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Recurso-Contencioso-Administrativo-EXPRESA-AGRAVIOS-Secreto-Fiscal.pdf
Recurso Contencioso Administrativo EXPRESA AGRAVIOS Secreto Fiscal
BORM s 2001 90010 Consolidado
Constitucionalizacion Del Derecho (1)
La Suprema Interpretacion de La Revision de Los Fallos Electorales Como Garantia Irrestricta a Los Derechos Fundamentales
sentencia resp personas juridicas.pdf
PERSPECTIVAS DEL PERSONAL
MILITAR PROFESIONAL.
INGRESO, CARRERA PROFESIONAL
Y SISTEMA DE RESPONSABILIDADES
INTRODUCCIN.....................................................................................................
Por Guido Tessainer Tomasich
ADQUISICIN (ACCESO) A LA CONDICIN DE MILITAR DE CA RRERA..........................................................................................................................
Por Pedro T. Nevado-Batalla Moreno
EL TRMINO DE LA CARRERA MILITAR.....................................................
Por Julin Snchez Esteban
RGIMEN DE DERECHOS DEL PERSONAL MILITAR PROFESIO NAL, CON ESPECIAL ATENCIN A LOS DERECHOS DE CON TENIDO ECONMICO........................................................................................
Por Francisco Javier Fragoso Martnez
SINGULARIDADES Y PERSPECTIVAS SOBRE EL RGIMEN DIS CIPLINARIO MILITAR.........................................................................................
EL FOMENTO DE LA VOCACIN MILITAR A TRAVS DE LAS AC TIVIDADES UNIVERSITARIAS DE DIFUSIN Y CONOCIMIEN TO DE LA CULTURA DE DEFENSA NACIONAL..................................
PLANEACIN EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LAS FUERZAS MILITARES COLOMBIANAS: DE LA ADECUA CIN DE LA MOTIVACIN SUFICIENTE AL EJERCICIO DE LA FACULTAD DISCRECIONAL......................................................................
Por Javier G. Rincn Salcedo
COMPOSICIN DEL GRUPO DE TRABAJO..................................................
INTRODUCCIN Deca Almirante al prologar su obra Bibliografa Militar de Espaa que: Es un deber de cortesa y lealtad manifestar brevemente al lector, cuando se le presenta una obra, no slo su objeto y origen, los procedimientos materiales con que se ha trabajado, los tiempos y circunstancias especiales en que se ha escrito; sino tambin la aptitud, la predisposicin, la manera de ver, de buscar, de estudiar, de juzgar: el criterio, en fin, del autor1. En nuestro caso esta tarea resulta ms compleja habida cuenta que no se trata de manifestar un criterio o una metodologa, sino que se debe estar al criterio y metodologa de cinco autores que, sin embargo, no resulta excesivamente complejo habida cuenta que todos los autores han trabajado con un mismo comn denominador: desde la conciencia de la significativa importancia de las Fuerzas Armadas en el conjunto del Estado, se ha orientado la atencin al estudio del personal militar profesional tomando cinco reas de referencia y anlisis especfico, junto a una quinta de enriquecedor estudio comparado. As las cosas, este Documento gana distancia al relativo retraso que los estudios sobre la funcin pblica militar han tenido y tienen respecto a la funcin civil. Servidores pblicos todos, pero marcado en el caso militar por una serie de notas caracterizadoras en el desempeo de su funcin que hacen, en el marco de la funcin pblica del Estado, que el servidor militar presente, en alguno de sus perfiles, un mayor crecimiento en su listado de obligaciones y ms limitaciones en su haz de derechos. Y ello es necesario al objeto de
1 ALMIRANTE, J.: Bibliografa militar de Espaa, Imprenta y Fundicin de Manuel Telo, Madrid,
dar una respuesta ptima a los intereses generales y fines cuya garanta la Constitucin encomienda a las Fuerzas Armadas. En otras palabras, sobre los principios rectores de la funcin pblica y la identidad con no pocas normas que integran su bloque normativo, dadas las peculiaridades del servicio que nuestro Texto Fundamental exige a las Fuerzas Armadas, la Defensa Nacional, resulta obligado otorgar un especial tratamiento a sus servidores. Y es que, a mayor abundamiento, cuando se cita el concepto o la idea de Defensa Nacional, se est aludiendo a la justificacin de la propia existencia de la institucin militar que como ya tempranamente definieran Oviedo y Guaita en sus manuales sobre Derecho Administrativo, debe ser concebida como un autntico servicio pblico respecto al que ya no resulta distante o esforzado apreciar su actividad prestacional en periodo de paz o normalidad constitucional; en la actualidad ese servicio pblico que es la Defensa Nacional se aprecia con facilidad en el da a da de las Fuerzas Armadas, en su modelo y organizacin destinada a arropar a la sociedad espaola y a la comunidad internacional all donde Espaa ha asumido compromisos de paz y seguridad. Y es que, en estos momentos la sociedad es consciente o puede apreciar de manera tangible la prestacin material de las Fuerzas Armadas sin tener que hacer esfuerzos imaginativos a una indeseada situacin blica, y dicha prestacin se visualiza a travs del personal militar que, por s mismo, representa, encarna lo que es el servicio pblico de la Defensa Nacional. Efectivamente, a mayor abundamiento, nada de lo expuesto se lograra sin el elemento personal que haciendo de su profesin el servicio a los dems, lo ha decidido adems en el seno de una institucin de naturaleza militar. Es decir, estos servidores pblicos hacen cristalizar cada una de las manifestaciones de nuestra Defensa Nacional y como tantas veces se ha repetido, pero no es balad repetirlo una vez ms, son las personas las que mantienen el perfil de una organizacin y en el caso de las Fuerzas Armadas, no slo se mantiene alto gracias a su personal sino que adems es la mejor garanta para afirmar con absoluta conviccin que los fines constitucionales de las Fuerzas Armadas en el marco de la poltica de defensa son un punto de partida y de llegada. Obviamente, las consideraciones expuestas no son incompatibles con la constatacin de una realidad jurdica, en ocasiones, complicada, marcada como ya hemos anticipado por un rgimen jurdico que, atendiendo a la unidad de la Administracin, debe dar
respuesta a no pocas peculiaridades imprescindibles, habida cuenta de la especificidad de la funcin militar. Es este el eje sobre el que ha pivotado el trabajo del grupo de investigacin cuyo resultado final ahora se presenta: examinar, reflexionar y describir sobre la figura del personal militar profesional. Pues bien, el Documento que ahora se presenta, aborda cuatro captulos concretos del Estatuto del Militar Profesional, una exposicin del elemento vocacional que debe acompaar a todo militar y su fomento, para terminar con un captulo de Derecho Comparado. A saber: 1. Se examina el acceso a la condicin de militar de carrera desde su marco normativo de referencia, con especial atencin a los principios constitucionales de mrito y capacidad. 2. Se procede al estudio de los principales aspectos de la situacin del personal militar una vez finalizada su prestacin de servicios en la situacin de servicio activo, bien por edad o por insuficiencia de aptitudes psicofsicas. 3. Se ha analizado el rgimen de derechos y obligaciones del personal militar desde la perspectiva de las especificidades del desempeo de sus funciones y las exigencias que de ello derivan. Sobre esta cuestin cabe apuntar, por una parte, que el listado de derechos hace proveer al personal militar de los recursos y motivacin jurdica necesaria para sostener adecuadamente el desempeo de su funcin y, por supuesto, tener dicha profesin como medio de vida. Por otra parte, el haz de obligaciones permite confirmar un sistema que asegura la completa juridicidad de la actuacin de las Fuerzas Armadas a travs de su personal como parte del varillaje que sustenta el conjunto del Estado de Derecho 4. El captulo del grupo de trabajo se ha dirigido al anlisis del Rgimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas como sistema de reaccin particularizado en el mbito de la funcin pblica con reconocimiento y habilitacin constitucional. Y es que, el personal militar como integrantes fsicos y titulares, en su caso, de las unidades militares encargadas de ejecutar la poltica de defensa, asumen una posicin de privilegio por los medios a su alcance (que incluye el uso de la fuerza) y una responsabilidad propia en el cumplimiento de los condicionantes y exigencias derivadas aquella poltica en el marco trazado por la Constitucin. 5. Separado de la perspectiva jurdica que hasta ahora ha sido el hilo conductor del resto de estudios, se presenta una descripcin de la actividad acadmica de la Ctedra
Almirante Martn Granizo como instrumento para difundir la cultura de Defensa Nacional y los calores que de ella se desprenden con el doble objetivo de alcanzar un mejor conocimiento de nuestras Fuerzas Armadas y, de manera consecuente, fomentar las vocaciones hacia la funcin militar desde un mejor entendimiento y comprensin. 6. Finalmente, se ha incorporado un captulo comparado sobre la gestin y planeamiento de los recursos humanos en la Repblica de Colombia debido a su inters como resea comparada de un Estado en el que las Fuerzas Armadas son patrn de referencia en el mbito iberoamericano tan prximo a Espaa y a sus intereses. A la vista de las consideraciones expuestas, puede decirse que el grupo de investigacin ha tratado de acercarse a la realidad del elemento fundamental de las Fuerzas Armadas, su personal, a travs de una ptica jurdica, socio acadmica y comparada con el objetivo de alcanzar un mejor conocimiento de un colectivo que tanto y de manera tan fundamental contribuye al rendimiento y estabilidad de nuestra democracia.
GUIDO TESSAINER TOMASICH
Coronel de Ingenieros (R)
ADQUISICIN (ACCESO) A LA CONDICIN DE MILITAR DE CARRERA Consideraciones previas Delimitando el objeto de nuestro estudio debe apuntarse, con carcter previo, que a diferencia de no pocos puestos de la Administracin General del Estado en los que la superacin de las correspondientes pruebas selectivas conducen a la adquisicin de la condicin de servidor pblico con aptitud e habilitacin suficiente para el desempeo de las funciones que estn legalmente determinadas1, en el caso de las Fuerzas Armadas, la superacin de las correspondientes pruebas selectivas conducen, en todo caso, a adquirir la condicin de alumno que, caracterizado jurdicamente como militar pero sin relacin profesional alguna, carece de capacidad para el desempeo de las funciones propias del empleo que en el futuro adquirir una vez supere el periodo de formacin en el centro docente militar que se trate2. Y no estamos hablando de un periodo de prcticas o la superacin de un curso de formacin, estamos ante la perspectiva de un autntico programa de estudios que de
Vase artculo 62 del Estatuto Bsico del Empleado Pblico. Segn el artculo 67 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, al hacer su presentacin, los que ingresen en los centros docentes militares de formacin firmarn un documento de incorporacin a las Fuerzas Armadas segn el modelo aprobado por el ministro de Defensa, salvo aquellos que ya pertenezcan a stas, y sern nombrados alumnos. A partir de dicho momento tendrn condicin militar, sin quedar vinculados por una relacin de servicios profesionales, quedando sujetos al rgimen de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y a las leyes penales y disciplinarias militares. Precepto que se confirma por la previsin del artculo 76 de la misma norma al establecer las exigencias para adquirir la condicin de militar de carrera.Precepto que se confirma por la previsin del artculo 76 de la misma norma al establecer las exigencias para adquirir la
manera particular y especializada prepara y forma al profesional militar para el desempeo de sus funciones. Consecuentemente, podemos constatar que los presupuestos fundamentales para la adquisicin de la condicin de militar profesional son, por un lado, el ingreso en un centro docente militar y, por otro, la superacin del correspondiente plan de estudios, marcndose una destacada vinculacin entre la idea de acceso a la funcin pblica militar y la enseanza militar. Y es que, el aspirante seleccionado, una vez que ingresa en el centro de formacin correspondiente (recibiendo el nombramiento de alumno) y demuestra su aptitud al superar el correspondiente plan de estudio, obtendr su primer empleo militar en el que adquirir la condicin de militar profesional3. Pero an hay ms, por lo que se refiere a la superacin del correspondiente plan de estudios, su relevancia no se limita a la verificacin de una de las condiciones necesarias para el acceso a la condicin de militar profesional. El desarrollo personal del concreto plan de estudios, su aprovechamiento e inters en el mismo, expresado en la consiguiente calificacin acadmica obtenida al finalizar el mismo, condicionar en buena medida el futuro profesional del interesado. Bloque normativo de aplicacin: examen y consideraciones Pues bien, superada completamente la diversidad normativa que hasta la publicacin de la Ley 17/1989 determinaba el acceso a la condicin militar con diferencias en los lmites de edad, condiciones fsicas, programas, titulacin acadmica exigida etc., en la actualidad el acceso a la condicin militar, en bloque normativo, se caracteriza por su relativa simplicidad, manifestacin inequvoca de la completa normalizacin de los procedimientos de acceso a la funcin pblica, en este caso militar, en el marco de un Estado Democrtico y de Derecho en el que dicho acceso se configura como un derecho de carcter fundamental4. En este contexto normativo que hemos inicialmente definido como de relativa simplicidad, el referente bsico viene representado por la Ley 39/2007, de 19 de
condicin de militar de carrera. 3 Adquisicin de la condicin de militar profesional donde podrn apreciarse sin dificultad los rasgos que determinan tradicionalmente la figura del funcionario pblico: Voluntariedad. Legalidad del nombramiento. Permanencia (estabilidad). Integracin en plantillas administrativas. Profesionalidad. Intervencin del Derecho Administrativo.
4 Artculo 23 de la Constitucin.
noviembre, de la Carrera Militar y, en concreto, por su artculo 56 que, ms en la lnea de la derogada Ley de Medidas de Reforma de la Funcin Pblica que en la del actual Estatuto Bsico del Empleado Pblico5, viene a sintetizar de una manera muy loable los principales postulados en materia de acceso a la funcin pblica, aunque con algunas ausencias que si bien no plantean mayores dificultades jurdicas, aminoran la capacidad del precepto y de la propia norma en la que se integra, para establecer de manera integral el rgimen de acceso a la condicin de militar profesional. A saber: 1. Establecimiento de los sistemas tradicionales de concurso, oposicin o concursooposicin. No obstante, la norma no determina cul de los sistemas debe ser empleado de manera ordinaria. Obviamente, debemos deducir en el contexto de todo procedimiento de seleccin que el sistema general es la oposicin o, en su caso, el concurso-oposicin, pero no hubiera estado de ms establecerlo de manera expresa6. 2. Garanta de los principios constitucionales de igualdad, mrito y capacidad, dejando abierto el listado de principios a todos aquellos que resulten de aplicacin. Principios que, pese a su conocimiento y exigencia preceptiva, podran haberse citado en base a esa intencin ya expresada de establecer un rgimen integral. Y es que, no es balad recordar y expresar en la norma de referencia principios como los de publicidad de las convocatorias y de sus bases, libre concurrencia, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los rganos de seleccin, independencia y discrecionalidad tcnica en la actuacin de los rganos de seleccin, o agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de seleccin, en la misma lnea que lo hace el artculo 55 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico. 3. Establecimiento de los requisitos generales de acceso, con el establecimiento de la edad mnima en 18 aos (16 aos establece el Estatuto Bsico del Empleado Pblico), una referencia expresa a la incorporacin de extranjeros a las Fuerzas Armadas7, y una especial atencin a la capacidad, antecedentes penales y hallarse
5 No puede obviarse que la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico es anterior a la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar sin que el impacto del Estatuto se perciba de manera particularmente intensa en la norma militar. 6 El artculo 61.6 del Estatuto Bsico del Empleado Pblico establece que slo en virtud de Ley podr aplicarse, con carcter excepcional, el sistema de concurso que consistir nicamente en la valoracin de mritos. 7 Con carcter general el artculo 3.5 de la Ley de la Carrera Militar, dispone que los extranjeros en situacin de residencia legal podrn vincularse a las Fuerzas Armadas con una relacin de servicios profesionales mediante compromisos de carcter temporal
procesado criminalmente, adems de la habitual incompatibilidad de quien ha sido separado disciplinariamente del servicio en cualquier Administracin Pblica. De los requisitos generales de acceso enunciados, cabra hacer dos consideraciones: Por un lado, en relacin a la edad, hubiera sido deseable que la norma, con su rango de ley, hubiera establecido los lmites de edad que no se pueden superar y no a travs de la va reglamentaria como se indica en el artculo 56.3 in fine de la Ley. Y ello para dotar de la garanta que ofrece la fuerza de ley a una cuestin que siendo obvia, en ocasiones no lo es tanto y se relativiza. Nos explicamos: es equivocado entender que todo ciudadano, desde el momento que tiende derecho a acceder a la funcin pblica, en tanto no se haya operado la extincin conectada a la edad de jubilacin, tiene abiertas, cualquiera que sea su edad, las posibilidades de ocupar cualquier puesto de la organizacin pblica. Y es errado ya que la edad es en s un elemento diferenciador de carcter objetivo, siendo legtima una decisin legislativa que, atendiendo a ese elemento diferenciador, y a las caractersticas del puesto de que se trate, fije objetivamente lmites de edad que suponga, para los que la hayan rebasado, la imposibilidad de acceder a estos puestos. En esta lnea, el propio Tribunal Constitucional, en su sentencia 37/2004, de 11 de marzo de 2004 ha sealado que: El derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones pblicas no prohbe que el legislador pueda tomar en consideracin la edad de los aspirantes, o cualquier otra condicin personal. En efecto, en cuanto la edad es en s un elemento diferenciador ser legtima una decisin legislativa que, atendiendo a ese elemento diferenciador, y a las caractersticas del puesto de que se trate, fije objetivamente lmites de edad que suponga, para los que la hayan rebasado, la imposibilidad de acceder a estos puestos. Pero frente a este planteamiento que, sin duda resulta de una claridad meridiana y est avalado por el mximo intrprete constitucional, puede esgrimirse de manera razonable que es discriminatorio el limitar la edad mxima de acceso a un puesto en la funcin pblica, cuando tal lmite no es objetivo ni se motiva, mucho ms cuando
como militares de tropa y marinera en los casos y por los procedimientos regulados en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinera y como militares de complemento de acuerdo con lo previsto en esta ley.
el superar el filtro de unas pruebas fsicas, ya de por s acredita el adecuado perfil del aspirante en relacin a las tareas a realizar8. Por otro lado, respecto a la inexistencia de antecedentes del aspirante, qu duda cabe, que esta preocupacin por la intachable conducta del aspirante se vincula al deseo que el propio legislador expresa en la Exposicin de Motivos de la Ley de asegurar la calidad del personal de las FAS partiendo de buenos ciudadanos cuyos valores sern acrecentados durante su estancia en las Fuerza Armadas9. 4. Adecuacin entre el contenido de los procesos selectivos y la enseanza que se va a cursar, o en su caso, las funciones o tareas a desarrollar. Consideracin que revela, bien a las claras, la discrecionalidad existente a la hora de convocar unas pruebas selectivas por cuanto, como ha fijado la jurisprudencia, los mritos y capacidades para ocupar un puesto en cualquier Administracin Pblica, le corresponde fijarlos a la propia Administracin, en virtud del principio autoorganizativo que es preciso reconocerles, ya que son las Administraciones las que tienen conocimiento de los perfiles necesarios en sus funcionarios y empleados para el mejor desempeo de sus funciones. Afirmacin que debe leerse de manera ms intensa cuando estamos ante profesionales que van a integrar los cuadros de personal de las Fuerzas Armadas.
