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Timestamp: 2020-07-04 02:37:31+00:00

Document:
CRC/C/ISR/2-4
Informes periódicos segundo, tercero y cuarto combinados que los Estados partes debían presentar en 2008
[11 de junio de 2010]
I. Introducción 1–16 4
II. Medidas generales de aplicación (artículos 4, 42 y 44, párrafo 6) 17–85 8
III. Definición de niño 86–150 18
IV. Principios generales 151–314 27
A. Artículo 6 – Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo 151–190 27
B. Artículo 2 – No discriminación e igualdad de oportunidades 191–203 33
C. Artículo 3 – Interés superior del niño 204–216 36
D. Artículo 12 – Respeto a las opiniones del niño 217–240 39
E. Artículos 7 y 8 241–256 43
F. Artículo 13 – Libertad de expresión 257 46
G. Artículo 14 – Libertad de pensamiento, de religión y de conciencia 258 46
H. Artículo 15 – Libertad de asociación y de reunión pacífica 259–264 46
I. Artículo 16 – Derecho a la dignidad, a la vida privada y a la reputación 265–282 47
J. Artículo 17 – Acceso a la información: televisión, radio y cine 283–297 50
K. Artículo 37 a) 298–314 52
V. Entorno familiar y otro tipo de tutela 315–434 56
A. Artículos 5, 9 y 18 327–374 58
B. Artículo 10 – Reunificación familiar 375–376 67
C. Artículo 11 – Traslados y retención ilícitos 377–385 67
D. Artículo 27, párrafo 4 – Pago de la pensión alimenticia 386–390 70
E. Artículos 20 y 25 – Niños privados del entorno familiar 391–399 71
F. Artículo 21 – Adopción 400–415 73
G. Artículos 19 y 39 – Malos tratos y descuido, recuperación
y reintegración 416–434 76
VI. Salud básica y bienestar 435–613 81
A. Artículo 23 – Niños con discapacidad 435–469 81
B. Artículos 6 y 24 – Salud y servicios sanitarios 470–578 91
C. Artículo 26 – Seguridad social 579–584 114
D. Artículo 27, párrafos 1 a 3 – Nivel de vida 585–613 115
VII. Educación, esparcimiento y actividades culturales 614–713 120
VIII. Medidas de protección especial 714–947 143
A. Artículos 37, 39 y 40 – Los niños en el sistema de justicia juvenil 714–809 143
B. Artículos 32 a 36 – Niños en situación de explotación, inclusive la
recuperación física y psicológica y la reintegración social 810–830 163
C. Artículo 34 – Explotación sexual y abuso sexual 831–917 168
D. Artículos 22, 38 y 39 – Niños en situaciones de emergencia 918–947 183
1. Este es el segundo informe periódico del Estado de Israel presentado al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de conformidad con los requisitos previstos en el artículo 44 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (en adelante: "la Convención"). Este informe ha sido elaborado por el Departamento de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia en colaboración con el Ministerio de Exteriores y con otros organismos del Gobierno de Israel. Asimismo, antes de que se redactara este informe, se invitó también a presentar observaciones a organizaciones no gubernamentales (ONG) israelíes, bien por solicitud directa, bien por una invitación general a presentar observaciones publicada en el sitio web del Ministerio de Justicia. Sus contribuciones fueron objeto de minuciosa atención.
2. Desde la presentación del informe inicial (CRC/C/8/Add.44) se han sucedido numerosas novedades legislativas, administrativas y judiciales relativas a la aplicación de la Convención. A continuación se ofrece un breve resumen de los cambios más significativos, que se describen de forma exhaustiva en el informe. También se abordan los comentarios formulados por el Comité en sus observaciones finales de 10 de octubre de 2002 (CRC/C/15/Add.195).
3. Desde que Israel presentó su primer informe al Comité se han adoptado diversas medidas legislativas dignas de mención que estuvieron encaminadas a promover los derechos del niño. Entre los nuevos instrumentos legislativos cabe destacar los siguientes:
Enmienda Nº 10 a la Ley de los defensores públicos (en adelante: "Ley de los defensores públicos");
Enmienda Nº 11 a la Ley Nº 5756/1996 de Procedimiento Penal (en adelante: "Ley de Procedimiento Penal")
Enmienda Nº 12 a la Ley Nº 5765/2005 de Procedimiento Penal (competencias de las fuerzas del orden y cacheo) (Enmienda Legislativa) (en adelante: "Ley de las competencias de las fuerzas del orden y el cacheo");
Enmienda Nº 13 a la Ley Nº 5765/2005 de revisión del procedimiento de pruebas (protección al niño) (en adelante: "Ley de revisión del procedimiento de pruebas");
Enmienda Nº 5 a la Ley Nº 5744/1984 sobre los Tribunales (versión refundida) (en adelante: "Ley sobre los Tribunales");
Enmienda Legislativa a la Ley Nº 5751/1991 sobre el tratamiento de enfermos mentales ("Ley sobre el tratamiento de enfermos mentales");
Enmienda Nº 14 a la Ley Nº 5731/1971 de la justicia juvenil (juicio, sanción y modalidades de tratamiento) (en adelante: "Ley de justicia juvenil");
Enmienda Nº 9 a la Ordenanza Nº 5721/1961 sobre el transporte (nueva versión) (en adelante: "Ordenanza sobre el transporte (nueva versión)");
Enmienda Nº 6 al Código Penal Nº 5737/1977 (en adelante: "Código Penal"), en la que se procura integrar el principio del interés superior del niño (como principio rector) en las cuestiones legislativas, administrativas y judiciales que afectan a los niños.
4. En Israel se protegen de forma efectiva, a través de la legislación y de las resoluciones judiciales, los principales derechos consagrados en la Convención. Sin embargo, cabe señalar que desde la presentación de su informe periódico anterior Israel no ha promulgado nuevas leyes fundamentales (derecho constitucional de Israel) en materia de derechos del niño. Aun así, Israel ha incorporado la Convención de 1980 sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de niños a su derecho nacional como la Ley Nº 5751/2001 del Convenio de la Haya (restitución de niños secuestrados). En el ámbito de las resoluciones judiciales, el Tribunal Supremo ha continuado desempeñando un importante papel en la aplicación de los derechos protegidos por la Convención.
5. El Tribunal Supremo de Israel y diferentes Tribunales de Distrito israelíes invocan en algunas de sus resoluciones distintas disposiciones de la Convención. Los ejemplos más destacables de esta práctica a lo largo del período que abarca el presente informe son los siguientes:
El Tribunal Supremo tomó nota de las disposiciones del artículo 3, relativo al interés superior del niño, en la resolución HCJ 7395/07 (Anónimo c. el Tribunal Rabínico de Apelaciones, 21/01/2008). En este caso se abordaba un litigio relativo a la educación de los hijos de una pareja divorciada. El Tribunal Supremo revocó una resolución del Tribunal Rabínico que no había tomado en cuenta el interés superior de los niños en cuestión. El Tribunal Supremo resolvió que los niños debían estudiar en el sistema educativo nacional y no en el sistema de enseñanza religiosa.
Asimismo, el Tribunal Supremo invocó el artículo 28 de la Convención en relación con el derecho del niño a la educación en la resolución HCJ 6914/2006 (Organización Nacional de Padres [Sociedad Registrada] c. el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y otros, 14/08/2007). En este caso, la Organización Nacional de Padres mantuvo que las cuotas escolares exigidas a los padres cada año violan el derecho a la educación gratuita. En consecuencia, entabló una acción judicial que exigía al Ministerio de Educación someter a la aprobación del Comité de Educación del Knesset todas las modalidades de aportación económica escolar exigidas a los padres cada curso escolar.
Los Tribunales de Distrito también han invocado los derechos consagrados en la Convención. Por ejemplo, el Tribunal de Distrito de Tel Aviv, actuando en calidad de Tribunal de Menores, abordó el artículo 37 a) de la Convención en relación con la imposición de una pena de reclusión a perpetuidad a un menor de edad que había cometido un asesinato antes de haber cumplido 18 años, e insistió en que la pena en cuestión no vulneraba el artículo 37 a), ya que el sistema jurídico israelí autoriza la puesta en libertad de los reos condenados a prisión perpetua (S.Cr.C, Tel Aviv, 204/05, El Estado de Israel c. anónimo, 25/01/2007). En otro caso, el Tribunal de Distrito de Tel Aviv, en funciones de Tribunal Administrativo, invocó el párrafo 2 del artículo 2 de la Convención, en el que se dispone que un Estado adoptará todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación. En este caso, una escuela había rehusado admitir a ciertas niñas debido a su origen étnico. (Ad. P, Tel Aviv, 2176/06, Anónimo c. el Ministerio de Educación, la Cultura y los Deportes y otros, 15/11/2006).
Los Tribunales de Familia también han invocado los derechos establecidos en la Convención. Por ejemplo, el Tribunal de Familia de Jerusalén remitió al artículo 3 de la Convención al insistir en que debe considerarse el interés superior del niño al determinar el apellido de un hijo cuyos padres no se encuentran casados ni comparten custodia. (F.M.C Jerusalén, 9182/06, Anónimo c. anónimo, 10/04/2007).
Se solicitó al Tribunal de Distrito de Jerusalén que concediera derecho de visita a los padres divorciados de dos hijos menores de edad. El Tribunal consultó a un experto en desarrollo infantil antes de resolver. El Tribunal hizo hincapié en que, desde 1990, se ha producido un aumento considerable de la atención que se presta al bienestar de los niños. Los derechos de visita acordados por el Tribunal se basaban en gran medida en la Convención sobre los Derechos del Niño. El Tribunal consideró la Convención y las recomendaciones del Comité Rotlevi como fuentes de interpretación y orientación (C.M 6802/04, Anónimo c. anónimo, 19/12/2004).
Yated, una organización sin ánimo de lucro de padres de niños con síndrome de Down, junto a padres de niños con discapacidad, solicitaron al Tribunal Supremo que condenara al Estado a sufragar los gastos de integración de los niños con discapacidad (que se consideren aptos) en las escuelas regulares. De este modo, los niños que estudian en escuelas de educación especial lograrían la igualdad. El Tribunal resolvió que el derecho a la educación es un principio fundamental consagrado tanto en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como en los artículos 28 y 29 de la Convención. Para más detalles, véase el Capítulo VI, infra. (HCJ 2599/00, Yated, organización sin ánimo de lucro de padres de niños con Síndrome de Down c. el Ministerio de Educación, 14/08/02).
