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Timestamp: 2019-08-24 01:03:13+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 73
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DROGAS EN INVESTIGADORA DE RESPONSABILIDADES DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA EN RETRASO EN PERITAJE DE DROGAS.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE SALUD PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
DESARCHIVO DE PROYECTO.
PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL PROTOCOLO DE MONTREAL Nº 4. Primer trámite constitucional.
FACILITACIÓN DE CONVOCATORIA A PLEBISCITOS MUNICIPALES. Modificación de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades. Primer trámite constitucional.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE ECONOMISTA JAIME CRISPI .
HOMENAJE : Julio Dittborn Cordua
EVALUACIÓN DE PERMANENCIA DE CHILE EN EL MERCOSUR
BONIFICACIÓN A PRESTACIONES NO INCLUIDAS EN EL ARANCEL DE ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA SALUD.
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO HOSPITAL EN RANCAGUA. Oficios.
ATRASO EN LA CONCESIÓN DE BECAS NUEVO MILENIO. Oficio.
INCLUSIÓN DE POBLACIÓN MAXIMILIANO KOLBE EN ÁMBITO TERRITORIAL DE PRIMERA COMISARÍA DE OSORNO. Oficios.
PESAR POR FALLECIMIENTO DE ECONOMISTA JAIME CRISPI . Oficio.
HOMENAJE : Maria Antonieta Saa Diaz
COMENTARIOS SOBRE NORMATIVA DEL MINISTERIO DE SALUD RELATIVA A LA REGULACIÓN DE LA FERTILIDAD.
REITERACIÓN DE PETICIÓN DE ANTECEDENTES SOBRE FISCALIZACIÓN A EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO TURBUS. Oficio.
INFORMACIÓN SOBRE CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS. Oficio.
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Vidal Lazaro
DEFICIENCIAS EN HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE MALLECO. Oficios.
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Mario Venegas Cardenas
HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX CONCEJAL DE HUASCO DON EMILIO GODOY TAPIA . Oficios.
Sesión 73ª, en jueves 7 de septiembre de 2006
(Ordinaria, de 10.34 a 14.57 horas)Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio Burgos Varela, don Jorge
Constitución de Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y Drogas en investigadora de responsabilidades del Instituto de Salud Pública en retraso en peritaje de drogas12
Autorización a Comisión de Salud para sesionar simultáneamente con la Sala13
Desarchivo de proyecto13
Proyecto de acuerdo aprobatorio del protocolo de Montreal N° 4. Primer trámite constitucional14
Facilitación de convocatoria a plebiscitos municipales. Modificación de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades. Primer trámite constitucional18
Minuto de silencio en memoria de economista Jaime Crispi29
Evaluación de permanencia de Chile en el Mercosur30
Bonificación a prestaciones no incluidas en el arancel de acciones de protección de la salud34
Construcción de nuevo hospital en Rancagua. Oficios36
Atraso en la concesión de becas nuevo milenio. Oficio37
Inclusión de población Maximiliano Kolbe en ámbito territorial de Primera Comisaría de Osorno. Oficios37
Pesar por fallecimiento de economista Jaime Crispi. Oficio37
Comentarios sobre normativa del Ministerio de Salud relativa a la regulación de la fertilidad38
Reiteración de petición de antecedentes sobre fiscalización a empresa de transporte urbano Tur Bus. Oficio39
Información sobre cargos y comisiones bancarias. Oficio40
Deficiencias en hospitales de la provincia de Malleco. Oficios40
Homenaje en memoria del ex concejal de Huaycodon Emilio Godoy Tapia. Oficios41
1.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que modifica la leyN° 18.833, con el objeto de definir el sujeto obligado al pago de los créditos sociales. (boletín N° 350513)44
2.Solicitud de 49 señores Diputados para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 N° 1, letra c), de la Constitución Política de la República, y en los artículos 297 y siguientes del Reglamento de la Corporación, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y Drogas se constituya en Comisión Especial Investigadora para determinar las responsabilidades involucradas en el retraso que existe actualmente por parte del Instituto de Salud Pública en el peritaje de droga, las causas que originaron la pérdida de muestras ocurridas en la I Región, la utilización de recursos asignados para llevar a cabo dicha función y, en general, recabar la información necesaria para cumplir cabalmente su labor fiscalizadora44
3.Primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto que facilita la convocatoria a plebiscitos municipales. (boletín N° 422806)45
4.Moción de los diputados señores Jiménez, EnriquezOminami, Insunza, Quintana, Tarud y Tuma, que regula los homenajes, honores y demás muestras de reconocimiento que realiza el Estado de Chile a personas destacadas en la actividad pública nacional. (boletín N° 449604)48
5.Moción de los diputados señores Tarud, Accorsi, Díaz, don Marcelo, Girardi, Jiménez, Paredes, Quintana, y de las diputadas señoras Allende, doña Isabel, Muñoz, doña Adriana y Soto, doña Laura, que adelanta en un mes la elección presidencial, disminuye de 30 a 15 días el plazo para la segunda vuelta y dispone un plazo de 5 años de duración del mandato, tanto para el Presidente de la República como para los parlamentarios. (boletín N° 449707)50
6.Moción de los diputados señores Bustos, Araya, Burgos, Ceroni, Mulet y de la diputada señora Soto, doña Laura, que garantiza la independencia y autonomía de la Defensoría Penal Pública. (boletín N° 449807)52
7.Moción de la diputada señora Vidal, doña Ximena, y de los diputados señores Alinco, EnríquezOminami, Farías y Jiménez, que establece un límite a la reelección para los cargos de diputado, senador y concejal. (boletín
N° 449907)53
8.Moción de los diputados señores Bustos, Araya, Burgos, Ceroni, Mulet y de la diputada señora Soto, doña Laura, que garantiza independencia y autonomía de la Defensoría Penal Pública. (boletín N° 450007)55
9.Moción de los diputados señores Díaz, don Marcelo; Bertolino, De Urresti, EnríquezOminami, Forni, Jarpa, Quintana, Rossi, Silber, y de la diputada señora Pacheco, doña Clemira, que establece el “día de la comuna rural”. (boletín N° 450106)59
10.Moción de los diputados señores Fuentealba, Walker, Álvarez, Burgos, Encina, Forni, León, Tarud y Vargas, que modifica la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para establecer la obligación de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública de rendir cuenta anual de sus actividades a la Cámara de Diputados. (boletín N° 450207)59
11.Moción de los diputados señores Duarte, Burgos, Errázuriz, Olivares, Ortiz, Paredes, Saffirio, Silber, Walker, y de la diputada señora Muñoz, doña Adriana, que faculta designación de administrador provisional en establecimientos educacionales subvencionados en casos que indica. (boletín N° 450304)61
12.Moción de la diputada señora Vidal, doña Ximena, y de los diputados señores Alinco, EnríquezOminami, Farías y Jiménez, que modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades, estableciendo límite a la reelección de cargo de alcalde. (boletín N° 450406)62
13.Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, ÁlvarezSalamanca, Bertolino, Díaz, don Eduardo, Errázuriz, Martínez, Monckeberg, don Cristián; Monckeberg, don Nicolás y Rojas, que modifica el artículo 409 del Código Orgánico de Tribunales, con el objeto el objeto de que los notarios verifiquen exhaustivamente la identidad de los firmantes en documentos suscritos ante ellos. (boletín N° 450507)64
14.Moción de los diputados señores Montes, ÁlvarezSalamanca, Aguiló, Bustos, Insunza, Meza, Valenzuela, y de la diputadas señoras Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana y Rubilar, doña Karla, que precisa facultades al Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, respecto del descanso laboral de los trabajadores bancarios. (boletín N° 450613)65
De la Comisión de Salud por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el martes 12 de septiembre de 11.30 a 13 horas, para escuchar a diversas autoridades sobre la materia.
Del señor Presidente de la Corporación por los cuales comunica lo siguiente:
a)que, de conformidad al Acuerdo Marco de Participación en Instancias Internacionales, ha accedido a participar en el Foro Parlamentario Iberoamericano, que tendrá lugar los días 25 y 26 de septiembre, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Integrarán, además, la Delegación Oficial la diputada señora Goic, doña Carolina y el diputado señor Bauer, y
b)que, de conformidad con el mismo Acuerdo Marco, los días 21 y 22 de septiembre en curso se efectuará en Potosí, Bolivia, la Reunión Conjunta de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional con la de Pueblos Indígenas y Etnias, además la VI Reunión de la Comisión de Energía y Minas del Parlatino, a la que asistirán en misión oficial los diputados señores Saffirio, Rojas, Encina y el Vicepresidente señor Álvarez-Salamanca. Asimismo, los días 19 y 20 de octubre se llevará a cabo en Montevideo, Uruguay, la VI Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, y la VI Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlatino, a la que asistirán la diputada señor Tures, doña Marisol y el diputado señor Ascencio.
Solicitud de la diputada señora Isasi, doña Marta, que solicita la aprobación de la Sala para proceder al desarchivo del proyecto, iniciado en moción, que modifica el artículo 31 de la ley sobre Registro Civil, con el objeto de permitir la inscripción de los recién nacidos en el domicilio de la madre (boletín N° 58507).
DiputadoEstay, información sobre el túnel Las Raíces de Lonquimay, de la Novena Región.
DiputadoMasferrer, factibilidad de pavimentar la continuación de la Calle Miraflores de la comuna de Chimbarongo.
Proyecto de Acuerdo N° 173, solicitud al Poder Ejecutivo para crear fondo permanente para atender catástrofes.
DiputadoLorenzini, mayores recursos para capitanía de Puerto de Constitución.
DiputadoUriarte, información sobre daños ecológicos producidos por derrame de planta química de Codelco en el estero Alhué.
Se abrió la sesión a las 10.34 horas.
El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 67ª se declara aprobada.
Las actas de las sesiones 68ª y 69ª quedan a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado Moreira .
Señor Presidente, quiero hacer presente un reparo al punto 6) de la Cuenta, que se refiere a un proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de diputados de la Concertación, que regula los homenajes, honores y demás muestras de reconocimiento que hace el Estado a personas destacadas en la actividad pública nacional.
Señor Presidente, por su intermedio, pido al diputado Montes, quien se desespera cuando se quiere alegar ilegalidad, que me deje exponer este tema, porque ya comenzó a irritarse y recién empiezo a hablar.
Solicito que se declare inadmisible ese proyecto de ley, porque señala que la sanción impuesta por la contravención de las circunstancias que se indican acarrearía la cesación inmediata en el cargo, entre otros, del general director de Carabineros y de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, según corresponda. Sin embargo, el artículo 32 de la Constitución establece expresamente: “Son atribuciones especiales del Presidente de la República: 16° Designar y remover” a dichas autoridades. Ahora, si el argumento de la Mesa es que la Carta Fundamental señala atribuciones especiales y no exclusivas del Presidente, me permito anunciar que, en forma inmediata, voy a presentar distintas mociones para aumentar, por ejemplo, la jubilación a los profesores, a los jubilados, etcétera, atribuciones que enumera el artículo 32. Eso da para mucho.
Asimismo, solicito que la Mesa se pronuncie respecto de lo preceptuado en el inciso tercero del artículo único del proyecto, porque, en mi concepto, esa disposición tal como está redactada contraviene expresamente lo establecido en el número 3° del artículo 19 de la Constitución que, en su inciso quinto, dispone lo siguiente: “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.”
Con ello se pretende evitar la imposición de una pena sin el cumplimiento previo de un procedimiento en el que se respeten los derechos acordados a favor del individuo, como consecuencia directa del régimen democrático escogido como programa de vida social.
Además, el número 3° del artículo 19 de la Constitución indica: “La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.”
Por último, el referido proyecto al imponer una sanción antes de que exista sentencia firme y ejecutoriada, no sólo afecta el debido proceso, sino que presume de derecho la responsabilidad penal de un individuo para el único efecto, en este caso, de que se le rindan honores. Sin duda, su inciso contraviene expresamente la Constitución. La Mesa, el señor Presidente y todos lo sabemos.
Por lo tanto, solicito formalmente que la iniciativa se remita a la Comisión de Constitución para los efectos de que se pronuncie respecto de esta inconstitucionalidad.
Desde ya, hago reserva de constitucionalidad en este punto; fundamentalmente, entre otras cosas, porque es de conocimiento de todos que este proyecto de ley de la Izquierda, de la Concertación, está hecho a la medida y con nombre.
Señor diputado, los fundamentos expuestos, que pueden ser válidos, son de fondo y, como bien dice, se pueden plantear ante el Tribunal Constitucional. Pero, como no existen vicios en el proyecto de ley ni en su forma de presentación, se declaró admisible.
Corresponde someter a votación la solicitud de 49 señores diputados para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1), letra c), de la Constitución Política de la República, y en los artículos 297 y siguientes del Reglamento de la Corporación, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y Drogas se constituya en Comisión Especial Investigadora para determinar las responsabilidades del Instituto de Salud Pública en retraso en el peritaje de drogas, las causas que originaron la pérdida de muestras ocurridas en la Primera Región, la utilización de recursos asignados para llevar a cabo dicha función y, en general, recabar la información necesaria para cumplir cabalmente su labor fiscalizadora.
Para su aprobación se requiere el voto favorable de 48 señoras diputadas y señores diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 6 abstenciones.
Aedo Ormeño René ; Alinco Bustos René ; Alvarado Andrade Claudio ; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Cardemil Herrera Alberto ; Correa De La Cerda Sergio ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; Delmastro Naso Roberto ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Estay Peñaloza Enrique ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Herrera Silva Amelia ; Kast Rist José Antonio ; Lobos Krause Juan ; Masferrer Pellizzari Juan ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Paya Mira Darío ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Soto González Laura ; Tarud Daccarett Jorge ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe .
Burgos Varela Jorge ; EnríquezOminami Gumucio Marco ; Farías Ponce Ramón ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Vidal Lázaro Ximena .
¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud de la Comisión Salud, a fin de sesionar simultáneamente con la Sala el martes 12 de septiembre, de 11.30 a 13 horas, con el objeto de escuchar a diversas autoridades sobre materias que se encuentra estudiando?
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la diputada señora Marta Isasi para proceder al desarchivo del proyecto, iniciado en moción, que modifica el artículo 31 de la ley sobre Registro Civil, que regula las indicaciones que deben contener las partidas de nacimiento.
Señor Presidente, felicito a su señoría y al Departamento de Informática de la Corporación por el mejoramiento del sistema de audio y la implementación de los equipos computacionales de la Sala.
Adhiero a sus felicitaciones al personal del Departamento de Informática y al de la Subsecretaría de Administración de la Cámara, que han trabajado en forma muy intensa para poner a disposición de la Corporación estos avances tecnológicos.
Señor Presidente, no desconozco el Reglamento y, en consecuencia, sé que debemos atenernos a lo que establecen sus disposiciones.
Sin embargo, me gustaría que se estableciera un registro de las comisiones investigadoras que se han creado hasta este momento, porque se ha hecho común que después no logren cumplir bien con su cometido debido a que, además de ellas, existen numerosas comisiones permanentes y especiales.
En consecuencia, solicito que la Mesa entregue una estadística para conocer cuántas Comisiones están funcionando en este momento y cuántas lograron cumplir su objetivo al término del plazo otorgado.
En el transcurso de la sesión se entregará esa información, señora diputada.
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo que aprueba el protocolo de Montreal Nº 4, adoptado por los Estados miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional el 25 de septiembre de 1975.
-Mensaje, boletín Nº 4439-10, sesión 66ª, en 22 de agosto de 2006. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 71ª, en 6 de septiembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 2.
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo puesto en discusión aprueba el protocolo adoptado por los Estados miembros de la Organización de la Aviación Civil Internacional (Oaci), el 25 de septiembre de 1975, con el objeto de modificar el Convenio de Varsovia de 1929, que unifica reglas relativas al transporte aéreo internacional de carga en lo concerniente a los documentos que se utilicen por este transporte y a la responsabilidad del transportista, según su texto modificado por el Protocolo de La Haya, de 1955. Ambos instrumentos fueron promulgados por el decreto supremo Nº 458, de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Oaci es el organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas encargado de desarrollar principios y técnicas que cautelen la seguridad del transporte aéreo internacional. En el cumplimiento de sus objetivos, ha elaborado diversos instrumentos jurídicos, de los cuales Chile se ha hecho Estado parte, como ocurre con el Convenio de Varsovia que se modifica por el Protocolo sometido a la consideración de la honorable Cámara de Diputados.
El mensaje de la Presidenta de la República, al concluir su análisis de las enmiendas que se introducen al referido Convenio, indica que ellas constituyen mejoras sustanciales al transporte de carga aérea internacional y son concordantes, en el ámbito de la responsabilidad, con la normativa del Código de Aeronáutica sobre el Transporte Aéreo interno de carga, establece la responsabilidad objetiva del transportista, con las mismas eximentes de destrucción, pérdida o avería del transporte.
En lo sustancial, las modificaciones al Convenio de Varsovia son las siguientes:
1º La norma general contenida en el artículo XIV del Capítulo II destaca que el Convenio de Varsovia, modificado en La Haya en 1955 y por el propio protocolo de Montreal de 1975, se aplicará al transporte internacional definido en el artículo 1º del Convenio si los puntos de partida y de destino mencionados en dicho artículo se encuentran en el territorio de dos Estados parte del presente protocolo o en el territorio de una sola parte, si hay una escala prevista en el territorio de cualquier otro Estado.
Esta enmienda simplifica la terminología empleada en los dos tratados mencionados para definir el concepto de transporte internacional. Con esta finalidad, reemplaza la referencia al hecho de no ser una alta parte contratante por cualquier otro Estado, porque con estos términos se expresa igual característica;
2º Se limita la responsabilidad del transportista aéreo internacional respecto de los envíos postales, pero sólo frente a la administración postal correspondiente, y no ante el expedidor o destinatario del envío postal ni ante ninguna persona;
3º Se simplifica la documentación relativa a la mercancía aerotransportada, de manera que la “carta de porte aéreo”, actualmente exigible, podrá ser sustituida, con el consentimiento del expedidor, por cualquier otro medio que deje constancia de la información relativa al transporte a efectuarse, lo que permitirá recurrir a la “carta de porte aéreo electrónica”;
4º Se introduce el sistema de responsabilidad objetiva, régimen según el cual el transportista es responsable, independientemente de la culpa en el caso de destrucción, pérdida o avería de la mercancía, por la sola razón de que el hecho que causa el daño se produjo durante el transporte aéreo. No obstante precisa el mensaje, puede quedar exento de responsabilidad si la destrucción, pérdida o avería de la mercancía se debe a la naturaleza o vicio propio de ésta; a embalaje defectuoso realizado por personas que no sean el transportista ni sus agentes; a actos de guerra o conflicto armado o a un acto de la autoridad pública, efectuado en relación con la entrada, salida o tránsito de las mercancías.
5º Se fija en la suma de 17 Derechos Especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional el límite de la responsabilidad del transportista aéreo internacional, actualmente fijado en francos oro. El mensaje explica que esta modificación se justifica porque no existe un precio internacional oficial del oro.
Cabe señalar que el mensaje no informa si existiría intención de formular las reservas que permite el artículo XXI, en cuanto a la no aplicación del Convenio de Varsovia al transporte de personas, equipaje y mercancías efectuado por cuenta de sus autoridades militares, en las aeronaves matriculadas en el Estado, y cuya capacidad total haya sido reservada por tales autoridades o por cuenta de las mismas.
Si la Presidenta de la República estima conveniente formular reservas, podrá hacerlo en el acto de ratificación del protocolo en trámite. Si no lo hiciera, en el caso de transporte internacional de carga militar la responsabilidad civil del transportista por destrucción pérdida o avería se determinaría conforme al Convenio de Varsovia, modificado por el Protocolo de la Haya, de 1955, según las reglas generales del Derecho. Esto es, probando su culpa o dolo y no tendría el carácter de responsabilidad objetiva, como se contempla en el protocolo en trámite.
Durante el estudio de este instrumento internacional, la Comisión escuchó a representantes de la Junta de Aeronáutica Civil, quienes, en lo sustancial, sostuvieron que esta reglamentación es de importancia para la regulación del transporte aéreo internacional de carga, cada día más relevante para Chile, particularmente para las operaciones de nuestro comercio exterior. Agregaron que este instrumento tiene el mérito de incorporar a dichas operaciones la tecnología informática actual, especialmente en materia de carta de porte aéreo electrónica.
Por los antecedentes y consideraciones expuestas, la Comisión propone la aprobación del artículo único del proyecto de acuerdo en informe, con modificaciones formales de menor entidad que se salvan en el texto sustitutivo del informe escrito que está en poder de las diputadas y de los diputados.
Señor Presidente, como dijo el diputado informante, las normas que regulan el comercio internacional, en el caso del transporte aéreo de mercancías, son especialmente importante para nuestro país, dada la magnitud que han alcanzado las operaciones de comercio exterior. Chile es un gran exportador, y todas las normas que faciliten el transporte de mercaderías favorecen esta actividad económica. Lo mismo reza para las importaciones, dado que hemos sucrito una gran cantidad de tratados de libre comercio.
Mientras menos trabas se impongan al comercio exterior y se faciliteel transporte aéreo de carga, mediante la unificación de criterios, menores serán los costos de operación y mayores los beneficios para los consumidores.
El protocolo en análisis simplifica los trámites a los que estaba sometido el transporte internacional, en cuanto a responsabilidad, documentación, etcétera.
Cabe hacer mención a las nuevas normas que se incorporan sobre responsabilidad objetiva, que obligan al transportista a responder de los daños causados a la mercadería, independiente de si existió dolo o culpa de su parte, salvo excepciones. Por eso, la Unión Demócrata Independiente aprobará el convenio, porque favorece al país y a quienes exportan mercaderías por medio del transporte aéreo.
Señor Presidente, como han expresado el diputado informante, el señor Masferrrer , y el secretario general de la Junta Aeronáutica Civil, el señor Jorge Frei Toledo , la iniciativa simplifica la reglamentación del transporte aéreo internacional de carga, que cada día es más importante para un país como el nuestro, con una economía abierta, que ha suscrito múltiples tratados internacionales y que, por lo tanto, utiliza cada vez más ese servicio. Es importante señalar esto, pues, incluso, no se había incorporado la normativa que permite el uso de la tecnología informática, que simplifica los trámites y hace más clara y transparente las responsabilidades, lo que facilitará las exportaciones de un país reitero de economía abierta como el nuestro.
Por las razones señaladas, la bancada del Partido Socialista aprobará el convenio.
Señor Presidente, hemos participado en la discusión y aprobación de convenios, pero me llama la atención que no tengamos una evaluación de cómo están funcionando estos protocolos. Por ejemplo, se firmó un convenio para instalar en Antofagasta almacenes paraguayos con franquicias tributarias, conocidos como almacenes francos paraguayos, para lo cual se dispuso de silos en la zona portuaria para que depositaran sus mercancías. Han pasado alrededor de dos años, pero no ha entrado absolutamente nada, ni siquiera un alfiler. Por lo tanto, no ha tenido ningún efecto positivo para la región ni para el país.
En consecuencia, a la luz de la gran cantidad de protocolos y de acuerdos que se han firmado, sería bueno tener una información clara y precisa de cómo están funcionando y si realmente han sido positivos, ya sea para el país en general o específicamente para las regiones, que eventualmente se ven favorecidas con la suscripción de estos protocolos y acuerdos.
Sin embargo, en el entendido de lo planteado por el diputado señor Masferrrer, votaremos favorablemente el proyecto.
Señor diputado, solicitaremos a la Cancillería un seguimiento de los tratados, a fin de que los señores diputados dispongan de esa información.
Señor Presidente, la Comisión de Relaciones Exteriores ya solicitó a la Cancillería la evaluación de todos los acuerdos comerciales. Esperamos esa información para darla a conocer a todos los señores diputados.
En votación el proyecto de acuerdo que aprueba el protocolo de Montreal Nº 4, adoptado por los Estados miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional, el 25 de septiembre de 1975.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Correa De La Cerda Sergio ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; EnríquezOminami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Espinosa Monardes Marcos ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Goic Boroevic Carolina ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Lorenzini Basso Pablo ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Palma Flores Osvaldo ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Rubilar Barahona Karla ; Saa Díaz María Antonieta ; Sabag Villalobos Jorge ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Tuma Zedan Eugenio ; Turres Figueroa Marisol ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe .
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, de origen en moción, que facilita la convocatoria a plebiscitos municipales.
Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es el señor Esteban Valenzuela.
Moción, boletín N° 4228-06, sesión 36ª, en 14 de junio de 2006. Documentos de la Cuenta N° 9.
Informe de la Comisión de Gobierno Interior. Documentos de la Cuenta N° 3, de esta sesión.
Señor Presidente, estamos frente a un proyecto muy simple, pero muy importante.
En 1992 se estableció en la ley orgánica constitucional de Municipalidades la posibilidad de convocar a plebiscitos vinculantes en temas municipales, para lo cual se requiere la voluntad expresada ante notario u oficial del Registro Civil del 10 por ciento de los inscritos en una comuna.
A pesar de que eso figura en la ley, es letra muerta, porque nunca se ha llevado a cabo. Sólo se han hecho consultas. En consecuencia, la diputada señora Carolina Tohá y los diputados señores Bauer , Becker , Delmastro , Duarte , Insunza , Rossi , Urrutia , Vallespín y quien habla presentamos una moción al respecto, que tiene un artículo único, el cual no, necesita ser conocido por la Comisión de Hacienda y requiere quórum especial para su aprobación, pues introduce una modificación a la ley orgánica constitucional de Municipalidades.
En su oportunidad, cuando se introdujo esta institución en la ley, el legislador buscaba dotar a la ciudadanía de un mecanismo de participación que permitiera dirimir las diferencias que se puedan suscitar respecto de materias relevantes, pero de alcance local, tal como ocurre en varios otros países. Es conocida la tradición que existe sobre el particular en los cantones suizos. Este mecanismo también se utiliza en España, Estados Unidos, Alemania, entre otros, y en algunos países de América Latina.
En Chile esta modalidad de participación ciudadana se incorporó a nuestra institucionalidad municipal sólo respecto de ciertas materias de alcance local, pero hasta ahora ha sido escasamente utilizada.
La experiencia internacional en materia de plebiscitos de alcance territorial parcial indica que se utilizan para dirimir controversias locales. A veces son impulsados por la propia autoridad local para dejar de manifiesto la legitimidad de una decisión, pero en otras ocasiones tienen su origen en un sector de la ciudadanía que se opone a una decisión adoptada por las autoridades en temas relevantes, como materias medioambientales, planos reguladores u ordenamiento del tránsito.
Pero en nuestro país, hasta el momento, la institución ha demostrado ser impracticable, razón por la cual los patrocinadores de la moción buscan introducir una modificación en una de las disposiciones que regla la materia para hacerla más viable.
La Comisión analizó la iniciativa y determinó que hay dos barreras que dificultan la utilización de esta herramienta participativa.
La primera es la exigencia de que la petición de plebiscito deba ser patrocinada por el 10 por ciento de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna respectiva, pues la considera demasiado alta, por lo que propone rebajarla a 5 por ciento.
La segunda es el requisito que exige que la manifestación de voluntad de los ciudadanos para solicitar que se convoque a plebiscito deba formalizarse mediante la firma ante notario público u oficial del Registro Civil, pues hace más engorroso el trámite. Sin embargo, después de meditarlo detenidamente, la Comisión determinó que de todas maneras parece relevante que las firmas sean debidamente certificadas por un ministro de fe y, además, que introducir una modificación en esta materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por lo que decidió circunscribir la moción sólo al primer tema, el relativo al porcentaje de patrocinantes de la petición.
Recordemos que, por ejemplo, para crear un partido político la ley sólo exige la afiliación del 0,5 por ciento de los ciudadanos inscritos en la región respectiva. Por eso, el proyecto, a través de su artículo único, rebaja el porcentaje de 10 por ciento a 5 por ciento, de manera que la disposición no sea letra muerta.
En todo caso, aunque se rebaje esa exigencia, la utilización de este instrumento participativo será de escasa ocurrencia, pues 5 por ciento sigue siendo una cantidad difícil de reunir y porque se mantiene el requisito de firmar ante ministro de fe.
Votaron a favor de la iniciativa la diputada señora Denise Pascal y los diputados señores Bauer , Becker , De Urresti , Duarte , Egaña , Ojeda y el que habla. Por su parte, el diputado señor Farías , arguyendo razones de costos para los municipios, votó en contra del proyecto, en tanto que la diputada señora Marta Isasi se abstuvo.
La Comisión tuvo la oportunidad de dialogar sobre la iniciativa con el Ejecutivo, que la valoró y se comprometió a enviar un proyecto al respecto, pero éste no llegó. En todo caso, se dice que es muy posible que con ocasión de una reforma más amplia a la legislación municipal vigente se puedan considerar más mecanismos de participación ciudadana, porque los que existen son bastante escuálidos. Además, en términos reales, el plebiscito comunal sólo opera cuando el alcalde lo impulsa.
En resumen, el proyecto consta de un artículo único mediante el cual se reemplaza, en el artículo 100 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 26 de julio de 2006, del Ministerio del Interior, el guarismo “10%” por “5%”.
Señor Presidente, si bien esta moción consta de un solo artículo, tiene una profunda significación y provoca un efecto altamente positivo respecto del derecho a la participación ciudadana.
El problema que intenta solucionar esta moción es facilitar la decisión ciudadana respecto del plebiscito comunal, tal como lo establece la ley orgánica municipal. Se pretende legitimar la decisión local en algunos aspectos puntuales, como en materia de administración comunal relativas a inversiones específicas de desarrollo, aprobación o modificación del plan de desarrollo comunal, modificación del plan regulador u otras materias de interés para la comunidad local, siempre que sean propias de la esfera de competencia municipal.
En verdad, como lo señalé en la Comisión, este tema debiera haber sido patrocinado por el Ejecutivo, porque no se trata solamente de la disminución del porcentaje de personas exigido para convocar a un plebiscito, ya que eso va ligado a su financiamiento, que fue uno de los aspectos que llevaron a algunos diputados a abstenerse o a pronunciarse en contra de la iniciativa.
Sobre el plebiscito, se dan tres tipo de situaciones: primero, el alto porcentaje de ciudadanos que se exige para convocarlo; segundo, que su voluntad debe expresarse ante notario, y tercero, la falta de financiamiento para realizarlo.
La moción constituye un gran avance. De acuerdo con la ley, los resultados del plebiscito serán vinculantes para la autoridad municipal, siempre que vote más del 50 por ciento de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna.
Anuncio mi apoyo a la moción, porque por esta vía estamos contribuyendo a promover la participación ciudadana.
Se ha especulado e insistido en la necesidad de una participación más directa de la ciudadanía en temas puntuales. Considero que tal participación es un complemento a la representación de las autoridades elegidas, como concejales y parlamentarios.
Entonces, por medio de este plebiscito, los ciudadanos, en forma directa, se pronuncian sobre asuntos puntuales que requieran ser legitimados.
Además, no estamos inventando el plebiscito, sino posibilitando la participación y el pronunciamiento directo de las personas.
Queremos que este instrumento de decisión ciudadana se pueda aplicar y no sea sólo letra muerta en el artículo 100 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades. Los municipios han querido llamar a plebiscito en diferentes oportunidades para que la ciudadanía se pronuncie sobre ciertas materias que les competen, pero de inmediato surge el impedimento de no contar con financiamiento para realizarlo.
Por eso, tenemos la esperanza de que el Ejecutivo proponga una fórmula de financiamiento, con el objeto de que los municipios puedan hacer efectivo el derecho a la participación ciudadana.
Nosotros estamos haciendo nuestro papel, porque los parlamentarios recibimos la inquietud de la gente, percibimos la realidad política, social y económica de nuestros distritos y sabemos de la necesidad de una mayor participación ciudadana en las comunas.
Es un gran avance rebajar de 10 a 5 por ciento el porcentaje para solicitar que se convoque a plebiscito. Con esta rebaja del porcentaje, también se reducen los costos y se hará más factible consultar a la ciudadanía.
Esta moción es una señal que da el Legislativo a fin de que el Ejecutivo la complemente. Para ello, se requiere de la voluntad política y de una gran convicción del Ejecutivo en lo que se refiere a su estructura, con el objeto de proveer los recursos necesarios para realizar los plebiscitos.
Las comunas son importantes, toda vez que constituyen la república de los habitantes que viven en ellas. Las materias comunales son tan importantes como los temas nacionales para nosotros. Es en la comuna donde se viven las dificultades y donde se deben aplicar soluciones rápidas y directas. Cuando éstas no se realizan en la forma en que lo señala el artículo 99 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades, quiere decir que dicho cuerpo legal solamente es un modelo que se podría aplicar, pero en verdad no se concreta.
Los plebiscitos comunales son considerados como instrumentos de participación ciudadana que coadyuvan al proceso de toma de decisiones de la administración local.
Considero que esta moción es una señal, un instrumento que debe existir con el objeto de democratizar más aún al país y así contribuir a que las municipalidades como lo señala la ley puedan dirimir aquellas situaciones donde se requiere del concurso y la decisión de todos los ciudadanos.
Señor Presidente, felicito a los diputados que han presentado esta moción porque, de aprobarse, va a constituir un avance muy importante en el desarrollo de la participación y de la democracia a nivel comunal.
Creo que va a resultar estimulante para la comunidad, porque, además de participar en el sistema de elecciones formales de nuestra democracia representativa, lo podrán hacer también en diversos proyectos de desarrollo o iniciativas de importancia comunal a través de plebiscitos.
Esto constituye un avance muy importante, especialmente para los municipios más pequeños que carecen de recursos para efectuar un plebiscito, lo que será para la comunidad una tremenda empresa desde el punto de vista organizativo.
Para ello, se reduce la cantidad de ciudadanos solicitantes del plebiscito, disminuyendo del 10 por ciento que actualmente exige la ley, a un 5 por ciento, lo que va a permitir que los ciudadanos participen de una manera mucho más expedita.
Una de las materias más importante en la cual debemos avanzar es en el desarrollo de la descentralización y el fortalecimiento de nuestros municipios, porque actualmente son meras administraciones comunales. Por ello debemos preocuparnos, cada vez más, de fortalecerlos para que lleguen a ser verdaderos gobiernos comunales.
Lo modificación propuesta permitirá llevar a efecto la expresión plebiscitaria y el protagonismo de las distintas comunidades, de las organizaciones sociales,tales como juntas de vecinos, clubes deportivos, organizaciones de mujeres, de jóvenes, de adultos mayores, para que propongan iniciativas importantes para el desarrollo comunal.
También debería facilitarse la forma de acreditación de las firmas para solicitar que se convoque a plebiscito, algo que quedó en el proyecto para que fuese discutido a nivel de reglamento. El costo que significa realizar la suscripción de las firmas ante notario constituye una dificultad muy importante. Por ello, un avance relevante en la concreción del plebiscito sería que la norma reglamentaria facilitara ese trámite.
Reitero, este proyecto estimula sobremanera la participación, porque apunta a facilitar la descentralización y a tener gobiernos comunales más autónomos y con más capacidad de resolver los problemas de la comunidad local.
Señor Presidente, proyectos como el que estamos analizando requieren un quórum más alto justamente para impedir que todos las iniciativas municipales vayan a plebiscito. En consecuencia, si lo aprobamos y bajamos el porcentaje de 10 a 5, habría que preguntarse si los alcaldes y concejales tendrán alguna incidencia en la comuna, porque bastaría que dos juntas de vecinos se pongan de acuerdo en plebiscitar alguna iniciativa para que ella no pudiera llevarse a cabo. Realmente, esta cuestión sería un pandemónium. La ley exige un 10 por ciento, de manera que si hay verdadero interés en hacer un plebiscito comunal, haya una pequeña dificultad. No se trata de que todo se resuelva por medio de la consulta.
Lo mismo pasa cuando escuchamos, como en son de amenaza, que se va a plebiscitar todo lo que sea de interés para el país. En ese caso, si se desea actuar así, ¿para qué tenemos Cámara de Diputados y Senado?
Creo que cada uno debe cumplir el papel que le corresponde y los guarismos establecidos son para lo que he dicho.
Por eso, veo cierta dificultad y cierto poder encubierto de mucha gente que se dedicaría a esto y a poner trabas a la gestión municipal. Habría que analizar con más profundidad el proyecto y determinar qué es lo que se quiere hacer. Espero que no hagamos cosas de las que nos tengamos que arrepentir.
A propósito de lo que sucedió en un barrio de Santiago que se quiso cerrar me parece espectacular que una demanda de travestis que se instalan en El Golf tenga a Chile en la primera plana de la noticia durante veinte días, me gustaría que el diputado informante hiciera una aclaración respecto al alcance de los resultados de los plebiscitos. En este caso, cuando se pidió la firma de los vecinos para cerrar el barrio rojo, la gente que no estaba de acuerdo fue a la justicia. Mi pregunta es si estos plebiscitos van a ser vinculantes o, si se pierde, se podrá ir a la justicia. Si no son vinculantes y los que pierdan no se van a conformar ni van a acatar la mayoría, esta iniciativa no tendría razón de ser.
Por eso, creo que se debe mantener el guarismo “10”, y anuncio mi abstención respecto de este proyecto de ley.
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte .
Señor Presidente, todos nos hemos preguntado acerca de la crisis de la política y de la democracia representativa presidencialista en la cual estamos situados. Invito a los colegas a reflexionar al respecto.
No cabe duda de que existe una tensión en el sistema político entre el anhelo de los ciudadanos de participar más directamente en las decisiones que competen al bien común de la República, y el hecho de que el sistema de democracia representativa delegado sólo permite una participación en la generación de autoridades, tales como el Presidente de la República, los parlamentarios, etcétera.
Tengo la impresión de que, como país, debemos ir dando pasos para posibilitar el reencuentro de estas dos miradas sobre el sistema político y que el proyecto colabora a lograrlo, aunque en una mínima parte, porque, en el fondo, permite que la ciudadanía tome un rol más activo en la generación de políticas públicas y de decisiones a nivel local, facultad que hoy tiene absolutamente delegada en manos de las autoridades democráticamente elegidas.
La autoridad representativa intenta, permanentemente es lo que hacemos cotidianamente los parlamentarios y las autoridades municipales dialogar con la ciudadanía, con el objeto de recoger sus inquietudes y traducirlas en decisiones por las instancias de gobierno a las cuales les corresponde impulsarlas. Para tal efecto, es conveniente bajar de l0 a 5 por ciento el porcentaje de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna, para ejercer la facultad establecida en la ley orgánica constitucional de Municipalidades. A mi juicio, ese porcentaje es extremadamente alto y pone en riesgo la institucionalidad pública, en cambio, el 5 por ciento facilita el encuentro de la ciudadanía con sus representantes legítimamente elegidos.
Invito a los colegas parlamentarios a respaldar el proyecto.
Por otra parte, la Comisión acordó requerir el patrocinio del Ejecutivo para una indicación que permita a los municipios contar para estos efectos con una modalidad equivalente a la de financiamiento de las campañas políticas. Estimamos que la voluntad colectiva debe contar con recursos públicos. Esperamos que el Ejecutivo acoja esta iniciativa, aprobada en la Comisión de Gobierno Interior por unanimidad, que permitiría a los municipios recuperar los recursos invertidos en tales actividades.
De ese modo se contribuiría a dar más participación a la ciudadanía, pero, sobre todo, más fortaleza a nuestra democracia y mayor legitimidad a las decisiones de política pública que impulsan los municipios.
Señor Presidente, quienes hemos sido alcalde no tenemos duda de cuán necesaria es la relación directa con la comunidad, pero estimamos que no sólo es conveniente bajar el porcentaje que permita la participación, sino, además, identificar qué materias se pueden plebiscitar. De lo contrario, así como la Presidenta Bachelet pidió plebiscitar el sistema binominal, también uno podría plantear que se plebiscite la mantención del impuesto al combustible. Sería bueno que pudiéramos analizar qué temas, en beneficio de la comunidad, deberían ser plebiscitados. No sé, habría que ver cuál es la situación. Por otro lado, muchas veces, la comunidad es reacia a participar, caso en el cual el cambio del porcentaje podría ser influyente, pero sería una posibilidad de acceder al tema.
Además, se debe determinar el sistema que se utilizará para que los plebiscitos comunales tengan validez y la comunidad pueda participar como corresponde. Se debe definir si se harán a través de Internet, como ha ocurrido en algunos casos, de urnas o de consultas a la ciudadanía.
Si se desea introducir una modificación a la ley orgánica constitucional de Municipalidades, con el objeto de que la ciudadanía participe en forma activa en las decisiones de sus respectivas comunas, se deben considerar los aspectos que he señalado.
El proyecto establece un porcentaje menor para solicitar la realización de un plebiscito; pero, a mi juicio, también se requiere determinar los temas factibles de plebiscitar y la utilización de un sistema metodológico que otorgue validez a la consulta popular, porque sabemos que a través de internet se puede votar más de una vez en algunos hogares hay hasta cuatro computadores, lo que puede distorsionar el resultado de un plebiscito comunal.
En consecuencia, pido que la iniciativa vuelva a la Comisión, a fin de contar con un tiempo razonable para presentar indicaciones.
Señor Presidente, el proyecto se hace cargo de un tema esencialmente democrático a todos nos interesa profundizar la democracia en cada rincón del país, de manera que quien lo vote en contra podría ser tratado de antidemócrata, como una persona que quiere poner trabas a la participación ciudadana. No obstante, no soy partidario de apoyar iniciativas legales que nacen muertas, porque nunca van a tener aplicación.
La ley orgánica constitucional de Municipalidades establece que para la realización de un plebiscito comunal se requiere que lo solicite el 10 por ciento de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de las respectivas comunas. Sin embargo, ¿alguien se ha preguntado por qué en la mayoría de las comunas no se efectúan plebiscitos, con excepción de Las Condes, Lo Barnechea y Providencia? ¿Será porque ellos son más democráticos que el resto? No es debido a eso. Los pueden realizar porque cuentan con un caudal de recursos que se los permite.
El primer plebiscito comunal se llevó a cabo en Las Condes y tuvo un costo aproximado de 200 millones de pesos, monto que podría considerarse exagerado, pues efectuar un plebiscito normal debería costar entre 20 y 25 millones de pesos. Cabe preguntarse si los alcaldes de comunas como Alhué, María Pinto , Coronel, Lota , Paine , San Bernardo y Paillaco pueden destinar cinco, seis o diez millones de pesos para un plebiscito.
Un diputado planteó que los alcaldes no tenían muchas ganas de hacer plebiscitos, porque podrían verse obligados a realizar obras que no desean. No creo que sea el caso, pues considero que los ediles son profundamente democráticos, de manera que les gustaría llevar a cabo muchas consultas ciudadanas, pero hay un problema de fondo que se los impide.
Durante doce años fui alcalde de la comuna de San Joaquín. En algún momento, el presupuesto de la comuna ascendió a 5.500 millones de pesos, pese a lo cual a pesar de los intentos y los esfuerzos que efectué en tal sentido no fue posible llevar a cabo plebiscitos como los contemplados en la ley orgánica de Municipalidades, porque el dinero no alcanzaba.
No estoy a favor de que la Cámara elabore proyectos que con posterioridad resultan ser leyes impracticables. Por lo tanto, debemos pedir al Ejecutivo, al igual como se planteó en la Comisión de Gobierno Interior, que contemple el necesario financiamiento para la realización de este tipo de consultas. Tal vez una fórmula sea utilizar la ley electoral y devolver una cierta cantidad de plata por cada elector, o buscar otro sistema a través del Fondo Común Municipal. Habría que buscar el medio más eficaz para financiar los plebiscitos. Y les puedo asegurar que, de esa forma, van a haber muchos plebiscitos y una mayor participación ciudadana.
Por ello, quiero hacer un llamado a mantener lo que tenemos, pero también a trabajar para lograr que el Ejecutivo formule una propuesta para financiar los plebiscitos.
No estoy de acuerdo con dictar leyes, que pueden parecer muy bonitas, pero que al final resultan inaplicables o pueden ocasionar conflictos muy complejos. Por ejemplo, cuando se señaló que se iban a aplicar multas en las autopistas, los municipios no contaban con sistemas computacionales ni con personal suficiente para absorberlas. Sobre todo, porque era indispensable solucionar tal saturación, ya que en marzo se cumplía el plazo para renovar los permisos de circulación.
Eso ocurre porque siempre se piensa en dictar leyes, pero no en su financiamiento. Debemos pensar en los alcaldes, en las comunas y en nuestra gente. No vamos a lograr nada con bajar el porcentaje de votantes al 5 por ciento, porque igual va a ser imposible realizar plebiscitos comunales, ya que el problema radica en su financiamiento.
Por eso, llamo a votar en contra de esta iniciativa, no por estar en contra de profundizar la democracia, sino porque considero que estamos frente a un proyecto de ley impracticable que, a mi juicio, nació muerto.
Señor Presidente, comparto gran parte de lo expresado por el diputado Ramón Farías. En este tema se presentan dos problemas. Uno es el relativo al costo. Es distinto realizar un plebiscito comunal en Las Condes que en una comuna rural. Ese 5 por ciento de ciudadanos que solicite un plebiscito puede dejar a un alcalde en una situación muy compleja, por no contar con los recursos necesarios para su financiamiento.
El otro problema tiene que ver con un aspecto que señaló el diputado Ramón Farías, que es el referente a los quórum para tomar decisiones y si éstas son vinculantes para el alcalde. Por ejemplo, en el plebiscito que se realizó en la comuna de Las Condes, debían votar 9 mil personas y sólo lo hicieron mil cuatrocientas.
Entonces, cabe preguntarse si el proyecto establece un quórum mínimo de participación ciudadana para que los resultados tengan el carácter de vinculante para los alcaldes.
Por ello, creo que el proyecto debe volver a la Comisión de origen para que se revisen estos dos aspectos.
Señor Presidente, veo que existe consenso en cuanto a que este proyecto no es el que realmente quisiéramos.
Sin duda, todo aquello que apunte a una mayor participación ciudadana en el manejo de los asuntos públicos y logre una sintonía fina entre autoridades y electores, debe ser apoyado. Pero también es necesario que la ciudadanía se responsabilice de sus derechos. Por eso, considero que reducir de 10 a un 5 por ciento el porcentaje, no debe ser motivo de ley. El 10 por ciento no es muy relevante en una población de la mayoría de los distritos del sur, porque con 500 ciudadanos ya podemos lograr un plebiscito y hablamos del 10 por ciento. Por lo tanto, bajar ese porcentaje al 5 por ciento puede producir un desorden económico en aquellas municipalidades que no cuentan con los recursos para realizar plebiscitos en forma constante.
Me hace fuerza lo señalado por los diputados Manuel Rojas , Ramón Farías y otros colegas sobre el tema económico. Pero, hay una situación que es preciso que se entienda. Todo lo que tiene un costo debe pasar por la Comisión de Hacienda, aunque sea un solo artículo. Los recursos son proporcionados por el Estado, y en dicha Comisión nos encargamos de fiscalizar hasta los más mínimos costos, a veces, haciendo insinuaciones, fiscalizaciones e investigaciones. Pero siempre tenemos que estar pendientes de los costos.
Esto puede transformarse en un inmenso costo para el Estado. En el proyecto ni siquiera se señala que debe ser visto por la Comisión de Hacienda, la cual podría haber insertado algo muy simple: con cargo al Tesoro Público.
Por eso, al interior de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social se preguntaron lo dijo el diputado Farías con qué recursos se afrontarían los plebiscitos? ¿Las municipalidades deberían financiarlos con recursos propios? Puede darse que las comunas de menores recursos sean las que se vean expuestas a un mayor gasto proporcional y, sin dudas, a un mayor número de plebiscitos.
Por ello, es fundamental el compromiso del gobierno central en coadyuvar con financiamiento esas consultas populares, de manera de garantizar un adecuado funcionamiento de la norma que se pretende modificar.
No estoy de acuerdo con el proyecto. Tampoco debe transformarse este mecanismo legítimo de participación ciudadana en una carga más para las arcas municipales, y que también puede llevar a un exceso de gastos en el Tesoro Público.
Para finalizar, creo que la ciudadanía tiene formas de expresarse y debe responsabilizarse de sus derechos. Es una materia que día a día tenemos que hacer entender a la ciudadanía. Quizás dieciséis años de democracia son pocos para entender la responsabilidad ciudadana, sobre todo en estos aspectos.
Hemos visto en otras oportunidades la posibilidad de realizar plebiscitos, pero no se toman las determinaciones. Ello se podría hacer, pero sin rebajar el porcentaje de 10 a 5 por ciento, como lo sugiere el proyecto, pues luego podríamos lamentar haberlo aprobado.
Señor Presidente, apoyo esta medida. Sé que puede ser una carga para los municipios, pero podemos comprometernos a que haya un fondo especial de financiamiento.
Creo que la democracia es algo importante. No es una cosa baladí. En comunas como Conchalí, por ejemplo, con cien mil electores, el 10 por ciento representa a diez mil personas; el 5 por ciento a cinco mil.
Juntar cinco mil firmas no es fácil, sobre todo, en un momento en que nuestros ciudadanos y ciudadanas están poco movilizados porque tienen una desesperanza prendida. Dicen: ¿Qué sacamos con pedir algo, si las autoridades no nos pescan? Los más inquietos van a los concejos a tratar de hacer un planteamiento.
Además, tenemos un régimen municipal muy desbalanceado, debido a las potestades que tienen los alcaldes. Creo que debemos hacer reformas sobre la materia, porque los concejales tienen poco poder para contrarrestar los actos de los alcaldes. Necesitamos poner al alcance de la mano de ciudadanas y ciudadanos herramientas que les permitan expresarse y borrar su desesperanza. Es cierto que participan en las elecciones, pero una vez terminadas, ¿cuántos alcaldes llaman a cabildos, cuántos tienen un presupuesto participativo, cuántos informan de sus actividades y cuántos rinden verdaderas cuentas públicas?
Entonces, tenemos alcaldes y alcaldesas con increíbles niveles de autoritarismo, que toman decisiones por la comunidad sin consultar a los concejales, que no hacen reuniones con concejales y evitan hacerlas para que pasen los veinte días. Considero que debemos poner al alcance de la ciudadanía un instrumento como éste, con los resguardos descritos. Creo que podríamos hablar con el Ejecutivo, a fin de destinar un fondo para ello. La democracia cuesta y debemos contar con todas las herramientas que podamos, porque la democracia es un intangible tan necesario como los bienes materiales.
Por ejemplo, ahora tenemos un problema complejo: diversos alcaldes y alcaldesas han tomado la decisión de no cumplir con las políticas públicas de salud. ¿Qué pueden hacer, entonces, los habitantes de Huechuraba frente a una actitud de la alcaldesa que se niega a cumplir las normas sobre fertilidad dictadas por el Ministerio de Salud, no obstante existir una alta tasa de embarazos de adolescente? ¿Qué hacen las adolescentes de los sectores populares de Lo Barnechea? No es el caso de otras adolescentes porque van a ir al médico a conseguir una receta. No tenemos un instrumento que le permita expresarse a la ciudadanía y decir que no está de acuerdo con la actitud de la alcaldesa. Queremos tener participación, queremos dar nuestra opinión.
Por eso, creo que debemos hacer muchos cambios en materia municipal, como limitar el poder de los alcaldes y entregar más posibilidades al concejo a fin de que pueda actuar; debemos aumentar el número de concejales, que es una forma de expresión muy pequeña de la ciudadanía. En ese sentido, esta herramienta me parece fundamental. No le tengamos miedo a la democracia; no habrá desordenes. Juntar cinco mil firmas es bastante difícil. La alcaldesa de Huechuraba nuevamente doy el ejemplo ha hecho una consulta popular, sin información y sin un listado de los participantes, simplemente para respaldar una medida arbitraria adoptada por ella, sin acuerdo del concejo.
Democraticemos nuestro país y los municipios; entreguemos todas las herramientas a la ciudadanía y no desconfiemos. Ella es responsable, pero tiene una desesperanza prendida; derrotemos esa desesperanza y liguémosla a la acción municipal. Creo que ésta es una muy buena herramienta para lograrlo.
Tiene la palabra el diputado Esteban Valenzuela .
Señor Presidente, quiero romper algunos mitos y dialogar con mucho respeto con los colegas que han hecho reparos al proyecto.
Conversé con el diputado René Manuel García y le expliqué que la Constitución y la ley orgánica constitucional de Municipalidades son claras. Los plebiscitos no son para pronunciarse sobre cualquier materia.
Por lo demás, la experiencia internacional así lo demuestra. Los plebiscitos municipales sirven para resolver problemas relevantes. Por ejemplo, para el establecimiento de los planes reguladores comunales y de las políticas ambientales; para sacar el comercio callejero de alguna calle importante, etcétera.
Además, quiero recordar en esto tengo un matiz respecto de lo señalado por la diputada María Antonieta Saa que, a veces, puede suceder que la comunidad se oponga a la opinión del alcalde; pero, según la experiencia comparada en materia de políticas públicas, a veces ocurre al revés: que el concejo no quiera apoyar alguna medida que desee implementar el alcalde. Entonces éste puede legitimar esa medida por la vía de convocar a un plebiscito comunal.
¡Por favor! Esto significa terminar con una ley muerta establecida por el legislador en 1992. No podemos, por un lado, hacer gárgaras con la participación o tomarnos las calles para pedir la creación de nuevas regiones y, por otra, tener miedo a que la gente se exprese. Seamos serios. El proyecto es muy claro: su único costo salvo que se gasten millones de pesos en publicidad sería la impresión de votos por el Servicio Electoral.
A los parlamentarios preocupados por las zonas rurales les diría que si en una pequeña comuna rural se convocara a plebiscito, su costo, que el municipio debería pactar con el Servicio Electoral, sería bastante menor. Entonces, se le teme a algo que no existe, a algo que está establecido en la legislación, pero que no se ha implementado y que no se usa.
También quiero recordar que se mantienen algunas barreras significativas. El diputado González hablaba de eliminar el requisito de la firma ante notario. No; eso se mantiene. Por tanto como bien decía la diputada Saa , no será fácil llegar a reunir, de un momento a otro, el porcentaje de firmas.
El colega Rojas tiene razón; pero quiero recordarle que hoy día, en este minuto, son 30 ó 40 los municipios que, sin necesidad de una ley, están implementando otros mecanismos de consulta, incluso, por barrio. En ese sentido, encuentro fantástica la iniciativa del alcalde Labbé en Providencia, quien convocó a la comunidad mediante internet a un debate relacionado con proyectos en Pedro de Valdivia Norte.
Existen medios económicos para efectuar consultas. Incluso, muchos alcaldes de comunas populares y de comunas pobres han comenzado a implementar sistemas de presupuestos participativos. Es más, cuando fue alcalde, el diputado Farías lo puso en práctica en San Joaquín. Además, existen experiencias en El Monte, Buin y otros lugares. En suma, hay otros mecanismos de participación.
Pero, ¿qué significa todo esto? Que el plebiscito municipal con carácter relevante y vinculante no fue inventado en democracias chacoteras, populistas, del caos o del desorden, sino en democracias muy serias, porque ciertos conflictos de nivel territorial requieren resolución. La no legitimidad de una política pública es peor que la no resolución.
Entonces, cuando se trate de casos muy relevantes, confiemos en la ciudadanía. No se trata de lograr que una persona concurra ante un notario y estampe su firma para participar en un plebiscito, porque no vamos a vivir en una fiebre de plebiscitos. Pensemos que desde 1992, cuando se aplicaba el 10 por ciento, no se ha llevado a efecto plebiscito alguno. En una oportunidad, estuvo próximo a realizarse uno debido al debate que se suscitó acerca de si se dividía el parque intercomunal que une las comunas de Providencia, Las Condes y La Reina, para dar lugar a la construcción de una avenida. En esa oportunidad, en la comuna de La Reina se reunió el 10 por ciento de las firmas requeridas. Sin embargo, la Contraloría dictaminó que, en virtud de que se trataba de una obra de carácter intercomunal, debía reunirse el 10 por ciento de las firmas en las otras dos comunas.
Por eso, no fue posible llevar a efecto un plebiscito vinculante para resolver un problema muy relevante, como consecuencia del alto porcentaje de 10 por ciento de firmas exigido.
En síntesis, esta modificación es muy acotada; sólo pretende facilitar la aplicación de un instrumento en comunas pequeñas y pobres y su único costo, que correspondería a la impresión de los votos, es bastante menor. Además, si existieran controversias significativas, se generaría una discusión a nivel vecinal.
No tengamos miedo de aprobar este proyecto, puesto que diputados de derecha, de centro y de izquierda, es decir, de las distintas bancadas, apoyaron esta pequeña modificación, que hace algo un poco más viable el uso de un mecanismo contenido en la legislación municipal desde 1992 y que, en definitiva, no ha sido practicable.
Señor Presidente, había pedido la palabra para solicitar que el proyecto vuelva a Comisión.
Señor diputado, en su momento pediré la unanimidad para que el proyecto vuelva a Comisión. Por lo demás, no ha sido objeto de indicaciones.
Señores diputados, el diputado señor Enrique Jaramillo ha pedido que el proyecto de ley que facilita la convocatoria a plebiscitos municipales vuelva a Comisión, para lo cual se requiere la unanimidad de la Sala.
Les recuerdo que para su aprobación se requieren 69 votos afirmativos.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 10 abstenciones.
No se alcanzó el quórum requerido. Rechazado el proyecto.
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Señor Presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar públicamente el profundo impacto que nos ha causado el deceso del señor Jaime Crispi , asesor de diferentes ministros de Hacienda durante los últimos gobiernos de la Concertación. Trabajó codo a codo con todos los miembros de la Comisión de Hacienda de esta Corporación y quienes lo conocimos, tanto de Gobierno como de Oposición, somos testigos y podemos dar fe no sólo de su profunda inteligencia, sino, además, de su don de gente y su caballerosidad.
Quienes lo conocimos lamentamos profundamente su temprana partida.
Por lo tanto, solicito que guardemos un minuto de silencio en su memoria. He dicho.
Pido a la Sala un minuto de silencio en memoria de Jaime Crispi.
Las señoras diputadas, los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio.
Proyecto de acuerdo N° 193, de los diputados señores Martínez , Jaramillo , Espinoza, don Fidel ; Lobos, Galilea , Barros, de la señora Sepúlveda , doña Alejandra ; de los señores Ojeda , García y Urrutia.
Que, al cabo de más de una década de funcionamiento, el Mercosur al cual Chile se agregó como Estado asociado en 1996 no ha respondido a las expectativas ni a los objetivos de su creación como una instancia para facilitar el comercio entre sus partes.
Que el argumento principal para la aprobación del Acuerdo en el Congreso Nacional se basó en que la mayoría de los sectores de la economía se verían altamente beneficiados, dado que los productos chilenos tendrían acceso a un mercado de millones de habitantes.
Que, en 2005, las exportaciones chilenas al Mercosur fueron de dos mil cuatrocientos sesenta y ocho millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento promedio anual del 3,8% respecto de las producidas en 1996, que llegaron a mil setecientos sesenta millones de dólares. En tanto, las importaciones desde el Mercosur a Chile, en el mismo período, crecieron el 13,5%, pasando de dos mil ochocientos catorce millones de dólares, en 1996, a ocho mil setecientos noventa y cinco millones de dólares, en 2005.
Que si bien las exportaciones chilenas han crecido, lo han hecho en porcentajes significativamente menores respecto de las importaciones, que, en la práctica, se han multiplicado por tres, circunstancia que se traduce en un deterioro importante de la balanza comercial, que pasó de un déficit de mil millones de dólares, en 1996, a otro de seis mil trescientos millones de dólares, en 2005.
Que, desde que se firmó el Acuerdo, la balanza comercial silvoagropecuaria suma cinco mil doscientos millones de pesos de saldo en contra. Las importaciones lácteas pasaron de dieciocho millones de litros, en 1998, a doscientos veintiún millones, en 2005, lo que equivale al 1.128% de crecimiento, principalmente desde Argentina.
Que, además, una serie de dificultades no han sido subsanadas, como la carencia de un claro sistema de solución de controversias y de una cláusula de protección frente a variaciones en el tipo de cambio de los países signatarios. Se dejaron en la incertidumbre las bandas de precios. No se desarrollaron las herramientas contra las barreras parancelarias puestas en el transporte, en el contenido de azúcar en la fruta, en el etiquetado de productos agroindustriales y, más aun, no se puede recusar al sistema Mercosur , a países cuando tienen impuestos promotores de la competitividad, como ocurre con Argentina, en el caso de la harina, el trigo y los lácteos.
Que tales factores han producido el incumplimiento de los acuerdos firmados y la restricción arbitraria al comercio, como lo demuestra el hecho de que el 45% del total de las denuncias presentadas a la Comisión de Distorsiones corresponden a problemas comerciales con Argentina y Brasil.
Que, objetivamente, el balance de la participación de Chile en el Mercosur es negativo, tanto desde el punto de vista de las exportaciones como por el creciente grado de conflictos que se observa entre sus miembros, así como por la falta de voluntad para corregir sus falencias.
Que existe una creciente disconformidad respecto de su funcionamiento, como lo demuestran las declaraciones del Presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez , quien califica la marcha y resultados del Mercosur como ‘insatisfactorios’, además de ‘preocupantes las opiniones del ex Presidente Fernando Henrique Cardoso al diario ‘La Nación’, de Argentina, en su edición de 9 de agosto de 2006’, en el sentido de que el Acuerdo se ha ‘vuelto más político y menos integracionista’ y la reciente petición del Presidente del Senado, Eduardo Frei , en cuyo gobierno Chile se integró como Estado asociado, de revisar la participación chilena.
Que la integración económica trae enormes beneficios para los países signatarios, en la medida de que haya una institucionalidad clara, estable e independiente, lo que implica la existencia de un conjunto de normas, procedimientos e instrumentos que otorguen garantías y creen confianza entre los Estados y los sectores involucrados.
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que reestudie la situación de Chile en el Mercosur, busque los mecanismos internos y proponga los instrumentos externos para lograr el establecimiento de una institucionalidad que garantice la solución de controversias en forma rápida y oportuna entre particulares, entre particulares y Estados y, en definitiva, de todos aquellos factores que propendan a un comercio justo.
Asimismo, en caso de no existir voluntad política de los Estados signatarios para avanzar en el perfeccionamiento del Acuerdo, utilizar los procedimientos establecidos en el artículo 55 del Título XXI del Acuerdo de Complementación Económica, suscrito por Chile con el Mercosur y de las normas que en él se contemplan para que Chile se desligue de éste.”
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez .
Señor Presidente, transcurrido diez años de nuestro ingreso como Estado asociado al Mercosur, creo que es prudente analizar con mucha objetividad lo que ha significado para el país dicho acuerdo.
En primer lugar, existen sectores, como el mundo agrícola, a los cuales no les ha ido bien. La balanza comercial silvoagropecuaria desde que se firmó el acuerdo suma 5 mil 200 millones de dólares de saldo en contra; las importaciones lácteas, principalmente desde Argentina, pasaron de 18 millones de litros en 1998, a 221 millones de litros en 2005, lo que equivale a 1.128 por ciento de crecimiento.
En segundo lugar, el Mercosur, como acuerdo comercial, tiene serias deficiencias, ya que carece de un sistema de solución de controversias y de una cláusula de protección frente a las variaciones en el tipo de cambio de los países signatarios, así como de herramientas efectivas contra las barreras paraarancelarias que se han puesto en el transporte, en el contenido de azúcar en la fruta, en el etiquetado de los productos agroindustriales y, más aún, no existe un mecanismo para recusar al sistema del Mercosur a países cuando tienen impuestos promotores de la competitividad, como ocurre con Argentina en el caso de la harina, trigo y lácteos. Con dichas falencias se hace imposible operar, pero lo más preocupante es que no se observa interés en corregir esta situación.
Por otro lado, nuestro Gobierno ha sido enfático en decir que el país se va a mantener en el Mercosur. A partir de esa realidad, el Gobierno debe proponer en la esfera resolutiva que rige dicho acuerdo soluciones concretas para salvar los problemas existentes, así como plazos definitivos para sus aplicaciones. En el caso de no existir voluntad para ello, no tiene sentido permanecer asociados, porque la esencia de toda integración económica es la existencia de normas, procedimientos e instrumentos claros que otorguen garantías y creen confianza entre los estados y todos los sectores involucrados, y que se cumplan; precisamente, lo que no ha ocurrido en este caso, donde impera la desconfianza y el incumplimiento de los acuerdos, como lo demuestra el hecho de que el 45 por ciento del total de las denuncias presentadas en la Comisión de Distorsiones corresponde a problemas comerciales con Argentina y Brasil. Ese es el fondo del proyecto: buscar los mecanismos internos y externos para lograr el establecimiento de una institucionalidad que garantice la solución de las controversias en forma rápida y oportuna y de todos aquellos factores que propendan a un comercio justo o, en caso contrario, de no existir voluntad alguna, estudiar nuestra permanencia en el Mercosur.
Por lo expuesto, invito a mis colegas a aprobar el proyecto de acuerdo, pues no podemos continuar en las mismas circunstancias.
Señor Presidente, efectivamente, como decía el diputado señor Martínez , hace un tiempo se cumplieron diez años del tratado de libre comercio con el Mercosur.
Recuerdo muy bien cuando se firmó, pues en ese tiempo era dirigente agrícola y pedimos a los parlamentarios de la época que por favor lo rechazaran, porque sabíamos que, con el correr de los años, iba a ser un verdadero desastre. Sin embargo, fue aprobado en 1996 y ahora muchos de esos parlamentarios que lo votaron a favor se han dado cuenta de que ha sido un tratado de libre comercio nefasto para nuestro país.
Actualmente, voces de todos los sectores políticos piden a la Presidenta de la República antes lo solicitaron al Presidente Lagos que este tratado de libre comercio sea revisado, de manera que se evalúe si realmente para Chile es conveniente. Sin embargo, hasta la fecha, ello no se ha logrado.
Además, me parece prudente que haya una instancia que garantice la solución de controversias que ha habido en el último tiempo, principalmente con Argentina.
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
Señor Presidente, en primer lugar, quiero informar a la Sala que la Comisión de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Cancillería, a través de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, una evaluación del tratado y de nuestra participación en el Mercosur, con el objeto de que podamos analizar con hechos concretos la conveniencia de continuar asociados con el Mercosur.
Creo que este proyecto de acuerdo es redundante en ese sentido. Sin embargo, aunque comparto algunas de las intenciones respecto del establecimiento de mecanismos de solución de controversias, me parece muy apresurado que se solicite reestudiar la situación de Chile sin antes conocer la evaluación que hemos pedido.
En segundo lugar, si bien el sector agrícola se siente perjudicado y pareciera que con razón, hay otros que se han visto beneficiados con este tratado, particularmente el sector manufacturero, que ha aumentado las exportaciones a dichos mercados, en especial a Argentina y Brasil.
En su momento, la Comisión de Relaciones Exteriores informará a la Sala la evaluación que la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales haga del Mercosur. En esa oportunidad corresponderá estudiar y reflexionar acerca de la conveniencia de que Chile continúe o no formando parte de este tratado.
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
Señor Presidente, coincido con lo señalado por el diputado Renán Fuentealba.
Este proyecto de acuerdo refleja un profundo desconocimiento del mundo que nos toca vivir y tiene un sesgo ideológico incompatible con la estrategia de desarrollo que hemos implementado como país. A mi juicio, representa una visión retrógrada, que mira al mundo con desconfianza y que no entiende el sentido más profundo de la globalización, pues sólo la considera como un conjunto de amenazas y no de oportunidades, que pueden ser enfrentadas colectivamente, en especial por países pequeños como el nuestro.
Los procesos de integración nunca han sido ni serán fáciles; se requiere esfuerzo, tesón y convicción para solucionar las dificultades y obstáculos que traigan consigo. La estrategia de querer agachar la cabeza y esconderse no es lo que corresponde. El Mercosur ha representado significativos beneficios para Chile, como cualquier proceso de integración. También tiene sus sombras, y lo que debemos hacer es enfrentarlas de manera decidida y con convicción y trabajar por apoyar a aquellos sectores que no se han visto plenamente beneficiados.
Sin embargo, a diez años de nuestra suscripción al Mercosur, decir que los beneficios derivados de este tratado no valen la pena para que Chile continúe formando parte de él, es francamente no entender que hoy el mundo gira sobre la base de la integración. Si Chile puede plantearse hacia el futuro con optimismo y con esperanza es porque en los últimos dieciséis años hemos puesto en marcha una estrategia de inserción internacional exitosa. Somos el país que más tratados de libre comercio ha firmado. Tenemos acceso preferencial y seguro a más de 1.500 millones de consumidores. Para un país de 15 millones de habitantes, ubicado en un rincón del mundo, sin duda es el camino que ha permitido el desarrollo, el progreso y la prosperidad.
El Mercosur es un acuerdo con países vecinos, con los que compartiremos eternamente fronteras. No se puede decir que nuestras relaciones con ellos están deterioradas, que son malas o que Chile no ha puesto la mirada en su entorno y, al mismo tiempo, pedir que nos retiremos del Mercosur. Creo reitero que ésa es una forma retrógrada, cavernaria y anticuada de considerar la política exterior de nuestro país. Lo que corresponde es mirar el futuro con optimismo, enfrentar los problemas para buscar soluciones y no esconderse o salir arrancando de un acuerdo de tanta envergadura y trascendencia política, más allá de lo comercial, como el Mercosur.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 2 abstenciones.
Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Barros Montero Ramón ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Cardemil Herrera Alberto ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; Delmastro Naso Roberto ; Dittborn Cordua Julio ; Eluchans Urenda Edmundo ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Estay Peñaloza Enrique ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Goic Boroevic Carolina ; Hernández Hernández Javier ; Jaramillo Becker Enrique ; Kast Rist José Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Moreira Barros Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Paya Mira Darío ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Turres Figueroa Marisol ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valcarce Becerra Ximena ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón
Aguiló Melo Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Díaz Díaz Marcelo ; Duarte Leiva Gonzalo ; EnríquezOminami Gumucio Marco ; Fuentealba Vildósola Renán ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Leal Labrín Antonio ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pascal Allende Denise ; Robles Pantoja Alberto ; Saa Díaz María Antonieta ; Soto González Laura
Jarpa Wevar Carlos Abel ; Sule Fernández Alejandro
Algunos señores diputados solicitaron colocar sobre tabla el proyecto de acuerdo N° 209, cuya finalidad es expresar felicitaciones al Presidente electo de México, señor Felipe Calderón Hinojosa.
Proyecto de acuerdo N° 149, de los señores Sepúlveda, don Roberto ; Chahuán , Rubilar , doña Karla ; Lobos, Núñez , Girardi , Meza , Monckeberg, don Nicolás ; Aedo y Martínez:
Que la ley N° 18.469 regula el derecho constitucional a la protección de la salud y crea un régimen de prestaciones de salud.
Que, en su artículo 28, esta ley con las excepciones establecidas dispone que los afiliados deben contribuir al financiamiento del valor de las prestaciones que ellos y los respectivos beneficiarios soliciten y reciban del régimen, mediante pago directo, y que el valor de las prestaciones será el que fije el arancel aprobado por los Ministerios de Salud y de Hacienda, a proposición del Fondo Nacional de Salud.
Que, mediante resolución exenta N° 96, de 1996, del Ministerio de Salud, se aprobó el arancel de prestaciones de salud, cuya última actualización se efectuó mediante resolución exenta N° 161, de 2005.
Que la resolución aprobatoria del arancel establece en su Capítulo I, ‘Normas Generales’, letra d), que toda prestación que no figure en el arancel será cobrada por los Servicios de Salud, asimilándola a aquellas que se le asemejen en cuanto a recursos empleados y en el rubro que corresponda.
Que dicho sistema de cobro no resulta justo ni equitativo, si se tiene presente, por una parte, el importante avance de los procedimientos y el uso de la tecnología en el desarrollo de la práctica médica, y, por otra, que tales avances se han ido incorporando en forma demasiado lenta a esa lista, lo que excluye de la nómina de prestaciones de salud cualquier tipo de bonificación tanto de los beneficiarios del sector público como los de las instituciones de salud previsional del sector privado.
Que, a fin de solucionar esta situación, es procedente modificar la citada norma, de manera que todas aquellas prestaciones que no figuren en el arancel, no obstante hayan sido presentadas al Fondo Nacional de Salud, sean bonificadas en el 50%.
Que esta bonificación debe comenzar a regir desde que el Fondo Nacional de Salud recibe la presentación de una nueva prestación hasta que le sea asignado el valor del arancel y su respectiva bonificación.
Que, de igual modo, se considera que esta bonificación debe incluir tanto a los beneficiarios de las instituciones de salud previsionales del sector privado como a los del Fondo Nacional de Salud.
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que modifique la letra d), del Capítulo I de las ‘Normas Generales’ de la resolución exenta N° 96, de 1996, del Ministerio de Salud, que aprobó el arancel de acciones de protección de la salud, a objeto de establecer que aquellas prestaciones que no figuren en el arancel tengan una bonificación del 50% de la misma, desde el momento que sean presentadas al Fondo Nacional de Salud hasta que le sea asignado el valor del arancel, lo que debe incluir a los beneficiarios de las instituciones de salud previsional del sector privado como a los del Fondo Nacional de Salud.”
Señoras diputadas y señores diputados, disponemos de cinco minutos y medio para debatir esta materia. Si hay intervenciones, deberemos suspender el despacho del proyecto hasta la próxima sesión. ¿Habría acuerdo para votarlo de inmediato?
En votación el proyecto N° 149.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Barros Montero Ramón ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Chahuán Chahuán Francisco ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Díaz Marcelo ; Duarte Leiva Gonzalo ; Eluchans Urenda Edmundo ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Goic Boroevic Carolina ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pascal Allende Denise ; Paya Mira Darío ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Saa Díaz María Antonieta ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Súnico Galdames Raúl ; Turres Figueroa Marisol ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valcarce Becerra Ximena ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón .
Se abstuvo el diputado señor EnríquezOminami Gumucio Marco .
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Alejandro GarcíaHuidobro.
Señor Presidente, todos esperábamos en la Sexta Región que la Presidenta Bachelet, en su discurso del 21 de mayo, hiciera algún anuncio respecto del nuevo hospital de Rancagua. Lamentablemente, no lo hizo.
El hospital de Rancagua no es de la comuna ni de la ciudad; debe atender y recibir la derivación del resto de los hospitales de la región. Desgraciadamente, su situación de colapso amerita una intervención urgente del Ministerio. La próxima semana agradezco la unanimidad que otorgó la Sala será recibido el director del hospital en la Comisión de Salud de la Cámara.
Voy a dar algunas cifras muy importantes que reflejan la situación dramática por la que atraviesa hoy el hospital regional de Rancagua. Por ejemplo, el hospital clínico Fusat , de Codelco, tiene 120 camas y ochocientos funcionarios; es decir, una relación de 6.6 funcionarios por cama. ¿Cuál es la situación del hospital regional de Rancagua? Mil trescientos funcionarios y 515 camas. Es decir, 2.4 funcionarios por cama; un tercio de los que cuenta el hospital Fusat.
En cuanto a dimensión en metros cuadrados por cama, el hospital regional de Rancagua dispone de 56 metros cuadrados. El ideal de cualquier hospital hay médicos presentes es 100 metros cuadrados por cama.
Es urgente solucionar esta situación. La región requiere un hospital moderno, a la altura de las circunstancias y que, en definitiva, nuestra gente cuenta con un hospital acorde con lo que el país espera de su salud pública.
Es importantísimo señalar que la población no está recibiendo la atención que se otorga en otras regiones.
El tiempo de espera llega a ser dramático, aunque se dijo que iba a ser cada día menor; pero, los problemas de especialidades que tiene ese hospital son graves, por el hecho también de que los médicos no pueden ejercerlas, lo que está afectando seriamente la salud de los habitantes de la Sexta Región.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Salud y a la Presidenta de la República conforme al compromiso que ésta asumió con nuestra región cuando era titular de la Cartera, a fin de que se entreguen los recursos necesarios para que el proyecto del hospital se lleve a cabo a la brevedad. Ello no admite más demora. Nuestra región es la última en capacidad de salud y de atención a su gente.
Para revertir esta realidad, deseo insistir en mi petición, que en la ley de Presupuestos para el próximo año considere los recursos suficientes para que no sólo se efectúen los estudios pertinentes, sino también la construcción del nuevo hospital que requiere, especialmente, la gente más necesitada de nuestra región.
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Masferrer , Sule , Hernández y Accorsi .
Tiene la palabra el diputado Javier Hernández.
Señor Presidente, en primer lugar, solicito que se oficie a la ministra de Educación a fin de que explique los motivos del retardo en la asignación de recursos para las becas “Nuevo Milenio”.
Dichas becas están destinadas a alumnos de escasos medios que se incorporan a la enseñanza superior, fundamentalmente a centros de formación técnica, y permiten financiar, parcial o totalmente, por un máximo de 360 mil pesos, el arancel de dichos centros, cuyo proceso se inicia en diciembre y culmina el 30 de abril de cada año, con la entrega de la nómina de los becados.
Mi inquietud radica en que algunos alumnos de centros de formación técnica se han acercado a oficinas regionales a consultar acerca de dichas becas, puesto que ya ha pasado agosto y todavía no se han hecho efectivas.
Por lo tanto, solicito que el señor ministro responda sobre el porqué de dicha tardanza, por cuanto se trata de un sector muy vulnerable de la sociedad y que muchas veces debe dejar sus estudios a medias por no poder cancelar los aranceles.
Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia de su intervención.
En segundo lugar, en Osorno, en el sector de Pilauco, existe la población Maximiliano Kolbe donde han ocurrido diversos hechos delictuales en el último tiempo. El más reciente cobró la vida de una persona. La junta de vecinos ha insistido en la necesidad de contar con un retén de Carabineros que cubra las necesidades de seguridad de ese sector, donde, además de la población señalada, se encuentra la población Sor Teresa de Calcuta y una serie de otros loteos que están cada vez más habitados. Sólo en la población Maximiliano Kolbe estima que viven alrededor de 2.500 personas.
Como ya se les manifesté a los vecinos la imposibilidad de acceder a su petición de que se construya el retén, ellos esperan que, al menos, su sector deje de estar al cuidado del retén “ Eleuterio Ramírez ”. La razón es el incordio o la situación bastante paradójica de que ese retén, no obstante pertenecer a la comuna de Osorno, de quedar dentro de su radio urbano, dista 19 kilómetros de la ciudad.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro del Interior, con copia al general director de Carabineros de Chile, a fin de que se dispongan los medios necesarios para que la población Maximiliano Kolbe quede resguardada por la Primera Comisaría de Osorno, de manera que carabineros pueda acudir allí oportunamente cuando se cometan hechos delictuales.
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada María Antonieta Saa.
Señor Presidente, quiero sumarme a las condolencias por el fallecimiento de Jaime Crispi , un hombre joven, gran persona, dedicado al servicio público. Este miércoles estaba invitado a la Comisión de Familia de la Cámara para dar cuenta del informe del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia, que presidió por encargo de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet . Su pérdida nos provoca una gran tristeza. En estos momentos, sus restos están siendo incinerados.
Su vida es un ejemplo de cómo los jóvenes pueden contribuir de manera fundamental al servicio público.
La familia Crispi su padre, su madre y sus tíos siempre ha estado ligada al servicio público. Por eso, en nombre del PPD y de todos mis colegas deseo enviar mis más sentidas condolencias a su familia y a su señora. Su pérdida no sólo los afecta a ellos, sino también al servicio público del país.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz.
Señor Presidente, hace algunos instantes, el diputado señor Julio Dittborn , de la Unión Demócrata Independiente, y la diputada señora María Antonieta Saa , del Partido por la Democracia, en un gran gesto manifestaron el pesar que sentimos todos quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Jaime Crispi , una gran persona, un gran profesional y un economista de prestigio y de fuste, que en paz descanse.
A esta hora, debe estar terminando la misa donde miles de personas, que aprendieron a valorarlo, acompañan sus restos mortales hacia su última morada.
A título personal, porque en mi calidad de miembro de la Comisión de Hacienda tuve la oportunidad de conocerlo, y en nombre de la bancada democratacristiana, deseo expresar el dolor que sentimos en este momento ante la irreparable pérdida de Jaime Crispi , que por esos designios del Supremo Hacedor, que todo lo puede, lo llevó de este mundo terrenal.
Con estas breves palabras, ya que no pude estar presente en sus honras fúnebres por tener que cumplir con mi rol parlamentario, quiero recordar que Jaime Crispi fue uno de los cerebros que ayudó en la búsqueda de una solución para las familias en condición de indigencia. Fue el autor del programa de Gobierno “Chile Solidario”. Esas palabras lo dicen todo: un Chile solidario.
En estos años ha quedado demostrado que Jaime Crispi tenía razón, puesto que ese Programa ha ayudado a que muchas familias salgan de la condición de indigencia, dándoles una luz, mostrándoles un norte, posibilitándoles un sueño y permitiéndoles ser parte del desarrollo de nuestra patria, aunque no cuenten con muchos ingresos.
Estas breves palabras, que han salido desde lo más profundo de mí ser, me invitan a pedir que, en nombre de la Cámara de Diputados y de manera oficial ya hubo un minuto de silencio en la Sala, se hagan llegar las condolencias a la familia de Jaime Crispi , un economista brillante que nos abandonó a muy temprana edad.
Se enviarán las condolencias solicitadas y los diputados que nos encontramos en la Sala adherimos a sus sentimientos.
Señor Presidente, a continuación voy a plantear el tema que está en el debate público, pero que, a mi juicio, no ha sido tratado con la profundidad que se requiere. Me refiero a las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad, impulsadas por el Ministerio de Salud, contenidas en el libro que tengo en mis manos. De ellas, la elite política se ha hecho cargo de un punto, pero hay muchos más que, como diputados y diputadas de la República, tenemos la obligación de conocer.
El Ministerio de Salud, en conjunto con un amplio grupo de organizaciones sociales, trabajó en la elaboración de estas normas que están inspiradas en los derechos humanos fundamentales. Sus capítulos abordan consideraciones éticas y de derechos humanos con respecto al tema: derecho a la vida, a la libertad individual, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; derecho a formar una familia, a tener hijos o a no tenerlos; derecho al cuidado de la salud, derecho a la información y educación, derecho a la privacidad y confidencialidad, derecho a la equidad y a la dignidad, derecho a los beneficios del progreso científico, derecho a vivir libre de maltrato y de tortura. O sea, el marco ético y de derecho de estas normas se encuentra absolutamente de acuerdo con nuestros principios constitucionales y, además, con aquellos que Chile ha apoyado en las convenciones internacionales.
Este marco conceptual apunta a hacer responsables de su reproducción no sólo a las mujeres, sino también a los varones. Se plantean, como método de anticoncepción masculino el uso del preservativo y la vasectomía, que pone término a su capacidad reproductiva. Como política pública, es una novedad enorme, porque la reproducción siempre ha sido considerada una tarea “femenina”. Las mujeres, por un lado, somos víctimas, pues se nos considera culpables si quedamos embarazadas, y por otro, privilegiadas por poder dar vida a otro ser.
Los varones, en cambio, se sienten ajenos a las responsabilidades que genera la actividad reproductiva, lo cual no debiera suceder, materia que también es abordada por las nuevas normas de regulación de fertilidad.
El capítulo “Anticoncepción para adolescentes”, pretende constituirse en una guía para los funcionarios de salud, pues se refiere a lo que es la adolescencia, al inicio de la fertilidad y de la actividad sexual y a la realidad de los embarazos de adolescentes y sus consecuencias, que no sólo dicen relación con la proyección de vida de los jóvenes, en cuanto a que pasarán a engrosar las filas de la pobreza si pertenecen a estratos sociales bajos, sino también a las repercusiones sicológicas y físicas que produce el embarazo en una adolescente.
Las nuevas normas de regulación de fertilidad contienen un capítulo dedicado al uso de anticonceptivos durante la adolescencia, y plantea que los padres debieran participar de las decisiones que adopten los hijos en esta materia.
Como se puede apreciar, el libro aborda temas profundos, y los trata como tales, por lo que espero que el Ministerio de Salud envíe un ejemplar a todos los diputados, para que lo lean y puedan dar opiniones informadas sobre la materia, de manera que nuestras discusiones sobre el particular sean serias, sin caricaturas.
El señor FARIAS.-
Señor Presidente, en Incidentes del 22 de junio de 2006 pedí que se oficiara al director nacional del Trabajo con el objeto de que nos informara sobre los resultados de las fiscalizaciones a la empresa Tur Bus. El oficio fue despachado el 30 de junio recién pasado, con el número 1.101; no obstante, a la fecha aún no recibimos respuesta.
En consecuencia, habiendo transcurrido ya más de dos meses sin que la autoridad requerida nos envíe la información solicitada, pido que se reitere el oficio al director del Trabajo, en los mismos términos contenidos en el mencionado oficio N° 1.101.
Tal respuesta es de gran importancia para ponderar adecuadamente las medidas de seguridad del transporte interurbano de pasajeros.
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras María Antonieta Saa y Ximena Vidal y de los diputados señores Aguiló , Jaramillo , Sule y Jiménez
Señor Presidente, deseo referirme a las comisiones que cobran los bancos.
Hace algunos días se publicó una encuesta, a nivel latinoamericano, que nos ubica como el primer país que cuenta con créditos de todo tipo, incluso orientados a la familia.
En los últimos años, la banca ha hecho más expedito abrir cuentas corrientes y, por ende, acceder al crédito.
Por la prestación de servicios, sean gestiones de cobranza de documentos, asesorías financieras, recaudaciones varias, los bancos cobran comisión. Lo mismo ocurre con las cuentas corrientes cuando no se mantienen los saldos promedio exigidos y con las líneas de créditos, cargos que los clientes y usuarios piensan que son caros y confusos.
Cada entidad bancaria es libre de fijar la modalidad y el monto de dichos cobros. Sin embargo, la Superintendencia de Bancos ha señalado que el plan de cobro de comisiones que los bancos establezcan no podrá hacer discriminación alguna entre clientes que se encuentren en igual situación.
Por ello, es sumamente importante tener claridad del monto y la procedencia de las comisiones, por cuanto la certeza es absolutamente necesaria para las relaciones patrimoniales entre los usuarios y la banca, dada la imagen que ella despliega como actor preponderante en el mercado crediticio.
Llaman la atención las altas comisiones que se cobran a beneficiarios de la beca “Presidente de la República” y a los tenedores de tarjetas asociadas a las cuentas de ahorro. Por eso, es urgente hacernos cargo de este problema.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Hacienda, para que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras nos informe de manera detallada acerca de las comisiones que cobran los bancos y que están asociadas a los productos que ofrecen, en particular, a las cuentas de ahorro, en sus distintas modalidades. Además, que se nos indiquen las medidas adoptadas para evitar cobros abusivos.
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, José Miguel Ortiz , Sergio Aguiló y de quien habla.
Tiene la palabra el diputado Mario Venegas.
Señor Presidente, en mis continuas visitas al distrito que represento, de la provincia de Malleco, con frecuencia me han planteado la deficiente atención médica que brindan los hospitales de Angol, Collipulli , Traiguén y Purén a la comunidad.
