Source: http://www.cita.es/elena-perez-ruiz/
Timestamp: 2020-08-07 15:51:09+00:00

Document:
Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo, Tel. 902998352 Fax: 902998379 E-mail: miguel@cita.es
Comisión Nacional de Mercados y Competencia CNMC por hiperenlaces publicados en www.cita.es/elena-perez-ruiz y www.miguelgallardo.es/elena-perez-ruiz.pdf
Considerando la resolución de fecha 8.10.15 por fax del mismo día, firmada por Elena Pérez Ruiz, como mejor proceda se presenta recurso para que se investigue y sancione con multa por COMPETENCIA DESLEAL de FUNCIONARIOS PÚBLICOS EMPRESARIOS incompatibles y en masivo conflicto de intereses, como los ya denunciados en la Universidad Politécnica de Madrid UPM, con estas alegaciones:
PREVIA.- Erróneamente, se referencia como “consulta 2015/124” lo que es una denuncia en toda regla presentada con fecha 12.10.14, hace más de un año, con certificado digital en la sede electrónica de la CNMV reiterada dos veces más, por hiperenlaces relevantes en Internet www.cita.es/tasa-upm y www.miguelgallardo.es/tasa-upm.pdf
1ª Elena Pérez Ruiz viene a decir, erróneamente, que no se aporta prueba de ninguno de los extremos de una resolución precedente (que no cita con precisión pero que no parece ni remotamente aplicable a la UPM en modo alguno), para evadir cualquier competencia de la CNMC sobre los hechos denunciados, porque, en definitiva, aunque sean ilegales, no son suficientemente importantes como para que puedan afectar a la competencia en el sentido del art. 3 de la LDC. Ese pretexto es falaz y erróneo pero quizá por falta de comprensión lectora, delata la propia incompetencia de quien lo firma, pero no de la CNMC.
2ª Parece como si Elena Pérez Ruiz hubiera ignorado por completo la norma ilegal que se referencia en Internet, en el propio Web de la UPM, como puede verse en
https://www.etsiae.upm.es/alumnos_ETSIAE/practicas/normativa_COIE_UPM_28022013.pdf
La tasa ilegal denunciada y la condición de empresario del vicerrector que la aplica es un claro indicador e indicio de que los funcionarios de la UPM obtienen ventajas competitivas sin límite ni control alguno, desde hace muchos años.
3ª También parece que Elena Pérez Ruiz ha ignorado por completo que se han aportado informes mercantiles de 21 catedráticos de la ETS de Arquitectura UPM como si no hubiera encontrado ninguna trascendencia de lo revelando en el enlace
https://drive.google.com/folderview?id=0B1ZHFSuthmJvR01HdEFLNHVfd1E
al igual que también ignora los de otros 21 en la ETSI de Minas, en el enlace (distinto)
https://drive.google.com/folderview?id=0B1ZHFSuthmJvY042M19tOTQ2X00
Pero esos 42 informes mercantiles no son sino una pequeña muestra de los varios cientos de empresas ilegalmente administradas por funcionarios de la UPM que compiten deslealmente, afectando, en su conjunto, a uno de los mercados más sensibles de la economía nacional. No es posible competir ni en arquitectura, ingeniería, informática, servicios técnicos, consultoría o peritación judicial en estas materias, contra quien puede utilizar recursos públicos, materiales y humanos, prevaliéndose de su condición de empleado público para obtener beneficios indebidos para sí, o para otros (art. 95 j del Estatuto Básico del Empleado Público). La funcionaria Elena Pérez Ruiz no parece ser consciente de la gravedad de los hechos denunciados y probados, o tal vez no le parezca ilegal nada de ello.
