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Timestamp: 2019-03-20 04:47:48+00:00

Document:
La Moncloa. 16/01/2015. Referencia del Consejo de Ministros [Consejo de Ministros/Referencias]
Madrid, viernes 16 de enero de 2015
REAL DECRETO por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola.
ACUERDO por el que se aprueban los criterios de distribución, para el año 2015, del fondo procedente de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.
ACUERDO por el que se establecen pautas para la propuesta de candidatos a jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y miembros del Tribunal General de la Unión Europea.
INFORME sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional.
ACUERDO por el que se toma razón de la resolución de la Dirección General de Tráfico declarando de emergencia el suministro e instalación de un nuevo grupo electrógeno ubicado en el edificio de la calle Emilio Muñoz nº 41, Madrid.
ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de ejecución de las obras del "Proyecto de construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de alta velocidad. Tramo: Pulpí-Cuevas de Almanzora", Almería. Valor estimado del contrato sin IVA 71.278.062,73 euros.
REAL DECRETO por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.
ACUERDO por el que se impone una sanción por cuantía de 150.000 euros a la empresa "Asmonglob, S.L." como consecuencia del acta de infracción en materia de Seguridad Social nº I122014000038312, extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Castelló/Castellón.
REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e identificación de determinados productos vitivinícolas.
REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Panamá a D. RAMÓN SANTOS MARTÍNEZ
REAL DECRETO por el que se promueve al empleo de General de División Médico del Cuerpo Militar de Sanidad al General de Brigada Médico D. SANTIAGO COCA MENCHEROy se le nombra Inspector General de Sanidad de la Defensa.
REAL DECRETO por el que nombra a D. EDUARDO ARÉCHAGA CILLERUELO como miembro del Consejo Económico y Social en representación de las organizaciones empresariales.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a:
Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, D. GERARDO MATRES MANSO.
General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil, D. VICENTE PÉREZ PÉREZ.
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, D. CARLOS MARTÍNEZ-MERELLO Y DÍAZ DE MIRANDA.
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, D. ANTONIO MARTORELL LACAVE.
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, D. FERNANDO GARCÍA GONZÁLEZ-VALERIO.
General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil, D. FRANCISCO DÍAZ ALCANTUD.
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, D. JULIÁN ROLDÁN MARTÍNEZ.
APROBADA LA CARTERA COMÚN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
Se garantiza la igualdad en el acceso a servicios de empleo para los ciudadanos de todo el territorio nacional
Por primera vez desde el proceso de transferencias de las competencias a las Comunidades Autónomas, los servicios que prestan los distintos Servicios Públicos de Empleo tendrán un referente común
La cartera está integrada por cuatro servicios de empleo: un servicio de orientación profesional; un servicio de colocación; un servicio de formación y un servicio de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.
Los servicios se prestarán bajo los principios de atención personalizada, igualdad en el acceso a los servicios; gratuidad, eficiencia, transparencia y orientación a resultados; e interoperabilidad de servicios y datos dentro del Sistema Nacional
El Consejo de Ministros ha aprobado mediante un Real Decreto, la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, con la que se garantiza la igualdad en el acceso a servicios de empleo a los trabajadores en todo el territorio nacional.
La Estrategia de Activación para el Empleo 2014-2016, aprobada el pasado 5 de septiembre, establece objetivos comunes a todos los Servicios Públicos de Empleo y, ante todo, un nuevo sistema de información, de medición y de evaluación de resultados, lo que hace necesario contar con un marco común que defina las medidas que se llevan a cabo desde los distintos Servicios Públicos de Empleo autonómicos.
De esta forma, la Cartera Común de Servicios determina el conjunto de los servicios que deben ser un derecho de todos los trabajadores, de prestación permanente y por parte de todos los Servicios Públicos de Empleo, así como los contenidos o requisitos comunes mínimos y aspectos básicos que serán de aplicación en esta materia en toda España.
Por primera vez desde el proceso de transferencias de las competencias a las Comunidades Autónomas, los servicios que prestan los distintos Servicios Públicos de Empleo tendrán un referente común. Ello sin perjuicio de los servicios con los que cada Servicio Público de Empleo quiera complementar esta Cartera para su propio ámbito territorial.
Así, se permitirá la igualdad de acceso a servicios de empleo en todo el territorio nacional y se aportará una radiografía clara que permitirá la medición y comparación rigurosa, basada en parámetros compartidos, de los servicios de empleo en nuestro país.
Principios comunes para la prestación de los servicios
Definirá, además, una serie de principios para su prestación desde los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos: la atención personalizada, la igualdad en el acceso a los servicios, la gratuidad, la eficiencia, transparencia y orientación a resultados, así como la interoperabilidad de servicios y datos dentro del Sistema Nacional de Empleo.
Los servicios a los usuarios podrán prestarse de manera presencial, a través de las oficinas públicas de empleo o de las entidades colaboradoras de los Servicios Públicos de Empleo, o de manera no presencial, a través del Portal Único de Empleo y medios técnicos o tecnológicos dispuestos a tal efecto.
Los Servicios Públicos de Empleo serán responsables de la difusión de la Cartera Común de Servicios en todas las oficinas de atención a los usuarios y a través de sus respectivos sitios web.
El Real Decreto hoy aprobado prevé la actualización de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo que se realizará mediante la evaluación periódica del coste, eficacia, eficiencia, calidad e impacto de los servicios ofertados y satisfacción de los usuarios, a través de una comisión establecida al efecto en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD NACIONAL
Se trata de dotar al Estado de las herramientas jurídicas para adecuar el sistema de Seguridad Nacional a los nuevos riesgos y amenazas.
El Consejo de Ministros ha recibido un informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional. Con el nuevo texto legal el Estado busca dotarse de herramientas jurídicas para adecuar el sistema de Seguridad Nacional español a los nuevos riesgos y amenazas. Asimismo, la nueva Ley contempla actualizar las estructuras existentes para fortalecer la prevención y respuesta ante situaciones de crisis. El Ejecutivo ha remitido el texto del Anteproyecto de Ley Orgánica al Consejo de Estado, para someterlo a su preceptivo dictamen.
La nueva norma responde a la demanda compartida de mejorar la coordinación y resolver los problemas que plantea una actuación compartimentada frente a los riesgos y amenazas de carácter transversal propios de nuestros días. Así, con esta Ley Orgánica, el Estado potencia sus capacidades para responder a desafíos de índole muy diversa --por ejemplo, ciberseguridad, terrorismo, catástrofes naturales, vulnerabilidad energética, etcétera--, pero con el denominador común de golpear los cimientos del Estado de Derecho y poner en riesgo la libertad y el bienestar de los ciudadanos.
El Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional, aprobado en el Consejo de Seguridad Nacional bajo presidencia del presidente del Gobierno, cuenta con las aportaciones de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, Defensa, Interior y Presidencia. Con la norma se llevan a cumplimiento las indicaciones de la Estrategia de Seguridad Nacional 2013 y del Real Decreto del 31 de mayo de 2013, por el que se establecía el Consejo de Seguridad Nacional en su condición de Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional. Ambos textos preveían la necesidad de que los poderes públicos se dotaran de una Ley Orgánica que les permitiera responder a los nuevos desafíos en materia de seguridad. Asimismo, cabe referir que este Anteproyecto no contempla un aumento del gasto público, sino una racionalización y optimización de los recursos ya existentes.
El Anteproyecto aborda la Seguridad Nacional como una política de Estado que, bajo la dirección del presidente del Gobierno, implica a todas las Administraciones Públicas y a la sociedad en general. Junto a planteamientos novedosos en la política de Seguridad Nacional, como es la colaboración público-privada y el impulso de una cultura de Seguridad Nacional que implique al ciudadano, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional delimita y concreta las funciones que, en esta materia, ejercerán las Cortes Generales, el Gobierno en su conjunto, el presidente del Gobierno, los ministros y el Consejo de Seguridad Nacional.
Con carácter de Comisión Delegada del Gobierno, dicho órgano cumplirá, según el tenor del Anteproyecto, con dos funciones: la asistencia y asesoramiento al presidente del Gobierno en los ámbitos de su competencia, por una parte, y por otra, la dirección y coordinación de las actuaciones de gestión de las situaciones de crisis. En este último ámbito, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional busca facilitar la detección y valoración de riesgos y amenazas, la agilización del proceso de toma de decisiones y la coordinación de la respuesta en situaciones de alteración de la normalidad. El Consejo de Seguridad Nacional cuenta, como secretaría técnica y órgano de trabajo permanente, con el Departamento de Seguridad Nacional.
Dentro de este ámbito, cabe referir que ya se han creado Estrategias y órganos dependientes de carácter sectorial para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante crisis dotadas de transversalidad en campos como la ciberseguridad o la seguridad marítima. Con todo ello, el sistema de Seguridad Nacional español se sitúa a la vanguardia de los países más avanzados en esta materia.
Una importante novedad del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional es la regulación de la situación de interés para la Seguridad Nacional, que viene a rellenar el vacío normativo existente entre las crisis más graves, contempladas en la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, del 1 de junio de 1981, y aquellas otras que se afrontan con los medios y recursos habituales. La nueva situación de interés para la Seguridad Nacional se declara por el presidente de Gobierno y se caracteriza por su gravedad potencial, la dimensión o transversalidad de las medidas precisas para su resolución. En ningún caso supondrá la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas. Las autoridades competentes actuarán conforme a sus atribuciones ordinarias.
En esta norma se formaliza también el Comité de Situación, un comité especializado en gestión de crisis que opera como órgano colegiado de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional. Su implantación busca favorecer la rapidez y la flexibilidad en la respuesta a las situaciones de crisis.
Con el Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional estudiado hoy por el Consejo de Ministros, el Estado se dota de cobertura legal para permitir una cooperación más eficiente en el uso de los recursos del Estado en materia de Seguridad Nacional. El texto, lejos de responder a planteamientos coyunturales, da continuidad a las políticas emprendidas en materia de Seguridad Nacional por este Gobierno desde el comienzo de la Legislatura. Así, se cumple con el fin último perseguido por el Anteproyecto, que no es otro que el de proteger la seguridad y las libertades de los españoles.
La prevención de los nuevos patrones de consumo y de las nuevas sustancias, la atención a los menores en situación de riesgo y los programas centrados en los problemas de las mujeres drogodependientes, entre las prioridades que financiará el Fondo
El Consejo de Ministros ha aprobado los criterios de distribución, para el año 2015, del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, regulado en la Ley de 29 de mayo de 2003.
Según la Ley que regula este Fondo, el producto de la enajenación de los bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados se destina a intensificar las actuaciones realizadas en los ámbitos de la reducción de la demanda y del control de la oferta de drogas, así como de la cooperación internacional en estas materias.
El acuerdo aprobado hoy autoriza a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones del Fondo a sufragar en 2015 con cargo a esta partida, además de los gastos de gestión del Fondo, las siguientes actividades:
- En el ámbito de la reducción de la demanda programas de prevención de toxicomanías, asistencia a drogodependientes e inserción social y laboral de los mismos, consistentes en:
- En el ámbito del control de la oferta, programas y actuaciones emprendidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha contra las drogas y el blanqueo de capitales, dirigidos a mejorar las comunicaciones y los sistemas informáticos, incrementar los medios materiales y promover la formación de los recursos humanos dedicados a esta actividad.
Por último, el Acuerdo permite la financiación de otros programas que, por su especial interés, deban desarrollarse necesariamente en 2015, en especial, los que se ejecuten en cumplimiento de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 y del Plan de Acción 2013-2016.
