Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=71656
Timestamp: 2017-12-14 02:06:45+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/2SPR-9/71656
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
SYNOPSIS: The initiative proposes to increase from two to three mandatory debates among citizens to the Presidency of the Republic, two will be organized by the General Council and one by a Citizens Committee. It points out that the Citizens Committee will define the rules and format of the third obligatory debate, respecting the principle of equity and plurality among the candidates. The rules and formats agreed upon by the Committee should promote a dynamic debate that encourages the exchange of ideas, the presentation of proposals, plurality, tolerance and the vision of the candidates regarding the topics to be debated.
The Citizen Committee shall be composed of 5 citizens, who do not belong or belong to any political party, nor have they held any office of popular election. The position as member of the Committee will be honorary.
The formation of the Citizen Committee should guarantee the representativeness and balance of all social sectors, civil society organizations and academics.
In the transitional provisions, the General Council shall define the methodology for selecting the members of the Citizens' Committee, taking into account the principles of legality, objectivity, professionalism, honesty, loyalty, impartiality, integrity, independence, impartiality, maximum publicity and gender.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al tenor de la siguiente:
En una democracia representativa por medio de elecciones libres, periódicas y auténticas los ciudadanos eligen a otro ciudadano para que los gobierne, durante todo este proceso confluyen diversos factores con el objetivo de elegir al idóneo para la mayoría, el cual los gobernará. Es así que la participación ciudadana y el debate público son dos de los principales motores de una democracia representativa, el interés del ciudadano por la vida pública genera la circulación de ideas y una retroalimentación de la información.
El debate político es uno de los factores que influyen en latoma de decisión de los votantes durante la jornada electoral, es por ese motivo que resulta pertinente analizar sus características y desarrollo. Un debate político se construye mediante la exposición de propuestas y el intercambio de opiniones a partir de la ideología de cada candidato a un cargo de elección popular, este ejercicio complementario, pone a disposición dela ciudadanía las plataformas electorales y los programas políticos que funcionan como información valiosa y necesaria para que ejerzan su voto de manera razonada e informada.
El problema del debate en los procesos electorales radica en la manipulación de estos para convertirlos en una herramienta estratégica de contienda, donde predomina el ataque y descalificaciones entre los candidatos, sobre las propuestas y el intercambio de ideas, la cobertura mediática influye especialmente en las formas dedirigir mensajes a la audiencia; sin embargo, los formatos que se acuerdan están en función de las necesidades de los candidatos y no del interés público.
En el ideal, el debate forma parte de los instrumentos que ayudanal electorado y a quienes participan en él, para evaluar las opciones políticas, las alternativas de proyectos, contrastar ideas y así poder tomar un valor imprescindible a la hora de emitir un voto. En México, el debate se ha convertido en el cimiento del derecho a la información dentro de las campañas políticas, consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el inicio de los debates, las campañas diversificaron los mecanismos para hacer llegar propuestas a los ciudadanos, que se basaban esencialmente en mítines, pancartas y spots; sin embargo, ya era insuficiente para poder llegar a todos los electores o a un sector que necesitaba profundizar en cada plataforma electoral.
No se puede imaginar una democracia sin la discusión y el pluralismo de ideas, no tener este intercambio estancaría el diálogo incentivando las decisiones unilaterales, bajo la premisa de que se vive en un país que consagra en su Carta Magna el derecho a la información, es necesario que los procesos electorales den un paso hacia la difusión clara de las propuestas y el contraste de perfiles, de quienes estarán contendiendo por ocupar un cargo que constantemente se enfrentará a latoma de decisiones que afectarán a la sociedad en general.
México inició los debates entre candidatos a la Presidencia de la República en 1994, antes de ese año el partido hegemónico hacía intrascendente las discusiones entre contendientes. “Así el 11 y 12 de mayo de 1994 se llevaron a cabo los primeros debates entre los candidatos a Presidente de la República [...].En el segundo, se presentaron los candidatos de los partidos más conocidos: Ernesto Zedillo Ponce de León del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Diego Fernández de Cevallos del Partido Acción Nacional (PAN) y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano del Partido de la Revolución Democrática (PRD)”. [*]
La principal crítica que se recibió en aquel debate, fue la poca apertura que se dio para todos los candidatos, ya que sólo se realizó con los tres punteros del proceso electoral; no obstante, ese ejercicio significó la punta de lanza para que en todos los procesos venideros se llevarán a cabo debates entre los candidatos a la Presidencia de la República. Históricamentedicha práctica se ha llevado a cabo desde la perspectiva electoral, de forma innovadora; sin embargo, en términos de la legislación aún se percibe un estancamiento y poca apertura para la vanguardia de una democracia representativa plural.
Dicho lo anterior, es oportuno apuntar que “en 1987 se reformó el Código Federal Electoral para establecer en su artículo 57 que los partidos políticos podrían participar conjuntamente en un programa especial [...]. Esta disposición no se aplicaba a los procesos electorales ni a los candidatos, ya que sólo se abría a los partidos; sin embargo, configura el inicio de una democracia deliberativa y de una mayor inclusión del ciudadano en la vida política”. [*]
Para 1990 el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), repetía la disposición anterior en el quinto párrafo de su artículo 44; es decir, para el primer debate de 1994 no se disponía de sustento legal para llevar a cabo con certidumbre un ejercicio transcendental para la vida democrática del país. Fue hasta 1996 cuando el COFIPE fue reformado para incluir los debates políticos, adicionando el artículo 190, con un párrafo sexto que disponía: “El Instituto, a petición de los partidos políticos y candidatos presidenciales que así lo decidan, organizará debates públicos y apoyará su difusión”. Observando lo anterior se puede aclarar que se instauró en la norma electoral la organización de los debates, pero no se hicieron de carácter obligatorio, dejando la decisión de organizarlos por el acuerdo de los partidos políticos y el Instituto. Otro punto a señalar es la exclusividad de los debates para los candidatos a la Presidencia de la República y no para los demás cargos de elección popular.
La verdadera regulación para los debates políticos se originó en el 2007,año en el que se reformó el artículo 70 del COFIPE para quedar en los siguientes términos: [*]
Artículo 70. 1. Con motivo de las campañas para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto coordinará la realización de dos debates entre los candidatos registrados a dicho cargo, conforme a lo que determine el Consejo General.
2. Los debates serán realizados en el día y hora que determine el Consejo General, escuchando previamente la opinión de partidos políticos. En todo caso, el primer debate tendrá lugar en la primera semana de mayo, y el segundo a más tardar en la segunda semana de junio del año de la elección; cada debate tendrá la duración que acuerde el Consejo General.
5. Las reglas para los debates serán determinadas por el Consejo General, escuchando previamente las propuestas de los partidos políticos.
6. El Instituto informará, enel tiempo de radio y televisión que para sus fines tiene asignado, la realización de los debates a que se refiere el presente artículo.
Como se acaba de mencionar, la reforma electoral del 2007 es considerada de gran trascendencia por institucionalizar el debate en las contiendas electorales, en virtud de que el legislador determinó una nueva configuración de estos procesos a nivel federal. Asimismo, se estableció que las entidades federativas tenían que homologar sus normas al nuevo modelo. En 2012 la reforma fue aplicada por vez primera para las elecciones a Presidente de la República de ese mismo año, lo que dio lugar a impugnaciones de diversos partidos políticos y candidatos, que dieron mayores propuestas de cómo organizar los debates políticos.
Unos de los juicios que tuvo que resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fue el promovido por el Partido de la Revolución Democrática y el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador de la coalición “Movimiento progresista”, quien solicitó al Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) que autorizara la celebración de 12 debates temáticos, trasmitiéndolos en tiempos asignados por el Estado.
El TEPJF determinó que no existía obstáculo legal para que los candidatos realizaran más de dos debates durante la campaña electoral y que la expresión “dos debates” no determinaba un acto de inconstitucionalidad, en virtud de la libertad de expresión, aunque es un derecho humano consagrado en el artículo sexto constitucional, también éste no es un derecho ilimitado. [*] Sin embargo, el Tribunal falló a favor del IFE al asegurar que es competencia del Consejo General establecer las reglas de los debates, provocando el descontento de algunas fuerzas políticas y un retroceso para la innovación de los formatos, sujetando los acuerdos a intereses electorales exclusivos de los candidatos.
Ese mismo año, el IFE “emitió los lineamientos para los debates y estableció que tenían que realizarse dos entre los candidatos a la Presidencia, pudiendo organizarse más de existir un acuerdo entre los candidatos registrados y los partidos políticos [...]. Asimismo, se invitó a los medios de comunicación, las instituciones académicas y otras personas físicas y morales a promover libremente la realización de debates públicos, siempre y cuando se convocara a todos los candidatos”. [*]
Los debates del 2012 se caracterizaron por la organización del IFE y su iniciativa de formar una comisión especial, en la cual junto con representantes de los candidatos, acordaron su formato. Empero, fue muy rígido, aunada a una pobre intervención de los candidatos, quedando en duda la efectividad de las reglas y formatos adoptados. Fue evidente que era necesario la intervención de la sociedad civil para ofrecer diferentes propuestas de cómo llevar a cabo estos ejercicios de deliberación de ideas.
Paralelamente al desarrollo del proceso electoral de ese año, un grupo de jóvenes autodenominados#YoSoy132 organizó un debate con los principales candidatos a la Presidencia de la República, dejando claro que era posible organizar un evento democrático sin el respaldo de los medios de comunicación tradicionales o del Instituto. La dinámica fue acercar a los candidatos a preguntas de la sociedad civil, lo cual predominó sobre los señalamientos personales y las descalificaciones entre candidatos, dejando un precedente para que en futuros procesos electorales fuera la ciudadanía quien tomarala decisión sobre los formatos y reglas que deberían seguir.
Como se menciona, la evolución de la legislación en materia de debates políticos, prevé su realización solo por las entidades administrativas electorales, ya sea federal o local, encuadrando una clara deficiencia sobre las necesidades de los electores y la comprensión que tienen estos ante las propuestas de los candidatos.
En efecto, hubo avances en el proceso electoral del 2012, con los acuerdos del IFE y la creación de un Comité Técnico para la realización de los debates, con esto se dio un paso por la institucionalización en la organización de dichos ejercicios democráticos; sin embargo, aún se está ante la preeminencia de que los partidos políticos quienes influyen en cómo se deberían desarrollar estos ejercicios deliberativos.
En el derecho comparado, en materia de debates entre candidatos a cargos de elección popular, se puede analizar el caso de Estados Unidos de América, donde la organización de debates es llevada a cabo por un Comité Independiente Ciudadano, lo cual les ha permitido ampliar su criterio sobre la pluralidad de ideas y la tolerancia entre sus electores y posibles votantes. Con éxito, desde 2004 la Comisión de los Debates Ciudadanos, [*] tuvo la finalidad de que el control de los debates lo asumiera un órgano independiente y apartidista, lo que ha llevado a este país a consolidar su democracia.
En los últimos años, la figura de Comités Ciudadanos se ha empleado de distintas maneras y materias, pero su principal función es empoderar al ciudadano e incluirlo en la toma de decisiones, tal es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, en el cual se dispuso la creación de un Comité de Participación Ciudadana, que por la naturaleza del tema, era necesario que lo integraran especialistas en trasparencia y combate a la corrupción.
Sin embargo, tratándose de elecciones y un voto informado, la ciudadanía podría tener una verdadera representatividad mediante un Comité Ciudadano encargado de definir las reglas de los debates que decidirán la preferencia del voto.
Con base en la evolución histórica de la legislación electoral de México y experiencias efectivas en otros países, se plantea reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para robustecer los pilares democráticos que deben cumplir los procesos electorales y las herramientas que se utilizan para hacer llegar la información a los ciudadanos, es por ello que la presente iniciativa propone que se lleven a cabo 3 debates obligatorios para los candidatos a Presidente de la República. Dos serán organizados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El tercer debate lo organizará un Comité Ciudadano, quien establecerá las reglas y formatos, el Comité debe garantizar la representatividad y equilibrio de todos los sectores sociales, pues de manera enunciativa pero no limitativa, se debe dar acceso a los sectores: indígena, obrero, campesino, sindical, empresarial, de jóvenes y disidencia sexual, así como a las organizaciones de la sociedad civil y académicos.
El pueblo como fuente inalienable de todo poder público, debe ser escuchado y atendido, en este sentido es que se plantea que sean ellos quienes organicen un debate para los candidatos a Presidente de la República, con esto se fortalecerá la democracia, pues la ciudadanía al conocer que será un Comité Ciudadano quien organice un debate, se involucraran más en la toma de decisiones y debates públicos, logrando tener un gobierno de opinión.
Los debates son de gran relevancia para los candidatos durante sus campañas políticas y para los ciudadanos como la manera más importante y efectiva demantenerse informados de sus propuestas a fin de tener un voto plenamente consciente e informado. Por esta razón, es necesario fortalecer al debate como mecanismo ciudadanopara acceder a las distintas plataformas políticas con una constante retroalimentación y libertad de expresión.
“Una sociedad democrática es una comunidad que se funda en la comunicación entre poderes públicos, los entes políticos y la población en general”. [*] Por lo tanto, los debates políticos deben responder a las necesidades de todos, siempre enfocando la pluralidad de ideas y el respeto a los distintos puntos de vista, con la presente iniciativa se pretende dejar atrás el tradicional monólogo de los candidatos, para establecer un nuevo sistema de dialogo e intercambio de ideas entre los actores políticos.
Se busca formatos menos rígidos que permitan una comprensión más real de las propuestas y de los candidatos por parte de los ciudadanos, además, que entre los contendientes se tenga una mayor confrontación de ideas a fin de cumplir con el principal objetivo de los debates políticos: el derecho a la información de todos los ciudadanos.
ÚNICO.-Se REFORMA el artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Se llevarán a cabo tres debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República, dos serán organizados por el Consejo General y uno,por un Comité Ciudadano; se promoverá a través de los consejos locales y distritales, la celebración de debates entre candidatos a senadores y diputados federales.
Para la realización de los debates:
El Consejo General definirá las reglas de los dos primeros debates, así como las fechas y sedes de los tres debates obligatorios, respetando el principio de equidad entre los candidatos.
El Comité Ciudadano definirá las reglas y el formato del tercer debate obligatorio, respetando el principio de equidad y pluralidad entre los candidatos.
Las reglas y formatos que acuerde el Comité deberán promover un debate dinámico, que incentive el intercambio de ideas, la exposición de propuestas, la pluralidad, la tolerancia y la visión de los candidatos respecto de los temas a debatir.
El Comité Ciudadano estará integrado por 5ciudadanas yciudadanos, que no pertenezcan ni hayan pertenecido a algún partido político, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular. El cargo como integrante del Comité será honorífico.
Segundo. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá emitir la convocatoria para elegir a los integrantes del Comité Ciudadano, al mismo tiempo que dé inicio el proceso electoral para Presidente de la República, con el objeto de realizar una amplia consulta pública nacional dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes y deberá ser instalado 30 días después de emitida la convocatoria.
El Consejo General definirá la metodología de selección de los integrantes del Comité Ciudadano tomando en cuenta los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y de paridad de género.
Tercero. El Comité Ciudadano se reunirá en los tiempos dispuestos por el Consejo General para la organización del tercer debate.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 24 días del mes de mayo de 2017.
1. El Consejo General organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República y promoverá, a través de los consejos locales y distritales, la celebración de debates entre candidatos a senadores y diputados federales.
2. Para la realización de los debates obligatorios, el Consejo General definirá las reglas, fechas y sedes, respetando el principio de equidad entre los candidatos
Se llevarán a cabo tres debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República, dos serán organizados por el Consejo General y uno, por un Comité Ciudadano; se promoverá a través de los consejos locales y distritales, la celebración de debates entre candidatos a senadores y diputados federales.
a) El Consejo General definirá las reglas de los dos primeros debates, así como las fechas y sedes de los tres debates obligatorios, respetando el principio de equidad entre los candidatos.
b) El Comité Ciudadano definirá las reglas y el formato del tercer debate obligatorio, respetando el principio de equidad y pluralidad entre los candidatos.
[*]Otálora, Janine Madeline. “Debates políticos y medios de comunicación”, TEPJF, consultado el 13 de mayo de 2017, [en línea], disponible en: http://www.trife.gob.mx/sites/default/files/45_debates.pdf
[*] “Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales” (Abrogado 23/05/2014), consultado el 14 de mayode 2017, [en línea], disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipe_2008/COFIPE_abro.pdf
[*]Óp. Cit. Otálora, Janine Madeline.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=71656

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 ARTÍCULO 218
 artículo 6
 artículo 57
 artículo 44
 artículo 190
 artículo 70

Artículo 70
 artículo 218