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Timestamp: 2019-10-23 00:42:46+00:00

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Competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en supuestos de jurisdicción voluntaria y de modificación de medidas - El Derecho
Foro 01-02-2016 Coordinador: Prieto Fernández-Layos
Por sugerencia de nuestro compañero don Juan Pablo González del Pozo...
-Será competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del hijo. No obstante, si el ejercicio conjunto de la patria potestad por los progenitores hubiera sido establecido por resolución judicial, será competente para conocer del expediente el Juzgado de Primera Instancia que la hubiera dictado-.
-Será competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente. No obstante, si el ejercicio conjunto de la patria potestad por los progenitores o la atribución de la guarda y custodia de los hijos hubiera sido establecido por resolución judicial, así como cuando estuvieran sujetos a tutela será competente para conocer del expediente el Juzgado de Primera Instancia que hubiera conocido del inicial-.
-El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges, podrán solicitar del tribunal que acordó las medidas definitivas, la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas-.
Este foro ha sido publicado en la -Revista de Derecho de Familia-, el 1 de enero de 2016.
Antes de dar contestación a la primera pregunta formu...
Antes de dar contestación a la primera pregunta formulada, es importante establecer unas premisas necesarias que servirán de soporte a la conclusión definitiva resolutoria de la cuestión objeto de controversia. Así, procede destacar que los efectos de las sentencias matrimoniales, por las que se han de regir en lo sucesivo las relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges e hijos -arts. 92 y ss CC-, si bien producen excepción de cosa juzgada material, ello no significa que, una vez fijados tales efectos, se mantengan inalterables ante los distintos avatares por los que pueda discurrir la fortuna y necesidades de los miembros de la unidad familiar, afectados por el proceso de nulidad, separación y divorcio por ello, como no podría ser de otra forma, el legislador desde un primer momento dispuso la posibilidad de variación de dichas medidas judicialmente señaladas, siempre y cuando concurriese el supuesto de hecho contemplado en los arts. 90 y 91 CC, es decir, en los casos en los que se produjese “una alteración sustancial de circunstancias” o “sustancial de fortuna” para el caso de la pensión compensatoria -art. 100 del referido texto legal-. Es decir, la modificación de las medidas adoptadas judicialmente en defecto de acuerdo entre las partes en los procesos matrimoniales, sólo puede ser acordada en virtud de las normas anteriormente sustantivas expresadas cuando cambien sustancialmente las circunstancias, deduciéndose de ello un principio general de estabilidad de las mismas, puesto que la modificación sólo podrá tener lugar cuando se alteren las circunstancias iniciales de tal manera que supongan un grave perjuicio para alguno de los destinatarios de las medidas adoptadas, siendo tal disposición una traslación al ámbito del derecho de familia del principio contractualista “rebus sic stantibus”.
Por tanto, conforme a lo establecido en el art. 90, penúltimo párrafo, CC, las medidas judicialmente aprobadas en los procesos de nulidad, separación o divorcio, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio, pero para ello es necesario, señala el mismo precepto legal, que se hayan alterado sustancialmente las circunstancias, de lo que se deduce: a Que haya existido, y se acredite debidamente, una modificación o alteración de las circunstancias tenidas en cuenta por los cónyuges, o por el Juez, para la adopción de las medidas establecidas en el convenio regulador de la separación o del divorcio, o en la correspondiente resolución judicial, de tal manera que las existentes al tiempo de solicitar la modificación de aquellas medidas sean distintas de las existentes al tiempo de su adopción b Que dicha modificación o alteración de las circunstancias sea sustancial, es decir, de tal importancia que haga suponer que, de haber existido tales circunstancias al momento de la separación o el divorcio, se hubieran adoptados medidas distintas, al menos en su cuantía por lo que hace a las prestaciones económicas c Que tal modificación o alteración de circunstancias, no sea esporádica o transitoria, sino que se presente con caracteres de estabilidad o de permanencia en el tiempo, y d Que la referida modificación o alteración de circunstancias no haya sido provocada o buscada voluntariamente o de propósito para obtener una modificación de las medidas ya adoptadas, sustituyéndose por otras que resulten más beneficiosas al solicitante.
