona expropiada: Península de Moreno y Miguel Hidalgo. Mediante el análisis del conflicto, argumentaremos que en el escenario de la conservación, las acciones no consensuadas no solamente no resuelven el deterioro ambiental sino que lo pueden agravar. Por un lado, se debilita el tejido social necesario para desatar un proceso de desarrollo comunitario sustentable, y por otro, la conservación se transforma en una actividad o interés ilegítimo para la población local, lo que endurece las posturas y dificulta la búsqueda conjunta de soluciones.
HACIA UNA DEFINICIÓN DE CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL
Probablemente no exista algo tan prevalente en las relaciones intra e interpersonales como el conflicto. En términos generales, Bisno (1988: 14) nos recuerda lo siguiente:
El conflicto social se refiere al proceso de interacción contencioso en torno a recursos, poder y estatus, creencias y otras preferencias y deseos. La meta de los grupos o personas en conflicto puede extenderse desde simplemente lograr la aceptación de una preferencia particular o asegurar acceso preferencial a un recurso, hasta el extremo de lastimar o eliminar a los opositores.
Los conflictos socioambientales son un subgrupo dentro de los conflictos sociales e implican una contraposición o incompatibilidad de posturas, específicamente con relación al acceso, uso y significado de los recursos naturales y a diferentes perspectivas sobre la degradación ambiental (Adams et al., 2003; gea, 1999; Buckles y Rusnak, 1999; Borel et al., 1999). Las contraposiciones no se detienen en el nivel material, ya que existen elementos históricosimbólicos de identidad y de satisfacción de necesidades básicas, que se relacionan con los recursos naturales y la geografía (Bush y Opp, 1999). Estos intereses van conformando las posturas de los actores sociales en una disputa (Lederach, 1995).
Por su parte, los intereses y la relación que se tenga con los recursos en disputa legitiman las demandas de los grupos y pueden promover procesos de movilización y formación de alianzas (Bush y Opp, 1999). Esta última es la vía para conjuntar esfuerzos, tener mayor voz en las disputas y contar con acceso a conocimientos especializados (Chevalier y Buckles, 1999). Dichas dinámicas sociales ocurren dentro de contextos socioculturales más amplios (Avruch, 1991: 15), en donde las asimetrías de poder son la norma (Keeley y Scoones 1999, Escobar, 1995 y 1996; Peet y Watts, 1996) y por las cuales se estructuran las vías de resolución disponibles (Burton, 1991). El conflicto potencial provocado por la creación de la ANP está ligado precisamente a diferencias en el entendimiento y la relación de los actores sociales con los recursos naturales.
Este artículo utiliza como método de investigación principal el estudio de caso, debido a su flexibilidad en la integración de varias herramientas de investigación provenientes de diversos paradigmas y disciplinas de las ciencias sociales (Yin, 1994). Este método es particularmente útil en un terreno del conocimiento tan complejo como el conflicto social, en donde convergen la psicología social, las ciencias políticas, la antropología y la economía. La investigación se llevó a cabo entre marzo y agosto de 2002, con componentes de campo y de revisión bibliográfica en gabinete. Se realizaron 45 entrevistas semiestructuradas con funcionarios de gobierno, investigadores de diversas entidades académicas que han realizado investigaciones en la región de Los Tuxtlas, ejidatarios, líderes comunitarios y miembros de organizaciones de la sociedad civil en Xalapa, Veracruz y en los ejidos de Península de Moreno, Miguel Hidalgo y López Mateos, en el municipio de Catemaco, Veracruz. También se llevaron a cabo cuatro grupos de focales en los ejidos objeto de esta investigación y se realizaron ejercicios de observación participante durante asambleas ejidales y actividades de la vida comunitaria de los ejidos.
La Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas (RBIOTUX), una ANP federal bajo la administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), se establece formalmente el 23 de noviembre de 1998 mediante un decreto presidencial que consolida bajo esta categoría de protección una zona de aproximadamente 155 122 ha en la región de Los Tuxtlas, al sur del estado de Veracruz. La declaratoria significó la posibilidad de fortalecer iniciativas de conservación que se han estado llevando a cabo en la zona desde el año 1937 con la declaración del lago de Catemaco como Zona de Protección Forestal. Un sinnúmero de investigadores y profesionistas de la conservación están conscientes de la importancia biológica e hidrológica de esta zona de selva tropical perennifolia, debido a que es una de las zonas con las más altas concentraciones de especies endémicas de flora y fauna del país (por ejemplo, véanse las investigaciones de Dirzo, 1991; Harris y López, 1992; Ramos y Warner, s.f.; González et al., 1997; Paré et al., 1997), y porque constituye el centro de una vasta cuenca hidrológica que aporta cerca del 70% del agua potable a las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán (Semarnat, 2001; CONANP, 2006). La degradación ambiental de esta zona montañosa se fue dando debido a la interacción de una serie de factores institucionales, culturales y económicos. En particular se puede decir que la promoción de políticas que no incorporaban criterios ambientales, como la colonización y el reparto agrario que se dio en la zona de manera intensiva a partir de la década de 1960 y el acogimiento de la ganadería a nivel local (por ser una forma de sobreponerse a la pobreza), la cual se reforzó de manera institucional gracias a la promoción oficial, fomentaron la expansión de la frontera agropecuaria (Durand y Lazos, 2004; Lazos, 2001; Lazos y Paré, 2000). Como ejemplo, basta mencionar que casi 65% del área total de la Sierra de Santa Marta, una de las zonas dentro de la RBIOTUX, tiene un uso de suelo relacionado con el ganado. En algunas comunidades de esta región, más del 80% de las áreas que antes contaban con selva se han convertido en potreros (Durand y Lazos, 2004).
