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Timestamp: 2019-05-24 11:02:10+00:00

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Sentencia de Tutela nº 616/06 de Corte Constitucional, 3 de Agosto de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 43625255
Derecho al debido proceso y al acceso a la justicia dentro de tramite contravencional en que la inspeccion en audiencia de fallo sin su presencia lo declaro contraventor y lo condeno al pago de una multa, siendo que la inspeccion no le notifico la decision relacionada con una solicitud de aplazamiento de audiencia y tampcoco dio tramite al recurso de apelacion interpuesto al dia siguiente por extemporaneo, aduciendo que la decision quedaba en firme y ejecutoriada al finalizar la diligencia. Solicita se ordene dar tramite a la apelacion interpuesta. Carácter subsidiario de la acción de tutela. El debido proceso administrativo. El debido proceso administrativo como derecho fundamental se manifiesta a través de un conjunto complejo de principios, reglas y mandatos que la ley le impone a la administración para su ordenado funcionamiento. El debido proceso administrativo y el principio de publicidad. Una actuación judicial o administrativa que no haya sido debidamente notificada, no sólo desconoce el principio de publicidad sino también los derechos al debido proceso, a la defensa y a la contradicción causando como efecto, en términos generales, la ineficacia de las decisiones adoptadas en tales circunstancias. Del proceso contravencional por infracciones de tránsito. Resulta claro para esta sala que el actor incurrió en una conducta omisiva injustificada al eludir la carga procesal de acudir al despacho de la inspección doce (12) distrital de tránsito de bogotá para enterarse de la nueva programación de la audiencia en cuestión, modificada por petición suya y en protección de sus intereses, de manera tal que se abandonó voluntariamente a las eventuales consecuencias adversas derivadas de su negligente proceder. Rechazada
A la luz de las regulaciones de la Carta Fundamental (artículos 29 y 209), el debido proceso administrativo impone la publicidad como principio rector de las actuaciones administrativas (artículo 209 C.P. y 3º C.C.A.), de tal manera que la Administración resulta obligada a poner en conocimiento de sus destinatarios, todos aquellos actos que supongan una afectación directa de su situación jurídica. En estos términos, la Carta Política exige que, cuando se trata de definir o derivar la responsabilidad de las personas que pueden ser sujetos de una sanción, la actuación correspondiente se surta respetando el principio de la publicidad. Es decir, las autoridades administrativas resultan obligadas a dar a conocer sus actuaciones mediante las ''comunicaciones o notificaciones'', que para el efecto plasme el ordenamiento jurídico (artículo 3º C.C.A).
Comparte la Corte las consideraciones expresadas por los jueces de instancia, por cuanto la entidad demandada obró conforme a Derecho al rechazar por extemporánea la apelación interpuesta por el peticionario contra la resolución Nº 65168 de noviembre 17 de 2005, al igual que su solicitud de reposición de su término de ejecutoria por cuanto, siguiendo lo dispuesto en el citado artículo 142, incisos 3º y 4º del C.N.T.T., no había lugar a ninguna determinación en otro sentido, en atención a que dicho recurso solo podía ser formulado y sustentado oralmente dentro de la misma audiencia de fallo, concluida la cual, la providencia adoptada en su interior quedó en firme y adquirió efectos vinculantes. Resulta claro para esta S. que el actor incurrió en una conducta omisiva injustificada al eludir la carga procesal de acudir al despacho de la Inspección Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá para enterarse de la nueva programación de la audiencia en cuestión, modificada por petición suya y en protección de sus intereses, de manera tal que se abandonó voluntariamente a las eventuales consecuencias adversas derivadas de su negligente proceder. Por ende, no es posible ahora revivir oportunidades jurídicas ya precluidas, de las que aquel no hizo uso por su propio descuido procesal, conducta que configura una de las hipótesis jurisprudenciales en las que la acción de tutela se torna improcedente, cual es la omisión en la interposición de los recursos o en la sustentación de los mismos dentro de los términos legalmente establecidos.
