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Timestamp: 2016-02-06 09:54:28+00:00

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Capítulo 3 for BETHELL,L(ed.)_Historia de América Latina t.07
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AMÉRICA LATINA, LOS ESTADOS UNIDOS
Y LAS POTENCIAS EUROPEAS, 1830-1930
RIVALIDADES ANGLONORTEAMERICANAS DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA
En 1830, tras obtener la independencia, las naciones latinoamericanas se en-
contraron en un mundo de rivalidades internacionales y de política basada en
el poder. Las potencias europeas, especialmente Gran Bretaña, que a veces había
interpretado un papel decisivo en la lucha por dicha independencia, continuaron
desempeñando un significativo papel político, además de económico, en América
Latina hasta bien entrado el siglo xx. Después de la independencia, los ingleses
mostraron especial interés por Brasil, la región del Río de la Plata, Chile, Améri-
ca Central y México; en menor grado los franceses hicieron lo propio por el Río
de la Plata y México, y el Caribe siguió siendo un lago dominado por los euro-
peos, donde España, Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos, Suecia y Dinamar-
ca dominaban las numerosas islas, convertidas en colonias.
Entre 1830 y 1890, las potencias europeas intervinieron directamente en el
hemisferio muchas veces, empleando grados diversos de fuerza militar. Algunas
de estas intervenciones tenían por objeto mantener la influencia ayudando a paí-
ses latinoamericanos amigos en sus rivalidades con vecinos hostiles, además de
proteger a sus propios ciudadanos cuando eran maltratados por gobiernos de la
región. Estos elementos se combinaron en las diversas intervenciones británicas
y francesas en el Río de la Plata entre 1836 y 1850, dos de las cuales, el bloqueo
de Buenos Aires por los franceses en 1836 y el bloqueo conjunto anglofrancés
en 1845, duraron más de dos años y medio. El dictador argentino Juan Manuel
de Rosas, que era hostil tanto a los intereses extranjeros como a los estados veci-
nos de Uruguay y Brasil, fue la causa principal de estas intervenciones.
Según la arraigada costumbre internacional del siglo xix, las grandes poten-
cias tenían que ser capaces de proteger la vida y la hacienda de sus ciudadanos
en el extranjero, así como de hacer que se cumplieran las normas de comporta-
miento que se consideraban civilizadas. Esto último abarcaba desde la supresión
de la trata de esclavos transatlántica hasta el castigo de quienes atacaran a ex-
tranjeros o pusieran trabas al comercio internacional. Las pretensiones financie-
ras de ciudadanos extranjeros provocaron varias intervenciones. En abril de 1838,
los franceses bloquearon el puerto de Veracruz al negarse México a pagar recla-
maciones varias por un importe total de 600.000 pesos. A este episodio se le lla-
mó «la guerra de los Pasteles» porque entre las reclamaciones había una de 800
pesos por los pasteles que un oficial del ejército mexicano había devorado en
un establecimiento propiedad de un ciudadano francés. La marina francesa bom-
bardeó la fortaleza de San Juan de Ulúa y desembarcó infantes de marina, pero
las reclamaciones sólo se renegociaron, es decir, no se pagaron. Más seria fue
la intervención de Francia, Gran Bretaña y España en 1861 con el objeto de co-
brar unos 80 millones de pesos en concepto de deudas y reclamaciones. Napoleón
III de Francia ambicionaba algo más que cobrar las deudas, y Gran Bretaña y
España se retiraron de la operación cuando el monarca francés desembarcó tro-
pas y nombró a Maximiliano de Austria emperador de México. El régimen ma-
rioneta sobrevivió mientras 34.000 soldados regulares franceses y la legión ex-
tranjera permanecieron en el país. La victoria del norte en la guerra de Secesión
norteamericana, que había liberado a un nutrido ejército para que actuara en
otras partes, se combinó con crecientes complicaciones europeas para convencer
a Napoleón III de que restablecer el imperio francés en América era un riesgo
demasiado grande. Las tropas francesas se marcharon de México en 1867, Maxi-
miliano acabó ante un piquete de fusilamiento y la emperatriz Carlota, en el ma-
Durante la guerra de Secesión norteamericana, España intentó reafirmar su
papel imperial en el hemisferio. En 1861 España se hizo con el control de Santo
Domingo, donde permaneció hasta 1865. En 1863 España también se apoderó
de las islas de Chincha, situadas frente a la costa de Perú, con el fin de satisfacer
las reclamaciones de ciudadanos españoles. Los españoles se dedicaron a recoger
el guano y comercializarlo mientras libraban una guerra naval con Chile, que
se había unido a su rival, Perú, y más adelante a Ecuador y Bolivia, para formar
un frente común contra el antiguo enemigo. En 1866 la flota española bombar-
deó tanto El Callao como Valparaíso. Durante los tres decenios siguientes las
reclamaciones de ciudadanos europeos dieron origen a intervenciones de poca
importancia, o a amenazas de emplear la fuerza, por parte de Gran Bretaña,
Francia, España, Alemania, Italia, Dinamarca y Rusia en un mínimo de dieciséis
ocasiones y en relación con Venezuela, Nicaragua, Colombia, Santo Domingo
Los Estados Unidos se vieron envueltos gradualmente en las rivalidades inter-
nacionales del hemisferio; al menos, durante muchos años preocupados, sobre
todo, por el papel de Europa en la región. En el momento de la independencia
de América Latina, el objetivo de los Estados Unidos era impedir que se restau-
rase el antiguo orden colonial de mercantilismo económico y autoritarismo políti-
co. Tal como John Quincy Adams, el secretario de Estado, señaló en mayo de
1823, la política norteamericana debía ir dirigida a «contrarrestar los esfuerzos
que sin duda continuarán haciendo las naciones europeas en favor de sus propó-
sitos monárquicos y monopolísticos». A fin de alcanzar este objetivo, Adams
albergaba la esperanza de negociar con las nuevas repúblicas tratados que se ba-
saran en «los amplios y liberales principios de independencia, igualdad de trato
y reciprocidad».' En su declaración de diciembre de 1823, el presidente Monroe
preveía un «sistema americano» que no se basara únicamente en los principios
económicos liberales, sino también en las libertades civil, política y religiosa. En
la práctica, estos ideales sufrirían modificaciones e, incluso, falseamientos al ver-
se zarandeados por las tempestades de la política internacional basada en el po-
der. En todo caso, la doctrina Monroe fue una declaración de esperanzas futuras
más que un plan de actuación directo. Durante mucho tiempo la participación
norteamericana en los asuntos de América Latina se vio frenada por el temor
a una guerra con Gran Bretaña o Francia, por las preocupaciones y conflictos
de la política interior y por la limitada capacidad militar.
La rivalidad entre Gran Bretaña y los Estados Unidos en México se encendió
a mediados del decenio de 1840. Agentes británicos actuaban en Texas desde
que la provincia se separara de México en 1836 y alentaban a los téjanos a no
unirse a Norteamérica. En 1844 el encargado británico persuadió al gobierno me-
xicano a reconocer la independencia de Texas si ésta accedía a seguir siendo inde-
pendiente. El gobierno tejano acabó aceptando la anexión a los Estados Unidos,
y entonces estalló la guerra entre éstos y México. Uno de los argumentos que
usó el presidente James K. Polk para justificar la anexión de Texas, así como
la de California, era que Gran Bretaña (y también Francia en el caso de Califor-
nia) trataba de ejercer una influencia hostil a los Estados Unidos. A ojos de los
expansionistas norteamericanos el vasto territorio que se extendía entre Texas y
el Pacífico, en gran parte deshabitado y sin gobierno, ofrecía una oportunidad
tentadora a las ambiciones europeas. Por consiguiente, el «destino manifiesto»
de la nación, que era extenderse del Atlántico al Pacífico, se vería bloqueado
si los Estados Unidos no incorporaban dicho territorio en la Unión.
Al concluir la guerra entre los Estados Unidos y México (1846-1848), el Cari-
be se convirtió en una zona de enfrentamiento con los ingleses. En 1839 un agen-
te de la corona británica se había apoderado de la isla de Roatán (frente a la
costa septentrional de Honduras), y en 1843 el gobierno de Gran Bretaña había
restablecido el protectorado sobre los indios misquitos en la costa oriental de
Nicaragua y Honduras. Al mismo tiempo, la perspectiva de expansión hacia el
Pacífico estimuló los intereses estadounidenses en América Central. Las rutas que
la cruzaban adquirieron gran importancia para el gobierno norteamericano, que
en 1846 negoció el tratado de Bidlack con Nueva Granada (Colombia). Los ingle-
ses y los franceses habían rechazado una propuesta colombiana para la neutrali-
zación internacional del istmo de Panamá. Al amparo del tratado de Bidlack,
se concedió a ciudadanos norteamericanos el derecho de tránsito en las mismas
condiciones que los ciudadanos de Nueva Granada, y los Estados Unidos garanti-
zaron la neutralidad del istmo con el fin de preservar la libertad de tránsito. Ade-
más, los Estados Unidos garantizaron los derechos de soberanía de Nueva Gra-
nada sobre el territorio. En 1848 los ingleses ocuparon la población de San Juan,
en la boca del río del mismo nombre, con el fin de consolidar el protectorado
sobre los misquitos; la población fue rebautizada con el nombre de Greytown.
Luego, en octubre de 1849, un oficial de la marina británica se apoderó de la
1. Walter LaFeber, ed., John Quincy Adams and American continental empire, Chicago,
1965, p. 123.
isla del Tigre, en el golfo de Fonseca. El gobierno británico repudió este acto,
pero el escándalo que el mismo produjo en los Estados Unidos motivó la celebra-
ción de negociaciones. El tratado Clayton-Bulwer, que se firmó el 19 de abril
de 1850, disponía que ninguna de las dos partes «ocupara», «colonizara» o ejer-
ciese «dominio» sobre parte alguna de América Central. El tratado también esti-
pulaba que, en el caso de que se construyera un canal, ninguno de los dos países
lo fortificase o ejerciera el control exclusivo del mismo.
Al principio el tratado Clayton-Bulwer no resolvió nada, puesto que los ingle-
ses argüían que preservaba el statu quo mientras que los norteamericanos afirma-
ban que ordenaba una reducción del control británico, especialmente sobre la
costa de los Mosquitos. En 1852 el gobierno británico fusionó Roatán y las islas
adyacentes en la colonia de las islas de la Bahía, y los norteamericanos protesta-
ron diciendo que era una traición. Después de que un navio de guerra estadouni-
dense destruyera Greytown en 1854 para vengar la agresión de una chusma a
un diplomático, empezaron a correr rumores de guerra. En realidad, América
Central no era una zona muy prioritaria para los intereses británicos, y Gran
Bretaña ya tenía suficiente con la guerra de Crimea. Los ánimos se enfriaron
y en 1856 se firmó otro tratado por el que los ingleses accedían a renunciar al
protectorado sobre los indios misquitos y a ceder las islas de la Bahía a Hondu-
ras. Debido a una reserva de escasa importancia, los Estados Unidos se negaron
a ratificar el tratado, pero los ingleses procedieron a resolver la cuestión centroa-
mericana de acuerdo con sus disposiciones. Renunciaron a todas sus pretensiones
excepto a Belice, que en 1862 pasó a ser la colonia de Honduras Británica. Ex-
traoficialmente, las autoridades británicas aceptaban la idea de que llegaría un
día en que los Estados Unidos serían la potencia en la región. Pasaron unos cua-
renta años, sin embargo, antes de que ello ocurriera realmente.
El presidente James Buchanan (1857-1861) creía que los Estados Unidos de-
bían cumplir una función policial en América Central y el Caribe para tener la
seguridad de que el desorden no amenazaría a los ciudadanos extranjeros ni a
las rutas que cruzaban América Central. Argüyó que los Estados Unidos debían
encargarse de esa tarea porque, de no hacerlo, intervendrían las potencias euro-
peas. El Congreso estadounidense no le autorizó para usar las fuerzas armadas
en intervenciones de esa clase. Transcurrirían casi cincuenta años antes de que
el presidente Theodore Roosevelt consolidase esta afirmación del poder policial
de los Estados Unidos en el Caribe, consecuencia natural de la doctrina Monroe.
Durante la segunda mitad del siglo xix, varios estados latinoamericanos pi-
dieron protección a los Estados Unidos. En 1857 Nicaragua firmó un tratado
en este sentido, que el Senado de los Estados Unidos rehusó aprobar, y al menos
en tres ocasiones entre 1868 y 1892 Santo Domingo se brindó a arrendar o ceder
una base naval (e incluso el mismo país) a los estadounidenses. Estas ofertas fue-
ron rechazadas, como lo fueron también otras parecidas que hizo Haití. Además,
se pedía a los Estados Unidos que mediaran en conflictos entre países latinoame-
ricanos y naciones europeas que pretendían cobrar deudas.
