Source: https://tsevanrabtan.wordpress.com/2017/02/
Timestamp: 2018-09-19 03:07:32+00:00

Document:
febrero 2017 – Las cuatro esquinas del mundo
15 febrero, 2017 Tsevan Rabtan8 comentarios
La fiscal jefe de Barcelona dio ayer una rueda de prensa denunciando que la habían insultado.
No voy a hablar del incidente en sí. No tengo datos objetivos. Ni siquiera he escuchado las declaraciones. Me interesa más el problema de la prensa.
Veo esta noticia, con este titular:
El Govern justifica los insultos a la fiscal jefa de Barcelona por acusar a Artur Mas
¿Por qué se afirma eso? Porque, según el periodista, Neus Munté, portavoz del gobierno catalán, afirma que:
“En todo sueldo ha de entrar la aceptación de la crítica por las maneras de hacer”.
Luego busco en La Vanguardia y veo que titula:
Munté no ve delito en insultos a la fiscal y denuncia doble “vara de medir”
No obstante, hay una frase inquietante en la noticia. Esta:
“… Neus Munté, ha condenado hoy los insultos que recibió la fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi, si bien los ha enmarcado dentro del derecho a la “libertad de expresión” …”
Si me quedo con lo que dicen ambos medios, parece que Munté sí ha justificado que la fiscal pueda ser insultada, porque eso se “enmarca” dentro de la libertad de expresión o porque eso equivale a una “crítica” que cabe “en todo sueldo”.
¿Pero saben qué?: hace mucho que no me fío de ningún medio de comunicación. DE NINGUNO.
Así que busco más. Y encuentro resúmenes más amplios en medios catalanes (algunos abiertamente secesionistas). Son básicamente coincidentes, por lo que voy a recoger solo uno: este. (Puede que cometa algún error, ya que no hablo catalán, pero por las expresiones utilizadas creo que no me equivoco; si es así, les ruego que me corrijan).
Munté veu “poc gratificant” que els polítics hagin d’acceptar els insults perquè “va amb el càrrec” com diu Magaldi
La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha opinat aquest dimarts que és “molt poc gratificant” que la fiscal en cap de Barcelona, Ana María Magaldi, consideri que els polítics estan “acostumats” a rebre insults perquè “va amb el càrrec”. “En cap sou, públic o no públic, hauria d’entrar acceptar insults, sí la crítica per la feina feta, les maneres de fer o les declaracions”, ha opinat. Munté, a més, ha dit que no li consta cap “aldarull” durant cap dels dies que va durar el judici del 9-N la setmana passada.Així, ha opinat que la llibertat d’expressió s’usa de manera “antagònica” segons qui l’esgrimeix. Ha admès que els polítics són “susceptibles” de ser “fortament criticats” per allò que fan o deixen de fer, però els insults han de ser “rebutjats tots, vinguin d’on vinguin”.En referència directa als incidents del passat divendres, on un manifestant independentista va increpar Magaldi, Munté ha dit que, per les imatges que ha vist, no ha dictat “cap altra cosa que no formi part de la llibertat d’expressió”. En aquest sentit, i en referència velada al comunicat de la Fiscalia General de l’Estat d’aquest dilluns, ha dit que el Govern no pensa “tolerar que un moviment tant cívic i correcte” que s’ha manifestat tantes vegades al carrer, se’l pugui acusar d’insultar, coaccionar o amenaçar. “No és veritat, i no vull treure la llista d’insults gravíssims, que són constitutius de delicte que diferents polítics han hagut d’escoltar, i no ha passat res”, ha dit. “N’estem tips que la vara de mesurar sigui tant diferent, segons afecti uns barris o uns altres”, ha conclòs.Per tot això, ha recomanat “calma, cap fred i rigor”, com Magaldi, per abordar aquest tema. I si la fiscal en cap “s’ha sentit agredida per una mirada o una paraula d’un ciutadà, ja sap a quins mecanismes recórrer”. “Estem convençuts que els possibles insults, reprovables, d’una petitíssima minoria, no poden tacar la força democràtica i cívica dels que es van aplegar davant les portes” del TSJC, sobretot dilluns.
Es decir, según este medio:
1.- La portavoz critica a Ana María Magaldi por opinar que los políticos están acostumbrados a recibir insultos porque va con su “cargo” (les recuerdo que esto es lo que dice la portavoz: ignoro si es lo que dijo Magaldi).
2.- Munté, al contrario, cree que está mal que se justifique de alguna forma que alguien sea insultado por cobrar un sueldo, público o no. Y que, aunque los políticos son susceptibles de ser fuertemente criticados por su trabajo, eso no justifica en ningún caso el insulto.
3.- Munté afirma que otra cosa es la crítica por el trabajo, por cómo se hace o por ciertas declaraciones. Algo siempre admisible.
4.- Munté afirma que a ella no le consta altercado de ningún tipo, que tras examinar las imágenes no ve nada que no pueda enmarcarse dentro de la libertad de expresión.
5.- Munté afirma que los insultos, de existir, procederían de una minoría. Que los secesionistas (ella usa la palabra “soberanistas”) son mayoritariamente cívicos, y que la fiscal puede, de existir insultos, utilizar los mecanismo que conoce.
6.- Munté critica una “doble vara de medir”.
Tras leer lo anterior, resulta que:
A) Los medios dan versiones antagónicas de lo que dijo Munté.
B) Si lees El Confidencial, Munté justificó insultos (también se deduce de lo que dice La Vanguardia). Si lees Vilaweb, Munté no solo no los justificó, sino que expresamente los reprobó, criticando que la fiscal fuese demasiado laxa al admitirlos en el caso de los políticos.
En otro tiempo habría buscado la intervención de la portavoz y la habría escuchado completa. Pero no lo voy a hacer. Estoy harto. Hasta los huevos de perder el tiempo para descubrir quién miente y quién dice la verdad en cada caso concreto.
Ya no hago excepciones. Eso han conseguido los medios en España. Que ya parta del supuesto de que me engañan y que, si el asunto me interesa especialmente, sepa que habré de bucear para intentar descubrir cómo me están engañando esta última vez.
Todo lo más, sigo teniendo fe en algún periodista concreto.
Aunque, para que vean que no me escondo, sospecho que Munté no justificó ningún insulto. Y que la noticia de El Confidencial es una manipulación. O mejor dicho, una mentira directa. Lo creo, pero no voy a comprobarlo.
Y nada de esto de lo que hablo tiene que ver con la realidad de los hechos. Con esos insultos denunciados. Con la actitud de la portavoz. Con el discurso secesionista. No hablo de eso, aunque sospecho que más de uno no lo entenderá y se irá por los cerros de Úbeda.
13 febrero, 2017 13 febrero, 2017 Tsevan Rabtan11 comentarios
El puto espíritu de la pesadez
8 febrero, 2017 Tsevan Rabtan9 comentarios
Pensaba hace un segundo en este blog (que arrastra y engulle lo que publiqué en otros) y en sus temas. He hablado sobre muchas cosas, pero, como los sargentos en el ejército, hay un asunto al que puedo llamar su columna vertebral: la verdad.
Los demás —la ley, el bien, el mal, sus obras, la gobernanza, la ciencia, los episodios, la música, la crítica política, la periodística, la flecha termodinámica, las buenas maneras, la memoria, la ironía—, todos los asuntos esparcidos, los mundanos, los trascendentes y los intrascendentes, los mínimos y los descomunales, bailan a su son.
Este exceso de “seriedad” produce rigidez e indigestión. Espanta la ligereza. Pero no veo que tenga remedio. A mi pesar. Hablo del asunto del blog, no del resultado, claro. Como ven, no puedo evitar estas aclaraciones reglamentarias.
¿Desobedecer nosotros? En qué cabeza cabe, hombre.
6 febrero, 2017 6 febrero, 2017 Tsevan Rabtan
La causa penal contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau se puede ver desde dos puntos de vista: desde el estrictamente jurídico y desde el performativo.
El más divertido es el segundo. Los secesionistas están empeñados en lo que llaman “superar” la ley española. Para conseguir ese éxito personal (evoca la “lucha” contra la enfermedad) no les queda más remedio que hacer algo prosaico: incumplir la ley y, por tanto, desobedecer las decisiones de los tribunales adoptadas en cumplimiento de esa ley. Y precisamente por la función simbólica de un acto de esa naturaleza, lo normal es que uno diga que desobedece y simultáneamente desobedecer. Es lo que hace un desobediente de raza, permítanme la coña. Esto es lo que le permite al desobediente hablar tres horas ante el tribunal, terminar diciendo “estoy preparado para morir” y que no se descojone de él el público asistente.
Los líderes del secesionismo catalán, sin embargo, hacen justo lo contrario. Desobedecen las opresoras leyes españolas y las resoluciones de los opresores tribunales españoles, se aplauden a sí mismos por su astucia y arrojo, y cuando se les pregunta afirman que no han desobedecido. En cada ocasión que les escucho que ese líquido blanco, de origen biológico, con sabor idéntico a la leche, producido por vacas y envasado con el nombre “leche” no es leche, sino un proceso participativo autogestionado por voluntarios, se convierten en los más imaginativos defensores de la injusta y antidemocrática legalidad española. Porque claro, próceres como ellos solo desobedecerían leyes y resoluciones injustas.
No obstante, todo su esfuerzo por mantener la autoritaria legalidad española puede ser baldío. Me explico, y con ello paso al asunto jurídico. Los argumentos para negarse, no tres, sino las veces que hagan falta, son básicamente los siguientes:
1.- Que los “fiscales de Cataluña” no vieron ningún delito. Este argumento (de autoridad) es, a la vez, falaz e interesante, ya que nos lleva a preguntarnos por qué fue así. A preguntárnoslo, claro, después de dejar claro que el argumento, tal cual, además de falaz es falso. No fueron los “fiscales de Cataluña”, sino los que integraban la “Fiscalía Superior de Cataluña”, que no son los casi cuatrocientos fiscales catalanes, algunos de los cuales, según se cuenta, se globearon bastante cuando se los identificó con aquel órgano, ya que sí apreciaban indicios de delito en esto del 9N. En todo caso, y sin necesidad de entrar en esa cuestión, la pregunta continúa en el aire, ya que todos los tribunales que han intervenido tras la presentación de la querella han ido estableciendo que esta no solo tenía fundamento, sino que podía incluso desembocar en un juicio oral y de hecho así ha sucedido. Y esto ha ocurrido con la misma jurisprudencia usada por aquellos fiscales para concluir que no había delito.
2.- Que en esto del 9N no hubo, tras la providencia del Tribunal Constitucional que suspendía el sarao, ninguna decisión administrativa que pudiese ser calificada como antijurídica. Sin embargo, tras la investigación nos hemos enterado de que el 14 de octubre (es decir, antes de la suspensión) la Generalitat había iniciado procedimientos administrativos necesarios para realizar la “consulta”, lo que en ocasiones suponía contratar (y pagar, claro) a contratistas privados. Así:
Se contrató el alta de la del dominio de la página web y cambio a servidores DNS propios de la Generalitat, y la construcción y publicación de esa web
Se contrató la fabricación del material para la votación y su transporte a los locales de la votación.
Se compraron siete mil ordenadores portátiles y se instaló en ellos unos programas precisos para la votación (esos ordenadores luego se repartieron entre colegios catalanes)
Se contrató publicidad institucional y se contrato el envío masivo de información.
Se suscribió un seguro de accidentes para los voluntarios.
Se realizaron reuniones con los directores de los institutos que iban a utilizarse para la votación.
Se acondicionó un local para el procesamiento de los datos y un centro de llamadas.
Se permitió que se “votase” desde el 10 al 25/11 en las sedes del Gobierno catalán de Berlín, París, Bruselas, Londres, Nueva York, Buenos Aires, Tokio, Sídney, Montreal, México D.F., San José -California-, Milán, Bogotá, Hong Kong, Sao Paulo, Copenhague, Santiago de Chile, Andorra y Perpiñán.
Y nos hemos enterado de que específicamente con posterioridad a la providencia del Tribunal Constitucional que acordaban la suspensión la empresa a la que habían contratado para las cuestiones informáticas (T-SYSTEMS) -aplicación web, apoyo técnico durante la recogida de resultados, soporte técnico al centro de procesamiento de datos, tanto sobre lo ya entregado como de lo pendiente de entregar, publicación de datos- solicitó del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI), una empresa pública de la Generalitad, instrucciones sobre el desarrollo de las actividades contratadas y si esas actividades estaban o no afectadas por la resolución del Tribunal Constitucional. ¿A que es gracioso que los directivos y abogados de una empresa rándom se preocupasen por el asunto y los hoy acusados, altos funcionarios y representantes con todo el aparato administrativo y jurídico de la Generalidad a sus espaldas, digan que no han desobedecido a nadie y que nadie les advirtió de nada? Pues bien, recibieron una respuesta y no de cualquiera: del consejero de presidencia, el señor Homs, que afirmó que, tras consultar los servicios jurídicos de la Generalidad, estos habían concluido que los trabajos contratados por T-SYSTEMS no se veían afectados por la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional. El propio Homs reconoció más tarde que lo de la consulta a los servicios jurídicos era una invención suya..
Hemos sabido que los trabajos encomendados a FUTJISU (recepción de los ordenadores portátiles, instalación de los programas, distribución por los centros de votación, acondicionamiento de un centro de procesamiento de datos y de un centro de llamadas -incluido soporte técnico para el 9N-, recogida posterior de los portátiles y borrado de los programas), se realizaron en su mayor parte los días 7, 8 y 9 de noviembre .
Hemos sabido que MEDIA PLANNING GROUP SA, empresa contratada para la realización de una campaña institucional, continuó realizándola tras la suspensión y hasta el día de la votación.
Hemos sabido que UNIPOST, una empresa privada, utilizando los datos suministrados por el Instituto de Estadística de Cataluña, se encargó de remitir una carta dirigida por el presidente de la Generalidad a cada uno de los catalanes mayores de 16 años y que este envío, iniciado el día 3 de noviembre, continuó después de la suspensión acordada el día 4 de noviembre.
Hemos sabido que FOCUS, S.A., y la FIRA DE BARCELONA, contratadas para la adecuación del pabellón italiano de Montjuïc, lugar en el que se instaló un centro de prensa internacional, se dedicó a esa tarea los días 7 y 8 de noviembre y el día 10 lo desmontó.
Hemos sabido que el famoso CAC ratificó (el 4 de diciembre de 2014) las cartas previas remitidas por el secretario de comunicación del gobierno catalán, en las que se daba cuenta del “incumplimiento” por ONDA CERO, la CADENA SER y la COPE de la negativa a difundir gratuitamente la campaña informativa de anuncios y mensajes relativos al 9N. La finalidad de esa carta era la apertura de expedientes sancionadores contra esas empresas.
Es decir, hemos sabido que, no solo no se suspendió nada de lo que ya se había iniciado, sino que se realizaron actuaciones posteriores destinadas a facilitar que tuviera lugar eso que el Tribunal Constitucional había suspendido.
3.- Que, aunque hubiera actuaciones, eran periféricas, ya se habían acordado y pagado previamente, pretendían informar sobre hechos propios de la sociedad civil, la auténticamente protagonista, y que eso no es prevaricación.
En cuanto a esto, nada mejor que ver lo que ha dicho el Tribunal Supremo sobre el señor Homs cuando ha acordado su procesamiento:
… el delito de la prevaricación administrativa sanciona los abusos de poder que representan la negación del propio Estado de derecho, pues nada lesiona más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes políticos en los vulneradores de la legalidad de la que ellos son los primeros custodios. Por ello, la nota de arbitrariedad es un aliud diferente al control judicial de los actos administrativos por la jurisdicción contenciosa. La nota de arbitrariedad supone que un apartamiento de toda normativa, es la voluntad desnuda de las personas concernidas la que se erige en única fuente de la decisión .
… el delito de prevaricación no se refiere de modo expreso a resoluciones administrativas, sino a resoluciones arbitrarias dictadas en un asunto administrativo (…), tal resolución puede ser expresa o tácita, escrita, oral e incluso por gestos; siendo factible también la resolución por omisión (…) y con independencia de la fase procedimental que corresponda, pudiendo tratarse de un acto de trámite o impulso o de un acto ejecutivo respecto del fondo principal del asunto, siempre que encierre una declaración de voluntad de contenido decisorio que afecte a derechos de los administrados o a la colectividad en general.
Es obvio que la convocatoria del “proceso de participación” y el impulso del mismo para la consecución de la consulta, integran un asunto administrativo; y que las actuaciones, tendentes a su desarrollo y buen fin descritas, integran actos de voluntad en aras de su logro, con obvia afectación general, en cuanto destinada a todos los vecinos de Cataluña. En cuya consecuencia, en nada afecta a tal calificación la inexistencia de una actuación jurídicamente formalizada de la convocatoria de consulta, ni que se invocara o pretendiera canalizar como una autogestión del voluntariado cuando el impulso y los ineludibles hitos necesarios para la consulta provenían del Govern; de modo, que las resoluciones y actuaciones objeto de suspensión llevadas a cabo fueren orales o de carácter estrictamente material, en cuanto que cada una de ellas, así como el conjunto, son manifestación inequívoca, activa y omisiva, de la voluntad de culminar el “proceso participativo”, a la vez que desatender la suspensión acordada por la Providencia del Tribunal Constitucional.
… en definitiva, con independencia del resultado final del proceso de impugnación, el “proceso de participación” en sí y cualquier actuación de la Generalitat de Cataluña vinculadas con la referida convocatoria, resultaban suspendidas, cualesquiera que fueren. Resultaba desapoderada la Generalitat, por el Tribunal Constitucional, órgano constitucional previsto expresamente para ello, de cualquier potestad para llevar a cabo, mientras la suspensión no se levantara (o el proceso concluyera en su caso con resultado desestimatorio): o actuaciones relativas a la convocatoria; o actos y actuaciones de preparación, realizados o procedentes, para la celebración de dicha consulta; o cualquier otra actuación aún no formalizada jurídicamente, vinculada a la referida consulta. Pues bien (…) se recoge, como el aforado, además de: a) no adoptar ninguna suspensión en el ámbito de sus responsabilidades (…) b) siguió impulsando activamente en el ámbito de sus funciones (…) el “proceso participativo” afirmando la inanidad de la resolución del Constitucional sobre la configuración e implantación de la estructura informática que posibilitaba la consulta, a la vez que ponía a disposición de los diferentes entes administrativos los servicios jurídicos de la Generalitat para exigir a las empresas contratadas el cumplimiento de las tareas encomendadas (…) c) resolvió realizar ulteriores contrataciones para el buen fin de la consulta con posterioridad a la suspensión; y d) incluso en agotamiento de tal finalidad, denunció a los organismos sancionadores el incumplimiento por parte de concretos medios de comunicación la negativa a insertar la publicidad institucional.
Resoluciones arbitrarias, omisivas y activas, contrarias absolutamente a la Constitución, por cuanto desapoderada la Generalitat de la potestad para llevar a cabo la competencia que cuando menos tácitamente afirmaba sobre el “proceso participativo” que culminaba con la consulta; tales resoluciones y disposiciones, fuere cual fuere su contenido, contrariaban de modo grosero, el ordenamiento jurídico; y no sólo de legalidad ordinaria, sino el constitucional, al resultar carentes de todo soporte competencial, en ese momento inexistente, e imponer su propia voluntad sobre la del órgano constitucional, al que expresamente se le atribuye y obliga el dictado de la suspensión. Que además, suponían una suplantación del poder constituyente, al hacer prevalecer la voluntad propia (aún cuando se diga depositaria de un difuso mandato ciudadano, carente igualmente de ese carácter constituyente), con desprecio deliberado de la resolución que le suspende la potestad para desenvolver el “proceso participativo”, dictada por el órgano a quien el constituyente encomendó tal tarea y control. Resoluciones y disposiciones pues, injustas, contrarias a derecho, realizadas y dictadas, a sabiendas, con plena consciencia de su ilicitud,…
De otra, una jurisprudencia asentada del Tribunal Constitucional, impide sustentar, con un mínimo de juridicidad, el mandato de un difuso “clamor” del pueblo catalán, para eludir la resolución suspensiva del Tribunal Constitucional (…) por ello sólo puede ser objeto de consulta popular por vía del referéndum de revisión constitucional. Es un asunto reservado en su tratamiento institucional al procedimiento del art. 168 CE . (…) El respeto a la Constitución impone que los proyectos de revisión del orden constituido, y especialmente de aquéllos que afectan al fundamento de la identidad del titular único de la soberanía, se sustancien abierta y directamente por la vía que la Constitución ha previsto para esos fines. No caben actuaciones por otros cauces ni de las Comunidades Autónomas ni de cualquier órgano del Estado, porque sobre todos está siempre, expresada en la decisión constituyente, la voluntad del pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional, fundamento de la Constitución y origen de cualquier poder político.
4.- También se argumenta que no puede haber desobediencia porque no se requirió personalmente a algunos de los acusados, porque no se les indicó las posibles consecuencias de negarse a acatar la resolución que acordaba la suspensión y porque no hubo una reiteración en el mandato que dimanaba del Tribunal Constitucional.
Nuevamente, en cuanto a esto, qué mejor que citar al Tribunal Supremo, que da cumplida respuesta a estas objeciones cuando acuerda el procesamiento del señor Homs:
Dicho delito, concorde a la jurisprudencia de la Sala Segunda (…) requiere la concurrencia de los siguientes elementos: a) Existencia de un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta, emanado de la autoridad o sus agentes y que debe hallarse dentro de sus legales competencias. En el relato histórico, este requisito resulta cumplimentado por la Providencia del 4 de noviembre de 2014, del Tribunal Constitucional, (…) respecto de actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a una concreta convocatoria, que suspende las actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la convocatoria a los catalanes, las catalanas y las personas residentes en Cataluña para que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Cataluña el día 9 de noviembre (y en los días sucesivos en los términos de la convocatoria), mediante un denominado “proceso de participación ciudadana”, contenidas en la página web http://www.participa2014.cat/es/index.html, y los restantes actos y actuaciones de preparación, realizados o procedentes , para la celebración de dicha consulta, así como cualquier otra actuación aún no formalizada jurídicamente, vinculada a la referida consulta. (…) Suspensión omnicomprensiva, por tanto, de cualquier actividad relacionada con ese “proceso de participación”.
b) Que la orden, revestida de todas las formalidades legales, haya sido claramente notificada al obligado a cumplirla, de manera que éste haya podido tomar pleno conocimiento de su contenido. Además de la notificación formal y publicación en el Boletín Oficial del Estado, consta acreditado que a primera hora de la tarde de su dictado, es notificada al Presidente de la Generalitat por correo electrónico a través de la Subdirección General de Cuestiones Constitucionales del Gabinete Jurídico de la Generalitat, del Departamento de Presidencia; y conocida por el aforado, máximo responsable de los Servicios Jurídicos y miembro del Govern de la Generalitat. (…) Tal concreción del destinatario obligaba a la observancia de suspensión acordada por Tribunal Constitucional, necesariamente a quienes al menos de forma tácita afirmaban su competencia en el desarrollo de sus potestades administrativas para el logro de la consulta; y su pleno conocimiento de la misma, prácticamente desde el mismo momento de su dictado, obviaba la necesidad de cualquier requerimiento para cumplimentar el tipo de desobediencia, requisito no exigido por el tipo, relacionado con la viabilidad probatoria del pleno conocimiento de la obligatoriedad del mandato por parte del acusado. Conocimiento de su vinculación y obligada observancia por parte del aforado, ya reseñada.
c) Resistencia del requerido a cumplimentar aquello que se le ordena, lo que equivale a la exigible concurrencia del dolo de desobedecer, que implica que frente al mandato persistente y reiterado se alce el obligado a acatarlo y cumplirlo en una oposición tenaz, contumaz y rebelde. Precisamente lo acaecido en autos, donde el aforado, miembro del Govern, no sólo omitió suspender cualquier actividad desplegada para la consecución de la consulta convocada, ni siquiera aquellas contrataciones o encomiendas concertadas en el ámbito de su Departament; sino que impulsó el proceso en base exclusiva a su voluntad, (…) El mandato de suspensión es notificado, es publicado en el BOE, se admite que vincula y que la consulta no puede celebrarse si no se alza al formular recurso de aclaración; y pese a ello, de manera abierta, obstinada y pertinaz, nada se suspende, sino que el “proceso” se sigue impulsando, entre otros por el referido aforado y la consulta se celebra. Nada empece a dicha conclusión que por parte del aforado, no se expresase su voluntad de ignorar el mandato del Tribunal Constitucional; (…) la jurisprudencia de esta Sala ha tenido ocasión de fijar el alcance de la expresión abiertamente. Tal idea ha sido identificada con la negativa franca, clara, patente, indudable, indisimulada, evidente o inequívoca (…) si bien aclarando que ese vocablo ha de interpretarse, no en el sentido literal de que la negativa haya de expresarse de manera contundente y explícita empleando frases o realizando actos que no ofrezcan dudas sobre la actitud desobediente, sino que también puede existir cuando se adopte una reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo sin dar cumplimiento al mandato, es decir, cuando sin oponerse o negar el mismo tampoco realice la actividad mínima necesaria para llevarlo a cabo, máxime cuando la orden es reiterada por la autoridad competente para ello, o lo que es igual, cuando la pertinaz postura de pasividad se traduzca necesariamente en una palpable y reiterada negativa a obedecer (…)
O lo que es lo mismo, este delito se caracteriza, no sólo porque la desobediencia adopte en apariencia una forma abierta, terminante y clara, sino también es punible «la que resulte de pasividad reiterada o presentación de dificultades y trabas que en el fondo demuestran una voluntad rebelde» (…) . Una negativa no expresa, ya sea tácita o mediante actos concluyentes, puede ser tan antijurídica como aquella que el Tribunal a quo denomina expresa y directa. El carácter abierto o no de una negativa no se identifica con la proclamación expresa, por parte del acusado, de su contumacia en la negativa a acatar el mandato judicial. Esa voluntad puede deducirse, tanto de comportamientos activos como omisivos, expresos o tácitos… La concurrencia del delito de desobediencia, tal y como lo describe el art. 410.1 del CP , depende de que el sujeto activo ejecute la acción típica, no de las afirmaciones que aquél haga acerca de su supuesta voluntad de incurrir o no en responsabilidad. De otra parte, notificada a quien era parte del proceso (lo que determina la innecesariedad de requerimiento a estos efectos típicos) que era quien había convocado e impulsaba el proceso de consulta, la suspensión del mismo por parte del Tribunal Constitucional, el acatamiento devenía necesario.
