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Timestamp: 2018-02-25 05:37:04+00:00

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PRIMERO.-.- Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la parte recurrente para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, en el que en síntesis, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia por la que "Se estimase la demanda en todos sus términos conforme a lo interesado en el suplico de la misma"
SEGUNDO.-.- Conferido traslado a la parte demandada, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de Derecho consignados en la contestación de la demanda.
TERCERO.-.- No habiéndose recibido el asunto a prueba y declarado concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver.
CUARTO.-.- En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo es la de 128.158,79 EUROS.
PRIMERO.-.- El Ayuntamiento de Abegondo dirige la presente vía jurisdiccional contra el Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de A Coruña, adoptado en sesión de 17 de diciembre de 2007, de aprobación definitiva del Presupuesto General de dicho ente local, del organismo autónomo municipal Instituto Municipal de Espectáculos (IMCE), de la Empresa Municipal de Aguas de La Coruña (EMALCSA) y de EMALCSA Servicios, S.A. del año 2008, así como, las bases de ejecución y los cuadros de personal del Ayuntamiento y del IMCE en los términos que resultan de sus estados presupuestarios.
SEGUNDO.-.- La pretensión articulada por el Ayuntamiento recurrente, según Suplico del escrito rector de la litis, se contrae a que se declare la obligación del Ayuntamiento de A Coruña consistente en la inclusión en el Presupuesto General para el año 2008 de crédito adecuado y suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con aquel derivadas de las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes a los ejercicios 2002 a 2006 (a.i) que le fueron giradas en su condición de titular de concesión administrativa de la presa y embalse de Cecebre, con los oportunos recargos e intereses legales o, subsidiariamente, que se anule el acto impugnado, interesando, en ambos casos, el reconocimiento de su derecho y correlativa obligación del Ayuntamiento demandado al abono de sus obligaciones tributarias derivadas de las anteriores liquidaciones con la consiguiente condena a estar y pasar por tales declaraciones y a modificar los Presupuestos Generales del aludido ejercicio con el objeto arriba indicado.
Así mismo, interesa la expresa imposición de costas tras calificar de temeraria la actuación de la Administración demandada.
Fundamenta lo peticionado en la circunstancia de ser el Ayuntamiento de A Coruña titular de una concesión administrativa por un caudal de 928 litros/segundo de los ríos Mero y Barcés en los términos municipales de Abegondo, Cambre y otros (todos ellos de la provincia de A Coruña), mediante la construcción de un embalse en el lugar de Cecebre, con destino al abastecimiento de aguas a la población de aquellos municipios, según resulta de la Orden del Ministerio de Obras Públicas de 24 de septiembre de 1973. Tras consignar dicho dato, refiere que si bien el embalse construído a tal efecto, no estaba sujeto a la antigua Contribución Territorial Urbana, la situación habría variado tras la entrada en vigor de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre , reguladora de las Haciendas Locales que, suprimiendo aquella, incorpora en los artículos 61 y siguientes, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (en adelante IBI), cuyo hecho imponible (apartado 1, letra a) del citado precepto) viene constituido, entre otros, por la titularidad de una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos (en los mismos términos, el artículo 61.1, letra a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). De donde resultaría que, en atención al artículo 63.1 del citado texto legal, el Ayuntamiento de A Coruña resultaría ser sujeto pasivo, a título de contribuyente, por ostentar la titularidad del derecho de la concesión administrativa citada.
