Source: http://esdocs.com/doc/2057887/cuadernos-de-la-oici
Timestamp: 2019-08-24 03:27:51+00:00

Document:
INFORMACIÓN OICI
NºJUnIO 2016
Composición del nuevo Consejo Directivo
hasta el xxxi Congreso Iberoamericano de
xii Curso de pasantías para alumnos
municipalistas iberoamericanos
Las Diputaciones Provinciales cuestionadas
información de la femp
de 3 de marzo de 2016. Consecuencias
El contenido del presente número se inicia con la composición del nuevo Consejo Directivo de la OICI, después de los procesos electorales locales en España e
Iberoamérica. Nuevas personas, nuevos responsables
para unos tiempos que se anuncian cambiantes y a los
que la OICI una vez más se adaptará como en el pasado, cuando la situación era más opresiva y conflictiva;
tiempos en los que la democracia se cuestionaba y las
Entidades Locales carecían de cualquier atisbo de autonomía para el ejercicio de sus funciones.
Propuesta contra la violencia y por la
El número 47 de Cuadernos de la OICI que el lector
tiene a su disposición es el ejemplar que se edita en
soporte digital, lo que ha ampliado notablemente el
índice de distribución y consulta, según se ha podido
comprobar por el eco de las opiniones recibidas.
Declaración aprobada por la Junta de
Gobierno Extraordinaria de la femp del 14
DE LA OICI
Inconstitucionalidad de diversos preceptos
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de
ANA DE C OO
IB E RO
Jesús Julio Carmero
Rui Soleiro
C/. Nuncio, 8, 28005, Madrid
PIXEL CPG, S.L.
Avda Pablo Iglesias, 80
E-mail: josel@pixelcpg.com
Como no podía faltar en 2016, se convoca el XII Curso de Pasantías para alumnos municipalistas iberoamericanos, que se celebrará el
próximo mes de junio. En esta nueva edición hemos de señalar la incorporación de la Federación Española de Municipios y Provincias a la
organización del Curso, recuperando una tradición interrumpida en los
últimos tres años. Como en todas las ocasiones se cuenta también con
la participación en dicha organización del Ayuntamiento de Valladolid
y la colaboración de diversas Diputaciones y Ayuntamientos.
En la difusión de información local a los municipios iberoamericanos, no podía faltar una reciente cuestión suscitada por el fallo del Tribunal Constitucional de España, declarando inconstitucionales diversos
artículos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En esta ocasión reproducimos el
texto del fallo y un riguroso análisis realizado por la Dirección General de
los Servicios Jurídicos, Coordinación Territorial e Internacional de la FEMP,
éste último en la sección Información FEMP.
En los últimos tiempos, desde diversos ámbitos políticos, muy especialmente del partido emergente Ciudadanos, se ha cuestionado la existencia de las Diputaciones Provinciales españolas, órgano de gobierno
de la Provincia, figura local intermedia y territorial con más doscientos
años de existencia, desde la aparición del Estado constitucional. En la
Constitución Española de 1978 tiene reconocimiento y garantía prevista
en el artículo 141. En los últimos años han desempeñado un protagonismo de primer orden en la cooperación y colaboración con los municipios
españoles de menor población, esto es, la inmensa mayoría de los 8.000
Ayuntamientos existentes, muchos de los cuales no podrían subsistir sin
la acción de las Diputaciones y en consecuencia se agudizaría el problema de la despoblación y la desertización del territorio. A estos efectos
se ha incluido una colaboración titulada “Las Diputaciones Provinciales
cuestionadas”.
Esta cuestión no podía pasar desapercibida por la Federación Española de Municipios y Provincias, por lo que con gran sensibilidad y muy
oportunamente la Junta de Gobierno Extraordinaria, celebrada el 14 de
marzo, aprobó por unanimidad una moción de respaldo sin fisuras a las
Diputaciones Provinciales, e instó al Gobierno para que proceda a redactar una de Ley de Régimen Local, definitiva y eficaz, que sustituya a la
actualmente en vigor desde hace más de treinta años.
Cierra este número de Cuadernos una información sobre actividades de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamérica (UCCI), con una “Propuesta contra la Violencia y por la Educación por la Paz”.
