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Timestamp: 2019-01-20 05:20:32+00:00

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﻿ SENTENCIA T-1000 DE SEPTIEMBRE 18 DE 2001
SENTENCIA T-1000 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2001
CONTENIDO:DERECHO DE RETENCIÓN. RESPONSABILIDAD DE LOS COSTOS DEL SERVICIO DE CUSTODIA, VIGILANCIA Y CUIDADO DE LOS BIENES INCAUTADOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO DE RETENCIÓN, EJECUCIÓN DEL DERECHO DE RETENCIÓN, INCAUTACIÓN DE BIEN, BIEN INCAUTADO, SERVICIOS EN LA ACTIVIDAD DE CUSTODIA DE VALORES
REVISTA TUTELA N°:24 DE DICIEMBRE DE 2001, PÁG.2361
Sentencia T-1000 de septiembre 18 de 2001
SENTENCIA NÚMERO T-1000 DE 2001
Ref.: Exp. T-446.835
Accionante: Jaime Martínez Beltrán
Demandado: Parqueadero Los Arias
Tema: Inmovilización de automotor
Bogotá, D.C., septiembre dieciocho de dos mil uno.
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Rodrigo Escobar Gil, presidente, Marco Gerardo Monroy Cabra y Eduardo Montealegre Lynett, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales
2.1. El demandante fue vinculado a una causa penal como presunto autor del delito de hurto agravado y calificado. En el momento de su detención (30 de junio de 1999), se encontraba en un taxi de su propiedad, marca Chevrolet, modelo 1992 y distinguido con las placas SFR-114, el cual fue inmovilizado por miembros de la Estación Quinta de Usme, Bogotá, de la Policía Nacional.
2.2. El susodicho automotor fue conducido por la Policía Nacional al parqueadero Los Arias, situado en la localidad de Fontibón, Bogotá D.C., perdurando allí, desde cuando ocurrió la inmovilización.
2.5. Señala el demandante que al momento de retirar el vehículo del parqueadero Los Arias, le fue negada su restitución, toda vez que debía cancelar una obligación derivada del cuidado y tenencia del mismo (depósito), suma que según liquidación del demandado (fl. 31), alcanza la cifra de $ 1.800.000.
3.1. Afirma que no celebró contrato alguno con el parqueadero, que sirva de fuente para el cobro de la suma requerida.
De la acción conoció el Juzgado Sexto Penal Municipal, el cual mediante sentencia proferida el 20 de diciembre de 2000, decidió conceder la tutela interpuesta, con fundamento en las siguientes consideraciones:
1.2. Considera que, al ser la Policía Nacional quien entregó el automotor en el citado parqueadero, y al ser ella misma quien ordenó su entrega (según acta 2396, fl. 30), el tutelante no tiene que asumir ninguna obligación. Hecho por el cual, no existe razón alguna que justifique la retención.
1.4. Estima el juez, que ante las circunstancias fácticas del caso, se estaría vulnerando el derecho al trabajo, ya que el parqueadero está impidiendo de manera injustificada, la utilización del vehículo para el sustento del tutelante y su familia.
2.4. En relación con la obligación de cancelar las expensas de conservación y custodia del bien, sostiene que:
"…las autoridades de policía en cumplimiento de su función capturan los vehículos que por diversos hechos son judicializados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación o de la Jurisdicción Civil según sea el caso. Vehículos que son entregados por las autoridades a los parqueaderos privados en la modalidad de depósito provisional y oneroso, cuya cuantificación temporal y monetaria son regulados por normas de carácter municipal y distrital, pero en todo caso generando unas obligaciones y derechos para el establecimiento comercial encargado de ejercer el depósito provisional.
…En el caso en estudio es evidente que si bien es cierto que no fue por voluntad propia que el propietario del vehículo lo dejó en depósito, no lo es menos que dada la situación fáctica hubo la necesidad de usar los servicios ofrecidos por la empresa "parqueadero Los Arias", garantizando con ello que dicho rodante no se dañara ni fuera desvalijado o menospreciado; circunstancia que fuerza a la causación de unos derechos económicos a favor del establecimiento de comercio y que deben ser sufragados por el beneficiario del mismo, en este caso el propietario del rodante...".
3.2. Paso seguido afirma que independientemente de la relación contractual que vincula al parqueadero con la administración, "...resulta innegable que para los fines de retirar el automotor, el interesado debe cancelar previamente la suma liquidada a título de parqueo, obligación que justamente ha sido objeto de reglamentación legal, según se desprende de la Resolución 001 del 2 de enero de 1998 del Fondatt ...De este modo, la orden judicial de entrega del automotor debió entenderse sin perjuicio de la cancelación previa de los costos de parqueadero que regular y legalmente deben reconocerse a favor de la persona natural o jurídica a título de reconocimiento por la custodia y cuidado del bien temporalmente retenido...".
El solicitante es una persona natural que actúa directamente (art. 10 del D. 2591 de 1991).
En relación con la procedencia de la acción de tutela frente a particulares, esta Corte ha expresado que: "...la acción... parte del supuesto de que las personas, en ciertos casos, no se encuentran en un plano de igualdad —ya porque están investidos de unas determinadas atribuciones especiales, ora porque sus actuaciones pueden atentar contra el interés general— lo que podría ocasionar un "abuso del poder"... (1) ". Es así como el constituyente (art. 86), al denotar el riesgo del poder de ciertos particulares frente al principio de igualdad, decidió establecer tres eventos en los cuales es procedente adelantar la acción de tutela contra particulares. A saber: cuando éstos se encarguen de la prestación de un servicio público, cuando con su conducta afecten grave y directamente el interés colectivo, y respecto de quienes el solicitante se encuentre en estado de subordinación o indefensión.
(1) Sentencia C-134 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Por servicio público se entiende: "...toda actividad dirigida a satisfacer una necesidad de carácter general, en forma continua y obligatoria, según las ordenaciones del derecho público, bien sea que su prestación esté a cargo del Estado directamente o de concesionarios o administradores delegados, o de simples personas privadas... (2) ".
En el presente evento, el servicio público consiste en el desarrollo de las actividades de parqueo y patios, prestado por el parqueadero Los Arias, para la satisfacción de necesidades de carácter general, consistentes en el depósito de vehículos particulares y de aquellos que han sido inmovilizados por haber infringido normas de tránsito o por ser requeridos por una autoridad judicial, ya sea con la finalidad de restablecer un derecho o para adelantar las investigaciones necesarias cuando el bien constituye el objeto material de alguna conducta punible, circunstancias frente a las cuales, se requiere de una prestación continua y obligatoria, con miras a hacer efectivo el derecho de acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229).
Al asumir los particulares la prestación de un servicio público, quedan sometidos a los principios que gobiernan las actuaciones de la administración, ello ocurre, porque ocupan el lugar de aquella y por lo tanto deben actuar con fundamento en los pilares que gobiernan el desarrollo de las funciones públicas, es decir, de acuerdo con los postulados de la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (C.P., art. 209). Hecho por el cual, cuando en el ejercicio de sus potestades, el particular vulnera un derecho fundamental, es procedente que el juez de tutela restablezca el derecho. Al respecto esta Corte ha señalado que: "...Si a un particular se le asigna la prestación de un servicio público —como de hecho lo autoriza el artículo 365 de la Constitución— entonces esa persona quedará investida, bajo algún aspecto, de la autoridad del Estado; es decir, entra a formar parte de las denominadas autoridades públicas, razón por la cual goza de las prerrogativas estatales y recibe unas atribuciones especiales que rompen el plano de igualdad referido, y que, por ende, en algunos casos, sus acciones u omisiones pueden vulnerar un derecho constitucional fundamental, lo cual haría necesaria la inmediata protección judicial (3) ".
Por lo cual, cuando un particular presta un servicio público, cuyo ejercicio puede vulnerar derechos fundamentales de las personas, es procedente que el juez de tutela determine si dicho actuar es susceptible de violar lo mandatos fundamentales dispuestos en la Carta.
