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Timestamp: 2018-11-15 23:39:05+00:00

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﻿ SENTENCIA SL10538-2016/42451 DE JUNIO 29 DE 2016
SENTENCIA SL10538-2016 DE 29 DE JUNIO DE 2016
CONTENIDO:LIBERTAD PROBATORIA PARA ACREDITAR LA CONDICIÓN DE INVALIDEZ. PARA ACCEDER A DETERMINADAS PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, EN PRINCIPIO, SE REQUIERE DEL DICTAMEN DE LA JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ (JCI), EN OTROS EVENTOS EN LOS QUE HAY PROTECCIÓN REFORZADA A LA ESTABILIDAD LABORAL DEL TRABAJADOR, COMO LA ESTATUIDA EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 361 DE 1997, EXISTE LIBERTAD PROBATORIA PARA ACREDITAR LA CONDICIÓN QUE GENERA LA PROTECCIÓN. TANTO EL CARNÉ DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY 361, COMO EL DICTAMEN PERICIAL DE LAS JCI SON ALGUNOS DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, NO SOLEMNES, CON LOS CUALES SE PUEDE ACREDITAR EL GRADO DE LA LIMITACIÓN FÍSICA, PSÍQUICA Y SENSORIALASÍ MISMO, EN ALGUNOS CASOS, SEGÚN LA PATOLOGÍA, EL JUEZ SOLO PODRÁ VERIFICAR TAL SUPUESTO DE HECHO CON LOS DICTÁMENES DE LAS JCI Y EN OTROS EXISTE LIBERTAD PROBATORIA. SOBRE LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 361 DE 1997, LA SENTENCIA RECORDÓ QUE NO ES SUFICIENTE POR SÍ SOLO EL QUEBRANTAMIENTO DE LA SALUD DE LA TRABAJADORA O EL ENCONTRARSE EN INCAPACIDAD MÉDICA PARA MERECERLA, PUES DEBE ACREDITARSE QUE EL ASALARIADO AL MENOS TENGA UNA LIMITACIÓN FÍSICA, PSÍQUICA O SENSORIAL Y CON EL CARÁCTER DE MODERADA, ESTO ES, QUE SE ENMARQUE DENTRO DE LOS PORCENTAJES DE PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL IGUAL O SUPERIOR AL 15 %.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LIBERTAD DE LA PRUEBA, LIBERTAD DE LA PRUEBA, INVALIDEZ, ESTADO DE INVALIDEZ, CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ, JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, CLASES DE INVALIDEZ, INVALIDEZ PERMANENTE, INVALIDEZ TEMPORAL, INVALIDEZ PARCIAL, CLASES DE PENSIÓN DE INVALIDEZ, DECISIÓN DE LA JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
Sentencia SL 10538-2016/42451 de junio 29 de2016
SL10538-2016
Rad.: 42451
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la Corporación Universidad Libre, contra la sentencia del 30 de junio de 2009, proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral que le promovió. Martha Lucía Capriles Díaz.
Extractos «VIII. Consideraciones
Aun cuando le asiste razón al opositor en lo relacionado con que los dos últimos errores de hecho que le endilga el censor a la sentencia impugnada y que se mencionan en el primer cargo, en cuanto que encarnan un cuestionamiento netamente jurídico y no de carácter fáctico o probatorio, tal deficiencia no logra impedir el estudio sobre el fondo del ataque, en tanto que dicha irregularidad puede ser superada al emprender la Sala el análisis conjunto de las dos acusaciones, a lo cual se procede por existir identidad en el compendio normativo denunciado y perseguir un mismo propósito con similares argumentos, no obstante dirigirse el ataque por vías y modalidades de violación diferentes.
Son situaciones fácticas que no generaron controversia en las instancias anteriores, la relación contractual laboral que sostuvieron las partes contendientes, cuyos extremos temporales se prolongaron del 15 de agosto de 1994 al 26 de junio de 2003; el despido unilateral e injusto de que fue objeto la actora con el pago de la indemnización que le hizo la demandada; así como, el salario básico mensual que devengaba y ascendía a la suma de $1.846.824.
