Source: https://es.scribd.com/doc/73319199/Trabajo-de-Los-Temas-6-Al-10-de-Rojexi
Timestamp: 2017-08-17 14:03:02+00:00

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Cargado por Zayonara Zambrano Pitre
Siempre que exista el temor fundado de que la prueba de algún procedimiento puede desaparecer, por el transcurso del tiempo o por la acción de nuestra contraparte, es necesario utilizar el procedimiento de evacuación anticipada de la prueba por retardo perjudicial previsto en los artículos 813 al 818 del Código de Procedimiento Civil, el cual tiene como finalidad la de preservar la prueba para luego ser promovida en un proceso futuro. Al momento de evacuar la prueba por adelantado, el demandado es citado al acto para que ejerza el control de la actividad probatoria pero en este momento no puede oponerse a la evacuación de la prueba porque la misma sea manifiestamente ilegal o impertinente, esta oposición solamente en el momento de su promoción y es allí donde la parte podrá ejercer su derecho a la contradicción. DEFINICION Es un procedimiento que establece el legislador a las personas que van a ser partes en un futuro proceso, con la finalidad de que adelanten el segmento probatorio y capturar así una prueba que se encuentra en grave riesgo de desaparecer. El Retardo Perjudicial, se trata de un procedimiento especial de carácter contencioso cuyo objeto no es la declaración del órgano jurisdiccional sobre la existencia o inexistencia de un crédito o de alguna relación jurídica, sino el que se evacue inmediatamente una prueba conducente a un eventual juicio que pudiera intentarse contra el promovente, cuando exista temor fundado de que puede desaparecer o destruirse algún medio de prueba conducente a la defensa del interesado y el eventual demandado. La prueba Anticipada por Retardo Perjudicial es un mecanismo que se delinea a fin de encontrar elementos que puedan desaparecer con el tiempo, que sirvan para reconstruir hechos, y así los jueces puedan precisar cómo ocurrieron para poder aplicar las soluciones jurídicas pertinentes. Evidentemente la idea de
este procedimiento es proteger la actividad probatoria de las partes para que tengan a su mano todos los elementos de convicción necesarios y que el Juez sentencie a favor de la verdad material y no de la verdad procesal Un ejemplo de una Evacuación Anticipada por Retardo Perjudicial, puede ser la Evacuación Anticipada de un testigo que tenga una enfermedad Terminal y por el temor que fallezca antes de entablar el juicio, se evacua su declaración antes del juicio pues es posible que el mismo al momento del juicio ya haya fallecido. Objetivo. El objetivo fundamental de esta acción reside, precisamente en eliminar, o por lo menos evitar al máximo, toda amenaza proveniente de terceros tendiente a poner en peligro el patrimonio de una persona o sus derechos en general. Es decir que la Evacuación Anticipada es preservar la prueba para el promovente y que este no se pierda, por lo tanto el objeto es pre constituir la prueba, a los fines de que el promovente de la Evacuación Anticipada por Retardo Perjudicial no pierda el Instrumento que más tarde le servirá para hacer valer sus derechos en juicio. DEMANDA La demanda debe cumplir los requisitos de forma exigidos en el artículo 340 del C.P.C en cuanto le sean aplicables, y debe colocarse el domicilio procesal de la contraparte a los fines de que la misma realice el control de la prueba y pueda ejercer el derecho a la defensa dentro de un debido proceso consagrado en nuestra Carta Magna y las demás leyes de la República. Esta demanda debe promoverse ante el Juez de Primera Instancia del domicilio del futuro demandado o por ante el Tribunal que sea competente para conocer de la causa principal o ceñirse a las reglas de la competencia ordinaria.
Artículo 813 del Código de Procedimiento Civil:"La demanda por Retardo Perjudicial procederá cuando haya temor fundado de que desaparezca alguna prueba del promovente" El Tribunal debe tomar en consideración que en verdad es urgente la Evacuación de la prueba. Cabe destacar que el petición ante tiene la obligación de instruir justificativo. Para acreditar este extremo. Este procedimiento como ya es sabido comienza por demanda. de conformidad con el artículo 16 del C. Que exista temor fundado de que la prueba de que se trate. en forma previa a la presentación de la demanda. el demandante debe preparar justificativo Judicial que acompañe su demanda.P. La urgencia. en consecuencia el demandante debe poseer interés jurídico actual para poder demandar.Requisitos para intentar la Evacuación Anticipada de la prueba por Retardo Perjudicial El interés. dicha urgencia la va a determinar el Juez mediante el uso de sus máximas de experiencia. El justificativo. pudiéndolo hacer ante cualquier juez.C. Ese Interés radica en que la prueba que se pretende anticipar. o el estado de las cosas en un momento determinado. esta Evacuación Anticipada de la prueba es citada la contraparte y ella podrá realizar . sea conducente a la demostración de inexistencia o liberación de una obligación. Este procedimiento contencioso se realiza en base a lo estipulado en los artículos 813 hasta el 818 del Código de Procedimiento Civil y el mismo es una providencia que realiza el Tribunal en vista de que existe en el demandante un temor fundado de que desaparezca la prueba por el transcurso del tiempo. pueda desaparecer o perder eficacia por el solo transcurso del tiempo o por la actuación de la parte contra quien obra dicha prueba. Los justificativos son aquellos Instrumentos que sirven para dejar constancia de un hecho o para evidenciar algún derecho.
