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Timestamp: 2018-08-17 22:24:23+00:00

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﻿ SENTENCIA 2016-00072 DE MAYO 11 DE 2017
SENTENCIA 2016-00072 DE 11 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:FAVORECIMIENTO ELECTORAL EN LA ELECCIÓN DE RECTOR QUE PARTICIPA EN LA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR DE UNA UNIVERSIDAD. EN REALIDAD, NO EXISTE PUGNA EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y LA PROHIBICIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, PUES LA PRIMERA BUSCA IMPEDIR LA INJERENCIA DE OTRAS RAMAS DEL PODER PÚBLICO EN LA ESCOGENCIA DE LAS DIRECTIVAS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, POR SU PARTE, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PROHÍBE LA CONDUCTA DENOMINADA “YO TE ELIJO, TÚ ME ELIJES”.
TEMAS ESPECÍFICOS:FAVORECIMIENTO POR SERVIDOR PÚBLICO, PRINCIPIOS DEL DERECHO ELECTORAL, NULIDAD ELECTORAL, JUICIO ELECTORAL, GARANTÍAS ELECTORALES, FAVORECIMIENTO, INHABILIDAD ELECTORAL, ACTO ELECTORAL
Sentencia 2016-00072 de mayo 11 de 2017
Rad.: 11001-03-28-000-2016-00072-00
Actor: Asociación Sindical de Profesores Universitarios de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Demandado: Carlos Alberto Corrales Medina, rector Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Asunto: Fallo electoral de única instancia, declara la nulidad del acto acusado porque incurrió en la prohibición del artículo 126.2 de la Constitución Política.
Bogotá, D.C., once de mayo de dos mil diecisiete.
1. Acto demandado
El demandante requiere la nulidad del Acuerdo 20 de 12 de septiembre de 2016 por medio del cual se designó al señor Carlos Alberto Corrales Medina rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, periodo 2016-2020.
1. (sic) Problema jurídico
El litigio se fijó en “(…) determinar si, el acto de designación de Carlos Alberto Corrales Medina como rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Acuerdo 20 de 12 de septiembre de 2016, es nulo por i) falsa motivación, expedición irregular; ii) atentar contra el artículo 126.2 de la Constitución Política y; iii) vulnerar los artículos 2º, 13, 15 y 35.18 de la Ley 734 de 2002”.
Sin perjuicio de lo anterior, adoptando el criterio mayoritario de la Sala de Decisión y en virtud de que, como se explicará a continuación, se encontró probado que el demandado incurrió en la prohibición de que trata el numeral 2º del artículo 126 de la Constitución Política, la presente providencia únicamente abordará el estudio y decisión de dicho cargo, pues como se advierte el mismo conlleva a la anulación del acto demandado.
2. De la vulneración del artículo 126 de la Constitución Política, ante los nombramientos realizados, o en los que intervino el cuestionado rector de algunos integrantes del Consejo Académico y Superior Universitario.
Sostuvo la demandante que el demandado Carlos Alberto Corrales Medina nombró “(…) a todos y cada uno de los decanos de las facultades de la Universidad (…)”, quienes posteriormente “elaboraron” la Convocatoria Pública de Designación de Rector, periodo 2016-2020 y la terna de candidatos para el cargo a rector.
Además “(…) prorrogó el 29 de junio de 2016 el nombramiento de los siguientes funcionarios que participaron en su postulación (…)”, Decanos: Carmen Eliana Caro Nocua de Derecho; Ana Isabel Mora Bautista de Bacteriología; Julio César Orjuela Peña de Ingeniería y Arquitectura; Alonso Vega García de Administración y Economía y; Clemencia del Carmen Gaitán Didier de Ciencias Sociales. Esto “(…) sin contar con estrategias que hubieren garantizado la transparencia y promovieren la participación en igualdad de condiciones de los otros seis candidatos (…)”.
Precisó que la inscripción del candidato-rector Carlos Corrales Medina “(…) perturbó y desestabilizó la institucionalidad de la entidad dentro de la Convocatoria Pública de designación de rector por cuanto como representante legal había nombrado y postulado a la mayoría de servidores que por la naturaleza de sus funciones debían adoptar decisiones de fondo dentro de la misma (…)”.
En síntesis, adujo que el demandado nombró o postuló a: Ana Patricia Ángel Moreno, Secretaria General, Emilia López Luna, Rectora ad hoc, Emilia López Luna, Vicerrectora Académica, Julio Cesar Orjuela Peña, Decano de Ingeniería y Arquitectura, Clemencia del Carmen Gaitán Didier, Decana de Ciencias Sociales, Ana Isabel Mora Bautista, Decana de Ciencias de la Salud, Carmen Eliana Caro Nocua, Decana de Derecho, Alonso Vega García, Decano de Administración y Economía, Daniel Enrique Afanador Macías, Representante Sector Productivo y, Jaime Restrepo Cuartas, Representante de los Ex rectores.
Señaló que las personas nombradas en los cargos antes relacionados tuvieron injerencia directa en el proceso eleccionario que se acusa de ilegal, pues:
a) La Secretaria General: revisó las hojas de vida de los aspirantes, aprobó e improbó su inscripción, resolvió objeciones, informó las decisiones adoptadas por las directivas de la Universidad, organizó y coordinó la consulta realizada a la comunidad y asesoró y emitió concepto jurídico con destino al Consejo Académico y al Consejo Superior Universitario.
b) La vicerrectora académica, al ser encargada de la rectoría (ad hoc), le correspondió resolver las recusaciones e impedimentos formulados contra el ahora demandado, presidir el Consejo Académico, deliberar y votar la integración de la terna para escoger rector, asistir a la sesión en la que resultó designado como rector el señor Carlos Alberto Corrales Medina.
c) Las decanas de Ciencias Sociales; de Derecho; de Administración y economía; el Representante Sector Productivo y el Representante de los ex rectores participaron en la sesión en la cual se integró la terna para escoger rector, en la que deliberaron y votaron.
d) la Decana de Ciencias de la Salud y el representante de los ex rectores, participaron en la sesión en la que resultó designado como rector el señor Carlos Alberto Corrales Medina.
Afirmó que el demandado Carlos Alberto Corrales Medina debió manifestar su impedimento como candidato a rector, dada su calidad de “funcionario nominador”, como también “(…) de los servidores mencionados por cuanto por disposición expresa del inciso 2º del artículo 126 superior les estaba prohibido a los servidores referidos postular o nombrar en el cargo de rector o cualquier otro cargo público al señor Carlos Alberto Corrales Medina”.
En ese mismo sentido, precisó que el interés del demandado queda demostrado con su postulación para ser reelegido y el de los integrantes del Consejo Superior y Académico antes enunciados “(…) con los beneficios económicos y laborales provenientes de los nombramientos en estos altos cargos”.
Por su parte, el demandado y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, como argumentos de defensa exponen que:
No existe la vulneración del numeral 2º del artículo 126 de la Constitución Política porque este precepto no se puede aplicar de manera “exclusiva y exegética” ya que debe tenerse en consideración que el rector elegido lo fue para una institución de educación superior “amparada por la autonomía universitaria”, y señaló que se deben diferenciar “(…) las ternas conformadas, para que sean presentadas a las cámaras legislativas, escenario natural de los partidos políticos, con la terna presentada por el Consejo Académico de la de la Universidad, para designar rector (…)”.
En este mismo sentido, requirieron que el cargo fundado en la presunta vulneración del inciso 2º del artículo 126 de la Constitución Política fuera confrontado “(…) con el principio constitucional de la autonomía universitaria, el cual se ve reflejado en las normas internas de la institución, tales como el Acuerdo 11 de 2000 (Estatuto General), el Acuerdo 22 de 2000 (Estatuto Docente), el Acuerdo 11 de 2004 y Acuerdo 11 de 2012, entre otros”.
Lo anterior, por considerar que del contenido de los artículos 69 de la Constitución Política y 57 de la Ley 30 de 1992, se entiende que la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca no hace parte de la rama ejecutiva y desarrolla su misión institucional con el amparo de la autonomía universitaria que le permite designar sus autoridades académicas y administrativas.
A lo que agregaron que en Sentencia C-220 de 1997 la Corte Constitucional concluyó que entidades como la Universidad “(…) deben ser miradas con otra óptica” y destacó que del análisis de la demanda se advierte su fundamento “(…) tiene el rango constitucional, el inciso 2º del artículo 126, su análisis —en el caso de entes universitarios autónomos— debe estar obligatoriamente articulado con los estatutos y demás normas internas de la Universidad. Además, no debemos olvidar que la autonomía universitaria, también es norma de rango constitucional”.
En este mismo orden de ideas, sostuvieron que resulta “inaplicable ubicar” la cuestionada designación del rector “(…) en el mismo estadio que las designaciones del Procurador General de la Nación o del Contralor General de la República donde la sola intervención de los congresistas y, por ende, de todos los partidos políticos representados en nuestro legislativo, suponen un alto contenido político para este tipo de decisiones, que nada tiene que ver con la designación de un rector de universidad”.
Finalmente, manifestaron que la designación del rector Carlos Alberto Corrales Medina, la obtuvo con nueve votos a favor y sin que los demás aspirantes tuvieran voto alguno, de lo que concluye que debe tenerse en consideración la incidencia que tuvieron los cuestionados integrantes del Consejo Superior Universitario de concluirse que no podían haber ejercido su derecho al voto, esto en la medida que consideran que de igual forma el cuestionado habría alcanzado la mayoría requerida para acceder al cargo al que se postuló.
También expusieron que no es posible dejar de tener en consideración que el rector demandando “(…) obtuvo la mayoría absoluta de respaldo, en todos los estamentos de la universidad: estudiantes, administrativos, docentes y egresados”, ya que la importancia de la votación de la comunidad universitaria radica en que además de ejercer su voto por un candidato en realidad lo hacen respecto de un programa de gobierno, razón por la cual “(…) la decisión del Consejo Académico, al conformar la terna ya conocida, se fundamentó en los resultados de la consulta a la comunidad [además] respetó el principio democrático aludido por la Corte Constitucional, al tiempo que respaldó, la concordancia que debe existir entre el ejercicio de la autonomía universitaria y el respeto del derecho de los miembros de dicha comunidad a la participación”.
Esto, sin dejar a un lado que el rector “(…) no tiene injerencia alguna en el Consejo Superior (…)”, en lo referente a la facultad nominadora de ese órgano. Resaltó que el demandado fue el ganador de la consulta realizada a la comunidad universitaria, lo que demuestra que “(…) la acusación de favorecimiento y de manipulación de los miembros del Consejo Académico a la hora de conformar la terna aparece sin fundamento alguno (…)”.
Así las cosas, para desatar la posible vulneración del artículo 126 de la Constitución Política, se hace necesario analizar: i) la autonomía universitaria a la luz de la prohibición de que trata el artículo 126 de la Constitución Política; ii) la prohibición de que trata el artículo 126 de la Constitución Política; iii) la participación de los Consejos Académico y Superior en el proceso eleccionario de rector de la UCMC; iv) la incidencia de los votos cuestionados en la presente designación, como también la relevancia que en la cuestionada designación se acogió el resultado de la consulta a la comunidad universitaria y v) caso concreto.
2.1. De la autonomía universitaria a la luz de la prohibición de que trata el artículo 126 de la Constitución Política
Resulta pertinente manifestar que este mismo planteamiento se realizó vía excepción de mérito, por lo que los argumentos expresados a continuación servirán para resolver el cargo de la demanda y el medio exceptivo.
Ha sido postura reiterada de esta Sección reconocer que los entes universitarios están cobijados por la autonomía universitaria, de que trata el artículo 69 de la Constitución Política, entendida como la potestad que tienen este entes de educación superior para “darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”.
Empero, en lo que tiene que ver con el régimen de inhabilidades, aplicable a los rectores y miembros del Consejo Superior Universitario, que tuvieren la calidad de empleados públicos, ha concluido que dicha autonomía no es absoluta, ya que así lo dispone el artículo 67 de la Ley 30 de 1992, según el cual:
“Los integrantes de los Consejos Superiores o de los Consejos Directivos, según el caso, que tuvieren la calidad de empleados públicos y el Rector, estarán sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la ley y los estatutos así como las disposiciones aplicables a los miembros de juntas o consejos directivos de las instituciones estatales u oficiales. Todos los integrantes del Consejo Superior Universitario o de los Consejos Directivos, en razón de las funciones públicas que desempeñan, serán responsables de las decisiones que se adopten” (negrilla fuera de texto original).
Al respecto, en sentencia de 15 de septiembre de 2016(21) se decidió:
“En respuesta a esa autonomía constitucional que se predica de los entes universitario, es viable acudir al derecho supletivo (legislación aplicable a otras entidades públicas) en defecto del régimen propio (regulación de la entidad universitaria), si y solo sí, así lo ha previsto expresamente. De lo contrario, no es posible acudir a otra normativa.
Así las cosas, para el operador jurídico que analiza la regulación aplicable, se impone acudir primero a las normas propias y exclusivas expedidas por la entidad académica, dentro de su autonomía de auto regulación, luego para armonizarlo o incluso para llenar el vacío de las normas propias, es viable acudir a la regulación de educación general en razón a la identidad de temática, objeto y naturaleza de la materia que converge en el gran continente de las normas sobre educación y, solo le será viable ampliar el estudio a otras normas, si la universidad consagró en forma expresa, la remisión y siempre que obviamente responda a criterios, principios y alcances acordes a los fines y misiones educacionales universitarios públicos u oficiales” (negritas fuera de texto).
Con fundamento en lo anterior, es dable afirmar que al momento de analizar los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades en los cuales pueden incurrir los rectores o los miembros del Consejo Superior Universitario, que tuvieren la calidad de empleados públicos, se debe acudir en primera medida a las normas internas de la universidad y únicamente se podrán acudir a otras disposiciones cuando el ente educativo así los disponga en sus estatutos. Conviene precisar que esta postura fue reiterada por esta Sala, en los siguientes términos:
“(…) la Sala reitera esta posición jurisprudencial y concluye que en virtud de la autonomía universitaria, siempre y cuando los estatutos de la universidad correspondiente así lo permitan, es viable aplicar a los entes autónomos universitarios normas sobre inhabilidades que en principio no le serían exigibles”(22).
En este aspecto, la Sala pone de presente que de la revisión del Acuerdo 11 de 2000(23) (24), en su artículo 15 dispone:
“Calidad de los miembros del consejo superior, inhabilidades e incompatibilidades. Los integrantes del Consejo Superior Universitario, aunque ejercen funciones públicas, no adquieren por este solo hecho la calidad de empleados públicos. Los integrantes del Consejo Superior Universitario, que tengan la calidad de empleados públicos y el Rector, están sujetos a los impedimentos, las inhabilidades e incompatibilidades de que trata la Constitución y demás normas vigentes sobre la materia” (negrilla y subraya fuera de texto original).
Con fundamento en la anterior norma y en los fallos antes referenciados de esta Sección, resulta evidente que los argumentos de defensa expuestos por los apoderados tanto del demandado como de la universidad, según los cuales acudir a la prohibición de que trata el artículo 126 de la Constitución Política resultaría atentatorio de la autonomía universitaria ya que la misma está prevista para órganos de carácter político y no académicos, carecen de prosperidad, pues las mismas normas que rigen a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de manera expresa dispone que el rector y los miembros del Consejo Superior están sujetos “(…) a los impedimentos, las inhabilidades e incompatibilidades de que trata la Constitución y demás normas vigentes sobre la materia”.
Así las cosas, la Sala concluye que, en este caso, por así permitirlo el estatuto general de la UCMC resulta procedente abordar el estudio de fondo que remite a la presunta afectación del artículo 126 de la Constitución Política, por parte del acto de designación que se pide anular, sin que por esta razón se pueda afirmar que se atenta contra la autonomía universitaria. Las razones antes expuestas, llevan a negar la excepción formulada por el apoderado judicial del demandado y permiten continuar con el estudio de fondo del presente cargo de la demanda.
Sumado a lo anterior debe destacarse que, en lo atinente con la jerarquía del artículo 126 de la Constitución Política respecto de la autonomía universitaria, que tiene el mismo rango constitucional, resulta imperioso reiterar que la propia Constitución se sitúa en la cúspide del ordenamiento colombiano y, al efecto, el artículo 4º prescribe que la Constitución es “norma de normas”, lo cual se traduce en que es “fuente [jurídica] primaria”(25) (26) 02 de 2015; es decir, es un cambio normativo mediante el cual el constituyente derivado decidió otorgar rango constitucional a dicha prohibición, con el fin de “subsanar el progresivo desajuste institucional del sistema de pesos y contrapesos originalmente planteado en la Constitución de 1991”(27).
Lo anterior adquiere relevancia a la hora de denegar el argumento de la parte pasiva, según tanto la prohibición del artículo 126 como la autonomía universitaria tienen el mismo rango, pues a pesar de ser esto cierto y sumado a los argumentos ya esbozados, según los cuales los propios estatutos de la universidad remiten a la Constitución, debe destacarse que la modificación del precepto constitucional busca solucionar problemáticas actuales, a las que se deben ajustar las autoridades públicas, como lo es la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, sin que esta circunstancia devenga en el desconocimiento de la mentada autonomía.
Resulta necesario agregar que contrario al dicho de la parte pasiva, en realidad, no existe una pugna entre la autonomía universitaria y la prohibición del artículo 126 de la Constitución Política, pues la primera —autonomía universitaria— propende por impedir la injerencia de otras ramas del poder público en la escogencia de las directivas de las instituciones de educación superior, por su parte, la Constitución Política, en el precepto en mención, procura por la inexistencia de favorecimientos electorales de los servidores públicos, al prohibir la conducta denominada “yo te elijo, tú me elijes, como se explica a continuación.
2.2. De la prohibición de que trata el artículo 126 de la Constitución Política
Dicha norma constitucional, dispone:
“Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente.
Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.
Quien haya ejercido en propiedad alguno de los cargos en la siguiente lista, no podrá ser reelegido para el mismo. Tampoco podrá ser nominado para otro de estos cargos, ni ser elegido a un cargo de elección popular, sino un año después de haber cesado en el ejercido de sus funciones:
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados, Miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Registrador Nacional del Estado Civil”.
Esta Sala, en fallo de 27 de octubre de 2016(28), hizo un extenso análisis de la prohibición contenida en artículo antes transcrito, del que se resalta el siguiente aparte:
“(…) con el A.L. 02 de 2015, el constituyente derivado decidió otorgar rango constitucional a dicha prohibición, con el fin de ‘subsanar el progresivo desajuste institucional del sistema de pesos y contrapesos originalmente planteado en la Constitución de 1991”(29).
Con el propósito de dar cumplimiento al mentado objetivo, incluyó medidas tendientes a mejorar los procesos de postulación y designación de funcionarios públicos, acogiendo para ello disposiciones encaminadas a ‘impedir el intercambio de favores’(30), dentro de las cuales figura la prohibición del ‘yo te elijo, tú me eliges’, contenida actualmente en el inciso segundo del artículo 126, el cual prevé que:
‘Los servidores públicos (…) Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior’.
Así las cosas, la citada modalidad de favorecimiento electoral proscribe a la generalidad de los servidores públicos, en el ejercicio de sus facultades de nominación, favorecer a quienes hubieren intervenido en su respectiva postulación o nombramiento, así como designar a las personas que tengan con estos vínculos de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. La prohibición busca acrisolar el acceso a la función pública, erradicando para ello conductas como el clientelismo o el conflicto de intereses, en el firme objetivo de estimular el mérito, la transparencia y la igualdad en la provisión de los empleos públicos(31).
En este orden, diversas precisiones deben ser elevadas por la Sala en relación con los elementos normativos de la prohibición en comento. En primer lugar, como sujeto activo se tiene al servidor público en el ejercicio de sus facultades de nominación. De allí que la jurisprudencia(32) haya admitido que se trata de una regla competencial que restringe las potestades electorales propias de su cargo.
En segundo lugar, respecto a la conducta que se censura, si bien el texto del inciso 2º del artículo 126 superior hace referencia a que el funcionario no podrá nombrar ni postular como servidores públicos a quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ello no quiere decir que los comportamientos vedados se limiten únicamente a estos verbos, pues como lo indicó recientemente esta Corporación(33), el empleo del vocablo designar abarca así mismo la prohibición de elegir, participar e intervenir.
En este mismo sentido, esta Sala Electoral advierte que el servidor público incurrirá en la prohibición descrita, cuando nombre o en general designe a quienes hubieren intervenido en su postulación o elección, es decir que, para que se materialice esta salvaguarda, en los términos del actual inciso 2º del artículo 126 constitucional, se requiere que quien ahora es candidato haya participado efectivamente en la elección de quien ostenta la calidad de elector.
Se trata en estos términos de una prohibición de carácter general que apareja una inelegibilidad objetiva, denominador común del régimen de inelegibilidades electorales, por cuanto, solo es necesario que se cumpla con las condiciones contempladas en la norma prohibitiva para que se cristalice automáticamente la inelegibilidad(34). Aunado a ello, el desconocimiento de la prohibición conlleva inexorablemente la nulidad del acto de nombramiento o elección”.
La anterior tesis también se expuso en el fallo(35) que puso fin al proceso electoral adelantado contra el Contralor General de la República, en el cual se aludió la decisión dictada por la Sala Plena de esta Corporación que data del 7 de septiembre de 2016(36)para concluir que:
“(…) el Consejo de Estado contempló la prohibición en términos de potencial inhabilitante, lo que quiere decir que el solo nombramiento por parte del servidor que pretende ser reelegido que recaiga sobre un familiar de su futuro nominador o postulador, inhabilita al aspirante, independientemente de quien fue beneficiado (indirectamente) con el nombramiento de su pariente, así ejerza materialmente o no su función electoral.
No obstante, la decisión se adoptó en términos de la “incidencia de los votos”, esto es, tomando en cuenta el número de magistrados de la Corte Suprema —quien ternó al entonces demandado— cuyos familiares fueron nombrados, sin atender expresamente que con uno solo se materializaba la inhabilidad, que era para el aspirante a la reelección y no para el postulante o nominador”(37).
Así las cosas, se destaca que para la configuración de la prohibición de que trata el inciso 2º del artículo 126 de la Constitución Política se requiere: i) como sujeto activo al servidor público en el ejercicio de sus facultades de nominación y; ii) dicho funcionario no podrá nombrar, postular, designar, elegir, participar e intervenir, como servidores públicos, a quienes hubieren intervenido en su postulación o elección.
Esto quiere decir, que la prohibición se configura cuando quien ahora es candidato haya participado efectivamente en la elección de quien ostenta la calidad de elector.
2.3. La participación de los Consejos Académico y Superior en el proceso eleccionario de rector de la UCMC.
Revisados los Estatutos de la Universidad, se tiene que el artículo 26 del Acuerdo 11 de 2000(38), dispone que el Consejo Académico lo conforman: a. El rector; b. El Vicerrector Académico; c. El Vicerrector Administrativo; d. Los decanos de Facultad; e. Hasta dos Directores de Programa y; f. Un profesor y un estudiante.
El mismo acuerdo, en el literal d) del artículo 27, señala que el Consejo Académico tiene dentro de sus funciones la de “(…) proponer al Consejo Superior Universitario, terna de candidatos para designar rector”, por su parte, el Acuerdo 11 de 2012, que reglamenta el proceso de designación de rector, dispone en el numeral 3º del artículo 9º que “(…) el Consejo Académico en sesión citada especialmente para el efecto, integrará una terna de candidatos (…)”.
Por su parte, el Consejo Superior Universitario, de conformidad con el artículo 10 del Estatuto de la Universidad, está conformado, por: i) El Ministro de Educación o su delegado; ii) El Gobierno de Cundinamarca o su delegado; iii) Un miembro designado por el Presidente de la República; iv) Un representante de las directivas académicas; v) Un representante de los docentes; vi) Un representante de los estudiantes; vii) Un representante de los egresados; viii) Un representante del sector productivo; ix) Un ex rector universitario; x) El rector, con voz pero sin voto.
Asimismo, según el literal d) del artículo 17 de los estatutos de la Universidad, entre las funciones del Consejo Superior, le compete la de designar rector, para lo cual, de conformidad con la norma antes transcrita, los integrantes, con voto, son 9 nueva de sus miembros.
A su vez, el acuerdo reglamentario del proceso de designación de rector(39)dispone que el Consejo Superior expedirá la convocatoria —art. 4—.
2.4. De la incidencia de los votos cuestionados en la presente designación, como también la relevancia de que en la cuestionada designación se acogió el resultado de la consulta a la comunidad universitaria.
En criterio de la parte pasiva previo a determinar si el demandado incurrió en la prohibición de que trata el artículo 126.2 de la Constitución Política se debe tener en consideración que los votos cuestionados que obtuvo el demandado para alcanzar su designación como rector, no afectarían el resultados, pues así se anularan, el acusado obtendría la mayoría requerida por las normas de la universidad, para tal efecto.
La Sala anticipa que no comparte el anterior argumento y concluye que el mismo debe ser negado.
Si bien esta Sección en algunas decisiones, en procesos electorales fundados en causales objetivas, ha propendido porque se debe demostrar que la diferencia de votos que se cuestionan tienen o no lo entidad suficiente como para anular la elección acusada de legalidad, dicha tesis no resulta aplicable al presente asunto.
Lo anterior por considerar que en aquellas oportunidades en que se ha hecho eco de la incidencia, se ha realizado respecto de juicios que se fundan en causales objetivas —vicios en la votación o en el escrutinio— de los cuales se ha concluido que el vicio formulado no afecta el resultado, lo que hace inane su estudio de fondo.
Empero, en este caso lo antes expuesto no resulta aplicable porque se trata de un cargo de carácter subjetivo que alude a la presunta incursión del rector designado en una causal que impedía su nombramiento, es decir la irregularidad denunciada cuestiona las calidades del demandado.
De aceptar la tesis expuesta por el apoderado judicial del demandado y de la UCMC, se llegaría al absurdo de permitir que personas incursas en la causal de prohibición de carácter constitucional, puedan continuar en el ejercicio de su cargo, en aquellos casos en los que los votos no cuestionados le permitan alcanzar el quorum que exija la correspondiente universidad o entidad. Lo que haría inocua y desconocería la finalidad que pretende el citado artículo 126 “(…) de ‘subsanar el progresivo desajuste institucional del sistema de pesos y contrapesos originalmente planteado en la Constitución de 1991”.
En este mismo sentido, los citados apoderados judiciales solicitaron que se tuviera en consideración que la designación cuestionada respetó, sin que mediara obligación al respecto, el resultado arrojado en la consulta que se realizó a la comunidad universitaria.
