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Excursionistas plenario sobre continuacion intereses a los créditos laborales en concurso preventivo | Quiebras-Concursos.com.ar
quiebras — Lun, 08/30/2010 - 16:22
Fallo en pleno: Club Atlético Excursionistas s. concurso s. Incidente de revisión promovido por Vitale Oscar Sergio
CNCom, en Pleno, 28/06/2006
En Buenos Aires, el 28 de junio de dos mil seis, se reúnen los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial para pronunciarse en la causa \"Club Atlético Excursionistas s/incidente de revisión promovido por Vitale Oscar Sergio\" (Expediente N° 56.669/04), donde fue concedido un recurso de inaplicabilidad de la ley, con el objeto de resolver la siguiente cuestión:
\"¿Subsiste respecto de los casos regidos por la ley 24.522 la vigencia de la doctrina plenaria fijada por esta Cámara in re \'Seidman y Bonder S.C.A.\' en virtud de la cual la suspensión de los intereses desde la presentación en concurso preventivo no rige respecto de las acreencias de origen laboral?\".
1. Motiva la presente convocatoria la discordancia existente entre algunas Salas del Tribunal respecto de la vigencia de la doctrina plenaria sentada con fecha 2 de noviembre de 1989 en autos \"Seidman y Bonder S.C.A. s/concurso preventivo s/incidente de verificación de créditos por Piserchia Raúl O\" (ED, 136-143) para los casos regidos por la ley 24.522.
En lo que aquí interesa referir, dicha doctrina plenaria estableció que \"la suspensión de intereses impuesta por el art. 20 de la ley 19.551, no comprende las acreencias de naturaleza laboral y no libera al deudor del pago del interés devengado en período posterior a la presentación en concurso preventivo\".
Para así resolver, este Tribunal se sustentó en los fundamentos vertidos con fecha 28 de octubre de 1981 en el plenario \"Pérez Lozano, Roberto c/Compañía Argentina de Televisión S.A. s/concurso preventivo s/incidente de verificación de crédito\" (ED, 96-452). Allí se ponderó principalmente lo preceptuado por el art. 11 inc. 8 de la ley 19.551, la tutela que el derecho otorga a los créditos de naturaleza laboral que merecen tratamiento similar a los alimentarios por estar destinado a la subsistencia del trabajador y la inexistencia de un trámite encaminado a que los acreedores laborales participen en la celebración del concordato, argumentos que llevaron al Tribunal a concluir en aquella oportunidad que la actualización monetaria de esta clase de créditos procedía hasta la extinción del capital que los originara.
2. Sentado lo expuesto, corresponde señalar que la vigencia para los casos regidos por la ley 24.522 de la doctrina legal establecida en \"Seidman y Bonder\" resultará lógicamente de la vigencia de los fundamentos que abonaron aquella resolución a la luz de la nueva legislación concursal. Se trata entonces de dilucidar si aquellos argumentos continúan siendo hoy una premisa válida para sostener la conclusión contenida en la doctrina plenaria cuya vigencia se examina en el presente.
Por lo tanto, la cuestión que nos convoca en primer término nos impone la tarea de confrontar los sistemas concursales instaurados por las leyes 19.551 y 24.522 a fin de señalar como datos objetivos del análisis las diferencias y las semejanzas entre ambos plexos normativos en el ámbito circunscripto por la cuestión que nos atañe y particularmente por los fundamentos que llevaron al Tribunal a la resolución adoptada en \"Seidman y Bonder\".
Una vez efectuada esta necesaria confrontación previa y obtenidos los señalados datos objetivos, debemos valorar la importancia de los mismos en orden a la composición y la fuerza de los argumentos que sustentaron la decisión adoptada en \"Seidman y Bonder\" y, fundamentalmente, evaluar si tales modificaciones tienen la entidad suficiente para que dicha doctrina plenaria haya perdido vigencia.
La ley 19.551 fue sensible a estas inquietudes y, siguiendo lo aconsejado por el derecho comparado, contempló especialmente las obligaciones laborales para morigerar los efectos que pudiera ocasionarle la crisis de la empresa (Cámara, Héctor; \"El concurso preventivo y la quiebra\", Vol. I, pág. 109, Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1982).
