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DD HH e Invest. Polic.
Dialnet-HabilidadesSocialesYRendimientoAcademico-5786536
Modulo de Introduccion a Los Dd-hh
y Derechos del Niño
“Procedimientos policiales y derechos del niño”
Coordinadores del proyecto: Sebastián Carrasco, Nicolás Espejo, Anuar Quesille, Oriana Zanzi
Edición: Carolina Silva Gallinato EIRL
Diseño y diagramación: Carlos Bravo
Presentación	.. ............................................................................................................................................................................................................................. 5
Capítulo I	Derechos humanos, obligaciones del Estado y deberes policiales.. ......................................................................... 9
Capítulo II	Control del orden público............................................................................................................................................................... 15
Capítulo III.	Detenciones............................................................................................................................................................................................... 21
Capítulo IV	Controles de identidad...................................................................................................................................................................... 35
Capítulo V	Entrada y registro. . .............................................................................................................................................................................. 39
Capítulo VI	Declaración de NNA ante las policías................................................................................................................................. 45
Capítulo VII	NNA indígenas: medidas especiales y derechos adicionales.................................................................................. 51
Fuentes consultadas .. ...................................................................................................................................................................................................... 61
Abreviaturas y siglas utilizadas en el documento.. ................................................................................................................................ 73
En febrero de 2007, el Comité de los Derechos del niños, niñas y adolescentes en el contexto de los
Niño de Naciones Unidas (CRC) expresó al Estado procedimientos policiales. Entre dichas recomenda-
de Chile su preocupación porque algunos niños se- ciones se encontraban: a) Velar por que la privación
guían siendo objeto de tratos crueles, inhumanos y de libertad sea una medida impuesta como último
degradantes a manos de los agentes del orden, in- recurso. En tal caso los locales y condiciones de de-
clusive en centros de detención. Además, el Comité tención deberán ajustarse a las normas internacio-
indicó que, si bien observaba que algunos funcio- nales; b) Adoptar todas las medidas necesarias para
narios habían sido sancionados por abusos come- garantizar que toda persona de menos de 18 años
tidos contra estudiantes, le preocupaban aquellos que sea privada de libertad esté separada de los
informes que daban cuenta del uso excesivo de la reclusos adultos, de conformidad con el artículo 37
fuerza y las detenciones arbitrarias por parte de la c) de la Convención [sobre los Derechos del Niño];
policía durante las manifestaciones estudiantiles en c) Prestar al menor asistencia jurídica gratuita; d)
el año 2006. En un mismo sentido, el Comité mani- Establecer un sistema independiente adaptado al
festó su preocupación por la información recibida menor y accesible para la recepción y la tramitación
de que jóvenes indígenas habían sido víctimas de de las denuncias de menores e investigue, procese
maltrato a manos de la policía. y sancione las infracciones cometidas por los agen-
tes del orden y los guardias de prisión; e) Velar por
Tomando en cuenta tales preocupaciones, el Co- que los niños privados de libertad se mantengan
mité de los Derechos del Niño formuló al Estado en contacto regular con sus familias mientras estén
de Chile una serie de recomendaciones orientadas en el sistema de justicia de menores, en particular
a fortalecer la protección de los derechos de los notificando de inmediato a los padres su detención;
f) Impartir formación sobre los derechos y necesida- Estas recomendaciones internacionales, que se su-
des especiales de los niños a los agentes del orden, man a otras similares formuladas por otros órganos
el personal penitenciario, los jueces, los abogados, de derechos humanos, han llevado al Fondo de las
los fiscales, los defensores públicos, el personal de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a desarro-
salud, los asistentes sociales y otros que la requieran llar una línea de cooperación técnica con el Estado
y; g) Velar por que los jóvenes indígenas no sean víc- de Chile, destinada a apoyar y fortalecer las capaci-
timas de malos tratos a manos de la policía y adop- dades de las agencias del Estado para cumplir efec-
tar medidas preventivas y correctivas en los casos de tivamente con el mandato establecido por la Con-
presuntos malos tratos. vención sobre los Derechos del Niño (CDN). Entre
las iniciativas realizadas destaca el apoyo técnico a
Junto con las recomendaciones ya indicadas, el Co- Carabineros de Chile, con la finalidad de fortalecer
mité de los Derechos del Niño instó y alentó al Esta- las capacidades de su personal para la correcta im-
do de Chile a: h) Adoptar medidas efectivas para pro- plementación de los estándares internacionales de
teger a los niños contra torturas y tratos inhumanos derechos de los niños, niñas y adolescentes en su
o degradantes y velar por que existan mecanismos quehacer cotidiano. En esta línea se desarrolló un
de denuncia asequibles y por que se realicen investi- programa de capacitación a docentes e instructores
gaciones independientes de todas las denuncias de de la institución, para la incorporación de conteni-
violación de los derechos del niño consagrados en el dos sobre derechos humanos, infancia y derechos
apartado a) del artículo 37 de la Convención come- de los pueblos indígenas en la malla de formación
tidas por los agentes del orden o por cualquier otra permanente de Carabineros de Chile. Asimismo,
persona en el ejercicio de sus funciones oficiales; desde el año 2009 se han realizado capacitaciones
i) Cerciorarse de que los miembros de todas las cate- al personal operativo de Carabineros en materia de
gorías profesionales pertinentes reciban una forma- derechos de infancia, como parte del fortalecimien-
ción apropiada sobre las obligaciones estipuladas to de los actores del sistema de justicia.
en la Convención, junto con velar por que todos los
niños víctimas de tratos crueles, inhumanos y degra- Las citadas iniciativas de cooperación técnica entre
dantes tengan acceso a medidas de reparación inte- el Estado de Chile y UNICEF han sido complementa-
grales, incluidas medidas para la recuperación física das por otras orientadas a promover y crear una insti-
y psicológica y la reintegración social. tucionalidad de infancia que otorgue una protección
efectiva a los derechos de los niños, niñas y adoles- prácticas y estándares comparados exitosos en la
centes, tales como aquellas destinadas a promulgar materia, el estudio que se presenta a continuación
una Ley de Protección Integral de los Derechos de la propone una serie de recomendaciones precisas (a
Infancia, contar con un Plan y Estrategia Nacional de nivel legal, judicial y administrativo) que puedan
Infancia, establecer la figura del Defensor del Niño contribuir a mejorar y fortalecer las capacidades de
y desarrollar una Política Nacional de Prevención y las policías, los actores del sistema de justicia y las
Respuesta a Toda Forma de Violencia contra los Ni- agencias vinculadas a la infancia, para garantizar
ños (incluida la violencia institucional). efectivamente los derechos de los niños, niñas y
El presente estudio, que tenemos el placer de poner
a disposición de las autoridades nacionales, la socie- Este documento toma como base una consultoría
dad civil y los niños, niñas y adolescentes, se enmar- encargada a Boriana Benev (abogada, Máster en De-
ca en este esfuerzo de cooperación entre UNICEF y recho Internacional, mención Derechos Humanos y
el Estado de Chile. En particular, este trabajo tiene Derecho de los Refugiados), Ximena Tocornal (psi-
por objeto proveer de una matriz, debidamente sis- cóloga, PhD.) y dirigida por Martín Bernales (aboga-
tematizada, de los diversos desafíos y dificultades do, DEA Derecho Penal y Criminología, magister en
observados en la aplicación de los procedimientos Filosofía).
policiales y su eventual impacto en el goce de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes desde Esperamos que este estudio contribuya activamente
febrero de 2007 a junio de 2012. Basado en una re- al proceso de cumplimiento efectivo de las recomen-
visión exhaustiva de las distintas fuentes nacionales daciones formuladas por los distintos órganos, insti-
e internacionales disponibles, las que han permitido tuciones y organizaciones que trabajan por la plena
advertir tales dificultades y desafíos, el estudio pre- incorporación de la Convención sobre los Derechos
tende contribuir a facilitar el proceso de desarrollo del Niño al orden interno. En ese esfuerzo, UNICEF
de reformas legales y reglamentarias, la revisión de seguirá apoyando activamente el trabajo del Estado
protocolos policiales vigentes, y de las prácticas y de Chile, de la sociedad civil y de los propios niños,
estándares de protección jurisdiccional de los dere- niñas y adolescentes, por el logro de tal objetivo.
chos de los niños, niñas y adolescentes que resultan
afectados por los procedimientos policiales. Con tal Tom Olsen
objetivo en mente, y haciendo mención a algunas Representante de UNICEF para Chile
obligaciones del Estado y
deberes policiales
El Estado de Chile suscribió y ratificó la CDN y otros tratados internacionales de derechos humanos
como parte de una serie de decisiones encaminadas a instaurar un modelo democrático de vida en
común. Las dos obligaciones fundamentales que surgen de la CDN, de la Convención Americana de De-
rechos Humanos (CADH) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) consisten en
exigir a los Estados respetar los derechos humanos de todos los individuos sometidos a su jurisdicción
y garantizar su ejercicio y goce (arts. 2.1 CDN, 1 CADH, 2.1 PIDCP).
Las obligaciones del Estado son deberes de todas sus instituciones y todos sus funcionarios, inclui-
das las policías. En pocas palabras, las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos son
deberes policiales. Si consideramos las obligaciones internacionales del Estado, la primera potestad
incluye no sólo el uso de la fuerza pública para cumplir decisiones jurisdiccionales o administrativas,
sino también dar eficacia a los derechos humanos de las personas que habitan en su jurisdicción. Este
“dar eficacia”, en términos de los tratados internacionales de derechos humanos, implica que las policías
deben respetar y garantizar los derechos humanos mediante sus actuaciones.
La Policía de Investigaciones (PDI) ha explicitado la vinculación de su misión y potestades institucio-
nales con los derechos humanos. Un buen ejemplo de ello es su nuevo Código de Ética (junio, 2008).
Ese conjunto normativo comienza exigiendo lealtad a una misión institucional que se explica “en el
imperativo de promover y defender en todo momento la dignidad humana, el Estado de Derecho y
los Derechos Humanos” (Cf. explicación art. 1). No sucede lo mismo con la normativa interna de Cara-
bineros de Chile. Un ejemplo de ello es el Manual de Doctrina de la institución que, si bien señala que
Carabineros está al servicio de la persona y del bien común, no explicita en ningún momento la relación
de los derechos humanos con esa misión institucional ni contiene, siquiera, el término derechos huma-
nos en alguna de sus páginas1. Ahora bien, cabe precisar que a pesar de sus diferencias, ninguna de las
instituciones incorpora explícitamente los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes (en
adelante NNA) en sus documentos.
