Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2009_04_23/682
Timestamp: 2020-02-21 14:07:05+00:00

Document:
Gaceta: LX/3SPO-372
Dictámenes de Primera Lectura 27
Proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo IV Bis, al Título Octavo del Libro Primero del Código de Justicia Militar.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
Propone un tipo penal genérico, en el que la conducta punible desarrollada por el militar, se actualiza en el hecho de incorporarse a la delincuencia organizada.
Asimismo, se prevé un tipo penal específico, en que se sanciona a los que con el empleo de bienes y recursos puestos a su cargo o mando para el cumplimiento de las misiones que tienen encomendadas las Fuerzas Armadas Mexicanas, favorezca a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa; o para lograr que les proporcione apoyo aprovechándose del cargo que le es conferido, o provoque que elementos que cuenten con preparación militar se pongan a su servicios, o los reclute para tal fin, afectando con este proceder la actuación de las Fuerzas Armadas Mexicanas, los intereses del país y la seguridad de la sociedad mexicana.
Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Seguridad Nacional.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
Propone implementar un procedimiento para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior. Dicho procedimiento iniciará con una solicitud de declaratoria de la autoridad competente al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Nacional, quién integrará el expediente.
El expediente será sometido para su análisis y evaluación al Pleno del Consejo quien analizará y evaluará la magnitud de la afectación a la seguridad interior; y podrá consultar y requerir información, asimismo, el Secretario Ejecutivo solicitará opinión a la Comisión Bicamaral del H. Congreso de la Unión.
Como resultado del análisis y evaluación, el Secretario Ejecutivo elaborará un acta circunstanciada de las deliberaciones y acuerdos del Consejo. Hecho lo anterior, el Presidente de la República emitirá la declaratoria de existencia de una afectación a la seguridad interior, la que se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Del mismo modo, cuando desaparezca la situación que motivo la declaratoria de seguridad interior, el Ejecutivo Federal hará del conocimiento de la sociedad la conclusión de la misma, mediante acuerdo publicado en el DOF.
Es de resaltar que los supuestos que pueden implicar una afectación a la seguridad interior, son los previstos en el artículo 5, mismos que por razones de técnica legislativa se proponen trasladar al artículo 33, los cuales serían complementados con otros como la sublevación o el trastorno interior en una entidad federativa, las agresiones directas a las instancias o contra los integrantes del Consejo, los actos que pongan en peligro el orden y la paz pública de un municipio, entidad federativa o región, y la capacidad de las instituciones competentes para ejercer sus funciones sea insuficiente o ineficaz y los actos de extorsión colectiva que afecte a la comunidad o población.
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Código Federal de Procedimientos Penales y Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 214 DEL REGLAMENTO DEL SENADO, EN SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2010, LA PRESIDENCIA EMITIÓ EXCITATIVAS A COMISIONES.
Propone actualizar la restricción de posesión de municiones modificadas o con artificios destinados a infringir un mayor daño a los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado que se enfrentan a la delincuencia.
Se define la naturaleza y composición de los cartuchos ordinarios, así como las características de las municiones que tienen un poder vulnerante superior al de una bala ordinaria del mismo calibre.
Plantea que las armas de fuego cuyo mecanismo sea modificado, o sean utilizadas con proyectiles alterados, y los subfusiles serán consideradas como de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, en consecuencia, su posesión o portación será sancionada con mayor punibilidad, en razón de que este tipo de armamento pone en riesgo la seguridad de la sociedad. Se fortalece la sanción para el caso de posesión de cartuchos con artificios especiales, reputados como de uso exclusivo, y se amplía el catálogo de estas municiones al establecerse que los cartuchos que sean distintos a las ordinarios con un poder vulnerante superior tendrán carácter reservados.
Se incorpora en el catálogo de delitos graves las conductas ilícitas relacionadas con la posesión y portación ilegal de armas de fuego y municiones reservada al uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Asimismo, incluye en el catálogo de delincuencia organizada, la posesión, portación colectiva, introducción ilegal de armas y municiones al país, así como el transporte de material o armas de fuego.
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
Propone la creación de un tipo penal que sancione las conductas que atenten contra la vida o integridad corporal, la libertad o la seguridad personal de los familiares de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, hasta el segundo grado de parentesco.
Se incluye a los servidores de elección popular, miembros de representaciones diplomáticas y consulares de otros países o de organismos internacionales acreditados en México, o funcionarios de gobiernos extranjeros en visita oficial.
Las conductas se incluyen en el catálogo de delitos graves, y de delincuencia organizada.
Oficio con el que remite nombramiento expedido a favor del Dr. Manuel Sánchez González, como Subgobernador del Banco de México, para el período que concluirá el 31 de diciembre de 2016.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
Copia del dictamen de los estados financieros del Banco de México, al 31 de diciembre de 2008; e
Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto del Gasto Corriente, de Inversión en Activos Fijos y de Inversión en Activo Circulante por concepto de Producción de Billete y Adquisición de Moneda Metálica, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.
SE REMITIERÓN A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
Oficio con el que remite, en alcance a su similar anterior, Estados Financieros Dictaminados al ejercicio fiscal 2008 de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano.
SE REMITIÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. LA PRESIDENCIA INSTRUYÓ INCLUIR DICHOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL SEGUNDO INFORME ANUAL, RECIBIDO EL 15 DE ABRIL DE 2009.
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para los efectos de la fracción e) de artículo 72 constitucional.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EQUIDAD Y GÉNERO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
Propone establecer la obligación del Estado de implementar medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia.
Asimismo, establecer la implementación de acciones y programas tendientes a fomentar el respeto de los derechos, las libertades, la igualdad entre mujeres y hombres, así como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia; y la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres
La minuta observa entre otras las siguientes consideraciones:
No se estima viable la reforma al artículo 3, señalando que el artículo 1 de la ley ya establece que sus disposiciones son de orden público, de observancia general en todo el territorio nacional, lo cual obliga a todas las personas, ya sean físicas o morales que se encuentren dentro del territorio mexicano. No considera viable modificar el concepto de acciones afirmativas, ya que el vigente se retoma de lo establecido en el artículo 4, primer párrafo, de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; de igual forma, es innecesario incluir el concepto de discriminación directa por razón de sexo como lo propone la colegisladora, toda vez que la ley que se reforma sólo hace mención de manera genérica al concepto de discriminación.
Respecto al concepto de equidad de género que se propone en la minuta considera innecesaria su inclusión, ya que la Ley de referencia no hace referencia a dicho término, además de que en cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, esta LX Legislatura ha venido utilizando el término de igualdad en sustitución del de equidad de género. Por lo que hace a los conceptos de "igualdad sustantiva" y "principio de igualdad", se estima innecesaria su inclusión, en función de que en el artículo 1 de la Ley se encuentran contemplados y en el artículo 6 del mismo ordenamiento.
