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Timestamp: 2019-10-16 22:16:44+00:00

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﻿ Sentencia C-826 de noviembre 13 de 2013
SENTENCIA C-826 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, CONTROL INTERNO, CONTROL DISCIPPLINARIO Y EL CONTROL FISCAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FINALIDAD, FUNCIONES Y DIFERENCIAS. LA CREACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA RAMA EJECUTIVA, AL CONSIDERAR QUE SE AJUSTAN AL ARTÍCULO 209 DE LA CARTA POLÍTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN TÉRMINOS DE CALIDAD EN EL SERVICIO Y LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS COMO FINALIDAD DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO. A SU JUICIO, ADOPTAR EL SISTEMA INTERNACIONAL DE CALIDAD ISO 9000 EN LAS ENTIDADES ESTATALES, COLOMBIA SE ENCUENTRA EN ARMONÍA CON LAS CONDICIONES DE EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD QUE A NIVEL INTERNACIONAL SEÑALA LA CARTA IBEROAMERICANA DE CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTROL DISCIPLINARIO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CONTROL FISCAL, CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD PÚBLICA, SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Sentencia C-826 de noviembre 13 de 2013
Ref.: Expediente D-9623
A continuación se transcribe la norma demandada según publicación en el Diario Oficial 45.418 de 2 de enero de 2004:
Ver los artículos 2º y 10, Decreto Nacional 2623 de 2009
PAR. 2º—Cuando una entidad contrate externamente alguno de los procesos involucrados en el sistema de gestión de calidad, deberá asegurar la existencia de control de calidad sobre tales procesos.
Ver la Circular del DAFP 6 de 2005, Ver el Decreto Nacional 4295 de 2007
ART. 7º—Certificación de calidad. Reglamentado por el Decreto Nacional 2375 de 2006. Una vez implementado el sistema y cuando la entidad considere pertinente podrá certificar su sistema de gestión de la calidad con base en las normas internacionales de calidad.
PAR. 2º—Derogado por el artículo 276, Ley 1450 de 2011. Ninguna de las entidades de las diferentes ramas del poder público podrá contratar con un organismo externo el proceso de certificación del sistema de gestión de la calidad, cuando exista una entidad gubernamental de orden nacional con experiencia en este tipo de procesos de certificación.
ART. 9º—Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues las expresiones acusadas hacen parte de una ley, en este caso, de la Ley 872 de 2003.
2.1. Antes de entrar a definir el problema jurídico que debe resolver esta Corte, la Sala debe aclarar preliminarmente dos asuntos:
En segundo lugar, la Sala debe precisar que si bien el actor pretende demandar la totalidad de la Ley 872 de 2003, en su libelo dirige los cargos y argumentos esbozados exclusivamente en contra de los artículos 1º y 2º de la misma normativa, razón por la cual la Corte adelantará el análisis de constitucionalidad de fondo respecto de estos dos artículos acusados.
2.2. En este orden de ideas, el problema jurídico que debe resolverse en esta oportunidad, es si los artículos 1º y 2º de la Ley 872 de 2003 vulneran los artículos 209, 267, 268, 269 y 272 C.P., en cuanto hipotéticamente la creación del sistema de gestión de calidad no tendría fundamento constitucional, y suplantaría, se yuxtapondría o contradeciría los sistemas de control interno y de control fiscal consagrados en la Carta Política.
2.3. Para resolver este problema jurídico, la Sala analizará y reiterará muy sintéticamente su jurisprudencia en relación con (i) los principios que orientan la administración y gestión pública, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política; (ii) el control interno en las instituciones públicas y el control disciplinario; (iii) el control fiscal que ejerce la Contraloría General de la Nacional, de conformidad con los artículos 267 a 274 de la Constitución Política; y (iv) el análisis de las normas demandadas que crean el sistema de gestión de calidad.
3. Los principios constitucionales que orientan la administración y la gestión pública.
3.1. En cuanto a los principios de eficacia y eficiencia, la Corte ha afirmado en relación con el primero, que la eficacia está soportada en varios conceptos que se hallan dentro de la Constitución Política, especialmente “en el artículo 2º, al prever como uno de los fines esenciales del Estado el de garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución; en el 209 como principio de obligatorio acatamiento por quienes ejercen la función administrativa; en el 365 como uno de los objetivos en la prestación de los servicios públicos; en los artículos 256 numeral 4º, 268 numeral 2º, 277 numeral 5º y 343, relativos al control de gestión y resultados”(1). En este sentido, la Sala ha señalado que la eficacia constituye “una cualidad de la acción administrativa... en la que se expresa la vigencia del Estado social en el ámbito jurídico-administrativo”(2). Así mismo añade que “en definitiva, la eficacia es la traducción (...) de los deberes constitucionales positivos en que se concreta el valor superior de la igualdad derivado directamente de la nota o atributo de `socialidad´ del Estado”(3).
Por su parte, en lo que atañe al principio de eficiencia la jurisprudencia de este tribunal ha señalado que se trata de la máxima racionalidad de la relación costos-beneficios, de manera que la administración pública tiene el deber de maximizar el rendimiento o los resultados, con costos menores, por cuanto los recursos financieros de Hacienda, que tienden a limitados, deben ser bien planificados por el Estado para que tengan como fin satisfacer las necesidades prioritarias de la comunidad sin el despilfarro del gasto público. Lo anterior significa, que la eficiencia presupone que el Estado, por el interés general, está obligado a tener una planeación adecuada del gasto, y maximizar la relación costos-beneficios(4).
Así, esta Corte ha hecho referencia clara a la implementación del principio de eficacia, afirmando que este principio de la administración impone deberes y obligaciones a las autoridades para garantizar la adopción de medidas de prevención y atención de los ciudadanos del país, para garantizar su dignidad y el goce efectivo de sus derechos, especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, de la población carcelaria, de las víctimas de desastres naturales o del conflicto interno, población en estado de indigencia, de manera que en muchas ocasiones se ha ordenado a la administración pública la adopción de medidas necesarias que sean realmente eficaces para superar las crisis institucionales y humanitarias generadas por dichas situaciones, sin que para ello se presente como óbice argumentos de tipo presupuestal(5).
En este orden de ideas, es evidente para esta corporación que el principio de eficacia impide que las autoridades administrativas permanezcan inertes ante situaciones que involucren a los ciudadanos de manera negativa para sus derechos e intereses. Igualmente, que la eficacia de las medidas adoptadas por las autoridades debe ser un fin para las mismas, es decir, que existe la obligación de actuar por parte de la administración y hacer una real y efectiva ejecución de las medidas que se deban tomar en el caso que sea necesario, en armonía y de conformidad con el debido proceso administrativo(6).
