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Ley Justic Indigena Qroo | Juez | Jurisdicción
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Ultima Reforma Publicada en el Periódico Oficial el 17 de Diciembre del 2007.
ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 5
CAPITULO II DEL SISTEMA DE JUSTICIA INDÍGENA
CAPITULO III DE LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA INDÍGENA
ARTÍCULOS 8, 9, 10, 11, 12, 13
CAPITULO IV DE LAS COMPETENCIAS
ARTÍCULOS 14, 15, 16, 17, 18, 19
CAPITULO V MEDIOS DE APREMIO, SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPITULO VI DE LA CONSIGNACIÓN A LOS JUECES TRADICIONALES
CAPITULO VII DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LOS JUECES TRADICIONALES
ARTÍCULOS 24, 25, 26, 27, 28, 29
CAPITULO VIII DE LAS INCONFORMIDADES
Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia en las comunidades donde se establezcan los órganos jurisdiccionales que prevé esta Ley. El Estado garantizará a los miembros de estas comunidades el pleno ejercicio de los derechos que otorga la presente Ley.
REFORMADO P.O. 17 DIC. 2007. Artículo 2º.- Es objeto de esta Ley, establecer el Sistema de Justicia Indígena para resolver las controversias jurídicas que se susciten entre los miembros de las comunidades a que se refiere la presente Ley; atendiendo a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Artículo 3º.- Corresponde al Tribunal Superior de Justicia del Estado, la función jurisdiccional en materia indígena, en los términos que señala la presente Ley, para lo cual proveerá lo necesario a fin de alcanzar los objetivos de la misma, en la impartición y administración de justicia en la materia.
Artículo 4º.- Todos los miembros de las comunidades indígenas a que se refiere el artículo 1o., podrán someter sus controversias de carácter jurídico al conocimiento de los órganos del Sistema de Justicia Indígena, que prevé esta Ley.
Artículo 5º.- A falta de disposición expresa de este ordenamiento, se aplicarán supletoriamente los Códigos de Procedimientos Civiles y Penales para el Estado de Quintana Roo, según el caso.
Del Sistema de Justicia Indígena
Artículo 6º.- El Sistema de Justicia Indígena, es el conjunto de disposiciones, órganos
jurisdiccionales y procedimientos que garantizan a los integrantes de las comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en materia de justicia, sustentado en el respeto
a los usos, costumbres y tradiciones propios de su etnia.
La justicia indígena es alternativa a la vía jurisdiccional ordinaria y al fuero de los jueces del orden común, jurisdicción que siempre estará expedita en los términos y condiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes ordinarias que la reglamentan.
Artículo 7º.- El Tribunal Superior de Justicia, oyendo al Consejo de la Judicatura de la Justicia Indígena, determinará en cuáles comunidades habrá un juez tradicional, y establecerá los órganos superiores integrados por magistrados que funcionarán en Salas, Tribunales Unitarios,
o en las instituciones que determine el propio Tribunal Superior.
De los Órganos del sistema de Justicia Indígena
Artículo 8º.- Para la supervisión, capacitación y orientación de los jueces tradicionales, se integrará un Consejo de la Judicatura de la Justicia Indígena, con un magistrado de asuntos indígenas que designe el Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá y con cinco representantes designados uno por cada centro ceremonial maya.
(REFORMA P. O.14 Agosto 1997). Este Consejo de la Judicatura vigilará el desempeño de los cargos de jueces tradicionales y magistrados de asuntos indígenas, validará sus nombramientos y vigilará que los órganos de justicia indígena cuenten con lo necesario para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 9º.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado, a propuesta del Consejo de la Judicatura de la Justicia Indígena, designará a los jueces tradicionales.
El nombramiento de los jueces tradicionales y magistrados de asuntos indígenas, deberá recaer en miembros respetables de la comunidad, que dominen el idioma y conozcan los usos, las costumbres y tradiciones de su comunidad, sin que sea necesario reunir los requisitos o tenga los impedimentos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Artículo 10.- Los jueces tradicionales y magistrados de asuntos indígenas aplicarán las normas de derecho consuetudinario indígena, respetando las garantías consagradas en la Constitución General de la República y la Constitución Política del Estado. Para tal efecto, actuarán con estricto apego a los Derechos Humanos, así como con respeto a la dignidad e integridad de las mujeres.
Artículo 11.- En caso de que alguno de los interesados no acepte la mediación de un juez tradicional, no llegue a un arreglo satisfactorio, o no se someta a su arbitraje, las partes podrán acudir a los tribunales competentes.