4ª Si el pretexto para que la CNMC se declare incompetente es que los hechos denunciados, pese a ser ilegales, no tienen la suficiente entidad como para afectar a la competencia, nos remitimos a las numerosas denuncias que constan en la Oficina de Conflictos de Intereses, que sistemáticamente las traslada a la UPM, que a su vez, las archiva pese a ser faltas muy graves. Un buen ejemplo de ello es la denuncia contra el vicerrector de Relaciones Internacionales de la UPM, Narciso García Santos, que no solamente es presidente y consejero delegado de JERIGONDOR SICAV, SA (administrada con otros funcionarios de la UPM), sino que también es administrador único de la mercantil URBION AUDIOVISUAL SL, con CIF: B82353913 y domicilio en C/ Marqués de Lozoya 3 Madrid, desde el 10/05/1999 actualmente activa. Pero lo que es peor, la denuncia que trasladó la Oficina de Conflictos de Intereses fue instruida (más bien no instruida), por el secretario de la ETS Arquitectura Antonio José Mas-Guindal Lafarga que ha resuelto lo que supongo debe constar en expedientes de esta oficina. Pues bien, también hemos podido saber y comprobar que el mismo instructor es también presuntamente incompatible e incurre en obvios conflictos de intereses porque desde el 02/12/2010 Mas-guindal Garcia Antonio- Jose figura como Administrador Único Empresa ARQUIT SL como se ve en http://www.empresia.es/empresa/arquit/ Nótese que el funcionario de la UPM Antonio José Mas-Guindal Lafarga aparece entre los informes ya citados en
5ª Estas incompatibilidades son conocidas, desde hace muchos años, al menos desde 2007, por la Oficina de Conflictos de Intereses, al menos, por el funcionario PABLO JUAN SANZ BARRERA <pablojuan.sanz@seap.minhap.es> a cuyos archivos me remito para asegurar que la UPM por escandalosos que sean los conflictos de intereses, nunca ha sancionado a ninguno de los muchos funcionarios empresarios cuyas denuncias la misma Oficina de Conflictos de Intereses ha trasladado a la UPM. Son varias docenas de casos entre probablemente cientos impunes, pero el último, cuya denuncia se adjunta, es tan perverso en sí mismo que merece especial atención, también por parte de la CNMC.
6ª Es sabido que la CNMC evita a toda costa considerar la incompatibilidad y el conflicto de intereses, o cualquiera de las faltas muy graves del artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado Público, como un indicador o indicio de competencia desleal, incurriendo en falacias que garantizan impunidad para quienes administran sociedades desde sus despachos en una universidad pública. La documentación que se adjunta evidencia que no se trata de casos aislados, sino de una política de tolerancia y complicidad hacia la incompatibilidad generalizada de funcionarios públicos con dedicación completa en la UPM en proporciones que evidencian el control por unos pocos funcionarios empresarios de algunas actividades en sectores muy sensibles. Una falacia es que la incompatibilidad no es competencia de nadie que no sea el rector de la UPM, y como tanto el anterior Javier Uceda Antolín como el actual Carlos Conde Lázaro no actúan salvo para proteger y apoyar a los denunciados incluso en presunta prevaricación y malversación como puede verse en los hechos de www.cita.es/querella-jmv y en los de www.miguelgallardo.es/malversado.pdf lo cierto es que por muy escandalosas que sean las incompatibilidades y los conflictos de nintereses denunciados, el denunciante es quien realmente resulta castigado. Otra falacia es los funcionarios que administran empresas, aunque sean incompatibles, crean riqueza a pesar de todo, y esa falacia está envileciendo mercados y sectores muy sensibles hasta el punto de que ningún empresario que no sea funcionario se atreve a invertir en lo que controlan unos pocos profesores de la UPM. Un paradigma es la arquitectura ya mencionada en nuestra denuncia de fecha 12.10.14, pero en la documentación adjunta se detallan negocios ilegales en telecomunicaciones, en los que otro vicerrector se prevalece de sus cargos y privilegios, descaradamente. Lo que en la Universidad Complutense ha sido reciente noticia por la incoación de un expediente a Juan Carlos Monedero, en la UPM es inconcebible por complicidad del rector y sus vicerrectores, también empresarios ilegales.
7ª La denuncia por los peritajes de funcionarios públicos que trabajan sin límite ni control para partes particulares y privadas que se presentó ante el Tribunal de Defensa de la Competencia con fecha 2.7.2007 que puede verse íntegra en
y cuyo archivo se recurrió ante la Audiencia Nacional según mantenemos en
http://www.miguelgallardo.es/contencioso.pdf
es un claro ejemplo de IGNORANCIA DELIBERADA de la entonces Comisión Nacional de la Competencia CNC. Al ignorarse deliberadamente buena parte de los hechos que ocultó la Universidad Politécnica de Madrid UPM los funcionarios públicos cada vez se han sentido más impunes amparados por la IGNORANCIA DELIBERADA de la CNC, hasta el punto de que algunos han realizado varios cientos de informes y dictámenes periciales, como es el caso de Antonio Humero. En varios foros e instancias los asesores jurídicos de la UPM se jactan de haber conseguido el aval de la CNC, ahora CNMC, para peritar de todo para quien pague. De esta manera, la ignorancia fortalece a quienes se prevalecen de su condición de empleados públicos para obtener beneficios indebidos para sí o para otros, compitiendo deslealmente donde más daño pueden hacer a mercados y consumidores.