Depósito Legal: M-22263-1998
no comparte necesariamente la
Composición del nuevo Consejo Directivo hasta el XXXI Congreso
Iberoamericano de Municipios
Presidente: RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA,
Ayuntamiento de Guadalajara (Jalisco, México),
elegido en el XXX Congreso Iberoamericano de
Municipios celebrado en Guadalajara (México)
Vicepresidente: Oscar Puente, Alcalde de
Vicepresidente: Juan Sotomayor García, Alcalde
de Callao (Perú).
Vicepresidente: Jesús Julio Carnero (España).
Secretario General: Enrique Orduña Rebollo.
Jefe Oficina Técnica: Juan Ávila, Secretario
Oscar Puente Alcalde de Valladolid.
Argentina: Antonio María Hernández.
Colombia: Gustavo Petro, Alcalde de Bogotá.
Chile: Carolina Tohá, Alcaldesa de Santiago de
Costa Rica: Sandra García Pérez, Alcaldesa de
Honduras: Nasry Juan Astura Zablah, Alcalde de
México: Carlos Godínez, Presidente del IAP de
Nicaragua: Daysi Torres, Alcaldesa de Managua.
Panamá: Roxana Méndez, Alcaldesa de Panamá.
Cuba: Marta Hernández Romero, Alcaldesa de
Perú: Francis Allison Oyarce, Alcalde de
Ecuador: Mauricio Rodas Espinel, Alcalde de
Portugal: Rui Soleiro, Secretario de la ANMP.
Guatemala: Álvaro Arzú Irigoyen, Alcalde
Metropolitano de Guatemala.
Puerto Rico: María Meléndez Altieri, Presidenta
Asamblea de Ponce.
Rep. Dominicana: Johnny Jones, Secretario
General de la Liga Municipal Dominicana.
El Salvador: Norman Quijano González, Alcalde
Uruguay: Intendente Municipal de Paysandú.
Venezuela: Armando
Miguel Ángel Gallardo Miranda. Presidente de
Alfredo García Muñiz, Secretario Ejecutivo del
IAP de Jalisco y sus Municipios.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 19.
Párrafo 2º, después de las elecciones locales
de mayo de 2015, han sustituido a los anteriores miembros del Consejo Directivo, los electos
Oscar Puente, Alcalde de Valladolid; Jesús Julio
Carnero, Presidente de la Diputación de Valladolid; Juan Ávila, Secretario General de la FEMP;
y el Vocal Ángel Gallardo Miranda, Presidente
de la Diputación de Badajoz.
Presidente: Guillermo Vallarta Plata (México).
Valentín Merino Estrada (España).
Secretario: Enrique Orduña Rebollo (España).
Luciano Parejo Alfonso (España).
Allan Randolph Brewer Carias (Venezuela).
Ricardo Rivero Ortega (España).
Jorge Danos Ordóñez (Perú).
Fernando Rocafull (UCCI. España).
Rodrigo Faria (Brasil).
Daniel Fernando Soria (Argentina).
Enrique García-Agulló y Orduña (España).
Carlos Salazar Vargas (México).
Andrés García Lorca (España).
Consuelo Sarriá (Colombia).
Fortunato González Cruz (Venezuela).
Jorge Reinaldo Vanossi (Argentina).
Antonio María Hernández (Argentina).
Efraín Villanueva (México).
Eusebio Leal Spengler (Cuba).
José Luís Villegas Moreno.
XII CURSO DE PASANTÍAS PARA ALUMNOS MUNICIPALISTAS IBEROAMERICANOS
En el XXVI Congreso Iberoamericano de Municipios celebrado en la ciudad de Valladolid (España), el Consejo Directivo en su reunión del día 14 de octubre de 2004 aprobó y la Asamblea General
ratificó el día 15 del mismo mes y año la propuesta de un programa de PASANTIAS, como instrumento para desarrollar una cooperación efectiva y directa, a desarrollar a partir del segundo semestre
del año 2005. Actividad formativa cuya continuidad fue de nuevo confirmada por las Asambleas
Generales de los Congresos Iberoamericanos de Municipios, celebrados en las ciudades de Cancún
(México) el 25 de junio de 2007, Lima (Perú) el 26 de mayo de 2010, y Guadalajara (México) el 8 de
noviembre de 2015, para los tres años siguientes.
La positiva y satisfactoria experiencia de las ocho primeras ediciones del Curso de Pasantías,
organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias, la Organización Iberoamericana
de Cooperación Intermunicipal, el Ayuntamiento de Valladolid, y las tres posteriores a cargo del último y la OICI, con la colaboración de los Ayuntamientos de Burgos, Cádiz, Madrid, Pamplona, Vitoria,
Zaragoza y las Diputaciones Provinciales de Badajoz, A Coruña, Guadalajara, Palencia y Valladolid,
así como el interés manifestado por todos los asistentes, el nivel profesional y disposición de los
participantes, incluidos los informes facilitados por sus tutores y las memorias realizadas por los interesados, hacen recomendable continuar con la experiencia desarrollada en las ediciones anteriores
del referido Curso de Pasantías.
En consecuencia, el Presidente y el Vicepresidente de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal y Alcalde de Valladolid, y el Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y Alcalde de Vigo:
El XII Curso de Pasantías, a realizar durante los días 6 a 25 de junio de 2016, a celebrar en Madrid,
Valladolid y las ciudades que reciban cooperantes, de acuerdo con el siguiente programa:
1. Recepción en Madrid por la OICI-FEMP.
A desarrollar en la sede de la FEMP.
1.1 La FEMP una asociación municipalista.
1.3 La Constitución Española y la
1.4 Las Comunidades Autónomas.
1.5 El municipio en España.
1.6 Las provincias y las Diputaciones en
1.7 La financiación municipal.
1.8 El Ayuntamiento de Madrid.
Días 8 a 10 de junio
2. Programa de Formación General.
A desarrollar en el Centro de Formación de
Personal del Ayuntamiento de Valladolid.
2.1 Organización y formas de gestión de
los servicios públicos municipales I.
2.2 Organización y formas de gestión de
los servicios públicos municipales II.
2.3 Dirección, gestión y formación de
2.4 Dirección, gestión y formación de
2.5 Gestión de Recursos económicos.
2.6 Participación ciudadana
2.7 Visitas técnicas Policía Municipal,
depuradoras, tratamiento de residuos,
3. Desarrollo del programa- Proyecto
Traslado a los lugares de destino para
desarrollar el proyecto práctico elegido en
el respectivo Ayuntamiento o Diputación.
4. Reunión en Valladolid, análisis
resultados, clausura del Curso.
Finalmente tanto el alumno, como la persona encargada de su tutoría en el Ayuntamiento
o Diputación deberán redactar un Informe sobre la actividad realizada, el aprovechamiento y las
posibles sugerencias, Finalizado este trámite y de acuerdo con los convenios de colaboración de la
OICI con las diversas Universidades o Centros de Formación Local, podrá expedirse un certificado de
Número de plazas: Doce
Los candidatos podrán solicitar su admisión en el XII Curso de Pasantías para alumnos municipalistas iberoamericanos, siendo requisito fundamental estar vinculado al sector público local de
cualquier país iberoamericano en la condición de electo local o empleado municipal.
Las solicitudes de los alumnos deberán ir avaladas por las municipalidades de origen, las Asociaciones Nacionales de Municipios u otras instituciones asociativas de carácter municipal o docente
con las que existan convenios de colaboración con la OICI.
Con las solicitudes de alumnos seleccionados se confeccionará una relación y se les comunicará
a los interesados. En el caso de renuncia ocupará su puesto el siguiente de la lista.
Las aportaciones de las instituciones convocantes y colaboradoras consisten en facilitar al
pasante su acceso al conocimiento y experiencias en los servicios correspondientes, el pago de su
alojamiento y manutención durante las cuatro semanas de duración del curso, así como los desplazamientos interiores. Los traslados desde su país de origen a Madrid y regreso correrán por cuenta
de los interesados o de las entidades municipales donde desarrollen su actividad.
