Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2013/as201321227L.html
Timestamp: 2019-04-24 18:02:21+00:00

Document:
as201321227L
Auto Supremo: Nº 227
Expediente: SC-43-08-S
Proceso: Ordinarización de declaratoria de herederos y otros.
Partes: Maria Milena Núñez Cuellar y otros c/ Aurelia Margarita Suárez Romero y otro.
VISTOS: el recurso de casación interpuesto por Maria Milena Núñez Cuellar y otros de fojas 576 a 585, contra el Auto de Vista Nº 463/2007 de 15 de octubre 2007, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso de Ordinarización de declaratoria de herederos y otros, seguido por la recurrente contra Aurelia Margarita Suárez Romero y otro, el auto de concesión del recurso de fojas 590, los antecedentes procesales; y,
CONSIDERANDO: que, tramitada la causa de referencia, el Juez 11vo. de Partido en lo Civil y Comercial de la Corte Superior de Santa Cruz, pronunció la Sentencia N° 30/05 de 7 de mayo de 2005 de fojas 524 a 525 vuelta de obrados, mediante el cual declaró IMPROBADA en todas sus partes la demanda de fojas 360 a 376, y su modificación de fojas 399 a 400. Declara IMPROBADA en todas sus partes la demanda reconvencional de fojas 412 a 414 y modificación de fojas 415 a 417, sin costas por ser juicio doble.
Contra la referida sentencia, Maria Milena Núñez Cuellar y otros, plantean recurso de apelación mediante memorial que cursa de fojas 531 a 554, el que fue resuelto por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante el Auto de Vista N° 463/2007 de 15 de octubre, cursante de fojas 574 y vuelta de obrados, por el que CONFIRMA la sentencia, sin costas por ser juicio doble.
Contra el Auto de Vista, la demandante Maria Milena Núñez Cuellar y otros, interponen recurso de casación en el fondo y en la forma, mediante memorial de fojas 576 a 585, en base a los siguientes argumentos:
Acusa que el Auto de Vista violenta la Sentencia Constitucional 130/00-R de 16 de febrero de 2000, habrían presentado fotocopias de la sentencia de usucapión, sostienen también que habrían aparejado el Amparo Constitucional, donde se ordenaría que el juez recurrido expida un nuevo mandamiento de desapoderamiento, asimismo el Auto Supremo por el cual se aprobaría la resolución consultada.
Por otra parte aduce la vulneración y conculcación de varias disposiciones legales (sin mencionar cuales), porque los excepcionistas no habrían sido citados con la demanda principal, habrían reconvenido y planteado excepciones, por lo que no abriría la competencia del juez.
Luego de realizar una relación de las pruebas de descargo, acusa la violación de los artículos 1029-I, 1456-II del Código Civil, por lo que no seria posible después de 27 años declararse herederos, por lo que se habría perdido el derecho y la acción de deducir declaratoria de herederos, por inacción de la acción dentro de los plazos legales establecidos por ley.
Alegan que para la confesión judicial, no justificaron su ausencia, por lo que deberían dar por cierta la confesión judicial, por lo que no se habría dado cumplimiento a los artículos 414 y 423 del Código de Procedimiento Civil. Por otra parte acusan que en el juzgado 9º de Instrucción en lo Civil, donde se tramito el voluntario de declaratoria de herederos, no existiría sorteo de la causa, lo que afectaría la competencia y jurisdicción del juez.
Por otra parte, acusan que no se valoró correctamente las pruebas, para ello hacen una relación de cuales supuestamente no se valoraron. En relación al mandato, refieren que tiene que ser expreso y suficiente, en el que debe indicarse con precisión el pleito en el que el mandatario representara a su mandante, en el caso del juicio voluntario y ordinarizado el poder seria general de ninguna manera especial, por lo que se violentaría lo establecido en el artículo 58 del Código de Procedimiento Civil, artículo 809, 810 del Código Civil, artículos 1237 y 1238 del Código de Comercio. Que el poder estaría facultado para que actúen juntos Manuel Chávez Justiniano y Carlos Sánchez Vásquez, pero curiosamente habría actuado unilateralmente Manuel Chávez.
Finalmente, hace una relación de las disposiciones legales violentadas y conculcadas, tanto en la sentencia de primer grado como en el Auto de Vista, los artículos 1029-I, 1456-II, 1330, 8’9, 1537, 1538, 1289, 591, 110, 134, 138, 87-I, 93-I, 450, 451, 453,454-I, 455, 460, 461, 483, 1538, 1449, 1492-I, 1497, 1499, 1507, 1540-1), 1546, 1545, 834-1) y 1398 del Código Civil. Por otra parte los artículos 50, 51, 90, 424, 267, 514, 515, 517, 336-2), 205-3)-1), 309, 120, 128, 327-4), 130, 131, 190, 236, 192-2), 267 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 15, 16, 74, 123, 247 y 30 de la Ley de Organización Judicial. Por otra parte los artículos 7-a), i), 22-I, 16-II, 31 de la Constitución Política del Estado. Finalmente los artículos 1237 y 1238 del Código de Comercio y varios Autos Supremos.
Con esos fundamentos pide: recurrimos del referido Auto de casación y nulidad, tanto en la forma como en el fondo, por violentaciones y conculcaciones a muchas disposiciones legales citadas precedentemente, teniendo en cuenta que las normas procesales son de orden publico, por lo tanto de cumplimiento obligatorio, por un debido proceso y el derecho sagrado a la defensa, debiendo excluirse la indefensión creada por los fallos.
CONSIDERANDO: que en la especie, el recurso evidencia una percepción equivocada o confusa de las diferencias existentes entre el recurso de casación en la forma (o de nulidad) y el de casación en el fondo, porque si bien manifiesta recurrir en ambos efectos, empero, no discernió o discrimino cuales los motivos de su impugnación que corresponden al recurso de nulidad y cuales los que corresponden al recurso de casación. En efecto, los recurrentes no discernieron los motivos que en su criterio constituyen errores in procedendo de aquellos que constituirían errores in judicando. En ese sentido, si bien acusó la infracción de los artículos 1029-I, 1456-II, 1330, 8’9, 1537, 1538, 1289, 591, 110, 134, 138, 87-I, 93-I, 450, 451, 453,454-I, 455, 460, 461, 483, 1538, 1449, 1492-I, 1497, 1499, 1507, 1540-1), 1546, 1545, 834-1) y 1398 del Código Civil y los artículos 15, 16, 74, 123, 247 y 30 de la Ley de Organización Judicial y los artículos 7-a), i), 22-I, 16-II, 31 de la Constitución Política del Estado, sin embargo dicha impugnación fue formulada conjuntamente a aquella referida a la violación de los artículos 50, 51, 90, 424, 267, 514, 515, 517, 336-2), 205-3)-1), 309, 120, 128, 327-4), 130, 131, 190, 236, 192-2), 267 del Código de Procedimiento Civil, incumpliendo con la carga procesal de hacer una exposición separada de cada uno de los motivos que sustentan uno u otro recurso.
Por otra parte se evidencia que su recurso es una repetición de todos los agravios expuestos en su recurso de apelación formulado contra la sentencia de primera instancia, olvidando por consiguiente que el recurso de casación es una demanda nueva de puro derecho, estando obligado el actor a señalar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error en los que han incurrido los juzgadores de instancia, y no realizar una copia de lo señalado en su recurso de apelación como ocurrió en el presente caso.
Al respecto, de acuerdo a lo establecido en nuestra economía procesal y tomando en cuenta la práctica y la lógica jurídica, el recurso de casación sea en la forma o en el fondo debe ser interpuesto contra la resolución de segunda instancia, y no así contra la sentencia de primer grado como erróneamente realizaron los recurrentes, porque dicha resolución es impugnable a través del recurso de apelación.
Asimismo, siendo el recurso de casación una impugnación de puro derecho, todo recurrente debe poner de manifiesto ante el tribunal los errores sea en el proceder (casación formal) o en el resolver (casación substancial o de fondo), o en ambos aspectos, en que ha incurrido el Tribunal Ad quem en el proceso en el cual se interpone dicho medio impugnativo, y por ello, es menester que el enfoque de dichos errores estén apoyados en las causas expresamente señaladas en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, aspecto que se extraña en el caso de autos.
Finalmente, en relación a la supuesta errónea valoración de la prueba, si de la apreciación de la prueba se trata, la recurrente debió señalar de manera precisa y diferenciada, si los juzgadores de instancia incurrieron en error de derecho o de hecho, puesto que la valoración y apreciación de la prueba constituye una atribución privativa de los juzgadores de instancia incensurable en casación. Sin embargo, en aquellas circunstancias en que el recurrente demuestre que los de instancia incurrieron en error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba, los hechos declarados probados dejan de tener validez legal, precisamente por la existencia de uno o de ambos errores, en el caso de autos los recurrentes pretenden que el Tribunal Supremo efectúe una nueva valoración y apreciación de las pruebas acumuladas en el proceso, sin considerar que al ser el recurso de casación de puro derecho, el Tribunal Supremo se encuentra imposibilitado de realizar una nueva valoración de la prueba, porque tiene la obligación de respetar los hechos declarados probados por el inferior, ya que, en nuestro ordenamiento jurídico, la valoración de la prueba es legal o libre, según esté la regulación de su eficacia librada a las reglas legales o al discernimiento del juez, todo lo que evidencia una verdadera impericia de la parte recurrente a la hora de formular su impugnación, acusando su recurso una total orfandad de fundamentación y motivación. A ello, se debe adicionar que los recurrentes en su recurso olvidan -voluntaria o involuntariamente- el petitorio de los recursos que dicen plantear, de modo que el recurso resulta inconcluso o incompleto, estos extremos impiden que se abra la competencia de este Supremo Tribunal.
Consiguientemente, como se estableció en la abundante jurisprudencia de este Supremo Tribunal, técnicamente no existe recurso de casación cuando se incumple con esta obligación procesal, que no puede ser subsanada por el Tribunal Supremo porque no permite que se abra su competencia.
Consiguientemente, corresponde aplicar lo determinado por los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo y forma interpuesto por Maria Milena Núñez Cuellar y otros de fojas 576 a 580, con costas.
Libro Tomas de Razón 227/2013

References: resolución 
 artículo 58
 artículo 809
 resolución 
 resolución 
 artículo 42
 artículo 8