8ª En el caso de las empresas de funcionarios que deberían ser sancionados pero son amparados por el rector Carlos Conde Lázaro y antes por Javier Uceda Antolín, no se trata de una irregularidad aislada, sino que afecta al menos a dos de sus actuales vicerrectores, en una auténtica red empresarial que compite deslealmente. La cuestión es si existe algún límite, en alguno de los muchos sectores en el que esa red de empresas de funcionarios de la UPM, para la CNMC. Si existe ese límite por proporciones, facturación, incidencia en algún sector estratégico o en el que competencia deba ser especialmente garantizada, debe declararlo la CNMC.
9ª Finalmente, nos preguntamos si Elena Pérez Ruiz es apoderada de GRUPO LAR INVERSIONES INMOBILIARIAS SA y si tiene solicitada y concedida la compatibilidad preceptiva o se trata de otra persona homónima de nombres y apellidos, pero también nos preguntamos, y preguntamos aquí si un funcionario de la CNMC puede facturar a través de una empresa servicios utilizando recursos materiales y humanos de la misma CNMC.
En resumen, recurrimos la resolución de Elena Pérez Ruiz porque
1º Considera nuestra denuncia como una consulta. Es DENUNCIA A LA CNMC
2º IGNORA la norma ilegal de la UPM. Parece que con IGNORANCIA DELIBERADA
3º IGNORA LA IMPLICACIÓN DE UN VICERRECTOR EN SU APLICACIÓN
4º IGNORA LA ALTA PROPORCIÓN DE CATEDRÁTICOS DE ARQUITECTURA Y DE PROFESORES DE LA ESCUELA DE MINAS Y OTROS QUE ADMINISTRAN EMPRESAS
5º No explicita ni el plazo ni el tipo de recurso que pueda presentarse contra su resolución, por lo que, en caso de que no se admita como recurso este escrito, pedimos que se considere como una ampliación de denuncia en la que se pone en conocimiento todo lo que aquí se manifiesta y ha ignorado Elena Pérez Ruiz, solicitando un trámite de audiencia con quien instruya este expediente o responda por este recurso/denuncia.
En todo caso, para evitar que se vuelva a extraviar en la CNMC un escrito nuestro, SOLICITAMOS PRONTO ACUSE DE RECIBO FEHACIENTE IDENTIFICANDO AL FUNCIONARIO RESPONSABLE A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE en Madrid, a 8 de noviembre de 2015.
Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, por Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU desde 1996, C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB 28045 Madrid
www.cita.es Tel 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es y miguel902998352@gmail.com
A la Comisión Nacional de Mercados y Competencia CNMC por hiperenlaces en www.cita.es/elena-perez-ruiz y www.miguelgallardo.es/elena-perez-ruiz.pdf
Adjuntando documentos relevantes que deben constar en expedientes relacionados
A la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda y AAPP, URGENTE
https://docs.google.com/document/d/1z3bjGGLeL_mVr536KhBWk7ivaFZRg90b5G0SgV_l63k/edit
Hemos tenido conocimiento de que esta oficina trasladó a la Universidad Politécnica de Madrid mi denuncia por incompatibilidades y conflictos de intereses del actual vicerrector de Relaciones Internacionales de la UPM, Narciso García Santos y que fue nombrado por la misma UPM a Antonio José Mas-Guindal Lafarga que ha resuelto lo que supongo debe constar en expedientes de esta oficina. Pues bien, también hemos podido saber y comprobar que el mismo instructor es también presuntamente incompatible e incurre en obvios conflictos de intereses porque desde el 02/12/2010 Mas-guindal Garcia Antonio- Jose figura como Administrador Único Empresa ARQUIT SL como se ve en http://www.empresia.es/empresa/arquit/
Pero más aún, el ya denunciado vicerrector de Relaciones Internacionales de la UPM, Narciso García Santos no solamente es presidente y consejero delegado de JERIGONDOR SICAV, SA (administrada con otros funcionarios de la UPM), sino que también es administrador único de la mercantil URBION AUDIOVISUAL SL, con CIF: B82353913 y domicilio en C/ Marqués de Lozoya 3 Madrid, desde el 10/05/1999 actualmente activa.
