Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2013/as201321045L.html
Timestamp: 2019-03-27 02:38:06+00:00

Document:
as201321045L
Expediente: SC-10-08-S
Partes: Juvenal Heredia Céspedes c/ Jhonny Melgar Villavicencio
VISTOS: Los Recursos de Casación de fojas 698 a 700 vuelta, interpuesto por Juvenal Heredia Céspedes y de fojas 702 a 709 interpuesto por Jhonny Melgar Villavicencio contra el Auto de Vistade fecha 28 de julio de 2007,cursante de fojas 688 a 690, pronunciado por la Sala Civil Primera de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de CONCURSO NECESARIO DE ACREEDORES, seguido por Juvenal Heredia Céspedes, contra Jhonny Melgar Villavicencio, los antecedentes del proceso, las contestaciones al recurso de fojas 766 a 768 y 769 a 771, el auto de concesión del recurso de fojas 771 vuelta; y,
DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO: Que tramitada la causa, el Juez de Partido 1º en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, emitió sentencia N° 02/05 de 24 de octubre de 2005, cursante de fojas 614 a 619 de obrados, declarando PROBADA la demanda de concurso necesario de acreedores, disponiendo que en ejecución de la presente resolución con el producto de la subasta y remate de los bienes inmuebles y muebles (vehículos), objeto de la garantía hipotecaria, se proceda al pago de las acreencias en el siguiente orden: 1.- Acreencias privilegiadas generales.- 1.1 Costas judiciales y honorarios profesionales de los abogados que intervienen en los proceso acumulados al presente trámite, sea en el mínimo de ley y sobre la cuantía se determinará de acuerdo al monto recuperado. En lo que se refiere al abogado del concursado, deberán ser cancelados por este o en caso de haber remanente del producto de subsana y remate. En las acreencias privilegiadas hipotecarias, Primer Lugar acreencia de la Financiera de Desarrollo de Santa Cruz S. A. M. FINDESA en Liquidación. Segundo lugar, acreencias quirografarias de Leonor Pedraza Padilla, Marco Antonio Daza Castillo y Juvenal Heredia Céspedes, acreencias que deberán pagarse a prorrata una vez pagadas la acreencias privilegiadas generales y las señaladas en el primer lugar. Se condena en costas al demandando o concurso Jhonny Melgar Villavicencio.
Que, en grado de apelación incoada por el demandante y demandado, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Distrito Judicial de Santa Cruz, por Auto de Vista de fojas 688 a 690, CONFIRMA la sentencia apelada y la resolución de complementación y enmienda, con costas.
DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN: Juvenal Heredia Céspedes y Jhonny Melgar Villavicencio, formulan por separado recurso de casación en la forma y en el fondo subtitulado en dos puntos que son los siguientes:
I.- Con relación al recurso de Juvenal Heredia Céspedes:
Señala que el Auto de Vista recurrido contiene transgresiones atinentes al debido proceso e idénticamente violaciones, erróneas interpretaciones e inaplicación de normas adjetivas y sustantivas que hacen a la tramitación en la forma y resolución en el fondo de este juicio.
En cuanto a la forma.- Acusa infracción de los artículos 563, 565, 567 y 568 del Código de Procedimiento Civil, siendo que el Auto de Vista desconoce el efecto principal del concurso necesario de acreedores y es la universalidad de todas las acreencias contraídas por el concursado para su posible y debido cumplimiento dentro de este proceso; indica que hubo interpretación errónea de la demanda y acumulación de procesos.
Asimismo, sostiene que hubo infracción de los artículos 1, 3, 87, 90 y 91 del Código de Procedimiento Civil y 15 de la Ley de Organización Judicial. Señala también que el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, manda al A quo y Ad quem a dictar sus autos interlocutorios y Auto de Vista que ahora dice impugnar, debe estar debidamente fundamentada y su decisión debe ser expresa positiva y precisa en cuanto a las cuestiones planteadas, sin embargo tanto el juez de instancia como el de alzada incumplieron el imperio de la ley.
Aduce que, a estas contravenciones de la normativa, el Tribunal de Alzada tenía la obligación inexcusable de fiscalizar de oficio y subsanar los defectos procesales aplicando el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial y 250 del Procedimiento Civil.
En su conclusión pide a este Tribunal que tenga a bien ANULAR éste procedimiento hasta la sentencia dictada, así como también el Auto de Vista pronunciado y su Auto complementario.