Artículo 12.- Si las partes, por la mediación del juez tradicional, admiten arreglar sus diferencias mediante convenio, éste quedará homologado a una sentencia debidamente ejecutoriada, y si deciden someterse al arbitraje del juez tradicional, la resolución dictada tendrá el carácter de cosa juzgada.
Artículo 13.- Los jueces tradicionales intervendrán de oficio en los casos en que las mujeres y niños indígenas de las comunidades a que se refiere esta Ley, se vean afectados en sus
derechos, bienes, posesiones o se atente en contra de su integridad física, sano desarrollo, salud, formación personal y cultural.
controversias en materia civil, familiar y penal.
Artículo 15.- En materia civil, los jueces tradicionales tendrán competencia en los siguientes asuntos:
I. De contratos por los que se generen todo tipo de derechos y obligaciones, cuyas prestaciones no excedan de cien salarios mínimos. Quedan incluidos en este rubro las obligaciones que se generen por adeudos, hasta por la cantidad indicada; y
II. De convenios en los que se pacten obligaciones relacionadas con las actividades agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas, de caza, pesca o forestales.
Artículo 16.- En materia familiar, los jueces tradicionales tendrán competencia en los siguientes asuntos:
I. De los matrimonios mayas y su disolución, a los cuales esta Ley les otorga validez legal, para los efectos de aplicar justicia indígena, siempre y cuando los matrimonios sean reconocidos por las autoridades y dignatarios mayas del lugar en que se efectuó;
II. De la custodia, educación y cuidado de los hijos;
III. De pensiones alimenticias; y
IV. De las controversias de carácter familiar que afecten la dignidad, las costumbres o las tradiciones familiares.
Artículo 17.- En materia penal, los jueces tradicionales tendrán competencia en los siguientes delitos:
I. Robo cuyo monto no exceda de cien salarios mínimos;
II. Abigeato que recaiga en ganado menor, así como los casos previstos en las fracciones de la I a la IV del artículo 148 del Código Penal para el Estado de Quintana Roo;
III. Fraude cuyo monto no exceda de cien salarios mínimos;
IV. Abuso de confianza cuyo monto no exceda de cien salarios mínimos;
V. Abandono de personas;
VI. Daños hasta por un monto de cien salarios mínimos;
VII. Todos los demás delitos que se persigan por querella previstos en el Código Penal para el Estado de Quintana Roo; y
VIII. DEROGADA P.O. 20 OCT. 2006.
Cuando por las circunstancias de la comisión de algún delito previsto en este artículo, que represente un peligro para la comunidad o revista importancia social, el Tribunal Superior de Justicia, oyendo al juez tradicional respectivo, podrá ejercer la facultad de atracción y, en su caso, turnar los autos al Juez competente.
Artículo 18.- Quedan expresamente exceptuados de la competencia de los jueces tradicionales, el conocimiento de los delitos calificados por la ley como graves.
REFORMADO P.O. 20 OCT. 2006. Artículo 19.- También conocerán de las faltas administrativas que afecten a la familia, a la dignidad de las personas, a la imagen y buen gobierno de las autoridades locales y de las autoridades tradicionales, así como de las cometidas por los menores de dieciocho años, que no sean de competencia municipal. En este caso, las sanciones aplicables no serán mayores a las que previene, para estos casos, la Constitución General de la República.
Medios de Apremio, Sanciones y Medidas de Seguridad
Artículo 20.- Para hacer cumplir sus determinaciones, los jueces tradicionales podrán dictar las medidas de apremio siguientes:
II. Multas hasta de treinta salarios mínimos; y
III. Arresto hasta de treinta y seis horas.
Artículo 21.- En materia penal, los jueces tradicionales podrán mediante sentencias que al efecto dicten, imponer las penas y medidas de seguridad siguientes:
I. Vigilancia de la autoridad;
II. Multa hasta de treinta salarios mínimos;
III. Reparación de daños y perjuicios;
V. Prohibición de ir a una circunscripción territorial determinada o de residir en ella;
VI. Decomiso, pérdida de instrumentos y objetos relacionados con el delito; y
VII. Las demás que prevenga la Ley.
De la consignación a los Jueces Tradicionales
Artículo 22.- Cuando la autoridad administrativa tenga conocimiento de las faltas administrativas prevista en esta Ley, consignará de inmediato al juez tradicional las actuaciones que hubiere realizado, así como al detenido si lo hubiere.
Los agentes del Ministerio Público ejercitarán acción penal ante los jueces tradicionales, por la comisión de los delitos previstos por este mismo ordenamiento, siempre que el ofendido y el indiciado sean miembros de las comunidades de su jurisdicción y que el ofendido opte por someterse a la justicia indígena.
