Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/2983
Timestamp: 2020-08-06 07:54:05+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 129/1995
SENTENCIA 129/1995, de 11 de septiembre
ECLI:ES:TC:1995:129
A) La Junta de Régimen y Administración del Centro Penitenciario Sevilla-2, impuso a uno de los internos en el mismo, don Juan Carlos Bello Ceva, a consecuencia de la comisión de distintas infracciones, la medida coercitiva de aislamiento provisional durante el período que va desde el 23 de agosto de 1991 a 18 de septiembre siguiente. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en Auto de 7 de enero de 1992, declaró ilegal la medida en atención a la autoridad que la adoptó y a las circunstancias concurrentes, requiriendo al Director del Centro para que en lo sucesivo se ajustase estrictamente a las disposiciones legales que rigen su adopción. También le ordenó que en el futuro pusiera inmediatamente en conocimiento del Juzgado su decisión de aplicarlas.
La naturaleza jurídica de esta resolución, habida cuenta la relación de sujeción especial con la Administración en la que se encuentra el interno (STC 120/1990), es la propia de un acto administrativo, sujeto al principio de legalidad proclamado en el art. 106 C.E. (STC 74/1985 y art.42 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, en adelante L.O.G.P). El art. 45 de la citada L.O.G.P., permite la utilización de medios coercitivos para garantizar la disciplina en la prisión en situaciones de especial gravedad, dirigida a impedir actos de evasión o violencia, cuando resulte comprometida la vida o la salud de los internos, circunstancias que, a su juicio, concurrían en el presente caso. Se trata pues, de un acto que no afecta a la ejecución de la pena sino al cumplimiento de la condena impuesta, dictado por la Administración, sometido al principio de legalidad y al ulterior control encomendado al Juez de Vigilancia Penitenciaria [art. 76.2 e) L.O.G.P.], para corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse.
De este modo, la Administración tiene un evidente interés legítimo en el mantenimiento de una resolución que ha dictado y que determina el modo en que ha de cumplirse la pena. Así se desprende de lo dicho en el ATC 373/1989, cuando se afirma que corresponde al Estado determinar como debe cumplirse el castigo impuesto por los Jueces. En cualquier caso, el único representante de la Administración es el Abogado del Estado y no el Ministerio Fiscal, que desde el principio de imparcialidad tiene por misión velar por el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas de los internos.
El primer argumento utilizado por la Audiencia es contradictorio, pues considera acertada la medida que priva de legitimación a la Administración por carecer de interés legítimo en los aspectos derivados de la ejecución penal, cuando reiteradamente ha destacado la defensa del Estado que la medida impugnada es de naturaleza disciplinaria, y por tanto fuera del ámbito al que se refiere el Auto recurrido. En segundo lugar, se indica en el Auto que "el Estado o lo que es lo mismo, el interés social o general, se encuentra representado por el Ministerio Fiscal", circunstancia que rechazó reiterando los argumentos vertidos en el escrito de demanda.
A) En cuanto a su origen, este se halla en las comunicaciones enviadas por el Director del Centro Penitenciario de Sevilla, en las cuales se participó la aplicación de una medida coercitiva de aislamiento provisional en celda a trece internos de dicho Centro en atención a su peligrosidad, entre ellos a don Juan Carlos Bello Ceva. Medida que se inició el 23 de agosto de 1991 a las 12.00 horas y, tras sucesivas prórrogas, cesó el día 18 de septiembre de ese año a las 11.00 horas. Nos encontramos, pues, ante un supuesto de medidas coercitivas adoptadas por la Administración Penitenciaria, respecto a las que cabe señalar, de un lado, que se encuadran dentro del "régimen penitenciario" (Título II de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, en adelante, L.O.G.P.), destinado a"garantizar la seguridad y a conseguir una convivencia ordenada" en los centros (art. 41.1 L.O.G.P.). De otro lado, que su adopción sólo está justificada en tres supuestos concretos (art. 45.1 L.O.G.P.), legalmente definidos en atención a ciertas conductas de los internos que la Administración ha de impedir o evitar; pues indudablemente la seguridad y el buen orden del establecimiento se verían alterados caso de producirse la evasión, la violencia en las personas, los daños en las cosas o la desobediencia al personal penitenciario. De suerte que la adopción de estas medidas disciplinarias está circunscrita tanto por su finalidad exclusiva, el "restablecimiento de la normalidad" en el centro, como por su duración limitada, pues "sólo subsistirán el tiempo estrictamente necesario" (art. 45.3 L.O.G.P.).
De otra parte, interesa señalar que la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, se ha remitido al art. 123 del Reglamento Penitenciario para la determinación de los concretos medios coercitivos que pueden utilizarse, entre los que figura "el aislamiento provisional" en celda de los internos. Siendo conveniente indicar, de un lado, que esta medida requiere la previa autorización del Director del Centro (art. 45.1 L.O.G.P:), aunque los funcionarios de servicio pueden llevarla a cabo con carácter provisional "ante la urgencia de la situación", dando cuenta inmediata al Director (art. 45.2 L.O.G.P. en relación con el art. 76.6ª R.P.). De otro, que el Director del centro, sin perjuicio de la comunicación prevista en el art. 276.2.3ª R.P., está obligado a poner en conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria la adopción de la medida coercitiva en las dos situaciones anteriores; extremo que claramente se desprende de la nueva redacción que el Real Decreto 787/1984, de 28 de marzo, ha dado al art. 123.2 R.P. Estableciendo este precepto, además, que en todos los casos de utilización de las medidas del art. 45 L.O.G.P. la comunicación al Juez de Vigilancia Penitenciaria deberá comprender "los motivos de la misma". Y ello sin perjuicio de que el órgano judicial, caso de no producirse esta comunicación, pueda conocer la adopción de la medida en virtud de una queja del interno afectado [art. 76.2 g) L.O.G.P. y art. 134.3 R.P.] y ésta dar lugar a una resolución judicial (ATC 133/1983).
3. Hecha esta precisión, no es ocioso recordar que el internamiento de un ciudadano en un Centro Penitenciario vincula al interno con la Administración estableciendo una relación de sujeción especial (SSTC 74/1985, 2/1987, 120/1990 y 57/1994, entre otras) que le somete a un poder administrativo autónomo y más intenso que el que se proyecta sobre el común de los ciudadanos. Aunque ciertamente el ejercicio de dicho poder está sujeto a normas legales de estricta observancia y, además, se encuentra limitado tanto por la finalidad propia de dicha relación (art. 1 L.O.G.P.) como por el valor preferente de los derechos fundamentales del recluso, que el art. 25.2 C.E. expresamente reconoce [SSTC 129/1990, fundamento jurídico 6º y 57/1994, fundamento jurídico 3º B)].
De lo que se deriva, de un lado, la obligación de la Administración penitenciaria "de velar por el buen orden y la seguridad regimental del centro" y el correlativo deber del interno "de acatar y observar las normas de régimen interior reguladoras de la vida del establecimiento" [STC 57/1994, fundamento jurídico 3º B)]. A cuyo fin la legislación penitenciaria atribuye a dicha Administración Pública específicos poderes para adoptar medidas encaminadas no sólo a prevenir y eliminar alteraciones del régimen disciplinario, sino también a sancionar administrativamente las infracciones de dicho régimen que puedan cometer los internos (SSTC 74/1984, 2/1987, 190/1987, 161/1993, 229/1993 y 297/1993). Aunque hemos declarado desde la STC 73/1983 que la Administración Penitenciaria "no está exenta de un control judicial, habida cuenta de las garantías establecidas en el art. 9.3 C.E. y las fijadas en el art. 106.1 de la misma C.E." (STC 73/1983, fundamento jurídico 6º).
Este control corresponde a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria -introducidos con general aceptación en nuestro ordenamiento por el art. 76 L.O.G.P. de 1979 y constituidos como órganos jurisdiccionales dentro del orden penal por los arts. 26 y 94 L.O.P.J.- que son los que han de velar "por las situaciones que afecten a los derechos y libertades fundamentales de los presos y condenados, en los términos previstos en los arts. 25.2, 24 y 9.3 C.E., al constituir un medio efectivo de control dentro del principio de legalidad y una garantía de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos" (STC 73/1983, fundamento jurídico 3º). Se trata, pues, de un control que se lleva a cabo por "órganos judiciales especializados" y que constituyen "una pieza clave del sistema penitenciario para garantizar el respeto de los derechos de los internos" (STC 2/1987, fundamento jurídico 5º).
4. De este modo, si bien la legislación penitenciaria reserva a la Administración ciertas funciones -entre ellas la clasificación, destino y traslado de los reclusos (STC 133/1986) y las previstas en el art. 79 L.O.G.P.- y le faculta para adoptar las medidas pertinentes en materia de régimen penitenciario con la finalidad de "garantizar la seguridad y conseguir una convivencia ordenada" en el Centro (art. 41 L.O.G.P.), al mismo tiempo "ha asegurado la judicialización de la ejecución de las penas a través del sistema de control judicial (previo o posterior, según los casos) y cuyo adecuado funcionamiento es no sólo la garantía de conformidad a la Ley de la actividad penitenciaria, sino también de la protección de los derechos fundamentales de los detenidos" (STC 2/1987, fundamento jurídico 5º). Lo que claramente se deriva de las funciones atribuidas al Juez de Vigilancia Penitenciaria en los arts. 76 L.O.G.P. y 94 L.O.P.J. Y de ello resulta, en definitiva, que la actividad de la Administración Penitenciaria está "subordinada en su ejercicio a la autoridad judicial", como hemos declarado reiteradamente, (SSTC 73/1983, 190/1987 y 191/1993, entre otras).
Por consiguiente, es el conocimiento por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de la utilización de una medida coercitiva y de los motivos de su adopción, en virtud de una comunicación del Director del Centro -y, en su caso, por la queja del recluso afectado- lo que permitirá el control de esta actuación de la Administración por parte del órgano jurisdiccional. Y basta reparar en que el mencionado art. 123 R.P. se refiere al "cumplimiento de las demás exigencias" que establece el art. 45 L.O.G.P. para comprender que el mencionado Juez ha de "salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento del régimen penitenciario puedan producirse" (art. 76.1 L.O.G.P. en relación con el art. 94.1 L.O.P.J.).
5. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto podemos ya pasar a enjuiciar si la queja de la Administración Penitenciaria, que imputa a los órganos jurisdiccionales el no haber integrado el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva que el art. 24.1 C.E. reconoce con la parca y confusa regulación contenida en la Disposición adicional quinta, apartado 5, L.O.P.J. Derecho que para la recurrente se deriva directamente de la Constitución y, por tanto, no exige para su ejercicio de una configuración legislativa, pues el citado precepto constitucional, como norma de contenido, integra los mandatos normativos expresados en las leyes o colma las lagunas legales existentes.
Al respecto cabe observar, en primer lugar, que el examen de las resoluciones impugnadas pone de relieve que las mismas se han limitado a estimar, con fundamento en el apartado 5, en relación con el 4, de la Disposición adicional quinta, L.O.P.J., que sólo el Ministerio Fiscal se halla legitimado para recurrir las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria en el ámbito del régimen disciplinario de los centros. En efecto, si bien la respuesta que ofrece el Auto de 3 de febrero de 1992 pudiera parecer muy escueta, ya que el órgano judicial se limitó a señalar que el precepto, por su claridad, no requería mayor interpretación, es indudable que este pronunciamiento se basa en el tenor literal del mencionado apartado 5 de la Disposición adicional quinta L.O.P.J. Y en lo que respecta a la resolución dictada el 31 de julio de 1992 por la Audiencia Provincial de Sevilla confirmando la anterior, su respuesta se fundamenta, de un lado, en las funciones que en esta materia corresponden, respectivamente, a la Administración, simple colaboradora en la ejecución propiamente dicha de la pena, y a los Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. De otro lado, en el hecho de estar representado el Estado, en cuanto expresión del interés social o general, por el Ministerio Fiscal en las actuaciones ante dichos Juzgados, lo que justifica la exclusión de la legitimación invocada por la Administración Penitenciaria.
De otra parte, también ha de rechazarse la tesis mantenida por el Abogado del Estado según la cual, por emanar su derecho de acceso a los Juzgados y Tribunales directamente del art. 24.1 C.E., el desarrollo legislativo que se contiene en la referida Disposición adicional puede calificarse de incompleto en cuanto a los legitimados para recurrir las decisiones de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, pues la limitación que se deriva del ATC 373/1989 sólo comprende a los acusadores particulares. Sin embargo, no estamos ante el desarrollo legislativo incompleto de un derecho fundamental, pues basta la lectura del precepto para llegar a la conclusión de que el legislador, mediante el empleo de un adverbio excluyente ("sólo podrán recurrir..."), no ha querido deliberadamente extender la legitimación a la Administración Penitenciaria. De suerte que ningún reproche cabe hacer a las decisiones judiciales impugnadas, que se han limitado a interpretar y aplicar el apartado 5 de la Disposición adicional quinta de la L.O.P.J.
Ahora bien, a la luz de lo declarado en el ATC 373/1989 sobre "ejecución" de la pena y "cumplimiento" de la misma y la doctrina contenida en otras decisiones de este Tribunal (SSTC 73/1983, 74/1985 y 57/1994, entre otras), no cabe admitir la premisa de la que parte este razonamiento. Del art. 1, en relación con los arts. 4 y 5, L.O.G.P. se desprende, en efecto, que sobre el interno ingresado en un Centro penitenciario convergen dos tipos de relaciones jurídicas: las derivadas del título por el que se ha producido el ingreso (Auto de prisión preventiva, Sentencia condenatoria) y las que se derivan del régimen disciplinario del Centro. Dualidad que tiene su lógico reflejo en las competencias que el art. 76 L.O.G.P. atribuye al Juez de Vigilancia Penitenciaria: de un lado, las que de un modo indubitado se vinculan con el cumplimiento de la pena, sus modificaciones e incidencias; esfera en la que la Administración Penitenciaria actúa como mera colaboradora, correspondiendo al Juez, por mandato del art. 117.3 C.E., la revisión de las propuestas que por aquellas se formulen. Pero de otro lado también corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria, como antes se ha expuesto, controlar el ajuste o desajuste a Derecho de los actos adoptados por las autoridades penitenciarias y, en concreto, las medidas coercitivas de aislamiento en celda. Y tales actos, claro es, no guardan relación directa ni con el "cumplimiento" ni con la "ejecución" de la pena (ATC 373/1989), sino que pertenecen al ámbito del régimen disciplinario del Centro.
En efecto, si bien este Tribunal ha reconocido que el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra reconocido a "todas las personas", tanto privadas como públicas, incluido el propio Estado y, en concreto, que corresponde a la Administración Penitenciaria en relación con la inmodificabilidad y ejecución de las resoluciones firmes en sus propios términos (STC 67/1991), también hemos declarado que no cabe trasladar íntegramente a las personas jurídicas de Derecho público la doctrina construida en relación con la tutela judicial de las personas privadas (SSTC 64/1988 y 197/1988). Como se ha dicho en la segunda de estas decisiones, tal doctrina parte de la concepción de los derechos fundamentales como garantías de los particulares frente al poder público "y desnaturalizaría esta concepción la tesis simplificadora que sostuviera que los Entes públicos gozan, en paridad de posición con los particulares, de un derecho constitucional subjetivo en cuya virtud el legislador venga obligado, en todos los casos, a establecer recursos judiciales para que dichos poderes públicos defiendan sus propios actos frente a los que, afectándolos, hayan sido adoptados por otros órganos o personas públicas, pues lo que con carácter general es aplicable de las posiciones subjetivas de los particulares, no puede serlo, con igual alcance y sin más matización, de las que tengan los poderes públicos, frente los que, principalmente, se alza la garantía constitucional" (STC 197/1988, fundamento jurídico 4º).
A este fin, ha de partirse de una conclusión, ya establecida por este Tribunal: que una medida coercitiva de aislamiento en celda de un recluso "implica una grave restricción de la ya restringida libertad inherente al cumplimiento de la pena" (STC 74/1985, fundamento jurídico 4º). Gravedad de la medida coercitiva que, de un lado, justifica los límites y garantías establecidas por la legislación penitenciaria sobre la adopción de la medida y las condiciones en las que ha de cumplirse (art. 43 L.O.G.P.), como antes se ha dicho. Correlativamente, de otro lado, que el ejercicio de la actividad de la Administración en materia disciplinaria se halle subordinada al control a posteriori por parte de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria (STC 161/1993, fundamento jurídico 4º). De suerte que, una vez recibida la comunicación del Centro sobre la medida adoptada, el órgano jurisdiccional, tras oír al Ministro Fiscal y acordar, en su caso, la práctica de otras pruebas que estime pertinentes, lleva a cabo su enjuiciamiento declarando ajustada o no a Derecho la medida adoptada por la Administración Penitenciaria.
Se trata, pues, de un supuesto en el cual los Tribunales controlan "la legalidad de la actuación administrativa" (art. 106.1 C.E.). Con la particularidad de que el legislador, dentro del ámbito de su libre configuración, no ha confiado dicho control ni a órganos administrativos especializados ni a los Tribunales de la jurisdicción contencioso- administrativa, sino a "órganos judiciales especializados" (STC 2/1987 y 74/1985), los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, pertenecientes al orden jurisdiccional penal (art. 94.1 L.O.P.J.). De otra parte, es claro que el control del órgano judicial no se inicia a instancia de parte - pues el interno, al margen de su derecho a elevar una queja, no está legitimado para impugnar la ilegalidad de tal medida- sino en virtud de una comunicación de la propia Administración Penitenciaria, como antes se ha dicho.
Por ello, el propio Abogado del Estado ha podido sostener, consecuentemente, que el conocimiento por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la adopción de una medida coercitiva abre un "proceso al acto" ante el órgano jurisdiccional. Ahora bien, tal caracterización supone reconocer que el legislador ha elegido una determinada técnica de control de la actividad de la Administración: la que confía, en este caso a órganos judiciales, la tutela de la legalidad objetiva y no la resolución de intereses confrontados entre los particulares y la Administración. Esto es, se trata de un control en el que el órgano jurisdiccional se limita a apreciar si un determinado acto jurídico es o no conforme con las normas legales y, por tanto, la resolución judicial que le pone término sólo tiene un alcance declarativo, ceñido a determinar si la actuación de la Administración es o no ajustada a Derecho. Y tal caracterización permite explicar, asimismo, una doble particularidad respecto a los intervinientes en las actuaciones, presente en este supuesto. De un lado, que la resolución del órgano jurisdiccional se adopte sin previa audiencia de la Administración, pues ésta no comparece ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria a defender la legalidad del acto, como ha reconocido el Abogado del Estado. De otro, que si esté facultado legalmente para hacerlo el Ministerio Fiscal, en defensa de la legalidad (art. 1, en relación con el art. 3, de la Ley 50/1981, por la que se regula su Estatuto Orgánico).
En suma, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ejerce funciones de control de la legalidad de los actos de la Administración en materia de régimen penitenciario. Y el legislador puede disponer, sin que ello menoscabe el derecho a la tutela judicial efectiva de dicho poder público, que esa actuación de la Administración sea controlada por dichos órganos judiciales. Lo que conduce, en definitiva, a la denegación del amparo solicitado por el Abogado del Estado en representación de la Administración Penitenciaria.
Type and record number Recurso de amparo 2376-1992
Date of the decision 11/09/1995
El Abogado del Estado contra Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla que confirmó Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la misma ciudad que había declarado ilegal la medida de aislamiento aplicada a un interno del Centro Penitenciario de Sevilla-2.
Si bien la legislación penitenciaria reserva a la Administración ciertas funciones y le faculta para adoptar las medidas pertinentes en materia de régimen penitenciario con la finalidad de «garantizar la seguridad y conseguir una convivencia ordenada» en el Centro (art. 41 L.O.G.P.), al mismo tiempo «ha asegurado la judicialización de la ejecución de las penas a través del sistema de control judicial (previo o posterior, según los casos) y cuyo adecuado funcionamiento es no solo la garantía de conformidad a la Ley de la actividad penitenciaria, sino también de la protección de los derechos fundamentales de los detenidos» (STC 2/1987). Lo que claramente se deriva de las funciones atribuidas al Juez de Vigilancia Penitenciaria en los arts. 76 L.O.G.P. y 94 L.O.P.J. Y de ello resulta, en definitiva, que la actividad de la Administración Penitenciaria está «subordinada en su ejercicio a la autoridad judicial», como hemos declarado reiteradamente (SSTC 73/1983, 190/1987 y 191/1993, entre otras) [F.J. 4]
Según hemos dicho en la STC 197/1988, si existe una vía judicial preestablecida por la ley, es incuestionable que los órganos jurisdiccionales deberán respetar el derecho a la tutela judicial efectiva, sin que este imperativo pueda ser excepcionado cuando quien reclama la prestación jurisdiccional es un ente público. Sin embargo, en el supuesto en que sea la propia ley, y no la autoridad judicial que la aplica, la que impide al ente público acudir a la jurisdicción para pretender la nulidad o revocación de un acto adoptado por otro ente público, no siempre podrá hablarse de indefensión; pues si éste ejerce funciones de control de la legalidad de determinados actos de los entes públicos, realizando una tarea estrictamente objetiva y ajena a toda controversia de intereses, en tales supuestos la decisión de estos órganos públicos, garantes de la legalidad de los actos de otros órganos igualmente públicos, no compromete ni incide en el interés legítimo de estos últimos, dado que en modo alguno puede sostenerse que el ordenamiento jurídico reconozca un interés público para llevar a cabo una actividad pública que es calificada de contraria a la legalidad por órganos especialmente encargados por la ley de su control. Por tanto, en tales casos, la falta de recurso jurisdiccional frente a estos actos de control no menoscaba el derecho a la tutela judicial del poder público cuya actuación es revisada por el órgano de garantía, pues del art. 24.1 C.E. no cabe extraer un genérico mandato al legislador que le obligue a atribuir a los poderes públicos derecho a acceder a la jurisdicción para defender su actuación frente a lo resuelto por el órgano llamado a cumplir la exclusiva función de garantizar la legalidad. [F.J. 7]
Artículo 106.1, ff. 3, 8
Artículo 45, ff. 2, 4
Artículo 45.3, f. 2
Artículo 76, ff. 2 a 4, 6
Artículo 76.6, f. 2
Artículo 123, ff. 2, 4
Artículo 123.2, f. 2
Artículo 134.3, f. 2
Artículo 276.2.3, f. 2
Artículo 94, ff. 3, 4
Artículo 94.1, ff. 4, 8
Disposición adicional quinta, apartado 4, f. 5
Disposición adicional quinta, apartado 5, ff. 1, 2, 5
Abogados del EstadoAbogados del Estado, ff. 7, 8
Contenido del derecho a la tutela judicial efectivaContenido del derecho a la tutela judicial efectiva, ff. 7, 8
Control de la Administración penitenciariaControl de la Administración penitenciaria, ff. 3, 4, 8
Derecho a la tutela judicial efectivaDerecho a la tutela judicial efectiva, ff. 7, 8
Impugnabilidad de resoluciones de los Juzgados de Vigilancia PenitenciariaImpugnabilidad de resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, f. 5
Juzgado de Vigilancia PenitenciariaJuzgado de Vigilancia Penitenciaria, ff. 3, 4, 5, 6, 8
Ministerio FiscalMinisterio Fiscal, f. 5
Personas jurídicas públicasPersonas jurídicas públicas, ff. 7, 8
Titularidad de los derechos fundamentalesTitularidad de los derechos fundamentales, ff. 7, 8
Titularidad por las personas jurídicasTitularidad por las personas jurídicas, f. 7
Régimen penitenciarioRégimen penitenciario, f. 3
Relaciones de especial sujeciónRelaciones de especial sujeción, f. 3
Sanción de aislamiento en celdaSanción de aislamiento en celda, ff. 2, 8
Legitimación para recurrir resoluciones del Juez de vigilancia penitenciariaLegitimación para recurrir resoluciones del Juez de vigilancia penitenciaria, f. 5

References: resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 106

Artículo 45

Artículo 45

Artículo 76

Artículo 76

Artículo 123

Artículo 123

Artículo 134

Artículo 276

Artículo 94

Artículo 94