Conviene insistir en que la incorporación explícita de los derechos humanos, en general, y de los NNA,
en particular, en la doctrina institucional es un elemento clave para el desarrollo de toda actividad po-
licial. De esta manera, si al explicitar la misión y doctrina institucional se omite uno de los elementos
que han de ser considerados para actuar, es decir, si se deja a un lado la consideración de los derechos
humanos, las policías arriesgan la realización de conductas que no resuelvan bien el mandato de pro-
porcionalidad2 y el del interés superior del niño que, sancionados en el derecho chileno, son las orien-
taciones jurídicas fundamentales para articular la relación entre los NNA y las policías en este Estado
1	Sólo al hablar de la Constitución Política de la República (CPR) se hace una rápida mención a los derechos, Cf. Capítulo I, Fundamentos y Capítulo II, Fuen-
tes. Sin perjuicio de ello, la reciente creación del Departamento de Derechos Humanos, durante el año 2011, es una iniciativa muy importante que puede
ayudar a subsanar esta omisión.
2	El mandato de proporcionalidad se justifica “en que toda providencia de autoridad restrinja el alcance de un derecho fundamental –u otro principio cons-
titucional– sólo en la medida estrictamente indispensable para alcanzar un fin constitucionalmente lícito”. Este principio de proporcionalidad se entiende
constituido por tres subprincipios: (1) el de idoneidad o adecuación, que exige la concurrencia de un fin legítimo y que la acción emprendida sea adecuada
para lograrlo; (2) el de necesidad, que plantea que la acción que afecte un derecho fundamental ha de ser estrictamente necesaria o porque es la menos
gravosa entre las disponibles o porque no hay otras opciones; (3) el de proporcionalidad, en el sentido estricto que urge a ponderar los valores implicados
en los principios para determinar cuál de ellos tiene mayor peso en concreto (Cf. Alexy, 2001: 111-114; Sánchez Gil, 2007: 20, 40-46, 48-55).
MATRIZ SOBRE DERECHOS HUMANOS, OBLIGACIONES DEL ESTADO Y DEBERES POLICIALES
Problema o Falta de enunciación explícita de los principios de derechos humanos, en
nudo crítico: general, y de los niños, en particular, en la normativa institucional
Razón de La incorporación explícita de los derechos humanos en la misión institucional y en las potestades básicas
impugnación: está ausente de las normas constitucionales y en las leyes orgánicas que regulan a Carabineros.
internacionales: CDN, CADH, PIDCP, CIDH3, OG N°31 HRC4.
Normativa nacional: CPR, Ley N° 18.961 para Carabineros de Chile; Decreto Ley N° 2.460 para la Policía de Investigaciones.
Recomendaciones: 1 Incorporar la noción de derechos humanos, en general, y de los NNA, en particular, en la Constitución
Política de la República (CPR, art. 101) y en las leyes que rigen a Carabineros de Chile y la Policía de
Investigaciones de Chile, como parte de su misión institucional y de sus potestades.
2 Reconocer, de manera explícita, que las policías forman parte del Sistema de Protección Integral a la
Infancia y que deben colaborar activamente en la prevención de vulneraciones y protección de todos
los derechos de los NNA.
3 Con el fin de cumplir sus objetivos en base a lo dispuesto por una Ley de Protección Integral de los
Derechos de la Infancia (que derogue la actual Ley Nº 16.618, de Menores), establecer que las policías
deben contar con unidades especialmente abocadas a la protección de los niños, integradas por
personal y recursos suficientes en cantidad y calidad, y con la debida formación en materia de derechos
de los niños. A su vez, las policías deben incluir, de modo permanente y en todos los niveles de
formación, educación formal y práctica en materia de derechos de los NNA.
4 Establecer que las policías deben tener la obligación legal de contar con protocolos especialmente
diseñados para velar por el respeto de los derechos de los NNA en todo procedimiento policial en que
se vea involucrado un NNA.
3	Consulta de abreviaturas y siglas en apartado al final del documento.
4	Observación General N° 31 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, “Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto”, 26 de mayo de 2004.
Recomendaciones: 5 Incorporar explícitamente “las normas de derechos humanos al reglamento interior de la policía”
(Normativa y Práctica de Derechos Humanos para la Policía, 2003: 1) y explicitar, tanto en el Manual
de Doctrina de Carabineros de Chile, como en todo documento institucional, que la obligación de dar
eficacia al derecho incluye los deberes de respetar, proteger y promover los derechos humanos, en
general, y de los NNA, en particular.
6 A partir de la perspectiva de los derechos humanos y, por lo tanto, del mandato de proporcionalidad y
el interés superior del niño, emprender una revisión de los procedimientos policiales que permiten el
ejercicio de las potestades institucionales.
Estándar de derechos humanos, obligaciones del Estado y deberes policiales:
OG N°31 HRC5: “(…) Los Estados Parte deben abstenerse de violar los derechos reconocidos en el Pacto y la
limitación de cualquiera de estos derechos se permitirá con arreglo a las disposiciones aplicables del Pacto.
En los casos en que se apliquen tales restricciones, los Estados deberán demostrar su necesidad y sólo po-
drán tomar las medidas que guarden proporción con el logro de objetivos legítimos a fin de garantizar una
protección permanente y efectiva de los derechos reconocidos en el Pacto. En ningún caso podrán aplicarse
o invocarse las restricciones de manera que menoscaben el elemento esencial de un derecho reconocido en
el Pacto”.
5	Es importante hacer notar que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile son funcionarios encargados de hacer cumplir la ley según
el art. 11 del Código de Conducta de NU. Además, cabe precisar que si bien estas resoluciones no son tratados, sus normas pueden ser obligatorias o por
hallarse en otra fuente del derecho o porque sirven para la interpretación de las normas convencionales. Prueba de ello es, por un lado, que la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha utilizado las resoluciones vinculadas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para pronun-
ciarse y decidir la responsabilidad de los agentes del Estado en casos que les ha tocado conocer y, por otro, que el CRC le pidió explícitamente a Chile que
armonizara su legislación con las resoluciones de la Asamblea General en materia de Justicia de Menores (Cfr. O’Donnell, 2007: 106-110; OF CRC al Estado
de Chile, 2007: párrafo 72). Las resoluciones relevantes respecto de los funcionarios policiales son: Código de Conducta para Funcionarios Encargados de
Hacer Cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea General de NU en su Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979; los Principios Básicos sobre el Empleo
de la Fuerza y de las Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990; y los Principios
sobre la Eficaz Prevención e Investigación de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, recomendada por el Consejo Económico y Social de NU en su
resolución 1989/65, de 24 de mayo de 1989.
Las manifestaciones sociales masivas en el espacio público durante los años 2011 y 2012 han sido oca-
sión de un gran despliegue de Carabineros de Chile. Lamentablemente, las actuaciones policiales para el
resguardo del orden público en este contexto, especialmente aquellas efectuadas por Fuerzas Especiales
de Carabineros de Chile, están entre las más impugnadas tanto a nivel nacional como internacional.
En Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, 2011 y 2012) cuestionó la pertinencia y la
gradualidad con la que se utilizan elementos disolutivos de las manifestaciones sociales por parte de los
efectivos policiales, en especial, de las bombas lacrimógenas que, precisamente por ser manipuladas de
esta forma, fueron calificadas por algunos parlamentarios como “instrumentos de agresión” usados por
Carabineros. A propósito de las movilizaciones ocurridas en la región de Aysén, el INDH agrega que el ac-
tuar policial no ha sido consecuencia de errores individuales, sino de un patrón de conducta institucional:
“constituye un patrón indiscriminado y desproporcionado hacia personas civiles por parte de las Fuerzas
Especiales de Carabineros y que han afectado y puesto en peligro la integridad física y psíquica de hom-
bres, mujeres y niños en Puerto Aysén” (Informe 2ª Misión Aysén INDH, 2012: 18). Asimismo, el Informe de
Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales plantea que: “Carabineros de Chile ejerce violencia
innecesaria y no en casos aislados, sino como una práctica institucional en el control de las protestas,
práctica que constituye una violación a los derechos de los manifestantes” (Informe UDP, 2009: 83)6.
6	Cfr. Capítulos sobre libertad de expresión y protesta social en Informes UDP 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
A nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y sus relatorías de De-
rechos de la Niñez y de Libertad de Expresión, manifestaron, en 2011 “su preocupación por los graves
hechos de violencia ocurridos en las manifestaciones estudiantiles llevadas a cabo en Chile (…), que
habrían significado la detención y uso desproporcionado de la fuerza en contra de centenares de ma-
nifestantes, entre ellos estudiantes secundarios y universitarios”. Casi cinco años antes, y a propósito de
manifestaciones masivas de adolescentes que aparecían con inusual fuerza, el Comité sobre los Dere-
chos del Niño expresó en sus observaciones finales “su preocupación por los informes que dan cuenta
del uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias por la policía durante las manifestaciones
estudiantiles en 2006” (CRC Observaciones Finales al Estado de Chile, 2007: párrafo 38).
No se ha dictado en Chile una normativa especial, de rango constitucional o legal, respecto de las ma-
nifestaciones públicas o la protesta social, y en la que se establezca con cierto detalle el ámbito, los
medios y los principios que deben regir el uso de la fuerza por parte de las policías cuando el ejercicio
de los derechos a la libertad de expresión, reunión y participación puedan entrar en colisión con otros
derechos fundamentales. Dicho déficit normativo ha sido suplido por normas que regulan el uso de la
fuerza dictadas por la propia institución policial. Así, por ejemplo, qué medios disuasivos es legítimo
usar, cuándo ello puede ocurrir y quién tiene la decisión sobre el particular, son decisiones que recaen
en el General Director de Carabineros de Chile
MATRIZ SOBRE CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO
Problema o Déficit legislativo en el marco del derecho a la libre manifestación de las ideas, el
nudo crítico: derecho a reunión y la participación política, para el restablecimiento del orden
impugnación: Uso desproporcionado de la fuerza por parte de las policías.
Estándares Arts. 12, 13, 14 y 15 CDN; art. 13 CADH; art. 19 PIDCP; art. 3 del Código de Conducta para Funcionarios
internacionales: Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que
recoge el principio de proporcionalidad; arts. 1, 3, 7 y 8 Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará); y Observaciones Finales del CRC al Estado
de Chile, 2007.
Normativa nacional: Arts. 101 y 103 CPR; art. 19 N°13 CPR; arts. 1 a 4 LOC Carabineros; arts. 1 a 7 DL 2.460; art. 3 Ley de Control
de Armas; art. 4 del Decreto Supremo del Ministerio de Defensa Nacional N°327 de 1993, que aprobó el
“Reglamento de Organización de Carabineros de Chile, N°1”. También son relevantes los arts. 410 a 412 del
Código de Justicia Militar; el “Reglamento de Armamento y Municiones, N°14” (Decreto Supremo del Ministerio
de Defensa N°256 de 12 de agosto de 1981); y la “Directiva complementaria del Reglamento de Armamento y
Municiones para Carabineros de Chile, N°14” (Orden General N°1686 de 21 de marzo de 2006 de la Dirección
Recomendaciones: 1 Promulgar una norma de rango legal que regule el legítimo ejercicio del derecho a manifestarse
2 Explicitar en la legislación el principio de máxima proporcionalidad en el uso de la fuerza para
resguardar el orden público y señalar un conjunto de principios y criterios que orienten la labor policial,
incluidos el principio de legalidad y el interés superior del niño.