Niños y derechos
6. Los niños tienen ciertos derechos que les son privativos, principalmente derechos sociales. Estos derechos protegen intereses importantes, como la salud o un adecuado nivel de vida. El reconocimiento de los derechos de un niño genera una consiguiente obligación que pesa, respectivamente, sobre el progenitor o progenitora o sobre el Estado. Los adultos tienen obligaciones que van encaminadas a la protección de importantes intereses de los niños, aunque dichos intereses no necesariamente se corresponden con los derechos de los niños (como elegir ir o no al colegio, adquirir bebidas alcohólicas, conducir, etc.). Otros derechos son comunes a niños y a adultos. El principio rector es el interés superior del niño. En los últimos años, un número cada vez mayor de libertades antes reservadas a los adultos se han extendido a los niños. De conformidad con la ley israelí, el niño se define como el ser humano menor de 18 años. Cualquier divergencia respecto a esta definición deberá introducirse en consonancia con una ley concreta aplicable al niño. Este es el caso del Código Penal, donde se dispone que, en lo relativo a la responsabilidad penal, la edad de madurez se alcanza a los 12 años, mientras que la capacidad jurídica usualmente se alcanza a los 18 años.
7. Es éste un principio rector de la legislación israelí, que ha asumido este concepto relativamente moderno. La mayoría de los problemas legales relacionados con el niño (inclusive los legislativos, administrativos y judiciales) que han surgido en Israel después de la presentación de su informe inicial se han resuelto aplicando esta norma. De hecho, las resoluciones judiciales y las sentencias pueden dictarse invocando exclusivamente el interés superior del niño. Si un niño es acreedor a cierto derecho, otros tienen la obligación de no interferir en ese derecho.
8. Uno de los derechos que promueve el bienestar de los niños y que ha sido incorporado a la legislación israelí en los últimos años es el derecho del niño a ser escuchado en los asuntos que afectan a sus intereses. Este derecho se ha definido claramente en algunas de las últimas modificaciones legislativas, por ejemplo en la Enmienda Nº 14 a la Ley de justicia juvenil. Se trata de una enmienda amplia que, como se detalla más adelante, afecta a diferentes leyes aplicables a los niños.
9. En la observación final Nº 32 del Comité de los Derechos del Niño relativa al anterior informe de Israel de 4 de octubre de 2002 (CRC/C/15/Add/195), el Comité alentó la continuación y la integración del respeto a las opiniones del niño. A este respecto, el artículo 1B a) de la Enmienda Nº 14 a la Ley de justicia juvenil sostiene que los menores de edad tienen derecho a hacer constar su opinión y a expresar sus sentimientos personales antes de que se adopte una decisión en asuntos que les afecten (la Ley de empleo juvenil ha sido objeto de una enmienda similar). El peso que se otorga a la opinión del niño depende de su edad y de su madurez. Con objeto de fomentar la participación de los menores de edad en los asuntos que les afectan, y a fin de que puedan ejercer el derecho a expresar su opinión, se les brinda información en un formato y lenguaje que les resulte comprensible (no se transmite al menor de edad información que le pueda generar un daño cierto). En aquellos casos en los que se hubiera adoptado una decisión que afecta a un menor de edad, pero éste no hubiera tenido la oportunidad de expresar su opinión, se le dará tal oportunidad después de que se hubiera completado el proceso de adopción de la decisión, siempre que ésta aún no se haya puesto en práctica y ya no exista razón para la revocación. Si la decisión adoptada choca con los deseos del menor de edad, la persona que adoptó la decisión o un tercero que actúe en su nombre le explicará (de forma que le resulte comprensible) las razones que justifican tal decisión. La explicación deberá ser compatible con la edad y la madurez del menor de edad. La información no deberá causarle ningún daño ni deberá ser de una naturaleza tal que su divulgación esté prohibida por el artículo 1B b), apartados 1 y 2, de la Ley de justicia juvenil. La Enmienda establece también en relación con el artículo 2 a) de la Ley de justicia juvenil que los juristas designados para actuar como jueces de menores, siempre que hayan recibido una formación específica en atención a jóvenes y niños, podrán también presidir en procedimientos en los que se dirima la detención de menores de edad, así como en audiencias preliminares.
10. El derecho del niño a expresar su opinión consagrado por el artículo 12 de la Convención se ha incorporado a los textos legislativos que se detallan a continuación.
11. La Enmienda Nº 9 de 7 de julio de 1998 a la Ley Nº 5713/1953 del empleo juvenil (en adelante: "Ley del empleo juvenil") completa el artículo 27F a 27G, donde se establecen directrices relativas a los permisos de trabajo para jóvenes. Según lo dispuesto en el artículo 27F a), no se permitirá emplear a un joven si ello vulnera su interés superior. El artículo 27F, párrafos b) y c), establece que el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo podrá dictar normas, limitaciones y condiciones en materia de empleo juvenil. El artículo 27G a) dispone por su parte que todo joven capaz de expresar una opinión independiente tendrá derecho a hacerlo en relación con la concesión del permiso para que pueda ser empleado. Se otorgará a su opinión la consideración que corresponda a su edad y grado de madurez. Conforme a lo dispuesto en el artículo 27G b), el Ministro de Industria, Comercio y Trabajo dictará normas encaminadas a regular las diferentes maneras de ejercer tal derecho.
12. Una enmienda de 2009 a la Ley Nº 5711/1951 sobre los horarios de trabajo y descanso (en adelante: "Ley sobre los horarios de trabajo y descanso") impone un receso en el trabajo para usar el baño (art. 20A). Como se mencionó anteriormente, la Ley de empleo juvenil se sometió a una enmienda similar (artículo 3 de la Enmienda Nº 13 de la Ley de empleo juvenil).
13. El artículo 24 de la Ley Nº 5722/1962 sobre la capacidad y la representación legal (en adelante: "Ley sobre la capacidad legal") dispone que los progenitores no convivientes podrán establecer un acuerdo de custodia y fijar los derechos del progenitor que no ejerza la custodia. Así pues, los progenitores pueden actualmente acordar los derechos de custodia y de visita. El acuerdo deberá ser aprobado por las autoridades judiciales con objeto de ratificar que, en efecto, redunda en el interés superior del niño.
14. Para información relativa a la repercusión de los derechos del niño en la legislación, véase la Consignación de información relativa a la repercusión de los derechos del niño en la legislación, 2, Nº 5762/2002 (en adelante: "Ley sobre la repercusión de los derechos del niño en la legislación"). Esta ley exige la inclusión sistemática en cada proyecto de ley de notas explicativas sobre las implicaciones previsibles del proyecto para los derechos del niño. Dichas notas recogerán información relativa a los menoscabos o las mejoras derivadas del proyecto de ley en relación con los derechos del niño y con su alcance, así como información relativa a cualquier cambio introducido en relación con las condiciones de vida satisfactorias para los niños y/o con los servicios que se brindan a los mismos. Además, las notas explicativas incluirán los datos y la información de los que se concluyó que el proyecto de ley menoscaba o refuerza los derechos del niño. La Enmienda Nº 14 ha puesto en práctica estos cambios.
15. Con todo, en ciertos casos, los derechos de los padres o el interés social se tienen en cuenta junto al interés superior del niño. Así, por ejemplo, el interés superior del niño no es, en sí mismo, una causa de adopción. El Tribunal Supremo ha dejado establecido en una serie de resoluciones que, incluso si los padres adoptivos habrían posiblemente de ser mejores padres que los progenitores, ello no es suficiente para retirar a éstos la custodia del niño (véase C.A. 623/80, Anónimo c. el Fiscal General, P.D. 45(2) 72, 12/03/1980). Sólo se podrá otorgar a un niño en adopción cuando existan razones concretas para ello, por ejemplo, que los padres biológicos no puedan satisfacer de forma suficiente las necesidades del niño. Cuando exista una razón para la adopción, primará el interés superior del niño.
16. El presente informe aborda las principales cuestiones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño en sus observaciones finales de 2003 para el período comprendido entre la presentación del informe periódico anterior de Israel y diciembre de 2009, así como las inquietudes planteadas por el Comité tras la reunión celebrada ante el mismo en 2002.
II. Medidas generales de aplicación (artículos 4, 42 y 44, párrafo 6)
Situación jurídica de la Convención
17. La Convención sobre los Derechos del Niño fue firmada por el Estado de Israel el 3 de julio de 1990; fue ratificada por el Knesset el 4 de agosto de 1991 y entró en vigor el 2 de noviembre de 1991. Aunque la Convención no tiene rango de ley, se invoca a menudo en las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y por los órganos judiciales inferiores como fundamento jurídico de las resoluciones adoptadas y como fuente de interpretación.
18. El Estado de Israel es también signatario de otras convenciones internacionales relativas a los niños. Desde la presentación de nuestro informe inicial, el Estado de Israel pasó a ser parte en algunos de los más importantes instrumentos internacionales relativos a los niños. El 15 de marzo de 2005 Israel pasó a ser parte del Convenio Nº 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil (1999). En su observación final Nº 62 sobre el informe periódico anterior de Israel, el Comité alentó al Estado parte a ratificar los Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño. El 18 de julio de 2005, Israel pasó a ser parte en el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. El Estado de Israel también firmó el 14 de noviembre de 2001 el Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y lo ratificó el 19 de junio de 2008.
19. Asimismo, el 14 de diciembre de 2006 Israel pasó a ser parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 5760/2000. El 23 de julio de 2008, Israel también pasó a ser parte en el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, así como en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
20. El Estado de Israel no hizo ninguna reserva al ratificar la Convención.
Comité para el examen de los principios fundamentales relativos a los niños y a su relación con la ley y para el examen de la aplicación de estos principios en la legislación israelí
21. En 1997, el Ministro de Justicia creó un Comité presidido por la Presidenta Adjunta del Tribunal de Distrito de Tel Aviv, Sra. Saviona Rotlevi. El Ministro designó al Comité para que, a la luz de los principios enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño, llevara a cabo un examen detenido de la legislación israelí en materia de derechos del niño, así como de la situación legal de los niños y de su nivel de bienestar al amparo de la ley israelí, todo ello para cerciorarse de que Israel cumple los compromisos contraídos en virtud de la Convención. Se solicitó también al Comité que evaluara la necesidad de elaborar una ley integral sobre la situación de los niños y de los jóvenes. Asimismo se le solicitó que examinara la necesidad de crear agencias y mecanismos encaminados a poner en práctica, coordinar y regular los derechos del niño enunciados en la Convención.
22. El Comité estuvo compuesto por unos 70 funcionarios públicos de alto rango, así como otros empleados públicos de diferentes ámbitos, inclusive de la Administración de Justicia, de los Ministerios de Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales y de los departamentos de Trabajo Social, además de, en el ámbito académico, por profesores de las Facultades de Derecho y de Psicología. También formaron parte del proyecto representantes de los servicios de salud mental infantil y del Colegio de Abogados de Israel.