Como justificación adicional de la condición de sujeto pasivo del Ayuntamiento demandado, trae a colación la sentencia número 1739/2006, de 15 de noviembre de 2006, dictada por la Sección Tercera de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo, resolviendo Rollo de Apelación número 7002/2005, que estimó el recurso de apelación promovido por la Xunta de Galicia contra la sentencia de fecha 8 de octubre de 2004, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña, desestimatoria del procedimiento ordinario número 111/2003, interpuesto por aquella contra liquidaciones (recibos) del IBI correspondientes al ejercicio 2002, referidas al inmueble con referencia catastral 000100100PA09A0001RR (presa de Cecebre), una vez desestimado por vía de silencio administrativo el requerimiento efectuado por la apelante frente al Ayuntamiento de Abegondo. Dicho fallo anula aquellas liquidaciones, lo que motiva en razón a las resoluciones dictadas, de forma tardía, por la Gerencia del Catastro estimatorias de los recursos de reposición que formuló la apelante contra el alta a su nombre en el Catastro y correspondiente Padrón del IBI, del inmueble de referencia, estimando que la Administración autonómica no era la titular de ese bien, "lo que, sin duda, aparece concorde con lo prevenido en el R. D. 2792/1986, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de obras hidráulicas, al señalarse que si bien la Comunidad Autónoma se subroga en los derechos y obligaciones del Estado respecto de las obras e instalaciones, sin embargo no cambiaba la titularidad de las mismas." (sic)
Adjuntos a la demanda, como documentos números 1 y 2, aporta resolución estimatoria de la Gerencia Territorial del Catastro, de 7 de marzo de 2005, por la que se modifica el acto impugnado (resolución de la Gerencia de 01/07/2004) y anexo conteniendo la citada modificación, consistente en hacer constar de la titularidad del Ayuntamiento de A Coruña, el 100 por cien de la concesión administrativa sobre la presa de Cecebre, en municipio de Abegondo (A Coruña).
Teniendo delegada el municipio recurrente, la gestión recaudatoria del IBI en el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de A Coruña, gira al concello demandado las liquidaciones del IBI correspondientes a los ejercicios 2002 a 2006 (documentos 3 a 6 con la demanda), que son recurridas en reposición y desestimados dichos recursos en resoluciones de aquella de fechas 16 de septiembre de 2005 y 10 de marzo de 2006 (documentos 10 y 11), con fundamento en los datos catastrales remitidos por la Gerencia Regional del Catastro de Galicia-A Coruña. Dichas resoluciones adquirieron firmeza por transcurso del plazo de dos meses, sin interponer recurso contencioso-administrativo. A su vez, trascurrido el período voluntario de ingreso sin que el Ayuntamiento de A Coruña se hiciese cargo de su abono, la Diputación Provincial remite los expedientes de aquellas liquidaciones vencidas del IBI al Ayuntamiento de Abegondo, cuyo importe principal asciende a la cantidad de 117.546,48 euros, a efectos de gestionar su cobro por sus propios medios.
Consta un primer requerimiento efectuado por el Ayuntamiento recurrente con fecha 25 de mayo de 2007 y no siendo atendido, con fecha 3 de diciembre de 2007 y al amparo del artículo 170.2, letra b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, promueve reclamación administrativa contra la aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de A Coruña del ejercicio 2008, con la pretensión de que se incluya crédito adecuado y suficiente para el cumplimiento de aquellas obligaciones tributarias, siendo el importe total reclamado de 128.158,70 euros, según principal de 117.546,48 euros e intereses de demora. A su vez, el Ayuntamiento de A Coruña, en sesión realizada el día 17 de diciembre de 2007, acuerda la aprobación definitiva del Presupuesto General de la corporación para el ejercicio 2008, comprensivo del Presupuesto del Concello, del Organismo Autónomo Municipal Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A. y de Emalcsa Servicio, S.A, así como las Bases de Ejecución y los Cuadros de Personal del Concello y del IMCE. Con su notificación a día 02/01/2008 al Ayuntamiento recurrente, se tuvo por desestimada aquella reclamación administrativa.
Iniciando el período ejecutivo, el concello recurrente gira providencia de apremio, por importe de 129.301, 11 euros, recibida en el Ayuntamiento demandado el día 22/02/2008, quien con fecha 3 de abril siguiente dirige requerimiento previo de anulación de las liquidaciones vencidas de IBI, en esencia, por inexistencia del hecho imponible y falta de correspondencia subjetiva entre este y el sujeto pasivo del tributo.
Habiendo sido desestimado por el Ayuntamiento de Abegondo con fecha 29 de abril siguiente, interpone recurso contencioso- administrativo, que turnado al juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de A Coruña, incoa procedimiento ordinario número 217/2008, que es desestimado por sentencia número 172/2009, de 24 de julio de 2009.
