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Timestamp: 2018-01-21 02:41:00+00:00

Document:
Madrid (España), 19 de enero de 2009
Año 6, Núm. 223
[BOE] Ley [GALICIA] 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia.
[BOE 17 - 1 - 2009] [Texto completo]
[DOCE] Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de 2008, sobre la petición del Reino Unido de aceptar el Reglamento (CE) no 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I)
[DOCE 15 - 1 - 2009] [Texto completo]
[DOCE] Decisión de la Comisión, de 19 de diciembre de 2008, por la que se crea el Comité de expertos sobre desplazamiento de trabajadores
[DOCE 13 - 1 - 2009] [Texto completo]
[TC] Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): falta de legitimación activa de una asociación apreciada ignorando su legítimo interés, y que impide obtener un pronunciamiento judicial sobre las vulneraciones aducidas a los derechos fundamentales de un menor de edad.
El objeto del presente recurso es determinar si la resolución impugnada, en la medida en que apreció la concurrencia del óbice procesal de falta de legitimación activa de la asociación recurrente, ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho de acceso a la jurisdicción.
El Delegado del Gobierno en Madrid, por Resolución de 10 de febrero de 2006, acordó la repatriación de un menor de edad a Marruecos. La asociación demandante y el menor afectado, actuando bajo la misma representación letrada, interpusieron contra la citada resolución recurso contencioso-administrativo, dando lugar al procedimiento especial de protección de derechos fundamentales núm. 1-2006, que fue tramitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 14 de Madrid. En la demanda se ponía de manifiesto que el menor de edad, nacido el 1 de enero de 1989 y de nacionalidad marroquí, había llegado en patera en diciembre de 2003, siendo declarada su situación de desamparo y la asunción de su tutela por la Comunidad de Madrid. Igualmente, se señalaron los distintos avatares surgidos para la consecución del permiso de residencia y la obtención de pasaporte a través del Letrado y cómo, además, es a dicho Letrado a quien se dirigió el educador del menor para poner en conocimiento que la Policía había conducido al menor a la Comisaría del aeropuerto para ejecutar la orden de repatriación. Del mismo modo, se hacía constar que la legitimación de la asociación demandante derivaba del art. 19.1 b) LJCA, habida cuenta del interés legítimo que ostentaba al tratarse de un caso de presunta vulneración de derechos fundamentales cuyo protección es uno de sus objetivos principales según sus estatutos. Por Auto de 6 de abril de 2006 se nombró defensor del menor al Letrado que representaba a la asociación recurrente, por apreciarse la existencia de un conflicto de intereses con la Comisión Tutelar del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, que ostentaba la tutela del menor. Por Sentencia de 25 de septiembre de 2006 se estimó parcialmente el recurso declarándose la nulidad de la resolución impugnada.
El Constitucional estima el amparo. [Texto completo]
[TC] Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de demanda contencioso-administrativa por falta de capacidad de un menor de edad, y denegación de un defensor judicial por contradicción de intereses con la Administración de tutela, que impiden que sea oído en la adopción de medidas que afectan a su esfera personal (STC 221/2002).
La Comisión de Tutela del Menor de la Comunidad de Madrid, por resolución de 23 de diciembre de 2003, acordó declarar en situación de desamparo al recurrente, de nacionalidad marroquí, nacido el 1 de enero de 1989, “por encontrarse en España sin persona adulta que pueda responsabilizarse de él”, asumiendo su tutela y solicitando de la Administración central la iniciación del procedimiento de repatriación para la reincorporación en su núcleo familiar, lo que fue acordado por Resolución del Delegado del Gobierno en Madrid de 10 de febrero de 2006. El 5 de abril de 2006, el recurrente y la asociación Coordinadora de barrios para el seguimiento de menores y jóvenes, actuando bajo la misma representación letrada, interpusieron contra la citada resolución recurso contencioso-administrativo, adjuntado escrito del recurrente en el que designaba al Letrado para su representación “en cuantos trámites administrativos y jurisdiccionales sea preceptiva su intervención”. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 14 de Madrid, al que por reparto correspondió el conocimiento del asunto, por providencia de 5 de abril de 2006, acordó incoar el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales núm. 1-2006 y formar pieza separada de suspensión cautelarísima.
[TS][Contencioso-Advo] Saharaui es apatrida.
Se impugna en este recurso de casación la sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional dictó en fecha de 25 de octubre de 2005, en su recurso contencioso administrativo nº 457/04, por medio de la cual se desestimó el formulado por D. Domingo , nacional de Sahara Occidental, contra la resolución del Ministro de lnterior de 24 de mayo de 2004 por la que acuerda denegarle el reconocimiento del Estatuto de Apátrida.
El Supremo estima el recurso y reconoce al recurrente su condición de apátrida. [Texto completo]
[TS][Penal] Prevaricación. Tramitación de expedientes para extranjeros.
La Audiencia Provincial de Lérida, Sección Primera, absolvió a Jesus Miguel , Leonardo , Serafin y Alfonso de un delito continuado de prevaricación por el que venían acusados, absolviendo a Leonardo de otro de falsedad en documento oficial, y a Alonso y Carmela de un delito continuado de estafa, así como a Francisco y a Jose Augusto por falta de acusación. El Fiscal recurre.
Los acusados eran funcionarios con competencias sobre extranjeria en la Subdelegación del Gobierno de Lleida. El Supremo estima parcialmente y condena por estafa. [Texto completo]
[TS][Social] Los inmigrantes ilegales no tienen derecho a prestación por desempleo, aunque hayan trabajado por cuenta ajena.
La cuestión debatida se concreta en determinar si tiene o no derecho a inscribirse como demandante de empleo, y percibir las prestaciones de desempleo de la Seguridad Social, correspondientes al período trabajado para una empresa española, que le despidió improcedentemente, un extranjero, cuando dicho trabajador carecía de la autorización para residir, prevista en el artículo 30 bis de la L.O. 4/2000, de 11 de enero , y de la autorización previa para trabajar, y no había sido dado de alta en la Seguridad Social por la empresa para la que trabajaba.
Esta controversia litigiosa, sustancialmente igual en la sentencia recurrida y en la alegada para justificar la contradicción, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, de 21 de marzo de 2006, ha sido resuelta en forma diferente por las sentencias que se comparan: a) la sentencia, hoy impugnada, desestimó la pretensión del trabajador al considerar que no concurren los requisitos exigidos en los artículos 207, 209 y 231 de la Ley General de Seguridad Social , dado que no es posible que el actor pueda acreditar su disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar colocación adecuada y poder suscribir el compromiso de actividad normativamente establecido. b) la sentencia contraria, recaída en el supuesto de un trabajador rumano, que había prestado servicios laborales a diferentes empresas españolas, sin tener permiso de trabajo y residencia, y que, tras su cese improcedente, reclama la prestación de desempleo, estima la pretensión actora en razón a lo establecido en el Convenio 19 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), 36 de la L.O. 8/2000 y a la doctrina jurisprudencial expresiva de que el hecho de carecer de permiso de trabajo y de residencia no invalida el contrato de trabajo suscrito. [Texto completo]
UGT demanda a la Inspección y Administración Laboral que compruebe y cuestione los ERE en empresas con beneficios
El número de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y de trabajadores ha aumentado considerablemente. Sólo en los diez primeros meses de 2008 se autorizaron 3.857, que afectaron a 67.567 trabajadores, un 41,8% más que igual periodo de 2007. Según un informe elaborado por UGT con los últimos datos oficiales, son los trabajadores de la industria los más afectados, pero es la construcción la que experimenta un mayor crecimiento en el número de trabajadores sometidos a expediente, casi el 452% más que en los primeros diez meses de 2007. El sindicato propone un mayor control sobre los elementos que determinan los ERE por parte de la Inspección de Trabajo y la Administración Laboral, entre otras medidas, comprobar y garantizar las causas alegadas para solicitar un ERE e incluso cuestionar los casos de empresas que, teniendo beneficios, plantean regulaciones de empleo con extinción o suspensión de contrato. [19 - 1 - 2009] [Texto completo]
La Asociación de Abogados Europeos de Inmigración y Extranjería (ABEDIE) ha detectado 'nuevas restricciones' en los procesos de regularización, que junto a las que observan desde el inicio de la crisis, provocan 'un deterioro progresivo de los derechos fundamentales de los inmigrantes'. (terra.es) [19 - 1 - 2009] [Texto completo]
Trabajo quiere limitar el acceso a la prejubilación no más allá de los 52 años
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, está decidido a cortar de raíz las prejubilaciones a edades tempranas. Para ello propondrá una reforma de los expedientes de regulación de empleo (ERE) que introduzca alguna limitación que acote el acceso a la prejubilación en el entorno de los 52 años. Además, quiere mejorar la prestación por desempleo de los afectados por un ERE. (cincodias.com) [16 - 1 - 2009] [Texto completo]
La rapidez con la que se destruyen puestos de trabajo y el progresivo vencimiento de la cobertura por desempleo ha llevado al Gobierno a plantearse la concesión de ayudas a los parados con cargas familiares, respondiendo así a una de las principales reivindicaciones que los sindicatos le han trasladado al Ministerio de Trabajo en los últimos meses. (cincodias.com) [15 - 1 - 2009] [Texto completo]
El plan de retorno atrae a 1.400 inmigrantes
Unos 1.400 inmigrantes se han acogido en los primeros dos meses al plan de retorno voluntario del Gobierno para volver a sus países a cambio de cobrar el paro por anticipado, según cálculos del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. La cifra supondría una ligera caída respecto al ritmo del primer mes, en el que se registraron 767 solicitudes (casi la mitad, de ecuatorianos). El objetivo del Ejecutivo cuando aprobó el plan era llegar a 100.000 personas. (elpais.com) [15 - 1 - 2009] [Texto completo]
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316 páginas, 1ª edición, enero 2009,
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References: resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
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 artículo 30