Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/56028
Timestamp: 2019-09-15 08:10:09+00:00

Document:
Gaceta: LXII/3SPR-13/56028
Se establece la posibilidad de que las demandas tramitadas en la vía ordinaria puedan ser sustanciadas y resueltas en el mismo plazo que en la vía sumaria, siempre y cuando la presentación de la demanda se realice dentro de los primeros quince días y así lo solicite el promovente
Se propone adicionar un nuevo párrafo al artículo 13 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, porción normativa que regula los plazos genéricos para la interposición del juicio en la vía ordinaria, para estipular la posibilidad de que el promovente del juicio contencioso administrativo, no obstante su ubicación en los supuestos de las fracciones I y II del mismo artículo, es decir, los casos genéricos para la admisión de la vía ordinaria, pueda solicitar a la Sala Regional competente que su demanda sea tramitada en los plazos dispuestos para la vía sumaría, siempre y cuando el accionante presente su demanda dentro de los primeros quince días del término genérico de cuarenta y cinco del que en principio dispone para la vía ordinaria.
También pretende reformar el párrafo segundo de la fracción I del artículo 14 de la misma Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para estipular en los requisitos de la demanda la indicación correspondiente que deberá hacerse cuando el promovente solicite el beneficio de que su demanda sustentada en los supuestos de las fracciones I y II del artículo 13 del mismo ordenamiento sea tramitada bajo los términos de la vía sumaria.
El que suscribe, Antonio Cuéllar Steffan, Diputado Federal del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116, numeral 1, y 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 13 y 14 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, por la cual se establece la posibilidad de que las demandas tramitadas en la vía ordinaria puedan ser sustanciadas y resueltas en el mismo plazo que en la vía sumaria, siempre y cuando la presentación de la demanda se realice dentro de los primeros quince días y así lo solicite el promovente.
El Estado de Derecho es el ideal y el eje por el cual debe discurrir la actividad jurídica en cualquiera de sus manifestaciones, máxime bajo la impronta del Estado Constitucional de Derecho, donde el cumplimiento de la ley se redefine en la protección y satisfacción de las normas que contienen derechos humanos, lo que supone la revitalización de los grandes principios constitucionales y la necesidad de la implementación de garantías que los hagan efectivos en beneficio de todas las personas.
La obligación del Estado mexicano de impartir justicia pronta y expedita contenida en el artículo 17 constitucional, como parte de la garantía genérica de tutela judicial efectiva, hoy en día se torna una verdadera necesidad institucional para poder hablar de un sistema jurídico dirigido a la protección de los derechos humanos, tal y como lo mandata el artículo 1° de la Constitución General, pues es evidente que bajo los nuevos estándares inaugurados con la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, la tarea jurisdiccional cobra una relevancia inusual para garantizarle al gobernado la puesta en marcha de herramientas procesales que permitan culminar con una resolución que resarza el daño que eventualmente pueda sufrir en su esfera de derechos.
Las garantías judiciales, en ese sentido, si bien mantienen su naturaleza adjetiva e instrumental para la satisfacción de otros derechos, bajo este nuevo entendimiento constitucional se configuran además como derechos humanos de fuente nacional e internacional que, por esa calidad, deben ser concretados irrestrictamente por los operadores jurídicos, desde su desarrollo legal por parte del legislador ordinario hasta su interpretación final y aplicación por parte de los órganos administrativos y jurisdiccionales.
Bajo ese orden de ideas, nos corresponde como legisladores ser perceptivos de la forma en que en la práctica jurisdiccional se vienen aplicando las normas jurídicas, en este caso, aquellas que forman parte de la garantía de tutela judicial efectiva, porque es innegable que subsisten obstáculos legales, muchos de ellos bajo la forma de normas procedimentales, que pueden impedir el buen funcionamiento del sistema de protección de los derechos humanos.
Por lo que ve al juicio contencioso administrativo, al ser una pieza elemental del sistema jurisdiccional mexicano, aún y cuando se desenvuelve fuera de la estructura del Poder Judicial Federal, se hace urgente adaptarlo a las reglas y principios constitucionales que ya han permeado a otros juicios, pues la materia contenciosa administrativa participa en todo momento dentro de los procesos de transición hacia un modelo de plena garantía de los derechos humanos.
Un gran avance del legislador para poner a tono al juicio contencioso administrativo con las necesidades de los tiempos modernos, aun previamente a la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, fueron las trascendentes reformas del 10 de diciembre de 2010, en las cuales se implementó el juicio en línea, como alternativa para la promoción del juicio en la vía tradicional; así como la vía sumaría, como un juicio que de acuerdo a criterios de baja cuantía en el importe de la resolución impugnada, se caracteriza por la brevedad temporal en la sustanciación de sus etapas procesales.
En efecto, en la actualidad el juicio contencioso administrativo puede tramitarse y resolverse por dos vías: la ordinaria y la sumaria(cabe aclarar que el juicio en línea, más que una vía, es un sistema alternativo para sustanciar las otras dos vías). La demanda en la vía ordinaria, de acuerdo al artículo 13 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, puede presentarse dentro del plazo de cuarenta y cinco días de acuerdo a los siguientes supuestos :
Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable a ésta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general.
A aquél en el que surta efectos la notificación de la resolución de la Sala o Sección que habiendo conocido una queja, decida que la misma es improcedente y deba tramitarse como juicio. Para ello deberá prevenir al promovente para que presente demanda en contra de la resolución administrativa que tenga carácter definitivo.
Por su parte, de acuerdo al último párrafo del artículo 58-2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, la demanda por la vía sumaria deberá presentarse ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtan efectos la notificación de la resolución impugnada.
Como se puede apreciar, en oposición a los plazos considerablemente amplios para la vía ordinaria, la simplificación y abreviación caracteriza al juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, garantizando de esa manera la tutela judicial efectiva y, por ende, favoreciendo en la práctica que los justiciables confíen en la justicia administrativa como un instrumento eficaz y expedito que permite resolver las controversias en las que se vean inmersos en tal materia.
En efecto, los plazos de la vía sumaría, no sólo para la presentación de la demanda, sino todos los que conviven para su tramitación son más breves: Quince días para interponer la demanda e igual plazo para la contestación, mientras que para la instrucción se estipula que no puede exceder de sesenta días siguientes a la emisión del auto de cierre de instrucción; diez días para el desahogo de pruebas; ampliación de la demanda, en cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que tenga por presentada la demanda, y cinco días para darle contestación a la misma; diez días para que el Magistrado emita sentencia una vez que quedó cerrada la instrucción.
Sin embargo, los requisitos de procedencia de la vía sumaría difieren de aquellos que se solicitan en la vía ordinaria, ya que de otro modo, no existiría diferencia razonable que justificara la existencia de ambas vías. En ese sentido, de acuerdo al artículo 58-2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, destaca que la vía sumaria es procedente cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión; resoluciones definitivas tales como:
Dicho de otro modo, la teleología del juicio en la vía sumaria no fue la de crear un juicio paralelo a la vía ordinaria, sino crear una alternativa mucho más eficiente para los supuestos en donde no sea muy elevado el importe de la resolución impugnada, subsistiendo la vía ordinaria para todos los demás casos que no se ajusten a los parámetros antes referidos para la vía sumaria.
No obstante lo anterior, en el foro jurídico, fundamentalmente en aquel sector dedicado a la práctica del litigio en materia administrativa, se percibe un tipo de reclamo focalizado en los promoventes del juicio contencioso en cuanto a lo prolongado que resulta el lapso de tiempo que por disposición legal tiene que transcurrir entre la presentación de la demanda en el juicio ordinario y la resolución del mismo, a diferencia de los plazos breves de la vía sumaria.
Dicho reclamo, cuando se enfoca a buscar la no diferenciación entre las peculiaridades de cada una de las vías, pugnando así por la homologación total de criterios, se tornaría irracional, en tanto no tomaría en cuenta circunstancias propias de preparación y substanciación de un juicio contencioso administrativo de acuerdo a criterios, como la cuantía del acto impugnado.
En cambio, cuando el promovente acude a la tramitación del juicio contencioso administrativo por la vía ordinaria, porque la resolución definitiva que impugna no se ajusta a ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 58-2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, es decir, aquellas establecidas para la vía sumaria, aún y cuando existe urgencia para la resolución del juicio y se cuentan con todos los elementos para interponer la demanda mucho antes del fenecimiento de los cuarenta y cinco días que la Ley dispone para la interposición del juicio por la vía ordinaria, se presenta un tipo de situación, bastante común en la práctica de este juicio, en la que sería deseable que los plazos legales fueran más acotados a fin de no dilatar procedimientos en perjuicio del promovente.
En efecto, como ya se dijo, sucede que en la práctica postulante del juicio contencioso administrativo la vía sumaría ha resultado ser realmente efectiva para el desahogo y resolución de controversias, concediendo a los justiciables la confianza de que sus negocios jurídicos no se estancan en los engorrosos procedimientos y términos que lamentablemente ha caracterizado a la justicia en México. Cuestión muy diferente a lo que pasa con el juicio ordinario, en donde el legislador ha dispuesto por regla general plazos y términos más extensos, atendiendo a que los supuestos en los cuales es procedente tal vía son más complejos, así como admiten mayor tipo dehipótesis que se pueden actualizan caso por caso.
Y es también por esta última posibilidad, por la apertura que el juicio ordinario tiene para incoar a través de sus plazos, términos y procedimientos una gran cantidad de hechos que tampoco son de los que expresamente enuncia la Ley para la tramitación del juicio en la vía sumaria, y que por la especial naturaleza del asunto pudieran ser substanciados y resueltos de forma más ágil, donde nace la necesidad de que la propia Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo prevea la posibilidad de que ese tipo de casos puedan ser admitidos bajo plazos más reducidos, como los que están establecidos para la vía sumaria.
En ese orden de ideas, la finalidad de la presente iniciativa estriba en posibilitar a los promoventes del juicio contencioso administrativo en la vía ordinaria para que puedan solicitar y verse beneficiados con los plazos y términos establecidos para la vía sumaria siempre y cuando el demandante presente la demanda dentro de los primeros quince días, demostrando así que éste se encuentra tanto en óptimas condiciones para integrar su escrito de demanda como que cuenta con un especial interés en que el juicio sea desahogado prontamente.
Claro está que no basta con la voluntad del promovente para gozar del beneficio, en tanto el juez gozará de amplias facultades para declarar de manera preventiva si se presentan o no tales hipótesis y si ellas son necesarias y suficientes como para ordenar que un juicio que se ajustaa los supuestos legales para la vía ordinaria estará en posibilidades de trasladarse procedimentalmente a los plazos y términos establecidos para la vía sumaria.
La propuesta no pretende que el juicio incoado por la vía ordinaria caiga en desuso por una potencial tendencia de los litigantes para hacer un uso excesivo de la alternativa que hoy se planeta, pues persistirán los casos, que suelen ser bastantes, en que no sólo se actualizarán las hipótesis legales para la promoción de la vía ordinaria, sino que además los plazos más amplios que para esa vía se ofrecen seguirán cumpliendo con su finalidad de ofrecerle al promovente mayor lapso de tiempo para completar los elementos necesarios para integrar su escrito de demanda.
Por ello, se propone adicionar un nuevo párrafo al artículo 13 de la citada Ley, porción normativa que regula los plazos genéricos para la interposición del juicio en la vía ordinaria, para estipular la posibilidad de queel promovente del juicio contencioso administrativo, no obstante su ubicación en los supuestos de las fracciones I y II del mismo artículo, es decir, los casos genéricos para la admisión de la vía ordinaria, pueda solicitar a la Sala Regional competente que su demanda sea tramitada en los plazos dispuestos para la vía sumaría, siempre y cuando el accionante presente su demanda dentro de los primeros quince días del término genérico de cuarenta y cinco del que en principio dispone para la vía ordinaria.
De manera concomitante, se propone también adicionar una porción normativa al párrafo segundo de la fracción I del artículo 14 de la misma Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para estipular en los requisitos de la demanda la indicación correspondiente que deberá hacerse cuando el promovente solicite el beneficio de que su demanda sustentada en los supuestos de las fracciones I y II del artículo 13 del mismo ordenamiento sea tramitada bajo los términos de la vía sumaria.
Por las razones expuestas, mismas que se dirigen a agilizar la justicia administrativa a través de nuevas posibilidades procesales a disposición de los justiciables para que cierto tipo de controversias administrativas excepcionalmente sean tramitadas bajo los términos de la vía sumaría, aún y cuando no sean de las que expresamente señala la ley para dicha vía, someto ante esta H. Comisión Permanente el siguiente proyecto de:
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 13 y 14 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, por el cual se establece la posibilidad de que las demandas tramitadas en la vía ordinaria puedan ser sustanciadas y resueltas en el mismo plazo que en la vía sumaria, siempre y cuando la presentación de la demanda se realice dentro de los primeros quince días y así lo solicite el promovente, para quedar como sigue:
En los supuestos de las fracciones I y II, si el promovente interpone la demanda dentro de los primeros quince días del término de cuarenta y cinco del que dispone como regla general, podrá solicitar a la Sala regional competente que la demanda sea tramitada en los plazos dispuestos en la presente ley para la Vía Sumaria.
(Se recorren los siguientes párrafos)
La indicación de que se tramitará en la Vía Sumaria,o bien, la solicitud para que una demanda fundamentada en cualquiera de los supuestos de la fracciones I y II de artículo 13 de la presente Ley excepcionalmente sea sustanciada bajo los términos para la vía sumaria.En caso de omisión, el Magistrado Instructor lo tramitará en esta vía en los supuestos que proceda de conformidad con el Título II, Capítulo XI de esta Ley, sin embargo no será causa de desechamiento de la demanda, el hecho de que está no se presente dentro del término establecido para la promoción del Juicio en la Vía Sumaria, cuando la procedencia del mismo derive de la existencia de alguna de las jurisprudencias a las que se refiere el antepenúltimo párrafo del Artículo 58-2; en todo caso si el Magistrado Instructor, antes de admitir la demanda, advierte que los conceptos de impugnación planteados por la actora tienen relación con alguna de las citadas jurisprudencias, proveerá lo conducente para la sustanciación y resolución del Juicio en la Vía Ordinaria.
II a XIII. (…)
En el mismo artículo 13 de la LFPCA se establece un plazo de cinco años cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular.

References: artículo 13
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 78
 artículo 17
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 58
 resolución 
 artículo 58
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 58
 resolución 
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 artículo 13
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 13
 Artículo 58
 resolución 
 artículo 13
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