Source: https://www.lexureditorial.com/legislacion/20150305/ley-navarra-de-perros-de-asistencia/
Timestamp: 2018-07-19 13:43:41+00:00

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Ley navarra de perros de asistencia | Lexur Editorial
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral reguladora de la libertad de acceso al entorno, de deambulación y permanencia en espacios abiertos y otros delimitados, de personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia.
El artículo 44 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, atribuye a la Comunidad Foral de Navarra en su número 17 la competencia exclusiva en materia de asistencia social, en cuyo ámbito se enmarcan las acciones públicas necesarias para establecer los fundamentos de una política de integración social y de mejora de las condiciones de accesibilidad para aquellas personas con movilidad reducida y otras limitaciones.
La Comunidad Foral de Navarra ha promulgado ya diversas normas en materia de supresión de barreras físicas y sensoriales, comenzando por la Ley Foral 4/1988, de 11 de julio (modificada por la Ley Foral 22/2003, de 25 de marzo), hoy sustituida por la vigente Ley Foral 5/2010, de 6 de abril, de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, promulgada a la luz de los principios de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
La Constitución Española en su artículo 14 establece la igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El artículo 9.2 establece también que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Finalmente, el artículo 49 contiene el mandamiento para que los poderes públicos realicen una política de integración de las personas con discapacidad, para prestarles la atención especializada que requieran y ampararlas, especialmente, en la consecución de los derechos que les son reconocidos en la misma Constitución.
En virtud de tales disposiciones constitucionales, recientemente el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, ha aprobado el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, norma esta que ha refundido y reintegrado la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Todas estas leyes constituyeron una revolución normativa para lograr la completa integración en la vida política, económica, cultural y social de las personas con discapacidad, viniendo el nuevo texto refundido a dar cumplimiento al mandato contenido en la disposición final segunda de la Ley 26/2001, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, en cuanto supone la consagración de estos derechos y la obligación de los poderes públicos de garantizar que el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad sea pleno y efectivo, en la misma línea de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución.
En el ámbito normativo internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la 183.ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948, consagra en su artículo 1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, añadiendo en su artículo 2 que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la propia declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. En su artículo 6 establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin distinción, y que todos tienen derecho a igual protección de la ley y contra toda discriminación que infrinja la propia declaración.
El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1996 y ratificado por el Estado español por Instrumento de 13 de abril de 1997), establece que todas la personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley, añadiendo que la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
En el mismo sentido, el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en vigor en el Estado español desde el 4 de octubre de 1979), bajo la rúbrica de «prohibición de discriminación» señala que el goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. Más recientemente, el artículo 1.º del Protocolo Adicional n.º 12 al Convenio (en vigor para el Estado español desde el 1 de junio de 2008), bajo la misma rúbrica de «prohibición de discriminación», establece que el goce de todo derecho previsto por la ley ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación, añadiendo que nadie puede ser objeto de discriminación por parte de una autoridad pública cualquiera que esta sea que pretenda justificarse especialmente en los motivos mencionados.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, suscrita por el Estado español el 30 de marzo de 2007 y ratificada por Instrumento de 23 de noviembre de 2007, proclama en su artículo 1 que su propósito es la promoción, protección y aseguramiento del goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y la promoción del respeto de su dignidad inherente. En el mismo precepto incluye entre las personas con discapacidad a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan ver impedida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas. Entre los principios de la Convención, su artículo 3 incluye el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual y la independencia de las personas, la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad. Su artículo 4 establece, entre las obligaciones generales de los Estados signatarios de la convención, la de asegurar y promover el pleno derecho de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por motivos de discapacidad, debiendo para ello adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la propia convención, tomar las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad, así como para tomar todas las medidas pertinentes para que nadie (ninguna persona, organización o empresa privada) discrimine por motivos de discapacidad.