1. En desarrollo de las investigaciones penales, las autoridades pueden ordenar la aprehensión de los bienes utilizados en la realización de la conducta punible. No obstante, esta potestad o facultad, se encuentra restringida al cumplimiento de los estrictos límites impuestos por la Constitución y el ordenamiento. Es así, como se admite la retención, para lograr el efectivo restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios causados por el delito a la víctima (C.P., num. 1º art. 250), o para permitir el desarrollo de la investigación y juzgamiento mediante la inmovilización de los instrumentos utilizados como objeto material del actuar ilícito (C.P., art. 250, nums. 3º y 5º).
Las citadas potestades, constituyen derechos que la autoridad judicial ejerce, a petición de parte o de oficio, con miras a lograr una justa y equitativa administración de justicia. Sin embargo dichas atribuciones imponen una obligación correlativa, consistente en destinar los bienes incautados al cumplimiento de los fines para los cuales se adoptó la medida, de tal manera que es inadmisible, la utilización de los mismos por fuera de los citados parámetros.
Cuando un vehículo es aprehendido, como en el presente caso, la administración en principio debe conducirlo a los patios, creados y destinados para el cumplimiento del citado servicio, salvo que el particular, consienta en depositarlos en otros lugares, como parqueaderos o talleres que prestan o desarrollan un objeto similar.
3. Suele suceder que un parqueadero, al mismo tiempo, desarrolle las dos formas de servicio, es decir, preste las actividades de patios y parqueo. Al respecto ha señalado el Consejo de Estado, "...en este tipo de establecimientos, se prestan servicios de custodia de vehículos mediante dos modalidades: a) como patios, cuando son inmovilizados por orden de autoridad competente, con duración indefinida mientras se levanta la orden de inmovilización y sin que cuente para nada el ánimo del propietario para dejar allí su carro; y, b) como parqueadero, evento en el cual el vehículo es depositado a voluntad de quien lo conduce, durante lapsos esencialmente mensurables, con recepción de recibo de depósito generalmente traducido en un registro de la hora de ingreso, identificación del depositante y placas del vehículo y sujeto a tarifas establecidas por hora o fracción de hora… (4) ". En este caso, el desarrollo de la actividad de patios, tiene su origen en contratos de concesión que celebran las entidades de transito y transporte con los parqueaderos privados.
(4) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A., M.P. Clara Forero de Castro.
4. Ahora bien, en el evento en que un vehículo es inmovilizado y depositado en un patio, o en un parqueadero, por orden de autoridad competente, ¿quién debe cancelar el valor de los citados servicios?
En principio, un vehículo retenido debe ser conducido a un patio, sin embargo, puede ocurrir que en materia de tránsito y no en el desarrollo de las causas penales, el particular decida que a su costo, tenga lugar la inmovilización en un parqueadero o taller independiente, evento en el cual, surge un contrato de depósito (C.C., art. 2236 en armonía con el C.Co., art. 1170), que obliga al sujeto a cumplir cabalmente todas las obligaciones que se suscitan de la citada relación personal, entre ellas, las expensas derivadas del cuidado y conservación del bien (5) .
(5) Al respecto el artículo 230 del Código Nacional de Tránsito, permite el desarrollo de dicha atribución para el titular o poseedor del bien.
Ahora bien, cuando un automotor es trasladado a un patio, el sujeto titular del bien no presta su consentimiento en la decisión, circunstancia por la cual, es impredicable la existencia de una relación contractual; ya que "condicio sine qua non" de la misma, es la existencia previa de un acuerdo de voluntades.
Cuando no existe acto jurídico generador de obligaciones, y no es de aquellos eventos en los cuales se predica un hecho jurídico (6) , es necesario que cualquier obligación, como la de pagar las expensas por la vigilancia y cuidado del bien, provengan de una norma que las imponga explícitamente.
(6) La doctrina distingue entre acto jurídico y hecho jurídico. Constituyen actos jurídicos, las manifestaciones de voluntad directa y reflexivamente encaminadas a producir efectos jurídicos. Son hechos jurídicos, los actos humanos intencionales o no intencionales, y los hechos de la naturaleza susceptibles de producir efectos jurídicos, los cuales se producen independientemente de la voluntad del individuo.
