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Timestamp: 2019-10-21 11:15:30+00:00

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﻿ SENTENCIA C-1157 DE DICIEMBRE 4 DE 2003
SENTENCIA C-1157 DE 04 DE DICIEMBRE DE 2003
CONTENIDO:ESTATUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE. SE DECLARAN INEXEQUIBLES LOS ARTÍCULOS 41, 45 Y 62 Y EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 37 DEL DECRETO 1278 DE 2002.
TEMAS ESPECÍFICOS:CARRERA DOCENTE, ESTATUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE
Sentencia C-1157 de diciembre 4 de 2003
Sentencia C-1157 de 2003
Ref.: Expediente D-4677
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 37, 41, 42, 43, 44, 45, 62 y 64 del Decreto-Ley 1278 de 2002 “por el cual se expide el estatuto de profesionalización docente”.
Demandante: David Guillermo Zafra Calderón.
A continuación se transcribe el texto de las normas acusadas, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial Nº 44840 del 19 de junio de 2002.
“DECRETO NÚMERO 1278
Por el cual se expide el estatuto de profesionalización docente El Presidente de la República de Colombia,
ART. 37.—Derechos. Además de los contemplados en la Constitución en la ley, en el Código Disciplinario Único y en los reglamentos vigentes, para todos los servidores públicos, los docentes y directivos docentes al servicio del Estado tendrán los siguientes derechos:
d) Participar en el gobierno escolar directamente o por medio de sus representantes en los órganos escolares, y
ART. 41.—Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los siguientes:
a) Buscar de manera permanente el incremento de la calidad del proceso de enseñanza, aprendizaje y sus resultados, mediante la investigación, la innovación y el mejoramiento continuo, de acuerdo con el plan de desarrollo educativo de la correspondiente entidad territorial y el proyecto educativo institucional del establecimiento donde labora;
e) Mantener relaciones cordiales con los padres, acudientes, alumnos v compañeros de trabajo, promoviendo una firme vinculación y una cooperación vital entre la escuela y la comunidad y respetar a las autoridades educativas.
ART. 42.—Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en especial en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes les está prohibido:
c) Portar armas de cualquier clase, durante el desempeño de sus labores o dentro de los centros educativos, o durante actividades extraescolares;
j) Atentar o incitar a otros o atentar contra los bienes del establecimiento o bienes públicos o hacer uso indebido de las propiedades o haberes de la institución o del Estado puestos bajo su responsabilidad;
I) Realizar o ejecutar con sus educandos acciones o conductas que atenten contra la libertad y el pudor sexual de los mismos, o acosar sexualmente a sus alumnos;
ART. 43.—Abandono del cargo. El abandono del cargo se produce cuando el docente sin justa causa deja de concurrir al trabajo; cuando no reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, una comisión, un permiso o las vacaciones reglamentarias; cuando en caso de renuncia, hace dejación del cargo antes de que se le autorice para separarse del mismo o antes de transcurrido un mes después de presentada, o cuando no asume el cargo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se le comunique un traslado.
ART. 44.—Inhabilidades. Además de las inhabilidades señaladas en la Constitución y la ley, especialmente en el Código Disciplinario Único, para todos los servidores públicos, no podrán ejercer la docencia:
ART. 45.—Incompatibilidades. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos, el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
ART. 62.—Suspensión en el cargo. La suspensión en el cargo puede proceder como medida provisional impuesta por orden de autoridad judicial, por la procuraduría o a instancias de la oficina de control interno disciplinario o como sanción disciplinaria.
ART. 64.—Exclusión del escalafón docente. El retiro del servicio por cualquiera de las causales previstas en el artículo anterior conlleva la exclusión del escalafón docente y la pérdida de los derechos de carrera”.
1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 5º de la Carta, ya que las disposiciones acusadas hacen parte de un decreto con fuerza de ley expedido en virtud de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 111 de la Ley 715 de 2001.
Asunto previo. Cosa juzgada en relación con algunos de los artículos demandados
2- Antes de hacer el análisis de los artículos acusados, hay que advertir que la Corte analizó en la Sentencia C-734 de 2003 varios artículos del Decreto 1278 de 2002, entre ellos, los artículos 42, 43, 44 y 64, ahora demandados. En aquella oportunidad, la Corte decidió declarar inexequibles los artículos 42, 43 y 44, y declarar exequible, por el cargo formulado, el artículo 64 del mencionado decreto.