Finalmente, en el ámbito normativo comunitario, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, hecha en Estrasburgo el 12 de diciembre de 2007, tras proclamar en su artículo 1 el derecho a la dignidad humana y su inviolabilidad, en su artículo 3 el derecho de toda persona a su integridad física y psíquica, y en su artículo 6 el derecho a la libertad de las personas, establece en su artículo 20 el derecho de todas las personas a la igualdad ante la ley, prohibiendo en su artículo 21 toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación social. Finalmente, en su artículo 26 consagra el derecho a la integración de las personas discapacitadas, al punto de reconocer y respetar el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad.
Descrito así el panorama normativo internacional, comunitario y constitucional en materia de los derechos fundamentales de todas las personas con discapacidad, conviene detenerse en que la Comunidad Foral de Navarra tiene vigente en la actualidad la Ley Foral 7/1995, de 4 de abril, por la que se regula el régimen de libertad de acceso, deambulación y permanencia en espacios abiertos y otros delimitados, correspondiente a personas con disfunción visual total o severa y ayudadas por perros guía.
Esta ley foral, como se deduce de su título, se centra exclusivamente en las personas con disfunción visual y en los perros guías que utilizan o pueden utilizar, pero no regula absolutamente nada en relación con las personas que no tienen disfunción (o discapacidad) visual pero sí otro tipo de discapacidades, físicas o sensoriales, o trastornos endocrinos, o cualquier tipo de enfermedad, y que precisen o puedan precisar, o hacer necesario o conveniente, la asistencia de perros de asistencia.
Estas consideraciones abundan por sí solas en la pertinencia de que Navarra legisle, regulando y protegiendo los derechos de estas personas que precisan o pueden precisar la asistencia de perros de asistencia, o de perros especializados en alertas de crisis de determinadas enfermedades, como de hecho ya ha ocurrido en otras Comunidades Autónomas que, como Navarra, legislaron en origen los derechos de las personas con discapacidad visual y regularon la utilización por estos discapacitados de perros guía (tradicionalmente conocidos también como perros lazarillo), y que más recientemente han superado este ámbito reducido de las personas con discapacidad, para regular el derecho de acceso al entorno de las personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia.
Por todo ello, desde la antedicha perspectiva del elemental principio de igualdad de las personas, Navarra se encuentra hoy con una regulación que no satisface este principio, tanto respecto de los derechos de las personas con discapacidad respecto de los que no la padecen, como respecto de los que tienen otras discapacidades distintas de las visuales, esto es, en lo que tiene que ver con el amplio espectro de las personas con discapacidad que precisan o pueden precisar de perros de asistencia, siendo necesario en consecuencia superar el inicial acotamiento en la Ley Foral 7/1995, de 4 de abril, de los derechos y garantías de las personas con discapacidad visual, para trascender este limitado espectro personal, asistencial y social, ampliándolo, como procede, al conjunto de las personas que padecen cualquier tipo de discapacidad o enfermedad que pueda hacer necesario, conveniente o simplemente posible la utilización de perros de asistencia que contribuyan o puedan contribuir a la mejora de sus condiciones de vida, asistenciales, médicas y/o personales, y con ello de sus condiciones de igualdad.
La situación normativa descrita existente en Navarra pugna no solo con el principio de igualdad señalado desde el punto de vista puramente teórico, sino también en el plano práctico con el hecho cierto de que en Navarra ya existen, junto con discapacitados visuales que utilizan perros guía, otras personas que utilizan perros de asistencia, y otras que pueden hacerlo en el futuro.
Son todas las señaladas circunstancias y realidades que hacen necesario y perentorio que el Parlamento de Navarra tome cartas en el asunto, y elabore, discuta y apruebe una nueva ley foral que, superando como procede la vigente Ley Foral 7/1995, de 4 de abril (e incluso procediendo a su derogación), venga a regular todos los derechos, garantías y obligaciones de todas las personas con cualesquiera discapacidades o enfermedades para las que la utilización de perros de asistencia (utilizado el término en el más amplio sentido) pueda contribuir a una mejora de sus condiciones de vida, de salud, de mejora en el tratamiento de sus discapacidades, de acceso a todos los lugares públicos y privados en las mismas condiciones que las personas no afectas de incapacidad alguna, a los medios de transporte, etcétera, y con ello a una mejora de sus condiciones elementales de vida y de desarrollo personal y familiar.
h) Pasaporte europeo para animales de compañía: el documento normalizado para la armonización de los distintos controles y legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea, que incluye los datos e identificación del animal y de su propietario, así como el historial sanitario del perro, que le permite desplazarse por Europa. El usuario o usuaria debe estar en posesión de dicho pasaporte, hoy regulado por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 577/2013, de la Comisión, de 29 de junio de 2013, relativo a los modelos de documentos de identificación para los desplazamientos sin ánimo comercial de, ente otros animales, perros, dictado en ejecución del Reglamento (UE) n.º 276/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía, por el que se derogó el anterior Reglamento (CE) n.º 998/2003.
k,1) El propietario o propietaria del perro, desde el nacimiento hasta la muerte del animal, mientras no esté vigente ningún contrato de cesión del perro de asistencia a un usuario o usuaria.
k,2) El usuario o usuaria del perro de asistencia, a partir del momento en que reciben legalmente la cesión del animal y mientras esta perdure. Si el usuario o usuaria son personas menores de edad o se encuentran legalmente incapacitadas, tendrá la condición de personas responsables del perro bien el padre o la madre, bien quien ejerza la tutoría legal del menor o incapacitado.
Artículo 4. Derecho de acceso al entorno.
Artículo 5. Determinación de los lugares, locales, establecimientos, alojamientos, transportes y espacios públicos o de uso público.
– Todos los definidos como tales espacios públicos y de uso público por la legislación urbanística vial aplicables en cada momento, como paso de peatones, peatonales o de disfrute peatonal o semipeatonal exclusivo.
– Todos los incluidos en la normativa vigente en la Comunidad Foral de Navarra en materia de servicios sociales.
– Todos los lugares y locales e instalaciones sujetos a la normativa vigente en la Comunidad Foral de Navarra en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas (la hoy vigente Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, de espectáculos públicos y actividades recreativas, y la que en cada momento la sustituya), con inclusión de instalaciones y establecimientos deportivos, tanto públicos como privados.
– Centros de recreo y tiempo libre u ocio.
– Centros oficiales de toda índole y titularidad, cuyo acceso no esté vedado al público en general.
– Colegios, academias y centros de enseñanza de todo nivel, grado, materia, modalidad y especialidad, tanto públicos como privados.
– Centros sanitarios y asistenciales y socioasistenciales, con inclusión de residencias geriátricas, hogares, clubes para la atención a la tercera edad, pisos tutelados, centros de recuperación y asistencia a personas con discapacidades físicas y/o psíquicas, y establecimientos similares, sean de titularidad pública o privada.
– Centros religiosos o de culto.
– Centros culturales, museos, casas de cultura, bibliotecas, salas de cine, de exposición y/o de conferencias.
– Almacenes, establecimientos mercantiles y centros comerciales.
– Lonjas, mercados, ferias, plazas de abastos y similares.
– Oficinas y despachos de profesionales liberales a los que sea preciso acudir por concretas razones de igual índole.
– Espacios de uso público general y público de las estaciones de autocar, ferrocarril, aeropuertos y paradas de vehículos ligeros de transporte público, cualquiera que fuera su titularidad.
– Zonas urbanas de esparcimiento de perros, habilitadas al efecto por los municipios competentes.
– Lugares de esparcimiento al aire libre, tales como parques, jardines, playas y zonas de baño de ríos, lagos y embalses, incluida el agua de los mismos, así como cualquier otro espacio de uso general público.
– Espacios naturales de protección especial donde se prohíba expresamente el acceso con perros, por lo que esta prohibición no será aplicable a las personas usuarias de perros de asistencia.
b) Establecimientos turísticos comprendidos en la Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero, de Turismo (o en la que en cada momento la sustituya), con inclusión de los establecimientos hoteleros y de restauración de toda categoría y clase, tales como hoteles, hostales, restaurantes, albergues, campings, campamentos, bungalows, apartamentos, lugares de acampada, piscinas, balnearios, parques de recreo, acuáticos, de atracciones o temáticos, zoológicos y establecimientos turísticos o de hostelería en general destinados a proporcionar, mediante precio, habitación, residencia, comidas y bebidas a las personas, cualquiera que sea su denominación.
Artículo 6. Derecho de acceso de los usuarios de perros de asistencia al mundo laboral.
Artículo 7. Ejercicio de los derechos de las personas usuarias de perros de asistencia en medios de transporte.
En el ejercicio del derecho de acceso de las personas usuarias de perros de asistencia a los lugares, espacios y transportes enumerados en el artículo 5 deben observarse, además de la normativa de la Comunidad Foral de Navarra vigente en cada momento en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras en los transportes (hoy regulada en el Decreto Foral 57/1990, de 15 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento para la eliminación de barreras físicas y sensoriales en los transportes), las siguientes normas:
No obstante, a elección de la persona usuaria del perro de asistencia, aquella podrá ocupar el asiento delantero derecho, teniendo al perro a sus pies, en los dos siguientes supuestos:
– en los trayectos de largo recorrido.
– cuando dos personas usuarias de perros de asistencia y acompañadas de los mismos viajen juntas.
Artículo 8. Derecho de acceso de las personas usuarias de perros de asistencia a lugares y espacios privados de uso colectivo.
b) Las dependencias e instalaciones de clubes, sociedades recreativas y cualesquiera entidades titulares de actividades deportivas, culturales, turísticas, de ocio y tiempo libre y análogas, abiertas al uso y disfrute de sus socios, asociados o miembros.
Artículo 9. Limitaciones del derecho de acceso al entorno de las personas usuarias de perros de asistencia.
2. La denegación del derecho de acceso al entorno a las personas usuarias de perros de asistencia fundamentada en la existencia de alguna de las circunstancias determinadas en el apartado 1 debe ser realizada, en cualquier caso, bien por la autoridad competente, bien por la persona responsable del local, servicio, establecimiento, instalación o espacio que esté utilizando en cada caso y momento, que indicarán al usuario o usuaria la causa que justifica la denegación y, si este lo requiriera, hacerla constar por escrito.
Artículo 10. Derecho de acceso al entorno de los adiestradores y agentes de socialización de perros de asistencia.
Artículo 11. Obligaciones de las personas usuarias, personas propietarias, personas adiestradoras y agentes de socialización de perros de asistencia.
j) Cumplir y hacer cumplir los principios de respeto, defensa y protección del perro de asistencia. En particular, se incluye la garantía del adecuado nivel de bienestar del perro de asistencia, cumpliendo para ello las normas y requisitos de trato, manejo y etológicos que proporcionen al perro una buena calidad de vida, con singular respeto a los periodos de descanso y de ejercicio físico del perro, así como a los principios de un buen trato al perro, con exclusión de cualesquiera de las actuaciones que, en el artículo 26.3,f) de esta ley foral, se conceptúan como malos tratos al perro de asistencia.
Artículo 12. Responsabilidad de las personas usuarias.
Artículo 13. Clasificación de los perros de asistencia.
Artículo 14. Adquisición y reconocimiento de la condición de perro de asistencia.
3. Los perros pertenecientes a razas potencialmente peligrosas, de acuerdo con la normativa reguladora de este ámbito (en la actualidad, Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, y Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que la desarrolla), no pueden obtener la condición de perro de asistencia.
Artículo 15. Acreditación e identificación de los perros de asistencia.
Artículo 16. Condiciones higiénicas y sanitarias de los perros de asistencia.
– Bromo, parvovirosis canina y hepatitis canina.
– Cualquier otra que establezcan las autoridades sanitarias en atención a la situación epidemiológica de cada momento.
Artículo 17. Suspensión de la condición de perro de asistencia.
d) Cuando se acuerde como medida cautelar en el trámite de un expediente sancionador de acuerdo con la Ley Foral 7/1994, de 31 de mayo, de protección de los animales, o de la norma que en cada momento la sustituya.
h) La acreditación definitiva, tras expediente administrativo incoado al efecto, de la irrogación por la persona usuaria de malos tratos al perro sancionables de acuerdo con la Ley Foral 7/1994 de 31 de mayo, de protección de los animales o de la norma que en cada momento la sustituya.
Artículo 19. Efectos de los acuerdos de suspensión y pérdida de la condición de perro de asistencia.
Artículo 20. Requerimiento de documentación.
Artículo 21. Creación del Registro de unidades de vinculación.
Artículo 22. Contenido del Registro de unidades de vinculación.
– Identificación del usuario o usuaria del perro de asistencia.
– Identificación del propietario y, en su caso, del responsable del perro.
– Identificación de la persona o personas a las que se refiere el artículo 4.7 de esta ley foral.
– Reseña completa del perro (identificación y procedencia).
– Reseña de las capacidades y habilidades del perro para ser perro de asistencia y, en concreto, para estar vinculado al usuario o usuaria.
– Cuantos otros se consideren necesarios reglamentariamente conducentes al mejor desarrollo de las funciones de asistencia.
Artículo 23. Requisitos para la autorización de instalación y funcionamiento de núcleos zoológicos y de centros de adiestramiento de perros de asistencia.
Para la autorización de instalación y de funcionamiento de núcleos zoológicos y de centros de adiestramiento de perros de asistencia, en cuanto instalaciones para el mantenimiento temporal de animales de compañía, deberán cumplirse, además de los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de actividades clasificadas y de autorizaciones ambientales, los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de autorización, calificación, registro y control zoosanitario de los núcleos zoológicos de Navarra (hoy regulados en la Orden Foral 104/2013, de 12 de abril, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local).
La infracción tipificada en el artículo 26.3.f) de esta ley foral será castigada, además de con la sanción de multa que corresponda conforme a la Ley Foral 7/1994, de 31 de mayo, de protección de los animales, o a la norma que en cada momento la sustituya, con la pérdida del derecho de acceso utilizando el perro objeto de malos tratos que, con arreglo al artículo 18.1 de esta ley foral, perderá tal condición.
Artículo 30. Responsabilidad civil.
Disposición adicional primera. Identificación de los perros de asistencia.
Disposición adicional segunda. Registro de unidades de vinculación de perros de asistencia.
Disposición adicional tercera. Apoyo económico a las personas que precisan del servicio de un perro de asistencia.
Disposición adicional cuarta. Campañas de divulgación y sensibilización ciudadanas.
Disposición adicional quinta. Reconocimiento de perros de asistencia de otras Comunidades Autónomas.
Disposición adicional sexta. Accesibilidad universal.
Disposición adicional séptima. Procedimientos de adquisición, suspensión y pérdida de la condición de perro de asistencia.
Los procedimientos que establecen los artículos 14, 17 y 18 de esta ley foral deben tramitarse de conformidad con la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, reguladora de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y con las especificidades propias de la presente ley foral.
Disposición transitoria primera. Reconocimiento como perros de asistencia de los perros guía a los que se refiere la Ley Foral 7/1995, de 4 de abril.
1. Los perros guía a los que se refiere el artículo 13 a) de esta ley foral, así como el artículo 2 de la Ley Foral 7/1995, de 4 de abril, por la que se regula el régimen de libertad de acceso, deambulación y permanencia en espacios abiertos y otros delimitados, correspondientes a personas con disfunción visual total o severa y ayudadas por perros guía, tienen automáticamente reconocida su condición de perro de asistencia.
Queda derogada la Ley Foral 7/1995, de 4 de abril, por la que se regula el régimen de libertad de acceso, deambulación y permanencia en espacios abiertos y otros delimitados, correspondientes a personas con disfunción visual total o severa y ayudadas por perros guía.
Disposición final primera. Desarrollo, aplicación y cumplimiento de esta ley foral.
Disposición final segunda. Otras enfermedades y tipos de perros de asistencia.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor de esta ley foral.
Pamplona, 2 de febrero de 2015.–La Presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina Angulo.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» número 32, de 17 de febrero de 2015)
Etiquetas:BOE discapacidad legislación Navarra perros guía

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 artículo 9
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 artículo 26
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 artículo 1
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 artículo 3
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