Lo anterior se presenta en la actualidad como algo incuestionable y que nadie pone en duda, pero, cuando se hablaba de a qué órgano judicial correspondía conocer territorialmente de la/s demandas de modificación de medidas definitivas adoptadas judicialmente sí se abrió un importante debate cuando se diera un cambio de domicilio de los cónyuges o pareja, lo que generó dos hipótesis, bien que debía recaer sobre el Juzgado de Primera Instancia -o de Familia, o de Violencia sobre la Mujer que conoció de las actuaciones anteriormente del procedimento de separación o divorcio, bien que correspondiera su conocimiento, en aplicación de las reglas de competencia territorial contenidas en el art. 769.1 LEC -EDL 2000/77463-, cuestión sobre la que se abrieron en su día dos posiciones diametralmente opuestas y enfrentadas: a La de quienes consideraron que el procedimiento de modificación de medidas es de carácter “autónomo” y que, por tanto, ninguna relación guarda con proceso anterior, haciendo así entrar en juego las reglas de competencia marcadas por el art. 769.1 LEC y b Una segunda tesis por la que se calificaba a dicho procedimiento de mero “incidente” del proceso anterior, por lo que aún cuando los cónyuges cambien de domicilio, la competencia para conocer del asunto quedaba en todo momento atribuida en favor del Juzgado que conoció del asunto con anterioridad, consiguiendo con ello preservar mejor el principio de seguridad jurídica, unificándose en un solo Juzgado todas las actuaciones -proceso principales, incidentales y ejecución de sentencias-, encontrando apoyo legal en el art. 61 LEC, y jurisprudencial en la Sentencia del TC 61/2000, de 13 de marzo, al revolver una cuestión de jurisdicción en su fundamentación en referencia al art. 55 LEC/1881 -actual art. 61 LEC/2000 al señalar que “es indudable que el artículo 55 LEC permite declarar, como hicieron las resoluciones impugnadas, que la modificación de las medidas derivadas de separación o divorcio corresponde al Juez que las dictó”. Esta segunda tesis incidental fue la seguida inicialmente por la Sala 1ª del TS en el auto de 10 de octubre de 2001 -EDJ 2001/98905-, entre otros, al considerar que el art. 775.1 LEC cuando utiliza la expresión “podrán solicitar del tribunal”, la designación genérica de éste es equivalente a órgano jurisdiccional, entendiendo por tal el que dictó la resolución, el que acordara las medidas que son objeto de modificación, deduciendo ello de que el art. 775.2 al remitirse al art. 771 -en su redacción original-, lo hacía tan solo en cuanto al trámite, al iter procesal, pero no a la competencia -“estas medidas se tramitarán conforme a lo dispuesto en el art. 771 …”-, quedando corroborado, se decía, por el hecho de que si lo pedían de común acuerdo o por un cónyuge con el consentimiento del otro, se seguía el procedimento del art. 776 variando tan solo el trámite procesal, pero no la competencia. Así, concluía con que la solución que se ofrecía en una hermenéutica literal del texto legal encontraba además su apoyo en la praxis mayoritaria de los Juzgados que acordaban la remisión del procedimiento al Juzgado que dictó la resolución de separación y/o divorcio, y así parecía deducirse de la literalidad del citado art. 775 que la modificación de las medidas definitivas se solicita del propio tribunal que las dictó, variando, según los diversos supuestos de tal precepto, el régimen procedimental, pero sin afectar a la competencia. Sin embargo, posteriormente, en resoluciones -autos de 24 de octubre de 2002 -EDJ 2002/136497-, de 11 de febrero de 2003 -EDJ 2003/52128 y de 22 de octubre de 2004 -EDJ 2004/227266-, la Sala 1ª del TS procedió a modificar su criterio entendiendo que una vez recaída sentencia firme, la modificación de medidas no se puede considerar como un incidente del juicio principal, ni como ejecución de sentencia, y así viene a ser confirmado en auto de 16 de octubre de 2008 en donde con cita de las anteriores resoluciones expresadas señala que:
Pues bien, este vacío legal, ahora, con las recientes modificaciones legislativas del año 2015 viene a quedar solventado en la medida en que la competencia territorial queda atribuida en favor del Juzgado de Primera Instanjcia -o Familia que ya anteriormente hubiera acordado las medidas definitivas, consiguiéndose así, como acabamos de decir, una mayor seguridad jurídica al ser un mismo órgano judicial el que conozca desde un principio de todas las medidas personales o económicas que afecten a un determinado núcleo familiar.
El interrogante, como así parece ser preguntado, es qué sucede cuando las medidas inicialmente establecidas lo fueron por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, si deben darse los presupuestos del art. 87 ter, apartado 3 LOPJ -EDL 1985/8754-, para que de esa demanda tome conocimeitno éste órgano o, en su caso, deba serlo el de Primera Instancia o Familia. A mi entender, habrán de ser los Juzgados de Violencia los que deban conocer de tales demandas de modificación de medidas, aunque hayan desaparecido los requisitos señalados por la indicada norma orgánica. La respuesta no parece que deba de ser otra, ya que carecería de sentido que para los Juzgados de Primera instancia, o de Familia, sí les venga atribuida la competencia territorial para el conocimiento de las demandas de modificación de medidas en los que se trata de resolver acerca de la modificación de medida ya adoptada con anterioridad, y, sin embargo, no se siguiera la misma directriz cuando sea un Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Y esto debe ser así, a mi entender, porque por vía legislativa los presupuestos han cambiado respecto del régimen imperante anterior, no siendo válidas las conclusiones que sobre esta particular cuestión se adoptaran en el III Encuentro de Magistrados y Jueces de Familia y Asociaciones de Abogados de Familia celebrado en el año 2008, ratificando el acuerdo adoptado en el II Encuentro -que, aun cuando la sentencia haya sido dictada por el JVM, ha de entenderse que el Juzgado competente es el Juzgado de Familia o de Primera Instancia que corresponda si, cuando se presenta la demanda de modificación, ya se ha extinguido la responsabilidad penal, o se ha dictado auto de sobreseimiento o de archivo, o sentencia absolutoria. Se ha de tener en cuenta, en todo caso, el carácter autónomo del procedimiento de modificación de medidas. Por ello, la competencia ha de ser examinada, de oficio, ex novo, aunque hubiesen existido actuaciones en el JVM, si las responsabilidades penales hubieran quedado extinguidas o sobreseídas. En el supuesto de que la sentencia de separación o divorcio se hubiese dictado por el Juzgado de Familia o de Primera Instancia, será competente para conocer del procedimiento de modificación de medidas el JVM cuando se presenta la demanda o en el transcurso del procedimiento, siempre antes del acto del juicio, se produce un acto de violencia sobre la mujer del que hubiera conocido dicho Juzgado de Violencia y cuando aún no se hubiera dictado auto de archivo, sobreseimiento, sentencia absolutoria, o no se hubiera extinguido la responsabilidad penal en el caso de sentencia condenatoria-.
La cuestión que se presenta a nuestro análisis es la d...
La cuestión que se presenta a nuestro análisis es la de la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en los supuestos de Jurisdicción voluntaria, en concreto en los procedimientos regulados en los arts. 86 y 87 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria -LJV -EDL 2015/109914-, y en los procedimientos de modificación de medidas.
