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Timestamp: 2017-08-18 01:13:30+00:00

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Modelo Petición de protección derechos de un preso ante juez competente (Ecuador) - Monografias.com
SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA
Yo, HÉCTOR RAMIRO MANOSALVAS ARIAS, ante Usted, de la manera más respetuosa, comparezco y conforme a derecho,
ANTECEDENTES FÁCTICOS.- Debo indicar que me encuentro privado de mi libertad, en el Centro de Rehabilitación Social Varones No. 04 de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, por un delito de Incitación a la Rebelión; cumpliendo una sentencia de TRES AÑOS de prisión; manifiesto que soy un buen ciudadano, que ha servido a su Patria con honor y por lo tanto actualmente soy un Militar en Servicio Pasivo, teniendo además educación superior, pues me he formado a nivel universitario, siendo un Doctor en Educación, además de múltiples logros y prestaciones que he realizado para mi País; sin embargo, por infortunio estoy interno en el mencionado Centro Carcelario, demostrando todo el tiempo excelente conducta, trabajando y manteniéndome ocupado en el mencionado Centro realizando actividades prósperas para no denigrar mi situación moral ni legal; sin embargo desde hace unas semanas atrás se han suscitados hechos que alteran y afectan no solo la dignidad sino incluso el primer derecho humano como es la Paz individual y quizá colectiva, en donde me veo involucrado lastimosamente por algunos compañeros del mencionado Centro, poniendo en conocimiento verbal ante las Autoridades respectivas a nivel administrativo; siendo mi derecho acudir ante su Señoría creyendo que pudiera "vulnerarse mis derechos" garantizados en el derecho material, constitucional y de instrumentos internacionales de protección para personas privadas de su libertad o reclusos; que más adelante especificaré las normas, principios y valores que pudieran vulnerarse y que se han vulnerado en mi contra, ya que podría darse un presunto TRASLADO hacia otro Centro de Rehabilitación, lo que precisamente afectaría mi libertad, ya que al encontrarme dentro de los grupos vulnerables también se afectaría a mi familia incluso, por las circunstancias adversas que pudieran suscitarse en mi contra, quizá porque no hasta poner en peligro mi salud, que ya la tengo alterada, mi psiquis e incluso afectación física e incluso mi propia vida.
COMPETENCIA.- En virtud del sistema neo constitucional y siendo su señoría competente para conocer estos temas jurídicos de garantías constitucionales y penitenciarias, como se lo denomina de INCIDENTE relativo a la vulneración de mis derechos, además es competente en base de las RESOLUCIONES No. 018-2014 y 032-2014, expedidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, así como por los artículos 171 y numeral 9 del artículo 230 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, por ende su Señoría es competente para conocer, sustanciar y resolver este incidente de petición de protección a mis derechos vulnerados, YA QUE ES UN Señor Juez de Garantías Penales y hoy penitenciarias, con sede en el cantón Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha.
FUNDAMENTO JURÌDICO.- Solicito desde ya, se considere lo dispuesto en el artículo 4 del Código Orgánico de la Función Judicial que hace referencia al principio de Supremacía Constitucional, esto es, que los señores servidores de la función judicial, deben aplicar todas las decisiones constitucionales sin necesidad de que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía y en las decisiones no se puede restringir o menoscabar e inobservar su contenido y constituye el análisis óntico entre lo fáctico y los elementos jurídicos favorables en el actual sistema; según lo prescrito en el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, que prescribe: "La Constitución es la ley suprema y prevalecerá sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico las normas del poder público deberán tener conformidad con las disposiciones constitucionales caso contrario carecerán de eficacia jurídicaÂ" el numeral 3 del artículo 11 de la Constitución, establece: "3.Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte".
Es importante señalar que toda petición debe estar debidamente argumentada en forma jurídica, que lo hago a continuación:
Debo indicar a continuación las normas jurídicas nacionales del derecho material, normas constitucionales, normas del derecho internacional de Derechos Humanos de protección a los reclusos; así como de instrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos; hago mención a doctrina nacional y de publicistas internacionales del sistema penitenciario; además doy referencia a jurisprudencia nacional e internacional, para el correcto fundamento y argumentación jurídica de mi petición.
NORMAS JURÍDICAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL SUSTENTO DE LA IMPUGNACIÓN.-
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL: Art. 670 dice: "El trámite de los incidentes relativos a la ejecución de la pena es oral y público, para lo que se notificará a las partes y se citará a los testigos y peritos necesarios que informarán durante la audiencia. Contra la resolución procederá el recurso de apelación.
La persona privada de libertad o su defensora o defensor podrá presentar cualquier petición, reclamación o queja, relacionada con la ejecución de la pena o la vulneración de sus derechosÂ"
Art. 1.- "Finalidad.- Este Código tiene como finalidad normar el poder punitivo del estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas".
Art. 2.- "Principios generales.- En materia penal se aplican todos los principios que emanan de la Constitución de la República, de los instrumentos internacionales de derechos humanos y los desarrollados en este Código".
Art. 3.- "Principio de mínima intervención.- La intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las personas. Constituye el último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales".
Art. 4.- "Dignidad humana y titularidad de derechos.- Las y los intervinientes en el proceso penal son titulares de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de la República y los instrumentos internacionales.
Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el hacinamiento".
Art. 5.- Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internaciones ratificados por el estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios:
1.- Legalidad.- No hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla.
5.- Igualdad.- Es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad.
1.- La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se ajuste a la Constitución de la República de manera integral y a los instrumentos internacionales de derechos humanos.
3.- Queda prohibida la utilización de la analogía para crear infracciones penales, ampliar los límites de los presupuestos legales que permiten la aplicación de una sanción o medida cautelar o para establecer excepciones o restricciones de derechos.
Art. 4.- Principio de Supremacía Constitucional.- Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y servidoras y servidores de la Función Judicial, aplicarán las disposiciones constitucionales, sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido
En consecuencia, cualquier jueza o juez, de oficio o a petición de parte, sólo si tiene duda razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a la constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, la que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días resolverá sobre la constitucionalidad de la normaÂ
Además del sustento en los principios de aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional del artículo 5; interpretación integral de la norma constitucional del artículo 6; principio de Tutela Judicial Efectiva de mis derechos del artículo 23; principio de la Obligatoriedad de Administrar Justicia del artículo 28; e, Interpretación de normas procesales del artículo 29; del Código Orgánico de la Función Judicial.
Art. 9.- Principio de Imparcialidad.- La actuación de las juezas y jueces de la Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley. En todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por las partes.
La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.Â
DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. Art. 2: "Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos". Art. 5: "En el adiestramiento de la policía y otros funcionarios públicos responsables de las personas privadas de su libertad, se asegurará que se tenga plenamente en cuenta la prohibición de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta prohibición se incluirá asimismo, en su caso, en las normas o instrucciones generales que se publiquen en relación con los deberes y funciones de cualquier encargado de la custodia o trato de dichas personas".
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA: Art. 2: "Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se infrinjan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS SOMETIDAS A CUALQUIER FORMA DE DETENCIÓN O PRISIÓN: Principio 3. No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres so pretexto de que el presente Conjunto de Principios no reconoce esos derechos o los reconoce en menor grado. Principio 6. Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Principio 15. A reserva de las excepciones consignadas en el párrafo 4 del principio 16 y el párrafo 3 del principio 18, no se mantendrá a la persona presa o detenida incomunicada del mundo exterior, en particular de su familia o su abogado, por más de algunos días. Cláusula general. Ninguna de las disposiciones del presente Conjunto de Principios se entenderá en el sentido de que restrinja o derogue ninguno de los derechos definidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO HOMINEM A FAVOR DE UN PRIVADO DE SU LIBERTAD POR VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS Y PRECAUTELAR SU INTEGRIDAD.- La fundamentación de los derechos humanos ha sido y es objeto de gran interés a lo largo del tiempo, y la mayoría considera que es una labor teórica con gran incidencia en la práctica, precisamente ésta oportunidad como Juzgador de hacer realidad la imposición de leyes constitucionales en base del principio pro hominem. Para algunos, en doctrina, el eje de los derechos humanos es: "Âuna serie de derechos concretos (según Herbert Hart, el derecho a la libertad; atendiendo a John Rawls, determinados derechos fundamentales que corresponden a unos deberes fundamentales; de acuerdo con Ronald Dworkin, el derecho a la igualdad ante la ley); para otros, los derechos humanos son la traducción normativa de una serie de valores, aprehendidos de la realidad o construidos socialmente. Un tercer grupo considera que los derechos humanos son criterios o límites a los que debe adecuarse la actividad de los poderes públicos o el mercado, tesis defendida tanto desde una axiología iusnaturalista (Luis Recasens Siches) como desde un iuspositivismo crítico (Luigi Ferrajoli). Finalmente, diversas teorías sostienen que los derechos humanos son la codificación de la conducta moral que, de acuerdo con David Hume, es un producto social y humano que se desarrolla en un proceso de evolución biológica y social". Los derechos humanos tienen en la actualidad, una creciente fuerza jurídica, en tanto que se integran en las constituciones y, en general, en el ordenamiento jurídico de los Estados. También, en el ámbito de la ya citados: –tanto de carácter general como sectorial; universal y regional– y por la creación de órganos jurisdiccionales, cuasi jurisdiccionales o de otro tipo para su defensa, promoción y garantía, precisamente en nuestra administración de Justicia local, estamos los denominados Jueces de Garantías Penales, que por competencia también conocemos como el presente caso de derecho penal ejecutivo o del sistema penitenciario; es importante diferenciar y no confundir los derechos humanos con los derechos constitucionales. Aunque generalmente los derechos humanos se suelen recoger dentro de los derechos constitucionales, no siempre coinciden. Para determinar qué derechos son "constitucionales" basta con recurrir al catálogo de derechos reconocidos por las constituciones de los Estados; el concepto de "derechos humanos" pertenece más bien al ámbito de la Filosofía del Derecho, por ello importante citar al maestro: Luigi Ferrajoli, autor Italiano, profesor de filosofía del derecho y de teoría general del derecho, nacido en Florencia en 1940 vive hasta la actualidad, considera, en su teoría del garantismo jurídico, que, siendo los derechos constitucionales o fundamentales los reconocidos en la Carta Magna de los Estados, los derechos humanos son aquellos que se reconocen a todos, independientemente de su ciudadanía y su capacidad de obrar: la constitución de un país, por ejemplo, puede otorgar derechos a sus ciudadanos. En ese caso se trataría de derechos constitucionales que se reconocen al ciudadano, pero no podrían ser derechos humanos si no se reconoce a todas las personas sean de la condición que sean, como el caso que nos ocupa. La privación de la libertad de un ser humano no es otra cosa que afectar a un derecho humano fundamental, como es el de disponer físicamente su movilidad de un lugar a otro, pero sobre todo afectar a su Dignidad Humana. Es importante señalar sobre las: Personas privadas de libertad.- Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos:
Â 1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.
Â 2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho.
Â 3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad.
Â 4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad.
Â 5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas.
Â 6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad.
Â 7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentesÂ"
JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL.- Vale mencionar como Jurisprudencia Internacional, lo que en el Caso Tibbi vs Ecuador, en el acápite XVI, se refiere en los siguientes términos: "El estado de las prisiones.- No obstante la copiosa literatura formada en torno a la privación oficial de la libertad, quedan a la vista, con todos sus problemas evidente, las cuestiones más inquietante sque han persistido a lo largo de la historia, una larga historia, de este medio de cautela y punición. Literatura que no sólo comprende los relatos de los presos y los testigos del cautiverio, las inquisiciones de los criminólogos y penitenciaristas, las interpretaciones de los críticos, sino también, y con particular exuberancia, las intenciones explícitas en proyectos y programas de gobierno, así como en normas copiosas y minuciosas; desde leyes constitucionales hasta circulare, a bandos y reglamentos que anuncian una de las empresas mayormente pregonadas y menos cumplidas: la reforma penitenciaria. Una reforma que vaya más allá de las declaraciones y las disposiciones y se interne, como debe y se espera de ella, en los pasadizos de las cárceles, en las crujías, en las celdas y los calabozos que siguen poblando y caracterizando, pese a todo, la geografía de las prisiones".
Vale mencionar lo expresado por don Antonio Augusto Cancado Trindade, dentro del caso TIBBI vs ECUADOR:

References: artículo 230
 artículo 4
 artículo 424
 artículo 11
 resolución 
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 23
 artículo 28
 artículo 29