Guadalajara (México), Madrid y Valladolid, a 1 de marzo de 2016
El Vicepresidente de la OICI
y Alcalde de Valladolid
y Alcalde de Vigo
Proyectos prácticos a desarrollar
1. Asesoramiento jurídico, representación y defensa de la Entidad Local.
2. Simplificación y gestión electrónica de procedimientos. Administración electrónica.
3. Gestión tributaria y recaudación.
4. Administración patrimonial, contratación y gestión de compras.
5. Promoción del empleo y desarrollo económico local.
6. Promoción cultural y turismo local.
7. Desarrollo urbano y turismo de interior.
8. Planificación y gestión urbanística.
9. Desarrollo y gestión de infraestructuras urbanas.
10.Ciclo integral del agua.
11.Políticas y gestión medioambiental.
12.Limpieza, recogida y tratamiento de residuos.
13.Políticas y servicios sociales.
14.Seguridad ciudadana: policía urbana comunitaria.
15.Transporte público y movilidad urbana.
16.Protección civil y extinción de incendios.
17.Desarrollo y gestión de la participación ciudadana.
18.Archivo y gestión documental.
19.Gestión de la calidad en los servicios públicos.
20.La formación en la administración municipal formación de formadores.
El Congreso está siendo organizado por la Municipalidad de El Callao (Perú), en cumplimiento del acuerdo tomado en Guadalajara (México) en el marco del XXIX Congreso Iberoamericano
de Municipios y está prevista su realización en fecha aún no determinada a fines del año actual o
principios de 2017. En sucesivos números de Cuadernos de la OICI daremos cumplida información
Inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre
El Tribunal Constitucional por Sentencia
de 3 de marzo de 2016, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en su día por la Junta de Extremadura y
1º Declarar inconstitucionales y nulos el art. 57
bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local (en la redacción dada
por el art. 1.17 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) y las disposiciones adicional
11ª y transitorias 1ª, 2ª y 3ª, así como los incisos
“Decreto del órgano de gobierno de” y “el Órgano
de Gobierno de”, incluidos, respectivamente, en las
disposiciones transitorias 4ª.3 y 11ª, párrafo tercero, todos de la Ley 27/2013.
2º Declarar que la disposición adicional 15ª de la
Ley 27/2013 no es inconstitucional, interpretada
en los términos del fundamento jurídico 13 e) de
3º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad
Entrando en la segunda década del siglo XXI han surgido desde diversos foros de
información, políticos, etc. la conveniencia de modificar el actual “status” de las Diputaciones
Provinciales. Tales propuestas van desde las más extremas, principalmente las de un partido
emergente, que plantean su desaparición, a las más racionales y moderadas que pasan por la
reorganización de sus funciones, al objeto de evitar duplicidades en las mismas y en la prestación
de servicios con otras Administraciones. Los argumentos que sustentan ambas posturas tienen
su origen en la actual situación de grave crisis económica, con la propuesta común de ahorrar
y racionalizar gastos. En el caso de las últimas la reforma tiene propósitos más amplios, que
comprende desde reforzar el sistema electivo directo de los diputados por la ciudadanía,
le definición de sus competencias, su actuación permanente sobre las municipios de escasa
población, incapaces de facilitar la calidad y nivel adecuado de servicios a los ciudadanos e incluso
de algunas propuestas se deduce la necesaria reforma del Estado.
Sin olvidar los aspectos de los orígenes
constitucionales de las Diputaciones Provinciales, de su inmediata andadura posterior y del soporte territorial sobre el que se asientan, aspecto fundamental, que en muchas ocasiones no es
tenido en cuenta de forma adecuada, pues se
identifica el concepto Provincia con Diputación
Provincial. La primera es una figura territorial,
la segunda el órgano de gobierno y administración, por lo que parece obligado, ante el actual
debate, remitir a anteriores reflexiones sobre el
origen de la provincia como territorio y organización administrativa.1
Con la entrada en vigor de la Constitución
de 1978 (en lo sucesivo CE 78) y la consolidación del Estado de las Autonomías, el modelo
de división provincial vigente en España desde
1833, no se ha visto modificado en su estructura territorial, ya que los límites provinciales
no han experimentado variación, y la provincia
sigue siendo una circunscripción electoral,
El artículo 141.1 de CE 78, reconoce a la
provincia la condición de Entidad Local con
personalidad jurídica propia, determinada por
la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del
Estado. Su gobierno y administración autónoma estarán encomendados a las Diputaciones u
El artículo 141.4 de CE reconoce la peculiaridad
de los Archipiélagos de las Islas Canarias y Baleares a los que garantiza su propia administración en forma de Cabildos o Consejos.
