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Timestamp: 2014-04-24 21:16:05+00:00

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0729/2013 - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum
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Acción de libertad Expediente:02949-2013-06-AL
En revisión la Resolución 13/2013 de 17 de enero, cursante de fs. 23 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor René Quisbert Villacorta contra Dina Larrea López, Jueza Tercera de Instrucción en lo Penal de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 16 de enero de 2013, cursante de fs. 10 a 11, el accionante señaló que:
Fue imputado formalmente por el Ministerio Público, a pesar de no tener responsabilidad alguna en los hechos sindicados, encontrándose por ello detenido preventivamente; empero, posteriormente, el 18 de octubre de 2012, el Fiscal de Materia emitió su requerimiento conclusivo de sobreseimiento a su favor por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado, por lo cual, en esa audiencia, solicitó se libre el respectivo mandamiento de libertad, que le fue denegado en razón de haber sido impugnado el sobreseimiento, mismo remitido al Fiscal Departamental.
Refiere que, pidió la cesación de la detención preventiva, concedida el 14 de diciembre de 2012, sustituyéndola por la domiciliaria, además de las medidas de arraigo, prohibición de contactarse con las partes y una fianza económica de Bs10.000.- (diez mil bolivianos), las que debían cumplirse en el plazo de setenta y dos horas por disposición de la autoridad jurisdiccional; empero, en la misma audiencia su abogado en vía de complementación y enmienda, solicitó la ampliación del plazo por considerarlo insuficiente, toda vez que era fin de semana, además de constituirse en una burla y abuso de poder; sin embargo, la Jueza demandada negó la petición y declaró vigente el plazo, bajo advertencia de que el incumplimiento daría lugar a la revocatoria de oficio de la detención domiciliaria, decisión injusta por la que no pudo cumplir con las medidas sustitutivas continuando privado de su libertad pese a existir un sobreseimiento a su favor, únicamente por el capricho de la autoridad judicial demandada que ha vulnerado su derecho a la libertad y la tutela jurisdiccional como el principio de proporcionalidad que rige a las medidas cautelares, al imponerle un plazo arbitrario e insuficiente con el fin de que su persona no recupere su libertad.
Reitera que se le fijó una fianza económica de Bs10.000.- que debía ser depositada en el plazo de setenta y dos horas, contando sábado y domingo, sin tener presente que de acuerdo al art. 241 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la fianza económica se fijará teniendo en cuenta la situación patrimonial del imputado; y, en ningún caso se fijará una fianza económica de imposible cumplimiento, lo que significa que la Jueza demandada actuando al margen de la ley le impuso una fianza de imposible cumplimiento, no sólo por la cantidad sino por el tiempo para conseguir el dinero, más aún tomando en cuenta que se encuentra detenido y es su esposa quien sostiene el hogar.
El accionante alega la vulneración de sus derechos a la libertad y a la tutela jurisdiccional, sin citar al efecto precepto constitucional alguno.
Solicita se conceda la tutela, se restituyan las formalidades legales el derecho a su libertad, con la aplicación de medidas sustitutivas.
Celebrada la audiencia pública el 17 de enero de 2013, conforme consta del acta cursante de fs. 20 a 22, se produjeron los siguientes actuados.
La parte accionante ratificó la acción planteada, reiterando se conceda la tutela impetrada, toda vez que cuenta con un sobreseimiento de 18 de octubre de 2012, que a la fecha, por cuestiones administrativas de la Fiscalía, no ha podido efectivizarse, circunstancia por la que pide se restituya su libertad con la aplicación de medidas sustitutivas.
La Jueza Tercera de Instrucción en lo Penal de El Alto demandada, en su informe escrito de fs. 16 a 19 y en audiencia, señaló: a) El accionante está siendo procesado conjuntamente otras personas, por la presunta comisión del delito de falsedad material y otros, habiendo sido sobreseído por el Ministerio Público mediante Resolución 007/2012. Es así que solicitó se libre el mandamiento de libertad a su favor; empero, señaló audiencia emitiéndose la resolución 511/2012, en cuya parte dispositiva dispuso “aceptar la solicitud de detención preventiva y se aplica medidas sustitutivas a su favor” (sic), entre otras, fianza económica de Bs10 000 a ser depositada en el plazo de setenta y dos horas, notificando con dicha resolución a las partes en la misma audiencia para que puedan apelar, lo que no hicieron y tampoco dentro del plazo establecido para presentar este recurso no usaron las partes la apelación; b) Existen recursos jurídicos para pedir se modifique el término para cancelar la fianza económica, es decir que inclusive en la misma audiencia se puede solicitar la complementación corregir o enmendar, que en este caso no ha ocurrido, puesto que la defensa del accionante no se pronunció, además que la presente acción de libertad recién fue presentada después de un mes de haberle concedido la cesación de su detención preventiva; c) No se ha vulnerado ningún derecho constitucional, por cuanto el accionante se encuentra detenido en el centro penitenciario “San Pedro”, y fue notificado en la audiencia de cesación con la resolución de imposición de medidas sustitutivas; d) El accionante podía solicitar la modificación o sustitución de la fianza económica demostrando su situación patrimonial, tramitar su arraigo; pero no ha efectuado ningún trámite al respecto; y, e) No obstante haber transcurrido más de un mes y no haberse cumplido con las medidas sustitutivas impuestas al accionante, no se ha revocado la resolución, pidiendo por lo informado se declare “improbada” la acción de libertad.
Mediante Resolución 13/2013 de 17 de enero, cursante de fs. 23 a 24, el Juez Segundo de Partido y de Sentencia Penal de El Alto del departamento de La Paz, denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: 1) Al accionante se le fijó una fianza económica que no pudo cumplir; sin embargo, de acuerdo al art. 130 del CPP, el cómputo del plazo se lo efectuará en días hábiles salvo que la ley disponga lo contrario o que se refiera a medidas cautelares en que se computarán días corridos; y, 2) Revisados los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, no cursa resolución de revocatoria a las medidas sustitutivas a la detención preventiva que confirme la vulneración del derecho a la libertad física personal del accionante.
II.1.Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y querella de Omar Ramiro Monasterio Alarcón contra el ahora accionante y otros, por la presunta comisión del delito de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado, el Ministerio Público emitió Resolución de Sobreseimiento RCM 007/12 de 18 de octubre de 2012 en favor del accionante, que fue impugnado y remitido a la Fiscalía de Distrito de donde fue devuelto para que se notifique al sobreseído con la impugnación del sobreseimiento (fs. 2 a 6).
II.2.Efectuada la notificación al imputado, se remitió obrados a la Fiscalía de Distrito, institución que nuevamente a través de la Resolución de 21 de diciembre de 2012, devolvió antecedentes, observando que el Fiscal de Materia no se pronunció respecto a los delitos de falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas y organización criminal (fs. 9).
II.3.El accionante solicitó la cesación de su detención preventiva, que le fue concedida por la Jueza Tercera de Instrucción en lo Penal de El Alto del departamento de La Paz, quien le impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva de arraigo, prohibición de comunicarse con determinadas personas, de acercarse al lugar de los hechos y una fianza económica de Bs10 000, a ser cumplidas en setenta y dos horas, determinación que no fue impugnada por las partes ni fueron cumplidas (Según afirman el accionante en su memorial de demanda de fs. 10 a 11 y la autoridad demandad en su informe de fs. 16 a 19).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante alega que dentro del proceso penal seguido en su contra, fue sobreseído por el Fiscal de Materia, que al ser impugnado, a la fecha no ha sido devuelto de la Fiscalía Departamental por razones administrativas; circunstancia por la que solicitó la cesación de su detención preventiva que le fue concedida, imponiéndole la autoridad judicial demandada, entre otras medidas sustitutivas, una fianza económica a ser depositada en setenta y dos horas; plazo insuficiente para conseguir dicho monto y cuya ampliación fue denegada por la Jueza demandada, quien con esa determinación, ha vulnerado sus derechos a la libertad y a la tutela jurisdiccional, encontrándose indebidamente privado de su libertad.
III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación Previo a ingresar al análisis del caso concreto, es necesario referirnos a la naturaleza jurídica de la acción de libertad. En ese marco y conforme al nuevo orden constitucional, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señaló que: “Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro.
Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: 'Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad'. Norma constitucional concordante con el art.46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.
Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida”.
III.2. Subsidiaridad excepcional de la acción de libertad Sobre la subsidiaridad excepcional de la ahora acción de libertad, la jurisprudencia constitucional ha establecido en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, que moduló la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, que:
III.3. Análisis del caso concreto El accionante alega que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, ideológica, uso de instrumento falsificado y otros, el Ministerio Público emitió la Resolución de Sobreseimiento 007/12, en su favor, que al ser impugnada, se remitió al Fiscal Departamental y que por razones administrativas, a la fecha no ha sido devuelta al Juzgado de origen, por lo cual solicitó la cesación de su detención preventiva, la que en efecto fue sustituida por la domiciliaria, además de las medidas de arraigo, prohibición de contactarse con las partes y una fianza económica de Bs10 000, las que debían cumplirse dentro del plazo de setenta y dos horas, término insuficiente para poder conseguir el dinero y cuya ampliación fue negada por la autoridad jurisdiccional.
Al respecto, de acuerdo a los antecedentes procesales cursantes en obrados, se constata no ser cierto que el accionante solicitó ampliación del plazo para cumplir con las medidas sustitutivas que le fueron impuestas, así como tampoco solicitó la modificación del monto de la fianza económica; además, contra la Resolución de 14 de diciembre de 2012 de medidas sustitutivas emitida por la Jueza Tercera de Instrucción en lo Penal de El Alto, no presentó recurso de apelación incidental que se constituiría en un medio idóneo, que no fue utilizado por el accionante, previsto por el art. 251 del CPP. Por ello, es necesario remitirse al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando en él se alude a la subsidiaridad excepcional de la acción de libertad, que opera cuando no obstante de existir mecanismos procesales de defensa idóneos para la reparación o restitución del derecho a la libertad, persecución o procesamiento indebido, no son utilizados previamente a la interposición de la acción de libertad, entendimiento que es aplicable en el caso de autos, respecto a la denuncia efectuada contra la actuación de la Jueza demandada, y no como en el caso presente, acudir directamente a la jurisdicción constitucional que sólo se activa, cuando habiendo agotado los medios ordinarios idóneos de defensa, persiste la lesión al derecho de libertad en cualquiera de sus formas. Por consiguiente, resulta inviable conceder la tutela que solicita.
En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la acción de libertad, ha evaluado en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.
POR TANTO El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolucion 13/2013 de 17 de enero, cursante de fs. 23 a 24, pronunciada por el Juez Segundo de Partido y de Sentencia Penal de El Alto del departamento de La Paz, y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, señalando que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.

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