el medio probatorio evacuado Anticipadamente. Esto nos lleva a pensar que existe una desigualdad en contra del oponente al demandante en este procedimiento de Evacuación Anticipada de la Prueba por Retardo Perjudicial en virtud. tales como repreguntas al testigo. objetar e impugnar la prueba evacuada por adelantado del proceso. pero no podrá jamás impedir que este medio sea evacuado extraprocesalmente. anular. el demandado atacará la prueba con arreglo a las reglas de impugnación de pruebas estipuladas por nuestra ley adjetiva. lo que quiere decir. Esto se debe a que el contrario al promovente dentro de la Evacuación Anticipada de la prueba por Retardo Perjudicial solamente podrá ejercer el control de la prueba que es el principio por el cual el podrá acusar cualquier irregularidad que observe en el desarrollo de la Evacuación. lo cual se traduce en una violación al derecho de la defensa. .cualquier objeción a la reproducción del medio probatorio. por ejemplo. Tal circunstancia se podría constituir si de hecho al contendor del promovente de la Evacuación Anticipada de la Prueba por Retardo Perjudicial en ningún momento se le permitiese invalidar. en el proceso luego de que la parte promueva en el lapso correspondiente. aunque no dentro de la Evacuación Anticipada sino con posterioridad a dicha Evacuación. Si bien dentro del acto de Evacuación Anticipada no se podrá impugnar la prueba por parte de la parte contraria al demandante. pero no podrá jamás en este acto atacarlo o impugnarlo por ilegal o impertinente. si existe la posibilidad de denunciar la ilegalidad o impertinencia de la prueba. de que se le prohíbe atacar la prueba y ejercer su derecho a la contradicción de la prueba. oponerse. dentro del juicio principal. pero esta situación se solventa puesto que el demandado en el proceso futuro si podrá ejercer su derecho a la contradicción.
responde el depositario. o si lo hace y objeta la validez de la oferta.1. y dejará una copia del Acta con la intimación al ofrecido. y 819 CPC. ni riesgos o pérdida de la cosa. el oferente no puede retirar el depósito ni con permiso del ofrecido. se abre ope legis un lapso de pruebas de diez (10) días. trasladándose al lugar donde deba hacer la oferta y las entregará al acreedor mediante Acta. Si el acreedor acepta el pago en el momento del ofrecimiento. el oferente no responderá por los intereses o frutos. A partir del depósito.1. Arts.306 CC.). en tres días se procederá al depósito de ella. de ser el caso. Deben cumplirse determinados requisitos para que la Oferta sea declarada válida por Sentencia. no encuentra al acreedor ni a persona con capacidad para recibir el pago. así lo hará constar. A partir de allí. “no pagará los gastos judiciales”. y la prestación debida.311 CC.LA OFERTA Y EL DEPÓSITO El procedimiento judicial de la oferta real y el depósito. el tribunal hará constar las razones. Procede cuando el acreedor se “rehúsa a recibir” el pago. Si el tribunal al trasladarse.. La sentencia tiene apelación y recurso de Casación. ataque la validez de la oferta. para que las partes promuevan y evacuen cuantas pruebas consideren pertinentes. Si el citado no comparece. Defensas o negaciones del acreedor a aceptar la oferta y depósito. lo que supone que el ofrecido no aceptó la cosa el día de la oferta. El procedimiento judicial de la Oferta y el Depósito de la cosa debida. termina con la sentencia definitivamente firme que declara válida la oferta y el depósito (Art. El acreedor ofrecido puede rechazar el pago. El deudor u oferente pondrá a disposición del tribunal la cosa debida y éste la ofrecerá al acreedor. . de que si no acepta la oferta. Se le conceden tres (3) días para que dentro del plazo. ni en los tres días siguientes al decreto del tribunal de “dejarla en custodia del depositario”: el tribunal ordenará citar al ofrecido (acreedor) para que comparezca a la fase contenciosa del procedimiento. Efectuado el depósito y recibida la cosa por el depositario. (1) Alegar la falta de identidad de objetos entre lo ofrecido como pago.