La sierra de Los Tuxtlas cuenta con un buen número de asentamientos humanos. Al menos siete ciudades pequeñas se ubican en las inmediaciones de la RBIOTUX y 121 comunidades rurales pobres con poblaciones desde 200 hasta 2 000 habitantes se ubican dentro de la misma. Una buena proporción de las comunidades está constituida por grupos de emigrantes mestizos, que llegaron a la zona en las décadas de 1960 y 1970 debido a la promoción del reparto agrario. Las otras comunidades son indígenas, pertenecientes principalmente a las etnias popoluca y nahua, asentadas en la región tiempo atrás (Lazos y Paré, 2000; CONANP, 2006).
La RBIOTUX es una reserva con un ordenamiento territorial complejo, pero que sigue el patrón de la mayor parte de las reservas de la biosfera, con una combinación de zonas núcleo y áreas de amortiguamiento. En las zonas núcleo no se permiten actividades humanas excepto aquéllas enfocadas estrictamente a la conservación, como la investigación científica y la educación ambiental. Las zonas de amortiguamiento están dirigidas a la promoción de actividades de restauración ecológica, a actividades productivas sustentables como el ecoturismo y agroforestería y al uso tradicional por parte de grupos indígenas que, se argumenta, han sido capaces de mantener un balance ecológico debido a sus actividades de bajo impacto ambiental (CONANP, 2006; dof 23/XI/1998). Las 155 122 ha de la RBIOTUX están divididas en tres zonas núcleo que abarcan un área total de 29 720 ha y una zona de amortiguamiento que comprende 125 401 ha. Las tres zonas núcleo son: Volcán de San Martín Tuxtla (Zona I: 9 805 ha), Sierra de Santa Marta (Zona II: 18 301 ha) y Volcán San Martín Pajapan (Zona III: 1 883 ha).
Como se mencionó antes, la declaración de la RBIOTUX fue acompañada de decretos de expropiación para consolidar la zona núcleo II: la Sierra de Santa Marta (dof, 23/XI/1998, goev, 21/XI/1998). En total se expropiaron 16 900 ha, un poco más del 10% del área total de la reserva. Se determinó una tasa de indemnización de 200 dólares por ha para tierras ejidales y de 300 dólares por ha para propiedades privadas. La expropiación afectó a 57 pequeños propietarios y a ocho ejidos. De las ocho comunidades agrarias Mazumiapan, El Mirador, Península de Moreno, Miguel Hidalgo, José María Valiente, Mexcalteco, Gral. Francisco Villa, Francisco Villa II, seis fueron expropiadas totalmente y dos mantuvieron una porción de sus tierras originales. A la fecha de la realización de esta investigación, sólo los primeros cuatro ejidos habían aceptado la indemnización. Los otros cuatro parecían existir sólo en documentos agrarios, ya que no hay núcleos de población en estas tierras ejidales y nadie se había presentado a reclamar la indemnización. En el caso de los ejidos de nuestro estudio, el área total de Península de Moreno (2 345 ha) se expropió, mientras que Miguel Hidalgo pudo retener un área de 200 ha, poco menos de 10% de su superficie original que abarcaba 2 200 ha. La zona no expropiada se ubica fuera de la zona núcleo expropiada.
Los dos ejidos objeto de este análisis están conformados por inmigrantes que llegaron a la zona de Los Tuxtlas entre las décadas de 1960 y 1970 de otras zonas del estado de Veracruz y otros estados de la República Mexicana. El ejido Península de Moreno recibió la dotación de tierras en 1979 y son 81 los ejidatarios con derechos sobre estas tierras. Las principales actividades económicas son la ganadería menuda, la agricultura de subsistencia y, hasta hace poco, la extracción de madera. Aproximadamente 245 personas viven en el poblado, en donde se cuentan únicamente 30 ejidatarios el resto vive en poblados cercanos, 25 pobladores y sus respectivas familias.
El ejido Miguel Hidalgo se constituyó en 1965 y actualmente tiene un una población total de 780 habitantes. La mayor parte de los 82 ejidatarios que forman el núcleo agrario son originarios de Cofre de Perote, una zona cafetalera de Veracruz. Primero se les dotó con 200 ha de tierra, en donde se halla el poblado y pequeñas parcelas pertenecientes a la mayor parte de los ejidatarios. En 1984 recibieron otra dotación de tierra, de 2 000 ha, que corresponde a la zona expropiada. La totalidad de los 82 ejidatarios viven en la zona ejidal, siendo las actividades principales la agricultura de subsistencia, el café, la palma camedor y otros cultivos de sombra, así como la ganadería menuda. A raíz de la expropiación, sólo tres ejidatarios quedaron sin acceso a la tierra. Los otros mantuvieron pequeñas parcelas dentro del área de la primera dotación.
El ejido Miguel Hidalgo tiene una mayor cobertura forestal debido a la predominancia de cultivos de sombra, derivados de las prácticas agrícolas que los ejidatarios trajeron consigo desde su lugar de origen. Se calcula que en 2002, al tiempo de la realización de este estudio, Península de Moreno contaba con aproximadamente 700 ha de zona forestal, mientras que Miguel Hidalgo contaba con más de 1 600 ha.
EL CONFLICTO ALREDEDOR DE LA CREACIÓN DE LA RBIOTUX, LAS ESTRATEGIAS DE MOVILIZACIÓN Y LAS POSIBILIDADES DE RESOLUCIÓN
El día que se declaró la reserva estaba
sumamente contento y a la vez
Fue un gran éxito para la conservación
pero no podía sacarme de la cabeza el gran
número de problemas que iban a surgir a
raíz de la expropiación.
Funcionario de la CONANP
La idea de crear una reserva en la región de Los Tuxtlas empezó a tomar forma desde principios de la década de 1990. Dos perspectivas destacaron en las propuestas de formación de la reserva. La primera, basada en estudios biológicos y ecológicos, favorecía la creación de una reserva de biosfera tradicional, con zonas núcleo libres de actividad humana. La segunda, promovida y plasmada en un estudio realizado por organizaciones de la sociedad civil (OSC) de la región, se caracterizaba por una postura de conservación orientada a la participación comunitaria en el manejo de los recursos naturales (Ramírez, 1996). Esta última proponía la creación de una reserva con zonas núcleo más pequeñas que las finalmente establecidas, descartaba la expropiación y promovía las reservas campesinas como alternativa de conservación. Sin embargo y a pesar de las diferentes posturas, la noción de expropiación fue favorecida por funcionarios de gobierno de alto nivel, siendo la ganadora.