Vase sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, Sala de lo Contencioso-administrativo, Seccin 1., de 11 de febrero de 2008, rec. 311/2007. 9 Significativamente se dice en el prrafo segundo del Prembulo de la Ley de la Carrera Miltar: Se trata de asegurar la calidad del personal en unas Fuerzas Armadas modernas y altamente tecnificadas, donde los recursos humanos constituyen un factor esencial y determinante. Por consiguiente, la poltica de personal no slo debe pretender cubrir las necesidades cuantitativas de los Ejrcitos, sino alcanzar la excelencia, tanto en la etapa formativa como en la seleccin de los ms cualificados para el ascenso y de los ms idneos para el desempeo de los distintos destinos. Planteamiento que el prrafo III del mismo Prembulo complementa con la referencia al perfil buen ciudadano que se requiere para quienes aspirar a incorporarse a las Fuerzas Armadas: Esta Ley tiene muy en cuenta que quien se incorpora a las Fuerzas Armadas adquiere condicin militar y queda sujeto a un rgimen especfico. El objetivo es, partiendo de un buen ciudadano, acrecentar sus valores como tal durante su permanencia en las Fuerzas Armadas, convertirlo en un excelente servidor pblico y hacerlo militar, es decir, depositario de la fuerza y capacitado y preparado para usarla adecuadamente. Aqul a quien se confa el uso de la fuerza debe adquirir el compromiso de emplearla en la forma y con la intensidad que la Nacin, a travs de las Cortes Generales y del Gobierno, ordene hacerlo de acuerdo con la Constitucin y el resto del ordenamiento. Militar que tambin debe estar en disposicin de afrontar las misiones de las Fuerzas Armadas en situaciones de crisis o emergencias.
Discrecionalidad que, como en otros mbitos no es absoluta por cuanto la decisin en que se concreta su uso debe estar vinculada, como as exige la norma, a la enseanza que se va a cursar, o en su caso, a las funciones o tareas a desarrollar. 5. Inexistencia de diferencias por razn de gnero, salvo las derivadas de las distintas condiciones fsicas que, en su caso, puedan considerarse en el cuadro de condiciones exigibles para el ingreso. Respecto de las distintas exigencias de condiciones fsicas por razn de sexo, debe partirse de una consideracin general admitida de manera pacfica: la exigencia de superacin de determinadas pruebas fsicas no son superficiales, innecesarias o injustificadamente discriminatorias de los candidatos que no las superen, porque que la exigencia de buena forma fsica no excluye a nadie y por lo tanto una buena preparacin de esta clase es una exigencia lgica a los aspirantes al puesto que se trate10, mucho ms en el caso de las Fuerzas Armadas donde las condiciones fsicas son especialmente determinantes de la eficacia en el ejercicio de la profesin militar. En otras palabras, tomando como referente la doctrina jurisprudencial al respecto, las pruebas fsicas tienen por finalidad poner de manifiesto que los aspirantes poseen la capacidad funcional necesaria para realizar de forma habitual y constante las tareas encomendadas al Cuerpo en el que se pretende ingresar. Por ello, al tener que acreditarse tal capacidad en un reducido espacio de tiempo y mediante la realizacin de un limitado nmero de ejercicios, es evidente que stos deben tener la entidad suficiente para demostrar que los opositores renen las condiciones funcionales exigibles. As, no pueden considerarse excesivas ni ilegales las pruebas de resistencia y de esfuerzo contempladas en las bases. Cuestin distinta en cuyo ruedo especulativo y de debate no entramos, es si precisamente en el mbito de las Fuerzas Armadas donde hemos convenido que las condiciones fsicas son especialmente determinantes de la eficacia en el desempeo de la funcin (especialmente en unidades operativas), se justifica la diferenciacin de pruebas fsicas por razn de sexo. 6. Valoracin del tiempo servido en las Fuerzas Armadas. Sobre esta cuestin conviene consignar que deben evitarse desviaciones en la fase de concurso que pueden
Vase entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de Contencioso-administrativo, Seccin 7., de 13 de noviembre de 2008, rec. 4035/2004.
derivar del problema de la valoracin o sobrevaloracin de los servicios previos prestados en la Administracin convocante, en ese caso el Ministerio de Defensa. Problema que trae su causa en la colisin de varios principios: Por un lado el ya conocido y varias veces mencionado principio de igualdad en el acceso a la funcin pblica conjugado con el principio de libre acceso a cargos y funciones pblicas. Por otro lado, los principios de capacidad y eficacia que mueven a la Administracin a seleccionar el ms idneo teniendo presente su conocimiento del cargo y las funciones a desarrollar. Cuestin que ha llegado a sede constitucional y que en repetidos pronunciamientos, ha fijado los criterios de compatibilidad y sujecin a la Constitucin: Existe vulneracin del principio de igualdad y por tanto discriminacin cuando los mritos a valorar en la fase de concurso suponen una autntica referencia individualizada y concreta. esulta igualmente contrario al principio de igualdad y al de mrito, que los puntos R obtenidos en la fase de concurso sirvan para superar la fase de oposicin. Consideraciones que habrn de contemplarse en la aplicacin de los criterios de seleccin y baremacin de mritos. Finalmente, no podemos dejar de mencionar la ausencia de cualquier referencia a los rganos de seleccin, al menos, en sus aspectos bsicos de configuracin y de proceder (regulacin de la composicin y funcionamiento). Sin duda, que el legislador de la carrera militar haya obviado alguna de las consideraciones que hemos manifestado, teniendo presente la aplicacin del rgimen general de acceso en el mbito de la Administracin General del Estado. Explicacin o justificacin que no satisface plenamente por cuanto el mismo criterio podra haberse empleado a otras muchas previsiones del citado artculo 56 y, sin embargo, s estn presentes. En este sentido, pese a que se ha avanzado mucho, desde el punto de vista tcnico-jurdico las normas militares y, especialmente sta, orientada a regular de manera integral la carrera militar deberan ser ms depuradas en el sentido de completas, sobre todo respecto a cuestiones ya contempladas en el bloque jurdico-administrativo sobre la materia y contrastadas a nivel doctrinal y jurisprudencial. El rendimiento de los principios de igualdad, mrito, capacidad y publicidad
Teniendo presente las consideraciones expuestas, se ha construido un sistema de seleccin de personal en el que el rendimiento de los principios de igualdad, mrito, capacidad y publicidad han tenido un rendimiento ciertamente elevado hasta el punto que, a diferencia de otros procedimientos de seleccin en el mbito de la Administracin General del Estado, los niveles de conflictividad son ciertamente menores, salvando obviamente la correccin cuantitativa producida por el acceso a las clases de tropa y marinera profesional a travs del sistema de concurso-oposicin. As las cosas, en su fase de ingreso en un centro docente militar, el sistema de acceso se caracteriza por dos notas fundamentales que fijan ya un primer nivel de rendimiento de los principios en los que hemos centrado nuestra atencin: 1. La homogeneidad, salvando las caractersticas funcionales propias de cada Ejrcito o la Armada. 2. La convergencia con el sistema general de provisin de puestos de trabajo en el sistema general de acceso a la funcin pblica. La aplicacin de los antedichos principios no resulta en absoluto balad por cuanto conduce a establecer unos perfiles especialmente idneos para el ya anunciado buen rendimiento de los principios de igualdad, mrito, capacidad y publicidad al establecerse un espacio plano en el que, pese a las especificidades de la funcin militar, no se encuentran resaltes o sinuosidades jurdicas susceptible de ser causa de conflictos, ms all de lo necesario y adecuado para el inters general concretado en las necesidades de la Defensa Nacional. Pues bien, si procedemos a analizar la norma nuclear sobre la materia, el ya conocido artculo 56 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar podemos desgranar con precisin las reglas que conducen al aseguramiento de los principios apuntados: Igualdad: por aplicacin de los artculos 9 y 14 de la Constitucin y, en particular, de su artculo 23.2. Esto es, la prohibicin de discriminacin, enunciada con carcter general en el artculo 14 de la Constitucin , y concretamente en cuanto al acceso y a la permanencia en los cargos y en las funciones pblicas, en el ya citado artculo 23.2 de la Constitucin, responde a uno de los valores superiores que segn la Constitucin y la doctrina jurisprudencial que la ha interpretado han de inspirar el ordenamiento jurdico espaol, el valor de la igualdad. El derecho a la igualdad tiene as un carcter general que comprende a los servidores pblicos y acta, en el acceso
a la funcin pblica, y a lo largo de la duracin de la relacin funcionarial, de modo que los ciudadanos no deben ser discriminados para el empleo pblico o una vez incorporados a la funcin pblica. Consideraciones que no excluyen, como hemos visto lneas atrs la posibilidad de realizar distinciones y diferenciar exigencias en atencin a las necesidades del puesto o la enseanza de formacin a realizar11. Mrito y capacidad, manifestado en la prohibicin de todo criterio selectivo que no atienda a la capacidad intelectual y a los mritos objetivos personales, segn exigencia del artculo 103.3 de la Constitucin. Publicidad, garante de la igualdad y cauce de obtencin la mxima concurrencia.
11 Nada mejor para clarificar esta afirmacin que acudir a la propia doctrina del Tribunal Constitucional, quien ya tempranamente supo interpretar y adecuar la aplicacin del principio de igualdad, cuestin especialmente importante en los procesos de seleccin que nos ocupan y el tipo de pruebas que en ellos se establecen. As, la sentencia 75/1983, de 3 de agosto, seala al respecto: El artculo 14 de la Constitucin configura el principio de igualdad ante la Ley como un derecho subjetivo de los ciudadanos, evitando los privilegios y las desigualdades discriminatorias entre aqullos, siempre que se encuentren dentro de las propias situaciones de hecho, a las que debe corresponder un tratamiento jurdico igual, pues en tales supuestos la norma debe ser idntica para todos, comprendindolos en sus disposiciones y previsiones con la misma concesin de derechos que eviten las desigualdades, pues de no actuarse legislativamente de tal manera, surgira un tratamiento diferenciado a causa de una conducta arbitraria, o al menos no debidamente justificada, del poder pblico legislativo. Slo le resulta posible al legislador, en adecuada opcin legislativa, establecer para los ciudadanos un trato diferenciado, cuando tenga que resolver situaciones diferenciadas fcticamente con mayor o suficiente intensidad, que requieran en su solucin por su mismo contenido una decisin distinta, pero a tal fin resulta indispensable que exista una justificacin objetiva y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados, cuya exigencia deba aplicarse en relacin con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo estar presente por ello una razonable relacin de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida, y dejando en definitiva al legislador con carcter general la apreciacin de situaciones distintas que sea procedente diferenciar y tratar desigualmente, siempre que su acuerdo no vaya contra los derechos y libertades protegidos en los artculos 53.1 y 9.3 de la Constitucin, ni sea irrazonada, segn deriva todo ello de la doctrina establecida por este Tribunal Constitucional en las sentencias de 10 julio de 1981, 14 de julio de 1982 y 10 noviembre este ltimo ao, as como de las sentencias 23 de julio de 1968 y 27 de octubre 1975 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
EL TRMINO DE LA CARRERA MILITAR Introduccin Si bien el inicio de la actividad profesional en las Fuerzas Armadas viene marcado por un acto jurdico generador de derechos y deberes, al final de esa relacin profesional puede llegarse por diferentes razones, que producen muy distintos efectos jurdicos. La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, es la norma que fija el rgimen especfico al que se sujeta el desarrollo del itinere profesional de quienes deciden seguir la carrera de las armas. Hasta que en el ao 1989 viera la luz la primera
disposicin estatutaria militar, la Ley 17/1989 de 19 de julio, Reguladora del Rgimen del Personal Militar Profesional, las disposiciones organizadoras de la funcin militar estaban dispersas. Y aunque se daba por sentado que eran unos trabajadores ms al servicio de la Administracin, su status jurdico no estaba recogido en una disposicin unitaria e integradora. La Ley 17/1989 citada cambi la orientacin. Su intencin de elevar el servicio al Estado de los militares a la categora de funcin pblica no pudo ser recogida en el ttulo de la Ley, pero s qued patente en el propio Prembulo, en el que se define la funcin militar como una actividad de inters pblico con todas las consecuencias: subordinacin al bien comn, sujecin al control de los poderes del Estado y exigencia de una administracin transparente de los recursos. Tal declaracin se materializa en el
contenido de la norma, que abarca los contenidos de la profesin, estructurados desde una ptica integradora y finalista, que cierra el sistema con el desarrollo reglamentario. Esta Norma Bsica de la Funcin Militar fue modificada por la Ley 17/1999, de 18 de mayo, ante la necesidad de construir un nuevo marco en la prestacin de servicios, por la puesta en marcha de la plena profesionalizacin de las Fuerzas Armadas. Y si bien la nueva norma supuso un cambio importantsimo respecto de la situacin anterior, precisamente lo que menos se modific fue la materia que nos ocupa en esta ocasin. En cualquier caso, el hito de la profesionalizacin del Ejrcito marc un antes y un despus en la consideracin del militar como empleado pblico. Finalmente, en el ao 2007 se produjo la ltima modificacin, que estableci el rgimen del personal vigente en la actualidad. La plena adaptacin a los nuevos tiempos y, sobre todo, a la nueva concepcin de la defensa, haca necesaria la modernizacin del tronco del Estatuto de Personal, en el que se incardina todo lo concerniente a la finalizacin de la carrera profesional, que es el objeto del presente trabajo, y que como en el resto de los empleados pblicos, puede deberse a causas ordinarias el retiro por cumplimiento de la edad reglamentaria o extraordinarias por motivos psicofsicos, penales, disciplinarios, o de prdida de aptitud profesional. A su anlisis dedicaremos las siguientes pginas. El sistema de previsin social Desde la creacin de los ejrcitos permanentes fue motivo de preocupacin la atencin a los soldados que por edad o lesiones, se hallaban incapacitados para el combate. Hasta entonces prcticamente eran abandonados a su suerte pues las pensiones de guerra slo alcanzaban a los nobles que ocupaban altos cargos en la organizacin militar, y ni siquiera siempre se cobraban. En este sentido, la soldada que venan percibiendo las tropas por participar en las guerras desde el siglo XIV, no contemplaba el cobro de pensiones por invalidez. La creacin de los hospitales militares surgi precisamente con la finalidad de prestar asilo a los pocos militares que sobrevivan no ya a las guerras, sino a las penurias y sacrificios de la vida militar. El ejemplo ms caracterstico de estas instituciones es Los Invlidos de Pars, centro creado por Luis XIV hacia el ao 1670 para acoger a sus veteranos de guerras enfermos y sin hogar, y que hoy se ha convertido en uno de los principales monumentos de la ciudad, en el que reposan desde el ao 1840 los restos de Napolen.
Pues bien. Esa incipiente preocupacin de los monarcas franceses por la asistencia a las tropas incapacitadas por edad o enfermedad, fue calando en las dems naciones europeas, cuyos gobernantes fueron dndose cuenta de que ello redundaba en la moral de las tropas. Y poco a poco se fueron fundando instituciones parecidas en todos los pases. Ms el paso, con ser importante, no era suficiente. Se haca necesaria la instauracin de un sistema de pensiones que dignificara la existencia de los militares jubilados y de sus viudas y hurfanos. El nacimiento de los sistemas de previsin social de los militares es distinto del de los trabajadores y adems es el germen de la previsin social del resto de los funcionarios, esto es, del sistema de clases pasivas. Una primera distincin histrica, de la que deriva la duplicidad del sistema actual, es que mientras que los sistemas de los trabajadores de la industria surgen por iniciativa de los propios empleados, que constituyen las entonces denominadas sociedades de socorros mutuos, el de los militares e insistimos, el del resto de funcionarios es creado por el mismo Estado, que los denomina montepos. La primera iniciativa data del ao 1755 y corresponde al entonces marqus de Mina, que propone al secretario de Guerra la creacin de un Montepo Militar para socorro de viudas y hurfanos, que segn l se vean obligadas a mendigar para comer. Tngase en cuenta que en aquel momento slo se estaba hablando de los oficiales, por cuanto que slo ellos eran considerados militares permanentes o militares de carrera. Se pretenda pues con esta peticin, instaurar un medio por el que sin aumentar cargas al real erario, pudiera proporcionarse a las viudas lo suficiente para mantenerse con el decoro adecuado a la clase de su difunto marido. Ese primer intento fracas porque conllevaba la retencin a los oficiales en activo de una cantidad importante para el sueldo que perciban. En su lugar se aprob el proyecto de creacin de colegios de hurfanos de oficiales, que persisten en la actualidad. Es en el ao 1761 cuando se cre el primer Montepo Militar para la atencin de viudas y hurfanos de oficiales. Y si bien antes de ello el colectivo haba sido objeto de atencin por parte del Rey, que asign fondos de su Real Tesorera para repartirlos entre las viudas a partir del ao 1717, no es menos cierto que la creacin del Montepo supuso el primer intento serio del Estado ilustrado, de asumir las funciones sociales que tradicionalmente vena ejerciendo la Iglesia, a travs de la promocin del bienestar de los todava sbditos.