En síntesis, esta Corte ha concluido que el logro de la efectividad de los derechos fundamentales por parte de la administración pública se basa en dos principios esenciales: el de eficacia y el de eficiencia. A este respecto ha señalado que la eficacia, hace relación “…al cumplimiento de las determinaciones de la administración” y la eficiencia a “…la elección de los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos”(7).En este sentido, ha sostenido que estos dos principios se orientan hacia “la verificación objetiva de la distribución y producción de bienes y servicios del Estado destinados a la consecución de los fines sociales propuestos por el Estado social de derecho. Por lo tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una infraestructura adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que permitan suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado administrativo de prestaciones”(8) (resalta la Sala).
3.2. En cuanto al principio de celeridad, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que éste implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente cubriendo las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en general(9).
3.3. Acerca del principio de moralidad en el ámbito de los deberes jurídicos de la administración pública, recuerda la Corte que el artículo 6º de la Constitución Política señala que “los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. Lo anterior, expresado con otras palabras, quiere significar que los servidores públicos están obligados a hacer solo lo que les está permitido por la ley, de manera que cuando hay omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones están sobrepasando lo que por orden constitucional les está permitido ejecutar. Los servidores y funcionarios públicos se comprometen a cumplir y defender la Constitución desempeñando lo que les ordena la ley, ejerciendo sus funciones de la forma prevista por la Carta, la ley y el reglamento, ya que ellos están al servicio del Estado y no de sus necesidades e intereses particulares, tal y como lo indican los artículos superiores 122-2 y 123-2(10), de manera que la aplicación de este principio es extensible a toda la actividad estatal, en virtud de los artículos 1º y 2º superiores(11).
El principio de moralidad en la administración pública cobija todas las actuaciones de los funcionarios del Estado y de los particulares que cumplen funciones públicas(12). La jurisprudencia constitucional ha puesto de relieve que en la Constitución se establecieron múltiples instrumentos encaminados a asegurar el respeto del principio de moralidad, en cuanto “el texto superior señala claros mandatos destinados a asegurar el cumplimiento transparente e imparcial de las funciones públicas (C.P., arts. 83, 122, 123, 124, 125, 126, 127,128, 291, 292), establece directamente un régimen de inhabilidades incompatibilidades y prohibiciones para el caso de los congresistas (arts. 179 a 186), así como para el caso del Presidente de la República (C.P., art. 197), los magistrados de la Corte Constitucional (C.P., arts. 240 y 245), del Consejo Nacional Electoral (C.P., art. 264), de los diputados (C.P., art. 299), y confiere al legislador competencia para establecer el de los demás servidores (C.P., arts. 123, 150-23, 253, 279, 293, 312), establece diferentes acciones y recursos para exigir el cumplimiento de las funciones públicas de acuerdo con la Constitución y la ley (C.P., arts. 87, 89, 92). Particular mención merece el establecimiento de la acción de repetición (art 90, inc. 2º) así como las acciones populares (C.P., art. 88) dentro de cuyo objeto se señala expresamente la defensa de la moralidad administrativa(13)”(14) (énfasis de la Corte).
3.4. Es de resaltar que la jurisprudencia en distintos pronunciamientos ha puesto de relieve que los preceptos constitucionales son compatibles con la modernización del Estado y de la administración pública:
Pero, claro está, ello únicamente puede hacerse partiendo de la plena observancia de los principios y disposiciones constitucionales, en especial de aquellos que reconocen los derechos fundamentales de la persona y los que corresponden de manera específica a los trabajadores”(15) (resalta la Sala).
“La legitimidad del Estado social de derecho radica, por un lado en el acceso y ejecución del poder en forma democrática, y por otro lado en su capacidad para resolver las dificultades sociales desde la perspectiva de la justicia social y el derecho, lo cual indudablemente depende de la capacidad del Estado para cumplir, de manera efectiva, con sus fines de servicio a la sociedad. De ahí pues, que los mandatos contenidos en los artículos 2º y 209 de la Constitución imponen a las autoridades la obligación de atender las necesidades, hacer efectivos los derechos de los administrados y asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales”(16) (resalta la Corte).
4. El control interno y control disciplinario.
4.1. Con el fin de desarrollar el artículo 209 de la Carta, las autoridades administrativas deben tener un control interno que debe basarse en los principios consagrados en ese mandato superior y en los términos establecidos por la ley, para así cumplir con los fines señalados por el Estado. Con este control interno se pretende garantizar que las entidades cumplan con sus deberes en beneficio de la comunidad, ya que es evidente que esta función administrativa debe ser ejercida por los empleados y trabajadores del Estado en todo el territorio nacional. Por lo tanto es competencia de la Nación que se garantice que la actividad de los funcionarios a su servicio se ajuste a lo establecido por la Constitución y la ley, lo cual está consagrado en el artículo 123 Superior, donde se señala que los servidores públicos están al servicio del Estado y la comunidad, y están sometidos a la Constitución, la ley y el reglamento(17).
La jurisprudencia de esta corporación ha destacado la importancia dada por la Constitución al sistema de control interno, haciendo una detallada y clara exposición de este tipo de control a la administración pública, catalogándolo, junto con las contralorías en el ámbito de sus competencias, como un instrumento de naturaleza gerencial de la mayor importancia dentro de la estrategia institucional con el fin de lograr un efectivo control de gestión y, por contera, de garantizar el cumplimiento de los objetivos superiores asignados a los diferentes órganos del poder público, los cuales se concretan en la realización material de los fines esenciales del Estado atendiendo precisamente a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, consagrados en el artículo 209 Superior(18).
Es importante recordar que este control interno es de primer grado, en tanto que el control fiscal es de segundo grado, pero que estos dos tipos de controles se articulan, por lo cual el control ejercido por las contralorías está condicionado por la eficacia que se dé en el control de primer grado al interior de las entidades estatales. En este sentido, en el artículo 269 C.P. el constituyente fue enfático al señalar que en el interior de las entidades debe haber un control de primer grado que es el interno: “ART. 269.—En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley...”.
“Este control es principalmente axiológico y finalista, pues propende por asegurar que la gestión institucional de todos los órganos del Estado, se oriente hacia la realización de los fines que constituyen su objetivo y, que ésta se realice con estricta sujeción a los principios constitucionales que guían el ejercicio de la función pública”(19) (énfasis de la Sala).
“(...) el control interno de gestión se encuentra encaminado a lograr la modernización de la administración pública y el mejoramiento de la capacidad de gestión de sus instituciones, tendiente a la consecución de mayores niveles de eficiencia en todos los órganos y entidades del Estado”(20).
4.2. De otra parte, pero en plena armonía con lo expuesto, es de precisar que como parte del control interno en las entidades públicas, en un primer momento se encuentra el control disciplinario, que es una pieza fundamental en la administración pública para que así se pueda garantizar que esta función sea ejercida teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad y en el mismo sentido proteger sus derechos y libertades(21). Por tal razón este derecho integra “todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, ya que los servidores públicos no sólo responden por la infracción a la Constitución y a las leyes sino también por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (C.P., art. 6º)”(22).
De esta manera es necesario aclarar que el control disciplinario se hace efectivo (i) cuando es ejercido por cada entidad que hace parte de la administración pública por su potestad sancionatoria, en este caso se habla de un control interno(23); y (ii) cuando es ejercido por la Procuraduría General de la Nación, este es un control externo previsto por la Constitución.
La Procuraduría General de la Nación es un organismo de control, independiente y autónomo, de carácter administrativo(24), por lo tanto está sujeta a los principios de orden constitucional que rigen la función administrativa, este organismo está al servicio de los intereses generales, por tal motivo se estableció que los controles realizados en cabeza de los funcionarios públicos, de conformidad con el artículo 209 superior se enmarquen dentro de los imperativos de “….la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad “mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”(25).
Concluye en este último punto la Corte que el derecho disciplinario tiene dos formas de expresarse, a través del control interno de las entidades del Estado, y a través del control externo que ejerce la Procuraduría General de la Nación, de manera que es parte de la forma jurídica como se ejerce el control del servicio público. En el derecho disciplinario se establecen los derechos, deberes, mandatos, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, de igual manera se determinan las sanciones y procedimientos de los empleados públicos(26). A este respecto, la jurisprudencia constitucional ha expresado que el derecho disciplinario “comprende el conjunto de normas, sustanciales y procedimentales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo”(27) (resalta la Sala)
4.3. Finalmente, es de mencionar el desarrollo legal en relación con el control interno, el cual se encuentra regulado tanto por la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, como por la Ley 489 de 1998, y del Decreto 1588 de 2005 se refieren al ejercicio de la función administrativa y al control interno.
En el artículo 2º se plasman los objetivos de la ley, mientras que el artículo 3º se señalan las características del control interno, entre las cuales se destaca que “d) La unidad de control interno, o quien haga sus veces, es la encargada de evaluar en forma independiente el sistema de control interno de la entidad y proponer al representante legal del respectivo organismo las recomendaciones para mejorarlo;…”. En el artículo 7º se consagra que este servicio se podrá contratar con empresas privadas colombianas.
(ii) El ejercicio de la función administrativa se encuentra también desarrollado en Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
Esta ley tiene como objeto, según lo estipulado en su artículo 1º, regular el ejercicio de la función administrativa, determinar la estructura y definir los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la administración pública.
En este decreto se señala además a quién corresponde establecer y desarrollar el sistema de control interno e indica que es el Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, el encargado de administrar y distribuir lo necesario para el diseño, desarrollo e implementación de cada uno de los elementos, componentes y subsistemas del modelo estándar de control interno, y la entidad de enlace para realizar, coordinar e implementar lo ordenado en la Ley 87 de 1993.
5. El control fiscal de la Contraloría General de la República y contralorías regionales.
5.1. El control fiscal por su parte es responsabilidad de la Contraloría General de la República y de las contralorías de las entidades territoriales según está estipulado en los artículos 267 a 274 de la Constitución Política. Ésta es una función pública en la cual los entes designados para ejercerla vigilan la gestión fiscal de los servidores públicos, al igual que la de los particulares que manejen o administren fondos o bienes de la Nación(28). Esta vigilancia fiscal incluye de conformidad con el artículo 267 C.P. “un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales”. Igualmente, es de señalar que el control fiscal “… se ha de realizar en forma posterior y selectiva, conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley”(29).
En el artículo 119 de la Carta se consagra que “La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración”, y en el artículo 117 C.P. se señala que la Contraloría General de la República es uno de los órganos de control de la Nación. Por tanto, es claro para la Corte que este es un control específico dado a la Contraloría, el cual, se reitera, es el de la vigilancia y control de la gestión fiscal y de resultados de la administración pública y de los particulares que manejen recursos públicos de la Nación(30).
La determinación de las funciones de este ente de control se encuentran consagradas en el artículo 268 C.P., el cual señala las siguientes: “a) prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación, e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse; b) revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado; c) exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación; y d) las demás que le señale la ley”(31); y para complementar y desarrollar lo anterior, el legislador en la Ley 42 de 1993(32) desarrolló los procedimientos, sistemas y principios del control fiscal.
5.2. El alcance normativo de las funciones constitucionales de la Contraloría General de la República han sido ampliamente analizadas por la jurisprudencia de esta Sala, quien ha fijado las reglas jurisprudenciales para una mejor interpretación de las normas superiores antes mencionadas(33), y ha destacado los siguientes aspectos:
(i) La relevancia y especial dimensión que ha tomado el control fiscal en la Constitución de 1991, dentro del marco del Estado social de derecho. En el nuevo paradigma de la Constitución de 1991, se estatuyó como características o aspectos básicos del control fiscal, de conformidad con el artículo 267, el que “(i) constituye una función autónoma ejercida por la Contraloría General de la República, (ii) se ejerce en forma posterior y selectiva; (iii) sigue los procedimientos, sistemas y principios definidos por el legislador; (iv) constituye un modelo integral de control que incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, para cuya efectividad se utilizan mecanismos auxiliares como la revisión de cuentas y la evaluación del control interno de las entidades sujetas a la vigilancia; (v) se ejerce en los distintos niveles de administración nacional centralizada y en la descentralizada territorialmente y por servicios, (vi) cubre todos los sectores y etapas y actividades en los cuales se manejan bienes o recursos oficiales, sin que importe la naturaleza de la entidad o persona, pública o privada, que realiza la función o tarea sobre el cual recae aquel, ni su régimen jurídico; y (vii) debe estar orientado por los principios de eficiencia, economía, equidad y la valoración de los costos ambientales(34)”(35).
