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Timestamp: 2017-07-27 22:31:57+00:00

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POLÍTICA DE VIVIENDA SOCIAL: enero 2013
Inquilinos del Instituto de Vivienda de Madrid: "Ni siquiera viniendo con el dinero nos dejan pagar"
Gladys Martínez López. Diagonal. Redacción web. 30/01/13
Tras la acción realizada en la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) de Madrid el lunes, que acabó con dos detenidos y una veintena de personas trasladadas a comisaría para su identificación, afectados por futuros desahucios del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) intentaron entrevistarse ayer con un responsable de la entidad en la sede.
A su llegada a las 11 horas, varios agentes antidisturbios impidieron la entrada a los presentes, que sólo podían acceder por cuentagotas, lo que ha provocado colas de hasta 30 personas en la calle. Y varios miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han visto impedido el paso al hall del edificio.
Las seis familias afectadas que han conseguido acceder al edificio habían presentado ya una solicitud de suspensión de desahucio basándose en la medida cautelar adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que paralizó en diciembre la expulsión de una familia que ocupa una vivienda del IVIMA y tenían la intención de negociar ahora el pago de la deuda. Sin embargo, los responsables de gerencia se han negado a recibirlos y tan sólo han podido presentar sus peticiones en el registro tres horas después de su llegada.
Algunos inquilinos intentaron hasta en 18 ocasiones realizar los pagos, pero el IVIMA se niega a negociar"No nos dejan hacer frente al pago ni nos reciben. Ni siquiera viniendo con el dinero nos dejan pagar”, explica Marta, que lleva desde mayo intentando saldar su deuda y tiene su desahucio el próximo 25 de febrero. Como ella, algunos afectados intentaron hasta en 18 ocasiones realizar los pagos, pero el organismo responsable de garantizar una vivienda a personas en situación de vulnerabilidad de momento se niega a negociar.
Tanto IVIMA como EMV continúan con la estrategia de los desahucios. Para hacerles frente de manera colectiva, el lunes 4 de febrero se ha convocado a una asamblea a las 19h en la sede de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para la creación de dos grupos específicos de afectados de estos dos organismos de vivienda pública.
¿Qué sucede en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid?
Cuatro familias afectadas por los desahucios y varios representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, en total 22 personas, se encerraron ayer 28 de enero en la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para detener sus desahucios y renegociar el pago de los alquileres a la empresa. Dos de ellos fueron detenidos por resistencia y desobediencia a la autoridad y otros once fueron trasladados a una comisaría para su identificación. Curiosamente, también ayer una jueza paralizó el desahucio de una familia que se alojaba en un piso de la EMVS desde hace un año. Es la segunda sentencia que se dicta en Madrid al amparo de la medida cautelar dictada hace un mes por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué está pasando con las viviendas de la EMVS? Os recomendamos una visita a la web que han creado los afectados por las actuaciones de esta empresa municipal:
*EMVCERRADOS/DESOBEDIENCIA HABITACIONAL EN TIEMPOS CONVULSOS*
La PAH entrega en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago y el alquiler social
"La propuesta de modificación de ley que se presenta se hace en base a un informe elaborado por el Observatori de Derechos humanos DESC,
en el que se recogen las dramáticas consecuencias que conlleva para las
familias el impago de la obligación hipotecaria así como una comparativa de la normativa europea que regula este tipo de situaciones,
dejando en evidencia el maltrato jurídico que reciben las personas y los consumidores españoles en relación al ordenamiento jurídico vigente en otros países." Plataforma de afectados por la Hipoteca.
Los arquitectos de Madrid y el derecho a la vivienda
Declaración del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid aprobada en la pasada Junta de Representantes Extraordinaria de 10 de enero de 2013:
LOS ARQUITECTOS DE MADRID Y EL DERECHO A LA VIVIENDA.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid contempla con preocupación la situación de la vivienda en nuestra Comunidad y en España, dramática para muchos conciudadanos.
