Source: http://justiciabol.blogspot.com/2016/05/
Timestamp: 2019-10-16 09:42:55+00:00

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Justicia en Bolivia: May 2016
Valencia asume y TCP no irá a Cumbre de Justicia
El magistrado Oswaldo Valencia asumió la presidencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y anunció que esa instancia no participará de la Cumbre de Justicia, convocada por el Gobierno para el 3 y 4 de junio en Sucre.
"En observancia de las competencias y atribuciones que tiene este Tribunal y por la seriedad, responsabilidad y resguardo, se ve imposibilitado de participar como magistrados en dicho evento", aseveró la autoridad tras jurar como nuevo titular.
Argumentó que "los resultados podrían generar modificaciones no solo a las normas constitucionales sino también legales o en otro caso creación de otras normas, las cuales pueden llegar a ser sometidas a procedimientos o consultas".
Explicó que dicha determinación se adoptó en la última sesión plenaria, luego de un amplio análisis y debate. "Se celebra el desarrollo de dicho trascendental evento, tendiendo al mejoramiento del sistema judicial boliviano", resaltó antes de anunciar que no asistirán a la convocatoria.
Según se prevé, la Cumbre centrará su debate modificaciones a los mecanismos de elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional y de los miembros del Consejo de la Magistratura.
El Gobierno admitió en varias oportunidades que fue un "error" que se de paso a la elección por voto universal de los tribunos, dejando de lado el aspecto cualitativo. Ahora el Ejecutivo busca enmendar esa falla junto a las organizaciones sociales.
Puedes ver: Ministra anuncia cambios a cuatro artículos de la CPE
El nuevo presidente del TCP, elegido por mayoría, es licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Superior e Historia del Oriente Boliviano, tiene tres maestrías y realizó pasantías en el Tribunal Constitucional de Madrid y Escuela de Jueces de Barcelona.
León se desvanece y piden atención para su salud
Aún no se aclara su situación jurídica a 14 días de estar detenido. El exabogado de Gabriela Zapata, Eduardo León, se desvaneció antes de declarar por el proceso que le siguen los ministerios de Transparencia y Defensa por supuesta falsificación de su libreta militar.
"Mi esposo está delicado, están poniendo en riesgo su vida. Esta mañana se puso otra vez mal y lo ponen en una oficina, sin hacer absolutamente nada. Se desvaneció, ayer en la noche pedí que lo atiendan y me dijeron que tengo que seguir el conducto regular", dijo su esposa, Graciela Mendoza.
Pese a que una juez dispuso su detención domiciliaria, con posibilidad a trabajar, el jurista permanece en celdas judiciales debido a la falta de un custodio. Esta jornada fenece el plazo judicial dispuesto para que se cumpla la orden que dispone además su arraigo.
"¿Quién me va a responder por la vida de mi esposo? Tengo dos hijas, les ruego que le den el custodio y se pueda tratar de su gastritis, él en cualquier momento puede morir, si le pasa algo, quién va a responder", agregó la mujer, visiblemente afectada por la situación.
Ayer la Dirección de Régimen Penitenciario informó que no cuenta con custodios hasta dentro de 10 días. Su defensa presentó un memorial en el que ofrece la contratación de tres custodios para que el abogado vuelva a su casa, se espera que ese hecho se dirima en las próximas horas.
"Soy una persona con convicción, no me voy a caer y de frente les digo: lo que ellos (los del Gobierno) buscan es acabar no solamente ni libertad y con mi vida", dijo la pasada jornada quien fuera defensor de la exnovia de Evo Morales.
Cochabamba Habilitan 4 ascensores para litigantes
Los litigantes, jueces y trabajadores que acuden al Tribunal Departamental de Justicia cuentan con el servicio de ascensores inteligentes de última tecnología para desplazarse por los nueve pisos de la institución.
Después de un año de instalación y prueba ayer fueron inaugurados por autoridades del Órgano Judicial. Tres son para el uso de litigantes y el otro para jueces y vocales.
Los ascensores se utilizan a través de tres pasos: el litigante debe introducir el número del piso al cual se dirige en una pantalla táctil, luego debe presionar “#” y después entrar a uno de los ascensores que indica la pantalla.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Rudy Siles, resaltó que los ascensores fueron cambiados después de 20 años, porque cumplieron su ciclo de vida. Ahora, adultos mayores, personas con discapacidad y niños serán los más beneficiados.
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Fidel Marcos Tordoya, agradeció al representante nacional de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) del Órgano Judicial, Roger Palacios, la adquisición de los equipos. Recordó que Cochabamba es el único distrito judicial del país en contar con un ascensor “exclusivo” para jueces y vocales desde el sótano hasta el último piso para velar por su seguridad.
Palacios indicó que la adquisición, adecuación e instalación de los ascensores fue encarada por la empresa JYC, en 327 días, con una inversión de 2,2 millones de bolivianos.
“Son equipos más modernos que los anteriores, de última tecnología, más veloces y cuentan con sistema de llamadas”, explicó. Asimismo, anunció la construcción de un nuevo bloque de ocho pisos para “brindar mayor acceso a la justicia”, en 2017.
Distintos abogados coincidieron en señalar que jueces y fiscales vulneran constantemente los derechos de los aprehendidos en celdas judiciales de La Paz mediante la exigencia de formalidades judiciales y cumplimiento de trámites administrativos que llevan al sindicado a estar retenido más de las 24 horas establecidas por la Constitución Política del Estado (CPE).
El caso del abogado Eduardo León reveló una serie de irregularidades en los procesos judiciales. A León ya lo ha beneficiado un fallo de arresto domiciliario, pero la falta de un custodio policial y problemas con el sistema informático de arraigo impiden que salga de su celda, en la que cumplirá, este martes, 14 días.
El abogado constitucionalista Williams Bascopé, dijo a ANF que "el caso del doctor León, le ocurre a todos, hay gente que se queda días y días porque no encuentra custodio, no encuentra la fianza y eso es un atropello al derecho a la libertad que está en la Constitución (…). Por lo menos unos siete detenidos que he defendido en estos meses han sufrido este tema, (estuvieromn aprehendidos) más de lo dispuesto por el juez".
El abogado indicó que esta situación la sufre el 70% u 80% de las personas implicadas en procesos judiciales que por no cumplir con formalidades como la presentación de un custodio están retenidas varios días en celdas judiciales. Lamentó que las formalidades judiciales muchas veces pasan por encima del derecho a la libertad de una persona.
Por su parte, la abogada Audalia Zurita manifestó que tiene conocimiento de que muchas personas sufren estos atropellos, el de estar retenidas en celdas por encima del tiempo de aprehensión establecida por ley y esto es responsabilidad compartida de jueces, fiscales y funcionarios judiciales.
"Estos casos pasan inadvertidos porque son casos de crímenes comunes", indicó.
Asimismo, el abogado Ernesto Vásquez explicó que la CPE establece que una persona no puede estar retenida más de 24 horas en una celda pero que en la práctica ello no se cumple y el tiempo mínimo que los afectados están aprehendidos es de 48 horas.
"El Ministerio Público ha asumido que tiene 24 horas para hacer la investigación preliminar en caso con aprehendido, y dentro de esas 24 horas la Policía tiene ocho para informar al fiscal que tiene a un detenido y a partir de estas ocho horas el fiscal se da 16 horas más para realizar la imputación ante el juez que va a conocer el caso", explicó el jurista.
Agregó que al informar del caso al juez, éste "ha entendido que tiene 24 horas adicionales para señalar el día y hora de la audiencia y para realizar la audiencia de consideración de medidas cautelares".
Incluso personas aprehendidas por 48 horas que se favorecieron con la libertad pura y simple deben pasar por lo menos un día más en celdas para completar sus trámites administrativos.
Aparte del caso de León, que este martes cumple 14 días detenido, otro ejemplo llamativo es del senador del MAS, Jorge Choque, quien estuvo aprehendido 15 días por el caso Fondo Indígena y al no encontrar custodio policial fue liberado.
Incertidumbre a pocos días de la Cumbre de Justicia
A tres días de que se lleve adelante la esperada Cumbre de Justicia Plural del país en Sucre, hay mucha incertidumbre por las propuestas y contrapropuestas encontradas.
Hasta el momento, ninguna de las propuestas que lleva adelante el Ministerio de Justicia no logran tener mayor apoyo de la ciudadanía ni de los sectores sociales que participarán en este evento nacional.
El 3 y 4 de junio están marcados como los días en que se debatirán las propuestas para mejorar el sistema judicial que hay en el país y se ha visto duramente criticado en los últimos años.
Posición. La ministra de Justicia, Virginia Velazco, remarcó que después de desarrolladas las precumbres departamentales de Justicia, seis de nueve regiones de Bolivia coincidieron en enfocar su propuesta con una modificación a la Constitución Política del Estado (CPE), para cambiar cuatro artículos, los cuales determinan la eliminación del voto popular en la elección de autoridades judiciales.
Los 4 artículos mencionados por la autoridad determinan el sufragio universal para los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (Artículo 182); para los magistrados del Tribunal Agroambiental (Artículo 188); para las autoridades del Consejo de la Magistratura (Artículo 194) y para los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (Artículo 198).
Aseguró que el motivo para que se debata estos artículos responde a irregularidades como la retardación de justicia, corrupción, maltrato a la población e incumplimiento de plazos procesales.
Observaciones. Sin embargo, esto que a decir de la misma ministra fue el consenso en las cumbres departamentales, es cuestionado desde la oposición, sectores sociales involucrados en el área e inclusive por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Marcelo Arrázola, presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, señaló estar en desacuerdo con esta posición. "Se debe mantener la elección de magistrados, pero validando la meritocracia de cada uno de los candidatos", dijo.
Con una misma línea se manifestó el presidente de la CSUTCB, Edwin Colque, quien aseguró que se debe respetar lo que establece la CPE y respetar la elección democrática de la justicia.
Finalidad. Desde la oposición se rechazó la propuesta basada en otros argumentos.
Consideran que la anulación de la elección de magistrados, habilitará la posibilidad de una selección de magistrados de forma directa por el presidente Evo Morales, lo que provocaría la "politización de la justicia".
Magistratura difiere examen
El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, informó ayer que el examen de competencia para los postulantes a jueces fue diferido hasta el 3 de junio y que la convocatoria para vocales fue declarada desierta.
