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Timestamp: 2020-06-06 11:50:31+00:00

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Real Decreto 1525/1995 de 15 de septiembre, de desarrollo reglamentario de la Ley 5/1995 de 23 de marzo (Vigente hasta el 27 de Mayo de 2006).
Publicado en BOE n�m. 230 de 26 de Septiembre de 1995
Vigencia desde 27 de Septiembre de 1995. Esta revisi�n vigente desde 27 de Septiembre de 1995 hasta 27 de Mayo de 2006
Art�culo 2 �Criterios de aplicaci�n
Art�culo 3 �Procedimiento para establecer el r�gimen de autorizaci�n
Art�culo 4 �Establecimiento del r�gimen de autorizaci�n administrativa
Art�culo 5 �Aplicaci�n del r�gimen de autorizaci�n
Art�culo 6 �Competencia para otorgar la autorizaci�n
Art�culo 7 �Disposiciones espec�ficas para sociedades cuyas acciones cotizan en Bolsas de Valores
Art�culo 8 �Ejercicio de derechos pol�ticos
DISPOSICION ADICIONAL UNICA �Inscripci�n en el Registro Mercantil del contenido dispositivo del Real Decreto por el que se establece el r�gimen de autorizaci�n
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA �Aplicabilidad del presente Real Decreto
Primera �Desarrollo normativo
T�ngase en cuenta que la Ley 5/1995, de 23 de marzo, ha sido derogada por el n�mero 1 del art�culo �nico de la Ley 13/2006, de 26 de mayo, por la que se deroga el r�gimen de enajenaci�n de participaciones p�blicas en determinadas empresas establecido por la Ley 5/1995, de 23 de marzo, y sus disposiciones de desarrollo y ejecuci�n (�B.O.E.� 27 mayo).
La disposici�n final segunda de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, de R�gimen Jur�dico de Enajenaci�n de Participaciones P�blicas en Determinadas Empresas, habilita al Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y ejecuci�n de dicha Ley. Estas deber�n, asimismo, garantizar la participaci�n de las Comunidades Aut�nomas en el establecimiento del r�gimen de autorizaci�n previsto en la expresada Ley.
Por otro lado, la disposici�n adicional primera remite al reglamento la regulaci�n del acceso al Registro Mercantil del contenido dispositivo de los Reales Decretos de establecimiento del r�gimen de autorizaci�n.
El presente Real Decreto tiene como objeto desarrollar dichos aspectos, as� como otros cuya regulaci�n resulta necesaria para una efectiva aplicaci�n de la Ley citada.
En primer lugar, precisa el �mbito de aplicaci�n de �sta, incluyendo en el concepto de socio estatal al Estado, sus organismos aut�nomos y a aquellas entidades de Derecho p�blico previstas en la Ley General Presupuestaria.
En segundo lugar, este Real Decreto desarrolla las previsiones de la Ley en lo que se refiere a los presupuestos de aplicaci�n de la misma y al procedimiento para establecer el r�gimen de autorizaci�n mediante los correspondientes Reales Decretos y el acceso de su contenido dispositivo al Registro Mercantil. En este �ltimo aspecto, lo dispuesto en el presente Real Decreto ser� de aplicaci�n mientras la norma reguladora de dicho Registro no establezca una previsi�n espec�fica.
La participaci�n de las Comunidades Aut�nomas en el establecimiento del r�gimen de autorizaci�n se concreta en la emisi�n de un informe sobre el Real Decreto por el que se establezca dicho r�gimen cuando la entidad mercantil a la que se aplique el r�gimen de autorizaci�n tenga relevancia especial para los intereses econ�micos de aqu�llas.
Igualmente, se precisan los criterios de determinaci�n de competencia para proponer el establecimiento del r�gimen de autorizaci�n. Estos criterios son necesarios, especialmente, en los supuestos en que las entidades mercantiles tienen como part�cipes en su capital social a m�s de un socio estatal.
Se ha prestado, por otro lado, particular atenci�n al desarrollo de la Ley 5/1995, en cuanto es necesario para hacer efectivas las limitaciones que �sta prev� en relaci�n con el funcionamiento de las entidades afectadas cuando sus acciones coticen en Bolsa.
A este respecto, se prev� que la informaci�n de que dispongan tanto la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores como el Servicio de Compensaci�n y Liquidaci�n de Valores en relaci�n con las entidades emisoras de acciones cotizadas sea puesta a disposici�n de los Ministerios competentes por raz�n de la materia.
Por otra parte es preciso resaltar que la aplicaci�n del r�gimen de autorizaci�n establecido en la Ley 5/1995, de 23 de marzo, y, por consiguiente, la del presente Real Decreto se realizar� de acuerdo con lo establecido por el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea en materia de derecho de establecimiento y de libre circulaci�n de capitales.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia e Interior de Econom�a y Hacienda y de Industria y Energ�a, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 15 de septiembre de 1995,
1. A los efectos de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, de r�gimen jur�dico de enajenaci�n de participaciones p�blicas en determinadas empresas, tendr�n la consideraci�n de socio estatal: el Estado, sus organismos aut�nomos y las entidades a que se refieren los apartados 1 b) y 5 del art�culo 6 de la Ley General Presupuestaria.
2. Se entender�, a los efectos del art�culo 1 de la Ley 5/1995 citada, que la entidad mercantil est� controlada por el socio estatal cuando �ste se encuentre, respecto de aqu�lla, en alguna de las circunstancias previstas en el art�culo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
Art�culo 2 Criterios de aplicaci�n
A efectos de la aplicaci�n de lo dispuesto en el art�culo 2.1 de la Ley 5/1995, se entender� que:
a) Son sucesivos los actos de disposici�n sobre el capital social cuando formen parte de una misma operaci�n financiera o respondan a una misma unidad de prop�sito y, en particular, las enajenaciones por tramos y las ampliaciones de la operaci�n inicial.
b) Se cumple el supuesto de que la participaci�n p�blica quede por debajo del 50 por 100 del capital social cuando �sta sea ya inferior a dicho porcentaje con anterioridad al establecimiento del r�gimen de autorizaci�n o cuando ello sea consecuencia de la realizaci�n de los concretos actos de disposici�n que sit�en dicha participaci�n por debajo del porcentaje mencionado, determinando, en su caso, la aplicaci�n del r�gimen de autorizaci�n previamente establecido.
Art�culo 3 Procedimiento para establecer el r�gimen de autorizaci�n
1. Cuando el socio estatal o alguna sociedad participada por �l pretenda realizar alguno de los actos de disposici�n previstos en el art�culo 2 de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, lo comunicar� al Ministerio competente por raz�n de la materia para que eleve la propuesta procedente al Consejo de Ministros sobre la conveniencia de establecer el r�gimen de autorizaci�n previsto en el art�culo 3 de la citada Ley.
A estos efectos, se entiende por Ministerio competente por raz�n de la materia aqu�l a quien est�n adscritas las entidades de Derecho p�blico o sociedades dominantes de grupo titulares de participaciones en sociedades mercantiles.
Transcurridos treinta d�as desde la comunicaci�n de la propuesta al Ministerio competente sin que se hubiera resuelto sobre la misma, se entender� que �sta es contraria al establecimiento del r�gimen de autorizaci�n.
2. En el supuesto de que la participaci�n p�blica en el capital social de las entidades mercantiles comprendidas en el �mbito de aplicaci�n de la Ley 5/1995 sea imputable a m�s de un socio estatal, se proceder� seg�n lo previsto en el apartado anterior; no obstante, el Ministerio al que se dirija la comunicaci�n dar� traslado de la misma, con car�cter inmediato, a los restantes Ministerios competentes. En tal caso, el plazo de treinta d�as al que se refiere el apartado anterior se computar� desde el momento en que dichos Ministerios tengan conocimiento de la mencionada comunicaci�n.
En cualquier caso, la elevaci�n al Consejo de Ministros de la propuesta de establecimiento del r�gimen de autorizaci�n requerir� el previo acuerdo un�nime de los Ministros competentes.
De producirse el mencionado acuerdo, dichos Ministros elevar�n, conjuntamente, la propuesta de establecimiento del r�gimen de autorizaci�n al Consejo de Ministros.
Art�culo 4 Establecimiento del r�gimen de autorizaci�n administrativa
1. El r�gimen de autorizaci�n administrativa previa previsto en el art�culo 3 de la Ley 5/1995 se establecer� mediante Real Decreto, acordado en Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro competente por raz�n de la materia.
En el supuesto previsto en el art�culo 3.2 anterior, el citado Real Decreto ser� acordado en Consejo de Ministros a propuesta conjunta de los Ministros competentes por raz�n de la materia, previo dictamen del Consejo de Estado.
2. El Real Decreto contendr� una relaci�n de las concretas sociedades a las que sea de aplicaci�n el r�gimen de autorizaci�n administrativa, los actos y acuerdos cuya realizaci�n requiera dicha autorizaci�n, el �rgano competente para otorgar la autorizaci�n y el plazo de vigencia del r�gimen de autorizaci�n.
3. Cuando la sociedad a la que sea de aplicaci�n el r�gimen de autorizaci�n tenga especial relevancia para los intereses econ�micos de una o varias Comunidades Aut�nomas, el Ministerio competente deber� solicitar de �stas la emisi�n de informe sobre el proyecto de Real Decreto a que se refiere el presente art�culo.
4. El proyecto de Real Decreto de establecimiento del r�gimen de autorizaci�n administrativa deber� ser sometido, por el Ministerio competente, a informaci�n p�blica por un plazo de veinte d�as, conforme a lo previsto en el art�culo 130.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
5. Cuando el Ministerio competente haya aceptado la propuesta inicial, los actos de disposici�n que la motivaron no podr�n realizarse hasta que entre en vigor el Real Decreto a que se refiere el presente art�culo.
