Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810320.html
Timestamp: 2019-11-12 08:53:14+00:00

Document:
as201810320
AUTO SUPREMO Nº 320/2018-RRC
Sucre, 15 de mayo de 2018
Expediente : Oruro 29/2017
Parte Imputada : Jhoan Fernando Sardán Blacutt
Delito : Fabricación, Comercio o Tenencia de Sustancias
Explosivas y otros
Por memorial presentado el 1 de agosto de 2017, cursante de fs. 78 a 82 vta., Silvia Teresa Choque Rodríguez de Diego, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 36/2017 de 11 de julio, de fs. 63 a 73, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la recurrente contra Jhoan Fernando Sardán Blacutt, por la presunta comisión del delito de Fabricación, Comercio o Tenencia de Sustancias Explosivas, Asfixiantes, etc., previsto y sancionado por el art. 211 del Código Penal (CP).
Por Sentencia 30/2016 de 22 de septiembre (fs. 28 a 33), la Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Jhoan Fernando Sardán Blacutt, absuelto de pena y culpa del delito de Fabricación, Comercio o Tenencia de Sustancias Explosivas, Asfixiantes, etc., tipificado en el art. 211 del CP, sin costas.
Contra la mencionada Sentencia, la acusadora particular Silvia Teresa Choque Rodríguez de Diego (fs. 37 a 48), interpuso recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 36/2017 de 11 de julio, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, con costas para la apelante, motivando la formulación de recurso de casación.
Del recurso de casación y del Auto Supremo 792/2017-RA de 17 de octubre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
La recurrente alega que el Auto de Vista impugnado, carece de la debida fundamentación; aspecto que, provoca la inobservancia del art. 124 del CPP y que constituye defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP.
Después de hacer alusión a los arts. 407 y 408 del CPP, refiere que como agravio de su recurso de apelación restringida, señaló que la Sentencia inobservó la normativa penal sustantiva contenida en el art. 211 del CP, defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, porque las pruebas demostraron que al imputado se le encontró en tenencia de una dinamita y que el acusado, “a diferencia de lo manifestado en la Sentencia, SÍ cometió el delito” (sic); consiguientemente, el hecho atribuido, se encontró claramente establecido, habiendo expresado el agravio con absoluta claridad; sin embargo, el Tribunal de apelación pretendió “establecer que el recurso no hubiese sido expreso” (sic) en señalar si lo que existía, era una errónea o inobservancia de la ley sustantiva; y que según la recurrente, el fundamento de su recurso fue diferente al cuestionado por el Tribunal de alzada, porque lo que observó en el mencionado recurso fue que la Juez de origen, en el proceso de subsunción, no interpretó, menos aplicó los alcances del art. 211 del CP; y que consiguientemente, los argumentos para la declaratoria de improcedencia del recurso de apelación, no resultan ser suficientemente fundamentados.
Señala que como otro agravio, refirió la insuficiente fundamentación de la Sentencia, que provoca inobservancia del art. 124 del CPP; consiguientemente, defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP y que constituye defecto absoluto referido en el art. 169 inc. 3) del CPP, habiendo argumentado que la aplicación de la sana crítica para la valoración de la prueba, trae aparejada la necesidad de la fundamentación de la sentencia. Indica que no es posible arribar a una conclusión de absolución, si el juzgador no ejercitó un coherente, armónico y detallado análisis de todos y cada uno de los elementos de prueba incorporados al proceso penal en el juicio oral y que esté expresado con la debida fundamentación. Alega que los argumentos expuestos en la Sentencia, adoleció de una valoración probatoria intelectiva, lo que constituye defecto de sentencia y también defecto absoluto, vulnerándose el debido proceso en su vertiente de resolución motivada; sin embargo, el Tribunal de apelación, para justificar la improcedencia de su recurso, nuevamente manifestó que no se expuso cuál de las exigencias de fundamentación se encontraría cuestionada, pese a que fue clara en su recurso.
Refiere que el Auto de Vista carece de fundamento legal comprensible y que apartándose de las exigencias de fundamentación, limitaron su actuar al pretender encontrar confusión, sustentándola con una “presunta ‘horfandad´ de fundamentación…” (sic), cuando su recurso de apelación restringida fue absolutamente claro en los aspectos en los que el Tribunal de alzada justifica la improcedencia del recurso.
La recurrente solicita se declare la procedencia de su recurso y alternativamente se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se disponga que el Tribunal de alzada pronuncie un nuevo fallo conforme la doctrina legal aplicable al caso de autos.
Mediante Auto Supremo 792/2017-RA de 17 de octubre, cursante de fs. 92 a 94, este Tribunal admitió el recurso de casación formulada por la recurrente, para su análisis de fondo.
Por Sentencia 30/2016 de 22 de septiembre, el Juez Primero de Sentencia de Oruro, declaró la absolución del imputado Jhoan Fernando Sardán Blacutt, por la comisión del delito de Fabricación, Comercio o Tenencia de Sustancias Explosivas, Asfixiantes, etc., previsto en el art. 211 del CP, con base a los siguientes argumentos:
No se evidenció lo manifestado por Silvia Teresa Choque Rodríguez, en la inspección del lugar del hecho, en la que reiteradamente refirió que ese fue el lugar donde el acusado portaba una masa explosiva dinamita, contradiciendo su propia versión en juicio oral, al expresar en su primera declaración informativa contenida en el informe de conocimiento, que ya en tránsito al Módulo Policial, había sacado un elemento explosivo, que estaría en la parte externa de su chompa, al bajar el elemento explosivo había caído y en juicio oral declaró que cuando estaba bajando del vehículo hizo caer dicho objeto.
De acuerdo al informe de intervención policial, se establece que el imputado quien había sido aprehendido porque supuestamente portaba una dinamita, se encontraba en el vehículo sentado al medio de dos comunarias y vio en la parte externa del canguro, siendo aprehendido y remitido a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).
El imputado niega ser portador del elemento explosivo y que Paulina Flores Tarqui, le habría puesto la dinamita sacando de su cartera, ella niega este hecho al expresar que estaba embarazada y no portaba cartera; sin embargo, este hecho refiere en diferentes momentos en audiencia, así como en la inspección del lugar manifestando que la dinamita se encontraba encima de su chompa y canguro; o a decir de la testigo Gregoria Sulma Salinas, “yo no revise, vi que estaba saliendo de su bolsillo uno, cuando bajo hizo caer”, no existe uniformidad, coherencia razonable, para concluir con la prueba aportada, la existencia de responsabilidad del hecho que se juzga.
Los testigos coinciden que detuvieron –al imputado- por ser hijo de Sardán avasallador, con quien tienen problemas.
El imputado ingresa un elemento en su declaración en forma reiterada, pues en audiencia manifiesta que estaba junto a su abuela, a la altura de la Mariscal Braum, se acercaron, empezaron a golpear e insultar diciendo: “les vamos a matar les vamos a cortar la cabeza”, los metieron en un auto, los empujaban de un lado a otro, en la plaza un parquecito apareció un policía y le dijeron: “han venido a avasallar a invadir terrenos” estaba toda la gente aglomerada, una señora estaba agarrando una dinamita y la puso en su canguro, no conoce la dinamita, estaba asustado, fueron llevados a un módulo policial, puso a su canguro de nuevo, salió del taxi, no tenía que ver en eso, fue al módulo policial, la señora tenía mucha maldad; refiriendo el Juez de Sentencia, que cuando el imputado voluntariamente ingresa nuevos elementos en su declaración, no solo es un medio de defensa, sino más bien es un medio de prueba.
El hecho acusado no asume la verdad histórica del hecho, la participación del imputado en forma objetiva, porque en juicio los testigos no son uniformes ni concluyentes sobre la responsabilidad penal del imputado, quien aporta otros elementos que en definitiva generan duda, siendo aplicables los arts. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 6 del CPP, concluyendo que el hecho no fue adecuadamente planteado, siendo insuficiente la prueba correspondiendo la absolución.
La recurrente formuló apelación restringida con base a los defectos previstos en el art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP, además de errónea aplicación del art. 172 del CPP al excluirse la prueba literal consistente en el informe de 19 de marzo de 2014, siendo declarado improcedente el recurso por el Tribunal de alzada mediante el Auto de Vista impugnado, que confirmó la sentencia con costas contra la parte apelante de acuerdo al art. 269 del CPP.
III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON EL PRECEDENTE INVOCADO
En el caso presente, la parte recurrente alega que el Auto de Vista impugnado carece de debida fundamentación; por cuanto, asumió respecto al denunciado defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, que su recurso no hubiese sido expreso, pese a que claramente denunció que la Jueza de origen no interpretó y menos aplicó los alcances del art. 211 del CP y con relación a la denuncia planteada con base al defecto del art. 370 inc. 5) del Código Procesal, asumió que no expuso cuál de las exigencias de fundamentación se encontraba cuestionada, cuando claramente denunció que la sentencia adolecía de valoración probatoria intelectiva, por lo que corresponde resolver la problemática planteada por la parte recurrente.
III.1. Respecto al precedente invocado por la recurrente.
La recurrente para fundar su recurso de casación invocó el Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004, emitido dentro de un proceso penal seguido por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, por el cual este Tribunal constató que el de alzada contradijo precedentes que establecen que la omisión de los requisitos de toda sentencia tal cual prescribe el art. 242 del CPP, constituye causal de anulación al tenor del art. 297 inc. 7) del antes referido Código, por afectar las formas esenciales del juicio, el debido proceso, la defensa y sobre todo por ser normas de orden público y de cumplimiento obligatorio, resultando que el Auto de Vista recurrido no se pronunció sobre todos los puntos apelados, pese a los defectos de sentencia insubsanables, por lo que correspondía anular la sentencia y disponer la reposición del juicio por otro Tribunal, conforme el primer parágrafo del art. 413 del CPP, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “Que el juicio oral, público y contradictorio conforme dispone el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio. En su desarrollo las partes asumen el papel protagónico de someterse a las reglas del debido proceso en igualdad de condiciones. Los Tribunales de Sentencia o el Juez deben emitir la sentencia fundamentada consignando todos y cada uno de los hechos debatidos en el juicio, con un análisis de todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo incorporadas legalmente en el proceso, debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo requisitos que toda sentencia debe contener, constituyendo su omisión defectos de sentencia insubsanables al tenor del artículo 370 inciso 3) y 5) del Código de Procedimiento Penal, por lo que en esos casos corresponde aplicar el primer parágrafo del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal”.
En el caso presente, la recurrente refiere que el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista impugnado incurrió en carencia de debida fundamentación, al resolver dos de los defectos alegados en apelación restringida, específicamente los previstos en los incs. 1) y 5) del art. 370 del CPP, pese a que en el primer caso expresó el agravio con absoluta claridad y que en el segundo también refirió que la sentencia adolecía de valoración probatoria intelectiva; en consecuencia, resulta necesario identificar los argumentos expuestos por la parte recurrente en su apelación y revisar el contenido del Auto de Vista impugnado a los fines de establecer si la denuncia carece o no de mérito.
En ese sentido, se tiene que la recurrente formuló apelación restringida con base a los defectos previstos en el art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP, refiriendo con relación al primer defecto bajo el título: “La Sentencia apelada inobserva la normativa sustantiva penal contenida en el art. 211 del Código Penal en vigencia, defecto de sentencia que se encuentra previsto en el art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal” (sic), que la conclusión asumida por el tribunal de origen, más allá de la equivocada interpretación del objeto del juicio y la incomprensible argumentación con la finalidad de encontrar duda para beneficiar al imputado, resultaba siendo incomprensible en función a que en el juicio oral se logró demostrar con certeza cómo ocurrieron los hechos el 11 de diciembre de 2013, así como las circunstancias en las cuales fue descubierto el imputado portando una dinamita, refiriendo que desde su perspectiva el delito previsto por el art. 211 del CP, es un delito de mera actividad y de peligro, siendo que los presupuestos punitivos fueron debidamente demostrados con los elementos de prueba, como la prueba documental, testifical y la inspección al lugar donde se aprehendió al imputado, así como de los actos posteriores en los cuales se pudo advertir la tenencia de una dinamita por parte del imputado y que dadas las circunstancias en que ocurrieron los eventos ese día, lo racional era entender que ese material explosivo tenía la finalidad de causar zozobra en los comunarios ante el avasallamiento de tierras que realizaba el padre del imputado.
En este motivo alegó que en relación a la existencia del hecho y sus circunstancias, la prueba testifical aportada consistente en las atestaciones de Silvia Teresa Rodríguez de Diego, Paulina Flores Tarqui de Flores, Mijael Albert Peñafiel Escobar y Gregoria Zulma Salinas Umerique (no referida en este último caso por la sentencia), así como como las literales MP-D1, MP-D2, MP-D3, MP-D4, MP-D6, MP-D7 y MP-D17, fueron expresas en señalar cómo sucedieron los hechos y cómo se demostró la tenencia de una dinamita por el imputado, de modo que de una comparación entre el hecho acusado y las inferencias arribadas por el tribunal de origen, en torno a lo demostrado en juicio oral, así como de la normativa sustantiva prevista en el art. 211 del CP, podía colegirse fácilmente que el imputado a diferencia de lo manifestado por la sentencia, si cometió el delito atribuido, porque fue encontrado con una dinamita; lo que implica, que su tenencia resultaba objetiva y con la injusta resolución se daba carta abierta a la impunidad, de modo que en el proceso subsuntivo se inobservó el contenido sustantivo penal del art. 211 del CP, por lo que se contravino el principio de legalidad formal en materia penal, al haberse encontrado al imputado en posesión de una dinamita objetivamente demostrada en el juicio y en ese contexto, la posesión de sustancias explosivas sin autorización y las circunstancias en las cuales fue sorprendido, resultaba adecuada a los elementos constitutivos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal acusado, por lo que correspondía le emisión de una sentencia condenatoria conforme los alcances del art. 365 del CP.
Con relación al segundo defecto de sentencia alegado en apelación, cuya forma de resolución es cuestionada a través del presente recurso de casación, se tiene que la recurrente bajo el acápite “Insuficiente fundamentación de la sentencia que provoca la inobservancia del art. 124 del Código de Procedimiento Penal. Defecto de Sentencia que se encuentra previsto en el inc. 5) el art. 370 del Código de Procedimiento Penal y constituye defecto absoluto previsto por el art. 169-3) de la Ley 1070”, señaló que en la sentencia apelada resultaba imposible constatar el acierto de la decisión, porque la motivación era insuficiente; toda vez que por un lado, el análisis del hecho, no estaba dirigido a un análisis pormenorizado de los elementos constitutivos del tipo penal por el cual se aperturó el juicio oral, menos establecía de manera razonada cómo el hecho demostrado (la posesión de material explosivo sin autorización), no podía constituir a cabalidad todos y cada uno de los elementos típicos del delito por el cual fue absuelto el imputado; en ese ámbito, denunció que la sentencia adolecía de esta exigencia, pues el razonamiento se limitó a encontrar contradicciones entre la declaración del acusado prestada en juicio oral - sin que éste haya manifestado lo mismo desde el inicio del proceso investigativo -, con la declaración de los testigos de cargo y las documentales aportadas en juicio oral; y por otro, resultaba ostensiblemente notorio que no se valoró cada elemento de prueba incorporado al juicio oral, conforme la exigencia del art. 124 del CPP vinculado con el art. 173 del CPP.
Concretizó la denuncia señalando que la falta de fundamentación podía ser advertida en torno a los siguientes aspectos: La carencia completa de una fundamentación probatoria intelectiva en relación a la prueba documental, testifical y material, porque la sentencia sólo se limitó a describir la prueba documental y material, sin ningún fundamento propio, habiéndose limitado sobre la prueba documental a su mera descripción y en lo que respecta a la prueba testifical, al resumen de algunos extractos del acta de registro de juicio oral de los cuatro testigos y al final con una mera referencia que no expresaba ninguna valoración con fundamento propio en torno a la valoración de los elementos de prueba y sin mayor valoración probatoria intelectiva, al no constar el proceso inferencial y de valoración realizada. Añadió que la sentencia carecía de una construcción lógica vinculada al análisis de todos los elementos de convicción y su implicancia en los elementos constitutivos del tipo penal y el grado de participación, no bastando manifestar la inexistencia del hecho o del cuerpo del delito o bien la existencia de duda, sin esbozar con rigor lógico científico, qué elementos de convicción concretos, analizados intrínseca e integralmente, permitieron llegar a la convicción que el acusado no participó en forma dolosa en el hecho delictivo acusado.
A tiempo de destacar la contradicción con el precedente invocado, puntualizó que de la revisión de la fundamentación probatoria intelectiva como la de derecho o jurídico, contenida en la sentencia, podía fácilmente advertirse que la probatoria intelectiva en lo que respecta a la valoración de las pruebas documentales y testificales de cargo, resultaba inexistente y también era ostensiblemente notaria la falta de fundamentación en torno al proceso intelectivo que le llevó a la Juez de Sentencia a pronunciar la absolución del imputado.
