Source: https://www.scribd.com/document/141177514/Proceso-de-Amparo-194-2011
Timestamp: 2018-05-23 10:59:09+00:00

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PROCESO DE AMPARO PODER JUDICIAL - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA SALA CIVIL EXPEDIENTE : 00194-2011-0-1310-JM-C1-01 MATERIA
: PROCESO DE AMPARO DEMANDANTE : OBREGON MORALES ROMUALDO ALEJANDRO DEMANDADO : CARBONEL YACTAYO CARLOS ALBERTO. RESOLUCIÓN 13 Huacho, 17 de octubre del 2012. VISTOS: Viene en apelación la sentencia dictada en el Juzgado Mixto de Chancay y CONSIDERANDO: I. RESOLUCIÓN APELADA Es materia de impugnación la resolución ocho de fecha veintidós de Mayodel dos mil doce que resuelve declarar infundada la demanda de fojas 57 a 71, interpuesta por Rumualdo Alejandro Obregón Morales, contra don Feliz Cesar Marcos Sotelo, en su calidad de Juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Huaral doña María Emperatriz Quispe de Balcazar, Carlos Alberto Carbonel Yactayo y el Procurador Público encargado de la defensa de Poder Judicial en consecuencia se resuelve: Ordenar el archivamiento definitivo de los actuados sin costas ni costos. II. ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL APELANTE PRIMERO.- Mediante recurso que corre a folios 183 a 186, el demandante formula apelación en los siguientes términos: • Al haberse emitido sentencia estimatoria y dispuesto el embargo del predio de su propiedad, rematando el mismo y adjudicando a tercera persona e inscrito en los registros públicos se le pretende lanzar despojándolo de la posesión de su propiedad en mérito a un título de valor fraudulento adulterado. • Se ha ofrecido como medio probatorio la pericia grafotécnica practicada por el personal especializado de la Dirección Criminalística de la Policía Nacional donde concluye que el título valor —Letra de Cambio, ha sido adulterado al haberse agregado el primer dígito convirtiéndose en una cantidad de S/. 1,300.00 a S/. 11,3000.00 nuevos soles y así se procedió a la acción ejecutiva, y posteriormente culmino con su remate y adjudicación a terceras persona. III. MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN SEGUNDO.- La presente demanda de amparo ha sido presentado el 15 de Julio del 2011 y admitido el cinco de Agosto del 2011. Por tanto, resulta aplicable el Código Procesal Constitucional. TERCERO.- El recurrente alega afectación al debido proceso, el derecho de propiedad, el derecho al trabajo el derecho de igualdad y a no ser discriminado en ninguna forma, concretamente exige que se deje sin efecto las resoluciones de remate, adjudicación, anotación registral y lanzamiento dictados por el Primer Juzgado de Paz Letrado de Huaral respecto al predio ubicado en las Salinas Km. 78 Panamericana Norte Lote 20-E
Chancay Partida Electrónica 20006991 en la causa seguida 965-2002. Así mismo solicita que se suspenda la diligencia de lanzamiento o cualquier otro acto y se declare inaplicable e inejecutable la sentencia distada en el referido expediente. CUARTO.- El artículo 4 del Código Procesal Constitucional establece: "Artículo 4.- Procedencia respecto de resoluciones judiciales El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectado. (-..) Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal". QUINTO.- De la revisión de los actuados tenemos que en efecto a folios 148 y 149, obra la sentencia (resolución 16, del seis de Junio del 2003) dictada por el Primer Juzgado de Paz Letrado de Huaral que declara fundada la demanda de obligación de dar suma de dinero ordenando al recurrente pagar a doña María Emperatriz Quispe de Bazalar, un monto dinerario. SEXTO.- Mohos 150 y 151, obra la sentencia (resolución 21, del 17 de Setiembre del 2003) expedida por el órgano revisor(Primer Juzgado Civil de Huaral) por el cual se confirma la sentencia de primera instancia. Por tanto adquirió la condición de cosa juzgada. Mediante resolución veintidós de fecha siete de Octubre del dos mil tres se expidió la resolución 22, por el cual se ordena dar cumplimiento a lo ejecutoriado. SETIMO.- En la actualidad el proceso se halla en etapa de ejecución. Aun cuando no se acompaña el cargo de notificación de la resolución que ordena dar cumplimiento a la decisión judicial, resulta claro, que aún no se ha archivado el proceso, en razón a que no ha terminado la ejecución de la sentencia (ver resolución 02 de fecha quince de noviembre del 2011). OCTAVO.- En tal sentido el accionante pretende que se deje sin efecto las sentencias expedidas así como los actos de ejecución, en razón a que habría acontecido un presunto fraude en la obtención de resoluciones favorables. NOVENO.- Al respecto tenemos que el proceso de Amparo constituye una vía alternata (y no subsidiaria como lo establecía la derogada Ley 23506) Que en casos como el que nos ocupa, conforme lo dispone el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, los procesos constitucionales resultan improcedentes cuando "Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, (...)". En la STC N.° 4196-2004AA/TC, este Tribunal ha interpretado dicha disposición en el sentido de que el proceso de amparo "(...) ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen
que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución Política del Perú. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, ésta no es la excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario". DECIMO.- De otro lado, la STC N.° 0206-2005-PA/TC— ha establecido que "(...) sólo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate". En consecuencia, si el demandante dispone de un proceso cuya finalidad también es la de proteger los derechos constitucionales presuntamente lesionados, debe acudir a dicho proceso entendiendo que el proceso de amparo no debe constituirse en una vía que sirva para revisar las decisiones tomadas por Indecopi en el marco de sus prerrogativas y facultades. DECIMO PRIMERO.- La expedición de resoluciones judiciales o la ejecución de los mismos sustentados en causas fraudulentas y otras precisadas en la Ley, encuentra protección en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta el cual puede ser interpuesta dentro de los seis meses de haber expedido la sentencia(declarativa) o contadas desde de su ejecución(condena), conforme lo dispone el artículo 1781 del Código Procesal Constitucional, en consecuencia existiendo otra vía adecuada para resolver el presente conflicto y atendiendo que existen medios probatorios que deben ser actuados dentro de una etapa probatoria por tanto, la demanda deviene en improcedente en aplicación del inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. IV. DECISIÓN Por lo expuesto, los integrantes de la Sala Civil, han resuelto: 1) REVOCAR, la sentencia expedida mediante resolución ocho de fecha veintidós de Mayo del dos mil doce que resuelve declarar infundada la demanda de fojas 57 a 71, interpuesta por Rumualdo Alejandro Obregón Morales, contra don Felix Cesar Marcos Sotelo, en su calidad de Juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Huaral doña Maria Emperatriz Quispe de Balcazar, Carlos Alberto Carbonel Yactayo y el Procurador Público encargado de la defensa de Poder Judicial en consecuencia se resuelve: Ordenar el archivamiento definitivo de los actuados sin costas ni costos;
Artículo 178.- Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta.-Hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuere ejecutable puede demandarse, a través de un proceso de conocimiento la nulidad de una sentencia o la del acuerdo de las partes homologado por el Juez que pone fin al proceso, alegando que el proceso que se origina ha sido seguido con fraude, o colusión, afectando el derecho a un debido proceso, cometido por una, o por ambas partes, o por el Juez o por éste y aquellas. Puede demandar la nulidad la parte o el tercero ajeno al proceso que se considere directamente agraviado por la sentencia; de acuerdo a los principios exigidos en este Título. En este proceso sólo se pueden conceder medidas cautelares inscribibles. Si la decisión fuese anulada, se repondrán las cosas al estado que corresponda. Sin embargo la nulidad no afectará a terceros de buena fe y a título oneroso. Si la demanda no fuera amparada, el demandante pagará las costas y costos doblados y una multa no menor de veinte unidades de referencia procesar.
2) Y REFORMANDOLA, se resuelve declararla IMPROCEDENTE. Sin costas ni costos. Interviene en la ponencia el señor Julio Valenzuela Barreto. QUEVEDO CAJO VALENZUELA BARRETO SANDOVAL QUEZADA
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