Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2019/as201931221.html
Timestamp: 2019-11-21 03:48:33+00:00

Document:
as201931221
Expediente: 124/2018-S
Demandante: Filiberto Condori Yanamo.
Demandado: Empresa Wilda Complejo Industrial.
VISTOS: El recurso de nulidad de fs. 100 a 101 vta., interpuesto por Jimmy Marcelo Revollo García, en representación de la Empresa Wilda Complejo Industrial-Comercial, contra el Auto de Vista Nº 186/2017 de 2 de agosto, cursante de fs. 96 a 98, emitido por la Sala, Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales y otros derechos, seguido a demanda de Filiberto Condori Yanamo, contra la empresa que representa el recurrente, el Auto de 23 de febrero de 2018, que concedió el recurso (fs. 109), el Auto Supremo de 26 de marzo de 2018, el que admitió el recurso (fs. 118 y vta.), y todo cuando ver convino y se tuvo presente; y:
Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Trabajo y Seguridad Social Primero de la ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia Nº 251/2014 de 31 de diciembre de 2014 (fs. 49 a 53), declarando PROBADA la demanda de fojas 2-3, ordenando a la empresa demandada, Wilda Complejo Industrial Comercial, representada por el Jimmy Marcelo Revollo García, cancele a favor del demandante Filiberto Condori Yanamo, la suma de Bs. 21.252,04.- (Veintiún mil doscientos cincuenta y dos 04/100 Bolivianos), por concepto de indemnización por 6 años, 7 meses y 19 días, sueldo devengado por 24 días del mes de septiembre de 2012; 52,71 días de vacaciones; 8 duodécimas y 24 días de aguinaldo; bono de antigüedad de las gestiones 2008 a 2010 y primas de las gestiones 2010 y 2011, menos el pago a cuenta acreditado a fs. 9 de obrados, incluidas la actualización y multa previstas por el DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006.
En grado de Apelación, promovido por el representante de la empresa demandada (fs. 55 a 56), por Auto de Vista. Nº 186/2017 de 02 de agosto, de fs. 96 a 98, emitido por la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se CONFIRMÓ la sentencia apelada, con costas en ambas instancias.
Contra el referido Auto de Vista, el representante de la empresa demandada Jimmy Marcelo Revollo García, interpuso recurso de nulidad, conforme los fundamentos del escrito de fs. 100 a 101 vta., que fue respondido por el demandante por escrito de fs. 105 a 107 vta; por Auto de 23 de febrero de 2018 (fs. 109), se concedió el recurso y mediante Auto Supremo de 26 de marzo de 2018 (fs. 118 y vta.), se declaró admisible; por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver:
1.- Afirma que el documento presentado al proceso, demuestra el acuerdo de voluntades mediante el cual ambas partes arribaron a una forma de pago de los beneficios sociales, elaborado en el ejercicio libre y voluntad de las mismas; en este documento se estableció un salario promedio a indemnizar que no fue observado por el actor, por lo que el Juez a quo, en la Sentencia, arribó a una determinación insustentable, porque el promedio salarial era de Bs. 1.800, que fue refrendado y reconocido por el actor y ahora éste no puede apartarse de los acuerdos arribados al tener la fuerza probatoria prevista por el art. 159 del Código Procesal del Trabajo (CPT), evidenciándose una distorsión, soslayándose esa voluntad del trabajador que renunció formalmente a esa pretensión, que no puede ser desconocida por los jueces de la materia, porque no existió ninguna coacción para la suscripción y cobro de esos dineros.
Presentó documentos que cursan a fs. 64 a 72, que acreditan el salario que percibió el demandante y no fueron valorados adecuadamente, previa contrastación del pago realizado y suscrito por el actor; alegando por ello, que se habría vulnerado el art. 197 del CPT y el principio de verdad material, previsto en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), porque le obligaron a cancelar luego de varios años, beneficios que ya fueron consensuados con el trabajador, que constituyen indicios suficiente de veracidad y prueba de su contenido.
2.- Alega también que no corresponde el pago de la multa impuesta por el DS Nº 28699, porque en el caso, se canceló oportunamente al demandante el importe de sus beneficios, previamente consensuados, conforme se acreditó por la documental y testifical presentadas, sin que exista demora; además que, conforme prevé esta norma, solo se cancela cuando existe despido y en el caso el demandante renunció voluntariamente a su cargo, conforme consta de la nota de 22 de agosto de 2012; por consiguiente al haberse confirmado el pago de la multa, impone de manera ilegal e infundada una obligación que no corresponde pagar.
Concluyó indicando que el Tribunal de apelación, no se pronunció de manera fundada sobre los motivos de la alzada, no realizó una valoración de las normas y desconoció los acuerdos entre partes, por lo que interpone el recurso de nulidad, solicitando que este Tribunal, anule el Auto de Vista y sea con las formalidades de Ley.
Contestación, concesión y admisión del recurso:
El demandante por escrito de fs. 105 a 107 vta., absolvió el traslado corrido con el recurso de casación, fundamentando que no cumple con los requisitos previstos por el art. 274 del Código de Procesal Civil (CPC-2013), por lo que argumenta que debe ser declarado improcedente.
Sin embargo, fundamenta que el documento de fs. 9, no puede soslayar la pretensión, porque fue un documento unilateral que no responde a la realidad y no contempla el bono de antigüedad, horas extras y otros omitidos por el empleador, quien no acreditó el sueldo promedio indemnizable con las planillas de los tres últimos sueldos y que en aplicación del art. 48-III de la CPE, no pueden renunciarse los derechos y beneficios de los trabajadores, siendo nulas las convenciones contrarias, más aún si los documentos presentados de manera extemporánea de fs. 64 a 72, evidencian un diferente promedio salarial al establecido en dicho documento de fs. 9, en el que no se inserta el bono de antigüedad y otros derechos.
Respecto de la multa, afirma que su desvinculación se produjo el 24 de septiembre de 2012, tras su renuncia presentada el 22 de agosto de 2012; sin embargo, la empresa demandada, no pagó su indemnización dentro del plazo previsto por el DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, ignorando la vigencia de la Resolución Ministerial (RM) Nº 447, de 8 de julio de 2009, por lo que se debe cancelar la multa del 30% de los beneficios no pagados, si no se cancelan éstos dentro de los 15 días de la desvinculación; citando al efecto jurisprudencia emitida por este Tribunal.
Por lo que solicitó se declare infundado el recurso, con costas.
Luego de considerar la respuesta, por Auto 23 de febrero de 2018 (fs. 109), se ordenó la remisión del expediente ante este Tribunal, quien mediante Auto Supremo de 26 de marzo de 2018 (fs. 118), declaró admisible el recurso y se pasa a resolver conforme a los datos del proceso.
Así expuestos los fundamentos del recurso de nulidad de fs. 100 a 101 vta., para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:
Dentro del proceso social, se ha instituido, partiendo de las previsiones del art 48 I y II de la CPE, la aplicación de los principios de protección de los trabajadores y la inversión de la prueba, que han sido desarrollados, tanto en los arts. 4 del DS Nº 28699 y 3 inc. g) y h), 66 y 150 del CPT, estableciéndose por el primero, que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, en base a las reglas “in dubio pro operario”, que consiste que en caso de existir duda sobre la interpretación de una norma, se debe preferir la más favorable al trabajador y “la condición más beneficiosa”, que establece que cuando se suscite una situación concreta anteriormente reconocida, ésta debe ser respetada, en la medida que sea más favorable al trabajador, ante la nueva norma que ha de aplicarse; mientras que la segunda establece que en los procesos laborales la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio que este pueda ofrecer las pruebas que estime conveniente; por consiguiente, corresponde al empleador demandado, desvirtuar los fundamentos de la acción.
También se debe puntualizar, que la legislación vigente y la jurisprudencia emitida por este Tribunal, han establecido que en materia de valoración de la prueba, los jueces y tribunales en materia social, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino que, por el contrario, deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias más relevantes del proceso, e identificando la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la Ley (arts. 60 y 158 CPT).
Por otra parte, respecto a los pactos o convenciones suscritas por los empleadores y trabajadores, en los que éstos últimos renuncian derechos o aceptan recibir menos de lo que correspondía, se debe considerar que de conformidad al art. 48-III de la Constitución Política del Estado “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”. Norma que también se encuentra desarrollada en las previsiones del art. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), que dice: “Artículo 4°.- Los derechos que ésta Ley reconoce a los trabajadores son irrenunciables, y será nula cualquier convención en contrario”. Por ello, independientemente de lo que se hubiese pactado en algún documento, el juez de la causa, se encuentra constreñido a tutelar y conceder los derechos que corresponden al trabajador, en caso que éstos no hubiesen sido desvirtuados por la empresa o entidad demandada.
Respecto del pago de la multa del 30% por pago de los beneficios sociales y otros derechos, por retiro voluntario, este Tribunal ha establecido, en cumplimiento del DS Nº 28699 y de la RM Nº 447, lo siguiente: “(…) se ha uniformado el criterio que la multa del 30 %, también procede en los casos de retiro voluntario, concluyéndose que en la actualidad la multa del 30%, es aplicable ante el incumplimiento del plazo de los 15 días establecidos para cancelar los beneficios sociales y derechos laborales adquiridos que se reconozcan a favor de un trabajador a la conclusión de la relación laboral por retiro directo, indirecto o voluntario, conclusión de contrato u otra particularidad; claro está, a partir de la vigencia de la normativa señalada, pudiendo conforme a derecho, con el fin de garantizar el resguardo efectivo de los derechos del trabajador y evitar acciones dilatorias que tiendan al beneficio indebido de la multa del 30% por parte del trabajador, efectuar dicho pago en calidad de depósito y/o fondos en custodia, por ante el Ministerio de Trabajo, con la debida comunicación a dicha instancia, de las observaciones que la parte empleadora considere necesarias”.1
En el caso presente se han alegado dos cuestiones concretas, por lo que se pasa a desarrollar las mismas conforme a los siguientes fundamentos:
1.- Es evidente que cursa a fs. 9 de obrados, un finiquito suscrito por ambas partes, en el que se estableció en un promedio salarial de Bs. 1800; sin embargo, este importe no concuerda con el alegado en la demanda, y tampoco contiene el pago de otros derechos pretendidos en la misma, no habiéndose acreditado de manera oportuna por la parte demandada, cuál es el promedio salarial que correspondía al demandante, conforme es obligación del empleador, de acuerdo a lo que determinan los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del CPT, porque la carga de la prueba le corresponde.
Por consiguiente ese documento, si bien tiene el valor probatorio previsto por el art. 159 del CPT, para acreditar la fecha de pago parcial de los beneficios sociales, que fue considerado al emitir la Sentencia y el Auto de Vista, pero de ninguna manera desvirtúa las pretensiones de la demanda, en mérito del art. 158 del CPT, porque el juzgador en materia laboral, no se encuentra sujeto a una tarifa legal de las pruebas, conforme se fundamentó en la doctrina aplicable citada precedentemente en el presente Auto Supremo, no siendo evidente que se hubiese vulnerado las previsiones contenidas en los arts. 197 del CPT y 180-I de la CPE, referidos a las presunciones y verdad material respectivamente, pues ese documento, no acredita de manera cierta el promedio salarial del actor, sino solo un monto tentativo seguramente acordado para hacer efectivo el pago de los beneficios sociales, sin advertir que los mismos son irrenunciables y los pactos en contrario son nulos, conforme prevén los arts. 48-III de la CPE y 4 de la LGT, advirtiéndose que los documentos de fs. 64 a 72, que fueron alegados en el recurso de casación; además de haber sido presentados de manera extemporánea, no evidencian de manera clara esta controversia.
2.- La multa del 30% por el no pago oportuno de los beneficios sociales, luego de haberse disuelto el vínculo laboral (quince días), se impone tanto en los casos de retiro voluntario, como de despido intempestivo e inclusive retiro indirecto, en aplicación de las disposiciones del DS Nº 28699 y de la RM Nº 447, citados precedentemente, confusión que se dio cuando se promulgó la primera disposición legal aludida, que determinada el pago de esa multa solo en los casos de despido, pero que posteriormente fue aclarada o complementada por la Resolución Ministerial descrita.
Por consiguiente, en el caso presente la imposición de la multa del 30% de los beneficios devengados, fue correctamente impuesta por el Juez a quo y confirmada por el Tribunal de alzada, porque luego de la renuncia voluntaria presentada el 22 de agosto del 2012, la desvinculación se efectivizó 24 de septiembre de mismo año; sin que se hubiese acreditado que el pago de los beneficios sociales que le correspondía al actor se hubiesen pagado totalmente en el plazo de los quince días que establecen los arts. 9-I y II del DS Nº 28699 y 1-III de la RM Nº 447; no pudiendo descontarse este concepto respecto del pago a cuenta efectuado, porque el mismo no se canceló de manera total, concluyéndose que de ninguna manera se ha incurrido en vulneración de estas normas.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la CPE y del numeral 1 del Parágrafo I del artículo 42 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de nulidad de fs. 100 a 101 vta., interpuesto por Jimmy Marcelo Revollo García, en representación de la Empresa Wilda Complejo Industrial - Comercial, contra el Auto de Vista Nº 186/2017 de 2 de agosto, cursante de fs. 96 a 98, emitido por la Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, manteniéndolo firme y subsistente, con costas.
Se regula el honorario del abogado patrocinante en Bs. 1000, que mandara pagar el Juez a quo.
1 Auto Supremo Nº 584 de 30 de octubre de 2018, Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera.

References: Resolución 
 resolución 
in dubio
 Resolución 
 artículo 184
 artículo 42