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Timestamp: 2018-09-19 03:58:38+00:00

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﻿ Sentencia 2002-01092 de agosto 2 de 2013
SENTENCIA 2002-01092 DE 02 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:DOMINIO SOBRE PREDIO. LOS ACTOS DE LAS PERSONAS MORALES O JURÍDICAS QUE DENOTAN DOMINIO SON LOS DE APROPIACIÓN, EJERCIDOS DE ACUERDO CON SU PARTICULAR NATURALEZA Y EN EL MARCO QUE LE SEÑALAN SU FINALIDAD Y RÉGIMEN JURÍDICO. NO SE PUEDE EXIGIR QUE EL ÁNIMO DE SEÑOR Y DUEÑO SE DEDUZCA EXCLUSIVAMENTE DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA SU EXCLUSIVO BENEFICIO, YA QUE EL SENTIDO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD PRIVADA ES ATENDER LAS NECESIDADES COLECTIVAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PERSONA JURÍDICA, PROPIEDAD, POSESIÓN, PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA
Sentencia 2002-01092 de agosto 2 de 2013
Ref.: 11001-31-03-025-2002-01092-01
Aprobada en Sala de 14 de noviembre de dos mil doce
Bogotá, D.C., dos de agosto de dos mil trece
1. La conclusión a que llegó el tribunal consistió, fundamentalmente, en entender que la demandante no posee el predio para sí, sino que, “por el contrario”, es una simple administradora por cuenta de las juntas directivas del barrio o de la comunidad. Y lo hizo con base en los testimonios que resumió en su sentencia, en la que se advierte como evidente que las declaraciones fueron en el fallo tergiversadas y además, que no apreció el tribunal algunas otras pruebas que la censura se encarga de destacar a efectos de resaltar elementos que permiten deducir que la actora, en efecto, sí posee por cuenta propia.
Y en realidad, salvedad hecha del interrogatorio de parte, según luego se indicará, los medios de convicción recogidos en este proceso conducen inequívocamente a establecer que la demandante, desde mucho antes de que la comunidad del barrio Nuevo Chile, donde se ubica el lote litigado, la instituyera como su vocera con ocasión de la legalización del mismo —según da cuenta la Resolución 416 del 9 de septiembre de 1987 (fls. 17 a 27 cdno. 1)—, ha ejercido —no solamente en los predios donde se asienta dicho barrio como tal sino concretamente en el inmueble aludido—, actos de señorío, como pasa a explicarse, en el marco de la naturaleza jurídica y el objeto para el cual fue constituida la actora.
En efecto, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, que obra a folio 10 del cuaderno 1, Cenaprov es una entidad sin ánimo de lucro que obtuvo el reconocimiento de su personería jurídica en 1961(1) y, aun cuando el certificado no es explícito en señalar su tipo, esto es, si se trata de una corporación o de una entidad diversa, lo cierto es que en dicho documento se hace constar su carácter social, a partir de la descripción del objeto que persigue(2), en el que prevalece la atención y promoción de los intereses de los asociados y la comunidad por sobre la obtención de lucro o beneficio para sí; entidad que encuentra su razón de ser en el apoyo a la comunidad, como quiera que, según se desprende de las declaraciones de los testigos —algunos en su tiempo miembros de su junta directiva—, lideró la legalización del barrio Nuevo Chile; propugnó por la instalación en dicho barrio de los servicios públicos de alcantarillado, agua y energía; abanderó la construcción de escuelas; y, en la misma línea, impulsó el acceso del transporte público, invitando a empresas de este sector, para lo cual hubo de destinar el inmueble litigado —inicialmente utilizado como zona verde—, para parqueadero y estacionamiento de busetas, a modo de terminal.
Los actos jurídicos o materiales a que aluden los testigos se amalgaman o confunden con los actos de la comunidad y existe una confluencia en la administración del bien, en vista de que con dicho propósito participan tanto la entidad demandante —contratando a quienes gestionan y cobran los arrendamientos del inmueble y liderando su mejora—, como las juntas directivas del barrio, de todo lo cual no cabe sino concluir que se trata de una misma y confluyente actividad comunitaria, que más que desdibujar el señorío que sobre el predio ejerce la actora, lo individualiza de acuerdo con su particular naturaleza, esto es, la de ser una entidad sin ánimo de lucro, de utilidad común, sin que por ello la Corte la catalogue como fundación.
2. Con la finalidad de hacer notar lo anterior, pasa la Sala a establecer, de acuerdo con el cotejo que propone el recurrente, una síntesis de lo que declararon los testigos, a fin de confrontarla con lo que concluyó el tribunal y lo que aflora de la prueba:
2.1. Hernando Pulido Pulido (fls. 86 y 87, cdno. 3), residente del barrio Nuevo Chile, donde se ubica el predio, manifiesta que vive allí desde diciembre de 1971 porque la actora le dio un lote, como lo hizo con 620 familias. Que en unión con la demandante “se metieron los servicios para la comunidad”, “se logró a esfuerzo de la comunidad hacer como 12 aulas”. Del predio en litigio manifiesta que “lo único que hay en el barrio en la actualidad el lote que es el parqueadero donde se guardan unos camiones de los mismos habitantes porque esa misma parte los habitantes y eso pertenece al mismo barrio y la Central Nacional Provivienda lo mismo que pertenecer la guardería de los niños lo mismo que se pertenece el lote de la casa cultural de la misma comunidad de la habitantes del barrio lo mismo que pertenece el lote de la cancha de fútbol todo eso es relacionado con la Central Nacional Provivienda”. Luego indica, que el lote lo conoce desde diciembre de 1971 “hasta hoy que es lo mismo de la Nacional Provivienda eso es lo que yo sé hay unos administradores que están trabajando por contrato de la Nacional Provivienda esos son los que los administran”, y ello lo sabe “por la sencilla razón que esa administración la nombró La Central Nacional Provivienda para que administre el parqueadero en conjunto con su junta directiva del barrio Nuevo Chile y con su conjunto también de todos los habitantes del barrio porque yo vivo ahí y pertenezco a la junta...” (fls 86 y 87, ib.).
De este testimonio, la recurrente señala que el tribunal parte del equívoco de considerar que es sobre el parqueadero que se ejerce posesión y no sobre el lote donde funciona este, manifestación que el tribunal ciertamente no efectuó.
En relación con este testimonio, en la sentencia se lee: “Hernando Pulido Pulido (fls. 85-87, cdno. 1), quien refiere, en esencia, que en el lote existe un parqueadero que le pertenece a la demandante, donde se guardan los carros de la comunidad y que es la actora quien designa los administradores”. Luego de ese resumen, afirma el tribunal, compendiando al efecto tres declaraciones, incluida esta, que: a) cuando se administra se reconoce dominio ajeno, b) el arrendamiento no es indicativo de posesión y c) tampoco lo es el simple hecho de que se afirme por la accionante que le pertenece el bien.
Para la Corte, de la declaración fluye que el testigo, ex directivo de la entidad actora y habitante del barrio desde sus inicios, resalta la mancomunada actividad de colaboración que, canalizada a través de la actora, realizan diversos miembros de la comunidad, así como las juntas directivas o los dueños de los vehículos que estacionaban en el lote y por cuya actividad ayudaron a aplanarlo. Es por ello, que pone en situación de igualdad “[a]l lote que es el parqueadero” con otros bienes del mismo barrio y la Central Nacional Provivienda, esto es, la guardería, la casa cultural (“de la misma comunidad”) y la cancha de fútbol, que administra la demandante, pues no solamente así lo menciona, sino que después, al solicitársele que detalle el predio, dice de él que “era un poco lomudo con la misma comunidad y los mismos dueños de los carritos fueron emparejando poco a poco y está medio parejito los mismos carros pisan eso relacionado con el lote que me hacen la pregunta que es el parqueadero” (fl. 86).
Repárese en esto que el testigo afirma: “ese lote lo conozco desde el 24 de diciembre del 71 hasta hoy (...) hay unos administradores que están trabajando por contrato de la Nacional Provivienda esos son los que los administran”. ¿Por qué?, le preguntan, y dice “por la sencilla razón que esa administración la nombró la Nacional Provivienda para que administre el parqueadero con su junta directiva del barrio Nuevo Chile y con su conjunto también de todos los habitantes del barrio”.
2.2. José Jesús Betancourt (fls. 87 - 90), residente del barrio Nuevo Chile y a quien la actora le asignó un lote, indica que el terreno del barrio “lo ha administrado siempre la Central Nacional Provivienda” por medio de las distintas juntas directivas que han funcionado —y a las que ha pertenecido, y de la cual fue su presidente en 1983—, así como que la entidad mencionada ha conseguido los servicios públicos y la legalización del barrio. Preguntado por el predio en litigio responde que “supongo que se trata del lote que está funcionando el parqueadero ese lote se dejó desde el inicio de la construcción del barrio para una iglesia un colegio para algo y por ahí hace unos 25 años para acá está funcionando como parqueadero no ha habido ninguna interrupción ... cuando yo lo conocí estaba destinado a zona verde pero al cabo se dedicó a un parqueadero ... ese lote ha sido ocupado como parqueadero y siempre lo ha administrado las distintas juntas directivas de Provivienda y siempre ha sido ocupado por los carros”. Al ser preguntado sobre si sabe quién administra el parqueadero que funciona en el lote responde: “lo administra la Central Nacional Provivienda pero lo tiene arrendado el compañero Julio César Rojas”. Al indagársele si la Central Nacional Provivienda ha administrado el terreno por cuenta de otra persona o entidad responde: “no señor en la práctica que administra eso es la Central Nacional Provivienda es la que ha administrado ese terreno es la que ha mejorado ha construido lo que hay allá”.
De esta declaración, acota la recurrente que el sentenciador de segundo grado la tergiversó al considerar que al ser administrador no se es poseedor, y no se percató de que el testigo se refiere a la administración, pero del lote y no del parqueadero, y es sobre el primero que el testigo afirma que la actora ha efectuado mejoras, pero no al parqueadero, como lo sostiene el tribunal.
Por su parte, el fallador de segunda instancia resumió la declaración así: “José de Jesús Betancourt (fls. 87-88, cdno. 1) quien adujo que en ese terreno funciona un parqueadero administrado siempre por Cenaprov, a través de las juntas directivas, y que actualmente está arrendado a Julio César Rojas” (fl. 42, cdno. 2). Y como ya se dijo, englobó en su análisis tres testimonios, para afirmar, sin distingos, que cuando se administra se reconoce dominio ajeno, que arrendar no es indicativo de posesión como tampoco lo es el simple hecho de que se afirme por la accionante que le pertenece el bien.
De esa comparación brota que el testigo —persona cercana a la entidad actora como que ha sido, según su decir, miembro de sus juntas directivas y presidente de estas— utiliza la palabra administración para aludir a lo que hace la entidad demandante con todo el barrio, tal como lo hace con el lote e incluso con el parqueadero, razón por la cual, si se repara además en el hecho de que la actora le asignó un lote, refulge como evidente que esa administración, ese gobierno que ha ejercido sobre el predio en el cual se formó el barrio lo ejerció asimismo, en consenso con la comunidad y con su junta directiva, sobre el lote objeto de este proceso.
Además, el tribunal omitió apreciar que el testigo se refirió a las mejoras (del parqueadero o del lote), en el sentido de haber indicado que es la demandante la entidad que ha construido lo que hay en él, declaración, que si bien es muy parca en cuanto a que no describe cuáles son las construcciones, sí es enfática al señalar la destinación y uso que como parqueadero la actora le dio y da al predio, lo que en sí mismo entraña un acto posesorio, que además de lucrativo, apunta a permitir el desarrollo de la función de apoyo comunitario que, por estatutos, está llamada a ejercer la demandante, en este caso permitir el acceso del servicio de transporte al barrio.
2.3. Carlos Julio Rojas, también residente del Barrio Nuevo Chile, a donde llegó “hace 32 a 33 años ... y de ahí en adelante fui directivo de la organización de Provivienda”, declara, “en relación con un lote de terreno donde se realizan basares (sic) reuniones etc.”, que “está dedicado para la casa comunal que allí le decimos casa cultural dedicada a festivales basares (sic) y todas las actividades del barrio inclusive para las reuniones de la misma comunidad en cuanto a eso hay otro sector que desde hace unos 20 años está dedicado a parqueadero siempre los administradores o cuidanderos del parqueadero han sido nombrados por la Central Provivienda él se inició con los carritos que inicialmente dejaba la gente ya posteriormente está dedicado a los paraderos de buses y busetas que hay en ese sector .... hay un administrado (sic) el que cuida eso el que administra pero desde luego es el que administra eso por cuenta de la Central Nacional Provivienda aproximadamente 30 años”.
Por su parte, la recurrente hace hincapié en la tergiversación del tribunal, por cuanto alega que al sintetizar la declaración no se percató de la distinción que hace el declarante entre el lote del parqueadero y el de la casa comunal; ni, a semejanza de las críticas formuladas al examen sobre los anteriores testimonios, tampoco lo hizo respecto del hecho conforme al cual el deponente señaló que el lote y el parqueadero lo administran terceros por cuenta de la actora.
