Source: http://radiocoapatv.com/Radioacoapatv/Reflexiones_%28II%29/Entradas/2013/8/10_Arturo_Alcalde_Justiniani_III.html
Timestamp: 2019-04-26 06:30:37+00:00

Document:
¡Oh, figuras del atrio, más humildes... ￼
La complicidad gubernamental no ha sido privativa del PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) cuando estuvo en el poder asumió una actitud similar; basta recordar cómo Vicente Fox, siendo presidente, dejó colgado a Francisco Barrio, entonces contralor federal, cuando éste anunció que caerían “peces gordos” al tener en sus manos acreditada la entrega de 500 millones de pesos del líder petrolero al candidato presidencial priísta, Francisco Labastida. Simplemente se le paró en seco, en un acto que definió la política a seguir por el gobierno foxista de plena connivencia con las prácticas corruptas que había prometido erradicar. Ahora, de nuevo en la oposición, el PAN propone suprimir los cargos que tiene el sindicato petrolero en el consejo de administración de Pemex, como si con esta medida pudiera favorecer el saneamiento al que renunció cuando tuvo posibilidad de hacerlo.
Si observamos las constantes negativas del sindicato para someterse a la ley de transparencia vigente, en relación a los múltiples recursos que recibe de la empresa, presentados de distintas maneras: subsidios, apoyos para eventos, incluso préstamos sin intereses, confirmamos que la negativa inicial a brindar la información proviene de la propia empresa petrolera que otorga los recursos y no del sindicato, aunque sea éste el que haga el trabajo sucio de enredar los procedimientos para sustraerse de una obligación elemental: informar sobre el destino de los recursos públicos entregados para un determinado fin. Por ello, con toda razón, el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), Gerardo Laveaga, reclama como un punto central en la agenda nacional el tema de la transparencia sindical y su compañero, el comisionado Ángel Trinidad Saldívar, denuncia la resistencia del sindicato de Pemex a someterse a las reglas mínimas de transparencia. En una frase definió tal actitud: “Tiro por viaje, piden amparos”.
La iniciativa de Felipe Calderón para reformar la ley laboral en 2012 planteó crear el régimen de subcontratación mediante el cual, el patrón denominado “contratista”, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores en favor de un contratante que fija las tareas de las obras contratadas. Calderón, de manera irresponsable y atrapado por la camarilla que lo asesoraba en estos temas, estableció tan solo dos condiciones para autorizar esta forma de suministro de personal: que el contrato fuese por escrito y que se registrara a los trabajadores en el régimen de seguridad social, nada más. Con esta propuesta se habría dado manga ancha a abusos aún mayores de los existentes, convirtiendo un régimen de excepción en regla general. Se habría roto con un principio de protección elemental con consecuencias incalculables.
El Congreso de la Unión aprobó, en su artículo 15 A, tres requisitos para admitir este régimen de contratación especial, a saber: la subcontratación no puede abarcar la totalidad de las actividades, debe justificarse por su carácter especializado y no puede comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. La disposición es clara: “De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se entenderá como patrón para todos los efectos de esta ley”. En otro artículo, el 15D, se establece también que no se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales.
Próximamente se cumplirán 20 años de la firma de los Acuerdos Laboral y Ambiental, paralelos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscritos por los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos de América. En su tiempo, septiembre de 1993, su firma respondió a la presión y movilización de organismos laborales, ambientales y de la sociedad civil en los tres países, aunque con mayor énfasis en Estados Unidos. El gobierno demócrata de Clinton buscaba reducir la oposición al TLCAN y adquirió por ello una serie de compromisos con las organizaciones y grupos sociales, para intentar atemperar los efectos económicos y ambientales provocados por la apertura comercial.
Veinte años después conviene tener presentes los principios básicos del Acuerdo de Colaboración Laboral de América del Norte (ACLAN), destacando por su importancia tres, ya que de su cumplimiento depende en gran medida la eficacia de los demás. El primero está relacionado con “el derecho de los trabajadores, ejercido libremente y sin impedimentos, para instituir organizaciones y unirse a ellas por elección propia”. El segundo busca “la protección del derecho de los trabajadores organizados a negociar libremente, en forma colectiva, los términos y condiciones del empleo”. Y conforme al tercero, los países firmantes se comprometen a “proporcionar a los trabajadores migratorios en territorio de cualquiera de las partes la misma protección legal que a sus nacionales, respecto de las condiciones de trabajo”.
