Source: http://militaresbolivia.blogspot.com/2014/07/
Timestamp: 2017-08-18 21:57:29+00:00

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Militares de Bolivia: July 2014
Defensor verifica proceso de reclutamiento militar
Ante el pronunciamiento del defensor del Pueblo, Rolando Villena Villegas respecto a la denuncia de pobladores de Pailón (Santa Cruz) debido a que varios jóvenes fueron capturados por soldados para llevarlos al cuartel y así hagan el servicio militar, el pasado domingo, la representación de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba procedió a realizar verificaciones al segundo proceso de reclutamiento para esta gestión.
El Centro de Instrucción de Tropas Especiales (CITE) y la Policía Militar (PM) recibieron la visita de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y del representante departamental Andrés Cuevas, según un comunicado de la institución.
Dentro las verificaciones se invitó a los nuevos conscriptos a que llenaran una boleta mencionando aspectos positivos y negativos del proceso de reclutamiento y la estadía en la unidad militar. A ello, la mayoría de los soldados manifestó su conformidad con la comida, la instrucción y el respeto de las horas de descanso. Sin embargo, algunos indicaron que existe maltrato físico por parte de soldados de mayor antigüedad.
El representante exigió a los comandantes que realicen un seguimiento a las acciones de protección a la integridad de los conscriptos. Los comandantes reflejaron las limitaciones que tienen para recibir en mejores condiciones a los nuevos conscriptos.
“El señor Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas no puede y no tiene por qué inmiscuirse en la asociación”, afirmó el suboficial dado de baja de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Richard Mayta, a tiempo de denunciar la intervención de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos (Ascinalss), por parte del Alto Mando Militar, mediante suboficiales comando.
“Es patrimonio nuestro, se ha hecho con nuestros aportes, es autónoma y no puede designar a dedo a los señores suboficiales”, afirmó Mayta, refiriéndose a que esta institución fue intervenida en represalia a las movilizaciones de abril.
APORTES EN RIESGO
Según explicación de otros uniformados, con esta intervención se pone en riesgo los aportes de los aproximados 12.000 sargentos y suboficiales, pues no se ha dado información alguna de los aspectos legales de la intervención.
Unidos para demandar el cumplimiento de los ofrecimientos de igualdad y erradicación de la discriminación al interior de ambas instituciones, suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Nacional, respaldados por sus familias, firmaron ayer un pacto, con el cual también buscan defenderse de los procesos abiertos en su contra, que califican de ilegales, luego de haber protagonizado distintas movilizaciones.
“Porque disciplina y subordinación no es sinónimo de sometimiento”, afirmó el suboficial de las Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Richard Mayta, quien junto al sargento de Policía Nacional, Pedro Ticona, afirmaron en representación de sus camaradas a nivel nacional.
“Hoy nos unimos como en un solo cuerpo. En este momento nos une el sometimiento y el amedrentamiento, tanto de índole político como institucional, con procesos abiertos de manera ilegal, inconstitucional, y alguna bajas que estamos sufriendo por las luchas que hemos iniciado”, aseguró Ticona.
En abril, sargentos y suboficiales de las FFAA dejaron los cuarteles y recorrieron las calles junto a sus familiares y organizaciones sociales en demanda de la reforma al Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA).
En junio, sus similares de la Policía Nacional, tomaron la determinación de iniciar protesta, con la toma de algunas unidades, demandando la nivelación salarial y la unión del bono de seguridad ciudadana a su haber básico.
En ambos casos, los uniformados se desmovilizaron bajo el compromiso de que no se tomaría represalias y que se abrían mesas de trabajo en las cuales se tratarían las demandas.
Sobre los procesos, los uniformados coincidieron en que las resoluciones de baja y de detención preventiva tienen visos de inconstitucionalidad y en el caso de las FFAA, estos procesos persisten a pesar de las conminatorias por parte de los tribunales de la justicia ordinaria.
Ejército boliviano participa en desfile militar en Perú
Las delegaciones extranjeras de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Chile, México y Francia participaron ayer en el desfile militar que conmemoró los 193 años de la independencia de Perú. Las tropas marcharon con paso gallardo y algunas de ellas vistieron llamativos penachos, como en el caso de la boliviana, y uniformes caqui, como la legión extranjera francesa.
La delegación de México, que fue una de las más pequeñas, y la de Francia, conformada por 15 miembros del tercer regimiento de infantería ubicado en Kourou, Guayana Francesa, participaron por primera vez en el desfile militar de Perú.
La delegación brasileña estuvo integrada por miembros del Comando Militar de la Amazonía, del VII Comando Aéreo Regional y del Batallón de Operaciones.
Nueva conminatoria contra Tribunal Militar y familiares retoman las movilizaciones
El Tribunal Supremo de Justicia Militar (TSJM) fue conminado por segunda vez, por un juzgado de la Justicia Ordinaria a reponer el debido proceso a la acción de cesación a la detención del presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos Asociación (Ascinalss), suboficial Jhonny Gil Lenniz, según informó el abogado César Rojas. Por otra parte, familiares de los sancionados, detenidos y perseguidos, de las Fuerzas Armadas (FFAA), retomaron ayer las marchas denunciando que las represalias en contra de sus esposos se endurecieron desde que levantaron sus medidas de presión en abril.
El juez Tercero de Sentencia, René Delgado, dictaminó que en un plazo de 72 horas el TSJM restituya el debido proceso y se pronuncie, en una audiencia, para considerar por segunda vez, la acción de libertad interpuesta por Rojas, en favor del presidente de la Ascinalss quien está retenido en un calabozo del Estado Mayor desde el 15 de mayo.
Como El DIARIO informó, el juez Delgado ratificó las observaciones presentadas por el abogado Rojas cuando el TSJM desestimó el incidente presentado, entre otras razones, porque los fiscales militares afirman que el uniformado no cuenta con un trabajo ni domicilio conocido, a pesar de ser funcionario de las FFAA, además que no se consideró otras observaciones interpuestas por los abogados de la defensa.
Sin embargo, el juez aclaró: “No estoy diciendo que le den libertad, estoy diciendo que (el TSJM) se pronuncie por qué ha dado lugar a la detención (del suboficial)”, si estos fueron fundamentados por la defensas.
Rojas advirtió que si el TSJM, en la nueva sesión, no ordena la libertad de Gil en las próximas 72 horas, iniciará una nueva querella contra los integrantes del TSJM por no cumplir la conminatoria de este Juzgado.
PIDIERON RESPETO
Los familiares de suboficiales y sargentos de las FFAA, afirmando que “no fue un motín, solo pidieron respeto”, retomaron las movilizaciones ayer y marcharon en demanda de la reincorporación de 68 militares dados de baja luego de participar en las movilizaciones de abril, cuando solicitaron modificaciones a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) y la erradicación de la discriminación para los uniformados de bajo rango.
“Ahora los que están afectados son 68, no fueron restituidos a la institución, no aceptan su carta de reincorporación, están esperando la respuesta de los altos mandos militares”, afirmaron, sin identificarse por temor a más represalias.
Gobierno ordena investigar a la jueza que liberó a tres militares
La autoridad de Gobierno dijo, según señala ABI, que la jueza Encinas que el lunes liberó de forma provisional al subteniente Ronald Martínez, al capitán Hugo Téllez Rodríguez y al suboficial Guadio Huallpa Apaza, será investigada.
"He pedido que se inicie una investigación con elementos objetivos en relación a la resolución del juez o de la jueza que ha dado medidas sustitutivas a tres militares que participaron en el camino del delito para la ejecución del señor Avaroma", dijo a la Agencia Boliviana de Información (ABI)
El cadáver hallado en el Urubó
Jaime Avaroma, natural de Beni, fue hallado muerto el 15 de julio en un descampado del Urubó. De acuerdo con informes de la Fiscalía, los tres instructores de la Policía Militar, vestidos de policías, sacaron al hombre de su domicilio y lo entregaron a sus verdugos.
Avaroma, según la Policía, era un matón a sueldo con antecedentes penales que había llegado a la capital cruceña para asesinar a dos personas vinculadas con el crimen organizado.
Ejército inicia proceso a tres militares ligados al crimen del Urubó
La suerte de los tres instructores de la Policía Militar que resultaron implicados en la muerte de Jaime Avaroma, cuyo cadáver fue hallado el 15 de julio en un descampado en la zona del Urubó, está en manos de la justicia ordinaria. Así lo confirmó el comandante del Ejército, Omar Salinas, que además señaló que la institución castrense les ha iniciado un proceso disciplinario interno.
El informe recibido por el Comando del Ejército, según Salinas, detalla que el subteniente Ronald Martínez convenció al capitán Hugo Téllez Rodríguez y al suboficial Guadio Huallpa Apaza de “ganarse unos billetitos dándole un susto a alguien” y de ese modo, con la excusa de tramitar un préstamo en una entidad financiera, obtuvieron permiso de su unidad militar y enseguida sacaron a Avaroma de un inmueble y lo entregaron a sicarios.
Avaroma, natural de Beni, era considerado por la Policía como un matón a sueldo que vino a Santa Cruz para liquidar a Winston Aguilera Vaca Díez y a Erwin Gil, alias ‘Quililo’. El primero está prófugo y el segundo se encuentra privado de libertad en la cárcel de Palmasola.
Según la Fiscalía, Aguilera y Gil se anticiparon a Avaroma y lo mandaron matar. El traslado de Avaroma hasta el Urubó fue efectuado por los tres militares, que se vistieron de policías en horas de trabajo.
Salinas indicó que el subteniente Martínez recibió $us 2.000 por su colaboración. De esa suma, $us 500 los repartió entre sus dos camaradas. Los uniformados fueron imputados por el Ministerio Público por el delito de asesinato en grado de complicidad, pero la jueza Roxana Encinas, el lunes, les otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva.
El jefe de Estado Mayor del Ejército, Marco Ampuero Gallardo, dijo que la institución castrense no va apañar a los instructores, por lo que se les ha iniciado “un sumario informativo militar por cometer con su conducta actos de indisciplina”, además de “dañar la imagen del Ejército”. Dejó en claro que los inculpados deberán someterse a las determinaciones de la justicia ordinaria.
Los efectivos castrenses que fueron favorecidos con medidas sustitutivas deberán acudir a la Fiscalía cada diez días. Para salir en libertad presentaron dos garantes personales y el arraigo para asegurar su procesamiento por complicidad en el delito de asesinato.