En ella se razona sobre la imposibilidad de pronunciarse sobre la no sujeción al IBI del bien inmueble a que se refiere la providencia de apremio, toda vez que dicho aspecto tiene que ver con la gestión catastral del impuesto y no con la gestión tributaria que es la atribuida a los ayuntamientos, lo que impide que pueda imputarse a la actuación de estos y, por ende, ser conocida en dicho procedimiento ordinario. Añade que, no habiendo sido impugnadas las liquidaciones apremiadas, son firmes y consentidas a todos los efectos y, con invocación de la jurisprudencia reiterada ( STS 05/07/2002) que considera el procedimiento administrativo de exacción secuencial, en su integridad, constando correctamente notificados y no recurridos en plazo por los interesados los sucesivos actos administrativos, los tiene por firmes y consentidos y, en consecuencia, irrecurribles con ocasión de la impugnación de actos posteriores. En definitiva, declara la conformidad a derecho del Decreto de 29/04/2008 de la Alcaldía-Presidencia de Abegondo, desestimatorio del requerimiento previo para anulación de las liquidaciones vencidas de IBI de los ejercicios 2002 a 2006 referidas a la presa de Cecebre.
TERCERO.-.- La corporación actora, a modo de presupuesto de su pretensión, invoca los artículos 61, apartado 1, letra a) y apartado 3 y 63 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en cuanto definen como hecho imponible del IBI la titularidad de una concesión administrativa sobre los propios inmuebles (rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales) o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos, siendo atribuible la condición de sujeto pasivo del tributo, en calidad de contribuyente, al Ayuntamiento de A Coruña, por razón de la Orden del Ministerio de Obras Públicas de 24 de septiembre de 1973 que le otorga, en calidad de titular, la concesión administrativa de que hemos dejado constancia en el anterior fundamento jurídico. Y ello, a su vez, de conformidad con el artículo 8, apartados 1 y 2, letra b) del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, que define qué sean los bienes inmuebles de características especiales y relaciona, como tales, las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso, excepto las destinadas exclusivamente al riego y estos preceptos en relación con el artículo 63.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 .
Pues bien, la circunstancia de que según la rectificación catastral operada en el año 2005, la titularidad del 100 por cien de la concesión administrativa corresponda al Ayuntamiento de A Coruña, como por otra parte se encarga de señalar la sentencia número 172/2009, de 24 de julio de 2009, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña en la reseña de jurisprudencia que contiene, determina que sea ajeno al debate procesal, la condición de sujeto pasivo del IBI de este último ente local por ser titular exclusivo de una concesión administrativa sobre bien inmueble de característica especial como son las presas, saltos de agua y embalse. En efecto, como es sabido, el valor catastral individual puede ser impugnado ante la Administración autora del acto (normalmente las Gerencias Territoriales del Catastro), alegando motivos que afecten no solo a su determinación, sino también a la aprobación de las ponencias e incluso a la delimitación del suelo. Lo anterior quiere decir que es la notificación individual de los valores catastrales la que permite la impugnación de los actos de gestión catastral, mientras que la liquidación del IBI solo es impugnable por los defectos de la fase de gestión tributaria. Los actos de gestión catastral son actos de la Administración del Estado en materia tributaria, por lo que son impugnables en la vía económico administrativa como previa a la jurisdiccional, mientras que los actos de gestión tributaria son actos de los Ayuntamientos, por lo que su régimen de recursos será el propio de los actos de las Haciendas Locales, ámbito en el que se suprimió la reclamación económico administrativa, por lo que cabrá impugnación directa en la vía jurisdiccional, previo recurso de reposición. Por tanto, es indudable que en los impuestos de gestión compartida existe, en expresión del Tribunal Supremo, un punto de conexión entre gestión catastral y gestión tributaria, pues la base imponible y liquidable del impuesto viene constituida por el valor catastral.
Ahora bien, este punto de conexión no autoriza sin más a extender a la ulterior gestión tributaria, los eventuales vicios en que haya podido incurrir la previa gestión catastral. Dicho de otro modo y tal y como resulta de la doctrina expuesta sobre el desdoblamiento de la gestión en esta clase de impuestos, no es factible impugnar el valor catastral (haciendo valer los defectos en que el procedimiento de determinación haya podido incurrir) con ocasión de la impugnación de la correspondiente liquidación tributaria subsiguiente, salvo el supuesto excepcional de inexistencia misma de la notificación de dicho valor por la Administración estatal durante la fase de gestión catastral. Pues bien, no consta que el Ayuntamiento de A Coruña impugnare acto propio de esta última fase que, en consecuencia, devino firme, aspecto nuclear en la desestimación judicial del recurso interpuesto con ocasión de la notificación de la providencia de apremio.