3 De conformidad al principio de transparencia activa, hacer públicos los documentos oficiales de las
instituciones policiales que regulan el uso de la fuerza, de modo tal de facilitar y promover un debate
democrático sobre ellos.
4 Capacitar de manera pertinente a los funcionarios policiales.
Problema o Medios disuasivos y empleo de la fuerza para el restablecimiento del orden
nudo crítico: público
Razón de Los procedimientos policiales pueden resultar excesivamente dañinos para los derechos de las personas,
impugnación: sobre todo en lugares cerrados y residenciales, y especialmente contra personas vulnerables (NNA).
recoge el principio de proporcionalidad; arts. 1, 3, 7 y 8 Convención Belem do Pará; Observaciones Finales
del CRC al Estado de Chile, 2007.
Normativa nacional: Arts. 101 y 103 CPR; arts. 1 a 4 LOC Carabineros; arts. 1 a 7 DL 2.460; art. 3 Ley de Control de Armas y art.
4 del Decreto Supremo del Ministerio de Defensa Nacional N°327 de 1993, que aprobó el “Reglamento
de Organización de Carabineros de Chile, N°1”. También son relevantes los arts. 410 a 412 del Código de
Justicia Militar, el “Reglamento de Armamento y Municiones, N°14” (Decreto Supremo del Ministerio de
Defensa N°256 de 12 de agosto de 1981) y la “Directiva complementaria del Reglamento de Armamento
y Municiones para Carabineros de Chile, N°14” (Orden General N°1686 de 21 de marzo de 2006 de la
Dirección General).
Recomendaciones: 1 Establecer una estrategia policial para actuar con NNA en caso de manifestaciones masivas o públicas,
acorde a los principios de legalidad, proporcionalidad e interés superior del niño.
2 Evaluar institucionalmente y en diálogo con las instituciones de derechos humanos, el uso de elementos
disuasivos.
3 Mantener instancias de capacitación permanentes en el uso proporcional de la fuerza y la coordinación
comunitaria en temas de control de orden público y manifestaciones públicas.
5 Reforzar el principio de responsabilidad individual en el empleo excesivo e ilegal de fuerza por parte de
los efectivos policiales. Para ello es fundamental que los funcionarios estén debidamente identificados
y que se registren audiovisualmente sus actuaciones (tanto en la vía pública como en las unidades
móviles de la policía, como buses de traslado de detenidos).
•	Para cumplir la función de encauzar las manifestaciones sociales, es pertinente que las policías, la
autoridad civil del territorio (alcalde, intendente o gobernador) y los organizadores de las manifesta-
ciones públicas se reúnan previamente para establecer el mejor trazado por donde la manifestación
se desarrollará, el tiempo de la misma y prever en conjunto posibles situaciones complejas, fijando
los cursos de acción. En países como Canadá, Francia o Inglaterra existe la arraigada costumbre de
realizar reuniones conjuntas entre dichos actores previas a la ocurrencia de las manifestaciones pú-
blicas (King & Waddington, 2005; Joly, 2008). Este es el primer y más efectivo mecanismo para preve-
nir el uso innecesario de la violencia policial.
•	En Francia (Joly, 2008), por ejemplo, la decisión de emplear gases lacrimógenos es tomada por el
responsable de la unidad policial en terreno (comisario o comandante) solamente cuando ello es re-
querido como una estrategia de defensa ante comportamientos agresivos de algunos manifestantes
o para proteger algún inmueble. En cambio, los mismos gases lacrimógenos sólo pueden ser utili-
zados para dispersar las manifestaciones previa consulta a una autoridad de mayor rango (como el
prefecto) quien, a través de cámaras de circuito cerrado de televisión o de radios, está informado de
lo que acontece en tiempo real y tiene una visión de conjunto. Finalmente, las bombas lacrimógenas
sólo pueden ser utilizadas bajo la autorización y supervisión reiterada de las autoridades policiales
(coronel) y civiles (jefe civil de la policía delegado al territorio por el gobierno central nacional).
Estándar de control del orden público:
Art. 3 Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley: “Los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la
medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”.
Para regular la posibilidad de privar o restringir la libertad física o de movimiento7, la CPR utiliza una
fórmula que, con leves diferencias, es semejante a la usada en la CADH y en el PIDCP: la libertad puede
ser restringida “en los casos y en la forma” que la Constitución y las leyes determinan. A través de esa
fórmula se determina inicialmente el ámbito y el modo legítimo de una restricción a la libertad, es decir,
es el contenido inicial del llamado principio de legalidad que obliga a los funcionarios policiales a actuar
en el marco que establece la ley.
La ausencia sistemática de un caso legítimo para detener ha llevado a concluir en distintos informes que
estas detenciones son utilizadas “para disuadir las marchas y no para detener a personas que cometen
delitos flagrantes. En efecto, el sistema de persecución criminal opera deteniendo preventiva, aleatoria
y arbitrariamente, como una forma de controlar –ilegítimamente– las manifestaciones” (Informe Anual
INDH, 2011: 76-78; Informe UDP, 2011: 79-80; Informe sobre programa de seguimiento y registro de
abusos policiales, INDH, noviembre 2011: 8). Los datos disponibles muestran que casi un tercio de estos
detenidos son NNA8.
7	“La libertad en el sentido más amplio, es decir, en el sentido del derecho de la persona a desarrollar su vida de conformidad con sus propios valores y de-
seos, está comprendida implícitamente en el derecho a la intimidad (…) o en el derecho a la integridad moral” (O’Donnell, 2007: 280). La libertad personal
se encuentra reconocida en la Constitución Política de la República (art. 19 Nº 7) así como en los tratados de derechos humanos vigentes en Chile (arts. 7
CADH y 9 PIDCP). La CDN, por su parte, si bien no explicita este derecho a la libertad, sí regula una serie de límites que lo suponen (arts. 37 y 40).
8	El Informe sobre programa de seguimiento y registro de abusos policiales del INDH (2011:2) señala que entre el 1/3/2011 y el 30/8/2011 hubo 9.895 dete-
nidos, de los cuales 3.191 correspondían a menores de edad.
La detención preventiva para controlar manifestaciones sociales no está prevista en nuestra legislación
y, por ello, las denuncias apuntan correctamente a una actuación contraria a derecho que, por lo de-
más, ha tenido un correlato judicial durante los años 2011 y 2012 en audiencias ante jueces de garantía.
En efecto, durante los controles de detención realizados en varias ciudades del país, la ausencia de
justificación legal para detener y de su correspondiente acreditación procesal ha sido el fundamento
principal de las declaraciones de ilegalidad. Así, por ejemplo, en causas resueltas el 30 de marzo de
2012, el Juez de Garantía de Santiago declaró la “Ilegalidad de la detención, por no existir la suficiente
prueba para sindicar al adolescente como autor del delito de desórdenes públicos, toda vez que sólo se
cuenta con la declaración de los funcionarios aprehensores” (causa RUC 1200334866-9 del 9º Juzgado
de Garantía de Santiago).
La detención está sujeta a un límite temporal articulado desde dos normas jurídicas: la regla que se-
ñala un límite máximo a la privación de libertad y el principio que establece un criterio orientador en
cuanto a la celeridad de las actuaciones y la posibilidad de terminar anticipadamente la detención. Las
denuncias que se han conocido respecto del tiempo de privación de libertad de NNA se refieren funda-
mentalmente al principio ya mencionado, no a la regla del límite máximo.
Es importante recordar que el plazo de 24 horas es un tiempo máximo que no puede excederse. En este
sentido, tal como señala el art. 37 b de la CDN, la detención debe durar el menor tiempo posible.
MATRIZ SOBRE DETENCIONES
Problema o Número excesivo de detenciones injustificadas, declaradas como tal por
nudo crítico: tribunales de garantía
impugnación: Ausencia de un caso legítimo para detener.
Estándares Art. 7 CADH; arts. 37 y 40 CDN; art. 9 PIDCP; OG N°10 CRC; Observaciones Finales del CRC al Estado de Chile,
internacionales: 2007
Normativa nacional: Art. 19 Nº 7 b y c CPR; art. 31 LRPA; art. 131 CPP.
Recomendaciones: 1 Revisar y ajustar la normativa institucional de Carabineros de Chile al principio de legalidad, de modo tal
que “la privación de libertad sea una medida impuesta como último recurso” (OF CRC al Estado de Chile,
2007: párrafo 72, letra b). En especial, revisar las potestades otorgadas para detener, a propósito del uso de
los medios disuasivos, e intentar disminuir el número de casos de detención declarados como ilegales. Se
sugiere que esta revisión considere una consulta a las instituciones nacionales e internacionales dedicadas
a los derechos humanos, en general, y los derechos de la infancia, en particular.
Reforzar el rol de los funcionarios de Carabineros de Chile con responsabilidades de mando y
2 supervisión, de modo tal que la planificación de los operativos policiales aseguren la existencia de
varias opciones de actuación distintas a la detención, en conformidad a la dispuesto por la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (2003) en el documento Normativa
y Práctica de Derechos Humanos para la Policía. Dicha planificación debe orientarse según el mandato
de proporcionalidad y el interés superior del niño.
Fortalecer los mecanismos de control interno de las actuaciones policiales, especialmente de Fuerzas
3 Especiales de Carabineros de Chile, que infringen normas legales al privar de libertad en casos que
están fuera de los permitidos por ley. En particular, se sugiere establecer un mecanismo de revisión
de ciertos casos impugnados, por ejemplo, aquellos declarados ilegales por un juez, con el fin de
mejorar las prácticas institucionales. Para ello podría establecerse un mecanismo fluido de información
desde los tribunales de justicia y la creación de un comité de revisión de actuaciones recurrentemente
impugnadas por su ilegalidad.
Crear una instancia de coordinación interinstitucional entre Carabineros de Chile y los fiscales del
4 Ministerio Público para analizar y revisar las detenciones impugnadas, aquellas declaradas ilegales por
un juez y los casos en que se decidió dejar citados a los detenidos, con el fin de afinar jurídicamente las
causas en que se puede privar de libertad, según la ley.
nudo crítico: Tiempo de privación de libertad
impugnación: La privación de libertad excede el principio de máxima celeridad.
Estándares Art. 37 b y d CDN; art. 9.3 PIDCP; art. 7.5 CADH; OG N°10 CRC; Observaciones Finales del CRC al Estado de
internacionales: Chile, 2007.
Normativa nacional: Art. 31 LRPA; art. 131 CPP.
Recomendaciones: 1 Aclarar oficialmente la improcedencia de exigir la presencia de un adulto responsable en el caso de los
mayores de 14 años detenidos por imputación de un delito ante los organismos policiales.
2 Establecer un criterio adicional, más flexible, para terminar la privación de libertad de un niño menor de
14 años con la entrega a sus padres o a un adulto responsable por parte de las policías, especialmente
en casos de las manifestaciones públicas. Así, por ejemplo, podría considerarse como infracción menor
en estos casos, todo delito que según la LRPA no merezca una pena privativa de libertad (Cf. art. 23
3 Crear una instancia interinstitucional con el fin de permitir la coordinación eficiente entre Carabineros
de Chile y los fiscales del Ministerio Público para comunicar “inmediatamente” detenciones y decisiones
fiscales sobre los casos. Para ello debe explicitarse que el criterio de celeridad prima sobre el límite
4 Mantener un registro actualizado con los datos pertinentes para la ubicación del fiscal de turno y con
el señalamiento del funcionario policial responsable de esa comunicación. También debe registrarse la
hora en que la comunicación de produjo, así como cuando el fiscal comunicó su decisión.
Recomendaciones: 5 Promover la revisión de la gestión de los trámites de Carabineros de Chile, incluidos la confección de
partes y el movimiento de los carros policiales, con el fin de disminuir los tiempos de privación de
libertad y la afectación de otros derechos. En relación a los vehículos, se sugiere establecer un tiempo
máximo de espera en el que se consideren las condiciones de hacinamiento y climáticas que puedan
incidir en la integridad física de los detenidos.
6 Generar, de conformidad a una Ley de Protección Integral de los Derechos de la Infancia, requisitos
más precisos para determinar los criterios pertinentes para internar a un NNA en un centro del SENAME
y para examinar las posibilidades de coordinación que evitarían dicha internación por el sólo hecho
de producirse la derivación fuera del horario de funcionamiento del tribunal. Lo anterior implica una
coordinación entre el Poder Judicial, Carabineros de Chile y las instituciones de defensa de los derechos
7 Precisar la regulación legal de la privación de libertad de los menores de 14 años imputados de la
comisión de un delito. En especial, delimitar “el caso” que habilita su privación de libertad por las
policías y, eventualmente, en un centro del SENAME.
nudo crítico: Deberes de información, derecho a defensa y contacto con las familias
Razón de Insuficiente información sobre el motivo de la detención, los derechos del detenido y el lugar donde éste
impugnación: se encuentra.
internacionales: Art. 37 CDN; art. 9 PIDCP; art. 7 CADH; OG N°10 CRC.
Normativa nacional: Art. 135 CPP; art. 31 LRPA.
Recomendaciones: 1 En el caso de las informaciones que deben entregar las policías, establecer mecanismos
complementarios a la entrega de un acta escrita que el NNA firma. La finalidad que debe orientar estos
modos alternativos es asegurar que todo NNA comprenda sus derechos.
2 Habilitar un sistema que haga efectivos los derechos de los detenidos a comunicarse con familiares (art.
94 e y h CPP). En particular, establecer una notificación inmediata a los padres sobre la detención del
NNA, por un funcionario previamente establecido9. En estos casos debe quedar debidamente registrada
la hora en la que se contacta al familiar y, en caso que no haya sido posible realizar dicho contacto, los
obstáculos que enfrentó la institución.
3 Para cumplir durante los primeros momentos de la detención con la recomendación del CRC a Chile
respecto a velar por la asistencia jurídica de los NNA (OF CRC al Estado de Chile, 2007: párrafo 72 letra
d), habilitar un sistema que haga efectivos los derechos a comunicarse con un abogado defensor. Para
ello se recomienda la creación de un sistema coordinado con la DPP, los JG y el MP que incluya un
registro compartido con los profesionales de turno (art. 94 f CPP; art. 17.1 de Conjunto de principios10).
Si la comunicación con el abogado no se realiza, se sugiere implementar la posibilidad de solicitar una
acción de amparo administrativo tramitada en su primer momento por la propia policía, cuando un
NNA quisiera impugnar su privación de libertad.
9	Comité de los Derechos del Niño 2007, párrafo 72 f ); Nº10.1 Reglas de Beijing; Nº 6 Principios Ejecuciones Extralegales; 16.1 y 16.3 Conjunto de Principios
para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, resolución 43/173 ONU, 9 de diciembre de 1988; Code of
practice for the detention, treatment and questioning of persons by police officers de Home Office, UK, 2012: 44.
10	17.1: “Las personas detenidas tendrán derecho a asistencia de un abogado. La autoridad competente les informará de ese derecho prontamente después
de su arresto y les facilitará medios adecuados para ejercerlo”. Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma
de detención o prisión, resolución 43/173 ONU, 9 de diciembre de 1988.
4 En el caso de los NNA indígenas, las dos sugerencias anteriores debieran ser reforzadas del siguiente
modo: dar cumplimiento preferente en la lengua del NNA y en los modos culturalmente apropiados.
Esto es particularmente sensible y urgente si la detención incluye el traslado del NNA desde una
comunidad a una ciudad u otro lugar distante (OG Nº11 CRC).
5 Habilitar espacios adecuados (infraestructura) para que los NNA puedan entrevistarse privadamente
con familiares y abogados en los recintos policiales.
6 Generar una práctica que refuerce la obligación legal de fiscalización de los deberes de información por
parte de fiscales y jueces (art. 136 CPP) y también de los ministros de Cortes de Apelaciones en acciones
de amparo. Dicha práctica no sólo debería supervisar su cumplimiento, sino establecer un mecanismo
para comunicar el resultado de esa supervisión a la autoridad policial respectiva.
nudo crítico: Uso de la fuerza
impugnación: Aprehensión física en manifestaciones públicas, en comunidades mapuche y en comisarías.
Estándares Arts. 5 y 7 CADH; art. 9 PIDCP; art. 37 CDN; arts. 1, 3, 7 y 8 Convención Belem do Pará; OG N°10 CRC;
internacionales: Observaciones Finales del CRC al Estado de Chile, 2007.
Normativa nacional: Art. 19 Nº 1 y N°7 CPR.
Recomendaciones: 1 Como garante del derecho a la vida y a la integridad personal de los detenidos (Corte IDH: Bulacio:
párrafo 138)11, se sugiere a las policías el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y control
existentes al interior de sus instituciones y, de presentarse casos de uso indebido de fuerza, se
recomienda emprender iniciativas de reparación de los mismos.
2 Para el fortalecimiento de la prevención y control se sugiere:
2.1 Instalar un sistema de registro audiovisual que grabe desde que las personas ingresan al vehículo
policial hasta que dejan de estar en poder de los funcionarios policiales. Esto ayudará como
prueba contra falsas imputaciones y también facilitará la corrección de las actuaciones ilegales. Es
particularmente urgente un sistema de este tipo en los vehículos policiales.
2.2 Promover mecanismos de denuncia administrativa en los casos que se afecte la integridad
personal de NNA, mediante el establecimiento de una instancia institucional. Esta promoción
debe incluir el compromiso de denunciar por parte de los funcionarios policiales.
2.3 Las recomendaciones anteriores deben ser reforzadas en las comunidades mapuche y durante las
movilizaciones públicas por ser las instancias donde se genera mayor cantidad de denuncias. El
reforzamiento podría consistir en una misión de inspección constituida por funcionarios policiales
de alto rango y representantes de instituciones de derechos humanos y de defensa de los
derechos de la infancia, cada vez que se denuncien afecciones a la integridad en las detenciones
originadas en las protestas sociales o en comunidades mapuche.
3 Sistematizar, mediante estudios multidisciplinarios, los casos reconocidos de uso excesivo de la fuerza
y luego generar mesas de trabajo que se orienten a la modificación de prácticas institucionales, la
generación de cursos de formación pertinentes, la instalación de instancias de apoyo psicológico a los
funcionarios que lo requieran y a los NNA que hayan sido afectados.
11	Corte Interamericana de Derechos Humanos; Caso Bulacio vs. Argentina; fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003, serie C N°99.
nudo crítico: Condiciones de privación de libertad
Razón de Separación entre NNA y adultos, separación entre detenidos y personas sometidas a control de identidad, y
impugnación: separación entre hombres y mujeres.
internacionales: Arts. 5 y 7 CADH; arts. 9 y 10 PIDCP; art. 37 CDN; OG N°10 CRC; arts. 1, 3, 7 y 8 Convención Belem do Pará.
Normativa nacional: Art. 19 N°1 CPR; arts. 31 y 44 y ss. LRPA.
Recomendaciones: 1 No utilizar calabozos en el caso de NNA, en la medida que las condiciones de seguridad lo permitan.
2 Velar por que los espacios utilizados para el traslado y la detención en las Comisarías y demás recintos
policiales cumplan efectivamente con los siguientes estándares:
2.1 Respetar los mandatos de segregación de la legislación internacional y nacional, esto es,
separación de NNA y adultos, de detenidos y personas sometidas a control de identidad, de
2.1 Reforzar la protección de los derechos a la dignidad e integridad de los NNA. En este sentido, se
a.	Establecer un número máximo de NNA por vehículo y por calabozo.
b.	Establecer un tiempo máximo de espera de los NNA en los vehículos policiales, que considere
la temperatura del ambiente y las condiciones de ocupación del vehículo.
c.	Que todos los espacios tengan condiciones higiénicas y de confort suficientes para no afectar
otros derechos de los NNA. Esto es especialmente importante en las celdas de los cuarteles
d.	Que luego de un número de horas, los NNA puedan asearse.
nudo crítico: Atención médica y constatación de lesiones
Razón de Demora injustificada en la derivación al centro asistencial.
impugnación: El examen médico de constatación de lesiones no se realiza acuciosamente.
Estándares Art. 6 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; arts. 5 y 7
internacionales: CADH; arts. 9 y 10 PIDCP; art. 37 CDN; OG N°10 CRC; Reglas de Naciones Unidas para la protección
de los menores privados de libertad (Reglas de la Habana); Observaciones Finales del CRC al Estado
Normativa nacional: Art. 19 N°1 CPR; Reglamento LRPA.
Recomendaciones: 1 En cumplimiento del deber de asegurar la protección de la salud de las personas bajo su custodia (art.
6 Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley), se recomienda a las
policías generar reglas institucionales claras para que el acceso a la salud, en casos de NNA detenidos,
sea lo más rápido posible. En especial, debe indicarse expresamente que, si el uso de un arma de fuego
ha producido una lesión a un NNA, los funcionarios “procederán de modo que se presten lo antes
posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas” (art. 5 letra d de los Principios
Básicos Empleo Fuerza). En especial, se sugiere que las reglas señalen:
1.1 Las situaciones de salud donde hay que actuar con urgencia.
1.2 El funcionario responsable de la actividad de protección de la salud.
1.3 El procedimiento de actuación en caso de atención a un lesionado.
1.4 El deber de información que tienen cuando hay un herido por armas de fuego.
2 Se recomienda al Ministerio de Justicia generar espacios formales de coordinación entre los
especialistas de los Servicios de Salud, DPP, MP, Carabineros de Chile y PDI, para garantizar la integridad
personal de los NNA detenidos.
•	En el Reino Unido se sugiere que las celdas sean individuales. Deben estar limpias, ventiladas y con
calefacción. Además se indica que la ropa de cama debiese tener un estándar razonable, estar limpia
y en condiciones sanitarias razonables (“Code of practice for the detention, treatment and ques-
tioning of persons by police officers”: 44). En España se señala que “en la medida de lo posible, [los
infractores de ley] recibirán los cuidados, protección y asistencia social, psicológica, médica y física
que requieran, habida cuenta de su estado, edad, sexo y características individuales”, cuando se en-
cuentren en las comisarías (Normas Provisionales sobre Tratamiento Policial de Menores, 2001: 45).
•	En el Reino Unido está permitido, luego de realizado el parte policial en la estación de policía y
en cualquier momento mientras la persona esté detenida, que tanto el abogado como el adulto
responsable puedan consultar los antecedentes de custodia del detenido (parte policial). Cuando
el imputado es dejado en libertad o derivado al tribunal, su adulto responsable, o quien tenga la re-
presentación legal, puede pedir copias de dichos antecedentes (no se requiere ninguna formalidad).
Estos requerimientos pueden ser realizados hasta un año después de la detención.
Estándares de detenciones:
Art. 37 CDN: “Los Estados Partes velarán por que:
a.	Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se
impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos
b.	Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la
prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de
último recurso y durante el período más breve que proceda;
c.	Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inhe-
rente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su
edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se
considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por
d.	Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asis-
tencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribu-
nal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción”.
Art. 7 CADH:
2.	Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antema-
no por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
4.	Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin
5.	Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario auto-
rizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo
6.	Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de
que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto
o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera
amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin
de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.
7.	Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente
dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.
El control de identidad (art. 85 CPP) es otro caso legal de restricción de la libertad. Si bien esta institu-
ción se orienta, en principio, a labores preventivas y de investigación autónomas de las policías que no
redundan necesariamente en la restricción de este derecho, es posible que ella se produzca en ciertas
Durante los últimos años se ha venido denunciando la ocurrencia de detenciones injustificadas usando
la institución del control de identidad (Informe UDP, 2009: 321,327) que, además, parecen ser utilizadas
masivamente durante las marchas por espacios públicos, originadas en los movimientos sociales del
último tiempo (Observadores de Derechos Humanos, 2011: 11). Esta denuncia plantea dos problemas.
En primer lugar, la existencia de actuaciones policiales que privan de libertad a las personas, fuera de las
hipótesis legales que habilitan el ejercicio de las potestades de control para realizar, se dice, controles
preventivos aleatorios (Informe UDP, 2010: 77). En segundo lugar, el traslado de personas a unidades
policiales en situaciones donde puede concurrir el supuesto del control de identidad, mas no la hipóte-
sis que habilita dicho traslado. Al respecto, el informe del Programa Asesoría Ciudadana (2011) señala
que el “control de identidad encubre una detención arbitraria, ya que en vez de realizar el control de
identidad en el mismo lugar, como lo manda la normativa vigente, el control de identidad se realiza en
las comisarías, horas después, a pesar de que muchos de los aprehendidos poseen su cédula de identi-
dad en buen estado” (Programa Asesoría Ciudadana, 2011: 95).
MATRIZ SOBRE CONTROL DE IDENTIDAD
nudo crítico: Control de identidad
impugnación: Detenciones injustificadas debido a la utilización indiscriminada de la institución del control de identidad.
internacionales: Art. 37 CDN; art. 7 CADH; Observaciones Finales del CRC al Estado de Chile, 2007.
Normativa nacional: Arts. 85 y 86 CPP.
Recomendaciones: 1 Los controles de identidad requieren un mecanismo de revisión reforzado no sólo porque no
necesariamente serán supervisados por un juez o por un fiscal, sino porque han sido objeto de
denuncias reiteradas en el último tiempo. Por ello se propone:
1.1 Que los protocolos policiales que rigen el control de identidad respecto de NNA sean públicos
y estén en un lenguaje comprensible. Además, estos protocolos deben ser accesibles en los
cuarteles policiales para que el NNA o sus representantes los consulten.
1.2 Establecer un protocolo para fortalecer la recepción de las denuncias de NNA, a cargo de
funcionarios capacitados para ello, y que genere la confianza para motivar sus presentaciones.
El trabajo consistiría, al menos, en recibir adecuadamente el reclamo (Cf. normas sobre
declaraciones de niños testigos y víctimas), orientar sobre sus posibilidades de acción e
interponer la denuncia recibida en el foro correspondiente.
1.3 Crear un sistema de monitoreo de los controles de identidad que incluya inspecciones periódicas
por parte de personal especialmente capacitado y, en algunos casos, sin previo aviso. Los
inspectores deben dar garantías de independencia (Nº 7 Principios Ejecuciones Extralegales de
NU). Uno de los objetivos de estas inspecciones debiera ser vigilar de cerca al personal encargado
de tratar con NNA e investigar y corregir los casos de abusos o malos tratos (Normativa y Práctica
de Derechos Humanos para la Policía, 2003: 64).
1.4 Establecer módulos de capacitación/formación para funcionarios policiales sobre controles de
identidad, que incorporen los supuestos que permiten el uso de esta institución, así como los
problemas usuales y difíciles que han de enfrentar los funcionarios policiales a propósito de las
actuaciones para el mantenimiento del orden público.
Estándares de control de identidad:
Art. 37 CDN: “Los Estados Partes velarán por que: b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitra-
riamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevarán a cabo de conformidad con la
ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”.
Art. 7 CADH: “2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas
de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
La entrada y registro consisten en el ingreso a un lugar para buscar y obtener en éste antecedentes que
permitan probar un hecho constitutivo de delito y la participación de una determinada persona en él. Si
se quiere realizar esta diligencia en lugares cerrados, el CPP detalla una serie de garantías que se orien-
tan a obtener el consentimiento del afectado o la autorización del juez (arts. 205 incisos 1 y 3 y 208 CPP),
a no causar molestias innecesarias12 y a entregar los datos indispensables para el control e impugnación
de una diligencia que se realiza en un ámbito donde se despliega la vida íntima de las personas13. En
casos excepcionales, esto es, cuando las víctimas piden auxilio o en delitos de abigeato, se permite a la
policía actuar sin consentimiento ni orden judicial (art. 206 CPP).
A pesar de las regulaciones legales y administrativas, durante los últimos cinco años se han conocido nu-
merosas impugnaciones a entradas y registros en lugares cerrados realizadas por funcionarios policiales,
especialmente cuando se realizan en comunidades mapuche14. Las denuncias reprochan, por un lado, el
uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros y sus Fuerzas Especiales y, por otro, el incumplimiento
de las garantías procesales establecidas en el CPP para la realización de esta diligencia15.
12	Se fija un horario y se establece un procedimiento para la ejecución: arts. 205 inciso 2, 207, 212, 214, 215, 217 y 218 CPP.
13	Arts. 205 inc. 2 CPP y 216: individualización del agente, entrega de la orden, constancia de la diligencia.
14	En lo que sigue hablaremos únicamente de las entradas y registros; pero hay que precisar que estas diligencias en comunidades mapuche muchas veces
van acompañadas de órdenes judiciales de detención.
15	Ya el año 2009 el Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya,
dio cuenta sobre estos aspectos del problema (2009: párrafo 42). Ese mismo año, el Informe de la UDP describía en términos similares la situación (Informe
UDP, 2009: 236,237; Informe UDP, 2008: 380, 381). En un sentido similar, ver Informe Alternativo al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas
sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en Chile, de Corporación Opción y OMCT (2007: 34, nota 60).
Entre las situaciones que han ocurrido en las entradas y registros se encuentran NNA con asfixia por
bombas lacrimógenas, heridos con balines, amenazados verbalmente y con armas de fuego, golpeados,
insultados aludiendo a su condición indígena. Estos comportamientos han dado lugar a numerosas
acciones constitucionales de amparo y protección, la última de las cuales tuvo la novedad de haber
escuchado en audiencia a los NNA afectados16.
Un informe elaborado por el Servicio de Salud Araucanía Norte (Sepúlveda y Millaqueo, 2004: 21) da
cuenta precisamente que los problemas de los NNA que viven en comunidades mapuche no se restrin-
gen a ser afectados directamente por el uso excesivo de la fuerza, sino también a que deben “presenciar
malos tratos hacia sus cuidadores o familiares de tipo físico y psicológico (…) Golpes con puños, con
armas, amenazas, disparos al aire, presencia de alto contingente policial, allanamientos reiterados con
destrozos de sus viviendas, quebrado de vidrios, ruptura de piso en búsqueda de armas, arrancar por-
tón y encarcelamiento de seres queridos sin una claridad respecto a la culpabilidad en los hechos que
se les imputan”17.
16	Se presentaron acciones de amparos ante la ICA Temuco, roles N° 796-2011; 1108-2011; 1136-2011, y acciones de protección ante el mismo tribunal, roles
N° 342-2011; 127-2012; 449-2012.
17	En al menos un par de acciones constitucionales se han denunciado hechos como los relatados. Sin embargo, en ambos casos los recursos han sido re-
chazados. En un caso (Amparo ICA Temuco rol 796/201) ello sucedió porque el tribunal no dio por acreditados los hechos (considerando 4), porque en el
control de detención no se dijo nada (considerando 3) y porque la actuación se dio en razón de una orden judicial (considerandos 3 y 5). En el otro (Amparo
ICA Temuco 1108/2011) se rechazó por una razón semejante a la última citada: el imputado se entregó y había orden judicial que autorizaba la actuación
(considerandos 5 y 6). Como se ve, en ambos casos la Corte sólo considera la potestad para realizar la actuación, pero no el modo de ejecutarla.
MATRIZ SOBRE ENTRADA Y REGISTRO
nudo crítico: Uso desproporcionado de la fuerza en allanamientos en comunidades mapuche
Razón de Incumplimiento de las garantías procesales establecidas en el CPP y en la CDN para la realización de la
impugnación: diligencia.
Estándares Art. 30 CDN; OG N°11 CRC; arts. 1, 3, 7 y 8 Convención Belem do Pará; Observaciones Finales del CRC al
internacionales: Estado de Chile, 2007; art. 3 Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
Normativa nacional: Art. 19 N°1 CPR; art. 205 y siguientes CPP.
Recomendaciones: 1 Las diligencias consistentes en entrar y registrar una comunidad indígena deben adecuarse a una
serie de normas, según lo dispuesto en el Convenio 169 OIT (arts. 2.2, 4.1, 5, 8 a 11) y la Declaración de
Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas (arts. 5, 34 y 35). En particular, se sugiere:
1.1 Que los efectivos policiales que efectúan la diligencia de entrada y registro sean siempre
acompañados y asistidos por personal especialmente capacitado en la cosmovisión, tradiciones
y costumbres de la comunidad indígena que será afectada por su actuación. Para ello podría
utilizarse, por ejemplo, un facilitador intercultural, quien deberá dominar la lengua, la cultura,
tradiciones y costumbres del pueblo indígena en cuestión.
1.2 Se recomienda adicionalmente a Carabineros y a la PDI que en la planificación de todo
procedimiento de entrada y registro en una comunidad mapuche, un funcionario policial,
especialmente capacitado, se haga cargo del trato con los NNA. Esto implica averiguar si habría
NNA en el lugar del procedimiento policial e incorporar el interés superior del niño como criterio
para establecer la estrategia de actuación, su ejecución y evaluación, así como el cuidado de los
NNA durante y después del procedimiento.
2 La gran mayoría de las denuncias formuladas a los procedimientos de entrada y registro en comunidades
mapuche refieren al rol jugado por las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile. Teniendo en cuenta este
escenario, se propone:
2.1.	Crear instancias de diálogo y de acercamiento permanentes entre Carabineros de Chile, el Ministerio
Público, la Defensoría Penal Pública y las comunidades, de modo de intentar reparar las relaciones dañadas
y generar confianzas entre las personas involucradas (en sentido similar, OG 31 CERD: párrafo 5 c).
2.2.	Buscar reducir, en la medida de lo posible, la participación de Fuerzas Especiales de Carabineros en
los procedimientos de entrada y registro, justificando siempre, y de modo estricto, las razones que
sustentan su presencia en cada caso. Dicha justificación debiera considerar un activo involucramiento
del Ministerio Público en el razonamiento que explica dicha solicitud de apoyo adicional y un estricto
seguimiento del procedimiento por parte del juez de garantía respectivo.
2.3.	Todo procedimiento de entrada y registro coordinado previamente entre las policías y el Ministerio
Público debiera estar inspirado por los siguientes criterios:
a.	Que se elabore en base a la máxima de proporcionalidad y el interés superior del niño. En esta
perspectiva deberán hacerse explícitos los mecanismos por los cuales el uso de la fuerza, los
medios disuasivos y otro tipo de armamento serán utilizados como medida de último recurso18.
b.	Que enfatice el cumplimiento de todos los deberes policiales, tanto respecto de los derechos
humanos como de las reglas establecidas en el CPP.
c.	Que indique la persona responsable del resguardo de NNA, quien deberá hacer explícitos los mecanismos
por los cuales se buscará respetar su interés superior al momento de diseñar la estrategia19.
d.	Que identifique y considere el lugar de actuación, las autoridades tradicionales, las personas que
habitan allí y todos los elementos consuetudinarios pertinentes para ejecutar el procedimiento
policial, respetando las valoraciones culturales de la comunidad afectada. Así, por ejemplo,
debieran quedar previamente establecidos los lugares sagrados para la comunidad, sus
autoridades tradicionales y los NNA que habitan el lugar, de modo de conducirse de manera
acorde a las valoraciones que la comunidad tiene respecto de ellos.
e.	Que establezca una instancia de supervisión y evaluación posterior a toda actuación de Fuerzas
Especiales en apoyo de una diligencia de investigación. Dicha instancia debiera recibir las
denuncias respecto a responsabilidades individuales y también promover la revisión de prácticas
institucionales. Se sugiere que dicha instancia sea integrada por un funcionario perteneciente al
Departamento de Derechos Humanos de la Institución o, en su defecto, por un funcionario que
esté especialmente capacitado en esa materia.
f.	Que toda actuación de Fuerzas Especiales sea registrada audiovisualmente y de modo íntegro.
18	Explícitamente en OG 31 CERD: párrafo 22. Se recomienda aplicar a estos casos lo dicho sobre proporcionalidad e interés superior del niño en el Capítulo II: Control del orden público.
19	El Protocolo de actuación especial para niños, niñas y adolescentes, que son vinculados por adultos en procedimientos policiales de Carabineros de Chile contiene una serie de actuaciones conducen-
42 tes a este fin.
3 Se sugiere a Carabineros, a la PDI, al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública y al Poder Judicial,
capacitar a funcionarios policiales y equipos auxiliares en las cosmovisiones indígenas, en las pautas
de crianza de la infancia indígena y en la organización social de las comunidades. Estas capacitaciones
debieran incluir, adicionalmente, la consideración del interés superior del niño en relación a los
aspectos señalados (OG N°11 CRC: párrafo 33) y centrarse en los pueblos indígenas que habiten en la
zona jurisdiccional de los funcionarios.
4 Capacitar en derechos humanos de los pueblos indígenas, con especial consideración al Convenio 169
de la OIT y a la Declaración de NU sobre los Pueblos Indígenas, a Carabineros, a la PDI, al Ministerio
Público, a la Defensoría Penal Pública y al Poder Judicial. Esta capacitación debiera incluir también
aspectos relevantes del derecho consuetudinario, de los derechos culturales y de su relación con la
CDN, en general, y del interés superior del niño, en particular (OG Nº11 CRC: párrafos 30-33; en sentido
semejante, OG 31 CERD: párrafo 5 b).
5 Que los centros pertenecientes a los servicios de salud de las comunidades indígenas donde se
realizan entradas y registros con apoyo de Fuerzas Especiales, elaboren un plan de acción para apoyar
emocional y psicológicamente a los NNA que son afectados por el uso de la fuerza policia.
6 Que las instituciones dedicadas a la defensa de los derechos de las comunidades mapuche, incluidos
el Servicio Nacional de Menores (SENAME), la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y las Oficinas
de Protección de Derechos (OPD), creen un espacio de diálogo con las policías para intentar acordar
algunos puntos básicos sobre los procedimientos policiales. Un asunto que podría dar pie para esta
convocatoria podrían ser las acciones constitucionales que se han resuelto en los últimos años.
Estándares de entrada y registro:
Declaración de NNA ante
La autonomía de los NNA es, al mismo tiempo, el centro de la CDN y de la legislación dictada en confor-
midad con ella y su punto más difícil. Esto se manifiesta en la regulación sobre el derecho a ser oído que,
como dice el CRC, “es una disposición sin precedentes en un tratado de derechos humanos; apunta a la
condición jurídica y social del niño, que, por un lado, carece de plena autonomía del adulto; pero, por el
otro, es un sujeto de derechos” (OG Nº12 CRC, 2009: Nº1). Las declaraciones de los NNA en su interacción
con instituciones del Estado, especialmente en procesos penales, es un ámbito donde la posibilidad de
ejercer la autonomía mediante una declaración voluntaria ha sido puesta en tela de juicio y un motivo de
particulares preocupaciones. Muchas de las denuncias respecto de las actuaciones policiales se refieren
a las interrogaciones que se dirigen a los NNA, sea en calidad de imputados, sea en calidad de testigos.
La CDN, junto con prohibir la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes (art. 37 a CDN) obliga
a los Estados a que todo NNA imputado no sea obligado “a prestar testimonio o a declararse culpable”
(40.2.b.iv; Cfr. art. 14.3.g PIDCP; arts. 8.2.g y 8.3 CADH).
La regulación jurídica existente es bastante escasa cuando se trata de NNA interrogados como testigos.
En efecto, casi no hay normas legales que establezcan derechos y garantías especiales para el NNA en
estos casos. Esta ausencia es propia de todos los tratados internacionales de derechos humanos, cuyas
garantías se articulan en torno a la situación del imputado, y se ve reforzada en el caso chileno porque
el CPP estableció un sistema de investigación “desformalizado” (Horvitz & López, 2002: 453-458; Duce &
Riego, 2007: 121-125).
Así, los NNA pueden ser interrogados durante un proceso penal como testigos y el modo cómo se
realizan dichas interrogaciones dependerá de las prácticas institucionales, si es que éstas se efectúan
durante la investigación; o de las normas del CPP, si se llevan a cabo en el juicio oral frente al tribunal
Lo dicho permite una aproximación al contexto jurídico donde se pueden ubicar una serie de denuncias
y acciones judiciales –reiteradas en el caso de NNA mapuche– acerca de ilegítimas interrogaciones a
menores de edad por parte de Carabineros o PDI (Cfr. Protección ICA Temuco 545-2010; Protección ICA
Temuco 1541/2010; Amparo ICA Temuco 747/2011; Informe UDP, 2008: 378; Informe UDP, 2009: 237). Lo
ilegítimo de la actuación radica en el hecho que las declaraciones que se buscan obtener son requeridas
en contextos informales que escapan a los márgenes prescritos por la ley y que, en definitiva, dejan en
la total desprotección los derechos de los NNA.
MATRIZ SOBRE DECLARACIÓN DE NNA ANTE LAS POLICÍAS
nudo crítico: Declaración de NNA como testigos
Razón de Algunas declaraciones de NNA que se intentan obtener o que, definitivamente, se logran, se realizan en
impugnación: condiciones que no garantizan una voluntad libre y pueden afectar, además, la integridad psíquica de sus
Existen prácticas de interrogaciones informales a NNA prohibidas por la ley.
internacionales: Arts. 12 y 40 CDN; art. 8 CADH; OG N° 10 y OG N° 12 CRC.
Normativa nacional: Art. 58 inciso final LRPA; arts. 309 y 310 CPP.
Evitar la toma de declaración de NNA en contextos judiciales, especialmente cuando ello los pone en
Recomendaciones: 1 situaciones de conflicto para con sus padres, familiares o comunidad (derecho a no declarar y a no auto
incriminarse o a no incriminar a parientes, establecidos en los arts. 302 y 305 CPP).
En la eventualidad que lo anterior no se pueda cumplir, se debiera realizar una entrevista única a los
2 NNA en calidad de testigos, para disminuir al máximo procesos de victimización o de revictimización
Estipular claramente que el principio rector de toda diligencia judicial, que implique la toma de
3 declaraciones de NNA en calidad de testigos, es el interés superior del niño, debiendo respetarse su
derecho a ser escuchado y a su intimidad. El interés superior del niño recuerda que las actividades
policiales para la persecución de los delitos han de ponderarse siempre con los derechos humanos de
un NNA que, en principio, tienen mayor peso20.
De lo anterior se sigue que las policías deben justificar que la declaración de testigos es adecuada
y necesaria al fin pretendido y que dicho fin tiene preponderancia en el caso en cuestión. Si ello
no ocurre se puede justificar, por ejemplo, el término anticipado de la entrevista o la modificación
respecto al modo de su realización en vista del interés superior del niño. Es por ello que una de las
directrices sobre niños testigos señala que “los profesionales deberán tomar medidas para evitar
sufrimientos a los niños víctimas y testigos de delitos durante el proceso de detección, instrucción y
enjuiciamiento a fin de garantizar el respeto de su interés superior y su dignidad” (Directrices de Niños
Víctimas y Testigos Nº29).
