Source: http://justiciabol.blogspot.com/2015/11/
Timestamp: 2019-12-15 13:31:38+00:00

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Justicia en Bolivia: November 2015
Viceministro detalla las falencias El 73% del dinero del Órgano Judicial se va a cargos burocráticos
El 73% de los recursos económicos que maneja el Órgano Judicial se destinó a la creación de puestos burocráticos, reveló ayer el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, en entrevista con la red ERBOL.
"Según datos del Consejo de la Magistratura, el 73% del presupuesto del Órgano Judicial se gastó en contratación de personal, ni siquiera en nuevos jueces, sino que se engordó enormemente la burocracia administrativa. Eso es por el irresponsable gasto del Órgano Judicial”, informó ayer Jiménez a la radioemisora.
Por ello -según la autoridad- la transformación de la justicia no pasa sólo por un incremento del presupuesto, sino por una estrategia de cuál será la mejor manera de invertir ese dinero.
Aunque los recursos destinados a este estamento subieron considerablemente, de 33 millones de bolivianos, en 2004, a 195 millones, en 2014, aún son reducidos si se considera que corresponden al 0,4% del presupuesto general del Estado.
Por otra parte, Jiménez explicó que la retardación de la justicia y la corrupción tienen su origen principalmente en la sobrecarga procesal, ligada a una cultura de querer iniciar procesos por cualquier cosa. "Me has mirado feo y te inicio un proceso”, ejemplifica.
Esto origina que los operadores de justicia opten por dar prioridad a los procesos por los que reciben algo a cambio y dejan en el olvido a los otros.
La solución, dice el viceministro, pasa por diferenciar entre faltas y crímenes. La Fiscalía sólo debía participar en los crímenes y no perder tiempo en casos de bagatela que deberían resolverse en una sola audiencia.
Flores y Andrade no están en el TCP desde 4 de noviembre
Ruddy Flores y Neldy Andrade, integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional, no se encuentran en la sede de sus funciones desde el 4 de noviembre, es decir 12 días antes de que otros dos magistrados viajaran a China para un curso.
El periódico digital Oxigeno.bo conoció de fuentes informadas que ambos magistrados dejaron el país mucho antes que Efrén Choque y Mirtha Camacho que también se encuentran fuera del país desde el 16 de noviembre. De acuerdo con la información ofrecida por el Tribunal Constitucional, los cuatro magistrados están participando de un curso de capacitación en el gigante asiático.
Flores y Andrade constituyen la Sala Tercera y prácticamente se quedó sin quórum desde el 4 de noviembre, lo que impide que se resuelvan muchos recursos que llegan hasta ese despacho.
Sobre esta situación, opositores y oficialistas cuestionaron duramente el papel de los tribunos.
Según la información, los magistrados viajeros volverán a la sede de sus funciones el 15 de diciembre, lo que significa que reanudará su trabajo después de un viaje de más de 40 días. /Oxígeno.
830 JUECES
En Bolivia, hay al menos 830 jueces distribuidos en los nueves distritos judiciales y sumando a los vocales superan los 1.000. De ellos, el 80% pertenecen a la antigua carrera judicial, según el Consejo de la Magistratura.
Desde hace casi cuatro años, la carrera judicial en Bolivia está paralizada. La transición en la justicia se prorrogó más de lo debido, la Ley 025 establecía sólo dos años, lo cual perjudica en el proceso de reformas en la justicia, según advierten los entendidos en materia judicial: Si no hay carrera judicial está paralizada la selección de juzgadores por méritos, la capacitación continua, evaluación de desempeño, la estabilidad laboral, una buena remuneración y presupuesto.
La situación es similar en toda la región, las reformas judiciales en algunos países muestran resultados, en otros avanzan lentamente pero todavía no convencen sobre todos los usuarios que sufren un vía crucis al acudir a las instancias judiciales porque no hay garantías de un debido proceso.
En Bolivia, la disposición transitoria tercera de la Ley 025 del Órgano Judicial, establece un proceso de transición máximo de dos años para que los distintos códigos que rigen la administración de justicia sean modificados para adecuarse a esta Ley y sean aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entre tanto, todos los cargos son considerados transitorios.
Además, esta ley, en su artículo 235, establece la carrera judicial para garantizar la continuidad y permanencia de juezas y jueces en el desempeño de la función judicial, en tanto demuestre idoneidad profesional y ética, además de ser evaluado positivamente.
El Consejo de la Magistratura concluyó con la elaboración de los reglamentos de la carrera judicial pero no la puede implementar.
El consejero Wilber Choque admite que hay temas pendientes en el Órgano Judicial boliviano como el inicio de la carrera judicial, la institucionalización de los cargos que no avanzaron debido a la falta de implementación de los nuevos códigos que responden a la nueva realidad del país y se sigue en una fase de transición.
“La carrera judicial es el fundamento de la independencia judicial”, asegura el presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Gustavo Jalkh, que fue expositor en el seminario internacional sobre modelos de gestión judicial en Latinoamérica recientemente realizado en Sucre.
Según el experto, si bien la carrera judicial no garantiza el 100% de éxito en el servicio judicial, reduce el riesgo de tener malos jueces a través de una evaluación de desempeño, el sistema de régimen disciplinario y en caso de su país, incluye el sistema de queja del usuario para corregir algunos males.
La experiencia ecuatoriana sobre modelos de gestión judicial, según Jalkh, fue pensada en función al usuario y al funcionario. En cuanto a infraestructura, se construyó ambientes pensando en el usuario no tanto en el funcionario, porque antes con los pocos recursos económicos se hacían grandes y cómodas oficinas para los funcionarios y espacios reducidos para los usuarios.
El funcionario dijo que el juez no requiere de mucho espacio, unos 15 metros cuadrados es suficiente, porque no recibe a los usuarios por prohibición legal.
La carrera judicial es esencial y, quizá, lo más importante sostiene Jalkh que también es miembro directivo de la Universidad Andina Simón Bolívar.
“En la formación inicial y formación continua se juega la independencia, porque la justicia real requiere tener jueces probos y capacitados que no le deban su cargo sino a sus méritos, que pasaron por un proceso de concurso con participación e impugnación ciudadana. Con sus méritos ingresó a la escuela, salió de la misma y está suficientemente capacitado”, recalca.
La carrera judicial si bien no asegura el 100% de éxito en el servicio judicial, pero sí reduce el riesgo de tener malos jueces.
La carrera judicial que no tiene ingreso meritocrático, estabilidad y buena remuneración, capacitación continua, evaluación de desempeño y régimen disciplinario, es incompleta, asegura Jalkh. “Si hay estabilidad y buena remuneración sólo es para el funcionario y no para el usuario; si sólo hay régimen disciplinario y evaluación de desempeño sin estabilidad laboral ni buenos sueldos, sólo se piensa en el usuario y no en el funcionario y esto afecta a la calidad del servicio”, explica.
En la experiencia ecuatoriana, dijo que con la puesta en vigencia de la carrera judicial, con la evaluación de desempeño cuantitativo y cualitativo, aumentó tres veces la productividad de los jueces en cuanto a sentencias.
Con el viejo sistema, ocho jueces producían 15 sentencias al mes y el promedio general del tiempo de tramitación era de 191 días en caso de delitos flagrantes. Pero después de las reformas judiciales que incluyen un nuevo modelo de gestión, los mismos ocho jueces producen 38 sentencias al mes y el promedio de trámite se redujo a 75 días.
También implementaron el juicio directo en delitos flagrantes en penas menores a cinco años, en los que el juez puede sentenciar en 25 días; el juicio directo no depende del imputado como en los juicios abreviados o simplificados en los que el acusado tiene que declararse culpable y allanar el juicio.
Otro de los resultados de una carrera judicial es que revirtieron las estadísticas sobre los detenidos preventivos y los que tienen sentencia. Antes de las reformas, sólo el 30% de los reclusos tenía sentencia frente a un 70%, ahora es al revés, el 70% tiene sentencia y el 30% espera juicio.
La autoridad destacó que esto permitió que Ecuador logre las tasas más bajas de América Latina en cuanto a población penitenciaria porque el sistema procesal penal aumentó en productividad.
Permitió también reducir la estadística de homicidios; antes se daban 25 homicidios por cada 100 mil, ahora sólo ocho.
En Bolivia se mantiene la cifra de un 70% de detenidos preventivos y sólo un 30% con sentencia.
En cuanto a presupuesto, por la conformación del Consejo de la Judicatura con representación de los órganos del Estado, se logró un presupuesto superior al 8% con el que se construyeron infraestructuras y actualmente tienen asignado un 4%; hasta hace algunos años, el presupuesto era menos del 1%.
A diferencia de Ecuador, las limitaciones presupuestarias en la región son similares, Bolivia tiene menos del 1% del Presupuesto General de la Nación.
En Bolivia, el abogado consultor internacional en asuntos de gobernabilidad y democracia en América Latina, Eddie Cóndor, le recordó al presidente Evo Morales, que la crisis judicial es el talón de Aquiles de su proceso. En diez años de Gobierno, iniciado en 2006, el presupuesto del Órgano Judicial se redujo de casi 2% a menos del 1% y en propaganda estatal Bolivia gasta más del 3% del Presupuesto General del Estado.
República Dominicana tiene 10 millones de habitantes y 700 jueces, por problemas presupuestarios no se ponen en marcha otros tribunales judiciales. Si bien hay una ley que establece un presupuesto de 2.66% (unos $us 250 millones) de los ingresos netos, no se cumple y se asigna sólo $us 120 millones, señala el magistrado Francisco Alberto Arias, juez de primera instancia del Poder Judicial dominicano.
En Guatemala, para 15 millones de habitantes hay 800 jueces y tienen más de 10.000 funcionarios de apoyo, la mayor parte del presupuesto se destina a funcionarios de apoyo y administrativos, asegura el Gerente de Recursos Humanos del Órgano Judicial, Luis Adolfo López.
Para el representante del Poder Judicial de Paraguay, Juan Ramón Bueno Jara, en cuanto a modelos de gestión judicial en la región hay países más avanzados y otros atrasados, pero ninguno se liberó de la corrupción de algunos malos jueces.
“Si hay malos jueces es porque los consejos de la judicatura o los consejos de la magistratura no estamos haciendo bien nuestro papel”, sostiene.