Es por ello que debemos rechazar la alegación relativa a que la inclusión en un padrón fiscal y el impago de unas liquidaciones tributarias no atribuyen, per se, la condición de deudor, apelando a que el inmueble no debería estar sujeto al IBI por tratarse de un aprovechamiento público y gratuito, con arreglo al artículo 61.5, letra a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , pues debió hacerla valer en aquella fase de gestión catastral.
Además, no podemos desconocer que con arreglo al artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, a los solos efectos catastrales los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario (características físicas, económicas y jurídicas de los bienes inmuebles, entre las que se encontrarán la localización y la referencia catastral, la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las construcciones, la representación gráfica, el valor catastral y el titular catastral), salvo prueba en contrario y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, se presumen ciertos, siendo una de sus funcionalidades, la de servir de base para la gestión de diversos impuestos, entre ellos, el IBI. En definitiva, el Ayuntamiento demando no puede, al socaire de ciertos artículos publicados en prensa, suscitar dudas que incidan en la certeza y corrección de los datos catastrales en que se apoya la pretensión actora, pues la presunción legal que aquel precepto contiene, tan solo puede ser desvirtuada mediante prueba idónea que contradiga aquella realidad registral. La nula viabilidad de esta alegación es patente si atendemos a que, no habiendo cuestionado ser conocedor de los datos catastrales de que tratamos, no justifica haber instado la oportuna rectificación catastral, como tampoco, cual sea ese supuesto error de que puedan adolecer los datos catastrales referentes a la concesión administrativa cuya titularidad determina su condición de sujeto pasivo del IBI sobre el embalse de Cecebre.
CUARTO.-.- Teniendo en cuenta que la pretensión actora contra el presupuesto municipal, se ejercita con arreglo al artículo 170.2, letra b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , es decir, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo, constriñe su oposición a negar la existencia de obligación legal que le vincule con el Ayuntamiento de Abegondo, en los términos de los artículos 61 y concordantes del citado texto legal, por la que resulte deudor por el importe de las liquidaciones de IBI apremiadas.
A tal efecto, desplaza el debate sobre el carácter exigible de la deuda tributaria objeto de apremio para concluir que a día 3 de diciembre de 2007 (en que el Ayuntamiento de Abegondo promueve reclamación administrativa contra la aprobación inicial del Presupuesto General del concello), no lo era, en atención a los términos que resultan de los artículos 173.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 ( Las obligaciones de pago sólo serán exigibles de la hacienda local cuando resulten de la ejecución de sus respectivos presupuestos, con los límites señalados en el artículo anterior, o de sentencia judicial firme.), de 5 de marzo y 167.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria.
Y refiere que, teniendo en cuenta que este último precepto considera la providencia de apremio título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y le concede la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios, concluye que, sería a partir de su notificación cuando la deuda tributaria tendría la condición de exigible, siendo a partir de entonces cuando resultaría obligado a incorporar en su presupuesto, crédito suficiente para atender su pago.
Cabe inferir que el concello demandado consideraría prematura la pretensión actora, lo que debemos contrastar con las previsiones legales.
La recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de la deuda tributaria ( artículo 160 LGT). Cuando no es atendida en período voluntario, mediante el pago o cumplimiento del obligado tributario en los plazos previstos en el artículo 62 de aquel texto legal, tiene lugar en período ejecutivo, que en el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria, supuesto que nos ocupa, se inicia al día siguiente del vencimiento del plazo establecido para su ingreso. De este modo, la Administración tributaria efectuará la recaudación de las deudas liquidadas o autoliquidadas no atendidas en período voluntario, por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. Según el artículo 167.1 LGT, el procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al obligado tributario en la que se identificará la deuda pendiente, se liquidarán los recargos a los que se refiere el artículo 28 y se le requerirá para que efectúe el pago.
Por tanto, la providencia de apremio es un acto por el que se ordena la ejecución sobre el patrimonio del obligado tributario, cuando éste ha de satisfacer a la Administración pública una cantidad líquida de dinero, una vez vencido el periodo voluntario de pago.
A su vez, el hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal, de modo que, de conformidad con el artículo 21 LGT, esta nace cuando tiene lugar el devengo, esto es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible.
Por su parte, el apartado 2, remite a la ley propia de cada tributo, la posibilidad de establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar o de parte de la misma, en un momento distinto al del devengo del tributo, de donde se infiere que la regla general identifica la exigibilidad con la realización del hecho imponible, salvo previsión distinta en ley especial.
Pues bien, definido el hecho imponible en el caso que nos ocupa, por la titularidad de una concesión administrativa sobre un bien inmueble de naturaleza especial ( artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ), el devengo del impuesto se fija el primer día del período impositivo, coincidiendo éste con el año natural (artículo 75).
Dado que la reclamación administrativa de 3 de diciembre de 2007, se refería a las liquidaciones de los ejercicios 2002 a 2006, es decir, a períodos ya vencidos, no cabe sostener que se trate de deuda no exigible, pues en aplicación del citado precepto, el devengo se habría producido ya el primer día del período impositivo, coincidiendo la exigibilidad con el devengo, pues como hemos visto, la normativa específica del IBI no altera la regla general que contiene la Ley General Tributaria. Y según el expediente administrativo, el concello demandado interpuso recurso potestativo de reposición contra las liquidaciones giradas por el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de A Coruña, excepto la correspondiente al ejercicio 2006. Dichos recursos fueron desestimados por resoluciones del presidente números 17.710, de 16/09/2005 y 3.469, de 10/03/2006, notificadas al Ayuntamiento de A Coruña, respectivamente, los días 13/10/2005 y 11/04/2006. A su vez, constituido el objeto del recurso contencioso-administrativo desestimado por la sentencia número 172/2009, de 24 de julio de 2009, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña, por el Decreto del concello de Abegondo de 29 de abril de 2008 desestimatorio del requerimiento previo formulado por el concello ahora demandado para anulación de las liquidaciones apremiadas relativas al IBI-BICES, del embalse de Cecebre, de los ejercicios 2002-2006, es decir, una actuación ajena a la realizada por la Diputación Provincial de A Coruña, tanto en la emisión de aquellas como en la desestimación de los recursos potestativos de reposición, podemos concluir que las liquidaciones objeto de apremio, entendidas como actos resolutorios mediante los cuales el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria ( artículo 101.1 LGT), eran firmes.
En definitiva, la obligación tributaria nace con la realización del hecho imponible, que tratándose de una concesión administrativa sobre el embalse de Cecebre, tiene lugar el primer día del período impositivo, que se contrae al año natural. Y en virtud de ello, surge para el concello de A Coruña el deber jurídico de pagar el tributo. Por tanto, desde que se realiza el hecho imponible, ya existen tanto la obligación tributaria como el correspondiente derecho de crédito del concello recurrente. Pero éste no puede hacer efectivo su derecho, no puede ejercitarlo y exigir el pago de la deuda tributaria mientras que ésta no esté liquidada y cuantificada y sólo por el importe en el que lo esté. Por ello, debemos rechazar el argumento del concello demandado que pospone a la notificación de la providencia de apremio el momento en que la deuda tributaria era exigible, pues el derecho de acción para ordenar y, en su caso, cobrar, incluso por vía coactiva, la deuda tributaria correspondiente al IBI-BICES de los períodos 2002-2006, nace en el momento en que se han practicado las liquidaciones correspondientes y son notificadas al concello de A Coruña, obligado tributario. En consecuencia, las liquidaciones son verdaderos títulos que permiten el inicio del correspondiente procedimiento de cobro, puesto que la deuda tributaria es ya líquida. La providencia de apremio tan solo es un título que permite al concello de Abegondo la recaudación del IBI-BICES no pagado en período voluntario, iniciando el procedimiento de apremio correspondiente que, a la cuantía liquidada de la deuda tributaria, adiciona los recargos legales.
Aceptar, con el Ayuntamiento de A Coruña, que la exigibilidad de la obligación tributaria objeto de la reclamación administrativa presentada el 03/12/20007 quedó demorada a la notificación de la providencia de apremio supone tanto como afirmar que la recaudación tributaria en período voluntario, puede tener por objeto obligaciones tributarias no exigibles por no quedar perfeccionadas hasta la realización de aquel acto de comunicación, lo que supone un resultado absurdo.
Alcanzada la conclusión anterior, es decir, que la deuda tributaria objeto de las liquidaciones apremiadas era exigible desde el momento en que, practicadas estas por el servicio correspondiente de la Diputación Provincial de A Coruña, fueron notificadas al concello de A Coruña y se han perfeccionado los actos necesarios para su efectividad, surge para éste la obligación de incluir las oportunas previsiones para hacer frente a aquellas liquidaciones giradas, en cuanto dicha obligación tributaria surge, directamente de la Ley de Haciendas Locales y consta reconocida mediante títulos o actos concretos emitidos o dictados en aplicación de aquélla, como hemos analizado previamente.
El planteamiento del concello demandado, al entender que la exigibilidad de las obligaciones que permite la reclamación administrativa contra los presupuestos locales con arreglo al artículo 170.3, letra a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo , tan solo es atribuible a las que resulten del propio presupuesto o de sentencia judicial firme, supone una interpretación del artículo 173.1 del mismo que pugna con el reconocimiento obligacional que contiene el referido texto legal que, como hemos analizado, permite tener la obligación tributaria reclamada por perfeccionada mediante los actos necesarios para su efectividad.
Esta exigencia es lógica si tenemos en cuenta que la preexistencia del reconocimiento obligacional actúa a modo de excepción a la regla general del efecto autorizante del Presupuesto. Como tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 15/02/2002, recurso de casación número 7654/1996 (Roj: STS 1037/2002), citada por el municipio demandado y cambiando la referencia a los preceptos que cita por los correspondientes tras la publicación del Real Decreto Legislativo 2/2004 ,
"La suficiencia de los ingresos con relación a los gastos presupuestados y de éstos respecto a las necesidades derivadas del ejercicio de las competencias municipales constituye una materia de profundo calado político en el que goza, en consecuencia, de un amplio margen de decisión el órgano plenario de la Corporación ( artículo 22.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local ). Por ello, el propio artículo 151, en su apartado c) sólo permite impugnar los Presupuestos por tales insuficiencias cuando las mismas sean manifiestas, pues otra cosa supondría limitar arbitrariamente las facultades de decisión económico-financiera que comporta el ejercicio de la autonomía local."
Dicha sentencia resulta sumamente didáctica e ilustrativa en cuanto define con exactitud que los Presupuestos Generales de las entidades locales representan el instrumento mediante el que éstas ejercen la facultad de ordenar los recursos propios con el fin de disponer libremente de ellos en el ejercicio de sus competencias, como manifestación de la autonomía local, conforme al artículo 9.1 de la Carta Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985, ratificada por Instrumento de 20 de enero de 1988. Es sumamente expresiva, la definición legal que ofrece el artículo 162 del Real Decreto Legislativo 2/2004 , al referir que los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.
Por consiguiente, no se preordenan al reconocimiento de obligaciones de carácter económico dado que su finalidad es autorizar los créditos para el cumplimiento de las reconocidas o que puedan reconocerse con arreglo al ordenamiento jurídico local, mediante la fijación de unas previsiones o límites máximos, que han de establecerse partiendo de la disposición de los recursos previstos en el propio Presupuesto. Esta concepción justifica los principios de especialidad y limitación de créditos que incorpora el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 2/2004 , que imponen que los créditos para gastos se destinen, exclusivamente, a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el presupuesto general o por sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo los créditos autorizados carácter limitativo y vinculante, lo que hace plenamente comprensible que el artículo 173, apartado 1, disponga que las obligaciones de pago sólo serán exigibles de la Hacienda Local cuando resulten de la ejecución de sus respectivos Presupuestos con los límites señalados en el artículo anterior, o de sentencia judicial firme.
