Source: https://www.slideshare.net/jessicaguerrero323/sentencia-c-57711
Timestamp: 2018-05-24 08:38:25+00:00

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Esta sentencia exhorta a la corporación legislativa para que legisle a favor de las parejas homosexuales. La sentencia afirma que estas parejas deben contar con la posibilidad de acceder a la celebración de un contrato que les permita formalizar y solemnizar jurídicamente su vínculo como medio para constituir una unión surgida de la unión de hecho
Stephanie Diaz , Voluntaria at Corporación Femm
1. Sentencia C-577/11 Referencia: Expedientes acumulados D- 8367 y D-8376 Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de algunas expresiones contenidas en el artículo 113 del Código Civil, en el inciso 1º del artículo 2º de la Ley 294 de 1996 y en el inciso 1º del artículo 2º de la Ley 1361 de 2009. Demandantes: Expediente D-8367: Carlos Andrés Echeverry Restrepo. Expediente D-8376: Marcela Sánchez Buitrago, Rodrigo Uprimny Yepes, Luz María Sánchez Duque, Diana Esther Guzmán Rodríguez, César Rodríguez Garavito, Mauricio Noguera Rojas, Felipe Montoya, Felipe Arias Ospina, Juan Miguel Eslava Lozzi y Juliana Emilia Galindo Villarreal. Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELOBogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil once (2011).La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribucionesconstitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIAI. ANTECEDENTESEn ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, establecida en losartículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Carlos AndrésEcheverry Restrepo demandó algunas expresiones del artículo 113 del CódigoCivil y, de otra parte, los ciudadanos Marcela Sánchez Buitrago, directoraejecutiva de Colombia Diversa, Rodrigo Uprimny Yepes, Luz María SánchezDuque, Diana Esther Guzmán Rodríguez y César Rodríguez Garavito,miembros del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad
2. DEJUSTICIA, Mauricio Noguera Rojas, abogado de Colombia Diversa, asícomo Felipe Montoya, Felipe Arias Ospina, Juan Miguel Eslava Lozzi yJuliana Emilia Galindo Villarreal, demandaron algunas expresionescontenidas en el artículo 113 del Código Civil, en el inciso 1º del artículo 2ºde la Ley 294 de 1996 y en el inciso 1º del artículo 2º de la Ley 1361 de 2009.Mediante Auto del doce (12) de enero de dos mil once (2011), el MagistradoSustanciador resolvió admitir las demandas, dispuso su fijación en lista y,simultáneamente, corrió traslado al señor Procurador General de la Naciónpara que rindiera el concepto de su competencia. En la misma providenciaordenó comunicar la demanda al Presidente del Congreso de la República, alMinisterio del Interior e invitar a los Decanos de las Facultades de Derecho dela Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, laUniversidad Nacional de Colombia, la Universidad del Atlántico y laUniversidad del Norte para que, en caso de estimarlo conveniente,intervinieran dentro del proceso con el propósito de rendir concepto sobre laconstitucionalidad de las disposiciones demandadas.Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la ConstituciónPolítica y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional procede adecidir acerca de las demandas presentadas.II. LOS TEXTOS DEMANDADOSA continuación se transcriben los textos de los artículos 113 del Código Civil,2º de la Ley 294 de 1996 y 2º de la Ley 1361 de 2009 y se subrayan lossegmentos demandados. CODIGO CIVIL (…) TITULO IV DEL MATRIMONIO “ARTICULO 113. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”. Ley 294 de 1996 (julio 16) Diario Oficial No. 42.836 de 22 de junio de 1996 Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar EL CONGRESO DE COLOMBIA 2
3. DECRETA: TITULO I OBJETO, DEFINICION Y PRINCIPIOS GENERALES ARTICULO 2º. La familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Para los efectos de la presente Ley, integran la familia: a) Los cónyuges o compañeros permanentes; b) El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar; c) Los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos d) Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica. LEY 1361 DE 2009 (diciembre 3) Diario Oficial No. 47.552 de 3 de diciembre de 2009 Por la cual se crea la Ley de Protección integral de la Familia EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: ARTICULO 2º. DEFINICIONES. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: Familia. Es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.III. LAS DEMANDAS1. Demanda del Ciudadano Carlos Andrés Echeverry RestrepoLa demanda del ciudadano Carlos Andrés Echeverry Restrepo se dirige encontra de las expresiones “un hombre y una mujer” y “de procrear”,contenidas en el artículo 113 del Código Civil, por considerarlas contrarias alpreámbulo y a los artículos 1, 2, 4, 12, 13, 16, 42, 43 y 93 de la Constitución. 3
4. Para exponer el concepto de la violación, el demandante dedica un primerapartado a “la noción de familia y matrimonio contenidos en el artículo 42 dela Constitución” e indica que cuando el mencionado precepto establece que lafamilia “se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión librede un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntadresponsable de conformarla”, la “conjunción “o” que trae el primer inciso delartículo 42 Superior determina varias formas de reconocimiento del núcleobásico de la sociedad colombiana conocido como ‘familia’ ”, así: por vínculosjurídicos o naturales, por la decisión libre de un hombre y una mujer decontraer matrimonio o por la voluntad de conformarla.Sostiene que estas tres formas no implican “que la institución de la familiainicia por el vínculo entre un hombre y una mujer”, pues “la indeterminacióndel texto conduce a concluir que tanto un hombre con vínculos con otrohombre, o una mujer con vínculos con otra mujer (parejas homosexuales)están habilitadas constitucionalmente para ser reconocidas, por la legislacióncivil, como familia”.A su juicio, “quienes defienden la prohibición al matrimonio para las parejashomosexuales, argumentan equivocadamente que la Constitución establecióque ésta sólo se materializa por la relación entre hombres y mujeres, sinembargo, la palabra ‘entre’ que denota ‘un estado en medio de dos cosas’ nofue utilizada por el Constituyente en la redacción del artículo 42”, ya que ladecisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio “no indicaexclusión de la decisión de un hombre de contraer matrimonio con otrohombre, o de una mujer de hacer lo mismo con otra mujer” y si elConstituyente hubiese querido condicionar la institución del matrimonio soloa parejas heterosexuales habría utilizado el vocablo “entre” o hubiese repetidola redacción del artículo 113 del Código Civil, según el cual “un hombre y unamujer se unen”.Señala que en la Constitución no se circunscribió el matrimonio civil a parejasheterosexuales, porque cuando el artículo 42 superior prescribe que la familiase constituye por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraermatrimonio, “la Constitución no dice que solamente con una persona del sexoopuesto”.Indica que otra forma de manejar el término citado consiste en formular lapregunta ¿con quién (es) contrae (n) matrimonio ese hombre y esa mujer?, quetiene “tres respuestas, todas correctas”, a saber: el primero con otro hombre yla segunda con otra mujer, el primero con una mujer y la segunda con unhombre o entre ese hombre y esa mujer, de manera que si se hubiese incluidola palabra “entre” en la redacción del artículo 42 “no habría entoncesposibilidad de impugnar el artículo 113 del Código Civil y la respuestacorrecta a la pregunta anterior sería, solamente, la No. 3”. 4
5. Añade que el anterior argumento resulta fortalecido al considerar que “si lasdecisiones deben ser libres -como lo indica el artículo 42 de la Constitución-para que se materialice la institución jurídica del matrimonio, entonces enfunción del principio de libertad no puede condicionarse la voluntad de unapersona a contraerlo exclusivamente con otra del sexo opuesto, ya que elEstado estaría vulnerando el núcleo esencial del derecho a la libertad”, porque“es ésta decisión libre la condición sine qua non para que tanto hombrescomo mujeres puedan celebrar el contrato solemne del matrimonio civil conpersonas de su mismo sexo o de sexos opuestos”, pues las decisiones libres“no pueden predicarse solamente de parejas heterosexuales ni el Estado puedereconocer, jurídicamente, sólo las decisiones manifestadas por dichasparejas”, ya que se “estaría protegiendo e incentivando un tratodiscriminatorio con los homosexuales”.A continuación se refiere al inciso 5 del artículo 42 de la Constitución, deconformidad con el cual la pareja tiene derecho a decidir libre yresponsablemente el número de sus hijos, “sin entrar a delimitar laexclusividad de tal disposición para las parejas heterosexuales”, puesto que laredacción del primer inciso “lleva a concluir que el Constituyente queríaampliar el espectro de las parejas que quieren que la legislación civil lesreconozca el matrimonio y no circunscribir tal institución, únicamente, a lasheterosexuales”, siendo previsible, entonces, “que el desarrollo del artículo 42tampoco volviera a hacer énfasis en la supuesta ‘exclusividad’ de las parejasheterosexuales de ser beneficiadas con el matrimonio civil, pues la fraseinicial del inciso 5 del artículo 42 de la Constitución, “la pareja tiene derechoa decidir libre y responsablemente…” es indeterminada y la expresión “lapareja” puede predicarse tanto de las constituidas por personas heterosexuales,como las integradas por homosexuales”.Agrega que el inciso 6 del artículo 42 superior establece que “las formas delmatrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de loscónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil” yque, precisamente, “las disposiciones de la legislación civil que desarrollan enforma general la institución del matrimonio se encuentran en el Título IV delCódigo Civil”, del que hace parte el artículo 113, parcialmente demandado,que define el matrimonio como un contrato solemne por el cual “un hombre yuna mujer se unen”, condicionando de tal modo “el reconocimiento delmatrimonio civil a parejas heterosexuales (sólo la unión de hombres ymujeres) en contravía con lo dispuesto en el artículo 42 de la Constituciónque, como se explicó, no restringe el derecho de las parejas homosexuales debeneficiarse con la institución del matrimonio civil”.Asevera que el mantener esa exclusividad o reserva de una institución jurídicaa las parejas heterosexuales “representaría una carga desproporcionada paralas parejas del mismo sexo que desean que un Estado Laico no continúeobservando disposiciones arcaicas que entran en conflicto con lo realmentepreceptuado por el artículo 42 de la Constitución”. 5
6. Manifiesta, además, que al comparar la frase “de procrear” contenida en elartículo 113 del Código Civil, con lo consagrado en los incisos 4 y 5 delartículo 42 de la Constitución, se evidencia “una abierta oposición a lodispuesto por la norma de normas”, porque según el Diccionario de la RealAcademia Española “la palabra ‘procrear’ hace referencia, a engendrar,“multiplicar una especie”, lo que significa crear un ser humano “por mediosnaturales o científicos”.Arguye que “el artículo 113 del Código Civil no puede imponer como una delas finalidades del matrimonio la de “procrear”, por las siguientes razones: (i)el matrimonio, como contrato de naturaleza civil, también debe observar elprincipio de la autonomía de la voluntad y (ii) “las parejas que formalizan surelación a través de la institución del matrimonio pueden o no determinar,amparados en su libre consentimiento, si desean o no procrear, por lo cual nose puede fijar como finalidad del matrimonio la de engendrar, por cuanto sevulneraría el principio de la autonomía de la voluntad”.Además, (iii) el Estado “no puede imponer la finalidad de procrear comoacción exclusiva del matrimonio ya que ésta puede realizarse sin mediar elcontrato del matrimonio, adicionalmente esa finalidad excluye otras formas detener hijos que integran a la familia -anteriormente descartadas por el CódigoCivil- como la de los hijos habidos fuera del matrimonio”, a más de lo cual(iv) “el inciso 5 del artículo 42 de la Constitución señala que la pareja tiene“derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos” y envirtud de tal ‘decisión libre’ una pareja no está obligada a procrear”, por loque “no resulta procedente imponer, por vía legal, dicha finalidad para serobligatoriamente observada por quienes celebran matrimonio civil”, (v)destacándose “el caso de parejas heterosexuales que celebraron matrimonio yque decidieron no engendrar o adoptar hijos, sin embargo, pese a su respetabledecisión no puede predicarse que faltaron a la ‘finalidad’ del matrimonio, oque el Estado, por no alcanzar esa pareja la finalidad de procreación, entoncesestaría habilitado para anular su matrimonio civil”.A continuación dedica un apartado de la demanda al “concepto de igualdadcontenido en el preámbulo, en el artículo 13 y en el artículo 43 de laConstitución y, con la finalidad de demostrar su violación, puntualiza que, deacuerdo con el artículo parcialmente demandado, una de las finalidades delmatrimonio es la de prestarse auxilio mutuo y, aunque se considere que no esnecesario aceptar el matrimonio de homosexuales para que estas parejas seden ese auxilio, “debe aclarase que se habla de una correspondencia de cara ala sociedad, pública, sin restricciones formalistas que los obligue a ‘auxiliarsemutuamente’ en la más inicua de las clandestinidades”.Al limitar ese auxilio mutuo al hombre y la mujer unidos, en forma pública ymerced al matrimonio, “se mantiene una carga desproporcionada eirrazonable” sobre los homosexuales, “tradicionalmente marginados de la vida 6
7. social colombiana, en parte por la pervivencia de disposiciones legalesdiscriminatorias como las demandadas con la presente acción pública deinconstitucionalidad”.Enfatiza que a la luz de la interpretación del artículo 42 de la Carta, el artículoacusado favorece “un trato desigual e injustificado, totalmente violatorio de lodispuesto en el artículo 13 Superior que establece, claramente, que todas laspersonas deben recibir igual trato por parte de las autoridades así como serlesgarantizados el disfrute de los mismos derechos, en este caso, el goce delderecho del matrimonio, de celebrar un contrato con su pareja que seareconocido, públicamente, tanto por la legislación civil como por la sociedad,con el fin de ir derrumbando prejuicios inaceptables sobre un subgrupo(homosexuales) tradicionalmente discriminado y marginado”.Expresa que el artículo 113 del Código Civil, en lo acusado, no permite“inferir un ‘objetivo constitucionalmente relevante’ para sustentar laexclusividad del matrimonio civil a las parejas heterosexuales” y acontinuación reitera que la procreación y la pervivencia de la especieconstituyen una finalidad del matrimonio que “no puede ser consideradaacorde a la Constitución”, puesto que “la norma de normas señala que es delibre decisión de la pareja el determinar si quieren, o no, tener hijos, así comodefinir su número” y “existen matrimonios de parejas heterosexuales que hanresuelto no procrear o adoptar hijos, lo cual refuta esa tesis”.Agrega que tampoco cabe aducir que la prohibición del matrimonio de lasparejas del mismo sexo se sustenta en el carácter de enfermedad atribuido a lahomosexualidad, porque, fuera de lo despreciable de la tesis, “tampoco seríade recibo desde el punto de vista constitucional, por cuanto existen miembrosde parejas heterosexuales que en el momento de contraer matrimonio civilsaben que sufren de diferentes enfermedades mentales (depresiones, trastornosbipolares, etc.) o físicas (cáncer, diabetes, etc.)” que, sin embargo, “no seconvierten en impedimentos suficientes para que el Estado les niegue laposibilidad de contraer matrimonio civil”, por lo cual la restricción basada enla supuesta enfermedad “sería una carga desproporcionada ya que a las parejasheterosexuales se les reconoce la institución jurídica del matrimonio civil aúncuando sean conscientes de que sufren una enfermedad física o mental”.Con apoyo en jurisprudencia de la Corte Constitucional, el demandanteconsidera que “no es posible determinar con claridad el origen del tratodiferenciado que se hace a esas parejas en nuestra legislación civil, esto es, lanorma no explica el porqué del trato diferente a las parejas heterosexualescuando les reconoce su posibilidad de contraer matrimonio”, no obstante locual estima que “puede argumentarse que la procreación es la justificación deltrato discriminatorio”.Después alude al artículo 43 de la Constitución de conformidad con el cual“La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades” y añade que 7
8. el artículo 113 del Código Civil vulnera “la norma constitucional citada,debido a que solamente se acepta la igualdad del derecho a celebrar el contratosolemne del matrimonio civil a los hombres y mujeres heterosexuales, dejandopor fuera a los hombres y mujeres homosexuales”, además de lo cual ladisposición citada también establece que “la mujer no podrá ser sometida aninguna clase de discriminación”, de modo que “la prohibición delmatrimonio civil para parejas del mismo sexo va en franca violación de ladisposición constitucional de marras”, pues “las parejas lesbianas sondiscriminadas en razón a su orientación sexual y la diferencia de trato seevidencia en la imposibilidad de que éstas accedan al contrato solemne delmatrimonio civil”.Acto seguido menciona el derecho al desarrollo de la libre personalidad que,en su criterio, se les niega a las personas del mismo sexo al impedirles elmatrimonio civil, porque no puede desarrollarse libremente la personalidad sila orientación sexual de la pareja debe permanecer en la clandestinidad,porque el Estado no acepta garantizarles una formalidad legal que les permitamanifestar públicamente una opción de vida marital que “seguramente le darásentido a su existencia y permitirá su realización como ser humano”.Señala que la “tradición legal y religiosa del país ha llevado, a algunos, aocultar su orientación sexual y a ‘camuflarse’ como heterosexuales para gozardel derecho legal del contrato solemne del matrimonio civil con el ánimo dedisfrutar de otros derechos y no ser percibido, por el resto de la sociedad,como un fenómeno de circo” e indica que el Derecho “tiene el deber deadecuarse a los tiempos, así como la obligación de eliminar prácticasdiscriminatorias y generadoras de odio o rencor social” y que “elreconocimiento del matrimonio civil a las parejas homosexuales llevará, en unfuturo, a un cambio de percepción de la sociedad frente a estas personas, locual permitirá materializar su derecho al libre desarrollo de la personalidad enforma pública, a través de una de las instituciones más preciadas del Derecho:el matrimonio”, sin que pueda advertirse “en qué puede afectar los derechosde los demás el hecho de reconocer, a las parejas homosexuales, suprerrogativa a contraer matrimonio”.A continuación el actor hace referencia al principio de la dignidad humana, aalgunos fines del Estado y a los tratos degradantes e inicia su exposiciónaseverando que la negación del matrimonio civil a las personas del mismosexo “busca anular la ‘condición humana’ del homosexual”, dado que, por suorientación sexual, “se les excluye del reconocimiento de un derecho propiono de hombres y mujeres heterosexuales, sino propio de la especie humana”,siendo que no hay razón para mantener y fomentar “la creencia generalizadaen cierta franja de la comunidad homosexual -y en la heterosexual- que laorientación sexual es motivo suficiente para calificar a ciertos subgrupos -porparte de una ‘mayoría jurídica’- como hombres y mujeres ‘inacabados eimperfectos’ ”. 8
9. Los requerimientos formalistas y carentes de justificación racional, asegura eldemandante, desconocen la condición del ser humano como fin en sí mismo ycontradicen el postulado kantiano de la autonomía de la voluntad. De otraparte, “la anulación de la condición humana del homosexual por medio de lanegación de la institución del matrimonio civil, lleva al Estado a incumplir dosde sus fines consagrados en el artículo 2 de la Constitución: garantizar laefectividad de los principios y derechos y asegurar la convivencia pacífica yun orden justo”, ya que “no se puede hablar de un orden justo o de unaconvivencia pacífica cuando en nuestra sociedad se aceptan clasificacionesirracionales que llevan a considerar a unos y otros como ciudadanos desegunda categoría, ora por su condición social y económica, ora por suorientación sexual”.Manifiesta que “la anulación de la condición humana al homosexual es untrato degradante que debe ser proscrito de nuestro ordenamiento jurídico, talcomo lo obliga el artículo 12 de la Constitución”, pues aparte de palabras ofrases denigrantes o de chistes “socialmente aceptados que desprecian laorientación sexual de las personas”, los homosexuales “también deben cargarun lastre adicional cual es la negativa legal del reconocimiento del matrimoniocivil, esto, aun cuando no se perciba en forma explícita, sí es una sutil formade continuar tratando, en forma degradante, irracional y discriminatoria a estapoblación”.Con fundamento en criterios expuestos en la jurisprudencia constitucional, eldemandante estima que “por trato degradante se puede entender la humillacióncausada a un individuo delante de otros o, ante sus propios ojos, así ésta noimplique sufrimientos físicos o mentales de una intensidad o crueldadparticular” y se pregunta si no es una humillación pública el mantenerexcluida a la población homosexual de una institución jurídica como elmatrimonio civil, por el simple hecho de tener una orientación sexual nocompartida por la tradición colombiana” y perpetuar este tipo de actosdiscriminatorios.Recuerda que el señor Procurador General de la Nación, en concepto anterior,estimó que el no reconocimiento del matrimonio civil a las parejashomosexuales “no implica un trato distinto ni implica déficit de protecciónconstitucional por cuanto a las parejas homosexuales se les ha reconocido lasuniones maritales de hecho, los derechos patrimoniales, o ‘derechos relativos,entre otras temáticas, a cuestiones civiles, laborales y disciplinarias’” ycomenta que “el inicuo argumento del Jefe del Ministerio Público hubiesepodido ser utilizado, en su momento, para no seguir extendiendo el abanico dederechos o de garantías constitucionales a los negros porque en su momento seaceptó que compartieran puestos en los buses públicos con blancos y tal logroera suficiente muestra de que no existía déficit de protección constitucional,por lo cual no podían reclamar el acceso a otros derechos; o negar el derecho ala mujer a abortar en ciertas situaciones pues ya se les había reconocido elderecho al voto; o el derecho a los pueblos indígenas a decidir sobre sus 9
10. propios asuntos, simplemente porque, en determinado momento se lesreconoció el ‘derecho’ a ser considerados miembros de la especie humana yno simples ‘bestias’ como anteriormente algunos pensaban”.Menciona luego los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritospor Colombia, así como la noción de bloque de constitucionalidad y señalaque entre los “Tratados o Declaraciones que son parámetros del control deconstitucionalidad de los apartes acusados del artículo 113 del Código Civil”se encuentra el “artículo 16 de la Declaración Universal de los DerechosHumanos que dice que ‘[L]os hombre y las mujeres, a partir de la edad núbil,tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad oreligión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos encuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución dematrimonio’ ” e insiste en que “el sentido de la expresión “[L]os hombre y lasmujeres”, como en el caso expuesto de la redacción del artículo 42 de laConstitución, no hace referencia exclusiva a las parejas heterosexuales” y enque “de la Declaración Universal de Derechos Humanos también se puedeentender que ‘los hombre y las mujeres [homosexuales o heterosexuales], apartir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna [en este casopor orientación sexual] a casarse y fundar una familia’ ”.También alude al inciso 1 del artículo 2 de la Declaración Universal deDerechos Humanos, según el cual “[T]oda persona tiene todos los derechos ylibertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza,color, sexo, idioma (…) o de cualquier índole, origen nacional o social (…) ocualquier otra condición”, exigencia en virtud de la cual, el derecho almatrimonio civil proclamado en la Declaración no puede negársele a laspersonas homosexuales sin que se incurra en una discriminación en razón a laorientación sexual, lo cual está proscrito por la disposición citada”.Añade que “en el mismo sentido tenemos el segundo inciso del artículo 17 dela Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con elcual: ‘se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio”,derecho “aplicable a los hombres y mujeres homosexuales, debido a quetambién son personas y las personas, según el inciso 2 de la Convención sontodos los seres humanos, razón suficiente para concluir, en forma lógica, quesi un homosexual (hombre o mujer) es una persona ergo, debe respetársele elderecho a contraer matrimonio con otra de su mismo sexo”.Asevera que más claro aún es el artículo 6 de la Declaración Americana de losDerechos y Deberes del Hombre de 1948 que afirma que “toda persona tienederecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad y a recibirprotección para ella y concluye que “si como mencionábamos anteriormente,el artículo 42 de la Constitución establece tres formas para conformar lafamilia (vínculos jurídicos, decisión libre de un hombre y una mujer decontraer matrimonio y la voluntad de conformarla) entonces ninguno de estostres modos de constituirla puede impedir que cualquier persona (como lo 10
11. ordena el artículo 6 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberesdel Hombre) tenga derecho a hacerlo”.Finalmente, indica que “lo expuesto permite concluir que las expresionesacusadas del artículo 113 del Código Civil vulneran las disposiciones deTratados y Declaraciones internacionales suscritas por Colombia, las cuales,según el artículo 93 de la Constitución se convierten en parámetro de controlde constitucionalidad”.2. Demanda de la ciudadana Marcela Sánchez Buitrago y otrosEn la demanda identificada con el número 8376 se estima que los apartesacusados de los artículos 113 del Código Civil, 2º de la Ley 294 de 1996 y 2ºde la Ley 1361 de 2009 vulneran los siguientes artículos constitucionales: 1ºen lo referente a la dignidad humana dentro de un Estado Social de derecho,13 que establece la igualdad, 14 en cuanto al reconocimiento de lapersonalidad jurídica y concretamente en cuanto al estado civil, 15, relativo alderecho a la intimidad y al buen nombre, 16 sobre el derecho al libredesarrollo de la personalidad y 42 en lo atinente al derecho a la autonomíareproductiva.2.1. PretensionesSeñalan los demandantes que la expresión “de procrear” es inconstitucional,mientras que la otra, “un hombre y una mujer” incurre en una omisiónlegislativa relativa inconstitucional, por lo cual sería exequible, “pero en elentendido de que también pueden contraer matrimonio las parejas del mismosexo” y agregan que, por unidad normativa, solicitan la inexequibilidad de laexpresión tanto en el artículo 2º de la Ley 294 de 1996, como en el artículo 2ºde la Ley 1361 de 2009.Añaden que, por razones de unidad normativa, solicitan “un condicionamientogeneral de la Corte, con el fin de que precise en la parte resolutiva que cuandola ley en general haga referencia a cónyuges o haga referencia a ‘hombre ymujer’ al regular la institución matrimonial, en virtud del principio deprotección igual de las parejas heterosexuales y del mismo sexo, debeentenderse que dichas expresiones hacen referencia también a los cónyuges ointegrantes casados de las parejas del mismo sexo”.Manifiestan que, de modo subsidiario, “y en caso de que la Corte considereque no puede recurrir a una sentencia integradora o aditiva inmediata”, pidenque la Corporación “establezca una modalidad de sentencia intermedia, de‘constitucionalidad condicionada con efectos diferidos’ ” para que “reconozcaen forma inmediata el derecho de las parejas del mismo sexo a contraermatrimonio con base en las regulaciones básicas existentes del matrimonio ylos condicionamientos anteriormente señalados a la definición legal delmatrimonio”, pero que, “tomando en consideración la libertad de 11
12. configuración del legislador en este campo, la Corte le otorgue un plazo deseis meses al Congreso para que regule en forma no discriminatoria elmatrimonio para las parejas del mismo sexo”, de modo que la Corte podría“diferir el efecto de su condicionamiento por esos seis meses y precisar que“si el Congreso no realiza esa regulación en ese plazo, entonces debeentenderse que rige plenamente el derecho de las parejas del mismo sexo acontraer matrimonio, con base en la regulación vigente y loscondicionamientos hechos por la Corte en la sentencia que profiera frente aesta demanda”.Agregan que aún cuando la Corte “ha acogido en algunas ocasiones unadoctrina según la cual los demandantes no pueden solicitar laconstitucionalidad condicionada de ninguna disposición”, consideran que esadoctrina no es constitucionalmente adecuada y que afortunadamente la Corteparece haberla abandonado en su evolución jurisprudencial reciente”, por locual “para evitar cualquier posibilidad de que la demanda pueda serconsiderada inepta”, subsidiariamente y en caso de que la Corte no acoja lapretensión principal consistente en declarar la existencia de un omisiónlegislativa de carácter relativo, solicitan que la Corte (i) declare inexequible laposible interpretación, según la cual dicha expresión excluye el matrimoniopor parejas del mismo sexo, o ii) declare inexequible dicho aparte”.2.2. La procreación como uno de los fines del matrimonioDespués de resumir “la lógica esencial de la demanda”, los actores pasan adetallar los cargos y, en primer término, se ocupan de “la definición de laprocreación como uno de los fines del matrimonio”, para demostrar que“vulnera los derechos a la autonomía reproductiva, a la intimidad personal yfamiliar y al libre desarrollo de la personalidad”.A este propósito consideran que, de acuerdo con el artículo 113 del CódigoCivil, el objeto del contrato civil de matrimonio está dado por tres fines allíenunciados, a saber: la cohabitación, la procreación y el auxilio mutuo eindican que el establecimiento de la procreación como fin suele ser invocado“para justificar el impedimento de que las parejas homosexuales contraiganmatrimonio”.Estiman que aunque “esta finalidad no puede ser aducida como justificacióndel trato diferenciado dado a las parejas homosexuales, existen razones quesustentan la inconstitucionalidad de dicha expresión más allá de la cuestión delos derechos de los homosexuales”, porque considerar la procreación comofinalidad del matrimonio comporta un desconocimiento de los derechos quetienen las personas que deciden contraer matrimonio a la autonomíareproductiva, previstos en el artículo 42 de la Carta, a la autonomía personal yfamiliar de que trata el artículo 15 y al libre desarrollo de la personalidad,contemplado en el artículo 16 superior. 12
13. Puntualizan que cuando el artículo 42 superior señala que “la pareja tienederecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos”, estableceun derecho reproductivo que “concreta en el plano de la sexualidad losderechos a la intimidad personal y familiar y al libre desarrollo de lapersonalidad, derecho reconocido por primera vez como fundamental en laProclamación de la Primera Conferencia Mundial de Derechos Humanosconvocada en Teherán en 1968 y luego reconocido en el documento de acciónde la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo del Cairo en 1994.Destacan que el derecho a la autonomía reproductiva implica el derecho adeterminar el número de hijos y que este, a su vez, “incluye el derecho adecidir libremente no tener ningún hijo” y que, aun cuando el artículo 42 quelo reconoce, faculta al legislador para regular lo referente al matrimonio, dichapotestad no es absoluta, como lo ha reconocido la misma CorteConstitucional, pues el artículo 42 da cuenta de algunos límites iniciales entrelos que se cuentan la igualdad de derechos y deberes de la pareja, el respetorecíproco de todos sus integrantes y la honra, la dignidad y la intimidad de lafamilia que son inviolables”.Según lo expuesto en la demanda, el derecho a la autonomía reproductiva“constituye otro de los límites a la potestad del legislador” y, por ello, “le estávedado establecer en la regulación del matrimonio cualquier disposición queniegue tal derecho”, de manera que cuando se define la procreación como unode los fines del matrimonio “el legislador desconoce el derecho a la autonomíareproductiva de los contrayentes en la medida en que ata la decisión deestablecer un vínculo jurídico con la pareja a la finalidad de procrear”, motivopor el cual “las personas que deciden casarse ven seriamente restringido suderecho a la libertad de procreación” y, por consiguiente, “el derecho a decidirno tener hijos”.A juicio de los demandantes, lo anterior comporta “una injerencia arbitrariadel legislador en el ámbito de la intimidad personal y familiar de los cónyugespor cuanto afecta la libertad de estos para decidir acerca de si tienen hijos ono, la cual es una decisión que atañe exclusivamente a la esfera privada” y,por ello, se vulnera el derecho a la intimidad, una de cuyas dimensiones es lalibertad “que se realiza en el derecho de toda persona a tomar las decisionesque conciernen a la esfera de su vida privada”.Así pues, a juicio de los libelistas “las personas deben tener la posibilidad deoptar por el matrimonio sin que esto implique someterse al designio deconvertirse en padres” y negar esa posibilidad “constituye además unavulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad”, que permite alas personas “escoger libremente y realizar su proyecto de vida”.A continuación destacan que a diferencia de lo que sucede con los otros dosfines del matrimonio, “frente a los que ambos cónyuges se encuentran en unnivel de igualdad, el fin de la procreación recae de un modo más fuerte sobre 13
14. la mujer”, lo que evidencia con claridad la genealogía patriarcal de éste “y, ental medida, constituye un rezago de una concepción que aboga y a la vez sesustenta en una ordenación de los sexos que resulta incompatible con el marcoconstitucional vigente”.Agregan que “el mantenimiento de dicha finalidad en el orden jurídicoalimenta el imaginario que ata la posición de la mujer en el marco de lasrelaciones de la pareja y en la familia a su rol de ‘procreadora’ ” pues, si bienla concepción, en tanto primer eslabón de la reproducción, requiere laconcurrencia del hombre y de la mujer “es sobre esta última que recae el pesode la procreación, pues es ella quien tiene la capacidad biológica para gestar ydar a la luz”.En sentir de los demandantes, el artículo 113 del Código Civil expresa la ideadominante que existía en el siglo XIX, “según la cual el destino ‘natural’ de lamujer era ser madre”, idea que “empezó a ser socavada durante el siglo XXmediante nuevas concepciones que empezaron a tener eco en el derechointernacional de los derechos humanos, como lo ha considerado la CorteConstitucional en sentencias tales como la C-355 de 2006 en la que se hace“una descripción de la evolución de los derechos sexuales y reproductivos delas mujeres” que incluyen el derecho a la autodeterminación reproductiva”, demodo que la interferencia del Estado o de los particulares en ese ámbitoconstituye una vulneración de su derecho a la intimidad.2.3. La imposibilidad del matrimonio de parejas del mismo sexoA continuación los demandantes se ocupan de “desarrollar los argumentosespecíficos en relación con la inconstitucionalidad de la imposibilidad de quelas parejas conformadas por personas del mismo sexo puedan contraermatrimonio” e inician su exposición mediante una referencia al “precedentejudicial aplicable al presente caso” y con fundamento en que “en los últimosdos años, la Corte Constitucional llevó a cabo un giro jurisprudencial deinmensa trascendencia en materia de los de las parejas homosexuales”, giroplasmado en las sentencias C-075, C-811 de 2007, T-856 de 2007, C-336 de2008 y C-029 de 2009 y que, según ellos, consiste en que varió unajurisprudencia que “en lo esencial garantizaba el derecho a la igualdad y laprohibición de discriminación de las personas homosexuales en tanto queindividuos, pero sin extender la protección a las parejas y las familiasconformadas por estas personas”.En su criterio, el origen de este cambio se encuentra en la Sentencia C-075 de2007, “en la cual la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de la Ley54 de 1990 en el entendido que el régimen de protección a las unionesmaritales de hecho allí consagrado a favor de los compañeros permanentes esaplicable a las parejas del mismo sexo” y, aunque el alcance se encuentrarestringido al régimen patrimonial, el nuevo precedente radica en que “si bienpueden existir diferencias entre las parejas heterosexuales y las parejas 14
15. homosexuales, ambos tipos de parejas tienen unos “requerimientos análogosde protección”, derivados del mismo valor y dignidad de unas y otras parejas,así como “de que la libre opción sexual se ejercita y tiene efectos en el ámbitode la vida en relación, por lo cual las parejas del mismo sexo demuestrannecesidades similares que las parejas heterosexuales para lograr la realizaciónde su proyecto de vida en común”.Los actores aducen que la Corte estableció dos importantes subreglasjurisprudenciales, pues determinó que el trato diferenciado entre parejashomosexuales y heterosexuales debe someterse a un test estricto deproporcionalidad, pues se presume discriminatorio y la presunción solo puededesvirtuarse si se prueba que el mismo (i) pretende alcanzar un objetivoconstitucionalmente imperioso, (ii) es adecuado y necesario para cumplir conese objetivo y (iii) es proporcionado, es decir, sus beneficios son mayores quesus costos en términos de afectación de derechos”.Además, “la Corte estableció que, en los eventos en los cuales la aplicacióndel test estricto de proporcionalidad conduce a constatar una ausencia dereconocimiento jurídico de la realidad de las parejas homosexuales y unconsecuente vacío legal de protección de las mismas, la situación constituyeuna violación del deber constitucional de otorgar un mínimo de protección aesas parejas, derivado de los requerimientos análogos de protección”.Informan que las anteriores subreglas han sido utilizadas en sentencias comola C-811 de 2007 en la que se entendió que el régimen de cobertura familiardel plan obligatorio de salud del régimen contributivo también es aplicable alas parejas del mismo sexo y, si bien se aplicó como marco de referencia laSentencia C-075 de 2007, esta decisión “aportó elementos relevantes para laconsolidación del precedente sobre la materia”, particularmente al concluir, apropósito de un precepto referente a la protección de la familia, que no eranecesaria la exclusión de las parejas del mismo sexo, pues tal “propósito podíalograrse perfectamente con la inclusión de las parejas del mismo sexo,inclusión que en nada reduciría la protección acordada a las familias y parejasheterosexuales”.Estiman que lo anterior implica un giro radical de la jurisprudencia anterior“en la cual había considerado a la protección de la familia heterosexual comouna justificación razonable y objetiva para excluir a las parejas del mismosexo de los beneficios otorgados a parejas heterosexuales”.Luego hacen referencia a las sentencia T-856 de 2007 y C-336 de 2008 en laque se extendió a las parejas permanentes del mismo sexo la protección propiade la pensión de sobrevivientes y, finalmente, citan la sentencia C-029 de2009, mediante la cual la Corte declaró “la constitucionalidad condicionada deuna serie de normas que establecían beneficios o cargas que tenían comodestinatarios a las parejas heterosexuales, pero que excluían a lashomosexuales”, tras haber estimado que “la aplicación del test estricto está 15
16. sujeta a la constatación de que ambos tipos de pareja se encuentren en unasituación semejante en relación con las disposiciones que no incluyen a lasprimeras en su ámbito de protección”.Concluyen que las mencionadas sentencias “conforman un precedenteconsolidado en materia de derechos de parejas homosexuales que resultaplenamente aplicable al caso objeto de esta demanda”, toda vez que el artículo113 del Código Civil otorga un trato diferenciado a estas parejas al impedirlescelebrar el contrato de matrimonio”.2.4. La similitud de las parejas homosexuales y heterosexuales en cuanto arequerimientos de protección que solo brinda el matrimonioA continuación se ocupan de demostrar que “las parejas heterosexuales y lashomosexuales se encuentran en una situación asimilable en lo que respecta alos requerimientos de protección que solo pueden ser satisfechos con elcontrato de matrimonio” y al afecto aducen que antes de la sentencia C-075 de2007 la Corte se había referido a las diferencias existentes entre estas parejas ylas heterosexuales “y con ellas había afincado la justificación de sutratamiento desigual”.Citan la sentencia C-098 de 1996 en la que la Corte se pronunció a favor de laconstitucionalidad de la exclusión de las parejas homosexuales en el régimende protección para las uniones maritales de hecho en la Ley 54 de 1990,después de haber considerado que solo las uniones heterosexuales conformanuna familia y pueden procrear, a diferencia de lo que sucede con las unionesentre personas del mismo sexo.Enfatizan que “en sus pronunciamientos posteriores, la Corte Constitucionalno ha desconocido la existencia de tales diferencias, pero ha modificado ellugar que ocupan las mismas en el análisis de la constitucionalidad de lasdisposiciones que establecen medidas de protección o cargas únicamente paralas parejas heterosexuales” y ponen de presente que, en su más reciente fallo,la Corte indicó que, dadas las diferencias entre los dos tipos de parejas, “noexiste un imperativo constitucional de dar un tratamiento igual a unas y otras”y que “para construir un cargo por violación del principio de igualdad espreciso establecer que, en cada caso concreto, la situación de uno y otro tipode pareja es asimilable, como presupuesto para entrar a determinar si ladiferencia de trato resulta discriminatoria”.Insisten en que la Sentencia C-075 de 2007 introdujo un cambio en cuantohace al análisis de las diferencias entre los dos tipos de parejas, porque antes“el carácter asimilable de la situación de uno y otro tipo de pareja no teníalugar dentro del análisis de constitucionalidad” que se fundaba en lasadvertidas diferencias y “precisamente porque el carácter análogo de lasituación era obviado, no se aplicaba el test estricto que, conforme alprecedente vigente, es menester aplicar”. 16
17. Así pues, el presupuesto para aplicar el test estricto es que, en el casoconcreto, las parejas se encuentren en una situación asimilable que, según losactores, “se determina en virtud de la existencia de requerimientos análogos deprotección en el caso concreto y por tal razón, las diferencias que existen entrelas parejas homosexuales y heterosexuales solo pueden ser tenidas en cuentapara desdecir tal carácter en la medida en que de las mismas se desprenda lainexistencia de necesidades análogas de protección frente a lo establecido enla norma que excluye de su ámbito a las parejas homosexuales”.Afirman que “la diferencia fundada en que solo la pareja heterosexual puedeconstituir una familia, no puede servir de base para negar prima facie elcarácter asimilable de estos dos tipos de pareja respecto al contrato dematrimonio y evitar, de este modo, la aplicación del test estricto”, pues deconformidad con el precedente vigente, “esta diferencia cobra relevancia, perodentro de la aplicación del test, no para fijar su procedencia”.Señalan que en este sentido, “así como no toda diferencia de trato entreparejas heterosexuales y homosexuales puede tenerse como discriminatoriaper se, tampoco la adscripción de las primeras a la noción de familia puedejustificar per se el trato discriminatorio” y añaden que “en tanto imperativoconstitucional, la protección especial de la familia heterosexual debesometerse en cada caso concreto al análisis propio del test estricto deproporcionalidad, pues lo contrario implicaría un retorno a la jurisprudenciaanterior a la sentencia C-075 de 2007” y un desconocimiento del precedentevigente.En cuanto a la diferencia fincada en la capacidad natural de procrear llaman laatención acerca de que lo debatido en su demanda es la procreación como unode los fines del contrato de matrimonio y exponen que “la diferencia basadaen este aspecto no puede ser en principio tenida en cuenta para negar lasituación análoga en la que se encuentran ambos tipos de pareja frente alcontrato de matrimonio, ni mucho menos para justificar el tratodiscriminatorio”.Aseveran que aun si la Corte encuentra que la procreación como fin delmatrimonio es constitucional, “la diferencia anotada no desvirtúa el carácterasimilable de la situación de las parejas homosexuales y las heterosexuales eneste caso concreto” y explican que “la procreación no es una condición de laexistencia, ni de la validez del contrato de matrimonio y, en tal sentido lacapacidad de engendrar no es un requisito que deba ser satisfecho para podercelebrar este contrato”, tal como lo ha resaltado el profesor Monroy Cabra alindicar que “no hay vicio alguno en que el contrato de matrimonio se celebreentre dos personas que, en virtud de la vejez, la disfunción sexual o lainfertilidad, no tengan capacidad de procrear”. 17
18. De acuerdo con lo anterior puntualizan que la capacidad de procrear comofundamento del carácter no asimilable de las parejas heterosexuales yhomosexuales “se sustenta en una comparación incompleta y sesgada queparte del presupuesto erróneo de que todas las parejas heterosexuales sonaptas para procrear” y hacen énfasis en que “para que la comparación seacompleta e imparcial es necesario incluir todas las variables que constituyenlas categorías a comparar”, de lo que resulta que “es forzoso reconocer que, enlo que respecta a la cuestión de la procreación, las parejas homosexuales seencuentran en la misma situación que las parejas heterosexuales que nopueden engendrar”.Concluyen, entonces, que “las parejas homosexuales y las heterosexuales seencuentran en una situación análoga en este caso concreto, es decir, respecto alos requerimientos de protección que solo pueden ser satisfechos mediante lacelebración del contrato de matrimonio”. Esta situación análoga “se desprendede los aspectos que resultan comunes a ambos tipos de parejas y de los cualesse derivan unas expectativas de protección jurídica semejantes”.Ponen de manifiesto que los otros dos fines que constituyen el objeto delcontrato de matrimonio pueden ser y son “válidamente perseguidos por lasparejas que proyectan una vida en común con vocación de permanencia, conindependencia de que se trate de parejas conformadas por un hombre y unamujer o por dos personas del mismo sexo”, fuera de lo cual sostienen que laCorte Constitucional ha considerado que “la opción de conformar una parejahomosexual tiene pleno valor para el ordenamiento porque es un ejercicio delos derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libre opción sexual,que ya no se restringen al ámbito individual, sino que encuentran en la vida depareja un ámbito imprescindible para su realización”.Precisan que de ese igual valor se deriva una dignidad igual frente alordenamiento constitucional, que implica un igual reconocimiento jurídico deese valor, en aplicación del principio a igual dignidad igual protección”, detodo lo cual surge que, “en virtud de las semejanzas anotadas, en ambos casosse da la expectativa de poder formalizar jurídicamente el compromiso que seorienta a la consecución de los fines propios del contrato de matrimonio”.2.5. El artículo 42 de la Constitución y la regulación del matrimonioAntes de efectuar el test estricto de constitucionalidad los demandantes seocupan de “la regulación del matrimonio en el artículo 42 de la Constitución”y llaman la atención acerca de la frase de conformidad con la cual la familia seconstituye “por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraermatrimonio”, una de cuyas posibles lecturas “restringiría el matrimonio a lasparejas heterosexuales y, en tal sentido, no sería procedente aplicar el test puesel trato desigual provendría de la propia Constitución”. 18
19. Sin embargo, estiman que esa disposición admite dos posibles entendimientos,uno de ellos restrictivo que únicamente permitiría el matrimonio por parejasheterosexuales, ya que la Carta “prohibiría cualquier otro tipo de matrimonioque no fuera entre hombre y mujer”, mientras que de acuerdo con uno másamplio “la disposición aludida impondría la obligación de contraermatrimonio entre un hombre y una mujer, pero dejaría abierta la posibilidadde que el ordenamiento jurídico prevea otros tipos de matrimonio”Estiman que, siendo ambas interpretaciones razonables, “diversasconsideraciones hermenéuticas conducen a pensar que la segunda alternativaconstituye una interpretación más adecuada del artículo 42”, como que lalectura restrictiva desconoce que ese precepto establece la posibilidad de queel legislador reconozca y proteja familias distintas de aquellas que surgen delvínculo entre un hombre y una mujer, ya que establece que la familia tambiénpude constituirse “por la voluntad responsable de conformarla”, luegosostener, como lo ha hecho la Corte Constitucional, que la única familiaprotegida es la heterosexual y monogámica “no se compadece con unaadecuada interpretación literal del artículo 42, ni con la interpretaciónsistemática de la Carta”.Señalan que la Corte ha reconocido distintos tipos de familia diferentes alformado por una pareja monogámica y heterosexual, brindándoles protección,como acontece con la conformada por madre o padre cabeza de familia o conla familia de crianza, de donde surge que pensar que la única familiareconocida constitucionalmente es la heterosexual contradice el textoconstitucional y “la realidad social y cultural del país”.Añaden que, en segundo lugar, el artículo 42 superior otorgó al legislador lapotestad de regular las formas del matrimonio, con respeto a los límitesconstitucionales uno de los cuales sería, según la lectura restrictiva, que laúnica forma de matrimonio admitida es la que se da entre personas de distintosexo, interpretación que no es adecuada, porque la Constitución no protege unúnico tipo de familia y “al legislador no le está vetado incluir dentro de lasformas de matrimonio el que surge de la unión de dos hombres o dosmujeres”.De otra parte, la interpretación restrictiva “se funda en una comprensiónequivocada del tipo de regla” que el artículo 42 contiene en relación con elmatrimonio, dado que “dicha interpretación se basa en el supuesto erróneo deque este artículo contienen una regla exceptiva según la cual el matrimonioúnicamente puede celebrarse entre un hombre y una mujer”, pues, al repararen el tenor literal se advierte que el precepto constitucional “no establece unaexcepción de la cual se derive la prohibición de que personas del mismo sexocontraigan matrimonio”.Explican que las excepciones deben ser expresas y que para su formulación esineludible el uso de adverbios como únicamente, solo, solamente o, en caso de 19
20. que una excepción se formule a continuación de una regla, a través depreposiciones como excepto o salvo, nada de lo cual aparece en el artículo 42superior que “no formula una regla exceptiva o excluyente en relación con laspersonas que pueden contraer matrimonio”.En este sentido señalan que es más adecuada “la interpretación según la cualel artículo 42 contiene una regla especial que impone al legislador permitir elmatrimonio heterosexual, pero que no le impide admitir otros tipos dematrimonio, como el homosexual”, luego “mal puede derivarse de él laprohibición del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismosexo”, por cuanto “el único límite al que está sometido el legislador en laregulación de las formas de matrimonio es que no puede suprimir, desconocero prohibir el matrimonio entre hombre y mujer”.Estiman que cuando la disposición constitucional prevé que el legisladorregulará las formas del matrimonio, demuestra que no todo el temamatrimonial está desarrollado en la expresión constitucional según la cual elmatrimonio se contrae libremente por un hombre y una mujer, de modo que laConstitución solo alude a una de las posibles formas de matrimonio “y ellegislador puede desarrollar más sistemáticamente el tema”.Insisten en que la interpretación literal amplia del artículo 42 resulta másrazonable, por cuanto la restrictiva es incompatible con una comprensiónsistemática de la Constitución” de la que resulta que “el legislador no solotenía la posibilidad de contemplar el matrimonio para las parejas del mismosexo, sino que tenía la obligación de hacerlo”, pues, de lo contrario, a laspersonas homosexuales se les vulneran sus derechos reconocidos en losartículos 1º, 13, 14 y 16 de la Carta.2.6. La aplicación del test estricto de proporcionalidadActo seguido los demandantes se refieren a la “aplicación del test estricto deproporcionalidad al tratamiento diferenciado de las parejas homosexuales encuanto a la posibilidad de celebrar contrato de matrimonio”, test cuyaaplicación se basa en un criterio sospechoso de discriminación, cual es laorientación sexual, como lo indica el precedente vigente, fuera de lo cual “elcarácter analogizable de los extremos del trato desigual, se encuentra yademostrado con suficiencia y al analizar cuestiones relativas al matrimonio,“ya la Corte ha dispuesto que lo procedente es aplicar el test estricto”.Apuntan que el primer paso del test consiste en determinar si el trato desigualobedece a un fin constitucional que sea imperioso y constitucionalmentelegítimo y al respecto consideran que “diferentes elementos de juicio nosconducen a considerar que, en el presente caso, la protección especial de lafamilia resulta ser en apariencia la finalidad que podría invocarse pararestringir el matrimonio únicamente a las parejas conformadas por un hombrey una mujer”, puesto que el artículo 42 alude al matrimonio como fuente deconstitución de la familia, lo que evidenciaría la exclusión de las parejas 20
21. homosexuales y resultaría confirmado “por el hecho de que la CorteConstitucional, al pronunciarse sobre los derechos de las parejashomosexuales, ha señalado con insistencia que la única familia que goza dereconocimiento constitucional es la familia heterosexual y monogámica y que,por tal razón, las uniones con vocación de permanencia entre personas delmismo sexo no se inscriben dentro del concepto de familia que goza de talreconocimiento”.Respecto de lo anterior anotan que es preciso “evaluar si la protección especialde la familia que establece la Constitución opera únicamente para las familiasconstituidas por una pareja heterosexual, pues de no ser así, la invocación detal fin no sería legítima” e indican que cabe reiterar lo expuesto “en el sentidode que no es cierto que el único tipo de familia que goza de reconocimiento yprotección constitucional es la heterosexual y monogámica”, luego laprotección de estructuras familiares que no encajan en dicho tipo deja sinjustificación que se excluya de esa protección constitucional a las familiasconformadas por personas del mismo sexo, siendo esta la oportunidad “paraque la Corte adopte una interpretación del artículo 42 que esté más acorde conun entendimiento sistemático, teleológico, evolutivo, de la Carta y acorde alderecho internacional de los derechos humanos sobre las relaciones familiaresy la protección de los distintos tipos de familias”.En segundo lugar, indican que es necesario determinar cuál es la relación entreel contrato de matrimonio y la constitución de la familia, especificando hastaqué punto dicho contrato está ligado a la noción de familia” y sobre elparticular afirman que la consideración de este contrato como únicomecanismo para constituir una familia es una “perspectiva que desconoce lasproyecciones que este contrato tienen en el ámbito exclusivo de la pareja yque tienen sentido con independencia de la catalogación del matrimonio comofuente jurídica de la familia”.Destacan que la visión del matrimonio propia del Código Civil se enmarca enla teoría contractualista cuyo perfeccionamiento depende del acuerdo devoluntades de los contrayentes e indican que la doctrina jurídicacontemporánea reconoce que esta perspectiva del matrimonio como contrato“dista de la anticuada concepción de este como institución constituida por unconjunto de reglas esencialmente imperativas, cuyo fin era dar a la unión desexos y a la familia una organización que se adecuara a las aspiracionesmorales propias de un específico momento histórico”.Puntualizan que, en cuanto contrato civil, “la principal característica delmatrimonio es que genera un vínculo jurídico entre los contrayentes quegenera obligaciones personales recíprocas en el ámbito de la pareja y surteefectos de carácter patrimonial, de donde concluyen que “los efectospersonales del contrato de matrimonio repercuten exclusivamente en el ámbitode la relación de pareja y no tienen una asociación directa con la noción dematrimonio como fuente jurídica de la familia” y que “igual consideración 21
22. cabe realizar en relación con los efectos de orden patrimonial que se derivande la sociedad conyugal que se conforma con la celebración del matrimonio,en tanto el carácter de esta sociedad consiste en la comunidad de los bienes delos contrayentes, es decir, nuevamente se trata de un aspecto que incumbe a lapareja”.Aseveran que si la Corte persiste en negar a la unión homosexual el carácterde familia o si decide que el matrimonio es un contrato cuyo fin es laconstitución de una familia, “podría concluirse que el trato diferenciadoobedece a un fin constitucionalmente legítimo e imperioso que sería laprotección especial de la familia heterosexual”, pero afirman que aún así “estefin resulta insuficiente para justificar el tratamiento desigual dado a las parejashomosexuales”, pues “no existe una relación de adecuación entre la finalidadenunciada y el medio escogido para alcanzarla, en la medida en que no hayuna conexión lógica ni causal entre el hecho de impedir que las parejashomosexuales celebren un contrato de matrimonio y el fin de proteger a lafamilia heterosexual”, porque “tal impedimento no es necesario para lograr elfin perseguido por cuanto la permisión del matrimonio entre personas delmismo sexo en nada afecta la posición que las parejas heterosexuales tienenfrente a ese contrato”, de manera que “si se acepta que las parejashomosexuales contraigan matrimonio, las parejas heterosexuales que decidancasarse no verán anulada, ni menguada la protección especial que el ordenjurídico les prodiga y, por tal razón, prohibir el matrimonio homosexual no esuna medida adecuada para garantizar la protección de la familia heterosexual”.Prosiguen señalando que la restricción derivada del artículo 113 del CódigoCivil “tampoco es proporcional al fin que pretende garantizarse con ella, porcuanto los efectos negativos que la misma genera sobre las parejashomosexuales son mucho mayores que los beneficios que comporta para lasparejas heterosexuales”, pues tratándose de “una restricción inadecuada einnecesaria para lograr el fin que busca, la misma no reporta beneficiosconcretos”, sino que, por el contrario, “son muy altos los efectos adversos quegenera en términos de los derechos de las parejas del mismo sexo, los cualesse concretan en la existencia de un déficit de protección para las parejashomosexuales, derivado del hecho de que, a pesar de tener requerimientosanálogos de protección a los de las parejas heterosexuales, no tienen acceso almecanismo especial que pueda satisfacerlos, a saber, el contrato dematrimonio”.Reconocen que, gracias a distintos fallos constitucionales, “la situación de lasparejas homosexuales ya no corresponde a la de ausencia de reconocimiento ydesprotección total”, pero aseveran que, pese a ello, “el déficit de protecciónque existe en virtud de la imposibilidad de celebrar contrato de matrimonio nopuede ser negado”, por cuanto “el contrato de matrimonio ofrece a las parejasun núcleo de protección que no es garantizado por ninguna otra figura jurídicade nuestro ordenamiento”. 22
23. Para determinar cuál es ese núcleo de protección los demandantes parten deadvertir las diferencias entre el contrato de matrimonio “con la figura queresulta más asimilable en el orden jurídico colombiano, a saber, la uniónmarital de hecho”. Indican que la primera diferencia radica en el carácter delvínculo surgido en virtud de cada uno de esos tipos de unión y lasconsecuencias que el mismo tiene en el ámbito de las obligaciones personalesque asumen los miembros de la pareja.Enfatizan que mientras el contrato de matrimonio genera un vínculo jurídicoentre los contrayentes, la unión marital de hecho no, así que “la formalizaciónjurídica de la relación de pareja que es una característica privativa del contratode matrimonio, hace que los compromisos morales que suelen atribuirse a unarelación de pareja que tiene vocación de permanencia, tales como lacohabitación, la fidelidad y el apoyo, se eleven a la categoría de deberesjurídicos” y , por otro lado, “dicha formalización hace que la libertad jurídicapara dar por terminada la unión sea absoluta en el caso de la unión marital, noasí en el matrimonio”.Sostienen que “el hecho de que la cohabitación, la fidelidad y el socorro yayuda mutua adquieran el carácter de obligaciones jurídicas tienen unarepercusión importante en lo que respecta a los efectos del contrato dematrimonio”, dado que “el incumplimiento de tales obligaciones constituyeuna causal de divorcio que puede ser invocada con el objeto de terminar elmatrimonio” y su comprobación da lugar a que “aún después de terminado elmatrimonio, persistan ciertas obligaciones a cargo del cónyuge culpable” y afavor del inocente, como la obligación de prestar alimentos e igual ocurrecuando el divorcio se solicita invocando la causal de grave enfermedad delcónyuge, pues aunque ninguno de los cónyuges es responsable, quien solicitael divorcio tiene la obligación de prestarle alimentos al enfermo o afectado poruna anormalidad grave e incurable, que carezca de los medios para subsistirautónoma y dignamente.Destacan que el matrimonio ofrece a la pareja un régimen más favorable queel de la unión marital de hecho, pues de él se derivan derechos y deberes quevan más allá del ámbito meramente económico y ofrecen en su conjuntomayor protección a los miembros de la pareja que se encuentren encondiciones de vulnerabilidad, de donde surge un compromiso con un nivel desolidez y arraigo que no proporciona la unión libre y al cual solo puedenacceder las personas que lo deseen mediante un único mecanismo que puedeproteger tal expectativa, que es el contrato de matrimonio.Añaden que la segunda diferencia entre el matrimonio y la unión libre se da enel ámbito patrimonial, ya que de conformidad con el artículo 1774 del CódigoCivil, por el mero hecho del matrimonio se constituye la sociedad conyugalque tiene el carácter de sociedad de ganancias a título universal, mientras que,de acuerdo con la Ley 54 de 1990, la sociedad patrimonial entre compañerospermanentes solo puede ser declarada judicialmente si ha existido la unión 23
24. marital por un lapso no inferior a dos años, siendo claro, entonces, que losefectos patrimoniales de este tipo de unión están sometidos a condiciones másrestrictivas y que el nivel de protección patrimonial que proporciona elcontrato de matrimonio es mayor, en tanto basta la celebración del contrato yla certeza de no estar sujeta a condiciones adicionales.Apuntan que hay una tercera diferencia que tiene que ver con lasimplicaciones de las respectivas figuras jurídicas sobre el estado civil, dadoque en nuestro ordenamiento no se ha establecido constitucional ni legalmenteel estado civil de compañero permanente derivado de la unión marital dehecho, “a diferencia de lo que ocurre con el matrimonio, en virtud del cualclaramente surge el estado civil de casado”, aspecto que “tiene importantesimplicaciones en relación con el ejercicio del derecho a la personalidadjurídica consagrado en el artículo 14 superior, por cuanto el estado civil es unatributo de la personalidad jurídica.Según la argumentación de la demanda, tratándose del estado civil, el derechoal libre desarrollo de la personalidad se manifiesta en la libertad de escogerlo,de modo que si una pareja celebra matrimonio ejerce la autonomía de lavoluntad y “también ejerce su derecho a la personalidad jurídica entendidocomo la facultad de escoger libremente el estado civil”, luego el “impedir quelas personas homosexuales opten por el estado civil vulnera su derecho a lapersonalidad jurídica”.Sostienen que la última diferencia radica en aspectos puntuales de los efectosde cada unión frente a disposiciones jurídicas que regulan materias diversas,pues aunque la Corte ha extendido a la unión marital de hecho aspectos queantes solo operaban para el matrimonio, en otros casos se ha negado a efectuartal extensión por considerar que no se vulnera el derecho a la igualdad, comocuando declaró la constitucionalidad de una disposición que imponía eltérmino de dos años para que los compañeros permanentes pudieran acceder ala afectación de vivienda familiar o cuando validó la sujeción al mismotérmino para que haya lugar al delito de inasistencia alimentaria entrecompañeros permanentes.Ninguno de estos condicionamientos tienen los esposos y aun cuando loscompañeros permanentes optan libremente por la constitución de una uniónmarital de hecho, “en el caso de las parejas homosexuales implica un déficitde protección en la medida en que la unión marital de hecho no es para ellosuna opción, sino que es la única alternativa ofrecida actualmente por el ordenjurídico para dar un cierto grado de formalización a las uniones que tienenvocación de permanencia”.Así pues, el contrato de matrimonio proporciona un núcleo de protección queno provee ninguna otra figura jurídica y que está conformado por el carácterjurídico del vínculo generador de deberes morales, por el mayor grado deprotección patrimonial, por la modificación del estado civil y por las mayores 24
25. facilidades en el acceso a prerrogativas como las acabadas de enunciar, portodo lo cual al impedir el matrimonio de parejas del mismo sexo “se genera undéficit de protección en cuanto las priva de la posibilidad de ser cobijadas, siasí lo desean, por esos elementos que constituyen ese núcleo de protecciónque únicamente es proporcionado por el contrato de matrimonio”.Tal déficit de protección viola el contrato de igualdad de los homosexuales, encuanto, pese a tener “necesidades análogas de protección a las de las personasheterosexuales, en al ámbito de las relaciones de pareja las priva de laposibilidad de obtener los beneficios que proporciona exclusivamente elcontrato de matrimonio”.Enfatizan que, no obstante el margen de configuración correspondiente allegislador, el juez constitucional es competente para determinar si harespetado los mínimos de protección, si la desprotección de un grupo excedelos márgenes constitucionalmente admisibles y si la menor protección relativade un grupo obedece a una discriminación, lo que acontece en el casoexaminado, dado que el déficit de protección “obedece a una discriminaciónfundada en la orientación sexual de las personas, en la medida en que esprecisamente en el carácter homosexual de la pareja que se funda laimposibilidad de celebrar el contrato de matrimonio”.El anotado déficit genera una vulneración del derecho a la personalidadjurídica y de los derechos a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidadde las personas homosexuales, de donde surge que “los perjuicios que generael trato diferenciado en materia de afectación de derechos son mucho mayoresque los beneficios que el mismo reporta en relación con el fin constitucionalinvocado como fundamento del trato distintivo y que, en consecuencia, larestricción derivada del artículo 113 del C.C. no resiste satisfactoriamente laaplicación del test estricto de proporcionalidad”.2.7. La vulneración del derecho a la dignidad humanaA continuación exponen argumentos relacionados con la vulneración delderecho a la dignidad humana, por incumplimiento del deber constitucional deprotección, que se produce en la medida en que, al excluir a las personashomosexuales de la posibilidad de contraer matrimonio, se perpetúa la visiónde que las relaciones entre personas del mismo sexo son menos dignas dereconocimiento que la relación entre personas de distinto sexo y se “limita laposibilidad de gays, lesbianas y transexuales de diseñar un plan vital y de vivirde acuerdo con sus preferencias”, lo que, según la Corte Constitucional, violael derecho a una vida digna.De conformidad con la jurisprudencia constitucional, la protección de ladignidad humana comporta tres dimensiones, a saber: la autonomía oposibilidad de diseñar un plan de vida y determinarse según suscaracterísticas, contar con ciertas condiciones materiales concretas de 25
26. existencia y la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad físicay moral.En cuanto a la elección del proyecto de vida anotan que comprende el goce dela sexualidad que usualmente se manifiesta y realiza a través de la vida enpareja y que cuando el Estado protege una opción en particular, nonecesariamente irrespeta los demás proyectos de vida, siempre y cuando dichaprotección “no vaya en detrimento de la libertad que tienen todos los sereshumanos de optar por un proyecto de vida distinto de aquel comúnmenteaceptado por la comunidad”.Agregan que la autodeterminación vital de las personas exige del estadoSocial de Derecho, más que una actitud neutral, “una acción afirmativaencaminada a garantizar la realización efectiva de las distintas opciones devida en la esfera de lo público, es decir, frente al orden jurídico y la sociedad.La interpretación del artículo 42 superior en el sentido de que solo protege lasfamilias heterosexuales viola la dignidad humana de los homosexuales, porqueles reduce la posibilidad de vivir planamente como quieren y el estado nopuede hacer consideraciones de orden político o histórico “para preferir aciertas personas por encima de otras”.Estiman que, en segundo término, la exclusión de las parejas del mismo sexode la posibilidad del matrimonio “puede vulnerar su posibilidad de vivir bien”,porque los somete a una eventual desprotección jurídica y económica, enparticular cuando todavía no reúnen los requisitos para que se declare la uniónmarital de hecho, como cuando uno de los miembros de la pareja muere antesde los dos años de convivencia y el otro miembro, en principio, quedaríatotalmente desprotegido. En casos como este “los miembros de la pareja delmismo sexo están condenados, en virtud de la legislación interna, apermanecer en una situación de desprotección que se traduce en riesgosconcretos para su salud y subsistencia en caso de no poder trabajar, a pesar detener la voluntad libre y consistente de convivir en pareja y constituir unacomunidad de vida con plenos derechos”.En lo relativo a la tercera dimensión de la dignidad humana, que consiste envivir sin humillaciones, apuntan que la negación del matrimonio a personasdel mismo sexo “fortalece los estereotipos que ven la homosexualidad comoun modo de vida de menor valor que no merece la pena de ser vivido” y “loshomosexuales terminan siendo ciudadanos de segunda categoría querepresentan un modo de vida que a lo sumo se tolera, pero que no llega a serreconocido como digno de respeto y protección”.Así, la negación del derecho al matrimonio “equivale a negar elreconocimiento público de una de las relaciones de más vital importancia paraun ser humano, a impedir que dicha relación sea considerada relevante y tengaefectos en el mundo social, y a condenar a sus miembros a vivir en la 26
27. sombra”, todo lo cual comporta “una evidente negación o distorsión de laidentidad propia y, por ende, una clara violación del derecho a vivir sinhumillaciones”.2.8. La violación del derecho a la autonomía y la imposición de un modelode perfeccionismoActo seguido la demanda se ocupa de la vulneración del derecho a laautonomía y de la imposición “de un modelo de perfeccionismo o moralismojurídico de la (hetero)sexualidad” y manifiestan los actores que el cargo seencamina a cuestionar las razones por las cuales se justifica la limitación a laautonomía de las personas homosexuales en cuanto a la posibilidad decontraer matrimonio.Recuerdan que el matrimonio, como derecho o como contrato, tiene comorequisito esencial para su realización la decisión libre y voluntaria de loscontrayentes e indican que, tratándose de las parejas del mismo sexo, variaspodrían ser las eventuales objeciones para que esta expresión de la voluntadtuviera validez y entre ellas se encuentra lo referente a la capacidad o lamadurez de los individuos, lo relativo a la afectación a terceros y la limitaciónpor parte de la ley.Respecto de la primera objeción puntualizan que la Corte Constitucional alestudiar la constitucionalidad del precepto que establecía la diferencia de edadmínima para contraer matrimonio entre hombres y mujeres resaltó laimportancia de la autonomía de la decisión de los contrayentes y la relevanciade garantizar la no coacción en la adopción de la misma, pero tambiénestableció como límite a la autonomía la capacidad en la toma de lasdecisiones, por lo cual el límite implica que la decisión respecto delmatrimonio sea tomada en pleno uso de las facultades mentales y a una edaden la que la expresión del consentimiento tenga validez.Siendo así, señalan que “no podría alegarse incapacidad o inmadurez en lamanifestación de su voluntad solo porque la persona tiene una orientaciónsexual homosexual”, de manera que al restringir a los homosexuales laposibilidad de contraer matrimonio se les equipara “con las personasincapaces e inmaduras a quienes también se les niega tal posibilidad”, al pasoque se fortalece el prejuicio social según el cual la atracción sexual y afectivahacia personas del mismo sexo es una enfermedad mental (incapacidad) o unaconfusión del sujeto con respecto a su sexualidad (inmadurez).Observan que la Corte constitucional al examinar la capacidad de loshomosexuales para asumir trabajos con un alto grado de responsabilidad comolos de maestros y miembros de la fuerza pública, puso de presente que lasdecisiones de la vida de un individuo sobre su sexualidad no puedenconstituir, per se, una deslegitimación sobre su capacidad. 27
28. Además, la Corte ha reiterado que, de conformidad con el artículo 16 superior,toda persona puede optar por su plan de vida y desarrollar su personalidadconforme a sus intereses, deseos y convicciones, siempre que no afectederechos de terceros, ni vulnere el orden constitucional, que fungen comolímites.Precisan que al momento de justificar restricciones al derecho a la autonomíade la voluntad se debe evitar caer en el perfeccionismo o moralismo jurídico,que se presenta cuando el ordenamiento jurídico utiliza instrumentos coactivospara imponer a las personas determinados modelos de virtud o de excelenciahumana, lo cual contradice el pluralismo garantizado por la Carta.Agregan que para analizar si la restricción impuesta a las personashomosexuales en relación con el matrimonio tiene como finalidad laprotección a terceros o la de imponer una particular visión del ideal de vidacorrecto, que sería en este caso el modelo heterosexual, la Corte ha establecidoel uso del juicio de proporcionalidad y, por ello, en primer lugar el juez debedeterminar si la restricción a los derechos constitucionales obedece a un finconstitucionalmente legítimo.Consideran que el fin que buscaría proteger la medida que restringe la validezde la manifestación de la autonomía de las personas homosexuales en larealización del matrimonio y la conformación de una familia “no es otra que laprotección del matrimonio heterosexual” y que “de la Carta Constitucional nopuede inferirse que un fin válido del Estado sea el imponer la heterosexualidadsobre la sexualidad diversa, sino que, por el contrario, se debe respetar a losindividuos por su orientación sexual y el Estado debe proporcionar lasgarantías suficientes para su pleno ejercicio.El segundo aspecto tiene que ver con la necesidad y según lo explicado “laextensión a las parejas homosexuales de la posibilidad de contraer matrimoniono implica una desprotección del matrimonio heterosexual, ni de los derechosde las parejas heterosexuales y, en tal sentido, la restricción a la autonomía esinnecesaria”En tercer lugar, se busca que la medida no sacrifique valores y principios quetengan un mayor peso que el principio que se pretende satisfacer y, en estecaso, la medida resulta excesiva, pues, sin desconocer la autonomía de laspersonas homosexuales, se puede lograr el mismo fin de proteger la familia yel matrimonio heterosexual, fuera de lo cual se limita desproporcionadamenteel derecho al libre desarrollo de la personalidad en la medida en que sevulneran otros derechos fundamentales de las personas homosexuales como laigualdad, la dignidad humana y la personalidad jurídica y se desconoce elpluralismo que reconoce algunas manifestaciones de la diversidad“insuprimibles por la voluntad democrática”, lo que también esdesproporcionado. 28
29. Aseveran que, en las condiciones anotadas, la medida que afecta a loshomosexuales solo encontraría justificación en un modelo de perfeccionismoo moralismo jurídico que desea imponer la heterosexualidad, lo cual es ajeno ala Carta de 1991.Retoman luego los límites de la autonomía y, en especial, el referente alordenamiento legal e indican que las simples invocaciones del interés general,de los deberes sociales o de los derechos ajenos no son suficientes para limitarel alcance de este derecho, por lo cual las restricciones por parte de lasautoridades han de contar con una fundamentación constitucional y no puedenanular el modelo de realización personal de los individuos.Al respecto expresan que, según la Corte, una política de protección invade elcontenido esencial del libre desarrollo de la personalidad cuando se traduce enuna prohibición de un determinado proyecto de realización personal y de unaopción vital y reiteran que para las personas homosexuales “no solamente suorientación sexual es fundamental para su proyecto de vida, sino que tambiénel formar una familia hace parte del proyecto de vida de muchas personas queostentan dicha orientación”, por lo que “no puede avalarse el ejercicio dellibre desarrollo de la personalidad por una parte, y por otra restringirse estemismo derecho en lo atinente a la conformación de la familia o laconformación del vínculo matrimonial”.2.9. El derecho comparado y el matrimonio de las parejas del mismo sexoEn aparte especial de su demanda, los actores hacen una “breve” presentación“de las decisiones judiciales que en el derecho comparado se han producido entorno al matrimonio entre parejas del mismo sexo”, con la finalidad “debrindar a la Corte detalles sobres los debates constitucionales que se handesarrollado en otras jurisdicciones, así como brindar mayores elementos dejuicio en el estudio de los cargos planteados”.Anotan que las decisiones reseñadas “proceden de los Tribunales Superioresde Ontario y British Columbia de Canadá, las Cortes Supremas de los Estadosde Massachusetts, California, Iowa y Connecticut en los Estados Unidos, laCorte Constitucional de Sudáfrica y la Corte Suprema de la Nación deMéxico.Después de presentar las anunciadas decisiones reiteran que este recorridobrinda “elementos importantes para estudiar la inconstitucionalidad de lasnormas en este caso” y precisan que no solicitan que “se tenga comoobligatorio el derecho comparado”, pero consideran que “ofrece importanteselementos de juicio para resolver casos constitucionales, es decir, se trata deun criterio auxiliar en la función de la Corte Constitucional” que lo “ha usadopara ampliar su análisis de constitucionalidad”. 29
30. Añaden que “esta salvedad es importante debido a que no siempre el derechocomparado es unánime o concluyente en algunas materias, especialmente entemas de tensos debates sociales o en situaciones de discriminación extrema ygeneralizada”, lo que no obsta para que la Corte lo use, especialmente cuandose trata de problemas similares enfrentados por los tribunales.Mencionan algunos casos de uso del derecho comparado por parte de la CorteConstitucional y hacen especial alusión a la sentencia C-075 de 2007 que“reconoció el derecho a la unión marital de hecho de las parejas del mismosexo” y en la cual, “la Corte usó elementos del derecho comparado einternacional para verificar la creciente protección legal que se ha venidoestableciendo para las personas homosexuales y las parejas del mismo sexo”.Manifiestan que más que pretender un valor vinculante de estas decisiones, lasreseñan para que la Corte pueda verificar que el debate planteado y susaspectos particulares han tenido un importante análisis en el derechocomparado e indican que las razones por las cuales se les niega el derecho a laigualdad a las personas homosexuales son muy similares en todo el mundo ytienen que ver con “conceptos como la concepción tradicional de la familia, lareligión, la presunta peligrosidad de las parejas homosexuales para los niños”,por lo que “los análisis judiciales en el derecho comparado, aún siendo pocos,pueden ofrecer a la Corte Constitucional de Colombia mayores elementos dejuicio y ser tenidos en cuenta al momento de estudiar los cargos presentadosen esta demanda”.2.10. La idoneidad técnica de la demanda y la procedencia de su estudioA continuación los demandantes dedican otro apartado a “la idoneidad técnicade la presente demanda y la procedencia de un pronunciamiento de fondo porla Corte Constitucional” y, en primer lugar, estiman que su demanda contienecargos claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes”.Consideran que el cargo en contra de la expresión “de procrear” es claro, puesse explica “detalladamente y en forma comprensible que si la ley atribuyelegalmente al matrimonio como una de sus finalidades la procreación,entonces se violan normas constitucionales determinadas como el libredesarrollo de la personalidad.Añaden que el cargo es cierto, pues recae sobre el contenido de la expresiónacusada, “ya que dicho aparte le atribuye al matrimonio el propósito de laprocreación” y que también es específico y pertinente, porque la demanda“muestra en forma precisa cómo la expresión acusada viola la Constitución” yel cargo “es desarrollado con argumentos constitucionales, y no puramente deconveniencia”, fuera de lo cual es suficiente, en la medida en que la demandasuscita dudas razonables sobre la constitucionalidad de la expresión acusada. 30
31. En relación con la expresión “un hombre y una mujer” señalan que el cargo esclaro, dado que “la demanda explica detalladamente y en forma comprensibleque si la ley restringe el matrimonio únicamente a las parejas heterosexuales,entonces se violan normas constitucionales determinadas e igualmente escierto, pues recae sobre el contenido de la expresión acusada, “ya que dichaexpresión es la que restringe el contrato de matrimonio a parejasheterosexuales”.Precisan que el cargo es también específico, porque “la demanda muestra enforma precisa cómo la expresión acusada viola la Constitución”, pertinente,puesto que “es desarrollado con argumentos constitucionales, y no puramentede conveniencia”, basados esencialmente en la propia jurisprudencia de laCorte Constitucional sobre la igual protección que la Carta otorga a las parejasheterosexuales y a las parejas del mismo sexo” y suficiente, dado que lademanda suscita dudas razonables sobre la constitucionalidad de la exclusiónde la posibilidad de matrimonio a las parejas del mismo sexo.Agregan que como podría estimarse que una demanda por omisión legislativarelativa es más exigente, la demanda también es idónea por este aspecto ypuntualizan que recae sobre un precepto concreto, cual es el artículo 113 delCódigo Civil que contienen la expresión “hombre y mujer” y excluye laposibilidad de que parejas del mismo sexo puedan casarse. En segundotérmino, la expresión ha regulado de manera constitucionalmente defectuosael matrimonio al excluir de esa posibilidad a las parejas del mismo sexo, locual genera una desigualdad injustificada respecto de las parejasheterosexuales.Hacen énfasis en que, en tercer lugar, esa exclusión no está fundada enrazones suficientes y objetivas, porque ambos tipos de parejas se encuentranen la misma situación desde el punto de vista constitucional y en relación conel matrimonio, de donde surge que la exclusión de las parejas del mismo sexoes discriminatoria. Afirman que, en cuarto lugar, la omisión afecta gravementela igualdad, así como otros derechos constitucionales e incumple el clarodeber constitucional de otorgar igual protección a las parejas del mismo sexo ya las parejas heterosexuales.Se detienen luego a señalar que la omisión es relativa y no absoluta, “puestoque no hay falta absoluta de regulación de una materia, ya que el legisladorreguló un determinado asunto, que es el contrato de matrimonio, pero alhacerlo incurrió en un defecto constitucional, pues solo previó esa instituciónpara las parejas heterosexuales, pero no para las parejas del mismo sexo”.Destacan que recientemente la Corte ha desarrollado una concepción másestricta de la omisión relativa, de acuerdo con la cual en algunos casos puedehaber actuación del legislador, pero la omisión es absoluta, por cuanto resultaimposible al juez constitucional llenar el vacío constatado, por medio de unasentencia condicionada. 31
32. Respecto de lo anterior estiman que esta posición es equivocada, puesconfunde dos fenómenos distintos, como son la constatación de una omisiónlegislativa relativa y el remedio judicial de la misma, por cuanto una cosa es laconstatación de la omisión legislativa relativa inconstitucional y otra que laCorte considere que no puede remediarla directamente y en forma inmediata,por cuanto el legislador tiene un amplio margen de configuración en lamateria, evento en el cual “bien puede la Corte declarar la omisión legislativa,pero otorgar un plazo prudencial al Congreso para que se corrija directamente,y solo en caso de que este no la corrija, entonces procedería el juezconstitucional a llenar el vacío.Con todo, estiman que en este caso la omisión es relativa, “pues el Legisladorreguló integralmente la institución del matrimonio y solo excluyó de la mismaa las parejas del mismo sexo”, omisión que es inconstitucional y que “puedeser integralmente corregida por la Corte, por una sentencia integradora aditivao condicionada, en donde la Corte, en aplicación del mandato constitucionalde igual protección entre las parejas heterosexuales y las parejas del mismosexo, extienda la posibilidad de matrimonio a estas últimas”.Refieren que en la sentencia en la cual se adoptó la tesis por ellos criticada secita como ejemplo de omisión relativa la decisión que extendió a las parejasdel mismo sexo la figura de la unión marital de hecho y comentan que “lasituación es prácticamente idéntica, por lo que el mismo criterio es aplicable”.Precisan que, aun así, podría objetarse que en el matrimonio la situación esdistinta, por cuanto su regulación “es mucho más integral y extensa que la dela unión marital de hecho” y que su regulación actual se basa en la idea de quese trata de una pareja heterosexual, por lo cual muchas disposiciones hablan aveces específicamente de hombre y mujer y que, por ello no bastaríacondicionar la exequibilidad del artículo 113 del Código Civil, sino que seríanecesario modificar demasiadas normas legales, lo que conduciría a concluirque la omisión es absoluta y solo puede ser corregida por el legislador.Sostienen que el argumento no es de recibo, porque frente a la mayor parte delas regulaciones del matrimonio “no existe ningún problema, pues ellaspodrían ser plenamente aplicables a las parejas del mismo sexo”, no solo en suliteralidad sino también en los mandatos que prevén, como acontece con lasnormas sobre la celebración del matrimonio, fuera de lo cual algunasdisposiciones que hablan de hombre y mujer no plantean problemas en sucontenido, “que resulta plenamente aplicable a las parejas del mismo sexo”,como sucede con el artículo 177 del Código Civil sobre dirección del hogar,pues aunque la encarga al marido y la mujer, bastaría que la CorteConstitucional condicionara la exequibilidad de esas expresiones para que seentienda que incluyen también a los cónyuges del mismo sexo o quesimplemente hacen referencia a los cónyuges. 32

References: artículo 113
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 113
 artículo 113
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 242
 artículo 42
 artículo 113
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 113
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 113
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 113
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 113
 artículo 42
 artículo 13
 artículo 43
 artículo 42
 artículo 13
 artículo 113
 artículo 43
 artículo 113
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 113
 artículo 42
 artículo 2
 artículo 17
 artículo 6
 artículo 42
 artículo 6
 artículo 113
 artículo 93
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 113
 artículo 42
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 113
 artículo113
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 113
 artículo 1774
 artículo 14
 artículo 113
 artículo 42
 artículo 16
 artículo 113
 artículo 113
 artículo 177