De conformidad con lo anterior, en cuanto a los artículos 42, 43 y 44, la declaratoria de inexequibilidad los ha excluido del ordenamiento, por tanto, la Corte se estará a lo resuelto en aquella oportunidad.
3. En cuanto al artículo 64, este tribunal limitó el alcance de la cosa juzgada y por consiguiente es necesario determinar si se trata del mismo cargo, caso en el cual la Corte se estará a lo resuelto anteriormente, o si, por el contrario, se trata de un cargo distinto. Si se trata de esta última hipótesis, esta corporación deberá entonces adelantar el examen de constitucionalidad.
En aquella oportunidad el tema planteado por la demanda era que el texto acusado desconocía el artículo 125 de la Constitución por cuanto regulaba materias de competencia exclusiva del legislador que no podían ser objeto de concesión de facultades extraordinarias. Al respecto la Corte anotó que se trataba de una materia en la cual el Congreso estaba facultado para revestir al Presidente de precisas facultades extraordinarias. Además de no violarse la reserva legal, la Corte también consideró que fue respetado el límite de las facultades conferidas. Así, el numeral segundo del artículo 111 de la Ley 715 de 2001 confirió al Presidente de la República facultades extraordinarias para dictar el estatuto de profesionalización docente y, dentro de éste, para regular aspectos relacionados con los requisitos de ingreso, la evaluación, capacitación, permanencia, ascensos y exclusión de la carrera. Por tanto para este tribunal, no hubo exceso en el uso de las facultades conferidas por la Ley 715 y además, las mismas no violaron la reserva de ley establecida en el artículo 125 superior.
En el presente caso, el cargo presentado en la demanda se refiere a la violación de la prohibición que pesa en cabeza de presidente en cuanto a la expedición y reforma de códigos y al posible exceso en el uso de facultades extraordinarias. Como se puede ver, se trata básicamente de los mismos cargos, pues en ambas oportunidades, la demanda considera que el Presidente, al expedir el artículo 64 del Decreto 1278 de 2002, se habría excedido en el uso de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el artículo 111 de la Ley 715 y habría desconocido la reserva de ley en este campo, pues habría modificado el Código Disciplinario Único (de ahora en adelante CDU). Estos cargos ya fueron analizados por la Sentencia C-734 de 2003, por lo que ha operado la cosa juzgada constitucional (C.P., art. 243), y la Corte se atendrá a lo resuelto en esa oportunidad.
4. Para el demandante, las normas acusadas violan el artículo 150-2 de la Carta ya que sólo el Congreso puede crear o modificar códigos y en este caso, a través de facultades extraordinarias el presidente modificó el CDU. Además plantea que las facultades otorgadas fueron excedidas con la expedición de normas disciplinarias. Para los intervinientes y el procurador, las normas son exequibles pues fueron dictadas en virtud de facultades conferidas por el Congreso al Presidente. Además, la vista fiscal considera que estas disposiciones no hacen reforma alguna al CDU, pues sólo precisan ciertas conductas de un grupo especial de personas, a fin de aplicar el régimen disciplinario teniendo en cuenta especificidades de los docentes. Con todo, considera el Ministerio Público que el artículo 62 efectivamente reforma el CDU, lo cual está prohibido por la Carta, y por ello solicita que la Corte declare inexequible ese artículo.
5. De conformidad con lo anterior, en el fondo el cargo que plantea el actor es que el Presidente se habría extralimitado, pues expidió normas disciplinarias que modificaron el CDU, sin estar facultado para ello, con lo cual además habría violado la prohibición de expedir códigos en ejercicio de facultades extraordinarias (C.P., art. 150, ord. 10). Para resolver ese cargo, la Corte deberá determinar en primer lugar si el Presidente excedió o no las facultades otorgadas por el artículo 111 de la Ley 715 de 2001. Para ello la Corte precisará el alcance de esas facultades y analizará la naturaleza de las normas expedidas para verificar si éstas fueron dictadas en el marco de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas al gobierno.
El alcance de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 111 de la Ley 715 de 2001
6. Las normas acusadas hacen parte de un decreto extraordinario expedido en virtud de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 111, numeral 2º de la Ley 715 de 2001. Ahora bien, como lo recuerdan algunos intervinientes, esta norma habilitante ya fue objeto de pronunciamiento por parte de esta Corte, pues la Sentencia C-617 de 2002 la declaró exequible. Entra pues esta corporación a examinar el alcance de esas facultades, para lo cual conviene resulta recordar el texto de la norma habilitante, la cual establece lo siguiente:
“ART. 111.—Facultades extraordinarias. Concédase precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República por el término de seis (6) meses, para:
111.2. Se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República, por el término de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley para expedir un nuevo régimen de carrera docente y administrativa para los docentes, directivos docentes, y administrativos, que ingresen a partir de la promulgación de la presente ley, que sea acorde con la nueva distribución de recursos y competencias y con los recursos (1) .
(1) Este inciso fue declarado exequible por esta Corte a través de la Sentencia C-617 de 2002.
El nuevo régimen de carrera docente y administrativa se denominará estatuto de profesionalización docente y tomará en cuenta entre otros los siguientes criterios:
1. Mejor salario de ingreso a la carrera docente.
2. Requisitos de ingreso.
3. Escala salarial única nacional y grados de escalafón.
4. Incentivos a mejoramiento profesional, desempeño en el aula, ubicación en zonas rurales apartadas, áreas de especialización.
5. Mecanismos de evaluación, capacitación, permanencia, ascensos y exclusión de la carrera.
6. Oportunidades de mejoramiento académico y profesional de los docentes.
7. Asimilación voluntaria de los actuales docentes y directivos docentes contemplado en el Decreto-Ley 2277 de 1979.
Para la preparación del proyecto de estatuto de profesionalización docente, el Ministerio de Educación Nacional conformará un grupo de trabajo integrado por dos representantes del honorable Congreso de la República, dos representantes de la Federación Colombiana de Educadores, dos expertos designados por el señor Presidente de la República, y el Ministro de Educación Nacional, quien presidirá el grupo. Elegido un nuevo Presidente de la República, éste designará a una persona para que integre dicho grupo de trabajo”.
Esta norma circunscribe el alcance de las facultades, pues enuncia con precisión las materias sobre las cuales podía el Presidente legislar de manera extraordinaria. De acuerdo con ello debe la Corte determinar si estas facultades fueron respetadas o excedidas en la expedición de las normas acusadas.
7. La Corte ha señalado de manera reiterada que el Presidente de la República, al ejercer las facultades extraordinarias que le han sido debidamente otorgadas mediante una ley de la República, se encuentra limitado temporal y materialmente, esto es que las normas que profiera en dicho ejercicio deben serlo dentro del término que el Congreso ha fijado para el efecto y referidas únicamente a las materias para las cuales ha sido habilitado (2) . Así, este tribunal ha enfatizado en el carácter expreso y preciso de las facultades, lo que implica la imposibilidad de que existan facultades extraordinarias implícitas (3) .
(2) Ver entre otras, las sentencias C-255 de 1995, C-129 de 1995, C-397 de 1995, C-712 de 2001, C-286 de 2002, C-298 de 2002, C-398 de 2002.
(3) Ver entre otras sentencias C-417 de 1993, C-080 de 1994, C-050 de 1997 y C-702 de 1999.
8. Como ya se explicó, la Sentencia C-617 de 2002 estudió la constitucionalidad del artículo 111, numeral 2º de la Ley 715 de 2001, que es la norma habilitante en la presente oportunidad. La Corte precisó en esa oportunidad que esa disposición “i) concede facultades extraordinarias al Presidente de la República, iii) (sic) por el término de seis meses contados a partir de la vigencia de la ley, iii) para expedir un nuevo régimen de carrera docente y administrativa para los docentes, directivos docentes y administrativos, iv) que ingresen a partir de la promulgación de la ley, y v) ese régimen debe ser acorde con la nueva distribución de recursos y competencias y con los recursos”. Ese criterio fue reiterado por la Sentencia C-313 de 2003, que indicó que por medio de esa norma, el Congreso de la República concedió facultades extraordinarias al Presidente de la República para que, dentro de un término definido, expidiera el nuevo régimen de carrera docente y administrativa para los docentes, directivos docentes y administrativos que ingresaran a partir de la promulgación de la Ley 715 de 2001. Y la Corte agregó en esa sentencia, que para el efecto, en el segundo inciso de la norma, el legislador enunció algunos de los criterios que el gobierno debía tener en cuenta al momento de expedir dicho régimen, a saber: a) mejor salario de ingreso a la carrera docente; b) requisitos de ingreso; c) escala salarial única nacional y grados de escalafón; d) incentivos a mejoramiento profesional, desempeño en el aula, ubicación en zonas rurales apartadas, áreas de especialización; e) mecanismos de evaluación, capacitación, permanencia, ascensos y exclusión de la carrera; f) oportunidades de mejoramiento académico y profesional de los docentes, y g) asimilación voluntaria de los actuales docentes y directivos docentes contemplado en el Decreto-Ley 2277 de 1979. La Corte concluyó entonces que “el ejercicio de las facultades por parte del Presidente de la República debía limitarse a aquellas materias relacionadas con un nuevo régimen de carrera docente y administrativa, atendiendo, los mencionados criterios” (4) .
(4) Sentencia C-313 de 2003, Fundamento 3.5.1.
9. El ejercicio de las facultades por parte del Presidente de la República debe entonces limitarse a aquellas materias relacionadas con un nuevo régimen de carrera docente y administrativa, atendiendo los mencionados criterios. Pero la interpretación de los mismos debe ser estricta. Así, la Sentencia C-280 de 1996 reiteró el criterio acogido por esta corporación según el cual la concesión de facultades extraordinarias altera el reparto ordinario de competencias normativas entre el Congreso y el ejecutivo. Y, por ser una institución excepcional, la interpretación de su alcance debe ser estricta y restrictiva (5) . Por lo anterior las facultades extraordinarias sólo comprenden los asuntos expresamente indicados por la ley habilitante, sin que haya lugar a extensiones ni analogías.
(5) Ver, entre otras, las sentencias C-416 de 1992, C-514 de 1992 y C-498 de 1995.
10. Una vez precisado el marco hermenéutico, pasa la Corte a estudiar los cargos planteados por el actor. Según la demanda, esta corporación debe dilucidar si i) mediante un decreto extraordinario dictado en ejercicio de facultades extraordinarias es posible dictar normas disciplinarias, que en concepto del actor solamente deben figurar en el Código Disciplinario Único y, ii) si en el presente caso el Presidente de la República tenía o no facultades extraordinarias para dictar normas en materia disciplinaria como las contenidas en los artículos acusados. En este punto serán retomados los criterios expuestos en la Sentencia C-734 de 2003, que se refirió a aspectos similares relacionados con algunas disposiciones del cuerpo normativo bajo examen.
11. En aquella oportunidad la Corte consideró que era posible que mediante decretos extraordinarios se dicten normas en materia disciplinaria. Así, según lo anotado por esta Corte en la Sentencia C-724 de 2003, de lo dispuesto en los artículos 124 y 150, numeral 23 de la Constitución se desprende la existencia de una reserva de ley en materia disciplinaria que excluye la posibilidad de que mediante decretos dictados por el gobierno se establezcan prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades o faltas de los servidores públicos. Con todo, la Corte ha precisado que dichas normas pueden ser expedidas en virtud de facultades extraordinarias. Al respecto, la Corte señaló lo siguiente:
“Únicamente por vía legal, lo cual incluye a los decretos con fuerza de ley, se puede regular lo concerniente al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses a los particulares, como quiera que está de por medio el acceso a una función pública.
en materia disciplinaria existe una reserva legal, en el sentido de que únicamente, por medio de una ley, incluyendo los decretos con fuerza de ley, se puede erigir un comportamiento determinado en conducta reprochable disciplinariamente. De tal suerte que el régimen sancionatorio aplicable a los notarios no puede ser la excepción a la regla, por cuanto no existe ninguna razón constitucionalmente válida para ello” (6) .
(6) Sentencia C-1076 de 2002.
12. De otro lado, el CDU no es el único cuerpo legal que puede contener disposiciones disciplinarias. Lo anterior se desprende de las consideraciones hechas por la Corte en la Sentencia C-448 de 1998 que determinó que nada impide que normas con fuerza de ley diferentes del Código Disciplinario Único establezcan comportamientos reprochables disciplinariamente.
Es pues claro que las normas disciplinarias —relativas en particular al establecimiento de prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y faltas— no son del resorte exclusivo del CDU y que éstas pueden encontrarse establecidas en decretos con fuerza de ley. Así, ya que el actor se equivoca al afirmar que las normas en materia disciplinaria son del resorte exclusivo del CDU y, por el contrario, es claro que éstas pueden encontrarse establecidas en decretos con fuerza de ley, como el Decreto 1278 de 2002, queda por determinar, teniendo en cuenta el carácter extraordinario de dicho decreto, si el Presidente de la República estaba facultado en este caso para regular los asuntos a que se refieren los artículos acusados.
Encuentra la Corte que no existe habilitación expresa para expedir normas disciplinarias, pues los temas a que se refiere la norma habilitante no contemplan esta posibilidad pues se refieren a los siguientes aspectos: —a) mejor salario de ingreso a la carrera; b) requisitos de ingreso; c) escala salarial única nacional y grados de escalafón; d) incentivos a mejoramiento profesional, desempeño en el aula, ubicación en zonas rurales apartadas, áreas de especialización; e) mecanismos de evaluación, capacitación, permanencia, ascensos y exclusión de la carrera; f) oportunidades de mejoramiento académico y profesional de los docentes, y; g) asimilación voluntaria de los actuales docentes y directivos docentes contemplado en el Decreto-Ley 2277 de 1979—.
13. Del análisis hecho previamente respecto al alcance de las facultades extraordinarias conferidas, concluye la Corte que no se otorgaron facultades extraordinarias para dictar normas en materia disciplinaria. Así, el artículo 111 de la Ley 715 enunció algunos de los criterios que debía tener en cuenta el gobierno al momento de expedir el régimen de carrera docente, entre los cuales no está ninguna atribución para expedir normas disciplinarias.
14. Con todo, algunas normas podrían generar confusión pues el régimen de carrera y el régimen disciplinario presentan ciertos puntos de encuentro. La Corte se ha referido a las distinciones entre estos regímenes en la Sentencia C-088 de 2002, en la cual estableció que la carrera administrativa y el derecho disciplinario tienen vínculos importantes, pues buscan garantizar, entre otras cosas, un ejercicio diligente, eficiente, imparcial, pulcro e idóneo de las funciones públicas. Así, este tribunal ha señalado que el derecho disciplinario “busca garantizar la buena marcha y buen nombre de la administración pública, así como asegurar a los gobernados que la función pública sea ejercida en beneficio de la comunidad y para la protección de los derechos y libertades de los asociados (C.P., arts. 2º y 209)” (7) . Y, por su parte, la carrera administrativa cumple múltiples funciones y propósitos: busca que se vinculen y permanezcan en el Estado las mejores personas, a través de procesos de selección y evaluación, bajo el criterio de méritos y calidades, con el fin de aumentar la eficiencia y eficacia en el desarrollo de las funciones públicas. Igualmente la carrera protege la igualdad de todos los ciudadanos para acceder a los cargos públicos y ampara los derechos subjetivos de los empleados a la estabilidad (8) .
(7) Sentencia C-280 de 1996, Fundamento 3. En el mismo sentido, ver las sentencias T-438 de 1992, C-417 de 1993, C-251 de 1994, C-244 de 1996 y C-769 de 1998.
(8) Ver, entre otras, las sentencias C-317 de 1995, C-334 de 1996 y C-769 de 1998.
15. A pesar de esos vínculos, la carrera administrativa y el derecho disciplinario tienen diferencias de fondo, pues la primera está fundada en el mérito y se centra en asegurar ante todo la eficacia y continuidad de la actividad estatal, mientras que los procesos disciplinarios protegen preferentemente la moralidad de la administración, y por ello se centran en verificar el cumplimiento de los deberes propios del cargo por parte de los respectivos funcionarios. Así, el derecho disciplinario es una modalidad del derecho sancionatorio (9) , mientras que el régimen de carrera no tiene una vocación de sanción sino de selección de los mejores servidores, su evaluación y el control de su desempeño.
(9) Ver, entre otras, las sentencias T-438 de 1992, C-195 de 1993, y C-280 de 1996.
16. La anterior diferencia implica que si un funcionario es separado de su cargo, en forma temporal o permanente, por razones disciplinarias, es claro que la razón es alguna falta que ese servidor cometió. En cambio, el régimen de carrera prevé el retiro del empleado en muchos eventos que no tienen ninguna connotación sancionadora, sino que simplemente buscan mejorar la calidad y eficacia del servicio. De acuerdo con estos criterios entra la Corte a analizar cada uno de los artículos acusados.