(ii) El objetivo final de dicho control fiscal es el logro o cumplimiento de las finalidades constitucionales para las finanzas del Estado social de derecho, de conformidad con los principios y valores estatuidos en los artículos 2º y 209 Superiores, en las distintas etapas de recaudo, administración, inversión o disposición de recursos o bienes públicos, a través de mecanismos de vigilancia e inspección, para lo cual debe verificar el manejo adecuado y correcto del patrimonio del Estado por parte de las entidades públicas o de los particulares, con el fin de proteger el patrimonio público, controlando y vigilando la transparencia, eficiencia, eficacia y prevalencia del interés general en el manejo y administración de los bienes públicos de la Nación(36).
(iii) Las funciones propias del control fiscal se extienden a todas las entidades y organismos del Estado, así como también a los particulares en cuanto manejen o administren recursos de la Nación(37). De esta manera, la calidad de sujeto de control fiscal de las entidades mencionadas se determina independientemente de la naturaleza pública o privada de las mismas, o de sus funciones, o de su régimen ordinario o especial, sino exclusivamente por su gestión fiscal que tenga que ver con recursos públicos o patrimonio de la Nación, de conformidad con la cláusula general de competencia contenida en el artículo 267 Superior, el artículo 2º de la Ley 42 de 1993 y el Decreto-Ley 267 de 2000, artículo 4º(38).
(iv) En la Constitución de 1991 el control fiscal es posterior y selectivo, lo cual significa que se puede diferenciar en dos ámbitos: en un primer momento, el desarrollo de la función de vigilancia e inspección por parte de las contralorías de todos los órdenes, mediante las auditorías; y en un segundo momento, y de conformidad con los resultados obtenidos en aquel primer momento, el desenvolvimiento de procesos fiscales, con el fin de determinar la responsabilidad fiscal a que haya lugar por parte de los servidores públicos o particulares respecto del manejo, administración y ejecución de recursos públicos(39).
(v) El primer momento de vigilancia e inspección como parte del control fiscal desarrollado por la Contraloría se encuentra íntimamente relacionado con el control interno de las entidades públicas, de conformidad con lo exigido por el artículo 269 Superior, que exige el diseño y aplicación de métodos y procedimientos de control interno, los cuales deben estar de acuerdo con las finalidades de la entidad y con lo que disponga la ley, y sobre cuya calidad y eficiencia debe conceptuar el Contralor General de la República (C.P., art. 268-6). A este respecto a sostenido la jurisprudencia que este punto en particular “permite una distinción entre los fines y alcances del control interno propio de las entidades públicas y el control fiscal externo ejercido por la Contraloría General de la República y las contralorías departamentales, distritales y municipales a nivel territorial. Por esta razón, la jurisprudencia de la Corte ha hecho énfasis en la diferenciación ente el control interno y el control fiscal externo, que es una atribución exclusiva e insustituible de los organismos de control fiscal(40)”(41).
(vii) La naturaleza administrativa propia de los organismos de control fiscal está definida por la autonomía de estas entidades, nos obstante la cual, estas entidades se encuentran inscritas en el contexto del Estado unitario —C.P., art. 1º—.
5.3. La regulación y desarrollo legal del control fiscal se encuentra plasmado en la Ley 42 de 1993 “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen”.
Este será ejercido en forma posterior y selectiva por la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales y municipales, los auditores, las auditorías y las revisorías fiscales de las empresas públicas municipales, conforme a los procedimientos, sistemas, y principios que se establecen en la presente ley” (resaltado de la Sala).
6. Análisis constitucional de las normas demandadas.
6.1. El actor considera que los artículos 1º y 2º de la Ley 872 de 2003 que crea el sistema de gestión de calidad vulneran los artículos 209, 267, 268, 269 y 272 de la Constitución Política, por cuanto suplantan, se yuxtaponen o contradicen en sus funciones con el control interno y el control fiscal que tienen un fundamento constitucional en los artículos 209, 267, 268, 269 y 272, mientras que el sistema de gestión de la calidad no tiene un fundamento en la Constitución y que sus funciones y finalidades son las mismas que se señalan para el control interno de las entidades del Estado y para el control fiscal ejercido por la Contraloría General de la República y a los contralores, lo cual terminaría reemplazando estas funciones o siendo paralelas a ellas, generando conflicto y afectando los principios de economía, eficacia y celeridad de los servidores públicos.
6.2. En sus intervenciones el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento de Planeación Nacional solicitan a la Corte que se inhiba por ineptitud sustantiva de la demanda, al considerar que (i) la demanda no cumplen con las exigencias legales como la de explicar las razones del porqué la norma acusada desconoce una o varias disposiciones de la Carta; (ii) las argumentaciones dadas por el actor son subjetivas, lo cual las hace no pertinentes; (iii) el libelo se basa en puras deducciones que no se derivan de las normas acusadas, en hipótesis, conjeturas y eventuales conflictos deducidos hipotéticamente por el actor.
De otra parte, todos los intervinientes, tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de manera subsidiaria, como el Ministerio de Salud y Seguridad Social, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Universidad Libre, la Universidad de Ibagué, la Escuela Superior de Administración Pública —ESAP—, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación —Icontec—, solicitan a la Corte la declaratoria de exequibilidad de las normas demandas, con base en los siguientes argumentos reiterados por todas estas entidades:
(i) Existe una confusión en la demanda entre el sistema de gestión de calidad, el control interno y el control fiscal, de manera que se trata de tres diferentes herramientas constitucionales, y por tanto la primera no contradice las otras dos, ni suplanta ninguna de ellas, sino que por el contrario, son complementarias, están interrelacionadas y articuladas entre sí, además de que son ejecutadas por actores distintos.
(iv) Adicionalmente, argumentan que el sistema de gestión de calidad no se puede confundir con el control fiscal, ya que este último tiene una naturaleza diferente y le corresponde a la Contraloría General de la República y las contralorías regionales, de conformidad con el artículo 267 a 274 C.P., y en la Ley 42 de 1993.
6.3. Por su parte, el señor Procurador General de la Nación en su concepto de rigor solicitó a la Corte inhibirse para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de la Ley 872 de 2003, o subsidiariamente declarar exequible los artículos 1º, 2º, y el parágrafo 1º del artículo 4º de la Ley 872 de 2003. La inhibición la solicita teniendo en cuenta que el actor se restringe a hacer críticas a los artículos 1º, 2º y al parágrafo 1º del artículo 4º, evidenciando problemas de interpretación con los instrumentos de gerencia pública y el control fiscal, asimismo la inexistencia de claridad y suficiencia en su argumentación.