23. Se han presentado al Ministro de Justicia seis informes elaborados por subcomités. Estos informes versaron sobre la representación de los niños en los procesos civiles, las instituciones de guarda para niños, los niños y sus familias, la educación y los niños en el proceso penal, a los que se sumaba un informe general. Desde la presentación del informe general, las recomendaciones formuladas en los informes de los subcomités se han ido llevando a la práctica de forma gradual. Desde la presentación de las conclusiones de los subcomités se han producido distintas novedades relacionadas con la aplicación de la Convención. Este informe ofrece un análisis exhaustivo de los avances alcanzados en los ámbitos de la legislación y la jurisprudencia. El Comité Rotlevi se comprometió a brindar iguales oportunidades a todos los niños para que puedan desarrollarse de forma independiente, sean escuchados, se les represente en los asuntos que los afectan y se cree un ambiente que anime y apoye su individualidad. A lo largo de este informe describiremos las modificaciones principales a las que han dado lugar los informes de la Comisión Rotlevi y de los diversos subcomités. Las principales recomendaciones en materia de promoción de los derechos del niño se exponen a continuación:
Redefinir el sentido de las acciones del Estado en lo que respecto a los derechos del niño.
Redefinir las obligaciones del Estado con respecto a los derechos del niño, por ejemplo, la obligación de admitir y de atender las quejas de los niños en diferentes ámbitos o la obligación de remitir informes anuales sobre la situación de los niños al Primer Ministro y al Comité Asesor.
El Comité recomendó la creación de un Comité Consultivo en el Ministerio de Justicia. El Comité recomendó que el Comité Consultivo esté facultado para emitir dictámenes dirigidos al Ministro de Justicia sobre las leyes aprobadas que guarden relación con los niños y sobre las resoluciones judiciales dictadas en materia de derechos del niño, así como para actualizar la información sobre las organizaciones que trabajan para promover los derechos del niño, etc.
Recomendación en relación con la adopción de una ley integral sobre los niños
24. El Comité Consultivo recomendó la adopción de una ley integral sobre los niños. En opinión del Comité Consultivo, dicha ley debería definir las relaciones legales entre los niños, sus padres y el Estado. El Comité Consultivo recomendó la recopilación de todas las leyes relacionadas con los niños, como la Ley sobre la capacidad legal, la Ley Nº 5720/1960 sobre justicia juvenil (atención y vigilancia) (en adelante: "Ley de justicia juvenil (atención y vigilancia)"), la Ley Nº 5741/1981 sobre la adopción de niños (en adelante: "Ley sobre la adopción de niños"), la Ley Nº 5725/1965 sobre la supervisión a los jardines de infancia, la Ley Nº 5726/1966 sobre la seguridad de las personas protegidas y la Ley Nº 5715/1955 sobre los menores de edad, los enfermos mentales y los ausentes, y que todas ellas sean integradas en una Ley general del niño que incluya las leyes ya existentes y los derechos inequívocos del niño.
Recomendaciones sobre la prohibición del castigo físico
25. El Comité Consultivo formuló sus recomendaciones considerando la sociedad multicultural que conforma Israel. Las recomendaciones del Comité Consultivo partían de la premisa de que el castigo físico vulnera el derecho del niño al bienestar y a la seguridad física y de que, en consecuencia, es ilegal. El Comité concluyó que, para garantizar la reducción cuantitativa y cualitativa de los castigos físicos infligidos a los niños en Israel, es precisa una amplia regulación. Presentamos a continuación sus principales recomendaciones.
26. El Comité Consultivo condenó de forma enérgica el recurso a cualesquiera formas de castigo físico contra los niños. No obstante, el Comité Consultivo distinguió entre el castigo físico infligido por los familiares más cercanos (por ejemplo, por un progenitor) y el impuesto en las instituciones educativas.
Minimizar la incidencia del castigo físico en el seno de la familia
27. El niño tiene derecho a ser protegido del daño físico y/o de la humillación. El Comité Consultivo propuso que sea de aplicación en la materia la legislación civil y no la penal.
Minimizar la incidencia del castigo físico en las instituciones educativas
28. El Comité Consultivo recomendó la imposición de sanciones penales específicas al personal educativo que aplique castigos físicos a los niños.
29. El Comité Consultivo recomendó que los organismos públicos lleven a cabo actividades informativas y educativas encaminadas a concienciar contra el recurso al castigo físico. El Comité Consultivo exhortó a que se utilicen otros sistemas disciplinarios.
30. El Comité Consultivo recomendó al Gobierno la adopción de medidas contra cualesquiera vulneraciones de la prohibición del castigo físico.
Adaptación de las leyes aplicables a los niños
31. Recientemente se ha registrado una gran actividad legislativa en favor de los niños. Se han propuesto numerosos nuevos proyectos de ley y enmiendas a leyes ya existentes, algunos de los cuales se han concluido.
32. Para información relativa a las repercusiones en la legislación, véase la Ley sobre la repercusión de los derechos del niño en la legislación. Esta ley exige la inclusión sistemática en cada proyecto de ley de notas explicativas sobre las implicaciones previsibles del proyecto para los derechos del niño.
33. Dichas notas recogerán información relativa a los menoscabos o las mejoras derivadas del proyecto de ley en relación con los derechos del niño y con su alcance, así como información relativa a cualquier cambio introducido en relación con las condiciones de vida satisfactorias para los niños y/o con los servicios que se brindan a los mismos. Además, las notas explicativas incluirán los datos y la información de los que se concluyó que el proyecto de ley menoscaba o refuerza los derechos del niño.
34. El artículo 2G de la Ley Nº 5725/1965 sobre las licencias comerciales prohíbe a las empresas realizar tatuajes o piercings a niños menores de 16 años sin el consentimiento de sus padres o tutores. Esta norma no se aplica a los aretes colocados en el lóbulo de la oreja.
35. Una iniciativa para la reforma integral de la Ley de justicia juvenil condujo a la adopción de la Enmienda Nº 14 a dicha Ley, de 21 de julio de 2008. La enmienda entró en vigor en julio de 2009. La enmienda introduce una importante mejora en el trato que se dispensa a los menores de edad en los procesos penales.
Aplicación de la Convención por las administraciones nacional y locales
36. Entre las medidas adoptadas por las Administraciones nacional y locales para la aplicación de la Convención cabe destacar la adopción de la Ley Nº 5767/2007 para la prohibición de la venta a menores de edad de billetes de lotería y de juegos de azar (enmienda legislativa). Esta enmienda prohíbe ofrecer, vender o distribuir billetes (o cualesquiera otros sistemas de participación en juegos de azar de cualquier índole) a menores de edad. La violación de lo dispuesto en dicha ley se castigará con pena de seis meses de prisión.
37. Las directivas y orientaciones generales de la Dirección General del Ministerio de Educación abordan diferentes esferas de los derechos del niño. Por ejemplo, el Ministerio publicó una directiva sobre la participación de padres divorciados o separados en proyectos y actividades escolares, tales como excursiones. La directiva establece que la escuela se pondrá en contacto con ambos progenitores, aunque mantendrá informado y enviará notificaciones relativas a los asuntos escolares al tutor legal designado por la autoridad judicial y/o con arreglo al interés superior del niño (Directiva Nº 5763/5 a), enero de 2003).
38. En sus observaciones finales contenidas en el párrafo 22 b) relativas al informe periódico anterior de Israel, el Comité alentó al Estado parte a difundir la Convención. La Directiva Nº 5767/6 (febrero de 2007) dio lugar a la aplicación de la Ley Nº 5761/2000 de los derechos del alumno (en adelante: "Ley de los derechos del alumno") y sus modificaciones, así como a la distribución del folleto Por la vía de los derechos, con el que se pretendía dar a conocer e inculcar la citada ley entre los alumnos. El Departamento ministerial para los derechos de los alumnos es responsable de orientar al profesorado y de elaborar un disco compacto destinado a maestros y profesores de primaria y secundaria que informe sobre la citada ley. El disco incluye películas, presentaciones e información detallada sobre la manera en que las escuelas y los maestros pueden fomentar un clima favorable a los derechos de los alumnos.
39. La Directiva Nº 5765/3 a) (septiembre de 2005) hizo públicas las modificaciones introducidas en la Ley de justicia juvenil y en la Ley Nº 5715/1955 de revisión del procedimiento de pruebas (protección al niño) (en adelante: "Ley de pruebas (protección del niño)"). Dicha directiva establece que, en caso de que un alumno esté siendo investigado y solicite que la investigación no se ponga en conocimiento de sus padres, la escuela y su personal ayudarán al alumno a afrontar los resultados de la investigación.
40. A continuación exponemos los principales cambios introducidos por la Enmienda Nº 14 a la Ley de justicia juvenil en materia de procedimientos judiciales.
41. Cuando se sospecha que un menor de edad ha podido cometer un delito grave y se le cita en comisaría para interrogarlo, deberá informarse a sus padres o un familiar cercano (si el progenitor no ha podido ser localizado pese a haberse adoptado medidas razonables para hacerlo).
42. Un niño internado en un centro de acogida sólo podrá ser citado si el responsable del mismo ha sido informado y sus padres tienen conocimiento de ello. Del mismo modo respecto a los centros de acogida: si el progenitor no ha podido ser localizado pese a que se adoptaron medidas razonables para hacerlo, otro familiar adulto y conocido por el menor de edad será informado.
43. En cualesquiera otras circunstancias, por ejemplo si se hubiera decretado el internamiento del menor de edad, el Jefe de Policía responsable a la sazón deberá informar a los padres o a otro familiar cercano sobre el paradero del niño.
44. Al mismo tiempo, el Jefe de Policía está obligado a informar al niño de que se ha puesto la situación en conocimiento de un familiar. Cuando un niño sospechoso de haber cometido un delito se presenta en comisaría por propia voluntad o es conducido por un tercero, se deberá informar a un progenitor o a un familiar, salvo que el menor de edad se oponga expresamente a ello.
45. No se informará a la familia cuando el menor de edad se oponga expresamente a ello. Si se ha decretado el internamiento, se tendrá en cuenta la edad y la madurez del menor de edad al valorar su oposición a que la familia sea informada. La objeción del menor de edad deberá estar causada y deberá ser comunicada y archivada.
46. La decisión final del Jefe de Policía (sobre si se informará o no a los padres del menor de edad) quedará grabada en vídeo o audio o registrada por escrito. La decisión del Jefe de la Policía deberá estar causada y tomar muy en consideración la objeción del menor de edad, si la hubiere. Si el/la Jefe de la Policía decide no informar a los padres, deberá entonces informar a otro familiar cercano.
47. En el párrafo Nº 29 de las observaciones finales al informe periódico anterior de Israel, el Comité recomendó que el Estado parte continúe el proceso de incorporación plenamente del principio del interés superior del niño en la legislación y en la práctica. Los principios antes mencionados muestran que se han incorporado tales consideraciones. Con todo, el agente autorizado podrá citar a un menor de edad no detenido para interrogarlo sin informar de ello a un adulto si:
La notificación pueda perjudicar física o psicológicamente al niño o tener un impacto negativo sobre su bienestar o sobre el bienestar de un tercero;
Cuando sea previsible que, de informar sobre el asunto, se obstruirá la acción de la justicia porque un miembro de la familia está implicado en el presunto delito;
Cuando exista riesgo para la seguridad nacional.
