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Timestamp: 2017-12-18 05:15:10+00:00

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El Blog de Fred L. Alvarez: 17 agosto 2009
Manipulaciones justicieras/ Ricardo Raphael
Publicado en El Universal, 17 de agosto de 2009;
“Cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana”.
La inmensa mayoría de los mexicanos tenemos esta convicción. En nuestro país, los cuerpos de policía, las oficinas de los ministerios públicos y los juzgados son percibidos como meros instrumentos al servicio de los intereses más poderosos.
Probablemente es por esta valoración que tales funcionarios se encuentran en los últimos lugares del aprecio nacional; se les considera por debajo de los presidentes municipales, los diputados (locales y federales) y también de los partidos políticos. (ENCUP 2008) Según un sondeo reciente del IIJ de la UNAM, sólo 5.4% de nuestra población cree que los jueces protegen los derechos ciudadanos.
Los grandes y los pequeños asuntos de la justicia mexicana despiertan recelo y desconfianza. Sin importar su naturaleza jurídica, trátese del caso Lydia Cacho, de la ley Televisa, de los expedientes de Atenco o de Oaxaca, de Jacinta, de la guardería ABC o de la liberación de los presos de Acteal, ninguna resolución de la Suprema Corte, ni del resto de los tribunales y juzgados termina construyendo acuerdo social alrededor de una misma verdad jurídica.
El mal sabor de boca de cada una de estas decisiones no sucede, como sería normal, por el enojo de los afectados, sino porque las sentencias y resoluciones suelen caer en la tierra estéril de la incredulidad pública. Vale la pena retomar algunos ejemplos recientes para abundar sobre este contexto de desconfianza; concretamente, los muy recientes expedientes relativos a la guardería ABC y a la liberación de los presos de Acteal.
En su proyecto de resolución relacionado con la guardería ABC, el ministro Sergio Aguirre Anguiano propuso a sus colegas del máximo tribunal no participar en la investigación que llevaría a esclarecer las responsabilidades relacionadas con aquel trágico incendio donde fallecieron 49 menores. Argumentó que esa misión encomendada por los padres de las víctimas no podría satisfacerse, o peor aún, que haría las veces de un biombo dispuesto para encubrir la verdad sobre los hechos.
Este argumento del ministro Aguirre no tiene desperdicio. Desnuda al sistema de instituciones que padecemos. ¿En qué país, supuestamente democrático, sería posible que una investigación del máximo tribunal no tuviera fuertes repercusiones? ¿Cómo podría dejar de despertar el interés entre los legisladores, en el Ejecutivo o en el procurador general de la República?
Y sin embargo, la duda del ministro Aguirre está fundada. Esos tres órganos del Estado mexicano pueden pasar de largo ignorando a la Corte y sus pesquisas. En México, el sistema de impunidades ha sido diseñado para que no exista investigación sobre hechos delictivos, o bien, para que esta no tenga ninguna consecuencia.
En el mismo contexto tiene sentido considerar los reclamos que personalidades como el obispo Raúl Vera y Rosario Ibarra de Piedra, o las organizaciones de defensa de derechos, Las Abejas y el Fray Bartolomé de las Casas, han lanzado en contra de la liberación de los 20 acusados por la masacre de Acteal.
Usando distintas expresiones, todos estos voceros han advertido a los ministros que, en su decisión, se preocuparon más por el debido proceso que por encontrar la verdad. Se trata de una afirmación intrigante: ¿puede llegarse a la verdad en un estado de derecho sin atender escrupulosamente al debido proceso? Se trata, en apariencia, de un falso dilema y sin embargo cabe en él algo de razón.
En el México democrático que quisiéramos tener, no podría pasar un día sin que la PGR hubiera reaccionado a la demoledora sentencia de la Corte con respecto a Acteal. Desde esa instancia se debió haber nombrado inmediatamente un fiscal especial encargado, por una parte, de perseguir a los responsables de haber viciado el juicio original y, por la otra, de abrir una nueva investigación que ahora sí condujera al fondo de lo que ocurrió aquel trágico 22 de diciembre de 1997.
Y sin embargo, la PGR se ha desentendido de estos hechos, casi de la misma manera como ha sucedido con respecto al incendio de la guardería ABC. Ni un expediente, ni el otro van a resolverse con apego a la ley porque en nuestro país la justicia sigue subordinada a las preocupaciones políticas más banales.
Ayer, el priísta Ernesto Zedillo pudo instruir a la Procuraduría para que procediera dolosamente en la fabricación de pruebas y testimonios que lo dejaran libre de toda responsabilidad frente a la masacre de Acteal. Hoy la PGR puede eludir el expediente Acteal con el objeto de no enfrentar al presidente Felipe Calderón con sus aliados del PRI. Y también puede desentenderse del caso de la guardería ABC para que sean otros órganos del Estado mexicano quienes asuman esta responsabilidad que es fundamentalmente suya.
Mientras en México la procuración de justicia siga subordinada al Poder Ejecutivo —orgánica y jerárquicamente—, su credibilidad social continuará siendo muy precaria. Y es que bajo ese sistema originado en el autoritarismo, ni la investigación judicial, ni sus hallazgos, tienen consecuencia alguna, a menos que la política toque a la puerta del señor procurador.
Publicado por Fred Alvarez en 8/17/2009 No hay comentarios.:
México- Brasil
Comunicado Conjunto de la Visita de Estado a Brasil del Presidente Felipe Calderón
Lunes, 17 de Agosto de 2009 Comunicado CGCS-132
Por invitación del Presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, llevó a cabo una Visita de Estado a Brasil, del 15 al 17 de agosto de 2009. Como resultado de esa visita, se ha acordado emitir el siguiente comunicado:
1.- Los Presidentes se congratularon al constatar que las relaciones entre Brasil y México han sido productivas e intensas, en especial en lo concerniente al diálogo político y a las relaciones económico-comerciales, así como también en los marcos cultural, académico, técnico y científico-tecnológico. En ese sentido, saludaron los resultados de la II Reunión de La Comisión Binacional Brasil-México, realizada el día 23 de Julio de 2009, en Brasilia, que permitió un diálogo fluido y provechoso, así como igualmente la materialización de iniciativas concretas de cooperación en las más distintas áreas, todo lo cual refleja la amplia coincidencia de visiones y objetivos comunes, así como la decidida voluntad política de ambos países de trabajar en conjunto.
2.- Reconocieron la importancia que la relación bilateral tiene para Brasil y México, no solamente para cada país individualmente, sino como fundamento al papel significativo que ambos países juegan en el marco regional y mundial. En ese contexto, reiteran la profunda vocación latinoamericana y caribeña de sus países y el decidido propósito de privilegiar la amistad, el diálogo, la concertación política y la cooperación con todos los países de la región.
3.- Reafirmaron, asimismo, que la relación bilateral se fundamenta en profundos lazos históricos, culturales y de amistad, que tradicionalmente unen a Brasil y México, y en la promoción conjunta de valores universales como la búsqueda de la paz, la consolidación de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la diversidad cultural y la promoción del desarrollo sustentable. De igual forma, ambos países comparten el objetivo de acelerar el desarrollo económico-social y combatir la pobreza.
4.- Destacaron la realización de la III Reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Multilaterales, realizada el 22 de julio de 2009, en Brasilia, que permitió la continuidad de la coordinación y el intercambio de perspectivas sobre los principales temas de la agenda internacional, como la participación en el Consejo de Seguridad, la reforma de las Naciones Unidas, la consolidación de la paz, el desarme y la no proliferación, el cambio climático, el desarrollo sustentable, los derechos humanos, la delincuencia organizada transnacional, el racismo, el combate al hambre y a la pobreza, entre otros.
5.- Coincidieron en la importancia de que México y Brasil, las dos mayores economías de América Latina, profundicen su relaciones comerciales y de inversión. En ese sentido, instruyeron a sus respectivas autoridades competentes para que se reúnan a la brevedad para definir los términos y el calendario de una negociación con el objetivo de que la relación económica bilateral corresponda a las potencialidades de sus mercados, con pleno apego al marco constitucional jurídico de ambos países.
Al respecto, solicitaron a sus equipos que exploren todas las opciones que permitan ampliar el comercio y la inversión, incluyendo la posible negociación de un acuerdo de libre comercio.
Los Presidentes Calderón y Lula hicieron un llamado a los sectores privados de ambos países a que de manera entusiasta se sumen a esta iniciativa que habrá de tener impactos positivos en el comercio, la inversión y el empleo.
6.- Reconocieron la importancia de las reuniones del Grupo de Monitoreo del Comercio Bilateral Brasil-México, que se ha consolidado como foro de intercambio de información sobre las políticas comerciales de ambos países y de identificación y superación de obstáculos en la relación comercial bilateral.
7.- Destacaron el provechoso diálogo mantenido por empresarios de ambos países en São Paulo, el día 15 de agosto, con la presencia del Presidente Felipe Calderón. Constataron, con satisfacción, que el contacto entre empresarios brasileños y mexicanos es frecuente e intenso, lo que ha contribuido de forma decisiva al acercamiento e integración entre los dos países y al crecimiento de las inversiones mutuas. En ese sentido, saludaron la firma, en Brasilia, del Acuerdo de Cooperación entre APEX y ProMéxico, que favorecerá el incremento de oportunidades de negocios entre Brasil y México.
8.- Manifestaron su decisión de crear el “Foro Estratégico Empresarial México –Brasil”, con el objetivo de propiciar una nueva etapa de vínculos de negocios entre ambos países y aprovechar al máximo el potencial de la complementariedad de ambas economías. El Foro presentará sus conclusiones y recomendaciones en un plazo de doce meses. Dicho Foro estará integrado por personalidades representativas del sector empresarial de los dos países.
9.- Convencidos de la importancia de un mayor flujo de inversiones bilaterales, así como de promover la asociación entre los respectivos sectores industriales, reiteraron su disposición de apoyar esfuerzos de esta naturaleza.
10.- En materia de energía, manifestaron su decidido apoyo a la pronta definición del Plan de Trabajo sobre Biocombustibles en el marco del Memorando de Entendimiento en Materia de Cooperación energética entre los dos Gobiernos, firmado en 2007, a ser implementado por el Ministerio de Minas y Energía de Brasil y por la Secretaría de Energía de México. Destacaron, asimismo, la importancia de la continuidad de los contactos entre PETROBRAS y PEMEX con vistas a la profundización de la cooperación existente.