Así, en el mensaje de elevación de la ley 19.551 se sostuvo que \"los objetivos oportunamente perseguidos, relativos a la seguridad de la actividad empresaria y la agilización de los procesos falenciales, se han de lograr con el texto propuesto, destacándose que del mismo no han permanecido ajenas las preocupaciones del impacto social de estos fenómenos, los que se han considerado en armonía con los demás intereses y dotando al trabajador de las mayores posibilidades de cobro preferente de sus créditos, tanto en el concurso preventivo como en la quiebra\" (Anuario de Legislación de Jurisprudencia Argentina, 1972-A, pág. 296). En el mismo sentido la Exposición de Motivos destacó al comentar el art. 121 la expresa intención del ordenamiento propuesto de afianzar la orientación tuitiva de los créditos laborales (ídem, pág. 327).
Por su parte, la ley 24.522 mantuvo como piedra angular en la estructura del nuevo ordenamiento las instituciones y esquemas contenidos en la ley 19.551 que se habían considerado útiles y de eficiencia probada, agregando a continuación que la reforma propiciada perseguía diversos objetivos claramente identificables entre los cuales se encontraba el tratamiento particular de las relaciones laborales (\"Antecedentes parlamentarios\", Ley 24.522 -Concursos y Quiebras-, Mensaje de Elevación del Poder Ejecutivo y Exposición del Miembro Informante del Dictamen de la Mayoría -considerando 10-, págs. 125 y 195, La Ley, N° 7, Buenos Aires, 1995).
4.2 Como ya señaláramos precedentemente, la ley 24.522 eliminó el inciso 8 del art. 11 de la ley 19.551, norma que fue introducida en el ordenamiento concursal por la ley 20.595. Durante el debate en la Cámara de Diputados, el miembro informante de la Comisión de Legislación General y de Legislación de Trabajo, en sesión del 1 de septiembre de 1973, explicó que la introducción del mentado inciso en el texto del art. 11 de la ley concursal era una medida de protección al obrero que en manera alguna pretendía dificultar los pedidos de concurso preventivo (Quintana Ferreyra, \"Concursos\", Tomo 1, pág. 179, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988). De tal forma, queda claramente determinado que la mentada disposición era una mera aplicación de un principio superior tutelar de los créditos laborales en el ámbito del concurso preventivo.
Sin embargo, la práctica demostró la inoperancia de tal disposición en el cumplimiento de los fines que se había propuesto en tanto las dificultades para dar cumplimiento a sus exigencias impedían al deudor usar esta solución preventiva de la quiebra con perjuicio incluso de los presuntos beneficiarios del crédito que se pretendía tutelar. La doctrina fue unánime en criticar la norma y la jurisprudencia fue benévola a la hora de considerar tales requisitos para la apertura del concurso preventivo, circunstancias que fueron destacadas en el Mensaje de elevación de la ley 24.522 para explicar la eliminación lisa y llana de la citada disposición del nuevo ordenamiento concursal (\"Antecedentes parlamentarios\", Ley 24.522 -Concursos y Quiebras-, Mensaje de Elevación del Poder Ejecutivo, pág. 127, La Ley, N° 7, Buenos Aires, 1995).
Corresponde resaltar una vez más que las razones de la derogación de la norma fueron de orden práctico. Respecto de su validez la Corte Suprema sostuvo en el caso \"Barberella\" (Fallos 300:1087) que la mentada disposición no era lesiva al principio de igualdad (art. 16 de la Constitución Nacional) ni del principio concursal de la par conditio creditorum, el cual no implica necesariamente una mera proporción matemática calcada sobre las relaciones conmutativas previas al estado concursal, sino un criterio orientador del reparto basado en una justa distribución de los bienes (Carcavallo, Hugo R.; \"Apuntes sobre los créditos laborales y la ley 24.522 de concursos y quiebras\", ED 166-947).
4.3 Queda por considerar la trascendencia de las modificaciones operadas en el ordenamiento concursal en la argumentación que sustentó la doctrina legal sentada en el plenario \"Seidman y Bonder\".
Al respecto cabe resaltar que el fundamento principal del plenario \"Pérez Lozano\" -al cual se remite \"Seidman y Bonder\"- fue el mentado principio tutelar de los créditos laborales. Tal afirmación se encuentra plenamente avalada en tanto la argumentación del voto mayoritario comienza por determinar el emplazamiento que debe darse al crédito laboral en el ámbito de la par conditio creditorum, alegando que tal principio no es óbice para que la ley atienda con distinto alcance a diversas categorías de acreedores, como es propio de una disciplina destinada a actuar la justicia distributiva. Asimismo, el Dr. Viale en su voto agrega que las normas que en la ley 19.551 excluyen en forma expresa a los créditos laborales en el concurso preventivo del trato igualitario al cual deben someterse los demás acreedores evidencian \"la intención de legislador de desligar el derecho del asalariado de las contingencias propias de juicios de tal naturaleza\".
