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Timestamp: 2017-10-17 16:58:11+00:00

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Sentencia T.S. (Sala 1) de 15 de julio de 1992. Tercería de dominio. No cabe Recurso de Casación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. (Sala 1) de 15 de julio de 1992
Tercería de dominio. Se alega quebrantamiento de forma y error en la enumeración de los hechos. Tras el análisis del Tribunal se establece que no cabe admitir el Recurso de Casación, ya que son los socios de la cooperativa los que tienen personalidad propia como terceros para el pleito, pero no han sido demandados. Este Recurso no es el adecuado para resolver los problemas internos de la tercería.
Primero.-Ante el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Zaragoza, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de don Everardo, don Ismael y don Plácido contra "Hormigones La Almunia, S. A.» y contra la "Cooperativa de Viviendas Virgen de Rodanas» de Epila, declarada rebelde, sobre tercería de dominio.
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de Derecho que estimó convenientes, se dictara sentencia declarando que las fincas descritas en los hechos primero y segundo de la demanda, son propiedad de los actores y, concretamente, la descrita en el hecho segundo apartado A de don Everardo (casa con corral, tipo A, sita en Epila, en la partida de las Eras, sobre la parcela número NUM000 de la parcelación, calle letra F, de dos plantas, destinadas la primera a local y la segunda a vivienda; tiene una extensión superficial de 198,40 metros cuadrados, de los cuales se han edificado en planta baja 115,85 metros cuadrados y en la planta primera 106,66 metros cuadrados, destinándose el resto a corral. Lindante por su frente, con la calle de su situación; derecha entrando, con la parcela número NUM001 ; izquierda, con la parcela número NUM002 ; y fondo con las parcelas NUM003 y NUM004 . Inscrita al tomo NUM005, folio NUM006, finca NUM007, inscripción NUM008 ; la descrita en el apartado B de don Plácido (casa de planta baja, con corral y cochera y un piso superior, tipo B, sita en Epila, partida de las Eras, sobre la parcela NUM004 de la parcelación en la calle letra E; tiene una extensión superficial de 181,74 metros cuadrados, de los cuales se han edificado, en planta baja 68,01 metros cuadrados y en planta primera 66,94 metros cuadrados, destinándose el resto a corral. Lindante: por su frente con la calle de su situación; derecha entrando con la parcela NUM003 ; izquierda con la parcela número NUM009 y fondo, con la parcela número NUM000 y NUM001 . Inscrita al tomo NUM005, folio NUM010 vuelto, finca NUM011, inscripción NUM008 .a), y la descrita en el apartado C de don Ismael (casa de planta baja con corral y cochera y un piso superior, tipo B, sita en Epila, partida de las Eras, sobre la parcela NUM003 de la parcelación en la calle letra E; teniendo una superficie total de 182,25 metros cuadrados, de los cuales se han edificado, en la planta baja 68,01 metros cuadrados y en planta primera 66,94 metros cuadrados, destinándose el resto a corral. Lindantes: por su frente, con la calle de su situación; derecha entrando con la parcela número NUM012 ; izquierda, con la parcela número NUM004 y fondo con las parcelas NUM002 y NUM000 . Inscrita al tomo NUM005, folio NUM013, finca NUM014, inscripción NUM008 .a), ordenando alzar el embargo trabado e imponiendo las costas a quien se opusiera a la demanda.
Admitida a trámite la demanda, el demandado la contestó alegando como hechos y fundamentos de Derecho los que estimó oportunos, y terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que estimando la oposición formulada, se desestimara en todas sus partes la demanda formulada de contrario, con expresa imposición de costas a la parte actora.
Por el juzgado se dictó sentencia con fecha 30 de mayo de 1988 cuya parte dispositiva es como sigue: "Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por la Procuradora doña María Lourdes Oña Llanos en nombre de Everardo, Ismael y don Plácido y, en su virtud, se declara que las fincas descritas en el primer resultando de esta resolución son propiedad de los actores y concretamente la descrita en el apartado A) corresponde a don Everardo, la descrita en el apartado B) a don Plácido y la descrita en el apartado C) a don Ismael . Se ordena alzar el embargo trabado imponiendo las costas del juicio al demandado que se ha opuesto "Hormigones La Almunia, S. L.
Segundo.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza dictó sentencia con fecha 15 de diciembre de 1989, cuyo fallo es como sigue: "Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por "Hormigones La Almunia, S. L." contra la sentencia de 30 de mayo de 1988 dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Zaragoza en autos número 594 de 1987, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, con imposición a la parte recurrente de las costas de esta apelación».