5. En el evento sub judíce, el taxi retenido, fue conducido al parqueadero Los Arias, el cual independientemente de la relación contractual que tenga con la administración, se encuentra prestando en este caso, la actividad de patios, es decir, aquella mediante la cual, recibe los automotores retenidos por orden de autoridad competente, hasta el momento en el cual, se levante la decisión que dio origen a la inmovilización. Es claro entonces, que es impredicable la ocurrencia de una actividad de parqueo, y que por lo mismo, no existe una relación contractual que permita el cobro de las expensas de cuidado y vigilancia.
Ocurre por el contrario, que en materia de tránsito, el artículo 5º de la Resolución 001 de 1998 del Fondatt (Fondo adscrito a la Secretaría de Tránsito y Transporte), para el caso de los patios ubicados en Bogotá D.C., ha determinado las tarifas que se deben cobrar por los prestadores del citado servicio a los usuarios del mismo, es decir, a los titulares o poseedores de los automotores, subdividiéndolas por días, meses y años, y de acuerdo a la clase de automóvil, así distingue entre motocicletas, autos de servicio público o privado y otros.
6. Aunque de los citados eventos surge para el prestador de la actividad de patios, el derecho a cobrar una determinada tarifa por la prestación de sus servicios, no por ello emana per se, la potestad de retener los vehículos que han sido dispuestos en dichos establecimientos. El derecho de retención tiene precisos límites señalados en el inciso 2º del artículo 2417 del Código Civil, el cual dispone que para su práctica, es necesaria, la existencia de un acuerdo previo de voluntades, o un mandamiento legal que así lo ordene. Restricciones que se encuentran ajustadas a los cánones constitucionales del respeto y protección de la propiedad privada, ya que de acuerdo con el artículo 58 de la Carta, es deber del Estado y las autoridades garantizar “…la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles…”.
Es importante resaltar que para la vigencia del Estado social de derecho, es necesario que los particulares y en general los operadores jurídicos, se sometan al acatamiento de las decisiones de las autoridades, para de esa manera, lograr el aseguramiento de los derechos y libertades de las personas, fin del Estado reconocido por la Constitución, a la par que logra la prevalencia y vigencia de un orden justo (C.P., art. 2º, preámbulo).
De esta manera, la Corte ha sostenido:
“...Ha de partirse del supuesto de que el orden jurídico fundado en la Constitución no podría subsistir sin la debida garantía del acatamiento a los fallos que profieren los jueces. Ellos han sido revestidos de autoridad suficiente para resolver los conflictos que surgen en los distintos campos de la vida en sociedad y, por tanto, constituyen elemento fundamental de la operatividad y eficiencia del Estado de derecho…
...Todos los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el más humilde, y todas las personas, públicas y privadas, tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta saber que han sido proferidos por el juez competente para que a ellos se deba respeto y para que quienes se encuentran vinculados por sus resoluciones contraigan la obligación perentoria e inexcusable de cumplirlos, máxime si están relacionados con el imperio de las garantías constitucionales (7)” .
(7) Sentencia T-329 de 1994, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
"…Como lo ha reiterado esta Corte, en desarrollo del artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable…".
"A la luz de los preceptos del artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela tiene un carácter subsidiario o supletorio, y que, en tal virtud no está llamada a prosperar cuando a través de ella se pretende sustituir medios ordinarios de defensa judicial, salvo el caso de un inminente y claro perjuicio irremediable para los derechos en juego... (8) ".
(8) Igual tratamiento expone en las sentencias: T-203/93, C-543/92, T-225/93 y T-1060/2000.
Esta Corte ha sostenido que existe perjuicio irremediable cuando se estructuran cuatro elementos básicos, determinados por la Corte Constitucional en la sentencia T-225 de 1993 (9) ; a saber: el perjuicio ha de ser inminente, las medidas para corregirlo deben ser urgentes, el daño debe ser grave y su protección impostergable.
(9) Aplicados igualmente en las sentencias T-015 de 1995 y T-468 de 1999.
10. Para esta Corte, el hecho de reclamar la efectividad del derecho de propiedad, no conduce per se a determinar la improcedencia de la acción, por tratarse de un derecho de contenido económico y no fundamental. Es así, como ha sostenido que,
"...la propiedad es un derecho económico y social a la vez. En consecuencia, la posibilidad de considerarlo como fundamental depende de las circunstancias específicas de su ejercicio. De aquí se concluye que tal carácter no puede ser definido en abstracto, sino en cada caso concreto. Sin embargo, esto no significa que tal definición pueda hacerse de manera arbitraria…
...A la hora de definir el carácter de derecho fundamental de la propiedad en un caso concreto, el juez de tutela debe tener como criterio de referencia a la Constitución misma y no simplemente al conjunto de normas inferiores que definen sus condiciones de validez. Esto significa que, en su interpretación, el juez de tutela debe mirar el caso concreto bajo la óptica de los principios, valores y derechos constitucionales, de tal manera que ellos sean respetados…
...Sólo en el evento en que ocurra una violación del derecho a la propiedad que conlleve para su titular un desconocimiento evidente de los principios y valores constitucionales que consagran el derecho a la vida, a la dignidad y a la igualdad, la propiedad adquiere naturaleza de derecho fundamental y, en consecuencia, procede la acción de tutela. Dicho en otros términos, la propiedad debe ser considerada como un derecho fundamental, siempre que ella se encuentre vinculada de tal manera al mantenimiento de unas condiciones materiales de existencia, que su desconocimiento afecte el derecho a la igualdad y a llevar una vida digna... (10) ".
(10) Sentencia T-506 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
De manera más amplia, la Corte ha estimado que la protección a la propiedad cobija igualmente la vulneración o amenaza a otros derechos fundamentales, como el domicilio inviolable, el trabajo y la subsistencia de la familia (11) . De suerte que admite, que en aras de hacer efectivo un derecho fundamental, esencial en el desarrollo y ejercicio de las condiciones básicas de vida, pueda el juez de tutela resolver un asunto de propiedad.
(11) Sentencia T-135 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Así esta Corte ha precisado, en relación con el derecho a la existencia y garantía de condiciones mínimas de subsistencia en un Estado social de derecho, mediante la sentencia T-015 del 23 de enero de 1995 (M.P. Hernando Herrera Vergara), que:
"...Aunque la Constitución no consagra la subsistencia como un derecho, éste puede colegirse de los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la asistencia o a la seguridad social, ya que la persona requiere de un mínimo de elementos materiales para subsistir. La consagración de derechos fundamentales en la Constitución busca garantizar las condiciones económicas necesarias para la dignificación de la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad…
...El Estado y la sociedad en su conjunto, de conformidad con los principios de la dignidad humana y de la solidaridad (C.P., art. 1º), deben contribuir a garantizar a toda persona el mínimo vital para una existencia digna. El Estado social de derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del territorio nacional, una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance...".
Por lo tanto, en el caso sub judice se verifica que ante la imposibilidad de ejercer los atributos de dominio sobre el automotor (taxi), destinados a la realización de una actividad económica libre, cuyo fin es adecuar un trabajo u oficio, para lograr una renta esencial que permita el desarrollo de las condiciones elementales de vida. Es justificable que la retención del instrumento necesario para alcanzar los citados objetivos, cese, de esta manera se protege la subsistencia del tutelante y su vínculo familiar.
En consecuencia, se ordenará al parqueadero Los Arias, proceder a la entrega incondicional del vehículo taxi de propiedad de Jaime Martínez Beltrán, marca Chevrolet, modelo 1992 y distinguido con las placas SFR-114.
Se pregunta esta Sala, ¿cuál es la autoridad que debe responder por los costos del servicio?, y ¿qué mecanismos jurídicos puede utilizar el prestador para obtener el reconocimiento de sus expensas?
Frente al primer interrogante, es necesario precisar que aunque el automotor lo retuvo la Estación Quinta de Usme (Bogotá, D.C.), el mismo se puso a disposición de las autoridades judiciales competentes, que en este caso fueron: en la etapa instructiva, la Fiscalía 262 Seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Seguridad Pública, y en la etapa de juzgamiento, el Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá, quien mediante oficio 2517 de noviembre 15 de 2000, en cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de 14 de noviembre del mismo año, ordenó la entrega del automotor.
Cuando la administración de justicia incurre en responsabilidad patrimonial por su actuar judicial, de acuerdo con el numeral 8º del artículo 99 de la Ley estatutaria de la administración de justicia, el llamado a representar a la Nación, rama judicial, es la dirección ejecutiva de la administración judicial, y frente a ella se puede reclamar el daño antijurídico ocasionado en el desarrollo de las actividades propias de esta rama del poder público.
Al respecto ha establecido el Consejo de Estado
“…En relación con la representación de la Nación en los procesos en los cuales se discute su responsabilidad por las actuaciones judiciales, se precisa que con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, el artículo 149 del Decreto 01 de 1984 disponía que “el Ministro de Gobierno representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso y el de Justicia en lo referente a la rama jurisdiccional. Ya en vigencia de la Constitución de 1991 que estableció el funcionamiento desconcentrado y autónomo de la administración de justicia (art. 228), el Decreto 2652 de ese mismo año, le asignó al director nacional de administración judicial la función de "llevar la representación jurídica de la Nación. Consejo Superior de la Judicatura" (art. 15-4). La Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, confirió la representación para toda clase de procesos judiciales de la Nación, rama judicial, al director ejecutivo de administración judicial (art. 99-8). Así las cosas, de acuerdo con las normas vigentes para la época de presentación de la demanda, la Nación debía comparecer a través del Ministro de Justicia a todo proceso en que se discutiera su responsabilidad por las actuaciones de los jueces o magistrados y así ocurrió en el presente caso. No obstante, como el fallo se profiere en vigencia de la Ley 270 de 1996, la Nación deberá responder por los perjuicios causados a la demandante a través del Consejo Superior de la Judicatura, sin que pueda entenderse vulnerado el derecho al debido proceso de la entidad demandada, pues la parte en el mismo que lo es la Nación, tal como se señaló antes, sí estuvo debidamente asistida. Este es un problema presupuestal y no procesal… (12)” .
(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de mayo de 2001, M.P. Ricardo Hoyos Duque. Regla aplicable a excepción de la fiscalía, la cual por su autonomía administrativa y presupuestal ha sido llamada a responder patrimonial y directamente por su actuar antijurídico, al respecto, se encuentra la sentencia del 17 de agosto de 2000 del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.
En el presente caso, como el automotor estuvo retenido a órdenes del Juzgado 24 Penal del Circuito, es éste, a través de la dirección ejecutiva de la administración judicial (13) , el llamado a cubrir los gastos por su conservación y cuidado, y por lo tanto, es predicable que el ejercicio de las acciones correspondientes a su actuar se ejerciten en contra del director ejecutivo de administración judicial (14) , en su calidad de representante legal de la rama jurisdiccional del poder público.
(13) Según lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 270 de 1996: “la dirección ejecutiva de administración judicial, es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la rama judicial, con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.
(14) Siguiendo lo preceptuado en el artículo 99-8 de la ley ibídem, corresponde al director ejecutivo de administración judicial: “Representar a la Nación, rama judicial, en los procesos judiciales…”.
Respecto al segundo cuestionamiento, el relativo a los mecanismos jurídicos para solicitar la aceptación de los gastos reseñados, cabe destacar que, en cuanto el hecho debatido puede configurar una responsabilidad patrimonial del Estado de naturaleza contractual —ya sea depósito, concesión o prestación de servicios—, el accionado tiene derecho a ejercer las acciones previstas en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo.
1. REVOCAR la sentencia del treinta (30) de enero de 2001, proferida por el Juzgado Veintinueve Penal del Circuito.
2. CONCEDER la tutela al señor Jaime Martínez Beltrán y en consecuencia, ordenar al parqueadero Los Arias proceder a la entrega incondicional del vehículo taxi de propiedad del tutelante, marca Chevrolet, modelo 1992 y distinguido con las placas SFR- 114, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha de notificación de esta providencia. Sin embargo, la Corte deja a salvo la deuda por el servicio de patios, para ser reclamada a la dirección ejecutiva de la administración judicial por los mecanismos previstos en la ley.

References: Resolución 
 artículo 365
 artículo 230
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 2417
 artículo 58
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 99
 artículo 149
 artículo 98
 artículo 99
 artículo 87