La Corte, al auscultar el dicho del declarante, persona que, al igual que las anteriores, por su cercanía por largo tiempo no solo con el vecindario sino con la actora misma, es constante al afirmar la destinación final que por la demandante se le dio al lote como parqueadero, cuando antes le había asignado una función diferente, la de ser zona verde.
2.4. Jesús Antonio Córdoba, quien señala que la actora fue la que los defendió de las autoridades de la época y a partir de allí ha mantenido su autoridad y presencia en el barrio; ha sido la administradora y dueña del terreno; ha hecho las obras y adecuado el terreno, así como que lo ha sembrado, explica que el lote “en un comienzo sirvió de albergue a unas familias desalojadas de un terreno denominado la isla si mal no recuerdo los primeros buses que entraron allí que era muy escasos municipales se parqueaban allí alguna vez cultivamos y sembramos arbolitos como zona verde pero eso se lo comieron las vacas y terminó siendo un parqueadero ha estado administrado por la Central Nacional Provivienda a través de sus juntas directivas de barrio y de la comunidad que reconoce en esta entidad la organización que desde el año 1971 hasta la actualidad ha defendido todo el globo de terreno donde existe el barrio Nuevo Chile” (fl. 94).
Por su parte, la recurrente sostiene que erró de hecho el tribunal al tergiversar esa declaración, y sostener que el testigo indicó que el parqueadero era de la comunidad y no de la demandante, y que fue la comunidad y no la actora la que sembró los arbolitos.
La Corte, también respecto de los anteriores testimonios, encuentra que el tribunal tergiversó el dicho del testigo, so pretexto de ver en él elementos contradictorios, sin parar mientes en la naturaleza jurídica y modus operandi de la entidad sin ánimo de lucro que actúa como demandante, esto es, en la forma como esta desarrolla su actividad en consenso con la comunidad y con la colaboración de esta, a resultas de lo cual el declarante, enfático en señalar que quien administra es la actora, afirma (en primera persona del plural) que “alguna vez cultivamos y sembramos arbolitos como zona verde”, lo que no es más que la categorización de una actividad conjunta que en manera alguna implica el desconocimiento de la efectiva posesión de la actora que viene afirmando a lo largo de su declaración.
2.5. En relación con el dicho de Ricardo Arturo Peñuela Romero (fl. 97), del cual la corporación ad quem solo señaló que ratificaba las afirmaciones sentadas por el testigo anterior, debe la Corte resaltar que arroja este deponente aún más luces sobre actos posesorios realizados por la actora, descritos en forma prolija, como quiera que señala que conoció el barrio 25 años atrás cuando Cenaprov le adjudicó una casa lote al señor Luis Bastos. En relación con el lote objeto del proceso, señala que la demandante lo había destinado a un parque ecológico en cuyo desarrollo participó con la reforestación y siembra de árboles, destino frustrado porque “las vacas se comieron todos los arbolitos”, ante lo cual la Central Provivienda “dialogó con algunas empresas de transporte para proponerles que allí funcionara un terminalito y efectivamente el día de hoy es un terminal completo de más de ocho empresas transportadoras la Central Nacional Provivienda siempre ha hecho de dueña a través de las juntas directivas que han reconocido las cuales han administrado todo lo referente al pago del parqueadero y de los despacha dineros de las busetas hoy en día en acuerdo con la empresa Brío han colocado una pequeña distribuidora de acpm dentro del terreno del cual me están preguntando”. Reitera que “la actora es dueña porque a (sic) arrendado el parqueadero a terceras personas y ha administrado ese parqueadero de la misma forma le ha hecho mejoras al predio y nadie ha dicho nada”, mejoras que describe así: “se le metieron viajes de recebo se aplanó de la misma forma se cercó con postas de cemento y alambre de púas se le colocó alumbrado una puerta o broche y se instaló una caseta en lo administrativo como manifesté en la pregunta anterior en convenio con unas empresas de transporte urbano se dejó esto como terminal de transporte al igual que cobra el parqueadero de los carros que de noche quedan estacionados en este predio”.
Y lo mismo debe decirse de las declaraciones recogidas en la inspección judicial, practicada en 2007, alusivas a que la actora dio en arrendamiento el lote a empresas trasportadoras y prestadoras de servicios a los automotores, pues tales actos jurídicos, además de lucrativos, tienen la especial connotación de apoyar la prestación de un servicio comunitario, que es la forma en la cual la demandante manifiesta su señorío, de acuerdo con el objeto que le es propio y el propósito para el cual ocupó el predio.