Del auto de Vista impugnado, se advierte que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró improcedente el recurso de apelación restringida por la parte recurrente y confirmó la sentencia apelada pronunciándose respecto a los dos motivos en los siguientes términos: en cuanto al defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, señaló que la recurrente planteó el agravio sin la debida fundamentación, porque no se refería ni desarrolló en forma fundamentada y pertinente, respecto a la inobservancia de la ley que tiene una conceptualización y efectos diferentes que la errónea aplicación de la ley sustantiva, más cuando también señaló errónea concreción del marco penal, que a prima facie debilitaba la argumentación de la apelación.
Añadió previa diferenciación de los dos supuestos, previstos en el art. 370 inc. 1) del CPP, que todos los argumentos de la apelación con relación a este primer tópico no eran evidentes, pues previa glosa del contenido de la sentencia, coligió que la Juez de Sentencia fundamentó que realizado el registro y la inspección y la documentación presentada, emergieron contradicciones con las declaraciones prestadas por los testigos y la acusadora particular, quien participó en el registro y aseveró que ese fue el lugar donde se encontró al imputado portando dinamita, en cambio en su declaración bajo juramento, refirió que fue en el vehículo al que subieron al aprehendido y a una persona de la tercera edad, explicando las personas que se encontraban al lado del acusado cómo habrían descubierto al ser conducido al módulo policial la dinamita encima de la ropa, versión diferente que mencionó al policía interventor y en su declaración como testigo.
Asimismo, de modo fundamentado la juez de origen señaló que existía contradicción y no eran uniformes las declaraciones de los testigos de cargo, más la incorporación de un elemento por el acusado cuando en su declaración afirmó que fue Paulina, quien puso la dinamita en su canguro; siendo estos los fundamentos expuestos por la juzgadora de sentencia bajo el principio de inmediación, no existiendo certeza por la insuficiencia de la prueba incorporada a juicio por el representante del Ministerio Público y la acusación particular, valorando en su integridad la prueba y ante la duda que generó en la juzgadora dictó sentencia absolutoria; además, la recurrente incurrió en incumplimiento de los requisitos, límites y naturaleza de la apelación restringida, al no señalar de manera clara, concreta y concisa la aplicación que pretendía.
En cuanto, a la inobservancia de la norma penal prevista en el art. 211 del CP, previa su glosa y aspectos doctrinales respecto a la calificación del hecho a un tipo penal, el Tribunal de alzada asumió que la Juez de origen expuso fundamentos en la sentencia en el considerando destinado a la fundamentos jurídicos del fallo, razonó que ante la insuficiencia de prueba no se demostró el delito atribuido y ante la contradicción y desuniformidad de las declaraciones testificales de cargo, estableció definitivamente que se generó duda sobre la real responsabilidad del imputado, pues en su defensa el imputado adujo que el explosivo fue puesto por Paulina Flores Tarqui.
Por otra parte, dejó constancia que la recurrente si bien reclamó que no existió un proceso de subsunción, no aclaró cómo debió ser ese proceso y cómo debió proceder la Juez de sentencia en la subsunción del hecho al tipo penal, tampoco explicó si el imputado incurrió en los elementos constitutivos del delito, no se refirió si todos los componentes concurrían para el acusado, como el elemento objetivo de fabricar, suministrar, adquirir, sustraer o tener, menos el elemento subjetivo referido al dolo, pues la recurrente se redujo en abundar que se demostró el delito con la prueba documental y testifical.
Por último, el Tribunal de alzada respecto a este motivo de apelación señaló que la recurrente no mencionó ni cuestionó los razonamientos de la Juez de sentencia, quien señaló que en el caso no se logró demostrar con prueba suficiente por las contradicciones de las declaraciones y falta de uniformidad de los testigos de cargo, siendo la apelación sesgada además de incurrir en argumentos incluso fuera de contexto.
Con relación a la denuncia de fundamentación insuficiente y contradictoria, el Tribunal de alzada precisó que la previsión del art. 370 inc. 5) del CPP, al hacer referencia a ese supuesto utiliza el o y no la y, por lo que en la práctica jurídica no podían darse ambas situaciones, derivando en deficiente y sin sustento jurídico el planteamiento. Y previa referencia a los tres supuestos previstos en la citada norma relativos a la falta de fundamentación de la sentencia, que la motivación sea insuficiente o que la fundamentación sea contradictoria, así como a la fundamentación fáctica, probatoria y descriptiva, refirió que la recurrente al pretender fundamentar agravios incurrió en errores, pues de inicio denunció falta de fundamentación, insuficiente y contradictoria fundamentación en la sentencia, a continuación mezcló de manera entreverada, al hacer referencia a la valoración de la prueba, a los elementos constitutivos o elementos del tipo penal, luego a la valoración de la prueba, a la sana crítica, para luego referir que en el caso no se valoró todas y cada una de las documentales y testificales incorporadas al juicio oral, adoptando incluso una posición a una presunta injerencia de ese tribunal en ingresar a revalorizar la prueba, siendo en última instancia una de las pretensiones de la apelación, aspecto prohibido en apelación.
Refirió que la apelante incidió en la fundamentación probatoria intelectiva y que la juez no esgrimió fundamento alguno, que tan solo en la sentencia se hubiera hecho una descripción de los elementos de prueba de cargo como de descargo documentales y testificales, sin otorgarles ningún valor probatorio; y consecuentemente, la sentencia carecía de una construcción lógica vinculada al análisis de todos los elementos de convicción y su implicancia en los elementos constitutivos del tipo penal y el grado de participación, no bastando manifestar la existencia de duda, sino esbozar con rigor lógico científico, qué elemento de convicción concreto analizado intrínseca e integralmente permitió llegar a la convicción de que el imputado no participó dolosamente en el hecho delictivo; señalando el Tribunal de alzada que esos argumentos no eran evidentes, porque la juzgadora expuso fundamentos cumpliendo con la fundamentación descriptiva probatoria en el considerando destinado a los Motivos de Hecho y Derecho y el Valor otorgado a los medios de prueba, otorgándoles el valor que les corresponde; la fundamentación probatoria intelectiva también fue debidamente fundamentada en el considerando V destinado a los motivos de derecho en que se basó la sentencia, donde la juzgadora realizó un análisis y razonamiento detallado aludiendo a los medios de prueba producidos otorgándoles el valor que les correspondía y las inferencias respectivas y definitivamente no solo una fundamentación probatoria intelectiva, sino fundamentación jurídica donde la juez de mérito expuso explicación, conclusiones y razonamientos en forma ordenada y previa exposición de esos análisis, dictó sentencia absolutoria.
Por otra parte, el Tribunal de alzada dejó constancia que la apelante al señalar falta de fundamentación, no expuso ni fundamentó si en esa falta de fundamentación la juez de sentencia vulneró la fundamentación probatoria que se divide en descriptiva e intelectiva, no fundamentó sobre la fundamentación probatoria descriptiva, no hizo alusión si falta la fundamentación probatoria o existe ausencia de esa fundamentación probatoria y de la fundamentación jurídica en la parte que refirió o en el contexto general de la sentencia y definitivamente no hizo referencia a la fundamentación fáctica que debió realizar el juez y al no haber fundamentado ni referido esos aspectos, toda vez que si bien pretendió argüir sobre la fundamentación probatoria intelectiva, olvidó referirse a los demás componentes de manera específica y fundamentada, a la fundamentación descriptiva probatoria, a la fundamentación jurídica y a la fundamentación fáctica; sin embargo, todo lo deslució al pretender denunciar que en la sentencia falta fundamentación, o al decir fundamentación insuficiente y contradictoria, reiterando que si se reclamó ausencia o falta de fundamentación en la sentencia, debió emitirse fundamentos como se explicó, resultando que esa falta de fundamentación era lapidaria, tratándose del cumplimiento de los requisitos de la apelación restringida al exponer agravios, lo que hacía improcedente el recurso.
Agregó que analizados así los presuntos agravios de la resolución impugnada, de la revisión de la sentencia se estableció que dicha resolución contaba con los requisitos exigidos de fundamentación en cuanto se refiere a la motivación fáctica, probatoria y descriptiva, la probatoria intelectiva y jurídica, porque se refirió en forma específica a todas a cada uno de los medios de prueba incorporados al juicio oral de cargo como de descargo, conforme se evidenciaba de los considerandos mencionados, con el agregado que la apelante no especificó debidamente el vicio aludido con indicación expresa en qué consistía la falta de fundamentación, insuficiencia y contradicción de la sentencia, si era admisible en la praxis jurídica o en su caso, valoración defectuosa de la prueba en el fallo o en qué consistía y dónde se encontraba, remarcándose la insuficiencia o contradicción o la falta de uniformidad de las declaraciones, siendo contrariamente que la fundamentación era coherente, lógica y conforme a los medios de prueba producidos y siendo insuficiente la prueba documental y declaraciones de los testigos de cargo que declararon y conforme la juzgadora medios probatorios insuficientes y la referida incontrovertible contradicción de las declaraciones testificales, así sostuvo la juzgadora, además de destacar que la apelante incumplió el mandato del art. 408 del CPP de establecer la aplicación que se pretendía.
