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Timestamp: 2019-06-27 06:15:19+00:00

Document:
Resolución de TEAF Navarra, 6626, 15-06-2018 | Iberley
Núm. Resolución: 6626
Artículo 43 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. Artículo 36 del Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 16 de abril, que aprueba el Texto Refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Artículos 77 y 78 del Decreto Foral 165/1999, de 17 de mayo, que aprueba el Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Solicita anulación de la liquidación provisional basada en el erróneo cálculo de la valoración inmobiliaria realizada por perito tasador de la Administración. SE ESTIMA.
Valoración inmobiliaria realizada por perito tasador de la Administración
EXPEDIENTE 186/2017
En la ciudad de Pamplona a 15 de junio de 2018, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Na-varra, adopta la siguiente resolución:
Vistos escritos presentados por don (…), en nombre y representación de la compañía mercantil AAA, S.L., con N.I.F. XXX, contra Resolución dictada el día 2 de mayo de 2017 por el Jefe/a de la Sección gestora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en relación con la tributación por la modalidad de Transmisiones Patrimoniales del citado Impuesto referido al año 2014.
PRIMERO.- Con fecha 16 de enero de 2014 la ahora recurrente presentó autoliquidación por la modalidad de Transmisiones Patrimoniales del Impuesto referido como consecuencia de la compraventa inmobiliaria reali-zada mediante contrato privado el día 15 de noviembre de 2013, posteriormente elevada a escritura pública el día (…) de diciembre de 2013 ante el notario don (…) (nº (…) de su protocolo), declarando como base im-ponible un importe de 110.000 euros y una cuota tributaria a ingresar de 6.600 euros.
SEGUNDO.- Los órganos de gestión del impuesto dictaron el 2 de julio de 2014 propuesta de liquidación en la que se procedió a incrementar la base imponible hasta la cantidad de 289.101 euros y la deuda tributaria, incluyendo los intereses de demora correspondientes, hasta los 17.575,71 euros como consecuencia del au-mento del valor comprobado del inmueble adquirido respecto del valor declarado. Presentadas alegaciones frente a la citada propuesta, con fecha 17 de enero de 2017 se dicta liquidación provisional, disminuyendo el importe de la base inicialmente liquidada hasta 217.965 euros y la cuota hasta 13.077,91 euros, que junto con los intereses de demora calculados en 820,72 euros, hacen un total de deuda a ingresar de 13.898,63 euros.
TERCERO.- Con fecha 1 de marzo de 2017 presenta escrito solicitando la tasación pericial contradictoria pa-ra que un perito ajeno a la Administración realice la valoración correspondiente, así como que se fije el valor a efectos impositivos en el importe declarado.
La sección gestora del Impuesto, al comprobar que la petición realizada por la interesada fue realizada con posterioridad al plazo legalmente previsto para la admisión de la solicitud de la tasación pericial contradicto-ria, decide darle el tratamiento de recurso de reposición contra la liquidación provisional practicada, siendo desestimado con fundamento en informe emitido por la Sección de Tasación el día 30 de marzo de 2017.
CUARTO.- Y mediante escrito con fecha de entrada en el Registro de la Administración de la Comunidad Fo-ral de Navarra de 16 de junio de 2017, complementado con otro presentado el 14 de septiembre del mismo año, interpone la representación de la interesada reclamación económico-administrativa solicitando la anula-ción de la liquidación provisional girada por las razones que a su interés conviene.
SEGUNDO.- El artículo 43 de la LFGT, afirma lo siguiente al respecto de los medios de comprobación de va-lor utilizables por la administración tributaria: “1. El valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho imponible podrá ser comprobado por la Administración tributaria con arreglo a los siguientes me-dios:
a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la Ley Foral reguladora de cada Tributo se-ñale.
h) Precio o valor declarado respecto de otras transmisiones del mismo bien, teniendo en cuenta las circuns-tancias de estas, realizadas dentro del plazo que reglamentariamente se establezca.
i) Valor resultante de la comparación con valores comprobados con anterioridad por la Administración tributa-ria.
2. El sujeto pasivo podrá, en todo caso, promover la tasación pericial contradictoria en corrección de los de-más procedimientos de comprobación fiscal de valores señalados en el apartado anterior, dentro de los si-guientes plazos:
a) Cuando se realice conjuntamente la notificación del resultado de la comprobación y de la liquidación, de-ntro de los quince días siguientes a aquél en que se entienda producida la notificación de la liquidación efec-tuada sobre la base de los valores comprobados administrativamente.
Acordada la práctica de la tasación pericial contradictoria en los términos que reglamentariamente se deter-minen, si existiera disconformidad de los peritos sobre el valor de los bienes o derechos y la tasación practi-cada por el de la Administración no excede en más del 10 por 100 y no es superior en 20.000.000 de pesetas [120.202,42 euros] a la hecha por el del sujeto pasivo, esta última servirá de base para la liquidación.
Si la tasación hecha por el perito de la Administración excede de los límites indicados deberá designarse un perito tercero. A tal efecto, el Departamento de Economía y Hacienda interesará en el mes de enero de cada año, de los distintos colegios profesionales y asociaciones o corporaciones profesionales legalmente recono-cidas, el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos terceros. Elegido uno por sorteo público de cada lista, las designaciones se efectuarán a partir del mismo, por orden correlativo, te-niendo en cuenta la naturaleza de los bienes o derechos a valorar y salvo renuncia a aceptar el nombramien-to por causa justificada.
Cuando no exista colegio profesional competente por la naturaleza de los bienes o derechos a valorar o pro-fesionales dispuestos a actuar como peritos terceros, se interesará del Banco de España la designación de una sociedad de tasación inscrita en el correspondiente registro oficial.
El perito de la Administración percibirá las retribuciones a que tenga derecho conforme a la legislación vigen-te. Los honorarios del perito del sujeto pasivo serán satisfechos por éste. Cuando la diferencia entre la tasa-ción practicada por el perito tercero y el valor declarado, considerada en valores absolutos, supere el 20 por
100 del valor declarado, los gastos del tercer perito serán abonados por el sujeto pasivo y, en caso contrario, correrán a cargo de la Administración. En este supuesto, el sujeto pasivo tendrá derecho a ser reintegrado de los gastos ocasionados por el depósito al que se refiere el párrafo siguiente.
El perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de su cometido, se haga provisión del importe de sus honorarios, lo que se realizará mediante depósito en la Tesorería de la Comunidad Foral en el plazo de diez días. La falta de depósito por cualquiera de las partes supondrá la aceptación de la valoración reali-zada por el perito de la otra, cualquiera que fuera la diferencia entre ambas valoraciones.
Entregada en la Administración tributaria la valoración por el tercer perito, se comunicará al interesado y, al mismo tiempo, se le concederá, si procede, un plazo de quince días para justificar el pago de los honorarios a su cargo. En su caso, se autorizará la disposición de la provisión de honorarios depositados en la Tesorería de la Comunidad Foral.
3. Las normas de cada tributo reglamentarán la aplicación de los medios de comprobación señalados en el apartado 1 de este artículo.”
Por otro lado, el artículo 36 del Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, que aprueba el Texto Re-fundido del ITPAJD (en adelante TRITPAJD), prescribe lo siguiente:
“1. La Administración comprobará el valor real de los bienes y derechos transmitidos o, en su caso, de la ope-ración societaria o del acto jurídico documentado, cuando la base liquidable venga determinada en función de dicho valor real.
d) El precio de venta que aparezca en la última enajenación de los mismos bienes o de otros de análoga na-turaleza situados en igual zona o distrito.
f) El valor asignado para la subasta en las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo prevenido en la legisla-ción hipotecaria.
k) Mediante la aplicación de las reglas establecidas en el Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físi-cas.
Si de la comprobación resultasen valores superiores a los declarados por los interesados, éstos podrán im-pugnarlos en los plazos de reclamación de las liquidaciones que hayan de tener en cuenta los nuevos valo-res. Cuando los nuevos valores puedan tener repercusiones tributarias para los transmitentes se notificarán a éstos por separado para que puedan proceder a su impugnación en el mismo plazo o solicitar su corrección
mediante tasación pericial contradictoria y, si la reclamación o la corrección fuesen estimadas en todo o en parte, la resolución dictada beneficiará también a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Transmisiones Pa-trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
3. Cuando el valor declarado por los interesados fuese superior al resultante de la comprobación, aquél ten-drá la consideración de base imponible. Si el valor resultante de la comprobación o el valor declarado resul-tase inferior al precio o contraprestación pactada, se tomará esta última magnitud como base imponible.
4. Se considerará que el valor fijado en las resoluciones del juez del concurso para los bienes y derechos transmitidos corresponde a su valor real, no procediendo en consecuencia comprobación de valores, en las transmisiones de bienes y derechos que se produzcan en un procedimiento concursal, incluyendo las cesio-nes de créditos previstas en el convenio aprobado judicialmente y las enajenaciones de activos llevadas a cabo en la fase de liquidación.
5. En corrección del resultado obtenido en la comprobación de valores los interesados podrán promover la práctica de la tasación pericial contradictoria en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan. En el supuesto de que la tasación pericial fuese promovida por los transmitentes como consecuencia de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, el escrito de solicitud deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a la notificación de la comprobación. La presentación de la solicitud de tasación pericial con-tradictoria determinará la suspensión del ingreso de las liquidaciones practicadas y de los plazos de reclama-ción contra las mismas.”
Finalmente, y para terminar de dibujar el marco legal de aplicación al caso que nos ocupa, reproduciremos aquí la literalidad de los artículos 77 y 78 del Decreto Foral 165/1999, de 17 de mayo, que aprueba el Regla-mento del ITPAJD (en adelante RITPAJD).
Así el primero de ellos, afirma lo siguiente:
“1. La Administración comprobará el valor real de los bienes y derechos transmitidos o, en su caso de la ope-ración societaria o del acto jurídico documentado, cuando la base liquidable venga determinada en función de dicho valor real.
2. Cuando el valor declarado por los interesados fuese superior al resultante de la comprobación, aquél ten-drá la consideración de base imponible.”
Mientras que el artículo 78, reza como sigue:
“1. La comprobación se llevará a cabo por los siguientes medios:
2. La Administración podrá utilizar indistintamente cualquiera de los medios enumerados, pero sin que sea preciso valerse de todos cuando el resultado obtenido por alguno de ellos se conceptúe justificativo del ver-dadero valor. La utilización de cualesquiera de estos medios no excluye la utilización de otros u otros si existe la sospecha de que el resultado por aquél obtenido no revela la verdadera estimación de los bienes.
3. La Administración estará facultada para fijar, por los medios que tenga a su alcance, el valor de los crédi-tos, derechos y acciones, cuando los interesados no lo hubieran hecho en el plazo concedido a tal fin, y cuando en los contratos de tracto sucesivo no conste su total importe y los interesados no formulen la opor-tuna declaración provisional a dichos efectos.”
En el caso que nos ocupa, la Administración tributaria comprobó el valor real del bien objeto de transmisión, quedando establecido en la cantidad de 289.101 euros. La comprobación de valor se fundamentó en el co-rrespondiente dictamen pericial emitido por la Sección de Tasación del Servicio de Riqueza Territorial, el cual estableció el valor comprobado por aplicación de la valoración que al inmueble transmitido correspondía se-gún el Registro de la Riqueza Territorial de Navarra. No obstante, como consecuencia de las alegaciones presentadas a la propuesta de liquidación provisional inicial, se cambió el método de valoración, emitiéndose nuevo dictamen pericial optando esta vez por el valor señalado a efectos de subasta en escritura pública de préstamo hipotecario, método también previsto en la precitada normativa, fijándose en 217.965 euros, justifi-cando tal cambio en que “esta cifra resulta más favorable aún para los interesados y resultado que se en-cuentra en el arco lógico de valores que podría resultar de una hipotética negociación en el precio…”, sin que por otra parte se justifique por qué dicho valor se encuentra lógico desde el punto vista de la “hipotética ne-gociación” y el anterior carece de tal característica.
Pues bien, pasemos ahora a analizar la adecuación a derecho de la comprobación de valores realizada ha-ciendo repaso de aquellos requisitos que la jurisprudencia viene exigiendo para el dictamen de peritos de la administración.
Así, la Sala 3ª del Tribunal Supremo tanto en su Sentencia de 26 de noviembre de 2015 (recurso de casación número 3369/2014) como en la de 18 de enero de 2016 (recurso de casación para la unificación de doctrina número 3379/2014), en las cuales (la segunda transcribe parcialmente la primera) viene a afirmar lo siguien-te: «3. En definitiva, cuando la Administración tributaria recurre, como método de valoración, al dictamen de perito de la Administración, si bien amparado en precios medios de mercado, los cuales proceden, a su vez, de la utilización de diversos métodos (comparación en el mercado; valores medios extraídos de estudios de mercado efectuados por la propia Administración tributaria, por citar los más comunes), debe cumplir las condiciones exigidas al informe pericial.
Así pues, la reiterada exigencia de que las valoraciones administrativas han de estar debidamente motivadas se ha traducido, en los casos en que se emplean medios combinados de comprobación (esto es, dictamen de perito, amparado en precios medios de mercado) en el ineludible cumplimiento de ciertas condiciones. Así se exige una valoración individualizada, en contraposición a la naturaleza del precio medio, de carácter objetivo y general, por lo que se exige que el perito razone la aplicación de dichos precios medios, lo que en la mayor-ía de las ocasiones obligará a una inspección personal del bien a comprobar.
La motivación por remisión del contribuyente a estudios de mercado realizados por la propia Administración tributaria debe reunir una serie de requisitos. En todo caso, la necesidad de justificar el modo de pondera-ción, actualización, extrapolación e individualización de los datos obtenidos de los estudios de mercado».
En esta misma línea pueden citarse además otros muchos pronunciamientos jurisprudenciales de Tribunales inferiores, como el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de fecha 15 de febrero de 2016, que afirma lo siguiente: “la comprobación de valores debe ser individualizada y su resultado concretarse de manera que el contribuyente, al que se notifica el que la Administración consi-dera valor mal, pueda conocer sus fundamentos técnicos y prácticos y así aceptarlo, si llega a la convicción de que son razonables o imposibles de combatir, o rechazarlos porque los repute equivocados o discutibles y en tal caso, sólo entonces, proponerla la tasación pericial contradictoria a la que también tiene derecho. Obli-gar al contribuyente a acudir a la referida a tasación pericial, de costoso e incierto resultado, para discutir la comprobación de valores, cuando ni siquiera se conocen las razones de la valoración propuesta por la Ha-cienda, colocaría a los ciudadanos en una evidente situación de indefensión frente a posibles arbitrariedades o errores de la Administración”.
O la del mismo Tribunal en fecha 29 de marzo de 2012, donde se afirmaba. “Pero en todo caso, si se proce-de a su elección, la metodología aplicada por la administración debe ser lo suficientemente minuciosa y es-pecifica, para que a través de la misma se tengan en cuenta las todas las circunstancias que determinan el valor de un inmueble, circunstancias físicas, económicas, de antigüedad, de calidades constructivas, de es-tado de conservación obtenga el valor "real" a efectos del ITPAJD o del ISD, y el administrado pueda conocer sus fundamentos técnicos y prácticos y así aceptarlo, si llega a la convicción de que son razonables o impo-sibles de combatir, o rechazarlos porque los repute equivocados o discutibles y en tal caso, solo entonces, proponer la tasación pericial contradictoria a la que también tiene derecho.”
TERCERO.- Pues bien, en este caso, la valoración administrativa se ha realizado utilizando un dictamen pe-ricial. Ahora bien, el dictamen de peritos lejos de realizar una comprobación detallada e individualizada, se limita a identificar el valor real de los bienes comprobados con un valor de carácter objetivo y general, sin ve-nir a razonar de forma individualizada y con el debido detalle -y por supuesto sin haber realizado la visita per-sonal del bien (que en la mayoría de los casos la jurisprudencia, como hemos visto, considera necesario), ni justificando su innecesariedad- por qué considera que el valor tomado como referencia para la determinación del bien objeto de comprobación es el que mejor viene a reflejar el valor real del bien comprobado. La valora-ción realizada carece por tanto de la suficiencia y minuciosidad jurisprudencialmente requerida, lo cual nos impide dar por buena la comprobación de valor realizada.
En consecuencia, este Tribunal resuelve estimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por la representación de la compañía mercantil AAA, S.L., contra Resolución dictada el día 2 de mayo de 2017 por el Jefe/a de la Sección gestora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-tados en relación con la tributación por la modalidad de Transmisiones Patrimoniales del citado Impuesto re-ferido al año 2014, anulando la Resolución impugnada y la liquidación provisional que le sirve de base, todo ello de conformidad con lo establecido en la fundamentación anterior.
Decreto 165/1999 de 17 de May C.A. Navarra (Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial de Navarra Número: 83 Fecha de Publicación: 05/07/1999 Fecha de entrada en vigor: 09/08/1999 Órgano Emisor: Disposiciones Generales
DF. Legislativo 129/1999 de 26 de Abr C.A. Navarra (TR. de las disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial de Navarra Número: 76 Fecha de Publicación: 18/06/1999 Fecha de entrada en vigor: 18/06/1999 Órgano Emisor: Disposiciones Generales
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 1071/2017, TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 1180/2015, 29-09-2017
Orden: Administrativo Fecha: 29/09/2017 Tribunal: Tsj Castilla Y Leon Ponente: Cid Perrino, Adriana Num. Sentencia: 1071/2017 Num. Recurso: 1180/2015
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 53/2018, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 495/2017, 01-02-2018
Orden: Administrativo Fecha: 01/02/2018 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Merino Jimenez, Maria Asuncion Num. Sentencia: 53/2018 Num. Recurso: 495/2017
Resolución de TEAF Navarra, 6450, 25-04-2018

References: Artículo 43
 Artículo 36
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 artículo 43
 artículo 36
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 artículo 78
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