Source: http://docplayer.es/13643893-Exposicion-de-motivos.html
Timestamp: 2018-06-19 03:45:55+00:00

Document:
Susana Rodríguez Velázquez
1 EXPOSICION DE MOTIVOS El estado de derecho descansa en el irrestricto respeto a la integridad de las personas, pues es obligación intrasferible del poder público ofrecer a los ciudadanos la seguridad que les permita vivir en sociedad, que preserve las libertades y garantice la igualdad jurídica como requisito para mantener la paz. Consecuentemente, las autoridades y los servidores públicos deben realizar las atribuciones propias de su función con estricto apego a la Constitución General de la República, la particular del Estado y las leyes que de ambas amanen, buscando en todo momento el beneficio de la colectividad, entendiéndolo como la oportunidad de generar progreso en un clima de tolerancia y respeto a la dignidad de cada individuo. Uno de los intereses fundamentales del ejecutivo a mi cargo, consiste en establecer medidas para la prevención y sanción de las conductas lesivas a dicha dignidad de las personas, como es el caso de aquellas prácticas en las que se pudieren incurrir servidores públicos que, apartándose de la ley, se valga de instrumentos, mecanismos o actos para infringir tortura. El Gobierno Estatal ha hecho esfuerzos importantes para combatir y castigar los actos cometidos por servidores públicos, especialmente por quienes tienen la encomienda de prevenir o investigar conductas antisociales, tipificando los delitos respectivos en el código penal y creando la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Con la expedición de la ley para prevenir y sancionar la tortura en el Estado de México, se subraya el interés de combatir estas prácticas que niegan de raíz los principios de la dignidad humana y de la racionalidad en que debe darse la función pública. Finalmente, la presente iniciativa de Ley es consecuente con la política nacional encaminada al reconocimiento y respeto a la dignidad de la persona humana, y da continuidad a las vigorosas acciones que recientemente han iniciado los organismos públicos de protección defensa de derechos humanos. Atento a las consideraciones y fundamentos expuestos, me permito someter a consideración la presente iniciativa de decreto, para que, si lo estiman correcto y adecuado, se aprueben en términos. Reitero a ustedes la seguridades de mi atenta y distinguida consideración. A T E N T A M E N T E SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
2 LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ
3 EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed: Que la Legislatura del Estado ha tenido a bien aprobar lo siguiente: DECRETO NUMERO 23 LA H. LII LEGISLAT URA DEL ESTADO DE MÉXICO D E C R E T A : LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA EN EL ESTADO DE MÉXICO Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto la prevención y sanción de la tortura en el Estado de México. Artículo 2.- Comete el delito de tortura el servidor público que con motivo de sus atribuciones y con el fin de obtener de un inculpado o de un tercero su confesión, información u omisión de un hecho o cualquier otra conducta que dañe al pasivo o a un tercero, realice cualquiera de los siguientes actos: Le inflija al inculpado, golpes, mutilaciones, quemaduras, dolor, sufrimiento físico o psíquico, lo prive de alimentos o agua. Es igualmente responsable el servidor público que instigue, compela, autorice, ordene o consienta su realización, así como quienes participen en la comisión del delito. No se considerarán como tortura las penalidades que sean consecuencia de sanciones legales o derivadas de un acto legitimo de autoridad. Artículo 3.- A quien cometa el delito de tortura se le impondrá una pena de tres a doce años de prisión, de doscientos a quinientos días multa y destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar otro de esta misma naturaleza, por un término hasta de veinte años, sin perjuicio de las penas que correspondan a otros delitos que concurran. Artículo 4.- Al servidor público encargado de la prevención e investigación de los delitos que tenga conocimiento de un hecho de tortura y no lo denuncie de inmediato, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de treinta a trescientos días multa. Artículo 5.- No se considera como causa excluyente de responsabilidad del delito de tortura, el que se invoque la existencia de situaciones excepcionales, como inestabilidad política interna, urgencia en las investigaciones o cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá invocarse como justificación el hecho de haber actuado bajo órdenes superiores. Articulo 6.- La tortura en ningún caso se justificará, ni por la peligrosidad de la persona privada de su libertad, ni por la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario. Artículo 7.- En el momento en que lo solicite, cualquier persona privada de su libertad, por sí misma o por medio de su defensor o de un tercero, deberá ser examinada por un perito médico legista. A falta de éste, o si lo requiere, se hará además por un facultativo de su elección. El médico que practique el reconocimiento queda obligado a expedir de inmediato el certificado correspondiente y, en caso de apreciar que se han infligido
4 dolores o sufrimientos de los comprendidos en el artículo 2, deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad competente. Artículo 8.- La confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura no podrá invocarse como prueba. Artículo 9.- No tendrá valor probatorio alguno la confesión rendida ante una autoridad judicial o el Ministerio Público, sin la presencia de su defensor o persona de confianza del inculpado y, en su caso, del intérprete del idioma o dialecto de éste. Artículo 10.- El responsable del delito de tortura previsto en esta Ley estará obligado a cubrir los gastos de asesoría legal, médicos, psiquiátricos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole que hayan erogado la víctima o sus familiares como consecuencia del delito. Asimismo, estará obligado a reparar el daño a la víctima o a sus dependientes económicos, en los siguientes casos: I. Pérdida de la Vida; II. Alteración de la salud; III. Pérdida de ingresos económicos; IV. Incapacidad laboral; V. Pérdida o daño en la propiedad; VI. Pérdida de la libertad; y VII. Menoscabo de la reputación. Para fijar los montos correspondi entes el juez tomará en cuenta la magnitud del daño causado. Para los efectos de la reparación del daño se estará a lo previsto en el Código Penal de la Entidad. El Estado y los municipios estarán obligados subsidiariamente a la reparación de los daños y perjuicios, en los términos del Código Civil del Estado de México. Artículo 11.- Siempre que haya motivos fundados para creer que se ha cometido un acto de tortura, tal como se define en el artículo 2 de esta Ley, las autoridades competentes del Estado procederán de oficio y con celeridad a realizar la investigación y, de existir denuncia o acusación y datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado, ejercitarán la acción penal correspondiente. Artículo 12.- Los órganos dependientes del Ejecutivo Estatal relacionados con la procuración de justicia llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para: I. La orientación y asistencia de la población, con la finalidad de vigilar la exacta observancia de las garantías individuales de aquellas personas involucradas en la comisión de algún acto ilícito; II. La organización de cursos de capacitación de su personal para fomentar el respeto de los derechos humanos; III. La profesionalización de sus cuerpos policiales; y
5 IV. La profesionalización de los servidores públicos que participen en la custodia y tratamiento de toda persona sometida a arresto, detención o prisión. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en el ámbito de su competencia, podrá participar en la ejecución de los programas que se mencionan en este artículo. T R A N S I T O R I O S ARTICULO PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta del Gobierno. ARTICULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta del Gobierno. ARTICULO TERCERO.- En todo lo no previsto por esta Ley, serán aplicables las disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales vigentes en el Estado de México. ARTICULO CUARTO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. LO TENDRA ENTENDIDO EL GOBERNADOR DEL ESTADO, HACIENDO QUE SE PUBLIQUE Y SE CUMPLA. Dado en el palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital de l Estado de México, a los diecisiete días del mes de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.- Diputado Presidente. C. Lic. José Luis Barcena Trejo; Diputados Prosecretarios.- C. Lic. Jorge Eleazar García Martínez; C. Profra. Ma. Eugenia Aguiñaga Alamilla; C. Ma. del Carmen Corral Romero; C. Lic. Benjamín Pérez Alvarez. Rúbricas. Por tanto mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. Toluca de Lerdo, Méx., a 22 de febrero de EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ
6 APROBACION: 17 de febrero de PROMULGACION: 22 de febrero de 1994 PUBLICACION: 25 de febrero de VIGENCIA: 26 de febrero de 1994.
Americas. Civil Law. 23 January 1986
Country File MEXICO Last updated: December 2008 Region Legal system UNCAT Ratification/ Accession (a)/ Succession (d) Relevant Laws Americas Civil Law 23 January 1986 Federal Laws: Federal of 21 December

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 7
 artículo 2
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 artículo 2
 Artículo 12