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Timestamp: 2019-09-22 04:00:45+00:00

Document:
Resolución de TEAF Navarra, 970866, 22-06-2001 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 970866 de 22 de Junio de 2001
Núm. Resolución: 970866
Solicita la recurrente que se revoque sin sustitución la Resolución del Negociado de Censos y Requerimientos, alegando que está ajustada a Derecho la presentación de las declaraciones-liquidaciones en impresos de la Administración Tributaria del Estado. Se acuerda estimar el recurso, ya que conforme al Convenio Económico entre Navarra y el Estado, las entidades que tributen conjuntamente a ambas Administraciones aplicarán la normativa correspondiente a la Administración de su domicilio fiscal, teniendo la empresa recurrente su domicilio en territorio de régimen común.
Declaración formulada en impresos de la Administración del Estado.
Visto escrito presentado por Don (?) en representación de la Compañía Mercantil ?(?)?, con C.I.F. (?) y domicilio en Madrid, en relación con requerimiento formulado por el Negociado de Censos y Requerimientos de la Sección de Relaciones con los Contribuyentes para la presentación de declaraciones por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 1993, 1994 y 1995 en impresos oficiales de la Administración Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra.
PRIMERO.- Por el Negociado de Censos y Requerimientos de la Sección de Relaciones con los Contribuyentes se remitió a la ahora recurrente requerimiento con el fin de que cumpliese con la obligación de presentar declaraciones-liquidaciones por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 1993, 1994 y 1995.
SEGUNDO.- Contra dicho requerimiento viene ahora la interesada a interponer recurso de alzada ante este Organo mediante escrito presentado en Oficina de Correos en (...) de 1997, señalando que ya había cumplido con su obligación presentando sus declaraciones-liquidaciones en impresos de la Administración Tributaria del Estado; que el Convenio Económico vigente establece que ?las entidades que tributen conjuntamente a ambas Administraciones aplicarán la normativa correspondiente a la Administración de su domicilio fiscal?; que en el caso resulta que la sociedad recurrente tiene su domicilio en Madrid por lo que le resulta aplicable la normativa fiscal de territorio común en materia de Impuesto sobre Sociedades, por lo que se deberá ajustar a los modelos aprobados para los años 1993, 1994 y 1995, que no son otros que los determinados por las correspondientes Ordenes Ministeriales dictadas en régimen común; que en dichas Ordenes se contiene la previsión de que se presentarán también y en el caso de tributación conjunta ante la Comunidad Foral de Navarra, abundándose más en ello cuando expresan las referidas Ordenes que ?para las entidades que tributen conjuntamente a la Administración del Estado y a la Comunidad Foral de Navarra, y estén sometidas a la normativa del Estado, el lugar de presentación será la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración tributaria que corresponda y, además, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra?. Por las razones expuestas, solicita se revoque sin sustitución la Resolución del Negociado de Censos y Requerimientos, por hallarse ajustada a Derecho su actitud de presentar las oportunas declaraciones-liquidaciones en impresos de la Administración Tributaria del Estado.
PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto, dada la materia y la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 1º y 2º de su Reglamento aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 19 de junio de 1981, habiendo sido formulado el recurso dentro de plazo y por persona debidamente legitimada al ostentar la adecuada representación al efecto.
SEGUNDO.- Ciertamente el artículo 17.2 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra en 31 de Julio de 1990 dispone que tributarán conjuntamente a ambas Administraciones (la estatal y la foral de Navarra) los sujetos pasivos que operen en ambos territorios y cuyo volumen total de operaciones en el ejercicio anterior hubiere excedido de trescientos millones de pesetas (importe vigente en la época a que se contrae el expediente y que fue posteriormente elevado a quinientos millones con efectos desde el 1 de enero de 1998), y ello cualquiera que sea el lugar en que tengan su domicilio fiscal. Y por otra parte, como bien señala la Compañía recurrente, el artículo 16.2 del dicho Convenio Económico establece que ?las entidades que tributen conjuntamente a ambas Administraciones aplicarán la normativa correspondiente a la Administración de su domicilio fiscal? (en el presente caso, de entidad con domicilio social y fiscal en territorio de régimen común, será aplicable la normativa del Estado). Y no haciéndose en el dicho Convenio precisión o restricción alguna respecto de estar refiriéndose exclusivamente a la normativa de carácter material, ha de entenderse que dicha proclamación es omnicomprensiva, y abarca también los aspectos puramente formales, como son los de presentación, en su caso, de las correspondientes declaraciones tributarias en modelos aprobados por el Estado. Es toda la normativa estatal, en su integridad, la que habrá de aplicarse: Ley 61/1978, Real Decreto 2.631/1982, por el que se aprobó el Reglamento de desarrollo de la citada Ley y las sucesivas Ordenes Ministeriales que para los años a que se contrae la presente reclamación aprueban los modelos de declaración tributaria. Y ello es lógico, porque si han de aplicarse en estos casos las normas estatales de carácter sustantivo, razonablemente ha de pensarse que quien mejor pudo extraer, a efectos de declaración tributaria, las necesidades formularias que han de recogerse en una tal declaración lo habrá sido el propio Estado. Otra cosa sería (pero esto ya es hablar en términos que eventualmente podrían afectar al caso por mor de un principio de generalidad) que si a la hora de practicar liquidación provisional revisora de la correspondiente autoliquidación, la Administración Foral echase en falta determinados datos, requiriese del sujeto pasivo la aportación de los tales. El problema, en fin, no se plantea en términos de confrontación entre una Orden Ministerial y una Orden Foral, pues cada una de ellas ha de quedar reconducida a sus propios términos o ámbito.
Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar el recurso de alzada interpuesto por la Compañía Mercantil ?(?)?, contra Resolución del Negociado de Censos y Requerimientos por la que venía a requerírsele la presentación de declaraciones-liquidaciones por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 1993, 1994 y 1995, debiendo anularse sin sustitución dicho requerimiento, de tal modo que habrán de admitirse como tales las declaraciones tributarias formuladas respecto de dichos años en los modelos oportunamente aprobados por la Administración Tributaria del Estado.
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 artículo 17
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