Por último señala que habiendo interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, alternativamente, pide se ANULE OBRADOS hasta la ilegal sentencia dictada por el juez de primera instancia.
II.- Con relación al recurso de Jhonny Melgar Villavicencio
a) En la forma:
Indica que hubo violación y transgresión de los artículos 16 de la Constitución Política del Estado, 575 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la Ley de Órgano Judicial, esto debido a que no habrían sido citados ni notificados en ningún momento del proceso a los que actúan como sus garantes y propietarios de los bienes inmuebles señores Henry Ramos Acevedo y Mirian Echeverry Palacios de Ramos, vulnerando su derecho a la defensa. El juez A quo al no haber convocado en ningún momento a una audiencia de conciliación de las partes, ha vulnerado lo que manda el artículo 16 de Ley de Organización Judicial y 182 del Código de Procedimiento Civil.
Manifiesta el recurrente que existe una clara transgresión a los artículos 90 del Código de Procedimiento Civil y 15 de la Ley de Organización Judicial al ser normas procesales de orden público y cumplimiento obligatorio, viciando de nulidad el proceso en cuestión, por lo que pide pronunciar Auto Supremo anulando obrados hasta el vicio más antiguo.
Acusa la violación y errónea aplicación de los artículos 56, 58, 329 y 400 numeral 1) Código de Procedimiento Civil, así como los artículos 1309 y 1311 del Código Civil, ya que el A quo y Ad quem no se percataron de que los concursantes no habían dado cumplimiento con estos artículos, pues no demostraron su personería jurídica y capacidad procesal por parte del co concursante FINDESA.
Continúa señalando que el auto de vista ha violado e hizo mala interpretación y errónea aplicación de los artículos 834, 810 parágrafo II y 811 del Código Civil, inobservando que la escritura de poder presentadas por la concursante FINDESA, no contempla si se trata de poderes generales y de administración, no son bastantes ni específicos, puesto que no indica, qué se enjuicia, a persona natural o colectiva, la causa, cuál el monto líquido, ante qué tribunales, más aun tratándose de un proceso concursal como el caso de autos.
Así también según el recurrente se habría violado e inaplicado el artículo 23 de la Ley del Notariado artículo 452 numeral 5) y 491 del Código Civil y 821 del Código de Comercio, debido a que, las escrituras presentadas por la entidad acreedora, al no llenar los requisitos de los artículos precedentes, es nula de pleno derecho y no debieron ser incluidas para resolver la sentencia, por lo que al ser ineficaces jurídicamente las escrituras de referencia y carecen de fuerza jurídica para ameritar un juicio cobratorio.
Concluye manifestando que, por los razonamientos expresados, se case el Auto de Vista de 28 de julio de 2007.
I.- En cuanto al recurso de casación de Juvenal Heredia Céspedes: Que, el Código de Procedimiento Civil a través de su artículo 258 numeral 2), de manera imperativa exige a todo recurrente el cumplimiento de la obligación procesal de citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto contra el que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. En tal sentido, sea que se plantee el recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos efectos a la vez, el recurrente debe adecuar su reclamo a las causales de procedencia para uno u otro de dichos recursos expresamente previstos en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil respectivamente, para que se abra la competencia del Tribunal y sea posible analizar la existencia de errores in judicando que constituye materia de estudio del recurso de casación en el fondo o de errores in procedendo que constituye materia de estudio del recurso de casación en la forma, puesto que técnicamente no hay recurso de casación, cuando se plantea uno en el que no se concreta correctamente el reclamo como casación de fondo o casación en la forma, implicando ello el incumplimiento de la norma contenida en el ya citado artículo 258 numeral 2) del procedimiento Civil.
En el caso de autos se evidencia que si bien el recurrente menciona las normas jurídicas que en su criterio han sido violadas, erróneamente interpretadas o inaplicadas, como señala, sin embargo no fundamenta, ni concreta ni precisa, de acuerdo al ya referido artículo 258 numeral 2) del Adjetivo Civil, de cuya norma, de acuerdo a la uniforme jurisprudencia, no basta citar la ley o leyes supuestamente infringidas para la procedencia del recurso de casación, pues es imprescindible sostener en forma razonada y jurídicamente probada en qué consiste la violación, la falsedad o error, todo lo cual constituye una carga de cumplimiento ineludible que posibilite la apertura de la competencia del Tribunal Supremo, a fin de que éste ingrese a analizar las causales invocadas por el recurrente para, en su caso, si se las halla fundadas debidamente, decidir conforme a los artículos 274 o 275 del ya señalado Código de Procedimiento Civil.
El recurso planteado de fojas 698 a 700 vuelta, evidencia una percepción equivocada y confusa de las diferencias existentes entre el recurso de casación en la forma (o de nulidad) y el de casación en el fondo, porque si bien manifiesta recurrir en ambos efectos, así se extrae de su memorial, empero ya en la exposición de sus argumentos, se limitan a realizar una narración de los hechos acontecidos dentro el juicio, a manera de simples alegatos, acusando supuestas violaciones e infracciones al código sustantivo y adjetivo, sin hacer una fundamentación precisa, ni hacer una exposición diferenciada de los argumentos que sustentan uno u otro recurso, de modo tal que no se sabe si lo que expone debe ser considerado a través del recurso de casación en el fondo o en la forma.
Finalmente, en su confusa redacción de su petitorio, solicita a este Tribunal Supremo tenga a bien ANULAR éste procedimiento hasta la sentencia dictada por el juez de origen, como también el Auto de Vista pronunciado por los Vocales y su Auto complementario, de acuerdo a la preceptiva del numeral 4) del artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, señalando por último que habiendo interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, alternativamente se ANULE OBRADOS hasta la ilegal sentencia dictada por el juez de primera instancia.
Evidenciándose, una vez más, que los recursos no cumplen con la exigencia procesal, impidiendo que este Tribunal Supremo ingrese y abra su competencia para conocer la impugnación extraordinaria, ya que su petitorio se aboca sólo al recurso de forma, que también lo hace excediéndose a lo que está permitido, pretendiendo que se dicte Auto Supremo para anular la sentencia, Auto de Vista y Auto complementario, petición que no se ajusta a ninguna de las formas de resolución prevista en los 4 numerales del artículo 271 del Código Adjetivo de la materia.
II.- En cuanto al recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Jhonny Melgar Villavicencio, se tiene:
Que, no es evidente que se transgredieron o violaron los artículos 16 de la Constitución Política del Estado, 182, 575 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la Ley del Órgano Judicial, debido a que por las características del proceso concursal de acreedores la sentencia a dictarse sólo tiene como objetivo determinar la prelación y orden que se observará a tiempo de satisfacer al pago de las acreencias, con el producto de la subasta y remate de los bienes muebles e inmuebles que fueron objeto de garantías hipotecarias y anotaciones preventivas, por tal razón el juez no considero convocar a ninguna audiencia conciliatoria; no atentando de ninguna manera al derecho a la defensa de ninguna de las partes.
Por otro lado en cuanto a la violación de los artículo 191, 571, 3 - 1) y 3) y 91 del Código de Procedimiento Civil, que tampoco fueron vulnerados ya que en la sentencia se evidencia que contiene decisiones expresas, positivas y precisas, como manda el artículo 190 del Código adjetivo de la materia, dando el A quo y Ad quem una cabal interpretación a la ley y cuidando que el proceso se lleve sin vicios de nulidad. En resumen se tiene que los tribunales de instancia resolvieron el caso de autos en estricto cumplimiento del artículo 90 del reiterado cuerpo adjetivo, deviniendo su recurso en infundado.
Ante la supuesta vulneración y errónea aplicación de los artículo 56, 58, 329 y 400 -1) del Código de Procedimiento Civil y 491, 810 -II, 811, 834, 1309 y 1311 del Código Civil, 821 del Código de Comercio y 23 de la Ley del Notariado, sobre los poderes presentados por FINDESA en liquidación, aduciendo falta de personería, de capacidad procesal y de fuerza ejecutiva, debemos manifestar que revisado todo lo obrado las mismas observaciones fueron resueltas por auto de fecha 1 de julio de 2004, saliente a fojas 276, la misma que fue apelada y confirmada mediante auto de vista de fojas 596 y vuelta, obteniendo calidad de cosa juzgada y no pudiendo reabrirse la discusión sobre ellas en ésta etapa de casación.
POR TANTO.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas 698 a 700 vuelta, interpuesto por Juvenal Heredia Céspedes e INFUNDADO el recurso en la forma y fondo de fojas 702 a 709 interpuesto por Jhonny Melgar Villavicencio, sin costas.
Libro Tomas de Razón 45/2013

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 188
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 23
 artículo 452
 artículo 258
 artículo 258
 artículo 258
 artículo 271
 resolución 
 artículo 271
 artículo 191
 artículo 190
 artículo 90
 artículo 56
 artículo 42
 artículo 8