Pero no todas las viudas de militares eran beneficiarias del Montepo Militar, ni siquiera todas las viudas de oficiales. Por esa razn, fueron apareciendo nuevos montepos, que poco a poco fueron extendiendo la atencin a viudas y hurfanos a los distintos grados de los ejrcitos. De igual modo, este sistema pblico de previsin se extendi a otros sectores de trabajadores al servicio de la administracin e incluso aparecieron montepos privados, siendo el primero de esta ndole el de los abogados de Zaragoza. Paralelamente, los montepos ampliaron su campo de actividad, especializando su cobertura en los riesgos de larga duracin. De la viudedad y orfandad se pas a cubrir otro tipo de contingencias igualmente necesarias, como la supervivencia o vejez y la invalidez en sus dos formas, la ordinaria y la causada en acto de servicio. Por ello pasaron por grandes apuros financieros, lo que requiri la intervencin y apoyo del Estado, que finalmente asumi las funciones de los montepos oficiales, mediante la creacin del sistema de clases pasivas. Los apuros apuntados dieron lugar a numerosos impagos y retrasos en el cobro de prestaciones en los diversos montepos, hasta que en el ao 1831 el Estado se vio obligado a incautarlos. Ahora bien, esta incautacin se produjo no slo por la situacin de los montepos, sino por la necesidad de la Real Tesorera de proveerse de fondos. La desamortizacin por tanto alcanz a este sistema de previsin social, que sigui en plena vigencia aunque absorbido por el Estado en la Ley de Presupuestos del ao 1835, de forma que ste recaudaba los fondos y los distribua con arreglo a la normativa anterior. Esta forma de gestin fue muy criticada por su ineficacia, que dio lugar a numerosas irregularidades que iban desde la falta de cobro de las aportaciones de los socios hasta los retrasos en los pagos. Por ello, poco a poco fueron suprimindose los montepos, desapareciendo el militar en el ao 1857. Ello da paso a una situacin transitoria en la que se intenta sin conseguirlo codificar la normativa de clases pasivas. Tienen que pasar ms de 50 aos hasta que finalmente en el ao 1924 ve la luz el primer Estatuto de Clases Pasivas, en la que por fin se reconocen los derechos pasivos de los funcionarios civiles y militares como una carga del Estado inherente a la condicin de personal a su servicio. Este primer Estatuto se fue paulatinamente modificando por mor de todo un conjunto normativo sectorial, disperso y nunca debidamente integrado, de forma que su estudio y aplicacin se fue haciendo cada vez ms complicado. En todo el entramado, lo que qued meridianamente claro desde el primer momento fue la inaplicacin a los funcionarios
civiles y militares de la normativa general sobre proteccin social: la Ley General de Seguridad Social del ao 1966, dictada al amparo de la Ley de Bases del ao 1963, no es de aplicacin a estos dos grupos de trabajadores pblicos. La fragmentacin del sistema de clases pasivas se aprecia en la coexistencia de diversas normas para los diferentes grupos. As, la Ley 30/1965, de Derechos Pasivos de los Funcionarios de la Administracin Civil del Estado, coexiste con la Ley 112/1966, de Derechos Pasivos del Personal Militar y Asimilado de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Polica Armada. Junto a ellas, las reformas del rgimen jurdico de los funcionarios, plasmadas fundamentalmente en la Ley 30/1984, de Medidas de Reforma de la Funcin Pblica, y la Ley 50/1984, de Presupuestos Generales del Estado para el ao 1985, hicieron necesaria la reunin de las disposiciones dispersas, lo que dio lugar al Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, norma vigente al no haberse producido la nueva refundicin que prevea la Ley 50/ 2002, de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social y que est demorndose por las modificaciones operadas en el Estatuto Jurdico de los Funcionarios, operado por la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Bsico del Empleado Pblico y por la propia La ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, entre otras. En definitiva, el sistema de previsin social de los militares surgi como consecuencia de la profesionalizacin de la milicia, comenz cubriendo a la oficialidad y se extendi al resto de los uniformados, unificndose el sistema con el de resto de los funcionarios pblicos en el Rgimen de Clases Pasivas del Estado. Se articula como un sistema autnomo, diferenciado del de Seguridad Social, amparado y administrado por el propio Estado. Contempla a los efectos que aqu nos ocupan los retiros por causas ordinarias y por extraordinarias. El pase a retiro El cese de la relacin de servicios profesionales de los militares se recoge en el Captulo VIII del Ttulo V de la Ley de la Carrera Militar, pudiendo producirse por pase a retiro, prdida o renuncia de la condicin de militar de carrera, o finalizacin o resolucin de los compromisos en el caso de los militares con compromiso temporal. La renuncia a la condicin militar, recogida en el artculo 116 de la Ley, es un acto voluntario del profesional de carrera, para el que no tiene que dar explicaciones. En tal caso, se exige el cumplimiento de unos tiempos de servicios efectivos despus del ingreso en la escala correspondiente o de la realizacin de cursos de perfeccionamiento.
La razn es lgica: el Estado tiene que resarcirse del gasto que supone la formacin de un militar, que suele ser muy importante, amn naturalmente de las necesidades de planeamiento de la defensa. El caso ms tpico es el de los pilotos, cuyos costes de formacin son importantsimos. De permitirse su libre renuncia, el Estado se perjudicara econmicamente, con el correlativo enriquecimiento injusto del interesado, que se habra beneficiado de una formacin. Si ponemos en relacin la renuncia de la condicin militar con la de funcionario que establece el Estatuto Bsico del Empleado Pblico, podremos ver como en el caso de los trabajadores civiles al servicio de las distintas administraciones no se fija periodo mnimo de servicios ni indemnizacin por formacin, pero s se establece un requisito adicional, cual es que el peticionario no tenga pendiente expediente disciplinario alguno. La prdida de la condicin militar se debe a causas tasadas, cuales son adems de la renuncia, las de prdida de la nacionalidad espaola y la de pena principal o accesoria de prdida de empleo, de inhabilitacin absoluta o de inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico, as como la concurrencia de sancin disciplinaria de separacin del servicio. Son casos idnticos a los establecidos para los funcionarios en su Estatuto Bsico, salvo en el caso de la prdida de nacionalidad, que para los civiles es la prdida de la nacionalidad espaola o la de cualquier otro Estado miembro de la Unin Europea o la de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unin Europea y ratificados por Espaa, les sea de aplicacin la libre circulacin de trabajadores, que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento. Y es que efectivamente, para ser militar de carrera es preciso tener la nacionalidad espaola, pero para ser empleado pblico no. El caso de los militares con compromiso temporal es an ms restrictivo, ya que para ellos est vedado el pase a retiro y cuando cesan en la relacin de servicios pierden sin ms la condicin militar, sin perjuicio naturalmente del derecho que en algunos casos tienen a percibir pensin. La Ley de la Carrera Militar distingue entre los militares con compromiso de larga duracin y los que tienen menos de tres aos de servicios. Para estos ltimos, las causas del ceses son: a peticin del interesado por circunstancias extraordinarias, por la adquisicin de la condicin de militar de carrera o de militar de complemento, por el ingreso en un centro de formacin de la Guardia Civil o de la Polica Nacional, por el ingreso en cuerpos y escalas de funcionarios o adquisicin de la condicin de personal laboral fijo de las Administraciones Pblicas y organismos pblicos
dependientes de ellas, por
prdida de la nacionalidad espaola, insuficiencia de
facultades profesionales o de condiciones psicofsicas, o por la imposicin de sancin disciplinaria extraordinaria, condena por delito doloso, o por incumplimiento de las
condiciones para optar a la convocatoria para el ingreso. De todas ellas hemos de destacar la resolucin del contrato por condena por delito doloso, que viene siendo muy criticada, porque en la prctica est suponiendo un plus de penalidad para quienes la sufren, amn de una grave discriminacin. Imagnese un militar que es parado por las Fuerzas de Seguridad en un control rutinario de alcoholemia y da positivo, siendo la cantidad de alcohol ingerido constitutiva de delito. Pues bien. Si el militar tiene compromiso temporal, adems de la sancin ser expulsado de las Fuerzas Armadas. Si es militar de carrera o tiene compromiso de larga duracin, no le pasar nada. No parece de recibo que quin conduzca a velocidad excesiva, cause una lesin por imprudencia o sea sorprendido en un control de alcoholemia, se vea privado de su medio de vida por la nica circunstancia de tener un contrato temporal, pues la medida parece discriminatoria e injusta. De lege ferenda, podra modificarse el texto del artculo, exigiendo para el cese de delito doloso una condena mnima. As quedaran fuera este tipo de delitos menores. El retiro forzoso por edad Con todo, la causa ms tpica y habitual de cesar en la relacin de servicios militares es, desde luego, el cumplimiento de la edad de retiro. El apartado a) del nmero 2 del artculo 114 de la Ley de la Carrera Militar, la fija en 65 aos, en consonancia con el artculo 64.3 del Estatuto Bsico del Empleado Pblico. Ahora bien, este ltimo prev que en los casos que lo permita el desarrollo reglamentario, los trabajadores pblicos puedan prolongar su permanencia hasta los 70 aos. No es el caso de los militares, que hasta el momento no tienen esa prerrogativa, salvo en el caso de los jefes de Estado Mayor de la Defensa, Tierra, Armada y Aire y del jefe del Cuarto Militar de la Casa de su Majestad el Rey, que segn el artculo 13 de la Ley de la Carrera Militar, podrn retrasar su retiro seis aos, dado que a su cese son nombrados miembros de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. El resto de los militares sin exclusin, pasan a retiro a los 65 aos apuntados. Esta situacin contrasta con la de anteriores pocas, en las que los oficiales generales no pasaban a retiro nunca, sino que permanecan en una situacin denominada segunda reserva, en la que permanecan hasta su fallecimiento.
Respecto de las diferencias entre la jubilacin de los trabajadores por cuenta propia o ajena, incluidos en los distintos regmenes de la Seguridad Social, la ms importante es que mientras que para los militares y el resto de los empleados pblicos la jubilacin es forzosa, para los empleados sujetos a la legislacin social esa jubilacin por edad es voluntaria. Al llegar la edad de jubilacin, los militares tienen necesariamente que causar baja, mientras que los afiliados a la Seguridad Social pueden seguir trabajando y por ende, perfeccionando sus derechos pasivos. Por otra parte, los militares no tienen reconocido el derecho a la jubilacin parcial que se contempla para otros funcionarios en el Estatuto Bsico de la Funcin Pblica, que en su artculo 62.4 contempla esa posibilidad a solicitud del interesado, siempre que rena los requisitos y condiciones establecidos en el rgimen de Seguridad Social que le sea aplicable. El derecho est pendiente de desarrollo, aunque es cierto que la primera jubilacin parcial de un trabajador pblico ha sido reconocida judicialmente el pasado mes de mayo. En todo caso y a los efectos que nos ocupan, decir que este tipo de jubilacin no es aplicable a los militares, que sin embargo, disponen de una situacin administrativa que podra asimilarse a sta, cual es la de la reserva. Como se sabe, es la reserva una situacin o perodo intermedio que podramos llamar de prejubilacin, en el que el beneficiario no realiza ninguna actividad, pero percibe unas retribuciones que nada tienen que ver con las de retiro y adems sigue perfeccionando trienios y derechos pasivos. Tras numerosas modificaciones, finalmente la Ley de la Carrera Militar fija la edad general de pase a la reserva en 61 aos para los oficiales y suboficiales y 58 para la tropa y marinera. Adems, los oficiales generales y los empleos superiores de cada escala, tienen sealado el pase en funcin de los tiempos de permanencia en ellos. Asimismo, si cuando el militar tiene que pasar a la reserva no tiene completados 20 aos de servicios efectivos al Estado, pasa directamente a retiro, lo cual evidentemente slo genera derecho a pensin si se cumplen los requisitos establecidos en la Legislacin de Clases Pasivas. En cualquier caso, cada vez se est demorando ms el momento del pase a esta situacin intermedia, y ello se debe a los diversos factores concurrentes (avances sanitarios y desarrollo cultura sanitaria, alimentacin, actividad fsica, etc.), permiten prolongar ms la actividad laboral de las personas, precisamente por una mejora notoria el estado fsico de los mayores. Por eso, y si se tiene en cuenta adems que el envejecimiento de la poblacin y la expectativa de vida en la sociedad espaola, est
haciendo crecer el nmero de pensionistas, podra plantearse la supresin de esta situacin, o su transformacin en un tipo de jubilacin parcial que podra servir a los intereses de la defensa, ya que quienes se encuentran en esta situacin podran cubrir con total efectividad determinados puestos de trabajo. Es decir, dar carcter general a lo que hoy en da es algo residual: los destinos de reserva, en combinacin con una reduccin de la jornada de trabajo en base a la figura de la jubilacin parcial. El retiro por insuficiencia de condiciones psicofsicas La forma ms controvertida de pase a retiro es sin duda alguna la insuficiencia de condiciones psicofsicas, por deberse a razones de salud y por tanto ajenas a la voluntad del interesado. Como en el caso de todos los trabajadores, cuando un militar se incapacita para el servicio puede deberse a causas propias del servicio o ajenas a l. La diferencia, como en el resto de los empleados, es notoria, por cuanto que de producirse en una u otra forma van a derivar derechos de contenido econmico importantsimos. Tanto como que la pensin a percibir puede incrementarse el doble. Por esta razn es tan importante que la declaracin de inutilidad se haga en uno u otro sentido. Lo primero que llama la atencin en la normativa reguladora es la trasnochada denominacin. La palabra que se utiliza inutilidad es ms propia del siglo XIX que del siglo XXI. Y desde luego no se comprende que no se haya desechado. La Ley de la Carrera Militar, en su artculo 114.2 d) suaviza el trmino colocando por delante la palabra incapacidad, desde luego ms adecuada a los nuevos tiempos. La invalidez de los militares ya se recoga como causa generadora de derecho a pensin en el primer Estatuto de Clases Pasivas del ao 1924, donde ya se distingua entre el pase a retiro en acto de servicio o ajeno a l. Por tanto, sta ha sido una constante que sigue vigente an en nuestros das, y que es igualmente causa de diferenciacin en el sistema pblico de Seguridad Social, aunque en este ltimo se utilice una terminologa distinta, pues en l se habla de incapacidades por contingencias comunes o por accidente de trabajo o enfermedad profesional. En la actualidad, el Texto Refundido de Clases Pasivas recoge ambas modalidades, aunque es la Ley de la Carrera Militar en su tan nombrado artculo 114, la que dispone que la incapacidad psicofsica constitutiva de inutilidad permanente para el servicio es causa del cese en la relacin de servicios profesionales y por ende de retiro.
La determinacin de la aptitud psicofsica de los miembros de las Fuerzas Armadas se realiza segn lo que determina el Reglamento aprobado por Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, dictado en desarrollo de la Ley 17/199, de 18 de mayo, de Rgimen del Personal de las Fuerzas Armadas, antecedente de la actual Ley de la Carrera Militar. En l se fijan las formas de evaluar las condiciones psicofsicas de los militares, que deben someterse peridicamente a reconocimientos mdicos y pruebas fsicas y psicolgicas, para evaluar su estado de salud. Con independencia de ello, los reconocimientos
mdicos y pruebas psicolgicas pueden realizarse en cualquier momento, a peticin del propio interesado o de sus jefes, cuando la posible insuficiencia sea evidente y notoria. Las evaluaciones se ajustan a un baremo o cuadro de condiciones psicofsicas, en el que se establecen las aptitudes mnimas que debe tener cualquier militar para prestar servicio, la falta de las cuales determina la insuficiencia de condiciones y por ende el pase a retiro por inutilidad. El cuadro en cuestin es ms exigente que para el resto de los trabajadores pblicos por obvias razones: el servicio en los Ejrcitos requiere un plus de aptitud psicofsica, que deriva precisamente de las condiciones en que los militares tienen que desarrollar su trabajo. La valoracin de la aptitud se lleva a cabo por coeficientes del uno al cinco, siendo el uno el que corresponde a personas con aptitud fsica elevada y por tanto apta para el desempeo de cualquier destino, y el cinco el correspondiente a quienes padecen enfermedades, lesiones o defectos incompatibles con actividades exclusivas de las Fuerzas Armadas. El coeficiente cuatro da lugar a aptitud para desempear determinados destinos, mientras que el cinco es el correspondiente a la inutilidad para el servicio. La declaracin de inutilidad se lleva a cabo por resolucin del ministro, competencia que en la actualidad est delegada en la subsecretaria de Defensa, y se lleva a cabo tras la instruccin de un expediente administrativo contradictorio en el que se investigan tanto los problemas fsicos o psicolgicos que padece el interesado, como su causacin. El rgano pericial para determinar la aptitud psicofsica es la Junta Mdico Pericial Ordinaria correspondiente al lugar donde se ubica la unidad de destino del afectado, al que puede acudir con todos los informes, valoraciones, medios diagnsticos y pruebas que estime pertinentes. De igual modo y para acreditar la relacin causa-efecto entre la patologa y el servicio, puede aportar los medios de prueba que considere necesarios. Tanto el rgano mdico pericial, como el jefe de la unidad del interesado emiten informes que no tienen la consideracin de vinculantes.
La fase instructora tiene una especialidad importantsima que caracteriza el expediente, cual es que el instructor no elabora la propuesta de resolucin, sino que lo hace la Asesora Jurdica General de cada Ejrcito. El instructor, al que no se exige formacin jurdica para ejercer el cargo, dicta al trmino de sus actuaciones un escrito de conclusiones, que en puridad no tiene carcter de propuesta, ya que sta se hace en un momento posterior del procedimiento y por la Asesora ya citada, que est formada por oficiales del Cuerpo Jurdico Militar. Es sta una crtica que debe hacerse al procedimiento, por cuanto que quin emite la propuesta de resolucin no ha tenido el contacto directo con el asunto, la inmediacin, y por tanto su decisin puede quedar un tanto desvirtuada, pese a que en la prctica la mayor parte de las propuestas coinciden con las conclusiones del instructor. Una vez ms, las diferencias en el caso de los militares de carrera y los de tropa y marinera son sustanciales, ya que mientras que en los primeros la inutilidad permanente conlleva automticamente el pase a retiro, en los segundos, segn el grado de minusvala que se reconozca, la inutilidad puede conllevar la resolucin del compromiso con abono de indemnizacin, o el pase a retiro con percepcin de pensin. La relacin de la patologa con el servicio no slo da lugar al incremento de la pensin, sino que adems y en funcin del artculo 121.4 de la Ley de la Carrera Militar, quienes cesen en su relacin profesional por insuficiencia de condiciones contrada en acto de servicio podr mantener una especial vinculacin con las Fuerzas Armadas mediante su adscripcin a la unidad que elija. Amn naturalmente de que por la especial idiosincrasia de los miembros de los Ejrcitos, entre ellos se sigue considerando un honor la baja por acto de servicio. Respecto a la cuanta de las pensiones, el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas diferencia entre las ordinarias o causadas por enfermedad comn o accidente ajeno al servicio activo, y las extraordinarias que derivan de un hecho del servicio. Dentro de stas se distinguen las que derivan de inutilidad causada por acto terrorista. Como base, el importe de las ordinarias equivale al 100% de la base reguladora que
corresponda al grupo de clasificacin en que est incluido el interesado, las extraordinarias el 200% y las derivadas de acto terrorista igualmente el 200%, pero sin que le sea de aplicacin del lmite de pensin mxima que cada ao establece la Ley de Presupuestos.