Los principios antes indicados otorgan pleno sentido a la descripción legal de los mismos en su aspecto pasivo como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad local y sus Organismos Autónomos y los estados de gastos como aquellos en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones ( artículo 165.1, letra a) Real Decreto Legislativo 2/2004 ) atendiendo al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos previstos en la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, de forma que cada uno de los presupuestos que se integren en el general deberá aprobarse sin déficit inicial.
QUINTO.-.- La entidad local demandada, va más allá de su planteamiento inicial relativo a que la obligación tributaria no era exigible al tiempo de presentar el concello recurrente la reclamación administrativa en diciembre de 2007, para afirmar que, en todo caso, en los presupuestos impugnados existe crédito suficiente para ser atendido el importe objeto de apremio, en la partida 21.124.226.14, porque dispone de una dotación de 374.000 euros.
De un lado, explica que su dotación coincidiese con la de presupuestos correspondientes a ejercicios anteriores, por el carácter no exigible de la obligación tributaria en el momento de la reclamación administrativa, lo que justificaría la ausencia de previsión. Y ello sin perjuicio, de incoar expedientes de modificación de créditos para incrementar aquella partida, caso de que fuese necesario por haber recaído sentencia firme declarando la conformidad a derecho de la providencia de apremio, durante el ejercicio presupuestario, con referencia expresa al procedimiento ordinario número 217/2008 del juzgado de lo contencioso- administrativo número 4 de A Coruña.
Como argumento adicional, aboga por la idoneidad de la citada partida para hacer frente a dicha deuda, ya que se denomina "Interior, Personal, Informática y Parque Móvil/ Otros servicios de carácter general/ Indemnizaciones varias.", en cuanto que cumple las previsiones legales y de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20/09/1989 (BOE número 252, de 20 de octubre) sobre estructura presupuestaria de las entidades locales, para afirmar que estando destinada al pago de "indemnizaciones varias", se muestra como la apropiada para, si fuera el caso, proceder al abono del IBI reclamado, cuando ello resulte de una sentencia judicial firme, por lo que suplica la desestimación del presente recurso.
Por el presente motivo de impugnación el concello recurrente reprocha de los Presupuestos del concello demandado, el incumplimiento de los requisitos de necesaria consignación y limitación presupuestaria de gastos, en conexión con el principio de especialidad presupuestaria y la clasificación de gastos que es exigida en las normas de desarrollo del expresado precepto. Y ello, en aplicación de los artículos 172 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2004 con arreglo a los cuales, la plantilla presupuestaria reflejará las obligaciones presupuestarias que dimanan para la corporación, con los principios propios de la materia presupuestaria como son el de especialidad presupuestaria, la necesidad de la previa consignación y limitación presupuestaria, que en todo caso han de ser adecuadas a la naturaleza y finalidad del gasto y la estabilidad financiera.
Queda acreditado que en los Presupuestos Generales del ejercicio 2008, no existe partida presupuestaria específicamente afecta a asumir los gastos derivados del pago de las liquidaciones del IBI-BICES de los ejercicios 2002-2006.
Esta falta de consignación presupuestaria trata de ser pretextada por el concello demandando, acudiendo al carácter no exigible de la obligación tributaria con el concello de Abegondo, argumento que, por lo razonado hasta el momento, no es admisible.
Como tampoco lo es que, la pendencia del procedimiento ordinario 217/2008, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña, si tenemos en cuenta que el objeto del mismo fue la desestimación por el concello de Abegondo, del requerimiento previo que le dirigió el Ayuntamiento de A Coruña para anulación de la providencia de apremio, susceptible de impugnación, tan solo, por los motivos del artículo 167.3 Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria.
En definitiva, la omisión presupuestaria es fruto de la decisión del ayuntamiento demandado de no autorizar crédito para asumir aquella obligación tributaria por entenderla no exigible, lo que no es correcto. Lo relevante es la ausencia de reconocimiento de aquella obligación, como paso previo a incluir su importe en el estado de gastos. Por tanto, aclarado su carácter exigible al tiempo de aprobar el Presupuesto General del ejercicio 2008, debió habilitar el crédito necesario para hacerle frente.