48. Antes de resolver que no se informará a un familiar, el agente autorizado podrá tomar en consideración la declaración prestada por el responsable del centro de acogida. Dicha declaración deberá poner de manifiesto que existe una amenaza para el bienestar físico y/o psicológico del menor de edad. Si se resuelve no informar, la Policía estará obligada a informar a un familiar en cuanto se extinga la causa para no hacerlo o, en todo caso, en un plazo máximo de ocho horas.
49. Si la notificación se pospusiera, el plazo adicional para informar no excederá de seis horas (salvo que exista un riesgo cierto para el bienestar o para la seguridad del niño, un riesgo previsible de obstrucción a la justicia o un riesgo contra la seguridad nacional).
50. Cuando un sospechoso menor de edad es citado para ser interrogado y la medida había sido previamente acordada con sus padres (o con un familiar), el niño tendrá derecho a que éstos lo acompañen durante la toma de declaración y/o a consultarlos. Si el menor de edad se opone a que un familiar esté presente, no se aplicará lo anterior. Tampoco, si el niño se encuentra bajo internamiento. Este último supuesto difiere ligeramente del inmediatamente anterior, ya que en éste los padres tienen conocimiento previo de que va a tener lugar el interrogatorio pero no pueden participar en él (mientras que en el supuesto previo no eran informados).
51. Un agente autorizado podrá impedir al familiar el acceso a la sala de interrogatorio cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
La presencia del familiar puede perjudicar al niño u obstaculizar el interrogatorio.
La presencia del familiar puede generar un daño físico o psicológico al menor de edad o repercutir negativamente sobre su bienestar o sobre el bienestar de un tercero. puede suponer una obstrucción a la justicia, pues el familiar podría estar implicado en el presunto delito, o existe la posibilidad de un riesgo para la seguridad nacional.
Cabe prever que la presencia del familiar frustrará la investigación (o la investigación sobre otro sospechoso) y/o una posible detención. Otra razón para impedir que un familiar esté presente o pueda ser consultado durante el interrogatorio es la posibilidad de que a raíz de ello se pierdan pruebas.
La presencia del familiar dificultaría la prevención de otros delitos.
La presencia del familiar dificultaría la puesta en libertad del menor de edad;
La presencia del familiar desvelaría asuntos privados de otro menor de edad (violación del derecho a la privacidad).
52. Si se decide interrogar a un niño sin la presencia de un progenitor o pariente, la decisión deberá quedar registrada. La decisión deberá estar fundada y en ella figurará la justificación para la medida tal y como fue formulada por el agente responsable.
53. Si el progenitor o familiar presente en la sala de interrogatorios interrumpe o interfiere en las actuaciones, por ejemplo, amenazando directa o indirectamente al niño, el investigador está autorizado a hacerle abandonar la sala. Tal decisión deberá registrarse por escrito.
54. Antes de someter al menor de edad a un interrogatorio, el investigador lo informará de sus derechos y deberes previstos en la ley en un lenguaje sencillo e inteligible y adecuado a su edad y a su madurez.
55. No es imperativo designarle al menor de edad un abogado para que lo represente en todas las causas en las que se halle inmerso, incluso si el proceso podría conculcar sus derechos (con el consentimiento tácito o incluso el apoyo de sus padres). Sin embargo, los Tribunales de Familia y los Tribunales de Menores podrán, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de justicia juvenil (cuidado y vigilancia), designarle tutor legal al menor de edad calificado como "en situación de necesidad". En tal caso, el Tribunal nombrará un consejo de defensa independiente que se encargará de representar al menor de edad.
Derechos de los menores de edad en los procesos judiciales
56. El menor de edad goza del derecho a reunirse en privado con un abogado defensor y del derecho a estar representado por un abogado. El Reglamento Nº 5758/1998 de los defensores públicos (ampliación del derecho del menor de edad a la representación) otorga a los menores de edad detenidos o que son parte en procesos judiciales el derecho a ser representados por un defensor público (Enmienda Nº 14).
57. El artículo 18 a) de la Ley de justicia juvenil, atendiendo al interés superior del niño, otorga al Tribunal de Menores la facultad de designar a un abogado que represente al menor de edad en los procesos judiciales. El Tribunal podrá ejercer esta facultad en cualquier momento del proceso penal, inclusive durante la instrucción de la causa. Asimismo, el menor de edad podrá gozar de cuantos derechos le son válidamente otorgados por la Ley de los defensores públicos.
58. La Directiva Nº 5765/4 a) (diciembre de 2004) se centra en la detección de conductas suicidas y en la prevención de los intentos de suicidio protagonizados por niños. La Directiva detalla las señales de advertencia de una posible conducta suicida y explica los métodos terapéuticos que el personal escolar tiene a su disposición.
59. La Directiva Nº 5763/2 a) (octubre de 2002) establece el procedimiento para la expulsión de un alumno de clase o de la escuela, así como las medidas preliminares que se deberán adoptar para evitar la expulsión, inclusive la notificación a los padres, las advertencias, etc. (Director General del Ministerio de Educación).
Mecanismos que regulan la aplicación de la Convención
60. Este asunto fue abordado en el informe inicial de Israel. No se han producido cambios en la materia desde la presentación de nuestro informe inicial.
El Comité del Knesset sobre los derechos del niño
61. En el informe previo de Israel ya aludíamos al Comité del Knesset sobre los derechos del niño. El Comité del Knesset ha propuesto enmiendas a la legislación ya existente y nuevos proyectos de ley. Algunas de estas propuestas fueron formuladas por el Comité en su conjunto y otras, por miembros individuales del Knesset. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Asuntos Sociales y Servicios Sociales aspiran a mejorar la legislación existente y a adaptarla para incorporar los artículos de la Convención. Representantes del Consejo Nacional de los Estudiantes y de la Juventud, con la colaboración del Consejo Nacional de Israel para la Infancia, han elaborado varios proyectos de ley. Ambos Consejos han participado también activamente en los debates del Comité del Knesset.
62. El Comité del Knesset sobre los derechos del niño celebró el 18 de diciembre de 2001 una sesión en la que se abordó la creación de comités municipales para la promoción de los derechos consagrados en la Convención. Dicho Comité examinó el funcionamiento de tales comités en aquellos municipios en los que éstos ya habían comenzado a funcionar.
63. Otras sesiones celebradas por el Comité del Knesset sobre los derechos del niño se han centrado en el principio del interés superior del niño. Fruto de este interés ha sido, por ejemplo, la institución del derecho del niño a mantener contacto regular con sus abuelos, a ser criado por su familia y a mantener contacto con sus padres. Se insistió en que la Convención es el medio para prevenir la deportación de menores de edad y para imponer al Estado el deber de garantizar la prestación de ciertos derechos a todos los niños, en particular del derecho a la educación, el derecho a la prevención de la violencia infantil y el derecho a un nombre y a una identidad. La Convención también permite garantizar que una parte del presupuesto se destina al cumplimiento de las obligaciones del Estado. Varias reuniones extraordinarias del Comité del Knesset sobre los derechos del niño abordaron la ratificación de la Convención de la OIT Nº 182 de 1999 sobre las peores formas de trabajo infantil, así como la experiencia de una delegación israelí enviada a la Asamblea General de las Naciones Unidas para debatir sobre los derechos del niño y su importancia para los niños que son parte en procesos judiciales1.
64. Hasta el momento no existe un mecanismo específico responsable de regular la aplicación de la Convención. Sin embargo, la Oficina del Interventor del Estado publica un informe anual en el que se hacen constar las deficiencias en la materia observadas en las actuaciones del Gobierno, inclusive las violaciones de los derechos del niño. Por ejemplo, el informe anual del Interventor del Estado de 2007 (publicado en mayo de 2008) examina las actuaciones desplegadas por el Ministerio de Educación para hacer frente al vandalismo y a la violencia en el sistema escolar. El informe desveló que entre 1999 y 2006 no se produjeron cambios en la incidencia de actos de violencia física, sexual y social en las instituciones educativas. Durante el período citado, un tercio de los escolares fueron hostigados e intimidados en las dependencias escolares. Además, el informe anual de 2008 insiste en las dificultades que experimenta el Servicio de Libertad Condicional Juvenil para cumplir con su función de rehabilitación de los delincuentes juveniles.
65. El informe anual del Interventor del Estado de 2007 relativo a las autoridades locales reveló que la situación de las escuelas en las localidades habitadas por judíos ultra ortodoxos y por árabes dista mucho de ser satisfactoria. La mayoría de estas escuelas no cumple las normativas del Ministerio de Educación en materia de infraestructuras y mantenimiento. Algunas incluso suponen un peligro para la salud de los estudiantes y acaso también para sus vidas.
66. El informe anual del Interventor del Estado de 2006 relativo a las autoridades locales desvela que en ninguno de los cuatro municipios examinados existía un programa en marcha para ayudar a las menores de edad en peligro y, si alguna vez se les brindaba asistencia, ésta se demoraba en gran medida. Además, de conformidad con una resolución gubernamental fechada en 1999, el Ministerio de Asuntos Sociales y Servicios Sociales debía hacer público un plan para el tratamiento y el seguimiento de las menores de edad en peligro. El informe del Interventor del Estado de 2006 indicó que en 2005 se localizaron y recibieron ayuda de los trabajadores sociales de las administraciones locales unas 17.000 menores de edad en peligro.
67. El informe anual del Interventor del Estado de 2004 sobre las autoridades locales analizó la cuestión del seguro privado de accidentes infantiles en el sistema educativo. A tenor de lo dispuesto en una enmienda de 1994 a la Ley Nº 5709/1949 sobre la educación obligatoria (en adelante: "Ley de la educación obligatoria"), la autoridad educativa local está obligada a asegurar a todos los alumnos con derecho a educación gratuita de su circunscripción. El Interventor del Estado descubrió que en bastantes circunscripciones locales la cantidad exigida a los padres para el seguro escolar excedía el máximo estipulado por el Ministerio de Educación y que diferentes grupos de la población estudiantil carecen de tal seguro.
68. En Israel, el Interventor del Estado actúa también como Defensor del Pueblo. Esta función se desarrolla a través de una unidad especial de la Oficina del Interventor del Estado: la Oficina del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo investiga las denuncias presentadas contra organismos públicos sujetos a la auditoría del Interventor del Estado, en particular ministerios, autoridades locales, empresas e instituciones del Estado y corporaciones gubernamentales, así como contra sus empleados.
69. Las reclamaciones relativas a las actuaciones de las entidades públicas, a las que la ley no autoriza al Defensor del Pueblo a investigar, tales como bancos, compañías aseguradoras y otros organismos no gubernamentales de servicio público, a menudo son remitidas a los órganos legalmente responsables de su supervisión, como el Supervisor de Bancos, el Supervisor de Seguros y el Director de Capital, Seguros y Ahorros. Así pues, el Defensor del Pueblo es un interlocutor eficaz para abordar los problemas de discriminación en un gran número de entidades gubernamentales y de servicio público.
70. A modo de ejemplo, el Defensor del Pueblo investigó en 2007 una reclamación relativa a la inexistencia de un servicio de atención en lengua rusa en el Ministerio de Educación, así como otra por trato inadecuado en relación con las exenciones que concede la Ley de educación obligatoria. El asunto dio lugar a que un menor de edad no pudiera presentarse a los exámenes de reválida porque el Ministerio se negaba a abrir ficha de postulante a los menores de edad que no hubieran cursado estudios en una institución reconocida. Ambas reclamaciones se consideraron fundadas.
71. En 2003, el Defensor del Pueblo investigó una reclamación a la negativa de una escuela a devolver el importe de una excursión escolar. Dicho importe había sido abonado por el progenitor antes de que se realizara el viaje, pero finalmente el niño no tomó parte en la excursión por la falta de seguridad. Estas reclamaciones se consideraron fundadas y los organismos competentes procedieron con arreglo a las instrucciones cursadas por el Defensor del Pueblo.
Reducir las diferencias entre grupos de población y áreas geográficas
72. Desde la presentación de nuestro informe inicial hemos continuado trabajando para reducir la brecha entre grupos de población. Las medidas adoptadas se abordan de forma exhaustiva en los capítulos pertinentes de este informe.
Organizaciones de voluntarios que aplican y divulgan la Convención
73. Este asunto fue abordado en el informe inicial de Israel. No se han producido cambios en la materia desde la presentación de nuestro informe inicial.
Relaciones entre las organizaciones no gubernamentales y el Estado
74. Un gran número de organizaciones de voluntarios mantienen amplios contactos con los organismos gubernamentales. Aunque las ONG no participan de forma sistemática en la política de planificación, su influencia ha continuado dejándose sentir en los últimos años y, a menudo, son ellas las que toman la iniciativa de desarrollar servicios y promover textos legislativos inspirados en la Convención y cuyo objetivo es servir al interés superior del niño.
75. Como afirmábamos anteriormente, el párrafo 22 b) de las observaciones finales del Comité alienta la difusión de la Convención. Por ello, en la página web del Ministerio de Justicia figuran las versiones inglesa, hebrea y árabe del texto de la Convención. De igual modo, en la página web del Ministerio de Educación, una página popular entre los escolares y estudiantes israelíes, figuran sus versiones hebrea e inglesa.
La educación y la Convención
76. Por otra parte, el Ministerio de Educación distribuyó la Convención sobre los Derechos del Niño en la mayoría de las escuelas del país. Con ello se pretendía garantizar que los estudiantes de todas las edades conozcan la Convención.
77. La Ley de los derechos del alumno y sus normativas fueron publicadas por el Departamento del Director General del Ministerio de Educación. En aplicación de lo dispuesto en su artículo 4, cada dos años se expondrán anuncios en hebreo y árabe en las escuelas.
78. Entre 2000 y 2005, el Ministerio de Educación distribuyó un cuadernillo en hebreo y árabe en el que se resumían los derechos del niño consagrados en la Convención. El Ministerio distribuyó asimismo entre todas las escuelas un resumen de la Convención en hebreo, árabe, inglés, ruso2, amárico y español. Estos materiales se publicaron también en Internet.
79. En 2008 se realizaron actividades de formación del profesorado en la Escuela Normal de Magisterio Oranim. En 2010 se llevará a cabo un seminario adicional para el profesorado en los distritos del norte y del sur destinado a las poblaciones musulmana, beduina y cristiana.
80. El Ministerio de Educación organizó entre 2005 y 2008 un programa único para niños ciegos. En él, los alumnos estudiaron lo esencial de la Convención y los medios disponibles para ponerla en práctica. Los niños pusieron en práctica la Convención en sus propias vidas a través del uso de competencias comunicativas adquiridas en el programa (una emisión de radio). Con ello, los alumnos reforzaron sus habilidades verbales, de dicción y de entonación. Ahora son capaces de expresar su opinión personal con claridad y desde diferentes puntos de vista. Asimismo se llevó a cabo otro programa interesante en el que participaron estudiantes de secundaria y mediante el cual éstos lograron familiarizarse con la Convención y con los derechos que en ella se consagran a través de actividades conjuntas dirigidas a niños israelíes y extranjeros. Los alumnos publicaron sus artículos en una revista internacional y dos de ellos fueron enviados a la Asamblea General de las Naciones Unidas para participar en los debates mundiales que dieron lugar al documento Un mundo apropiado para los niños.
81. La Unidad del Ministerio de Educación para la Supervisión y la Puesta en Práctica de la Ley de los derechos del alumno, junto a la Organización Nacional de Padres, está llevando a cabo seminarios conjuntos para padres sobre la incorporación de los derechos del niño a la vida familiar y escolar.
82. Según el Presidente del Colegio de Psicólogos de Israel, el Jefe de los Servicios de Psicología del Ministerio de Educación (SHEFI) está dando a conocer la Convención entre los psicólogos escolares y los miembros de los servicios de orientación psicológica. Asimismo exhorta a los psicólogos a que ayuden a las escuelas a asumir la responsabilidad de respetar y promover los derechos de los alumnos.
Agentes de la policía y expertos policiales en intervención con jóvenes
83. Según el Jefe de la Sección de Intervención con Jóvenes de la Jefatura de Policía, la Policía israelí, con objeto de fortalecer la eficacia y la sensibilidad de la Policía en los procesos de intervención con jóvenes, brinda orientación y formación en el respeto a los menores de edad que son víctimas de la delincuencia. Los investigadores de la Policía asisten a cursos especiales organizados por el Departamento de Intervención con Jóvenes y encaminados a formarlos como interrogadores juveniles. Según lo dispuesto en el artículo 3 a) de la Normativa Interna de la Policía (Policía de Israel, Directiva del Departamento de Intervención con Menores de Edad/Jóvenes, en adelante: "Directiva de la Policía de Menores"), sólo un agente experto en la intervención con jóvenes (un instructor de educación no reglada) o un agente con entrenamiento especial podrá interrogar a un sospechoso menor de edad. Muchas de las normas que gobiernan la intervención policial con menores de edad no están reguladas por ley, pero pueden hallarse en las normativas internas de la Policía (Policía de Israel, Directiva del Departamento de Intervención con Menores de Edad/Jóvenes).
84. Los cursos para la formación de interrogadores juveniles reflejan el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ello, los agentes reciben información sobre las leyes y los procedimientos disponibles para la intervención con jóvenes y sobre los servicios comunitarios disponibles para menores de edad y jóvenes. Entre las materias que se imparten destaca el estímulo a la cooperación entre el agente especializado en intervención con jóvenes, el asistente social y el menor de edad.
85. Los agentes también asisten a conferencias impartidas por jueces de los Tribunales de Menores sobre procedimientos concretos de investigación con menores de edad. Actualmente se están introduciendo cambios en la materia. Estos cambios giran en torno a los menores de edad sospechosos de la comisión de delitos sexuales, el refuerzo de la tolerancia a las diferencias culturales, la prevención del delito, la mejora de los métodos de investigación y la atención que brindan los agentes policiales. Respecto a los menores de edad que han cometido delitos graves cabe destacar que se han distribuido entre los agentes expertos en la intervención con jóvenes y entre las unidades de policía de calle nuevas directrices, normativas y leyes promulgadas a la luz de la Convención y que se aplican rigurosamente.
III. Definición de niño
86. La definición de niño se abordó en nuestro informe inicial de Israel. No se han producido cambios en esta definición desde la presentación de nuestro informe inicial.
Incoación de acciones judiciales: la capacidad legal del menor de edad
87. Este asunto se abordó en el informe inicial de Israel. No se han producido cambios en la materia desde la presentación de nuestro informe inicial.
Autorización para emplear a niños
88. Este asunto fue abordado en el informe inicial de Israel. No se han producido cambios en la materia desde la presentación de nuestro informe inicial.
89. El fenómeno del matrimonio precoz subsiste en ciertos sectores de la población israelí, en particular entre los judíos ultra ortodoxos originarios de Georgia y entre los árabes. Según la Oficina Central de Estadísticas, en 2004 contrajeron matrimonio 1.360 niñas árabe-israelíes menores de 17 años. Además, el 44% de las mujeres árabes contrajeron matrimonio antes de cumplir los 19 años. En 2005, la tasa de matrimonios entre las muchachas musulmanas era 2,5 veces superior a la misma entre las muchachas judías. Por otra parte, los Tribunales de Familia recibieron en 2005 un total de 30 solicitudes de dispensa de edad matrimonial, de las que aprobaron 17. De 1997 a 2005 más de la mitad de las 251 solicitudes de dispensa de edad matrimonial fueron estimadas. De 2000 a 2006 se presentaron a la policía 41 denuncias de infracción de la Ley Nº 5710/1950 de la edad matrimonial. Se incoaron expedientes penales en la mitad de estos casos. En los demás casos se resolvió archivar el caso.
90. Recientemente se han modificado diferentes artículos del Código Penal con objeto de incluir disposiciones específicas en materia de abuso sexual cometido por un terapeuta. Este asunto se abordará en el apartado B del Capítulo VI de este informe.
Servicio militar obligatorio, servicio militar voluntario y participación en actos de guerra
91. El Estado de Israel firmó el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados el 14 de noviembre de 2001 y lo ratificó el 18 de julio de 2005. En aplicación de lo dispuesto en el párrafo 2) de su artículo 10, el Protocolo facultativo entró en vigor en Israel el 18 de agosto de 2005.
92. El informe inicial del Estado sobre la aplicación del Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados fue presentado al Comité en marzo de 2008.
93. Estos asuntos se abordaron en el informe inicial de Israel. No se han producido cambios en la materia desde la presentación de nuestro informe inicial.
94. Este asunto se abordó en el informe inicial de Israel. No se han producido cambios en la materia desde la presentación de nuestro informe inicial.
95. La Ley de justicia juvenil y el Ley de Procedimiento Penal establecen ciertas restricciones en relación con los menores de edad detenidos. Para un adulto, el tiempo máximo de detención sin orden judicial es de 24 horas. Los niños menores de 14 años, sin embargo, sólo podrán permanecer detenidos sin orden judicial durante 12 horas. En circunstancias especiales, el oficial al mando en la comisaría podrá prorrogar el tiempo de detención un máximo de 12 horas. En la Enmienda Nº 14 se establece que, para mantener bajo custodia a un menor de edad en sábado o día festivo, será necesaria la aprobación del oficial de menores de edad del distrito.
96. La prórroga del tiempo de detención prevista en la enmienda citada está sujeta a las siguientes condiciones:
Deberá existir un motivo suficiente para ello con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Nº 5756/1996 a modo de Ley de Procedimiento Penal (detenciones).
Si la decisión de prorrogar la detención no se hubiera podido adoptar antes de la medianoche y el menor de edad no se hubiera podido poner a disposición judicial por haber finalizado ya la jornada laboral, será conducido ante un juez tan pronto como comience la siguiente jornada laboral. El tiempo de detención sin orden judicial para los menores de edad de 14 a 18 años será de 24 horas, es decir, el mismo que para los adultos. En circunstancias especiales, este plazo podrá prorrogarse otras 24 horas.
97. La Ley de justicia juvenil y la Ley de Procedimiento Penal (detenciones) establecen restricciones a la detención de menores de edad. Con arreglo a lo dispuesto en dicha ley, el tiempo de detención de un niño antes de que se dicte su auto de procesamiento es el que figura a continuación.
98. La enmienda en cuestión refleja un nuevo enfoque en el derecho israelí que es acorde con el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 17 de la Ley de Procedimiento Penal (detenciones) autoriza al Tribunal de Menores a ordenar detención de un menor de edad por un tiempo máximo de 10 días (para un adulto, 15 días). El sospechoso menor de edad no podrá permanecer bajo custodia de forma ininterrumpida durante más de 20 días (el adulto, durante más de 30 días). Las solicitudes de prórroga deberán someterse a la aprobación del Fiscal.
99. En virtud del artículo 21 de la Ley de Procedimiento Penal (detenciones), en el que se aborda la detención del menor de edad una vez decretado su auto de procesamiento, el Tribunal podrá ordenar que el menor de edad permanezca bajo custodia hasta la conclusión del proceso. Para ello deberá cumplirse lo dispuesto en la Enmienda Nº 14 a la Ley de justicia juvenil, donde se estipula que:
a) El menor de 14 años no podrá permanecer detenido hasta la conclusión del proceso;
b) El menor de edad no podrá permanecer detenido más de 20 días seguidos.
100. El artículo 59 de la Ley de Procedimiento Penal (detenciones) establece para los adultos un tiempo máximo de detención de 75 días antes del auto de procesamiento. Para los niños, el tiempo máximo detención será de 40 días.
101. El tiempo máximo de detención para el menor de edad acusado de la comisión de un delito grave es de 45 días, en lugar de los 90 días autorizados para los adultos (artículo 62 de la Ley de Procedimiento Penal, detenciones).
102. La Enmienda establece asimismo que, si no se hubiera dictado sentencia, el menor de edad no podrá permanecer detenido más de seis meses (nueve, si se trata de un adulto).
Alternativa a la detención
103. La residencia de régimen cerrado puede ser una alternativa al ingreso en prisión. Según las define la Ley de justicia juvenil, las residencias de régimen cerrado son instituciones de acogida fuera del hogar o lugares donde se interna a los menores de edad que han sido allí transferidos por el Supervisor de Residencias. El internamiento de un menor de edad en una residencia de régimen cerrado puede constituir una pena principal o una medida de tratamiento alternativa a una pena. Por otra parte, se puede internar en una residencia de régimen cerrado a los menores de edad que no han alcanzado la edad de responsabilidad penal, a los que constituyen un peligro para sí mismos y/o para terceros y a los que han sido declarados en situación de necesidad. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 48 a) 9) de la Ley de Procedimiento Penal (detenciones), la prohibición de que un niño abandone el lugar de residencia (bajo fianza) no podrá superar los nueve meses. Sin embargo, el Tribunal podrá prorrogar este tiempo por un máximo de 90 días. Toda orden que prohíba bajo fianza que un niño abandone su lugar de residencia durante más de 16 horas al día deberá volver a ser examinada por el Tribunal cada tres meses mientras la medida esté en vigor.
Separación entre detenidos menores y mayores de edad
104. En la observación final Nº 61 sobre el informe periódico previo de Israel, el Comité de los Derechos del Niño recomienda que el sistema de justicia juvenil integre de forma plena en su legislación rectora y en la práctica las disposiciones de la Convención. El artículo 13 de la Ley de justicia juvenil exige que los reclusos menores y mayores de edad estén separados. Este artículo fue enmendado en 2008 con objeto de incorporar normas más detalladas sobre tal segregación. En la Enmienda Nº 14 se establece que los menores de edad deben permanecer en un centro de reclusión especial para personas menores de edad o en un pabellón distinto dentro de un centro de reclusión ordinario. De forma excepcional se permitirá que una menor de edad comparta celda con una reclusa adulta. Para ello es necesario que la menor de edad consienta y que concurran las siguientes condiciones: que la reclusión en solitario sea inconveniente para la menor de edad; que la compañía de una reclusa adulta responda al interés superior de la niña (o que no sea posible que la acompañe otra reclusa menor de edad) y que dicha compañía no suponga riesgo alguno para la salud física o psicológica de la menor de edad. Tal situación deberá ser aprobada por una autoridad judicial en un plazo de 24 horas. La enmienda citada también estipula que los menores de edad reclusos y bajo la custodia de la autoridad penitenciaria tendrán derecho a entrevistarse con un asistente social en un plazo de 24 horas o, en todo caso, en el menor plazo posible tras la conclusión del Sabbat o de un día festivo.
Detención con fines de protección
105. Se podrá detener a un menor de edad en aras de su protección. En el artículo 10 3) de la Ley de justicia juvenil se estipula que "el juez ante el que comparezca el menor de edad podrá decretar mantenerlo detenido si ello es necesario para garantizar la seguridad personal del menor de edad o para alejarlo de la compañía de personas indeseables". Los agentes de policía podrán, por los mismos motivos, ordenar la detención de un menor de edad durante 12 horas hasta su puesta a disposición judicial. En circunstancias especiales este plazo podrá ampliarse hasta 24 horas.
Los niños en el proceso penal
106. Una enmienda de 2004 introdujo diferentes modificaciones en esta materia y, en particular, las que se describen a continuación.
107. Aplicación de procedimientos especiales que permitan a los niños testificar ante los órganos judiciales en relación con aquellos delitos a los que es de aplicación la Ley (art. 2 d)). A este respecto cabe mencionar que el investigador especializado en la intervención con jóvenes podrá autorizar la declaración del niño con ciertas condiciones. El investigador, por ejemplo, podría exigir que el niño declare a través de un circuito cerrado de televisión, en una fecha concreta, sin ocupar el banquillo de los testigos, en el despacho del juez, etc.
108. En la observación final del párrafo 32, el Comité de los Derechos del Niño exhortó a continuar la integración del respeto a la opinión del niño. Por ello, el investigador especializado en la intervención con jóvenes y el Tribunal sólo adoptarán decisiones relativas a la declaración y a las medidas testificales una vez que hayan escuchado la opinión del niño, si es que éste puede expresar su opinión. La opinión del niño se evaluará atendiendo a su edad y a su madurez (art. 2 f)).
109. Una vez que haya resuelto si permite o no declarar al niño, el investigador o la investigadora juvenil deberá sin demora volver a considerar su decisión sobre la admisión de dicho testimonio (art. 2 g)).
110. La decisión del investigador especializado en la intervención con jóvenes podrá ser reconsiderada por un investigador juvenil de superior rango (art. 2 h)).
111. El investigador especializado en la intervención con jóvenes deberá aducir razones de peso que justifiquen sus decisiones (art. 2 i)).
112. La enmienda de 2004 a la Ley Nº 5718/1957 para la revisión del procedimiento penal (examen de testigos), antes citada, estableció como norma que antes de interrogar a un niño se deberá informar a sus padres, salvo que concurran determinadas circunstancias, por ejemplo, que se tema que la información a los padres puede menoscabar el bienestar físico y psicológico del niño, o que el sospechoso sea un pariente del niño y se tema que éste puede recibir algún daño. También podrá prescindirse de informar a los padres cuando, a pesar de haberse realizado un razonable esfuerzo para ello, resulta en extremo difícil informarlos y la demora podría frustrar el interrogatorio o la prevención de un delito (art. 4 a)). Además, el tenor reformado de la ley establece que, si fuere necesario interrogar al niño sin haber informado a sus padres, el niño podrá, en determinadas circunstancias, ser evacuado del lugar en el que se encuentra (escuela, jardín de infancia, etc.) (art. 4 b)). Para ello se exigen ciertas condiciones, como que se haya consultado a docentes que conocen al niño, que se hayan dado explicaciones al niño, que se haya informado de la identidad del investigador especializado en la intervención con jóvenes al responsable de la institución en cuestión, etc. La decisión de un investigador de interrogar a un menor de edad sin contar con la presencia de sus padres o de un familiar cercano deberá quedar registrada y deberá estar bien justificada. Con todo, si en la sala de interrogatorio está presente un progenitor o un familiar y éste interrumpe o interfiere de algún modo, por ejemplo amenazando al niño de forma directa o indirecta, el interrogador estará autorizado a expulsar al familiar de la sala. En tal caso, el investigador especializado en la intervención con jóvenes deberá justificar suficientemente su decisión.
113. Una enmienda de 2006 dispone que el niño con discapacidad mental deberá ser interrogado por un investigador especializado en la intervención con jóvenes especial con arreglo a lo dispuesto en la Ley Nº 5766/2005 sobre los procedimientos en materia de interrogatorios y declaraciones (adecuación a las personas con discapacidad mental o física).
114. La Enmienda Nº 10 de 12 de agosto de 2004 a la Ley de pruebas (protección al niño) completa el artículo 2 f) de dicha ley. La enmienda citada dispone que el investigador especializado en la intervención con jóvenes deberá decidir si permite o no declarar al menor de edad, así como las condiciones en que tendrá lugar la declaración, con arreglo al artículo 2 d) de la citada ley. El Tribunal pondrá fin a la declaración o establecerá condiciones para la misma con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, párrafos c) y e), de la citada ley, y ello solo después de que el menor de edad, si tiene capacidad para formarse una opinión, haya tenido la oportunidad de expresar su parecer sobre la declaración y la manera en que ésta habrá de llevarse a cabo. Se dará a la opinión del menor de edad la consideración que merece a la vista de su edad y de su madurez.
115. La Enmienda Nº 14 de 2008 a la Ley de justicia juvenil añade las siguientes condiciones al interrogatorio practicado a los menores de edad:
La enmienda citada impone la norma de que los niños que no son sospechosos de haber cometido un delito grave no podrán ser interrogados durante la noche, salvo que sea el propio niño el que interpuso la denuncia o un oficial del Grupo de Protección al Niño tenga el convencimiento de que el niño en cuestión corre peligro. En tales casos, la enmienda citada establece que un oficial del Grupo de Protección al Niño (supervisor del equipo de trabajadores sociales en materia de protección al niño) podrá practicar el interrogatorio durante la noche (artículo 9 de la Ley de justicia juvenil).
La Enmienda Nº 14 también amplió la definición de información parental. El oficial responsable de la comisaría a la que se condujo al menor de edad deberá ponerse en contacto con alguno de sus progenitores.
Los niños tienen derecho a consultar a uno de sus padres antes de que se proceda al interrogatorio, así como a estar acompañado por un progenitor o familiar cercano durante el interrogatorio. Es asimismo obligatorio informar al menor de edad de que tiene derecho a consultar a un abogado, a ser representado por un abogado y a que uno de sus padres u otro familiar lo acompañe durante el interrogatorio.
116. Recientemente, el Tribunal de Distrito de Tel Aviv resolvió que en virtud de auto judicial se podrá autorizar la publicación de los documentos gráficos incluidos en la investigación practicada a un sospechoso incluso si la causa sigue abierta. No obstante, en la publicación no figurarán referencias a las declaraciones de testigos (salvo de los que sean agentes de policía) ni datos de identificación sobre menores de edad con participación directa o indirecta en la causa (Cr. C. 40247/07, Israeli News Company Inc. c. el Estado de Israel, 25/12/2008).
Representación sin consentimiento de los padres
117. Este asunto se abordó en nuestro informe inicial. El 27 de junio de 1997, el ex Ministro de Justicia designó al Comité Rotlevi para examinar principios fundamentales relativos a los niños y al derecho (véase supra). Seguidamente, en 2003, se presentaron al Ministro de Justicia seis informes elaborados por los subcomités, uno de los cuales abordaba el incremento de la representación letrada de niños en los procesos civiles.
Representación letrada del niño en los procesos civiles
118. En ocasiones, para garantizar un proceso judicial apropiado resulta esencial que en los procesos civiles el niño disponga de representación letrada independiente. El Tribunal Supremo, así como los órganos judiciales inferiores, reconocen la trascendencia de este asunto y por ello lo han potenciado en los últimos años. El Subcomité para la representación del niño en los procesos civiles planteó la cuestión sentando las bases para la elaboración de leyes específicas inspiradas en la Convención. En consecuencia, el Comité formuló una serie de recomendaciones relativas a la representación de los niños.
119. El Subcomité para la representación del niño en los procesos civiles, además de hacer uso de los principios de la Convención, adoptó y adaptó en la materia otros modelos de diferentes países del mundo. El objetivo de las recomendaciones no es "asignar" un letrado a cada niño, sino ayudar a los niños que sufren dificultades excepcionales derivadas de problemas judiciales. Las recomendaciones del Comité abordan la representación letrada de los niños menores de 18 años e incluyen tanto los tribunales civiles como los tribunales de apelación. El Subcomité elevó las recomendaciones que constan a continuación.
Derecho del niño a la representación
120. Los litigios familiares incumben a los intereses de ambas partes. Sin embargo, los derechos del niño pueden pasar desapercibidos y no ser abordados. Tales circunstancias exigen que los órganos judiciales intervengan y garanticen que la opinión del niño sea escuchada. En circunstancias óptimas, el niño estará representado por sus padres. Sin embargo, si se daña el interés superior del niño, el deber del Estado es proporcionar representación letrada independiente que actúe en nombre del niño.
Facultad discrecional de la autoridad judicial
121. El Subcomité para la representación del niño en los procesos civiles formuló ciertos principios encaminados a ayudar a la autoridad judicial a decidir si debe designarle un representante al niño. A continuación se presentan dos situaciones en las que es obligada la designación de un representante legal que actúe en nombre del hijo:
a) Cuando los padres no pueden representar el interés superior del niño, ya sea porque existe un conflicto de intereses o por incapacidad personal. En este supuesto se designará a quien represente al niño para los fines del proceso judicial.
b) Cuando se trate de un niño mayor de 12 años capaz de expresar verbalmente sus deseos se le designará un representante legal para permitir que sus deseos se transmitan al Tribunal.
122. La frecuencia con que se designa representante a los niños varía en función de su madurez y de su capacidad personal. El Subcomité distingue entre los niños menores y mayores de 12 años.
123. Cuando un niño es menor de 12 años, la representación legal tiene una naturaleza similar a la tutela dativa. La representación del niño apoya el principio de bienestar, por lo que los deseos del niño ganan en credibilidad a medida que éste crece.
124. Cuando el niño es mayor de 12 años, la representación legal servirá de vehículo para expresar los deseos del menor de edad.
125. El Subcomité para la representación del niño en los procesos civiles recomendó que la facultad discrecional en relación con los niños de entre 10 y 14 años de edad continúe en manos de la autoridad judicial. Con todo, deberá tenerse en cuenta la madurez y la capacidad legal del menor de edad. Dicha capacidad se mide considerando hasta qué punto el niño es capaz de entender los asuntos en cuestión.
126. El Subcomité para la representación del niño en los procesos civiles recomendó asimismo que se reconozca que la representación legal del niño constituye un campo jurídico complejo (e independiente) de carácter interdisciplinario. En este ámbito se precisan profesionales especializados en: 1) atención al niño, 2) legislación relativa al niño y 3) desarrollo infantil.
127. El Subcomité recomendó que los órganos judiciales recopilen y mantengan un listado de profesionales especializados en la atención jurídica al niño y designen exclusivamente a profesionales que figuren en dicho listado. El Subcomité sugirió también que se adopte el modelo interdisciplinario de ayuda profesional, esto es, el que consiste en que un consejero (psicólogo, psiquiatra o trabajador social) trabaje codo con codo con el representante legal con objeto de lograr resultados óptimos para los niños involucrados en problemas judiciales.
128. El Subcomité para la representación del niño en los procesos civiles recomendó que los letrados que representan a menores de edad estén sujetos a normas éticas adicionales entre las que se incluyen directrices en materia de transmisión de información sobre menores de edad, así como de confidencialidad e inmunidad de los menores de edad en los procesos judiciales. Además, el Subcomité recomendó que se haga un seguimiento de la continuidad y la regularidad con que se ejerce la representación del menor de edad, que se ratifique la participación del menor de edad en el proceso y que se imponga la obligación de actuar de buena fe al concluir acuerdos entre las partes.
129. La persona que actúe en calidad de tutor o representante legal del niño estará sujeto a plena obligación fiduciaria. Como tal, la persona responsable de los asuntos legales del niño estará obligada a tratarlo con respeto y a conceder a su opinión suficiente relevancia.
130. El Subcomité para la representación del niño en los procesos civiles recomendó que se instituya una unidad de representación legal al servicio de los niños y de los jóvenes. Como afirmábamos antes, el Estado es responsable del cumplimiento del derecho del niño a la representación legal y de sufragar los gastos generados por ello y, en consecuencia, el Ministro de Justicia debería instituir la unidad antes citada.
131. Las recomendaciones establecen que el niño, sus padres, el representante del Estado, la Fiscalía del Estado y los trabajadores sociales de los Tribunales de Familia (Unidad de Asistencia) podrán solicitar del Tribunal la designación de un representante legal para el niño.
132. La legislación y la jurisprudencia hacen igualmente hincapié en el derecho del niño a ser escuchado cuando sobreviene un conflicto entre él, o ella, y sus padres. En aplicación de la Ley de la capacidad jurídica, el Tribunal designará a los padres o tutores representantes de los menores de edad en los procesos judiciales, aunque igualmente podrá designar a terceros. La ley autoriza a la autoridad judicial a designar a quien represente al niño (un tutor legal o un abogado).
133. Designar abogados de oficio a los menores de edad permite incrementar el número de éstos que gozan de representación letrada en los procesos penales. La Ley de la asistencia jurídica prevé que se financie la totalidad de la representación legal del niño.
Procesos ante el Tribunal Militar
134. La Enmienda Nº 14 a la Ley de justicia juvenil introdujo otros muchos cambios, inclusive en lo relativo a los procesos que se llevan ante el Tribunal Militar.
135. El artículo 45 de la Ley de justicia juvenil dispone que la normativa en materia de justicia juvenil no será de aplicación a los procesos que se lleven ante el Tribunal Militar ni a la Ley Nº 5715/1955 de la justicia militar (en adelante: "Ley de la justicia militar"). Sin embargo, el artículo 45 a) de la Ley de justicia juvenil dispone que el niño de 16 años podrá ser procesado por un Tribunal de Justicia Militar (en consonancia con las Directivas sobre protección (urgencia) de 1945). La Enmienda Nº 14 establece que, cuando procese a un recluta menor de 16 años, el Tribunal de Menores ostentará la consideración de Tribunal Militar. Por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 a) de la Ley de justicia juvenil (De los procedimiento en materia de justicia juvenil), en tales circunstancias se pondrán a cargo de los Tribunales de Menores a jueces togados militares con formación específica que les permita ocuparse de asuntos relacionados con niños y jóvenes.
136. Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de adopciones, son adoptables los niños menores de 8 años. Sin embargo, no se permite la adopción del nasciturus ni, tampoco, la del adulto mayor de 21 años. En aplicación del artículo 7 de la Ley de adopciones, el Tribunal no concederá la adopción si no le ha quedado acreditado que el niño mayor de 9 años, o menor de 9 años pero capaz de comprender la situación, ha consentido en ser adoptado por ese adoptante o adoptantes concretos.
137. En caso de adopción, el Tribunal deberá escuchar la opinión de niños mucho más pequeños, salvo que sean lactantes. Por otra parte, existen supuestos en los que el Tribunal podrá autorizar la adopción sin desvelar el asunto al adoptado. Para ello se han impuesto dos condiciones:
El adoptado desconoce que el/la adoptante no es su progenitor;
Todo indica que el adoptado desea continuar su relación con el adoptante.
138. El interés superior del adoptado exige no poner al niño o a la niña al tanto de la adopción. En lugar de escuchar al adoptado en persona, el Tribunal podrá cerciorarse de sus deseos de algún otro modo, por ejemplo, acudiendo a un agente de Protección al Niño.
139. Otros cambios relativos a la Ley de adopciones se abordarán más adelante.
140. Como norma, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley Nº 5716/1956 del nombre (en adelante: "Ley del nombre"), los nombres de los menores de edad son elegidos y pueden modificarse sin el consentimiento de éstos. Con todo, en ciertos casos, el Ministro de Interior podrá intervenir en la decisión adoptada en la materia por los padres o tutores.
141. El 18 de febrero de 2008 se promulgó una enmienda a la Ley del nombre en relación con el nombre del padre (el cual figura en el documento de identidad del menor de edad expedido por el Estado) cuando éste es desconocido. Cuando el niño sea menor de 16 años, la madre podrá determinar el nombre de pila del padre desconocido o dejarlo indeterminado. Sin embargo, si el niño ha cumplido 16 años y el nombre del padre se desconoce o no ha quedado establecido, el niño podrá determinarlo o dejarlo indeterminado. Por último, la enmienda citada dispone que la persona mayor de 16 años tendrá derecho a cambiar el nombre de su padre cuando fue su madre la que lo estableció.
Capacidad legal para heredar y transferir propiedades
Capacidad legal para heredar
142. Este asunto se abordó en el informe inicial de Israel. No se han producido cambios en la materia desde la presentación de nuestro informe inicial.
143. El artículo 193A a) del Código Penal dispone que el que incitare a una persona menor de 18 años al consumo de alcohol será castigado con la pena de tres meses de prisión.
144. La Enmienda Nº 79 de 9 de julio de 2004 al Código Penal completa el artículo 193A añadiendo el artículo 193A a1): "El que vendiere alcohol a una persona menor de 18 años será castigado con la pena de seis meses de prisión".