El que el instructor de un expediente incurra en la misma falta sobre la que debe instruir es algo que se define por sí mismo y evidencia cuál es la perversa política de la Universidad Politécnica de Madrid UPM respecto a lo que se tipifica como faltas muy graves en el art. 95 del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normas aplicables en relación a descaradas incompatibilidades y conflictos de intereses en la UPM.
Por lo expuesto, solicito que se abra un expediente distinto para las incompatibilidades y los conflictos de intereses al funcionario de la UPM Mas-guindal Garcia Antonio- Jose figura como Administrador Único de la Empresa ARQUIT SL y que se amplíe el ya abierto al vicerrector de la UPM Narciso García Santos, además de por lo ya denunciado sobre sus cargos en JERIGONDOR SICAV, SA (administrada con otros funcionarios de la UPM), también por lo que consta en el Registro Mercantil de sus incompatibilidades y conflictos de intereses en la empresa URBION AUDIOVISUAL SL. Considerando los antecedentes conocidos en esta oficina sobre ese denunciante, y la documentación adjunta que aporto, solicito que se me tenga por parte personada en los procedimientos abiertos por esta oficina a funcionarios de la UPM considerando el artículo 31, con todos los derechos del artículo 35, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en especial ahora URGENTEMENTE para poder aportarlos a procedimientos judiciales, con estas prioridades: A) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos. B) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
Tel 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es y miguel902998352@gmail.com
ANTONIO JOSE MAS-GUINDAL LAFARGA secretario.arquitectura@upm.es Tel.: 913366522
Secretario de la ETS de Arquitectura ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid UPM
He podido conocer hoy la RESOLUCIÓN de 13.7.15 sobre la información reservada en la que usted fue instructor en relación a la condición de presidente y consejero delegado de JERIGONDOR SICAV, SA del actual vicerrector de RRII de la UPM, que puede verse en
https://drive.google.com/file/d/0B7ELw4IrDGWSZkE2c05YSFZfU0k/view?usp=sharing
Antes de manifestar discrepancias o de ejercer derechos sobre esa RESOLUCIÓN he buscado por su nombre encontrando que, desde el 02/12/2010 Mas-guindal Garcia Antonio- Jose figura como Administrador Único Empresa ARQUIT SL como se ve en http://www.empresia.es/empresa/arquit/
Le ruego por favor que me diga si alguno de los datos que ahí aparecen no es correcto, porque dándolos por buenos, mi intención es denunciar la incompatibilidad del instructor del expediente de incompatibilidad del vicerrector de la UPM y al igual que hice en mi mensaje de 17 de marzo de 2015, 11:06, antes de formalizar denuncia, pido confirmación, desmentido o matización, en este caso, del actual Secretario de la ETSI de Arquitectura de la UPM, ANTONIO JOSE MAS-GUINDAL LAFARGA..
Le pido también que comprenda que, mientras no tenga mejor información, o presentemos un escrito a quien más eficazmente pueda instruir este hecho nuevo para mí, yo intente indagar cuanto me sea posible sobre su actividad extrauniversitaria y la de la empresa que administra según se ve, repito, en http://www.empresia.es/empresa/arquit/
Para su conocimiento y efectos, en Madrid, a 24 de julio de 2015.
Fdo.: Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, lic. y doctor en Filosofía, Tel. 902998352 Fax: 902998379 miguel@cita.es y miguel902998352@gmail.com Texto difundido por www.twitter.es/miguelencita
Este texto ya se ha enviado por correo electrónico a su destinatario con copia a autoridades de la UPM, y queda publicado con hiperenlaces relevantes en Internet
https://docs.google.com/document/d/1952oYUkurAnMcCgaIszx_yBMzc8nTWqJPt1jp3VtsWc/edit
Comisión Nacional de Mercados y Competencia CNMC, denuncia en documento publicado con hiperenlaces relevantes en Internet www.cita.es/tasa-upm y www.miguelgallardo.es/tasa-upm.pdf
DENUNCIA CONTRA LA “TASA COIE” DE UNIVERSIDAD PÚBLICA A EMPRESAS
POR GESTIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS Y CONTRA EL VICERRECTOR DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM), COMO EMPRESARIO ILEGAL
La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha publicado una norma y cobrado ilegalmente una tasa a las empresas que utilizaban becarios estudiantes de la UPM, creando un negocio ilícito que afecta a sectores y mercados diversos como inadmisible competencia desleal, especialmente en la prestación de servicios técnicos, pues en la Normativa de Prácticas Académicas Externas (Aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de febrero de 2013) publicada en
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/COIE/NormativaCOIE_20130228.pdf
puede leerse: En el caso de las prácticas académicas extracurriculares, la Universidad podrá aplicar una tasa en concepto de gestión, cuyo importe sería así mismo revisado periódicamente.
Esa tasa, que parece haber sido efectivamente aplicada, es ilegal, y en todo caso, afecta gravemente a la competencia empresarial, más aún cuando pueda haberse aplicado (o no), discrecionalmente en los numerosos casos en los que catedráticos y profesores titulares, es decir, funcionarios públicos con poder y derechos adquiridos, administran empresas de manera ilegal por incompatible siendo falta muy grave según el artículo 95, apartado j del Estatuto Básico del Empleado Público. Lo más grave es que el vicerrector de alumnos, José Luis García Grinda, ha estado presidiendo la comisión que toma las decisiones respecto a las prácticas de alumnos al mismo tiempo que administra, al menos, una empresa, de manera ilegal, como puede verse en los hiperenlaces, aquí muy relevantes www.cita.es/garcia-grinda y www.miguelgallardo.es/garcia-grinda.pdf
(nótese que se referencian empresas de 21 de 42 catedráticos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, como paradigma de competencia desleal en proyectos, obras y servicios).
Esa normativa, que entendemos que debería ser declarada nula e ilegal, dice textualmente:
11.2. Los miembros de la Comisión serán:
a) El Vicerrector competente en materia de estudiantes, que la presidirá
Es decir, que el funcionario público con cargo de dirección que tiene la máxima responsabilidad a la hora de adjudicar becas y cobrar o no tasas, es al mismo tiempo empresario que compite deslealmente al prevalerse de su condición y cargo para, presuntamente, obtener beneficios indebidos para sí, o para otros. La tasa que aplica sin control ni límite la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) tiene cierta complejidad jurídica, aunque el fondo del asunto, y de esta denuncia, sea simple y claro: numerosos docentes, muchos de ellos con dedicación completa e incluso cargos de dirección en la UPM, en lo que es desde hace muchos años una práctica ilegal tolerada, cuando no amparada y promovida por el rectorado y la asesoría jurídica de la UPM, según puede comprobarse leyendo, entre otras páginas, en
www.cita.es/corruptio www.miguelgallardo.es/inspectora.pdf y www.miguelgallardo.es/sentencias.pdf
o bien en listados de evidencias de funcionarios empresarios ilegales, al menos, en estos dos actuales
https://drive.google.com/folderview?id=0B1ZHFSuthmJvR01HdEFLNHVfd1E&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1ZHFSuthmJvY042M19tOTQ2X00&usp=sharing
Nuestro interés, como ingeniero y empresa dedicada a los servicios técnicos, es obvio y legítimo, por lo que deseamos ser considerados parte en el expediente sancionador que solicitamos que se inicie de manera eficaz y lo antes posible para evitar prescripciones, en documento firmado electrónicamente con certificado digital para la sede electrónica de la CNMC, en Madrid, a 12 de octubre de 2014.
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero-criminólogo en Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU desde 1996, C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB 28045 Madrid, Tel 902998352 fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es y cita902998352@gmail.com twitter.com/miguelencita
Hiperenlaces relevantes en Internet www.cita.es/tasa-upm y www.miguelgallardo.es/tasa-upm.pdf
Juzgado de Instrucción 1 de Málaga, Dil. Prev. 3131/2014 por nuestro fax 902998379
Con copia para la Fiscalía Provincial en Málaga y Fiscal Superior del TSJ de Andalucía por hiperenlaces www.cita.es/querella-upm y www.miguelgallardo.es/querella-upm.pdf
Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito judicial en informática, teléfonos móviles, criptología y acústica forense en su propio nombre y derecho y también como Administrador Único de la empresa de servicios Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, constituida en 1996, Web www.cita.es Tel. 902998352 (atención permanente) fax 902998379 E-mail: miguel@cita.es como interesados legítimos por el Reglamento 1/2005 del CGPJ y art. 235 de la LOPJ, como mejor proceda, DICE:
1º Que ha tenido conocimiento por la prensa de la querella de la Universidad Politécnica de Madrid UPM admitida en este Juzgado. Concretamente, Nuria Triguero en diariosur.es titula: “Una querella de la Politécnica de Madrid complica aún más la situación de Isofotón. La universidad acusa a la empresa malagueña de apropiación indebida de 144.590 euros de una subvención por un proyecto de I+D en el que colaboraron ambas” según se ve en http://www.diariosur.es/malaga-capital/201506/16/querella-politecnica-madrid-complica-20150616110705-v.html
2º Queremos poner en conocimiento de este juzgado que el que fuera director de la Asesoría Jurídica de la UPM, Juan Manuel del Valle Pascual, desde hace más de un año está imputado por presunta prevaricación y malversación en el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, y ya solicitamos la imputación del anterior rector en www.cita.es/imputa-rector
3º Varios años de litigios durísimos contra funcionarios de la UPM nos hacen sospechar que cuando los letrados de la UPM acusan, proyectan sobre los acusados sus propias responsabilidades, por lo que tenemos el máximo interés por conocer los autos y, en especial, los escritos del Ministerio Público en relación a la UPM. La experiencia nos ha demostrado que las actuaciones de los letrados de la UPM no suelen defender a la institución, sino los negocios de funcionarios públicos, y en todo caso, los suyos propios. Para la mejor información, adjuntamos una serie de documentos, incluyendo una denuncia a la Fiscalía por una SICAV ilegalmente administrada por funcionarios de la UPM, un escrito al juzgado mercantil de la concursal de ISOFOTON, y otro al actual consejero delegado del BBVA que también lo fue de ISOFOTON. Parafraseando al juez Eloy Velasco, la dificultad de su investigación es mayor por ser presuntos “delitos invisibles”, perpetrados en concierto “pactum scaeleris” (ver STS de 24.3.1998).
4º Como bien puede apreciarse en la documentación adjunta, el vicerrector de relaciones internacionales de la UPM, Narciso García Santos, es al mismo tiempo presidente y consejero delegado de una Sociedad de Inversión Colectiva (SICAV) en la que participan otros profesores de la UPM, además de que son muy numerosos los funcionarios con supuesta dedicación completa en la UPM que aparecen como administradores mercantiles de numerosas empresas, con la complicidad y el encubrimiento del rector.
5º La querella contra ISOFOTON no es la única que ha presentado la UPM, porque según consta en su memoria del 2014 (en la que se menciona expresamente a Miguel Ángel Gallardo Ortiz) también hay otras contra una empresa con Web en www.anf.es en
[PDF] Texto completo del informe diciembre 2014 - Universidad Politécnica de Madrid
20 dic. 2014 - En la Jurisdicción Penal, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: Defensa y oposición a las denuncias presentadas por D. Miguel Angel Gallardo Ortiz contra la UPM, por lo que entiende como delitos cometidos por funcionarios públicos. Querellas presentadas por la UPM, por apropiación indebida contra ISOFOTON y ANF. En la Jurisdicción Civil, se han presentado Monitorios en reclamaciones del importe de facturas adeudadas a la UPM., y elaborados planes de Pagos para empresas deudoras de la UPM, homologados judicialmente. .
6º Las actuaciones de la UPM no pueden ser consideradas privadas en modo alguno ni merecen la menor confidencialidad. Entendemos la prudencia por cuanto pueda afectar a la privacidad y el derecho al honor de los acusados por la UPM, pero el respeto que nos merecen todos los que son demandados o denunciados o querellados por la UPM, entendemos que la querella admitida en este juzgado debería ser pública, más aún cuando se han publicado noticias como la que nos ha permitido conocer dónde se está instruyendo, y en todo caso, la información o documentación que pedimos puede ser expurgada para proteger la intimidad, privacidad, honor e imagen de los acusados.
Por lo expuesto, como interesado legítimo por lo dispuesto en el Reglamento 1/2005 y art. 235 y ss. de la LOPJ y arts. 20 y 120 de la Constitución, solicito el auto de admisión (o inadmisión a trámite) de la querella de la UPM así como los escritos de la Fiscalía y otros autos que puedan tener relevancia pública e interés general, o más aún, específico para quien desde hace más de un año mantiene la imputación penal por presunta prevaricación y malversación del letrado de la UPM Juan Manuel del Valle Pascual, en su condición de director de la Asesoría Jurídica de la UPM, así como sobre todo cuanto sea posible conocer de estas actuaciones que son de relevancia pública e interés general en el ámbito universitario.
OTROSÍ DIGO: Que en caso de que no se nos proporcione al menos el auto de admisión y demás documentación solicitada, se nos explicite por el Secretario Judicial pie de recurso que entendemos que sería de revisión ante Su Señoría.
Por ser justo, lo pido en Madrid para Málaga, a 8 de julio de 2015.
Fdo.: Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, Doctor y Lic. en Filosofía, ingeniero de minas y criminólogo, C/ Fernando Poo, 16-6ºB, 28045 Madrid Tel. 902998352, Fax: 902998379
E-mail: miguel902998352@gmail.com SOLICITANDO PRONTO ACUSE se adjunta documentación relevante (total 11 páginas) para fundamentar esta solicitud
Carlos Torres Vila consejero delegado del banco BBVA por hiperenlaces en Internet www.cita.es/torres-vila y www.miguelgallardo.es/torres-vila.pdf
Como podrá comprobar en la documentación adjunta, desde hace tiempo investigamos algunas relaciones empresariales de la Universidad Politécnica de Madrid UPM y sus funcionarios públicos. Una de las empresas cuya historia, diagnóstico y pronóstico más nos han interesado es ISOFOTON, y recientemente, con la noticia de su nombramiento en el grupo BBVA, hemos podido conocer que usted fue presidente de ISOFOTON y que durante su mandato fue descubierto un agujero contable y muy graves irregularidades financieras sobre el que se han publicado varias noticias, entre las que aquí destaco:
El ex consejero delegado de Isofotón es condenado a pagar 170 millones...
http://www.elconfidencial.com/empresas/2011-02-02/el-ex-consejero-delegado-de-isofoton-es-condenado-a-pagar-170-millones-al-grupo-berge_250081/
2 feb. 2011 - El ex consejero delegado de Isofotón es condenado a pagar 170 millones al Grupo Bergé. ... En realidad, el agujero contable se descubrió con la llegada de Carlos Torres como presidente en febrero de 2008 y la posterior ... El agujero ocultado durante cinco años equivalía a 86 millones de euros, ...
Sin embargo, nuestro interés no es tanto ese conflicto mercantil, como el penal relacionado con funcionarios de la UPM. Sabemos que la UPM ha interpuesto una querella criminal pero no tenemos localizado el juzgado ni disponemos de más datos de los que la misma UPM publica en su memoria del 2014. En todo caso, le enviamos la documentación adjunta por si usted detecta algún error o falta relevante que debamos rectificar, y le solicito cuanto mejore con más datos o precisiones y ampliar los hechos o consideraciones que ya constan en Internet www.cita.es/isofoton-upm (adjunto)
Por supuesto, puede trasladar muy libremente este documento a todo el que considere oportuno y yo mismo me dirigiré a quien pueda aportar algún elemento o criterio superior, teniendo en cuenta que las prácticas empresariales perversas de varios funcionarios y cargos públicos en la Universidad Politécnica de Madrid UPM se mantienen, hasta donde yo sé, en la más absoluta impunidad, y que los mismos responsables del caso ISOFOTON en la UPM han participado en negocios extremadamente irregulares que son indicios de gravísimos delitos cometidos por funcionarios públicos que se han enriquecido sin asumir más riesgo que el de que se descubra, y se pruebe, cómo han actuado.
Quedo a su disposición con mi más atento y pendiente saludo en www.cita.es/torres-vila
Juzgado de lo Mercantil 2 de Málaga, por nuestro Fax: 902998379 al Fax: 951939199
Concurso ordinario 514/2013 (ISOFOTON), rogando acuse por nuestro Tel.: 902998352 con hiperenlaces en www.cita.es/isofoton-upm y www.miguelgallardo.es/isofoton-upm.pdf
Con copia para la Fiscalía y publicado en Internet para todo el que pueda estar interesado
Hemos tenido conocimiento de que la Universidad Politécnica de Madrid UPM ha presentado querella contra ISOFOTON por su memoria del 2014, aunque desconocemos más datos.
Como bien saben varios fiscales, desde hace años sostenemos que funcionarios públicos de la Universidad Politécnica de Madrid UPM han interferido y pervertido negocios incompatibles en conflicto de intereses cometiendo presuntos delitos contra la Administración. Así ha ocurrido en GOWEX y PESCANOVA. Otro caso descarado e impune es el de la trama SAGA-SGAE-SDAE con Microgénesis gerenciada por un funcionario con supuesta dedicación completa en la Universidad Politécnica de Madrid UPM que consiguió subvenciones y ayudas públicas que nadie parece interesado en investigar. Nos remitimos a los documentos publicados
Las relaciones entre ISOFOTON y la UPM son complejas pero pueden evidenciarse buscando ISOFOTON en upm.es (más de 500 resultados, aunque nos tememos que los más relevantes hayan sido borrados), todos ellos referenciados con precisión y jactancia por la UPM.
La interpretación de esos datos puede tener, y en nuestra opinión no puede dejar de tener, relevancia penal, porque el “modus operandi” de numerosos funcionarios de la UPM al relacionarse con empresas como ISOFOTON evidencia una extraordinaria capacidad para obtener créditos oficiales ICO, subvenciones y ayudas nacionales, europeas e iberoamericanas para proyectos muy generosamente financiados que rara vez son controlados eficazmente. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas conoce bien ese “modus operandi” en la UPM, al menos, por los informes de fiscalización de la UPM y entidades dependientes publicados por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, publicados muchos años después de producido el hecho.
Aunque puedan parecer “DELITOS COMPLEJOS”, el “modus operandi” es simple. Una empresa como ISOFOTON, o como GOWEX y PESCANOVA o una entidad como la SGAE, se relacionan con los cargos de dirección de la UPM para acordar la participación en proyectos que simulan una actividad económica relacionada con tecnologías más o menos complejas consiguiendo créditos oficiales, subvenciones y ayudas con el aval de catedráticos de universidad supuestos expertos en cada materia. Sin embargo, los proyectos son fraudulentos y ruinosos. El resultado final es que las empresas se endeudan, los recursos públicos se dilapidan, y los funcionarios se enriquecen con sobresueldos o mediante otras empresas que administran ilegalmente. En el caso de ISOFOTON, son muy numerosos y relevantes los funcionarios públicos catedráticos y profesores titulares de universidad implicados.
Además, el actual vicerrector de Relaciones Internacionales de la UPM, Narciso García Santos y el funcionario Carlos Muñoz Pérez que administran SICAV denominada JERIGONDOR SICAV, SA que ha estado gestionada por banca suiza (Credit Suisse), y también por la banca andorrana (Credit Andorra), como puede comprobarse en los registros de www.cnmv.es
Tal vez entre los inversores de JERIGONDOR SICAV puedan encontrarse testigos o imputables en esta causa u otras judicializadas. Esa más que sospechosa SICAV JERIGONDOR ya ha sido denunciada a la Fiscalía de Madrid porque aunque nada impide a los funcionarios invertir en una SICAV, es absolutamente inaceptable e indicio de lo peor, que además, la administren mientras ocupan cargos de dirección tan relevantes como el de vicerrector de Relaciones Internacionales de la UPM. Se adjunta denuncia ya enviada al Fiscal Manuel Moix también disponible en Internet www.cita.es/moix-upm y www.miguelgallardo.es/moix-upm.pdf
Ignoramos el estado en el que se encuentran las actuaciones, pero en todo caso, instamos a que se oficie a la Universidad Politécnica de Madrid UPM, con domicilio en Av. Ramiro de Maeztu s/n 28040 Madrid, Tel. 913366000 (centralita) requiriendo que aporte copia, preferentemente en formato digital DVD, de toda la documentación que relacione a la UPM, o a alguno de sus empleados públicos, con ISOFOTON o con cualquiera de las entidades dependientes de la misma o de cualquiera de los imputados en esta causa.
Los procedimientos concursales, al igual que los divorcios y herencias de funcionarios públicos con ingresos y enriquecimientos injustificables legalmente son muy clarificadores. Es el caso del Juzgado de Primera Instancia 72 de Madrid en Juicio Ordinario 498/2014, según puede verse en el documento en Internet www.miguelgallardo.es/esther-alfaro-2.pdf
Estamos estudiando la posibilidad de presentar querella para personarnos como acusación en todos los casos en los que sea parte la Universidad Politécnica de Madrid UPM, pero mientras solicitamos cuanta información pueda ser relevante para acusar a empleados públicos por obtener beneficios indebidos para sí, o para otros, como indicio de presuntos delitos contra la administración, o bien sancionables como faltas muy graves tipificadas en el artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado Público. En todo caso, denunciamos los hechos y nos hacemos responsables de todos los indicios ofreciendo las explicaciones a nuestro alcance si se nos requiere para ratificar esta denuncia. Únicamente solicitamos cuanto podamos conocer como interesados no personados como parte, por el Reglamento 1/2005 del CGPJ (aspectos accesorios), art. 235 LOPJ y arts. 24, 105 y 120 de la Constitución Española.
Por ser justo, lo pido en Madrid, a 30 de abril de 2015, desde www.cita.es/isofoton-upm

References: resolución 
 resolución 
 artículo 95
 resolución 
 artículo 31
 artículo 35
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 95
 artículo 95