Existen firmes partidarios de la existencia
de las Diputaciones por su papel
protagonista en la cooperación con los
Diez años tardó en articularse una nueva
ley que regulase el ordenamiento local español, un plazo que supuso el tránsito de un régimen de autoridad a una democracia. Por fin
se aprobó la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local de 2 de abril de 1985 (En lo sucesivo LRBRL), que reconoció a la Provincia y a
1 ORDUÑA REBOLLO, E. La Diputación Provincial de Segovia. 1992.
Ibidem. Orígenes de las Diputaciones Provinciales. Territorio y Administración. En: El bicentenario de las Diputaciones Provinciales. 1812.
la Isla autonomía para la gestión de sus intereses respectivos (art. 1º.2). La estructura y tipología de las Entidades locales quedó definida
en el artículo 3º de LRBRL, que distingue entre
“Entidades locales territoriales” y “Entidades locales”. Entre las primeras están: El Municipio, la
Provincia y las Islas en los archipiélagos balear
y canario. Gozan de la condición de Entidades
locales: Las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o reconocidas por
las CCAA. Las Comarcas u otras entidades que
agrupen varios municipios, instituidas también
por las CCAA, de acuerdo en el primer caso con
el art. 45 de LRBRL y en el segundo con dicha
norma y los Estatutos de Autonomía respectivos. Por último disfrutan de la misma condición
las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios.2
A propósito de esta ordenación, hemos de
tener en cuenta que las provincias en el caso de
Navarra, Cantabria, La Rioja, Madrid, Asturias y
Murcia, constituidas como Comunidades Autónomas Uniprovinciales, mantienen su territorio
y límites, así como su consideración de circunscripción electoral, pero la Diputación Provincial, su órgano de gobierno, ha sido sustituido
por las instituciones de las CCAA, esto es legislativo y ejecutivo, además del Tribunal Superior
de Justicia con sus funciones judiciales.
El Título III de la LRBRL, artículos 31 a
41, están dedicados a la Provincia, su organización, competencias y regímenes especiales,
su desarrollo fue en el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legislativas en materia de Régimen Local. Treinta años
más tarde no se ha producido la reforma en
profundidad de la legislación en materia tanto
de Diputaciones, como de Ayuntamientos. Cierto es que la Ley 27/2013, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, (LRSAL), afectaba a los artículos 7, 26, 27, 31, 36,
37, 116 bis, 116 ter. y Disposición Adicional segunda de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases
de Régimen Local (LRBRL).
En esta reforma de 2013, al artículo 36 referido a las competencias propias, se incremen2 MARTÍN MATEO, R. Entes locales complejos. Madrid. Trivium.
1987, pág. 264.
taba con nuevas atribuciones y prestación de
servicios por las Entidades Locales y las Diputaciones Provinciales. Una de las modificaciones
más importantes establecidas por esta reforma
legal era la obligación de todas las Entidades
Locales de calcular anualmente el coste efectivo de los servicios que prestan (art. 116 ter.).
La reacción institucional más contundente
en defensa de las Diputaciones partió
de la FEMP, en su Junta de Gobierno
Extraordinaria, el 14 de marzo
El artículo 26.2 (LRBRL), se modificaba al reforzar el papel coordinador de las Diputaciones Provinciales, que pasaban a poder
coordinar la gestión de los servicios de algunos municipios menores de 20.000 habitantes,
siempre con el consentimiento de los referidos
municipios. La LRSAL al modificar también el
artículo 116 bis (LRBRL) concedía a las Diputaciones la atribución de nuevas funciones de
control y ayuda a las Entidades Locales cuando
por incumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, del objetivo de deuda pública
o de la regla de gasto, las Corporaciones Locales incumplidoras formulasen su plan económico-financiero.
Las Disposiciones Adicionales 1ª y 2ª de
LRSAL se refieren al País Vasco y Navarra y, finalmente, la Disposición Adicional 3ª fija una
serie de parámetros referidos a las competencias autonómicas en materia de régimen local
Como decíamos al principio, no podemos
ignorar que existen voces pidiendo la extinción
de las Diputaciones, pero también existen firmes partidarios de su existencia por el papel
protagonista e imprescindible ante el elevado
número de municipios existentes en España y
la necesidad de su cooperación a tales entidades, situadas en el ámbito rural y cuyos ciudadanos verían comprometida su permanencia en
ellas si faltasen las Diputaciones. Las alarmas
se dispararon a principios del mes de marzo del
presente año cuando las propuestas del partido
emergente Ciudadanos planteaba la extinción
de las Diputaciones Provinciales, por considerarlas superfluas, duplicadoras de servicios con
las Comunidades Autónomas y de escaso conte-
nido. Pronto se produjeron reacciones contrarias
a estas propuestas, desde los diversos puntos
del arco político, entidades públicas y privadas,
etc. que hacían constar su disconformidad.
ha partido de la Federación Española de Municipios y Provincias, que en su reunión Extraordinaria del pasado 14 de marzo manifestó su
firme postura en defensa de las Diputaciones
Provinciales. En dicha sesión los partidos Socialista y Popular presentaron sendas mociones, que finalmente se refundieron en la que se
transcribe posteriormente.
Finalmente, una cuestión que tampoco debía quedar como una manifestación de voluntad
es la que afecta a las elecciones de los Diputados Provinciales y su Presidente, De acuerdo
que supondría una reforma de la Ley Electoral,
pero sin embargo las Diputaciones ante un nuevo ámbito de actuación tendrían mayor operatividad, eficacia y representatividad, sin olvidar el
mandato de la Carta Europea de la Autonomía
Local. Tampoco deben buscarse fórmulas “ex
novo”, pues como hemos visto en las primeras
normas reguladoras del régimen local promulgadas en el siglo XIX, las previsiones electorales de los Diputados Provinciales, eran análogas
a las de los Diputados a Cortes.
Por último recordar que el ejercicio de
las competencias, corresponde a un modelo
de Estado Autonómico. Inicialmente el art. 2
de LRBRL atribuye a las Entidades Locales las
competencias que procedan en atención a las
características de la actividad pública de que se
trate y a la capacidad de gestión de cada Entidad Local, pero se remite a las Leyes básicas
del Estado, previstas constitucionalmente, la
determinación de las competencias que ellas
mismas atribuyan o que, en todo caso, deban
corresponder a los Entes Locales en la materia
que regulen. Por tanto lo primero es la atribución expresa de las competencias, pues sólo en
defecto de la misma, entrará en juego, dice Parejo, el título competencial residual de la Administración Autonómica.3
E. Orduña Rebollo
3 PAREJO ALFONSO, L. Derecho… pág. 205.
Declaración aprobada por la Junta de Gobierno Extraordinaria
de la FEMP del 14 de marzo de 2016
1.- Recordar que el XI Pleno de la FEMP
acordó por amplia mayoría instar a la derogación inmediata de la Ley 27/2013, de 30 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de
local, la gestión comprometida del patrimonio
común, la prestación de servicios y la referencia institucional de identidad, elementos clave
para mantener el valor del territorio y fijar su
2.- Instar a la aprobación de una nueva Ley
de Bases de Régimen Local así como a la reforma de la financiación local de forma que se
refuerce la autonomía local, garantizándose un
sistema de financiación estable y proporcional
que responda a unas competencias bien definidas, eliminando duplicidades y que garantice en
todo caso la prestación de los servicios públicos
de calidad de todos los ciudadanos residan donde residan.
4.- Impulsar una Administración intermedia, las Diputaciones Provinciales, más moderna que se adapte a las necesidades de nuestra
sociedad actual, redefiniendo el papel y estructura de las Diputaciones Provinciales de Régimen Común, para prestar servicios con mayor
eficacia y garantía de calidad a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Desarrollarán sus competencias prestadoras de servicios
con mayor eficiencia y siempre con criterios de
máxima transparencia, racionalidad y democracia participativa. Pretendemos con ello garantizar a la ciudadanía el acceso a los servicios
públicos de calidad independientemente de su
3.- Instar a la aprobación de un régimen
local propio para los pequeños municipios y las
entidades locales menores, que garantice su
pervivencia mediante exigencias administrativas, de procedimiento y fiscalización proporcionadas a sus presupuestos y competencias,
con el espíritu de mantener el autogobierno
En la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de marzo de 2016, cuyo fallo hemos transcrito,
han sido analizadas sus consecuencias por la Dirección General de los Servicios Jurídicos, Coordinación Territorial e Internacional de la FEMP, en el documento que nos permitimos reproducir:
CONSECUENCIAS de la Sentencia de 3 de marzo de 2016, del Tribunal Constitucional, dictada en recursos de inconstitucionalidad formulado por la Asamblea de Extremadura contra la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)
1. EL MAPA LOCAL
Se mantiene la regulación introducida por
la LRSAL en lo que se refiere a creación, disolución y fusión de municipios.
•También se mantiene la regulación introducida por la LRSAL sobre Entidades Locales Menores (ELATIMs), salvo en lo que se
refiere al órgano de las CC AA competente
y al instrumento normativo a utilizar para
su disolución en el caso de que no hayan
presentado sus cuentas, que ya no será necesariamente el Órgano de Gobierno de la
Comunidad Autónoma (así lo establecía la
Disposición transitoria cuarta de la LRSAL),
sino el que cada Comunidad Autónoma tenga establecido.
•Y lo mismo ocurre con la relativa a las mancomunidades, salvo en lo relativo al órgano
de las CCAA competente para su disolución
en el caso de las que no hayan adaptado
sus Estatutos a la LRSAL, que ya no será
necesariamente por Decreto del Órgano de
Gobierno de la Comunidad Autónoma (así
lo establecía la Disposición transitoria undécima de la LRSAL), sino el instrumento
normativo (Decreto, Orden de Consejería…)
y el órgano que cada Comunidad Autónoma
tenga establecido.
2. LAS COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS
a) Competencias propias:
Los municipios tendrán las competencias
que les hayan atribuido (incluidas las relativas a
la educación, la sanidad y los servicios sociales)
y les atribuyan en un futuro las leyes del Estado
•El listado de materias del artículo 25.2 de
la LBRL establece las materias en las que
como mínimo el Estado y las Comunidades
Autónomas les deben atribuir competencias
(principalmente por las CC AA porque las
competencias sobre las materias que contiene ese listado han sido asumidas en su
gran mayoría por ellas). En ningún caso ese
listado impide que las leyes atribuyan a los
municipios competencias sobre materias no
incluidas en él.
•Las leyes que atribuyan competencias propias a los municipios deberán:
✓✓ evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme
a los principios de descentralización,
eficiencia, estabilidad y sostenibilidad
financiera (además, en el caso de leyes
del Estado, los proyectos se acompañarán de un informe del Ministerio de
en el que se acredite el cumplimiento
de esos principios),
✓✓ ir acompañadas de una memoria económica que refleje el impacto sobre
los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el
cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y
eficiencia del servicio o la actividad,
✓✓ prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia
financiera de las Entidades Locales sin
que ello pueda conllevar, en ningún
caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas y
✓✓ garantizar que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública.
•Las leyes de las Comunidades Autónomas
reguladoras de las materias incluidas en el
artículo 25.2 de la LBRL que no atribuyan
competencias a los municipios y/o que no
cumplan los requisitos enumerados en el
punto anterior, podrán ser impugnadas ante
el Tribunal Constitucional mediante la interposición de:
✓✓ un recurso de inconstitucionalidad, por
los sujetos legitimados para ello, por
vulneración de la legislación básica
del Estado (el Presidente del Gobierno,
el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados o cincuenta Senadores) y
✓✓ un conflicto en defensa de la autonomía local, por el municipio o municipios afectados (cuando sean más de
uno los municipios afectados, por un
número de municipios que supongan
al menos un séptimo de los existentes
en el ámbito territorial de aplicación
de la disposición con rango de ley, y
representen como mínimo un sexto de
la población oficial del ámbito territorial correspondiente).
b) Competencias delegadas:
pueden delegar competencias en los municipios
sobre cualquier materia, esté o no incluida en
el listado del artículo 27.3 LRBRL. Cuando la
Administración delegante sea una Comunidad
Autónoma y la delegación se haga por convenio, éste no deberá incluir necesariamente la
cláusula de garantía (cláusula que establecía el
artículo 57 bis, añadido a la LBRL por la LRSAL,
consistente en la autorización a la Administra-
ción General del Estado a aplicar retenciones
en las transferencias que les correspondan por
aplicación de su sistema de financiación) del
cumplimiento obligaciones financieras o compromisos de pago que la Comunidad Autónoma
asuma respecto de los municipios que acepten
la delegación, lo que no impide que se pueda
incluir voluntariamente (ya sea por decisión de
la Comunidad Autónoma o por mutuo acuerdo
con los municipios delegados).
c) Competencias distintas de las propias y de las delegadas:
Los municipios (y todos las entidades locales) podrán ejercer cualesquiera competencias,
sin necesidad de que les hayan sido atribuidas o
delegadas, siempre que cumplan las exigencias
materiales y formales establecidas en el art. 7.4
LBRL– ausencia de duplicidad y sostenibilidad
financiera, acreditadas por informe vinculante
de las Administraciones competentes-. Obtenidos los informes favorables a los que se refiere
el art. 7.4 LBRL, el municipio (o la Entidad Local
de que se trate) podrá ejercer la competencia
en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida
coordinación en su programación y ejecución
con las demás Administraciones Públicas.
Se distinguen de las competencias propias
del art. 25 LBRL, no por el nivel de autonomía
de que dispone el municipio que las ejerce, sino
por la forma en que están atribuidas. Si las reguladas en el art. 25 LBRL son competencias
determinadas por la ley sectorial, las previstas
en el art. 7.4 LBRL están directamente habilitadas por el legislador básico, quedando su ejercicio sujeto a las indicadas exigencias.
3. LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN
Se suprime la obligación de incluir en estos convenios la cláusula de garantía del cumplimiento obligaciones financieras o compromisos de pago que la Comunidad Autónoma
asuma respecto de los municipios con los que
convenie, lo que no impide que se pueda incluir
voluntariamente (ya sea por decisión de la Comunidad Autónoma o por mutuo acuerdo con
los municipios).
Los convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación ya suscritos en el momento de la entrada en vigor de la LRSAL,
seguirán teniendo validez aunque no se haya
incluido en ellos la cláusula de garantía referida en el punto anterior.
Propuesta contra la violencia y por la educación para la paz
A mediados del pasado mes de diciembre,
en el marco de la cumbre celebrada en París
sobre el “Clima para Líderes Locales”, la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, junto a la
Alcaldesa de París, Anne Hidalgo anunciaron la
celebración de un “Foro internacional contra la
violencia y para la educación por la paz”. El objetivo tendría analizar “cómo conseguir la capacidad de resolver los conflictos sin violencia”. A
estos efectos se acordó una Propuesta conjunta
contra la Violencia y por la Educación para la
Paz, presentada en el Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, la red mundial de los Gobiernos Locales interlocutor ante
la ONU, en los siguientes términos:
“El Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de París proponen conjuntamente la celebración de una Cumbre Internacional contra
la Violencia y por la Educación para la Paz. Este
evento se va a celebrar en Madrid como lugar
de encuentro tanto de los líderes locales del
mundo como de los líderes de la sociedad civil
y del pensamiento por la paz. En el momento
actual las ciudades y los gobiernos locales tenemos el deber y la responsabilidad de trabajar
por la Paz y contra la violencia como un medio
de resolución de conflictos, prestando especial
atención a la educación por la Paz como instrumento para la convivencia el bienestar futuro”
La continuación de esta propuesta, ha culminado con el anuncio de la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, realizado en Santiago
de Chile durante un encuentro internacional, de
convocar para el mes de enero de 2017, en Madrid, un Congreso Internacional de “Educación
contra la Violencia y para la Paz”.
"El PP va a defender las Diputaciones provinciales y el mundo rural
Programa - IMUVa - Universidad de Valladolid
NUEVA CARTA 2 - ceip `pablo picasso` :: valladolid

References: artículo 141
 artículo 19
 artículo 141
 artículo 141
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 36
 artículo 26

artículo 116
 artículo 25

artículo 25
 artículo 27

artículo 57
 resolución