Subsidiariamente, solicita la exequibilidad de las normas demandadas argumentando (i) que el legislador tiene plena libertad de configuración para adoptar una norma con la Ley 872 de 2003, de conformidad con el artículo 150 numerales 1º y 2º de la Constitución Política; (ii) que las normas acusadas, que consagran el sistema de gestión de calidad tienen una finalidad plenamente constitucional como herramienta para el cumplimiento de la función pública administrativa, complementaria al control interno, y que se fundamenta en los principios consagrados en el artículo 209 Superior, al buscar una mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios de las diferentes entidades del Estado; y (iii) que por tanto no debe confundirse el sistema de gestión de calidad con el control interno y con el control fiscal, advirtiendo las diferencias existentes entre los mismos, y que el sistema de gestión de calidad es complementario a los sistemas de control interno y de desarrollo administrativo, de conformidad con el artículo 3º de la Ley 872 de 2003.
6.4. El alcance normativo de las normas demandadas hacen relación a la creación del sistema de gestión de la calidad —L. 872/2003, art. 1º—, y a las entidades y agentes obligados por este sistema de gestión de la calidad —L. 872/2003, art. 2º—. Así el primer artículo ordena la creación del sistema de gestión de la calidad de las entidades del Estado, definiéndolo a partir de las siguientes características: (i) constituye una herramienta de gestión sistemática y transparente cuyo objetivo es la dirección y evaluación del desempeño institucional; (ii) el desempeño institucional será orientado y medido en términos de la calidad y la satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados; (iv) las finalidades del sistema se encuentran enmarcadas dentro de los planes estratégicos y de desarrollo de las entidades; (v) el sistema de gestión de la calidad tendrá un enfoque particular en cada entidad, de conformidad con los procesos que se surten en cada una de ellas y las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente.
El parágrafo transitorio establece el término para que las entidades obligadas desarrollen el sistema de gestión de la calidad, el cual será máximo de cuatro (4) años, contados a partir de la expedición de la reglamentación que contempla el artículo 6º de la Ley 782 de 2003.
6.5. Exequibilidad de los artículos 1º y 2º de la Ley 872 de 2003.
De conformidad con todo lo expuesto en la parte considerativa y motiva de la presente sentencia, esta corporación concluye que los artículos 1º y 2º de la Ley 872 de 2003 son exequibles, por las siguientes razones:
6.5.1. Es imperativo distinguir conceptual y normativamente las diferentes herramientas que prevé la Constitución y la ley para el desarrollo, vigilancia y control de la administración pública, de conformidad con los principios que prevé el artículo 209 Superior, y los artículos 269 de la Constitución Política y la Ley 87 de 1993 que se refieren al control interno, y los artículos 119, 267 a 274 de la Constitución Política, la Ley 42 de 1993 y el Decreto-Ley 1474 de 2011 que se refieren al control fiscal, y la Ley 489 de 1998 que estableció el sistema de desarrollo administrativo.
Ahora bien, el control interno es anterior al control fiscal, y el primero es ejercido por un funcionario y entidad diferente al Contralor General de la República o contralores regionales, por lo que desde el punto de vista constitucional y legal, son diferentes en cuanto a su origen y funciones. Así, aunque tanto el control interno como el control fiscal tienen un origen constitucional, su naturaleza es diferente en la medida en que la naturaleza del control interno es ser un control general y gerencial anterior y al interior de la entidades públicas, mientras que el control fiscal es un control externo, posterior y selectivo respecto de la vigilancia del ejercicio frente al manejo o ejecución de los recursos públicos o estatales por parte de los organismos y entidades tanto públicas como privadas.
Igualmente, el artículo 7º de la Ley 42 de 1993 consagra que “la vigilancia de la gestión fiscal que adelantan los organismos de control fiscal es autónoma y se ejerce de manera independiente sobre cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa”. Con esta disposición queda clara la autonomía del control fiscal frente al control interno y al sistema de gestión de calidad, ya que éste se ejerce de manera independiente sobre cualquiera otra forma de vigilancia administrativa como el control interno y el sistema de gestión de calidad. En este sentido, no se puede confundir el ejercicio del control fiscal, el cual realiza la evaluación del control interno, sin que se llegue a confundirse con este mismo, ya que el control interno es anterior al control fiscal que es posterior y le corresponde a la Contraloría. Por tanto, el control interno, el control fiscal y el sistema de gestión de calidad no pueden confundirse en el ámbito de su naturaleza, finalidades y funciones, de forma que las pretensiones del actor no deben prosperar.
La normatividad acusada busca la implementación del sistema de gestión de calidad en las entidades de orden nacional y con ello persigue generar una cultura de la calidad para la satisfacción de los usuarios. Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Ley 87 de 1993, la Sala evidencia que la finalidad del control interno es distinta a la del sistema de gestión de calidad, ya que como su propio nombre lo indica, el control interno es un control que la misma entidad ejerce a su interior, respecto del cumplimiento de sus funciones y obligaciones constitucionales y legales, para lo cual aplica una metodología general realizada por cada entidad. De otra parte, el sistema de gestión de calidad requiere para su implementación que el gobierno adopte una norma técnica determinada aplicable a todas las entidades obligadas que son establecidas en el artículo 2º demandado, de forma que los dos sistemas no cumplen la misma función, contrario a lo que el demandante considera.
En consecuencia, es claro para la Sala que el sistema de gestión de la calidad propende por las mejores prácticas de la gestión pública hacia la calidad y la excelencia; se enfoca hacia la satisfacción de las necesidades de los usuarios y el deber social de la entidad; para con ello aumentar la cultura organizacional de calidad en la atención y servicio al ciudadano. Por estas razones, la Sala encuentra que existe fundamento constitucional para el sistema de gestión de calidad consagrado en los artículos 1º y 2º de la Ley 782 de 2003 en los artículos 2º, 78, 67 inciso 5º, 256-4, 254, 267, 268-2, 277, 343 y 365, ya que la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios tiene que ver directamente con las finalidades del Estado social, constitucional y democrático de derecho y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, a través de herramientas de gestión de calidad creadas y diseñadas por el legislador, y el constituyente introdujo el control de gestión y de resultados, con el fin que la prestación de los servicios a cargo del Estado y el rendimiento fiscal no escapen al control del ordenamiento jurídico y con ello se llegue a la satisfacción del usuario.
Por consiguiente, considera la corporación que no le asiste razón al actor, y por tanto su demanda no está llamada a prosperar, ya que cada sistema atacado tiene su fundamento constitucional y legal, y tiene un origen, naturaleza y finalidades específicas de cara al ejercicio de las funciones, metas y objetivos de la administración pública a cargo de las entidades del Estado —control interno—, con el fin de cumplir a cabalidad con los principios que orientan la función administrativa y lograr cumplir sus obligaciones, manejar escrupulosamente los recursos públicos —control fiscal—, y lograr garantizar con calidad del servicio y la satisfacción o garantía de los derechos de los ciudadanos y del interés general —sistema de gestión de calidad—.
6.5.2. No obstante lo anterior, la Sala considera conveniente resaltar que estas herramientas tienen todas ellas un fundamento constitucional, son mecanismos que se complementan, se articulan y se encuentran interrelacionados entre sí para su implementación, siendo cada uno de ellos necesario para el buen funcionamiento de la administración pública, y cumpliendo cada uno de ellos una función que se articula con la competencia de las otras, de manera que las tres se presuponen, se complementan y se articulan recíprocamente, para cumplir sus objetivos constitucionales y legales.
De otra parte, constata la Corte que las dos herramientas referidas al control interno y al sistema de gestión de calidad, se complementan debido no solo a que la ley misma así lo establece en el artículo 3º de la Ley 782 de 2003, sino además porque los dos constituyen instrumentos de gerencia pública. Así, ambas herramientas tienden a garantizar a través de diferentes mecanismos la eficacia, la eficiencia y economía de todas las funciones y actividades de la administración pública. Por esta razón el legislador consideró el sistema de gestión de calidad como complementario del control interno —L. 782/2003, art. 3º—, conservando sin embargo para cada uno su finalidad y sus funciones dentro de la organización.
Es claro entonces para esta corporación que el legislador, en desarrollo del inciso 2º del artículo 209 C.P., ha creado diversas herramientas, mecanismos o sistemas con funciones diferentes pero complementarias entre sí, con el fin de lograr la garantía y aplicación efectiva de los principios rectores de la administración pública. En este sentido, para la Sala resulta evidente que el sistema de gestión de calidad fue creado por el legislador con el fin de reforzar la garantía del cumplimiento de las directrices que en materia de administración pública consagra el artículo 209 Superior, y con ello garantizar la calidad y la satisfacción última de los usuarios, y el goce efectivo de sus derechos constitucionales.
6.5.3. De otra parte, encuentra la Sala que el hecho de que la denominación de sistema de gestión de calidad no tenga una mención o consagración expresa en la Constitución Política, o una autorización expresa de orden constitucional, no lo hace por ello inconstitucional, como lo asevera el actor, ya que para esta Corte es claro que si bien la denominación de tal sistema de gestión de calidad no está como tal consagrado en la Constitución, esa herramienta encuentra pleno fundamento constitucional en los postulados consagrados en el artículo 209 Superior, al constituir un mecanismo para el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, celeridad, transparencia y moralidad que rigen la administración pública, tal y como se expusieron en la parte considerativa y motiva de esta providencia judicial. Afirmar lo contrario, tal y como lo hace el accionante, llevaría al absurdo de concluir que todos los mecanismos, figuras o herramientas jurídicas que cree el legislativo con el fin de mejorar la administración pública del país, y que no estén expresamente consagrados en la Constitución Política, no podrían ser regulados o implementados legalmente por el legislador, dentro de su amplia libertad configurativa en la materia y como desarrollo de los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución Política.
En punto a este tema, concluye este tribunal que no se requiere un mandato constitucional expreso, y que los artículos 1º y 2º de la Ley 782 de 2003 no solo no vulneran los artículos 209, 267, 268, 269 y 272 Superiores, como lo afirma el actor, sino que muy por el contrario, el sistema de gestión de calidad implica un desarrollo de estos mandatos, especialmente del mandato superior contenido en el artículo 209 C.P., al reforzar la garantía de los principios que rigen la administración pública, puesto que con estas normas se busca dirigir y evaluar el desempeño institucional con base en la calidad y satisfacción de los usuarios, de manera que el legislador busca complementar especialmente las actividades del control interno con el sistema de gestión de calidad, así como también las del control fiscal, y de esta manera consolidar aún más los principios de la función administrativa.
6.5.4. En armonía con lo hasta aquí expuesto, y revistiendo una muy especial importancia para el análisis constitucional que ahora se adelanta, la Sala debe reiterar su jurisprudencia y hacer especial énfasis en relación con la amplia libertad de configuración del legislador para el desarrollo legal de los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución Política. De esta manera que constata que no sólo no existe ningún impedimento de orden constitucional para que el Congreso de la República pueda crear el sistema de gestión de calidad, en virtud del ejercicio de la cláusula general de competencia legislativa que el constituyente radicó en la mencionada corporación, sino que además puede hacerlo legítimamente desde el punto de vista constitucional, como desarrollo de los principios que deben orientar y regir la administración pública en el país, de conformidad con el artículo 209 C.P.
De esta manera, la Carta Política le concede al Congreso la competencia específica de hacer leyes y el hecho de que no existan atribuciones específicas en el artículo 150 Superior en relación a una materia en particular, no significa que dicha institución no pueda legislar en pro de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, especialmente en lo que se refiere al mejoramiento de la calidad y la satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios ofrecidos por la administración pública, de conformidad con el artículo 209 C.P.
6.5.5. De otra parte, esta corporación considera necesario y conveniente poner de relieve que de los antecedentes legislativos de la Ley 872 de 2003(42) se puede constatar que el objetivo de esta normativa responde a una finalidad plenamente constitucional, como es el adoptar el Sistema Internacional de Calidad ISO 9000 en las entidades estatales, para el mejoramiento de las condiciones de eficiencia, eficacia y efectividad en temas de calidad que se le ofrecen a los usuarios, lo cual se encuentra en armonía con las exigencias a nivel internacional en la materia, con el fin de buscar una mejor competitividad de las entidades estatales, así como para mejorar la calidad del servicio prestado por las mismas, objetivo que por lo demás constituye una preocupación de la región que dio lugar a la suscripción de “La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública” adoptada por la XVIII Cumbre Iberoamericana, El Salvador, en octubre de 2008.