Respecto a las medidas sustitutivas otorgadas a estos tres imputados, el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, expresó su preocupación al considerar que la justicia viene dictando fallos desproporcionados que causan decepción.
Arrázola dijo que con esta resolución y otras que muchas veces pasan desapercibidas, se demuestra que a la gente pobre y sin influencia la justicia le aplican la ley con todo rigor.
El director de Comunicación Social de la Armada Boliviana, Javier Torrico, informó que ayer se inició la capacitación de los marineros en ramas técnicas como sastrería, mecánica, motores, computación y seguridad cibernética, para otorgarles el título de técnico medio.
“En unidades navales se inició el curso de capacitación Ama Quella, con el propósito de formar mano de obra calificada en informática, sastrería, motores y otras especialidades para su desempeño laboral después de su licenciamiento”, declaró la autoridad militar.
En un recorrido por las aulas de aprendizaje, ubicadas en el Comando General de la Armada, explicó que simultáneamente la capacitación se desarrolla en los distritos navales Mamoré, en Trinidad, y Madera, en Guayaramerín, donde los marineros, además, recibirán la enseñanza en piscicultura, agronomía e instalación eléctrica domiciliaria.
Detalló que los marineros del Servicio Militar Obligatorio del primer escalón de 2014, al margen de la formación cívica militar, reciben esa formación técnica, como una de las tareas prioritarias de la Armada dentro el programa “Para vivir bien en los cuarteles”.
El director de Ciencia, Tecnología, Telecomunicaciones e Investigaciones de la Armada, Julio Lima, explicó que semanalmente formarán a 20 marineros por unidad, actividad que se replicará a través de una videoconferencia a otros distritos.
Liberan a militares acusados de complicidad de un crimen
Tres efectivos de la Octava División de Ejército, acusados de complicidad en el asesinato de Jaime Avaroma, natural de Beni y cuyo cuerpo fue hallado en la zona del Urubó, fueron liberados por decisión de la jueza de La Guardia, Roxana Encinas, que les otorgó medidas sustitutivas. Los militares solo tendrán que presentar dos garantes personales y acudir cada 10 días a la Fiscalía.
Se trata del capitán Hugo Téllez Rodríguez, del teniente Ronald Martínez Cruz y del suboficial Waldino Huallpa Apaza, quienes ayer fueron llevados ante la jueza por el fiscal encargado del caso, Yimy Cuéllar.
Inicialmente en su imputación el fiscal pidió la detención preventiva en Palmasola de los imputados; sin embargo, durante la audiencia cambió de opinión y solicitó medidas sustitutivas para los imputados.
El fiscal fundamentó que el 14 de este mes dichos oficiales fueron contactados por Waldo Ruiz Sejas para ir hasta el alojamiento donde se encontraba Avaroma.
Según los testimonios, Ruiz, amigo del teniente Ronald Martínez, le pidió su colaboración para asustar a una persona, pues tenía pendiente el pago de una deuda. Los militares aceptaron ayudar, acompañaron a Waldo Ruiz hasta el lugar donde se encontraba el beniano y le hicieron creer que había un mandamiento de apremio en su contra, por lo que él subió a un vehículo sin ofrecer resistencia.
Minutos después, Avaroma fue entregado a Exson Zapata Segovia, quien en otro vehículo lo lleva hasta la zona del Urubó y lo mató con 10 disparos.
La entrega del pago
Óscar Auza, abogado defensor de Ronald Martínez, aseguró que ninguno de los militares tenía conocimiento de que Avaroma iba a ser asesinado.
Según el abogado, sus defendidos solo fueron porque había la posibilidad de gestionar el pago de una deuda. Para ello incluso pidieron permiso a su unidad militar.
El fiscal Cuéllar aseguró que los tres oficiales sabían lo que iba a pasar. Incluso leyó la declaración de Waldo Ruiz en la que dice que después de un día de haber sacado de la casa a Jaime Avaroma llamó al teniente Ronald Martínez para decirle que lo espere en la plaza fuera de la Octava División pues le iba a entregar $us 900 por su colaboración, dinero que debía ser repartido entre los tres militares.
Critican a la justicia
Sobre el tema, el exfiscal de Distrito Willam Herrera opinó que lo sucedido ayer en la audiencia es una muestra de que nadie cree en la justicia. Recordó que la ley debe aplicarse sin privilegios. “Este fallo es una muestra del grado de descomposición de la justicia. (...) Lastimosamente la justicia ha sido perforada por la intromisión política”, dijo
Hombre más buscado es adicto a las riñas
Winston Aguilera Vaca Díez es actualmente el hombre más buscado por la Policía. “Lo buscamos por todo el país porque, según las investigaciones, está involucrado en crímenes por ajustes de cuentas”, dijo el jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Juan Carlos Ramos.
Para la Policía, Winston Aguilera es un hombre con jugosas ganancias de lo ilícito, hace inversiones en negocios de madera, ganadería y actividades agrícolas. Uno de sus juegos favoritos es la riña de gallos, donde apuesta grandes sumas de dinero. Según las pesquisas, Winston Aguilera y Erwin Gil, ‘Kililo’, iban a ser asesinados por Jaime Avaroma, pero estos se le adelantaron y contrataron matones a sueldo para liquidarlo por la zona del Urubó. Avaroma era un sicario, según la Policía
En un acto realizado ayer en instalaciones del Grupo Aéreo de Defensa Antiaérea de la Paz (GADA 91) de El Alto se hizo la entrega gratuita de libretas militares a 28 personas con capacidades diferentes.
En el marco de la política de Estado, de luchar contra la discriminación para el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, las 38 personas con capacidades diferentes se beneficiaron al cumplir con los requisitos recibiendo gratuitamente su librera militar con la categoría de ‘Auxiliar D’ que les permitirá ejercer sus derechos y habilitarlos para ocupar cargos públicos, acceder a títulos académicos en provisión nacional, incluso postularse políticamente.
La entrega fue realizada por autoridades de la Dirección General de Territorial Militar del Ministerio de Defensa y de la Brigada Aérea de la ciudad de El Alto.
Cabe resaltar que a partir de la gestión 2013, el Ministerio de Defensa viene emitiendo la Libreta Militar Servicio Auxiliar “D” a las personas con discapacidad, de forma gratuita.
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (Apdhb), Yolanda Herrera, denunció ayer que los suboficiales Freddy Sucojayo y Franklin Colque están siendo víctimas de tortura debido a las condiciones infrahumanas en las que se encuentran detenidos en calabozos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).
“Hemos encontrado a una persona que está 24 horas con luz artificial y eso puede ser catalogado como tortura”, aseveró Herrera en conferencia de prensa, tras señalar que el fin de semana constataron esta denuncia.
Sobre las malas condiciones de los recintos donde guardan detención los dos uniformados de la FAB, el coronel Julio Rojas, director de Comunicación Social de la FAB, explicó antes que las celdas ya tienen varios años de haber sido construidas y al contrario de lo que se denuncia, los oficiales estarían en un ambiente en el cual cuentan con agua caliente y todos los servicios básicos, cumpliendo con un trato digno a los detenidos.
Contradiciendo esto, Herrera manifestó que no solo la FAB estaría vulnerando los derechos humanos, sino el conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA), ya que si bien tiene un Código Penal propio y la infraestructura para un tribunal, de manera vergonzosa no cuenta con un Régimen Penitenciario Militar.
“Tienen un Código de Procedimiento Penal Militar, una Corte Penal Militar, pero es una pena reconocer la inexistencia de un sistema de Régimen Penitenciario Militar, que dé las condiciones mínimas para las personas que están detenidas”, lamentó Herrera.
Sobre las instalaciones en que guardan detención preventiva Colque y Sucojayo, el abogado Alberto Costa Obregón advirtió que estas eran improvisadas. “Es una jaula, y eso en el siglo XXI, cómo puede ser”, cuestionó refiriendo que “existen tribunales pomposos y fatuos, como estos del Tribunal Militar, y toman la determinación de detener a esas personas, pero no tienen recintos penales militares”, dijo el abogado indicando que estas preguntas deben ser contestadas por el Comandante en Jefe de las FFAA.
En este sentido, Herrera manifestó que se está presentando un reclamo oficial al comandante en Jefe de las FFAA, almirante Víctor Baldivieso, por estas violaciones a los derechos humanos de los suboficiales.
Freddy Sucojayo y Franklin Colque son procesados por formar parte de las movilizaciones de abril, oportunidad en que cientos de suboficiales y sargentos de la institución castrense pidieron la adecuación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) a la Constitución Política del Estado y ahora están detenidos bajo los cargos de sedición e instigación a delinquir.
Según el defensor del Pueblo, Rolando Villena, la LOFA no está adecuada a la nueva Constitución Política del Estado, por lo cual está fuera de la legalidad, como lo expresó mediante una carta, dirigida también al Alto Mando Militar, texto del que no se conoce respuesta; en esta, el Defensor plateó varias observaciones puntuales a este reglamento.
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Ayer, en el coliseo del Regimiento Camacho, se inauguró la versión número 36 de los Juegos Deportivos Divisionarios 2014, denominados "Reivindicación Marítima", con la participación de ocho delegaciones de las unidades dependientes de la Segunda División de Ejército.
En el acto, fue sencillo pero solemne por la actitud de los diferentes actores que se concentraron en ese escenario deportivo, que contó con las autoridades militares y además de la defensora del pueblo Clotilde Calancha, el ejecutivo del Sedede, Etzhel Llanque Albarracín y Martín Mollo, secretario de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.
Este evento, se inició con el parte a la autoridad militar y la entonación del Himno Nacional, para luego presenciar la entrega del trofeo rotativo al Comando de la Segunda División a cargo del comandante del RESA-25 Tocopilla de Curahuara; al haber conseguido el título de campeón en los Juegos Deportivos Militares de la gestión 2013.
El encendido de la Llama Olímpica, estuvo a cargo de Vladimir Choque Colque, como deportista destacado.
La promesa deportiva la tomó el mayor Félix Sandro Gutiérrez, en su calidad de segundo comandante del RESA-25 Tocopilla, quien instó a los deportistas a jugar con lealtad y respetar las reglas de juego en todas las disciplinas, para posteriormente escuchar el Himno al Deportista.
Las palabras de inauguración fueron vertidas por el general de brigada Luis Fernando Benavides Fuentes, comandante de la Segunda División de Ejército, quien en palabras salientes manifestó: "Hoy llevamos adelante el campeonato de la Segunda División, haciendo un alto en nuestras labores cotidianas, para ponerse en forma y el hecho de que se encuentren aquí ya son ganadores".