LICITACIÓN DEL TRAMO DE ALTA VELOCIDAD PULPÍ-CUEVAS DEL ALMANZORA, EN ALMERÍA
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar, a través de ADIF Alta Velocidad, las obras de plataforma del tramo Pulpí-Cuevas del Almanzora de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, perteneciente al Corredor Mediterráneo. Esta actuación va a ser cofinanciada por el FEDER.
El tramo, que se licitará por importe de 86.246.456 euros, IVA incluido, discurre a lo largo de 12,5 km. por los términos municipales de Pulpí y Cuevas del Almanzora, en la provincia de Almería.
Entre los elementos singulares del tramo destacan tres viaductos sobre las ramblas de Canalejas, Guazamara y Las Gachas, con una longitud aproximada de 420, 60 y 150 m, respectivamente.
FIJADOS LOS CRITERIOS PARA LOS CANDIDATOS A JUECES, ABOGADOS GENERALES Y MIEMBROS DE DISTINTOS TRIBUNALES EUROPEOS
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo conjunto de los Ministerios de Presidencia, Justicia y Asuntos Exteriores y de Cooperación por el que se establecen las pautas para la propuesta de candidatos a jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y a miembros del Tribunal General de la Unión Europea.
Según este mecanismo de selección de los candidatos españoles, será el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación quien comunicará a los de la Presidencia y de Justicia, y al Consejo Ejecutivo de Política Exterior, la necesidad de elaborar una propuesta para lo que habrá que desarrollar un proceso de selección con la publicidad correspondiente. Un comité de selección examinará la idoneidad de los candidatos y propondrá sus nombres. Posteriormente, la candidatura se comunicará al Consejo Ejecutivo de Política Exterior antes de que el Consejo de Ministros finalmente tome la última decisión.
El comité seleccionador estará integrado por el secretario de Estado para la Unión Europea, el secretario de Estado de Justicia, el subsecretario de Presidencia y el subsecretario de Justicia, y contará con el apoyo de una secretaría ejercida por un Abogado del Estado.
Este sistema ofrece las máximas garantías de capacitación, transparencia y adecuación al cargo de aquellos candidatos que España presente, de cara al desempeño de unas responsabilidades tan relevantes en el ámbito de la Justicia europea, cuyas decisiones tienen una repercusión creciente en todos los Estados de la Unión.
La Constitución española otorga al Gobierno la capacidad de proponer candidatos a altas funciones jurisdiccionales internacionales, mientras que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que estos profesionales serán designados en el caso del Tribunal de Justicia, y elegidos en el del Tribunal General de la Unión Europea, entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y capacidad, por un período de seis años.
MEDIDAS PARA APLICAR LA NORMATIVA COMUNITARIA EN MATERIA DE HIGIENE EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA AGRÍCOLA
Se contempla la creación del Registro General de la Producción Agrícola, que permitirá reforzar los sistemas de trazabilidad existentes
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para aplicar los requisitos establecidos en la normativa comunitaria para la higiene en las explotaciones agrícolas, teniendo en cuenta el reparto de competencias en el Estado español.
Este Real Decreto, elaborado en colaboración con las Comunidades Autónomas, fija claramente, en su ámbito de aplicación, cuáles son las explotaciones agrícolas que deben cumplir con las obligaciones de higiene fijadas en la normativa comunitaria, y establece el conjunto de medidas que, desde el punto de vista de la higiene, deben respetar los agricultores titulares de las mismas.
Estas obligaciones vendrán desglosadas en las correspondientes guías de buenas prácticas que, tanto el Ministerio como las organizaciones más representativas del sector, pondrán a disposición de los agricultores a través de la página web del Departamento.
Registro General de la Producción Agrícola
Una de las novedades de la nueva norma es la creación del Registro General de la Producción Agrícola, en el que será obligatoria la inscripción de todas las explotaciones que realicen su actividad en el ámbito agrícola. Este Registro es un instrumento imprescindible para el cumplimiento de la normativa comunitaria sobre seguridad alimentaria, ya que, entre otras cuestiones, permitirá reforzar los sistemas de trazabilidad existentes.
Además, el Registro General de la Producción Agrícola constituirá un instrumento válido y conveniente para otros fines de la política agraria, aportando información muy valiosa para los controles de condicionalidad de las ayudas de la Política Agraria Común, así como para estudios de índole estadística.
El Ministerio dispone también de una aplicación informática, que permitirá el intercambio de información entre los diferentes Registros de todas las administraciones y la consulta pública de dicha información, con la misión de informar a los agricultores de la inscripción en el Registro General de la Producción Agraria de sus explotaciones.
Otra novedad a destacar la constituye el establecimiento de un Programa de Control Oficial de la Producción Primaria Agrícola, en el que se pretenden aglutinar las labores de control oficial que fijan, tanto la normativa comunitaria, como nacional, en el marco de la higiene agrícola. El objeto del mismo es garantizar la eficacia y eficiencia de los controles, al mismo tiempo que se simplifican los procedimientos de control y se evitan las duplicidades.
Con la aprobación de esta nueva normativa se pone de manifiesto, una vez más, la apuesta decidida del Ministerio por mejorar las herramientas de coordinación con las Comunidades Autónomas, con la finalidad de establecer y consensuar medidas armonizadas a nivel nacional, que permitan implementar las obligaciones establecidas en la normativa comunitaria de la manera más eficaz posible, lo que, sin lugar a dudas, redundará en una mejora notable de la seguridad alimentaria de las producciones españolas, sin mermar la competitividad de nuestra industria alimentaria.
NUEVAS DISPOSICIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica la normativa vigente por la que se desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e identificación de determinados productos vitivinícolas.
La nueva norma contempla, para los vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP) y con Indicación Geográfica Protegida (IGP), la posibilidad de utilizar la mención "Embotellado en Origen" cuando los vinos hayan sido embotellados en una empresa situada en la zona geográfica delimitada o en las inmediaciones de la zona geográfica delimitada, cumpliendo los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones de estas figuras y de acuerdo a la normativa comunitaria.
Esta modificación se ha impulsado a solicitud de las Comunidades Autónomas de Cataluña y Castilla y León.
ACTUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia efectuada por resolución de la directora general de Tráfico para el suministro e instalación de un nuevo grupo electrógeno en el Centro de Proceso de Datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), por un importe total de 375.705 euros.
Esta resolución de emergencia responde a la necesidad urgente de solventar una avería que se produjo el pasado 26 de octubre de 2014 en el grupo electrógeno de la DGT y que dejó al equipo completamente inoperativo y sin reparación posible, equipo imprescindible para mantener las conexiones informáticas con los distintos centros e instalaciones de la Dirección General de Tráfico.
Embajador de España en la República de Panamá.-
D. RAMÓN SANTOS MARTÍNEZ
Nacido el 3 de junio de 1955 en Madrid, es Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y en Sociología, e ingresó en 1986 en la Carrera Diplomática.
Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Ecuador, ante la Unión Europea y Estados Unidos. Ha sido subdirector general de Cooperación con México, América Central y El Caribe, jefe y asesor del Gabinete Técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional, vocal asesor para Asuntos Interamericanos y subdirector general de Países de la Comunidad Andina. Fue embajador de España en la República de Bolivia y vocal asesor en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Desde julio de 2013 era embajador en Misión Especial para las Cumbres Iberoamericanas y Asuntos Multilaterales de Iberoamérica.
Inspector General de Sanidad de la Defensa.-
Nacido el 28 de febrero de 1953 en Bolaños (Ciudad Real), es doctor en Medicina y Cirugía, y especialista en Anatomía Patológica. Ingresó en las Fuerzas Armadas en 1977 con el empleo de teniente.
Ha estado destinado en el Instituto de Medicina Clínica Aeronáutica, en el Hospital de Sanidad del Ejército del Aire y en el Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla", cuya dirección desempeñaba en la actualidad.

References: REAL DECRETO 
 resolución 

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