Esos hospitales forman parte de la red de salud y de atención hospitalaria de la provincia de Malleco y de la Región de la Araucanía.
En los últimos años se han realizado significativas inversiones en el hospital de Temuco y, en el de Victoria, están concluyendo las obras para su normalización, con una inversión de alrededor de 10 mil millones de pesos.
No obstante, no se observa el mismo esfuerzo en los hospitales antes mencionados, por lo que son frecuentes las quejas de la población respecto de la mala calidad de la atención o de la falta de médicos o de elementos para contar con una atención adecuada.
En la semana distrital pasada, visité el hospital de Purén, a raíz de que en los medios de comunicación y en la comunidad se produjo una importante crítica sobre la calidad del servicio que se estaba entregando.
Conversé con los usuarios, con algunos funcionarios y con la directora de ese centro asistencial. Constaté falencias muy importantes. Por ejemplo, en el servicio de ambulancias, ya que éstas se encuentran deterioradas e inutilizables; el sistema de atención dental también tiene sus equipos deteriorados.
En Angol se reclama la existencia de un servicio de urgencia, como corresponde a las normativas del ministerio cuando se da un número determinado de atenciones en el año. Eso no existe en la actualidad. Algo similar ocurre en los hospitales de Traiguén y de Collipulli, donde la atención a la gente es muy mala.
Por otra parte, la red asistencial de salud primaria, cuya responsabilidad recae en la administración de los municipios, también presenta serias deficiencias en los consultorios y en las postas.
Por estas razones, pido enviar oficio a la ministra de Salud y al subsecretario de redes respectivo, con el objeto de que se realice un estudio acerca de la situación de los hospitales de Angol, Collipulli , Traiguén y Purén, para que en el futuro se implementen acciones que permitan entregar una efectiva atención de salud a esa población.
También pido enviar copia de mi intervención al director del Servicio de Salud Araucanía Norte y a los directores de los hospitales mencionados.
En el tiempo que resta a la Democracia Cristiana y en el cedido por el Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet .
Señor Presidente, quiero rendir un homenaje póstumo a don Emilio Godoy Tapia , militante del Partido Socialista de Chile, concejal por más de un período en Huasco, comuna que tengo el honor de representar en este hemiciclo, quien falleció en circunstancias trágicas a las dos de la mañana del miércoles 31 de agosto, lo que provocó gran conmoción en esa localidad de doce mil habitantes.
Don Emilio Godoy Tapia , de dilatada trayectoria como dirigente político de su partido, cumplió una gran gestión como concejal y como dirigente sindical y trabajador de la Compañía Minera del Pacífico, CMP.
Fue una persona muy valiosa, que trabajó denodadamente por la reconquista de la democracia en las épocas duras de la dictadura.
Perteneció a esa generación de dirigentes, hombres y mujeres, de todo Chile que, día a día, luchó y buscó con mucho esfuerzo la recuperación de la democracia en nuestro país.
Esos dirigentes, a veces desconocidos en el ámbito nacional, fueron fundamentales en la recuperación de la democracia. Esa generación de hombres y mujeres valientes, como señalé, que lucharon por la democracia en cada rincón del país. Él lo hizo desde su sindicato, dentro de su empresa y, después, desde su partido en Huasco y desde la presidencia de uno de los sindicatos de la Compañía Minera El Pacífico.
Emilio Godoy , junto al alcalde Juan Sabando y los concejales José Morales, María González , Gonzalo Catalán , Rafael Vega y Juan Ávalos , formaron un gran equipo que trabajó muy bien en los últimos años por la comunidad de Huasco, lo que les permitió dejar en esto fue fundamental el esfuerzo de Emilio Godoy importantes obras. Se trata de un municipio donde, en general, sus autoridades trabajan en forma muy unida, no sólo con el equipo de concejales alcalde de la Concertación, sino que también con la concejala de la derecha, la señora María González . Demuestran un interés permanente por avanzar y hacer obras por la comuna, en donde un alcalde inteligente acepta la colaboración de sus concejales. En ese sentido, es ejemplar el trabajo que se ha hecho en Huasco.
La tarea de Emilio Godoy Tapia fue fundamental, por ejemplo, para crear más de 600 soluciones habitacionales en la comuna; para pavimentar sus caminos mediante el sistema de pavimentación participativa y ejecutar obras tan importantes y perennes como la avenida Costanera, donde se hizo una gran inversión que la convirtió en una de las mejores costaneras costeras del norte, además de realizarse un trabajo arquitectónico de primer nivel que hermoseó la comunidad de manera importante; el edificio consistorial es uno de los más hermosos que conozco. También realizó labores en el ámbito educacional, en la pequeña y mediana empresa, de apoyo a los pescadores artesanales, etcétera, y las gestiones propias de cualquier concejal.
Los concejales son hombres y mujeres de nuestro país que se entregan con mucho esfuerzo a realizar su labor y que, muchas veces, entregan la vida en el desempeño de su cargo. Éste es el caso. Lo más emblemático es que don Emilio Godoy Tapia volvía a su hogar con otro concejal desde Copiapó , situado a 200 kilómetros de Huasco, a las 2 de la madrugada, después de haber trabajado todo el día en esa comuna en una asamblea municipal regional, a la cual había concurrido con los concejales señores José Morales y Rafael Vega , con el fin de estudiar en qué forma, a través de la ley sobre impuesto específico a la gran minería, se podían allegar recursos a comunas mineras como Huasco, en Atacama.
También buscaban la forma de ser solidarios con la comuna Diego de Almagro por la inminencia del cierre parcial del mineral Salvador .
Además, ese mismo día analizaron la manera de evitar la instalación de una antena de telefonía móvil en la ciudad, donde viven muchos adultos mayores que tienen marcapasos o audífonos, pues les preocupaban los efectos de esa antena en los aparatos que usan esas personas.
Su preocupación por los demás lo llevó a viajar a Copiapó a reunirse con sus colegas concejales y alcalde para tratar estos temas. Cuando volvía tarde a Huasco, ocurrió el accidente que le costó la vida.
Quiero, desde la Cámara de Diputados y en mi calidad de diputado por la región de Atacama, en particular por la comuna de Huasco, solidarizar con la familia de Emilio, con su esposa e hijos, así como con el concejo de Huasco, y agradecer públicamente la labor de este chileno que entregó su vida al servicio público, como muchos otros.
Pido oficiar al alcalde y al concejo de esa comuna, con copia de mi intervención, con el objeto de solicitar a ese cuerpo colegiado que tome la decisión, que sin duda debe estar estudiando, de llamar Emilio Godoy a alguna calle u obra pública de carácter permanente, en memoria de un concejal que siempre trabajó por los demás y que, como dije, pertenecía a la generación que luchó por la democracia, que la recuperó y que hasta hoy seguía trabajando con verdadera vocación en el servicio público.
Se levantó la sesión a las 12.57 horas.
Moción de los diputados señores Jiménez , Enriquez-Ominami , Insunza , Quintana , Tarud y Tuma .
Regula los homenajes, honores y demás muestras de reconocimiento que realiza el Estado de Chile a personas destacadas en la actividad pública nacional. (boletín N° 4496-04)
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Que de acuerdo a las normas más elementales de nuestro ordenamiento jurídico, contenidas en la Carta Fundamental, el Estado de Chile está al servicio de la persona humana y su finalidad es la satisfacción de las necesidades públicas.
Que las personas que consagran su vida al servicio público son miles; son tantas como funcionarios tiene el Estado en su estructura, sea que se desempeñen en el poder ejecutivo, legislativo, judicial o en los órganos constitucionalmente autónomos, como el Ministerio Público o el Banco Central.
Que por su especial desempeño, dedicación, entrega y aporte para el país, ha sido una costumbre republicana fuertemente arraigada, el rendir homenaje a personas extraordinarias, a personas que destacan en la actividad del servicio público de una manera especial.
Que siendo la finalidad del Estado la satisfacción de las necesidades públicas, las actividades que éste desarrolla deben estar siempre orientadas a ese fin, y sólo de un modo excepcional, se permite el desarrollo de actividades diversas, como puede ser una actividad por medio de la cual se rinde homenaje a un servidor público.
Que de ningún modo pretendemos terminar con una costumbre, que por cierto nos parece muy sana para el desarrollo de nuestra sociedad, pero sí nos parece necesario establecer normas que regulen, de un modo general, los presupuestos básicos que han de justificar que el Estado destine recursos, económicos y humanos, para avocarse a un cometido que, en principio, se escapa de su finalidad última, que como sabemos es la satisfacción de las necesidades públicas.
Que sin embargo, ya que se trata de una costumbre republicana y muy arraigada, proponemos regular las homenajes, honres, duelos y demás muestras de reconocimiento, de manera que sólo se rindan a personas realmente destacadas en sus respectivos ámbitos; a personas extraordinarias que cumplan con algunos requisitos mínimos en cuanto a su desempeño irreprochable. Conforme a lo anterior, planteamos regular en una ley una materia que hasta el día de hoy se encuentra regulada reglamentariamente. Proponemos, establecer una norma básica en virtud de la cual no podrá rendirse ningún tipo de homenaje, honor o reconocimiento, a servidores públicos cuyo desempeño sea reprochable. Existiendo sentencia condenatoria, ya sea en el ámbito judicial o administrativo, es del todo claro el reproche, y en consecuencia el que no pueda ser objeto de homenajes y reconocimientos. Ahora, bien, y sin que signifique vulnerar el principio de inocencia, nos parece que mientras una persona se encuentra siendo objeto de una investigación, formalizada, ya sea en el ámbito judicial o administrativo, tampoco podría ser objeto de reconocimientos, honores y otro de tipo de manifestaciones, ya que para serlo, como hemos dicho, se requiere estar frente de una persona de extraordinarias características, las que desde luego no son tales si ella es puesta en tela de juicio.
Regula los homenajes, honores y demás muestras de reconocimiento que realiza el Estado de Chile a personas destacadas en la actividad pública nacional.
Artículo único.- Los órganos del Estado sólo podrán rendir homenajes, honores o cualquier otra muestra de reconocimiento, en vida o en forma póstuma, a personas que gocen o hubieren gozado de una irreprochable conducta.
Para los efectos de esta ley se considerará que una persona carece de una irreprochable conducta por el sólo hecho de haber sido sancionada, ya sea en el ámbito penal o administrativo.
Se entenderá también que carece de una irreprochable conducta, la persona que al momento de su fallecimiento se hubiere encontrado formalizada o procesada por delito que merezca pena aflictiva, sin que la investigación hubiere finalizado.
La contravención a esta norma será causal de cesación inmediata en el cargo del jefe superior del servicio, del presidente o del director, del alcalde, del gobernador, del intendente, del General Director de Carabineros, del Comandante en Jefe del Ejército, del Director de la Policía de Investigaciones, el General Director de la Fuerza Aérea, del Almirante de la Armada, según corresponda.
Artículo transitorio.- dentro del plazo de 30 días de publicada la presente ley deberán adecuarse a las prescripciones de esta, el Reglamento de ceremonial público y protocolo de la Cancillería y el Reglamento de servicio de guarnición del Ejército.
Moción de los diputados señores Tarud , Accorsi , Díaz, don Marcelo ; Girardi , Jiménez , Paredes, Quintana , y de las diputadas señoras Allende, doña Isabel ; Muñoz , doña Adriana y Soto, doña Laura .
Reforma constitucional que adelanta en un mes la elección presidencial, disminuye de treinta a quince días el plazo para la segunda vuelta y dispone un plazo de cinco años de duración del mandato, tanto para el Presidente de la República, como para los parlamentarios. (boletín N° 4497-07)
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
1°Que la Constitución Política de la República, en su artículo 26, establece que las elecciones para el cargo de Presidente de la República y de los parlamentarios se realizará 90 días antes de aquél en que deban cesar en el cargo.
2°Que el día en que deben cesar en el cargo, tanto los parlamentarios como el Presidente de la República, corresponde al 11 de marzo. Ello, no porque se encuentre establecido en la Constitución de un modo taxativo, sino porque corresponde al día en que se cumplen 6 meses, que era el período de vacancia legal, para la entrada en vigencia de la Carta del año 1980, que a su turno, de acuerdo a lo dispuesto en la disposición transitoria constitucional decimotercera, corresponde al día en que comienza el período presidencial.
Recordemos que la “aprobación” de la Constitución tuvo lugar el día 11 de septiembre del año 1980, mediante plebiscito.
3°Que nuestra Carta fundamental regula, también en el artículo 26, el mecanismo de la “segunda vuelta”, que corresponde a la nueva elección que se debe realizar para dirimir el cargo, en el evento que ninguna candidatura hubiere obtenido más del cincuenta por ciento de las preferencias. Esta segunda vuelta expresa la Constitución se verificará 30 días después de la primera elección.
4°Que como se sabe, la primera elección se realiza en día 11 de diciembre y la segunda en día 11 de enero.
5°Que tradicionalmente en Chile los meses de enero y febrero corresponden a los de vacaciones, de modo que, el día 11 de enero, un porcentaje importante de electores se encuentra alejado de sus domicilios y por ende de los lugares de votación, teniendo la prerrogativa legal de excusar la emisión de su sufragio, precisamente, por encontrarse lejos.
6°Que la circunstancia anotada precedentemente ocasiona variados inconvenientes, como quiera que se produce una carga adicional para el ciudadano que desea manifestar su voluntad, quien se debe trasladar, naturalmente a su costa, desde el lugar en que vacaciona hasta aquél en que debe votar, o simplemente excusar su inasistencia, para lo cual también debe realizar un trámite, largo y tedioso las más de las veces, en circunstancias que se encuentra descansando, lo que se vuelve un claro despropósito.
7°Que, desde otro punto de vista, se experimenta durante la segunda vuelta un claro descenso en las votaciones en relación a la primera vuelta, lo que podría ocasionar una distorsión entre las preferencias ciudadanas efectivas y los resultados de una elección.
8°Que finalmente, en lo que respecta a los plazos de las elecciones, no parece que otorgar un plazo de 30 días para el balotaje es excesivo, teniendo en cuenta fundamentalmente que a esas alturas los electores conocen suficientemente los programas de las dos primeras mayorías, y que un tiempo mayor sólo representa mayores gastos y costos para el país.
9°Que todos estos inconvenientes se pueden solucionar de un modo muy fácil; por una parte, adelantando la oportunidad de las elecciones en treinta días, de modo que la primera vuelta tenga lugar el día 11 de noviembre; y por la otra, disminuyendo a 15 días el plazo para el balotaje.
10 Que uno de los fundamentos para realizar las elecciones en diciembre, era que durante esa época del año el tiempo era favorable, en el sentido que no hay lluvias, inundaciones y otros inconvenientes derivados del estado del tiempo. Pues bien, con la modificación propuesta, se mantiene inalterable el propósito perseguido, pues en noviembre el estado del tiempo es tan favorable como en diciembre.
11 Que como se explicó más arriba, la Constitución en su artículo 26 establece que las elecciones se realizarán 90 días antes de que deba finalizar el período presidencial (como sabemos, el día 11 de marzo). Entonces, para lograr el objetivo propuesto, proponemos modificar el número de días, aumentándolo de 90 a 120. En el caso de la segunda vuelta, la solución es también muy simple y pasa por modificar rebajando de 30 a 15 días el plazo para el balotaje.
12 Que mediante este proyecto de reforma, también proponemos aumentar a 5 años el mandato presidencial, pues claramente el de 4 es insuficiente y muy lejos de permitir a un gobierno desarrollar su programa, ha sido propicio para comenzar, a muy corto andar, a manifestar intenciones presidenciales, y aún derechamente candidaturas.
13 Que con la idea de generar también una coherencia y adecuación lógica del sistema electoral, nos parece que el período parlamentario, también debiera ser múltiplo de 5, tanto para diputados como para senadores, ya que tampoco se entiende que existan períodos distintos para las distintas ramas del poder legislativo, ni aún se justifica ya el bicameralismo, sino como una reminiscencia de la nobleza real.
14 Que para lo anterior, proponemos modificar los artículos 47 y 49 de la Constitución, aumentando el mandato de los diputados a 5 años y el de los Senadores también a 5.
Artículo único.- Incorpórense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República, contenida en el Decreto N° 100 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 17 de septiembre de 2005.
1.En el inciso segundo del artículo 25 se reemplaza la palabra “cuatro” por la palabra “cinco”
2.En el inciso primero del artículo 26 se reemplaza la palabra “noventa” por la palabra “ciento veinte”. En el inciso segundo se reemplaza la palabra “trigésimo” por la palabra “decimoquinto”.
3.En el inciso segundo del artículo 47 se reemplaza la palabra “cuatro” por la palabra “cinco”
4.En el inciso segundo del artículo 49 se reemplaza la palabra “ocho” por la palabra “cinco”, colocando un punto final después de la palabra cargo, y eliminando el resto del inciso.
Moción de los diputados señores Bustos , Araya , Burgos , Ceroni , Mulet y de la diputada señora Soto, doña Laura.
Reforma Constitucional que garantiza independencia y autonomía de la Defensoría Penal Pública. (boletín N° 4498-07)
1.Prolegómenos.-
La Reforma Procesal Penal, puede ser caracterizada como uno de los procesos de transformación de la justicia más importante del siglo recién pasado, no sólo por las implicancias legislativas de los cambios propuestos, sino por sus proyecciones en la creación de nuevos organismos intervinientes en la nueva operatividad del sistema. Lo anterior se refrenda con la dictación del nuevo Código Procesal Penal, mediante la ley N° 16.696 (D.O. 12/10/2002), la Reforma Constitucional y Ley Orgánica del Ministerio Público así como su correlato en al Defensoría Penal Pública (ley N° 19.718, publicada en D.O. 10/03/2001).
