Source: https://www.slideshare.net/ninanor2003/92011-compraventa-expensas-comunes
Timestamp: 2018-02-24 03:17:21+00:00

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1. Compraventa. Expensas comunes. Adquisición en subasta judicial.Responsabilidad por las deudas anteriores a la toma de posesión. Pago porconsignación“Cura, Liliana G. v. Cons. Mariscal Antonio J. de Sucre”Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala AEn la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 18 días del mes de mayo del año dos milonce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en loCivil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos acumulados caratulados: “Cura LilianaGraciela c/ Cons. Mariscal Antonio José del Sucre 1431/3/5/9 s/ consignación” Expte. N° 110.564/2005 y “Cons.Mariscal Antonio José de Sucre 1431/33/35/37/39 c/ Cura Liliana Graciela s/ Ejecución de expensas”, Expte.9.381/2006, respecto de la sentencia el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de CámaraDoctores: LUIS ALVAREZ JULIA -RICARDO LI ROSI - HUGO MOLTENI.A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL DR. LUIS ALVAREZ JULIÁ DIJO:I) “Cura Liliana Graciela c/ Cons. Mariscal Antonio José del Sucre 1431/3/5/9 s/ consignación” Expte. N°110.564/2005.A fs. 44 /47 se presenta Liliana Graciela Cura con patrocinio letrado entablando demanda de pago porconsignación contra el Consorcio de Propietarios Calle Mariscal Antonio José del Sucre 1431/33/35/39 por lasuma de pesos tres mil ciento veintitrés con veinte centavos ($ 3.123,20.-) correspondientes a las expensasproporcionales del mes de diciembre de 2004 y enero a noviembre de 2005 inclusive de la Unidad Funcional N°22 del segundo piso del inmueble sito en Mariscal Antonio José del Sucre 1431/33/35/39 de la Ciudad de BuenosAires.Refiere que el 12 de mayo de 2004 adquirió la mentada unidad funcional en subasta pública ordenada en losautos caratulados “Testa, Ana Lina c/ Martínez Castro, Marta Elena s/ Ejecución Hipotecaria”, en trámite ante elJuzgado del fuero N° 78, que se efectuó libre de deudas respecto a la Administración del Consorcio en cuestión,que con fecha 20/12/04 le fue entregada la posesión y que en virtud de dicha disposición judicial se encuentraeximida del pago de expensas devengadas con anterioridad a la toma de posesión.Agrega que a comienzos del mes de enero de 2005 envió al Sr. Mario Juri, colaborador en la administración desus negocios, al domicilio de la Administración del Consorcio donde una empleada se negó a recibir las sumascorrespondientes al período que le correspondía abonar (proporcional de diciembre de 2004) así como tambiénse negó a recepcionar un oficio librado por el Juzgado que intervino en la subasta en el cual se le ordenaba a laAdministración que “se arbitren los medios necesarios para que se proceda a liberar a la adquirente en subastade la deuda por expensas, tasas y contribuciones devengadas con anterioridad a la fecha de posesión judicialocurrida el 20/12/04”.Expresa que ante la negativa de la Administración, el 13 de enero de 2005, se presentó en el domicilio de laAdministración junto al Sr. Mario Juri, su abogado y la Escribana Enriqueta Zajdman de Rozo, quien dejóconstancia de la negativa de parte de una persona que no se identificó de recibir el pago de las expensascorrespondientes al mes de diciembre de 2004.Señala que posteriormente, en reiteradas ocasiones, intentó abonar las expensas pero siempre obtuvo comorespuesta de la Administración del Consorcio que para aceptar el pago debía abonar también la deuda que teníael anterior propietario.A fs. 61, 70, 86, 97 y 123 amplía la demanda por los períodos de diciembre de 2005 a junio de 2006.A fs. 159/164, se presenta Hugo Ferrari, Administrador del Consorcio de copropietarios edificio calle MariscalAntonio José de Sucre N° 1431/33/35/37/39, quien luego de realizar una negativa pormenorizada de los hechosrelatados por la actora, refiere que no se negó a recibir pago alguno, toda vez que la actora jamás se presentó aesta administración a abonar la deuda que mantiene la Unidad Funcional del Consorcio de marras, dado quepretendía que el monto ofrecido se impute a periódos concretos (diciembre de 2005 y enero de 2006),negándose a recibir el recibo que daba cuenta que la suma se tomaba a cuenta de lo efectivamente adeudado yasimismo, pretendiendo que el pago sea retirado de un domicilio diferente al de la administración.Señala que la mencionada Unidad Funcional, mantiene una deuda de expensas desde julio de 1997, lo que dieraorigen a los autos “Consorcio de Propietarios Mariscal Antonio José de Sucre 1431/1433/1435/1437 c/ MartínezCastro Marta Elena s/ Ejecución de expensas”, Expte. 13.797/01 que tramitara por ante el Juzgado del Fuero N°20, en la cual con fecha 8 de agosto de 2001 se había dictado sentencia la cual se encuentra firme.
2. Manifiesta que la actora adquirió el inmueble a raíz de una compensación de deuda efectuada en los autos“Testa Ana Lina c/ Martínez Castro Marta Elena s/Ejecución Hipotecaria”, y sin perjuicio que en dosoportunidades el Consorcio denunció la existencia de deuda del inmueble en concepto de expensas, se requirióal mismo un tercer informe bajo el apercibimiento dispuesto por el inciso 3° del artículo 598 del C.P.C.C., cuyoalcance no puede interpretarse como una condonación o perdón de la deuda, sino que su efecto es la pérdida desolicitar el aumento de la base de la subasta.Refiere que respecto a la deuda por expensas los edictos se publicaron como si el inmueble estuviera libre dedeuda sin perjuicio que se había denunciado en dicho expediente la deuda que mantenía la propiedad.Asimismo, afirma que previo a llevarse a cabo el remate durante el acto de subasta la ex administradora dejóexpresamente manifestado la existencia de deuda, conforme el acta labrada ante escribano público obrante endichos actuados.Por último, señala que al ser una deuda “Propter rem” y no existir remanente de la subasta realizada, esresponsabilidad del actual propietario limitado el pago de la deuda al propio inmueble subastado y no por supatrimonio restante.A fs. 169, 187, 210, 221, 232, 242, 260, 271, 286, 309, 329, 337, 343, 362, 370 y 392 la actora presentaampliaciones por los meses de julio/2006 a octubre/2007.A fs. 460/464 se dicta sentencia única haciendo lugar a la demanda por consignación entablada por LilianaGraciela Cura contra el Consorcio Mariscal Antonio Sucre 1431/3/5/9 por la suma de pesos diez mil uno contreinta y nueve centavos ($ 10.001,39.-) comprensiva de los períodos de parte de diciembre de 2004 a octubrede 2007 inclusive; y en lo que respecta al juicio sobre ejecución de expensas, rechaza la ejecución promovidapor el Consorcio de Propietarios de la calle Sucre 1431/1439, en atención a que prosperan la litispendencia porlos períodos parte de diciembre/2004 a noviembre/05 y la inhabilidad de título por los períodos de enero/00 aparte proporcional de diciembre/04; imponiendo las costas al Consorcio vencido.II.- “Cons. Mariscal Antonio José de Sucre 1431/33/35/37/39 c/ Cura Liliana Graciela s/ Ejecución de expensas”A fs. 37/38, se presenta Hugo Ferrari, administrador del Consorcio de Copropietarios Edificio Calle MariscalAntonio José de Sucre N° 1431/33/35/37/39, inicia ejecución de expensas contra Liliana Graciela Cura por lasuma de $ 32.937,58 correspondientes a las expensas comunes que adeuda la Unidad Funcional N° 22 desdeenero de 2000 hasta diciembre de 2005 inclusive.A fs. 86/89 se presenta Liliana Graciela Cura, opone excepción de litispendencia e inhabilidad de título, cuyotraslado fue contestado a fs. 99/102 por el Consorcio ejecutante.A fs. 113 se decide suspender el trámite hasta tanto recaiga sentencia en los autos sobre consignación.A fs. 132/137 se encuentra fotocopia certificada de la sentencia única dictada en ambos expedientes.Disconforme con el pronunciamiento único se alza el Consorcio de Propietarios de la calle Sucre 1431/1439,quien expresa agravios a fs. 514/518 de los autos sobre consignación, escrito que no fue contestado por lacontraria.I) “Cura Liliana Graciela c/ Cons. Mariscal Antonio José del Sucre 1431/3/5/9 s/ consignación” Expte. N°110.564/2005.El Consorcio se agravia por cuanto el anterior Magistrado dictó una única sentencia para ambas actuaciones.Considera que la sentencia es arbitraria, ya que no se ha probado que el Consorcio se hubiera negado a recibirlos pagos. Se agravia también por cuanto “el quo”, para eximir a la actora del pago de las expensas comunesanteriores a la posesión, omitió aplicar el Plenario “Servicios Eficientes” y tuvo en cuenta la resolución quedecretó la venta como libre de deudas del Consorcio, sin advertir que el oficio en que se basaba talpronunciamiento no fue diligenciado por los autorizados a tal efecto, que en el acto de remate se habíainformado a viva voz que existía deuda de expensas, y que el acta de la Escribana Hermanson agregada en losautos “Testa, Ana Lina c/ Martínez Castro s/Ejecución Hipotecaria” así lo constata. Asimismo, estima que el Juezde grado no se expidió acerca de la declaración de la ex administradora del Consorcio quien manifestara que lajueza le habría mencionado que iba a hacer valer un plenario, razón por la cual no se suspendía el remate.Con relación al agravio atinente al dictado de una única sentencia, el quejoso sostiene que debe ventilarse lacuestión de fondo en cada una de las actuaciones.Si se sostiene que ambas actuaciones se encuentran acumuladas, el dictado de una única sentencia, deconformidad con lo prescripto en el art. 194 del Cód. Procesal, es única y suficiente respuesta a ello.Lo relevante en este caso es que el propio recurrente fue quien solicitó que las causas se resuelvan en formacoetánea (v. fs. 458). Es sabido que el interés es el presupuesto de todo recurso, y que aquél existe sólo cuandola resolución provoca un perjuicio o gravamen en el recurrente.Así, de la lectura de la sentencia en crisis se observa que fueron tratados las cuestiones de fondo de ambosactuados, es decir, la procedencia de la consignación y las excepciones opuestas, en el juicio de consignación y
3. ejecutivo, respectivamente, con lo cual, es dable concluir que no resulta agravio para el demandado, y, enconsecuencia, no merece ser tratado.Sentado lo expuesto, corresponde dilucidar si la actora –adquirente en subasta- debe responder por la deuda deexpensas devengada con anterioridad a la toma de posesión del bien (20/12/04), teniendo en cuenta la ausenciade saldo o remante.El art. 598, inciso 3° del rito dispone “el acreedor puede requerir la liquidación de las deudas que existan enconcepto de expensas de la propiedad horizontal, impuestos, tasas y contribuciones que pesen sobre elinmueble, bajo apercibimiento que de no contarse con dichas liquidaciones en el plazo de diez (10) días hábilesdesde la recepción de su solicitud, se podrá subastar el bien como si estuviera libre de deudas”.El 5/11/03 el Administrador del Consorcio recibió el oficio que le requería que informe si la Unidad Funcional N°22 del Consorcio, mantenía una deuda con éste. (v. fs. 517 del expediente hipotecario venido “ad effectumvivendi et probandi”), dejando expresa constancia que debía ser contestado dentro del plazo de 10 días hábilesbajo apercibimiento de subastarse el inmueble como si estuviera libre de deudas, de acuerdo a lo establecido enlos art. 398 y 598 del C.P.C.C.No negada la autenticidad del oficio, y siendo el mismo fiel reflejo de lo resuelto por el Tribunal a fs.512, noestando tampoco negada su recepción, toda otra argumentación con relación al autorizado se desvanece, noexistiendo constancia de que existiera cumplimiento de la manda judicial allí requerida en tiempo propio.A fs. 545 de los autos “ut supra” mencionados, se hizo efectivo el apercibimiento, atento el tiempo transcurridosin que el Administrador cumpliera con lo requerido y se ordenó subastar el bien como si estuviera libre dedeudas respecto a la Administración del Consorcio demandado y en los edictos publicados, se consignó “sindeuda al Consorcio M. A de Sucre 1431/33/35/37/39 por no haber contestado el oficio librado, según auto del13-4-04” (v. fs. 571, 573 y 574 de los referidos “ut supra”).Así las cosas, si bien es cierto que desde el punto de vista teórico, las deudas por expensas constituyen unaobligación “propter rem” y que de no existir remanente de la subasta realizada, el adquirente debe responder alpago de la deuda, con el límite del propio inmueble subastado, no lo es menos que en la especie, tal criterio nopueda sustentarse ya que el juez ordenó la subasta como si el inmueble estuviera libre de deudas respecto de laAdministración del Consorcio demandado y así fue publicado en los respectivos edictos, sin que existieracuestionamiento procesal concreto al auto que así lo dispuso a fs.545 y a la publicación de los edictos de fs.571,fs.573 y fs.574.La presentación de fs.562 y su consecuente proveído, no pueden ser entendidos como cuestionamiento a lo yadecidido por el Magistrado interviniente, y si la parte, entendía que no era lo pertinente respecto de susintereses debió recurrir el proveído de fs.563, lo que no aconteció.En este sentido, se ha señalado que si los organismos respectivos no han expedido el certificado de deudacorrespondiente, al momento de prepararse la subasta y habiendo sido ello requerido haciendo constar elapercibimiento previsto en el art. 598, se hace éste efectivo y el adquirente queda liberado, respondiendoúnicamente el anterior propietario (v. Alejandra Débora Abrevaya, “Ejecución Hipotecaria”, Lexis Nexis AbeledoPerrot, 2° Ed.,v. pág. 432).En este entendimiento, los términos de los edictos constituyen la base a que deben ajustarse los compradoresen la subasta, la cual, si ha sido aprobada, no puede ser modificada en sus condiciones, en atención al decretode venta, que no recibió otra publicidad y que no puede ser opuesto a los compradores (conf. CNCom., Sala A,Sala B, 7/7/72, ED. 45-644).Con relación al acta notarial de fs.621 del juicio hipotecario, diré que más allá de lo que pueda haberseinformado por el martillero, el mismo excedió las condiciones de venta dispuestas por el Magistrado, por endecarecen de valor. Máxime que si bien el proveído de fs.563 no aparece sellada la firma de las grafías de autos sedesprende que se trata de la firma de la Secretaria (comparar con la firma y sello de fs.543) y no del Juez, portanto, carece de jerarquía funcionarial superior para poder modificar lo ya resuelto.Como conclusión, deben primar las condiciones de venta reflejadas en el edicto dispuestas por el Magistrado porsobre las enunciadas durante el acto de remate por el martillero.Cabe concluir entonces que el carácter “propter rem” de las deudas por expensas cede en el supuesto del “sublite”, con lo cual, corresponde que la actora afronte las deudas devengadas a partir de la toma de posesión, esdecir, desde el 20/12/04.En lo atinente al agravio por falta de prueba que acredite la negativa a recibir el pago, sin perjuicio deexpedirme al respecto, advierto que la parte pertinente de la sentencia transcripta en el memorial, por cual elrecurrente se siente agraviado (v. anteúltimo párrafo de fs. 516), alude a la falta de aceptación de laconsignación y no al pago, como erróneamente refiere el recurrente.Hay acuerdo doctrinario en interpretar que la lista de supuestos justificantes de un pago por consignación quetrae el art. 757 del Código Civil, no es taxativa sino enunciativa de las situaciones más frecuentes. De ahí quecorresponda concluir que siempre que el deudor o un tercero interesado enfrenten una dificultad seria que
4. impida el seguro ejercicio de su “jus solvendi” están ellos legitimados para satisfacer el pago con intervenciónjudicial, o sea mediante un juicio por consignación (conf. Esta Sala, “Filippi de Del Fa c/ Scala María Cándida s/testamentaria s/ Consignación de alquileres”, del 14/7/70).Sabido es que para que exista una negativa del acreedor a recibir el pago, anteriormente tiene que habermediado una oferta en tal sentido, por parte del acreedor.El Consorcio manifestó que la actora se negaba a recibir el comprobante donde constaba que la suma que poníaa disposición se tomaba a cuenta de lo efectivamente adeudado (v. fs. 160 vta. 2° párrafo), con lo cual, sedesprende de los propios dichos del demandado la oferta de pago por parte de la actora.A mayor abundamiento, el testigo Juri, refirió que el administrador Ferrari “quiso entregar recibos del pago delas expensas que se iban sucediendo a cuenta de la deuda anterior” y agregó que “la Srta. Cura se negó a esoporque ella decía que no había deuda anterior” (v. repregunta tercera a fs. 402 vta.).Si bien es cierto que el deponente manifestó ser primo lejano de la actora, conocerla de toda la vida yasesorarla, lo cual obliga a juzgar sus manifestaciones con mayor severidad, no descalifica la credibilidad de sutestimonio. En este entendimiento, teniendo en cuenta la coherencia en el relato y la razonabilidad de susdichos, con la propia postura procesal desplegada por el Consorcio, no habré de coincidir con los planteostendientes a que se deseche este elemento probatorio.Sella definitivamente la cuestión, el acta notarial obrante a fs. 594 de los autos “Testa Ana Lina c/ MartínezCastro Marta Elena s/ ejecución hipotecaria”, que deja constancia que el día 13 de enero de 2007 la Escribanainterviniente junto al Sr. Mario Oscar Juri, la actora y su abogado, Sr. Guillermo Alberto Vigevano, seconstituyeron en la sede de la Administración del Consorcio, “Administración Venturino Arias”, sito en la calleVidal 2196 de esta Ciudad, donde se requirió la presencia de la Sra. Arias a fin de abonar las expensas,obteniendo como respuesta que no se recibiría absolutamente nada. No debe soslayarse que el mentadoencuentro fue reconocido por la propia administradora Argentina Arias Arnaldo (v. pregunta 7° a fs. 430).Reconocida y comprobada la oferta de pago, debe dilucidarse si existió una negativa injustificada del Consorcio.Se ha considerado como negativa infundada cualquier proceder del acreedor que implique reclamos o exigenciasque estén al margen de lo debido. Por ello, la pretensión de dar un recibo por otra deuda distinta a la quecorrespondía se considera suficiente como para posibilitar la vía judicial de la consignación en pago (conf.Cazeaux –Trigo Represas, “Derecho de las Obligaciones”, La Ley, 4° edición, T. III, pág. 202/203).Así las cosas, no debiendo afrontar la actora las deudas de expensas anteriores a la toma de posesión, cabeconcluir que la actitud del Consorcio en pretender imputar el pago a cuenta de dicha deuda, no resultabaajustada a derecho, configurándose así la negativa del acreedor que habilita la instancia judicial.Por todo lo dicho, no son de recibo las críticas ensayadas contra la sentencia de grado, la que se confirma,imponiendo las costas de esta instancia al accionado vencido.“Cons. Mariscal Antonio José de Sucre 1431/33/35/37/39 c/ Cura Liliana Graciela s/ Ejecución de expensas”,Expte. 9.381/2006.Es sabido que la expresión de agravios debe ser una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que elapelante considere equivocadas, de conformidad con la manda establecida en el artículo 265 del CódigoProcesal.Asimismo, nuestro más Alto Tribunal ha sostenido en igual sentido que “...Corresponde declarar la deserción delrecurso que no formula –como es imprescindible- una crítica concreta y razonada de los fundamentosdesarrollados por el a quo, desde que las razones expuestas en el memorial respectivo deben ser suficientespara refutar los argumentos fácticos y jurídicos para llegar a la decisión impugnada (Fallos 325:981)...” (citadoen “Código de Procedimiento Civil y Comercial Anotado con jurisprudencia”, Luis Alvarez Juliá – Agustín GuidoGoldfeld, pág. 182, Editorial Errepar, Bs. As. 2005).De la lectura del escrito referido se desprende que el recurrente no ha dado cumplimiento con las disposicionesprevistas en el artículo citado, por lo que corresponde se declare desierto el recurso intentado de conformidadcon lo normado por el artículo 266 del Código Procesal.Nótese que dicho escrito no hace mención alguna de la sentencia dictada en autos, y tampoco -por supuesto- delos errores que el apelante haya podido considerar, para luego argumentar en contrario.La Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha sostenido que “...La reiteración de argumentos sindesvirtuar los fundamentos del fallo evidencia que los agravios reflejen una mera expresión de disconformidadcon lo decidido que no es idónea para sustentar el recurso (Fallos 325:1905)...” (ob. Cit., pág. 182).Por las consideraciones precedentes, voto para que se declare la deserción del recurso y firme, en consecuencia,la sentencia recurrida, con costas de Alzada al recurrente (conf. artículo 68 del Código Procesal).Por ello propongo:
5. 1) Confirmar la sentencia dictada en autos en el juicio sobre consignación; 2) Declarar desierto el recurso delactor en el juicio sobre ejecución de expensas y 3) Las costas de la Alzada, en ambos expedientes, se imponenal Consorcio vencido (art. 68 del Código Procesal).Los Dres. Ricardo Li Rosi y Hugo Molteni votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas ensu voto por el Dr. Luis Alvarez Juliá.Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, SE RESUELVE: 1)Confirmar la sentencia dictadaen autos en el juicio sobre consignación; 2) Declarar desierto el recurso del actor en el juicio sobre ejecución deexpensas y 3) Las costas de la Alzada, en ambos expedientes, se imponen al Consorcio vencido (art. 68 delCódigo Procesal).Atento el modo como se decide precedentemente corresponde entender en el recurso de apelación deducidocontra los honorarios fijados a fs. 563 a favor de la mediadora.-Al respecto, cabe recordar que el artículo 21 de la ley 24.573 establece que el mediador percibirá una suma fijaen concepto de honorarios, sin que proceda analizar la importancia, complejidad, extensión y demás pautasvalorativas aplicables para justipreciar la labor de otros profesionales, en tanto y en cuanto las partes nohubiesen acordado otra cosa.-Ahora bien, de la compulsa del expediente se desprende que la mediación fue llevada a cabo en el año 2005, esdecir, durante la vigencia del decreto 91/98.-Al respecto, cabe apuntar que aún cuando el decreto 1465/2007 debiera aplicarse en forma inmediata a todaslas mediaciones que pudiesen hallarse en curso, por aplicación del dispositivo contenido en el artículo 3 delCódigo Civil, en la inteligencia que estos emolumentos como la obligación que éstos generan no se consolidansino hasta que el pronunciamiento que pone fin al debate adquiera calidad de cosa juzgada (conf.esta Sala,R.510.600 del 10-7-08).-En efecto, aún cuando los montos de los aranceles y de los honorarios que perciben por su labor los mediadoreshan permanecido inalterados y se han tornado insuficientes, lo cierto es que el decreto modificatorio entró envigencia el 27/10/07, luego de los ocho días de su publicación en el Boletín Oficial (19/10/2007), es decir,después de la fecha del acta de la mediación, resultando de aplicación entonces el criterio sustentado por laCorte Suprema de Justicia de la Nación el 6/2/1997 in re “Greco Hnos.S.A. s/quiebra s/inc. de rend. de cuentaspor Furlotti S.A.”,pub.en E.D. 29/5/1997.Ello así, los emolumentos habrán de establecerse con sujeción a la escala vigente al momento de celebrarse lareferida audiencia de mediación.-En virtud de estas razones, lo dispuesto por el art.21 del Dec. ley 91/98, confírmase la regulación a favor de laDra. Soraya M. Massetti.Por su labor en la alzada que diera lugar al presente fallo, fíjanse los honorarios de la Dra. María A. Orellana, porsu intervención en el expediente n°110564/2005, en PESOS … ($ …-)y, por su participación en el expediente n°9381/2006 en PESOS … ($ ….-)(arts. l, 6, 7, 19, 37, 40 de la ley 21.839 y concordantes de la 24.432), sumasque deberán ser abonadas en el plazo de diez dias.Disidencia parcial del Dr. Luis Alvarez Juliá:Como vocal de la Sala “C”, he sostenido que, en supuestos como el de autos en que la determinación de suretribución se ha efectuado con posterioridad a la vigencia del decreto 1465/07, resultan de aplicación las pautasprevistas por el art. 4 de dicha norma (Conf. Sala “C”, H. 509.662, del 24/6/08; íd. R.H. 498.873, del 21/8/08, íd.RH524.787, del 19/2/09, entre muchos otros).-Con arreglo a ello, entiendo que corresponderá modificar la regulación practicada a favor de la mediadora.-Notifíquese y devuélvase.LUIS ALVAREZ JULIÁ(EN DISIDENCIA PARCIAL).RICARDO LI ROSI.HUGO MOLTENI.

References: artículo 598
 resolución 
 resolución 
 artículo 265
 artículo 266
 artículo 68
 artículo 21
 artículo 3