4 Respetar plenamente el principio según el cual la declaración del NNA debe ser libre.
Lo anterior tiene por consecuencia que el NNA debe ser informado adecuadamente. “Se debe dar
a los niños información completa, accesible, atenta a la diversidad y apropiada a la edad acerca de
su derecho a expresar su opinión libremente y a que su opinión se tenga debidamente en cuenta y
acerca del modo en que tendrá lugar esa participación y su alcance, propósito y posible repercusión”21.
Estos derechos deben ser informados por quienes realizan la diligencia y también por los padres
o representantes del niño22. El derecho a la información es fundamental porque es condición
imprescindible para que existan decisiones claras por parte del niño23.
La información debe incluir respuestas a cómo, cuándo, dónde se lo escuchará y quiénes participarán
en el interrogatorio24. Es relevante señalar, en el caso de procesos penales, el derecho a no declarar y a
no auto incriminarse o a no incriminar a parientes (arts. 302 y 305 CPP) que obliga, al menos, a ciertos
deberes de información por quienes realizan las interrogaciones25.
20	La argumentación de la ICA Temuco (Cf. ICA Temuco 545/2012, ICA Temuco 1541/2010) deja instalado el interés superior del niño como primera orientación
normativa que ha de guiar las entrevistas con los NNA, en general, y aquellas con NNA testigos, en particular. Entre los derechos que están en juego durante
una declaración se encuentran la integridad personal (arts. 19 y 37 b CDN; 19 N°1 CPR; y 5 CADH) y el derecho de todo NNA a expresar su opinión libremente
(OG Nº12 CRC, 2009: Nº22, 134 b; Directrices Niños Testigos Nº21).
21	Tomado de OG Nº12 CRC, 2009: Nº134 a).
22	Tomado de OG Nº12 CRC, 2009: Nº25.
23 Tomado de OG Nº12 CRC, 2009: Nº25, 64.
24	Tomado de OG Nº12 CRC, 2009: Nº 25, 41 y 84; y Directrices Niños Testigos Nº 19.
25	Si bien es cierto que este derecho se establece a propósito del juicio oral, una interpretación sistemática permite concluir, por un lado, que debiera poder
ejercerse durante la investigación y, por otro, que por ello serían exigibles allí también los deberes de información respectivos.
5 Que el NNA cuente con la asesoría y preparación adecuadas previamente a la entrevista. El niño ha de
poder prepararse debidamente y recibir asesoría adecuada, sea por sus padres26 , representantes o
profesionales27.
6 Disponer para las entrevistas de “un entorno en que el niño se sienta respetado y seguro cuando
exprese libremente sus opiniones”28. Además, los niños deben ser tratados con tacto y sensibilidad.
Deben tomarse en consideración su situación personal y sus necesidades inmediatas, su edad, sexo,
impedimentos físicos y nivel de madurez, respetando plenamente su integridad física, mental y
moral29.
7 Que la toma de declaración sea realizada por una persona especialmente capacitada30 y dispuesta a
escuchar31.
Que el procedimiento que se utilice en la entrevista sea adaptado al NNA y que tenga en cuenta
8 la situación individual, social y cultural del niño, su capacidad para comprender y evaluar las
consecuencias de lo que hace para el desarrollo de la diligencia. Este proceso debe proteger al niño
de toda forma de discriminación, especialmente, por razones económicas o étnicas32, de tal modo
que durante la actividad el niño ha de poder manifestar, libremente y a su manera, sus opiniones y
preocupaciones33.
26	El Manual de Carabineros incorpora en parte esto al señalar que en todo caso los NNA “serán acompañados por sus padres, abuelos o guardadores o por
quienes los tuvieren bajo cuidado” (Manual Carabineros SPP, 2011: 92).
27	Tomado de OG Nº12 CRC, 2009: Nº 16, 25, 41 y 84; Directrices de Niños Testigos Nº 22 a 25; art. 15.1 de la llamada “Ley Modelo UNICEF”, 2005 (ley marco ela-
borada por UNICEF y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, en 2005, que sin ser una ley vigente, es una declaración de aspectos
deseables en el marco de la justicia en asuntos concernientes a menores víctimas y testigos de delito).
28	Tomado de Directrices Niños Testigos Nº 14; OG Nº12 CRC, 2009: Nº23.
29	Tomado de Directrices Niños Testigos Nº 11 y 12.
30	El Manual de Carabineros incorpora esta idea al indicar que se debe intentar que sea una funcionaria mujer de Carabineros quien tome declaración a un
NNA (Manual de Carabineros SPP, 2011: 92); sin embargo, la formulación de la regla no debiera centrarse en el sexo de la funcionaria, sino en su adecuada
31	Tomado de Directrices Niños Testigos Nº13: “Con el fin de evitar al niño mayores sufrimientos, las entrevistas, exámenes y demás tipos de investigación
deberán ser realizados por profesionales capacitados que actúen con tacto, respeto y rigor”. “Ley modelo UNICEF”, 13.1; OG Nº12 CRC, 2009: Nº42.
32	Tomado de OG Nº12 CRC, 2009: Nº23, 30 y 66; Directrices de Niños Testigos Nº14 y15.
33	Tomado de OG Nº12 CRC, 2009: Nº63.
9 Para el caso de NNA de comunidades indígenas, adoptar medidas especiales de protección por parte
de los jueces34. Esto implica una evaluación normativa del respeto de sus derechos que considere,
desde el comienzo, que las condiciones que posibiliten una declaración plenamente voluntaria
supongan un resguardo especial de la comprensión de lo que realiza, cuestión que incluye los códigos
culturales de esa conducta35.
10 Hacer cumplir la obligación de registro que tienen las policías respecto de sus actuaciones, la que
puede ser fundamental para conocer y controlar dichas actuaciones (arts. 97 y 228 CPP)36.
11 En el caso de NNA imputados, las policías deben incorporar en su normativa interna las obligaciones
del art. 31 de la LRPA para realizar el control de identidad, según los criterios establecidos por la Corte
Suprema. Se sugiere crear mecanismos de control acerca del cumplimiento de las normas del CPP y de
la LRPA; entre ellos, el sistema de denuncias y de registro audiovisual (ya sugerido en Informe de Nigel
S. Rodley, relator especial sobre la tortura, 2006)37.
Estándares de declaración de NNA ante las policías
Art. 12 CDN: “1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio pro-
pio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debi-
damente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”.
Art. 40.2 CDN: “b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de
haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: iv) Que no será obligado a prestar testi-
monio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener
la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad”.
34	Tomado de OG N°11 CRC, 2009: Nº 77.
35	Sobre la necesidad de “medidas de resguardo”, explícitamente parte resolutiva Protección ICA Temuco 1541/2010 considerando quinto. Hay que señalar,
además, que la ley chilena ha establecido ya algunas de estas medidas respecto de un tipo especial de NNA testigos (víctimas de delitos) y respecto de
ciertos momentos procesales (audiencias de juicio oral). Cf. arts. 191 bis y 310 CPP.
36	En el caso de los testigos, el Manual de Carabineros SPP regula expresamente esta obligación (Manual d Carabineros SPP, 2011: 92).
37	“Debe examinarse seriamente la posibilidad de registrar en video los interrogatorios y de hacer confesiones o declaraciones formales, tanto para proteger a
los detenidos de todo abuso como para proteger a la policía de las denuncias infundadas acerca de un comportamiento indebido” (Informe Relator Especial
sobre la Tortura, 2006: párrafo 135).
NNA indígenas: medidas
especiales y derechos
El CRC ha aseverado que a los NNA indígenas les corresponden derechos adicionales y medidas espe-
ciales para el pleno goce de todos los derechos (OG Nº11 CRC: párrafo 5). Con esta aseveración el CRC
no dice que los NNA indígenas tengan una menor capacidad o autonomía, sino que asevera que se trata
de personas cuya pertenencia cultural obliga a reconocerles derechos adicionales y a aplicar medidas
especiales para permitirles una efectiva igualdad de derechos en un entorno cultural que no es exac-
tamente el suyo (Cf. arts. 1 y 2.1 CDN en relación con los arts. 3 del Convenio 169 OIT y 1, 2, 3 y 22 de la
Declaración de NU sobre Pueblos Indígenas).
Para que las medidas especiales cumplan su propósito de hacer efectiva la igual libertad de los NNA in-
dígenas, deben respetar los requisitos procedimentales y sustantivos que establece el Convenio 169 de
la OIT. Entre los primeros se encuentra la exigencia de participación de los pueblos indígenas, incluidos
sus NNA, en las acciones que un Estado emprenda en cuestiones que les afectan (art. 2.1 Convenio 169
OIT). En particular, se les ha de consultar las medidas legislativas y administrativas que les conciernan
directamente (art. 6.1.a Convenio 169 OIT y OG Nº11 CRC: párrafos 19, 20, 31 y 39).
Lo anterior tiene por consecuencia que los protocolos policiales deben ser consultados a los pueblos in-
dígenas, pues se trata de medidas administrativas que les conciernen directamente cuando se ejecutan
respecto de sus miembros y, especialmente, en los territorios de sus comunidades. Esto no quiere decir
que la ejecución de tales medidas dependa de la voluntad de las comunidades indígenas, ni que la
consulta suponga una especie de derecho a veto o una opinión vinculante respecto del diseño de los
procedimientos policiales sino, simplemente, que se obliga a la creación de un procedimiento para que
las autoridades policiales escuchen los argumentos de los pueblos indígenas en lo que se refiere al trato
de sus funcionarios con los NNA, para el ejercicio legítimo de la fuerza pública.
En primer lugar, el art. 12 del Convenio 169 de la OIT exige fortalecer los mecanismos de garantía de los
derechos vulnerados, mediante el establecimiento de recursos efectivos para cumplir con las obligacio-
nes del Estado. Dicha efectividad supone, a lo menos, que el mecanismo de garantía se adecue a la rea-
lidad del reclamante en su calidad de niño y de miembro de una cultura indígena particular. Además, el
mismo art. 12 solicita que se considere el sistema de asociación de las comunidades indígenas para que,
al momento de iniciar los procedimientos respectivos, se permita que sus instituciones representativas
interpongan las acciones pertinentes.
Otros ejemplos que quedan comprendidos por la exigencia de adaptación que establece el art. 12 del
Convenio 169 de la OIT y el art. 13.2 de la Declaración de NU sobre Pueblos Indígenas lo constituyen
las comprensiones culturales y las limitaciones en la manera de entender un proceso jurídico. Para dar
todo su peso normativo a la directriz en comento, hay que comprenderla desde el mandato de no discri-
minación y del derecho a ser oído, establecidos en la CDN (Cf. arts. 2 y 30 CDN y OG Nº11 CRC: párrafos
23-25, 37, 39, 40 y 76).
MATRIZ SOBRE NNA INDÍGENAS: MEDIDAS ESPECIALES Y DERECHOS ADICIONALES
nudo crítico: Detención de NNA indígenas
impugnación: Afectación a la integridad física y psíquica de NNA mapuche.
Estándares OG Nº11 CRC: párrafos 5, 19, 20, 23, 25, 31, 37 39, 40 y 76; arts. 1, 2.1 y 30 CDN; arts. 2.1 y 3 Convenio 169 OIT;
internacionales: arts. 1, 2, 3 y 22 Declaración de NU sobre Pueblos Indígenas; arts. 5, 7 y 8 CADH; Observaciones Finales del CRC
al Estado de Chile, 2007: párrafo 74.d.
Normativa nacional: Arts. 1, 19 N°1 y 19 N°2 CPR.
En caso que el NNA utilice otro idioma, como pudiera tratarse de los NNA indígenas, los deberes de
Recomendaciones: 1 información han de cumplirse siguiendo el lenguaje de su pueblo, tanto en la comunicación oral como
en la escrita (De Rover, 1988: 242).
En el caso de los NNA indígenas las sugerencias sobre la manera de notificar a la familia y de
2 permitir la comunicación con el abogado, debieran ser reforzadas de la siguiente forma: entregar la
información de estos derechos en la lengua del NNA y en los modos culturalmente apropiados. Esto es
particularmente sensible si el procedimiento incluye el traslado del NNA desde una comunidad a una
ciudad u otro lugar distinto. Además, debiera considerarse un concepto ampliado de familia según la
tradición de cada comunidad indígena (art. 5 CDN y OG Nº11 CRC: párrafo 46).
Las recomendaciones anteriores deben ser reforzadas en las comunidades mapuche por ser una de las
3 instancias donde se genera mayor cantidad de denuncias. El reforzamiento consistirá en una misión
de inspección constituida por funcionarios policiales de alto rango y representantes de instituciones
de derechos humanos, cada vez que se denuncien afecciones a la integridad en las detenciones
nudo crítico: Entrada y registro
Razón de Uso desproporcionado de la fuerza y falta de adecuación de los procedimientos según lo dispuesto en el
impugnación: Convenio 169 de la OIT.
Estándares Art. 30 CDN; art. 5 CADH; OG N°11 CRC; Observaciones Finales del CRC al Estado de Chile, 2007; art. 3 Código
internacionales: de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
Normativa nacional: Art. 19 N°1 y N°5 CPR; art. 205 y siguientes CPP.
Recomendaciones: 1 Que los funcionarios policiales sean acompañados y asistidos por personal especialmente capacitado
en la cosmovisión, tradiciones y costumbres de la comunidad indígena que será afectada por su
actuación. Para ello podría utilizarse, por ejemplo, un facilitador intercultural, quien deberá dominar la
lengua, la cultura, tradiciones y costumbres del pueblo indígena en cuestión.
2 Que la diligencia se realice en castellano y en la lengua de la comunidad afectada por el procedimiento
3 Se sugiere adicionalmente a Carabineros y a la PDI que un funcionario policial, especialmente
capacitado, se haga cargo del trato con los NNA. Esto implica averiguar si habría NNA en el lugar
del procedimiento policial e incorporar el interés superior del niño como criterio para establecer la
estrategia de actuación, su ejecución y evaluación, así como el cuidado de los NNA durante y después
4 En vista que las denuncias respecto de entradas y registros se dan en el contexto del apoyo que
otorgan Fuerzas Especiales de Carabineros, se recomienda establecer una nueva regulación que
conjugue el apoyo de estas fuerzas y las reglas procesales vigentes. Para esa regulación se recomienda:
4.1.	Crear instancias de diálogo y de acercamiento entre Carabineros, el Ministerio Público y las
comunidades indígenas, de modo de reparar las relaciones dañadas y generar confianzas entre
las personas involucradas (en sentido similar, OG 31 CERD: párrafo 5 c). Un buen resultado de esto
podría consistir en que un funcionario policial de confianza de las comunidades pudiera liderar
los procedimientos policiales en lo venidero.
4.2.	Que la petición de apoyo de Fuerzas Especiales y su aceptación indiquen las razones que justifican
su presencia en cada caso. Que la eventual petición de apoyo sea conversada previamente con el
fiscal, de manera que éste lo tenga presente y lo señale al pedir la orden judicial.
4.3.	La obligación de diseñar entre las policías y el Ministerio Público una estrategia y un modo de
a.	Se elabore en base a la máxima de proporcionalidad y el interés superior del niño. En esta
perspectiva deberán hacerse explícitos los mecanismos por los cuales el uso de la fuerza,
los medios disuasivos y otro tipo de armamento serán utilizados como medida de último
b.	Enfatice el cumplimiento de todos los deberes policiales, tanto respecto de los derechos
c.	Indique la persona responsable del resguardo de NNA, quien deberá hacer explícitos los
mecanismos por los cuales se buscará respetar su interés superior al momento de diseñar la
d.	Identifique y considere el lugar de actuación, las autoridades tradicionales, las personas
que habitan allí y todos los elementos consuetudinarios pertinentes para ejecutar el
procedimiento policial respetando las valoraciones culturales de la comunidad afectada.
Así, por ejemplo, debieran quedar previamente establecidos los lugares sagrados para
la comunidad, sus autoridades tradicionales y los NNA que habitan el lugar, de modo de
conducirse de manera acorde a las valoraciones que la comunidad tiene respecto de ellos.
5 Establecer una instancia de supervisión y evaluación posterior a toda actuación de Fuerzas Especiales
en apoyo de una diligencia de investigación. Dicha instancia debiera recibir las denuncias respecto a
responsabilidades individuales y también promover la revisión de prácticas institucionales. Se sugiere
que dicha instancia sea integrada por un funcionario perteneciente al Departamento de Derechos
Humanos de la institución o, en su defecto, por un funcionario que esté especialmente capacitado en
6 Para permitir el funcionamiento de esta instancia, toda actuación de Fuerzas Especiales debiera ser
registrada audiovisualmente y de modo íntegro.
7 Se sugiere a Carabineros, a la PDI, al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública y al Poder Judicial,
8 Capacitar en derechos humanos de los pueblos indígenas, con especial consideración al Convenio
169 de la OIT y a la Declaración de NU sobre Pueblos Indígenas, a Carabineros, a la PDI, al Ministerio
9 Que los centros pertenecientes a los servicios de salud de las comunidades indígenas donde se
emocional y psicológicamente a los NNA que son afectados por el uso de la fuerza policial.
nudo crítico: Declaraciones de NNA ante las policías
impugnación: Existen prácticas de interrogaciones informales a NNA prohibidas por la ley.
Recomendaciones: 1 Adoptar medidas especiales de protección para los niños indígenas. Esto implica una evaluación que
considere las condiciones de una declaración plenamente voluntaria y el resguardo especial de los
códigos culturales de los NNA.
nudo crítico: Mecanismo destinado a garantizar los derechos humanos
impugnación: Los mecanismos destinados a garantizar los derechos humanos no se adecuan al Convenio 169 de la OIT.
internacionales: CDN, CADH, PIDCP, CIDH, OG N°31 HRC.
Normativa nacional: Art. 5 inciso 2° CPR; Ley N° 18.961 para Carabineros de Chile; Decreto Ley N° 2.460 para la Policía de
Recomendaciones: 1 Quienes lleven adelante un sumario o una investigación sumaria deben estar especialmente
preparados para entrevistar a NNA amenazados y vulnerables. Además, deben estar capacitados
especialmente para tratar con NNA indígenas.
2 El lenguaje que se utilice en los procesos administrativos debe ser comprensible para los NNA. Esto
supone que se les introduzca en la terminología jurídica, de modo que puedan tomar decisiones
informadas. En el caso de NNA indígenas, los procesos debieran llevarse adelante en su lenguaje nativo,
si es que los NNA lo requieren.
3 Establecer un protocolo para la recepción de las denuncias de NNA, a cargo de una unidad con
funcionarios capacitados para ello y que genere la confianza para motivar sus presentaciones. Además
debieran establecerse mecanismos de protección adicionales en caso que el denunciante sea un NNA
indígena. En particular, se sugieren medidas que fortalezcan la confianza en la posibilidad de denuncia,
aseguren la comprensión de la acción emprendida, su progresión y eventuales consecuencias, según
las características idiomáticas y culturales del denunciante; que para la denuncia se acepte la actuación
de representantes adecuados a sus instituciones tradicionales, aunque no sean consideradas por la
legislación nacional; y que se determine, en conjunto con el denunciante, un sistema de información
acorde a sus exigencias culturales.
4 A propósito de los resultados de los estudios, y antes de la toma de decisión sobre políticas
institucionales, se sugiere que se generen instancias de diálogo con instituciones o personas
conocedoras de los derechos de los niños, con los mismos NNA que han sido afectados por las prácticas
policiales en estudio y con otras personas o instancias cuyas opiniones sean pertinentes para la
investigación. Es particularmente relevante a este respecto consultar a las comunidades indígenas que
hayan sido afectadas por las labores policiales. El objetivo de esta práctica es generar propuestas de
reformas que conozcan las perspectivas de la sociedad civil y, en particular, de los NNA.
5 Siguiendo las últimas observaciones finales del CRC al Estado de Chile, en las que se señala que “todos
los niños víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes tengan acceso a medidas de reparación
integrales, incluidas medidas para la recuperación física y psicológica y la reintegración social”, el Estado
debiera tener especial preocupación por la reparación en el caso de NNA indígenas.
6 Capacitar a funcionarios policiales y equipos auxiliares de Carabineros y de la PDI en las cosmovisiones
indígenas, en las pautas de crianza de la infancia indígena y en la organización social de las
comunidades. Estas capacitaciones debieran incluir, adicionalmente, la consideración del interés
superior del niño en relación a los aspectos señalados (OG N°11 CRC: párrafo 33) y centrarse en los
pueblos indígenas que habiten en la zona jurisdiccional de los funcionarios.
7 Capacitar en derechos humanos de los pueblos indígenas, con especial consideración al Convenio 169
de la OIT y a la Declaración de NU sobre Pueblos Indígenas, a Carabineros y a la PDI. Esta capacitación
debiera incluir también aspectos relevantes del derecho consuetudinario, de los derechos culturales
y de su relación con la CDN, en general, y del interés superior del niño, en particular (OG Nº11 CRC:
párrafos 30-33).
Estándares de medidas especiales y derechos adicionales sobre NNA
Art. 30 CDN: “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen
indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corres-
ponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar
su propia religión, o a emplear su propio idioma”.
Observaciones Finales del CRC al Estado de Chile, 2007: párrafo 74.d: “El Comité recomienda al Estado
Parte que: Vele por que los jóvenes indígenas no sean víctimas de malos tratos a manos de la policía y adopte
medidas preventivas y correctivas en los casos de presuntos malos tratos”.
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Resumen 2da Parte Bobbio

References: artículo 37
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 Resolución 

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e contrario
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