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Timestamp: 2018-03-23 12:38:23+00:00

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Jurisprudencia. Cuantificación del daño. Valor Vida. – Maestros del Derecho Moderno
Jurisprudencia. Cuantificación del daño. Valor Vida.
Posted on 30 julio, 2017 by Florencia Córdoba
Debe destacarse que el fallo en análisis exterioriza auténtica y legítima motivación, y ejecución de esa motivación, en poner en la consideración la totalidad de los elementos que posibiliten determinar la realidad de la equivalencia del daño cuya responsabilidad el ordenamiento jurídico le adjudica al sujeto pasivo de la acción procesal en la que se ha desenvuelto el litigio.
ACUERDO. En Buenos Aires, a los 22 días del mes de junio del año dos mil diecisiete, hallándose reunidas las señoras jueces de la Sala “M” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dras. Mabel De los Santos, Elisa M. Diaz de Vivar y María Isabel Benavente, a fin de pronunciarse en los autos “A., E. S. y otros c/Q., A. H. y otros s/daños y perjuicios”, expediente n°90.958/2011, la Dra. De los Santos dijo:
I.- Que la sentencia de fs. 615/626 hizo lugar a la demanda de indemnización del daño sufrido por los actores como consecuencia del deceso de la joven abogada, R. S. P., ocasionado el día 12 de agosto de 2010 al ser embestida por el ómnibus de la línea 100 y condenó a A. H. Q., Transportes Automotores Riachuelo SA (TARSA) y Garantía Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros a pagar a su madre, E. S. A., la suma de $1.030.000, a los herederos de su padre, R. L. P., la suma de $433.000 y a E. J. L., abuela de la occisa, la suma de $225.000, con más los intereses y las costas del proceso.
II.- Los actores reclamaron por los daños y perjuicios sufridos a raíz del accidente de tránsito ocurrido el día mencionado, aproximadamente a las 21:15 hs., en el que perdiera la vida la hija y nieta de los accionantes. Explicaron que R. cruzaba la calle Cerrito de esta ciudad en su intersección con Juncal, al regresar de un posgrado que cursaba en el Colegio Público de Abogados, con luz del semáforo a su favor, cuando fue embestida por el colectivo de línea 100 de propiedad de la empresa demandada, que era conducido por el codemandado A. H. Q..
Cabe acotar que a fs. 467/468 se denunció el fallecimiento de R. L. P., padre de la víctima, acaecido el día 1° de noviembre del 2012 y, con posterioridad a la sentencia de primera instancia, se denunció el deceso de E. J. L., abuela de la víctima, ocurrido el día 20 de marzo de 2016 (v. fs. 633/635), circunstancias relevantes para el tratamiento de los agravios expresados.
Contra la sentencia estimatoria de primera instancia se alzaron las partes. La actora expresó sus agravios a fs. 666/671, quejándose de los montos indemnizatorios fijados por considerarlos reducidos, del descuento de la renta vitalicia que perciben los progenitores de la occisa de Nación Seguros de Retiro SA, así como de la tasa de interés establecida. El traslado de los fundamentos fue contestado a fs. 682/684 por la citada en garantía.
La demandada expresó sus agravios a fs. 655/664 y cuestionó la procedencia y los montos indemnizatorios fijados por considerarlos elevados, pieza que fue respondida por la actora a fs. 686/690.
La citada en garantía expresó sus agravios a fs. 672/680 y cuestionó la procedencia de la partida indemnizatoria por daño psíquico, los montos indemnizatorios fijados por elevados, la tasa de interés establecida y, a su vez, cuestionó la declaración de inoponibilidad de la franquicia a la actora.
III.- Ley aplicable.
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 7 del Código Civil y Comercial, de conformidad con el criterio de consumo jurídico y el principio de irretroactividad de la nueva ley, la cuestión que es objeto de estos obrados debe juzgarse conforme la normativa vigente a la fecha en que nació y se consumó la relación jurídica que se discute. La noción de consumo, que subyace en el art. 7 CCCN, fue tomada por Borda de la obra de Roubier, quien distingue entre leyes que gobiernan la constitución y la extinción de una situación jurídica, y leyes que gobiernan el contenido y las consecuencias (conf. Roubier, Paul, Le droit transitoire (Conflits des lois dans le temps) 2º ed., Paris, ed. Dalloz et Sirey, 1960, nº 42 pág. 198 y nº 68 pág. 334, citado por Kemelmajer de Carlucci, “El artículo 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme”, LA LEY 22/04/2015, 22/04/2015, 1 – LA LEY2015-B, 114, Cita Online: AR/DOC/1330/2015). Cada fase se rige por la ley vigente al momento de esa etapa; el consumo o el agotamiento deben analizarse según cada una de esas etapas, en concreto.
Conforme con ello, las condiciones para el ejercicio de la acción y la procedencia de la pretensión formulada serán analizadas conforme lo dispuesto por el Código Civil derogado. En efecto, la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico dañoso, pero las consecuencias no consumadas al momento de la entrada en vigencia del nuevo código se encuentran alcanzadas por este último (conf. Kemelmajer de Carlucci, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal Culzoni, 2015, p. 100 y sgtes.). Corresponderá entonces analizar los agravios contra la cuantificación de los daños o el cómputo de los intereses conforme las pautas que establece el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
Siguiendo estas premisas, abordaré seguidamente el análisis de las quejas formuladas por los apelantes.
IV.- Montos indemnizatorios.
a) Valor vida.
El Sr. Juez de grado fijó por tal concepto la suma de $150.000 para la madre de la víctima, E. A., y la suma de $13.000 para su padre, R. P., cuyos montos fueron cuestionados por los actores por considerarlos reducidos. Por su lado, la demandada consideró improcedente la indemnización otorgada.
Como he sostenido reiteradamente, la indemnización del valor vida fundada en la pérdida de la vida humana, atribuyendo a su existencia un valor económico “a priori“, no constituye un concepto admitido modernamente. Si bien no pueden desconocerse los aspectos morales y afectivos del fallecimiento de una persona, sostener que la vida humana tiene un valor económico o patrimonial, con prescindencia de lo que ella produzca o pueda producir, aunque tal contingencia futura sea puramente eventual o hipotética, constituye una afirmación claramente incorrecta e impropia, meramente dogmática y verbalista (cfr. Orgaz, “La vida como valor económico“, ED 56-851). La pérdida de la vida humana no puede indemnizarse como daño patrimonial sino cuando y en la medida que represente un detrimento de esa clase para quien reclama la reparación (cfr. Salas, Acdel, “Determinación de daño causado a la persona por el hecho ilícito“, Revista del Colegio de Abogados de La Plata, 1961, T. IV, núm. 7, p. 308). Lo dicho no es óbice a que las aptitudes del occiso puedan tener relevancia económica, consideradas como actividad creadora, productora de ventajas patrimoniales para el propio sujeto o para terceros (v. Trigo Represas, Félix, Derecho de las Obligaciones, T. III, pág. 112; Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por daños, T. II, Nº 230).
La supresión de una vida, además de las consecuencias de índole afectiva, ocasiona otras de orden patrimonial y lo que se mide con signos económicos son las consecuencias que sobre los patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes (CSJN, Fallos: 324:2972; 329:3403, entre muchos otros). La doctrina sostiene que el ser humano es igual en su esencia y diferente culturalmente. A partir de ello, aporta a sus familiares no S.o bienes materiales provenientes de su capacidad laborativa, sino también aportes asistenciales, de servicios afectivos, etc., que, de igual modo, deben ser tenidos en cuenta al valorar y cuantificar los daños derivados de su fallecimiento, porque los legitimados para reclamarlos se ven privados de los mismos (Cfr. Alferillo, Pascual E., Código Civil y Comercial comentado, director Jorge H. Alterini, 2° ed., La Ley, Tomo VIII, Buenos Aires, 2016, págs. 308/309).
No es correcto afirmar que la vida humana tiene “per se” un valor pecuniario, porque no está en el comercio, ni puede cotizarse en dinero, es un derecho de la personalidad, el más eminente de todos, que se caracteriza por innato, inalienable, abS.uto y extrapatrimonial. Empero, no obstante la importancia que tiene para el hombre su vida, ésta no constituye un bien en el sentido que usara esa denominación el artículo 2312 del Cód. Civil, como objeto material o inmaterial susceptible de valor (cfr. Llambías, Jorge, “La vida como valor económico. Carácter de la acción resarcitoria por causa de homicidio: Daño resarcible”, J.A., Doctrina 1974-624; Alferillo, Pascual, “Prospectiva de la legitimación para demandar la indemnización de los daños por fallecimiento”, RCyS, 2001, pág. 187).
Por ello, la indemnización del daño patrimonial causado por la muerte de una hija debe ser indemnizada conforme la determinación del daño resarcible que realiza el art. 1745 del CCyC, que expresamente alude a la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia patrimonial de la muerte de los hijos.
De la prueba producida en estos autos y en el beneficio de litigar sin gastos resulta que la occisa se encontraba realizando estudios de posgrado en Derecho de marcas del Departamento de Posgrado, organizado en forma conjunta por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Universidad de Belgrano (v. fs. 346), que se recibió de abogada con diploma de honor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (v. fs. 461), había cursado cursos de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Pontificia Universidad Católica Argentina (v. fs. 339 y 461), trabajaba en el estudio jurídico Romero Zapiola, Clusellas & Sluga y percibía una remuneración mensual de $4.000 al tiempo de su deceso y un bonus anual de u$S2.000. Es relevante señalar también que se consideraba asociarla al mencionado estudio y se estimó que en el año 2012 podría haber percibido un sueldo de $10.000 con un bonus trimestral de u$s3.000 y uno anual de u$s5.000 (v. fs. 313 y 342). Asimismo resulta de la prueba que, pese a su juventud, ya dictaba clases en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (v. fs. 317). La joven R. S. P. tenía 25 años, era la única hija del matrimonio -su padre tenía dos hijos de un matrimonio anterior- y colaboraba con la economía familiar (v. fs. 334 y fs. 13, y 16 del incidente sobre beneficio de litigar sin gastos). La madre de la víctima se desempeñaba como ama de casa y el padre era jubilado y había trabajado de carnicero.
Teniendo en cuenta los ingresos de la víctima y las necesidades de su familia, así como las potencialidades laborales y las notables cualidades intelectuales que exhibía la occisa, es indudable que la contingencia del daño es más que razonable en los términos del art. 1739 CCyC. En efecto, es en las familias más modestas donde se ve con más frecuencia que los hijos colaboren económicamente con sus padres, labor que de hecho ya realizaba la occisa, aportando a la economía familiar. Cuando se trata de hijos profesionales, que han alcanzado una calificación laboral muy superior a la de sus padres, esa asistencia en la vejez no es sino la retribución al esfuerzo de los padres por darles una mejor preparación.
Cabe considerar que los progenitores de la víctima se separaron en el año 2012, que su padre contrajo cáncer de pulmón en el 2011 y falleció el 1° de noviembre de 2012, no pudiendo contar con la asistencia de su hija como sostén afectivo, económico y de colaboración en su enfermedad.
En relación a la renta vitalicia que percibe la madre en la actualidad y percibió el padre de R. cabe señalar que se trata de un derecho a una pensión por fallecimiento establecida en el art. 18 de la Ley 24.557, que impuso una renta periódica para satisfacer las indemnizaciones por infortunios laborales, como modo de no descapitalizar a los deudores o responsables del pago. Conforme la norma referida, los padres del trabajador perciben dicha renta en partes iguales y ante el fallecimiento de uno de ellos, la prestación es percibida íntegramente por el otro (conf. art. 18, antepenúltimo párrafo, ley cit.).
Al respecto se ha señalado que este capital escapa del ámbito previsional, integrando el de reparación (art. 1˚), que reciben los beneficiarios por la muerte de la asegurada por el hecho o en ocasión del trabajo (art. 6). Por ende, se trata de un capital de propiedad de los beneficiarios, en este caso los padres de la víctima (aunque esté limitada su utilización, v. fs. 701vta)). Sin embargo, coincido con los precedentes jurisprudenciales que establecen que el sistema de renta periódica conduce a un pago mensual que no da satisfacción al objetivo reparador que la norma predica (conf. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en autos “Sosa, María Luján y otros c. Ente Adm. del Astillero Río Santiago y otro/a s/ daños y perjuicios”, 15/06/2016, La Ley AR/JUR/43132/2016).
Es por ello que considero que el derecho adquirido por los padres a raíz el fallecimiento de su hija de percibir una pensión no sustituye la reparación por el daño patrimonial sufrido por los progenitores que se vieron privados de su asistencia actual o futura y por tal razón no es razón para denegarles el derecho a un resarcimiento pleno. Por consiguiente, a los fines de la cuantificación del daño en estudio corresponde considerar las particularidades y monto de la indemnización otorgada a los progenitores en virtud de lo dispuesto por la Ley 24.557 y fijar una suma complementaria para asegurar la reparación plena del daño sufrido por las víctimas.
Por lo expuesto, propongo al acuerdo revocar lo establecido por el judicante de grado en cuanto decide que deberá descontarse la suma de $623.516,98 de la cuenta liquidatoria y en partes iguales por cada progenitor (cfr. fs. 624 vta.) por ser un descuento distorsionante de la indemnización fijada, pues no se trata de sumas percibidas sino que perciben como renta mensual mientras viva la progenitora, máxime cuando el fallecimiento del coactor P. permitió acrecer como beneficiaria a la coactora A., pero su eventual deceso haría cesar el beneficio, lo que evidencia la injusticia del descuento global de lo que no se ha percibido.
Por todo lo expuesto, a los fines de la determinación de la suma indemnizatoria complementaria del daño patrimonial, corresponde meritar que la víctima colaboraba con el sostenimiento familiar y que sus progenitores tenían 73 y 57 años al momento del luctuoso hecho, que el temprano deceso del coactor P. puso término final al lapso a resarcir como daño patrimonial, así como especialmente las destacadas condiciones personales e intelectuales de la occisa que auguraban un venturoso y exitoso porvenir profesional, considero que las sumas fijadas son notoriamente insuficientes y propongo al Acuerdo elevar la indemnización del daño patrimonial que corresponde al coactor R. L. P. a la suma de $100.000 y la que corresponde a la madre, E. S. A., a la suma de $400.000 (cfr. art. 1745 del CCyC y art. 165 del CPCC).
b) Consecuencias no patrimoniales.
Se agravia la demandada por la admisión de indemnización del daño no patrimonial sufrido por la abuela de la occisa, E. J. L. ($200.000). A su vez, cuestionó el monto fijado en concepto de daño moral para E. S. A. ($800.000) y para R. L. P. ($400.000) por entender que es alto de acuerdo a los padecimientos que sufrieron los progenitores de la víctima. Además, la actora los consideró reducidos y la citada en garantía elevados.
Indudablemente, la pérdida brusca e inesperada de una hija configura el dolor espiritual más intenso que puede padecer un ser humano, pues altera el orden natural de la vida, máxime cuando se trata de una hija disciplinada, exitosa y responsable, que estudiaba, trabajaba, se distinguió en sus estudios universitarios y era reconocida por sus jefes (v. fs. 322, 313). Más aún, cabe destacar que luego de su muerte fue homenajeada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal colocando su nombre en una placa que se encuentra en la Sala Principal del Departamento de Posgrado (v. fs. 346/347).
Aunque resulta claro que la suma a establecer por este concepto no colocará a los padres en la misma situación que se encontraban con anterioridad al suceso, se procura reparar en alguna medida ese sufrimiento. Por supuesto que no se trata de compensar dolor con dinero, sino de otorgar a los damnificados cierta tranquilidad de espíritu en algunos aspectos materiales de su vida con el objeto de mitigar sus padecimientos.
En el caso, teniendo en cuenta como se expuso, que el invocado se trata de uno de los dolores espirituales más profundos, que acompañará a la madre por el resto de su vida y afectó a su padre hasta su muerte, contribuyendo tal vez a ese desenlace. Meritando también que R. era la única hija del matrimonio, la enfermedad fatal que sufrió el padre y que debido a la prematura muerte de su hija no pudo contar con la ayuda, el consuelo y compañía de su hija mujer (pues el coactor tiene dos hijos varones de un primer matrimonio), la brutalidad del accidente (la víctima murió atropellada por un colectivo), considero que las sumas fijadas en primera instancia resultan reducidas en relación con los valores indemnizatorios que resultan de la Base Jurisprudencial de cuantificación de daños elaborada por esta Cámara (conf. CNCiv., sala A, expte. 100326/2012, “López, W.H y otro c/ Línea 10 SA y otros”, donde se fijó la suma de $ 1.000.000 en concepto de daño moral para cada reclamante: el cónyuge y la madre de la occisa, por sentencia del 13/6/2016; sala F, expte. 3085/2012, “Artaza, Rafael y otros c. Milio, Jorge Ezequiel y otros”, peatón accidentado por cuya muerte se fijaron $ 400.000 por daño moral a favor de cada uno de sus progenitores por sentencia del 2/3/2016; sala K, expte. 39163/2010, “Montiel, Andrea Celia y otros c/ Varisto, Gabriel Omar y otros”, sentencia del 14/6/2016, donde se fijaran $500.000 para cada reclamante, concubina e hijas del fallecido, en todos los casos con tasa activa desde la fecha del hecho).
Por todo lo expuesto propongo elevar la indemnización del daño moral a la suma de $800.000 para R. L. P. y a la suma de $1.500.000 para E. S. A., conforme valores a la fecha de esta sentencia.
En relación a los agravios expresados por las accionadas respecto de la admisión de la reparación del daño moral sufrido por la abuela de la occisa, E. J. L., el art. 1078 del Código Civil confería acción por la reparación de las consecuencias no patrimoniales derivadas de la muerte de la víctima a los herederos forzosos, vale decir, a los que gozaran de legítima en los términos de los arts. 3592 y concordantes del Cód. Civil; es decir, los ascendientes, descendientes y los cónyuges (art. 3565 del Código Civil). Ahora bien, el fallo plenario de esta Cámara “in re” “Ruiz, Nicanor c/ Russo, Pascual” del 28-2-94 (LL 1994-B, pág.484) precisó que debía entenderse que la locución ‘herederos forzosos’ no se refería sólo a los de grado preferente, según el derecho sucesorio, sino que connota una comunidad de afectos de la que cabe inferir el daño moral que a éstos les causa la violenta supresión de una vida por acto ilícito de un tercero (conf. CNCiv. en pleno, “Ruiz, Nicanor c/ Russo, Pascual”, del 28-2-94, LL 1994-B, pág.484).
En efecto, la cerrada nómina de legitimados para reclamar por daño moral que contiene la norma transcripta anteriormente generó opiniones doctrinarias y pronunciamientos encontrados que condujeron a la declaración de inconstitucionalidad por distintos tribunales en distintas situaciones, con fundamentos de la más diversa índole, con la finalidad de ensanchar la legitimación y permitir que sujetos que estaban excluidos puedan ver satisfechos sus reclamos (conf. esta Sala, “Baschieri, Juan Carlos y o. c/Randazzo S.A. s/ daños y perjuicios (expte. n°63.323/92) y otros (expedientes acumulados), sentencia del 25/11/2014). Así también la Suprema Corte de Buenos Aires estableció que tienen legitimación para reclamar el daño moral los herederos forzosos, aún los potenciales, por lo que se admite la indemnización del daño moral por la muerte de la abuela (conf. S.C.B.A. Ac. C107608, 05/12/12 “Sucesores de R. d A. E. y otra c. Falcón L. O. s/ds. y ps.”; en el mismo sentido: Cám. Civ. y Com. Junín, 27/11/2012 causa Nº JU-289-2008 “M.G.A. c. Semento Oscar” en Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, sala II, “P. N. y otros c. Z. S. y otro s/daños y perjuicios”, 27/03/2013, Cita online: AR/JUR/7024/2013).
Es que el art. 1078 del ordenamiento civil se vale del orden sucesorio sólo para circunscribir la legitimación de los legitimarios, mas no para desplazar un heredero por tener otro un mejor derecho de acuerdo con las reglas del derecho sucesorio, S.ución que desvirtuaría la finalidad perseguida, consistente en resarcir el sufrimiento ocasionado por el fallecimiento en las legítimas afecciones de los parientes más cercanos del difunto (conf. Ac. 82.356, sent. de 1-IV-2004 en SCBA “Mercado, Adriana y otros c. Falcón, L. Orlando y otro s/daños y perjuicios”, 05/12/2012).
En consecuencia, postulo con mi voto confirmar la admisión del derecho a indemnización a favor de E. J. L. -hoy sus herederos- y, considerando que la pretensora tenía 80 años al momento del hecho y que se trataba de su única nieta con la que convivió en los últimos años, considero que la suma fijada en primera instancia resulta reducida a los valores que a la fecha establece esta Cámara y propongo elevarla a la suma de $400.000.
c) Daño psíquico y tratamiento psicológico:
Se agravia la actora por considerar reducidas las sumas establecidas para el daño psicológico (P. $20.000, A. $80.000 y L. $25.000, sumas que incluyen para A. y L. el tratamiento psicológico que se fijó en $15.000 para cada una. Las accionadas cuestionaron su procedencia y consideraron elevados los montos establecidos.
El daño psicológico consiste en la perturbación del aparato psíquico con carácter patológico, causada por situaciones inusuales de cierta gravedad que impactan abruptamente sobre un sujeto (conf. Ghersi, “Valoración económica del daño moral y psicológico”, pag.166, Editorial Astrea, 2000). El daño psicológico se configura por la alteración o modificación patológica del aparato psíquico como consecuencia de un trauma que desborda toda posibilidad de elaboración verbal o simbólica (conf. Milmaniene en Ghersi y otros “Accidentes de tránsito”, T.I, p.132, citado en la obra antes indicada, pag.165; conf. esta Sala “Mendoza, Martín Sebastián c/ Balduzzi, Gustavo Gerardo s/ daños y perjuicios”, expte. 456.311).
Al respecto se ha sostenido que el daño psíquico corresponde resarcirlo en la medida que significa una disminución en las aptitudes psíquicas, que representa una alteración y afectación del cuerpo en lo anímico y psíquico, con el consiguiente quebranto espiritual, toda vez que éste importa un menoscabo a la salud, considerada como un concepto integral (conf. esta Sala “Escobar Nicolasa c/ Compañía de Microomnibus La Colorada S.A.C.E.I. s/ daños y perjuicios”, del 24-04-00). La diferencia sustancial con el daño moral es que el daño psicológico asume el nivel de las patologías. La cualidad de patológico, empero, no se configura exclusivamente a través de la hermenéutica de textos legales, dado que esos estudios no pertenecen al ámbito jurídico, sino que requiere del auxilio de las disciplinas que integran el campo de la salud mental, fundamentalmente de la psiquiatría o de la teoría psicoanalítica (conf. Daray, Hernán, “Práctica de accidentes de tránsito”, pág.169, Editorial Astrea, 1999).
En autos resulta del dictamen pericial que, P. sufrió un cuadro de Desarrollo Psíquico Postraumático Severo o Trastorno por Estrés postraumático crónico con aspectos depresivos y exacerbados a partir del hecho de litis. Estimó la incapacidad psíquica con relación exclusivamente causal en un 35% TO. Sobre L. refirió que sufría un duelo patológico moderado y estimó la incapacidad psíquica con relación causal en un 25% TO. En relación a A. explicó que presenta un cuadro de Desarrollo Psíquico Postraumático moderado o Trastorno por Estrés postraumático crónico con aspectos depresivos, encontrándose en remisión parcial. Estimó la incapacidad psíquica con relación causal exclusivamente en un 35% TO.