La intención de expropiar surgió no tanto por un análisis cuidadoso de los efectos de tal acción sobre el medio ambiente y las comunidades locales, sino más bien por una mezcla de sucesos aleatorios y motivaciones políticas. Algunos años antes de la fecha del decreto de la reserva, un terrateniente de la zona oriental de la Sierra de Santa Marta pidió al gobierno estatal que le expropiara sus terrenos al no haber conseguido una concesión para explotación forestal. De acuerdo con algunos funcionarios de gobierno entrevistados para este estudio, esto influyó de manera importante en la cartera de posibilidades que se estaban discutiendo dentro del gobierno estatal para consolidar una reserva de la biosfera en la región de Los Tuxtlas.
En 1998 se vio la necesidad de apresurar el proceso de creación de la reserva para que se aprobara antes de la salida de Patricio Chirinos, gobernador de Veracruz, quien terminaba su cargo a finales de ese año. De acuerdo con varios entrevistados, el dirigente de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesquero del Gobierno del Estado de Veracruz (Sedap) parecía estar a favor de la expropiación, motivado en buena medida por sus ambiciones políticas de ubicarse en alguna subsecretaría dentro de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap, ahora Semarnat).
A mediados de 1998 comenzó el diseño de la poligonal de la reserva tras puertas cerradas, sin consulta con las comunidades locales para impedir que los campesinos se movilizaran en contra del proyecto y se politizara el proceso.
Muchos funcionarios, que no necesariamente estaban a favor de la expropiación, vieron que su campo de acción se limitaba a definir dónde expropiar, pero que no se les permitiría contestar la pregunta fundamental: si era necesaria la expropiación. A raíz de las negociaciones entre diversas instituciones gubernamentales, sobre todo entre instancias estatales y federales, la expropiación se restringió a una de las zonas núcleo y no a las tres zonas, como en un principio se había planteado. Ello, debido a la presencia indígena en las otras zonas. En palabras de un funcionario de gobierno: "si hubiéramos expropiado las comunidades indígenas, toda la comunidad internacional ambientalista nos hubiera atacado". La definición del monto de la indemnización 200 dólares por ha para los ejidatarios y 300 para los propietarios privados se basó en la cantidad de recursos disponibles y no en los valores corrientes de la tierra en la región, que oscilaban entre 1 000 y 2 500 dólares, en la época de la expropiación.
El 23 de noviembre de 1998, fecha de la declaración de la RBIOTUX, comenzó el conflicto. La inconformidad por parte de los campesinos afectados para quienes la expropiación implicó el transitar de un día al otro de ser poseedores legítimos a invasores ilegales ha girado alrededor de tres temas: la violación de los derechos agrarios, la falta de consulta en la planeación de los límites de la reserva y la injusta compensación. En un inicio, los ejidos El Mirador, Península de Moreno, Miguel Hidalgo y Mazumiapan optaron por no presentarse a cobrar la indemnización, ya que el cobro implicaba la aceptación de la expropiación. Prefirieron buscar vías de resolución mediante la movilización colectiva y la formación de alianzas alrededor de sus derechos agrarios. Buscaron apoyo de la Confederación Nacional Campesina (CNC), de partidos políticos de oposición y del Tribunal Federal Agrario. De acuerdo con varios ejidatarios, el apoyo legal que se les brindó en el Tribunal Federal Agrario fue de poca calidad, ya que se levantó una demanda en contra de la declaración de la reserva y no en contra de la expropiación; asunto que, dadas las obligaciones de conservación de México a nivel mundial, seguramente iba a ser improcedente.
La resolución negativa a la demanda frente al Tribunal fue el golpe final a la alianza entre los ejidatarios, que se comenzó a desintegrar a partir de principios del 2001. Poco a poco, los ejidatarios fueron cobrando las indemnizaciones y por lo tanto, aceptando tácitamente la expropiación. Para el 2002, todos los ejidatarios habían cobrado.
El gobierno estatal, por su parte, ha prestado poca atención al conflicto. Durante la administración de Miguel Alemán Velasco (19982004) se redujo en gran medida el presupuesto de la Sedap, organismo en donde la noción de expropiación tuvo su génesis. Se instaló un comité especial para tratar los asuntos de la expropiación pero su papel fue muy limitado y más bien, volcó la responsabilidad de tratar los asuntos de la expropiación al equipo de manejo de la reserva (la Dirección de la RBIOTUX), a quien no le compete ese asunto formalmente, ya que las expropiaciones de tierras se hicieron a favor del estado de Veracruz.2 El diálogo se limitó a algunas reuniones entre ejidatarios, gobierno, miembros de partidos políticos, OSC y académicos, pero el ambiente en estas reuniones se caracterizó por la confrontación y no por la cooperación, lo cual es el resultado directo de la intransigencia de los actores a favor de la expropiación.
Debido a la falta de respuesta de otras entidades de gobierno, la Dirección de la RBIOTUX se autoasignó el papel de mediador. Esta oficina es la que tiene el contacto más cercano con los ejidatarios y después de una serie de intentos fallidos de negociación con los gobiernos federal y estatal para encontrar una solución favorable para los ejidatarios, negoció en forma directa con los mismos. Sus propuestas incluyeron la inversión de recursos para poner en marcha proyectos de desarrollo sustentable como el ecoturismo o las plantaciones de cultivos de sombra, hasta encontrar mecanismos compensatorios para un retiro gradual de las tierras expropiadas.3 Sin embargo, la capacidad de los ejidos de poner en marcha estas propuestas está directamente relacionada con el acceso a la tierra, que en el caso de los ejidatarios de Península de Moreno es una alternativa inexistente. Hacia el 2002, no existía aún una solución consensuada al problema de la expropiación. La única salida era el cobro de la indemnización, considerada insuficiente por muchos de los grupos involucrados en el conflicto.
