Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2019/as201910077.html
Timestamp: 2020-04-03 00:16:44+00:00

Document:
AUTO SUPREMO Nº 077/2019-RA
Expediente : Santa Cruz 1/2019
Parte imputada : Carmen Edelmy Justiniano Rocha y otro
Por memoriales presentados el 26 de septiembre de 2018, Julio Franz Avilés Lazcano, de fs. 828 a 841 y Carmen Edelmy Justiniano Rocha, de fs. 848 a 852 vta., interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 30 de 19 de julio de 2018, de fs. 813 a 818 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Felipe Aramayo Céspedes, Mery García Lama, Luciano Paredes Céspedes y Juan Carlos Garnica Vásquez contra los recurrentes por la presunta comisión del delito de Estafa Agravada, previsto y sancionado por el art. 335 con relación al art. 346 bis. del Código Penal (CP).
a) Por Sentencia 1 de 1 de diciembre de 2017 (fs. 713 a 724), el Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a: 1) Julio Franz Avilés Lazcano, autor y culpable de la comisión del delito de Estafa Agravada, previsto y sancionado por el art. 335 con relación al art. 346 del CP, imponiendo la pena de diez años de presidio, con costas y reparación del daño. 2) Carmen Edelmy Justiniano Rocha, absuelta de culpa y pena del referido delito, sin costas y sin declaración de denuncia falsa o temeraria.
b) Contra la referida Sentencia, el acusador particular Juan Carlos Garnica Vásquez (fs. 732 a 735) y el imputado Julio Franz Avilés Lazcano (fs. 738 a 742), formularon recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 30 de 19 de julio de 2018, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró improcedente el recurso del imputado y procedente el planteado por el acusador particular; por ende, revocó parcialmente la Sentencia apelada, declarando a la imputada Carmen Edelmy Justiniano Rocha, autora y culpable de la comisión del delito atribuido, estableciendo una pena de cuatro años de reclusión, con costas y reparación del daño causado.
c) Por diligencias de 18 de septiembre de 2018 (fs. 821 y 822), fueron notificados ambos recurrentes con el referido Auto de Vista; y, el 26 de septiembre del mismo mes y año, presentaron los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad.
De los memoriales presentados, se extraen los siguientes motivos:
II.1. Recurso de casación de Julio Franz Avilés Lazcano.
1) Alegando la vulneración de derechos y garantías constitucionales, el recurrente denuncia: “FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DEL AUTO DE VISTA” (sic), expresando que la resolución impugnada presenta una falta de fundamentación y motivación en vulneración de los arts. 398, 124 y 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), pues ante la denuncia de falta de fundamentos de la sentencia, el Tribunal de alzada no efectuó un análisis mínimo de dicho fallo o el acta de la audiencia de juicio oral, pues las supuestas víctimas en sus declaraciones nunca mencionaron que el precio de venta del maíz, estaba por debajo del precio normal del mercado, por lo que no se puede fundamentar de manera correcta una condena y menos aún se puede adecuar de manera forzada al tipo penal que supuestamente se cometió, de modo que la decisión y conclusiones a las que llegó el Tribunal de alzada son de hecho y no de derecho, dejando en incertidumbre al justiciable, más cuando no se tomó en cuenta que el testigo Felipe Aramayo Céspedes declaró que como imputado le hizo la entrega de 3 o 4 camiones y el resto no le entregaba y que tiempo después le entregó 150.000 Bs., más 21.000 Bs. de honorarios para el abogado, aspecto que demuestra que se devolvió parte de lo acordado y que debió ser considerado por el Tribunal Sexto de Sentencia para determinar el quantum de la pena y determinar la responsabilidad de los imputados.
2) Refiere la existencia de: “DEFECTO ABSOLUTO POR FALTA DE RECONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LA APLICACIÓN PREFERENTE DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN RESPECTO A LA APLICACIÓN DEL CRITERIO MAS FAVORABLE” (sic), señalando que la ley especial es de aplicación preferente ante una ley general, específicamente el art. 359 del CPP, referente a las reglas de deliberación de la situación jurídica de un procesado, por lo que previa referencia a la presunción de inocencia, destaca que de acuerdo a la citada norma procesal penal, en cuanto a la eventualidad de igualdad de votos, debe estarse a lo más favorable por ser una ley especial regida bajo el sistema acusatorio que otorga derechos y garantías que deben ser reconocidos por las autoridades encargadas de resolver la situación jurídica en materia penal, aplicando en caso de duda lo más favorable al procesado en un reconocimiento de la aplicación preferente del derecho establecido en la Constitución Política del Estado, por lo que en materia penal no es aplicable el criterio de la necesidad de mayoría absoluta normado por el art. 53 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), debiendo respetarse el debido proceso a la luz del principio de favorabilidad, no siendo correcto que sólo en etapa de juicio se reconozca la favorabilidad en cuanto a la igualdad de votos para estarse a lo más favorable del procesado y no así en la etapa recursiva donde los Tribunales de alzada en materia penal, en caso de empate o igualdad de votos, no reconocen el derecho previsto en el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).
3) En una segunda parte del memorial, el recurrente denuncia la “FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DEL AUTO DE VISTA” (sic), expresando que el Tribunal de alzada omitió cumplir con su obligación de fundamentar y motivar su decisión de anular la sentencia absolutoria, al asumir una decisión de hecho y no de derecho incumpliendo el art. 124 del CPP, porque la decisión y conclusiones a las que llegó carecen de una suficiente fundamentación dejando en “certidumbre” (sic) al justiciable, puesto que por una supuesta falta de valoración de la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público, procedió a anular la sentencia absolutoria sin explicación y motivación razonable, invocando en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos 199/2013 de 11 de julio, 214 de 28 de marzo de 2007 y 393/2015-RRC-L
4) Por último, denuncia “INCONGRUENCIA OMISIVA EN EL AUTO DE VISTA” (sic), señalando que analizados los agravios que identificó el Tribunal de alzada en su resolución, se evidencia que lejos de dar respuesta a los agravios fundamentados y expuestos por el apelante, procedió a considerar aspectos que no le fueron denunciados, incumpliendo el criterio de los fundamentos jurídicos que plasma en su resolución referente a la limitación establecida por el art. 398 del CPP, situación que se verifica de la comparación de los agravios expuestos por el Ministerio Público y los agravios que considera el Tribunal de alzada, en contradicción con los Autos Supremos 5 de 26 de enero de 2007 y 199/2013 de 11 de julio.
II.2. Recurso de casación de Carmen Edelmy Justiniano Rocha.
La recurrente previa referencia a los antecedentes del proceso, expresa que la Sala de apelación asumió que el Tribunal de Sentencia incurrió en errónea aplicación de la ley y valoración defectuosa de la prueba, conforme las previsiones del art. 370 incs. 1) y 6) del CPP, porque “revisando el cuaderno procesal”, presumió su autoría y conducta antijurídica al tener conocimiento de las estafas de Julio Avilés Lazcano a Felipe Aramayo y Juan Carlos Garnica, al consumarse el delito cuando hubo el desplazamiento patrimonial de los últimos a su cuenta bancaria y retirar ese dinero para viajar con el coencausado a Chile, sumada a la excepción de incompetencia que le fue negada, por lo que invocando los principios de economía procesal y legalidad, el Tribunal de alzada con la cita del art. 413 del CPP, revocó directamente su absolución por una condena atenuada.
Con ese antecedente, denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en contradicción con el Auto Supremo 234/2017-RRC de 21 de marzo, al haber revalorizado una prueba documental en desmedro de la totalidad de las demás pruebas y mediante esa revalorización modificó cuestiones de hecho que son de competencia del Tribunal de Sentencia, a cuyo efecto efectúa glosa parcial de la sentencia para sostener que el Tribunal de alzada revalorizó la prueba documental Nº 13 referente a la cuenta bancaria registrada a su nombre en el Banco Nacional de Bolivia y con ello modificar los hechos no probados de la sentencia, dando un valor único a dicha prueba al indicar que sin esa cuenta bancaria no se hubiera producido el delito, siendo dicha conclusión violatoria al sistema acusatorio y garantista vigente y una aberración a la sana crítica; además, de haber incorporado de oficio otra prueba denominada “Excepción de Incompetencia”. También invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 53/2012 de 22 de marzo y 97/2005 de 1 de abril de 2012.
III. RESPUESTA A LOS RECURSOS
El acusador particular Juan Carlos Garnica Vásquez, por memorial de fs. 856 a 859 vta., refiere con relación al recurso de casación de Julio Franz Avilés Lazcano, que la denuncia de vulneración de derechos y garantías constitucionales bajo el amparo del art. 169 inc. 3) del CPP, carece de sindéresis jurídica, teniendo en cuenta que las disposiciones referidas a defectos absolutos son citadas en el primer momento de la instauración de cualquier proceso penal, resultando que el imputado fue remitido a la Cárcel de Okinawa para su juzgamiento, encontrándose detenido por otros dos delitos de Estafa que actualmente ya tienen sentencias condenatorias en Montero. Además, cuestiona la cita de normas de la Constitución Política del Estado, preguntándose qué tienen que ver en un proceso donde se cumplieron con todos los requisitos y se respetaron los derechos del imputado, sin que se entienda la invocación de defectos absolutos; sin soslayar, la falta de invocación de precedentes contradictorios, incluso en la apelación restringida, por lo que no se cumplió el art. 416 del CPP, siendo una ofensa el recurso de casación presentado porque el condenado gozó de las garantías fundamentales, solicitando el rechazo del recurso de casación.
Sobre el recurso de casación de Carmen Edelmy Justiniano Rocha, refiere que ambos imputados no presentaron prueba de descargo sometiéndose netamente a la prueba de cargo; añade, que bajo la teoría del acuerdo previo, todo delito para que tenga tipicidad de orden doloso basta que el acuerdo previo implique a estas personas en un negocio, función o actividad, más aún cuando se trata de una estafa, habiéndose probado que la imputada abrió la cuenta corriente del Banco Nacional de Bolivia, siendo el principal elemento para cometer el delito, pues en ella se efectuaron los depósitos de los dineros de las víctimas, que fueron retirados en Santa Cruz y en Oruro por la imputada cuando estaban por darse a la fuga a Chile, donde terminaron gastando el dinero para luego volver y lograr se declare probada una excepción de incompetencia, que fue revertida en mérito a un amparo constitucional, siendo esa prueba la que fue valorada con sindéresis jurídica por el Tribunal de alzada. Por otra parte, destaca que los precedentes deben referirse a procesos análogos, resultando que los invocados por la imputada se refieren a otros delitos, solicitando se declare la inadmisibilidad de este recurso.
IV. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN
Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.
En el caso de autos, se establece que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 18 de septiembre de 2018, interponiendo sus recursos de casación el 26 del mismo mes y año; es decir, dentro de los cinco días hábiles que les otorga la ley, en cumplimiento de la exigencia temporal prevista por el art. 417 del CPP, teniendo en cuenta que el lunes 24 de septiembre fue feriado departamental en Santa Cruz, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.
V.1. Recurso de casación de Julio Franz Avilés Lazcano.
En el primero motivo de casación, se tiene que el recurrente de manera puntual alega la vulneración de derechos y garantías constitucionales, denunciando la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado, restando en consecuencia considerar si en su planteamiento concurren los presupuestos de flexibilización destacados en la parte final del acápite anterior; en ese sentido, se tiene que el recurrente provee los antecedentes de hecho generadores del recurso a partir del reclamo efectuado en apelación restringida; precisa el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido, al denunciar la afectación del debido proceso, en su vertiente de motivación y congruencia de las resoluciones; detalla con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía en su planteamiento generada en la alegada inobservancia de los arts. 124 y 398 del CPP, provocando un defecto absoluto de acuerdo al art. 169 inc. 3) del CPP, al asumir el Tribunal de alzada una cuestión de hecho y no derecho, cuando las supuestas víctimas no hubiesen mencionado que el precio de la venta del maíz estaba por debajo del precio normal del mercado y sin considerar que devolvió parte de lo acordado; además, de explicar el resultado dañoso emergente del defecto traducido en la incertidumbre que le provocó la decisión asumida, por lo que corresponde el análisis de fondo del presente motivo.
Similar tratamiento corresponde otorgar al segundo motivo de casación, pues el recurrente denuncia la vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica, derecho a la defensa y el principio de verdad material, generada en la falta de aplicación preferente de la ley especial respecto a la general, específicamente del art. 359 del CPP, en cuanto al art. 53 de la LOJ, pues en su planteamiento la favorabilidad en cuanto a la igualdad de votos, también debiera aplicarse en la etapa recursiva, verificando la Sala que el resultado dañoso queda expresado por el recurrente al sostener que de haberse reconocido el principio de favorabilidad se tendría la confirmación de la sentencia absolutoria, aspecto que debe ser dilucidado también en el análisis de fondo del motivo.
Con relación al tercer motivo, se advierte que el recurrente cuestiona la decisión del Tribunal de alzada de anular la sentencia absolutoria, asumiendo una decisión de hecho y no derecho e incumpliendo el art. 124 del CPP; a cuyo efecto, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 199/2013 de 11 de julio, 214 de 28 de marzo de 2007 y 393/2015-RRC-L, destacando que estos fallos se hallan referidos a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, de modo que el Tribunal de alzada debió dictar una resolución de forma clara, expresa, completa legitima y lógica, a los fines de que los imputados tengan conocimiento de los alcances de la decisión adoptada, por lo que aún de manera escueta el recurrente proporciona insumos suficientes que le permiten a esta Sala efectuar la labor de contraste que la ley le asigna, debiendo puntualizarse atenta la observación que hace el acusador particular en su respuesta, que el hecho de que el recurrente no haya invocado precedentes en la apelación restringida, no inviabilizada la consideración de fondo del motivo, pues de acuerdo a los antecedentes del proceso identificados en el acápite I del presente fallo, el agravio se hubiese producido con la emisión de la resolución de alzada, en cuyo mérito la invocación de precedentes en casación resulta oportuna.
La misma línea de análisis y ponderación de los argumentos expuestos por el recurrente, debe ser aplicado con relación al cuarto motivo, por el cual el recurrente en lo sustancial denuncia que el Tribunal de alzada al emitir la resolución recurrida hubiese considerado aspectos no denunciados en apelación en contravención del art. 398 del CPP; a cuyo efecto, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 5 de 26 de enero de 2007 y 199/2003 de 11 de julio, que señalan la obligación del Tribunal de alzada de limitar su resolución a los agravios denunciados, emergiendo de ese planteamiento la presunta contradicción que debe ser verificada en el análisis de fondo del motivo.
V.2. Recurso de casación de Carmen Edelmy Justiniano Rocha.
La Sala advierte que la denuncia de la imputada versa sobre la alegada revalorización probatoria en la que el Tribunal de alzada hubiese incurrido, en particular de la prueba documental Nº 13 referente a la cuenta bancaria registrada a su nombre y de la incorporación de oficio de otra literal relativa a la excepción de incompetencia y que hubiese derivado en la modificación de su situación procesal de absuelta a culpable; a cuyo efecto, la recurrente invoca como primer precedente el Auto Supremo 234/2017-RRC de 21 de marzo, precisando a título de contradicción que el Tribunal de alzada nuevamente incurrió en las mismas irregularidades que las detectadas en dicho fallo, porque de forma lesiva procedió a la revalorización de prueba modificando los hechos probados y no probados de la sentencia, a cuyo efecto la recurrente glosa las partes pertinentes de la sentencia en contraste con la resolución recurrida; también invoca el Auto Supremo 53/2012 de 22 de marzo, enfatizando que el Tribunal de alzada incurrió en contradicción al haber interpretado esa prueba documental y con ello modificado un hecho, además de haber ingresado prueba de oficio, por lo que hubiese usurpado la competencia privativa del Tribunal de Sentencia, pues en su planteamiento se violentó el principio de inmediación invalidando automáticamente toda la prueba analizada por el Tribunal de Sentencia; por último, invoca el Auto Supremo 97/2005 de 1 de abril, señalando que el Tribunal de alzada incurrió en una interpretación subjetiva de la prueba documental Nº 13, vulnerando el principio in dubio pro reo.
Estos elementos permiten sostener que la recurrente cumple con los requisitos de admisibilidad para la consideración de fondo de la problemática planteada, pues si bien no impugnó la Sentencia emitida en la causa al haber declarado su absolución, la invocación de precedentes resulta oportuna a tiempo de formular el recurso de casación atentas las contradicciones en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista recurrido, por lo que corresponde la admisión del recurso de casación sujeto al presente análisis ante la observancia de los arts. 416 y 417 del CPP, debiendo puntualizarse respecto al argumento expuesto por el acusador particular en su memorial de respuesta, que será precisamente en la labor de contraste entre lo resuelto por la resolución impugnada y los precedentes invocados, donde se determinará o no la existencia de contradicción en los términos previstos por el art. 419 del CPP, a partir de la verificación de la concurrencia o no de una situación de hecho similar.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Julio Franz Avilés Lazcano, de fs. 828 a 841 y Carmen Edelmy Justiniano Rocha, de fs. 848 a 852 vta. En cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in dubio
 resolución