El evento, culminó con la desconcentración y el desfile de las diferentes delegaciones que estarán compitiendo hasta el sábado 2 de agosto del presente año.
Video Militares ensayan para desfile en fiestas patrias
Mediante juegos premilitares se capacitan en derechos humanos
Los premilitares del Regimiento Camacho 1 de Artillería, se capacitaron en derechos humanos a través de juegos que fueron realizados por el personal de la Defensoría del Pueblo.
La representante defensorial, Clotilde Calancha informó que dentro de la promoción y difusión de derechos que efectúa esa entidad, es que se efectuó una jornada muy importante con los premilitares, habiendo asistido aproximadamente 500 uniformados.
"Tenemos una forma de enseñar y aprender derechos con juegos, tenemos siete juegos muy bien concebidos, con los que se puede entender y también enseñar, estos juegos han sido muy solicitados por los jóvenes porque han querido participar en los siete juegos", expresó satisfecha la autoridad.
Se ha trabajado en el tema de discriminación, derecho de las mujeres, de los niños, respecto de la Defensoría del Pueblo y otros, que permitieron a los jóvenes conocer sobre derechos y obligaciones para con la sociedad.
"La jornada estuvo muy bien, quiero agradecer a la Segunda División y particularmente al Regimiento Camacho por habernos dado el acceso a trabajar con estos muchachos, sabemos que la juventud debe ir recordando valores tiene que ir recordando derechos para ejercerlos y reclamar para cuando éstos sean vulnerados", manifestó Calancha.
Informó que esta actividad será replicada, si se puede en otros regimientos, porque comienzan a ir a los cuarteles a hacer verificaciones, pero se replicará en los colegios particularmente, y quizá en la Escuela Superior de Formación de Maestros, y también se hará esta clase de actividad en las plazas y parques de la ciudad para llegar a los diferentes grupos humanos.
Calancha remarcó que hubo mucha aceptación por parte de los jóvenes a conocer el tema de derechos, teniendo el interés de ser parte de todos los juegos, de forma disciplinada.
APDHB advierte tortura en celdas de la Fuerza Aérea
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, señaló hoy que en las celdas de la Fuerza Aérea de El Alto se halla una persona que vive las 24 horas con luz artificial y sin ventanas, lo cual estaría catalogado como “tortura”
“Hemos encontrado una persona que está 24 horas, o todo el momento, con luz artificial y eso también puede ser catalogado como tortura”, indicó Herrera
La activista aclaró que los privados de libertad de este recinto tienen media hora cada día para salir a un lugar abierto, sin embargo, consideró este tiempo como “muy corto”
Representes de la APDHB se constituyeron a la base de la Fuerza Aérea el sábado para verificar la situación de los suboficiales Franklin Colque y Freddy Sucojayo, quienes están procesados en tribunales militares por impulsar las protestas a favor de la “descolonización” de las Fuerzas Armadas.
Al respecto, Herrera aseveró que las FFAA “no tienen un centro penitenciario militar. En ese sentido, están incurriendo en varios aspectos de la violación de derechos humanos, porque no tienen condiciones para tener a estas personas en este tipo de encierro”
“Esas no son condiciones para que estén seres humanos”, agregó.
Vehículo militar tenía placa clonada y fue decomisado
Un vehículo, aparentemente de propiedad del Ejército, tenía una placa clonada, y tuvo que ser decomisado para fines de investigación, para detectar quién o quiénes se dedicaban a la entrega de placas de control sin registro ni seguridad.
La vagoneta guinda 2037-EBB estaba conducida por un efectivo militar, durante los primeros días de la revisión de placas iniciada por los efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) y la Aduana Nacional. El trabajo tuvo sus primeros resultados, pero se espera la verificación de los documentos de los propietarios o del dueño de ese motorizado.
De la misma forma, otros motorizados cayeron en la redada. Los vehículos que tienen placas clonadas generalmente no tienen documentos en orden, pero circulaban con absoluta normalidad en la ciudad de Oruro.
Algunos dueños de vehículos, sin embargo, empezaron a advertir que en el caso de las placas clonadas tienen que estar involucrados algunos funcionarios de la Alcaldía Municipal, porque “ellos son los que nos entregaron las placas y ahora resulta que son clonadas”.
Según el comandante del COA Oruro, mayor Fernando Aragón, se está efectuando el control, verificación y confirmación de las características de uso de las placas que tienen los vehículos, especialmente de aquellos que llegan a los surtidores, para abastecerse de combustible.
Dijo que la estrategia fue diseñada a nivel nacional, para impedir que los vehículos indocumentados sigan recibiendo gasolina o diesel en los surtidores, tal como ocurrió con algunos motorizados.
El administrador de la Aduana Oruro, Wilder Castro, dijo que el objetivo es “detectar todos los vehículos indocumentados o "chutos", pero que la tarea no solamente se realizará un día o dos, sino en forma permanente, en cada uno de los surtidores, con personal asignado a cada uno de los puestos.
Los vehículos militares o policiales o donados por parte del Gobierno Nacional, tienen que tener alguna documentación adicional, como un memorándum firmado por autoridades superiores para su circulación, motivo por el cual se dispuso la detención de la vagoneta con placa clonada.
Tarija Militar es denunciado por amenazas
Un militar en grado de teniente amenazó de muerte a su pareja encañonándola con su arma de uso oficial. El hecho se registró el viernes 25 de julio a las 17.00 aproximadamente en la zona del aeropuerto Oriel Lea Plaza.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Miguel Ángel Irusta, informó que el teniente fue identificado como Eliseo Manuel Igorre. Al momento de la denuncia, la persona fue buscada por la Policía sin lograr dar con su paradero.
“Es un caso de amenaza de muerte, una señorita que era su ex pareja fue quien formalizó la denuncia. Tenemos entendido que el sujeto es un oficial del ejército quien la amenazó empuñándola con su arma de fuego—manifestó Irusta– Es así que una vez, que se toma conocimiento del caso, se procede a buscarlo y no pudo desarrollarse la captura y puesto que se había fugado”.
Indicó que el caso está en proceso de investigación, aparentemente la amenaza surgió a raíz de una pelea verbal entre ambas personas. El hecho ya fue comunicado al Ministerio Público para que asuma acciones.
EL NACIONAL intentó conocer más sobre el caso en la Región Militar que está a cargo del coronel Ítalo Carrazana. Sin embargo, la autoridad no se encontraba en su oficina para brindar declaraciones.
FFAA justifica batidas para reclutamiento
El titular de la Dirección General Territorial Militar, Carlos Ponce de León, afirmó a La Razón que la realización de batidas para reclutar a jóvenes en edad de cumplir con el servicio militar obligatorio es legal.
El miércoles se denunció que militares, en camiones, realizaron batidas en Pailón (Santa Cruz) y El Alto (La Paz) para reclutar a jóvenes de forma obligatoria para enlistarlos a los cuarteles.
“Si están realizando este tipo de batidas, es simplemente con la finalidad de que ellos (jóvenes) se presenten y puedan demostrar si es que hicieron o no el servicio militar, más que todo lo asumo para aquellos jóvenes que están sin hacer nada, es tratar de tomarlos y vean su situación de servicio militar, por eso creo que no estamos cometiendo irregularidades ni excesos, porque la misma Constitución (Política del Estado) nos ampara”, dijo Ponce de León.
Arguyó que en el numeral 12 del artículo 118 de la Carta Magna se ordena que el servicio militar es obligatorio para todos los bolivianos y, asimismo, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA). “Entendemos la obligatoriedad como una situación de que el ciudadano que está en edad (de 17 a 22 años) está forzado a servir a la Patria”, manifestó.
La autoridad militar remarcó que los militares actúan dentro de la norma para exigir el cumplimiento del servicio militar, donde la institución preserva el respeto de los derechos humanos.
Fuentes ligadas a las unidades militares informaron que las batidas incluso se realizan a pedido de algunos padres de familia, que dicen que sus hijos se dedican a actividades irregulares y de ocio. El jefe militar también informó que hasta la fecha se reclutó al 65% de jóvenes para el segundo escalón y espera que hasta el 31 de julio se cope todo el espacio.
ABOGADO CÉSAR ROJAS.
El Juzgado Sexto de Sentencia en lo Penal conminó al Tribunal de Justicia Militar (TJM) llevar adelante la audiencia de apelación para analizar la solicitud de acción de libertad planteada en favor del suboficial Jhonny Gil, informó a EL DIARIO el abogado César Rojas.
El asesor legal del militar arrestado dijo que la audiencia debe llevarse a cabo hoy jueves a las 11.50 horas en instalaciones del Tribunal Supremo Militar, ubicado en la calle Ballivián.
Jhonny Gil, representante nacional de suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas (FFAA), fue imputado por la justicia militar bajo los cargos de sedición e instigación a delinquir, luego de que centenares de uniformados protagonizaran movilizaciones junto a sus esposas y otros sectores sociales, pidiendo la adecuación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) a la nueva constitución, además de la eliminación de la discriminación al interior de la institución castrense. Las movilizaciones se realizaron en la ciudad Sede de Gobierno.
La audiencia tiene como antecedente la negación, en la justicia militar, a la acción de libertad presentada por la defensa del suboficial Gil ante el Tribunal Permanente de Justicia Militar, por el cual Rojas presentó la apelación a esa instancia de Justicia.
Según Rojas, esta apelación tampoco “fue llevada de manera adecuada” en Tribunal Supremo que negó, sin llevar adelante la audiencia pública, la “libertad provisional”, figura legal que en su criterio ya no exististe y “que no fue solicitada”, por lo que el juez Ríos dispuso la restitución del debido proceso que debe realizarse en instancia de la justicia militar.
Gil, que se aproxima al tercer mes de su detención preventiva en una carceleta del Estado Mayor, es uno de los cinco imputados por las movilizaciones que realizaron los militares de baja graduación demandando la “descolonización al interior de la institución castrense”, lo que generó un debate en la sociedad sobre la inconstitucional de los reglamentos internos que rigen en las FFAA.
Denuncian captura de jóvenes para que hagan servicio militar
Pobladores de Pailón (Santa Cruz) denunciaron que varios jóvenes fueron capturados por soldados para llevarlos al cuartel y así realizar el servicio militar obligatorio.
Imágenes difundidas por la red PAT muestran a militares uniformados persiguiendo a jóvenes en una calle de ese municipio o llevándolos como arrestados hasta ser subidos a un caimán (camión del Ejército).
El reclutamiento forzoso habría ocurrido el domingo en la plaza principal de Pailón. "Estamos atemorizados tanto los jóvenes y los padres a los que se le desaparece el hijo”, reclamó una de las vecinas de ese municipio.
El director general territorial militar, Carlos Ponce de León, entrevistado por PAT, afirmó que no conoce de la captura de jóvenes. "Yo no tengo esa información ya, que debía ser la primera instancia la Dirección Territorial (…) esa situación de ir a reclutar, obligar, yendo a los colegios o algún lugar para presentarse no está permitido, no está autorizado y me parece que fue algo exagerado y no estaría correcto”.
No obstante, los senadores Isaac Ávalos (MAS) y su colega opositor y excomandante del Ejército, Marcelo Antezana, coincidieron en que actualmente los jóvenes que están en edad militar no se están presentando a los cuarteles y prefieren tramitar sus libretas de servicio militar directamente en el Ministerio de Defensa. Este documento es obligatorio para varios trámites en el caso de los varones.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó en declaraciones a PAT que "mantener a una persona bajo la fuerza, eso no dice la obligatoriedad”. "Estamos vulnerando ahí un derecho a que las personas también decidan si en conciencia quieren ir (al cuartel) o se reservan el derecho de hacerlo el siguiente año”.
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó ayer que las Fuerzas Armadas ampliaron el proceso de reclutamiento al segundo escalón del servicio militar obligatorio hasta el 31 de julio, para que los jóvenes de 17 a 22 años puedan enlistarse en las unidades militares habilitadas.
Precisó que a la fecha el porcentaje de jóvenes reclutados alcanzó el 50% (4.500 aproximadamente) del efectivo militar proyectado por la entidad castrense para esta segunda etapa, que es de 8.600 conscriptos, según la agencia ABI.
Video Algunos militares conducen autos con placas falsas
﻿Soldados reciben centro informático
El presidente Evo Morales entregó ayer un centro informático para la capacitación de los conscriptos del Regimiento Ingavi, en la ciudad de El Alto.
Las computadoras fueron ensambladas por la empresa Quipus y cuentan, en su base de datos, con más de 200 libros de literatura y todos los programas necesarios para la formación de los soldados.
Este es el segundo centro de este tipo.
FFAA no tienen cárcel para que subalternos cumplan sentencia
Las Fuerzas Armadas de Bolivia (FFAA) no cuentan con una cárcel para que los procesados por la justicia militar cumplan una condena. Cuando se dicta una sentencia los culpables son enviados a carceletas, donde pagan por su delito.
"Es cierto que no se cuenta con una cárcel en la justicia militar. Una vez que se saque una sentencia tienen que cumplir esa sanción y desde luego que están yendo simplemente a las carceletas que tenemos en las tres fuerzas”, explica el presidente del Tribunal Permanente de Justicia Militar, Eduardo Fernández.
Este fue el caso de varios procesados que tuvieron que estar recluidos en estos ambientes, pero por períodos de tiempo cortos, semanas, meses, rozando como máximo el año, según el general.
Pero ahora al menos tres suboficiales podrían cumplir una condena mínima de dos años en las carceletas si se comprueba su culpa al participar de las movilizaciones de abril y mayo en las que militares de bajo rango exigieron un mejor trato.
El expresidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos de las Fuerzas Armadas (Ascinalss), Jhonny Gil, guarda detención preventiva en el Estado Mayor del Ejército, acusado por los presuntos ilícitos de rebelión, sedición, estado de sedición y motín. Según el Código Penal Militar, las penas oscilan entre los dos y 10 años de reclusión.
Los suboficiales Franklin Colque y Freddy Sucojayo también están detenidos preventivamente en la carceleta de la Primera Brigada Aérea de El Alto. Ambos son procesados por los mismos presuntos delitos que Gil. En los tres casos, la defensa presentó la solicitud de cesación a la detención preventiva.
El Tribunal de Justicia Militar rechazó las solicitudes porque "la libertad provisional no procede cuando el delito es flagrante y la pena sea mayor a tres años, cuando existiere indicios de haber cometido delitos contra la seguridad del Estado y cuando se presuma que pueda fugar”.
El abogado de Colque y Sucojayo, Alberto Costa Obregón, dijo que el hecho de que las FFAA no cuenten con cárceles es una "violación de las garantías constitucionales de cabo a rabo. En el sistema penitenciario no puedes improvisar y en ninguna parte del mundo se admiten carceletas”.
Anteriormente el jurista criticó el estado de los ambientes en los que estaban sus defendidos; sin embargo, después de las denuncias, hubo una remodelación de estos espacios.
Fernández muestra unas fotografías en las que se ve a Sucojayo y Colque en habitaciones espaciosas, una mesa plástica con varias sillas, paredes recién pintadas, un patio "de recreación” y lo que parece un majadito (plato del oriente), "que es lo que se les sirve”.
Si los suboficiales fueran condenados, la carceleta "tiene las condiciones para albergarlos”, dice Fernández, pero añade que es "urgente” la construcción de una cárcel específica para los procesados en la jurisdicción militar.
Es así que el año pasado, el Tribunal Permanente de Justicia Militar, presentó ante el Ministerio de Defensa el Proyecto de Reclusión Militar para las Fuerzas Armadas, una carpeta de varias hojas en la que figuraban planos, cálculos y cifras. El monto total, según el proyecto, para la construcción de dicha cárcel es de 7.232.172 bolivianos.
Fernández confía en una pronta respuesta al proyecto. Espera que el próximo año inicie la construcción, "pero primero el proyecto se debe aprobar”, dijo.
Verónica Sánchez, secretaria de la APDHLP
"No deberían haber dos justicias”
Las Fuerzas Armadas no deberían tener un código procesal diferente del que maneja el resto de los ciudadanos. No deberían haber dos justicias diferenciadas, en una donde se aplica la pena de muerte mientras la otra dice que eso no está permitido.
No deberían haber dos tipos de normativas, habiendo una sola que para todos es la Constitución Política del Estado.
Tradicionalmente el Ejército tiene sus calabozos, pero particularmente yo no estoy de acuerdo con esto. Si se retiene por alguna infracción y se les priva de libertad, se los debería tener en mejores condiciones y no como ocurrió en la fuerza aérea de El Alto donde, si no era por las denuncias, no hubieran mejorado las carceletas.
Yo creo que en este país deberíamos estar regidos por un sistema que de sanciones pero para todos por igual. ¿Por qué tiene que haber una justicia militar diferenciada de la civil? Por principio no estoy de acuerdo de esta doble situación y peor cuando en su normativa se considera la pena de muerte.
Magne, desaparecido sin orden de aprehensión
El suboficial Erick Magne Chinches está "desaparecido” y la Policía Militar debe esperar la orden de aprehensión para (si lo encuentran) llevarlo ante las instancias competentes para que declare sobre su participación en las movilizaciones de militares de bajo rango, en abril y mayo pasados.
El 21 de abril el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó que cuatro representantes de Ascinalss fueron retirados de las FFAA por desacato a la autoridad militar, entre ellos estaba Magne y el Suboficial Lorgio Cartagena Tamo.
Dos días después, comenzaron las declaraciones de "clandestinidad” ante la supuesta persecución iniciada por el alto mando, y desde entonces se desconoce el paradero de los dos militares.
El presidente del Tribunal Permanente de Justicia Militar, Eduardo Fernández, explicó que aún no se cuenta con la orden de aprehensión para Magne, quien "hasta el momento permanece desaparecido”, y que una vez que ésta salga, la Policía Militar podrá capturarlo.
En el caso de Cartagena ya salió dicha orden, sin embargo su defensa presentó una apelación por lo que el proceso pasó a la justicia ordinaria y ahora la decisión de si la orden de aprehensión procede o no está en manos del Tribunal Supremo de Justicia, con sede en la ciudad de Sucre.
"También se incrementó su presupuesto para la alimentación que mejoró considerablemente, tienen mejores condiciones de vida los conscriptos que van a los cuarteles y particularmente está ofertando becas para quienes se destaquen y que voluntariamente quieran ingresar a institutos militares o seguir cursos superiores en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI)", finalizó
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La FAB investiga a oficial por quejas de conscriptos
La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) informó ayer que iniciarán un proceso de investigación sobre las denuncias de 22 conscriptos del Grupo Aéreo 65, asentado en la población de Uyuni, que acusan a un teniente coronel de dicha unidad de vender parte de los víveres e incluso de apropiarse del dinero de los soldados enviados a trabajar con personas civiles.
La FAB, mediante un breve comunicado de prensa, aseguró que todavía no recibieron ninguna denuncia formal sobre los manuscritos enviados por los soldados del Grupo Aéreo 65 en contra del teniente coronel Mario Valencia.
“Pese a no haber recibido ninguna denuncia formal, pero velando por la imagen institucional y el bienestar de los conscriptos, (se) iniciará las investigaciones correspondientes de acuerdo a procedimientos inherentes a estas situaciones, a través de un Sumario Informativo, cuyos resultados se conocerán en el lapso establecido de acuerdo a la normativa y determinar las acciones legales a tomar”, indica el pronunciamiento de la Fuerza.
Excombatientes pasan su edificio a la Octava División
La Octava División de Ejército se puso de plazo hasta el 24 de septiembre para entregar remozado y convertido en un museo de historia militar el edificio de la Federación de Excombatientes de la Guerra del Chaco (Fedexchaco), situado en la calle Bolívar Nº 468.
En un acto especial ayer por la mañana los beneméritos indicaron que entregaban el inmueble a los militares para que mediante un museo se haga conocer a las nuevas generaciones la historia de la Guerra del Chaco (1932-1935), campaña bélica en la que participó la mayor parte de la juventud boliviana de los años 30 del pasado siglo.
El comandante de la Octava División de Ejército, Juan Antonio Olivera, reveló que desde el lunes comenzarán a trabajar en el pintado y arreglo de paredes y techo para acondicionar los ambientes y los patios con la muestra de armas, utensilios, banderas, estandartes, fotografías, recortes de prensa y otras reliquias que se puedan recuperar de los descendientes de los héroes del Chaco.
“Pido a los familiares que tengan uniformes, fotos y otros objetos relacionados con la guerra que lo donen o que nos los vendan, que en el museo estarán bien conservados, los interesados deben venir por la calle Bolívar Nº 468”, dijo Olivera.
A su turno, la historiadora cruceña Paula Peña, que asistió al acto, indicó que la iniciativa es buena porque se dará a conocer una faceta de la historia cruceña.
“En esa guerra participaron 25.000 soldados orientales, incluyendo indígenas, los combates fueron en tierra cruceña y se perdió parte del territorio departamental”, explicó la historiadora.
Se espera que se acoplen a la iniciativa las autoridades locales /IRZ
Senador Antezana: Proceso de cambio deterioró la disciplina en las FFAA
El excomandante del Ejército y actual senador por Tarija, general Marcelo Antezana, dijo que la política del proceso de cambio impulsado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha deteriorado la disciplina al interior de las Fuerzas Armadas (FFAA), posición que es compartida por el analista Roger Cortez quien afirmó, sin embargo, que esta característica de comportamiento al interior de la institución castrense no es propio durante el Gobierno del MAS.
Estas expresiones se desprenden de la postura que expresó a EL DIARIO el suboficial Lorgio Cartagena al manifestar que debido a la “traición” que sufrieron de parte del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, así como de dirigentes políticos del MAS que coadyuvaron, dijo, en la elaboración del Proyecto para descolonizar la institución castrense.
“Siempre he manifestado de que la iniciativa política en las Fuerzas Armadas por el presidente Morales iba a traer consecuencias y esta es una de ellas porque no siempre cuando se relaja la disciplina quiere decir que uno va a sacar réditos a favor de los mandos superiores o de los que están al mando de la Nación (…) Y como estamos en épocas electoral están en todo su derecho de amenazar al Gobierno porque no cumplieron”, dijo el excomanadante del Ejército
En su criterio, la movilización de los subalternos en el mes de abril marcó un hecho histórico que fue movido por el deseo de lograr mejores condiciones de vida, sin embargo el principio que se maneja en la institución castrense, al igual que en la Policía es del respeto a la Ley “no participan, no deliberan y tampoco votan y simplemente (los convierten) en garantes de la democracia”, afirmó.
GOBIERNO “MILITARISTA”
Roger Cortez sostuvo que los pedidos salariales y otro tipo de demandas menores se han presentado en otras gestiones gubernamentales, sin embargo calificó al actual Gobierno de “militarista” al considerar que consiente “las prácticas más autoridatarias, verticalistas, machistas que existe en el reducto más represivo de la institución (militar)”.
Puso como ejemplo la conducta que tuvo con el caso de los desparecidos de las dictaduras, de los archivos, su total inacción frente a las acciones para esclarecer los casos de detenidos y desaparecidos, y de manera muy especial en su actitud respecto a los suboficiales que han reclamado democratización y descolonización”, que son elementos esenciales para un cambio efectivo de Fuerzas Armadas que vayan más allá del maquillaje de cambiar el grito al romper filas que es todo lo que se ha hecho en el caso de la institución armada.
“No creo que el MAS haya sentado una situación especial de indisciplina, excepto de que su mensaje de descolonización ha podido ser captado por sectores intermedios de las FFAA, por lo demás ha sido una actitud de pleno respaldo a lo tradicional de las FFAA. El Presidente ha apoyado prácticas que pueden ser observadas por los organismos de derechos humanos, lo ‘marcial’ no debe ser interferido por estas instituciones ni por la prevalencia de los conceptos y mensajes que ellas proclaman coherentes con una política de derechos humanos”, afirmó.
“NO MÁS CON EL MAS”
Esa fue la posición del suboficial Lorgio Cartagena, expresada en una entrevista con EL DIARIO, donde afirmó que la decisión de las bases de subalternos en las FFAA se reflejará en las próximas elecciones generales de octubre, todo debido a que aseguran que el presidente Evo Morales y quienes trabajaron en el proyecto de descolonización en la institución castrense los traicionaron.
“Nació político porque el mismo Presidente (Evo Morales) nos ha impulsado en todos sus discursos con el Mando Militar, proceso de cambio, descolonización. Le hicimos caso a él, tenemos las pruebas que este proyecto lo impulsó el Alto Mando Militar y el actual Gobierno, dándonos como asesores a la vicepresidenta del MAS, Concepción Ortiz”, afirmó.
Por ser parte del pueblo han solicitado al Presidente ser escuchados, “que no utilice a los hermanos campesinos y el discurso que es indígena y que cumpla lo que dice la Constitución Política del Estado”.
FAB investigará las denuncias de venta de víveres en Uyuni
La Fuerza Aérea B oliviana (FAB) informó ayer, a través de un comunicado, que investigará las denuncias de 22 soldados del Grupo Aéreo 65, ubicado en la población de Uyuni, Potosí, que acusan al teniente coronel Mario Valencia de vender parte de los víveres de la unidad y apropiarse del dinero que los militares ganan trabajando -obligados- con civiles.
"Pese a no recibir ninguna denuncia formal, pero velando por la imagen institucional y el bienestar de los conscriptos, se iniciarán las investigaciones correspondientes a través de un sumario informativo, cuyos resultados se conocerán en el lapso establecido en la normativa. Además se determinarán las acciones legales a tomar”, indica el comunicado.
El jueves llegaron a las oficinas de radio ERBOL, 22 manuscritos de soldados del Grupo Aéreo 65 en los que se denuncian las irregularidades cometidas por el teniente coronel.
Las cartas coinciden en señalar que a mediados de junio del presente año tomaron su desayuno sin pan durante más de una semana, y tampoco disponían de este alimento para el almuerzo o la cena, debido a que Valencia vendió la harina después de que un subteniente viajara a la ciudad de La Paz.
"Cuando mi subteniente se fue a La Paz el coronel vendió quintales de harina. Desde ese día ya no tomamos nuestro desayuno con pan, tampoco en la cena tenemos”. "Saca nuestros víveres y se los lleva a su casa”. "Yo me quejo de que unas dos semanas no había pan y el coronel había vendido la harina”, son algunos fragmentos de las denuncias.
"Nos roba la comida y nos obliga a ir al pueblo para trabajar, después no nos paga ni un centavo”, sigue otra carta. Aparentemente los civiles les envían el dinero por el trabajo realizado en sobres cerrados y el teniente coronel se apropia de ellos cuando los soldados llegan a la unidad.
"El coronel nos manda a trabajar al pueblo, a descargar ladrillo y quinua. Nos mandan un sobre con el dinero pero Valencia no nos paga a nosotros”, se lee en un texto.
Ante una llamada telefónica Valencia se negó a dar explicaciones con el argumento de que necesita autorización de sus superiores, aunque después mostró su disposición para que una comisión de la FAB arribe al lugar para investigar.
Abuso "Me incorporé un mes tarde al GA 65 y el coronel me pidió 10 bolsas de cemento para ingresar. Al poco tiempo nos mandó a trabajar a descargar quinua, después a llevar víveres a su casa”, denuncia una carta.
Derechos Según el artículo 116 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas los soldados tienen derecho a la alimentación y atención médica.
Suboficial Cartagena evita aprehensión
LORGIO CARTAGENA DENUNCIANDO LA PERSECUSIÓN DEL QUE ERA OBJETO POR PARTE DE EFECTIVOS MILITARES.
El suboficial de la Armada Boliviana, Lorgio Cartagena, logró ayer que el Juez Quinto de Sentencia de la Corte de La Paz rechace la orden de captura en su contra, emitido por autoridades militares.
Cartagena dijo a cadena “A” que luego de 32 días de persecución por efectivos del Departamento Segundo del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas logró que la justicia lo beneficie y de esa manera dejar sin efecto la persecución que pesaba en su contra.
“Estoy contento porque se hizo justicia, porque la Constitución así lo dice en mi caso. Ahora les digo a mis camaradas que seguiré luchando para que nuestros derechos sean respetados”, dijo al canal televisivo.
Asimismo, señalar que a la fecha se encuentran arrestados sus camaradas el sargento Johnny Félix Gil Leniz, además de los suboficiales Freddy Sucojayo Gutiérrez y Franklin Colque Laime. Estos fueron arrestados después de que ambos asistieran a declarar sobre la protestas protagonizadas por militares de bajo rango en demanda de igualdad de tratos, en el mes de abril.
DELINCUENCIA INTERNACIONAL En Salta decomisan armas del Ejército
La Policía de Salta (Argentina) detuvo a una persona en el paraje Piquirenda, ubicado 20 kilómetros al norte de Tartagal, en la frontera con Bolivia, y secuestró municiones de diferentes calibres y armas, algunas de las cuales pertenecían al Ejército boliviano, informó la versión electrónica del diario El Tribuno de Salta.
Durante el allanamiento practicado a dos viviendas, los policías encontraron armas de diferentes calibres, cientos de municiones y un arma antiaérea, algo nunca antes encontrado en la zona. Itakas, escopetas recortadas, FAL y armas desarmables que pertenecerían al Ejército boliviano, reportó El Tribuno.
Consultado sobre el hallazgo ocurrido en Argentina, en el Ministerio de Defensa informaron de que su titular, Rubén Saavedra, tenía conocimiento del caso pero no ha emitido instrucción sobre un comunicado oficial.
En el ministerio derivaron la responsabilidad a la dirección de Comunicación del Comando General del Ejército, donde su directora, coronel Sarah Aramayo Jordán, dijo que la institución evalúa la información que procede de Argentina.
Al momento del allanamiento, había varias personas que fueron detenidas y liberadas horas más tarde porque se trataba de vecinos de ese paraje donde residen en su mayoría familias guaraníes. Solo uno de los aprehendidos, y cuya identidad no trascendió, pertenece a la banda de delincuentes.
Por su lado, un reporte del Nuevo Diario, también de Salta, la banda se dedicaba al tráfico de drogas, robos a mano armada y otros hechos ilícitos en el sur de Bolivia, siendo liderada por quien, por ahora, está prófugo y es conocido con el apodo de ‘el Portero’
Parada Militar retorna a La Paz luego de nueve años
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), almirante Víctor Baldivieso, anunció ayer que luego de nueve años la ciudad de La Paz volverá a ser sede de la Parada Militar que se realiza cada 7 de agosto por los festejos del aniversario de esta institución.
El jefe castrense manifestó que para este evento aproximadamente 20 mil efectivos militares de diferentes unidades del país llegarán a la Sede de Gobierno para ser parte de los 189 años de la creación de las FFAA.
"Este año nuevamente La Paz va a ser sede de la gran Parada Militar, para ello las Fuerzas Armadas han programado una serie de actos (y) conferencias; vamos a tener una exposición donde haremos conocer a la sociedad, al pueblo, qué hacemos, qué producimos y qué es lo que vamos a aportar para el departamento de La Paz”, informó Baldivieso a los medios.
Para este acto militar las diferentes unidades, la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), el Ejército y la Armada Boliviana participarán de este acto junto con la presencia de los tanques, lanchas piraña, embarcaciones y una serie de equipos que las FFAA demostrarán al pueblo. La Parada Militar por primera vez se realizará en la avenida Constanerita en la zona sur de la ciudad de La Paz, cerca del edificio de la Armada Boliviana.
Este acto militar se realizó los últimos años en diferentes capitales del país con la presencia de miembros de las tres fuerzas. Las últimas sedes fueron: Santa Cruz (2007), Cochabamba (2008), Oruro (2009), Cobija (2010), Tarija (2011) Trinidad (2012) y Potosí el año pasado.
Advierten que policías y militares alteran el rol de sus asociaciones
s las inéditas protestas de policías y militares de baja graduación registradas este año, por mejoras salariales y para pedir la “descolonización” de las Fuerzas Armadas (FFAA), jefes de ambas instituciones y diputados, advirtieron que los uniformados desvirtuaron el rol de sus asociaciones.
Ante esos criterios, este diario intentó entrevistar a los dirigentes de la Asociación Nacional de Sargentos y Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Ascinalss) y de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), pero no lo logró. Los primeros, de un directorio nuevo, indicaron que no tenían autorización superior, mientras que los segundos se excusaron de declarar porque así se comprometieron ante al Gobierno, mientras negocien su mejora salarial.
En mayo, militares iniciaron una movilización para exigir la descolonización de las FFAA y eliminar la discriminación. Al no tener respuesta a sus demandas protestaron. Ahora, tres de sus líderes enfrentan un juicio castrense. El 3 de julio, policías de bajo rango se replegaron para exigir una mejora salarial. Ya protagonizaron cuatro protestas desde 2002.Norma. Ante esos hechos, una alta fuente de las FFAA, que pidió la reserva de su identidad, señaló que los militares de baja graduación se equivocaron en utilizar la función de Ascinalss, ya que lo hicieron con carácter político, hecho que violó la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA).
También aseguró que la Ascinalss no es parte de la estructura orgánica de las FFAA, ya que es una asociación creada mediante resolución prefectural sin fines de lucro. No obstante, es reconocida por la institución castrense. “Los estatutos de Ascinalss definen que tiene carácter económico social (préstamos internos), cultural, deportivo y apolítico, respetando la libertad de culto de sus asociados, pero de igual forma se rigen por las leyes militares”, expresó.
Otro jefe, esta vez de la Policía Boliviana, que también pidió el anonimato, informó que la Anssclapol fue creada con un fin social para ayudar a los miembros de la tropa, pero no de forma política o sindical, como lo hacen ver actualmente. Por ello, el Alto Mando habilitó los Suboficiales Comando, efectivos más antigüedad y superiores en grado, como conducto regular para hacer conocer las demandas de la tropa a las autoridades de esta institución.
En la Asamblea de Derechos Humanos dicen que en las FFAA y la Policía no hay canales creíbles para reclamar derechos de la tropa.
El primer secretario de la Cámara de Diputados, Carlos Aparicio, cuestionó las protestas y aseguró que detrás de ellas hay afanes políticos. “Están confundiendo los roles para los que fueron creadas estas instituciones (Ascinalss y Anssclapol), por lo que deben reencaminar sus conductas, como instituciones de ayuda a sus camaradas, deben pensar antes en la patria y en su institución”, dijo. Añadió que las movilizaciones afectan a la imagen de ambas instituciones, porque sus dirigentes hicieron primar temas personales.
El presidente de la Comisión de Gobierno, Defensa y FFAA en Diputados, Efraín Balderas, pidió a los efectivos de bajo rango respetar el “alma” de sus asociaciones y no vulnerar la Carta Magna.
Procesos tras las protestas
MedidasTras las movilizaciones de los militares de baja graduación, a la fecha existen tres suboficiales con detención preventiva, todos exdirigentes de la Ascinalss.
CambioPor el problema en las FFAA, hay nuevo directorio en Ascinalss que será posesionado la próxima semana.
SumarioEn el conflicto de la Policía el sargento Pedro Ticona tiene baja definitiva, ya que encabezó la última movilización en La Paz.
APDHB: Las FFAA y la Policía carecen de canales creíbles
Herrera indica que no hay medios para atender demandas de la tropa
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) denunció que dentro de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA) no existen los medios confiables para defender los derechos de los efectivos de baja graduación.
La denuncia surgió por las represalias contra dirigentes de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos (Ascinalss) y la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), que protagonizaron movilizaciones en mayo y junio, respectivamente. También porque dentro de las instituciones castrenses y policiales aseguran que ambas asociaciones desvirtuaron sus funciones asignadas.
“Estas instituciones (Ascinalss y Anssclapol) deberían incorporar dentro de su organización (estatutos), el que puedan realizar la petición de demandas de los que representan, porque lo que se está demostrando es que ni al interior de la Policía ni de las Fuerzas Armadas, existen canales confiables ni creíbles que puedan atender las demandas de los efectivos de baja graduación”, manifestó la presidenta de la APDHB, Yolanda Herrera.
Explicó que al no existir esos medios de reclamo, es evidente que ambas instituciones citadas no cumplen el rol de escuchar, atender y respetar los derechos humanos. Por ello, tampoco atienden aquellas problemáticas como las que se suscitaron en meses pasados. “Está reconocido que no cumplen la Ley de Lucha Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación y la Constitución Política del Estado”, acotó.
Herrera aclaró que las dirigencias de Ascinalss y Anssclapol asumieron una posición de defensa al pedido de los efectivos de baja graduación, acción que es reconocida como libertad de expresión para exigir los derechos.
Entretanto, la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sandra Soriano, titular del Comité de FFAA y Policía de la Cámara Alta, afirmó que es un error la denuncia de la APDHB, ya que no entiende que ambas instituciones del Estado tienen un mandato constitucional, por lo que no deliberan y ni hacen política, menos protestas en las calles como lo hicieron en pasados meses.
“No significa que no tengan derechos, pero que se movilicen no es válido porque tienen los canales respectivos para solicitar sus demandas, lo que no utilizaron los sargentos y suboficiales para demandar sus peticiones”, remarcó la asambleísta oficialista.
Soriano aseguró que algunos dirigentes de ambas instituciones efectuaron las movilizaciones con otro tipo de intereses. Además que existe el canal respectivo para que los uniformados hagan conocer sus denuncias si es que se presentara una situación de violación a los derechos humanos o discriminación, lo que se sanciona según las normas vigentes.
En mayo, el comandante en jefe de las FFAA, almirante Víctor Baldivieso, aseveró que en esa institución hay una oficina para que los uniformados efectúen denuncias de discriminación u otros actos, pero que no existían denuncias. El mismo mes, el malestar en efectivos de bajo rango se dio porque no atendían sus demandas de “descolonizar” la institución y erradicar la discriminación.
En julio, policías de baja graduación protagonizaron movilizaciones por una mejora salarial y tomaron como centro de protesta la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP). Este tipo de protestas se dio en cuatro oportunidades desde 2002.
Gobierno entrega al Ejercito seis helicópteros
El Ejército Nacional recibió del Gobierno seis helicópteros de fabricación china que serán utilizados para realizar tareas de defensa civil, lucha contra el contrabando y apoyo ante desastres naturales.
Para diversas tareas. El acto de recepción de las seis aeronaves de ala rotatoria se efectuó en el hangar del ex Lloyd Aéreo Boliviano. Los helicópteros, que fueron fabricados por la empresa Kapic, tienen una capacidad para transportar 12 personas, además del piloto y copiloto. También pueden ser utilizados para realizar operaciones de evacuaciones aeromédicas y para sofocar incendios.
El comandante del Ejército, general Salinas Ortuño, dijo que contar con esta moderna flota de helicópteros representa un avance significativo dentro del proceso de modernización que viene encarando su institución.
Informó que para que las aeronaves puedan ser tripuladas se tuvo que capacitar a personal militar boliviano como pilotos y técnicos en China, Ecuador, Brasil y Venezuela, se adquirió un simulador de vuelo y se construyó e implementó un Centro de Mantenimiento.
Hasta la fecha el Ejército cuenta con 18 pilotos de helicópteros y cuatro técnicos de mantenimiento. El costo de las aeronaves, que serán armadas en el lapso de cinco meses en el Centro de Mantenimiento de Helicópteros del Ejército, tuvo un costo de 108 millones de dólares, según informó el ministro de Defensa, Rubén Saavedra.
El gobernador Edmundo Novillo, por su parte, felicitó al Ejército por haber fijado como base de operaciones a Cochabamba como centro integrador.
Tribunal militar niega libertad a suboficiales
El Tribunal Permanente de Justicia Militar (TPJM) negó ayer la solicitud de acción de libertad presentada por dos suboficiales, Freddy Sucojayo y Franklin Colque, bajo el argumento de que obstaculizarían en la investigación.
Los mencionados suboficiales Sucojayo y Colque en abril protagonizaron movilizaciones solicitando la adecuación de la LOFA a la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y se elimine la discriminación al interior de las Fuerzas Armadas (FFAA).
Alberto Costa Obregón, abogado de los suboficiales, dijo que el Tribunal no fundamentó su alegato y que sus clientes no interfirieron en la investigación, por el contrario se presentaron de manera voluntaria a enfrentar el proceso.
La decisión del tribunal, compuesto por oficiales de alto rango, fue unánime y se dio luego de que el fiscal militar emitiera su alegato en el que expresó que los civiles no entienden la impostura que representa la jerarquía militar y por su antigüedad los suboficiales Sucojayo y Colque influirían en las decisiones de otros de sus camaradas.
NO DEBATEN TEMAS DE FONDO
La acusación dijo haber fundamentado su posición en cuatro aspectos y mostrando recortes de prensa. Se refirió solo a las faltas disciplinarias, pero hasta donde se siguió el proceso y las reacciones de otras autoridades nadie se refirió a la demanda de fondo que es la adecuación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) a la nueva Constitución, por lo cual está fuera de la legalidad, como lo expresó el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, mediante un carta, dirigida al Alto Mando Militar, de la que no se conoce respuesta. En esta nota Villena plateó varias observaciones puntuales a este reglamento.
