Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2016/as201610501.html
Timestamp: 2019-03-18 17:48:16+00:00

Document:
as201610501
AUTO SUPREMO Nº 501/2016-RRC
Por memorial presentado el 9 de diciembre de 2015, cursante de fs. 910 a 912, Catalina Pérez Mamani, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 49/2015 de 6 de julio, de fs. 865 a 868, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrado por los Vocales Félix Peralta Peralta y Elías Fernando Ganam Cortez, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la recurrente contra Carlos Choque Quispe y Carmen Quispe Choque, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 parte in fine del Código Penal (CP).
a) Por Sentencia 002/2014 de 25 de marzo (fs. 747 a 759), la Jueza Quinto de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Carlos Choque Quispe, autor del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 parte in fine del CP, imponiéndole la pena de dos años, más la reparación de daños, perjuicios y costas a calificarse en ejecución de Sentencia; por otra parte, declaró a Carmen Quispe Choque, absuelta de pena y culpa por la comisión del citado delito.
b) Contra la mencionada Sentencia, la acusadora particular Catalina Pérez Mamani (fs. 794 a 799) y el imputado Carlos Choque Quispe (800 a 802), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 49/2015 de 6 de julio, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisibles: “los recursos de apelación restringida interpuestos por Natalio Estaca Choque y Aurora Flores Loza, por haber sido presentado dentro del término previsto por el art. 408 del CPP y declara IMPROCEDENTE el recurso opuesto, confirmando la Sentencia 002/2014 de 25 de marzo de 2014 (…)” (sic). Asimismo, ante el pedido de la acusadora particular Catalina Pérez Mamani (fs. 874 a 875), se emitió el Auto de 28 de agosto de 2015 (fs. 876), que declaró no ha lugar a su solicitud de complementación.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 210/2016-RA de 21 de marzo, se extrae el motivo a ser analizado conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
Denuncia la recurrente que el Tribunal de alzada no resolvió los siguientes motivos de su recurso de apelación restringida: i) Errónea aplicación de la Ley Sustantiva; ii) La contradicción entre la parte considerativa y dispositiva de la Sentencia; iii) La errónea valoración de la prueba y violación de los principios de la sana crítica; y, iv) La inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia, señalando además que el Tribunal de alzada de manera temeraria confundió el nombre de las partes y los jueces ciudadanos, incluyendo a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, pese a haber hecho notar este error mediante la solicitud de Explicación, Complementación y Enmienda, el Tribunal de alzada persistió en el error declarando sin mayor fundamentación “no ha lugar” a su solicitud, esta falta de análisis y motivación del Auto de Vista impugnado, sería contraria a la doctrina legal sentada por el Auto Supremo 242 de 6 de julio de 2006.
La recurrente solicita se disponga la “ANULACIÓN del Auto de Vista” (sic) y con las responsabilidades de ley, se dicte nuevo Auto de Vista sin mayor trámite.
Mediante Auto Supremo 210/2016-RA de 21 de marzo, cursante de fs. 921 a 922 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por Catalina Pérez Mamani, para su análisis de fondo.
Por Sentencia 002/2014 de 25 de marzo, la Jueza Quinto de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Carlos Choque Quispe, autor del delito de Lesiones Graves y Leves, imponiéndole la pena de dos años de reclusión, más la reparación de daños, perjuicios y costas, al tener como hechos probados los siguientes: a) La querellante y los acusados son vecinos de la zona ciudadela Ferroviaria y que los inmuebles distan entre ellos, más o menos una cuadra de distancia; b) La querellante en el inmueble de su propiedad tiene dos negocios, uno de ellos atendido por su esposo y el otro por la referida querellante; c) El 10 de mayo de 2009 a horas 10:00 de la noche, el acusado Carlos Choque Quispe, que se hallaba en estado de ebriedad pateó las puertas del domicilio de la querellante profiriendo términos agresivos en contra de los ocupantes, específicamente de la querellante y su esposo; d) La querellante salió a la puerta de calle reclamando por los golpes, siendo atacada físicamente por el acusado con golpes en la cara y haciéndole “volar los dientes” (sic), provocándole profuso sangrado; y, su inquilina utilizando una silla logró apartar al acusado; e) El cuñado del acusado intervino para calmar los ánimos de aquél, conduciéndolo hasta su domicilio; f) El 11 de mayo de 2009 a horas 7:00 p.m., “los hechos se produjeron en la tienda de abarrotes” de la querellante, donde se dirigieron ambos acusados para reclamarle por los hechos suscitados día antes y en esta ocasión la co-acusada Carmen Quispe Choque para reclamarle “que la había hecho a su hijo”, para luego acercarse a la querellante y provocarle un rasguño en la cara y en actitud de defensa la querellante hizo caer a la acusada; y, g) Como efecto de dichas agresiones, la querellante acudió al Médico Forense, Odontólogo y un Oftalmólogo, quienes emitieron los correspondientes certificados médicos que acreditan que la querellante sufrió golpes que le hicieron “volar los dientes” y aflojarlos de la dentadura postiza que tenía; asimismo, que la querellante sufrió rasguño en la cara.
Por otra parte, en cuanto a la fundamentación jurídica, refiere que tomó en cuenta que el delito es intuito personae; es decir, que se debe atribuir a una persona la comisión de los hechos delictivos, siendo la agresión más fuerte, la provocada por el acusado Carlos Choque Quispe y que el hecho de que se hallaba en estado de ebriedad no constituye excusa alguna, incurriendo en la comisión del delito de Lesiones Graves y Leves previsto por el art. 271 segundo párrafo del CP.
Respecto a la imposición de la pena, indicó que se debe tomar en cuenta los antecedentes del acusado que “no se ha demostrado que los tenga” (sic), pero consideró que su actitud fue: “totalmente desproporcionada e injustificada” respecto a la querellante. Asimismo, con relación a la co-acusada Carmen Quispe Choque, indicó que la situación no es la misma; por cuanto, si bien se estableció que hubo agresión, ésta fue mutua y sólo provocó cuatro días de impedimento y de acuerdo a la norma penal para determinar mínimamente la existencia de lesión leve, debe ser mayor a ocho días; por lo que, finalmente respecto a esta imputada declaró su absolución.
La acusadora particular Catalina Pérez Mamani, denunció: a) Errónea aplicación de la ley sustantiva, alegando que el art. 271 del CP fue modificado, que no toma un mínimo de impedimento y el “Código Penal Sanciona, inclusive un día de impedimento” (sic), que se debía sancionar la conducta de Carmen Quispe Choque que le provocó cuatro días de impedimento; b) Contradicción entre la parte dispositiva y la parte considerativa, haciendo alusión a la situación de la co-acusada Carmen Quispe Choque, que en la parte considerativa habría indicado que provocó cuatro días de impedimento; y, en la parte resolutiva habría señalado que no se probó la acusación y menos se generó actividad mínima probatoria para establecer prueba plena; c) Valoración de prueba con incorrecta conclusión en violación a los principios de la sana crítica; e, d) Inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia, alegando que se “ha violado deliberadamente el término máximo de tres días para lectura íntegra de la Sentencia” (sic).
Por su parte, el imputado Carlos Choque Quispe, alegó la violación al art. 325 del CPP, formulada como incidente de actividad procesal defectuosa dentro del juicio con reserva de apelación. Argumentó que formuló el referido incidente porque no se habría notificado legalmente con la acusación particular “además del SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA CONCLUSIVA” (sic); por lo que, no pudo asistir a la mencionada audiencia vulnerando su derecho a la defensa de formular incidentes, excepciones, exclusiones de prueba, existiendo vulneración al debido proceso, realizando posteriormente observaciones a las notificaciones realizadas el 26 de julio de 2011; además, de indicar que “el señalamiento de audiencia para el día 18 de agosto SUPUESTAMENTE, se notificó en fecha 17 de agosto a horas 11:15 diligencia de notificación que adolece de una serie de irregularidades” (sic).
Planteados los recursos de apelación restringida, fueron resueltos por Auto de Vista 49/2015 de 6 de julio, disponiendo en su parte resolutiva lo siguiente: “La sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, ADMITE los recursos de apelación restringida interpuesta por Natalio Estaca Choque y Aurora Flores Loza, por haber sido presentado dentro del término previsto por el Art. 408 del Código de Procedimiento Penal y declara IMPROCEDENTE el recurso opuesto, confirmando la Sentencia No. 002/2014 de fecha 25 de marzo de 2014 cursante a Fs. 747-759 del cuaderno de Acusación (…)” (sic).
III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO IMPUGNADO CON EL PRECEDENTE INVOCADO
Este Tribunal admitió el presente recurso, abriendo su competencia a fin de verificar la posible contradicción del Auto de Vista impugnado con el precedente invocado por la parte recurrente, ante su denuncia de que el Tribunal de alzada no resolvió los motivos de su recurso de apelación restringida relativos a la errónea aplicación de la Ley Sustantiva; contradicción entre la parte considerativa y dispositiva de la Sentencia; errónea valoración de la prueba y violación de los principios de la sana crítica; e, inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia, por lo que corresponde resolver la problemática planteada.
III.1. Sobre la incongruencia omisiva.
El vicio de incongruencia debe ser entendido como un desajuste material entre el fallo judicial y los términos en los cuales las partes formulan sus pretensiones; lo que significa, que la congruencia exigible, desde la perspectiva del respeto al derecho fundamental, comprende la obtención de una respuesta razonada a las pretensiones de las partes; asimismo, es menester precisar que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el capricho de los jueces o magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso.
En ese sentido, el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, ha señalado que: “La autoridad jurisdiccional al no pronunciarse sobre el contenido de las pretensiones solicitadas por el denunciante incurre en una incongruencia omisiva o fallo corto (citra petita o ex silentio); sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para su concurrencia: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita. Siendo así, que la incongruencia omisiva o fallo corto constituye un defecto absoluto, referido en esencia a la vulneración por el Juez o Tribunal del deber de atender y resolver a las pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada”.
Lo anterior significa que el Tribunal de alzada debe dar respuesta fundamentada y motivada a todos y cada uno de los agravios denunciados por el apelante; lo contrario significaría la vulneración del art. 124 del CPP, que señala que las Sentencias y Autos interlocutores serán fundamentados; expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; así también, la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; finalmente el art. 398 del CPP, textualmente refiere: "Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución", se entiende con la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie el Tribunal de alzada”.
III.2.Del precedente invocado.
La parte recurrente invoca en calidad de precedente el Auto Supremo 242 de 6 de julio de 2006, que fue emitido dentro de un proceso seguido por el delito de Peculado y otros, donde el Tribunal de Sentencia, declaró la absolución de los imputados, motivando la interposición de recursos de apelación restringida por los acusadores público y particular, siendo declarados “improcedentes”. En la resolución del recurso de casación, la entonces Corte Suprema de Justicia refirió que la fundamentación inmersa en el Auto de Vista impugnado era demasiado lacónica lo que generó la inexistencia de fundamentación clara que sustente la parte considerativa con la resolutiva y que el Tribunal de alzada no fundamentó debidamente respecto a cada uno de los puntos impugnados en el recurso de apelación restringida, concluyendo que de la lectura del fallo recurrido se infirió que carecía de fundamentación y no resolvió las cuestiones planteadas en el recurso de alzada, habiendo emitido la siguiente doctrina legal aplicable: “El marco del nuevo Código de Procedimiento Penal, acorde con la Doctrina Penal, establece al recurso de apelación restringida como el medio legal a través del cual se efectiviza de manera real el derecho que tienen los sujetos procesales de impetrar la revisión del fallo cuando adolece de escasa fundamentación aspecto que deviene en violación a derechos y garantías constitucionales tal cual lo establecen los artículos 370-5), 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, artículos 8.2 inciso h) de la Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993 (Pacto de San José de Costa Rica) y artículo 14.5 de la Ley Nº 2119 de 11 de septiembre de 2000 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), normas legales que expresamente consagran el derecho que tiene toda persona a conocer en detalle los fundamentos de las resoluciones impugnadas esto a objeto de que compruebe la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, garantizando de esta manera el debido proceso como fundamento esencial del Derecho Procesal Penal moderno, y como una exigencia del ordenamiento de los Derechos Humanos, presuponiendo este instituto la existencia de un órgano judicial independiente y funcional, así como una serie de normas que aseguren un procedimiento equitativo en el cual el o los procesados tengan a su alcance todas las posibilidades de una defensa amplia.
El Tribunal ad quem, en los asuntos sometidos a su control, tiene la obligatoriedad de dar estricta aplicación a los artículos 124 y 398 de la Ley Nº 1970 que disponen: ‘Las sentencias y Autos interlocutorios serán fundamentados, expresaran los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones (...). Los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”.
Consiguientemente, se establece situación de hecho similar, al denunciarse en el caso de autos que el Tribunal de alzada no resolvió los motivos del recurso de apelación restringida formulada por la recurrente y que la doctrina legal establecida por el precedente se originó entre otros aspectos, en la falta de resolución de las cuestiones planteadas en el recurso de alzada; por lo que el precedente resulta útil para desarrollar la labor de contraste encomendada por la ley a esta Sala Penal.
De la revisión de obrados, se advierte que una vez pronunciada la Sentencia, la parte recurrente formuló recurso de apelación restringida denunciando cuatro motivos: Errónea aplicación de la ley sustantiva específicamente del art. 271 del CP; contradicción entre la parte dispositiva y la parte considerativa; valoración de prueba con incorrecta conclusión en violación a los principios de la sana crítica; e, inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia, evidenciándose del Auto de Vista impugnado, que el Tribunal de alzada destina el primer considerando a la parte resolutiva de la sentencia emitida en la presente causa, pero en el “CONSIDERANDO II”, empieza a incluir datos que no corresponden al proceso como la mención de “Catalina Pérez Mamani”, persona ajena a la causa; seguidamente, en el tercer considerando se puede constatar que en el inc. 1, si bien efectúa algunas precisiones normativas respecto al art. 271 del CP, omite resolver el planteamiento concreto de la recurrente fundado en el defecto previsto por el art. 370.1) del CPP.
Además, se observa que el Tribunal de alzada efectúa consideraciones de recursos de personas ajenas al proceso, toda vez que en el punto 2 del mismo apartado señala: “Con relación a los fundamentos expuestos por memorial de Fs. 419-425 presentado por Natalio Estaca Choque, se debe considerar…” (sic) (fs. 865 vta.) (las negrillas son nuestras), para luego en el punto 3 del mismo considerando, indicar: “Con relación a los fundamentos expuestos por memorial de Fs. 430-433 presentado por Aurora Flores Loza, se debe considerar…” (sic) (fs. 867 vta.) (las negrillas son nuestras), para finalmente en la parte Resolutiva disponer: “La sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, ADMITE los recursos de apelación restringida interpuesta por Natalio Estaca Choque y Aurora Flores Loza, por haber sido presentado dentro del término previsto por el Art. 408 del Código de Procedimiento Penal y declara IMPROCEDENTE el recurso…” (sic) (fs. 868 vta.) (el subrayado es nuestro).
A lo destacado, debe añadirse que de la revisión de obrados en el caso de autos, se advierte también que los recursos de apelación, se encuentra en otras fojas respecto a los señalados en el Auto de Vista ahora impugnado; así, el recurso de apelación restringida de la acusadora particular Catalina Pérez Mamani, se encuentra de fs. 794 a 799; y, la del imputado Carlos Choque Quispe, cursa de fs. 800 a 802.
Estos elementos demuestran que el Tribunal de alzada, no sólo incurrió en un posible error de tipeo en la emisión del Auto de Vista impugnado, sino que en los hechos pese a hacer referencia inicial a la causa, resolvió recursos que resultan ajenos al proceso, conforme se desprende del análisis contenido en los incs. 2), 3) y 4) del último considerando, donde no sólo se hace referencia a sujetos procesales distintos a los que intervienen en esta causa, sino a motivos diferentes a los reclamados por la recurrente en apelación e incluso a una sentencia distinta a la emitida en este proceso, omitiendo por ende un pronunciamiento respecto a las temáticas planteadas por la recurrente en su apelación restringida, sin tener en cuenta que el art. 115.I de la CPE, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, que además es reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14, de modo que la parte que se sienta perjudicada por una resolución judicial, puede hacer uso de los recursos que la ley le franquea, denunciando los presuntos agravios ante el superior en grado, siendo deber de este último, responder a cada una de esas denuncias de manera fundamentada, aspecto que se halla ligado al derecho de acceso a la justicia; lo contrario, significa que se está ante la existencia de una incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), es decir cuando en el Auto de Vista no se resuelven todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y con base de argumentos jurídicos sólidos e individualizados, a fin de que se pueda inferir respuesta con criterios jurídicos al caso en concreto; respetando el principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación establecido por los arts. 124 y 398 del CPP.
En consecuencia, se advierte que la resolución recurrida, incurre en contradicción con el Auto Supremo 242 de 6 de julio de 2006, invocado como precedente y con el entendimiento jurisprudencial destacado en el acápite III.1. de la presente resolución y en inobservancia de los arts. 124 y 398 del CPP, que obligan que las sentencias y Autos interlocutorios deben ser fundamentados, expresando los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y que los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución.
Por otra parte, al advertirse que el accionar de los integrantes de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de La Paz, denota un accionar que no resulta compatible con la responsabilidad y diligencia que imponen el ejercicio de la función jurisdiccional a nivel departamental, incluso en desconocimiento del principio de idoneidad que entre otros sustenta el Órgano Judicial de acuerdo al art. 3 inc. 6) de la Ley del Órgano Judicial, en detrimento además de los principios procesales de celeridad, eficacia, eficiencia e inmediatez en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, conforme las previsiones del art. 180.I de la CPE, impidiendo que las partes del proceso accedan a la resolución definitiva de su conflicto, se insta al Consejo de la Magistratura, iniciar las acciones que corresponda contra los Vocales suscribientes del Auto de Vista impugnado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, SE DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 49/2015 de 06 de julio, cursante de fs. 865 a 868 y determina que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida y los fundamentos de la presente Resolución.
En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura y expídase oficio dirigido a su Presidencia a los fines de lo resuelto en el último párrafo del acápite anterior del presente fallo.

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