Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2019/as201931316.html
Timestamp: 2019-11-20 20:28:03+00:00

Document:
as201931316
Auto Supremo Nº 316
VISTOS: El recurso de casación en la forma y el fondo de fs. 173 a 176, que interpusieron Olga Durán Uribe, Marcelo Alejandro Pattzi Pino y Luis Ángel Arias Sánchez, apoderados del Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 40 de 13 de marzo de 2018 de fs. 171 y vta., pronunciado por la Sala Primera en Materia de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del trámite de compensación de cotizaciones iniciado por Felipe Velásquez; el memorial de fs. 198 y vta., que respondió el recurso; el Auto N° 20/18 de 3 de mayo de 2018 de fs. 199, que concedió el recurso; el Auto de 23 de mayo de 2018 de fs. 208 y vta., que admitió el recurso de casación; los antecedentes del proceso; y:
La Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR mediante Auto Nº 2704 de 25 de septiembre de 2017 de fs. 102 a 103, DESESTIMÓ la solicitud de compensación de cotizaciones presentada por Felipe Velásquez.
Ante el recurso de reclamación de fs. 118 a 119, que interpuso la apoderada de Felipe Velásquez, la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución de la Comisión de Reclamación 706/17 de 6 de diciembre de 2017 de fs. 131 a 137, CONFIRMÓ el Auto Nº 2704 de 25 de septiembre de 2017.
Contra la Resolución de la Comisión de Reclamación 706/17 de 6 diciembre de 2017, Felipe Velásquez, interpuso recurso de apelación de fs. 149 a 150; emitiendo la Sala Primera en Materia de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el Auto de Vista Nº 40 de 13 de marzo de 2018 de fs. 170 a 171, que REVOCÓ la Resolución apelada y dispuso que el SENASIR proceda a la cotización y calificación de la totalidad de los aportes realizados por Felipe Velásquez cuando trabajaba en las empresas BOLIFLOR & CIA. y PERFORACIONES RIO COLORADO S.A., con el nombre de Felipe Velásquez Siles.
En conocimiento del señalado Auto de Vista, los apoderados del representante legal del SENASIR interpusieron recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 173 a 176, alegando:
Aseveró que el Auto de Vista Nº 40 de 13 de marzo de 2018, incumplió los requisitos previstos en el art. 213 núm. 2, 3 y 4 del Código Procesal Civil (CPC-2013), conforme a lo siguiente:
1. Respecto al núm. 2 parágrafo II del art. 213 CPC-2013, alegaron que, la resolución recurrida no expuso sucintamente los hechos y el derecho que se litiga, considerando y “valorando” solo los agravios expuestos por la parte apelante, no así, el trabajo técnico e informes que motivaron la decisión de la Comisión de Reclamación del SENASIR; es decir, debió contrastar los agravios de la apelación con la resolución apelada; lo que, transgredió el principio de igualdad procesal.
En ese sentido, señaló que: “Los Vocales debieron identificar y fundamentar si el SENASIR consideró de forma errónea la normativa y obviamente identificar con claridad la parte de la norma que fue mal aplicada o interpretada por esta repartición de estado. Con el fin de poder más adelante fundamentar su auto de vista. Cosa que no hicieron. Viciando de nulidad su auto de vista.” (Textual).
2. Transcribiendo partes de la Sentencia Constitucional N° 1369/2001-R, referida a la motivación y fundamentación de las resoluciones, como elementos del debido proceso; afirmaron que la resolución recurrida carece de la motivación requerida por el núm. 3 parágrafo II del art. 213 CPC-2013; toda vez que no contrastó las pruebas ofrecidas por el apelante, con las pruebas que motivaron la resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR y solo se limitó a señalar que: “...el SENASIR actuó con demasiado celo administrativo…”olvidando el deber constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes, previsto en el art. 235 de la CPE.
3. En cuanto al núm. 4 parágrafo II del art. 213 CPC-2013, denunció que la resolución recurrida, no mencionó la norma en la que basa la decisión de fondo, siendo oscura.
Adicionalmente, manifestó que el Auto de Vista Nº 40 de 13 de marzo de 2018, transgredió los arts. 5 y 265 del CPC-2013, referidos al cumplimiento de las normas de orden público y el deber de resolver el caso, de acuerdo a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación respectivamente.
Señaló que el Auto de Vista Nº 40 de 13 de marzo de 2018, aplicó erróneamente la ley general sobre la ley especial, pues, si bien la CPE garantiza el derecho a la seguridad social bajo los principios de universalidad, etc. (no señala cuáles más); este derecho se materializa en el presente caso, a través del Manual de Certificación de Salario Cotizable y Densidad de Aportes para la Compensación de Cotizaciones aprobado mediante R.A. No 299.13, normativa especial.
En ese sentido, reiterando el tercer argumento del recurso de casación en la forma, afirmaron que en ningún momento se está negando el derecho que tendría Felipe Velásquez, aclarando que se pretende otorgar el derecho en apego a las leyes y procedimientos establecidos en materia de seguridad social, conforme manda el art. 235 de la CPE.
Solicitaron que, deliberando en la forma, se anule el Auto de Vista Nº 40 de 13 de marzo de 2018, para que se emita una nueva determinación conforme al art. 220 del CPC-2013; sin perjuicio de lo solicitado, pidieron que, deliberando en el fondo, se case el Auto de Vista Nº 40 de 13 de marzo de 2018, confirmando la Resolución de la Comisión de Reclamación 706/17 de 6 diciembre de 2017.
En la forma: Régimen de las nulidades:
Este Tribunal en reiteradas oportunidades ha señalado que la CPE reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115 parágrafo II, 117 parágrafo I y 180 parágrafo I; siendo así que, la citada garantía contiene entre uno de sus elementos, la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, que significa que el Juez o Tribunal, al emitir un fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; sin embargo, para que la resolución se encuentre provista de fundamentación o motivación, no hace falta que ésta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales; sino que debe ser clara, concisa y responder los puntos de la demanda o recurso analizados.
Sobre las nulidades, la doctrina y las legislaciones han superado la idea que percibía a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un vicio procesal para declarar la nulidad, simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta totalmente insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; es precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025, Ley del Órgano Judicial (LOJ), que concibe al proceso no como un fin en sí mismo; sino, como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva.
Entendimiento que también se encuentra plasmado en los arts. 105 a 109 del CPC-2013, que contienen las reglas básicas del régimen de nulidades, donde además se reconocen los principios que rigen la nulidad procesal, entre ellos, especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión; entendiendo que de esta forma, que el legislador restringe a lo mínimo las nulidades procesales, en busca de la materialización de los principios que rigen la administración de justicia previstos en la CPE.
Así la jurisprudencia constitucional ha establecido a través de la SCP Nº 0140/2012 de 9 de mayo, que: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”, (Textual).
De dichos principios, los Jueces y Tribunales tienen el deber de velar que el proceso cumpla los presupuestos procesales y se observen las garantías del debido proceso; lo contrario, significaría un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, consagrados en el art. 115 parágrafo II de la CPE, preceptos sustentados en el principio de celeridad, instituido en el art. 180 parágrafo I de la referida norma suprema, cuyo texto señala: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez” (Textual).
En el fondo, requisitos de admisibilidad:
Conforme al art. 271 del CPC-2013, cuando el recurso de casación se plantea en el fondo; esto es por errores en el fondo de la resolución, los hechos denunciados por el recurrente deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el adjetivo civil, siendo su finalidad la modificación total o parcial del Auto de Vista.
Sobre este aspecto la jurisprudencia asumida por éste Tribunal Supremo de Justicia, refiere que los errores que dan lugar al recurso de casación pueden ser de naturaleza sustancial o formal; por ello, se dice que el error acusado, dependiendo de su naturaleza, puede ser “in procedendo” o “in judicando”; respecto a este último, ocurre cuando en la resolución de la controversia se afecta la norma jurídica sustancial que conduce a una decisión que no es correspondiente con el sistema jurídico previsto para el caso concreto.
En ese contexto, el art. 274 parágrafo I núm. 3) del compilado procesal civil, describe supuestos de violación (referido a la no aplicación de preceptos legales), interpretación errónea (infracción de normas a cuyos preceptos se otorga un sentido equivocado), aplicación indebida (endilgar o subsumir el precepto normativo a un hecho no regulado por aquello).
Revisada la resolución en cuestión, se observa que:
1. En el primer considerando del Auto de Vista, se transcribió los actos administrativos que emitió el SENASIR, desde la resolución que desestimó la solicitud de compensación de cotizaciones presentada por Felipe Velásquez, hasta el recurso de apelación en contra de la resolución que confirmó la determinación de desestimar dicha solicitud; cumpliendo así con la exposición sucinta del hecho y del derecho que se litiga, requerida por el núm. 2 parágrafo II del art. 213 CPC-2013; consiguientemente, se desestima el argumento expuesto por los apoderados de la institución recurrente, en sentido de que, solo se consideró y valoró los agravios expuestos por la parte apelante, que transgredió el principio de igualdad procesal.
Corresponde aclarar que, el numeral que se denuncia como incumplido, solo requiere de la autoridad que emite la resolución, la exposición concisa, breve y precisa de los hechos y el derecho que se litiga; no así, los fundamentos que motivaron la determinación de la Sala Primera en Materia de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, como erradamente hicieron ver los apoderados de la entidad recurrente, siendo más bien, un requisito exigido por el núm. 3 del art. 213 CPC-2013.
2. En el segundo considerando del Auto de Vista: a) se describió las pruebas que acreditan la identidad, origen y fecha de nacimiento de Felipe Velásquez; b) se identificó los apellidos de la progenitora de Felipe Velásquez, como el origen del registro erróneo de sus empleadores en los documentos que sustentan la observación del SENASIR; c) se estableció que Felipe Velásquez, fue quien trabajó para BOLIFLOR & CIA. y PERFORACIONES RIO COLORADO S.A., excluyendo la posibilidad de que exista otra persona con los mismos datos; e) se identificó el error que incurrió el SENASIR, al haber exigido al solicitante: “…documentación o resolución emitida por Autoridad competente Judicial y/o Administrativa suprimiendo el apellido materno SILES (ver Fs. 80) …” (Textual); y g) se identificó el art. 108 parágrafo II de la CPE, como norma vulnerada por el SENASIR en su determinación.
Consiguientemente, no se observa que la resolución recurrida hubiere incumplido el núm. 3 del art. 213 CPC-2013; al contrario se tiene que analizó y dilucidó el caso, en base a la prueba que cursa en obrados y el principio de verdad material; correspondiendo recordar que la fundamentación y motivación de las resoluciones, no requieren consideraciones abundantes y exageradas, debiendo ser concisa, clara y atender cada uno de los puntos demandados, en coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva, tal como sucedió en la especie.
Por otra parte, corresponde hacer notar que el SENASIR, no demostró cómo es que la supuesta falta de motivación o fundamentación, hubiere lesionado el debido proceso, o que, asumiendo la medida excepcional, se hubiere determinado un resultado distinto.
Respecto al art. 235 de la CPE, argüido por el SENASIR, para señalar que la Sala Primera en Materia de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, vulneró el deber de cumplir y hacer cumplir la ley, corresponde orientar la postura del SENASIR, en sentido de que, dicho precepto constitucional prevé que en materia de Seguridad Social, se deben observar los principios contenidos en la normativa, la jurisprudencia ordinaria y constitucional expuestas precedentemente.
3. En la parte dispositiva del Auto de Vista, a) se citó los arts. 59 núm. 1 del CPC y 8 parágrafo II de la CPE, como normativa que otorga la competencia para conocer el asunto en cuestión y los principios ético-morales que asume y promueve el Estado; y b) determinó la revocatoria del acto administrativo apelado, con sus consecuencias; cumpliendo así con la exposición de decisiones claras, positivas y precisas sobre el caso, requerida por el núm. 4 parágrafo II del art. 213 CPC-2013; consiguientemente, queda desestimada la denuncia en sentido de que la resolución recurrida, no mencionó la norma en la que basa la decisión.
Corresponde aclarar que el núm. 4 parágrafo II del art. 213 CPC-2013, no requiere que la autoridad que emite la determinación, deba mencionar la norma que fundamenta el fondo de la especie, lo cual demostraría que es oscura; aspecto requerido por el núm. 3 parágrafo II del artículo citado, que se cumplió conforme se expuso en el numeral que antecede.
En mérito a lo expuesto y encontrándose infundados los fundamentos traídos en casación, corresponde dar aplicación al art. 220 parágrafo II del CPC-2013, aplicable por la remisión contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del MPRCPA.
Los apoderados del representante legal del SENASIR, denunciaron que la resolución recurrida, aplicó erróneamente la ley general sobre la especial, identificando el Manual de Certificación de Salario Cotizable y Densidad de Aportes para la Compensación de Cotizaciones aprobado mediante R.A. No 299.13, como normativa “transgredida” y “mal aplicada”; en ese sentido, se afirmó que no se está negando el derecho que tendría Felipe Velásquez, pretendiéndose otorgar el mismo, en apego a las leyes y procedimientos establecidos en materia de seguridad social, conforme manda el art. 235 de la CPE.
Al respecto, conforme a la doctrina citada al efecto, el recurso de casación en el fondo debe describir supuestos de violación (referido a la no aplicación de preceptos legales), interpretación errónea (infracción de normas a cuyos preceptos se otorga un sentido equivocado), aplicación indebida (endilgar o subsumir el precepto normativo a un hecho no regulado por aquello); presupuestos no observados al momento de presentar el recurso de casación en el fondo, que además constituye una repetición de un argumento del recurso de casación en la forma, ya resuelto líneas arriba, toda vez que, no se señala qué artículo o disposiciones del Manual de Certificación de Salario Cotizable y Densidad de Aportes para la Compensación de Cotizaciones aprobado mediante R.A. No 299.13, se transgredieron y/o se aplicaron erróneamente, tampoco se explicó en qué forma se transgredió y/o aplicó erróneamente el citado Manual; consiguientemente, al no haberse descrito los presupuestos exigidos por ley, este Tribunal se encuentra imposibilitado de emitir pronunciamiento.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184-1 de la Constitución Política del Estado y 42 parágrafo I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial; declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 173 a 176, interpuesto por Olga Durán Uribe, Marcelo Alejandro Pattzi Pino y Luis Ángel Arias Sánchez, apoderados del Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 40 de 13 de marzo de 2018 de fs. 171 y vta., pronunciado por la Sala Primera en Materia de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

References: Resolución 
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