Los artículos 41, 45 y 62 fueron expedidos excediendo las facultades extraordinarias
17. En cuanto al artículo 41 que establece los deberes, podría afirmarse que ellos son el desarrollo de los numerales 4º y 5º de la norma habilitante, referidos al desempeño en el aula y a los criterios de evaluación y permanencia en la carrera docente. Con todo, debe la Corte recordar que la interpretación de las facultades extraordinarias es restrictiva y por tanto no puede hacerse extensión alguna. En ese sentido, ya que el legislador extraordinario está estableciendo una carga sobre los funcionarios de la carrera docente, debía contar con expresas facultades para hacerlo. Observa este tribunal que aunque estas normas tienen relación con la organización de la carrera, a la vez se convierten en conductas que de ser incumplidas acarrearían sanciones a los funcionarios. La doble dimensión de los deberes como conductas necesarias para asegurar el buen funcionamiento de la carrera docente y, como posibles fuentes de sanción, implica que el gobierno no estaba habilitado para expedir esta norma, pues el potencial sancionatorio de estas normas es innegable, y el artículo 111 de la Ley 715 no dispuso tal facultad para el gobierno. Por tanto, ante el exceso en el uso de las facultades extraordinarias, la Corte declarará inexequible este artículo.
18. Podría objetarse que la anterior interpretación no es admisible, pues implica que cualquier modificación de la ley en virtud de facultades extraordinarias, supone que el gobierno también debe estar facultado para reformar el régimen disciplinario de los servidores públicos, pues uno de los deberes primarios de éstos es respetar la Constitución y la ley (C.P., art. 6º), por lo que el incumplimiento de cualquier norma legal puede tener consecuencias disciplinarias. Conforme a este reparo, cualquier modificación de cualquier ley tendría implicaciones disciplinarias, por lo que siempre que se faculte al gobierno para expedir una norma legal, tendría que facultárselo también para reformar parcialmente el régimen disciplinario de los servidores públicos, lo cual parece irrazonable.
Esta objeción permite a la Corte precisar el alcance de la argumentación adelantada en el punto precedente. Es cierto que el incumplimiento de cualquier disposición legal puede llegar a tener consecuencias disciplinarias, debido a la obligación genérica que recae sobre todo servidor público de acatar la Constitución y la ley. Sin embargo, eso no elimina la especificidad del régimen disciplinario de un servidor público, que está referido a la estructura de la falta disciplinaria, y al régimen concreto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades que recaen sobre dicho servidor. Así, esta Corte ha definido el alcance del régimen disciplinario en los siguientes términos:
“El régimen disciplinario, por su parte, está integrado por una serie de disposiciones legales en las que se consagran no solo la descripción de los deberes y prohibiciones a que están sujetos los empleados y funcionarios de determinada entidad o rama del poder público, sino también las faltas en que pueden incurrir, las sanciones aplicables, el procedimiento para su imposición, los funcionarios competentes para conocer de ellas, las causales de impedimento y recusación, términos de prescripción y caducidad, etc.” (10) .
(10) Sentencia C-546 de 1993, Consideración de la Corte, cuaderno 2.
Por consiguiente, una norma habilitante debe conferir facultades concretas para modificar el régimen disciplinario, si el Congreso desea atribuir al gobierno facultades extraordinarias para reformar la estructura de la falta disciplinaria o el régimen de los deberes y prohibiciones de un servidor público; pero eso no significa que la concesión de facultades para un cambio de una ley, que no tenga relación directa con el régimen disciplinario, exija igualmente que la norma habilitante prevea que el gobierno también puede reformar el régimen disciplinario. Ahora bien, en el presente caso, el artículo 111, numeral 2º de la Ley 715 de 2001 no atribuyó competencia al gobierno para modificar el régimen disciplinario de los educadores, y sin embargo el Ejecutivo expidió el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, que realmente tiene implicaciones disciplinarias específicas, pues modifica el régimen de deberes de los docentes y directivos docentes, lo cual implica una alteración del contenido particular de las posibles faltas disciplinarias de estos servidores públicos.
19. Las anteriores consideraciones son suficientes para concluir que el artículo 45, referido a las incompatibilidades, fue también expedido excediendo las facultades que le fueron otorgadas al gobierno. En efecto, una incompatibilidad implica una prohibición para un servidor público de realizar otros oficios u actividades, mientras se desempeña como servidor público. La violación del régimen de incompatibilidades tiene obvias consecuencias disciplinarias, por lo que el gobierno no podía reformar dicho régimen, puesto que el Congreso no lo habilitó expresamente para tal efecto. Por tanto, es evidente que el ejecutivo desbordó las facultades conferidas y por tanto el artículo 45 deberá ser declarado inexequible.
20. En cuanto al artículo 62, suspensión en el cargo, la Corte encuentra que no existe habilitación expresa para que el presidente, en ejercicio de las facultades extraordinarias, pudiese expedir esta norma. Una disposición como esta obviamente tiene naturaleza disciplinaria. Así, como lo anota el procurador, esta institución se encuentra regulada en el CDU. Incluso la regulación del código es más favorable que la hecha en este decreto. Es evidente entonces que esta norma modifica la institución de la suspensión en el caso del personal de la carrera docente, y tal posibilidad no estaba incluida en las facultades dadas por el artículo 111 de la Ley 715. Así, en virtud de la interpretación restrictiva de la norma habilitante, por tratarse de una excepción al reparto general de competencias (150-10), este tribunal no puede llegar a una conclusión distinta a la de la inconstitucionalidad de la norma, por haber sido expedida excediendo las precisas facultades otorgadas por el Congreso. La norma será pues declarada inexequible ya que se trata de una disposición de naturaleza disciplinaria que incluso reproduce con variaciones y agravantes una norma del CDU.
Exequibilidad del artículo 37
21. En cuanto al artículo 37, que establece los derechos de los docentes y los directivos docentes, encuentra esta Corte que no fueron excedidas las facultades otorgadas por el artículo 111 de la Ley 715, pues esta norma responde a la necesidad de generar incentivos para estos empleados, de conformidad con lo determinado en el numeral 4º del artículo 111 citado. Así, se trata de una norma que es propia de la regulación de la carrera docente, pues ésta no sólo busca que se vinculen y permanezcan en el Estado los mejores ciudadanos, sino que también ampara los derechos subjetivos de los empleados a la estabilidad (11) considerando siempre las calidades de los trabajadores.
(11) Ver, entre otras, las sentencias C-317 de 1995, C-334 de 1996 y C-769 de 1998.
Según un criterio material, el artículo 37 no es una norma disciplinaria porque no constituye una sanción y su incumplimiento no afecta los principios de la función pública. Es una disposición instituida en favor de los funcionarios de la carrera docente. Desde un criterio formal, esta norma tampoco puede ser calificada como de naturaleza disciplinaria pues su contenido y consecuencias no se asemejan a los de las normas ya contenidas en cuerpos legales de naturaleza disciplinaria. Por estas razones, encuentra la Corte que el artículo 37 debe ser declarado exequible, pero exequible únicamente por los cargos estudiados en esta oportunidad.
1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-734 de 2003 que declaró inexequibles los artículos 42, 43 y 44 del Decreto 1278 de 2002 y exequible el artículo 64 del mismo cuerpo normativo sólo por los cargos estudiados en aquella ocasión.
2. Declarar INEXEQUIBLES los artículos 41, 45 y 62 del Decreto 1278 de 2002.
3. Declarar EXEQUIBLE, únicamente por los cargos estudiados en esta oportunidad, el artículo 37 del Decreto 1278 de 2002.
Aclaro mi voto en relación con la Sentencia C-1157 de 4 de diciembre de 2003 por cuanto en las sentencias C-617 y C-618 de 2002 manifesté que, a mi juicio la Ley 715 de 2002 es inexequible en su integridad, razón por la cual salvé entonces el voto.

References: ARTÍCULO 37
 artículo 241
 artículo 111
 artículo 64
 artículo 64
 artículo 125
 artículo 111
 artículo 125
 artículo 64
 artículo 111
 artículo 150
 artículo 62
 artículo 111
 artículo 111
 artículo 111
 artículo 111
 artículo 111
 artículo 41
 artículo 111
 artículo 111
 artículo 41
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 62
 artículo 111
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 111
 artículo 111
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 64
 artículo 37