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Timestamp: 2017-10-24 09:23:07+00:00

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DERECHO Y PROCESO: 2009
El ejercicio de la jurisdicción en cuanto poder - deber del Estado destinado a la solución de conflictos jurídicamente relevantes, lleva implícita la facultad de hacer ejecutar lo juzgado. Este principio aparece recogido por el artículo 76 inciso 1° CPR y reproducido en el artículo 1 COT. Se trata, entonces, de una facultad genérica aplicable a todo tipo de procedimiento, supuesto el hecho, que la resolución a ejecutar se encuentre firme y ejecutoriada, ya que la ejecutabilidad es consecuencia de la cosa juzgada.
El punto de partida habitual para explicar la teoría general del proceso nace en destacar el carácter autónomo del derecho procesal respecto del derecho sustantivo. Más precisamente, dicha autonomía nace de la separación existente entre el concepto de acción y el derecho sustantivo pretendido por el litigante. Ello transforma al proceso en un mecanismo destinado a que el tribunal dirima, a través de los medios de prueba legal, si los supuestos fácticos de la pretensión o la contrapretensión deducidas tienen o no un correlato en el derecho sustantivo. El proceso así entendido tiene un carácter esencialmente controversial, pues la incertidumbre del derecho discutido no podrá sino ser resuelta hasta la declaración contenida en la sentencia de término.
El procedimiento civil de ejecución no es en su origen consecuencia de la cosa juzgada, sino del reconocimiento que el propio legislador otorga a ciertos documentos escritos que les atribuye el carácter de título ejecutivo, esto es, que llevan implícita una presunción simplemente legal de reconocimiento de un derecho, más específicamente, de reconocimiento de un crédito.
A partir de esta presunción simplemente legal el acreedor, denominado procesalmente ejecutante, se encuentra facultado para exigir el cumplimiento de la prestación de dar, hacer o no hacer que da cuenta el título indubitado en su inicio. Por su parte, el deudor, procesalmente, ejecutado, tiene derecho a oponerse a la ejecución justamente por el carácter de presunción simplemente legal que envuelve al título ejecutivo. Sin embargo, esta oposición tiene un carácter restrictivo, porque en modo alguno este procedimiento civil especial se asemeja al procedimiento ordinario de carácter declarativo en el que la certeza respecto de la existencia de una obligación sólo se alcanza al término del proceso.
En forma paralela a la posible oposición del deudor, el proceso de ejecución desarrolla a partir de la admisibilidad inicial del título ejecutivo un procedimiento cautelar (de embargo o de apremio) destinado a obtener el embargo de especies del ejecutado, a fin de concretar la ejecución en el caso de ser ésta finalmente procedente. Dada la importancia del embargo en cuanto acto jurídico cautelar, se encuentra protegido civil y penalmente. En el primer caso, mediante la ilicitud de la enajenación de los bienes embargados (Art. 1464 N°3 CC) y, en el segundo, a través del tipo de depositario alzado (Artículo 466 CP)
Ambos procedimiento se encuentran intrínsecamente vinculados, de modo tal que las actuaciones verificadas en uno siempre tendrán efectos en el otro.
Por ende, la particular naturaleza del procedimiento civil de ejecución no sólo se desprende de su contradictoriedad limitada a causa de la presunción que envuelve al título ejecutivo, sino además, de su procedimiento cautelar anexo que, por lo menos desde un punto de vista práctico, resulta ser el más relevante para la satisfacción efectiva de la prestación ejecutada.
en octubre 08, 2009 15 comentarios: Enlaces a esta entrada
Los abogados se encuentran regulados en el título XV del Código Orgánico de Tribunales. El artículo 520 de este cuerpo de normas los define, señalando que son personas revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender ante los Tribunales de Justicia los derechos de las partes litigantes.
La definición legal dada coincide con la función original que motivó la existencia de los abogados. Sin embargo, aquélla no es la única. En efecto, si bien no constituyen funcionarios auxiliares de la administración de justicia, por lo menos no en la forma en que los aborda el Código Orgánico, son poderosos coadyuvantes a ella y, hoy por hoy, constituyen, además, la profesión base para el desempeño de diversas otras actividades, tales como: la de juez, notario, parlamentario, diplomático, corredor de propiedades, fiscal del ministerio público, defensor penal público o licitado, jefe de servicios públicos, asesor de empresas, docente universitario, profesional independiente, etc.
En consecuencia, el abogado es un profesional universitario con conocimientos en las diversas disciplinas que conforman el Derecho y dotado de las habilidades necesarias para resolver conflictos de diversa naturaleza a partir de la aplicación de la normativa jurídica vigente.
La definición del artículo 520 del Código Orgánico de Tribunales señala que son personas revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender los derechos de las partes. Esta referencia de la ley a la autoridad competente se justifica porque el título de abogado es entregado en Chile por la Corte Suprema en una audiencia pública en tribunal pleno, una vez que el licenciado de ciencias jurídicas acredite el cumplimiento de los requisitos legales, a saber: a) ser chileno o extranjero residente que haya cursado la totalidad de los estudios de Derecho en Chile; b) tener, a lo menos, veinte años de edad; c) tener el grado de licenciado en ciencias jurídicas otorgado por una universidad, en conformidad a la ley; d) no haber sido condenado ni estar actualmente acusado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva; e) acreditar antecedentes de buena conducta (se exige la declaración de dos testigos de conducta en la oficina de juramentos de la Corte Suprema, extracto de filiación, certificado de antecedentes universitario y cualquier otro antecedente que pudiera pedirse, en su caso); y f) haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional por seis meses en las Corporaciones de Asistencia Judicial, salvo que el postulante se hubiere desempeñado en el escalafón de empleados del Poder Judicial durante, a lo menos, cinco años.
El origen de la profesión de abogado se encuentra vinculada en occidente a los oradores políticos de Atenas quienes también se abocaron en un momento determinado a defender los derechos de los particulares ante los órganos jurisdiccionales de la polis griega.
El desarrollo más importante de esta profesión se produce, sin embargo, en la antigua Roma. Inicialmente, la defensa de los derechos de terceros constituía uno de los atributos de los patronos, más precisamente, respecto de la persona y bienes del esclavo del patrono. Con el devenir del tiempo nacen los arengadores que actuaban ante los tribunales de justicia defendiendo los derechos de otros y los advogados encargados del desarrollo de los procesos a ellos confiados. Estos últimos constituyeron el origen de los actuales procuradores.
Durante la Revolución francesa por razones de orden filosófico - político quiso eliminarse la profesión de abogado y la de procurador, pero el peso de la tradición y la necesidad obligaron a mantener ambas funciones hasta nuestros días.
Es por ello que la profesión de abogado se vincula esencialmente al contrato de patrocinio y la existencia del procurador a la del contrato de mandato judicial. Ambos no son sinónimos, aunque en la práctica, un abogado puede ejercer los dos a la vez o delegar en un procurador el mandato judicial.
En otro orden de ideas, en la actualidad la profesión de abogado atraviesa por una etapa compleja a raíz de la multiplicación de universidades que comenzaron a impartir esta carrera a partir del año 1980.
El escenario se encuentra conformado por un fuerte cuestionamiento a la excelencia académica de algunos planteles y conlleva la preocupación respecto de las reales posibilidades de colocación laboral del gran número de abogados que hoy se titulan. Sin perjuicio de las políticas públicas de regulación educacional que se echan de menos en Chile y que son aplicadas con éxito en otros países, lo cierto es que, la profesión enfrenta hoy dos nuevos desafíos: la especialización de los nuevos abogados en determinadas áreas del Derecho y la profundización de conocimientos y destrezas por la vía de los estudios de post grado. En la medida que estos dos aspectos puedan llevarse a la práctica será posible morigerar, en parte, los efectos de un campo ocupacional fuertemente agresivo y competitivo como el que existe actualmente.
en octubre 07, 2009 28 comentarios: Enlaces a esta entrada
Del sistema de confianzas entre los operadores del sistema procesal penal.
A pesar de los diversos cuestionamientos de que ha sido objeto por parte de la doctrina nacional, el procedimiento abreviado junto al simplificado, se han consolidado, con claridad, como parte importante del eje central utilizado por los operadores del sistema procesal para poner término al proceso penal. Lo anterior no constituye una afirmación; por el contrario, es una constatación abrumadoramente revelada por las estadísticas oficiales.
Se ha cuestionado por los detractores del procedimiento abreviado que su existencia pone en cuestionamiento las bases mismas del nuevo proceso penal, ya que en la génesis del modelo, se estableció como principio fundante del mismo, la resolución de los conflictos penales, a través de un mecanismo respetuoso de un justo y racional procedimiento, entiendo por tal, la realización del juicio oral, público y contradictorio.
Si bien es cierto, en teoría, el riesgo que involucra el procedimiento abreviado es una realidad que no puede ignorarse, el contrapeso que ha evitado la degradación del sistema se vincula con aspectos de gestión y con méritos procesales de sus operadores.
En cuanto al primero de los aspectos mencionados, desde un inicio de la discusión del sistema procesal penal, quedó bien en claro que el nuevo modelo de enjuiciamiento penal debía contener válvulas de descongestión, a objeto de facilitar su fluidez y evitar el colapso del juicio como único medio de la resolución del conflicto, defectos que ya se habían observados en otros modelos americanos. En este contexto, no cabe duda que el procedimiento abreviado contribuye en forma intensa a atenuar el impacto de que podrían ser objeto los tribunales del juicio oral en lo penal.
Dicho en otros términos, lo que asegura la ley a todo imputado es su derecho a exigir la realización del juicio oral, lo que no significa, necesariamente, que se lleve a efecto si, analizadas las circunstancias del caso concreto, resulta más rápido e incluso más conveniente, terminar el proceso de un modo diverso.
Lo que justifica la legitimidad del procedimiento abreviado y de todos los restantes mecanismos de descongestión procesal o equivalentes jurisdiccionales, guarda relación con los méritos procesales de los operadores del sistema. En ello radica el éxito de que el procedimiento abreviado haya contribuido a dar agilidad al proceso penal sin por ello sacrificar los derechos de los imputados.
Los méritos procesales de los operadores a los que se hace referencia guarda relación con la existencia de un Ministerio Público fuerte, pero a la vez, criterioso y respetuoso del principio de objetividad; con una Defensa Penal Pública independiente y respaldada funcional y económicamente por el Estado; con Jueces de Garantía atentos y dispuesto a velar por la vigencia de la normativa aplicable; y, por último, por la capacidad de los operadores del sistema para articular entre ellos nexos sensatos que permitan la sustentabilidad del modelo.
Como hemos visto, en lo que va de la vigencia del Código Procesal Penal, el procedimiento abreviado constituye un elemento importante en la estrategia de litigación de las partes. Con ello se quiere significar que, el contenido virtuoso del mismo, está dado más que por su regulación dogmática, por el buen uso que de él se ha dado hasta ahora. Eso ha llevado a que la Defensa suela no considerarlo un obstáculo en su camino sino, por el contrario, una opción interesante que, en caso alguno, excluye la posibilidad del juicio cuando exista la certeza relativa que su resultado pudiese ser más beneficioso para el imputado.
La lógica negociacional que precede todo procedimiento abreviado encuentra su respaldo en el sistema de confianzas recíprocas de los intervinientes al que ya nos hemos referido. Sin duda que éste es un aspecto novedoso del modelo, pues significó traer a la vida, nuevamente, el valor de la palabra empeñada, una práctica cultural por desgracia olvidada desde hace ya muchos años.
El sistema de confianzas en el proceso penal es, a no dudarlo, un tema que, por si mismo, podría servir de base para un amplio estudio. Desde luego, comprende diferentes ámbitos y, en varios de ellos, también involucra al Juez de Garantía. En la materia que nos ocupa, por ahora conformémonos con decir que constituye el acuerdo privado entre los intervinientes mediante el cual se somete a conocimiento del tribunal una convención propositiva atingente a la resolución de un conflicto penal. El desconocimiento de alguno de los términos del acuerdo por parte de un interviniente llevará aparejado el descrédito institucional del infractor y le ocasionará consecuencias adversas insospechadas para el futuro.
Sin embargo, es necesario advertir que este sistema de confianzas se ha ido gestando en forma improvisada como una necesidad de sobrevivencia de los operadores, esto es, a partir de una suerte de autorregulación. Por lo mismo, no se hace cargo del perjuicio causado en el caso concreto a un imputado, a quien no le han sido respetadas las bases de la negociación previa. Tampoco parece ser equivalente, por lo menos en todos los casos, la magnitud de la sanción que pudiere experimentar un fiscal y un defensor.
Supongamos, por ejemplo, que fiscal y defensor acuerdan proponer al Juez de Garantía un procedimiento abreviado en el que nadie cuestionará la calificación jurídica del hecho o alguna de las circunstancias modificatorias de responsabilidad invocadas. Supongamos que, formulada la acusación y hecha la aceptación por parte del imputado, el defensor decide desconocer el acuerdo y solicitar la absolución de su representado o invocar atenuantes no negociadas. Independientemente de la resolución del tribunal, esta actitud puede generar el descrédito institucional del abogado defensor y, entre otros efectos, la imposibilidad absoluta de que otro imputado al que defienda en el futuro pueda acceder a una solicitud de procedimiento abreviado por parte del Ministerio Público.
Lo anterior, en caso alguno, significa que la defensa o el fiscal deban asumir una actitud pasiva durante el procedimiento. De lo que se trata, en cambio, es que el debate deba estar transparentado antes de la audiencia en el tribunal.
En consecuencia, las partes deben mostrar sus cartas en forma previa de suerte tal que, si en algún punto no se ha llegado a acuerdo pleno, deberá explicitarse en las bases de la negociación que, ese punto en particular, será controvertido ante el juez. Una negociación así aceptada se legitima por completo y valida la proposición sometida al conocimiento del tribunal.
Podrá decirse que estos equilibrios de los cuales pende el adecuado funcionamiento del sistema son demasiado frágiles como para garantizar que el proceso penal no se pervierta. El asunto es que, precisamente, la adecuada marcha del procedimiento penal se encuentra vinculada en forma irremediable con las prácticas procesales de los operadores. Por eso no resulta caprichosa la afirmación de que estas prácticas a menudo conforman un segmento no menor de las fuentes indirectas del derecho procesal.
Por lo mismo, a causa de las particulares características del proceso penal, constituye un deber del Estado potenciar los órganos bajo su dependencia – directa o indirecta –, pues la degradación del modelo es más difícil reparar en sus alcances prácticos que en sus defectos dogmáticos ya que, en este último caso, bastará sólo con cambiar el texto de la ley.
en octubre 06, 2009 19 comentarios: Enlaces a esta entrada

References: artículo 76
 artículo 1
 resolución 
 artículo 520
 artículo 520
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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