Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A273-07.htm
Timestamp: 2017-11-22 20:16:04+00:00

Document:
A273-07
Auto 273/07
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Entidad particular
Referencia: expediente I.C.C. 1159
Conflicto de competencia entre el Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías de Manizales y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales, dentro del trámite de la acción de tutela promovida por Efraín Alberto Rojas Arias contra Asobancaria Cifin.
Provee la Corte en relación con el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías de Manizales y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales, dentro del trámite de la acción de tutela promovida por Efraín Alberto Rojas Arias contra Asobancaria Cifin.
1. El ciudadano Efraín Alberto Rojas Arias interpuso acción de tutela por medio de la cual solicitó amparo judicial de sus derechos fundamentales a la igualdad y de habeas data; acción cuyo trámite correspondió al Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías.
2. Como fundamento de la acción promovida, en el escrito de demanda el ciudadano informó al juez de tutela que fue reportado en la base de datos de Datacrédito como deudor moroso debido al incumplimiento en el pago de las obligaciones adquiridas con la empresa Comcel. Adicionalmente, el accionante señaló que a pesar de haber cancelado la deuda por la cual fue llevado a cabo el reporte, la entidad demandada no ha adelantado las actuaciones necesarias para levantar dicha inscripción.
3. El día diecinueve (19) de julio de dos mil siete (2007) el Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías de Manizales ordenó la remisión del expediente a la oficina judicial para que fuera repartido a la autoridad judicial competente, pues a su juicio carecía de competencia para conocer el trámite de la acción interpuesta. Al respecto, el Juzgado señaló que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, “Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela" el trámite en primera instancia de la acción interpuesta corresponde a “los jueces del circuito o con categoría de tales”, por lo cual serían éstos los competentes para conocer la acción de tutela iniciada por el ciudadano en la medida en que, según criterio del Despacho judicial, “ASOBANCARIA CIFIN es una entidad del orden nacional”.
4. Por medio de auto proferido el día veinticuatro (24) de julio de dos mil siete (2007) el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales señaló que el criterio expresado por el Juzgado Octavo Penal Municipal no era de recibo, en la medida en que “ASOBANCARIA es una Asociación gremial del sector financiero colombiano, sin ánimo de lucro y como tal es de derecho privado, lo que claramente la ubica entre los particulares, sin que pueda entenderse que por el hecho de tener una existencia a nivel nacional, ello la convierta en autoridad pública del orden nacional. Y la CIFIN es una central de información creada por ASOBANCARIA para prestar un servicio privado de información a las entidades bancarias asociadas”. En consecuencia, en la medida en que el Decreto 1382 de 2000 atribuye a los jueces municipales el reparto de las acciones de tutela promovidas contra particulares, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales afirmó que carece de competencia, razón por la cual ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional para que fuese dirimido el conflicto de competencia trabado entre las autoridades judiciales.
1. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la solución de conflictos de competencia ocasionados a propósito de la interposición de una acción de tutela corresponde al superior jerárquico de las autoridades judiciales entre las cuales surge dicha controversia.
En tal sentido, la competencia de la Corte para absolver estas controversias es de tipo residual, puesto que sólo en aquellas ocasiones en las cuales el conflicto involucre a autoridades que no compartan un superior jerárquico común, el expediente deberá ser remitido a esta Corporación para que ésta decida cuál autoridad resulta competente en el caso concreto. La titularidad de tal competencia es corolario de su calidad de órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, en virtud de la cual se plantea una excepción a la regla general contenida en el artículo 256-6 de la Constitución que confiere al Consejo Superior de la Judicatura competencia para dirimir conflictos de esta naturaleza.
2. Ahora bien, con el objetivo de desatar el conflicto de competencias que ha sido sometido a consideración de la Sala Plena, resulta oportuno volver sobre el precedente establecido por esta Corporación en auto 144 de 2002. En dicha providencia, la Corte resolvió un conflicto semejante al ahora planteado, en el cual la ciudadana que obraba como accionante interpuso acción de tutela “en contra de Asobancaria, Cifin y Datacrédito” por la alegada violación de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la igualdad. La Corte resolvió la controversia en los términos que se transcriben a continuación:
“de conformidad con el inciso 3° del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, según el cual “A los jueces municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden distrital o municipal y contra particulares”, la Corte remitirá al Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipal de Bogotá la acción de tutela de la referencia, por tener las entidades accionadas carácter particular”
3. Como corolario de la consideración anterior, la Sala observa que en el caso concreto, el accionante ha promovido una acción de tutela en contra de una entidad que en forma alguna puede ser considerada autoridad de orden nacional, en la medida en que no hace parte de la estructura de la organización estatal. Como bien lo señaló el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales, la entidad demandada es una persona de derecho privado, con lo cual se concluye que el expediente debe ser remitido al Juzgado Octavo Penal Municipal de Manizales para que sea tramitada la primera instancia.
PRIMERO.- DESATAR el conflicto de competencia entre el Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías de Manizales y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales, dentro del trámite de la acción de tutela promovida por Efraín Alberto Rojas Arias contra Asobancaria Cifin, en el sentido de REMITIR el expediente de tutela al Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías de Manizales para que asuma de forma inmediata el conocimiento del referido amparo constitucional.
SEGUNDO.- Por Secretaría General COMUNÍQUESE la decisión adoptada en esta providencia al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional en relación con el conflicto de competencia.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 273 DE 2007
Referencia: ICC-1159
De otra parte, la Ley 270/96 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, al regular la competencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le asignó en el numeral 2 del artículo 112, esta función: "Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén el artículo 114, numeral tercero, de esta ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional." Disposición que fue objeto de revisión constitucional por esta Corte en la sentencia C-037/96, siendo declarada exequible, y que se incumple en el presenta caso concreto. Y en cuanto al punto de conflictos entre jueces y tribunales o entre distintos tribunales, no se hizo ningún análisis, simplemente se afirmó:
Contrario, a lo que generalmente se piensa, este principio no opera sólo en materia penal, pues como se reitera en el artículo 8 numeral primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", también tiene cabida en asuntos civiles, laborales o de cualquier otra índole.[1] Dice así la disposición citada:
[1] Normatividad que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte integran el denominado bloque de constitucionalidad .

References: artículo 1
 artículo 256
 artículo 1
 artículo 112
 artículo 114
 artículo 8