Entretanto, los ejidatarios siguen resistiéndose a la expropiación y aún continúan con sus actividades agropecuarias en las zonas expropiadas. La única forma de movilización que se ha mantenido vigente ha sido la resistencia pasiva, una "forma diaria de resistencia campesina" (Scott, 1985),4 que en este caso se traduce en la continuación del trabajo en las zonas expropiadas y se basa en el entendimiento compartido de que el trabajo en los territorios expropiados es su única opción; bajo la constante amenaza de una evicción.
LOS ACTORES, SUS PERSPECTIVAS, POSTURAS E INTERESES
La declaración de la reserva se refiere
únicamente a un cambio en el uso de suelo.
Si se cuenta con otro instrumento jurídico
[la expropiación] que explícitamente
transfiera la propiedad de la tierra
al estado, se puede modificar
la constelación de poder y poner un
fin a la deforestación.
Cuando recién llegamos,
la selva estaba muy tupida.
Sólo los más valientes se
metían a tumbar monte.
Y mire ahora, tenemos unos potreros bien
bonitos y el gobierno nos los quiere quitar.
Ejidatario de Península de Moreno
En el conflicto que se desató a raíz de la creación de la RBIOTUX han habido muchos actores sociales, actores con interés en el conflicto,5 que han entrado y salido del escenario. Éstos han incluido a OSC de la región, instituciones de investigación, dependencias de gobierno (como la Dirección de la RBIOTUX y la Sedap), así como grupos corporativistas campesinos, como la CNC. La discusión que sigue se centra en el análisis de las diversas posturas e intereses que han ido dando forma a la trayectoria del conflicto.
Como se observa en la tabla 1, existen dos posturas básicas alrededor de la expropiación: una a favor y otra en contra. La diferencia fundamental es la relación que los diversos actores tienen con el recurso en disputa: la tierra. Para los campesinos, la tierra es su lugar de trabajo, su medio de sustento básico y la fuente de identidad. Las tierras ejidales simbolizan años de lucha campesina. Debido en gran medida a los incentivos generados por las políticas federales de colonización de décadas pasadas a tono de "la tierra es de quien la trabaja", la selva ha sido el elemento a vencer para legitimar la propiedad y dar paso al desarrollo de actividades agropecuarias. Además, tanto en el caso de Península de Moreno como en el de Miguel Hidalgo, la formación de los ejidos implicó la movilización colectiva para obtener derechos a la tierra e incluso la muerte de compañeros campesinos. Como comenta un ejidatario: "hemos luchado por esta tierra, el gobierno nos dio el derecho y ahora nos la quiere quitar. No entiendo".
Los ejidatarios de Península de Moreno han cambiado sus posturas a lo largo del conflicto. Han sugerido que se les permita trabajar en las zonas abiertas y que se conserven las áreas con cobertura forestal dentro de su ejido, han exigido una mayor compensación e incluso han amenazado con talar de forma indiscriminada si no se llega a una resolución favorable. A pesar de las distintas posturas, el interés principal ha sido constante: mantener el derecho sobre sus tierras y continuar trabajándolas. Los ejidatarios de Miguel Hidalgo, a pesar de estar en contra de la expropiación como se llevó a cabo, han tenido una postura más moderada, debido a que ellos mismos habían solicitado algunos años antes la expropiación de las zonas menos accesibles de sus tierras. Su inconformidad radica en que la compensación que se les otorgó fue menor a las expectativas y en que se expropió más terreno de lo que ellos hubieran querido.
Al interior de las comunidades, sin embargo, existe una diferencia en la apreciación del valor de la tierra entre los ejidatarios mayores y los más jóvenes. Para los mayores la tierra es el fundamento básico de su identidad campesina y simboliza la larga marcha para adquirir los derechos agrarios de décadas pasadas. La mayor parte de sus actividades productivas son agropecuarias. Para los más jóvenes, la tierra no tiene el mismo peso simbólico ni económico. La gran mayoría de ellos expresan que ya no atienden sus tierras con el vigor requerido, ya que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la migración y han perdido el interés en la lucha por las tierras debido al conflicto. Como lo expresó uno de ellos: "¿para qué trabajar mi parcela si nunca estoy aquí? No sé si el gobierno nos va a correr y gano mucho más dinero trabajando en la ciudad".
Las posturas de otros ejidos no afectados por la expropiación se caracterizan por la solidaridad a sus compañeros campesinos. Por ejemplo, el ejido López Mateos, vecino de Península de Moreno, se manifestó en contra de la expropiación a pesar de que quedó deliberadamente fuera de la zona a expropiar. Durante el diseño de la poligonal de la reserva, se consideró que López Mateos podía servir como ejemplo de conservación para otras comunidades, ya que desde hacía algunos años se habían implementado varios proyectos integrales de conservación y desarrollo con buenos resultados (dentro de los que destaca el ecoturismo). Varios ejidatarios de López Mateos se solidarizaron con sus vecinos, pero desde una postura más moderada, alentando a sus compañeros campesinos a emprender proyectos de agricultura sustentable a pesar de que ya no cuenten con derechos legales sobre sus tierras. El argumento central que exponen los ejidatarios de López Mateos es que si las autoridades perciben una disposición por parte de los ejidatarios de Península de Moreno de incorporar técnicas de manejo sustentable en sus actividades agropecuarias, podrían otorgarles de nueva cuenta los derechos agrarios. Para los ejidatarios de López Mateos es importante mejorar las relaciones con Península de Moreno, debido a que quedó un cierto recelo después de la expropiación.
