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Timestamp: 2020-02-21 05:22:01+00:00

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Bloque Constitucional detalla y denuncia violaciones a DDHH del diputado Juan Requesens. | Todos Ahora
Bloque Constitucional detalla y denuncia violaciones a DDHH del diputado Juan Requesens.
El pasado 7 de agosto, los venezolanos y la comunidad internacional, con estupor e incredulidad, nos enterábamos, a través de las redes sociales, de a detención arbitraria del Diputado Juan Requesens, en violación de su inmunidad parlamentaria; posteriormente, el pasado 10 de agosto, con mayor sorpresa y consternación, pudimos ver dos videos, filtrados por la dictadura con fines inconfesables, en los que el diputado Requesens, bajo evidentes signos de tortura (psicológica), era sometido a tratos inhumanos, crueles y degradantes.
i.- El diputado Requesens, ha sido objeto de una detención arbitraria, a partir de testimonios de dudosa legitimidad, que podrían formar parte de una operación política del régimen madurista para silenciar a diputados opositores molestos, por su valentía y espíritu confrontacional.
ii.- No existe la tal “flagrancia”, alegada por sus captores, por cuanto, los hechos que maliciosamente se le imputan, habían ocurrido 72 horas antes de su detención arbitraria. Asimismo, al diputado Requesens no se le señala como autor material, sino, como supuesto participante en hechos conexos con un supuesto atentado a NM, lo cual, sólo podría ser establecido en el marco de una investigación imparcial. En todo caso, la supuesta flagrancia señalada, autorizaba, únicamente, a poner al diputado Requesens bajo custodia en su residencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de 1.999.
iii.- En relación a la detención arbitraria del diputado Requesens, la única flagrancia demostrable, es la de sus captores, quienes se hayan incursos en el supuesto previsto, en el último aparte del artículo 200 de la Constitución, que establece: “Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los y las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley.”
2.- En relación a la violación de su inmunidad parlamentaria.
i.- La inmunidad parlamentaria es una prerrogativa, en virtud de la cual, un miembro del Parlamento no puede ser detenido (salvo, flagrante delito) ni procesado, sin previo antejuicio de mérito y autorización del cuerpo legislativo al que pertenece. La inmunidad parlamentaria es una institución fundamental del constitucionalismo, que tiene por finalidad proteger al Parlamento (más allá de los diputados), ante acciones judiciales de naturaleza política, temerarias o infundadas, especialmente del Poder Ejecutivo.
ii.- De conformidad con lo previsto en el artículo 266.2 de la Constitución de 1.999, de los presuntos delitos que cometan los integrantes de la Asamblea Nacional, conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento.
iii.- De conformidad con lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de 1.999, los diputados a la Asamblea Nacional gozan de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo.
iv.- Es fundamental que todos los funcionarios judiciales, militares y policiales, tengan presente que la espuria “anc” no tiene autoridad para allanar inmunidades parlamentarias, en tal sentido, las violaciones a las inmunidades de los diputados Borges y Requesens, constituyen un delito flagrante por el que sus autores deberán responder.
i.- El pasado 10 de agosto, el régimen que encarna Nicolás Maduro, filtró dos videos en los que se exhibe al diputado Requesens, bajo evidentes signos de perturbación. En el primero, refiriendo hechos supuestamente autoinculpatorios, en violación de lo dispuesto en el artículo 49.5 de la Constitución (debido proceso), que, además, supuestamente, inculparían al diputado Julio Borges.
ii.- El segundo video exhibe al diputado Requesens, víctima de tortura, tratos crueles, y degradantes. Al efecto, el Bloque Constitucional debe recordar a sus captores, lo dispuesto en el artículo 46.4, de la Constitución de 1.999: “Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la Ley”; que de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, la tortura tiene penas de quince a veinticinco años de prisión, y, que de conformidad con su artículo 30, los funcionarios que la practiquen, “no podrán invocar como causa de justificación, la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad”; asimismo, que la responsabilidad penal internacional por tortura está expresamente prevista en el Estatuto de Roma (artículo 7), no prescribe, y no está sujeta exención por órdenes superiores.
iii.- De otra parte, es importante señalar al Sr. Jorge Rodríguez, que aún cuando se trata de un proceso irregular, las declaraciones, diligencias procesales y demás elementos probatorios, relacionados con la fase preparatoria de la “persecución penal” al diputado Requesens, deben ser reservadas y su difusión o favorecimiento de éstas por funcionarios públicos, constituye delito.
En virtud de los antecedentes expresados, exhortamos a la comunidad internacional, especialmente a su institucionalidad en materia de DDHH, a seguir de cerca la situación de los diputados Borges y Requesens, a individualizar a los responsables de las aberraciones que hemos podido enterarnos por las redes sociales, a los fines de preparar las acciones judiciales que inexorablemente seguirán a tan abominables hechos.
En Caracas a los trece (13) días del mes de agosto de 2018.
Coordinación nacional: Cecilia Sosa Gómez, Blanca Rosa Mármol, Román Duque Corredor, Jorge Rosell Senhen, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H. y René Molina Galicia.
Magistrados, académicos, profesores: Aníbal Rueda, María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Gustavo Tarre Briceño, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Álvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, María Amparo Grau Togores, José Francisco Comte, Marcos Solis Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero, Alejandro González Valenzuela, María Luisa Acuña, María Amparo Grau Togores, Iván Pérez Rueda y Moisés Troconis Villareal.
Presidentes de colegios de abogados de Venezuela: Lourdes Vallenilla (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Rombet Camperos (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilme Pereira (Falcón), Mary de Muguesa (Guárico), José Luis machado (Lara), Eliseo moreno (Mérida), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Mario Torres (Zulia)
DDHH, ONG, Presos Politicos

References: artículo 200
 artículo 200
 artículo 266
 artículo 200
 artículo 49
 artículo 46
 artículo 17
 artículo 30