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Timestamp: 2018-09-19 05:57:53+00:00

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﻿ Sentencia 43105 de enero 29 de 2014
SENTENCIA 43105 DE 29 DE ENERO DE 2014
CONTENIDO:DESPIDO POR INJUSTA CAUSA – PRUEBA. EN MATERIA DE DESPIDOS EL TRABAJADOR TIENE LA CARGA DE DEMOSTRAR QUE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO FUE A INSTANCIA DEL EMPLEADOR, Y A ESTE ÚLTIMO LE CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE EL DESPIDO SE BASÓ EN LAS CAUSAS ESGRIMIDAS EN EL DOCUMENTO CON EL QUE COMUNICÓ SU DECISIÓN. PARA PROBAR INJUSTA CAUSA DE DESPIDO, AL TRABAJADOR NO LE BASTAN LAS EXPLICACIONES DADAS EN UNA DILIGENCIA DE DESCARGOS, PUES DEBE PRESENTAR AL JUICIO LA PRUEBA DE SUS AFIRMACIONES PARA CONTRARRESTAR LAS CONSECUENCIAS DE LAS SUPUESTAS OMISIONES PROBADAS POR EL EMPLEADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, INDEMNIZACIÓN LABORAL, PROCESO ORDINARIO LABORAL, PRUEBA, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR
Sentencia 43105 de enero 29 de 2014
Rad.: 43105
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por la apoderada de Jorge Alonso Piedrahita Suescún, contra la sentencia de 30 de julio de 2009, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral que promovió contra Distribuidoras Unidas S.A.
Para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido con su contraparte, ejecutado entre el 2 de agosto de 1993 y el 12 de marzo de 2002, cuando terminó sin justa causa por iniciativa del empleador, Jorge Alonso Piedrahita Suescún demandó a Distribuidora Unida S.A., y solicitó la condenara a título de indemnización indexada por despido injusto, sanción moratoria y costas del proceso.
Expuso que dentro de los extremos temporales mencionados, y en ejecución de un contrato de trabajo pactado a plazo indeterminado, fungió como gerente administrativo y financiero de la demandada. Que estipularon el salario en la modalidad integral, y que, a pesar de que el 7 de marzo de 2002, el presidente de la compañía le comunicó verbalmente la terminación del contrato, el 8 de marzo recibió un telegrama en el que fue requerido para que se presentara a su lugar de trabajo. Se le formularon cargos por incumplimiento y negligencia en el ejercicio de sus funciones. Que la demandada no procedió conforme con la autorización que extendió de abonar el valor de sus prestaciones a Leasing Bolívar, por lo cual debe pagarle la indemnización moratoria.
La enjuiciada se opuso a las pretensiones, y propuso las excepciones de cobro de lo no debido, pago, compensación, inexistencia de las obligaciones, falta de causa y título en el demandante, y enriquecimiento sin causa. Aunque aceptó el despido alegado, adujo que la decisión obedeció a justa causa; admitió la autorización del actor, extendida el 18 de marzo de 2002 y, en tal virtud, realizó el abono a la deuda que este tenía con Leasing Bolívar, el 4 de abril de 2002, debido a que los pagos estaban estipulados para el día 4 de cada mes, sin dejar de advertir que la liquidación de prestaciones se efectuó el 15 de marzo, y se emitió el cheque que fue endosado por aquel (fls. 103 a 120).
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, por sentencia de 23 de noviembre de 2007, condenó a Distribuidoras Unidas S.A., a pagar al actor: $ 9.749.594, por concepto de indemnización moratoria, y $ 55.142.557, a título de indemnización indexada por despido injusto. Impuso costas a la demandada.
La apelación de la parte demandada resultó fructífera, en cuanto se revocó la sentencia de primera instancia. En su lugar, el ad quem la absolvió de todas las pretensiones, sin costas por el recurso.
Tras asentar que no se presentaba debate sobre los extremos temporales del contrato de trabajo de 2 de agosto de 1993 a 12 de marzo de 2002, ni el salario final de $ 8.602.583, y comentar sobre la distribución de las cargas probatorias en materia de despido, el juzgador advirtió la presencia de la carta con la que la enjuiciada comunicó al accionante la terminación unilateral del contrato (fls. 33 a 35), con la exposición de las causales imputadas, por manera que, dijo, la empleadora satisfizo la carga legal impuesta.
Al emprender la labor de verificar si las faltas endilgadas al accionante sucedieron en realidad, avaló la tesis del a quo en cuanto a los numerales 1º y 3º de aquella misiva “... en la medida en que no se logró probar la existencia real de las inconsistencias suscitadas en la zona de trabajo del actor, así como tampoco se demostró la participación del trabajador en las irregularidades producidas frente al giro del cheque”. Hizo un breve análisis de las pruebas que le generaron la anterior convicción, y en cuanto a la inasistencia del trabajador a cumplir sus obligaciones contractuales, comentó que se encuentra estipulada como falta grave, generadora de justa causa para despedir, en el literal h) de la cláusula 6ª del contrato de trabajo (fl. 127). Expuso, entonces, que “(...) es manifiesto que las acciones realizadas por el trabajador se adecúan al perfil de situaciones que constituye la justa causa de despido invocada por la demandada al momento de finalizar de manera unilateral la relación de trabajo”. Enseguida, discurrió:
Dicha situación fáctica se evidencia en los documentos de folios 24 y 25 del expediente, los que dan fe de los llamados que hizo la demandada a su trabajador en la carta de descargos diligenciada por el demandante al dar contestación al tercer acontecimiento formulado por la compañía (fls. 26 a 32, y en el interrogatorio de parte rendido por el trabajado[r], fls. 256-266) ya que como él mismo lo hace saber al dar respuesta a la pregunta 13 del interrogatorio no existe evidencia alguna que comprueba (sic) que fue despedido de manera verbal el día 7 de marzo de 2002, con lo que queda sin fundamento la inasistencia del trabajador.
Así las cosas de conformidad con lo que arriba se estableció, encuentra la Sala que los fundamentos esgrimidos por la empleadora al momento de dar por terminada la relación laboral con el demandante se encuentran debidamente acreditados en tanto que el actor no logró justificar su inasistencia al trabajo, incurriendo con su actuar en la causa legal de terminación unilateral del contrato de trabajo conforme lo establece el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, en concordancia con el literal h) de la cláusula sexta del contrato (...).
Para la revocatoria de la indemnización por mora en el pago de prestaciones, consideró las fechas de finalización de la relación laboral 12 de marzo de 2002, la de liquidación final de prestaciones 15 de marzo de 2002, y la de expedición del cheque respectivo 19 de marzo de 2002, y agregó que no puede decirse que hubo tardanza en el pago de los haberes laborales, pues el actor autorizó que con el importe de la liquidación, se hiciera un abono a Leasing Bolívar (fl. 148). Por ello, concluyó, dado que la sanción moratoria no es de aplicación automática, la exculpación de la empleadora deviene sensata, y no se evidencia ausencia de buena fe, sino que “(...) por el contrario, quedó demostrada la eficacia con la que se practicó la liquidación del trabajador, lo que hace improcedente la condena impuesta pues resulta evidente que el tiempo transcurrido entre la terminación del contrato y la entrega del título valor (...) no supera los 10 días”.
Fue interpuesto por el demandante; concedido por el tribunal y admitido por la Corte; solicita el quiebre total de la decisión del tribunal, para que en sede de instancia, confirme íntegramente la de primer grado.
Con fundamento en la causal primera de casación laboral, formuló cinco cargos, no replicados.
Por vía directa, denuncia aplicación indebida del “artículo 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, artículo 145 del Código Procesal Laboral, violación medio, que condujo al tribunal a la falta de aplicación siendo del caso hacerlo del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 53 de la Constitución Nacional y consecuencialmente a la aplicación indebida del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el Decreto-Ley 2351/65, literal a) numeral 6º”.
Cataloga acertada la reflexión del ad quem en cuanto consideró que al demandante le incumbe probar el despido, y al empleador, justificar el mismo hecho. Empero, dice, “(...) al momento de analizar si la demandada probó en legal forma la existencia de las justas causas contenidas en la carta de terminación del contrato de trabajo, revierte la carga probatoria en cabeza del trabajador, en lo que tiene que ver con la causal alegada por la accionada, en el numeral segundo de la carta y relacionada con la inasistencia a laborar”. Tras copiar un segmento de las consideraciones del fallo que cuestiona, califica de evidente el desacierto del juzgador cuando razona que al actor le correspondía demostrar “(...) que se ausentó de su sitio de trabajo por disposición expresa de su empleador, tal como lo indica en su acta de descargos”.
Tal desatino generó la negativa de conceder la indemnización por despido injusto, lo cual no hubiera acaecido, expone, si hubiera aplicado bien la premisa sobre cargas probatorias a todas las causales esgrimidas en la carta de despido, “(...) y no hubiera considerado la carga probatoria en cabeza exclusiva del trabajador, para el punto concreto de los hechos relacionados con la ausencia a laborar (...) del día viernes 8 de marzo de 2002 (...)”.
Esta vez, por interpretación errónea del artículo 177 del Código Procesal Civil, acusa la violación del mismo elenco normativo trascrito en la proposición jurídica del cargo anterior.
Soporta la demostración del cargo igual al anterior, solo que parte de la supuesta hermenéutica errada del precepto adjetivo mencionado. Por ello, se estima innecesaria su repetición.
Se resolverán simultáneamente las dos primeras acusaciones, dada la identidad de una vía de ataque y la coincidencia casi total en la argumentación.
En principio, a cada parte le corresponde demostrar las afirmaciones o las negaciones que hace como fundamento de sus pretensiones o excepciones. Así lo preceptúa el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Por supuesto, hay normas de derecho que excepcionalmente exoneran a las partes de acreditar hechos o negaciones, como es el caso de las presunciones y las negaciones indefinidas, para solo traer dos ejemplos.
En el campo laboral, en forma por demás reiterada, esta Sala de Casación tiene adoctrinado que, en materia de despidos, sobre el trabajador gravita la carga de demostrar que la terminación del contrato fue a instancia del empleador, y a este, si es que anhela el éxito de su excepción, le corresponde demostrar que el despido se basó en las causas esgrimidas en el documento con el que comunicó su decisión.
A juicio de la Sala, tal raciocinio no constituye una equivocada interpretación del artículo 177 del ordenamiento adjetivo en lo civil, en la medida en que el fallador no le impuso al trabajador la obligación de probar la injusticia del despido, sino que, dado que estaba objetivamente demostrada la hipótesis contractual prevista como falta grave, es decir, el abandono del sitio de labores y la ausencia del día siguiente, acertadamente estimó que no era suficiente la existencia objetiva de la falta, sino que debía auscultarse la razón por la cual el trabajador incurrió en esa conducta. Por ello, exigió que en aras de examinar el ingrediente subjetivo de la conducta del empleado, este debió traer la prueba del hecho que motivó la ausencia de su puesto de trabajo, lo cual no se exhibe equivocado, sino por el contrario, se ajusta al contenido del precepto instrumental referido, pues no podría requerirse que, además de acreditar la existencia de la falta calificada como grave, a la demandada le correspondía demostrar que la exculpación del actor no estaba acorde con la realidad. En términos más sencillos, quien ha cometido una falta, no le basta alegar los hechos que aduce como justificativos, sino que, en juicio tiene la obligación de probar su existencia, si es que quiere desafectarse de las consecuencias previstas para dicho evento.
Por vía indirecta, denuncia aplicación indebida “(...) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, numeral 6º del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 y falta de aplicación siendo del caso hacerlo de los artículos 64 de Código Sustantivo del Trabajo, 65 del Código Sustantivo del Trabajo, 140 del Código Sustantivo del Trabajo en concordancia con el artículo 53 de la Constitución Nacional”.
Reprocha la comisión de los errores de hecho siguientes:
1. Dar por demostrado sin estarlo, que el demandante se retiro (sic) sin aviso o autorización del lugar de trabajo.
2. No dar por demostrado a pesar de estarlo que el demandante se ausentó de su sitio de trabajo después del mediodía del jueves 7 de marzo de 2002, por disposición expresa de la empleadora.
3. Dar por demostrado sin estarlo que el demandante no logró justificar su inasistencia al trabajo, incurriendo con su actuar en la causal legal de terminación unilateral del contrato de trabajo.
4. No dar por demostrado a pesar de estarlo que el día 7 de marzo de 2002, al demandante le fue comunicado por parte del entonces presidente de la compañía demandada (...), la decisión de dar por terminado su contrato de trabajo y se le solicitó que abandonara su sitio de trabajo.
5. No dar por demostrado a pesar de estarlo que en la tarde del día 7 de marzo de 2002, la demandada ordenó cambiar las guardas de la oficina del actor, para garantizar con ello que el ex trabajador dejara de prestar sus servicios en la forma anunciada en reunión con el presidente (...) en esa misma fecha.
6. No dar por demostrado a pesar de estarlo que el salario del viernes 8 de marzo de 2002, en que el trabajador se ausentó de su sitio de labor por orden del empleador, le fue cancelado (...) en su liquidación final de acreencias laborales, por haber sido la empresa quien dispuso que el trabajador se ausentara en esa fecha de su sitio de labor.
7. No dar por demostrado a pesar de estarlo que en los mismos términos antes aludidos, la demandada canceló los salarios correspondientes los días sábado 9 de marzo y domingo 10 de marzo de 2002, días no laborables para el trabajador.
8. Dar por demostrado a pesar de no estarlo que la mora de la empleadora en la consignación de la liquidación final de acreencias laborales del actor, como abono a la cuenta leasing Bolívar por el vehículo de placa (...), no estuvo revestida de mala fe y obedeció a un trámite administrativo.
9. No dar por demostrado a pesar de estarlo que la demandada actuó de mala fe al demorar injustificadamente la consignación de la liquidación final de acreencias laborales del actor, como abono a la cuenta leasing Bolívar por el vehículo (...).
Alega que el colegiado de segundo grado apreció con error el contrato de trabajo (fl. 127), así como los documentos adosados a los folios 24, 25 y 26 a 32, el interrogatorio del actor (fls. 256 a 266), las documentales de folios 142, 147 y 148, y el testimonio de Arturo Rodríguez Espinosa “(fls. 22-273)”, y que omitió apreciar el escrito de demanda (fls. 4 a 8), y su respuesta (fls. 103 a 120), así como los documentos de folios 142 y 150 a 152A; además, el interrogatorio que se formuló al representante legal de la demandada (266 a 270).
En desarrollo del propósito de demostrar las falencias probatorias enlistadas, trascribe el pasaje del fallo gravado relativo a la falta de prueba de la justificación del retiro del sitio de trabajo, que sirvió de apoyo al ad quem para revocar la condena por indemnización por despido y, expone:
(...), el tribunal se equivoca cuando concluye que la ausencia del trabajador se encuadra dentro de la causal consignada en la cláusula sexta del contrato de trabajo, pues en este caso no fue por iniciativa del trabajador que él se ausentó de su sitio de labor. Como lo confesó la accionada al responder el hecho 7 de la demanda, (...), y lo explicó el actor al responder las imputaciones efectuadas por la accionada (...) y al absolver (...) interrogatorio de parte (fl. 256), el día jueves 7 de marzo de 2002, el actor fue llamado a una reunión por parte del entonces presidente de la compañía (...) y fue en esa reunión en la que se le requirió la carta de renuncia (...) y ante la renuencia (...) a entregarla, se le comunicó (...) la decisión de retirarlo del cargo, solicitándole que cogiera sus cosas y abandonara el sitio de labor. No de otra manera se explica que el demandante en su calidad de gerente administrativo y financiero, después del mediodía del jueves 7 de marzo de 2002, decidiera retirarse de su sitio de labor.
Dice que es incorrecto considerar que se retiró del trabajo sin avisar y sin autorización, menos, que la ausencia del 8 de marzo de 2002 fuera voluntaria, pues él explicó lo contrario no solo al rendir descargos, sino en el interrogatorio de parte, y en la demanda inicial; que esperaba la llegada de la carta de despido, tal cual se lo indicó el gerente, hecho que se acredita con la versión de Carlos Arturo Espinosa “(prueba no calificada en casación, pero que dado el desatino evidenciado en la valoración de las pruebas calificadas, consideramos debe ser tenido en cuenta al momento de estudiar el cargo)”, y la afirmación vertida en el interrogatorio que absolvió, de que se habían cambiado las guardas de su oficina. En ese orden, asevera, la causal de despido contemplada en la cláusula sexta del contrato de trabajo, no puede aplicarse cuando el propio empleador dispone el abandono del sitio de labores. Además, sostiene, contribuye a demostrar el error del fallador, el hecho del pago del día viernes 8 de marzo, y de los 2 días de descanso subsiguientes, que no se hubieran cancelado, si no es por la orden del empleador de que no se presentara a laborar.
Expone que, hábilmente, fue citado para agotar el trámite que la empresa estaba obligada a cumplir, y así, formalizar el despido el 12 de marzo de 2002, que las citaciones (fls. 24 y 25) no son prueba suficiente para tildar de injustificada su ausencia, y que no se tuvo por confesa a la demandada de la reunión con el señor Aristizábal el 7 de marzo de 2002, en la que se dispuso su retiro, como lo muestra la respuesta al 7º hecho de la demanda. Que la citación a descargos fue enviada el 8 de marzo y recibida el día 9, en el que no tenía la posibilidad de acercarse a las oficinas de la empresa, pues allí no se labora los días sábados, ni domingos; por ello, solo hizo presencia el lunes 11 de marzo de 2002.
En cuanto a la sanción moratoria, expresa que el tribunal desacertó en la valoración del documento de folio 142, en el que se advierte que la liquidación fue realizada el 12 de marzo de 2002, “(...), por lo que resulta inaceptable que el trámite administrativo para trasladar las sumas que el trabajador autorizó fueran consignadas de manera inmediata a leasing Bolívar conllevara una mora de más de 30 días”. Asevera que si bien el cheque fue emitido el 19 de marzo (fl. 147), el juzgador desapercibió que solo el 15 de mayo siguiente, tal cual fue confesado en la declaración de parte (pregunta 17), se trasladó el dinero a Leasing Bolívar. Que la autorización del trabajador para proceder al abono de su deuda está fechada el 18 de marzo, la consignación se preparó el 3 de abril, y se hizo efectiva el 15 de mayo, del 2002, circunstancias no observadas por el ad quem, a pesar de la confesión del representante legal de la enjuiciada. Dice que una demora superior a 30 días en el trámite para lograr el abono de su deuda, no puede considerarse como evidencia de buena fe.
VIII. Cuarto y quinto cargo
Excepción hecha de la invocación de la declaración de tercero referida en el cargo anterior, que denunció como erróneamente apreciada, en el cuarto, el impugnante repite íntegramente la formulación y la demostración que hizo en la precedente acusación. Por ello, se torna innecesario reiterar los términos de la sustentación y, desde luego, se analizarán y resolverán conjuntamente los cargos.
En el quinto cargo, los escritos de demanda y su contestación ya no forman parte del acápite de pruebas y piezas procesales dejadas de apreciar, sino de las valoradas erróneamente, pues no obstante haberse referido a ellas en los antecedentes del fallo, no fueron objeto de análisis por parte del tribunal. Que en la primera de tales piezas procesales, se afirma enfáticamente que en la reunión llevada a cabo el 7 de marzo de 2002 le fue solicitada la renuncia, y que ante su negativa a presentarla, se le dijo que recogiera sus cosas y se marchara; que al responder el hecho 7 de la demanda, la empresa aceptó la celebración de la mentada reunión, por manera que si el juzgador no hubiera ignorado esta confesión, sin duda hubiera concluido lo contrario, es decir, que sí hay prueba de la orden de retirarse de las dependencias de la empresa, hecho que se corrobora por la evasiva respuesta a los hechos 8 y 9 de la demanda. Entonces, dice, “(...) Si el tribunal hubiera tenido en cuenta esta prueba, hubiera considerado que como lo confesó la accionada (fl. 106) que a pesar de haberse retirado (...) el 12 de marzo de 2002, se consignó la suma correspondiente a la liquidación final del contrato (...), como abono a la cuenta Leasing Bolívar (...)”.
Se diferencia este cargo del anterior, además, en que el documento de folio 142 se enlista únicamente en las pruebas mal apreciadas, que no, también, en las dejadas de valorar, como lo hizo en el tercero. Por lo demás, la demostración es exactamente igual a la del cuarto cargo.
En la demostración, el impugnante incurre en la incorrección de formular reparos de orden jurídico a la sentencia del ad quem, a pesar del anuncio expreso de que la confrontaría por vía indirecta. En efecto, el problema de subsunción de la conducta del trabajador en la hipótesis estipulada en el contrato de trabajo, en aras de determinar si la primera encuadra en la segunda, es de estirpe jurídica, porque no comporta la labor de verificar si el hecho atribuido al demandante en verdad ocurrió, sino que, a partir de la certeza del acontecimiento, procede a examinar si este coincide con lo convenido en el contrato de trabajo, igual como si la descripción de la conducta se encontrara en la ley.
Con todo, el presupuesto fáctico que la censura invoca para su formulación, no encuentra asidero en las pruebas que denuncia mal apreciadas y mal evaluadas. Tal justificación no es otra que el supuesto despido verbal de que fue objeto el demandante, por parte del gerente general de la compañía, en la reunión adelantada el 7 de marzo de 2000.
En el hecho 7 de su demanda, afirmó el actor que en la reunión de 7 de marzo de 2002, el presidente de la compañía le informó la decisión de la empresa de dar por terminada la relación de trabajo. A su vez, la demandada aceptó la celebración de la reunión en la que hizo presencia un funcionario de México, en la que exigieron explicaciones al actor, acerca de la transacción sobre un vehículo. Empero, ninguna manifestación hizo la accionada en relación con la terminación del contrato de trabajo, sino más bien, en la respuesta al hecho siguiente acotó que aquel “(...) decidió ausentarse de la empresa por su propia voluntad”, de suerte que no se presentó la confesión que sobre este hecho, proclama el recurrente.
Contrario a lo que señala la censura, con los telegramas citatorios remitidos al demandante, para que compareciera a rendir descargos, el tribunal no dio por acreditado que aquel, el actor, no hubiera justificado el abandono de su puesto de trabajo, sino que simplemente le sirvieron para colegir que ellos “(...) dan fe de los llamados que hizo la demandada su trabajador en la carta de descargos diligenciada por el demandante (...)”. Se sigue de lo anterior, que no pudo ser mal valorada.
Nada prueba, en contra de la empleadora, lo afirmado por el demandante en el documento con el que rindió descargos, ni con lo que respondió en el interrogatorio de parte, dado que lo allí expresado no es nada diferente a su dicho, que ningún beneficio probatorio puede reportarle, pues sería tanto como permitir que las partes diseñen sus pruebas.
Ahora, que al trabajador se le hubiera sufragado el salario por los días 7 y 8 de marzo de 2002, en los que estuvo ausente de su lugar de trabajo, en nada sirve al propósito de quebrar la sentencia gravada; en primer lugar, porque está irrebatiblemente demostrado que no acudió a laborar en las horas de la tarde del primero, y durante toda la jornada del segundo y, además, porque a ese hecho probado no puede atribuirse como causa inexorable que se le hubiera dado la orden o la autorización de no concurrir a trabajar. Lo mismo cabe decir respecto de los días sábado y domingo inmediatamente siguientes.
Contrario hasta lo ahora considerado, en lo que tiene que ver con la tardanza en el pago de salarios y prestaciones sociales, la razón está de parte de la censura, en cuanto, ciertamente, el ad quem ignoró la confesión vertida por el representante legal de la demandada al responder a la pregunta 17 del interrogatorio de parte.
El juzgador solo se detuvo en que: (i) el contrato de trabajo feneció el 12 de marzo de 2002, (ii) la liquidación final se practicó el 15 de marzo siguiente (fl. 142) y (iii) el día 19 del mismo mes y año, se expidió el cheque respectivo. Descartó la consumación de la mora, dado que fue el actor quien autorizó a su ex patrono para que girara a favor de Leasing Bolívar. En la declaración de parte, al ser preguntado si, a pesar de que la relación laboral había finalizado el 12 de marzo, solo el 15 de mayo de 2002 se hizo el traslado de fondos a Leasing Bolívar para abonar a una deuda del accionante, el representante legal de la enjuiciada se limitó a responder: “Es cierto pero aclaro esto no se debió a ninguna situación de mala fe por parte de la demandada y las circunstancias que llevaron a que se tomara este tiempo están explicadas en la contestación de la demanda (...)”.
De lo dicho, emerge evidente y manifiesto el desatino fáctico del ad quem, en tanto inadvirtió la confesión de la demandada, relativa a la tardanza en el traslado del importe de la liquidación de prestaciones sociales, en los términos varias veces mencionados, lo que lo llevó a concluir, contrario a lo que muestra la confesión comentada, que no se presentó mora en la solución de los haberes laborales generados en la terminación del contrato de trabajo, específicamente el salario por el lapso servido entre el 1º y el 12 de marzo de 2002, según puede verse del examen del documento de folio 142 del expediente, cuando la tardanza duró algo más de 2 meses.
Prospera parcialmente este cargo, por lo que se casará el fallo en lo concerniente a la indemnización moratoria.
X. Decisión de instancia
Constituye verdad averiguada que la imposición de la sanción por mora consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, no es inexorable, ni automática, sino que, una vez evidenciada la existencia objetiva de la deuda a la finalización del contrato de trabajo, debe el sentenciador analizar los motivos generadores de la tardanza o de la falta de pago. Si bien, este elemento no se encuentra expreso en la norma, la jurisprudencia ha desarrollado toda una teoría en el sentido de que si el deudor demuestra la presencia de razones válidas justificativas de la falta de pago oportuno, el juzgador debe exonerarlo de la indemnización.
En el caso presente, la mora de 62 días para trasladar el importe de la liquidación final del demandante a Leasing Bolívar para abonar a un crédito a cargo del mismo, no cuenta con apoyo que permita absolver de la reseñada indemnización, pues no es justificable que después de 2 meses del despido se produjera la solución del débito salarial.
Y es que, revisado el acervo probatorio incorporado al expediente, en la materia que se dilucida, no se observa la presencia de un medio de prueba que destruya el efecto de la confesión recién analizada. Si bien, el título valor destinado a pagarle a su ex trabajador el valor de la liquidación, está fechado 19 de marzo de 2002 (fl. 218), previa autorización del acreedor del día anterior (fl. 219), el representante legal de la persona jurídica convocada a juicio, reconoció que, finalmente, el abono a la deuda del actor solo se produjo el 15 de mayo de 2002, sin que el documento adosado al folio 254, remitido por la compañía de financiamiento comercial, arroje luces sobre el pago de una suma igual o semejante a la liquidada al señor Piedrahita Suescún a la finalización de la relación laboral, como allí puede constatarse.
Examinado el escrito con el que la demandada interpuso y sustentó la alzada, no se advierte inconformidad con el monto de la cuantía impuesta a título de indemnización moratoria, por manera que se confirmará la de $ 9.749.594, deducida por el a quo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 30 de julio de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario promovido por Jorge Alonso Piedrahita Suscún (sic) contra Distribuidora Unidas S.A., en cuanto revocó la condena por indemnización moratoria, impuesta en primera instancia. No la casa en lo demás.
Como tribunal de instancia, confirma la condena que a título de sanción moratoria impuso el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá a la demandada, el 23 de noviembre de 2007, en cuantía de $ 9.749.594.

References: artículo 7
 artículo 145
 artículo 64
 artículo 19
 artículo 53
 artículo 62
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 62
 artículo 7
 artículo 53
 artículo 65