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BOE.es - Documento BOE-A-2009-18731
Documento BOE-A-2009-18731
«BOE» núm. 283, de 24 de noviembre de 2009, páginas 99570 a 99593 (24 págs.)
BOE-A-2009-18731
El capítulo I – «Disposiciones Generales»– concreta el objeto de la Ley, su ámbito de aplicación y define algunos conceptos que son importantes para su comprensión.
Así, las disposiciones del capítulo II –«Libertad de establecimiento de los prestadores de servicios»– son de aplicación a todos los casos en que un prestador quiera establecerse en España. En primer lugar, el capítulo consagra el principio de libertad de establecimiento según el cual los prestadores de servicios españoles o de cualquier otro Estado miembro o los legalmente residentes en España podrán establecerse libremente en territorio español para ejercer una actividad de servicios de acuerdo con lo establecido en esta Ley. Una vez establecidos, los prestadores de servicios podrán ejercer su actividad en todo el territorio nacional, sin perjuicio de que para la apertura de un establecimiento físico en otra parte del territorio se pueda requerir una autorización.
El capítulo III –«Libre prestación de servicios para prestadores de otro Estado miembro»– suprime los obstáculos que se oponen a la libre circulación de los servicios por parte de los prestadores sin establecimiento en territorio español.
El capítulo IV –«Simplificación administrativa»– incluye varios preceptos dirigidos a la simplificación de los procedimientos.
El capítulo V –«Política de calidad de los servicios»– incluye las líneas de actuación en torno a las cuales las Administraciones Públicas fomentarán un alto nivel de calidad de los servicios así como las obligaciones de los prestadores, tanto respecto a la información que deben proveer como en materia de reclamaciones.
El capítulo VI –«Cooperación administrativa para el control efectivo de los prestadores»– está dirigido a facilitar una cooperación eficaz con las autoridades de los Estados miembros. Esta cooperación es muy importante en la medida en que el refuerzo de la confianza en el marco jurídico y en la supervisión de otros Estados miembros es necesaria para la eliminación de trabas a la libre prestación de servicios.
Artículo 4. Libertad de establecimiento.
Artículo 5. Regímenes de autorización.
b) Necesidad: que el régimen de autorización esté justificado por una razón imperiosa de interés general, y
Artículo 6. Procedimientos de autorización.
Artículo 7. Limitaciones temporales y territoriales.
No obstante lo anterior, las Administraciones Públicas podrán otorgar autorizaciones o solicitar comunicaciones o declaraciones responsables a los prestadores cuya eficacia esté limitada a una parte específica del territorio cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente, resulte proporcionado y no discriminatorio y de forma suficientemente motivada.
Asimismo, podrá exigirse una autorización, una comunicación o una declaración responsable individual para cada establecimiento físico cuando esté justificado por una razón imperiosa de interés general, resulte proporcionado y no discriminatorio. Cuando el prestador de servicios ya esté establecido en España y ejerza legalmente la actividad, estas autorizaciones o declaraciones responsables no podrán contemplar requisitos que no estén ligados específicamente al establecimiento físico a partir del cual pretende llevar a cabo dicha actividad.
Artículo 8. Limitación del número de autorizaciones.
Artículo 9. Principios aplicables a los requisitos exigidos.
Artículo 10. Requisitos prohibidos.
Artículo 11. Requisitos de aplicación excepcional sujetos a evaluación previa.
2. No obstante excepcionalmente, se podrá supeditar el acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio al cumplimiento de alguno de los requisitos del apartado anterior cuando, de conformidad con el artículo 5 de esta Ley, no sean discriminatorios, estén justificados por una razón imperiosa de interés general y sean proporcionados.
Artículo 12. Libre prestación de servicios.
Artículo 13. Excepciones a la libre prestación de servicios.
Artículo 14. Medidas excepcionales por motivos de seguridad de los servicios.
Artículo 15. Procedimiento aplicable para la adopción de medidas excepcionales por motivos de seguridad de los servicios.
Artículo 16. Restricciones y discriminaciones prohibidas.
Artículo 17. Simplificación de procedimientos.
Artículo 18. Ventanilla única.
Artículo 19. Garantías de información a través de la ventanilla única.
Artículo 20. Fomento de la calidad de los servicios.
Artículo 21. Seguros y garantías de responsabilidad profesional.
Artículo 22. Obligaciones de información de los prestadores.
Artículo 23. Obligaciones de los prestadores en materia de reclamaciones.
Artículo 24. Comunicaciones comerciales de las profesiones reguladas.
Artículo 25. Actividades multidisciplinares.
a) Las profesiones reguladas, en la medida en que sea necesario para garantizar el cumplimiento de requisitos deontológicos distintos e incompatibles debidos al carácter específico de cada profesión, siempre que los mismos se justifiquen de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 5 de esta Ley.
Artículo 26. Acciones de cesación.
Artículo 27. Obligaciones generales de cooperación.
Artículo 28. Obligaciones de información de los prestadores.
Artículo 29. Supervisión de prestadores establecidos en territorio español.
Artículo 30. Supervisión de prestadores establecidos en otro Estado miembro.
Artículo 31. Mecanismo de alerta.
Artículo 32. Información sobre la honorabilidad del prestador.
Disposición adicional primera. Intercambio electrónico de información.
Disposición adicional segunda. Inclusión de otros trámites en la ventanilla única.
Disposición adicional tercera. Comité para la mejora de la regulación de las actividades de servicios.
Disposición adicional cuarta. Notificación a la Comisión Europea.
Disposición adicional quinta. Régimen de infracciones y sanciones.
Disposición adicional sexta. Impuesto General Indirecto Canario e Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Disposición final tercera. Habilitación normativa y cumplimiento.
Disposición final cuarta. Compensación de deudas en caso de responsabilidad por incumplimiento.
Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus competencias, incumplieran lo dispuesto en esta Ley o en el Derecho comunitario afectado, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado por las instituciones europeas asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubieran derivado. La Administración del Estado podrá compensar dicha deuda contraída por la administración responsable con la Hacienda Pública estatal con las cantidades que deba transferir a aquella, de acuerdo con el procedimiento regulado en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. En todo caso, en el procedimiento de imputación de responsabilidad que se tramite se garantizará, la audiencia de la Administración afectada.
Disposición final quinta. Adaptación de la normativa vigente.
Fecha de disposición: 23/11/2009
Entrada en vigor: 24 de diciembre de 2009, excepto arts. 17.2, 17.3, 17.4, 18 y 19 que lo harán el 27 de diciembre de 2009.
SE MODIFICA los arts. 5.b), 7.3, 11.2 y 25.2.a), por Ley 20/2013, de 9 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-12888).
SE DEROGA la disposición final 4, por Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio (Ref. BOE-A-2013-7062).
TRANSPONE parcialmente la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre (Ref. DOUE-L-2006-82665).

References: Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 5

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25
 artículo 5

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32