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Timestamp: 2019-12-07 17:31:30+00:00

Document:
61986CJ0147_ES
En el asunto 147/86,
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. G. Kremlis, miembro de su Servicio Jurídico, que designa como domicilio en Luxemburgo su despacho, sito en el edificio Jean Monnet, Kirchberg,
República Helénica, representada por el Sr. Angelos Voudouris, Asesor Jurídico en el Ministerio de Educación Nacional y del Culto, asistido por el Sr. Nikos Frankakis, Asesor Jurídico en la Representación Permanente de Grecia ante las Comunidades Europeas, y por la Sra. Evi Skandalou, Abogada del "Servicio de las Comunidades Europeas" del Ministerio de Asuntos Exteriores, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
que tiene por objeto que el Tribunal de Justicia declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 52, 59 y 48 del Tratado, al prohibir, en aplicación de la legislación griega vigente, que los nacionales de los demás Estados miembros puedan crear, en las mismas condiciones que los griegos, escuelas de recuperación, denominadas "frontistiria", y otros centros privados de formación profesional e impartir enseñanza a domicilio, así como al limitar las posibilidades de empleo de dichos nacionales en los referidos centros,
integrado por los Sres. G. Bosco, Presidente de Sala, en funciones de Presidente; J.C. Moitinho de Almeida, Presidente de Sala; T. Koopmans, U. Everling, Y. Galmot, C. Kakouris y F. Schockweiler, Jueces,
Abogado General: Sir Gordon Slynn
habiendo considerado el informe para la vista y celebrada ésta el 26 de noviembre de 1987,
oídas las conclusiones del Abogado General presentadas en audiencia pública el 13 de enero de 1988,
1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso, en virtud del artículo 169 del Tratado CEE, un recurso que tiene por objeto que el Tribunal de Justicia declare que la República Helénica, al prohibir, en aplicación de la legislación griega vigente, que los nacionales de los demás Estados miembros puedan crear, en las mismas condiciones que los griegos, escuelas de recuperación, denominadas "frontistiria", y otros centros privados de formación profesional e impartir enseñanza a domicilio, así como al limitar las posibilidades de empleo de dichos nacionales en los referidos centros, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 52, 59 y 48 del Tratado.
2 Según la Comisión, en virtud de la legislación griega en vigor, los nacionales de los otros Estados miembros de la Comunidad no están autorizados para:
- Crear "frontistiria", que están definidos como "la organización, en un mismo lugar, de clases impartidas a un grupo de más de cinco personas en total o, independientemente de la composición de los grupos, a más de un total de diez personas cada semana, que tienen por objeto completar y consolidar los conocimientos correspondientes al programa de los ciclos de enseñanza primaria, secundaria y superior (sea o no de preparación para la Universidad), o permitir el aprendizaje de lenguas extranjeras o música, o la adquisición de una formación general cursando estudios libres de un máximo de tres horas díarias por grupo constituido por las mismas personas".
- Crear centros privados de formación profesional, es decir, centros de enseñanza que no presentan las características de los "frontistiria" y que imparten enseñanza profesional, sea cual fuese su naturaleza.
- Impartir enseñanza a domicilio.
- Ocupar puestos de director y de profesor en los "frontistiria" y en los centros privados de formación profesional, con la salvedad, no obstante, de que existe una cuota de profesores de nacionalidad extranjera que pueden impartir enseñanza en los "frontistiria" de lenguas extranjeras.
3 La Comisión, estimando que dicha legislación introducía un régimen discriminatorio por razón de la nacionalidad respecto a los nacionales de los restantes Estados miembros y que por lo tanto dicho régimen infringía lo dispuesto en los artículos 52, 59 y 48 del Tratado, remitió al Gobierno griego un escrito de requerimiento, el 30 de noviembre de 1984, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 169 del Tratado. Al no reconocer el Gobierno griego el incumplimiento que se le imputaba, la Comisión le remitió un dictamen motivado el 28 de octubre de 1985, al que siguió una respuesta negativa de fecha 25 de febrero de 1986. La Comisión interpuso entonces el presente recurso.