Costa Obregón afirmó que en nuestro país siguen existiendo tribunales de excepción, como el militar, que actúa de manera discrecional. “Siguen con ese talante, tienes que fundamentar porque le privas la libertad a alguien, y no existe la fundamentación. Derechos Humanos ha estado presente y se ha evidenciado esto”, aseveró.
También sostuvo que en el proceso en contra de los suboficiales, existe una franca violación de lo que establece la Constitución Política del Estado, sobre la presunción de inocencia de las personas hasta que se demuestre su culpabilidad.
“Ellos, (Colque y Sucojayo), no han obstaculizado la averiguación de la verdad, se han presentado a declarar, porque los detienes entonces”, sostuvo el abogado, afirmando que tampoco se probó un supuesto intento de fuga ni se presentaron pruebas objetivas de obstaculización en la investigación.
Por otra parte se informó que mientras dure el juicio, ambos suboficiales estarán privados de libertad y además que el fallo subirá en consulta a un tribunal superior.
A la conclusión de la audiencia, el Presidente del tribunal dictó la detención preventiva sin indicar las condiciones físicas ni el lugar de su detención, que fueron cuestionadas por los familiares que publicaron fotos de donde se los mantenía arrestados, pero que luego de ser expuestos ante la opinión pública, estos ambientes fueron acondicionados.
Sin embargo, Costa Obregón ya había manifestado que los tenían retenidos en “jaulas improvisadas”, porque además, los suboficiales son impedidos de salir “no pueden ver ni el sol”, afirmaron los familiares.
Niegan libertad condicional a militares Sucojayo y Colque
El Tribunal Permanente Militar declaró ayer improcedente la solicitud de libertad condicional para los suboficiales de la Fuerza Aérea Boliviana Franklin Colque Laime y Freddy Sucojayo Gutiérrez, quienes serían los principales responsables del movimiento de la Ascinalss en abril.
"Este tribunal declara improcedente la solicitud de libertad provisional presentada por la defensa de los suboficiales Colque y Sucojayo”, dispuso ayer el Tribunal Militar y argumentó que los detenidos pueden influir en las decisiones de otros para desconocer la verdad o darse a la fuga.
Los dos suboficiales fueron acusados por sedición, rebelión, estado de sedición y motín, tipificados en los artículos 70, 74, 75 y 76 del Código Penal Militar, después de la culminación de las movilizaciones públicas de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos de las Fuerzas Armadas del Estado (Ascinalss) en abril y mayo.
El Ministerio Público Militar requirió la detención preventiva de los dos militares y se basó en los sumarios informativos de los comandos de cada fuerza, en los que existen fotografías en las que visten de uniforme militar, que los identifican como líderes del movimiento junto a Lorgio Cartagena y Johnny Gil.
"Dentro de la institución militar la jerarquía es un hecho sólido porque determina obediencia y subordinación, es un elemento que no se perderá”, explicó el Tribunal Militar, que también estableció que por los ilícitos hay la posibilidad de una privación de libertad de hasta 10 años.
Los cuatro vocales, oficiales de las Fuerzas Armadas, votaron improcedente la solicitud de libertad condicional, por lo que los dos militares de baja graduación regresaron a las carceletas de la FAB en El Alto.
Las familias de ambos manifestaron su desaprobación, mientras que el abogado de Colque y Sucojayo, Alberto Costa Obregón, dijo que se obtendrá algo positivo de esta "tragedia”.
"Existen tribunales de excepción, aquí ha habido una franca violación a la Constitución Política del Estado, se presume la inocencia de las personas, no se tienen pruebas de fuga ni obstaculización a la investigación”, argumentó el jurista.
Prometen cero corrupción en FFAA
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, se comprometió ayer de transparentar su gestión en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas parcial que se realizó en la ciudad de La Paz.
“La ejecución presupuestaria del Ministerio de Defensa durante el primer semestre de 2014 alcanzó al 44,81 por ciento respecto a las fuentes de financiamiento provenientes del Tesoro General de la Nación, recursos propios y otros ingresos”, detalló en el auditorio de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo.
Dijo que por mandato del presidente Evo Morales, se transparentará la gestión pública y se transmitirá a la sociedad la información que genera esa institución y los resultados que se obtienen en la administración de los recursos públicos.
Afirmó que en el Ministerio de Defensa se aplica la política de “cero tolerancia a la corrupción”.
Saavedra detalló que el Ministerio de Defensa tiene un presupuesto para este año de 3.600 millones de bolivianos, de los cuales, se ejecutaron 1.621.585. (44.81%).
Explicó que esos recursos están destinados a salarios del personal civil y militar de ese despacho y para gastos de abastecimiento de la tropa y cuadros, además de alimentos y actividades propias de las Fuerzas Armadas. A su juicio, el Ministerio de Defensa es una de las primeras entidades que elaboró un Plan Estratégico Institucional en el marco de la Normativa Nacional de Desarrollo, con cuatro ejes principales.
El primero, el Sistema de Seguridad y Defensa para fortalecer y modernizar el Sistema de Seguridad y Defensa.
El segundo, tiene relación con la Gestión de Riesgos, para desarrollar un sistema integral de información que articule oportunamente los mecanismos, herramientas e instrumentos sectoriales para la reducción de riesgos, atención de desastres y emergencias en materia de Defensa Civil.
El tercer eje aborda el apoyo de las Fuerzas Armadas para propiciar el desarrollo productivo e integral, mejorar el sistema de Defensa Nacional con un adecuado despliegue estratégico, que promueva la presencia efectiva de la institución castrense en las zonas de seguridad fronteriza y la totalidad del territorio, fortaleciendo programas de educación e innovación tecnológica, salud, seguridad alimentaria, con infraestructura y equipamiento.
El cuarto eje se refiere al fortalecimiento e innovación institucional para mejorar las capacidades del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, mediante mecanismos de especialización de recursos humanos en la temática de gestión pública y administración pública, integrados al desarrollo a través del plan de infraestructura y equipamiento.
Demuestran poco interés en ingresar a las FFAA
Ayer culminó la fecha calendario establecida para el enlistamiento a las Fuerzas Armadas en lo que corresponde al segundo escalón del año en curso; sin embargo, los cupos no fueron cubiertos, lo que obliga al Alto Mando a prolongar por 15 días más la recepción de nuevos conscriptos para cubrir todos los espacios en todo el departamento y territorio nacional. El representante del Defensor de Pueblo en Santa Cruz considera que la falta de interés demostrada en ingresar al Ejército, se debe a que la institución castrense no ha hecho lo suficiente para renovar su imagen luego de los decesos registrados el 2013.
Estudiar y trabajar es la prioridad. Pedro llegó ayer hasta el ingreso principal del Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea (Gada), ubicado sobre la avenida Santos Dumont, acompañado de su madre y hermanos. El recién egresado esperó hasta el último día para hacer su servicio militar, pues tenía la esperanza de conseguir trabajo y ayudar a su madre. Este muchacho comentó que su prioridad era trabajar, pero al no conseguir un oficio que le permita aportar a su hogar, optó por enlistarse en la FFAA. Al llegar a la zona militar se sorprendió que siendo el último día de ingreso, haya cupos disponibles.
Hay espacios disponibles en todos los comandos del país. “No hemos conseguido cubrir todos los espacios asignados para el segundo escalafón de la gestión 2014”, explica el Comandante del GADA, coronel Mario Guzmán Arnez, que tiene a su cargo el reclutamiento de jóvenes que luego son asignados a cuarteles en las localidades de Roboré, Puerto Suárez, Villamontes y Chimoré.
“El reclutamiento se realiza normalmente, se presentan a los lugares indicados en todo el territorio nacional. Sin embargo, debo hacer notar que no es lo mismo la presentación que a principio de año; o sea, en el primer escalón (en enero), hay mayor afluencia. Lo más probable es que exista una ampliación del reclutamiento por unos 15 días”, dijo en un comunicado el coronel Carlos Ponce de León.
Las FFAA deben mejorar su imagen entre los jóvenes. "Las muertes registradas en los cuarteles registradas durante el 2013, de seguro desaniman a los padres y jóvenes a que realicen el servicio, nadie les garantiza que sus hijos vayan a estar bien y no se vulneren sus derechos", comenta Hernán Cabrera, Defensor del Pueblo en Santa Cruz. Esta repartición menciona que en lo que va del 2014, no han conocido sobre incidentes en los cuarteles de todo el departamento de Santa Cruz.
La Armada distingue a marinos de dos países
La Armada Boliviana distinguió a los agregados de las marinas de Brasil y Argentina por sus servicios prestados en el país y en el marco del fortalecimiento de la confianza mutua.
El Comando de esa fuerza castrense impuso la medalla al Mérito Naval en el grado de Oficial de la Orden al personal militar de países amigos acreditados en Bolivia que ayudaron en la formación de cadetes y otro tipo de servicios militares.
"La Armada Boliviana agradece por los servicios prestados en el país y reconoce con la distinción a los agregados navales que demostraron profesionalismo en cada una de sus funciones que les tocó desempeñar”, dijo el jefe de Estado Mayor de la Armada, Waldo Leonel Calla, en representación del comandante general de la Armada Boliviana.
Exigirán respeto a derechos de tres militares detenidos
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, comprometió ayer que se hará respetar los derechos de tres suboficiales detenidos en dos cuarteles, los que tienen procesos en los tribunales militares por liderar las movilizaciones de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos de las Fuerzas Armadas del Estado (Ascinalss) en abril pasado.
Los suboficiales Franklin Colque y Freddy Sucojayo están detenidos en la FAB El Alto y Johnny Gil, en el Estado Mayor.
"(Los militares detenidos) están recibiendo el trato que corresponde, en cuanto al respeto de sus derechos. Si encontráramos algo distinto vamos a exigir que se cumpla y respete los derechos de estos efectivos”, indicó Saavedra, en respuesta a la denuncia de las esposas de los detenidos que afirmaron violación de sus derechos.
El martes, las esposas de los efectivos detenidos denunciaron las condiciones precarias en las que se encuentran recluidos sus cónyuges; denunciaron que no pueden ir al baño y que sus necesidades las hacen en un bidón de aceite; también que están en un cuarto de tres por tres metros con dos puertas y candados de seguridad.
Saavedra dijo que recibió informes de los comandantes de la FAB y del Ejército en los que se señala que los militares detenidos preventivamente reciben un trato humano en las carceletas de la institución castrense. Calificó como "inédita” en el país y las FFAA la movilización en vía pública de la Ascinalss. Recordó que la institución militar debe cumplir su norma a través del conducto regular. "Esa conducta implica la ruptura de la cadena de mando, del conducto regular, no ocurrió eso, se apartaron. La movilización y toma de vías públicas está tipificada como delito en la norma militar”.