Sin perjuicio de los discursos legitimantes que pretenden fundamentar la aludida reforma, podemos afirmar que, existe cierto acuerdo en los principios inspiradores de la reforma y que constituyen la esencia del sistema propuesto en la idea de un sistema procesal más adecuado a las exigencias del debido proceso que emanan de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Constitución Política.
La reforma implica un cambio sustancial en la aplicación de la justicia penal, en el sentido que el esquema del vetusto Código de Procedimiento Penal, de carácter inquisitivo y secreto, es sustituido por un sistema público y oral de carácter acusatorio, en que las agencias intervinientes evitan la concentración en un solo funcionario, como lo era el juez que investigaba, acusaba y juzgaba optando por un modelo de separación de funciones en que intervienen fiscales y policías (investigación), jueces de garantía (control) y jueces de tribunales orales (juzgamiento). Además busca una auténtica armonía entre los derechos del imputado (más garantizados) y el rol que asume la víctima en este nuevo esquema. La reforma antes aludida descansa sobre una serie de principios, los cuáles suponen la operatividad de una serie de procedimientos que, a grandes rasgos, supone evitar la concentración excesiva de juicios orales, optando la mayor cantidad de las veces por salidas alternativas o procedimientos especiales que contemple al código, o el principio de oportunidad en su caso. Las salidas alternativas son soluciones al conflicto que acortan el proceso y evitan que tu caso llegue a juicio oral, siempre y cuando se cumple con los requisitos establecidos para este tipo de casos. Una vez iniciada la investigación se puede llegar a las siguientes salidas alternativas: suspensión condicional del procedimiento, acuerdos reparatorios. Que no se trate que el Estado, como centro de poder público, sólo recurra a la forma más brutal de control que le va quedando: el control penal.
2.Ideas Matrices.-
Sin embargo, el correlato que demanda la doctrina entre los organismos encargados de la persecución y defensa en el proceso penal no existe, atendida la fortaleza con que se ha dotado al ministerio público (que implico incluso una reforma constitucional), en detrimento de la defensoría, que de tales antecedentes resulta razonable postular idéntico tratamiento, garantizando en la carta fundamental la necesaria independencia y autonomía en el ámbito de la defensa. Todos estos organismos suponen actuaciones en el ámbito de la política criminal, y la legitimidad de sus planteamientos requiere de independencia y autonomía para las acciones concretas que se postulan.
Art. Único. Incorpórese el siguiente capítulo VII bis con los artículos que consulta.
Capítulo VII bisDefensoría Penal Pública
Art. 91bis.- Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Defensoría Penal Pública, dirigirá la defensa de los imputados por hechos constitutivos de delito. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales.
Art. 91ter.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de la Defensoría Penal Pública, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los defensores para su nombramiento y remoción en su caso. Los defensores regionales cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad.
La ley orgánica constitucional establecerá el grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los defensores en la dirección y en el ejercicio de la defensa penal pública, en los casos que tengan a su cargo”.
Moción de la diputada señora Vidal , doña Ximena , y de los diputados señores Alinco , Enríquez-Ominami , Farías y Jiménez
Reforma constitucional para establecer un límite a la reelección a los cargos de diputado, senador y concejal. (boletín N° 4499-07)
La presente iniciativa legal tiene como objeto modificar la periodicidad en la elección de cargos y la alternancia en el poder, tema que posee una enorme importancia en los sistemas democráticos de todos los tiempos.
La discusión jurídicopolítica en torno a la conveniencia de establecer limitaciones a la elegibilidad de un ciudadano que es candidato a un cargo de elección popular, tiene varias lecturas que son posibles de ser analizadas a la luz de los tiempos que corren. Sin duda nuestra sociedad aspira a que quienes representan a los ciudadanos y ciudadanas, den señales de transparencia que posibiliten una mayor legitimidad del sistema democrático y una estabilidad en el poder político, así como de las instituciones que conforman el Estado.
La alternancia establecida legalmente, implica un cambio obligatorio. Interpone entre la voluntad política y el ejercicio del poder, una dinámica que contribuye a generar nuevos espacios, nuevos rostros e innovaciones que encaminen a la democracia hacia rumbos en que las transformaciones necesarias se empiecen a dar, debido a que el acceso a los cargos que se eligen por sufragio popular, cuenten con figuras cuyo poder y peso político no impidan una rotación para materializar nuevas visiones ni tampoco el aporte de nuevas ideas que vengan a perfeccionar el sistema democrático.
Gran parte de los saltos cualitativos que el Chile de hoy requiere dar, se inician en los cambios que la política puede y debe aportar, uno de los cuales sin duda alguna, está presente en este proyecto.
Sabemos que algunos parlamentarios, a través de reelecciones consecutivas, dominan electoralmente distritos sin representar adecuadamente los intereses y necesidades reales de las personas insertas en el contexto cultural y político que nos rodea. En este mismo sentido, el cargo de concejal debe garantizar sin lugar a dudas la necesaria traslación que requiere un adecuado rol fiscalizador al interior del Gobierno Comunal.
Frente a esto pensamos que la diversidad exige que para existir como tales, dichos espacios a los cuales accede un parlamentario, un concejal o un alcalde, sean relativizados y limitados con el objeto de dar paso a nuevas ideas y nuevas personas que hagan del servicio público su porvenir y su tarea.
Creemos firmemente que una de las limitantes que más incidencia tiene en la renovación del Congreso Nacional y de los Gobiernos locales, es la dificultad que para un simple ciudadano existe en triunfar electoralmente sobre un parlamentario o concejal en ejercicio. No sólo por los recursos económicos y partidistas empleados en ello, sino además porque el lugar notorio y privilegiado que ocupa dicha autoridad en cualquier acto público y la tribuna permanente que puede llegar a ostentar en los medios de comunicación impiden la rotación la cual es enormemente necesaria para las renovaciones y reestructuraciones que el Chile de hoy requiere.
Un constante debate acerca del país al que aspiramos, nos obliga tener como viga maestra de la política a las ideas que en ella se viertan. Un sistema binominal como el que tenemos que no da paso a la diversidad, hace que las ideas reales pasen a un segundo plano siendo las personas como tales y la escasa información que proporciona su imagen, los protagonistas de una política que no construye país. A esto debe sumarse, el excesivo presidencialismo del que hace gala la Constitución Política de 1980, todo lo cual desemboca en un escenario donde la rotación, creación de espacios y la potenciación de las ideas, es precario, y los personalismos, recurrentes y nocivos.
Aspiramos ciertamente a que la eficacia y bondad de las ideas que se generan en la política, en conjunto con todas las señales que se han dado en dichas materias, abran paso a una manera de entender a la ciudadanía y a lo público, en la cual las condiciones y características personales del parlamentario en ejercicio, como asimismo las de un concejal, sean secundarias en relación al proyecto de sociedad que propone y sustenta.
Aún cuando en el derecho comparado la ausencia de límites a la reelegibilidad de los cargos de elección popular, sea la regla general, encontramos casos en que se presenta la regla contraria.
Al efecto, en el caso de México, su Constitución Política en su artículo 59, nos señala que “Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el período inmediato.”
Asimismo, en el caso de Costa Rica, su Constitución Política en el artículo 107, nos expresa: “Los Diputados durarán en sus cargos cuatro años y no podrán ser reelectos en forma sucesiva.”
Estructura del proyecto de ley.
La presente moción modifica la Constitución Política de la República.
Dichos cambios se introducen para limitar la reelección de diputados, senadores y concejales en los ámbitos del Poder Legislativo y de la Administración Comunal respectivamente, fijándose como límite el de una reelección para el período inmediatamente sucesivo.
Para ello es indispensable que mucho de lo que existe y que impide aquel salto cualitativo que la política requiere, debe ser entendido como una tarea por hacer y por sobre todo, como un insoslayable compromiso con quienes emiten su voto en las urnas, y que para elegir a quienes han decidido hacer del servicio público su función, han hecho sobretodo una apuesta, un voto de confianza.
En virtud de los argumentos expuestos, proponemos a la Honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de ley:
Artículo único. Sustitúyase el inciso segundo del artículo 51 de la Constitución Política de la República por el siguiente:
“Las elecciones de diputados y de senadores se efectuarán conjuntamente. Los parlamentarios sólo podrán ser reelegidos por una sola vez para el período inmediatamente siguiente.”
Sustitúyase el inciso primero del artículo 119 de la Constitución Política de la República por el siguiente:
“En cada municipalidad habrá un concejo integrado por concejales elegidos por sufragio universal en conformidad a la ley orgánica constitucional de municipalidades. Durarán cuatro años en sus cargos y sólo podrán ser reelegidos por una sola vez para el período inmediatamente siguiente. La misma ley determinará el número de concejales y la forma de elegir el alcalde.”
Garantiza independencia y autonomía de la Defensoría Penal Pública. (boletín N° 4500-07)
1.Prolegómenos.- La Reforma Procesal Penal, puede ser caracterizada como uno de los procesos de transformación de la justicia más importante del siglo recién pasado, no sólo por las implicancias legislativas de los cambios propuestos, sino por sus proyecciones en la creación de nuevos organismos intervinientes en la nueva operatividad del sistema. Lo anterior se refrenda con la dictación del nuevo Código Procesal Penal, mediante la ley N° 16.696 (D. O. 12/10/2002), la Reforma Constitucional y Ley Orgánica del Ministerio Público así como su correlato en al Defensoría Penal Pública (ley N° 19.718 publicada en D.O. 10/03/2001).
2.Ideas Matrices.- Sin embargo, el correlato que demanda la doctrina entre los organismos encargados de la persecución y defensa en el proceso penal no existe, atendida la fortaleza con que se ha dotado al ministerio público (que implico incluso una reforma constitucional), en detrimento de la defensoría, que de tales antecedentes resulta razonable postular idéntico tratamiento, garantizando en la carta fundamental la necesaria independencia y autonomía en el ámbito de la defensa. Todos estos organismos suponen actuaciones en el ámbito de la política criminal, y la legitimidad de sus planteamientos requiere de independencia y autonomía para las acciones concretas que se postulan.
Art. 1°.- Intercálese en el inciso primero del art. 1° de la ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, a continuación de la palabra “público,” la frase “autónoma”, seguida de una “,”.
Art. 2°.- Incorpórese el siguiente párrafo 6° al Título II.
Artículo 26 bis a.- Los defensores tendrán responsabilidad civil, disciplinaria y penal por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, de conformidad a la ley.
Artículo 26 bis b.- Presentada una denuncia en contra de un defensor por su presunta responsabilidad en un hecho punible, o tan pronto aparezcan antecedentes que lo señalen como partícipe en un delito, corresponderá dirigir las actuaciones del procedimiento destinado a perseguir la responsabilidad penal:
a)Del Defensor Nacional, al Defensor Regional que se designe mediante sorteo, la que será especialmente convocada y presidida por el Defensor Regional más antiguo;
b)De un Defensor Regional, al Defensor Regional que designe el Defensor Nacional, y
c)De un defensor local, al Defensor Regional que designe el Defensor Nacional.
Artículo 26 bis c.- La responsabilidad disciplinaria de los defensores por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones podrá hacerse efectiva por la autoridad superior respectiva, de acuerdo con el procedimiento regulado en los artículos siguientes, según corresponda.
Artículo 26 bis d.- Las infracciones de los deberes y prohibiciones en que incurran los defensores serán sancionadas disciplinariamente, de oficio o a requerimiento del afectado, con alguna de las siguientes medidas:
a)Amonestación privada.
b)Censura por escrito.
c)Multa equivalente hasta media remuneración mensual, por el lapso de un mes.
d)Suspensión de funciones hasta por dos meses, con goce de media remuneración.
e)Remoción.
Artículo 26 bis e.- Las medidas disciplinarias mencionadas en las letras a) a d) del artículo anterior se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida, la eventual reiteración de la conducta, las circunstancias atenuantes y agravantes que arroje el mérito de los antecedentes.
La remoción, en el caso de un defensor local, procederá cuando incurra en alguna de las circunstancias siguientes:
1)Incapacidad o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.
2)Falta de probidad o vías de hecho, debidamente comprobadas.
3)Ausencia injustificada a sus labores, o sin aviso previo, si ello significare un retardo o perjuicio grave para las tareas encomendadas.
Artículo 26 bis f.- Cuando un defensor local aparezca involucrado en hechos susceptibles de ser sancionados disciplinariamente, el Defensor Regional designará como investigador a uno de los defensores de la Defensoría Penal. Si la gravedad de los hechos lo aconsejare, en la misma resolución podrá suspender de sus funciones al defensor inculpado, como medida preventiva.
Vencido el plazo para los descargos o, en su caso, el término probatorio, el investigador procederá, dentro de los dos días siguientes, a emitir un informe que contendrá la relación de los hechos, los fundamentos y conclusiones a que hubiere llegado y formulará al Defensor Regional la proposición que estimare procedente. Conocido el informe, el Defensor Regional dictará dentro de los tres días siguientes la resolución que correspondiere, la cual será notificada al inculpado.
El inculpado podrá apelar de la resolución, para ante el Defensor Nacional. El plazo para resolver el recurso de apelación será de tres días, contados desde la recepción de los antecedentes en la Defensoría Nacional.
Artículo 26 bis g.- Si el inculpado de alguna infracción a sus deberes fuere un Defensor Regional, corresponderá al Defensor Nacional aplicar el procedimiento establecido en el artículo anterior, con excepción de lo dispuesto en el inciso quinto.
Artículo 26 bis h.- El Defensor Nacional sólo podrá ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de diez de sus miembros, por incapacidad o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.
Admitida a tramitación la solicitud, el Presidente de la Corte Suprema dará traslado de ella al defensor inculpado, el que deberá ser evacuado dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, que le será remitido junto con sus antecedentes por la vía que se estimare más expedita.
Art. 3°. Sustitúyase el art. 68 por el siguiente:
Artículo 68.- Los defensores están sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles y penales, en la forma que fija el párrafo 6° del título II de la presente ley, sin perjuicio de otras normas aplicables.
Moción de los diputados señores Díaz, don Marcelo ; Bertolino , De Urresti , Enríquez-Ominami , Forni , Jarpa , Quintana , Rossi , Silber , y de la señora Pacheco .Establece el día de la Comuna Rural. (boletín N° 4501-06)
1.Fundamentos. Sobre la necesidad de integración de la comuna rural. La histórica división políticoadministrativa de nuestro país ha ido tendiendo constantemente al crecimiento de la población urbana, en perjuicio de la comunidad rural, que se ha visto disminuida considerablemente. En efecto, resulta indesmentible la migración constante de campo a ciudad en nuestro país, debido a las difíciles condiciones en que se desenvuelve la vida en las comunas rurales y la busca constante de nuevas perspectivas de vida en las grandes ciudades.
En la actualidad la noción de comuna rural es sinónimo de aislamiento, pobreza, baja escolaridad, etc., todas características negativas, debido principalmente a que las autoridades han ido concentrando todos sus esfuerzos de gobernar y administrar en las grandes urbes de nuestros país, donde se concentra la mayor cantidad de población. Lo anteriormente expuesto, se relaciona con el hecho de que históricamente Chile ha sido un país con una importante tradición agrícola, especialmente durante el siglo XIX. En efecto, aún existen regiones que tienen en la agricultura su actividad económica más importante, como ocurre con varias regiones de nuestro país.
2.Ideas del proyecto. La idea matriz del presente proyecto consiste en establecer un día dentro del año calendario en que se celebre el día de la comuna rural, para efectos de sitiar a las comunas rurales en el lugar de importancia que se merecen. Esto es, valorizar el trabajo que realizan las personas que viven en comunidades rurales, y dar a conocer de una manera más global, los distintos aspectos de la vida en las señaladas comunas.
Es por eso que en razón de lo anteriormente expuesto vengo en proponer el siguiente:
Articulo único. Instituyese como día de la comuna rural el segundo viernes del mes de septiembre de cada año, debiendo programarse para este efecto actividades y clases alusivas sobre la vida rural en los establecimientos educacionales del país.
Moción de los diputados señores Fuentealba , Walker , Álvarez , Burgos , Encina , Forni , León , Tarud y Vargas
Modifica la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional para establecer la obligación de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública de rendir cuenta anual de sus actividades a la Cámara de Diputados. (boletín N° 4502-07)
1°Fiscalización Parlamentaria
La atribución fiscalizadora exclusiva de la Cámara de Diputados está consagrada en el artículo 52 N° 1 de la Constitución Política de la República.
Dicha atribución puede ejercerse de diversas maneras, entre las cuales, deben mencionarse las siguientes:
a)Cualquier diputado, con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes de la Cámara está facultado para solicitar determinados antecedentes al Gobierno;
b)Citación de un Ministro de Estado a petición de a lo menos un tercio de los diputados en ejercicio a fin de que responda preguntas vinculadas al ejercicio de su cargo;
c)La creación de comisiones especiales investigadoras con el objeto de reunir información relativa a determinados actos del Gobierno.
Por su parte, la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional establece la obligación de los organismos de la Administración del Estado, de las personas jurídicas creadas por ley y de las empresas en que el Estado tenga representación o aportes de capital mayoritario de remitir al Congreso Nacional sus memorias, boletines y otras publicaciones que contengan hechos relevantes concernientes a sus actividades. Agrega la misma norma que, en el caso de las empresas en que el Estado tenga representación o aportes de capital mayoritario, la remisión de dichos antecedentes será responsabilidad del Ministerio por intermedio del cual éstas se relacionen o vinculen con el Presidente de la República.
El incumplimiento de esta obligación no tiene sanción establecida legalmente.
El artículo 9° del mismo cuerpo legal regula la facultad para requerir información, tanto para iniciar un proceso de fiscalización como para mejor legislar, al disponer que los organismos de la Administración del Estado deben proporcionar los informes y antecedentes específicos que les sean solicitados por las Cámaras o por los organismos internos autorizados por sus respectivos reglamentos, con excepción de aquellos que por expresa disposición de la ley tengan el carácter de secretos o reservados. Esta norma se complementa con el artículo 293 del Reglamento de la Cámara de Diputados que dispone que, las Comisiones Permanentes, las Comisiones Especiales y las Comisiones Investigadoras, creadas en conformidad con los artículos 229 y 297, respectivamente; la Oficina de Informaciones y la Secretaría de la Cámara de Diputados, son los órganos internos autorizados para solicitar los informes y antecedentes específicos que estimen pertinentes o que les sean requeridos.
Por último, de los artículos 10 y 9 se colige la obligación de comparecer a las citaciones cursadas por la Comisiones, cualquiera que sea su naturaleza, que asiste a los Jefes de los servicios públicos y a los funcionarios de su dependencia.
La sanción que establece la ley para la no entrega de antecedentes e informes requeridos, y para la no comparecencia a una citación cursada por una Comisión, consiste en la medida disciplinaria de multa, equivalente a una remuneración mensual, aplicada al jefe superior del respectivo organismo de la Administración del Estado. La aplicación de esta sanción se efectúa previo procedimiento administrativo realizado por la Contraloría General de la República.
2°Obligación de Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública de proporcionar la información requerida por los órganos internos de la Cámara de Diputados
De acuerdo al artículo 1° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, inciso 2°: “La Administración del Estado estará constituida por los ministerios, por las intendencias, las gobernaciones y, los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las municipalidades y las empresas públicas creadas por ley.”
En virtud de la norma transcrita y en concordancia con el artículo 9° de la Ley N° 18.918, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública tienen la obligación de remitir sus memorias anuales al Congreso Nacional, no existiendo, sin embargo, sanción para el incumplimiento.
De igual forma, las Comisiones Parlamentarias, cualquiera sea su naturaleza, están facultadas para citar a sus sesiones a funcionarios de las Fuerzas Armadas, y de Orden y Seguridad Pública, a fin de que aporten la información y antecedentes que les sean requeridos, toda vez que no existe norma jurídica alguna que exima a estas últimas de dicha obligación.
3°Modificación propuesta
Se propone establecer la obligación legal de los Comandantes en Jefes de las Fuerzas Armadas, del Director General de Carabineros y del Director de Investigaciones de concurrir personalmente, una vez al año, a la Cámara de Diputados con el objeto de rendir cuenta anual de su gestión.
Esta obligación resulta esencial para una correcta aplicación de la facultad fiscalizadora que la Constitución Política de la República y la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha entregada a la Cámara de Diputados.
En virtud de los antecedentes expuestos, venimos en presentar el siguiente
Modifíquese la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional en el siguiente sentido:
En el artículo 8° agréguese como nuevo inciso tercero el siguiente:
“Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, el General Director de Carabineros y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, deberán concurrir anualmente a la Cámara de Diputados, en la oportunidad que ésta determine, con el objeto de rendir cuenta en sesión especialmente convocada al efecto, del estado de la defensa nacional y del orden y la seguridad pública, según corresponda, como también de la marcha administrativa de la institución que se encuentra bajo su dirección y de los gastos de inversión de la misma.”
Moción de los diputados señores Duarte , Burgos , Errázuriz , Olivares , Ortiz , Paredes, Saffirio , Silber , Walker , y de la diputada señora Muñoz, doña Adriana.
Faculta designación de administrador provisional en establecimientos educacionales subvencionados en casos que indica. (boletín N° 4503-04)
“El proyecto que someto a vuestra consideración, tiene por finalidad modificar el DFL N° 2, de 1996, sobre subvención del estado a establecimientos educacionales, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto 40, educación, de 2006 con el objeto de facultar al Ministerio de Educación para designar en casos excepcionales un administrador provisional para que se haga cargo de la administración de un establecimiento de Educación Particular subvencionada en los casos que se indican.
En los últimos días hemos podido conocer las dificultades que enfrentan los alumnos de los diversos Colegios Britania, este no es un hecho aislado como hemos pudimos apreciar durante los últimos meses, en ocasiones algunos sostenedores no dan cumplimiento a sus obligaciones y los alumnos y profesores se ven enfrentados a situaciones de tanta gravedad como el hecho de que los alumnos no tengan agua en su establecimiento lo que atenta no sólo contra la posibilidad de educarse adecuadamente, sino que va en contra de su salud y en definitiva atenta en contra de la dignidad de nuestros jóvenes y el adecuado desarrollo de la acción educativa.
El proyecto pretende contribuir a la solución de situaciones como la descrita y para ello propone otorgar al Ministerio de Educación la facultad de nombrar administrador provisional para garantizar el término del año escolar de los establecimientos educacionales, cuando concurra alguna de las siguientes causales: Cesación de pagos de las remuneraciones; Suspensión de los servicios básicos para el funcionamiento del local escolar, tales como agua, luz, etc; Embargo del mobiliario o del local de funcionamiento y/o incumplimiento reiterado de las obligaciones del sostenedor.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura de Sesiones del H. Congreso Nacional, el siguiente
“Artículo Único.- Agrégase el siguiente artículo 52 bis al DFL 2 de Educación, de 1998, en su texto refundido, coordinado y sistematizado fijado por el Decreto 40, educación, de 2006.
Artículo 52 bis: No obstante lo indicado en los artículos precedentes, facúltase al Ministerio de Educación para designar, mediante resolución fundada del subsecretario de educación, por un período que no exceda de un año, un administrador provisional, para que asuma las funciones que competen al sostenedor de un Establecimiento Educacional subvencionado, con el objeto de asegurar el adecuado funcionamiento del establecimiento educacional, la continuidad del servicio educativo hasta el término del año escolar del establecimiento educacional.
La designación del administrador provisional deberá fundarse en alguna de las siguientes causales:
No pago reiterado consecutivos de las remuneraciones cuando ello ponga en riesgo la continuidad del año escolar
Suspensión de los servicios básicos para el funcionamiento del local escolar, tales como agua, luz, etc;
Embargo del mobiliario o del local de funcionamiento.
El sostenedor podrá apelar de la resolución de nombramiento de administrador ante el Ministro de Educación.
Modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades, estableciendo límite a la reelección al cargo de alcalde. (boletín N° 4504-06)
La presente iniciativa legal tiene como objeto modificar la periodicidad en la elección de cargos y la alternancia en el poder, proyecto que viene a complementar un proyecto de reforma constitucional, de igual autoría, que establece un límite a la reelección a los cargos de diputados, senadores y concejales.
La discusión jurídicopolítica en torno a la conveniencia de establecer limitaciones a la elegibilidad de un ciudadano que es candidato a un cargo de elección popular, tiene una envergadura real y es el marco de discusión necesario en el cual deben situarse las posiciones que indican una voluntad de cambio y de renovación en los titulares de los órganos del Estado.
Una realidad comunal acorde con las exigencias del siglo XXI necesita reglas claras, pues la administración del municipio y las políticas públicas comunales que se lleven a cabo implican una voluntad empeñada en que las transformaciones impulsadas por éstas, lleven consigo una impronta de innovación que sólo pueden provenir reglas jurídicas que garanticen una rotación en el ejercicio del poder comunal, el que muchas veces se transforma en una errada dosis de personalismo que perjudica los intereses generales de la comuna en su totalidad.
Sabemos que algunos alcaldes, a través de reelecciones consecutivas, dominan electoralmente a sus comunas sin representar adecuadamente los intereses y necesidades locales que la población posee.
Frente a esto pensamos que la diversidad exige que para existir como tales, dichos espacios a los cuales accede un alcalde o un concejal, sean relativizados y limitados con el objeto de dar paso a nuevas ideas y nuevas personas que hagan del servicio público su porvenir y su tarea.
Creemos firmemente que una de las limitantes que más incidencia tiene en la renovación de los Gobiernos locales, es la dificultad que para un simple ciudadano existe en triunfar electoralmente sobre un alcalde en ejercicio. No sólo por los recursos económicos y partidistas empleados en ello, sino además porque el lugar notorio y privilegiado que ocupa dicha autoridad en cualquier acto público impiden la rotación esperada, la cual es enormemente necesaria para las renovaciones y reestructuraciones que el Chile de hoy necesita. La democracia requiere cambios y perfeccionamientos que sigan la línea de modernización y transparencia que el Chile de hoy ha asumido.
Las ideas que se debaten en la sociedad de hoy necesitan portadores enérgicos y que sean asimismo, renovadores del panorama político chileno, siendo de esta manera, agentes constructores de un lugar en que las oportunidades ya a nivel de la política electoral comunal, sean mas libres, justas, razonables, y en definitiva, democráticas.
Aspiramos ciertamente a que la eficacia y bondad de las ideas que se generan en la política, en conjunto con todas las señales que se han dado en dichas materias, abran paso a una manera de entender a la ciudadanía y a lo público, en la cual las condiciones y características personales del alcalde en ejercicio, sean secundarias en relación al proyecto de bienestar colectivo y administración comunal que propone y sustenta.
La presente moción modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades en lo tocante a la reelección de los alcaldes.
Dichos cambios se introducen para limitar la reelección de alcaldes en el contexto del gobierno y administración comunal, fijándose como límite, el de una reelección para el período inmediatamente sucesivo.
La fijación de un máximo al ejercicio del cargo de elección popular edilicio recoge el sistema y el derecho procesal electoral general, y las normas especiales de derecho procesal electoral en materia de elecciones de alcaldes y concejales recogidas en la ley orgánica constitucional de Municipalidades, asumiendo y aplicando la lógica interna de ellos, así como sus sanciones en caso de no respeto a sus reglas.
Para ello es indispensable que mucho de lo que existe y que impide aquel salto cualitativo que la política requiere, debe ser entendido como una tarea por hacer y por sobre todo, como un insoslayable compromiso con quienes emiten su voto en las urnas.
Sustitúyase, el artículo 57 del DFL n°119.704 que fija el texto refundido de la ley orgánica constitucional de Municipalidades, ley N° 18.695, por el siguiente:
“El alcalde será elegido por sufragio universal, en votación conjunta y cédula separada de la de concejales, en conformidad con lo establecido en esta ley. Su mandato durará cuatro años y sólo podrá ser reelegido por una sola vez para el período inmediatamente siguiente.”
Modifíquese el inciso segundo del artículo 107 del DFL N° 119.704 que fija el texto refundido de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, ley N° 18.695, pasando a quedar de la siguiente manera:
“Cada declaración debe ir acompañada de un testimonio jurado del respectivo candidato, en el cual éste afirme cumplir con todos los requisitos exigidos por los artículos 57, 73 y 74 de esta ley. Dicha declaración consignará, además, el nombre, cédula de identidad y domicilio del Administrador Electoral y del Administrador Electoral General, en su caso. Esta declaración jurada será hecha ante notario público. También podrá efectuarse ante el oficial del Registro Civil correspondiente a la comuna. La falsedad de cualquiera de los hechos aseverados en la declaración, o su omisión, producen la nulidad de la declaración de ese candidato y la de todos sus efectos legales posteriores, incluyendo su elección.”
Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto ; Chahuán , Álvarez-Salamanca , Bertolino , Díaz, don Eduardo ; Errázuriz , Martínez , Monckeberg , don Cristián ; Monckeberg , don Nicolás , y Rojas.
Modifica artículo 409 del Codigo Orgánico de Tribunales, con el objeto de que los notarios verifiquen exhaustivamente la identidad de los firmantes en documentos suscritos ante ellos. (boletín N°4505-07)
El Código Orgánico de Tribunales, establece en su artículo 405 la forma en que deben otorgarse las escrituras públicas ante los Notarios Públicos, cuyas funciones generales se describen en los artículos 399 y 401 del mismo texto legal.
El inciso final del referido artículo 405 dispone que un reglamento fijará la forma y demás características que deberán tener los originales de escritura pública y sus copias.
Dicho reglamento no se ha dictado aún, habiéndose dictado en cambio, un auto acordado de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 7 de Septiembre de 2000, que se publicó en el Diario Oficial del 4 de Octubre del mismo año.
Si bien las instrucciones contenidas en el referido auto acordado se consideran absolutamente acertadas, en orden a dar cumplimiento al fin perseguido, esto es, evitar actos dolosos ejecutados por terceros que suplantan el nombre de diversas personas en actuaciones notariales, consideramos que se debe legislar al respecto, ya que las mencionadas normas tienen obligatoriedad solamente en la jurisdicción territorial de la Corte de Apelaciones de Santiago, y por otra parte, se encuentran restringidas solamente a la suscripción de escrituras públicas.
Por su parte, el artículo 425 del Código Orgánico de Tribunales permite a los notarios la autorización de firmas que se estampen en documentos privados, siempre que den fe del conocimiento o de la identidad de los firmantes y dejen constancia de la fecha en que se firman, y en el caso en que incurran en falsedad al actuar de esta forma, quedan sujetos a las penas que contempla el artículo 443 del mismo texto legal.
Para evitar la ocurrencia de este tipo de situaciones, se hace necesario en nuestro concepto, modificar el artículo 409 del Código Orgánico de Tribunales, estableciendo la obligación de los suscriptores de escrituras públicas y de documentos privados autorizados ante notario, de estampar su huella digital, pudiendo dichos funcionarios agregar en los registros o protocolos respectivos, fotocopia autorizada de las cédulas de identidad de los intervinientes en dichos documentos.
Artículo único: Sustitúyese el texto del artículo 409 del Código Orgánico de Tribunales, por el siguiente:
“Artículo 409: Los suscriptores de escrituras públicas deberán estampar junto a sus firmas, la impresión del pulgar de la mano derecha, o en su defecto, el de la izquierda, debiendo el notario dejar constancia de este hecho, o de la imposibilidad absoluta de efectuarlo. Asimismo, podrán los notarios agregar en los registros o protocolos respectivos, fotocopia autorizada de las cédulas de identidad de los intervinientes en dichos documentos.”
Moción de los diputados señores Montes, Álvarez-Salamanca , Aguiló , Bustos , Insunza , Meza , Valenzuela , y de la diputadas señoras Goic, doña Carolina ; Muñoz , doña Adriana y Rubilar , doña Karla.
Precisa facultades al Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, respecto del descanso laboral de los trabajadores bancarios. (boletín N° 4506-13)
1.Que el artículo 38 de la Ley General de Bancos faculta al Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras para fijar, por resolución que publicará en el Diario Oficial, el horario para la atención del público en el Banco Estado de Chile y en el resto de los bancos, debiendo ser uniforme para todas las oficinas de una misma localidad.
2.Que las instituciones bancarias trabajan de lunes a viernes de cada semana, ambos días inclusive, en jornada única bancaria en todas las provincias del país, sin perjuicio de las facultades conferidas al Superintendente para determinar el horario de dichas instituciones.
3.Que el Superintendente puede, además, sin las limitaciones y formalidades indicadas, pero en las condiciones que señale, autorizar a las empresas bancarias para que presten determinados servicios fuera de los días y horas de atención obligatoria al público. Salvo esta autorización, los bancos y sociedades financieras no pueden atender público los días sábado de cada semana y el 31 de diciembre de cada año.
4.Que conforme con lo anterior, el Superintendente está facultado para autorizar el funcionamiento de los bancos de la siguiente forma:
Autorizar a las empresas bancarias para que presten determinados servicios fuera de los días y horas de atención obligatoria al público y en las condiciones que fije en su resolución. Esto no significa que puede autorizar que se presten la totalidad de los servicios bancarios fuera de los días obligatorios.
5.Que esta norma debe relacionarse con los artículos 22 y 28 del Código del Trabajo que señalan que la duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de cuarenta y cinco horas semanales, y que este máximo semanal no podrá distribuirse en más de seis ni en menos de cinco días.
6.Que es necesario establecer en términos expresos que el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras debe siempre acatar las normas laborales, y está impedido de autorizar el funcionamiento de los bancos los días domingos y festivos, para prestar servicios propios de su giro.
Artículo Único.- Modifícase el artículo 38 inciso tercero del Decreto con Fuerza de Ley Nº 252, de 1960, cuyo texto fue fijado, refundido, sistematizado y concordado por el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 1997, quedando como sigue:
“Podrá, además, sin las limitaciones y formalidades indicadas , pero en las condiciones que señale, autorizar a las empresas bancarias que así lo soliciten, para que desarrollen determinadas actividades promocionales fuera de los días y horas de atención obligatoria al público, las que en ningún caso podrán comprender los días domingos y festivos como tampoco prestarse servicios propios del giro bancario o financiero”
En todo caso y sin perjuicio de las atribuciones conferidas, el Superintendente deberá atenerse siempre, para todos los efectos, a las normas laborales que rigen la materia.”

References: artículo 52
 artículo 409
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 52
 artículo 31
 artículo 1
 artículo 100
 artículo 100
 artículo 99
 artículo 55
 artículo 28
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 47
 artículo 49
 artículo 59
 artículo 107
 artículo 51
 artículo 119

Artículo 26

Artículo 26

Artículo 26

Artículo 26

Artículo 26

Artículo 26
 resolución 
 resolución 

Artículo 26

Artículo 26

Artículo 68
 artículo 52
 artículo 9
 artículo 293
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 52

Artículo 52
 resolución 
 resolución 
 artículo 57
 artículo 107
 artículo 409
 artículo 405
 artículo 405
 artículo 425
 artículo 443
 artículo 409
 artículo 409
 artículo 38
 resolución 
 artículo 38