Este rgimen se ha modificado por la Disposicin Adicional Decimotercera de la Ley 2/2008, de Presupuestos Generales para el ao 2009, que se ha desarrollado por el reciente Real Decreto 710/2009, de 17 de abril, por el que se desarrollan las previsiones de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ao 2009, en materia de pensiones de clases pasivas y de determinadas indemnizaciones sociales. Segn ste, en las pensiones ordinarias de retiro por incapacidad permanente o inutilidad, causadas a partir de 1 de enero de 2009, cuando se acrediten menos de veinte aos de servicios efectivos al Estado en la fecha de la jubilacin o el retiro y siempre que la incapacidad o inutilidad del funcionario no le inhabilitase para toda profesin u oficio, la cuanta de la pensin, experimentar una reduccin de un cinco por ciento por cada ao completo que falte a su titular para alcanzar los 20 aos de servicios al Estado, con una reduccin mxima del 25% para quienes acrediten 15 aos o menos de servicios. Es decir, la reduccin puede llegar como mximo al 25%. En todo caso, si el afectado sufriera un agravamiento que le incapacitara para toda profesin u oficio, la pensin se incrementara en el porcentaje previamente reducido. La tramitacin de esta modificacin del Texto Refundido, que adems contempla una reduccin adicional del 25%, si el pensionista trabaja por cuenta propia o ajena en el sector privado y en cualquier actividad que d lugar a su inclusin en cualquier rgimen pblico de Seguridad Social, tuvo mucha contestacin en el colectivo de pensionistas de clases pasivas, que finalmente consigui que no se aplicara a quienes tuvieran concedidas sus pensiones antes del 1 de enero de 2009. El retiro por insuficiencia de facultades profesionales Finalmente, el artculo 114 de la Ley de la Carrera Militar contempla el pase a retiro por insuficiencia de facultades profesionales. Y es el artculo 119 del mismo texto el que determina los dos casos en que debe instruirse el correspondiente expediente: cuando se produzca la declaracin definitiva de no aptitud para el ascenso o como consecuencia de informes personales de calificacin negativos. Los efectos pueden ser la limitacin para ocupar determinados destinos, el pase a retiro o la resolucin del compromiso en los militares de complemento. Es decir, no cabe el archivo del expediente sin ms trmite, sino que como mnimo el afectado tendr una limitacin para ocupar ciertos destinos. Las previsiones de la Ley de la Carrera Militar se han desarrollado por Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y
ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condicin de militar de carrera de militares de tropa y marinera, que en su artculo 12 establece que el expediente se iniciar en un plazo mximo de tres meses desde la declaracin definitiva de no aptitud o cuando del estudio de la coleccin de informes personales se deduzca que el interesado presenta de forma continua deficiencias notables en alguna o todas de sus cualidades, mritos, aptitudes, competencias o forma de actuacin profesional. Conclusiones Como no poda ser menos, el retiro establecido para los militares en la Ley de la Carrera Militar es muy similar al que se concreta para el resto de los empleados pblicos en su Estatuto Bsico, salvo aquellas peculiaridades que se derivan de la propia condicin militar. El legislador ha procurado equiparar al mximo los dos colectivos, que de gozan un mismo rgimen de proteccin social. La cesacin en la relacin de servicio es distinta para los militares de carrera que para los militares con compromiso temporal. La proteccin en el caso de los militares con compromiso temporal es menor, siendo nfima en algunos casos residuales por lo que sera conveniente en un futuro abordar su modificacin, sobre todo para concretar la proteccin social de los ltimos en caso de incapacidad sobrevenida.
Bibliografa ALMANSA PASTOR: Derecho de la Seguridad Social, editorial Tecnos, 1987. GARCA-BLZQUEZ PREZ y otros: Manual mdico-legal de la incapacidad permanente de los funcionarios civiles y militares, Comares. LPEZ LORENZO: La proteccin social de los funcionarios pblicos, Universidad de Gra nada, 2007. RODRGUEZ CARDO: El Rgimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas: Una visin panormica del mutualismo militar, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nmero 74. ROQUETA BUJ: La incapacidad permanente, Consejo Econmico y Social, 2000. SAZ SERRANO: Guerra y nobleza en la Corona de Aragn. la caballera en los ejrcitos del rey (siglos xivx), Universitat de Valencia, 2003.
JULIN SNCHEZ ESTEBAN
RGIMEN DE DERECHOS DEL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL,
CON ESPECIAL ATENCIN A LOS DERECHOS DE CONTENIDO ECONMICO
Aproximacin al objeto de estudio.
Perfiles en el desempeo de la funcin militar
Cualquier examen del rgimen de derechos de un colectivo y de ellos, los que tienen un contenido de carcter econmico, requiere establecer los perfiles fundamentales del desempeo de la funcin que se trate. En el caso concreto del militar profesional, los contornos del desempeo a los que aludimos pueden ser definidos desde dos puntos de vista. En primer lugar, el amplio espectro de funciones que puede y debe, en su caso, desarrollar un profesional de las Fuerzas Armadas. Basta acudir al artculo 19 de la Ley de la Carrera Militar para descubrir sin dificultad que el militar profesional ejerce funciones operativas, tcnicas, logsticas, administrativas y docentes, las cuales se desarrollan por medio de acciones directivas que incluyen las de mando y acciones de gestin y ejecutivas. Si atendemos a la responsabilidad que implica el ejercicio de estas funciones como uno de los elementos que a su vez parametrizan los derechos profesionales de un trabajador, especialmente los de contenido econmico, nadie dudara que, en puridad, el perfil retributivo de un militar profesional habra de situarse en un nivel medio-alto. Cota que, como veremos y es sobradamente conocido, no se alcanza.
En segundo lugar, la especial vinculacin de las funciones descritas a la Defensa Nacional y por tanto, en reduccin, al mantenimiento del orden constitucional, implica que al militar profesional se le deba ubicar en el colectivo de servidores pblicos a los que es exigible una defensa activa del orden constitucional. Esto es, todo servidor pblico acata voluntariamente la Constitucin y el orden que de dicho Texto Fundamental dimana, pero la vinculacin del militar profesional a este orden, va ms all que la exigida a cualquier otro servidor. Y ello resulta apreciable tomando dos puntos de referencia. Por un lado, la severa respuesta penal y disciplinaria para las conductas del personal militar que resulten no ya contrarias, sino simplemente desleales con el ordenamiento constitucional. Por otro lado, el desempeo de sus funciones con tal intensidad que incluso se le puede hacer contemplar de manera cierta, como una contingencia propia de su profesin, la prdida de su propia vida1. Proyectadas estas consideraciones sobre el rgimen retributivo del personal militar, nadie podra dudar de su influencia an cuando el resultado concreto de ese ascendiente no es quizs el que un tercero no familiarizado con las Fuerzas Armadas podra pensar. Para este tercero, habida cuenta de las especiales circunstancias y marco jurdico en el que el militar presta sus funciones, entendera que el rgimen retributivo de ste debe ser
Artculo 3 del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas: Primer deber del militar. La disposicin permanente para defender a Espaa, incluso con la entrega de la vida cuando fuera necesario, constituye el primer y ms fundamental deber del militar, que ha de tener su diaria expresin en el ms exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en la Constitucin, en la Ley Orgnica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar y en estas Reales Ordenanzas. 2 PARADA VZQUEZ, J. R.: Modelos de funcin pblica y funcin pblica militar, en la obra La funcin militar en el actual ordenamiento constitucional espaol, p. 59, editorial Trotta, Fundacin Centro de Estudios Polticos y Constitucionales Lucas Mallada y Academia General Militar, Madrid, 1995. 3 Sin perdernos en la Historia y tomando como momento cronolgico el final de las guerra civil de 1936, al finalizar esta, la situacin social y econmica del pas exigi un esfuerzo generalizado que, en el caso del Ejrcito se plasm en una condiciones profesionales muy deficientes sobre todo desde el punto de vista econmico. An cuando esas malas condiciones afectaban por igual al personal civil de la Administracin, este colectivo ir poco a poco mejorando en sus condiciones con mayor dinamismo que el Ejrcito, hasta tal punto que con la llegada de la democracia entre los objetivos reformadores de la organizacin militar fue el encontrar un mayor equilibrio entre servidores pblicos civiles y militares, tanto respecto a los derechos econmicos como asistenciales. Precisamente, fue este un reconocido acierto de las autoridades de aquella poca que, a buen seguro, ayud a un incremento de la profesionalidad del personal y un encaje, sin agravios econmicos comparativos insalvables, con el resto de servidores pblicos al servicio de la Administracin del Estado.
bastante ms crecido que el de otros profesionales con los que difcilmente se encuentra equivalente. Como seala Parada: Si a los militares se les pagara en funcin del trabajo que hacen y del riesgo que supone ocupar determinados puestos y la gravsima responsabilidad jurdica y moral que asume el mando militar, sus sueldos deberan ser mltiplos de los correspondientes a los funcionarios civiles2. Pero ello no es as tal y como decamos lneas atrs, la historia de los derechos retributivos de los militares ha sido, salvo excepciones y dicho en apretada sntesis, un relato trufado de sueldos ms bien magros, retribuciones muy cortas que, sin llegar a la penuria, han marcado materialmente (por su ausencia) la necesaria vocacin de servicio y de sacrificio del militar3. Estos planteamientos de contexto reciben su reconocimiento institucional a la vista de la Exposicin de Motivos del Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas cuyo comienzo, sirve de conclusin para aproximarnos al que ser nuestro objeto de estudio: Los miembros de las Fuerzas Armadas estn sujetos a un rgimen de personal que implica unas especiales circunstancias y servidumbres en su desempeo profesional, al desarrollar sus funciones en el mbito de la seguridad y defensa. Su cometido, que en ocasiones se desarrolla bajo condiciones de penosidad fsica y riesgo personal, requiere de una disponibilidad para el servicio y de una movilidad que imponen restricciones a su vida personal y a la de sus familias. Por ello, contar con unas Fuerzas Armadas profesionales y justamente retribuidas es uno de los objetivos del Gobierno. El contenido de la relacin de presentacin de servicios en el personal militar Si contrastamos el marco de derechos y obligaciones del personal desde un punto de manera general, esencialmente a la vista de la Ley 39/2007 de la Carrera Militar y el an vigente Ttulo XII de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Rgimen de Personal de las Fuerzas Armadas, puede admitirse que, salvo particularidades propias derivadas de las especiales circunstancias y servidumbre de su desempeo profesional (tomando las antedichas palabras del vigente Reglamento de retribuciones de las Fuerzas Armadas), el
marco de derechos y obligaciones del militar se ajusta sin fuerza al que podra establecerse para cualquier servidor pblico, desapareciendo cualquier diferencia jurdica apreciable4. Precisamente la vigencia de este Ttulo de la Ley 17/1999 junto a algn otro precepto (como el artculo 160 regulador del derecho de peticin del militar) manifiesta el cambio de criterio que muestra la Ley de 39/2007 de la Carrera Militar de contemplar en una nica norma, de manera integral, todo el rgimen de personal tal y como en su da marc la Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Rgimen del Personal Militar Profesional, figura 1.
Derecho a la promocin profesional
Derecho a vacaciones, permisos y licencias
Derecho a la promocin interna
Derecho a la provisin de puestos de trabajo
Derecho de contenido econmico
Derecho a la cesacin progresiva de actividades
OBLIGACIONES DEL FUNCIONARIO
Obligaciones vinculadas al deber de lealtad a la Constitucin
Obligaciones profesionales (desempeo de la funcin)
Neutralidad e indepencia poltica Respeto al principio de igual y no discriminacin Respeto a los particulares en el ejercico de sus derechos y libertad fundamentales
Residencia Cumplimiento de jornada Obediencia y colaboracin Cumplimiento incompatibilidades
Obligaciones vinculadas a la eficacia administrativa
Obligaciones en relacin a los ciudadanos
Economa y suficiencia Adecuacin estricta de los medios a los fines Diligencia y celeridad en la gestin de los asuntos
Proximidad Servicio Identificacin Trato respetuoso y deferente
Deberes de carcter moral (tica en el servicio pblico)
Figura 1. Contenido de la relacin funcionarial. Por ejemplo, mantenindonos en el cuadro de derechos econmicos, han desparecido los privilegios o garantas adicionales que las Reales Ordenanzas de 1978 establecan para los haberes militares, de tal manera que, definiendo su carcter personal, slo podan ser retenidos o embargados en virtud de procedimiento judicial.
caso, el rgimen de derechos obligaciones, integrado en un nico texto o disperso como sucede en la situacin normativa vigente, se acomoda al esquema general sobre la materia. Ajuste a un contenido de la relacin funcionarial ordinaria que nos evidencia la proximidad entre la figura del servidor pblico civil y el militar, no en el especfico desempeo de sus funciones pero s en el bloque de derechos y obligaciones an cuando despus, tamizado dicho bloque a travs de la tantas veces indicada especificidad de la funcin militar, el resultado tenga un barniz que parezca que el rgimen de derechos y obligaciones del militar son completamente distintos cuando en realidad no lo es tanto. Es evidente que hay tres factores determinantes de que ese barniz sea tan especial: 1. Las limitaciones que para determinados derechos se desconocen en el desempeo de la funcin pblica civil y que marcan el ejercicio de los mismos en el mbito castrense. 2. La especial intensidad con la que son exigidas las correspondientes obligaciones en las Fuerzas Armadas. Pensemos en la ya citada obligacin de deber de lealtad a la Constitucin o, en trminos de conducta, el contraste entre el rgimen general que se establece en los artculos 53 y 54 del Estatuto Bsico del Empleado Pblico y las reglas del comportamiento del militar previstas en el artculo 4 de la Ley de la Carrera Militar, desarrolladas en el Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 3. Vinculada a la anterior, la severa entonacin en la exigencia de responsabilidad disciplinaria y la existencia de un rgimen penal propio. Pese a estas importantes modulaciones que en ningn caso cabe preterir, se sigue manteniendo la idea de la que se parta sobre el encaje en el cuadro general de derechos y obligaciones. De igual manera, centrndonos en los derechos de contenido econmico, el cuadro general que tambin podra elaborarse sobre stos, es de plena aplicacin en el mbito de las Fuerzas Armadas, confirmando la absoluta racionalizacin retributiva de este colectivo y la integracin cuantitativa y cualitativa del rgimen retributivo castrense al sistema retributivo en la Administracin Civil del Estado. Cuestin que, indicarla en estos momentos, pudiera ser considerada balad o completamente superada no ya por la normativa vigente sino por la Ley 17/1989, de 19 de
julio, Reguladora del Rgimen del Personal Militar Profesional; pero entendemos que no est de ms hacerlo, ni reiterar el enfoque de convergencia o identidad retributiva de todo el personal al servicio de la Administracin del Estado, bien en el desempeo de una funcin civil o militar, habida cuenta, por un lado de la amplia y no demasiado lejana tradicin de diferencias y acantonamiento de sistemas retributivos. Y, por otro, de la redaccin del Estatuto Bsico del Empleado Pblico (artculos 21 y siguientes) con la que nadie puede afirmar que esa convergencia retributiva, con las especificaciones necesarias, que tan buenos y conocidos efectos ha tenido hasta ahora para el mbito militar, se mantenga en el tiempo. Es ms el meridiano artculo 220 de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas cuya redaccin indicaba: El militar de carrera tendr derecho a una retribucin justa, equitativa y acorde con la preparacin, la responsabilidad y la entrega absoluta que su quehacer profesional exige. Ser fijada en analoga con los criterios que rigen en la Administracin Civil del Estado, y teniendo en cuenta las peculiaridades de la carrera militar. Se encuentra derogado por la Ley de la Carrera Militar que, como se sabe, no contempla el rgimen de derechos al haber mantenido vigentes los correspondientes preceptos de la Ley 17/1999 sobre Rgimen del Personal de las Fuerzas Armadas que si bien es cierto contempla un precepto similar al trascrito, el artculo 152, no parece ser desde el punto de vista de tcnica legislativa la mejor opcin, ni tampoco desde la perspectiva de introducir elementos de estabilidad normativa en la norma nuclear de la carrera militar ayuna de la regulacin, si quiera bsica o de principios5, de un aspecto tan importante de la carrera militar como es el rgimen retributivo. Pues bien, el cuadro general de un sistema retributivo en el mbito pblico podra ser el expuesto en la figura 2.
Salvando las referencias de la Disposicin Transitoria Novena al Rgimen Retributivo en la Situacin de Reserva.
Complemento especfico
Indemnizaciones por razn del servicio
Pensiones de jubilacin o retiro
Pensin de viudedad
Figura 2. Derechos de contenidos econmicos.
