Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2007-13409.htm
Timestamp: 2018-10-16 20:23:02+00:00

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Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autÃ³nomo.
El trabajo autÃ³nomo se ha venido configurando tradicionalmente dentro de un marco de relaciones jurÃ­dicas propio del derecho privado, por lo que las referencias normativas al mismo se hallan dispersas a lo largo de todo el Ordenamiento JurÃ­dico.
En este sentido, la ConstituciÃ³n, sin hacer una referencia expresa al trabajo por cuenta propia, recoge en algunos de sus preceptos derechos aplicables a los trabajadores autÃ³nomos. AsÃ­, el artÃ­culo 38 de la ConstituciÃ³n reconoce la libertad de empresa en el marco de una economÃ­a de mercado; el artÃ­culo 35, en su apartado 1, reconoce para todos los espaÃ±oles el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elecciÃ³n de profesiÃ³n u oficio, a la promociÃ³n a travÃ©s del trabajo y a una remuneraciÃ³n suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningÃºn caso pueda hacerse discriminaciÃ³n por razÃ³n de sexo; el artÃ­culo 40, en su apartado 2, establece que los poderes pÃºblicos fomentarÃ¡n una polÃ­tica que garantice la formaciÃ³n y readaptaciÃ³n profesionales, velarÃ¡n por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarÃ¡n el descanso necesario mediante la limitaciÃ³n de la jornada laboral, las vacaciones periÃ³dicas retribuidas y la promociÃ³n de centros adecuados; finalmente, el artÃ­culo 41 encomienda a los poderes pÃºblicos el mantenimiento de un rÃ©gimen pÃºblico de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.
Estas referencias constitucionales no tienen por quÃ© circunscribirse al trabajo por cuenta ajena, pues la propia ConstituciÃ³n asÃ­ lo determina cuando se emplea el tÃ©rmino Â«espaÃ±olesÂ» en el artÃ­culo 35 o el de Â«ciudadanosÂ» en el artÃ­culo 41, o cuando encomienda a los poderes pÃºblicos la ejecuciÃ³n de determinadas polÃ­ticas, artÃ­culo 40, sin precisar que sus destinatarios deban ser exclusivamente los trabajadores por cuenta ajena.
En el Ã¡mbito social podemos destacar, en materia de Seguridad Social, normas como la Ley General de la Seguridad Social, el artÃ­culo 25.1 de la Ley OrgÃ¡nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de ProtecciÃ³n Integral contra la Violencia de GÃ©nero referido a las trabajadoras por cuenta propia que sean vÃ­ctimas de la violencia de gÃ©nero, el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, que regula el RÃ©gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos, y otras disposiciones de desarrollo. En materia de prevenciÃ³n de riesgos laborales hay que referirse a la Ley de PrevenciÃ³n de Riesgos Laborales y al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mÃ­nimas de seguridad y salud en las obras de construcciÃ³n, asÃ­ como otras disposiciones de desarrollo.
La UniÃ³n Europea, por su parte, ha tratado el trabajo autÃ³nomo en instrumentos normativos tales como la Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986, relativa a la aplicaciÃ³n del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autÃ³noma, incluidas las actividades agrÃ­colas, asÃ­ como sobre la protecciÃ³n de la maternidad, que da una definiciÃ³n de trabajador autÃ³nomo en su artÃ­culo 2.a), o en la RecomendaciÃ³n del Consejo de 18 de febrero de 2003 relativa a la mejora de la protecciÃ³n de la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores autÃ³nomos.
El derecho comparado de los paÃ­ses de nuestro entorno no dispone de ejemplos sobre una regulaciÃ³n del trabajo autÃ³nomo como tal. En los paÃ­ses de la UniÃ³n Europea sucede lo mismo que en EspaÃ±a: las referencias a la figura del trabajador autÃ³nomo se encuentran dispersas por toda la legislaciÃ³n social, especialmente la legislaciÃ³n de seguridad social y de prevenciÃ³n de riesgos. En este sentido, cabe resaltar la importancia que tiene el presente Proyecto de Ley, pues se trata del primer ejemplo de regulaciÃ³n sistemÃ¡tica y unitaria del trabajo autÃ³nomo en la UniÃ³n Europea, lo que sin duda constituye un hito en nuestro ordenamiento jurÃ­dico.
Se trata de una Ley que regularÃ¡ el trabajo autÃ³nomo, sin interferir en otros Ã¡mbitos de nuestro tejido productivo, como el sector agrario, que cuenta con su propia regulaciÃ³n y sus propios cauces de representaciÃ³n.
Los Colegios Profesionales tampoco verÃ¡n afectadas sus competencias y atribuciones por la aprobaciÃ³n de este Estatuto.
Desde el punto de vista econÃ³mico y social no puede decirse que la figura del trabajador autÃ³nomo actual coincida con la de hace algunas dÃ©cadas. A lo largo del siglo pasado el trabajo era, por definiciÃ³n, el dependiente y asalariado, ajeno a los frutos y a los riesgos de cualquier actividad emprendedora. Desde esa perspectiva, el autoempleo o trabajo autÃ³nomo tenÃ­a un carÃ¡cter circunscrito, en muchas ocasiones, a actividades de escasa rentabilidad, de reducida dimensiÃ³n y que no precisaban de una fuerte inversiÃ³n financiera, como por ejemplo la agricultura, la artesanÃ­a o el pequeÃ±o comercio. En la actualidad la situaciÃ³n es diferente, pues el trabajo autÃ³nomo prolifera en paÃ­ses de elevado nivel de renta, en actividades de alto valor aÃ±adido, como consecuencia de los nuevos desarrollos organizativos y la difusiÃ³n de la informÃ¡tica y las telecomunicaciones, y constituye una libre elecciÃ³n para muchas personas que valoran su autodeterminaciÃ³n y su capacidad para no depender de nadie.
Esta circunstancia ha dado lugar a que en los Ãºltimos aÃ±os sean cada vez mÃ¡s importantes y numerosas en el trÃ¡fico jurÃ­dico y en la realidad social, junto a la figura de lo que podrÃ­amos denominar autÃ³nomo clÃ¡sico, titular de un establecimiento comercial, agricultor y profesionales diversos, otras figuras tan heterogÃ©neas, como los emprendedores, personas que se encuentran en una fase inicial y de despegue de una actividad econÃ³mica o profesional, los autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes, los socios trabajadores de cooperativas y sociedades laborales o los administradores de sociedades mercantiles que poseen el control efectivo de las mismas.
En la actualidad, a 30 de junio de 2006, el nÃºmero de autÃ³nomos afiliados a la Seguridad Social asciende a 3.315.707, distribuidos en el RÃ©gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos, en el RÃ©gimen Especial Agrario y en el RÃ©gimen Especial de Trabajadores del Mar. De ellos, 2.213.636 corresponden a personas fÃ­sicas que realizan actividades profesionales en los distintos sectores econÃ³micos.
Partiendo de este Ãºltimo colectivo, es muy significativo seÃ±alar que 1.755.703 autÃ³nomos no tienen asalariados y que del colectivo restante 457.933, algo mÃ¡s de 330.000 sÃ³lo tienen uno o dos asalariados. Es decir, el 94 por ciento de los autÃ³nomos que realizan una actividad profesional o econÃ³mica sin el marco jurÃ­dico de empresa no tienen asalariados o sÃ³lo tienen uno o dos.
Estamos en presencia de un amplio colectivo que realiza un trabajo profesional arriesgando sus propios recursos econÃ³micos y aportando su trabajo personal, y que en su mayorÃ­a lo hace sin la ayuda de ningÃºn asalariado. Se trata, en definitiva, de un colectivo que demanda un nivel de protecciÃ³n social semejante al que tienen los trabajadores por cuenta ajena.
A lo largo de los Ãºltimos aÃ±os se han llevado a cabo algunas iniciativas destinadas a mejorar la situaciÃ³n del trabajo autÃ³nomo. Entre ellas, cabe destacar la eliminaciÃ³n del Impuesto de Actividades EconÃ³micas para todas las personas fÃ­sicas, asÃ­ como las introducidas por la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de Medidas de Reforma EconÃ³mica, que recoge la cobertura de la Incapacidad Temporal desde el cuarto dÃ­a de la baja, la posibilidad de tener la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y la minoraciÃ³n para quienes se incorporaran por vez primera al RÃ©gimen Especial de los Trabajadores AutÃ³nomos, siendo menores de treinta aÃ±os o mujeres mayores de cuarenta y cinco. En la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el aÃ±o 2005 se incorporan como medidas para el fomento del empleo autÃ³nomo de jÃ³venes hasta treinta aÃ±os de edad y mujeres hasta treinta y cinco, una reducciÃ³n a las cuotas de la Seguridad Social asÃ­ como el acceso a las medidas de fomento del empleo estable de los familiares contratados por los autÃ³nomos. Asimismo, se mejora el sistema de capitalizaciÃ³n de la prestaciÃ³n por desempleo en su modalidad de pago Ãºnico para los desempleados que inicien su actividad como autÃ³nomos.
El Gobierno, sensible ante esta evoluciÃ³n del trabajo autÃ³nomo, ya se comprometiÃ³ en la sesiÃ³n de investidura de su Presidente a aprobar durante esta Legislatura un Estatuto de los Trabajadores AutÃ³nomos. Como consecuencia de ello el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales acordÃ³ constituir una ComisiÃ³n de Expertos a la que encomendÃ³ una doble tarea: de un lado, efectuar un diagnÃ³stico y evaluaciÃ³n sobre la situaciÃ³n econÃ³mica del trabajo autÃ³nomo en EspaÃ±a y, de otro, analizar el rÃ©gimen jurÃ­dico y de protecciÃ³n social de los trabajadores autÃ³nomos, elaborando al tiempo una propuesta de Estatuto del Trabajador AutÃ³nomo. Los trabajos de la ComisiÃ³n culminaron con la entrega de un extenso y documentado Informe, acompaÃ±ado de una propuesta de Estatuto, en el mes de octubre de 2005.
Paralelamente, la DisposiciÃ³n Adicional SexagÃ©sima Novena de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el aÃ±o 2006 incorporaba el mandato al Gobierno de presentar al Congreso de los Diputados, en el plazo de un aÃ±o, un Proyecto de Ley de Estatuto del Trabajador AutÃ³nomo en el que se defina el trabajo autÃ³nomo y se contemplen los derechos y obligaciones de los trabajadores autÃ³nomos, su nivel de protecciÃ³n social, las relaciones laborales y la polÃ­tica de fomento del empleo autÃ³nomo, asÃ­ como la figura del trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente.
Mediante la ResoluciÃ³n nÃºmero 15 del debate sobre el Estado de la NaciÃ³n de 2006, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar durante ese aÃ±o el Proyecto de Ley del Estatuto del Trabajador AutÃ³nomo, para avanzar en la equiparaciÃ³n, en los tÃ©rminos contemplados en la RecomendaciÃ³n nÃºmero 4 del Pacto de Toledo, del nivel de protecciÃ³n social de los trabajadores autÃ³nomos con el de los trabajadores por cuenta ajena.
Finalmente, con la aprobaciÃ³n de la Ley OrgÃ¡nica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, a iniciativa del Gobierno, se dio un primer paso en el cumplimiento a la citada ResoluciÃ³n, al introducir numerosas medidas para mejorar la situaciÃ³n del trabajo autÃ³nomo, especialmente en lo relativo a los derechos derivados de las situaciones de maternidad y paternidad, todo ello en el contexto de avanzar en una polÃ­tica de conciliaciÃ³n de la vida familiar con el trabajo, tan demandada por los trabajadores autÃ³nomos.
La presente Ley constituye el resultado del cumplimiento de los anteriores mandatos. Para su elaboraciÃ³n se ha consultado a las organizaciones sindicales y empresariales, asÃ­ como a las asociaciones de trabajadores autÃ³nomos.
La Ley consta de 29 artÃ­culos, encuadrados en cinco tÃ­tulos, mÃ¡s diecinueve disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y seis finales.
El TÃ­tulo I delimita el Ã¡mbito subjetivo de aplicaciÃ³n de la Ley, estableciendo la definiciÃ³n genÃ©rica de trabajador autÃ³nomo y aÃ±adiendo los colectivos especÃ­ficos incluidos y excluidos.
El TÃ­tulo II regula el rÃ©gimen profesional del trabajador autÃ³nomo en tres capÃ­tulos. El CapÃ­tulo I establece las fuentes de dicho rÃ©gimen profesional, dejando clara la naturaleza civil o mercantil de las relaciones jurÃ­dicas establecidas entre el autÃ³nomo y la persona o entidad con la que contrate. El apartado 2 del artÃ­culo 3 introduce los acuerdos de interÃ©s profesional para los trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes, novedad importante creada por la Ley.
El CapÃ­tulo II se refiere al rÃ©gimen profesional comÃºn para todos los trabajadores autÃ³nomos y establece un catÃ¡logo de derechos y deberes, asÃ­ como las normas en materia de prevenciÃ³n de riesgos laborales, protecciÃ³n de menores y las garantÃ­as econÃ³micas.
El CapÃ­tulo III reconoce y regula la figura del trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente. Su regulaciÃ³n obedece a la necesidad de dar cobertura legal a una realidad social: la existencia de un colectivo de trabajadores autÃ³nomos que, no obstante su autonomÃ­a funcional, desarrollan su actividad con una fuerte y casi exclusiva dependencia econÃ³mica del empresario o cliente que los contrata. La Ley contempla el supuesto en que este empresario es su principal cliente y de Ã©l proviene, al menos, el 75 por ciento de los ingresos del trabajador. SegÃºn los datos suministrados por el Instituto Nacional de EstadÃ­stica, en el aÃ±o 2004, ascienden a 285.600 los empresarios sin asalariados que trabajan para una Ãºnica empresa o cliente. La cifra es importante, pero lo significativo es que este colectivo se ha incrementado en un 33 por ciento desde el aÃ±o 2001.
A la vista de la realidad anteriormente descrita, la introducciÃ³n de la figura del trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente ha planteado la necesidad de prevenir la posible utilizaciÃ³n indebida de dicha figura, dado que nos movemos en una frontera no siempre precisa entre la figura del autÃ³nomo clÃ¡sico, el autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente y el trabajador por cuenta ajena.
La intenciÃ³n del legislador es eliminar esas zonas fronterizas grises entre las tres categorÃ­as. De ahÃ­ que el artÃ­culo 11, al definir el trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente sea muy restrictivo, delimitando conforme a criterios objetivos los supuestos en que la actividad se ejecuta fuera del Ã¡mbito de organizaciÃ³n y direcciÃ³n del cliente que contrata al autÃ³nomo.
El resto del CapÃ­tulo III establece una regulaciÃ³n garantista para el trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente, en virtud de esa situaciÃ³n de dependencia econÃ³mica, sin perjuicio de que opere como norma general en las relaciones entre Ã©ste y su cliente el principio de autonomÃ­a de la voluntad. En este sentido, el reconocimiento de los acuerdos de interÃ©s profesional, en el artÃ­culo 13, al que se aludÃ­a en el CapÃ­tulo dedicado a las fuentes, no supone trasladar la negociaciÃ³n colectiva a este Ã¡mbito, sino simplemente reconocer la posibilidad de existencia de un acuerdo que trascienda del mero contrato individual, pero con eficacia personal limitada, pues sÃ³lo vincula a los firmantes del acuerdo.
El recurso a la JurisdicciÃ³n Social previsto en el artÃ­culo 17 se justifica porque la configuraciÃ³n jurÃ­dica del trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente se ha diseÃ±ado teniendo en cuenta los criterios que de forma reiterada ha venido estableciendo la Jurisprudencia de dicha JurisdicciÃ³n. La Jurisprudencia ha definido una serie de criterios para distinguir entre el trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena. La dependencia econÃ³mica que la Ley reconoce al trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente no debe llevar a equÃ­voco: se trata de un trabajador autÃ³nomo y esa dependencia econÃ³mica en ningÃºn caso debe implicar dependencia organizativa ni ajenidad. Las cuestiones litigiosas propias del contrato civil o mercantil celebrado entre el autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente y su cliente van a estar estrechamente ligadas a la propia naturaleza de la figura de aquÃ©l, de tal forma que las pretensiones ligadas al contrato siempre van a juzgarse en conexiÃ³n con el hecho de si el trabajador autÃ³nomo es realmente econÃ³micamente dependiente o no, segÃºn cumpla o no con los requisitos establecidos en la Ley. Y esta circunstancia, nuclear en todo litigio, ha de ser conocida por la JurisdicciÃ³n Social.
El TÃ­tulo III regula los derechos colectivos de todos los trabajadores autÃ³nomos, definiendo la representatividad de sus asociaciones conforme a los criterios objetivos, establecidos en el artÃ­culo 21 y creando el Consejo del Trabajo AutÃ³nomo como Ã³rgano consultivo del Gobierno en materia socioeconÃ³mica y profesional referida al sector en el artÃ­culo 22.
El TÃ­tulo IV establece los principios generales en materia de protecciÃ³n social, recogiendo las normas generales sobre afiliaciÃ³n, cotizaciÃ³n y acciÃ³n protectora de la Seguridad Social de los trabajadores autÃ³nomos. Es de destacar que se reconoce la posibilidad de establecer reducciones o bonificaciones en las bases de cotizaciÃ³n o en las cuotas de la Seguridad Social para determinados colectivos de trabajadores autÃ³nomos, en atenciÃ³n a sus circunstancias personales o a las caracterÃ­sticas profesionales de la actividad ejercida. Se extiende a los trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes la protecciÃ³n por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y se reconoce la posibilidad de jubilaciÃ³n anticipada para aquellos trabajadores autÃ³nomos que desarrollen una actividad tÃ³xica, peligrosa o penosa, en las mismas condiciones previstas para el RÃ©gimen General. Se trata de medidas que, junto con las previstas en las disposiciones adicionales, tienden a favorecer la convergencia del RÃ©gimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos con el RÃ©gimen General.
Finalmente, el TÃ­tulo V estÃ¡ dedicado al fomento y promociÃ³n del trabajo autÃ³nomo, estableciendo medidas dirigidas a promover la cultura emprendedora, a reducir los costes en el inicio de la actividad, a impulsar la formaciÃ³n profesional y a favorecer el trabajo autÃ³nomo mediante una polÃ­tica fiscal adecuada. Se trata, pues, de las lÃ­neas generales de lo que deben ser las polÃ­ticas activas de fomento del autoempleo, lÃ­neas que han de ser materializadas y desarrolladas en funciÃ³n de la realidad socioeconÃ³mica.
La disposiciÃ³n adicional primera se refiere a la reforma del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. Las modificaciones son las estrictamente necesarias como consecuencia de la inclusiÃ³n de las controversias derivadas de los contratos de los trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes en el Ã¡mbito de la JurisdicciÃ³n Social. En coherencia con ello, tambiÃ©n se establece la obligatoriedad de la conciliaciÃ³n previa no sÃ³lo ante el servicio administrativo correspondiente, sino tambiÃ©n ante el Ã³rgano que eventualmente se haya podido crear mediante acuerdo de interÃ©s profesional.
La disposiciÃ³n adicional segunda supone el reconocimiento para que ciertos colectivos o actividades gocen de peculiaridades en materia de cotizaciÃ³n, como complemento de las medidas de fomento del autoempleo. Se hace un mandato concreto para establecer reducciones en la cotizaciÃ³n de los siguientes colectivos de trabajadores autÃ³nomos: los que ejercen una actividad por cuenta propia junto con otra actividad por cuenta ajena, de tal modo que la suma de ambas cotizaciones supera la base mÃ¡xima, los hijos de trabajadores autÃ³nomos menores de 30 aÃ±os que inician una labor en la actividad familiar y los trabajadores autÃ³nomos que se dediquen a la venta ambulante o a la venta a domicilio.
La disposiciÃ³n adicional tercera recoge la obligaciÃ³n de que en el futuro todos los trabajadores autÃ³nomos que no lo hayan hecho tengan que optar por la cobertura de la incapacidad temporal, medida que favorece la convergencia con el RÃ©gimen General, asÃ­ como la necesidad de llevar a cabo un estudio sobre las profesiones o actividades con mayor siniestralidad, en las que los colectivos de autÃ³nomos afectados deberÃ¡n cubrir las contingencias profesionales.
La disposiciÃ³n adicional cuarta regula la prestaciÃ³n por cese de actividad. Recoge el compromiso del Gobierno para que, siempre que estÃ©n garantizados los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera y ello responda a las necesidades y preferencias de los trabajadores autÃ³nomos, proponga a las Cortes Generales la regulaciÃ³n de un sistema especÃ­fico de protecciÃ³n por cese de actividad para los mismos, en funciÃ³n de sus caracterÃ­sticas personales o de la naturaleza de la actividad ejercida.
La disposiciÃ³n adicional quinta especifica que lo dispuesto en el apartado 2 del artÃ­culo 23, en los artÃ­culos 24 a 26 y en el pÃ¡rrafo c), apartado 2, del artÃ­culo 27, asÃ­ como en las disposiciones adicionales segunda y tercera y en la disposiciÃ³n final segunda de la presente Ley no serÃ¡n de aplicaciÃ³n a los trabajadores por cuenta propia o autÃ³nomos que, en los tÃ©rminos establecidos en la disposiciÃ³n adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de supervisiÃ³n y ordenaciÃ³n de los seguros privados, hayan optado u opten en el futuro por adscribirse a la Mutualidad de PrevisiÃ³n Social que tenga constituida el Colegio Profesional al que pertenezcan y que actÃºe como alternativa al RÃ©gimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos.
La disposiciÃ³n adicional sexta establece la necesidad de adecuaciÃ³n de la norma a las competencias autonÃ³micas relativas a representatividad y registro especial de las asociaciones profesionales de autÃ³nomos en el Ã¡mbito territorial autonÃ³mico.
La disposiciÃ³n adicional sÃ©ptima establece la posibilidad de actualizar las bases de cotizaciÃ³n diferenciadas, reducciones o bonificaciones previstas para determinados colectivos de trabajadores autÃ³nomos en atenciÃ³n a sus especiales caracterÃ­sticas, por medio de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La disposiciÃ³n adicional octava seÃ±ala que el Gobierno plantearÃ¡ la presencia de los trabajadores autÃ³nomos en el Consejo EconÃ³mico y Social, teniendo en cuenta la evoluciÃ³n del Consejo del Trabajo AutÃ³nomo en la representaciÃ³n de los mismos y el informe preceptivo del precitado Consejo EconÃ³mico y Social.
La disposiciÃ³n adicional novena determina que se presentarÃ¡ un estudio por el Gobierno en un aÃ±o sobre la evoluciÃ³n de la medida de pago Ãºnico de la prestaciÃ³n por desempleo para el inicio de actividades por cuenta propia y a la posible ampliaciÃ³n de los porcentajes actuales de la capitalizaciÃ³n dependiendo de los resultados de tal estudio.
La disposiciÃ³n adicional dÃ©cima se refiere al encuadramiento en la Seguridad Social de los familiares del trabajador autÃ³nomo, aclarando que los trabajadores autÃ³nomos podrÃ¡n contratar, como trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de treinta aÃ±os aunque Ã©stos convivan con el trabajador autÃ³nomo y quedando excluida la cobertura por desempleo de los mismos.