Varias OSC locales están en contra de la expropiación, aunque sus posturas difieren en cuanto a las posibilidades de resolución del problema. La postura más extrema es la de maíz, ac, que aboga por la reinstauración de los derechos agrarios de los ejidos afectados. La Coalición de Organizaciones para el Desarrollo Sustentable del Sur de Veracruz, una red de OSC que fomenta el desarrollo rural sustentable en la región, a pesar de estar en contra de la expropiación, ha optado por buscar alternativas para los campesinos fuera de las zonas incautadas. Las posturas de estas OSC se derivan de historias de activismo a favor de grupos de base; los distintos matices de sus argumentos se relacionan con la cultura institucional de estos grupos y sus objetivos de trabajo. Para maíz, el modelo de conservación mediante reservas de biosfera es ilegítimo, ya que implica una violación de los derechos agrarios por la prohibición de actividades en ciertas zonas. Además, maíz ha sido la principal aliada de Península de Moreno, lo que explica su postura un tanto más tajante.
Custodios de la Selva, AC, organización establecida para contribuir al manejo de la reserva, sostiene una postura ambivalente en torno a la expropiación. Cuenta entre sus miembros a organizaciones como el Proyecto Sierra de Santa Marta, AC (PSSM), que fue la autora del estudio que proponía la creación de una reserva sin expropiar y con un alto grado de participación comunitaria en el manejo de los recursos naturales. Pero también cobija a instituciones como la UNAM y el Instituto de Ecología, AC que, si bien son instituciones heterogéneas y han preferido analizar las alternativas de manejo con cuidado, tienden a dar prioridad al valor de la biodiversidad y de los ecosistemas sobre las necesidades de los grupos campesinos. A pesar de la heterogeneidad de las posturas, Custodios fungió como observador externo al proceso expropiatorio, situación que comprometió su imparcialidad frente al acto a priori. Además, de acuerdo con la opinión de varias personas entrevistadas, la coordinación de las actividades de Custodios ha sido una tarea casi imposible, debido a la gran diversidad de miembros que la conforman. En palabras de un científico de una institución miembro de esta asociación: "Custodios es una organización que nació muerta. Ha sido muy difícil hacer planes y llevar a cabo actividades. Más bien se formó para contar con un aval institucional, pero no ha servido de mucho más".
Los actores que han tenido un papel clave en la politización del conflicto han sido la CNC y los partidos políticos de oposición. La CNC se pronunció en contra de la expropiación y ha procurado velar por los intereses de sus miembros campesinos. Demostró cierta disposición para alcanzar una solución consensuada y por lo tanto propuso una serie de alternativas con diversos grados de flexibilidad. Sus propuestas abarcan un amplio espectro, desde el desafío a la expropiación hasta la búsqueda de resolución dentro del marco legal actual de los ejidos expropiados. También sugirió la puesta en marcha de proyectos agroforestales en las zonas expropiadas y la condonación de moras de ejidos expropiados ante el sistema de banca rural federal, así como una mayor compensación por las tierras expropiadas y la reubicación de los ejidatarios a otros terrenos adquiridos por el gobierno. Si bien su postura se dirige a apoyar a los ejidatarios expropiados, su capacidad de acción está un tanto comprometida debido a la relación históricocorporativista que sostiene con el PRI, partido que gobierna en la actualidad el estado de Veracruz.
El alcance del apoyo de los partidos políticos de oposición parece limitado, a pesar de haberse mostrado solidarios con los ejidos afectados por la expropiación. Según la opinión de los ejidatarios entrevistados, los candidatos de oposición se interesan más en atraer votos que en resolver el conflicto, a pesar de que varios de ellos recorrieron e hicieron visitas a las zonas expropiadas.
La Dirección de la RBIOTUX sostiene una postura ambigua en cuanto a la expropiación. Su equipo está dispuesto al diálogo y aboga por la participación campesina en los proyectos de conservación para impulsar un proceso de desarrollo sustentable en la región. Sin embargo, dado que es una dependencia del gobierno federal, y a pesar de comprender las posturas de los ejidatarios, no puede actuar en contra de la resolución del gobierno. Paradójicamente, debido a esto y a que la Dirección de la RBIOTUX es de las pocas instituciones gubernamentales que siguen manteniendo el contacto con los ejidatarios afectados, muchos de los campesinos la consideran como la impulsora principal de la expropiación y como el enemigo público número uno.
Otras entidades del gobierno federal y estatal comparten la postura a favor de la expropiación, particularmente los más altos funcionarios de las secretarías de medio ambiente a niveles federal y estatal. Argumentan que la expropiación es la única manera de detener la deforestación en la zona al transferir los derechos de propiedad al estado, asunto que no se logra nada más con la declaración de la reserva, que sólo prescribe un cambio de uso de suelo. Las alternativas que ofrecen se rigen a lo establecido en los modelos de reserva de biosfera: eliminar la actividad humana en las zonas núcleo y promover proyectos sustentables en las zonas de amortiguamiento. Ellos, al igual que algunos académicos, se inclinan por favorecer más la recuperación de los recursos naturales, que por velar por las necesidades campesinas. Muchos de ellos tuvieron una formación académica en las ciencias biológicas y ecológicas, que suelen contemplar sólo de modo marginal las dinámicas sociales en los proyectos de conservación.6
DISCUSIÓN: LOS EFECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES DEL CONFLICTO
Como se plantea en la introducción de este artículo, la búsqueda de la sustentabilidad se caracteriza por el enfrentamiento de perspectivas, prioridades e intereses (Leach et al., 1999; Adams et al., 2003). El reto está en encontrar la manera de que estas diferencias, y los conflictos que puedan surgir de las mismas, sirvan para enriquecer el debate sobre políticas públicas relacionadas con la conservación y así poder transitar del conflicto a la colaboración.