145. La posibilidad de que un menor de edad obtenga un permiso de conducir depende del tipo de vehículo. El menor de edad podrá obtener un permiso válido para tractores o motocicletas de hasta 125 cc. a partir de los 16 años. Si aún no ha cumplido 17 años, el niño que pretenda obtener el permiso de conducir deberá contar con el consentimiento escrito del padre o tutor.
146. Una vez cumplidos 17 años, el menor de edad podrá obtener permiso de conducir válido para la mayoría de vehículos privados y comerciales, siempre que el peso total del vehículo no supere las 3,5 toneladas y el número máximo de pasajeros no exceda de ocho.
147. Se considera que un conductor es novel durante los dos años siguientes a la obtención del permiso. En los tres meses siguientes a la obtención del permiso, el menor de edad deberá conducir el vehículo acompañado por un conductor experimentado. Después de esos tres meses, y hasta cumplir 21 años, se abstendrá de transportar más de dos pasajeros, salvo que esté acompañado por un conductor experimentado. Cumplidos 21 años podrá obtener licencia válida para autobuses, taxis o vehículos de salvamento.
148. La Normativa Nº 5721/1961 del transporte (en adelante: "Normativa del transporte") permite a un menor de edad comenzar a tomar lecciones de conducción antes de haber cumplido la edad en la que le está permitido obtener el permiso. Por ello, se puede comenzar a aprender a conducir motocicletas (de hasta 125 cc) a los 16 años, y a conducir tractores y la mayoría de vehículo de uso privado, a los 16 años y medio.
149. Al cumplir 17 años, el menor puede solicitar una licencia como piloto aprendiz.
150. El 6 de diciembre de 2005, el Knesset promulgó la Ley Nº 5766/2005 sobre los pacientes con enfermedades terminales (en adelante: "Ley de los pacientes con enfermedades terminales") en respuesta al dilema ético-médico que representaba el tratamiento a tales enfermos. La Ley se basa en las recomendaciones formuladas por el Ministerio de Salud en 2000. Para más detalles, véase infra.
A. Artículo 6. Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo
Derecho a la vida y al desarrollo físico
151. Diversas enmiendas fueron propuestas al Comité Rotlevi sobre el alcance y la aplicación de la Ley de justicia juvenil. El Comité recomendó varios mecanismos encaminados a garantizar los derechos físicos, psicológicos, sociales y educativos del niño en cualesquiera situaciones en las que se encuentre privado de libertad. Entre estos derechos se incluye cubrir sus necesidades esenciales (ropa, alimentos, atención médica, higiene, etc.), psicoterapia, tratamiento psiquiátrico, protección contra la violencia, ocio, actividad física y refuerzo de los vínculos familiares.
152. Otro asunto que ha generado preocupación en relación con el bienestar de los niños y de los jóvenes es la cuestión de los accidentes, en particular de los que tienen lugar en el hogar o en sus inmediaciones, en carretera, en la escuela o en el curso de actividades sociales. Aproximadamente un cuarto del total de las muertes infantiles están causadas por accidentes. En los últimos años se ha intentado reducir el número de accidentes de tráfico organizando campañas en los medios de comunicación y en los centros escolares (inclusive con la participación de niños en las patrullas de control). Se han creado programas encaminados a promover comportamientos seguros y a fomentar el cumplimiento de las medidas de seguridad (a lo largo de este informe ofreceremos ejemplos de algunos de estos programas).
Desarrollo emocional, cognitivo y social y adquisición de competencias
153. El gasto nacional total en educación ascendió en 2007 a 56.200 millones de NSI (15.100 millones de dólares), lo que supone el 8,3% del PIB. El gasto nacional total en educación (en precios constantes) se incrementó en 2007 un 5%, frente al 2% de 2006 y 2005.
154. El Gobierno de Israel fundó en noviembre de 2003 un comité público presidido por el profesor Hillel Schmidt. El objetivo de dicho comité era examinar la situación de los niños y jóvenes de entre 0 y 18 años en situación de riesgo en Israel. En 2008, el Gobierno israelí lanzó, a través de Ashalim (Asociación para la Planificación y el Desarrollo de Servicios para Niños y Jóvenes en Situación de Riesgo y para sus Familias), una iniciativa nacional para la primera infancia conocida como "New Beginnings"
155. En Israel, 80.000 niños de entre 0 y 18 años han sido declarados "en situación de riesgo", lo que supone el 8% del total de la población infantil. Estos niños carecen de atención parental suficiente o sufren dificultades educativas severas y pobreza. La asociación New Beginnings brinda en numerosas localidades azotadas por la pobreza programas que incluyen la mejora de los servicios que se brindan en los centros de atención diurna, visitas domiciliarias realizadas por profesionales, programas paterno-filiales, programas de formación para padres, refuerzo nutricional y sanitario, detección de retrasos en el desarrollo y prevención de accidentes.
156. Según datos de las autoridades competentes en materia de bienestar, 40.000 niños son cada año víctimas de abuso, explotación y negligencia y tienen derecho a recibir tratamiento. De los niños evaluados por los investigadores de protección a la infancia en 2007, muchos fueron clasificados como víctimas de abusos cometidos por miembros de la familia (56,1%) y casi un tercio, como víctimas de abuso sexual (31%).
157. Se han introducido nuevas medicinas en las compañías sanitarias israelíes, por lo que ahora están incluidas entre los medicamentos a disposición de los asegurados. Algunos de estos medicamentos están expresamente destinados a los niños y fortalecen la atención que se brinda a la infancia.
Derecho de los niños con discapacidad a la vida, la supervivencia y el desarrollo
158. En 2007, 293.000 niños con discapacidad o enfermos crónicos residían en Israel, lo que supone el 12,8% del total de la población infantil del país. Aproximadamente 176.000 niños, de un total de 293.000, sufren discapacidad o enfermedad crónica. De ellos, el 7,7% sufrieron discapacidades que incidieron en su vida cotidiana durante un período de al menos un año.
159. El porcentaje de niños que sufren al menos una discapacidad asciende entre la población beduina (en la región meridional del Neguev) al 9,1%, al 8,3% en el total de la población infantil árabe y al 7,6% entre los niños judíos.
160. Entre 2001 y 2005 se registró una disminución en el porcentaje de niños con discapacidad que fueron agredidos sexualmente o víctimas de la violencia doméstica (del 11,2% al 9%).
161. En comparación con los países occidentales, Israel tiene una tasa relativamente alta de niños que nacen con muy bajo peso. La tasa de niños nacidos con bajo peso aumentó de un promedio del 15,8% entre 1995 y 1998 al 18% en 2005.
162. En torno al 25% de los niños con discapacidad viven con ambos progenitores desempleados y, en numerosas ocasiones, éstos dependen de un subsidio de apoyo a la renta. Entre la población beduina, el 50% de los progenitores de niños con discapacidad se encuentran desempleados.
163. El 9% de los niños con discapacidad fueron víctimas de agresiones sexuales o de la violencia familiar y fueron interrogados por un investigador especial de protección a la infancia, porcentaje superior al que se registra en el total de la población infantil israelí (7,5%).
164. En Israel hay aproximadamente 46.000 alumnos integrados en el sistema de educación especial. Se incluyen en éste los jardines de infancia para niños con discapacidad, las escuelas para niños con discapacidad y las aulas de integración para niños con discapacidad ubicadas en los centros ordinarios. Entre 2002 y 2005, el porcentaje de alumnos con discapacidad y de aulas de integración aumentó un 16%. En el mismo período, el número de jardines de infancia para niños con discapacidad aumentó un 26%. En 2005, aproximadamente 72.164 niños con discapacidad fueron integrados en el sistema de educación ordinaria.
165. Entre los niños con discapacidad escolarizados en el sistema de educación especial, el 38% sufre dificultades de aprendizaje. La mayoría de los niños de este grupo estudian en aulas asignadas a niños con discapacidad en colegios ordinarios. Los niños con discapacidad mental constituyen un grupo significativo en el sistema de educación especial y suponen aproximadamente el 20% de su población infantil total.
166. Como afirmábamos anteriormente, la Ley Nº 5758/1998 de la educación especial (en adelante: "Ley de la educación especial") fue reformada en 2002 con objeto de añadirle un capítulo dedicado expresamente a los niños con discapacidad. En su observación final Nº 40, el Comité de los Derechos del Niño recomendó que el Estado continuara redoblando sus esfuerzos para garantizar que se brindan los servicios necesarios para cubrir las necesidades de los niños con discapacidad. El objetivo de la enmienda citada era garantizar que se presta el mismo nivel de servicios a los niños que asisten a escuelas ordinarias y a los niños con discapacidad. Además, la enmienda obliga al comité de asignación de centro a favorecer en mayor medida la integración de los niños con discapacidad en centros de educación ordinaria que en centros de educación especial. Entre los objetivos de la enmienda se cuenta la integración de los niños con discapacidad en el sistema de educación ordinario y el incremento gradual del presupuesto asignado a tales fines. La elegibilidad la determina un comité de asignación de centro integrado por representantes del sistema escolar local (su Presidente), dos inspectores del Ministerio de Educación, un psicopedagogo, un psiquiatra, un trabajador social y un representante del Comité Nacional de Padres de Alumnos de Educación Especial. El comité de asignación de centro deberá escuchar a los padres o representantes del alumno antes de adoptar una decisión. Asimismo podrá escuchar directamente al niño. Con anterioridad a la aprobación de la enmienda de 2002, los niños con discapacidades no físicas que requieren atención y que han cumplido los seis años (edad en la que, con arreglo a lo previsto en la Ley del seguro sanitario nacional, dejan de tener derecho a atención) podían recibir atención a través del sistema de educación especial. Estos niños eran anteriormente atendidos a través de la "cartera de servicios de refuerzo", que cubría sus necesidades solo de forma parcial. Esta enmienda cubre sus necesidades e equipara los servicios que se brindan a todos los niños.
Datos relativos a los niños y a las instituciones
167. Desde 2009, 57.943 niños con discapacidad fueron integrados en diferentes centros educativos. Esta cifra representa el 3,2% del total del alumnado de Israel (estimado en aproximadamente 1,8 de alumnos). De ellos, 9.677 asisten a jardines de infancia de educación especial, 27.592 estudian en aulas de educación especial integradas en centros ordinarios y 20.674 asisten a centros de educación especial.
168. En torno a 75.000 niños con discapacidad están integrados en el sistema de educación ordinario. Aproximadamente 56.000 (el 75%) son judíos y los otros 19.000 (el 25%) son integrantes de la población árabe de Israel. La Ley de la educación especial es de aplicación a unos 133.000 niños, 103.000 de los cuales estudian en centros de educación ordinaria (en aulas ordinarias o en aulas de educación especial) y 30.000, en instituciones asignadas a niños con discapacidad.
docs -> Estados unidos mexicanos

References: Artículo 6
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 37
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 27
 Artículo 21
 Artículo 23
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 34
 artículo 44
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 artículo 28
 resolución 
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 24
 artículo 2
 artículo 18
 resolución 
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 29
 artículo 17
 artículo 21
 artículo 59
 artículo 48
 artículo 13
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 Artículo 6