Al problema de los desahucios de quienes no alcanzan a pagar sus hipotecas se suma el de los inquilinos en idéntica situación, el de los jóvenes que no pueden independizarse, el de quienes viven en infraviviendas o hacinados, y el de los que carecen lisa y llanamente de un lugar donde habitar.
Esta situación se produce, tras muchos largos años en los que la producción de viviendas superó cualquier cifra antes vista. Una producción que en muchos casos no daba respuesta a las necesidades sociales sino exclusivamente a las del negocio inmobiliario.
Así, al tiempo que muchos se endeudaban más allá de sus posibilidades otros se veían impedidos de acceder a la vivienda que necesitaban. Los precios alcanzaron cotas desmesuradas sí se ponen en relación con los Ingresos de los madrileños. E innecesariamente elevadas si se consideran los costos reales de producción, drásticamente inferiores a sus precios de venta: los arquitectos podemos dar fe de ello. Por su parte las administraciones no hicieron lo suficiente para dinamizar la producción de viviendas baratas, cuyo número se alejó de las necesidades y la demanda. Algo que se evidenciaba en los sorteos, de amargo recuerdo.
El exceso de urbanización no siempre tomó en cuenta los objetivos de sostenibilidad y protección ambiental. Hoy nos encontramos con las consecuencias de los errores cometidos: decenas de miles de viviendas vacías, urbanizaciones fantasmas, edificios a medio acabar.
Los arquitectos de Madrid no quieren mantenerse al margen de la preocupación por esta situación de muchos de sus conciudadanos, que es la suya propia: la comporte y se hacen solidario de ella.
Por ello reclaman que se impulsen las leyes y la acción pública y privada que garanticen de forma real, prioritaria y urgente el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española y 25 de la Declaración Universal de los Derecho Humanos; asegurando a todos el ejercicio de su derecho a acceso a una vivienda digna y adecuada.
El país latinoamericano considera que la ley hipotecaria española "vulnera derechos fundamentales" Diario Público. Madrid, 22/01/2013.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador ha presentado una demanda contra la legislación española en materia de ejecuciones hipotecarias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDH) de Estrasburgo, según ha explicado en Madrid el titular de la institución, Ramiro Rivadeneira Silva. Rivadeneira ha detallado que en la demanda se denuncia que la legislación española "vulnera derechos fundamentales de las personas" y que la decisión de recurrir se debe a la necesidad de "emprender con firmeza" la defensa de los ecuatorianos en el extranjero.
En concreto, la demanda recoge el caso del ecuatoriano Luis Solórzano, quien se ha visto obligado a abandonar su vivienda al haber agotado todas las instancias judiciales en territorio español. En opinión de la Defensoría, este ciudadano sufrió "indefensión" ante las "prácticas abusivas" del banco, así como el hecho de que el juez que llevaba su caso "no aceptó escuchar las razones de Solórzano para ponderar su situación".
De esta forma, el Defensor del Pueblo de Ecuador ha solicitado al Tribunal Europeo que "inste a España a modificar la ley de enjuiciamiento civil que no permite el verdadero ejercicio de los derechos, especialmente el de estar frente a un juicio justo en el que el juez pueda escuchar las razones de las partes, ponderarlas y resolver el caso".
Ecuador considera que se dan casos de violación de derechos humanos La institución, junto a un grupo de juristas que estudian casos de ejecuciones hipotecarias, ha expuesto que se han encontrado varias causas de "violación de derechos y privación de justicia" en otros casos como el de Solórzano. El objetivo de la demanda, según han explicado, es sentar precedente ante "el drama de los desahucios en España", así como que el Alto Tribunal inste a España a modificar su normativa en materia de vivienda porque, a su juicio, vulnera los derechos humanos.
En todo caso, ha precisado que el objetivo es que se reforme la norma en los casos de viviendas familiares y personales. "No es lo mismo asumir una deuda que tiene fundamento en la vivienda personal y familiar a la deuda que podría adquirir una oficina -ha agregado-. Esta situación no se produce puesto que la vivienda todavía no es considerada como un derecho y no como mercancía".
Ecuador ha atendido 6.000 casos de ecuatorianos desahuciados en España Igualmente, ha señalado que están defendiendo otros casos similares de ecuatorianos en España y que si no se resuelven positivamente en los tribunales nacionales no descartan elevar otras quejas a Estrasburgo.
Concretamente, ha especificado que se han atendido desde el pasado año hasta este momento a 6.000 ecuatorianos.
Comunicado de la PAH ante la paralización del desalojo de IVIMA por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos
LOS DESAHUCIOS SIN ALTERNATIVA DE ALOJAMIENTO CONSTITUYEN VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
EL IVIMA DEBE SUSPENDER TODOS LOS DESAHUCIOS Y CUMPLIR SU FUNCIÓN DE GARANTÍA DE VIVIENDA
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha paralizado por primera vez el desahucio de una madre de 24 años con dos hijos pequeños en el barrio de Vallecas de la única vivienda con que cuentan desde hace tres años. En su día accedieron al piso tras comprobar el estado de abandono del inmueble y tras solicitar sin éxito vivienda en varias ocasiones. La vivienda forma parte del parque de viviendas públicas que el IVIMA mantiene vacías.
El Tribunal de Estrasburgo ha pedido explicaciones al Estado español ante la orden de desahucio de la familia, que no cuenta con posibilidades reales de encontrar vivienda por su falta de ingresos, señalando que un desalojo en estas condiciones puede suponer un trato inhumano o degradante así como una medida desproporcionada en una sociedad democrática. El IVIMA se justificó alegando la existencia de una “amplia red de servicios sociales” sin concretar en absoluto dónde dormiría al día siguiente la familia. Para el TEDH estas explicaciones son insuficientes, por lo que ha ordenado la paralización cautelar del desahucio hasta estudiar en profundidad el caso.
De acuerdo a esta resolución, el IVIMA podría estar cometiendo violaciones de derechos humanos al ejecutar desahucios sobre familias vulnerables sin alternativa de alojamiento, incumpliendo lo establecido en los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El artículo 3 prohíbe la tortura y los tratos degradantes o inhumanos. El artículo 8 prohíbe, entre otras cuestiones, el acceso al domicilio familiar por parte de las autoridades cuándo la medida es desproporcionada a los fines perseguidos dentro de un contexto de sociedades democráticas.
En los desahucios ejecutados por el IVIMA no se prevén alternativas de alojamiento, por lo que la resolución del Tribunal Europeo es extensible a la mayoría de desalojos que se tramitan en la actualidad, que podrían suponer violaciones de derechos humanos, incurriendo en responsabilidades graves y obligación de reparación a las víctimas.
Sería vergonzoso que el organismo encargado de garantizar vivienda para las personas vulnerables fuera condenado por violación de derechos humanos. Pero más grave sería que se continuase con los desalojos ante el serio aviso recibido.
Existen miles de viviendas vacías. Existen miles de personas sin hogar.
En consecuencia, EXIGIMOS a los responsables del organismo público IVIMA que ordenen el cese inmediato de los desalojos a la espera de la resolución definitiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y más allá de eso, adopten todas las medidas necesarias para garantizar que el IVIMA cumpla con su función fundamental, el amparo público de la población a la que el mercado niega el acceso a una vivienda.
En Madrid, a 14 de enero de 2013.
PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA DE MADRID
P.D: Podéis descargaos el modelo de escrito que estamos presentando en el IVIMA en el siguiente enlace: Modelo Carta Suspensión proceso IVIMA
Presentación del Decálogo por una vivienda digna
La Campaña de Vivienda de ATTAC Madrid se ha creado con el fin de analizar las causas de la actual situación de la vivienda en España y elaborar propuestas que hagan efectivo el derecho de acceso a la vivienda ante los poderes públicos. Fruto de esta tarea surge este Decálogo por una vivienda digna. Es una propuesta que consideramos básica para corregir una situación disfuncional e injusta: millones de personas excluidas del acceso a una vivienda digna, una de las edades de emancipación más elevadas de Europa, cientos de miles de desahucios como resultado de un modelo que empuja exclusivamente a la compra y al endeudamiento excesivo, un parque de vivienda social insuficiente, millones de casas vacías, un urbanismo incontrolado e insostenible, mala calidad de la construcción generalizada, etc., todo ello como consecuencia de políticas erróneas e irresponsables.Reconducir esta situación requiere un debate serio, profundo y constructivo que parta desde una premisa fundamental: el acceso a una vivienda digna es un derecho humano, reconocido como tal por el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde este reconocimiento se debe impulsar una política de vivienda coherente que abarque todos los aspectos relacionados con el disfrute de este derecho. Por lo tanto y en este momento, una política que apueste decididamente por el alquiler social.Se ha realizado una edición en papel que se distribuirá de forma gratuita, aunque se puede disponer libremente de la edición digital que tenéis en esta misma página.Proximamente vamos a realizar una presentación del Decálogo. Os informaremos en breve del lugar, día y hora de dicha presentación.PARA DESCARGAR EL DECÁLOGO HAZ CLIC EN LA SIGUIENTE IMAGEN:
Comunicado de la plataforma ¡Yo no me voy! contra la privatización y el desalojo forzoso de las viviendas de alquiler social de Madrid
Los vecinos de las viviendas sociales de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) denuncian que el Ayuntamiento de Madrid no ha cumplido el compromiso de iniciar el contacto para vender los pisos y mantiene las presiones a los vecinos
Tras comprometerse Ana Botella en el pleno municipal a cumplir la ley e iniciar los contactos con los vecinos para que compren sus viviendas, estos no se han producido y los vecinos que pueden acceder a la compra no conocen las condiciones que marcará la EMVS.
Los vecinos cuyos contratos son actualizables y expiraron en el mes de diciembre no han sido autorizados a pagar dejando el ayuntamiento a esos inquilinos en un limbo legal y vital.
Madrid, 11 de enero. La plataforma ¡Yo no me voy! contra la privatización y el desalojo forzoso de las viviendas de alquiler social continúa esperando que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid aporte una solución a los inquilinos de las viviendas que formaron parte del fallido proceso de venta a la inmobiliaria Renta Corporación. Desde que la compañía renunció a la compra de los inmuebles, aquellos vecinos cuyo contrato debía actualizarse en diciembre no han recibido noticias del ayuntamiento y no han tenido notificación para pagar el alquiler correspondiente al mes de enero quedando desamparados y sin conocer su futuro. Mientras el resto de sus vecinos si han abonado la cantidad necesaria, estos inquilinos han trasladado su preocupación a la sede de la EMVS donde han intentado pagar sus rentas, pero los trabajadores encargados han rechazado el pago asegurando que no están autorizados.
Asimismo, los vecinos de las viviendas sociales reclaman una solución definitiva para todos los inquilinos, ya que desde que la alcaldesa de Madrid se comprometió en el pleno municipal a ofrecer a los vecinos la oportunidad de comprar sus viviendas, tal y como marca la ley, no han iniciado los contactos con los interesados en la compra para trasladar las condiciones, ni con aquellos que no pueden acceder a la transacción.
De las 116 viviendas afectadas, 40 están habitadas por personas mayores de 70 años que viven solas y en el 55 % de ellas viven personas septuagenarias acompañadas, por lo que la compra es prácticamente imposible para la mayoría de ellas y la falta de una respuesta clara por parte del ayuntamiento les imposibilita desarrollar su presente y su futuro.
“Hemos tratado de dirigirnos a la EMVS y hemos recibido la callada por respuesta, parece que se han enrocado en la posición de no dialogar con los vecinos y dejar pasar el tiempo para que la opinión pública se olvide de la situación. Los vecinos nos encontramos ante el desamparo más absoluto”, afirma Alberto Romeral, presidente de la plataforma de afectados.