Durante el acto expropiatorio no se contempló la prevención de conflictos socioambientales mediante mecanismos de diálogo y el diseño conjunto de políticas, así como a través de la utilización de los instrumentos de resolución que den voz a los involucrados y que promuevan la democracia participativa para llegar a soluciones que ayuden a transitar al desarrollo sustentable (O'Leary y Bingham, 2003; Bush y Opp, 1999: 187). La autoritaria decisión de expropiar no dio pie al aprovechamiento de las diferentes perspectivas sobre los recursos naturales para encontrar arreglos de beneficio compartido. Por el contrario, las perspectivas se contrapusieron dentro de un contexto con un alto grado de desigualdad en la capacidad de tener influencia sobre las políticas de conservación. Los proponentes de la expropiación cuentan con un decreto presidencial que sustenta su postura se trata de un instrumento legal e inatacable mientras que los grupos en contra de tal medida no poseen tal herramienta; además, los ejidatarios afectados se vieron forzados a vivir y trabajar ilegalmente en terrenos sobre los que antes tenían derechos. El conflicto propició incertidumbre, debilitamiento de estructuras sociales, endurecimiento de posturas, incapacidad de negociar y, sorprendentemente, el deterioro ambiental.
La propia planeación unilateral y sin consulta de la RBIOTUX influida por nociones de validez cuestionable sobre la eficacia de expropiar para conservar y por la falta de un análisis cuidadoso de las implicaciones de una acción de tal magnitud refleja una carencia de planeación consensuada por parte de las autoridades. Por otro lado, el hecho de que el ejido López Mateos y las comunidades indígenas hayan quedado fuera de la zona sujeta a expropiar demuestra una motivación para evadir posibles presiones internacionales (que pueden poner en riesgo fuentes de financiamiento) y una verdadera falta de consideración de la situación ambiental real de las localidades, así como de las posibles repercusiones sociales de favorecer a unos y castigar a otros. Es bien sabido que muchos indígenas de la zona han abandonado muchas de sus prácticas ancestrales, que solían estar mejor adaptadas a los ecosistemas locales, por prácticas agropecuarias poco sustentables (Lazos y Paré, 2000; Durand y Lazos, 2004). Recordemos también que la expropiación ocurrió al final de una administración estatal y a la fecha de la realización de este estudio, la nueva administración estatal había mostrado muy poco interés en encontrar una solución negociada, a pesar de los esfuerzos de negociación de la Dirección de la RBIOTUX.
La falta de resoluciones a favor de los ejidatarios afectados a lo largo del conflicto provocó un endurecimiento de las posturas, hasta el punto de que ellos mismos amenazaron con deforestar mayores extensiones si sus demandas no se consideraban. Esta amenaza es sintomática de la falta de cooperación a lo largo del conflicto y refleja que, desde la perspectiva de los ejidos afectados, la conservación va de la mano de la privación de los derechos agrarios. Por lo tanto, la conservación se convierte en una acción o interés ilegítimo, situación que pone en riesgo la posibilidad de preservar y lograr un mejor manejo de los recursos naturales. Merino (2008: 40) nos recuerda que en la conservación, la participación comunitaria resulta fundamental para permitir la adecuación de proyectos y programas a condiciones sociales y ambientales locales, así como para "contar con legitimidad y compromiso de las comunidades usuarias; disponer de espacios de resolución de conflictos, y sistemas de monitoreo relativamente eficientes y de bajo costo". Fue justo el ingrediente de la participación el que escaseo en la planeación y formación de la RBIOTUX, así que las consecuencias de esta falla se están sintiendo hasta la fecha.
Como se comentó antes, la estrategia de resistencia pasiva empleada por los ejidatarios de continuar trabajando las tierras en los territorios expropiados, es la única forma a través de la cual pueden asegurar un sustento con base en este recurso. Sin embargo, existe una gran incertidumbre sobre el tiempo que podrán continuar haciéndolo, ya que la posibilidad de una evicción está siempre presente. Esto no ha ocurrido aún debido a la renuencia de la Dirección de la reserva y de otras entidades de gobierno de empeorar las ya desgastadas relaciones con los ejidatarios, también no ha sucedido por la falta de coordinación y recursos, pero la amenaza está siempre presente.
Esta incertidumbre sobre los derechos agrarios tiene otro efecto importante: el abandono de los ejidos y la consecuente incapacidad de movilización colectiva. Las distintas posturas entre jóvenes y mayores con respecto a la tierra debido a la desigual apreciación del valor de la tierra para unos y otros tiene como resultado que muchos de los más jóvenes abandonen las tierras y se acreciente el fenómeno de la migración. Como consecuencia, la capacidad de generar un proceso de movilización colectiva para velar por los derechos agrarios se ha debilitado. Península de Moreno, que ya desde antes de la expropiación era un ejido fragmentado debido a que la mayoría de los ejidatarios viven fuera de las tierras ejidales, experimenta una mayor división. De acuerdo con los ejidatarios entrevistados, la asistencia a las asambleas generales, el máximo órgano de gobierno de un ejido, disminuyó en forma considerable desde que se efectuó el cobro de las indemnizaciones. Durante la asamblea general a la cual el autor fue invitado, nada más 22 de los 81 ejidatarios estuvieron presentes; ¡número menor a los 30 que aún habitan en la comunidad! Como lo comentó un líder comunitario que aún vive en el ejido: "Cuando se dio el pago por las tierras, todos estaban aquí; después ya nadie se aparece. A nadie le interesa nuestra lucha."
Según la perspectiva de los proponentes de la expropiación, el abandono de las tierras pudiera entenderse como un efecto positivo para la conservación. Al no trabajarse las tierras, la naturaleza se podría regenerar. Sin embargo, el efecto parece ser el contrario, ya que la falta de presencia de ejidatarios genera un desmantelamiento paulatino de las instituciones comunitarias que regulaban el acceso a los recursos naturales. Tanto en Miguel Hidalgo como en Península, existían reglas claras sobre el acceso a las parcelas individuales y a los terrenos de propiedad común. El abandono de algunas tierras brindó una excelente oportunidad para aquellos que aún continúan con sus actividades agropecuarias de aprovechar los terrenos de otros para el pastoreo. Esta situación, además de propiciar un mayor deterioro, genera molestias y fricciones dentro de las comunidades. La situación anterior coincide con las conclusiones de Durand y Landa (2004) y Richards (1997), que sugieren que la ausencia del campesinado, por migración u otros factores, puede empeorar en gran medida los arreglos comunitarios sobre el uso, provisión y acceso a los recursos naturales.