El tema que suscita discusión en el impugnante a través de los dos cargos planteados, se circunscribe a la consideración del Tribunal de tener a la actora como beneficiaria de la especial protección que brinda el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, respecto de aquellos trabajadores que padecen una limitación o discapacidad física, psíquica o sensorial, pues a juicio del censor, la demandante no se encuentra en ninguna de las situaciones particulares a que se refiere la norma, y en consecuencia, no le asiste el derecho al reintegro que se ordenó.
Para el sentenciador de alzada, el hecho de no haberse incapacitado a la demandante o no diagnosticársele ninguna discapacidad, no la margina de la estabilidad laboral a que alude el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues le bastó para brindarle esa especial protección el hecho de que la trabajadora sufría de quebrantos de salud conocidos por la demandada, y que aparte de haber sido diagnosticada con una enfermedad de origen profesional, se le había prescrito una reubicación laboral, situación que lo llevó a concluir que existía la necesidad de solicitar la autorización a la autoridad administrativa del trabajo para proceder al despido.
Al efecto, es pertinente destacar lo que indicó la Corte en la Sentencia CSJ SL del 28 de agosto 2012, Radicado 39207, cuando al rememorar otras en ese mismo sentido sobre el tema en controversia, y en especial al fijar el alcance de la protección de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, precisó:
(…) esta Sala de la Corte ya tuvo la oportunidad de analizar y definir el tema, fijando su propio criterio, en el sentido de que la Ley 361 de 1997 está diseñada a garantizar la asistencia y protección necesaria de las personas con limitaciones severas y profundas, pues así lo contempla su artículo 1º, al referirse a los principios que la inspiran y al señalar sus destinatarios, de modo que delimita el campo de su aplicación a quienes por ley son consideradas discapacitadas, es decir, todas aquellas que tengan un grado de minusvalía o invalidez superior a la limitación moderada, además de que el estado de salud debe ser de conocimiento del empleador, pues la sola circunstancia de que el trabajador se encuentre incapacitado para el momento de la ruptura del contrato de trabajo, no acredita que tenga una limitación física y dentro de los porcentajes anteriormente mencionados, requiriéndose por tanto de una prueba científica como sería el respectivo dictamen o calificación.
La protección con la que cuentan las personas limitadas en lo concerniente a que no pueden ser despedidas o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie la autorización de la Oficina de Trabajo se encuentra regulada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, de manera que la minusvalía a que se refiere esta disposición debe ser buscada, en primer lugar, en el contexto de este articulado y, sólo en ausencia de disposición que lo determine, es dable acudir a la aplicación supletoria de otras normas, conforme lo prevé el artículo 19 del C.S. del T.
Al respecto conviene precisar que la Ley 361 de 1997 contiene un régimen de carácter especial, que trasciende el campo del Sistema de Seguridad Social Integral, dado que su protección va más allá de las garantías que este régimen cubre, pues su propósito es la protección de los derechos fundamentales de las personas con limitaciones, previendo para quienes las padecen en los grados de “severas y profundas” la asistencia y protección necesarias. En este sentido la Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia de 7 de febrero de 2006, Radicado 25130, lo siguiente:
cumple observar que la Ley 361 de 1997 es un estatuto especial que estableció “...mecanismos de integración social de las personas con limitación...” y que según su primer artículo los principios que la fundamentan están en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Política. Se trata de una ley que según la exposición de motivos tuvo por objeto la integración social de los discapacitados (Gaceta del Congreso Nº 364 del 30 octubre de 1995). Los capítulos que la integran consagran garantías que asumen el Estado y la Sociedad para facilitar al antes señalado grupo de personas un modo de vida digno que les permita la rehabilitación, bienestar social, el acceso preferente a la educación, a los bienes y al espacio de uso público, al trabajo, etc.’.