La Ley 42/2015, de 5 de octubre, ha venido a dar una nueva redacción al art. 775 LEC -EDL 2000/77463-, disponiendo que la competencia para conocer de los procedimientos de modificación de medidas corresponde al tribunal que acordó las medidas definitivas. Surge así la cuestión de si los Juzgados de Violencia sobre la Mujer serán los competentes para conocer de los procedimientos de modificación de las medidas que acordaron al amparo del art. 775 LEC, y ello aunque ya no concurran los requisitos del apartado tercero del art. 87 ter LOPJ -EDL 1985/8754-.
Esta cuestión vino a ser resuelta por el TS en diferentes resoluciones. En un primer momento se decantó por considerar que el procedimiento de modificación de medidas era un incidente del previo procedimiento de separación o divorcio y que por tanto la competencia correspondía al tribunal que había dictado la resolución cuyas medidas se pretendían modificar. Podemos citar entre otros el auto de 10 de octubre de 2001 -EDJ 2001/98905-. A partir del auto de 24 de octubre de 2002 -EDJ 2002/136497 el TS modifica este criterio pasando a entender que el procedimiento de modificación de medidas no es un incidente del procedimiento en el que se adoptaron, ni la ejecución de la sentencia en el dictada, sino un proceso independiente, debiendo acudir a las reglas del art. 769 LEC para determinar la competencia. En esta resolución el TS se fundamenta además en el principio constitucional de la tutela judicial efectiva entendiendo que el tribunal competente no es el que dictó la resolución primitiva sino el determinado por el lugar de residencia de los litigantes ya que -obligar a los litigantes a pleitear en Logroño carecería por completo de justificación razonable y legal alguna al no residir ya ninguno de ellos en el lugar donde se dictó la sentencia.
“El Ministerio Fiscal habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges, podrán solicitar del tribunal que acordó las medidas definitivas, la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas-.
A mi entender, el art. 775 LEC no se puede interpretar independientemente de los artículos citados. Sin perjuicio de que el art. 775 determine cuál es el órgano competente para conocer de los procedimientos de modificación de medidas, este precepto no puede interpretarse de forma contradictoria al art. 87 ter apartado 3º LOPJ. Este último precepto es claro cuando dispone los casos en los que los juzgados de violencia sobre la mujer tienen competencia exclusiva y excluyente. Al contrario, cuando estos requisitos no concurren la competencia de los juzgados de violencia decae. Y el art. 49 bis LEC también es claro cuando dispone en qué supuestos los juzgados deben perder su competencia. La nueva regulación del art. 775 LEC no puede ir en contra de la regulación especial de los otros dos preceptos. Cuando estemos ante un caso de violencia de género, las normas de competencia vienen determinadas por estos dos preceptos y a ellos debemos atenernos en caso contrario, extinguida la responsabilidad penal, la competencia de los juzgados de violencia para la modificación de medidas no puede mantenerse.
La regla general, para conocer del expediente en orden a resolver una c...
La regla general, para conocer del expediente en orden a resolver una cuestión relativa al ejercicio de la patria potestad, previa decisión judicial al respecto en un anterior procedimiento, es mantener la competencia del juzgado de primera instancia que hubiere dictado la anterior resolución judicial que puso fin al procedimiento anterior, sea de divorcio, separación o nulidad, sea en fase de un anterior proceso de jurisdicción voluntaria, o bien por el cauce procesal prevenido en el art. 158 LEC -EDL 2000/77463-, o por vía de ejecución.
Con independencia de los presupuestos que se señalan en el apartado 3 del art. 87 ter LOPJ -EDL 1985/8754-, entiendo que el juzgado de violencia sobre la mujer que haya resuelto en un anterior proceso principal, de divorcio, separación, nulidad o de modificación de medidas, sobre el ejercicio de la patria potestad, y por vía de lo establecido en el art. 86.2 y el art. 87.2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria -LJV -EDL 2015/109914 y también por regla general, es competente para intervenir judicialmente, si con posterioridad al dictado de la sentencia recaída en el procedimiento anterior, se suscita cuestión judicial sobre esta materia. Los anteriores preceptos, y para fundamentar esta afirmación, han de ponerse en conexión con lo dispuesto en el art. 18 LOPJ, y el art. 117 CE.
En efecto, se entiende que en materia de gestión y control de tutela se considera aplicable el foro de la nueva localidad en que resida el incapaz, lo que se justifica por el principio de protección del mismo, en relación con las antedichas razones de inmediación, eficacia y efectividad de la tutela judicial exigida por la norma constitucional del art. 24.1 CE. En este sentido se ha pronunciado el Pleno de la Sala 1ª del TS, con fecha de 16 de diciembre de 2008 -EDJ 2008/403403-.
Lo anterior supone que, aun respetando el principio de la -perpetuatio jurisdiccionis-, si una vez declarada judicialmente la incapacidad de una persona se produce el cambio de domicilio de esta última con carácter permanente y estable, la competencia para conocer del ejercicio de la tutela de la persona y bienes del incapaz corresponde al juzgado del lugar donde se encuentre el domicilio de dicha persona.
Abordando el estudio del art. 775 LEC, en su vigente redacción, conforme a la Ley 42/2015, de 5 de octubre -EDL 2015/169101-, se advierte que tan drástica solución legal ahora adoptada, y que tiene su origen en una doctrina ya superada del TS del año 2001, pudiera generar conflictos de orden personal, material y jurídico en perjuicio de los menores, por cuanto que el texto legal actual implica obviar lo dispuesto en el art. 769 de dicho texto procesal así como la reciente y consolidada jurisprudencia del TS, que señala que el proceso de modificación de medidas no se configura en el capítulo cuarto del título primero del libro cuarto de la LEC como un incidente del proceso de divorcio, separación o nulidad, ni como ejecución de la sentencia que le ponga fin. Por ello, la interpretación sistemática los arts. 769, 711 y del precepto antes aludido, ahora modificado, determinaban la competencia del juzgado de primera instancia donde tienen su domicilio las partes, al margen de cuál haya sido el juzgado que haya conocido previamente del anterior procedimiento -auto, entre otros, de 22 de octubre de 2004 EDJ 2004/227266-. En el mismo sentido, el auto de 24 de octubre de 2002 -EDJ 2002/136497 afirmó que la modificación de medidas definitivas, una vez recaída sentencia firme, no se puede considerar como un incidente del juicio principal, ni como ejecución de sentencia, por lo que debe regirse por lo dispuesto en el art. 769 número 3 del texto procesal antes aludido -auto del TS de 11 de febrero de 2003, EDJ 2003/52128-.
En mi opinión, deben examinarse por separado las cuestiones que se nos...
En mi opinión, deben examinarse por separado las cuestiones que se nos plantean de un lado, la competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer -JVM para conocer de los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de familia relativos a la intervención judicial en relación con la patria potestad regulados en el capítulo II -arts. 85 a 89 del Título III -arts. 81 a 90 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria -LJV -EDL 2015/109914-, y de otro, la competencia del JVM para conocer del procedimiento de modificación de medidas definitivas adoptadas en un anterior proceso de familia, pues la posible competencia objetiva del JVM para conocer de aquellos o de éste no sólo se sustenta en preceptos diferentes sino que responde a distintos presupuestos y fundamento.
Por lo que se refiere a los expedientes de jurisdicción voluntaria relacionados con la patria potestad, que comprenden el de intervención judicial en caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, regulado en la Sección 1ª -art. 86 del capítulo II, y el de adopción de medidas de protección relativas al ejercicio inadecuado de la potestad de guarda o de administración de los bienes del menor o persona con capacidad modificada judicialmente, regulado en la Sección 2ª -arts.. 87 a 89 del capítulo II, la LJV establece dos normas de competencia esencialmente coincidentes, recogidas en los arts. 86.2 y 87.2 LJV.
En efecto, de la simple lectura de los arts. 86.2 -que atribuye la competencia para conocer del expediente de intervención judicial en los casos de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad y 87.2 -que regula la competencia para conocer del expediente de medidas de protección relativas al ejercicio inadecuado de la potestad de guarda o de administración de los bienes del menor o persona con capacidad modificada judicialmente-, cuyo texto se transcribe en el planteamiento de la cuestión, cabe deducir que ambos preceptos formulan dos reglas de competencia sustancialmente idénticas.
La primera, contenida en el inciso primero del apartado 2 de ambos artículos, es una regla de competencia objetiva y territorial: serán competentes para conocer de estos expedientes, objetivamente, los Juzgados de Primera Instancia, y territorialmente, los del domicilio o, en su defecto, los de la residencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente. Esta primera regla no plantea problemas en su aplicación, salvo la cautela de tener en consideración que en los partidos judiciales en que hubiere Juzgados de 1ª Instancia ordinarios y Juzgados de 1ª Instancia especializados en Familia, la competencia objetiva corresponderá a estos últimos por aplicación de lo dispuesto en el art. 1 del RD 1322/1981, de 3 de julio, de creación de los Juzgados de Familia, al fundarse el expediente en un precepto sustantivo comprendido en el Título IV del Libro I del Código Civil -EDL 1889/1-.
a Los de filiación, maternidad y paternidad.
b Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio.
c Los que versen sobre relaciones paterno filiales.
d Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar.
e Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores.
f Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción.
g Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.
a Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el número 2 del presente artículo.
b Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género, en los términos a que hace referencia el apartado 1 a del presente artículo.
c Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género.
d Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género.”
3ª. En tercer lugar, el art. 87.ter LOPJ, que determina en sus apartados 2 y 3 la competencia objetiva de los JVM en el orden civil, parece limitar dicha competencia a los asuntos contenciosos, excluyendo los de jurisdicción voluntaria, pues, de una parte, el art. 87.ter.2 señala que tales juzgados “podrán conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos”, y de otra, el art. 87.ter.3.a exige, entre los requisitos que de forma simultánea deben concurrir para que los JVM tengan de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil, que se trate de “un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el número 2 del presente artículo”. Por tanto, si los JVM sólo pueden conocer de uno de los procesos civiles indicados en el apartado 2 del art. 87.ter LOPJ y si, en todo caso, han de hacerlo de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la LEC, no ofrece duda que carecen de competencia para conocer de expedientes de jurisdicción voluntaria, por ser tales expedientes asuntos que, además de estar expresamente excluidos de la LEC, tampoco están incluidos en el apartado 2 del art. 87.ter LOPJ y, en ningún caso, pueden sustanciarse de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la LEC.
En lo concerniente a los posibles conflictos de competencia entre los Juzgados de 1ª Instancia y los de Violencia sobre la Mujer a que puede dar lugar la aplicación del art. 775.1 LEC, en su actual redacción según Ley 42/2015, de 5 de octubre -EDL 2015/169101-, en relación con la competencia objetiva para conocer de los procesos de modificación de medidas en los casos en que las medidas definitivas a modificar hayan sido dictadas por un JVM, la cuestión se suscitará porque, en principio, es posible defender dos posiciones antagónicas: de una parte, que el JVM solo será competente si al tiempo de presentarse la demanda de modificación de medidas concurren simultáneamente los requisitos del art. 87.ter.3 LOPJ y, de otra, que concurran o no al tiempo de presentarse la demanda de modificación los requisitos del art. 87.ter.3 LOPJ, el JVM será competente para conocer de la modificación siempre que sea el propio JVM el que haya acordado las medidas objeto de la modificación.
1º. Que el art. 775.1 LEC es una norma de atribución legal de competencia para conocer del proceso de modificación de medidas que defiere la misma al Tribunal -incluyendo así tanto a los juzgados de 1ª instancia como a los de Violencia sobre la Mujer que acordó las medidas definitivas cuya modificación se pretende. Nótese que la norma no habla del Juzgado de 1ª Instancia que acordó las medidas definitivas, sino del tribunal que acordó las medidas definitivas, y, en tal sentido, la norma del art. 775.1 LEC no puede considerarse contraria a la contenida en el art. 87.ter.3 LOPJ, sino complementaria de la misma: vendría a completar la competencia exclusiva y excluyente que, en el orden civil, atribuye el art. 87.ter.3 LOPJ a los JVM, de tal manera que los JVM conocerían de los procesos de modificación de medidas en todos los casos en que, al tiempo de formularse la demanda, concurrieran todos los requisitos del art. 87.ter.3 LOPJ, en cuanto el proceso de modificación de medidas está expresamente comprendido en el art. 87.ter.2.d LOPJ, y, además, en virtud de lo dispuesto en el art. 775.1 LEC, de los procesos de modificación de medidas en los casos en que hubieren acordado las medidas a modificar, aunque al momento de presentarse la demanda de modificación no concurran los requisitos del art. 87.ter.3 LOPJ.
En favor de la segunda posición -competencia objetiva del JVM sólo en los casos en que, además de haber acordado dicho juzgado las medidas a modificar, concurran al tiempo de presentarse la demanda de modificación los requisitos del art. 87.ter.3 LOPJ cabe esgrimir las razones siguientes:
En conclusión, valorando los argumentos a favor y en contra de ambas posiciones, estimo que la única interpretación del art. 775.1 LEC respetuosa con el principio de legalidad, concretada en este caso en el de jerarquía normativa, en relación con la cuestión planteada, es la de entender que los JVM únicamente tienen competencia para conocer del proceso de modificación de medidas cuando, al tiempo de presentarse la demanda, concurran los requisitos del art. 87.ter.3 LOPJ, hayan o no acordado dichos juzgados las medidas a modificar, e, igualmente, que corresponderá la competencia objetiva para conocer de la modificación de medidas a los Juzgados de 1ª Instancia -ordinarios o especializados en familia en los casos en que, habiendo dictado las medidas a modificar un JVM, no concurran al momento de formularse la demanda los requisitos del art. 87.ter.3 LOPJ.
El TS, a partir del auto de 24 de octubre de 2002 -EDJ 2002/136497-, cuyo criterio fue reiterado por los autos del TS de 11 de febrero de 2003 -EDJ 2003/52128-, de 22 de octubre de 2004 -EDJ 2004/227266-, de 28 de febrero de 2005 -EDJ 2005/302521-, y de 8 de febrero de 2007 -EDJ 2007/7504-, sentó la doctrina de que el procedimiento de modificación de medidas definitivas no se configura como un incidente del juicio en que se dictaron las medidas que se pretenden modificar, ni como ejecución de la sentencia que le ponga fin, por lo que la competencia territorial para conocer del mismo no corresponde, ex art. 61 LEC, al juzgado que dictó la medidas que se pretenden modificar, sino al que determinen los fueros establecidos en los apartados 1 o 3 del art. 769 LEC, sea el mismo que dictó las medidas a modificar u otro distinto, de tal manera que la competencia para conocer de las demandas de modificación de medidas ha de establecerse, por tanto, al margen de cuál haya sido el juzgado que haya conocido previamente del proceso en que se dictó la sentencia cuyas medidas se pretenden modificar.
Los arts. 86.2, 87.2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción...
Los arts. 86.2, 87.2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria -LJV -EDL 2015/109914 y la redacción dada al art. 775.1 LEC -EDL 2000/77463 por la Ley 42/2015, de 5 de octubre -EDL 2015/169101-, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, han establecido determinadas reglas de competencia, en materia de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, en el ámbito de las medidas de protección relativas al ejercicio inadecuado de la potestad de guarda o de administración de los bienes del menor o persona con capacidad modificada judicialmente y en los procesos de modificación de medidas convenidas por los cónyuges o adoptadas en defecto de acuerdo, por alteración de circunstancias, que pueden generar conflictos cuando el órgano judicial que ha dictado la resolución es el Juzgado de Violencia sobre la Mujer y no concurren las exigencias del art. 87 ter LOPJ -EDL 1985/8754-.
La LOPJ regula en el art. 87 ter adicionado por la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género -EDL 2004/184152-, la competencia de los Juzgados de tal naturaleza tanto en el orden penal como en el orden civil.
La respuesta debe estar en la propia naturaleza competencial de los juz...
La respuesta debe estar en la propia naturaleza competencial de los juzgados de violencia contra la mujer -JVM en donde no se aplican en el orden civil los mismos criterios competenciales antes vistos que sí que surgen para los juzgados de familia o los de primera instancia que asumen asuntos de familia, ya que, en primer lugar, la competencia del JVM para materia civil de la contemplada en el apartado 2º del art. 87 ter LOPJ -EDL 1985/8754 &nbspa Los de filiación, maternidad y paternidad b Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio c Los que versen sobre relaciones paterno-filiales d Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar e Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores f Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción g Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.
“Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el número 2 del presente artículo b Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género, en los términos a que hace referencia el apartado 1 a del presente artículo.”
Claro está que nos preguntamos en lo que ocurrirá en los supuestos en los que surja un conflicto de desacuerdo del ejercicio de la patria potestad resulta que el art. 86.2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria -LJV -EDL 2015/109914 fija una competencia en materia de jurisdicción voluntaria, pero si ha habido un caso entre las partes de violencia de género y ese juzgado intervino en el divorcio o separación surge el debate acerca de si será preciso que exista, además, un acto de malos tratos para atribuir la competencia al JVM o debe aplicarse en estos casos en los que no exista maltrato la competencia que fija el art. 86.2 LJV.
A estos efectos, hay que precisar que la mención del art. 86.2 LJV no tiene como exigencia una previa separación o divorcio, mientras que la intervención del JVM en materia civil sí que la tiene, por lo que se entiende que si surgiera un conflicto en materia de desacuerdo sobre el ejercicio de la patria potestad se aplicaría lo dispuesto en el art. 775.1 LEC -EDL 2000/77463 y se atribuiría la competencia al JVM que adoptó las medida s aunque de forma coetánea no haya existido un acto de maltrato aplicándose con preferencia el art. 775.1 LEC y con exclusión del art. 86.2 LJV que no se aplica en casos en los que ha conocido el JVM y luego aunque no concurra acto de maltrato.
La deficiente regulación de las competencias civiles de los Juzgados d...
La deficiente regulación de las competencias civiles de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ha generado infinidad de recursos de reposición, apelación y casación con la pérdida de tiempo y de medios materiales y económicos que ello supone. Todos recordarán las controversias que han surgido en la interpretación del art.49 bis LEC -EDL 2000/77463 en el momento de determinar que se entiende por -salvo que se haya iniciado la fase del juicio oral-. A pesar de ello, el legislador no ha movido un dedo para dar una redacción más precisa al mencionado precepto, lo que motiva que aún hoy haya juzgados y tribunales que siguen manteniendo posturas contradictorias en el momento de determinar la competencia.
Tampoco ha dado el legislador una solución a la cuestión competencial que surge cuando, tras tramitarse un proceso penal por violencia de género en el que el denunciado finalmente es absuelto o se sobresee el proceso, los cónyuges deben enfrentarse a un nuevo proceso. En estos casos, cuando el juzgado de Violencia conoció del procedimiento de separación o divorcio y aun cuando ya no se den los presupuestos del apartado 3º del art. 87 ter LOPJ -EDL 1985/8754-, dicho juzgado seguirá conociendo de los procesos de ejecución por el incumplimiento de las medidas, pues así lo dispone el art. 61 LEC, y tendrán competencia para la tramitación del procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial dado que el art. 807 LEC determina la competencia por conexión.
Tras la publicación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria -LJV -EDL 2015/109914-, el legislador -consciente o inconscientemente ha venido a atribuir la competencia para el conocimiento de los expedientes por discrepancias en el ejercicio de la patria potestad y por el inadecuado ejercicio de la potestad de guarda o de administración de los bienes del menor, al mismo juzgado que resolvió el procedimiento matrimonial o de pareja de hecho. Por tanto, concurran o no en el momento de iniciarse el expediente los presupuestos del apartado 3º del art. 87 ter LOPJ, los juzgados de Violencia tendrán competencia para conocer de estos expedientes. Aunque personalmente consideró que si el procedimiento penal finalizó con sentencia absolutoria o sobreseimiento, la competencia deberían de tenerlas los juzgados de civiles, la redacción de los arts. 86.2 y 87.2 LJV deja poco margen a la interpretación, ya que se trata de casos de atribución de competencia funcional por conexión, al igual que sucede con los procesos de ejecución o de liquidación del régimen económico matrimonial como antes hemos mencionado.
La Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil -EDL 2015/169101 ha dado una nueva redacción al art. 775 LEC que regula el procedimiento de modificación de medidas. Antes de la entrada en vigor de esta reforma, según la interpretación del TS, el procedimiento de modificación de medidas era un proceso autónomo e independiente del proceso en el que se fijaron las medidas paterno filiales o económicas entre los cónyuges. En consecuencia, la norma competencial venía determinada por las reglas contenidas en el art. 769 LEC, es decir, el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio conyugal, y en el caso de residir los cónyuges en distintos partidos judiciales, será tribunal competente, a elección del demandante, el del último domicilio del matrimonio o el de residencia del demandado. Aunque bien es cierto que se venía admitiendo que para modificar las medidas que afectaban a los hijos menores de edad, la regla de competencia sería la prevista en el apartado tercero del citado art. 769 LEC: -En el caso de residir los progenitores en distintos partidos judiciales, será tribunal competente, a elección del demandante, el del domicilio del demandado o el de la residencia del menor-. Por tanto, si en el momento de interponerse la demanda de modificación de medidas no se daban los presupuestos del apartado 3 del art. 87 ter LOPJ, los juzgados de familia tenían vía libre para tramitar el procedimiento de modificación de medidas a pesar de que las medidas que se pretenden modificar o extinguir se adoptasen por un juzgado de Violencia.
Los preceptos que se señalan al formularse la pregunta establecen la c...
Los preceptos que se señalan al formularse la pregunta establecen la competencia del Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, la residencia del menor, salvo si el ejercicio conjunto de la patria potestad hubiere sido establecido por resolución judicial, siendo en ese caso el competente el Juzgado que lo hubiera así resuelto -arts. 86. 2 y 87. 2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria -LJV -EDL 2015/109914 y, tratándose de modificación de medidas por cambio sustancial de circunstancias, la competencia corresponderá al Juzgado que dictó las originarias -art. 775.1 LEC, EDL 2000/77463-. Ahora bien, ese Juzgado puede ser el de Violencia de Género, organismos creados por la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género -EDL 2004/184152-, que fijaba sus competencias sobre la base de dos requisitos que deben concurrir: por razón de la materia, pero también de los sujetos activo y pasivo de las conductas -algo análogo a lo que sucede con los Juzgados de Menores-.
El art. 87 ter LOPJ -EDL 1985/8754-, también introducido por la LO 1/2004 anteriormente reseñada, establece la competencia exclusiva y excluyente en el orden civil de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer exigiendo la concurrencia de cuatro requisitos relativos a materia sujetos activo y pasivo y momento de inicio de las actuaciones penales. A su vez, el art. 57 LO 1/2004 introdujo un art. 49 bis en la LEC con la rúbrica “Pérdida de competencia cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer” con cinco apartados y una regulación detallada con pretensión aparente de prevenir todos los supuestos de hipotético conflicto competencial entre Juzgados de Primera Instancia, en su caso de Familia, y los nuevos de Violencia sobre la Mujer.
En esta dirección, la Guía Práctica de la LO 1/2004 que elaboró el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial señalaba cuatro supuestos: a De presentarse la demanda civil antes del inicio del proceso penal, la competencia para conocer del proceso de familia corresponderá al Juzgado civil o de Familia en su caso correspondiente sin perjuicio de que con posterioridad este último pueda inhibirse si concurren los requisitos previstos en el art. 49 bis LEC. b Si se presenta la demanda civil después de iniciado el proceso penal ante un Juzgado de Violencia sobre la Mujer. En este caso, el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer asume las competencias para conocer dicha demanda civil. A estos efectos, el proceso penal se habrá iniciado con la admisión a trámite de la denuncia o de la querella, entendiéndose como fecha de inicio el del sello de entrada de la denuncia. c Si se presenta la demanda civil después de que se haya dictado una sentencia absolutoria o auto de archivo o sobreseimiento en el proceso penal, cuando alcance firmeza será competente el Juzgado de Primera Instancia -o de Familia en su caso-, por no concurrir uno de los requisitos exigidos por el art. 87 ter 3 LOPJ, es decir, el de carácter personal, al tener que ser una de ellas víctima de la violencia de género y el otro estar imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de tales actos de violencia de género. Si la demanda civil se presenta antes de la firmeza de la sentencia absolutoria, la competencia corresponderá al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Y d Si se presenta la demanda civil después de que se haya dictado una sentencia condenatoria en el proceso penal, siempre que sea firme: el Juzgado de Violencia sobre la Mujer será competente para conocer del proceso de familia que se inicie hasta la extinción de la responsabilidad penal.
Un auto de la Sección 22ª de AP Madrid de 6 de marzo de 2006 -EDJ 2006/31168 resolvía un conflicto negativo de competencias en la siguiente situación: presentación de una demanda de divorcio en la que concurrían todos los requisitos del art. 87 ter apartado 3 LOPJ, habiéndose iniciado ya entonces diligencias penales ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer y dictado dicho Juzgado orden de protección de la víctima la demanda se dirigía al Juzgado de Violencia, no obstante lo cual se turnó equivocadamente a un Juzgado de Familia, que se inhibió al correspondiente Juzgado de Violencia que no aceptó la inhibición, tras auto de sobreseimiento provisional. En dicho auto se decía:
“En consecuencia, si el procedimiento penal se encuentra en fase de instrucción, y no se ha abierto «la fase del juicio oral» -término éste de indiscutible encaje en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no así en la de Enjuiciamiento Civil, no obstante bienintencionadas interpretaciones que van más allá de la claridad los términos utilizados en la ley-, el conocimiento de la litis civil queda definitivamente atribuido al Juzgado de Violencia, conforme así se infiere claramente de la lectura a los preceptos analizados, pues el artículo 87 ter LOPJ habla de que se hayan «iniciado actuaciones penales» ante dicho órgano, y el 49 bis LEC hace referencia a la «iniciación de un proceso penal», y ninguno de ellos menciona, a los efectos de la competencia, el final resultado del mismo. Y ello queda corroborado por este último precepto que, en su apartado número 3, obliga al Juez de Violencia a requerir de inhibición al Tribunal Civil cuando, estando conociendo una causa por violencia de género, tenga conocimiento de la existencia de un proceso civil, con los requisitos del párrafo tercero del artículo 87 ter. Por el contrario, este último precepto, y bajo la concurrencia de los expuestos condicionantes, no supedita, en modo alguno, el definitivo conocimiento del asunto civil a la suerte de la causa penal, ya que, como correctamente se razona por la titular del Juzgado de Familia número 79, una vez determinada la competencia, en razón de las circunstancias procesales existentes al tiempo de presentarse la demanda, se produce el efecto de la perpetuatio iurisdictionis, lo que excluye, por los posibles avatares ulteriores del procedimiento penal, nuevos cambios de órgano competente, que entrarían en abierta a colisión con el derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la ley que consagra el artículo 24-2 de la Constitución”.
El problema que hoy se nos plantea es consecuencia lóg...
Aurelio Menéndez ha puesto el dedo en la llaga con una obra, dirigida por él, dedicada a la crítica del modo actual de legislar, cuyo título releva de comentarios: “La proliferación legislativa: un desafío para el Estado de Derecho” -Thomson-Civitas 2004-.
García de Enterría, por su parte, califica esta proliferación textos legales de “tifón legislativo” y el que fue el primer Presidente del TS de la era democrática, Federico Carlos Sainz de Robles, la llamaba el “Juego del Escondite” haciendo hincapié en el propósito del legislador de enmascarar el objeto de la norma legal, bajo toda clase de argucias con ánimo de engaño. Sempere Navarro coincide en denominar a este vicio legislativo “El escondite jurídico” -Actualidad Jurídica Aranzadi, año XVIII nº 746, 28.2.2008-.
Todo empezó con la Ley de Presupuestos, paradigma de esta deformación, que hace ya años pasó de un artículo único a más de cien. Este modo de actuar fue censurado por el TC -Sentencias nº 76/1992 EDJ 1992/4796, y nº 195/1994, EDJ 1994/5666-, que concretaba tanto el contenido necesario, como el eventual de esta norma, que debía estar reducido a las cuestiones relacionadas con ingresos y autorización de gastos, las de política económica y las que fueran complementarias de todas las mencionadas. García de Enterría se ha referido a esta viciosa práctica señalando que “no es que destruya el orden de las Leyes, es que lleva a la confusión y la indeterminación del Derecho positivo a extremos difícilmente imaginables, y quizás, más difícil aún, controlables y reducibles a sistema”. La vulneración de la seguridad jurídica tiene lugar cuando el legislador deja de perseguir la claridad y tiende a la confusión normativa, sin procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle, sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, huyendo de provocar situaciones objetivamente confusas, como ha expresado el Presidente del TS, Carlos Lesmes, en la clausura del curso académico 2014-2015 de la Academia Matritense del Notariado.
No vamos a extendernos aquí en los reiterados ejemplos de esta práctica, que tiene su expresión en la cuestión propuesta en este Foro Abierto. Quizá adquiera la condición de acreedora de una medalla de oro la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, que modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario -EDL 1981/2452-. En ella se establece -Disp. Final 5ª el Fondo de garantía del pago de alimentos entre parientes se modifica -Disp. Final 6ª un gran número de preceptos de la LEC -EDL 2000/77463 de carácter general -sobre presentación de escritos, tiempo de la comunicación y utilización de medios electrónicos, informáticos y similares, forma de presentación de los documentos públicos y privados, traslados de copias, y efectos de los traslados respecto del curso y cómputo de plazos y modos de producción de la prueba por documentos públicos, así como otros semejantes de la Ley de Procedimiento Laboral se modifica -Disp. Final 7ª el impuesto sobre sucesiones y donaciones, introduciéndose tres nuevas comunidades autónomas -Aragón, Cataluña y Galicia donde adquiere carácter obligatorio el régimen de autoliquidación en el Impuesto. Todo esto en el ámbito de una norma, repetimos, referida a la Regulación del Mercado Hipotecario. ¡Ah! Pero quizá donde se alcanzan cotas verdaderamente sublimes es en las Disp. Adic. 6ª y 7ª de esta Ley -repito de Regulación del Mercado Hipotecario en que se regulan aspectos de la ¡¡¡33ª Copa de América de vela!!!.
Pero volviendo al tema que nos ocupa, observamos que la competencia del órgano judicial encargado de tramitar en primera instancia en los casos de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad -art.&nbsp86 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria -LJV-, EDL 2015/109914 o de acordar las medidas de protección relativas al ejercicio inadecuado de la potestad de guarda o de administración de los bienes del menor o persona con capacidad modificada judicialmente -art. 87 LJV-.
Pero el art. 87 ter.2 LOPJ -EDL 1985/8754 faculta -no obliga a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a que puedan conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la LEC, de los asuntos de filiación, maternidad y paternidad de nulidad del matrimonio, separación y divorcio de los que versen sobre relaciones paterno filiales de los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar de los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores, de los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción y de los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.
Este mismo art. 87 ter en su apartado 3 ya no faculta sino que determina que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los requisitos de que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el número 2 del presente artículo que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género y que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género.
Pero, ¿por qué de un tema tan adjetivo como la competencia de un órgano judicial de la misma clase para el conocimiento de temas semejantes, tienen que ocuparse nada menos que la LEC -art. 775.1-, la LOPJ -arts. 86 ter y 87 ter y la LJV -arts. 86 y 87-, sin contar con su posible reforma por otras leyes con rótulos diferentes? ¿No se están creando problemas absolutamente innecesarios y se está incidiendo en “provocar situaciones objetivamente confusas”, con infracción de la seguridad jurídica”?
La cuestión plantea...
La cuestión planteada versa sobre qué juzgado resulta competente cuando se trata de iniciar un expediente de jurisdicción voluntaria o un proceso de modificación de medidas que afecte a las que fueron en su momento adoptadas por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer -JVM-, centrándose el interrogante en si deben seguir concurriendo los presupuestos del art. 87 ter, apartado 3 LOPJ -EDL 1985/8754 para que de esa demanda tome conocimiento dicho órgano o, en su defecto, debe ser competente el de Primera Instancia o Familia.
Entre otros argumentos, se subraya el hecho de que el legislador, con la nueva regulación del art. 775 LEC -EDL 2000/77463 ha querido garantizar la seguridad jurídica al determinar que sea un mismo órgano el que conozca de todas las medidas personales o económicas que afecten a un determinado núcleo familiar, por lo que parece lógico seguir la misma directriz cuando se trate de un JVM a pesar de que al inicio del procedimiento no se encuentre vigente ninguna orden de protección o proceso penal en trámite.
Por último, siguiendo la misma línea de oposición a la opinión mayoritaria, D. Guillermo Sacristán, en su interpretación de los preceptos afectados, considera que las competencias de los JVM se restringen exclusivamente a los supuestos en los que concurren los requisitos establecidos en el art. 87 ter LOPJ y, en consecuencia, cuando ya no concurran estos requisitos los JVM no deben actuar, procediendo la remisión al de Primera Instancia o al de Familia que corresponda. Para dicha argumentación se apoya en la Guía Práctica de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género -EDL 2004/184152-, que elaboró el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, y en el Auto de la Sec. 22ª de AP Madrid de 6 de marzo de 2006 -EDJ 2006/31168 que, a juicio de D. Guillermo, siguen esta misma dirección.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 55
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 24