Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831180.html
Timestamp: 2019-11-20 20:09:14+00:00

Document:
as201831180
AUTO SUPREMO Nº 180 /2018
Sucre, 07 de mayo de 2018
Expediente: 073/2017-S
Materia: Social
Demandante: Julia Martha Copa.
Demandado: Gobierno Autónomo Municipal de Cobija.
Distrito: Pando
Magistrado Relator: Dr. Esteban Miranda Terán.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 57 a 58 vta., interpuesto por Jorge Sánchez Iraizos en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija (GAMC), en virtud al Testimonio de Poder Nº 441/2016 de 03 de marzo, otorgado ante Notaría Nº 04 de la ciudad de Cobija, a cargo del abogado, Juan Yujra Mamani (fs. 20-22), contra el Auto de Vista Nº 339/2016 de 17 de noviembre, cursante de fs. 53 y vta., emitido por la Sala Civil, Familiar, Social, de la Niña, Niño y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Cobija, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales y otros, seguido a demanda de Julia Martha Copa, contra la entidad Municipal que representan los recurrentes, el Auto Supremo Nº 72-A de 24 de febrero de 2017, por el que se admitió el recurso (fs. 99 y vta.), los antecedentes del proceso y,
I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO
Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cobija, emitió la Sentencia Nº 241/016 de 24 de agosto de 2016 (fs. 26 a 28 vta.), declarando probada en parte la demanda de fojas 15, sin costas, ordenando al GAMC, que cancele a favor de la demandante Julia Martha Copa, la suma de Bs. 14.896.- (Catorce mil ochocientos noventa y seis Bolivianos), por concepto de desahucio, indemnización por dos años y doce días, vacación y subsidios de frontera, 1 mes por las gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 respectivamente, conforme la liquidación que inserta en su texto.
Auto de Vista:
En grado de Apelación, promovido por el apoderado de la entidad municipal demandada (fs. 30 y vta.), mediante Auto de Vista. Nº 339/2016 de 17 de noviembre, cursante de fs. 53 y vta., emitido por la Sala Civil, Familiar, Social, de la Niña, Niño y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Cobija, CONFIRMÓ la Sentencia apelada.
II.- RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN:
Contra el referido Auto de Vista, el GAMC, representada por Jorge Sánchez Iraizos, interpuso recurso de casación, conforme los fundamentos del escrito de fojas 57-58 vta., recurso que no fue respondido por la demandante, por lo que, luego de su remisión ante este Tribunal, mediante Auto Supremo Nº 73-A de 24 de febrero de 2017 (fs. 68 y vta.), se declaró admisible; por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver:
Argumentos del recurso de casación:
Denunció la violación del art. 108 de la Constitución Política del Estado (CPE), que se refiere a los deberes de los bolivianos y que uno de estos deberes es que el Tribunal de alzada, tiene el deber de velar por los intereses del Estado y de la sociedad e interpretar las normas alegadas por la demandante, puesto que sus derechos no siempre se encuentran enmarcados a las mismas sino a otras que rigen la vida institucional como son las Leyes Nº 1178, 2027, 2341 y otras.
Afirma que no se aplicó el art 119 de la CPE, respecto a que las partes en conflicto gozan de igualdad de oportunidades y que el derecho a la defensa es inviolable; empero en el caso presente se vulneró estas previsiones, porque no se aplicó esa igualdad y se quebrantó el derecho a la defensa, porque no consideraron en el caso presente, las indicadas leyes que rigen el GAMC.
El Auto de Vista, refiere que la demandante tiene derecho al desahucio y a la indemnización, porque trabajó cinco años, pese a que la sentencia solo reconoce 2 años y 12 días y en otra parte un año y ocho meses, aspectos que son contradictorios, porque debió valorarse los contratos a plazo fijo, por ello es que se ordenó en sentencia el pago del subsidio por un mes en esas gestiones, por lo que corresponde dejar sin efecto estos aspectos.
Indica que en aplicación de la Ley Nº 321, se incorporó a los trabajadores asalariados permanentes al régimen de la Ley General del Trabajo (LGT); empero, en el caso presente la demandante, era trabajadora eventual, sujeta a un contrato de consultoría y por consiguiente sujeta a las previsiones de los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 2027, evidenciándose que se incurrió en aplicación injusta e indebida de Ley Nº 321 y del DS Nº 110 y que por consiguiente, no le correspondía el pago de las vacaciones.
Concluyó indicando que interpone recurso de casación en el fondo, que pide luego del trámite de ley, se conceda remitiendo el expediente ante este Tribunal Supremo de Justicia, para que emita Auto Supremo, casando o modificando el Auto de Vista.
Contestación al recurso:
El recurso no fue respondido por la parte demandante, pese a su legal notificación.
Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo de fs. 86 a 87 vta., para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:
Doctrina aplicable al caso:
Dentro del proceso social, se ha instituido como reglas constitucionales los principios de protección de los trabajadores y la inversión de la prueba, que han sido desarrolladas, tanto en los arts. 4º del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006 y 3 inc. g) y h), 66 y 150 del CPT, estableciéndose por el primero, que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, en base a las reglas “in dubio pro operario”, que consiste que en caso de existir duda sobre la interpretación de una norma, se debe preferir la interpretación más favorable al trabajador y “la condición más beneficiosa”, que establece que en caso de existir una situación concreta anteriormente reconocida, ésta debe ser respetada, en la medida que sea más favorable al trabajador, ante la nueva norma que se ha de aplicar; mientras que la segunda establece que en los procesos laborales la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio que este pueda ofrecer las pruebas que estime conveniente, por consiguiente corresponde al empleador demandado, desvirtuar los fundamentos de la acción.
Por otra parte, se debe puntualizar que la legislación vigente y la jurisprudencia emitida por este Tribunal, han establecido que, en materia de valoración de la prueba, los jueces y tribunales en materia social, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino que, por el contrario, deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias más relevantes del proceso, e identificando la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la Ley (arts. 60 y 158 CPT).
Fundamentos del caso concreto:
En el caso presente se han alegado tres aspectos, que se desglosan de la siguiente manera:
Los dos primeros, referidos a la presunta violación del art. 108 de la CPE y las previsiones del art. 119 de la misma norma suprema, respecto del derecho a la igualdad y del resguardo del derecho a la defensa, se establece que no fueron alegados en el recurso de alzada, impidiendo que este tribunal adquiera competencia para resolver estos argumentos; empero, conforme ya se relacionó líneas arriba, en materia laboral rigen los principios de proteccionismo e inversión de la prueba, que establecen que corresponde al empleador a producir la prueba y desvirtuar la demanda, mientras que corresponde al juez de la causa en caso de duda, respecto de la interpretación o aplicación de las normas, emitir la resolución a favor del trabajador.
En el caso presente, pese a esos argumentos, no se ha identificado duda respecto de la aplicación de las normas, especialmente respecto de la aplicación de la Ley Nº 321, que establece que a partir de su promulgación, sin carácter retroactivo, que se incorporan al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de las capitales de departamento y de la ciudad de El Alto de La Paz, quienes gozarían de los derechos y beneficios que la Ley General del Trabajo y sus normas complementarias confieren.
Respecto del tiempo trabajado y el pago del desahucio, se ha acreditado en el caso presente que la demandante era empleada sujeta primero a las previsiones, del Estatuto del Funcionario Público (una parte) y luego a la Ley General del Trabajo y Ley Nº 321, en aplicación a la normativa citada , por consiguiente, en la Sentencia se ordenó el pago de la Indemnización por dos años y doce meses, respecto del periodo en el que se encontraba sujeta a la normativa de la Ley General del Trabajo y normas conexas, aspecto que motivó la identificación del supuesto yerro en el tiempo trabajado.
Por otra parte, conforme se reconoció tanto, por el Juez de primera instancia, como por el tribunal de apelación, no consta en obrados, que la demandante hubiese estado sujeta a un contrato de consultoría y por consiguiente, exenta al pago del desahucio porque presuntamente habría vencido el plazo de su contrato, pues la carga de la prueba, en aplicación de los arts. 66 y 150 del CPT, correspondía al GAMC, quien no acreditó estos hechos que sustentan tanto la respuesta a la demanda como el recurso de casación que ahora se resuelve.
Respecto del pago de las vacaciones, no cursa en obrados ningún documento que acredita que la demandante hubiese sido consultora, por eso es que se establece que no existe violación de los art. 5 de la Ley de Administración Presupuestaria Nº 2042, ni 4 y 6 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027, menos aún de la Ley Nº 321 y del DS Nº 110.
Que, en el marco legal descrito, se establece que el Tribunal de Alzada no incurrió en las infracciones alegadas en el recurso de casación en el fondo objeto de análisis, correspondiendo en consecuencia, aplicar el artículo 220-II del CPC, con la facultad remisiva del artículo 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la CPE y del numeral 1 del Parágrafo I del artículo 42 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 57 a 58 vta., interpuesto por Jorge Sánchez Iraizos en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija (GAMC), contra el Auto de Vista Nº 339/2016 de 17 de noviembre, cursante de fs. 53 y vta., emitido por la Sala Civil, Familiar, Social, de la Niña, Niño y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Cobija.
Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 y 52 del DS 23215 del 22 de julio de 1992.

References: resolución 
in dubio
 resolución 
 artículo 220
 artículo 252
 artículo 184
 artículo 42