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Timestamp: 2019-10-15 09:45:51+00:00

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Voto num. 1a./J. 160/2007 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 43919027
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del mismo mes y año, porque se trata de una contradicción de tesis en materia civil, cuyo conocimiento es exclusivo de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de A., toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, quien sustenta uno de los criterios contradictorios.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 133/2006, fallado por unanimidad de votos, el ocho de febrero de dos mil siete, sostuvo en sus consideraciones, en la parte que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Por otra parte, cabe señalar, que resulta innecesario transcribir la sentencia recurrida así como los conceptos de agravio que en su contra se hacen valer, toda vez que, este órgano colegiado, advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, la cual por ser de orden público, su estudio es preferente, en términos de lo dispuesto en el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo. A propósito de las facultades del Tribunal Colegiado para examinar en la revisión una causa de improcedencia no examinada por el Juez Federal de primer grado, es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencia 30/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 137, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.V., correspondiente al mes de julio de 1997, Novena Época, que textualmente dice: ‘REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.’ (se transcribe). En efecto, del texto de la demanda de garantías, se advierte, que la empresa Propiedades Esmeralda, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclama ante la potestad federal textualmente lo siguiente: ‘1. D.C.D. de asistencia jurídica internacional de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reclama la aceptación, expedición y trámite de la carta rogatoria No. 13/2004, enviada por el tribunal de quiebras de los Estados Unidos, Distrito Sur de Illinois. 2. D.C.S. general de Acuerdos y del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, se reclama la expedición del oficio No. 2993/2004, mediante el cual remite al C. Juez Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado la carta rogatoria No. 13/2004, enviada por el tribunal de quiebras de los Estados Unidos de Norteamérica, Distrito Sur de Illinois. Asimismo, se reclama del secretario general de Acuerdos del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, la aceptación, trámite y envío de dicha carta rogatoria. 3. D.C.J.P. de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, se reclama el acuerdo dictado con fecha 19 de abril de 2004, dentro de la carta rogatoria No. 001/2004, deducida del caso de quiebra 01-34066, promovido por L.K.G.. 4. D.C.A.A.S.S., adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, se reclama la notificación que pretendía realizar del acuerdo de fecha 19 de abril de 2004, verificada el día 24 de mayo de 2004, del cual tuvo conocimiento la quejosa hasta el día 23 de agosto de 2004’. En el caso, del examen que se practica a los actos reclamados, en forma frontal con el contenido de la demanda de garantías, se advierte que la promovente del amparo, en síntesis, impugna la ilegalidad en el trámite y sustanciación de la carta rogatoria 13/2004, deducida del caso de quiebras 01-34066, promovido en su contra ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos, Distrito Sur de Illinois, por L.K.G.; así como la diligencia de emplazamiento de veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, efectuada por el actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, aduciendo esencialmente que se inobservó lo dispuesto por el artículo 3o. del Convenio sobre N. o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, verificado en La Haya, el quince de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de febrero de dos mil uno, ya que según su apreciación, no fue la autoridad competente de los Estados Unidos de América, quien requirió la petición de la notificación de los documentos anexados a la carta rogatoria, alegando que esa petición fue hecha por las propias demandantes, L.K.G. y M.E.L.. Importa destacar, que el citado artículo 3o. del Convenio sobre N. o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materias Civil o Comercial, hecho en La Haya, el quince de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de febrero de dos mil uno, dispone: ‘Artículo 3o. La autoridad o el funcionario ministerial o judicial competente según las leyes del Estado de origen, dirigirá a la autoridad central del Estado requerido una petición conforme a la fórmula modelo anexa al presente convenio, sin que sea necesaria la legalización de los documentos ni otra formalidad análoga.’. En la especie, la promovente del amparo, aduce que se vulnera dicho dispositivo porque, las constancias de autos revelan que quien figura como requirente de la notificación de documentos judiciales es la propia demandante, conducta ésta que según su apreciación, pugna con el contenido del precepto invocado, insistiendo en el sentido de que la notificada tiene que ser requerida por la autoridad competente del Estado que la requiera. Así planteados los hechos y el acto reclamado, no hay duda que en el caso, la promovente del amparo, al impugnar el trámite y ejecución de la carta rogatoria, deducido del caso de quiebras 01-34066, promovido en su contra por L.K.G., los hace derivar de un vicio de origen propio de la expedición de la carta rogatoria que conforme a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, remitió el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos, Distrito Sur de Illinois, es decir, se refiere a la ilegalidad en cuanto a la forma en que se expidió la suplicatoria que remitió la autoridad judicial extranjera, pues se aduce que no reúne los requisitos exigidos por el artículo 3o. del Convenio sobre Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, suscrito en La Haya, el quince de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco, y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de febrero de dos mil uno. Así las cosas, si el vicio de origen del acto reclamado, proviene de una autoridad judicial extranjera, es evidente, que por más que la quejosa haya señalado en la demanda de garantías como autoridades responsables a autoridades residentes en territorio mexicano, no corresponde a los Tribunales de los Estados Unidos Mexicanos, calificar la legalidad del mecanismo empleado por una autoridad judicial extranjera o, en su caso, por particulares, al expedir o gestionar la llamada carta rogatoria, enviada para su ejecución ante las autoridades mexicanas, habida cuenta que, los tribunales federales de México, no tienen ninguna jurisdicción sobre aquéllas, en la medida en que si llegara a concederse la protección de la Justicia Federal solicitada, no sería posible vincular a las autoridades extranjeras al cumplimiento de las sentencias de amparo, haciéndose nugatorio el contenido del artículo 80 de la Ley de Amparo, que establece de manera enfática, que el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado, en el pleno goce de la garantía individual violada, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, es decir, el espíritu de dicho precepto es el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate, acatando lo que la garantía violada exige; en ese sentido, si los vicios de origen del acto reclamado, provienen de una autoridad judicial, radicada en el extranjero o, en todo caso, por particulares interesados, por cuanto que es en aquel lugar donde se tramita el juicio contra la ahora quejosa, es inconcuso que si se calificara de ilegal dicho acto, jamás se podrán concretar los efectos del amparo, porque no está dentro de la jurisdicción del territorio mexicano la autoridad de origen. En ese orden de ideas, no hay duda que se actualiza en la especie, la causa de improcedencia regulada por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de amparo, con relación al diverso numeral 80 de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu. Consecuentemente, procede en el caso, revocar la sentencia recurrida en lo que es materia de revisión y, en su lugar, decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del diverso numeral 74, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Ley Suprema. Orienta el anterior punto de vista, la tesis sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 799, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, que textualmente dice: ‘SUPLICATORIAS DE AUTORIDADES EXTRANJERAS. SU LEGALIZACIÓN Y DILIGENCIACIÓN NO PUEDEN RECLAMARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). No obsta a lo anterior, el hecho de que, en el caso, también se impugne por vicios propios la diligencia de emplazamiento practicada el veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, habida cuenta, que si bien dicho acto emana de una autoridad mexicana, como lo es el actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, no menos cierto es que la diligencia de mérito no puede analizarse en forma aislada de la carta rogatoria, en la medida en que, es precisamente en este último documento en el que se contiene la orden para que se practique a la empresa quejosa el llamamiento al juicio de quiebras 01-34066, tramitado ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos de Norteamérica, Distrito Sur de Illinois, de ahí que no es factible desvincular ambos actos, por lo que al resultar improcedente el juicio de garantías respecto a la emisión de la carta rogatoria, la misma suerte corre respecto al emplazamiento reclamado."