11.- Subrayaron la disposición de ambos Gobiernos en promover el incremento del crédito para el sector productivo, en sus respectivos países, de modo de mitigar los efectos de la crisis financiera internacional. En ese sentido, saludaron la próxima firma del nuevo Acuerdo de Cooperación entre el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y la Nacional Financiera (NAFIN), que fortalecerá el vínculo entre ambas instituciones y promoverá el intercambio de experiencias en materia de financiación.
12.- Acogieron con satisfacción la próxima realización, en México, de la III Reunión de Cooperación en Materia Consular, ocasión en que las delegaciones deberán avanzar en la negociación del Memorando de Entendimiento para la Prevención y Represión al Tráfico de Migrantes, así como también dialogar sobre mecanismos para promover el incremento del flujo de turistas, empresarios y estudiantes entre los dos países.
13.- Manifestaron su compromiso de ampliar mecanismos para el aprovechamiento del potencial de cooperación entre los dos países en el ámbito cultural y educativo. En el marco cultural, decidieron promover la celebración de un Año de Brasil en México y un Año de México en Brasil, como forma de promover el conocimiento recíproco y la divulgación de la diversidad cultural de sus respectivas sociedades. En la esfera educativa, destacaron la importancia de la firma del Memorando de Entendimiento para la Cooperación Científica, Tecnológica, Académica y de Innovación entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México y la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES) de Brasil.
14.- Expresaron su satisfacción por la firma de Protocolos de Intenciones entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y CONACYT para la creación de Centros bilaterales virtuales en Nanotecnología y Biotecnología, además de la suscripción del Memorando de Entendimiento para la Cooperación Científica, Tecnológica, Académica y de Innovación, lo que demuestra el compromiso de Brasil y México en tomar medidas concretas para ampliar la cooperación científica y tecnológica bilateral.
15.- Respecto a las actividades de cooperación técnica, se congratularon por el gran interés demostrado por distintas instituciones de ambos países en promover el intercambio de conocimientos, de forma horizontal y mutuamente benéfica, confirmado por la firma de 18 instrumentos complementarios al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica de 1974. En virtud de los referidos instrumentos, Brasil ofrecerá a México cooperación técnica en las siguientes áreas: geografía, estadística, aguas, sanidad vegetal, biofertilizantes y semillas, educación técnica y formación profesional, bancos de leche humana y ofertas de servicios de salud. México, por su parte, otorgará a Brasil cooperación en las áreas de vigilancia en salud ambiental, oferta de servicios de salud, prospección y selección de genotipo del piñón manso, pronóstico climático y de cosechas, geografía y estadística, educación técnica y formación profesional.
16.- Coincidieron en que la próxima firma de los acuerdos de cooperación entre las siguientes instituciones contribuirán ampliamente a la realización de los proyectos mencionados en el párrafo anterior: entre el Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial (INMETRO) y el Centro Nacional de Metrología de México (CENAM); y entre la Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de México (INIFAP).
17.- Asimismo coincidieron en la conveniencia de impulsar la cooperación con terceros países, entre ellos Haití, aprovechando las capacidades y fortalezas que México y Brasil han alcanzado en sectores prioritarios para el desarrollo.
18.- En cuanto a la integración de América Latina y Caribe, reiteraron su compromiso de dar continuidad al diálogo permanente en torno a la participación de ambos países en los distintos procesos y mecanismos de integración existentes en la región, para materializar la convicción compartida de que tales procesos y mecanismos se comuniquen y coincidan en el propósito último y más amplio de la unidad latinoamericana y caribeña. En ese contexto, subrayaron la importancia histórica de la primera reunión de la Cumbre América Latina-Caribe sobre la Integración y el Desarrollo (CALC), realizada en diciembre de 2008, en Costa do Sauípe, Bahia, Brasil, y se comprometieron con el pleno éxito de la segunda reunión de CALC, en México, en 2010.
19.- Refrendaron, asimismo, su compromiso en apoyar los mecanismos de consulta y concertación política en América Latina y Caribe, coincidiendo en que el proceso de fortalecimiento del Grupo de Río contribuirá a la ampliación de las capacidades regionales en resolver y atender mejor los retos que la región enfrenta. Destacaron, de igual forma, la voluntad de sus Gobiernos en impulsar, en el marco del Grupo de Río, reflexiones acerca de temas específicos que contribuyan al perfeccionamiento del diálogo en cuanto a aspectos de interés común a los países de la región y sumar esfuerzos a fin de asegurar el éxito de la XXI Cumbre del Grupo de Río, que se celebrará en México, en el 2010.
20.- Reiteraron el apoyo de sus Gobiernos a las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas respecto a la situación en Honduras y reiteraron su rechazo al golpe de Estado en ese país. Coincidieron en no reconocer a las autoridades surgidas de una violación al orden constitucional interno, así como cualquier resultado de elecciones que no sean realizadas bajo la conducción del gobierno legítimo. En ese sentido, renovaron su llamado al retorno inmediato del Presidente constitucional a Honduras, en el marco de las citadas resoluciones e instaron al pueblo de Honduras a un retorno pacífico al orden institucional. Asimismo, acogieron con esperanza la designación de la Misión de Cancilleres y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que proximamente visitará Honduras.
21.- Manifestaron su satisfacción por el trabajo desarrollado entre Brasil y México, junto a Sudáfrica, China e India (G-5), en el ámbito del diálogo ampliado con el Grupo de los Ocho (G-8), y destacaron su compromiso en seguir estimulando la participación efectiva de las naciones emergentes en la gestión corresponsable de los problemas y retos de índole mundial. Resaltaron el esfuerzo por participar activamente en la consolidación de estrategias e iniciativas que, de manera efectiva, puedan hacer frente a los retos de un mundo globalizado y cada vez más independiente.
22.- En especial, subrayaron su propósito compartido de profundizar su colaboración en el G-20 a fin de asegurar una respuesta global a la crisis económica que privilegie las prioridades del desarrollo equitativo y sustentable y proteja a los más vulnerables, así como también una reforma inclusiva de las instituciones financieras internacionales.
23.- Manifestaron la disposición de trabajar en forma estrecha y coordinada, com miras a contribuir a la consolidación del proceso de reforma integral de las Naciones Unidas. Reiteraron la urgencia de revitalizar la Asamblea General, fortalecer el ECOSOC, reformar el Consejo de Seguridad, promover la coherencia del sistema y la reforma administrativa del Secretariado. Saludaron la evolución de las negociaciones en la Asamblea General para la reforma integral del Consejo de Seguridad, con miras a volverlo más representativo y democrático, para asegurar la mayor transparencia en sus trabajos, legitimidad y eficacia en la implementación de sus decisiones
24.- El Presidente Lula agradeció el valioso apoyo de México a la candidatura de Brasil como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el bienio 2010-2011. Brasil y México reiteraron la intención de trabajar de forma coordinada en el 2010, cuando ambos países podrán estar presentes en dicho órgano.
25.- Coincidieron en la importancia de buscar alternativas para fortalecer el Consejo de Derechos Humanos a fin de hacerlo más eficiente y evitar su politización, así como también la conveniencia de convertirlo en órgano principal de la Organización de las Naciones Unidas, en el campo de los derechos humanos, con miras a la revisión de sus funciones y status en 2011.
26.- Manifestaron su compromiso de fortalecer las instituciones que conforman el sistema interamericano de derechos humanos. El Gobierno de México agradeció el apoyo otorgado por Brasil al candidato mexicano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el período 2010-2013. Asimismo, señalaron que los nuevos miembros de la Comisión deberán contribuir al fortalecimiento del análisis jurídico, la objetividad, la independencia y la equidad procesal que deben caracterizar la Comisión en el desempeño de su alta responsabilidad.
27.-- Acordaron colaborar estrechamente en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del Protocolo de Kyoto, con el objeto de alcanzar un resultado ambicioso, justo y efectivo en la materia en 2009, teniendo en cuenta el principio de responsabilidades comunes aunque diferenciadas y sus respectivas capacidades.
28.- Subrayaron la urgente necesidad de ampliar la escala de recursos disponibles para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático y, en este contexto, acordaron seguir considerando las propuestas de establecer mecanismos de financiación internacional, incluyendo la propuesta mexicana de un Fondo Mundial sobre Cambio Climático (Fondo Verde) y la propuesta brasileña, en conjunto con la del G-77, de un mecanismo financiero en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas.
29.- Reiteraron su plena disposición de fortalecer la aplicación de políticas públicas en beneficio de la juventud, mediante un enfoque transversal con el objetivo de que los jóvenes alcancen mejores oportunidades de desarrollo social, económico y académico. En este sentido, ambos Presidentes se congratularon por el hecho de que la Conferencia Mundial de la Juventud, se llevará a cabo en México en el 2010.
30.- Destacaron las políticas de salud pública que han implementado para enfrentar la epidemia de influenza A/H1N1, con base en los derechos de las personas y en las evidencias científicas, así como también para evitar restricciones innecesarias a la actividad económica y a la circulación de personas y mercancías entre los países. Asimismo, expresaron su voluntad de compartir las experiencias aprendidas para la vigilancia y control de esta epidemia, así como para el desarrollo y fabricación de una vacuna apropiada.
31.- En la misma materia de salud, externaron su beneplácito al Convenio de Colaboración que se firmará entre la Fundación Butantan y los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).
32.- Con el propósito de dar seguimiento a los compromisos asumidos, los Presidentes acordaron reunirse en visita de trabajo, al menos una vez por año.
33.- El Presidente Felipe Calderón Hinojosa agradeció al Presidente Luiz Inácio Lula da Silva la hospitalidad y muestras de afecto que el pueblo y el Gobierno de Brasil otorgaron a él y a su Comitiva Oficial.
Benedicto XVI y Obama
Benedicto XVI y Obama: La religión de factor de conflicto a factor de paz
P. Olamendi
Ombudsperson/Rosario Robles
Publicado en MILENIO. 2009-08-15;
En las próximas semanas habrá de discutirse el relevo en la CNDH. Muchos pensarán que es un asunto de partidos, pues al final de cuentas le corresponde al Senado seleccionar a la persona que tendrá en sus manos la delicada tarea de defender los derechos humanos de todos los mexicanos. Casi al mismo tiempo, dos ministros dejarán la Corte, y serán otra vez los senadores quienes decidan quiénes ocuparán esos importantes cargos. Tres vacantes que, todos piensan, se distribuirán entre los principales partidos. No importan perfiles ni trayectorias. Pero lejos de asumir este camino con resignación, es momento de que los ciudadanos hagan escuchar su voz en un asunto tan relevante. Sobre todo ahora que la visión de seguridad pública imperante pone en entredicho el respeto incondicional a las garantías individuales y los derechos humanos. La primera condición pareciera reiterativa, pero en los tiempos actuales vale la pena señalar. La autonomía de la Comisión es fundamental. No sólo del gobierno que lo es, sino de cualquier otro grupo. Por eso debe dejar de ser un coto de poder del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde luego que a esa institución pertenecen juristas muy destacados que tienen el derecho de dirigir la CNDH, pero su participación debe ser en condiciones de igualdad con los demás postulantes. Hay que dejar atrás la idea de que a ellos les corresponde ocupar ese espacio y que de sus filas tiene que salir el nuevo presidente. Tampoco se debe asumir como inevitable el que alguno de los dos ministros que dejarán su cargo acceda a este espacio. Es cierto que se trata de hombres honorables, pero en esta época se requiere algo más que el conocimiento de la ley, es indispensable una visión moderna, de compromiso con los derechos humanos, no sólo con los que se consideran fundamentales, sino aquellos de segunda y tercera generación que, en nuestro país, no constituyen lamentablemente todavía una plataforma irrenunciable. Para ello se requiere una perspectiva diferente y novedosa. Se necesita una verdadera defensoría del pueblo. Es indispensable además que el nuevo encargado no pretenda imponer sus creencias personales. No ha sido el caso en el período del doctor Soberanes, quien ha utilizado su puesto para militar activamente en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y, con ello, promovido su criminalización en lugar de su defensa.
Al frente de dicha instancia se requiere alguien que, independientemente de su credo religioso, esté comprometido con el laicismo, porque ésa es una característica fundamental del Estado del que dicha institución forma parte.
Un aspecto importante del que estoy profundamente convencida. Es tiempo de que al frente de la CNDH esté una mujer. Una porción muy importante de los casos analizados y las principales investigaciones que llevan a cabo organismos internacionales están relacionados con mujeres. Se necesita una Comisión que verdaderamente las defienda, porque cotidianamente se violentan sus derechos y nadie habla por ellas. Las mujeres son las principales víctimas de esta guerra y clima de violencia. Pero su voz no es escuchada. En Guerrero la periodista Carmen Santiago es golpeada hasta dejarla al borde la muerte y el agresor está libre. En Querétaro se encarcela injustamente a la indígena Jacinta Marcial por la absurda acusación de secuestro de seis agentes federales. En Jalisco más de cien mujeres son perseguidas por interrumpir un embarazo y en esa misma entidad pronto algunas portarán la letra escarlata por el gravísimo delito de tener mala fama. Se requiere entonces no sólo a una persona que defienda al pueblo, sino que asuma como tarea principal la custodia de las mujeres mexicanas. Hay quienes pueden hacerlo y que cumplen con creces los requisitos para estar al frente de una encomienda tan importante. Patricia Olamendi es una de ellas. Por su trayectoria, por su lucha permanente por los derechos de todos, porque es reconocida a nivel internacional por sus aportaciones en la materia. Ojalá se deje a un lado el criterio de las cuotas y se ponga por delante el único aceptable: el ombusdperson que México necesita.
El fuero de guerra/Bernardo Bátiz V.
Publicado en La Jornada, 17 de agosto de 2009;
La Suprema Corte, con tendencia mayoritariamente conservadora, ha vuelto a dejar pasar oportunidades valiosas para actuar realmente como uno de los tres poderes mediante los cuales el pueblo mexicano ejerce su soberanía; fue incapaz de acotar al Poder Ejecutivo ejerciendo a plenitud su facultad de constatar la constitucionalidad de los actos de éste, con motivo de la revisión de asuntos que se ponen a su consideración. En dos casos muy recientes –Acteal y el fuero de guerra– se contentó con atender las cuestiones de forma y procedimientos, y no se atrevió a entrar al fondo de ambas cuestiones.
En el caso Acteal se preocupó exclusivamente por revisar cuestiones de procedimiento, y al encontrar fallas determinó, atropellando la justicia, que quedarán libres los autores de la muerte de casi 50 personas, y ni por equivocación mencionó a los responsables intelectuales, a quienes armaron a los asesinos y los instigaron a cometer el delito o a quienes por lenidad, autoridades federales y locales, permitieron que autores intelectuales e instigadores quedaran impunes.
En el otro caso, llamado con cierto eufemismo y hasta disimulo “fuero militar”, también se salió por peteneras y evitó entrar al fondo de la cuestión, vital en todo momento para que prevalezca el imperio del derecho en nuestro país; para ello hubiera sido altamente positivo que la Corte entrara al fondo de lo que significa y el alcance que tiene el concepto que el artículo 13 constitucional designa con todas sus letras como “fuero de guerra”.
Podía haber dejado claro que se trata de una excepción al principio de igualdad que consagra el artículo citado, precisamente para el caso extremo de un estado de conflicto armado, que requiere como algo indispensable en las fuerzas armadas una disciplina extrema y una justicia expedita y certera.
Dejaron pasar los ministros por enésima vez la oportunidad de sentar las bases de una firme división de poderes y de confirmar que son algo más que un tribunal de alzada o de casación y que no sólo están para preservar las formalidades legales, sino que su misión se ubica más allá de los recovecos formales y procesales, y radica en definir con claridad los conceptos jurídicos contenidos en la Constitución para resolver en justicia.
Conviene ver con detenimiento qué es lo que dice el artículo 13 y atender a sus antecedentes históricos para comprender que el precepto se refiere a un principio básico de los estados modernos de derecho: este principio es el de la igualdad de todos ante la ley; “nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero”.
Ésta es la regla general: todos somos iguales ante la ley, por lo que quedan proscritos leyes y tribunales privativos o especiales.
Don Manuel Herrera y Lazo, ilustre constitucionalista mexicano, decía que la razón de fondo del artículo decimotercero de nuestra Constitución radica en la voluntad del legislador constitucional de arrancar al Poder Ejecutivo la función judicial, no permitir en ella intromisión alguna de las autoridades ejecutivas.
Y qué, ¿acaso los tribunales militares pertenecen al Poder Judicial? No, dependen directamente del Ejecutivo a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que rompe el principio de la igualdad de todos los mexicanos, que debemos estar sujetos a las mismas leyes y a los mismos tribunales, estos últimos integrantes del Poder Judicial.
La persistencia en nuestro sistema constitucional de la excepción del fuero de guerra se justifica porque los militares tienen una encomienda de carácter superior que reconoce nuestra carta constitucional: son los encargados de la defensa de la soberanía nacional con las armas en la mano, y solamente para el caso de una guerra en la que la disciplina es cuestión de vida o muerte, o en la que está en juego la subsistencia de nuestra nación como Estado soberano se justifica como una excepción que para los delitos y faltas contra la disciplina militar subsista el fuero de guerra.
No es un fuero militar, es de guerra, y sólo puede aplicarse cuando las faltas de los militares sean sustancialmente de carácter disciplinario, como por ejemplo insubordinación, deserción, robo de haberes militares, entre algunos otros que se tipifican en los códigos especiales que protegen el valor de la disciplina dentro de las fuerzas armadas.
No es razonable que un tribunal militar juzgue a civiles, pero lo es mucho menos que un tribunal militar, aplicando leyes militares, juzgue a un integrante de las fuerzas armadas por la comisión de delitos del fuero común. Homicidios, violaciones, hurtos, aunque sean cometidos por integrantes de algún instituto armado, deben ser juzgados y sancionados por tribunales del fuero común, porque no se trata de faltas en contra de la disciplina militar: se trata de faltas en contra de la integridad de las personas, de su patrimonio o de sus bienes, y estos valores están protegidos por las leyes comunes, aplicables a todos.
Tenía razón en solicitar un juicio por tribunales distintos a los militares la mujer que fue víctima y ofendida con motivo de los disparos de unos soldados en contra del vehículo en que viajaba con su familia; es víctima porque fue lesionada y es ofendida porque su esposo falleció en el atentado y, por tanto, con base en el principio de igualdad, tiene derecho a exigir que sus victimarios y ofensores sean juzgados por tribunales comunes y no por tribunales militares, que no forman parte del Poder Judicial.
La Suprema Corte de Justicia no se atrevió, prefirió eludir y soslayar, y lo que piden las circunstancias y exige el pueblo de nuestra patria son definiciones claras y verdadero equilibrio de poderes.
El juicio de Amparo a debate
Con el propósito de analizar integralmente el juicio de amparo, la Cámara de Senadores realizará el “Coloquio de Análisis y Debate Sobre las Propuestas para una Nueva Regulación del Juicio de Amparo”, los días 18 y el 25 de agosto. .
De acuerdo con datos en poder del Legislativo la impugnación sistemática de las leyes fiscales ha generado distorsiones importantes que se apartan de la intención original del Juicio de Amparo. Por ejemplo, del 2001 al 2006 el Estado devolvió 47 mil 183 millones de pesos en cumplimiento de sentencias de amparo relativas a diversos conceptos de los impuestos sobre la renta, al valor agregado, especial sobre producción y servicio, entre otros.
Además, se estima que el monto involucrado en los amparos a diversas leyes fiscales, en el período 2006-2008 representa alrededor de 346 mil millones de pesos.
Incluso, informes de labores de diversos tribunales, por ejemplo la Primera Sala, señalan que de 2006 a 2007 las impugnaciones relacionadas con leyes fiscales ocuparon 85 por ciento de los asuntos tramitados por una sala, a pesar de no estar especializada en materia administrativa.
El Coloquio se realizará el 18 y el 25 de agosto en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Senado de la República. El 18 de agosto se abordarán las reformas constitucionales al Juicio de Amparo, es decir, amparo contra leyes fiscales de efectos generales u obligaciones de la jurisprudencia de la Corte; así como a la procedencia del juicio Constitucional contra las reformas a la Constitución.
Los trabajos profundizarán las minutas en estudio en el Senado como son las reformas a la fracción VII del Artículo 107 Constitucional; las iniciativas de los senadores Ricardo García Cervantes, Manlio Fabio Beltrones, Jesús Murillo Karam, Fernando Castro Trenti y Pedro Joaquín Coldwell, así como el Libro Blanco de la Reforma Judicial, entre otros.
La segunda jornada, el martes 25 de agosto, se enfocará en las modificaciones y reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 107 Constitucional, es decir, la procedencia del amparo directo, el amparo adhesivo, amparo para efectos y la especialización de órganos, entre otros temas.
En otro apartado se analiza si los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia pueden tener efectos generales en la población.
Un segundo tema que será abordado es si el Juicio de Amparo es procedente en contra de las reformas y adiciones hechas a la Constitución Mexicana.
Finalmente, un tercer tema será la pertinencia de crear un nuevo órgano para la decisión de posibles contradicciones de tesis entre los tribunales pertenecientes a un mismo circuito.
Una nota de Víctor Fuentes (Reforma, 17 agosto 2009) señala que "La bancada del PRI en el Senado alista la reforma judicial más importante desde 1994, que incluye cambios radicales en el funcionamiento del juicio de amparo y el alcance de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. La iniciativa de reforma a cinco artículos de la Constitución fue presentada por los senadores Manlio Fabio Beltrones, Jesús Murillo Karam, Pedro Joaquín Coldwell y Fernando Castro Trenti."
Agrega que "según fuentes jurídicas, el documento fue "palomeada" por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), tiene el apoyo de los tribunales y gobiernos estatales, y el PRI ha manifestado toda su intención de sacarla adelante en el próximo periodo de sesiones. La negociación, indicaron, podría incluir la aprobación paralela de los cambios al amparo en materia fiscal, aprobados ya el 31 de marzo en la Cámara de Diputados y alentados por el Gobierno federal y el PAN."
Prepara el PRI reforma judicial
Víctor Fuentes//-->
Presenta tricolor iniciativa en el Senado.
Perfilan negociación con PAN para cambiar el funcionamiento del juicio de amparo
Nota de Víctor Fuentes Reforma, 17 agosto 2009
La bancada del PRI en el Senado alista la reforma judicial más importante desde 1994, que incluye cambios radicales en el funcionamiento del juicio de amparo y el alcance de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia.
La iniciativa de reforma a cinco artículos de la Constitución fue presentada por los senadores Manlio Fabio Beltrones, Jesús Murillo Karam, Pedro Joaquín Coldwell y Fernando Castro Trenti.
Según fuentes jurídicas, el documento fue "palomeada" por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), tiene el apoyo de los tribunales y gobiernos estatales, y el PRI ha manifestado toda su intención de sacarla adelante en el próximo periodo de sesiones.
La negociación, indicaron, podría incluir la aprobación paralela de los cambios al amparo en materia fiscal, aprobados ya el 31 de marzo en la Cámara de Diputados y alentados por el Gobierno federal y el PAN.
El aspecto más relevante es la reforma al juicio de amparo directo, por el cual los tribunales federales pueden revisar casi todas las sentencias que dictan los tribunales estatales y administrativos, sin importar la relevancia o cuantía del asunto.
Con el cambio, el amparo directo ya sólo procedería en casos excepcionales y relevantes a juicio del tribunal federal que recibiera la demanda, salvo en litigios penales, familiares y laborales."Las actividades jurisdiccionales que los tribunales superiores de justicia han llevado a cabo, permiten asegurar la legalidad, la equidad y la seguridad jurídica de la sociedad mexicana", se afirma en la iniciativa.
Lo anterior en respuesta al argumento tradicional que ha justificado la existencia del amparo directo: que los tribunales superiores de los estados no son confiables, son controlados por los gobernadores y, por tanto, no pueden ser órganos terminales y es necesaria la intervención federal.
En cuanto a la Suprema Corte, ésta podrá hacer "declaraciones generales de inconstitucionalidad" de una ley, que por lo tanto dejaría de ser aplicable, cuando resuelva cinco amparos en el mismo sentido que le permitan sentar jurisprudencia.
Esta reforma rompería el límite tradicional del amparo que ha sido el llamado "principio de relatividad", es decir, que la sentencia sólo beneficia al ciudadano o empresa que promovió la demanda.Otro cambio relevante sería la creación de los Plenos de Circuito, es decir, una actuación conjunta de todos los magistrados de determinado circuito judicial para resolver contradicciones que se presenten entre sus tribunales.
Se trata de un sistema que existe en Estados Unidos, donde los circuitos judiciales sesionan bajo una configuración denominada "en banc", que junta a por lo menos nueve u 11 magistrados para resolver asuntos relevantes o contradicciones entre los páneles permanentes de tres magistrados.Esto reduciría significativamente la carga de trabajo de la Suprema Corte, que actualmente tiene que resolver todas las contradicciones de tesis.
La reforma a la Constitución tendría que ir acompañada de una nueva Ley de Amparo, que el Poder Judicial lleva diez años pidiendo. Ambos ordenamientos entrarían en vigor al mismo tiempo.
Buscan devoluciones
La propuesta de senadores del PRI para reformar el amparo directo, plantea que en el de tipo fiscal los contribuyentes sí reciban de regreso los pagos de impuestos declarados inconstitucionales por la Corte.A
igual que la aprobada el 31 de marzo por la Cámara de Diputados, esta iniciativa propone que el amparo directo tenga efectos generales, es decir, que aplique para todos los afectados y no sólo para quienes hayan promovido el amparo.
No obstante, la propuesta priista, presentada el 18 de marzo, sí mantiene los efectos restitutorios del amparo fiscal.
El informe del avión MD-82
ELPAÍS.com - Madrid - 17/08/2009
El TOWS pasa de considerarse un sistema de apoyo a un sistema principal del avión. Hasta ahora, el hecho de que fuera considerado un sistema de apoyo no impedía que el avión despegara aunque el TOWS no funcionara. "Se recomienda a la FAA de Estados Unidos que establezca instrucciones obligatorias de aeronavegabilidad por la que se modifican los procedimientos contenidos en el manual de vuelo de las aeronaves DC 9, MD-80 y MD-90 para incluir la comprobación del funcionamiento del sistema TOWS antes de cada vuelo", indica el informe.
http://www.elpais.com/elpaismedia/diario/media/200908/17/espana/20090817elpepinac_2_Pes_PDF.pdf
Columna Expedientes abiertos
Columna Expedientes abiertos/Roberto Rock L., exdirector de El Universal.
El Universal, 17 de agosto de 2009
El fallo de la Corte sobre la matanza de indígenas en diciembre de 2007 arroja luz sobre el comportamiento de diversos personajes que nos deben una explicación.
1. Emilio Chuayffet. Secretario de Gobernación entonces. Se ha dicho que días antes otorgó garantías de que no habría problemas en Chiapas. Hay indicios de que se estaba armando a facciones contrarias a los grupos zapatistas. Ello los convirtió en grupos de autodefensa o paramilitares. Pero Chuayffet ya era un despojo luego de que semanas antes había intentado impedir la constitución del primer Congreso dominado por la oposición. Hoy es otra vez diputado y pieza notoria de un bloque político que busca hacerse de la coordinación parlamentaria del PRI con rumbo a la sucesión de 2012.
2. Ernesto Zedillo. Se presenta ante el mundo como el estadista que nos trajo la alternancia. El flujo de armas hacia las milicias chiapanecas hubiera sido imposible sin el apoyo o la tolerancia del Ejército, sobre el cual ningún civil tiene mando salvo el Presidente. Junto con Chuayffet, debe explicar lo que hizo o dejó hacer, para entender el pasado e impedir que estos hechos se repitan en el futuro.
3. Jorge Madrazo. Entonces procurador de la República. Fue luego cónsul para protegerlo de presuntas amenazas. Ha negado manipulación de las investigaciones. Como los otros citados, cierra ojos y oídos a la montaña de documentos que constituyen un ejemplo mundial de atropello a un debido proceso. Debe responder a la mayor pregunta actual: si los liberados no son los asesinos, entonces quién. Mientras no lo haga, será considerado cómplice.
4. Francisco Labastida. Secretario de Gobernación a la caída de Chuayffet. Tuvo como jefe de asesores a Adolfo Orive, actor clave de cuanto en Chiapas había ocurrido en los últimos años. ¿Qué tapó, qué silenció? Malogrado candidato presidencial, actual senador.
5. Ministro Sergio Valls. Su familia integra un bloque político en Chiapas. ¿No debió excusarse por evidente conflicto de interés en lugar de votar en contra de la resolución?
II CORREOS DE MÉXICO, la agónica entidad paraestatal, es usada para un ajuste de cuentas en la administración Calderón. Purificación Carpinteyro, tormentosa ex funcionaria del sector, opera a trasmano el conflicto laboral de los carteros en contra del director de la dependencia, José Andrés Casco Flores, cercano operador del ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, quien hoy preside la Bolsa de Valores. Se trata de una jugada menor. Casco y Téllez tienen flancos más débiles, uno de ellos los liga al desastre financiero llamado Procampo.
II EN EL EDOMEX cambian hoy los 125 alcaldes. Entre quienes estrenan cargo, al menos tres —una mujer incluida— estarán invitados a la pasarela para la sucesión del gobernador Enrique Peña Nieto. A ellos se sumarán otros tantos diputados federales y un par de legisladores locales. Pero el ex gobernador interino y legislador saliente César Camacho quiere colarse y dobletear. Para sobrevivir en estos tiempos busca la dirigencia estatal del PRI. Por su parte, el PAN mexiquense deberá hacer una depuración interna ante los pésimos resultados obtenidos, que se le deben al líder estatal Ulises Ramírez, quien sin embargo se siente “amarrado” por su apoyo a la campaña de César Nava.
II NO LO DIVULGUE, pero por cierto Nava se pirateó a dos integrantes clave del equipo de Santiago Creel. Los desleales son Gabriela Cuevas, que le debe su diputación al senador panista, y Armando Salinas Torre, otro seducido por las sirenas.
II EN SINALOA habrá relevo en la comisión de acceso a la información. Rigoberto Ocampo Alcántar, quien fuera presidente del instituto estatal electoral durante el controvertido proceso que llevó al poder al actual gobernador, Jesús Aguilar, ya cerró su despacho en el Instituto Federal Electoral (IFE) y está listo para ser comisionado local, pues le tienen prometida la presidencia del organismo, por un acuerdo entre el mandatario estatal y su antecesor priísta, Juan S. Millán.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 13
 artículo 13
 Artículo 107
 Artículo 107