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Ponente: ministro sergio salvador aguirre anguiano - Página 2
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SEGUNDO.- Por auto de seis de junio de dos mil, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la posible contradicción de tesis, la cual quedó radicada bajo el número 45/2000-SS, así como requerir a los Presidentes de los Tribunales Colegiados Octavo en Materia de Trabajo, Tercero en Materia Administrativa y Sexto en Materia de Trabajo, todos del Primer Circuito, para que remitieran copias certificadas de las ejecutorias dictadas en sus respectivos expedientes.
Mediante oficios números 4205 y IV 2092 de fechas dieciséis y veintitrés de junio de dos mil, respectivamente, las Secretarias de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito, remitieron copias certificadas del recurso de revisión R.T.-22/93 y del juicio de amparo directo DA-1093/88.
TERCERO.- Por auto de fecha cuatro de julio de dos mil, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que el expediente relativo a la contradicción de tesis 45/2000-SS, quedó debidamente integrado, razón por la cual ordenó dar vista al Procurador General de la República.
CUARTO.- Por auto de siete de agosto de dos mil, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó turnar el expediente al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, para que formule la resolución correspondiente.
PRIMERO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero del acuerdo plenario 1/1997, de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, ya que se trata de una denuncia de posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito.
SEGUNDO.- En principio, debe señalarse que es procedente que esta Segunda Sala realice el estudio de la presente denuncia de contradicción de tesis y dicte la resolución correspondiente, aun cuando en autos no conste la opinión del Procurador General de la República, pues ante la omisión de dicho funcionario debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en la presente contradicción, facultad que le confiere el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
TERCERO.- La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló una parte quejosa ante el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
CUARTO.- El criterio sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 10/2000, promovido por José Luis Rosas Leyva, en su parte medular establece lo siguiente:
“…III.- Los agravios son infundados.--- En efecto, justificadamente el Juez de Distrito desechó por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida contra el auto por el cual la Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje se declaró incompetente para conocer del juicio laboral 122/99, promovido por el quejoso; toda vez que ese auto carece de definitividad, ya que la Junta Especial Número Nueve en ‘Nezahualcóyotl’ a quien se consideró competente, no ha aceptado la competencia para conocer del juicio, acto éste que sí tendría la característica de definitividad, debiendo aplicarse en el caso la jurisprudencia de la Cuarta Sala que el Juez de Distrito cita en su resolución, cuyo texto es el siguiente: ‘INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. La declaración de incompetencia de la autoridad de trabajo que inicialmente conoce de un juicio laboral y que remite los autos a la autoridad que estima competente, no constituye un acto de ejecución irreparable, pues no se sabe si aceptará o no la competencia la segunda autoridad ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial, razón por la que en ese estado no es procedente el amparo indirecto.’--- Consecuentemente, siendo infundados los agravios debe confirmarse el auto recurrido y desechar la demanda de amparo.”
Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 22/93, promovido por Enrique Díaz Fondón y otros, en la parte que interesa, se apoyó en las siguientes consideraciones:
“…TERCERO.- Son fundados los agravios que se hacen valer, en virtud de que como lo señalan los recurrentes, es incorrecta la forma en que el Juez a quo estudió los actos reclamados, pues no debieron considerarse en forma aislada e independiente.--- Según se desprende del acto que se recurre (fojas sesenta), respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de fecha veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y dos, dictado en el expediente número 307/91, por la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual se declaró incompetente, el Juez de Distrito sostuvo que ‘…en nada perjudica al promovente, en consecuencia, no es un acto de imposible reparación…’, y en apoyo de lo anterior aplicó la tesis de la Cuarta Sala, cuyo rubro es: ‘INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO’.--- Por lo que hace al acto reclamado consistente en el acuerdo de la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por el que admite la competencia, el Juez a quo consideró que no se estaba en presencia de violación a derechos sustantivos y aplicó el criterio que sostuvo la Suprema Corte de Justicia al resolver el amparo en revisión 2509/89.--- Al respecto, este Tribunal estima que las resoluciones que sobre competencia emiten las Juntas de Conciliación y Arbitraje, consistentes en la declaración de incompetencia por una de ellas y en la aceptación de la competencia por parte de la otra, deben ser analizados conjuntamente por el Juez de Distrito, en virtud de que una es consecuencia de la otra y, por ende, guardan una estrecha vinculación, lo que impide que sean consideradas en forma independiente.--- Además, lo expresado por el Juez en el sentido de que tratándose del acuerdo en el que la Junta acepta la competencia, no se está ante violaciones de carácter sustantivo sino procesales, es incorrecto; toda vez que este Tribunal ha sostenido al resolver el R.T. 166/92 promovido por Martín Ibarra López y otro, en sesión de veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, que no es correcto analizar elementos de fondo para desechar la demanda, porque el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo autoriza el desechamiento de la demanda de garantías, cuando los motivos son manifiestos e indudables, de ahí que sea indebido utilizar argumentos de fondo para tal desechamiento, toda vez que si se trata de violaciones procesales el amparo indirecto sería la única oportunidad de los promoventes para impugnarlas, toda vez que dichas cuestiones ya no se estudiarían al dictarse el laudo respectivo.--- Debe señalarse, además, que atendiendo a la naturaleza de la controversia, consistente en la declaración de incompetencia de una autoridad y la aceptación de la misma por parte de otra, es susceptible de ser combatida ante un Juez de Distrito, en virtud de que su ejecución es inmediata e irreparable porque no existe recurso ordinario en su contra, y es precisamente por la imposibilidad de actuar de la Junta estimada incompetente, que de ninguna manera podría volver sobre la decisión de incompetencia y reparar el agravio, así como tampoco es admisible el criterio de que no puede considerarse irreparable el acto mientras haya la posibilidad de que recaiga sentencia favorable en el juicio que, en su caso, hubiere de seguirse, pues dicha eventualidad no puede, en modo alguno, constituir un criterio jurídico de reparabilidad, pues no se trata de una violación que sólo afecte una etapa del procedimiento, sino que lo afecta en su totalidad por referirse a un presupuesto procesal de fundamental importancia como lo es la competencia del órgano jurisdiccional.--- De ahí que les asiste la razón a los recurrentes al combatir la actuación del Juez a quo en tanto que consideró los actos reclamados en forma aislada y desechó la demanda, lo que es incorrecto, según ha quedado expresado, en consecuencia, debe revocarse la resolución recurrida y de no existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, el Juez de Distrito deberá admitir la demanda y entrar al estudio y resolución de la litis constitucional ante él planteada.”
El criterio citado originó la tesis aislada, que aparece en la página ciento noventa y uno, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II-Septiembre, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente:
“COMPETENCIA DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LAS CUESTIONES RELATIVAS DEBEN COMBATIRSE ANTE JUEZ DE DISTRITO. Atendiendo a la naturaleza de la controversia consistente en la declaración de incompetencia de una autoridad y la aceptación de la misma por parte de la actora, ésta es susceptible de ser combatida ante un juez de Distrito en virtud de que su ejecución es inmediata e irreparable, porque no existe recurso ordinario en su contra, y es precisamente por la imposibilidad de actuar de la Junta estimada incompetente, que de ninguna manera podría volver sobre la decisión de incompetencia y reparar el agravio, así como tampoco es admisible el criterio de que no puede considerarse irreparable el acto, mientras haya la posibilidad de que recaiga sentencia favorable en el juicio que en su caso hubiera de seguirse pues dicha eventualidad no puede, en modo alguno, constituir un criterio jurídico de reparación, pues no se trata de una violación que sólo afecte una etapa del procedimiento, sino que lo afecta en su totalidad por referirse a un presupuesto procesal de fundamental importancia, como lo es la competencia del órgano jurisdiccional.”
A su vez, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 1093/88, promovido por Playasol, Sociedad Anónima, en la parte que interesa dice:
“…QUINTO.- El primer concepto de violación, es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado.--- La Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, para revocar la sentencia de la a quo, expuso sustancialmente que si la autoridad demandada celebró un contrato con la ahora quejosa, para la prestación del servicio público de télex, obligándose esta última a pagar los derechos correspondientes a dicho servicio, como el cumplimiento del contrato no puede quedar al arbitrio de una de las partes, debe concluirse que la autoridad demandada sí actuó con competencia para requerir los créditos fiscales de mérito, porque esa competencia devino del contrato mismo habida cuenta que quien es parte en un contrato, puede válidamente exigir su cumplimiento a la contraparte.--- No le asiste razón a la Sala Superior, en atención a las siguientes consideraciones:--- De acuerdo con la doctrina jurisprudencial, la competencia de las autoridades en la materia que nos ocupa, es uno de los elementos esenciales del acto administrativo que encuentra su fundamento constitucional en el artículo 16 de la Carta Magna, conforme al cual todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente.--- La competencia implica el conjunto de facultades que legítimamente puede realizar la autoridad y entre sus características más importantes destacan las siguientes: a) requiere siempre un texto expreso de la ley para poder existir; b) su ejercicio es obligatorio para el órgano a quien se le atribuye, esto es, no es un derecho del titular del propio órgano; c) participa de la misma naturaleza que los actos jurídicos generales y abstractos, en el sentido de que al ser creada la esfera de competencia, se refiere a un número indeterminado e indeterminable de casos; su ejercicio es permanente, es decir, que no se extingue al ser aplicada; sólo puede ser modificada por otro acto jurídico general y abstracto; y d) únicamente puede tener como objeto el interés social o el orden público.--- En cambio, la naturaleza del contrato es esencialmente contraria a la de la competencia, ya que los derechos y obligaciones que se derivan del mismo, son individuales y concretos, es decir, que sólo existen para personas determinadas; su ejercicio es temporal e inmodificable por un acto jurídico general y abstracto; y la cosa objeto del contrato debe estar en el comercio (artículo 1825 del Código Civil para el Distrito Federal).--- Por otro lado, las características de la competencia encuentran su fundamento en el principio de legalidad, según el cual las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos en que la misma lo determina. En efecto, si el Estado sólo puede tomar determinaciones respecto a casos concretos cuando haya una autorización de la ley, está implícita en esa idea la de que la propia ley sea la que determine el órgano competente para efectuar los actos que autoriza (Derecho Administrativo, Gabino Fraga, Editorial Porrúa, S.A., Vigesimacuarta Edición).--- Y por lo que se refiere a las características del contrato, su fundamento lo encontramos en la teoría de la libertad de los contratantes, según la cual las partes pueden realizar todo lo que la ley no les prohíbe.--- En estas condiciones, resulta insostenible el criterio de la Sala Superior al apoyar la competencia de la autoridad demandada en un contrato, ya que resulta evidente que la misma no puede ser objeto de pactos porque no es algo que esté dentro del comercio, por lo que la sola existencia de un contrato celebrado entre la autoridad demandada y la ahora quejosa, según el cual el particular se obligaba, entre otras prestaciones, al pago de los derechos derivados de un servicio público, no es suficiente para considerar que dicha autoridad tuviera competencia para exigir el pago de esos derechos o para determinar créditos fiscales en contra del administrado, sin texto expreso de una ley que apoyara su actuación, en virtud de que, según se ha advertido, la competencia, como poder legal para actuar, sólo debe tener como origen un acto legislativo y de ninguna manera un acuerdo de voluntades entre el titular de un órgano de la administración pública y un administrado.--- Es aplicable, por analogía, la tesis sostenida por este Tribunal, en el amparo directo 1133/81, resuelto en la sesión del cinco de octubre de mil novecientos ochenta y dos, por unanimidad de votos, siendo ponente el entonces Magistrado Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, cuyo sumario es del siguiente tenor: ‘COMPETENCIA. SURGE DE LA LEY Y NO DE UN ACTO DISTINTO. TAMPOCO DE UNA SENTENCIA PRONUNCIADA EN JUICIO DE NULIDAD.- La competencia de la autoridad, como cúmulo de facultades para actuar o emitir el acto correspondiente, sólo surge de una disposición legal o reglamentaria y no de un acto distinto, menos aún de una sentencia emitida por un tribunal administrativo autónomo, creado en los términos del artículo 104 de la Constitución Federal, quien al analizar el acto, resolución o procedimiento impugnado, a la luz del concepto de anulación correspondiente, se debe limitar a declarar su nulidad, si se presenta la causa contemplada en el artículo 228, inciso a), del Código Fiscal de la Federación.’ (Informe de 1982, página 76).--- En consecuencia, siendo fundado el concepto de violación de que se trata, y suficiente para conceder el amparo solicitado, resulta innecesario hacerse cargo del análisis del segundo y último motivo de inconformidad, habida cuenta de que el amparo así otorgado trae como consecuencia que se nulifique el acto reclamado.--- Da apoyo a la anterior conclusión, la tesis jurisprudencial ciento seis, publicada en el Apéndice editado en mil novecientos ochenta y cinco, Octava Parte, página ciento sesenta y siete, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae como consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos.’”
