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Timestamp: 2018-07-21 11:55:49+00:00

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Las partes en el juicio de amparo - González Cancino
Las partes en el juicio de amparoGC2018-07-16T23:03:43+00:00
Errores metodológicos cometidos por la doctrina
Clasificación de los diferentes objetos de protección
Teoría de la legitimación activa
Crítica a los criterios jurisprudenciales
Crítica a la Ley de Amparo
La defensa del derecho al medio ambiente
Hasta ahora se ha visto el elemento objetivo del juicio de amparo, es decir, tanto los objetos de protección (derechos humanos, garantías y competencias constitucionales) como los objetos de impugnación (actos positivos, negativos y normativos que violan derechos humanos, garantías y competencias constitucionales provenientes de particulares y autoridades). A continuación se verá el elemento personal del juicio de amparo, es decir, los sujetos que intervienen en el procedimiento en calidad de partes.
Nuevamente se abordará este tema comenzando por las normas jurídicas de mayor jerarquía, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, para finalmente estudiar la Ley de Amparo. Esto permitirá identificar anticonstitucionalidades e inconvencionalidades en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Amparo.
La legitimación activa se refiere a la facultad de intervenir en calidad de actor en un procedimiento jurisdiccional.
Es importante distinguir a la legitimación activa de otros conceptos afines, tales como:
Legitimación en la causa que refiere a la titularidad de los derechos que se determinarán con la sentencia definitiva. Esta legitimación se refiere al fondo del asunto o controversia judicial.
Legitimación procesal, que es la facultad de ejercer el derecho de acción ante los órganos jurisdiccionales.
Legitimación pasiva, que se define como la facultad de intervenir en un procedimiento jurisdiccional en calidad de parte demandada.
A continuación se verán cuáles son los principales errores en los que incurre la doctrina al elaborar teorías relativas a la legitimación activa del juicio de amparo mexicano.
Errores metodológicos cometidos por la doctrina tratándose de la legitimación activa
La reforma constitucional acontecida en México en junio de 2011 incorporó instituciones procesales antes desconocidas por el texto constitucional. Tal es el caso del interés legítimo, del interés individual y del interés colectivo.
Adicionalmente, la reforma modificó el agravio tratándose de actos reclamados imputados a órganos jurisdiccionales, pues ahora exige que dichos actos afecten de manera personal y directa a un derecho subjetivo del quejoso. Antes, la Constitución se limitaba a decir que el amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, pero no exigía que el agravio fuese directo; eso fue una creación jurisprudencial, como se vio cuando se abordaron los principios constitucionales del juicio de amparo.
El problema que existe respecto de estas figuras procesales es que cada doctrinario refiere cosas diferentes.
Se puede afirmar que, respecto de la legitimación activa del juicio de amparo mexicano, existe la situación opuesta a la existente respecto del concepto de autoridad, ya que, tratándose del concepto de autoridad, prácticamente toda la doctrina opera bajo el influjo del paradigma de las garantías individuales. Esta es la razón por la cual todos los doctrinarios coinciden con que, para efectos del juicio de amparo, la autoridad se determina atendiendo a las características del acto reclamado; sin embargo, cuando se trata de la legitimación activa del juicio de amparo, cada quien (doctrinarios y jueces) formula conceptos y teorías distintitas.
La falta de consensos en esta materia se debe principalmente a:
La inobservancia del método jurídico
La violación al principio de supremacía constitucional
La pretensión de elaborar teorías del interés jurídico y legítimo que traten por igual a los distintos objetos de protección del juicio de amparo, aun cuando tienen estructuras distintas.
El derecho es una expresión del deber ser y, por ello, la observación directa de la realidad sensible no constituye el método jurídico.
Lo anterior es así debido a que el objeto jurídico esencial, es decir, la norma jurídica, no es un objeto dotado de existencia física, sino que es un objeto ideal.
Sin duda la norma jurídica está llamada a regular fenómenos que acontecen en la realidad sensible, pues regula las relaciones humanas de convivencia; antes bien, para calificar una conducta o fenómeno en términos jurídicos, se debe partir de la norma y no de la realidad sensible, de lo contrario, quienes proceden de tal forma
No se dan cuenta que la misma conducta puede ser ejercicio de un derecho real o personal, violación del mismo, o bien cumplimiento de un deber; no se dan cuenta que es imposible partir de la conducta para descubrir la norma; que el fenómeno jurídico, el ejercicio de derechos, el cumplimiento de deberes o su violación, así como la realización de los supuestos, no existen en sí sino que se conocen y producen solamente cuando los hechos o la conducta humana son referidos a la norma. Este empirismo en el conocimiento del derecho no permite jamás encontrar la esencia de ningún derecho y nos lleva a contradicciones, ficciones y aproximaciones poco objetivas, que han impedido que el estudio del derecho se someta a un método científico adecuado, especialmente creado para su conocimiento. (Morineau, 2005, pág. 135)
Para comprender mejor lo anterior, supóngase el siguiente caso:
Usted acaba de presenciar que el Señor Ramírez mató a un individuo llamado Jaime. ¿Qué representa esto en términos jurídicos?
Uno podría afirmar que se cometió un delito, pues la privación de la vida está tipificada como tal en el Código Penal.
Pero qué pasaría si le informan que el Señor Ramírez es una autoridad que ejecutó una condena judicial que imponía la pena de muerte a Jaime (suponga que está en un país que contempla dicha pena).
Como se observa, una misma conducta puede calificarse como un ilícito penal o como lícita, pues en el segundo caso constituye la ejecución de una sentencia. Lo anterior demuestra que, para calificar correctamente un fenómeno jurídico, se debe partir de la norma de Derecho aplicable para dotar de sentido jurídico a lo observado en la realidad sensible. Aquí las palabras de Morineau (2005):
[…] no es posible que la lógica le sirva para descubrir la esencia de un derecho si parte de la descripción de los hechos, al no darse cuenta de que el procedimiento a seguir es precisamente el contrario: para conocer los hechos, en su carácter de fenómenos jurídicos, es indispensable partir del derecho y no a la inversa. (Morineau, pág. 135)
La forma correcta de explicar los fenómenos jurídicos es partiendo de la norma jurídica para dotar de sentido a los datos observados sean estos hechos o conductas.
La violación del principio de supremacía constitucional
Otro error en el que incurren la mayoría de las teorías de la legitimación activa del juicio de amparo mexicano, es ignorar el texto constitucional.
Parece increíble la cantidad de teorías que recurren al derecho comparado o a la doctrina para elaborar conceptos y calificar la legitimación del quejoso, sin darse cuenta que esta no es una fuente de derecho en términos del sistema de fuentes reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como se vio anteriormente, el método jurídico implica partir de la norma jurídica y si la doctrina no representa una fuente de derecho, es claro el error metodológico en que todas estas teorías caen.
Otra variante del error ahora estudiado consiste en recurrir al derecho comparado para identificar los alcances de los diferentes intereses incorporados en el texto constitucional. Sin duda, aquel influyó en la reforma constitucional de 2011, pero una cosa es la influencia de los legisladores y otra la forma como redactaron en la Constitución los intereses jurídicos, legítimos, individuales y difusos.
Adicionalmente debe considerarse que no todas las constituciones contemplan la protección de garantías, como lo hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, en este país, los diversos intereses tienen una configuración especial y distinta a la prevista en otros ordenamientos jurídicos.
En otras palabras, una vez que los diferentes intereses al juicio de amparo mexicano se incorporan al texto constitucional se independizan de su influencia, pues son introducidos en un sistema jurídico con características propias. Incluso las exposiciones de motivos resultan inútiles, pues muchas veces el legislador pretende una cosa y termina redactando enunciados normativos muy distintos a sus intenciones.
Finalmente, también es un error crear los conceptos de interés jurídico, legítimo, individual y colectivo a partir de la jurisprudencia y de la ley de amparo, pues como se ha visto muchas veces, el Poder Judicial y el Congreso restringen los alcances que constitucionalmente le corresponden al juicio de amparo. Dentro de las jurisprudencias que restringen indebidamente los alcances del juicio de amparo se pueden citar las relativas al principio de estricto derecho, las que crean la ficción de equiparar particulares a autoridades y la ficción inversa, es decir, la de particularizar a las autoridades, misma que establece la improcedencia del juicio de amparo ante omisiones legislativas, entre otras
Teorías que no distinguen los distintos objetos de protección
Uno de los problemas principales de las teorías sobre la legitimación activa del juicio de amparo mexicano radica en que sus autores olvidan los distintos objetos de protección con que este procedimiento cuenta; no es lo mismo acreditar la legitimación respecto de un derecho humanos o competencia, que respecto de una garantía. Aun hablando de derechos humanos, existen diferentes tipos, los cuales requieren un trato diferenciado.
Para evitar ese error, se elaborará una clasificación de los distintos objetos de protección y, a partir de ella, se creará una teoría que explique la legitimación activa del quejoso en cada escenario.
De acuerdo con lo que se vio al inicio de este Curso, el juicio de amparo tiene por finalidad proteger derechos humanos, garantías y competencias constitucionales.
Es posible clasificar a los derechos humanos en dos categorías, de acuerdo con la forma en que el ordenamiento jurídico (Constitución, tratados internacionales y leyes que los imputan) regula su ejercicio:
Derechos humanos que no requieren de permiso o autorización para su ejercicio.
Derechos humanos que requieren de un permiso o autorización para su ejercicio.
Como ejemplos del primer grupo se pueden citar los siguientes derechos, si bien cabe mencionar que a lista no es exhaustiva:
Artículo 4[…]
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad[…] […]Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar[…] […]Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Artículo 6[…]
Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.
Artículo 11[…]
En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio.
Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
Artículo 20[…]
[…]C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; […]
[…]6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos.
[…]5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías a medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Art. 17[…]
A continuación se enlistan algunos derechos que requieren de autorización para su ejercicio:
Artículo 5[…]
La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.
Algunas actividades comerciales, especialmente las realizadas en establecimientos mercantiles, requieren de permisos y licencias, entre otros, toda vez que se busca proteger tanto a los trabajadores de dichos establecimientos, como al público en general.
Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.
Otra forma de clasificar los derechos humanos es en función del centro de imputación. Así, se obtienen las siguientes categorías:
Algunos ejemplos de derechos humanos individuales son los que se citan a continuación.
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad[…]
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar[…]
[…]Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte.
Algunos ejemplos de derechos humanos colectivos son:
Artículo 39[…] El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio reciprocó, así como del derecho internacional.
Como se puede observar, los derechos humanos individuales son imputados por la norma jurídica a toda persona, mientras que los derechos humanos colectivos son imputados a grupos o entes colectivos.
De lo dicho hasta este punto, resulta que los derechos humanos se pueden clasificar de la así:
Estas son las clasificaciones relevantes de los derechos humanos para formular una teoría de la legitimación activa del juicio de amparo mexicano. Enseguida se procederá a clasificar las garantías que constituyen el otro objeto de protección del juicio de amparo.
Antes de catalogar las garantías, es importante dejar en claro que la regulación jurídica de la conducta solamente puede ser de dos tipos: o bien la norma jurídica autoriza una conducta, es decir, la faculta; o , por el contrario, la prohíbe. En palabras de Morineau (2005, pág. 44): “la norma solamente autoriza o prohíbe”.
Al respecto se puede alegar que existen normas que ordenan, pero las órdenes no son sino derechos de ejercicio obligatorio (autorizaciones). Aquí algunas ideas de Manuel Atienza y Ruiz Manero (2004), que ayudan a comprender esto: “una cosa es conferir un poder (normativo) y otra cosa es regular (como facultativo, obligatorio o prohibido) el ejercicio de ese poder.” (pág. 84)
Anteriormente se vio que los derechos humanos son verdaderos derechos subjetivos, pues están conformados por:
1. Un facultamiento que puede ser a la propia conducta (derechos de libertad principalmente) o a la conducta ajena (derechos relativos).
2. La prohibición correlativa, que constituye aquello que Ferrajoli denomina garantía primaria, misma que puede ser erga omnes o a un sujeto determinado. Esta se encuentra implícita en todo facultamiento, pues como lo señala Morineau (2005):
[…] toda autorización jurídica es correlativa de una prohibición hecha a otro sujeto. Si la norma en estos casos se limitara a autorizar la propia conducta de un sujeto, sin prohibir conducta a los demás, resultaría que éstos no estarían obligados a abstenerse, en vista del principio de que todo lo que no está exigido o prohibido está permitido. Con independencia de este principio resulta evidente que la plenitud de la norma requiere que a toda autorización de conducta hecha a un sujeto vaya acompañada la prohibición correlativa a cargo de los demás. Aquí brota por necesidad un dato universal de la regulación jurídica, su bilateralidad, la relación invariable entre el facultamiento y la prohibición correlativa de conducta existente en toda norma jurídica. (pág. 46)
3. La facultad de exigencia
El derecho a la vida previsto en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es un verdadero derecho subjetivo, pues cuenta con un facultamiento a la propia conducta, la prohibición erga omnes correlativa a dicho facultamiento y, finalmente, la facultad de exigencia prevista en el artículo 25 de la Convención:
[…]Artículo 25. Protección Judicial
La manera de identificar las garantías es observar la forma deóntica empleada en el enunciado normativo. Si la norma dice que faculta, autoriza, otorga un derecho o reconoce una libertad, se está en presencia de derechos; en aquellos casos en que la norma jurídica prohíbe, ordena o restringe la conducta, se refiere a garantías.
Al inicio del Curso, se dio la siguiente definición:
Ahora se está describiendo en qué consisten esos elementos normativos, es decir, se está mostrando cuáles son los medios empleados por el Derecho (prohibiciones y deberes) para proteger derechos y bienes jurídicos.
Las prohibiciones y deberes impuestos por la norma jurídica constituyen garantías.
Aquí algunos ejemplos de garantías contenidas en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Es fundamental poner especial atención en la prohibición de la esclavitud establecida por el artículo 1º constitucional, pues constituye una prueba más de la insuficiencia del paradigma de las garantías individuales.
Como se vio en su momento, el paradigma de las garantías individuales considera a los derechos humanos como meras restricciones al poder estatal. En ese orden de ideas, la prohibición del artículo 1º constitucional evidencia que, aun tratándose de las prohibiciones el paradigma de las garantías individuales, realiza una lectura incompleta, pues la prohibición no está acotada a los órganos estatales, sino que es absoluta en el sentido de que está imputada a todas las personas que habiten el territorio nacional, sin importar si son autoridades o particulares.
El paradigma de las garantías individuales comete el error acotar a las autoridades prohibiciones que están impuestas a toda persona, sin importar si se trata de autoridades o particulares.
En otras palabras, el artículo 1º constitucional no dice “se prohíbe que las autoridades tengan esclavos”, sino que la prohibición está imputada a todas las personas, autoridades y particulares por igual. De lo anterior se desprende que no es necesario ser autoridad o estar en un plano de supra a subordinación para transgredir la prohibición de la esclavitud del artículo 1º constitucional, pues existe la posibilidad de que tanto autoridades como particulares la infrinjan.
A continuación se presenta una clasificación de garantías.
Las garantías fundamentales son todas aquellas prohibiciones y deberes impuestos por la norma jurídica en beneficio de cualquier individuo, cuya finalidad es proteger determinados bienes jurídicos.
Se trata de prohibiciones y deberes considerados de vital importancia y en razón de ello se imputan en beneficio de cualquier persona. En otras palabras, al igual que los derechos humanos, las garantías fundamentales son imprescindibles y, en razón de ello, son indisponibles y se imputan en beneficio de todos (universalidad).
Se reitera que el concepto de bienes jurídicos no tiene la connotación del derecho civil (todo aquello susceptible de apropiación privada), sino una más amplia que incluso abarca a la persona misma, sus derechos y sus posesiones.
Las garantías fundamentales son todas aquellas prohibiciones y deberes impuestos por la norma jurídica en beneficio de cualquier individuo, que tienen como finalidad la protección de determinados bienes jurídicos.
III […] No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud este [sic]
pendiente de decisión ante autoridad competente.
Con respecto a la garantía prevista en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se podría alegar que no beneficia a todos los habitantes del territorio nacional, sino únicamente a los mexicanos. Esto sería correcto si no existieran otros derechos y garantías que permitieran ampliar el efecto protector de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución, tales como el derecho de igualdad del artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la prohibición de discriminación en razón de nacionalidad del artículo 1º constitucional.
Es necesario enfatizar que las garantías fundamentales pueden o no proteger derechos humanos, ya que algunas de ellas salvaguardan cualquier tipo de derechos, posesiones y propiedades, como las garantías fundamentales previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las garantías fundamentales pueden proteger a la persona misma, sus derechos de carácter patrimonial, sus derechos humanos, sus posesiones y todo aquello que la norma jurídica considere digno de protección.
Las garantías de efectividad están constituidas por todas aquellas prohibiciones o deberes que sirven para satisfacer un derecho humano. Este tipo de garantías tienen especial relevancia tratándose de derechos humanos que implican el otorgamiento de una prestación o una conducta de hacer por parte del sujeto pasivo.
Los deberes más representativos de las garantías de efectividad son las obligaciones generales de proteger y garantizar derechos humanos, así como la de adecuar el derecho interno.
Es pertinente destacar el efecto que las obligaciones generales en materia de derechos humanos tienen con respecto a las facultades discrecionales de las autoridades. Aquí un caso que demuestra el efecto de las obligaciones generales:
En virtud de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos humanos, esta facultad se convierte en una facultad de ejercicio obligatorio, toda vez que resulta necesario que se asignen recursos económicos para cumplir con las exigencias del derecho humano de educación, por ejemplo.
Cabe resaltar que las prohibiciones y deberes que constituyen las garantías de efectividad no tienen que estar relacionadas expresamente con los derechos humanos, tal y como sucede con las obligaciones generales en esta materia.
Lo anterior se desprende de que las garantías abarcan todas las prohibiciones y deberes protegen un derecho humano en un contexto específico; así las cosas resulta imposible identificar a priori cuáles serán estas prohibiciones y deberes.
A continuación se presenta un ejemplo de disposiciones que pueden servir para hacer efectivos a los derechos humanos sin que estén identificadas como disposiciones en esta materia.
Los preceptos citados sirven para hacer efectivos derechos humanos de base convencional que tengan obstáculos normativos de derecho interno. Supóngase que una ley, una jurisprudencia o un reglamento impida la satisfacción del derecho humano de base convencional. En ese contexto, el quejoso, además de alegar una violación a su derecho humano, puede solicitar el amparo por la violación de los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, mismos que constituyen, en este caso específico, una garantía de efectividad del derecho humano en cuestión.
Las garantías preventivas son todas aquellas prohibiciones o deberes que sirven para prevenir la afectación a un derecho humano. Al igual que las garantías de efectividad, no es necesario que el enunciado normativo identifique tales prohibiciones o deberes como relativos a los derechos humanos: basta que prevengan una violación a uno de estos derechos en un contexto específico.
Las garantías preventivas son todas aquellas prohibiciones o deberes que sirven para prevenir la afectación a un derecho humano.
A continuación se enuncia un ejemplo.
La prohibición contenida en el tratado internacional constituye una forma de proteger el derecho al medio ambiente del artículo 4º constitucional. Lo anterior es así porque dicha disposición tiene por efecto que las modificaciones y eliminaciones de los parques nacionales sean realizadas por un órgano colegiado, como lo es el poder legislativo, el cual debate y vota la determinación; esto tiene como consecuencia que la afectación de los parques nacionales sea más retardada, es decir, dicha afectación tiene que someterse a procedimiento dificultado o retardado para que sea válida.
En esas circunstancias, si el poder ejecutivo decide extinguir un parque nacional por medio de un decreto, este puede ser impugnado por la vía del juicio de amparo sin necesidad de que exista un daño ambiental, pues, en sí mismo, es violatorio del artículo 3 del tratado internacional que constituye una garantía del derecho humano previsto en el artículo 4º constitucional: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.”
Para ejemplificar este tipo de garantías cabe citar los incisos a) y c), párrafo 2, del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ellos se establecen las obligaciones de los Estados Parte de garantizar que se resuelva el fondo de los medios judiciales de protección de derechos humanos, así como de garantizar el cumplimiento de las resoluciones dictadas en dichos medios judiciales.
c)a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
A grandes rasgos, estas son las distintas garantías que existen y que son objeto de protección del juicio de amparo en términos del artículo 103 constitucional.
No se hará clasificación alguna de las competencias, debido al desuso del amparo soberanía.
Una vez identificado cómo se clasifican los distintos objetos de protección del juicio de amparo, se procede a elaborar una teoría de la legitimación activa.
Como se mencionó, el método jurídico consiste en partir de la norma jurídica para dotar de sentido a los fenómenos. Es por esa razón que la teoría aquí presentada se construirá a partir del texto del artículo 103 constitucional:
La teoría de la legitimación activa del juicio de amparo busca responder las siguientes preguntas: ¿a quién se justifica otorgarle la facultad de iniciar el juicio de amparo? y ¿cómo se acredita dicha facultad?
En términos del artículo 103 constitucional, el juicio de amparo tiene por finalidad proteger los derechos humanos, las garantías y las competencias constitucionales.
Legitimación activa cuando se trata de derechos humanos individuales
Si en el caso concreto se busca proteger un derecho humano, es el titular afectado quien cuenta con la facultad de iniciar el juicio de amparo.
De acuerdo con lo que se ha referido anteriormente, los derechos humanos son imputados por medio de categorías de sujetos. La más amplia es la conformada por todo aquel sujeto con la calidad de persona, por ejemplo:
La categoría de las personas no representa mayor problema para su acreditación. Cosa distinta sucede con otro tipo de derechos humanos que están imputados a categorías más reducidas, como es el caso de los derechos del niño, en los que hay que acreditar que el quejoso pertenece a dicho grupo.
Una vez acreditada la titularidad del derecho, se debe distinguir entre los derechos humanos de libre ejercicio y los derechos humanos que requieren de alguna autorización o permiso para su ejercicio.
El caso más representativo de los derechos humanos que requieren de una autorización para su ejercicio es la libertad de comercio cuando se cuenta con un establecimiento mercantil.
Aquí habrá demostrar que se cuenta con los permisos y autorizaciones que, en términos de ley, correspondan para acreditar la titularidad correspondiente. Una vez que esto se llevó a cabo, habrá que demostrar algunos aspectos relativos al acto reclamado. En primer lugar será necesario demostrar que el acto reclamado está dirigido al quejoso o que afecta el derecho humano alegado. Posteriormente deberá determinarse la relación causal existente entre el derecho humano y el acto reclamado.
En este caso, existen dos posibilidades: la primera de ellas consiste en que la afectación producida por el acto reclamado sea directa o inmediata, mientras que la segunda, en que la afectación sea indirecta o mediata.
¿Qué tipo de afectación es la protegida por el juicio de amparo?
A partir de la literalidad del artículo 103 constitucional, se concluye que ambos tipos de afectaciones están protegidas por el juicio de amparo, pues el precepto constitucional no distingue entre violaciones directas e indirectas a los derechos humanos, ni excluye alguna de ellas. Por lo tanto, en el caso de los derechos, la legitimación activa se acredita como se plantea a continuación:
Legitimación activa de derechos humanos de libre ejercicio
Legitimación activa de derechos humanos de ejercicio regulado
Legitimación activa cuando se trata de garantías fundamentales
Si en el caso concreto se pretende exigir el respeto a una garantía fundamental, la legitimación activa se demuestra de la siguiente manera:
Es distinto si la garantía fue imputada por la norma jurídica transgrediendo el derecho de igualdad, pues en esos caso también habrá que invocar el derecho de igualdad del artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o bien la prohibición de discriminación del artículo 1º constitucional.
Una vez acreditado que la prohibición está imputada en beneficio de toda persona, es necesario demostrar la titularidad del bien jurídico tutelado por la garantía fundamental, como se ejemplifica enseguida.
Cuando el bien jurídico afectado es la persona misma, no hay mayor problema en cuanto a la acreditación de la titularidad, pero cuando el bien jurídico afectado es una propiedad, posesión o derecho, será necesario demostrar su titularidad.
Las garantías de efectividad de derechos humanos y prevención y reparación de sus violaciones tienen un trato similar por lo que hacen a la acreditación de la legitimación; es por ello que se abordarán de manera conjunta.
En primer lugar, debe existir una idoneidad de la prohibición o del deber para:
hacer efectivo el derecho humano alegado,
evitar la violación del derecho humano, o
reparar la violación del mismo.
En segundo lugar se debe acreditar la titularidad del derecho humano (y, en su caso, la autorización para su ejercicio) protegido por la garantía.
Posteriormente se debe acreditar que el acto reclamado transgrede la prohibición o deber, que funge como garantía del derecho humano.
Hasta ahora se ha visto lo referente a la legitimación de intereses individuales, ahora se abordarán los intereses colectivos.
Legitimación activa cuando se refiere a derechos humanos colectivos
De acuerdo con lo que se observó en la clasificación de derechos humanos, existen ocasiones en que la norma jurídica imputa el derecho subjetivo a un individuo; sin embargo, en otras, la norma imputa el derecho a una colectividad, por ejemplo:
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional.
En estos casos, quien está legitimada para iniciar el juicio de amparo es la colectividad a la que se imputa el derecho humano.
Es conveniente señalar que existe un aspecto distinto al de la legitimación activa, que en ocasiones se confunde: el relativo a quiénes se les reconocerán facultades de representación con respecto a la colectividad.
En otras palabras, se trata de dos cosas distintas: una implica quién tiene la facultad de iniciar el juicio de amparo en su calidad de parte actora material (legitimación activa), y la otra, quién representa a la colectividad (legitimación procesal).
Así como existen derechos humanos imputados a entes colectivos o comunidades, también hay prohibiciones y deberes imputados en su beneficio. Tal es el caso de los siguientes artículos:
Cosa distinta será a quién se le reconocerán facultades de representación.
Una vez que se ha identificado cómo se clasifican cada uno de los objetos de protección y qué particularidades presenta cada uno de ellos, se ahondará en cómo se ajusta esta teoría a la fracción I del artículo 107 constitucional.
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; […]
Primero, resulta pertinente definir los alcances de la expresión “esfera jurídica”.
Este término surge ante la insuficiencia del concepto de patrimonio, que solamente comprende los derechos y obligaciones susceptibles de valoración pecuniaria. Por eso, la doctrina refiere que:
Quedan fuera del patrimonio los derechos y deberes que no admiten una valuación en dinero. Pero estos derechos y deberes extrapatrimoniales, junto con el patrimonio, entran en una noción más amplia que suele llamarse la esfera jurídica de la persona. Y así, por ejemplo, el derecho de propiedad está en el patrimonio y en la esfera jurídica de su titular; pero el derecho a la vida y el derecho a sufragio no están en el patrimonio, aunque sí en la esfera jurídica (Alessandri R., Somarriva U., & Vodanovic H., 1998, pág. 768).
La esfera jurídica refiere al conjunto de derechos y deberes tanto extrapatrimoniales como patrimoniales de una persona.
¿Por qué la fracción del artículo 107 emplea el concepto de esfera jurídica y no se limita a señalar afectaciones a los derechos humanos?
El concepto de esfera jurídica se emplea en virtud de que los bienes jurídicos tutelados por las garantías fundamentales incluyen tanto derechos humanos como patrimoniales; de ahí que exista la necesidad de usar un término que englobe tanto a los derechos humanos como a otro tipo.
Una vez aclarado lo anterior, es importante prestar atención a la expresión empleada por el texto constitucional para calificar la forma en que el acto reclamado afecta la esfera jurídica del quejoso: “[…]siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.”
La parte resaltada se refiere a lo que se identificó como nexo causal. De tal suerte que la expresión: “en virtud de su especial situación frente al orden jurídico” corresponde a la afectación mediata o indirecta de los objetos de protección del juicio de amparo.
Se debe tener en cuenta que el juicio de amparo no protege “situaciones frente al orden jurídico”, sino derechos humanos, garantías y competencias constitucionales en términos del artículo 103 constitucional.
El interés legítimo del artículo 107 constitucional se refiere a la legitimación activa que tiene el quejoso en lo concerniente a afectaciones indirectas a los derechos humanos, a las garantías o a las competencias protegidas por el juicio de amparo.
Lo anterior permite identificar la legitimación activa que corresponde cuando se trata de la impugnación de actos provenientes de órganos jurisdiccionales en los que se exige que el nexo causal entre el objeto de protección y el acto reclamado sea directo:
Lo único que habría que criticar de la redacción de este párrafo es que no incluyó a las garantías, aunque la imprecisión es comprensible dada la confusión teórica que existe al respecto.
Por otra parte, el interés colectivo refiere a la legitimación activa que corresponde al quejoso cuando se trata de violaciones a derechos humanos colectivos y a garantías imputadas en beneficio de colectividades. El interés individual corresponde a la legitimación activa ante violaciones a derechos humanos individuales y garantías.
Como se puede observar, la teoría de la legitimación activa formulada en este curso permitió comprender los alcances de la fracción I del artículo 107 constitucional.
Cabe destacar que, en la elaboración de la teoría de la legitimación activa aquí presentada, no se incurrió en empirismos, pues se empleó el método jurídico, es decir que se partió de las norma jurídicas para elaborar los conceptos (en especial del artículo 103 constitucional y de cada uno de los preceptos que contemplan los diversos objetos de protección del juicio de amparo). Asimismo, se respetó el principio de supremacía constitucional, ya que no se recurrió al derecho comparado, ni a la doctrina, ni a la jurisprudencia y mucho menos a la ley de amparo para formular la teoría de la legitimación activa del juicio de amparo.
Crítica a criterios jurisprudenciales
A continuación se formularán algunos comentarios con respecto a algunos criterios provenientes del Poder Judicial de la Federación.
Se dará inicio con el de la Octava Época y, que por lo tanto, es anterior a la reforma constitucional de junio de 2011. Es fundamental tener en cuenta que el criterio se referirá a los derechos humanos como garantías individuales:
INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.
El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona.
Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia por reiteración de criterios. Amparo directo 295/90. Esteban Mejía Morales, en su carácter de Coordinador General y Representante Legal de la Escuela Preparatoria Nocturna Licenciado Benito Juárez García de la Universidad Autónoma de Puebla. 7 de agosto de 1990. Octava Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, página 364. No. de registro 224803.
El criterio judicial no distingue entre derechos humanos y garantías. Aun antes de la reforma constitucional de 2011, era posible distinguir entre derechos y garantías.
El juicio de amparo no solamente protege derechos humanos de base legal, como lo afirma el criterio de manera incorrecta, al referir a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal.
Como se vio, los derechos humanos son verdaderos derechos subjetivos y pueden tener fundamento tanto en la Constitución, como en los tratados internacionales y leyes.
Adicionalmente, el juicio de amparo sirve para proteger derechos distintos a los humanos por medio de las garantías fundamentales.
Por lo que hace a los derechos humanos de libre ejercicio de base constitucional y convencional, es un error señalar que se requiera de un derecho subjetivo protegido por una norma legal para acceder al juicio de amparo.
Para demostrar el error aquí señalado, se puede suponer que se desean impugnar las leyes emitidas por el Poder Legislativo. Si la legitimación dependiese de un derecho subjetivo otorgado en ley, bastaría con que el Congreso se abstuviera de otorgar derecho subjetivo alguno para privarnos del acceso al juicio de amparo, pero eso es incorrecto, pues este incluso sirve para impugnar leyes sin necesidad de que haya un derecho subjetivo de base legal, como sucede cuando la ley es violatoria de un derecho humano de libre ejercicio.
Enseguida se verá un criterio de la Décima Época, es decir, uno posterior a la reforma constitucional de junio de 2011:
La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias.
Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Tesis Aislada. Amparo en revisión 39/2014. Moisés Alejandro Juan Ugalde Hernández. 20 de marzo de 2014. Décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 2040. No. de registro 2006503.
El criterio fue creado a partir de la doctrina, por lo tanto, incumple con la observancia del método jurídico que exige la elaboración de los conceptos a partir de la norma jurídica y no de la doctrina.
El criterio viola el principio de supremacía constitucional, pues, para su elaboración, se basa en la doctrina y no en el texto constitucional.
El criterio citado no constituye, ya que la jurisprudencia solamente se crea a partir de la interpretación de normas jurídicas generales en términos del artículo 94 constitucional:
La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.
El criterio se contradice en virtud de que primero afirma que el interés legítimo permite a una persona impugnar un acto de autoridad sin ser el titular de un derecho, pero que dicha persona tiene interés en que el derecho fundamental sea respetado.
El criterio pasa por alto que, si se busca el respeto a un derecho fundamental, sí se cuenta con un derecho.
El interés legítimo no está relacionado solamente con la legalidad de los actos de autoridad, sino que también sirve para que se analicen tanto la constitucionalidad como la convencionalidad de los actos de autoridad.
El criterio contradice a la fracción I del artículo 107 constitucional, el cual señala que debe existir una afectación en la esfera jurídica del quejoso:
Artículo 107[…] […]siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
El interés legítimo del artículo 107 constitucional no está circunscrito a intereses difusos o colectivos, pues es operante aun en los intereses individuales; por ejemplo, cuando se violan derechos humanos individuales y garantías fundamentales.
El criterio pasa por alto que la expresión “en virtud de su especial situación frente al orden jurídico” se refiere al nexo causal existente entre el acto reclamado y el objeto de protección del juicio de amparo (derechos humanos, garantías o competencias constitucionales).
Ahora se analizará un criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda Sala. Tesis Aislada. Amparo en revisión 256/2013. Luis Miguel Padilla Martínez. 7 de agosto de 2013. Décima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 página 1854. No. de registro 2004501.
La Segunda Sala introduce el concepto de interés difuso, que no está previsto en el artículo 107 constitucional. En otras palabras, la Segunda Sala dice interpretar el artículo 107 constitucional, pero introduce elementos ajenos a él e, incluso, ajenos a la Constitución.
La Segunda Sala confunde los conceptos de legitimación activa y legitimación procesal, ya que refiere que el quejoso debe acreditar que forma parte de la colectividad objeto de la protección de la norma constitucional.
La Segunda Sala pasa por alto que tanto en el interés jurídico como en el interés legítimo puede haber afectaciones a derechos subjetivos. Cabe aquí recordar que la diferencia radica en el nexo causal entre el acto de autoridad y el objeto de protección del juicio de amparo, de tal forma que el interés legítimo hace alusión a una afectación mediata o indirecta.
La Segunda Sala olvida que la noción de interés legítimo no necesariamente implica aspectos colectivos, pues bien puede alegarse interés legítimo respecto de afectaciones (mediatas) a derechos humanos individuales.
INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO.
La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto “interés legítimo individual o colectivo”, ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su “especial situación frente al orden jurídico”, lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda Sala. Tesis Aislada. Amparo en revisión 663/2012. Marco Antonio Tinoco Álvarez. 21 de noviembre de 2012. Décima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2 página 1736. No. de registro 2003067.
La Segunda Sala olvida que el juicio de amparo no protege una “especial situación frente al orden jurídico” sino derechos humanos, garantías y competencias.
La Segunda Sala introduce el concepto de “interés difuso”, mismo que no está previsto en el artículo 107 constitucional. En otras palabras, la Segunda Sala dice interpretar el artículo 107 constitucional, pero introduce elementos ajenos no solo al artículo, sino a la Constitución.
La afirmación de la Segunda Sala consistente en que la “especial situación frente al orden jurídico” no supone un derecho subjetivo, no es enteramente correcta, pues existen casos en los que sí existe una afectación a derechos subjetivos. Confirma lo anterior el hecho de que el artículo 107 constitucional utilice el concepto esfera jurídica que abarca derechos y deberes patrimoniales y extrapatrimoniales.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera Sala. Tesis Aislada. Amparo en revisión 366/2012. Carlos Rubén Nobara Suárez. 5 de septiembre de 2012. Décima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, página 882. No. de registro: 2002812.
La Primera Sala introduce un requisito no previsto en el artículo 107 constitucional, a saber, el calificativo “actual”. Esto es relevante en virtud de que restringe sin fundamento constitucional la procedencia del juicio de amparo respecto de actos inminentes.
La Primera Sala introduce una distinción innecesaria sobre el concepto de esfera jurídica. Como se vio, la esfera jurídica es el conjunto de derechos y deberes patrimoniales y extrapatrimoniales de una persona. Por lo tanto, no hay necesidad ni sustento jurídico para crear el concepto de “esfera jurídica en sentido amplio” como lo refiere la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahora corresponde criticar la legitimación activa regulada en la ley de amparo:
La principal crítica que debe formularse a la Ley de Amparo es la anticonstitucionalidad de la restricción ocasionada a causa de la adición de un requisito, a saber, la llamada afectación actual.
El requisito es anticonstitucional, toda vez que reduce la legitimación activa prevista en el artículo 107 constitucional, que no exige el mencionado requisito:
El efecto práctico que tiene la anticonstitucionalidad de la ley de amparo radica en imposibilitar la impugnación de actos inminentes. Esta situación es contraria tanto a las obligaciones generales (respetar, proteger y garantizar derechos humanos, además de prevenir violaciones), como al principio de efectividad del juicio de amparo, por mencionar algunas disposiciones violentadas.
Existe doctrina y jurisprudencia en México que erróneamente considera al derecho al medio ambiente como un interés colectivo o un difuso. Quienes afirman esto incurren en un error metodológico, específicamente en un empirismo que les impide conocer la verdadera naturaleza de este derecho.
De acuerdo con lo que se estudió líneas arriba, el método jurídico implica partir de la norma de Derecho para entender el sentido jurídico de un hecho o una conducta.
Quienes afirman que, en México, el derecho al medio ambiente es un interés difuso, operan de la forma inversa a la exigida por el método jurídico, es decir, parten de la realidad sensible para conocer los alcances y la estructura del derecho al medio ambiente. No está por demás señalar que todos estos intentos están condenados al fracaso, debido a que el Derecho es un objeto ideal, un objeto de la realidad inteligible que no tiene existencia física; en consecuencia, las observaciones y descripciones que realice alguien que observa la realidad física (el mundo del ser) no describen la estructura del derecho al medio ambiente para su desarrollo y bienestar.
Si atendemos exclusivamente a la realidad física (al mundo del ser), sin duda el medio ambiente implica algo que trasciende a la individualidad, pues comprende muchos factores. Aquí algunas definiciones al respecto:
1. m. medio (‖ conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales en que vive una persona). (Real Academia Española, 2014)
El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos y culturales capaces de causar efectos directos e indirectos, en un plazo corto o largo sobre los seres vivos. Desde el punto de vista humano, se refiere al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su conjunto. (Medio ambiente, 2014)
Quienes afirman que el derecho al medio ambiente es un interés difuso desconocen que esa no es una afirmación jurídica, al menos no en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se establece que es un verdadero derecho subjetivo individual.
De acuerdo con la norma jurídica, en este caso el artículo 4º constitucional, el derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar está imputado a la persona; por lo tanto, se trata de un derecho humano individual. Sin duda, el respeto y la eventual reparación de dicho derecho tiene implicaciones sociales, pero esa es una cuestión de hecho, que no resulta privativa del derecho ambiental, pues incluso otros derechos tienen repercusiones fácticas a nivel social.
Aquí algunas palabras de la Corte Europea de Derechos Humanos, citada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Acevedo Buendía y otros —Cesantes y Jubilados de la Controlaría— vs Perú, 2009):
Por otro lado, el Convenio [Europeo] debe interpretarse a la luz de las condiciones del presente […] y ha sido diseñado para salvaguardar al individuo de manera real y efectiva respecto de los derechos protegidos por este Convenio […]. Si bien el Convenio recoge derechos esencialmente civiles y políticos, gran parte de ellos tienen implicaciones de naturaleza económica y social.
Tampoco debe olvidarse que todos los derechos humanos trascienden el interés meramente individual, de ahí que las normas que los contemplen sean de orden público (incluso del orden público internacional).
Quienes afirman que, en México, el derecho al medio ambiente representa un interés difuso, ignoran el objeto jurídico por excelencia: la norma jurídica y, en especial, desconocen la forma en que el enunciado normativo imputa el derecho.
El derecho al medio ambiente sería un interés colectivo si el artículo 4 constitucional tuviera la siguiente redacción:
[El pueblo] tiene derecho a medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, o bien,
[La sociedad] tiene derecho a medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
En otras palabras, el derecho al medio ambiente sería un interés colectivo si la norma jurídica imputase el derecho a un ente colectivo.
Asimismo el derecho al medio ambiente sería un interés difuso (se aclara que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no hace mención expresa de los intereses difusos) si la redacción de la norma fuese la siguiente:
El Estado deberá proteger el medio ambiente, o bien,
El Estado garantizará la protección al medio ambiente.
Se reitera que el derecho al medio ambiente es un verdadero derecho subjetivo, pues el artículo 4 constitucional imputa la facultad que, como es jurídica, lleva implícita la prohibición correlativa y los artículos 103 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen la facultad de exigencia.
Facultad (y prohibición correlativa implícita):
Facultad de exigencia:
El derecho humano previsto en el artículo 4º constitucional en materia ambiental es un derecho subjetivo individual, toda vez que la norma jurídica imputa el derecho a toda persona, quien además posee la facultad de exigencia en términos de los artículos 103 constitucional y del 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A continuación se presenta un criterio judicial que ignora por completo las disposiciones arriba citadas:
Como se puede observar, el Tribunal Colegiado ignoró por completo la redacción de los artículos 4º y 103 de la Constitución y afirma ciegamente que el derecho al medio ambiente es un interés difuso.
El problema es que no solamente el Poder Judicial de la Federación incurre en el error de afirmar que el derecho al medio ambiente es un interés difuso o colectivo, pues la doctrina comete el mismo error.
En relación con el derecho al medio ambiente contenido en el artículo 4º constitucional, Lucio Cabrera Acevedo (2006) comenta lo siguiente:
a) Se trata de un derecho que se ubica preferentemente en el derecho público, aunque también en el privado. Pero a diferencia del agrario y del obrero –que se apoya en grupos organizados- se sustenta principalmente en sectores desorganizados cuyos miembros pueden desconocerse entre sí. (Cabrera Acevedo, pág. 71)
La crítica que corresponde formular es la siguiente:
Si el autor considera que el derecho público versa sobre las normas que establecen derechos irrenunciables (orden público), la afirmación que realiza es correcta, pues el derecho al medio ambiente es un derecho humano y, por ende, indisponible.
Si por derecho público entiende al conjunto de normar que regula a los órganos estatales, su afirmación es parcialmente correcta, ya que el derecho al medio ambiente es oponible a los órganos estatales, pero no solamente a ellos.
El comentario de que el derecho al medio ambiente forma parte de derecho privado es falso, por cuanto ello implicaría que el derecho es disponible o renunciable, pero si el autor se refiere a que el derecho al medio ambiente tiene oponibilidad frente a particulares, su afirmación resulta correcta.
El autor continúa con lo siguiente:
b) Es un derecho de muy difícil o imposible codificación en la mayoría de los casos, por lo menos en su etapa actual. De aquí que se encuentre disperso en numerosas leyes y reglamentos federales, estatales y municipales. Asimismo, en numerosos tratados y acuerdos internacionales. (Cabrera Acevedo, 2006, pág. 72)
En esta parte, el autor confunde el derecho humano previsto en el artículo 4° constitucional con la materia ambiental. Una cosa es el derecho subjetivo y otra, el positivo que regula la materia ambiental. Como se vio anteriormente, aquel está completamente regulado a nivel constitucional, pues se trata de un derecho humano de libre ejercicio y no uno de ejercicio regulado, que requiera de una autorización prevista en normas inferiores.
Aquí también se debe precisar que las autorizaciones, permisos y licencias que los particulares deben obtener para realizar ciertas actividades encaminadas a proteger el medio ambiente (como construir y comercializar productos, entre otras) son garantías del derecho humano y no autorizaciones para ejercer o gozar del derecho humano previsto en el artículo 4° constitucional: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.”
Más adelante, Cabrera (2006) menciona:
e) Resulta muy difícil –y en ocasiones imposible- definir las relaciones entre acreedor y deudor, o sea, entre sujetos activos y pasivos. En el derecho ambiental, el sujeto pasivo o deudor es el agente que contamina y el sujeto activo o acreedor es la víctima de la contaminación […] (Cabrera Acevedo, pág. 72)
Este comentario demuestra que el autor no comprende la estructura del derecho humano, y por ello afirma que es imposible definir la relación jurídica de este derecho.
Si se atiende a la literalidad del artículo 4° constitucional, uno se puede percatar de que el derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar es subjetivo absoluto.
El facultamiento establecido en el precepto constitucional transcrito se refiere a la propia conducta, pues consiste en disfrutar de un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar. En otras palabras, el artículo 4 constitucional otorga la capacidad, en lo individual, a toda persona para que disfrute de un medio ambiente sano con el objeto de estimular su desarrollo y su bienestar.
De acuerdo con el apartado relativo a la clasificación de los derechos subjetivos, formulada por Oscar Morineau, el facultamiento que realiza la norma jurídica siempre implica la obligación general de respeto (efecto erga omnes del derecho subjetivo). De tal suerte que tanto autoridades como particulares están obligados a respetar el facultamiento.
Ahora bien, una vez que la obligación general de respeto es transgredida, el titular del derecho cuenta con la facultad de exigir judicialmente el respeto y la reparación del derecho vulnerado al infractor.
Como se puede observar y contrario a lo afirmado por Cabrera, sí es posible identificar a los sujetos de la relación jurídica entrañada por el derecho al medio ambiente del artículo 4° constitucional.
Posteriormente, el propio Cabrera (2006) señala que el derecho al medio ambiente es un interés difuso, pero como ya se ha visto, eso es en realidad un empirismo y no una afirmación jurídica: “Los intereses difusos –los del ambiente, los de la salud, etc. – tienden a ser globales y a desconocer fronteras de países soberanos.” (pág. 73)
Finalmente, el autor citado arriba afirma que sería conveniente derogar la fórmula Otero (principio de relatividad de las sentencias de amparo) para proporcionar un medio de defensa efectivo al derecho humano ambiental del artículo 4° constitucional, pero ello es incorrecto, ya que el principio de relatividad no es un obstáculo para proteger este derecho. Aquí las palabras del autor:
Una primer reforma consistiría en derogar la fórmula Otero, porque se opone a que una persona ejercite un amparo y la sentencia que le recaiga tenga efectos no solo respecto del quejoso, sino sobre otras personas, sobre una comunidad, un sector social e incluso sobre toda la sociedad nacional e internacional (Cabrera Acevedo, 2006).
El principio de relatividad no es un obstáculo para la defensa del derecho al medio ambiente, debido a que la sentencia que se dictare en contra de una autoridad responsable de provocar daño ambiental no tiene efectos generales.
Lo anterior es así en virtud de que la generalidad de una norma jurídica implica que sus destinatarios sean indeterminados y que en la sentencia de amparo donde se declare la violación del derecho ambiental y donde se condene a la reparación del daño, se encuentren también los sujetos determinados: el quejoso como titular del derecho transgredido y la autoridad responsable como sujeto obligado a reparar el daño.
Si en el caso concreto del daño ambiental, otros sujetos ajenos al juicio de amparo se ven beneficiados con las tareas que la autoridad responsable realice para reparar el daño causado, eso será una cuestión de hecho.
Siempre que la sentencia de amparo se limite a determinar los derechos y las obligaciones de los individuos que fungieron como partes en el juicio, la resolución tendrá efectos jurídicos singulares.
Las cosas serían diferentes si, en cambio, el juez de amparo determinara que sujetos distintos al quejoso tendrían que ser indemnizados por la autoridad responsable; o bien, si el juez de amparo condenase a autoridades distintas a las que fungieron como responsables en la tramitación del juicio de amparo, pues aquí la sentencia tendría efectos jurídicos directos en la esfera jurídica de sujetos ajenos al juicio de amparo (crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones).
Por otra parte e incluso en el supuesto de que la sentencia de amparo pudiese tener efectos generales, el conflicto entre el principio de relatividad y la protección del derecho al medio ambiente tiene que resolverse a favor del derecho humano en aplicación del principio pro personae. Adicionalmente, la obligación general de prevenir violaciones de derechos humanos y el principio de efectividad del juicio de ampro también servirían para ampliar los efectos protectores de la sentencia de amparo a otros sujetos que no fungieron como quejosos.
A manera de conclusión, se puede afirmar que:
En México, el derecho humano al medio ambiente es un derecho subjetivo individual plenamente exigible por medio del juicio de amparo, sin que el principio de relatividad represente obstáculo alguno para su protección.
La legitimación pasiva se refiere a la facultad de intervenir en un procedimiento jurisdiccional en calidad de parte demandada.
Como ya se adelantaba al principio de este capítulo, la legitimación pasiva prevista en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos abarca tanto a autoridades como a particulares:
Se hace notar que, en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, resulta irrelevante que la violación de derechos humanos haya sido cometida en ejercicio de funciones oficiales, pues aun en esos supuestos el juicio de amparo es procedente.
Asimismo es de vital importancia señalar que:
En términos convencionales, ninguna persona o autoridad está excluida de figurar como parte demandada en el juicio de amparo, en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 103 constitucional, el Poder Judicial de la Federación conocerá de las violaciones a derechos humanos y garantías cometidas por las autoridades:
Las violaciones cometidas por actos de los particulares deberán ser resueltas por los tribunales locales con fundamento en la regla de competencia establecida en el artículo 124 constitucional, así como en las obligaciones generales en materia de derechos humanos previstas en el artículo 1° constitucional y, finalmente, en el derecho humano previsto en el artículo 17 constitucional.
Artículo 1°[…]
Ahora bien, en caso de que la acción de amparo se promueva en forma de acción colectiva en contra de particulares, el juicio conducente deberá promoverse ante un juez federal, pero la Ley de Amparo no será la aplicable en virtud de que tiene por efecto regular los procedimientos promovidos en contra de las autoridades u órganos estatales, y no en contra de particulares.
Como se vio en su momento, quienes operan bajo el influjo del paradigma de las garantías individuales afirman que el criterio formal, es decir, el carácter de ente público derivado de una norma jurídica general, no es suficiente para determinar quién está legitimado pasivamente en el juicio de amparo. Por ello afirman que
Es muy importante distinguir entre autoridad y autoridad para efectos del amparo, ya que no son lo mismo; esto es más que una sutileza. La autoridad como tal es lo que entendemos por autoridad en derecho constitucional; por el contrario, una autoridad para efectos del amparo es alguien quien emite un acto con las características de unilateralidad y obligatoriedad a las que ya nos hemos referido, sin que necesariamente se trate de un servidor público en funciones. (Zaldívar Lelo de Larrea, 2004, pág. 78).
Estas ideas son incorrectas, ya que parten de un concepto reduccionista de derecho humano; además, definen la legitimación pasiva mediante las características del acto reclamado. En otras palabras, la pregunta quién puede ser demandado en un juicio de amparo la responden mediante una descripción del acto reclamado (qué hace el sujeto demandado) lo cual es un sinsentido.
Afirmar que una cosa es autoridad y otra distinta autoridad para efectos del amparo es crear una ficción. En este punto, resulta sorprendente que autores como Arturo Zaldívar, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y Rubén Sánchez Gil reconozcan expresamente que un particular puede violar derechos humanos y no den el siguiente paso, es decir, que no se percaten de que el concepto formalista de autoridad del juicio de amparo no está mal, sino que el problema reside en el concepto de derecho humano que se concibe a sí mismo como una mera restricción al poder estatal (paradigma de las garantías individuales).
Aquí las palabras de Zaldívar (2004):
Marcolfo F. Torres acudió a solicitar el amparo de la justicia federal en contra de actos del mayor Canuto Ortega quien, a decir de Torres, pretendía expulsarlo del pueblo de Sahuaripa, Sonora y privarlo de su libertad. El juez que conoció del asunto negó el amparo, en virtud de que el juicio constitucional procede en contra de autoridades y Canuto Ortega era un particular. Debemos destacar que efectivamente Ortega no era una autoridad en el sentido clásico, sino un generalote de la Revolución; no era titular de órgano de autoridad alguno. (pág. 66)
Aquí las palabras de Ferrer y Sánchez Gil (2014):
El nuevo concepto de “autoridad” para efectos del juicio de amparo –que también podría influir sobre el proceso contencioso-administrativo- no permite que se reclamen a través del juicio de amparo todos los actos particulares que vulneren los derechos fundamentales, sino sólo aquellos “equivalentes a los de autoridad” y que estén “determinad[o]s por una norma general”. En este supuesto, la “autoridad particular” se ubica en una relación de supra a subordinación respecto de un gobernado y ejerce una “fuerza pública”, por supuesto entendida en el sentido de “imperio” y no poder coactivo material, cubriéndose de un “ropaje” estatal y actuando como si fuera una entidad pública;[…] (pág. 99)
Lo que la mayoría de la doctrina pasa por alto es que:
El hecho de que puedan existir violaciones de derechos humanos cometidas por particulares demuestra que estos son más que meras restricciones al poder estatal.
No es necesario recurrir a las ficciones, como el “ropaje estatal” que refieren Ferrer y Sánchez Gil, para explicar las violaciones de derechos humanos cometidas por particulares. Eso solo conduce a absurdos como la “autoridad particular”, lo cual equivale a algo tan inconcebible como un círculo cuadrado.
En lugar de distorsionar las cosas, lo que se necesita es reformular el concepto de derecho humano. Por esa razón, estos autores afirman que: “Actualmente hay acuerdo en que los derechos fundamentales tienen eficacia entre particulares, pero aún se discute ‘cómo y en qué medida’ lo hacen.” (Ferrer Mac-Gregor & Sánchez Gil, 2014, pág. 97). Lo anterior demuestra que la doctrina no ha comprendido cuál es la estructura normativa de los derechos humanos y de las garantías, razón por la cual ha resultado imposible reconocer los distintos tipos de relaciones jurídicas de estos derechos y en qué casos los particulares forman parte de ellas.
Con un concepto más amplio y exacto de derecho humano, como el planteado por el paradigma de los derechos humanos, el criterio formalista de autoridad, lejos de ser negativo, como lo sugiere Zaldívar (Hacia una nueva ley de amparo, 2004, págs. 78, 79), es positivo, pues en primer lugar, la procedencia del juicio de amparo no depende del hecho de que la parte demandada sea una autoridad; en segundo lugar, el criterio formalista únicamente sirve para dar certeza respecto de qué tribunal será competente para conocer del juicio (si se trata de una autoridad conocerá un tribunal federal y si es un particular conocerá del juicio un tribunal local).
Por último, conviene mencionar que, en términos del artículo 103 constitucional, ninguna autoridad está excluida de figurar como autoridad responsable, es decir, la parte demandada en un juicio de amparo. Lo anterior es así en virtud de que solamente ciertos actos (y no autoridades) se excluyen del ámbito protector del juicio de amparo.
Lo anterior es lógico, pues solamente el Poder Constituyente, en este caso el Congreso Constituyente de 1917, es quien tiene soberanía. En otras palabras, todos los órganos constituidos por definición están sometidos al orden constitucional, de ahí que ninguna autoridad esté excluida de ser demandada en el juicio de amparo.
Esto es congruente incluso con las obligaciones generales en materia de derechos humanos establecidas por el artículo 1º constitucional, pues las mismas están imputadas a todas las autoridades sin distinción y sin importar su rango.
En conclusión, ninguna autoridad está excluida de figurar como autoridad responsable en el juicio de amparo, en virtud de que la Constitución solamente excluye a ciertos actos al calificarlos de irrecurribles.
La Ley de Amparo fue redactada por personas que operaban bajo el influjo del paradigma de las garantías individuales; por eso establecieron que la autoridad es aquella que emite un acto propio de una relación de supra a subordinación:
Este concepto de autoridad es inconvencional, ya que, como se vio en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el juicio de amparo es procedente respecto de todas las violaciones, sin importar si fueron cometidas o no en un contexto de supra a subordinación.
Asimismo, el concepto legal de autoridad es anticonstitucional, pues como se vio en su momento, el artículo 103 constitucional no exige que la violación haya sido cometida en un contexto de supra a subordinación.
Adicionalmente, el concepto legal de autoridad es violatorio del principio de progresividad, ya que la anterior Ley de Amparo no exigía que la autoridad estuviese en un contexto de supra a subordinación:
Como se puede observar, la nueva Ley de Amparo redujo la procedencia del juicio de amparo, pues con la ley anterior era posible combatir los actos de los órganos estatales con independencia del tipo de relaciAnte las irregularidad del concepto de autoridad de la nueva Ley de Amparoon la ley anterior era posible combatir los actos de lón en la que se cometía la violación del derecho humano. Es importante hacer énfasis en que los requisitos de obligatorio, unilateral y coercitivo tuvieron origen jurisprudencial.
Ante la irregularidad del concepto de autoridad de la nueva Ley de Amparo, es posible solicitar tanto el control constitucional como el control de convencionalidad para que se desaplique dicho precepto y se evite caer en un caso de denegación de justicia. Aquí el principal problema no será la ley sino el paradigma de las garantías individuales que ronda las mentes de los jueces.
Es importante señalar que las partes del juicio de amparo no se agotan con el quejoso y la autoridad responsable, sino que también intervienen un sujeto denominado tercero interesado en el juicio de amparo.
En relación con el tercero interesado, la Ley de Amparo establece lo siguiente:
No obstante que el tercero interesado tiene la calidad de parte en el juicio de amparo y que por esa situación debe tener todos los derechos inherentes al debido proceso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitió el siguiente criterio jurisprudencial, que les niega el derecho a ser oídos (lo cual conlleva la obligación a cargo del juez de amparo de pronunciarse respecto de su planteamiento) en el juicio de amparo:
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, “así como los demás razonamientos de las partes”, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia por contradicción de tesis. Entre las sustentadas por una parte, por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y, por la otra, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (en la actualidad Segundo en Materias Penal y Administrativa), Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito y Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. 29 de junio de 1994. Octava Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, página 14. No de registro: 205449.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala:
Cabe mencionar que el criterio del Pleno de la Suprema Corte provoca violaciones sistemáticas de derechos humanos, ya que, en términos de la Ley de Amparo, todos los Tribunales Colegiados de Circuito y los jueces de distrito están obligados a observar este criterio.
Por último, el Ministerio Público también interviene en el juicio de amparo en calidad de parte.

References: Artículo 4

Artículo 6

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 17

Artículo 20

Artículo 5

Artículo 10

Artículo 39
 artículo 4
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 31
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 artículo 24
 artículo 1
 artículo 21
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 25
 artículo 103
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 artículo 24
 artículo 1
 artículo 107
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 artículo 103
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 artículo 73
 artículo 5
 artículo 94
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 artículo 4
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 resolución 
 artículo 25
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 artículo 103
 artículo 124
 artículo 1
 artículo 17

Artículo 1
 artículo 103
 artículo 1
 artículo 25
 artículo 103
 artículo 79