La disposiciÃ³n adicional undÃ©cima supone adoptar para los trabajadores autÃ³nomos del sector del transporte la referencia del artÃ­culo 1.3 g) del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, de inclusiÃ³n en el Ã¡mbito subjetivo de la presente Ley, matizando los requisitos que en este caso deben cumplirse para los trabajadores autÃ³nomos de este sector para su consideraciÃ³n de trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes.
La disposiciÃ³n adicional duodÃ©cima establece la participaciÃ³n de trabajadores autÃ³nomos en programas de formaciÃ³n e informaciÃ³n de prevenciÃ³n de riesgos laborales, con la finalidad de reducir la siniestralidad y evitar la apariciÃ³n de enfermedades profesionales en los respectivos sectores, por medio de las asociaciones representativas de los trabajadores autÃ³nomos y las organizaciones sindicales mÃ¡s representativas.
La disposiciÃ³n adicional decimotercera introduce incrementos en la reducciÃ³n y la bonificaciÃ³n de la cotizaciÃ³n a la Seguridad Social asÃ­ como los periodos respectivos aplicables a los nuevos trabajadores incluidos en el RÃ©gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos que tengan 30 o menos aÃ±os de edad y 35 aÃ±os en el caso de trabajadoras autÃ³nomas, dando nueva redacciÃ³n a la disposiciÃ³n adicional trigÃ©sima quinta de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
La disposiciÃ³n adicional decimocuarta seÃ±ala un plazo de un aÃ±o para que el Gobierno elabore un estudio sobre los sectores de actividad que tienen una especial incidencia en el colectivo de trabajadores autÃ³nomos.
La disposiciÃ³n adicional decimoquinta establece un plazo de un aÃ±o para que el Gobierno presente un estudio sobre la actualizaciÃ³n de la normativa que regula el RÃ©gimen Especial de los Trabajadores AutÃ³nomos establecida esencialmente en el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto.
La disposiciÃ³n adicional decimosexta determina el plazo de un aÃ±o para que el Gobierno realice, en colaboraciÃ³n con las entidades mÃ¡s representativas de trabajadores autÃ³nomos, una campaÃ±a de difusiÃ³n e informaciÃ³n sobre la normativa y las caracterÃ­sticas del RÃ©gimen Especial del Trabajador AutÃ³nomo.
La disposiciÃ³n adicional decimosÃ©ptima supone la determinaciÃ³n reglamentaria de los supuestos en que los agentes de seguros quedarÃ­an sujetos al contrato de trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes, sin afectar en ningÃºn caso a la relaciÃ³n mercantil de aquellos.
Las disposiciones adicionales decimoctava y decimonovena se refieren, respectivamente, a los casos especÃ­ficos de las personas con discapacidad y de los agentes comerciales.
De las disposiciones transitorias cabe destacar que la transitoria primera establece un plazo de seis meses para la adaptaciÃ³n de estatutos y reconocimiento de la personalidad jurÃ­dica de las asociaciones. La transitoria segunda fija los plazos de adaptaciÃ³n de los contratos vigentes de los trabajadores econÃ³micamente dependientes con una especificidad en el plazo de adaptaciÃ³n de dichos contratos en la transitoria tercera para los sectores del transporte y de los agentes de seguros.
La disposiciÃ³n final primera establece el tÃ­tulo competencial que habilita al Estado a dictar esta Ley. En concreto la Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artÃ­culo 149.1.5.Âª, legislaciÃ³n sobre AdministraciÃ³n de Justicia, 6.Âª, legislaciÃ³n mercantil y procesal, 7.Âª, legislaciÃ³n laboral, 8.Âª, legislaciÃ³n civil y 17.Âª, legislaciÃ³n bÃ¡sica y rÃ©gimen econÃ³mico de la Seguridad Social.
La disposiciÃ³n final segunda recoge el principio general del Pacto de Toledo de lograr la equiparaciÃ³n en aportaciones, derechos y obligaciones de los trabajadores autÃ³nomos con los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el RÃ©gimen General.
La disposiciÃ³n final tercera habilita al Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias de ejecuciÃ³n y desarrollo necesarias para la aplicaciÃ³n de la Ley.
La disposiciÃ³n final cuarta establece que el Gobierno deberÃ¡ informar a las Cortes Generales anualmente de la ejecuciÃ³n de previsiones contenidas en la presente Ley, incorporando en dicho informe el dictamen de los Ãrganos Consultivos.
La disposiciÃ³n final quinta establece un plazo de un aÃ±o para el desarrollo reglamentario de la Ley en lo relativo al contrato de trabajo de los trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes.
La disposiciÃ³n final sexta establece una Â«vacatio legisÂ» de tres meses, plazo que se considera adecuado para la entrada en vigor de la Ley.
Ãmbito de aplicaciÃ³n subjetivo
ArtÃ­culo 1. Supuestos incluidos.
1. La presente Ley serÃ¡ de aplicaciÃ³n a las personas fÃ­sicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del Ã¡mbito de direcciÃ³n y organizaciÃ³n de otra persona, una actividad econÃ³mica o profesional a tÃ­tulo lucrativo, den o no ocupaciÃ³n a trabajadores por cuenta ajena.
TambiÃ©n serÃ¡ de aplicaciÃ³n esta Ley a los trabajos, realizados de forma habitual, por familiares de las personas definidas en el pÃ¡rrafo anterior que no tengan la condiciÃ³n de trabajadores por cuenta ajena, conforme a lo establecido en el artÃ­culo 1.3.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
2. Se declaran expresamente comprendidos en el Ã¡mbito de aplicaciÃ³n de esta Ley, siempre que cumplan los requisitos a los que se refiere el apartado anterior:
b) Los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles irregulares, salvo que su actividad se limite a la mera administraciÃ³n de los bienes puestos en comÃºn.
c) Quienes ejerzan las funciones de direcciÃ³n y gerencia que conlleva el desempeÃ±o del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a tÃ­tulo lucrativo y de forma habitual, personal y directa, cuando posean el control efectivo, directo o indirecto de aquÃ©lla, en los tÃ©rminos previstos en la disposiciÃ³n adicional vigÃ©sima sÃ©ptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
d) Los trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes a los que se refiere el CapÃ­tulo III del TÃ­tulo II de la presente Ley.
e) Cualquier otra persona que cumpla con los requisitos establecidos en el artÃ­culo 1.1 de la presente Ley.
3. Las inclusiones a las que se refiere el apartado anterior se entenderÃ¡n sin perjuicio de la aplicaciÃ³n de sus respectivas normas especÃ­ficas.
4. La presente Ley serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los trabajadores autÃ³nomos extranjeros que reÃºnan los requisitos previstos en la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en EspaÃ±a y su integraciÃ³n social.
ArtÃ­culo 2. Supuestos excluidos.
Se entenderÃ¡n expresamente excluidas del Ã¡mbito de aplicaciÃ³n de la presente Ley, aquellas prestaciones de servicios que no cumplan con los requisitos del artÃ­culo 1.1, y en especial:
a) Las relaciones de trabajo por cuenta ajena a que se refiere el artÃ­culo 1.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
b) La actividad que se limita pura y simplemente al mero desempeÃ±o del cargo de consejero o miembro de los Ã³rganos de administraciÃ³n en las empresas que revistan la forma jurÃ­dica de sociedad, de conformidad con lo establecido en el artÃ­culo 1.3.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
c) Las relaciones laborales de carÃ¡cter especial a las que se refiere el artÃ­culo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo y disposiciones complementarias.
RÃ©gimen profesional del trabajador autÃ³nomo
Fuentes del rÃ©gimen profesional
ArtÃ­culo 3. Fuentes del rÃ©gimen profesional.
1. El rÃ©gimen profesional del trabajador autÃ³nomo se regirÃ¡ por:
a) Las disposiciones contempladas en la presente Ley, en lo que no se opongan a las legislaciones especÃ­ficas aplicables a su actividad asÃ­ como al resto de las normas legales y reglamentarias complementarias que sean de aplicaciÃ³n.
b) La normativa comÃºn relativa a la contrataciÃ³n civil, mercantil o administrativa reguladora de la correspondiente relaciÃ³n jurÃ­dica del trabajador autÃ³nomo.
c) Los pactos establecidos individualmente mediante contrato entre el trabajador autÃ³nomo y el cliente para el que desarrolle su actividad profesional. Se entenderÃ¡n nulas y sin efectos las clÃ¡usulas establecidas en el contrato individual contrarias a las disposiciones legales de derecho necesario.
2. Los acuerdos de interÃ©s profesional serÃ¡n, asimismo, fuente del rÃ©gimen profesional de los trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes.
Toda clÃ¡usula del contrato individual de un trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente afiliado a un sindicato o asociado a una organizaciÃ³n de autÃ³nomos, serÃ¡ nula cuando contravenga lo dispuesto en un acuerdo de interÃ©s profesional firmado por dicho sindicato o asociaciÃ³n que le sea de aplicaciÃ³n a dicho trabajador por haber prestado su consentimiento.
3. En virtud de lo dispuesto en la disposiciÃ³n final primera del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, el trabajo realizado por cuenta propia no estarÃ¡ sometido a la legislaciÃ³n laboral, excepto en aquellos aspectos que por precepto legal se disponga expresamente.
RÃ©gimen profesional comÃºn del trabajador autÃ³nomo
ArtÃ­culo 4. Derechos profesionales.
1. Los trabajadores autÃ³nomos tienen derecho al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades pÃºblicas reconocidos en la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola y en los tratados y acuerdos internacionales ratificados por EspaÃ±a sobre la materia.
2. El trabajador autÃ³nomo tiene los siguientes derechos bÃ¡sicos individuales, con el contenido y alcance que para cada uno de ellos disponga su normativa especÃ­fica:
a) Derecho al trabajo y a la libre elecciÃ³n de profesiÃ³n u oficio.
b) Libertad de iniciativa econÃ³mica y derecho a la libre competencia.
3. En el ejercicio de su actividad profesional, los trabajadores autÃ³nomos tienen los siguientes derechos individuales:
a) A la igualdad ante la ley y a no ser discriminados, directa o indirectamente, por razÃ³n de nacimiento, origen racial o Ã©tnico, sexo, estado civil, religiÃ³n, convicciones, discapacidad, edad, orientaciÃ³n sexual, uso de alguna de las lenguas oficiales dentro de EspaÃ±a o cualquier otra condiciÃ³n o circunstancia personal o social.
b) A no ser discriminado por razones de discapacidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminaciÃ³n y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
c) Al respeto de su intimidad y a la consideraciÃ³n debida a su dignidad, asÃ­ como a una adecuada protecciÃ³n frente al acoso sexual y al acoso por razÃ³n de sexo o por cualquier otra circunstancia o condiciÃ³n personal o social.
d) A la formaciÃ³n y readaptaciÃ³n profesionales.
e) A su integridad fÃ­sica y a una protecciÃ³n adecuada de su seguridad y salud en el trabajo.
f) A la percepciÃ³n puntual de la contraprestaciÃ³n econÃ³mica convenida por el ejercicio profesional de su actividad.
g) A la conciliaciÃ³n de su actividad profesional con la vida personal y familiar, con el derecho a suspender su actividad en las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y adopciÃ³n o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el CÃ³digo Civil o las leyes civiles de las Comunidades AutÃ³nomas que lo regulen, siempre que su duraciÃ³n no sea inferior a un aÃ±o, aunque Ã©stos sean provisionales, en los tÃ©rminos previstos en la legislaciÃ³n de la Seguridad Social.
h) A la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, de conformidad con la legislaciÃ³n de la Seguridad Social, incluido el derecho a la protecciÃ³n en las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y adopciÃ³n o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el CÃ³digo Civil o las leyes civiles de las Comunidades AutÃ³nomas que lo regulen, siempre que su duraciÃ³n no sea inferior a un aÃ±o, aunque Ã©stos sean provisionales.
j) A la tutela judicial efectiva de sus derechos profesionales, asÃ­ como al acceso a los medios extrajudiciales de soluciÃ³n de conflictos.