El criterio anterior originó la tesis aislada que aparece publicada en la página 991, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo III, Segunda Parte-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
“COMPETENCIA. SÓLO DERIVA DE LA LEY NO DE UN CONTRATO. La competencia de las autoridades estatales, es uno de los elementos esenciales del acto administrativo, que encuentra su fundamento constitucional, en el artículo 16 de la Carta Magna. Entre sus características más importantes, destacan las siguientes: a) Requiere siempre un texto expreso de la ley para poder existir; b) Su ejercicio es obligatorio para el órgano a quien se le atribuye; esto es, no es un derecho del titular del propio órgano; c). Participa de la misma naturaleza que los actos jurídicos y abstractos, en el sentido de que al ser creada la esfera de competencia, se refiere a un número indeterminado o indeterminable de casos; su ejercicio es permanente, es decir, que no se extingue al ser aplicada; sólo puede ser modificada por otro acto jurídico general y abstracto; d). Únicamente puede tener como finalidad el interés social o el orden público; y, e). La competencia no puede ser objeto de contratos porque no es algo que esté dentro del comercio. En cambio, la naturaleza del contrato es esencialmente contraria a la competencia, ya que los derechos y obligaciones que se derivan del mismo, son individuales y concretos, es decir que sólo existen para personas determinadas; su ejercicio es temporal e inmodificable por un acto jurídico general y abstracto; y, la cosa objeto del contrato debe estar en el comercio (artículo 1825, del Código Civil para el Distrito Federal). Por otro lado, las características de la competencia, encuentran su fundamento en el principio de legalidad, según el cual las autoridades del estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos en que la misma determina. En efecto, si el estado sólo puede tomar determinaciones respecto a casos concretos cuando haya una autorización de la ley, está implícita en esa idea la de que la propia ley sea la que determine el órgano competente para efectuar los actos que autoriza. Y por lo que se refiere a las características del contrato, su fundamento lo encontramos en la teoría de la libertad de los contratantes, según la cual, las partes pueden realizar todo lo que la ley no les prohibe. En estas condiciones, la sola existencia de un contrato celebrado entre la autoridad administrativa y el particular, según el cual éste se obligaba, entre otras prestaciones, al pago de los derechos privados de un servicio público, no es suficiente para considerar que dicha autoridad tuviera competencia para exigir el pago de esos derechos o para determinar créditos en contra del administrado, sin texto expreso de una ley formal o material que apoyara su actuación, en virtud de que, según se ha advertido, la competencia, como poder legal para actuar, sólo debe tener como origen un acto legislativo formal o material y de ninguna manera un acuerdo de voluntades entre el titular de un órgano de la administración pública y un administrado.”
QUINTO.- Como cuestión previa a cualquier otra, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia número 4ª./J.22/92, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta número 58, Octubre de 1992, página 22, que dice:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a). Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b). Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c). Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.”
También lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que se interpretan en la jurisprudencia antes transcrita, sirve como marco de referencia para elucidar si en el presente caso existe o no la contradicción de tesis denunciada. Dichos numerales, dicen:
"Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:…XIII.- Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados Tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia…”
"ARTÍCULO 197-A.- Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados Tribunales o los magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El Procurador General de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.--- La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.--- La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195.”
Como se ve, los preceptos constitucional y reglamentario, así como el criterio jurisprudencial antes transcritos, refieren a la figura jurídica de la contradicción de tesis como mecanismo para integrar jurisprudencia. Tal mecanismo se activa cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través de la resolución que proponga la jurisprudencia que debe prevalecer y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.
La consideración anterior conlleva la precisión de los términos “tesis”, “jurisprudencia judicial” e “interpretación jurídica”.
Por “tesis” entendemos la posición o criterio que adopta el juzgador a través de argumentaciones de índole lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia determinada. En otras palabras, “tesis” es toda afirmación, no evidente en sí misma y que por consiguiente, requiere de argumentación que la justifique. En el Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española, Tomo VI Semitrino-Zurubí, página 1270, dicho término se define así: “(Del latín thesis…) f conclusión, proposición que se mantiene con razonamientos…”
Por otra parte, atendiendo al texto del artículo 192 de la Ley de Amparo, se pueden definir los términos “jurisprudencia judicial”, como la interpretación de la ley que realizan los órganos del Poder Judicial de la Federación competentes (Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Tribunales Colegiados de Circuito), para aplicarla a las hipótesis jurídicas planteadas en las controversias que se someten a su conocimiento.
En relación con los vocablos “interpretación jurídica”, consisten en la tarea de descifrar, desentrañar, descubrir o encontrar el significado o sentido de la norma de derecho, cuando ésta es obscura o imprecisa, a través de un método o métodos específicos (exegético, sistemático, histórico, sociológico, etc…)
Los conceptos de jurisprudencia judicial y de interpretación jurídica fueron abordados por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en las tesis de ejecutoria publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Parte, Volúmenes XLIV y XLIX, páginas 86 y 58, respectivamente, que dicen:
“JURISPRUDENCIA, NATURALEZA. La jurisprudencia, en el fondo, consiste en la interpretación correcta y válida de la ley que necesariamente se tiene que hacer al aplicar ésta.”
“INTERPRETACIÓN Y JURISPRUDENCIA. Interpretar la ley es desentrañar su sentido y por ello la jurisprudencia es una forma de interpretación judicial, la de mayor importancia, que tiene fuerza obligatoria según lo determinan los artículos 193 y 193 bis de la Ley de Amparo reformada en vigor, según se trate de jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o a través de sus Salas. En síntesis: la jurisprudencia es la obligatoria interpretación y determinación del sentido de la ley, debiendo acatarse, la que se encuentra vigente en el momento de aplicar aquella a los casos concretos, resulta absurdo pretender que en el periodo de validez de una cierta jurisprudencia se juzguen algunos casos con interpretaciones ya superados y modificados por ella que es la única aplicable.”
De lo anterior, cabe destacar que la existencia de la contradicción de tesis requiere de manera indispensable que la oposición de criterios surja de entre las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan la interpretación de un mismo precepto legal o tema concreto de derecho, ya que, precisamente, como antes se definió, esas consideraciones justifican el criterio jurídico que adopta cada uno de los órganos jurisdiccionales para decidir la controversia planteada, a través de las ejecutorias de amparo materia de la contradicción de tesis.
Precisadas las premisas aludidas, que delimitan el marco teórico en que se desenvuelve este asunto, se arriba a la conclusión de que la posición o criterio jurídico adoptado en las ejecutorias de amparo transcritas en el considerando cuarto de esta resolución, no reúnen integralmente los requisitos necesarios para que exista la presente contradicción de tesis, puesto que en las consideraciones que sustentan tal posición o criterio jurídico de cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, se examinan cuestiones jurídicas esencialmente distintas, toda vez que provienen de diversas fuentes, es decir, que no se examinan los mismos elementos, como enseguida se evidenciará.
Para demostrar dichas afirmaciones, es menester destacar los antecedentes y consideraciones de derecho, en que se apoyan cada una de las ejecutorias de mérito.
1.- En la sentencia de diecisiete de febrero de dos mil que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito dictó en el amparo en revisión 10/2000, se advierte:
El quejoso José Luis Rosas Leyva demandó, por conducto de su apoderado, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto del acto de la Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el acuerdo de nueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, dictado en el juicio laboral número 122/99, promovido por el peticionario de garantías en contra de Transportes Mar, de María de los Ángeles Reyes Hernández y José Trinidad Bucio Correa, a través del cual dicha autoridad se declaró incompetente para conocer del asunto mencionado.
Por auto de veinte de enero de dos mil, el Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, desechó la demanda de amparo, porque consideró actualizada la causal de improcedencia, prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con la fracción IV del artículo 114, ambos de la Ley de Amparo, porque tal acto no era de ejecución irreparable, puesto que la autoridad en cuyo favor se había declinado el conocimiento del asunto, aún no había resuelto si aceptaba o no, y sólo en el primer caso podría considerarse definitivo.
