Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2017s/se201732022.html
Timestamp: 2019-03-18 17:51:05+00:00

Document:
se201732022
SENTENCIA Nº 22/2017
EXPEDIENTE : 273/2015
DEMANDANTE : Pedro Eracleo Plata Rojas
RESOLUCIÓN IMPUGNADA : RJ AGIT RJ 1202/2015 de 21/07/2015
La demanda contenciosa administrativa de fs. 30 a 36 vta., interpuesta por Pedro Erácleo Plata Rojas, en la que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1202/2015 de 21 de julio, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), la contestación de fs. 65 a 69 vta., escrito del tercero interesado de fs. 46 a 47, réplica de fs. 116 a 117 y dúplica de fs. 121 a 122 vta., los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada; y,
I.1.Antecedentes de hecho de la demanda
Que, el Control Operativo Aduanero Regional Oruro (COA-RORU) emitió el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0622/2013 de 27 de agosto, correspondiente al operativo realizado en inmediaciones de la rotonda del Saninco de la ciudad de Oruro, denominado caso FUMADOR; iniciado el proceso administrativo por contrabando contravencional, el 23 de octubre de 2013, con la notificación de dicha Acta de Intervención a Pedro Erácleo Plata Rojas; recién el 24 de diciembre de 2014, se practica la diligencia de notificación con la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC Nº 2364/2014 de esa misma fecha 24 de diciembre de 2014, pronunciada por el Administrador interino de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional.
En alzada, la Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LP), mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0373/2015 de 27 de abril de 2015, revoca totalmente la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC Nº 2364/2014 y deja sin efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARORU-C-0622/2013.
Formulado el recurso jerárquico por la Administración Aduanera, el Director Ejecutivo General interino de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), pronuncia la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1202/2015 de 21 de julio, anulando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0373/2015, con reposición hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Acta de Intervención Contravencional inclusive.
La Administración de Aduana interior Oruro, al momento de formular su recurso jerárquico, argumentó que: a) Una factura no constituye un documento aduanero que acredite la legal importación de la mercancía comisada, porque contraviene lo previsto por el numeral 8 Presentación de Descargos del Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías; b) Es deber de la Aduana verificar si la mercancía fue legalmente importada y no comprada, porque las facturas únicamente demuestran que existió la transacción financiera, no el pago de tributos aduaneros y amparar la importación de la mercancía con la Declaración Única de Importación (DUI); c) El Acta de Intervención Contravencional cumple lo previsto por los arts. 96, 186 y 187 de la Ley 2492, Código Tributario (CTb), no hay vulneración al debido proceso y la documentación presentada como descargo fue debidamente evaluada en el Informe Técnico AN-GROHR-SPCC-IT Nº 1164/2014; y, d) Durante el proceso se actuó de conformidad con lo establecido en los arts. 99.II del CTb, 19 del DS 27310, que Reglamenta del CTb y a la resolución de Directorio RD Nº 01-005-13.
En el contexto de lo expresado por la administración aduanera como agravio, resulta necesario considerar la jurisprudencia aplicable al caso concreto, contenida en la Sentencia 380/2013 pronunciada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que en un caso análogo al tratarse de una mercancía amparada por la factura de adquisición que se encontraba en una de las cajas comisadas, precisó que: i) Corresponde verificar si la conducta se adecúa a las conductas consideradas contrabando y por ende si correspondía el comiso definitivo de la mercancía y en ese marco, el art. 181 inc. 6) del CTb, establece que constituye contrabando realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o disposiciones especiales; y respecto a los tributos, prevé que cuando valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menos a 200.000 Unidades de Fomento de Vivienda (UFV’s), la conducta se considera contravención Tributaria; ii) El art. 2.I del Decreto Supremo (DS) 708 de 27 de noviembre de 2010, –que reglamenta la Ley 37 de 10 de agosto de 2010 y modifica el Reglamento de la Ley 1990 denominada Ley General de Aduanas (LGA) aprobado mediante DS 25879 de 11 de agosto de 2000, establece claramente que el traslado interno, interprovincial e interdepartamental de mercancías nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de la autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías de importación; y, que las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas interdepartamental o interprovincialmente y que cuente con la factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), presentada en el momento del operativo, no serán objeto de comiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero (COA); y, iii) En ese operativo denominado Grafitis, la factura original de adquisición legal de la mercancía se encontraba en una de las cajas, y se interpretó que pese a que la factura no fue visible al momento del operativo, la conducta, no podía considerarse contrabando, todo con base al principio de verdad material.
En ese marco, al anular obrados hasta el vicio más antiguo, la AGIT incurre en inobservancia del principio de congruencia, por cuanto fundamenta su decisión de anular obrados hasta el vicio más antiguo, con base a aspectos no observados ni reclamados por ninguna de las partes, en consecuencia, resulta un fallo ultra petita; así, la parte pertinente de la Sentencia Constitucional 0468/2010-R de 5 de julio, respecto a la congruencia como principio característico del debido proceso, refiere a que en el ámbito procesal debe ser entendido como la concordancia que debe existir entre lo peticionado por las partes y lo resuelto por las autoridades, velando así por una estricta correspondencia entre la petición, lo considerado o analizado y la decisión asumida.
Finalmente, la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1202/2015, que anula la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0373/2015 pese a estar debidamente respaldada en fundamentos técnicos jurídicos acorde a los hechos acontecidos en el proceso contravencional, resulta injusto, ilógico e irracional, por cuanto conforme se tiene explicado, la legalidad de la mercancía trasladada es indubitable y la administración tributaria incurre en vulneración de los derechos al debido proceso y al trabajo consagrados en los art. 115.II y 47.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
El demandante, solicita que se declare probada la demanda interpuesta contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1202/2015 de 21 de julio, y mantenga firme y subsistente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0373/2015 de 27 de abril, disponiendo la devolución de las mercancías por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional.
Daney David Valdivia Coria, en representación legal de la AGIT, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda con memorial presentado el 11 de febrero de 2016 vía fax, que cursa en original de fs. 65 a 69, señalando:
Conforme a lo dispuesto por el art. 36.II de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), aplicable supletoriamente, de la revisión de antecedentes, la autoridad jerárquica evidenció que el 27 de agosto de 2013, efectivos del COA Oruro, elaboraron un Acta de Comiso OR Nº 00004438, por el comiso preventivo de 330 cajas de cigarrillos marca “FOX LH”, haciendo constar que al momento de la intervención, se presentó la Factura Comercial Nº 110 de la empresa Import-Export “Cofermant” a nombre de Pedro Eracleo Plata Rojas y la fotocopia legalizada de la DUI C-13025.
El 23 de octubre de 2013, la Administración Aduanera notificó al demandante el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0622/2013, haciendo constar las circunstancias descritas en el Acta de Comiso y reiterando que el conductor presentó la Factura Comercial Nº 110 y la DUI C-13025, presumiendo la comisión de contrabando contravencional previsto en el art. 181 inc. b) del CTb; otorgó el plazo de 3 días para presentar descargos; el Informe Técnico AN GROGR-ORUOI SPCC-IT Nº 1164/2014 de 17 de diciembre de 2014, concluye que la mercancía correspondiente a la totalidad de los ítems descritos en el Cuadro de Valoración OROUI-VA 084/2014 y en el Acta de Inventario de la mercancía decomisada, no se encuentra amparada; finalmente, el 24 de diciembre de 2014, se notifica a Pedro Eracleo Plata Rojas, con la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC Nº 2364/2014 de esa misma fecha, pronunciada por el Administrador interino de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, autoridad que declara probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía.
La Factura Comercial Nº 110, no coincide con el importador de la DUI, además la cantidad declarada en la DUI, es inferior a la descrita en la Factura Comercial, en consecuencia no existe factura de compra verificable conforme prevé el art. 2.I del DS 708 de 27 de noviembre de 2010, –que reglamenta la Ley 37 de 10 de agosto de 2010 y modifica el Reglamento de la Ley 1990 denominada Ley General de Aduanas, aprobado mediante DS 25879 de 11 de agosto de 2000.
El demandante presentó la factura comercial en el momento del operativo, por lo que la administración aduanera tenía la obligación de verificar con la información del SIN, si el contenido de la nota fiscal cumplía los requisitos establecidos en la norma tributaria (art. 2 y 4 inc. a) de la Ley 843); además, si bien en la Resolución Sancionatoria se aclara que la factura se encuentra debidamente registrada y no contiene campos alterados, corregidos y/o modificados, según consta en antecedentes, no es menos cierto que este aspecto no fue tomado en cuenta al momento de emitir el Acta de Intervención Contravencional; la administración aduanera omite verificar la factura comercial presentada en el operativo antes de iniciar el proceso sancionador de contrabando, situación que vulnera los derechos del sujeto pasivo al debido proceso y a la defensa, y la autoridad tributaria al anular obrados hasta el vicio más antiguo, únicamente está velando por los derechos del sujeto pasivo y tampoco existe dilación alguna por cuanto la resolución jerárquica, se emitió dentro del plazo previsto al efecto.
II.1.Petitorio
La AGIT solicita que se declare improbada la demanda interpuesta por Pedro Eracleo Plata Rojas, manteniendo firme y subsistente el Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1202/2015 de 21 de julio.
III.1. El 27 de agosto de 2013, el COA Oruro, emite el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0622/2013, correspondiente al operativo denominado FUMADOR, que concluye con la presunción de la comisión de contrabando contravencional.
El 23 de octubre de 2013, se inicia el proceso administrativo por contrabando, con la notificación a Pedro Eracleo Plata Rojas, con el Acta de Intervención COARORU-C-0622/2013; el 4 de noviembre de ese mismo año, el ahora demandante, peticiona la nulidad de la notificación con el Acta de Intervención por contener dicha Acta incongruencias con relación al número de cajas de cigarrillos, por cuanto en la relación de los hechos se consignan 300 cajas, luego en la descripción de la mercancía, 334 cajas; y, en el Acta de Comiso Nº 4438, descripción de la mercancía 330 cajas.
El 14 de noviembre de 2013, la administración aduanera Oruro, declara no ha lugar la solicitud, aclarando que debe hacer valer su pretensión de nulidad a través de los recursos de impugnación, citando el art. 35 de la LPA; el 29 de enero de 2014, reitera la nulidad mediante un incidente de nulidad; el 27 de marzo de ese mismo año, peticiona la devolución del vehículo; el mismo día solicita la devolución de la mercancía ofreciendo prueba de reciente obtención previo juramento respectivo de 20 de abril de 2014, prueba consistente en fotocopia legalizada de la DUI C-47930; al efecto, consta en antecedentes la certificación de la Agencia Despachante de Aduana MUNDIAL Ltda., que refiere al proceso de reorganización administrativa, que dificultó la emisión de la DUI requerida oportunamente por el interesado, empero mediante Auto Administrativo AN GROGR ORUOI SPCC 1086/2014 de 13 de mayo, la administración aduanera interior Oruro, considera por no demostrada que la omisión no fue por causa propia, aclara que tenía 3 días para presentar la documental después de la notificación con el Acta de Intervención y por tanto tiene por no presentado el documento.
El 24 de diciembre de 2014, se practica la diligencia de notificación al ahora demandante, con la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC Nº 2364/2014 de 24 de diciembre, pronunciada por el Administrador interino de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional.
En alzada, la Directora Ejecutiva Regional Interina de la ARIT La Paz, mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0373/2015 de 27 de abril, revoca totalmente la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC Nº 2364/2014 y deja sin efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARORU-C-0622/2013, concluyendo básicamente que la Factura Comercial Nº 110 de Import-Export Cofermant de 23 de agosto de 2013, establece que Pedro Eracleo Plata Rojas adquiere 330 cajas de cigarrillos marca Fox Lh; y, por su parte el Acta de Comiso, consigna de igual forma 330 cajas de cigarrillos de la marca Fox Lh, la Factura Comercial Nº 110 y la fotocopia legalizada de la DUI C-13025; aclarando que no corresponde verificar el legal ingreso de la mercancía a territorio nacional, sino la compra venta interna de la misma.
Formulado el recurso jerárquico por la Administración Aduanera, el Director Ejecutivo General interino de la AGIT, pronuncia la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1202/2015 de 21 de julio, anulando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0373/2015, con reposición hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Acta de Intervención Contravencional inclusive.
III.2. La demanda contenciosa administrativa es interpuesta por Pedro Eracleo Plata Rojas, el 14 de octubre de 2015, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1202/2015 de 21 de julio, pronunciada por la AGIT, notificada al demandante el 24 de julio de 2015; la AGIT presenta la contestación y se notifica al tercero interesado; presentación de réplica y duplica; sin apersonamiento del tercero interesado, se decreta autos para sentencia. En el curso del presente proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento señalado por los arts. 781 y 354-II y III del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975) y el Código Procesal Civil (CPC), conforme a lo establecido por la los arts. 2.2. y 4 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014.
En autos, la controversia se circunscribe a determinar si la AGIT incurrió en violación de lo dispuesto en el Código Tributario, el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías, bajo el argumento expuesto por el sujeto pasivo en sentido de que la Administración Tributaria anuló obrados hasta el vicio más antiguo por considerar que existen observaciones al Acta de Intervención Contravencional que implican vulneración de derechos al debido proceso y defensa; sin considerar la legalidad de la mercancía amparada por la Factura Comercial y DUI presentados a momento de la intervención, y más aún, el tiempo transcurrido entre el operativo (27 de agosto de 2013) y la notificación con la Resolución Sancionatoria de Contrabando (24 de diciembre de 2014).
El art. 74 del CTb, establece que los procedimientos tributarios de sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las ramas específicas del derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria, así en los principios del derecho administrativo previstos en dicho código y solo a falta expresa se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa.
El art. 180 de la CPE, prevé que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio de verdad material; por su parte, el art. 200 de la Ley 3092 (Tìtulo V del CTb), en cuanto a los recursos administrativos, establece que responderán, además de los principios descritos en el art. 4 de la Ley 2341 denominada Ley de Procedimiento Administrativo, al principio de oficialidad o de impulso de oficio y que la finalidad de dichos recursos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos.
Además, en cuanto al debido proceso consagrado en el art. 115.II de la CPE en sus elementos configurativos defensa, y motivación y fundamentación de las decisiones judiciales o administrativas, el art. 211.I de Título V del CTb, expresa que las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la pronuncia y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; así como el derecho a una justicia pronta y oportuna, directamente vinculadas a la tutela judicial efectiva.
A efectos de análisis de la presente problemática sometida ante la jurisdicción contenciosa administrativa, resulta necesario referirnos a uno de los principios más importantes inherentes a la administración de justicia, como es el principio de verdad material, según el cual la autoridad judicial o administrativa al momento de resolver una controversia sometida a su competencia y aplicar su sana crítica, deben verificar plenamente los hechos en los que motiva y fundamenta sus decisiones, y para ello deben valorar todos los medios probatorios ofrecidos o que constan en antecedentes e inclusive, cuando resulten insuficientes, recabar los necesarios a efectos de averiguación de la verdad objetiva de lo acontecido y consolidación del valor justica a momento de aplicar la normativa pertinente al caso concreto.
Por su parte, se debe considerar el entendimiento jurisprudencial desarrollado por Sala Plena de este Tribunal en la Sentencia 238/2013 de 5 de julio, respecto al principio de verdad material, que establece: “...el principio de verdad material, que rige en los procedimientos administrativos y las resoluciones que de ellas emanen, en la acción contencioso administrativa está regida también por el principio dispositivo, sin que ello signifique que las formas rituales no deban impedir aflorar la verdad, dado que ésta debe ser la columna vertebral de la decisión judicial. Esta verdad a momento de impartir justicia debe llegar mediante la decisión libre del accionante a través de una exposición clara de su demanda y pretensión; si llega mediante la utilización de un mecanismo autoritario-judicial, tanto la verdad como la igualdad resultan dañadas, y este daño sellaría la suerte de la justicia del caso, no siendo coherente y justo resolver así, por cuanto cualquier sistema que desfasa el principio de imparcialidad del juzgador basado en el autoritarismo se encuentra condenado anteladamente al fracaso y un apego literal a la norma que dote al juzgador de facultades extraordinarias, dejaría al proceso judicial sin la ecuanimidad de uno de sus sujetos procesales imprescindibles, cual es el Juez como tercero o como árbitro mediador de una contienda”.
Resulta también necesario referirnos al principio de conservación de los actos, inherente también a la jurisdicción administrativa en la que prevalece el informalismo en resguardo de los principios de celeridad, economía procesal, verdad material y conservación de los actos; el art. 105 y 106 del CPC, determinan que ningún acto o trámite será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la ley, además, que el acto es inválido cuando carece de requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y que será válido cuando a pesar de su irregularidad, con él se cumpla el objeto procesal al que estaba destinado, salvo en caso de existir indefensión; de ello se infiere que la nulidad de oficio se encuentra vinculada a las infracciones que interesan al orden público en resguardo del derecho al debido proceso en su elemento defensa; concordante con el art. 17.I de la Ley 025 del Órgano Judicial (LOJ) que establece que la revisión de las actuaciones procesales de oficio se limita a aquellos asuntos previstos por ley, siendo taxativo en cuanto a las nulidades, razón por la que con base a dicha normativa, resulta inviable la nulidad por la nulidad misma, y exige a las autoridades judiciales, realizar un análisis con base a los principios rectores del proceso y velar por la conservación de los actos; en consecuencia, en caso de no verificar la existencia de una situación de orden público o indefensión, la nulidad de las actuaciones procesales no tendrá sustento legal.