CUARTO. Por su parte el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 199/2000, fallado por unanimidad de votos, el día dieciocho de agosto de dos mil, sostuvo en sus consideraciones, en la parte que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Son fundados los agravios que se expresan. En efecto, en la demanda de garantías el quejoso aquí recurrente reclamó de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección Jurídico Contenciosa, Subdirección Técnico Legal, todas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, textualmente lo siguiente: ‘el trámite de la carta rogatoria que le dirigió la Suprema Corte de Nueva York, requiriéndole la ejecución de la misma, con base en el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre E. o C.R., ya que dicho trámite no cumple con los requisitos que en materia de exhortos se establecen tanto en el artículo 555 en relación con el 323 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, como en el artículo 8o., apartados A y C de la Convención Interamericana sobre Exhortos o C.R., relativos a que las cartas rogatorias se cumplirán en los Estados partes de la convención, siempre y cuando éstos se encuentren ajustados conforme a la legislación del país requerido, en este caso conforme a la legislación mexicana’. Asimismo, del Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y actuarios de su adscripción: ‘la diligencia de fecha 19 de mayo de 2000, la cédula de notificación dirigida al quejoso y entregada por el C. Actuario responsable en la fecha antes mencionada, así como el auto contenido dentro de la misma, dictado por el C.J. señalado como responsable, de fecha 16 de mayo de 2000.’. El Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, ante quien se radicó la demanda con el número de expediente A-528/2000-III, con fecha ocho de junio del dos mil, dictó un auto desechándola por notoriamente improcedente, apoyándose básicamente en que se actualizó la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 114, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en razón de considerar que los actos reclamados no son de los que tienen una ejecución de imposible reparación por no afectar de modo directo e inmediato derechos sustantivos del quejoso, entendidos éstos como aquellos cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos, impidiendo la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Reiteró la juzgadora que los actos reclamados no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, en cuyo caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Que el acto reclamado, consistente en el trámite y ejecución de la Carta Rogatoria que remitió la Suprema Corte de Nueva York, así como el auto de dieciséis de mayo del año dos mil, dictado por el Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, que ordenó al actuario adscrito a dicho Juzgado, emplazar a juicio al hoy quejoso, eran actos dictados dentro de un procedimiento de naturaleza judicial, que ejecutaron las autoridades señaladas como responsables, para dar cumplimiento a una carta rogatoria enviada por la Suprema Corte de Nueva York; de modo tal que el trámite y ejecución de la carta rogatoria, así como el auto reclamado dictado por el Juez responsable no tienen una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación, toda vez que la única consecuencia de la notificación del acto reclamado, y el emplazamiento a juicio realizado al hoy quejoso, es que éste quede enterado del juicio instaurado en su contra, de modo que ese acto reclamado no constituye una violación de carácter irreparable, sino que únicamente tiene efectos intraprocesales que no afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la parte quejosa que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que era evidente que no se reclamaba la falta de emplazamiento a juicio. Que al ser así, el acto impugnado era una violación procesal que no viola derechos sustantivos de los quejosos, ni es de aquellos que contempla la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, porque no se causa un gravamen de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Citó en apoyo de esas determinaciones las jurisprudencias de los rubros: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTEN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’ y ‘EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.’. En los agravios relativos se aduce que si bien se reclamó el trámite dado a la Carta Rogatoria que dirigió la Suprema Corte de Nueva York, requiriendo la ejecución de la misma, con el objeto de emplazar al hoy recurrente, con base en el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o C.R.; sin embargo, ello se hizo precisamente porque la misma no cumple con los requisitos que en materia de exhortos establecen los artículos 555 y 323, del Código Federal de Procedimientos Civiles; 8o., apartados A y C de la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, relativos a que las cartas rogatorias se cumplirán en los Estados partes de la convención, siempre y cuando se encuentren ajustados conforme a la legislación del país requerido, en este caso conforme a la legislación mexicana. Que acorde con esos numerales, la Carta Rogatoria debe de cumplir con los requisitos de ley, agregando que: ‘sin embargo la carta rogatoria entregada al quejoso, carece del documento base de la acción, sin el cual es imposible comparecer a juicio toda vez que en base al mismo es donde saldrá la defensa del quejoso así como del señalamiento de la existencia y domicilio de la defensoría de oficio o de las sociedades de auxilio legal competentes en el estado requirente, es decir, competentes en Nueva York, cuestión que las autoridades señaladas como responsables dejaron de observar en perjuicio del quejoso, ordenando su trámite de manera indebida, ya que el ilegal emplazamiento realizado a la ahora recurrente al no cumplir con los requisitos establecidos en los ordenamientos antes invocados lo único que demuestra es que no se realizó conforme a la legislación mexicana, y por tanto, no hubo emplazamiento’. Que por tal motivo, los actos reclamados sí afectan la esfera jurídica del quejoso porque se pretende hacerlo comparecer a un juicio sin tener posibilidad de defenderse. Que se reclamó no propiamente el acto del ilegal emplazamiento en sí mismo, sino el que las responsables hayan dado el trámite a la carta rogatoria por determinar que la misma sí reunía los requisitos necesarios para ser diligenciada conforme a las leyes mexicanas, lo cual es una cuestión que sí corresponde verificar a las autoridades mexicanas, pues de lo contrario permitirán un ilegal emplazamiento que redunda en que el quejoso no haya sido emplazado al juicio del que se derivó la carta rogatoria. Que si bien es cierto que en el juicio iniciado en contra del recurrente por la Societé Genérale, se impone la notificación y emplazamiento del quejoso en nuestro país, no menos cierto resulta que tales actos, deben realizarse con apego a los ordenamientos legales que establece nuestra legislación mexicana, pues de lo contrario se estaría realizando con violaciones en las leyes aplicables al caso constituyendo para el quejoso un acto de imposible reparación precisamente porque el emplazamiento se está realizando sin cumplir con los elementos de validez, trascendiendo e incidiendo de manera inmediata en el ámbito jurídico del quejoso violando sus derechos sustantivos, como son las garantías de legalidad y audiencia. Agrega que la demanda de amparo es procedente toda vez que para combatir el ilegal emplazamiento debe atacarse el origen de la resolución que lo generó, es decir la calificación realizada por las autoridades responsables, al considerar que la carta rogatoria sí cumple con los requisitos de ley para ser obsequiada, citando en apoyo de tales planteamientoslos criterios intitulados: ‘AMPARO INDIRECTO, PROCEDENCIA DEL, EMPLAZAMIENTO, (sic) EMPLAZAMIENTO A JUICIO. DEBE SUPLIRSE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA CUANDO FALTE O SEA ILEGAL.’. Concluye diciendo el recurrente que ocurrió en demanda de amparo por motivo del ilegal emplazamiento derivado de los actos reclamados de las autoridades responsables en uso de sus exclusivas facultades como son la de determinar sin observar las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Convención Interamericana sobre Exhortos y C.R., que la carta rogatoria sí reunía los requisitos de las leyes mexicanas para ser obsequiada y de esta forma ordenar su diligenciación, no surtiéndose así la causal de improcedencia manifiesta que invocó la Juez Federal, quien además omitió tomar en cuenta que los actos reclamados no se desprenden de un juicio, sino que se trata de actos ejecutados antes de iniciarse un juicio, ya que el ahora quejoso, no se ha apersonado en el juicio seguido por Societé Genérale en contra del mismo y otros, por la ilegalidad del emplazamiento. Como se dijo al inicio del presente considerando, tales agravios son fundados. Ciertamente, el concepto de ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, se refiere a todo aquel acto que tiene consecuencias susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, en razón de que esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Los derechos sustantivos son los llamados derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, mientras que los derechos adjetivos se constituyen por todo el conjunto de normas que instituyen los procedimientos que deben seguirse desde el inicio y hasta la conclusión de un juicio, de modo tal que las determinaciones de carácter formal que surjan dentro de dicho juicio, únicamente producirán efectos de carácter intraprocesal, debido a que la afectación que pudiera haberse cometido es susceptible de reparación mediante la sentencia definitiva que se pronuncie, si es favorable a los intereses del quejoso o en caso de no serlo, tales violaciones procesales son susceptibles de repararse cuando se hagan valer en el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia o resolución que pone fin al juicio, conforme a las reglas establecidas en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, no debe perderse de vista que el acto reclamado no consistió en un simple trámite de la carta rogatoria por parte de las autoridades responsables de la Secretaría de Relaciones Exteriores en obsequio a lo solicitado por la Suprema Corte de Nueva York, sino en los vicios que a juicio del quejoso están avalando dichas autoridades al ordenar y ejecutar la petición de las autoridades extranjeras que se refleja en la notificación y emplazamiento que se le está haciendo a dicho quejoso para que comparezca a los tribunales del Estado exhortante, sin que previamente se examine si la carta rogatoria cumple o no con los requisitos que en materia de exhortos establece nuestra legislación mexicana, concretamente los artículos 555, 323 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 8o., apartados A) y C) de la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, relativos a que las cartas rogatorias se cumplirán en los Estados partes de la convención siempre y cuando éstos se encuentren ajustados a la legislación del país requerido. En el libro cuarto, ‘De la cooperación procesal internacional’, título único, capítulos I y II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se contienen las disposiciones generales aplicables a la cooperación judicial internacional. En torno a los exhortos o cartas Rogatorias Internacionales, provenientes del extranjero, el artículo 555 dispone que: ‘Los exhortos internacionales que se reciban serán diligenciados conforme a las leyes nacionales. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal exhortado podrá conceder excepcionalmente la simplificación de formalidades o la observancia de formalidades distintas a las nacionales, a solicitud del Juez exhortante o de la parte interesada, si esto no resulta lesivo al orden público y especialmente a las garantías individuales; la petición deberá contener la descripción de las formalidades cuya aplicación se solicite para la diligenciación del exhorto.’. Asimismo, el numeral 323 del Código Federal de Procedimientos Civiles que se cita a guisa de ejemplo en torno a los documentos que deben acompañarse a la demanda, establece: ‘Con la demanda debe presentar el actor los documentos en que funde la acción. Si no los tuviere a su disposición, designará el archivo o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se mande expedir copia de ellos, en la forma que prevenga la ley, antes de admitirse la demanda. Se entiende que el actor tiene a su disposición los documentos, siempre que legalmente pueda pedir copia autorizada de los originales. Si el actor no pudiese presentar los documentos en que funde su acción por las causas previstas en el artículo 213, antes de admitirse la demanda se le recibirá información testimonial u otra prueba bastante para acreditar los hechos por virtud de los cuales no puede presentar los documentos, y cuando esta prueba no sea posible, declarará bajo protesta de decir verdad la causa por la que no puede presentarlos.’. El artículo 555 del Código Federal de Procedimientos Civiles, exige que los exhortos internacionales que se reciban en nuestro país, serán diligenciados conforme a las leyes nacionales. El mismo precepto admite una excepción a tal regla general, estableciendo que el tribunal exhortado podrá conceder excepcionalmente la simplificación de formalidades o la observancia de formalidades distintas a las nacionales, a solicitud del Juez exhortante o de la parte interesada, si esto no resulta lesivo al orden público y especialmente a las garantías individuales, concluyendo que la petición deberá contener la descripción de las formalidades cuya aplicación se solicite para la diligenciación del exhorto. Ahora bien, no debe perderse de vista que entre los actos reclamados se señaló del Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil en el Distrito Federal y actuario de su adscripción, el auto de dieciséis de mayo del año dos mil mediante la cual la primera autoridad ordena la notificación al quejoso del exhorto, lo cual ya se realizó en la diligencia de diecinueve de mayo de ese mismo año. Es decir, no se está en presencia de la impugnación de un simple trámite de la carta rogatoria, sino del llamamiento que se está haciendo al juicio natural para que el recurrente comparezca a los tribunales extranjeros a defender sus derechos. De esa manera, si el recurrente se está doliendo de que al obsequiarse por parte de las autoridades mexicanas la carta rogatoria, sin haberse examinado si la misma cumple con los requisitos de ley, relativos a que en los documentos base de la acción no se están acompañando los relativos que la legislación mexicana exige deben entregarse al momento en que se corre traslado al demandado; es inconcuso que con tal proceder sí se están afectando garantías individuales del gobernado, por estársele obligando a comparecer a un procedimiento pasándose por alto lo que afirma en el sentido de que se omitieron anexar al exhorto los documentos base de la acción que le permitan una adecuada defensa, que hace consistir en que le sería imposible comparecer al juicio, ya que de tal documento es de donde saldrá su defensa, así como el señalamiento de la existencia y domicilio de la defensoría de oficio o de las sociedades de auxilio legal competentes en el Estado requirente y competente en Nueva York. A juicio de este Tribunal Colegiado se considera que dada la magnitud de la esencia del acto reclamado, las anteriores manifestaciones son aptas para revocar el auto recurrido y ordenar a la Juez de Distrito que admita la demanda de garantías de no advertirse alguna otra causal de improcedencia diversa donde, en aras a la observancia de debido proceso legal que a favor de todo gobernado establece el artículo 14 de la Constitución Federal, examine la legalidad del emplazamiento que se dice viciado a la luz de si la carta rogatoria reúne o no los requisitos que establece el derecho positivo mexicano. Lo anterior se corrobora además, si se considera lo siguiente. Los criterios tomados en cuenta por la Juez Federal, dicen: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTEN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS’ y ‘EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.’ (se transcriben). En primer término debe precisarse que tales criterios contemplan la improcedencia del juicio de garantías estableciendo una distinción de lo que debe entenderse por ‘actos de imposible reparación’, admitiendo que existen actos procesales que sí participan de esa naturaleza. Se sigue de ello que, aunque el trámite, diligenciación y ejecución que se dio a la carta rogatoria, participan de actos intrínsecamente procesales; sin embargo esa sola circunstancia no es determinante para que opere la causal de improcedencia citada por la Juez Federal, sino que es necesario examinar si tales actos son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado tutelados por las garantías individuales, cuando dicha afectación no se destruya por el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable. Los criterios rectores contenidos en las diversas jurisprudencias que entre otros ordenamientos constituyen el derecho positivo en el Estado mexicano, son y se han implantado precisamente para una correcta interpretación y aplicación de las leyes mexicanas, donde siguiendo las directrices que regulan la materia de los recursos procedentes, se ha tomado en cuenta que las violaciones procesales cometidas en un juicio, sean susceptibles de ser reparadas en el juicio de amparo directo que se llegue a interponer contra la sentencia definitiva. En otras palabras, los criterios relativos parten de la base de que no se está en presencia de actos de ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad sin haber originado afectación alguna a los derechos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica ‘porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo’. Es precisamente, esa oportunidad de impugnación que consagra nuestro derecho positivo, la que constituye la base para determinar que las violaciones procesales sean reparadas en el amparo directo que se interponga contra la sentencia definitiva. Sin embargo, en forma alguna pueden estimarse aplicables esos criterios cuando como en el caso, el juicio original se está ventilando en tribunales extranjeros cuya legislación es diferente a la regulada en los ordenamientos positivos de nuestro país, donde existen parámetros legislados acerca de los recursos legales por medio de los cuales se pueden impugnar las posibles violaciones procesales cometidas en un juicio, existiendo desconocimiento si en el derecho extranjero se establecen recursos ordinarios similares que otorguen igual oportunidad de defensa donde las violaciones procesales puedan ser reparadas al igual que acontece en el juicio de amparo directo de que hablan los criterios imperantes en nuestro país. Por tales razones, aunadas a la equidad y justicia, este órgano colegiado estima que el acto reclamado se trata (sic) es una excepción a la regla establecida en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, imponiéndose en consecuencia revocar el auto recurrido y en su lugar ordenar a la Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal que, de no existir otro motivo manifiesto e indudable de improcedencia admita la demanda de garantías."
"A. en revisión 199/2000. D.P.S.. 18 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: M.E.S.V.. Secretaria: M.R.M.."
QUINTO. En materia del asunto, debe establecerse si efectivamente existe o no la contradicción de tesis denunciada.
a) En ambos casos se trata de los requisitos que deben contener las cartas rogatorias internacionales (solicitadas por el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos de América, Distrito Sur de Illinois por una petición hecha por la demandante y la Suprema Corte de Nueva York del mismo país), su trámite y sustanciación.
b) En uno de los casos el Tribunal Colegiado sobresee el juicio de garantías y en el otro, el órgano colegiado ordena al Juez de Distrito admitir la demanda de garantías y en aras a la observancia del debido proceso legal que establece el artículo 14 de la Constitución Federal, examine la legalidad del emplazamiento que se dice viciado a la luz de la carta rogatoria reúne o no los requisitos que establece el derecho positivo mexicano.
SEXTO. Antes de entrar al estudio de la materia de la presente contradicción de criterios, se considera procedente realizar algunas consideraciones relativas a la cooperación procesal internacional y en el caso que nos ocupa a los exhortos internacionales o cartas rogatorias.
La carta rogatoria es un medio de comunicación procesal entre autoridadesque se encuentran en distintos países, y que sirve para practicar diversas diligencias en otro lugar en el que el J. del conocimiento no tiene jurisdicción. Dichas diligencias van encaminadas a la solicitud que formula un J. a otro de igual jerarquía, a fin de que se practique ante el segundo el desahogo de una notificación de documentos o citación de personas, emplazamientos a juicio, etcétera, y que recurren a ello, en virtud de que por cuestiones de jurisdicción, tienen una limitante en cuanto a su ámbito de competencia espacial, ya que no pueden actuar más que en el territorio que les circunscribe. Lo anterior se sustenta en base a las diversas convenciones o tratados internacionales en los que se contemple la tramitación de cartas rogatorias, y a falta de ello, en base a la reciprocidad internacional.(1)
1. Presentar el exhorto o carta rogatoria librado por autoridad judicial mexicana, debidamente legalizado o apostillado, el cual deberá expresar claramente la diligencia a desahogarse, señalando el nombre de la persona física o moral con la que se entenderá la diligencia y el domicilio correspondiente, indicando calle, número, condado o poblado, código postal y ciudad.
2. Presentar los documentos con los cuales se correrá traslado al demandado o, en su caso, aquellos que sean motivo de la diligencia solicitada en el exhorto o carta rogatoria.
3. Presentar tanto el exhorto o carta rogatoria, así como sus anexos, debidamente traducidos al idioma oficial del país donde surtirá sus efectos, por perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia.(2)
1. Por el Gobierno del Distrito Federal a través de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, Subdirección Consultiva y de Contratos.
2. Por la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Gobierno, Dirección de Coordinación Política con los Poderes de la Unión, Subdirección de Formalización y Control.
3. Por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de las oficinas donde se expiden pasaportes, ubicadas en las diferentes delegaciones políticas.
4. Por la Sección Consular de la Embajada en México del país donde el exhorto o carta rogatoria surtirá sus efectos.
B) Exhortos o cartas rogatorias libradas por autoridades judiciales del fuero común de la República.
1. Por el secretario de Gobierno de la entidad donde se libre el exhorto o carta rogatoria.
2. Por las autoridades señaladas en los numerales 2 al 4 del apartado anterior.
1. En el caso de los exhortos o cartas rogatorias libradas por autoridades judiciales del fuero común en el Distrito Federal, por el Gobierno del Distrito Federal a través de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, Subdirección Consultiva y de Contratos.
2. En el caso de exhortos o cartas rogatorias libradas por autoridades del fuero común de la República, por el secretario de Gobierno de la entidad donde se libre dicho documento.
a) Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias (D.O. 25 de abril de 1978).
b) Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias (D.O. 28 de abril de 1983).
c) Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero (D.O. 2 de mayo de 1978).
d) Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero (D.O. 7 de septiembre de 1987).
e) Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil y Comercial (D.O. 6 de febrero de 1988).
f) Convención de La Haya sobre Notificación en el Extranjero de Documentos Judiciales y E. en Materia Civil Comercial.
"a. Copia autenticada de la demanda y sus anexos y de los escritos o resoluciones que sirvan de fundamento a la diligenciasolicitada;
"El instrumento original de la presente convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués, son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Dicha secretaría notificará a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos y a los Estados que se hayan adherido a la convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere. También les transmitirá la información a que se refieren el párrafo segundo del artículo 4o. y el artículo 18, así como las declaraciones previstas en los artículos 16 y 23 de la presente convención."
"Artículo 543. En los asuntos del orden federal, la cooperación judicial internacional se regirá por las disposiciones de este libro y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte."
"Artículo 544. En materia de litigio internacional, las dependencias de la Federación y de las entidades federativas estarán sujetas a las reglas especiales previstas en este libro."
"Artículo 545. La diligenciación por parte de tribunales mexicanos de notificaciones, recepción de pruebas u otros actos de mero procedimiento, solicitados para surtir efectos en el extranjero no implicará en definitiva el reconocimiento de lacompetencia asumida por el tribunal extranjero, ni el compromiso de ejecutar la sentencia que se dictare en el procedimiento correspondiente."
"Artículo 546. Para que hagan fe en la República los documentos públicos extranjeros, deberán presentarse legalizados por las autoridades consulares mexicanas competentes conforme a las leyes aplicables. Los que fueren transmitidos internacionalmente por conducto oficial para surtir efectos legales, no requerirán de legalización."
"Artículo 547. Las diligencias de notificaciones y de recepción de pruebas en territorio nacional, para surtir efectos en el extranjero, podrán llevarse a cabo a solicitud de parte."
"En los casos en que así proceda, dichos miembros podrán solicitar a las autoridades extranjeras competentes, su cooperación en la práctica de las diligencias encomendadas."
"Artículo 549. Los exhortos que se remitan al extranjero o que se reciban de él se ajustarán a lo dispuesto por los artículos siguientes, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte."
"No se exigirán requisitos de forma adicionales respecto de los exhortos que provengan del extranjero."
"Artículo 551. Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos al órgano requerido por las propias partes interesadas, por vía judicial, por intermedio de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por la autoridad competente del Estado requirente o requerido según sea el caso."
"Artículo 552. Los exhortos provenientes del extranjero que sean transmitidos por conductos oficiales no requerirán legalización y los que se remitan al extranjero sólo necesitarán de la legalización exigida por las leyes del país en donde se deban de diligenciar."
"Artículo 553. Todo exhorto internacional que se reciba del extranjero en idioma distinto del español deberá acompañarse de su traducción. Salvo deficiencia evidente u objeción de parte, se estará al texto de la misma."
"Artículo 554. Los exhortos internacionales que se reciban sólo requerirán homologación cuando implique ejecución coactiva sobre personas, bienes o derechos, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto por el capítulo sexto de este libro. Los exhortos relativos a notificaciones, recepción de pruebas y a otros asuntos de mero trámite se diligenciarán sin formar incidente."
"Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal exhortado podrá conceder excepcionalmente la simplificación de formalidades o la observancia de formalidades distintas a las nacionales, a solicitud del Juez exhortante o de la parte interesada, si esto no resulta lesivo al orden público y especialmente a las garantías individuales; la petición deberá contener la descripción de las formalidades cuya aplicación se solicite para la diligenciación del exhorto."
"Artículo 556. Los tribunales que remitan al extranjero o reciban de él, exhortos internacionales, los tramitarán por duplicado y conservarán un ejemplar para constancia de lo enviado, recibido y actuado."
"Artículo 557. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos a las dependencias de la Federación y de las entidades federativas, provenientes del extranjero se harán por conducto de las autoridades federales que resulten competentes por razón del domicilio de aquéllas."
"Artículo 558. Las diligencias a que se refiere el artículo anterior y el artículo 545 se llevará a cabo por el tribunal del domicilio de quien vaya a ser notificado, de quien vaya a recibirse la prueba o donde se encuentre la cosa según sea el caso."
"Artículo 559. Las dependencias de la Federación y de las entidades federativas y sus servidores públicos, estarán impedidos de llevar a cabo la exhibición de documentos o copias de documentos existentes en archivos oficiales bajo su control en México; se exceptúan los casos en que tratándose de asuntos particulares, documentos o archivos personales lo permita la ley y cuando a través del desahogo de un exhorto o carta rogatoria así lo ordene el tribunal mexicano."
"Artículo 560. En materia de recepción de prueba en litigios que se ventilen en el extranjero, las embajadas, consulados y miembros del Servicio Exterior Mexicano estarán a lo dispuesto en los tratados y convenciones de los que México sea parte y a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano, su reglamento y demás disposiciones aplicables."
"En ningún caso podrá un tribunal nacional ordenar ni llevar a cabo la inspección general de archivos que no sean de acceso al público, salvo en los casos permitidos por las leyes nacionales."
"Para ello será necesario que se acredite ante el tribunal del desahogo, que los hechos materia del interrogatorio están relacionados con el proceso pendiente y que medie solicitud de parte o de la autoridad exhortante."
"Artículo 563. Para los efectos del artículo 543, los servidores públicos de las dependencias de la federación y de las entidades federativas, estarán impedidos de rendir declaraciones en procedimientos judiciales y desahogar prueba testimonial con respecto a sus actuaciones en su calidad de tales. Dichas declaraciones deberán hacerse por escrito cuando se trate de asuntos privados, y cuando así lo ordene el Juez nacional competente."
SÉPTIMO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe de prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que se define en esta resolución.
"A. en revisión 120/2002. M.. C.M., S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: J.R.C.D., M.B.L.R., J.F.F.G.S., J. de J.G.P. y J.N.S.M.. Ponente: S.S.A.A.. Secretarios: A.Z.C., R.C.C., M.N.K. y M.A.S.M.."
"Cuando los exhortos o cartas rogatorias se transmitan por vía consular o diplomática o por intermedio de la autoridad central será innecesario el requisito de la legalización."
a) Los exhortos o cartas rogatorias deberán cumplir los requisitos dispuestos en los tratados internacionales a que se ha hecho referencia, de los cuales México es parte, así como los establecidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles, disposiciones normativas que son complementarias y cuya finalidad es la cooperación judicial internacional; y
b) Los exhortos o cartas rogatorias, de conformidad con el derecho internacional y el derecho interno, serán diligenciados conforme a las leyes mexicanas, sin perjuicio de que el tribunal exhortado pueda conceder excepcionalmente la simplificación de formalidades en los supuestos autorizados normativamente y siempre que no resulte lesivo al orden público y especialmente a las garantías individuales.
"VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; ..."
"Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. ..."
"Amparo civil en revisión 530/31. B.J.. 3 de mayo de 1933. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente."
"Instancia: TerceraSala
PRIMERO.-Sí existe contradicción entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
SEGUNDO.-Se declara que debe prevalecer la tesis sustentada por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se especifica en el último considerando de este fallo.
1. Centro de Información de la Secretaría de Relaciones Exteriores: http://www.sre.gob.mex/tramites/exhortos/default.htm
2. Í..
4. Centro de Información del Poder Judicial de Costa Rica:
5. http://www.mexicolegal.com.mx

References: artículo 197
 artículo 73
in fine
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 80
 artículo 73
 artículo 555
 artículo 8
 artículo 73
 resolución 
 resolución 
 artículo 114
 ARTÍCULO 107
 resolución 
 resolución 
 artículo 555
 artículo 213
 artículo 555
 artículo 14
 ARTÍCULO 107
 artículo 114
 artículo 14
 artículo 4
 artículo 18
 artículo 545
 artículo 543
 resolución