4 Para una exposición detallada de lo dispuesto en la legislación nacional y del desarollo del procedimiento, así como de las pretensiones, motivos y alegaciones de las partes, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre el motivo de recurso basado en el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 59 del Tratado
5 En opininión de la Comisión, la imposibilidad de que los nacionales de otros Estados miembros creen un "frontistirion" o un centro privado de formación profesional infringe el artículo 52 del Tratado, que prohíbe toda discriminación basada en la nacionalidad para tener acceso al ejercicio de actividades no asalariadas. Prohibir a dichos nacionales que impartan enseñanza a domicilio infringe asimismo, según la Comisión, no sólo dicho artículo, sino también el artículo 59, referente a la libre prestación de servicios.
6 Frente a esta tesis, el Gobierno griego objeta, en primer lugar, que el principio de libertad de establecimiento recogido en el artículo 52 no puede aplicarse en el presente caso, puesto que según el párrafo 1 del artículo 55 del Tratado este principio no se aplica a las actividades que estén relacionadas, aunque sólo sea de manera ocasional, con el ejercicio del poder público. A juicio del Gobierno griego, compete a cada Estado miembro determinar qué actividades están relacionadas en dicho Estado con el ejercicio del poder público. Tal es el caso de las actividades educativas en Grecia, habida cuenta de que, de acuerdo con la Constitución de dicho país, la educación constituye una función fundamental del Estado, a fin de asegurar, sobre todo, la formación moral y espiritual y el desarrollo de la conciencia nacional de los ciudadanos, y que las personas de naturaleza privada que ejercen tales actividades lo hacen en su condición de depositarios del poder público.
7 Es preciso subrayar a este respecto que, en cuanto excepción a la regla fundamental de la libertad de establecimiento, el artículo 55 del Tratado debe ser interpretado de tal modo que quede limitado el alcance de este artículo a lo estrictamente necesario para salvaguardar los intereses cuya protección les está permitida a los Estados miembros por esta disposición.
8 Es cierto que, al no existir ninguna directiva comunitaria dirigida a armonizar las disposiciones nacionales relativas a la creación de centros de enseñanza, la eventual aplicación de las restricciones a la libertad de establecimiento previstas en la referidas disposiciones del artículo 55 debe ser apreciada por separado para cada Estado miembro. Esta apreciación deberá tener en cuenta, sin embargo, el carácter comunitario de los límites fijados en el artículo 55 a las excepciones permitidas al principio de libertad de establecimiento, con el fin de evitar que la eficacia del Tratado en esta materia se vea contrarrestada por disposiciones unilaterales de los Estados miembros.
9 Si bien corresponde a cada Estado miembro definir cuáles son, en materia de enseñanza, la función y las responsabilidades propias del poder público, no puede admitirse que la mera creación por una persona de naturaleza privada de un establecimiento de enseñanza como el denominado "frontistirion" o de un centro de formación profesional, o el mero hecho de que una persona imparta enseñanza a domicilio, estén relacionados con el ejercicio del poder público en el sentido del artículo 55 del Tratado.
10 Tales actividades privadas siguen estando, en efecto, bajo el control del poder público, que dispone de medios adecuados para asegurar en todo caso la protección de los intereses que tiene encomendada, sin que sea necesario restringir, a tal efecto, la libertad de establecimiento.
11 Procede, por tanto, desestimar la primera objeción del Gobierno griego.
12 El Gobierno griego alega además, frente al motivo de recurso de la Comisión, que dado el tenor literal del apartado 7 del artículo 16 de la Constitución griega, sólo mediante una ley podría abrirse la vía a la creación, por personas de naturaleza privada, de centros de formación profesional. A falta de dicha ley, está prohibido que cualquier persona privada -incluso de nacionalidad griega- cree tales centros. No existe, por lo tanto, en este tema ninguna discriminación contraria al Derecho comunitario.
13 Debe reconocerse que esta objeción, en la medida en que se refiere a la formación profesional, en el sentido que da a este concepto el apartado 7 del artículo 16 de la Constitución griega, es fundada. En efecto, la Comisión no ha logrado probar ni que una ley nacional autorice la creación de centros de enseñanza privados en este sector, ni que existan efectivamente tales centros.
14 Es preciso señalar, en cambio, que la Comisión ha querido referirse, en el presente recurso, a un concepto comunitario de formación profesional y abarcar, más ampliamente, todas las formas de enseñanza especializada, por oposición a la enseñanza general. La Comisión ha puesto de manifiesto, en este contexto, que, fuera del ámbito de aplicación del apartado 7 del artículo 16 de la Constitución, la legislación nacional autoriza a las personas de naturaleza privada que tengan la nacionalidad griega a abrir escuelas de música y danza, mientras que niega dicha posibilidad a los nacionales de los restantes Estados miembros.
15 En este punto, el Gobierno demandado alega que, incluso por lo que respecta a estas escuelas, tampoco puede imputársele ningún incumplimiento, porque en la práctica se conceden las autorizaciones de apertura necesarias a los nacionales de otros Estados miembros, a pesar de las disposiciones contrarias recogidas en la legislación nacional.
16 No obstante, como se desprende de una jurisprudencia constante (véase, por ejemplo, la sentencia de 13 de octubre de 1987, Comisión contra Reino de los Países Bajos, 236/85, Rec. 1987, p. 3989), no pueden considerarse cumplimiento válido de las obligaciones del Tratado meras prácticas administrativas, modificables por su propia naturaleza al arbitrio de la Administración y a las que no se da una publicidad adecuada.
17 De las consideraciones que anteceden se deduce que la prohibición, que afecta a los nacionales de los restantes Estados miembros, recogida en la legislación griega de crear "frontistiria", de crear escuelas privadas de música y danza, o de impartir enseñanza a domicilio, infringe el artículo 52 del Tratado.
18 Por otra parte, en relación con la enseñanza a domicilio, esta prohibición infringe igualmente el artículo 59, al afectar a los nacionales de otros Estados miembros que van a Grecia a prestar sus servicios ocasionalmente.
Sobre el motivo de recurso basado en el incumplimiento del artículo 48 del Tratado
19 La Comisión alega que la legislación griega prohíbe a los nacionales de los demás Estados miembros ocupar puestos de director y de profesor en los "frontistiria" y en los centros privados de formación profesional, con la única salvedad de que existe una cuota limitada de profesores de nacionalidad extranjera que pueden ser contratados en los "frontistiria" de lenguas extranjeras. Tal discriminación, que, por razón de la nacionalidad, dificulta o limita el ejercicio del trabajo asalariado infringe, a juicio de la Comisión, el artículo 48 del Tratado, referente a la libertad de circulación de los trabajadores.
20 No obstante, la Comisión admite, como se deduce del dictamen motivado que dirigió a la República Helénica y de la argumentación esgrimida ante el Tribunal, que en virtud de los artículos 44 y 45 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Helénica y a las adaptaciones de los Tratados, hasta el 1 de enero de 1988, las disposiciones del artículo 48 del Tratado sólo son plenamente aplicables a los nacionales de los demás Estados miembros que ocupen ya un puesto de trabajo en Grecia y a los miembros de sus respectivas familias que cumplan determinados requisitos en cuanto a los años de residencia en Grecia. Es pues únicamente por la discriminación que se hace a estas dos categorías de personas por lo que la Comisión ha señalado un incumplimiento de las obligaciones de la República Helénica.
21 Esta argumentación de la Comisión que, en los referidos términos, no ha sido discutida por el Gobierno demandado debe considerarse fundada, en la medida en que se refiere únicamente a los puestos de director y de profesor en los "frontistiria" y en las escuelas privadas de música y danza.
22 De cuanto antecede se desprende que procede estimar en parte el recurso de la Comisión.
23 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Sin embargo, según el párrafo 1 del apartado 3 del mismo artículo, el Tribunal de Justicia podrá imponer el pago repartido de las costas, parcialmente o en su totalidad, cuando sean desestimadas respectivamente una o varias de las pretensiones de las partes. En el presente caso, al haberse estimado sólo parcialmente las pretensiones de la Comisión, procede repartir el pago de las costas.
1) Declarar que, al prohibir a los nacionales de los demás Estados miembros crear "frontistiria", así como escuelas privadas de música y danza e impartir enseñanza a domicilio, la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 52 y 59 del Tratado.
2) Declarar que, al prohibir o limitar el ejercicio de las funciones de director y de profesor en los "frontistiria" y en las escuelas privadas de música y danza a los nacionales de los demás Estados miembros que ocupen un puesto de trabajo en Grecia y a los miembros de sus familias, la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 48 del Tratado.
3) Desestimar el recurso en sus restantes pretensiones.

References: artículo 169
 artículo 169
 artículo 52
 artículo 59
 artículo 52
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 16
 artículo 16
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 artículo 52
 artículo 59
 artículo 48
 artículo 48
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 artículo 69
 artículo 48