"Por determinación de la comisión del proceso de selección, queda postergado el examen de los postulantes a jueces para el viernes 3 de junio en los nueve distritos, esta prueba debería haberse rendido hoy (lunes). Asimismo, se declaró desierta la convocatoria para vocales por el insuficiente número de postulantes", dijo según la agencia ABI.
Choque indicó que a la brevedad posible se modificará el reglamento de convocatoria para la selección de vocales, considerando una serie de aspectos que serán de conocimiento público en el curso de las siguientes horas.
El Consejo de la Magistratura habilitó a 497 postulantes a jueces para ocupar 23 acefalías.
a abogada Leni Moya informó que se prepara un nuevo proceso penal en contra del exfiscal Humberto Quispe, luego de que se conociera una nueva sanción disciplinaria en su contra, por parte de la Fiscalía General, que halló a la exautoridad responsable de la difusión de información falsa y de realizar operativos ilegales.
Conozca qué es la Cumbre de Justicia y su agenda
Esta semana estará marcada por la Cumbre nacional de Justicia que se desarrollará en Sucre. EL DEBER te resume en cinco puntos qué es esta cumbre y cuáles son los temas importantes de su agenda.
1. ¿Qué es la Cumbre nacional de Justicia?
La Cumbre de Justicia Plural para Vivir Bien se realizará este viernes 3 y sábado 4 de junio de este año, en Sucre, será un espacio de articulación social e institucional, que sentará las bases para reformar el sistema de justicia en el país, incluyendo un cambio parcial de la Constitución para abolir la elección por voto popular de los magistrados del Órgano Judicial.
2. Sus principales objetivos
La cumbre busca el cambio estructural del sistema de justicia en el corto, mediano y largo plazo, establecer las bases de una nueva política criminal y evaluar la forma de elección de magistrados y consejeros de la justicia.
3. Seis temáticas definidas
Los seis ejes temáticos definidos para esta cumbre son:
- Modalidad de elección de magistrados y consejeros.
- Acceso a la justicia plural.
- Retardación de justicia.
- La corrupción en el sistema de justicia.
- Política criminal y justicia penal.
- Formación, ingreso, capacitación y régimen disciplinario de servidores judiciales y profesionales abogados.
4. Las 'precumbres'
Las precumbres de justicia se realizaron durante este mes en los nueve departamentos del país, en las que se recogieron las principales propuestas ciudadanas que se tomarán en cuenta para el debate. Una de las más importantes es el acortamiento del mandato de las autoridades judiciales.
5. Reformar tres artículos
En la cumbre se analizará la posibilidad de reformar los artículos 182, 188, 194 y 198 de la actual Constitución, con lo que quedaría eliminada la elección por voto popular de los magistrados de los tribunales Constitucional, Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y Agroambiental, sistema que se aplicó en 2011, pero que ahora es considerado por el propio oficialismo como un ‘fracaso’.
León anuncia proceso penal contra jueces y fiscales
El abogado Eduardo León anunció hoy que iniciará un proceso penal por delitos de incumplimiento de deberes contra las autoridades judiciales que vulneraron sus derechos durante el proceso que se lleva en su contra.
León fue aprehendido el 17 de mayo por los delitos de trata de personas, asociación delictuosa, entre otros. Pasaron 15 días, desde entonces, y continúa retenido en celdas judiciales. Por nueve días varios jueces se excusaron de atender el caso y una comisión de fiscales corrigió en varias ocasiones la imputación que pesa en su contra. Ahora no puede salir en detención domiciliaria porque no hay un policía disponible en el país para que lo custodie.
Los jueces implicados son Enrique Morales, Margot Pérez, Jorge Castillo y también la comisión de fiscales integrada por Cristian Lanza, Mariana Montero y Susana Boyan. Anteriormente, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, el Consejo de la Magistratura y el Colegio de Abogados de La Paz pidieron que estas autoridades sean investigadas y procesadas.
"(Mi retención en celdas) es algo inaudito, es algo inaceptable, es algo burdo, es algo totalmente criminal porque ahora vamos a iniciar una demanda penal contra todos aquellos jueces que se han excusado de conocer esta causa y contra la comisión de fiscales que también ha actuado de manera artera e ilegal en contra mía", aseguró León.
El abogado dijo que sigue en celdas judiciales por décimo quinto día a pesar de que la Jueza segundo de Instrucción Penal de El Alto dictó que tenga detención domiciliaria previo cumplimiento de requisitos y mientras continuará retenido. Para León esta situación es inaudita porque existen muchos obstáculos para cumplir con la estipulación de la jueza.
Aseguró que ya cumplieron con la fianza y el tema del arraigo y solo falta el custodio policial. El abogado dijo que este último requisito no se ha cumplido porque no hay efectivos policiales disponibles y corresponde a Régimen Penitenciario hacer la designación.
León señaló que analizará la actuación del Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, porque en lo que va del proceso "deja mucho que desear".
Vacación judicial será 25 días en diciembre de cada año
La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, de la Cámara de Diputados, analiza la modificación del artículo 126 de la Ley 025, que prevé que la vacación judicial sea de 25 días en diciembre de cada año.
El presidente de esa instancia legislativa, Lino Cárdenas Ortega, explicó que la norma ya fue aprobada en el Senado, en sus dos instancias, y se espera que en el curso de los próximos días se remita el informe de Comisión al pleno camaral para su consideración.
“El artículo 126 de la Ley 025 establece que los magistrados, jueces, vocales, jueces disciplinarios, así como los funcionarios de apoyo judicial y servidores comunes gozarán de una vacación anual colectiva de veinticinco días calendario en el mes de diciembre, que será regulada y programada por el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunales Departamentales de Justicia y el
Tribunal Agroambiental en coordinación con el Consejo de la Magistratura”, manifestó.
Aunque aclaró que el Tribunal Supremo y Tribunales Departamentales de Justicia deberán garantizar la continuidad del servicio judicial en todas sus materias. En ese contexto, esa entidad, a tiempo de inaugurar el año judicial, dará a conocer la fecha de iniciación de esa temporada vacacional.
Hoy rinden examen 497 candidatos a jueces y vocales
El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, informó que hoy 497 postulantes a cargos de jueces y vocales rendirán examen de competencia a nivel nacional.
“Con la evaluación de méritos se cumplió la segunda fase en la selección de personal a jueces y vocales. La tercera etapa consiste en el examen de competencia que los postulantes deben rendir”, manifestó.
Explicó que el texto de la prueba fue elaborado por un grupo de profesionales en el área del Derecho y que los aspirantes ya fueron comunicados sobre la hora y el lugar donde rendirán el examen.
Choque adelantó que los 497 postulantes aspiran a una plaza de 23 acefalías para jueces y vocales que serán distribuidos en los nueve departamentos del territorio nacional.
Velasco pide propuestas al TCP en Cumbre Judicial
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, pidió a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a participar con propuesta en la Cumbre Nacional de Justicia, el 3 y 4 de junio, después que esa institución deslizara la posibilidad de marginarse del evento.
“Es el momento de la unidad, de construir juntos y de aportar con un grano de arena a la justicia en Bolivia”, manifestó.
Esta semana, el presidente del TCP, Oswaldo Valencia, dijo que la institución podría marginarse de esa cumbre tomando en cuenta que el evento podría establecer una reforma constitucional o legislativa y la máxima instancia del órgano Judicial tendría que hacer el control respectivo a la iniciativa. (ABI)
Gobierno dice que hay pedidos para modificar la Constitución
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, anunció hoy que en seis de los nueve departamentos se pidió la modificación parcial de la Constitución Política del Estado, vigente desde 2009, con el propósito de eliminar la elección de magistrados por voto popular.
"Nada cambió (con los magistrados elegidos por el voto popular) pese a que pasaron seis años.Hay pelea interna entre ellos, cuoteo, no eligieron buenos jueces y optaron por sus amiguitos. Por eso es que en seis de nueve departamentos, hablamos de Cochabamba, Pando, Beni, Tarija, Oruro y Santa Cruz optaron por desistir del voto popular”, dijo Velasco.
Precisó que sólo en los departamentos de La Paz, Chuquisaca y Potosí, se pronunciaron a favor de mantener el voto popular para la elección de autoridades judiciales.
El jueves, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, anunció que el Legislativo prepara una propuesta para mejorar la justicia, la que estaría orientada al tema de la "elección de autoridades judiciales, el sistema penal y la lucha contra la corrupción”.
El cambio a la Carta Magna se produciría después de la Cumbre Judicial, prevista para los días 3 y 4 de junio próximo en la ciudad de Sucre. La modificación se haría de los artículos 182, 188, 194 y 198 de la Constitución, con lo que quedaría eliminada la elección por voto popular de los magistrados de los tribunales Constitucional, Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y Agroambiental.
"Ha habido un debate con relación a la modificación de la Constitución Política del Estado en los artículos 182, 188, 194 y 198. Los asistentes han señalado que se modifique. El artículo 182 se refiere al voto popular (para la elección de los magistrados)”, dijo Velasco.
La ministra de Justicia admitió que la elección de magistrados vía voto popular, planteada por el oficialismo, fracasó en seis años de vigencia. Por ello, explicó, las organizaciones sociales y miembros de la sociedad civil que asistieron a las precumbres de justicia exigieron, en seis de los nueve departamentos, la eliminación del voto popular para la elección de magistrados.
"Nosotros como ciudadanos, ciudadanas, bolivianos y bolivianas, hemos elegido a nuestros magistrados por voto. ¿Qué hemos mejorado hasta la fecha?, ¿será que tenemos celeridad?, ¿será que tenemos gratuidad, oralidad, inmediatez, rapidez?, no, no hemos tenido. Los jueces siguen los mismos, con esa mentalidad de retardar, siguen trabajando lo administrativo, no lo jurisdiccional”, dijo la autoridad.
La ministra Velasco dijo que "también hubo un debate con relación a que nuestra justicia es muy ritualista, romanista, colonialista, es traída desde hace muchos años desde la colonia. Seguimos con expedientes de 10 cuerpos, 20 cuerpos, que tienen un año, dos años, cinco años, seguimos con los mismos expedientes, seguimos haciendo perder nuestras pruebas en los mismos juzgados”.
Velasco evitó comentar si esa apertura a la Constitución posibilitaría que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera se vuelvan a presentar como candidatos en los comicios de 2019, siempre que la población boliviana apruebe en un segundo referendo constitucional consecutivo.