Artículo 23.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, en el área de su competencia, dictará las medidas correspondientes, a fin de que las agencias del Ministerio Público con jurisdicción en las comunidades en las que tenga competencia un juez tradicional, coadyuven con éste en la vigilancia y cumplimiento de los objetivos de esta Ley.
De los Procedimientos ante los Jueces Tradicionales
Artículo 24.- Los miembros de las comunidades indígenas que habiten en donde resida un juez tradicional, están obligados a presentarse ante éste cuando sean citados para ello, apercibiendo al citado de que se aplicarán en su contra los medios de apremio a que se refiere el artículo 20 de esta Ley en caso de incomparecencia injustificada.
Artículo 25.- El juez tradicional se cerciorará que las partes que comparecen ante él, pertenecen a la comunidad indígena y tienen su domicilio dentro de su jurisdicción.
Artículo 26.- Todos los procedimientos ante los jueces tradicionales estarán exentos de formalidades. Serán orales fundamentalmente y se procurará que se desahoguen en una sola audiencia en la que comparecerán las partes y manifestarán lo que a su derecho convenga.
De esta audiencia se levantará acta en la que se consigne en forma abreviada los alegatos, la declaración de testigos que, en su caso, ofrezcan las partes y los acuerdos a que llegaren. El juez tradicional suplirá las deficiencias en los alegatos de ambas partes.
Artículo 27.- En la audiencia, el juez tradicional avenirá a las partes y si no se conciliaren, mediará entre ellas, ofreciendo alternativas de solución viables. Si aún así, no llegaren a un arreglo satisfactorio, propondrá a las partes el procedimiento arbitral, y aceptado que fuere su arbitraje, dictará el laudo a conciencia y a verdad sabida, que tendrá la categoría de cosa juzgada.
Si no fuere aceptado su arbitraje, orientará la parte actora o agraviada, para que ejercite sus derechos ante el órgano jurisdiccional competente.
Artículo 28.- La resolución se dictará en la misma audiencia, salvo que a juicio del juez, se requiera de un plazo mayor que no excederá de cinco días hábiles; en la cual dará eficacia de cosa juzgada a los acuerdos y convenios a que hayan llegado las partes; otorgando a éstos la categoría de laudo debidamente ejecutoriado, que tendrá la eficacia de cosa juzgada.
Los convenios o los laudos se cumplirán en los plazos que se estipulen en éstos, de acuerdo a los usos y costumbres del lugar.
En caso de incumplimiento, el juez tradicional los ejecutará en la vía de apremio.
Artículo 29.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la aplicación de los procedimientos, acuerdos y resoluciones en materia de justicia indígena, así como en los casos no previstos en la presente ley, dictará las disposiciones de carácter general necesarias para que se cumplan los objetivos del Sistema de Justicia Indígena.
(REFORMA P .O. 14 Noviembre 1997
Artículo 30.- Las inconformidades que se presenten en contra de los jueces tradicionales en el ejercicio de sus funciones, serán sustanciadas por el Tribunal Unitario o Salas que integren los magistrados de asuntos indígenas. El escrito correspondiente podrá presentarse ante el juez respectivo, dentro de los tres días siguientes al de la resolución.
Artículo 31.- Presentada una inconformidad, el juez rendirá al día siguiente, un informe conciso sobre la materia de la queja y si se refiere a circunstancias omitidas para dictar resolución o de los acuerdos relativos a un convenio, se anexará a este informe el acta de la audiencia y la
resolución dictada. El órgano que revise dictará resolución en el término máximo de quince días siguientes al en que se reciba el informe aludido.
Artículo PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Artículo SEGUNDO.- En tanto el Tribunal Superior de Justicia designa a los magistrados o los órganos que atiendan las inconformidades que se presenten en contra de las actuaciones de los jueces tradicionales, el Tribunal designará a uno de sus magistrados, quien resolverá las inconformidades en los términos que establece la presente Ley.
Artículo TERCERO.- La presente Ley deberá difundirse en los idiomas español y maya, particularmente en la zona centro de la entidad.
SALÓN DE SESIONES DEL H. PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.
IVÁN SANTOS ESCOBAR
FRANCISCO NOVELO ORDÓÑEZ
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL Artículo 91 FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, Y PARA SU DEBIDA OBSERVANCIA, MANDO SE PUBLIQUE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.
EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ING. MARIO E. VILLANUEVA MADRID
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Artículo 28
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Artículo 31
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