Hecho el depósito.(2) Alegar que el acreedor tiene interés en que le cumpla el propio deudor (haceres infungibles).C.1.). ej. (3) Esgrimir que el oferente carece de capacidad para pagar. frutos e intereses. La ley coloca a disposición del deudor otros mecanismos no contenciosos. y de los riesgos. aducirá el oponente: “Si acepto el pago. el deudor se libera de la carga de custodia de la cosa. por tanto. Mediante el procedimiento previsto en el Art. para dejar constancia del ofrecimiento del pago y que el acreedor no ha querido recibir la cosa.932 al 936 CPC. Art.167 Código Civil. el alegato de la nulidad del contrato.1. el deudor puede utilizar el procedimiento de notificación. o bien. Por último. me expongo a una Acción de Repetición”. sigue la etapa contenciosa del procedimiento. Si son obligaciones de hacer y de no hacer. No cabe alegar cuestiones previas. para evitar la mora solvendi y se obtiene la mora credendi. la entrega material (Arts. Arts.313 Código Civil.1.P.. el requerimiento del Art. (4) Argüir que ya cursa una demanda del acreedor oferido en contra del oferente. ya que ello implica un juicio autónomo e independiente al procedimiento de la oferta. el deudor puede accionar mediante el cumplimiento o resolución contractual.313 CC. y 828 CPC.822 C.. . Salvo que el oferente haya manifestado pagar incluso las costas de ese juicio. No es válido ni procedente.
De la responsabilidad civil de los jueces.1. Este último artículo consagra la acción de requerimiento del deudor. sino también penal y disciplinario. 2. en ocasión del ejercicio de las funciones que les están atribuidas. Conforme a los Arts.306 al 1. hacia el acreedor. Es un Procedimiento Especial Contencioso: Libro Cuarto.819 al 828 CPC... se tratará aquí sólo la civil. Que el ofrecimiento se haga ante el juez y en el lugar de pago. Art.La cosa depositada queda a riesgo y peligro del dueño o acreedor. Parte Primera. Requisitos a cumplir en este procedimiento judicial para que sea legal y válido: Que la Oferta se haga al dueño de la cosa o acreedor.313 CC. Aunque el llamado error judicial puede derivar no solo en responsabilidad civil.306 CC. merece abordarse en las disquisiciones relativas a la responsabilidad civil contractual y/o extracontractual. para que tome la cosa determinada adeudada. y 1. El tema de la responsabilidad civil de los jueces en su actuación. por cuanto ella se produce cuando los jueces. rehúsa recibirla.1..OFERTA REAL DE PAGO Y SUBSIGUIENTE DEPÓSITO DE LA COSA DEBIDA. BENEFICIOS A OBTENER POR EL DEUDOR OFERENTE DEPOSITANTE 1. poco tratado y tampoco susceptible de un enjundioso tratamiento jurisprudencial. puede el deudor obtener su liberación por el ofrecimiento real de pago y subsiguiente depósito de la cosa debida.La liberación de la obligación de restituir. Art. causan un daño o perjuicio reparación. Si el acreedor o dueño de la cosa. que les obliga a la correspondiente . Que ya esté vencido el plazo para hacer la devolución o entrega.307 Código Civil.
directamente. entre ellas declaraciones testimoniales falsas. sino a causas exógenas. no lo es menos que el Estado. Tampoco es atendible. dictámenes periciales inexactos o imprecisos. Hoy día la mayor parte de la doctrina fundamenta la responsabilidad civil de los jueces en el complejo de principios del Estado de Derecho. vale decir que se trata de un ilícito civil y por esa razón. en tanto que órganos jurisdiccionales. Tales principios surgen implícita o explícitamente de los fundamentos económicos. para administrar e impartir justicia a nombre de ese Estado. Esa responsabilidad se atribuye a los jueces en el ejercicio de sus funciones y se les exige cuando con indebida lenidad. Se sostiene con acierto que el fundamento de la responsabilidad del Estado por los actos jurisdiccionales de sus funcionarios públicos (jueces). es una causa de la relación jurídica civil que se reclama según las estipulaciones contenidas en las leyes y códigos procesales. reside en el complejo de principios del Estado de Derecho. no es “responsable” en el sentido propio que el vocablo responsabilidad entraña. . a la imprudencia de los jueces. imprudente. porque sus seguidores no ofrecen la solución a todos aquellos casos en que la equivocación en el juzgar no puede atribuirse a la negligencia. cuando menos. eximentes de responsabilidad como el caso fortuito o la fuerza mayor o conductas procesales defectuosas que escapan a las previsiones que pueda tener y hacer el Estado.Si tal responsabilidad es exigible como consecuencia de la producción de un daño en la actuación judicial. esta afectación a los participantes en un proceso que se ventila ante quienes incurren en el error judicial. de las consecuencias que producen los actos jurisdiccionales emanados de los tribunales. de manera negligente. Si bien es cierto que la función jurisdiccional es aquella que el Estado delega fundamentalmente en los tribunales de justicia. con su actuar negligente. políticos y sociales insertos en los textos constitucionales de los Estados. ante los jueces y tribunales superiores de quienes producen. de una reparación en orden patrimonial y/o moral. causan daños a partícipes que requieren.
