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Timestamp: 2017-10-18 03:50:04+00:00

Document:
» Sentencia los GRAPO
Referencia número: 120/1990
Fecha de Aprobación: 27/6/1990
Publicación BOE: 19900730 [«BOE» núm. 181]Sala: Pleno: Excmos. Sres. Tomás, Rubio, Truyol, García-Mon, de la Vega, Díaz, Rodríguez-Piñero, Leguina, López, de los Mozos, Rodríguez y Gimeno.Ponente: don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Eugenio Díaz Eimil y don José Vicente Gimeno Sendra
Número registro: 443/1990
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Tomás y Valiente, Presidente, don Francisco Rubio Llorente, don Antonio Truyol Serra, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz Eimil, don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, don Jesús Leguina Villa, don Luis López Guerra, don José Luis de los Mozos y de los Mozos, don Alvaro Rodríguez Bercijo y don Vicente Gimeno Sendra, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de amparo núm. 443/90, interpuesto por el Procurador de los Tribunales del turno de oficio don Juan Francisco Alonso Adalid, en nombre y representación de don Sebastián Rodríguez Veloso, don Leoncio Calcerrada Fornielles y don Luis Cabeza Mato, bajo la dirección letrada de doña Francisca Villalba Merino, contra el Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de febrero de 1990, que resuelve el recurso de apelación subsidiario al de reforma formulado por el Ministerio Fiscal contra la providencia dictada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de esta capital, de 15 de enero de 1990, en el expediente núm. 40/1990. Han comparecido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado y Magistrados Ponentes don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Eugenio Díaz Eimil y don José Vicente Gimeno Sendra quienes expresan el parecer del Tribunal.
a) Con fecha de 4 de enero de 1990, la Dirección del Centro Penitenciario de Preventivos Madrid-2 remitió al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de los de Madrid un telefax, adjuntando copia de la providencia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Soria, de 20 de diciembre de 1989, por la que se dispone: «Mándese oficio al Centro Penitenciario de Soria, y con respecto a la huelga de hambre mantenida por parte del colectivo “Grapo” para que en el momento, y a criterio médico, de que corra algún peligro de muerte cualquiera de los participantes de dicha huelga, se les dé tratamiento médico necesario aún en contra de su voluntad».
b) Incoado con el núm. 40/90 el oportuno expediente, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid dictó, con fecha 5 de enero de 1990, providencia del siguiente tenor: «Dada cuenta; en virtud de la providencia de que se me ha dado traslado por el fax recibido de ese Centro Penitenciario, le manifiesto lo siguiente:
1.º Ruego se me envíe relación detallada de los internos que hayan sido
remitidos a ese Centro.
2.º Respecto al pronunciamiento que se me pide en relación al ya resuelto por el titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Soria, entiendo que, efectivamente, tal y como establece el art. 3 de la Ley General Penitenciaria, la Administración penitenciaria ha de velar por la vida, integridad y salud de los internos, pero también, y tal como dice el art. 3 en su párrafo 1.º, ésta se ha de ejercer siempre respetando en todo caso la personalidad humana de los propios recluidos en prisión; así. pues, se les puede dar tratamiento médico siempre que no sea preciso emplear la fuerza física para administrárselo. Por esta razón, se les deberá informar de la situación clínica en la que se encuentra e intentar el dicho tratamiento, pero si su voluntad lo rechaza no se podrá utilizar fuerza física, dado que, en mi criterio, ésta atenta contra la dignidad de la persona. Si perdieran la conciencia se deberá en ese momento hacer todo lo posible por salvar la vida de los afectados.
Si por los Médicos que atienden a esos pacientes se considera necesario efectuar una analítica de extracción de sangre, se podrá efectuar.»
d) Por Auto de 25 de enero de 1990, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid resolvió no haber lugar al recurso de reforma y admitió a trámite el de apelación. e) Formado el rollo correspondiente, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, previo traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal, que se ratificó en las alegaciones del recurso, señaló el 14 de febrero de 1990 para la celebración de la vista, a la que, según consta en la diligencia del Secretario, compareció «la Letrada Francisca Villalba Merino, quien solicita se la tenga por parte por afectar la resolución a sus defendidos», siendo admitida su personación.
«(…) el derecho-deber de la Administración penitenciaria de suministrar asistencia médica, conforme a criterios de la ciencia médica, a aquellos reclusos en huelga de hambre una vez que la vida de éstos corra peligro, lo que se determinará previo los oportunos informes médicos, en la forma que el Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente determine, y sin que en ningún caso pueda suministrarse la alimentación por vía bucal en tanto persista su estado de determinarse libre y conscientemente.»
En el marco de un Estado social y democrático de Derecho, la inerpretación armónica de los arts. 16.1 y 17.1 C.E. permite deducir, se añade, que ha de respetarse a todo ciudadano su personal código de opiniones, creencias, valores y objetivos vitales de que se trate. De este modo, la actuación estatal o de terceros en la esfera más íntima del sujeto, interfiriendo coactivamente en su actitud frente a su propia vida, como ocurriría si se obligase a prestar asistencia sanitaria a los pacientes que, libre y conscientemente, deciden rehusarla, implicaría negar al hombre todo poder configurador de su vida y su muerte.
El interés publico de garantizar la vida de los internos no es, como se sigue de la STC 37/1989, circunstancia legitimadora de la limitación del derecho de
aquellos sobre su propia vida. Los poderes públicos están obligados a hacer real y efectiva la libertad y la igualdad de los individuos y grupos en que se integran (art. 9.2 C.E.). Quienes, por su parte, tienen derecho a obtener una tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.).
«La voluntad del Gobierno es, prosigue la demanda, la de “eliminar a los
disidentes políticos”. De forma física, ya que independientemente de que intenten alargarles la vida con la alimentación forzosa, les están ocasionando una lesiones irreversibles, y de forma moral y psicológica, como reflejan las propias manifestaciones del Ministerio de Justicia y del Director General de Instituciones Penitenciarias, están sirviendo de “rehenes” para no autoalimentar a su organización, con la política de dispersión, aislamiento, supresión del derecho de igualdad, limitación de derechos como el de defensa, etc., violando el art. 25.2 de la Constitución.»
El derecho a la vida del art. 15 de la C.E. no es un derecho absoluto. Se trata de defender una vida digna, no vegetal, por lo que la alimentación forzosa por medios mecánicos supone un trato degradante, como así lo ha entendido la Asociación Médica Mundial en la 29.a Asamblea celebrada en Tokio en octubre de 1975, y es contraria a los arts. 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950 -en adelante CEDH-, 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 -en adelante PIDCP- y 2.2 de la Convención de Nueva York contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 10 de diciembre de 1984.
Por todo ello, se pide de este Tribunal que, estimando el recurso interpuesto contra el Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de febrero de 1990, «declare las infracciones de los arts. 1.1, 16.1, 7.1, 18.1, 9.2, 24.1, 25.2, 10.1, 15 de la Constitución y art. 2.2 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, art. 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Fundamentales de Roma y art. 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cometidos en el mencionado Auto, determinando la nulidad del mismo y ordene a la Administración penitenciaria a que cesen de alimentar a los presos del PCE(r) y GRAPO de forma forzosa, y que les restablezcan los derechos violados reunificándoles junto con sus compañeros en una misma prisión en las mismas condiciones de vida digna que tenían antes de estar dispersados».
De los preceptos que se citan como infringidos en la demanda, la violación de los jurídico-internacionales, aduce el Abogado del Estado, no es reparable por este Tribunal, la de los arts. 1.1, 9.2 y 10.1 C.E., no es propia del recurso de amparo; la del art. 24 de la C.E., carecería, de darse, de entidad propia, pues se habría producido por no haber evitado el órgano judicial la conculcación de otros preceptos constitucionales; y, en fin, la del art. 25.2 de la C.E., dado su carácter de norma per relationem, que enuncia límites para los derechos fundamentales del recluso, no aglutina la violación sustantiva de estos últimos, que necesariamente habrá de reconducirse a otros preceptos constitucionales, de modo que, concluye el Abogado del Estado, es la supuesta vulneración de los arts. 15, 16.1, 17.1 y 18.1 C.E. la que debe examinarse, para lo que e preciso determinar en qué haya podido estribar la eventual infracción.
Señala seguidamente el Abogado del Estado que el tratamiento médico coercitivo de los recurrentes no puede ser calificado, ex art. 15.1 C.E., de tortura o trato inhumano, dada la connotación de inflicción de daño o padecimientos y de humillación y envilecimiento que una y otro tienen de acuerdo con el art. 1 de la Convención de Nueva York de 10 de diciembre de 1984, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -en adelante TEDH- [SSTEDH de 18 de enero de 1978, Irlanda C. Reino Unido; 25 de abril de 1978, Tyrer; 25 de febrero de 1982, Campbell y Cosans, y de la Comisión Europea de Derechos Humanos (op. com. 5 de noviembre de 1969, 25 de enero de 1976 y 14 de diciembre de 1976; dec. adm. com. ap. 4.220/69, 3 de febrero de 1971 y 6.555/74, 9 de mayo de 1977), y del Tribunal Constitucional (SSTC 65/1986 y 89/ 1987)]. Centra, en cambio, la cuestión el Abogado del Estado en la compatibilidad del tratamiento médico coercitivo con el derecho a no ser sometido a tratos degradantes (art. 15 C.E.), pues estima un tratamiento de ese carácter que no pueda ser justificado jurídicamente merecería ser calificado de humillante y acaso envilecedor, por incompatible con la dignidad de la persona, ya que el paciente se reduciría a ser una cosa dotada de vida en manos de quien aplica el tratamiento (así, por ejemplo, dec. adm. com. ap. 9.974/82, 2 de marzo de 1983, y 9.516/84, 4 de julio de 1983), resultando con ello ocioso examinar si la C.E. consagra o no como derecho fundamental el de libre autodeterminación sobre el propio cuerpo; ello entrañaría una libertad jurídicamente protegida de disponer de la propia salud y de la propia vida, con independencia de que sea claro que, por no tratarse de un derecho de libertad, dotado de una esfera positiva y otra negativa, el art. 15 de la C.E. no proteja el derecho a disponer libremente de la propia vida o la propia salud, sea con «dolo o intención directa, sea con mera aceptación eventual de las consecuencias probables sobre la vida o salud de una conducta que prima facie aparente tener otra finalidad».
Es en este contexto en el que debe ser examinada la justificación que el art. 10.6 c de la Ley General de la Sanidad proporciona para una intervención médica coercitiva en caso de urgencia por periculum in mora, pues en el medio penitenciario, no sólo ha de entrar en consideración el deber general de proteger la vida y la salud que incumbe a las Administraciones públicas sanitarias sino un deber especialmente modulado por tratarse de personas sujetas coactivamente a custodia y aseguramiento en establecimientos estatales, a lo que ha de añadirse que la situación crítica para su salud en que varios internos se ha colocado deliberadamente con el fin de hacer presión en pro de la revocación de una medida que goza de presunción de legitimidad y que no se ha combatido por las oportunas vías de derecho, trasciende de la estricta esfera personal de cada interno y adquiere incidencia directa sobre el orden penitenciario y el adecuado funcionamiento de las instituciones penitenciarias.
Así, en primer lugar, arguye el Abogado del Estado, el comportamiento de los recurrentes obliga a la Administración penitenciaria a asignar recursos humanos
y materiales a la vigilancia de su salud, desviándolos de otras atenciones. En segundo lugar cabe sospechar razonablemente que el concierto para iniciar y mantener tal actitud dentro del «orbc cerrado» de la prisión se haya producido en condiciones que no garantizan la libre formación de la voluntad. En tercer término, es patente en los activistas el propósito de menoscabo o enervamiento del orden penitenciario general. Y, en fin, la C.E. no ofrece términos hábiles para que, en el marco de la relación penitenciaria, la Administración haya de quedar constreñida a elegir entre opciones inaceptables de una alternativa creada arbitrariamente. Por todo ello, concluye el Abogado del Estado, no cabe reprochar la violación de la prohibición de tratos degradantes a la resolución impugnada que, por lo demás, respeta exquisitamente el principio de proporcionalidad, al deferir la decisión sobre la aplicación del tratamiento médico a la deontología médica, constreñir a lo estrictamente indispensable los posibles medios coercitivos, con prohibición de la alimentación por vía bucal en tanto los reclusos permanezcan conscientes, y limitar temporalmente el empleo de las medidas coercitivas.
Tras estas consideraciones iniciales, Ministerio Fiscal centra la cuestión en el conflicto entre los derechos que corresponden al interno que voluntariamente se niega a ingerir alimentos y el deber de la Administración penitenciaria, impuesto en norma de rango legal. En cuanto a este deber, la Administración asume, a consecuencia de la relación de sujeción especial del recluso (STC 2/1987) la potestad sancionadora disciplinante y los deberes asistenciales que le impone el art. 3.4 LOGP, de velar por la vida, integridad y salud de los internos. Por lo que se refiere a los derechos de estos últimos, el condenado a prisión es titular de derechos fundamentales, a excepción de los que sean limitados por el fallo, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria (art. 25.2 C.E.). De este modo queda sujeta a la tutela estatal de la salud, pero si bien, en situación de libertad, el consentimiento del paciente debe prevalecer sobre la imposición coactiva de un tratamiento médico, como se sigue de la Ley General de Sanidad (arts. 10.1, 6 y 9), no puede llegarse a la misma conclusión en el caso de que el paciente sea un recluso, dada su sujeción especial a la Administración penitenciaria, que tiene el deber legal de velar por la salud de los internos y de impedir que estos se causen daños a sí mismos, pudiendo utilizar a ese fin medios coercitivos [arts. 3.4 y 45.1 b) LOGP y 123 del Reglamento Penitenciario -en adelante, RP].
Por lo demás, finaliza el Ministerio Fiscal, la resolución impugnada pondera
con una cuidada argumentación la proporcionalidad del sacrificio al limitar los derechos de los internos, tratando de que se cumpla el deber de asistencia impuesto en la LOGP para evitar un resultado irreversible como es la muerte, sin que pueda olvidarse que la limitación de la libertad personal de autodecisión es materia que afecta a la salud de los internos y de la que se hacen derivar todos los derechos fundamentales que se suponen vulnerados por la resolución impugnada viene impuesta por la Ley penitenciaria, de acuerdo con el art. 25.2 de la C.E.
La resolución judicial frente a la que se impetra el amparo constitucional es el Auto de 15 de febrero de 1990, por el que la Audiencia Provincial de Madrid revoca lo acordado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de la misma capital en el expediente 40/90, que no fue impugnado por los recurrentes de amparo, declarando «el derecho-deber de la Administración penitenciaria de suministrar asistencia médica, conforme a criterios de la ciencia médica, a aquellos reclusos en “huelga de hambre” una vez que la vida de éstos corra peligro, lo que se determinará, previos los oportunos informes médicos, en la forma que el Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente determine, y sin que en ningún caso pueda suministrarse la alimentación por vía bucal en tanto persiste su estado de determinarse libre y conscientemente».
En suma, el objeto del presente recurso de amparo queda circunscrito a la compatibilidad con los arts. 1.1, 9,2, 10.1, 15, 16.1, 17.1, 18.1, 24.1 y 25.2 C. E. de la resolución judicial que, ante la negativa a ingerir alimentos, manifiestada por los internos recurrentes en reivindicación de la concentración en un mismo establecimiento penitenciario de los reclusos pertenecientes a los GRAPO, autoriza y obliga a la Administración penitenciaria a prestar asistencia médica, en cuanto ello implique la alimentación de los internos en contra de su voluntad.
Y, finalmente, otro tanto cabe decir en relación con la supuesta infracción, por violación de la dignidad de la persona, del art. 10.1 C.E. En efecto, que de acuerdo con este precepto, la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes sean, junto con el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás, «fundamento del orden político y de la paz social», no significa ni que todo derecho le sea inherente -y por ello inviolable- ni que los que se califican de fundamentales sean in tolo condiciones imprescindibles para su efectiva incolumidad. de modo que de cualquier restricción que a su ejercicio se imponga devenga un estado de indignidad. Piénsese, precisamente, en la restricción de la libertad ambulatoria y conexas que padecen quienes son condenados a una pena privativa de libertad.
Aunque el concepto de relación especial de sujeción es de por si impreciso (STC 61/1990), no puede ponerse en duda que la reclusión en un centro penitenciario origina una relación jurídica de esa naturaleza, según ha declarado la STC 2/1987, y así se desprende directamente de la propia Constitución, cuyo art. 25. 2, en atención al estado de reclusión en que se encuentran las personas que cumplen penas de privación de libertad, admite que los derechos constitucionales de estas personas puedan ser objeto de limitaciones que no son de aplicación a los ciudadanos comunes y, entre ellas, las que se establezcan en la ley penitenciaria, que regula el estatuto especial de los recluidos en centros penitenciarios. Esta relación de especial sujeción, que debe ser siempre entendida en un sentido reductivo compatible con el valor preferente que corresponde a los derechos fundamentales, origina un entramado de derechos y deberes recíprocos de la Administración y el recluido, entre los que destaca el esencial deber de la primera de velar por la vida, integridad y salud del segundo, valores que vienen constitucionalmente consagrados y permiten, en determinadas situaciones, imponer limitaciones a los derechos fundamentales de internos que se colocan en peligro de muerte a consecuencia de una huelga de hambre reivindicativa, que podrían resultar contrarias a esos derechos si se tratara de ciudadanos libres o incluso internos que se encuentren en situaciones distintas.
Por consiguiente, todo lo que dejamos expuesto nos conduce a la conclusión de que, desde la perspectiva del derecho a la vida, la asistencia médica obligatoria autorizada por la resolución judicial recurrida no vulnera dicho derecho fundamental, porque en éste no se incluye el derecho a prescindir de la propia vida, ni es constitucionalmente exigible a la Administración penitenciaria que se abstenga de prestar una asistencia médica que, precisamente, va dirigida a salvaguardar el bien de la vida que el artículo 15 de la Constitución protege.
«Tortura» y «tratos inhumanos o degradantes» son, en su significado jurídico, nociones graduadas de una misma escala que, en todos sus tramos, denotan la causación, sean cuales fueren los fines, de padecimientos físicos o psíquicos ilícitos e infligidos de modo vejatorio para quien los sufre y con esa propia intención de vejar y doblegar la voluntad del sujeto paciente. En este sentido, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de Nueva York, de 10 de diciembre de 1984 (ratificada por España el 19 de octubre de 1987 y en vigor en general desde el 26 de junio de 1987, y para España desde el 20 de noviembre siguiente), define la tortura como «todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otros, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario publico u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia» (art. 1.1). Esta Convención extiende, además, sus garantías a «otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el art. 1».
Asimismo, en relación con el art. 3 CEDH, que establece una interdicción similar a la del art. 15 C.E., el TEDH, partiendo de su propia doctrina acerca de las penas degradantes (SS de 18 de enero y 25 de abril de 1978 -caso Irlanda contra el Reino o nido- y -caso Tyrer-, respectivamente) ha señalado que «para que el trato sea “degradante” debe ocasionar también al interesado -ante los demás o ante sí mismo(…) una humillación o un envilecimiento que alcance un mínimo de gravedad» (igualmente, STEDH de 25 de febrero de 1982, -caso Campbell y Cosans- y de 7 de julio de 1989 -caso Soering).
Por ello, y también con referencia al medio carcelario, este Tribunal tiene dicho que para apreciar la existencia de tratos inhumanos o degradantes es necesario que «éstos acarreen sufrimientos de una especial intensidad o provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel determinado, distinto y superior al que suele llevar aparejada la imposición de condena» (SSTC 65/1986, fundamento jurídico 4.º;,89/1987, fundamento jurídico 2.º), daño implícito en la misma que está excluido del concepto de tortura (art. 1. 1, in fine, de la Convención contra la tortura cit., de 1984).
Ciertamente, la libertad ideológica, como así viene a latir en el planteamiento de los recurrentes, no se agota en una dimensión interna del derecho a adoptar una determinada posición intelectual ante la vida y cuanto le concierne y a representar o enjuiciar la realidad según personales convicciones. Comprende, además, una dimensión externa de agere licere, con arreglo a las propias ideas sin sufrir por ello sanción o demérito ni padecer la compulsión o la injerencia de los poderes públicos. El art. 16.1 C.E. garantiza la libertad ideológica sin más limitaciones en sus manifestaciones que las necesarias para el mantenimiento del orden público protegido por la ley (STC 20/1990, fundamento jurídico 3.º). En este sentido no hay inconveniente en reconocer, para dar respuesta a la cita que en la demanda se hace de la libertad de expresión -ausente, sin embargo, de la relación de violaciones constitucionales que se pretende declare este Tribunal-, que entre tales manifestaciones, y muy principalmente, figura la de expresar libremente lo que se piense. A la libertad ideológica que consagra el art. 16.1 C.E. le corresponde «el correlativo derecho a expresarla que garantiza el art. 20.1 a)» ( STC 20/1990, fundamento jurídico 5.º), aun cuando ello no signifique que toda expresión de ideología quede desvinculada del ámbito de protección del art. 16.1, pues el derecho que éste reconoce no puede entenderse «simplemente absorbido» por las libertades del art. 20 (STC 20/1990, fundamento jurídico 3.º), o que toda expresión libremente emitida al amparo del art. 20 sea manifestación de la libertad ideológica del art. 16.1.
Es cierto que este Tribunal ha reconocido que en la noción de «intimidad personal» se integra la «intimidad corporal (STC 37/1989, fundamento jurídico 4. º). Pero la ha identificado únicamente como «inmunidad frente a toda indagación o pesquisa que sobre el cuerpo quisiera imponerse contra la voluntad de la persona» y, en virtud de ello, puede afirmarse que en modo alguno ha padecido el derecho a la intimidad corporal de los recurrentes, pues, aparte de que la intervención médica autorizada por la resolución impugnada no puede incluirse cabalmente entre las indagaciones o pesquisas a las que, de acuerdo con la doctrina constitucional citada, puede oponerse el derecho a la intimidad, no produce la actuación impugnada ni por las partes del cuerpo sobre las que actúa ni por los medios a emplear, ni por su finalidad ajena a la adquisición de conocimientos sobre el cuerpo de los reclusos, menoscabo de ningún género de su intimidad personal.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE
LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA, Ha decidido
Voto particular que formula el Magistrado don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer en el recurso de amparo, avocado al Pleno, núm. 443/1990
3. Además, no me parece convincente el argumento adicional utilizado para negar la «libertad» de los recurrentes de oponerse a la asistencia médica obligatoria durante el ejercicio de su huelga de hambre, y consistente en contraponer la «libertad para conseguir fines lícitos» respecto del uso de esa libertad en relación con «objetivos no amparados por la ley» que se daría en quienes se hallan en el seno de una relación especial penitenciaria donde la negativa a recibir asistencia médica situaría al Estado ante el injusto de modificar una decisión legítima por no estar judicialmente anulada, o contemplar pasivamente la muerte de personas bajo su custodia y obligación de protección. Esta afirmación puede ser entendida en el sentido de que esa negativa a recibir asistencia médica sería legítima si el huelguista persiguiera objetivos amparados por la ley, pero no en el caso contrario, y tal sería tratar de imponer la modificación de una decisión no impugnada de la Administración Penitenciaria. Ello significaría condicionar la decisión de imponer la alimentación forzosa a la propia legitimidad del fin perseguido por la huelga de hambre. Por su propia lógica. La huelga de hambre persigue objetivos que no pueden obtenerse normalmente a través de las vías judiciales. Por otro lado, aparte de la dificultad de la valoración de la legitimidad del objetivo perseguido, el que esa legitimidad haya de ser tenida en cuenta en la decisión judicial supone traspasar la cuestión del plano de la ponderación de la vida y la salud como bienes constitucionales protegidos frente a otros derechos y bienes constitucionales, al plano de la reivindicación misma perseguida por los recurrentes, e interferirse en el medio de presión utilizado.
Voto particular que formula el Magistrado don Jesús Leguina Villa a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 443/90
Coincido con muchas de las cosas que se dicen en esta Sentencia y, sobre todo, comparto la preocupación y la sensibilidad que en la misma se manifiesta por defender la vida en un caso límite de conflicto entre los poderes públicos y quienes nos piden amparo. Me veo, sin embargo, en la necesidad de expresar en conciencia mi disentimiento con la decisión mayoritaria de denegar el amparo.
Omitiendo toda referencia a la discrepancia que me suscitan algunos aspectos o argumentos secundarios de la Sentencia y refiriéndome sólo a las tesis centrales que conforman su ratio decidendi paso a exponer a continuación mi propia opinión en términos breves y sucintos, dejando expresa constancia del respeto y acatamiento que me merece el criterio mayoritario del Tribunal.
1. Trate de reconstruir de acuerdo con el modelo de la lógica formal (y en concreto empleando el modelo del silogismo subsuntivo) el fallo de la Sentencia del Tribunal Constitucional.
Intente reconstruir también de acuerdo con el mismo modelo el FUNDAMENTO JURÍDICO número 8.
2. Señale cómo se manifiesta en esta decisión del TC en el caso de los GRAPO la distinción entre justificación interna y la justificación externa en relación con el fallo y con el FUNDAMENTO JURÍDICO número 8. Para ello trate de determinar las razones en las que apoyan las reglas o premisas que integran el silogismo, y las razones que les sirven de apoyo.
3. Indique cómo se manifiesta en la sentencia del Tribunal Constitucional la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación.
escrito el 8 de mayo de 2009 por NICOLAS MEJIA en Argumentación
11 Comentarios en Sentencia los GRAPO
Maria Alejandra Jimenez Restrepo | 18-05-2009 a las 3:45 AM | Denunciar Comentario
De acuerdo con la sentencia de la grapo se puede concluir que los jueces son creadores de normas cuando se el estado esta en la obligacion de custodia de los reclusos en centros carcelarios, ademas de la posicion de garante que el mismo adquiere sobre el bienestar y seguridad de los presos. Pues a la luz del derecho internacional se permite una cierta libertad, en la cual se puede enmarcar la huelga de hambre y que por la posicion de garante del Estado se debe realizar un test de proporcionalidad de los derechos humanos para asi saber cual derecho es de vital proteccion y cual es el que ineluctiblemente se puede vulnerar en estos casos; por esta razon creo que al negarse el amparo, el tribunal no solo convierte a los jueces en creadores de normas sino en verdaderos protectores del derecho internacional.
Melissa Alejandr Villota Chacon | 18-05-2009 a las 3:48 AM | Denunciar Comentario
Con base en los fundamentos y en el fallo mi opinion se centra en el deber del estado de garantizar salud y proteger la vida, es decir los derechos fundamentales basados en el derecho internacional de los derechos humanos y en fundamentos constitucionales validos para obtener un fallo del tribunal a favor del Estado.
Laura andrea cordoba cruz | 18-05-2009 a las 3:51 AM | Denunciar Comentario
Estoy en desacuerdo con la decisión del tribunal español, toda vez que lo que se pretende en la C.E, es proteger la vida, y la integridad personal de los miembros, no se debe de recurrir a acciones coactivas para lograr dicho fin, ya, que a pesar que es obligación de todo estado velar y vigilar por el bienestar y la integridad de sus asociados y mas aún, si se esta en un establecimiento penitenciario, esto no debe servir de medio para doblegar la voluntad de las personas que quisieron iniciar la huelga de hambre como único medio de presión para que no los separara de los demás miembros del grupo GRAPO, y a pesar de que eran personas enfermas conservaban la plenitud de sus derechos para consentir o para rechazar los tratamientos médicos que se les propongan , ya que es un derecho de toda persona decidir que hace o no con su vida.
Deisy Yuliana Guevara Mesa | 18-05-2009 a las 4:58 AM | Denunciar Comentario
Fundamentandome en los parametros constitucionales de nuestra legislacion, es importante que se busquen metodos alternos para formular una huelga, en este caso los internos optaron por la huelga de hambre llevada un poco a los extremos pero que al fin y al cabo era la forma de ellos expresarse.
Respecto al fallo, estoy de acuerdo puesto que en ningun momento se esta violando un derecho fundamental, debido a que los actos mencionados en esta sentencia fueron realizados unica y exclusivamente bajo su propia voluntad.
Silvia Sánchez Saladén 3 01 | 18-05-2009 a las 5:06 AM | Denunciar Comentario
Conforme a lo leído, creo que el juez crea normas en la sentencia, ya que una norma es una regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, y lo que el juez hizo fue eso, un imperativo cumplimiento, que aunque los presos no querían que se les obligara a tener una alimentación forzada, el juez lo ordeno así, dando como único argumento que es una obligación del estado preservar la salud del preso; pero esta decisión atenta contra el derecho a una vida digna, ya que lo único que hacían era prolongar el sufrimiento del huelguista y quebrantar su fuerza de voluntad. El derecho a la vida, es no es un derecho absoluto; sino relativo, por lo cual lo que se trata de defender es el derecho a la vida digna en todo el sentido de la palabra, no ser forzados a vivir sin querer vivir (libre autodeterminación sobre el propio cuerpo)
Además, hicieron caso omiso de la Declaración de Tokio (aprobada en 1975 y ratificada en sucesivas Asambleas) en su punto numero 5, dice que ningún medico en caso de que un prisionero rechace alimentos o entre en huelga, y que este en capacidad de comprender sana y racionalmente las consecuencias de dicho rechazo voluntario de alimentación.
Estoy de acuerdo con el Magistrado don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, ya que creo que los derechos de los presos, tratándose a derechos fundamentales deben ser tratados igualmente que a cualquier otro ciudadano.
lady katherinne galvis-301 | 18-05-2009 a las 8:26 AM | Denunciar Comentario
De acuerdo con el fallo del tribunal, es una desicion acertada puesto que una de las funciones de la administracion penitenciaria era la de custodiar y cuidar tanto la vida como la salud de los presos, siento esta funcion una potestad otorgada por la ley. Con esta sentencia se observa claramente la prevalencia del derecho de la vida por encima de otros derechos tambien analizados en la sentencia, en cuanto a los reclusos y sus limitaciones a mencionados derechos al momento del ingreso a la penitenciaria se realiza con el fin de proteger la vida y la estabilidad de los reclusos y que asi no se vea afectada la integridad de los mimos.
Alexander Antonio Rodríguez Valencia - 305 Nocturno | 20-05-2009 a las 8:03 PM | Denunciar Comentario
Si bien es cierto que dentro de la legislación interna de los países democráticos y las que hacen parte del denominado Bloque de Constitucionalidad, protegen enfáticamente la libre autodeterminación del individuo, ello no obsta para que en el caso específico del GRAPO (Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre), el Estado simplemente asuma una actitud pasiva frente a la huelga de hambre declarada por el grupo, alegando razones de un acto propio de la administración que ordenaba su dispersión en varios centros de reclusión españoles.
Desde esta perspectiva, se justifica la anterior posición personal con base en los siguientes argumentos:
1. La reclusión de una persona en un determinado centro penitenciario determina una relación jurídica de especial sujeción, que origina una serie de derechos y deberes recíprocos entre la Administración y el recluido. Al respecto, corresponde al Estado velar por la vida, integridad y salud de los reclusos y, en consecuencia, frente a determinadas situaciones como la del caso específico, conduciría a la Administración a imponer limitaciones a los derechos fundamentales de los internos, que se colocan en peligro de muerte por una huelga de hambre reivindicativa.
2. En este sentido, la libertad de rechazar tratamientos terapéuticos, en clara manifestación de la libre autodeterminación de la persona, no puede entenderse como una extralimitación en la actuación del Estado en la esfera más íntima del individuo, interfiriendo coactivamente en su actitud frente a su propia vida, como sucedería si se obligase a prestar asistencia sanitaria a los pacientes que, libre y conscientemente, deciden rehusarla.
3. Así entonces, con esa huelga de hambre y su oposición a recibir asistencia médica, los miembros del grupo en cuestión colocan a la Administración ante la alternativa de revocar la medida administrativa contra la cual dirigen su protesta o presenciar pasivamente su muerte, planteando un conflicto que esencialmente se produce entre el supuesto derecho de los huelguistas al ejercicio de su derecho de libertad hasta el extremo y el derecho-deber de la Administración penitenciaria de velar por la vida y salud de los internos sometidos a su custodia.
A partir de lo anteriormente expuesto, el Estado, a través de sus instituciones legítimamente constituidas, ha fijado unas reglas de comportamiento que, en el caso de estudio, deben sujetarse al ordenamiento jurídico que establece un régimen penitenciario como tal, donde se establecen una serie de derechos y obligaciones entre la Administración y los Asociados (reclusos), que deben ser observadas por ambas partes y su decisión de recurrir a los recursos ordinarios que determina la ley para manifestar su desacuerdo con un acto de la administración, frente a lo cual no se justifican las vías de hecho como se observa en el caso del GRAPO.
Maryluz Toro Muñoz | 20-05-2009 a las 11:56 PM | Denunciar Comentario
Los Juristas en su mayoría no saben argumentar bien, muchas veces se da una sentencia, pero se da mas en el sentido que si hay un planteamiento así será entonces su resultado. Muchas veces nos dejamos llevar por razones que afectan nuestra moral o simplemente lo que estamos acostumbrados a ver, y es que esta sociedad nos ha impuesto, que si algo se sale de los parámetros establecidos entonces es raro, no acorde, por consiguiente no podemos hacerlo. Y digo lo anterior porque fundamentándolo con la sentencia de los GRAPO, puedo ver que era mas importante dar una fallo acorde con el pensamiento de la mayoría y amparado en unas normas, que en lo realmente importante que es lo que quiere cada individuo como tal, lo que quiere ser en el mundo como persona, por consiguiente lo mas importante siempre será dejar ser al individuo lo que quiere ser, siempre y cuando no vulnere los derechos de los demás así esto sea su fin. “El hombre es el ser supremo para el hombre” (Karl Marx)
JHON ALEXANDER LOAIZA GONZALEZ | 21-05-2009 a las 12:25 AM | Denunciar Comentario
Es notorio que los compañeros estan de acuerdo en que cada Estado es responsable de la defensa de los Derechos fundamentales de cada persona, pero no es menos cierto que no podemos continuar esperando a que sucedan cosas de tal magnitud como la de los GRAPO donde se evidencia claramente la ausencia de responsabilidad de un Estado, comprometiendo la integridad de muchas personas; ahora bien considero que en el proceso del aprendizaje del derecho deben realizarse aportes tendientes a prevenir situaciones vergonzosas como la indicada en esta sentencia, la invitacion es pues a todos los compañeros es a reflexionar sobre la prevencion de factores que comprometan el bienestar del mundo entero.
Paola Andrea Uribe Palacio, grupo 3-05 | 21-05-2009 a las 1:20 AM | Denunciar Comentario
Estoy de acuerdo con algunos de los compañeros del otro grupo, y con el fallo del tribunal constitucional de negar el recurso de amparo interpuesto, ya que a pesar de que la declaración universal de los derechos humanos afirmo en 1948 que “los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”; la constitución de España de 1978, califico a la dignidad, no como un derecho propiamente dicho, sino mas bien como un valor, que hace que no puede ser considerado como un criterio para interpretar derechos tan importantes como el “derecho a la vida”, y mucho menos servir de base para las pretensiones de amparo realizadas por la contraparte.
sandra jimena salazar manrique | 21-05-2009 a las 4:27 AM | Denunciar Comentario
analizando la decision del tribunal en su numeral 8, se comprende con base en los hechos expresados, que el precepto constitucional garantiza el derecho a la integridad física y moral, mediante el cual se protege la inviolabilidad de la persona y es por ello que Siendo indudable que el ayuno voluntario llevado hasta sus últimas consecuencias genera necesariamente, en un momento determinado, peligro de muerte, la asistencia médica obligatoria para evitar ese peligro se manifiesta como un medio imprescindiblemente necesario para evitar la pérdida del bien de la vida de los internos, que el Estado tiene obligación legal de proteger acudiendo a dicho medio coactivo, al menos si se trata de presos declarados en huelga de hambre reivindicativa cuya finalidad no es la pérdida de la vida. Por tanto, Con el cumplimiento de ese deber del Estado no se degrada el derecho a la integridad física y moral de los reclusos, pues la restricción que al mismo constituye la asistencia médica obligatoria se conecta causalmente con la preservación de bienes tutelados por la Constitución y otros tipos de normatividada aplicables.
Teniendo como apoyo fundamental lo anterior, la integridad física,que siendo derivada y accesoria del derecho a la vida, es igualmente un aspecto inherente al ser humano por cuanto debe ser protegido y tipificado por la ley.
y consecuentemente, los hechos en contrario de estos preceptos, es decir, que violen sus fundamento a través de actos ilegales o comportamientos reprochables por la sociedad, serán o deben ser sancionados no con menor categoria, sino con igual ponderación, por cuanto de alli se inicia o se considera puede dar lugar a la pérdida de la vida. y aquí sí hablaríamos de modo tal que las acciones u omisiones cometidas por quienes deben guardar la protección de este bien jurídico, en este caso la penitenciaría , como sujeto de obligaciones y deberes constituidos por el estado, tengan como fín tal protección y que efectivamente reciban la sanción proferida: Sin embargo , la penitenciaria , no evadió sus obligaciones, incluso prestó la ayuda aún en contra de los reclusos, con el objetivo de cumplir con lo debido. Y es asi, como se concreta que a pesar de realizar la asitencia médica obligatoria por parte de la penitenciaria a través de actos coactivos no se configura como vulnerabilidad o quebrantamiento del derecho a la integridad física, espiritual y moral, pues se realizaron con un fundamento bien verídico, salvar la vida de sus titulares.

References: resolución 
 resolución 
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 artículo 15
in fine
 resolución