Es de anotar que, si bien dichos actos pueden válidamente ser celebrados por un administrador del predio sin que sea forzoso o ineludible entender que ese administrador por ello también es poseedor (lo que de hecho es de uso común en nuestro medio, cuando se trata de personas o empresas dedicadas profesionalmente a la administración de inmuebles por cuenta de otros), el recorrido uniforme por todos los testimonios permite, sin lugar a dudas, entender que la particular destinación del predio, dispuesta por la actora en consenso con la comunidad del barrio, fue la de servir como parqueadero, y de allí que indistintamente los declarantes se refieran bien al lote o ya al parqueadero como una misma cosa, lo que conduce además a resaltar que no se ve cómo la actora pueda ser administradora que reconozca el dominio ajeno, si en este caso el tribunal situó tal dominio en “la comunidad”, la que ciertamente no es más, pero tampoco menos, que el grupo de familias y personas residentes en el barrio, que en cualquier caso, no constituye un ente dotado de personalidad jurídica que pudiera considerarse facultado entonces para adquirir derechos, contratar o para poseer.
Para apuntalar lo anterior, repárese en la prueba aportada por la actora (fl. 157, cdno. ppal.) alusiva a que en agosto de 2000 pedía al jefe de la división operativa de la Secretaría Distrital de Tránsito y Transporte información acerca de si el uso del predio litigado era apto para el estacionamiento de busetas, y particularmente el hecho de que como interesada se mencione a la junta directiva del barrio Nuevo Chile, misma que, de acuerdo con otros declarantes, conjuntamente con la actora, recauda los cánones de arriendo y administra el predio.
2.6. En relación con el interrogatorio absuelto por el representante legal de la demandante, del cual sostiene la censura que no fue apreciado por el tribunal, debe recordarse que como nadie puede crearse su propia prueba, “‘la declaración que en beneficio hace una de las partes en el proceso, no puede fundar en el mismo sentido una decisión, porque ‘como lo enseñan elementales nociones de derecho probatorio, jamás las expresiones notoriamente interesadas de la misma parte pueden favorecerla, pues, en esencia, este medio de prueba únicamente ha de ponderarse por el fallador en cuanto contenga una verdadera confesión, o sea, solo cuando aparezcan manifestaciones que lleguen a producir consecuencias desfavorables a quien las hace, —contra se—, de la manera pregonada por el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil’ (Sent. 039 de mar. 28/2003)” (Cas. Civ. del 30 de junio de 2005, Exp C-11001-31-03-024-1998-6355-01).
2.7. Del dictamen pericial, al que tampoco el ad quem aludió, debe tenerse presente que si bien es una prueba técnica destinada a proporcionar a las partes y al juez conocimientos especiales que importan al proceso, en este caso sirve para apuntalar el dicho de los testigos acerca de que el predio está dedicado en su gran mayoría al parqueo de automotores y paraderos de busetas, y de que el terreno fue nivelado y tiene instaladas unas casetas y servicios públicos.
En suma, del análisis particular y en conjunto de las pruebas obrantes en el proceso, refulge el desacierto mayúsculo del tribunal al considerar, contra la evidencia que muestra el proceso, como simple administradora a una entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto, según sus estatutos, le impulsó a destinar el predio objeto del proceso a satisfacer necesidades comunitarias, ejerciendo actos de señorío descritos prolijamente y de modo uniforme por los testigos.
Luce como un error evidente del tribunal entender que por cuanto la demandante se relaciona con el bien en interés de la comunidad, deja de ejercer actos de posesión.
Cuando se trata de personas morales, los actos que denotan dominio son los de apropiación, ejercidos de acuerdo con su particular naturaleza y en el marco que le señalan su finalidad y régimen jurídico. Si la demandante es inequívocamente un gestor comunitario, constituido como entidad sin ánimo lucro, que tiene por objetivos principales “organizar a los inquilinos y sectores populares para resolver el problema de la vivienda, exigiendo el cumplimiento del artículo 51 de la constitución nacional...” y “desarrollar una política permanente y eficaz orientada a adquirir terrenos para desarrollar programa de vivienda popular para sus afiliados, mediante el sistema de autoconstrucción o autogestión comunitaria y otros...”, no puede exigírsele que traduzca su ánimo de señor y dueño exclusivamente en la realización de actividades que redunden en su exclusivo beneficio, como es el caso de las lucrativas, toda vez que no es tal el sentido de su función, y ni siquiera habría de aplicar a tales fines los bienes sobre los cuales tiene dominio adquirido por modos distintos a la usucapión.
Precisamente gestionar intereses de la comunidad es lo propio de su naturaleza y resulta obvio que son actos de tal talante los que traducen apropiación de su parte.
Ya desde antaño nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido para la propiedad una función social, y no se acompasa con ello entender ajenos al señorío los actos orientados a atender necesidades colectivas, máxime cuando tal es el objeto o cometido de quien se apropia de ciertos bienes que pretende adquirir por prescripción.
Lo anterior, conduce entonces al quiebre de la sentencia, sin que por ello la Corte pueda en este momento procesal, dictar la que la sustituya, en vista de que el análisis de un elemento primordial en los procesos de pertenencia, aun cuando abordado por el a quo, fue omitido por el tribunal, cual es el relativo a que el bien sea susceptible de adquirirse por prescripción, máxime si, como se aprecia en los planos (fls. 31, cdno. 1, 216 - 218 cdno. 2), fotografías y descripción de los linderos, el inmueble colinda con el río Tunjuelito, y, como se lee en la resolución de regularización del barrio, aportada en copia por la demandante, se destinaron 26.434 metros cuadrados a zonas verdes y comunales –recuérdese que fue esta la primigenia función que se asignó al predio, al decir de los testigos- y en dicho acto administrativo se alude a un plano que no obra en el expediente. Todo ello, conduce entonces a decretar de oficio la prueba tendiente a esclarecer su carácter de bien apropiable por prescripción adquisitiva de dominio.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, CASA la sentencia de 29 de octubre de 2009 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ordinario instaurado por Central Nacional Provivienda -Cenaprov- contra Rita Delia Garzón de Navarrete, la entidad División Bogotana de Fútbol “Dibogotana” y demás personas indeterminadas.
Antes de proferir la sentencia sustitutiva se decretan las siguientes pruebas, para cuya práctica se fija un plazo de veinte días:
a) Ofíciese a la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, para que con destino a este proceso, remita copia íntegra y auténtica de la Resolución 416 del 9 de septiembre de 1987 —fotocopia simple de la que reposa en el expediente se acompañará al oficio, fls. 18— 27 cdno. ppal.—, expedida por el antiguo Departamento Administrativo de Planeación Distrital, incluidos los planos a que en ella se alude, e indique en relación con dicho acto administrativo si el predio descrito y sombreado en el plano que obra a folio 216 del cuaderno 3 —cuya fotocopia también se acompañará al oficio— fue destinado a zona verde y/o si corresponde a espacios públicos (bienes de uso público) de conformidad con la mentada resolución. Debe hacérsele saber a la secretaría, que si en sus archivos no logra conseguir copia del acto administrativo requerido y los planos que forman parte de él, debe dar respuesta con base en la información contenida en el artículo 2º de la resolución mentada o en general en cualquier otro soporte que arroje luz acerca del carácter del bien inmueble comprometido en la litis.
b) Se decreta la práctica de una inspección judicial al predio objeto del proceso y con intervención de perito a efectos de que, sobre la base del dictamen que obra en el proceso (fls. 216 – 232, cdno. 3), se delimite y mida el predio poseído, con exclusión de las áreas correspondientes a bienes de uso público (Código de Recursos Naturales Renovables, art. 83) y se le coteje con los datos y planos que se obtengan de la respuesta al oficio de que trata el literal anterior, razón por la cual la fijación de la fecha para esta diligencia y la designación del perito se harán en su momento.
Sin costas, por la prosperidad del recurso».
(1) En el certificado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se hace constar que la personería jurídica de la actora le fue reconocida por Resolución 1458 del 5 de mayo de 1961, proferida por el Ministerio de Justicia (fl. 10 cdno 1).
(2) Se lee en el certificado: “La Central Nacional Provivienda “Cenaprov” tiene como objetivos principales organizar a los inquilinos y sectores populares para resolver el problema de la vivienda... para lo cual realizará las siguientes actividades: a) desarrollar una política permanente y eficaz orientada a adquirir terrenos para desarrollar programas de vivienda popular para sus afiliados, mediante el sistema de autoconstrucción o autogestión comunitaria y otros: Para lo cual podrá captar dinero de sus afiliados...k) luchar por el mejoramiento de los barrios populares desarrollados o no a través de la actividad de nuestra organización mediante la dotación de servicios públicos como acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos, escuelas, casa cultural puesto de salud, guarderías, canchas deportivas, zonas verdes y recreacionales, etc... m) fomentar la formación de comisiones de los miembros de la organización de acuerdo a sus capacidades, arte u oficio a fin de conseguir una entidad dinámica y eficaz para el desarrollo de las obras de urbanismo y servicios públicos en los planes y programas que desarrolle...” (fl. 11, cdno 1).
1. Con el mayor respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito expresar mi disentimiento frente a la decisión adoptada por la mayoría de la Sala, con base en los siguientes argumentos:
No existe ninguna duda de que la prescripción con que se adquieren las cosas —desde el momento en que se trata de un modo de ganar el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles, que están en el comercio humano— impone como requisito imprescindible haberlas poseído durante cierto tiempo con los requisitos legales (Cod. C., art. 2518). De ello se sigue que no puede existir usucapión sin posesión, en razón de que esta última es uno de sus fundamentos esenciales.
Quien no tiene la propiedad de la cosa que posee puede adquirirla por usucapión o, como lo ha comprendido la jurisprudencia y la doctrina en unidad de criterio, la posesión comporta la función prodigiosa de crear el derecho, es decir la victoria de la posesión sobre la negligencia.
Es por ello por lo que la persona que de manera consciente conserva una cosa en su poder, tiene por eso la intención de ejercer sobre la misma un derecho. Más de la naturaleza de ese derecho dependerá el que exista o no posesión, ya que no es suficiente el ánimo de ejercer sobre la cosa un derecho cualquiera, sino que es indispensable que se tenga la intención de dominio, o cuando menos la de un derecho real. “No existe —ha reiterado esta Corte—— ningún elemento objetivo para distinguir entre el poseedor y el simple tenedor. Ambos revelan un poder efectivo sobre la cosa. El único elemento que diferencia a uno y otro se halla en el ánimo, el cual corresponde al plano psicológico y es, por lo tanto, subjetivo. De ahí que en la mayoría de los casos sea prueba suficiente para establecer la posesión el elemento objetivo, porque la posesión en tales circunstancias se presume. (Art. 780 y ord. 1º del 2531).” (Sentencia de Casación Civil de nov. 25/38 G.J. t. XKVII, 431)
Son, entonces, dos los elementos configurativos de la posesión: el primero, la tenencia o aprehensión material del bien, también conocido como corpus; y el segundo elemento, que es de carácter subjetivo, es el sentimiento de quien tiene el bien como suyo, en cuanto señor y dueño de él; este también se conoce como ánimus. Es pues, la prueba de ese hecho, junto con la de los demás elementos que prefiguran la institución que se analiza, la que dirá al juzgador si debe atenderse la pretensión de quien por haber poseído el tiempo requerido, adquiere el derecho a que se le declare titular del dominio sobre el bien.
2. Mas esas pruebas no son aquellas que al ser examinadas presenten dudas, vacíos o lagunas que deba suplir el fallador para edificar su conclusión. La prueba, en otros términos, debe ser fehaciente, completa, contundente y con aptitud suficiente para producir en el juzgador la convicción de que los hechos posesorios fueron ejercidos por el usucapiente en la forma y términos que exige la ley.
Si de ordinario los hechos realizados por el prescribiente —y en que se fundamenta la posesión— pueden ser apreciados por quienes lo rodean en el círculo social en donde esos eventos se cumplen, es inevitable predicar que, así no sea la única, evidentemente es la de testigos la prueba más idónea llamada a auxiliar al juez.
Es, por ello, la ‘ciencia del dicho del testigo’, referida a la fuente de conocimiento que tenga respecto a los hechos sobre los cuales depone, uno de los principales derroteros encaminados a brindar al juez un seguro elemento de juicio para valorar el alcance probatorio del testimonio, el cual, por lo mismo, deberá ser claro, exacto y responsivo.
En la valoración del testimonio el sentenciador aplica, en esencia, las reglas de la sana crítica, que constituyen la llamada apreciación racional de la prueba a que alude el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, y cuyo valor demostrativo no se puede hacer depender exclusivamente del libre arbitrio judicial o de la soberanía absoluta del juez en la apreciación de los medios de convicción, en razón a que el texto mismo dispone valorar las evidencias disponibles ‘en conjunto’, exponiendo ‘siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba’.
3. En lo que concierne a la causal de casación que se funda en supuestos yerros en la valoración probatoria que realizan los juzgadores de las instancias, la jurisprudencia de esta Sala ha reiterado, de manera constante e invariable, que mientras el argumento expresado por el fallador no se muestre abiertamente contraevidente, la exposición de puntos de vista antagónicos por parte del censor no puede considerarse como una demostración del error de hecho manifiesto, por faltar en ese caso el requisito exigido por el segundo inciso del artículo 374 de la ley procesal.
Memórese que frente a ese específico tema esta Corte tiene establecido que el fallador de segundo grado “goza de una ‘discreta autonomía’ para valorar los diferentes elementos de convicción arrimados al plenario y, por ende, sus conclusiones al respecto tienen la especial característica de ser intangibles en casación, mientras el recurrente no logre demostrar con certeza que el ad quem al efectuar el examen probatorio y jurídico cometió yerro notorio de hecho o uno de valoración, por cuanto la disímil apreciación que de la prueba haga el censor a través del aludido recurso no es suficiente por sí misma para aniquilar o anonadar la providencia impugnada, ni siquiera en el eventual caso en que la corporación pueda separarse del estudio que haya hecho el juzgador para admitir como más razonable la conclusión objeto de ataque...” (Sent. de casación civil Nº 80 de sep. 18/98)
De igual manera se ha expresado que “el error de hecho a que se refiere la causal primera de casación, ha de ser ostensible y manifiesto, debe emerger con resplandor de su sola enunciación sin que para advertirlo se requieran esforzados razonamientos; lo cual implica que para la prosperidad del recurso de casación por tal concepto, es preciso, primeramente, que ‘la equivocación del sentenciador haya sido de tal magnitud, que sin mayor esfuerzo en el análisis de las probanzas se vea que la apreciación probatoria pugna evidentemente y de manera manifiesta con la realidad del proceso’. (G.J. t. LXVII, p. 380)” (Sent. de casación de mar. 14/2000. Exp.: 5177)
4. Son estas consideraciones, precisamente, las que me obligan a apartarme de la decisión que adoptó la mayoría de la Sala, pues a partir del examen de la valoración probatoria realizada por el tribunal no se logra advertir que cometió un error protuberante, evidente y trascendente en punto a la apreciación de los testimonios.
En efecto, la declaración de Hernando Pulido no da cuenta del ánimo de señor y dueño de la demandante y, por el contrario, refiere que “eso pertenece al mismo barrio y la Central Nacional Provivienda”, al tiempo que afirma que esta última funge como una simple administradora de los intereses de la comunidad.
En el mismo sentido, el declarante Jesús Antonio Córdoba entró en contradicción al manifestar que los actos de posesión eran ejercidos tanto por la actora como por la comunidad; pero más adelante en su declaración dio a entender que la primera solo ha realizado actos de organización o administración a nombre de la comunidad.
Por su parte, el testimonio de Ricardo Peñuela solo indicó que la demandante ha sido arrendadora del inmueble, lo que, en criterio del tribunal, no resulta suficiente para deducir de ese hecho la posesión, toda vez que el arrendamiento no es un hecho indicativo del ánimo de señor y dueño.
Ninguna de las referidas probanzas demuestra de manera fehaciente, inequívoca e indubitable, como lo requiere el tema objeto del litigio, el ánimo de señor y dueño de la actora y, por el contrario, no más que dudas, incertidumbre y ambigüedad se logra extraer de ellas, tal como lo concluyó el tribunal.
Y tanto es ello así, que en la misma sentencia de casación se reconoció que “los actos jurídicos o materiales a que aluden los testigos se amalgaman o confunden con los actos de la comunidad y existe una confluencia en la administración del bien, en vista de que con dicho propósito participan tanto la entidad demandante como las juntas directivas del barrio (...)”, de cuya afirmación no debió concluirse que la entidad demandante y la comunidad son una y la misma cosa sino todo lo contrario, es decir que no existe claridad de quién es la persona que detenta la posesión del bien.
En suma, considero que la falta de claridad que reflejan las probanzas que vienen de analizarse impide tener por cierto que la actora ha ejercido los actos de posesión sobre el bien cuyo dominio reclama, y, en cambio, solo expresan incertidumbre respecto de ese hecho, por lo que no debió casarse la sentencia proferida por el ad quem, pues su decisión no se muestra en modo alguna irrazonable ni mucho menos ostensiblemente equivocada, tal como se exige para la prosperidad del error de hecho manifiesto que consagra el inciso segundo de la causal primera prevista en el artículo 368 de la ley procesal.

References: Resolución 
 artículo 195
 artículo 51
 resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 resolución 
 Resolución 
 artículo 187
 artículo 374
 artículo 368