Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-453-13.htm
Timestamp: 2017-09-26 19:46:27+00:00

Document:
T-453-13
Sentencia T-453/13
LIBERTAD DE PRENSA COMO DERECHO DE RANGO CONSTITUCIONAL-Límites a la libertad de expresión y de información derivados de la preeminencia de los derechos de los niños
El derecho a informar y a recibir información, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política, incumbe no solamente a quien difunde la información y supone, además i) la libertad de informar, ii) la facultad de fundar medios masivos de comunicación, iii) la protección a la actividad periodística, y iv) la prohibición de la censura, v) conllevando correlativamente que la comunidad reciba información oportuna, veraz e imparcial. El ejercicio de tales facultades presenta muy frecuentes tensiones, no superadas en el mundo, especialmente ante los derechos a la intimidad personal y familiar, el buen nombre y la honra, al igual que frente a la rectificación. De una parte los medios de comunicación tienen el deber de emitir información cierta, objetiva y oportuna, y de otra, poseen el derecho de publicar los hechos y actuaciones, aún en lo irregular, de que tengan conocimiento en virtud de su función. Sin embargo, deben ser diligentes y cuidadosos en la divulgación de información que involucre situaciones atinentes a la vida íntima de las personas y las familias, que aún siendo verdadera, su publicidad puede lesionar derechos fundamentales de los allí involucrados, implicando daño a la intimidad, la honra y el buen nombre. Lo anterior exige aún mayor responsabilidad cuando la noticia involucra a menores de edad, quienes se encuentran reforzadamente protegidos por normas como el artículo 44 de la Constitución, al igual que por la preceptiva contenida en tratados internacionales ratificados por Colombia, que categorizan el deber del Estado, la sociedad y la familia de proteger a los niños y hacer prevalecer sus derechos sobre los de los demás.
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION-Obligación de protección y reserva frente a niños, niñas y adolescentes
TRATAMIENTO DE LA INFANCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION-Recomendaciones contenidas en el informe presentado por Save the Children y Unicef
DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR DE MENOR-Exhortación a periódico para que no efectúe publicación alguna que atente contra la intimidad, honra o el buen nombre de menor y su familia
DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR DE MENOR-Orden a periódico para retirar de la red o página web cualquier información, noticia, reporte o datos que estén relacionados con el menor y su familia
Referencia: expediente T-3819973.
Bogotá, D. C., quince (15) de julio de dos mil trece (2013).
I. Anotaciones preliminares.
Esta Sala ha decidido, como medida de protección al niño afectado en el asunto bajo estudio, suprimir de todo futuro conocimiento su nombre y el de su progenitora, en procura de lo cual se elaborará otro texto del presente fallo, de igual tenor pero con tal supresión, que será el publicable para todos los efectos correspondientes[1].
1. “L”, actuando a nombre propio y en representación de su hijo “P”, de menos de 5 años de edad al tiempo de la formulación de la demanda, interpuso acción de tutela al considerar que las entidades accionadas vulneraron los derechos de ella y de su infante, permitiendo que se les identificara en medios masivos de comunicación, como aparece en dos páginas del periódico El Nuevo Día, de “T”, de las cuales anexa fotocopia, donde efectivamente se lee, en destacados titulares, “Lo acusan de abuso sexual a hijo // … envuelto en grave escándalo sexual” y “Exrepresentante a la Cámara …, acusado de abusar sexualmente de su hijo” (fs. 4 y 5 cd. inicial).
La crónica incluyó un acápite titulado “La demandante”, refiriendo a la señora con su nombre, el departamento del cual es “natural” y las iniciales del niño, nacido a raíz de “una corta relación”, que “fue cordial y respetuosa”, aunque “nunca han convivido” con …, que “se encuentra soltero y al parecer las visitas al menor continúan”, quien “fue reconocido como hijo del dirigente, ha vivido en “T” y establecido contacto directo con su padre y la familia ”.
La señora denunciante aseveró que después de oír a su hijo, que “relataba abusos y actos sexuales abusivos, que presuntamente le propinaba su padre … ”, decidió acudir al ICBF para solicitar ayuda, de donde, debido a la “gravedad de las denuncias”, remitieron el caso a la Comisaría Cuarta de Familia de “T”.