Si lo anterior lo enlazamos con el principio de especialidad presupuestaria, resulta evidente la inidoneidad de la partida 21.124.226.14 pues, de un lado, el ayuntamiento cuenta con ella a modo de cajón de sastre, habilitada para fines diversos, sin que el pago de obligaciones tributarias pueda integrar el concepto "otras indemnizaciones" que incorpora en su definición. Y, de otro, ni de la memoria del Presupuesto, ni de ningún otro documento de los que constan en el expediente administrativo relativos a la elaboración de aquel, se deduce la previsión de que el importe de las liquidaciones de IBI-BICES de los ejercicios 2002 a 2006 se haya tenido en cuenta por el concello como pendiente de pago y menos aún, que entre los fines a que se destina aquella partida conste el pago de aquellas liquidaciones.
Por consiguiente, con estimación del presente recurso contencioso-administrativo, procede anular el acuerdo plenario del Ayuntamiento de de A Coruña, adoptado en sesión de 17 de diciembre de 2007, por el que se aprueba el Presupuesto General de la entidad local, sus organismos autónomos y bases de ejecución, limitando dicho pronunciamiento al estado de gastos, al objeto de que se cree la correspondiente partida presupuestaria que incluya crédito adecuado y suficiente para el cumplimiento de la obligación tributaria con el concello de Abegondo, derivada de las liquidaciones por IBI-BICES correspondientes a los ejercicios 2002 a 2006, con los oportunos recargos e intereses legales, en su condición de titular de concesión administrativa de la presa y embalse de Cecebre o, en su caso, realice la operación presupuestaria de efecto estrictamente equivalente.
SEXTO.-.- Al estimarse el recurso, no procede hacer expresa condena en las costas del mismo, de conformidad a las previsiones del artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .
que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Abegondo contra el Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de A Coruña, adoptado en sesión de 17 de diciembre de 2007, de aprobación definitiva del Presupuesto General de dicho ente local, del organismo autónomo municipal Instituto Municipal de Espectáculos (IMCE), de la Empresa Municipal de Aguas de La Coruña (EMALCSA) y de EMALCSA Servicios, S.A. del año 2008, así como, las bases de ejecución y los cuadros de personal del Ayuntamiento y del IMCE en los términos que resultan de sus estados presupuestarios que anulamos, limitando dicho pronunciamiento al estado de gastos, al objeto de que se cree la correspondiente partida presupuestaria que incluya crédito adecuado y suficiente para el cumplimiento de la obligación tributaria con el concello de Abegondo, derivada de las liquidaciones por IBI-BICES correspondientes a los ejercicios 2002 a 2006, con los oportunos recargos e intereses legales, en su condición de titular de concesión administrativa de la presa y embalse de Cecebre o, en su caso, realice la operación presupuestaria de efecto estrictamente equivalente; sin hacer imposición de costas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de casación ordinario establecido en el art. 86 de la Ley 29/1998, de 13 julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de diez días computados desde el siguiente a su notificación, que se preparará ante esta Sala, a medio de escrito con los requisitos del art. 89 de dicha Ley, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Asimismo, podrán interponer contra ella cualquier otro recurso que estimen adecuado a la defensa de sus intereses. Para admitir a trámite el recurso, al interponerse deberá constituirse en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Tribunal (1570-0000-85-0406-10-25), el depósito al que se refiere la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (BOE núm. 266 de 4/11/09); y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su procedencia, con certificación de esta resolución.
PUBLICACION.- La sentencia anterior ha sido leída y publicada el mismo día de su fecha, por el Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente D./Dª MARÍA DOLORES GALINDO GIL al estar celebrando audiencia pública la Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Doy fe. A CORUÑA, treinta de mayo de dos mil doce.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 15030330012012100446

References: artículo 61
 Real Decreto 
 artículo 63
 resolución 
 artículo 170
 Real Decreto 
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 artículo 8
 Real Decreto 
 artículo 63
 Real Decreto 
 artículo 61
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 170
 Real Decreto 
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 artículo 160
 artículo 62
 artículo 167
 artículo 28
 artículo 21
 artículo 61
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 artículo 101
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 artículo 22
 artículo 151
 artículo 9
 artículo 162
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 artículo 167
 artículo 139