A la vista de esta figura, en efecto, y si atendemos a lo previsto en el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, el rgimen esencial de conceptos retributivos (retribuciones bsicas, complementarias y otras retribuciones e indemnizaciones) salvo cambios puramente semnticos justificados por la mejor adecuacin a la funcin y organizacin militar6, es el mismo y responde a las mismas finalidades generales que en el sistema retributivo del servicio pblico civil, lo cual verifica el mandato del an vigente y ya citado lneas atrs artculo 152 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Rgimen del Personal de las Fuerzas Armadas. Anlisis del sistema retributivo de las Fuerzas Armadas. Puntos de especial inters De manera general y con carcter previo, debe indicarse que el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, modificado recientemente por el Real Decreto 28/2009, de 16 de enero, tiene como presupuesto bsico para su aplicacin la clasificacin de los puestos de trabajo de acuerdo a los empleos y categoras establecidas en los artculos 20 y 21 de la Ley de la Carrera Militar, producindose aqu un primer punto de reflexin al haberse determinado que los empleos de alfrez y alfrez de fragata, pese a ubicarse en la categora de oficiales, a efectos retributivos el citado Reglamento de retribuciones los considera en la categora de los empleos de suboficial7. Retribuciones bsicas El anlisis del sistema retributivo bsico del militar asentado sobre el principio de clasificacin de grupos-subgrupos a que se refiere el artculo 152.2 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Rgimen del Personal de las Fuerzas Armadas, el cual toma como referencia la ordenacin de los funcionarios civiles de la Administracin del Estado, supone una garanta de estabilidad y adecuacin retributiva para el personal militar, siempre y cuando se tengan presentes las peculiaridades de la funcin de stos, y sin
El complemento de empleo militar se identifica con el complemento de destino en la funcin pblica civil. Por su parte, el complemento de dedicacin especial, se corresponde con el tradicional complemento de productividad. 7 Artculo 152.2 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Rgimen del Personal de las Fuerzas Armadas, segn la redaccin dada por la disposicin final tercera de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, en concordancia con el artculo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Bsico del Empleado Pblico 8 SALVADOR CENTELLES, V.: La reforma del sistema retributivo del personal de las Fuerzas Armadas. Presupuesto y Gasto Pblico 41/2005, pp. 333-348
perjuicio de las cautelas expresadas lneas atrs. En este sentido, salvando el punto sobre la ubicacin a efectos retributivos del empleo de alfrez/alfrez de fragata en la categora de los suboficiales, coincidimos con Salvador Centelles8 al afirmar que la
identidad entre retribuciones bsicas de militares y de funcionarios civiles ha sido en general positiva para las Fuerzas Armadas, al menos en dos sentidos. Por una parte, aportando un esquema claro de referencia aplicable. Por otra, haber permitido aplicar directamente a los militares aquellas mejoras que el proceso de negociacin colectiva ha conseguido para los funcionarios civiles. Afirmacin que, pese a su bondad, debe tomarse tambin con cierta cautela si tenemos en cuenta que no sera la primera vez que acuerdos Administracin-Sindicatos sobre condiciones de trabajo en la funcin pblica, han excluido de su mbito de aplicacin a la funcin militar9. Exclusin que no se justific adecuadamente en su da y tampoco se podra motivar razonablemente en un momento como el actual por cuanto las razones que pudieran justificar el hipottico Acuerdo, asumidas por la Administracin, sin duda podran predicarse con identidad para el mbito del personal militar. Desde otra perspectiva, el sistema de ordenacin retributiva sealado, confirma a su vez el principio de proporcionalidad que ha de regir cualquier sistema retributivo y que, por supuesto, ha inspirado siempre al de los empleados pblicos en el sentido que los sueldos del grupo superior no puede exceder en ms de tres veces el sueldo de aquellos empleados agrupados en el grupo inferior. Principio que en la actualidad recibe no pocas modulaciones sobre todo provenientes, como se podr comprobar, de las retribuciones complementarias. Retribuciones complementarias Es en este concepto retributivo donde se puede apreciar la adecuacin y ajuste de las retribuciones a cada puesto de trabajo o empleo concreto, resultando conceptos econmicos ms importantes que las propias retribuciones bsicas, hasta el punto de llegar a suspender el aludido principio de proporcionalidad, posibilitando el crecimiento y diferenciacin de las retribuciones de los empleos de mayor rango. Cuestin que por otro lado no debera producir ningn problema si se comprende que el incremento del sueldo a travs de las retribuciones complementarias es proporcional a la mayor responsabilidad
Puede verse a ttulo meramente Sindicatos para el periodo 1995-1997.
ejemplificativo
Administracin-
que se vincula a los superiores de acuerdo a los principios de competencia y jerarqua que en el mbito de las Fuerzas Armadas resultan fundamentales para el buen funcionamiento de la organizacin castrense. Por lo tanto, las retribuciones complementarias tienen un carcter menos general y ms definido, incluso a nivel de profesional individualmente considerado, modulando notablemente el principio de igualdad de retribuciones en funcin del empleo. Percepcin de retribuciones complementaria que en s no suponen una valoracin especfica de cada empleo pero en un mbito como el militar en el que se traslada de forma extraordinariamente rigurosa el principio de jerarqua y competencia (en el sentido de habilitacin para el desempeo de la funcin) como elementos definidores de la situacin relativa entre militares, la concreta imputacin de las retribuciones complementarias puede producir, como es, en puridad, su finalidad, una adecuacin y ajuste de las retribuciones a cada puesto de trabajo o empleo concreto, pero tambin
disfuncionalidades que deben ser desterradas de la organizacin militar. Como confirmacin de lo expuesto, baste echar un vistazo a los litigios residenciados en sede judicial. En la lnea con los argumentos expuestos debe hacerse una especial mencin a las gratificaciones por servicios extraordinarios, cuyo empleo y aplicacin debe estar asentada sobre parmetros de prudencia y absoluta equidad habida cuenta de su carcter marcadamente discrecional y de la especial dificultad de concrecin en el mbito castrense ya que, en la funcin pblica civil es relativamente sencillo identificar servicios realizados fuera de la jornada normal, no as en la funcin militar en la que servicios de instruccin nocturna, guardias de seguridad, de cuartel etc. forman parte de la prestacin ordinaria del servicio y el principio castrense de disponibilidad permanente para el servicio10. Servicios tradicionalmente correspondidos con una compensacin en tiempo de descanso, quedando cubierto el exceso sobre la jornada normal por el resto de complementos retributivos. El criterio jurisprudencial establecido al respecto, nos indica que es procedente el abono de esta retribucin cuando los servicios prestados son consecuencia del desarrollo propio del destino ocupado y/o profesin militar fuera del carcter ordinario de los
Vase artculo 20 del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 11 Sobre esta cuestin puede consultarse la sentencia del Tribunal de Superior de Justicia Madrid de 21 de febrero de 2008 y de forma especialmente interesante, la
servicios establecidos en las Ordenanzas particulares de cada uno de los Ejrcitos y la Armada11. Hechas estas reflexiones, muy limitadas por las exigencias formales de este trabajo, cabe apuntar para finalizar una consideracin final respecto a las retribuciones complementarias y es que en ellas est un importante instrumentos de gestin del personal y de su carrera de notable impacto para el ptimo funcionamiento de la organizacin militar y el desarrollo de sus funciones de tal manera que, pese a la siempre utilizable opcin de la asignacin forzosa de destinos, aquellas vacantes de mayor penosidad en general vinculadas a la operatividad de las Fuerzas Armadas, sean, con diferencia, las mejor retribuidas. Lo contrario, seguramente es admisible en el marco del rgimen y dedicacin del personal militar pero no resulta adecuado en trminos de una adecuada gestin de personal en la que los derechos econmicos tienen una importancia fundamental, convirtiendo en debilidad lo que debera ser fortaleza.
FRANCISCO JAVIER FRAGOSO MARTNEZ
Profesor titular de la Universidad de Extremadura
entencia del Tribunal de Superior de Justicia de 30 de abril de 1994 (R. J. Aranzadi 1994, p. 4.222) cuya doctrina resulta muy elocuente.
SINGULARIDADES Y PERSPECTIVAS SOBRE EL RGIMEN DISCIPLINARIO MILITAR Fundamento comn en materia de responsabilidad disciplinaria A lo largo de este Documento y expuesto por varios de los participantes del grupo de trabajo, se han evidenciado las no pocas particularidades que se anudan al desempeo de la funcin militar que, al igual que en otros mbitos, justifican una normativa especfica en materia de responsabilidad disciplinaria como responsabilidad propia de colectivos sujetos a un vnculo de sujecin especial (tradicionalmente funcionarios pblicos, internos de instituciones penitenciarias y alumnos de centros docentes pblicos). Pero reconociendo esas particularidades o especialidades del desempeo profesional del militar que habrn de caracterizar de forma notabilsima su rgimen de responsabilidad (hasta el punto por ejemplo de ser el nico mbito de la Administracin en el que pueden imponerse sanciones administrativas privativas de libertad), en su estructura o pilares bsicos, el Rgimen Disciplinario Militar, mantiene una absoluta identidad con el Rgimen Disciplinario de los Funcionarios Civiles. Afirmacin que hasta la publicacin de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico no estaba sujeta a mayores objeciones pero que, tras la entrada en vigor de esta norma, el mantenimiento de afirmaciones como la expuesta, cuando menos, queda ms expuesta a la objecin. En cualquier caso, mantenemos de entrada esta identidad por cuanto del anlisis de la norma disciplinaria militar, Ley Orgnica 8/1998, de 2 diciembre, de Rgimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, se desprenden los mismo caracteres tradicionales que indicara Nieto como propios del Derecho Disciplinario al sealarse:
Infracciones propias del cargo que suponen un incumplimiento de los deberes oficiales, las cuales son sancionadas con penas especficas por rganos no judiciales y a travs de un procedimiento peculiar1. Precisamente estos deberes oficiales son los que, en gran medida, marcan la diferencia entre el desempeo de la funcin civil y la militar pues, aunque igualmente en su conjunto y de manera general pueden ser coincidentes con los del personal civil, en el caso del funcionario pblico-militar, puede llegar a alcanzar un nivel de exigencia o de rigor desconocido para aqullos, siendo proporcional a la severidad del Rgimen Disciplinario. Por lo tanto, partiendo de un denominador comn para todos los funcionarios pblicos, su vnculo de sujecin especial con la Administracin en la que prestan sus servicios, existe una base comn en cuanto a las obligaciones y deberes fundamentales que, en definitiva, suponen el establecimiento de una serie de cargas de hacer, no hacer o de soportar. E igualmente, existe un tronco comn para las consecuencias jurdicas que en trminos disciplinarios se anudan a los incumplimientos de esos deberes. Pero siendo este el punto de partida, la adecuacin del rgimen general a las especificidades propias de la funcin militar generan un significativo contraste de diferencias que, en ningn caso, deben hacer olvidar esa base o fundamento comn. Elementos conformadores (y diferenciadores) del Rgimen Disciplinario en las Fuerzas Armadas Tal y como hemos apuntado anteriormente, no puede desconocerse en trminos de teora general, la existencia de una base comn en materia de responsabilidad disciplinaria, comn a todo funcionario pblico. Pero, como tambin decamos, la singularidad de la funcin militar cristaliza en un rgimen disciplinario diferenciado, incluso, para algunos autores, propio y absolutamente singular. No es posible en un trabajo de estas caractersticas examinar ni todos los elementos diferenciadores del rgimen disciplinario militar, ni tampoco hacerlo de manera pormenorizada, pero s podemos examinar, sucintamente, los dos que de manera ms crecida dan realidad a la especificidad del Rgimen Disciplinario Militar: el principio de jerarqua y la disciplina.
NIETO GARCA, A.: Problemas capitales Administracin Pblica, p. 49, nmero 63, 1970.
La jerarqua como principio ordenador de la institucin militar En primer lugar, la especial vigencia del principio de jerarqua en el mbito de las Fuerzas Armadas como antecedente previo y necesario para el ejercicio del mando. Con carcter general, el principio de jerarqua supone la ordenacin ms sencilla de una organizacin compleja a travs del ordenamiento vertical de los distintos rganos que lo integran, traducindose en la atribucin de facultades de gestin direccin de los rganos superiores sobre los inferiores, trazando las paredes maestras de cualquier organizacin administrativa. Pues bien, siendo ello cierto, las funciones de las Fuerzas Armadas (especialmente aquellas de carcter ms operativo) exigen que esos postulados generales estn perfectamente definidos sin opcin alguna su modulacin o relativizacin, por lo tanto, las facultades y poderes que el ordenamiento proporciona a los superiores jerrquicos (habilitacin competencial de carcter irrenunciable)2 tiene un carcter mucho ms marcado en el mbito castrense y, como sealbamos antes, tiene tambin su proporcional reflejo en el Rgimen Disciplinario3:
Impulso y direccin de la actividad de los subordinados, expresado en el mbito castrense a travs de rdenes4.
Vase Regla novena del artculo 4.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar y artculo 55 del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. La nocin de competencia, fundamental en la exigencia de responsabilidad, constituye el eje sobre el que va a pivotar cualquier tipo de organizacin compleja, pudiendo ser definida como el conjunto de funciones o materias que le son atribuidas a una Administracin u rgano de sta por el ordenamiento para su gestin. Es decir, la competencia supone la habilitacin previa y necesaria para que el rgano pueda actuar vlidamente de ah su carcter irrenunciable sin perjuicio de las tcnicas de alteracin del ejercicio de la competencia. 3 Debemos matizar que el principio de jerarqua no es aplicable en toda su extensin sobre rganos que siendo subordinados o inferiores jerrquicamente, han sido creados con una cierta vocacin de neutralidad en sus funciones consultivas, decisorias (mesas de contratacin, comisiones de seleccin de personal etc.), o actividades tcnicas muy especializadas. Se produce por tanto una atenuacin del principio de jerarqua, el cual trae su causa en la necesaria independencia o especialidad de su actuacin que obliga excluir el contenido de sus actuaciones de la influencia de algunos poderes vinculados al principio de jerarqua. Por ello puede hablarse de una jerarqua debilitada o, de un simple poder de direccin en el que el rgano superior velar por el correcto funcionamiento del rgano de acuerdo a la legalidad establecida en relacin al desarrollo de sus actividades sin que pueda condicionar en ningn caso la direccin o el resultado de su proceder. 4 Con la limitacin del absoluto respeto al principio de legalidad. Vase Regla novena del artculo 4.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.
Facultades de inspeccin, vigilancia o control sobre la actividad de los subordinados, ejercitable de oficio, o a instancia o queja de parte interesada. Anulacin de los actos de los subordinados. Delegar competencias o inversamente, avocarlas. acultad disciplinaria sobre los subordinados. F Resolucin de conflictos de competencia entre los subordinados. Facultades que se corresponden, desde el punto de vista del subordinado, con el deber de respeto, obediencia y acatamiento de las rdenes, deber establecido para todos los funcionarios pblicos y, de nuevo, de forma especialmente marcada para el personal militar tal y como puede apreciarse a la vista de las reglas octava y dcima recogidas en el artculo 4.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, con el lmite expresado en la regla undcima de la misma norma respecto a rdenes que entraen la ejecucin de actos constitutivos de delito, en particular contra la Constitucin y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. El concepto de disciplina militar como valor determinante de la institucin militar Resulta destacable la especialsima y reforzada nocin que en el mbito de las Fuerzas Armadas se tiene del concepto disciplina como pieza fundamental para el sostenimiento del ya conocido principio de jerarqua. Disciplina que, estando presente en cualquier sujecin de naturaleza especial, adquiere en el mbito castrense sustantividad propia al mostrarse como premisa fundamental para tres de sus manifestaciones esenciales, determinantes del buen rendimiento de los fines de la institucin militar: 1. Exacto cumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes a la funcin militar que se desempea o se encomienda. Respecto a esta manifestacin no puede pasar desapercibido la inclusin y crecida importancia de principios ticos y, especialmente, la vinculacin que se hace al honor como garanta propia del canon de comportamiento (espritu) que ha de tener el militar respecto a las obligaciones y deberes que le son propios5.
Vase Regla decimoquinta del artculo 4.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar y artculos 3, 4, 14 y 15, entre otros, del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, normas de las que merece la pena citar literalmente la contenida en el precitado artculo
2. Cumplimiento de las rdenes	de mando militar, instrucciones y rdenes de autoridades6. 3. Respeto al orden jerrquico7. Hasta tal punto puede advertirse la importancia del la disciplina militar que puede ser considerada un valor que se reconoce en todos los niveles del sistema de fuentes del Derecho: constitucional8, orgnico, legal y reglamentario. Abundando ms en el valor del concepto de disciplina militar a partir de las consideraciones expuestas, pueden observarse nuevos elementos que, caracterizan las Fuerzas Armadas para el mejor y ms ptimo desempeo de las funciones militares que le son propias, debiendo recibir el correspondiente respaldo en trminos de responsabilidad disciplinaria. A saber: La disciplina militar constituye el principal factor de cohesin de las Fuerzas Armadas tal y como expresa la sptima regla del comportamiento del militar prevista en el artculo 4.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar9.
14 por cuanto manifiesta bien a las claras el perfil del militar en el desempeo de sus funcin: El militar cuyo propio honor y espritu no le estimulen a obrar siempre bien, vale muy poco para el servicio; el llegar tarde a su obligacin, aunque sea de minutos; el excusarse con males imaginarios o supuestos de las fatigas que le corresponden; el contentarse regularmente con hacer lo preciso de su deber, sin que su propia voluntad adelante cosa alguna, y el hablar pocas veces de la profesin militar, son pruebas de gran desidia e ineptitud para la carrera de las armas. 6 Vase artculos 45 y 46 del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas 7 Vase artculo 9 del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 8 Constitucional a la vista de su expresa mencin y, sobre todo, concreto empleo, en los artculos 28 y 29 del Texto Fundamental al hilo de las limitaciones al ejercicio de los derechos de sindicacin, huelga y peticin. Sin nimo de exhaustividad y sin perjuicio de la Ley Orgnica 8/1998, de 2 diciembre, de Rgimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, el resto de ubicaciones normativas pueden contemplarse a la luz de la Ley Orgnica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 9 Precepto que viene a reproducir el artculo 11 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas de 1978 y en la actualidad se recoge en el artculo 8 del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 10 Vase Regla novena del artculo 4.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar. 11 Vase Regla undcima del artculo 4.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar. 12 Como seala Garca Llarena en una afirmacin un tanto pica pero asentada con conocimiento en la naturaleza de las misiones de las Fuerzas Armadas, cuando es la propia vida del individuo la que est en peligro, cuando hay que realizar un esfuerzo contra el instinto de conservacin, solamente un concepto extraordinario de la disciplina consigue que el hombre siga funcionando. GARCA LLANERA, E.: La disciplina, Revista Ejrcito, nmero 664, p. 55, julio de 1995.