Gobierno perfila un ente disciplinario y contra la corrupción judicial
La Inspectoría Judicial propuesta por el procurador Héctor Arce, asume competencias del Consejo de la Magistratura y se erige en el más alto tribunal disciplinario y anticorrupción del sistema judicial, con atribución para juzgar a los magistrados
A menos de una semana de la Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien, convocada para el 3 y 4 de junio, se ha avanzado en propuestas de diversas organizaciones profesionales y sociales. Una de las principales, por su peso político en la Asamblea y el Ejecutivo, es la elaborada por la Procuraduría General del Estado
Entre otros temas, en esta propuesta figura la creación de la Inspectoría Judicial, una institución independiente del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, y que asumirá uno de los roles más visibles del Consejo de la Magistratura, hasta ahora: su función disciplinaria. Si se aprueba el proyecto oficialista, este Consejo no desaparece, sino que sus funciones se limitarán “al manejo administrativo financiero del Órgano Judicial, administración del talento humano y gestión del Órgano Judicial”.
El proyecto del Procurador sostiene que “en el entendido que se ha evidenciado fácticamente que la función disciplinaria recaída en el Consejo de la Magistratura ha fracasado, esta labor debe ser encomendada a una nueva institución, proponiéndose al efecto la creación de la Inspectoría Judicial”.
ATRIBUCIONES La Inspectoría asume, en este caso, la “función capital de conocer y resolver las cuestiones disciplinarias relacionadas a quienes ejercen funciones en el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional”, como se lee en el documento elaborado por la Procuraduría que dirige Héctor Arce. Tendrá a su cargo, además, las tareas de “investigación, fiscalización y lucha contra la corrupción” de todos los actos de los funcionarios judiciales de Bolivia
Entre sus funciones, la Inspectoría se involucra en el empeño contra uno de los síntomas más notables de la justicia boliviana: la retardación de justicia, mediante auditorías jurídicas “con relación al reiterado incumplimiento de plazos procesales, para identificar los actos que provoquen la retardación de justicia y, desde luego, para determinar sus causas”
Sobre la propuesta, Arce Zaconeta asegura que no es un planteamiento oficial del Gobierno, sino un aporte de su despacho, para el debate en la Cumbre Judicial, donde se debatirá y consensuará los planteamientos de todos los sectores participantes.
LEY ESPECIAL La nueva Inspectoría Judicial tendrá como instrumento una nueva ley anticorrupción, específica para el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Órgano Judicial, y que alcanzará “a los servidores del Ministerio Público y abogados, cuando corresponda (…)”. Esta norma tendrá, además, “mecanismos que posibiliten la Declaración Jurada Patrimonial y la Investigación Patrimonial y Financiera” para investigar con “procedimientos expeditos y ágiles” delitos como el enriquecimiento ilícito, y la corrupción en general, de los funcionarios judiciales.
ELECCIÓN La Inspectoría Judicial está compuesta de 5 inspectores. Tres de ellos serán designados por el Presidente del Gobierno a partir de ternas recibidas del Legislativo. Los otros dos, serán elegidos por la Asamblea Legislativa. En ambos casos, se precisan los dos tercios de los votos de los asambleístas.
RIESGO El actual presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, defiende la labor de esta instancia judicial y asegura que participarán con sus propias propuestas en la Cumbre de Justicia, de la próximas semana, pero que apuntará a mantener la independencia del Órgano Judicial, en su conjunto
Por otro lado, el exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera Santiváñez (2003-2006) advierte que la independencia del Órgano Judicial está en riesgo, con la propuesta de la Procuraduría de crear la Inspectoría y dar mayor poder al Presidente del Estado, para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Rivera Santiváñez considera que el Gobierno de Evo Morales, que ya tiene 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para aprobar todas su iniciativas, busca controlar también los tribunales de justicia. Y que con ese fin, utilizará la Cumbre de Justicia, de donde saldrán las propuestas para la reforma judicial.
La Procuraduría General del Estado también propone eliminar la elección por voto universal de los magistrados del Órgano Judicial, para que su designación quede en manos del Presidente del Estado y la Asamblea Legislativa.
La nueva modalidad de elección se aplicaría en el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Supremo de Justicia y, los departamentales.
El argumento para plantear la eliminación de voto universal de magistrados, aplicado por primera vez en 2011, es que esa forma de elección no cumplió el objetivo de generar independencia en el Órgano Judicial, más al contrario, profundizó los males de la justicia boliviana, al generar autoridades judiciales sin la más mínima formación académica.
Elección o designación de magistrados
Desde el momento en que fueron posesionados y tomaron las primeras decisiones los magistrados elegidos por voto popular para los más altos tribunales del Órgano de Justicia, fueron recurrentes las voces que criticaban este método de selección, pero no todos están disconformes.
Por un lado, está el Colegio Nacional de Abogados, que por medio de su presidente, César Cabrera, sostiene que la elección directa debe continuar, con algunos ajustes. Su colega del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, al contrario, está de acuerdo con la Procuraduría del Estado, para que los magistrados sean elegidos por la Asamblea Legislativa y el Presidente, con la condición de que las ternas, de donde saldrán los nombramientos, sean elaboradas por los Colegios de Abogados, las Facultades de Derecho y la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas, dijo en una entrevista con Opinión
El decano del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Óscar Freire, se mostró también contrario a la elección directa y dice que la designación debe considerar la especialización y el respeto a la carrera judicial.
En la Cumbre de Justicia, este será uno de los temas más relevantes, aunque no necesariamente el más importante.
La COB planteará el cambio total de los miembros del Órgano Judicial
VÍCTOR QUINTANILLA S.
Con miras a la Cumbre Nacional de Justicia, la Central Obrera Boliviana (COB) prepara su propuesta de reforma del sistema judicial, cuyo elemento central es el cambio total de los miembros del Órgano Judicial, quienes deberían ser reemplazados por gente “idónea y comprometida”. Así lo informó a Opinión el secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma
“Eso es lo que vamos a proponer, que se vaya a cambiar todo el Órgano (Judicial) y que entre gente totalmente comprometida con su pueblo”, expresó Mitma
La propuesta será presentada por escrito y defendida en la Cumbre, encuentro nacional a realizarse el 3 y 4 de junio en Sucre. “La propuesta de la COB es un cambio total, queremos una justicia sana, idónea, con jueces y abogados comprometidos con la clase pobre… No queremos justicia para los jueces y abogados, queremos justicia para los pobres, para todos los bolivianos y bolivianas”, reiteró el máximo ejecutivo del ente que agrupa a los trabajadores del país
Solo con un cambio de esa magnitud, añadió, es posible tener una administración de justicia sin corrupción y que incluso sea referente para otros países. “Tenemos un Órgano Judicial totalmente corrupto y maleado”, afirmó
Tras la Cumbre Nacional en Sucre, precedida por pre cumbres departamentales, se tienen previstas una fase de formulación de instrumentos de política pública y otra de implementación, evaluación y ajuste.
PROPUESTA DE LA CONALCAM La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) realizó reuniones de trabajo en la ciudad de La Paz, para elaborar propuestas que serán presentadas en la Cumbre, informó el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada
La autoridad dijo que en esas reuniones participaron la ministra de Justicia, Virginia Velasco, y representantes de varios sectores sociales que forman esa organización que es encabezada por la Central Obrera Boliviana (COB).
Justicia centraliza las propuestas para la Cumbre
El Ministerio de Justicia no presentará ninguna propuesta en la Cumbre Nacional de Justicia, pues se limitará a sistematizar y llevar las propuestas que ha recibido de otras instituciones públicas y privadas, así como de organizaciones sociales y grupos de la sociedad civil. En cuanto al planteamiento de la Procuraduría de poner en manos del Presidente y la Asamblea Legislativa la elección de los magistrados del Órgano Judicial, la ministra del ramo, Virginia Velasco, señaló que el mismo será discutido en la Cumbre el 3 y 4 de junio en Sucre
“El Ministerio de Justicia no tiene ninguna propuesta a la fecha, toda vez que se han recogido (las propuestas) de los nueve departamentos, y eso sí lo hemos sistematizado, eso se va a debatir en la Cumbre Nacional”, indicó Velasco a Opinión. Consultada si la entidad a su cargo elaborará una propuesta propia, respondió: “No, porque nosotros respetamos al pueblo y hemos escuchado al pueblo y eso se va a trabajar en la Cumbre”
El planteamiento de la Procuraduría de eliminar la elección de los magistrados por voto popular incluye a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional Plurinacional. “Como cualquier ciudadano y como cualquier institución, (la Procuraduría) hizo llegar su propuesta, estamos sistematizando y eso se va a discutir en la Cumbre”, dijo la ministra
El Ministerio de Justicia ha recibido, desde el año pasado, propuestas sobre los problemas que la administración judicial enfrenta en el país y la forma de resolverlos. Las mismas han llegado de los Colegios de Abogados, organizaciones sociales y de la sociedad civil, académicos, universidades e instituciones públicas como la Fiscalía General del Estado. Las preocupaciones en torno a la reforma del sistema de justicia también fueron recogidas en las pre cumbres que se realizaron entre abril y mayo en las nueve ciudades capitales. “Eso se va a debatir y de ahí van a salir las conclusiones definitivas para después implementarlas a corto, mediano y largo plazo”, explicó Velasco
La metodología bajo la cual se desarrollará aún no está definida. “En el transcurso de estos días la vamos a aprobar con el gabinete jurídico”, anticipó Velasco
Eduardo León: “Estoy en un limbo judicial”
Eduardo León, quien fue abogado de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, denunció ayer ser víctima de ultraje, debido a que tiene detención domiciliaria pero aún se encuentra detenido en celdas judiciales, lo que implica que se halla en una situación legal incierta, a la que calificó como un “limbo judicial”.
“Soy ultrajado, soy manejado con todo tipo de formas, no sé si estoy detenido, aprehendido, en depósito, si estoy en pasillo, solamente sé que estoy en el ‘limbo judicial’, aseguró el abogado León, quien envió un mensaje a toda la población, por medio de una grabación que circula en las redes sociales.
El jueves, en una maratónica audiencia cautelar, León logró desvirtuar los argumentos presentados por la comisión de fiscales sobre los riesgos procesales, por lo que la juez cautelar de El Alto, Milenka Gutiérrez, determinó beneficiar a León con la detención domiciliaria con salidas laborales, pero con requisitos como el arraigo, la imposición de un escolta policial y el depósito de 80.000 bolivianos de fianza.
Sin embargo, el viernes Graciela Mendoza, esposa del jurista, que cumplió con el depósito del dinero, se encontró con que “por casualidad”, el sistema informático que emite la certificación de los arraigos, dependiente del Ministerio de Gobierno, no funcionaba a nivel nacional.
El Régimen Penitenciario, también dependiente de esa cartera de Estado, informó a Mendoza que no cuentan con los custodios solicitados y “tal vez en dos semanas” atenderán el pedido, que es requisito para que su esposo logre la libertad, abandonando las celdas judiciales donde hoy cumplirá 12 días de detención, pese a haber ganado una acción por la detención ilegal de que fue víctima, por parte de fiscales además de los cuatro jueces que se negaron a atender su denuncia.
Mendoza calificó de un “complot” las supuestas fallas en el sistema informático dependiente del Gobierno, con el fin de impedir su salida y sumar más procesos en su contra, como lo anunció el fiscal departamental, Edwin Blanco, por la supuesta falsedad en los documentos del título de abogado de León y la libreta militar, en una denuncia presentada por la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia.
León, en los últimos años, ha participado como demandante en varios procesos por denuncias de corrupción en contra del gobierno del presidente Evo Morales, pero los principales son el caso de desvío de dinero del Estado a cuentas particulares y campañas políticas del extinto Fondo Indígena, por las cuales la Fiscalía no llama aún a declarar a los responsables de la autorización de “proyectos fantasmas” siendo los principales la exministra de desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, y el ministro de Economía, Luis Arce Catacora.
León está imputado por la supuesta comisión de los delitos de trata y tráfico de personas, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y por asociación delictuosa, en un proceso donde la principal sindicada es la también ex Gerente Comercial de la empresa China CAMC, que asegura haber mantenido también una relación sentimental con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, autoridad que ha negado el hecho.
También están procesados la “tía” de Zapata, Pilar Guzmán y los colegas de León, Walter Zuleta y Williams Sánchez, los dos últimos declarados por la Fiscalía como prófugos.
Wilber Choque, quien anteriormente ocupaba el cargo de consejero de esta instancia judicial, desde el sillón presidencial, habla sobre las funciones desempeñadas y las acciones que están tomando con el fin de mejorar el sistema judicial en el país.
Dio a conocer su propuesta particular que llevará a la denominada Cumbre de Justicia del próximo mes en Sucre.
P. ¿En sus más de tres meses de gestión cómo califica su función?
W.Ch: He cumplido las labores que hemos iniciado en el año 2012. Las labores cotidianas han sido de continuidad a nuestro trabajo que establece nuestra competencia. Hemos atendido las denuncias de irregularidades contra las autoridades judiciales, creo que estamos haciendo un buen trabajo.
P. ¿Qué acciones se han tomado en este tiempo?
W.Ch: Como plato principal, ha sido la cumbre en abril donde se elaboró una propuesta conjunta del órgano judicial.
Tenemos que destacar que se coordinó con el Ministerio de Justicia para implementar el certificado, para permitir que servidores públicos que están en las funciones, cuenten con certificados de no agresión. Además estamos trabajando con la agencia de tecnología, información y comunicación (Agetic) para la certificación del Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) y entrega web, por vía online acortando los tiempos de emisión de los certificados y en este mismo sentido se esta trabajando en la implementación de la firma digital. Estamos incorporando un sistema informático (Sirec), donde las actuaciones procesales son registradas y pueden ser consultadas por medio de celular. Acompañado de este último punto también se va a implementar el Sistema nacional de transparencia (Sinatra) que permite registrar denuncias de corrupción, posibilitando el seguimiento de los casos.
P. ¿Cuáles son sus prioridades para el resto del año?
W.Ch: Además de resolver las denuncias que nos presentan, es importante realizar la fiscalización. Habíamos visto realizar una evaluación del desempeño de los jueces a efecto de ver si se cumplen con los parámetros y ojalá este año podamos cumplirlo.
P. ¿Cómo enfrentar los hechos de corrupción?
W.Ch: El sistema judicial es un ente bastante complejo, no solo depende de la buena voluntad de las autoridades, sino también de otros elementos para transformar como la normativa adecuada, esperamos que la Asamblea Legislativa Plurinacional, emita normas necesarias para la transformación de justicia. Se deben hacer algunos ajustes a la ley 025, se tiene que desembozar nuevas modalidades. Las normativas tienen que ser menos burocráticas.
P. En la actualidad ¿cuántos procesos disciplinarios lleva la Magistratura?
W.Ch: Son muchos los procesos que maneja el Consejo de la Magistratura a nivel país.
P. ¿Cuántos son los jueces en el país que han sido suspendidos?
W.Ch: Desde la gestión 2015 y 2016, se ha trabajado arduamente en este sentido, tenemos 28 jueces, dos vocales y 12 apoyo judicial, que fueron destituidos.
Además de esto, hay registrado 142 servidores judiciales, que fueron suspendidos temporalmente, 118 servidores con amonestaciones escritas y 56 funcionarios multados, todos como sanción disciplinaria.
P. ¿Cree que es necesaria la desaparición de la Magistratura, como alguna vez se planteó?
W.Ch: No es una institución inventada por el Estado, responde a la necesidad de transformación del país. Son instancias adecuadas dentro del órgano judicial.
Considero que deberíamos fortalecer la institución con la labor cotidiana. En vez de desaparecer tenemos que fortalecer la institución que tiene que transparentar lo actos de los servidores.
P. ¿Qué propuesta lleva la Magistratura a la cumbre de Justicia del próximo mes?
W.Ch: Yo estoy planteando tres puntos específicos: el primero es una evaluación a la gratuidad que se implementó en la justicia. En el sentido que tiene que ser gratuita para la ciudadanía, tenemos que evaluar si tiene que ser gratuita para aquellos que están involucrados en narcotráfico o criminales, o para quienes utilizan chicanerías. Urge una evaluación a la gratuidad de la justicia.
El segundo punto es el descongestionar la justicia en Bolivia. Las normas están de tal manera que todo problema desemboca en la justicia, esto ha colapsado el sistema de justicia. Por ejemplo, por conflictos de materia penal mínimo, por agresión o algo similar, el policía por norma pasa al Ministerio Público y ellos a control Jurisdiccional, y muchas veces esto puede terminar en una audiencia en la Policía. Finalmente, es que las entidades sociales como la Central Obrera Boliviana y sus departamentales, como así también las juntas vecinales, puedan contar con una unidad de conciliación, para atender medianos casos de quejas, para mediar por ellos, caso contrario ya se podría derivar a los juzgados la situación.
P. ¿Cómo es la relación de la Magistratura con las demás instancias del órgano judicial?
W.Ch: Somos entidades que conformamos el Órgano Judicial. La Ley 025 dio roles a cada uno, pero lamentablemente en el camino estas funciones se cruzan y de alguna manera ha llevado a un momento de tensión entre las entidades. La competencia del Tribunal Supremo de Justicia es impartir justicia; al Tribunal Agroambiental, es dedicarse a resolver asuntos y del Consejo de la Magistratura es la parte administrativa.
Sin embargo, el TSJ a veces quiere hacer cuestiones administrativas o a veces cuando la Magistratura hace control y fiscalización, ellos ven intromisión, pero no es así.
Es por esto que se genera el clima de tensión, pero es natural.
Lic. en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Mayor Pontificia San Francisco Xavier.
Asesor de la Comisión de Autonomías de la Asamblea Departamental.
Coordinador de Defensorías de Sucre.
El 2011, fue elegido como consejero de la magistratura con 111.550 votos.
El 2012, sustituyó al decano del Consejo de la Magistratura.
Ahora presidente del CM.
Violencia intrafamiliar: De 518 denuncias solo 20 llegaron a juicio en Oruro
En los primeros cinco meses de este año, de 518 procesos por violencia intrafamiliar instaurados en cinco juzgados de instrucción cautelar de Oruro, solo 20 llegaron a la etapa de juicio oral, según el juez de familia Sergio Vásquez, quien reveló estos datos como un informe preliminar.
Al menos, “518 causas han cumplido con la etapa preparatoria; pero de estas solo llegaron (a juicio oral) 20, para su correspondiente sanción”, expresó Vásquez, en el seminario de socialización de la Ley Integral 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que se realizó en esa ciudad.
La autoridad judicial explicó que el bajo índicie de sanciones se debe a las conciliaciones que se realizan entre la víctima y el agresor, en la etapa previa al juicio oral.
El juez, sobre la base de su propia experiencia, relató que en varios casos, “la víctima viene a llorar y pedir que liberen al agresor y dicen que su esposo no es el agresor, me caí, me pegó otra persona, aducen las víctimas”, ejemplificó.
Asimismo, refirió que se registraron en las instancias policiales y judiciales más de 2.000 denuncias por violencia intrafamiliar de las cuales solo 518 llegaron a proceso judicial.
Los procesos judiciales por violencia intrafamiliar, especialmente contra las mujeres, se presentan a diario y en muchas ocasiones el pedido de suspensión o desistimiento del proceso deja a los jueces sin recursos para llegar al juicio oral. “Nos dejan sin los elementos de pruebas para proseguir con el proceso”, apuntó el jurista.
“Las víctimas están transando con su agresor, los padres de menores que han sido violadas o victimas de otras agresiones están pactando con el agresor”, complementó.
Proponen para la Cumbre Judicial la creación de un órgano que sancione a los malos funcionarios
Una reingeniería total de todo el Órgano Judicial, la creación de un extra órgano independiente que sancione a los malos funcionarios judiciales y la eliminación del Consejo de la Magistratura fueron las propuestas en las precumbres judiciales que se cumplieron en todo el país y que se pondrán a consideración en la Cumbre Nacional de Justicia Plural del 3 y 4 de junio, informó la ministra de Justicia, Virginia Velasco.
“Han pedido que se vayan todos los jueces, vocales, fiscales. Han pedido la renuncia de todas las malas autoridades; también, en el eje de corrupción, que se cree un ente independiente, un extra órgano y que sea eliminado el Consejo de la Magistratura y que ese ente sea independiente; que sean sancionados todos aquellos abogados, fiscales, jueces”, señaló en una entrevista con la radio estatal Patria Nueva.
En la evaluación que hizo Velasco a las precumbres, que se cumplieron desde el 12 de abril hasta el 20 de mayo en los nueve departamentos, señaló que hubo bastante participación de las diferentes instituciones y ciudadanos, que plantearon propuestas para mejorar la situación de la justicia en el país.
Consideró como un “victoria” los encuentros que se tuvo, ya que así se pudo escuchar por primera vez en la historia de Bolivia a la ciudadanía para que puedan proponer soluciones para así construir una nuestra Justicia en Bolivia. “Nosotros, como Ministerio de Justicia, hemos sistematizado todo y eso se va a llevar a Sucre el 3 y 4 de Junio”, afirmó.
La modalidad de elección de magistrados y consejeros del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional; acceso a la justicia plural, retardación de justicia; la corrupción en el sistema de justicia; política criminal y justicia penal; y la formación, ingreso, capacitación y régimen disciplinario de servidores judiciales y profesionales abogados, son los ejes trazados para el Cumbre de Justicia.
El Gobierno presenta segunda querella contra abogado León
El abogado Eduardo León afrontará una nueva querella que fue presentada ayer por el Ministerio de Transparencia. Esta vez lo acusan de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
"Es otro caso y es otro hecho. Se le realizará una nueva declaración”, informó ayer el fiscal departamental, Edwin Blanco. Este proceso se sumará al otro que enfrenta y en el que está acusado de cuatro delitos, entre ellos la trata de personas.
La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, informó que los delitos que se le atribuyen a León en este segundo proceso son la falsificación de su libreta de servicio militar, de su título en provisión nacional y de su certificado de egreso. "Esto fue presentado por el Ministerio de Transparencia y ahora corresponde al Ministerio Público que lleve los actos investigativos”, dijo la autoridad ayer tras la reunión de gabinete.
En un inicio, la Fiscalía acusó al abogado por los delitos de trata y tráfico de personas, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y engaño a personas incapaces. Estos delitos están relacionados con la presentación ante la justicia del supuesto hijo de Evo Morales y su defendida Gabriela Zapata.
Juez se declara incompetente
León tuvo ayer dos audiencias: una por su pedido de acción de libertad y otra de medidas cautelares.
En la primera, la jueza Sussel Márquez, del Juzgado Séptimo de Sentencia, se declaró incompetente para resolver la acción y lo derivó al juzgado de origen, en este caso el Noveno de Instrucción en lo Penal, presidido por el juez Jorge Castillo.
Esta audiencia comenzó a las 14:30 y culminó a las 19:00; la jueza Márquez dijo que "le niega la tutela solicitada por no haberse agotado los mecanismos de protección a los derechos fundamentales”.
León argumentó, en su intervención, que su aprehensión fue ilegal y dijo sentirse agotado por el proceso que le
siguen. "Me siento cansado, estoy cansado de ver a mi familia ahí afuera, en la calle”, afirmó.
En esta sesión no estuvieron presentes los tres fiscales que enviaron un informe. Sin embargo, asistieron cuatro funcionarios de la Fiscalía, de la Defensoría de la Niñez y una representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Miguel Pérez, abogado de León, dijo que la funcionaria de las NNUU "se comunicó de manera directa con el doctor León”.
El pedido de libertad postergó, por séptima vez, la audiencia de medidas cautelares que debió instalarse a las 17:00 de ayer. Se la trasladó para hoy, a las 9:30.
Sin embargo, el abogado de León se adelantó al afirmar que la jueza que está de turno en el feriado, Margot Pérez, se excusará porque ya lo hizo en una anterior oportunidad.
Por esta razón, el defensor de León agregó que "esto tiene que ir a revisión del Tribunal Constitucional y que acudiremos a instancias internacionales”.
El Ministerio Público modificó en cuatro oportunidades la imputación contra el abogado Eduardo León. Los tres fiscales presentaron dos resoluciones complementarias en las que cambiaron uno de los delitos: el de organización criminal por el de asociación delictuosa.
El fiscal del Distrito, Edwin Blanco, explicó que estas fallas de la imputación se deben a "errores técnicos en una computadora, en realidad existe una sola imputación. Evidentemente, el Ministerio Público y la comisión de fiscales ha impreso una imputación que salió mutilada (…). Esto significa que no hay cuatro imputaciones como dice el abogado León”.
Juristas cuestionan designación directa de los magistrados
Los jueces y abogados de Cochabamba desestimaron ayer la designación directa de los magistrados del Órgano Judicial por el presidente del Estado y plantearon la selección en base a la meritocracia.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera, y el decano del Tribunal Departamental de Justicia, Óscar Freire, se pronunciaron ante la propuesta realizada por la Procuraduría General del Estado de eliminar la elección de los magistrados del Órgano Judicial por elección de voto directo, para que su designación quede en manos del Presidente del Estado y de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El plan de la Procuraduría será llevado a la Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien que se realizará del 3 al 4 de junio, en Sucre. En el evento, organizado por el Ministerio de Justicia, se conocerán los planteamientos de los administradores de justicia y de organizaciones sociales respecto a seis ejes: acceso a la justicia, retardación, corrupción, formación de abogados, selección de altas autoridades y política criminal.
Cabrera señaló que la elección directa permitirá la injerencia del Órgano Ejecutivo sobre el judicial. De esta manera, se vulnera el principio fundamental de independencia de los órganos de poder. “La posibilidad de independencia de los magistrados designados por el Presidente será prácticamente nula”.
Mencionó el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional quienes tienen la tarea de controlar los excesos del poder político. Si se concreta el plan de la Procuraduría “tendrán que rendirle culto al Presidente y no podrán ejercer su rol”.
Freire coincidió con Cabrera en sentido de que los nombramientos directos pueden debilitar el ejercicio independiente de los magistrados. Dijo que en el peor de los casos solo el 40 por ciento de los juristas deberían ser designados por el ejecutivo y el resto debería ser seleccionado por sus méritos profesionales y experiencia. “Para dar seguridad jurídica y no manosear el trabajo del Órgano Judicial”.
ELECCIÓN El Colegio Nacional de Abogados respalda la elección directa de los magistrados por voto. Cabrera admitió que hubo dificultades en el ejercicio de los administradores de justicia, pero la elección puede mejorarse elevando los criterios de evaluación en la primera etapa, a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La postura de los profesionales se fundamenta en el respeto al mandato establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) que establece el mecanismo de selección. “No existe la necesidad de reformar la CPE”.
El sector plantea que en la etapa de preselección se haga un cambio profundo en los criterios de evaluación para comprobar si el postulante está en condiciones de acceder al cargo. Sugirió una etapa práctica en la que el postulante revise un expediente, así se conocerá su destreza en el manejo de la normativa y el concepto que tiene de justicia.
Además, sugieren una prueba psicológica para saber cuál es la personalidad del candidato.
“Es fundamental que tenga un alto grado de idoneidad y capacidad para tener autoridad moral y que no tenga afinidad política partidaria”.
Contrariamente, los jueces rechazaron la elección de magistrados en las urnas. Óscar Freire dijo que la designación de las autoridades debe fundamentarse en criterios de especialización. Aseguró que lo más conveniente es el respeto a la carrera judicial porque es la garantía de la independencia del Órgano Judicial. Consideran que el nombramiento debe ser de acuerdo a la carrera judicial de los profesionales.
“El sistema electoral fue malo y los resultados no son buenos”.
PROPUESTAS La propuesta del Colegio Nacional de Abogados para ser elevada a la Cumbre aborda cuatro ejes temáticos, el económico financiero; cambios institucionales, reformas legislativas y formación profesional.
En el aspecto económico, proponen el incremento al presupuesto del Órgano Judicial al 4 por ciento del Tesoro General de la Nación.
El incremento de presupuesto permitiría crear mayor cantidad de juzgados, reducir la retardación de justicia, incrementar el salario de los jueces (lucha contra la corrupción), mejorar la infraestructura y desconcentrar la administración de justicia a los distritos municipales y casas municipales.
En el ámbito institucional plantean redefinir las funciones de los miembros del Consejo de la Magistratura. En el legislativo, pretenden la modificación de normas. En el profesional, proponen que se modifiquen las mallas curriculares de las carreras de Derecho.
El decano del Tribunal Departamental de Justicia destacó como las propuestas más importantes a ser presentadas en la próxima Cumbre son la descentralización de la administración de justicia y la conformación de un Consejo Social de Justicia. Freire mencionó la necesidad de contar en todos los departamentos con representantes del Tribunal Supremo de Justicia y del Constitucional, para acelerar las causas.
Sobre el Consejo, dijo que sus principales tareas serían evaluación permanente de la normativa y del desempeño de los administradores de justicia.
Fiscales incurrieron en vicios procedimentales que vulneran los derechos del acusado
Para la secretaria jurídica de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Claudia Lecoña, señaló que los fiscales Cristian Lanza, Mariana Montero, Marco Vargas y Susana Boyan deberían ser procesados por incurrir en vicios procedimentales que vulneran los derechos del acusado.
Por otra parte, Blanco aseguró que las reiteradas suspensiones de la audiencia de medidas cautelares se debe a que León ha presentado varias acciones de libertad y que existe una mala intención por parte de los abogados de León.
“Pareciera que hay gente que busca protagonismo, o busca fama ante los medios de prensa, abogados que quizá quieren hacerse famosos con este caso”, aseveró Blanco.
Sin embargo, Ricardo Maldonado y Jorge Quiroz, parte de la defensa de León, desmintieron a Blanco, y exhibieron las enmiendas que en audiencia presentaron los fiscales que no corresponden a un “error en la impresión” y al contrario aseguraron que la privación de libertad de León se debe a una pedido político desde el Ministerio de la Presidencia, desde donde se estarían dando directrices a los fiscales.
Recordemos que el domingo, el juez tercero cautelar Enrique Morales calificó de incongruente, incompleta y desordenada la imputación presentada por Boyan y compañía, y devolvió (el documento); mientras la defensa de León señaló que el juez debió dejar en libertad a León y al no hacerlo, se hizo cómplice de la detención ilegal.
De acuerdo al fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, las falencias en la redacción de las cuatro versiones de la imputación presentada contra Eduardo León se debieron a “un error técnico que obedece a la computadora” y que son subsanables, pero, además, aseguró que otras versiones solo tienen el propósito de dañar la imagen del Ministerio Público.
La explicación de Blanco se dio luego de ser consultado sobre las denuncias hechas por la defensa del abogado León, en sentido de que los cuatro fiscales a cargo del caso, han presentado hasta cuatro versiones de la imputación, cambiando la tipificación de los delitos y añadiendo víctimas; dejando en indefensión al jurista que ha estado detenido sin conocer los cargos por más de ocho días, por los que se han presentado reiteradas acciones de libertad.
Persiste detención León sin imputación Niegan acción de libertad y prevén que audiencia cautelar se postergue
Eduardo León en la audiencia cautelar.
La juez séptimo de sentencia, Sussel Márquez, denegó ayer la solicitud de libertad planteada por la defensa del abogado Eduardo León, detenido desde hace una semana, sin imputación concreta, bajo el argumento de que se debe acudir a juez cautelar y sin tocar la demanda de fondo, informó Boris Espinoza, abogado de la defensa del jurista, quien calificó el fallo de político.
Con la determinación de la juez, Espinoza adelantó que hoy (jueves) la juez Margot Pérez volverá a excusarse y la audiencia de medidas cautelares se pospondrá hasta el día viernes, y León cumplirá 11 días detenido, violando toda norma procesal.
“Una vez más se ha demostrado la injerencia política que existe, (…) La juez no sabe cómo fundamentar la resolución y todos los abogados hemos observado esto”, aseguró Espinoza.
Por su parte, Eduardo León, al salir de la audiencia, dijo que la detención busca desprestigiarlo. Además, aseguró que tiene título, y que no es ningún “pinche como los fiscales”, en respuesta a la acusación de la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, quien dijo que sus títulos de abogado son falsos.
A la audiencia, que duró más de cinco horas, no se permitió el ingreso de los medios de comunicación, pese al pedido de la defensa, a pesar de que el acto era de orden público.
Alain Canedo, parte de la defensa de León, criticó el fallo de la juez, que simplemente se basó en la subsidiariedad (recurrir al nivel adecuado de autoridad), sin tomar en cuenta que León no contó con una detención legal.
La audiencia cautelar está prevista para que se lleve adelante hoy, a las 09,30 horas, en el Tribunal Departamental de Justicia, pero se adelanta que como la juez Pérez mantiene un litigio legal con León volverá a excusarse y será el viernes que se lleve adelante la audiencia con el juez noveno cautelar, según Jorge Castillo.
Procuraduría propone que Morales elija a 9 de 11 magistrados del TCP
Según el planteamiento, la elección de las otras autoridades del sistema judicial sería de la misma forma, es decir, la mayoría por el Presidente del Estado y una minoría por el Legislativo.
La propuesta ya no se refiere a la elección de autoridades del sistema judicial, mediante voto popular.
La Procuraduría General del Estado propondrá, en la Cumbre de Justicia en Sucre, que los magistrados del Órgano Judicial sean elegidos en su mayoría por el presidente Evo Morales y una minoría por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). En el caso del Tribunal Constitucional nueve de 11 magistrados serían elegidos por el presidente del Estado, en este caso Evo Morales. Los otros tres por la minoría de la Asamblea Legislativa.
No mencionó la modalidad que es que la elección de estas autoridades se realice por medio del voto universal.
El procurador Héctor Arce informó, en conferencia de prensa, que esta instancia trabajó en otra propuesta para que la elección de altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sea a través de un “sistema mixto, “en el que participen los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y la sociedad civil”. Recalcó que el planteamiento aún no es oficial.
“No es una propuesta de Gobierno, no es una propuesta oficial, no es una ruta para seguir, sino es una propuesta en el derecho libre y soberano que tenemos todos los bolivianos (…) Es un trabajo de mi persona, juntamente con un grupo de abogados profesionales de la Procuraduría General del Estado”, dijo.
De acuerdo a la documentación, la Procuraduría plantea que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estaría compuesto por 15 miembros, es decir, nueve magistrados elegidos por el presidente del Estado, uno por cada departamento de ternas elaboradas por la Asamblea Legislativa, aprobadas por dos tercios de votos y remitidas al Órgano Ejecutivo.
Asimismo, seis magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa, por dos tercios de votos, de ternas elaboradas y remitidas por el Tribunal Supremo de Justicia en virtud al escalafón judicial.
“En la segunda parte de este Tribunal Supremo participarían el Órgano Judicial, a través del Tribunal de Justicia, el cual podría proponer en ternas a los mejores profesionales del ramo de derecho, los mejores jueces, los mejores magistrados, quienes tengan una trayectoria intachable, para que sea la Asamblea Legislativa profesional quien los elija, esto es, participan los tres órganos del Estado”, explicó Arce.
En cuanto a la elección de los 11 miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, nueve magistrados serían elegidos por el Presidente del Estado, uno por cada departamento, de ternas elaboradas por la Asamblea Legislativa, aprobadas por dos tercios de votos y remitidas al Órgano Ejecutivo.
Los otros dos magistrados serían elegidos por la Asamblea Legislativa, por dos tercios de votos, por convocatoria directa.
Respecto a la elección del Tribunal Agroambiental, de los siete miembros, cuatro magistrados serían elegidos por el Presidente del Estado, de ternas elaboradas por la Asamblea Legislativa, aprobadas por dos tercios de votos y remitidas al Órgano Ejecutivo.
Tres magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa, por dos tercios de votos, por convocatoria directa.
“Esta propuesta puede ser tomada en cuenta, como también no puede ser”, señaló Arce.
Explicó que la propuesta de la Procuraduría es el mismo sistema que funciona en ocho países: Argentina, Brasil, Chile, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela.
El procurador Arce sostuvo que, de acuerdo a experiencias anteriores, analizadas en las cumbres departamentales de justicia, el sistema de voto popular tuvo fracasos.
“Lamentablemente hay que admitir cuando algo fracasa. El día de ayer (martes) hubo un golpe en el Tribunal Constitucional Plurinacional. El Código Procesal Constitucional establece que el presidente del Tribunal Constitucional dure en sus funciones tres años, entonces en un periodo de seis años deberían haber dos presidentes”, opinó.
El lunes, el TCP cambió por cuarta vez de presidente en los cuatro años y medio en funciones de los nuevos magistrados. La Sala Plena, con cuatro votos de los siete tribunos, designó al magistrado cruceño Oswaldo Valencia, quien será posesionado el próximo martes, según anunció el presidente saliente, Zenón Bacarreza.
Desde enero de 2012, llegaron al alto cargo de la presidencia del TCP los magistrados Ruddy Flores, que se desempeñó algo más de dos años, fue sustituido por Efren Choque en febrero de 2014 y en marzo del pasado año fue elegido su colega Zenón Bacarreza que ayer puso a disposición su cargo por razones “estrictamente personales” y no fue una renuncia.
Valencia preside ahora el Tribunal Constitucional
El magistrado Juan Oswaldo Valencia fue elegido como el nuevo presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en reemplazo de su colega Zenón Hugo Bacarreza Morales.
El nuevo presidente del TCP será posesionado en su cargo el próximo martes, según una publicación del periódico Correo del Sur.
Valencia nació en la localidad de Minero, provincia Obispo Santiesteban del departamento de Santa Cruz, el 16 de mayo de 1973.
Es licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca. Valencia asumió la titularidad en el TCP tras la renuncia de la magistrada Ligia Velásquez procesada por un juicio de responsabilidades.
Fiscales reparan imputación contra León y este los califica de sirvientes
El abogado Eduardo León, que cumplió ayer el séptimo día de detención sin ser imputado formalmente, calificó de sirvientes a los miembros del Ministerio Público, que en audiencia cautelar trataron de subsanar el texto del documento, cuya acción vulnera la norma legal. Por su lado, los fiscales se negaron a dar declaraciones sobre el cuestionamiento a su trabajo y formación profesional.
Desde el domingo, la comisión de fiscales, conformada por Fernando Lanza, Susana Boyán, Mariana Montero y Marco Antonio Vargas, ha realizado varias modificaciones al texto de imputación presentada contra León.
Sin embargo, ayer, León fue muy duro y resaltó artículos del Código Procesal Penal (CPP) y aseguró que los fiscales no pueden hacer enmiendas a su imputación en medio de la audiencia cautelar y que se solicitó al juez noveno cautelar, Fernando Castillo, deniegue esta acción.
Sin embargo, la audiencia prosiguió y los fiscales presentaron un memorial en el que se complementaba el pedido de la detención preventiva en el penal de San Pedro.
TIEMPO PARA LA IMPUTACIÓN
En ese sentido, Ricardo Maldonado, abogado de León, explicó que los artículos 300 al 302 del CPP, limitan el tiempo de la investigación preliminar del caso, hasta en 20 días, siendo que al término de este plazo el Ministerio Público debe presentar la imputación debidamente fundamentada, señalando el tipo penal y la medida cautelar, hechos que no se dieron y se trató de subsanar en audiencia.
Maldonado precisó que una de las razones por las que los fiscales solicitaron la reserva de la audiencia es para impedir que los medios de comunicación retraten estos errores, que los cuatro fiscales cometen en medio de la audiencia, rayando con la ilegalidad y la violación a los derechos constitucionales.
Dilatan otra vez audiencia cautelar de Eduardo León
La audiencia de medidas cautelares del abogado Eduardo León volvió a entrar en cuarto intermedio, debido al pedido de la defensa, cuya solicitud apunta primero a que se resuelva la acción de libertad, interpuesta ante una detención ilegal, por la que se lo tiene en celdas judiciales sin contar con imputación formal, desde hace ocho días.
León, exdefensor legal de Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales, lamentó que la Fiscalía haya presentado, por cuarta vez, una imputación incompleta y calificó este accionar como vergonzoso, cuestionó el hecho de que los funcionarios cometan tantos errores.
Hoy se cumplen ocho días de la detención de León en celdas judiciales y las autoridades del Ministerio Público no definen la imputación oficial en este caso, retardan el proceso del acusado, quien legalmente debería resolver su situación jurídica en 24 horas, luego de su aprehensión, según los abogados.
SIN FORMALIDAD LEGAL
“Lo que pasa es que hemos estado cuatro horas (en el juzgado), nos imputan, primero les corrigen, después vuelven a presentar otra imputación, nuevamente se equivocan y ahora resulta que habían presentado una cuarta imputación, vale decir que cuatro imputaciones sin ningún tipo de formalidad legal, esto es un acto manifiestamente bochornoso para una Fiscalía”, lamentó León.
El abogado aseguró que la comisión de fiscales que incurrió en la corrección, aun en plena audiencia, sólo demuestra que la aprehensión tiene carácter político, porque no saben de qué acusarlo.
En esta cuarta imputación, la victima resulta ser el “niño” que fue presentado en un juzgado de familia, al que presuntamente Gabriela Zapata y sus abogados hicieron pasar como hijo del presidente Evo Morales. También figuran como parte acusadora la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia.
“Es una vergüenza lo que sucede en cuatro horas; el objetivo final es perjudicar a una sola persona, mellarla, sino en este caso un poco más; estamos siendo arrastrados ilegalmente de un lugar para otro”, aseguró.
Por su parte, el abogado de León, Ricardo Maldonado, lamentó las constantes correcciones de la Fiscalía en la imputación e informó que está programada para mañana la audiencia de acción de libertad y la audiencia cautelar de su defendido.
“Se ha declarado un cuarto intermedio hasta el día de mañana, a horas 11.00, hemos debatido varias situaciones”, indicó.
Agregó que la nueva imputación presenta complementaciones entre las que sobresale la petición de detención preventiva de León en el penal de San Pedro.
La comisión de fiscales aludida, que lleva el caso, está integrada por: Cristina Edgar Lanza, Mariana Montero, Susana Boyán y ayer se sumó el fiscal Marco Antonio Vargas.
ONU VEEDORES
Emisarios del Defensor del Pueblo y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) acudieron al palacio de justicia de La Paz, a pedido de familia de Eduardo León.
Sin embargo, los representantes internacionales no ingresaron a la audiencia.
De acuerdo a medios de prensa, los dos representantes se aproximaron a la entrada de la sala de audiencias, pero la fuerte custodia policial evitó su ingreso.
Mientras, en el interior del salón rosado, se realizó la audiencia cautelar y a la que asistieron técnicos de la Defensoría, que evitaron dar declaraciones.
Con las jornadas judiciales quieren ‘oxigenar’ la cárcel
El Poder Judicial, Defensa Pública, asesores legales y representantes del Ministerio Público se trasladaron ayer a la cárcel de Palmasola para iniciar las primeras jornadas judiciales dirigidas a agilizar los procesos penales y de esa forma descongestionar el recinto carcelario más poblado del país.
La actividad busca reducir la cantidad de personas con detención preventiva, pues se estima que un 80% de los cerca de 6.000 internos no tiene sentencia.
Gustavo Braschi, encargado de Relaciones Públicas del Tribunal Departamental de Justicia, detalló que en el trabajo judicial están participando los 15 jueces cautelares, los juzgadores de los 12 tribunales de sentencia, los nueve magistrados de los juzgados de sentencia y los cuatro de ejecución penal. Además de estas autoridades, participarán los fiscales que tienen causas pendientes, el personal de Régimen Penitenciario, los abogados defensores y la Policía.
La actividad judicial en la que los internos podrán acelerar la ejecución de sus causas, se desarrollará en dos fases. La primera, del 23 al 25 de mayo, y la segunda, del 30 al 31, también de mayo. El objetivo es desarrollar al menos 1.000 audiencias. La actividad se realiza en el coliseo del pabellón de mujeres, conocido como PC-2. /CP
Tribunal Agroambiental registrará audiencias en un archivo digital
El Tribunal Agroambiental de Bolivia (TA) puso en marcha un modelo de gestión que aplica la tecnología digital. A partir de ayer, en nueve capitales de departamento, en un plan piloto, todas las audiencias serán grabadas y se comenzará a usar el expediente electrónico.
El presidente de ese tribunal, Lucio Fuentes, explicó que este nuevo modelo de gestión está basado en dos sistemas informáticos: Osiris que graba las audiencias y Cicero, sistema de seguimiento de causas de los Juzgados Agroambientales.
“Este nuevo modelo busca mayor transparencia, acortar el tiempo del trámite judicial y ahorrar tiempo y dinero”, manifestó Fuentes tras explicar que los juzgados agroambientales han sido equipados con un sistema audiovisual que registrará las audiencias.
El registro de estas audiencias será entregado a cada una de las partes en un disco compacto, una vez terminada la audiencia.
Por otra parte, Fuentes explicó que Cicero, permitirá el seguimiento de las causas ingresadas a los juzgados agroambientales del país a través del sitio web: www.tribunalagroambiental.bo.
Este sistema también permite el registro de causas y sus actuaciones en forma completa, la digitalización de documentos, memoriales y otras pruebas trascendentales que son escaneadas y anexadas durante el mismo juicio, formando así parte del expediente electrónico.
Tribunal Agroambiental Estrenan tecnología en 9 de 57 juzgados
El Tribunal Agroambiental inauguró hoy un nuevo modelo de gestión de despacho incorporando modernos equipos de grabación y seguimiento de causas en los primeros 9 de 57 juzgados agroambientales, dentro de un plan piloto que prevé cubrir la totalidad de su jurisdicción. El presidente del Tribunal Agroambiental, Lucio Fuentes, explicó que los cambios van de la mano de la tecnología con dos sistemas informáticos: Osiris (grabación de audiencias) y Cicero (sistema de seguimiento de causas de los Juzgados Agroambientales). Los equipos tienen un sistema de audio y video denominado OSIRIS, que permitirá grabar en audio y video todo el proceso desarrollado en un juicio, información que será entregada a las partes en un cd una vez terminada la audiencia./Erbol
Aseguran que Sánchez y Zuleta están en el país
El viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, informó -en base a reportes de la Dirección General de Migración- que William Sánchez Peña y Walter Zuleta, abogados de Gabriela Zapata, no salieron del país y policías continúan tras sus pistas para aprehenderlos. “Según los reportes (de migración) están en el país esos ciudadanos”, indicó Illanes.
Sánchez y Zuleta son investigados por el presunto delito de trata de personas y tienen una orden de aprehensión que fue emitida por la fiscal Mariana Montero el pasado 17 de mayo. Los juristas son buscados porque presentaron ante un juzgado de familia a un menor que presuntamente no era el supuesto hijo del presidente Evo Morales y Zapata.
La autoridad gubernamental aseguró que están remitiendo todos los informes al Ministerio Público, que es el ente que dirige las investigaciones de este caso.
Agregó que la institución policial está cumpliendo con la orden de captura de los abogados, que están desaparecidos desde el pasado martes.
Opositores apoyan cumbre de justicia paralela
En una conferencia de prensa improvisada en la Brigada Parlamentaria de Oruro, el senador potosino por Unidad Demócrata (UD), Edwin Mario Rodríguez Espejo, expuso el apoyo pleno que brindan los "opositores" a la cumbre de justicia paralela, que es organizada por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq).
Semanas atrás, representantes del Conamaq ratificaron la convocatoria a una cumbre de justicia paralela a la del Gobierno Central, considerando que es una reunión del Movimiento Al Socialismo (MAS), la cumbre paralela se desarrollará el próximo 3 y 4 de junio, para asumir posiciones de defensa de la Constitución Política del Estado y el Órgano Judicial.
El senador nacional explicó que esta postura se asume porque se considera que los verdaderos actores de la justicia en el país, no participan en la cumbre convocada por el Gobierno, por lo que no se podría solucionar el problema real de la justicia boliviana.
"Los colegios de abogados no son parte, pero son los que principalmente tienen que hablar de justicia y darle solución. Un partido político que ha hecho el desastre del país con la justicia, ha botado por los suelos, no puede ser el llamado a resolver el problema, el causante no puede ser el que tenga que resolver, no hay moral, el pueblo es quien tiene que resolver a partir de estas organizaciones, por lo que nosotros coadyuvamos para que tengan los escenarios para llevar adelante esta cumbre de justicia", enfatizó Rodríguez.
Esta posición se adquiere ante lo que se considera, "intenciones" del Gobierno de modificar la Constitución Política del Estado (CPE) para encubrir actos de corrupción de líderes indígenas vinculados al gobierno.
A la cumbre judicial paralela asistirían los dirigentes de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob), disidentes de la Federación de Mujeres Campesinas "Bartolina Sisa" y productores de coca descontentos con los resultados del actual "proceso de cambio".
La cumbre se realizará bajo principios de no permitir que se abra la Constitución, la institucionalidad del Órgano Judicial y la meritocracia en la conformación de los operadores de justicia.
Oruro Presidente del Tribunal de Justicia suspendido
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, Bernardo Bernal Callapa, fue suspendido de sus funciones por 45 días, quien habría incurrido en faltas graves en el ejercicio de sus actividades, sin goce de haberes. La autoridad jurisdiccional retornará a sus funciones recién el lunes 27 de junio. La sanción se aplica desde el 1 de mayo de 2016.
El presidente en ejercicio del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, José Romero Soliz, dijo que la sanción contra Bernardo Bernal fue dispuesta por el Consejo de la Judicatura, después de verificarse la retardación de justicia, al no haber emitido una resolución judicial en el plazo establecido por ley.
Romero dijo que se trata de la aplicación de sanciones disciplinarias, dispuestas por el Consejo de la Judicatura, después de la verificación de los hechos, luego de la denuncia formal presentada ante esa instancia administrativa y disciplinaria.
“Soy decano y estoy en el ejercicio de la presidencia, atendiendo el despacho del tribunal de Sala Penal Segunda”, afirmó Romero.
Según la denuncia, desde hace más de un año y medio que el Tribunal Superior de Justicia de Oruro no emitió una resolución para la inscripción de un edificio en Derechos Reales, en el tiempo de 20 días.
“Fue un proceso que se entrepapeló. Nadie se percató del proceso que ya había sido sorteado y que el litigante venía a reclamar, pero nadie daba ninguna explicación”, explicó Romero.
El analista Gonzalo Villegas explicó que la justicia “cada día está peor, porque no se han designado en esos puestos de la magistratura a gente que conozca del manejo de las disposiciones legales y, como consecuencia, ahora cualquier ciudadano puede ser juez, sin reunir los requisitos de conocimiento y sabiduría”.
Fiscalía vuelve a presentar imputación “defectuosa” contra Eduardo León
La defensa del abogado Eduardo León vuelve a observar errores básicos en la redacción de la imputación presentada por el Ministerio Público que –según afirma– vulnera el derecho de su defendido, pues el jurista se encuentra detenido por siete días sin contar con una imputación formal y sin lograr acceder a una audiencia cautelar, debido a deslices cometidos por los fiscales.
Ricardo Maldonado, uno de los abogados que conforma la defensa de León, aseguró que en la imputación corregida y presentada por los fiscales Fernando Lanza, Susana Boyán y Mariana Montero no solicita ninguna medida cautelar y esta quedaría en manos del juez noveno cautelar, Jorge Castillo.
FISCALES AL CEMA
El sábado, el juez tercero, Enrique Morales, llamó de forma severa la atención a los tres fiscales, debido a que estos habían presentado una imputación desordenada, llena de errores; devolvió el documento y declaró un cuarto intermedio.
En ese sentido, la defensa manifestó su inconformidad, debido a que aseguran que el juez Morales debió dejar en libertad a León y no permitir que este permanezca detenido.
“Los fiscales, antes de volver a la universidad, deberían volver al CEMA (centro de educación para adultos), para que aprehendan a escribir”, criticó León ayer a la salida de la cuarta audiencia suspendida en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por su lado, Maldonado señaló que si bien la querella fue planteada por el abogado Gastón Velásquez, en el texto de la demanda figura como víctima el presidente Evo Morales y, en este sentido, no es de extrañar que se haya declarado la reserva del caso desde el día sábado, si el argumento es que se procese a León por la no existencia de un niño.
Sobre ese argumento, la Fiscalía ha incrementado 10 indicios de responsabilidad contra León al momento de hacer la corrección, pero se volvió a olvidar la parte donde se pide la medida cautelar solicitada.
El cuarto intermedio fue declarado ayer por el juez Noveno de Instrucción Cautelar Penal, Fernando Castillo, a las 11.00 horas, cuya medida primero sugiere resolver una acción de libertad, que había sido derivada hasta la ciudad de Oruro por las diferentes excusas planteadas por los jueces de turno, el fin de semana.
Maldonado remarcó que los fiscales incurrieron en muchas irregularidades contra la libertad de León, ya que tenían un plazo de 24 horas para imputar a su cliente, sin embargo, la misma se ejecuta luego de seis días.
Jueces de Oruro y La Paz se excusan de resolver acción de libertad de León
El juez cautelar tercero de Oruro, Franco Zanabria Soliz, se excusó ayer de conocer la acción de libertad del abogado Eduardo León, porque considera que aún no se agotaron las instancias jurisdiccionales en la sede de Gobierno. Con esta decisión son ya tres los magistrados que evitan conocer el proceso que vulnera los derechos del jurista, pese a que renunció a seguir defendiendo la causa de Gabriela Zapata contra el presidente Evo Morales.
Entre el viernes y lunes rechazaron el caso los jueces Javier Chaca (El Alto), Margoth Pérez (La Paz) y Franco Zanabria (Oruro), quienes se excusaron de tratar el tema de León, quien denunció formalmente a los responsables del desfalco sufrido por el Fondo Indígena (Fondioc).
A León se le inició un proceso penal, también a la “tía de Zapata”, Pilar Guzmán, y a sus colegas Williams Sánchez y Walter Zuleta, por supuestos delitos de trata y tráfico de personas y asociación delictuosa, entre otros.
Ayer, en La Paz, a las 9.30 horas, debía desarrollarse la audiencia de medidas cautelares de León, pero fue suspendida, debido a que la acción de libertad planteada por la defensa todavía no se le había dado curso.
La suspensión se dio a las 11.00 horas de la mañana, pero cerca de las 13.00 se conoció que Zanabria había rechazado el caso y lo remitía a La Paz otra vez, por lo que se suspendía el traslado de los abogados y fiscales.
A las 16.00 horas se conoció que los expedientes fueron trasladados desde Oruro por una funcionaria, pero fue retenida en la localidad de Ventilla, donde se presentó un bloqueo caminero.
Más tarde, se conoció que la funcionaria había logrado llegar a los juzgados, pero al tener una jornada de paro cívico en El Alto, no había juzgado de turno para conocer el caso. Hasta la hora de cierre de esta nota, no se conocía la decisión que había tomado la funcionaria que pretendía retornar a Oruro.
La acción de libertad es un recurso judicial establecido en la Constitución Política del Estado, para denunciar detenciones ilegales, como es el caso de León, que el fin de semana estuvo detenido sin contar con una imputación formal.
Zanabria explicó que en el departamento de La Paz hay instancias jurisdiccionales que deberían aún conocer el caso, para resolver a favor o en contra de la acción de libertad presentada por los abogados de León, motivo por el cual se presentó la inhibitoria.
Ricardo Maldonado dijo que el caso tiene que resolverse en forma inmediata, porque “se están vulnerando los derechos de un ciudadano, que ha sido detenido sin cumplirse los procedimientos legales correspondientes”.
León está sindicado del supuesto delito de trata de personas y otros actos, por defender a Gabriela Zapata, y por la exhibición que habría efectuado esta de un niño que no sería el hijo del presidente de Evo Morales.
SÁNCHEZ Y ZULETA
Por otro lado, el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, informó –en base a reportes de la Dirección General de Migración– que los colegas de León, Sánchez y Zuleta, también abogados de Zapata, no abandonaron el país y efectivos policiales continúan indagando para aprehenderlos. “Según los reportes (de migración) están en el país esos ciudadanos”, indicó Illanes.
El abogado Eduardo León, representante legal de Gabriela Zapata, cumplió ayer 120 horas de aprehensión sin que se defina su situación procesal. Por tercera vez consecutiva, la audiencia de medidas cautelares fue declarada en cuarto intermedio para que la defensa pueda conocer la imputación subsanada por el Ministerio Público.
El abogado Ricardo Maldonado, calificó la detención de León como “ilegal” porque la imputación fue observada por el mismo juez y su permanencia en celdas no corresponde. Una demanda de acción de libertad fue enviada a Oruro.
El juez Tercero de Instrucción en lo Penal (de turno), Enrique Morales, pese a ser recusado por la defensa por haber percibido cierta parcialización con los querellantes, procedió con la instalación de la audiencia, pero sin iniciar la consideración de las cautelares de León debido a que sus patrocinantes solicitaron al juez aplicar el “principio de igualdad” para la defensa y puedan conocer la imputación corregida en contra de su defendido, notificada este domingo.
“Se ha declarado un nuevo cuarto intermedio porque se nos ha notificado con la imputación corregida con muy poco tiempo, ahora estamos en cuarto intermedio hasta mañana (hoy) a las 09:30. Se han cumplido 120 horas de ilegal detención, de una detención indebida que el órgano jurisdiccional hasta ahora no puede reparar”, sostuvo el abogado Maldonado.
A su vez, Ramiro Vega, otros de los representantes legales, explicó que el juez pretendió desarrollar la audiencia en medio de varias irregularidades, entre ellas, el no haber devuelto el sábado la imputación al Ministerio Público y determinar la libertad inmediata de Eduardo león, y no dar un plazo a la Fiscalía para que subsane las incongruencias que encontró en la imputación formal con relación con el cuaderno de investigaciones.
“La Fiscalía habla constantemente por teléfono, quien sabe con el Ejecutivo, y ha hecho todo lo posible para llevar adelante la audiencia, ha habido recusaciones, ha habido maltrato terrible y vergonzoso para con la defensa. El juez no quiso cedernos la palabra y llevar la cautelar para acabar con esto de una vez, porque nos dijo que nosotros queríamos dilatar la decisión”, dijo Vega.
La audiencia de medidas cautelares se realizaría en el juzgado IX de Instrucción en lo Penal presidida por Jorge Castillo, quien rechazó la primera acción de libertad presentada por la defensa que fue denegada.
SEGUNDA ACCIÓN DE LIBERTAD
La defensa de Eduardo León señaló que antes de que se desarrolle la audiencia de medidas cautelares se tiene que considerar en primera instancia la segunda Acción de Libertad que planteó en la jurisdicción de El Alto.
La figura legal fue presentada bajo el argumento de que se están vulnerando la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal que establece que una persona no puede estar aprehendida por más de 24 horas, tiempo en el que la autoridad jurisdiccional debe resolver la situación del imputado.
Ayer, sin embargo, el juez de turno de la urbe alteña, Rolando Chaca, determinó excusarse para conocer la demanda porque manifestó que mantiene una amistad cercana con uno de los que llevan adelante el caso y dispuso su remisión a la ciudad de Oruro.
Juez halla 5 faltas en la imputación contra León
El juez del Juzgado Tercero en lo Penal Cautelar, Enrrique Morales, encontró al menos cinco errores en la imputación contra el abogado Eduardo León. Los representantes del Ministerio Público tienen 24 horas para enmendar las observaciones hasta la audiencia de medidas cautelares, que se presume será hoy.
"Esta imputación formal que la tengo en fotocopia no tiene una relación síntesis, no está adecuada, existe incongruencia, hay párrafos repetidos, falta una hoja, está en total desorden”, dijo el juez antes de iniciar la audiencia de medidas cautelares.
Ricardo Maldonado, abogado de León, indicó que el juez dio oportunidad al Ministerio Publico para que corrijan los errores. "La imputación es de otra persona, no señalan los delitos, no piden la detención preventiva. El juez debió disponer la libertad del doctor León”, dijo.
Ante esta situación, los abogados de León presentaron una acción de libertad para que se realice en un juzgado de la ciudad de El Alto, antes de la audiencia de medidas cautelares.
Los tres fiscales, al ser consultados por el juez, reconocieron los errores en la imputación y no supieron explicarlos. Por ello, hubo minutos de silencio en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia para escuchar los fundamentos.
Las fiscales Mariana Montero y Susana Boyán en seis ocasiones solicitaron la reserva del caso porque estaría involucrado un supuesto niño del presidente Evo Morales y Gabriela Zapata.
"¿Dónde está saliendo fiscal?”, le preguntó el juez al fiscal Cristian Lanza y éste respondió: "A completar la imputación”. El juez le replicó: "Le denego la salida, usted no puede salir”, y el representante del Ministerio Público regresó a su silla.
La fiscal Boyán dijo que los fiscales "no tenemos miedo” y advirtió al juez: "Bajo su responsabilidad... al no declarar en reserva esta audiencia. Le digo: bajo su responsabilidad. Nos está obligando a que tomemos la palabra”, dijo en tono de amenaza, ante la insistencia de la Fiscalía de declarar en reserva la audiencia del caso.
León enfrenta 20 procesos penales
Según datos del Ministerio de Transparencia, el abogado Eduardo León enfrentra 20 procesos penales de diferente índole.
Por ejemplo, falsedad material e ideológica; falsedad material; apropiación indebida; difamación y calumnias; peculado; desacato; amenazas; estafa; trata de seres humanos; sedición y otros.
De acuerdo a esa fuente, en la mayoría de los casos aparece el Ministerio Público como denunciante.
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References: artículo 126
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 artículo 182
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