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Timestamp: 2019-09-15 10:11:00+00:00

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Novedades legislativas | Bravo Advocats. Abogados y Asesores jurídicos. | Page 4
En fecha de 5 de julio de 2014 ha entrado en vigor este Decreto, del cual destacamos aquí sus principales novedades. La normativa incluye una amplia serie de medidas en materia fiscal, introduciéndose modificaciones sustanciales sobre la retención a practicar a los trabajadores autónomos por las actividades profesionales. El régimen general establecido tendrá una retención del tipo de IRPF del 21%. En cambio, en los años en que se dé inicio a la actividad se aplicará la retención del 9%, así como en los dos siguientes siempre que no se haya realizado ninguna actividad anterior. Como tercer tipo, se podrá optar a la retención reducida del 15% cuando en el ejercicio anterior los rendimientos íntegros derivados de la actividad profesional obtenidos por el contribuyente sean menores a 15.000 euros, siempre que además estos rendimientos representen el 75% de la suma de sus rendimientos totales de actividades económicas y del trabajo.
Este Real Decreto Ley también introduce la exención al pago del IRPF por la “plusvalía municipal” (Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana) y por las ganancias patrimoniales obtenidas de las daciones en pago de viviendas habituales para la cancelación hipotecaria. Esta dispensa se amplía a las transmisiones realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales. Por otro lado, se regula una compensación de las rentas negativas derivadas de participaciones preferentes. Este tipo de participaciones originó, al aplicar la normativa vigente, un perjuicio fiscal, puesto que la pérdida que se produjo por el canje en acciones o participaciones no era compensable con las ganancias que se obtenían al venderlas. Con esta nueva normativa, se establece un régimen de integración en el que se pueden compensar estas pérdidas con ganancias netas que se incluyen en la renta del ahorro o rendimientos del capital mobiliario positivos. Esta compensación podrá producirse en la declaración del IRPF 2014 y afectará a los rendimientos negativos pendientes de compensar. Cerrando estas medidas fiscales, el Decreto regula el establecimiento de un tipo de gravamen del 0,03% para el Impuesto sobre Depósitos de las Entidades de Crédito (IDEC). La recaudación de este depósito se destinará a las Comunidades Autónomas, en función de lo obtenido por cada una.
Otro pilar de esta iniciativa legislativa consiste en la creación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ), destinado a encauzar programas, proyectos y acciones enfocados al empleo de los jóvenes de entre dieciséis y veinticinco años, o hasta treinta en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Este sistema, el cual contiene medidas concretas para fomentar la integración laboral de este colectivo, viene acompañado de preceptos en la ley que lo complementan. Por un lado, se establece un incentivo generalizado consistente en una bonificación mensual en la aportación empresarial a la cotización de la Seguridad Social de 300 euros al tener empleado a un trabajador joven durante 6 meses, siendo éste el límite de tiempo para percibir dicha bonificación. Por otro, se modifica el régimen legal aplicable a varios contratos cuando empleen a alguien inscrito en el SNGJ aumentando las bonificaciones por cotizaciones a la Seguridad Social. Se crea también el Portal de Garantía Juvenil, el cual trata de reunir a jóvenes, administraciones, empresas y otras entidades las cuales participan en la gestión del SNGJ. En esta plataforma se ofrecerán estrategias de emprendimiento, de búsqueda de empleo, información relativa a los beneficios que aporta este sistema, y herramientas para que las empresas contraten a los jóvenes inscritos.
Esta Ley Orgánica reforma el Consejo General del Poder Judicial en diversos aspectos. Por una parte habilita que sea el Tribunal Supremo el que juzgue tanto los procedimientos civiles como los penales del Rey o Reina que hubiesen abdicado, así como la consorte del Rey y los príncipes o princesas de Asturias. De este modo, la Familia Real al completo queda amparada por este aforamiento judicial.
En otro orden de cosas, se modifica la competencia sobre las jubilaciones voluntaria, forzosa, o por incapacidad permanente de los funcionarios de carrera, así como la posible prórroga en el servicio activo. Hasta la fecha era el Estado el habilitado competencialmente para dirimir estas cuestiones, siendo ahora las Comunidades Autónomas las competentes en esta materia. Se estipula también que los jueces dispondrán de cinco días más de permiso, equiparándose así al resto de funcionarios públicos. Cabe recordar que en 2012 el Gobierno recortó a tres el número de días de permiso por asuntos propios a los jueces y fiscales, siguiendo el esquema que se les aplicó a todos los funcionarios públicos en aquel entonces.
La normativa se publicó el 27 de junio en el BOE y se focaliza en la regulación prudencial del sector financiero, incorporando así los acuerdos internacionales adoptados por el Estado español como respuesta a la crisis financiera del año 2008 y en aras de un mayor control de este sector de la economía. Esta ley absorbe el Real Decreto Ley 14/2013, de 29 de noviembre, el cual reguló algunos de los aspectos más apremiantes. La ley se divide en tres grandes bloques. El primero de ellos trata sobre el Régimen jurídico de las entidades de crédito, recogiéndose entre otros, su definición, actividad exclusiva e inherente a las mismas, su funcionamiento interno, y las políticas de remuneraciones y gobierno corporativo. Estas últimas son las que suscitan mayor trascendencia en este primer bloque, imponiéndose limitaciones en el número de cargos a ejercer, a la remuneración variable y la obligatoriedad de la publicación de las retribuciones percibidas en el ejercicio anual de cada uno de los miembros del consejo de administración. El segundo se centra en la supervisión prudencial y la solvencia. En él encontramos novedades diversas, como la imposición expresa de la creación de un Programa Supervisor que rendirá cuentas ante el Banco de España, o la publicación de un Informe Bancario Anual, el cual recogerá datos de diversa índole, como el número de empleados, tributación o subvenciones. En línea con la búsqueda de la solvencia de estas entidades, se impondrá la creación a partir de 2016 de diversos colchones de capital, que aseguren la estabilidad de las entidades. El último bloque actúa sobre el Fondo de Garantía de Depósitos, modificando la composición de su Comisión Gestora, e incorporando a representantes de Ministerios gubernamentales como el de Economía y Competitividad y Hacienda y Administraciones Públicas, quedando fijada en un total de 11 miembros que serán seleccionados acorde a los criterios establecidos en esta regulación.
Esta ley transforma algunos aspectos de la vigente normativa catalana que regula la iniciativa legislativa popular, la Ley 1/2006. Como ya ocurrió con la anterior variación del texto normativo del año 1995, la nueva ley recoge nuevas propuestas para actualizar la regulación al nuevo contexto económico y social. Por tanto, el principal objetivo de la ley es fortalecer la institución de la iniciativa legislativa popular para proteger y modernizar el sistema de democracia parlamentaria. La primera gran variación introducida consiste en limitar el periodo máximo a 4 meses para que se entre a debatir la ILP dentro del programa de la sesión plenaria. Con esta medida se limita el poder de programación del orden del día de los órganos de gobierno del Parlament de Catalunya.
La segunda reforma reconoce a los promotores de la iniciativa legislativa popular el derecho a intervenir durante el proceso de debate a la totalidad, así como en las tramitaciones posteriores que hayan superado el trámite. Con este cambio se refuerza la participación en la sede de comisión legislativa. El tercer gran cambio consiste en introducir una medida que permita tramitar una ILP aunque no exista dotación presupuestaria. Con dicha variación se prevé un mecanismo automático para diferir la entrada en vigor de la ley en el ejercicio presupuestario siguiente si en el actual no existen partidas económicas disponibles.
En último lugar, la reforma introducida consiste en extender el asesoramiento de los servicios jurídicos del Parlament de Catalunya a todas las fases de tramitación de la iniciativa y no sólo a la fase de presentación, tal y como venía sucediendo hasta ahora.
Decreto Ley 3/2014, de 17 de junio, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación en Catalunya de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
Este Decreto Ley establece la aplicación en Catalunya de las competencias de los entes locales tras la entrada en vigor de la ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. El citado texto normativo modifica la Ley de Bases del Régimen Local, y fija las atribuciones en exclusiva del Estado en determinadas materias. Esta situación de indefinición introducida por la Ley 27/2013, ocasiona que cada municipio realice una interpretación diferente en relación a las funciones que puede ejercer. Por tanto, el Decreto Ley define a qué responden las competencias propias, las delegadas, las distintas de las propias y las atribuidas por delegación en el marco del Estatuto de Autonomía de Catalunya. Las disposiciones adicionales del Decreto, asimismo, establecen la adaptación de los convenios, acuerdos y otros instrumentos suscritos entre la Generalitat de Catalunya y los entes locales.
El Decreto Ley, por tanto, puntualiza que las atribuciones propias de los entes locales son las establecidas exclusivamente por ley estatal o ley catalana, y que los titulares de éstas pueden ser los municipios, veguerías y áreas metropolitanas, garantizando que no se atribuyan simultáneamente. El texto normativo prevé también la posibilidad de que la Generalitat de Catalunya delegue competencias a los entes locales sin que éstas puedan afectar a la sostenibilidad financiera de aquéllos. Finalmente, también se regula la posibilidad de que el ente local desarrolle funciones propias y atribuidas por delegación, siempre y cuando no existan duplicidades y sean económicamente sostenibles.
Este Real Decreto desarrolla la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Como principales novedades introducidas en el Reglamento, se encuentra la rebaja substancial de las obligaciones formales de los sujetos obligados por Real Decreto que presenten una reducida cifra de negocios y número de personal empleado. El Reglamento establece quienes son los sujetos obligados normativamente: entidades de crédito, sociedades de inversión, auditores de cuentas, notarios, registradores de la propiedad, abogados, procuradores, casinos y comerciantes de bienes de alto valor y de bienes artísticos.
En cuanto a las obligaciones formales se impone la obligación de almacenar las copias de documentación en soportes ópticos o electrónicos, de la misma manera que también deberán almacenar los documentos acreditativos de operaciones contables. Se exceptúa de cumplir dicho requisito a todos aquellos sujetos que tengan menos de diez trabajadores y que su cifra de negocio sea inferior a los dos millones de euros, ya que en estos supuestos se les permite la posibilidad de mantener copias físicas de los documentos de identificación, excluyéndose a los sujetos que forman parte de un grupo de empresas. La norma también impone nuevas medidas de control interno que se materializan en documentar el análisis del riesgo, contar con un manual de prevención, crear órganos de control interno, contar con auditorías y tener planes de formación profesional. Del cumplimiento de dichos requisitos también se encuentran exentas las empresas con una cifra de negocios inferior a los dos millones de euros anuales y que cuenten con una plantilla inferior a los 10 empleados.
Por tanto, se amplían las situaciones de especial riesgo y se enumeran las medidas de diligencia reforzada que deben ser aplicadas por los sujetos obligados con el fin de prevenir el blanqueo de capitales, al mismo tiempo que otorga mayor flexibilidad a las pequeñas empresas, sin perjuicio de la obligación formal de control.
Esta Directiva establece y regula el ámbito de funcionamiento de la Orden Europea de Investigación (OEI). Con esta medida se ha buscado crear un único instrumento, la citada OEI, con la finalidad de contar con medidas de investigación específica con vistas a la obtención de pruebas. Este nuevo sistema ha sido creado debido a que el marco existente para la obtención de pruebas era demasiado fragmentario y complicado, por lo que era necesario un nuevo planteamiento que permitiese crear un sistema en el cual se pudiesen obtener pruebas en asuntos transfronterizos, basados en un reconocimiento mutuo que tuviera en cuenta la flexibilidad del sistema tradicional de asistencia judicial.
Se regulan los tipos de pruebas que se pueden obtener, los plazos de aplicación y los límites que se reconocen para la denegación de pruebas, estableciéndose los límites temporales para que la cooperación se lleve a cabo de manera rápida, eficaz y productiva, pudiéndose utilizar todas aquellas medidas de investigación que se reconozcan en el Ordenamiento Jurídico propio, habiendo de recurrir a otro tipo de medidas si dicha normativa no las reconoce como propias, siempre evitando lesionar los Derechos Fundamentales, la vida privada o los derechos humanos. El solicitante debe procurar que la medida de investigación sea proporcionada, adecuada y aplicable, debiendo la autoridad de ejecución comprobar dichos requisitos.
La norma presenta dos grandes novedades dentro del ámbito tributario. La primera novedad es que modifica el régimen jurídico de la declaración resumen anual del IVA, que se encuentra regulado en el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. El primer artículo del Real Decreto modifica los apartados 1 y 7 del Real Decreto 1624/1992 del Reglamento del IVA donde se establece la posibilidad de exonerar de la obligación de presentar la declaración resumen a determinados sujetos pasivos, que se concretará mediante Orden Ministerial.
Asimismo, se añade un artículo al Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, concretamente el artículo 37 bis, que obliga a las entidades financieras a informar sobre las cuentas bancarias existentes así como la identidad y residencia del titular de las cuentas bancarias. El nuevo artículo tiene como fin lograr una mayor transparencia y acabar con el fraude fiscal. Por último, se establece la posibilidad de que los contribuyentes puedan acceder a la sede electrónica de la Agencia Tributaria al objeto de conocer el contenido de sus notificaciones.
La nueva Ley de Telecomunicaciones modifica la antigua Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones; un texto normativo que había sido modificado en diversas ocasiones. La principal y más profunda revisión de la norma, data de la modificación realizada por el Real Decreto Legislativo 13/2012, de 30 de marzo, por el que se trasponen algunas directivas en materia de mercados de comunicaciones electrónicas. Como principales novedades introducidas, la Ley pasa a reconocer derechos de ocupación del dominio público y del uso compartido de infraestructuras para el despliegue de redes a los operadores, sin que pueda establecerse un derecho preferente o exclusivo de un dominio público en beneficio de un operador determinado. Esta medida busca favorecer la inversión de los operadores.
Desde el punto de vista competencial, se otorga la competencia al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para aprobar los procedimientos de planificación urbanística relacionadas con el ámbito de las telecomunicaciones. Además, la nueva Ley exime a determinados operadores de la obligación de contribuir a la financiación del servicio universal. El texto exime a todos aquellos operadores que tengan unos ingresos inferiores a 100 millones de euros. La Ley, también limita la posibilidad de que las Administraciones Públicas puedan explotar redes y prestar servicios de telecomunicaciones. Únicamente lo podrán realizar a través de operadores controlados por la Administración.
Otra de las novedades es que la Ley aumenta los derechos de los usuarios en su relación con las empresas del sector. Se establece un derecho a favor de los consumidores de recibir compensaciones económicas en los casos de incumplimiento de las empresas; asimismo, se prevé la posibilidad de resolver los contratos tras la finalización del proceso de portabilidad de líneas telefónicas; y se permite a los consumidores el derecho a desconectarse de determinados servicios. Finalmente, con la nueva regulación se simplifican los trámites administrativos para obtener autorizaciones y licencias de obra para el despliegue de ciertas instalaciones e infraestructuras.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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 artículo 37
 Real Decreto