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Timestamp: 2018-12-14 13:04:35+00:00

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﻿ SENTENCIA 2558-2007 DE MARZO 27 DE 2009
SENTENCIA 2558-2007 DE 27 DE MARZO DE 2009
CONTENIDO:LA NORMA APLICABLE PARA LA REMUNERACIÓN MENSUAL DE LOS ESCRIBIENTES DE JUZGADOS DEL CIRCUITO NO PUEDE SER EL ACUERDO 05 DE 1993
TEMAS ESPECÍFICOS:SALARIO
Sentencia 2558-2007 de marzo 27 de 2009
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCION “B”
Número interno 2558-2007
Ref.: Expediente 410012331000200100073 01
Actor: Norma Constanza Pérez Murillo
Consiste en determinar si la señora Norma Constanza Pérez Murillo tiene derecho al reconocimiento y pago de diferencias salariales por concepto de la aplicación de los Decreto 57 de 1993 y siguientes que fijaron la asignación mensual de los escribientes nominados y no en la forma dispuesta por el Acuerdo 05 de 1993, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
Resolución 817 de 21 de julio de 2000, proferida por la directora ejecutiva seccional de administración judicial de Neiva, Huila, por medio de la cual le negó a la actora la petición de reliquidación salarial y prestacional del cargo de escribiente con base en lo dispuesto por el Decreto 57 de 1993 y no en el Acuerdo 05 de 1993 que fijó una asignación mensual más baja (fl.13).
Resolución 1764 de 30 de agosto de 2000, expedida por la directora ejecutiva de administración judicial, que desató en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la decisión anterior (fl. 16).
Con la certificación expedida el 2 de noviembre de 2000 por la dirección ejecutiva seccional de administración judicial Neiva, quedó acreditado que la actora presta sus servicios en la rama judicial desde el 12 de septiembre de 1992 y ha ocupado el cargo de escribiente desde el 5 de diciembre de 1992 hasta el 10 de enero de 1997 en el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Nieva, Huila y del 11 de enero de 1997 al 30 de septiembre de 2000 en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva (fl. 21).
En la misma certificación se discriminan los valores devengados por la actora por concepto de sueldo mensual en los años 1993 a 2000.
La actora presentó petición de reliquidación salarial y prestacional el 12 de julio de 2000 ante el Consejo Superior de la Judicatura, dirección ejecutiva de administración judicial de Neiva, Huila.
La Ley 4ª de 1992 fue expedida en cumplimiento de lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política que le atribuyó al Gobierno Nacional la facultad de regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y en el parágrafo del artículo 14 determinó que “revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”.
El Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, expidió el Decreto 57 de 1993 por medio del cual dictó normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar que se vinculen con posterioridad a su vigencia y para los que estando vinculados opten por este nuevo régimen.
En el artículo 3º, numeral 3º ibídem, contempló la remuneración mensual de los empleos de los juzgados del circuito, regionales y juzgados de Tribunal Penal Militar, estableciendo para el escribiente una asignación mensual de $ 275.000, con efectos a partir del 1º de enero de 1993.
A su vez, el artículo 11 del Decreto 57 de 1993, señaló:
“La incorporación de personal a los cargos con diferentes grados establecidos en el artículo 3º. Se hará con base en los requisitos y condiciones establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura”.
En desarrollo de esta norma, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, profirió el Acuerdo 05 de 1993, y en su artículo 1º literal f), estableció:
“En desarrollo de la facultad conferida en el artículo 11 del Decreto 57 de 1993 establécese que cuando alguno de los cargos nominados en el artículo 3º del citado decreto tuviera en el régimen anterior la misma denominación pero con diferentes grados, solamente tendrán derecho a la remuneración fijada en esta última disposición los empleados que estuvieran desempeñando el cargo con los grados mayores y con el lleno de los requisitos exigidos al efecto. Consiguientemente, para los demás se adecuará la nomenclatura de su grado a la de la escala salarial consignada en el artículo 4º del Decreto 57 de 1993, con criterios que consulten la equidad, los niveles de responsabilidad y los requisitos exigidos por la ley para el desempeño de cada cargo.
En consecuencia, fíjanse las remuneraciones para los cargos de que se trata así:
F. Juzgados de circuito, de familia, promiscuos de familia y de menores.
Denominación Grado anterior Grado y/o remuneración adecuados
Escribiente 07 nominado $ 275.000
Escribiente 06 nominado $ 275.000
Escribiente 05 07 $ 243.694
Escribiente 04 06 $ 217.067”
El acuerdo anterior fue anulado por la Sección Segunda del Consejo de Estado por sentencia de 6 de diciembre de 2001, con ponencia del doctor Alberto Arango Mantilla, por las siguientes razones:
“Así entonces, como el cargo de escribiente se encontraba contemplado en el artículo 3º del Decreto 57 de 1993, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, carecía de la facultad para determinarle grados y, además, no era competente para fijar su remuneración, pues ello, como se dijo, correspondía al Presidente de la República en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992.
En esas condiciones, la actuación del Consejo Superior de la Judicatura —Sala Administrativa— al señalar grados para el cargo de escribiente y, como consecuencia, variar la remuneración con ocasión de la fijación de los requisitos para el desempeño del cargo, resulta inconstitucional. En sentido similar se ha pronunciado esta sección en varias ocasiones inaplicando la disposición que mediante esta sentencia se anula” (1) .
Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que la norma aplicable para el pago de la remuneración mensual de los escribientes de los juzgados del circuito era la establecida por el Decreto 57 de 1993 y siguientes, proferidos por el Gobierno Nacional y no el Acuerdo 05 de 1993 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura que fijó escalas de remuneración diferentes sin tener competencia para ello y que fue declarado nulo desde diciembre de 2001.
Respecto de las diferencias salariales que reclama la demandante por la aplicación del Acuerdo 05 de 1993 y no los decretos del gobierno que fijaron la remuneración mensual para el cargo de escribiente de los juzgados del circuito, procede la Sala a comparar la suma establecida por cada uno de los decretos y la efectivamente pagada.
Año Decreto Remuneración mensual Pagado (fl. 21)
1993 57 de 1993 $ 275.000 $ 243.694
1994 106 de 1994 $ 332.750 $ 294.870
1995 43 de 1995 $ 392.645 $ 347.947
1996 36 de 1996 $ 459.395 $ 412.318
1997 76 de 1997 $ 503.335 $ 470.043
1998 64 de 1998 $ 695.141 $ 548.479
1999 44 de 1999 $ 813.315 $ 647.706
2000 2740 de 2000 $ 888.384 $ 647.706
De lo anterior se concluye que la demandante tenía derecho a que le fuera reconocida y pagada su remuneración mensual, cuando desempeñó el cargo de escribiente, en los años de 1993 a 2000, de acuerdo a lo señalado en los decretos 57 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 76 de 1997, 64 de 1998, 44 de 1999 y 2740 de 2000 y no como se hizo según lo previsto en el Acuerdo 5 de 1993.
Por las anteriores razones el fallo impugnado que accedió a las súplicas de la demanda debe ser confirmado.
Confírmase la sentencia de 5 de octubre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que accedió a las súplicas de la demanda incoada por Norma Constanza Pérez Murillo contra la Nación, Consejo Superior de la Judicatura.
(1) Ver expedientes 110 de 1999 - 1846 de 1999 -1801 de 1999.

References: Resolución 

Resolución 
 artículo 150
 artículo 14
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3