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.
Propone ampliar la capacidad de retiro de ahorro en caso de desempleo, con el fin de brindar un apoyo adicional para los mexicanos que se vean privados de su fuente de ingresos y poner en marcha las modificaciones legales necesarias para lograr este objetivo. Así, propone un incremento en el monto de los retiros por desempleo, una cuota social más progresiva y un incremento de la aportación del gobierno federal por concepto de cuota social, a efecto de que se facilite el acceso a los recursos de su cuenta individual a aquellos trabajadores que se encuentren en situación de desempleo en forma temporal, así como de aumentar el monto del que podrán disponer, buscando el equilibrio necesario entre estos nuevos beneficios y la pensión que por ley les corresponde.
De esta forma la Minuta establece que los pensionados por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez recibirán, incluidas en la pensión que adquieran, las asignaciones familiares y las ayudas asistenciales que se establecen en la ley, las cuales se financiarán con la cuota social que aporte el Estado en los términos de la fracción IV del artículo 168 de esta Ley para los trabajadores que reciban ésta, y con las aportaciones patronales y del Estado a la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez para los trabajadores que no reciban cuota social en sus cuentas individuales.
Asimismo señala que el asegurado tiene derecho a retirar, como ayuda para gastos de matrimonio, una cantidad equivalente a treinta días de salario mínimo general que rija en el Distrito Federal, proveniente de la cuota social que aporte el Estado en los términos de la fracción IV del artículo 168 de esta Ley para los trabajadores que reciban ésta, y con las aportaciones patronales y del Estado a la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez para los trabajadores que no reciban cuota social en sus cuentas individuales
En referencia a los montos de las cuotas establece que las cuotas y aportaciones serán adicional a los conceptos señalados por la ley el de una cantidad por cada día de salario cotizado, que aporte mensualmente el gobierno federal por concepto de cuota social para los trabajadores que ganen hasta quince veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que se depositará en la cuenta individual de cada trabajador asegurado conforme a la tabla siguiente:
Los valores mencionados del importe de la cuota social, se actualizarán trimestralmente de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Asimismo estas cuotas y aportaciones al destinarse al otorgamiento de pensiones y demás beneficios establecidos en esta Ley, se entenderán destinadas al gasto público en materia de seguridad social. Se prevé que los trabajadores en este supuesto tengan derecho a recibir como primera exhibición de su retiro la cantidad de treinta días de su último salario base de cotización, a efecto de ayudarlos de forma inmediata con una cantidad más alta y el resto del retiro dividirlo en las cinco exhibiciones restantes.
Se podrá retirar parcialmente por situación de desempleo los recursos de la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, a partir del cuadragésimo sexto día natural contado desde el día en que quedó desempleado, en los siguientes términos: a) Si su cuenta individual tiene al menos tres años de haber sido abierta y tiene un mínimo de doce bimestres de cotización al Instituto acreditados en dicha cuenta, podrá retirar en una exhibición la cantidad que resulte al equivalente a treinta días de su último salario base de cotización, con un límite de diez veces el salario mínimo mensual general que rija en el Distrito Federal, o b) Si su cuenta individual tiene cinco años o más de haber sido abierta, podrá retirar la cantidad que resulte menor entre noventa días de su propio salario base de cotización de las últimas doscientas cincuenta semanas o las que tuviere, o el once punto cinco por ciento del saldo de la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, las cantidades se entregarán en un máximo de seis mensualidades, la primera de las cuales podrá ser por un monto de treinta días de su último salario base de cotización a solicitud del trabajador, conforme a las reglas de carácter general que al efecto expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Por otra parte establece que el derecho consignado sólo podrán ejercerlo los trabajadores que acrediten con los estados de cuenta correspondientes, no haber efectuado retiros durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud de retiro de recursos.
Proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
Propone adicionar el artículo 40, para incluir a la educación media superior como beneficiaria de la infraestructura física, que comprende la aplicación de las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban los Estados de la Federación y el Distrito Federal, los cuales se destinan exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo, así como a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física, según las necesidades de cada nivel.
En el régimen transitorio de la minuta se establece que de ser aprobado el decreto, entrará en vigor el 1 de enero de 2010. Y se mandata para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, la Cámara de Diputados deba proveer lo conducente a fin de que la asignación de recursos no distribuibles geográficamente del Fondo de Aportaciones Múltiples, se incremente para el nivel medio superior.
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Propone reformar el Código Fiscal de la Federación para establecer que las declaraciones complementarias sustituirán a la declaración presentada anteriormente, por lo que dichas declaraciones complementarias deben contener no sólo la información que se modifica sino todos los demás datos requeridos en la declaración original, lo cual permitirá al contribuyente contar con un solo documento para conocer su última declaración. Y propone modificar el artículo 59 con la finalidad de que las presunciones contempladas en dicho artículo también sean aplicables para la comprobación de la realización de los actos o actividades por los que se deban pagar contribuciones y, por ende, la actualización de las hipótesis para la aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales.
Las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, proponen aclarar el alcance que hoy en día tienen las disposiciones fiscales aplicables a los fondos de previsión social de las sociedades cooperativas, mediante la incorporación de un tratamiento fiscal específico para dichos fondos; aún y cuando las disposiciones fiscales vigentes, incluyendo los requisitos y límites que éstas contienen, son las aplicables a los referidos fondos.
La minuta establece que en ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o, en su caso, de socios o miembros de sociedades cooperativas; no obstante, se considera conveniente eliminar la referencia a las personas morales, en virtud de que tales erogaciones tampoco se consideran previsión social cuando se realicen por personas físicas, Precisa que los ingresos que se encuentran exentos del impuesto sobre la renta únicamente corresponden a los alimentos a los que se refiere el Libro Primero, Título Sexto, Capítulo II, del Código Civil Federal y sus correlativos de los códigos civiles de las entidades federativas, es decir, los que se dan entre personas físicas con alguna relación familiar o de parentesco.
Plantea reformar el segundo párrafo del artículo 107 de Ley del Impuesto sobre la Renta, relativo a la facultad de las autoridades fiscales de determinar presuntivamente ingresos omitidos, con la finalidad de otorgar certeza jurídica al aclarar el alcance del término erogación contenido en el mismo, ya que se ha interpretado que ese concepto se limita únicamente a los gastos, a las adquisiciones de bienes y a los depósitos en cuentas bancarias o en inversiones financieras, cuando en realidad aplica a cualquier tipo de erogación que realice el contribuyente. Asimismo, se propone reformar el tercer párrafo del referido artículo a efecto de precisar que con independencia de que el contribuyente presente su declaración, las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente ingresos omitidos en los términos previstos en dicho precepto.
Finalmente propone reformar el artículo 165, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta a fin de considerar como dividendos o utilidades a los intereses que perciban los socios respecto de sus aportaciones dentro de una sociedad de responsabilidad limitada durante el inicio de operaciones, cuando así se estipule en el contrato social, haciendo remisión para esos efectos al artículo 85 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como para aclarar que, por ende, les resulta aplicable el mismo tratamiento que se prevé en dicha fracción I.
Oficio con el que remite solicitud de excitativa de la Dip. Silvia Luna Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en relación con el proyecto de decreto que reforma diversos artículos constitucionales, y el Quinto Transitorio del decreto de reformas a la Constitución publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de noviembre de 2002.
SE REMITIÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE EDUCACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
Uno, relativo al exhorto al Poder Ejecutivo Federal para realizar un recorrido de los símbolos patrios en el territorio nacional, como parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana.
SIN DISCUSIÓN, SE APROBÓ EN VOTACIÓN ECONÓMICA.
Una, de la Comisión de Salud, por la que informa de la atención al punto de acuerdo sobre la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.
LA PRESIDENCIA INSTRUYÓ A LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA DESCARGAR EL ASUNTO DE SUS REGISTROS, DARLOS POR CONCLUIDO E INFORMAR AL PROMOVENTE.
Una, del Sen. Ricardo García Cervantes, con la que acompaña Informe adoptado por la Organización Internacional del Trabajo en el que se examina la reclamación presentada por diversas organizaciones sindicales en torno al accidente ocurrido en la mina Pasta de Conchos.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES.
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1350 del Código de Comercio.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, INTERVINO EL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, PT.
FUE APROBADO POR 70 VOTOS; 4 ABSTENCIONES. SE TURNÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.
La Minuta propone que los incidentes presentados dentro del juicio mercantil se substancien por cuerda separada sin suspender el trámite del juicio en lo principal, a efecto de hacer el procedimiento mercantil más ágil.
Las comisiones dictaminadoras coinciden con la Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1350 del Código de Comercio, al señalar que el establecer dentro de la ley que los incidentes se formen por cuerda separada, facilitará la sustanciación del mismo, toda vez que evitaría confusión entre las actuaciones judiciales que forman parte del negocio principal materia de litis dentro del juicio y las cuestiones incidentales.
Aunado a lo anterior las comisiones también reconocen que la propia naturaleza jurídica de los incidentes remite que su tramitación siga la forma exigida para las demandas, es por ello, que se evidencia la necesidad de formar un cuaderno incidental diferente del principal, a fin de que se tramite de manera independiente la promoción, contestación, ofrecimiento y desahogo de pruebas, así como alegatos de la cuestión que tiene relación inmediata con el negocio principal y que concluirá con el fallo que dicte el juez al respecto; por ende, al tratarse de un procedimiento paralelo al principal, justifica la exigencia de que se lleve a cabo por cuerda separada, dando así mayor agilidad al procedimiento mercantil. Así, la reforma al artículo 1350 del Código de Comercio establece que los incidentes se substanciarán por cuerda separada, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal.
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1069 del Código de Comercio.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, FUE APROBADO POR 70 VOTOS; 3 ABSTENCIONES. SE TURNÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.
Propone que cuando un litigante no designe el domicilio en el que se le deben hacer las notificaciones y se practiquen las diligencias dentro del juicio mercantil, dichas notificaciones y diligencias se realizarán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto sea señalado el domicilio para los efectos referidos.
Las comisiones dictaminadoras coinciden en que la reforma propuesta al artículo 1069 del Código de Comercio será de utilidad para que los litigantes tengan la oportunidad de salvaguardar las garantías de audiencia y legalidad, mediante el señalamiento de domicilio en el que se le puedan practicar notificaciones personales, cuando ello haya sido omitido previamente en el desarrollo de las etapas procedimentales. Y coinciden con la Colegisladora en cuanto a que en los litigios de naturaleza mercantil es importante que las partes cuenten con un equilibrio en cuanto a derechos y prerrogativas para el desahogo de los procedimientos.
Las comisiones consideran procedente que en los procedimientos mercantiles, las notificaciones, en caso de no ser designado domicilio, se realicen conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto sea señalado el domicilio para los efectos referidos.
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 3 y el artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, FUE APROBADO POR 71 VOTOS; 3 ABSTENCIONES. SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
El proyecto de decreto tiene por objeto fortalecer las facultades de la Procuraduría Federal del Consumidor PROFECO para intervenir en los actos de comercio entre proveedores y consumidores; así como establecer que además de estar escritos en idioma español y que sus caracteres sean legibles a simple vista, el tamaño y tipo de letra sea uniforme en todos los contratos de adhesión, con la finalidad de fortalecer los elementos que permitan dar certidumbre jurídica al consumidor.
El dictamen resuelve establecer en el artículo 3º que a falta de competencia específica de determinada dependencia de la administración pública federal, corresponde a la Secretaría de Economía expedir las normas oficiales mexicanas previstas por la ley y a la Procuraduría vigilar se cumpla con lo dispuesto en la propia ley y sancionar su incumplimiento.
Y en el artículo 85º. El dictamen deja claramente establecido que todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista y en un tamaño y tipo de letra uniforme. Además, no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley.
De las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Turismo y se reforma la fracción VI y se deroga la fracción VII, del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, INTERVINIERON LOS SENADORES:
LUIS ALBERTO COPPOLA JOFFROY, POR LAS COMISIONES, PARA FUNDAMENTAR EL DICTAMEN.
RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ, PRI.
MARKO ANTONIO CORTÉS MENDOZA, PAN.
EL PRESIDENTE INFORMÓ DE LA RESERVA DE LOS ARTÍCULOS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 44, 45, 58 Y 62 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, POR PARTE DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA.
FUE APROBADO EN LO GENERAL POR 74 VOTOS; 23 EN CONTRA.
INTERVINO EL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, PT, PARA PRESENTAR SUS PROPUESTAS A LOS ARTÍCULOS DESCRITOS, LAS CUALES NO SE ADMITIERON A DISCUSIÓN.
LOS ARTÍCULOS QUE FUERAN RESERVADOS SE APROBARON EN SUS TÉRMINOS POR 64 VOTOS; 20 EN CONTRA. EL PROYECTO DE DECRETO SE TURNÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.
Entre los aspectos más destacados del Proyecto de Decreto de Ley General de Turismo, se define a la materia turística como una actividad prioritaria nacional promotora del desarrollo regional, en concordancia con lo dispuesto por el Plan de Nacional de Desarrollo; se define un marco de atribuciones para que la Federación, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, desarrollen armónicamente en sus respectivos ámbitos la planeación de servicios turísticos; se incluyen definiciones técnicas de la materia como ruta y región turística, zonas de desarrollo turístico sustentable, turismo sustentable.
Se desarrolla el concepto de turismo social, facultando a la Secretaría de Turismo para impulsarlo y promoverlo; se crea el ordenamiento turístico del territorio, como instrumento de la política pública turística que induzca el uso del suelo y las actividades productivas con un aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos; respetando el patrimonio cultural, histórico, arqueológico, asentamientos humanos, recursos naturales y actividades económicas; se crean las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, que son aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico. La declaración de la Zona la realizará el Presidente de la República.
Se excluyen las áreas naturales protegidas de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable; se definen funciones de la Secretaría de Turismo complementarias a las establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; promoviendo su coordinación con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; se establece que la Secretaría de Turismo, Estados, Municipios y el Distrito Federal, para proveer a la planeación, promoverán entre la iniciativa privada y sector social la creación y fomento de cadenas productivas, para detonar las economías locales y el desarrollo regional.
Se prevé la coordinación de funciones en las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, entre la Secretaría de Turismo, otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y el poder ejecutivo de los respectivos Estados, Municipios y el Distrito Federal; se define la naturaleza jurídica de la Comisión Ejecutiva de Turismo, como órgano intersecretarial; se establece el alcance Consejo Consultivo de Turismo, como órgano de consulta de la Secretaría de Turismo en la materia; se establece que los Estados y los Municipios creen sus propios Consejo Consultivo Local y Consejo Consultivo Municipal de Turismo; en sus respectivos ámbitos.
Se mantiene el Consejo de Promoción como empresa de participación estatal mayoritaria, con el objeto diseñar y realizar, las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional. Su titular será nombrado por el Presidente de la República; se regula el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para contribuir a la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística y de los recursos turísticos, así como a la promoción del financiamiento de las inversiones privadas y sociales. Su Director General será designado por el Presidente de la República; se Implementa el Registro Nacional de Turismo, como el catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país, que mejorará la oferta de estos servicios, estipulando un plazo para la inscripción de los prestadores; se enlistan los derechos de los prestadores de servicios públicos, como así también sus deberes; contemplando sanciones específicas para cada clase de incumplimiento.
Se detallan los derechos de los turistas y sus deberes; instruyendo a la Secretaría de Turismo para que coordine con la Procuraduría Federal del Consumidor la instrumentación de procedimientos para garantizar la protección de los derechos de los usuarios de los servicios turísticos, tales como métodos alternativos que resuelvan conflictos ante incumplimientos por parte de prestadores de servicios turísticos; se introducen la clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje; estipulando que la Secretaría de Turismo establecerá la regulación en la materia para su aplicación en toda la República; se contempla, para los prestadores de servicios turísticos, la obligación de proveer la accesibilidad necesaria para brindar servicios adecuados a las personas con discapacidad; y, se crea el Atlas Turístico de México como el registro público de recursos, naturales y culturales del país.
De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, FUE APROBADO POR 78 VOTOS; 4 ABSTENCIONES. SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
La reforma contenida en el dictamen tiene como propósito principal impedir la introducción ilegal de armas a nuestro país, sancionando con mayor rigor a los servidores públicos que en razón de sus funciones tengan esa obligación y no la cumplan, ya sea por acción u omisión. Al elevar la sanción a la que puedan hacerse acreedores, se agrega la destitución del empleo o cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos.
El proyecto de decreto propone derogar la fracción II del artículo 84, para reformular su redacción como artículo 84 quater, dando mayor coherencia a la redacción de la norma, estableciendo una pena mínima de quince años y máxima de cuarenta y cinco años a los servidores públicos que no impidan el tráfico de de armas a México, agregando la inhabilitación como pena y sanción administrativa adicional.
Por otra parte propone reformar el artículo 84 ter para establecer que las penas a que se harían acreedores los servidores públicos que permitan la entrada ilegal de armas a México podría aumentarse hasta el doble, a diferencia del aumento hasta en una mitad que establece actualmente la norma. Esto es que al servidor público que estando obligado por sus funciones a impedir la introducción de armas al país a que se refieren los artículos 84, fracción I, y 84 Bis y no lo haga por acción o, por omisión se le impondrá de quince a cuarenta y cinco años de prisión. Además, se le impondrá la destitución del empleo o cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión pública.
De las Comisiones Unidas de la Medalla Belisario Domínguez; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se modifican los artículos Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y Noveno del Reglamento de la Orden Mexicana de la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, FUE APROBADO POR 78 VOTOS; 2 ABSTENCIONES. SE REMITIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL PARA SU PUBLICACIÓN.
Se propone que el período de recepción de propuestas se inicie el primer día del año de la entrega de la medalla y concluya el veintiuno de septiembre del mismo año, tiempo más que suficiente para tales efectos. En todo caso, el dictamen de la Comisión de Postulaciones deberá ser propuesto al Pleno durante el mes de septiembre, una vez concluido el período de postulaciones, y aprobado, en su caso, a más tardar el primero de octubre, con el fin de que su entrega se realice en sesión solemne del día siete del mismo mes. El anterior calendario, permitirá dar certeza, y seriedad a todo el proceso.
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4° y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De las Comisiones Unidas de Educación; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Educación.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, FUE APROBADO POR 82 VOTOS; 2 ABSTENCIONES. SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
EL PRESIDENTE INFORMÓ QUE LAS INTERVENCIONES ENTREGADAS POR ESCRITO SOBRE ESTE DICTAMEN SE INSERTARÁN EN EL DIARIO DE LOS DEBATES.
En el proyecto de decreto, se propone que en el proceso educativo deberá asegurarse además de la participación activa del educando el apoyo de la comunidad educativa en su conjunto; dentro de los fines de la educación impartida por el Estado se incluyen: la formación de valores, actitudes, habilidades, capacidades y destrezas, incluyendo el dominio de un segundo idioma, que permitan al individuo incidir en su entorno y participar y cooperar con los demás, la diversidad y pluralidad de la sociedad mexicana, propiciar una cultura de prevención del delito, educación sexual y reproductiva, la prevención del cambio climático, protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales, y el trabajo en equipo.
Inserta dentro de las atribuciones de la autoridad educativa federal el regular, coordinar y operar un padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un Sistema Nacional de Información Educativa; y regular a nivel nacional los mecanismos de ingreso y promoción en el servicio docente y de administración escolar. Asimismo, las autoridades educativas locales, tendrán las atribuciones de coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un Sistema Estatal de Información Educativa coordinado con el Sistema Nacional de Información Educativa, y coadyuvar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de ingreso y promoción en el servicio docente y de administración escolar.
Adicionalmente a las atribuciones exclusivas, las autoridades educativas federal y locales, de manera concurrente, deberán fomentar el consumo de alimentos saludables en las escuelas.
Se plantea como obligación de las autoridades educativas, establecer mecanismos de ingreso y promoción a la labor docente con base en la evaluación de conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas y, en su caso, desempeño profesional frente a grupo.
La Secretaría de Educación Pública, en el caso de los programas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán revisados y evaluados, al menos, cada cuatro años.
Se especifica que, quienes impartan educación inicial, deberán atender los requisitos pedagógicos que establezca la autoridad educativa Federal. Incorporan el concepto de personas con discapacidad en lugar de personas con capacidades diferentes. También incorporan el concepto de créditos académicos a los parámetros para establecer la equivalencia de estudios, a fin de facilitar cuando sea procedente el reconocimiento dentro y fuera del sistema educativo nacional.
De las Comisiones Unidas de Seguridad Social; de Trabajo y Previsión Social; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.
De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 20 y 20 bis y se adicionan un primer párrafo, recorriéndose los demás párrafos, y una fracción III Bis al artículo 1º de la Ley de Expropiación.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, INTERVINO EL SEN. RICARDO GARCÍA CERVANTES, POR LAS COMISIONES, PARA FUNDAMENTAR EL DICTAMEN.
FUE APROBADO POR 74 VOTOS; 2 ABSTENCIONES. SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
Con el dictamen propuesto se perfeccionan algunas disposiciones contenidas en la Ley de Expropiación vigente, a fin de establecer mejores condiciones para la ejecución de obras y proyectos gubernamentales que contribuyan al desarrollo del país y generen beneficios tangibles para la sociedad. Propone transformar en su totalidad el procedimiento expropiatorio por parte del Estado hoy vigente, para modernizarlo y hacerlo más expedito y eficiente, con el fin de que las dependencias y entidades que lo apliquen no encuentren en él un obstáculo para la ejecución de las obras y servicios que tienen a su cargo y el consiguiente ejercicio ágil del presupuesto de egresos.
Establece mecanismos para garantizar el mejor uso posible de los recursos públicos y que los proyectos de infraestructura se desarrollen en tiempo y forma, revisando todas las etapas de desarrollo de los proyectos, incluyendo lo relativo a los procedimientos de adquisición de los bienes inmuebles necesarios para su ejecución -el llamado derecho de vía- para lograr proyectos de mayor rentabilidad social y económica, y que no se incurra en retrasos y sobrecostos innecesarios.
El dictamen adecua la legislación federal en materia de expropiación tanto a los requerimientos actuales como a los nuevos criterios emitidos por el Poder Judicial. El nuevo procedimiento expropiatorio plantea separar en dos etapas dentro de un mismo procedimiento a la declaración de utilidad pública, por un lado, del acto expropiatorio en sí mismo, por el otro. De esta manera y conforme al nuevo procedimiento que se propone, las Secretarías de Estado emitirán en primer término una declaratoria de utilidad pública con fundamento en las causales previstas en la ley. Para ello deberá justificarse plenamente el costo-beneficio del proyecto que se pretenda ejecutar o la medida que se busque adoptar. A continuación, dicha declaratoria será notificada a los afectados, con el fin de respetar su garantía de previa audiencia. Así, los particulares tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos, aportar y desahogar pruebas y de presentar alegatos. Hecho lo anterior, la autoridad, resolverá si confirma, modifica o revoca su declaratoria de utilidad pública.
Esta resolución de la autoridad sólo podrá ser combatida a través del juicio de amparo. Ello no se traduce de forma alguna en una afectación a los derechos de defensa del particular, sino que contribuye a agilizar la decisión definitiva respecto de las pretensiones estatales sobre la propiedad privada y a otorgar mayor certeza al ciudadano.
El Ejecutivo podrá proceder a la emisión del decreto expropiatorio cuando la autoridad que conozca de la demanda de garantías no haya suspendido la ejecución de la declaratoria de utilidad pública. Esto es congruente con las reglas sobre suspensión del juicio de amparo y con los criterios sobre expropiación que ha emitido el Poder Judicial. Habiendo una declaración de utilidad pública, el Estado podrá proceder a expropiar los bienes necesarios para satisfacerla. Para ello, el Presidente de la República expedirá el decreto respectivo y la medida se notificará a los interesados. En esta fase del procedimiento expropiatorio y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27, fracción VI, de la Constitución, el particular sólo podrá inconformarse por el monto de la indemnización o cuestionar la titularidad del bien o derecho expropiado.
Se establece de manera expresa que la ejecución de la expropiación no podrá suspenderse por la interposición de algún medio de defensa, toda vez que, como se señaló, sólo se estaría cuestionando el monto de la indemnización o la titularidad del bien. En cuanto al monto de la indemnización, que deberá fijarse con base en el valor comercial del bien, como hasta ahora se viene haciendo. Tampoco se modifican las causas de utilidad pública vigentes, en virtud de que son adecuadas y se han ido complementando con las incorporadas en las leyes especiales. Se mantiene el derecho de reversión si el bien expropiado no se utiliza para los fines de utilidad pública dentro de los cinco años siguientes. Finalmente, se conserva el procedimiento sumario para cuestionar el monto de la indemnización.
Por otro lado, se mantiene el régimen vigente que regula de manera especial los casos de emergencia en los que, por las situaciones extraordinarias que se busca prevenir, solucionar o enfrentar, el Estado debe actuar de manera expedita y decidida. Tal es el caso, por ejemplo, de la atención de desastres naturales, la prevención o tratamiento de epidemias, los casos de guerra, la necesidad de abastecimiento de artículos de primera necesidad a la población o la protección de los recursos naturales. Asimismo, se adiciona la ley con la causal de utilidad pública propuesta por los autores de las iniciativas, consistente en la construcción de obras y prestación de servicios públicos que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de una concesión, contrato o cualquier acto jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables.
De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes y donación de órganos.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, INTERVINO EL SEN. GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ, PAN. EL PRESIDENTE INFORMÓ QUE LA INTERVENCIÓN ENTREGADA POR EL SEN. ERNESTO SARO SE INTEGRARÁ AL DIARIO DE LOS DEBATES.
FUE APROBADO POR 81 VOTOS; 3 ABSTENCIONES. SE TURNÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.
Propone establecer nuevas facultades para la Secretaría de Salud y para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en materia de trasplantes y donación de órganos. Crea los comités de coordinación para la donación de órganos y tejidos, de medicina transfusional y de trasplantes para los establecimientos de salud que realicen alguna de esas actividades. Asimismo, establece las condiciones para el traslado, manejo y la distribución de los órganos, así como las obligaciones y facultades en la materia, del Centro Nacional de Trasplantes.
De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 61 y se adiciona una fracción V al artículo 65 de la Ley General de Salud.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, EL PRESIDENTE INFORMÓ QUE LA INTERVENCIÓN ENTREGADA POR EL SEN. ERNESTO SARO SE INTEGRARÁ AL DIARIO DE LOS DEBATES.
FUE APROBADO POR 75 VOTOS; 1 ABSTENCIÓN. SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
Se propone que en la atención materno-infantil se incluya la estimulación temprana; y que las autoridades sanitarias, educativas y laborales en sus respectivos ámbitos de competencia apoyar y fomentar planes, programas y acciones encaminados a la estimulación temprana.
De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Salud.
EL PRESIDENTE INFORMÓ DE LA RESERVA AL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 28 BIS, POR PARTE DEL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO.
FUE APROBADO EN LO GENERAL POR 58 VOTOS; 17 EN CONTRA.
EL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO PRESENTÓ PROPUESTA DE ADICIÓN AL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 28 BIS, LA CUAL EL SEN. FRANCISCO ARROYO PUNTUALIZÓ Y FUE ACEPTADA POR LA ASAMBLEA. SE APROBÓ POR 64 VOTOS; 11 EN CONTRA.
Propone que los profesionales de la salud puedan prescribir medicamentos, ya sean los médicos, homeópatas, cirujanos dentistas, médicos veterinarios en el área de su competencia, y los licenciados en enfermería, facultando a estos últimos a prescribir medicamentos del cuadro.
Asimismo, deja claro que para la prescripción de medicamentos por parte del profesional de salud, deberá contar con cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes, permitiendo además, a los pasantes en servicio social, de cualquiera de las profesiones mencionadas, así como a los enfermeros, la potestad de prescribir, siempre y cuando se ajusten a las especificaciones que determine la Secretaría de Salud.
De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, EL PRESIDENTE INFORMÓ QUE LA INTERVENCIÓN ENTREGADA POR EL SEN. GUILLERMO TAMBORREL SE INTEGRARÁ AL DIARIO DE LOS DEBATES.
FUE APROBADO POR 70 VOTOS; 1 ABSTENCIÓN. SE DEVOLVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.
Propone establecer partes fundamentales de la definición prevista en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adiciona “vivir con alguna deficiencia temporal o permanente”, así como “pueda ver impedida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones al ejercer una o más actividades de la vida diaria”.
De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, FUE APROBADO POR 75 VOTOS. SE TURNÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.
Se aprueba la Minuta que contiene Proyecto de Decreto por el que se Adiciona una Fracción XXX al Artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. La minuta asigna como atribución de Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores establecer un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de días o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores.
De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que adiciona un artículo 19 bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, FUE APROBADO POR 74 VOTOS. SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
El dictamen plantea adicionar un artículo 19 bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a efecto de establecer la asistencia psicológica cuando padres de niñas, niños o adolescentes se encuentren separados o en situación de divorcio, y dicha asistencia tendrá por objetivo el sano desarrollo psicofísico del menor de edad. Para llevarlo a cabo el dictamen establece que la federación, los estados y el Distrito Federal, brindarán asistencia psicológica a niñas, niños y adolescentes cuyos padres se encuentren en situación de separación o de desintegración familiar. La asistencia psicológica estará a cargo de la autoridad en materia de asistencia social y tendrá por objetivo el sano desarrollo psicofísico del menor de edad.
Las comisiones dictaminadoras coinciden con los proponentes en la necesidad de prever desde la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el imperativo legal para que a las niñas, niños y adolescentes se les brinde ayuda psicológica en caso de separación de sus padres, por divorcio o por cualquier otra causa, considerando sobre ello la asistencia primordial en el caso de que exista una evento dentro de la familia que tenga como consecuencia la separación de los padres, estén o no unidos en matrimonio.
De la Comisión de Gobernación, el que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso al C. Juan José Sabines Guerrero para aceptar y usar la condecoración que le otorga el Gobierno de la República de El Salvador.
INTERVINO EL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, PT., QUIEN SOLICITÓ INCLUIR EN ESTA SESIÓN EL TEMA RELATIVO A LOS MINEROS DE CANANEA.
FUE APROBADO POR 64 VOTOS; 4 EN CONTRA; 2 ABSTENCIONES. SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, por el que se desechan dos proyectos de decreto de reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, FUE APROBADO POR 69 VOTOS; 2 ABSTENCIONES.
La propuesta contenida en las iniciativas es la de establecer la facultad y obligación que tendrían las Secretarías de Hacienda, de la Función Pública y de Economía para interpretar las disposiciones contenidas en las leyes reglamentarias referidas y de responder en un plazo de 30 días hábiles, las solicitudes de consulta que les sean planteadas por las dependencias, entidades de la administración pública y los particulares en los procesos de adjudicación de obras públicas y licitación de adquisiciones. Así como en el caso de no recibir respuesta a la consulta en la fecha límite prevista, o que la respuesta a la misma no le resulte satisfactoria, el particular podrá interponer una reclamación ante la misma autoridad.
Respecto a la obligatoriedad de responder consultas de los particulares en los procesos licitación de adquisiciones y obras públicas, las comisiones destacan que la garantía jurídica que motiva a la iniciativa, ya se encuentra contemplada en los ordenamientos actuales.
En lo referente al planteamiento, que daría al particular la capacidad de interponer una reclamación ante la autoridad en caso de no recibir respuesta a la consulta en la fecha límite establecida en la iniciativa previa (30 días) las comisiones destacan que existen ya medios de impugnación y recursos suficientes previstos en la legislación vigente para que los particulares se inconformen con resoluciones que la autoridad emita durante dichos procedimientos. Con base en lo anterior, las comisiones resuelven desechar las iniciativas con proyecto de decreto objeto del dictamen.
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 4 de la Ley de Comercio Exterior. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
Se propone adicionar dos párrafos al artículo 4° de la Ley de Comercio Exterior, para que el Poder Ejecutivo Federal someta a aprobación del Congreso de la Unión un informe detallado sobre el uso que haya dado a las facultades que la Ley le confiere en materia de comercio exterior.
Las dictaminadoras consideran previo análisis jurídico que, sería redundante establecer en una legislación secundaria el procedimiento de informe ya previsto en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, y que el Ejecutivo realiza anualmente al remitir el proyecto de Ley de Ingresos correspondiente, ya que la misma no puede ser superada o limitada por una ley secundaria, jurídicamente subordinada a la propia Constitución.
Por esas razones los integrantes de las comisiones, consideran que para actualizar la pretensión contenida en la iniciativa de vincular la validez de las medidas que el Ejecutivo tome en la materia de comercio exterior a la aprobación de las mismas por parte del Congreso, se requeriría de una reforma a la propia Constitución, toda vez que la contenida en esta propuesta para modificar a la Ley de Comercio Exterior no resultaría eficaz en los términos planteados.
Por lo expuesto en el dictamen, los senadores integrantes de las comisiones, consideran procedente desechar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona dos párrafos al artículo 4° de la Ley de Comercio Exterior.
De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo del artículo 111 y se deroga el numeral 45, segunda categoría, del artículo 226, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
La Iniciativa planteaba que el personal de las Fuerzas Armadas que hubiera adquirido el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida permaneciera en el Servicio Activo, esto es, que dicho padecimiento no constituyera una causal de retiro o baja por inutilidad, sino en todo caso, de cambio de área o adscripción de servicio, con base en las capacidades que conserve la persona más allá del padecimiento de la mencionada enfermedad.
Las comisiones que dictaminan estiman que las propuestas formuladas en la iniciativa, fueron plenamente consideradas e incluidas en el decreto que reformó la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Nacionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 2008 y proponen se de por concluido el procedimiento legislativo de la iniciativa en cuestión.
De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se deroga el numeral 45 de la Segunda Categoría del artículo 226 y se adiciona un nuevo numeral 19 a la Lista de Padecimientos, recorriéndose el subsecuente a 20, del artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
Las comisiones dictaminadoras estiman que las propuestas formuladas fueron plenamente consideradas e incluidas en el decreto que reformó la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Nacionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 2008. Y resuelven dar por concluido el procedimiento legislativo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el numeral 45 de la Segunda Categoría y se adiciona un numeral 19 recorriéndose el subsecuente al 20, de la Lista de Padecimientos contemplada en la Tercera Categoría, del artículo 226, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, presentada por el Sen. Sebastián Calderón Centeno, en virtud de que su materia ha quedado comprendida en el Decreto referido.
De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 36 y el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
SE DEVOLVIÓ EL EXPEDIENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN D) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.
La reforma de la fracción V del artículo 36 propuesta por la Minuta en estudio, que tiene por objeto incorporar a un representante del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República como integrante de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, se estima innecesaria, en virtud de que estas Comisiones Unidas consideran que no agrega valor al instrumento jurídico, no fortalece ni beneficia la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica y tecnológica.
Por otra parte con fecha 21 de agosto de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”. Estas reformas incorporaron en términos generales las modificaciones que se pretenden llevar a cabo por la Minuta al artículo 51 del citado ordenamiento, mediante las mismas se incorporaron los elementos normativos y las bases para hacer efectiva la vinculación y relaciones entre los centros de investigación y empresas que invierten en el desarrollo de bienes y servicios innovadores.
Con base en los argumentos anteriores las comisiones dictaminadoras resuelven desechar la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción V del artículo 36 y el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
La Iniciativa propone reformar el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, añadiéndole un segundo párrafo al artículo citado para establecer el reconocimiento por parte del Estado mexicano, del multiculturalismo, de la plurietnicidad de la sociedad mexicana, y que prohíba cualquier uso del determinismo genético para la formulación de políticas públicas que deriven en cualquier clase de discriminación eugenésica o racial dentro del territorio nacional.
Las dictaminadoras consideran que si bien la intención mostrada por el proponente es loable, carece de utilidad práctica, debido a que reformar el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación añadiéndole el párrafo propuesto, significaría aprobar la conjunción de preceptos cuya formación está enfocada a diferentes fines, en razón a que mientras la norma del artículo 4 de la Ley Federal materia de este dictamen es de carácter descriptivo, la propuesta es de carácter declarativo-social y declarativo-prohibitivo, por lo que no resulta viable ni lógica la mezcla de normas con diferentes objetivos, posteriormente estaríamos aceptando la posibilidad que el determinismo genético sólo puede ser materia de discriminación cuando se utilice en la creación de las políticas públicas, dejando fuera todos los demás aspectos en los cuales el determinismo genético pueda ser motivo de discriminación. Y por último la propuesta ciñe el alcance de esta ley respecto a sus beneficiarios, sólo a quienes sean considerados habitantes del territorio nacional, desamparando a todos aquellos que no tengan este carácter aunque se encuentren dentro del territorio nacional, y lo mas grave es que se estaría contraviniendo una de las disposiciones Constitucionales establecidas en el artículo 1 de nuestra Carta Magna.
Por las razones anteriores, se considera que la propuesta es inviable, toda vez que limitaría el alcance de lo que ya está dispuesto, además de ser contrario al sentido de la Ley Suprema y encontrarse dentro de una norma que no le corresponde, por lo que se resuelve desechar la Iniciativa.
De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 5 y se reforma el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.
De las Comisiones Unidas de Justicia, de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.
Del Sen. Ricardo Torres Origel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas Secretarías de Estado a incluir a la industria textil en el "Programa de Preservación del Empleo".
Del Sen. Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que cese el hostigamiento a las pequeñas y medianas empresas por adeudos con el IMSS, así como para definir acciones efectivas de mejoramiento de los servicios de ese instituto.
De los Senadores Adolfo Toledo Infanzón, Ramiro Hernández García, Antonio Mejía Haro y Rubén Fernando Velázquez López, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a LICONSA para que revierta su decisión de adquirir el litro de leche a un precio de $3.90 y realice un esfuerzo para incrementar el precio del mismo.
Del Sen. Heladio Ramírez López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo de la Federación la regulación estricta del ingreso de leche y productos lácteos importados, la fijación de un precio justo a la leche de vaca y la elaboración y publicación de normas oficiales mexicanas que regulen la producción y venta de yogures, quesos y demás productos lácteos.
Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a cumplir con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo que se refiere a la adquisición de papel reciclado y libre de cloro para uso de oficinas por parte de la administración pública.
De los Grupos Parlamentarios, en relación al conflicto laboral en la empresa Minera de Cananea.
CONSIDERADO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
Del Sen. Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales intervenga, a través de la información que le proporcione el Servicio Meteorológico Nacional, en el proceso de establecimiento, ajuste o reestructuración de las tarifas del servicio eléctrico.
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CONJUNTAMENTE CON LAS COMISIONES DE VIVIENDA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL.
Propone Establecer claramente el orden público de la Ley y devolver al Instituto su carácter de “organismo descentralizado, no sectorizado, de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio; establece medidas legislativas que protegen a los grupos de población más vulnerables, al señalar que deberá mantener los créditos y el costo que generen, baratos en relación con el mercado financiero, en un grado tal que permita, a sus derechohabientes, acceder a ellos sin restricciones por su nivel de ingresos, situación laboral y condición social, verificando que el costo de las viviendas, objeto de los créditos, así como los servicios, se apeguen a los costos de producción y no encubran ni distorsionen el valor real. Así mismo combatirá las prácticas monopólicas.
Define nuevas reglas para la democratización de la Asamblea General y los órganos internos del Instituto; establece que la administración y operación del Fondo nacional de vivienda y el instituto mismo, deberán regirse bajo una política de austeridad; propone a la Producción Social de vivienda, como política rectora para la atención de las necesidades habitacionales de los trabajadores con menores ingresos, al establecer que deberá regirse bajo los preceptos del sistema de seguridad social, procurando para el trabajador, el mejoramiento de su hábitat y la formación del patrimonio familiar a través de créditos accesibles para los derechohabientes, en el marco del trabajo y la previsión social contempladas en la Ley Federal del Trabajo y en esta Ley.
Establece al INFONAVIT la obligatoriedad de sujetarse a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con la finalidad de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información; y establece que el Instituto deberá desarrollar sus actividades dentro de una política integrada de vivienda y desarrollo urbano sustentable; e impulsa una política de planeación tendiente a lograr un manejo adecuado del territorio y sus recursos naturales.
De los Senadores Gerardo Montenegro Ibarra, Jorge Mendoza Garza y Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 4 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y se adiciona una fracción XXIX al artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Propone, que con el fin de proteger a los creadores de cultura, a los artistas, eximiéndolos del pago del Impuesto Empresarial a Tasa Única por los ingresos percibidos por los autores personas físicas que han creado una obra literaria y artística siendo reconocidas como tales, las obras de las siguientes ramas: Literaria; Musical, con o sin letra; Dramática; Danza; Pictórica o de dibujo; Escultórica y de carácter plástico; Caricatura e historieta; Arquitectónica; Cinematográfica y demás obras audiovisuales; Programas de radio y televisión; Programas de cómputo; Fotográfica; Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y de compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual. Así como las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza.
Para establecer concordancia con la propuesta se reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en los mismos términos.
De los Senadores Gerardo Montenegro Ibarra, Francisco Herrera León y Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
Plantea la incorporación de la modalidad de escuelas de tiempo completo en la fracción V del artículo 3 Constitucional, para que sea reconocida como competencia del Estado y así, acceder a un nuevo paradigma mundial. Propone la incorporación de escuelas de tiempo completo a nivel escolar básico, que más que un modelo educativo, constituya una reforma integral para subsanar los rezagos que persisten en la formación de la población mexicana, a través de la implementación de un aprendizaje avanzado, homogeneizado el cual contribuya a la reducción de la desigualdad educacional.
En forma transitoria la iniciativa establece que los presupuestos federales, estatales y del Distrito Federal incluirán los recursos necesarios para: la adecuación, ampliación y equipamiento de la infraestructura suficiente para la cobertura progresiva de los servicios de escuelas de tiempo completo en la educación básica obligatoria, con sus correspondientes programas de formación profesional del personal docente.
Del Sen. Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 11 y un Capítulo VI, a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
Propone la creación de un espacio virtual de acceso público a las más variadas expresiones culturales, sean éstas literarias, pictóricas o musicales, a través de un portal electrónico oficial que será un aliciente para cualquier joven y, a la postre, un referente obligado en cualquier institución educativa del país, pues en ocasiones será una biblioteca personal del joven de bachillerato o Universidad, pero en otras hará las veces de espacio de entretenimiento para niños de primaria y secundaria.
Este modelo cultural sería creado y administrado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), a fin de contribuir a facilitar el acceso de los ciudadanos a las diferentes expresiones culturales producidas en nuestro país. Para tal efecto, el CONACULTA podrá suscribir convenios con todas las Universidades y bibliotecas del país a fin de incrementar y enriquecer el acervo cultural del portal electrónico de difusión cultural oficial.
El portal electrónico de difusión cultural oficial será una biblioteca virtual que promoverá el acceso y la divulgación del conocimiento, así como de cualquier expresión cultural y científica.
Los libros editados en México en los términos del artículo 21 de esta Ley estarán disponibles en el portal electrónico de difusión cultural oficial.
A fin de cumplimentar el servicio ofrecido por el portal electrónico de difusión cultural oficial, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes podrá suscribir convenios con Bibliotecas y Universidades, nacionales o extranjeras. El servicio ofrecido por portal electrónico de difusión cultural oficial garantizará el fomento a la cultura del respeto a los derechos de autor.
La propuesta señala que el servicio del portal electrónico de difusión cultural será gratuito en todo momento.
Del Sen. Carlos Lozano de la Torre, PRI, con proyecto de decreto que reforma los artículos 87-B y 87-D y se derogan los artículos 87-C y 87-J de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.
Del Sen. Rubén Camarillo Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con el nombramiento del C. Carlos Francisco Arce Macías, Cónsul General de México en Hong Kong, República Popular China.
LA PRESIDENCIA FORMULÓ EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, Y DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO.
Una, por el que se crea el Grupo de Trabajo para dar seguimiento a la situación de los mexicanos presos en las cárceles de los Estados Unidos de América.

References: artículo 5
 artículo 33
 ARTÍCULO 214
 artículo 72
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 168
 artículo 168
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 59
 artículo 107
 artículo 165
 artículo 85
 artículo 1350
 artículo 1350
 artículo 1350
 artículo 1069
 artículo 1069
 artículo 3
 artículo 85
 artículo 3
 artículo 85
 artículo 42
 artículo 84
 artículo 84
 artículo 84
 artículo 4
 artículo 73
 artículo 37
 artículo 1
 resolución 
 artículo 27
 artículo 61
 artículo 65
 artículo 28
 ARTÍCULO 28
 ARTÍCULO 28
 artículo 29
 ARTÍCULO 72
 artículo 1
 artículo 28
 Artículo 28
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 111
 artículo 226
 artículo 226
 artículo 226
 artículo 226
 artículo 36
 artículo 51
 ARTÍCULO 72
 artículo 36
 artículo 51
 artículo 36
 artículo 51
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 27
 artículo 4
 artículo 109
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 21