artículos 829 al 849 el procedimiento de queja para hacer efectiva la responsabilidad civil de los jueces y demás funcionarios encargados de la administración de justicia. porque los jueces no actúan o desenvuelven las funciones judiciales que les son inmanentes como consecuencia de un contrato o negocio jurídico. la responsabilidad civil de los jueces respecto a los participantes en el proceso que ante ellos se sustancie. ya sea como una excepción a la inmutabilidad de la cosa juzgada o como supuestos que conducen a la revisión de la sentencia y por tanto de la actuación de los jueces Indubitablemente el error judicial. Los jueces y demás funcionarios judiciales. o falten en algún trámite o solemnidad que la ley les mande acatar bajo pena de nulidad. dicten providencia manifiestamente contraria a la ley expresa. al debido proceso. el que expresa su voluntad a través de sus funcionarios que no son sus dependientes. por tanto. Por esta cognición se esgrimen con fuerza criterios doctrinales que van. en caso del error judicial o de la responsabilidad civil de los jueces. requieren para la labor de administrar e impartir justicia. poderes y decisiones que en nombre del Estado. Es. el derecho a la vida. de una u otra manera presentes en las Constituciones Políticas de los Estados aluden a la realización de la justicia. como los funcionarlos públicos en general. en su Libro Cuarto. sino por mandato legal que los inviste de los atributos. negligencia o imprudencia.Estos principios. cuando por ignorancia o negligencia inexcusable. Título IX. a la igualdad de todos ante la ley. se asienta en el ámbito extracontractual. el Estado. la estructura y funcionamiento de los órganos estatales. causándole al . aun sin intención y sin dolo. entre otros. pertenecen a la estructura de poder y a una función específica que delega el Estado en los tribunales: la de administrar e impartir justicia. el respeto a las libertades y garantías individuales. a estimar estas conductas que no son más que conductas procesales defectuosas por ligereza. Este se encuentra previsto en el Código de Procedimiento Civil.
o relación directa entre el juzgador. que obliga al Juez a tener contacto directo con las partes y a asistir al desarrollo de las pruebas (contenidos esto principios en el artículo 860 del Código de Procedimiento Civil). en concordancia con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. PROCEDIMIENTO ORAL El procedimiento oral es “un proceso concentrado. por la concentración y brevedad.querellante un daño o perjuicio que debe ser estimado en dinero a los efectos de su posible resarcimiento. De acuerdo a lo establecido en el artículo 838 del Código de Procedimiento Civil. respecto de los actos de las partes y el Juez. las partes y los sujetos de prueba. La concentración del debate procesal en una o dos audiencias. que conforman las actividades del proceso en una o varias audiencias. En este procedimiento se rige por una serie de principios como la oralidad que como sistema procesal. La inmediación. no sólo implica el predominio del elemento verbal. corresponde al Tribunal Supremo de Justicia decidir si hay o no mérito bastante para someter a juicio al funcionario contra quien obre la queja. El principio de oralidad. sino también el prevalecimiento de los siguientes principios: 1. entre presentes. y por la inmediación. en el cual las actividades importantes del mismo se realizan de viva voz. una vez interpuesto Recurso de Queja contra algún Juez Superior. . 2. de manera ininterrumpida. se caracteriza por la palabra hablada. en una audiencia o debate en el cual el Juez entra en estrecho contacto con las partes y con los medios de prueba que han de formar su convicción para decidir”. bajo cuya orientación se han llevado a cabo las grandes reformas procesales.
tenía un procedimiento oral previsto en el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 859 al 880. Es por ello que ante el transcurso de los años sin que se promulgase una nueva Ley Adjetiva Civil. dicto por Resolución la obligatoriedad de aplicar el Proceso Civil contenido en el Código de Procedimiento Civil vigente. su puesta en práctica se ha mantenido restringida en forma tímida a determinados asuntos y limitados a una cuantía irrisoria” En materia civil. lo que vario fue la cuantía y los procesos especiales continúan aplicándose de la misma forma desde que se promulgo el Código de Procedimiento Civil vigente . había tenido de lado el tan importante ámbito de la materia civil. desde el año de 1986. La libre valoración de la prueba” El principio de Oralidad en Materia civil “Sin embargo. Ello trajo consigo que la Oralidad en materia civil se aplique en forma parcial gracias a que se continúa utilizando el proceso escrito contenido en la ley adjetiva civil. así como para modificar las cuantías y materias para la oralidad como sistema. con las salvedades previstas en la ley. 4. señala que debería implementarse gradualmente y establece la forma de tramitarse.3. en el artículo 880.999. La publicidad de las actuaciones judiciales. el establecimiento y puesta en práctica de los procedimientos orales en las materias antes señaladas. autoriza al Ejecutivo Nacional para determinar las Circunscripciones Judiciales y los Tribunales de éstas en que entraría en vigencia el procedimiento oral. la cual pese a que ya aun antes de la reforma constitucional de 1. admite la posibilidad de la implementación del juicio oral. a las cuales debe tener acceso cualquier persona. en su Exposición de Motivos. el Código de Procedimiento Civil. el Tribunal Supremo de Justicia en vista de la mora del legislador venezolano. particularmente de las audiencias.
Las que versen sobre derechos de crédito u obligaciones patrimoniales que no tengan un procedimiento especial contencioso previsto en la parte primera del Libro Cuarto de este Código. Dejando de lado todo lo anterior tenemos que indicar que el artículo 859 del Código de Procedimiento Civil.Este principio de Oralidad establecido en nuestro texto constitucional. limita la oralidad a los supuestos establecidos en el mismo artículo. y las demandas por accidente de trabajo. título XI del Libro Cuarto. establecido en el Artículo 257 de nuestra Constitución Bolivariana. que esta norma civil. pues el proceso oral en materia civil debe ser uno solo y no como en la actualidad que pasa a ser otro procedimiento especial de la variedad de procesos contenida en la Ley Procesal Civil. Las demandas de tránsito. en los cuales el Código de Procedimiento Civil. y trasgrede el artículo 21 de la antes mencionada Constitución Bolivariana. Las demás causas que por disposición de la ley o por convenio de los particulares. siempre que su interés calculado según el Titulo I del Libro Primero de este Código. lo que colide y contradice el espíritu del constituyente que acoge la oralidad como único sistema. Para Yhajaira Yrureta Ortiz en Venezuela no se debió establecer la aplicación del procedimiento oral del Código de Procedimiento Civil por cuanto el mismo es antagónico a lo que establece la Constitución vigente gracias a que este procedimiento se encuentra paralelo a la forma escrita por lo que no se está cumpliendo el mandato constitucional. es de aplicación inmediata en los procesos de naturaleza civil. establece un procedimiento para aplicar la Oralidad en los procesos civiles. al establecer una discriminación de acceso al sistema oral. Se puede observar. no exceda de doscientos cincuenta mil bolívares. solo para aquellos sujetos que se encuentren dentro de los . deban tramitarse por el procedimiento oral. Los asuntos contenciosos del trabajo que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje. establece: “Se tramitarán por el procedimiento oral las siguientes causas.
El juez decide de acuerdo a lo escuchado en la Audiencia Oral. o de los supuestos del proyectado decreto que la Procuraduría General de la República. como muy bien alega Jorge Rossell: Lo que caracteriza a un sistema verdaderamente oral es que la decisión se basa en lo escuchado y presenciado por el juez. 4. no en actas levantadas con base a lo que ocurrió en la ocasión de declarar el testigo o el experto . 3. a la mayor brevedad.supuestos del mencionado artículo 859. El hecho de que este procedimiento oral este previsto con el objeto de ser aplicado en forma gradual. y donde el constituyente no distingue. mal puede el intérprete hacerlo. en sentencia del 02-02-2000. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. celeridad. publicidad y la libre valoración de las pruebas. La decisión se produce inmediatamente después de concluido el juicio oral y público. No. la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella” Aplicación del principio de concentración. ya que el legislador no estableció distinciones. 00-0010. Se aplica el principio de inmediación por el cual el juez debe presenciar todos y cada uno de los actos del proceso. no es obstáculo para su aplicación inmediata y total. estableció el carácter antiformalista del proceso oral al expresarse de esta forma: Son las características de la oralidad la ausencia de formalidades que rigen estos procedimientos las que permiten que la autoridad judicial establezca inmediatamente. cuyo principal motivo es aumentar y fijar la cuantía por unidades tributarias. Debe quedar registro de las actuaciones realizadas por escrito. Efectos de la oralidad 1. del procedimiento por audiencias. Exp. 2.
ORAL (subrayado nuestro) y público.B. accesible. uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve.V: “una justicia gratuita. la cual constitucionalizo el Principio de la Oralidad en Venezuela. responsable. inmediatos y concentrados y transcribimos dicha orden constitucional a continuación Art 257: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. transparente. autónoma. que dependía de autorización al efecto por parte del Ejecutivo Nacional. para garantizar.999. y así no se implementó. equitativa y expedita. tenemos algunas leyes que ya estipulaban el proceso oral como sistema para tramitar ciertos procedimientos en áreas especiales. sin dilaciones indebidas. Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (1984) Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo (1940-1983). Este instrumento estableció el primer procedimiento laboral . dentro de los Procedimientos Especiales Contenciosos. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales” Se consagró la oralidad en los procesos como la estructura única por la cual han de regirse los tramites de los juicios celebrados en Venezuela. idónea. A partir de la promulgación de la Constitución de 1. tales como Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (1988) Código de Procedimiento Civil. a razón de que la misma preconiza que todas las leyes procesales deberán orientarse a determinar que los procesos sean orales para que sean mas celeres. presenta rasgos de oralidad.R. independiente. sin formalismos o reposiciones inútiles” Sin embargo ello no quiere decir que antes de la promulgación de la vigente Carta Magna. Las leyes procesales establecerán la simplificación. imparcial. Parte Primera del Libro Cuarto).Antecedentes del Principio de Oralidad en Derecho Venezolano. en su reforma de 1986 estableció sobre el Procedimiento Oral (Título XI. la eficacia de la tutela judicial efectiva consagrada en el Articulo 26 C.
remite al procedimiento oral previsto en el CPC (Arts.(procedimiento especializado) en Venezuela. PROCEDIMIENTO BREVE. . no es sino hasta el año 1. se comienza a introducir en algunas leyes venezolanas en forma tímida el principio de la Oralidad. generadas por accidentes de tránsito (Art. Seguidamente a la promulgación de la Constitución una serie de leyes han señalado y establecido la Oralidad como principio rector de sus procedimientos. para tramitar la reparación de daños a personas o cosas. 859 a 880). la oralidad es uno de los principios fundamentales y esta orientación la toma de la Constitución de 1999. atendiendo a razones de la cuantía del conflicto de intereses planteados y a remisiones de aplicabilidad que hacen leyes especiales. año en el que se consagra la Oralidad como un principio constitucional que las legislaciones procesales en forma lenta y paulatina han introducido el principio de la Oralidad en sus normas y ya existen ramas jurídicas donde tenemos varios años practicando el proceso oral tales como el derecho penal. se da una reducción de los términos procesales y de las oportunidades para hacer valer los medios de accionar y excepcionarse las partes. abreviando de esta manera el proceso ordinario pero con las máximas garantías procesales. entre ellas tenemos: Ley Orgánica Procesal del Trabajo (agosto 2003). 150 DLTTT) Decreto Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001) Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (1998) Código Orgánico Procesal Penal (1998 con sucesivas reformas) Podemos observar que ciertamente desde mediados del siglo XX. Ley de Estatuto de la Función Pública (2002) Decreto Ley de Tránsito y Transporte Terrestre(2001).999. laboral y de niños y adolescentes. El procedimiento breve es aquel que. antes se regía por las normas de procedimientos establecidas en el Código de Procedimiento Civil.
de la primera o segunda instancia. por una reducción de los términos. El juicio breve se caracteriza fundamentalmente como ya se dijo. de las oportunidades procesales que tienen las partes en el juicio ordinario para sus alegatos y pruebas establecidos expresamente por el legislador. 517 y siguientes segunda instancia eiusdem. al no existir la oportunidad procesal para la presentación de informes tampoco se dan las observaciones. la ley del Tribunal Supremo de Justicia y en la Ley que regule la Jurisdicción Contencioso. PROCESO CONTENCIOSO INQUILINARIO El Procedimiento Contencioso Administrativo Inquilinario. en algunos casos. al concatenar esta norma con la forma prevista por el legislador para la continuación del juicio una vez constituido el tribunal de esta manera. Como se observa la finalidad del tribunal con asociados es que conjuntamente con el juez decidan la controversia. . no obstante. se evidencia que se previó un lapso para presentar informes y sus respectivas observaciones.El procedimiento breve se fundamenta en los artículos 881 al 894 del Código de Procedimiento Civil. la forma para solicitar la constitución del tribunal con asociados se hace conforme lo prevén los artículos 118 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. asimismo. por lo que se infiere sin lugar a dudas que no es posible que exista tribunal con asociados en los juicios breves. Ahora bien. es una jurisdicción especial cuyo procedimiento se rige por las disposiciones establecidas en la Ley de Arrendamiento Inmobiliarios. es decir. se da la eliminación. de los mismos actos tales como la relación y los informes. Permitir lo contrario. por ende. la cual se hace en atención a lo pautado en los artículos 511 y siguientes primera instancia y. siendo éstas unas fases procesales características del procedimiento ordinario que no existen en el procedimiento abreviado. la constitución del tribunal con asociados en este tipo de procedimientos breves lo desnaturalizaría por completo. o sea.
estas últimas emanadas de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. se regirá de acuerdo al procedimiento contemplado en el Título X. en cuyo Artículo 65 se establece que el conocimiento y tramitación de los asuntos cuya competencia atribuye este Decreto-Ley al organismo regulador. Si las omisiones fueren subsanadas. y ello es limitación no regulación del ejercicio del derecho. Si la solicitud presentare defectos u omisiones se notificará al interesado para que las mismas sean subsanadas o corregidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes contados a partir de su notificación. se le dará curso a la solicitud. Presentada ésta. precisamente con el derecho de acceso a la jurisdicción.Para acudir a la vía Contencioso-Administrativa Inquilinaria. el organismo regulador la admitirá dentro de los tres (3) días hábiles administrativos siguientes. mientras que en el Artículo 66. el legislador puede el ejercicio de los derechos fundamentales pero no puede extinguirlo. El procedimiento Administrativo Inquilinario viene regulado por la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Por otra parte. Existen posiciones doctrinarias y jurisprudenciales. se señala que el procedimiento se iniciará a instancia de la parte interesada mediante solicitud escrita. y ello es lo que ocurre. El procedimiento se . desde que se consagra como una imposibilidad de que los justiciables acudan a los órganos de administración de justicia se elimina la posibilidad de accionar. esto es. Esta disposición consagrada en la Ley de Arrendamientos. si cumple con todos los requisitos que estableciere el Reglamento del presente Decreto-Ley. ser requiere el agotamiento de la vía administrativa a los fines de impugnar el acto o resolución dictado por el ente gubernativo. el Reglamento de Regulación de Alquileres y del Decreto Legislativo Sobre Desalojo de Vivienda contiene un procedimiento especial aplicable para los casos en que los arrendatarios o subarrendatarios pretendieron tener derecho a reintegro de cantidades que estimaren haber pagado indebidamente por concepto de cánones de arrendamiento. pues desde el mismo momento que se presenta como una causal de inadmisibilidad.
de Procedimiento Civil y Orgánico Procesal Pena! o en otras leyes. el . en fecha no anterior en dos (2) años a la de la solicitud. no se procederá a una nueva determinación del valor. sin que después se admitan otras. una articulación de diez (10) días hábiles administrativos para la promoción y evacuación de pruebas instrumentales. Presentación de Alegatos por las Partes. en la oportunidad señalada. sus anexos y accesorios. El acto administrativo que niegue la admisión de alguna prueba deberá motivarse suficientemente. Dichos lapsos se entenderán concluidos en la fecha en que se determine el valor del inmueble. sus anexos y accesorios. en los siguientes términos: A los efectos de determinar el valor del inmueble.sigue por ante la Dirección de Inquilinato u organismo administrativo que en determinados lugares tenga atribuido el ejercicio de sus funciones. cuando razones de importancia así lo impongan. quedando a criterio de la autoridad administrativa el admitir los otros medios de prueba establecidos en los Códigos Civil. se consigna por escrito por parte de los interesados todas sus defensas y pretensiones. y la decisión que emane al respecto será apelable y consultable de oficio ante el Tribunal de apelaciones Se infiere de forma determinante que en el procedimiento breve inquilinario la contestación de la demanda se produce el segundo día de despacho siguiente a la citación del demandado. (Artículo 68) Promoción y evacuación de Pruebas: Artículo 69. sino que se aplicará sobre la parte proporcional que corresponda a la porción cuya regulación se solicite. En este procedimiento quedará abierta de pleno derecho. Las razones en que se fundamente la oposición deberán exponerse en esta oportunidad. Mientras que si se solicita la fijación del canon de arrendamiento de una porción de un inmueble cuyo valor hubiere sido ya determinado por el organismo regulador. se abrirá un lapso de treinta (30) días calendario al vencimiento del término fijado en el artículo anterior El organismo regulador podrá extender dicho lapso hasta por treinta (30) días calendario más. El lapso para el avalúo del Inmueble se establece en el Artículo 70.
Según su artículo 1°. pensión y/o al funcionamiento o desarrollo de actividades comerciales. No obstante. prórroga legal. queda prohibido dictar medidas cautelares de secuestro sobre inmuebles destinados a viviendas. las demandas por desalojo. esta Ley "establece el régimen jurídico aplicable al arrendamiento y subarrendamiento de los inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda. ejecución de garantías. ya sean arrendados o subarrendados totalmente o por partes". profesionales. pensiones y/o habitaciones . pero esta ley no prohíbe sino que impone un procedimiento administrativo previo de conciliación (artículo 87) en el que las partes ejercen su derecho a la defensa. la plenaria del Parlamento sancionó la nueva Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos. resolución de contrato. En caso de prosperar un juicio por desalojo se le otorgan 6 meses a partir de la sentencia firme para el retiro voluntario. reintegro de depósito en garantía. cumplimiento de contrato.porcentaje de rentabilidad establecido en el artículo 29 de este Decreto-Ley o los aumentos de los porcentajes que fije el Ejecutivo Nacional. Uno de los temas más polémicos respecto de esta normativa se refiere a los desalojos judiciales. de enseñanza y otras distintas de las especificadas. retracto legal arrendaticio y cualquier acción derivada de una relación arrendaticia sobre inmuebles urbanos o suburbanos se sustanciarán y sentenciarán conforme al procedimiento breve previsto en los artículos 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil por cuanto es el arquetipo procesal elegido para la tramitación de todas las pretensiones que se planteen en el ámbito arrendaticio a diferencia de los años anteriores cuya tramitación se efectuaba a través del procedimiento ordinario El pasado 10 de noviembre. e independientemente de la decisión administrativa (una vez finalizado el procedimiento) las partes podrán acudir a la sede judicial para hacer valer sus pretensiones (artículo 91). el artículo 9° establece que a partir de su publicación en Gaceta Oficial. preferencia ofertiva. El vigente Decreto Ley establece en el artículo 33 que independientemente de su cuantía. durante el proceso de debate. industriales. habitación. con todas las modificaciones efectuadas al proyecto inicial. reintegro de sobre alquileres.
el artículo 43 establece un máximo 2 mensualidades para este fin. pero menor de 10 años. Esta prórroga dependerá del tiempo de duración que haya tenido el arrendamiento. Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración mayor de 1 año y menor de 5 años. se prorrogará. presuponiendo la existencia de un arrendamiento entre las partes. una vez llegado el día del vencimiento del plazo convenido por las partes. representado en salarios mínimos: Con un valor hasta de 223 salarios mínimos 3 % anual. Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración hasta de 1 año o menos. Con un valor superior a 664 salarios mínimos 6 % anual. pero al mismo tiempo. sin que pueda ser imputable al pago de los cánones de arrendamiento. cuando así lo determinen "razones de interés público o social". Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración de diez 10 o más. Los arrendatarios no estarán obligados a cancelar alquileres superiores a los establecidos por este organismo (artículo 40). Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración de 5 años o más. Otro punto importante sobre esta ley. . El artículo 37 establece que el arrendador tiene el derecho a recibir el inmueble en las mismas condiciones en que lo arrendara.que se constituyan en el hogar de personas y/o familias. se prorrogará por un lapso máximo de 6 meses. Con un valor de entre 224 y 446 salarios mínimos 4 % anual. es que se le otorga competencia a la denominada Dirección Nacional de Inquilinato para establecer los cánones de arrendamiento de conformidad lo dispuesto en los artículos 65 y 66. se prorrogará por un lapso máximo de 4años. El Ejecutivo Nacional podrá modificar los porcentajes de rentabilidad establecidos. Estos cánones estarán basados en porcentajes de rentabilidad anual sobre el valor del inmueble. el artículo 80 establece el derecho del arrendatario a tener una prorroga obligatoria (para el arrendador). al término de la relación arrendaticia. Con un valor de entre 447 y 663 salarios mínimos 5 % anual. por un lapso máximo de 5 años. Acerca de los depósitos frecuentemente solicitados para el alquiler de inmuebles. se prorrogará por un lapso máximo de 2 años.
752 C.547. Moisés Alfonzo Vianney. UNIDAD CURRICULAR ESTUDIOS JURIDICOS. TUCUPITA ESTADO DELTA AMACURO.214. UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA.Ambiente 01 Bachilleres: Aguiar. 16.I. Carrasquero.I. Rojexi Tenorio Semestre (9no) .545. PROGRAMA: RESOLUCION JUDICIAL DEL CONFLICTO Facilitador: Abg. 8.8.614 C. Noviembre 2011 .P. Malís Márquez Luis C.230 C.949 C.259.I.963 Tucupita. MINISTERIO DEL P. PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA.I.I. Ledys Carrión.867.REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 2. 9.

References: artículo 340

Artículo 813
 artículo 16
 resolución 
 artículo 860
 artículo 838
 Resolución 
 artículo 880
 artículo 859
 Artículo 257
 artículo 21
 artículo 859
 Artículo 65
 Artículo 66
 resolución 
 Artículo 69
 Artículo 70
 artículo 1
 resolución 
 artículo 29
 artículo 9
 artículo 33
 artículo 43
 artículo 37
 artículo 80