El Consejo de la Magistratura recibió cuestionamientos por el proceso de selección de jueces y de conciliadores en medio de sindicaciones de corrupción que aún siguen en investigación en la Fiscalía.
La consejera de la Magistratura Willma Mamani asegura que la Sala Plena designó al 20% de los más de 830 jueces a nivel nacional, el resto es parte del anterior sistema y asegura respetaron los mejores puntajes de los postulantes. Agregó que la carrera judicial no entra en vigencia precisamente por la resistencia de los propios jueces.
Ante los últimos cuestionamientos al proceso de selección de jueces, el consejero Wilber Choque propone nuevas reglas que complementen al actual sistema por concurso de méritos, examen de competencia y designación, incluir una entrevista pública por autoridades de la universidad y el foro de abogados. Todas las reformas se definirán en la Cumbre Judicial.
Supremo pide revisar ley del Órgano Judicial
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, propone revisar la ley 025 de Organización Judicial, porque con la antigua ley la elección de jueces comenzaba en el extinto Consejo de la Judicatura que evaluaba y calificaba, pero la designación estaba en manos de los tribunales departamentales de cada distrito. “Era una selección más democrática y equilibrada, hoy, en cambio, el Consejo de la Magistratura, evalúa, califica y designa; es juez y parte”, remarcó
Por su parte, el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), Armando Cardozo, asegura que en nueve años de transición aún no se ha logrado regular adecuadamente el funcionamiento del Órgano Judicial. “En la administración pública se daban 100 días de transición entre Gobierno y Gobierno, pero en el judicial llevamos varios años de transición y no hay certidumbre en la designación de jueces”, puntualiza.
Bueno plantea mejorar la selección
Dos expertos judiciales plantean mejorar el sistema de selección de jueces y enfatizar en las políticas públicas.
El representante del Poder Judicial de Paraguay, Juan Ramón Bueno Jara, plantea mejorar el sistema de selección, sanciones y alejamiento de los magistrados que no cumplen bien sus funciones para lograr una mayor eficiencia en la justicia.
Bueno Jara sostiene que para lograr la independencia judicial, mediante una carrera judicial se debe limpiar a todos los malos jueces y mantener a los buenos, procurar que aquellos que se entreguen en el servicio, cumplan con su papel y el magistrado se sienta libre de presión y el sistema le otorgue legitimidad.
“Yo fui juez, me sacaron de mi juzgado porque un Presidente de la República me pidió un Amparo que no le dí, le saqué en contra”, manifestó.
Su colega Elías Santini, del Poder Judicial de República Dominicana, asegura que los países de la región coinciden en la falta de políticas públicas para que la sociedad perciba cuál es el trabajo de los consejos de la magistratura o del Poder Judicial.
“La mayoría de los países tienen buenas normas y bases legales enmarcadas en la Constitución Política del Estado sólo que faltan políticas públicas”, enfatizó.
"El siglo XXI tiene que ser del poder judicial para consolidar la democracia donde se respeten los derechos, agilidad y servicio público, basados en la legitimidad y su independencia. Soy legítimo cuando respondo a las necesidades ciudadanas y soy independiente cuando tengo mayor legitimidad".
presidente CONSEJO DE LA JUDICATURA
Un plan de fondo con la finalidad de optimizar la aplicación de la justicia es urgente, debido a que, en el momento, en Bolivia existe más de 516.000 procesos judiciales en mora, según el viceministro de Justicia, Diego Jiménez.
De acuerdo a la autoridad, uno de los temas que provoca problemas en la agilización de los diferentes casos es la falta de operadores, escasos recursos económicos y otros factores, que hacen que muchos de los procesos estén siendo guardados en las diferentes instancias del Ministerio Público.
La autoridad judicial señaló que un 64 por ciento de la ciudadanía, que infringe las normas, corresponde a detenidos preventivos, los mismos que en los juzgados de medidas cautelares casi nunca son atendidos de manera eficiente y rápida.
“Según un estudio realizado en este tema se ha podido identificar que uno de los factores para la mora procesal es la falta de personal, por lo que no existe la posibilidad de darle celeridad, por eso nos hemos dado cuenta que nuestro sistema actual no funciona (…)”, manifestó la autoridad.
Según Jiménez, otro de los factores que hacen que exista la retardación de justicia es la falta de una programación, por parte de los diferentes juzgados, donde nunca se ha podido efectuar una verdadera priorización de casos para que sean atendidos.
Revelan que la justicia tiene 516.000 procesos en mora
El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, reveló ayer en Erbol que en Bolivia existen 516.000 procesos judiciales en mora, por lo que urge la puesta en marcha de un plan de fondo para mejorar la aplicación de la justicia.
La autoridad gubernamental señaló que la escasez de operadores, la penalización de casos atendidos por el Ministerio Público, escasos recursos económicos y otra serie de factores derivó en la acumulación de eventos en los tribunales. Puso como ejemplo la situación de un juez en La Paz que sólo emite 315 sentencias judiciales por año, en tanto que en Tarija 55, lo que no permite identificar un promedio sobre la retardación judicial en el país.
"Los juzgados de instrucción tienen 35 por ciento de efectividad y el resto (de los casos se) lo pasa a la siguiente gestión. Es preocupante, se tramitan delitos públicos, robos, atracos, homicidios, no es posible que haya mora", afirmó.
Según datos estadísticos que maneja el Gobierno, el 64 por ciento de la población infractora corresponde a la categoría de detenidos preventivos. Los juzgados cautelares nunca acaban de atender.
CAUSAS. Jiménez indicó que el principal cuello de botella que se observa en el trabajo de los juzgados es su rol en la atención de casos.
Manifestó –por ejemplo- que los jueces "se empantanan" en trámites administrativos, cuando deberían concentrarse en el ámbito por los cuales fueron contratados. "Una persona litigante debe presentar y recibir respuestas del juez por escrito. Esas respuestas por escrito le hacen perder tiempo, todo debería estar en el sistema. Son diversos elementos que se deben trabajar para amortiguar la carga judicial", afirmó.
Advirtió que este sistema, que se refleja en la acumulación de carga en mora, inevitablemente deriva en corrupción. "Al existir sobredemanda es arbitrario, hay que ver qué casos van a dormir el sueño de los justos. Si quieres que tu proceso avance tienes que ir pagando. La mora procesal es crítica y hay que buscar soluciones de fondo".
En medio de la crisis postergan Reformas Judiciales
Los diputados y senadores buscan modificar la tipificación de los delitos.
Las reformas judiciales se postergan una vez más para la próxima legislatura, uno de los grandes retos que se propuso la Asamblea Legislativa, que se inicia el 22 de enero del año que viene. La agenda no se cumplirá debido al calendario de trabajo de este poder del Estado, porque del 21 de diciembre al 4 de enero de 2016 estarán en receso de fin de año. Según el oficialismo, la gestión 2015 fue productiva, pero la oposición la califica de improductiva y un jurista asegura que la informalidad de los diputados y los senadores retrasa las modificaciones a los códigos de justicia.
POSTERGAN CONSIDERACIÓN DE LAS REFORMAS JUDICIALES. El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Víctor Borda explicó que uno de los grandes retos que enfrentará la Asamblea Legislativa en la gestión 2016, son las reformas judiciales que se analiza desde un buen tiempo atrás. El asambleísta aseguró que hay la necesidad de hacer otra reforma a la Constitución Política del Estado (CPE) y que el único objetivo de este proceso será para mejorar la justicia en Bolivia.
“Vamos hacer, pero hay que marcar códigos precisos, que fundamentalmente tiendan a evitar una retardación y luchar contra la corrupción en la justicia “, dijo.
Según el legislador, con estas modificaciones se pretende hacer una buena selección de jueces, vocales, funcionarios, y que además hacer énfasis en las sanciones y los procesos disciplinarios para que no haya ningún tipo de impunidad.
Borda señaló que se prevé cambiar los tipos penales, porque no están de acuerdo con la realidad boliviana.
"Se sanciona con ocho años de cárcel por el delito de robo de ganado y se impone una pena de 10 años, por asalto a mano armada, entonces no son coherentes", cuestionó.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN. Por su parte, el senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, dijo que la legislatura de este año fue floja e improductiva, porque solo se sancionaron leyes para favorecer al oficialismo y dejar de lado las reformas judiciales, en medio de la crisis en el Poder Judicial. Murillo lamentó que la gran ley que se aprobó fue la de Reforma Parcial a la Constitución. “Se han aprobado algunas leyes, algunas interesantes, lo más importante en la cartelera de leyes para el Gobierno ha sido el tema del referendo, donde han puesto su sangre y su vida”.
Según el opositor, las reformas judiciales que se impone el oficialismo es una mentira.
"Son cínicos los del Gobierno, quiénes han podrido la justicia en el país, han sido ellos, que van a reformar", enfatizó.
INFORMALIDAD. El abogado constitucionalista, William Bascope, considera que los males de la justicia no cambiarán con una simple ley que sancione la Asamblea Legislativa, porque el tema va más allá de lo estructural y económico. Según el jurísta los asambleístas están bastante tiempo en este reto.
"La informalidad en el trabajo que tienen nuestros diputados y senadores, es lo que perjudica la modificación a los códigos".
LEYES APROBADAS DURANTE LA GESTIÓN 2015. Entre las leyes que aprobó la Asamblea Legislativa están: La ley de Conciliación y Arbitraje, la de Protección de Animales, varias referidas al proceso agrario, que emergieron de la cumbre en Santa Cruz. Así también se realizaron transferencias de propiedades en favor del Estado, se ratificaron tratados internacionales. Se elegió a los miembros del Órgano Electoral, según citó el diputado del MAS, Víctor Borda, quien agregó que la más importante fue la ley de Reforma Parcial a la Constitución Política del Estado.
Denuncias contra diputados en la Comisón de Ética esta gestión.
> El diputado de Unidad Demócrata, Amilcar Barral fue denunciado por cobros irregulares.
> El diputado masista, Jacinto Vega, fue denunciado por presunta violación a menores.
> El diputado del MAS, Rubén Chambi fue denunciado por presuntamente lotear terrenos.
2016 año para concluir los cambios a la justicia, meta que se trazó el Gobierno.
Fiscalías provinciales son objeto de visitas sorpresas
Las fiscalías provinciales del departamento de Oruro reciben desde el martes 24 de noviembre visitas sorpresas por la fiscal de Distrito, Dubeysa Palacios, quien supervisa el trabajo no solo de los representantes del Ministerio Público, sino también de asistentes y auxiliares.
Los primeros sitios en ser visitados fueron las fiscalías de Orinoca y de Challapata, de acuerdo a la información que brindó ayer la titular de la Fiscalía Departamental de Oruro.
"Estamos verificando el trabajo de nuestros fiscales en diferentes provincias. Ayer (martes) estuvimos en Challapata donde pudimos evidenciar que existen unos ambientes excelentes de trabajo en el Ministerio de Justicia a través del FPS (Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social) donde los fiscales están trabajando correctamente", dijo.
Asimismo, señaló que su visita fue también a la localidad de Orinoca, donde existen ambientes nuevos para el funcionamiento del Ministerio Público.
"Hemos ido a verificar los ambientes, el tema de distancia, porque no podemos exigir a los fiscales un trabajo que no somos capaces de hacer o de no ponernos en la situación del fiscal, entonces, ver cómo pueden alojarse en otro lugar, qué acceso tienen a los medios de comunicación y hacer verificación para prever qué necesita el fiscal para hacerse cargo de la población", señaló.
Indicó que el trabajo de supervisión y verificación "sorpresa" continuará en las provincias donde existen fiscalías como Sabaya-Toledo, Caracollo y Huanuni, con la finalidad que la población esté tranquila.
Respecto a la reestructuración que se hizo en el Ministerio Público, la fiscal Palacios señaló que este trabajo terminó y ahora se espera que esta labor avance con permanente evaluación del personal que trabaja en esta entidad del Estado.
"Vamos a evaluar y sí tenemos nuevo personal que se sigue incorporando, pero eso también ya ha terminado, por el momento ya tenemos casa llena, nuevos fiscales en todos los asientos que corresponden.
Tenemos asistentes y lo que corresponde es comenzar a trabajar y pedimos a la población y medios de comunicación que evalúen cómo estamos trabajando", señaló.
Respecto a las acefalías que dejaron por su cambio de destinos los fiscales Aldo Morales, Lindon Requena y Zulmer Villegas, Palacios señaló que se nominó a una nueva fiscal, Mónica Flores, en próximas horas se nominará a otra nueva fiscal, para cubrir dos de las tres acefalías pendientes.
Cambiarán nombres a transgéneros
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, presentó un proyecto de ley que permite el cambio de nombre y de sexo a personas transexuales y trasgénero. La autoridad en conferencia de prensa dijo que "el objetivo es establecer el procedimiento para el cambio de datos de nombre y sexo para las personas transexuales y transgénero".
Con la nueva propuesta, las personas que quieran cambiar de nombre y de sexo lo podrán hacer a través de una resolución administrativa del Ministerio de Justicia que facilitará ese trámite. Explicó que con esa resolución se podrán realizar diligencias ante el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), en el Servicio de Registro Civil (Sereci), el Servicio Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) y otras reparticiones estatales.
El proyecto de ley fue elaborado con otros ministerios y varias entidades nacionales.
Caso "video soborno" Revelan modus operandi de Barrientos y sus cómplices
Verónica Zambrana, abogada de la mujer que grabó al ex juez Marcelo Barrientos mientras le pedía un soborno, describió el modus operandi con el que esta ex autoridad operó con sus supuestos cómplices.
"La investigación determinó la responsabilidad de los tres jueces (Marcelo Barrientos, Jorge Viscarra y Ernesto Escóbar). Los datos preliminares dan cuenta de que el juez Barrientos, era el encargado de cobrar el dinero y luego repartir en tres partes, y así incluye a los otros dos jueces, porque Barrientos necesitaba convencer a los otros dos para que puedan votar en la audiencia y así el caso pueda ser cambiado de violación a estupro", explicó la jurista en entrevista con Erbol.
La semana pasada, se dio a conocer un video en el que aparece Barrientos pidiendo 15 mil dólares a una mujer para favorecer a su hijo, quien fue acusado de violación. En las imágenes se observa a Barrientos llamando a Viscarra a su oficina y entre los dos negocian con la mujer el monto a pagar. El video fue grabado por Patricia, madre del acusado.
"¿Cómo resulta el juez Escóbar implicado en el caso? A partir de un operativo de Inteligencia que se realiza el día de la denuncia, se descubre que ese mismo día, la secretaria le permite el ingreso al juez Escóbar a la oficina de Barrientos. La señora Patricia fue a la oficina el mismo día también y la secretaria la ve y le vuelve a requisar, le revisa nuevamente su cartera y eso llamó la atención, por qué le requisa nuevamente", dijo Zambrana.
Por otro lado, la víctima de nombre Patricia, denunció que el ex juez Barrientos le exigió cambiar de abogado y le ofreció ayuda en el proceso que sigue el Ministerio Público en contra de su hijo.
"Un día fui a la oficina (de Barrientos) y mi abogado estaba exigiendo que los memoriales sean presentados de forma puntual, y entonces la secretaria me dice que el juez me estaba llamando. Ahí, me dijo (Barrientos): ´Tu abogado está muy agresivo, le está faltando el respeto a la secretaria, a la doctora y eso yo no lo voy a permitir. Si sigues con ese doctor, el caso de tu hijo va a ser peor, pero si lo dejas, yo te ayudo, incluso me comprometo a hablar con el fiscal´, relató la mujer.
El abogado al que se refiere Patricia, es Prudencio Flores, quien confirmó esta versión y además negó que hubiera faltado el respeto al personal que trabajaba con Barrientos.
Crisis en justicia en el país Guerrero a favor de generar un nuevo modelo de gestión
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo ayer que la solución a la crisis que vive la justicia en Bolivia no pasa sólo por el cambio de personas sino por generar un nuevo modelo de gestión.
“No se trata solamente de cambiar personas (...) pasa por una implementación de un nuevo modelo de gestión, hasta el momento tenemos un modelo arcaico”, dijo en entrevista con medios estatales.
Durante la semana estalló un nuevo caso de corrupción en la ciudad de La Paz donde un juez extorsionó a una litigante, quien lo filmó y lo denunció ante el Ministerio de Transparencia.
Ese hecho puso nuevamente en la mesa del debate la crisis de la justicia boliviana que, según Guerrero, viene desde la época colonial, republicana y neoliberal, ya que la justicia quedó “anquilosada” en el tiempo, no pudo desarrollarse y es ahora una “asignatura pendiente”.
Mencionó que la retardación de justicia genera corrupción en la que están involucrados jueces, fiscales, pero también la Policía que es la encargada de llevar adelante la investigación de los casos.
Agregó que los consorcios de abogados son otra parte de la corrupción, de esa estructura carente de control, que hace que la población desconfíe del sistema judicial.
Envían a la cárcel a dos exjueces por video coima
La determinación para el exjuez Ernesto E.A. se postergó para hoy debido a que fue trasladado a un centro de salud por una descompensación.
Dos exjueces implicados en el caso del video extorsión fueron enviados a la cárcel. La justicia determinó que José Marcelo Barrientos y Jorge Humberto Viscarra sean detenidos preventivamente en el penal de Patacamaya.
Asimismo, la secretaria judicial, Micaela Alí, fue derivada al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, señala un reporte de Erbol.
Mientras tanto, la situación jurídica del juez René Ernesto E.A., quien formaba parte del tribunal denunciado, aún quedó pendiente puesto que sufrió una descompensación médica en la audiencia.
La medida asumida por la jueza Melania Lima Nina fue en audiencia reservada y a puertas cerradas.
PROCESO. Estas cuatro personas fueron procesadas luego de que una mujer filmara a Barrientos pidiéndole una coima de 15 mil dólares para favorecer a su hijo, acusado de violación.
El viernes, todos ellos prestaron declaración en el Ministerio Público y fueron aprehendidos. Su audiencia de medidas cautelares se llevó adelante de manera reservada este domingo, donde la juez Melania Lima determinó enviarlos a la cárcel.
CONVOCARÁN A EXFISCAL. El fiscal departamental, Marcelo Rollano, anunció que también se convocará al exfiscal Félix Marín, implicado también en el caso, para continuar con la investigación.
ANTECEDENTES. Una mujer filmó, con una cámara oculta, una reunión con el entonces juez del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, Marcelo Barrientos, quien le exige 15.000 dólares para cambiar la tipificación de la acusación que iba a presentar el fiscal contra su hijo, de violación a estupro (delito menor). En la filmación aparecen el juez Jorge Humberto V. S. y Barrientos, y en la conversación se cita a Ernesto E. A. Los exjueces son imputados por los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y beneficio en razón de cargo.
BOLIVIA DEBE IMPLEMENTAR UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo ayer que la solución a la crisis que vive la justicia en Bolivia no pasa sólo por el cambio de personas sino por generar un nuevo modelo de gestión con más conciencia de los abogados y litigantes.
"No se trata solamente de cambiar personas (...) pasa por una implementación de un nuevo modelo de gestión, hasta el momento tenemos un modelo arcaico", manifestó. En los recientes días estalló un nuevo caso de corrupción en la ciudad de La Paz. Ese hecho puso nuevamente en la mesa del debate la crisis de la justicia boliviana, que según Guerrero viene desde la época colonial.
LA AUDIENCIA CAUTELAR SE INCIÓ A LAS 09.20 Y DURÓ HASTA PASADA LAS 14.00. ESTE PROCESO SE DESARROLLÓ DE FORMA RESERVADA.
Oruro Fiscalía busca Bs 23 MM para nuevas oficinas
La Fiscalía General del Estado buscará financiamiento para la construcción de un nuevo edificio, en los terrenos que se encuentran disponibles en la calle Junín y Camacho y que antes pertenecía a la Corporación Minera de Bolivia.
“Necesitamos 23 millones de bolivianos, para hacer esa construcción. Ya no es posible tener oficinas tan estrechas e improvisadas de esta forma. Ni siquiera podemos hacer un acto en un salón del Ministerio Público y tenemos que hacer cualquier ceremonia en el patio”, afirmó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
El proyecto fue planteado ante el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, para que por su intermedio, también se pueda conseguir el financiamiento, ya que no se puede seguir en las mismas condiciones que antes, donde las oficinas son “estrechísimas” y, en cada oficina, están dos fiscales y sus secretarios.