Lo que no puede aceptarse es que entre una y otra opción se construya artificialmente una vía intermedia que estaría integrada por aquellas otras resoluciones judiciales que, pese a estar revestidas de todas las formalidades legales, son discutibles o cuestionables por los servicios jurídicos de quien resulta jurídicamente obligado a su acatamiento. Nuestro sistema constitucional ha querido, como garantía de su propio equilibrio y existencia, que la función jurisdiccional alcance la plenitud de lo resuelto. No es difícil imaginar los efectos asociados a una doctrina, con arreglo a la cual, la ejecución de lo acordado en cualquier proceso jurisdiccional, quedara condicionada a que el requerimiento formulado resultara ulteriormente avalado por quienes asumen la defensa jurídica del requerido“.
Además, ninguna reiteración resulta exigible en autos; cronológicamente, porque el mandato emitido el día 4 de noviembre, exigía su observancia inmediata y en todo caso antes del día 9 de noviembre, pues de otra forma la desobediencia devenía irreversible; y desde otra perspectiva, por razón del origen de donde emanaba, el órgano constitucional a quien se encomienda una capacidad normativa negativa, la declaración de inconstitucionalidad de aquella actividad impugnada y asociada a ella, una suspensión cautelar. No es dable que la norma, aún con ese limitado matiz y esa naturaleza cautelar, pero con un preciso destinatario, quien desarrollaba esa actividad impugnada, deba ser reiterada para su efectivo y cabal acatamiento.
No sé qué sentencia dictará el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ni la que dictará, en su día, el Tribunal Supremo. Ahora, de momento, en esto de la batalla de argumentos, los acusados pierden por goleada.
5 febrero, 2017 5 febrero, 2017 Tsevan Rabtan3 comentarios
Hoy dice Puigdemont en una entrevista:
¿Pondrán las urnas aunque el Constitucional impugne la convocatoria del referéndum?
Cuando pongamos las urnas, lo haremos amparados en todas las garantías legales. Pero lo importante de un referéndum es si los ciudadanos lo declaran válido o no. Podría ser acordado y que la gente no participara. Un referéndum que pueda tener sólo el acuerdo del Parlament de Catalunya, pero en el que la gente participe, es perfectamente válido porque la gente es precisamente quien le confiere validez.
Esta respuesta es paradigmática de la mentira secesionista. Los secesionistas llevan años intentando engañar a muchas personas y en parte lo han conseguido. Las urnas no se pueden “poner” amparadas en “todas” las garantías legales porque las urnas se ponen para algo y ese “algo”, en este caso, es inconstitucional. Tan inconstitucional es que lo sería incluso si se tratase de un referéndum en toda España con ese mismo objeto, convocado por el Gobierno con acuerdo del Parlamento, saltándose la previa reforma constitucional. Imaginen su inconstitucionalidad tratándose de un referéndum solo en Cataluña y convocado solo por un acuerdo del parlamento catalán. Y eso lo sabe el señor Puigdemont perfectamente.
Por tanto, la primera frase es una mentira destinada a tranquilizar la conciencia de los ciudadanos que temen a la ilegalidad, pero a los que gusta la idea de secesión.
Pero eso no es lo más grave. Lo peor es el recurso a la falsa democracia sin ley. La idea de que lo que importa para que un referéndum sobre cualquier cosa sea “válido” es la “participación” de la “gente”.
En una democracia real solo son actores los ciudadanos. En una democracia de verdad no hay “gente”. La “gente” no vota. Gente o pueblo son los animalitos preferidos de los autócratas y los populistas. Apelando a la gente o al pueblo, como apelando a la patria o a la historia o al paraíso que viene, es como se han cometido los peores crímenes.
El ciudadano no le gusta ni a los autócratas ni a los populistas. Tampoco le gusta mucho al político común, no nos engañemos. La razón es sencilla: ciudadano es un concepto legal que lleva implícito algo peligrosísimo para el poder y para los conductores de hombres, el de sujeto con derechos y obligaciones. Y va unido también a otro previo: el de conjunto de ciudadanos. Un ciudadano lo es porque hay otros ciudadanos del mismo Estado.
La potencia de ese concepto es extraordinaria. El ciudadano individual se protege de la arbitrariedad del poder y de la arbitrariedad de sus compatriotas precisamente por su condición, por el paquete completo. Ni el poder ni los otros pueden excluirlo de su condición de ciudadano salvo por los propios medios nacidos en el momento de su definición. No hablo de algo abstracto. La historia está llena de furia y dolor, y ha parido con suerte (si te ha tocado vivir en uno) Estados democráticos. La cuestión es que, una vez alcanzado ese punto, es estúpido discutir la definición, porque eso supone reabrir la situación previa y arriegarnos a más furia y dolor.
Los autócratas y los populistas, sin embargo, constantemente fuerzan los límites. Apelan al “pueblo” o a la “gente” para saltarse la definición legal, que si es razonablemente completa incluye las reglas para su modificación y evolución. Lo hacen precisamente porque no admiten los límites que impone la democracia a su comportamiento. No hay democracia sin ciudadanos. No hay ciudadanía sin ley. No hay ley sin reglas para su modificación. No hay reglas para la modificación de la ley sin una definición sobre el conjunto de ciudadanos y sobre el procedimiento para que emitan su voluntad. Es un círculo virtuoso.
En realidad, estas personas quieren cometer “su” ilegalidad. Para conseguir que se haga realidad lo que consideran un destino manifiesto, están dispuestos a saltarse la ley. La de verdad, la democrática. Están dispuestos a vulnerar los derechos de los ciudadanos (a saltarse mis derechos, por ejemplo, como ciudadano español). Para ellos es más importante su sueño, su visión colectiva, que la prevalencia de la ley y la democracia. En el mejor de los casos, creen que solo tienen que saltarse la ley una vez y que merece la pena correr el riesgo de que nos acostumbremos. Y que, para que la buena gente no se escandalice, basta con vestir el crimen de democracia popular y sostener que está avalado por un parlamento que no tiene competencias para ello. Como no lo tendría el parlamento español para condenarme a muerte.
Es la vieja tensión entre las “argucias” legales y la “verdad” popular. Somos muy sensibles a este argumento: qué hay de malo en votar, en preguntar a la “gente”. O por qué hay que ser tan exquisito con los derechos de un criminal espantoso que ha matado a no sé cuántos niños.
No quieren darse cuenta de que es mucho más importante el edificio legal que cualquier destino nacional o cualquier acto de supuesta justicia concreta. El edificio legal existe porque acoge a ciudadanos. Cuando lo derribas, solo queda la tribu a la intemperie y luego hay que llorar lágrimas de sangre para volver a construirlo.
Hoy millones de ciudadanos de España han comprado de forma egoísta una mercancía averiada y peligrosa. Han decidido excluirnos a los demás de nuestra condición de ciudadanos y al hacerlo no se dan cuenta de que ellos mismos sientan las bases para que cualquier decisión que les afecte se pueda justificar, en el futuro, simplemente apelando a la gente, en la que hoy se incluyen, pero de la que puede que no formen parte en el futuro, según cambien los vientos del discurso ilegal.
Y lo compran por nada. Por el destino histórico. Ebrios, ciegos e irresponsables.
Antes Elegir mes septiembre 2018 agosto 2018 julio 2018 junio 2018 mayo 2018 abril 2018 marzo 2018 febrero 2018 enero 2018 diciembre 2017 noviembre 2017 octubre 2017 septiembre 2017 agosto 2017 julio 2017 junio 2017 mayo 2017 abril 2017 marzo 2017 febrero 2017 enero 2017 diciembre 2016 noviembre 2016 octubre 2016 septiembre 2016 agosto 2016 julio 2016 junio 2016 mayo 2016 abril 2016 marzo 2016 febrero 2016 enero 2016 diciembre 2015 noviembre 2015 octubre 2015 septiembre 2015 agosto 2015 julio 2015 junio 2015 mayo 2015 abril 2015 marzo 2015 febrero 2015 diciembre 2014 octubre 2014 septiembre 2014 abril 2014 marzo 2014 febrero 2014 noviembre 2013 octubre 2013 septiembre 2013 agosto 2013 julio 2013 junio 2013 mayo 2013 abril 2013 marzo 2013 enero 2013 diciembre 2012 noviembre 2012 octubre 2012 septiembre 2012 agosto 2012 julio 2012 junio 2012 mayo 2012 abril 2012 marzo 2012 febrero 2012 enero 2012 diciembre 2011 noviembre 2011 octubre 2011 septiembre 2011 agosto 2011 julio 2011 junio 2011 mayo 2011 abril 2011 marzo 2011 febrero 2011 enero 2011 diciembre 2010 noviembre 2010 octubre 2010 septiembre 2010 agosto 2010 julio 2010 junio 2010 mayo 2010 abril 2010 marzo 2010 febrero 2010 enero 2010 diciembre 2009 noviembre 2009 octubre 2009 septiembre 2009

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución