Source: http://www.tlahui.com/politic/politi00/politi10/mx10-15.htm
Timestamp: 2019-11-20 20:38:57+00:00

Document:
La huelga de la UNAM en el contexto de una crisis de coyuntura (1997-2000)
La huelga de la UNAM en el contexto de una crisis de coyuntura (1997-2000)*
Tlahui-Politic 10 II/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. México, a 9 de Julio, 2000. Mario: Te mando el documento acerca de la Huelga de la UNAM que será publicado en una revista argentina (te lo digo por algunas referencias que considerarás inútiles). Ojalá sea de utilidad a tus lectores, espero sus comentarios. Saludos. Arturo Ramos.
La huelga de la UNAM en el contexto de una crisis
de coyuntura (1997-2000)*
Arturo Ramos Pérez**
El movimiento estudiantil y universitario y la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resultan la experiencia de lucha social más importante (después de la insurrección de los indígenas zapatistas de Chiapas en 1994) del México de fin de siglo, desde el punto de vista de la constitución de los sujetos sociales y del diseño y la puesta en práctica de estrategias de resistencia y de combate de los mismos, pero también desde la perspectiva de cómo el Estado y el bloque de poder construyen una forma actualizada de enfrentar a la sociedad civil organizada e imponer una lógica de reconstitución de un sistema de dominación y hegemonía que se adecue a los tiempos de cambio vigentes, especialmente ante el incontenible desmoronamiento que ha ido teniendo lugar en los decenios recientes del sistema político imperante durante setenta años en nuestro país.
De ahí que no sea posible entender en su plenitud y en su verdadero significado histórico y utópico al movimiento y a la huelga de la UNAM atendiendo exclusivamente y en forma descontextuada a la dinámica interna y al confuso panorama de fuerzas políticas estudiantiles y de confrontaciones tácticas que aparecen como elementos determinantes del proceso sin serlo del todo. En este sentido, el propósito del siguiente análisis es el de establecer someramente el conjunto de factores que han intervenido en el desarrollo del actual conflicto de la UNAM y simultáneamente delinear una perspectiva de articulación que más tarde nos permita ahondar en la comprensión de lo que esta lucha representa en términos prospectivos para quienes mantenemos una esperanza de transformación de la realidad social y en particular de la UNAM, a pesar del horizonte poco luminoso con que llegamos al año 2000.
La huelga de la UNAM y el choque de estrategias globales
Sería cómodo reducir la interpretación del conflicto de la máxima casa de estudios de nuestro país a una movilización espontánea del estudiantado a causa de una medida aislada impuesta por el rector Francisco Barnés, que simplemente ha seguido un curso, por decir lo menos, errático como producto de la inexperiencia de los participantes y de los efectos propios de todo fenómeno político. Nada más alejado de la verdad. Al esforzarnos en ampliar el marco de análisis desde el cual descomponer la complejidad de esta lucha y encontrar las claves de su explicación, es posible identificar distintos niveles de intervención en el proceso real de factores provenientes del contexto nacional e internacional, y de un entramado mucho menos simple de lo que parece y de lo que quisiéramos que fuera en lo que respecta a los actores específicos del movimiento universitario, de su relación con las fuerzas políticas extrauniversitarias y de la confrontación de proyectos estratégicos y tácticos.
Así, desarrollaremos una alternativa de comprensión que se articula sobre la base de un eje medular consistente en el enfrentamiento de dos grandes intencionalidades organizadas y antagónicas manifestadas en la huelga de la UNAM: por un lado, una estrategia amplia orquestada por el Estado como cabeza de una coalición de fuerzas políticas de derecha y, por el otro, una estrategia de resistencia desplegada por un sector de la sociedad civil que en este caso es el movimiento estudiantil y universitario de la UNAM en defensa de la educación pública. De la colisión de estas dos fuerzas y de sus respectivos proyectos de coyuntura, se puede desprender una serie de elementos de análisis que al final quizás nos permitirán en su conjunto entender al conflicto como un todo.
Como apertura de este análisis hay que establecer que por el lado del estudiantado no hay mayor confusión en lo referente a sus propósitos: de manera clara el movimiento surge como respuesta a la ofensiva neoliberal contra las universidades públicas, como resistencia ante los ajustes impuestos a las comunidades de las instituciones de educación superior por los gobiernos últimos de acuerdo con los designios de organismos internacionales reconocidos, y que en esta ocasión asumen el rostro de una medida radical impuesta por parte de las autoridades de la UNAM, como es el avance en la imposición de colegiaturas (a través del Reglamento general de pagos -RGP) y por lo tanto de restricciones al ingreso de los sectores populares.
En cambio, en lo que concierne al gobierno y a los intereses coaligados que representa en esta circunstancia, el objetivo de la huelga y del conflicto en general rebasa la dimensión meramente universitaria, aunque la incluye, y se articula en una perspectiva mucho más amplia que responde a la coyuntura global del periodo 1997-2000; cuyos propósitos fundamentales radican, por una parte, en causar un daño significativo a las dos fuerzas políticas más importantes que aglutinan a la izquierda social y a significativos sectores de nuestro pueblo, el PRD y el EZLN, y ganar a como dé lugar las elecciones del 2000 para contar posteriormente con seis años de respiro y recomponer el sistema político de dominación y hegemonía en el país; y por otra, en imponer un ajuste mayor de carácter instrumental, privatizante y tecnocrático en la UNAM, que marque la pauta para desencadenar la transformación autoritaria en el mismo sentido de todo el sistema de educación superior y media superior aprovechando la coyuntura.
Sin embargo, es conveniente situar el ámbito en que se desenvuelve esta lógica atendiendo a los elementos determinantes en cada uno de los dos proyectos en choque, en cada una de las dos intencionalidades confrontadas en esta huelga, y en el caso de la estrategia global del gobierno federal y sus aliados, distinguir las implicaciones de su objetivo doble; para lo cual identificaremos algunos de los componentes sustanciales del contexto nacional e internacional que tienen que ver con aquel.
La estrategia global en que se soporta esta ofensiva neoliberal contra la UNAM, la sociedad civil y las principales organizaciones de la izquierda mexicana en la coyuntura de 1997-2000, si bien está siendo puesta en operación por el aparato gubernamental y su red de relaciones e intereses, responde a un diseño concertado que incluye a los organismos de inteligencia de Estados Unidos, al partido oficial, a la representación de grandes capitales transnacionales y nacionales y a un conjunto de fuerzas de derecha y de ultraderecha como son los grandes medios de información, la alta jerarquía de las iglesias, los grupos conservadores fundamentalistas y algunas fracciones de organismos políticos como el PAN.
Este plan global responde a preocupaciones estratégicas que involucran algunos aspectos del contexto internacional como los siguientes: 1) el neoliberalismo, si bien se ha mantenido en marcha, en los últimos años ha reducido su radicalismo y consistencia en algunas partes del mundo como resultado de los triunfos electorales de partidos socialdemócratas, laboristas y liberales (progresistas en el sentido estadunidense de la palabra), lo que ha dificultado el avance de su proyecto de integración excluyente y subordinada de la población mundial a la globalización actual; 2) en esta coyuntura, en algunos países importantes de América Latina se ha ido presentando un avance electoral de la izquierda reformista y democratico-social que ha activado los focos rojos de quienes comandan los planes geoestratégicos en Estados Unidos, estos casos son los de México con el PRD, Uruguay con el Frente Amplio y sus aliados, Argentina con el FREPASO coaligado con el Partido Radical, Brasil con el Partido del Trabajo, y Chile con la alianza gubernamental hoy encabezada por un miembro del Partido Socialista; 3) en la segunda mitad de esta década hemos sido testigos de la emergencia de muy significativas experiencias y proyectos de una izquierda social renovada que han puesto en jaque a muchas de las líneas nodales del neoliberalismo en sus territorios, como son los casos del EZLN y el zapatismo en México, el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, y las ONG's y las organizaciones sociales y comunitarias en todo el continente.
De lo anterior se desprende la necesidad de Estados Unidos de contener estos avances electorales y disminuir la presencia y extensión de la izquierda social renovada; necesidad de la cual se ha derivado una estrategia global con múltiples enfoques que se ha puesto en ejercicio desde 1997 y que ya ha dado frutos al derrotar al PT en Brasil y concitar una alianza multicolor en torno al presidente Cardoso, al revertir en la segunda vuelta el triunfo del FA en Uruguay promoviendo la conciliación entre los dos inconciliables partidos tradicionales en 1999, al poner en verdadero riesgo el triunfo de la alianza gubernamental en Chile y apostar por el pinochetismo (como el mal menor) dividiendo a la Democracia Cristiana y saboteando la campaña electoral; pero al mismo tiempo ha tenido que aceptar el triunfo nacional y regional del año pasado de la alianza entre el FREPASO y el PR en Argentina que han sacado del gobierno al menemismo, rostro local del neoliberalismo latinoamericano, y el avance sustancial del PRD en el gobierno del Distrito Federal (DF), en la cámara de diputados y en algunos gobiernos estatales en alianza con otras fuerzas políticas desde 1997. No cabe duda de que en esta estrategia continental el caso más significativo es el de México y el PRD, razón por la cual, las elecciones del 2000 en nuestro país representan un interés central de la gran potencia del norte.
Pero al mismo tiempo y a veces con mayor énfasis se ha buscado contrarrestar la resistencia organizada de la sociedad civil en Latinoamérica mediante todos los medios al alcance, incluyendo la intervención militar abierta o solapada; en este sentido, la ofensiva del ejército, de los gobiernos estatal y federal, de la jerarquía eclesiástica y el Vaticano, y de los medios de información contra el EZLN y las comunidades indígenas de Chiapas ha constituido el mejor ejemplo, toda vez que esta experiencia de lucha social ha adquirido un carácter fundamental y prioritario dentro de esa estrategia global.
La coyuntura nacional del 2000
El gobierno de Ernesto Zedillo ha mostrado una marcada incompetencia para evitar el desmoronamiento del sistema político priista. La acumulación de debilidades como producto de una aplicación despiadada de las políticas neoliberales y de una torpeza política frente a la sociedad, sumada a las afrentas que contra nuestro pueblo desplegaron los gobiernos que le antecedieron, sin duda se ha materializado en un verdadero riesgo de derrota electoral del PRI en el 2000, lo cual representa un cambio extremadamente radical en el contexto nacional y el mayor revés para la política de hegemonía de EE.UU. en América Latina.
Casos como el del FOBAPROA (hoy IPAB), como el de los otros rescates empresariales con recursos públicos, como el de la pobreza acrecentada, como el de la irresolución de variados problemas políticos y legales, como el de las intenciones privatizadoras de diversas ramas del sector público, o como el de la continuación de la estrategia neoliberal en general, que han tenido lugar en los años del régimen zedillista, han generado un malestar amplio entre los mexicanos que se ha ido concretando en una evidente pérdida de espacio electoral, político y social por parte del gobierno y del partido oficial, todo lo cual ha hecho que las elecciones de este año se conviertan en la prioridad del ejercicio político gubernamental.
Por otro lado, desde el año pasado, cuando menos, se advirtieron dos posibles alianzas político-electorales que representaban alternativas coyunturales con un alto nivel de competitividad electoral y de coordinación nacional de la resistencia popular, que preocuparon en gran medida al gobierno actual y a sus aliados. Por un lado se manifestaba la viabilidad de una coalición centrada en la mancuerna PRD-PAN que aglutinaría a la mayoría de los partidos pequeños y a un sector amplio de la sociedad civil organizada, que volvería casi inevitable la derrota del PRI en el 2000 y cuyo sentido sería avanzar hacia una transición democrática formal que desplazara definitivamente al sistema político actual del escenario nacional.
Por otro lado, no dejaba de estar presente, a pesar de los distanciamientos existentes, la posible alianza entre el PRD, el EZLN, las ONG's y la sociedad civil, cuyo sentido político más claro (la formación de una alianza popular fuerte y con perspectivas de cambio reales) significaba un peligro no solamente para el PRI y el gobierno, sino también para el mismo PAN y para el objetivo de desarticular al movimiento popular en el continente.
Ante esta contingencia, el gobierno y el bloque de poder (en el cual, como ya dijimos, se incluyen fuerzas diversas nacionales e internacionales) diseñaron y pusieron en juego un plan que tomó cuerpo en un conjunto de líneas de acción que incluyeron, entre otras medidas y de manera significativa, la intervención en la UNAM y la promoción de un conflicto en su seno.
En lo que se refiere al objetivo de golpear a las dos fuerzas populares y de izquierda más importantes de la actualidad mexicana y ganar las elecciones del 2000, se impuso una estrategia de dos vías que apuntaba hacia la división interna y el desprestigio del PRD ante la ciudadanía y los sectores populares para así menguar la eventualidad de su éxito electoral y político social, y hacia el aislamiento y al mismo tiempo la promoción de una radicalización del EZLN para arrinconarlo en un territorio y en un espacio político acotado, además de dislocar sus vínculos con las organizaciones amplias que lo apoyan en el ámbito nacional.
En este plano, el gobierno federal se empeñó, de manera adicional a los tradicionales métodos de manipulación o concertación con los medios masivos de información, de impulso a la activación de las fuerzas políticas y sociales de la derecha y del corporativismo contra el PRD y el zapatismo, y de desprestigio de estas organizaciones ante los empresarios nacionales e internacionales, en impedir a toda costa la materialización de las alianzas aludidas antes.
Con esa finalidad buscó, y al parecer logró, cooptar al PAN y a los partidos pequeños con registro (el PT y el PVEM) para sabotear la alianza PRD-PAN; en el caso del PAN convenció a una parte de la dirección nacional, a algunos integrantes del equipo de confianza de Fox y a conocidos negociadores panistas con importantes vínculos con el gobierno, para desgastar y desperdiciar tiempo valioso en la definición de la alianza y al final reventarla, desviando a la vez la atención y el interés en la posible alianza PRD-EZLN; esto sucedió no obstante que ello significaba un riesgo importante para la opción de triunfo del propio PAN.
Al PT el gobierno lo condujo hacia la incorporación precoz a la candidatura de Cárdenas para generar problemas desde dentro y dificultar tanto la alianza del PRD con el PAN como con el EZLN y la sociedad civil, paralelamente lo utilizaría desde fuera en las disputas legislativas como se comprobó en la discusión del presupuesto en la Cámara de diputados al finalizar 1999. Al PVEM, sin asignarle más importancia de la que realmente tiene, simplemente lo manipuló para obstaculizar el consenso hacia la alianza opositora amplia.
Por otro lado, instigó la división interna del PRD entre los grupos más vulnerables en su interior: fomentó la separación del PRD de Muñoz Ledo y sus seguidores y los ataques intensificados contra Cárdenas y el gobierno del DF, inspiró la salida de diputados y su traspaso hacia el PT o el mismo PRI, y fortaleció a los provocadores menores que desde tiempo atrás mantiene dentro de este partido (algunos que incluso participan dentro del movimiento estudiantil en sentidos opuestos), todo ello sin dejar de hacer el permanente llamado de las sirenas para uncirse al aparato institucional en un reparto del poder al margen de la voluntad de la gente después de las elecciones, llamado ante el cual importantes sectores del partido del sol han sido siempre proclives a aceptar.
Finalmente estableció una serie de maniobras subrepticias encaminadas a utilizar a la parte menos clara y más habituada a la cultura política autoritaria y dogmática de las organizaciones ultraizquierdistas y radicales que existen de manera marginal en el movimiento urbano popular, en el magisterio, en el estudiantado universitario e inclusive entre los grupos armados, promoviendo una artificial y rabiosa confrontación con el PRD y su bastión, el gobierno del DF, y a veces contra (aunque en apariencia a favor de) el EZLN y su red de apoyos.
Mediante la intervención militar y paramilitar, el acoso de los sectores conservadores locales y de la jerarquía de las iglesias, la ofensiva mediática, la violación de la legalidad contra los observadores internacionales y nacionales, y un sinfín de agresiones de todo tipo desde el gobierno estatal y federal, esta estrategia ha ido arrinconando al EZLN y a sus bases sociales en un espacio estrecho y cercado de enemigos, al mismo tiempo que ha persistido en romper los vínculos del zapatismo con otros sectores y organizaciones, para lo cual ha utilizado igualmente a grupos radicales que promueven el sectarismo y la radicalización, aislando cada vez más al EZLN y su lucha de la sociedad civil y los movimientos populares.
La huelga de la UNAM y la estrategia global del gobierno
En esta lógica, el gobierno identificó la pertinencia de utilizar a la UNAM para desplegar buena parte de su estrategia frente a la coyuntura del 2000. Por lo tanto, primero buscó provocar al movimiento estudiantil y dividir a la comunidad universitaria mediante la imposición vertical y autoritaria del reglamento general de pagos, es decir, de cuotas y colegiaturas que avanzaran hacia la privatización de esta institución, por parte de la rectoría de Barnés; con ello el gobierno se encargó de promover la huelga a sabiendas de que había cubierto previamente una serie de requisitos para hacer triunfar su plan en ella.
Ante un conjunto de grupos y corrientes del PRD capitalino con fuerte influencia en la UNAM, el gobierno desplegó con mucha eficacia una estrategia que los condujo hacia la confusión y los comprometió ante el movimiento, medida que tuvo frutos debido a las tendencias de negociación cupular que el partido en general había practicado de tiempo atrás en diferentes espacios, lo que vino a sumarse a los errores y desviaciones que había tenido frente a importantes sectores de la juventud universitaria en las brigadas del sol, las elecciones de 1994 y 1997, y en la integración de activistas al gobierno del DF (aunado a esto se cuentan una serie de actos y decisiones políticas generales ante los cuales los universitarios también están atentos, tales como el pragmatismo en las candidaturas externas, la corrupción en las elecciones internas -que se corrigió, es cierto-, el alejamiento respecto del EZLN, o la frenética lucha interna entre corrientes burocráticas y caciquiles).
Sin duda también aprovechó e incentivó las divisiones ya existentes en el PRD, que en el caso de la UNAM son aun más acentuadas y que confirman el carácter real del partido como un frente más que como un organismo político integrado y con un programa único y bien definido.
De la misma manera que se propuso a nivel nacional, en la UNAM el gobierno desarrolló una línea de acción encaminada a cooptar, infiltrar o establecer alianzas coyunturales con dirigentes, activistas y organizaciones marginales de la ultraizquierda radical, lo cual implicó un trabajo que no se inició en 1999 y ni siquiera en la coyuntura marcada (1997-2000), sino que se montó en la política preventiva de infiltración de los grupos radicales que sistemáticamente ha sostenido como parte de su labor de espionaje y control político, misma que fue reforzada después de la insurrección zapatista de 1994.
Dicha política del gobierno, debido a los métodos semiconspirativos que privan en estas pequeñas organizaciones y a la ilusión de clandestinidad en que viven, tuvo un éxito superior al previsto en razón de factores como la acumulación de resentimientos sociales y de visiones nihilistas en buena porción de la juventud mexicana que ha crecido bajo los efectos del oscurantismo neoliberal y que en la UNAM se manifestó destacadamente.
Si bien la cooptación de dirigentes y militantes aislados o la infiltración de provocadores en el seno de estas agrupaciones parece ser la ruta más utilizada, no se puede eludir la posible existencia de verdaderas alianzas parciales y coyunturales con algunas organizaciones convencidas de la justeza de priorizar sus contradicciones con el PRD en estos momentos, por encima de los antagonismos con el enemigo principal, el enemigo de clase.
Ahora bien, la provocación a la UNAM no sólo respondió a la necesidad de enfrentar la coyuntura nacional del 2000, sino que también tuvo que ver con las aspiraciones del régimen de lograr un ajuste mayor de la educación superior sin tener que desgastarse en procesos largos y poco consistentes como los que ha vivido en los últimos quince años frente a las universidades públicas. La coyuntura permitía un ambiente de distracción y se contaba con una suficiente desarticulación de la comunidad universitaria para que ésta no pudiera evitar el paso de medidas aparentemente aisladas y cobijadas bajo un formato más amplio y propositivo (por ejemplo el Plan Barnés o Plan de Desarrollo de la UNAM), que en un proceso desencadenante se fueran sumando hasta alcanzar un nivel irreversible en la transformación de la universidad pública de acuerdo con las indicaciones de los organismos financieros internacionales en el 2000 y así facilitar la labor de un gobierno priista electo para el periodo 2000-2006, que fuera más eficiente en el cumplimiento de sus obligaciones en la integración al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y al contexto de globalización bajo la clara hegemonía de Estados Unidos.
La decisión acerca de la imposición de colegiaturas en la UNAM sin duda provino del gobierno federal, que hizo uso de la burocracia universitaria y en primer lugar del rector Barnés, y desde el principio tenía claro que si la resistencia que desarrollara el movimiento universitario alcanzaba niveles inesperados, el sacrificio de este personaje estaba perfectamente contemplado.
Sin embargo, lo más importante de este proyecto es que preveía dos escenarios igualmente benéficos para su interés estratégico: 1) la apuesta a una huelga corta y derrotada cuyo costo debería cargarse al PRD (lo que explica la campaña inicial de responsabilizar a este partido y al gobierno del DF de ser los promotores del mismo) sobre la base de desprestigiar a los sectores democráticos del estudiantado (que incluía a algunos de los contingentes que fueron denominados, con toda la mala intención por parte de algunos medios de información, como moderados) y dividir a la comunidad en su conjunto, para al final humillar al movimiento e imponer una política de represión interna que hiciera desaparecer cualquier resistencia organizada y así detonar la aplicación de medidas sucesivas de ajuste radical de la institución.
2) La segunda opción implicaba adecuar la posición de sus fuerzas a la perspectiva de una huelga larga, cuyo resultado final podía ser la derrota o el triunfo formal, pero que desgastaría al movimiento y a la comunidad en su conjunto, logrando en el proceso diversos objetivos como el desprestigio del PRD y de los estudiantes democráticos (ligados o no a él), la desmoralización y desmovilización del estudiantado, la perdida de confianza en la lucha, la división y la polarización entre los universitarios, el despliegue de métodos violentos que trascendieran la huelga y se continuaran en un clima de terror y de justificación para la intervención de la fuerza pública, inclusive la manipulación, sobre la base de la debilidad resultante de todo esto, de la demanda más importante del movimiento: el Congreso Universitario, para legitimar sus propuestas e imponer igualmente el ajuste global deseado.
En esta lógica, uno de los propósitos fundamentales era el de enfrentar al movimiento estudiantil con el PRD y especialmente con el gobierno del DF, concitando antagonismos que debilitaran la participación de los universitarios en la campaña electoral del 2000, a la vez que dieran lugar a confrontaciones violentas que fueran utilizadas para acusar precisamente al gobierno del DF y al PRD de represión política o, en su defecto si no caían en la trampa, de connivencia e irresponsabilidad gubernamental frente a las provocaciones montadas con ese fin no en las escuelas de la UNAM sino en las calles de la ciudad.
Paralelamente, con menor énfasis puesto que el eje medular aquí residía en las acciones más específicas aplicadas en Chiapas (la intervención militar, la hostilidad contra los observadores, el terror paramilitar, la ofensiva del Vaticano y la jerarquía nacional de la iglesia católica contra los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, etcétera), la estrategia del gobierno buscó desvincular al movimiento estudiantil del zapatismo y del EZLN, como también de los electricistas y del magisterio, que en mayo y junio de 1999 tenían la posibilidad de conjuntarse en una lucha nacional de gran alcance que pudiera anteceder y motivar a la alianza coyuntural con el propio PRD y otras organizaciones; objetivo hacia el que debería avanzarse, paradójicamente, a través de la radicalización y el manejo artificial de un discurso en pro de una alianza popular general, que afectaría en primer lugar no al EZLN sino a las Coordinadoras Zapatistas del Valle de México, que después de la consulta de marzo adquirieron un papel medular en el apoyo a los indígenas de Chiapas y en la coordinación nacional con el EZLN, provocando la división en su seno (donde actuaban significativos núcleos perredistas y que avizoraban la posibilidad de la alianza señalada para el 2000).
El movimiento estudiantil y universitario en la huelga
Entender la disposición previa de fuerzas en el estudiantado y en la comunidad en general de la UNAM no es tarea fácil. Ciertamente existían núcleos organizados, pero en su mayoría poco numerosos, sin presencia importante tanto en los espacios formales de definición política como en la vida diaria de los universitarios y, salvo algunos casos, con reducida cohesión y disciplina militante, además de que no se habían destacado por contar con formulaciones amplias y sistemáticas acerca de los grandes problemas y de la transformación alternativa de la institución.
Tampoco existían antecedentes recientes de movilizaciones masivas o de luchas incluyentes que se hubieran traducido en experiencia y claridad política o en espíritu de resistencia y combate entre los estudiantes, derivado de victorias parciales (por el contrario, seguían presentes los efectos desmoralizadores del 95 y del 97); situación aun más marcada entre los profesores; mientras el Sindicato Único de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) y los trabajadores administrativos se mantenían en una lógica de preservación de equilibrios institucionales sin mayores contratiempos ni avances significativos en la lucha sindical.
Ciertamente la estrategia del gobierno contemplaba provocar sobre todo al estudiantado y no a los profesores o a los trabajadores del STUNAM, considerando que aparecía como el sector más vulnerable en función de algunos elementos como los siguientes: era el que había sufrido las únicas derrotas recientes y el que cargaba en su existencia con el mayor número de consecuencias de la política neoliberal, tanto en el aspecto universitario como en las condiciones de vida: la reducción de la matrícula, las limitaciones en el pase automático y en la duración de los estudios, el cobro de servicios, los problemas del mercado de trabajo, los sentimientos de opresión y desencanto comunes a los jóvenes mexicanos de hoy, etcétera.
Estos estudiantes eran a los que se les atribuían visiones nihilistas, pragmáticas y/o conformistas, y a los que se les creía incapaces de desplegar una acción política colectiva que no fuera el desahogo mulltitudinario del reventón futbolero o festivo; eran los que supuestamente podían, si se manejaba adecuadamente (como en parte se hizo a través de los medios de información y de la explotación de los símbolos de rebeldía e irreverencia juvenil, por lo demás muy naturales), despertar un distanciamiento de profesores y trabajadores ante una débil comprensión, de parte de estos, de la condición propia de la juventud o del sentido generacional que despliegan cotidianamente los estudiantes como parte de su ser concreto. Y eran, también, a quienes se podía acusar simplemente de inmadurez y desconocimiento de lo que es conveniente en la universidad.
Por todas estas razones, tal y como se hizo fundamentalmente en 1995 y 1997, la construcción de un marco de intervención del aparato de espionaje y control político del gobierno en las organizaciones universitarias tuvo a los estudiantes como prioridad, lo cual era también una de las condiciones necesarias para generar un conflicto en la UNAM.
Pero a pesar de todo ello, los estudiantes universitarios de ninguna manera se hallaban anulados como sujetos sociales, ni estaban tan descompuestas las relaciones con los otros sectores de base como se creía, pues en el padecimiento del neoliberalismo vigente también se generan simpatías y empatías entre los de abajo por encima de diferencias generacionales y sectoriales.
La capacidad de activación para la lucha del estudiantado rápidamente se volvió una realidad indiscutible. Las movilizaciones previas a la huelga (paros, marchas, asambleas, foros, consultas) poco a poco fueron despertando a grupos crecientes de alumnos que avanzarían hacia la voluntad de resistir ante la imposición de pagos mediante la huelga y la organización bajo formas horizontales y democráticas (Asamblea Estudiantil Universitaria, Consejo General de Huelga, asambleas por escuela).
Entre las corrientes más o menos definidas con que empieza el movimiento están la Coalición Democrática de Estudiantes (CDE) que incluye al CEU histórico y a la Red de Estudiantes Universitarios, la Coordinadora Estudiantil (CE), el Comité Estudiantil Metropolitano (CEM) y el Bloque Universitario de Izquierda (BUI) que incluía a la organización En lucha, al POS, a la Unión de Juventudes Revolucionarias y a algunos otros grupos radicales de la llamada megaultra; sin embargo, lo cierto es que en los comienzos de la lucha la mayoría de los participantes no pertenecían a ninguna corriente y se podía ver a los representantes de escuela en la AEU o en el CGH o a los asistentes a las asambleas locales orientarse de acuerdo con los planteamientos esgrimidos en las discusiones, lo que volvía en ese momento más antagónico (pero todavía con sustento) el debate, toda vez que las corrientes buscaban ganarse la simpatía de los estudiantes independientes.
Puede apreciarse que casi ninguna de las corrientes ni alguna escuela en particular tenía una propuesta clara y organizada acerca de cómo orientar el movimiento en la perspectiva específicamente universitaria del conflicto y en particular en lo referente a su conclusión, de tal manera que sólo al pasar el primer mes de huelga empiezan a moldearse alternativas más definidas de conducción de la lucha.
Por un lado, por parte de los sectores democráticos (moderados), tanto en la CDE como en la CE, se vislumbra, sobre la base de un ascenso evidente del movimiento (constatado en el amplio consenso logrado entre la comunidad y la gran solidaridad recibida de parte de la sociedad) y una debilidad marcada de las autoridades, una línea de resolución basada en el cumplimiento inmediato y sin problemas de tres demandas del pliego petitorio (la suspensión del RGP, la anulación de actas contra paristas y la recuperación del semestre), la negociación para sacar adelante el Congreso democrático y resolutivo, y la derivación de los puntos del Ceneval y de las reformas del 97 hacia el mismo.
Por parte del sector radical (la ultra) empieza a identificarse un horizonte donde no existen términos medios: o se vende la huelga (se negocia una victoria parcial) o se gana todo (lo seis puntos del pliego petitorio y la rendición absoluta de las autoridades), quedando claro que hay una evaluación estratégica en la cual el problema universitario queda subordinado a una extensión de la lucha hacia toda la sociedad y hacia un proceso de radicalización política encaminado a la conquista del poder mediante supuestos métodos revolucionarios.
En esa tónica el CEM y diversas escuelas marchan sin claridad, coincidiendo en el análisis con los moderados, pero sumándose en ocasiones importantes a las decisiones más radicales, indicando con ello las dudas acerca de si todavía el movimiento puede acumular mayor fuerza para doblegar a la rectoría sin restricciones y encauzarse más suave y firmemente por la vía del Congreso y la resolución favorable del pliego petitorio.
Alrededor del movimiento y la huelga de la UNAM van a presentarse las fuerzas políticas que hemos señalado en la primera parte de este documento: descartando a los partidos y los sectores de la derecha y el gobierno, que se enlazan perfectamente con las autoridades universitarias, tenemos al PRD, que en todo el proceso muestra la carencia evidente de un proyecto para la UNAM así como de una línea de acción única y cohesionada en el movimiento y en la comunidad universitaria, lo que muestra un gran desinterés por parte de la dirección nacional, y una preocupación parcial y una acción dispersa y errática por parte de la dirección local, el gobierno del DF y las corrientes internas en la capital.
Si bien hay algunas propuestas aisladas de corte más universitario entre profesores y estudiantes, en ningún momento se observa un proyecto de acción política sólido y oportuno. Por ello, el apoyo del partido al movimiento oscilará entre los respaldos discursivos y logísticos (en pequeña proporción y de acuerdo con los vínculos casi personales de cada grupo o individuo) hasta la defensa en espacios como la Cámara de diputados; además de que en la mayoría de los profesores, miembros o simpatizantes del partido, se desarrollará al principio una posición dubitativa en cuanto a la identificación con el movimiento estudiantil que más adelante cambiará, pero ya sin poder subsanar el distanciamiento inicial con los huelguistas.
En lo que se refiere al zapatismo (tanto del Frente Zapatista de Liberación Nacional -distinto del EZLN- como de las Coordinadoras Zapatistas del Valle de México) la solidaridad es completa y la vinculación a través de los activistas estudiantiles o en el Frente Metropolitano no ceja en ningún momento; de manera clara (como también sucede con los sindicatos independientes como el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato Independiente de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y otros) la solidaridad se ofrece sin inmiscuirse mayormente en la discusión acerca de la solución del conflicto.
El STUNAM, por su parte, se declara en apoyo a la huelga y se suma parcialmente a guardias externas, marchas y brigadas, y otorga apoyos monetarios, pero plantea desde su dirección la necesidad de avanzar hacia una solución razonable a través del diálogo, lo que hará que sea enfrentado por los estudiantes radicales y que se distancie relativamente del movimiento estudiantil en el transcurso de la huelga.
Desde antes de estallar el paro, habrá un conjunto amplio de profesores que apoyarán irrestrictamente al movimiento estudiantil y que en su mayoría se articulará en la Asamblea Universitaria Académica (AUA) y después en la Magna Asamblea, donde coincidirán en un inicio maestros pertenecientes a distintas corrientes y organizaciones o sin filiación alguna, unidos en la posición de respaldar al movimiento estudiantil y sus demandas como si fueran las suyas propias; unidad que al paso de los meses se resquebrajará debido tanto a contradicciones internas, como a la división desarrollada entre los propios estudiantes y a la falta de propuestas viables y de amplio consenso para encausar la lucha universitaria y la huelga misma.
Lo cierto es que en todas las fuerzas del movimiento y en sus aliados (restando a los infiltrados y provocadores) existirá como fundamento de su acción el objetivo de defender a la universidad pública y en particular a la UNAM de la ofensiva del gobierno y la rectoría; sin embargo, las diferencias radicarán en cómo se evalúa y se responde a los cambios en el proceso de la lucha: la correlación de fuerzas, la pertinencia del diálogo y sus modalidades, los posibles beneficios y perjuicios de supuestas acciones contundentes, el ascenso o descenso del movimiento, la prioridad de los objetivos y de los puntos del pliego petitorio, la relación entre los medios y los fines en la lucha, etcétera.
Los estudiantes de la UNAM y la huelga (de febrero a diciembre de 1999)
Podemos observar tres fases en el movimiento estudiantil en la UNAM de 1999-2000: la primera, una fase de ascenso que va de febrero a junio, la segunda, una fase de estancamiento que dura de junio a agosto, y la última, una fase de declive y descomposición que se inicia en agosto y llega hasta el final de 1999.
En la primera fase, que incluye la preparación de la huelga, sin duda sorprende la fuerza que acumula el movimiento no solamente por la inclusión de numerosos participantes, sino por la obtención de un consenso pasivo que suma estudiantes (y otros miembros de la comunidad universitaria) a sus movilizaciones y que contrarresta las medidas de las autoridades como es el caso de las clases extramuros. A pesar de la insidiosa y claramente concertada campaña de desprestigio contra los paristas por parte de los medios masivos de información (con honrosas excepciones como La Jornada y Proceso), durante esta etapa el movimiento logra aumentar la opinión favorable y la sensibilidad hacia sus demandas y su lucha en amplios sectores de la población.
No obstante que surgen y se desarrollan las divisiones que más tarde golpearán internamente al CGH y a las asambleas, en este periodo se logra mantener la unidad, y con la participación de contingentes grandes en las reuniones por escuela y de representaciones más o menos transparentes en las plenarias del CGH, las decisiones logran afianzar el rumbo de la lucha y desarrollar una claridad política que evita que se generalice el enredo en que intenta meter al movimiento la estrategia del gobierno.
La exclusión y la intolerancia se mantienen en niveles manejables y se responde ágil e inteligentemente a los retos de cada momento: por ejemplo, se define un pliego petitorio que consensa preocupaciones varias de las corrientes y coloca a la lucha en una perspectiva amplia que la impulsa más allá de la disputa por el monto de las cuotas, con ello se ofrece una vía estratégica que evitará que rectoría manipule la solución y pretenda soslayar la necesidad de una reforma sustancial a través de un congreso democrático.
También se pone en evidencia la diferencia esencial del movimiento respecto de las autoridades al situar al diálogo como la opción para resolver el problema; las movilizaciones todavía entran en una lógica que les da sentido político y no las degrada a meros actos de exasperación o distracción ajenos al sentir tanto de la mayoría de los paristas como del conjunto de los universitarios; el movimiento anula o neutraliza a la mayoría de las medidas de las autoridades en su contra; y obliga al gobierno federal a retirar su apoyo y a abandonar a Barnés, lo que lleva a este personaje a revirar el 7 de junio y revertir sus imposiciones con todo y sus desacuerdos con la derecha más recalcitrante en el Consejo universitario.
