Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4055
Timestamp: 2020-06-02 08:22:47+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 71/2000
SENTENCIA 71/2000, de 13 de marzo
ECLI:ES:TC:2000:71
En el recurso de amparo núm. 2247/99, interpuesto por don Jean François Perronet, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Ana Belén Hernández Sánchez, y defendido por el Letrado don Francisco Javier Díaz Aparicio, contra el Auto de 29 de abril de 1999, dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el rollo de apelación núm. 16/1999, sobre mantenimiento de situación de prisión provisional del recurrente. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
Único. Mediante escrito presentado el 26 de mayo de 1999 la Procuradora de los Tribunales doña Ana Belén Hernández Sánchez, en nombre de don Jean François Perronet, interpuso demanda de amparo constitucional contra el Auto dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al que se hace referencia en el encabezamiento y el Auto de la misma fecha dictado igualmente por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el rollo de apelación núm. 40/1999, asimismo sobre situación de prisión provisional del demandante de amparo. 2. 2. Los hechos que la demanda de amparo considera relevantes para la resolución del caso son, en síntesis, los siguientes:
a) El demandante fue detenido el 30 de octubre de 1996 por el Servicio de Interpol de la Dirección General de la Policía a los fines de extradición a Francia, Estado que lo había reclamado en orden internacional de detención por los delitos de robo con armas y detención ilegal. Puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción núm. 6, éste acordó, mediante Auto de 2 de noviembre de 1996, la prisión provisional incondicional y comunicada del detenido a efectos de extradición. Tras celebrar la comparecencia ordenada en el art. 504.bis.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Juzgado mantuvo la prisión provisional mediante Auto de 11 de noviembre de 1996. b) b) Seguido el procedimiento de extradición, el demandante prestó su conformidad a la misma para que le fuese aplicada la extradición simplificada prevista en el art. 66 del Convenio para la Aplicación del Acuerdo de Schengen, por lo que el Juzgado Central de Instrucción núm. 6 dictó Auto de 3 de enero de 1997, en el que se acordó:
" ACCEDER A LA DEMANDA DE EXTRADICION solicitada por el Tribunal de BRIEUC (Francia) respecto del ciudadano de nacionalidad francesa JEAN FRANCOIS PERRONET para que pueda ser juzgado por los Tribunales ordinarios o cumpla la condena impuesta en el expresado país en cuanto a los hechos constitutivos de delitos de ROBO CON VIOLENCIA Y DETENCION ILEGAL por los que se le reclama; quedando en suspenso la ejecución de la entrega del reclamado a las Autoridades Francesas hasta tanto no pendan responsabilidades contra el mismo en España y se concluya el trámite de las D. Previas 2405/96 por el Juzgado de Instrucción número 3 de Figueras en Gerona; póngase en conocimiento del Ilmo. Sr. Comisario-Jefe del Servicio de Interpol, acompañándose testimonio de la presente resolución, para que den traslado de lo que se acuerda al órgano judicial de BRIEUC (Francia) y se proceda en su día a la entrega del extradicto, así como de los efectos, si los hubiere, haciéndolo saber al Centro Penitenciario donde se halla éste.
Solicítese al Juzgado de Instrucción número 3 de Figueras información puntual, detallada y periódica del estado que vayan manteniendo las D. Previas 2405/96 que se tramitan contra JEAN FRANCOIS PERRONET en el mismo".
c) Como consecuencia de la detención del demandante a solicitud de las autoridades francesas, se hallaron en su domicilio determinadas armas y explosivos, razón por la que se siguió el sumario 1/1997 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Figueres, dimanante de las diligencias previas núm. 2405/1996. Concluida la instrucción se celebró el juicio oral en la Audiencia de Girona y ésta dictó Sentencia, el 20 de noviembre de 1997, en la que se condenó al demandante como autor de un delito de depósito de armas de guerra y de un delito de contrabando a las penas de cinco años y seis meses de prisión, por el primero, y de un año, cuatro meses y un día de prisión y multa, por el segundo. Dicha Sentencia devino firme a causa de la inadmisión del recurso de casación preparado por el condenado, el cual empezó a cumplir la pena el 22 de mayo de 1997, estando prevista la extinción de la pena el 16 de marzo de 2004.
d) El 13 de febrero de 1997 el Juzgado Central de Instrucción núm. 6 pidió informe al Ministerio Fiscal sobre la situación personal del demandante a la vista del testimonio recibido de las actuaciones seguidas en el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Figueres y de que se había dictado ya Auto autorizando la extradición. Dicho informe fue evacuado el día siguiente, interesándose el mantenimiento de la situación de prisión por existir una demanda de extradición basada en unos hechos graves y además una causa penal por hechos también graves. Recibido el informe el Juzgado acordó, mediante providencia de 17 de febrero de 1997, estar a lo acordado en el Auto que concedió la extradición, tanto en lo que se refiere a la situación personal del reclamado como al aplazamiento de la entrega.
e) El 12 de noviembre de 1998 el Juzgado Central de Instrucción núm. 6 solicitó informe del Fiscal sobre si procedía o no la prórroga de la situación de prisión provisional. El Ministerio Público solicitó el día 17 siguiente la prórroga por no haber variado los motivos que dieron lugar a decretar dicha situación. A la vista de la solicitud del Ministerio Público el Juzgado celebró el día 19 siguiente la comparecencia prevista en el art. 504 LECrim, en la cual el Letrado del demandante puso de manifiesto que se había agotado el plazo máximo de prisión provisional sin que se hubiera acordado la prórroga y que procedía, por tanto, la libertad de su defendido al no caber una prórroga extemporánea de la prisión provisional.
Por tanto, estando acreditado en el expediente que JEAN FRANÇOIS PERRONET cumple pena privativa de libertad impuesta por la Audiencia Provincial de Gerona (Secc. 3ª, Ejecutoria 136/98), desde el día 22 de mayo de 1997, esto es, con anterioridad a la expiración del primer año de prisión, procede confirmar el auto recurrido por sus propios fundamentos".
3. El demandante de amparo entiende, en primer término, vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) por cuanto, a su entender, la prórroga de la situación de prisión provisional se acordó sin previa audiencia del inculpado, lo que supone violar lo dispuesto en el art. 504 LECrim, que vendría a integrar las garantías del art. 24 CE.
4. Mediante providencia de 7 de junio de 1999 la Sección acordó continuar las actuaciones respecto al recurso de amparo deducido contra el Auto dictado en el rollo de apelación núm. 16/1999, relativo al expediente de extradición núm. 34/1996, y poner de manifiesto al demandante que debía presentar un recurso de amparo independiente contra el Auto dictado en el rollo de apelación núm. 40/1999, relativo al expediente de extradición núm. 47/1997.
5. Por providencia de 16 de junio de 1999 la Sección acordó, en aplicación del art. 50.3 LOTC, dar traslado al demandante y al Ministerio Fiscal para que formulasen alegaciones en relación a la eventual falta de contenido constitucional de la demanda y a la falta de invocación en el proceso judicial previo del derecho que se dice vulnerado. Dicho traslado fue evacuado por el demandante y por el Ministerio Fiscal, mediante escritos presentados el 23 de julio y el 14 de septiembre de 1999, respectivamente, interesando ambos la admisión a trámite de la demanda, lo que fue acordado mediante providencia de 4 de noviembre de 1999.
6. El demandante, mediante escrito presentado el 7 de enero de 2000, reiteró las alegaciones formuladas en su escrito de demanda.
7. El Fiscal formuló sus alegaciones el 2 de febrero de 2000. Comienza en ellas poniendo de manifiesto que, en el recurso de reforma y subsidiario de apelación deducido contra el Auto del Juzgado Central núm. 6, de fecha 19 de noviembre de 1998, por el cual se prorrogaba la prisión provisional del demandante, no se hizo alegación del derecho a un proceso con todas las garantías ni tampoco del derecho a la legalidad, que se incluyen como motivos primero y tercero de la demanda, por lo que estos motivos del recurso de amparo deberían, según su criterio, ser inadmitidos a limine en aplicación del art. 44.1 c) LOTC.
8. Mediante providencia de 9 de marzo de 2000 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 13 del mismo mes y año.
1. El presente recurso de amparo se dirige contra el Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 29 de abril de 1999, por el que se desestima el recurso de apelación deducido contra otro Auto de 19 de noviembre de 1998 dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 6 en el expediente de extradición núm. 34/1996, relativo al demandante de amparo. Este último Auto resuelve mantener la situación de prisión provisional acordada a efectos de extradición por Auto de fecha 2 de noviembre de 1996, razonando que la dilación en la entrega del extraditado se debe a la conducta del propio demandante, que cometió un delito por el que cumple condena en España. Además entiende el Juez que la firmeza de la resolución por la que se accede a la extradición del demandante y el aplazamiento de la entrega de éste hacen que nos encontremos ante el período máximo que señala el art. 504 LECrim para la prisión provisional; esto es, ante el plazo de cuatro años, y no ante el de dos años prorrogables por otros dos, pues el período de prisión preventiva ha de entenderse en su globalidad. Finalmente razona el Juez que, "al no computarse el tiempo de privación de libertad a los efectos del expediente que nos encontramos, puede mantenerse la situación cautelar sin necesidad de prórroga alguna". 2. La Audiencia Nacional confirmó la decisión del Juez utilizando dos argumentos. En primer lugar, el de que, cuando se ha concedido la extradición por resolución firme y la entrega del extraditado no puede materializarse por encontrarse éste sufriendo condena en España impuesta por otros hechos, el período durante el cual se está cumpliendo condena no ha de computarse a los efectos del plazo máximo de prisión provisional acordada en el expediente de extradición. En segundo lugar, el de que el retraso en la entrega del extraditado es imputable al demandante en cuanto cometió un delito por el que cumple condena, pero no a la Administración de Justicia ni a ningún otro órgano de la Administración; de ahí que resulte en el caso de aplicación el párrafo sexto del art. 504 LECrim, que dispone que no se tendrá en cuenta, para el cómputo de los plazos establecidos en este artículo, el tiempo durante el cual la causa sufriese dilaciones no imputables a la Administración de Justicia.