ArtÃ­culo 5. Deberes profesionales bÃ¡sicos.
Son deberes profesionales bÃ¡sicos de los trabajadores autÃ³nomos los siguientes:
a) Cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos por ellos celebrados, a tenor de los mismos, y con las consecuencias que, segÃºn su naturaleza, sean conformes a la buena fe, a los usos y a la ley.
b) Cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laborales que la ley o los contratos que tengan suscritos les impongan, asÃ­ como seguir las normas de carÃ¡cter colectivo derivadas del lugar de prestaciÃ³n de servicios.
c) Afiliarse, comunicar las altas y bajas y cotizar al rÃ©gimen de la Seguridad Social en los tÃ©rminos previstos en la legislaciÃ³n correspondiente.
e) Cumplir con cualesquiera otras obligaciones derivadas de la legislaciÃ³n aplicable.
f) Cumplir con las normas deontolÃ³gicas aplicables a la profesiÃ³n.
ArtÃ­culo 6. Derecho a la no discriminaciÃ³n y garantÃ­a de los derechos fundamentales y libertades pÃºblicas.
1. Los poderes pÃºblicos deben garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y libertades pÃºblicas del trabajador autÃ³nomo.
2. Los poderes pÃºblicos y quienes contraten la actividad profesional de los trabajadores autÃ³nomos quedan sometidos a la prohibiciÃ³n de discriminaciÃ³n, tanto directa como indirecta, de dichos trabajadores, por los motivos seÃ±alados en el artÃ­culo 4.3.a) de la presente Ley. La prohibiciÃ³n de discriminaciÃ³n afectarÃ¡ tanto a la libre iniciativa econÃ³mica y a la contrataciÃ³n, como a las condiciones del ejercicio profesional.
3. Cualquier trabajador autÃ³nomo, las asociaciones que lo representen o los sindicatos que consideren lesionados sus derechos fundamentales o la concurrencia de un tratamiento discriminatorio podrÃ¡n recabar la tutela del derecho ante el orden jurisdiccional competente por razÃ³n de la materia, mediante un procedimiento sumario y preferente. Si el Ã³rgano judicial estimara probada la vulneraciÃ³n del derecho denunciado, declararÃ¡ la nulidad radical y el cese inmediato de la conducta y, cuando proceda, la reposiciÃ³n de la situaciÃ³n al momento anterior a producirse, asÃ­ como la reparaciÃ³n de las consecuencias derivadas del acto.
4. Las clÃ¡usulas contractuales que vulneren el derecho a la no discriminaciÃ³n o cualquier derecho fundamental serÃ¡n nulas y se tendrÃ¡n por no puestas. El juez que declare la invalidez de dichas clÃ¡usulas integrarÃ¡ el contrato con arreglo a lo dispuesto en el artÃ­culo 1258 del CÃ³digo Civil y, en su caso, determinarÃ¡ la indemnizaciÃ³n correspondiente por los perjuicios sufridos.
5. En relaciÃ³n con el derecho a la igualdad y no discriminaciÃ³n por razÃ³n de sexo se estarÃ¡ a lo previsto en la Ley OrgÃ¡nica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
ArtÃ­culo 7. Forma y duraciÃ³n del contrato.
1. Los contratos que concierten los trabajadores autÃ³nomos de ejecuciÃ³n de su actividad profesional podrÃ¡n celebrarse por escrito o de palabra. Cada una de las partes podrÃ¡ exigir de la otra, en cualquier momento, la formalizaciÃ³n del contrato por escrito.
2. El contrato podrÃ¡ celebrarse para la ejecuciÃ³n de una obra o serie de ellas, o para la prestaciÃ³n de uno o mÃ¡s servicios y tendrÃ¡ la duraciÃ³n que las partes acuerden.
ArtÃ­culo 8. PrevenciÃ³n de riesgos laborales.
1. Las Administraciones PÃºblicas competentes asumirÃ¡n un papel activo en relaciÃ³n con la prevenciÃ³n de riesgos laborales de los trabajadores autÃ³nomos, por medio de actividades de promociÃ³n de la prevenciÃ³n, asesoramiento tÃ©cnico, vigilancia y control del cumplimiento por los trabajadores autÃ³nomos de la normativa de prevenciÃ³n de riesgos laborales.
2. Las Administraciones PÃºblicas competentes promoverÃ¡n una formaciÃ³n en prevenciÃ³n especÃ­fica y adaptada a las peculiaridades de los trabajadores autÃ³nomos.
3. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores autÃ³nomos y trabajadores de otra u otras empresas, asÃ­ como cuando los trabajadores autÃ³nomos ejecuten su actividad profesional en los locales o centros de trabajo de las empresas para las que presten servicios, serÃ¡n de aplicaciÃ³n para todos ellos los deberes de cooperaciÃ³n, informaciÃ³n e instrucciÃ³n previstos en los apartados 1 y 2 del artÃ­culo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PrevenciÃ³n de Riesgos Laborales.
4. Las empresas que contraten con trabajadores autÃ³nomos la realizaciÃ³n de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquÃ©llas, y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo, deberÃ¡n vigilar el cumplimiento de la normativa de prevenciÃ³n de riesgos laborales por estos trabajadores.
5. Cuando los trabajadores autÃ³nomos deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias o Ãºtiles proporcionados por la empresa para la que ejecutan su actividad profesional, pero no realicen esa actividad en el centro de trabajo de tal empresa, Ã©sta asumirÃ¡ las obligaciones consignadas en el Ãºltimo pÃ¡rrafo del artÃ­culo 41.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PrevenciÃ³n de Riesgos Laborales.
6. En el caso de que las empresas incumplan las obligaciones previstas en los apartados 3 a 5 del presente artÃ­culo, asumirÃ¡n las obligaciones indemnizatorias de los daÃ±os y perjuicios ocasionados, siempre y cuando haya relaciÃ³n causal directa entre tales incumplimientos y los perjuicios y daÃ±os causados.
La responsabilidad del pago establecida en el pÃ¡rrafo anterior, que recaerÃ¡ directamente sobre el empresario infractor, lo serÃ¡ con independencia de que el trabajador autÃ³nomo se haya acogido o no a las prestaciones por contingencias profesionales.
7. El trabajador autÃ³nomo tendrÃ¡ derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo cuando considere que dicha actividad entraÃ±a un riesgo grave e inminente para su vida o salud.
8. Las disposiciones contenidas en el presente artÃ­culo se aplicarÃ¡n sin perjuicio de las obligaciones legales establecidas para los trabajadores autÃ³nomos con asalariados a su cargo en su condiciÃ³n de empresarios.
ArtÃ­culo 9. ProtecciÃ³n de menores.
1. Los menores de diecisÃ©is aÃ±os no podrÃ¡n ejecutar trabajo autÃ³nomo ni actividad profesional, ni siquiera para sus familiares.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el caso de prestaciones de servicios en espectÃ¡culos pÃºblicos se estarÃ¡ a lo establecido en el artÃ­culo 6.4 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
ArtÃ­culo 10. GarantÃ­as econÃ³micas.
1. Los trabajadores autÃ³nomos tienen derecho a la percepciÃ³n de la contraprestaciÃ³n econÃ³mica por la ejecuciÃ³n del contrato en el tiempo y la forma convenidos y de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, que establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
2. Cuando el trabajador autÃ³nomo ejecute su actividad profesional para un contratista o subcontratista, tendrÃ¡ acciÃ³n contra el empresario principal, hasta el importe de la deuda que Ã©ste adeude a aquÃ©l al tiempo de la reclamaciÃ³n, salvo que se trate de construcciones, reparaciones o servicios contratados en el seno del hogar familiar.
3. En materia de garantÃ­a del cobro de los crÃ©ditos por el trabajo personal del trabajador autÃ³nomo se estarÃ¡ a lo dispuesto en la normativa civil y mercantil sobre privilegios y preferencias, asÃ­ como en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, quedando en todo caso los trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes sujetos a la situaciÃ³n de privilegio general recogida en el artÃ­culo 91.3 de dicha Ley.
4. El trabajador autÃ³nomo responderÃ¡ de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros, sin perjuicio de la inembargabilidad de los bienes establecida en los artÃ­culos 605, 606 y 607 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
5. A efectos de la satisfacciÃ³n y cobro de las deudas de naturaleza tributaria y cualquier tipo de deuda que sea objeto de la gestiÃ³n recaudatoria en el Ã¡mbito del Sistema de la Seguridad Social, embargado administrativamente un bien inmueble, si el trabajador autÃ³nomo acreditara fehacientemente que se trata de una vivienda que constituye su residencia habitual, la ejecuciÃ³n del embargo quedarÃ¡ condicionada, en primer lugar, a que no resulten conocidos otros bienes del deudor suficientes susceptibles de realizaciÃ³n inmediata en el procedimiento ejecutivo, y en segundo lugar, a que entre la notificaciÃ³n de la primera diligencia de embargo y la realizaciÃ³n material de la subasta, el concurso o cualquier otro medio administrativo de enajenaciÃ³n medie el plazo mÃ­nimo de un aÃ±o. Este plazo no se interrumpirÃ¡ ni se suspenderÃ¡, en ningÃºn caso, en los supuestos de ampliaciones del embargo originario o en los casos de prÃ³rroga de las anotaciones registrales.
RÃ©gimen profesional del trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente
ArtÃ­culo 11. Concepto y Ã¡mbito subjetivo.
1. Los trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes a los que se refiere el artÃ­culo 1.2.d) de la presente Ley son aquÃ©llos que realizan una actividad econÃ³mica o profesional a tÃ­tulo lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona fÃ­sica o jurÃ­dica, denominada cliente, del que dependen econÃ³micamente por percibir de Ã©l, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades econÃ³micas o profesionales.
2. Para el desempeÃ±o de la actividad econÃ³mica o profesional como trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente, Ã©ste deberÃ¡ reunir simultÃ¡neamente las siguientes condiciones:
a) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que depende econÃ³micamente como de las actividades que pudiera contratar con otros clientes.
b) No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad de contrataciÃ³n laboral por cuenta del cliente.
c) Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes econÃ³micamente.
d) Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones tÃ©cnicas que pudiese recibir de su cliente.
e) Percibir una contraprestaciÃ³n econÃ³mica en funciÃ³n del resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquÃ©lla.
3. Los titulares de establecimientos o locales comerciales e industriales y de oficinas y despachos abiertos al pÃºblico y los profesionales que ejerzan su profesiÃ³n conjuntamente con otros en rÃ©gimen societario o bajo cualquier otra forma jurÃ­dica admitida en derecho no tendrÃ¡n en ningÃºn caso la consideraciÃ³n de trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes.
ArtÃ­culo 12. Contrato.
1. El contrato para la realizaciÃ³n de la actividad profesional del trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente celebrado entre Ã©ste y su cliente deberÃ¡ formalizarse siempre por escrito y deberÃ¡ ser registrado en la oficina pÃºblica correspondiente. Dicho registro no tendrÃ¡ carÃ¡cter pÃºblico.
Reglamentariamente se regularÃ¡n las caracterÃ­sticas de dichos contratos y del Registro en el que deberÃ¡n inscribirse, asÃ­ como las condiciones para que los representantes legales de los trabajadores tengan acceso a la informaciÃ³n de los contratos que su empresa celebre con trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes. De dicha informaciÃ³n se excluirÃ¡, en todo caso, el nÃºmero del documento nacional de identidad, el domicilio, el estado civil y cualquier otro dato que, de acuerdo con la Ley OrgÃ¡nica 1/1982, de 5 de mayo, pudiera afectar a la intimidad personal.
2. El trabajador autÃ³nomo deberÃ¡ hacer constar expresamente en el contrato su condiciÃ³n de dependiente econÃ³micamente respecto del cliente que le contrate, asÃ­ como las variaciones que se produjeran al respecto. La condiciÃ³n de dependiente sÃ³lo se podrÃ¡ ostentar respecto de un Ãºnico cliente.
3. En el supuesto de un trabajador autÃ³nomo que contratase con varios clientes su actividad profesional o la prestaciÃ³n de sus servicios, cuando se produjera una circunstancia sobrevenida del trabajador autÃ³nomo, cuya consecuencia derivara en el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artÃ­culo 11, se respetarÃ¡ Ã­ntegramente el contrato firmado entre ambas partes hasta la extinciÃ³n del mismo, salvo que Ã©stas acordasen modificarlo para actualizarlo a las nuevas condiciones que corresponden a un trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente.
4. Cuando en el contrato no se hubiera fijado una duraciÃ³n o un servicio determinado, se presumirÃ¡, salvo prueba en contrario, que el contrato ha sido pactado por tiempo indefinido.
ArtÃ­culo 13. Acuerdos de interÃ©s profesional.
1. Los acuerdos de interÃ©s profesional previstos en el apartado 2 del artÃ­culo 3 de la presente Ley, concertados entre las asociaciones o sindicatos que representen a los trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes y las empresas para las que ejecuten su actividad podrÃ¡n establecer las condiciones de modo, tiempo y lugar de ejecuciÃ³n de dicha actividad, asÃ­ como otras condiciones generales de contrataciÃ³n. En todo caso, los acuerdos de interÃ©s profesional observarÃ¡n los lÃ­mites y condiciones establecidos en la legislaciÃ³n de defensa de la competencia.
2. Los acuerdos de interÃ©s profesional deberÃ¡n concertarse por escrito.
3. Se entenderÃ¡n nulas y sin efectos las clÃ¡usulas de los acuerdos de interÃ©s profesional contrarias a disposiciones legales de derecho necesario.
4. Los acuerdos de interÃ©s profesional se pactarÃ¡n al amparo de las disposiciones del CÃ³digo Civil. La eficacia personal de dichos acuerdos se limitarÃ¡ a las partes firmantes y, en su caso, a los afiliados a las asociaciones de autÃ³nomos o sindicatos firmantes que hayan prestado expresamente su consentimiento para ello.
ArtÃ­culo 14. Jornada de la actividad profesional.
1. El trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente tendrÃ¡ derecho a una interrupciÃ³n de su actividad anual de 18 dÃ­as hÃ¡biles, sin perjuicio de que dicho rÃ©gimen pueda ser mejorado mediante contrato entre las partes o mediante acuerdos de interÃ©s profesional.
2. Mediante contrato individual o acuerdo de interÃ©s profesional se determinarÃ¡ el rÃ©gimen de descanso semanal y el correspondiente a los festivos, la cuantÃ­a mÃ¡xima de la jornada de actividad y, en el caso de que la misma se compute por mes o aÃ±o, su distribuciÃ³n semanal.
3. La realizaciÃ³n de actividad por tiempo superior al pactado contractualmente serÃ¡ voluntaria en todo caso, no pudiendo exceder del incremento mÃ¡ximo establecido mediante acuerdo de interÃ©s profesional. En ausencia de acuerdo de interÃ©s profesional, el incremento no podrÃ¡ exceder del 30 por ciento del tiempo ordinario de actividad individualmente acordado.
4. El horario de actividad procurarÃ¡ adaptarse a los efectos de poder conciliar la vida personal, familiar y profesional del trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente.
5. La trabajadora autÃ³noma econÃ³micamente dependiente que sea vÃ­ctima de la violencia de gÃ©nero tendrÃ¡ derecho a la adaptaciÃ³n del horario de actividad con el objeto de hacer efectiva su protecciÃ³n o su derecho a la asistencia social integral.
ArtÃ­culo 15. ExtinciÃ³n contractual.
1. La relaciÃ³n contractual entre las partes se extinguirÃ¡ por alguna de las siguientes circunstancias:
b) Causas vÃ¡lidamente consignadas en el contrato, salvo que las mismas constituyan abuso de derecho manifiesto.
c) Muerte y jubilaciÃ³n o invalidez incompatibles con la actividad profesional, conforme a la correspondiente legislaciÃ³n de Seguridad Social.
d) Desistimiento del trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente, debiendo en tal caso mediar el preaviso estipulado o conforme a los usos y costumbres.
e) Voluntad del trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente, fundada en un incumplimiento contractual grave de la contraparte.
g) Por decisiÃ³n de la trabajadora autÃ³noma econÃ³micamente dependiente que se vea obligada a extinguir la relaciÃ³n contractual como consecuencia de ser vÃ­ctima de violencia de gÃ©nero.
2. Cuando la resoluciÃ³n contractual se produzca por la voluntad de una de las partes fundada en un incumplimiento contractual de la otra, quien resuelva el contrato tendrÃ¡ derecho a percibir la correspondiente indemnizaciÃ³n por los daÃ±os y perjuicios ocasionados.
3. Cuando la resoluciÃ³n del contrato se produzca por voluntad del cliente sin causa justificada, el trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente tendrÃ¡ derecho a percibir la indemnizaciÃ³n prevista en el apartado anterior.
Si la resoluciÃ³n se produce por desistimiento del trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente, y sin perjuicio del preaviso previsto en el pÃ¡rrafo d) del apartado 1 del presente artÃ­culo, el cliente podrÃ¡ ser indemnizado cuando dicho desistimiento le ocasione un perjuicio importante que paralice o perturbe el normal desarrollo de su actividad.
4. Cuando la parte que tenga derecho a la indemnizaciÃ³n sea el trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente, la cuantÃ­a de la indemnizaciÃ³n serÃ¡ la fijada en el contrato individual o en el acuerdo de interÃ©s profesional que resulte de aplicaciÃ³n. En los casos en que no estÃ©n regulados, a los efectos de determinar su cuantÃ­a se tomarÃ¡n en consideraciÃ³n, entre otros factores, el tiempo restante previsto de duraciÃ³n del contrato, la gravedad del incumplimiento del cliente, las inversiones y gastos anticipados por el trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente vinculados a la ejecuciÃ³n de la actividad profesional contratada y el plazo de preaviso otorgado por el cliente sobre la fecha de extinciÃ³n del contrato.
ArtÃ­culo 16. Interrupciones justificadas de la actividad profesional.
1. Se considerarÃ¡n causas debidamente justificadas de interrupciÃ³n de la actividad por parte del trabajador econÃ³micamente dependiente las fundadas en:
c) El riesgo grave e inminente para la vida o salud del trabajador autÃ³nomo, segÃºn lo previsto en el apartado 7 del artÃ­culo 8 de la presente Ley.
e) La situaciÃ³n de violencia de gÃ©nero, para que la trabajadora autÃ³noma econÃ³micamente dependiente haga efectiva su protecciÃ³n o su derecho a la asistencia social integral.
2. Mediante contrato o acuerdo de interÃ©s profesional podrÃ¡n fijarse otras causas de interrupciÃ³n justificada de la actividad profesional.
3. Las causas de interrupciÃ³n de la actividad previstas en los apartados anteriores no podrÃ¡n fundamentar la extinciÃ³n contractual por voluntad del cliente prevista en la letra f) del apartado 1 del artÃ­culo anterior, todo ello sin perjuicio de otros efectos que para dichos supuestos puedan acordar las partes. Si el cliente diera por extinguido el contrato, tal circunstancia se considerarÃ­a como una falta de justificaciÃ³n a los efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artÃ­culo anterior.
No obstante, cuando en los supuestos contemplados en las letras d) y f) del apartado 1 la interrupciÃ³n ocasione un perjuicio importante al cliente que paralice o perturbe el normal desarrollo de su actividad, podrÃ¡ considerarse justificada la extinciÃ³n del contrato, a efectos de lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artÃ­culo anterior.
ArtÃ­culo 17. Competencia jurisdiccional.
1. Los Ã³rganos jurisdiccionales del orden social serÃ¡n los competentes para conocer las pretensiones derivadas del contrato celebrado entre un trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente y su cliente.
2. Los Ã³rganos jurisdiccionales del orden social serÃ¡n tambiÃ©n los competentes para conocer de todas las cuestiones derivadas de la aplicaciÃ³n e interpretaciÃ³n de los acuerdos de interÃ©s profesional, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislaciÃ³n de defensa de la competencia.
ArtÃ­culo 18. Procedimientos no jurisdiccionales de soluciÃ³n de conflictos.
1. SerÃ¡ requisito previo para la tramitaciÃ³n de acciones judiciales en relaciÃ³n con el rÃ©gimen profesional de los trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes el intento de conciliaciÃ³n o mediaciÃ³n ante el Ã³rgano administrativo que asuma estas funciones. No obstante, a tales efectos, los acuerdos de interÃ©s profesional a los que se refiere el artÃ­culo 13 de la presente Ley podrÃ¡n instituir Ã³rganos especÃ­ficos de soluciÃ³n de conflictos.
2. Los procedimientos no jurisdiccionales de soluciÃ³n de conflictos estarÃ¡n basados en los principios de gratuidad, celeridad, agilidad y efectividad.
3. Lo acordado en avenencia tendrÃ¡ fuerza ejecutiva entre las partes intervinientes, sin necesidad de ratificaciÃ³n ante el Ã³rgano judicial, pudiendo llevarse a efecto por el trÃ¡mite de ejecuciÃ³n de sentencias.
4. Las partes podrÃ¡n igualmente someter sus discrepancias a arbitraje voluntario. Se entenderÃ¡n equiparados a las sentencias firmes los laudos arbitrales igualmente firmes dictados al efecto. El procedimiento arbitral se someterÃ¡ a lo pactado entre las partes o al rÃ©gimen que en su caso se pueda establecer mediante acuerdo de interÃ©s profesional, entendiÃ©ndose aplicable, en su defecto, la regulaciÃ³n contenida en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de OrdenaciÃ³n de Transportes Terrestres o en cualquier otra normativa especÃ­fica o sectorial.
Derechos colectivos del trabajador autÃ³nomo
ArtÃ­culo 19. Derechos colectivos bÃ¡sicos.
1. Los trabajadores autÃ³nomos son titulares de los derechos a:
a) Afiliarse al sindicato o asociaciÃ³n empresarial de su elecciÃ³n, en los tÃ©rminos establecidos en la legislaciÃ³n correspondiente.
b) Afiliarse y fundar asociaciones profesionales especÃ­ficas de trabajadores autÃ³nomos sin autorizaciÃ³n previa.
2. Las asociaciones de trabajadores autÃ³nomos son titulares de los derechos de carÃ¡cter colectivo a:
a) Constituir federaciones, confederaciones o uniones, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para la constituciÃ³n de asociaciones, con acuerdo expreso de sus Ã³rganos competentes. Asimismo, podrÃ¡n establecer los vÃ­nculos que consideren oportunos con organizaciones sindicales y asociaciones empresariales.
b) Concertar acuerdos de interÃ©s profesional para los trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes afiliados en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 13 de la presente Ley.
c) Ejercer la defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de los trabajadores autÃ³nomos.
d) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de soluciÃ³n de las controversias colectivas de los trabajadores autÃ³nomos cuando estÃ© previsto en los acuerdos de interÃ©s profesional.
3. Las asociaciones representativas de trabajadores autÃ³nomos tambiÃ©n serÃ¡n titulares de las facultades establecidas en el artÃ­culo 21.5 de la presente Ley.
4. Sin perjuicio de las facultades que corresponden a los sindicatos en el ejercicio del derecho a la libertad sindical, Ã©stos gozarÃ¡n, ademÃ¡s, de todos los derechos del apartado 2 de este artÃ­culo respecto de sus trabajadores autÃ³nomos afiliados.
ArtÃ­culo 20. Derecho de asociaciÃ³n profesional de los trabajadores autÃ³nomos.
1. Las asociaciones profesionales de trabajadores autÃ³nomos se constituirÃ¡n y regirÃ¡n por lo previsto en la Ley OrgÃ¡nica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de AsociaciÃ³n y sus normas de desarrollo, con las especialidades previstas en la presente Ley.
2. Estas asociaciones, en cuya denominaciÃ³n y estatutos se harÃ¡ referencia a su especialidad subjetiva y de objetivos, tendrÃ¡n por finalidad la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores autÃ³nomos y funciones complementarias, pudiendo desarrollar cuantas actividades lÃ­citas vayan encaminadas a tal finalidad. En ningÃºn caso podrÃ¡n tener Ã¡nimo de lucro. Las mismas gozarÃ¡n de autonomÃ­a frente a las Administraciones PÃºblicas, asÃ­ como frente a cualesquiera otros sujetos pÃºblicos o privados.
3. Con independencia de lo previsto en el artÃ­culo 10 de la Ley OrgÃ¡nica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de AsociaciÃ³n, las asociaciones profesionales de trabajadores autÃ³nomos deberÃ¡n inscribirse y depositar sus estatutos en el registro especial de la oficina pÃºblica establecida al efecto en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o de la correspondiente Comunidad AutÃ³noma, en el que la asociaciÃ³n desarrolle principalmente su actividad. Tal registro serÃ¡ especÃ­fico y diferenciado del de cualesquiera otras organizaciones sindicales, empresariales o de otra naturaleza que puedan ser objeto de registro por esa oficina pÃºblica.
4. Estas asociaciones podrÃ¡n ser declaradas de utilidad pÃºblica conforme a lo previsto en los artÃ­culos 32 a 36 de la Ley OrgÃ¡nica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de AsociaciÃ³n.
5. Estas asociaciones profesionales sÃ³lo podrÃ¡n ser suspendidas o disueltas mediante resoluciÃ³n firme de la autoridad judicial fundada en incumplimiento grave de las leyes.
ArtÃ­culo 21. DeterminaciÃ³n de la representatividad de las asociaciones de trabajadores autÃ³nomos.
1. Sin perjuicio de la representaciÃ³n que ostentan de sus afiliados y a los efectos de lo previsto en este artÃ­culo y el siguiente, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de asociaciones profesionales representativas de los trabajadores autÃ³nomos aquÃ©llas que, inscritas en el registro especial establecido al efecto, demuestren una suficiente implantaciÃ³n en el Ã¡mbito territorial en el que actÃºen. Dicha implantaciÃ³n habrÃ¡ de acreditarse a travÃ©s de criterios objetivos de los que pueda deducirse la representatividad de la asociaciÃ³n, entre ellos el grado de afiliaciÃ³n de trabajadores autÃ³nomos a la asociaciÃ³n, el nÃºmero de asociaciones con las que se hayan firmado convenios o acuerdos de representaciÃ³n o de otra naturaleza, los recursos humanos y materiales, los acuerdos de interÃ©s profesional en los que hayan participado, la presencia de sedes permanentes en su Ã¡mbito de actuaciÃ³n y cualesquiera otros criterios de naturaleza similar y de carÃ¡cter objetivo. Los citados criterios se desarrollarÃ¡n mediante una norma reglamentaria.
2. La condiciÃ³n de asociaciÃ³n representativa en el Ã¡mbito estatal serÃ¡ declarada por un Consejo formado por funcionarios de la AdministraciÃ³n General del Estado y por expertos de reconocido prestigio, imparciales e independientes. Reglamentariamente se determinarÃ¡ la composiciÃ³n de dicho Consejo, que en todo caso estarÃ¡ integrado por un nÃºmero impar de miembros, no superior a cinco, asÃ­ como sus funciones y procedimiento de funcionamiento.
3. Las resoluciones dictadas por el Consejo a que se refiere el apartado anterior serÃ¡n directamente recurribles ante la JurisdicciÃ³n Contencioso-Administrativa.
4. La capacidad representativa reconocida en este artÃ­culo a las asociaciones de trabajadores autÃ³nomos se podrÃ¡ ejercer en el Ã¡mbito de actuaciÃ³n territorial de la correspondiente asociaciÃ³n.
5. Las asociaciones representativas de los trabajadores autÃ³nomos y las organizaciones sindicales mÃ¡s representativas, de conformidad con los artÃ­culos 6 y 7 de la Ley OrgÃ¡nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, gozarÃ¡n de una posiciÃ³n jurÃ­dica singular, que les otorga capacidad jurÃ­dica para actuar en representaciÃ³n de los trabajadores autÃ³nomos para:
a) Ostentar representaciÃ³n institucional ante las Administraciones PÃºblicas u otras entidades u organismos de carÃ¡cter estatal o de Comunidad AutÃ³noma que la tengan prevista.
b) Ser consultadas cuando las Administraciones PÃºblicas diseÃ±en las polÃ­ticas pÃºblicas que incidan sobre el trabajo autÃ³nomo.
c) Gestionar programas pÃºblicos dirigidos a los trabajadores autÃ³nomos en los tÃ©rminos previstos legalmente.
d) Cualquier otra funciÃ³n que se establezca legal o reglamentariamente.
ArtÃ­culo 22. Consejo del Trabajo AutÃ³nomo.
1. El Consejo del Trabajo AutÃ³nomo se constituye, al amparo de lo dispuesto en el artÃ­culo 42 de la Ley OrgÃ¡nica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de AsociaciÃ³n, como Ã³rgano consultivo del Gobierno en materia socioeconÃ³mica y profesional del trabajo autÃ³nomo.
a) Emitir su parecer con carÃ¡cter facultativo sobre:
1.Âº Los anteproyectos de leyes o proyectos de Reales Decretos que incidan sobre el trabajo autÃ³nomo. En el supuesto de que se produjeran modificaciones que pudieran afectar al Estatuto de Trabajo AutÃ³nomo, el informe tendrÃ¡ carÃ¡cter preceptivo.
2.Âº El diseÃ±o de las polÃ­ticas pÃºblicas de carÃ¡cter estatal en materia de trabajo autÃ³nomo.
3.Âº Cualesquiera otros asuntos que se sometan a consulta del mismo por el Gobierno de la NaciÃ³n o sus miembros.
b) Elaborar, a solicitud del Gobierno de la NaciÃ³n o de sus miembros, o por propia iniciativa, estudios o informes relacionados con el Ã¡mbito de sus competencias.
3. El Consejo del Trabajo AutÃ³nomo estarÃ¡ compuesto por representantes de las asociaciones profesionales de trabajadores autÃ³nomos representativas cuyo Ã¡mbito de actuaciÃ³n sea intersectorial y estatal, por las organizaciones sindicales y empresariales mÃ¡s representativas y por representantes de la AdministraciÃ³n General del Estado, de las Comunidades AutÃ³nomas y de la asociaciÃ³n de Entidades Locales mÃ¡s representativa en el Ã¡mbito estatal.
Si se constituyeran Consejos del Trabajo AutÃ³nomo de Ã¡mbito autonÃ³mico, formarÃ¡ parte del Consejo del Trabajo AutÃ³nomo un representante designado por cada uno de los consejos autonÃ³micos existentes.
4. La Presidencia del Consejo corresponderÃ¡ al Secretario General de Empleo y, por delegaciÃ³n, al Director General de la EconomÃ­a Social, del Trabajo AutÃ³nomo y del Fondo Social Europeo.
5. Los crÃ©ditos necesarios para su funcionamiento se consignarÃ¡n en los presupuestos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
6. Reglamentariamente se desarrollarÃ¡ la composiciÃ³n y rÃ©gimen de funcionamiento del Consejo.
7. Las Comunidades AutÃ³nomas podrÃ¡n constituir, en su Ã¡mbito territorial, Consejos Consultivos en materia socioeconÃ³mica y profesional del trabajo autÃ³nomo. AsÃ­ mismo podrÃ¡n regular la composiciÃ³n y el funcionamiento de los mismos.
ProtecciÃ³n social del trabajador autÃ³nomo
ArtÃ­culo 23. El derecho a la Seguridad Social.
1. De conformidad con el artÃ­culo 41 de la ConstituciÃ³n, las personas que ejerzan una actividad profesional o econÃ³mica por cuenta propia o autÃ³noma tendrÃ¡n derecho al mantenimiento de un rÃ©gimen pÃºblico de Seguridad Social, que les garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Las prestaciones complementarias serÃ¡n libres.
2. La protecciÃ³n de los trabajadores por cuenta propia o autÃ³nomos se instrumentarÃ¡ a travÃ©s de un Ãºnico rÃ©gimen, que se denominarÃ¡ RÃ©gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos, sin perjuicio de que algunos colectivos especÃ­ficos de trabajadores autÃ³nomos, en razÃ³n de su pertenencia a un determinado sector econÃ³mico, estÃ©n encuadrados en otros regÃ­menes de la Seguridad Social.
ArtÃ­culo 24. AfiliaciÃ³n a la Seguridad Social.
La afiliaciÃ³n al sistema de la Seguridad Social es obligatoria para los trabajadores autÃ³nomos o por cuenta propia, y Ãºnica para su vida profesional, sin perjuicio de las altas y bajas en los distintos regÃ­menes que integran el sistema de Seguridad Social, asÃ­ como de las demÃ¡s variaciones que puedan producirse con posterioridad a la afiliaciÃ³n.
ArtÃ­culo 25. CotizaciÃ³n a la Seguridad Social.
1. La cotizaciÃ³n es obligatoria en el RÃ©gimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 15 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y demÃ¡s disposiciones de desarrollo.
2. La Ley podrÃ¡ establecer bases de cotizaciÃ³n diferenciadas para los trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes.
3. La Ley podrÃ¡ establecer reducciones o bonificaciones en las bases de cotizaciÃ³n o en las cuotas de Seguridad Social para determinados colectivos de trabajadores autÃ³nomos en atenciÃ³n a sus caracterÃ­sticas personales o a las caracterÃ­sticas profesionales de la actividad ejercida.
ArtÃ­culo 26. AcciÃ³n protectora.
1. La acciÃ³n protectora del RÃ©gimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos, en los tÃ©rminos y conforme a las condiciones legalmente previstas, comprenderÃ¡, en todo caso:
a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, enfermedad comÃºn o profesional y accidentes, sean o no de trabajo.
b) Las prestaciones econÃ³micas en las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad, riesgo durante la lactancia, incapacidad permanente, jubilaciÃ³n, muerte y supervivencia y familiares por hijo a cargo.
2. Las prestaciones de servicios sociales serÃ¡n las establecidas legalmente y en todo caso comprenderÃ¡ las prestaciones en materia de reeducaciÃ³n, de rehabilitaciÃ³n de personas con discapacidad, de asistencia a la tercera edad y de recuperaciÃ³n profesional.
3. Los trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes deberÃ¡n incorporar obligatoriamente, dentro del Ã¡mbito de la acciÃ³n protectora de la Seguridad Social, la cobertura de la incapacidad temporal y de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
A los efectos de esta cobertura, se entenderÃ¡ por accidente de trabajo toda lesiÃ³n corporal del trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente que sufra con ocasiÃ³n o por consecuencia de la actividad profesional, considerÃ¡ndose tambiÃ©n accidente de trabajo el que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de la prestaciÃ³n de la actividad, o por causa o consecuencia de la misma. Salvo prueba en contrario, se presumirÃ¡ que el accidente no tiene relaciÃ³n con el trabajo cuando haya ocurrido fuera del desarrollo de la actividad profesional de que se trate.
4. Los poderes pÃºblicos promoverÃ¡n polÃ­ticas que incentiven la continuidad en el ejercicio de la profesiÃ³n, trabajo o actividad econÃ³mica de los trabajadores por cuenta propia, una vez cumplida la edad ordinaria de jubilaciÃ³n. No obstante, en atenciÃ³n a la naturaleza tÃ³xica, peligrosa o penosa de la actividad ejercida, y en los tÃ©rminos que reglamentariamente se establezcan, los trabajadores autÃ³nomos afectados que reÃºnan las condiciones establecidas para causar derecho a la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n, con excepciÃ³n de la relativa a la edad, podrÃ¡n acceder a la jubilaciÃ³n anticipada, en los mismos supuestos y colectivos para los que estÃ© establecido dicho derecho respecto de los trabajadores por cuenta ajena.
En este sentido, se entenderÃ¡n comprendidos los trabajadores autÃ³nomos con discapacidad en las mismas condiciones que los trabajadores por cuenta ajena.
5. La acciÃ³n protectora del rÃ©gimen pÃºblico de Seguridad Social de los trabajadores autÃ³nomos tenderÃ¡ a converger en aportaciones, derechos y prestaciones con la existente para los trabajadores por cuenta ajena en el RÃ©gimen General de la Seguridad Social.
Fomento y promociÃ³n del trabajo autÃ³nomo
ArtÃ­culo 27. PolÃ­tica de fomento del trabajo autÃ³nomo.
1. Los poderes pÃºblicos, en el Ã¡mbito de sus respectivas competencias, adoptarÃ¡n polÃ­ticas de fomento del trabajo autÃ³nomo dirigidas al establecimiento y desarrollo de iniciativas econÃ³micas y profesionales por cuenta propia.
2. Estas polÃ­ticas se materializarÃ¡n, en particular, en medidas dirigidas a:
a) Remover los obstÃ¡culos que impidan el inicio y desarrollo de una actividad econÃ³mica o profesional por cuenta propia.
b) Facilitar y apoyar las diversas iniciativas de trabajo autÃ³nomo.
d) Promover el espÃ­ritu y la cultura emprendedora.
e) Fomentar la formaciÃ³n y readaptaciÃ³n profesionales.
f) Proporcionar la informaciÃ³n y asesoramiento tÃ©cnico necesario.
g) Facilitar el acceso a los procesos de innovaciÃ³n tecnolÃ³gica y organizativa, de forma que se mejore la productividad del trabajo o servicio realizado.
h) Crear un entorno que fomente el desarrollo de las iniciativas econÃ³micas y profesionales en el marco del trabajo autÃ³nomo.
i) Apoyar a los emprendedores en el Ã¡mbito de actividades innovadoras vinculadas con los nuevos yacimientos de empleo, de nuevas tecnologÃ­as o de actividades de interÃ©s pÃºblico, econÃ³mico o social.
3. La elaboraciÃ³n de esta polÃ­tica de fomento del trabajo autÃ³nomo tenderÃ¡ al logro de la efectividad de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prestarÃ¡ especial atenciÃ³n a los colectivos de personas desfavorecidas o no suficientemente representadas, entre los cuales las personas con discapacidad ocupan un lugar preferente.
ArtÃ­culo 28. FormaciÃ³n profesional y asesoramiento tÃ©cnico.
1. El fomento del trabajo autÃ³nomo se dirigirÃ¡ especialmente a integrar dentro del sistema educativo y, en particular, del sistema de formaciÃ³n profesional la promociÃ³n del trabajo autÃ³nomo, a propiciar la formaciÃ³n y readaptaciÃ³n profesionales de los trabajadores autÃ³nomos, facilitando su acceso a los programas de formaciÃ³n profesional, que se orientarÃ¡n a la mejora de su capacitaciÃ³n profesional y al desarrollo de su capacidad gerencial.
2. El fomento del trabajo autÃ³nomo tambiÃ©n atenderÃ¡ las necesidades de informaciÃ³n y asesoramiento tÃ©cnico para su creaciÃ³n, consolidaciÃ³n y renovaciÃ³n, promoviendo, a estos efectos, las fÃ³rmulas de comunicaciÃ³n y cooperaciÃ³n entre autÃ³nomos.
ArtÃ­culo 29. Apoyo financiero a las iniciativas econÃ³micas.
1. Los poderes pÃºblicos, en el Ã¡mbito de sus respectivas competencias y en el marco de los compromisos asumidos en la UniÃ³n Europea, adoptarÃ¡n programas de ayuda financiera a las iniciativas econÃ³micas de las personas emprendedoras.
2. La elaboraciÃ³n de estos programas atenderÃ¡ a la necesidad de tutela de los colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo, a la garantÃ­a de la viabilidad futura de los proyectos beneficiarios, asÃ­ como a la exigencia de evaluaciÃ³n de los efectos de las ayudas econÃ³micas sobre los objetivos propuestos.
3. Los poderes pÃºblicos favorecerÃ¡n mediante una polÃ­tica fiscal adecuada la promociÃ³n del trabajo autÃ³nomo.
DisposiciÃ³n adicional primera. ModificaciÃ³n del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril.
Uno. La letra p) del artÃ­culo 2 queda redactada del modo siguiente:
Â«p) en relaciÃ³n con el rÃ©gimen profesional, tanto en su vertiente individual como colectiva, de los trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes a los que se refiere la Ley del Estatuto del Trabajo AutÃ³nomo.Â»
Dos. Se introduce una nueva letra q) al artÃ­culo 2 con el contenido siguiente:
Â«q) respecto de cualesquiera otras cuestiones que les sean atribuidas por normas con rango de Ley.Â»
Tres. Se modifica el apartado 2 del artÃ­culo 16 que queda redactado de la siguiente manera:
Â«2. TendrÃ¡n capacidad procesal los trabajadores mayores de diecisÃ©is aÃ±os y menores de dieciocho respecto de los derechos e intereses legÃ­timos derivados de sus contratos de trabajo y de la relaciÃ³n de Seguridad Social cuando legalmente no precisen para la celebraciÃ³n de dichos contratos autorizaciÃ³n de sus padres, tutores o de la persona o instituciÃ³n que los tenga a su cargo, o hubieran obtenido autorizaciÃ³n para contratar de sus padres, tutores o persona o instituciÃ³n que los tenga a su cargo conforme a la legislaciÃ³n laboral o la legislaciÃ³n civil o mercantil respectivamente. Igualmente tendrÃ¡n capacidad procesal los trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes mayores de diecisÃ©is aÃ±os.Â»
Cuatro. Se aÃ±ade un apartado 3 al artÃ­culo 17 que queda redactado de la siguiente manera:
Â«3. Las organizaciones de trabajadores autÃ³nomos tendrÃ¡n legitimaciÃ³n para la defensa de los acuerdos de interÃ©s profesional por ellas firmados.Â»
Cinco. Se da nueva redacciÃ³n al artÃ­culo 63 que queda redactado de la siguiente manera:
Â«ArtÃ­culo 63.
SerÃ¡ requisito previo para la tramitaciÃ³n del proceso el intento de conciliaciÃ³n ante el servicio administrativo correspondiente o ante el Ã³rgano que asuma estas funciones que podrÃ¡ constituirse mediante los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos a los que se refiere el artÃ­culo 83 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, asÃ­ como los acuerdos de interÃ©s profesional a los que se refiere el artÃ­culo 13 de la Ley del Estatuto del Trabajo AutÃ³nomo.Â»
DisposiciÃ³n adicional segunda. Reducciones y bonificaciones en las cotizaciones.
1. La Ley establecerÃ¡ reducciones y bonificaciones en la cotizaciÃ³n a la Seguridad Social en favor de los siguientes colectivos de trabajadores autÃ³nomos:
a) Quienes en funciÃ³n de otra actividad realizada coticen, sumando las bases de cotizaciÃ³n, por encima de la base mÃ¡xima del RÃ©gimen General de la Seguridad Social.
b) Las personas con discapacidad que realicen un trabajo autÃ³nomo.
c) Los trabajadores autÃ³nomos que se dediquen a la actividad de venta ambulante o a la venta a domicilio.
2. Las Administraciones PÃºblicas competentes podrÃ¡n suscribir convenios con la Seguridad Social con objeto de propiciar la reducciÃ³n de las cotizaciones de las personas que, en rÃ©gimen de autonomÃ­a, se dediquen a actividades artesanales o artÃ­sticas.
DisposiciÃ³n adicional tercera. Cobertura de la incapacidad temporal y de las contingencias profesionales en el RÃ©gimen de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomo.
1. A partir del dÃ­a primero de enero del ejercicio siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, los trabajadores por cuenta propia o autÃ³nomos que no hayan optado por dar cobertura a las prestaciones de incapacidad temporal, deberÃ¡n llevarlo a cabo de forma obligatoria, siempre que no tengan derecho a dicha prestaciÃ³n en razÃ³n de la actividad realizada en otro RÃ©gimen de la Seguridad Social.
De igual forma, la anterior fecha se tomarÃ¡ para la entrada en vigor de la obligatoriedad de cotizaciÃ³n establecida en el punto 3 del artÃ­culo 26 de la presente Ley.
2. Por el Gobierno se determinarÃ¡n aquellas actividades profesionales desarrolladas por trabajadores autÃ³nomos que presentan un mayor riesgo de siniestralidad, en las que serÃ¡ obligatoria la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. En tales supuestos, serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo previsto en el apartado 3 del artÃ­culo 26.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los trabajadores por cuenta propia agrarios, incorporados al Â«Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por Cuenta PropiaÂ», para quien la cobertura de la incapacidad temporal y de las contingencias profesionales seguirÃ¡n siendo de cobertura voluntaria.
DisposiciÃ³n adicional cuarta. PrestaciÃ³n por cese de actividad.
El Gobierno, siempre que estÃ©n garantizados los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera y ello responda a las necesidades y preferencias de los trabajadores autÃ³nomos, propondrÃ¡ a las Cortes Generales la regulaciÃ³n de un sistema especÃ­fico de protecciÃ³n por cese de actividad para los mismos, en funciÃ³n de sus caracterÃ­sticas personales o de la naturaleza de la actividad ejercida.
La articulaciÃ³n de la prestaciÃ³n por cese de actividad se realizarÃ¡ de tal forma que, en los supuestos en que deba aplicarse en edades cercanas a la legal de jubilaciÃ³n, su aplicaciÃ³n garantice, en combinaciÃ³n con las medidas de anticipaciÃ³n de la edad de jubilaciÃ³n en circunstancias concretas contempladas en la Ley General de la Seguridad Social, que el nivel de protecciÃ³n dispensado sea el mismo, en supuestos equivalentes de carrera de cotizaciÃ³n, esfuerzo contributivo y causalidad, que el de los trabajadores por cuenta ajena, sin que ello pueda implicar costes adicionales en el nivel no contributivo.
Las Administraciones PÃºblicas podrÃ¡n, por razones de polÃ­tica econÃ³mica debidamente justificadas, cofinanciar planes de cese de actividad dirigidos a colectivos o sectores econÃ³micos concretos.
DisposiciÃ³n adicional quinta. Profesionales incorporados a Mutualidades de PrevisiÃ³n Social alternativas.
Lo dispuesto en el apartado 2 del artÃ­culo 23, en los artÃ­culos 24 a 26 y en el pÃ¡rrafo c), apartado 2, del artÃ­culo 27, asÃ­ como en las disposiciones adicionales segunda y tercera y en la disposiciÃ³n final segunda de la presente Ley no serÃ¡n de aplicaciÃ³n a los trabajadores por cuenta propia o autÃ³nomos que, en los tÃ©rminos establecidos en la disposiciÃ³n adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de supervisiÃ³n y ordenaciÃ³n de los seguros privados, hayan optado u opten en el futuro por adscribirse a la Mutualidad de PrevisiÃ³n Social que tenga constituida el Colegio Profesional al que pertenezcan y que actÃºe como alternativa al RÃ©gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos.
