Source: https://www.registradoresdemadrid.org/resoluciones/PROCEDIMIENTO-DE-EJECUCION-HIPOTECARIA-DIRECTA-boe13032019-rDGRN20022019
Timestamp: 2019-05-20 15:35:46+00:00

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RESOLUCIONES - PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA DIRECTA.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA DIRECTA.
Resolución de 20 de febrero de 2019 , de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad accidental de Miranda de Ebro a inscribir un testimonio de un decreto de adjudicación y del correspondiente mandamiento de cancelación en un procedimiento de ejecución directa.
En el recurso interpuesto por doña M. L. R. N., en nombre y representación de "Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Castelldans, S.C.C.", contra la negativa del registrador de la Propiedad accidental de Miranda de Ebro, don Joaquín Villatoro Muñoz, a inscribir un testimonio de un decreto de adjudicación y del correspondiente mandamiento de cancelación dictado en un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados.
I En el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Miranda de Ebro se tramitó el procedimiento de ejecución hipotecaria número 38/2015 a instancias de "Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Castelldans, S.C.C.". En el referido procedimiento, se dictó decreto de adjudicación el día 19 de diciembre de 2016, aclarado por otro posterior de fecha 17 de enero de 2018, en cuya virtud, y una vez declarada desierta la subasta, se adjudicaron las fincas ejecutadas al actor por la cantidad que se le debe por todos los conceptos. Dicha cantidad representaba, respecto de cada una de las tres fincas, el 41,79% de su respectivo valor de tasación.
II Presentado testimonio del citado decreto, junto con el del decreto aclaratorio y el correspondiente mandamiento de cancelación, en el Registro de la Propiedad de Miranda de Ebro, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
Autorizante: Juzgado 1.ª Instancia n.º 1 de Miranda de Ebro.
Fecha: 31/01/2018.
Protocolo/procedimiento: 38/2015.
Presentante: Gestoría Temiño.
N.º Entrada: 1185.
Fecha: 14/06/2018.
Asiento: 1659.
Diario: 86.
Previa calificación, conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria, del documento arriba relacionado, y a la vista de los siguientes:
En el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Miranda de Ebro, se tramitó procedimiento de ejecución de títulos judiciales número 38/2005 [sic], en el que se dictó decreto de adjudicación de fecha 19 de diciembre de 2016. Las fincas objeto de adjudicación hablan sido tasadas a efectos de ejecución en la cantidad de 271.745,19 euros la finca registral número 29187, en 54.875 euros la finca registral número 10.012 y en 47.875 euros la finca registral número 774. Celebrada la correspondiente subasta, ésta quedó desierta, solicitando el ejecutante la adjudicación de la finca -que no constituye vivienda habitual- por la cantidad que se le debía por todos los conceptos, que asciende a las cantidades de 113.577,72 euros la finca regitral [sic] número 29187, en 22.935 euros la finca registral número 10.012 y en 20.009,68 euros la finca 774.
No tratándose de la vivienda habitual y no habiendo concurrido licitador alguno, hay que hacer una interpretación conjunta con el art. 651 LEC en el sentido de que aunque el ejecutante solicite la adjudicación por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, dicha adjudicación nunca podrá realizarse por una cifra inferior al 50% del valor de tasación de la finca.
He resuelto suspender la inscripción conforme a lo dispuesto en la resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de fecha 20 de Septiembre de 2017, y conforme a los artículos 1,18 de la Ley Hipotecaria, 100 del Reglamento Hipotecario y 651, 670 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Joaquín Villatoro Muñoz registrador/a de Registro Propiedad de Laguardia [sic] a día diez de Octubre del año dos mil dieciocho."
III Contra la anterior nota de calificación, doña M. L. R. N., en nombre y representación de "Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Castelldans, S.C.C.", interpuso recurso el día 21 de noviembre de 2018 atendiendo a los siguientes fundamentos jurídicos:
"Primero.-En primer lugar, es necesario remarcar que la nota adolece en sendos errores en su referencia realizada al procedimiento de ejecución que motiva la inscripción registral, puesto que, como bien se deduce de los documentos aportados al propio Registro, se trata de una ejecución hipotecaria (no de una ejecución de títulos no judiciales, como erróneamente manifiesta el Registrador), con número de Autos 38/2015 (y no 38/2005).
Segundo.-Mencionado lo anterior, el Registrador basa la suspensión de la inscripción en una "interpretación conjunta con el art. 651 LEC en el sentido de que aunque el ejecutante solicite la adjudicación por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, dicha adjudicación nunca podrá realizarse por una cifra inferior al 50% del valor de tasación de la finca", artículo que, dicho sea con todos los respetos, entendemos que no es aplicable al supuesto en cuestión, en cuanto se encuentra dentro de la Sección quinta del Título IV, "De la subasta de bienes muebles".
Para el caso en que nos encontramos, se debe aplicar, tal y como perfectamente recoge el Decreto adjudicando los bienes inmuebles -locales comerciales que, evidentemente, no constituyen vivienda habitual-, el artículo 671 LEC, que indica textualmente: "Si no se tratare de la vivienda habitual del deudor, el acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos"".
IV Don Joaquín Villatoro Muñoz, registrador de la Propiedad accidental de Miranda de Ebro, emitió informe, en el que mantuvo íntegramente su calificación, y formó el oportuno expediente que elevó a esta Dirección General.
Vistos los artículos 24, 117 y 118 de la Constitución Española; 1, 18, 129, 130 y 132 de la Ley Hipotecaria; 100 del Reglamento Hipotecario; 651, 670 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; las Sentencias del Tribunal Constitucional números 41/1981, de 18 de diciembre, 217/1993, de 30 de junio, y 113/2011, de 19 de julio; la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de abril de 2014; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1987, 15 de marzo de 1991, 29 de febrero de 1996, 13 de enero de 2015 y 21 de noviembre de 2017, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de enero de 2004, 23 de julio de 2011, 11 y 29 de octubre de 2013, 13 de febrero de 2014, 12 de mayo y 21 de octubre de 2016, 20 de septiembre de 2017 y 16 de febrero, 20 de abril, 6 de septiembre, 26 de octubre y 15 de noviembre de 2018.
1. El objeto de este expediente es un decreto de adjudicación dictado en un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados en el que las tres fincas objeto de adjudicación habían sido tasadas a efectos de subasta en la escritura de hipoteca en las siguientes cantidades: la finca registral 29.187 en 271.745,19 euros; la 10.012 en 54.875 euros; y la 774 en 47.875 euros. Celebrada la correspondiente subasta, esta quedoí desierta, solicitando el ejecutante la adjudicación de las fincas (que no cons tituyen vivienda habitual) por la cantidad que se le debía por todos los conceptos, que asciende, respectivamente para cada una de las tres fincas a: 113.577,72, 22.935 y 20.009,68 euros. Dichas cantidades representan el 41,79% del valor de tasación de cada una de las fincas.
El registrador se opone a la inscripción al entender que la interpretación del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha de hacerse de forma conjunta con otros preceptos del mismo cuerpo legal conforme a la doctrina de este Centro Directivo. Ello significa que, no tratándose de una vivienda habitual, aunque el ejecutante solicite la adjudicación por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, dicha adjudicación nunca podrá realizarse por una cifra inferior al 50% del valor de tasación de la finca.
La recurrente considera que la adjudicación se ha ajustado estrictamente a lo establecido en el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. El caso objeto de este expediente es semejante al que se analizó en la Resolución de 20 de septiembre de 2017, y conforme a lo que en ella se sostuvo, y que ha sido reiterado en otros fallos posteriores (Resoluciones de 16 de febrero, 20 de abril, 6 de septiembre, 26 de octubre y 15 de noviembre de 2018), habrá de resolverse el recurso.
Respecto a la competencia del registrador para calificar la suficiencia del precio de adjudicación de la finca en un procedimiento de ejecución hipotecaria, es doctrina de este Centro Directivo que los registradores tienen el deber de colaborar con jueces y tribunales en su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y de cumplir sus resoluciones firmes (cfr. artículo 118 de la Constitución Española), pero no por ello ha de quedar excluida la calificación registral de aquéllas que pretendan su acceso al Registro; las exigencias constitucionales derivadas del principio de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y de exclusión de la indefensión (cfr. artículo 24 de la Con stitución Española), que tiene su especifica aplicación en el ámbito registral en el criterio de salvaguardia judicial de los asientos registrales (cfr. artículo 1 de la Ley Hipotecaria), determinaraí la supeditación de la inscripción de las resoluciones j udiciales firmes, a la previa comprobación de los extremos aludidos en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario.
Dicho procedimiento sólo será reconocible si se respetan una serie de garantías básicas que impiden la indefensión del demandado que va a terminar perdiendo la propiedad del bien objeto de ejecución. Entre esas garantías fundamentales estaí la de que la adjudicación, en caso de que la subasta quede desierta, se haga al ejecutante por una cantidad que respete unos porcentajes mínimos del valor de tasación de la fi nca hipotecada. Si dichos límites no se respetan, no puede sostenerse que se ha seguido un procedimiento adecuado para provocar el sacrificio patrimonial del ejecutado, y el registrador debe, incluso con más rigor que en el procedimiento ejecutivo ordinario, rechazar el acceso al Registro de la adjudicación.
3. El artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su primer inciso, aplicable al procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, dispone: "Si en la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor, en el plazo de los veinte días siguientes al del cierre de la subasta, pedir la adjudicación del bien. Si no se tratare de la vivienda habitual del deudor, el acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. Si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70 por cien del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por el 60 por cien".
Con base en los principios generales de interpretación de normas jurídicas recogido en el artículo 3 del Código Civil, según el cual "las normas se interpretaran según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas", la interpretación del artículo 671 no puede ser la puramente literal, ya que puede producir un resultado distorsionado.
El legislador no ha tenido la precisión y el acierto de prever en el caso de los bienes inmuebles (artículo 671) una norma simil ar a la que sií se establece para los muebles (artículo 651 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: "Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por el 30 por 100 del valor de tasación, o por la ca ntidad que se le deba por todos los conceptos. En ningún caso, ni aun cuando actúe como postor rematante, podrá el acreedor ejecutante adjudicarse los bienes, ni ceder el remate o adjudicación a tercero, por cantidad inferior al 30 por 100 del valor de tasación"). Ello no implica que deba hacerse una interpretación puramente literal del artículo 671. Más bien al contrario, el contenido del artículo 651 permite entender cuál es el verdadero espíritu y finalidad de las normas que regulan la adjudicación de una finca en el procedimiento de apremio cuando la subasta ha quedado desierta.
El último párrafo del citado artículo 670.4 prevé la posibilidad de aprobar el remate por una cantidad inferior, al disponer: "Cuando el ejecutante no haga uso de esta facultad, se aprobaraí el remate en favor del mejor postor, siempre que la cantidad que haya ofrecido supere el 50 por ciento del valor de tasación o, siendo inferior, cubra, al menos, la cantidad por la que se haya despachado la ejecuc ión, incluyendo la previsión para intereses y costas. Si la mejor postura no cumpliera estos requisitos, el Secretario judicial responsable de la ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio que de ella obtenga el acreedor. En este último caso, contra el decreto que apruebe el remate cabe recurso directo de revisión ante el Tribunal que dictoí la orden general de ejecución. Cua ndo el Secretario judicial deniegue la aprobación del remate, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente".
Esta norma especial, prevista por el legislador para circunstancias extraordinarias y con una serie de garantías específicas, conforme a la doctrina reiterada de este Centro Directivo (cfr. Resoluciones citadas en los "Vistos"), debe integrarse igualmente para el supuesto del artículo 671, por lo que en esta hipótesis será preciso que se deí cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 670.4 (cfr. artículo 4.1 del Código Civil).
4. Es cierto, como afirma el recurrente, que no puede apreciarse enriquecimiento injusto cuando se aplican normas jurídicas. Así lo confirma la Sentencia número 261 de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 13 de enero de 2015: "El enriquecimiento injusto no puede radicar única y exclusivamente en que el importe en que el bien fue tasado es muy superior al valor de la adjud icación, en concreto, un 50%, porque esto sií que es algo previsto y aceptado expresamente por la Ley. A este respecto, sií que sería de aplicación la citada jurisprudencia, como una exigencia de otro principio general del derecho, el de seguridad jurídica , que siempre ha de ponderarse junto con el de interdicción del enriquecimiento injusto".
5. Conviene recordar cómo este Centro Directivo (Resoluciones de 12 de mayo y 21 de octubre de 2016) ya ha tenido ocasión de atemperar la literalidad del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, considerando que se estima que la interpretación ponderada y razonable de este artículo, para evitar un resultado literal contrario al espíritu y finalidad de la ley, habrá de ser la de que "si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70 por cien del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por la cantidad que se le deba al ejecutante por todos los conceptos, con el límite mínimo del 60 por cien del valor de subasta".
Madrid, 20 de febrero de 2019.-El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de enero de 2004, 23 de julio de 2011, 11 y 29 de octubre de 2013, 13 de febrero de 2014, 12 de mayo y 21 de octubre de 2016, 20 de septiembre de 2017 y 16 de febrero, 20 de abril, 6 de septiembre, 26 de octubre y 15 de noviembre de 2018.
BOE número 62, miércoles 13 de marzo de 2019.

References: Resolución 
 artículo 18
 resolución 
 artículo 671
 artículo 671
 artículo 671
 Resolución 
 artículo 118
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 100
 artículo 671
 artículo 3
 artículo 671
 artículo 671
 artículo 651
 artículo 670
 artículo 671
 artículo 670
 artículo 4
 artículo 671