Adicionalmente, la Corte encuentra necesario poner de relieve que existe una compatibilidad plena entre las normas bajo examen y la finalidad constitucional de integración latinoamericana, ya que como se mencionó esta ley hace eco de la “Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública”, cuyas finalidades son “(i) Definir las bases que configuran un sistema profesional y eficaz de función pública, entendiendo a éste como una pieza clave para la gobernabilidad democrática de las sociedades contemporáneas, y para la buena gestión pública, (ii) Configurar un marco genérico de principios rectores, políticas y mecanismos de gestión llamado a constituir un lenguaje común sobre la función pública en los países de la comunidad iberoamericana, (iii) Servir como fuente de inspiración para las aplicaciones concretas, regulaciones, desarrollos y reformas que en cada caso resulten adecuadas para la mejora y modernización de los sistemas nacionales de función pública en dicho ámbito”.
6.5.6. Igualmente, considera la corporación conveniente señalar que en desarrollo de la Ley 872 de 2003, que estableció el sistema de gestión de la calidad, el Gobierno Nacional adoptó para su implementación, mediante el Decreto 4110 de 2004, la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, estipulando las generalidades para establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de calidad.
6.5.7. No menor importancia reviste para esta corporación el señalar que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, emitió concepto el 18 de noviembre de 2004, radicado con el número: 11001-03-06-000-2004-01606-01, en donde se refiere al desarrollo legal y doctrinario del sistema de gestión de calidad y su implementación en las entidades estatales, creado mediante la Ley 782 de 2003, cuya constitucionalidad ahora se analiza. En este concepto el Consejo de Estado realiza rigurosas consideraciones de orden constitucional, legal y técnico que apoyan la posición adoptada por esta corporación respecto de la constitucionalidad de las normas demandadas. Así, en su concepto, el Consejo de Estado (i) hace alusión al marco y fundamento constitucional del sistema de gestión de calidad con base en el artículo 209 C.P. y la jurisprudencia de esta corporación; (ii) se refiere al marco legal de dicho sistema; (iii) hace mención en forma comparativa al sistema de control interno, resaltando la complementariedad entre dicho sistema y el sistema de gestión de calidad; (iv) menciona el proceso de implementación del sistema de gestión de la calidad; (v) se refiere al proceso de certificación del sistema de gestión de la calidad.
(ii) Encuentra pleno fundamento constitucional al sistema de gestión de la calidad, con base en los artículos 209 y 269 Superiores, al igual que en las sentencias C-506 de 1999 y C-996 de 2001 de esta corporación;
(iii) Identifica la articulación entre el control interno y el sistema de gestión de calidad, “cuya complementariedad no sólo se da porque la ley así lo establezca —parágrafo artículo 3º Ley 872 de 2003— sino porque los dos son instrumentos de gerencia pública. El autocontrol en los términos de la Constitución del 91, se constituye en un insumo fundamental para alcanzar las metas que se fijen en torno a la calidad de la gestión estatal” (resalta la Sala) En este mismo sentido, el Consejo de Estado constata la existencia de una “conexión directa” entre el sistema de gestión de la calidad y la Ley 489 de 1998, que contempla instrumentos de gestión, tales como el sistema de desarrollo administrativo —art. 15—, así como con el sistema nacional de control interno —art. 27 de la misma normativa. Igualmente, sostiene que “[e]n términos generales, el sistema de control interno como herramienta gerencial, al igual que el sistema de gestión de la calidad tienden a garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las funciones y actividades estatales; en consecuencia, la sinergia entre estos dos sistemas es evidente, al punto que el legislador considera al segundo como complementario del primero, y establece la posibilidad jurídica para su integración, tal como lo señala el artículo 3º de la Ley 872 de 2003” (resalta la Sala) En este sentido, concluye el Consejo de Estado que “es perfectamente viable la integración de los sistemas de gestión de la calidad y de control interno, siempre y cuando, cada uno conserve su finalidad y cumpla con sus funciones dentro de la organización; por lo tanto, las unidades u oficinas de coordinación de control interno podrían coordinar la implementación del sistema de gestión de la calidad en cada entidad”.
(iv) De otra parte, el Consejo de Estado resalta que “De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 11 de la Ley 489 de 1998, no es viable delegar las funciones atribuidas al representante legal en materia del sistema de gestión de la calidad en la oficina de control interno. El papel de esta oficina dada la complementariedad que existe entre los dos sistemas, puede ser el de coordinar, asesorar a la dirección y verificar su implementación y desarrollo.
Por lo tanto, no resulta necesario que las auditorías del sistema de gestión de la calidad y de control interno sean independientes, pues lo verdaderamente importante, es que cada una se enfoque en el sistema que audita”.
(v) En cuanto a las entidades obligadas, el Consejo de Estado resalta que de conformidad con el artículo 2º de la Ley 782 de 2003, las entidades obligadas no son solo las de la rama ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios públicos, sino que también se incluyó a las demás ramas del poder público, que también desarrollan funciones administrativas.
(vi) Respecto de la implementación del sistema de gestión de la calidad, que es responsabilidad de los servidores públicos, sostiene que esta obligación la radica la ley en cabeza de la máxima autoridad de cada entidad, de conformidad con los artículos 2º y 6º de la Ley 782 de 2003, y en armonía con el artículo 211 de la Constitución Política.
(vii) Finalmente se refiere al proceso de certificación del sistema de gestión de la calidad de conformidad con el artículo 6º de la citada Ley 872 de 2003, para lo cual el gobierno debe expedir e implementar una norma técnica de calidad “con el fin de establecer estándares mínimos de calidad en la gestión pública”.
6.5.8. Por las razones expuestas, la Sala coincide plenamente con las intervenciones presentadas a favor de la exequibilidad de las normas demandadas, así como con el concepto vertido por el señor Procurador General de la Nación en cuanto a la constitucionalidad de las normas demandadas.
En síntesis, la Corte concluye que los artículos 1º y 2º de la Ley 782 de 2003 son exequibles por los cargos analizados en este proceso de constitucionalidad, ya que:
(i) Es necesario diferenciar entre el control interno, control disciplinario, control fiscal y sistema de gestión de calidad, ya que el sistema de control interno busca la vigilancia y control interno en las entidades públicas respecto del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, así como la modernización de la administración pública y el mejoramiento de la capacidad de gestión de sus instituciones. Entretanto, el control fiscal busca la protección del patrimonio de la Nación, es un control externo, posterior y selectivo, y se fundamenta en los artículos 119, 267 a 274 de la Constitución Política, la Ley 42 de 1993 y el Decreto-Ley 1474 de 2011.
