Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r2-as-l7-1991.t6.html
Timestamp: 2017-11-20 12:24:45+00:00

Document:
Ley 7/1991, de 5 de abril, de asistencia y protección al anciano. TITULO VI. Régimen sancionador (Vigente hasta el 19 de Enero de 2006).
Ley 7/1991, de 5 de abril, de asistencia y protección al anciano (Vigente hasta el 19 de Enero de 2006).
Vigencia desde 09 de Mayo de 1991. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2005 hasta 19 de Enero de 2006
1. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley serán objeto de las sanciones administrativas que se determinan en el artículo 29 previa instrucción del correspondiente expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.
2. En los supuestos que, a juicio de la Administración sanitaria y de servicios sociales, las infracciones pudieran presentar indicios de delito, la autoridad competente pasará el tanto de culpa a la autoridad judicial y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la misma no dicte sentencia firme.
De no estimarse la existencia de delito, la Administración continuará el expediente sancionador tomando como base los hechos que los tribunales hayan considerado probados.
Las medidas administrativas que hubieran sido adoptadas para salvaguardar la salud y seguridad de las personas se mantendrán en tanto la autoridad judicial no se pronuncie sobre las mismas.
En ningún caso se impondrá una doble sanción por los mismos hechos y en función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.
a) Las simples irregularidades en la observación de las prescripcioncs contenidas en la presente Ley o disposiciones que la desarrollen, que no tengan trascendencia directa sobre los derechos de las personas, su salud o seguridad.
b) Las cometidas por simple negligencia, siempre que la alteración producida fuera de escasa entidad.
c) Las que, en razón de los elementos contemplados en este artículo, merezcan la calificación de leves o no proceda su calificación como faltas graves o muy graves.
a) El incumplimiento de las condiciones, obligaciones o prohibiciones establecidas por la presente Ley y disposiciones que la desarrollen, para la instalación y funcionamiento de los establecimientos residenciales para ancianos.
b) El incumplimiento de los requerimientos concretos que formule el Letrado Defensor del Anciano al objeto de subsanar alguna irregularidad en la situación de los residentes.
c) El incumplimiento de la obligación de comunicar los precios de estancias y servicios, los reglamentos de régimen interior, así como las modificaciones que periódicamente puedan hacerse de los mismos a la Administración de servicios sociales del Principado de Asturias.
d) La apertura y funcionamiento de un establecimiento residencial para ancianos sin la preceptiva autorización administrativa e inscripción en el Registro de Establecimientos Residenciales para Ancianos.
e) El incumplimiento de los requerimientos que formulen las autoridades competentes, siempre que se produzcan por primera vez
f) La resistencia a suministrar datos, facilitar información, prestar colaboración o dificultar el libre acceso a las autoridades competentes o sus agentes.
g) La ocultación de los buzones de reclamaciones al Letrado Defensor del Anciano, su manipulación, así como dificultar el acceso al mismo de las personas usuarias del establecimiento o de sus familiares.
h) Las que, en razón de los elementos contemplados en este artículo, merezcan la calificación de graves o no proceda su calificación como faltas leves o muy graves.
i) Las que sean concurrentes con otras infracciones leves, o hayanservido para facilitarlas o encubrirlas.
j) La reincidencia en la comisión de infracciones leves, en losúltimos tres meses.
3. Son infracciones muy graves las siguientes:
a) El incumplimiento consciente y deliberado de las condiciones, obligaciones o prohibiciones determinadas en la presente Ley y disposiciones que la desarrollen para la instalación y funcionamiento de los establecimientos residenciales para ancianos, con trascendencia directa sobre los derechos de las personas, su salud o seguridad, siempre que medie el oportuno requerimiento de la Administración para su subsanación.
b) El incumplimiento reiterado de los requenmientos concretos que formulen las autoridades competentes.
c) La negativa absoluta a suministrar datos, facilitar información, prestar colaboración o permitir el acceso a los servicios de inspección, o el suministro de información inexacta o falsa.
d) La negativa a facilitar los precios de los servicios, previo requerimiento de la Administración al efecto, o su falseamiento.
e) La resistencia, coacción, amenazas, represalia, desacato, malos tratos o cualquier otra forma de presión ejercida sobre las autoridades competentes o sus agentes, o sobre el denunciante, sin perjuicio de las acciones Judiciales que procedan.
f) La apertura indebida de los buzones de reclamaciones, la sustracción de los mismos o la negativa a su instalación.
g) Las que, en razón de los elementos contemplados en este artículo y de su grado de concurrencia, merezcan la calificación de muy graves o no proceda su calificación como faltas leves o graves.
- Multa de 50.000 a 500.000 pesetas.
- Multa de 500.001 a 2.500.000 pesetas.
- Multa de 2.500.001 a 100.000.000 de pesetas.
Asimismo, el órgano sancionador podrá acordar con carácter accesorio, la imposición de las sanciones siguientes:
- Suspensión del funcionamiento por un período de hasta tres años, o cierre del centro o servicio.
3. Las infracciones serán sancionadas de conformidad con lo establecido en el presente artículo aplicando una graduación de mínimo, medio y máximo a cada nivel de infracción, en función de la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude o connivencia, incumplimiento de las advertencias previas, reincidencia, cifra de negocios de la empresa, número de personas afectadas, perjuicio causado, beneficios obtenidos a causa de la infracción y permanencia o transitoriedad de los riesgos:
4. Cuando se impongan sanciones consistentes en suspensión o cierre de establecimientos que atiendan tanto ambulatoriamente como en régimen residencial a personas que han accedido al servicio previa solicitud de admisión o contrato, el órgano sancionador podrá imponer multas coercitivas según el siguiente detalle:
- 100.000 pesetas si transcurrido un mes desde la orden de suspensión o cierre ésta no se hubiese ejecutado.
- 200.000 pesetas por cada quince días que transcurriesen después del primer mes del incumplimiento.
Artículo 29 redactado por el artículo 4 de la Ley [PRINCIPADO DE ASTURIAS] 18/1999, 31 diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales («B.O.P.A» 31 diciembre). Vigencia: 1 enero 2000
La cuantía de la sanción se graduará atendiendo a los criterios de riesgo para la salud, cuantia del beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración sanitaria y social producida, generalización de la infracción y reincidencia.
El procedimiento sancionador será el establecido en los artículos 133 a 137 de la Ley de 17 de julio de 1958, de Procedimiento Administrativo, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.
1. Las infracciones muy graves a que se refiere la presente Ley prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años y las leves a los dos años. El término de la prescripción comenzará a correr desde el día en que se hubiere cometido la infracción. La prescripción se interrumpirá desde el momento en que el procedimiento se dirija contra el presunto infractor.
2. Caducará la acción para perseguir las infracciones cuando, conocida por la Administración la existencia de una infracción y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, hubieran transcurrido seis meses sin que la autoridad competente hubiere ordenado incoar el oportuno procedimiento.
3. Iniciado el procedimiento sancionador previsto en los artículos 133 a 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y transcurridos seis meses desde la notificación al interesado de cada uno de los trámites previstos en dicha Ley, sin que se impulse el trámite siguiente, se producirá la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones, salvo en el caso de la resolución en que podrá transcurrir un año desde que se notificó la propuesta.
DE LOS ORGANOS COMPETENTES PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES
a) El Consejero competente en materia de asuntos sociales para las multas cuya cuantía no supere los 2.500.000 pesetas, incluidas las accesorias correspondientes.
b) El Consejo de Gobierno para las multas superiores a los 2.500.000 pesetas, incluidas las accesorias correspondientes.
Artículo 33 redactado por el artículo 4 de la Ley [PRINCIPADO DE ASTURIAS] 18/1999, 31 diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales («B.O.P.A» 31 diciembre). Vigencia: 1 enero 2000
Del acuerdo de cierre se dará traslado al titular del establecimiento sancionado, al Alcalde del concejo donde se encuentre ubicado el mismo y, en su caso, al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma a fin de que proceda, en ejercicio del auxilio administrativo, a la ejecución del acuerdo.
El acuerdo del Consejo de Gobierno sobre el cierre del establecimicnto podrá determinar medidas complementarias para la plena eficacia de la decisión adoptada.
Por razones de ejemplaridad, y siempre que concurra alguna circunstancia de riesgo para la salud o seguridad de los usuarios, reincidencia en infracciones de naturaleza análoga o acreditada intencionalidad en la infracción, la autoridad que resuelva el expediente podrá acordar la publicidad de las medidas sancionadoras impuestas cuando hayan adquirido firmeza administrativa, en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia», y a través de los medios de comunicación social que se consideren oportunos.

References: artículo 29

Artículo 29
 artículo 4
 resolución 

Artículo 33
 artículo 4