Es cierto que la argumentación continúa analizando las disposiciones del inc. 8 del artículo 11 de la ley 19.551y la inexistencia de un trámite encaminado a que los trabajadores participen en la celebración del concordato, pero es también evidente que la respuesta obtenida de dichos fundamentos se encontraba avalada en tanto fue considerada adecuada \"a la especial tutela que el derecho otorga a estos créditos -a partir de las reglas constitucionales establecidas en su amparo- y que, aún no siendo jurídicamente alimentarios, merecen tratamiento similar en tanto destinados a la subsistencia del trabajador (considerando 5° del voto mayoritario).
El plenario \"Seidman y Bonder\" hizo suyo el argumento de la tutela de los derechos del trabajador esbozado en \"Pérez Lozano\", argumento de trascendental importancia para arribar a la solución acordada en aquella convocatoria y que como ya fuera señalado subsiste plenamente a la luz de la nueva legislación concursal.
Ni el inciso 8 del art. 11 de la ley 19.551 ni la imposibilidad de los trabajadores de participar en el concordato fueron excluyentes para el dictado de la doctrina legal sentada en \"Seidman y Bonder\" sino que primaron otros principios y fundamentos que aún subsisten -y de los cuales tales disposiciones eran meras aplicaciones- luego de la eliminación de las mencionadas normas y continúan apoyando la vigencia de la doctrina plenaria en cuestión.
5. Por lo expuesto, en tanto el plenario \"Seidman y Bonder\" se sustentó principalmente en la tutela de los derechos de los trabajadores y el art. 20 de la nueva ley de Concursos es una reproducción del art. 19 de la ley 19.551, resulta claro que las bases hermenéuticas que motivaron la solución alcanzada en dicho plenario continúan intactas razón por la cual dicha doctrina plenaria continúa vigente.
1. La cuestión controvertida que nos convoca en este acuerdo finca en definir, mediante fallo plenario, si para los casos regidos por la ley 24.522, rige la doctrina legal fijada en la decisión también plenaria de esta Cámara dictada en los autos \"Seidman y Bonder S. C. A.\"
A modo de necesario preámbulo, cabe recordar que en la sentencia plenaria, cuya vigencia está siendo debatida, este Tribunal concluyó que \"la suspensión de intereses, impuesta por el artículo 20 de la ley 19.551, no comprende las acreencias de naturaleza laboral y no libera al deudor del pago del interés devengado en período posterior a la presentación en concurso preventivo\" (Cámara Comercial en pleno, 2.11.1989; LL 1980:A, 8; ED 136:452).
Aquella decisión tuvo como antecedente inmediato, desde lo conceptual, la doctrina también plenaria de este Tribunal dictada en las actuaciones \"Pérez Lozano Roberto c/ Compañía Argentina de Televisión\", del 28 de octubre de 1981 (LL 1981:D, 425; ED 96:452).
Allí fue fijada, como doctrina obligatoria, que \"en situación de concurso preventivo del obligado, la corrección para compensar la incidencia de la depreciación monetaria prevista por el artículo 301 de la ley 20.744, procede hasta el pago del capital que la origina\".
En el primer caso mencionado, bien que más cercano en lo temporal (\"Seidman y Bonder S. C. A.\"), la Cámara estableció dos conclusiones: a) que la suspensión de intereses dispuesta por el artículo 20 de la entonces vigente ley 19.551, no alcanzaba a los créditos laborales; y b) que tampoco liberaba al deudor de su pago por el período posterior a la presentación en concurso preventivo.
Ello a pesar que la cuestión propuesta al Tribunal parecía sólo orientada al segundo aspecto indicado (\"La suspensión de intereses impuesta por el art. 20 de la ley 19.551, respecto de una acreencia laboral, ¿importa liberar de su pago al deudor, por período posterior a la presentación en concurso preventivo?\").
En el restante (\"Pérez Lozano\"), el Tribunal se limitó a fijar una sola conclusión: que no existía impedimento legal para que los créditos laborales verificados en un concurso preventivo sean corregidos para compensar la incidencia que sobre ellos pudiera tener la depreciación monetaria, y que tal ajuste podía ser calculado hasta el efectivo pago del capital.
La pregunta a contestar en este pronunciamiento reza: \"¿Subsiste respecto de los casos regidos por la ley 24.522 la vigencia de la doctrina plenaria fijada por esta Cámara in re \'Seidman y Bonder S. C. A\' en virtud de la cual la suspensión de los intereses desde la presentación en concurso preventivo no rige respecto de las acreencias de origen laboral?\".
La cuestión en estudio, luego de interrogar al Tribunal sobre la subsistencia de la doctrina emanada del fallo plenario \"Seidman y Bonder S. C. A.\", limita luego la pregunta al aspecto referido a la suspensión de los intereses.
Al dictar el fallo plenario \"Seidman y Bonder S. C. A.\", este Tribunal se apoyó en los fundamentos vertidos en el pronunciamiento también plenario recaído en \"Pérez Lozano\".
Sustancialmente, el plenario \"Seidman y Bonder S. C. A.\", apoyándose en las consideraciones desarrolladas en el fallo Pérez Lozano, excluyó a los créditos laborales de los efectos ordinarios del concurso preventivo al calificar a estos como \"extraconcursales\".
Así, como claramente fuera expuesto en el voto de los señores jueces Alberti, Quinterno, Boggiano, Guerrero, Bosch y Anaya, desarrollado en el fallo Pérez Lozano \"...parece incontrovertible que el incumplimiento de esta regla no podría mejorar la situación del deudor, permitiéndole pagar en moneda \'desactualizada\' lo que omitió al tiempo de la presentación; nadie debe extraer provecho de su reticencia, y menos aún de su dolo (nota del artículo 3136, Código Civil)...\".
Derívase de ello que la calificación de crédito \"extraconcursal\", que dio sustento principal a la doctrina de ambos plenarios, la ha perdido a partir de la vigencia de la ley 24.522.
Las ventajas que el régimen falimentario les concede en orden al privilegio o a la prioridad de cobro (\"pronto pago\"), en nada inciden en punto a la cuestión puesta a consideración del Tribunal: la suspensión del curso de los intereses a partir de la presentación en concurso preventivo.
También ha perdido actualidad otro de los fundamentos esgrimidos en el fallo \"Pérez Lozano\" para que este Tribunal concluyera del modo que lo hizo.
A la luz de estas modificaciones al texto positivo, podemos concluir como ya fue adelantado, que los fundamentos esenciales que sustentaron el voto mayoritario en el plenario Pérez Lozano, al que remitió el aquí examinado (\"Seidman y Bonder S. C. A.\"), han perdido apoyo normativo.
Como es referido con gran erudición y profundidad por los señores jueces Morandi, Williams y Martiré en el voto en minoría del plenario Pérez Lozano, el principio de \"universalidad\" del juicio concursal hace a la esencia de esta herramienta legal.
Este principio de \"universalidad\" se refleja en una estructura legal que se construye a partir de diversas medidas de excepción previstas en la ley específica: la suspensión de las acciones individuales, la obligación de todos los acreedores de acreditar su condición ante el Juez del concurso, la prohibición de realizar pagos, la de enajenar bienes registrables sin autorización judicial, el comprometer el patrimonio concursal mediante actos que excedan su administración ordinaria, entre otras.
Todas estas disposiciones constituyen normas de excepción en tanto modifican la regulación \"ordinaria\" que el derecho común estipula para las relaciones patrimoniales.
A su vez, la universalidad justifica e impone otro principio netamente concursal cual es la \"pars conditio creditorum\", esto es la atención unificada e igualitaria de los créditos de igual rango o naturaleza.
Ello ha justificado, como lo indican los señores jueces en su voto citando a Provinciale, que se califique al concursal como un \"derecho especial\" en tanto, como ha sido dicho, requiere de normas y procedimientos particulares que escapan a la regulación del derecho común.
\"El concurso se presenta así como un instituto autónomo, cuyo particularismo, debido al carácter colectivo del procedimiento, a sus finalidades e instrumentos singulares, conduce necesariamente, en nuestra opinión, a hacer jugar las reglas jurídicas propias y aunque derogatorias de las que gobiernan las múltiples ramas que intervienen en el proceso (conf. Ramírez, \'Derecho Concursal Español\', T. I, págs. 79 y siguientes, Barcelona 1959).
Describió el \"nuevo escenario\" apuntando a: (I) el retraimiento del \"Estado empresario\" a partir de las privatizaciones; (II) la mayor libertad para el juego de las leyes de mercado; (III) la flexibilización del Derecho Laboral; y (IV) la reducción de la inflación a partir del plan de convertibilidad (Rivera Julio César, \"Fines y Principios estructurados en la nueva Ley de Concursos\"; Concursos y Quiebras - I, página 9 y siguientes; Revista de Derecho Privado y Comunitario).
Otro de los expositores en aquellas Jornadas, el Dr. Adolfo Rouillón, señaló que el entonces proyecto de ley facilitaba el acceso al concurso preventivo. Fundó esta afirmación en la derogación del inciso 8 del artículo 11, lo cual respondía \"...a un clamor generalizado...\".
En su intervención, el Dr. Héctor Alegría celebró la desaparición \"...del famoso inciso 8), que no respondía a principios concursales sino a otros que tienen otras vías mejores de implementación y arreglo...\".
Señaló que \"...En lo referente a los recaudos formales exigidos para el acceso al concurso preventivo, se ha eliminado el relativo a la acreditación del cumplimento del pago de salarios y leyes sociales que tanto debate ha originado en el derecho argentino, inclusive en lo que hace a la consideración de su constitucionalidad. La generalidad de la doctrina ha considerado esta exigencia como obstáculo difícilmente justificable para acceder a una solución preventiva, y la jurisprudencia, en general, ha resultado benévola a la hora de tener que evaluar el cumplimiento de los recaudos formales en el punto bajo consideración\".
Con este tratamiento diferenciado, que deriva tanto de la ley concursal como de otras específicas, el legislador garantizó la tutela que merece este tipo de acreencias y que, como correctamente lo indica el voto de mayoría en el plenario \"Pérez Lozano\", reconocen también las normas específicas del derecho común laboral.
Como consecuencia de ello derogó la exigencia de atender estas como condición necesaria para acceder al concurso preventivo, lo cual provocó excluir las acreencias de naturaleza laboral del tratamiento diferenciado que llevó a la doctrina plenaria anterior a calificar estos créditos como \"extraconcursales\".
Pero, como hemos dicho, conservó o potenció otras prerrogativas, diferenciando su tratamiento de los demás créditos \"generales\".
Conclúyese entonces que la derogación del inciso 8 del artículo 11 de la entonces vigente ley 19.551, privó de todo sustento la calificación de \"extraconcursal\" que los plenarios \"Pérez Lozano\" primero y \"Seidman y Bonder S. C. A.\" después, habían conferido al crédito laboral frente al concurso preventivo de su deudor.
2. La Sala A -que desde hace poco integro- y la Sala D de este Tribunal han venido sosteniendo invariablemente que, a partir de la reforma introducida por la ley 24.522, hadejado de ser aplicable la doctrina sentada por este Tribunal, en pleno, in re \"Seidman & Bonder\". A igual conclusión arribé como Juez de Primera Instancia en numerosísimos casos en que tuve que expedirme sobre el particular, bastando como ejemplo de esto las decisiones adoptadas en los casos \"Ferrum S.A. de Cerámica y Metalúrgica s. concurso preventivo s. incidente de pronto pago por Gomez Raúl\", del 13.11.03 y \"Ferrum S.A. de Cerámica y Metalúrgica s. concurso preventivo s. incidente de pronto pago por Maldonado José Antonio\", del 18.11.03, entre muchos otros.
Sostuve allí que el art. 19 LCQ disponía que la presentación en concurso suspendía el curso de los intereses de todo tipo y que la ley no distinguía según el tipo de interés o de deuda de que se tratara, distinción que tampoco debía hacerse porque el propósito de la norma era el congelamiento de todos los créditos a una fecha determinada, previsión en la que quedaban comprendidos incluso los laborales. Añadí que dicha solución se justificaba aún más luego de la reforma de la ley 24.522, ya que, al haber eliminado ésta última el art. 11, inciso 8 de la LCQ, la doctrina plenaria -equivocada a mi juicio- oportunamente recaída in re \"Seidman & Bonder\" había perdido virtualidad por carencia actual de base legal positiva.
3. Pues bien, efectuada la breve reseña precedente y visto el resultado de la votación que tuvo lugar con anterioridad que me integrara al Tribunal, no puedo menos que adherir al voto de la minoría que suscriben mis distinguidos Colegas Dres. Míguez, Bargalló y Vassallo, por lo que a las consideraciones que éstos últimos vierten en su voto considero propicio remitirme en homenaje a la brevedad.
(a.) Primero, que no existe base legal positiva que sustente la no suspensión de los intereses de origen laboral frente al concurso del deudor. Es más, la propia ley concursal -tanto en su versión actual (LCQ:19), como en la anterior a la ley 24.522 (solo que en diverso artículo, el 20) consagra claramente la solución de que \"la presentación en concurso produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella que no esté garantizado con prenda o hipoteca\" (el subrayado me pertenece). Ninguna mención hace dicha norma legal -ni ninguna otra- acerca de que se encuentran excluídos de esa suspensión los créditos laborales. Es más; al consagrar esa suspensión, la ley alude explícitamente a \"todo crédito de causa o título anterior a la presentación\" y todo es justamente eso: todo, o sea que no excluye nada, como con agudeza lo observara el hoy lamentablemente fallecido Enrique M. Butty en su interpretación del art. 244 CPCCN, en orden a la apelabilidad de las regulaciones de honorarios con independencia del monto del proceso (CPCCN:242). Y si la ley no distingue, tampoco debemos hacerlo nosotros, los jueces (ubi lex non distinguit, nemo distinguere potest). Máxime en este caso, donde el motivo del apartamiento es únicamente el carácter alimentario del crédito, de suyo insuficiente para justificar esa excepción, cuando además existen otros créditos de naturaleza alimentaria que podrían invocar la misma prebenda (como los honorarios profesionales, por ejemplo), sin que a nadie se le ocurra exceptuarlos por eso de la suspensión que se analiza.
(b.) En segundo lugar -y con esto termino-, si el fundamento de la suspensión concursal del curso de los réditos es cristalizar o petrificar el pasivo concursal al momento de la presentación del juicio de convocatoria con el objeto de otorgar al deudor una suerte de paraguas de contención o un compás de espera para negociar con sus acreedores sin que el tiempo que ello irroga se convierta en un \"taxi\" que torne progresivamente más gravosa la situación de aquél por el constante incremento de ese pasivo debido al curso sostenido de los intereses durante todo ese lapso, no veo por qué debe hacerse una distinción con las deudas de origen laboral. Tan gravosas para el deudor pueden ser este tipo de obligaciones como las restantes. Es más, ocurre con cierta frecuencia que el pasivo de los deudores concursados se encuentra conformado en relevante medida por créditos laborales, contexto en el cual la prosecución del curso de los réditos solo conducirá a dificultar aún más el éxito de la solución preventiva, asfixiando al deudor y perjudicando las probabilidades de éxito del salvataje de la empresa y de la propia fuente de trabajo. No veo entonces razón alguna para exceptuar a los trabajadores de la regla general que dimana de la par conditio creditorum, regla que impone por igual a todos los acreedores la carga de contribuir en la misma medida al éxito de la solución concursal preventiva, carga que -por lo demás- a ningún otro acreedor beneficia más que al propio trabajador, en la medida que le permite conservar su fuente de trabajo, más allá de que cobre o no íntegramente su crédito con sus respectivos intereses. Después de todo, este último no deja de ser en definitiva -y más allá de la tutela legal especial que le es inherente por su naturaleza-, un derecho creditorio, esencialmente disponible para su titular, mucho más en el régimen actual donde es legalmente factible la renuncia al privilegio, así como la categorización separada de este tipo de acreencias.
\"Subsiste respecto de los casos regidos por la ley 24.522 la vigencia de la doctrina plenaria fijada por esta Cámara in re \'Seidman y Bonder S.C.A.\' en virtud de la cual la suspensión de los intereses desde la presentación en concurso preventivo no rige respecto de las acreencias de origen laboral\".
Firmado por: Rodolfo A. Ramírez (Presidente), Gerardo G. Vassallo, María L. Gómez A. de Díaz Cordero, Isabel Míguez, Alfredo A. Kölliker Frers, Miguel F. Bargalló, Ana I. Piaggi, José Luis Monti, Héctor M. Di Tella, Bindo B. Caviglione Fraga, Angel O. Sala y Martín Arecha; por ante mí: Juan Pedro Tisera (Secretario de Coordinación General).
‹ Domínguez, María Eugenia en j° 42.484 Soc. de Hecho Transp. Río Colorado de Dallape Hnos. y sus Integ. p/ Quiebra s/ Inc.. arriba Expte. 293218/94 "Industrias Camerman SRL s/quiebra" - CNCom Sala A Buenos Aires, 24/03/2003 ›

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