La EMVS llegó a un acuerdo con la inmobiliaria catalana Renta Corporación el pasado 18 de octubre que se transformó en una opción de compra, operación de la que los vecinos no tuvieron noticias sino por la prensa y vagos rumores. Tras presiones y actitudes inaceptables, los vecinos decidieron reunirse en una plataforma para evitar la venta de estos edificios y tomar medidas legales. Unas semanas después, Renta Corporación anunció su renuncia a dicha opción de compra para evitar “conflicto social”.
Alberto Romeral, presidente de la plataforma ¡Yo no me voy!
Salva Martí, portavoz de la plataforma ¡Yo no me voy!
Correo electrónico: yonomevoy@hotmail.es o yonomevoy2012@gmail.com
Direcciones WEB: http://www.facebook.com/YoNoMeVoy
Twitter: @YonomevoyMadrid
Casas vacías: el síndrome de una economía yonqui
Eva Belmonte. Unfollow. 2/12/2012. El primer paso siempre es admitir que tienes un problema
Con 30.000 personas viviendo en la calle (datos de Cáritas de 2011) y una sangría de desahucios, a ritmo de más de 500 diarios (casi 48.000 en el segundo trimestre de 2012, según el último balance del CGPJ) los millones de casas vacías que salpican la geografía española son, como mínimo, un síntoma de que algo no encaja. “En España, al contrario de lo que pasa en la mayoría de países de la Unión Europea, la vivienda vacía no se considera una patología”, explica Javier Burón Cuadrado, ex consejero vasco de Vivienda, profesor universitario, socio de la empresa de gestión de servicios públicos Urbania ZH y articulista en medios especializados como ‘Cinco Días’. En cambio, en otros países europeos con parques de casas vacías mucho menos inflados por la burbuja inmobiliaria llevan años encarando el problema hasta el punto de convertirlo en vergüenza nacional y, en consecuencia, lo enfrentan, ya sea con sanciones o impuestos por mantener un domicilio vacío, ayudas a la rehabilitación o incluso alquileres forzosos.
¿Por qué en España los síntomas se ningunean y, por ende, no se trata este mal endémico? “Aquí se defiende la ‘sacrosanta’ propiedad privada por encima de todo. Pensamos que el propietario tiene derecho a tener la vivienda vacía, ocupada, en buen estado o como le dé la gana”, continúa Burón, que cree que no se trata tanto de una visión cultural como de las pautas que marca la estructura de poder, basada en lo que él denomina una “economía yonki”, adicta al ladrillo y que aparta a un segundo plano los medios de producción que tienen que ver con el intelecto, las ideas y la industria, claves en otros países de Europa tras la Revolución Industrial. Un dato: la inversión en I+D en países como Dinamarca, Finlandia o Suecia, superior al 3% del PIB, dobla con creces la española (de un 1,37%, según datos de 2010 de la OCDE).
DIAGNÓSTICO (en busca de un recuento fiable de casas vacías)
En España ni siquiera existe un único censo preciso y actualizado de casas vacías. Una de las bases de datos más socorridas es la del Instituto Nacional de Estadísica (INE), que estimaba que en 2001 había 3.106.442 pisos desocupados. Los datos de 2011 -este registro se realiza cada década- se harán públicos a lo largo de 2013 y, burbuja mediante (en 10 años se han levantado cinco millones de casas), podrían arrojar una cifra de entre cinco y seis millones. El problema es que éste no es el único registro oficial. Antes de desaparecer, en 2010, el Ministerio de Vivienda estimaba que había entre 600.000 y un millón de viviendas sin uso. La gran diferencia entre ambos organismos radica en la metodología: el baremo del INE, más amplio, incluye por ejemplo viviendas abandonadas que se caen a trozos en pueblos en los que hace décadas que no se pasea ni un perro abandonado.
De hecho, para muchos expertos como Burón, esta cifra es excesiva y prefieren situarla en unos dos millones y medio, un número nada despreciable si consideramos que supone el 10% del total del parque de viviendas en España, de unos 26 millones de casas. Incluso si partimos de ese dato más conservador, la comparación con otros países de nuestro entorno sonroja. En Inglaterra, la Fundación Emptyhomes trabaja para buscar soluciones a un problema que consideran un “escándalo” y una “vergüenza nacional”. Sus campañas han conseguido arrancar al gobierno inglés rebajas de impuestos para los propietarios que recuperen las viviendas para su uso y la creación de un cargo en cada ayuntamiento destinado en exclusiva a velar por la ocupación de las viviendas vacías. Y todo eso pese a que sus cifras son mucho menos abultadas que las españolas: cuentan con 720.000 casas vacías, el 3,13% del parque de viviendas inglés.
En 2007, el colectivo Derivart, formado por un artista -Jesús Rodríguez-, un ingeniero informático y diseñador -Mar Canet- y un sociólogo -Daniel Beunza- decidió utilizar el arte como medio para mirar y hacer mirar el problema de las casas vacías esquivando la letanía de las ristras de datos. Su proyecto ‘Casas Tristes’ permite localizar en un mapa las viviendas desocupadas que los usuarios documentan. Es el eje central de una “plataforma de visualizaciones para rebatir con estadísticas algunas de las cuestiones que se tenían como grandes verdades”, como la define Jesús Rodríguez. Al mito “una casa cuesta el mismo porcentaje de sueldo que hace 15 años” le da respuesta un muñeco con casco de obrero que carga de monedas la balanza necesaria para pagar su casa. Al observar la evolución por años en la animación, el gráfico recoge la relación entre el salario mínimo interprofesional y el precio de la vivienda desde 1985. Si en el año de arranque el trabajador que destinaba todo el sueldo mínimo a pagar la hipoteca tardaba 12 años; en 2006, ese mismo trabajador emplearía 42 años de su vida para costear la misma casa.
Otra visualización muestra cómo, en relación con la población, la construcción de viviendas en España ganó por goleada a la que se vivió en Estados Unidos (una casa nueva por cada 23,53 habitantes vs. una casa nueva por cada 9,2) durante la burbuja. El objetivo aquí es “acercar conceptos complejos a todo el mundo gracias a herramientas artísticas”, aliñadas con un “componente irónico”.
¿Cómo desurbanizar una ciudad? En Detroit, con 800.000 edificios vacíos, se han demolido rascacielos clásicos. Este artículo plantea lo que se puede hacer cuando una urbe pierde gran parte de su población. El deterioro atrae a jóvenes creadores.
David Alandete. El País. 30/12/2012.
“Detroit no es hueso desnudo”, declara una pintada en un muro de la ciudad. Es una historia común en el Medio Oeste norteamericano, zona de fríos inviernos donde lo que en su día atrajo a los pobladores fue el auge de la industrialización. Así se expandieron Cincinnati, Cleveland y Pittsburgh. Del mismo modo cayeron después de la Segunda Guerra Mundial y la década de los cincuenta. Menos fábricas y menos oportunidades de trabajo conllevaron menos población. En Detroit, muchos empleados de las factorías de coches emigraron a acaudaladas localidades en las afueras. Se produjo, además, un éxodo blanco después de los disturbios negros de 1967, para cuya contención el presidente Lyndon B. Johnson llegó a movilizar al Ejército.
¿Está el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid al borde del desahucio?
Grupo de Vivienda de ATTAC Madrid. 02/01/2013. El Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA), organismo autónomo creado en 1984 para hacer frente a las demandas organizativas y funcionales derivadas de las transferencias del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de vivienda, se encuentra ante una grave crisis de gestión. Las denuncias se acumulan. Así, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha puesto de manifiesto ante la opinión pública las siguientes deficiencias: Los alarmantes retrasos en la adjudicación de viviendas
La ocupación ilegal de viviendas vacías
El alquiler ilegal de viviendas Locales comerciales ocupados y transformados en vivienda Plazas de garaje abandonadas
El impago de las cuotas a las comunidades de vecinos
Falta de mantenimiento de las estructuras y de las zonas comunes de sus inmuebles
Edificios vacíos y parcelas sin uso desde hace años
Retrasos en las remodelaciones de barrios y en las rehabilitaciones de viviendas.