En enero 26 de 2013, diferentes medios de comunicación le solicitaron entrevistas para saber “los motivos de la denuncia y las implicaciones para … , presunto agresor”, de lo cual censura al ICBF y a la Comisaría Cuarta de Familia por pasar información, que generó un programa de opinión, donde los intervinientes, que tomaron “partido a favor del denunciado, se expresaron de manera injuriosa y agresiva” contra ella, violando así sus derechos y los de su hijo.
B. Actuación judicial de instancia
Repartida la demanda al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de “T”, en enero 31 de 2013 admitió la acción, vinculó al diario El Nuevo Día y dispuso notificar a “las accionadas”, otorgando un término de dos días para dar respuesta (f. 11 ib.).
Mediante escrito presentado en febrero 4 de 2013, dicha Comisaría se opuso a la tutela, indicando que allí “no se ha permitido la difusión del proceso investigativo de los actos de abuso sexual, ni mucho menos lo relacionado con el proceso administrativo de restablecimiento de derechos”, trámite que se realizó con total cuidado y custodia a la reserva de los expedientes y del contenido, más aún tratándose de abuso sexual contra niños, niñas o adolescentes (f. 18 ib.).
Describió las diferentes actuaciones administrativas realizadas por el ICBF y afirmó que en diciembre 7 de 2012, la historia fue remitida a la Comisaría Cuarta de Familia, según oficio N° 019600, para que allí se tomaran las medidas pertinentes, por competencia.
Agregó que la accionante aportó como prueba, la fotocopia de la noticia emitida en enero de 2013 por el periódico El Nuevo Día, para demostrar que el Director del ICBF, Regional “E”, se pronunció sobre el caso, pero contrario a lo expuesto por ella, lo que se lee es que mientras no se resuelva un proceso, nada se puede decir y nada sabe “de la demanda en contra de …”.
Acotó que también se lee que “contrario a lo expresado por el Dr. Buenaventura[2], el Nuevo Día conoció que al infante le fueron practicados varios exámenes psicológicos por parte del personal de Bienestar Familiar, además se ordenó continuar con el trámite de la investigación”. Con lo anterior advirtió que la entidad que representa no fue la que vulneró los derechos invocados, y resaltó que “la información fue dada al público por los medios de comunicación, en este caso el Periódico El Nuevo Día, y no por parte del ICBF” (f. 22 ib.).
E. Respuesta de Editorial Aguasclaras S.A..
Mediante escrito presentado en febrero 5 de 2013, el representante legal de dicha sociedad contestó el requerimiento del Juzgado de instancia, advirtiendo que en la edición de enero 28 de 2013 se publicó en el periódico “El Nuevo Día” la noticia titulada “… envuelto en grave escandalo sexual”, reporte que i) corresponde única y exclusivamente a hechos veraces y verificables que la misma demandante confirmó al incoar la acción de tutela; ii) no contiene opiniones personales y solo refleja hechos que son de conocimiento de la justicia; iii) se trata de un suceso de interés, que debe conocer la ciudadanía.
Al “prohibir informar sobre esta situación de relevancia para la comunidad tolimense se incurriría en una CENSURA la cual es inadmisible en nuestro Estado Social de Derecho” (f. 25 ib., está en mayúscula en el texto original), reafirmando que la noticia fue veraz, imparcial y objetiva (art. 20 Const.), publicada con base en el derecho y las libertades de expresión y de informar, siendo inadmisible que “por medio de un derecho de petición e incluso de un derecho de rectificación se busque censurar a un medio de comunicación y que el mismo deje de informar a toda una comunidad”, lo que generaría una violación a los “derechos a la libertad de información, de informar y principalmente la libertad de prensa, que incluye el derecho a administrar los medios de comunicación sin injerencias” (está en negrilla en el texto original).
Por último, expuso que el buen nombre se quebranta si la información es falsa o errónea, por lo que “el juez debe dar primacía a otros derechos por encima del derecho al buen nombre, siempre y cuando… los hechos que se cuenten o informen sean verdaderos y no simples suposiciones”.
“… los medios de comunicación tienen el deber de emitir información cierta, objetiva y oportuna, y de otra parte, poseen el derecho de reportar públicamente los hechos y actuaciones, aún en lo irregular, de que tengan conocimiento en virtud de su función. No obstante lo anterior, deben ser diligentes y cuidadosos en la divulgación de la información que involucre elementos propios de la vida intima de las personas o de su familia, que aún siendo verdadera, al ser presentada públicamente, lesiona derechos fundamentales de las personas allí involucradas, implicando un daño a la honra, la fama o el buen nombre, ocasionando un quebranto directo a la intimidad.”
Manifestó también que se exige un grado aún mayor de responsabilidad, cuando la noticia involucra a niños, niñas y adolescentes, quienes se encuentran protegidos con preeminencia por el artículo 44 de la Constitución. Además el artículo 47 del Código de la Infancia y la Adolescencia regula la responsabilidad especial de los medios de comunicación, al determinar en su numeral 8° que se deben abstener de “entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos”.
Para sustentar la decisión frente al caso concreto, que motivará la disertación en el último acápite de estas consideraciones, se efectuará previamente (i) una breve referencia a la legitimación por activa (quien impetró la tutela) y por pasiva (los entes vinculados); (ii) se refrendará la jurisprudencia sobre la libertad de prensa como derecho constitucional y los límites a la libertad de expresión, al estar de por medio la protección preferente de los derechos de los niños; (iii) la responsabilidad social de los medios de comunicación y su obligación de protección y reserva frente a los derechos de los niños; y (iv) el tratamiento de la infancia en los medios de comunicación.
3.2. En cuanto a los entes demandados, es claro que el ICBF y la Comisaría Cuarta de Familia de “T” son autoridades públicas y, por ende, pasibles de responder en acción de tutela, por eventuales conculcaciones o riesgos que hubieren ocasionado contra derechos fundamentales (arts. 86 Const. y 1° y 5° D. 2591 de 1991).
En cuanto al medio de comunicación social, adviértase la inferioridad en que están los afectados por excesos, abusos, parcializaciones o mendacidades en el ejercicio de las libertades de expresión e información, por parte de quienes tienen acceso a una audiencia amplia e indeterminada (art. 42 D. 2591 de 1991, numerales 4° y 9°), al igual que la similitud entre la difusión de información inexacta o errónea que de lugar a rectificación (numeral 7° ib.) y cuando ésta no tiene lugar por no ser falaz lo divulgado, que sin embargo ha debido permanecer en un ámbito de intimidad. Esta legitimación por pasiva ha dado lugar, además, a una especial competencia, adjudicada a los jueces del Circuito del lugar respectivo (art. 37 D. 2591 de 1991).
Para tratar de armonizar los referidos derechos en sus usuales contraposiciones, la normatividad nacional e internacional ha desarrollado condiciones para su ejercicio. De una parte los medios de comunicación tienen el deber de emitir información cierta, objetiva y oportuna, y de otra, poseen el derecho de publicar los hechos y actuaciones, aún en lo irregular, de que tengan conocimiento en virtud de su función. Sin embargo, deben ser diligentes y cuidadosos en la divulgación de información que involucre situaciones atinentes a la vida íntima de las personas y las familias, que aún siendo verdadera, su publicidad puede lesionar derechos fundamentales de los allí involucrados, implicando daño a la intimidad, la honra y el buen nombre.
Lo anterior exige aún mayor responsabilidad cuando la noticia involucra a menores de edad, quienes se encuentran reforzadamente protegidos por normas como el artículo 44 de la Constitución, al igual que por la preceptiva contenida en tratados internacionales ratificados por Colombia[3], que categorizan el deber del Estado, la sociedad y la familia de proteger a los niños y hacer prevalecer sus derechos sobre los de los demás.
El Código de la Infancia y la Adolescencia, en su artículo 47, instituye la responsabilidad especial de los medios de comunicación[4] e indica que, sin perjuicio de su autonomía y demás derechos, deberán “abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos”(no está en negrilla en el texto original), debiendo responder por la violación de tales preceptos.
En reiterada jurisprudencia[5], esta Corte se ha pronunciado sobre la necesidad de garantizar de manera efectiva y prevalente el ejercicio de los derechos de quienes, por su minoridad, son sujetos de especial protección. Así se ha estimado que los niños cuentan con un amparo reforzado, también cuando se encuentran involucrados en un episodio que podría afectar su derecho a la intimidad, su integridad moral y su formación.
En efecto, ha expresado la Corte Constitucional[6]:
“La autora describe, desde su particular punto de vista, no susceptible de ser controvertido por las niñas afectadas, hechos, lugares y circunstancias ilustrados con nombres propios, haciendo de público conocimiento aquello que debería permanecer dentro de la reserva propia que la Constitución garantiza a las menores y a la familia de la cual hacen parte.”
Así, en sentencia T-036 de enero 25 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil, se afirmó: “El juez de tutela debe analizar en cada caso si lo que se reprocha es únicamente que la información publicada sea inexacta o errónea, o si, por el contrario, también se ha vulnerado la intimidad personal o familiar. En el primero de los casos, el derecho vulnerado es susceptible de restablecerse… Por el contrario, si la tacha es que la difusión de la información, independientemente de su veracidad, ha invadido el ámbito inalienable de la vida íntima de las personas, la rectificación no es procedente.”
Según lo expuesto en la sentencia T-391 de mayo 22 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, “para efectos de armonizar proporcionada y razonablemente el ejercicio de esta manifestación del derecho a la libertad de expresión con los derechos ajenos con los cuales pueda entrar en conflicto, principalmente, los derechos de los niños y los derechos de los adultos que no han dado su consentimiento para acceder a estos materiales a no verse ofendidos en sus convicciones íntimas por los mismos. Pero, como se dijo, toda limitación debe asumirse como sospechosa de entrada y sujetarse a un control estricto de constitucionalidad”.
1ª. Respetar el principio de universalidad de los derechos de niños y niñas, consagrados en el numeral 1° del artículo 2° de la Convención sobre los Derechos del Niño, que indica: “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.”
2ª. Priorizar siempre el interés superior del niño en la toma de decisiones, recordando que el numeral 1° del artículo 3° de la referida Convención consagra: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”
“En el caso de los temas en los que haya relación con niños y niñas, además de los criterios de pertinencia o interés de la noticia, es importante valorar la situación siempre en función de cómo puede afectar al niño o niña tanto para decidir la publicación o no de la noticia, como a la hora de delimitar el contenido de la noticia publicada. No sólo en términos inmediatos de riesgo de violencia o consecuencias adversas (casos de maltrato, violencia en la escuela, menores en situación de riesgo de exclusión social, refugiados o niños soldado) que pudiera suponer para el niño o niña la publicación de la noticia, sino también para determinar si el niño o niña protagonista de la noticia se ve caracterizado de modo que se condicione su presente o futuro. Por ejemplo, la difusión de la situación económica de su familia, la enfermedad o procedimiento penal propio o de familiares, pueden condicionar activamente el presente de ese niño o niña y tener también implicaciones para su vida muchos años después, y pueden suponer además de un riesgo, una violación de su intimidad sin su consentimiento.”
3ª. Garantizar la exactitud y contextualización adecuada de los contenidos de
las noticias sobre infancia. El numeral 2° del artículo 2° de la Convención citada, obliga a los Estados Partes a tomar “todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”. Al respecto, el informe arrojó que uno de los riesgos de la práctica periodística es que los niños y niñas aparezcan caracterizados por atributos o circunstancias que obvien el hecho de que son niños o niñas, o que no se proporcione el contexto de la situación, o que se caiga en estereotipos al enfocar la noticia.
4ª. Para proteger la imagen e identidad de los niños y niñas, el numeral 1° del artículo 16 del texto seguido determina que “ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”.
El informe relaciona el mandato de la Convención con lo consagrado en España en la “Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor ‘Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones’ y añade que ‘se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales’”, norma equiparable al artículo 33 del Código colombiano de Infancia y Adolescencia, que estipula:
“Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la intimidad personal, mediante la protección contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. Así mismo, serán protegidos contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad.”
Además, el numeral 8° del artículo 47 del mismo Código señala la responsabilidad de los medios de comunicación, en el ejercicio de su autonomía y demás derechos, deberán: “Abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos, salvo cuando sea necesario para garantizar el derecho a establecer la identidad del niño o adolescente víctima del delito, o la de su familia si esta fuere desconocida. En cualquier otra circunstancia será necesaria la autorización de los padres o, en su defecto, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.”
Por lo tanto, la presentación de noticias sobre niños, niñas y adolescentes, o en las que aparezcan éstos, tiene sus retos especiales y antes de publicar la información es necesario identificar y valorar el riesgo. En algunos casos, la forma de presentar la información sobre esta población, puede colocar en riesgo de represalias, castigos físicos o psicológicos, cuando del niño se pueda revelar información sensible o comprometedora, o condicionar su futuro, etiquetándole.
Para que esta protección sea realmente efectiva, debe extenderse “no sólo al nombre o a la imagen de los niños y niñas, sino también a todo lo que pueda hacerlos fácilmente identificables: uso de seudónimos o motes, imágenes alteradas, o datos e imágenes del contexto de los niños y niñas protagonistas de las informaciones, como pueden ser edad, población, centro de estudios, nombre de familiares, la realización de una entrevista directa a sus familiares o a ellos mismos aunque salgan con los ojos tapados o de espaldas”. En consecuencia, se busca tener en consideración el respeto y la protección al concepto integral de identidad, que va más allá de difuminar una fotografía u omitir un nombre.
6ª. Garantizar el derecho a la participación de los niños y niñas en los medios
de comunicación. El numeral 1° del artículo 12 de la referida Convención consagra: “Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de su edad y madurez…”.
Las entidades demandadas, en los respectivos escritos de respuesta, afirmaron que el asunto se atendió con prudencia y no se filtró dato alguno. Por su parte, la sociedad Editorial Aguasclaras S.A., responsable de El Nuevo Día, rechazó haber vulnerado derechos fundamentales de la actora o de su hijo, toda vez que no mencionó el nombre de él, ni su domicilio o sitio de estudio y la publicación se efectuó a partir de información veraz e imparcial (fs. 25 y 27 cd. inicial).
En el asunto sub judice se confronta el proceder desarrollado en la edición de enero 28 de 2013 de El Nuevo Día (f. 24 cd. inicial), frente a los mandatos constitucionales e internacionales reseñados y a lo dispuesto en el artículo 47.8 del Código de la Infancia y la Adolescencia, referente a la responsabilidad especial de los medios de comunicación de “abstenerse de entrevistar dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos” (negrilla fuera del texto original).
7.3. Puede entenderse que El Nuevo Día informó lo que consideró veraz, pero identificó plenamente al presunto agresor y a la madre del infante, cuyas iniciales también incluyó, dejándole en posibilidad de ser identificado. Al lanzarse al público un acaecimiento que ha de ser motivo de acción judicial, ni siquiera iniciada[7], en primicia que debe restringirse cuando esté de por medio el derecho preeminente de un menor de edad, se menoscabó consecuencialmente la intimidad de dos seres humanos, uno de ellos sujeto pasivo del comportamiento reprochado.
7.4. De tal manera, deviene ostensible que sí se consumó un quebrantamiento al derecho a la intimidad, frente a lo cual es acertado que el Juzgado de instancia dispusiera tutelar y que exhortara a El Nuevo Día “para que no efectúe publicación alguna que atente contra la intimidad, la honra o el buen nombre de la familia aquí involucrada” (f. 38 vuelto ib.).
Al respecto, reitérese lo manifestado en la sentencia T-040 de enero 28 de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub (está en negrilla en el texto original):
“Google Colombia S.A. no es responsable de la noticia…, Google presta un servicio de búsqueda de la información que hay en toda la red, y no es quien redacta o publica tal información, sino que es un simple motor de búsqueda al cual no se le puede endilgar la responsabilidad sobre la veracidad o imparcialidad de un respectivo artículo, noticia o columna que aparezca en sus resultados.
En virtud de ello, por los elementos fácticos y para efectos de resolver el caso sub examine, no es competencia ni responsabilidad de Google, rectificar, corregir, eliminar o complementar la información que arroja una búsqueda concreta, sino del medio de comunicación, escritor, columnista, etc., que incluye y procesa la información en internet. Sin perjuicio de que, por características distintas, haya casos donde una base de datos que cumple la función de Google, pueda generar alguna vulneración de un derecho fundamental por la información que administra.”
7.5. Por todo lo expuesto, será confirmado el fallo de primera instancia, que no fue impugnado, proferido en febrero 12 de 2013 por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de “T”, en cuanto amparó la intimidad del infante y exhortó al periódico El Nuevo Día, para que “no efectúe publicación alguna que atente contra la intimidad, la honra o el buen nombre de la familia aquí involucrada, especialmente del menor… y, que en caso de hacerlo, incurrirá en las sanciones previstas en los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991”.
7.6. En defensa de los intereses superiores del niño, el cumplimiento de lo ordenado en esta acción de tutela deberá ser supervisado por el Procurador General de la Nación (art. 277, numeral 1°, Const.) y por el Defensor del Pueblo (art. 282, numeral 1° ib.), por conducto de las dependencias correspondientes, para lo cual la Secretaría General de esta corporación les remitirá copias del expediente, incluida esta providencia.
Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida en febrero 12 de 2013, por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de “T”, en cuanto concedió la tutela al derecho fundamental a la intimidad del niño hijo de la demandante, adicionándola con la orden al periódico El Nuevo Día, para que por conducto de su Director o quien haga sus veces, si aún no lo ha realizado, dentro del término de cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación de la presente providencia, haga retirar de la red cualquier información, noticia, reporte o datos que estén relacionados con el suceso motivo de esta acción, que permitan individualizar o deducir la identidad del niño amparado en esta acción y de su progenitora.
Segundo.- SOLICITAR al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo que, en el ámbito de sus respectivas funciones y por conducto de las dependencias correspondientes, supervisen el cabal cumplimiento de lo ordenado en esta acción de tutela, en defensa de los derechos superiores del niño, para lo cual la Secretaría General de esta corporación les remitirá copias del expediente, incluida esta sentencia.
Tercero.- Por Secretaría General de esta corporación, LÍBRESE la comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
A LA SENTENCIA T-453/13
DATO SENSIBLE Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES-Vulneración del habeas data de menor de edad en publicación de periódico (Aclaración de voto)
DERECHO AL HABEAS DATA DE MENOR DE EDAD-Vulneración por periódico al divulgar información íntima de la accionante y su hijo en red o página web (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente T-3.971.964
Con el habitual respeto por las decisiones de la Sala, aclaro el voto en la sentencia de ponencia del Magistrado Nilson Pinilla Pinilla, acogida por la mayoría de la Sala Sexta de Revisión porque aunque estoy de acuerdo con lo decidido en cuanto a tutelar el derecho a la intimidad de la actora y de su hijo menor de 18 años, considero que también debió hacerse referencia al derecho al hábeas data y a los derechos fundamentales de los niños.
En efecto, en la ponencia únicamente se protegió el derecho a la intimidad del niño y de la madre, hecho que desconoce que para el caso que se analizaba, tenía plena aplicación la Ley Estatutaria 1581 de 2012, conforme a la cual (i) existen categorías especiales de datos, dentro de las cuales se encuentran los datos sensibles -aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como los datos relativos a la salud y a la vida sexual-, (ii) por regla general el tratamiento de datos sensibles está prohibido, y (iii) está proscrito el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública.
El caso bajo revisión se relacionaba evidentemente con el derecho al hábeas data de menor de edad, y por lo tanto, considero que era necesario un pronunciamiento sobre la posible vulneración del nombrado derecho, por parte del diario vinculado en el asunto estudiado.
A ese respecto, habría resultado oportuno hacer referencia a la Sentencia T-260 de 2012[8], en la cual, al estudiar la protección hábeas data, se señala lo siguiente:
“De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, dentro de las prerrogativas –contenidos mínimos- que se desprenden de este derecho encontramos, por lo menos, las siguientes: (i) el derecho de las personas a conocer –acceso- la información que sobre ellas está recogidas en bases de datos, lo que conlleva el acceso a las bases de datos donde se encuentra dicha información; (ii) el derecho a un incluir nuevos datos con el fin de se provea una imagen completa del titular; (iii) el derecho a actualizar la información, es decir, a poner al día el contenido de dichas bases de datos; (iv) el derecho a que la información contenida en bases de datos sea rectificada o corregida, de tal manera que concuerde con la realidad; (v) el derecho a excluir información de una base de datos o archivo, bien por que se está haciendo un uso indebido de ella, o por simple voluntad del titular –salvo las excepciones previstas en la normativa.
Como se aprecia la protección del derecho fundamental del habeas data tiene como finalidad la protección de los datos en un mundo globalizado, en el que el acceso a la Sociedad de la Información y el conocimiento es cada vez mayor. Esta protección responde, además, a la importancia que tales datos revisten para la garantía de otros derechos como la intimidad, el buen nombre, el honor y la honra.”
En el caso bajo estudio, el diario accionado divulgó información íntima de la actora y de su hijo, y teniendo en cuenta que, como lo indica la sentencia mencionada, el hábeas data ha sido interpretado por esta Corporación como una garantía de protección de tratamiento y divulgación de ciertos datos particulares, en particular aquellos relacionados con la dignidad e intimidad de las personas, la publicación de información privada del menor y de su madre, sin autorización alguna, implicaba una violación al derecho en mención, razón por la que estimo que este asunto debió ser analizado.
En cuanto a los derechos fundamentales de los niños, considero que, teniendo en cuenta que en el asunto bajo revisión existe una tensión entre el derecho a la libertad de expresión y los derechos al hábeas data y a la intimidad, en la providencia también debió precisarse que dicho conflicto debía ser resuelto dando aplicación al principio de interés superior del niño, el cual ha sido desarrollado ampliamente en la jurisprudencia de esta Corporación.
A ese respecto, la Corte ha señalado que (…) el interés superior del niño, se caracteriza por ser (…) (3) un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de los derechos del menor (…)[9]
Además, en sentencia T-510 de 2003[10], esta Corte señaló que (…) para establecer cuáles son las condiciones que mejor satisfacen el interés superior de los niños en situaciones concretas, debe atenderse tanto a consideraciones (i) fácticas –las circunstancias específicas del caso, visto en su totalidad y no atendiendo a aspectos aislados–, como (ii) jurídicas –los parámetros y criterios establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el bienestar infantil–. (Negrilla fuera del texto)
En lo relativo a la parte resolutiva, estimo que, aunque estoy de acuerdo con que se ordene modificar el archivo digital con el fin de que no se pueda determinar la identidad del niño, la decisión debió hacer referencia específicamente a la imposibilidad de recoger las publicaciones que ya circularon. En este sentido, debió declarar la existencia de un daño consumado frente a ese punto particular, para pasar a conceder el amparo ante la publicación de la noticia en Internet.
Finalmente, estimo que debió hacerse alusión a las vías judiciales a las que podría acudir la demandante para solicitar que se repare el daño causado por la publicación de la noticia objeto de esta tutela. En este orden de ideas, se debió indicar a la demandante cuál es la vía con la que cuenta para que le sea resarcido ese daño.
Con relación a lo anterior, la Sentencia T-787 de 2004[11], menciona las vías que se pueden emplear para reclamar la reparación del daño en casos como los de la actora, de la siguiente manera:
“Para la protección de los derechos invocados por la actora (buen nombre, intimidad y honra), el ordenamiento jurídico cuenta con algunos instrumentos, como lo son, la responsabilidad civil y penal del agresor. En efecto, cuando se presenta la lesión de los mencionados derechos fundamentales, aunque en principio no se pueda comprobar la existencia de un conducta punible como tal, la injuria como tipo penal permite preservar la integridad moral de la víctima.”
De esta manera, expongo las razones que me llevan a aclarar el voto con respecto a las consideraciones y la decisión que se adoptó en el asunto de la referencia.
[1] Cfr., entre otras, T-302 de abril 3 de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño; T-851A de octubre 24 de 2012, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[2] Carlos Eduardo Buenaventura Gómez, Director del ICBF, Regional Tolima (f. 23 cd. inicial).
[3] Artículo 10° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por Colombia mediante Ley 74 de 1968; artículo 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada por Colombia mediante Ley 16 de 1972; artículo 2° de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Colombia mediante la Ley 12 de enero 28 de1991.
[4] En sentencia C-442 de julio 8 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, la Corte declaró exequible el parágrafo del artículo 47 del Código de la Infancia y Adolescencia, y ordenó exhortar al Congreso de la República para que regule en el menor tiempo posible y de manera integral la responsabilidad de los medios de comunicación por el incumplimiento del referido artículo.
[5] Cfr., entre otras, T-293 de junio 27 de 1994, M. P. José Gregorio Hernández Galindo; T-794 de septiembre 27 de 2007, M. P. Rodrigo Escobar Gil; T-302 de abril 3 de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño; T-496 de julio 23 de 2009, M. P. Nilison Pinilla Pinilla.
[6] Cfr. T-293 de 1994, previamente citada.
[7] Cfr. T-391 de mayo 22 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[8] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[9] Sentencia T-408 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[10] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa

References: artículo 20
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 47
 artículo 44
 artículo 47
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 33
 artículo 47
 artículo 12
 artículo 47
 artículo 36
 Artículo 10
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 47