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Timestamp: 2018-11-21 02:36:28+00:00

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2 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores
2.1 Estructura, definiciones y ámbito de aplicación
2.2 Interpretación. Principio de buena fe
2.4 Entrada en vigor y plazo de transposición
2.5 Cláusulas abusivas
3 Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación
3.1 Estructura y ámbito de aplicación
3.1.2 Ámbito de aplicación
3.2 Requisitos de incorporación
3.2.1 Forma escrita
3.2.2 Forma verbal
3.2.3 Forma telefónica o electrónica
3.2.4 No incorporación
3.3 Nulidad de determinadas condiciones generales
3.5.3 Sometimiento a dictamen de conciliación, competencia, legitimación, intervinientes en el proceso y recurso de casación y efectos de la sentencia
3.6 Registro de condiciones generales de la contratación
3.6.1 Inscripciones y anotaciones preventivas
3.6.2 Publicidad
3.6.3 Calificación
3.7 Información sobre condiciones generales
3.8 Régimen sancionador
4 Modificación de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios
4.1 Artículo 2.1.B)
4.2 Artículo 10 de la LGDCU
4.3 Artículo 10 bis de la LGDCU
4.3.1 Concepto e interpretación de las cláusulas abusivas
4.3.2 Nulidad de las cláusulas
4.3.3 Ámbito de aplicación de las normas de protección de los consumidores
El desarrollo económico, industrial y tecnológico ha determinado que las formas de contratación hayan sufrido un cambio radical en nuestra sociedad actual, produciendo en numerosos casos un desequilibrio de las partes muy significativo, conculcando así el dogma de la voluntad que venía imperando en el tema de la contratación.
Actualmente las grandes empresas y las multinacionales imponen una contratación en masa que da lugar a contratos de adhesión, en los cuales al consumidor sólo le resta adherirse a lo que le ofrecen o dejar de consumir ese producto, pero como por otro lado el producto suele ser de primera necesidad (agua, luz, gas) no tiene más remedio que contratar.
Ante esta situación 1a Comunidad Europea, y dentro de la legislación que está desarrollando de protección al consumidor, ha promulgado la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y como consecuencia de ella se ha publicado en España la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación (BOE del 14-4-1998).
La finalidad de la presente Directiva es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores (Art. 1.1.), para facilitar así el establecimiento de un mercado único y proteger al ciudadano en su papel de consumidor.
La Directiva, como casi todas ellas, tiene carácter de mínimos, lo que significa que los Estados miembros a quienes va dirigida pueden establecer más altos grados de protección del consumidor y extender el ámbito de la misma, siempre de acuerdo con las disposiciones del Tratado (Art. 8).
Estructura, definiciones y ámbito de aplicación
La Directiva consta de 23 considerandos, 11 artículos y un anexo. Los considerandos equivalen a una exposición de motivos muy pormenorizada, donde se fundamenta el por qué de la Directiva y de las normas que se adoptan en su articulado.
El artículo 2 de la Directiva contiene las definiciones de cláusulas abusivas, consumidor y profesional.
Son cláusulas abusivas, dice, las cláusulas de un contrato tal como quedan definidas en el artículo 3.
Según el artículo 3.1. « las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se consideran abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato».
Consumidor es toda persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional.
Profesional es toda persona física o jurídica que, en las transacciones reguladas por la presente Directiva, actúe dentro del marco de su actividad profesional, ya sea pública o privada.
Desde un punto de vista subjetivo la Directiva se aplica a los contratos celebrados entre un profesional, persona física o jurídica, con actividad pública o privada, y un consumidor, persona física que actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional. En consecuencia, quedan fuera del ámbito de la Directiva los contratos celebrados entre profesionales, si actúan dentro de su actividad, y los celebrados con un consumidor, que fuese persona jurídica.
Desde un punto de vista sustantivo o material, se aplica a las cláusulas que no se hayan negociado individualmente y además, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.
