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Timestamp: 2019-07-18 01:02:19+00:00

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Un nuevo Reglamento europeo modifica la regulación de los drones – Jiménez Shaw Abogados
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El pasado 22 de agosto se publicó en el DOUE el Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo y del Consejo de 4 de julio de 2018, por el que, entre otras, se deroga el Reglamento (CE) 216/2008 con efectos desde el 11 de septiembre de 2018, si bien una compleja disposición transitoria recogida en el artículo 140 traerá consigo una eficacia escalonada, en distintas fechas, de las nuevas normas.
El anterior Reglamento de 2008 consideraba competencia de los estados miembros la regulación de los drones de menos de 150 kg. así como los utilizados para determinadas actividades (militares, policiales, incendios, guardacostas). Y en España la regulación de los drones se abordó, en un primer momento, a través del Real Decreto Ley 8/2014, y más adelante la Ley 18/2014, que establecieron una normativa muy restrictiva. El año pasado, en cambio se aprobó en nuestro país el Real Decreto 1036/2017, con normas que liberalizaban el sector en buena medida, y que fue muy aplaudido.
Sin embargo, la Unión Europea ha retomado la competencia sobre la regulación de los drones, que aborda como una parte más de la aviación civil.
El Reglamento 1139 de 2018 aprobado en julio pasado tiene un contenido muy amplio, se trata de una norma que regula en general la aviación civil, lo que se justifica en que el objetivo de estas normas es la seguridad de la misma y la protección del medio ambiente. Dado que la aviación tiene una naturaleza eminentemente transnacional y su regulación es muy compleja, se aprueba esta amplia norma, que también regula las aeronaves no tripuladas.
Esta regulación conjunta se justifica en que las aeronaves no tripuladas comparten el espacio aéreo junto con las tripuladas, independientemente de su peso, y pueden llevar a cabo una amplia gama de operaciones. En los considerandos del nuevo Reglamento se indica que estas normas pretenden garantizar el cumplimiento de derechos en la UE, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar, y el derecho a la protección de datos de carácter personal.
El nuevo Reglamento 1139 de 2018 se aplica a los drones civiles de todos los tamaños y pesos, y solo quedan como competencia de los estados miembros los drones utilizados para determinadas actividades o servicios (militares, de aduanas, policía, búsqueda y salvamento, lucha contra incendios, control fronterizo, vigilancia costera o similares), bajo el control y la responsabilidad de un Estado miembro, así como algunas cuestiones menores.
Ahora bien, dado que lo que establece el Reglamento sobre drones es una regulación muy básica, la cuestión que se suscita es la de la aplicabilidad en España de lo que establece el Real Decreto 1036/2017.
En efecto, procede ahora llevar a cabo una interpretación de ambas normas, para determinar si lo establecido en la norma española se contradice con lo recogido en el Reglamento Europeo. Se impondría pues una modificación del Real Decreto estatal para adaptarlo al Reglamento europeo, pero esto tal vez quede demorado en el tiempo, porque el Reglamento será a su vez desarrollado por la Comisión Europea en cooperación con la Agencia Europea de Seguridad Aérea, que ha de perfilar muchas cuestiones. En concreto les corresponderá determinar los supuestos de certificación obligatoria de los drones y operadores y los límites máximos de altitud y distancia para los vuelos.
Lo dispuesto en el Reglamento sobre drones está recogido sustancialmente en los artículos 55 a 58, (Capítulo III Requisitos Sustantivos. Sección VII Aeronaves no tripuladas) Artículo 77 Certificación de la aeronavegabilidad y certificación medioambiental y en el Anexo IX Requisitos esenciales para aeronaves no tripuladas. Pues bien, en concreto, el artículo 56.8. establece que lo dispuesto en la sección VII de Aeronaves no tripuladas se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros promulguen normas nacionales para someter a determinadas condiciones la operación de aeronaves no tripuladas por razones ajenas al ámbito de aplicación del presente Reglamento, en particular por razones de seguridad pública o de protección de la privacidad y de los datos personales con arreglo al Derecho de la Unión.
Este precepto puede dar mucho juego para amparar posibles disposiciones que se dicten en España, por ejemplo, para prohibir, como ocurre hasta ahora, las aeronaves autónomas. Adviértase que el Reglamento considera aeronave no tripulada “cualquier aeronave que opere o esté diseñada para operar de forma autónoma o para ser pilotada a distancia sin un piloto a bordo” según la definición recogida en el artículo 3. En cambio el Real Decreto 1036/2017 regulaba tan solo las aeronaves pilotadas a distancia, y no permite las autónomas.
Como se ha avanzado más arriba, el nuevo Reglamento Europeo contiene una compleja disposición transitoria, que traerá consigo una eficacia escalonada en distintas fechas. En primer término se establece que “los certificados y las especificaciones de aeronavegabilidad específicas expedidos o reconocidos y las declaraciones realizadas o reconocidas” en virtud del Reglamento 216/2008 y sus normas de desarrollo seguirán siendo válidos (art. 140.1). En segundo lugar, se establece un plazo de 5 años, hasta el 12 de septiembre de 2023, para adaptar las normas de desarrollo aprobadas al amparo de los anteriores reglamentos (art. 140.2). Y también se establece que el Reglamento de 2008 se seguirá aplicando hasta que entren en vigor las disposiciones sobre aeronaves no tripuladas cuyo dictado se encomienda a la Comisión en los artículos 57 y 58 (art. 140.5).
Esperemos que las autoridades españolas se apresuren a adoptar las medidas necesarias para que no se genere la inseguridad jurídica que se podría llegar a producir en este nuevo escenario normativo.
Enlace al podcast del programa de radio-3 «Retos actuales de la regulación sobre el uso civil de los drones» con intervención de […]
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References: artículo 140
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 77
 artículo 56
 artículo 3
 Real Decreto