Con esa necesaria identificación de los dos motivos planteados en apelación restringida y la respuesta contenida en el Auto de Vista impugnado, se verifica que el Tribunal de alzada al resolver el motivo fundado en el art. 370 inc. 1) del CPP, por la alegada inobservancia del art. 211 del CP, en principio destacó una precisión necesaria de los supuestos reconocidos por la norma habilitante para la apelación restringida, sin que se advierta que el fundamento esencial para la declaratoria de improcedencia de ese motivo, sea la falta de claridad en el agravio planteado, pues previa la introducción referida, el Tribunal de alzada destacó que la Juez de Sentencia fundamentó la concurrencia de contradicciones en la prueba judicializada durante el acto de juicio y los elementos que emergieron de la propia declaración del imputado, que derivó en la falta de certeza de la responsabilidad del imputado en el hecho atribuido por la insuficiencia de la prueba incorporada por los acusadores e incluso atendiendo el reclamo de inobservancia de la norma penal contenida en el art. 211 del CP, relievó los motivos por los cuales la juzgadora de origen estableció la existencia de duda sobre la responsabilidad del imputado por las contradicciones y falta de uniformidad de los testigos de cargo; lo que implica, que si bien el Tribunal de alzada al otorgar respuesta al motivo de apelación, identificó falencias formales en su planteamiento, no se evidencia que los argumentos para la declaratoria de improcedencia del motivo, no resulten suficientemente fundamentados como denuncia la recurrente en casación; por el contrario, se constata el debido señalamiento expreso y claro de las razones que fundaron la absolución del imputado declarada en la sentencia y que a su vez derivaron en el análisis efectuado por el Tribunal de alzada, que concluyó en la inexistencia del agravio previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP.
Situación similar sucede con relación al motivo de apelación planteado al amparo del art. 370 inc. 5) del CPP, al verificarse que es cierto que el Tribunal de alzada destacó falencias en el planteamiento del motivo como la mezcla y entreverada forma de exponerlo o la falta de precisión de la pretensión conforme el mandato del art. 408 del CPP; sin embargo, no es menos cierto que en medio del análisis efectuado, la sala de apelación previa precisión del aspecto incidido por la apelante referido a la fundamentación probatoria intelectiva, desestimó los argumentos de la apelante proporcionando las razones suficientes para sostener su determinación, al concluir que la juzgadora expuso la fundamentación probatoria descriptiva, pero también la fundamentación intelectiva en el respetivo considerando de la sentencia, donde la Juez de Sentencia realizó el análisis y razonamiento detallado aludiendo a los medios de prueba producidos otorgándoles el valor que les correspondía y que junto a las demás exigencias propias de la fundamentación de una sentencia derivaron en la absolución del imputado y si bien el Tribunal de alzada después de ese análisis, retoma una vez más aspectos formales relativos al planteamiento del motivo, de la comprensión integral de la respuesta brindada por el Tribunal de alzada no puede de ningún modo concluirse que la justificación de improcedencia del motivo de apelación, se haya limitado o cuestiones meramente formales como pretende hacer ver la recurrente de casación.
En consecuencia, teniendo en cuenta que el presente recurso sujeto a análisis, fue admitido para su consideración de fondo ante la denuncia de carencia de debida fundamentación del Auto de Vista impugnado conforme se tiene del Auto de Admisión emitido en la presente causa y que en reiteradas oportunidades este Tribunal casacional a través de los fallos emitidos, estableció que una adecuada fundamentación no necesariamente debe ser ampulosa sino que ésta aun siendo concisa, puede cumplir con los parámetros establecidos para su valides, se establece que el Tribunal de alzada no incurrió en contradicción con el Auto Supremo invocado como precedente contradictorio por la parte recurrente, al concluirse que el Auto de Vista recurrido se pronunció sobre los dos puntos apelados a través de un análisis suficiente que no ameritaba la anulación de la sentencia y consecuente reposición del juicio por otro Tribunal, conforme el primer parágrafo del art. 413 del CPP; en cuyo mérito, el presente recurso deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación formulado por Silvia Teresa Choque Rodríguez de Diego.

References: resolución 
 artículo 1
 artículo 370
 artículo 413
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución