Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/T-1048-02.htm
Timestamp: 2018-06-23 02:28:01+00:00

Document:
T-1048-02
dentro del proceso de revisión del fallo proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Leticia y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca –Sala Civil-Familia-Agraria-, en el trámite de la acción de tutela iniciada por Héctor Camacho Bahamón contra la Fiduciaria “La Previsora”.
“…encuentra esta Colegiatura que el derecho alegado no fue vulnerado por la entidad accionada, al contrario, tanto la solicitud elevada por la Coordinadora de la Oficina de Prestaciones Sociales ante el Departamento del Amazonas como la suscrita por el actor, fueron contestadas por La Previsora, informando cual fue la razón para la devolución del expediente para la respectiva corrección; por ende no se advierte negligencia de la parte accionada, en el procedimiento adelantado, el cual como se observa es un tanto complejo habida cuenta que la pensión debe ser cubierta por cuotas partes a cargo de cada una de las entidades en las cuales laboró el docente, y fue esa precisamente la observación que hizo la Previsora al devolver la orden de pago, que no estaba consignado en la resolución # 020 por medio de la cual se reconoció el pago de la prestación.
“Así las cosas, la decisión adoptada por el a quo debe revocarse, porque so pretexto de proteger un derecho fundamental como sería el mínimo vital, - que en este caso no se demostró que sufriese detrimento, para poder conectarlo con la seguridad social, -, se pretermiten procedimientos consagrados en la ley, precisamente para garantizar el pago de las mesadas con cargo a las entidades obligadas a cubrirlo.”
- A folios 4 al 6 del cuaderno de primera instancia, copia de la resolución No. 020 proferida el 8 de agosto de 2001 por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que reconoció una pensión de vejez a favor del demandante.
- A folio 7 del cuaderno de primera instancia, copia de la constancia de notificación de la resolución 020 al demandante.
- A folio 9 del cuaderno de primera instancia, oficio suscrito por la Coordinadora Regional de Prestaciones del Magisterio de Leticia, dirigido al Vicepresidente del Fondo de Prestaciones de la Fiduciaria La Previsora S.A., en el que le solicita tramitar el pago de la pensión de jubilación del demandante.
- A folio 11 del cuaderno de primera instancia, petición elevada por el demandante ante la Fiduciaria La Previsora, solicitando información acerca del trámite del pago de su pensión.
- A folio 61 del cuaderno de primera instancia, oficio suscrito por la Vicepresidente del Fondo de Prestaciones de la Fiduciaria La Previsora, recibido en esta Corporación el 15 de octubre de 2002, en el que informa que el demandante desde el 20 de octubre de 2002 recibirá sus mesadas pensionales.
2. Reiteración de jurisprudencia- Derecho de petición- de reconocimiento y pago de prestaciones sociales del magisterio.
En diversas oportunidades[1] las Salas de Revisión de la Corte han conocido de acciones de tutela concernientes a la protección del derecho de petición de los docentes, cuando solicitan a la administración el reconocimiento, liquidación y pago de sus prestaciones sociales con diversas interpretaciones que recientemente la Corte Constitucional consideró necesario unificar mediante la sentencia SU-014 de 2002 cuya ponencia correspondió al Magistrado Alvaro Tafur Galvis.
A pesar de que en el presente caso se advierte un hecho ya superado, en tanto existe en la fecha de este fallo una resolución de reconocimiento de la pensión del accionante con orden de pago para el 20 de octubre de 2002, es preciso reiterar los planteamientos de la sentencia de unificación mencionada en tanto que el juez de instancia en este proceso, concedió la tutela ordenando a una entidad equivocada el pago de la prestación solicitada. La segunda instancia no corrigió el yerro y por ello considerando que la misión de la Corte va más allá de resolver el caso concreto, siendo su objetivo preferente la unificación de criterios y la fijación de la hermenéutica autorizada de la Constitución Política[2], se hará un recuento de la doctrina constitucional contenida en la sentencia citada, en lo pertinente para este caso.
“Dicho contrato tiene por objeto constituir una fiducia mercantil sobre los recursos que integran el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que la Fiduciaria los administre, invierta y destine al cumplimiento de los objetivos previstos para el Fondo, uno de los cuales es el pago oportuno de las prestaciones sociales del personal docente. Allí se estipula, igualmente, que una de las obligaciones del Fideicomitente es “reconocer prestaciones sociales que pagará el Fondo”, mientras que compete a la Fiduciaria La Previsora cancelar con los recursos dados en fiducia únicamente el valor de las prestaciones sociales que conforme a la Ley 91 de 1989 deba cancelar el Fondo al personal docente nacional y nacionalizado afiliado, previa determinación de la destinación, prioridad y disponibilidad de los recursos del Fondo para tal efecto, por parte del Consejo Directivo del mismo.”
b. La Fiduciaria no es sujeto pasivo de la acción de tutela.
En consideración de lo anterior, se estimó en la sentencia de unificación mencionada que La Previsora no puede ser sujeto pasivo de la acción de tutela del derecho de petición sobre reconocimiento y pago de prestaciones sociales de los docentes al servicio del Estado, ya que “ la Fiduciaria La Previsora S.A., es una sociedad de economía mixta, regida por el derecho privado, que, en principio, no puede ser sujeto pasivo del derecho de petición, porque su obligación de administrar los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y en consecuencia efectuar los desembolsos correspondientes a las prestaciones de los docentes, con base en la previa determinación de aquel no le imprime carácter de autoridad pública”.
Se aclaró finalmente en el fallo, que “es preciso recordar a la Fiduciaria que no solo el contrato que tiene suscrito con el Fondo rige sus relaciones con éste, porque conforme lo ordena el artículo 4º constitucional, está obligada a sujetar sus actuaciones prima facie a la Constitución Política, la cual, entre otras obligaciones, le impone respetar los derechos de los terceros, para el presente caso, los de los servidores públicos que demandan el pago de sus cesantías parciales. Igualmente, si bien es cierto que el Ordenamiento Superior prevé la posibilidad de que los particulares desempeñen funciones públicas – arts. 123, 210 y 365 C.P.- también lo es que en el ejercicio de las mismas están limitados por la Constitución y la ley –idem-.[3]
“…me permito poner en conocimiento de esa Honorable Corte Constitucional, para que obre en autos, que la pensión de jubilación reconocida al accionante mediante resolución No. 17 del Representante del Ministerio de Educación Nacional ante el Amazonas y Coordinador de la Oficina Regional, cuya copia adjunta a la orden de pago se recepcionó en esta entidad Fiduciaria, le fue programado su pago para el día 20 de octubre de 2002 a través del Banco Ganadero de la ciudad de Leticia.
No obstante lo anterior, vale la pena destacar que de los hechos narrados por el accionante puede deducirse claramente la violación del derecho de petición, no por parte de la Fiduciaria, sino por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, ente que debió ser vinculado a este proceso por el juez de primera instancia, sin que lo hubiera hecho, ya que tardó un año y medio en proferir la resolución de reconocimiento de la pensión de jubilación. En efecto, según lo afirma el accionante, su solicitud de reconocimiento de la pensión fue presentada el 8 de noviembre de 1999 y sólo el 8 de agosto de 2001 se produjo la resolución de reconocimiento. De otro lado, dicha resolución, junto con la orden de pago correspondiente, fue devuelta el 29 de Enero de 2002 por la Fiduciaria a la oficina de origen para que ésta corrigiera unas inconsistencias (Fls. 29, 34 Cuad. 1ª Inst.), con el resultado de que sin justificación razonable la solución definitiva sólo se produjo el 15 de Octubre de 2002.
Como bien lo ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación, cuando el docente al servicio del Estado eleva ante la autoridad encargada para el efecto, una solicitud de interés particular tendiente a que se liquide, reconozca y pague una prestación social a la que cree tener derecho, tal petición debe generar una actuación pronta de la administración, que necesariamente ha de culminar con la expresión de reconocer o negar lo pedido, pues es la manera como el derecho constitucional de los asociados a obtener pronta resolución de sus peticiones encuentra plena realización. [4]
Por lo anterior, la Sala ordenará que se compulse copia a la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la conducta de los funcionarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- Regional Amazonas que intervinieron en la dilación y demora de los trámites que culminaron en la expedición de la resolución 020 de agosto 8 de 2001.
Se procederá esta vez como en aquellos casos[5] en los cuales los supuestos fácticos que dieron origen a la solicitud de amparo ya se encuentran satisfechos, por lo cual se declarará la existencia de un hecho superado y no se adoptará decisión sobre la petición formulada.
Primero. Declarar la existencia de un hecho superado en relación con la acción de tutela instaurada por Héctor Camacho Bahamón contra la Fiduciaria La Previsora S.A. y, en consecuencia, abstenerse de adoptar decisión sobre la petición formulada.
Segundo. Compulsar copia del presente expediente a la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la conducta de los funcionarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- Regional Amazonas que intervinieron en la dilación y demora de los trámites que culminaron en la expedición de la resolución 020 de agosto 8 de 2001.
[1] T-474/93, T-525/93, T-019/94, T-065/94, T-078/94, T-370/95, T-392/95, T-293/96, T-578/97, T-671/97, T-314/98, T-343/98, T-393/98, T-552/98, T-725/98, T-794/98, T-619/99, T-686/99, T-836/99, T-882/99, T-063/00, T-255/00, T-614/00, T-1556/00 y T-631/01.
[2] T-673 de 2000
[3] Respecto de la atribución a los particulares del ejercicio de funciones públicas y del sometimiento de aquellos a la Constitución, consultar la Sentencia C-866 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, que examinó la constitucionalidad de los artículos 110 y 111 de la Ley 489 de 1998.
[4] Sentencia SU-014 de 2002.
[5] Ver entre otras las sentencias T-613 de 2000, T-457 de 2000, T-545 de 2000, T-617 de 2000 y T-1101 de 2000.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución