Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/46763/sentencia-ts-sala-3-de-23-de-diciembre-de-2010-responsabilidad-patrimonial-deduccion-del-iva
Timestamp: 2017-10-19 23:28:27+00:00

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Responsabilidad patrimonial: deducción del IVA, soportado, correspondiente a las subvenciones percibidas. Regla de prorrata a los sujetos pasivos totales del impuesto. Sólo permite limitar el derecho a deducción, mediante la toma en consideración de las subvenciones que no estén vinculadas al precio del bien o servicio suministrado. La Ley 37/1992 es declarada contraria al Derecho Comunitario. Estimación.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Sexta por los Excmos. Srs. Magistrados arriba anotados, el recurso contencioso-administrativo número 505/07, interpuesto por el Procurador D. Carmelo Olmos Gómez, en nombre y representación de "Jamones Ibéricos Martín Matas, S.L.", contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 1 de junio de 2007, por el que se desestima la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador derivado de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a bienes y servicios financiados mediante subvenciones. Se ha personado, como parte recurrida, LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el ABOGADO DEL ESTADO.
Primero.-El Procurador D. Carmelo Olmos Gómez, en nombre y representación de "Jamones Ibéricos Martín Matas, S.L.", mediante escrito de fecha de presentación 10 de septiembre de 2007, interpuso recurso contencioso- administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 1 de junio de 2007, desestimatorio de indemnización por responsabilidad del Estado legislador derivada de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a bienes y servicios financiados mediante subvenciones.
Segundo.-Admitido a trámite el recurso, por providencia de fecha 12 de septiembre de 2007, se requirió a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo, ordenándole que practicara los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la LJCA.
Tercero.-En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó la demanda mediante escrito presentado el 19 de noviembre de 2007, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando a la Sala se dictara sentencia que "... estime las pretensiones de la recurrente, declarando la no conformidad a Derecho de la resolución impugnada y, por ello, la responsabilidad patrimonial solicitada en su día".
Cuarto.-El Abogado del Estado, en representación y defensa de la Administración General del Estado, contestó a la demanda mediante escrito presentado el 3 de diciembre de 2007, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó oportunos, terminó suplicando se dictara sentencia por la que se desestime íntegramente el recurso, con expresa condena en costas a la parte recurrente.
Quinto.-Por providencia de 17 de enero de 2008, la Sala acordó dar traslado para conclusiones a la parte recurrente, trámite que evacuó mediante escrito presentado el 29 de enero de 2008.
Por diligencia de ordenación de 30 de enero de 2008 se dio traslado para igual trámite al Abogado del Estado, quien presentó el escrito de conclusiones con fecha 8 de febrero de 2008, siendo declaradas conclusas las actuaciones y pendientes de señalamiento para votación y fallo mediante diligencia de ordenación de 16 de abril de 2008.
Sexto.-Por providencia de fecha 5 de abril de 2010, la Sala acordó unir a las actuaciones comunicación remitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea junto con la copia legalizada de la sentencia recaída en la cuestión prejudicial planteada por esta Sala, y dar copia a las partes, concediéndolas el plazo de diez días para alegaciones, habiendo evacuado el trámite únicamente el Abogado del Estado, siendo declaradas nuevamente conclusas las actuaciones mediante diligencia de ordenación de fecha 3 de mayo de 2010.
Primero.-El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 1 de junio de 2007, por el que se desestima la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada por "Jamones Ibéricos Martín Matas, S.L." en fecha 22 de septiembre de 2006, como consecuencia de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a las subvenciones percibidas en el ejercicio 2003, y con fundamento en el incumplimiento por parte del Estado Español de las obligaciones que le incumben en esta materia en virtud del Derecho Comunitario y, en particular, de los arts. 17, apartados 2 y 5, y 19 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977 (Sexta Directiva en materia de IVA).
Segundo.-El Abogado del Estado opone a la pretensión actora en primer lugar la falta de prueba sobre el alcance del derecho concedido al particular por la Directiva invocada y, más concretamente, que se haya acreditado ser sujeto pasivo total a los efectos de autos. En segundo lugar, niega la existencia de una "violación suficientemente caracterizada" del Derecho Comunitario por parte de la norma nacional para que de ello pueda derivarse una responsabilidad patrimonial. Tampoco acepta en este caso la necesaria relación de causalidad y la existencia de un daño antijurídico, por cuanto el administrado y hoy recurrente tenía el deber jurídico de soportar el daño. Finalmente, y con carácter cautelar, alega prescripción de la acción por haberse superado el plazo de cuatro años fijado en el Ordenamiento para el ejercicio de las acciones de devolución de ingresos tributarios indebidos, falta de prueba completa acerca de la realidad y entidad del daño causado, e improcedencia de adicionar intereses de demora.
Cuarto.-Según consta en el Antecedente 1 del Acuerdo impugnado, "La entidad "Jamones Ibéricos Martín Matas, S.L." presentó las correspondientes declaraciones-liquidaciones en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) relativas al ejercicio 2003. Practicada liquidación provisional por la Administración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria competente, en aplicación, por lo estrictamente atañe a la cuestión aquí suscitada (prorrata de deducción del IVA soportado por los sujetos que efectúan únicamente operaciones gravadas y limitación del derecho a la deducción correspondiente a la compra de bienes o servicios financiados mediante subvención), a lo establecido en los artículos 102 y siguientes de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (...), en su versión modificada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre , dicha liquidación devino firme, por consentida, al no haber sido impugnada por la entidad interesada".
La entidad recurrente solicitó la devolución de ingresos indebidos, que fue desestimada por Resolución de la Agencia Tributaria, Delegación de Salamanca, de fecha 26 de agosto de 2005. Posteriormente, la recurrente solicitó la rectificación de la autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2003, que fue desestimada por Resolución de la Agencia Tributaria, Delegación de Salamanca, de 8 de junio de 2006. Por último, la Agencia Tributaria, por Resolución de 19 de octubre de 2006, acordó no iniciar procedimiento de revocación de las dos resoluciones citadas anteriormente.
Conocida la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de octubre de 2005 (Asunto C-204/03) a la que nos hemos referido en el anterior fundamento, la parte hoy recurrente formuló, al amparo de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, solicitando ser indemnizada en la cuantía de 5.955,28 €, a los efectos de resarcir los perjuicios económicos que entendía le habían sido ocasionados como consecuencia de la limitación que sufrió de su derecho a la deducción del IVA soportado, al haber incumplido el Estado Español las obligaciones que le incumbían en virtud del Derecho Comunitario y, en particular, de los artículos 17, apartados 2 y 5, y 19 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de IVA.
La indemnización debe comprender el importe de lo indebidamente ingresado a favor de la Hacienda Pública, cinco mil novecientos cincuenta y cinco euros con veintiocho céntimos de euro (5.955,28 €), cuya procedencia resulta justificada pues, como obra en el expediente, la parte hoy recurrente presentó reclamación de responsabilidad patrimonial el día 22 de septiembre de 2006, y en ella se hacía constar que como consecuencia de la prorrata practicada por razón de subvenciones recibidas había dejado de deducir por IVA soportado la cantidad de 5.955,28 €. Dicha reclamación venía acompañada de diversos documentos, entre ellos Acuerdo de desestimación de solicitud de rectificación de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2003, en el que se hace constar como Antecedente que "El día 9 de julio de 2004 el titular de la Administración de Béjar dictó liquidación provisional, regularizando la situación del contribuyente tras finalizar un procedimiento de comprobación abreviada, por el que se procedió a devolver al contribuyente 63.856,42 euros. En el citado procedimiento se comprobó que el contribuyente no dedujo cuotas soportadas por importe de 5.955,28 euros por aplicar el entonces vigente artículo 104.Dos de la Ley 37/1992 del IVA al haber recibido una subvención por importe de 148.882,08 euros (de los cuales el 75% correspondía al FEOGA). La liquidación provisional no fue objeto de recurso".
Por otra parte, en el Acuerdo del Consejo de Ministros impugnado no se niega en ningún momento que la actividad principal de "Jamones Ibéricos Martín Matas, S.L." estaba sujeta y no exenta de IVA, por lo que era un sujeto pasivo total, ni que por aplicación de las normas del IVA nacionales el reclamante había dejado de deducir la cantidad de 5.955,28 €, y el Abogado del Estado, en su escrito de contestación a la demanda, no cuestiona fundadamente dicha cantidad. Precisamente en esta falta de deducción, que podría haber practicado si se hubiera aplicado correctamente la normativa comunitaria, es donde el actor concreta el daño sufrido.
Primero.-ESTIMAR EN PARTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Jamones Ibéricos Martín Matas, S.L.", contra el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 1 de junio de 2007, por el que se desestima la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada por el recurrente, en fecha 22 de septiembre de 2006, como consecuencia de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a las subvenciones percibidas. Acuerdo que anulamos por ser contrario a derecho.
R la responsabilidad patrimonial del Estado, reconociendo el derecho de "Jamones Ibéricos Martín Matas, S.L." a ser indemnizada en la cantidad de cinco mil novecientos cincuenta y cinco euros con veintiocho céntimos de euro (5.955,28 €), más los intereses legales que procedan en los términos expresados en el fundamento undécimo de esta sentencia.

References: artículo 49
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 104