Indicó que los actores debían realizar tratamiento psicológico por el plazo de dos años con una frecuencia semanal para darles la posibilidad de elaborar el hecho traumático y evitar que el cuadro se agudice y genere mayor sintomatología.
El derecho a la reparación del daño injustamente sufrido ha sido emplazado por la Corte Suprema de Justicia, en numerosos fallos, como un derecho constitucional que tiene fundamento en el principio “naeminem laedere” del artículo 19 de la Constitución Nacional. Así, a través de una interpretación extensiva del mencionado art. 19 CN, la Corte Suprema ha perfilado y complementado racionalmente las bases del derecho a no ser dañado y a obtener una justa y plena reparación (conf. causas “Santa Coloma”, Fallos, 308:1160 (LA LEY, 1979-D, 615 (35.292-S); “Ghünter”, Fallos 308:1118; “Luján”, Fallos 308:1109).
Tales conceptos han sido consagrados en el art. 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación, que se titula “reparación plena” y que el texto describe como “…la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie”. Conforme lo señalado en el considerando II de la presente, corresponde entonces analizar los agravios relativos a los montos resarcitorios a la luz de lo dispuesto por el nuevo art. 1746 del CCC, que adopta el método de capital humano, que expresan las fórmulas Vuotto o Marshall (conf. Acciarri, H.A., “Fórmulas y herramientas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad en el nuevo Código”, Revista La Ley del 15/7/2015).
Si bien la utilización de cálculos matemáticos o actuariales para cuantificar la indemnización constituye un instrumento destinado a dotar de mayor objetividad al sistema, existen variables que requieren interpretación en el caso concreto, vale decir, particularidades de la situación que no pueden ser encapsuladas en rígidas fórmulas matemáticas pues exigen una subjetiva ponderación, lo que permite recurrir a las fórmulas como un elemento más a considerar. Como ha señalado con acierto Jorge Galdós (“Cuatro reglas sobre la cuantificación del daño patrimonial por incapacidad”, RCyS 2016-XII, tapa, Cita Online: AR/DOC/3677/2016), la utilización obligatoria de las denominadas fórmulas matemáticas no conduce a la aplicación automática e inexorable del resultado numérico al que se arribe, sino que constituyen un elemento más que no excluye a los otros parámetros provenientes de la sana crítica, la experiencia vital y el sentido común, pudiendo el apartarse el judicante de la cuantía matemática fundando los motivos o razones por los que se reduce o incrementa aquél monto.
De acuerdo tales premisas y considerando que P. tenía 73 años al momento del hecho dañoso y falleció a los 27 meses, era casado y jubilado, así como el grado de incapacidad estimado por el experto (psíquico 35%); que A. tenía 57 años al momento del hecho, era casada y ama de casa y el grado de incapacidad estimado por el experto (psíquico 35%) y que L. tenía 80 años al momento del hecho y falleció 20/03/2016, que era viuda y jubilada, siendo la occisa su única nieta, y el grado de incapacidad estimado por el experto (psíquico 25%), así como el deceso de dos de los tres reclamantes y que el salario mínimo vital y móvil asciende a la suma de $8.060, corresponde elevar por considerarla reducida la indemnización por la incapacidad psíquica a la suma de $40.000 para R. L. P., a la suma de $150.000 para E. S. A. y la suma de $75.000 para E. J. L., conforme valores a la fecha de este fallo. Asimismo, propongo elevar la partida para los gastos de tratamiento psicológico futuro de E. S. A. a la suma de $33.600 (art. 165 del CPCC) y establecer que, en virtud del fallecimiento sobreviniente de la coactora L., no corresponde otorgar una partida para tratamiento psicológico futuro (conf. art. 277 “in fine” CPCCN).
V.- Intereses.
Las partes cuestionaron que el sentenciante fijara los intereses desde la fecha del hecho (12/08/2010) hasta la sentencia a la tasa pasiva promedio del Banco Central y desde allí hasta el pago efectivo a la tasa activa cartera préstamos nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Al respecto debo puntualizar que es exacto que de conformidad con lo establecido en el plenario “Samudio” corresponde aplicar la tasa activa sobre el capital de la condena y que si bien la ley 26.853 (art. 11) derogó la obligatoriedad de los fallos plenarios, ello no es óbice a la aplicación de un criterio jurisprudencial que comparto, como resulta de mi voto en el plenario antes aludido.
Ahora bien, dado que la tasa activa contiene un componente destinado a compensar la depreciación de la moneda que, por consiguiente, se superpone con la determinación cuantitativa del monto del daño que se realiza al tiempo del dictado de la sentencia, si se aplicara desde el accidente causaría un enriquecimiento indebido, en los términos explicitados en el fallo plenario aludido. Como explicité en mi voto en el plenario “Samudio” (conf. La Ley Online 70052031), las deudas de valor permiten la adecuación de los valores debidos y su traducción en dinero al momento del pago, proceso que puede contemplar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, razón por la cual se ha entendido que no se encuentran alcanzadas por el principio nominalista, siendo susceptibles de experimentar los ajustes pertinentes que permitan una adecuada estimación y cuantificación en moneda del valor adeudado al tiempo del pago (conf. Pizarro, R.D. – Vallespinos, C.G., Instituciones de derecho Privado. Obligaciones, T. I, nº 163, p. 372/375, Hammurabi, Bs. As., 1999).
Ello conlleva necesariamente la aplicación de la tasa que es propia de una economía estable, o tasa de interés puro, que según se estima debe oscilar entre el 6% y el 8% anual pues una S.ución contraria podría causar una seria alteración del contenido económico de las sentencias. Teniendo en cuenta que la tasa de interés moratorio tiene también una función moralizadora, se ha entendido que debe contener algún plus que desaliente el incremento de la litigiosidad (conf. SCMendoza, en pleno, in re “Amaya c/ Boglioli” del 12/9/05, LL Gran Cuyo, 2005 –octubre, 911-Ty SS2005, 747-IMP2005-B, 2809). Por tal razón considero adecuado aplicar la tasa pura más elevada, del 8% anual, para el lapso que corre desde la mora hasta la fecha de cuantificación del daño y sólo desde entonces la tasa activa establecida en el plenario “Samudio” y así lo ha decidido este Tribunal en reiterados fallos.
No soslayo aún la tasa activa no compensa la depreciación de la moneda habida en los últimos años en nuestra economía, sin embargo distorsiona los montos indemnizatorios cuando éstos son expresados, como en el caso, en valores actuales. Por estos fundamentos, desde el hecho dañoso (acaecido el 12 de agosto de 2010) hasta la sentencia propongo fijar la tasa del 8% anual y desde este pronunciamiento hasta el efectivo pago de la condena, la tasa activa cartera préstamos nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
Corresponde hacer excepción con el monto correspondiente a los gastos de tratamiento psicológico, a cuyo respecto los intereses comenzarán a regir a partir del presente pronunciamiento por tratarse de un gasto futuro y no de un reembolso de gastos realizados.
VI.- Franquicia.
La citada en garantía se agravió por la aplicación al caso que hiciera el sentenciante de grado del Plenario “Obarrio”. El referido fallo plenario declaró la inoponibilidad de la franquicia obligatoria de los contratos de seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros con fundamento en varios argumentos: a) que vulnera los límites impuestos por el art. 953 C. Civil, b) porque es abusiva (art. 1071 C. Civil) y c) porque a la luz de las disposiciones que regulan la protección del consumidor (arts. 1, 2 y ccdtes. de la ley 24.240) deben tenerse por no convenidas las estipulaciones que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños (art. 37, inc. 1º, ley citada).
No se desconoce que a la luz de la doctrina del “sometimiento condicionado” que se desprende de los fallos “Balbuena” de 1981 y “Cerámica San Lorenzo” de 1985 (CS, Fallos: 303:1770 y 307:1094) los tribunales nacionales deben seguir la doctrina de la Corte y sólo pueden dejarla de lado si introducen nuevos argumentos que no hubieran sido tenidos en cuenta por el alto tribunal en su momento (conf. Sagüés, Néstor, “La vinculatoriedad de la doctrina judicial de la Corte Suprema”, Rev. La Ley del 14/8/08).
En ese orden de ideas y en cuanto aquí interesa, en el mes de julio del año 2016, con el dictado de la ReS.ución Nro. 39927 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) se elevó el monto de la franquicia a la suma de $120.000 y se dispuso que la aseguradora debe abonar la indemnización y luego repetir la franquicia contra el asegurado, normativa que a mi modo de ver viene a confirmar la tesis de la inoponibilidad sostenida por esta Cámara en el fallo plenario. Si bien no es estrictamente aplicable dicha resolución de la Superintendencia de Seguros al caso de autos, resulta indudable que la aceptación por la reglamentación administrativa del criterio sostenido en el plenario constituye una cuestión de relevancia para decidir el tema. Es que resulta innegable que la nueva resolución dictada tiene como presupuesto que la franquicia no es oponible a la víctima, sin perjuicio de su oponibilidad al asegurado (cfr. mi disidencia en “Laurito, Alan Román y otro c/Transporte Automotor Plaza SACI y otros s/daños y perjuicios” del 26/12/2016).
Por las razones expuestas postulo confirmar lo decidido al respecto en la sentencia de grado.
VII.- Por todo lo expuesto, si mi voto fuese compartido, corresponderá modificar parcialmente la sentencia de fs. 615/626 y elevar las partidas indemnizatorias del daño patrimonial derivado de la muerte de R. S. P., del daño psicológico sufrido por sus padres y abuela, que incluye el costo del tratamiento psicológico y del daño moral, modificando así el monto total de la condena, que se eleva a la suma total de la que corresponde la suma de $940.000 a los herederos de R. L. P., la suma de $2.083.600 a E. S. A. y la de $475.000 a los herederos de E. J. L., modificar el cómputo de los intereses del modo establecido en los considerandos y confirmar la sentencia en lo demás que decide y fue objeto de agravios. Las costas de la Alzada deben ser soportadas por los accionados vencidos, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCN).
Las Dras. Elisa M. Diaz de Vivar y María Isabel Benavente adhieren por análogas consideraciones al voto precedente. Con lo que terminó el acto, firmando las señoras jueces por ante mi que doy fe. Fdo.: Mabel De los Santos, Elisa M. Diaz de Vivar, María Isabel Benavente. Ante mí, María Laura Viani (Secretaria). Lo transcripto es copia fiel de su original que obra en el libro de la Sala. Conste.
///nos Aires, junio de 2.017.-
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: 1) Modificar la sentencia de fs. 615/626, elevando la condena resarcitoria total a la suma de pesos tres millones quinientos noventa y ocho mil seiscientos ($3.498.600), modificar el cómputo de los intereses en la forma establecida en el considerando V y confirmarla en lo demás que decide y fue objeto de agravios. 2) Imponer las costas de esta instancia a los accionados, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCN) 3) En atención a la forma en que se resuelve que modifica la base regulatoria, déjanse sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia de grado anterior (conf.art.279 del Código Procesal) y en consecuencia, procédese a adecuar las mismas de conformidad a la normativa legal mencionada.
I – Por la labor letrada realizada en la instancia anterior se tendrá en consideración la naturaleza del asunto, el mérito de la labor profesional, apreciada por la calidad, la eficacia y la extensión de los trabajos realizados, las etapas procesales cumplidas, el resultado obtenido, la trascendencia jurídica y moral del litigio, el monto del proceso y las pautas legales de los arts. 6, 7, 9, 14, 19, 37 y cc. de la ley 21.839 -t.o.24.432.
En consecuencia con lo expuesto, fíjanse los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, Dr. P. G., por su labor en las tres etapas, en la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL ($781.000). A la letrada apoderada del demandado, Dra. P. G. P., por su labor en las dos primeras etapas en la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($335.000) y a los Dres. G. M. V., E. S. C. y E. F. S., apoderados de la citada en garantía, en conjunto, la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL ($561.000).-
II.- En el caso de los peritos intervinientes se ponderará la naturaleza del peritaje, apreciado por su calidad, importancia, complejidad, extensión y mérito técnico-científico del mismo, monto económico comprometido, proporcionalidad que deben guardar estos emolumentos en relación a los de los letrados actuantes en el juicio (cf. art. 478 del CPCCN). Respecto de los consultores técnicos, su asesoramiento a la parte que lo propuso, no es asimilable al dictamen de los peritos, por lo cual sus honorarios deben ser proporcionalmente menores a los de aquéllos (Peyrano Jorge W., “El proceso atípico”, Bs. As. 1993 pág. 147; CNCiv., Sala H, n° 168.726; CFedCiv y Com., Sala 2, del 30/03/09, entre muchos otros).
Se fijan los honorarios de los peritos: psicólogo, D. C., por su informe pericial de fs. 368/375, en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL ($134.000) e ingeniero E. D. Y., por su experticia de fs. 505/511, la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($135.000). Los emolumentos correspondientes a los consultores técnicos que intervinieron por la actora, se regulan en la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL ($59.000) para la licenciada C. D. -fs. 404/416- y PESOS SESENTA MIL ($60.000) para el ingeniero T. O. G. -fs.513/529-.
III- Ponderando las constancias de autos, naturaleza del asunto, monto económico comprometido y pautas legales del art.2, inciso G) del Anexo I del Decreto Reglamentario 2536/2015, regulase los honorarios del Dr. D. E. I., en la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($39.948).
IV - Finalmente y por la labor profesional realizada en esta instancia y que culminó con el dictado de la presente sentencia definitiva, regúlase al Dr. P. G., la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($240.000), a la Dra. P. G. P., la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL ($110.000), y a la Dra. G. M. V., la suma de PESOS CIENTO SETENTA MIL ($170.000); conf. art.14, ley de Arancel.
Los niños son los vulnerables
Derecho de Daños y Familia
Overall: 115117

References: artículo 7
 artículo 2312
 artículo 19
in fine
 resolución 
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