DisposiciÃ³n adicional sexta. Comunidades AutÃ³nomas.
A los efectos de lo previsto en el artÃ­culo 21.5 de esta Ley, las Comunidades AutÃ³nomas determinarÃ¡n la representatividad de las asociaciones de trabajadores autÃ³nomos de acuerdo con los criterios a los que se refiere el artÃ­culo 21.1 de la misma y crearÃ¡n, en su Ã¡mbito territorial, el registro especial segÃºn lo dispuesto en el artÃ­culo 20.3 de la presente Ley.
DisposiciÃ³n adicional sÃ©ptima. ActualizaciÃ³n de cotizaciones.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrÃ¡ establecer las bases de cotizaciÃ³n diferenciadas, reducciones o bonificaciones a las que se refiere el artÃ­culo 25 y la disposiciÃ³n adicional segunda de esta Ley.
DisposiciÃ³n adicional octava. ParticipaciÃ³n de los trabajadores autÃ³nomos en el Consejo EconÃ³mico y Social.
El Gobierno plantearÃ¡ la presencia de los trabajadores autÃ³nomos en el Consejo EconÃ³mico y Social teniendo en cuenta:
1. La evoluciÃ³n del Consejo del Trabajo AutÃ³nomo en la representaciÃ³n de los mismos.
2. El informe preceptivo del Consejo EconÃ³mico y Social sobre la composiciÃ³n del mismo que deberÃ¡ realizar para ello en el menor plazo de tiempo posible.
DisposiciÃ³n adicional novena. Pago Ãºnico de la prestaciÃ³n por desempleo.
El Gobierno en el plazo de un aÃ±o elaborarÃ¡ un estudio sobre la evoluciÃ³n de la medida de pago Ãºnico de la prestaciÃ³n por desempleo para el inicio de actividades por cuenta propia, si el resultado es favorable en cuanto a creaciÃ³n de empleo autÃ³nomo, ampliarÃ¡ los porcentajes actuales de la capitalizaciÃ³n de la prestaciÃ³n de desempleo destinados a financiar la inversiÃ³n.
DisposiciÃ³n adicional dÃ©cima. Encuadramiento en la Seguridad Social de los familiares del trabajador autÃ³nomo.
Los trabajadores autÃ³nomos podrÃ¡n contratar, como trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de treinta aÃ±os, aunque convivan con Ã©l. En este caso, del Ã¡mbito de la acciÃ³n protectora dispensada a los familiares contratados quedarÃ¡ excluida la cobertura por desempleo.
DisposiciÃ³n adicional undÃ©cima. Trabajadores autÃ³nomos del sector del transporte.
De conformidad con lo dispuesto en el artÃ­culo 1.3 g) del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 24 de marzo, se consideran incluidas en el Ã¡mbito regulado por la presente Ley las personas prestadoras del servicio del transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares, realizada mediante el correspondiente precio con vehÃ­culos comerciales de servicio pÃºblico cuya propiedad o poder directo de disposiciÃ³n ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o comercializador.
En este caso, serÃ¡n trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes a los que se refiere el artÃ­culo 1.2 d) de la presente Ley aquellos que cumplan con lo dispuesto en el artÃ­culo 11.1 y 11.2 a) de la misma.
DisposiciÃ³n adicional duodÃ©cima. ParticipaciÃ³n de trabajadores autÃ³nomos en programas de formaciÃ³n e informaciÃ³n de prevenciÃ³n de riesgos laborales.
Con la finalidad de reducir la siniestralidad y evitar la apariciÃ³n de enfermedades profesionales en los respectivos sectores, las asociaciones representativas de los trabajadores autÃ³nomos y las organizaciones sindicales mÃ¡s representativas podrÃ¡n realizar programas permanentes de informaciÃ³n y formaciÃ³n correspondientes a dicho colectivo, promovidos por las Administraciones PÃºblicas competentes en materia de prevenciÃ³n de riesgos laborales y de reparaciÃ³n de las consecuencias de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
DisposiciÃ³n adicional decimotercera. AdaptaciÃ³n de la Ley General de la Seguridad Social.
El apartado 1 de la disposiciÃ³n adicional trigÃ©sima quinta del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, introducida por el artÃ­culo 5 de la Ley 36/2003, de 11 de diciembre, y modificada por la disposiciÃ³n adicional cuadragÃ©sima cuarta. Tres de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el aÃ±o 2005, queda modificado del siguiente modo:
Donde dice: Â«a partir de 1 de enero de 2005Â».
Debe decir: Â«a partir de la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo AutÃ³nomoÂ».
Donde dice: Â«25 por 100Â».
Debe decir: Â«30 por 100Â».
Donde dice: Â«durante los 12 meses inmediatamente...Â».
Debe decir: Â«durante los 15 meses inmediatamente...Â».
Donde dice: Â«en los 12 meses siguientes...Â».
Debe decir: Â«en los 15 meses siguientes...Â».
DisposiciÃ³n adicional decimocuarta. Estudio sectorial del trabajo autÃ³nomo.
El Gobierno elaborarÃ¡, en el plazo de un aÃ±o, un estudio sobre los sectores de actividad que tienen una especial incidencia en el colectivo de trabajadores autÃ³nomos, que incluya, entre otros, los siguientes aspectos:
1. Los efectos que tienen las especificidades propias de cada sector en las condiciones del trabajo (retributivas, conciliaciÃ³n familiar, protecciÃ³n social, etc.) que realiza el trabajador autÃ³nomo.
2. Un diagnÃ³stico sobre los sectores en reconversiÃ³n o sometidos a procesos de modernizaciÃ³n que tienen una mayor afectaciÃ³n en la actividad realizada por trabajadores autÃ³nomos.
3. Un anÃ¡lisis sobre la necesidad de incentivar el cese anticipado de trabajadores autÃ³nomos en determinados sectores.
DisposiciÃ³n adicional decimoquinta. AdaptaciÃ³n del RÃ©gimen Especial de los Trabajadores AutÃ³nomos.
En el plazo de un aÃ±o, el Gobierno presentarÃ¡ un estudio sobre la actualizaciÃ³n de la normativa que regula el RÃ©gimen Especial de los Trabajadores AutÃ³nomos establecida esencialmente en el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, parcialmente derogado, a las necesidades y exigencias actuales del colectivo de los trabajadores autÃ³nomos. Este estudio preverÃ¡ las medidas necesarias para fijar la convergencia en las aportaciones y derechos de los trabajadores autÃ³nomos, en relaciÃ³n a los establecidos por los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el RÃ©gimen General de la Seguridad Social.
DisposiciÃ³n adicional decimosexta. CampaÃ±a de difusiÃ³n del RÃ©gimen Especial de los Trabajadores AutÃ³nomos.
En el plazo de un aÃ±o, el Gobierno realizarÃ¡, en colaboraciÃ³n con las entidades mÃ¡s representativas de trabajadores autÃ³nomos, una campaÃ±a de difusiÃ³n e informaciÃ³n sobre la normativa y las caracterÃ­sticas del RÃ©gimen Especial del Trabajador AutÃ³nomo.
DisposiciÃ³n adicional decimosÃ©ptima. Contratos de trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes en el sector de los agentes de seguros.
Los contratos celebrados por los agentes de seguros que cumplan con las condiciones establecidas en el capÃ­tulo tercero de la presente Ley y los supuestos en que dichos agentes quedarÃ­an sujetos al mismo se determinarÃ¡n reglamentariamente sin afectar, en ningÃºn caso, su relaciÃ³n mercantil.
DisposiciÃ³n adicional decimoctava. Personas con discapacidad.
A los efectos de esta Ley, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de personas con discapacidad las comprendidas en el nÃºmero 2 del artÃ­culo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminaciÃ³n y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
DisposiciÃ³n adicional decimonovena. Agentes comerciales.
En los supuestos de agentes comerciales que, actuando como intermediarios independientes, se encarguen de manera continuada o estable y a cambio de remuneraciÃ³n, de promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, a los efectos de ser considerados trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes, no les serÃ¡ de aplicaciÃ³n el requisito de asumir el riesgo y ventura de tales operaciones, contemplado en el artÃ­culo 11, apartado 2, letra e).
DisposiciÃ³n transitoria primera. AdaptaciÃ³n de estatutos y reconocimiento de la personalidad jurÃ­dica de las asociaciones.
Las asociaciones profesionales de trabajadores autÃ³nomos constituidas en aplicaciÃ³n de la legislaciÃ³n anterior y que gocen de personalidad jurÃ­dica a la entrada en vigor de esta Ley, conservarÃ¡n su reconocimiento a todos los efectos, quedando automÃ¡ticamente convalidadas.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley deberÃ¡n proceder a adaptar sus estatutos a lo previsto en ella, asÃ­ como a inscribirse en el registro previsto en la oficina pÃºblica establecida al efecto.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. AdaptaciÃ³n de los contratos vigentes de los trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes.
Los contratos suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley entre el trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente y el cliente, deberÃ¡n adaptarse a las previsiones contenidas en la misma dentro del plazo de seis meses desde la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias que se dicten en su desarrollo, salvo que en dicho periodo alguna de las partes opte por rescindir el contrato.
El trabajador autÃ³nomo en el que concurra la circunstancia de ser econÃ³micamente dependiente, deberÃ¡ comunicarlo al cliente respecto al que adquiera esta condiciÃ³n, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de las citadas disposiciones reglamentarias.
DisposiciÃ³n transitoria tercera. AdaptaciÃ³n de los contratos vigentes de los trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes en el sector del transporte y el sector de los agentes de seguros.
Los contratos suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley entre el trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente y el cliente a los que se refiere la disposiciÃ³n adicional undÃ©cima y los contratos celebrados por los agentes de seguros que les resulte de aplicaciÃ³n el capÃ­tulo tercero de la presente Ley, deberÃ¡n adaptarse a las previsiones contenidas en la misma dentro del plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias que se dicten en su desarrollo, salvo que en dicho periodo alguna de las partes opte por rescindir el contrato.
El trabajador autÃ³nomo en el que concurra la circunstancia de ser econÃ³micamente dependiente en el supuesto al que se refiere la disposiciÃ³n adicional undÃ©cima y en el supuesto del agente de seguros, deberÃ¡ comunicarlo al cliente respecto al que adquiera esta condiciÃ³n, en el plazo de un aÃ±o desde la entrada en vigor de la presente Ley.
La presente Ley se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al artÃ­culo 149.1.5.Âª, 6.Âª, 7.Âª, 8.Âª y 17.Âª de la ConstituciÃ³n.
DisposiciÃ³n final segunda. Desarrollo de derechos en materia de protecciÃ³n social.
Con carÃ¡cter progresivo se llevarÃ¡n a cabo las medidas necesarias para que, de acuerdo con los principios que inspiran esta Ley, se logre la convergencia en aportaciones y derechos de los trabajadores autÃ³nomos en relaciÃ³n con los establecidos para los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el RÃ©gimen General de la Seguridad Social.
Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaciÃ³n y desarrollo de la presente Ley en el Ã¡mbito de sus competencias.
DisposiciÃ³n final cuarta. Informe anual.
1. El Gobierno deberÃ¡ informar a las Cortes Generales anualmente de la ejecuciÃ³n de previsiones contenidas en la presente Ley.
2. Dicho informe incorporarÃ¡ el dictamen de los Ãrganos Consultivos.
DisposiciÃ³n final quinta. Desarrollo Reglamentario de los Contratos del Trabajador AutÃ³nomo econÃ³micamente dependiente.
En el plazo de un aÃ±o desde la entrada en vigor de esta Ley se desarrollarÃ¡ reglamentariamente lo contemplado en su artÃ­culo 12, apartado 1, pÃ¡rrafo segundo.
La presente Ley entrarÃ¡ en vigor a los tres meses de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ».

References: Real Decreto 
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