Tercero.-El Procurador don Enrique Sorribes Torra, en representación de "Hormigones La Almunia, S. L.», formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos: Primero. Al amparo del número 3 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al incidir la sentencia recurrida en infracción del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Segundo. Al amparo del número 3 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al incidir la sentencia recurrida en infracción del artículo 361 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Tercero. Al amparo del número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al incidir la sentencia recurrida en error de la apreciación de la prueba, error que resulta de documentos obrantes en autos cual es el de fecha 9 de febrero de 1981 (folio 120).
Cuarto. Al amparo del número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al incidir la sentencia recurrida en infracción del artículo 7 del Código Civil .
Quinto. Al amparo del número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al incidir la sentencia recurrida en infracción de lo establecido en el párrafo primero del artículo 44 del Real Decreto 2710/78, Reglamento de Cooperativas, y artículo 87 1 A) y C) de la Ley General de Cooperativas 3/87 de 2 de abril, en relación todo ello con el artículo 1.902 del Código Civil .
Sexto. Al amparo del número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al incidir la sentencia recurrida en infracción de lo establecido en el capítulo VII, artículos 77 a 83 del RD 2710/78, Reglamento de Cooperativas, y capítulo XI, artículos 103 a 114 de la Ley 87 de 2 de abril, General de Cooperativas .
Séptimo. Al amparo del número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al incidir la sentencia recurrida en infracción de lo establecido en el artículo 6.4 del Código Civil .
Cuarto.-Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día 6 de julio de 1992, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr don José Almagro Nosete.
Primero.-Según establece la sentencia recurrida, cronológicamente expuestos los hechos con relevancia que han servido para la resolución del presente proceso de tercería de dominio son los siguientes: a) Adjudicación a los terceristas actores por la "Cooperativa de Viviendas Virgen de Rodanas» de Epila, mediante escritura pública de 3 de abril de 1981, de las fincas de autos; b) Demanda promovida el 11 de julio de 1985 por "Hormigones La Almunia, S. L.» contra la mencionada Cooperativa, en reclamación de parte del precio de materiales suministrados por la demandante a la empresa "Seyza, S. A.», constructora de las viviendas de la Cooperativa, en 1980, y cuyo pago asumió esta última en documento sin fecha (folio 120) aunque respondiendo a acuerdos sociales de febrero de este último año (folios 118 y 119); c) Sentencia de 27 de diciembre de 1985, estimatoria de la anterior demanda, dictada en autos de cognición número 320/85 seguidos ante el Juzgado de Distrito número 5 de los de esta capital; d) Embargo decretado en fase de ejecución del citado proceso el 11 de abril de 1986 sobre las fincas de los aquí demandantes, anotado en el Registrado de la Propiedad el 19 de mayo del mismo año. Sobre la precedente base fáctica, ambas sentencias de instancia estiman la tercería.
Segundo.-La parte recurrente dedica los motivos casacionales primero, segundo y cuarto a la exposición de unos supuestos quebrantamientos de las formalidades del juicio e, incluso, de una infracción del deber judicial de resolver todos los puntos litigiosos, a propósito de la cuantía del pleito, cuya fijación, conforme a su criterio, estima esencial, según apunta a efectos de la determinación de las cuentas de honorarios y aranceles en el momento de la tasación de costas que, desde luego, carece de relieve casacional y de todo fundamento, pues el objeto litigioso acota los problemas a resolver y la cuantía, que tendría interés si fuera determinante de la clase de juicio o de la competencia objetiva, o de la admisión del recurso de casación, no puede erigirse por sí misma en tema de la decisión, en cuanto no se dan estas proyecciones, ya que su alcance tiene tratamiento procesal propio del que debió, en su caso, hacer uso, todo ello, con independencia, además, de que la referida cuantía fue determinada, con acierto, por la sentencia de primera instancia que toma en consideración el valor escriturado de las fincas y no el absurdo criterio propugnado por la recurrente que consiste en deducir de dicho valor, las sumas recibidas en préstamo hipotecario, como si el préstamo no hubiese que pagarlo, acierto que luego repitió la sentencia recurrida al indicar en el fundamento jurídico cuarto la intranscendencia que a los fines de litigio tenía la cuestión. No puede, por ello, acogerse el primero de los citados motivos, que denuncia, bajo el ordinal 3? del artículo 1.692, la infracción del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que la sentencia recurrida (que confirma íntegramente la de primera instancia) al estimar la demanda, declarando la propiedad de los actores sobre los inmuebles embargados, actúa en perfecta congruencia con lo que es el objeto de la tercería, ni tampoco el segundo, formulado del mismo modo, por infracción del artículo 361 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que, aparte, como se ha dicho, que la cuestión ha sido tratada y decidida conforme a criterio distinto al de la entidad recurrente, cuando el objeto del proceso viene determinado en su cuadro básico por Ley, no cabe extender el mismo a cuestiones no conducentes, pues, como se razona por la sentencia impugnada, "es intrascendente para la resolución de este litigio que la cuantía asignada al mismo en demanda sea o no la procedente, pues tanto en su caso como en el de reducirla al montante que propugna la parte recurrente, el procedimiento seguido ha sido el adecuado». Igual suerte desestimatoria debe correr el motivo cuarto, apoyado esta vez en el número 5?, por infracción del artículo 1.7 del Código Civil, que recoge un precepto relativo al deber jurisdiccional básico, cuya vulneración (que desde luego, por todas las razones ya expuestas, no se ha producido) escapa a la función casacional.
Tercero.-Mediante el motivo tercero que sigue el cauce impugnatorio del número 4? del artículo 1.692 (en su redacción legal anterior), se acusa un error de hecho, consistente en que no se dice en el apartado b) del relato de hechos de la sentencia impugnada que el pago de la deuda a que se contrae el asunto principal, se asumió por la Cooperativa por documento de fecha 9 de febrero de 1981, circunstancia que a los efectos de litigio no tiene importancia y mucho menos el relieve que quiere otorgarle el recurrente, pues la sentencia recoge que, en todo caso, aun manteniendo que el documento carece de fecha, éste responde a acuerdos sociales de febrero de 1981, dato, por tanto, tenido en cuenta a la hora de resolver, en lo que interesa que es el deseo de probar, una especie de "conslium fraudis», entre los socios cooperativistas y la Cooperativa, para burlar las deudas de la recurrente, extremos que, aparte haber sido afirmados, nunca fueron probados. Mas al razonamiento precedente se une que, en ningún caso, el documento citado que consiste en un testimonio judicial de actuaciones del asunto principal, puede considerarse dentro del supuesto previsto por la excepción al artículo 1.724 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado que los tales documentos obraban en los autos y no cabe confundir la fecha de los documentos, con la fecha en que se libre el testimonio de los mismos, por lo que, en su momento, hubo de declararse la inadmisión preliminar del motivo y al no haberse hecho así, como tiene establecido la jurisprudencia de esta Sala, la causa de inadmisión constatada, con posterioridad, se transforma en causa de desestimación en el acto de la vista. Por ello, el motivo perece.
Cuarto.-El bloque constituido por los motivos restantes (quinto, sexto y séptimo, formulados al amparo del ordinal 5? del artículo 1.692, redacción anterior a la vigente) se apoya en infracciones de disposiciones legales o reglamentarias referentes a cooperativas, según se detalló en la exposición de antecedentes, y, residualmente, en el artículo 6?84 del Código Civil, denunciando un supuesto fraude de ley. En realidad, los motivos que se reseñan están imperados por el afán de la parte recurrente de demostrar que los socios cooperativistas han procurado la insolvencia de la Cooperativa deudora y su responsabilidad como socios de responder por sus participaciones de las deudas de ésta, según las normas que regulan la materia, pero los razonamientos acerca de estos extremos conducen necesariamente al fracaso, pues se omite que la única demandada en el pleito principal es la Cooperativa, y, que, en este sentido, al ser los socios que tienen personalidad propia terceros al pleito y no haber sido demandados, mal puede ventilarse en una tercería, incidencia del asunto principal, las relaciones internas de la Cooperativa con sus socios, y la vinculación de éstos con acreedores de la Cooperativa, a efectos de responsabilidad que tendría que declararse, por lo que, ateniéndonos al objeto de la tercería de dominio, y a la prueba de la titularidad dominical sobre los bienes embargados, sólo podía llegarse al resultado en el que coinciden ambas sentencias de instancia, sin que, en ningún caso, quepa hablar de fraude de ley (en hipótesis se trataría de un fraude relativo a negocios jurídicos), cuyos supuestos normativos y patrones de comparación nada tienen que ver con el caso. Por ello, los citados motivos perecen.
Quinto.-El rechazo de los motivos lleva a la declaración de no haber lugar al recurso, imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósitos constituido ( artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución,
Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de "Hormigones La Almunia, S. A.», contra la sentencia de 15 de diciembre de 1989, dictada por la Audiencia de Zaragoza, en recurso de apelación dimanante de autos, juicio de menor cuantía 594/87, sobre tercería de dominio, seguidos a instancia de "Hormigones La Almunia, S. A.», contra don Everardo y otros, ante el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Zaragoza, con expresa imposición de las costas del recurso a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido al que se dará el destino legal; y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

References: e contrario
 resolución 
 artículo 1
 artículo 359
 artículo 1
 artículo 361
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 44
 Real Decreto 
 artículo 87
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 6
 resolución 
 artículo 1
 artículo 359
 artículo 361
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 1