Por tanto, este tribunal no evidencia ninguna vulneración de los artículos 209, 267, 268, 269 y 272 Superiores de la Constitución Política, ya que las normas demandadas —arts. 1º y 2º de la Ley 782 de 2003— que crean el sistema de gestión de calidad y designan las entidades obligadas de implementarlo, se soportan constitucionalmente en el artículo 209 Superior, que consagra los principios orientadores de la administración pública, tales como los principios de igualdad, eficacia, celeridad, imparcialidad y moralidad. Adicionalmente esta herramienta encuentra fundamento en los artículos 2º, 78, 67 inciso 5º, 256-4, 254, 267, 268-2. 277, 343 y 365, ya que la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios tiene que ver directamente con las finalidades del Estado social de derecho y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, a través de herramientas de gestión de calidad creadas y diseñadas por el legislador, y el constituyente introdujo el control de gestión y de resultados, con el fin que la prestación de los servicios a cargo del Estado y el rendimiento fiscal no escapen al control del ordenamiento jurídico y con ello se logre la satisfacción del usuario y se garantice con ello los derechos constitucionales de los ciudadanos y de la comunidad en general.
(iii) Encuentra esta corporación que el legislador tenía plena y amplia libertad de configuración en materia de regulación de herramientas para el mejoramiento de la administración pública, en desarrollo de la cláusula general de competencia de conformidad con el artículo 150 C.P., para desarrollar y regular los postulados constitucionales que se refieren a los valores y principios con el fin de mejorar la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios de la administración pública, generando una herramienta de gestión de calidad, encaminada a evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades obligadas.
(v) Finalmente el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 11001-03-06-000-2004-01606-01 del 18 de noviembre de 2004, se encuentra en total sintonía con la presente postura de esta corporación al encontrar pleno fundamento constitucional al sistema de control de calidad creado por la Ley 782 de 2003, especialmente sus artículos 1º y 2º sobre la creación del mismo y la designación de las entidades obligadas a implementarlo, y al concluir que antes que suplantar o contradecir el sistema de control interno, el control disciplinario o el control fiscal, estas herramientas son complementarias.
1. Declarar EXEQUIBLES los artículos 1º y 2º de la Ley 872 de 2003, por los cargos analizados en esta sentencia.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.»
(1) Sentencia C-469 de 1992.
(4) Ver Sentencia C-479 de 1992.
(5) Ver Sentencias T-646 de 2007, T-166 de 2007 y T-733 de 2009.
(6) Sentencia T-733 de 2009.
(7) Sentencia T-321 de 1999.
(9) Ver Sentencia T-731 de 1998.
(10) Consultar la Sentencia C-988 de 2006.
(11) Ver Sentencia C-561 de 1992.
(12) Según la idea que fluye del artículo 123 de la Constitución, servidor público es en este sentido toda persona que ejerce a cualquier título una función pública y, en tal virtud, ostentan dicha condición los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios (C.P., arts. 123 y 125).
Así las cosas, la noción de “función pública” atañe al conjunto de las funciones que cumple el Estado, a través de los órganos de las ramas del poder público, de los órganos autónomos e independientes (art. 113) y de las demás entidades o agencias públicas, en orden a alcanzar sus diferentes fines.
(13) ART. 88.—La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
(14) Sentencia C-988 de 2006.
(15) Sentencia C-479 de 1992.
(16) Sentencia T-068 de 1998.
(17) Ver Sentencia C-893 de 2003
(18) Consultar la Sentencia C-1192 de 2000.
(19) Sentencia C-506 de 1999.
(20) Sentencia C-996 de 2001.
(21) Ver Sentencia C-1061 de 2003.
(22) Consultar las sentencias C-417 de 1993, C-251 de 1994 y C-427 de 1994 entre otras.
(23) Ver Sentencia C-1061 de 2003.
(24) Sentencia C-244 de 1996.
(25) Sentencia C-996 de 2001.
(26) Ver Sentencia C-030 de 2012.
(27) Sentencia C-341 de 1996, reiterado en Sentencia C-796 de 2004.
(28) Ver Sentencia C-599 de 2011.
(29) Sentencia C-557 de 2009. Ver también Sentencia C-306 de 2012.
(30) Ver Sentencia C-599 de 2011.
(32) la Ley 42 de 1993 “Sobre organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que la ejercen”, que en su artículo 9º determina que “Para el ejercicio del control fiscal se podrán aplicar sistemas de control como el financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno de acuerdo con lo previsto en los artículos siguientes”.
(33) Consultar la Sentencia C-599 de 2011.
(34) Ver sentencias C-374 de 1995, C-1176 de 2004 y C-382 de 2008, entre otras.
(35) Sentencia C-557 de 2009. Ver también las sentencias C-529 de 2006. Sobre la evolución del control fiscal en Colombia consultar la Sentencia C-716 de 2002.
(36) Ver sentencias C-132 de 1993, C-529 de 1993, C-534 de 1993, C-167 de 1995, C-374 de 1995, C-586 de 1995, C-570 de 1997, C-499 de 1998, Sentencia C-648 de 2002, C-1176 de 2004, C-382 de 2008, y C-7587 de 2010, entre otras.
(37) Ver sentencias C-167 de 1995, C-1176 de 2004, y C-557 de 2009.
(38) Sentencia C-167 de 1995.
(39) Ver sentencias SU-620 de 1996, C-832 de 2008 y C-7587 de 2010.
(40) Ver sentencias C-534 de 1993, C-374 de 1995, y C-1176 de 2004.
(41) Consultar la Sentencia C-599 de 2011.
(42) La Ley 782 de 2003 tuvo su origen en dos proyectos, el 3 de 2002 —Senado— cuya finalidad era adoptar el sistema internacional de calidad ISO 9000 en las entidades estatales y, el 27 del mismo año —Senado— que buscaba la implementación de un sistema de gestión de calidad y efectividad en las entidades de orden nacional. Ver Gaceta del Congreso 107, de 11 de marzo de 2003, pág. 22).

References: ARTÍCULO 209
 artículo 276
 artículo 241
 artículo 209
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 209
 artículo 123
 artículo 209
 artículo 269
 artículo 209
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 189
 artículo 1
 artículo 267
 artículo 119
 artículo 117
 artículo 268
 artículo 267
 artículo 267
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 269
 artículo 267
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 150
 artículo 209
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 209
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 150
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 211
 artículo 6
 artículo 209
 artículo 150
 artículo 123
 artículo 9