2. Conforme se detalló en los antecedentes de esta Sentencia, el demandante fue detenido el 30 de octubre de 1996 y se decretó su prisión a efectos de extradición el 2 de noviembre de 1996. Habiéndose ya autorizado la extradición el 3 de enero de 1997, el demandante comenzó a cumplir condena por otra causa el 22 de mayo de 1997, estando previsto el término de esta situación para el 16 de marzo de 2004. Finalmente, el Juez mantuvo la prisión acordada por medio del Auto de 19 de noviembre de 1998, es decir, sobrepasados los dos años desde que se acordara. Dicho Auto fue confirmado en apelación por el de 29 de abril de 1999 recurrido ahora en amparo.
3. El recurrente articula tres quejas que se refieren a los derechos fundamentales recogidos en los artículos 17.4, 24.2 y 25.1 CE. Sin embargo, respecto de las dos últimas (que se recogen en los fundamentos primero y tercero de la demanda) concurre la causa de inadmisibilidad prevista en el art. 50.1.a en relación con el art. 44.1.c LOTC. En efecto, el examen del recurso de reforma y subsidiario de apelación deducido contra el Auto de 19 de noviembre de 1998 revela que no fueron alegados en él los derechos fundamentales que ahora se pretenden vulnerados. Ninguna referencia se hace en aquella sede a la omisión de la audiencia del inculpado, como vulneradora del derecho a un juicio con todas las garantías, ni a la infracción del principio de legalidad penal consagrado en el art. 25.1 CE, violaciones que ahora se denuncian en la demanda de amparo. 6. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, "la exigencia de agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC] tiene por objeto preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo, evitando que el acceso a esta jurisdicción constitucional se produzca per saltum, esto es, sin dar oportunidad a los órganos judiciales de pronunciarse y, en definitiva, remediar la lesión que luego se invoca como fundamento del recurso de amparo (STC 8/1993, FJ 2), pues son ellos quienes tienen encomendada en nuestro sistema constitucional la tutela general de los derechos y libertades (STC 61/1983, FJ 2). Por consiguiente, el agotamiento de la vía judicial ordinaria se malogra cuando no se hace uso de los recursos que son razonablemente exigibles a la parte, y también cuando, aun haciendo valer los recursos exigibles, el modo de su utilización priva a los órganos judiciales de la efectiva posibilidad de reparar la vulneración del derecho fundamental. Es en uno y otro caso cuando se infringe el principio de subsidiariedad."(STC 85/1999, de 10 de mayo, entre las más recientes)
4. La primera de las quejas, única en la que concurren los presupuestos de admisibilidad, es la relativa al incumplimiento de los plazos máximos de prisión provisional establecidos el art. 504 LECrim, lo cual vulneraría derechamente el art.17.4 CE, que llama a la Ley para regular el plazo máximo de prisión provisional. Según el demandante la argumentación ofrecida por el órgano judicial no se adecúa a los parámetros constitucionales de excepcionalidad de la privación cautelar de la libertad y a la interpretación más favorable a la efectividad del derecho a la libertad. Los plazos máximos de prisión provisional y la imposibilidad de prorrogarlos una vez vencidos son igualmente aplicables a la prisión provisional del sometido a expediente de extradición al disponerse en el párrafo tercero del art. 10 de la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de extradición pasiva, que "el límite máximo de la prisión provisional del reclamado y los derechos que corresponden al detenido por causa de extradición se regirán, en lo no previsto por esta Ley, por los preceptos correspondientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
5. 5. Para el estudio de la cuestión planteada, siguiendo la doctrina establecida en el FJ 4 de la STC 19/1999, hemos de considerar que, dentro del régimen legal de la prisión provisional, "en el que, con reiteración, venimos afirmando la necesidad de observar en su aplicación un principio de excepcionalidad (SSTC 41/1982, FJ 2; 37/1992, FJ 5 y 37/1996, FJ 6), la fijación de un plazo legal máximo, directamente impuesto por el art. 17.4 CE, sitúa de modo inmediato el significado de esos plazos en un plano constitucional. Sobre el particular es numerosa nuestra jurisprudencia, de la cual, como exponente resumido, podemos remitirnos a las recientísimas SSTC 98/1998 y 234/1998. Como decíamos en la última (FJ 2), 'el respeto y cumplimiento de los plazos legales máximos de prisión provisional constituye una exigencia constitucional que integra la garantía consagrada en el art. 17.4 CE, de manera que la superación de dichos plazos supone una limitación desproporcionada del derecho a la libertad y, en consecuencia, su vulneración (entre otras, SSTC 127/1984, FJ 3; 98/1998, FJ 2, y 142/1998, FJ 3)'".
6. 6. Más concretamente, respecto a las peculiaridades de la situación de prisión provisional de quien se encuentra sometido a un procedimiento de extradición pasiva, en la STC 5/1998, de 12 de enero, hemos declarado:
7. A partir de lo hasta ahora expuesto hemos de enjuiciar el razonamiento empleado por el órgano judicial para mantener la prisión provisional a efectos de extradición, no computando a estos efectos el tiempo en que el demandante se encuentra en situación de penado, lo que impide su entrega al Estado requeriente, ya acordada en el expediente de extradición.
8. Habiéndose rechazado en el fundamento jurídico anterior que el cómputo del plazo de prisión provisional deba quedar interrumpido mientras el demandante cumpla condena por otra causa que impida la entrega ya acordada en el expediente de extradición, y no habiéndose prorrogado la prisión provisional dentro del término de dos años marcado por el art. 504 LECrim, que no hace sino concretar el mandato del art. 17.4 CE, ha de estimarse el recurso de amparo, pues con reiteración hemos dicho que el agotamiento del plazo máximo inicial sin que se haya puesto fin a la medida cautelar o, alternativamente, se haya aprobado su prórroga, implica también, por más que su intensidad no sea la misma, una vulneración del art. 17.4 CE, sin que la prórroga acordada con posterioridad pueda venir a subsanarla (SSTC 40/1987, de 3 de abril, FJ 3, y 103/1992, de 25 de junio, FJ 3).
1º Reconocer que se ha lesionado el derecho fundamental del recurrente a la libertad consagrado en el art. 17.4 CE.
2º Restablecer al recurrente en la integridad de su derecho, y, a este fin, declarar la nulidad de los Autos de 19 de noviembre y 4 de diciembre de 1998 dictados por el titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 6, así como del de 29 de abril de 1999 dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 2247-1999
Promovido por don Jean François Perronet frente al Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, en un procedimiento sobre extradición por robo con violencia y detención ilegal, acordaron mantener su situación de prisión provisional en tanto no se formalizara su entrega a Francia.
El cómputo del plazo de prisión provisional no debe quedar interrumpido mientras el demandante cumpla condena por otra causa que impida la entrega ya acordada en el expediente de extradición [FJ 7].
No habiéndose prorrogado la prisión provisional dentro del término de dos años marcado por el art. 504 LECrim, que no hace sino concretar el mandato del art. 17.4 CE, ha de estimarse el recurso de amparo (SSTC 40/1987 y 103/1992) [FJ 7].
Reafirma la doctrina de la STC 19/1999 [FJ 5].
Los derechos y garantías propios del proceso penal sufren modulación en el procedimiento de extradición pasiva (SSTC 102/1997, 5/1998 y 141/1998) [FJ 6].
El examen del recurso de reforma y subsidiario de apelación deducido contra el Auto revela que no fueron alegados en él los derechos fundamentales que ahora se pretenden vulnera- dos [FJ 3].
Para restablecer al demandante en la integridad de su derecho procede anular los Autos sobre prisión provisional, sin perjuicio de las medidas cautelares de naturaleza personal o de otra índole que el órgano judicial pueda adoptar de acuerdo con el Ordenamiento vigente (SSTC 56/1997 y 234/1998) [FJ 8].
Artículo 504, ff. 1, 4, 5, 8
Artículo 504.6, ff. 5 a 7
Artículo 17.4, ff. 3 a 5, 7, 8
Artículo 8.3, ff. 6, 7
Artículo 10.3, ff. 4, 6, 7
Invocación del derecho vulneradoInvocación del derecho vulnerado, Doctrina constitucional, ff. 3, 8
ExtradiciónExtradición, ff. 6, 7
Medidas cautelares distintas de la prisión provisionalMedidas cautelares distintas de la prisión provisional, f. 7
Plazo máximo de prisión provisionalPlazo máximo de prisión provisional, f. 7
Prisión provisionalPrisión provisional, f. 7
Prisión provisional en procedimiento de extradiciónPrisión provisional en procedimiento de extradición, f. 6

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 504

Artículo 504

Artículo 17

Artículo 8

Artículo 10