La disciplina militar, en su configuracin actual, supera la nocin de obediencia mecnica e ilimitada que tantos problemas y negativos resultados ha tenido a lo largo de la historia de nuestras Fuerzas Armadas y la de muchos pases. La disciplina militar se enmarca en el ms absoluto respeto al ordenamiento jurdico tanto desde la perspectiva de quien manda10, como desde el punto de vista de quien tiene que obedecer11 y ello, sin perjuicio que en el actuar de las Fuerzas Armadas, sobre todo en funciones operativas, la disciplina deba alcanzar una dimensin prxima a un hbito mecnico12. Pero en estos casos media, como elemento corrector, la competencia y aptitud profesional del personal actuante, preparado para responder y adaptarse a cualquier contingencia con decisin, iniciativa y creatividad, procediendo dentro de un marco de legalidad13. Una vertiente ms concreta de este entendimiento de la disciplina se refiere, como no poda ser de otra manera, al reconocimiento de los derechos a la dignidad y la inviolabilidad de la persona como valores exigibles y de obligado respeto por cualquier servidor pblico14. La disciplina, en el sentido apuntado hasta el momento, determina y condiciona un concreto ejercicio del mando, habilitado para exigir responsabilidad disciplinaria pero tambin, en su caso, objeto de exigencia de responsabilidad. Mando, asentado sobre la pared maestra de la autoridad la cual no trae su causa exclusiva en la oportuna habilitacin legal sino que se acompaa de elementos de racionalidad15, aptitud y ejemplo; o de liderazgo, empleando una semntica muy de actualidad en el mbito de la gestin pblica pero sobradamente conocida y reconocida para las Fuerzas Armadas16. Destilando todas las cuestiones expuestas hasta el momento, podemos entender que la solicitud de disciplina en el mbito pblico y, en concreto, la exigencia de disciplina
13 Vase artculos 12, 47, 48 y 60 del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 14 Vase artculo 11 del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 15 Vase artculo 63 del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 16 Vase artculos 53 y 54 del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 17 Vase artculo 1 de la Ley Orgnica 8/1998, de 2 diciembre, de Rgimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
militar se motiva en la necesidad de alcanzar una mayor eficacia en la atencin al inters general que, en el caso de las Fuerzas Armadas, cristaliza en la idea de Defensa Nacional. Esto es, el concepto de disciplina no se agota en mandar con responsabilidad o en obedecer a lo mandado, sino que va a inspirar toda la actuacin del personal militar y por tanto la ptima consecucin de los objetivos y finalidades de la Defensa Nacional que resultan de singular relevancia en el orden constitucional. El ejercicio de la potestad disciplinaria militar Tal y como se ha podido exponer en las lneas precedentes, la relacin de servicio que media entre el servidor pblico y la Administracin recibe como garanta al cumplimiento de los deberes y obligaciones de aqul, la existencias de la correspondiente potestad disciplinaria como potestad de supremaca especial17. En virtud de esta potestad punitiva, la Administracin por s misma podr exigir al servidor pblico la correspondiente responsabilidad disciplinaria con motivo de las infracciones que sean cometidas por la vulneracin de alguna de las obligaciones a las que se debe sujetar en el desempeo de su funcin. Potestad correctiva interna de la que va a derivar la facultad para sancionar. Hecho este planteamiento general sobre el que, como ya se sabe, se asienta el ejercicio de la potestad disciplinaria en el mbito de las Fuerzas Armadas, este poder correctivo debe adecuarse las sobradamente conocidas y mostradas singularidades de la funcin militar entre las que, como se ha visto en el apartado anterior, descollan la jerarqua y la disciplina. Por lo tanto, los conceptos de jerarqua y disciplina militar, condicionarn el empleo de la potestad disciplinaria. No es posible realizar en examen detallado del listado de comportamientos que dispondra el empleo de la potestad disciplinaria ni el resultado o consecuencias de esa reaccin correctora, pero s es posible sintetizar los aspectos que creemos ms significativos sobre la materia
18 Vase artculo 5 de la Ley Orgnica 8/1998, de 2 diciembre, Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 19 Vase artculo 45 del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 20 Vase artculos 45 y 46 de la Ley Orgnica 8/1998, de 2 diciembre, Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 21 Vase artculos 49 y 50 de la Ley Orgnica 8/1998, de 2 diciembre, Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
el que se de Rgimen de Rgimen
1. La competencia sancionadora y por tanto la grave responsabilidad por su uso no recae en el empleo militar sino en el cargo o cometido que se desempee18. Es decir, pese a la reconocida importancia de la jerarqua como principio de ordenacin, la atribucin de la potestad disciplinaria, sin desconocer aquel principio19, se asienta sobre un criterio ms bien funcional. 2. La exigencia de responsabilidad disciplinaria ante la observacin o conocimiento de un hecho o conducta que constituya infraccin disciplinaria, no se declina en ningn caso, ni con competencia ni sin ella debiendo actuarse a travs del traslado del correspondiente parte. Principio de exigencia indeclinable que traslada a todo el personal militar una responsabilidad propia respecto a cualquier hecho o conducta que constituya infraccin disciplinaria20. 3. Respecto a la formalizacin del uso de la potestad disciplinaria, se sigue la regla general de la exigencia de procedimiento. Requerimiento formal que debe adecuarse a la necesaria agilidad e inmediatez (e incluso ejemplariedad) de las Fuerzas Armadas por lo que, para aquellas faltas de menor entidad (faltas leves), se posibilita de manera ciertamente excepcional en el bloque normativo jurdico-administrativo el seguimiento de un procedimiento preferentemente oral21. Es obvio que la habilitacin para sustanciar un procedimiento disciplinario supone una ventaja y es de gran inters para garantizar un inmediato restablecimiento de la disciplina, pero qu duda cabe que para el militar competente en ese empleo de la potestad disciplinaria supone una gran responsabilidad ya que, por una parte, la oralidad no resta gravedad a alguna de las sanciones que pueden imponerse, incluida la privacin de libertad; y por otra, no hace decaer la necesidad de verificar los presupuestos esenciales de todo procedimiento disciplinario: Averiguacin y confirmacin de los presuntos hechos o conducta infractora. Aseguramiento, si quiera mnimo, de los derechos del presunto infractor. Interdiccin de decisiones arbitrarias e injustificadas. Nuevamente, la capacidad profesional del militar recibe una prueba de cierta altura que, lo general, es que se supere sin dificultad.
Profesor titular de Derecho Adminidtrativo
EL FOMENTO DE LA VOCACIN MILITAR A TRAVS DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS DE DIFUSIN Y CONOCIMIENTO DE LA CULTURA DE DEFENSA NACIONAL
Con el agradecimiento a los componentes del Ministerio de Defensa y de la Universidad de Salamanca que con su dedicacin y entrega han hecho posible estos logros.
En Espaa, histricamente, los diversos servicios militares que se implantaron, tropezaron siempre con problemas de aceptacin social. Esto no impeda que el Servicio Militar Obligatorio (SMO), la denominada Mili, constituyese un nexo de unin entre la poblacin civil y sus Fuerzas Armadas, a pesar de sus imperfecciones, carencias y fallos. La suspensin de este servicio por imperativos sociales y de efectividad, ha truncado esta va a la que nos referamos anteriormente. Si a ello unimos la tambin suspensin del Servicio de Formacin de Cuadros de Mando, continuador de las ya lejanas Milicia Universitaria, Instruccin Premilitar Superior e Instruccin Militar de la Escala de Complemento, nos encontramos con la necesidad de establecer nuevos procedimientos para que las Fuerzas Armadas puedan ser conocidas y consideradas por el resto de la sociedad espaola y ms concretamente por la comunidad universitaria, que es el tema base de este captulo. Adems, la suspensin del SMO ha supuesto la ausencia de relacin directa de las familias con las Fuerzas Armadas, que se traduca en el conocimiento por los jvenes de los Ejrcitos, con el consiguiente vivero de vocaciones. Por ello, se haca necesario promover actuaciones de fomento de la cultura de Defensa, que sin duda alguna redundara en el acercamiento a la profesin militar de un ncleo muy importante para las Fuerzas Armadas, cual es el formado por los estudiantes universitarios.
Legislacin a aplicar Sirva como punto de partida una sucinta relacin de la legislacin relacionada con nuestro trabajo: 1. Real Decreto 247/2001 de 9 de marzo, por el que se adelanta la suspensin de la prestacin del SMO. En su artculo primero se lee: Se adelanta al 31 de diciembre de 2001 la fecha de la suspensin de la prestacin del SMO. 2. Ley Orgnica 5/2005 de 17 de noviembre de la Defensa Nacional. En su artculo 31 se lee: El Ministerio de Defensa promover el desarrollo de la cultura de Defensa con la finalidad de que la sociedad espaola conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales. Asimismo, el resto de los poderes pblicos contribuirn al logro de este fin. 3. Real Decreto 1723/2008 de 24 de octubre, por el que se crea el Sistema de Centros Universitarios de la Defensa, ubicados en: Academia General Militar de Zaragoza. Escuela Naval Militar de Marn. Academia General del Aire de San Javier.
Para lo cual se establecern convenios con las universidades de:
Zaragoza. Vigo. Politcnica de Cartagena. El caso de la ctedra Almirante Martn Granizo
El ao 1982, y como una premonicin de las necesidades que iban a plantearse, se firma un convenio de colaboracin entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de Salamanca, sobre materias docentes y relacionadas con la seguridad y la defensa. Es as como surge la Ctedra extraordinaria Almirante Martn Granizo, nombre que nos honra por lo que este almirante ha representado en la labor de ampliar y hacer ms
slidos y efectivos los contactos y relaciones entre la comunidad universitaria y el Ministerio de Defensa. Durante unos aos de meritoria y a veces desconocida actuacin, la Ctedra va abrindose camino y ganando prestigio en una poca llena de resquemores y juicios trasnochados. Es as como se llega al ao 2000, en el que se reestructura la Ctedra, nombrndose un codirector perteneciente a la Universidad de Salamanca, un codirector militar y un secretario, recibiendo en ese momento las directrices a seguir en un futuro, como eran las de que todos los trabajos venideros fuesen encaminados a llegar a calar en el mundo universitario, es decir, llegar a los alumnos, base y razn de ser de la institucin universitaria.
Con la clara finalidad de que la Ctedra fuese conocida ampliamente por el alumnado de la Universidad de Salamanca, se decide, de una forma tmida al principio, crear alguna asignatura de libre eleccin, siempre relacionada con la defensa y complementar esta medida con la celebracin anual de un curso extraordinario. En este empeo se cuenta con la colaboracin de un profesorado de la Universidad que, desde el principio, mostr una ilusin, dedicacin y entrega dignas del mayor elogio, amn de una serie de profesores militares que aportaron sus conocimientos, experiencias y saber hacer en el desarrollo de las actividades que se pasa a enumerar.
ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCIN CURSO 2000-2001
En este Curso se ofertaron las dos primeras asignaturas de libre eleccin: Defensa Nacional y Organizacin Militar (asignatura nmero 1). Enmarcada en el Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, dotada de 4,5 crditos. Se ofertaron 150 plazas. La Unin Europea, recursos humanos, fronteras y defensa (asignatura nmero 2). Enmarcada en el Departamento de Geografa Humana de la Facultad de Geografa e Historia, dotada de 6 crditos. Se ofertaron 175 plazas que posteriormente se aumentaran y que finalmente se fijaran en 190.
En este Curso se ofert, junto con las dos asignaturas ya existentes, otra de nueva creacin cuyas caractersticas fueron: La Cultura de Defensa fue su ttulo (asignatura nmero 3). Estaba enmarcada en el Departamento de Sociologa y Comunicacin de la Facultad de Sociologa, dotada de 4,5 crditos. Inicialmente se ofertaron 80 plazas, pero a partir del Curso 2005/2006 este nmero se fij en 150.
En este curso se ofert, junto con las tres asignaturas ya en funcionamiento, otra de nueva creacin cuyas caractersticas fueron: Las aguas en la defensa fue su ttulo (asignatura nmero 4). Estaba enmarcada en el Departamento de Qumica-Fsica de la Facultad de Farmacia, dotada de 4,5 crditos. Se ofertaron 80 plazas.
En este Curso se ofert, junto con las cuatro asignaturas precedentes, otra de nueva creacin cuyas caractersticas fueron: Sanidad y conflictos armados se titul (asignatura nmero 5). Estaba enmarcada en el Departamento de Microbiologa y Gentica de la Facultad de Medicina, dotada de 4,5 crditos. Se ofertaron 56 plazas.
Las asignaturas de libre eleccin ofertadas se complementaban con una serie de Cursos extraordinarios relacionados de alguna forma con las Fuerzas Armadas, su historia, sus caractersticas o su funcionamiento, que pasamos a enumerar: Curso 2000/2001. Curso extraordinario nmero 1: Poltica Exterior y de Seguridad Comn, celebrado en el saln de actos de la Facultad de Geografa e Historia. Curso 2001/2002. Curso extraordinario nmero 2: Caldern de la Barca: Milicia y Letras, celebrado en el aula magna de la Facultad de Filologa. Curso 2002/2003. Curso extraordinario nmero 3: Los Arapiles, encuentro de Europa celebrado en el aula magna de la Facultad de Filologa. Curso 2003/2004. Curso extraordinario nmero 4: Medio ambiente y Fuerzas Armadas, celebrado en el saln de actos de la Facultad de Sociologa.
Curso 2004/2005. Cuso extraordinario nmero 5: Mujer y Fuerzas Armadas, celebrado en el saln de grados de la Facultad de Sociologa y el saln de actos Venancio Blanco del Acuartelamiento General Arroquia. Curso 2005/2006. Curso extraordinario nmero 6: Fernando III el Santo. Historia y proyeccin, celebrado en el aula magna de la Facultad de Filologa. Curso 2006/2007. Curso extraordinario nmero 7: Operaciones de paz y misiones de ayuda humanitaria, celebrado en el aula magna de la Facultad de Filologa. Todos estos Cursos extraordinarios estaban dotados con dos crditos de libre disposicin. A partir del ao 2007 estos Cursos han sido sustituidos por otro tipo de actividades que se citarn a continuacin.
A medida que la Ctedra se iba consolidando y al comprobar curso tras curso que en la mayora de las asignaturas ofertadas se cubran con creces las plazas ofertadas (en muchos casos superadas por los alumnos del Programa Erasmus que no ocupan plaza a nivel de cmputo total), los cursos extraordinarios fueron paulatinamente sustituidos por otra actividad acadmica, las jornadas de estudio, de dos das de duracin, en las que se daban cita expertos civiles y militares en temas concretos y a las que asistan un grupo de personas invitadas, as como un reducido y escogido nmero de alumnos interesados en los temas que se impartan. Hasta el da de la fecha se han celebrado las siguientes jornadas de estudio: I Jornadas de estudio bajo el ttulo: La colaboracin interinstitucional en el mbito de la Cultura de Defensa, celebradas en el Parador Nacional de vila los das 10 y 11 de noviembre de 2004. II Jornadas de estudio bajo el ttulo: Proteccin Civil, Fuerzas Armadas y modelos de actuacin, celebradas en el Parador Nacional de Zamora los das 12 y 13 de enero de 2006. III Jornadas de estudio bajo el ttulo: La Raya, encrucijada ibrica, celebradas en el Parador Nacional de Ciudad Rodrigo los das 27 y 28 de enero de 2007. IV Jornadas de estudio bajo el ttulo: La proyeccin espaola en Iberoamrica: Defensa y Cultura, celebradas en el Colegio Mayor Arzobispo Fonseca de Salamanca los das 17 y 18 de enero de 2008.
V Jornadas de estudio bajo el ttulo; Los espacios europeos de Educacin y Defensa, celebradas en el Colegio Mayor Arzobispo Fonseca de Salamanca los das 12 y 13 de febrero de 2009. Otras actividades Con el deseo de extender las actividades de la Ctedra a otros campos y no limitarse al terreno meramente docente, se ha iniciado un proceso de participacin en otros eventos culturales que se citan a continuacin: Coincidiendo con el Curso extraordinario: Los Arapiles, encuentro de Europa, en mayo de 2002 se inaugur una exposicin en la sala La Salina, de la Diputacin de Salamanca, bajo el nombre: Los Arapiles, la batalla y su entorno. Asimismo, y en el contexto del citado Curso, se celebr en el paraninfo de la Universidad de Salamanca un concierto a cargo de los profesores del Conservatorio Profesional de Msica de Salamanca bajo el ttulo: La msica europea en tiempos de la batalla de los Arapiles. Con motivo del 250 aniversario de la construccin de la Plaza Mayor de Salamanca, la Ctedra Almirante Martn Granizo organiz una exposicin fotogrfica en la Casa de las Conchas los meses de julio y agosto de 2005 bajo el ttulo: La Plaza sin visillos, con fondos fotogrficos provenientes de la agencia EFE. En mayo de 2006 se inaugur en Zamora una exposicin bajo el ttulo: San Fernando, tiempo y huella, ubicada en una doble sede: la dedicada a San Fernando, en la antigua iglesia del Palacio de la Diputacin y la relativa al Arma de Ingenieros del Ejrcito en la sala de exposiciones de Caja Duero.
La direccin de la Ctedra ha sido siempre partidaria de que en los programas de sus asignaturas de libre eleccin y siempre que fuese posible en el desarrollo de los cursos extraordinarios, se incluyesen visitas a instalaciones militares o a centros de inters por su relacin con la materia o el tema que se estaba impartiendo. Es as como se han realizado visitas a las siguientes unidades y centros: Cuartel General del Mando de Ingenieros de Salamanca. Regimiento de Especialidades de Ingenieros nmero 11 de Salamanca.
Campo de maniobras de Los Montalvos de Salamanca. Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca. Base area de Matacn. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). Cuartel General del Ejrcito. Centro Geogrfico del Ejrcito. Centro de Seguimiento de Satlites de la Unin Europea en Torrejn de Ardoz. Aula de interpretacin de la batalla de Arapiles. Sitio histrico de la batalla de Arapiles. Exposicin Iernimus en la catedral Vieja de Salamanca. En estas visitas el nmero de alumnos asistentes fue variable, no bajando nunca de 50, y a la mayora de los lugares citados se ha ido ms de una vez. Tambin la Ctedra ha llevado a cabo visitas dirigidas al profesorado exclusivamente, siendo stas: Cuartel General de la OTAN en Bruselas. Academia General Militar de Zaragoza. Base area de Zaragoza.
Con la finalidad de premiar al los alumnos de la Ctedra que se hubiesen distinguido por haber obtenido excelentes notas en al menos tres de sus asignaturas, en el ao 2004 se estableci un diploma expedido conjuntamente por el excelentsimo seor rector de la Universidad de Salamanca y el excelentsimo seor general o almirante director del CESEDEN. Este diploma se entrega de forma solemne en el acto anual de clausura de curso en el CESEDEN. Hasta El momento actual los diplomas entregados han sido los expuestos en el cuadro 1.
Cuadro 1. Relacin de los cursos y diplomas entregados.
Curso 2004/2005 Curso 2005/2006 Curso 2006/2007 Curso 2007/2008 Curso 2008/2009 ToTal
3 4 4 2 5 18
Los datos tan abultados del Curso 2001/2002, fueron debidos a que en la oferta de plazas no se establecieron nmeros mximos, cuadro 2.
Cuadro 2. Resumen de alumnos matriculados en asignaturas de la Ctedra.
Asignaturas Cursos Nmero 1 Nmero 2 Nmero 3 Nmero 4 Nmero 5 Total
2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 ToTal
150 311 151 147 156 165 151 156 155 1.542
175 448 230 235 241 217 203 199 201 2.149
86 59 52 136 152 140 168 793
78 81 83 82 80 86 490
56 49 56 56 217
325 759 467 519 530 657 637 631 666 5.191
Aunque para la Ctedra estas elevadas tasas de matrcula fuesen una satisfaccin, se opt por sealar un nmero mximo de matriculacin dados los problemas derivados del aforo de las clases disponibles (hubo que hacer dos grupos en cada una de las asignaturas) y tiempo dedicado a la correccin de los trabajos presentados, cuadro 3.
Cuadro 3. Resumen de alumnos matriculados en cursos extraordinarios.
Cursos Ttulo del curso Asistentes
2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
Poltica exterior y de seguridad comn Caldern de la Barca: milicia y letras Los Arapiles, encuentro de Europa Medio ambiente y Fuerzas Armadas Mujer y Fuerzas Armadas Fernando III el Santo, historia y proyeccin Operaciones de paz y misiones de ayuda humanitaria ToTal
275 62 132 317 161 125 118 1.190
Retos presentes La convergencia con el Espacio Europeo de Educacin, el cambio que ello supone y los nuevos caminos abiertos, hacen que la Ctedra Almirante Martn Granizo se encuentre en un momento trascendental de su andadura, abordando estos retos con el respaldo que supone que 6.381 alumnos de la Universidad de Salamanca nos hayan escogido a lo largo de estos nueve cursos acadmicos para cursar las asignaturas y los cursos extraordinarios ofertados relacionados todos ellos, de una forma ms o menos directa, con la Defensa Nacional, la organizacin de las Fuerzas Armadas, sus misiones, su historia y, lo que es ms importante de todo, hacer llegar al mundo universitario el espritu de servicio que las preside dentro del pleno respeto a la Constitucin. Conclusiones Para finalizar este trabajo abordamos una serie de conclusiones despus de esta experiencia larga en el tiempo y grande en satisfacciones y vivencias de todo tipo que ha supuesto estos nueve aos de andadura de esta fase de la Ctedra Almirante Martn Granizo: 1. Estamos convencidos que este tipo de Ctedra es uno de los vehculos ms efectivos en el momento actual para hacer llegar a la comunidad universitaria los conceptos bsicos de la Defensa Nacional, 2. Se ha comprobado el inters que por temas militares y por la profesin militar han exteriorizado nuestros universitarios, manifestado en su respuesta siempre positiva e ilusionada ante los temas impartidos en asignaturas y cursos. 3. La decisin tomada en su momento de que la direccin de la Ctedra fuese ostentada por dos personas, una civil perteneciente a la Universidad y otra militar, ha sido un acierto pleno a la hora de coordinar y desarrollar programas, actividades y visitas.
4. El nombramiento en cada asignatura de un profesor principal perteneciente a la Universidad de Salamanca, ha supuesto que las asignaturas que la Ctedra oferta se encuentren completamente integradas en el mecanismo universitario. 5. El tener las asignaturas localizadas en distintas facultades ha hecho que la Ctedra sea conocida y reconocida en todo el mbito universitario salmantino. 6. La participacin en las asignaturas de diverso profesorado civil y militar con perfecto conocimiento del tema a desarrollar, ha hecho que las materias impartidas adopten un carcter multidisciplinar que ha mantenido al alumnado ms receptivo e interesado. 7. Las visitas realizadas a las distintas unidades y centros militares han sido de gran inters para los alumnos y han servido para que stos conozcan de primera mano sus Fuerzas Armadas. 8. La admisin de alumnos extranjeros fuera del cupo de matrcula, hace que la actividad de la ctedra sea conocida en las universidades de otros pases. 9. La participacin de la ctedra en la organizacin de actividades culturales de primer orden, le ha conferido gran prestigio entre las distintas instituciones y organismos de la ciudad. 10. Todo ello nos hace pensar que en un futuro la Ctedra Almirante Martn Granizo pueda continuar con su labor de una forma brillante, contando siempre con ese plantel magnfico de colaboradores civiles y militares y una materia prima, el alumnado, con unos valores difciles de igualar.
PLANEACIN EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS
EN LAS FUERZAS MILITARES COLOMBIANAS:
DE LA ADECUACIN DE LA MOTIVACIN SUFICIENTE
AL EJERCICIO DE LA FACULTAD DISCRECIONAL
Coinciden en afirmar los diferentes autores1 que defienden la globalizacin jurdica, que el actuar de toda Administracin Pblica en el mundo contemporneo, debe estar determinado por la bsqueda de la materializacin del principio de eficiencia en su proceder. Es decir, debe ser un actuar en el que el aprovechamiento de los recursos sea optimizado de modo tal, que con los mismos pueda beneficiar de manera real a los ciudadanos, tanto en sentido particular, es decir en cuanto individuos, como tambin en sentido general, es decir como colectividad2. Dentro de este contexto global y teniendo en cuenta, por una parte, la situacin social, poltica y econmica colombiana y por otra parte, que la Administracin Pblica es la garante de la aplicacin de los mecanismos necesarios para el desarrollo de una actividad eficiente del Estado, considero que resulta de especial inters, desde el punto de vista jurdico-econmico, en aras de realizar un anlisis que aporte elementos concretos al
Vase por ejemplo, ABATE, Bernard: La mouvelle gestion publique, LGDJ, Pars, 2000; AUBY, Jean-Bernard: La globalisation, le droit et lEtat, Montchrestien, Pars, 2003; JAMES, Harold: From Grandmotherliness to gouvernance. The evolution of IMF conditionality, Finance and Developpement Riview, volumen 35, nmero 4, p. 44, 1998. 2 En este sentido resulta oportuno precisar que la Constitucin Poltica de 1991 incorpora el concepto de eficiencia que en trminos econmicos consiste en la utilizacin ptima de los recursos disponibles y que aplicado a la gestin estatal, en los trminos de la Corte Constitucional colombiana significa: la adecuada gestin de los asuntos objeto de ella partiendo del supuesto de los recursos financieros casi siempre limitados de los que dispone la hacienda pblica. En otros trminos, el Estado, por razones de inters general, est obligado a efectuar una adecuada planeacin del gasto de modo tal que se oriente con certeza a la satisfaccin de las necesidades prioritarias para la comunidad sin despilfarro ni erogaciones innecesarias. Sentencia C-479 del 13 de agosto de 1992 (Ms.Ps.: doctores Jos Gregorio Hernndez Galindo y Alejandro Martnez Caballero. 3 Eficiencia: Ausencia de despilfarro o utilizacin de los recursos econmicos que reporta el mximo nivel de satisfaccin posible con los factores y tecnologa dados. SAMUELSON/NORDHAUS: Economa, dcimo sexta edicin, p. 726, McGraw-Hill.
estudio de la planeacin de recursos humanos dentro de la Administracin Pblica, el proponer una reflexin que teniendo como lnea directriz la actividad eficiente del Estado, entendida esta eficiencia en trminos econmicos3, permita determinar el impacto que puede y tiene el ejercicio de la facultad discrecional por parte de la Administracin Pblica frente a los funcionarios pblicos al servicio de las Fuerzas Militares sobre la garanta de los derechos individuales y los intereses de la colectividad. Para trabajar esta temtica general quisiera desarrollar el caso especfico del Estado colombiano, dado que, aunado a la situacin poltica particular en la que se enmarcan las actividades de las Fuerzas Militares colombianas4, este Estado ha sido recientemente condenado, con fundamento en la indebida utilizacin de la facultad discrecional que le otorg la Ley5 a la Administracin para desvincular por razones del servicio a sus funcionarios militares, a indemnizar y reintegrar al servicio activo a efectivos retirados por esta va o a reformular actuaciones administrativas, como mecanismo para la proteccin de derechos individuales. Esto, no slo ha significado un detrimento del patrimonio del Estado, sino que adems ha permitido constatar que se estn excluyendo efectivos cuyas calidades militares eran incuestionables; y en cuya preparacin y formacin el Estado haba invertido sumas muy importantes de dinero, lo que pone en duda la
Colombia es un pas que afronta un conflicto interno desde hace ms de 40 aos, que ha llevado a que hoy, sus Fuerzas Militares sean el mayor empleador del pas y el gasto militar uno de los rubros ms importantes dentro del presupuesto nacional, lo que hace que el estamento armado sea un excelente campo de anlisis, por una parte, de la relacin existente entre la discrecionalidad de la Administracin, los lmites del acto administrativo y la eficiencia en el actuar del Estado y por otra parte, de la relacin existente entre el ejercicio de la discrecionalidad y el control jurisdiccional y ciudadano de la actividad de la administracin pblica. 5 Decreto 1428 de 2007 artculo 104. Retiro discrecional. Por razones del servicio y en forma discrecional, se podr disponer el retiro de oficiales y suboficiales, con cualquier tiempo de servicio, previa recomendacin del Comit de evaluacin para el efecto, el cual estar conformado por el segundo comandante de fuerza, el inspector general, el jefe de personal de la respectiva fuerza, y el comandante de la unidad operativa a la cual pertenezca. Cuando se trate de oficiales se requiere previo concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares. El acto administrativo de retiro se regir por lo dispuesto en el articulo 99 de este Decreto. Decreto 1428 de 2007 artculo 99 Retiro. Retiro de las Fuerzas Militares es la situacin el la que los oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposicin de autoridad competente, cesan en la obligacin de prestar servicios en actividad. El retiro de los oficiales en los grados de oficiales generales o de insignia, coronel o capitn de navo se har por Decreto del Gobierno; y para los dems grados incluyendo los suboficiales, por resolucin ministerial, facultad que podr delegarse en el comandante general o comandantes de fuerza. Los retiros de oficiales debern someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto cuando se trate oficiales generales o de insignia, e inasistencia al servicio sin justa causa justificada, de acuerdo con lo previsto en el Cdigo Penal Militar para el delito de abandono del servicio. []
planeacin eficiente de recursos humanos al interior de las Fuerzas Militares. Lo anterior, por cuanto desde el punto de vista de la racionalidad que debe dirigir la actividad de todo agente econmico, resulta por lo menos difcil explicar, por qu si el Estado ha invertido importantes sumas de dinero en la preparacin de alguno de sus efectivos, intempestivamente, fundamentado nicamente en unas razones del servicio, lo desvincula de la Institucin, perdiendo as la posibilidad de recuperar su inversin. A pesar de que como lo acabamos de mencionar, los recientes fallos de los tribunales dejan en evidencia un desfase entre la utilizacin de la facultad discrecional y la obligacin de ejercer de manera efectiva una actividad administrativa eficaz, acorde con los principios del Estado moderno globalizado, los mismos han sido objeto de fuertes crticas por parte del estamento militar, por cuanto se ha considerado que estas decisiones judiciales han impuesto unos lmites al ejercicio de la facultad discrecional, que van en contra de la operatividad de unas fuerzas Militares cuya actividad se desenvuelve en un pas en conflicto. Sin embargo, tomando una posicin opuesta a la manifestada por los crticos de estas decisiones y fundamentado en un anlisis jurdico-econmico, en el presente escrito buscar demostrar que los lmites que por va jurisprudencial se le han impuesto al ejercicio de la facultad discrecional para desvincular funcionarios militares de las fuerzas Militares, no son nocivos para la operatividad de la institucin y por el contrario contribuyen a administrar mejor6. Considero que este es un caso en el que las limitaciones impuestas por los jueces, crean las condiciones para que por la va de la adecuacin de la exigencia de motivacin suficiente al ejercicio de la facultad discrecional como presupuesto esencial para el ejercicio efectivo del derecho de defensa, no slo se garanticen adecuadamente los derechos de los individuos, sino que se genere para la Administracin, una correlativa presin para que implemente una planeacin eficiente de
6 En este sentido FERNNDEZ, Toms-Ramn: Discrecionalidad arbitrariedad y control jurisdiccional, pp. 358-365, Palestra Editores, 2006. 7 Vase las sentencias C-525 de 1995 MP Vladimiro Naranjo Mesa, C-368 de 1999 MP Eduardo Cifuentes Muoz, C-942 de 2003 MP Alfredo Beltrn Sierra, C-1173 de 2005 MP Manuel Jos Cepeda y C-179 de 2006 MP Alfredo Beltrn Sierra. En estas sentencias la Corte Constitucional confirma la constitucionalidad del retiro discrecional. 8 Sentencia: 05001-23-15-000-2009-00203-01 magistrado ponente: Susana Buitrago Valencia fecha: 28 de mayo de 2009-Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Seccin Quinta (Accin de Tutela) En el caso que analiza el Consejo de Estado en sede de Tutela, el accionante era un capitn que fue retirado del Ejrcito Nacional en forma discrecional por razones del servicio. El oficial siempre estuvo en la lista uno del ejrcito (la mejor calificada) y no tena investigaciones en su contra. En consecuencia, en su accin el accionante indica que la Nacin vulner sus derechos al debido proceso y al trabajo en la medida en que nunca existi recomendacin del comit correspondiente y si ese comit lleg a existir, le vulneraron el derecho a la defensa porque nunca le dijeron qu determinacin o decisin haba tomado. 9 Corte Constitucional, T-111 de 20 de febrero 2009, MP: Clara Elena Reales. 10 Decreto 1428 de 2007 artculos 99 y 104.
la utilizacin de sus recursos humanos; la cual, determinada por la consolidacin de un control efectivo por parte de la colectividad, redundar, de manera natural, en beneficio de un aprovechamiento ms eficiente de los recursos econmicos que les son entregados a estas instituciones. La motivacin suficiente, una garanta del ejercicio del Derecho de Defensa En sentencias recientes de tutela, sin entrar a cuestionar la existencia misma de la facultad discrecional del Estado para desvincular a los funcionarios de las Fuerzas Militares por razones del servicio7, ni mucho menos entrar a cuestionar la existencia de la discrecionalidad administrativa, tanto el Consejo de Estado8 como la Corte Constitucional9 confirman que si bien el acto administrativo de retiro de un funcionario militar, fundamentado en la facultad discrecional que le otorg la Ley a la Administracin10, no debe motivarse exhaustivamente, s debe estar amparado en razones objetivas y razonables, y sostienen, en aras de garantizar el Derecho al debido proceso y el Derecho de Defensa de los tutelantes, que esas razones objetivas deben estar consagradas en los informes que tienen la obligacin de expedir los comits o juntas encargadas de emitir las recomendaciones en que se sustentaron las decisiones. Informes que deben ser comunicados al afectado junto con el acto administrativo de desvinculacin. En otros trminos, consideran los jueces de tutela que las razones del servicio no constituyen una motivacin suficiente del acto administrativo si el mismo no est acompaado por unos informes que de manera clara y objetiva expliquen cuales son los motivos determinantes de la expedicin del acto administrativo11.
Corte Constitucional, sentencia C-734 de 2000, magistrado ponente: Vladimiro Naranjo Mesa: la discrecionalidad con la que puede contar la administracin en determinados eventos no puede confundirse de manera alguna con arbitrariedad, ya que dicha discrecionalidad no es absoluta, sino que se circunscribe a unos fines especficos y a la proporcionalidad entre la decisin de la Administracin y los hechos que le dan fundamento a la misma; adems, por cuanto la decisin adoptada por la Administracin debe encontrar fundamento permitan diferenciar la actuacin en motivos suficientes que administrativa discrecional de la arbitraria y del abuso de las facultades otorgada. De manera concordante con lo anteriormente expuesto, esta Corporacin ha establecido que en materia de actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades discrecionales, dicha discrecionalidad no implica indefectiblemente que la Administracin se exonere del deber de motivar sus decisiones. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha sido enftica en establecer la importancia de la motivacin de los actos administrativos, como
Esta posicin implica un cambio importante en el ejercicio de la facultad discrecional para desvincular personal militar de las Fuerzas Militares en Colombia, toda vez que queda sentado con claridad el principio segn el cual, las simples razones del servicio no son una motivacin suficiente del acto de desvinculacin de estos funcionarios como aparentemente hasta ahora se haba considerado. As, si bien la administracin puede desvincular por razones del servicio, el afectado debe conocer los motivos en los que se sustenta dicha desvinculacin para que se entienda que el acto ha sido motivado suficientemente y para que, por una parte, se le garantice el ejercicio del Derecho de Defensa al afectado con la decisin y por otra parte, que la actividad de la administracin no sea considerada arbitraria. En efecto, si tenemos en cuenta que por la va del contencioso-administrativo el funcionario slo puede solicitar, en este caso, la nulidad del acto por expedicin irregular, pero no por no ser la va legal idnea que se motive adecuadamente el mismo, el desconocimiento de los motivos que sirven de fundamento al acto de desvinculacin, pondra al funcionario en la imposibilidad de ejercer su derecho de defensa y por ello la actividad de la administracin se convierte en una actuacin arbitraria. En este sentido afirma el Consejo de Estado: El desconocimiento de las razones que sustentan el despido del servicio se considera una actitud arbitraria que amerita la proteccin constitucional porque las acciones contenciosas no resultan idneas para obtener que la Administracin motive su acto permitiendo que el afectado controvierta la legalidad del mismo, nica garanta de que pueda acudir al proceso contencioso en ejercicio de la plenitud de sus derechos. Si analizamos la posicin del Consejo de Estado desde el punto de vista del funcionario, es evidente que slo nos remitiramos a observaciones en trminos de garanta del ejercicio del Derecho de Defensa. Pero si lo analizamos desde el lado contrario de la relacin jurdica, es decir desde el punto de vista de la administracin, lo que encontramos es la obligacin para esta de realizar estudios slidamente elaborados que reflejen el anlisis serio de los hechos12 que dan fundamento a su decisin de
garanta de que los destinatarios del mismo puedan conocer las razones en las que se funda la Administracin al adoptar decisiones que afecten sus intereses generales o particulares.
En este punto es importante precisar como lo ha hecho de manera reiterada la Corte constitucional y el Consejo de Estado que la facultad discrecional no es una sancin, de lo que se colige que no se trata para la administracin de realizar un proceso completo en el cual el funcionario vaya a ser juzgado, se trata simplemente de que estas actas reflejen los motivos objetivos y razonables que llevan a las juntas o comits a recomendar el retiro del funcionario. 13 GONZLES NAVARRO, Francisco, citado por GORDILLO, Agustn: Tratado de Derecho Administrativo,
desvincular al funcionario del servicio activo. De lo anterior se colige que la Administracin no se pude ocultar detrs de lo que se denomina el anquilosado paradigma de la prevalencia de un inters sobre el otro13 que para este caso consistira en argumentar que las razones del servicio no necesitan mas explicacin que el ser una medida de salvaguarda del inters general necesaria dentro de un pas en conflicto pues esto constituira, en los trminos de Gordillo14: Una falacia no formal que lleva a que el acto est ilgicamente motivado y que por ende deba ser declarado nulo. Al confirmar que la Administracin debe consignar claramente los motivos en los que se fundamenta la utilizacin de la facultad discrecional para desvincular a un funcionario militar de las Fuerzas Militares, con el fin de que ste pueda ejercer su Derecho a la Defensa, se debe entender de una vez por todas que la inadecuada elaboracin de las actas de las reuniones de los comits o juntas en los que se decide recomendar o no el retiro de un funcionario y que sirven de causa al acto de desvinculacin o que las mismas contengan expresiones vagas y vacuas como por ejemplo por ser conveniente a los superiores intereses del Estado o en virtud de las atribuciones que le confiere la Ley equivalen, en sentido material ms no formal, a la inexistencia de fundamentacin pues significan inutilizar totalmente la defensa o argumentacin. De lo que se colige que si bien el acto administrativo no necesita expresar la motivacin, los documentos que reflejan las reuniones de los comits o juntas que deben recomendar o no el retiro de un funcionario, deben consignar claramente el anlisis y expresar de manera exhaustiva cuales son los elementos que le llevan a recomendar o no el retiro de un funcionario, pues una actuacin contraria a la que se propone, equivaldra a hacer, se insiste, absolutamente imposible el ejercicio del Derecho de Defensa del funcionario, dado que este desconocera los motivos en que su fundamenta la decisin de desvinculacin. As, en los trminos de nuevo de Gordillo15:
p. 39, Biblioteca Jurdica Dik y Fundacin de Derecho Administrativo, primera edicin Colombiana, Medelln, 1999. 14 Ibdem, p. 40. 15 Ibdem.
La Administracin est obligada a explicar exhaustivamente cuales son los hechos que se consideran probados, cual es la prueba que se invoca, qu valoracin reciben, qu relacin existe entre tales hechos, etc. En este orden, la motivacin suficiente no es una cuestin de forma como de manera evidente se ha venido haciendo en Colombia en esta materia sino que es un elemento de fondo pues hace referencia directa al contenido del acto y a la razonabilidad de la decisin. En este sentido es tambin fundamental subrayar que con esta imposicin de comunicar el contenido de las actas la causa del acto de desvinculacin se dejan claras dos cosas que ya estn perfectamente desarrolladas en el campo terico pero no as en el prctico. En primer lugar, que el funcionario que puede ser retirado con fundamento en la facultad discrecional no se convierte por ese simple hecho en un funcionario de libre nombramiento y remocin, este funcionario sigue siendo de carrera (vocacin de estabilidad) y lo que sucede es que de manera excepcional se le permite a la administracin truncar dicha carrera para que se logren concretar los fines del Estado. En segundo lugar, que una cosa es el acto poltico o de gobierno y otra muy diferente el acto administrativo que se expide en ejercicio de la facultad discrecional. En efecto, mientras en el primero los motivos y la motivacin son estrictamente polticos y por ello no necesitan fundamentarse en razones objetivas, en el caso de los actos de desvinculacin de funcionarios expedidos en ejercicio de la facultad discrecional, las razones deben ser objetivas, luego al evaluar este acto, si bien no se analiza la conveniencia o inconveniencia de la decisin, s se analiza la existencia de los motivos y la proporcionalidad de estos con dicha decisin16. Con base en lo anterior es claro que, dentro del ejercicio de la facultad discrecional, la causa del acto debe estar a disposicin de los funcionarios para que estos puedan ejercer su Derecho de Defensa. Con la exigencia de la motivacin suficiente de los actos administrativos de desvinculacin de los funcionarios militares de las Fuerzas Militares, lo que se busca es
16 Con respecto a la diferenciacin entre los actos polticos y los actos expedidos en ejercicio de facultad discrecional, compartimos la posicin de Berrocal cuando a manera de ejemplo manifiesta que: una es la discrecionalidad de un alcalde en relacin con los cargos de representacin poltica, en los cuales puede determinar la oportunidad, el mrito, la conveniencia y los motivos y otra, la discrecionalidad en relacin con cargos no polticos y que no estn sujetos a carrera, en los que apenas puede determinar la oportunidad y la conveniencia, ya que los motivos estn limitados por las necesidades del servicio, lo cual excluye motivos que si son admisibles en los actos respecto de cargos de representacin poltica, como pueden ser motivos polticos partidistas o puramente personales ajenos a las necesidades del servicio. BERROCAL, Luis Enrique: Manual del acto administrativo, primera edicin p. 183, Ediciones Librera del Profesional, Bogota, 2001.
que el sujeto que es retirado, al interponer su demanda, pueda someter ante el juez el anlisis de la existencia de los motivos y controvertir precisamente dicha existencia y la razonabilidad del acto. Sin embargo, la exigencia de motivacin suficiente no slo permite a los funcionarios afectados ejercer su Derecho de Defensa sino, en mi concepto, a la colectividad de ejercer su derecho a fiscalizar la actividad de la Administracin en lo que al aprovechamiento de sus recursos se refiere y por esta va, de la mano de la actividad jurisdiccional, contribuir tambin a una mejor administracin de los recursos humanos dentro de las Fuerzas Militares y de la Administracin en su conjunto. La exigencia jurisdiccional de motivacin suficiente,
una garanta para la planeacin eficiente de los recursos humanos
La actuacin eficiente del Estado no es ms un simple objetivo deseado sino una obligacin que en el caso colombiano se encuentra consagrada en su Constitucin como principio de la actuacin administrativa. Esta actuacin eficiente, no puede sin embargo concretarse en el campo del ejercicio de la facultad discrecional para la desvinculacin de personal militar de las Fuerzas Militares, si dicho ejercicio no se realiza dentro de los lmites de la racionalidad econmica y jurdica que debe determinar la utilizacin de los recursos disponibles y en particular la utilizacin del recurso humano. Si tenemos en cuenta que la racionalidad econmica entendida como la conducta optimizadora en la que los consumidores maximizan la utilidad y las empresas maximizan los beneficios17 y la racionalidad jurdica entendida, con respecto a la Administracin Pblica, como la actividad determinada por la voluntad de maximizar los beneficios de la colectividad son elementos esenciales para alcanzar el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, su desconocimiento conlleva directamente a la ineficiencia en la actuacin de la Administracin. En otros trminos, toda actuacin irracional (econmica o jurdicamente considerada) conlleva a una actuacin ineficiente de la Administracin y por ende, en el caso colombiano, a un desconocimiento de un principio constitucional determinador de la actividad administrativa. La clsica discusin consistente en evaluar la discrecionalidad desde la perspectiva de la separacin de los poderes es insuficiente para encuadrar el planteamiento anterior, por ello, el punto de vista de la eficiencia y la racionalidad que le subyace, y que se plantea para el anlisis del ejercicio de la discrecionalidad aplicado al caso concreto de la
SAMUELSON/NORDHAUS: Economa, decimosexta edicin, p. 183, McGraw-Hill. FERNNDEZ, Toms-Ramn: Discrecionalidad arbitrariedad y control jurisdiccional, p. 358, Palestra Editores, 2006.
facultad discrecional para desvincular miembros militares de las Fuerzas Militares colombianas corresponde a una perspectiva ampliada en la que se entiende que los lmites que se le imponen al ejercicio de esta facultad discrecional por parte de los jueces, no son simples mecanismos encaminados a evitar la arbitrariedad, sino que se convierten en instrumentos que contribuyen a garantizar el desarrollo de una actividad pblica eficiente, de lo que se infiere que juzgar a la administracin, contribuye tambin a administrar mejor18. En el caso particular del cual nos ocupamos, la contribucin a la eficiencia se deriva de la imposicin que hacen los jueces administrativos y constitucionales a la administracin, consistente en establecerle lmites al ejercicio de la facultad discrecional, obligndola a motivar de manera suficiente los actos administrativos de desvinculacin de los funcionarios militares a travs de la publicacin de las actas en las que se manifiestan las razones que sirven de base a la recomendacin del despido y que constituyen la causa del acto discrecional de retiro. Sin embargo, dicha contribucin materializa su presin por la eficiencia a travs de dos vas diferentes. Una primera va, que podramos denominar como directa, de acuerdo con la cual, la imposicin que se expresa a travs de los lmites impuestos al ejercicio de la facultad discrecional, trae como consecuencia una presin para que el Estado realice una planeacin ms eficiente de sus recursos humanos, so pena de verse sancionada y condenada al pago de indemnizaciones de perjuicios como consecuencia de desvincular a sus funcionarios, por la va de la facultad discrecional, fundamentado en argumentos carentes de objetividad. En este orden teniendo en
cuenta que la motivacin del Acto slo puede ser racional si se encuentra en adecuacin con una causa o motivo objetivo dentro del marco de esta primera va la lgica consiste en afirmar que los lmites impuestos por la jurisdiccin, generan una correlativa presin sobre la Administracin para que enmarque toda desvinculacin dentro de polticas estructuradas y claras de recursos humanos. Lo anterior, por cuanto resultara irracional tanto desde el punto de vista econmico como jurdico y por ende contrario al principio de eficiencia que, fundamentado en una apreciacin puramente subjetiva y desprendida de una poltica clara de utilizacin eficiente de los recursos humanos, decidiera prescindir de los servicios de un funcionario en cuya preparacin ha invertido importantes recursos pblicos, los cuales est en la obligacin de utilizar de manera eficiente.
En efecto, si se tiene en cuenta que los limites impuestos por los jueces al ejercicio de la Facultad discrecional para desvincular funcionarios militares, implican que la administracin no puede escudarse detrs de lo que denominbamos en los trminos de Gordillo: El anquilosado paradigma de la prevalencia de un inters sobre el otro, pues ello constituye una falacia no formal19. La Administracin est obligada a fundamentar su actuacin en motivos objetivos que permitan dilucidar que si bien la conveniencia de la actuacin corresponde, en aras del mantenimiento de la discrecionalidad, de manera exclusiva a la Administracin, dicha conveniencia debe poder justificarse en presupuestos objetivos cuya validez solo puede ser constatada en la medida que los mismos se encuentren enmarcados dentro de una poltica seria de recursos humanos. Considero que slo en el marco de una poltica de planeacin de recursos humanos es realmente posible probar la racionalidad de la decisin y por ende, comprobar que est encaminada a la bsqueda de la realizacin de los fines del Estado. Una realizacin que slo puede ser alcanzada si su comportamiento obedece a los principios de racionalidad tanto econmica como jurdica. De manera concreta, podramos decir que en la medida que la desvinculacin de un funcionario no se encuentre fundamentada en motivos objetivos que se enmarquen en polticas claras de manejo y gestin de recursos humanos, dicha desvinculacin es ilegal y contraria al principio de eficiencia por cuanto debe ser considerada como una accin irracional de la Administracin. Una irracionalidad derivada del hecho que si la causa del acto no es objetiva y no puede ser evaluada a la luz de una poltica clara de planeacin y manejo de recursos humanos, la decisin de conveniencia (la desvinculacin) no podra ser considerada como encaminada a maximizar los beneficios de la administracin individualmente considerada racionalidad econmica y de la colectividad racionalidad jurdica. A contrario, si los motivos en que se fundamenta el acto de desvinculacin son objetivos, como lo exigen los lmites impuestos por los jueces, y se encuentran enmarcados dentro de polticas estructuradas de recursos humanos, entonces la actividad podr ser considerada como racional en trminos econmicos y jurdicos. En este orden, los lmites impuestos por los jueces, impiden a la administracin el estar dando bandazos, escudados en la supuesta garanta del orden pblico, en materia de manejo de recursos
Vase supra, p. 1.
humanos, obligndola a tomar decisiones con base en polticas objetivas y claras de planeacin y manejo de estos recursos. Manifestbamos, sin embargo, que existe una segunda va a travs de la cual se materializa la presin por la eficiencia derivada de las imposiciones que hacen los jueces a la Administracin y que implican unos lmites al ejercicio de la facultad discrecional. Esta segunda va, que podemos denominar indirecta, consiste en una apertura para que los ciudadanos puedan exigir a travs de los mecanismos de fiscalizacin que les otorga el ordenamiento jurdico colombiano20, una adecuada planeacin de los recursos humanos al interior de las Fuerzas Militares. Esta apertura surge de la posibilidad que se genera para los ciudadanos de exigir a dicha Administracin, fundamentados en los lmites impuestos por parte de los jueces al ejercicio de la facultad discrecional, a travs de la exigencia de motivacin suficiente de los actos de desvinculacin, explicaciones relacionadas con la manera en como son utilizados los dineros pblicos en el manejo de los recursos humanos al interior de las Fuerzas Militares. En otros trminos, es una apertura que surge de la posibilidad que se le abre a los ciudadanos de, a partir del conocimiento de elementos objetivos, evaluar la actividad del Estado en trminos de eficiencia y de la obligacin que tiene la Administracin de demostrar que su actividad es racional tanto desde el punto de vista econmico como jurdico. En efecto, si tenemos en cuenta que por una parte, Colombia es un pas que afronta un conflicto interno que obliga a que el gasto militar represente el 6,5% del producto interior bruto y que por otra parte, dentro de dicho gasto el componente de la preparacin del personal ocupa ms del 30% del mismo, resulta por lo menos comprensible y explicable que la Administracin deba demostrar objetivamente insistimos, sin escudarse en el anquilosado paradigma de la prevalencia de un inters sobre el otro que las decisiones de desvinculacin de oficiales, suboficiales o soldados con fundamento en la facultad discrecional obedece al principio de eficiencia. En trminos un poco ms sencillos, dada la importancia del gasto militar en un pas como Colombia y del gasto en la preparacin de sus militares, la Administracin debe estar en la capacidad de explicar de manera objetiva ante la fiscalizacin de los ciudadanos, por qu oficiales o suboficiales en cuya formacin nuestras Fuerzas Militares invierten una gran cantidad de dinero, son de un da para otro desvinculados de la institucin, sin ms explicacin que las razones del servicio. Es
Por ejemplo las acciones populares.
decir, demostrar que la prdida de los recursos invertidos en la preparacin de sus recursos humanos, obedece a una actuacin racional y no a un impulso meramente subjetivo21. En estos trminos, de la fiscalizacin por parte de los ciudadanos y de la obligacin que consideramos en un Estado Social de Derecho como el colombiano tiene la Administracin de demostrar que sus actuaciones deben estar dirigidas hacia la realizacin de una actividad eficiente; considero que se deriva para la Administracin, una correlativa presin para que implemente una clara y transparente poltica de planeacin de recursos humanos dentro de la cual pueda enmarcar sus decisiones de desvinculacin por facultad discrecional. Sin embargo, considero que el impacto que en materia de planeacin eficiente de recursos humanos tienen los limites impuestos por los jueces al ejercicio de la facultad discrecional para desvincular funcionarios militares deriva su mayor inters, del hecho que de la obligacin de motivacin suficiente de los actos de desvinculacin por facultad discrecional, se deriva de manera extensiva para las Fuerzas Militares colombianas, la obligacin de motivar suficientemente todo acto que implique desvinculacin de un miembro militar de la fuerza, como lo sera, por ejemplo, la no recomendacin de ascenso de un oficial o suboficial al grado inmediatamente superior22. Consideramos que si los lmites al ejercicio de la facultad discrecional son asumidos como una obligacin general que debe ser aplicada extensivamente a todo acto de desvinculacin, esto redundara en un mejoramiento en la planeacin de recursos humanos al interior de las Fuerzas Militares colombianas, dado que la administracin estara obligada en todo momento a demostrar, que sus decisiones discrecionales en materia de desvinculacin se encuentran fundamentadas en causas objetivas y no en elementos puramente subjetivos. Es decir, que la manera como manejan los recursos pblicos destinados a la preparacin y mantenimiento del recurso humano dentro de la
21 En este sentido, me permito precisar que si bien estoy convencido que la relacin de confianza es elemento fundamental dentro de las instituciones militares, a su vez estoy convencido que la ruptura de esa relacin como fundamento de una decisin de desvinculacin debe fundamentarse en causas objetivas, pues en tratndose del rubro ms importante en materia de gasto pblico, lo mnimo que se puede esperar es que la ejecucin de dicho presupuesto se realice siguiendo lgicas racionales que permitan desarrollar una actividad eficiente. 22 En este sentido, si bien soy consciente que la estructura castrense es piramidal, consideramos que la institucin debe estar en capacidad de demostrar de manera objetiva que quien se encuentre en la cspide es el mejor de entre aquellos que podan acceder a dicho cargo.
fuerza, se encuentra enmarcada dentro de una poltica clara de planeacin de recursos humanos cuyo objetivo principal es el de la materializacin del principio de eficiencia y de la racionalidad que le es subyacente, como presupuestos esenciales para alcanzar el beneficio de la colectividad y de la Administracin Pblica individualmente considerada. En ocasiones resulta inexplicable encontrar que por el camino son dejados de lado miembros militares en cuya formacin la fuerza ha invertido una cantidad muy importante de recursos pblicos, sin ms explicacin o fundamento que la existencia de una estructura piramidal o las razones del servicio, lo que choca directamente con los principios de la eficiencia. A manera de conclusin, se puede entonces afirmar que derivado de la fiscalizacin y de la obligacin de la Administracin de motivar de manera suficiente sus decisiones de desvincular funcionarios militares con fundamento en el ejercicio de la facultad discrecional que le otorga la ley los lmites impuestos por el juez al ejercicio de esta facultad al interior de las Fuerzas Militares contribuyen a administrar mejor, pues generan la obligacin para el Estado de enmarcar sus decisiones dentro de polticas estructuradas de planeacin de recursos humanos al interior de la institucin militar, que redundan en un mejoramiento de la eficiencia en el actuar de la Administracin y en un mayor respeto y garanta de los derechos fundamentales de los miembros de las Fuerzas Militares. Sin embargo, la denominada facultad discrecional para retirar funcionarios no se encuentra limitada al campo de las Fuerzas Militares, sino que existen otras normas que autorizan el ejercicio de dicha facultad en la Polica Nacional23, en el Departamento Administrativo de Seguridad24 y en el Instituto Nacional Penitenciario25, instituciones stas que por su carcter civil ameritan un anlisis especial y diferenciado que permita aclarar si el ejercicio de esta facultad es un mecanismo que genera eficiencia en el actuar de la Administracin Pblica en su conjunto y si los lmites impuestos al ejercicio de la misma por los jueces, contribuye, como en el caso de las Fuerzas Militares, a administrar mejor.
Ley 857 de 2003. Decreto 2147 de 1989. Decreto-Ley 407 de 1994.
JAVIER G. RICN SALCEDO
Profesor de Derecho Pblico
COMPOSICIN DEL GRUPO DE TRABAJO
Presidente: D. PEDRO T. NEVADO-BATALLA MORENO
y codirector de la Ctedra Almirante Martn Granizo.
Coordinador: D. NGEL PLAZA RODRIGO
Coronel del Ejrcito de Tierra y profesor del CESEDEN.
Vocales: D. GUIDO TESSAINER TOMASICH
D. JULIN SNCHEZ ESTEBAN
Abogado y secretario de la Ctedra Almirante Martn Granizo.
D. FRANCISCO JAVIER FRAGOSO MARTNEZ
y miembro de la Ctedra Almirante Martn Granizo.
D. JAVIER G. RINCN SALCEDO
Profesor en Derecho Pblico en la Facultad de Ciencias Jurdicas de la Pontificia Universidad Javeriana, doctor en Derecho de la Universidad de Poitiers (Francia) y miembro de la Ctedra Almirante Martn Granizo.
Las ideas contenidas en este trabajo son de responsabilidad de sus autores, sin que re fleje, necesariamente el pensamiento del CESEDEN, que patrocina su publicacin
GustavoPolo
Anonymous oOrYNfC9o
L2-Sujetos de La Función Administrativa
Constitucion Bien
TEXTOS CONTENIDO PROGRMÁTICO
Res 0059-2018
Acta de Intervencion Policial1
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Reforma Ley de Transito
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CEE - Panamá. Vº Foro. Relatoría.
La corrupción no es evitable
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Cuales Son Las Raices Del Conflicto Social.. e Equipo-2
Apuntes Ley 20.609
FabianValencia

References: in fine
e contrario
 Real Decreto 
De lege ferenda
 Real Decreto 
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