Por tanto para que una. cláusula se considere abusiva se necesitan los siguientes requisitos:
Que no se haya negociado individualmente. No se negocia individualmente cuando ha sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión (Art. 3.2). Es decir, se trata de cláusulas predeterminadas y, además, impuestas.
Que causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de 1as partes que se derivan del contrato (artículo 3.1).
Es preciso, por tanto, que concurran los dos requisitos expuestos.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva las disposiciones legales y reglamentarias imperativas de los Estados miembros por las que se fija, directa o indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores, así como las disposiciones de convenios internacionales de los que los Estados miembros o la Comunidad sean parte.
También se excluyen como cláusulas abusivas:
Las que se refieran a la definición del objeto principal del contrato.
Las que se refieran a la adecuación entre el precio y retribución, por una parte, y a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida.
Siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.
Interpretación. Principio de buena fe
La interpretación de las cláusulas debe hacerse teniendo presente el principio de buena fe.
La Directiva señala varios criterios para determinar si estamos ante una cláusula abusiva o no. La naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato, las circunstancias concurrentes en el momento de la celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato que dependa .
Por los Estados miembros deberán tomarse las medidas adecuadas para que lo preceptuado en la Directiva tenga efectividad, por lo que se establece que se dicten disposiciones para que las personas y organizaciones que, con arreglo a la legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección de los consumidores puedan interponer un recurso contra las cláusulas abusivas, ya sea ante un órgano jurisdiccional o ante una autoridad administrativa.
Cuando una cláusula sea declarada abusiva será nula, pero el contrato seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas (artículo 6).
La Directiva 93/l3 no establece un plazo de entrada en vigor por lo que se siguen las normas generales.
El plazo de transposición se señala, a más tardar, el 31 de diciembre de 1994.
Las disposiciones adoptadas se aplicarán a todos (los contratos celebrados después del 31 de diciembre de 1994.
Es decir, cuando los Estados miembros hayan realizado la transposición antes del día establecido, las disposiciones no entrarán en vigor hasta el día 31 de diciembre de 1.994.
El problema surge cuando los Estados miembros, como el caso de España, no hayan realizado la transposición en esa fecha. ¿Qué pasa con los contratos celebrados durante el plazo que se extiende entre el 31 de diciembre de 1994 y el día de la entrada en vigor de la disposición? Entendemos que la Directiva tiene, por supuesto, efecto vertical sin lugar a dudas. Más problemático es el efecto horizontal, pero teniendo en cuenta toda la política seguida por la Comunidad en relación a la protección del consumidor y la política seguida en España en ese mismo sentido, nos llevan a la conclusión de la eficacia horizontal de la Directiva.
La Directiva incluye un ANEXO de cláusulas abusivas, de carácter meramente indicativo y mínimo, por lo que los Estados miembros pueden someterla a añadidos o a formulaciones más restrictivas.
El ANEXO está incluido en la Directiva.
La Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación es consecuencia de la transposición de la Directiva 93113/CEE, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Sin embargo, la Ley 7/1998 va más allá de la simple transposición, al regular las condiciones generales de la contratación, es decir es una ley de condiciones generales, no de cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, aunque también se reitera a éstas y modifique, como dice el Preámbulo, el marco jurídico preexistente de protección al consumidor, constituido por la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
La Ley comienza con una Exposición de Motivos, para seguir con siete capítulos (24 artículos), tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
Se regula el ámbito objetivo, el ámbito subjetivo y el ámbito territorial.
El artículo 1.1 dispone que «son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos».
Se requiere, pues, cuatro requisitos:
Que se trate de un contrato.
Que sea predispuesta, o lo que es lo mismo que se redacte antes de la celebración del contrato y de forma unilateral, e1 precepto no exige que la autoría sea de una de las partes, puede redactarla cualquier persona, incluso ajena al contrato.
Que sea impuesta, de tal manera que la otra parte no se puede oponer a dicha condición general, o acepta la condición o el contrato no se celebra. La imposición demuestra la superioridad del predisponente en detrimento de la contraparte.
Que haya sido redactada con la finalidad de ser incorporada a una pluralidad de contratos, no se puede considerar una condición como general si no se incorpora a muchos contratos. Una cláusula predispuesta e impuesta, pero sólo incorporada a un contrato no tendrá la consideración de condición general, según la Ley. Pero si se incorpora a dos, entendemos que si será considerada como condición general.
El hecho de que, ciertos elementos de una cláusula o que una o varias cláusulas aisladas se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de la Ley al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata de un contrato de adhesión (artículo 1.2). Es decir una negociación parcial individual del contrato no excluye la aplicación de la Ley.
El artículo 2.1 dispone que «la presente Ley será de aplicación a los contratos que contengan condiciones generales celebrados entre un profesional – predisponente – y cualquier persona física o jurídica – adherente -.
Por profesional debe entenderse a los efectos de la Ley a toda persona física o jurídica que actúe dentro del marco de su actividad profesional o empresarial, ya sea pública o privada (artículo 2.2).
El adherente podrá ser también un profesional, sin necesidad de que actúe en el marco de su actividad (artículo 2.3).
La Ley 7/1998, amplía de manera significativa el ámbito subjetivo de la Directiva, se admiten en contratos entre profesionales, cosa que no ocurría en la Directiva, el adherente tenía que ser siempre un consumidor.
Lo que no admite la Ley es su aplicación a contratos celebrados entre consumidores. Pero si la admite entre profesionales.
El artículo 3 de la Ley 7/1998 establece el ámbito territorial de la siguiente manera: Ámbito territorial. Disposiciones imperativas. «La presente Ley se aplicará a las cláusulas de condiciones generales que formen parte de contratos sujetos a la legislación española.
También se aplicará a los contratos sometidos a legislación extranjera cuando el adherente haya emitido su declaración negocial en territorio español y tenga en éste su residencia habitual, sin perjuicio de lo establecido en Tratados o Convenios internacionales».
En realidad el primer párrafo no establece, propiamente dicho, un ámbito territorial, se establece el ámbito con relación a la legislación española, de modo que un contrato celebrado en España, pero sujeto a otra legislación, sin que el adherente haya emitido la declaración en este país o no tenga la residencia en España, no se le aplicará la Ley 7/ 1998. En cambio sí se le aplicará si se celebra el contrato en el extranjero pero se somete a la legislación española.
Es decir, la Directiva pretende, a nuestro juicio, que todos los contratos celebrados en un país de la comunidad estén sujetos a la legislación que transponga la Directiva e incluso se extienda en algunos casos a los contratos celebrados en otros países.
Sin embargo, no es así, pues quedarían excluidos los contratos celebrados en territorio español con legislación aplicable extranjera, en lo cuales no se den los mencionados requisitos: declaración de voluntad emitida por el adherente en territorio español y tenga en éste su residencia habitual.
Respecto al ámbito territorial señalar que la disposición adicional primera declara que todo el contenido de la Ley es conforme al artículo 149.1.6 y 8 de la Constitución Española, de competencia exclusiva del Estado. Por lo que la Ley se aplicará en todas las Comunidades Autónomas .
El artículo 4 de la Ley excluye de su aplicación a los contratos administrativos, a los contratos de trabajo, a los de constitución de sociedades, a los que regulan relaciones familiares y a los contratos sucesorios.
Para determinar los contratos administrativos a que se refiere la Ley será necesario acudir a la Ley 13/1995, de l8 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuyo artículo 5 se regulan dos clases de contratos celebrados por la Administración, los contratos administrativos y 1os contratos privados.
Los contratos administrativos regulados por esta Ley son aquellos cuyo objeto directo, conjunta o separadamente, sea la ejecución de la obra, la gestión de servicios públicos, la realización de suministros, las de consultoría y asistencia o de servicios y los que se celebren excepcionalmente con personas físicas para la realización de trabajos específicos y concretos no habituales, y los de objeto distinto a los expresados, pero que tengan naturaleza administrativa especial.
Están, sometidos a la Ley 7/1998 los denominados contratos privados, que son los demás contratos celebrados por la Administración, y, en particular, los de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorporales y valores negociables.
La alusión a los contratos de trabajo no parece que tenga mucho sentido, en cuanto que los trabajadores no son consumidores y, en consecuencia, no se les aplicaría la Ley aunque no se hubieran mencionado. Por otra parte la legislación laboral cuenta con protección suficiente para la parte contratante más débil.
También se excluyen los de constitución de sociedades, quizás por la indicación contenida en el considerando l0 de la Directiva, que también los excluye, pero que no tuvo reflejo en su articulado.
La referencia a los contratos en Derecho de familia y sucesiones, parece que huelga porque es muy difícil, por no decir imposible, que contengan condiciones generales.
Las condiciones generales se redactan antes de la celebración del contrato. Son cláusulas que ya existen, pero que no van a formar parte del contrato hasta que no se incorporen a él, por ello la Ley 7/1998 establece una serie de requisitos para realizar esta operación, es lo que la doctrina viene denominando control de incorporación, o también control del consentimiento o control de la formación del contrato. La Ley dedica dos artículos a este tema el artículo 5, que lleva por rúbrica «requisitos de incorporación» y el artículo 7, «no incorporación».
El artículo 5 exige en primer lugar, aunque la Ley las establezca en el apartado 4 de este artículo, que la redacción de las cláusulas generales (aquí no emplea el término condición) deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. O lo que es lo mismo que el adherente pueda saber claramente a lo que se obliga, una cláusula oscura o rebuscada o inconcreta, no podrá ser incorporada al contrato. Se sigue la línea contractual del Código civil. El precepto es claro en este sentido, se utiliza el término deberá, como una imposición; si no se cumple por parte del predisponente, independientemente de quién lo haya redactado, este requisito, las condiciones generales quedarán fuera del contrato.
El artículo establece requisitos diferentes según la forma del contrato, ya sea escrita, verbal o telefónica o electrónica.
Artículo 5.1: «Las condiciones generales pasarán a formar parte del contenido del contrato cuando se acepte por el adherente su incorporación al mismo y sea firmado por todos los contratantes. Todo contrato deberá hacer referencia a las condiciones generales incorporadas. No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente al adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mismas».
De este precepto parece deducirse que sólo se establecen cuatro requisitos:
información al adherente de la existencia de condiciones generales,
facilitar al adherente un ejemplar de las mismas,
aceptación por el adherente de la incorporación al contrato de las condiciones generales,
firma del contrato por todos los contratantes.
Su finalidad es que el adherente pueda tener conocimiento de las condiciones generales, no que las conozca verdaderamente. Sin embargo, este no es el espíritu de la Ley si se pone en relación el artículo 5 con el artículo 7, a cuyo tenor «no quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo 5». El artículo 7 añade, pues, un nuevo requisito el conocimiento; conocimiento que, además, tiene que ser real. Son, pues, seis y no cuatro los requisitos que se necesitan para incorporar las condiciones generales, a los cuatro señalados hay que agregar la redacción de las cláusulas y el conocimiento de las condiciones generales. El más problemático de probar es el conocimiento.
El artículo 18 del RRCGC dispone que «los requisitos establecidos en los artículos 5 y 7 de la LCGC se entenderán cumplidos cuando conste en las condiciones particulares del contrato una referencia y un recibí, firmados por el adherente, a los datos de inscripción de las mismas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación y en la que figura que se le ha entregado un ejemplar de ellas. El cumplimiento de lo establecido en el precepto no determina que el adherente tenga conocimiento real de las condiciones generales, que tampoco podrá tener a través del Registro. Como ya ha señalado la doctrina más autorizada el artículo I 1 no atribuye a la inscripción de las condiciones generales en al Registro efecto alguno de publicidad material. Por lo que cumpliendo lo preceptuado en el Reglamento se incumple lo preceptuado en la Ley.
Cuando el contrato tenga forma verbal (artículo 5.2) y el predisponente entregue un resguardo justificativo de la contraprestación recibida es suficiente para que se entiendan incorporadas las condiciones generales al contrato:
que el predisponente anuncie las condiciones generales en un lugar visible dentro del lugar en el que se celebra el negocio
o que las inserte en la documentación del contrato que acompaña a su celebración
o que, de cualquier forma, garantice al adherente una posibilidad efectiva de conocer su existencia y contenido en el momento de la celebración.
De las tres formas de anunciar las condiciones generales en los contratos no escritos, la fundamental es la última, en ella se exige que se garantice el conocimiento de las cláusulas al adherente.
Forma telefónica o electrónica
En los casos de contratación telefónica o electrónica será necesario que conste en los términos que reglamentariamente se establezcan la aceptación de todas y cada una de las cláusulas del contrato, sin necesidad de firma convencional. En este supuesto, se enviará inmediatamente al consumidor justificación escrita de la contratación efectuada, donde constarán todos los términos, de la misma».
La incorporación tiene lugar cuando se cumplan los dos requisitos establecidos en el precepto, a saber:
que conste la aceptación de todas y cada una de las cláusulas del contrato, sin necesidad de firma convencional.
que se envie inmediatamente al consumidor justificación escrita de la contratación efectuada.
las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas en el contrato».
Nulidad de determinadas condiciones generales
La nulidad de pleno derecho para todas las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva. Es necesario además que se realice en perjuicio del adherente, si no se realizan en perjuicio del adherente no serán nulas de pleno derecho.
También serán nulas, en particular, las condiciones generales cuando:
las condiciones sean abusivas
y el contrato se haya celebrado con un consumidor.
El juez competente se determinará según las disposiciones de la nueva LEC.
El artículo tiene tres apartados diferenciados. El primero establece que «cuando exista contradicción entre las condiciones generales y las condiciones particulares es- pecíficamente previstas para ese contrato, prevalecerán éstas sobre aquéllas, salvo que las condiciones generales resulten más beneficiosas para el adherente que las condiciones particulares». El contenido de este precepto es claramente protector para el adherente. Las condiciones generales, como hemos dicho, son predispuestas e impuestas al adherente, por lo que éste no interviene para nada en la redacción que se realiza antes de la celebración del contrato, por el contrario una condición particular es una condición negociada individualmente que resulta de la voluntad concorde de las partes en un plano de equilibrio contractual, por lo que se presume debe ser más favorable para el adherente, de no ser así el mismo precepto dispone que en este caso se aplique la condición general.
Las dudas en la interpretación de las condiciones generales oscuras se resolverá a favor del adherente». La interpretación debe realizarse sólo sobre una condición oscura, ya que las condiciones generales deben ajustarse en su redacción a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez y si no se ajustan no cabe su incorporación. La oscuridad funciona en dos fases distintas del contrato, una para determinar o no la incorporación de la cláusula al contrato y otra, después de ser incorporada ésta al contrato, la primera ex artículo 5.4 y la segunda ex artículo 6.2. El criterio de transparencia funciona antes y después de la incorporación.
Lo normal es que si la condición general se incorpora al contrato haya pasado el filtro de la transparencia, es decir, no sea oscura, sin embargo, el legislador siguiendo lo preceptuado en la Directiva incluye la regla contra stipulatorem, a pesar de que en la Ley española se predica la transparencia para un momento anterior.
La LCGC regula dos clases de acciones diferenciadas, las acciones individuales y las acciones colectivas.
Son las de declaración judicial de no incorporación al contrato o de nulidad de la cláusulas de condiciones generales.
En particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor.
Si la sentencia es estimatoria se decretará la nulidad o no incorporación al contrato de las cláusulas y aclarará la eficacia del contrato de acuerdo con el artículo 10 o declarará la nulidad del contrato si la cláusula afecta a uno de los elementos esenciales, según el artículo 1261 CC.
El criterio fundamental para la integración será el de la buena fe, que se encuentra en la base de toda la regulación de las condiciones generales.
Las acciones colectivas de condiciones generales de la contratación, que se regulan por primera vez en la LCGC, son las de cesación, retractación y declarativa de condiciones generales.
Estas acciones están dirigidas contra la utilización o la recomendación de utilización de condiciones generales que resulten contrarias a lo dispuesto en la Ley, o en otras leyes imperativas o prohibitivas (artículo 12).
La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia por medio de la cual se condene al demandado a eliminar de sus condiciones generales las que se reputen nulas y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo.
La acción de retractación tendrá por objeto obtener una sentencia que declare e imponga al demandado, sea o no predisponente, el deber de retractarse de la recomendación que haya efectuado de utilizar cláusulas de condiciones generales que se consideren nulas y de abstenerse de seguir recomendándolas en el futuro.
La acción declarativa se dirigirá a obtener una sentencia que reconozca una cláusula como condición general de contratación y ordene su inscripción, cuando ésta proceda conforme a lo previsto en el inciso final del apartado 2 del artículo 11, de la presente Ley.
Las acciones colectivas de cesación y retractación prescriben por el transcurso de dos años desde el momento en que se practicó la inscripción de las condiciones generales cuya utilización o recomendación se pretende. Tales acciones, no obstante, podrán ser ejercitadas en todo caso durante el año siguiente a la declaración judicial firme de nulidad o no incorporación que pueda dictarse con posterioridad como consecuencia de un acción individual.
Sometimiento a dictamen de conciliación, competencia, legitimación, intervinientes en el proceso y recurso de casación y efectos de la sentencia
Los intervinientes en el proceso y recurso de casación (regulados en el artículo 18) y los efectos de la sentencia (regulados en el artículo 20), será de aplicación lo establecido en la nueva LEC de forma general al haberse derogado los artículos anteriormente mencionados según lo dispuesto en la Disposición derogatoria única, 2, 15°.
Sigue en vigor lo estipulado en los artículos 13, relativo al sometimiento a dictamen de conciliación, y 16, legitimación activa y l7, legitimación pasiva.
La LEC añade una disposición adicional cuarta a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, en los siguientes términos:
«Las referencias contenidas en la LEC a los consumidores y usuarios, deberán entenderse realizadas a todo adherente, sea o no consumidor o usuario, en los litigios en que se ejerciten acciones individuales o colectivas derivadas de la presente Ley de Condiciones Generales de la Contratación.
Asimismo, las referencias contenidas en la LEC a las asociaciones de consumidores y usuarios, deberán considerarse aplicables igualmente, en los litigios en que se ejerciten acciones colectivas contempladas en la presente Ley de Condiciones Generales de la Contratación, a las demás personas y entes legitimados activamente para su ejercicio» (según lo establecido en la Disposición final sexta, nº 5 de la nueva LEC).
Se crea el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, que estará a cargo de un Registrador de la Propiedad y Mercantil, conforme a las normas de previsión establecidas en la Ley Hipotecaria.
El Registro no tiene carácter obligatorio, no obstante, el Gobierno, podrá imponer la inscripción obligatoria de las condiciones generales en determinados sectores específicos de la contratación.
Inscripciones y anotaciones preventivas
Las cláusulas contractuales que tengan el carácter de condiciones generales de la contratación con arreglo a lo dispuesto en la Ley.
Las ejecutorias en que se recojan sentencias firmes estimatorias de cualquiera de las acciones del Capítulo IV.
También podrán ser objeto de inscripción, cuando se acredite suficientemente al Registrador, la persistencia en la utilización de cláusulas declaradas judicialmente nulas.
La inscripción de las sentencias estimatorias de una acción colectiva o individual de nulidad o de no incorporación relativa a condiciones generales, se hará por mandamiento del Juez.
Las demandas ordinarias de nulidad o de declaración de no incorporación de cláusulas generales.
Las acciones colectivas de cesación, de retractación y declarativas del Capítulo IV.
Las resoluciones judiciales que acuerden la suspensión cautelar de la eficacia de una condición general.
Las anotaciones preventivas tendrán una vigencia de cuatro años a contar desde su fecha, y serán prorrogables hasta la terminación del procedimiento en virtud de mandamiento judicial de prórroga.
Están legitimados para solicitar la inscripción:
El predisponente.
El adherente y los legitimados para ejercer la acción colectiva, si consta la autorización en tal sentido del predisponente. Si no consta, se estará al resultado de la acción declarativa.
La anotaciones preventivas se realizarán en virtud de mandamiento judicial, que las incorporará.
Los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de la Ley, que contengan condiciones generales podrán inscribirse en el Registro (Disposición Transitoria Única.)
El Registro será público, por lo que todas las personas tienen derecho a conocer el contenido de los asientos registrales.
La publicidad de los asientos registrales se realizará bajo al responsabilidad y control del Registrador.
Al Registrador corresponde extender el asiento solicitado previa calificación de la concurrencia de los requisitos establecidos Contra la actuación del Registrador podrán interponerse los recursos establecidos en la legislación hipotecaria.
El artículo 23 de la Ley dispone que los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles tienen la obligación de advertir la aplicabilidad de la Ley, tanto en sus aspectos generales como en cada caso concreto sometido a su intervención.
El Notario, además, hará constar en el contrato el carácter de condiciones generales de las cláusulas que tengan esta naturaleza y que figuren previamente inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación o la manifestación en contrario de los contratantes.
La Ley establece una duplicidad en el régimen sancionador. Por un lado, están las infracciones a la Ley de Condiciones Generales de la Contratación cuya competencia corresponde al Ministerio de Justicia.
Por otro las acciones derivadas de la infracción de la legislación sobre consumidores y usuarios, que se regirá por su legislación específica.
Se tipifican los siguientes hechos:
La falta de inscripción en el Registro de las condiciones cuando ésta sea obligatoria.
La persistencia en la utilización o recomendación de condiciones generales de las que ha prosperado una acción de cesación o retractación.
La multa será de tanto al duplo de la cuantía de cada contrato, en los términos que reglamentariamente se determine, en función del volumen de contratación, del número de personas afectadas y del tiempo transcurrido desde su utilización.
La protección de los consumidores propiciada en buena parte por la Comunidad Europea, promulgando numerosas Directivas sobre este tema, ha determinado que se tenga que modificar la Ley 26/1984, para adecuarla al contenido de la Directiva 93/13/CEE. Modificaciones que se han realizado por la Ley 7/1998, que al ser más amplia que la Directiva regula no sólo las cláusulas abusivas en contratos con consumidores, sino también aquellos contratos que sin ser con consumidores incorporan condiciones generales en su clausulado.
Diferencia existente entre una condición general y una cláusula abusiva.
La condición general se contrapone a una cláusula particular, la primera es la que se redacta con la intención de incorporarla a numerosos contratos (contratos de adhesión), la segunda es la que se inserta en un solo contrato.
Tanto una como otra pueden ser abusivas o no. Por ejemplo, puede ser abusiva una cláusula en contrato particular si no existe negociación individual de esa cláusula, es lo que la doctrina denomina «contratos de adhesión particulares», a menos que se demuestre que no ha habido desequilibrio económico para la parte más débil.
La Disposición Adicional Primera de la Ley 7/1998, modifica los artículos 2.1.B) introduce el artículo 10 bis, en la Ley 26/1984.
Artículo 2.1.B)
Este apartado del artículo 2 queda redactado de la siguiente manera:
La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular, frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos».
La modificación en realidad no es muy significativa.
Artículo 10 de la LGDCU
El apartado uno establece los requisitos que deben reunir las cláusulas de los contratos con consumidores para que no se consideren abusivas:
Concreción, claridad y sencillez en la redacción, es decir, que puedan ser fácilmente comprensibles por los consumidores.
Entrega, salvo renuncia expresa del interesado, de recibo justificante, copia, o documento acreditativo de la operación, o en su caso, de presupuesto debidamente explicado.
Lo que se pretende evitar es que la prepotencia de una parte conculque los derechos del contratante más débil.
El apartado segundo es una norma de carácter interpretativo, en caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor (interpretatio contra stipulatorem).
El apartado tercero, establece la remisión de las cláusulas que sean condiciones generales a la prescripción de la LCGC.
Artículo 10 bis de la LGDCU
Este artículo ha sido introducido por la LCGC para adecuar la LGDCU a la Directiva 93/13/CEE.
Consta de tres párrafos, donde se recoge el concepto dé cláusulas abusivas, la nulidad de dichas cláusulas y la aplicación de la Ley.
Concepto e interpretación de las cláusulas abusivas
Se considerán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.
Para que una estipulación se considere que es una cláusula abusiva es preciso que concurran los siguientes requisitos:
La existencia de una estipulación no negociada individualmente.
La omisión de buena fe. Aunque es un tema muy discutido, la doctrina mayoritaria entiende que se refiere a la buena fe objetiva.
La existencia de una nexo causal, de tal manera que la estipulación cause al consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones del contrato.
Si estamos ante un contrato con varias cláusulas el hecho de que una de ellas sea negociada individualmente, no implica que las demás estén exentas del control de cláusulas abusivas.
La carga de la prueba corresponde al profesional que afirme que una cláusula ha sido negociada individualmente.
Para apreciar el carácter abusivo de una cláusula se tendrá en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato, así como todas las circunstancias concurrentes en el momento de la celebración, junto con todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa.
Serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas, condiciones y estipulaciones en las que se aprecie el carácter abusivo.
La nulidad tiene por consecuencia la ineficacia del contrato, si la subsistencia del mismo produce una situación no equitativa de las partes contratantes, o la subsistencia del mismo, si dicha nulidad no produce tal desequilibrio, en cuyo caso la parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto en et artículo 1258 del Código civil.
El precepto otorga al Juez facultades no sólo de integración sino de moderación respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato. Aunque las facultades de moderación también se extienden cuando se declare ineficaz el contrato.
La facultad de moderación que se otorga al Juez en estos casos no es nueva en nuestro ordenamiento civil, pues ya se contempla en el artículo 1103 del Código civil respecto de la culpa.
Ámbito de aplicación de las normas de protección de los consumidores
Las normas de protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas serán de aplicación, cualquiera que sea la Ley que las partes hayan elegido para regir el contrato. Es decir tienen carácter imperativo y no pueden dejarse de aplicar por voluntad de las partes. Se pretende, por tanto, con esta disposición impedir que en virtud del dogma de la voluntad las partes, sobre todo por el lado del profesional, se acuerde aplicar al contrato una legislación con la intención de obviar la nulidad de las cláusulas abusivas.
El carácter imperativo de las normas de protección se realizará en los términos previstos en el artículo 5 del Convenio de Roma de 1980, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.
Por otra parte, lo dispuesto en la presente Ley será de aplicación a todo tipo de contratos en los que intervengan consumidores, con las condiciones y requisitos establecidos, a falta de normativa sectorial específica, que en cualquier caso respetará el nivel de protección del consumidor previsto en aquélla (Disp. adic. 2° LCGC).

References: Artículo 2
 Artículo 10
 Artículo 10
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 149
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 5

Artículo 5
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 18
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 1261
 artículo 11
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 23
 artículo 10

Artículo 2
 artículo 2

Artículo 10

Artículo 10
 artículo 1258
 artículo 1103
 artículo 5