Source: https://contablecolombia.blogia.com/2011/100801-ley-1474-de-2011-estatuto-anticorrupci-n-.php
Timestamp: 2018-07-18 14:41:08+00:00

Document:
LEY 1474 DE 2011 (ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN) | CONTABLECOLOMBIA
07 de octubre de 2011 - 20:58
Severas medidas penales en la nueva Ley 1474 de 2011.
TOMADO DE:http://www.masterbase.com/ESSE/MAI/mbMAI_vista.asp?ID=ID1206hx1111405ick4ll4
En el nuevo Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) se tipifica por primera vez ciertos actos de corrupción en el sector privado, creándose nuevos delitos que pueden ser cometidos por trabajadores, socios, accionistas y directivos de sociedades de naturaleza privada, incluyendo los revisores fiscales.
El 28 de septiembre de 2011, se realizó en el Salón Rojo del Hotel Tequendama el foro cambios en la contratación estatal, con la participación de 800 personas de todas las regiones del país(proveedores del Estado, servidores públicos, profesionales y académicos), con el fin de analizar el impacto de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", y los procedimientos técnicos y normativos requeridos para la contratación pública en Colombia.
Altos funcionarios públicos y destacados Académicos analizaron en Bogotá, las nuevas medidas penales y disciplinarias en la lucha contra la corrupción pública y privada, el nuevo régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, y las medidas para la eficiencia y la eficacia del control fiscal.
El Presidente de este Tribunal, Dr. Mauricio Fajardo Gómez, indicó en el Seminario 'Cambios en la Contratación Estatal' realizado en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, que estima muy importante la responsabilidad del Estado y que descongestionar la Jurisdicción es uno de los principales retos del Consejo de Estado.
El Doctor Fajardo trató además dos temas de trascendental importancia en los contratos: 1. La tesis de la obligatoriedad para los funcionarios de declarar la caducidad ante la existencia de las condiciones fácticas para hacerlo, y 2. los poderes excepcionales subsidiarios.
De otra parte, trató el tema de la acción para los contratistas perjudicados por los actos precontractuales y la adjudicación, incluso en caso de no haber participado en el proceso precontractual y ser perjudicados o haber demostrado interés en el proceso.
Momento de la sesión de preguntas y respuestas:
En la foto, aparecen de izquierda a derecha los Doctores Ricardo Hoyos Duque, Carlos Naranjo Flórez, Gloria Esse Duran, y Pablo Manrique Convers, absolviendo inquietudes a los participantes.
Este seminario generó un escenario de debate y reflexión sobre las propuestas más relevantes en la Contratación Pública en Colombia, y para tal efecto contamos con la participación de los siguientes Conferencistas de reconocimiento Nacional y de talla Internacional, que desarrollaron los siguientes temas principales: Modificaciones en la Justicia Penal, Disciplinaria y Fiscal, (Estatuto Anticorrupción) Ley 1474 de Julio 12 de 2011, el Debido Proceso en sanciones contractuales, La nueva visión de la contratación Estatal. ¿Una adaptación a la crisis?, alternativas para la administración pública en la aplicación de la mínima cuantía; contratos de prestación de servicios y Novedades en procesos de selección del Contratista y Aspectos a tener en cuenta en la contratación Pública, entre otros.
Dr. Mario Roberto Molano.
Asesor de la Contralora General de la República
Dr. Nelson Izaciga.
Contralor Delegado Sector de Infraestructura. Telecomunicaciones y Comercio
Dr. Alejandro Maya Martínez.
Secretario General. Ministerio de Transporte.
Dr. Carlos E Naranjo Florez
Dr. Pablo Manrique Convers
Artículo 16. Corrupción privada. La ley 599 de 2000, tendrá un articulo 250A “El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero, en perjuicio de aquella, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleado o asesor de una sociedad, asociación o fundación que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio no justificado, en perjuicio de aquella. Cuando la conducta realizada produzca un perjuicio económico en detrimento de la sociedad, asociación o fundación, la pena será de seis (6) a diez (10) años”.
Otros delitos que castigará el Estatuto Anticorrupción: Administración desleal. Utilización indebida de información, Evasión Fiscal, Omisión de control en el Sector de la salud, tráfico de influencias de particular y responsabilidad de los revisores fiscales.
Se hacen cambios sustanciales a las normas sobre procesos disciplinarios y fiscales:Habrá más vigilancia a la contratación pública
INHABILIDADES PREVISTAS EN LA LEY 1474 DE 2011
Se establecen nuevas causales de inhabilidad para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales:
1.1 Inhabilidad por delitos contra la administración pública: Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública con pena sea privativa de la libertad o que afecten el patrimonio del Estado y quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, o soborno transnacional, con excepción de delitos culposos serán inhabilitados para contratar con el estado. La inhabilidad por 20 años se extenderá a las sociedades en las que sean socias tales personas, a sus matrices y a sus subordinadas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas.
1.2 Inhabilidad por financiación de campañas políticas: Las personas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la República, a las Gobernaciones o a las Alcaldías con aportes superiores al dos punto cinco por ciento (2,5%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral, no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato. Esta inhabilidad comprenderá también a las sociedades existentes o que llegaren a constituirse distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal e cualquiera de sus socios hayan financiado directamente o por interpuesta persona campañas políticas a la Presidencia de la República, a las Gobernaciones y las Alcaldías. La inhabilidad contemplada en esta norma no se aplicará respecto de los contratos de prestación de servicios profesionales.
1.3 Inhabilidad para Interventores: El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato será inhabilitado por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos previstos en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.
1.4 Inhabilidad por incumplimiento reiterado. Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas: 1. Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales; 2. Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales; 3. Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en el texto del respectivo certificado. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.
2. DISPOSICIONES PARA PREVENIR
Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
2.1 Responsabilidad de Asesores externos, Consultores e Interventores: Los consultores, Interventores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría y asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría.
2.2. Continuidad de la Interventoría. Estos contratos podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia ajustándose el valor sin que sea necesario atender la limitación de adición de los contratos prevista en el Parágrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
2.3 Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento: Se faculta a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para que declaren el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal mediante un proceso sucinto donde la administración obra como Juez y Parte.
En este aspecto no queda claro si tratándose de incumplimiento contractual, estaría vedada o no la posibilidad de acudir a los métodos alternativos de resolución de conflictos pactados en los contratos.
2.4 Factores de selección y procedimientos diferenciales para la adquisición de los bienes y servicios a contratar: Se modifican los factores para determinar cuál debe considerarse como la oferta más favorable, prohibiendo que en los contratos de obra pública se considere el menor plazo ofrecido como objeto de evaluación. La entidad Pública deberá efectuar las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.
2.5 Expedición de Adendas: Para evitar que las adendas sean utilizadas como mecanismo para descalificar proponentes, se prohíbe la expedición adendas dentro de los tres (3) días anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para extender el término del mismo. La publicación de estas adendas sólo se podrá realizar en días hábiles y horarios laborales.
2.6 Manejo de Anticipos: En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto por el contratista.
2.7 Contratos Interadministrativos: Se amplía la prohibición para celebrar este tipo de convenios, a los contratos de obra, suministro y prestación de servicios de evaluación, cuando las sociedades de economía mixta con participación mayoritaria del Estado, las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo.
3. LEVANTAMIENTO SECRETO PROFESIONAL
Y CANCELACIÓN DE MATRÍCULA
Se establece como causal de cancelación de la inscripción de un Contador Público cuando actuando en calidad de revisor fiscal, no denuncie o ponga en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo dentro de los seis (6) meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo.
4. MEDIDAS PENALES EN LA LUCHA
4.1. Se eliminan los beneficios de los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad para quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, la utilización indebida de información privilegiada, el lavado de activos y el soborno transnacional.
4.2. Operaciones encubiertas contra la corrupción: Podrán utilizarse infiltrados y agentes encubiertos cuando se verifique la posible existencia de hechos constitutivos de delitos contra la administración pública en una entidad pública. El Agente encubierto que en desarrollo de la operación cometa algún delito contra la Administración, quedará exonerado excepto si se comprueba que hubo un verdadero acuerdo criminal ajeno a la operación encubierta.
4.3 Se aumenta el término de prescripción de la acción penal en la mitad para los delitos cometidos por los servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas realice una conducta punible o participe en ella y los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, así como para quienes obren como agentes retenedores o recaudadores.
4.4 Corrupción privada: Previendo los actos de corrupción que también ocurren en el marco de relaciones entre particulares y en especial al interior de las compañías privadas y en protección del patrimonio de las sociedades y por ende el de sus socios o accionistas, se establece un nuevo tipo penal que castiga con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de 10 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes al que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una SOCIEDAD, ASOCIACIÓN O FUNDACIÓN una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero, en perjuicio de la sociedad.
4.5. Administración desleal: Protegiendo el mismo bien jurídico indicado anteriormente, el Administrador de hecho o de derecho, o socio de cualquier sociedad constituida o en formación, directivo, empleado o asesor, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las fundones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4.6 Utilización indebida de información privilegiada de cualquier tipo de entidad privada:La sanción establecida para este tipo penal pasa de multa a pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4.7. Fraude a Subvenciones: El que obtenga ayuda o subsidio proveniente de recursos públicos mediante engaño sobre las condiciones requeridas para su concesión o callando total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cinco (5) a nueve (9) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercido de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años.
4.8. Acuerdos para alterar procesos contractuales: El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales
4.9 Tráfico de influencias de Particular: Se adiciona un nuevo tipo penal al código Penal y se consagra como delito (que antes sólo era tipificado en cabeza de servidores públicos) el ejercicio indebido por parte de particulares de influencias sobre un servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer, con el fin de obtener cualquier beneficio económico, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4.10 Suspensión o cancelación personería jurídica sociedades: Serán objeto de esta sanción las personas jurídicas que se hayan buscado beneficiar de la comisión de delitos contra la administración pública, o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público, realizados por su representante legal o sus administradores, directa o indirectamente.
(ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN)
ARTÍCULO 1o. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN. El literal j) del numeral 1 del artículo 8o de la Ley 80 de 1993 quedará así:
ARTÍCULO 7o. RESPONSABILIDAD DE LOS REVISORES FISCALES. Adiciónese un numeral 5) al artículo 26 de la Ley 43 de 1990, el cual quedará así:
ARTÍCULO 8o. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO. Modifíquese el artículo11 de la Ley 87 de 1993, que quedará así:
ARTÍCULO 9o. REPORTES DEL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO. Modifíquese el artículo 14de la Ley 87 de 1993, que quedará así:
ARTÍCULO 14. AMPLIACIÓN DE TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN PENAL. El inciso sexto del artículo83 del Código Penal quedará así:
ARTÍCULO 19. ESPECULACIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. Adiciónese un inciso al artículo 298 de la Ley 599 de 2000 (CÓDIGO PENAL EN COLOMBIA), el cual quedará así:
ARTÍCULO 21. EVASIÓN FISCAL. El artículo 313 de la Ley 599 de 2000 (CÓDIGO PENAL EN COLOMBIA), quedará así:
ARTÍCULO 23. PECULADO POR APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE FRENTE A RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Ley 599 de 2000 (CÓDIGO PENAL EN COLOMBIA) tendrá un artículo 399A, el cual quedará así:
ARTÍCULO 24. PECULADO CULPOSO FRENTE A RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. Ley 599 de 2000 (CÓDIGO PENAL EN COLOMBIA) tendrá un artículo 400A, el cual quedará así:
ARTÍCULO 26. FRAUDE DE SUBVENCIONES. Ley 599 de 2000 (CÓDIGO PENAL EN COLOMBIA) tendrá un artículo 403A, el cual quedará así:
ARTÍCULO 27. ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA. Ley 599 de 2000 (CÓDIGO PENAL EN COLOMBIA) tendrá un artículo 410A, el cual quedará así:
ARTÍCULO 28. TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE PARTICULAR. Ley 599 de 2000 (CÓDIGO PENAL EN COLOMBIA) tendrá un artículo411A, el cual quedará así:
ARTÍCULO 29. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. El artículo 412 Ley 599 de 2000 (CÓDIGO PENAL EN COLOMBIA) quedará así:
ARTÍCULO 30. SOBORNO TRASNACIONAL. El artículo 433 Ley 599 de 2000 (CÓDIGO PENAL EN COLOMBIA) quedará así:
ARTÍCULO 31. SOBORNO. Modifíquese el artículo 444 de la Ley 599 de 2000 (CÓDIGO PENAL EN COLOMBIA), que quedará así:
ARTÍCULO 34. MEDIDAS CONTRA PERSONAS JURÍDICAS. Independientemente de las responsabilidades penales individuales a que hubiere lugar, las medidas contempladas en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004 se aplicarán a las personas jurídicas que
VER TODA LA LEY EN ESTE LINKhttp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1474_2011.html
← B.Central Colombia suavizará volatilidad del peso
En 26.049 pesos moneda corriente quedaría la UVT para el año gravable 2012 →

References: Artículo 16
 artículo 7
 Artículo 40
 resolución 

ARTÍCULO 1
 artículo 8

ARTÍCULO 7
 artículo 26

ARTÍCULO 8
 artículo11

ARTÍCULO 9
 artículo 14

ARTÍCULO 14
 artículo83

ARTÍCULO 19
 artículo 298

ARTÍCULO 21
 artículo 313

ARTÍCULO 23
 artículo 399

ARTÍCULO 24
 artículo 400

ARTÍCULO 26
 artículo 403

ARTÍCULO 27
 artículo 410

ARTÍCULO 28
 artículo411

ARTÍCULO 29
 artículo 412

ARTÍCULO 30
 artículo 433

ARTÍCULO 31
 artículo 444

ARTÍCULO 34
 artículo 91