En contra de la resolución aludida la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien por ejecutoria de diecisiete de febrero del dos mil, confirmó el auto de desechamiento recurrido, pues consideró infundados los agravios, porque el proveído en el cual la Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se declaró incompetente, carece de definitividad, ya que la Junta Especial Número Nueve de Conciliación y Arbitraje en Nezahualcóyotl, a quien se estimó competente, no ha aceptado la competencia para conocer del juicio, acto éste que sí tendría la característica de definitividad.
2.- La ejecutoria que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito dictó en el amparo en revisión número 22/93, derivó de los antecedentes que a continuación se refieren:
Mediante escrito presentado el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, Enrique Díaz Fondón y otro, por conducto de su apoderado demandaron la protección constitucional en contra de los actos consistentes en los acuerdos dictados el veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y dos, en el expediente laboral número 307/91 y veintidós de octubre de mil novecientos noventa y dos en el expediente número 798/92, respectivamente, por la Juntas Especiales Números Treinta y Nueve, así como Cinco, ambas de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante los cuales la primera se declaró incompetente y la segunda aceptó la competencia.
Por proveído de diez de diciembre de mil novecientos noventa y dos, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal a quien por razón de turno tocó conocer de la demanda de garantías, la desechó de plano, por considerar actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el auto por el cual la autoridad responsable se declaraba incompetente no era de imposible reparación, al no ser un auto definitivo, puesto que no se sabía si la autoridad a quien se estimó competente aceptaría o no la competencia. En cuanto al acto por el que se acepta la competencia se determinó que no ocasionaba perjuicio, ya que el peticionario de garantías podía obtener laudo favorable a sus intereses.
En contra del acuerdo citado, la parte quejosa interpuso recurso de revisión y el quince de febrero de mil novecientos noventa y tres, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, dictó ejecutoria a través de la cual revocó el auto que desechó de plano la demanda, en virtud de que consideró fundados los agravios, en atención a que las resoluciones que sobre competencia emitan las Juntas de Conciliación y Arbitraje consistentes en la declaración de incompetencia por una de ellas y en la aceptación de la competencia por parte de la otra deben ser analizadas conjuntamente por el Juez de Distrito, en virtud de que una es consecuencia de la otra y, por ende, guardan una estrecha vinculación, lo que impide que sean consideradas en forma independiente.
Asimismo, el órgano colegiado mencionado estimó que tanto la declaración de incompetencia de una autoridad y la aceptación de la misma, por parte de otra, es susceptible de ser combatida ante un Juez de Distrito, pues su ejecución es inmediata e irreparable, ya que no existe recurso ordinario en su contra y es precisamente por la imposibilidad de actuar de la Junta estimada incompetente, que de ninguna manera podría volver sobre la decisión de incompetencia y reparar el agravio, como tampoco era inadmisible el criterio de que no puede considerarse irreparable el acto mientras haya la posibilidad de que recaiga sentencia favorable en el juicio que en su caso hubiere de seguirse, pues dicha eventualidad no puede en modo alguno, constituir un criterio jurídico de reparabilidad, pues no se trata de una violación que sólo afecte una etapa del procedimiento sino que lo afecta en su totalidad por referirse a un presupuesto procesal de fundamental importancia como lo es la competencia del órgano jurisdiccional.
El criterio aludido originó la tesis aislada publicada en la página ciento noventa y uno, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II–Septiembre, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
3.- La ejecutoria que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió, en el amparo directo número 1093/98, derivó de los antecedentes que a continuación se narran:
Por escrito presentado el trece de abril de mil novecientos ochenta y ocho, ante el Tribunal Fiscal de la Federación, José Luis Rodríguez Gareto, en representación de Playa Sol, Sociedad Anónima, demandó la protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó la sentencia de veinte de octubre de mil novecientos ochenta y siete, que la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación dictó, al resolver el recurso de revisión 2484/86.
