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Timestamp: 2018-03-20 11:47:07+00:00

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Posted on octubre 10, 2016 by admin in e&a - news with No comments
Se ha publicado en el BOE de 17 de agosto la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se prorroga por un periodo de seis meses, a partir del 16 de agosto de 2016, el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, más conocido como PLAN PREPARA, ya que la tasa de desempleo, según los datos correspondientes al segundo trimestre de 2016, sigue siendo superior al 18%.
Será de aplicación a las personas desempleadas por extinción de su relación laboral e inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo que, dentro del período comprendido entre los días 16 de agosto de 2016 y 15 de febrero de 2017, ambos inclusive, agoten la prestación por desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho a los subsidios por desempleo, establecidos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, o bien hayan agotado alguno de estos subsidios, incluidas sus prórrogas, y reúnan el resto de los requisitos establecidos legalmente.
2016 09 23. Sobre el control en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias.
Posted on septiembre 23, 2016 by admin in e&a - news with No comments
No cabe duda alguna sobre la específica previsión legal de control horario sobre los trabajadores a jornada parcial. El artículo 12 del estatuto de los trabajadores es claro al respecto: “la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias”.
Sobre el control horario de los trabajadores a jornada completa, sin embargo, la previsión legal no es tan específica. O quizá sí y nadie se había fijado en los últimos 21 años.
El artículo 35.5 del estatuto de los trabajadores establece, desde 1995, que “A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente.”
La Audiencia Nacional ha vuelto a leer el artículo 35.5 y lo ha volcado en un par de sentencias, siendo la más conocida la de 4 de diciembre de 2015 a raíz de demandas interpuestas por la representación sindical de trabajadores de banca. El argumento es simple: no es posible cumplir con el control de las horas extras si no se cumple previamente con el control de las ordinarias ya que las primeras nacen del agotamiento de las segundas. El registro diario de la jornada es obligatorio como presupuesto, y no como consecuencia, de las horas extraordinarias. Sólo dejando establecido el cumplimiento de la jornada se podrá decir con seguridad que no se hacen horas extras.
El comité de empresa, en el caso que da origen a la sentencia, entiende que se conculca también lo establecido en el artículo 64, que es el que define sus derechos de información.
La combinación artículo 64 y el 35.5 crean el perfecto clima para un control de la jornada diaria de los trabajadores a tiempo completo con el fin de poder limitar la realización de horas extras.
Con todo no hay que olvidar que además del control horario, la actuación inspectora irá más allá buscando el clásico fraude en la causa, tal como se refleja en el criterio de la inspección 1/2015.
OBJETIVO.- La inspección de trabajo ha diseñado un plan de inspección que les llevará especialmente a las PYMES de entre 4 y 50 trabajadores. El 90% de las inspecciones están orientadas a la industria manufacturera alimentación, industria textil, confección de prendas de vestir, industria del cuero y calzado, artes gráficas y reproducción de soportes grabados, fabricación de muebles, comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos a motor y motocicletas; servicios financieros, actividades sanitarias y de servicios sociales.
Aún siendo conscientes de la drástica reducción de las plantillas en banca, nos llama la atención que pretenden dirigirse a entidades bancarias de menos de 50 trabajadores. El 10% son asignaciones aleatorias, sin que esto suponga que no se vaya a continuar con campañas de inspección por sectores, como la habitual de hostelería.
CRITERIOS DE COMPROBACIÓN.- La Inspección de Trabajo, como ya ocurrió con el criterio de análisis y control de los contratos temporales, establece unas pautas más allá de la mera comprobación de una planilla horaria, que incluyen las siguientes revisiones:
Actividad y horario.
Plantilla, tipos de contrato, turnos, turno asignado a cada trabajador y descansos (descanso diario, entre jornadas y semanal).
Categorías de los trabajadores y si hay un número equivalente para los distintos turnos.
Si existe un pacto o decisión unilateral de distribución irregular de la jornada, preavisos y modo de gestión del pacto, que tendrán que estar a disposición del inspector en el centro de trabajo.
Pregunta directa sobre horas extraordinarias. Si se hiciesen, explicación de cuáles son los motivos que llevan a hacerlas, cómo se abonan o compensan.
Cuadrantes de trabajo, de existir.
Resumen de la jornada realizada por los trabajadores, totalizada con referencia mensual (si el abono de las retribuciones responde a períodos inferiores, se referenciará a ese período de abono) y forma de entrega o disposición de los mismos por parte de los trabajadores y de sus representantes legales, si los hubiera.
Funciones realizadas por cada uno de los trabajadores, con especial hincapié en las que se desarrollan antes de apertura y después del cierre. Encaje de dichas funciones en los cuadros horarios.
Salario, forma de pago. Si los trabajadores manifiestan que hacen y son abonadas las horas extraordinarias, determinar la denominación del concepto del pago. Revisión de los conceptos retributivos por si alguno pudiera enmascarar la retribución (y por tanto la realización) de horas extraordinarias no declaradas.
En todo caso no se pueden hacer más de 80 horas extraordinarias al año por trabajador. Las horas que se declaren como de fuerza mayor deben ajustarse a lo establecido por el criterio técnico 85/2010.
Entrevista con los trabajadores y, si los hay, con los representantes sindicales (para hablar con los trabajadores se les aconseja a los inspectores que pidan un lugar reservado y que la conversación sea privada).
Registro de jornada. No se va a admitir el argumento de no hace falta registro porque no se hacen horas.
Como la ley nada establece de forma específica, inspección no puede exigir un modelo concreto de registro. No exigen un tipo determinado, lo que queda claro es que lo exigen considerándolo una obligación legal para todas las empresas, sea cual sea su actividad y su horario. Ahora bien, para considerar válido el control que la empresa establezca se hace hincapié en algunas características definidoras.
Diario con horario de entrada y salida concreto de cada trabajador, tenga o no la empresa un horario que coincida exactamente con el del empleado. No se va a considerar suficiente acreditación los cuadrantes horarios genéricos elaborados para un período determinado.
Por ausencia de registro: requerimiento para que se cumpla con la obligación, acta de infracción por infracción grave del artículo 7.5 de la LISOS.
Habiendo un registro, pero que ponga de manifiesto que se hacen más de 80 horas anuales extras por trabajador: infracción grave, una por cada año en el que resulte probado el exceso.
Por realización de horas extraordinarias no declaradas, sea en el contexto de no existencia de registro alguno o cuando, existiendo, resulte no ser fiable a la vista de otras pruebas. Esa forma alternativa de determinar las horas extras debe ser especificada por la inspección: Infracción grave del artículo 7.5, que abarcará el año natural. Si hay varios centros de trabajo, habrá una infracción por cada uno de ellos que tenga trabajadores afectados por la realización de horas extras.
Si se acredita que hay horas extras no registradas, y no se comprueba que se abonen o compense con descanso, se unirá a las demás infracciones una por cada trabajador por impago de salarios, ya sea: muy grave del 8.1 o grave del 7.10.
Si se acredita que las horas extras se abonan, aunque no con esa denominación o por fuera de la nómina: infracción grave del artículo 7.3.
Si se constatan perjuicios económicos para el trabajador deben consignarlos cuantitativamente. Y por último, liquidación de las cuotas de seguridad social que pudieran corresponder.
Excepcionalmente la empresa puede ser sancionada con la infracción muy grave del artículo 23.1 e) si se acredita que el pago de las horas extras en otro concepto tenía como objetivo un incremento de cotización y por ende de base reguladora de las prestaciones, prestaciones a las que el trabajador haya accedido de hecho.
Si hay horas extras y no se han comunicado a los representantes de los trabajadores, advertencia a esto de que pueden denunciar la situación que encajaría en una infracción grave del artículo 7.7.
Si se extiende finalmente acta de infracción por ausencia de la llevanza adecuada del registro la empresa volverá a ser inspeccionada. Como muy tarde en la siguiente campaña inspectora.
EN CONCLUSIÓN: ¿Por qué ahora?
Porque las horas extras proliferan como pocas veces, porque esas horas extras son potencialmente un nicho para encontrar ese empleo que se escurre, porque no hay inspectores de trabajo suficientes…
La campaña de control del horario conlleva un control de las funciones, la proporcionalidad de la plantilla, los conceptos en nómina, las formas de pago, la jornada flexible.
Por poner ejemplos comunes: Un turno lleno de ayudantes sin nadie en la categoría laboral a la que se supone se debe ayudar, va a llamar la atención. Un horario estrictamente ceñido a la apertura y cierre del local dejará preguntas como quién hace recepción de la mercancía y cuando se limpia. Conceptos salariales confusos o muy por encima de la media (un a cuenta convenio que supere el 4% del salario, unas dietas que se repiten en cuantías semejantes, un complemento por puesto de trabajo en un puesto de trabajo que no aparenta ser de especial responsabilidad…). Ausencia de cuadros horarios, o cuadros no actualizados, o cuadros actualizados que se van cambiando a medida que surgen necesidades en el servicio no se pueden considerar registro ni control…
Es, por tanto, necesario revisar los puntos débiles de cada empresa, advertirlos (en un momento dado puede no compensar la inversión que supone el cambio de categorías laborales si suponen incremento de salario sobre una potencial inspección) que puedan organizar el sistema de control. Y el sistema de flexibilidad, permisos y ausencias. Lo habitual es que exista en la empresa. Y es igual de habitual que no sea tan formal como se consigna en las exigencias de la Inspección de Trabajo. Hay que pararse a pensar un sistema que cumpla con todos los requisitos, sea ágil y cómodo. Puede ocurrir que un asunto que está absolutamente claro, funciona con fluidez y se ajusta en su ejecución a los parámetros legales pase a convertirse en un problema por falta de protocolización.
2016 09. Cotitularidad de la propiedad y la obligación de pago del IBI.
Posted on septiembre 21, 2016 by admin in e&a - news with No comments
Consulta vinculante de la DGT V0399-16.
La Dirección General de Tributos (DGT) ha analizado en una consulta vinculante el supuesto de dos titulares de una propiedad sobre la que el recibo del IBI se gira a nombre de uno solo de ellos y da respuesta a la cuestión surgida al respecto sobre la obligación de los Ayuntamientos de dividir el recibo del impuesto entre ambos titulares, así como de otros recibos que genere.
Plantean la consulta los titulares de una herencia yacente sobre la que el recibo del IBI gira en nombre de un único titular cuando en realidad el hecho imponible del impuesto lo constituye la titularidad sobre los inmuebles tanto de un derecho real de usufructo como del derecho de propiedad. Por ello los consultantes se cuestionan si existe obligación de los Ayuntamientos de dividir el recibo del IBI entre los titulares de la propiedad, así como otros recibos que genere.
La DGT responde al respecto que en el caso de que varias personas sean cotitulares del derecho de usufructo, o en este caso, del derecho de propiedad sobre un inmueble, todos los cotitulares son obligados tributarios del IBI y además todos quedan solidariamente obligados al cumplimiento frente a la Administración tributaria. Respecto a la división de la deuda tributaria del IBI cualquiera de los sujetos pasivos puede solicitar la división de la liquidación entre los distintos obligados tributarios siempre que se faciliten a la Administración los datos personales y domicilio de todos los obligados al pago, así la participación de cada uno de ellos en el dominio o derecho sobre el bien inmueble (art. 35.7 LGT).
Ahora bien, en caso de incumplimiento de alguno de los cotitulares de su obligación de pago de su parte de la liquidación, transcurrido el periodo voluntario y con independencia de poder exigir la liquidación por el procedimiento de apremio (art. 163 y ss. LGT), la Administración también podrá exigir el importe de la parte adeudada a cualquiera de los cotitulares, en virtud de la responsabilidad solidaria de los obligados tributarios (1º párrafo art. 35.7 LGT). Considera la DGT que esta responsabilidad solidaria es una garantía del crédito tributario que no debe desvirtuarse por la solicitud de división de la liquidación de los obligados tributarios.
2014 10 21. PROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL.
Posted on octubre 21, 2014 by admin in e&a - news with No comments
El Gobierno ha aprobado el pasado 3 de octubre de 2014 el Proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. La norma contiene un conjunto de medidas orientadas a mejorar la financiación de las pymes, con el objetivo de hacer más flexible el acceso al crédito, tanto bancario como el que circula por vías alternativas, y canalizar el ahorro hacia la inversión mediante instrumentos más ágiles. A continuación recogemos las principales medidas destinadas a agilizar el marco financiero de sector empresarial.
OBLIGATORIEDAD DEL PREAVISO. Los bancos deberán ofrecer preavisos de, al menos tres meses, así como información específica sobre la situación crediticia de las pymes cuya financiación vaya a ser cancelada o notablemente reducida. En caso de reducción o cancelación de la financiación, esta solicitud deberá ser atendida en el plazo de diez días hábiles y de forma gratuita, pero también podrán solicitar estos datos en cualquier otro momento y de forma incondicionada, petición que deberá atenderse en el plazo de quince días y a un coste reducido.
SERÁ MÁS FÁCIL SACAR UNA EMPRESA A BOLSA. Se flexibiliza el tránsito desde el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) – mercado regulado creado en 2009 para abrir el capital de las pymes a particulares- hacia la Bolsa de aquellas compañías cuyo desarrollo y crecimiento requiere la cotización en este mercado oficial.
Así, se elimina, por un período transitorio de 2 años, la exigencia de la declaración intermedia de gestión (a mitad de semestre) y se permite que las empresas no presenten el segundo informe semestral, que no es exigible por normativa de la Unión Europea.
Además, se establece un umbral de capitalización de quinientos millones de euros, a partir del cual las sociedades cuyas acciones cotizan en el MAB han de solicitar la admisión a negociación en un mercado regulado, de modo que quedarán automáticamente vinculados por las normas de gobierno corporativo y demás requisitos de trasparencia propios de este mercado.
CÓMO FINANCIARSE A TRAVÉS DE UN PROCESO DE TITULARIZACIÓN. La titularización es un mecanismo de financiamiento que consiste en transformar activos o derechos futuros en valores de titularización negociables en el Mercado de Valores, para obtener liquidez en condiciones competitivas en términos de plazo y costos financieros.
La norma flexibiliza el régimen jurídico de este mecanismo, con el objetivo de simplificarlas y hacerlas más transparentes, dotarlas de la adecuada calidad y reducir la dependencia de las agencias de calificación en lo que respecta a valores emitidos por fondos de titulización.
UN RÉGIMEN JURÍDICO ESPECÍFICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO. Los EFC, fundamentales para la financiación del consumo en nuestro país, dejaron de considerarse entidades de crédito con la entrada en vigor de la normativa europea y nacional sobre solvencia, por lo que era necesario dotarlos de un marco jurídico específico para potenciar su actividad estando plenamente orientadas a la financiación empresarial y del consumo por canales alternativos a los estrictamente bancarios.
Los EFC contarán con los baremos de supervisión y solvencia aplicables a los bancos, lo que supone mantener estas entidades en el perímetro de control e inspección financieras.
Se aborda, también, una mejora en el régimen de emisión de obligaciones para adecuarlo al actual funcionamiento del mercado de capitales.
RÉGIMEN SANCIONADOR DEL COMERCIO. Este régimen desarrolla la Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, de 2012, que ya contemplaba su futura aprobación en su disposición final decimotercera.
Se facilita a las Administraciones competentes en materia de inspección y control las herramientas para corregir posibles incumplimientos y garantizar la seguridad de los consumidores en el ámbito del comercio. El régimen es de carácter básico y su aplicación, vinculante en toda España, si bien las Comunidades Autónomas podrán adaptar las cuantías de las sanciones pecuniarias y establecer las no pecuniarias.
El régimen delimita y fija las sanciones correspondientes para infracciones de carácter leve, grave y muy grave. Las sanciones pueden ser pecuniarias o no pecuniarias.
REGULACIÓN DEL CROWDFUNDING. Por primera vez, se fijan normativamente las condiciones para el funcionamiento de este sistema basado en plataformas electrónicas que contactan directamente a inversores y proyectos y promueven la financiación participativa mediante préstamos o la emisión de acciones, obligaciones o participaciones de responsabilidad limitada. Esta norma regula exclusivamente las operaciones de financiación participativa que busquen un rendimiento dinerario derivado de la financiación empresarial o de consumo, a diferencia de otros tipos de “crowdfunding” como son los vinculados al mecenazgo o la compraventa, o que se realicen de forma gratuita.
Distingue entre inversores acreditados e inversores no acreditados:
El importe máximo de captación de fondos por proyecto de financiación participativa a través de plataformas de crowdfunding no podrá ser superior a 1.000.000 euros en total. La transparencia es otra de las exigencias de la nueva regulación al garantizar que todos los inversores tengan acceso a información suficiente sobre aspectos como la propia plataforma, el promotor y las características del vehículo utilizado para captar la financiación, así como sobre todos los riesgos que implica la inversión en este tipo de proyectos.
EL PAPEL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Se refuerza la capacidad de supervisión de la CNMV que podrá elaborar guías técnicas de aplicación de la normativa y será la autoridad competente en la autorización y revocación de las entidades. Además, con respecto al crowdfunding, ésta será encargada de supervisar la actividad en aquellos casos en los que se dé intermediación de préstamos. Se regula también el denominado “mistery-shopping” como mecanismo de colaboración con las funciones inspectoras de la CNMV y la publicación de la incoación de los expedientes sancionadores de manera motivada, cuando se genere un claro efecto positivo sobre la protección de los inversores o el funcionamiento de los mercados.
En materia de supervisión de los sistemas multilaterales de negociación, se extiende la responsabilidad que tienen las rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, que en el caso del MAB es Bolsas y Mercados (BME). A tal efecto, se amplía la obligación de comunicar a la CNMV cualquier incumplimiento legal que pudiera derivarse de la información de los emisores a la que tienen acceso, y no sólo en materia de abuso de mercado. Se exigirá a la entidad rectora que, con periodicidad trimestral, reporte a la CNMV las actuaciones concretas que está llevando a cabo para supervisar el correcto funcionamiento del mercado. Sobre la base de esa comunicación periódica, la CNMV podrá requerir más información a la rectora o incluso el desarrollo de otras funciones concretas de supervisión.
2014 10 20. Nuevos criterios del Supremo en la resolución de demandas por participaciones preferentes.
Posted on octubre 20, 2014 by admin in e&a - news with No comments
El Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente en sentencias de 8 de septiembre de 2014 y 9 de septiembre de 2014 en relación a los nuevos criterios que aplicará en la resolución de las demandas de afectados por las participaciones preferentes que se eleven al Alto Tribunal. Así pues, los principales pronunciamientos de la más reciente jurisprudencia del Supremo radican en:
Aumento del plazo de prescripción de los contratos de participaciones preferentes de 15 años, en los casos en los que en la demanda se solicite el incumplimiento del contrato, no la nulidad del mismo por vicio del consentimiento que conservará el plazo de prescripción de 4 años que se ha venido aplicando hasta el momento.
Que las participaciones preferentes sean contratos perpetuos, sin fecha de vencimiento, salvo cuando el banco lo decida, a partir del 5º año que pueden ser amortizadas por la entidad bancaria, siempre que el Banco de España lo autorice. El carácter perpetuo de este producto financiero no es motivo para anular su comercialización, ya que desde el momento en el que se han admitido las participaciones preferentes como un recurso propio de las entidades bancarias complica poder considerar la comercialización de las mismas como nula de pleno derecho por ser contraria al orden público. Añade además la consideración del rasgo de perpetuidad de este producto como garantía de estabilidad de los fondos de una entidad.
Considera el Tribunal que habrá que atender al perfil del afectado, distinguiendo entre inversores cualificados de los no cualificados, ya que en el primero de los casos no es admisible el argumento sobre la falta de conocimiento para inversores con elevados patrimonios y/o productos de riesgo, que además es motivo de anulación del criterio de información deficiente por parte de la entidad, que ha sido motivo alegado, entre otros, de muchos de los casos planteados hasta la fecha.
Ambas sentencias presentan en común la comercialización de participaciones preferentes de bancos extranjeros por BNP Paribas y comparten el mismo ponente, pero difieren en que la resolución en uno de los casos es favorable para la entidad bancaria y en otro desfavorable.
En concreto, la primera de las sentencias, falló en contra de BNP Paribas, al considerar que la entidad incumplió con el contrato de preferentes al no respetar las indicaciones del cliente sobre el destino del capital invertido en un producto que no encajaba con lo que quería. Así pues, en este caso, se alega un incumplimiento del contrato, con un plazo de prescripción aplicable de 15 años.
La segunda sentencia, por el contrario, falla a favor de la entidad francesa, al considerar el carácter perpetuo de estos contratos como una excepción al criterio general de prohibir la celebración de contratos perpetuos que impide poder sancionar su venta. Alegando además que el carácter perpetuo de este tipo de contratos garantiza la estabilidad de los fondos de la entidad bancaria.
Por último, el criterio de diferenciación del perfil del afectado, en el primer caso, un cliente sin cualificación, al contrario de la segunda sentencia, en la que la afectada operaba a través de un asesor financiero con el que ya había contratado con anterioridad otro tipo de productos de riesgo. Así pues, en estos casos la falta de documentación e información por parte de la entidad bancaria no se sitúan en el mismo plano y en cuanto al cumplimiento de la normativa MIFID, la relevancia recae sobre el cumplimiento o no por la entidad bancaria en la entrega de los test de idoneidad. En este último aspecto también deferirá si el cliente afectado presenta un perfil cualificado, ya que, en el caso de haber cumplido el banco con la entrega del test, si el cliente alega que este se lo entregaron ya cumplimentado con la finalidad de que únicamente firmara, como ya se han dado muchos casos, en aceptación de lo recogido en el mismo, tendrá que aportar las pruebas que resulten necesarias para justificar su argumento, en caso contrario, no se le podrá dar la razón. (v. STS de 20 de enero de 2014).
En conclusión, el nuevo criterio del Tribunal Supremo presentado en las dos sentencias objeto de análisis, viene a dar un giro en la resolución, a partir de la fecha, de las demandas que se planteen en relación a participaciones preferentes, respecto de los casos ya resueltos.
ESCOURIDO & Asociados. 2014 10 20.
Fuente: SIGA98.
2014 05 08. RDL 8/2014, de 4 de julio. Aprobación de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Posted on agosto 6, 2014 by admin in e&a - news with No comments
El Real Decreto-ley, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, publicado en el BOE del 5 de julio, recoge una amplia serie de medidas en materia laboral, fiscal y tributaria, cuyos aspectos más relevantes, sin entrar a opinar sobre los mismos, se resumen continuación.
Tributación de la Dación en Pago de la Vivienda Habitual. Se declara exenta, en IRPF, la ganancia patrimonial que pudiera ponerse de manifiesto como consecuencia de la dación en pago o de un procedimiento de ejecución hipotecaria que afecte a la vivienda habitual del contribuyente. Además, la ganancia patrimonial derivada de la dación en pago de la vivienda habitual para la cancelación de una hipoteca tampoco tributará por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (popularmente conocido como “plusvalía”), siempre que el propietario no disponga de otros bienes para afrontar el pago de la totalidad de la deuda. Esta exención se amplía a las transmisiones realizadas en ejecuciones hipotecarias, judiciales o notariales.
Ambas medidas tendrán efectos a partir del 1 de enero de 2014, sobre ejercicios anteriores no prescritos, con respecto al IRPF; y para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescitos, en el caso del IIVTNU.
Compensación de las rentas negativas derivadas de Participaciones Preferentes. Se permite la compensación de las rentas negativas de la base del ahorro derivadas de deuda subordinada o de participaciones preferentes, o de valores recibidos a cambio de estos instrumentos, generados con anterioridad a 1 de enero de 2015, con otras rentas positivas incluidas en la base del ahorro, o en la base general procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales. Por tanto, dicha compensación podrá producirse en la declaración del IRPF 2014 y podrá afectar a los rendimientos negativos pendientes de compensar generados en 2010 y ejercicios siguientes. Asimismo, los rendimientos de capital negativos derivados de participaciones preferentes se podrán compensar con las ganancias patrimoniales derivadas de las acciones que fueron objeto de canje.
Tipo Reducido de retención para trabajadores Autónomos. Se establece un tipo reducido de retención (15%) para los contribuyentes con menos ingresos que realizan actividades profesionales. Esta medida entra en vigor con carácter inmediato, pero estos contribuyentes deben cumplir dos condiciones:
Los rendimientos íntegros del ejercicio anterior, derivados de sus actividades profesionales no pueden superar los 15.000 €.
Estos rendimientos tienen que representar más de 75% de la suma de sus rendimientos íntegros de actividades económicas y de trabajo.
Modificación del Tipo de Gravamen del Impuesto a Depósitos Bancarios. Se establece un tipo de gravamen del 0.03% para el Impuesto sobre Depósitos en las Entidades de Crédito, con efectos desde el 1 de enero de 2014. Su recaudación irá destinada a las CCAA en función de la recaudación que se obtenga en cada territorio. Con esta medida se modifica el art. 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. Su objetivo es garantizar una tributación armonizada de los depósitos constituidos en las entidades de crédito de todo el territorio español.
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Se crea el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España y se establecen nuevas medidas de apoyo a la contratación para el colectivo de jóvenes inscritos en dicho sistema (16- 24 años cumplidos, ampliable hasta menores de 30 si se trata de personas con discapacidad del 33% o superior), jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación. Se establece como una oficina de empleo especializada y virtual, con una lista coordinada y única para todo el estado, en un margen concreto de edad. El acceso al sistema es voluntario por inscripción del interesado, generándose un perfil del joven, sus conocimientos y aptitudes para encajarlo en la oferta de acciones de empleabilidad. Estar inscrito es requisito base para que los empresarios puedan aplicarse las nuevas bonificaciones por contratación.
Tener nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza, que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia, o ser titular de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.
Tener más de 16 años y hasta 24 años cumplidos, o menos de 30 años en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
El proceso de inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil se iniciará a instancia de la persona interesada, mediante su identificación o su representación de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Aquellas personas interesadas en inscribirse electrónicamente que no dispongan de alguno de los sistemas de identificación establecidos por defecto, podrán solicitar un sistema de identificación electrónica consistente en usuario y contraseña, mediante el formulario habilitado a tal efecto, que podrá ser empleado para la inscripción en el fichero y realizar los demás trámites que, en su caso, se habiliten. Para los supuestos de personas en riesgo de exclusión social, debidamente acreditados mediante certificado de los servicios sociales pertinentes, y/o discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento, se podrá solicitar la inscripción de forma no telemática mediante presentación de formulario.
La baja en el sistema se producirá de oficio cuando un usuario inscrito cumpla la edad señalada como límite y haya sido atendido previamente con alguna de las medidas implementadas. Los usuarios inscritos en el sistema no serán dados de baja mientras estén recibiendo algunas de las medidas o acciones previstas por el plan, ya sea de formación de mejora de la empleabilidad o de empleo. Quienes hayan rechazado alguna de las medidas implementadas en el marco de este sistema causarán baja automática en el mismo al alcanzar la edad prevista en el párrafo anterior. Aquellos usuarios inscritos que, habiendo superado la edad prevista, no hayan sido atendidos previamente permanecerán en el sistema sin causar baja de oficio.
Bonificaciones en la contratación laboral. Contratación indefinida. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que contraten de forma indefinida, incluida la modalidad fija discontinua, a una persona beneficiaria del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, mayor de 16 años y menor de 25 (en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % se amplía hasta los menores de 30 años), disfrutarán de una bonificación mensual en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por un importe de 300 euros. En el supuesto de que la contratación sea a tiempo parcial, la jornada será como mínimo el 50 por ciento de la correspondiente a la de un trabajador a tiempo completo comparable, reduciéndose la bonificación:
Esta medida será compatible con todo tipo de incentivos siempre que el importe mensual a cotizar por la empresa o el trabajador autónomo no sea negativo. La duración de la bonificación será de 6 meses, estando obligada la empresa o el trabajador autónomo a mantener al trabajador al menos seis meses desde el inicio de la relación laboral. En caso de incumplimiento de esta obligación se deberá proceder al reintegro de la bonificación.
Las empresas o trabajadores autónomos, además estarán obligados a incrementar con la nueva contratación tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total, y mantener el nuevo nivel alcanzado con la contratación durante todo el periodo de disfrute de la bonificación. Para calcular dicho incremento, se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores que hayan prestado servicios en los treinta días naturales anteriores a la celebración del contrato. La administración examinará el mantenimiento del nivel de empleo indefinido y del nivel de empleo total a los 6 meses de la celebración del contrato bonificado. Para ello, se utilizarán el promedio de trabajadores indefinidos y el promedio de trabajadores totales del mes en que proceda examinar el cumplimiento de este requisito. No se tendrán en cuenta las extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios que no hayan sido declarados improcedentes.
Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, sólo podrán aplicar una vez las bonificaciones previstas para el contrato indefinido por cada uno de los beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que contraten, con independencia del periodo de bonificación disfrutado por la empresa por cada trabajador.
Además de las habituales exclusiones contempladas con carácter general en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, no se aplicarán las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social en los supuestos de contrataciones que deban ser incluidos en cualquiera de los sistemas especiales establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social.
El requisito de estar al corriente en las obligaciones tributarias para poder acogerse a las bonificaciones reguladas en este artículo, se acreditará mediante la expedición del correspondiente certificado por vía telemática por el órgano competente para ello. El mencionado certificado tendrá una validez de seis meses y a todos los efectos se considerará cumplido este requisito cuando el certificado emitido en el momento del alta del trabajador sea positivo. A los efectos de considerar cumplido el requisito de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias por parte de las empresas beneficiarias de bonificaciones en cuotas a la Seguridad Social vigentes a la entrada en vigor de esta norma, se considerará que los certificados emitidos por vía telemática por el órgano competente para ello tendrán un plazo de validez de seis meses desde su emisión y con ellos quedará acreditado el cumplimiento de la citada obligación durante dicho plazo.
Bonificaciones en la contratación laboral. Contratación a tiempo parcial con vinculación formativa. Para los adscritos al Sistema Nacional de Garantía Juvenil se establece que la jornada podrá ser superior al 50 % de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable, pudiendo alcanzar el 75 % de la jornada. Los demás trabajadores contratados bajo esta modalidad no pueden exceder el 50% de la jornada.
Bonificaciones en la contratación laboral. Contratación en prácticas. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que concierten un contrato en prácticas con un menor de treinta años, tendrán derecho a una reducción del 50 % de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado durante toda la vigencia del contrato. En el caso de que el contrato se formalice con personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, se aplicará de forma adicional una bonificación del 50% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado durante toda la vigencia del contrato. La bonificación se aplicará a todas aquellas contrataciones que se efectúen hasta el 30 de junio de 2016. Por tanto no habrá coste de cotización empresarial por contingencias comunes.
En los supuestos en que, el trabajador estuviese realizando prácticas no laborales en el momento de la concertación del contrato de trabajo en prácticas, la reducción de cuotas es del 75%. En el caso de que el contrato se formalice con personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, se aplicará de forma adicional una bonificación del 25% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado durante toda la vigencia del contrato. La bonificación se aplicará a todas aquellas contrataciones que se efectúen hasta el 30 de junio de 2016. Por tanto no habrá coste de cotización empresarial por contingencias comunes.
Bonificaciones en la contratación laboral. Prácticas curriculares externas de los Estudiantes Universitarios y de Formación Profesional. Las prácticas curriculares externas retribuidas realizadas por los estudiantes universitarios y de formación profesional, que tienen el carácter exclusivamente de asimilados a trabajadores por cuenta ajena a efectos de su integración en el Régimen General de la Seguridad Social de conformidad con lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, tendrán una bonificación del 100% en la cotización a la Seguridad Social a partir del día 1 de agosto de 2014.
Comercio Minorista. Se introduce una referencia expresa a la regla general de no sometimiento a autorización administrativa en la apertura de establecimientos comerciales, por la que, en su defecto podrá someterse a declaración responsable o comunicación previa.
Se ofrece un solo interlocutor a los ciudadanos para la apertura de establecimientos comerciales y reduce el plazo para la resolución de estos procedimientos a tres meses. Estas medidas implican la modificación de la Ley 7/1996, de 15 de Enero, de Ordenación del Comercio Minorista para adecuarlo a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
Distribución Comercial. Se profundiza en la liberalización de horarios, operada por el RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad y se modifica la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales. A tales efectos, se refuerza la necesidad de que tanto las solicitudes municipales de declaración de zona de gran afluencia turística como las resoluciones de las comunidades autónomas estén debidamente fundadas en criterios objetivos, de manera que, en los supuestos en que no lo estén y se produzcan restricciones injustificadas de ámbitos territoriales o periodos temporales de duración en estas zonas, rija el principio de libertad de horarios para todo el municipio y la totalidad del periodo anual, respetando en toda caso la solicitud municipal en los supuestos en los que esté debidamente motivada.
Las CCAA donde se ubiquen municipios que hayan cumplido estos requisitos en el año 2013 deberán declarar al menos una zona de gran afluencia turística en dichos municipios en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este RDL, y que, en ausencia de tal declaración, estos municipios dispondrán de plena liberad de horarios comerciales durante todo el periodo anual en todo su ámbito.
Tarjetas de Crédito y Débito. Se limitan las tasas de intercambio aplicable a las operaciones efectuadas con tarjeta de pago, con una limitación máxima del 0,2% en débito y 0,3% en crédito. (Art. 11 del Real Decreto-ley). Para pagos inferiores a 20€ se establece un umbral máximo de 0,1% en tarjetas de débito y el 0,2% en tarjetas de crédito. Adicionalmente para los pagos con tarjetas de débito, el nivel máximo de la tasa será, en todo caso, de 7 céntimos de euro, que aplicará para todos los pagos de importe superior a 35€. Se prohíbe expresamente el incremento de las comisiones de las tarjetas para repercutir los gastos al ordenante del pago. Los proveedores de servicios de pago deberán informar al Banco de España de las tasas de descuento y de intercambio percibidas por los servicios de pago en operaciones con tarjeta. Esta información estará disponible en la página electrónica del Banco de España.
ESCOURIDO & Asociados. 2014 08 05.
2014 06 05. Tarifa Plana TGSS: ¿lo tienes claro? por SIGA
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References: resolución 
 artículo 12
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 64
 artículo 64
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 23
 artículo 7
 resolución 
 resolución 
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