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Timestamp: 2020-07-13 02:05:40+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 30, de 16/09/2004
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 30
celebrada el jueves, 16 de septiembre de 2004
- Real Decreto-ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. ("BOE" núm. 208, de 28 de agosto de 2004). (Número de expediente 130/000005.) ... (Página 1269)
- Acuerdo entre los Estados parte del Convenio para el establecimiento de una Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Europea para la protección y el intercambio de información clasificada, París, 19 de agosto de 2002. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, núm. 4, de 4 de junio de 2004. (Número de expediente 110/000001.). ... (Página 1289)
- Convenio entre el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno de la República Federal de Alemania, el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la creación de una Organización conjunta de Cooperación en materia de armamento (OCCAR), hecho en Farnborough el 9 de septiembre de 1998.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, núm. 5, de 4 de junio de 2004.
(Número de expediente 110/000002.) ... (Página 1289)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 1269)
Real Decreto-ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero ...
La señora ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz) expone, en nombre del Gobierno, las razones que les han llevado a la promulgación de este Real Decreto-ley. Justifica la urgencia de la norma porque se trata de la trasposición de una directiva europea que tenía como plazo máximo de incorporación al ordenamiento jurídico español la fecha del 31 de diciembre del año 2003, además de que el mercado de comercio de emisiones que se va a crear a nivel europeo arranca el 1 de enero de 2005 y las empresas tienen que estar en condiciones para poder hacer frente a la aplicación de esta normativa europea regulada con la correspondiente directiva. A continuación expone lo que significa para España la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además de suponer un desafío ambiental, destaca, en primer lugar, que reducir las emisiones de gas del efecto invernadero comporta ante todo un desafío ético, porque las emisiones de gases de efecto invernadero están comportando ya un proceso de calentamiento de nuestro planeta, que se manifiesta a través de la intensificación de fenómenos meteorológicos adversos, que afectan a nivel mundial, en particular a los países más desfavorecidos y también, en los países más desarrollados, a las capas sociales con menos capacidad económica. Asimismo la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero significa un importante desafío tecnológico para poder hacer un uso más racional de la energía. En ese camino está trabajando el Gobierno a través de los distintos departamentos -Fomento, Vivienda, Agricultura o Medio Ambiente- a los que les afecta.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Garrido Peña, del Grupo Parlamentario Socialista.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 1289)
Acuerdo entre los Estados parte del Convenio para el establecimiento de una Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Europea para la protección y el intercambio de información clasificada, París, 19 de agosto de 2002 ... (Página 1289)
Convenio entre el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno de la República Federal de Alemania, el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la creación de una Organización conjunta de Cooperación en materia de armamento (OCCAR), hecho en Farnborough el 9 de septiembre de 1998 ...
No habiendo peticiones de palabra, se pasa directamente a las votaciones, comenzando por la del Real Decreto-ley antes debatido.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, se aprueba su convalidación con 303 votos a favor.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, se aprueba con 304 votos a favor.
Sometido a votación el Acuerdo entre los Estados parte del Convenio para el establecimiento de una Agencia Espacial Europea para la protección y el intercambio
de información clasificada, se aprueba con 300 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación el Convenio entre el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno de la República Federal de Alemania, el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la creación de una organización conjunta de cooperación en materia de armamento (OCCAR), se aprueba con 295 votos a favor y cinco abstenciones.
- REAL DECRETO-LEY 5/2004, DE 27 DE AGOSTO, POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. (Número de expediente 130/000005.)
El punto VII del orden del día es la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Por parte del Gobierno la señora ministra expondrá las razones que han llevado a la promulgación de este real decreto-ley.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, el Gobierno presenta esta mañana en la Cámara para su convalidación o derogación el Real Decreto-ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio de emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata de la trasposición de una directiva europea que tenía como plazo máximo de incorporación al ordenamiento jurídico español la fecha del 31 de diciembre del año 2003.
Tenemos razones, por tanto, de urgencia para presentar esta norma como real decreto-ley, no sólo por el retraso que se ha producido en su trasposición, sino porque el mercado de comercio de emisiones que se va a crear a nivel europeo arranca el 1 de enero de 2005 y, además, las empresas tienen que estar en condiciones de poder hacer frente a la aplicación de esta normativa europea regulada con la correspondiente directiva. Eso requiere, entre otras cosas, que el registro público para el funcionamiento de este comercio de derechos de emisión esté creado el 1 de octubre de este año y con anterioridad las empresas hayan podido pedir la autorización para emitir gases de efecto invernadero y hayan podido solicitar también la asignación de las cuantías de derecho de emisión que correspondan a cada una de ellas. Todo ello lleva a razones de urgente necesidad en la aprobación como real decreto-ley de la norma que traemos esta mañana aquí.
No hay que olvidar que el comercio de emisiones se crea a nivel europeo y, por tanto, las empresas españolas se hubieran encontrado en una situación de absoluta inseguridad jurídica respecto del funcionamiento de este mercado por parte del resto de la Unión Europea, y la propia Comisión podría considerar que de no crearse este mercado de comercio de emisiones el Gobierno de España estaría encubriendo ayudas contrarias a la regulación de la competencia en el ámbito europeo, ayudas públicas no contempladas en la medida en que existe la regulación a nivel europeo por parte de una directiva. Por tanto, esta medida aprobada por el Gobierno es una más de las que están conduciendo a que la política española vuelva a Europa. España nunca ha dejado de formar parte de Europa, pero determinadas actitudes y decisiones han ido alejando en los últimos años a España de la Unión Europea, y entre esas situaciones sin ninguna duda destaca la de España en relación con el Protocolo de Kioto, con la exigencia internacional de reducción de los gases de efecto invernadero.
Hay que recordar que España es en este momento el país de la Unión Europea más alejado del cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Kioto, que exigen que nuestro país en el periodo 2008-2012 alcance un nivel máximo de emisiones de gases de efecto invernadero que no supere en más del 15 por ciento el nivel en el que se encontraba el año 1990.
Nuestra situación es la más alejada porque en estos momentos España se sitúa ya en un incremento del 40 por ciento en el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero en relación con el año 1990; luego es necesario un esfuerzo muy intenso por parte de todas las administraciones y de todos los ciudadanos para recuperar el tiempo perdido durante estos años y para volver a situar a España en la senda que recorren ya desde hace tiempo otros países europeos. Precisamente de eso se trata, de cumplir también con el compromiso que el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, asumió en su discurso de investidura. El presidente Rodríguez Zapatero se comprometió a reorientar el modelo de desarrollo económico de nuestro país de forma que el crecimiento económico, la innovación tecnológica, la creación de un empleo de calidad y la mayor cohesión social vayan avanzando al tiempo que se reduce en nuestro país la
contaminación y que se hace un uso cada vez más racional de todos los recursos naturales, incluyendo entre ellos, por supuesto, la energía. Ese compromiso de un avance hacia un modelo de desarrollo más sostenible, asumido por el presidente Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura, se completaba en esa misma ocasión con la referencia explícita a la voluntad de este Gobierno de cumplir el compromiso del Protocolo de Kioto. Por tanto, lo que se ha comenzado a hacer desde el primer momento en que el Gobierno toma posesión y asume sus responsabilidades es precisamente trabajar en esta dirección, el conjunto del Gobierno, puesto que el compromiso del Protocolo de Kioto tiene que verse desde la triple dimensión económica, social y ambiental. Si me permiten, precisamente en ese sentido iniciaré mi exposición señalando lo que significa para nuestro país reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Normalmente se habla de un desafío ambiental. Sin duda lo es porque estamos hablando de reducir una parte de la contaminación que se produce en nuestro país, pero creo que hay que destacar, en primer lugar, que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero comporta ante todo un desafío ético porque, como todos ustedes saben, las emisiones de gases de efecto invernadero están comportando ya un proceso de calentamiento de nuestro planeta que se manifiesta a través de la intensificación de fenómenos meteorológicos adversos: huracanes, inundaciones, sequías, pérdidas por tanto de calidad de nuestros suelos, reducción de la humedad, reducción de los caudales de nuestros ríos. Y todo ello afecta a nivel mundial en particular a los países más desfavorecidos de nuestro planeta y también, en los países más desarrollados, a las capas sociales con menos capacidad económica. Todos los desastres ambientales tienen costes económicos y costes sociales, incluso el calentamiento del planeta tiene efectos sobre la salud, como ya se ha empezado a contrastar por los cambios que aparecen en cuanto a patologías en distintos países que eran previamente desconocidas, por el avance de las temperaturas que está comportando la extensión de esas patologías de las zonas más cálidas hasta aquellas que hasta ahora tenían niveles distintos de temperatura.
También sucede esto en materia de incendios. Los incendios que ha padecido nuestro país este verano, aunque en más del 90 por ciento de los casos las personas responsables que los han provocado tienen nombre y apellidos, sin embargo hay que tener en cuenta también que la facilidad de propagación del fuego va aumentando en la medida en que aumentan las temperaturas medias, baja la humedad y aumentan los vientos. Todo ello tiene que ver también con el proceso de calentamiento de nuestro planeta.
Es un desafío ético porque en estos momentos el consumo de energía a nivel internacional presenta situaciones absolutamente contrapuestas.
Despilfarro por parte de los países más ricos, que hacen un uso de la energía, en particular algunos de ellos, marcado por una profunda ineficiencia, confundiendo el incremento del bienestar con el incremento del despilfarro de energía, que en buena parte de la humanidad convive con una insuficiente dotación de energía para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. Escasez y despilfarro fragmentan la humanidad en dos ámbitos completamente diferentes. Por tanto, es un desafío ético porque hay que corregir esas profundas desigualdades entre los países más desarrollados y aquellos más desfavorecidos. Ciertamente, para que eso pueda ser posible tienen que ser los países occidentales, los países más ricos, quienes asuman la máxima responsabilidad por la herencia que han provocado a estas alturas de la existencia de nuestro planeta, herencia que contamina no sólo a sus propios países sino al conjunto de la humanidad. Tendremos que ser los países occidentales los que ayudemos con la oportuna transferencia de tecnologías limpias a los países en vías de desarrollo, para que estos no tengan que seguir el camino equivocado que se ha seguido en nuestros países en cuanto a confundir crecimiento económico con un uso no eficiente de la energía y con una contaminación creciente.
Además de un desafío ético, señorías, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero significa un importante desafío tecnológico precisamente para poder hacer un uso más racional de la energía, para aumentar la eficiencia y el ahorro de energía sin reducir las prestaciones necesarias a partir del consumo de energía y para aumentar también, a través de la innovación tecnológica, la diversificación en las fuentes de energía; una diversificación en la que deben ir teniendo un peso cada vez mayor las energías limpias, aquellas que no contaminan y que por tanto causan menores costes económicos y sociales al conjunto de la humanidad. Por consiguiente, señorías, innovación tecnológica de la que tanto necesita España, que también en esto está en estos momentos a la cola de todos los países occidentales, con un bajísimo ratio de esfuerzo de inversión en materia de investigación y desarrollo respecto de su nivel de desarrollo económico.
Es además un compromiso internacional. La comunidad internacional, desde la Cumbre de Río en 1992, asumió entre sus grandes compromisos de contenido ambiental la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar y prevenir, en lo posible, el cambio climático.
Desde 1992 la Unión Europea ha jugado un papel fundamental. Ha sido, sin ninguna duda, el área geopolítica de nuestro mundo que ha apostado con más potencia por ese esfuerzo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y ha incorporado los mayores compromisos de reducción de estos gases. Esto se materializó el año 1997 con la firma del Protocolo de Kioto, que establece un escenario de objetivos diferenciado respecto de cada bloque de países, un escenario en el cual el conjunto de la Unión Europea se ha comprometido a reducir en un 8
por ciento los gases de efecto invernadero en relación con el año 1990 en el horizonte 2008-2012. Es, como decía, el área geopolítica que se ha comprometido a un mayor esfuerzo. En otras áreas, como es el caso de Estados Unidos, ni tan siquiera se ha llegado todavía a la ratificación del Protocolo de Kioto y la actual Administración Bush ha dicho muy claramente que no contempla esa posibilidad a pesar de que algunos Estados, concretamente California, se han fijado ya objetivos incluso más ambiciosos que los del Protocolo de Kioto porque han comprendido que ese compromiso se cumple a través de un avance significativo en la innovación tecnológica, y así California, dentro de Estados Unidos, se sitúa en estos momentos a la cabeza del cambio tecnológico en materia energética.
En cualquier caso, es un compromiso internacional asumido por España como país miembro de la Unión Europea que tenemos que cumplir. Pero yo diría que no debemos ver esta exigencia exclusivamente desde el punto de vista de una exigencia derivada de un compromiso internacional, sino por las propias ventajas que esto conlleva en un país como España donde la eficiencia energética en términos de producto interior bruto ha venido decreciendo en lugar de aumentar durante los últimos años. Somos el único país de la Unión Europea donde ha aumentado la intensidad energética, es decir, el consumo de energía por cada unidad de producto interior bruto -manifestando también ahí una divergencia preocupante con los países de la Unión Europea- y somos también un país en el que en los últimos años se ha aumentado la dependencia del petróleo dentro de la composición de nuestra oferta energética, algo que nos cuesta mucho dinero, tanto como que durante los últimos doce meses, a partir de la subida de los precios del petróleo, este país ha pagado una factura superior en 5.300 millones de euros exclusivamente por el incremento del precio del crudo. Por tanto, ventajas económicas para España en la medida en que se seamos capaces de reducir el consumo de energía por unidad de producto interior bruto, en la medida en que seamos capaces de diversificar nuestras fuentes energéticas y de apostar por energías más limpias, menos contaminantes y que nos supongan, además, una menor dependencia del exterior.