A estas deficiencias del IVIMA se une una política aberrante con respecto a quienes no pueden hacer frente a sus obligaciones como consecuencia de una grave crisis económica de la que no son culpables. Debemos recordar que aquellos que acceden a una vivienda del IVIMA lo hacen por motivos de precariedad.
Los desahucios promovidos por el IVIMA se han instaurado como norma para aquellas personas que no pueden hacer frente al pago del alquiler, sin que su situación merezca una consideración específica. Mientras tanto, la solución que se ha ofrecido a los deudores hipotecarios desahuciados por los bancos es la de destinar 800 viviendas desocupadas, que gestionarán algunas ONG, como Cáritas, cantidad insuficiente frente a los más de 2.000 desahucios que se producen cada mes en la Comunidad de Madrid. Difícilmente podemos considerar que estas actuaciones cumplan con el compromiso de apoyo a la vivienda social, que el propio IVIMA identifica entre sus acciones prioritarias.
Por otra parte, se ha puesto en evidencia desde hace meses que el IVIMA ha emprendido el camino de externalizar su gestión. A la iniciativa de trasladar a diversas ONG la gestión de las viviendas destinadas a las familias desahuciadas, se añade la externalización de su gestión corriente, habiéndose transferido más de un millón de euros a una empresa privada y poniendo al personal del IVIMA a disposición de la misma.
Según informa CCOO, en junio de 2012 el IVIMA sacó a concurso dos contratos para la gestión del servicio denominado “Actuaciones de Gestión sobre el Patrimonio de Viviendas y Garajes del IVIMA”, uno para la ciudad de Madrid, y otro para el resto de la Comunidad. Una de las cláusulas de dicho contrato indica que el IVIMA facilitará a su adjudicatario cuantos modelos de listados, relaciones, actas y cuantos documentos sean necesarios para el desarrollo de la gestión encomendada. Así, la empresa adjudicataria únicamente realiza la última etapa de la gestión, correspondiendo el resto a los empleados del organismo público.
Debemos preguntar al señor Juan Van-Halen, máximo responsable del IVIMA, dónde están los análisis técnicos y económicos que justifican esta decisión y garantizan que no es fruto de la mera improvisación de la que hace gala este organismo en los últimos tiempos. Igualmente, debemos reclamar del señor Van-Halen que responda claramente si existe una intención de privatizar el organismo autónomo para transformarlo en un instrumento exclusivamente generador de ingresos que abandone definitivamente la, ya de por sí, precaria política de vivienda social de la Comunidad.
La falta de transparencia, la gestión caótica y la solución emprendida de externalizar sus servicios hacen que nos cuestionemos la capacidad del IVIMA para cumplir con sus fines, tal como el propio organismo define en su información institucional, es decir, ser el instrumento que mejor puede garantizar los aspectos de agilidad, eficacia y seguridad jurídica en lo relativo a la promoción pública de vivienda.
Desde Attac Madrid creemos que los problemas del IVIMA radican en su alejamiento, cada vez más acusado, de la realidad social de nuestra Comunidad. Como solución demandamos la apertura del organismo a la sociedad madrileña. Para ello, exigimos que se haga uso de la posibilidad establecida en el artículo 7 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid y se cree un Consejo Asesor, del que formen parte mayoritaria las organizaciones sociales con intereses en el campo de la vivienda, que defina y oriente la política y la gestión del IVIMA. Hasta que se forme este Consejo Asesor deben cesar todos los desahucios de aquellos inquilinos que por motivos económicos no pueden cumplir con sus obligaciones.
Esta política debe estar priorizada al servicio de la vivienda social, para lo que debe implantarse de forma inmediata el alquiler social, tanto paras los desahuciados procedentes de viviendas alquiladas como para propietarios, así como para los grupos en situación de precariedad familiar. Para ello, debe emplearse el parque de viviendas desocupadas que posee el IVIMA.
Igualmente, demandamos una auditoria, pública e independiente, que proponga el modelo de gestión más adecuado para los fines sociales que deben perseguirse.

References: artículo 47
 artículo 3
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 artículo 25
 artículo 7