Es hasta mediados de junio que llega esta tendencia ascendente. Sin embargo, debido a la combinación de errores (y en algunos casos de verdaderas desviaciones) de parte de los grupos democráticos y de la efectividad en la radicalización de las decisiones por parte de las fuerzas internas y externas comprometidas con ese objetivo, el movimiento deja pasar la oportunidad de darle salida a la huelga y colocarse en una fase de lucha superior y más trascendente como era el Congreso universitario y la relación directa con el resto de la comunidad una vez levantada la huelga con éxito.
Por ejemplo, algunos activistas de la CDE entran en una interlocución aislada y a espaldas del CGH con las autoridades y por ello son denunciados por los huelguistas, quienes les retiran el reconocimiento que parcialmente les habían dado; frente a ello la CE y el CEM pierden la visión de qué es lo fundamental y qué lo accesorio y en el afán de no verse inmiscuidos en el desliz de la CDE ceden ante la radicalización y hacen languidecer la alternativa en que parecían coincidir con la finalidad de capitalizar los esfuerzos del estudiantado en una victoria parcial pero con futuro y gran potencialidad.
Así, durante la última semana de junio, todo el mes de julio y la mitad de agosto, el movimiento entra en una segunda fase, una fase de estancamiento. En este lapso la tensión entre las corrientes se vuelve álgida y comienza una redefinición de equilibrios internos que entorpecerá cualquier perspectiva de solución.
Surge, por ejemplo, la propuesta de la Comisión de ciencia y tecnología de la Cámara de diputados que no logra constituirse en vía de acuerdo para dar salida al problema y se fracasa rotundamente en el empeño de un sector externo importante por colaborar en la resolución del conflicto; se recrudece la campaña publicitaria contra los huelguistas y se aprovecha con mucha eficacia tanto las decisiones del CGH en contra de los acuerdos del Consejo universitario como su inflexibilidad frente a la mediación de los legisladores para ahondar en la imagen de intransigencia del movimiento.
Por otro lado, el encuentro con la comisión de rectoría se convierte en una exhibición de incapacidades para resolver el conflicto de ambas partes, pero es capitalizada de mejor manera por las autoridades; se diseña y ejecuta un plan general de inscripciones y actividades extramuros que inmediatamente se pone en práctica y que desgasta a los estudiantes en huelga y los enfrenta con sus compañeros de reingreso y de nuevo ingreso; la provocación comienza a brindar frutos y la represión policiaca se deja ver por primera vez y vuelve a radicalizar a los activistas y a reducir el margen de definición para consolidar una ruta de solución viable a la huelga.
En este periodo también se presenta la propuesta de los eméritos y es rechazada desde el principio por el CGH (después lo haría en definitiva, perdiendo una vez más la ocasión de aglutinar a una enorme mayoría de la comunidad en su lucha y saltar a la fase del congreso); las divisiones y los métodos de intolerancia y de violencia física en la huelga alcanzan niveles inmanejables y comienzan las expulsiones y las asambleas en el exilio, lo que provocará el retiro masivo de paristas y el imperio de propuestas extremistas a partir del predominio de activistas sobrepolitizados y de la disminución de la base estudiantil que inició la huelga, así como la desconfianza profunda que se expandirá a todo el movimiento y sus aliados.
Para la última semana de agosto y los meses que siguen, es decir, lo que hemos denominado como una tercera fase, la paciencia del estudiantado de base se agota y comienza la desbandada silenciosa de los numerosos e importantes participantes anónimos y sencillos que confiaron en la huelga como forma de defensa de su universidad.
Al mismo tiempo que las filas de los huelguistas se adelgazan el CGH empieza a mostrar un rostro cada vez más faccioso, donde prevalecen (no en todas las escuelas, pero aun así sin la capacidad de las excepciones para revertir por sí mismas la tendencia y recuperar la esencia original del máximo órgano de decisión) los métodos más autoritarios disfrazados bajo un perfil meramente formal de horizontalidad y democracia, y la hegemonía sin ambages de los grupos y corrientes más radicales, que antes pregonaron las restricciones y los condicionamientos a los miembros de partidos y organizaciones políticas sobre la base de una apología de los estudiantes sin filiación y de la independencia o pureza del huelguista verdadero, lo que se convertirá en un mito que lesionara la identidad y confianza de los propios estudiantes en lucha.
El rostro del movimiento ante la opinión pública y ante la gama amplia de aliados con que contaban en el sector popular se vuelve extraño y antagónico, y se pierde el consenso y los niveles de solidaridad que la huelga llegó a tener en los primeros meses; la capacidad de respuesta y la iniciativa política de los huelguistas prácticamente se extravía y se entra en una lógica de acciones sin sentido que agudiza su aislamiento y abre un abanico de confrontaciones inútiles con diversos sectores que lo debilitan frente a su enemigo real; las provocaciones aparecen por todos lados y se cae en ellas con sospechosa facilidad ahondando los problemas internos y externos.
En esta etapa cada vez son más los profesores que se deslindan de una u otra forma de las acciones del CGH y que se limitan a apoyar la esencia de las demandas y la defensa legitima de la UNAM; por su parte, el STUNAM se retira (o quizás es apartado por los propios estudiantes) y la división campea en todas las organizaciones sociales que apoyaban al movimiento, incluyendo a los mismos padres de familia.
Mientras tanto, desde agosto se recompone la unidad de las fuerzas ligadas a la rectoría y al gobierno federal, y se cierran filas en torno a la posición de intransigencia de las autoridades, postergando las medidas más extremistas, ya visualizadas, hacia noviembre y diciembre, es decir, la renuncia de Francisco Barnés, el nombramiento de Juan Ramón De la Fuente y el inicio del diálogo formal con el CGH.
La vinculación con la elección del candidato del PRI de un cambio que agilice la resolución del conflicto por parte de rectoría queda a la vista de todo mundo y, entretanto llega esta fecha, se suceden diversas provocaciones virulentas, entre las cuales destacan, por ejemplo, la toma momentánea de Acatlán por parte de estudiantes no paristas y su recuperación por los huelguistas que inusitadamente desemboca en una violencia magnificada e irracional de un sector radical del movimiento contra los estudiantes democráticos de la misma escuela en el mes de octubre, y los secuestros (reales y espurios) de activistas estudiantiles, así como el oscuro enfrentamiento entre miembros del sector del CGH conocido como la megaultra y la policía del DF.
El rechazo de la propuesta de los profesores eméritos y la falta de proposiciones políticas viables para dar fluidez al desenlace de la huelga, reduce el impacto favorable que la renuncia de Barnés podía haber tenido en el movimiento a pesar de su desgaste y descomposición.
La estrechez de miras y el predominio del extremismo y la provocación en el seno del CGH hacen que ante la propuesta de diálogo del nuevo rector y su estrategia de acercamiento con algunos sectores de la comunidad universitaria, los huelguistas no puedan ofrecer una imagen de responsabilidad y madurez, y el debate público a través de Radio UNAM recrudece la fragilidad política e ideológica en que se han colocado los restos del movimiento. Paralelamente, una vez más (y en esta ocasión alcanzando un nivel mucho más agudo), la provocación se instaura en el quehacer de los huelguistas y al enfrentamiento violento con la policía ocurrida en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos se suman los símbolos (reales o creados artificialmente por los medios, pero igualmente significativos en la opinión pública) del vandalismo y la irracionalidad como rasgos propios de la huelga ante la sociedad.
Finalmente, al empezar el 2000, el rector De la Fuente lanza su propuesta global que dejará aterido y desconcertado al CGH para iniciar, aparentemente, una etapa nueva: la de un final por demás embrollado de la más larga huelga vivida por la máxima casa de estudios de México y como el punto de impasse en que la comunidad de la Universidad Nacional se verá obligada a redefinir su propia identidad para el futuro que ya está en marcha y que exige resolver los puntos de mayor tensión generados en esta experiencia llena de contradicciones.
Intenciones y propuestas estratégicas y tácticas del movimiento
Hoy podemos empezar a entender cómo enfrentó el movimiento estudiantil y universitario el reto de resistir a la ofensiva neoliberal que las autoridades y el gobierno le impusieron a la UNAM con propósitos tan complejos como los que hemos dejado ver. La mezcla de intereses e intenciones, de compromisos y complicidades, de valores fundamentales y fundamentalismos sin valor, de visiones cerradas y esperanzas profundas, de hábitos y utopías, etcétera, de parte tanto de los estudiantes como de sus enemigos, exigen trascender el círculo superficial que envuelve esta importante lucha del fin de siglo mexicano.
Si bien será necesario ahondar, por ejemplo, en los factores culturales y en los problemas de identidad que jugaron un papel nodal en el transcurso de esta huelga, como parte sustancial de la constitución y la actuación de los nuevos sujetos sociales, en esta ocasión sólo deseamos considerar la orientación política de quienes intervinieron en este movimiento con propuestas y hechos que han marcado la huella histórica que ya ha dejado esta lucha en la actualidad al margen de su resultado final.
En este sentido, insistimos en que las autoridades universitarias y en primer lugar el rector Barnés fueron simples operadores de una estrategia global que va más allá del espacio de la UNAM y cuyos objetivos eran hacer violentos ajustes en la universidad pública, pero también causar un daño puntual a las fuerzas sociales y de izquierda más sobresalientes en México en aras de garantizar el triunfo del partido oficial en este año electoral y la continuidad y reorganización de la política gubernamental por un sexenio más.
Podríamos intentar un análisis más profundo que nos llevara a una articulación más fina y estructural para discernir la actuación política de las corrientes en el interior del movimiento, pero eso requeriría de más tiempo y sobre todo de que las aguas regresen a su nivel para despejar incógnitas y generar perspectivas de interpretación de mayor calidad. Por ahora solo podemos apelar a la riqueza de la experiencia propia y a desprender de la pasión que aguza el intelecto (Gramsci dixit) en el fragor de una batalla tan significativa para nuestro país como ha sido la resistencia de los estudiantes de la UNAM, señalando vías de comprensión y compromiso a partir de los datos más inmediatos y de sus consecuencias efectivas en la conducción del proceso de huelga y del movimiento en general.
Podemos decir que a nivel estratégico los estudiantes paristas se identificaron en dos grandes posiciones que poco tienen que ver con el simplismo y la puerilidad de la denominación de moderados y ultras, que se centraron en la consideración de cómo democratizar a la UNAM a partir de una lucha como la que implicaba la huelga: si a través de establecer los niveles de confrontación y los objetivos que cada momento y cada demanda tenían o si, por el contrario, dicha democratización sólo podía provenir de una revuelta general de la sociedad que llevara a la solución total de las demandas y a la apropiación popular de la institución.
Estas concepciones daban a cada demanda un valor distinto: por ejemplo, para aquellos que creían en la necesidad de trascender la huelga a partir de la suspensión del RGP y de la garantía de recuperar el semestre y anular las sanciones contra los paristas, el Congreso resultaba fundamental en la democratización de la UNAM, toda vez que consideraban imposible y quizás incorrecto obtener una reforma de esa magnitud a través de la huelga misma, ya que ello hubiera significado el triunfo de la fuerza y no de la razón, y la imposición de la democracia por parte de los huelguistas sobre el resto de la comunidad.
En esta visión la huelga cumplía su papel solamente si acuerpaba al estudiantado, fijaba sus demandas, permitía que el movimiento fuera reconocido como interlocutor obligado y contenía las medidas inmediatas que originaban el paro a la vez que se pactaba la realización del Congreso; después sería en éste donde tendrían que esforzarse para convencer y sumar a la comunidad a las propuestas avanzadas de los sectores democráticos, es decir, llegar al triunfo de la razón e involucrar a todos los miembros que constituyen la universidad. Por eso, el reconocimiento explícito del diálogo como forma de resolución de las diferencias entre universitarios se volvía igualmente básico en la conducta de los huelguistas.