Estas son las razones por las que el Gobierno considera fundamental comenzar a dar los primeros pasos en este país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y es por ello por lo que solicito de todos los grupos parlamentarios la convalidación de este real decreto-ley, porque el Gobierno cree, por las razones que he expuesto, que este es un compromiso que no sólo hay que cumplir porque somos país miembro de la Unión Europea, sino porque es un compromiso del que se generarán ventajas en los ámbitos económico y tecnológico para nuestro país. Precisamente es esa la dirección que quiere recorrer este Gobierno a partir del compromiso de su presidente de un desarrollo económico que no esté basado en salarios insuficientes, ni en condiciones laborales precarias, ni en inseguridad laboral, ni en aumento de la contaminación, ni en aumento del uso irracional de la energía. Es en ese contexto en el que el Gobierno comenzó desde el primer momento a trabajar para poner las primeras piedras de este camino a recorrer de reducción de gases de efecto invernadero. Y para ello, desde el primer momento, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno creó un grupo interministerial de trabajo presidido por el Ministerio de Economía y Hacienda, con la participación de numerosos ministerios y de la oficina económica de la Presidencia; participan en este grupo interministerial de trabajo el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene encargada la secretaría del mismo, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Este grupo interministerial comenzó a trabajar, como decía, de manera inmediata tras la configuración del nuevo Gobierno, de forma que el día 21 de junio pudo presentar públicamente el primer borrador, tanto del real decreto-ley que traspone la directiva europea de comercio de emisiones como el Plan nacional de asignación de emisiones para el periodo 2005-2007. A partir de ese momento se ha dado un proceso de información, de participación muy plural, se han recibido muchas alegaciones y se ha trabajado, por supuesto, con las empresas de los sectores previstos por la directiva a la hora de establecer límites a sus emisiones, los sectores industriales y el sector energético; se ha trabajado también con los sindicatos, con las organizaciones ecologistas y con el resto de las organizaciones sociales, con todas y cada una de las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias.
El texto que hoy traemos ha sido informado por el Consejo Nacional del Clima, por el Consejo Asesor de Medio Ambiente, por el Consejo Económico y Social y por el Consejo de Estado. Ha pasado, por tanto, por todos los trámites exigibles en nuestra legislación de acuerdo con el contenido de esta norma y llevándolo a cabo en el menor tiempo posible para que fuera probable el inicio en tiempo de todo el mecanismo del mercado de derechos de emisión. Por tanto, se ha cumplido con los trámites preceptivos y se ha traído a la Cámara hoy el decreto aprobado por el Gobierno en el mes de agosto, el día 27, que es la primera de las medidas necesarias pero no suficientes para que este país avance en la reducción de gases de efecto invernadero. Y digo necesarias pero no suficientes -y con ello incorporo ya algunos comentarios sobre el real decreto-ley que hoy traemos- porque este real decreto-ley se refiere a exigencias cuantificadas exclusivamente para un conjunto de sectores productivos que representa en estos momentos el 40 por ciento del total de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país. El otro 60
por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero se corresponde con actividades como el transporte, la edificación, la agricultura, el tratamiento de los residuos, en conjunto el resto de sectores que no están incluidos en la directiva. Por eso quiero comenzar diciendo que este es un primer paso necesario e importante, pero que en absoluto se agota aquí el esfuerzo que el Gobierno tiene que llevar a cabo en colaboración con las comunidades autónomas y también con los municipios y el conjunto de los ciudadanos de este país. En esta primera pieza, en este real decreto-ley se establece uno de los mecanismos previstos por el Protocolo de Kioto, dentro de los denominados mecanismos de flexibilidad, que son complementarios a todas las políticas que se lleven a cabo en cualquier país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Es un instrumento de mercado que está concebido precisamente para apoyar la reducción de gases de efecto invernadero, haciendo que éstas se lleven adelante allí donde resulte menos costoso respecto al propio instrumento económico que se crea, que conlleva una serie de costes para las empresas, costes que se aplicarán y que sufrirán las empresas si no llevan a cabo la correspondiente reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Quiero detenerme un momento en el tema de los costes económicos contemplados para las empresas sujetas a esta regulación.
Más allá de análisis tremebundos y catastrofistas que tuvimos ocasión de conocer antes de finalizar la anterior legislatura y que se apoyaban en hipótesis completamente descartables, por ejemplo en relación con el precio de los derechos de emisión, en la memoria económica que acompaña al real decreto-ley se establece como hipótesis más probable que como máximo el conjunto de las empresas a las que se va a aplicar esta regulación tendrá que abordar un coste de 85 millones de euros anuales, es decir, un 0,015 por ciento del valor añadido de estos sectores, 0,015 por ciento del valor añadido de las empresas contempladas en el real decreto-ley, y esto en la hipótesis en que los precios del derecho de emisión alcanzaran los 10 euros por tonelada de CO2 emitido; hipótesis que en estos momentos se sitúa por encima de las previsiones actuales, que no van más allá de un coste aproximado de 8,5 euros por tonelada emitida. En cualquier caso, 85 millones de euros, algo muy alejado de esos 5.300 millones de euros que, como decía antes, han supuesto como coste para el conjunto de los españoles esa gravísima dependencia del petróleo que se ha acentuado durante los últimos años. En el real decreto-ley se establece cómo funcionará este mercado de derechos de emisión, que significa la existencia de los propios derechos de emisión y cómo se van a repartir entre las empresas. Este es un mercado que se somete a un control público a través, en primer lugar, de la concesión por parte de las comunidades autónomas de la autorización empresa a empresa de la posibilidad de emitir gases de efecto invernadero de acuerdo con sus características y sus procesos productivos; una autorización que las empresas tienen que solicitar, que están ya solicitando en estos momentos porque la fecha límite para esa solicitud de autorización termina el próximo 30 de septiembre. En esa misma fecha termina también la solicitud de la asignación específica e individualizada de derechos de emisión para cada una de las empresas involucradas en el cumplimiento de esta directiva. Ambos procesos se pueden llevar a cabo a través de las comunidades autónomas, que actúan como ventanilla para remitir al Ministerio de Medio Ambiente toda la documentación, y con ello se avanza en la rapidez y en la cooperación en la gestión de estas solicitudes de las empresas. A partir del 1 de octubre estará creado el registro público del comercio de emisiones. Este registro dependerá del Ministerio de Medio Ambiente, pero será gestionado por quienes tengan ya experiencia en la gestión de determinado tipo de residuos. En estos momentos el Gobierno está terminando de analizar las posibilidades existentes de acuerdo con la Comisión Nacional del Mercado de Valores y próximamente se tomará la decisión correspondiente a la entidad a la que se encomendará la gestión, que quedará supeditada, como digo, al control último del Ministerio de Medio Ambiente.
En este real decreto-ley también se crea una comisión de coordinación, en la que participarán todas las administraciones autonómicas y una serie de departamentos de la Administración General del Estado, para garantizar la coordinación óptima a la hora de gestionar este mercado de derechos de emisión. Esto evidentemente tiene que empezar a funcionar de manera inmediata y de hecho se está pidiendo ya a todas las administraciones la designación de los representantes en la misma. Se crea asimismo lo que se denomina la autoridad nacional, competente en materia de proyectos de inversión en terceros países, proyectos contemplados por el Protocolo de Kioto que pueden ser incorporados como parte del compromiso de España en la reducción de gases de efecto invernadero. Esos denominados proyectos de los mecanismos limpios o de aplicación conjunta serán analizados por una comisión presidida por el Ministerio de Medio Ambiente y participarán varios ministerios, como está determinado en este real decreto-ley.
Además, deberá garantizar que esos proyectos son los adecuados según todas las normas y acuerdos que se derivan del Protocolo de Kioto, que es bastante exigente en cuanto a qué llamamos un proyecto de inversión, de desarrollo limpio o de aplicación conjunta en terceros países, a los efectos de computar esto en el cumplimiento del propio Protocolo de Kioto. Hay toda una serie de obligaciones para las empresas; lógicamente, la de no superar los límites que se hayan establecido para cada una de las empresas y recurrir, si lo necesitan, a la adquisición de derechos de emisión a través del registro público que se crea. Esa adquisición, en su caso, de derechos de emisión puede
hacerse entre personas físicas o jurídicas y puede tener lugar entre empresas o particulares de nuestro país, del resto de la Unión Europea o de aquellos países que también establezcan este compromiso del Protocolo de Kioto y con los cuales por lo tanto existan los oportunos acuerdos.
Hay un régimen sancionador del que creo que es importante hablar en esta Cámara, puesto que es un régimen sancionador que se aplicará por parte de las comunidades autónomas o de la Administración General del Estado en virtud de las distintas posibilidades de infracción, que contempla infracciones muy graves, graves o leves, en relación con los distintos incumplimientos que se pueden dar. En el caso de las infracciones muy graves, las sanciones que se pueden aplicar -todas o alguna de ellas- son, por ejemplo: una multa de entre 50.000 y dos millones de euros, la suspensión de la autorización correspondiente a esa empresa hasta un máximo de dos años, incluso el cierre temporal de la empresa hasta un máximo de dos años o la inhabilitación de los administradores fiduciarios, en el caso de agrupaciones de empresas que cuenten con esa figura, también por un máximo de dos años. Estas son algunas de las sanciones aplicadas y, como digo, se puede aplicar una de ellas, varias o la totalidad, en función de una serie de consideraciones respecto a la intencionalidad, a la reiteración en los incumplimientos que son penalizables por parte de las empresas y a otras circunstancias como puede ser el beneficio económico que obtenga una empresa por eludir las obligaciones impuestas por esta norma.
En el supuesto de que las multas que se derivaran de la aplicación de esta norma fueran inferiores al beneficio económico que hubiera obtenido la empresa concreta, lo que prevé este real decreto-ley es que la multa se fijará por una cuantía, como máximo, de dos veces el beneficio económico registrado por la empresa. Se trata con esta medida de empezar a evitar lo que sucede en muchos otros campos de nuestra política ambiental, que es que para las empresas es menos costoso infringir la legislación, porque el beneficio económico que reciben de ello supera con creces las multas que tienen que pagar. En este caso, si hay beneficio económico, se podrá imponer una sanción que equivalga, como máximo, a dos veces el beneficio económico que se derive para esa empresa. Las multas por infracciones derivadas de cuestiones que se consideran graves, menos graves o muy leves, oscilan entre 10.000 euros y 50.000 euros, contemplándose también la posibilidad de suspensión temporal de la empresa infractora hasta un máximo de un año. Estas son algunas de las cuestiones que están definidas en este real decreto-ley para el que pedimos hoy la convalidación en esta Cámara.
Quiero también avanzar que el Gobierno acepta, si hay un número significativo de grupos parlamentarios que lo pidan, que esta norma se tramite como proyecto de ley. Sin embargo debo advertir las limitaciones que tiene una tramitación de proyecto de ley que incorpora una directiva europea. No se podrán admitir, lógicamente, enmiendas que fueran contrarias a la letra y al propio espíritu de la directiva europea, pero sí aquellas que mejoren, por ejemplo, los sistemas de control, el seguimiento, las consideraciones que ya aparecen en la norma respecto de situaciones de carácter excepcional; en absoluto se puede separar el proyecto de ley de la directiva cuya trasposición estamos planteando en este momento con el decreto-ley. El Gobierno entiende que si hay esa voluntad significativa de la Cámara, este proyecto se tramitará como ley, pero, eso sí, entendiendo también que en estos momentos ya existe toda una serie de expectativas económicas para las empresas, por lo que la tramitación como proyecto de ley no debería alterar, en términos de expectativas y de seguridad jurídica, los procedimientos que ya se han abierto y cualquier modificación del texto tendría que centrarse, como he dicho antes, en reforzar los mecanismos de transparencia y de control, por ejemplo, en la línea que anteayer la Cámara votó con motivo de una moción derivada de una interpelación de Izquierda Verde, en la que, entre otras cosas, se pedían las máximas garantías en cuanto al contenido de los proyectos de desarrollo limpio y de aplicación conjunta. Entendemos que es mejorable el texto y anticipamos que el Gobierno, como no puede ser de otra manera, respeta el contenido que obtuvo mayoría en esta Cámara hace dos días.
Someto a la consideración de los señores diputados y de las señoras diputadas la oportunidad de comenzar a tomar medidas de forma urgente en la línea de la legislación europea conforme a nuestros compromisos internacionales, señalando que es sólo la primera de las medidas en las que este Gobierno trabaja. El grupo de trabajo interministerial tiene que seguir su tarea más allá de las normas ya aprobadas, más allá del propio plan nacional que concreta las obligaciones para las empresas en el próximo periodo entre los años 2005-2007, porque están identificadas aquellas medidas que pueden contribuir a reducir la emisión de gases de efecto invernadero en los sectores no cubiertos por la directiva.
El Ministerio de Industria está trabajando para mejorar el marco de las energías renovables y de la eficiencia energética respecto de los textos y de los programas existentes hasta el final de la anterior legislatura, que no eran, a nuestro juicio, textos suficientes. De hecho, por dar solamente un dato, el avance de las energías renovables en nuestro país es claramente insuficiente, sobre todo en materia de biomasa y de energía solar. Hay que recordar la extraordinaria paradoja que se da en la comparación con Alemania; Alemania, con la mitad de horas de sol, tiene ya instalada más de 10 veces más energía solar que nuestro país y en estos momentos tiene la mayor planta solar de Europa, teniendo España, como he dicho, no sólo más horas de sol -cosa que es evidente- sino las empresas y la capacidad tecnológica que le permitirían competir en el
mercado internacional. Actualmente, nuestras empresas de tecnología solar están vendiendo hasta el 90 por ciento de su producción en mercados extranjeros; luego no nos falta ni la tecnología, ni las horas de sol, ni la capacidad empresarial. Hasta ahora ha faltado una voluntad política cierta, que ha existido en otros países, como es el caso de Alemania.
Esta es, dentro del desafío tecnológico al que me refería al principio, una de las tareas para los próximos años. Como son tareas que están encomendadas a los ministerios de Transporte, Vivienda, Agricultura o Medio Ambiente, también habrá que incrementar los procesos de reducción en los ámbitos que estos departamentos regulan. De todo ello se tendrá ocasión de hablar en esta Cámara a lo largo de los próximos meses, porque ciertamente el Gobierno no culmina con esta primera medida el esfuerzo a compartir con toda la sociedad española, en la necesaria y beneficiosa reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea realizar un turno en contra? (Pausa.) Si no es así, pasamos al turno de fijación de posiciones.
Grupo Parlamentario Mixto. Señora Lasagabaster. Las señoras, primero.
En nombre de Eusko Alkartasuna, adelanto nuestro voto positivo a la convalidación de este real decreto-ley y, como parece que va a ser así, también haremos nuestra aportación en su tramitación como proyecto de ley. Nosotros compartimos la necesidad de cumplir el Protocolo de Kioto y nuestra posición es favorable a la directiva de la Unión Europea sobre el comercio de emisiones.
Creemos que el real decreto-ley que hoy se nos presenta para su convalidación es un mecanismo positivo; con carácter general, muy positivo. Quizá, permítasenos decirlo, se queda a medio camino de lo que debieran ser las obligaciones del cumplimiento del Protocolo de Kioto, por lo que debiéramos introducir algunas aportaciones en relación con esta cuestión. Entendemos que no aborda alguno de los elementos esenciales -aunque se ha señalado que este tipo de iniciativas se presentarán posteriormente-, una serie de sectores difusos, como pueden ser el transporte y otras cuestiones, que realmente son una importante amenaza contaminante para el futuro en la actualidad. Nuestra segunda consideración, dentro de esa primera aproximación general con carácter positivo, se referiría a la regulación de las distintas competencias entre el ministerio y las comunidades autónomas, en particular las de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Podríamos señalar en este momento, y en su caso haremos las aportaciones que nos parezcan necesarias por medio de las oportunas enmiendas, alguno de los temas que entendemos que deben ser susceptibles de modificación, en la medida en que deben ser respetuosos con esas competencias de las comunidades autónomas. Por ejemplo, el artículo 19 de este real decreto-ley atribuye competencia exclusiva a la Administración central respecto a la asignación individualizada de derechos de emisión; creemos que hay jurisprudencia constitucional que establece que esto debiera ser una materia de competencia autonómica y ya daremos nuestros argumentos en este sentido para que se modifiquen estas cuestiones. Lo mismo podríamos decir de otra serie de puntos dentro del real decreto-ley, como la disposición adicional segunda o el párrafo segundo de la disposición transitoria segunda.
En todo caso, como parece que hemos llegado al consenso de que se tramite como proyecto de ley, a pesar de que es necesario hacerlo y por ello compartimos la vía de urgencia, esto lo dejaremos para una posterior tramitación. Hoy simplemente queremos decir que compartimos el objetivo, que somos absolutamente conscientes de la importancia, como decía la ministra, de esta cuestión y que, salvo esas aportaciones que a posteriori haremos, nuestro grupo va a votar a favor, intentando introducir otros temas que quizá puedan ser positivos para cumplir el Protocolo de Kioto y esta materia que realmente no es una cuestión que solamente nos afecte a nosotros, sino que afecta a todos los países.
Señor Labordeta, su turno de palabra.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, en el debate previo que tuvimos en la Comisión de Medio Ambiente, durante su comparecencia para explicar el contenido de este proyecto ya le indicábamos, y lo reiteramos ahora, que lo primero que queríamos hacer es felicitarle por su esfuerzo y valentía al haber sacado adelante la normativa de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Chunta Aragonesista considera que el Gobierno debe tener una política ambiental al igual que tiene una política económica y otra social. La política ambiental debe conllevar la progresiva desmaterialización de la economía y la estructuración de un modelo de sociedad basado en el menor consumo de recursos naturales y en la menor generación de emisiones y producción de residuos no reciclables. Por ello, reconociendo la gravedad de las consecuencias del cambio climático, desde su aprobación hemos dado un apoyo decidido al cumplimiento de los objetivos previstos en el Protocolo de Kioto.
Este real decreto-ley que venimos a convalidar es una trasposición de directivas europeas y consideramos, coincidiendo con varias organizaciones ecologistas, que siempre será mejor tener una norma sobre la que trabajar, pudiendo mejorarla, que no tener nada, situación en la que estamos ahora. Sobre todo porque nos encontramos en una situación de urgencia ya que, como indica el propio Consejo de Estado en el informe preceptivo que acompaña este decreto, la adaptación de la directiva europea objeto de este decreto tendría que haberse producido a más tardar el 31 de diciembre de 2003; otro debe en la pésima gestión ambiental del anterior gobierno del Partido Popular. Por ese motivo querríamos advertir que el Plan nacional de asignación, a juicio de Chunta Aragonesista, debería ser más ambicioso porque es posible y necesario lograr reducciones de emisiones que nos acerquen más al cumplimiento de Kioto.
Estaremos dispuestos a votar a favor de la convalidación de esta iniciativa si hay un compromiso firme del Gobierno de que se va a llevar a cabo un verdadero y completo plan de acción frente al cambio climático, recogiendo en ese plan las actuaciones que demandan desde hace mucho tiempo con argumentos concluyentes algunas organizaciones, como por ejemplo Greenpeace.
El real decreto-ley lo entendemos como una actuación urgente del Gobierno para cumplir con Europa, aprobando además el plan de asignación, que debe tener en gran parte carácter experimental, pero sostenemos que los riesgos derivados del cambio climático tienen tal transcendencia para nosotros en España y en Aragón que debemos exigir un mayor avance, además de cumplir los compromisos de nuestra pertenencia a la Unión Europea.
Creemos también necesario, como afirma Greenpeace, que es imprescindible asegurar que todos los mecanismos de Kioto se usen exclusivamente para proyectos renovables y eficiencia energética, en coherencia con los objetivos estratégicos señalados por el Gobierno español. También nos gustaría destacar que el Gobierno de Aragón indicó, en el periodo de presentación de propuestas por parte de las comunidades autónomas, y desde Chunta Aragonesista lo hacemos nuevamente, que se tuviese en cuenta, en palabras textuales, el hecho diferencial del carbón en la provincia de Teruel, por sus implicaciones en el desarrollo de ese territorio deprimido del interior peninsular. Solicitamos una especial atención a las alternativas técnicas y a la aplicación con ayudas del Gobierno de las mejores técnicas disponibles para mantener en el futuro producción de electricidad en las centrales térmicas existentes en Aragón, por su importancia estratégica y energética y por su repercusión social.
El Consejo Económico y Social manifestaba su preocupación en relación con los procedimientos regulados en el proyecto de real decreto-ley y se consideraba conveniente precisar con mayor detalle aspectos como plazos, autoridad administrativa competente para dictar la correspondiente resolución y recursos a plantear contra la misma. Pensamos proponer al Gobierno un desarrollo de la norma que considere estas cuestiones y las anteriormente señaladas. Creemos que se ha desaprovechado la oportunidad de conseguir mayores reducciones en el sector que mejor puede abordarlas, el sector eléctrico, ya sea con el cambio de combustibles o la generación con renovables, especialmente cuando se daba la circunstancia de división de intereses entre las dos grandes eléctricas, Endesa e Iberdrola.
Apoyaremos este cambio de rumbo ambiental y lo impulsaremos con nuestra iniciativa en esta Cámara, porque en Chunta Aragonesista estamos convencidos de su urgencia y de su necesidad. Si en otros ámbitos de la política habíamos retrocedido décadas durante los ocho años del anterior Gobierno conservador, el retroceso ha sido especialmente significativo en temas de sostenibilidad ambiental. De esto en Aragón sabemos mucho, ya que las desafortunadas políticas del Partido Popular conducían a la comunidad autónoma por el camino de la insostenibilidad social, económica y ambiental.
Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señora ministra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Labordeta.
En el Estado español efectivamente registramos cierto retraso en la aprobación de la normativa que nos permita asumir y cumplir las obligaciones derivadas de Naciones Unidas sobre el cambio climático y, lo que es peor, en los últimos años han aumentado ligeramente las emisiones de gases efecto invernadero -según los datos del inventario de 2004 de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en un 4,2 por ciento-, sin que se adoptasen medidas para reducirlos. Por lo tanto, coincidimos, señora ministra, en que hay que empezar cuanto antes a trazar una estrategia para cumplir el compromiso de reducción de emisiones en la parte que nos toca y en ese sentido es necesario adoptar una norma básica que regule el régimen de las emisiones de gases efecto invernadero, como hace el real decreto-ley que usted acaba de presentar.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar su convalidación para evitar que se siga acumulando retraso en la aplicación de las normas precisas para cumplir con las obligaciones derivadas del Protocolo de Kioto, teniendo en cuenta además que el avance del Plan de asignación de derechos para el período 2005-2007 ha sido recibido satisfactoriamente por la mayoría de los sectores implicados y por las organizaciones ecologistas y medioambientales. Sin embargo, señora ministra, el régimen previsto en este real decreto-ley concentra las decisiones en el Gobierno central con escaso margen
de participación a las comunidades autónomas. Una vez más, bajo el pretexto de las competencias estatales de coordinación de la planificación general de la actividad económica, se atraen hacia la órbita estatal todas las funciones relativas a la asignación de derechos en emisión de gases, sin tener en cuenta que las comunidades autónomas también deben participar en las decisiones de significado económico e incidir así en la dirección de la dinámica económica en sus respectivos territorios.
A nadie se le escapa que la asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a instalaciones o centros concretos ubicados en un determinado territorio del Estado supone un condicionante en la actividad de algunos sectores importantes en la economía; por ello la participación de las administraciones con competencias concurrentes en materia de planificación y fomento de la economía debe ser más intensiva a través de una coordinación interinstitucional de carácter bilateral, es decir, aceptando la intervención de las dos administraciones y no otorgando la capacidad de decisión a una de ellas, en este caso el Gobierno central, limitándose a informar a las comunidades autónomas de las autorizaciones de emisión otorgadas. En este caso es muy importante que se otorgue más capacidad a las comunidades autónomas en la elaboración del llamado Plan nacional de asignación de derechos, pues de ello dependerá, por ejemplo, el mantenimiento de la capacidad productiva y el desarrollo del sector eléctrico en determinadas comunidades autónomas y sobre todo en aquellas como Galicia, donde existe generación de energía sobre la base de combustibles fósiles que emiten un mayor grado de gases efecto invernadero. A nadie se le escapa tampoco que una decisión adoptada por la Administración central sobre la emisión de gases puede influir en la capacidad de generación del sector eléctrico de Galicia sin que las instituciones autonómicas sean parte de esta decisión. Lo mismo podríamos decir de otros sectores de importante incidencia económica que estarán sujetos al plan de asignación de emisiones a aprobar únicamente por el Gobierno central. Si bien el plan de 2005 a 2007 ya se ha aprobado, esperamos que en el siguiente plan, de 2008 a 2012, las comunidades autónomas tengan mayores atribuciones para corregir estas disfunciones, por lo que es necesario modificar puntualmente este real decreto-ley. Por tanto, además de manifestar de nuevo nuestro apoyo a su convalidación, solicitamos su tramitación como proyecto de ley.
Coalición Canaria. Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señorías.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria se congratula de la llegada de este debate para convalidar el real decreto-ley que nos convoca hoy aquí, por el que se regula todo este mercado de la emisión de gases de efecto invernadero por las industrias contaminantes. Comienzo por decir que Coalición Canaria va a votar a favor de su convalidación. Con respecto a la oferta que ha hecho la señora ministra de Medio Ambiente de que el Grupo Parlamentario Socialista no se opondrá a la tramitación como proyecto de ley, nosotros, si hay esa mayoría, votaríamos también a favor. No lo vamos a postular porque entendemos que en este momento lo mejor es enemigo de lo bueno.
Este es un real decreto bueno; posiblemente no sea el mejor, pero vamos a dar tiempo al tiempo, en primer lugar porque en él se señalan unos plazos perentorios que tienen que cumplir las industrias contaminantes y que constituyen el primer paso para desarrollar todo este proceso de control de gases de efecto invernadero. No se puede situar a las industrias contaminantes en una situación de inseguridad jurídica, de no saber, con los plazos que se señalan para la primera entrada en vigor, en octubre de este año, y la entrada en vigor de todo el proceso el uno de enero del año 2005. Nuestro grupo sería más partidario de ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ver qué pasa con la aplicación de este primer real decreto-ley y, a lo largo de la legislatura, hacer aquellas correcciones necesarias. El tema es difícil y complejo. La señora ministra ha señalado de forma acertada que lamentablemente España ocupa el furgón de cola, el farolillo rojo de todo este proceso relativo a las industrias contaminantes, pero corregir este efecto y este defecto conlleva un gasto. Recientemente, en el mes de abril, la consultora PricewaterhouseCoopers ha presentado un informe que imputa un gasto de más de 19.000 millones de euros entre los años 2008 y 2012, millones de euros que tiene que pagar la industria contaminante, con todo el mercado de los derechos de emisión.
El real decreto-ley está muy bien estructurado porque en primer lugar cumple con lo que es perentorio en este momento de una manera formal, de imperativo legislativo, que es la Directiva 2003/87 del Parlamento Europeo y del Consejo. Eso es lo primero para que España, digamos, legalice su situación. Estamos hablando, en relación con la inmigración, de los sin papeles, pues España, hasta ahora, estaba sin papeles ante la Unión Europea para cumplir el Protocolo de Kioto. La Unión Europea -los debates que ha habido en el Parlamento y el Consejo- ha sido razonablemente insensata; ha dicho: voy a situar unos sectores en los que voy a actuar primero. Ya sabemos que la estadística nos está diciendo que el sector transportes es el más contaminante, pero el sector transportes son automóviles, son camiones, son sistemas de transporte, y eso es muy difícil individualizar como sujeto pasivo de un impuesto, de una corrección o de un mercado de derechos de emisión. Vamos al sector eléctrico, vamos al sector cementero y vamos a instrumentalizar las piezas.
El Gobierno ha tenido lógicamente que aprobar en el Consejo de Ministros del pasado 3 de septiembre un real decreto que viene a aprobar el Plan nacional de asignación de derechos de emisión 2005-2007. Esto es lo que necesitaba la industria, tener documentos de seguridad jurídica. Además, esto va a permitir, en relación con los tres puntos fundamentales de la exposición de motivos del real decreto-ley, primero, cumplir el calendario. Por eso decía yo que, si se quiere votar un proyecto de ley, vótese, pero nosotros estaríamos más en la línea de ir viendo la aplicación, porque en esta cuestión estamos empezando a andar. Las inversiones para hacer la autorización de los derechos de emisión -y me estoy refiriendo a la cifra de la consultora Pricewaterhouse, de 19.200 millones de euros- nos van a presentar un nuevo aspecto, puesto que el preámbulo del real decreto que nos trae aquí habla en su apartado tercero de una cosa muy importante: el mercado de derechos de emisión se configura como mercado internacional. Pues bien, para España esto es así en el escenario internacional de la Unión Europea, y por eso se va a abrir un mercado en el que los derechos de emisión se transformarán en activos financieros. Espero que la banca y las cajas de ahorro españolas se muevan en este mercado, porque van a ser intermediarios financieros no sólo entre empresas sino también entre países. Si el mercado se define acertadamente en el real decreto como mercado internacional, para España es igualmente un mercado intracomunitario, es decir, también las comunidades autónomas tienen reconocida su participación; mucha o poca, no quiero hacer ahora una crítica, sino poner de manifiesto la realidad.
El real decreto-ley trata de organizarla en el artículo 3, creando la comisión de coordinación de políticas de cambio climático. Esta, señora ministra, es una afortunada idea, puesto que, igual que se declara que este es un mercado internacional, en nuestro caso resulta un mercado intracomunitario. Las empresas situadas en la comunidad autónoma A frente a las que desarrollan la misma actividad en la comunidad autónoma Z o en la comunidad autónoma H, tendrán que intercambiar estos activos de derechos de emisión, si están en ese sector.
Por su parte, Coalición Canaria pediría que se tuviera en cuenta la peculiaridad territorial canaria. No tenemos ninguna comunidad autónoma a nuestro lado y hay empresas en nuestra comunidad que desarrollan actividades como el refinado de petróleo. El Gobierno ha tenido que tener en cuenta una estadística para saber a cuántas empresas tiene que aplicarles estas medidas. Se dice que tiene identificadas en este momento 1.066 instalaciones incluidas en el Plan nacional de asignación de derechos de emisión. Eso nos da idea del volumen de trabajo administrativo que habrá que realizar, y sólo para los sectores contenidos en la directiva comunitaria de 2003: 192 de generación eléctrica, 10 de refinado -entre ellas, la refinería de petróleos CEPSA, de Tenerife-... En fin, todas ellas actividades contaminantes que tienen efecto en el medio ambiente.
Esta sensibilidad viene de atrás. En esta Cámara debatimos en su día sobre la contaminación por envases de plástico. ¡Quien no recuerda aquí -de memoria o por el "Diario de Sesiones"- los debates sobre los fluorocarbonados de los esprays por la contaminación que producen con consiguiente deterioro de la capa de ozono, que está dentro del cambio climático! Aquí hay un objetivo: frenar el deterioro del cambio climático; cambio climático en sentido peyorativo. En este aspecto hay que reconocer el trabajo de sensibilización de la opinión pública que, a veces, lamentablemente, no lo han llevado a cabo las fuerzas políticas ni los parlamentos sino organizaciones ecologistas como Greenpeace, a la que hoy quiero rendir homenaje por la sensibilidad que ha sabido transmitir y que, afortunadamente, ha llegado a la clase política, a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas. De modo que habrá que hablar de las cuestiones referentes a la asignación individualizada de los derechos de emisión, y de los créditos que tendrá el mercado internacional. La señora ministra hablaba del 15 por ciento de los objetivos de Kioto, que teníamos en 1990. Así, España tiene un colchón, y vamos a ver si la industria sabe aprovecharlo bien, porque no se trata sólo del 15 por ciento sino del 24 por ciento; se ha añadido un 2 por ciento de los sumideros de emisión y un 7 por ciento de lo que podemos adquirir en el mercado europeo internacional.
Habrá, pues, que abrirles los ojos a las entidades españolas financieras y de crédito para que vean que van a tener dos escenarios de comercialización, puesto que este es en verdad un mercado emergente de activos financieros. Los derechos de emisión se van a transformar en un activo financiero. Si la banca opera en territorio económico de la Unión Europea, los derechos que le sobren a Francia o a Alemania, por ejemplo, los podrá adquirir España, porque la industria española podrá comprarlos.
Por otra parte, habrá que prestar especial atención para que no se produzca una desviación de intenciones, y haya industrias que consigan tener derechos de emisión superiores a los que ellas saben que pueden necesitar, para utilizarlos después como activo financiero para conseguir fondos. De hecho, podrían vender sus derechos de emisión, que estarán sujetos a la ley de la oferta y la demanda, y nadie va a decir cuánto va a costar en euros una tonelada de CO2, que es el modo en que se expresan los derechos de emisión. Habrá, pues, que prestar atención a la posible picaresca de algunas industrias de cerámica, materiales de construcción, etcétera, que no son grandes entidades productivas, como una refinería de petróleo, una siderurgia, una fábrica de cementos u otras empresas que están dentro de la directiva comunitaria. Tenemos un mundo muy interesante por delante. Era necesario y fundamental tener este instrumento. Vamos
a dejar que el alcance administrativo de este real decreto-ley, lo que salga del artículo 3.º de la Comisión de coordinación para estas políticas de medio ambiente, se pueda desarrollar en esa línea.
Respecto a la industria española -ha estado antes en el debate el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio-, va a haber que tomar también unas medidas, porque no podemos dejar a nuestra industria inerme ante potencias con derechos de emisión como Francia, Alemania u otros países europeos, o dentro de España unas comunidades autónomas con otras, porque no todas las comunidades autónomas tienen las mismas actividades reguladas por la directiva. Lo que no podemos hacer es condenar a nuestras industrias, hay que ser prudentes y sensatos. Por eso decía que lo mejor es enemigo de lo bueno. Este es un buen real decreto-ley, pero esperemos que con el tiempo se mejore, porque se pueden producir distorsiones productivas que vayan en contra de la competitividad de las empresas. La alarma que tienen en este momento determinadas empresas españolas es que el coste que les va a representar la aplicación de esta normativa en adquirir derechos de emisión en ese mercado, bien intracomunitario español o interregional -como se le quiera llamar- bien internacional, son desembolsos que tendrá que aprobar la junta de accionistas o el consejo de administración de esa empresa. Por tanto, son costes de inversión y de gasto. Tiene que resarcirse porque si traslada eso al precio del producto, la competitividad de la industria española será menor de lo que encuentra el mercado. Vamos a pacificar la aplicación de estos proyectos para que se puedan introducir y la industria los vaya cumpliendo. No olvidemos que tendremos siempre un arma.
El real decreto-ley ha sido prudente en calificar los incumplimientos de las empresas como infracción y no como delito. Pero existe en el Código Penal el delito ecológico y en su día esta Cámara tendrá que decir: ya han tenido tiempo suficiente de cumplir con el protocolo de Kioto, con los derechos de emisión y ahora lo que antes podía ser una infracción, ante lo que significan para la humanidad el efecto invernadero y el cambio climático -esto es como un incendio forestal elevado a su máxima potencia-, les aplico el Código Penal no como infracción, sino como delito, y lo llevo al Código Penal porque esa industria ya ha tenido tiempo suficiente e instrumentos financieros para financiar los derechos de emisión, que es un mercado que se abre en este momento.
Por todas estas razones -tengo el tiempo ya limitado-, señorías y señora ministra, cuente con nuestro apoyo. La peculiaridad canaria la iremos desarrollando en órdenes ministeriales o con las gestiones que se puedan hacer para adaptarnos a aquellas circunstancias. Estamos en esta línea de apoyo al protocolo de Kioto y a la directiva de la Unión Europea para resolver una nueva sensibilidad política y parlamentaria. Vamos a votar favorablemente la convalidación de esta importantísima pieza jurídica que hoy viene aquí para que España pueda ponerse también en la media europea del cumplimiento del protocolo de Kioto y no en la situación lamentable en que estamos actualmente.
Izquierda Verde, señor Herrera, su turno, por favor.
Señora ministra, nuestro grupo, el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, va a votar favorablemente la convalidación del real decreto por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero porque entendemos que es urgente. Nuestro grupo entendía la urgencia, pero si es para mejorar y no para reducir. La tramitación con carácter de urgencia como proyecto de ley también puede ser positiva, siempre y cuando esto no condicione la entrada en vigor y la puesta en marcha de las medidas, ya que aquello que se empieza a hacer hoy tiene repercusiones en esta materia al cabo de bastante tiempo. No podía tener otro sentido nuestro voto porque es simplemente la trasposición de una directiva en un país que se destaca por su incumplimiento flagrante de los objetivos de Kioto.
Como usted planteaba, la intensidad energética en el Estado español es un desastre: por cada punto de crecimiento del PIB, el crecimiento de la demanda energética ha sido el doble, por lo que no sólo la trasposición de la directiva es urgente y necesaria, aprobar hoy el real decreto, sino también todas las medidas que se derivan y acompañan a la aprobación de este real decreto.
En el marco del real decreto, valoramos de forma especial algunas cuestiones que se apuntan. De hecho, valoramos muy positivamente que se excluya -esto era competencia de su Gobierno- el pool eléctrico en el sector eléctrico. Para nosotros es positivo, puesto que supone que determinadas empresas, sobre todo del sector eléctrico, se tengan que apretar más el cinturón, siendo este un sector que tiene margen para apretárselo. Asimismo, valoramos muy positivamente porque era necesario, que no se permita el arrastre entre un período y otro, así como que se hayan incorporado algunas de las consideraciones que han hecho diferentes comunidades autónomas, entre ella, el Govern de la Generalitat de Catalunya. De hecho, se han asignado más funciones a la Comisión de coordinación de políticas de cambio climático para comunidades autónomas, para los diferentes vocales de los ministerios, pero también para los vocales de las entidades locales, y se han elaborado criterios y líneas generales de actuación de la autoridad nacional designada por España, así como criterios para la aprobación de los informes preceptivos sobre la participación voluntaria en los proyectos con
la presencia -así se incluye- de comunidades autónomas y entidades locales.
Hay avances -usted lo planteaba y algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra también lo han dicho-, pero el hecho de que se tramite como ley, siempre y cuando no sea para rebajar -mi grupo va a ser muy firme en la tramitación como ley-, permite que el real decreto que hoy vamos a convalidar se pueda mejorar. ¿En qué se puede mejorar? En la participación de las comunidades autónomas, siendo este un actor fundamental; en la implicación de los ayuntamientos y municipios y en el control de los mecanismos de flexibilidad, concretamente de aquellos de desarrollo limpio. Usted ha mencionado que en la moción que se aprobó anteayer se incluía el establecimiento de un control de los mecanismos de desarrollo limpio, tal y como demandaban las organizaciones ecologistas. Dicho de otra manera, que los mecanismos de desarrollo limpio no acaben siendo un fraude al espíritu de la ley, pudiendo impulsar proyectos en países del sur que nada tienen que ver con un desarrollo energético renovable. Por todo esto es positivo que se tramite como ley, pero siempre y cuando sea para mejorarlo. En este desarrollo deberíamos incorporar otras medidas. Por ejemplo, en las mesas de diálogo social, en donde se garantiza la participación de diferentes sectores, para nosotros sería positivo que se mencionase de forma explícita a las organizaciones ecologistas. Se habla de los sectores empresariales, que necesariamente tienen que participar, y de la participación de los sindicatos, pero también es necesaria la participación de las organizaciones ecologistas en estas mesas, así como en los diferentes consejos de seguimiento, y una declaración explícita de las mismas, puesto que son uno de los actores fundamentales en el cambio cultural que necesita nuestro país para cumplir con Kioto y porque son uno de los principales actores que garantizan el cumplimiento. También tiene que haber control sobre la transferencia en los derechos de emisión. La transferencia en los derechos de emisión puede ser un factor más, depende de cómo se regule, para que los procesos de deslocalización se aceleren o se frenen. Todos sabemos que un proceso de deslocalización cuenta con múltiples variables, pero si las empresas que los localizan hacen negocio con estos derechos de emisión, deberíamos introducir algunos elementos de control para que esto no suceda.
Por último, más allá de la convalidación del real decreto, lo fundamental es qué hacemos y qué decidimos en cuanto al Plan nacional de asignación y qué hacemos y qué decidimos en los sectores no regulados en la directiva.
En cuanto a lo primero -lo planteaba hace apenas dos días nuestro grupo parlamentario-, los tiempos deberían haberse acelerado. Sabíamos de la dificultad, sabíamos de dónde partíamos, pero los tiempos podrían haber sido más ajustados, ya que la reducción del 0,2 por ciento -finalmente se ha pasado al 0,4- en la emisión de gases de efecto invernadero en el primer tramo, comparativamente con el compromiso del segundo, va un poco desajustada. Entendíamos también que había sectores que tenían margen para emitir mucho menos. De hecho, al final del período las eléctricas estarán emitiendo un 35 por ciento más de lo que emitían al principio del período, a partir del crecimiento que tenían que tener, diez u once puntos más de lo previsto, un 24 por ciento de crecimiento para el conjunto de sectores.
Pues bien, había margen para apretar más sin ser utópicos, sin cerrar ninguna empresa. Las eléctricas tienen margen para impulsar más energías renovables y había compañías eléctricas que así lo pedían. En cualquier caso y visto que esto no ha sido así, es fundamental una acción decidida en los sectores no afectados por la directiva. Eso significa una nueva cultura de la energía; eso significa no el estudio sino el impulso de una fiscalidad ecológica que prime el ahorro energético y grave claramente el derroche. No hace falta estudiar mucho esta cuestión, lo que hay que hacer es ponerla en marcha, porque es de sentido común que aquel que gasta más pague más y aquel que consume menos pague proporcionalmente menos. Creemos que la implicación de los actores tiene que ser diversa, y en el trámite de ley, así como en el proceso que acompaña tanto al real decreto como al resto de medidas, vamos a tener que implicar de forma muy activa a comunidades autónomas, empresarios y sindicatos; más allá de las modificaciones que incorporemos en el proyecto de ley, debemos implicar a las organizaciones ecologistas, porque para cumplir con Kioto, más allá de lo que hemos dicho tanto en Comisión como en el debate del martes como en múltiples ocasiones, lo que necesitamos es un cambio cultural para hacer no sólo la nueva cultura del agua, sino también una nueva cultura de la energía basada en el ahorro, fundamentada en un desarrollo diferente que no signifique que el desarrollo español se base en bajos salarios y en derroche energético, sino en tecnología, en I+D, en tantas medidas que pueden hacer avanzar de forma efectiva la economía y la ecología, la salud ambiental del Estado español.
Por el Partido Nacionalista Vasco, tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, señora ministra, de entrada sí al compromiso que está en la base de este real decreto; sí no sólo al compromiso que deriva de este real decreto, sino al conjunto de las medidas que habrá que ir adoptando para que lleguemos a ese cien por cien y no sólo al 40 por ciento que cifraba usted como objetivo de este real decreto. Sí a ese compromiso y sí básicamente a las razones que usted ha expuesto para tomar este compromiso
en firme, razones que no voy a exponer porque lo ha hecho usted y con las que básicamente estamos de acuerdo.
Es evidente que andamos tarde -usted misma lo ha señalado-, las fechas se nos han echado encima y, como ocurre tantas veces en las que uno anda tarde, andamos con prisas, con urgencias, y el hecho de que hoy estemos debatiendo aquí si convalidar o no un real decreto es un indicador de que andamos tarde y con prisas. No es del interés mío ni de mi grupo entrar a analizar por qué o por quién andamos tarde, porque sería de escasísima utilidad política, para mi grupo nula, y sobre todo sería de nula utilidad para los destinatarios finales de este real decreto que no somos los grupos políticos, que son las empresas de los sectores a los que va dirigido este real decreto, y a ellos no debiéramos hacerles sufrir ninguna consecuencia por nuestros retrasos porque estos retrasos son nuestros a efectos legislativos.
Independientemente de si está o no y en qué medida justificado este retraso y las prisas que denota el real decreto, para nosotros el riesgo de que se introduzcan o alarguen todavía más determinadas incertidumbres y de que no empecemos a caminar cuanto antes, es motivo suficiente para mostrarnos favorables a la convalidación de este real decreto. Ahora bien, andar tarde y con prisa no debe conllevar andar mal, que suele ocurrir a menudo, y sobre todo no debe conllevarlo cuando, como usted misma ha señalado y nosotros coincidimos, estamos echando a andar en un camino en el que habrá que dar muchos pasos. Es de sumo interés que echemos a andar bien, que tracemos bien el camino, que fijemos bien los hitos y que efectivamente podamos todos colaborar en ese objetivo y en esos compromisos, que compartimos. Para nosotros, ministra, este es un real decreto manifiestamente mejorable, y agradecemos la voluntad que ha mostrado el Gobierno de realizar, en su caso, posibles mejoras en su texto.
En el momento del arranque de esta marcha, quiero llamar la atención sobre un hecho. No es cierto que estemos ante las primeras actuaciones, ni por parte de muchas empresas ni por parte de todas las administraciones. Hay empresas que han hecho sus labores y que llegan al día de hoy con ellas bien hechas. En el momento del arranque, además de llamar la atención de lo que queda por hacer, no digo que habría que felicitar pero sí al menos reconocer el esfuerzo que muchas empresas han hecho para llegar al día de hoy con los trabajos desarrollados porque, entre otras cosas, pudiera ser un elemento de interés para que aquellos sectores implicados en los que hoy todavía no proponemos actuaciones empezaran a actuar y no estuvieran a la espera de las medidas que este Congreso de los Diputados o una administración vaya tomando; que se empiece a caminar, independientemente de que las administraciones andemos también en estos temas con retraso.
Mi grupo quiere reconocer el esfuerzo hecho por muchas empresas, como también el realizado por determinadas administraciones. Yo no le voy a dar datos de las administraciones que yo mejor conozco, en concreto, de la vasca, pero supongo que usted es consciente de que en la Comunidad Autónoma del País Vasco ha habido una política energética en los últimos años que ha producido unos efectos que nos sitúan mucho mejor de lo que hubiéramos estado de no haberse adoptado tales medidas. Ha habido importantes esfuerzos en materia de política energética. Insisto en que no es mi intención aportar los datos. Lo podría hacer, y, en su caso, en el debate que posteriormente tenga lugar sobre el proyecto de ley, los podré aportar. Como decía, ha habido enormes esfuerzos en las mejoras de las intensidades energéticas. Este es un tema que subrayo, no para colocarnos ninguna medalla sino, entre otras cosas, porque de las experiencias habidas todos tenemos que aprender. Como decía, el real decreto es manifiestamente mejorable y nosotros desearíamos hacerlo en determinada dirección. En consecuencia, ministra, para nosotros sí a una actuación más decidida, sí a una actuación más coordinada, sí a una actuación planificada, pero sin olvidar en ningún caso las experiencias habidas y con una filosofía que voy a intentar exponer.
Este real decreto tiene, a nuestro juicio, una falla importante y es, dicho de forma clara y sencilla, que no respeta el reparto competencial que tenemos establecido. Como ha ocurrido en otras muchas ocasiones y en otras muchas materias, una vez más se invoca el título competencial del artículo 149.1.13 de la Constitución para, después, llevarnos a una restricción de competencias autonómicas, concretamente en este caso, en materia de ordenación medioambiental. De forma que se atribuyen al Estado aspectos incluso de pura ejecución en una materia en donde, en principio, únicamente posee competencia para establecer normativa básica, al amparo del artículo 149.1.13. De ahí no debiera pasar el Estado. En definitiva, el Estado hace uso del artículo 149.1.13, para implantar medidas de corte ejecutivo, que no tendrían cobijo de hacerse uso del título básico en materia de medio ambiente, ya que el mismo no le da cobertura para la adopción de este tipo de medidas. Se materializa, por tanto, el acudir a un título competencial genérico, cual es el de la planificación de la actividad económica, para suplir la falta de competencias ejecutivas en la materia específica, que es el medio ambiente, contraviniendo la abundante doctrina del Tribunal Constitucional, toda vez que las medidas que se contemplan bajo el techo del 149.1.13 son materialmente encajables en el área de medio ambiente, en consecuencia asumibles, salvo, en su caso, la aprobación del Plan nacional de asignación de derechos de emisión o las comunidades autónomas competentes en materia de medio ambiente.
A nuestro juicio, señora ministra, aquí hay una falla importante. Al arranque de este camino, debiéramos situar las cosas en sus justos términos, no sólo por la razón que acabo de exponer y que podría detallar más,
de que no se respeta la distribución competencial, sino porque es convencimiento de este grupo que del no respeto de esta distribución competencial se va a derivar también una mayor ineficacia. ¿Por qué las experiencias habidas no nos enseñan que, necesitados de una mayor coordinación, no podemos montar la coordinación de abajo arriba? Es lo que nos preguntamos nosotros y lo que quisiéramos que el proyecto de ley que venga pueda corregir para que, existiendo una voluntad clara de actuación, no lo tengamos que hacer, una vez más, de una forma centralizada. Y digo una vez más porque, entre otras cosas, señora ministra, esperábamos de este Gobierno un giro en este campo. Lo que en este campo se hace hoy es lo que gobiernos anteriores han venido haciendo una y otra vez en otros campos, acudir a una competencia genérica para entrar en la ejecución de muchas competencias que no tiene. Seguimos esperando que la tramitación de este proyecto de ley pueda enderezar este aspecto que es necesario mejorar, porque para nosotros la aprobación de este real decreto está absolutamente condicionada a que se enderece por esta vía. En esa esperanza damos el visto bueno al real decreto, pero, al mismo tiempo, nos aprestamos a un debate a fondo de las competencias de las comunidades autónomas para que establezcamos la vía más idónea y más eficaz para lograr los compromisos que compartimos en su globalidad y en su totalidad con lo que usted misma ha expresado.
Nada más, señora ministra. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki. El turno de Esquerra Republicana de Cataluña, señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señoras diputados, señores diputados, nuestro Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana va a votar positivamente la convalidación de este real decreto-ley. Con esto apoyamos la acción del Gobierno en su voluntad de cumplir el protocolo de Kioto a través de los mecanismos creados en la Unión Europea. Uno de estos mecanismos es la trasposición de la directiva que hoy nos ocupa. Entendemos su aprobación urgente, dadas la circunstancia de que tiene que hacer efectivo el comercio europeo de emisiones en enero de 2005. Lamentamos la inoperancia del anterior Gobierno en esta cuestión, ya que nos ha robado el tiempo de debate necesario para poder contrastar y mejorar las medidas propuestas, cuestión que debería ser fundamental en las políticas que afectan a medio ambiente y al desarrollo. Opinamos sin embargo que algunos puntos hubieran requerido un mínimo debate parlamentario, uno de los cuales es el relativo al reparto de las cuotas de emisión de los gases de efecto invernadero entre las comunidades autónomas, que podía haber sido una cuestión muy importante a debatir. Asimismo, como ha dicho el anterior interviniente, hay definiciones competenciales que habría que haber perfilado mucho mejor. La directiva europea menciona la necesidad de fomentar la cogeneración y nos consta que el Plan nacional de asignación de derechos de emisión no acaba de congeniar con las reclamaciones del sector, por cierto muy significativo en Cataluña.
Otro punto en el que no estamos de acuerdo y que podía haberse mejorado es que en un debate importante en el Parlamento Europeo se solicitaba que parte de los derechos de emisión fueran obligatoriamente licitados o subastados. Este planteamiento se recomendaba para iniciar cuanto antes un proceso sobre los derechos de emisión y para premiar rápidamente a las empresas que implantaran o dispusieran de tecnologías más limpias.
Inicialmente en Europa se propuso un 15 por ciento y acabó siendo el 5 por ciento. En España han sido cien por cien gratuitos y esto supone, creemos, haber desaprovechado una clara herramienta para potenciar las energías renovables. En el Plan nacional de asignaciones se hace una tímida mención a la subasta de derechos de emisión, pero no se concreta el destino de la recaudación. A pesar de estas dudas, votaremos a favor de la convalidación porque comprendemos que la pronta necesidad de disponer de un sólido real decreto para enero de 2005 no permite retrasos. En paralelo, queremos apuntar que el diseño final de la directiva y su trasposición tiene determinadas características que en su resultado podrían desfavorecer el implemento de energías renovables. Nos basamos en los siguientes puntos. Se han definido unos límites iniciales poco ambiciosos para la industria energética; los derechos de emisión han sido gratuitos; las fuentes de energía renovable se han excluido de la asignación de derechos o certificados de emisión y reducción y no se ha diseñado un proceso temprano y masivo de subastas de derecho de emisión.
En este sentido, para compensar el efecto adverso que podrían ocasionar estos elementos, solicitamos que el Parlamento emprenda medidas urgentes para modificar el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, que regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
Últimamente se han oído voces que están cuestionando la transferencia de los derechos del mercado eléctrico. Parece que los costes de transición a la competencia que cobran las eléctricas permite distorsionar el mercado del pool eléctrico y ofrecer precios bajos. El contexto actual permite que las grandes compañías financien la electricidad procedente de fuentes contaminantes, en lugar de conseguir un precio competitivo para el conjunto de las renovables. Así estamos ante un contexto en que la energía renovable no es rentable y era imposible delegar a porcentaje de suministro de energía renovable que se espera para 2020 y, por tanto, nos quedaremos lejos de cumplir el Protocolo de Kioto. Cabe destacar que las asociaciones de productores de energías renovables hace tiempo que exigen atención en este sentido. Así pues, dada la
configuración final de la directiva, su trasposición y el contexto de generación eléctrica, hemos registrado hoy mismo una proposición no de ley, que esperamos que los demás grupos complementen y apoyen. Trata de modificar la normativa que pueda incentivar las energías renovables. Por tanto, creemos que hay bastantes motivos para que este real decreto se tramite como proyecto de ley, aunque sea de forma urgente, para que la senda que vamos a empezar hoy, que esperemos que sea un cambio profundo en las costumbres energéticas de este país, se realice por la senda adecuada, sin errores que puedan condicionar su futuro desarrollo.
Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.
Grupo de Convergència i Unió. Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
Señoras y señores diputados, en primer lugar, quisiéramos destacar desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió que los acuerdos de Kioto son necesarios. Desde una perspectiva ecológica y de sostenibilidad resulta imprescindible reducir el nivel global de emisión de gases de efecto invernadero. Obviamente la reducción de tales gases es una cuestión que ha de ser abordada de manera internacional y que no admite dilaciones. Por este motivo el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto, con algunas consideraciones que vamos a hacer a continuación.
También quisiéramos plantear que como es una cuestión que no admite dilaciones y que tiene que hacerse a nivel internacional, valdría la pena -y pienso que es imprescindible desde cualquier punto de vista- que se pongan encima de la mesa todos aquellos recursos, todos aquellos mecanismos políticos que sirvan para forzar a otros países, muy importantes desde el punto de vista económico, como Estados Unidos, u otros emergentes como China e India, que no están de acuerdo en firmar el Protocolo de Kioto. Esta no es es sólo una cuestión de una formación política, sino que tendríamos que plantearla a nivel europeo con la máxima rotundidad para no romper también desde esta perspectiva la unidad de mercado.
He dicho al inicio de mi intervención que estamos de acuerdo con la convalidación de este real decreto-ley, puesto que no deja de ser la trasposición de una directiva de la Unión Europea. En lo que no estamos de acuerdo es en el contenido, que no deja de ser el Plan de asignación de derechos de emisión que en su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente usted nos explicó debidamente. El reproche que hacemos a su Gobierno desde Convergència i Unió -no en concreto a la ministra de Medio Ambiente, que ha cumplido perfectamente con su trabajo, ha comparecido en la Comisión de Medio Ambiente y ha planteado la convalidación de este real decreto en un tiempo récord, a lo que más adelante me referiré- es que nos hubiera gustado que no se hubiera hurtado al Parlamento el debate del contenido de este real decreto, que no es otro que el Plan nacional de asignación de emisiones. Hubiéramos considerado interesante saber qué repercusiones puede tener su aplicación en los sectores industriales afectados, como es el sector energético, el sector del cemento, el de la cerámica, el de la producción de cal, el siderúrgico, el de las refinerías, etcétera. Quisiéramos saber cuánto les va a costar a estas industrias poder aclimatarse a los compromisos de Kioto. También nos hubiera gustado saber si esto afectará a futuras deslocalizaciones, cómo va a afectar a su competitividad, qué costes adicionales va a suponer.
Nos hubiera gustado debatir estas cuestiones en el lugar correspondiente, que es la Comisión de Industria.
Respecto a los costes, hay quien dice que podrían oscilar entre los 1.500 y los 2.000 millones de euros anuales. Usted ha dicho en su intervención que el coste supondría alrededor de los 100 millones de euros anuales, pero también es cierto que hay estudios de auditorías importantes que han cifrado el coste que le supondría a España esta asimilación a los compromisos de Kioto en 19.200 millones de euros hasta el año 2012. Por tanto, hay diferentes datos, diferentes cifras, todas son muy respetables, pero a nosotros nos hubiera gustado poder debatirlo en la Comisión correspondiente. Por ese motivo, en su momento, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Vasco planteamos la comparecencia ante la Comisión del ministro de Industria para poder debatir estos aspectos industriales que desde nuestro punto de vista son muy importantes y que pueden llegar a afectar a la competitividad de nuestro tejido industrial. En sustitución del señor Montilla compareció usted ante la Comisión de Medio Ambiente, nos hizo una buena exposición y se lo agradecimos, pero repito que lamentamos que se haya hurtado a este Parlamento un debate de esta trascendencia sobre una cuestión que va a afectar sin ninguna duda a nuestro tejido industrial en los sectores anteriormente mencionados.
El gran problema, señora ministra, es que partimos de un mal acuerdo y de una pésima negociación, que no es responsabilidad de su Gobierno sino responsabilidad del Gobierno anterior. Lo que sabemos es que la aplicación de dichos acuerdos va a situar a España en el horizonte del año 2012 en un nivel un 20 por ciento inferior al de la media de la Unión Europea en cuanto al volumen de emisiones de los citados sectores industriales. Esto, expresado matemáticamente o para que todos lo podamos entender, querrá decir que la cuota española autorizada será del orden de 8,1 toneladas por habitante, pero la cuota que se va a permitir a Alemania,
por ejemplo, va a ser de 11,7 toneladas por habitante. O sea, en iguales circunstancias, entre dos plantas iguales, una situada en Alemania y otra en España, la factoría española deberá pagar derechos de emisión a la factoría alemana. Parece absurdo pero es así. ¿Tiene algún tipo de lógica que un país menos contaminante y menos desarrollado deba abonar derechos de emisión a países más ricos y más generadores de polución? ¿Tiene lógica que nuestros productos en igualdad de condiciones deban ser más caros por una mala negociación? Es aceptable ciertamente que quien contamine pague. Lo injusto, lo absurdo, lo incomprensible es que quien contamine pague a quien además de ser más rico contamina más, y esto es exactamente lo que va a resultar de la aplicación de dicha normativa europea.
Hay otro aspecto que en nuestra opinión también resulta grave y preocupante y es que los objetivos de Kioto han de ser cuantificados en el año 2012, pero el Gobierno ya ha establecido un programa reductor de emisiones para los ejercicios 2005 a 2007, mientras que otros países permiten que sus cuotas, más altas que las españolas, aumenten entre un 7 y el 9 por ciento durante este período; por ejemplo, países como Irlanda, Austria e Italia. Esta cuestión ya la debatimos también en su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente. Nosotros entendíamos que quizás en España dicha aplicación de los compromisos de Kioto se hubiera tenido que establecer a partir del año 2008 hasta el año 2012, pero no empezar a partir del año 2005. Concretamente, los procedimientos para que la normativa pueda entrar en vigor el 1 de enero del año 2005 son precipitados, y en esto también han coincidido algunos de los grupos que me han precedido en el uso de la palabra. Si hiciéramos un pequeño resumen de cuáles hubieran tenido que ser los plazos reales y los que finalmente se van a aplicar, verían -y usted lo sabe perfectamente, señora ministra- que en algunos aspectos estamos con un diferencial de ocho meses de retraso; en otros aspectos, en cuanto a que el plan tendría que ser aprobado 18 meses antes del inicio del periodo correspondiente, el desfase es de unos 15 meses aproximadamente, y si tuviéramos que mirar la letra pequeña y permitir que las empresas conocieran cuáles van a ser sus cuotas de emisión, la ley dice que las habrían de conocer tres meses antes de la puesta en marcha de dicha normativa, pero con la normativa vigente, con los plazos que ahora tenemos, se puede dar el caso de que alguna empresa pueda conocer cuáles van a ser sus volúmenes de emisión, fijados por el ministerio, solamente una semana antes de su entrada en vigor. Por tanto, llegamos a la conclusión de que el procedimiento utilizado para la entrada en vigor de la normativa europea para los años 2005 a 2008 es tremendamente precipitado y poco respetuoso con los sectores industriales antes mencionados. Le repito otra vez a la señora ministra que esta no es una responsabilidad de su Gobierno, sino del anterior Gobierno del Partido Popular, que hizo una mala negociación, como he indicado al inicio de mi intervención. Echamos en falta en este aspecto un análisis económico sectorial sobre el impacto de la nueva normativa para cada uno de los sectores, con especial incidencia en sus efectos sobre la competitividad internacional. En este sentido, consideramos que con posterioridad a la aprobación de este real decreto sería interesante que el ministro de Industria compareciera ante la Comisión para explicar con profundidad cuáles van a ser todas estas connotaciones que hemos planteado los diferentes portavoces en este debate de convalidación.
Tampoco llegamos a entender otra cuestión que veo que preocupa a varios grupos parlamentarios, como Esquerra Republicana de Catalunya o el Partido Nacionalista Vasco, que es que no se haya tomado ninguna medida específica por parte del Gobierno en todos aquellos sectores que tienen un alto grado de contaminación en España, como podrían ser el transporte o el de ordenación sobre nuevas edificaciones, en los que, constituyendo más de un 50 por ciento en el cómputo del volumen de contaminación que se produce desde todos los sectores industriales, no se han tomado medidas específicas para empezar a rebajar la gran contaminación que originan.
Finalmente, desde la perspectiva de Convergència i Unió hay otro aspecto de este real decreto-ley que nos preocupa, como son aquellas cuestiones que hacen referencia a las competencias de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en medio ambiente, tienen competencias exclusivas en los sectores energético e industrial y, sin embargo, ante el reto de reducir las emisiones de gases, se les asigna el triste papel de mensajeros entre las peticiones de los sectores y las respuestas que otorga el Consejo de Ministros. Desde Convergència i Unió entendemos que esto no es aplicar justamente el criterio de subsidiariedad en aquellas cuestiones en las que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas. Por ello nosotros vamos a votar favorablemente la convalidación de este real decreto, pero lo vamos a condicionar -usted ya lo ha dicho en su intervención- a que podamos tramitarlo como proyecto de ley para poder incorporar desde nuestro grupo y desde los otros grupos parlamentarios modificaciones a este real decreto en los aspectos antes mencionados, en concreto, para poder reforzar la participación de las comunidades autónomas en la asignación de los derechos de emisión. Este es un punto nuclear y fundamental que nos interesa mucho. Al mismo tiempo vamos a intentar incorporar algún mecanismo legislativo que pueda abrir un período transitorio de tres a seis meses con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley -que será a partir del 1 de enero del año 2005- que permita a los sectores industriales y energéticos solventar problemas derivados de la asignación de los derechos de emisión, consecuencia quizá de la precipitación de la negociación y de la puesta en marcha de unas cuestiones
que nosotros entendíamos que se hubieran tenido que moderar, plantear y negociar con cierta calma, pero el tempus es el tempus, no ha sido posible y por este motivo consideramos que sería interesante buscar este mecanismo legislativo y abrir este período transitorio de forma que, una vez puesta en marcha la aplicación de dichas asignaciones, pudiéramos arbitrar mecanismos de corrección para no perjudicar la competitividad de las mismas. Es por este motivo por el que nosotros votaríamos favorablemente la convalidación de este real decreto-ley y nos gustaría -lo ha dicho usted en su intervención- que el resto de las fuerzas políticas también lo hicieran y que al mismo tiempo dicha convalidación se complementara con su tramitación como proyecto de ley.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora De Lara, su turno, por favor.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará favorablemente la convalidación del real decreto que hoy debatimos, en el que se establece un régimen para el comercio de emisiones de gases de efecto invernadero, y lo hará por un triple motivo: de un lado, por entender que ese es uno de los instrumentos que constituyen los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto, protocolo que ratificó la Unión Europea precisamente durante la Presidencia española en el año 2002 con un Gobierno del Partido Popular; de otro, por coherencia política ya que el Plan nacional de asignación de derechos de emisión se basa en gran medida en el documento que entregó a la ministra de Medio Ambiente el anterior secretario de Estado de Energía, señor Folgado, y que recoge el trabajo realizado con los distintos sectores industriales en la identificación de políticas y medidas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero durante los dos últimos años del Gobierno del Partido Popular; y en tercer lugar porque el objetivo que se fija para los sectores incluidos en la directiva para el periodo 2005-2007 (estabilizar las emisiones en la media de los tres últimos años disponibles) parece asumible con el esfuerzo ya realizado por la industria española y con la aplicación de las medidas establecidas por el Gobierno del Partido Popular, medidas entre las que conviene destacar la apuesta decidida por el gas, el ciclo combinado, la estrategia de ahorro y eficiencia energética y el Plan de fomento de energías renovables.
Señorías, lo que nosotros no compartimos es que nuestros sectores industriales deban comprar derechos de emisión a países más ricos y mucho más contaminantes per cápita como es el caso de Alemania, cuya contaminación per cápita es el doble que la española, por lo que nuestro grupo parlamentario solicita al Gobierno que se arbitren soluciones europeas para corregir ese desequilibrio. España vuelve a Europa, nos ha dicho hoy muy ufana la ministra de Medio Ambiente; la vieja Europa está como nueva, afirmaba el otro día el señor Zapatero; España ha vuelto al corazón de las decisiones europeas, decía el señor Chirac. Pues bien, señorías, creemos que este momento de euforia, de esta luna de miel del Gobierno español, es el adecuado para que el Gobierno de la nación, atendiendo a que la Unión Europea es ante todo cohesión y solidaridad, consiga en Bruselas apoyo para las inversiones estructurales descontaminantes, ya sea apoyo directo a las instalaciones descontaminantes o cofinanciación de beneficios fiscales. Señora ministra, esto es lo que de verdad queremos los españoles, mucho más que los parabienes de la Comisión Europea que a usted tanto la llenan de satisfacción. Nuestro grupo parlamentario propone asimismo incrementar las desgravaciones fiscales para las inversiones que impliquen mejoras tecnológicas y ambientales que disminuyan las emisiones y solicitamos que, a través del IDAE, se arbitren ayudas técnicas para evaluar y conocer las mejores tecnologías disponibles. Creemos que todo ello, señoría, redundará en una mayor eficiencia tecnológica, económica y medioambiental, en un beneficio para nuestra industria y, en suma, para todos los ciudadanos.
Señorías, a la vez que nuestro voto favorable a la convalidación del real decreto, quiero manifestar la preocupación del Grupo Parlamentario Popular por el esfuerzo adicional de reducción que deberá efectuarse en el periodo 2008-2012, preocupación que coincide exactamente con la anunciada por el Consejo Económico y Social y que cito textualmente: Dadas las incertidumbres sobre la disponibilidad de nuevas tecnologías económicamente viables, el Consejo Económico y Social manifiesta su preocupación por los efectos que puedan tener sobre la producción, la inversión y el empleo de las empresas españolas los objetivos de reducción de emisiones previstos para el segundo periodo 2008-2012, que podrían suponer un aumento de costes con repercusiones en precios y tarifas y que, a su vez, podrían repercutir negativamente en la competitividad, en el proceso inversor, en el empleo y en los consumidores. Señorías, este es exactamente nuestro punto de vista, esta es la preocupación del Grupo Parlamentario Popular. Creo que en un futuro no muy lejano, antes de que se plantee el Plan nacional de asignación de derechos de emisión para el período 2008-2012, y si Rusia y Estados Unidos -también Rusia, señora Narbona, no solamente Estados Unidos- no han ratificado el Protocolo de Kioto, será el momento de replantearse si la Unión Europea tiene que seguir dando ejemplo de voluntad política de desarrollar mecanismos de reducción de emisiones de gases y será
el momento de plantearse si la deslocalización de industrias hacia países que no hayan suscrito el protocolo produce finalmente emisiones. Será el momento de replantearse muchas cosas, señorías.
El Grupo Parlamentario Popular solicita también la tramitación del real decreto como proyecto de ley, porque entendemos que hay muchos aspectos que variar y mejorar. Agradecemos a la ministra su predisposición a votar favorablemente, pero, señora ministra, usted ha demostrado su talante en un hecho insólito, sin predecedentes, cuando usted nos ha explicado en esta tribuna el real decreto que hoy vamos a convalidar y, a la vez, nos ha dicho las enmiendas que tenemos que hacer. Esto, señoría, es prueba de un talante que en absoluto compartimos. Creemos que es un hecho insólito y deseamos que no se repita, señoría. Las enmiendas que presentaremos serán justamente las que nuestro grupo parlamentario considere, no las que usted nos diga, señoría.
Señorías, he manifestado nuestro voto favorable a la convalidación por coherencia política, nuestra preocupación por el período 2008-2012 y algunas de nuestras propuestas, que transformaremos en enmiendas o en iniciativas parlamentarias. Finalmente, quiero manifestar mi rechazo más contundente a la política de descalificaciones, de medias verdades y de falsas afirmaciones de la ministra de Medio Ambiente, que hoy ha utilizado un tono bastante moderado, seguramente conociendo nuestro voto favorable, pero que ayer en el Senado hizo unas declaraciones intolerables. (Rumores.) La ministra dijo textualmente que desde el año 1997 no se ha adoptado ninguna decisión orientada a reducir la contaminación y cumplir el Protocolo de Kioto. Es mentira, señora ministra, usted miente y lo sabe, ya que se han adoptado infinidad de decisiones y una multitud de medidas. Voy a citarle algunas, para ver si es que usted no tiene memoria o miente por mentir, señora ministra. Ha habido medidas de liberalización del sector eléctrico que fomentan la eficiencia de la competitividad. Ha habido un plan de fomento de energías renovables. Se ha fomentado el uso del gas y apuesta por el ciclo combinado. Se ha mejorado la calidad de los combustibles. Se han dado ayudas para las mejoras tecnológicas en instalaciones térmicas e industriales. Se ha mejorado la infraestructura del transporte; se ha fomentado el ferrocarril y el transporte público. Existe un Plan nacional de residuos. Se han fomentado actividades de reforestación. Se ha aprobado una ley de control integrado de la contaminación y se ha aprobado un plan nacional forestal. Señora ministra de Medio Ambiente, desde esta tribuna yo le pido que rectifique sus declaraciones o que diga si no son ciertas las iniciativas que yo le he dicho que ha planteado el Gobierno del Partido Popular. No mienta más, señora ministra. Usted es la ministra de Medio Ambiente, no es la portavoz de la oposición. No gobierne más desde la mentira, señoría. (Aplausos.) Usted no ha asumido su nuevo cargo, señoría. Usted está en el papel continuo de oposición, pero no de una oposición leal ni responsable. Este es el papel que está desempeñando porque no ha asumido que es la ministra de Medio Ambiente.
Ha dicho la ministra de Medio Ambiente que se ha producido un gran incremento de emisiones de gases de efecto invernadero en los años de Gobierno del Partido Popular y que no se han tomado medidas. Ya le he indicado las medidas. ¿Que se ha producido un aumento de emisiones? Es cierto, claro que es cierto, señorías. El aumento de emisiones producido es del 39 por ciento. Indudablemente, son muchas y se han ido tomando medidas para que estas emisiones se vayan reduciendo. Pero lo que no dice la ministra de Medio Ambiente es que ese incremento se ha producido con un crecimiento del Producto Interior Bruto del 29,5 por ciento, con tasas superiores al 4 por ciento en los últimos años. La señora ministra no dice que este crecimiento ha producido la creación de 4 millones y medio de puestos de trabajo y la cifra récord de afiliaciones a la Seguridad Social de 17 millones. La señora ministra nos habla mucho de desarrollo sostenible, pero lo que es insostenible, señora ministra, es el incremento del paro que se ha registrado en el mes de agosto, a los cuatro meses justos de que el Partido Socialista llegue al Gobierno.
(Rumores.) Lo que es insostenible es el descenso de afiliaciones a la Seguridad Social en el mes de agosto. Esto sí que es insostenible, señora ministra de Medio Ambiente. Lo que no es sostenible para los ciudadanos es el anuncio desmentido y reiterado de la subida del precio de la luz, de la subida de la tarifa del agua, de la fiscalidad ecológica por la que aboga la señora ministra, de los peajes urbanos, de que vayamos más despacio en las carreteras de las ciudades. (Rumores.) Lo que es insostenible es que usted quiera prohibir todo, señora ministra, y no asuma cuáles son sus actuaciones. Ustedes, señorías socialistas, optan siempre por la prohibición, y a las pruebas me remito. Nosotros apostamos por incentivar. Nuestra apuesta, señorías, es incentivar. Incentivar el transporte público, incentivar el ferrocarril, los trenes de cercanías, incentivar las líneas de metro, como está haciendo de manera modélica la Comunidad de Madrid. Ésa es nuestra apuesta, señorías: incentivar, no prohibir, como quieren ustedes. (El señor Campos Arteseros: El ejemplo es la Comunidad de Madrid.) El ejemplo, efectivamente, señor diputado, es la Comunidad de Madrid, donde se han hecho más de 100 kilómetros de línea de metro. Este es el ejemplo. Esto es lo que ustedes no hicieron cuando gobernaron en la Comunidad de Madrid.
Apliquen, señora ministra, las medidas contenidas en la estrategia de ahorro y eficiencia energética, en el Plan de Energías Renovables, incentívelas, refórmelas si quiere, pero deje de lanzar globos sonda un día para desmentirlo al día siguiente. Dialogue con las comunidades autónomas, dialogue con los ayuntamientos para
estudiar las medidas de reducción de emisiones en los sectores no incluidos en la directiva y que son de su competencia, como transporte y edificación; dótelas económicamente para el cumplimiento de las funciones que le encomienda este real decreto que hoy vamos a convalidar, no invada sus competencias y pierda un poco, señora ministra, ese afán de protagonismo que le lleva a hacer propuestas y contrapropuestas con tal de salir en la portada de los periódicos.
Señora ministra, deje de hacer demagogia con el medio ambiente. Hoy nos ha dicho aquí que los incendios de este verano se han producido porque hay un calentamiento global. Señorías, los incendios se producen en la mayoría de los casos por negligencias humanas, pero el incendio de Andalucía que arrasó 40.000 hectáreas se produjo porque no había inversión en prevención, porque la Junta de Andalucía no había invertido en prevención y, por consiguiente, el incendio se propagó. Ha sido la mayor catástrofe ecológica que ha habido en España y la ministra vuelve la cabeza porque ha sido en una comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista. (Aplausos.) Por cierto, señora ministra, ¿han calculado ustedes las toneladas de dióxido de carbono que se han vertido a la atmósfera cuando se han quemado esas 40.000 hectáreas de monte? ¿Ha calculado usted, señora ministra, las toneladas de dióxido de carbono que dejarán de absorber estos montes en la fotosíntesis que hubieran podido realizar y que no realizarán porque el monte está calcinado? Convendría que contara usted esto y que no eche toda la culpa a las empresas, que no sean las empresas las que tengan que reducir cuando nuestros montes son los que producen emisiones.
Termino, señorías. Creemos que es necesario reducir las emisiones, creemos que esa reducción en un 60 por ciento corresponde a los sectores no incluidos en la directiva y creemos necesario impulsar las medidas que conduzcan a ello. Afirmamos con rotundidad que las propuestas estrella del Ministerio de Medio Ambiente (la desalación masiva y el cierre de las centrales nucleares) lo único que hará será incrementar las emisiones de dióxido de carbono, y a los hechos me remito. El tiempo, tristemente, nos dará la razón, y entonces, señorías, señora ministra, ya no podrá usted seguir echando la culpa al Partido Popular. Asuma usted, señora ministra, que lo es, que ya no es portavoz de la oposición, que tiene en su mano arreglar lo que denuncia y que más que denunciar su obligación es solucionar los problemas medioambientales. Señora ministra, dialogue y no siga escudándose en falsas afirmaciones. En el diálogo y para solucionar los problemas medioambientales siempre encontrará al Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Lara.
Señor Garrido, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, su turno, por favor.
El señor GARRIDO PEÑA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, creo que hoy estamos ante la convalidación, y por consiguiente ante la aprobación, de una de las leyes de mayor importancia medioambiental, porque si bien hasta ahora la legislación básica del Estado había desarrollado legislaciones de protección ambiental, ésta se limitaba básicamente a una legislación de protección de flora y fauna, una legislación de carácter conservacionista. Hoy, sin embargo, estamos convalidando y aprobando un decreto-ley que tiene un componente de intervención y de planificación económica que creo que dimensiona transversalmente las políticas ambientales, algo que es una vieja reivindicación de la economía ecológica y un elemento absolutamente imprescindible si queremos tomarnos en serio el cambio climático. Además lo vamos a hacer con un nivel de consenso político que refleja ya el consenso social que ha habido en todos los sectores afectados: en los movimientos sociales, en el movimiento ecologista, en las empresas, en los sindicatos. El consenso científico que existe sobre las consecuencias negativas, sobre el avance imparable del cambio climático, ese consenso que todos los grupos han reflejado con su posición positiva -aunque en la intervención del Partido Popular, desgraciadamente, el consenso desde luego no era el espíritu en el que parecía anidar el voto positivo que se ha anunciado- creo que es un buen precedente para lo que es una transposición de una directiva que, a juicio de nuestro grupo, cumple plenamente todas las condiciones necesarias. Y las cumple resolviendo problemas fundamentales que ya se han mencionado en distintas intervenciones, como son los problemas de agrupación, que se han limitado en el sector eléctrico; los problemas de arrastre de un periodo a otro que podrían significar oportunidades de fraude y que afortunadamente se han simplificado; o con la innovación en las medidas sancionadoras donde, junto a un tipo fijo, se ha establecido una escala móvil que también es una de las demandas continuas en la legislación ambiental para evitar el fraude, para evitar que contaminar pueda ser rentable incluso pagando.
Esa modificación en el sistema sancionador creo que es una cuestión que se debe tener en cuenta porque, insisto, es una innovación importante que aporta esta directiva.
Una de las demandas que se han establecido a lo largo de las distintas intervenciones es cierto olvido sobre los emisores difusos que, en el caso español, suponen más del 60 por ciento del total de emisiones de gases de efecto invernadero. Primero, hay que decir que no existe olvido sino que la directiva originaria estableció una opción preferencial clara por los focos de emisión fijos, dada la oportunidad, la facilidad y la economía en los costes de tramitación que supone gravar inicialmente, controlar y crear un mercado sobre los focos de emisión fijos frente a los focos de emisión
difusos. En segundo lugar, hay que decir que en el real decreto, en el apartado 2.d), se establecen ya orientaciones sobre el tratamiento de los focos de emisión difusos y que es el único plan de la totalidad de los planes de asignación de la Unión Europea que establece específicamente orientaciones y, por ello, ha sido incluso felicitado por la Unión Europea, ya que contempla directamente previsiones sobre los focos de emisión difusos, amén de un conjunto de medidas que ya se están preparando, tanto en el campo del transporte, básicamente, como del fomento de las energías renovables o en el campo de la transposición de la directiva sobre eficiencia en los edificios. Como se ha indicado en varias ocasiones, se están preparando tres reales decretos que desarrollarán posteriormente esto. Más el desarrollo y corrección de las estrategias de ahorro y eficiencia energética a través de un plan de acción que preverá todas las iniciativas necesarias para que la intervención sobre el transporte y sobre los consumos domésticos, que son ese 60 por ciento de focos de emisión difusa, pueda ser efectiva. Por tanto, estamos ante una transposición que obedece, primero, a un mandato comunitario; segundo, obedece a un compromiso internacional; y, en tercer lugar, obedece a una demanda social ante un gravísimo problema cual es el problema del cambio climático.
Se han alegado problemas competenciales, incluso se ha acudido en demasía, desde mi punto de vista, al problema de quién tiene las competencias en última instancia. Creo que el decreto resuelve bien esto, que establece un marco competencial compartido con las comunidades autónomas dándoles plena participación y, en ese sentido, creo que se ha sumado a la necesidad de participación y de cooperación un principio de eficacia y de centralidad básico que, en caso de temas de política ambiental, es imprescindible. Porque, señorías, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de fronteras y de contaminación. Cuando la central térmica de Carboneras emite gases de efecto invernadero, no es sólo un problema para Andalucía, para Murcia o para la Comunidad Valenciana; para la contaminación no hay fronteras. Incluso es muy discutible que se puedan establecer cuentas regionales porque las emisiones no obedecen a tasas de consumo interior de cada una de las regiones, sino que, muchas veces, están siendo consumidos en otras regiones distintas de donde está instalado el foco de emisión. Por tanto, cuidado a la hora de establecer una política restrictiva de competencias en materia de contaminación ambiental porque, insisto, la contaminación no tiene fronteras, no presenta pasaporte y, por tanto, si ya la unidad del Estado es pequeña y por eso tenemos que acudir al marco europeo, fíjense las posibilidades y los límites que tendría establecer en comunidades autónomas una política competencial restrictiva sobre los focos de emisión o sobre las políticas relativas a los focos de emisión.
Dicho esto, tengo que manifestar que los problemas de urgencia en relación con la convalidación del real decreto-ley hay que situarlos en los antecedentes, y los antecedentes son que este real decreto-ley tendría que haber estado convalidado el 31 de diciembre de 2003 y en esa fecha no había nada. No había nada. El Plan Nacional de Asignaciones tendría que haber sido presentado para el 31 de marzo de 2004 y el 31 de marzo de 2004 lo único que había era, como dije en la Comisión de Medio Ambiente, un documento socrático con 50 preguntas del Ministerio de Medio Ambiente.
Esto es lo que tenía preparado, a 25 de marzo, el Ministerio de Medio Ambiente; exclusivamente un documento orientativo, con preguntas, cuando estábamos a cinco o seis días de que se cumpliera el plazo. La situación de urgencia viene condicionada por el hecho de que no se habían cumplido los plazos anteriores, y esos plazos no se habían cumplido en el ámbito normativo, pero, como se ha dicho anteriormente, la situación era también tremendamente defectuosa en el plano de las políticas realizadas.
Estábamos, y estamos, en un 40 por ciento por encima del año noventa, el año base, en crecimiento de gases de efecto invernadero y esto no es el resultado del crecimiento del producto interior bruto, este es el resultado de la ineficiencia energética de nuestro sistema, que es el más ineficiente de toda Europa, que en los últimos diez años ha crecido un 4,5 por ciento en intensidad energética. Mire, España se ha cargado un teorema, conocido como el de la curva invertida ambiental, que dice que a partir de un determinado nivel de desarrollo, en concreto entre los 9.000 y los 11.000 dólares, se produce un desacoplamiento, un proceso de desmaterialización que implica una reducción en el consumo de energía por producto interior bruto. Pues bien, España, que ha superado con creces esos niveles de crecimiento, no ha producido ese desacoplamiento, no ha producido ese proceso de inmaterialización que es constante en las economías avanzadas. Por tanto, el problema del crecimiento de los gases de efecto invernadero no es debido al crecimiento del producto interior bruto, es debido a la ineficiencia, al abandono de las estrategias de ahorro y de eficiencia de nuestro sistema productivo, especialmente en lo concerniente al sector doméstico, al sector eléctrico y al transporte.
Esta es una cuestión que debe quedar clara, y que nadie venga aquí a decir que se crece en gases de efecto invernadero porque se crece económicamente, eso lo hacen las economías atrasadas, las economías ineficientes, como ha sido hasta ahora la economía española, porque no olvidemos que en 1996 España estaba en un 16 por ciento de crecimiento de gases de efecto invernadero sobre el año base de 1990 y que ha sido en el periodo comprendido entre los años 1996 y 2004 cuando se ha producido este crecimiento espectacular de las emisiones de gases de efecto invernadero y esto porque ha crecido innecesariamente la demanda eléctrica, porque han crecido, en definitiva, todos los
indicadores que indican ineficiencia y de ahí la situación en que finalmente nos hemos encontrado y que hemos tenido que abordar, que ha tenido que abordar el ministerio a través de esa medida.
Dicho esto, y por no seguir insistiendo en aspectos que indicarían precisamente esta extrañeza en la evolución de la economía española, que no produce desacoplamiento, que no produce desmaterialización, sí quisiera ahondar en algunos aspectos sobre el cambio climático. En las intervenciones que me han precedido, especialmente en la de la ministra, se ha insistido en que el cambio climático tiene consecuencias diversas que no sólo se limitan al cambio ambiental, al cambio o al impacto sobre la flora, la fauna, la biodiversidad o los humedales; tiene consecuencias sobre la salud, tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias económicas. Pero, además, desgraciadamente, tiene sobre todo consecuencias sobre Europa y sobre España. El reciente informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente deja claro que la evolución del calentamiento en Europa es superior a la media mundial. Pero, si medimos la evolución del calentamiento en España, vemos que, en 38 focos de percepción o sensores de temperatura, los 38 alejados de las islas de calor -que son las ciudades y los grandes focos de consumo de energía-, la temperatura ha crecido en España durante los últimos 20 años en un grado y medio; 1,5 frente al 0,9 de crecimiento de la media mundial. De seguir esta tendencia, a mediados del siglo próximo la temperatura habrá crecido en España dos grados y medio.
De modo que el problema es especialmente grave para Europa y especialmente grave para España. Así lo dice la Unión Europea cuando indica que Rusia y España, y especialmente la cuenca mediterránea, sufrirán los efectos más dañinos, que afectarán al turismo -por el impacto sobre las costas del crecimiento del nivel del mar- y a la agricultura, por la extremización del clima. ¿Qué significa esto de la extremización del clima? Que se darán posiciones absolutamente antagónicas en muy poco tiempo, con grandes subidas de temperatura o inundaciones. Durante los últimos 15 años ha crecido en Europa tres veces el número de grandes inundaciones; este es un indicador claro. Y cuando se habla de que los incendios responden a esto, no se está derivando la responsabilidad que la Administración o los últimos causantes de tales incendios tienen; se está indicando que las condiciones climáticas que establece el cambio climático favorecen, por la extremización del clima, una situación en la que proliferarán incendios de ese tipo. Por cierto, los incendios en España fueron mucho más graves el año pasado porque, tal como se dejó claro ayer en el debate que mantuvimos en esta Cámara, se quemaron 30.000 hectáreas más el año pasado que este año. Además, en las 103.000 hectáreas que se han quemado este año, una parte de responsabilidad tendrán ustedes, porque los bosques no se queman sólo en verano sino también en otros tiempos y en determinadas comunidades, donde ustedes tienen competencias y cuando ustedes tenían competencias. De modo que es demagógico venir aquí sacando a relucir los incendios como uno de los factores fundamentales de emisión de gases de efecto invernadero, cuando estamos en un 40 por ciento de emisión de tales gases de efecto invernadero. Ese es el resultado y la herencia que hemos tenido que asumir.
Por cierto, se han sacado aquí a relucir los costes del trasvase. Creo que está clarísimo en la memoria económica que, desde el punto de vista de las emisiones de CO2, los costes del trasvase y los de la desalinización son muy inferiores. Y el informe que ha emitido cierta fundación cercana al Partido Popular es un informe fraudulento, en el que se calcula que las emisiones provendrán de centrales térmicas de carbón de la peor tecnología. No sé exactamente quién está pensando en financiar o en subvencionar ese tipo de centrales para producir esa cantidad de emisiones.
Volviendo al trasvase, hemos descubierto esta semana que se estaba contaminando en Flix; que el Ebro tiene 300.000 toneladas, que ustedes han silenciado en su informe y respecto a las cuales no han hecho nada.
Hay incluso un ministro suyo, el señor Piqué, que tuvo responsabilidad en el tema. No sé si pensaban envenenar a los valencianos o a los almerienses con el trasvase. Desde luego, si se hubieran trasvasado las 300.000 toneladas de residuos radiactivos, de DDT que se han descubierto en el Ebro, las consecuencias para la agricultura y para la salud de las comunidades receptoras del trasvase hubiesen sido nefastas. Así que hemos descubierto un efecto positivo sobrevenido a las actuaciones anteriores sobre el trasvase.
Pues bien, dicho esto y para no insistir más, es evidente que los efectos del cambio climático sobre la salud son constantes. Recientes estudios de la Unión Europea y dos estudios que hay ahora mismo en marcha en España indican claramente que hay una relación directa con el crecimiento de la contaminación. En estadísticas publicadas hace escasamente un mes se establece claramente que ha habido un crecimiento del 34 por ciento, entre 1995 y 2002, de bronquitis aguda, de bronquitis crónica y de enfisema, relacionado con el cambio climático y con las emisiones de gases de efecto invernadero.
El señor PRESIDENTE: Señoría, se ha acabado su tiempo. Vaya concluyendo.
El señor GARRIDO PEÑA: Voy terminando, señor presidente.
Quiero hacer algunas indicaciones sobre los costes y los riesgos. Se me ha agotado el tiempo, pero podría hablar muchísimo.
Termino diciendo que, evaluando 14 modelos distintos de 14 empresas distintas, entre las cuales incluyo la que han citado aquí los más alarmistas, y evaluando
siete modelos de encuestas a agentes, a expertos y a empresas, la media no supera en ninguno de estos casos los 9 euros por tonelada. Por tanto, no hay ningún tipo de expectativa de deslocalización, tal como se ha establecido. Podríamos hablar sobre los costes...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado...
El señor GARRIDO PEÑA: Termino ya, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Termine, pero termine de verdad.
El señor GARRIDO PEÑA: Solamente quiero indicar que estamos ante un hecho histórico, ante la aprobación de una ley que va a suponer un paso adelante. Kioto es el futuro de la humanidad y en esa apuesta estamos ya implicados.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Gobierno, señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, subo a esta tribuna exclusivamente para dar las gracias a todos los grupos parlamentarios, renunciando así a reabrir un debate, que seguramente consumiría un tiempo precioso esta mañana en la Cámara, pero que no se entienda en absoluto como una descortesía por mi parte. Insisto en que agradezco todas y cada una de las intervenciones. Es evidente que con algunas puedo estar más de acuerdo que con otras, pero no quiero reabrir el debate, porque además creo que el hecho de que esta Cámara se vaya a pronunciar ahora de manera unánime para convalidar un decreto-ley que enmarca el primer hito en el cumplimiento del protocolo de Kioto, porque establece por primera vez normas que asumen que España tiene que cumplir el compromiso de Kioto, es lo suficientemente satisfactorio como para que todos miremos hacia el futuro, trabajemos juntos, intentemos trabajar con la sociedad para que la sociedad también se implique en esta transformación -que, como se ha dicho, es no sólo económica y tecnológica, sino también cultural-, aprovechemos el esfuerzo que se hace desde las grandes organizaciones ecologistas, y que ha tenido ocasión de recordar alguno de los representantes de los grupos parlamentarios, impliquemos a empresas, impliquemos a sindicatos, comunidades autónomas y corporaciones locales.
Sólo quiero decirles que en esa dirección están ya convocadas las comunidades autónomas a conferencia sectorial y se les ha pedido a todas que aporten sus propias experiencias, su voluntad de futuro, porque, como también se ha dicho en esta tribuna, las experiencias son diferentes, algunas son muy valiosas y sin ninguna duda creemos que este es un esfuerzo de todos, de todos los grupos políticos, de todas las administraciones y espero que el futuro comience desde este momento en esta materia.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate relativo a la convalidación o derogación del real decreto-ley, le pregunto a la Cámara, para ganar tiempo, si podemos acumular las dos votaciones, esta del real decreto y los convenios internacionales. (Asentimiento.)
- ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA Y LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA PARA LA PROTECCIÓN Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, PARÍS, 19 DE AGOSTO DE 2002. (Número de expediente 110/000001.)
El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Acuerdo sobre la Agencia Espacial Europea.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.)
(Número de expediente 110/000002.)
El señor PRESIDENTE: Convenio sobre la creación con otros países europeos de una organización conjunta de cooperación en materia de armamento.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar. En primer lugar, el procedimiento para la convalidación o derogación del Real Decreto-ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
En el curso del debate algunos grupos parlamentarios han deseado que se tramite el Real Decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Así pues, vamos a proceder a esta segunda votación.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado.
A continuación pasamos a votar los dos acuerdos internacionales del orden del día. En primer lugar, el acuerdo entre los Estados parte del Convenio para el establecimiento de una Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Europea para la protección y el intercambio de información clasificada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 300; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el citado convenio.
Por último, votación sobre el convenio entre el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno de la República Federal de Alemania, el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la creación de una organización conjunta de cooperación en materia de armamento.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 295; abstenciones, cinco.

References: artículo 19
 resolución 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 3
 artículo 3
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
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 real decreto 
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 real decreto 
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
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 Real Decreto 
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