Source: http://www.perezcalzadilla.com/publicaciones/2018/04/10/diferencias-entre-amparo-constitucional-y-amparo-cautelar.aspx
Timestamp: 2019-08-23 03:02:34+00:00

Document:
DIFERENCIAS ENTRE AMPARO CONSTITUCIONAL Y AMPARO CAUTELAR
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999 consagra en su artículo 27, la acción de amparo constitucional, como derecho fundamental en el que se impone a los Tribunales de la República, la obligación de resolver de manera expedita, gratuita, oral y breve las peticiones que presenten los justiciables ante los órganos jurisdiccionales, con ocasión a la violación de cualquier derecho o garantía constitucional (e inclusive de aquellos no previstos en la carta magna) del que puedan estar siendo objeto.
La ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (1988) establece en su artículo 1 que:
“Toda persona natural habitante de la República, o persona jurídica domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el amparo previsto en el artículo 49 de la Constitución, para el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos derechos fundamentales de la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución, con el propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. La garantía de la libertad personal que regula el habeas corpus constitucional, se regirá por esta Ley”.
Ahora bien, resulta necesario conocer el alcance del amparo constitucional, como acción autónoma; el mismo procede contra normas, actos administrativos de efectos generales y de efectos particulares, contra sentencias, resoluciones emanadas de los órganos jurisdiccionales, contra actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones y omisiones de las autoridades o particulares, todas estas proceden cuando se viole un derecho o garantía constitucional o cualquier derecho susceptible de protección o, inclusive, cuando exista un peligro cierto de violación, siempre y cuando no exista un medio procesal bien sea ordinario o breve sumario y eficaz acorde con la protección constitucional.
Sin embargo, dentro de los procesos judiciales, existe otra modalidad de amparo, la cual se denomina “amparo cautelar” y que si bien, proviene de la misma naturaleza jurídica que el amparo constitucional, tiene matices que le diferencian de este.
El amparo cautelar es una institución jurídica, que guarda similitud con las llamadas providencias cautelares o medidas cautelares, a través de esta acción se persigue el resguardo y el restablecimiento provisional, de alguna garantía o derecho, que considere el particular se le está violentando. Una de las características más interesantes de esta institución, es que a diferencia del amparo constitucional, la misma no puede ejercerse de forma autónoma, sino que debe solicitarse conjuntamente con la interposición del debido recurso contencioso administrativo de nulidad contra alguna actuación lesiva de algún órgano que conforme la administración pública nacional, por lo que prima facie entre los requisitos de admisibilidad de la solicitud de amparo cautelar se encuentran:
• Que exista un proceso, lo que se conoce como Litis pendente
• Que el juez en atención al principio de proporcionalidad consagrado en la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa (LOJCA 2010) pondere los llamados “intereses generales e intereses juegos”; lo que no es más, que realizar una operación lógico-jurídica en la que se determine el alcance de las providencias cautelares a dictar, y si con este proceder se estaría afectando o no el interés general.
Al ser el amparo cautelar, una institución que guarda relación con la naturaleza jurídica y el alcance de las medidas cautelares, el juez que conozca de este para su debida admisión (inadmisión), procedencia (improcedencia); deberá evaluar prima facie, el cumplimiento de dos requisitos, al respecto:
• La existencia de un fumus boni iuris constitucional
• y la existencia de un periculum in damni constitucional.
“En cuanto a la existencia de un fumus boni iuris constitucional, se aprecia que el amparo constitucional cautelar tiene como característica diferencial, que la posición jurídica del querellante se concrete en un derecho o una garantía constitucional. Es decir, de todo amparo constitucional cautelar surge la necesidad de la apariencia de certeza o de credibilidad de un derecho constitucional invocado por parte del sujeto que solicita en amparo.
En cuanto a la existencia de un periculum in damni constitucional, se observa que la noción de periculum in mora resulta insuficiente pues la misma se contrae a la eficacia de la sentencia que se dicte, es decir, de su ejecutabilidad, en cambio la noción de periculum in damni implica un fundado temor de daño inminente, patente, causal y manifiesto en la esfera jurídica del justiciable”
Tribunal Superior Contencioso Administrativo Estado Lara- KE01-X-2007-000057– TSJ Regiones – Decisión
Para que el amparo cautelar sea tramitado, deben llenarse los extremos de admisibilidad ut supra descritos, mientras que en materia de amparo constitucional, la ley orgánica de derechos y garantías constitucionales en su artículo 6, el cual está referido a los requisitos de admisibilidad, no dispone como requisito para admitir la acción, la demostración de la existencia de un fumus boni iuris constitucional y del periculum in damni constitucional, toda vez que según las disposiciones de la carta magna venezolana en su artículo 27 parte in fine, señala que la acción de amparo constitucional no estará sujeta a formalidad, es decir bastara con que el presunto agraviado al interponer su acción, lleve al proceso algún elemento probatorio en el que fundamente su acción, sin necesidad de argumentar extensamente el petitorio que realiza y el derecho que reclama le asiste, todo en consonancia con la expedites, brevedad, y celeridad que el juez debe darle por mandato constitucional a esta acción. En cuanto a la procedencia del amparo cautelar; este procederá contra todo acto emanado de la administración pública, y sus efectos no deben entenderse como vinculantes para la decisión que debe tomar el juez de la causa; al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 115, de febrero 2017, (Caso Antonio José Varela) Estableció que; el hecho de que se declare procedente la solicitud de amparo cautelar, no implica necesariamente que la decisión que recaiga sobre el recurso de nulidad, deba favorecer al recurrente ya que el amparo cautelar persigue una protección temporal.
En atención a lo planteado en el presente artículo, se hace necesario concluir en las diferencias más resaltantes, entre estos dos importantes instrumentos jurídicos en materia de defensa de derechos y garantías constitucionales, a saber el amparo constitucional y el amparo cautelar:
• El amparo constitucional es una acción autónoma; mientras que el amparo cautelar debe necesariamente interponerse de forma accesoria, subsidiaria y conjunta con el recurso contencioso administrativo de nulidad.
• El amparo constitucional procede en contra de contra normas, actos administrativos de efectos generales y de efectos particulares, contra sentencias, resoluciones emanadas de los órganos jurisdiccionales, contra actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones y omisiones de las autoridades o particulares, todas estas proceden cuando se viole un derecho o garantía constitucional o cualquier derecho susceptible de protección o, inclusive, cuando exista un peligro cierto de violación, siempre y cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional; mientras que el amparo cautelar procede solo en contra de las actuaciones emanadas de la administración pública y materializadas estas en actos administrativos.
• El amparo constitucional, por mandato de la sala constitucional, debe ser interpuesto por los interesados o sus apoderados, mientras que el requisito pro actione en materia de amparo cautelar es intuito persona.
• Los efectos del amparo constitucional, se materializan con la situación jurídica infringida por actuaciones o abstenciones de la administración, o de personas, mientras que los efectos del amparo cautelar, son limitados, ya que versan en reparar de forma provisional una situación jurídica hasta tanto no se dicte sentencia definitiva.

References: artículo 27
 artículo 1
 artículo 49
 artículo 6
 artículo 27
in fine