Explicó que cuando se vivió esa movilización se iniciaron sumarios administrativos, se establecieron sanciones; luego se abrió un periodo de impugnación y aquellos que tenían indicios de responsabilidad pasaron a la justicia militar.
Diputados condecoran a instituciones militares
En mérito al trabajo efectuado a favor del país, la Cámara de Diputados condecoró con el grado Honor al Mérito a una veintena de personalidades tarijeñas y tres estandartes de instituciones militares acantonadas en la ciudad.
El asesor de la Cámara de Diputados, Iván Meza, destacó que las Fuerzas Armadas y las instituciones públicas en Tarija han seguido el transcurso desde inicios de la gestión del denominado proceso de cambio.
Señaló que la Cámara de Diputados, como primer órgano de poder, hace reconocimientos a ciudadanos meritorios que se destacaron en diferentes actividades del quehacer nacional y que contribuyeron en el desarrollo.
Para el comandante de la guarnición militar Tarija, Italo Carrazabal, las personalidades y los estandartes de los regimientos acantonados en la región, recibieron los galardones y honores como un reconocimiento simbólico y en el caso del ejército el mérito está en todos los soldados de la patria a la región de Tarija.
“Desde tiempos remotos, los hombres armados velaron por el bienestar de la sociedad, y estuvieron a la vanguardia, buscando mejores días para su pueblo. Bolivia nació gracias a la valentía y el heroísmo de sus hombres armados, y hoy en tiempos de paz están respaldando las diferentes políticas de Estado, que le llevará a permitir el cumplimiento de los objetivos nacionales, de mantener la soberanía y el bienestar del pueblo”, sostuvo la autoridad castrense.
El gobernador interino del departamento, Lino Condori, dijo que el desarrollo de la región demanda la atención de sus instituciones.
“El trabajo de sus autoridades permite mejorar las diferentes áreas de la salud, educación y desarrollo del agro”, puntualizó
Junto al gobernador del departamento, recibieron la condecoración en el grado Honor al Mérito, otorgado por la Cámara de Diputados, representantes de instituciones localistas y de las Fuerzas Armadas.
Tribunal Militar niega libertad de sargento de FFAA
El Tribunal de Justicia Militar negó ayer la acción de libertad que presentó la defensa del sargento de las Fuerzas Armadas (FFAA) Johnny Félix Gil Leniz y ratificó su detención preventiva en dependencias de la Policía Militar, ubicada en el Estado Mayor de Miraflores.
“Con plena jurisdicción y competencia de pleno acuerdo con el requerimiento del señor fiscal militar y por el voto unánime resuelve rechazar la solicitud de cesación de detención preventiva del suboficial primero Johnny Félix Gil Leniz manteniéndose la detención preventiva”, indica la decisión del Tribunal Militar, informó ANF.
Por más cinco horas los miembros del Tribunal Militar realizaron la audiencia en la que se definió el futuro del suboficial a quién se lo acusa de haber sido el principal causante del movimiento de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos de las Fuerzas Armadas del Estado (Ascinalss) que demandaba la “descolonización” de la institución castrense.
El abogado defensor del suboficial, César Cabrera, sostuvo que la detención de su cliente es arbitraria e inconstitucional y que apelará el fallo.
“Esta detención es arbitraria, se han presentado pruebas que ni siquiera fueron mencionadas en la resolución. Están vulnerando completamente el derecho de la defensa y que lastimosamente se han hecho notar que la resolución de detención preventiva han emitido autoridades que no les corresponde”, sostuvo.
Agregó que con esta detención se rompe el compromiso asumido por el Alto Mando Militar y por el Ministerio de Defensa, quienes instruyeron actuar sin ningún tipo de represalias contra los militares movilizados.
El primero tiene dos hijos, uno de siete años y otro de nueve meses, además de su esposa Zulema Quispe, quien comenta que el suboficial está "deprimido y angustiado por dejar desamparados” a los menores. El segundo no tiene hijos, pero mantiene a sus padres, explica la secretaria general de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP), Verónica Sánchez.
El grupo acudió en respuesta a una denuncia de trato "denigrante y discriminador” presentada por un familiar de Sucojayo, quien indicó: "Los llevaron a celdas improvisadas; alrededor del recinto hay custodia de 20 policías militares, un bidón de aceite Fino les sirve como urinario en el mismo cuarto, restringen las visitas”, entre otras cosas.
"A Colque yo lo noté un poco más afectado, es la situación de encierro en la que se encuentran y la preocupación por sus familiares”, diría después el responsable del Área Socioterapéutica del Instituto de Terapia e Investigación (ITEI), Andrés Gautier, "aunque es difícil conocer el estado de cada quien porque unos son más proclives a expresarse que otros”.
Los coroneles aseguraron, antes de acceder a la visita, que se hicieron "todas las mejoras” en "los calabozos” para que hagan de celdas de los detenidos.
Las celdas o "jaulas improvisadas”, según las llamó el abogado de los suboficiales, Alberto Costa Obregón, están a pocos pasos del ingreso del recinto militar, detrás de una red metálica sujeta a delgados troncos, en la que se apoya un banner que impide la visibilidad.
La celda de Sucojayo es, según el reporte de la comisión, "amplia”, de 5x2 metros aproximadamente. La de Colque es más pequeña, de 3x2 metros.
Ambos detenidos tienen un catre de una plaza con frazadas, una mesa y libros. Están abrigados porque allí "se siente el frío”, dice Sánchez. También hay alimentos secos que les llevan sus familiares y reciben las tres comidas diarias de la tropa: desayuno, almuerzo y cena.
Cuando se les pregunta sobre su situación coinciden, también por separado, en que los primeros días fueron más difíciles. Deben responder en presencia de dos jefes militares: Coca y Pérez. "No era el momento adecuado para que puedan hablar, porque los oficiales estaban escuchando y estaban presentes”, dijo Gautier.
"Siempre es una situación difícil que los detenidos hablen en presencia de sus carceleros, por así decirlo”, añadió Sánchez.
Lo que sí dijeron los suboficiales es que esperan reunirse con sus familiares, que obtengan una respuesta favorable en sus audiencias de cesación a la detención preventiva que se realizarán en la semana y que sus procesos por "sedición” continúen mientras ellos estén en libertad.
Después de recibir una misiva en la que se denuncia las condiciones "denigrantes y discriminatorias” en las que se encontraban los militares de bajo rango Freddy Sucojayo y Franklin Colque, ayer, tras una verificación, se comprobó que las autoridades militares hicieron cambios, como informó el lunes el director de Comunicación de la Fuerza Aérea Boliviana, Julio Rojas.
"Las condiciones en las que se encuentran son aceptables, mejor incluso que muchos otros recintos penitenciarios, como es el caso de San Pedro”, subrayó el psicoterapeuta Andrés Gautier.
Abogado dice que suboficiales están en “jaulas improvisadas”
El abogado de los dos suboficiales detenidos preventivamente en la carceleta de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en El Alto, Alberto Costa Obregón, denunció ayer que sus defendidos están encerrados en "jaulas improvisadas”, que por sus condiciones vulneran sus derechos.
"Es una jaula que se ha improvisado para que estas personas guarden detención. Ésa es la palabra, se ha improvisado una habitación, un bidón de aceite Fino para que puedan orinar. No tienen sol, están incomunicados y eso no puede suceder”, afirmó Costa Obregón.
El jurista criticó que existan infraestructuras "pomposas” para los tribunales, códigos, pero no haya centros de detención con las "condiciones mínimas”.
El 2 de julio, en audiencia del Tribunal Permanente de Justicia Militar, una vocal determinó la detención preventiva para los suboficiales Freddy Sucojayo y Franklin Colque por la supuesta comisión de sedición y amotinamiento contra el Estado, tras participar en las movilizaciones de marzo y abril, en las que militares de bajo rango exigían un mejor trato para ellos y la "descolonización” de las Fuerzas Armadas (FFAA).
El viernes pasado, Costa Obregón presentó un recurso de libertad provisional en el tribunal militar, el cual debía responderse en una audiencia en un plazo de 24 horas. Sin embargo, hasta el mediodía de ayer, en el panel informativo de las audiencias programadas, no estaba la de Sucojayo ni Colque.
Este medio intentó conseguir información sobre la respuesta al recurso y la situación de los detenidos, pero el presidente del Tribunal Permanente de Justicia Militar, Eduardo Fernández -el único autorizado para hablar, según dijeron-, está de viaje.
En abril, el Alto Mando Militar cuestionó que los uniformados movilizados no hicieran su petición por el "conducto regular” y en cambio participaran en medidas de presión; sin embargo, uno de los principales argumentos de la defensa consiste en señalar que sí se siguió el procedimiento ordinario para solicitar la "descolonización de las FFAA, "pero no fueron oídos entonces”.
El director de Comunicación de la FAB, Julio Rojas, informó que después de las denuncias de los familiares de los dos suboficiales y el abogado, sobre las malas condiciones en las que se encontraban Sucojayo y Colque, se hizo una inspección del lugar y se repararon las fallas encontradas.
"Se hizo la inspección, ya están con los servicios básicos mínimos. Se solucionó el tema del bidón. Lo que pasa es que había los ambientes, pero no se preveía tener gente arrestada. Ahora se los acondicionó de manera que ellos puedan estar el tiempo que disponga el Tribunal de Justicia Militar”, aseveró Rojas.
Hay atropello
Es importante explicar que las FFAA no deberían tener atribución de recluir a ninguna persona, deberían sólo tratar procesos administrativos y aquellos que se consideren delitos deberían ser sancionados por la justicia ordinaria. No deberían existir cárceles en el ámbito militar. En el caso de los arrestos, no cuentan con espacios adecuados para que se cumplan estas sanciones, así que lo que se está haciendo con los dos suboficiales recluidos es un atropello a la dignidad, una vulneración de los derechos humanos, eso según lo que se ha difundido por los medios. Haremos una verificación en el lugar y emitiremos un pronunciamiento.
Detención El Código Penal Militar dispone que la detención preventiva procede si "a criterio del juez existen suficientes indicios de culpabilidad”.
Derechos Los miembros de las Fuerzas Armadas tienen "algunas restricciones en sus derechos”, según la LOFA.
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 resolución 
 artículo 118
 artículo 116
 resolución 
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 resolución