Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2005-16699.htm
Timestamp: 2017-12-15 08:29:07+00:00

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B.O.E. Nº 241 de 08/10/2005
Real Decreto 1163/2005, de 30 de septiembre, por el que se regula el distintivo pÃºblico de confianza en los servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y de comercio electrÃ³nico, asÃ­ como los requisitos y el procedimiento de concesiÃ³n.
El Real Decreto 292/2004, de 20 de febrero, por el que se crea el distintivo pÃºblico de confianza en los servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y de comercio electrÃ³nico y se regulan los requisitos y procedimiento de concesiÃ³n, llevÃ³ a efecto la previsiÃ³n contenida en la disposiciÃ³n final octava de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y de comercio electrÃ³nico, para la aprobaciÃ³n de un distintivo de identificaciÃ³n de los cÃ³digos de conducta que ofrezcan determinadas garantÃ­as a los consumidores y usuarios.
La norma adoptada atribuye a la AdministraciÃ³n General del Estado, a travÃ©s del Instituto Nacional del Consumo, las competencias para los actos de concesiÃ³n y retirada de este distintivo pÃºblico en sus artÃ­culos 10 y 11 y en su disposiciÃ³n transitoria Ãºnica. En los artÃ­culos 8.3 y 9 se atribuyen, en exclusiva, al Instituto Nacional del Consumo competencias relativas al seguimiento de la supervisiÃ³n del cumplimiento de los cÃ³digos y de las obligaciones de las entidades promotoras de estos. La disposiciÃ³n final segunda, por Ãºltimo, atribuye al Presidente del Instituto Nacional del Consumo las competencias para adoptar las resoluciones precisas para la aplicaciÃ³n de lo dispuesto en dicho real decreto.
Por otra parte, en su artÃ­culo 5.2 se establece la previsiÃ³n de que se favorezca e impulse la oferta al consumidor o usuario de la posibilidad de elegir, entre las lenguas oficiales de la UniÃ³n Europea, aquella en la que se han de realizar las comunicaciones comerciales, en especial, la informaciÃ³n precontractual y el contrato.
El Consejo de Ministros ha atendido un requerimiento de incompetencia realizado por el Gobierno de la Generalidad de CataluÃ±a que se concreta en solicitar del Gobierno de la NaciÃ³n que adopte el acuerdo de derogar los artÃ­culos 5.2, 10 y 11, la disposiciÃ³n final segunda y las referencias al Instituto Nacional del Consumo contenidas en los artÃ­culos 8.3 y 9 del Real Decreto 292/2004, de 20 de febrero, o, subsidiariamente, el de darles nueva redacciÃ³n en la que se reconozca la competencia de las comunidades autÃ³nomas respecto del procedimiento y funciones ejecutivas en ellos regulados y, en cuanto al artÃ­culo 5.2, se aÃ±ada la referencia a las lenguas cooficiales en el territorio espaÃ±ol. En efecto, en su reuniÃ³n de 4 de junio de 2004, dicho Ã³rgano colegiado acordÃ³ aceptar tal requerimiento en los tÃ©rminos que a continuaciÃ³n se exponen.
En el precitado acuerdo considera el Gobierno que debe reconocerse la competencia de las comunidades autÃ³nomas respecto de los actos de concesiÃ³n y de retirada del distintivo de referencia (artÃ­culos 10 y 11 del Real Decreto 292/2004, de 20 de febrero) pues constituyen dichas concesiones actos de mera ejecuciÃ³n, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos y condiciones correspondientes a los cÃ³digos de conducta que permitan su utilizaciÃ³n y que se establecen en la norma requerida.
En consecuencia, y sin excluir la competencia de que el Estado dispone para crear o aprobar un distintivo que permita identificar aquellos prestadores de servicios de la sociedad de la informaciÃ³n que voluntariamente se adhieran y respeten unos cÃ³digos de conducta de Ã¡mbito nacional o superior, cuyos requisitos mÃ­nimos u optativos deben ser fijados por el Estado, se debe cumplir el mandato de la disposiciÃ³n final octava de la Ley 34/2002, de 11 de julio, y, de acuerdo con la doctrina constitucional, considera el Gobierno que procede aceptar el requerimiento de incompetencia respecto a los artÃ­culos 10 y 11 y la disposiciÃ³n transitoria Ãºnica y, por ende, respecto a las menciones al Instituto Nacional del Consumo contenidas en los artÃ­culos 8.3 y 9, asÃ­ como en lo relativo a la disposiciÃ³n final segunda del real decreto requerido, por lo que procede modificar dichos preceptos para acomodarlos al reparto competencial. Se mantiene, no obstante, la comunicaciÃ³n al Instituto Nacional del Consumo de la informaciÃ³n relevante a los efectos de la publicidad del distintivo o su comunicaciÃ³n a la ComisiÃ³n de CooperaciÃ³n de Consumo, en el marco de la necesaria cooperaciÃ³n institucional.
Por Ãºltimo, en cuanto a la modificaciÃ³n que se solicita en el requerimiento de incompetencia del tenor del ar-tÃ­culo 5.2 del real decreto requerido, considera el Gobierno que en este punto no existe una Â«vindicatio potestatisÂ» propia de los conflictos positivos de competencia encaminados a eliminar transgresiones concretas y efectivas de los respectivos Ã¡mbitos competenciales, tal y como establece la jurisprudencia constitucional.
El cumplimiento de este acuerdo del Consejo de Ministros exige, en consecuencia, modificar el Real Decreto 292/2004, de 20 de febrero, para acomodar los artÃ­culos 10 y 11, y la disposiciÃ³n transitoria Ãºnica y las menciones al Instituto Nacional del Consumo contenidas en los artÃ­culos 8.3 y 9, asÃ­ como la disposiciÃ³n final segunda, al reparto competencial.
Para facilitar la aplicaciÃ³n de la norma, no obstante, se ha considerado necesario establecer en un Ãºnico texto normativo la regulaciÃ³n del distintivo pÃºblico de confianza en lÃ­nea, y derogar el Real Decreto 292/2004, de 20 de febrero, cuya regulaciÃ³n no afectada por el requerimiento de incompetencia se incorpora a este real decreto.
En la tramitaciÃ³n de este real decreto se ha tenido en cuenta el parecer de las comunidades autÃ³nomas y ha sido oÃ­do el Consejo de Consumidores y Usuarios.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo y de Industria, Turismo y Comercio, con la aprobaciÃ³n previa del Ministro de Administraciones PÃºblicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n en Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 30 de septiembre de 2005,
Este real decreto tiene por objeto regular el distintivo que podrÃ¡n mostrar los prestadores de servicios que se adhieran a cÃ³digos de conducta que cumplan las condiciones previstas en el capÃ­tulo II de este real decreto, en cumplimiento de lo previsto en la disposiciÃ³n final octava de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y de comercio electrÃ³nico.
Asimismo, este real decreto establece las condiciones que deben reunir tales cÃ³digos de conducta, la concesiÃ³n y retirada del distintivo y el procedimiento aplicable.
ArtÃ­culo 2. DenominaciÃ³n y forma del distintivo.
Este distintivo se denominarÃ¡ Â«distintivo pÃºblico de confianza en lÃ­neaÂ». Su formato es el que figura en el anexo.
Este real decreto se aplica a las corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales y de consumidores que adopten cÃ³digos de conducta destinados a regular las relaciones entre prestadores de servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y los consumidores y usuarios, cuando la adhesiÃ³n a tales cÃ³digos conceda el derecho al uso y administraciÃ³n del Â«distintivo pÃºblico de confianza en lÃ­neaÂ».
Este real decreto se aplicarÃ¡, asimismo, a los prestadores de servicios de la sociedad de la informaciÃ³n que hagan uso de dicho distintivo.
Requisitos de los cÃ³digos de conducta
ArtÃ­culo 4. Ãmbito y contenido de los cÃ³digos.
1. Los cÃ³digos de conducta de Ã¡mbito nacional o superior regulados por este real decreto deberÃ¡n estar redactados en tÃ©rminos claros y accesibles.
2. AdemÃ¡s de los otros requisitos exigidos en este real decreto, los cÃ³digos de conducta deben respetar la legalidad vigente e incluir, como mÃ­nimo, con suficiente grado de precisiÃ³n:
a) Las garantÃ­as concretas que ofrecen a los consumidores y usuarios que mejoren o incrementen las reconocidas por el ordenamiento jurÃ­dico.
b) Un sistema de resoluciÃ³n extrajudicial de conflictos de entre los previstos en el artÃ­culo 7.
c) Los compromisos especÃ­ficos que asumen los prestadores de servicios adheridos en relaciÃ³n con los problemas concretos planteados a los consumidores y usuarios del sector, identificados segÃºn la informaciÃ³n de los promotores del cÃ³digo y la que, al efecto, les faciliten las asociaciones de consumidores y las Administraciones pÃºblicas sobre las reclamaciones presentadas por los consumidores y usuarios.
d) El Ã¡mbito de las actividades del prestador de servicios sometidas al cÃ³digo, que, al menos, englobarÃ¡ alguna de las siguientes Ã¡reas: las comunicaciones comerciales o la informaciÃ³n precontractual, la contrataciÃ³n y los procedimientos de soluciÃ³n de quejas o reclamaciones, cuando estos sean distintos de los sistemas de resoluciÃ³n extrajudicial de conflictos a los que se refiere el artÃ­culo 7.
3. Estos cÃ³digos de conducta deberÃ¡n prever la posibilidad de adhesiÃ³n al cÃ³digo de prestadores de servicios que no sean miembros de la entidad promotora, siempre que la actividad desarrollada por estos estÃ© incluida en el Ã¡mbito del cÃ³digo.
ArtÃ­culo 5. Compromisos adicionales.
1. Sin perjuicio de cualquier otro compromiso que puedan establecer las entidades promotoras de los cÃ³digos de conducta regulados por este real decreto, estos podrÃ¡n contener previsiones especÃ­ficas sobre:
a) El grado de accesibilidad a los contenidos de los consumidores y usuarios que tengan alguna discapacidad o de edad avanzada, conforme a los criterios de accesibilidad generalmente reconocidos, asÃ­ como los calendarios adoptados para el establecimiento de medidas adicionales.
b) Las medidas concretas adoptadas en materia de protecciÃ³n de los menores y de respeto a la dignidad humana y a los valores y derechos constitucionalmente reconocidos.
c) La adhesiÃ³n a cÃ³digos de conducta sobre clasificaciÃ³n y etiquetado de contenidos. En tales casos, deberÃ¡ facilitarse informaciÃ³n completa sobre tales cÃ³digos.
e) Los procedimientos previstos para comprobar que los prestadores de servicios reÃºnen las condiciones exigidas para la adhesiÃ³n al cÃ³digo de conducta y la utilizaciÃ³n del distintivo.
2. Las entidades promotoras de los cÃ³digos de conducta impulsarÃ¡n que los prestadores de servicios adheridos ofrezcan al consumidor o usuario la posibilidad de elegir, entre las lenguas oficiales de la UniÃ³n Europea, la lengua en que se han de realizar las comunicaciones comerciales y, en especial, la informaciÃ³n precontractual y el contrato.
ArtÃ­culo 6. ParticipaciÃ³n del Consejo de Consumidores y Usuarios.
En la elaboraciÃ³n y modificaciÃ³n de los cÃ³digos de conducta regulados en este real decreto deberÃ¡ darse participaciÃ³n al Consejo de Consumidores y Usuarios. Esta participaciÃ³n se articularÃ¡, como mÃ­nimo, de la siguiente forma:
a) Que, con carÃ¡cter previo a la redacciÃ³n del cÃ³digo de conducta, las entidades promotoras de este pongan en conocimiento del Consejo su voluntad de adoptarlo y soliciten la colaboraciÃ³n de este Ã³rgano a travÃ©s del procedimiento que, en cada caso, se acuerde.
b) Que las entidades promotoras soliciten a las asociaciones de consumidores y usuarios, a travÃ©s del Consejo, la identificaciÃ³n de los problemas especÃ­ficos del sector, partiendo de las reclamaciones y consultas por ellas tramitadas, y a los efectos previstos en el artÃ­culo 4.2.c).
c) Que el Consejo no emita motivadamente un dictamen desfavorable sobre el contenido definitivo del cÃ³digo de conducta en el plazo de un mes desde que la entidad promotora se lo hubiera solicitado. La mera formulaciÃ³n de observaciones al cÃ³digo no supone la emisiÃ³n de un dictamen desfavorable. El dictamen desfavorable Ãºnicamente podrÃ¡ fundarse en el incumplimiento de los requisitos recogidos en este real decreto o en las normas de protecciÃ³n a los consumidores y usuarios.
ArtÃ­culo 7. Sistemas de resoluciÃ³n extrajudicial de conflictos.
1. Los cÃ³digos de conducta que pretendan obtener el Â«distintivo pÃºblico de confianza en lÃ­neaÂ» deberÃ¡n establecer, como medio de soluciÃ³n de controversias entre los prestadores de servicios y los consumidores y usuarios, el sistema arbitral de consumo u otro sistema de resoluciÃ³n extrajudicial de conflictos que figure en la lista que publica la ComisiÃ³n Europea sobre sistemas alternativos de resoluciÃ³n de conflictos con consumidores y que respete los principios establecidos por la normativa comunitaria a este respecto.
2. En los procedimientos de resoluciÃ³n extrajudicial de conflictos a que hace referencia el apartado anterior, podrÃ¡ hacerse uso de medios electrÃ³nicos en la medida en que lo posibilite su normativa especÃ­fica y con las condiciones previstas en ella.
3. La adhesiÃ³n de los prestadores de servicios a uno de los sistemas mencionados en el apartado anterior es requisito necesario para la incorporaciÃ³n de los prestadores de servicios a los cÃ³digos de conducta.
ArtÃ­culo 8. SupervisiÃ³n del cumplimiento de los cÃ³digos de conducta por los prestadores adheridos.
1. Los cÃ³digos de conducta deberÃ¡n incluir procedimientos de evaluaciÃ³n independientes para comprobar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los prestadores de servicios adheridos, y establecer un rÃ©gimen sancionador adecuado, eficaz y disuasorio.
2. El procedimiento de evaluaciÃ³n que se prevea, que podrÃ¡ realizarse Ã­ntegramente por medios electrÃ³nicos, deberÃ¡ garantizar:
a) La independencia e imparcialidad del Ã³rgano responsable de la evaluaciÃ³n y sanciÃ³n.
b) La sencillez, accesibilidad y gratuidad para la presentaciÃ³n de quejas y reclamaciones ante dicho Ã³rgano por los eventuales incumplimientos del cÃ³digo de conducta y la celeridad en todas las fases del procedimiento.
c) La audiencia del reclamado y el principio de contradicciÃ³n.
d) Una graduaciÃ³n de sanciones que permita ajustarlas a la gravedad del incumplimiento. Esas sanciones deberÃ¡n ser disuasorias, y podrÃ¡ establecerse, en su caso, su publicidad o la suspensiÃ³n o expulsiÃ³n de la adhesiÃ³n al cÃ³digo o a la entidad promotora, en el caso de que se trate de prestadores de servicios integrados en ella.
e) La notificaciÃ³n al denunciante de la soluciÃ³n adoptada.
3. Las sanciones que se impongan a los prestadores de servicios por incumplimiento de los cÃ³digos de conducta deberÃ¡n notificarse trimestralmente al Ã³rgano administrativo competente para la concesiÃ³n y retirada del distintivo. Cuando dichas sanciones supongan la expulsiÃ³n de la adhesiÃ³n al cÃ³digo o la suspensiÃ³n de sus derechos, la notificaciÃ³n deberÃ¡ realizarse en el plazo de los cinco dÃ­as siguientes a la adopciÃ³n de la sanciÃ³n.
