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Timestamp: 2020-08-04 11:16:00+00:00

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C-923 de 1999
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020047667CC-SENTENCIAC923199918/11/1999CC-SENTENCIA_C_923__1999_18/11/1999200476671999Sentencia C-923/99 INCONSTITUCIONALIDAD POR CONSECUENCIA Se configura una "inconstitucionalidad consecuencial" cuando en los casos de decretos con fuerza de ley, derivados ya sea de la declaratoria del estado de emergencia o del ejercicio de facultades extraordinarias, ha recaído un pronunciamiento de inconstitucionalidad sobre el decreto que declara el estado de emergencia o sobre la norma legal de autorizaciones extraordinarias. Referencia: Expedientes D-2507, D-2512, D-2522, D-2530 y D-2531 (Acumulados)
Hernán Antonio Barrero Bravo,Orlando Pacheco Coronado,Jorge Arango Mejía, Godfrey Correa , Humberto Alfonso Bertieri , Luis Alberto Cáceres ArbelaezCONSTITUCIONALIDADÁlvaro Tafur GalvisDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 120 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 160, 161, 162, 163, 164, 165 y 166 del Decreto 1122 de 1999D2507Identificadores20020047668true65133Versión original20047668Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 120 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 160, 161, 162, 163, 164, 165 y 166 del Decreto 1122 de 1999
Inexequible DECRETO_1122_1999_26/06/1999
2.Disponer la fusión, escisión o disolución y consiguiente liquidación de sociedades entre entidades públicas, de sociedades de economía mixta, de sociedades descentralizadas indirectas y de asociaciones de entidades públicas, en las cuales exista participación de entidades públicas del orden nacional.
3.Dictar el régimen para la liquidación y disolución de entidades públicas del orden nacional.
4.Suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública
5.Revisar y ajustar las normas del servicio exterior y la carrera diplomática.
6.Modificar la estructura de la Contraloría General de la República, determinar la organización y funcionamiento de su auditoría externa; suprimir, fusionar, reestructurar, transformar o liquidar el Fondo de Bienestar Social de que trata la Ley 106 de 1993, determinar el sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de los empleados de la Contraloría General de la República, pudiendo crear, suprimir o fusionar empleos y prever las normas que deben observarse para el efecto; y dictar las normas sobre la Carrera Administrativa Especial de que trata el ordinal 10 del artículo 268 de la Constitución Política y establecer todas las características que sean competencia de la ley referentes a su régimen personal.
7.Modificar la estructura de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación; determinar el sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de sus servidores públicos, crear, suprimir y fusionar empleos en dichas entidades; modificar el régimen de competencias interno y modificar el régimen de Carrera Administrativa previsto para los servidores de tales entidades.
Parágrafo transitorio.La Superintendencia de Notariado y Registro continuará ejerciendo el servicio público de registro de instrumentos públicos, hasta tanto entre a operar dicha función a cargo de los particulares.
Parágrafo.De ser ejercida la función registral por las cámaras de comercio u otros sujetos de derecho privado, los recursos provenientes de los derechos por registro de instrumentos públicos serán administrados por estas o aquellos. Tales recursos, hasta la concurrencia de los costos totales de operación, que incluyen la remuneración por la prestación del servicio, serán de las cámaras de comercio o de otros sujetos particulares, según el caso, para asegurar la óptima financiación del mismo.
1. Expediente D-2507
2. Expediente D-2512
3. Expediente D-2522
4. Expediente D-2530
5. Expediente D-2531
1. Intervención de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio -CONFECAMARAS-.
3. Intervención de la Superintendencia de Notariado y Registro
5. Intervención de la Asociación Colegio de Registradores de Instrumentos Públicos de Colombia
3. La inconstitucionalidad por consecuencia de las disposiciones acusadas del Decreto 1122 de 1999
La Corte de manera general ha señalado que se configura una "inconstitucionalidad consecuencial" cuando en los casos de decretos con fuerza de ley, derivados ya sea de la declaratoria del estado de emergencia o del ejercicio de facultades extraordinarias, ha recaído un pronunciamiento de inconstitucionalidad sobre el decreto que declara el estado de emergencia o sobre la norma legal de autorizaciones extraordinarias[1]. De manera específica también la Corte se ha pronunciado sobre decretos expedidos en uso de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República por el artículo 120 de la ley 489 de 1998 y ha dado aplicación a la figura de la inconstitucionalidad consecuencial al declarar la inexequibilidad de los Decretos 110 de 1999 y 1155 de 1999, expedidos con base en las mismas facultades, en las Sentencias C-845 de 1999[2] y C-870A de 1999[3], respectivamente.
4. La unidad normativa de las disposiciones demandadas con el resto del Decreto 1122 de 1999
Al respecto, en la reciente decisión sobre las normas del Decreto 1155 de 1999, expedido, precisamente, con fundamento en las mismas facultades extraordinarias que aquí se analizan, también precisó la Corte[4]:
"Esta Corporación considera que esa declaración de inexequibilidad debe proyectarse sobre todo el decreto 1155 de 1999, del cual forma parte la norma acusada, en virtud de la figura de la unidad normativa, prevista por el artículo 6º del decreto 2067 de 1991. Así, es cierto que, como lo ha señalado insistentemente esta Corte[5], esta figura es de operancia excepcional, ya que a esta Corporación no le corresponde revisar oficiosamente la constitucionalidad de todo el ordenamiento legal sino únicamente analizar aquellas disposiciones demandadas por los ciudadanos (CP art. 241). Sin embargo, en el presente caso, la unidad normativa es evidente, pues todo el decreto 1155 de 1999 se encuentra afectado por exactamente el mismo vicio que el artículo 89 acusado, a saber, que carece de todo fundamento jurídico debido a la declaración de inexequibilidad del artículo 120 de la Ley 489 de 1998 por la sentencia C-702 de 1999.
Inexequible Artículo 15 LEY_136_1994_02/06/1994
Inexequible parcialmente (lo adicionado por el decreto 1122 de 1999: parágrafo 1, 2 y 3 ) Artículo 106 LEY_136_1994_02/06/1994
Estarse a lo resuelto ... (en la sentencia C-702 de 1999 que declaró la inexequibilidad del artículo 120 de la ley 489 de 1998, a partir de la fecha de promulgación de ésta. ) Artículo 120 LEY_489_1998_29/12/1998
[1] Ver, entre otras, las Sentencias C-448 de 1995, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz y C-127 de 1997, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
[2] M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.
[3] M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[4] Ver Sentencia C-870A de 1999, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[5] Ver, entre otras, las sentencias C-221 de 1997 y C-320 de 1997

References: artículo 120
 artículo 120
 artículo 268
 artículo 120
 artículo 6
 artículo 89
 artículo 120
 Artículo 15
 Artículo 106
 artículo 120
 Artículo 120