El cinco de julio de mil novecientos ochenta y ocho, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, emitió ejecutoria en la cual concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, pues consideró fundados los agravios planteados, porque era incorrecto el criterio de la Sala Superior del Tribunal Fiscal, en el sentido de apoyar la competencia de la autoridad demandada en un contrato, pues la sola existencia de un contrato celebrado entre la autoridad demandada y la ahora quejosa, según el cual el particular se obligaba, entre otras prestaciones, al pago de los derechos derivados de un servicio público, era insuficiente para estimar que dicha autoridad tuviera competencia para exigir el pago de esos derechos o para determinar créditos fiscales en contra del administrado sin texto expreso de una ley que apoyara su actuación; puesto que la competencia como poder legal para actuar sólo debe tener como origen un acto legislativo y de ninguna manera un acuerdo de voluntades entre el titular de un órgano de la administración pública y un administrado.
Tal criterio se formalizó en la tesis aislada publicada en la página novecientos noventa y uno, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo III, Segunda Parte-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
“COMPETENCIA. SÓLO DERIVA DE LA LEY NO DE UN CONTRATO. La competencia de las autoridades estatales, es uno de los elementos esenciales del acto administrativo, que encuentra su fundamento constitucional, en el artículo 16 de la Carta Magna. Entre sus características más importantes, destacan las siguientes: a) Requiere siempre un texto expreso de la ley para poder existir; b) Su ejercicio es obligatorio para el órgano a quien se le atribuye; esto es, no es un derecho del titular del propio órgano; c) Participa de la misma naturaleza que los actos jurídicos y abstractos, en el sentido de que al ser creada la esfera de competencia, se refiere a un número indeterminado o indeterminable de casos; su ejercicio es permanente, es decir, que no se extingue al ser aplicada; sólo puede ser modificada por otro acto jurídico general y abstracto; d) Únicamente puede tener como finalidad el interés social o el orden público; y, e) La competencia no puede ser objeto de contratos porque no es algo que esté dentro del comercio. En cambio, la naturaleza del contrato es esencialmente contraria a la competencia, ya que los derechos y obligaciones que se derivan del mismo, son individuales y concretos, es decir que sólo existen para personas determinadas; su ejercicio es temporal e inmodificable por un acto jurídico general y abstracto; y, la cosa objeto del contrato debe estar en el comercio (artículo 1825, del Código Civil para el Distrito Federal). Por otro lado, las características de la competencia, encuentran su fundamento en el principio de legalidad, según el cual las autoridades del estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos en que la misma determina. En efecto, si el estado sólo puede tomar determinaciones respecto a casos concretos cuando haya una autorización de la ley, está implícita en esa idea la de que la propia ley sea la que determine el órgano competente para efectuar los actos que autoriza. Y por lo que se refiere a las características del contrato, su fundamento lo encontramos en la teoría de la libertad de los contratantes, según la cual, las partes pueden realizar todo lo que la ley no les prohibe. En estas condiciones, la sola existencia de un contrato celebrado entre la autoridad administrativa y el particular, según el cual éste se obligaba, entre otras prestaciones, al pago de los derechos privados de un servicio público, no es suficiente para considerar que dicha autoridad tuviera competencia para exigir el pago de esos derechos o para determinar créditos en contra del administrado, sin texto expreso de una ley formal o material que apoyara su actuación, en virtud de que, según se ha advertido, la competencia, como poder legal para actuar, sólo debe tener como origen un acto legislativo formal o material y de ninguna manera un acuerdo de voluntades entre el titular de un órgano de la administración pública y un administrado.”
De lo expuesto, se advierte que ni formalmente se produce la contradicción de criterios, debido a que los órganos jurisdiccionales mencionados en sus ejecutorias toman en consideración cuestiones jurídicas y elementos que son diferentes.
En efecto, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostiene la improcedencia del juicio de amparo indirecto, respecto del auto de la autoridad responsable por el que se declara incompetente al no estimarlo definitivo, ya que la autoridad a quien se estimó competente no había aceptado esa competencia.
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo considera que tanto la declaración de incompetencia como la de aceptación son susceptibles de combatirse ante Juez de Distrito, porque no existe recurso ordinario en su contra y precisamente por la imposibilidad para actuar por parte de la autoridad de trabajo estimada como incompetente, es que no podría volver sobre la decisión de incompetencia.
En tanto que, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analiza la competencia originaria de la autoridad demandada para cobrar el pago de derechos provenientes de un servicio público o para determinar créditos fiscales en contra del administrado, la cual proviene de la ley y no de un contrato.
En conclusión, no existe punto de contradicción porque los Tribunales Colegiados Octavo y Sexto en Materia de Trabajo como el Tercero en Materia Administrativa atendieron a hipótesis distintas, el primero analiza sólo la declaración de incompetencia; el segundo estudia en forma conjunta las declaraciones tanto de incompetencia como de aceptación y el tercero se concreta a determinar la competencia originaria de la autoridad demandada, para actuar en el cobro de derechos derivados de un servicio público o para determinar créditos fiscales en contra del administrado; lo cual originó que dichos órganos colegiados concluyeran en forma diferente.
Luego, si los órganos jurisdiccionales mencionados opinaron sobre cuestiones y puntos distintos, es evidente que no se advierte la contradicción del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa frente a los Tribunales Colegiados Octavo y Sexto en Materia de Trabajo, todos del Primer Circuito; en razón de que no llegaron a criterios divergentes sobre un mismo tema, por lo que la presente contradicción de tesis es inexistente.
No obsta a lo expuesto, que si bien es cierto los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo Octavo y Sexto, ambos del Primer Circuito, sustentaron criterios aparentemente antagónicos respecto de la procedencia del amparo indirecto en las cuestiones de competencia; sin embargo, ello se debió a que partieron de hipótesis totalmente distintas, puesto que el primero sólo analizó el acto reclamado consistente en la determinación de la autoridad responsable en la que se declaró incompetente para conocer del juicio laboral y en que remitió los autos a la autoridad que estimó competente; mientras que el criterio sustentado por el segundo partió del estudio conjunto de los proveídos en que se declaró la incompetencia y la aceptación de la misma. De ahí la justificación de los criterios divergentes a que arribaron.
Son aplicables al caso las siguientes tesis: 2ª./J.24/95, publicada en la página cincuenta y nueve, Tomo II, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cinco y 3ª./J.37/93, publicada en la página cuarenta y cuatro, Tomo 72, Octava Época, Tercera Sala, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres, que dicen, respectivamente:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE SI LOS CRITERIOS DIVERGENTES TRATAN CUESTIONES ESENCIALMENTE DISTINTAS. Para que se configure la contradicción de tesis a que se refiere el artículo 197-A de la Ley de Amparo, es menester que las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados que sustenten criterios divergentes traten cuestiones jurídicas esencialmente iguales; por tanto, si la disparidad de criterios proviene de temas diferentes, la contradicción es inexistente.”
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA QUE SE FORMULA RESPECTO DE RESOLUCIONES EN LAS QUE EL PROBLEMA JURÍDICO ABORDADO ES DIFERENTE Y DE LO SOSTENIDO EN ELLAS NO DERIVA CONTRADICCIÓN ALGUNA. Los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, entendiendo por tesis el criterio jurídico de carácter general que sustenta el órgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho controvertido en el asunto que se resuelve. Consecuentemente, debe considerarse improcedente la denuncia que se formula respecto de resoluciones que, aunque genéricamente, se hayan referido a un problema de similar naturaleza, en forma específica aborden cuestiones diversas y de lo sostenido en ellas no se derive contradicción alguna, pues no existe materia para resolver en la contradicción denunciada.”
ÚNICO.- No existe la contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Octavo y Sexto en Materia del Trabajo, así como Tercero en Materia Administrativa, todos del Primer Circuito.
Notifíquese; remítase testimonio de la presente resolución a los tribunales colegiados mencionados y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Vicente Aguinaco Alemán y Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ausente el Ministro Mariano Azuela Güitrón, previo aviso dado a la Presidencia. Fue Ponente el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Firman el Ministro Presidente y Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 197
 artículo 145
 resolución 
 resolución 
 artículo 16
 artículo 104
 resolución 
 artículo 228
 artículo 16
 artículo 103
 resolución 
 resolución 
 artículo 195
 resolución 
 artículo 192
 artículo 73
 artículo 114
 resolución 
 artículo 73
 artículo 114
 artículo 16
 artículo 197
 resolución