Por su parte, con relación a las pruebas, el art. 81 del citado CTb, determina que las mismas serán apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica; y, el art. 98, que la oportunidad de presentación de descargos es una vez practicada la notificación con el Acta de Intervención, por el lapso de 3 días hábiles administrativos.
El art. 2.I del DS 708, en cuanto al traslado interno de mercancías, es claro al establecer que el traslado interno, interprovincial e interdepartamental de mercancías nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de la autorización de levante, deberá ser respaldada por la declaración de mercancía de importación; y, en caso de mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente, y que cuenten con la respectiva factura de compra verificable con la información del SIN, presentada a momento del operativo no serán objeto de comiso por parte del COA.
De acuerdo al marco normativo y jurisprudencial citado precedentemente, y de la relación de antecedentes administrativos descritos, se concluye que es evidente que la administración tributaria debe pronunciar sus decisiones con base a los principios de verdad material, justicia pronta y oportuna como única forma de resguardar el valor justicia que todo procesamiento que genera una sanción exige y todo ello dentro del respeto al debido proceso y sus elementos constitutivos.
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en alzada y mediante la valoración de los antecedentes y la prueba ofrecida por Pedro Eracleo Plata Rojas ahora demandante, ha verificado y concluido que la mercancía estaba debidamente amparada con la documentación de respaldo consiste en la DUI C-13025 vinculada a la Factura Comercial Nº 110 de la empresa Import-Export Cofermant –conforme se tiene detallado en los Antecedentes Administrativos de la presente Sentencia–, aplicando además el principio de verdad material y conservación de los actos, por cuanto la Administración Aduanera omitió la valoración de dicha la prueba.
Efectivamente Pedro Eracleo Plata Rojas, observó el contenido del Acta de Intervención COARORU-C-0622/2013, en inclusive el 4 de noviembre de 2013, solicitó la nulidad de la notificación con la misma por contener dicha Acta incongruencias con relación al número de cajas de cigarrillos, por cuanto en la relación de los hechos se consignan 300 cajas, luego en la descripción de la mercancía, 334 cajas; y, en el Acta de Comiso Nº 4438, se describen 330 cajas; sin embargo, el proceso se desarrolló con esa deficiencia; empero, conforme se sostiene en alzada, la referida Factura Comercial coincide con el Acta de Comiso, al describir la mercancía en 330 cajas de cigarrillos marca Fox Lh de procedencia extranjera, compra venta realizada por el demandante Pedro Eracleo Plata Rojas.
En ese contexto, al tratarse de un traslado de mercancía interno, en territorio nacional de mercancía nacionalizada, al momento del operativo, la administración aduanera, únicamente debe verificar la compra interna de la mercancía, no así el ingreso a territorio nacional, tal es así que verificada la factura en el SIN del sistema informático SIDUNEA++ de la Aduana Nacional, constató que la nota fiscal estaba debidamente registrada y que sus campos no fueron alterados, corregidos o modificados, conforme se hace constar en el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCCC-IT Nº 1164/2014 de la administración tributaria aduanera.
Consecuentemente, en alzada únicamente se procedió a velar por el cumplimiento del debido proceso, la observancia de los principios de verdad material y de conservación de los actos, asegurando la averiguación de la verdad objetiva de lo acontecido; actuar en contrario, y declarar una nulidad de actos procesales que no fue reclamada, sin que exista indefensión de las partes, implica la vulneración al debido proceso, justicia pronta y oportuna, y la inobservancia de los principios citados.
Finalmente, con relación a la justicia pronta y oportuna que reclama el demandante, es evidente que entre el operativo del COA Oruro que se efectiviza el 27 de agosto de 2013, a la notificación con la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC Nº 2364/2014 que se practica el 24 de diciembre de 2014, ha transcurrido más de un año sin que exista pronunciamiento alguno sobre la legalidad o no de la mercancía.
Por lo expuesto, éste Tribunal Supremo de Justicia, concluye que la autoridad demandada, al momento de pronunciar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1202/2015 de 21 de julio, realizó una interpretación incorrecta de la normativa y principios aplicable a los antecedentes del proceso.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 2.2 y 4 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014 y lo dispuesto por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, declara PROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 30 a 36 vta., dejando sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1202/2015 de 21 de julio, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria; y, en consecuencia, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0373/2015 de 27 de abril, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.
Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada, y sea con nota de atención.

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