Existe también la opinión generalizada de muchos campesinos de la región respecto a que los límites ejidales funcionaban como mecanismos de control sobre el aprovechamiento de recursos forestales. Antes de la expropiación existían acuerdos interejidales que prohibían la explotación de recursos fuera del propio ejido. Si bien estos acuerdos no se respetaban cabalmente, la desaparición legal de los derechos agrarios y el abandono de tierras desmanteló el poco control que se tenía mediante estos acuerdos inter e intra comunitarios. Esto ha tenido como resultado el descontrol sobre quiénes y de qué manera se aprovechan los recursos. Muchos ejidatarios han observado un decremento en la fauna del lugar. Lo atribuyen a la desmesurada explotación de recursos, causa directa de la desaparición de los linderos de los ejidos.7
La propuesta de compensar a los campesinos por otras vías, a través de proyectos productivos sustentables, parece no beneficiar del todo las relaciones comunitarias. Cualquier tipo de alternativa, excepto la vigilancia, es prácticamente inoperable en el caso de Península de Moreno, que ya no cuenta más con derechos legales sobre la tierra. Por lo tanto, de los ejidos estudiados en esta investigación, sólo Miguel Hidalgo tiene la posibilidad de implementar este tipo de proyectos, y sólo en las escasas 200 ha que aún les pertenecen. Sin embargo, estos proyectos se están utilizando como mecanismos para aminorar tensiones al brindar alternativas y dinero a los afectados, por lo que no es aventurado opinar que se está sacrificando la justicia por la paz,8 situación poco alentadora si consideramos la volatilidad de las relaciones entre los diversos actores sociales de la región. Como nos recuerda Adams et al. (2003), a un nivel de políticas públicas y diseño de programas, las alternativas de solución de los conflictos socioambientales aparentan ser evidentes y comprensibles por todos los actores clave. Sin embargo, ni las razones del surgimiento de conflictos, ni las vías de resolución son fáciles de comprender ni de elaborar. Esto se debe a que las percepciones de y entre los actores clave no son del todo obvias a simple vista. El conocimiento, la comprensión y las suposiciones personales y grupales sobre los otros desempeñan un papel importante. Dentro de estos factores influyen las historias y necesidades personales, así como la relación simbólica con los recursos.
El caso analizado en este estudio es, sin duda, un extremo. En la actualidad existen directrices y estructuras institucionales para generar mayor participación y construcción de consensos entre los actores sociales involucrados en las ANP (CONANP, 2003 y Blauert et al., s.f.).9 Sin embargo, se espera que lo aquí expuesto brinde argumentos que ayuden a evitar acciones unilaterales y arbitrarias en la conservación, lo cual tiende a hacer aún más distante la meta de salvaguardar los diversos hábitats, especies y ecosistemas amenazados. Para que la conservación sea efectiva, se debe llevar a cabo dentro de un contexto de respeto y construcción conjunta de soluciones. En el seno de las interacciones humanas, como comenta Lind (1995: 87), se encuentran los "juicios de valor alrededor de lo justo". Estos juicios son las valoraciones que realizan las personas sobre los demás. Si un grupo percibe a otro como confiable, es más probable que haya disposición a cooperar y a buscar el compromiso. De lo contrario, aumentará la tendencia hacia la falta de cooperación y hacia el agravamiento de los conflictos.
A modo de síntesis, con base en este estudio de caso y en la experiencia propia del autor dentro del ámbito de la resolución de disputas socioambientales, en los escenarios de conflicto en torno a la conservación, esencialmente se pueden transitar dos caminos que se esquematizan en la figura 1: hacia la sustentabilidad (el camino virtuoso) o hacia el lado opuesto (el camino vicioso), el cual tiende a generar la degradación social y ambiental. Una vez que estalla un conflicto, o que un conflicto latente se manifiesta (Buckles y Rusnak, 1999; Warner y Jones, 1998), los grupos en contienda exteriorizan sus posturas y emprenden un proceso de movilización colectiva para dar solución al problema. Más tarde, si las vías de resolución disponibles tienden a balancear las asimetrías de poder es decir, se procura incluir a las diversas perspectivas en la puesta en marcha de programas y proyectos de conservación a través de la participación comunitaria, el diálogo y la negociación entonces se puede transitar hacia un fortalecimiento del tejido social. Este tejido es, a su vez, el precursor de una mejora en la calidad ambiental. El tejido social está conformado por todos aquellos arreglos institucionales dirigidos hacia la provisión, uso, acceso y control de los recursos naturales a nivel de la comunidad o región. Por el contrario, si las vías de resolución disponibles tienden a la confrontación y si las asimetrías de poder se mantienen intactas o incluso se agravan dentro del proceso de cambio social, el resultado será la exclusión, el debilitamiento del tejido social y por lo tanto, la degradación ambiental. Entre mayor sea el desgaste del tejido social, más difícil será brincar hacia el polo virtuoso (es por ello que en la figura 1 los caminos vicioso y virtuoso se alejan de manera exponencial).
El conflicto surgido con motivo de la expropiación para consolidar una de las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas implica una contraposición de intereses derivados del significado que la tierra tiene para los diversos actores sociales. Las dos posturas básicas en favor y en contra de la expropiación se relaciona con la actitud que los distintos actores sociales tienen sobre la tierra y los recursos derivados de ella. Para los campesinos y algunos otros actores, como las OSC locales, la tierra es la fuente de sustento y el elemento simbólico de la identidad campesina. Para los actores a favor de la expropiación los principales intereses son el saludable funcionamiento de los ecosistemas y la preservación de la biodiversidad.
El detonante del conflicto radica en que esta contraposición de intereses se inserta dentro de un contexto desigual, en donde los tomadores de decisiones favorecieron medidas unilaterales. El análisis del conflicto derivado de la expropiación demuestra la cuestionable validez de una acción tan drástica, en una época en donde la noción de aislar a los ecosistemas de sus usuarios está perdiendo fuerza tanto en el ámbito científico como en el institucional. Esta medida, más bien, genera incertidumbre, propicia el endurecimiento de las posturas y el desmantelamiento de instituciones comunitarias de regulación al acceso a los recursos naturales, lo que puede suscitar una mayor degradación ambiental. La conservación se torna entonces en un interés ilegítimo para los pobladores locales. Las diferentes posturas e intereses respecto de la naturaleza siempre existirán; el reto está en encontrar la forma de aprovechar estas diferencias, mediante mecanismos de negociación, diálogo y participación comunitaria, para alcanzar la sustentabilidad.
Esta investigación se efectúo originalmente para cumplir con los requisitos de titulación de la maestría en estudios de desarrollo del autor (von Bertrab, 2002). La realización de la investigación fue posible gracias al apoyo financiero del Graduate Research Center on Citizenship, Participation and Accountability del Institute of Development Studies, Universidad de Sussex, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En particular, deseo extender mis más sinceros agradecimientos a Leticia Durand, Jutta Blauert, Luisa Paré, Alex Shankland y José Antonio González Azuara por su apoyo tanto en cuestiones académicas como logísticas, y por supuesto, a todas las personas que me abrieron las puertas y compartieron sus inquietudes y perspectivas.
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1 Gran parte de la literatura consultada para la realización de este escrito está escrita en inglés. Las traducciones de citas directas son del autor de este escrito.
2 Las expropiaciones de tierras privadas las efectuó el estado de Veracruz a favor de sí mismo, mientras que en el caso de los ejidos fue la federación quien expropió en favor del estado de Veracruz, ello porque las zonas ejidales son de competencia federal.
3 La RBIOTUX está incluida en un programa de 15 millones de dólares con una duración de ocho años como parte del Plan de Manejo Integral de Ecosistemas en Tres Ecorregiones. Este programa está financiado por el Global Environmental Facility, órgano de las Naciones Unidas y del Banco Mundial; 4.3 millones están destinados a Los Tuxtlas para promover proyectos productivos sustentables, entre otras acciones.
4 Según Scott (1985, p. XXVI), las "formas diarias de resistencia campesina", que incluyen "la disimulación, la deserción, la ignorancia fingida, el sabotaje y la falta de prontitud para realizar las tareas asignadas", tienen la ventaja de requerir poca coordinación conjunta y de basarse en redes informales y en la comprensión compartida.
5 El término en inglés utilizado para referirse a los actores sociales en una disputa es "stakeholder", palabra muy apropiada, al hacer referencia a alguien que tiene un interés explícito sobre un objeto o situación particular. Debido a la falta de un término similar en español, utilizaremos los términos "actores sociales", "interesados" o "grupos en conflicto" de manera intercambiable a lo largo del escrito.
6 De acuerdo con algunos notables académicos de las ciencias biológicas, entrevistados para este estudio, los biólogos tienden a ignorar los procesos sociales que ocurren en los sitios en donde realizan sus observaciones y estudios. Si bien éste no es el caso de todos los adscritos a esta disciplina, resulta notable la tendencia que prevalece por favorecer los procesos ecológicos y el estudio de las especies sobre las dinámicas sociales.
7 Las consecuencias del conflicto señaladas en este análisis se asemejan a lo propuesto por Ostrom (2000), respecto del papel que desempeñan los arreglos colectivos en el manejo de recursos naturales de propiedad común. La autorasugiere que las instituciones comunitarias de vigilancia, uso y control de los recursos de propiedad común son las que permiten el sostenimiento de la calidad de los recursos naturales a lo largo del tiempo. Este análisis surge como respuesta al paradigmático artículo de Hardin (1968) en donde se plantea el concepto de la "tragedia de los comunes". Bajo este supuesto, los usuarios de un recurso de propiedad común no tienen incentivos para cuidarlo, ya que los costos de su degradación se diluyen en el grupo entero, mientras que los beneficios se aprecian de manera individual. Este concepto se encuentra en el seno del discurso conservacionista, que Dryzek (2005: 27) nombra como "la tragedia incipiente". Parte del contenido epistémico de este discurso se centra en el concepto de capacidad de carga; es decir, el límite de un ecosistema de sostener una población de una especie determinada, así como su capacidad regenerativa y de absorción de contaminantes. En el caso aquí analizado, dicho concepto ejerce una gran influencia en la postura en favor de la expropiación.
8 Ghimire y Pimbert (1997) sugieren que los proyectos integrados de conservación y desarrollo se han utilizado como mecanismos de resolución de conflictos dentro de las áreas naturales protegidas, con la notoria debilidad de que se emplean como paliativos, sin realmente cuestionar las relaciones de poder existentes en el contexto sociopolítico; además, dan pie a la imposición de los discursos conservacionistas.
9 El caso de la Reserva de la Biosfera de La Encrucijada en Chiapas, México, resulta relevante como ejemplo. En esta reserva se establecieron zonas núcleo de diferente índole. En algunas sólo se permite la actividad científica y de educación ambiental, mientras que en otras, denominadas zonas silvestres de uso restringido, se permiten las actividades artesanales de usufructo de recursos pesqueros (me, 1999). El plan de manejo y ordenamiento territorial fue producto de la negociación y el involucramiento de los núcleos de población ubicados dentro de la reserva. Como ésta, existen muchas otras reservas que se planearon con una mayor participación de los actores interesados.

References: resolución 
 RESOLUCIÓN

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