Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/5105
Timestamp: 2020-06-05 03:06:22+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 100/2004
SENTENCIA 100/2004, de 2 de junio.
(BOE nº 151, de 23 de juin de 2004)
ECLI:ES:TC:2004:100
En el recurso de amparo núm. 5803-2001, interpuesto por don Julio Aparicio Díaz, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Carmen García Rubio y defendido por el Letrado don Iñigo Fraile J. Muñana, contra la Resolución de la Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía de 21 de mayo de 1997, dictada en el expediente CA-234/96- ET, así como contra la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo con sede en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 20 de marzo de 2001, recaída en el recurso núm. 1552/97. Ha intervenido la Administración de la Junta de Andalucía, representada y defendida por Letrada de su Gabinete Jurídico, así como el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 10 de noviembre de 2001 se formuló demanda de amparo contra las resoluciones de que se hace mérito en el encabezamiento.
2. La demanda de amparo se funda, sustancialmente, en los siguientes hechos:
a) El demandante de amparo, matador de toros, se negó a dar muerte a una de las reses que le habían correspondido durante la corrida celebrada en la plaza de toros portátil de Ubrique (Cádiz), aduciendo que las condiciones que presentaba eran tan irregulares que hacían sumamente difícil su lidia e imposible estoquearla. Como consecuencia de ello la Junta de Andalucía inició un expediente sancionador, que concluyó con la imposición de una multa de cinco millones de pesetas y tres meses de suspensión para lidiar en Andalucía al considerar que los hechos constituían una infracción grave del art. 15, apartado m), de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, que tipifica la infracción consistente en "la negativa a lidiar y dar muerte a la res sin causa que lo justifique".
b) La resolución sancionadora fue impugnada ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo con sede en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuya Sección Primera desestimó el recurso mediante la Sentencia frente a la que ahora, así como respecto de la resolución administrativa sancionadora, se recurre en amparo.
3. La demanda diferencia las quejas relativas a la resolución administrativa sancionadora y las que se imputan a la resolución judicial:
a) Por lo que se refiere a la resolución administrativa sancionadora el demandante aduce vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Parte de que lo único que fue objeto de discusión en el expediente sancionador, y posteriormente en el proceso judicial, fue la concurrencia de causa justificada para negarse a dar muerte a la res, que según el demandante presentaba un extremo peligro en sus embestidas, lo cual evidenciaba que había sido toreada. A partir de esto se razona que el juicio de razonable culpabilidad en que ha de basarse la Administración sancionadora se extrae de un acta de incidencias en la que se aprecian numerosas irregularidades: 1) No aparece el visto bueno del Presidente del festejo (impuesto por el art. 86.1 del Reglamento de espectáculos taurinos —Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero— y los arts. 9 y 7.2.i de la Ley 10/1991), lo cual la hace ineficaz para iniciar un expediente sancionador pese a que en el proceso contencioso-administrativo se aporte una declaración jurada del indicado Presidente. 2) Se omite la indicación de los miembros de las cuadrillas actuantes, frecuentemente distintos a los que figuran en los contratos de actuación, lo cual tuvo incidencia en la apreciación de la pertinencia de la testifical propuesta en el expediente administrativo. 3) El informe de ratificación del acta aparece suscrito por persona que no consta que interviniese en el festejo, lo que se pretendió suplir durante el proceso contencioso-administrativo aduciendo que el delegado gubernativo había pasado a la reserva y que el Secretario se encontraba disfrutando un permiso. 4) Se alude a una declaración sobre la posibilidad de que la res hubiera sido toreada de un veterinario y de ciertos críticos taurinos, respecto de los que no existe constancia en el expediente. 5) La declaración testifical del ganadero que se solicitó por el demandante no fue practicada, sino que se requirió informe al padre de aquél, y en su práctica, precisamente por ser un informe, no pudo intervenir el demandante. De todo lo anterior se concluye que el juicio de culpabilidad efectuado por la Administración no se basó en prueba de cargo, sino en meras conjeturas y comentarios.
b) Respecto de la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo con sede en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que igualmente se recurre en amparo, el demandante se duele de la quiebra que, a su juicio, se produjo en su derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes (art. 24.1 y 2 CE).
4. Mediante providencia de 30 de abril de 2003 la Sección Cuarta de este Tribunal acordó dar vista al Ministerio público y al demandante de amparo de las actuaciones que previamente se habían reclamado del órgano judicial sentenciador para que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, formulasen las alegaciones que estimaran pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c)].
5. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 23 de mayo de 2003 el recurrente formuló alegaciones insistiendo en la argumentación vertida en la demanda de amparo.
6. La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 28 de octubre de 2003, acordó admitir a trámite el recurso de amparo y, dado que constaban ya en este Tribunal las actuaciones judiciales por haber sido recabadas con anterioridad, acordó, en aplicación del art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía a fin de que, en plazo no superior a diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al expediente 234/96, en el que se dictó la Resolución de 21 de mayo de 1997. En la propia resolución se acordó dirigir atenta comunicación a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a fin de que emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto al demandante de amparo, para que en el término de diez días pudiesen comparecer, si lo desearan, en el recurso de amparo.
7. El 9 de marzo de 2004 se registró en este Tribunal escrito presentado por la Letrada del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla para ante este Tribunal, por medio del cual se personaba en el presente recurso de amparo y formulaba las siguientes alegaciones:
En cuanto a la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo con sede en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aduce que no cabe confundir la ausencia de motivación con el desacuerdo personal respecto de la decisión judicial, y que la desestimación de las pruebas propuestas estuvo motivada en su absoluta impertinencia, a lo cual se une que la sanción impuesta lo fue en el marco de una actividad libremente asumida, circunstancia que, según la Letrada de la Junta de Andalucía, rebaja el grado de protección constitucional. Finalmente aduce que no se agotaron los recursos posibles en la vía judicial previa contra la denegación de la prueba, pues contra el Auto de 28 de enero de 1999 no se dedujo recurso de súplica.
8. Mediante providencia de 12 de marzo de 2004 la Sala Segunda acordó tener por personada y parte en el proceso a la Letrada del Servicio Jurídico de la Junta de Andalucía en la representación que ostenta y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio público por término común de veinte días, dentro de los cuales podrían formular alegaciones conforme determina el art. 52.1 de la Ley Orgánica de este Tribunal.
9. Mediante escrito presentado el 13 de abril de 2004 la Letrada de la Junta de Andalucía formuló alegaciones dando por reproducidas las vertidas al personarse en las actuaciones.
10. Por providencia de 31 de mayo de 2004 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 2 de junio del mismo año.
1. En el presente recurso las vulneraciones de derechos fundamentales de las que se duele el demandante de amparo son imputadas tanto al acto de la Administración pública, en este caso la resolución sancionadora de la Junta de Andalucía, como a la resolución judicial que puso fin al recurso contencioso-administrativo deducido contra aquélla. A la primera se le reprocha haber vulnerado los derechos a la presunción de inocencia y a la utilización de los medios de prueba pertinentes, mientras que la resolución judicial se entiende vulneradora de este mismo derecho y de la tutela judicial efectiva, situándose así el recurso de amparo en el marco del art. 24 CE en sus dos párrafos. Estamos pues en presencia de uno de los recursos de amparo denominados mixtos, en los cuales la vulneración de los derechos fundamentales se atribuye primeramente al acto de la Administración para luego imputarse a la resolución judicial, no solamente no haber reparado las vulneraciones pretendidamente producidas por la Administración, sino vulneraciones autónomas y propiamente reprochables a la Sentencia que puso fin al proceso judicial previo que abre el cauce del recurso de amparo.
2. Antes de afrontar la cuestión del orden en que hemos de estudiar las distintas quejas del demandante conviene poner de manifiesto los obstáculos que pudieran existir para la admisibilidad de alguna de ellas. En concreto el demandante de amparo reprocha al órgano judicial haber vulnerado el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE), vulneración que se habría materializado al denegarse el recibimiento del proceso contencioso-administrativo a prueba. Pues bien, tal decisión judicial tuvo lugar mediante el Auto de 28 de enero de 1999, Auto con el que se aquietó el demandante al no interponer el recurso de súplica que, conforme al art. 79 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, cabía deducir. De este modo, respecto de la vulneración aducida, el demandante de amparo no agotó los recursos procedentes dentro de la vía judicial, tal como exige el art. 44.1 a) LOTC, por lo que concurre la causa de inadmisión establecida en el art. 50.1 a) LOTC en relación con el anteriormente citado precepto de la misma norma.
3. Siguiendo con la delimitación de las quejas abordables en este recurso de amparo por haberse respetado las exigencias de admisibilidad debemos efectuar dos precisiones más para centrar el análisis de la resolución impugnada, que hemos de realizar desde la perspectiva del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.
4. Entrando a conocer del resto de las quejas formuladas por la representación del recurrente conviene precisar cuál ha de ser el orden en el que hemos de examinarlas, dando prioridad, según jurisprudencia constante de este Tribunal (últimamente STC 42/2004, de 23 de marzo), a aquéllas de las que puede derivarse una retroacción de actuaciones y, dentro de éstas, a las que, al determinar la retroacción a momentos anteriores, hacen innecesario nuestro pronunciamiento sobre las restantes (entre otras, SSTC 307/1993, de 25 de octubre, FJ 1; 116/1997, de 23 de junio, FJ 1 in fine; 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 2; 56/1998, de 16 de marzo, FJ 2; 19/2000, de 31 de enero, FJ 2; 96/2000, de 10 de abril, FJ 1; 31/2001, de 12 de febrero, FJ 2; 70/2002, de 3 de abril, FJ 2, STC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 2).
A tal fin es de observar que se aduce por el demandante lo que considera una falta de motivación de la resolución judicial, en la medida en que ésta utiliza un razonamiento puramente aparente o formal que, en realidad, no permite conocer cuáles son las razones por las que se desestiman sus alegaciones acerca de las concretas irregularidades formales en las que, en su criterio, había incurrido la Administración sancionadora. Pues bien, si llegara a apreciarse que la resolución judicial lesionó el derecho a la tutela judicial efectiva por defectuosa e insuficiente motivación, habrían de retrotraerse las actuaciones al momento de dictarse Sentencia para que el órgano judicial pronunciara otra adecuadamente motivada en la que expresase los motivos por los cuales desestima las fundamentos del recurso contencioso- administrativo. Para que este Tribunal pueda comprobar, dentro de los límites de la jurisdicción que le es propia (art. 54 LOTC), si se desvirtuó adecuadamente ante la Administración sancionadora el derecho a la presunción de inocencia, es imprescindible que los órganos jurisdiccionales, en este caso la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, exterioricen comprensiblemente el proceso seguido. Pero es que, además, no cabe olvidar que el control que realiza la jurisdicción ordinaria sobre la actuación de la Administración es de mayor extensión que el que realiza este Tribunal, pues, teniendo ambos en común el enjuiciamiento de las vulneraciones de derechos fundamentales imputadas a la actividad administrativa, los Jueces y Tribunales ordinarios contrastan tal actuar con la totalidad del Ordenamiento jurídico y no sólo con la legalidad constitucional tutelable a través del recurso de amparo. En consecuencia resulta forzoso el análisis prioritario de la denuncia sobre vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por insuficiencia de la motivación de la resolución judicial.
5. Para abordar esta cuestión bueno será recordar, reproduciendo lo ya dicho, entre otras muchas resoluciones, en la STC 211/2003, de 1 de diciembre, que este Tribunal viene declarado de manera constante que:
6. Una segunda consideración general ha de efectuarse antes de descender al análisis detallado de la resolución judicial impugnada. Nos referimos a la necesidad de distinguir entre las que son meras alegaciones o argumentaciones aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones y estas últimas en sí mismas consideradas, pues si con respecto a las primeras puede no ser necesaria una respuesta explícita y pormenorizada de todas ellas y, además, la eventual lesión del derecho fundamental deberá enfocarse desde el prisma del derecho a la motivación de toda resolución judicial, respecto de las segundas la exigencia de respuesta congruente se muestra con todo rigor siempre y cuando la pretensión omitida haya sido llevada al juicio en el momento procesal oportuno. La anterior reflexión, de la que puede ser exponente la STC 141/2002, de 17 de junio, cobra especial relevancia en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la cual es su propia norma reguladora (art. 43 LJCA de 1956) la que ordena a los Tribunales de esta jurisdicción que fallen "dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar el recurso y la oposición", mandato este redactado en términos semejantes en el art. 33 LJCA de 1998, al ordenar que el enjuiciamiento se produzca "dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición". Pues bien, dado que en el proceso contencioso-administrativo se ejercita necesariamente una pretensión de declaración de disconformidad del acto o resolución recurrida con el Ordenamiento jurídico (a lo que puede añadirse la pretensión del reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios), adquieren especial relevancia los motivos aducidos en defensa de la ilegalidad de la actuación administrativa, si bien ello no enerva la distinción entre motivos sustanciales y no sustanciales susceptibles de ser resueltos tácitamente.
7. En el supuesto sometido a nuestra consideración la demanda contencioso- administrativa comenzaba por describir que el toro núm. 2 de la ganadería de don Jesús Janeiro Bazán "había sido objeto de trasiegos y manejos extraordinarios, por haber sido anunciado, trasladado, reconocido, rechazado y posteriormente devuelto en la plaza de toros de Cuenca" el anterior 24 de agosto. En los fundamentos jurídicos de la demanda se solicitaba la declaración de ser contraria a Derecho y, en consecuencia, la anulación de la resolución administrativa sancionadora. Tal solicitud se fundaba en diversos motivos que podemos sintetizar del siguiente modo: a) La infracción de principio de legalidad, debido a que la conducta infractora se describe en términos excesivamente abiertos, así como porque el elenco de infracciones previstas en la norma aplicada es lo suficientemente amplio e inconcreto como para que impida un mínimo grado de certeza sobre la sanción que pudiera imponerse. b) El hecho de que, con independencia del resultado de la prueba testifical que se anunciaba, el informe de ratificación de la denuncia obrante en el expediente (folio 300) evidenciaba que, contrariamente a lo afirmado por la Administración, el demandante sí comunicó durante el festejo al Delegado de la Autoridad que el motivo de no estoquear la res era que aparentemente había sido toreada, de modo que su lidia representaba un grave riesgo añadido al asumido profesionalmente. c) El dato de que la resolución sancionadora vulneraba la presunción de inocencia, por cuanto construía el juicio de culpabilidad a partir de elementos probatorios irregulares deteniéndose en argumentar, con cita de los preceptos legales y reglamentarios que estimaba aplicables, la invalidez del acta del festejo por falta del visto bueno del Presidente del mismo y su inhabilidad para iniciar un expediente sancionador en materia de espectáculos taurinos, la ineficacia de la ratificación de la denuncia por estar realizada a través de un informe emitido por persona que no consta que interviniese en la denuncia, la falta de la constancia legalmente exigida de la cuadrilla interviniente (frecuentemente distinta de la prevista inicialmente), con incidencia en la apreciación de la idoneidad de los testigos propuestos en vía administrativa y cuya testifical fue denegada, y la práctica de prueba testifical a través de un informe emitido por persona distinta a la propuesta (se propuso al matador alternante en condición de ganadero y se emitió el informe por su padre) y sin que hubiera podido intervenir el demandante en la práctica de la testifical. d) La existencia de estado de necesidad, porque el estado de la res, que por embestir directamente al pecho y no a los engaños evidenciaba que había sido toreada previamente, constituía un riesgo que excedía del profesionalmente asumido. e) La falta de proporcionalidad en la sanción impuesta, por cuanto no podía ser considerado agravante el hecho de tratarse de una corrida de toros (este es el supuesto normal, rebajándose la sanción si se trata de otro tipo de espectáculo taurino); por tratarse de una plaza de tercera categoría la trascendencia de la corrida era mínima y no existió en ella beneficio económico para el demandante, el cual aceptó torear por tratarse del pueblo de su compañero Jesús Janeiro (Jesulín de Ubrique) y sufrió pérdidas que pretendía justificar documentalmente. f) Y el no haberse respetado el principio de igualdad porque, pese a tratarse de Administraciones distintas, no es razonable que la misma conducta en una plaza de pueblo como la de Ubrique merezca la misma sanción que en la plaza de Las Ventas de Madrid (citando al efecto un precedente en el que se impuso en la citada plaza la misma sanción por la misma conducta).
8. La Sentencia impugnada, tras concretar en sus fundamentos primero y segundo la resolución recurrida y los hechos por los que el recurrente fue sancionado en ella, aborda el estudio de la discrepancia del demandante de amparo con el relato de hechos y la resuelve afirmando que no puede ser compartida la alegación de que la res que le tocó en suerte ya hubiera sido toreada, "pues efectivamente en el acta del día 23 de agosto de 1996 relativa al pesaje de los toros enviados para la corrida de toros a celebrar el día 24 de agosto de 1996 en la ciudad de Cuenca, aparece el toro de nombre Gilopo de la ganadería de Jesús Janeiro, que luego resultaría ser el mismo que le tocó en suerte al recurrente en la plaza portátil de Ubrique en la ocasión a que este litigio se refiere. Sin embargo, examinada la aludida documentación comprobamos que de ningún modo queda constancia de que el citado toro hubiese sido toreado, pues ni siquiera consta que hubiese aparecido como sobrero".
9. Tampoco puede afirmarse que, respecto de los motivos de contenido jurídico esgrimidos por el recurrente, sea la Sentencia impugnada respetuosa con el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, manifestación primigenia del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Quinto.- ... La tramitación del procedimiento sancionador se ha realizado sin las irregularidades anulatorias invocadas y con respeto al principio de audiencia al interesado lo que elimina cualquier alegación de posible indefensión."
Estimar parcialmente la demanda de amparo formulada por don Julio Aparicio Díaz y, en su virtud:
2º Restablecerlo en la integridad de su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 20 de marzo de 2001, recaída en el recurso núm. 1552/97, y retrotraer las actuaciones al momento anterior a la declaración de haber declarado concluso el pleito para su terminación de manera respetuosa con el derecho fundamental invocado.
Numéro et date BOE [Nº, 151 ] 23/06/2004
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 5803-2001
Fecha de resolución 02/06/2004
Promovido por don Julio Aparicio Díaz frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que confirmó una sanción por negarse a lidiar y dar muerte a una res en la plaza de toros de Ubrique.
La Sentencia impugnada no es respetuosa con el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, manifestación primigenia del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) [FJ 9].
La resolución judicial rechaza la impugnación del relato fáctico rebatiendo una afirmación que no es la efectuada por el demandante, haciendo su motivación irrazonable en este concreto aspecto [FJ 8].
El razonamiento judicial rechaza explícitamente el motivo de impugnación centrado en la vulneración de la presunción de inocencia, pero no permite desentrañar cuáles son las razones de tal desestimación expresa [FJ 9].
El demandante de amparo reprocha al órgano judicial haber vulnerado el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes que se habría materializado al denegarse el recibimiento del proceso contencioso-administrativo a prueba. Sin embargo, el demandante de amparo no agotó los recursos procedentes dentro de la vía judicial, por lo que concurre la causa de inadmisión [FJ 2].
Según jurisprudencia constante de este Tribunal, el orden en el que hemos de examinar las quejas formuladas es aquélla de las que puede derivarse una retroacción de actuaciones y dentro de éstas, a las que, al determina la retroacción a momentos anteriores, haciendo innecesario nuestro pronunciamiento sobre las restantes (SSTC 307/1993 y 229/2003) [FJ 4].
La resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, carga que no queda cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro (SSTC 58/1997 25/2000) [FJ 5].
El órgano judicial no puede eludir los alegatos de legalidad ordinaria que se le plantean por las partes, que ha de resolver de modo que sea posible tomar conocimiento de los motivos por los cuales considera que tal actividad administrativa, no solamente es respetuosa con los derechos fundamentales, sino también conforme con el ordenamiento jurídico en su totalidad [FJ 9].
Artículo 24.1, ff. 2, 5, 9
Artículo 24.2 (derecho a la prueba), ff. 2, 8
Artículo 240.3 (redactado por la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre), f. 3
Motivación de las resoluciones judicialesMotivación de las resoluciones judiciales, Límites, f. 5
Motivación de las resoluciones judicialesMotivación de las resoluciones judiciales, Vulnerado, ff. 8, 9
Orden de análisis del recurso de amparoOrden de análisis del recurso de amparo, f. 4
TorosToros, ff. 7, 8

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 24

Artículo 24

Artículo 240