Al respecto, la Sala debe reiterar los argumentos antes expuestos para significar que incluso en el caso de que el elegido haya obtenido el favor de los electores, con la mayoría de la votación, esta circunstancia no puede ser suficiente para desconocer que el elegido o designado esté incurso en causal de inhabilidad de cualquier índole, pues esta sería una decisión que resultaría atentatoria del ordenamiento jurídico.
Lo anterior, en el entendido de que las inhabilidades no desaparecen en virtud de las decisiones mayoritarias de las personas o por legitimación que pudiera obtener el demandado por ganar una votación.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala entrará a definir si el demandado está o no incurso en la prohibición de que trata el artículo 126 de la Constitución Política.
2.5. Caso concreto
Recuerda la Sala que en criterio de la parte actora, el demandado nombró o intervino en el nombramiento de alguno de los miembros de los Consejos Académico y Superior Universitario, los que luego participaron en su designación como rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2016-2020.
De igual manera, se destaca que es postura de esta Sala que la prohibición que se analiza tiene “(…) carácter general que apareja una inelegibilidad objetiva, denominador común del régimen de inelegibilidades electorales, por cuanto, solo es necesario que se cumpla con las condiciones contempladas en la norma prohibitiva para que se cristalice automáticamente la inelegibilidad(40). Aunado a ello, el desconocimiento de la prohibición conlleva inexorablemente la nulidad del acto de nombramiento o elección”(41) (negrillas fuera de texto original).
En virtud de lo anterior, basta con que se haya probado que, como lo afirma la parte actora, el demandado haya nombrado e intervenido en la designación de uno solo de los miembros de los órganos que intervinieron en el proceso eleccionario para tener por configurada la prohibición alegada, siempre y cuando se cumpla con las exigencias de que trata el artículo 126 de la Constitución Política.
Sumado a lo anterior, resulta plausible agregar que, como se expuso al momento de denegar la tesis de incidencia de los votos obtenidos por el demandado para obtener su designación, basta con que uno solo de ellos implique la incursión en la prohibición de índole constitucional para anular el acto acusado.
De conformidad con las consideraciones antes expuestas, para establecer si el demandado incurrió en la prohibición de que trata el artículo 126.2 de la Constitución Política, se tiene probado que:
i) El Acuerdo 20 de 12 de septiembre de 2016 por medio del cual se designó al señor Carlos Alberto Corrales Medina rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, periodo 2016-2020:
Según consta en el acto de designación demandado(42), se tiene que todos los integrantes del Consejo Superior Universitario, con voto, decidieron designar al señor Carlos Alberto Corrales Medina, rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, periodo 2016-2020.
Situación que también se demostró con el Acta 15 de septiembre de 12 de 2016(43)en la que consta la asistencia de todos los miembros del Consejo Superior Universitario, con excepción del rector que carece de voto, sesión en la que se decidió que “(…) el Rector electo para el próximo cuatrienio 2016-2020, es el doctor Carlos Alberto Corrales Medina, decisión que se materializó mediante Acuerdo 20 de 2016, expedido por el citado Cuerpo Colegiado”.
Quiere decir lo anterior, como se expuso en el auto que decretó la suspensión provisional, que los tres (3) miembros a los que alude la parte actora en su demanda, a saber: Ana Isabel Mora Bautista, representante de las directivas académicas, Daniel Enrique Afanador Macias, representante del sector productivo y Jaime Restrepo Cuartas, representante de los ex rectores universitarios, participaron de la sesión en la que se decidió dicha designación.
ii) Acto seguido, se debe establecer si el demandado intervino en la designación de alguno de los mentados miembros del Consejo Superior Universitario que lo designaron como rector.
Refiere la parte actora que el cuestionado rector, como presidente del Consejo Académico de la UCMC, participó en la sesión en la que se designó a Ana Isabel Mora Bautista, representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior Universitario.
Lo anterior, se encuentra probado, en el plenario, mediante Acta 17 de 27 de octubre de 2015, del Consejo Académico(44)en la que consta que estuvo presente el demandado Carlos Alberto Corrales Medina, en su calidad de presidente, en la sesión en la que se designó a Ana Isabel Mora Bautista como representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior Universitario.
En dicha acta, se precisó, entre otras cosas, que:
“(…) el doctor Orjuela Peña presenta al Consejo en pleno la postulación de la actual Representante de los Directivos ante el cuerpo colegiado citado en apartados anteriores, secundado por el Decano de la Facultad de Administración y Economía, quien resaltó su calidad personal y profesional, así como su acertado desempeño durante su periodo en el Consejo Superior Universitario.
Los demás Consejeros manifestaron que se adherían a dicha postulación, obteniendo la doctora Ana Isabel Mora Bautista un total de 10 votos a favor, salvo el del Representante de los Docentes, Juan Carlos Gómez Vásquez, quien expresó que se abstiene de votar”.
La anterior transcripción, demuestra que el rector demandado además de participar en la sesión en la que se decidió el nombramiento de la señora Ana Isabel Mora Bautista como representante de las directivas académicas, también favoreció con su voto dicha designación, pues se afirma que obtuvo 10 votos y solamente el Representante de los Docentes se abstuvo de votar.
Resta a la Sala manifestar que como consta en la certificación que obra en el plenario, a folios 880 al 884, la señora Ana Isabel Mora Bautista desde 1992 se desempeña como docente de tiempo completo de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
De conformidad con todo lo expuesto, resulta evidente que el demandado, en efecto, intervino y participó en el nombramiento de la Representante ante el Consejo Superior Universitario Ana Isabel Mora Bautista, quien luego también participó y aprobó la designación de Carlos Alberto Corrales Medina como rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
La anterior conclusión demuestra que, en este caso, se configura, a plenitud, la incursión del demandado en la prohibición de que trata el artículo 126.2 de la Constitución Política, lo que no tiene una consecuencia diferente a la declaración de nulidad del Acuerdo 20 de 12 de septiembre de 2016 por medio del cual se designó al señor Carlos Alberto Corrales Medina rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, periodo 2016-2020.
1. NIÉGASE la excepción de mérito titulada “violación de la autonomía universitaria”, por las razones expuestas en esta providencia.
2. DECLÁRASE la nulidad del Acuerdo 20 de 12 de septiembre de 2016 por medio del cual se designó al señor Carlos Alberto Corrales Medina rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, periodo 2016-2020.
3. Como consecuencia de la decisión anulatoria se DECLARA que se torna en definitiva, la medida de suspensión provisional de los efectos del acto de designación enjuiciado, que se había impuesto como medida cautelar.
4. Se advierte a las partes que contra la presente providencia no procede recurso alguno.
21 Rad. 2016-00014-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, demandado. Jairo Miguel Torres Oviedo, Rector Universidad de Córdoba.
22 Sentencia de 13 de octubre de 2016, Rad. 2015-00019-00, demandado Carlos Emilio Oñate Gómez, Rector Universidad Popular del Cesar.
23 “Por el cual se expide el nuevo Estatuto General de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y se deroga el anterior”.
24 Folios 98 al 117.
25 Corte Constitucional. C-415 de 2012. M.P: Mauricio González Cuervo.
26 Corte Constitucional. T-006 de 1992. M.P: Eduardo Cifuentes muñoz.
27 Acto Legislativo 2 de 2015. Gaceta 495 de 2014. Informe de ponencia para primer debate al proyecto de acto legislativo 18 de 2014 senado.
28 Rad. 2016-00038-00, demandante: Tania Inés Jaimes Martínez, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
29 Acto Legislativo 2 de 2015. Gaceta 495 de 2014. Informe de ponencia para primer debate al proyecto de acto legislativo 18 de 2014 senado.
31 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-28-000-2013-00011-00 (SU). C.P. Rocío Araujo Oñate. 7 de septiembre de 2016.
32 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-28-000-2013-00006-00 (Acumulado 2013-0007) (IJ). 15 de julio de 2014. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez.
33 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-28-000-2013-00011-00 (SU). C.P. Rocío Araujo Oñate. 7 de septiembre de 2016.
34 Aclaración de voto. Consejero Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-28-000-2013-00011-00 (SU). C.P. Rocío Araujo Oñate. 7 de septiembre de 2016.
35 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. Acum. No. 2014-0130-00 demandantes: Waldir Cáceres Cuero y otros, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
37 En aquella oportunidad aclararon su voto los consejeros de esta Sala: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Carlos Enrique Moreno Rubio y Alberto Yepes Barreiro.
38 Estatuto General de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
39 Folios 118 al 122.
40 Aclaración de voto. Consejero Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-28-000-2013-00011-00 (SU). C.P. Rocío Araujo Oñate. 7 de septiembre de 2016.
41 Fallo de 27 de octubre de 2016, Rad. No. 2016-00038-00, demandante: Tania Inés Jaimes Martínez, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, providencia en la cual salvó su voto Alberto Yepes Barreiro.
42 Folio 64.
43 Folio 341.
44 Folios 160 al 164.

References: ARTÍCULO 126
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 artículo 69
 artículo 67
 artículo 15
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 artículo 4
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e contrario
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 artículo 26
 artículo 27
 artículo 9
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