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﻿ SENTENCIA 7479-2005 DE OCTUBRE 16 DE 2008
SENTENCIA 7479-2005 DE 16 DE OCTUBRE DE 2008
CONTENIDO:RETIRO DISCRECIONAL DEL SERVICIO EN NOTARIO ENCARGADO. A PESAR DE SU NOMBRAMIENTO EN INTERINIDAD, NO GOZA DE ESTABILIDAD LABORAL DE LA CUAL SE BENEFICIAN LOS NOTARIOS EN PROPIEDAD, Y POR LO TANTO ANTE SU NOMBRAMIENTO, PUEDE LA AUTORIDAD COMPETENTE EJERCER EN CONSECUENCIA LA FACULTAD DE LIBRE REMOCIÓN DEL CARGO.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN, NOTARIO ENCARGADO, NOTARIO EN INTERINIDAD, NOMBRAMIENTO DEL NOTARIO, RETIRO DISCRECIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:447 DE MARZO DE 2009, PG.430
Sentencia 7479-2005 de octubre 16 de 2008
Ref.: 130012331000200000319 01
Número interno: 7479-2005
Actor: Rogelio Enrique Arrieta Caro
El presente asunto se contrae a establecer si el demandante, en condición de notario encargado del Círculo de San Juan Nepomuceno, podía ser retirado del servicio de manera discrecional o si, en consideración a su nombramiento, debía permanecer en el servicio notarial.
El artículo 131 de la Constitución Política prevé:
Corresponde al gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la determinación del número de notarios y oficinas de registro” (se destaca).
Como puede observarse, la disposición constitucional establece la forma como ha de accederse al cargo de notario público, en donde se exige el sistema de concurso de méritos cuando el nombramiento ha de efectuarse en propiedad. Se estima entonces que el régimen establecido por el legislador deberá atender necesariamente el objeto que cumple la función notarial.
Como el legislador no se ha preocupado por reglamentar el servicio público de las notarías, debe entenderse que en la actualidad se encuentran vigentes aquellas disposiciones relacionadas con la materia y contenidas, entre otras, en los decretos 960 y 2163 de 1970.
El artículo 145 del Decreto-Ley 960 de 1970 consagró que los notarios pueden “ser de carrera o de servicio, y” (1) , desempeñar el cargo en propiedad, en interinidad o por encargo, en estos dos últimos casos en el entendido de que son mecanismos válidos para asegurar la continuidad del servicio notarial en circunstancias excepcionales, pero sin que con ellos pueda desconocerse el mandato constitucional previsto en el inciso 2º del artículo 131 (2) .
Así, el artículo 146 ibídem dispone que para ser notario en propiedad, se requiere el lleno de los requisitos legales exigidos para la correspondiente categoría y, además, haber sido seleccionado mediante concurso. Sin embargo, la misma norma faculta para prescindir, en su postulación y designación, de la selección de candidatos mediante concurso, cuando este no se haya realizado y luego de haber agotado la lista de quienes lo aprobaron.
En relación con el nombramiento en interinidad de los notarios públicos, el artículo 148 (3) del citado decreto-ley consagró lo siguiente:
“ART. 148.—Habrá lugar a designación en interinidad:
2. Cuando la causa que motive el encargo se prolongue más de tres meses, mientras ella subsista o se hace la designación en propiedad”.
Nótese que la disposición anterior maneja dos (2) hipótesis que hacen viable el nombramiento de un notario en interinidad, presentándose frente a la segunda de ellas una interpretación equivocada sobre su contenido material, por parte del actor, el Tribunal Administrativo y la Superintendencia de Notariado y Registro, pues le han dado un alcance que no se corresponde con los ingredientes normativos comprendidos en ella.
En efecto, una correcta interpretación del numeral 2º del citado artículo 148 permite inferir que cuando un encargo (4) se extienda más allá de los tres (3) meses autorizados por el legislador (D.L. 960/70, art. 152) (5) , la autoridad competente deberá proceder a nombrar en interinidad a la persona que ha de reemplazar al titular de la notaría, mientras subsista la causa que dio lugar al encargo o cuando, por ejemplo, este no se reintegre al vencimiento de una licencia o de una comisión, o en caso de renuncia o de abandono del cargo o en cualquiera otra causal que le impida definitivamente asumir de nuevo como tal, casos estos en los cuales, se repite, habrá lugar a la designación bajo esa modalidad.
Si bien la norma glosada permite hacer ese tipo de nombramiento (interinidad), en manera alguna prescribe que quien es designado temporalmente (encargo) asuma en forma definitiva como titular de la notaría, lo que significa que él no es destinatario exclusivo de la norma legal, como lo quiere hacer ver la parte actora, ya que la disposición maneja un presupuesto de carácter estrictamente objetivo —causa que motiva el encargo— y no de contenido subjetivo —persona encargada—.
En esas condiciones, resulta importante señalar que no basta con que la persona se encuentre en encargo y que haya superado el término previsto en el numeral 2º del artículo 148 para que la administración esté obligada a efectuar el nombramiento en interinidad y menos que se entienda que el solo hecho de reunirse esos presupuestos la nominación inicial —encargo— se transforme automáticamente en interinidad, sino que se hace necesario que medie un acto administrativo expedido por la autoridad competente en ese sentido y que además se cuente con el concepto previo de la Superintendencia de Notariado y Registro como lo ordena el artículo 1º del Decreto 2874 de 1994.
Así las cosas, mientras no se surta ese procedimiento legal, la persona encargada como notario no podrá prohijar para sí, por el simple hecho de ostentar esa condición, estabilidad laboral alguna en el cargo en igualdad de condiciones frente a quienes se hallan nombrados en propiedad o interinidad, pues no existe una norma de derecho positivo que así lo disponga y, por el contrario, el artículo 149 —in fine— del estatuto del notariado permite la remoción de tales servidores en forma discrecional, como se anota a continuación:
“Dentro del respectivo periodo los interinos que reúnan los requisitos legales exigidos para el cargo, tienen derecho de permanencia mientras subsista la causa de la interinidad y no se provea el cargo en propiedad; los demás podrán ser removidos libremente” (se destaca).
Pese a que las citadas normas legales consagran diversas formas de nombramiento para cubrir una plaza notarial, observa la Sala que tales disposiciones establecen efectos jurídicos distintos en cuanto a estabilidad laboral se refiere, esto es, en consideración a la modalidad de designación empleada para suplir una vacancia temporal o definitiva, según sea el caso, en el entendido de que quien está en propiedad goza de mayores prerrogativas respecto de quien se encuentra en interinidad y este a su vez del que se halla en encargo.
En esas condiciones ha de concluirse que la persona encargada no goza de esa relativa inamovilidad de la cual sí se benefician los que están en propiedad o interinidad y por lo tanto su nombramiento ha de concebirse en forma precaria, pudiendo la autoridad competente ejercer en consecuencia la facultad de libre remoción.
De aceptarse la tesis expuesta por el tribunal administrativo en su sentencia se estaría avalando, como lo advirtió la entidad demandada, la existencia del notario interino de hecho, interpretación no ajustada a las normas de derecho positivo que informan el estatuto del notariado en Colombia.
En el caso concreto, observa la Sala que el gobernador del departamento de Bolívar mediante el Decreto 648 del 16 de septiembre de 1999 concedió licencia a José Antonio Cabarcas Angulo, notario único del Círculo de San Juan Nepomuceno, por el término de tres (3) meses, contados a partir del 4 de octubre de 1999 y que en su reemplazo encargó a Rogelio Arrieta Caro mientras duraba la ausencia del titular (fl. 81, cdno. ppal).
Dicha licencia fue prorrogada por un (1) mes más, según Decreto 12 del 6 de enero de 2000, visible a folio 82 del cuaderno principal, y a partir de esta misma fecha se encargó como notario único del Círculo de San Juan Nepomuceno al demandante.
Según el Decreto 248 del 3 de mayo de 2000, expedido por el gobernador del departamento de Bolívar, a José Antonio Cabarcas Angulo, se le impuso sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes, mediante las resoluciones 3020 del 15 de julio y 3693 del 16 de noviembre de 1999, proferidas por la Superintendencia de Notariado y Registro.
Así mismo, da cuenta el mismo decreto que el señor Cabarcas Angulo fue designado por la alcaldía del municipio de San Juan Nepomuceno como gerente de la oficina del Fondo de Vivienda de Interés Social, cargo del cual tomó posesión el mismo día de su nombramiento (fl. 2, cdno. ppal.). Significa entonces que el notario titular incurrió en la causal de pérdida del empleo prevista en el numeral 2º del artículo 144 del Decreto-Ley 960 de 1970 al haber ejercido otro cargo público.
Ciertamente el señor Rogelio Arrieta Caro se desempeñó como notario encargado por un lapso superior a tres (3) meses, pero no por esa sola razón debía respetársele derecho alguno de permanencia en el empleo, equiparándolo a uno en interinidad, ni la administración se encontraba obligada a mantenerlo en el servicio notarial mientras se efectuara el correspondiente proceso de selección y se nombrara a la persona que hubiera superado satisfactoriamente el respectivo concurso, pues de su particular situación no se derivaban tales derechos.
Así las cosas, el gobernador del departamento de Bolívar tenía plena facultad para disponer libremente del cargo de notario único del Círculo de San Juan Nepomuceno, pues el titular del mismo había hecho dejación definitiva del mismo ante la asunción de otra dignidad pública dentro de esa municipalidad, configurándose así la segunda hipótesis prevista en el citado artículo 148.
En tal caso, no era necesario explicitar en el acto acusado (D. 248/2000) los motivos por los cuales se daba por terminado el encargo del cual había sido objeto el demandante pues, como se registró, las normas no obligan a consignar las razones de orden fáctico o legal que sustentaran el proceder de la administración y que justificaran esa determinación.
En conclusión, el retiro del servicio del demandante se hizo en aras de una potestad discrecional que el nominador poseía plenamente (D.L. 960/70, art. 149 —in fine—), tratándose de notarios públicos que se encuentran en encargo.
Los argumentos anteriores resultan suficientes para revocar la sentencia del tribunal administrativo y negar las pretensiones de la demanda.
REVÓCASE la sentencia apelada del 28 de febrero de 2005 que accedió a las súplicas de la demanda, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del proceso iniciado por Rogelio Arrieta Caro contra el departamento de Bolívar.
Cópiese, notifíquese y una vez ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente el tribunal de origen. Cúmplase.
(1) Frase declarada inexequible (Sent. C-741/98, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
(3) Esta disposición fue reglamentada por el artículo 66 del Decreto 2148 de 1983, así: El notario desempeña el cargo en propiedad, en interinidad o por encargo:
a) Por no realizarse el concurso convocado o este se declare desierto;
c) Por falta absoluta de titular;
d) Por encargo cuando ha sido designado para suplir faltas del titular.
(4) El artículo 151 del Decreto 960 de 1970 previó: “Cuando falte el notario, la primera autoridad política del lugar podrá designar un encargado de las funciones, mientras se provee el cargo en interinidad o en propiedad según el caso”.
(5) Dispone la norma: “El encargo no podrá durar más de noventa días y recaerá, de ser ello posible, en la persona que el notario indique, bajo su entera responsabilidad”.

References: artículo 131
 artículo 145
 artículo 131
 artículo 146
 artículo 148
 artículo 148
 artículo 148
 artículo 1
 artículo 149
in fine
 artículo 144
 artículo 148
in fine
 artículo 66
 artículo 151