Podemos voltear al pasado para confirmar este encubrimiento. En la reforma universitaria que elevó a rango constitucional la autonomía en 1980 y en su ley reglamentaria, se establecieron criterios en materia de ingreso, promoción y permanencia del personal académico y restricciones para impedir la existencia de sindicatos por rama de actividad. En los años 90-93, junto con la reforma que creó el Instituto Federal Electoral y su ley reglamentaria se introdujeron normas laborales orientadas a impedir que existieran trabajadores con estabilidad laboral y sindicatos, e incluso se otorgó a un tribunal electoral facultades para impartir justicia en materia de trabajo. En la creación de diversos organismos autónomos se siguió una línea similar, siempre bajo la premisa de que era necesario restringir los derechos laborales para lograr eficiencia en las instituciones. La reciente reforma educativa es un ejemplo más.
Esta tendencia de introducir reformas laborales “por la puerta de atrás” se hace evidente en la iniciativa de ley de fecha 8 de mayo de 2013, propuesta por el Ejecutivo federal, dentro del llamado paquete financiero, la cual plantea reformar distintas leyes relacionadas con la banca de desarrollo. El artículo tercero transitorio de esta propuesta financiera excluye explícitamente a los llamados trabajadores de confianza de la norma que hoy los regula, denominada “Condiciones generales de trabajo”. Señala expresamente que sólo se respetarán los derechos adquiridos de aquéllos que hayan venido laborando hasta la fecha de entrada de la nueva ley, no los futuros. El alcance de esta cancelación de derechos logra percibirse vinculándola con otras disposiciones, que en una especie de modelo para armar demuestran la existencia de un nuevo esquema de relaciones de trabajo en el que prevalece una línea de imposición unilateral de condiciones laborales, la ampliación de la subcontratación y la supresión de reglas de bilateralidad básica que da a los sindicatos posibilidades de negociación.
Las relaciones laborales en la banca de desarrollo se rigen por la fracción XIII bis del apartado B del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria contenida en tan sólo 17 artículos. El más importante de ellos, que contempla la participación de los sindicatos, pretende ser suprimido por la iniciativa financiera. Se trata del último párrafo del artículo tercero, que a la letra dice: “En la formulación, aplicación y actualización del Catálogo general de puestos de la institución participarán conjuntamente ésta y el sindicato. En los puestos de confianza el sindicato participará para los efectos previstos en el párrafo anterior”. En esta norma está sustentada la participación de los sindicatos del sector para representar y defender a los trabajadores de base, ya que en el Catálogo se incluyen puestos y funciones, así como consecuentes referentes salariales, lo cual está vinculado con las reglas de ingreso y promoción. Suprimirlo como propone la iniciativa significa excluir a los sindicatos de este proceso, incluyendo el deslinde entre trabajadores de base y confianza, lo que en la práctica es fundamental, precisamente por la tendencia de ir suprimiendo los puestos de base que cuentan con estabilidad en el empleo y con las prestaciones y seguridad social propias del sector, construyendo una especie de mundo al revés, en el que los puestos de base que deberían constituir la regla general se convierten en excepción.
La iniciativa presidencial propone sustituir este artículo con un texto que hace referencia al artículo 43 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, convirtiéndola en una ley laboral paralela a partir de diversas consideraciones contenidas en la exposición de motivos. La primera, en la que considera que el actual modelo constituye “una limitante para ampliar el financiamiento de la banca de desarrollo hacia nuevos sectores y operaciones”; la segunda se refiere al concepto que define al personal de confianza como aquel que “desempeña trabajos técnicos calificados con especialización en sus diversas funciones”, lo cual, en un entorno de carácter financiero, significa que prácticamente todos los trabajadores serían de confianza.
El modelo se va prefigurando cuando se observan las nuevas facultades a los consejos directivos de las instituciones en la contratación de terceros para la operación de algunas funciones de la institución. También se ve acompañado con las atribuciones desmedidas que se otorgan al llamado “Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional”, que decide unilateralmente, para todo el personal, estructura salarial, ascensos, movimientos de selección de personal, criterios de despido y definición de las prestaciones económicas y de seguridad social. Este comité está integrado esencialmente por funcionarios designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En la banca de desarrollo, a diferencia de otros sectores, existen sindicatos democráticos y representativos, que durante muchos años han demostrado su capacidad de participar responsablemente en el buen funcionamiento de sus instituciones; ellos deben ser un referente fundamental para el diseño de estas normas en una perspectiva distinta, partiendo de la consideración de que una nueva orientación de la banca pública para vincularla con el desarrollo económico del país debe ser compatible con un esquema de respeto a los derechos laborales y el pleno ejercicio de las formas colectivas de representación y negociación.
¿Ya recibiste tu reparto de utilidades?
Hace seis meses se anunció con bombo y platillo la primera reforma calificada de “estructural”, una nueva Ley Federal del Trabajo que generaría, según sus promotores, más empleos –hasta un millón, llegaron a afirmar–, mejoras al salario, control de los excesos en la subcontratación, fortalecimiento de la justicia laboral y avances en materia de transparencia, democracia sindical y negociación colectiva auténtica. Las evaluaciones sobre el desempeño de esta nueva legislación demuestran que en ninguno de estos objetivos se ha avanzado. En todo caso, su efecto más evidente ha consistido en abaratar los despidos injustificados, al reducir sensiblemente el pago de los salarios caídos.
El empleo, según reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se mantiene esencialmente igual; la ocupación estable no crece, pero sí el sector informal. Queda claro que este tema fundamental no depende de una ley laboral que reduzca los derechos de los trabajadores, sino de la orientación general de la política económica.
El salario no ha sido objeto de la mejora prometida. Continuamos con un salario mínimo vergonzoso, del orden de 65 pesos diarios, de los más bajos del mundo. Atendiendo a los datos del Inegi, 37 por ciento de la población ocupada se ubica en un rango de hasta dos salarios mínimos; incluso el número de trabajadores en el nivel mayor a cinco ha ido decreciendo, hoy es tan sólo 7.4 por ciento.
La subcontratación u outsourcing avanza con ímpetu depredador, sin que la obligación fiscalizadora del Estado se haga presente; por el contrario, se consiente en la práctica a través de diversas políticas públicas, entre ellas, las vinculadas a los temas fiscal y presupuestal. La nueva ley laboral creó el artículo 15 a, que establece un conjunto de condiciones que deberán cumplirse de manera integral para permitir el régimen de subcontratación: “No podrá abarcar la totalidad de las actividades que se desarrollan en un centro de trabajo, deberá justificarse por su carácter especializado y no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante”. Todo esto ha quedado en letra muerta.
En la etapa final del proceso legislativo de noviembre del 2012, las limitaciones a la subcontratación inquietaron al sector del empresariado que abusa de esta figura, especialmente las llamadas “empresas de servicios”, que abiertamente subcontratan a todo su personal para evitar, entre otros, el pago de reparto de utilidades. Enviaron representantes al Congreso para solicitar un tiempo de espera que les permitiera ajustar sus sistemas de trabajo y de contratación a las nuevas exigencias. Su solicitud no fue atendida; finalmente, los empresarios optaron por simplemente ignorar la ley, confiando en la complicidad gubernamental.
El número de empresas que han optado por calificarse a sí mismas como “de servicios”, configurando un auténtico fraude, es gigantesco y opera en todas las ramas de actividad. Al igual que muchos otros negocios, en los próximos días dejarán de cubrir 10 por ciento de las utilidades generadas que legalmente corresponden a sus trabajadores, incluidas las sucursales o establecimientos obligados por un nuevo artículo de la ley, el 127 IV bis.
Este mes, tan sólo un puñado de trabajadores recibirá el pago de utilidades que les pertenece y las empresas se apropiarán de miles de millones de pesos gracias a diversos actos de simulación. Ello explica los estallidos de rebeldía obrera en varios centros laborales. En días pasados los trabajadores de Honda, en El Salto, Jalisco, realizaron un paro laboral obligando a esta trasnacional a negociar una compensación por este concepto; esta semana presenciamos otro conflicto en la mina de San Francisco del Oro, Chihuahua, por el mismo motivo. Se trata de un derecho laboral en proceso de extinción, muestra clara del extendido grado de indefensión obrera y la renuncia del gobierno a su responsabilidad de hacer cumplir la ley.
La nueva ley laboral estableció reglas de transparencia que obligan a las juntas de Conciliación y Arbitraje a informar sobre el registro de los sindicatos y el contenido de los contratos colectivos depositados. Esta obligación ha sido también ignorada, especialmente por los tribunales laborales en las entidades federativas; siguen guardando como secreto de Estado estos documentos para beneficiar mediante los contratos colectivos de protección patronal a las empresas y sindicatos que actúan al margen de la voluntad de los trabajadores.
La nueva legislación no consideró un viejo reclamo consistente en transformar el sistema de justicia laboral, con el fin de que fuese adscrito al Poder Judicial, y así convertirse en un árbitro confiable; sin embargo, incluyó algunos cambios, entre ellos, la creación de un sistema de formación, capacitación y actualización del personal jurídico y el Servicio Profesional de Carrera, que deberá regular las reglas de ingreso, promoción y permanencia de dicho personal, así como su desarrollo profesional. El primero está programado para que entre en vigor a partir del primer día de junio del 2013; el segundo, al iniciar enero de 2014.
Hasta ahora, las juntas de Conciliación y Arbitraje no han dado los pasos necesarios para cumplir por diversos motivos con estos planes de profesionalización. El primero deriva de la carencia de recursos presupuestales, pues las entidades que los autorizan soslayan la importancia de estos tribunales; también influyen la resistencia al cambio, los bajos salarios de su personal, la ausencia de capacitación y la excesiva restricción de horarios en el servicio. Como siempre los gobiernos dejan los temas laborales al final.
Una nueva política laboral y salarial en favor de los trabajadores sigue siendo una agenda pendiente. Más allá de leyes, si no hay voluntad política no cambiarán las cosas.
El modelo laboral mexicano es considerado uno de los más viciados y corruptos del mundo. En la medida en que más se le conoce, genera críticas crecientes tanto a nivel interno como externo. Por un lado, carece de un sistema imparcial de justicia, ya que en las juntas de Conciliación y Arbitraje prevalece la voluntad del representante del Ejecutivo federal o local; también impide la libertad de asociación y la organización democrática de los trabajadores, pues se ejerce sobre ellos un férreo control por parte de los empleadores con apoyo del Estado. A la vista de todos, en la mayor parte de los sindicatos se pagan cuotas de protección para mantener inmovilizados a los asalariados, produciendo una casta de delincuentes, mal llamados líderes sindicales, cuya misión es someterlos a toda costa. Tan sólo un reducido número de organizaciones subsisten contra viento y marea luchando por que cambien las reglas para que el sindicalismo decente pueda desarrollarse.
El Convenio 98 plantea su esencia en dos artículos iniciales; en el primero establece que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. El segundo, protege a las organizaciones en su constitución, funcionamiento o administración. Su segundo párrafo parece diseñado para nuestro país: “Se consideran actos de injerencia las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores”.
La UACM retoma su camino
La historia del conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) es contraria a la campaña de desprestigio promovida desde distintos medios de comunicación que señalan que hay tres causas que lo originan: un intento de control político externo por grupos de izquierda, la resistencia a transitar hacia un modelo académico de calidad y el hecho de que el gobierno de la ciudad, “violando la autonomía universitaria”, haya reconocido el rectorado interino del doctor Enrique Dussel.
La UACM nace hace 11 años, sustentada en un modelo académico alternativo. Se plantea un enfoque diferente a la escuela tradicional, con la intención de responder a un estudiantado injustamente excluido; centra la labor educativa en el aprendizaje, más que en la simple obtención de calificaciones aprobatorias. Es falso que se omitieran sistemas de evaluación o certificación, si bien, éstos buscan ajustarse a las características del modelo que intenta propiciar la autonomía del propio estudiante y el acompañamiento de su formación. Como todo en la vida, las intenciones y las realidades suelen no encontrarse del todo; por ello, la crítica y la revisión de estos modelos deben ser constantes, sobre todo porque transitan a contracorriente de comportamientos tradicionales sustentados, por ejemplo, en las clásicas tareas y exámenes.
Concluida la administración del primer rector y fundador, ingeniero Manuel Pérez Rocha, en agosto de 2010, arribó a este cargo la doctora Esther Orozco, científica de prestigio innegable, quien, acompañada del segundo Consejo Universitario, inició su gestión con apoyo sobresaliente del orden de 80 por ciento de dichos consejeros. Más allá de alguna oposición, su llegada generó la esperanza de lograr consolidar la vida institucional de la universidad y dar cauce a propuestas diversas de cambio; sin embargo, muy pronto se hizo evidente una notoria incapacidad para concertar de manera prudente y tolerante el proceso de construcción que requería la UACM. La expectativa inicial se fue cancelando en la medida en que su administración otorgaba excesiva prioridad a promover descalificaciones al rector Pérez Rocha y a lograr el reconocimiento externo sobre la base de denostar los avances logrados; quizá la crítica más dura se centra en el constante enfrentamiento con todos aquellos que no se plegaron de manera subordinada a su posición y a la utilización de medios de presión mediante el despido y sanciones por conducto de la contraloría interna.