Acción de tutela instaurada por J.F.B.D. contra la Inspección Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá.
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados N.P.P., M.J.C. ESPINOSA y J.A.R., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Treinta y Tres (33) Civil Municipal de Bogotá, en primera instancia, y el Juzgado Treinta y Nueve (39) Civil del Circuito de Bogotá, en segunda, en el trámite de la acción de tutela iniciada por el señor J.F.B.D. contra la Inspección Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá.
Mediante escrito presentado el día trece (13) de diciembre de dos mil cinco (2005), el señor J.F.B.D. solicita el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia presuntamente vulnerados por la autoridad administrativa demandada.
En noviembre 23 de 2004, el señor B. recibió la orden de comparendo N° 10879770, por incurrir en la infracción consagrada en el literal ''d'', inciso 2°, del artículo 131 de la ley 769 de 2002, por la que se dicta el Código Nacional de Tránsito Terrestre (en adelante, C.N.T.T.), a saber: ''Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley''.
Una vez que el peticionario rindió su versión de lo sucedido, anexando como sustento las pruebas documentales que consideró pertinentes, se suspendió dicha diligencia y se programó su continuación, con audiencia de fallo, para el 2 de marzo de 2005. Llegado ese día, se dio inicio a la misma y, en su transcurso, el S.B. solicitó que se recibiera la declaración de dos testigos oculares de las circunstancias que rodearon la orden de comparendo en su contra.
Llegada esta fecha, la entidad demandada se constituyó en audiencia de fallo, sin la presencia del señor B., y resolvió con base en las pruebas recaudadas, declararlo contraventor de los artículos 42 y 131, literal ''d'', inciso 2º del C.N.T.T., según la orden de comparendo Nº 10879770, condenándolo, por ende, a la sanción prevista en las citadas normas jurídicas para la infracción de tránsito que cometió, esto es, el pago de una multa equivalente a Treinta (30) salarios mínimos diarios. Esta decisión no fue apelada en término, quedando en firme, debidamente ejecutoriada, al finalizar la diligencia.
El accionante dentro del presente trámite de tutela exhorta a la autoridad judicial para que proteja sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa material y, en consecuencia, ordene a la autoridad demandada modificar su resolución S.J.-11-07-12-634605 en el sentido de conceder su petición de darle trámite a la apelación que formuló contra la resolución Nº 65168 que lo declaró contraventor de los artículos 42 y 131, literal ''d'', inciso 2º de la ley 769 de 2002.
3.1 Mediante auto de diciembre catorce (14) de dos mil cinco (2005), el Juzgado Noveno (9) Civil del Circuito de Bogotá se declara incompetente para conocer, en primera instancia, la acción de tutela que se revisa por cuanto la entidad demandada corresponde a una autoridad del orden distrital. En consecuencia, conforme lo dispone el artículo 1º, numeral 1º, inciso 3º del decreto 1382 de 2000, ordenó su remisión a la Oficina judicial - Reparto de Bogotá para que verificara las diligencias respectivas ante los Jueces Civiles Municipales de la ciudad.
3.3. Así las cosas, el señor J.F.B., en su calidad de Inspector Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá se pronunció sobre los hechos expuestos por el accionante y solicitó no conceder el amparo deprecado, toda vez que, en su caso, se respetó el debido proceso de ley y se garantizó su derecho de defensa. Como sustento a dicha tesis, expuso los siguientes argumentos principales:
ii) En la actuación adelantada contra el señor B., se respeto y protegió su derecho a la defensa material, siendo escuchado en versión libre sobre lo sucedido, aceptando las pruebas que aportó, practicando las que solicitó, atendiendo oportunamente sus peticiones y realizando una investigación integral de los hechos relevantes, favorables y desfavorables a sus intereses procesales.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía, licencia de conducción y licencia de tránsito del señor B. (folio 8)
- Fotocopia del escrito del señor B. dirigido a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, en el que niega la infracción que se le imputa en el comparendo (folio 10)
- Fotocopia de los carnés del SOAT del señor B. con fechas de expedición de noviembre 21 de 2003 y noviembre 24 de 2004 (folio 11)
- Fotocopia de la versión libre rendida por el señor B. ante la Inspección Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá (folio 12)
- Fotocopias de los testimonios rendidos ante la Inspección Doce (12) de Tránsito de Bogotá por los testigos del S.B. y el Agente de tránsito que le realizó el comparendo (folios 16-20)
- Fotocopia del escrito del señor B. en el que solicita al Inspector Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá, el aplazamiento de la audiencia de fallo programada para el 21 de octubre de 2005 (folio 21)
- Fotocopia de la notificación censal recibida por el señor B. para ser visitado por el encuestador del DANE el 21 de octubre de 2005 (folio 22)
- Fotocopia del acta de la audiencia de 21 de octubre de 2005, en la que el Inspector Doce Distrital de Tránsito de Bogotá accede a la solicitud de aplazamiento del señor B. y programa nueva audiencia de fallo para el 17 de noviembre de 2005 (folio 23)
- Fotocopia de la resolución N° 65168 de noviembre 17 de 2005 en la que se resuelve declarar contraventor al señor B. de los artículos 42 y 131, literal ''d'', inciso 2° del C.N.T.T. (folio 24)
- Fotocopia del escrito de petición de reposición de términos procesales y de recurso de apelación presentados por el señor B. ante el Inspector Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá, en noviembre 18 de 2005 (folios 25 y 26)
- Fotocopia del oficio N° S.J.-11-07-12-634605 de noviembre 23 de 2005, en el que la Inspección Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá, niega la petición formulada por el señor B., así como su recurso de apelación por improcedente y extemporáneo (folio 27)
i) En relación con la decisión del Inspector Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá de acceder a la solicitud de aplazamiento de la audiencia de fallo, formulada por el señor B. con motivo del censo nacional 2006, consideró el a quo que la misma no debía ser notificada mediante escrito dirigido a la residencia del peticionario, ya que se trata de una determinación adoptada en el trámite de un proceso verbal dentro del cual todas las decisiones se dictan en audiencia pública y se notifican por estrados. Asimismo, agregó que jurídicamente no era viable atender aquella petición en los términos del artículo 23 superior por tratarse de una mera manifestación del ejercicio de su derecho de acción dentro de la causa seguida en su contra. En consecuencia, concluyó que correspondía al inculpado presentarse al despacho de la entidad demandada, con posterioridad al 21 de octubre de 2005, para tener conocimiento de las nuevas fecha y hora fijadas para la realización de dicha diligencia.
ii) En relación con el escrito de petición en el que el señor B. solicitó la reposición del término de ejecutoria de la resolución dictada en su contra para darle curso al recurso de apelación que formuló simultáneamente, consideró el a quo, en primer lugar, que igualmente tal actuación no podía ser atendida como ejercicio del derecho de su derecho de petición, sino como ejercicio de su derecho de acción al interior del proceso verbal que se le adelantó, pues lo contrario implicaría burlar las garantías sustantivas y adjetivas consagradas en el C.N.T.T. En segundo lugar, manifestó el juzgador que el Inspector Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá actuó conforme a derecho cuando rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el inculpado, pues al tenor de lo dispuesto en los artículos 134, 135 y 139 de la ley 769 de 2002 aquel debía formularse dentro de la audiencia en que se adoptó la resolución contra la que se dirige; de no ser así, la misma queda debidamente ejecutoriada, tal como sucedió.
iii) Con base en lo anterior, concluye el señor B. que notificar por estrados la decisión de aplazar la audiencia de fallo, a pesar de su ausencia previamente avisada y debidamente justificada, lo privó materialmente de conocerla y, a su vez, le impuso la carga desproporcionada de tener que adivinar su contenido para su acatamiento y para el ejercicio adecuado de sus prerrogativas procesales, como la posibilidad de interponer contra ella los recursos contemplados en la ley, de manera que terminó anulando su oportunidad para defenderse.
Finalmente, agregó el juzgador, que el rechazo del recurso de apelación interpuesto por el señor B., se encuentra conforme a Derecho por ser extemporáneo, situación que se verifica al constatar que la resolución contra la que estaba dirigido, al ser notificada por estrados, adquirió fuerza ejecutoria al finalizar la audiencia en que se adoptó.
Asumido este asunto mediante auto de la Sala de Selección Número Cuatro (4) de abril veintisiete (27) de dos mil seis (2006), se aprecia que esta Corte es competente para revisar el fallo dictado en la acción de tutela iniciada por J.F.B.D. contra la Inspección Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
La presente controversia plantea como interrogante a resolver, a la luz de los postulados constitucionales vigentes, si dentro del trámite del proceso contravencional seguido por la Inspección Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá contra el Señor J.F.B.D. por la presunta infracción de los artículos 42 y 131, literal d, inciso 2° del C.N.T.T. se vulneraron, o no, sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa material al: i) no haberle sido notificada personalmente la decisión de aceptar su solicitud de aplazamiento de la audiencia de fallo y de fijar, en consecuencia, nuevas fecha y hora para su realización; y ii) rechazarle, por extemporáneo, el recurso de apelación que contra la resolución N° 65168 de noviembre 17 de 2005 interpuso el día siguiente a la finalización de la diligencia en que aquella fue adoptada y notificada en estrados.
Carácter subsidiario de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia
3.1 En múltiples oportunidades esta Corporación se ha pronunciado en relación con el carácter residual de la acción de tutela. Al respecto, ha señalado enfáticamente su improcedencia ante la existencia de otros recursos judiciales adecuados y efectivos para la protección de los derechos fundamentales, que se alegan comprometidos. Al respecto, en la sentencia T-252 de 2005, con ponencia de la dra. Clara I.V., se lee:
La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que la acción de tutela es un mecanismo de naturaleza subsidiaria y residual destinado a proteger los derechos fundamentales. Esa caracterización implica que si existe medio de defensa judicial a disposición del interesado, la tutela no puede ser utilizada para sustituirlo o para desplazar a los jueces ordinarios en el ejercicio de sus funciones propias Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-469 de mayo 2 de 2000 (M.P.A.T.G.) y T-585 de julio 29 de 2002 (M.P.C.I.V.H., entre otras.. El artículo 86 de la Constitución Política es claro al señalar que la tutela no procede cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que sea utilizada como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En efecto, si en el ordenamiento jurídico se prevé otro medio de defensa judicial para lograr la protección pretendida, la acción de tutela no puede desplazarlo, ya que no es el escenario propio para discutir cuestiones que deben ser debatidas ante los estrados de las jurisdicciones ordinarias. No obstante, la jurisprudencia ha señalado que el medio judicial de defensa ha de ser idóneo para alcanzar una protección cierta, efectiva y concreta del derecho fundamental amenazado o vulnerado, lo cual implica que tenga la aptitud suficiente para que a través de él se restablezca el derecho vulnerado o se proteja su amenaza Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 de 1993 (M.P.V. naranjo Mesa). En el mismo sentido se puede consultar, entre muchas otras, la sentencia T-1316 de diciembre 7 de 2001 (M.P.R.U.Y.). '' (negritas fuera del texto).
''La función de la acción de tutela está claramente definida por el artículo 86 constitucional como procedimiento que no suple a las vías judiciales ordinarias, ya que ´sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial´, salvo la situación en la cual tiene carácter supletivo momentáneo, que es cuando ´aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.´'' (negritas fuera del texto)
En este sentido, bien puede reiterarse lo expresado por esta Corte respecto a que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio expedito es el respectivo procedimiento ordinario previsto en la ley para tal efecto. Así, quien ha sido vinculado a una causa litigiosa gozando de las debidas oportunidades para intervenir en ella, no puede denunciar la privación de su derecho de defensa, menos aún, cuando tuvo a su disposición los recursos y las oportunidades procesales idóneas para garantizar la vigencia de sus derechos fundamentales y, en particular, aquellas prerrogativas que hacen parte del debido proceso de ley. Sobre este tema, la sentencia C-543 de 1992, con ponencia del dr. J.G.H.G.J. reiterada, entre otras, en las sentencias T-685 de 2005, T-1235, T-1203, T-329 y T-294, T-764, T-307, T-289, T-108 de 2003. , enfatiza:
''La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.''
Del debido proceso administrativo. Reiteración de jurisprudencia
La Constitución Política, en su artículo 29, prescribe que ''el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas''. En virtud de tal disposición, se reconoce el principio de legalidad como pilar en el ejercicio de las funciones por parte de las autoridades judiciales y administrativas, razón por la cual, están obligadas a respetar las formas propias de cada juicio y a asegurar la efectividad de todas aquellas normas que permiten a los administrados presentar, solicitar y controvertir pruebas, formular peticiones y alegaciones, y que en últimas, garanticen el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
De esta manera, el debido proceso se define como la regulación jurídica que, de manera previa, limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley Mirar entre otras, las Sentencias T-467 de 1995 y T-238 de 1996..
Al respecto, la Corte determinó en la sentencia C-214 de 1994, con ponencia del dr. A.B.C., que:
En esencia, el derecho al debido proceso tiene la función de defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de la convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional.''
''las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.'' Sentencia C-1512 de 2000. M.P.A.T.G..
''Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que le ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado no puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propia. Es inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido procesal.'' Sentencia T-520 de 1992. M.P.J.G.H.G..
Del debido proceso administrativo y el principio de publicidad.
Al respecto, esta Corte señaló en la sentencia C-096 de 2001, con ponencia del dr. A.T.G., que:
''El conocimiento de los actos administrativos, por parte del directamente afectado, no es una formalidad que pueda ser suplida de cualquier manera, sino un presupuesto de eficacia de la función pública administrativa - artículo 209 C.P.- y una condición para la existencia de la democracia participativa - Preámbulo, artículos 1º y 2º C.P.''
En estos términos, la Carta Política exige que, cuando se trata de definir o derivar la responsabilidad de las personas que pueden ser sujetos de una sanción, la actuación correspondiente se surta respetando el principio de la publicidad. Es decir, las autoridades administrativas resultan obligadas a dar a conocer sus actuaciones mediante las ''comunicaciones o notificaciones'', que para el efecto plasme el ordenamiento jurídico (artículo 3º C.C.A).
Sobre este aspecto, la Corte sostuvo en la sentencia T-099 de 1995 Reiterada, entre otras, en las sentencias T-238 de 1996 y T-324 de 1999., que:
''Las decisiones que adopte la administración en cuya virtud se afecte a una o varias personas en concreto deben ser cierta y oportunamente notificadas a éstas, tal como lo disponen las normas legales correspondientes.
De todas maneras, de las exigencias constitucionales del debido proceso se deriva que ni los jueces ni la administración pública pueden actuar de espaldas a los interesados, ni fundar sus decisiones sobre la base de la ignorancia de ellos en torno a las decisiones que adoptan.''
En consecuencia, una actuación judicial o administrativa que no haya sido debidamente notificada, no sólo desconoce el principio de publicidad sino también los derechos al debido proceso, a la defensa y a la contradicción causando como efecto, en términos generales, la ineficacia de las decisiones adoptadas en tales circunstancias Algunos procedimientos ante la falta de notificación de una actuación consagran como sanción la nulidad (artículo 140 C.P.C) y otros la inoponibilidad (artículo 48 C.C.A.). .
Del proceso contravencional por infracciones de tránsito.
De acuerdo con lo expuesto, esta S. estima necesario transcribir algunos artículos de la ley 769 de 2002 que regulan el trámite del proceso contravencional por infracciones de tránsito, con la finalidad de realizar algunas consideraciones que permitan dar solución al conflicto jurídico planteado:
Por último conviene aclarar, en concordancia con lo expuesto por el Consejo de Estado, que: ''...el comparendo no es un medio de prueba, por cuanto no constituye un documento idóneo para demostrar la ocurrencia de los hechos, ya que como lo dice la misma definición, es sencillamente una orden formal de citación al presunto contraventor y es en la audiencia pública realizada ante la autoridad de tránsito competente, que se decretan y se practican las pruebas que sean conducentes para determinar la verdad de los hechos...'' Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. 17 de septiembre de 1997. Consejero Ponente: C.H.S...
Al respecto, el Consejo de Estado ha expuesto que: ''Si bien es cierto que al darse la orden de comparendo al supuesto infractor este tiene o corre con la obligación de presentarse ante la autoridad competente en el término de tres días, ello es únicamente con el fin de que oiga la `notificación' del auto con el cual se le cita o convoca a la `audiencia pública' (...), so pena de incurrir en el incremento doble de la multa respectiva pero siempre con el deber de comparecer con el mismo propósito fin u objetivo, es decir, de que se le de a conocer la fecha y hora en que se realizará la audiencia, de lo cual, lógicamente, deberá quedar la constancia pertinente en el expediente...'' Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección ''B''. 5 de febrero de 1998. Consejero Ponente: C.A.O.G.. .
Al respecto, observa la Corte, que la primera acusación no encuentra respaldo jurídico alguno en la medida en que el citado artículo 139 de la ley 769 de 2002 prevé que este tipo de actuaciones y determinaciones, surtidas en audiencia pública, deben ser puestas en conocimiento de los interesados en estrados y no personalmente, como lo reclama el señor B., prescripción que no varía, en absoluto, por el hecho de que la decisión en cuestión haya estado motivada en una petición formulada por el inculpado.
En este sentido, correspondía entonces al accionante presentarse en la inspección de la causa con el propósito de enterarse de la resolución de su solicitud, para lo cual contó en la práctica con los 16 días hábiles que transcurrieron entre la audiencia de octubre 21 de 2005 y la de noviembre 17 del mismo año, sin que resulte admisible su alegación en cuanto a que: ''De acuerdo con las citaciones anteriores, (la audiencia de fallo) se fijaba para varios meses después''.
Finalmente, conviene reiterar que los juicios de policía han sido asimilados a controversias de naturaleza jurisdiccional y, por ende, la providencia que se dicta dentro de ellos para poner fin a la actuación tiene idéntica naturaleza, no siendo susceptible de recursos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 82 del C.C.A. Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-115 de 2004 (M.P.J.C. triviño), T-091 de 2003, (M.P.C.I.V.H.) y T-289 de 1995 (M.P.E.C.M., entre otras.
A partir de las anteriores consideraciones, se concluye que la presente acción de tutela resulta improcedente por cuanto se configuró una de las causales establecidas por la Corte para tal efecto, esto es, la omisión en la interposición de los recursos o en la sustentación de los mismos dentro de los términos legalmente establecidos. En consecuencia, esta S. procederá a revocar el fallo de segunda instancia dictado por el Juzgado Treinta y Nueve (39) Civil del Circuito de Bogotá que denegó el amparo, y en su lugar, rechazar la acción instaurada por el S.B..
Primero. REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Treinta y Nueve (39) Civil del Circuito de Bogotá, en marzo diez (10) de dos mil seis (2006), que denegó el amparo deprecado. En su lugar RECHAZAR por improcedente la acción de tutela iniciada por el Señor J.F.B.D. contra la Inspección Doce (12) Distrital de Tránsito de Bogotá.

References: resolución 
 artículo 142
 artículo 131
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 29
 artículo 209
 artículo 139
 resolución 
 artículo 82