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Timestamp: 2019-10-20 21:29:29+00:00

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BAJA CALIFORNIA SUR: RESUMEN DE NOTICIAS DEL VIERNES 02 DE DICIEMBRE DEL 2011
RESUMEN DE NOTICIAS DEL VIERNES 02 DE DICIEMBRE DEL 2011
También arrestan a ex aspirante panista a edil de La Paz
Detienen al ex candidato del PRD a gobernador de BCS
Los acusados fueron liberados después de cubrir una fianza
Viernes 2 de diciembre de 2011, p. 37
La Paz, BCS, 1° de diciembre. La Procuraduría General de Justicia del Estado detuvo a tres funcionarios de la administración pasada, que encabezó Narciso Agúndez Montaño, acusados del delito de incumplimiento de un deber legal. Entre ellos se encuentra Luis Armando Díaz, ex secretario de Gobierno, quien contendió en febrero pasado como candidato a la gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática.
Los otros dos aprehendidos son Guillermo Jáuregui Moreno, ex secretario de Planeación, Infraestructura Urbana y Ecología, y Héctor Ibarra Espinoza, ex oficial mayor, quien compitió por el Partido Acción Nacional para la presidencia municipal de La Paz.
Al cierre de esta edición se informó que los tres detenidos fueron liberados luego de pagar una fianza, por lo que podrán continuar su proceso en libertad.
Gamill Arreola Leal, titular de la PGJE, explicó que las detenciones se llevaron a cabo por la enajenación irregular de siete bienes inmuebles ubicados en el fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, según la denuncia interpuesta por el director de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de Tierra del gobierno del estado, José Refugio Carrillo Sánchez.
De acuerdo con la averiguación previa LPZ/079/SPB/2011 dichos inmuebles fueron vendisos en 2007 por 76 millones 200 mil pesos a la empresa Las Veredas de San José S de RL de CV, que después de tres años no cubrió el adeudo en su totalidad.
En febrero de 2011 los terrenos se volvieron a licitar, pero ahora por 23 millones 980 mil pesos, por lo que existe una diferencia de 52 millones 220 mil pesos en agravio de las finanzas del estado.
El propio Agúndez Montaño, denunciado por este mismo asunto, se amparó en junio pasado para evitar su detención.
El procurador Arreola Leal insistió en que se trata de una acción de la PGJE derivada de una orden de aprehensión girada por el juzgado de primera instancia del ramo penal de esta ciudad por el presunto delito de incumplimiento de un deber legal que, según el artículo 148 fracción quinta del Código Penal del estado, se aplica a cualquier servidor público que incurra dolosamente, con motivo de sus funciones, en omisiones que produzcan daño a una persona o una ventaja indebida a los interesados en un negocio cualquiera.
Tras informar que la pena por este delito es de uno a seis años de cárcel, señaló que los detenidos fueron enviados a la prisión estatal de La Paz en espera de rendir declaración ante el juez, quien determinará su situación legal en un plazo de 72 horas.
Armando Díaz se desempeña actualmente como director de Desarrollo en el municipio de Los Cabos, que es gobernado por el perredista Antonio Agúndez Montaño, hermano del ex gobernador Narciso Agúndez.
El gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor negó que se trate de unacacería de brujas contra funcionarios del anterior gobierno y expresó que en su administración los temas políticos están de lado y todas las áreas trabajan apegadas a derecho.
El secretariado estatal del PRD, encabezado por Rosa Delia Cota Montaño, señaló que la aprehensión responde a una estrategia electoral y persigue debilitar la imagen y prestigio de personajes ligados al perredismo en Los Cabos, cuyo ayuntamiento, en su mayoría, está compuesto por miembros en activo del sol azteca.
Procesaran a tres ex funcionarios de B.C.S.
Procesarán a tres ex funcionarios de BCS
La Procuraduría estatal informa de su arresto, pero más tarde los libera tras pagar fianza
Viernes 02 de diciembre de 2011Gladys Rodríguez Corresponsal | El Universal
LA PAZ. Funcionarios de la administración que encabezó el perredista Narciso Agúndez Montaño en Baja California Sur, entre ellos el ex secretario general de Gobierno, Luis Armando Díaz, fueron detenidos por la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), por estar involucrados en presuntas acciones ilícitas cuando fueron servidores públicos.
En un breve comunicado, la PGJE confirmó la detención de Luis Armando Díaz, quien contendió por la gubernatura abanderado por el PRD en las elecciones de febrero de este año, así como de Guillermo Jáuregui Moreno, quien fuera secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, y de Héctor Ibarra Espinoza, ex oficial mayor del Gobierno del estado y ex candidato luego de Acción Nacional por la alcaldía de La Paz.
De acuerdo con la dependencia, a los detenidos se les acusa del presunto delito de “incumplimiento de un deber legal en su calidad de servidores públicos del gobierno del estado en la pasada administración”. El comunicado indica que las aprehensiones se realizaron en San José del Cabo y en La Paz.
Más tarde, los tres detenidos fueron liberados tras pagar una fianza, se informó. En junio pasado, la PGJE informó de dos denuncias existentes contra funcionarios de la administración anterior, entre ellos el propio ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, así como Ibarra Espinoza y Jáuregui Moreno, por presuntos delitos de abuso de autoridad, peculado, coalición de servidores públicos, falsedad y coparticipación en conductas ilícitas.
PRD acusa “revanchismo”
Luego de las detenciones de ex funcionarios, el comité directivo estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acusó que se trata de “revanchismo político” a partir del cambio de gobierno que ahora encabeza Marcos Covarrubias Villaseñor.
La presidenta del sol azteca en el estado, Rosa Delia Cota Montaño, criticó la actuación de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), así como lo que calificó como un “golpeteo político y mediático ordenado por el gobernador Covarrubias”.
Criticó el operativo de aprehensión de los ex funcionarios, pues dijo que fue totalmente “desproporcionado y poco transparente”, incluso –agregó— “dio lugar a creer en primera instancia que se trataba de un ‘levantón’ realizado por alguna banda criminal“, pues no se usaban autos oficiales.
La Procuraduría Estatal informa de su arresto, pero mas tarde los liberan tras pagar fianza.
La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur informó del arresto de tres ex funcionarios de alto nivel que laboraron en el sexenio del ex Gobernador Narciso Agúndez Montaño.
Entre los detenidos están el ex Secretario de Gobierno, Luis Armando Díaz, también candidato a Gobernador del PRD y quien perdió frente al actual Gobernador, el ex perredista Marcos Covarrubias Villaseñor.
En un escueto comunicado, la Procuraduría indica que la detención de Díaz se ejecutó anoche en San José del Cabo.
"(Fueron detenidos) por el delito de Incumplimiento de un Deber Legal en su calidad de Servidores Públicos del Gobierno del Estado en la pasada administración", según el boletín.
También revela la detención del ex candidato panista a la Alcaldía de La Paz, Héctor "Pipi" Ibarra Espinoza, ex perredista y miembro del grupo político del actual Gobernador Covarrubias Villaseñor.
Antes de lanzarse como candidato, Ibarra Espinoza se desempeñaba como Oficial Mayor en el Gobierno de Agúndez Montaño.
Invitado por Covarrubias Villaseñor, Ibarra Espinoza abandonó, junto con él, las filas del PRD para lanzarse por el PAN en las elecciones de febrero de este año.
La Procuraduría informó también la detención de Guillermo Jáuregui Moreno, ex titular de la Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura y Ecología (SEPUI).
Ibarra Espinoza y Jáuregui Moreno fueron detenidos la mañana de hoy en esta Capital, indicó la Procuraduría.
Libres bajo fianza; el PRD indignado
Manuel Espinoza, Leticia Hernández, Elvira Vargas, Humberto Peña y Ángel Mora Rojo
Anoche, Luis Armando Díaz, Guillermo Jáuregui y Héctor (Pipi) Ibarra, ex funcionarios de la administración agundista, quedaron en libertad tras cubrir una fianza de poco más de 17 mil pesos cada uno luego de haber sido detenidos por el proceso penal instruido en su contra por presuntas operaciones irregulares en la venta de siete lotes en el exclusivo fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas por las que el Gobierno del Estado acusó se le habría causado daño patrimonial por 52 millones de pesos.
Se apegaron al Artículo 20 Constitucional y no declararon; el agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito, se excusó de solicitar la reparación del daño porque el Gobierno del Estado recuperó los predios motivo del presunto delito
Movilizaciones perredistas de protesta en San José del Cabo y malestar en cúpulas municipal y estatal del Partido de la Revolución Democrática: acusan que al cerco financiero, al ‘golpeteo’ político y mediático de que ha sido objeto el Ayuntamiento de Los Cabos desde su instalación, ahora se suma el acoso y hostigamiento judicial que se estrecha alrededor de sus autoridades municipales, acción policíaca que contamina irremediablemente el actual contexto político-electoral.
Sorprende a diputados detenciones de ex funcionarios estatales agundistas. Afirman coordinadores del PRI y PRD que esperan se dé el trámite apegado a derecho y no con tintes político-electorales; mientras que el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado afirmó que confía en que sea un asunto de justicia
En punto de las ocho de la noche abandonaron el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Paz, los tres ex funcionarios de la administración anterior del Gobierno del Estado que fueron detenidos en la víspera por elementos de la Policía Ministerial, tras pagar una fianza en lo individual de 17 mil 888.50 pesos y luego de apegarse al Artículo 20 Constitucional que les concede la prerrogativa de declarar y abstenerse de ello, por los hechos delictivos que motivaron su captura.
En punto de los 19:52 minutos, salió por la puerta principal del penal de La Paz, el ex Oficial Mayor Héctor Guadalupe Ibarra Espinoza, le siguieron ocho minutos después, juntos, Luis Armando Díaz, ex secretario general de Gobierno y actual director de Desarrollo Municipal de Los Cabos, y Guillermo Jáuregui Moreno, quien durante el gobierno encabezado por Narciso Agúndez Montaño, fungiera como secretario Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología.
Los tres fueron detenidos mediante orden de aprehensión girada por la titular del Juzgado Tercero Penal, Rosario del Carmen Palacios Montaño, por figurar dentro del proceso penal 261/2011, como presuntos responsables en el delito de incumplimiento de un deber legal en su calidad de servidores públicos, considerado como no grave en el Código Penal del Estado de Baja California Sur, motivo de la fianza por la cual depositaron en efectivo, 7 mil 888.5 pesos, más 10 mil pesos por concepto de obligaciones procesales.
La noche del pasado miércoles, en las inmediaciones del fraccionamiento Monte Real, fue capturado Luis Armando Díaz, mientras que horas antes, a las 19:20 horas se habría ejecutado el mandamiento judicial contra Guillermo Jáuregui Moreno en el estacionamiento de la tienda Wall Mart en esta ciudad capital y Héctor Guadalupe Ibarra Espinoza, sería capturado en su domicilio de la colonia Los Girasoles, también en La Paz, siendo ingresados al penal capitalino, a las 01.15 horas de ayer; 22:10 horas del pasado miércoles y también el jueves, a las 08:45 horas, respectivamente.
Minutos antes de las 15:00 horas, enfundados en el overol color amarillo que portan los internos de los cinco centros penitenciarios del Estado, fueron trasladados los tres detenidos a las instalaciones del Juzgado Tercero Penal, siendo presentados ante la Mesa Tres donde tras tomarles sus generales, se les leyeron sus derechos y posteriormente la lectura de actas donde se asientan los hechos presuntamente delictivos, pero ante el volumen de las fojas y anexos, la defensa solicitó la dispensa de la continuidad en la relatoría para pasar a la siguiente fase de la diligencia judicial, que era la de rendir en lo individual, la declaración preparatoria de cada uno de los detenidos.
Guillermo Jáuregui Moreno, Luis Armando Díaz y Héctor Guadalupe Ibarra Espinoza, en ese orden se dio la comparecencia ante el Secretario de Acuerdos, donde tras manifestar tener por conocido el contenido del expediente, cada compareciente se apegó al Artículo 20 Constitucional que brinda a los acusados las prerrogativas de declarar o abstenerse a ello, por lo que los tres optaron por la segunda opción.
Fue cuando el agente del Ministerio Público del Fuero Común, se excusó de solicitar la reparación del daño, toda vez que los predios considerados como objeto del delito fueron recuperados y obran nuevamente en poder del Gobierno del Estado, por lo que la defensa solicitó se les concediera el beneficio de la libertad provisional bajo fianza, considerando que el delito por el que se les acusa, es considerado no grave en el Código Penal vigente para el Estado de Baja California Sur.
Eran casi 18:20 horas cuando los tres detenidos fueron regresados al Cereso y tras casi dos horas, abandonaron el penal, primero el ex oficial mayor Héctor Guadalupe Ibarra Espinoza y luego Luis Armando Díaz y Guillermo Jáuregui Moreno, quienes sin dar declaraciones a representantes de medios de comunicación que cubrían el hecho, abordaron de inmediato sus respectivos vehículos para alejarse rápidamente del lugar.
Es necesario mencionar que de acuerdo a los hechos parciales que fueron leídos por el Secretario de Acuerdos de la Mesa Tres del Juzgado Tercero y que constan dentro del expediente judicial 262/2011, los ex funcionarios figuran como actores en su desempeño como servidores públicos, en una operación de compra venta de siete con predios con superficie de más de 71 hectáreas, ubicados en el fraccionamiento Pedregal de Cabo San Lucas, mismos que con fecha 20 de mayo de 1986, fueron adquiridos por el Gobierno del Estado mediante el sistema de donación por parte del desarrollador.
Y fue en mayo del 2008 cuando a través del Congreso del Estado se autorizó al Jefe del Ejecutivo Estatal, Narciso Agúndez Montaño, la enajenación de dichos bienes mediante la venta de los mismos en un monto de 76 millones de pesos, venta que le sería adjudicada a una empresa con razón social de Desarrollo Las Veredas de San José, SA de CV, cuyo representante legal era Luis Roberto Goratiz Anelson, quien cumplió con los requerimientos pagando 3.8 millones de pesos, equivalente al 5% del valor total, como garantía de la operación.
Sin embargo, por motivos que en la lectura no se dieron a conocer, la compra venta se canceló y el Gobierno del Estado retuvo la garantía y recuperó los predios sujetos a la operación, por lo que de acuerdo a las acotaciones hechas por la defensa de los acusados, no existió dolo por parte de ellos y tampoco daba lugar a la ilegalidad en el uso de sus funciones, pues no había daño en perjuicio de persona física o moral, en este caso, el Gobierno del Estado, lo que dio origen a la excusa de la parte acusadora (agente del Ministerio Público del Fuero Común), para no exigir la reparación del daño.
Se aclara también que tanto Luis Armando Díaz, Guillermo Jáuregui Moreno y Héctor Guadalupe Ibarra Espinoza, tras recuperar su libertad mediante el pago de una fianza, no los libera de la responsabilidad penal, hasta que la titular del Juzgado resuelva en base a contenidos del expediente y declaraciones de los implicados, que habrán de hacerlo por escrito, si se decreta el auto de formal prisión o la libertad.
En el primer caso, quedarían sujetos a las comparecencias semanales para la firma del libro de gobierno o control de procesos, ante la Dirección de Prevención y Readaptación Social, hasta que se resuelva la sentencia definitiva, de ser auto de libertad, los implicados quedarían absueltos de toda responsabilidad en los hechos que motivaron su captura.
Es importante señalar que dentro de estos hechos delictivos, también se mencionó el nombre del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, quien en su momento habrá de ser citado a declarar, sin que medie mandamiento judicial al contar con un amparo otorgado por un juez federal.
Finalmente, se agrega que la defensa de los tres ahora liberados, inició desde ayer el trámite para la obtención de un amparo a favor de sus representados, por lo que no podrán ser detenidos en caso de estar relacionados con otros actos delictivos derivados de la misma causa penal, pues dentro de la misma hay tipificaciones por hechos constitutivos de delito en la modalidad de peculado y abuso indebido de funciones.
Militantes del PRD encabezados por su dirigente, Francisca Pimentel, se reunieron anoche en las instalaciones del partido para conformar un frente en apoyo a Luis Armando Díaz y en rechazo total al hostigamiento y revanchismo político por parte del Gobierno estatal, por lo que hicieron un enérgico llamado al Gobernador a que no se violenten las garantías constitucionales de los ciudadanos cabeños.
Presidieron la reunión celebrada ayer por la noche, Francisca Pimentel, los regidores Julio César Castro Pérez y Víctor Ortegón Góngora, así como el director de Catastro Enrique Guerrero Pedrín, ahí se observaron a mujeres, hombres, todos ellos dando su respaldo al director de Desarrollo Social, Luis Armando Díaz.
Al tomar la palabra, Víctor Ortegón Góngora, aseveró que el motivo de la reunión es para defender el proyecto del PRD en Los Cabos, que está intentando ser vulnerado por el Gobierno del Estado que encabeza Marcos Covarrubias Villaseñor a través de la Procuraduría, con actitudes de total agresión a los derechos humanos en contra de funcionarios del municipio cabeño.
“Los cabeños nos sentimos hostigados, no se vale el revanchismo político, los sudcalifornianos pedimos no violentar la soberanía de Baja California Sur, no violentar las garantías constitucionales, es una ofensa la falta de gobernabilidad y la actitud de los gobernantes en el estado”.
Dijo no a la cacería de brujas, “el hallowen ya pasó”, un no al abuso del poder, no se puede permitir que se politice la justicia en el estado, los cabeños nos sentimos atropellados, por lo que hay que decir sí a la gobernabilidad y a la estabilidad política de la entidad y de Los Cabos.
“Estamos a favor de que se aplique una verdadera justicia y no a la justica a lo “oscurito• como se está dando en estos momentos, los ciudadanos merecemos respeto y no queremos lecturas políticas negativas que afecten la armonía y tranquilidad de este estado. La soberanía debe ser respetada y debe existir igualdad de derechos para todos los ciudadanos”, recalcó.
Insistió en que la soberanía no debe ser violentada, porque hay códigos, artículos y procedimientos que respetar y acusó que la forma como fue detenido Luis Armando Díaz fue totalmente violatoria a sus garantías individuales.
Asimismo el Regidor denunció que estuvo a punto de ser víctima de un “levantón” por parte de dos individuos armados, que lo abordaron cuando iba con otra persona en recorrido por las colonias de San José del Cabo, los dos sujetos vestidos de civil, armados, bajaron al Edil y su acompañante de su vehículo y en eso estaban cuando pasaba por ahí el Ejército, acto seguido los sujetos huyeron del lugar.
Por su parte, Julio César Castro Pérez, dio lectura a un pronunciamiento del PRD en Baja California Sur con motivo de la detención de Luis Armando Díaz, destacando que el Ayuntamiento de Los Cabos desde su instalación, ha sido objeto del cerco financiero y golpeteo político y mediático del Gobierno estatal panista y ahora se suma el acoso y hostigamiento judicial que se estrecha alrededor de sus autoridades municipales, acción policíaca que contamina irremediablemente al actual contexto político electoral y que exhibe a un Ejecutivo vengativo cuyo propósito es lanzar los dados a favor de quienes resulten finalmente candidatos de su instituto, el PAN y abriéndoles camino a estos al intentar sacar del escenario políticos locales, quienes podrían ser sus posibles contrincantes provenientes de la oposición.
Con la aprehensión de Luis Armando Díaz, ex candidato del PRD al Gobierno del Estado y miembro del Consejo Estatal del partido, realizada la noche del pasado miércoles 30 de noviembre en este municipio, a través de un operativo policíaco “desproporcionado” y poco transparente –que incluso dio lugar a creer que se trataba de un levantón realizado por alguna banda crimina al presentarse los agentes en carros de renta en lugar de hacerlo en unidades oficiales- responde a una estrategia política que coincide con el proceso electoral federal en puerta y que persigue debilitar la imagen y prestigio público de personajes ligados al perredismo.
Esta acción judicial, puntualizó el Edil perredista, realizada en territorio gobernado por el partido del sol azteca nos deja claro que estamos ante un acto de revanchismo político del gobernador Covarrubias, quien pretende inútilmente justificarlo ante la opinión pública como un acto justiciero y existen elementos que fortalecen la visión de que los perredistas están siendo objeto de una persecución y acoso político judicial permanente y localizado, decidido y operado directamente desde el propio Ejecutivo estatal, quien ha concentrado hasta este momento su empeño en el Municipio cabeño.
En el PRD nos queda claro que no es una casualidad que esta acción judicial se realice apenas un día después del relevo de quien fungía hasta esa fecha como Secretario General del actual Gobierno, relevo que fue acompañado simultáneamente, del anuncio de que el ex funcionario panista será candidato a algún puesto de representación popular.
Tampoco puede ser casualidad que esta acción judicial, pretendidamente justiciera, se realice a unos días de que los diputados locales del PRD en alianza con legisladores del PRI, Movimiento Ciudadano y PANAL decidieran por mayoría de votos, aprobar los empréstitos bancarios solicitados tanto por autoridades municipales de Los Cabos como de La Paz, “decisión que seguramente provocó el disgusto del gobernante en turno”.
El ex candidato a la Presidencia Municipal de Los Cabos, Leonel Cota Montaño, se pronunció porque las actuales autoridades procedan a castigar a los verdaderos responsables de ilícitos que pudieron haberse cometido en el pasado, “le digo al gobernador (Marcos Covarrubias Villaseñor que el ex gobernador (Narciso Agúndez Montaño), es responsable de varias situaciones de ese tipo”.
Luego del anuncio de las detenciones de Luis Armando Díaz, Guillermo Jáuregui Moreno y Héctor “Pipi” Ibarra Espinoza, durante las primeras horas de ayer, externó esperaría conocer razones sustentadas para estas detenciones. “Eso fue parte de mi alejamiento de esas estructuras políticas y particularmente una de las razones de mi renuncia al Partido de la Revolución Democrática (PRD), porque fueron situaciones que se toleraron y en algún caso se planearon desde al Presidencia Municipal de Los Cabos”, dijo.
Aclaró: “si esas son las razones por las que se detiene, por las invasiones de tierra, sin lugar a dudas tienen sustento”. Sin embargo anticipó que de haber otras, hay que conocerlas, “me sorprende la situación de “Pipi” Ibarra, no sé porqué lo detuvieron y de Guillermo Jáuregui, quien fue responsable de los hechos que ocurrieron, se deben dar a conocer para tomar una opinión en función no de líneas políticas, electorales o venganzas, sino la aplicación estricta de la ley. De estos dos no conozco razones para detenerlos”.
Dijo conocer el tema de la venta de tierras en Cabo San Lucas, “(Guillermo) Jáuregui llevó el caso, las vendió en licitación pública autorizada por el Congreso del Estado en 75 millones de pesos, pero se tomó la decisión de enviar Patrimonio Inmobiliario a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y desde ahí se vendieron en 25 millones de pesos; es decir, con una rebaja de 50 millones de pesos. Si ese es el asunto de la razón de la detención de (Guillermo) Jáuregui, habrá que conocer el detalle”.
Cota Montaño, refirió que lo de Luis Armando Díaz no le sorprende, “cuando el PRD decidió hacerlo candidato a Gobernador, yo opté por salirme de las filas perredistas. Me criticaron, pero la razón de fondo era que no siguiera el estado de cosas que estaban ocurriendo desde las esferas públicas del Gobierno estatal”.
Agregó que hay gente que quedó en el actual gabinete que manejaron amplias facultades en el pasado, ojalá y no sea el hecho de porque están en otro partido ahora se les exhonere, por eso debe llegarse hasta las últimas consecuencias.
¿Tras las detenciones descansará en paz el PRD?.
“Se anunció con tiempo atrás la salida de ese grupo o algunos de sus integrantes, Narciso Agúndez Montaño hace días estuvo promocionado al Partido Verde Ecologista de México en Mulegé.
Los partidos políticos por si mismos no se pueden calificar de no ser en el desempeño de los liderazgos de esos propios partidos”.
¿Habrá reposicionamiento del PRD?.
“Habrán de ocurrir cosas y dependiendo quiénes lo encabecen y las fuerzas políticas que lo representen, podrá o no reponerse, creo que el PRD toleró en algunos aspectos situaciones, pero desde luego, la militancia no tiene responsabilidad, los ciudadanos que advertimos de los desórdenes no tenemos responsabilidad”.
Su apoyo a AMLO
En otro orden de ideas, el ex dirigente nacional del PRD, dejó en claro que él apoyará a Andrés Manuel López Obrador, porque las propuestas de Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) han gobernado igual, para los mismos, estos cambios son de figuras y membretes, pero no de políticas.
“Lo que ocurra conmigo será observable y en su tiempo tomaré decisiones para participar como candidato o no en el proceso electoral del 2012” finalizó
Sorprendió a diputados de las diferentes fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado la noticia de las detenciones de los ex secretarios estatales Luis Armando Díaz y Guillermo Jáuregui Moreno, así como del ex oficial mayor, Héctor Ibarra Espinoza.
Entrevistados por separado, tanto el coordinador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) como del Partido Revolucionario Institucional (PRI), respectivamente, diputados Alberto Treviño Angulo y Juan Alberto Valdivia Alvarado, expresaron su sorpresa por estos acontecimientos y si bien dijeron desconocer los términos de la ejecución de las órdenes de aprehensión, se manifestaron porque el procedimiento sea apegado a derecho y no se involucren cuestiones de tipo político.
El que también expresó su sorpresa, pero por la detención de Héctor Ibarra, ex oficial mayor de la administración de Narciso Agúndez Montaño y ex candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia Municipal de La Paz, fue el presidente de la Gran Comisión, diputado Gil Cueva Tabardillo.
Dijo que se enteró hasta la mañana de ayer y que él espera que lo que se está haciendo sea un asunto de justicia.
“Vi una entrevista del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor donde asegura que no es nada político”, indicó.
Señaló que no tiene información sobre estos casos y que una vez que se conozca a detalle podrá emitir una opinión sin dar más argumentos.
Treviño Angulo fue cuestionado si considera que esta situación es un golpe político para el Grupo Los Cabos, afirmó que no lo sabe y que lo único que podría opinar es que fue una noticia desafortunada para todos los sudcalifornianos.
Indicó que la fracción del PRD está dedicada a su trabajo y se mantiene al margen de esta situación pues se desconocen hasta los motivos de estas detenciones, pero que estarán al pendiente de que todo sea apegado conforme a derecho y no se le dé un trato político, pues puede levantar suspicacias el hecho de que se trata de ex candidatos de las pasadas elecciones.
Por su parte, Valdivia Alvarado se reservó también su opinión si se trata o no de una cuestión política y afirmó que apelaría a que se sigan los procesos penales, con estricto apego a derecho y que se dé un curso estrictamente legal.
“Considero que se deben de seguir los juicios con estricto apego a derecho en estos tres casos, aunque desde luego llama la atención que sea en un proceso electoral ya iniciado, pero yo esperaría que no se le diera ese tinte político ni que fuera con ese objetivo”, afirmó.
Añadió que espera que si hay delitos que perseguir sea un tema jurídico estrictamente y no con un tinte político electoral.
“Desde su primer día como gobernador, Marcos Covarrubias Villaseñor ordenó a su Secretario de Finanzas la reducción abrupta y abusiva de las participaciones federales que legalmente le corresponden al Municipio de Los Cabos, gobernado mayoritariamente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con el claro propósito de con esos descuentos, debilitar y desprestigiar a la administración municipal, decisión política que ha afectado grave y directamente la liquidez del Ayuntamiento de Los Cabos y obligado a las autoridades municipales a suspender el pago no solamente a proveedores sino incluso las quincenas de los propios empleados municipales, una situación sin precedentes”, señalaron en un documento conjunto la presidenta y secretario perredistas, respectivamente, Rosa Delia Cota Montaño y Joaquín Manríquez Palacios.
Al cerco financiero, al ‘golpeteo’ político y mediático de que ha sido objeto el Ayuntamiento de Los Cabos desde su instalación, ahora se suma el acoso y hostigamiento judicial que se estrecha alrededor de sus autoridades municipales, acción policíaca que contamina irremediablemente al actual contexto político-electoral, y que exhibe a un Ejecutivo vengativo cuyo propósito es cargar los dados a favor de quienes resulten finalmente candidatos de su partido, el Partido Acción Nacional (PAN), despejando y abriéndoles camino a éstos al intentar sacar del escenario político local a quienes podrían ser sus posibles contrincantes provenientes de la oposición, señalan.
Agregan que con la aprehensión de Luis Armando Díaz, ex candidato del PRD al Gobierno del Estado y miembro del Consejo Estatal de ese mismo partido, realizada en Los Cabos, a través de un operativo policiaco desproporcionado y poco transparente -que incluso dio lugar a creer en una primera instancia que se trataba de un levantón realizado por alguna banda criminal al presentarse los agentes en carros de renta en lugar de hacerlo en unidades oficiales-, responde a una estrategia política que coincide con el proceso electoral federal en puerta y que persigue debilitar la imagen y prestigio público de personajes ligados al perredismo, particularmente en aquel Municipio cuyo Ayuntamiento, en su mayoría, está compuesto por miembros en activo del PRD.
Apuntaron que en el PRD les queda claro que no es una casualidad que esta acción judicial se realice apenas un día después del relevo de quien fungía hasta esa fecha como Secretario General del actual Gobierno, relevo que fue acompañado, simultáneamente, del anuncio de que el ex funcionario panista será candidato a algún puesto de representación popular.
Agregan que tampoco puede ser casualidad que esta acción judicial, pretendidamente justiciera, se realice a unos días de que los diputados locales del PRD, en alianza con legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano y Partido Nueva Alianza (PANAL), decidieran por mayoría de votos aprobar los empréstitos bancarios solicitados tanto por autoridades municipales de Los Cabos como de La Paz, decisión que seguramente provocó el disgusto del gobernante en turno y de su poderoso Secretario de Finanzas.
Finalmente, esta acción judicial emprendida por el Ejecutivo estatal dirigida en contra de Luis Armando Díaz, particularmente, pierde toda credibilidad ante la opinión pública –no sólo entre las filas del perredismo-, al constatar, una vez más, que José Antonio Ramírez Gómez, actual secretario de Finanzas del Gobierno estatal, y también titular de la misma Secretaría durante el sexenio pasado es, deliberadamente, excluido de toda investigación judicial pese a ser él un personaje clave en el manejo y destino de los recursos económicos y financieros de éste y de la anterior administración: hasta el momento este funcionario no ha sido siquiera citado a declarar a pesar de poseer él documentación oficial de primera mano, lo que fortalece la certidumbre de estar ante una vil maniobra político-electorera cuyo objetivo final es apuntalar las candidaturas de Acción Nacional y desviar la atención hacia actores políticos de la oposición.
Mientras a Luis Armando Díaz, consejero perredista, se le involucra y pretenden fincar responsabilidades penales “por el incumplimiento de un deber legal en su calidad de servidor público”, -así se lee en el comunicado de la Procuraduría de Justicia-, a José Antonio Ramírez Gómez no se le toca siquiera con el pétalo de una rosa por parte de Marcos Covarrubias, convirtiéndolo, de facto, en un intocable.
¿Justicia o revanchismo político?, la respuesta es clara y el propio Gobernador se ha encargado de responderla. En su lugar, el Secretariado Estatal del PRD en Baja California Sur, reivindica y reclama el puntual apego y respeto a la legalidad y al Estado de derecho, así como también la imparcialidad en la procuración de la justicia.
Mientras que ediles de la coalición gobernante (PRD-PT) se pronunciaron ayer porque se respete el Estado de derecho y no se permita se trastoque la gobernabilidad de Los Cabos, ante la detención del director general de Desarrollo Social, Luis Armando Díaz, a través de un operativo policiaco desproporcionado y poco transparente según lo expusieron, los regidores de oposición coincidieron en señalar que se deben aclarar los hechos y a nivel comuna decidir en lo inmediato qué acciones tomar para que sigan su cauce los programas federales a través de la dependencia de Desarrollo Social en lo que se aclara la situación del funcionario municipal.
Postura de ediles de la coalición gobernante
La regidora Emilia Vega opinó como edil y también como dirigente del Partido del Trabajo sobre este hecho aseverando que esto tiene connotaciones políticas, es un ataque frontal contra el Ayuntamiento, “hemos sobrevivido a un programa de austeridad por el recorte de participaciones federales a través del Gobierno estatal y por la caída de ingresos producto de la crisis económica y aún con ello ahora vemos este intento por generarle más problemas al Municipio”.
“Como regidora y dirigente del Partido del Trabajo le doy todo el apoyo a Luis Armando Díaz, quien inició en la política siendo militante del PT, independientemente de cómo se hayan dado las cosas y lo que se le está imputando, como Partido lo apoyamos y estaremos al pendiente a través de abogados a fin de poderle apoyar”, acotó.
No obstante que el Gobierno estatal quiere negar que esta detención tiene que ver con lo político, está más claro que nada el trasfondo político, incluso se maneja una lista de nombres que vienen de la administración anterior que también pudieran ser detenidos.
Ante ello, pidió que las acciones se den en el marco de la ley y no por revanchismos políticos que nada bueno dejan.
De igual forma, la edil Anel Marrón afirmó: ‘‘por supuesto que este hecho es político, estamos en los tiempos electorales y por eso actuaron de esa forma las autoridades estatales”. Asimismo al igual que su homóloga petista dio todo el respaldo del Ayuntamiento y regidores al compañero Luis Armando Díaz por lo que solicitó no se manejen los asuntos jurídicos como trasfondo político.
“Nosotros como Ayuntamiento buscamos el bienestar de las familias cabeñas y estas acciones vienen a afectar la imagen del municipio, cuando en estos momentos hay que trabajar fuertemente para la imagen urbana ante la Cumbre del G20, que a eso le apuesta el Gobierno municipal pues será una gran oportunidad de manejo de la economía del municipio y con las acciones que está manejando el Gobierno estatal complican las cosas”.
El Ayuntamiento está a favor de la legalidad y apoya el Estado de derecho por lo que “invitamos al Gobierno del Estado a que se sume a este esfuerzo y que no se tome de manera política, que no se trastoque el Estado de derecho, vamos por la gobernabilidad del municipio, no por la ingobernabilidad”, remarcó.
Por su parte, el síndico municipal Oswaldo Murillo sostuvo que Luis Armando Díaz como funcionario tiene todo el apoyo de los integrantes del Cabildo.
Comentó no tener mayor información de los motivos de la detención del funcionario municipal, quien ayer por la noche salió libre, sin embargo, “no quisiera pensar que es algo político y que se trata de un procedimiento judicial en curso’’.
Abundó que Luis Armando Díaz cuenta con una trayectoria política, ha sido presidente municipal, diputado local, secretario de gobierno en la administración pasada por lo que pidió que el procedimiento se lleve apegado a derecho y que no se envilezca con cuestiones políticas.
Julio César Castro Pérez externó su preocupación por la forma como se llevó la detención de Armando Díaz y dijo que es amigo personal del ex candidato a la gubernatura por el PRD, trabajó con él en el Congreso como su asesor parlamentario, en el Ayuntamiento que presidió fungió como su secretario particular y destacó que es una persona con un profundo compromiso social, “mi solidaridad para con él y su familia”.
Como regidor se pronunció porque se respete el Estado de derecho y la gobernabilidad de Los Cabos, “como regidores no vamos a permitir que se trastoque la gobernabilidad en el municipio cabeño”.
Víctor Ortegón Góngora se pronunció por el respeto, justicia democrática y transparente y no a arreglos “en lo oscurito”. Baja California Sur debe conducirse en un marco de la legalidad.
Comentan regidores de oposición
Por su parte, Mario Fernández, edil del Partido Verde, afirmó que la postura del Cabildo es que se defienda la legalidad y acatar todos aquellas decisiones que tomen las autoridades competentes, asimismo externó que deberá analizarse qué decisiones tomar con relación a la Dirección General de Desarrollo Social.
Subrayó que el presidente municipal José Antonio Agúndez Montaño, junto con el Cabildo deberán tomar decisiones para que en caso de que dicha dependencia ya no fuera ocupada por Luis Armando Díaz, escoger a la persona idónea para que dé resultados en esta área muy importante de la administración municipal.
Reconoció que dicha dependencia iba funcionando, hay proyectos interesantes que se están impulsando, como el programa Hecho en Casa a cargo de Armida Castro, mismos que deben continuar para beneficio de la comunidad local.
Dijo desconocer el motivo de la detención de Armando Díaz y mencionó que no tiene información si hay más funcionarios que pudieran ser detenidos.
Por último observó que una vez que una persona llega a un puesto de elección popular debe estar comprometida con la población que lo eligió, en estos cargos no existen partidos, por lo que puntualizó que él llegó al Cabildo por el Partido Verde pero sin embargo, “hoy no me debo a ninguna institución política, me debo a Los Cabos”.
El edil del PAN, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, dijo que la detención del director general de Desarrollo Social es un tema de orden legal y tendrá que resolverlo el funcionario ante las autoridades correspondientes.
Precisó que el titular del Ejecutivo municipal habrá de decidir junto con el Cabildo los cambios que habrán de hacerse en la dependencia de Desarrollo Social en tanto se resuelve la situación legal del funcionario municipal.
Finalmente, el regidor Reinaldo Zatarain Valero sostuvo que lo más sano para todos es que se aclaren las cosas y se cumpla con la ley, en lo que respecta al Municipio se tendrá que hacer una evaluación para ver qué hacer don la Dirección de Desarrollo Social en lo que pasa este proceso.
Remarcó que ayer por la tarde se reunirían un grupo de regidores para analizar el caso y presentar una postura ante el pleno edilicio con respecto a la detención de Luis Armando Díaz, quien anoche mismo salió en libertad.
Atropellan a mujer que intentaba cruzar la carretera federal
Una mujer intentó cruzar la carretera federal en una zona no peatonal, terminó siendo alcanzada por una camioneta, después fue llevada al hospital general de esta cabecera municipal.
Cerca de las 7:40 horas, elementos de Peritaje y Vialidad, Cruz Roja y Policía Federal recibieron el reporte de un accidente vial tipo atropellamiento ocurrido sobre la carretera federal, como referencia casi al cruce de la vía principal con calle Paseo del Pescador.
Al sitio del informe se movilizaron los agentes municipales y federales junto con rescatistas de Cruz Roja, llegando en las unidades DST-880, BCS-200 y 10025.
El coche que atropelló a la dama fue una camioneta marca Ford línea Explorer color blanco modelo 1989 con placas de circulación 255-PMU-2 y era manejada por Manuel García Brito de 18 años de edad.
La persona herida tiene por nombre Esperanza Salinas Nava quien fue atendida por los socorristas y posteriormente llevada al hospital general. El accidente ocurrió cuando la mujer intentó cruzar la carretera federal en una zona no peatonal cerca de la colonia 5 de Febrero y el conductor que manejaba en sentido Sur-Norte sobre la carretera federal la embistió.
La mujer terminó con lesiones en la parte craneal, elementos de la Policía Federal se encargarían de efectuar el peritaje oficial correspondiente al suceso.
Muere atropellado en Cabo San Lucas
Cerca de las 8:40 horas, la Dirección de Tránsito Municipal y la benemérita Cruz Roja Mexicana recibieron el reporte de un accidente tipo atropellamiento
Un ciudadano de 55 años de edad perdió la vida en el hospital general, después de ser atropellado en la colonia Gastélum.
Cerca de las 8:40 horas, la Dirección de Tránsito Municipal y la benemérita Cruz Roja Mexicana recibieron el reporte de un accidente tipo atropellamiento ocurrido en la colonia Leonardo Gastélum.
Al sitio se movilizaron los agentes municipales en la unidad DST-879, entre las calles de terracería encontraron la escena del accidente, en el que participó una camioneta tipo pick up color gris marca Ford línea F-150 modelo 1995 con placas de circulación CE-62-656 conducida por Guillermo “N” de 17 años de edad.
La persona que minutos antes había sido atropellada en vida respondía al nombre de Silvestre Aguilar, de 55 años de edad originario del estado de Guerrero actual vecino de la colonia El Caribe, tras el accidente había sido trasladado al hospital general de la ciudad por socorristas de Cruz Roja. Aún está pendiente el peritaje oficial que realizarían los agentes de Tránsito Municipal.
Paro del SNTE deja sin clases a miles de estudiantes en BCS
Paula Montero Becerril, Lizbeth Jaimes y Leticia Hernández Vera
Sorprende a los padres de familia que no ocultan malestar y enojo contra los maestros. “No había razón para la afectación de las clases”: SEP. Marcharán hoy mentores en Los Cabos en demanda del cumplimiento de logros económicos
El secretario de Educación Pública, Alberto Espinoza Aguilar, sostuvo que no había razón para realizar el paro de labores que hicieron ayer varias escuelas de la media península, porque el pago por más de 70 millones de pesos correspondiente a la prestación denominada “gratificación de fin de año” se realizó ayer por la mañana.
Explicó que la quincena correspondiente al 30 de noviembre se pagó, así como un adelanto de su aguinaldo del 40 por ciento, sin embargo por la prestación arriba señalada, hubo un problema técnico en la Secretaría de Finanzas (SEFIN),” y era cuestión de esperar una o dos horas el día de ayer para recibir el mismo”.
Añadió que a directivos de la citada dependencia estatal no se les precisó a tiempo si el pago debía ser por el 1.3 por ciento o un acumulado desde que se consiguió el acuerdo a nivel nacional, “fue una confusión por eso no se pagó, nosotros estamos en la disposición de pagar, son alrededor de 70 millones de esta prestación, por eso se le pidió al sindicato que nos esperara”.
Por otro lado, dijo que los compromisos de pago de las quincenas se cubren a tiempo, los días 15 y 30 de cada mes, incluso a veces se paga por adelantado, por lo tanto, reiteró, “todavía anoche (miércoles) estábamos platicando con el líder sindical del SNTE, Guillermo Aguilar y le dijimos que hiciera lo posible por frenar este asunto, que se esperaran, que era seguro que se pagaría el día de hoy (ayer) y no había motivo para que se llegara a la determinación de detener las clases”, indicó.
Precisó que desde que asumió esa responsabilidad, junto con el propio Gobernador, la educación ha sido una de sus prioridades, buscando con la SEP federal, poder atraer recursos extraordinarios para poder abatir el rezago que se tenía.
Y es que dijo, la SEP sostenía un retraso significativo en las aportaciones al Servicio de Administración Tributaria (SAR), Issste, Fovissste, y otros, y el sindicato de maestros había estado pugnando porque se resolviera esa situación, “se han conseguido recursos importantes para cumplir con los rezagos y la fecha podemos decir que vamos al corriente y prácticamente no ha habido rezagos”, concluyó.
Miles de alumnos de todo el estado se vieron afectados debido al paro de labores que realizó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 3 Baja California Sur, pese a que se presentaron a las escuelas como todos los días, pero no les avisaron de la suspensión de clases.
Un porcentaje reducido de los planteles de nivel Básico en la entidad tuvieron clases normales, por lo que padres de familias de las diversas escuelas se mostraron molestos por la actitud tomada por los docentes de educación, debido a la cercanía de la finalización del primer periodo del ciclo escolar.
En varias escuelas de la entidad se mostraban carteles pidiendo la comprensión de los padres de familia ante el paro de labores; sin embargo esto no sucedió, caso contrario, la gran mayoría de los padres de familia se mostraban molestos por la actitud mostrada por este grupo de maestros.
La molestia y el enojo de los padres de familia que pidieron el anonimato por temor a represalias de los mentores para con sus hijos, es porque al margen de lo justo que pueda ser su demanda al Gobierno para el pago de su prestación, lo injusto es la irresponsabilidad para con el derecho a la educación de los niños y para con la sociedad en general, ya que gracias a estas prácticas de efectuar paros de labores, consiguen beneficios para el gremio magisterial.
Por su parte Clara Isabel, madre de familia de la escuela primaria Manuel Altamirano, ubicada en la colonia Guaycura, señaló que no es posible que los problemas de maestros afecten a los estudiantes, por lo que indicó que con este comportamiento lo único que logran es ser mal vistos por la sociedad, ya que eso es lo que les están enseñando a las nuevas generaciones.
Por la falta de pago a tiempo de la prestación “gratificación de fin de año” por el 1.3 por ciento, previsto en los lineamientos y acuerdos establecidos con anticipación en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue que maestros decidieron hacer el paro de labores en escuelas de nivel Básico, informó el secretario general de la Sección 3 del SNTE, Guillermo Aguilar Villavicencio.
Añadió que cuando se trata de este tipo de prestaciones, el recurso no lo eroga el Gobierno del Estado, sino a través del Fondo de Aportación a la Educación Básica (FAEB), por lo que no había razón para no pagarles desde el pasado 28 de noviembre.
Precisó que años atrás no habían tenido ningún problema para recibir el mismo, “yo no se qué tipo de problemas tengan, por eso la molestia del Comité; el día 27 de noviembre, si mal no recuerdo hubo declaración del Secretaría de Educación Pública, en la que indicó que se iba a pagar la quincena, un porcentaje de aguinaldo y la prestación pendiente para el 28 de noviembre”.
Agregó: “pero no hubo ninguna información oficial por parte de la SEP o en los medios, con relación al por qué no se pagó en su momento la prestación, todo se pagó menos esto, lo que generó incertidumbre en los profesores, como no sabíamos qué iba a pasar, la gente estaba inquieta, incluso en Guerrero Negro y Vizcaíno, hasta anoche (miércoles) les pagaron la quincena cuando de acuerdo a un calendario que tenemos se debe de pagar el día 28, entonces, ese es el motivo del enojo y porque además no es la primera vez que tenemos problemas para que nos paguen, ya son muchas ocasiones las que tenemos que discutir para que se nos pague a tiempo”, sostuvo.
Finalmente Aguilar Villavicencio externó esperaba que los pagos quedaran depositados ayer mismo en la tarde, pues se dijo consciente de la molestia que causa este tipo de situaciones en los padres de familia, sin embargo pidió su comprensión.
Maestros del nivel preescolar, primaria y secundarias del municipio de Los Cabos perteneciente a la sección tercera del SNTE continuarán el día de hoy su paro de actividades y en punto de las nueve de la mañana realizarán una marcha, en demanda del cumplimiento de varias prestaciones ya autorizadas a nivel federal y que están siendo retenidas por el Gobierno del Estado.
Francisco Javier Carballo Aguilar, coordinador de la Región Cuatro del SNTE, informó que desde hace ya muchos años el Comité Ejecutivo Estatal y Sección Tercera del SNTE ha logrado algunas negociaciones salariales y estímulos económicos para beneficio de todos los trabajadores de la educación del estado. En la actualidad el Comité Ejecutivo Estatal se encuentra en mesas de diálogo para el cierre de la negociación económica estatal correspondiente a este año, en la cual por parte del Gobierno del Estado se están dando largas a dichas negociaciones por lo que los trabajadores de la educación exigen se otorgue el pago correspondiente al cierre del año en curso.
Aunado a estos logros económicos que tiene el SNTE ganados desde tiempo atrás, en este momento están siendo retenidos los pagos sin explicación alguna cuando siempre se habían estado cumpliendo en tiempo y forma, así como algunas otras necesidades que hasta ahorita el Gobierno estatal no está cumpliendo como son los siguientes:
-Pago de gratificación de fin de año equivalente a 30 días incluyendo aumento del 1.3 retroactivo al mes de enero
-Incumplimiento con la operación total de la clínica del Issste San José del Cabo, servicios médicos, medicinas, personal administrativo y especialidades médicas.
-Requerimientos de plazas docentes, administrativas y el respeto a las plazas de arraigo que ya se tienen ganadas en el nivel de educación primaria
-Desaparecer los sueldos compensados a los trabajadores de la educación de los diferentes niveles de enseñanza Básica.
Dijo Carballo Aguilar que es urgente que se tomen cartas en el asunto para resolver la situación de los maestros compensados que no gozan de las mínimas prestaciones , sigue el faltante medicamentos en el Issste, de las 120 plazas comprometidas sólo han llegado 70, las especialidades en la clínica de San José en lugar de fortalecerse se redujeron, hay una falta de personal médico especializado y administrativo; el segundo piso de la clínica está inoperante, el quirófano está abajo y el área de hospitalización en la parte alta, por lo que hay mucho por hacer.
En cuanto a la situación de compensados aseveró que es urgente se termine con esto ya es tiempo que en Los Cabos todos los maestros cuenten con sus plazas y salarios dignos así como sus prestaciones como acceder a los servicios médicos.
Sostuvo que ha faltado voluntad por parte del Gobierno del Estado, porque no tienen porqué tener miedo de asignar las plazas cuando quien jubila a los trabajadores es el Issste y en este caso sólo se requeriría de que el Gobierno pagara salarios justos y prestaciones que es algo que por ley tienen derecho los trabajadores de la educación, pero esto no ocurre en Baja California Sur.
Subrayó que participan en este movimiento 13 de los 16 secretarios delegacionales del SNTE en Los Cabos, que representan a un buen número de maestros quienes se han sumado a estas movilizaciones y esperan que en la marcha que partirá de la colonia Chamizal se unan gente de la zona Norte y Cabo San Lucas por lo que esperan una asistencia de más de 300 maestros.
Por su parte, Ramón Díaz, auxiliar de la coordinación 04 del SNTE, puntualizó que están conscientes de la responsabilidad y seriedad que como magisterio tienen y para ellos es verdaderamente penoso tener que sacrificar horas frente a grupo y que los alumnos estén en otras actividades en lugar de recibir la instrucción, pero a la vez, apuntó, no entienden las conductas de los responsables en educación en el estado, en primer lugar y en segundo de los encargados de garantizar la salud a los distintos sectores de la población en este caso en referencia a la clínica del Issste que no se esfuerzan por mejorar las condiciones de atención de los ciudadanos.
Pidió la comprensión de los padres de familia ante esta situación laboral y al declararse en paro laboral indefinido al considerar que las autoridades estatales han adoptado vicios de gobiernos anteriores y continúan violando los derechos laborales económicos y asistenciales que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los detienen; ¡después los liberan!
En las gráficas se aprecia el instante en que Luis Armando Díaz, Guillermo Jáuregui y Héctor Ibarra ingresan a los juzgados para rendir su declaración como acusados. / El Sudcaliforniano
La Paz, Baja California Sur.- Luis Armando Díaz, excandidato del Partido de la Revolución Democrática -PRD- a la gubernatura del estado y exsecretario general de gobierno, en la administración de Narciso Agúndez Montaño, fue aprehendido la noche del día 30 de noviembre de 2011 por elementos de la Policía Ministerial del Estado destacamentados en San José del Cabo, Baja California Sur y trasladado al Centro de Inserción Social -CERESO- de esta capital y puesto a disposición de la licenciada Rosario del Carmen Palacios Montaño, juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal.
Es presunto responsable por el delito de Incumplimiento de un Deber Legal, consistente en $76,200,000.00 pesos, quebranto patrimonial en agravio del gobierno del estado que al parecer no ingresaron a la Secretaría de Finanzas del Gobierno.
La mañana de ayer, en esta ciudad elementos aprehensores ejercitaron acción penal contra Guillermo Jáuregui Moreno, de 57 años de edad, exsecretario de Planeación Urbana y Ecología del exgobernador Narciso Agúndez Montaño, presunto responsable por el mismo delito, por la venta de siete lotes de terrenos ubicados en El Pedregal de Cabo San Lucas, Baja California Sur,
Horas después fue aprehendido en esta capital José Guadalupe Ibarra Espinoza, ex oficial mayor, en la administración de Narciso Agúndez Montaño y excandidato del Partido Acción Nacional -PAN- a la presidencia municipal de La Paz.