Es en desarrollo de esta preceptiva y particularmente en lo que tiene que ver con las personas a que está orientada la protección especial que consagra, según el grado de su limitación, que se dispone en el artículo 5º que las personas con limitaciones deberán Social en Salud, correspondiendo a las empresas promotoras de salud consignar, en tal documento, la existencia de la respectiva limitación, con la especificación del grado de limitación que presenta su portador, en las escalas de moderada, severa y profunda, con el fin de que puedan identificarse como titulares de los derechos previstos en la ley comentada. No se trató entonces de una previsión caprichosa del legislador al aludir, en esta disposición, a los distintos grados de minusvalía que pueden afectar a las personas según la limitación que padezcan, por el contrario, la razón está de parte de aquellas que padecen mayores grados de limitación, naturalmente con el propósito de lograr su integración social en todos los ámbitos de la vida en comunidad en que se desenvuelven los seres humanos. Obviamente que el amparo es menor o inexistente para las personas con limitaciones de menor intensidad que no se les dificulta su inserción en el sistema competitivo laboral.
“Es claro entonces que la precipitada Ley se ocupa esencialmente del amparo de las personas con los grados de limitación a que se refieren sus artículos 1º y 5º; de manera que quienes para efectos de esta ley no tienen la condición de limitados por su grado de discapacidad, esto es para aquellos que su minusvalía está comprendida en el grado menor de moderada, no gozan de la protección y asistencia prevista en su primer artículo.
De acuerdo con la sentencia en precedencia para que un trabajador acceda a la indemnización estatuida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, se requiere: (i) que se encuentre en una de las siguientes hipótesis: a) con una limitación “moderada”, que corresponde a la pérdida de la capacidad laboral entre el 15% y el 25%, b) “severa”, mayor al 25% pero inferior al 50% de la pérdida de la capacidad laboral, o c) “profunda” cuando el grado de minusvalía supera el 50%; (ii) que el empleador conozca de dicho estado de salud; y (iii) que termine la relación laboral “por razón de su limitación física” y sin previa autorización del Ministerio de la Protección Social.
“Puestas así las cosas, debe la Corporación reiterar que no dimana error alguno, al menos de naturaleza protuberante, en la conclusión a la que arribó la Sala sentenciadora en torno a que la empleadora desconocía de la limitación al momento de la terminación del vínculo contractual, por expiración del plazo, en la medida en que para la fecha de terminación de la relación laboral, 30 de noviembre de 2004, la promotora del litigio no había sido calificada como inválida o con limitación física, dado que este estado solo se produjo por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 24 de junio de 2005 (fls. 25 y 26, cdno. 1), dictamen notificado a la actora el 28 de junio de la misma anualidad (fl. 24, ibídem)” (Resalta la Sala)”.
Llegados a este punto debe memorar la Sala que si bien, para acceder a determinadas prestaciones sociales del sistema general de seguridad social en pensiones y riesgos laborales, en principio se requiere del dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez, también lo es que no es dable desconocer que en otros eventos en los que hay protección reforzada a la estabilidad laboral del trabajador, como por ejemplo, la estatuida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, existe libertad probatoria para acreditar la condición generatriz de tal protección.
A propósito, la Sala en la providencia citada, adoctrinó:
Sea lo primero precisar que, de la lectura del artículo 26 de la Ley 361 objeto de estudio, no se desprende que solo a quienes estén calificados como limitados en el carné al que alude el artículo 5º ibídem se les aplica la protección reforzada a la estabilidad laboral del trabajador, lo cual, en principio, pareciera que fue lo que quiso decir el ad quem, pero, en realidad, no fue así, pues, como quedó atrás dicho, al no contar, el actor, con el carné, el tribunal, seguidamente, se remitió al dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez rendido el 3 de mayo de 2002, el cual desestimó de inmediato en razón a que no encontró acreditado que, al momento del despido, el empleador tuviese conocimiento de su existencia; es decir, de haber considerado que el empleador sí lo conocía, habría dado por establecida la discapacidad conocida por parte del empleador, dado que también señaló que “…la actividad mínima probatoria a cargo de la parte actora es la acreditación de esa limitación que aduce, condición que obviamente debía ser conocida por el empleador al momento del despido”. Por tanto, no pudo incurrir el ad quem en la aplicación indebida achacada.
