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Timestamp: 2020-04-07 03:30:01+00:00

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Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal. Proceso 41760 (09-03-2016) Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Dosis personal y de aprovisionamiento. | Observatorio de Jurisprudencia
(Aprobado en acta Nº71)
Bogotá D.C., nueve (09) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Decide la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensora de YESID ALEXANDER ARIAS PINTO contra la sentencia de 15 de mayo de 2013, mediante la cual el Tribunal Superior de San Gil-Santander, confirmó la emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento del mismo Distrito Judicial, que lo condenó como autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.
Hacia las 5:45 de la tarde del 27 de octubre de 2011 en las instalaciones del Batallón «José Antonio Galán» de Socorro-Santander, en el sitio conocido como «La Tienda del soldado», el soldado regular YESID ALEXANDER ARIAS PINTO fue sorprendido cuando portaba dentro de sus bolsillos 50.2 gramos de marihuana.
Por lo anterior, el 28 de octubre de 2011 ante el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Socorro-Santander se cumplió la audiencia concentrada de legalización de captura, en la cual también la Fiscalía General de la Nación le imputó la posible comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, previsto en el artículo 376, inciso 2°, (modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011), con la circunstancia de agravación del artículo 384, numeral 1°, literal b) del Código Penal, por haber ocurrido la conducta en una guarnición militar. El imputado no aceptó los cargos y fue afectado con la medida de aseguramiento de detención en establecimiento carcelario solicitada por el ente investigador.
Presentado el escrito de acusación por el citado ilícito, manteniendo la causal de intensidad punitiva por el lugar de comisión, el 30 de enero de 2012 ante el Juzgado Tercero Penal de Socorro se cumplió la audiencia de formulación respectiva.
Luego, iniciada la audiencia preparatoria el fiscal solicitó la suspensión de la misma para pedir la preclusión por la atipicidad de la conducta, al tenor de lo normado en el numeral 4° del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, al destacar que por haberse demostrado que el enjuiciado desde muy joven era adicto y consumidor de marihuana, la cantidad de sustancia encontrada, que sobrepasó la dosis personal debía entenderse como de aprovisionamiento, máxime que estaba acuartelado, lo cual le impedía contar con la libertad de obtener de manera continua la que requería y no había evidencia que la fuera a expender o distribuir.
Sin embargo, el juzgado mediante auto de 27 de marzo de 2012 negó tal pedimento por no ser el momento procesal adecuado ya que no se trataba de una causal objetiva de las previstas en el artículo 77 de la Ley 906 de 2004, pues ese estudio de la atipicidad del comportamiento demandaba valoración. Tal proveído fue avalado por el Tribunal Superior de San Gil el 14 de mayo de 2012.
Reanudada la audiencia preparatoria y cumplida la de juicio oral, luego de anunciar en ésta sentido de fallo de carácter condenatorio, el 31 de agosto de 2012 se declaró la responsabilidad penal de YESID ALEXANDER ARIAS PINTO como autor del delito objeto de acusación, al imponerle las penas de nueve (9) años y diez (10) meses de prisión, multa de cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la aflictiva de la libertad, sin concederle la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria.
En virtud del recurso de apelación promovido por la defensora del incriminado, el Tribunal Superior de San Gil a través de sentencia de 15 de mayo de 2013 confirmó la condena, razón por la cual aquélla insistió al impugnar extraordinariamente con la respectiva demanda de casación, que luego de admitida, fue sustentada ante esta Sala.
Postula el desconocimiento del principio de lesividad, previsto en el artículo 11 del Código Penal, al estimar que el procesado con su conducta no puso en peligro ni lesionó el bien jurídico tutelado.
Parte de la premisa relacionada con que ARIAS PINTO es adicto desde niño a las drogas sicotrópicas —aspecto que no fue rebatido por la Fiscalía—, y dado que era soldado y debía salir a una zona a patrullar en el municipio de Coromoro, lugar donde le sería difícil adquirir la marihuana, se configura una justa causa para que tuviera la cantidad que le fue hallada.
Para la demandante, si el Tribunal no hubiera incurrido en ese error, habría absuelto al incriminado, quien estaría en libertad recibiendo tratamiento para su adicción.
Pregona un error de hecho por falso raciocinio en la valoración del testimonio del Médico Psiquiatra Adrián Villanueva Vera, que dio cuenta de la adicción del procesado a las drogas, cuando judicialmente se le desestimó porque sólo contó con los datos suministrados por el paciente y no mediaba prueba de laboratorio que corroborada tal afirmación.
Señala que esas pruebas de laboratorio echadas en falta por el Tribunal sólo servirían para acreditar que en un periodo de tiempo anterior a la muestra la persona consumió algún tipo de droga, pero demostrarían su adicción.
Y que no se valoró que el citado perito, egresado de la universidad Javeriana, tenía nueve años de experiencia y relató el episodio de ansiedad que padecía ARIAS PINTO con la sintomatología derivada del consumo de marihuana.
Igual yerro ubica en la declaración del soldado Edwin Oswaldo Sánchez Navarrete, compañero del enjuiciado, cuando se le demeritó por no tener el conocimiento científico para reconocer que una dosis terapéutica se ajustaba al nivel de dependencia, desdeñando que lo conocía desde niño y compartió con él diversos escenarios, al punto que afirmó que ARIAS PINTO consumía a diario entre diez u once dosis de estupefaciente.
Denuncia la incongruencia entre la acusación y la sentencia, por no haber referido jurídicamente en ésta la circunstancia agravante relacionada con haber realizado la conducta en un cuartel, quedando así el nomen iuris incompleto, cuando en la acusación ese delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de llevar consigo se le tuvo como agravado.
Agrega que pese tal omisión nominal, para efectos de dosificación punitiva sí se intensificó la pena.
La defensora insiste en que la conducta carece de antijuridicidad material porque: 1) el procesado es una persona enferma debido a su adicción a las drogas; 2) como soldado iba a patrullar, por eso se aprovisionó de la cantidad que requería; 3) no se demostró su intención de comercializar el estupefaciente, mismo argumento que haría
inoperante la circunstancia relacionada con la realización del comportamiento en una guarnición militar; y 4) se trataría de un consumo individualizado.
La representante de la Procuraduría
Considera que sólo debe prosperar la primera censura formulada por la violación directa de la ley sustancial dada la falta de aplicación del principio de lesividad.
Con apoyo en decisiones jurisprudenciales en los ámbitos constitucional y penal en las se ha tratado el tópico de la dosis personal de estupefacientes y cifras superiores a ella, señala que en este caso, si bien la cantidad de sustancia ilícita hallada al soldado sobrepasó en el doble la porción mínima, como trataba de precaver futuros consumos, no se avizora un riesgo significativo para la salud pública, para terceros o el orden económico-social.
Explica que tal cantidad de marihuana podría considerarse amplia para quien permanece en un solo lugar y cerca de sitios normales de aprovisionamiento, pero aquí resulta compatible con quien se iría por varios días a patrullar en condiciones precarias de alojamiento y alimentación, propias de la zona rural, particularidades indicativas que la acción no superaba la esfera personal de ARIAS PINTO.
En cuanto al cargo por violación indirecta de la ley sustancial que cifra la demandante en el dictamen psiquiátrico, estima la Delegada del Ministerio Público que resulta superfluo determinar la condición de adicto del procesado, por cuanto el Tribunal sí consideró tal situación, sólo que no le dio los alances anhelados por la defensa.
Del tercer reproche, basado en la nulidad por incongruencia, señala la Procuradora que no le asiste razón a la impugnante, toda vez que la causal de agravación incluida en la acusación fue objeto de análisis en los fallos, de manera que en ningún momento se sorprendió al procesado con ello, sin que el no haber citado el nomen iuris completo pueda considerarse como una falta de consonancia.
La delegada de la Fiscalía
Solicita no casar el fallo por razón de los cargos formulados y respecto de la tercera censura dice que para no repetir se muestra conforme con lo expuesto por la representante de la Procuraduría.
También tras cita jurisprudencial, destaca que la primera censura no debe prosperar, porque al procesado le incautaron 50,2 gramos de marihuana excediendo más del doble la dosis personal.
Y respecto del segundo reproche en cuanto a la valoración del dictamen psiquiátrico, asegura que tampoco tiene vocación de éxito porque tal prueba fue valorada de conformidad con la sana crítica, pues el Tribunal sopesó el procedimiento y los principios que sustentaron la experticia cuando el profesional aseveró que sólo había escuchado al inculpado, quien le dijo que era adicto, pero dejando la constancia que al examen físico las condiciones personales del paciente no daban cuenta de alteraciones compatibles con alguien que consume asiduamente sustancias alucinógenas.
Agrega que la defensora no cumplió con la carga de demostrar la trascendencia de la indebida valoración del dictamen, además, el juez plural indicó que aun de aceptar que el procesado fuera adicto, la cantidad incautada y las circunstancias en que fue aprehendido daban cuenta de estar ante un comportamiento ilícito.
Para el fin anterior la Sala emprenderá el estudio de las censuras basadas en la violación de la ley. Sin embargo se partirá de la premisa relacionada con que el segundo reproche resulta superfluo: Como lo pusieron de manifiesto las representantes de la Procuraduría y la Fiscalía en sus intervenciones, los yerros probatorios denunciados en la valoración del testimonio del Médico Psiquiatra Adrián Villanueva Vera y del soldado Edwin Oswaldo Sánchez Navarrete, que acreditaría la condición de adicto ARIAS PINTO, devienen nimios, toda vez que tal situación fue admitida en las instancias, sólo que no en el sentido pretendido en ese entonces por la defensa.
En efecto, el juzgador de primer grado delimitó el problema jurídico en la postura defensiva acerca de la irrelevante conducta desplegada por ARIAS PINTO al circunscribirse a satisfacer la necesidad personal de consumo de estupefacientes, frente a la teoría del ente acusador al proponer que, no obstante la condición de adicto del procesado, la cantidad de droga encontrada en su poder lo ubica en el sendero delincuencial.
«El hecho mismo de tratarse YESID ALEXANDER de una persona farmacodependiente y encontrarse sometido a un régimen de disciplina militar no lo liberaba o eximía de ofrecer un manejo responsable a su adicción, máxime cuando ha venido conviviendo con ella desde tiempo atrás, e incluso, a sabiendas que con su incorporación a las fuerzas militares le traería algunas restricciones».
Además, no hay que olvidar que precisamente la condición de adicto de ARIAS PINTO motivó a que el fiscal, solicitara la suspensión de la audiencia preparatoria para deprecar la preclusión por atipicidad de la conducta, apoyado en ese momento no solo con el descubrimiento probatorio hecho por la defensa relativo a la atención prodigada al procesado en la Clínica Unidad Mental Villa María Ltda. de San Gil-Santander y valoración del Psiquiatra Adrián Villanueva, sino en las averiguaciones de la Fiscalía según las cuales no se acreditaba que la sustancia fuera llevada por el procesado para expenderla o dársela a otro soldado, solicitud negada, entre otras razones, por impertinente.
Para estudiar el postulado de la demandante, avalado por la representante del Ministerio Público, que los 30.5 gramos de marihuana que sobrepasaron los 20 gramos establecidos como dosis personal, se pueden tomar como los que necesitaba ARIAS PINTO para suplir su necesidad de consumo, particularidades que eliminarían el juicio de antijuridicidad material, se hace necesario rememorar antecedentes legislativos y jurisprudenciales del delito en comento.
El ilícito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes fue definido inicialmente en el artículo 33 de la Ley 30 de 1986 en los siguientes términos: «El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia,…» y contemplaba las penas según la cantidad de sustancia (El aspecto punitivo fue modificado posteriormente por el artículo 17 de la Ley 365 de 1997).
Posteriormente, el artículo 376 del Código Penal de 2000 definió el ilícito así: «El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia..,» (subrayas ajenas al texto). El aspecto punitivo dependía de la cantidad de sustancia estupefaciente.
Pese a la despenalización del consumo establecida por vía constitucional desde 1994, se quiso volver a punir esa conducta al expedir la Ley 745 de 2002 tipificando como contravención el consumo y porte de dosis personal de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia, con peligro para los menores de edad y la familia, aun en el domicilio o almacenarla en esa cantidad en establecimientos educativos, en lugares aledaños a los mismos o en el domicilio de menores, fijando sólo sanciones pecuniarias graduables.
Con posterioridad fue promulgada la Ley 1153 de 2007, también llamada «Ley de pequeñas causas», en la cual se contempló como contravención si en presencia de menores de edad se consumían estupefacientes o se hacía en lugar público, establecimiento comercial de esparcimiento, o si consumía, portaba o almacenaba en cantidad considerada como dosis personal, en establecimientos educativos o en lugares aledaños a los mismos o en el domicilio de menores, estableciendo penas de trabajo social no remunerado y multas.
Luego, a iniciativa del Gobierno se modificó el artículo 49 de la Constitución Política a través del Acto Legislativo 2 de 2009, al establecer que:
Ciertamente, en la presentación del proyecto se resaltó que no se buscaba penalizar con medida privativa de la libertad al consumidor, «sino que, por el contrario, se limita a reconocer medidas pedagógicas o terapéuticas a los consumidores y para los adictos medidas de protección coactiva, en el entendido que estos constituyen un grupo marginado de la sociedad que se encuentra en estado de debilidad manifiesta, es decir aquellas personas que por sus problemas de drogadicción, requieren atención y tratamiento médico especializado por parte del Estado»[1].
Prohibir el porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Aprobado el Acto legislativo, corresponderá al legislador desarrollar mecanismos y procedimientos que permitan distinguir entre el consumidor y el delincuente que trafica y distribuye las drogas ilícitas;
Garantizar la protección del derecho a la salud pública de la población amenazada por el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, considerando el deber que toda persona tiene a procurar el cuidado integral de su salud y el de la comunidad;
Que el legislador establezca medidas con carácter pedagógico, profiláctico o terapéutico para quienes consuman dichas sustancias, pudiendo acompañar dichas medidas (sic) limitaciones temporales al derecho a la libertad, las cuales se harán efectivas en instituciones adaptadas para ello, sin que dichas limitaciones impliquen por sí mismas penas de reclusión en establecimientos carcelarios;
Que el Estado desarrolle en forma permanente, campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes, y en favor de la recuperación de los enfermos dependientes o adictos, y;
Que el Estado dedique especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia, para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y por ende de la comunidad. (negrilla fuera de texto).
Con base en ese Acto Legislativo se expidió la Ley 1453 de 2011, modificando el artículo 376 del Código Penal, así:
Finalmente, la Ley 1566 del 31 de julio de 2012 «Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas» se reconoce que el abuso y la adicción deben ser tratados como una enfermedad que requiere atención integral por parte del Estado. En el Informe de ponencia para el segundo debate del proyecto se indicó que: «quien consume sustancias psicoactivas de forma habitual o esporádica, no puede considerarse como un delincuente o una persona que se debe aislar de la sociedad porque en realidad se trata es de un ser humano en situación de enfermedad con un tipo de sintomatología que lo hace ser dependiente a diferentes tipos de estupefacientes y que por ende merece de toda la atención en salud por parte del Estado».
Pero no sólo en el contexto interno se conmina a no tildar al consumidor o adicto a drogas como un delincuente, sino a tratarlo como enfermo; en el ambiente internacional en la Convención Única sobre Estupefacientes (ONU 1961), enmendada por el Protocolo de 1972 —artículos 36 y 38—, así como en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (ONU 1971), —artículos 20 y 22—, se establece la obligación de los Estados Partes de adoptar todas las medidas posibles para prevenir el uso indebido de tales sustancias, así como asegurar la pronta identificación, tratamiento y pos tratamiento, educación, rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas.
Incluso conceptos de la Organización Mundial de la Salud destacan que los adictos por su estado de salud, deben ir a centros de rehabilitación, y no a la cárcel. «Si se les aparta de los servicios sociales y de salud que pueden salvarles la vida, causarán daño a sí mismos y a la sociedad, a través de la delincuencia y las enfermedades transmitidas por la sangre».[2]
Bajo esta óptica, el telos que debe guiar la interpretación es que la farmacodependencia no puede tratarse como delincuencia, por eso, se deben distinguir los comportamientos de porte para consumo, uso personal o consumo en ese contexto, de los relativos al narcotráfico, pues son estos últimos los que merecen punición.
Para solucionar el presente asunto en el que YESID ALEXANDER ARIAS PINTO, como adicto a sustancias estupefacientes, quien cumplía con el servicio militar y se aprestaba a salir del batallón para realizar patrullajes, llevaba consigo 50.2 gramos de marihuana, superando así más del doble la considerada como dosis personal, la Corte considera que ha de ser resuelto dogmáticamente en el ámbito de la tipicidad y no en el de la antijuridicidad, pues a partir de las modificaciones introducidas al ordenamiento jurídico por el Acto Legislativo 02 de 2009 ha de sopesarse en todo caso el ánimo de ingesta de las sustancias, como ingrediente subjetivo o finalidad, de ahí que el porte de una cantidad de droga compatible exclusivamente con ese propósito de consumo será una conducta atípica, en los términos que se explican en esta providencia.
En el asunto que concita la atención de la Corte, como para la tipicidad de la conducta del porte de sustancias estupefacientes se debe tener en cuenta el ingrediente subjetivo tácito que plasmó el legislador al excluir de la previsión legal la conducta de quien tenga la finalidad exclusiva de su uso personal por razón de la dependencia como consumidor, adicto o enfermo, teniendo en cuenta que en los fallos se aceptó la fármaco-dependencia de YESID ALEXANDER ARIAS PINTO a la marihuana, habrá de concluirse que el porte de los 50,2 gramos de esa sustancia deviene en atípico.
Evidentemente, en las instancias se resaltó la acreditación probatoria de la adicción del procesado a la droga ilícita, de la cual dio cuenta el Médico Psiquiatra Adrián Antonio Villanueva, así como el soldado Edwin Oswaldo Sánchez Navarrete y Fabio Arias Pinto, amigo y familiar del enjuiciado, respectivamente, cuando aseveraron que éste consumía marihuana desde niño. Y también se dio por establecido su internamiento militar, así como su inminente salida al municipio de Coromoro para cumplir labores de patrullaje.
Sin embargo, para la Corte resulta palmario que dada la dependencia de ARIAS PINTO a la marihuana y su próxima salida del cuartel, la cantidad de sustancia hallada de manera razonable se ubica en la que él necesitaba, de ahí que se puede entender como una dosis autorizada constitucional y legamente, por ende, su conducta resulta atípica y debió ser pasible de tratamientos pedagógicos, profilácticos o terapéuticos de orden administrativo.
Así las cosas, se accederá a la pretensión de la demandante formulada en el primer cargo de casar, porque si bien escogió la vía de la antijuridicidad, sus mismos argumentos basados en la adicción de YESID ALEXANDER ARIAS PINTO, que bajo internamiento militar y por tener que salir a patrullar se aprovisionó de la cantidad de droga que requería y que no se demostró su intención de comercializarla, son los que permiten arribar a la conclusión de la atipicidad del comportamiento con la interpretación que ya se explicó.
CASAR la sentencia por razón de la primera censura formulada en la demanda presentada por la defensora de YESID ALEXANDER ARIAS PINTO, contra la sentencia emitida por el Tribunal Superior de San Gil-Santander.
ABSOLVER, como consecuencia de lo anterior, a YESID ALEXANDER ARIAS PINTO del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.
ORDENAR la libertad inmediata e incondicional del procesado ARIAS PINTO, la cual se hará efectiva si no es requerido por otra autoridad.
DISPONER que el juez de primer grado cancele los registros y anotaciones que contra el procesado haya originado este diligenciamiento.
A LA SENTENCIA SP2940-2016
Aunque estoy de acuerdo con la decisión adoptada, aclaro mi voto por las siguientes razones:
En la sentencia se afirma que la cantidad de marihuana hallada al procesado Yesid Alexander Arias Pinto (50.2 gramos) era para su uso personal, toda vez que es adicto y debía salir a labores de patrullaje. Por ende, corresponde a la dosis despenalizada, lo que hace que la conducta sea atípica.
En mi criterio, la Corte ha debido precisar que en estos eventos, esto es, cuando la ración del estupefaciente es bastante superior a la personal establecida en el literal j) del artículo 2 de la Ley 30 de 1986 -20 gramos-, es imperioso que el juez sea riguroso con la prueba que se lleve al juicio, de manera que con ella se acredite, sin ambages, no solo la adicción del individuo, sino cómo, atendiendo las particularidades del caso y el contexto fáctico respectivo, la cantidad de estupefaciente encontrada en su poder corresponde, sin equívocos, a aquélla destinada para su consumo.
No discuto que, por razones de salud, las personas enfermas dependientes están autorizadas para portar y consumir una cantidad de droga específica, que resulte superior a la indicada en la disposición referida, sin embargo, considero que esa finalidad debe ser efectivamente comprobada, pues, de lo contrario, se abriría paso a que el derecho penal deje a salvo eventualidades en las que, pretextando la calidad de adicto, se constate un verdadero tráfico o porte de estupefacientes, sí sancionado por el legislador.
[1] Gaceta del Congreso Nº. 281 de 2009. En igual sentido Gacetas 161, 201, 380, 393, 466, 592, 1187, 1211 de 2009
[2] Comisión de Estupefacientes 52º período de sesiones. Viena, marzo de 2009. Temas 4, 12 y 13 del programa provisional. Seguimiento del vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 18º período de sesiones. Viena, 16 a 24 de abril de 2009.

References: artículo 376
 artículo 11
 artículo 384
 artículo 332
 artículo 77
 artículo 11
 artículo 33
 artículo 17
 artículo 376
 artículo 49
 artículo 376
 artículo 2