La rectora poco a poco fue perdiendo sus apoyos originales, al incurrir en errores que la enfrentaban sin sentido a sectores que no eran sus contrarios pero que su administración trataba como tales; uno de ellos fue la organización gremial que desde su nacimiento tuvo un comportamiento institucional centrado en sus tareas sustantivas. Absurdamente la rectoría le declaró la guerra buscando, entre otros medios, promover disidencias en su seno y privarlo de su patrimonio.
La administración de Orozco, confiada en el apoyo gubernamental, incurrió en otro yerro: promover un cambio en la Ley Orgánica de la Universidad, por conducto de la Asamblea Legislativa, pretendiendo que le otorgara facultades para contratar personal de confianza sin límites y otros renglones que no habían sido previamente consensuados, incluida su posible relección. Una rápida reacción de la comunidad universitaria inhibió este intento.
A esta suma de errores se acumuló uno más. Con objeto de lograr apoyos externos y crecientemente enfrentada en lo interno, la rectora optó por denunciar, sin matices, el modelo educativo de la UACM, calificándolo de fraude educativo, sin reconocer los claroscuros del proceso y sus avances, por ejemplo, la existencia de personal académico de calidad, abiertamente comprometido con el proyecto y los logros de la propia experiencia educativa.
Al llegar la elección del tercer Consejo Universitario, en mayo del 2012, se encontraba la administración orozquista muy enfrentada con la comunidad universitaria. Así, el apoyo de 80 por ciento de los consejeros bajó a 35 por ciento; de los 55 registrados, 33 formaban parte de la corriente crítica a su gestión. Ante esta situación, se generó el conflicto electoral. El consejo encargado de la elección no reconoció el triunfo de nueve planillas ganadoras y se otorgó la victoria a otras que habían obtenido terceros y cuartos lugares; todo para no perder el control de la mayoría. Los absurdos argumentos para anular a los críticos explican por qué, meses después, la comisión conciliadora, integrada por el gobierno de la ciudad, la comisión local de Derechos Humanos y la Asamblea Legislativa, ratificó una composición mayoritaria en favor de la corriente crítica.
En la etapa final, la administración orozquista se inclinó nuevamente por desconocer los acuerdos que había suscrito con la Comisión Tripartita de Conciliación. Declarada en franca rebeldía, ordenó suspender en sus funciones a diversos integrantes del Consejo Universitario, privándolos incluso del pago de sus salarios e iniciándoles colectivamente procedimientos de despido. El gobierno local no tuvo más alternativa que reconocer la legalidad del Consejo Universitario, integrado por la mayoría, conforme a las normas vigentes en la institución. Fue este Consejo y no el Gobierno del Distrito Federal el que designó rector al doctor Enrique Dussel, quien, con prudencia y decisión, ha logrado en pocos días rencauzar la vida institucional con un tono conciliador, hasta que esta casa de estudios retome su camino.
Usted mismo lo ha señalado: llega a la universidad “con espíritu de servicio, no de autoridad, porque la violencia y el autoritarismo impiden una conclusión racional”. Su presencia logrará, sin duda, reducir las diferencias mediante de un esfuerzo conciliador, que supone escuchar entre los sectores los diferentes puntos de vista.
Al revocar la decisión del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, la Corte sostuvo que se actualizó una causa de “fuerza mayor” que dio motivo a la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, afirmando que dicha causa fue precisamente el decreto de extinción de LFC, emitido por Felipe Calderón el 11 de octubre de 2009. Por lo visto, ahora la fuerza mayor ya no es un factor externo e involuntario como se había entendido siempre. También deja de tener vigencia la ley laboral que señala que la “fuerza mayor” no debe ser imputable al patrón. Ahora el Ejecutivo federal se considerará patrón sólo cuando convenga.
El segundo tribunal colegiado había sostenido –con razón– que no se había actualizado una causa de “fuerza mayor”, en virtud de que en los propios considerandos del decreto de extinción se había señalado con toda claridad que el motivo era de carácter económico, por lo que, atendiendo a lo señalado en el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo, debió desahogarse otro tipo de procedimiento para definir la situación laboral. Este incluye el análisis previo de la autoridad y el cumplimiento de las reglas propias de un conflicto colectivo de naturaleza económica, esto es, a través de un dictamen que pudiera definir cuáles son los cambios que requiere el centro de trabajo.
Si el gobierno federal hubiera actuado con responsabilidad y apego a la ley, debió primero cumplir con los requisitos que se le imponían. Sin embargo, optó por ignorar la norma y prefirió el golpe espectacular, confiando en que los trabajadores aceptarían en el corto plazo sus liquidaciones, y con ello, obtendría un “triunfo” político para la administración calderonista por decidida y valiente. Otra finalidad de la que poco se habla se refiere a las enormes ganancias generadas mediante la participación de grandes empresas privadas, quienes en el caso de CFE, asumieron vía subcontratación el jugoso negocio que dejaba la entidad extinguida (LFC). Basta observar la degradación de las relaciones de trabajo y las gigantescas ganancias transferidas por la vía de la adjudicación directa a empresarios privados que realizan esas labores, especialmente en el centro del país. No hay ningún indicio serio de modernización en el sector, como lo argumentó el gobierno sino, por el contrario, una complacencia creciente a los vicios y corruptelas que envuelven hoy en día, a la Comisión Federal de Electricidad y a su sindicato. Ello demuestra que el discurso modernizador fue falso, como lo ha sido la privatización de la banca, de los ingenios azucareros, de las carreteras y de las aerolíneas.
Por otro lado, resultó extraño que la Corte hubiese admitido la revisión de la sentencia dictada por el tribunal colegiado que había dado la razón a los trabajadores en una resolución impecable, fundada en la ley y en los criterios de la propia Corte. Era evidente que el máximo tribunal no debió admitir la revisión del caso, pues se trataba de un tema de estricta legalidad y no de interpretación constitucional. Fue necesario forzar tanto la argumentación que el presidente de la Corte, al admitir el recurso el 29 de octubre de 2012, alegó que la decisión de dicho tribunal colegiado se refirió a un contexto constitucional, al tenor del cual implícitamente se abordó la problemática relativa a la terminación de las relaciones colectivas e individuales de trabajo. Este criterio tan amplio, fundado en referencias de contexto y de implicaciones implícitas, contrasta con el sostenido por la propia Corte meses atrás, con motivo de la revisión solicitada por el sindicato nacional minero, a partir de que un tribunal colegiado, había decidido por mayoría avalar también por causas de “fuerza mayor” la terminación de la huelga, el contrato colectivo y las relaciones individuales de trabajo de la empresa minera Cananea. La Corte, en ese caso, no aceptó la revisión y las causas de “fuerza mayor” quedaron en ridículo días después, cuando esta empresa minera abrió sus puertas, con otro sindicato de corte cetemista y en condiciones de trabajo sensiblemente inferiores.
En este entorno de contradicción y simulaciones, las revisiones salariales y contractuales –que se concentran básicamente en los dos primeros meses del año– son fuente de frustración y encono, molestia que se verá agravada semanas después, cuando a la mayoría de los trabajadores se les niegue la prestación del reparto de utilidades; buena parte de las empresas acuden al fraude de la subcontratación generalizada encubriéndose en la figura jurídica de “empresas de servicios”, que supuestamente subcontratan a la totalidad del personal y con ello eluden el pago de esta prestación. Está por verse en qué momento el gobierno hará valer la nueva Ley Federal del Trabajo, que prohíbe expresamente esta megasubcontratación. La obligación gubernamental será llevar a cabo por lo pronto inspecciones en las empresas que acuden a la subcontratación, para confirmar si respetan o no las nuevas disposiciones legales.
¿Sabía usted que tan sólo en cinco años el gobierno federal ha asegurado a la delincuencia organizada doscientos cuarenta y tres mil bienes, entre ellos, aeronaves, embarcaciones, vehículos y dos mil inmuebles? ¿Se imagina lo que podría lograrse sí dichos bienes fuesen utilizados para crear fuentes de trabajo, centros educativos, apoyos para jóvenes y para beneficio de las víctimas de la delincuencia?
Un elemento clave para la formación de Libera fueron los asesinatos, en 1992, de los jueces “antimafia” Giovanni Falconi y Paolo Borselino. Ciotti señala que este atentado hizo sentir la urgencia de transformar la indignación en acción.
Las palabras del fundador de Libera definen su pensamiento: “El derecho a la seguridad es fundamental, pero los primeros que tienen ese derecho son los últimos de la fila: los más pobres. Entonces la seguridad es antes que nada, la salud, la educación, la casa, el trabajo; esta es la primera seguridad que nos merecemos y la primera defensa frente a la inseguridad, es la verdad”.
Arturo Alcalde Justiniani III
Arturo Alcalde Justiniani (II)

References: artículo 15
 artículo 123
 artículo 43
 artículo 15
 artículo 434
 resolución