En 1878, la Compañía Francesa del Canal de Panamá obtuvo el derecho a
construir un canal en el istmo. El gobierno norteamericano puso objeciones, pero
fue inútil. Sin embargo, a partir de ese momento aumentaron en el país las pre-
siones para que se interpretara un papel más activo en la región del Caribe y
AMÉRICA LATINA, LOS ESTADOS UNIDOS Y EUROPA
América Central. La marina estadounidense llevó a cabo expediciones de recono-
cimiento en el istmo, y en 1880 una resolución conjunta del Congreso pidió que
se abrogara el tratado Clayton-Bulwer. En 1884 el secretario de Estado, Frede-
rick Frelinghuysen, negoció un tratado con Nicaragua que disponía la propiedad
conjunta norteamericano-nicaragüense de un canal. El tratado hubiera abrogado
unilateralmente el que se firmara en 1850 con Gran Bretaña, pero cinco votos
impidieron que el Senado lo aprobase.
En 1881 el secretario de Estado, James G. Blaine, intentó que la nación de-
sempeñara un papel más activo en América Latina. El gobierno de los Estados
Unidos envió invitaciones para una conferencia americana internacional, pero
el secretario Blaine dimitió de su cargo por razones políticas. Su sustituto, Fre-
linghuysen, canceló la conferencia aun cuando varias naciones latinoamericanas
ya habían aceptado la invitación. Blaine albergaba la esperanza de que la confe-
rencia crease un sistema que trajera la paz y la estabilidad al hemisferio, y creía
que ello ayudaría a los Estados Unidos a rivalizar con la supremacía económica
La mayoría de los países latinoamericanos no sólo miraba hacia Europa en
busca de mercados, sino que también esperaban recibir de ella financiación gu-
bernamental y capital para los proyectos de desarrollo económico. Hubo un bre-
ve auge de las inversiones durante el decenio de 1820, pero la mayoría de las
empresas terminó en quiebra o liquidación. Otra época de inversiones en gran
escala empezó después del decenio de 1860, con la mayor parte del capital proce-
dente de Gran Bretaña, Francia y Alemania. Con alguna fluctuación, las inver-
siones británicas crecieron de 85 millones de libras en 1870 a unos 750 millones
(3.700 millones de dólares) en 1914. En esta fecha las inversiones francesas eran
de aproximadamente 6.000 millones de francos (1.200 millones de dólares), y las
alemanas, de 3.800 millones de marcos (unos 900 millones de dólares). El capital
británico generalmente iba a parar a la construcción de ferrocarriles, la minería
(nitratos chilenos) y las manufacturas (preparación de carne en el Río de la Pla-
ta). Los franceses invertían en ferrocarriles así como en bienes raíces, la banca,
la minería y las manufacturas. A los alemanes les interesaban más los bancos
hipotecarios y las plantaciones (especialmente en América Central).
Durante las postrimerías del siglo xix, los inversionistas estadounidenses em-
pezaron a mirar hacia el sur, sobre todo hacia Cuba y México. Pero la gran afluen-
cia de capital norteamericano no empezó hasta después de 1900, y el capital euro-
peo predominaría (especialmente en América del Sur) hasta bien entrado el siglo
xx. Algunos empresarios norteamericanos que usaban capital europeo contribu-
yeron un poco al desarrollo económico. Por ejemplo, Henry Meiggs y Minor
C. Keith construyeron ferrocarriles en Perú y América Central. Keith también
comenzó el cultivo en gran escala de plátanos en Costa Rica y Guatemala.
Durante los decenios de 1880 y 1890, la competencia imperial entre las princi-
pales potencias europeas aumentó mucho. Ya se habían repartido África y pare-
cían lanzadas a una carrera en pos del reparto final de Asia. Muchas personas
informadas estaban seguras de que la competencia por el control de los territo-
rios, los recursos y los mercados del mundo había entrado en su última etapa.
A su vez, esta rivalidad era ensalzada por las diferentes versiones de la misión
civilizadora y cristianizadora de cada nación. Estrechamente relacionada con la
percepción imperial del poder y el prestigio nacionales, además de exacerbada
por ella, hubo una intensificación de la rivalidad comercial incluso en las regio-
nes no coloniales. Empujados por el miedo a quedarse rezagados y excluidos de
la carrera por los mercados, los líderes nacionales hacían todos los esfuerzos po-
sibles por mejorar la posición comercial de su país. El proteccionismo en casa
y medidas económicas unilaterales y especiales en el extranjero (en especial, acuer-
dos comerciales que discriminaban en perjuicio de terceros) caracterizaban estos
La economía de los Estados Unidos tenía un importante componente de co-
mercio exterior desde el período colonial; el comercio se consideraba parte im-
portantísima del interés de la nación. En las postrimerías del siglo xix, los nor-
teamericanos estaban cada vez más convencidos de que su comercio de exportación
se veía amenazado por el nuevo orden imperial que reinaba en el mundo. En
1880 los Estados Unidos importaron mercancías por valor de 176 millones de dóla-
res de América Latina, por ejemplo, pero sólo exportaron por valor de 58 millo-
nes de dólares. Así pues, el país parecía quedarse rezagado incluso en lo que
consideraba su propio patio de atrás. Y su ansiedad fue en aumento cuando los
norteamericanos se pararon a pensar en la decadencia de su otrora floreciente
marina mercante. En 1850 más del 50 por 100 de todo el tonelaje salido de puer-
tos norteamericanos fue transportado por barcos de esta nacionalidad; en 1900
la cifra había descendido hasta quedar en un simple 17 por 100. Un número cada
vez mayor de influyentes ciudadanos y líderes políticos estadounidenses empeza-
ba a ver con claridad que la nación tendría que reorientar su política exterior
para ponerse a la altura de las nuevas condiciones que imperaban en el mundo
y para hacer frente con eficacia a los problemas que planteaban las rivalidades
imperiales. Frederick B. Emory, de la Oficina de Comercio Interior y Exterior,
expresó algunas de las preocupaciones del momento en 1898:
Puede decirse que la principal ocupación de la diplomacia europea en la
actualidad es asegurarse «esferas de influencia» y mayores oportunidades de
comerciar, así como territorio apropiado para que lo ocupe el exceso de pobla-
ción de los países más densamente habitados ... El reparto de África entre las
potencias europeas ofrece consideraciones de carácter económico de magnitud
casi igual, a la vez que los planes de las naciones comerciales más activas para
incrementar su participación respectiva en el comercio de los mercados latinoa-
mericanos afectan de modo aún más grave la marcha de nuestra relación co-
mercial con la mitad meridional del hemisferio occidental.2
James G. Blaine ya había expresado estas ideas y estos temores. Creía que
en el hemisferio occidental las relaciones pacíficas, la mediación en conflictos,
2. Frederick Emory, Commercial relations of the United States during the years 1896 and
1897, Washington, 1898, vol. I, pp. 19-22.
la reducción de la influencia europea y el incremento del comercio de exportación
norteamericano eran factores que iban ligados los unos a los otros de forma inex-
tricable. Aunque su primer esfuerzo por convocar una conferencia interamerica-
na para alcanzar estas metas había fracasado, sus puntos de vista sobre las rela-
ciones en el hemisferio y la necesidad de que el gobierno estadounidense interpretara
un papel más activo fueron encontrando partidarios durante el decenio de 1880.
En mayo de 1888 el Congreso pidió al presidente Grover Cleveland que mandara
invitaciones para una conferencia de este tipo. A resultas de un cambio en el
control del partido durante las elecciones presidenciales de 1888, Blaine volvió
a desempeñar el cargo de secretario de Estado y presidió la conferencia, que se
celebró en Washington en 1889.
Antes de emprender la tarea, los delegados latinoamericanos tuvieron que so-
portar los rigores de una excursión en tren por las zonas industriales de los Esta-
dos Unidos. Visitaron 41 ciudades, vieron fábricas y demostraciones de la destre-
za tecnológica de los norteamericanos, y escucharon innumerables discursos y
conciertos de banda. El semanario londinense The Spectator comentó que el viaje
había sido pensado para inspirar respeto por una nación «tan temiblemente enér-
gica, que considera que un viaje de cerca de 10.000 kilómetros en ferrocarril es
una diversión».3
Es obvio que la excursión y la conferencia tenían por objeto
estimular a las naciones latinoamericanas a buscar el liderazgo económico y polí-
tico en los Estados Unidos en vez de en Europa.
La conferencia volvió a reunirse en noviembre de 1889, y Blaine introdujo
medidas encaminadas a crear una unión aduanera del hemisferio y disponer una
fórmula de arbitraje para la resolución de disputas entre naciones. Argentina en-
cabezó los esfuerzos contrarios a la primera propuesta, y Chile, que había hecho
importantes conquistas territoriales en la guerra del Pacífico, puso reparos a la
segunda. No se adoptó ninguna de las propuestas de unión aduanera; se aprobó
un tratado de arbitraje que satisfaciera a todos, pero sólo lo aceptaron once na-
ciones (y ninguna lo ratificó). Lo que sí hizo la conferencia, empero, fue crear
la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas con una Oficina Comercial
de las Repúblicas Americanas, a la que se autorizó para recoger y diseminar in-
formación relativa a aranceles y reglamentos comerciales.
La visión de Blaine, la perspectiva de un sistema interamericano verdadera-
mente funcional, fracasó debido al mito de que en el hemisferio existía el poten-
cial para una auténtica comunidad de intereses y de que el liderazgo norteameri-
cano podía convertir ese potencial en una realidad. En el siglo xx, muchos de
los sucesores de Blaine probarían suerte con diversos programas que pretendían
crear un sistema que resolviera la mayoría de los problemas, si no todos, de las
relaciones interamericanas. Sus esfuerzos darían resultados limitados porque al-
gunos conflictos básicos de intereses sencillamente no podían resolverse haciendo
profesión de armonía panamericana. A su vez, muchos líderes latinoamericanos
adoptaron su propia versión de una relación hemisférica especial en sus intentos
de imponer utópicas pautas de conducta internacional a los Estados Unidos. Sus
esfuerzos también darían resultados distintos.
3. Citado en Thomas A. Bailey, A diplomatic history of the American people, Englewood
Cliffs, Nueva Jersey, 1974', p. 408.
La conferencia interamericana de 1889, en la que se les negó a los Estados
Unidos el papel de líder electivo del hemisferio, no contribuyó en modo alguno
a aliviar la ansiedad creciente que en los norteamericanos despertaban la domina-
ción europea en el hemisferio y el aumento de la sensación de rivalidad comer-
cial. La creencia de que los Estados Unidos debían interpretar un papel más im-
portante en América Latina, así como adquirir más prestigio, fue una de las causas
de las crisis con Chile (1891-1892) y Gran Bretaña (1895). En ambos casos, el
gobierno norteamericano, ya fuera republicano o demócrata, reaccionó adoptan-
do una postura emocional, nacionalista; una postura condicionada por sentimientos
agudizados de rivalidad internacional. Una especie de «mentalidad de crisis» em-
pezó a caracterizar los puntos de vista norteamericanos en relación con el hemis-
La crisis chilena nació de un incidente acaecido en Valparaíso en octubre de
1891, cuando 120 marineros del navio de guerra norteamericano Baltimore fue-
ron atacados al bajar a tierra para disfrutar de un permiso. Dos de ellos murie-
ron, diecisiete resultaron heridos y otros fueron golpeados y encarcelados. Según
los testigos que declararon ante una junta de investigación, la policía chilena par-
ticipó en las agresiones. El régimen chileno, que había accedido al poder poco
antes por medio de una revolución, era hostil a los Estados Unidos a causa'del
apoyo diplomático que los norteamericanos prestaran al anterior gobierno (el de
Balmaceda). Las autoridades chilenas no expresaron su pesar por lo ocurrido,
sus primeras medidas diplomáticas fueron ambiguas y criticaron al presidente Ben-
jamín Harrison. La fiebre bélica se encendió en los Estados Unidos mientras el
cuerpo de uno de los marineros se encontraba expuesto en el Independence Hall
de Filadelfia. Harrison mandó un ultimátum al gobierno chileno en enero de 1892
y lo reforzó con un mensaje especial dirigido al Congreso. El nuevo ministro
de Asuntos Exteriores de Chile presentó excusas aceptables, y se pagaron indem-
nizaciones por los muertos y los heridos. Lo que en realidad hacía la administra-
ción Harrison bajo la retórica exagerada del orgullo nacional era declarar que
los Estados Unidos eran una potencia importante, en el hemisferio y que, en con-
secuencia, debían recibir el mismo trato que se dispensaba a Gran Bretaña. Sus
símbolos nacionales debían tratarse con respeto y no había que maltratar a sus
representantes oficiales, o se pedirían cuentas a las naciones que no cumplieran
estos requisitos. Los chilenos, por su parte, miraban cada vez más hacia Alema-
nia en busca de ayuda militar y económica.
La crisis entre Gran Bretaña y los Estados Unidos estalló a causa de la anti-
gua disputa fronteriza entre Venezuela y la colonia de la Guayana Británica. Las
autoridades venezolanas llevaban años tratando de granjearse el apoyo de los
Estados Unidos para que obligasen a recurrir al arbitraje. En 1887 los ingleses
habían rechazado el ofrecimiento de los buenos oficios de los norteamericanos.
En 1894 los venezolanos contrataron a un ex diplomático norteamericano, Wi-
lliam L. Scruggs, para que defendiese sus intereses. Scruggs escribió un panfleto
que fue muy difundido y llevaba el título de British Aggressions in Venezuela,
or the Monroe Doctrine on Trial. Debido en parte a los esfuerzos del ex diplomá-
tico, se introdujo en el Congreso una resolución que instaba al arbitraje de la
disputa y que luego fue adoptada con la aprobación unánime de ambas cámaras.
