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Ley publicada en la Sección Segunda del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el lunes 12 de noviembre de 2001.
"NUMERO 199
La H. LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en uso de las facultades que le conceden los Artículos 27, fracción I, 32 y 35 de la Constitución Política Local, en nombre del pueblo decreta:
ARTICULO 1o.- Esta Ley tiene por objeto reglamentar el Capítulo XVI de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en materia de:
I.- Responsabilidad de los servidores públicos del Estado y de los Municipios;
II.- Obligaciones en el servicio público estatal y municipal;
III.- Responsabilidades y sus sanciones tanto las de naturaleza administrativa, disciplinarias y resarcitorias, como las que deban resolverse mediante Juicio Político;
IV.- Autoridades competentes y los procedimientos para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones;
V.- Autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del enjuiciamiento penal de los servidores públicos que gozan de fuero constitucional; y
VI.- Registro patrimonial de los servidores públicos del Estado y los Municipios.
ARTICULO 2o.- Son servidores públicos las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública Estatal o Municipal, en las Entidades Paraestatales y Paramunicipales, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, así como aquellas que administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos económicos Federales, Estatales o Municipales, sea cual fuere la naturaleza de su nombramiento o elección.
ARTICULO 3o.- Los servidores públicos deberán observar las siguientes conductas éticas como parte del compromiso y obligación a que se deben:
I.- El servidor público tendrá como atributo primordial el de la honestidad;
II.- La integridad de los servidores públicos, debe reflejarse en sus actos públicos, que serán susceptibles de cada prueba y sometidos a juicio permanente de la ciudadanía a la que se deben;
III.- Los servidores públicos en el ejercicio de sus labores se abstendrán de afectar o lesionar la dignidad de sus superiores jerárquicos, así como la de sus subordinados o a la de la sociedad en general y deberán evitar cualquier acto discriminatorio;
IV.- La verdad, sinceridad y franqueza deberán ser actitudes distintivas de los servidores públicos en todos sus actos y expresiones que realicen en el ejercicio de sus funciones;
V.- El servidor público está obligado a conducirse siempre respetando las buenas costumbres y los principios morales de la sociedad a la que se deben; y
VI.- El ejercicio constante de las virtudes humanas como la probidad, darán al servidor público el respeto a la confianza necesaria para continuar en su encargo.
ARTICULO 4o.- Son autoridades competentes para aplicar la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias:
I.- El Congreso del Estado;
II.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado y sus Dependencias, Entidades y los Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal;
III.- La Contraloría General del Estado;
IV.- El Supremo Tribunal de Justicia;
V.- El Consejo de la Judicatura Estatal;
VI.- Los Municipios, sus Dependencias y Entidades;
VII.- Los Organos Autónomos que reciban o administren fondos del Estado; y
VIII.- Los demás órganos que determinen las leyes.
ARTICULO 5o.- Todos los servidores públicos son responsables de los delitos del orden común que cometan durante el tiempo de su encargo en los términos de las disposiciones aplicables.
ARTICULO 6o.- Se concede a los ciudadanos la facultad de denunciar mediante la presentación de elementos de prueba, las faltas oficiales o administrativas cometidas por los servidores públicos, así como las deficiencias en la prestación de los servicios públicos.
ARTICULO 7o.- Para la aplicación de la presente Ley se establecen los siguientes procedimientos:
I.- Juicio Político;
II.- Declaratoria de Procedencia por la Comisión de Delitos;
III.- De Responsabilidad Administrativa Disciplinaria; y
IV.- De Responsabilidad Administrativa Resarcitoria.
(REFORMADO, P.O. 2 DE FEBRERO DE 2015)
ARTICULO 8o.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por violaciones a la Constitución Política del Estado, y delitos de prisión preventiva oficiosa del orden común, además será responsable en los términos del Artículo 110, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; conforme al procedimiento establecido en el mismo.
ARTICULO 9o.- Son delitos de prisión preventiva oficiosa del orden común, los así considerados por el Código Nacional de Procedimientos Penales.
ARTICULO 10.- Los procedimientos para la aplicación de las sanciones a que se refiere esta Ley y las responsabilidades penales o de carácter civil que dispongan otros ordenamientos, se desarrollan autónomamente según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades que por sus funciones conozcan o reciban denuncias, turnar éstas a quien deba conocer de ellas; no podrán imponerse dos veces por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza.
Sujetos, Causas y Sanciones del Juicio Político
ARTICULO 11.- Podrán ser sujetos de Juicio Político: el Gobernador, los Diputados a la Legislatura local, los Magistrados del Poder Judicial, los miembros del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, los Titulares de las Dependencias del Poder Ejecutivo, el Fiscal General del Estado, el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, el Comisionado Presidente y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, los titulares de los organismos públicos descentralizados, los titulares de los organismos autónomos y los directores generales de las empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos; el Presidente Municipal, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos.
ARTICULO 12.- Es procedente el Juicio Político, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales del Estado o de su buen despacho.
ARTICULO 13.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:
I.- El ataque que perturbe la vida jurídica y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas establecidas y reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
II.- Los actos u omisiones encaminados a alterar la forma de gobierno republicano, representativo y popular establecida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2008)
III.- Las violaciones a las garantías individuales o sociales;
IV.- Los actos u omisiones que contravengan la Constitución local o las leyes que de ella emanen o los reglamentos, cuando causen daños patrimoniales graves al Estado, al municipio o a la sociedad, o motiven algún trastorno grave en el funcionamiento normal de sus instituciones;
(ADICIONADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2008)
V.- Los actos que contravengan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y las leyes que de ellas emanen, cuando apliquen recursos públicos que estén bajo su responsabilidad para influir en la competencia entre los partidos políticos; y
VI.- Los actos que contravengan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y las leyes que de ellas emanen cuando difundan bajo cualquier modalidad de comunicación social, en radio, televisión, prensa o internet, su nombre, imagen, voz o símbolos que impliquen promoción personalizada con cualquier fin.
El ataque, la violación, el daño o trastorno al que se refieren las fracciones anteriores, debe ser cierto y existir prueba de haberse producido como consecuencia directa e inmediata del acto u omisión del servidor público.
No procederá en ningún caso el Juicio Político, por ataques, violaciones, daños o trastornos futuros o inciertos, ni cuando se actúe en cumplimiento de ejecución de las leyes.
Para determinar la gravedad de la violación, el daño o el trastorno, se deberá considerar la intencionalidad, la perturbación del servicio, el posible atentado a la dignidad del servicio, la reiteración o la reincidencia.
En todos los casos, para establecer los criterios que determinen la gravedad de la responsabilidad del servidor público se considerarán los dictámenes o resoluciones precedentes emitidos en casos similares por la Comisión respectiva o el Pleno del Congreso, en su caso.
ARTICULO 14.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, los Diputados Locales, los Magistrados del Poder Judicial y, en su caso, los miembros del Consejo de la Judicatura local, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos del Titulo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por violaciones graves a la misma y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución del Congreso de la Unión será únicamente declarativa y se comunicará al Congreso del Estado para que, en ejercicio de sus atribuciones proceda en términos de lo previsto en la presente Ley.
ARTICULO 15.- No procede el Juicio Político por la mera expresión de ideas.
ARTICULO 16.- Si la resolución que se dicte en el Juicio Político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución, si se encuentra en activo, e inhabilitación desde uno hasta quince años para desempeñar empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
ARTICULO 17.- El Juicio Político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones. Las sanciones respectivas se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.
ARTICULO 18.- Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y presentando los elementos de prueba correspondientes, podrá formular por escrito denuncia, ante el Congreso del Estado por las conductas a que se refiere el artículo 12 de la presente Ley.
ARTICULO 19.- Corresponde al Pleno del Poder Legislativo instruir el procedimiento relativo al Juicio Político y erigido en Gran Jurado declarará sobre la culpabilidad o inculpabilidad del denunciado. El Supremo Tribunal de Justicia en éste caso, impondrá la sanción.
ARTICULO 20.- Se dará inicio al procedimiento previa denuncia presentada por escrito, que deberá reunir los siguientes requisitos:
I.- Nombre y domicilio del denunciante;
II.- Nombre del servidor público denunciado e indicación del cargo que desempeña o desempeñó;
II (sic).- Relación sucinta de los hechos;
III.- Acompañar los elementos de prueba en que se apoya la denuncia;
IV.- Firma del denunciante; y
V.- Fecha de presentación.
ARTICULO 21.- La denuncia debe ser presentada ante el Secretario General del Poder Legislativo y ratificada en un plazo no mayor de tres días hábiles a su presentación.
Cuando la denuncia adolezca de alguno de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, III y VI del artículo que antecede, sea obscura o confusa, se prevendrá al denunciante para que en un plazo de cinco días hábiles aporte los requisitos omitidos o aclare los hechos denunciados.
Si en el plazo otorgado el denunciante no cumple con las prevenciones que se le formulen se tendrá por no presentada la denuncia.
A falta del requisito establecido en la fracción V del artículo 20 de esta Ley, se desechará de plano la denuncia.
En caso de que se hubiera omitido acompañar a la denuncia las pruebas en que se apoya, se requerirá al denunciante para que dentro del término de cinco días hábiles las exhiba, apercibido, que de no hacerlo se tendrán por no ofrecidas.