En todo caso, en aras de la función unificadora de la jurisprudencia a cargo de esta Sala, conviene precisar que el carné al que refiere el artículo 5º de la Ley 361 ha de entenderse como un medio más de prueba del estado y grado de discapacidad de su titular, para efectos de que pueda gozar de los mecanismos de integración social reconocidos en la Ley 361, pues se basa en un “…diagnóstico médico en caso de que dicha limitación no sea evidente(1)”; de ninguna manera puede dársele carácter constitutivo de dicho estado, pues la discapacidad corresponde a una condición real de la persona que se acredita, si es del caso, mediante dictamen pericial, de la cual puede tener conocimiento el empleador de cualquier forma, según la situación particular del trabajador discapacitado.
“(...) Al respecto, en sentencia reciente del 29 de junio de 2005 Radicado 24392, esta Sala de la Corte definió por mayoría que el dictamen emanado de la Junta de Calificación de Invalidez no es una prueba solemne y en esa oportunidad dijo: “El ataque esta edificado fundamentalmente en la aseveración según la cual el juzgador de segundo grado incurrió en un error de derecho consistente en dar por probado que no hubo accidente de trabajo, pese a que la prueba solemne acerca de la calificación de origen del accidente lo acredita fehacientemente, es decir el dictamen emanado de la junta de calificación. Planteamiento que resulta inexacto pues la referida prueba no es más que un experticio (sic) que la ley estableció debía ser practicado por unos determinados entes, lo cual difiere claramente de lo que es una prueba solemne”.
Con las precisiones que anteceden, el Tribunal sí incurrió en los desaciertos fácticos y jurídicos que le endilga el censor, al exigirle a la demandada la autorización del Ministerio del Trabajo para poder despedir a la demandante, sin que existiera certeza de la limitación o discapacidad en el porcentaje que se exige para merecer la especial protección de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues el “stress laboral” que padecía la actora y la solicitud de reubicación laboral que se le formuló al empleador, no son suficientes para considerarla como una trabajadora con limitación física, psíquica o sensorial en los grados a que se refiere la norma en cita, máxime que en el sub judice, como lo destacó el mismo Juzgador de la apelación, la demandante no fue incapacitada, ni se le diagnosticó médicamente discapacidad alguna para el momento de su desvinculación.
Por lo visto, los cargos prosperan y, en consecuencia, habrá de casarse el fallo impugnado
IV. Sentencia de Instancia
Como quedó dicho en la esfera casacional ninguno de los elementos de juicio que se incorporaron al proceso, logra demostrar que, en vigencia de la relación laboral, la demandante tenía una condición de discapacidad o limitación en los porcentajes establecidos en la Ley.
Nótese que en el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico (fls. 98 a 103) si bien se estableció que el “diagnostico motivo de calificación” fue “1. Estrés laboral” y “2. Trastorno afectivo bipolar fase depresiva”, también brota palmario que la pérdida de la capacidad laboral de la actora en un 42,90% fue por “trastorno afectivo bipolar; con patología de origen profesional (…) y fecha de estructuración el día 20 de octubre del 2003, fecha en la cual aparece los primeros diagnósticos en la historia (Psiquiatra)” (negrillas fuera de texto).
Entonces: (i) si la terminación de la relación de trabajo se hizo efectiva el 26 de junio de 2003; (ii) la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral fue el 20 de octubre de 2003; y (iii) solo en esta última calenda aparecieron los “primeros diagnóstico” de la enfermedad “trastorno afectivo bipolar”, todo ello traduce que el empleador no pudo tener conocimiento del estado patológico de su ex colaboradora, se insiste, en vigencia del contrato de trabajo, lo que incluye, desde luego, la data del fenecimiento del vínculo contractual, por lo que no era dable considerarla como una trabajadora con una discapacidad severa o profunda amparable con la protección especial consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Así las cosas, se revocará la sentencia del Juzgado, para en su lugar, absolver a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra.
Sin costas en el recurso de casación. Las correspondientes a las instancias, serán a cargo de la demandante.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, casa la sentencia proferida el 30 de junio de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso ordinario promovido por Martha Lucía Capriles Díaz contra la Corporación Universidad Libre. En instancia, se revoca la sentencia del 17 de septiembre de 2004, proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla y, en su lugar, se absuelve a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra.
(1) Inciso 2º artículo 5º Ley 361 de 1997.

References: ARTÍCULO 26
 ARTÍCULO 5
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 artículo 1
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 artículo 19
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