El clima de preocupación intensa ante la influencia y el poder europeos en
el hemisferio se exacerbó aún más cuando en abril de 1895 los ingleses ocuparon
Corinto, en Nicaragua, y se hicieron con el control de la aduana para obligar
a pagar los daños sufridos por las propiedades de ciudadanos británicos. Las
fuerzas británicas se retiraron después de la firma de un acuerdo de indemniza-
ción, pero muchos norteamericanos vieron el incidente como una prueba más
de la ineficacia de la doctrina Monroe. Henry Cabot Lodge, senador por Massa-
chusetts, escribió en la North American Review lo que puede tomarse como ejemplo
de la mentalidad de crisis al vincular la situación en Nicaragua, la disputa fronte-
riza en Venezuela y los temores de una expansión imperial de Europa:
Si se permite a Gran Bretaña ocupar los puertos de Nicaragua y, peor aún,
apoderarse del territorio de Venezuela, nada hay que le impida tomar Venezue-
la entera o cualquier otro Estado sudamericano. Si Gran Bretaña puede hacer
esto con impunidad, Francia y Alemania lo harán también.4
En una nota dirigida al gobierno británico el 20 de julio de 1895 el secretario
de Estado, Richard Olney, expresaba una visión bastante exagerada de un hemis-
ferio aliado a los Estados Unidos por lazos de «proximidad geográfica [...] sim-
patía natural [...] similitud de gobierno». Esta alianza daba la protección de la
doctrina Monroe a todas las naciones del hemisferio, según indicaba el secretario
de Estado. Para subrayar el «derecho» de los Estados Unidos a exigir el arbitraje
en la disputa fronteriza de Venezuela, Olney hizo su famosa declaración: «Hoy
día los Estados Unidos son prácticamente soberanos en este continente, y su man-
dato es ley para los subditos a los cuales limita su mediación».
A finales de noviembre, el secretario británico de Asuntos Exteriores, lord
Salisbury, replicó a la exageradísima definición que del poderío norteamericano
hiciera Olney con una nota que era casi tan poco diplomática como aquella a
la que contestaba. Salisbury corregía los errores de historia de Olney, daba a
éste una conferencia sobre el derecho internacional y la doctrina Monroe, y re-
chazaba categóricamente la exigencia de arbitraje. El presidente Grover Cleve-
land se enfureció tanto que compareció ante el Congreso y solicitó fondos para
una comisión que se encargara de investigar la frontera. El Congreso aprobó,
en medio de vítores, la propuesta de Cleveland en el sentido de que los Estados
Unidos establecieran unilateralmente la frontera y obligasen a respetarla prescin-
diendo de lo que pensaran los ingleses.
En ambos países empezó a hablarse de guerra, pero la crisis de los bóers en
África del Sur y la creciente percepción británica de una amenaza alemana empu-
jaron a Gran Bretaña a aceptar la exigencia norteamericana. Con los buenos ofi-
cios de los Estados Unidos, Venezuela y Gran Bretaña firmaron un tratado de
arbitraje en febrero de 1897. El gobierno estadounidense tuvo que presionar a
Venezuela para que aceptara una fórmula conciliatoria que exentaba el territorio
que había permanecido en poder de una de las partes durante un período de cin-
cuenta años. En la resolución definitiva de la disputa, que tuvo lugar en octubre
de 1899, los venezolanos retuvieron el control de la desembocadura del río Orico-
no, pero a sus líderes no les gustó que los Estados Unidos rehusaran apoyar sus
4. North American Review, 160 (junio de 1895), p. 658.
pretensiones más extremas. Otros líderes latinoamericanos recibieron con desa-
grado las declaraciones de Olney sobre el poderío norteamericano, aunque en
realidad se trataba en gran parte de una fanfarronada con destino al consumo
interior. Para el gobierno británico, esta controversia señaló un importante cam-
bio de orientación. Al objeto de granjearse la amistad norteamericana ante la
creciente rivalidad con Alemania, los ingleses dieron un gran paso hacia la acep-
tación del predominio político de los Estados Unidos en el hemisferio occidental.
El predominio económico era otra cuestión.
En el decenio de 1890, un número cada vez mayor de ciudadanos particulares
y funcionarios públicos de los Estados Unidos creía que la expansión de los impe-
rios estaba cerrando el mundo y que los Estados Unidos podían encontrarse ais-
lados. Si ello ocurría, estarían a merced de las naciones más poderosas del mun-
do. El país podía optar por no participar en el juego de la política internacional
basada en el poder, pero no podía evitar las consecuencias militares, políticas,
económicas e ideológicas de tal decisión. Una parte importante del citado juego
consistía en asegurar la paz, el orden y la estabilidad en las llamadas naciones
atrasadas. En tales regiones, la potencia que cumplía la función policial era la
que ejercía la mayor influencia. En el decenio de 1890, ya eran varios los nortea-
mericanos prominentes que habían adoptado esta visión europea de las relaciones
internacionales. Creían que si la nación quería que la tomaran en serio y que
otras potencias respetaran sus intereses, entonces tenía que hacer valer la función
policial para restaurar y mantener la paz y el orden en las partes del mundo que
se consideraban importantísimas para los intereses norteamericanos. El Caribe
y el golfo de México eran considerados parte de la zona de seguridad norteameri-
cana desde hacía mucho tiempo, toda vez que eran la ruta de acceso a los puntos
de la nación más expuestos al ataque, así como el sistema de transporte por los
ríos Misisipí y Ohio. Se había añadido América Central a la zona al aceptar los
líderes norteamericanos la idea de que los Estados Unidos debían construir y con-
trolar un canal ístmico. Desde los puntos de vista militar y económico, dicho
canal sería importantísimo para toda expansión del papel norteamericano en Amé-
rica del Sur y Asia. En el mundo moderno, en el mundo de escuadras de acero
y vapor, podía significar la diferencia entre el aislamiento y el acceso. Pero, si
los Estados Unidos no acertaban a mantener la paz y el orden en su propio patio
trasero, no podían esperar proteger eficazmente un canal y sus rutas de acceso.
Así pues, decía el argumento que los Estados Unidos tenían que ejercer el papel
de policía en la región formada por el Caribe y América Central, pues, de no
hacerlo, otra potencia se encargaría de ello. En el contexto de los acontecimien-
tos de África y Asia, muchos líderes norteamericanos creían que el país tenía
que actuar para impedir el aumento de la influencia o el control (o ambas cosas
a la vez) de Europa.
Este punto de vista general no prescribía ninguna política determinada para
su puesta en práctica. Los estadounidenses estaban seriamente divididos en lo
que respecta a las medidas concretas que había que tomar y, sobre todo, al uso
de la fuerza militar. Complicaba aún más el debate el resurgir de un elemento
ideológico en el patrimonio de la nación. Se trataba de la creencia de que el país
—a veces en conjunción con otros anglosajones— tenía un destino (que, en oca-
siones, llamaban «manifiesto») consistente en redimir al mundo propagando la
civilización anglonorteamericana, la forma de gobierno republicana y el cristia-
nismo protestante. Muchos incluían en el epígrafe de la civilización el fomento
del desarrollo económico, la educación y la higiene pública.
Todos estos asuntos y argumentos salieron a la luz durante el debate público
en torno al papel de los Estados Unidos en la guerra de independencia de Cuba,
que había estallado en 1895. El presidente William McKinley no quería la guerra,
pero había aceptado la idea de que los Estados Unidos eran esencialmente res-
ponsables de la ley y el orden en el Caribe. En vista de que España no podía
poner fin a la guerra ganándola o retirándose, McKinley pidió al Congreso que
le autorizase a intervenir y pacificar Cuba. El entusiasmo del público por esta
política ya lo habían despertado las historias que hablaban de atrocidades come-
tidas por los españoles y aumentó con el hundimiento del acorazado norteameri-
cano Maine en el puerto de La Habana en febrero de 1898. El presidente solicitó
al Congreso que le concediera autoridad para cumplir con la obligación interna-
cional de los Estados Unidos, es decir, la función pacificadora de todas las po-
tencias civilizadas:
... tomar medidas para lograr la completa y definitiva terminación de las hosti-
lidades entre el gobierno de España y el pueblo de Cuba, y para garantizar
en la isla la instauración de un gobierno estable, capaz de mantener el orden
y de cumplir con sus obligaciones internacionales, asegurando la paz y la tran-
quilidad y la seguridad de todos sus ciudadanos además de los nuestros ...5
Algunos congresistas querían la autorización para reconocer la independencia
de Cuba bajo los auspicios del gobierno provisional cubano. McKinley y sus con-
sejeros no creían que este «gobierno en los bosques», como lo llamó alguien,
fuera una entidad funcional capaz de gobernar Cuba en tiempo de paz. Temían
que una Cuba independiente bajo este régimen se convirtiera en otro Haití u otra
República Dominicana y creara más tentaciones de intervención europea. McKin-
ley creía que, si los Estados Unidos llevaban la paz a Cuba, estaban obligados
a preparar la isla para el autogobierno y a protegerla en su infancia republicana.
El presidente manifestó que vetaría toda resolución que reconociera la indepen-
dencia de Cuba. Pero aceptó la enmienda Teller, fórmula conciliatoria que decla-
raba que los Estados Unidos no se anexionarían Cuba y «dejarían el gobierno
y el control de la isla a su pueblo» una vez conseguida la pacificación.
A resultas de la guerra con España y del Tratado de París (1898), los Estados
Unidos dieron el primer paso hacia la creación de una esfera de interés en el
Caribe. Puerto Rico se convirtió en una colonia norteamericana y entró en una
especie de reino del olvido, es decir, fue olvidada por la mayoría de los líderes
norteamericanos, exceptuando esporádicas rachas de liberalización durante las
cuales se modificaba el estatuto colonial. Cuba, no obstante, era la llave del gol-
fo de México y el Caribe, y el estatuto de la isla y el papel de los Estados Unidos
en los asuntos cubanos serían objeto de debates durante varios decenios. Los re-
sultados, al igual que los del debate más amplio en torno al predominio en la
5. A compilation of the messages and papers of the presidents, Nueva York, 1922, vol.
XIII, 6.292.
región del Caribe y América Central, serían una mezcla de medidas y actos carac-
terizados por la paradoja y la ambigüedad; una especie de imperialismo ambiva-
lente que los sentimientos de culpabilidad, la política interior y la falta de un
verdadero impulso colonial modificaban continuamente.
Para los líderes estadounidenses, la pacificación de Cuba significaba instau-
rar un gobierno republicano, proporcionar estabilidad política y crear la infraes-
tructura necesaria para una sociedad ordenada. Cuba estuvo regida por un go-
bierno militar norteamericano desde 1898 hasta 1902, y este experimento de
edificación de una nación influiría en la política de los Estados Unidos en la re-
gión durante el primer cuarto del siglo xx. El general Leonard Wood pasó a ser
el segundo gobernador militar en diciembre de 1899. Bajo su dirección y la del
secretario de la Guerra, Elihu Root, se pusieron en marcha programas extensos
de saneamiento, construcción de escuelas, formación de maestros, control de las
enfermedades, reforma de las prisiones y los hospitales mentales, reforma del
sistema judicial y creación de estructuras gubernamentales. Wood opinaba que
un gobierno estable y una sociedad ordenada requerían «... buenas escuelas, bue-
nos tribunales, un sistema de obras públicas, medios de comunicación, hospita-
les, instituciones de beneficencia, etc., etc.» y que estas cosas sólo podía propor-
cionarlas el desarrollo económico. Como dijo al presidente Theodore Roosevelt:
... dado que su posición geográfica nos obliga a controlarla y protegerla, ¿por
qué no se estimulan, mediante una ayuda moderada, las industrias que la harán
tan próspera y satisfecha, que será siempre amistosa y una fuente de fuerza
para nosotros? No hay duda de que esto es mejor que tener en nuestras puertas
una isla desmoralizada y menesterosa como Santo Domingo o Hayti [sic] que
exista en unas condiciones que pongan en peligro la vida de millones de nues-
tros ciudadanos.6
Wood expresó un concepto de la diplomacia del dólar que los Estados Unidos
emplearían cada vez más a partir de 1900. Desde este punto de vista, el desarrollo
económico, el buen gobierno y el orden social iban unidos a otros. Un gobierno
fuerte ejercería la prudencia fiscal y crearía una situación que atraería capital
extranjero (preferiblemente norteamericano) con unos tipos de interés razonables.
Este capital fomentaría el desarrollo económico, lo que a su vez fortalecería el
gobierno y produciría armonía social. La paz, el orden y la estabilidad estarían
garantizados mediante el proceso continuo de desarrollo económico unido a un
gobierno fuerte. Wood y otros creían que esto resultaría mutuamente beneficioso
y que los Estados Unidos disfrutarían de un incremento del comercio con el país
El general Wood y el presidente Roosevelt estaban convencidos de que este
proceso ya se hallaba en marcha en Cuba en 1902. El ejército estadounidense
se retiró de la isla y la nueva república nació oficialmente el 20 de mayo de 1902.
La Constitución de Cuba contenía varios artículos (conocidos por el nombre de
«enmienda Platt» porque fueron añadidos a la ley de consignaciones del ejército
6. De Wood a Roosevelt, 28 de octubre de 1901, caja 29, MSS Leonard Wood, Biblioteca
del Congreso, Washington.
de 1901) que la convención constitucional se había visto obligada a adoptar como
precio de la retirada norteamericana. Estos artículos imponían ciertas limitacio-
nes a las acciones del nuevo gobierno en la contracción de deudas públicas, la
firma de acuerdos militares con potencias extranjeras y el repudio de leyes del
gobierno militar estadounidenses. Además, la enmienda daba a los Estados Uni-
dos el derecho a intervenir en Cuba bajo ciertas condiciones y estipulaba que
Cuba vendería o arrendaría «tierras necesarias para carbonear o para estaciones
navales ...». El secretario Root prometió a una delegación cubana que los Esta-
dos Unidos sólo intervendrían en caso de existir las más extremas condiciones
de anarquía y, también, que la administración Roosevelt daría su apoyo al trato
especial para el azúcar cubano en el mercado norteamericano. Esta última pro-
mesa se puso en práctica en 1903 tras una dura batalla con los proteccionistas
La enmienda Platt fue fruto de muchas mentes y representaba una fórmula
intermedia entre los que querían ejercer un papel decididamente imperial en el
Caribe y los que preferían que predominase una influencia norteamericana de
carácter más bien general. A juicio de Root, el tratado de 1903 con Cuba, que
incluía la enmienda Platt, representaba la incorporación de la doctrina Monroe
en el derecho internacional. En términos históricos era la interpretación de la
doctrina Monroe que venía apareciendo gradualmente desde el decenio de 1880.
Sin duda, encarnaba la creencia generalizada de que, como dijo el general Wood,
«... no puede negarse que, aun cuando no seamos dueños de la isla, somos res-
ponsables de su conducta, del mantenimiento de un gobierno estable y del trato
justo y equitativo de los extranjeros que residan en ella».7
Las ideas básicas que
ello suponía ayudaron a dar forma a la política caribeña de los Estados Unidos
durante los tres decenios siguientes.
EUROPA, LOS ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA
Los Estados Unidos no eran el único país que mostraba un creciente interés
por América Latina a comienzos de este siglo. La Alemania imperial también
empezaba a actuar allí no sólo en el terreno económico, sino también en el demo-
gráfico y el militar. En 1900 ya eran más de 350.000 los alemanes que habían
emigrado al sur de Brasil, a la vez que otros 120.000 vivían en Chile. Había otros
asentamientos de alemanes en Argentina y América Central. El gobierno alemán
alentaba activamente a estos colonizadores a conservar y ampliar las tradiciones
alemanas, y financiaba escuelas de lengua alemana e iglesias. La marina imperial
incrementó sus operaciones en las aguas del hemisferio y, en 1900, el almirante
Von Tirpitz dijo a la comisión presupuestaria del Reichstag que, andando el tiempo,
Alemania necesitaría una estación para la marina de guerra en la costa de Bra-
sil.8
El kaiser Guillermo II no ocultaba su creencia de que Alemania debía de-
8. Holger H. Herwig, Politics of frustration: the United States in Germán navalplanning,
1889-1941, Boston, 1976, p. 73.
sempeñar un papel importante en el hemisferio occidental. Consideraba a Cuba
un «Estado europeo», pero fracasó en sus esfuerzos por reunir en torno a él la
oposición europea a los Estados Unidos durante la guerra entre éstos y España.
En 1900 el embajador alemán en México comentó en un despacho que una colo-
nia alemana en América Latina sería más valiosa que toda África. El kaiser escri-
bió en el margen: «Correcto, por esto tenemos que ser la "potencia suprema"
allí».9
El kaiser se negó siempre a reconocer la doctrina Monroe y defendió con
decisión el derecho de las naciones europeas a intervenir en el hemisferio.
La presencia militar alemana en América Latina era cada vez más visible.
Oficiales del ejército alemán comenzaron a instruir al ejército chileno en 1896
y en 1900. La misión militar alemana ya había fundado la Academia de Guerra
de Chile. El ejército chileno adoptó el uniforme de color gris de Prusia y los
cascos de estilo alemán. Antes de 1914, Alemania había enviado misiones milita-
res a Argentina, Bolivia y Paraguay. El gobierno mexicano había considerado
seriamente un acuerdo en este sentido. Lo único comparable era la misión militar
francesa en Perú (1895).10
En 1903 el almirantazgo alemán preparó el Plan de Operaciones III, que era
un plan de contingencia para una guerra con los Estados Unidos en el hemisferio
occidental. El plan preveía la ocupación de Puerto Rico por un ejército de 12.000
a 15.000 hombres (el número aumentó entre 1903 y 1906) y la utilización de bases
en la isla para llevar a cabo una ofensiva naval contra los Estados Unidos. En
1906 el plan fue abandonado porque los alemanes empezaron a dedicar más aten-
ción a Europa y a los cambios en la estructura de alianzas."
Continuaron las ambiciones alemanas en el hemiferio y los norteamericanos
empezaron a temer que partes del mismo fueran controladas por los europeos.
Así pues, la rivalidad entre Alemania y los Estados Unidos era un factor impor-
tante que contribuyó al aumento del papel de los Estados Unidos en la región
del Caribe y América Central. El almirantazgo alemán no ocultaba su deseo de
tener bases en el Caribe que le permitieran controlar un canal ístmico, y a los
líderes norteamericanos les parecía que los enfrentamientos navales germano-nor-
teamericanos que habían ocurrido en las islas Samoa (1888) y en la bahía de Ma-
nila (1898) podían repetirse mucho más cerca de casa.12
Los rumores de una po-
sible guerra con Alemania circulaban periódicamente por los Estados Unidos
durante los primeros años de este siglo. El senador Lodge confió al presidente
Roosevelt su creencia de que el emperador alemán «tiene momentos en que está
lo bastante loco como para hacer cualquier cosa. Si llega [la guerra], llegará por
medio de algún intento en América del Sur, probablemente en Brasil».13
el Ministerio de Marina de los Estados Unidos formuló su plan para la guerra,
9. Ibid., pp. 21 y 68.
10. «Foreign military training missions in Latin America», 28 de diciembre de 1944, Office
of Plans and Development (OPD), expediente n.° 336, América Latina, caso 74, RG 165, Re-
cords of the War Department General and Special Staffs, National Archives of the United Sta-
tes, Washington.
11. Herwig, Poliíics of frustration, pp. 85-92.
12. Ibid., pp. 68-72.
13. Henry Cabot Lodge, Selections from the correspondence of Theodore Roosevelt and
Henry Cabot Lodge, 1884-1918, Nueva York y Londres, 1925, vol. I, pp. 487-488.
que consistía en una operación defensiva, basada en un ataque alemán contra
el hemisferio occidental. El Ministerio recalcó que, cuando fuese lo bastante fuerte,
«Alemania insistirá en la ocupación de territorio del hemisferio occidental bajo
la bandera alemana, y entonces los Estados Unidos tendrán que defender su polí-
tica por medio de la fuerza o aceptar la ocupación».14
La crisis venezolana de 1902 dio un nuevo estímulo a la rivalidad entre Ale-
mania y los Estados Unidos, y convenció a Theodore Roosevelt, y a otras perso-
nas, de que los Estados Unidos tenían que extender su poderío más allá de Cuba
y Puerto Rico. Roosevelt había afirmado anteriormente que las naciones latino-
americanas no podían abusar de los intereses extranjeros y ocultarse luego detrás
de la doctrina Monroe; en los casos en que algún país suramericano se comporta-
ra mal «..., que el país europeo le dé una zurra».15
Al principio, Roosevelt dio
la impresión de aceptar el bloqueo pacífico de Venezuela por parte de Gran Bre-
taña, Alemania e Italia, que entró en vigor el 9 de diciembre de 1902. Varios
barcos venezolanos fueron hundidos o apresados y las escuadras de las tres na-
ciones bombardearon algunos fortines de la costa. El dictador venezolano, Ci-
priano Castro, aceptó el arbitraje internacional que antes había rechazado, pero
el bloqueo pacífico pasó a ser un bloqueo bélico oficial en espera de una resolu-
ción final. Luego, el 17 de enero de 1903, un cañonero alemán arrasó el fuerte
de San Carlos, que vigilaba el estrecho de Maracaibo. Hubo seguidamente otros
incidentes, y Roosevelt informó al embajador alemán de que el almirante George
Dewey (con una flota de 54 navios en la isla de Culebra, Puerto Rico) tenía órde-
nes secretas de estar preparado para zarpar hacia aguas venezolanas una hora
después de recibir el aviso correspondiente. El 13 de febrero, los gobiernos britá-
nico y alemán firmaron un protocolo que ponía fin al bloqueo.
Durante el año 1901-1902, Roosevelt había tomado diversas medidas para for-
talecer la posición norteamericana en el Caribe. Además de reunir una flota en
Culebra y transferir la isla al Ministerio de Marina, había intentado comprar las
islas Vírgenes a Dinamarca, enviado una expedición secreta a explorar la costa
venezolana en busca de posibles puntos de desembarco y mandado un enviado
naval a ayudar a los venezolanos para prepararse para una invasión. Este frenesí
de actividad y la velada demostración de fuerza no estaban relacionados sola-
mente con la crisis venezolana, sino que obedecían también al hecho de que los
esfuerzos norteamericanos por adquirir un lugar donde construir un canal ístmi-
co se encontraban en las etapas finales. El segundo tratado entre los Estados
Unidos y Gran Bretaña, el tratado Hay-Pauncefote, se firmó en noviembre de
1901. Éste anulaba el de Clayton-Bulwer (1850) y daba a los Estados Unidos el
derecho de construir, controlar y fortificar cualquier canal. Desde hacía algún
tiempo se estaba buscando una ruta apropiada, pero el Congreso de los Estados
Unidos (después de las astutas maniobras de Philippe Bunau-Varilla de la Nueva
Compañía Francesa del Canal de Panamá) optó por Panamá en junio de 1902,
si el presidente conseguía el derecho de paso «dentro de un tiempo razonable
y en condiciones razonables».
Las negociaciones para la firma del correspondiente tratado entre Colombia
14. Citado en Herwig, Politics of frustration, p. 105.
15. Citado en Bailey, Diplomatic history, p. 502.
AMÉRÍCA LATINA, LOS ESTADOS UNIDOS Y EUROPA
y los Estados Unidos venían celebrándose desde hacía casi dos años. Habían em-
pezado a petición de Colombia, y Roosevelt y el secretario de Estado, John Hay,
creían que las condiciones definitivas del tratado Hay-Herrán cumplían los de-
seos del gobierno colombiano. Pero el presidente de Colombia convocó un con-
greso especial que, bajo su liderazgo, dio largas al asunto y, al cabo de unas
semanas, rechazó el tratado. Los panameños se sublevaron, y Roosevelt respon-
dió invocando el tratado de Bidlack de 1846 para impedir que Colombia desem-
barcara más tropas. El reconocimiento siguió rápidamente a la instauración de
la República de Panamá, y doce días después los Estados Unidos y Panamá fir-
maron un tratado relativo al canal. En vista de ello, el presidente de Colombia
se brindó a aprobar el tratado anterior, pero Roosevelt no le hizo caso. Los co-
lombianos se quejaron y acusaron a los Estados Unidos de robo. Pero Colombia
sólo había ejercido un control intermitente de Panamá y se había apoyado siem-
pre en la intervención norteamericana para mantener cierta apariencia de sobera-
nía. (Se habían producido unos 53 levantamientos en el istmo desde 1846 y Co-
lombia había solicitado la intervención de los Estados Unidos por lo menos en
seis ocasiones.) Theodore Roosevelt quería que se construyese un canal cuanto
antes. El tratado Hay-Bunau-Varilla, que se firmó en noviembre de 1903, dispo-
nía la creación de una zona del canal que tendría 16 kilómetros de ancho y estaría
controlada por los norteamericanos. También hizo de Panamá un protectorado
Una vez obtenida la zona del canal, empezó la construcción de éste, que uni-
ría los océanos Atlántico y Pacífico, y los Estados Unidos pasaron a tener un
interés en América Central que reforzó la creencia de los norteamericanos de que
su país debía ejercer más control en la región. En diciembre de 1902, el primer
ministro británico, Arthur Balfour, había comunicado discretamente a Roosevelt
que su gobierno se sentiría más que feliz de ver a los Estados Unidos vigilando
a los «alborotadores» de América Latina. En 1904, al declararse en quiebra la
República Dominicana, Roosevelt aceptó la oportunidad de imponer una doctri-
na de intervención preventiva que recibiría el nombre de «corolario Roosevelt»
de la doctrina Monroe. El presidente explicó al Congreso:
Si una nación demuestra que sabe comportarse con eficiencia y decencia
razonables en los asuntos sociales y políticos, si mantiene el orden y cumple
con sus obligaciones, no tiene por qué temer una injerencia de los Estados Uni-
dos. Las fechorías crónicas o una impotencia que dé por resultado un afloja-
miento general de los lazos de la sociedad civilizada, puede que en América,
como en otras partes, acabe por hacer necesaria la intervención de alguna na-
ción civilizada, y puede que en el hemisferio occidental la adhesión de los Esta-
dos Unidos a la doctrina Monroe les obligue, aunque sea a regañadientes, en
casos flagrantes de tales fechorías o impotencia, a ejercer la facultad de policía
internacional.16
Así pues, Roosevelt hizo extensiva la premisa básica que había detrás de la
pacificación de Cuba y la enmienda Platt a la totalidad de la región del Caribe
16. Messages and papers of the presidents, vol. XIV, 6.923.
y América Central, y señaló claramente una esfera de interés de los Estados Uni-
dos. En el caso de la República Dominicana, Roosevelt firmó un pacto que daba
a las autoridades norteamericanas el control de la recaudación de las aduanas.
A su vez, dichas autoridades administrarían los ingresos del país con el fin de
destinar una parte de ellos al pago de la deuda rebajada. El Senado no aprobó
el pacto original, de modo que Roosevelt tuvo que actuar al amparo de un acuer-
do ejecutivo hasta la aprobación de un tratado modificado en 1907.
Bajo la dirección conservadora de Elihu Root, la oposición interior y la
frustración de la propia «misión civilizadora», Roosevelt llegó a aceptar que
había limitaciones en las medidas que podían imponerse a la esfera de interés
de los Estados Unidos. Por ejemplo, se resistió mucho a enviar tropas a Cuba
en 1906, cuando los políticos cubanos paralizaron la gobernación del país. Se
haría otro intento de construcción de una república en el Caribe, pero Roosevelt
confió al director de periódico y diplomático Whitelaw Reed en 1906 que veía
muchas dificultades en «el control de regiones tropicales densamente pobladas
por parte de las democracias autónomas del norte ...».17
Con el fin de resol-
ver pacíficamente las disputas, en 1907 se celebró en Washington la Conferencia
Centroamericana. Esta conferencia creó el Tribunal de Justicia Centroameri-
cano para que juzgara las disputas y, también, formuló normas de actuación
cuya finalidad era evitar las revueltas cuarteleras que tanto predominaban en
De modo parecido, el sucesor de Roosevelt, William Howard Taft, proclamó
una política consistente en sustituir «las balas por dólares». El presidente y el
secretario de Estado, Philander C. Knox, creían que la estabilidad fiscal era la
clave del desarrollo y de la estabilidad económicos. La administración alentó a
los banqueros norteamericanos a refinanciar los bonos de diversos países, con
el fin de eliminar la causa de una posible intervención europea. Los banqueros
norteamericanos invirtieron en el Banco Nacional de Haití y prestaron dinero
a Nicaragua para que liquidara los bonos británicos. En Nicaragua, los Estados
Unidos también se hicieron cargo de las recaudaciones de la aduana. Taft y Knox
albergaban la esperanza de prevenir las intervenciones en gran escala utilizando
dólares norteamericanos para apoyar la integridad financiera de gobiernos situa-
dos en la esfera de los Estados Unidos. La administración Taft también intentó
promover la resolución pacífica de las disputas haciendo de mediador en varias
de ellas y patrocinando una serie de tratados de arbitraje.
Durante este período de diplomacia, basada en la esfera de interés norteame-
ricana, las principales naciones latinoamericanas reaccionaron de varias mane-
ras. A partir de 1900, Brasil adoptó una política de amistad con los Estados Uni-
dos a modo de contrapeso de Argentina. En cambio, México, que había sostenido
relaciones muy estrechas con su vecino del norte, empezó a cortejar con creciente
asiduidad a Gran Bretaña y Alemania. (El Departamento de Estado norteameri-
cano incluso sugirió en 1907 que México compartiera las obligaciones policiales
en América Central. Pero las ambiciones de México en la región no concordaban
necesariamente con las de los Estados Unidos y la perspectiva de cooperación
17. Citado en Alian Reed Millett, The politics of intervention: the military occupation of
Cuba, 1906-1908, Columbus, Ohio, 1968, p. 251.
se evaporó.)18
Algunas naciones latinoamericanas adoptaron en aquel entonces
dos doctrinas formuladas por argentinos e intentaron que fuesen aceptadas como
partes del derecho interamericano e internacional. En una serie de volúmenes pu-
blicados entre 1868 y 1896, Carlos Calvo abogaba por una versión absoluta de
la soberanía nacional y la aplicaba al tratamiento nacional de los extranjeros y
de los intereses extranjeros. Declaraba que a los extranjeros había que tratarlos
exactamente igual que a los naturales del país, debían estar sometidos a las leyes
y tribunales nacionales y no tenían derecho a apelar a sus respectivos gobiernos
en busca de apoyo. Con estas declaraciones reaccionaba a la doctrina de la extra-
territorialidad que las naciones industriales y desarrolladas habían instituido para
proteger a sus ciudadanos de los caprichos de los gobernantes, de las diferencias
de los sistemas jurídicos y de los estragos del desorden político. Las naciones
occidentales argüían que principios tales como la santidad de los contratos y el
legítimo procedimiento de la ley formaban parte del derecho internacional y pro-
tegían a los extranjeros y sus propiedades con independencia de lo que los gober-
nantes les hicieran a sus propios ciudadanos. En la práctica, se había abusado
del principio de extraterritorialidad para exigir un trato de privilegio para los
intereses extranjeros. Pero Calvo pasó al otro extremo y argüyó que las naciones
podían hacer lo que quisieran, incluso cambiar las reglas del juego bajo las cuales
los extranjeros habían llegado a un país e invertido en él. En un sentido extraño,
Calvo quería instaurar como principio del derecho internacional la idea de que
no existían unas pautas de comportamiento internacionales. A partir de 1890,
la doctrina Calvo se convirtió en el grito de combate jurídico e ideológico de
las naciones latinoamericanas que querían impedir que las potencias industriales
protegieran a sus ciudadanos y sus intereses. Se trataba del clásico debate entre
deudores y acreedores, países desarrollados y países subdesarrollados, débiles y
fuertes. La batalla en torno a esta doctrina aparecería bajo una forma u otra
en casi todas las conferencias interamerícanas. En la Segunda Conferencia Inter-
nacional de Estados Americanos (Ciudad de México, 1901-1902) se propuso una re-
solución sobre el tratamiento de los extranjeros (parecida a la adoptada en la
primera conferencia y rechazada por los Estados Unidos) que daba cuerpo a la doc-
trina Calvo. Como era de esperar, los Estados Unidos votaron contra toda idea
de que los estados no eran responsables de los daños que sufrieran los extranjeros
durante las guerras civiles, o que los extranjeros no tenían ningún derecho a ape-
lar al gobierno de su país natal.
La segunda doctrina (basada en la primera) fue enunciada por Luis Drago
en 1902 y afirmaba, sencillamente, que las deudas contraídas por una nación con
otra no debían cobrarse por medio de la fuerza. Los Estados Unidos se mostra-
ron más favorables a esta doctrina, siempre y cuando no dispusiera que un deu-
dor tenía el derecho absoluto a incumplir el pago sin sufrir por ello consecuencia
alguna, que era precisamente el significado que querían darle algunos estados
deudores. En la Tercera Conferencia de Estados Americanos, que se celebró en
Río de Janeiro (1906), los Estados Unidos aceptaron una resolución que reco-
mendaba que se debatiera la doctrina en la Segunda Conferencia de La Haya.
18. Véase Daniel Cosío Villegas, La vida política exterior, 1.a
parte, en Historia moderna
de México: El Porfiriato, México, 1960, vol. 5, pp. 620-692.
Esta conferencia se celebró en 1907, y todas las naciones latinoamericanas fueron
invitadas debido a los esfuerzos del secretario Root. Drago asistió a ella en cali-
dad de delegado de Argentina. El delegado norteamericano apoyó la adopción
de la doctrina Drago, con la importante enmienda de que la no intervención de-
bía basarse en la aceptación del arbitraje. De esta forma la Conferencia de La
Haya adoptó la doctrina, pero sólo seis naciones latinoamericanas ratificaron el
En la Cuarta Conferencia Internacional de Estados Americanos, que se cele-
bró en Buenos Aires (1910), se formó la Unión Panamericana como organismo
permanente, cuyo presidente, también permanente, era el secretario de Estado
de los Estados Unidos. La posición de dominio que los Estados Unidos ocupaban
en la organización era clara, pero la Unión tenía poco poder real. No todos los
líderes latinoamericanos acogieron con entusiasmo la recién creada Unión Pana-
mericana, pero algunos creían que tenía el potencial para ejercer influencia en
la actuación de los Estados Unidos.
Mientras tanto, a partir de 1898, un volumen creciente de capital norteameri-
cano había salido hacia el sur. Gran parte de él fue a parar a empresas comercia-
les particulares que producían materias primas para la exportación y se concentró
en Cuba y México. Las inversiones directas de los norteamericanos en Cuba se
hicieron principalmente en la producción de azúcar. En 1909, el 34 por 100 del
azúcar cubano lo producían ingenios de propiedad norteamericana. También se
hicieron algunas inversiones directas de capital en la minería, el tabaco y las em-
presas de servicios públicos. Entre 1896 y 1915, las inversiones estadounidenses
en Cuba aumentaron de unos 50 millones a 265 millones de dólares, aunque se-
guía predominando el capital europeo. Debido al aumento de la producción de
azúcar cubano después de 1900, la participación cubana en el mercado azucarero
norteamericano ya representaba el 50 por 100 en 1913. Las exportaciones nortea-
mericanas a Cuba siguieron la misma tendencia, y en 1914 Cuba ocupaba ya el
sexto lugar entre los clientes de los Estados Unidos. En México, el capital nortea-
mericano iba generalmente a parar a las empresas mineras y petroleras. Compa-
ñías tales como la American Smelting and Refining, Phelps-Dodge, Greene-Ca-
nanea Copper y la Southern Pacific Railroad adquirieron una posición dominante
en la extracción de cobre, plomo, cinc y oro. En 1908 las compañías norteameri-
canas ya eran propietarias de las tres cuartas partes de las minas de México que
pagaban dividendos. En 1901 Edward L. Doheny y sus asociados introdujeron
el primer pozo de petróleo, y el capital extranjero se volcó en la zona, que ya
recibía el apodo de «el camino de oro». La Huasteca Petroleum Company de
Doheny amplió sus operaciones, pero su rival británica, El Águila (propiedad
de Weetman Pearson, futuro lord Cowdray), creció con mayor rapidez, gracias
al trato favorable que recibió del gobierno mexicano. Las empresas norteameri-
canas también se encontraban en expansión en América Central. La United Fruit
Company penetró en varios países, y en 1899 dos familias de inmigrantes italia-
nos organizaron la Standard Fruit and Steamship Company en Nueva Orleans.
En América del Sur, durante el período anterior a 1914, Chile recibió más capital
estadounidense que cualquier otro país.
En 1904 la industria del cobre chilena había quedado relegada al sexto lugar
entre los productores del mundo, y el gobierno alentó a las compañías nortéame-
ricanas a reanimarla. La Braden Copper Company se organizó en 1904 y los Gug-
genheims pusieron en marcha la Chilex Company en 1912. En 1914 ninguna de
las dos compañías había obtenido beneficios aún, pero entre las dos habían in-
vertido un total de 169 millones de dólares en la industria. Varias compañías
norteamericanas empezaron a construir fábricas sucursales en América Latina
a partir de 1900. La United Shoe Machinery Company, la Singer Sewing Machine
Company, algunas empresas de fármacos y cosméticos y varias industrias cárni-
cas de Chicago fueron los ejemplos más notables. A pesar de este incremento
de la actividad económica, el capital y las empresas europeos seguían dominando
Los ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA, 1913-1921
En 1913, Thomas Woodrow Wilson pasó a ocupar el puesto de presidente
de los Estados Unidos. Su administración estaba profundamente arraigada en
la visión calvinista y secularizada de la nación redentora, que tenía una misión
y un destino especiales. Una de las manifestaciones de esta tradición en el siglo
xx era el llamado Progressive movement, que ansiaba reformar el mundo. Frank-
lin K. Lañe, secretario de Interior en el gobierno Wilson, expresó sucintamente
esta visión y su vinculación a una creencia en la superioridad racial: «Hay mucho
de policía especial, de ingeniero de saneamiento, de asistente social y de dictador
benéfico en el pueblo norteamericano ... Es uno de los instintos más fundamen-
tales que han hecho que los hombres blancos dieran al mundo su historia durante
los últimos mil años».19
A juicio de Lañe, y de otros que creían en esta nueva
versión del destino manifiesto, la «carga del hombre blanco» era la noble tarea
de edificar naciones y mantener la paz.
Empujadas por este espíritu, varias figuras clave de la nueva administración
intentaron poner en funcionamiento un plan para la vigilancia cooperativa de
las regiones atrasadas del mundo. El coronel Edward M. House sugirió esta línea
de conducta a las autoridades alemanas y británicas durante la gira que en 1913
hizo por Europa. En una conversación con el conde Johann von Bernstorff, em-
bajador alemán en los Estados Unidos, House manifestó que Gran Bretaña, Ale-
mania, Japón y los Estados Unidos debían trabajar juntos para «... asegurar
la paz y el desarrollo apropiado de los lugares yermos, además de mantener una
puerta abierta y la igualdad de oportunidades para todos en todas partes». El
embajador expresó su conformidad. Y cuando House visitó Gran Bretaña en 1914
calificó de «entusiástica» la reacción de los dirigentes británicos.20
Tal como comunicó al presidente Wilson, el coronel preveía un plan extenso,
en virtud del cual se animaría a las «naciones prestamistas y en vías de desarro-
llo» a «prestar dinero con tipos razonables y a desarrollar, en condiciones favo-
rables, los lugares yermos de la tierra, y, por otro lado, a crear condiciones que
hagan que tales préstamos sean razonablemente seguros».21
El estallido de la gue-
19. New York World (16 de julio de 1916).
20. Charles Seymour, ed., The intímate papers of Colonel House, arranged as a narrative
by Charles Seymour, Boston, 1926, vol. I, pp. 240-244 y 264-267.
21. Ibid., pp. 264-265.
rra en Europa limitó la promoción de esta diplomacia cooperativa del dólar a
reducir la rivalidad en las zonas subdesarrolladas del mundo. House, de todos
modos, continuó promoviendo una versión limitada del plan con la esperanza
de que formase el núcleo de un sistema más amplio después de la guerra. El siste-
ma incorporaría a las naciones de América del Sur en un pacto panamericano
que, según creía también House, ayudaría a resolver un «problema mexicano»
(referencia a la Revolución, que venía haciendo estragos desde 1911). La admi-
nistración Wilson trabajó activamente a favor de este pacto como medio coope-
rativo de llevar la doctrina Monroe a la práctica. La oposición de Argentina y
Chile impidió que se consumara, y se dio carpetazo a la propuesta cuando los
Estados Unidos entraron en la guerra en 1917.
Woodrow Wilson creía firmemente en la misión nacional de traer la paz, el
orden y la estabilidad al mundo. Hizo hincapié en el papel que las instituciones
políticas anglonorteamericanas debían desempeñar en la instauración de tales con-
diciones. A su juicio, las revoluciones se producían o bien porque unos hombres
malos trataban de usurpar el poder valiéndose de medios anticonstitucionales,
o porque el pueblo no podía votar en elecciones libres. No habría revoluciones
cuando se celebrasen elecciones, se obedecieran las disposiciones constitucionales
y se expulsara a los hombres malos del poder. Para Wilson, el orden constitucio-
nal era la base del orden y la estabilidad. El presidente insistía mucho en el go-
bierno de los hombres buenos que seguían los procedimientos constitucionales.
Pero los países no siempre elegían a sus líderes entre los hombres de esta clase.
Así pues, cuando en noviembre de 1913 sir William Tyrrell pidió a Wilson que
le explicara su política mexicana, el presidente contestó: «Voy a enseñarles a las
repúblicas sudamericanas a elegir a hombres buenos».22
Bajo la dirección del severo profesor Wilson, la participación activa y militar
de los Estados Unidos en la región del Caribe y América Central fue mayor que
en cualquier otro período anterior de su historia. En parte, ello era reflejo de
la guerra en Europa, que no sólo exacerbaba el temor a Alemania, sino que tam-
bién ofrecía la oportunidad de reducir la influencia europea en general. En 1915
el nuevo secretario de Estado, Robert Lansing, escribió (con la aprobación de
Wilson) que la «seguridad nacional» de los Estados Unidos dependía de la inter-
vención para sofocar las insurrecciones y ayudar al pueblo a «instaurar y mante-
ner gobiernos responsables y honrados ...».23
Después de que estallaran desór-
denes en Haití y la República Dominicana, y de que los franceses y los alemanes
insinuaran posibles desembarcos, los Estados Unidos intervinieron: en Haití en
1915 y en la República Dominicana erí 1916. En ambos países, se instauró un
gobierno militar norteamericano. A cada uno de los dos países se le proporcionó
una Constitución redactada por norteamericanos y, en cada caso, la adopción
de la misma se vio facilitada por la presencia de la infantería de marina estadou-
22. Burton J. Hendrick, ed., The Ufe and letters of Walter H. Page, Garden City, Nueva
York, 1923, vol. I, pp. 204-205.
23. Memorándum, «Present Nature and Extent of the Monroe Doctrine», 24 de noviembre
de 1915, expediente n.° 710. II/I88V2, RG 59, Records of the Department of State, National
Archives of the United States, Washington. En lo sucesivo se cita como SD y el número de
nidense. En ambos se emprendieron diversos proyectos relacionados con el sa-
neamiento, la salud pública, la educación y la comunicación, ya que el celo refor-
mista de los yanquis se volvió una vez más hacia la edificación de naciones. Aun-
que ello no quiere decir que todo lo que tuvo lugar durante los intentos de crear
repúblicas constitucionales estuviera necesariamente planeado o contara con la
aprobación de los dirigentes de Washington. En Haití hubo resistencia armada
y aproximadamente 3.250 haitianos perdieron la vida.24
En 1916, los Estados Unidos compraron las islas Vírgenes a Dinamarca, con
lo que dispusieron de un punto desde el cual podían controlar todas las principa-
les vías de acceso al Caribe. En aquel mismo año el Senado norteamericano apro-
bó el tratado Bryan-Chamorro con Nicaragua, aunque sólo después de que se
eliminaran elementos de la enmienda Platt, debido en parte a los esfuerzos del
senador Elihu Root, que adoptaba una actitud conservadora ante la interven-
ción. El tratado daba a los Estados Unidos una opción exclusiva a perpetuidad
para una ruta del canal y el arrendamiento durante noventa y nueve años de las
islas Gran Corn y Pequeña Corn en el Caribe, y de una posible base naval en
el golfo de Fonseca, en la costa del Pacífico, concesiones por las cuales se pagó
al gobierno nicaragüense. El Senado norteamericano, no obstante, no hizo nada
hasta que los líderes nicaragüenses dijeron que Alemania trataba de obtener la
ruta del canal. Los vecinos de Nicaragua reclamaron parte del territorio concedi-
do por el tratado y llevaron el caso ante el Tribunal de Justicia Centraoamerica-
no. El Tribunal falló a su favor, pero ni Nicaragua ni los Estados Unidos acepta-
ron el fallo. A resultas de ello, el Tribunal perdió todo sentido y dejó de existir.
La Revolución mexicana resultó un quebradero de cabeza perpetuo para la
administración Wilson. La violencia de la lucha afectaba directamente a los nor-
teamericanos que residían en México y desbordaba continuamente la frontera con
los Estados Unidos. Algunas de las incursiones en el otro lado de la frontera
se llevaban a cabo en nombre del Plan de San Diego, que pedía un levantamiento
de las minorías raciales de los Estados Unidos, al que seguiría la separación de
California, Colorado, Arizona y Nuevo México. Durante la primera guerra mun-
dial, los alemanes participaron en las intrigas con la esperanza de provocar una
intervención masiva de los Estados Unidos en México. Si los Estados Unidos en-
traban en guerra con Alemania, el gobierno imperial proponía en el telegrama
Zimmermann (1917) una alianza militar con México, al que ayudaría a recuperar
los territorios perdidos en 1848.25
La administración Wilson había intentado primeramente influir en los asun-
tos mexicanos en contra de Victoriano Huerta, quien, apoyado en parte por el
anterior embajador norteamericano, había depuesto a Francisco Madero, el «após-
tol de la democracia» y «padre» de la Revolución. Esto motivó la ocupación del
puerto de Veracruz en abril de 1914 al tratar los norteamericanos de bloquear
el suministro de armas a Huerta. La retirada subsiguiente se llevó a cabo por
24. Hans Schmidt, The United States occupation of Haití, 1915-1934, New Brunswick, Nueva
Jersey, 1971, p. 103.
25. Charles H. Harris III y Louis R. Sadler, «The Plan of San Diego and the Mexican-
United States war crisis of 1916: a reexamination», Hispanic American Historical Review, 58/3
(1978), pp. 381-408.
mediación de Argentina, Brasil y Chile. Tras la derrota de Huerta, Wilson inten-
tó imponer una fórmula conciliatoria entre los jefes revolucionarios en guerra
y, finalmente, dio su apoyo a Venustiano Carranza. La medida provocó la incur-
sión de Pancho Villa contra la ciudad de Columbus, en Nuevo México, en marzo
de 1916. Wilson envió una expedición de castigo bajo el mando del general John
J. Pershing, que tenía instrucciones de capturar a Villa. La expedición no alcanzó
este objetivo, aunque sí consiguió que la banda de Villa se dispersara. Los Esta-
dos Unidos y México estuvieron al borde de la guerra entre mayo y junio de
1916. La situación en Europa, no obstante, impidió llevar a cabo una operación
en gran escala en México y se ordenó a Pershing que regresara a los Estados
Unidos. Al terminar la guerra en Europa, algunos norteamericanos volvieron a
pedir que se pacificara México por la fuerza de las armas, pero la mayoría de
los dirigentes sabía que semejante operación resultaría dificilísima y recibiría es-
caso apoyo popular.
Por si las relaciones entre los Estados Unidos y México no eran ya bastante
agitadas a causa de la violencia y las intrigas extranjeras, el asunto del trato
y el estatuto de las propiedades extranjeras vino a aumentar la irritación. Los
elementos nacionalistas-reformistas que había entre los líderes revolucionarios exi-
gían la reforma agraria y algún tipo de control nacional de las inversiones extran-
jeras, especialmente en la industria del petróleo. Las exigencias aparecían gráfi-
camente documentadas en la Constitución de 1917, que incorporaba la doctrina
Calvo en varias secciones clave que afectaban a la propiedad de la tierra, al con-
trol de los derechos de los propietarios al subsuelo de sus fincas y a los derechos
de los extranjeros. El artículo 27 contenía la doctrina según la cual todos los
derechos al subsuelo pertenecían a la nación; durante los veinte años siguientes,
las compañías petroleras extranjeras y el gobierno mexicano se enzarzarían perió-
dicamente en batallas motivadas por la interpretación y el cumplimiento de dicho
Al amparo de la nueva Constitución, la Revolución mexicana se convirtió en
el primer movimiento nacional que realmente supuso una seria amenaza para las
inversiones extranjeras y para los mismísimos principios jurídicos en que se basa-
ban tales inversiones. El gobierno de los Estados Unidos reconocía el derecho
de expropiación, siempre y cuando se pagara una compensación «puntual, sufi-
ciente y efectiva». Pero había una zona inmensa y poco definida de reglas que
debían cumplirse antes de proceder a la nacionalización propiamente dicha, y
el verdadero problema de la propiedad del subsuelo giraba en torno a la aplica-
ción retroactiva del principio de propiedad nacional. Existía la duda de si los
diversos impuestos nuevos, decretos reguladores y (lo más importante de todo)
las exigencias de que las compañías petroleras cambiaran sus escrituras por nue-
vas concesiones confirmatorias eran aplicables a los intereses adquiridos antes
de 1917. El asunto levantó una oleada de protestas particulares y diplomáticas
en 1918 y 1919. Debido a ello, el gobierno mexicano abandonó la mayoría de
los esfuerzos encaminados a hacer cumplir el artículo 27 de la Constitución hasta
el decenio de 1920.
El gobierno estadounidense se encontraba ante un dilema importante al pro-
teger las inversiones de sus ciudadanos y de los de otros países. Según el criterio
tradicional, toda nación respetable protegía a sus ciudadanos en el extranjero,
así como las propiedades de los mismos. Pero, ¿debían los Estados Unidos em-
prender una guerra contra México a causa de sus inversiones? La mayoría de
los norteamericanos respondió que no, pero, pese a ello, seguía queriendo que
se protegiera a las compañías nacionales.
El petróleo era un elemento cada vez más importante para las marinas de
guerra y mercante, así como para la fuerza y la calefacción domésticas. Ello sig-
nificaba que el asunto del control del petróleo iba más allá de la protección de
las inversiones porque ahora era esencial para las operaciones de las naciones
industriales y sus marinas. En 1914 el gobierno británico había accedido a seguir
el liderazgo de los Estados Unidos en los asuntos mexicanos, pero esperaba que
los norteamericanos garantizasen el abastecimiento de petróleo a la Royal Navy
y protegieran las compañías petroleras británicas. Esta política continuó, aunque
los ingleses creían que la administración Wilson era demasiado blanda con Méxi-
co. El petróleo, sin embargo, continuó manando durante toda la Revolución,
gracias en parte a que el campo de Tampico era controlado por el independiente
general Manuel Peláez, que a su vez era apoyado en armas y dinero por las com-
pañías petroleras británicas y norteamericanas.
Wilson no se fiaba realmente de los ingleses y temía que después de la guerra
llegaran a un acuerdo por separado con los nacionalistas mexicanos que pusiera
en peligro los intereses norteamericanos. En 1918 el Departamento de Estado pi-
dió a Thomas W. Lamont, de J. P. Morgan & Co., que formara una comisión
internacional de banqueros de inversión con el fin de unir los intereses económi-
cos británicos y franceses al liderazgo norteamericano. La Comisión Internacio-
nal de Banqueros para México tenía que ser un brazo extraoficial del gobierno
de los Estados Unidos en lo que se refería a coordinar los asuntos relativos a
la deuda consolidada mexicana, los posibles empréstitos y otras inversiones ex-
tranjeras. Esto a su vez limitaría la capacidad de los gobiernos o los intereses
privados de firmar acuerdos independientes con México. En su mayor parte, los
intereses británicos y franceses aceptaron el liderazgo norteamericano, pero du-
rante varios años poco se hizo por resolver el problema del impago de la deuda
Wilson y el secretario de Estado, Lansing, creían que la participación econó-
mica europea en el hemisferio era una causa básica de la agitación política que
daba pie a un intervencionismo contrario a la doctrina Monroe. En el caso de
México, Wilson estaba convencido de que Weetman Pearson (lord Cowdray), el
magnate petrolero británico, se hallaba detrás de la «usurpación» de Huerta. Al-
gunos de los problemas de Haití se atribuían a banqueros franceses y se creía
que los intereses alemanes estaban involucrados en diversas intrigas en el Caribe.
Lansing propuso que los Estados Unidos tomaran medidas para reducir la parti-
cipación económica europea y sugirió una reafirmación de la doctrina Monroe
para que «... incluyera la adquisición de control político por parte de los euro-
peos valiéndose de la supremacía financiera sobre una república americana».26
Varios funcionarios del Departamento de Estado argüyeron que el gobierno de-
bía apoyar principalmente la ampliación de las instituciones bancarias norteame-
ricanas, la promoción de mercancías norteamericanas y la americanización de
26. Memorándum, 11 de junio de 1914, SD 710.11/185>/2.
los medios de comunicación. La guerra parecía brindar una buena oportunidad
para animar a los países latinoamericanos a reducir sus lazos económicos con
Europa y establecer otros nuevos con grupos norteamericanos.
Los esfuerzos específicos del gobierno por fomentar estos cambios tuvieron
poco éxito. Aunque los Estados Unidos presionaron para que se liquidaran los
intereses alemanes en las naciones que declararon la guerra a Alemania, sólo se
expropiaron algunas plantaciones de plátanos en Guatemala y algunas propieda-
des en Haití. No obstante, las dislocaciones económicas causadas por la guerra
promovieron una alteración clara de las relaciones económicas internacionales
de América Latina. Antes de la guerra, por ejemplo, la Central and South Ame-
rican Telegraph Company, que tenía su base en los Estados Unidos, tendió cables
a lo largo de la costa del Pacífico en América del Sur. Una compañía británica
tenía una concesión monopolística que impedía que la compañía norteamericana
extendiera su línea desde Buenos Aires a través de Uruguay y Brasil. Los nortea-
mericanos entablaron demanda en Argentina y Brasil en 1917 y, con el apoyo
del Departamento de Estado, rompieron finalmente el monopolio telegráfico bri-
tánico en 1919. Las operaciones de las sucursales bancarias norteamericanas en
América Latina también avanzaron después de 1914. En 1919 los bancos nortea-
mericanos ya tenían diez sucursales en Brasil, por ejemplo. Al finalizar la guerra,
Gran Bretaña seguía siendo la potencia económica dominante en la mayor parte
de América del Sur, pero los Estados Unidos iban dándole alcance rápidamente.
Los Estados Unidos obtuvieron sólo un éxito limitado en sus intentos de mo-
vilizar el apoyo de los países latinoamericanos en la guerra contra Alemania. Brasil
declaró la guerra, pero las otras siete naciones que imitaron su ejemplo eran esta-
dos del Caribe o América Central. Bolivia, Ecuador, Perú y Uruguay rompieron
las relaciones diplomáticas con Alemania. Argentina, Chile, Colombia, México,
Paraguay, El Salvador y Venezuela se declararon neutrales. El gobierno mexica-
no había intentado formar un bloque neutral a principios de 1917. Al fracasar
en su intento, el presidente Carranza trató de unificar a las demás naciones lati-
noamericanas bajo la bandera de la doctrina Carranza, pidiendo la formación
de un bloque antiyanqui que se erigiese en paladín de la doctrina Calvo y la no
intervención. El citado bloque procedería a no reconocer la doctrina Monroe y
a establecer alianzas con naciones poderosas en otras partes del mundo. Tampo-
co este esfuerzo dio fruto y la doctrina específica murió con Carranza en 1920.
Pero las ideas y las expresiones pasarían a formar parte de las variantes izquier-
distas del nacionalismo antiyanqui.
Durante el decenio de 1920, los intereses económicos norteamericanos en Amé-
rica Latina registraron una rápida expansión. Las inversiones crecieron de cerca
de 1.500 millones de dólares en 1924 a más de 3.000 millones en 1929. En este
año, los ingleses seguían llevándoles ventaja a los norteamericanos en términos
de la inversión total, pero la distancia iba acortándose. En el caso de Brasil, los
inversionistas británicos tenían gran parte de la deuda consolidada antes de 1914,
pero los Estados Unidos se habían convertido en la fuente primaria de capital
nuevo. Las compañías norteamericanas también dominaban en los campos de
la radio, el telégrafo, las películas y los servicios telegráficos para la prensa. En
el campo del transporte aéreo, no obstante, los Estados Unidos iban muy a la
zaga de los alemanes. Este hecho resucitó el viejo espectro de la amenaza alema-
na, especialmente cuando estas líneas aéreas volaban cerca del canal de Panamá.
Algunos dirigentes norteamericanos querían llevar el país hacia lo que se conside-
raba como una industria estratégica, pero sus esfuerzos no fructificaron hasta
la víspera de la segunda guerra mundial.
En 1921 el gobierno estadounidense trató de instituir una política consistente
en ejercer cierta supervisión sobre los empréstitos extranjeros. Las razones eran
varias, pero en el caso de América Latina los factores más importantes eran im-
pedir los empréstitos: en primer lugar, para armamentos; en segundo, a los países
que ya estuvieran demasiado endeudados y, en tercero, a los países donde los
fondos se malgastarían por culpa de la corrupción política. En general, el Depar-
tamento de Estado albergaba la esperanza de fomentar el empleo de capital nor-
teamericano para estimular un buen desarrollo económico. Como los consejos
del gobierno no obligaban a nada, el éxito del programa no fue muy grande,
pero sirvió para que se abandonaran algunas empresas de crédito dudosas en Amé-
rica Central.
Las dislocaciones provocadas por la guerra habían hecho que las relaciones
comerciales de América Latina se apartaran de Europa. Durante los años veinte,
Alemania, Gran Bretaña y Francia recuperaron parte del comercio perdido, pero
los Estados Unidos siguieron siendo el país más importante en el comercio del
hemisferio. La principal excepción eran las relaciones comerciales de Argentina
Entre 1918 y 1930, se produjo la rápida expansión de varios tipos de empresa
norteamericana en América Latina. La característica más importante de esta épo-
ca de inversiones era la penetración en las empresas de servicios públicos y las
manufacturas. Gran parte de éstas se hallaban concentradas en Argentina, Bra-
sil, Cuba y Uruguay. La American & Foreign Power Company fue organizada
en 1923 por la General Electric y adquirió propiedades en Panamá, Guatemala
y Cuba de otra subsidiaria de General Electric. En 1929 ya había obtenido el
control de la industria de energía eléctrica en otros ocho países latinoamericanos.
En todos ellos, la compañía se dedicó a crear sistemas modernos con grandes
instalaciones e importantes medios de transmisión y distribución. Además de vender
energía y luz, la compañía también explotaba redes de tranvías, elaboraba hielo,
sacaba agua con bombas y fabricaba gas. La International Telephone and Tele-
graph Company fue organizada en 1920 por Sosthenes Behn y, en el plazo de
un decenio, se hizo con el control de las principales compañías de teléfonos de
Argentina, Chile, Perú y México. Los norteamericanos también iban en cabeza
de la construcción de sistemas de comunicación sin hilos por todo el hemisferio.
La Radio Corporation of America, la American Telephone & Telegraph y la Uni-
ted Fruit Company eran las principales sociedades en este campo. Las compañías
norteamericanas del sector del automóvil comenzaron a edificar plantas de mon-
taje en varios países. En 1926 la General Motors ya tenía instalaciones de esta
clase en Argentina, Brasil y Uruguay. La Ford Motors también entró en el campo
latinoamericano e, incluso, construyó una planta de tractores en México, país
que en el decenio de 1920 generalmente no se consideraba como un buen riesgo
crediticio. Destacados bancos norteamericanos como, por ejemplo, el National
City y el Chase, empezaron a abrir sucursales a partir de diciembre de 1913. En
1930 ya se encontraban en la mayoría de las ciudades principales del hemisferio.
Además, algunas empresas de inversiones (tales como J. P. Morgan & Company,
la Chase Securities Corporation y la Equitable Trust Company) empezaron a rea-
lizar emisiones de bonos del Estado.
El gobierno de los Estados Unidos siguió una política más cooperativa con
respecto a otros aspectos de las relaciones interamericanas durante el decenio de
1920. Entre 1921 y 1933, los Estados Unidos participaron en 41 de las 44 confe-
rencias nacionales del hemisferio occidental, en contraste con el período com-
prendido entre 1889 y 1921, durante el cual tomaron parte en 23 de 50 conferen-
cias de esta clase. La Inter-American High Commission tuvo que ver con varias
de estas conferencias y, además, puso en marcha un programa general destinado
a resolver problemas de naturaleza comercial. La actuación de este grupo duran-
te un año típico incluía: negociar convenios relativos al arbitraje de disputas co-
merciales, proteger marcas registradas, proteger a viajantes de comercio y clasi-
ficar mercancía de modo uniforme. Esta diplomacia de bajo nivel, sin relación
con crisis alguna y ejercida por un organismo casi gubernamental, indicaba la
tendencia general que seguía la política: la cooperación multilateral con el fin
de despejar las vías para el comercio.
Los líderes republicanos trataron de restringir la actividad militar en la zona,
aunque no repudiaron semejante procedimiento. Retiraron la infantería de mari-
na de Cuba en 1922, de la República Dominicana en 1924 y de Nicaragua en
1925 (aunque volvió en 1927). Continuó la ocupación de Haití, pero en 1933 ya
estaban trazados los planes para la retirada. También se impusieron ciertos lími-
tes al empleo de «grupos de desembarco» temporales. Asimismo, durante las nu-
merosas revueltas que ocurrieron entre 1929 y 1933, el Departamento de Estado
rechazó todas las solicitudes de intervención armada. El presidente Hoover afir-
mó francamente que no quería que los Estados Unidos estuvieran representados
en el extranjero por la infantería de marina.
En 1923 el presidente Warren Harding transmitió órdenes al secretario de la
Guerra y al de Marina prohibiendo la venta, o el traspaso por terceros, de mate-
rial militar norteamericano a cualquier país extranjero. Le preocupaba de modo
especial la concentración de armas en América Latina. Esta política la reiteró
el presidente Hoover en 1931.27
Los Estados Unidos enviaron una pequeña mi-
sión naval a Brasil en 1919, y dos oficiales del ejército fueron destinados a Guate-
mala en 1930 para que se hicieran cargo de la academia militar nacional. En cuanto
a Alemania, el Tratado de Versalles le prohibía enviar misiones; el gobierno fran-
cés, en cambio, intensificó sus actividades militares. En 1919 llegó a Brasil la pri-
mera misión francesa, que en 1927 ya estaba formada por setenta oficiales bajo
el mando de un general de división. Brasil también compró la mayor parte de
sus armas a Francia durante este período. Los franceses conservaron su misión
en Perú y mantuvieron otra en Paraguay de 1926 a 1930. Los servicios de informa-
27. Memorándum de Joseph C. Green, 18 de septiembre de 1937, caja 2, RG 59, Memorán-
dum SD de la Office of American Republic Affairs, 1918-1947.
ción del ejército norteamericano atribuían el incremento de actividad de los fran-
ceses al deseo de compensar la influencia británica en la Sociedad de Naciones
aumentando la influencia francesa en América Latina. El gobierno italiano man-
dó una misión a Ecuador en 1922 y el español envió varias misiones reducidas.28
Al igual que en otras partes del mundo, los líderes norteamericanos idearon
un sistema de tratados para resolver las disputas pacíficamente y fomentar el or-
den político. En 1923 la Convención de Gondra pidió que se instaurase un perío-
do de enfriamiento durante las disputas internacionales, período que fue institu-
cionalizado en la Conferencia sobre Conciliación y Arbitraje, que se celebró en
Washington a finales de 1928. Charles Evans Hughes aportó un liderazgo activo
en esa conferencia, y el presidente Calvin Coolidge y el secretario de Estado,
Frank B. Kellogg, le apoyaron cuando abogó por la aceptación norteamericana
de los tratados resultantes... con reservas. Los Estados Unidos ratificaron los
tratados e ingresaron en el Tribunal de Arbitraje Interamericano. Además de es-
tas medidas, el Departamento de Estado actuó como tribunal interamericano,
formado por una sola nación, al arbitrar en numerosas disputas fronterizas. En
1933 los Estados Unidos habían desempeñado este papel en relación con disputas
que afectaron a casi las tres cuartas partes de las naciones latinoamericanas.
La mayoría de los dirigentes consideraban que América Central era la parte
más revuelta del hemisferio y la que más necesidad tenía de un sistema de orden;
casi todos los estados independientes del Caribe ya estaban unidos por tratados
individuales y contratos de préstamos. En 1923, bajo la dirección de los Estados
Unidos, las naciones centroamericanas firmaron un tratado de paz y amistad.
Esto resucitó el tratado general de 1907, que había utilizado la doctrina Tobar,
consistente en desaprobar los golpes de Estado y las revueltas, no reconociendo
a los gobiernos que surgieran de ellos. El tratado de 1923 añadió condiciones
aún más restrictivas para el reconocimiento. El sistema iba dirigido a desaconse-
jar todo tipo de revoluciones. Durante el decenio de 1920, muchos miembros de
los grupos de la conservadora élite centroamericana apoyaron ansiosamente ese
tratado, sobre todo porque temían que el nacionalismo revolucionario se propa-
gara desde México. Aunque los Estados Unidos no firmaron el tratado, éste no
dejó de ser un instrumento de la política norteamericana, y fueron los principales
encargados de velar por su cumplimiento.
Nicaragua lanzó el desafío más importante y polémico al sistema de tratados.
La decisión norteamericana de intervenir en 1927 se basó, en parte, en la decisión
de hacer que se cumplieran las reglas, aun cuando el desafio provenía de Emilia-
no Chamorro, que era conservador y contaba con el apoyo de algunos dirigentes
y de diversos grupos comerciales con participaciones en Nicaragua. Coolidge y
Kellogg, sin embargo, decidieron que la mejor forma de preservar el statu quo
en toda América Central era obligar a Nicaragua a seguir «procedimientos cons-
titucionales» para efectuar cambios políticos. Había otros factores que motiva-
ron la intervención. Las propiedades norteamericanas se veían bajo una amenaza
potencial debido a la guerra civil entre las facciones políticas, y México prestaba
ayuda a elementos del partido liberal. La administración norteamericana quería
impedir toda expansión de la influencia mexicana.
28. War Department, informe del 28 de diciembre de 1944, OPD 336 América Latina, caso 74.
Dado que entrañaba la posibilidad de una guerra con México, la intervención
en Nicaragua suscitó debates acalorados. Ante la creciente oposición del Congre-
so, los líderes de la administración se percataron de que no podían sostener nin-
guna operación militar extensa. Henry L. Stimson fue enviado, en calidad de
mediador, con el encargo de que fomentara una resolución constitucional. Al
cuerpo de infantería de marina se le encomendó la formación de una guardia
nacional en vez de pacificar el país. Algunos de sus oficiales querían borrar del
mapa a las fuerzas guerrilleras antinorteamericanas de Augusto Sandino, pero
la administración había decidido que sus fuerzas armadas no intervinieran en la
política nicaragüense.29
Lo que se pretendía era crear una fórmula jurídica de
conciliación lo antes posible, proporcionar una guardia nacional políticamente
neutral que sostuviera el sistema de tratados y luego retirar la presencia de los
De hecho, la reacción adversa (tanto en Norteamérica como en América Lati-
na) a la empresa nicaragüense y la oleada de revueltas triunfales que hubo en
América Latina después de 1928 empujaron a Hoover y al secretario de Estado,
Stimson, a modificar nuevamente su táctica. Las reglas para el reconocimiento
se mantendrían oficialmente y a los «nuevos gobiernos» se les pediría que aporta-
ran alguna prueba «jurídica» de continuidad constitucional. Sin embargo, esto
se interpretaría de forma bastante amplia. Stimson también descartó las medidas
militares y procuró reducir la intromisión de diplomáticos y hombres de negocios
en los asuntos políticos.
Un problema importante que tenían planteado los Estados Unidos era el na-
cionalismo revolucionario en México. Los nuevos líderes mexicanos eran mucho
menos radicales de lo que creían algunos dirigentes norteamericanos, pero, de
todos modos, querían ejercer cierto control sobre la economía, en especial sobre
los recursos naturales como el petróleo y la tierra. La administración Wilson se
había negado a reconocer el gobierno que sustituyera a Venustiano Carranza en
mayo de 1920, y los republicanos siguieron la misma política hasta septiembre
de 1923. El Departamento de Estado también desaconsejaba la concesión de em-
préstitos a México. Las negociaciones entre la Comisión Internacional de Ban-
queros y México produjeron un acuerdo en 1922 acerca de la deuda exterior me-
xicana, lo que a su vez ayudó a preparar el terreno para negociaciones relativas
al reconocimiento. Parte del creciente apoyo al reconocimiento del gobierno de
Alvaro Obregón procedía de exportadores norteamericanos. El secretario Hug-
hes sacó la conclusión de que, de hecho, México gozaba de un alto grado de
estabilidad y que, en realidad, los inversionistas no habían sufrido mucho. Las
relaciones empeoraron después de 1925 al tratar el presidente Plutarco Elias Ca-
lles de hacer cumplir el artículo 27 de la Constitución de 1917. No vino a mejorar
la situación la actitud antimexicana del embajador James Rockwell Sheffield. Él
y otros dirigentes querían que se siguiera una política más combativa, aunque
a la larga provocara una guerra. Sin embargo, negociaciones secretas entre los
banqueros y líderes mexicanos condujeron a las soluciones intermedias que entre
1927 y 1928 urdió el nuevo embajador, Dwight W. Morrow (ex socio de la em-
29. De Robert E. Olds al general Francis McCoy, 13 de abril de 1928, RG 59, SD expedien-
tes de Francis White.
presa J. P. Morgan & Co.). Tal como señaló Thomas W. Lamont, presidente
de la Comisión Internacional de Banqueros, «Millhauser [Speyer & Co.] habla
con facundia de empuñar el garrote o pegarles patadas en el estómago. No hay
ningún garrote que empuñar y no tenemos ninguna bota que pudiera llegar a
su remoto y muy duro estómago».30
En lo que se refería a algunos gobernantes norteamericanos, la situación en
México y Nicaragua se veía complicada por la existencia de partidos comunistas
en los dos países. Los partidos comunistas latinoamericanos estaban vinculados
a la Unión Soviética y su política exterior por medio del Comintern, y los nortea-
mericanos veían esto como un tipo nuevo de intervención ajena en el hemisferio.
En 1926 al Partido Comunista de los Estados Unidos se le encomendó la respon-
sabilidad especial de organizar y dirigir los partidos latinoamericanos. Para la
Internacional Comunista, los Estados Unidos eran el principal enemigo en Amé-
rica Latina, y los gobernantes norteamericanos suponían acertadamente que una
victoria del partido comunista en cualquier país vincularía éste a la Unión Sovié-
tica y le empujaría a volverse contra los Estados Unidos. Como decía la directriz
del Comintern, dirigida al Partido Comunista de México en 1923, «la destrucción
del último baluarte del imperialismo capitalista, el derrocamiento de la burguesía
norteamericana, es la tarea de los obreros y los campesinos de todos los países
americanos».31
Pero los dirigentes norteamericanos tendían a exagerar el poder
y la influencia de los comunistas, y esto deformaba su percepción de algunos
acontecimientos políticos, como la insurrección encabezada por Sandino en Nica-
El Primer Congreso Comunista de América Latina se celebró en Buenos Aires
en el año 1929 y asistieron a él delegados de los catorce partidos latinoamerica-
nos, los Estados Unidos y Francia. El congreso adoptó la línea soviética de «in-
transigencia extremista» y se comprometió a emplear tácticas revolucionarias de
índole radical. En 1929 el Comintern dio instrucciones al Partido Comunista de
México para que ordenase a las ligas campesinas armadas que atacaran al gobier-
no y publicó un manifiesto pidiendo al pueblo mexicano que hiciese la guerra
con todas sus fuerzas. El gobierno mexicano acusó a la Unión Soviética de finan-
ciar e incitar el movimiento subversivo y, en enero de 1930, cortó las relaciones
diplomáticas con Rusia. En 1930 el movimiento comunista en América Latina
era pequeño, pero iba creciendo, y con ello la Unión Soviética se estaba convir-
tiendo en un elemento de las relaciones internacionales del hemisferio.
Algunos líderes latinoamericanos veían la Sociedad de Naciones como un po-
sible factor en las relaciones hemisféricas durante el decenio de 1920. Nueve na-
ciones latinoamericanas eran miembros fundadores y otras ingresaron en la orga-
nización en el curso del decenio. En la primera asamblea, Argentina hizo gestiones
para que se suprimiera la referencia a la doctrina Monroe del pacto fundamental
de la Sociedad. Al fracasar el intento, Argentina se retiró durante el resto del
30. De Lamont a Vivían Smith y J. R. Cárter (Oficina de J. P. Morgan & Co. en París),
sin fecha (probablemente noviembre de 1928), Thomas W. Lamont Manuscripts, Baker Library,
Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts.
31. Stephen Clissold, ed., Soviet relations with Latín America, 1918-1968: a documentary
history, Londres, 1970, p. 86.
decenio. El asunto de la doctrina Monroe volvió a aflorar a la superficie en 1928.
Brasil había abandonado la Sociedad de Naciones al no dársele un lugar perma-
nente en el Consejo y Costa Rica había quedado excluida por no pagar los dere-
chos. Al invitar a las dos naciones a ingresar de nuevo en la organización, el
consejo aseguró a Costa Rica que todos los países tenían los mismos derechos
y las mismas responsabilidades, y que el pacto fundamental no confirmaba la
validez de la doctrina Monroe. Perú y Bolivia se habían retirado de la Sociedad
de Naciones en 1921 al negarse ésta a considerar la cuestión de Tacna-Arica, te-
rritorios que Chile tenía en su poder desde la guerra del Pacífico. Volvieron en
1929, después de que los Estados Unidos mediaran en la disputa. En 1928 la
Sociedad de Naciones hizo una advertencia contra la agresión en la disputa del
Chaco entre Bolivia y Paraguay, y trató de mediar en ella, pero el intento termi-
nó en fracaso y a los pocos años estalló la guerra. Por regla general, la Sociedad
de Naciones no prestaba atención a América Latina y no hizo las veces de contra-
peso de los Estados Unidos.
El creciente poderío de los Estados Unidos y su creación de una esfera de
interés en el Caribe-América Central despertaron cierta hostilidad en América
Latina, especialmente entre la intelectualidad. Algunos intelectuales formularon
el concepto de la civilización y la cultura latinas contra la civilización y la cultura
anglosajonas y promovieron la idea de la unidad latina contra el «coloso del nor-
te». La obra clásica, la que tratarían de emular la mayoría de los autores subsi-
guientes, fue Ariel (1900), en la cual José Enrique Rodó presentaba a los nortea-
mericanos como gente materialista y a los latinoamericanos como idealistas. José
María Vargas Vila, de Colombia, llevó este tema un poco más lejos en su libro
Against the barbarians. The Yankee - behold the enemy (1919). En el decenio
de 1920, el antiyanquismo no sólo era ya una corriente familiar en las universida-
des latinoamericanas, donde se convirtió en parte del fervor emotivo de los movi-
mientos reformistas de signo nacionalista, sino que era también un rasgo regular
de la retórica política en toda América Latina.
En general, exceptuando México y los comunistas latinoamericanos, los senti-
mientos contra los Estados Unidos no se centraban en asuntos económicos, sino
más bien en el problema de la intervención militar en el Caribe y América Cen-
tral. Estos sentimientos alcanzaron su apogeo en la Conferencia de La Habana
de 1928, donde un representante tras otro vació el frasco del nacionalismo agra-
viado sobre la cabeza de los delegados norteamericanos. Sin embargo, el ex secre-
tario de Estado, Charles Evan Hughes, cambió el curso de las cosas con una
obra maestra de la oratoria, que puso unos límites definidos a la doctrina de
la intervención. El Departamento de Estado decidió entonces publicar un libro
rojo en el que separaba claramente la doctrina Monroe de la intervención arma-
da. El memorándum de J. Reuben Clark fue publicado en 1930 y constituyó una
prueba de la creciente sensibilidad de los gobernantes norteamericanos a las críti-
cas latinoamericanas.
En 1930 los Estados Unidos ya eran claramente la potencia que predominaba
en el hemisferio occidental. Sin embargo, las naciones de América Latina estaban
más seguras en su independencia de lo que lo estuvieran en 1830 y los Estados
Unidos empezaban a abandonar la intervención militar en la región del Caribe
y América Central. Los líderes norteamericanos no estaban dispuestos a renun-
ciar a su política general, basada en la esfera de interés en la región, y el secreta-
rio Stimson así lo expresó al escribir en 1931: «Esa localidad ha sido el único
lugar ajeno a nuestras costas que la naturaleza ha decretado que fuese importan-
tísimo para nuestra seguridad nacional, por no hablar de nuestra prosperidad».32
Sin embargo, muchos dirigentes norteamericanos reconocían los problemas que
el mantenimiento de dicha esfera representaba para las relaciones interamerica-
nas en general, y la mayoría de ellos quería encontrar algún tipo de posición
intermedia. Las nuevas rivalidades internacionales que surgirían durante los de-
cenios siguientes perjudicarían los avances hechos en las relaciones entre los Esta-
dos Unidos y América Latina.
32. The United States and other American republics, Department of State Latín American
Series, n.° 4, Washington, 1931, p. 5.
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