“De nuestra parte, también plantearemos este proyecto ante el gobierno nacional y organismos internacionales, para lograr la construcción de un edificio, donde no solo estén cómodos los fiscales y funcionarios, sino que la ciudadanía pueda acudir a un lugar seguro, para presentar sus denuncias y para lograr justicia”, expresó.
Cada oficina está llena de expedientes. Según el ex fiscal de distrito, Orlando Riveros, cada fiscal “tiene mil a mil doscientos expedientes y se tiene que atender todos esos casos, conforme a ley”.
La fiscal interina de Distrito de Oruro, Dubeyza Palacios Maldonado, dijo que se ha efectuado la readecuación de las oficinas, para el funcionamiento de plataforma, especialmente, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia, de parte de centenares de ciudadanos que diariamente acuden a la Fiscalía.
Plataforma, por ejemplo, funcionará durante las 24 horas, y no solamente durante ocho horas. Por las noches, esa oficina, donde se reciben las denuncias, no funcionaba por falta de personal.
“En Oruro, y en cualquier parte, siempre ocurren casos de accidentes o lesiones de las personas. Por eso, la atención en plataforma será durante las 24 horas”, explicó la Fiscal.
El trabajo de los médicos forenses también debe ser las 24 horas, de acuerdo a su rol de funciones.
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UTILIZABAN ARMAS DE FUEGO Y MOTOCICLETAS La Fiscalía imputa a exjueces por tres delitos
La fiscal Rosario Venegas presentó la imputación contra los tres ex jueces, involucrados en el caso del video, por los delitos de cohecho pasivo, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
De acuerdo con una nota de prensa de la Fiscalía General del Estado, los imputados son: Marcelo Barrientos, Jorge Viscarra y Ernesto Escóbar, además de la secretaria, que fue imputada por cohecho pasivo e incumplimiento de deberes en grado de complicidad.
Venegas inició la investigación formal del caso que involucra a los exjueces y la secretaria en la extorsión de 15.000 dólares a una litigante de La Paz quien grabó la negociación.
La imputación fue presentada la mañana de ayer ante la autoridad jurisdiccional.
"El Ministerio Público cumplió con su responsabilidad, de acuerdo con la normativa legal y ahora corresponde que se fije fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares", dijo el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
Barrientos y sus colegas, además, de la secretaria Micaela Alí, prestaron declaraciones ante el Ministerio Público y actualmente están en calidad de detenidos en celdas policiales. Las resoluciones de imputación para los cuatro implicados en este caso fueron presentadas ante el Juzgado de Instrucción Nº 13.
Ante acusaciones infundadas Ex fiscal Riveros pide respeto a la dignidad de las personas
El ex fiscal de Distrito de Oruro, Orlando Riveros pidió ayer, a las autoridades superiores del Ministerio Público, respeto a la dignidad de las personas, no solo a la suya, sino también a la de los funcionarios que fueron agradecidos en sus servicios por la actual fiscal departamental, Sobeyda Palacios y a quienes se los acusó de supuestos hechos de corrupción con denuncias sin asidero y sin pruebas.
Ese fue el concepto que Riveros emitió ayer durante una conferencia de prensa que ofreció en el auditórium del Colegio de Abogados, para aclarar algunos aspectos que fueron mencionados por el fiscal general, Ramiro Guerrero, un día anterior.
"Estoy muy preocupado, muy consternado por notas de prensa como la que sacó el periódico LA PATRIA, donde dice que el Fiscal General cuestiona trabajo del ex fiscal Riveros. No busco enfrentarme a ninguna autoridad, no busco ningún protagonismo en base a esta conferencia de prensa, mi gratitud y respeto por el Ministerio Público va a ser de siempre", dijo.
Argumentó que volverá al ejercicio de la profesión de abogado libre, tras su renuncia como fiscal superior y mucho más antes como fiscal de Distrito. Se dijo en contra de Riveros que fue destituido por malos tratos el 27 de octubre.
"En ningún momento he sido destituido, porque al ser fiscal de carrera no se me podía destituir y de hecho asumí en la Fiscalía General con el ítem de fiscal superior", señaló.
Indicó que mantuvo el ítem de fiscal superior mientras asumía como fiscal de Distrito, porque tenía que estar en el cargo un corto tiempo. El 23 de octubre presentó su renuncia como fiscal de Distrito y una vez aceptada recibió la nota de que debía constituirse en la Fiscalía General.
"Al momento que se acepta mi renuncia no había ningún proceso penal, ningún proceso disciplinario, ninguna denuncia que yo conozca en mi contra", afirmó al establecer que hasta la fecha no conoce las supuestas denuncias.
Al volver a Sucre como fiscal superior y al observar los entredichos en su contra por una mala gestión en la Fiscalía de Distrito, decidió renunciar a la Fiscalía General, por los conceptos del fiscal Guerrero en su contra.
"El suscrito ha renunciado, no ha sido destituido", subrayó al indicar que a él como a los otros funcionarios a los cuales se les entregó sus cartas de agradecimiento se los sentenció antes de iniciarles un proceso.
Asimismo, señaló que desde hace varios años en el foro orureño hay un círculo vicioso que opera en forma oscura, para que los fiscales de Distrito siempre salgan con procesos, por ello, propuso que el cargo debe ser institucionalizado.
Respecto a su gestión observada por Guerrero, Riveros afirmó que estuvo 20 meses al frente, donde no se cobraron por los cargos, se captó gente joven a la que se desacreditó con acusaciones no comprobadas.
"No hubo aportes de ninguna naturaleza, no hay un abogado o litigante que pueda sostener que el suscrito cobró por las resoluciones. Eso es parte lo que hemos hecho como gestión, hemos ordenado la Fiscalía Departamental", dijo al reivindicar el trabajo que hizo en ordenar el Ministerio Público.
Respecto a los presuntos hechos irregulares, indicó que en reiteradas oportunidades envío cartas al fiscal general para hacerle conocer de la existencia armada de consorcios con intereses oscuros, que acuden con denuncias falsas, hostigamientos al fiscal departamental, labores de desprestigio, entre otras.
"Desde que ingresé se mandaron denuncias al Ministerio de Justicia, a la Vicepresidencia denunciando temas tan imaginarios como aberrantes, entre ellos, se me acusaba que era un alcohólico y un drogadicto y la gente que me conoce sabe que soy todo lo contrario", señaló al afirmar que esas denuncias nunca prosperaron porque las personas firmantes no existían.
Ante la denuncia leída por el fiscal general un día antes, Riveros dijo que ojalá haya sido verificada previamente y se haya cuidado la magistratura del fiscal Guerrero. Ante esos hechos, indicó que la dignidad de las personas está en juego.
"No voy a hablar por mí, hablo por las personas que me han colaborado de manera directa, si se llega a demostrar que no hubo actos de corrupción, ¿quién les va a devolver la dignidad, quién les va a devolver la imagen que tenían?, son personas jóvenes", indicó al terminar la explicación de 25 minutos que hizo a la prensa.
En 2015 no se registraron avances en justicia Legislativo exige sanciones drásticas contra jueces y fiscales corruptos
A través de una Minuta de Comunicación remitida a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores recomendó al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, “ejercer actividades tendientes a garantizar que las denuncias por parte de las personas particulares gozaran de anonimato y de la protección del Estado, especialmente en casos de corrupción y extorsión vinculados a funcionarios públicos”.
Jueces imponen tarifas de entre $us 3.000 y 7.000
El juez Barrientos volvió a destapar lla existencia de consorcios entre jueces y fiscales. Monica Limachi del Consejo de la Magistratura investiga.
Entre 3.000 y 7.000 dólares son las "tarifas" que imponen algunos jueces y fiscales a litigantes que pretenden beneficiarse con la celeridad y equidad en Tribunales de La Paz y El Alto, según denuncias presentadas al Tribunal Departamental de Justicia.
María Mamani, por ejemplo, consultada por La Prensa, afirmó que desde hace más de un año viene solicitando a los administradores y operadores de justicia de La Paz la conclusión de un proceso penal, empero su abogado y un juez de sentencia le han puesto precio a su causa.
La mujer de 48 años explica que “es mejor no hablar y tratar de conciliar, económicamente, con el juez y el fiscal, porque si denunciamos o nos quejamos el proceso se alarga y todo se pone en nuestra contra. Al principio el Fiscal parecía correcto, pero como fue pasando los días el mismo operador era quien nos alentaba a que se ‘reconozca’ al juez para que el proceso sea a nuestro favor”.
Por otro lado, de acuerdo a la versión de un procesado, éste se enamoró de una joven de 16 años y cuando fueron descubiertos la familia de la adolescente lo denunció por estupro, y pese a las declaraciones de testigos y las evidencias, el fiscal decidió imputarlo y el juez, después de un "arreglo", lo benefició con el arresto domiciliario, pero su proceso —a la fecha— no concluye.
“He demostrado que lo que sucedió con la joven fue voluntario y que incluso quise reparar el daño. Primero el abogado nos solicitó 1.000 dólares para el fiscal y el juez, después de la resolución el monto subió a tres mil y luego nos dijeron que podía costar hasta 7.000 dólares, dependiendo del tiempo”.
INFORMES. De acuerdo con informes extraoficiales de inteligencia del Gobierno y la Policía, no sólo jueces están involucrados en actos d corrupción, sino también vocales, donde los montos que se manejan son de 5.000 a 10.000 dólares.
De acuerdo con el informe señalado a La Prensa, existen al menos tres salas donde hay corrupción, pero que los litigantes se niegan a denunciar por temor a represalias por parte de los juristas y la postergación del o los procesos.
El informante declaró que el área “donde más dinero corre” es en el área económica y en el penal. Afirman que muchos litigantes por ser favorecidos por el juez entregan sumas de dinero en efectivo o joyas de oro.
Uno de estos vocales, según la investigación que se desarrolla, fue exfiscal de materia y continúa con sus actos de extorsión en el Tribunal de Justicia, pese al esfuerzo por erradicar las malas prácticas judiciales, según se supo en los estrados judiciales.
DENUNCIAS. De acuerdo con las denuncias, en el Ministerio de Justicia, los secretarios y fiscales de materia son los principales nexos que tienen los jueces para obtener beneficios económicos. Por la estrecha relación que estos mantienen, negocian la resolución de imputación y acusación de los sindicados para que puedan beneficiarse con una salida alternativa a la detención y posterior sanción.
Otro litigante afirmó que —después de conocer las denuncias que hay contra el juez anticorrupción Marcelo Barrientos— se paga a los fiscales y jueces desde el primer día que se inicia el proceso.
El hombre, que busca sanción para los asesinos de su hijo dijo que “cuando comenzó el caso pagué en la Policía cerca de 200 bolivianos. Después lo más caro fue en la fiscalía donde me solicitaron entre 500 y 1.000 bolivianos para notificaciones, transporte y verificación de domicilio”.
“Posteriormente me pidieron dinero para el juez y sus funcionarios para darle celeridad al proceso, pero como no pude el caso ahora se está diluyendo y ahora son los de la parte contraria quienes están metiendo plata para liberar al culpable”.
DOS POR MES. Sobre este hecho, Juan Carlos Berríos, presidente del Tribunal Departamental de Justicia, explicó que en su despacho se reciben al menos dos denuncias por mes sobre presuntos actos de corrupción y otros contra jueces y personal de apoyo. Los mismos que son derivados al Consejo de la Magistratura para su investigación.
“Recibimos denuncias, al menos dos al mes, pero todo es entregado al Consejo de la Magistratura para su investigación y —si hay evidencias— la sanción correspondiente según la falta.
ÉTICA Y MORAL. Berríos lamentó el accionar del juez Barrientos que volvió a dañar la imagen institucional del Tribunal paceño y que, por ello, como ente administrador de justicia, envió una solicitud al juez anticorrupción para que deje el cargo por ética y moral. En tanto, en la Fiscalía Departamental, el fiscal Marcelo Rollano señaló que el juez involucrado en el acto de extorsión por 15.000 dólares, ya fue citado a declarar y que será el fiscal, Rosario Venegas, asignado al caso quien determine si es o no imputado, al igual que otros funcionarios del juzgado anticorrupción que participaron en el hecho.
SUSPENDIDOS. En tanto, en el Consejo de la Magistratura se informó que los jueces Marcelo Barrientos y Humberto Viscarra fueron destituidos del cargo y sometidos a proceso administrativo, al igual que el resto de su personal.
INVESTIGADO POR CUATRO DELITOS. Marcelo Rollano, fiscal departamental, afirmó que la Fiscalía abrió proceso penal contra el juez Marcelo Barrientos, filmado cuando solicitaba 15.000 dólares a una litigante, por los delitos de cohecho activo, extorsión, beneficios en razón del cargo y uso indebido de influencias. Además, agregó que el disco compacto, vídeo, fue remitido al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para su peritaje.
DOS JUECES ME PIDIERON DINERO. “En dos ocasiones los jueces me pidieron dinero, eso me obligó a que los grabara y pida equidad para mi hijo que está detenido por violación”, afirmó Patricia Quenta Mamani, quien prestó declaración ayer en la fuerza anticrimen de La Paz por el caso de extorsión del juez Marcelo Barrientos.
La mujer que filmó al administrador de justicia, declaró que su objetivo no es dañar a las personas, pero que estaba cansada de ser extorsionada por la justicia. La mujer afirmó que en primera instancia su abogado le solicitó 9.000 dólares para la juez Lía Cardozo y que por ello decidió cambiar de defensor. Posteriormente le cambiaron de juzgado y fue donde nuevamente le dijeron que debía entregar s15.000 dólares, montos de dinero que no entregó.
Litzy Torrico Destituyen a fiscal cruceña, acusada de extorsión
El Fiscal de Distrito de Santa Cruz, Gomer Padilla, anunció este jueves por la mañana que Litzy Torrico no continuará como fiscal, tras ser acusada de extorsión, proceso en el cual un juez determinó este miércoles su arresto domiciliario.
Torrico, que cumplía funciones en el Plan 3.000 fue denunciada por supuestamente pedirle $us 1.000 en dos ocasiones a un sujeto para no mandarlo preso por conducir en estado de ebriedad. La denunciada ha insistido en que es inocente y afirma que las acusaciones en su contra son una venganza
El viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, advirtió el miércoles con ejecutar acciones penales "duras" contra fiscales y jueces prevaricadores. “Doctor Gomer Padilla, le quiero pedir que elministerio público deje de ser una olla donde se tape la corrupción”, indicó la exdiputada, Jessica Echeverría, al tiempo de señalar otra denuncia contra la fiscal Torrico, por el despojo irregular de un terreno a un mujer. “Que lástima que solo cuando sale este tipo de denuncias a la luz pública, recién actúan, cuántos casos habrá contra los fiscales en régimen disciplinario, que duermen ahí y no son investigados”, señaló Echeverría.
Destituyen a jueces Marcelo Barrientos y Humberto Vizcarra por caso de extorsión filmado
El Consejo de la Magistratura anunció la destitución del fiscal anticorrupción del distrito de La Paz, José Marcelo Barrientos Gonzales, luego de la difusión de un video donde aparece extorsionando a la familiar de un imputado para cambiar un dictamen.
Los integrantes de la Magistratura confirmaron su decisión en una rueda de prensa que dieron este jueves por la mañana en la ciudad de Sucre. Junto a Barrientos, también fue destituido su colega Jorge Humberto Viscarra Silva, por haber también participado presuntamente de la extorsión.
Según la agencia de noticias ABI, Barrientos había montado con sus auxiliares y secretaria, todos cómplices, una red extorsiva.
Barrientos fue registrado con una diminuta cámara de vídeo incrustada en los anteojos de la mujer a quien trató de timar. La secretaria, se ve en el vídeo, revisa las carteras de las mujeres que ingresan a la oficina de Barrientos y hasta retiene los celulares de ellas. Deben entrar limpios. Es probable que también "cache" (requise) a los hombres.
Antes de ir directamente al meollo del asunto, Barrientos confirma que la mujer, cuyo nombre no ha sido divulgado, no tenga a mano nada con qué grabar la conversación, según muestra el vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales.
El periódico digital Oxígeno explica que el juzgado anticorrupción fue creado en La Paz en agosto del 2014 con Barrientos y Vizcarra como integrantes, con un salario de 12.736 bolivianos cada uno.
Ejecutivo trabaja en norma para que toda grabación electrónica sirva de prueba
La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, anunció ayer que el Gobierno trabaja en una normativa para transparentar las actuaciones de administradores de justicia y que todo medio de grabación electrónica sirva de prueba.
"Creemos que necesitamos realizar ajustes a nuestra legislación y en eso estamos trabajando para que, por ejemplo, el denunciante de un hecho de soborno y cohecho esté exento de la responsabilidad penal si primero hace su denuncia contra la autoridad judicial o el servidor público", precisó, según ABI.
A propósito de la denuncia contra el juez Marcelo Barrientos, dijo que con los ajustes, cualquier medio electrónico de grabación servirá como indicio o prueba en la valoración dentro de un proceso penal, ligado a otros elementos.
Explicó que cualquier persona que sea objeto de petición de algún requerimiento de una autoridad, pueda en todo caso realizar la grabación, tomando recaudos para que dentro de la investigación se demuestre la autenticidad y las grabaciones no sean alteradas.
RECHAZO Marcelo Elío, viceministro de Régimen Interior, señaló que ya se habló sobre la instalación de cámaras en ambientes judiciales para transparentar el accionar de los operadores de justicia, pero fueron los mismos jueces quienes se opusieron a esta medida para ocultar hechos de corrupción.
"Se ha hablado bastante de eso, de las cámaras, pero quienes se han opuesto (y) han hecho revuelo son los mismos jueces, ahí está la realidad de que tienen realmente sus motivos y quieren ocultar sus actos de corrupción", manifestó Elío, según ANF.
Consejo de la Magistratura destituye al juez Marcelo Barrientos que aparece en video extorsionando
La Sala Plena del Consejo de la Magistratura determinó el jueves la destitución inmediata de los jueces Marcelo Barrientos y Humberto Vizcarra, además de la secretaria del Tribunal Anticorrupción y de Lucha Contra la Violencia a la Mujer de La Paz, implicados en un caso de extorsión a una litigante.
"No vamos a proteger a nadie y tampoco perderemos el tiempo en procesos burocráticos (...). Hoy la Sala Plena decidió la cesación inmediata, hoy mismo, del juez Marcelo Barrientos, del juez Humberto Vizcarra y de la secretaría de este juzgado", dijo el presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria.
"A los cinco consejeros no nos temblará la mano para poder erradicar de la Justicia la corrupción que hay", sentenció.
Barrientos y su entorno fueron denunciados por la extorsión de 15.000 dólares, una filmación destapó ese hecho.
Según el Consejo de la Magistratura, Barrientos fue elegido como juez a través de una convocatoria pública en el marco de la Ley 348, además fue funcionario de la Unidad de Transparencia de esta institución.
Acusan a jueces de Quillacollo y Punata por corrupción
Los juzgados de Quillacollo y Punata se encuentran en la mira del Consejo de la Magistratura por denuncias de corrupción.
Al menos dos jueces también son acusados por retardación de justicia y serán remitidos al Juzgado Disciplinario.
El representante distrital del Consejo de la Magistratura, Johnny Rocha, informó ayer que la sala de Control y Fiscalización realizó controles minuciosos en ambos juzgados provinciales y en la oficina de Derechos Reales de Punata.
En Quillacollo se puso especial atención en el Juzgado Segundo Cautelar, donde se identificaron serias irregularidades como la demora en la atención de los memoriales, falta de conminatoria a fiscales en casos en los que los plazos están venciendo, entre otras.
Según Rocha, se trata de faltas disciplinarias que deben ser sancionadas.
En Punata también se observó demora en los procesos e indicios de corrupción. Mencionó el archivo de un proceso por feminicidio porque de por medio había un juicio de divorcio, “lo cual es inadmisible”.
Por otro lado, se llevó adelante la primera etapa de una auditoría en la oficina de Derechos Reales de Punata.
De acuerdo a los primeros resultados, se identificaron irregularidades tipificadas como delitos penales, cuyos responsables serán sometidos a procesos judiciales.
Según Rocha, se trata de acciones encaradas por el Consejo de la Magistratura para frenar la mora judicial y la corrupción en la administración de justicia.
Despiden a jueces y fiscal implicados en el 'videoextorsión'
El Consejo de la Magistratura decidió la destitución de los jueces, Marcelo Barrientos y Humberto Vizcarra del Tribunal Anticorrupción y de Lucha Contra la Violencia a la Mujer de La Paz, filmados por una litigante realizando una extorsión por 15.000 dólares.
En este video, se puede advertir que una secretaria del juzgado controla los dispositivos que tenía la mujer para evitar una grabación. Luego, Barrientos habla con Vizcarra y alega que el fiscal Marín es el que pidió los 15 mil dólares.
“Hemos tomado la decisión de destituir en mérito a ese hecho flagrante que se ha visto por los medios de comunicación”, manifestó el consejero Wilber Choque.
En cuanto a la secretaria del juzgado implicada, Choque informó que el CM pedirá al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que se la destituya.
El fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, informó que Félix Marín fue removido de su cargo ayer, pero por un proceso disciplinario distinto al caso de la coima.
“El doctor Marín ha sido destituido en su cargo, como emergencia de otro proceso disciplinario que se la había instaurado por la Fiscalía”, explicó.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, precisó que Marín fue alejado de su cargo “por supuestos cobros o dádivas”.
Rollano aclaró que, a pesar de ser alejado del Ministerio Público, Marín aún puede prestar su declaración sobre el caso de la coima.
La Fiscalía inició una investigación sobre el delito captado en video. Rollano informó que en este marco se ha procedido al secuestro del cuaderno de investigaciones de Marín y del expediente judicial del tribunal.
Oruro Fiscal General cuestionó trabajo de ex fiscal Riveros
El trabajo realizado por el ex fiscal de Distrito, Orlando Riveros, fue cuestionado ayer por el fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, quien estuvo en esta capital para realizar una serie de tareas en el Ministerio Público, además de brindar una conferencia de prensa para aclarar temas polémicos de esta entidad.
Uno de ellos, fue el alejamiento del fiscal Riveros del cargo de fiscal de Distrito de Oruro. Guerrero indicó que el tema parte por la confianza y rememoró que cuando Riveros llegó a esta capital como autoridad fiscal, lo hizo con la intención de "limpiar" el Ministerio Público, sin embargo, dijo que después de más de un año y medio año de labor, aquel hecho no ocurrió.
"Si no hay esa mejora en Oruro, ¿qué hay que hacer? Pedirle su renuncia. Él era fiscal superior de carrera, y digo era, porque a partir de hoy (ayer) él no es fiscal de carrera y no pertenece al Ministerio Público. A partir de hoy (ayer) él ha dejado el Ministerio Público y no trabaja ni en la Fiscalía de Oruro, ni en la Fiscalía de Chuquisaca, ni en la General, ni en ningún lado", dijo.
Argumentó que a su despacho llegaron varias denuncias de corrupción en su contra, documentos que se procesan y fueron remitidos a la instancia disciplinaria y de Anticorrupción.
"No puedo afirmar, se presume la inocencia de la gente. No puedo afirmar, pero hay denuncias. Han llegado varias denuncias y permanentemente, y no solo me llegan a mí, sino también a autoridades legislativas, autoridades ejecutivas", señaló.
Durante la conferencia de prensa mostró un documento de denuncia de un supuesto consorcio de vocales, jueces, fiscales y abogados que le enviaron al Vicepresidente Álvaro García y con una copia a Guerrero, donde estarían involucrados varios fiscales del Ministerio Público de Oruro, entre ellos, el ex fiscal Riveros.
Guerrero señaló que se está evaluando y puede ser que no haya responsabilidad, pero si las hay, deberán defenderse los involucrados desde donde corresponda.
"Nosotros no nos fijamos caras, de quién entró, con quién entró, ni nada. Nosotros evaluamos el cumplimiento, el trabajo, el buen trato a la gente, el manejo de sus cuadernos de investigación. Si había gente privilegiada que gozaba de protección y que no hacía su trabajo amparado en eso, pues ya no hay esa protección y el que no quiere trabajar, se tiene que ir", señaló.
En horas precedentes se anunció que el ex fiscal departamental Orlando Riveros llegará a Oruro para verter su posición ante las denuncias del fiscal Guerrero.
Dictan sentencia contra un falso funcionario de Fiscalía
Seis años de cárcel a cumplirse en el penal de Palmasola, de Santa Cruz, y 500 días multa a favor del Estado es la sentencia que se dictó contra un ciudadano que se hacía pasar como funcionario del Ministerio Público de Potosí.
Así lo confirmó a el Potosí, el fiscal de materia Juan Carlos Ramírez, quien dijo que el sindicado se acogió a un proceso abreviado.
Denunciaron que Óscar P. se hizo pasar como médico forense y asistente de fiscal con el propósito de sonsacar dinero a las víctimas.
"En ambos casos, se le reconoció al ciudadano sindicándolo de estafa, y se hizo pasar como funcionario de Catastro urbano de la Alcaldía", informó el fiscal.
Con esas pruebas obtenidas se fundamentó la acusación ante el juzgado respectivo para un procedimiento abreviado.
Óscar P. fue juzgado por el presunto delito de estafa con víctimas múltiples. Se aguarda si habrá apelación.
La Fiscalía del Distrito de Oruro "parecía un bunker con tres chapas, sin acceso para el pueblo, con puertas cerradas y no se atendía a la ciudadanía que todos los días reclama justicia", afirmó ayer el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero Peñaranda.
Denunció, al mismo tiempo, la existencia de un consorcio de abogados, jueces y fiscales, entre los que se encontraban algunos fiscales, como Aldo Morales Alconini, Zulmer Villegas y Lindon Requena, en forma conjunta con el abogado Julio Cesar Torrico, a quien asegura no conocer.
INICIAN PROCESO A JUEZ BARRIENTOS POR PEDIDO DE $US 15.000
El Gobierno investiga al menos 15 abogados por delito de prevaricato, afirmó Marcelo Elío, viceministro de Régimen Interior y Policía. La autoridad explicó que hace más de dos meses se inició las investigaciones contra estos jueces y que en dos semanas se señalarán sus nombres y los delitos cometidos.
Según Elío, estos jueces dictaron resoluciones injustas en Santa Cruz, Cochabamba y Santa Cruz, en delitos de avasallamiento y otros, pese a no existir evidencia alguna en contra de uno de los querellantes.
“Vamos tener novedades, el Gobierno inició investigaciones a jueces en todo el país, pero sobre todo en Santa Cruz y Oruro, donde se produjeron casos de avasallamientos, robos y otros que fueron puestos a disposición de los administradores de justicia.
El Viceministro de Régimen Interior, advirtió con ejecutar acciones penales contra fiscales y jueces prevaricadores, como Marcelo Barrientos, quien fue filmado en su despacho cuando extorsionaba a una mujer que buscaba cambiar la tipificación de violación a estupro.
PROCESO. El juez Barrientos, denunciado por extorsionar 15.000 dólares a una mujer fue derivado a proceso administrativo por autoridades del Consejo de la Magistratura de La Paz.
Mónica Limachi, representante regional, intervino ayer las oficinas del Juez Anticorrupción y señaló que fue suspendido del cargo mientras dure el procesos, dos meses aproximadamente, y se dicte una resolución.
En tanto el afectado señaló que desconocía el hecho y que no solicitó los 15.000 dólares. Además recordó que la filmación no tiene valor legal porque fue obtenido de manera ilícita.
El juez filmado pidiendo una coima negó haber incurrido en delito
El juez del Tribunal Anticorrupción de La Paz, Marcelo Barrientos, que aparece en un video donde se lo observa pidiendo un monto de dinero a la madre de un imputado para llevar el caso a juicio abreviado, negó el hecho. "Lógicamente un video no vendría ser una prueba, uno. Dos, quisiera ver el video para poder dar una interpretación más real y lógica. Haber pedido algún monto o exigencia, ¿bajo qué argumento?, si ya hay un auto (acción) de apertura, si ya está calificado el delito por violación, de qué tipo de beneficio podría hablar la persona (la madre)", dijo Barrientos a la red ATB.
Anunció que no renunciará a su cargo ni se excusará, pero que si está dispuesto a someterse a un proceso investigativo por ese caso.
El presidente de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Juan Carlos Berríos, pidió de manera verbal y escrita la renuncia del juez Barrientos. "Al haber recibido una negativa suya a mi recomendación verbal, le reitero -por esta vía- que debería apartarse del cargo de Juez Técnico Anticorrupción para permitir que el caso quede esclarecido en las instancias correspondientes y nos permita nombrar a la brevedad al o la profesional responsable de esa instancia", dijo.
El Ministerio de Transparencia hizo público un video en el que se observa al juez Barrientos cuando extorsiona a la madre de un imputado, a quien le exige una coima para cambiar la tipificación del caso. En la conversación primero se hace mención a una cifra de 15.000 dólares, supuestamente para pagar también al fiscal del caso, y luego el juez señala: "Ya, lo dejaremos en 3.000 dólares, tienes que conseguir ese dinero".
Inician proceso disciplinario
El Consejo de la Magistratura informó hoy que se iniciará un proceso disciplinario al juez Barrientos, acusado de extorsión y filmado cuando trataba de timar entre 15.000 a una mujer que buscaba se califique a su hijo de acuerdo con el tipo penal en que incurrió.
"Estamos viniendo a verificar y controlar el despacho en razón a la denuncia de extorsión en los medios de comunicación, es un acto indebido y vamos a procesar conforme a las faltas gravísimas para una destitución", explicó la encargada distrital del Consejo de la Magistratura, Mónica Limachi, al entregar la notificación. Informó que según el nuevo reglamento disciplinario, el juez disciplinario decidirá la suspensión del juez sin goce de haber y el fallo final se conocerá en un plazo de dos meses, lo que antes demoraba 6 meses.
"Por tratarse de un hecho 'flagrante' de corrupción la demanda penal se formalizó ante el Ministerio Público, porque no se puede tolerar, proteger ni encubrir a funcionarios judiciales denunciados por delitos de extorsión", sentenció Limachi. Por su parte, el juez dijo desconocer la procedencia del video y dijo que le enviaron el audiovisual por internet con fecha de febrero del 2015.
"Con la notificación del Consejo de la Magistratura asumiré mi defensa, donde demostrare mi inocencia del delito que se me acusa, de la supuesta extorsión, tomando en cuenta que el Tribunal como tal es colegida constituida por tres personas, entre esos los jueces técnicos", señaló.
Nueva norma acorta procesos disciplinarios contra los jueces
El Consejo de la Magistratura presentó un nuevo reglamento para acortar los procesos disciplinarios contra jueces y su personal subalterno. Se espera que los juicios que demoraban hasta seis meses se concluyan en sólo en dos.
"Antes, un proceso disciplinario podía durar entre cuatro a seis meses. Ahora, con este nuevo reglamento, estamos recortando los plazos a efectos de que una denuncia disciplinaria a lo mucho se resuelva en dos meses como máximo”, informó ayer uno de los tres jueces disciplinarios que existen en La Paz, Luis Fernández.
La nuevo reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental sustituye al anterior que fue aprobado en 2013. Ya entró en vigencia, indicó la representante del Consejo de la Magistratura en La Paz, Mónica Limachi, pero aún debe ser socializado.
Ahora los jueces disciplinarios, una vez admitida la denuncia dentro las 48 horas de su presentación, tendrán máximo 10 días para reunir todas las pruebas (antes el plazo era 40). Además, se especifican algunas medidas precautorias que pueden tomar, como la suspensión de funciones con goce de haberes del denunciado, el cambio de servidores o la intervención inmediata de los juzgados.
Con esta norma también se pretende reducir la sobrecarga procesal. En el departamento de La Paz existen sólo tres jueces disciplinarios para más de 200 jueces y aun más personal subalterno: secretarios, auxiliares, oficiales de diligencias, etc.
Desde 2012 se atendieron 1.800 casos que culminaron con la destitución de aproximadamente 18 jueces y unos 130 subalternos por faltas graves.
Según Fernández, de los 1.800 casos, un 95% fue cerrado, la mayoría fueron por retardación de justicia. Aunque se advirtió que la falta de personal y la sobrecarga procesal, que es una realidad, dificultan el cumplimiento de plazos de los operadores de justicia.
El nuevo reglamento se aplicará con las nuevas denuncias que se reciban en los juzgados disciplinarios, no es retroactivo, por lo que los casos pendientes deben resolverse con la vieja norma.
Recepción Cualquier ciudadano que se sienta afectado por la mala actuación de un juez o el funcionario de un juzgado puede presentar su denuncia en los juzgados disciplinarios, ubicados en la calle Yanacocha, esquina Potosí, dentro del edificio antiguo del Palacio de Justicia.
Requisitos Para presentar una denuncia se requiere: la relación de los hechos (verbal o escrita), identificación del denunciado y pruebas del hecho (adjuntadas o mencionadas para que los investigadores las busquen).
La Paz y El Alto La Magistratura destituye a 8 jueces
Resultado de operativos. Mónica Limachi Rosas, responsable del Consejo de la Magistratura en La Paz, indicó que los datos son resultado de los operativos de brigadas móviles que detectaron a 45 operadores de justicia en acciones irregulares y retardación de justicia. Los operativos se iniciaron el 24 de septiembre en juzgados de La Paz y El Alto./
Ministerio Público y Defensa Acusan de prevaricato al Tribunal de Sentencia
Ante el rechazo del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, al incidente planteado por el Ministerio Público por limitar el número de testigos, las partes anunciaron demandas de prevaricato contra los jueces del caso Rózsa.
El fiscal Sergio Céspedes pidió copia legalizada del acta de la jornada de ayer, para demandar a las jueces ciudadanas Anastasia Calisaya y Sonia Mamani.
Mientras que el abogado Carlos Mariaca, defensor del acusado Hugo Paz Lavadenz, interpuso una demanda similar a la Fiscalía, pero contra los jueces técnicos Sixto Justo Fernández y Elena Gemio. Según las normas del derecho, la prevaricación, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Esto en el sentido, de que en la resolución del Tribunal rechazando el incidente procesal defectuoso, las jueces ciudadanas fueron las del voto disidente. El fiscal Céspedes adujo que Mamani y Calisaya, incumplieron la línea fijada del Tribunal de rechazar cualquier incidente. Mientras que Mariaca, explicó que los que incumplieron fueron Fernández y Gemio, ya que al haber empate en la resolución, el procedimiento era dar a favor de las partes.
Nuevo testigo. Por otro lado, al estar ausente el testigo Luis Hernán Rossel, exgerente del hotel Las Américas, el juez Fernández llamó en su lugar al exgerente del Hotel Buganvillas, Luis Eduardo Vega.
Se sugiere mayor acceso de mujeres a la justicia
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) emitió una serie de recomendaciones a Bolivia, entre ellas acelerar la creación de tribunales y cortes de justicia que garanticen el acceso de las mujeres a la justicia sin ningún tipo de discriminación.
Las recomendaciones fueron hechas públicas por Mónica Bayá, secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, en un almuerzo con periodistas de La Paz, donde se destacó que éste es un espacio importante para llegar a los trabajadores de la prensa, con el fin de que se sumen al esfuerzo de socializar las recomendaciones y que sean asumidas como tarea.
La representante señaló que las recomendaciones toman como base temas que el comité ha visto en un momento determinado, en el examen del 14 de julio de este año ante la Cedaw, pero señaló que sin duda hay otras áreas donde se está trabajando y se necesita trabajar más desde el Estado.
“Un tema central de las recomendaciones es la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la necesidad de reforzar los servicios con una mayor cobertura en el área rural”, dijo.
En ese marco, explicó que se llegó a saber que un poco más del 50 por ciento de todo el país tiene Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM). “Eso es positivo, pero muchos municipios no los tienen y justamente ésa es una de las recomendaciones: asegurar la atención psicológica, social, legal, médica para las mujeres en todas las regiones por igual”, dijo.
Denis Racicot, representante en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, dijo que desde la perspectiva del Estado se deben ver las recomendaciones de una forma positiva.
“Esas recomendaciones se inscriben en el clima de un diálogo interactivo de los mecanismos convencionales hacia los Estados”, dijo.
En ese marco, el diplomático señaló que dichas sugerencias son para incentivar al Estado a mejorar la protección de los derechos humanos, en este caso de las mujeres. “Esto coadyuvará al Estado a tener directivas y pautas para buscar mejores resultados”, finalizó.
Video Mira video donde un juez pide $us 15 000 por una sentencia
Reglamento Disciplinario 18 jueces son destituidos por corrupción en judicatura paceña
La representante departamental del Concejo de la Magistratura, Mónica Limachi, informó que en dos años se destituyó a 18 jueces, los que incurrieron en actos de corrupción, catalogados como delitos graves. Para agilizar el tratamiento de las demandas entró en vigencia el nuevo Reglamento Disciplinario para jueces y plantel administrativo de los juzgados.
Enfatizó que la mayoría de las demandas tienen que ver con las retardaciones de justicia, siendo que los litigantes requieren la culminación de los procesos judiciales en los juzgados de familia, civiles y penales.
Explicó que con el anterior reglamento los procesos demoraban hasta seis meses, por eso, por ejemplo, en La Paz se acumularon más de 1.800 procesos a cargos de los jueces disciplinarios.
El nuevo reglamento permitirá resolver las denuncias contra los jueces, secretarios, oficiales, auxiliares y funcionarios de derechos reales denunciados por corrupción, mora procesal y malos tratos en un tiempo máximo de dos meses.
A su juicio, existía la necesidad de redactar un nuevo reglamento que debe ser aplicado por los juzgados disciplinarios en sujeción a lo que establece la Ley 025.
Comentó que la legislación del Órgano Judicial establece multas económicas, suspensiones, amonestaciones escritas y destituciones por faltas graves, gravísimas y leves que hayan cometidos jueces y el resto de los servidores judiciales.
El nuevo reglamento fue adecuado a la Constitución Política del Estado, por lo que la suspensión de los servidores judiciales será sin goce de haberes.
A esos procesos se suman 130 denuncias contra funcionarios de distintos juzgados de las ciudades de La Paz y El Alto, informó Nataly Vargas, jueza disciplinaria.
La jueza del Juzgado Disciplinario Primero, Nataly Vargas, afirmó que el Nuevo Reglamento Disciplinario regula las faltas de los jueces y personal administrativos y el tiempo que debe durar un proceso, que debe ser de dos meses, con la sentencia ejecutoriada respectiva que amerite el caso, tomando en cuenta los delitos graves y leves.
Aclaró que los procesos iniciados con el reglamento 75/2013, no regirán con la norma actual, por lo cual se tiene el plazo de seis meses para la tener sentencia ejecutoriada para los funcionarios de los juzgados.
En cuanto a la totalidad de denuncias recibidas, el juez del Juzgado Disciplinario Segundo, Luis Fernández Ramos, mencionó que atendieron 1.800 denuncias, de las cuales tienen sentencia el 95 por ciento, entre las que resaltan los 18 jueces destituidos (faltas graves), el restante tuvo llamadas de atención, suspensiones de dos a seis meses, entre otros delitos leves.
Los litigantes deberán presentar medios probatorios (documentales, testificales, el lugar donde se puede encontrar el medio probatorio, entre otros) para hacer conocer su denuncia.
EN BENI Y SANTA CRUZ DETECTAN QUE TIENE SERIAS FALLAS PROCEDIMENTALES
Asociaciones de notarios de Santa Cruz y Beni presentarán en las próximas horas la impugnación a la convocatoria para acceder a ser notarios de fe pública, por considerar que tiene serías falencias procedimentales que pondrían en riesgo la legalidad del trabajo de los futuros profesionales elegidos en el cargo.
La vicepresidenta de la Asociación Nacional de Notarios, Ross Mery Uriana, y los presidentes de las organizaciones de Santa Cruz, Víctor Hugo Rojas, y del Beni, Mirian Durán, señalaron que en las próximas horas plantearán un recurso contra la directora Nacional de Notarios por considerar que usurpó funciones al convocar a los profesionales abogados para que se presenten y accedan a una oportunidad de ocupar un cargo de notario de fe pública. “Esto es una irregularidad porque los que tienen la potestad para convocar a esos cargos son los directores regionales y no la nacional”, dijo la vicepresidenta de la asociación nacional.
Para el presidente de la asociación de notarios cruceños, Rojas, ésta es una seria irregularidad que se debe corregir porque, caso contrario, cualquier persona afectada por el trabajo de los futuros notarios podrían interponer un recurso y anular todo lo hecho al considerar que no está elegido legalmente.
Los tres dirigentes aseguraron que esta posición es compartida con sus pares de los otros departamentos, por lo que consideran que esa convocatoria debería anularse para no crear confusión.
Magistratura inició procesos a 45 jueces por irregularidades
"En algunos (casos) inclusive estamos haciendo acciones penales por retardación de justicia. Algunos fueron directo a juicios con procesos abreviados, hay otros con faltas graves y gravísimas. Es un trámite, pero hasta el momento son 45 jueces a quienes se les sigue acciones penales tanto en La Paz como en El Alto”, informó la presidenta del Consejo de la Magistratura de La Paz, Mónica Limachi.
"El juez de El Alto ha sido transferido a Chulumani, se niega a cumplir la orden emanada del Consejo porque no le conviene. Tiene 32 procesos tanto disciplinarios como penales y ya sabemos de dónde vienen las amenazas”, denunció Limachi.
"Estamos presentando esta denuncia de manera escrita por amenaza de muerte que ha recibido mi persona y la comunicadora que es parte de mi equipo. Además, les vamos a dar la memoria (del celular) para que se realice el peritaje (correspondiente)”, enfatizó.
Para defenderse de acusaciones Ex funcionarios de la Fiscalía enjuiciarán a fiscal Palacios
Ocho ex funcionarios del Ministerio Público a quienes la actual fiscal de Distrito, Dubeysa Palacios les agradeció sus servicios, asumirán acciones legales en contra de esta autoridad por haber sido mellados en su dignidad al ser acusados por presuntos actos de corrupción e incumplimiento de funciones.
Ayer por la mañana, los ex fiscales, Raúl Orozco y Richard Zepita; las ex asistentes legales, Daniela Peñafiel, Elga Zuleta y Roberto Flores; las ex auxiliares legales, Tatiana Moroco y Magalí Poma; y el ex asistente de contabilidad, Wilfredo Gutiérrez, ofrecieron una conferencia de prensa en el auditórium del Colegio de Abogados para decir su verdad sobre las acusaciones de la Fiscal de Distrito.
"Hacen referencia y alusión textual de que todos los funcionarios que fuimos retirados hemos sido despedidos por hechos de corrupción, por hechos que mellan la integridad personal y profesional de cada uno de los funcionarios públicos, por eso queremos aclarar y poner en duda esas aseveraciones realizadas por la fiscal departamental y el fiscal general (Ramiro Guerrero)", dijo el ex fiscal Orozco.
En la conferencia de prensa se mostraron los memorándums de agradecimiento emitidos por la fiscal Palacios, donde no se explica el porqué de ese accionar, aunque en conferencia de prensa efectuada el viernes por esta autoridad, mencionó que era para mejorar el trabajo en el Ministerio Público.
Explicaron los afectados que en ningún momento fueron objeto de algún proceso vinculados a hechos de corrupción como se informó a la población.
"Nuestras personas, muchos de nosotros jóvenes estamos al servicio de nuestra tierra y no puede ser que personas ajenas a la ciudad de Oruro, vengan a querer o tratar de embarrar la labor personal que tanto nos costó construir", añadió Orozco al afirmar que se tomarán acciones legales.
El ex fiscal Richard Zepita expresó su indignación por las declaraciones de la fiscal Palacios a las cuales calificó de no tener fundamento.
"Los memorándums son de agradecimiento y en ningún momento nos han procesado en tema disciplinario o penal. En todo caso tendría que haber un memorándum de destitución si nos hubieran encontrado como personas que hubiéramos realizado actos de corrupción", señaló.
Zepita se refirió al caso del Fondo Indígena, que tras pedir cárcel para el imputado Benigno Quispe, le llegó el memorándum de agradecimiento de servicios.
"Se ha vertido aseveraciones en el entendido que el suscrito estaría destituido desde fecha anterior (a la de entrega de su memorándum), casi una semana anterior como hacen referencia, pero si pueden observar el memorándum fue emitido con fecha 10 de noviembre, momento en el que fue aprehendido el señor Benigno Quispe Mamani, ex diputado (del MAS)", señaló.
Argumentó que las afirmaciones de la fiscal Palacios son inciertas y no tienen sustento legal, además de establecer que hubo injerencia política.
Por su parte, la ex asistente legal Elga Zuleta manifestó su indignación por las falsas acusaciones expresadas en medios de comunicación como los medios digitales de la Fiscalía General del Estado.
"También se dice que el doctor Orlando Riveros fue destituido del Ministerio Público, a la fecha todos tenemos conocimiento que el doctor Riveros está cumpliendo sus funciones en la Fiscalía General como fiscal superior", añadió.
﻿Ministra recibe en El Alto denuncias por retardación de justicia
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, informó el domingo que su despacho recibió denuncias de retardación de justicia de los vecinos de Villa Dolores, en la ciudad de El Alto.
Informó en el marco de ese programa, su despacho recibe denuncias en los nueve departamentos junto a los Servicios Integrados de Justica Plurinacional, al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, al Servicio Plurinacional de Defensa Pública y al Registro Público de la Abogacía.
Labels: El Alto, Ministerio de Justicia
Abusar de la función pública, usando y malversando bienes y recursos del Estado para beneficio privado, es el origen y basamento de la corrupción funcionaria. Hace cuatro años, el entonces Fiscal del Distrito de Pando fue sorprendido robando de los galpones de la Zona Franca de Cobija mercadería incautada por la Aduana Nacional. Vladimir Lazcano regalaba esa mercadería robada a una novia suya. El ex Fiscal que se hallaba prófugo fue capturado el lunes en Sucre, y ahora deberá contar su historia de amor ante un Juez Cautelar. En esta trama de corrupción y seducción hay una lección que aprender para entender el valor de la transparencia en la gestión pública…
“Vengo a devolver estas cosas robadas que me regaló el Fiscal del Distrito como muestra del amor que decía sentir hacia mí; pero no estoy de acuerdo”, declaró públicamente la ciudadana Ada Barranco el 18 de marzo del 2011, al enterarse que su pretendiente Vladimir Lazcano Barrancos, el Fiscal, fue denunciado formalmente por irrumpir en los recintos aduaneros, abusando de su cargo y en las sombras de la noche, para robar mercadería incautada al contrabando que luego obsequiaba a su amada o vendía en el mercado negro de Puerto Evo.
Ada Barranco se presentó ante un Notario de Fe Pública en Cobija para devolver mediante inventario utensilios de cocina, electrodomésticos, perfumes, zapatos, ropa fina, osos de peluche y otros objetos que Lazcano sustraía románticamente de Zofra-Cobija. “Yo no sabía que todo esto era robado”, declaró la desilusionada Ada.
Según la noticia publicada entonces en el blog de Sol de Pando, el Fiscal fue sorprendido, filmado y fotografiado a bordo de un vehículo negro sin placa transportando televisores, ventiladoras, cajas de whisky, cigarros, parlantes, radios y una diversa mercadería que el Control Operativo Aduanero (COA) había decomisado y depositado en los galpones de Zofra-Cobija a los que Lazcano —en su condición de Fiscal del Distrito responsable de custodiar esos bienes incautados al contrabando— tenía acceso irrestricto con una copia de la llave del recinto aduanero en su poder.
Lazcano tenía previsto ir a Puerto Evo para negociar cigarrillos y venderlos, según reveló la avergonzada novia. También tenía el plan de abrir allí una tienda propia asociándose con un grupo de contrabandistas.
Al ser descubierto, tomó vacaciones y desapareció de Pando, hasta que el pasado lunes, cuatro años después, el prófugo fue capturado en la ciudad de Sucre, de donde provenía, y trasladado a Cobija para enfrentar un juicio por delitos que podrían condenarlo a 18 años de cárcel. En la audiencia de medidas cautelares fijada para las próximas horas en el Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal de Cobija, se apersonará la Presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, como parte querellante junto al Ministerio Público.
Con Lazcano también están procesados dos ex funcionarios de Zofra-Cobija: el entonces director ejecutivo Marcos Vidovik y Roger Andrade que fue el asesor jurídico de la Zona Franca.
Voceros de la Gobernación de Pando manifestaron satisfacción por la detención de Lazcano y lo identifican como “un resabio del pasado que ya no tiene cabida en nuestro Departamento Autónomo”.
Sensación de impunidad que da el Poder
En sus juegos de seducción, Lazcano hacía gala de prepotencia e impunidad demostrando a su novia el discrecional poder que detentaba.
“Él me traía esos regalos que sacaba de la Zona Franca, me dijo que eran para mí, que él podía sacar todo lo que quisiera… Yo estaba confiada que era algo legal, me hizo creer que como Fiscal del Distrito tenía esas atribuciones hasta que me sorprendió la noticia de que todo eso era un robo y yo no puedo aceptar cosas robadas”, explicó Ada Barranco.
La novia dijo tener conocimiento de que Lazcano extrajo esos bienes de Zofra-Cobija en dos oportunidades. Pero también la joven fue testigo de que Lazcano abusaba de su cargo para extorsionar a comerciantes de Cobija imputándolos e incluso encarcelándolos para luego saquear las tiendas “clausuradas” por el mismo Fiscal del Distrito que las convertía en sus shoppings de uso personal.
“En una oportunidad me dijo que había hecho incautación de la tienda Halley. Me invitó a que vayamos a sacar. Me dijo te voy a llevar de compras a que te elijas poleras y lo que quieras. Pero la verdad es que no he ido. Eso fue después de que hubo la denuncia porque me dijo que llevó preso a un señor de la tienda Halley“, reveló Ada.
Comerciantes legalmente establecidos en la Zona Franca de Cobija y que afirman también haber sido extorsionados por Vladimir Lazcano, anunciaron a Sol de Pando que se constituirán en coadyuvantes del juicio contra el ex Fiscal del Distrito que mezcló obscenamente su función pública con sus intereses íntimos.
La lección es que cuando se rompe la delgada línea que separa la esfera pública de la esfera privada, nace la corrupción y muere la transparencia.
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References: artículo 235
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