Cuando la denuncia no sea ratificada dentro del plazo previsto, se tendrá como no interpuesta.
Una vez ratificada la denuncia, no procede el desistimiento.
ARTICULO 22.- Una vez formado el expediente, el Secretario General del Poder Legislativo lo remitirá inmediatamente al Presidente del Congreso o al Presidente de la Diputación Permanente, quien lo turnará sin demora alguna a la Comisión de Justicia para que emita un dictamen, el cual deberá incluir, en caso de existir, los votos particulares de los disidentes. Formulado que fuere, la Comisión de Justicia enviará el dictamen en un plazo de veinte días hábiles al Congreso para que éste, en Pleno, lo discuta.
En caso de que la Comisión de Justicia emita dictamen negativo, declarará la improcedencia del Juicio Político y mandará archivar el expediente como asunto concluido.
En todo momento, la Comisión de Justicia tendrá la facultad de solicitar los informes que juzgue oportunos a toda clase de autoridades, así como copias certificadas de los documentos que obren en oficinas y archivos públicos, pudiendo además apersonarse en dichas oficinas, de manera colegiada o individual, para examinar expedientes, libros o constancias de cualquier especie, para la comprobación de la conducta o hecho materia de la denuncia; estableciendo las características o circunstancias del caso, precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado.
ARTICULO 23.- Una vez discutido el dictamen en el Pleno del Congreso, éste podrá declarar:
I.- La improcedencia del Juicio Político, en cuyo caso mandará archivar en forma definitiva; o
II.- La procedencia del Juicio Político, en cuyo caso nombrará la Comisión Instructora que estará integrada en términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
ARTICULO 24.- La Comisión Instructora, dentro de los tres días siguientes de la fecha en que hubiera recibido el expediente, hará llegar al denunciado copia de la denuncia y de las constancias que lo integren; emplazándole para que en un término de siete días hábiles siguientes a la notificación, en uso de su garantía de audiencia, conteste por escrito sobre la materia de la denuncia, ofrezca pruebas y designe defensor si lo desea.
ARTICULO 25.- Concluido el término de contestación de la denuncia, la Comisión Instructora procederá a la calificación, admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas dentro de un período de treinta días hábiles; pudiendo allegarse las demás que estime necesarias.
Si al concluir el termino señalado no hubiese sido posible desahogar las pruebas admitidas o es preciso allegarse de otras, la Comisión Instructora podrá ampliarlo en la medida que resulte necesario.
ARTICULO 26.- Concluido el desahogo de las pruebas, se pondrá el expediente a la vista del denunciado por diez días hábiles para que formule por escrito sus alegatos.
ARTICULO 27.- Transcurrido el término de alegatos, la Comisión Instructora formulará sus conclusiones dentro de los tres días hábiles siguientes, por las que propondrá:
I.- Si está o no legalmente comprobada la conducta o hecho materia de la denuncia;
II.- Si existe o no probable responsabilidad del enjuiciado; y
III.- La sanción que en su caso amerite imponerse;
ARTICULO 28.- Una vez emitidas las conclusiones a que se refiere el artículo anterior, la Comisión Instructora las entregará en un término de tres días hábiles al Secretario del Congreso para que dé cuenta al Presidente, quien las someterá al Gran Jurado en un término de cinco días hábiles para que resuelva sobre la imputación, y en su caso, solicite la imposición de la sanción u ordene su archivo.
ARTICULO 29.- Si el Gran Jurado resuelve que el denunciado es inocente, mediante la resolución de las dos terceras partes del total de sus miembros, éste continuará en el ejercicio de su cargo. Si encuentra que es culpable, quedará inmediatamente separado de él.
En caso de ilícitos oficiales de los Magistrados adscritos al Poder Judicial del Estado, las causas se llevarán hasta su fin ante el Congreso, el cual dictará sentencia.
ARTICULO 30.- Todo el procedimiento, desde la recepción de la denuncia hasta la fecha en que el Congreso en pleno resuelva, deberá agotarse dentro de su período ordinario de sesiones, o bien, dentro del extraordinario a que se convoque.
ARTICULO 31.- Recibida la resolución y petición del Gran Jurado por la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, su Presidente lo declarará erigido en Jurado de Sentencia dentro de las setenta y dos horas siguientes a la recepción de los documentos mencionados, procediendo la Secretaría de dicho órgano jurisdiccional a citar al acusado y a su defensor.
ARTICULO 32.- El día y hora señalado para la audiencia, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia declarará abiertos los trabajos de la misma y procederá conforme a las siguientes normas:
I.- La Secretaría dará lectura a las conclusiones formuladas por el Gran Jurado;
II.- Acto continuo, se concederá la palabra al servidor público o a su defensor, o a ambos, para que formulen sus pedimentos en proposiciones concretas; y
III.- A continuación, el Jurado de Sentencia, por medio del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, citará a las partes para sentencia y dará por concluida la sesión. La sentencia se pronunciará dentro de los tres días hábiles siguientes.
ARTICULO 33.- Todas las audiencias que se celebren en el Juicio Político, tanto del Gran Jurado como el de Sentencia, se llevarán a cabo en sesiones públicas, excepto cuando las buenas costumbres o el interés general requieran que sean secretas, lo que determinará, respectivamente, el Presidente del Congreso o el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
ARTICULO 34.- Las resoluciones dictadas por el Gran Jurado y por el Supremo Tribunal de Justicia tendrán el carácter de definitivas.
ARTICULO 35.- Para efectos de lo dispuesto por el Artículo 14 de la presente Ley, la resolución declarativa dictada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, surtirá efectos de denuncia ratificada y en ese caso, se observará el procedimiento establecido por este capítulo, a partir de la integración de la Comisión Instructora.
ARTICULO 36.- Si durante la tramitación de alguno de los procedimientos en que interviene el Congreso del Estado, éste entrara en receso, se suspenderán los términos que estuvieren transcurriendo, los cuales continuarán al iniciarse el siguiente período de sesiones, excepto si el propio Congreso estima necesario prorrogarlo o abrir un período extraordinario.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 2 DE FEBRERO DE 2015)
ARTICULO 37.- La comisión de delitos, por parte de cualquier servidor público de los mencionados en el Artículo 75 de la Constitución Política del Estado, será perseguida y sancionada en los términos de lo establecido por el Código Penal para el Estado de Aguascalientes y el Código Nacional de Procedimientos Penales, previa declaratoria de procedencia de conformidad con lo que establece la presente Ley.
Si se contraviene lo anterior, el Presidente de Congreso librará oficio al Tribunal que conozca de la causa, a fin de que suspenda su tramitación en tanto se resuelve si ha lugar a proceder, ordenando la inmediata libertad del servidor público si éste se encontrare detenido.
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)
ARTICULO 38.- La inmunidad de que están investidos los servidores públicos conocida como fuero constitucional, es la prerrogativa indispensable para la existencia y funcionamiento de las instituciones, protegiendo su independencia y autonomía al otorgarles la facultad de no comparecer ante la autoridad jurisdiccional, quien tiene la obligación de respetarla con relación directa al ejercicio de la acción penal, no a la facultad-deber que tiene la institución del Ministerio Público para investigar los hechos punibles que puedan ser probablemente constitutivos de delito, hasta en tanto el Congreso del Estado declare que ha lugar a proceder en su contra, satisfaciéndose de este modo, la condición previa de procedibilidad, que no constituye una excluyente de responsabilidad, sino un impedimento legal para que aquellos que gocen de esa prerrogativa, no queden sometidos a la potestad judicial.
ARTICULO 39.- La denuncia que se formule en contra de alguno de los servidores públicos que gocen de fuero, se presentará ante el Fiscal General del Estado, quien mandará practicar las diligencias necesarias para realización de la investigación correspondiente.
ARTICULO 40.- En el supuesto de que la denuncia sea en contra del Fiscal General del Estado, aquella se presentará ante el titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien designará a un Agente del Ministerio Público Especial para el solo efecto de que realice la investigación respectiva.
ARTICULO 41.- En los casos mencionados en los dos Artículos anteriores, la investigación se substanciará conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
ARTICULO 42.- Concluida la investigación y satisfechos los requisitos para el ejercicio de la acción penal, la remitirá al Congreso del Estado, el que la turnará a su Comisión de Justicia.
ARTICULO 43.- Recibidos los antecedentes de investigación, la Comisión de Justicia, dentro de los tres días hábiles siguientes, citará al Fiscal General del Estado o al Agente del Ministerio Público Especial, según corresponda, así como al servidor público denunciado, para que declaren lo que a sus intereses convenga.
La Comisión de Justicia, al momento de citar al servidor público involucrado, le dará a conocer el contenido de la investigación y le informará que tendrá derecho a designar Defensor, para que lo asista en la audiencia correspondiente.
ARTICULO 44.- Si a juicio de la Comisión de Justicia la imputación fuese notoriamente improcedente, lo hará saber de inmediato al pleno del Congreso para que éste resuelva si se continúa o no con el procedimiento.
ARTICULO 45.- La Comisión de Justicia deberá rendir su dictamen en un plazo no mayor de treinta días naturales y lo turnará al Secretario de la Mesa Directiva en funciones, para que éste dé cuenta al Presidente.
ARTICULO 46.- Recibido el dictamen, el Presidente de la Mesa Directiva en funciones del Congreso convocará a sesión dentro de los siguientes cinco días hábiles, citando a la misma al Fiscal General del Estado o al Agente del Ministerio Público Especial según corresponda, así como al denunciado y a su defensor, el día y hora que para tal efecto se señale, a fin de que si así lo desean, comparezcan a esa sesión.
ARTICULO 47.- En la sesión a que se refiere el Artículo anterior, el Presidente de la Mesa Directiva en funciones del Congreso, hará la declaratoria de que éste se erige en Gran Jurado; acto seguido la Secretaría dará lectura al dictamen de la Comisión de Justicia y se concederá la palabra al Fiscal General del Estado o al Agente del Ministerio Público Especial, según corresponda, y al denunciado o a su defensor, o a ambos si así lo solicitan para que aleguen lo que a su derecho convengan. Las partes podrán replicar y contrarreplicar por una sola vez y hecho lo anterior, se retirarán del recinto.
Retiradas las partes, el Gran Jurado declarará por consenso de las dos terceras partes del total de los Diputados si ha lugar a proceder en contra del denunciado.
ARTICULO 48.- Si el Congreso del Estado declara que ha lugar a proceder contra el servidor público denunciado, éste quedará inmediatamente separado de su cargo, devolviendo los antecedentes de investigación, junto con la declaratoria de procedencia relativa, a la Fiscalía General del Estado o al Agente del Ministerio Público Especial para que ejercite la acción penal correspondiente, sobre la que resolverá la autoridad jurisdiccional en términos de ley.
Si se emite declaratoria de improcedencia, el servidor público continuará en el desempeño de su cargo y no habrá lugar a procedimiento ulterior por los mismos hechos, en tanto no concluyan sus funciones.
ARTICULO 49.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado sólo será sujeto al procedimiento de declaratoria de procedencia, tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa del orden común así considerados por el Código Nacional de Procedimientos Penales.
ARTICULO 50.- Para proceder contra los jueces por la comisión de hechos punibles que puedan ser tipificados en términos de las figuras establecidas en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes, el Supremo Tribunal de Justicia emitirá declaración en el sentido de que ha lugar a formación de causa, en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Aguascalientes. Por virtud de esta declaración, aquellos quedarán suspendidos de sus cargos y sometidos al procedimiento penal correspondiente, conforme a las reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
ARTICULO 51.- Tratándose de delitos del orden federal cuya comisión se impute al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a los Diputados locales, a los Magistrados adscritos al Poder Judicial o a los miembros del Consejo de la Judicatura local, una vez recibida por el Congreso del Estado la Declaratoria de Procedencia por la Comisión de Delitos dictada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Legislatura Local procederá en lo pertinente conforme a lo previsto en la presente Ley.
El servidor público quedará a disposición de las autoridades competentes para que procedan conforme a la legislación aplicable, debiendo comunicar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la resolución que se dicte.
ARTICULO 52.- Las declaraciones y resoluciones que dicte el Congreso del Estado, son definitivas y no admiten medio de impugnación alguno.
ARTICULO 53.- En los juicios del orden civil, no hay fuero ni inmunidad para servidor público alguno.
ARTICULO 54.- Cuando la Comisión de Justicia del Congreso del Estado estime necesaria la comparecencia personal del acusado, será citado por conducto de quien la presida para que acuda el día y hora que sea señalado para el desahogo de tal diligencia, apercibiéndolo que de no hacerlo sin causa legal justificada, se presumirá que contesta en sentido afirmativo los cuestionamientos que se realicen, mismos que se harán constar en el acta de la sesión respectiva.
ARTICULO 55.- Se entenderá que el acusado ha contestado en sentido afirmativo cuando habiéndolo requerido el Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, para que informe por escrito sobre uno o varios hechos que se le imputen, no lo hiciere dentro del plazo que se le fije.
ARTICULO 56.- El Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado practicará todas las diligencias necesarias para la integración del expediente y la acreditación de los hechos materia del procedimiento.
ARTICULO 57.- Las comunicaciones y citaciones oficiales que deban girarse para la práctica de diligencias, se entregarán personalmente o se enviarán por correo certificado y con acuse de recibo.
ARTICULO 58.- Cuando esta Ley no señale término para la práctica de alguna diligencia, acto administrativo o para el ejercicio de algún derecho, se tendrá por señalado el de cinco días hábiles.
ARTICULO 59.- El Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, cuando se trate de diligencias que deban efectuarse fuera del lugar de residencia de éste, solicitará al Supremo Tribunal de Justicia que gire el exhorto correspondiente al juez competente, a cuyo efecto se remitirá al citado Tribunal el testimonio de las constancias recabadas.
El juez exhortado practicará las diligencias que se le encomienden al respecto, con estricta sujeción a las determinaciones que le comunique el Supremo Tribunal de Justicia en auxilio del Congreso del Estado.
ARTICULO 60.- Tanto el acusado como el denunciante, podrán solicitar de las oficinas o establecimientos públicos copias certificadas de documentos que pretendan ofrecer como prueba ante la Comisión de Justicia.
Las autoridades estarán obligadas a expedir dichas copias sin demora, y si no lo hicieren, el Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, a instancia del interesado, señalará a la autoridad omisa, un plazo razonable para que las expida, bajo apercibimiento de imponerle una multa de diez a cien veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado, tomando en consideración lo dispuesto por las fracciones I y V del Artículo 82 de la presente Ley, sanción que se hará efectiva si la autoridad no las expidiere. Si resultase falso que el interesado hubiere solicitado las constancias, la multa se hará efectiva en su contra.
Por su parte, el Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado solicitará las copias certificadas de constancias que estime necesarias para el procedimiento, y si la autoridad de quien las solicitasen no las remite dentro del plazo que se le señale, se le impondrá la multa a que se refiere el párrafo anterior.
ARTICULO 61.- El Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado podrá solicitar por sí o a instancia de los interesados, los documentos o expedientes originales ya concluidos y, la autoridad de quien se soliciten tendrá la obligación de remitirlos. En caso de incumplimiento se aplicará la multa establecida en el artículo anterior.
Dictada la resolución definitiva en el procedimiento, los documentos y expedientes mencionados deberán ser devueltos a la oficina de su procedencia, debiendo dejarse copia certificada de las constancias que la Comisión de Justicia del Congreso del Estado estime pertinentes.
ARTICULO 62.- No podrán votar en ningún caso los Diputados que hubiesen presentado la imputación contra el servidor público, ni aquellos que hayan aceptado el cargo de defensor, aún cuando lo renuncien después de haber comenzado a ejercerlo.
ARTICULO 63.- En todo lo no previsto en el Título Segundo de esta Ley, con relación a las discusiones y votaciones se observarán, en lo aplicable, las reglas que establecen la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para discusión y votación de las leyes. En todo caso, las votaciones deberán ser nominales para formular, aprobar o reprobar las conclusiones o dictámenes de la Comisión, y para resolver incidental o definitivamente en el procedimiento.
ARTICULO 64.- Cuando en el curso del procedimiento incoado a un servidor público se presentare nueva denuncia en su contra, se procederá respecto de ella con arreglo a esta Ley, hasta agotar la instrucción de los diversos procedimientos, procurando, de ser posible, la acumulación procesal.
Si la acumulación fuese procedente, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado formulará en un solo documento sus conclusiones, que comprenderán el resultado de los diversos procedimientos.
ARTICULO 65.- El Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado podrá disponer las medidas de apremio que fueren procedentes mediante acuerdo de la mayoría de sus miembros presentes en la sesión respectiva.
ARTICULO 66.- Las declaraciones o resoluciones aprobadas por el Congreso del Estado con arreglo a esta Ley, se comunicarán al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado si se tratase de alguno de los integrantes del Poder Judicial Estatal; y en todo caso al Ejecutivo Local para su conocimiento y posterior publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO 67.- Recibida por el Congreso del Estado la notificación de la declaratoria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión relativa al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Diputados Locales, Magistrados adscritos al Poder Judicial del Estado y miembros del Consejo de la Judicatura Local a que se refiere el Artículo 111 de la Constitución General de la República, se procederá como lo dispone la presente Ley.
ARTICULO 68.- En todo lo no previsto en los procedimientos que se contemplan en los Títulos Segundo y Cuarto de esta Ley, así como en la apreciación y valoración de las pruebas, se observarán, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
ARTICULO 69.- Son sujetos de responsabilidad administrativa, los servidores públicos y todas aquellas personas a que se refiere el Artículo 2° de esta Ley.
ARTICULO 70.- Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;
II.- Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir con las leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos públicos.
III.- Utilizar exclusivamente para los fines a que estén afectos, los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas, o la información confidencial que obtengan con motivo de sus funciones;
IV.- Custodiar y cuidar valores, documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, estén bajo su cuidado, o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebida de aquéllos;
V.- Proporcionar con oportunidad los informes y otorgar irrestrictamente las facilidades y apoyo que les soliciten las autoridades u órganos de control en el ejercicio de sus facultades;
VI.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de aquéllos;
VII.- Tratar digna y respetuosamente a sus subalternos;
VIII.- Respetar a sus superiores, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones;
IX.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que presta sus servicios, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo o las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba;
X.- Abstenerse de ejercer las funciones de su empleo, cargo o comisión después de concluido el período para el cual se le asignó o después de haber cesado, por cualquier otra causa, en el ejercicio de sus funciones, debiendo en todo caso entregar a quien su superior jerárquico designe o a quien legalmente deba sustituirlo, todos los recursos que haya tenido a su disposición, así como los documentos y asuntos relacionados con sus funciones en un término no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de su separación, debiendo levantarse acta administrativa circunstanciada ante el órgano de control que corresponda;
XI.- Abstenerse de ocupar más de una plaza presupuestal o desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión públicos por el que se disfrute de sueldo o que la Ley le prohiba, con excepción del ramo de la instrucción;
XII.- Abstenerse de autorizar a sus subordinados a no asistir sin causa justificada a sus labores por más de tres días continuos o quince discontinuos en un año, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones, cuando no estén justificadas;
XIII.- Abstenerse de seleccionar, contratar, nombrar o designar como servidor público a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; o a quien se encuentre sujeto a un procedimiento administrativo de responsabilidad.
XIV.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;
XV.- Informar por escrito al jefe inmediato o en su caso al superior jerárquico sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a los que se refiere la fracción anterior y que sean de su conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre esos asuntos cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos;
XVI.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener para sí o para las personas a que se refiere la fracción XIV, beneficios adicionales a las contraprestaciones que el Estado le otorgue por el desempeño de su función;
XVII.- Abstenerse de intervenir, participar o proponer la selección, nombramiento, designación, contratación o promoción de las personas mencionadas en la fracción XIV;
XVIII.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles, mediante enajenación a su favor, en precio notoriamente inferior al que tenga el bien de que se trate en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí o las personas a que se refiere la fracción XIV y que procedan de cualquier persona física o moral, cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales que se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión;
XIX.- Presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación patrimonial ante la Contraloría General del Estado en los términos que señala la Ley;
XX.- Informar al superior jerárquico todo acto u omisión de los servidores públicos sujetos a su dirección, que pueda implicar inobservancia de las obligaciones a que se refieren las fracciones de este artículo.
Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su superior jerárquico deba comunicarse a la Contraloría General del Estado, el superior procederá a hacerlo sin demora bajo su estricta responsabilidad;
XXI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de alguna disposición jurídica relacionada con el servicio público;
XXII.- Abstenerse de tener colaboradores en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que no sean servidores públicos, salvo aquellos que colaboren con motivo de programas de servicio social o prácticas profesionales;
XXIII.- Velar por la expedita administración pública, evitando en todo caso procedimientos innecesarios;
XXIV.- Atender con diligencia las instrucciones y resoluciones de la Contraloría General del Estado dictadas conforme a las disposiciones del presente ordenamiento;
XXV.- Abstenerse de impedir, por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, la formulación de quejas y denuncias; o que con motivo de las mismas, realice cualquier conducta injusta u omita una justa y debida, que lesione los intereses de los quejosos o denunciantes;
XXVI.- Proporcionar en forma oportuna y veraz, la información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que ésta pueda cumplir con sus atribuciones;
XXVII.- Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y la contratación de servicios y de obra pública, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Contraloría General del Estado, conforme a las disposiciones legales aplicables al titular de la dependencia o entidad de que se trate.
Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
XXVIII.- Proporcionar, en su caso, en tiempo y forma ante las dependencias competentes, la documentación comprobatoria de la aplicación de recursos económicos federales, estatales o municipales, asignados a través de los planes y programas respectivos;
XXIX.- Proporcionar el apoyo, asistencia y atención que requiera el órgano de control interno de la dependencia, organismo auxiliar, fideicomiso o municipio, a efecto de que pueda cumplir con las atribuciones que le señalen las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables;
XXX.- Abstenerse de tramitar o intervenir como abogado, representante, apoderado o en cualquier otra forma semejante, en la atención de asuntos de los que haya tenido conocimiento, tramitado o que se encuentren en el área en la cual se desempeñó como servidor público. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión;
(REFORMADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2009)
XXXI.- Abstenerse de realizar cualquier acto que implique distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;
XXXII.- Abstenerse de proporcionar apoyo o prestar algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, por sí o a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores, de manera ilegal;
XXXIII.- Abstenerse de modificar el sueldo base de cotización de los servidores públicos, a menos que ello se realice acatando lo dispuesto a este respecto en la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes; y
XXXIV.- Las demás que les impongan las leyes y disposiciones reglamentarias o administrativas.
ARTICULO 71.- Los servidores públicos que no cumplan con una o más de las obligaciones descritas en el artículo anterior, incurren en responsabilidad administrativa, motivando la instrucción de los procedimientos administrativos disciplinario o resarcitorio, ante los órganos correspondientes y la aplicación de las sanciones que en esta Ley se establecen.
De la Responsabilidad Administrativa Disciplinaria
ARTICULO 72.- La Responsabilidad Administrativa Disciplinaria, tiene por objeto regular y sancionar las conductas de los servidores públicos que infrinjan alguna de las disposiciones administrativas contenidas en el Artículo 70 de esta Ley, sin perjuicio de la existencia de otra de cualquier naturaleza; inclusive de la administrativa resarcitoria.
Se incurre en dicha responsabilidad, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones a que se refiere el Artículo 70 de esta Ley, dando lugar a la instrucción del procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios y a la aplicación de las sanciones contenidas en la presente Ley.
Sanciones Disciplinarias y Procedimiento Administrativo para Aplicarlas
ARTICULO 73.- En las dependencias, entidades y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal, así como en los Municipios y órganos autónomos que reciban o administren fondos del Estado, se establecerán módulos específicos a los que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente.
Dichas quejas o denuncias se remitirán en un plazo que no exceda de cuarenta y ocho horas a los órganos de control interno competente o a la Contraloría General del Estado, según corresponda, para que las quejas o denuncias del público sean atendidas y resueltas.
Lo propio harán, en la esfera de su competencia, los Poderes Legislativo y Judicial a través de sus órganos de control interno competentes.
ARTICULO 74.- El órgano de control interno competente o la Contraloría General del Estado, el superior jerárquico y todos los servidores públicos, tienen la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de quejas y denuncias a que se refiere el artículo anterior, y evitar que con motivo de las mismas se causen molestias indebidas a quién las formule.
ARTICULO 75.- La queja o denuncia deberá constar por escrito y reunir los siguientes requisitos:
I.- Nombre y domicilio de quien la formula;
II.- Hechos en que se funde;
III.- Pruebas que acrediten los hechos si obran en poder del quejoso o denunciante, o en su caso, señalar el lugar donde presuntamente se encuentran;
IV.- Fecha de su interposición; y
V.- Firma de quien la formula.
ARTICULO 76.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por queja, la presentada por el particular directamente afectado; y por denuncia, aquella que se presenta por cualquier tercero que tenga conocimiento del incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley.
ARTICULO 77.- Los servidores públicos deberán denunciar por escrito ante la Contraloría General del Estado o al órgano de control interno competente, los hechos que a su juicio impliquen incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos sujetos a su dirección.
La Contraloría General del Estado de oficio o a petición fundada del correspondiente órgano de control interno, podrá conocer de las infracciones que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
La Contraloría General del Estado informará al titular de la dependencia o entidad correspondiente, el inicio del procedimiento, a efecto de que nombre un representante ante la propia Contraloría a fin de que coadyuve con ésta durante la substanciación del mismo.
Tratándose de denuncias contra los servidores públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos que reciban o administren fondos del Estado, o de los Municipios, las mismas se presentarán ante sus respectivos órganos de control interno competentes para determinar la responsabilidad e imponer la sanción que proceda.
ARTICULO 78.- Son autoridades competentes para substanciar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa Disciplinaria e imponer las sanciones correspondientes las siguientes:
I.- En el Poder Ejecutivo: La Contraloría General del Estado, los órganos de control internos de cada una de las dependencias o entidades o de los organismos auxiliares, los cuales podrán identificar, investigar y determinar las responsabilidades de los servidores públicos, así como para imponer las sanciones disciplinarias a que se refiere el Artículo 80 de esta Ley;
II.- En el Poder Legislativo: El órgano competente de conformidad con su Ley Orgánica, respecto a sus servidores públicos, quien además podrá identificar, investigar y determinar la responsabilidad de Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos para imponer y aplicar las sanciones disciplinarias que correspondan en los términos de esta Ley;
III.- En el Poder Judicial: El Consejo de la Judicatura Estatal, o el órgano competente de conformidad con su Ley Orgánica, quienes podrán identificar, investigar y determinar las responsabilidades de sus servidores públicos, derivadas del incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el Artículo 70 de la presente Ley, así como imponer y aplicar las sanciones contempladas en el presente capítulo;
IV.- En los órganos autónomos que reciban o administren fondos del Estado: El órgano de control interno competente; y
V.- En los Municipios: El órgano de control interno municipal competente.
ARTICULO 79.- Los servidores públicos de la Contraloría General del Estado o del órgano de control interno competente, que incurran en responsabilidad administrativa, serán sancionados conforme al presente capítulo por quien disponga su reglamento interior.
ARTICULO 80.- Las sanciones por Responsabilidad Administrativa Disciplinaria consistirán en:
II.- Suspensión en el empleo, cargo o comisión;
III.- Destitución en el empleo, cargo o comisión;
IV.- Sanción económica; e
La suspensión en el empleo, cargo o comisión no podrá ser menor de tres días, ni mayor de treinta.
Tratándose de servidores públicos de base, la destitución se aplicará en los términos del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicios (sic) de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados o cualquier otro ordenamiento que la regule.
La inhabilitación temporal para ejercer un empleo, cargo o comisión dentro del servicio público no podrá ser inferior a tres meses, ni mayor de quince años.
Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro al servidor público o cause daños o perjuicios a la administración pública, será de uno a cinco años si el monto de los daños o perjuicios no excede de doscientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado; de cinco a diez años si el monto de aquellos excede de doscientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado pero no de quinientas; y de diez a quince años si excede de éste último límite.
La inhabilitación y la destitución podrán imponerse conjuntamente con la sanción económica.
Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en términos de esta Ley, pueda desempeñar nuevamente un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el superior jerárquico competente solicite autorización a la Contraloría General del Estado.
La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede, será causa de responsabilidad administrativa para el superior jerárquico en términos de esta Ley, quedando sin efecto el nombramiento o contrato que en su caso, se haya realizado.
ARTICULO 81.- Cuando se trate de sanciones económicas por beneficios obtenidos, o por daños y perjuicios causados por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 70 de esta Ley, se impondrá como sanción un monto igual a los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados, calculados según lo dispongan las disposiciones legales en materia fiscal vigentes.
ARTICULO 82.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos:
I.- La gravedad y frecuencia de la falta;
II.- Las circunstancias económicas del servidor público;
III.- La jerarquía del puesto y la responsabilidad que implique;
IV.- La antigüedad en el servicio; y
V.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado de la falta o incumplimiento de las obligaciones.
ARTICULO 83.- En la imposición y aplicación de las sanciones se observará lo siguiente:
I.- La amonestación, la destitución y la suspensión en el empleo, cargo o comisión serán impuestas por el órgano de control interno y aplicadas por el superior jerárquico;
II.- La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, será impuesta y aplicada por la Contraloría General del Estado o los superiores jerárquicos en los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los Municipios, a partir de las resoluciones que se dicten atendiendo a la gravedad de la infracción;
III.- La Contraloría General del Estado podrá aplicar las sanciones impuestas que no se ejecuten por el superior jerárquico, en el ámbito del Poder Ejecutivo, ya que la falta de cumplimiento a la resolución será causa de responsabilidad y se iniciará el procedimiento administrativo disciplinario en contra del superior jerárquico o del servidor público que le correspondiere llevar a cabo su aplicación;
IV.- Las sanciones económicas, serán aplicadas a través de la Secretaría de Finanzas por el superior jerárquico cuando no excedan de un monto equivalente a doscientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado, y por la Contraloría General del Estado o el órgano de control interno competente cuando sean superiores a esta cantidad;
V.- La Contraloría General del Estado estará facultada para aplicar cualquiera de las sanciones enunciadas en las fracciones que anteceden como resultado de la determinación de responsabilidades efectuadas por la misma;
Tratándose de faltas administrativas cometidas por los Presidentes Municipales, los Regidores, los Síndicos, los Consejeros Ciudadanos del Instituto Estatal Electoral o los titulares de los órganos autónomos que reciban o administren fondos del Estado, la imposición y aplicación de las sanciones a que se refiere este artículo corresponde al Congreso del Estado.
Con respecto a los demás servidores públicos municipales y los adscritos a los órganos autónomos que reciban o administren fondos del Estado, su imposición corresponde al órgano de control interno y su aplicación al Presidente Municipal o titular en su calidad de superior jerárquico.
ARTICULO 84.- La Contraloría General del Estado aplicará las sanciones correspondientes a los titulares y a los servidores públicos adscritos a los órganos de control interno de las dependencias, entidades y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal, cuando éstos incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa.
ARTICULO 85.- En el Poder Ejecutivo se entenderá por superior jerárquico al titular de la dependencia correspondiente y en los organismos auxiliares o entidades, al director general o al coordinador del sector, quienes aplicarán las sanciones disciplinarias cuya imposición se derive de esta Ley.
En los Poderes Legislativo y Judicial, serán superiores jerárquicos para efectos de esta Ley, el Presidente de la Mesa Directiva y el Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado, respectivamente quienes aplicarán las sanciones disciplinarias que establece la misma, salvo lo que dispongan sus respectivas leyes orgánicas.
En el gobierno municipal se entenderá por su superior jerárquico, al Presidente Municipal, al titular de la dependencia o unidad administrativa, quien aplicará las sanciones disciplinarias derivadas de esta Ley.
En los órganos autónomos se entenderá por superior jerárquico al titular del mismo o a su presidente tratándose de órganos colegiados.
ARTICULO 86.- El superior jerárquico o el órgano de control interno competente, al tener conocimiento de hechos o elementos que impliquen presunta responsabilidad penal de los servidores públicos, darán vista de ellos inmediatamente al Agente del Ministerio Público.
ARTICULO 87.- Las autoridades competentes para imponer las sanciones administrativas disciplinarias, se sujetarán al siguiente procedimiento:
I.- Recibida la queja o denuncia, la autoridad iniciará la investigación para determinar si se instaura en contra del presunto infractor el Procedimiento Administrativo Disciplinario de Responsabilidades.
En caso de que la autoridad no encuentre elementos suficientes para instaurar dicho procedimiento en contra del presunto infractor, procederá a desechar la queja o denuncia, lo que comunicará por escrito al denunciante o quejoso dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación de la queja o denuncia.
En el supuesto de que se encuentren elementos suficientes para instaurar el procedimiento, se le notificará al quejoso o denunciante, dentro del mismo término señalado en el párrafo anterior para que se presente, dentro del término de tres días hábiles siguientes a dicha notificación, a ratificar su queja o denuncia. Cuando ésta no sea ratificada dentro del plazo previsto se tendrá por no interpuesta.
II.- Una vez ratificada la denuncia o queja se acordará su admisión ordenando se notifique al presunto infractor el escrito por el que se le da a conocer la existencia de una queja o denuncia en su contra, corriéndole traslado con copias simples de la misma y sus anexos, con el fin de que esté en posibilidades de rendir un informe justificado de su actuación dentro del término de cinco días hábiles siguientes a dicha notificación, señalando su domicilio particular.
Si el presunto infractor, no rinde oportunamente su informe se tendrán por ciertos los hechos que se le imputan.
III.- Concluido el término para la presentación del informe justificado, la autoridad instructora competente dictará un acuerdo sobre su admisión, y en el mismo, otorgará un término de seis días hábiles al presunto infractor a efecto de poder ofrecer las pruebas que a su derecho convengan.
Una vez concluido el término de ofrecimiento de pruebas, la autoridad instructora competente dictará acuerdo mediante el cual admita o deseche las pruebas ofrecidas por el presunto infractor, además citará a una audiencia que no tendrá el carácter de pública en la que se desahogarán las pruebas admitidas, se rendirán alegatos y se citará para dictar resolución en un período que no exceda de treinta días hábiles.
Podrán ser ofrecidas toda clase de pruebas, con excepción de la prueba confesional de las autoridades. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informe de las dependencias, entidades u organismos auxiliares, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos.
En el caso de que la prueba ofrecida por el presunto infractor requiera de preparación para su desahogo, éste se obligará a presentar y facilitar los medios que convengan para su correcta diligenciación en la propia audiencia ante la autoridad instructora competente; en caso de no hacerlo se declarará desierta la probanza respectiva en su perjuicio. Sólo podrán ser rechazadas las pruebas propuestas por los interesados cuando no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto, sean improcedentes e innecesarias o contrarias a la moral o al derecho. Tal resolución deberá estar debidamente fundada y motivada.
La autoridad instructora competente podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios, sin más limitación que la establecida en la ley.
IV.- A la audiencia señalada por la autoridad instructora competente deberá comparecer el presunto infractor el cual podrá ser asistido por Licenciado en Derecho debidamente acreditado como tal, cuya participación se constreñirá a orientar y aconsejar al presunto infractor.
A la audiencia, podrá asistir un representante de la dependencia de adscripción del servidor público sujeto al procedimiento disciplinario, el cual será designado por el titular de la misma.
En el desahogo de la audiencia, se podrá interrogar al servidor público sobre todos los hechos y circunstancias que hayan motivado el procedimiento administrativo disciplinario y sean conducentes para el conocimiento de los hechos.
V.- Desahogadas las pruebas se oirán alegatos del presunto infractor y se citará para dictar resolución, misma que la Contraloría General del Estado o el órgano de control interno competente, emitirá dentro de los treinta días hábiles siguientes en la que se resolverá sobre la inexistencia de responsabilidad o se impondrán al presunto infractor las sanciones administrativas correspondientes, notificándose la resolución dentro de los cinco días hábiles siguientes al interesado.
De encontrar algún nivel de participación de un particular en un acto ilícito cometido por un servidor público al que se le determine una responsabilidad, la Contraloría General del Estado o el órgano de control interno deberá turnar el expediente o una copia certificada del mismo a la autoridad competente para que, en su caso, ejercite las acciones legales correspondientes.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene quien investigue para realizar las diligencias que estime pertinentes y llegar así al conocimiento verdadero de los hechos en los que se funde la queja o denuncia.
Si la Contraloría General del Estado o el órgano de control interno competente advierte que no cuenta con elementos suficientes para resolver o advierta nuevas causales de responsabilidad administrativa a cargo del presunto infractor o de personas podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u otras audiencias, notificando en ese momento al presunto infractor las nuevas infracciones administrativas que se le atribuyan y en su caso, a los otros presuntos responsables, para efectos de lo dispuesto en la fracción II del presente Artículo.
En cualquier etapa del procedimiento administrativo disciplinario, y de existir elementos suficientes que determine el monto aproximado del daño o beneficio indebido en detrimento del erario estatal o municipal, la Contraloría General del Estado o el órgano de control interno competente, solicitarán a la autoridad ejecutora del posible crédito fiscal, trabe el embargo precautorio en los términos de la Ley Fiscal aplicable para asegurar la reparación del daño o perjuicio causado.
VI.- En cualquier momento, previo o posterior al citatorio a que se refiere la fracción II del presente artículo, la autoridad competente podrá determinar la suspensión temporal del presunto infractor de su empleo, cargo o comisión, si a juicio de la misma así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute.
La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior, interrumpe los efectos del acto que haya dado origen al empleo, cargo o comisión, y que regirá desde el momento en que sea notificada al interesado, o éste quede enterado de la resolución por cualquier medio.
La suspensión cesará cuando así lo resuelva la autoridad competente, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este artículo.
Si el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de la falta que se le atribuye, será restituido en el goce de sus derechos y se le cubrirán íntegramente las percepciones que debió recibir durante el tiempo que estuvo suspendido.
Se requerirá autorización del Titular del Poder Ejecutivo del Estado o del Municipio que corresponda para dicha suspensión, cuando el nombramiento del servidor público de que se trate hubiese sido realizado por éstos; igualmente se requerirá autorización del Congreso del Estado, o en su caso de la Diputación Permanente, si dicho nombramiento requirió aprobación o ratificación de éstas, en los términos de la Constitución Política del Estado.
ARTICULO 88.- Se levantará acta circunstanciada de las diligencias que se practiquen, recabando las firmas de quienes participen o intervengan en ellas, haciéndose los apercibimientos en términos de Ley a quienes declaran con falsedad ante autoridad competente.
ARTICULO 89.- Los órganos de control interno competentes que impongan alguna de las sanciones previstas en esta Ley a servidores públicos a quienes se les haya determinado responsabilidad, deberán comunicarlo a la Contraloría General del Estado o sus correlativos en los Poderes Legislativo y Judicial así como de los Municipios en un término no mayor a cinco días hábiles a partir de la fecha en que la resolución cause estado, para inscribirla en el registro de servidores públicos sancionados, incurriendo en responsabilidad en caso de no hacerlo.
La resolución en la que se imponga una sanción a un servidor público deberá agregarse a su expediente personal para los efectos a que haya lugar.
ARTICULO 90.- La Contraloría General del Estado deberá llevar un registro actualizado de los servidores públicos que hayan sido sancionados y expedirá las constancias respectivas que acrediten la no existencia de inhabilitación. El Congreso del Estado, el Consejo de la Judicatura Estatal, los Ayuntamientos y los Organos que determinen las Leyes, comunicarán a la propia Contraloría, respecto de aquellos servidores públicos que hayan sido inhabilitados para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público en términos de esta Ley.
ARTICULO 91.- Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales del erario Estatal o Municipal en su caso, y se harán efectivas mediante el procedimiento económico coactivo de ejecución, las cuales tendrán la prelación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables en la materia.
ARTICULO 92.- Cuando por resolución firme, un servidor público resultare absuelto y haya lugar a la restitución de derechos o indemnización, la Contraloría General del Estado o el órgano de control interno competente supervisará su cumplimiento.
ARTICULO 93.- La ejecución de las sanciones administrativas impuestas en resolución firme, se llevará a cabo de inmediato en los términos que disponga la misma.
ARTICULO 94.- Cuando durante la instrucción del procedimiento relativo, el servidor público confiese su responsabilidad, se procederá de inmediato a dictar la resolución y se impondrán dos tercios de la sanción aplicable si es de naturaleza económica, salvo en el caso de causación de daños y perjuicios a la Hacienda Pública que deberá ser suficiente para indemnizarlos o resarcirlos. En todo caso, deberá restituirse cualquier bien o producto que se hubiese percibido con motivo de la infracción.
ARTICULO 95.- Para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere esta Ley, las autoridades podrán emplear los siguientes medios de apremio:
I.- Sanción económica de hasta veinte veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado; o
Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga el Código Penal para el Estado de Aguascalientes y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
De las Responsabilidades Administrativas Resarcitorias
ARTICULO 96.- Las responsabilidades administrativas resarcitorias, tendrán por objeto reparar, indemnizar o resarcir los daños o perjuicios que se causen a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, así como al patrimonio de los organismos auxiliares y fideicomisos públicos, mismas que se fijarán en cantidad líquida exigiendo se solventen de inmediato.
Estas responsabilidades se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución, y en su carácter de créditos fiscales, tendrán la prelación que corresponda en los términos de los ordenamientos fiscales aplicables.
Tratándose de servidores públicos, además de lo dispuesto por este artículo, procederá en su caso, la aplicación de sanciones administrativas disciplinarias en los términos del Capítulo Segundo de este Título.
ARTICULO 97.- La Contraloría General del Estado en funciones de auditoría, fiscalización, control, vigilancia e inspección como instrumentos y mecanismos de que dispone en el ejercicio de sus atribuciones, actuando directamente o a través de los órganos de control interno, podrá fincar pliegos preventivos de responsabilidad, cuando detecte irregularidades por actos u omisiones de servidores públicos en el manejo, decisión, autorización, recepción, aplicación, administración de fondos, valores y de recursos económicos del Estado o de aquéllos concertados o convenidos con la Federación y los Municipios, que se traduzcan en daños y perjuicios estimables en dinero, causados a la Hacienda Pública del Estado, del Municipio o al patrimonio de sus organismos auxiliares y fideicomisos públicos.
La Contraloría General del Estado es competente para fincar responsabilidades administrativas resarcitorias a presidentes, tesoreros y demás servidores públicos municipales, en los términos del párrafo anterior cuando se trate de fondos, valores y recursos económicos del Estado o de los concertados o convenidos con la Federación y los Municipios considerados como ingresos propios, siempre y cuando no se trate de desviación de recursos.
ARTICULO 98.- Las responsabilidades a que alude el artículo anterior, se fincarán:
I.- A los servidores públicos que hayan cometido las irregularidades administrativas; y
II.- A los servidores públicos que por la índole de sus funciones hayan autorizado los actos irregulares.
Los presuntos responsables garantizarán con el embargo precautorio en forma individual el importe de los pliegos preventivos, a reserva de la calificación o constitución definitiva de la responsabilidad.
ARTICULO 99.- La determinación o constitución definitiva de responsabilidades que regula este capítulo, será resuelta por la Contraloría General del Estado o por el órgano de control interno correspondiente.
Para la determinación o constitución definitiva a que alude el párrafo anterior deberá estarse al procedimiento administrativo que establece el Artículo 87, y en lo conducente a lo dispuesto por el Artículo 94 de esta Ley.
Estas disposiciones son aplicables a los servidores públicos de los Poderes Legislativo y Judicial y de los Municipios, así como de los Órganos Autónomos que reciban o administren fondos del Estado.
ARTICULO 100.- Las facultades de la autoridad para determinar o constituir responsabilidades en los términos de este Capítulo, se extinguen en un término de dos años contados a partir del día siguiente en que:
I.- Se hubiere cometido la infracción, a partir de la existencia de la Responsabilidad Administrativa Resarcitoria; pero si la infracción fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente al en que hubiere cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente;
II.- Se levante el acta que contenga el pliego preventivo de responsabilidad.
(REFORMADO, P.O. 27 DE AGOSTO DE 2012)
ARTICULO 101.- Las resoluciones que impongan sanciones administrativas, podrán ser impugnadas por el servidor público ante la propia autoridad que las emita, mediante recurso de revocación, que se interpondrá dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida, a excepción de la resolución que imponga una sanción que implique la determinación de un crédito fiscal, la cual podrá ser combatida de manera optativa ante la propia autoridad que la emite o mediante juicio ante la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado conforme a las disposiciones de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes.
ARTICULO 102.- En la tramitación del recurso de revocación la autoridad instructora se sujetará a las normas siguientes:
I.- Iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del servidor público le cause la resolución impugnada, acompañando copia de ésta y de su respectiva notificación, sin cuyos requisitos se desechará de plano;
II.- Acordará sobre la admisión del recurso; y
III.- Dictará resolución dentro de los diez días hábiles siguientes, notificándola al interesado y a su superior jerárquico en un plazo no mayor de setenta y dos horas.
ARTICULO 103.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida si lo solicita el promovente conforme a estas reglas:
I.- Tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza en los términos que prevenga el Código Fiscal del Estado;
b) Que la ejecución de la resolución recurrida cause daños o perjuicios de imposible reparación al recurrente; y
c) Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones, que impliquen perjuicio al interés social, al orden público y a los servicios colectivos.
ARTICULO 104.- La resolución que ponga fin al recurso de revocación no admitirá instancia administrativa alguna.
ARTICULO 105.- Las facultades para imponer las sanciones que esta Ley prevé, se sujetarán a lo siguiente:
I.- Caducan en un año, si la sanción administrativa disciplinaria a imponer es de amonestación y apercibimiento, suspensión en el empleo, cargo o comisión o si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede del equivalente a cien días de salario mínimo diario general vigente en el Estado;
II.- En los demás casos caducarán en tres años;
El plazo de caducidad se contará a partir del día siguiente de aquel en que se hubiere incurrido en responsabilidad o del momento de que hubiere cesado, si fuere de carácter continuo.
En todos los casos la caducidad a que alude este artículo se interrumpirá mediante cualquier gestión que se realice para la determinación de responsabilidad.
III.- El derecho de los particulares a solicitar la indemnización por reparación de daños y perjuicios, prescribirá en un año, contado a partir de la notificación que se le haga al particular de la resolución administrativa en donde se haya determinado la sanción por la responsabilidad administrativa del servidor público.
ARTICULO 106.- Una vez determinado el crédito fiscal como resultado del fincamiento de alguna Responsabilidad Administrativa Resarcitoria, éste se extingue por prescripción en el término de cinco años.
El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos.
ARTICULO 107.- El término para que se consume la prescripción se interrumpe:
I.- Con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor.
II.- Por el reconocimiento expreso o tácito por parte del deudor respecto a la existencia del crédito.
III.- Por cualquier gestión de cobro formulada por escrito que el deudor realice ante la autoridad fiscal.
De estos actos, gestiones o notificaciones, deberá existir una constancia escrita.
En estos casos, el nuevo plazo comenzará a contarse a partir de la fecha en que cese la interrupción.
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR EL PRESENTE ARTÍCULO VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO.
(REFORMADO, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2010)
ARTICULO 108.- La Contraloría General del Estado llevará el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Ejecutivo, sus dependencias, organismos públicos descentralizados, desconcentrados, fideicomisos en los que tenga participación, la de los Municipios y de organismos autónomos, de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables.
(F. DE E., P.O. 31 DE ENERO DE 2011)
Las Contralorías del Poder Legislativo y del Poder Judicial, llevarán el registro de la situación patrimonial de sus respectivos servidores públicos de conformidad con lo previsto en esta Ley y los demás ordenamientos que resulten aplicables.
(REFORMADO, P.O. 25 DE AGOSTO DE 2003)
ARTICULO 109.- Están obligados a presentar declaración de situación patrimonial, bajo protesta de decir verdad, los siguientes servidores públicos:
(REFORMADA, P.O. 19 DE JULIO DE 2010)
I.- En el Congreso del Estado: los diputados, el Auditor Superior del Estado, el Secretario General, los directores generales y los jefes de departamento;
II.- En el Poder Ejecutivo: todos los servidores públicos, desde el nivel de Jefes de Departamento o equivalente hasta el titular del Poder Ejecutivo del Estado, incluyendo Subcomandantes, Comandantes, Agentes del Ministerio Público, de la Policía Ministerial y Recaudadores de Rentas;
III.- En el Poder Judicial: desde el nivel de Actuario, Jueces Menores de las cabeceras municipales hasta los Magistrados del Poder Judicial;
IV.- En el Instituto Estatal Electoral: todos los servidores públicos que laboren en el mismo, desde el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente hasta el de Consejero Ciudadano y Presidente;
V.- En los Municipios: desde el nivel de Jefes de Departamento o equivalente hasta los Presidentes Municipales incluyéndose Subcomandantes, Comandantes, Síndicos y Regidores e integrantes de los Consejos Municipales.
Esta misma obligación la tendrán los servidores públicos que tengan a su cargo, una o más de las funciones siguientes;
a) Procuración y administración de justicia y reeducación social;
b) Representación legal titular delegada para realizar actos de dominio, de administración general o de ejercicio presupuestal;
c) Administración de fondos y recursos federales, estatales o municipales;
e) Resolución de trámites directos con el público para efectuar pagos de cualquier índole para obtener licencias, permisos, concesiones o cualquier otra clase de autorización; y
f) Adquisición o comercialización de bienes y servicios.
Asimismo, deberán presentar declaración de situación patrimonial los demás servidores públicos que determine el Contralor General del Estado mediante disposiciones generales debidamente fundadas y motivadas.
ARTICULO 110.- La declaración de situación patrimonial deberá ser presentada por los servidores públicos obligados a ello en los siguientes plazos:
I. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la toma de posesión del empleo, cargo o Comisión
II. Dentro del período comprendido entre el 1° de enero y 31 de marzo, correspondiente al año natural próximo anterior;
III. Dentro del período comprendido entre el día 1° de enero y 31 de marzo, si entre la fecha de la toma de posesión y el 31 de diciembre hay sesenta días naturales o más; y
IV. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se deje de desempeñar el empleo, cargo o comisión, por el período comprendido del 1° de enero próximo anterior y a la fecha de su conclusión.
El servidor público que en su declaración faltare a la verdad, será suspendido y cuando por su importancia lo amerite, destituido o inhabilitado de tres meses a tres años. En los casos que goce de fuero constitucional, será el Congreso del Estado quien determine la procedencia del Juicio Político.
ARTICULO 111.- Si transcurridos los plazos a que hacen referencia las fracciones I, II y III del artículo anterior, no se hubiere presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se aplicará al servidor público, previa instancia sumaria que conceda garantía de audiencia al omiso extemporáneo, una sanción pecuniaria consistente en quince días y hasta seis meses del total del sueldo base presupuestal que tenga asignado, previniéndosele en el caso de la fracción I, que de no rendir su declaración dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación del citatorio, será separado de su cargo. La Contraloría General del Estado notificará este hecho al superior jerárquico o a los titulares de las dependencias o entidades.
(REFORMADO, P.O. 20 DE MAYO DE 2013)
ARTICULO 112.- Si no se presenta la declaración a que se refiere la Fracción IV del Artículo 110, sin causa justificada, la Contraloría General del Estado inhabilitará al infractor por un año, asimismo, se practicarán las investigaciones necesarias en cuanto a su situación patrimonial y se dará vista al Ministerio Público si se presume la comisión de algún delito, para que se proceda conforme a las normas aplicables.
ARTICULO 113.- La Contraloría General del Estado expedirá las normas y formatos bajo los cuales el servidor público deberá presentar la declaración de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos que señalarán lo que es obligatorio declarar.
ARTICULO 114.- Si se trata de servidores públicos de elección popular, Magistrados adscritos al Poder Judicial; de los Consejeros Ciudadanos del Instituto Estatal Electoral y Organos Autónomos que reciban o administren fondos del Estado, los que no cumplan con lo señalado en el Artículo 110 de esta Ley, la Contraloría General del Estado lo comunicará al Congreso del Estado para que dicte las medidas pertinentes a lograr el cumplimiento.
ARTICULO 115.- La declaración de situación patrimonial inicial, anual y final deberá incluir los siguientes apartados, indicando fecha y monto de la operación:
I.- Sueldos, compensaciones, honorarios, gratificaciones y otras prestaciones laborales;
II.- Rentas, regalías, intereses y dividendos;
III.- Donaciones, herencias o legados;
IV.- Préstamos y financiamientos;
V.- Adquisición y venta de bienes muebles e inmuebles;
VI.- Venta de acciones, valores u otros;
VII.- Anticipos en adquisiciones y pago de adeudos;
VIII.- Apertura o incremento en cuentas bancarias;
IX.- En general, los bienes o ingresos que se obtengan o eroguen en términos de lo contemplado por los formatos de declaración de situación patrimonial.
También deberá manifestar los bienes de su cónyuge, concubina e hijos menores.
ARTICULO 116.- Para los efectos de esta Ley y del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, se considerarán como bienes adquiridos por los servidores públicos, todos aquellos de los que se conduzcan como dueños o de los que dispongan éstos, su cónyuge, concubina y sus dependientes económicos directos, salvo que acrediten legalmente que estos bienes los obtuvieron por otros medios lícitos ajenos al servicio público.
ARTICULO 117.- Si de la confrontación de las declaraciones de situación patrimonial se evidencian signos de riqueza notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, la Contraloría General del Estado turnará el expediente a la autoridad competente para que proceda conforme a la legislación penal y fiscal aplicable.
ARTICULO 118.- Se prohibe que los servidores públicos reciban para sí o para su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, así como para los padres y hermanos de su cónyuge, obsequios de personas respecto de las cuales en razón de la función que tengan encomendada, hayan tomado o deban tomar alguna decisión de trámite, despacho o resolución, con el ánimo de beneficiar indebidamente a éstos, dentro de un año anterior a la fecha del obsequio o dentro de un año posterior a la misma.
ARTICULO 119.- Para los efectos de esta Ley, se considera obsequio todo bien que reciban con motivo de sus funciones los servidores públicos, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado.
ARTICULO 120.- En los procedimientos administrativos de responsabilidades, para todo aquello relacionado a las formalidades procedimentales, notificaciones y apreciación de pruebas, serán aplicables supletoriamente las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 14 de Agosto de 1988, con sus reformas o adiciones publicadas en el Periódico Oficial del Estado en las siguientes fechas: 26 de Marzo de 1989, 17 de Mayo de 1992, 20 de Diciembre de 1992, 7 de Mayo de 1995, 30 de Agosto de 1998 y 12 de Febrero del 2001.
TERCERO.- Los procedimientos de responsabilidades administrativas, juicios políticos y de declaración de procedencia que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto, se continuarán substanciando conforme a las disposiciones de la Ley abrogada.
Dado en el salón de sesiones del H. Congreso del Estado, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil uno.- D.P., Jesús Adrián Castillo Serna.- D.S., Guillermo Zorrilla López de Lara.- D.S., Ernesto Ruiz Velasco de Lira.- Rúbricas".
Ernesto Ruiz Velasco de Lira.
Aguascalientes, Ags., 6 de noviembre de 2001.
P.O. 25 DE AGOSTO DE 2003.
P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004.
P.O. 14 DE JULIO DE 2008.
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
P.O. 13 DE JULIO DE 2009.
P.O. 19 DE JULIO DE 2010.
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las referencias realizadas a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda en la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Aguascalientes, y en otros ordenamientos jurídicos vigentes, se entenderán realizadas a la Comisión de Vigilancia, con todas las facultades inherentes.
P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2010.
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigencia el día 1º de diciembre del año 2010.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En un plazo de 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, la Contraloría General del Estado, remitirá a las respectivas contralorías, los expedientes que obren en su poder, relativos al registro de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a los Poderes Legislativo y Judicial; para los efectos previstos en este Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- En un plazo de 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, la Contraloría General del Estado, remitirá a las respectivas contralorías, los expedientes que obren en su poder, relativos a los procedimientos de responsabilidad que se encuentren en trámite en contra de los servidores públicos adscritos a los Poderes Legislativo y Judicial; para efectos de que se continúe con el procedimiento y se resuelva lo procedente en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.
P.O. 27 DE AGOSTO DE 2012.
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO. Dentro de los sesenta días siguientes al inicio de sus funciones, la Sala Administrativa y Electoral deberá expedir el Reglamento que rija su actuación; debiendo quedar abrogado el Reglamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Aguascalientes y el Reglamento Interior del Tribunal Local Electoral.
ARTÍCULO TERCERO. El proceso para la elección de dos Magistrados de la Sala Administrativa y Electoral, del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, que dio inicio con la Convocatoria emitida por el Consejo de la Judicatura Estatal, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 23 de julio de 2012, se regirá hasta su conclusión por las normas vigentes hasta antes del presente Decreto.
(ADICIONADO, P.O. 11 DE FEBRERO DE 2013)
ARTÍCULO CUARTO. Los Magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cuyo nombramiento haya sido expedido con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Número 243, no quedarán sujetos al proceso de reelección previsto por el Artículo 10 A, último párrafo, en relación al Artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que al concluir el período para el que fueron nombrados, podrán ser reelectos a través de la evaluación que de su desempeño realice el Consejo de la Judicatura Estatal y someta a la consideración del Congreso del Estado.
P.O. 11 DE FEBRERO DE 2013.
P.O. 20 DE MAYO DE 2013.
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia a los sesenta días naturales contados a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, a excepción del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes contenido en el Artículo Tercero.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de julio de 2003 mediante decreto número 97.
ARTÍCULO TERCERO.- La incorporación del sistema procesal penal acusatorio en el Estado de Aguascalientes será gradual, y en consecuencia la vigencia y aplicación del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes contenido en el Artículo Tercero del presente Decreto será progresiva, conforme a las siguientes fechas:
(REFORMADA, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2013)
I.- El 16 de junio de 2014 en el tercer partido judicial con sede en Pabellón de Arteaga, respecto de los hechos punibles considerados de querella previstos en el Artículo 166 del Código de Procedimientos Penales contenido en el Artículo Tercero, y de hechos punibles patrimoniales no violentos;
II.- El 5 de enero de 2015 en el cuarto y quinto partidos judiciales con sede en Rincón de Romos y Jesús María, respecto de los hechos punibles considerados de querella previstos en el Artículo 166 del Código de Procedimientos Penales contenido en el Artículo Tercero, y de hechos punibles patrimoniales no violentos;
III.- El 1 de junio de 2015 en el primer y segundo partidos judiciales con sede en Aguascalientes y Calvillo, respecto de los hechos punibles considerados de querella previstos en el Artículo 166 del Código de Procedimientos Penales contenido en el Artículo Tercero, y de hechos punibles patrimoniales no violentos;
IV.- El 1° de junio de 2015 en el tercer partido judicial con sede en Pabellón de Arteaga, respecto de los hechos punibles no considerados de prisión preventiva oficiosa;
V.- El 4 de enero de 2016 en el tercer partido judicial con sede en Pabellón de Arteaga, respecto de la totalidad de hechos punibles;
VI.- El 4 de enero de 2016 en el cuarto y quinto partidos judiciales con sede en Rincón de Romos y Jesús María, respecto de los hechos punibles no considerados de prisión preventiva Oficiosa; y
VII.- El 18 de junio de 2016, en el primer, segundo, cuarto y quinto partidos judiciales con sede en Aguascalientes, Calvillo, Rincón de Romos y Jesús María, respecto de la totalidad de hechos punibles.
Lo anterior con la salvedad del caso de que ya se hubiere incorporado alguna fase, principios procesales o derechos en legislaciones vigentes relacionadas con el Sistema Penal Acusatorio.
ARTÍCULO CUARTO.- Las disposiciones del Código de Procedimientos Penales contenido en el Artículo Tercero del presente Decreto, se aplicarán a hechos que ocurran a partir de las cero horas de las fechas y partidos judiciales en que de manera progresiva entre en vigencia el sistema procesal penal acusatorio, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio.
ARTÍCULO QUINTO.- Quedarán derogados los preceptos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes contenido en el Artículo Segundo del presente Decreto de manera progresiva y gradual, conforme a la incorporación del sistema procesal penal acusatorio en términos del Artículo Tercero Transitorio, con la salvedad de los procedimientos que se estén tramitando con base en sus disposiciones, en cuyo caso se seguirán aplicando hasta su resolución.
ARTÍCULO SEXTO.- A partir de que entre en vigencia el presente Decreto, en los trámites iniciados conforme a la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes abrogada, las autoridades que conozcan de la etapa procesal que corresponda, podrán efectuar la traslación y aplicación de las nuevas disposiciones procedimentales en la medida que sean conducentes.
En el caso del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, si éste denomina, penaliza o agrava de forma diversa descripciones típicas previstas en la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes abrogada, se estará a lo siguiente:
I.- Instaurado el proceso y sin que aún no se formulen conclusiones acusatorias, el Ministerio Público las formulará de conformidad con la traslación del tipo que resulte; y
II.- En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal respectivamente, podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta descrita en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
Las reglas establecidas en este transitorio también se aplicarán en lo conducente a los procedimientos tramitados con base en la Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Congreso del Estado preverá una partida especial para solventar las erogaciones necesarias para la adecuada implementación del sistema procesal penal acusatorio.
ARTÍCULO OCTAVO.- A partir del inicio de vigencia del presente Decreto, toda referencia a la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes que se realice en otras leyes se entenderá hecha al Código Penal para el Estado de Aguascalientes o al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, según corresponda.
P.O. 10 DE JUNIO DE 2013.
P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2013.
P.O. 2 DE FEBRERO DE 2015.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los procedimientos penales iniciados con antelación a la entrada en vigor de este Decreto, se regirán por las disposiciones vigentes al momento de su inicio.
ARTÍCULO TERCERO.- A partir del inicio de la vigencia del presente Decreto, toda referencia al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes que se realice en otras leyes, se entenderá hecha al Código Nacional de Procedimientos Penales.
ARTÍCULO CUARTO.- Los procedimientos penales iniciados por las conductas descritas en los tipos penales contemplados en los Artículos 122 y 123 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, que se derogan en el presente Decreto, se seguirán en los mismos términos, sin que a ello importe que haya traslación de tipo y sean ahora contemplados con sus mismos elementos típicos y sus mismas sanciones en las modalidades de la violación equiparada del Artículo 120 del mismo ordenamiento.
ARTÍCULO QUINTO.- En tanto no inicie su vigencia la autonomía de la Fiscalía General del Estado, las referencias tanto a la Fiscalía General del Estado como al Fiscal General del Estado del presente Decreto, se entenderán hechas a la Procuraduría General de Justicia y al Procurador General de Justicia respectivamente.
ARTÍCULO SEXTO.- En tanto no inicie su vigencia el Sistema Penal Acusatorio las referencias hechas en el presente Decreto a delitos de prisión preventiva oficiosa se entenderán realizada (sic) a delitos graves, según sea el caso.
[N. DE E. TRANSITORIO DEL “DECRETO NÚMERO 269: REFORMAS A LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES”.]
ARTICULO ÚNICO. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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References: Artículo 110
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 artículo 12
 artículo 20
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 Artículo 14
 resolución 
 Artículo 75
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 Artículo 82
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 Artículo 111
 Artículo 2
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 Artículo 70
 Artículo 70
 Artículo 80
 Artículo 70
 Artículo 70
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 Artículo 87
 Artículo 94
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 Artículo 110
 Artículo 110
 Artículo 10
 Artículo 10
 Artículo 166
 Artículo 166
 Artículo 166
 Artículo 120