Art�culo 5 Aplicaci�n del r�gimen de autorizaci�n
El r�gimen de autorizaci�n administrativa establecido por el Real Decreto a que se refiere el art�culo 4 anterior s�lo podr� aplicarse a los actos y acuerdos previstos en aqu�l cuando se cumplan los presupuestos de aplicaci�n a que se refiere el art�culo 2 de la Ley 5/1995, determinando, efectivamente, la reducci�n de la participaci�n p�blica en el capital social en los t�rminos previstos en dicho art�culo.
Este r�gimen se aplicar� durante el plazo de vigencia establecido en el Real Decreto correspondiente. El aumento posterior de la participaci�n p�blica en el capital social no determinar� la inaplicaci�n del r�gimen de autorizaci�n durante la vigencia del mismo.
Art�culo 6 Competencia para otorgar la autorizaci�n
1. Con car�cter general, corresponder� el otorgamiento de la autorizaci�n administrativa a que se refiere el art�culo 3 de la Ley 5/1995 al Ministerio competente sobre la materia, entendi�ndose como tal el referido en el art�culo 3.1, p�rrafo segundo, del presente Real Decreto.
2. En el supuesto previsto en el art�culo 3.2 anterior, corresponder� el otorgamiento de la autorizaci�n administrativa al Ministerio determinado en el Real Decreto por el que se establezca el citado r�gimen de autorizaci�n.
Art�culo 7 Disposiciones espec�ficas para sociedades cuyas acciones cotizan en Bolsas de Valores
1. La Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, a requerimiento del Ministerio que sea competente seg�n lo dispuesto en el art�culo 3 de este Real Decreto trasladar� a �ste la informaci�n que, en aplicaci�n del Real Decreto 377/1991, de 15 de marzo, sobre comunicaci�n de participaciones significativas en sociedades cotizadas y de adquisiciones por �stas de acciones propias, obre en los Registros p�blicos de aqu�lla sobre adquisici�n de participaciones significativas en una sociedad cotizada sujeta al r�gimen de autorizaci�n.
2. La informaci�n que el Servicio de Compensaci�n y Liquidaci�n de Valores facilita a las entidades emisoras de acciones cotizadas con ocasi�n de la celebraci�n de Juntas generales ser� puesta a disposici�n de los Ministerios competentes a que se refiere el art�culo 3 del presente Real Decreto.
3. Trat�ndose de acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta, la sujeci�n de su transmisi�n al r�gimen de autorizaci�n se har� constar en la cuenta correspondiente a las acciones afectadas por el mismo.
Art�culo 8 Ejercicio de derechos pol�ticos
A efectos de lo dispuesto en el art�culo 6 de la Ley 5/1995, se considerar�n como derechos pol�ticos derivados de las participaciones sociales los siguientes: el derecho de asistir y votar en las Juntas generales; el derecho de informaci�n; el derecho de suscripci�n preferente; el derecho a formar parte de los �rganos de administraci�n de la sociedad; el derecho a impugnar los acuerdos sociales, salvo que �stos sean contrarios a la Ley, y, en general, todos los que no tengan un contenido exclusivamente econ�mico.
DISPOSICION ADICIONAL UNICA Inscripci�n en el Registro Mercantil del contenido dispositivo del Real Decreto por el que se establece el r�gimen de autorizaci�n
1. En tanto no se regule espec�ficamente por la norma reguladora del Registro Mercantil, el acceso al mismo del contenido dispositivo del Real Decreto por el que se establece el r�gimen de autorizaci�n se regir� por lo establecido en la presente disposici�n adicional.
2. En la hoja abierta a la entidad sujeta al r�gimen de autorizaci�n se inscribir� el contenido dispositivo del Real Decreto citado. Ser� t�tulo bastante para inscribir, instancia suscrita por el representante de la sociedad sujeta al r�gimen de autorizaci�n o instancia remitida por el Subsecretario del Ministerio competente por raz�n de la materia, por la que se requiera al Registrador mercantil para la consagraci�n del r�gimen de autorizaci�n, con indicaci�n de su contenido y la fecha de publicaci�n del correspondiente Real Decreto en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
3. Se suspender� la inscripci�n de los actos y acuerdos sociales inscribibles sujetos a autorizaci�n sin que previamente se acredite �sta.
4. En lo no previsto en la presente disposici�n adicional se estar� a lo dispuesto en la normativa reguladora del Registro Mercantil.
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA Aplicabilidad del presente Real Decreto
Lo dispuesto en el presente Real Decreto no ser� de aplicaci�n a los actos de disposici�n sobre el capital social de las entidades mercantiles incluidas en el �mbito de aplicaci�n de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, que se encuentren en curso a la entrada en vigor del presente Real Decreto.
Por los Ministerios de Justicia e Interior, de Econom�a y Hacienda y de Industria y Energ�a, en el �mbito de su respectiva competencia, se dictar�n cuantas disposiciones y resoluciones fueran necesarias para el desarrollo y ejecuci�n del presente Real Decreto.

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