ArtÃ­culo 9. Obligaciones de las entidades promotoras de los cÃ³digos de conducta.
Las entidades promotoras de cÃ³digos de conducta regulados en este real decreto tendrÃ¡n las siguientes obligaciones:
a) Administrar el Â«distintivo pÃºblico de confianza en lÃ­neaÂ», facilitar y gestionar su utilizaciÃ³n por los prestadores de servicios adheridos al cÃ³digo de conducta adoptado por ellas y que, conforme a lo previsto en el artÃ­culo 7.3, le acrediten su adhesiÃ³n al sistema extrajudicial de resoluciÃ³n de conflictos previsto en el cÃ³digo de conducta. Las entidades promotoras, asimismo, deberÃ¡n informar al Ã³rgano administrativo competente para la concesiÃ³n y retirada del distintivo sobre las adhesiones al cÃ³digo de conducta de nuevos proveedores de servicios o sobre las bajas, mediante la comunicaciÃ³n quincenal de las variaciones producidas.
b) Mantener accesible al pÃºblico informaciÃ³n actualizada sobre las entidades promotoras, el contenido del cÃ³digo de conducta, los procedimientos de adhesiÃ³n y de denuncia frente a posibles incumplimientos del cÃ³digo, los sistemas de resoluciÃ³n extrajudicial de conflictos que promueve el cÃ³digo y los prestadores de servicios adheridos a este en cada momento.
Esta informaciÃ³n deberÃ¡ presentarse de forma concisa y clara y estar permanentemente accesible por medios electrÃ³nicos.
c) Remitir al Ã³rgano administrativo competente para la concesiÃ³n y retirada del distintivo una memoria anual sobre las actividades realizadas para difundir el cÃ³digo de conducta y promover la adhesiÃ³n a este, las actuaciones de verificaciÃ³n del cumplimiento del cÃ³digo y sus resultados, las quejas y reclamaciones tramitadas y el curso que se les hubiera dado, las sanciones impuestas y cualquier otro aspecto que las entidades promotoras deseen destacar.
d) Evaluar periÃ³dicamente la eficacia del cÃ³digo de conducta, midiendo el grado de satisfacciÃ³n de los consumidores y usuarios y, en su caso, actualizar su contenido para adaptarlo a los cambios experimentados en la tecnologÃ­a, en la prestaciÃ³n y uso de los servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y en la normativa que les sea aplicable.
Esta evaluaciÃ³n deberÃ¡ contar con la participaciÃ³n del Consejo de Consumidores y Usuarios en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 6 y tendrÃ¡ lugar, al menos, cada cuatro aÃ±os, salvo que sea precisa la adaptaciÃ³n de los compromisos del cÃ³digo a la modificaciÃ³n de la normativa aplicable en un plazo menor.
Los resultados de la evaluaciÃ³n se comunicarÃ¡n a la ComisiÃ³n Europea y al Ã³rgano administrativo competente para la concesiÃ³n y retirada del distintivo.
e) Favorecer la accesibilidad de las personas que tengan alguna discapacidad o sean de edad avanzada a toda la informaciÃ³n disponible sobre el cÃ³digo de conducta.
ConcesiÃ³n y retirada del distintivo
ArtÃ­culo 10. Ãrgano competente para la concesiÃ³n y retirada del distintivo.
La concesiÃ³n y retirada del distintivo de confianza regulado en este real decreto, asÃ­ como el ejercicio de las funciones dirigidas a velar por el mantenimiento de los requisitos que justifican su otorgamiento, corresponde al Ã³rgano competente en materia de consumo de la comunidad autÃ³noma en que estÃ© domiciliada la entidad promotora del cÃ³digo. Estas resoluciones tendrÃ¡n validez en todo el territorio del Estado.
A los efectos de la publicidad del distintivo prevista en el artÃ­culo 13, estos Ã³rganos deberÃ¡n comunicar al Instituto Nacional del Consumo los actos de concesiÃ³n o retirada del distintivo, dÃ¡ndole traslado de toda la informaciÃ³n precisa para cumplir con las obligaciones impuestas por el citado precepto, en los cinco dÃ­as siguientes a la adopciÃ³n de las respectivas resoluciones. En idÃ©ntico plazo, a los efectos de la publicidad y del establecimiento de la necesaria cooperaciÃ³n administrativa a travÃ©s de la ComisiÃ³n de CooperaciÃ³n de Consumo, tales Ã³rganos competentes darÃ¡n traslado al Instituto Nacional del Consumo de la informaciÃ³n que le hayan facilitado las entidades promotoras conforme a los artÃ­culos 8.3 y 9.a), c) y d).
ArtÃ­culo 11. Otorgamiento del distintivo.
1. Las entidades promotoras de los cÃ³digos de conducta regulados en este real decreto presentarÃ¡n su solicitud ante el Ã³rgano administrativo competente para la concesiÃ³n y retirada del distintivo, a la que acompaÃ±arÃ¡n de una copia del cÃ³digo, de la documentaciÃ³n acreditativa de la participaciÃ³n del Consejo de Consumidores y Usuarios y, en su caso, de haberse comunicado el proyecto de cÃ³digo a la ComisiÃ³n Europea.
Asimismo, deberÃ¡n aportar la documentaciÃ³n relativa a la adhesiÃ³n de los prestadores de servicios que lo hayan suscrito al sistema extrajudicial de resoluciÃ³n de litigios que se prevea en el cÃ³digo.
2. En la tramitaciÃ³n de este procedimiento, el Ã³rgano competente para la concesiÃ³n y retirada del Â«distintivo pÃºblico de confianza en lÃ­neaÂ» podrÃ¡ requerir cuantos informes estime pertinentes para valorar el alcance y contenido del cÃ³digo de conducta presentado y, en todo caso, con carÃ¡cter preceptivo, el informe del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y de la ComisiÃ³n de CooperaciÃ³n de Consumo. En el caso de tratarse de cÃ³digos de conducta que afecten a actividades de venta a distancia deberÃ¡ solicitarse el informe preceptivo de los Ã³rganos competentes en materia de inscripciÃ³n, registro y control de estas empresas.
Asimismo, el Ã³rgano administrativo competente para la concesiÃ³n y retirada del distintivo podrÃ¡ solicitar el informe de los Ã³rganos competentes en materia de defensa de la competencia cuando, por el alcance y contenido del cÃ³digo, surgieran dudas sobre si puede afectar negativamente a la competencia.
3. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento deberÃ¡n ser motivadas y se publicarÃ¡n en el diario oficial de la comunidad autÃ³noma competente, conforme a lo previsto en el artÃ­culo 10, y en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ».
Dichas resoluciones serÃ¡n recurribles conforme a lo previsto en el capÃ­tulo II del tÃ­tulo VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
ArtÃ­culo 12. Retirada del distintivo pÃºblico de confianza.
El derecho a la utilizaciÃ³n y administraciÃ³n del Â«distintivo pÃºblico de confianza en lÃ­neaÂ» podrÃ¡ ser retirado si las entidades promotoras de los cÃ³digos de conducta reconocidos incumplen las obligaciones establecidas en este real decreto. La retirada del derecho a la utilizaciÃ³n y administraciÃ³n del Â«distintivo pÃºblico de confianza en lÃ­neaÂ» a una entidad promotora implicarÃ¡ la imposibilidad de su utilizaciÃ³n por parte de los prestadores de servicios adheridos al cÃ³digo de conducta.
Asimismo, ante la inactividad de la entidad promotora y sin perjuicio de las medidas que pudieran adoptarse frente a ella por tal causa, podrÃ¡ retirarse directamente el uso del distintivo a los prestadores de servicios que incumplan manifiesta y reiteradamente el cÃ³digo de conducta cuya adhesiÃ³n les confiera tal derecho.
La retirada del distintivo de confianza se tramitarÃ¡ mediante un procedimiento contradictorio y contarÃ¡ con el informe preceptivo de la ComisiÃ³n de CooperaciÃ³n de Consumo; asimismo, podrÃ¡ adoptarse como medida provisional la suspensiÃ³n del derecho a utilizar el distintivo. La resoluciÃ³n por la que se retire el distintivo serÃ¡ recurrible conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
ArtÃ­culo 13. Publicidad del distintivo.
1. El Instituto Nacional del Consumo publicarÃ¡ en su pÃ¡gina de Internet los cÃ³digos de conducta a los que se conceda el distintivo regulado en este real decreto; la relaciÃ³n de las entidades promotoras de dichos cÃ³digos y la de los prestadores de servicios adheridos; las sanciones impuestas a los prestadores de servicios por incumplimiento, si son pÃºblicas, especialmente cuando lleven aparejada la suspensiÃ³n o expulsiÃ³n del prestador de servicios del cÃ³digo o de la entidad promotora o la retirada del Â«distintivo pÃºblico de confianza en lÃ­neaÂ», y la direcciÃ³n establecida para la presentaciÃ³n de quejas por incumplimiento de los cÃ³digos y la de los Ã³rganos de resoluciÃ³n extrajudicial de conflictos previstos en los cÃ³digos de conducta.
2. Las entidades promotoras de los cÃ³digos de conducta a las que se haya concedido el derecho a la utilizaciÃ³n y administraciÃ³n del distintivo regulado en este real decreto y los prestadores de servicios adheridos a tales cÃ³digos podrÃ¡n usar, tanto grÃ¡ficamente como por su denominaciÃ³n, el Â«distintivo pÃºblico de confianza en lÃ­neaÂ» en todas sus manifestaciones internas y externas, incluidas las campaÃ±as de publicidad. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de informaciÃ³n al consumidor, en particular, en relaciÃ³n con la adhesiÃ³n a sistemas extrajudiciales de resoluciÃ³n de conflictos.
3. Las entidades promotoras y los prestadores de servicios adheridos a los cÃ³digos de conducta deberÃ¡n posibilitar el acceso al contenido del cÃ³digo y a la direcciÃ³n habilitada para presentar las quejas y reclamaciones a travÃ©s de los soportes informÃ¡ticos en los que se inserte el Â«distintivo pÃºblico de confianza en lÃ­neaÂ».
ArtÃ­culo 14. Actuaciones de control.
Cuando la utilizaciÃ³n del Â«distintivo pÃºblico de confianza en lÃ­neaÂ», contraviniendo lo dispuesto en este real decreto, constituya publicidad ilÃ­cita, el Instituto Nacional del Consumo y los Ã³rganos competentes en materia de consumo de las comunidades autÃ³nomas podrÃ¡n iniciar el procedimiento sancionador o promover el ejercicio de las acciones judiciales que procedan, de conformidad con lo previsto en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia defensa del consumidor y de la producciÃ³n agroalimentaria, en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, o en las respectivas leyes autonÃ³micas.
DisposiciÃ³n transitoria primera. AdaptaciÃ³n de los cÃ³digos vigentes.
Hasta el 31 de julio de 2006, las entidades promotoras de cÃ³digos vigentes en la fecha de entrada en vigor de este real decreto podrÃ¡n solicitar la concesiÃ³n del Â«distintivo pÃºblico de confianza en lÃ­neaÂ», acreditando, en su caso, que se ha comunicado el proyecto adaptado a la ComisiÃ³n Europea.
En tales supuestos, no serÃ¡ exigible la notificaciÃ³n previa al Consejo de Consumidores y Usuarios prevista en el artÃ­culo 6.a), y bastarÃ¡ con que se requiera la colaboraciÃ³n de dicho Ã³rgano, a travÃ©s del procedimiento que en cada caso se acuerde, para la realizaciÃ³n de las adaptaciones precisas para cumplir los requisitos exigidos en este real decreto.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. PerÃ­odo transitorio.
1. Las disposiciones de este real decreto serÃ¡n de aplicaciÃ³n a todos los procedimientos de concesiÃ³n o retirada que estÃ©n en tramitaciÃ³n a su entrada en vigor. A tales efectos, el Instituto Nacional del Consumo trasladarÃ¡ al Ã³rgano competente para la concesiÃ³n o retirada del Â«distintivo pÃºblico de confianza en lÃ­neaÂ» la documentaciÃ³n que obre en su poder, y se abstendrÃ¡ de realizar cualquier otra actuaciÃ³n de impulso del procedimiento.
2. Los Â«distintivos pÃºblicos de confianza en lÃ­neaÂ» que se hubieran concedido conforme a la normativa aplicable con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto mantendrÃ¡n toda su vigencia. El Instituto Nacional del Consumo trasladarÃ¡ al Ã³rgano competente en cada caso toda la documentaciÃ³n que obre en su poder respecto de tales procedimientos al objeto de que dicho Ã³rgano ejerza las funciones de vigilancia que le atribuye el artÃ­culo 10.
3. Las solicitudes que se formulen tras la entrada en vigor de este real decreto se realizarÃ¡n ante el Ã³rgano competente, conforme al artÃ­culo 10.
DisposiciÃ³n derogatoria Ãºnica. DerogaciÃ³n del Real Decreto 292/2004, de 20 de febrero.
Se deroga el Real Decreto 292/2004, de 20 de febrero, por el que se crea el distintivo pÃºblico de confianza en los servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y de comercio electrÃ³nico y se regulan los requisitos y procedimiento de concesiÃ³n.
DisposiciÃ³n final primera. TÃ­tulo y habilitaciÃ³n competencial.
Este real decreto se dicta al amparo del artÃ­culo 149.1.1.Âª, 6.Âª, 8.Âª y 21.Âª de la ConstituciÃ³n y en ejecuciÃ³n de lo dispuesto en la disposiciÃ³n final octava de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y de comercio electrÃ³nico.
DisposiciÃ³n final segunda. Facultad de aplicaciÃ³n.
Los Ã³rganos competentes de las comunidades autÃ³nomas podrÃ¡n adoptar las resoluciones precisas para la aplicaciÃ³n de lo dispuesto en este real decreto, en particular aquellas que posibiliten la gestiÃ³n Ã­ntegra de los procedimientos previstos en Ã©l mediante la utilizaciÃ³n de tÃ©cnicas electrÃ³nicas, informÃ¡ticas y telemÃ¡ticas, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.
DenominaciÃ³n: Distintivo PÃºblico de Confianza en LÃ­nea.
ConstrucciÃ³n grÃ¡fica:
Una figura vertical constituida por cuatro rectÃ¡ngulos iguales de 45 mm de base por 20,25 mm de altura. Las medidas totales exteriores incluidos los cuatro elementos son 45 mm de base por 81 mm de altura. El segundo recuadro contiene una imagen mixta representativa de la expresiÃ³n abreviada de la arroba y el logotipo de Arbitraje de Consumo.
Los rectÃ¡ngulos superior e inferior contienen los siguientes textos: el superior Â«CONFIANZA EN LÃNEAÂ» y el inferior Â«PRESTADOR ADHERIDOÂ», ambos en mayÃºsculas. La expresiÃ³n Â«PRESTADOR ADHERIDOÂ» se sustituirÃ¡ por Â«CÃDIGO DE CONDUCTAÂ» cuando el logotipo sea utilizado por la entidad promotora del CÃ³digo. El tercer recuadro es un espacio en blanco para situar distintos logotipos.
TipografÃ­a: HelvÃ©tica, en su versiÃ³n normal con un cuerpo de letra 22, interlineado sÃ³lido y escala horizontal 100.
Todas las lÃ­neas que forman el conjunto son en color negro de 0,5 puntos

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