Source: https://ciperchile.cl/2020/03/26/el-caso-de-la-primera-linea-la-trama-continua/
Timestamp: 2020-07-15 17:58:38+00:00

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El caso de la Primera Línea. La trama continúa – CIPER Chile
El caso de la Primera Línea. La trama continúa
Temas: 18/O, CIPER/Académico, Corte de Apelaciones, Derechos Humanos, Estallido social, Justicia, Poder Judicial, Primera línea, Prisión Preventiva
Trece personas detenidas como parte de la “Primera Línea”, incluidos niños, se encuentran en prisión preventiva desde el 13 de marzo. A mediados de esta semana, un juez decidió sustituir esa medida por prisión domiciliaria total. En el contexto del coronavirus, el juez justificó su fallo, entre otras cosas, en “razones humanitarias”. Pero horas después, la Corte de Apelaciones intervino: abrió un expediente al juez, lo suspendió y dejó sin efecto su resolución. En esta columna, el doctor en Derecho Claudio Nash plantea que esta decisión da cuenta de un Poder Judicial que actúa “de manera negligente” y “duro con los perseguidos”.
En una columna de hace algunos días comentábamos la discusión que se ha presentado en torno a la prisión preventiva de un grupo de personas supuestamente pertenecientes al grupo denominado “1ª Línea”. La historia ha continuado con nuevas decisiones judiciales que deben ser comentadas.
Antes de entrar en el detalle de las resoluciones dictadas, es bueno recordar algunas cuestiones básicas sobre la prisión preventiva desde la perspectiva de las obligaciones constitucionales e internacionales de Chile en la materia.
Los tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos (que obligan a todos los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial) establecen que la prisión preventiva es una medida excepcional ya que el principio general es la primacía del derecho a la libertad respecto de personas que están siendo juzgadas y quienes están amparadas por el principio de la presunción de inocencia. Para mantener a una persona privada de libertad es necesario que el Estado, a través de su Poder Judicial, acredite respecto de cada persona que a su respecto concurren los requisitos establecidos en la legislación interna (art. 140 Código Procesal Penal en el caso chileno) y, además, se debe fundar la medida en un único supuesto: el peligro de fuga.[1] El Poder Judicial, como parte del Estado, está obligado a cumplir con sus obligaciones internacionales (arts. 5, y 6 del Constitución Política) y, por lo tanto, los tribunales deben interpretar la legislación interna de forma tal que se respeten los estándares internacionales en derechos humanos (control de convencionalidad).[2]
Además, la Corte Interamericana ha señalado que la prisión preventiva debe ser revisada por las autoridades judiciales y en caso de que no se mantengan los elementos que la motivaron, debe dejarla sin efecto y preferir otra medida menos gravosa. Asimismo, en caso de que surjan nuevos antecedentes, estos deben ser tenidos en consideración.[3]
Hay un último elemento relevante y es el contexto de la crisis de salud que existe no solo en Chile, sino que a nivel mundial. En este sentido, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos señaló el 25 de marzo que “ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos politicos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”.
Volvamos a nuestro caso en análisis. Habíamos dicho en una columna anterior que un juez de garantía (7º Juzgado) decretó medidas distintas a la prisión preventiva para un grupo de personas (incluidos niños); el Gobierno apeló y la Corte de Santiago (1ª Sala) acogió la apelación y ordenó la prisión preventiva. La defensoría recurrió de amparo y este fue declarado inadmisible por la Corte Suprema (24 de marzo).
El miércoles 25 de marzo, el juez del séptimo juzgado de garantía, Daniel Urrutia, dictó una resolución en la que revisó la medida de prisión preventiva de 13 personas y determinó sustituirla por la cautelar de prisión domiciliaria total. Los fundamentos del juez Urrutia, amparado por los arts. 139 (la prisión es excepcional), 144 (prisión es modificable de oficio por el juez de garantía), 145 (sustitución de prisión también de oficio), 150 (ejecución de la prisión y deber de velar por la integridad persona privada de libertad), 155 (medidas cautelares personales) todos del CPP, fueron el derecho a la salud en un contexto de catástrofe por pandemia (Covid-19) y las deficientes condiciones carcelarias; la obligación de garantizar la salud de las personas privadas de libertad (art. 150 CPP); y la facultad legal para substituir las cautelares (art. 145 CPP). Además, la resolución hace presente que estas personas de ser condenadas lo serían a penas no privativas de libertad.
Solo horas después, y sin mediar recurso alguno al efecto, el pleno de la Corte de Apelaciones se auto-convocó y adoptó una resolución inédita y extraordinariamente peligrosa para el estado de derecho. Por mayoría de sus miembros, decidió abrir un expediente al juez, suspenderlo de sus funciones y, además, dejó sin efecto la resolución dictada de sustitución de cautelar (“suspensión de los efectos de la medida”) y así, en la práctica, mantuvo vigente la cautelar de prisión preventiva. Hay varias cuestiones relevantes en esta resolución, algunas procedimentales y otras sustantivas.
La primera cuestión procedimental es que el pleno de la Corte de Apelaciones decide avocarse al conocimiento de una causa que no estaba dentro de sus competencias. La Corte debía conocer de la apelación del Ministerio Público (en sala, no en pleno), pero decide intervenir en la causa por vía de sus facultades disciplinarias fundando en el art. 544 Nº 3 del Código Orgánico de Tribunales. Dicha norma está pensada para casos de “negligencia en los deberes” del juez competente (hipótesis como no asistir a la audiencia, ausentarse sin licencia), esto es, un cumplimiento descuidado de una obligación. Nada de esto ocurre en este caso.
La resolución del juez de garantía cumple todos los estándares legales y en nada puede constituir un acto negligente: es fundada (argumentos de hecho), se basa en sus atribuciones (arts. 145 y 150 CPP), es criteriosa (realiza un razonamiento pro persona), humanitaria (prioriza la salud de las personas privadas de libertad y amparadas por la presunción de inocencia) y proporcional (sustituye la cautelar de prisión preventiva por otra gravosa, arresto domiciliario total).
Quien parece estar actuando de manera negligente no es el juez de garantía, sino el pleno de la Corte de Apelaciones. Efectivamente, el pleno de la Corte mantiene una cautelar de prisión preventiva que había sido dictada en contravención a los compromisos internacionales del Estado. En efecto, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones invocó como causal para ordenar la prisión preventiva el “peligro para la sociedad” (art. 140 letra c) CPP), sin entregar la fundamentación de por qué existía peligro de fuga en cada caso individual. La Corte Interamericana ya condenó a Chile en el caso Norín Catrimán y otros (2014) por imponer la prisión preventiva argumentando exclusivamente la peligrosidad[4]. Eso tiene una razón muy clara: la sola argumentación sobre la base de la peligrosidad viola el principio de presunción de inocencia.
Recordemos que la referida resolución del 13 de marzo de la 1ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó un fallo bajo presiones políticas, con una errada argumentación para ordenar la prisión preventiva y haciendo un evidente uso político de la prisión preventiva en el marco de las movilizaciones sociales. La Corte Suprema ha sido clara en el sentido de que las facultades “conservadoras” pueden ser utilizadas para garantizar los derechos humanos y cumplir con los compromisos internacionales[5]. Aquí, el pleno de la Corte de Apelaciones hace uso de sus facultades “disciplinarias” no para corregir la errada decisión de la 1ª Sala, sino que para interpretar extensivamente sus atribuciones, restringir derechos humanos y afectar la independencia judicial. Un pésimo precedente para la justicia en Chile.
Todo esto trae aparejadas cuestiones muy sustantivas para nuestra democracia, principalmente, una nueva consecuencia dañina para el Estado de Derecho y los derechos humanos. Esta resolución “temperamental” del pleno (ni siquiera pidió informe al juez y algunos ministros estuvieron por enviar los antecedentes al Ministerio Público), afecta gravemente la independencia judicial. En efecto, utilizar un medio procesal cuestionable (modificar resoluciones judiciales vía disciplinaria abre puerta a arbitrariedades), para dejar sin efecto una resolución tomada conforme a derecho por el juez competente, es grave.
La independencia como garantía de derechos humanos no solo implica evitar las presiones externas, sino que también protege a los jueces/zas frente a las presiones de sus superiores[6]. Una cuestión central para un Estado de derecho es que los jueces dicten sus resoluciones en el ámbito de sus competencias con completa libertad y que sean los mecanismos procesales los que permitan la revisión de dichas resoluciones por las instancias que el derecho establece. Por ello, la Comisión Interamericana ha señalado que las sanciones a los jueces/zas tienen que estar sometidas al más estricto principio de legalidad y se encuentra “prohibido por el derecho internacional establecer como causal disciplinaria actuaciones relacionadas con el juicio o criterio jurídico” de los operadores en alguna de sus decisiones[7].
Al pronunciarse la Corte de Apelaciones sobre una materia que es competencia de un juez de garantía o de una sala de la Corte (vía apelación), rompe la lógica del sistema procesal. Si a eso sumamos que el juez es sancionado (quien además es dirigente gremial), el mensaje es para todos los jueces/zas: pueden ser apartados de sus funciones si a la Corte de Apelaciones no le parecen sus resoluciones. Esto afecta gravemente el Estado de derecho.
Este es un paso más en un sentido que ya hemos denunciado: estamos ante un Poder Judicial que actúa como lo hizo en los peores momentos de su historia, siendo débil con el poder y duro con los perseguidos y ahora suma la persecución de los jueces dignos que han defendido derechos humanos.
Esta resolución quedará en un nuevo libro negro de la justicia que se escribe con inusual entusiasmo por el Poder Judicial… al menos el santiaguino.
[1] Artículo 9.3 del Pacto de Derechos Civiles y políticos y artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[2] Corte Suprema, AD-1386-2014, sentencia 16 de mayo de 2019, considerando 9.
[3] Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2019. Serie C No. 388, párr. 210.
[4] Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014, párr. 363.
[5] Corte Suprema, AD-1386-2014, sentencia 16 de mayo de 2019, considerando 11.
[6] “El objetivo de la garantía de independencia de los jueces radica en evitar que el sistema judicial y sus integrantes se vean sometidos a restricciones indebidas en el ejercicio de su función […] por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación”, Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de 2018. Serie C No. 348, párr. 207.
[7] Comisión IDH, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas.5 de diciembre de 2013. OEA/Ser.L/V/II. Doc.44, párr. 216.
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Juan Pedro26.03.2020
Ya pensaba yo que el doctor Nash demoraba demasiado en comentar la noticia de la suspensión de un juez parcial y prevaricador, y la falta de libertad de estos "luchadores sociales"
monica ruz26.03.2020
muy bien explicado sr. abogado, pero en ninguna parte dice usted algo sobre la conciencia de delito o arrepentimiento de los imputados . Ese es un error recurrente de abogados del siglo XXI, defender lo indefendible .
Pamela Pérez castillo26.03.2020
El pleno de la corte de apelaciones, viejos decrépitos atornillados en el poder, impidiendo movilidad laboral y social, de forma transparente, con sueldos y beneficios abultadisimos...dejando la vacante para sus hijos y parientes, Aliados en intereses con Piñera y secuases, SIn estar en sus competencias, interrumpen la resolución de un JUEZ. Peligro para la sociedad son el gobierno y estado de Chile, que debieran protejer al ciudadano y no al empresariado corrupto a los que sentencian con clases de ética. ..son las AFP y como están protegidas legalmente...son los créditos CAE...y que no se pueden intervenir...el robo alzado de los TAG. Etc. Porque ahí la mafia de la corte de apelación no se manifiesta. Corruptos y mafiosos.
felipe26.03.2020
Puede tener un razonamiento jurídico IMPARCIAL un juez de marcada tendencia y opinion de izquierda. Yo creo que no. Y si fuera de derecha tendría la misma opinion.
johanna flores26.03.2020
Señora Monica Ruz porque usted cree que debieran declararse arrepentidos si jamas han sido de primera linea estos chicos, usted esta informada en profundidad del real contexto en el que fueron detenidos cada uno de ellos, sabe quienes son, que hacen o sabe usted la otra verdad de esta historia esa que no se cuenta porque el poder politico la acalla. Que facil es opinar desde la tribuna del desconocimiento.
Lotar26.03.2020
Es chile opera el estado de derecho. El poder judicial tiene total independencia para hacer su trabajo, aunque a veces no nos justa sus resoluciones hay que respetar. Hay cierto sector que cuando no les gusta las resoluciones descalifican a los jueces. Ese es el chile que queremos?
Enrique castillo26.03.2020
Lamentablemente estamos asistiendo a la nueva inquisición..oculta tras la pandemia los jueces derechistas apresan a los que no piensan según sus leyes y luchan por mejorar sus vidas...jueces que protegen a sus familias oprimiendo al pueblo...pero se olvidan que somos muchos y ellos pocos.
Lamentablemente estamos asistiendo a la nueva inquisición..oculta tras la pandemia.
Manuel Gallardo26.03.2020
En mi opinión la decisión de la Corte de Apelaciones responde a la gente que quiere vivir en tranquilidad. Los detenidos son personas que hacen destrozos a la propiedad pública y privada, incendian, atacan a Carabineros con idea de matar, usan bombas molotov, saquean. Con lo indicado, resulta muy correcta la decisión de la corte.
daniel vasquez26.03.2020
EL PROFESOR NASH, ES UN ACADÉMICO DE "FUSTE", CLARO, PRECISO Y CONCISO, AL IGUAL QUE EL MAGISTRADO URRUTIA, UN GRAVE DESLIZ DE LA CORTE DE APELACIONES (ALGUNOS MINISTR@S DE DERECHA), QUE EMPUJARON AL RESTO, OCULTANDO TODA LA INFORMACIÓN, GRAVE Y PÉSIMA JURISPRUDENCIA.
Viviange27.03.2020
Bien dicho!! Pamela perez es el mismo sentimiento de miles. por la injusticia social que vemos cada dia!
Maria recabarren27.03.2020
Me extraña tanta oreocupacion por la salud de personas que con su actuar han dañado la salud tanto física como mental de miles de personas y destruido bienes públicos y privados sin sanción alguna,..qué representan ellos que tienen una defensa cerrada de abogados que en otros casos muestran una desidia increible..tambien se tragaron el cuento que son héroes de la patria? Muchos de ellos con sendos prontuarios y encima destacando que hay "niños" los llamados niños fueron enviados al Sename..los q estan recluidos son derechamente delincuentes...y qué hay de otras personas detenidas por otros delitos? No merecen tambien que se preocupen de su "salud" ?
Ricardo loez27.03.2020
Sr. Nash , ud. soslaya el hecho de que el juez , para justificar su resolución inventó la existencia de un acuerdo previo del comité de jueces y luego, más grave, se auto asignó la causa . Los imputados fueron puestos en prision preventiva por ser considerados un peligro para la sociedad , ello precedido de meses de disturbios y destrozos
Alejandro Vilches27.03.2020
Yo creo que lo vecinos de Plaza Italia están bien conformes con la actuación disciplinaria efectuada por la Iltma. Corte. (Parando la chacota, los vecinos son las víctimas invisibles no se confunda)
Diego27.03.2020
Mucha opinologia y poca sustancia en los comentarios. No he visto ninguno que pueda rebatir la columna en términos jurídicos, argumentando conforme a derecho como lo hace el profesor. Así, cualquiera puede decir yo creo esto u opino lo otro y proyectar los prejuicios personales, sin tener claro los casos concretos de los imputados (como por ejemplo frases como: “todos son de la primera línea” o, “todos estaban provocando disturbios”, etc). En fin, entiendo que en otras tribunas las noticias y los comentarios pueden tener un contexto más de “sentido común” u opiniones legas, pero este espacio tiene un carácter bastante más académico y por tanto, se esperarían comentarios que estén un poco más a la altura.
Julio27.03.2020
Excelente artículo. Las razones humanitarias y garantías constitucionales se aplican a todos sin distinción. Para lis q no son abogados, uno puede no coincidir con los primera línea, pero el art . 140 cpp establece un parámetro objetivo ...si el delito no tiene pena de crimen, les da para pena sustitutiva o no tienen antecedentes penales anteriores no procede la prision preventiva...el gobierno mismo llegó a acuerdo q tales delitos no tienen pena de crimen. Juzguen ustedes.
Micky28.03.2020
Perdonen la ignorancia, tengo entendido que aun en la Constitución del 80, contempla el habeas corpus, que otorga a cada individuo el derecho de comparecer ante un juez y escuchar los cargos en su contra. Si no hay cargos válidos, la persona detenida debe ser liberada. El hábeas corpus y otros derechos similares son la base de la sociedad libre. Sin embargo aca no sucede eso. Esto no tiene precedentes, en condiciones de una pandemia COVID-19. En cambio, esto permitirá que la administración Pinera tenga todo el poder para encerrar a quien quiera, por cualquier razón que quiera, indefinidamente .El sistema judicial lo justifica. Una vez mas esto muestra la imperiosa necesidad de tener un marco legal que asegure nuestros derechos fundamentales.
Jedry Velis29.03.2020
La presunta inocencia es un derecho consagrado, por otro lado, la detención de los involucrados seguramente fueron realizadas al azar por carabineros como se ha evidenciado publicamente.
Christian09.04.2020
Preocupante lo hecho por la corte de apelaciones, habría esperado alguna reacción de la CS. Habrá q ver qué dice de todo esto

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 Artículo 9
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