Los dos últimos ingresaron al Centro de Inserción Social -CERESO- de esta ciudad la mañana de ayer y fueron puestos a disposición de la Juez de la causa penal número 261/2011.
La denuncia en contra de los ahora inculpados fue interpuesta por el arquitecto José Refugio Carrillo Sánchez, director del Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de Tierra del actual Gobierno del Estado de Baja California Sur, por la enajenación de siete bienes inmuebles, ubicados en el fraccionamiento denominado El Pedregal ubicado en la ciudad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos. Dichos inmuebles en el año 2007 fueron licitados con un valor de $76 millones 200 mil pesos, a favor de la empresa Las Veredas de San José S. de R. L. de C. V., licitación que después de casi tres años, no se realizó la operación.
El artículo 148 fracción V de Código Penal a la letra dice: "Comete el delito de incumplimiento de un Deber Legal y se le aplicará la misma pena del artículo anterior, cualquier servidor público que: Fracción V incurra dolosamente, con motivo de sus funciones, en omisiones que produzcan daño a una persona o una ventaja indebida a los interesados en un negocio cualquiera".
Artículo 147 "Se impondrá de uno a seis años de prisión a los servidores públicos que, en perjuicio de particulares, en razón de sus funciones y con los medios o la autoridad que éstas les otorguen, incurran en los siguientes abusos".
Ayer a las 15:00 horas los tres presuntos responsables rindieron sus respectivas declaración preparatoria ante la juez de la causa. Porque el delito no es grave, los inculpados obtuvieron su libertad ayer mismo tras el depósito en efectivo de una fianza por la cantidad de 17 mil 888 pesos con 50 centavos a cada uno.
Vestidos de amarillo que es el color del uniforme del centro penitenciario, minutos antes de las 15:00 horas, Luis Armando Díaz, Guillermo Jáuregui Moreno y José Guadalupe Ibarra Espinoza, fueron sacados del penal y subidos a una camioneta tipo panel fuertemente custodiada por elementos del Centro y trasladados al Juzgado Tercero Penal, cuyas oficinas se ubican sobre la calzada Luis Donaldo Colosio Murrieta entre la calle México y Antonio Álvarez Rico, a un costado del CERESO.
Libres bajo fianza por $17,888.00 pesos
Los indiciados salieron ayer mismo del CERESO por el pago de una fianza por la cantidad de $17,888.50 pesos cada uno. Fotos: José Luis Villafuerte. / El Sudcaliforniano
La Paz, Baja California Sur.- Ayer a las 20:05 horas abandonaron el Centro de Reinserción Social -CERESO- de esta ciudad: Luis Armando Díaz, ex Secretario General de Gobierno, ex candidato del PRD a la gubernatura del Estado y actual funcionario municipal del Ayuntamiento de Los Cabos cuyo primer edil es Antonio Agúndez Montaño, hermano del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño.
Héctor José Guadalupe Ibarra Espinoza, ex Oficial Mayor de gobierno y ex candidato del PAN a la presidencia municipal de La Paz y Guillermo Jáuregui Moreno, ex Secretario de Planeación Urbana y Ecología, con Narciso Agúndez Montaño, tras depositar fianza por la cantidad de $17,888.50 pesos en efectivo, alcanzaron la calle a las 20:05 minutos donde numerosos amigos y familiares los esperaban.
Los tres son presuntos responsables por el delito de Incumplimiento de un Deber Legal, en perjuicio del gobierno del Estado por la cantidad de $76,200,000.00 pesos, por la venta de siete lotes de terrenos ubicados en el Pedregal de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Luis Armando Díaz, fue detenido a las 20:00 horas aproximadamente del día 30 de noviembre de 2011 en San José del Cabo, B.C.S., donde radica actualmente, pues es funcionario de la administración municipal de Antonio Agúndez Montaño, hermano de Narciso Agúndez Montaño, ex gobernador del Estado, quien por cierto existe una orden de aprehensión en su contra por el mismo delito.
El ex gobernante anda libre toda vez que alguien le dio el "Soplón" y se amparó contra los actos de la Procuraduría que lo acusa por el citado delito.
Cabe señalar que la fianza fue baja, toda vez que el delito no fue acreditado por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, prueba de ello la Juez, no consideró la reparación del daño que venía siendo los 76 millones 200 mil pesos.
Impuso la caución tomando en cuenta los 150 días de salario mínimo, que sumaron los 7 mil 888 pesos con 50 centavos y 10 mil pesos, de obligaciones procesales y posibles multas.
... Y el gobernador descarta que la detención tenga tintes políticos
La Paz, Baja California Sur.- El gobernador Marcos Covarrubias descartó la posibilidad de que se politice el asunto de la detención del excandidato a la gubernatura de la alianza PRD-PT y exalcalde de Los Cabos Luis Armando Díaz, del excandidato a la presidencia municipal de La Paz por la alianza PAN-PRS Héctor Ibarra Espinoza y del exsecretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología en el sexenio de Narciso Agúndez, Guillermo Jáuregui Moreno, una vez que las autoridades están actuando "con estricto apego a derecho".
Entrevistado antes del inicio del desayuno que el gobierno del estado ofreció a las secretarías con motivo de la celebración de su día, el jefe del Ejecutivo recordó que desde el inicio de la administración le pidió tanto a la Procuraduría de Justicia como a la Contraloría, que se apegaran totalmente a derecho.
"Tenemos confianza de que la Procuraduría está actuando conforme a derecho", recalcó.
Unos minutos antes, el secretario general del Gobierno Armando Martínez Vega explicó que estas detenciones están relacionadas con el asunto de terrenos de Los Cabos; recalcó que nada tiene que ver con cuestiones de revanchismo político sino que se trata de una cuestión estrictamente legal.
No descartó la posibilidad de que resulten más implicados y detenidos, aunque aclaró que esta información la dará a conocer en su momento la Procuraduría.
Gobierno local es respetuoso de la ley
El alcalde cabeño dio por inaugurado el programa "Imagina Los Cabos". / El Sudcaliforniano
Los Cabos, Baja California Sur.- Debido a la detención del director de desarrollo Social, Luis Armando Díaz, que se realizó el día miércoles por la noche en la cabecera municipal, el alcalde cabeño José Antonio Agúndez Montaño habló ante los medios locales sobre dicha situación sobre su funcionario de la XI administración. "Yo retomó las palabras del gobernador en donde manifiesta que esto no tiene tintes políticos, que todo es apegado a la ley", sostuvo el jefe de gobierno local.
El munícipe cabeño declaró que no le gustaría pensar que "derivado a lo que ha venido pasando en el Congreso sobre la solicitud del préstamo, se turnara en ese sentido o algo político, no quisiera pensar que también por la reunión que tuvimos los 4 alcaldes y las peticiones al propio gobernador, se buscará esto".
"No quisiera pensar tampoco que derivado a los próximos procesos se dé esta situación, tengo confianza en Luis Armando, tengo confianza en su trabajo, hasta donde tenemos conocimiento, no se hizo el procedimiento de la detención como debiera ser, ya que eran vehículos sin placas, polarizados, sin ninguna normatividad"
Agúndez Montaño agregó: "vamos a estar pendientes y lo que sí le pediría al procurador, a quienes tiene la decisión de la procuración de justicia en el estado, que se apegue a la ley para que se salga cualquier inquietud, el gobierno de Los Cabos siempre será respetuoso, continuará trabajando buscando

References: artículo 148
 Artículo 20
 Artículo 20
 Artículo 20
 artículo 148

Artículo 147