Source: https://www.iberley.es/temas/documentacion-requerida-suspension-temporal-contratos-trabajo-reduccion-jornada-erte-3651
Timestamp: 2020-07-08 10:16:45+00:00

Document:
Documentación requerida para la suspensión temporal de contratos de trabajo o reducción de jornada (ERTE) | Iberley
Para la suspensión temporal de contratos de trabajo o reducción de jornada, junto con la comunicación de la apertura del periodo de consultas se deberá aportar la documentación establecida en los (arts. 17-18 Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre).
La comunicación de la apertura del periodo de consultas contendrá los extremos fijados por el art. 17 Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre:
D) Concreción y detalle de las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada. (1)
E) Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada. STS, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 138/2014 de 11 de Diciembre de 2014, Ecli: ES:TS:2014:5760; STSJ Andalucía SOCIAL Nº 2237/2019, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2116/2018 de 25 de Septiembre de 2019, Ecli: ES:TSJAND:2019:8823
G) Representantes de los trabajadores que integrarán la comisión negociadora o, en su caso, indicación de la falta de constitución de ésta en los plazos legales. STSJ Andalucía Nº 2237/2019, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2116/2018 de 25 de Septiembre de 2019, Ecli: ES:TSJAND:2019:8823
De esta manera, normativamente, mediante la exigencia de la aportación empresarial de la documentación legal y reglamentariamente prevista, se pretende que los representantes de los trabajadores, desde el inicio mismo del periodo de consultas, puedan disponer de toda la información necesaria para que este cumpla con su finalidad (arg. ex arts. 2.2 Directiva 98/1959/CE), requiriéndose que el empresario suministre toda la información necesaria no solamente para acreditar las causas motivadoras del ERTE, sino también, con la suficiente claridad y concreción, para poder conocer y negociar, so pena de nulidad del procedimiento. SAN Nº 177/2013, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 261/2013 de 11 de Octubre de 2013, Ecli: ES:AN:2013:4077
A) La comunicación inicial deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas de la suspensión de contratos o reducción de jornada y restantes aspectos relacionados anteriormente.
B) Simultáneamente a la entrega de la comunicación a los representantes legales de los trabajadores, el empresario solicitará por escrito de estos la emisión del informe a que se refiere el art. 64.5.a) y b), del Estatuto de los Trabajadores.
C) A la apertura del periodo de consultas se fijará un calendario de reuniones a celebrar dentro del mismo, si bien las partes podrán acordar de otra forma el número de reuniones e intervalos entre las mismas. Salvo pacto en contrario, la primera reunión del periodo de consultas se celebrará en un plazo no inferior a tres días desde la fecha de la entrega de la comunicación inicial.
- En empresas de menos de 50 trabajadores, el periodo de consultas tendrá una duración no superior a 15 días naturales. Salvo pacto en contrario, se deberán celebrar durante el mismo, al menos, dos reuniones, separadas por un intervalo no superior a seis días naturales, ni inferior a tres días naturales.
- En empresas de 50 o más trabajadores, el periodo de consultas tendrá una duración no superior a 30 días naturales. Salvo pacto en contrario, se deberán celebrar durante el mismo, al menos, tres reuniones, separadas por un intervalo no superior a nueve días naturales ni inferior a cuatro días naturales.
D) El empresario hará llegar a la autoridad laboral simultáneamente a su entrega a los representantes legales de los trabajadores, copia de la comunicación inicial, así como la documentación que se desarrolla (art. 19.3 Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre).
Tratándose de una decisión de suspensión de contrato o reducción de jornada será necesario seguir el exacto cumplimiento del mandato contenido en el artículo 18 del RD 1483/2012 de 29 de octubre, utilizando al respecto los parámetros consistentes en el mínimo exigible de la documentación que reseña y la necesidad, acreditada en su caso, de aportar cualquiera otra documentación reclamada durante el periodo de consultas. La documentación justificativa que debe acompañar a la comunicación de la apertura del periodo de consultas será la necesaria para acreditar la concurrencia de la causa y que se trata de una situación coyuntural de la actividad de la empresa. En concreto:
B) Anexos oficiales de trabajadores afectados debidamente cumplimentados, indicando número y clasificación profesional de los mismos, a efectos de su futura remisión al SEPE. Cuando el expediente de regulación afecte a más de un centro de trabajo, esta información deberá estar desglosada por centro de trabajo, y en su caso, provincia y Comunidad Autónoma.
G) Memoria explicativa de la causa de la suspensión o reducción de jornada de los contratos.
H) Documentación acreditativa de la situación coyuntural de la actividad de la empresa.
I) Información sobre la composición de la representación de los trabajadores, así como de la comisión negociadora del procedimiento, especificando en el supuesto de ser varios los centros de trabajo afectados si la negociación se realiza a nivel global o diferenciada por centros de trabajo. Igualmente se deberá informar sobre los centros de trabajo sin representación unitaria y escrito de comunicación a que se refiere el art. 26.4 Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, o en su caso, actas relativas a la atribución de la representación a la comisión mencionada en dicho precepto.
J) Solicitud de informe a los representantes legales de los trabajadores, de conformidad con las letras a) y b) del 64.5 Estatuto de los Trabajadores.
A) Ha de acreditarse la entrega de la documentación recogida en los arts. 17-18 Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.
DOCUMENTACIÓN EN LOS EXPEDIENTES DE SUSPENSIÓN O REDUCCIÓN DE JORNADA POR CAUSAS ECONÓMICAS
Se deberán aportar las cuentas anuales del último ejercicio económico completo, integradas por balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivos, memoria del ejercicio e informe de gestión, o en su caso, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, debidamente auditadas en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, así como las cuentas provisionales del ejercicio vigente a la presentación de la comunicación por la que se inicia el procedimiento, firmadas por los administradores o representantes de la mercantil. En el caso de tratarse de una empresa no sujeta a la obligación de auditoría de cuentas, se deberá aportar declaración de la representación de la empresa sobre la exención de la auditoría.
A) Cuando la situación económica negativa alegada consista en una previsión de pérdidas, el empresario, además de aportar la documentación a que se refiere el párrafo anterior, deberá informar de los criterios utilizados para su estimación.
B) Asimismo, deberá presentar un informe técnico sobre el volumen y el carácter permanente o transitorio de esa previsión de pérdidas basado en datos obtenidos a través de las cuentas anuales, de los datos del sector al que pertenece la empresa, de la evolución del mercado y de la posición de la empresa en el mismo o de cualesquiera otros que puedan acreditar esta previsión.
C) Cuando la situación económica negativa consista en la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas, se deberá aportar además de la documentación indicada, la documentación fiscal o contable acreditativa de la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas durante, al menos, los dos trimestres consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de la comunicación por la que se inicia el procedimiento, así como la documentación fiscal o contable acreditativa de los ingresos ordinarios o ventas registrados en los mismos trimestres del año inmediatamente anterior.
D) Cuando la empresa forme parte de un grupo de empresas con obligación de formular cuentas consolidadas, se deberán aportar cuentas anuales e informe de gestión consolidados de la sociedad dominante del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, durante el último ejercicio económico completo, siempre que existan saldos deudores o acreedores con la empresa que inicia el procedimiento. Si no existiera obligación de formular cuentas consolidadas, además de la documentación económica de la empresa referida anteriormente, deberán acompañarse las de las demás empresas del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, siempre que dichas empresas tengan su domicilio social en España, tengan la misma actividad o pertenezcan al mismo sector de actividad y tengan saldos deudores o acreedores con la empresa que inicia el procedimiento. STSJ Madrid Nº 844/2019, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 157/2019 de 13 de Septiembre de 2019, Ecli: ES:TSJM:2019:7145
DOCUMENTACIÓN EN LOS EXPEDIENTES DE SUSPENSIÓN O REDUCCIÓN DE JORNADA POR CAUSAS TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN
A) Memoria explicativa que acredite la concurrencia de las causas alegadas
B) Se deberán aportar los informes técnicos que acrediten, en su caso, la concurrencia de las causas alegadas. (2)
A) Para la acreditación de los resultados alegados por la empresa, el empresario podrá acompañar toda la documentación que a su derecho convenga y, en particular, deberá aportar las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios económicos completos, integradas por balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivos, memoria del ejercicio e informe de gestión o, en su caso, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, debidamente auditadas en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, así como las cuentas provisionales al inicio del procedimiento, firmadas por los administradores o representantes de la empresa que inicia el procedimiento. En el caso de tratarse de una empresa no sujeta a la obligación de auditoría de las cuentas, se deberá aportar declaración de la representación de la empresa sobre la exención de la auditoría
STS Nº 1062/2017, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 282/2016 de 21 de Diciembre de 2017, Ecli: ES:TS:2017:4800.
«Tratándose de una decisión de reducción de jornada el precepto de aplicación es el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores en definitiva las previsiones de su apartado 1 del citado precepto que constituyen la estructura de la negociación y es a través de la exigencia de la buena fe donde se deberá apreciar el exacto cumplimiento del mandato contenido en el artículo 18.2 del RD 1483/2012 de 29 de octubre utilizando al respecto los parámetros consistentes en el mínimo exigible de la documentación que reseña y necesidad acreditada acerca de cualquiera otra documentación unida a su reclamación durante el periodo de consultas».
Existe reiterada doctrina unificada que, entre otras, ha resumido la STS DE 21-6-2017 (Rec. 12/2017) de la que a continuación reproducimos el punto 2 del cuarto de los fundamentos de derecho: '2.- En la aplicación e interpretación de dicha normativa esta Sala ha construido un consolidado cuerpo doctrinal que venimos manteniendo de manera uniforme en la resolución de los numerosos supuestos en los que se nos plantea idéntica problemática, que en virtud de aquella remisión del art. 18 es aplicable por igual a los procedimientos de despido colectivo y a los de suspensión de contratos y reducción de jornada.
STS, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 114/2014 de 20 de Noviembre de 2014, Ecli: ES:TS:2014:5620, citando la STS 27 de Mayo de2013, Rec. 78/2012, Ecli: ES:TS:2013:4017 (2)
«No todo incumplimiento de las previsiones contenidas en aquel precepto puede alcanzar la consecuencia de nulidad que se pueda desprender del art. 124 LRJS, sino tan sólo aquella que sea trascendente a los efectos de una negociación adecuadamente informada. Y nos referimos a la «trascendencia» de la documental, porque entendemos que a pesar de los claros términos en que se expresan los arts. 6.2 RD 801/11 y 4.2 RD 1483/12 (el empresario «deberá aportar»), ...la enumeración de documentos que hace la norma reglamentaria no tiene valor «ad solemnitatem», y no toda ausencia documental por fuerza ha de llevar a la referida declaración de nulidad, sino que de tan drástica consecuencia han de excluirse -razonablemente- aquellos documentos que se revelen «intrascendentes» a los efectos que la norma persigue (proporcionar información que consienta una adecuada negociación en orden a la consecución de un posible acuerdo sobre los despidos y/o medidas paliativas: art. 51.2 ET); con lo que no hacemos sino seguir el criterio que el legislador expresamente adopta en materia de procedimiento administrativo (art. 63.2 LRJ y PAC) e incluso en la normativa procesal (art. 207.c) LRJ). En esta misma línea ya se movía la STS 20/03/13 (rco 81/12), cuando afirmaba que «...la principal finalidad del precepto (art. 6 RD 801/2011) es la de que los representantes de los trabajadores tengan una información suficientemente expresiva para conocer las causas de los despidos y poder afrontar el periodo de consultas adecuadamente. En este sentido se orienta el artículo 2.3 de la Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, para que ése periodo de consultas a que se refiere el artículo 2.1, se proyecte, tal y como expresa el artículo 2.2 y como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias...».
STS Nº 422/2017, Sala de lo Social, Rec 210/2015 de 12 de Mayo de 2017, Ecli: ES:TS:2017:2023
Respecto de la no aportación de las cuentas provisionales y las consolidadas: «recuerda una vez más la doctrina sentada en relación con la información y la aportación documental exigible en el período de consultas, invocando la sentencia del Pleno de 21 de diciembre de 2016, Rec. 131/2016, en la que se precisa que, 'la obligación de documentación se configura como parte esencial del deber empresarial de información en el procedimiento de despidos colectivos, que, vinculado a las consultas, conecta, sin duda, con el principio de buena fe que, por imperativo legal debe presidir la negociación en esta fase procedimental. La información se configura así como un presupuesto ineludible de las consultas. El tema conecta, sin dificultad, con la previsión del artículo 2.3.a) de la Directiva 98/59/CE que, con el fin de permitir que los representantes de los trabajadores puedan formular propuestas constructivas al empresario, éste deberá proporcionarles toda la información pertinente. Se trata, obvio es, de una expresión jurídicamente indeterminada que deja en el aire no sólo el entendimiento de qué es lo pertinente, sino, también, la cuestión de quien debe decidir si la información es o no pertinente. En estos casos se impone la lógica jurídica. Así, el empresario cumple, en principio, con entregar a los representantes toda la información exigida por la indicada norma reglamentaria. Nada se opone, más bien al contrario, que voluntariamente acompañe cualquier otra, no exigida normativamente, pero que pueda contribuir al desarrollo de las consultas».
«Se impone, en todo caso, reiterar el carácter instrumental del deber de información al servicio del derecho a la negociación colectiva en el seno de las consultas lo que implica que «no todo incumplimiento de obligación documental conlleva la nulidad de la decisión extintiva sino tan sólo aquella que sea trascendente a los efectos de una negociación adecuadamente informada».
STS Nº 440/2017, Sala de lo Social, Rec 71/2016 de 18 de Mayo de 2017, Ecli: ES:TS:2017:2212
Obligando a examinar el cumplimiento de la obligación informativa sobre determinada documentación -no prevista normativamente- desde una óptica finalista: «ni toda omisión del contenido de la información contenida en los indicados preceptos reglamentarios implica un incumplimiento de la obligación de información que nos ocupa, ni ésta queda siempre y en todo caso cumplida cuando los documentos allí expresados se entregan pero se omiten otros que han sido solicitados por los representantes y que se revelan útiles y pertinentes a efectos de poder desarrollar en plenitud las negociaciones inherentes a todo período de consultas».
STS, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 288/2013 de 18 de Julio de 2014, Ecli: ES:TS:2014:4180
Analizando la incorrección del proceso de negociación (en este caso de un despido colectivo) por la negativa de la empresa a la aportación de la información solicitada o por su defectuosa aportación. El TS matiza que, no se puede imponer al empresario la aportación de cualquier documentación no prevista legalmente salvo que quede acreditada su relevancia para la negociación durante las consultas.
En consecuencia, cuando la impugnación (despido colectivo) tenga por objeto que se declare la nulidad del mismo por defectos formales atinentes a la falta de documentación solicitada -no prevista normativamente- que pudiera haberse considerado pertinente para satisfacer eficazmente el derecho de información inherente al desarrollo de las consultas, una vez ya conste entregada toda la exigida por las normas legales y reglamentarias aplicables, la carga de la prueba de su pertinencia corresponderá a la representación legal de los trabajadores que deberán hacer constar cuáles las razones que justifican la solicitud de mayor documentación.
STS Nº 550/2017, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 12/2017 de 21 de Junio de 2017, Ecli: ES:TS:2017:2698
Analizando la necesidad de aportación de cuentas provisionales en el periodo de consultas, cuando se ha tramitado de manera conjunta un procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo, suspensión de contratos y reducción de jornada. No se ha entregado a los representantes de los trabajadores las cuentas provisionales del primer trimestre de 2013, pese a que fue específicamente reclamada durante las negociaciones y se alega una situación de pérdidas económicas para justificar las diferentes medidas aplicadas por la empresa. La ausencia de dicha documentación determina la nulidad de todo el conjunto de medidas, que no solo de la suspensión de contratos y reducción de jornadas, al resultar igualmente exigible en los procedimientos de modificación sustancial de condiciones de trabajo la aportación de la documentación e información necesaria y suficiente para una adecuada negociación.
STSJ Cataluña Nº 24/2012, Rec 32/2012 de 15 de Octubre de 2012
El deber de negociación durante el periodo de consultas exige al empleador proporcionar a los representantes de los trabajadores toda la información pertinente para que el período de consultas pueda alcanzar sus fines. - Se entiende por información pertinente, a tenor con el art. 2.3 Directiva la que permita que los representantes de los trabajadores puedan hacerse cabalmente una composición de lugar, que les permita formular propuestas constructivas en tiempo hábil (STJCE 10-09-2009, TJCE 2009263). - Dicha información no puede eludirse, siquiera, aunque la empresa esté en proceso de liquidación (STJCE 3-03-2011, EDJ 2011/8346). Tampoco es eludible cuando la decisión ha sido tomada por la empresa dominante (art. 2.4 Directiva y art. 51.8 ET), lo cual obligará efectivamente a acreditar que concurre una sociedad dominante, cuya carga probatoria corresponderá a quien lo denuncie.
SAN Nº 177/2013, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 261/2013 de 11 de Octubre de 2013, Ecli: ES:AN:2013:4077
Impugnado un ERTE, porque se negoció con el comité de Madrid, sin dar oportunidad de elegir representantes ad hoc en los demás centros, se declara que la comisión se ajustó a derecho, porque en la regulación, vigente al iniciarse el ERTE, estaban legitimados para negociar los representantes de los trabajadores de la empresa, que eran únicamente los del centro de Madrid, quienes jamás pusieron en cuestión su legitimidad para negociar. Se anula, sin embargo, el ERTE, porque se apoyó en la reducción de ventas en dos trimestres consecutivos, cuya documentación no se conoció por los representantes de los trabajadores durante el período de consultas y se conoció por la Autoridad Laboral cuando se le notificó la conclusión del período de consultas sin acuerdo.
ET y 31-33 Real...">
(1) En todo caso, la comunicación deberá contemplar el calendario con los días concretos de suspensión de contratos o reducción de jornada, individualizados para cada uno de los trabajadores afectados. En el supuesto de reducción de jornada se determinará el porcentaje de disminución temporal, computada sobre la base diaria, semanal, mensual o anual, los períodos concretos en los que se va a producir la reducción, así como el horario de trabajo afectado por la misma, durante todo el período que se extienda su vigencia.
Cuando se aleguen por la empresa causas técnicas, organizativas o de producción, la documentación presentada por el empresario incluirá una memoria explicativa de dichas causas que acredite la concurrencia de las mismas, aportando los informes técnicos oportunos en los términos señalados en el art. 5.2 Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.
(2) En referencia al anterior RD 801/2011, pero perfectamente trasladable al vigente RD 1483/2012.
Sentencia Social TS, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 256/2013, 16-11-2015
Orden: Social Fecha: 16/11/2015 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Salinas Molina, Fernando Num. Recurso: 256/2013
Consulta y negociación con los representantes legales de los trabajadores en caso de ERE
La consulta con los representantes legales de los trabajadores, quienes ostentarán la condición de parte interesada en la tramitación del expediente de regulación de empleo, tendrá una duración no superior a treinta días naturales, o de quince...

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 18
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 47
 artículo 18
 resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 Real Decreto