Por el contrario, en la postura más radical, el Congreso carecía de importancia, pues no se le concedía ninguna confianza (sobre todo porque se tenía una valoración absolutamente negativa del Congreso de 1990, tanto en lo que se refiere a sus resultados como en lo concerniente a la actitud y las acciones de quienes fungieron como líderes o dirigentes del movimiento en ese entonces) y se apostaba a imponer con la fuerza popular la reforma institucional. Implícitamente se partía de que en un debate plural como el de un congreso siempre se perdería ante los representantes de la derecha y ante los reformistas por efecto de la capacidad retórica de estos, que en el fondo mostraba una desconfianza en sus propias demandas y propuestas, así como en su capacidad de argumentación pública.
Además, la frontera entre la democracia y la antidemocracia en el espacio universitario aparecía con un carácter tan tajante que sólo podía definirse sobre la base de la derrota total de uno de los contrincantes y la imposición absoluta de la propuesta del vencedor. En esta lógica, evidentemente el diálogo era una mera desviación que mediatizaba la lucha y no tenía lugar en la estrategia de triunfo comparado con las acciones contundentes.
Podríamos intentar argüir, en torno a este asunto, acerca de las diferencias y ventajas existentes entre las conocidas estrategias del pasado denominadas como Guerra Popular Prolongada o Vía Insurreccional, como Guerra de Posiciones o Guerra de Movimientos, pero no tiene sentido perdernos en disquisiciones sutiles y hasta cierto punto bastante excluyentes como pueden serlo éstas.
Lo cierto es que la perspectiva estratégica de estos dos campos se nutrieron no sólo de propuestas tácticas acordes con su propio perfil político, sino que asimilaron a fuerzas e individuos que coincidieron por diversas razones con cada uno de ellos: por ejemplo, en el bando de los que apostaban al Congreso y al diálogo, se incorporaron quienes contaban con experiencias de luchas sociales emparentadas con el cardenismo y el zapatismo y que adoptaban una visión de cambio de más largo plazo, lo mismo que a aquellos con más vínculos con el batallar cotidiano en los cuerpos colegiados y en las demandas académicas, además de que atrajo a un numeroso sector de estudiantes que se mantenían en una preocupación más universitaria y menos política general.
Mientras tanto, el sector más radical, opuesto al diálogo y escéptico frente al Congreso, absorbió a los núcleos sobrepolitizados, ultrarradicales y en buena medida marginales, así como a los estudiantes con menos experiencia política, entre los cuales se encontraban quienes más habían resentido el cierre de sus horizontes de vida como producto del imperio del neoliberalismo, y que además mostraban un mayor resentimiento social y la adopción de actitudes y visiones nihilistas y pesimistas.
Las tácticas desplegadas variaron e inclusive coincidieron en algunos momentos, pero existió a lo largo de la huelga una predilección de los sectores más radicales por las acciones de fuerza y la confrontación con todas las manifestaciones institucionales, así como su identificación con el desprecio más o menos abierto hacia cualquier modalidad de negociación o de acuerdo con los enemigos; y también se abuso entre ellos de la violencia física y simbólica en el tratamiento de las diferencias internas como método para derrotar a quienes identificaban como la parte claudicante y entreguista del movimiento (los supuestos vendehuelgas).
Por su lado, los estudiantes democráticos tendieron siempre a privilegiar el combate ideológico sobre las acciones contundentes a las que no se les encontraba sentido, además de que renegaban de los modos autoritarios y violentos que sólo reproducían lo que tanto criticaban en el proceder de la burocracia universitaria y de los personajes tradicionales del sistema político mexicano, lo cual no quiere decir que siempre lograron evadirse de las prácticas viciadas que fueron más evidentes en el otro sector.
Si bien es necesario reconocer que todos cometieron errores, estos no son del mismo tipo ni tienen el mismo grado de responsabilidad en el desenlace de la huelga. Hay que señalar que, salvo los primeros meses (cuando se vislumbró una victoria parcial pero con futuro del movimiento), la hegemonía en la conducción del proceso recayó sobre los sectores más radicales, de tal manera que igualmente les corresponde a ellos un mayor compromiso con los resultados adversos de esta lucha.
Por ejemplo, mientras la participación en la huelga fue amplia y abierta, las posiciones radicales no tuvieron demasiada fuerza, y fue hasta que se impuso la violencia interna, el desaliento y la retirada de las bases, cuando los grupos más radicales alcanzaron el predominio en las asambleas y en el CGH. E incluso hubo corrientes y activistas que apostaron a dominar el escenario participando de la radicalización del movimiento con la esperanza de que al salir los grupos más moderados de la huelga, ellos podrían imponer su superioridad ideológica sobre la fracción más atrasada y violenta, pero en el proceso simplemente fueron absorbidos por la misma lógica que habían ayudado a construir al solapar la intolerancia y la violencia contra sus competidores, más allá de sus supuestas convicciones reales.
Sin duda, dentro de este marco de propuestas y acciones, los infiltrados y los provocadores profesionales lograron en alguna medida materializar sus propósitos, confundiendo a significativos contingentes de estudiantes indignados, e hicieron desbocar al movimiento más de una vez a lo largo de los meses. El peso de su intervención en la orientación de los acontecimientos deberá medirse con cuidado, pero ciertamente fueron bastante efectivos en el cumplimiento de su cometido y colaboraron en la generalización de la intolerancia y la violencia entre los huelguistas, situación ante la cual el movimiento mismo no fue capaz de responder adecuadamente y evitar que el rumbo de la lucha se desviara tal y como sucedió.
A modo de epílogo: el fin de la huelga y la continuación del movimiento (enero-mayo del 2000)
A partir del mes de enero se puso en juego el coronamiento de la estrategia del gobierno y de las autoridades. Aprovechando la debilidad manifiesta del movimiento y la hegemonía casi absoluta en el CGH de los grupos cada vez más pequeños y más radicales, el rector De la Fuente manejó sus cartas beneficiándose de un diálogo por iniciativa propia que nunca pareció avanzar con claridad hacia la solución de la huelga (no obstante que por parte de los representantes de un CGH completamente ya incapaz de expresar la voz de la mayoría del estudiantado de la UNAM tampoco hubo alternativas reales al conflicto).
Simultáneamente organizó un plebiscito donde logró incorporar a un sector cuantitativamente importante de la comunidad universitaria (no a la mayoría como lo difundieron las autoridades) a su propuesta de solución, misma que supuestamente respondía a cada uno de los puntos del pliego petitorio de los huelguistas y con la cual había propinado un serio golpe al CGH y su carencia evidente de iniciativa política. Todo esto se mostraría después como la otra cara de una estrategia que sobrepasaba las facultades del propio rector y que encontraba a sus verdaderos hacedores en los laberintos del poder político gubernamental, y que conducirían a la ocupación de las instalaciones universitarias por parte de la nueva e ilegal Policía Federal Preventiva y la interrupción abrupta de la huelga.
Desde finales de enero y los primeros días de febrero el ambiente de la huelga fue llenándose de elementos contradictorios. Algunas escuelas como Enfermería o el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos entregaron, con el respaldo de sus respectivas comunidades, los recintos a las autoridades universitarias ante la falta de opciones viables provenientes del CGH. Huelguistas del sector moderado impulsaron la realización de asambleas con el fin de decidir acerca de la pertinencia de concluir la huelga con la participación de las comunidades de cada escuela y en algunos casos hubo, debido a la intervención de individuos y grupos ligados a las autoridades, como en el caso de la Facultad de Derecho, conatos de violencia que presagiaban lo que muy pronto tendría lugar como colofón del prolongado paro estudiantil.
El día primero de febrero, la violencia abierta estalló en la Preparatoria 3, con el enfrentamiento entre un grupo de vigilancia de la UNAM, al que se sumaron personas ajenas a la institución, y huelguistas. Batalla campal que fue transmitida por las principales televisoras y que propagaron una imagen incontrarrestable de vandalismo y violencia irracional de los remanentes del movimiento en el CGH, con el auxilio de sus recursos tecnológicos e informativos. La detención de cientos de estudiantes sólo fue el primer paso para la acción terminante de las fuerzas policiacas cinco días después. En efecto, el domingo 6 de febrero, desde las primeras horas de la mañana, la PFP entró en Ciudad Universitaria y desalojó y detuvo a otros cientos de estudiantes, provocando en las escuelas periféricas la huida de los paristas que aun resguardaban las instalaciones. Ese mismo día, sin importar ya las diferencias entre ultras y moderados, se inició la resistencia que pondría en primer lugar la demanda de liberación de los estudiantes detenidos, nuevos presos políticos del momento.
Después de poco más de una semana, la universidad fue regresada a las autoridades y la comunidad se reintegró al territorio universitario, sin dejar de sentir la pesadez de un ambiente lleno de tensión en su seno. El CGH intentó mantenerse vivo en el exilio y posteriormente en las escuelas donde aun conservaba cierta presencia, sin embargo, si ya de por sí se había alejado marcadamente de la representatividad de los estudiantes en el último periodo, con el fin del paro su fuerza se redujo dramáticamente. Los detenidos fueron siendo liberados paulatinamente quedando hasta la fecha en esa condición solamente los líderes más renombrados del ala radical, mientras la movilización más importante en torno a este problema recaía en los padres de familia y algunos sectores de estudiantes.
Con la reactivación de la vida académica, pese a la acción cada vez más aislada y de reducido efecto político de los pocos que se seguían reivindicando como parte del CGH, se entró en una fase de estabilización de la dinámica universitaria y el rector De la Fuente intentó utilizarla en su favor, convocando, primero, a la comunidad en su conjunto y más recientemente al CGH, a un supuesto diálogo para abordar las demandas del movimiento. Paralelamente, entre marzo y abril, se puso en marcha la elección de representantes a los consejos universitario y técnicos, donde la participación de los estudiantes huelguistas logró recomponerse, especialmente de quienes no se anclaron con las posiciones más radicales en la última etapa de la huelga, y se ganó una buena parte de los cargos de representación a las principales instancias colegiadas de la UNAM. Con ello, la pretensión de eliminar por completo la resistencia estudiantil y de crear condiciones más favorables para la imposición de los ajustes que dieron lugar al movimiento, pareció no contar con el apoyo esperado por las autoridades.
En mayo, la perspectiva en que se encuentra el movimiento estudiantil y universitario de la UNAM parece caracterizarse por una engañosa parsimonia y una aparente normalidad, sin embargo, al mismo tiempo es evidente que el conflicto no se ha solucionado y que la comunidad universitaria aun resiente las heridas ocasionadas por el autoritarismo del gobierno federal y de las autoridades de la institución que llevaron a la máxima casa de estudios a una larga y desgastante huelga. Mientras concluye el proceso electoral que por el momento parece concentrar toda la atención y el interés de la sociedad mexicana, los universitarios avizoramos que la posibilidad del Congreso Universitario surge en el horizonte inmediato o mediato como el próximo espacio de confrontación política, donde contenderán los proyectos de universidad pública y de nación que estuvieron presentes a lo largo de esta importante lucha del México moderno. En este sentido, la comunidad de la UNAM (estudiantes, profesores y trabajadores) se verán, en un futuro cercano, obligados a refrendar la razón profunda que justificó la lucha de 1999-2000 y a demostrar que los esfuerzos, los sacrificios y las esperanzas no fueron en vano, que la madurez y la experiencia serán el resultado más importante para reavivar la capacidad de resistencia de este sector social. En esa lógica, la necesidad de entendernos se vuelve medular.
Todas estas manifestaciones del quehacer político de quienes se integraron a la huelga, contienen significados que deberán ayudarnos a superar errores y a consolidar proyectos alternativos con los cuales transformar a la universidad pública y hacerla prevalecer a pesar de las fuerzas que la acechan. Objetivo que se enlaza con las aspiraciones mayores que nuestro pueblo encierra en su vida cotidiana y su historia, y con las cuales los universitarios no pueden dejar de estar comprometidos.
Sin embargo, ninguna intención loable y ningún valor abstracto podrán jamás sostenerse desde la contradicción de fondo entre el pensar y el hacer, ni será válido sustituir, especialmente entre universitarios, la reflexión y el pensamiento crítico y abierto con dogmas y diatribas contra los que forman parte de nosotros mismos.
Por todo ello, el análisis que no se agota aquí, o la discusión inteligente y honesta que deberá proseguir, serán también parte de la honorable lucha que los estudiantes de la UNAM (y quienes, siendo también miembros de la comunidad de esta importante institución en calidad de trabajadores académicos o administrativos, los acompañamos con humildad y sinceridad, sin pretender sustituir su conciencia y su voluntad con la nuestra) han ofrendado a nuestro pueblo para resistir juntos ante las afrentas de quienes tienen el poder, y de esa manera soñar y construir alternativas de vida por las cuales valga la pena adentrarse en un nuevo milenio. Como dice un querido personaje del México contemporáneo, vale y salud por ellos y por nosotros, es decir, por todos los que somos.
El sentido estratégico del diálogo en la huelga
1) La decisión de imponer a los estudiantes de la UNAM el pago disfrazado de colegiaturas (y más adelante incrementar o establecer las mismas en todas las universidades públicas) forma parte de una concepción global en la identificación de prioridades del desarrollo y en esa medida de un proyecto de nación de corte neoliberal, sostenido por los últimos gobiernos contra los intereses genuinos del pueblo de México y a favor de los reducidos y privilegiados sectores económicos ligados al capital monopólico y transnacional, que, entre otros elementos que lo distinguen, se ha caracterizado por una clara renuncia a la soberanía nacional y al usufructo de las riquezas del país por sus ciudadanos, dejando cada vez más en manos de los organismos internacionales al estilo del FMI y del Banco Mundial, estrechamente vinculados a las empresas multinacionales y a las grandes potencias, la definición del sentido y la orientación de las políticas económicas y sociales aplicadas en nuestro territorio.
La correspondencia de estas medidas con los propósitos de privatización de la industria eléctrica y de algunas áreas de la industria petrolera, con el avance en el abandono de la responsabilidad del Estado en lo referente a los servicios de salud, las pensiones y jubilaciones, así como de otros espacios del sector público, con la transferencia a la nación y por lo tanto al pueblo trabajador de la enorme deuda provocada por los malos manejos y la incompetencia de los banqueros a través del FOBAPROA o del rescate de las inversiones privadas en las carreteras del país, resulta evidente a los ojos de todo mundo.
Así, no parece razonable desligar el análisis y la explicación del problema financiero de la UNAM y de las universidades públicas en general, así como del reglamento de pagos decidido por el rector Barnés, de un marco más global que rebasa la dimensión de un problema interno de nuestra institución y adquiere legítimamente la de un conflicto nacional de alta prioridad, es decir, que se convierte en una confrontación entre dos proyectos de nación: uno, el diseñado por quienes hoy disponen del poder económico y político en nuestro país y que han cedido el ejercicio de la soberanía frente a entidades externas, violentando con ello lo establecido por la constitución mexicana, además de que se han distanciado como nunca de los intereses populares, y otro, que vive en la resistencia digna de múltiples sectores de la población que se niegan a perder su historia y su derecho a construir un camino propio, soberanamente, que en el problema de la defensa de la gratuidad y de la educación pública se halla representado principalmente por el movimiento estudiantil y también por el resto de la comunidad de la UNAM y de la sociedad civil organizada que se ha solidarizado en esta lucha.
2) Por otro lado, la ofensiva impulsada por las autoridades de la UNAM contra cualquier opinión opuesta a la decisión autoritaria de imponer el pago de colegiaturas, se ha mostrado, con una claridad cada vez más nítida, como parte de una estrategia general orquestada por el gobierno federal, especialmente a través de la Secretaría de Gobernación, que incluye la acción decidida de los sectores más conservadores de la sociedad mexicana, como son los grandes medios de información, la jerarquía de las iglesias, los grupos empresariales y las centrales oficiales burocráticas (charras) que continúan sojuzgando a los trabajadores de nuestra nación, todo lo cual nos indica nuevamente el carácter extra-universitario de la decisión impuesta a la comunidad estudiantil y al pueblo que aspira a incorporarse a los estudios en la UNAM.
En este sentido, la ofensiva política escondida en el problema del reglamento de pagos emerge como un componente más en el recrudecimiento del autoritarismo del gobierno de Zedillo ante la coyuntura formada por las elecciones del 2000, la inestabilidad provocada por la guerra de exterminio contra los indígenas zapatistas en Chiapas y la crisis irreversible del sistema político imperante por décadas, en particular del sistema de partido de Estado y del presidencialismo. La comunión política entre los actos de agresión oficial contra el movimiento estudiantil de la UNAM y la violencia institucional contra las bases de apoyo del EZLN en Chiapas por parte del gobernador Albores con el beneplácito del ejecutivo federal, y la constante violación de los derechos humanos en esta entidad y en muchas otras, sale a la luz y nos permite ubicar el alcance político de las campañas coordinadas de los medios de difusión electrónicos e impresos, del titular de gobernación y de las autoridades de la UNAM y de los organismos oficiales y sus personeros de la intelectualidad contra el movimiento estudiantil y universitario y contra la alianza de los zapatistas y la sociedad civil, manifestada con fuerza en la pasada consulta nacional por la defensa de los derechos de los pueblos indios y contra la guerra de exterminio.
Al mismo tiempo, las derrotas continuas en el terreno electoral por parte del partido oficial, el PRI, y su ya inocultable descomposición política e ideológica, así como la generalización de sus contradicciones internas, han puesto también en el centro de la vida política nacional la agudización del autoritarismo como mecanismo desesperado ante la posible debacle del partido oficial y de su estrategia neoliberal en las elecciones del 2000. Por un lado el gobierno y su partido, con la colaboración de las fuerzas conservadoras aludidas y en ocasiones con la complicidad del otro partido ligado al proyecto neoliberal, es decir, el PAN, se ha dedicado a desprestigiar de cualquier manera la acción del PRD y sus aliados y en particular del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, en este caso convirtiéndolos sin prueba alguna en artífices de la organización y la lucha de los estudiantes de la UNAM; por otro lado, las aspiraciones presidenciales de Labastida Ochoa, hoy al frente todavía de la Secretaría de Gobernación, han elevado el nivel de los ataques y las presiones contra la comunidad universitaria como parte de las definiciones políticas de su campaña personal, sin que ello exima de responsabilidad al gobierno de Zedillo en la orquestación de la estrategia general contra la resistencia popular en el contexto de la coyuntura del 2000.
3) Durante lo que va del sexenio de Ernesto Zedillo y frente a una manifiesta incapacidad de su gobierno para rectificar las políticas neoliberales y reencausar el desarrollo de la nación por la democracia real, la recuperación de la soberanía perdida ante el exterior y por una distribución más justa de la riqueza entre todos los mexicanos, incapacidad que ha tenido, desde el punto de vista económico y político, beneficiarios exultantes en los grandes poseedores del capital, la reacción del pueblo de México se ha materializado en diversas luchas de resistencia que han colocado a nuestro país ante los ojos del mundo entero como un ejemplo donde la confrontación de proyectos de nación se radicaliza debido a la ausencia de un Estado de derecho y de un sistema político democrático.
Desde la insurrección de los indígenas de Chiapas vinculados al EZLN en 1994, lucha que ha mantenido en tensión permanente a la sociedad mexicana a causa de la obcecación del gobierno zedillista para no resolver el problema con justicia y dignidad, la capacidad de combate y organización de los movimientos sociales modernos en nuestro país ha fluctuado entre las grandes movilizaciones conjuntas y las pequeñas batallas de corta duración y a veces aisladas, pero no se ha visto ningún indicio definitivo de estancamiento o desaparición de la resistencia popular, sino que por el contrario, nuevos contingentes (comités de derechos humanos, deudores de la banca, comunidades territoriales, grupos sociales) y nuevas formas de lucha (las consultas, los foros nacionales, la solidaridad sin intermediarios, la resistencia civil en las elecciones, etcétera) se han desplegado a lo largo de la República Mexicana, en una perspectiva de autoaprendizaje y autoorganización de la sociedad civil, que, sumados a otras tradiciones de organización y acción desarrolladas por más tiempo (el movimiento urbano popular, las luchas del magisterio democrático, la resistencia obrera, el sindicalismo independiente, la intelectualidad crítica, etcétera) han dado vigencia a la posibilidad de construir alternativas de desarrollo desde abajo, desde la gente que trabaja y resiste.
Por ello, el movimiento estudiantil y universitario de la UNAM, y su huelga en particular, se insertan en un contexto más general de resistencia popular contra el neoliberalismo y el autoritarismo del Estado. En una dimensión más inmediata, puede apreciarse su relación con la reciente consulta nacional del EZLN y la sociedad civil por los derechos de los pueblos indígenas y contra la guerra de exterminio del gobierno en Chiapas, con la lucha de los electricistas y del pueblo de México contra la privatización de la industria eléctrica, con la resistencia civil contra el fraude en Guerrero, con la próxima movilización nacional del magisterio democrático en mayo, con las alternativas populares de acción en las elecciones de este año y del siguiente, y con todas las manifestaciones de resistencia que la sociedad ha desarrollado o desarrollará en este periodo.
4) El rechazo decidido de parte de la mayoría de la comunidad universitaria al reglamento de pagos de Barnés, se entiende desde una perspectiva de interpretación que no reduce el problema a la simple disputa por el monto de dinero a pagar por los servicios que ofrece la UNAM, sino que, de manera por demás correcta, se reconoce que dicha medida, decidida e impuesta como consigna externa proveniente del gobierno federal (y aun más allá, surgida en el ámbito de planeación y de decisión estratégica de los organismos internacionales financieros), sólo es la punta de lanza de un proyecto que en otras ocasiones se ha querido poner en práctica y que responde a los intentos constantes por disminuir la responsabilidad del Estado en la tarea educativa y mercantilizar el derecho a la educación convirtiéndolo en un servicio privado sujeto a la antisocial lógica de la comercialización, contrariando el espíritu de gratuidad reconocido para la educación en nuestra constitución y avanzando sin ambages en la privatización paulatina de las universidades públicas.
En consecuencia, tanto entre los propios estudiantes movilizados como entre los profesores y la sociedad civil solidarizada, ha comenzado a ensancharse el marco de análisis incluyendo asuntos complementarios que fundamentan la crítica a la medida y justifican mejor la acción de resistencia. La vinculación con la estrategia neoliberal de ajuste económico contra los pobres y a favor de los ricos y con la política autoritaria del gobierno, ha hecho que el reglamento de pagos en la UNAM rompa los límites presupuestales en que se le ha querido encerrar y que rebase la dimensión de una supuesta decisión autónoma de las instancias formales y poco democráticas que establece la legislación universitaria. Por eso, hoy se comienza a demandar el diálogo público, abierto y frente a la sociedad para discutir las formas internas de gobierno, el financiamiento, la reforma académica, el impulso de las actividades fundamentales, los planes y programas de estudio, los métodos de enseñanza-aprendizaje, las formas de acreditación, el intercambio académico, etcétera.
En esa medida, el movimiento ha comenzado a despegar para colocarse paulatinamente en una perspectiva cada vez más nacional, donde se dirima la diferencia esencial que distingue a las concepciones neoliberales de la educación superior de los proyectos generados por la sociedad civil que quiere el fortalecimiento de una universidad pública vigorosa, situada con energía en los nuevos tiempos y plena de correspondencia dinámica con los intereses de la mayoría de la población de nuestro país, en los cuales el respeto al curso propio de las ciencias y las humanidades estreche sus simpatías con valores sustanciales como la justicia, la libertad, la igualdad, la dignidad y el compromiso con los hombres y las mujeres que hacen la nación.
5) Actualmente, la resistencia universitaria contra la imposición de colegiaturas en la UNAM a través del ilegítimo reglamento de pagos, se ha visto obligada a traducirse en una huelga general en la principal institución de educación del país; las formas de organización y lucha previas no fueron capaces de permitir que aflorara el espíritu universitario y se transfigurara en la necesaria sensatez de parte del rector Barnés y del consejo universitario para no orillar a la confrontación a la comunidad de nuestra casa de estudios; las marchas, los foros de discusión, las críticas abundantes contra la medida impuesta, los llamados de legisladores e intelectuales a la apertura y la discusión razonada, la demanda de un verdadero diálogo público y oportuno que con insistencia presentaron con todo derecho estudiantes y demás integrantes de la comunidad de la UNAM, no sirvieron para conducir el problema por las vías idóneas de resolución de diferencias entre universitarios.
El rector y su camarilla oficial y oficiosa prefirieron imponer la decisión de aprobar el reglamento de pagos mediante el desgastado método de formalizarlo con la previa aceptación de la mayoría de los consejos técnicos y posteriormente con la validación del consejo universitario en condiciones completamente irregulares y violando la legalidad y el espíritu universitarios, siendo ambas instancias claramente incompetentes para resolver un problema de tal magnitud debido a su tradicional composición antidemocrática y de sobre-representación de las autoridades, que le restan cualquier pretensión de consenso a la decisión y sólo fustiga el derecho y la dignidad de los miembros de la comunidad universitaria, por lo cual ahora se ha convertido en un problema mayor que poco a poco va saliendo de la UNAM para ser adoptado por la sociedad en su conjunto y asumiendo su verdadera naturaleza, es decir, la de una confrontación a la vez histórica y coyuntural entre dos proyectos de nación en el terreno de la educación superior.
En este sentido, la huelga, en principio, cuenta con la combinación cabal de la razón de la fuerza y la fuerza de la razón. La primera manifestada en la capacidad de los estudiantes, y también de los profesores y trabajadores que los apoyan irrestrictamente, para estallar el paro indefinido en las instalaciones universitarias y para desplegar importantes movilizaciones en coordinación cada vez más estrecha con otros sectores de la sociedad civil organizada; huelga efectiva, marchas masivas crecientes, brigadas de comunicación y de recepción de la amplia solidaridad moral y material de la población del área metropolitana, representan todas y en conjunto una fuerza real, mayoritaria, honorable y justa que permite resistir la ofensiva neoliberal como lo han hecho otros contingentes de la sociedad mexicana, con la particularidad de mostrar, pese a la ingente campaña de desprestigio del movimiento por parte de las fuerzas más retrógradas del espectro político del país, un gran nivel de responsabilidad social al cargar con la necesaria lucha por la defensa del derecho a la educación de los jóvenes que aun no llegan a la UNAM y con una innegable virtud argumentativa que refuerza el trasfondo ético de esta fuerza.
La segunda, la fuerza de la razón, que espera sin temor ser puesta a prueba públicamente, y contando con la convicción de salir triunfante en el combate ideológico que se avecina inevitablemente como uno de los resultados más importantes de la huelga misma y como un próximo terreno de antagonismo con quienes desean cancelar el destino de libertad de nuestro pueblo, se sostiene en una tradición intelectual y moral que históricamente ha defendido a la universidad pública y que hoy continúa presta a ofrecer el fruto de importantes reflexiones sistemáticas individuales y colectivas y de discusiones académicas y políticas centradas en los diferentes aspectos que comprende el problema de las instituciones de educación superior, trabajo serio y fundamentado hecho bajo una perspectiva de desarrollo alternativo al neoliberalismo y en compromiso con el pueblo de México y con las verdades científicas y humanísticas, más allá de los intereses utilitarios de los dueños ilegítimos de la riqueza nacional que quieren someter a las universidades públicas. Fuerza de la razón que, en manos hoy de estudiantes, profesores y trabajadores en lucha y no en las de los burócratas que han renunciado a la defensa de la universidad que dicen representar, significa un hacer honor pleno al profundo lema de la UNAM, por mi raza hablará el espíritu.
6) Si bien la lucha actual en defensa de la UNAM cuenta indiscutiblemente con una enorme legitimidad de base y con un consenso popular en ascenso (lo que por el momento no sucede por completo en lo que respecta a la opinión pública general, más vulnerable a los efectos de la desinformación organizada por los medios y el gobierno federal), no puede reducirse a la forma de la huelga y mucho menos al de una huelga formal. La diferenciación clara y la articulación estratégica de los factores centrales que componen toda batalla social e histórica, son la regla del éxito necesario; son el principio para volver realidad las esperanzas y la voluntad de cientos de miles de universitarios y de millones de ciudadanos identificados y comprometidos con este movimiento. Los objetivos (es decir, los fines), las fuerzas disponibles y potenciales (es decir, los sujetos) y la estrategia adecuada en función del contexto en que se despliega la lucha (es decir, los medios), representan esos componentes básicos y no pueden confundirse o quedar sojuzgados por el efecto de una incoherencia sustancial, de una falta de correspondencia entre sí. Por el contrario, la organización correcta y la correspondencia entre los fines, los medios y los sujetos de la lucha pueden significar la clave para avanzar a una nueva fase en la contienda histórica desplegada hoy en la universidad y en la sociedad en general.
a) Los objetivos de esta lucha han sido insistentemente definidos por los estudiantes y es necesario no perder de vista su carácter; sin embargo, también resulta decisivo establecer los signos de su movimiento global, reconocer la lógica que los articula en una perspectiva política amplia y de largo alcance. Los objetivos inmediatos radican en la anulación total del reglamento de pagos aprobado en marzo y en detener cualquier forma de represión actual y de represalia futura debida a la movilización universitaria, además de resarcir el trastorno académico provocado por la insensatez de las autoridades de la UNAM. En cambio, los objetivos de mediano plazo, donde la participación amplia de la sociedad civil y en especial de todos los integrantes del mundo universitario es fundamental, se traducen, antes que nada, en la transformación total de la UNAM y de la universidad pública en general, de tal manera que se dé marcha atrás a los ajustes neoliberales de los últimos años, al mismo tiempo que se definan democrática y razonablemente, y se operen los cambios que hagan de estas instituciones verdaderos espacios de cultura insertos en la dinámica de un futuro real e incluyente y representaciones sociales efectivas de la democracia, la justicia, la pluralidad, la libertad y demás grandes valores ligados al interés popular y a nuestra historia en el terreno de la educación del más alto nivel.
Finalmente, los objetivos de largo plazo, los cuales no pueden ser siquiera pensados en términos de una exclusividad universitaria y mucho menos estudiantil, pues aluden a transformaciones de fondo no en la educación (o al menos no sólo en la educación) sino en el conjunto de las estructuras y de los procesos macro-sociales, que, por lo tanto, requieren del concurso de las amplias masas que constituyen la nación mexicana y por lo tanto de una conquista definitiva de la conciencia social que se traduzca en un poder popular real y en un proyecto de nación viable históricamente, se distienden en un extenso abanico de demandas que apuntan a la conversión de los individuos y de la nación toda en hombres libres en el pleno sentido de la palabra y en una sociedad democrática y justa. Los objetivos de largo plazo, que sólo pueden definirse para un periodo realmente prolongado y como parte de un proceso muy complejo, pues rebasan con creces la idea equivocada de que la revolución se refleja en un momento, el momento de la conquista del poder político, cuando en realidad se refiere a un proceso difícil que se centra en la construcción de una conciencia social radicalmente nueva, en una cultura de la libertad, en una cultura democrática, en la creación paulatina del hombre nuevo, en la unidad realizada de la utopía y la historia, si bien pueden ser discutidos y esbozados por los participantes en una lucha como la que desarrolla el actual movimiento estudiantil y universitario de la UNAM, necesitan ser puestos en una dimensión de diálogo amplio y realista que le reste el carácter abstracto, dogmático y demagógico que fácilmente pueden adquirir cuando se les recita en las estrechas paredes de la ingenuidad política y académica de los recintos institucionales (por ejemplo, las universidades o los partidos). Esos objetivos pueden sintetizarse en la construcción de un proyecto de nación alternativo al neoliberal (y dentro de él el diseño de un modelo de educación radicalmente nuevo) por parte de todas las fuerzas sociales que representan hoy al pueblo trabajador de México, que sea justo, democrático, incluyente, plural, igualitario y libre, y también de la estrategia adecuada para volverlo realidad en el contexto objetivo de la nueva fase del desarrollo capitalista que estamos viviendo.
b) Por el lado de las fuerzas sociales con que se cuenta para alcanzar tales objetivos, se hallan en primer lugar los propios estudiantes de la UNAM, tratando de materializarse en un destacamento superior al constituido hasta el momento, que por supuesto no es despreciable, pero que puede llegar a ser insuficiente; superior en número, pero sobre todo en claridad política y en capacidad organizativa y de acción. En segundo lugar se encuentran los profesores y trabajadores de la institución, quienes pueden aportar elementos específicos que enriquezcan la energía de combate disponible, como son quizás la organización disciplinada y representativa y las relaciones sindicales externas del STUNAM, o el trabajo de fundamentación y el reconocimiento cultural y moral de los profesores debido a su relación con el conocimiento científico y humanístico y a su labor magisterial. En tercer lugar está la vinculación con las comunidades universitarias de otras instituciones de la República, en particular las de la zona metropolitana, elementos que permiten colocar el conflicto en una dimensión más cercana a la realidad, es decir, en una dimensión nacional y multiinstitucional. Finalmente se hallan todas las expresiones de la sociedad civil organizada, con especial importancia en las que en los últimos tiempos se han convertido en la vanguardia de la lucha popular, como son los indígenas zapatistas, quienes, más allá de las fronteras de la lucha electoral y de la canalización del descontento social por las vías institucionales, han logrado abrir una perspectiva de acción política que se inserta en las venas de una historia profunda a la vez que de un renovado proyecto de nación plural e incluyente.
c) Por último, la estrategia que permite poner en una relación dialéctica a los sujetos y los objetivos de lucha en el actual problema del movimiento universitario de resistencia en la UNAM, se halla concentrada en una serie de planteamientos organizativos y de propuestas de acción bien definidos. Así, la estrategia se ve obligada a ubicar cuál es el verdadero terreno de lucha y, por lo tanto, cuál es el método adecuado para alcanzar de manera consistente la acumulación de fuerzas necesaria para transitar al siguiente nivel de confrontación, donde, por ejemplo, los objetivos de mediano plazo se pongan a la orden del día y más adelante abran paso a los de largo plazo. En este sentido, siendo el propósito fundamental inmediato contener los efectos devastadores de la ofensiva neoliberal en la educación superior, en particular en lo referente a la vigencia del carácter público de la UNAM, así como abrir el campo del enfrentamiento para la incorporación de la sociedad en su conjunto, resulta que la abrogación del reglamento general de pagos aprobado en marzo y la salvaguardia de los derechos académicos y la seguridad personal de los participantes en el movimiento resulta un fin que sólo puede ser conseguido si se anula la prepotencia y la impunidad con la que venían actuando las autoridades universitarias, lo cual efectivamente quizás se halla a punto de volverse un hecho gracias a la huelga, digno y enaltecedor método de lucha de los hombres y mujeres de esta época. No obstante ello, esta forma de lucha no puede ser sobrestimada ni pensar que su benevolencia es infinita; la huelga permite definir el campo de confrontación y poner a la luz del día la personalidad de los contendientes, es decir, evidenciar su carácter político; facilita la tarea de combatir bajo un marco de atención pública que no limite artificialmente el problema a los muros de la universidad, y también da el espacio organizativo para hacer confluir el razonamiento y la voluntad masivos, en este caso particularmente los del estudiantado y sus aliados naturales, profesores y trabajadores de la UNAM, como factores estratégicos en la formación de las huestes decididas para un combate mayor.
Pero por otro lado, la huelga no puede por sí misma sustituir otras medidas de acción como son las que apuntan a la construcción de un proyecto alternativo de universidad y de nación, ni tampoco lograr por simple instinto el convencimiento pleno de la opinión pública acerca de la legitimidad de las razones del movimiento, sino que ello solamente puede lograrse mediante la disposición a regresar a un estado de relativa estabilidad en el funcionamiento de la universidad (por supuesto, una disposición, una voluntad explícita, condicionada a que las autoridades cubran los requisitos mínimos establecidos de tal forma que no se doblegue al movimiento y si en cambio se coloque en una línea de acumulación de fuerzas) donde la batalla se ofrezca plenamente en el terreno ideológico y cultural y al cual arribemos unidos, organizados y con una perspectiva política de continuidad de la lucha, lo que no significa que ello automáticamente se vuelva realidad por nuestros propios empeños ya que, como hemos enfatizado, implica a la vez la disposición del contrario a priorizar el mismo objetivo, sin lo cual, entonces, la huelga debe continuar, pero continuar avanzando hacia una perspectiva de superación de sí misma, es decir, de transfiguración de un paro de actividades en una verdadera epopeya de incorporación de la sociedad a la huelga y de expansión de la huelga hacia la sociedad.
Además, es necesario desde ya sentar las bases para desbordar los márgenes de la lucha interna al convocar a la suma, en forma crítica y consciente, de otros contingentes de la sociedad civil organizada a una propuesta global de resistencia ante las políticas neoliberales que incluya tanto un proyecto de educación y de universidad pública viable, que se inscriba con decisión en la dinámica de la realidad mundial actual, pero sin renunciar al principio de la inclusión y la autonomía en correspondencia con las aspiraciones de nuestro pueblo, como de un proyecto de nación que enfrente con fuerza la violencia institucional con la que se ha sometido a nuestra nación a los caprichos de quienes hoy poseen y controlan el poder político y económico. Así, la conformación de una alternativa de coordinación de las luchas y los movimientos sociales se vuelve medular para el éxito sostenido de la lucha estudiantil y universitaria, y avanzar en esa perspectiva de manera efectiva y mediante diversas formas una estrategia adecuada.
7) Entonces, la lógica que articula globalmente los distintos componentes aludidos arriba queda evidenciada de la siguiente manera: en primer lugar, los objetivos de largo plazo tienen un carácter ideológico y programático (entendiendo en este caso lo ideológico no en un sentido peyorativo, en un sentido de falsa conciencia, sino como una expresión de la fundamentación en valores, principios y explicaciones acabadas de la acción política), otorgan al movimiento y su lucha su sentido más profundo desde el punto de vista ético y político, orientan y norman las acciones de los sujetos en lucha, fundamentan el pensamiento y la reflexión bajo un marco de identidad política inconfundible, hacen de la utopía un recurso de invaluable importancia al derribar cualquier limitación oportunista vinculada a la estrechez institucional con la que se ha encadenado el quehacer político en nuestro país, y dinamiza la pertinencia y adecuada realización de los objetivos de corto y mediano plazo.
Por otra parte, los objetivos de mediano plazo aluden a una naturaleza propiamente política y estratégica, donde se proyecta al movimiento en una perspectiva de viabilidad y trascendencia, es decir, que con base en ellos se abre el camino para que la lucha no se asfixie en el terreno más inmediato y pragmático sino que salte cualitativamente a un campo de confrontación más amplio, más complejo y más definido en cuanto a su alcance y su identidad política y social, y genera a su vez las condiciones y los sujetos sociales (individuos y colectivos) que permiten, organizadamente, incorporar los objetivos de largo plazo en una propuesta sólida de transformación de la educación superior y de la universidad pública como parte de un proyecto de nación alternativo y viable.
Finalmente, los objetivos de corto plazo adquieren un significado más bien táctico y de constitución de una fuerza social, atienden a la necesidad de formación de un sujeto social nuevo a través del autoconvencimiento y de la obtención legítima y legal de su condición de interlocutor indiscutible; este nuevo sujeto social se materializa en un movimiento estudiantil y universitario que dispone de una mayor organización y capacidad de lucha de tal manera que supera la previa dispersión en el individualismo y la falta de identidad colectiva.
8) Así, la definición de un esquema global que articula los componentes puestos en juego en la lucha de resistencia de los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria, permite arribar a una caracterización de la principal forma de lucha que impone el contexto real y que incluye en su interior a muchas otras, el diálogo, entendido como un modo de deslinde político y de conjunción de fuerzas que nada tiene que ver con la negociación sin movilización como rendición prematura ante la fuerza del contrario o con el intercambio de discursos desmovilizante entre aliados, sino como un conjunto de acciones políticas encaminadas a la creación de un marco de correlación de fuerzas favorable al movimiento de tal manera que se pueda, como hemos insistido, pasar a una fase superior de la lucha, además de ser un método de combate que se relaciona con la huelga en la medida en que la justifica en un primer momento, después surge como resultado y condición de ella y finalmente porque le da continuidad al evitar que se sofoque por impotencia ante los cambios en el escenario político general. Este esquema implica tres tipos de diálogo con tres finalidades distintas y tres sectores sociales también diferentes.
a) El primero se ocupa de la creación de un espacio de confluencia de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores y trabajadores) en primer lugar de la UNAM y después de otras instituciones de educación superior pública junto con la sociedad civil organizada, para la discusión y organización de una propuesta de transformación de la UNAM y de la universidad pública en su conjunto, cuya forma si bien puede ser la de un Congreso Universitario, estamos obligados a impedir que se impongan las condiciones que lo derrotaron en 1986-1990, como son el establecimiento de fechas precisas, las restricciones a la investidura de autoridad y que cada universitario tenga la oportunidad de participar en su calidad de tal, el enlace del carácter resolutivo con los procedimientos legislativos para modificar si es necesario, la ley orgánica de la UNAM, la definición previa de la agenda y su tratamiento en términos menos laxos y más ajustados a la problemática actual, el condicionamiento a la vigencia de la pluralidad y la democracia en el proceso preparatorio, la inclusión limitada de otros sectores de la sociedad, etcétera. Sin embargo, este diálogo no se limita al Congreso Universitario posterior a la huelga, sino que se refiere a la importancia de definir una política clara de vinculación con los otros dos sectores y con las comunidades universitarias distintas a la de la UNAM.
b) En segundo lugar está el diálogo con la sociedad civil organizada, el cual es necesario llevar a cabo lo más pronto posible, pues representa la vía fundamental en la acumulación de fuerzas frente a la ofensiva del gobierno federal y demás adeptos del neoliberalismo actuante en nuestro país. Este diálogo no se constriñe a ninguna propuesta en particular, pero ciertamente las experiencias recientes indican que existen modalidades con las que los sectores populares se identifican más y que han mostrado su capacidad para traducirse en formas consistentes y sostenidas de organización y conjunción en la lucha, como la consulta, entendida como un mecanismo idóneo para detonar otros procesos y rebasar los cercos políticos e informativos de quienes detentan el poder. La consulta que significa no la participación simplista en la respuesta a preguntas predefinidas, sino sobre todo la inclusión de la gente en la organización de la misma.
c) Por último, el diálogo también está obligado a referirse a los métodos para dirimir el conflicto en su forma actual y pasar a la siguiente fase y para legalizar ante la opinión pública el proceso de transición y el carácter de interlocutor del propio movimiento, además de iniciar con firmeza el debate ideológico que legitimará las otras formas de lucha que deberán desplegarse más adelante. En consecuencia, el diálogo con las autoridades de la UNAM no puede ser evadido, toda vez que buena parte de la legitimidad obtenida por el movimiento en núcleos importantes de la intelectualidad, del propio profesorado y de la opinión pública, se desprende de la demanda que no fue capaz de cumplir el rector Barnés mostrando su vocación autoritaria; además de que el no reconocer la interlocución de las autoridades como parte contraria en un conflicto de esta magnitud, provocaría un vacío en la figura política contra la que se combate, es decir, que si bien sabemos que el enemigo reviste una forma superior a la del propio rector, sin embargo, es su autoridad formal la que permite centrar la batalla con un objetivo inmediato bien definido, sin ambigüedades. Obviamente este diálogo debe sujetarse a los requisitos que garanticen el logro de los objetivos esbozados por el movimiento y que se desprendan de la capacidad de materializar la huelga y las movilizaciones en una acumulación de fuerzas para el momento siguiente.
¿Dónde está el sentido profundo de nuestra lucha?
Hace algunos meses, antes de la huelga que hoy vivimos en la UNAM y antes de la Consulta del EZLN y la sociedad civil, escribimos estas ideas para compartir una propuesta de organización a algunos estudiantes y maestros de Acatlán; ante el estado en que se encuentra nuestra lucha, esperamos que estas sencillas y sinceras palabras nos ayuden a recordar el sentido de nuestras acciones y de nuestros sueños más allá de la particularidad que nos envuelve a los universitarios, sin duda valiosa, pero insuficiente:
El mundo cambia aceleradamente, la vida parece volverse más efímera y más incomoda que nunca, el malestar causado por la violencia con que se imponen las ideas y las políticas neoliberales se convierte en una forma de existencia difícil de sobrellevar y superar, la condición de excluidos que nos endilga la globalización a la mayoría de quienes poblamos este planeta resulta insoportable. Por otro lado, las esperanzas que alimentaron a generaciones en el pasado reciente se han debilitado y el desencanto se ha apoderado de nuestra capacidad de asombro y ha hecho de nuestros sueños un conjunto de creencias vanas; los grandes proyectos de transformación han fracasado en su mayoría, la idea falsa de un socialismo realmente existente se derrumbó estrepitosamente, no ahora sino desde hace muchas décadas, y hoy se destacan los errores y se pierde la memoria de las acciones heroicas y de la sinceridad y generosidad humanas; la palabra revolución, así como muchas otras, no parece proclamar verdades ni convoca fácilmente nuestras ilusiones, valores como los de justicia, libertad, igualdad, parecen fantasías ingenuas ante la energía de los hechos que nos rodean todos los días; nuestro canto no se escucha, nuestra voz se vuelve irreconocible hasta para nosotros mismos.
Pero al mismo tiempo, en las maravillosas raíces de nuestra tierra llena de historia y en los rincones polvosos de la geografía cotidiana donde sufrimos y amamos las mujeres y los hombres que damos vida a esta atormentada nación, se gestan y se desarrollan pequeñas y grandes batallas por hacer valer el derecho de todos a ser en este tiempo, una lucha a veces sorda a veces estridente por evitar que la dignidad se pierda en la inmensidad del poder que nos encadena, por impedir que nos hundamos en el laberinto interminable de nuestra desazón y de nuestro sufrimiento. Contra la equivocada utopía de quienes nos explotan y nos oprimen, nuestro pueblo no está muerto, no está rendido, no se ha abandonado al odio y al olvido, sólo sufre silenciosamente y espera y se presta a renacer y a recuperar su voz y su canto, a volver la historia su historia, a entregar el para todos todo, a dignificar el nada para nosotros, a guiar estas tierras por una nueva felicidad, a volver la vida diaria una fiesta de amor, un sueño encantado, a reconstruir nuestra humanidad postergada.
Los ricos, los poderosos, quisieron quitarnos la vida, nos arrebataron nuestros sueños, ocultaron nuestra historia, oprimieron las heridas que nos prodigaron por siglos, confundieron nuestra identidad, pisotearon nuestra dignidad e intentaron que hiciéramos lo mismo, nos engañaron y aun nos piden creer en sus mentiras, nos quieren olvidados en nuestro propio corazón y en nuestro pensamiento, intercambiaron sus risas y sus burlas con nuestro dolor, llamaron error y arcaísmo a nuestro orgullo y al sentido profundo de nuestra existencia; todo eso, sí, hasta que resonó en la selva un ¡Basta!, hasta que en el campo y en la ciudad concluyó la cautela, hasta que decidimos frente al poder injusto la defensa de los derechos humanos, hasta que la gente se organizó en las colonias, los ejidos, las escuelas, en la independencia de las formas del Estado, hasta que volvimos a rastrear los signos de nuestra música, de nuestras creencias, de nuestro arte. Sí, hoy se levanta nuestro pueblo, sin ruidosas aureolas de combate, sin lustrosos discursos, sin pretensiones inauténticas, sin sumisión encantada hacia aparatos partidarios tradicionales y políticos profesionales; no tiene certezas sino la de su dignidad, no hay claridad sobre el futuro de sus acciones pero sí sobre el peso de su presente, su pasado se le ofrece como una intuición más que como una explicación acabada, y en su modesto hacer y en sus ilusiones contenidas convoca a sus hermanos a estrechar esfuerzos, concita a sumar voluntades, a combinar habilidades, clama a los suyos a encaminarnos juntos en la a veces ancha a veces estrecha avenida de la lucha común y a dirigirnos al tiempo y al espacio que siempre fue nuestro.
Por ello, algunos deseamos decir todos los días, como lo dice una hermosa canción (Mercedes Sosa/León Gieco): Sólo le pido a dios, sólo pidámonos a nosotros mismos, que el dolor no me sea indiferente, que no nos sea lo injusto, la guerra, el engaño, el futuro, indiferente. Estudiemos para actuar.
From: Arturo Ramos arturo@apolo.acatlan.unam.mx

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución