Source: https://supremo.vlex.es/vid/-285749299
Timestamp: 2019-10-19 02:00:30+00:00

Document:
STS 465/2011, 31 de Mayo de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 285749299
STS 465/2011, 31 de Mayo de 2011
Número de Recurso: 1416/2010
Número de Resolución: 465/2011
Sentencia citada en: 38 sentencias, 3 artículos doctrinales
En los recursos de casación por quebrantamiento de forma, e infracción de Ley que ante Nos penden, interpuestos por Daniel , Dionisio , Jeronimo , Romualdo , Jesús Manuel , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 3ª, que condenó a los acusados como autores penalmente responsables de un delito contra la salud pública; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y dichos recurrentes representados por los Procuradores Sres Fernández Aguado, Oterino Sánchez, Leonis Parra, Domínguez Ruiz respectivamente.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga, instruyó sumario con el número 35 de 2007, contra Daniel , Dionisio , Jeronimo , Romualdo , Jesús Manuel , y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Málaga, cuya Sección 3ª, con fecha 30 de diciembre de 2009, dictó sentencia , que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS : PRIMERO.- Queda probado y así se declara que, estando interesados Daniel y Romualdo , ambos súbditos del Reino Unido, y residentes en la provincia de Málaga, en la adquisición de una importante de cocaína, en concreto 5 Kgs, que querían para distribuirla a terceros, contactaron con la finalidad de adquirirla con Dionisio y Jesús Manuel , residentes en Madrid, que tenían disponibilidad sobre tal cantidad de droga, fijando que la entrega se haría en Madrid el 18 de mayo de 2006.
Con la finalidad antes dicha, Daniel y Romualdo se desplazaron el mencionado día a Madrid, contactando sobre las 11,05 en la Estación de Atocha con Jeronimo , cuya función era facilitar la entrega de la droga, llegando mas tarde a la Estación la procesada Adela , que contactó con los anteriores, sin que haya quedado acreditado en el plenario la razón de la estancia de la misma en aquel lugar ni si desempeñaba algún papel en la compra de droga que se pretendía realizar, llegando también a la Estación de Atocha la otra persona a la que no afecta esta resolución, al encontrarse en situación de rebeldía procesal, cuya misión era acompañar a Daniel para recoger la droga. Poco después también aparece en la Estación de Atocha el referido Dionisio , que contacta con los anteriores antes reseñados. A partir de ese momento y durante el resto del día, los mencionados, con excepción de Adela , juntos o separados, dan varias vueltas en coche por Madrid, adoptando medidas de seguridad en sus recorridos, mientras que Dionisio , sabedor de que los compradores de la cocaína estaban ya en Madrid, contacta con Jesús Manuel para cerciorarse de la calidad de la droga y de que esta se encuentra preparada para su entrega.
Para realizar finalmente la transacción, sobre las 20:30 horas del día mencionado, 18 de mayo de 2006, quedaron citados en la Estación de servicio de la Avda de la Albufera 139 de Madrid, en donde Daniel , Romualdo , Dionisio , Jeronimo y otra persona a la que no afecta esta resolución, al encontrarse en situación de rebeldía procesal, llegaron en el Fiat Punto matrícula 8546 DGC; Estación de Servicio en la que contactaron con Regina y con otra mujer que no pudo ser identificada, que llegaron a aquel lugar a bordo del vehículo Citroën C-3 matricula ....-QWV , propiedad de la primera. A continuación, el Citroën C-3 ocupado por ambas mujeres, fue seguido hasta el domicilio de esta de la CALLE000 nº NUM000 , NUM001 NUM002 de Madrid por el Fiat Punto, en el que viajaban los cinco varones antes mencionados. Una vez en la CALLE000 , subieron a la vivienda antes mencionada las dos mujeres, así como Daniel , Romualdo y Dionisio , permaneciendo en espera en el interior del Fiat Punto Jeronimo y la persona a la que no afecta esta resolución, al encontrarse en situación de rebeldía procesal, permaneciendo aquellos en el interior de la vivienda por espacio de hora y media, mientras que personas cuya identidad no ha podido ser determinada se asomaban por la ventana y balcón en actitud vigilante, para detectar una posible presencia policial. En el domicilio mencionado también vivía Alvaro , que lo compartía con Regina , sin que en el plenario se haya acreditado que fueran estas las personas que realizaran tales labores de vigilancia.
Sobre las 22:00 horas aproximadamente salió del domicilio el mencionado Daniel , que se acercó al Fiat Punto y contactó con la persona a la que no afecta esta resolución, el que cogió una bolsa de deporte que estaba vacía y acompañó a Daniel al interior de la vivienda mencionada, en donde permanecieron todos ellos otros 20 minutos, al cabo de los cuales salieron de la vivienda Daniel , Romualdo , Dionisio y la persona a la que no afecta esta resolución, al encontrarse en situación de rebeldía procesal, siendo esta la persona que llevaba la bolsa de deporte antes aludida, pero que contenía algo en su interior, en concreto cocaína, marchándose cada uno por su lado, siendo detenido la persona que llevaba la bolsa de deporte, que se marchó a bordo de un taxi, al llegar al Hotel Paseo de las Artes de la calle Atocha, interviniéndosele la mencionada bolsa de deportes en cuyo interior había cocaína con un peso de 5.048,90 gramos con una pureza media del 69,66 % según el análisis realizado por el laboratorio de la División de Estupefacientes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, valorada en 548.923,12 euros, habiéndose procedido detener al resto de los mencionados en distintos sitios de Madrid.
Con fecha de 19 de mayo de 2006, se realizó una entrada y registro en el domicilio en donde se hizo entrega de la cocaína, CALLE000 NUM000 , NUM001 NUM002 de Madrid, hallándose en el mismo una balanza de precisión de la marca Princesa con restos de cocaína, una navaja y una hoja con restos de cocaína, habiéndose encontrado en concreto 0,05 gramos de cocaína con una pureza del 71,6 % y 0,92 gramos de la misma sustancia con una pureza del 29,8 % según análisis realizado por el mismo laboratorio antes indicado. Ese mismo día se realizó una entrada y registro en el domicilio de Jesús Manuel ubicado en la CALLE001 NUM003 , NUM004 NUM005 de Madrid en donde se encontró una báscula de precisión y una bolsa pequeña con restos de cocaína. Ese mismo día se realizó otra diligencia de entrada y registro en la AVENIDA000 , EDIFICIO000 , nº NUM004 , Bloque NUM006 , ph NUM006 de la localidad de Benalmádena, Málaga, que era el domicilio de Daniel , sin la presencia de este, que ya estaba detenido, habiéndose intervenido en una caja fuerte la cantidad de 9.4000 euros.
SEGUNDO.- El Fiat Punto matrícula 8546 DGC, antes reseñado, era propiedad de FRANK CAR HIRE, entidad a la que ya se le hizo entrega del vehículo.
TERCERO.- Dionisio ha estado privado de libertad por esta causa desde el 18 de mayo de 2006 hasta el 7 de abril de 2008 en que se prestó fianza por importe de 3.000 euros.
Jesús Manuel ha estado privado de libertad por esta causa desde el 19 de mayo de 2006 hasta el 8 de marzo de 2007en que se prestó fianza por importe de 30.000 euros.
Daniel ha estado privado de libertad por esta causa desde el 19 de mayo de 2006 hasta el 26 de diciembre de 2006 en que se prestó fianza por importe de 50.000 euros.
Romualdo ha estado privado de libertad por esta causa desde el 18 de mayo de 2006 hasta el 17 de enero de 2007 en que se prestó fianza por importe de 50.000 euros.
Jeronimo ha estado privado de libertad por esta causa desde el 18 de mayo de 2006 hasta el 16 de enero de 2007 en que se prestó fianza por importe de 50.000 euros.
Regina ha estado privada de libertad por esta causa desde el 19 de mayo de 2006 hasta el 4 de enero de 2007 en que se prestó fianza por importe de 30.000 euros.
Alvaro ha estado privado de libertad por esta causa desde el 19 de mayo de 2006 hasta el 31 de marzo de 2008 en que se prestó fianza por importe de 3.000 euros.
Adela ha estado privada de libertad por esta causa desde el 19 de mayo de 2006 hasta el 1 de diciembre de 2006 en que se prestó fianza por importe de 50.000 euros.
FALLO: Debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a Adela , a Regina y a Alvaro ya referenciados, del delito contra la salud pública del que le acusaba el Ministerio Fiscal, con declaración de oficio de las costas procesales causadas por dichos procesados.
Debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a Dionisio , Jesús Manuel , Daniel , Romualdo y Jeronimo , , ya referenciados, como autores responsables de un DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA , ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de NUEVE (9) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y MULTA DE 600.000 EUROS y al abono a cada uno de ellos de una octava parte de las costas.
Para el cumplimiento de la pena privativa de libertad que se impone, se abonarán a los condenados el tiempo que han estado privados de libertad por esta causa, ( indicados en los hechos probados de la sentencia) de no haberle servido para extinguir otras responsabilidades, lo cual se acreditará en fase de ejecución de sentencia.
Se acuerda el comiso de la droga intervenida. Una vez firme la presente resolución, procédase, si no se hubiera realizado con anterioridad, a la destrucción de la sustancia estupefaciente conforme a las normas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Devuélvanse a Adela los efectos que le fueron intervenidos entre los que se encuentra un teléfono móvil marca Nokia 3220, que viene siendo utilizado por la UDyCO conforme se autorizó por providencia de 5 de julio de 2006 (folios 1205, en relación con 1133). Devuélvase al fiador el importe de los 50.000 euros prestados como fianza para que aquella obtuviera la libertad.
Devuélvanse a Regina los efectos que le fueron intervenidos. Devuélvase al fiador el importe de los 30.000 euros prestados como fianza para que aquella obtuviera la libertad.
Devuélvanse a Alvaro los efectos que le fueron intervenidos. Devuélvase al fiador el importe de los 3.000 euros prestados como fianza para que aquel obtuviera la libertad.
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por Daniel , Dionisio , Jeronimo , Romualdo , Jesús Manuel , que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.
Cuarto.- La representaciones de los recurrentes, basan sus recursos en los siguientes MOTIVOS DE CASACION.
RECURSO INTERPUESTO POR Daniel
PRIMERO .- Al amparo del art. 852 LECrim ., por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías art. 24.2 CE .
SEGUNDO .- Al amparo del art. 852 LECrim . por infracción del art. 18.3 CE .
TERCERO .- Al amparo del art. 852 LECrim . por infracción del art. 18.3 CE .
CUARTO .- Al amparo del art. 852 LECrim . en relación con el art. 11.1 LOPJ . por vulneración del art. 24.2 CE .
RECURSO INTERPUESTO POR Dionisio
PRIMERO .- Al amparo del art. 849.1 LECrim ., por aplicación indebida del art. 368 CP . en relación con el art. 5.4 LOPJ . por vulneración de la presunción de inocencia art. 24.2 CE .
TERCERO .- Al amparo del art. 852 LECrim . en relación con el art. 5.4 LOPJ . por vulneración del art. 18.3 CE .
RECURSOS INTERPUESTO POR Jeronimo Y DE Romualdo
PRIMERO .- Al amparo del art. 852 LECrim ., por infracción del art. 18.3 CE .
SEGUNDO .- Al amparo del art. 852 LECrim . en relación con el art. 5.4 LOPJ . por vulneración del art. 24.2 CE .
TERCERO .- Al amparo del art. 852 LECrim . en relación con el art. 11.1 LOPJ . por vulneración del art. 24.2 CE .
RECURSO INTERPUESTO POR Jesús Manuel
PRIMERO .- Al amparo del art. 852 LECrim ., por vulneración del art. 18.3 CE .
SEGUNDO .- Al amparo del art. 852 LECrim . por vulneración del art. 24 CE .
TERCERO .- Al amparo del art. 852 LECrim . por vulneración del art. 24 CE .
Sexto.- Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día diecisiete de mayo de dos mil once.
El motivo primero por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 852 LECrim . al haber quebrantado la sentencia recurrida el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías legalmente establecidas, art. 24.2 CE , concretamente por vulneración del principio acusatorio, el principio de contradicción, el principio de igualdad de partes en el proceso, el derecho de defensa, el principio de legalidad penal, el derecho a un tribunal imparcial y por quiebra del principio de preclusión procesal, art. 656 y 728 LECrim .
La cuestión, según el motivo se limita a la vulneración de los referidos derechos constitucionalmente establecidos a consecuencia de la admisión -en sentencia- y no con carácter previo- del testimonio de particulares remitido -no habiéndose por el Ministerio Fiscal solicitada su admisión -en trámite de sumario ordinario con posterioridad a evacuar el escrito de conclusiones provisionales y con posterioridad al inicio del Plenario, sin pronunciamiento expreso de la Sala en cuanto a su admisión o inadmision, relegando dicho trámite a la sentencia.
En el desarrollo del motivo, con transcripción de las sentencias de esta Sala 1060/2006 de 11.10 , 124/99 de 4.2 , y 904/95 de 23.9 , cuya doctrina considera aplicable al supuesto concreto objeto del presente recurso. Se argumenta que por dicha representación ya en su escrito de conclusiones provisionales de 22.6.2007, mediante otrosi digo, planteó articulo de previo pronunciamiento consistente en que se acordara la nulidad de las presentes actuaciones, al no constar unidas a las mismas la totalidad de oficios y autos habilitantes de cuantas intervenciones telefónicas se llevaron a cabo en las Diligencias Previas 5858/2005, del Juzgado Instrucción nº 2 de Marbella, de las que dimanaban las Diligencias Previas 1586/2006 del mismo juzgado de Instrucción nº 2 y constituir éstas solo un testimonio incompleto de aquellas, de las que fueron desgajadas por auto de 4.4.2006.
- Por auto de 30.10.2007 se acordó la admisión de las pruebas propuestas por las partes y el señalamiento del juicio oral para los días 12 y 13 diciembre 2007, sin hacerse pronunciamiento alguno en cuanto al artículo de previo pronunciamiento.
- Tras una primera suspensión, el juicio oral se inició el 3.3.2008 y tras el nuevo planteamiento por la defensa de este recurrente del artículo de previo pronunciamiento se acordó dar traslado a todas las partes por término de tres días para su posterior resolución, suspendiéndose la continuación del juicio.
- Por auto de 10.3.2008 se dispuso no haber lugar a la pretensión de nulidad de actuaciones hecha valer en trámite de articulo de previo pronunciamiento, y se acordó nuevo señalamiento para la continuación del juicio oral, para los días 30.9 y 1.10.2008 (providencia 20.5.2008) y suspendido nuevamente hasta los días 16 y 17.2.2009 (providencia 23.10.2008), suspendiéndose el anterior señalamiento mediante auto de 13.2.2009.
- Con fecha 16.2.2009 fue recibido por la Sala por remisión del Ministerio Fiscal a los efectos previstos en el art. 729.2 LECrim , testimonio de las actuaciones que no obraban en la causa, pero sin solicitar el Ministerio Fiscal que fueran incorporadas a las presentes actuaciones, dictándose providencia de 19.2.2009 por la que se procedía a su foliado y copia a los efectos procedentes y providencia de 20.2.2009 mediante la cual se daba traslado del testimonio de particulares a las partes "a fin de que insten lo que a su derecho contengan" pero sin acordar nada en cuanto a su admisión o inadmision.
- La representación procesal de este recurrente por escrito de 5.3.2009 se opuso a la admisión e incorporación a las actuaciones de las copias testimoniadas por considerar que sería en fraude de Ley o procesal, prevenido en el art. 11.2 LOPJ.
- Por providencia de 16.3.2009 la Sala acordó tener por hechas las pretensiones realizadas sobre las cuales se resolverá en sentencia, interponiéndose por la parte recurso de súplica con fecha 20.3.2009 , contra dicha providencia interesando su no admisión, entre otras cosas, porque ni el propio Ministerio Fiscal así lo instaba, por lo que la Sala no podía tampoco admitirlos so pena de vulnerarse derechos fundamentales tales como el de un proceso con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva y causar grave indefensión, lo cual finalmente sucedió al admitirse en sentencia.
La sentencia impugnada niega cualquier tipo de indefensión por haberse dado traslado de dichos testimonios meses antes de que se celebrara el plenario, a los efectos oportunos, si bien:
-no se dictó resolución alguna sobre su admisión o inadmision relegándolo a la sentencia.
-no se puede predicar a la parte inactividad alguna por cuanto siempre se opuso a su admisión.
-no se propusieron pruebas por la defensa al no constar que tales documentos testimoniados hubieran sido admitidos, sino simplemente remitidos, y en caso de haberle notificado su admisión podría haber propuesto los medios de prueba adecuados para conocer el contenido y resultado de las diligencias previas 4172/2005 seguidas ante el Juzgado de instrucción 9 de Málaga, a las que se hacia referencia en el oficio policial inicial de 24.10.2005 .
- Por último, no existió solicitud alguna por parte del Ministerio Fiscal de nuevas pruebas con posterioridad a su escrito de conclusiones provisionales de 9.4.2007, así como tampoco estuvo justificada su admisión de forma razonada, suponiendo un fraude procesal, así como un obstáculo a los principios de contradicción e igualdad en garantía de la interdicción de toda indefensión, y una clara situación de indefensión material
El desarrollo argumental del motivo hace necesario efectuar una serie de consideraciones previas.
Como recuerdan las SSTC. 25/11 de 14.3 y 62/2009 de 9.3 : «la indefensión es una noción material que se caracteriza por suponer una privación o minoración sustancial del derecho de defensa; un menoscabo sensible de los principios de contradicción y de igualdad de las partes que impide o dificulta gravemente a una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho, o de replicar dialécticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con las demás partes procesales. Por otro lado, para que la indefensión alcance la dimensión constitucional que le atribuye el art. 24 CE , se requiere que los órganos judiciales hayan impedido u obstaculizado en el proceso el derecho de las partes a ejercitar su facultad de alegar y justificar sus pretensiones, esto es, que la indefensión sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional ( SSTC 109/1985, de 8 de octubre ; 116/1995, de 17 de julio ; 107/1999, de 14 de junio ; 114/2000, de 5 de mayo , entre otras muchas)».
Por ello, tal como hemos venido reiterando, el contenido de la indefensión con relevancia constitucional queda circunscrito a los casos en que la misma sea imputable a actos u omisiones de los órganos judiciales y que tenga su origen inmediato y directo en tales actos u omisiones; esto es, que sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional, estando excluida del ámbito protector del art. 24 CE . la indefensión debida a la pasividad, de interés, negligencia, error técnico o impericia de la parte o de los profesionales que la representen o defiendan (por todas SSTC. 109/2002 de 6.5 , 141/2005 de 6.6 , 160/2009 de 29.6 ). Asimismo «para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúe al interesado al margen de toda posibilidad de alegar y defender en el proceso sus derechos, no basta con una vulneración meramente formal, sino que es necesario que de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, con real menoscabo del derecho de defensa y con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado» ( STC 185/2003, de 27 de octubre ; 164/2005 de 20 de junio ).
La aplicación de la anterior doctrina al caso concreto debe llevarnos a rechazar las vulneraciones alegadas.
En primer lugar, el proceso penal como todo proceso que se integra por una relación ordenada de fases aparece regido por el principio de preclusión, tal principio no tiene un fin en si mismo, sino que tiene una naturaleza instrumental para permitir la sucesión de fases bajo los principios, entre otros, de igualdad e interdicción de la indefensión.
En lo que se refiere a la proposición de pruebas, el momento previsto, por lo que se refiere al sumario ordinario, está constituido por el escrito de conclusiones provisionales -arts. 650 y ss. y especialmente el art. 728 LECrim .- lo que ha sido entendido como que las pruebas, salvo en los supuestos excepcionales del art. 729 LECrim . se han de proponer necesaria e inexcusablemente en los escritos de calificación provisional ( STS. 7.12.84 ), no pudiendo pedirse posteriormente ninguna otra, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento abreviado ( SSTS. 7.5 y 15.6.81 , 935/97 de 28.6), pero también existe jurisprudencia que partiendo precisamente de la posibilidad legalmente admitida para el procedimiento abreviado tanto competencia del Juzgado de lo Penal como de la Audiencia Provincial de presentar prueba hasta el mismo momento del acto del juicio oral como expresamente permitía el art. 793.2 LECrim ., actual art. 786.2, tras la reforma de Ley 38/2002 de 24.10 , en el marco de la Audiencia Preliminar que precede al debate del Plenario, considera aplicable tal posibilidad.
En efecto, como recuerdan las SSTS. 1060/2006 de 11.10 , y 294/2008 de 27.5 , una no ya reciente línea jurisprudencial abrió la posibilidad de proponer y admitir prueba con posterioridad al de calificación provisional y anterioridad al comienzo del Juicio oral, cuando existan razones justificadas para ello y siempre que concurran los requisitos -obvios- de que esta nueva proposición de pruebas no suponga un fraude procesal y no constituya un obstáculo al principio de contradicción e igualdad de partes ( STS. 13.12.96 ), posibilidad admisible, por ejemplo, en los supuestos de que la parte concernida estime necesario proponer alguna prueba adicional no conocida o no accesible en el momento de la calificación.
En conclusión hay que declarar expresamente la posibilidad de presentar petición adicional de prueba con posterioridad al escrito de calificación provisional siempre que:
Esté justificada de forma razonada.
No suponga un fraude procesal y
No constituya un obstáculo a los principios de contradicción e igualdad en garantía de la interdicción de toda indefensión.
Se trata, se insiste, en la STS. 1060/2006 de 11.10 ya citada, de una línea jurisprudencial ya consolidada, y que de alguna manera quedó reforzada con la posibilidad legalmente admitida para el Procedimiento Abreviado tanto competencia del Juzgado de lo Penal como de la Audiencia Provincial de presentar prueba hasta el mismo momento del acto del Juicio Oral como expresamente permite el art. 793-2º de la LECriminal, actual artículo 786 tras la reforma dada por la Ley 38/2002 de 24 de Octubre , en el marco de la Audiencia Preliminar que precede al debate del Plenario.
En efecto, como recordaba la STS 60/1997 de 25 de Enero de 1999 :
"....El art. 793-2º de la LECriminal permite una controversia preliminar con la finalidad de acumular, en un sólo acto, diversas cuestiones que en el proceso común ordinario daban lugar a una serie de incidencias previas que dilataban la entrada en el verdadero debate que no es otro que el que surge en el momento del Juicio Oral, acentuado de esta manera los principios de concentración y oralidad. Según se desprende del tenor del artículo, esta Audiencia Preliminar puede versar sobre:
Existencia de artículos de previo pronunciamiento.
Causas de suspensión del Juicio Oral.
Contenido y finalidad de las pruebas propuestas o que se propongan en el acto para practicarse en las sesiones del Juicio Oral....".
Es decir, en el Procedimiento Abreviado no sigue el principio de preclusión en cuanto a la proposición de prueba, cuyo periodo se inicia con el escrito de calificación provisional y llega hasta el mismo momento del inicio del Plenario con la única limitación respecto de esta última, que puedan practicarse en el acto del Plenario.
Sobre si ésta posibilidad es aplicable al sumario ordinario, la STS. 94/2007 de 14.2 , insiste en dar una respuesta positiva, y ello por las siguientes razones:
Por el principio de unidad del ordenamiento jurídico ; sería un contrasentido que lo que la Ley permite en un tipo de procesos en aras de potenciar la concentración, oralidad y en definitiva un incremento de las garantías no puede extenderse al Procedimiento por sumario, cuya regulación se mantiene en este aspecto desde la promulgación de la LECriminal en la Ley con fecha de 14 de Septiembre de 1882 .
Porque precisamente, el mandato constitucional contenido en el art. 120-3º de que el Procedimiento --sobre todo en material criminal-- será predominante oral tiene una mayor realización y amplitud, precisamente en la Audiencia Preliminar que se comenta.
Porque, en fin, esta línea proclive a extender la Audiencia Preliminar al Procedimiento Ordinario Sumario, que la práctica judicial lo ha aceptado, está expresamente admitido por la jurisprudencia de la Sala como lo acredita, entre otras, las SSTS de 10 de Octubre de 2001 ó la 2/98 de 29 de Julio, en las que se estimó como correcta la actuación del Tribunal de instancia que en procedimientos de Sumario abrió un debate sobre la nulidad de determinadas pruebas suscitadas, en este trámite, por las defensas. Obviamente, si se admite la validez de la Audiencia Preliminar para el cuestionamiento de la validez de algunas pruebas, es claro que también debe aceptarse que en el ámbito de dicho acto, se puede proponer nueva prueba.
En definitiva como se lee en la STS. de 29.9.98 : "al margen de lo que sea buena fe procesal, las pruebas anunciadas al inicio de las sesiones aún permiten a las demás partes un efectivo uso del derecho y principio de contradicción, ya que sobre las mismas pueden interrogar a acusados, testigos, peritos etc... e incluso proponer otras que las desvirtúen".
En segundo lugar , la simple alegación por cualquier recurrente de la falta de documentos referidos a la legitimidad de las escuchas telefónicas adoptadas en un proceso penal precedente, no obliga, de forma necesaria, al acogimiento de esa impugnación.
En efecto como hemos dicho en recientes sentencias SSTS. 1628/2010 de 1.7 , 406/2010 de 11.5 , 6/2010 de 27.1 , 443/2010 de 19.5 , que la premisa de la que se quiere partir -implícita pero evidente- que no puede admitirse, es que, en principio, hay que presumir que las actuaciones judiciales y policiales son ilegítimas e irregulares, vulneradoras de derechos fundamentales, mientras no conste lo contrario.
Ello supondría la paradoja de que mientras que tratándose de los acusados ha de presumirse siempre su inocencia, en tanto no se prueba su culpabilidad (art. 24.2 CE ), a los Jueces y Tribunales, en el mismo marco procesal, ha de presumírseles una actuación contraria a la Constitución y a las Leyes, en tanto no se prueba que han actuado conforme a Derecho. Frente a tal premisa, hemos de afirmar que ni el derecho a la presunción de inocencia, ni el principio "in dubio pro reo", que siempre deben proteger a los acusados, pueden llegar a significar que salvo que se acredita lo contrario, las actuaciones de las autoridades son, en principio, ilícitas e ilegitimas. El principio de presunción de inocencia no puede extender su eficacia hasta esos absurdos extremos.
En efecto, la nulidad de los actos procesales sólo puede basarse en algunas de las causas estrictamente reguladas en el art. 238 de la LOPJ , con la consecuencia de la pérdida de efectos que tratándose de la vulneración de derechos fundamentales impone el art. 11 de la misma ley . Sin embargo, declarar la nulidad de unas diligencias porque la legitimidad de los autos autorizantes de intervenciones telefónicas no puede presumirse, supone crear una categoría inédita en nuestro sistema procesal. Estaríamos ante la creación jurisprudencial de la nulidad presunta , predicable de actos limitativos de derechos, aparentemente válidos, pero a los que privamos de efectos al no constar la legitimidad de otro acto precedente.
En línea de principio proclamar que la legitimidad de un acto jurisdiccional o de investigación policial no puede presumirse, no se concilia bien con los principios que informan el ejercicio de la función jurisdiccional (art. 117.1 CE ). Es cierto que la abstracta proclamación de esos principios no blinda a los actos jurisdiccionales de su condición de potencial fuente lesiva de los derechos fundamentales, pero también lo es -y la experiencia se encarga cada día de recordarlo- que la validez de los actos procesales no puede hacerse descansar en un voluntarioso acto de fe. Pero aceptar la petición de nulidad porque la legitimidad no puede presumirse, no resulta, en modo alguno, una exigencia de nuestro sistema de garantías.
Consecuentemente con ello esta Sala en Pleno no jurisdiccional de 26.5.2009, adoptó un acuerdo en el sentido que "en los procesos incoados a raíz de la deducción de testimonios de una causa principal, la simple alegación de que el acto jurisdiccional limitativo del derecho al secreto de las comunicaciones es nulo, porque no hay constancia legitima de las resoluciones antecedentes, no debe implicar sin más la nulidad".
Sigue expresando el referido acuerdo que "... en tales casos, cuando la validez de un medio probatorio dependa de la legitimidad de la obtención de fuentes de prueba en otro procedimiento, si el interesado impugna en la instancia la legitimidad de aquel medio de prueba, la parte que lo propuso deberá justificar de forma contradictoria la legitimidad cuestionada. Pero, si, conocido el origen de un medio de prueba propuesto en un procedimiento, no se promueve dicho debate, no podrá suscitarse en ulteriores instancias la cuestión de la falta de constancia en ese procedimiento de las circunstancias concurrentes en otro relativas al modo de obtención de las fuentes de aquella prueba".
En definitiva como se dice en la - STS. 777/2009 de 24.6 - la lectura integra del acuerdo de 26.5.2009 conlleva: a) que no existen nulidades presuntas; b) que la prueba de la legitimidad de los medios de prueba con los que pretenda avalarse la pretensión de condena, incumbe a la parte acusadora; c) pese a ello, la ley no ampara el silencio estratégico de la parte imputada, de suerte que si en la instancia no se promueve el debate sobre la legalidad de una determinada prueba, esa impugnación no podrá hacerse valer en ulteriores instancias.
En el caso presente se debe partir de que las presentes diligencias 1526/23006 se incoaron por auto de 4.4.1006 del Juzgado Instrucción 2 Marbella previo desglose de determinadas actuaciones originales que obraban en las diligencias previas 5858/2005 de dicho juzgado incoadas a raíz de unas investigaciones llevadas a cabo por la UDYCO (Costa del Sol), sobre una organización posiblemente dedicada al tráfico de grandes cantidades de cocaína y en cuyo curso y por medio de escuchas telefónicas judicialmente autorizadas, se averiguó por la policía la posible existencia de la operación objeto del presente procedimiento, desglose de documentos que se produjo sin incorporar, como hubiera sido deseable, el testimonio de lo actuado hasta ese momento, en particular los oficios policiales solicitando las intervenciones telefónicas iniciales y los autos habilitantes.
Ahora bien con anterioridad al escrito de calificación del Ministerio Fiscal de fecha 9.4.2007, no se planteó cuestión alguna relativa a tal omisión por ninguna de las defensas, sino que fue por medio de otrosi en el escrito de conclusiones provisionales de 22.6.2007, y en el trámite previo del juicio oral, sesión de 3.3.2008 cuando por medio de artículo de previo pronunciamiento se postuló la nulidad de todo el procedimiento en base a la falta de incorporación de aquellas diligencias iniciales, lo que dio lugar a la suspensión del juicio oral y a la ulterior desestimación de tal pretensión por auto de 10.3.2008.
Siendo así la aportación por el Ministerio Fiscal mediante oficio de 16.2.2009, de testimonio de particulares consistentes en los oficios policiales del Grupo II de Estupefacientes Dirección General de Policía UDYCO -Costa del Sol-, dirigidos al Juzgado de Instrucción 2 de Marbella en solicitud de la intervención de varios teléfonos para esclarecer la comisión de un delito contra la salud pública, de fechas 24.10, 2.11, 8.11, 21.11, 28.11.2005 y 2.12.2005, y los correspondientes autos del referido juzgado, acordando la incoación de las diligencias previas 3858/2005 y las intervenciones y prorrogas citadas, de 24.10, 3.11, 9.11, 21.11, 28.11, 30.11.2005 y 5.12.2005, a los efectos previstos en el art. 729.2 LECrim . ("las diligencias de prueba no propuestas por ninguna de las partes que el tribunal considere necesarias para la comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido objeto de los escritos de calificación"), debe entenderse licita y no vulneradora de los derechos consagrados en el art. 24.2 CE , al igual que el tribunal sentenciador incorpore dicho testimonio, en una causa seguida por los tramites del sumario ordinario, al amparo del art. 729.2 LECrim . aportado por el Ministerio Fiscal con posterioridad a su escrito de calificación provisional y al planteamiento de la nulidad como articulo de previo pronunciamiento, pero con anterioridad al desarrollo efectivo del juicio oral y tras haberse dado, con antelación suficiente traslado a las partes de la referida documental.
En efecto la referencia al art. 729.2 LECrim . lleva implícita la petición de su incorporación al proceso, lo que motivó que se diera traslado por la Sala al día siguiente de su recepción a las partes a fin de que instaran lo que a su derecho conviniera por providencia de 20.2.2009, resolución que fue recurrida por la parte hoy recurrente mostrando su oposición a que tales particulares fueran incorporados a las actuaciones, recayendo providencia de 16.3.2009, teniendo por hechas las pretensiones realizadas "sobre las cuales se resolverá en sentencia", tal como efectuó la Sala de instancia, fundamento jurídico 1º, en virtud de las facultades que concede el art. 729.2 LECrim . de la posibilidad de aportar pruebas en momento posterior al de conclusiones provisionales y antes del plenario, y del acuerdo del Pleno no jurisdiccional de esta Sala 2ª de 26.5.2009.
La facultad que concede al Tribunal el art. 729 LECrim . -dice la STS. 15/2008 de 16.1 -, matiza el alcance general de la afirmación del art. 728 , con arreglo al cual, en el acto del juicio oral no podrán practicarse otras diligencias de prueba que no sean las propuestas por las partes, ni ser examinados otros testigos que los comprendidos en las listas presentadas. En el art. 728 se fija un criterio de ordenación del procedimiento encaminado a preservar los principios de contradicción y defensa, salvaguardando elementales exigencias de lealtad procesal que quedarían quebrantadas por la aportación sorpresiva de nuevos elementos de prueba. En el art. 729 se modula el significado del principio de preclusión procesal, cuando mira a la aportación probatoria en el proceso penal. Así lo impone la naturaleza de sus principios informadores, frente al proceso civil. Tampoco es ajeno el contenido del art. 729 a la necesidad de asegurar la imparcialidad del órgano decisorio. Un Tribunal que, al amparo de aquel precepto, supliera con su iniciativa la falta de actividad probatoria de las partes, relevando a éstas de la carga probatoria, comprometería de forma irremediable su imparcialidad.
La validez constitucional de la iniciativa del art. 729 de la LECrim ha sido avalada por el TEDH -sentencia 6 diciembre 1988, caso Barberá, Messegué y Jabardo -, habiendo recordado esta misma Sala, en su STS 599/1994, 21 de marzo , que el número 2 del art. 729 de la LECrim encuentra su límite en el derecho del procesado a ser juzgado por un Tribunal imparcial. La STS 918/2004, 16 de julio , recordaba que el art. 729.2º y 3º de la LECrim , como ha destacado la doctrina, es cauce para decidir la práctica de determinadas pruebas cuya necesidad nace del curso de los debates. El Tribunal ejercita una facultad ordinaria de resolución que la Ley le concede expresamente en función de su criterio acerca de la necesidad de la prueba extemporáneamente propuesta por alguna de las partes. Aunque los primeros comentaristas de la LECrim vieron con algún recelo esta facultad del órgano jurisdiccional, la consideraron fundada por exigencias de justicia. Para la doctrina actual es inobjetable siempre que se respeten los principios de igualdad y contradicción y no se confunda el papel del órgano jurisdiccional con el de la acusación.
La jurisprudencia de esta Sala -como recordaban las sentencias 1186/2000, de 28 de junio y 328/2001 de 6 de marzo - ha distinguido entre carga de la prueba e impulso probatorio. La prueba se produce para justificar la pretensión (prueba de cargo) o para desvirtuarla (prueba de descargo), que corresponden al Ministerio Fiscal y a las partes. La iniciativa que al Tribunal atribuye el art. 729 de la LECrim puede ser considerada como «prueba sobre la prueba», que no tiene la finalidad de probar hechos favorables o desfavorables sino de verificar su existencia en el proceso, desde la perspectiva del art. 641 de la LECrim , por lo que puede considerarse neutral y respetuosa con el principio acusatorio, que impone la carga de la prueba a la acusación (Existe en este sentido un consolidado cuerpo de doctrina antes y después de la sentencia 2706/1993, de 1 de diciembre , que fue muy restrictiva sobre el alcance del art. 729.2º LECrim (entre otras, sentencias de 22 de enero de 1992, 2709/93 , también de 1 de diciembre , de 21 de marzo de 1994 ( RJ 1994 , 2382) , 23 de septiembre de 1995 ( RJ 1995 , 6756) , 4 de noviembre de 1996 ( RJ 1996 , 8045) , 27 de abril ( RJ 1998, 4135 ) y 11 de noviembre de 1998 ( RJ 1998, 8765), 7 de abril ( RJ 1999, 2304 ) y 15 de mayo de 1999 ).
En este punto se cuestiona en el motivo que en todo caso, la prueba debió proponerse por el Ministerio Fiscal antes del inicio del juicio oral, 3.3.2008, ciertamente desde la perspectiva constitucional expuesta ut supra, ha de admitirse, en atención al derecho de defensa y a la proscripción de la indefensión que la posibilidad de proponer prueba en el proceso penal ha de entenderse amparada hasta el mismo acto del juicio oral -como expresamente permite para el procedimiento abreviado el art. 786.2 LECrim . siempre que ello esté razonablemente justificado, no suponga un fraude procesal y no constituya un obstáculo al principio de contradicción e igualdad de las partes. La razón es que al margen de lo que sea buena fe procesal, las pruebas anunciadas al inicio de las sesiones aún permiten a las demás partes un efectivo uso del derecho y principio de contradicción, ya que sobre las mismas pueden interrogar a acusados, testigos, peritos etc... e incluso proponer otras que las desvirtúen. No ocurre así cuando se proponen inmediatamente antes del trámite de conclusiones, pues -dice la STS. 29.9.98 - ya no se puede someter a la prueba tan extemporáneamente incorporada más que a contradicción dialéctica pero no a la efectiva y real contradicción que vendría de la mano del interrogatorio de acusados, testigos, peritos o de otra prueba, también "in extremis", de signo contrario, causando así a la parte que no la propuso una verdadera y material indefensión.
Ahora bien el caso que se examina ofrece la peculiaridad que fue precisamente al inicio de la primera sesión del juicio oral, 3.3.2008, cuando la defensa de forma formal planteó el articulo de previo pronunciamiento solicitando la nulidad del proceso, lo que motivó la suspensión del juicio, la desestimación de su pretensión y sucesivos señalamientos y suspensiones, no imputables al tribunal -como explica la sentencia, fundamento jurídico 9º para no apreciar la atenuante de dilaciones indebidas- hasta la definitiva celebración del juicio oral, el 9.12.2009.
Siendo así resulta evidente que desde la fecha en que por la Sala se dio traslado a la defensa del testimonio de particulares aportado por el Ministerio Fiscal, 20.2.2009 hasta la celebración definitiva del juicio oral, casi 10 meses, tuvo la parte tiempo necesario para proponer cualquier prueba que estimara necesaria en relación con su contenido y las diligencias previas 4172/2005 del Juzgado Instrucción 9 de Málaga a que se refiere en el motivo, por lo que no puede entenderse producida la situación de indefensión material limitativa de derechos, amparada constitucionalmente.
El motivo segundo por infracción de precepto constitucional, art. 852 LECrim. en concreto por vulneración del secreto de las comunicaciones, art. 18.3 CE .
El motivo supeditado a la prosperabilidad del precepto precedente con la consiguiente expulsión del procedimiento de los particulares obrantes al Tomo III del Rollo de la Sala, no obran en las presentes actuaciones aportadas en momento procesal oportuno la copia testimoniada de los primeros 112 folios de las Diligencias Previas 5888/2005 que dieron lugar a la incoación de las Diligencias Previas 1526/2006, por lo que no existen esos supuestos datos fácticos que constituyan suficientes elementos de convicción para justificar el decaimiento de la privacidad a que se refiere la sentencia recurrida, cuestión que ha sido analizada y resuelta en sentido contrario a las pretensiones del recurrente en el motivo primero.
El motivo tercero por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 852 LECrim , en concreto por vulneración del secreto de las comunicaciones, art. 18.3 CE .
Se sostiene en el motivo oficio policial inicial de 24.10.2005 y la resolución judicial de la misma fecha no reúnen los requisitos exigidos jurisprudencialmente para justificar la legitimidad de la medida acordada, dado que no contenía los datos suficientes de los que deducir la posible existencia de una actividad ilícita, siendo simples sospechas, y no existió, en segundo lugar, un verdadero control judicial.
Como hemos dicho en SSTS. 285/2011 de 20.4 , 628/2010 de 1.7 , desde la STC. 49/99 de 5.4 , el Tribunal Constitucional viene afirmando que forman parte del contenido esencial del art. 18.3 CE las exigencias de motivación de las resoluciones judiciales que autorizan la intervención o su prórroga. Estas deben explicitar, en el momento de la adopción de la medida, todos los elementos indispensables para realizar el juicio de proporcionalidad y para hacer posible su control posterior, en aras del respeto del derecho de defensa del sujeto pasivo de la medida pues, por la propia finalidad de ésta, la defensa no puede tener lugar en el momento de su adopción ( SSTC 299/2000, de 11 de diciembre ; 167/2002, de 18 de septiembre ).
Por ello, la resolución judicial que acuerda una intervención telefónica ha de justificar la existencia de los presupuestos materiales habilitantes de la intervención: los datos objetivos que puedan considerarse indicios de la posible comisión de un hecho delictivo grave y de la conexión de las personas afectadas por la intervención con los hechos investigados. Indicios que son algo más que simples sospechas, pero también algo menos que los indicios racionales que se exigen para el procesamiento. "La relación entre la persona investigada y el delito se manifiesta en las sospechas que, como tiene declarado este Tribunal, no son tan sólo circunstancias meramente anímicas, sino que precisan para que puedan entenderse fundadas hallarse apoyadas en datos objetivos, que han de serlo en un doble sentido. En primer lugar, en el de ser accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control y en segundo lugar, en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito, sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona. Esta mínima exigencia resulta indispensable desde la perspectiva del derecho fundamental, pues si el secreto pudiera alzarse sobre la base de meras hipótesis subjetivas, el derecho al secreto de las comunicaciones, tal y como la CE lo configura, quedaría materialmente vacío de contenido" ( STC 49/1999, de 5 de abril ; 166/1999, de 27 de septiembre ; 171/1999, de 27 de septiembre ; 299/2000, de 11 de diciembre, FJ 4 ; 14/2001, de 29 de enero, FJ 5 ; 138/2001, de 18 de junio ; 202/2001, de 15 de octubre ; 167/2002, de 18 de septiembre ; 184/2003, de 23 de octubre ; 261/2005, de 24 de octubre ; 220/2006, de 3 de julio ; 195/2009 de 28 de septiembre ; 5/2010 de 7 de abril ).
En el caso presente en el oficio policial se pone de manifiesto el modus operandi de un grupo que venia siendo investigado por su dedicación al tráfico de drogas, sustentándose sus afirmaciones en la investigación de personas determinadas, en concreto Santos y un tal Carlos, describiéndose en el oficio una concreta operación en la que el tal Carlos hizo entrega a Santos de una cantidad indeterminada de sustancia estupefaciente, operación que fue observada por el Agente Policial NUM007 .
Siendo así el auto inicial no resolvió sobre una petición estereotipada o genérica de mero conocimiento de hechos por informaciones anónimas no investigadas o en fuentes o noticias confidenciales carentes de investigación policial, ni en meras sospechas, sino en el resultado de previas investigaciones sobre personas concretas con vigilancias policiales.
El motivo cuarto por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 852 LECrim . por vulneración del derecho a la presunción de inocencia recogido en el art. 24.2 CE . en relación con el art. 11.1 LOPJ .
El motivo es consecuencia del anterior al entender que la intervención telefónica es nula de pleno derecho conforme el art. 11.1 LOPJ , ello lleva aparejado que todas las pruebas derivadas, directa o indirectamente, de dichas comunicaciones, han de reputarse nulas, siendo lo cierto que Daniel resultó detenido fruto de la investigación llevada a cabo, partiendo y utilizando aquella información obtenida de las informaciones telefónicas.
Aunque en el ámbito teórico y dogmático la argumentación del motivo sería correcta, por cuanto la doctrina de esta Sala, por ejemplo SS. 25/2008 de 29.1 , 1045/2009 de 4.11 , 1183/2009 de 1.2 , 628/2010 de 1.7 , al examinar cual es la trascendencia mediata a los efectos inhabilitantes de la prueba obtenida con violación del derecho fundamental, en el sentido de superar las diversas interpretaciones y la integración, en los más justos términos, de lo que el mandato legal contiene como severa proscripción del uso de practicas constitucionalmente reprobables en la obtención de elementos probatorios y de la búsqueda de eficacia, en términos de estricta justicia, para el proceso penal, impone una alternativa, de la que se hacen eco sentencias como la del Tribunal Constitucional 8/2000 de 17.1 y la de esta Sala 550/2001 de 3.4 , entre otras, asentadas sobre las siguientes aseveraciones en orden a la transferencia mediata de la nulidad por vulneración del derecho fundamental a una prueba que directamente no produjo esa vulneración:
En el caso presente el recurrente no ha prestado declaración en el extremo relativo a si tenia conocimiento o participación alguna en relación a la sustancia incautada, por lo que la denunciada vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, determinaría la prohibición derivada de la constitución, de valorar todas las pruebas obtenidas directamente o a partir de las referidas intervenciones telefónicas.
Prohibición que, ciertamente afectaría en primer termino a las cintas en que se grabaron las conversiones y sus transcripciones e impediría incorporar al proceso el contenido de las conversaciones grabadas mediante las declaraciones de los policías que llevaron a cabo las escuchas, pues con tales declaraciones lo que accede al proceso es pura y simplemente, el conocimiento adquirido al practicar la prueba constitucionalmente ilícita ( SSTC,. 94/99 de 31.5 , 184/2003 de 23.10 , 165/2003 de 20.6 ), pero en el caso presente no adoleciendo las intervenciones telefónicas de ilicitud constitucional alguna, no existe prohibición de valoración de las mismas ni de las pruebas derivadas, que la sentencia detalla en el fundamento jurídico 4º, en particular la testifical de los agentes policiales que realizaron los seguimientos de los procesados que culminaron con su detención y ocupación de los 5 kg. de cocaína.
El motivo primero de forma indebida amalgama dos infracciones que debieron ser articuladas por separado, infracción de Ley al amparo del art. 849.1 LECrim. por infracción de precepto sustantivo -aplicación indebida del art. 368 CP - y por infracción de Ley del art. 24 CE . respecto al derecho a la presunción de inocencia.
En relación a la primera infracción cuestiona la concurrencia de los elementos del art. 368 , por cuanto en el momento de la detención el recurrente no portaba sustancia estupefaciente alguna, no pudiendo tampoco inferirse el elemento subjetivo de que la preordenación al tráfico.
Impugnación improsperable.
La posesión se ha dicho por esta Sala Segunda, es un concepto esencialmente jurídico; no obstante ser un elemento normativo en el tipo del art. 368 CP . cabría preguntarse si el legislador lo utiliza en sentido vulgar o es necesaria su integración acudiendo al Código Civil (arts. 430 y ss.). La cuestión no es en último extremo tan trascendente, desde el momento en que el Código civil opera con varios conceptos de posesión o, si se prefiere, con un concepto amplio y elástico.
La jurisprudencia se ha apoyado básicamente en los arts. 430, 431 y 438 del Código civil para, en esta serie de delitos contra la salud publica, sentar que la tenencia material no agota los supuestos de posesión punible; de esta manera se ha significado que puede ejercerse por la misma persona que tiene la cosa o disfruta el derecho o por otra en su nombre, y que se adquiere por la ocupación de la cosa o derecho poseído, o por el hecho de quedar éstos sujetos a nuestra voluntad; de donde se sigue que no es necesaria la tenencia material de la droga, porque la entrega de la cosa ofrece en nuestro derecho expresiones plurales, muchas de ellas simbólicas, y todas ellas con cabida en el delito; por ello, la posesión puede ser directa e inmediata, puede ser actual, material, física, de presente, pero también puede ser mediata, indirecta, incluso a distancia sin necesidad de contacto físico, porque lo decisivo, en cualquier forma de tenencia, es que el objeto poseído, -la droga-, esté sujeto de alguna forma a la voluntad del agente -dominio funcional sobre la cosa, como opción y posibilidad de disponer sobre la droga-; quien tiene el dominio sobre la droga es el poseedor a todos los efectos, siendo suficiente la voluntad de poseer aunque la propia persona no la posea materialmente y sí la tenga, para ella, otra, que sería la figura del llamado "servidor de la posesión" (así entre otras muchas SSTS. 12.1.96 , 30.7.97 y 13.12.98 , 3.2.2009 ).
En esa posesión mediata, indirecta o a distancia, sin contacto físico, por quien tiene el dominio del hecho, se ha insistido por la jurisprudencia, con base en el art. 438 del Código Civil , pero con el propósito confesado de que otra solución, no solo iría en contra de la literalidad y del espíritu de la norma, sino que dejaría fuera del ámbito penal a los grandes traficantes que manejan el destino de la droga a través de llamadas telefónicas, telex, correos electrónicos u otros medios clandestinos y sofisticados, y que jamás han poseído en términos de materialidad la droga con la que operan y trafican en los mercados, cuando son precisamente los gestores de la operación, esto es, quienes conciertan la compraventa y obtienen los mayores beneficios, cuidando de no tener ningún contacto material con la mercancía, pero siendo sin embargo quienes deciden sobre ella, ordenando unos los envíos y organizando otros la recogida y posterior transporte y distribución ( SSTS. 1309/2003 de 3.10 , 545/2010 de 15.6 ).
En el caso examinado el respeto al factum que impone la vía casacional elegida considera a este recurrente como una de las personas que tenían la disponibilidad en Madrid de los 5 kg. de cocaína, cuya adquisición pretendían otros dos acusados, el día 18.5.2006, y así detalla su presencia tanto en la estación de Atocha para contactar con los compradores, como posteriormente en la estación de servicio de la Avda. de la Albufera nº 39 de Madrid, en el Fiat Punto, matricula 8546DGC, y en la CALLE000 NUM000 - NUM001 NUM002 , subiendo a su interior y permaneciendo en la vivienda por espacio de 1 hora y media, hasta que uno de los acusados salió del domicilio y con otra persona que cogió una bolsa de deporta, acompaño a aquel al interior de la vivienda, saliendo a los 20 minutos aquella persona acompañada por este recurrente y otros dos acusados, portando la bolsa que contenía la cocaína.
Siendo así su participación como autor no puede ser cuestionada aunque no se hubiera individualizado una detentación física de la droga, que en todo momento estuvo a su disponibilidad, patente que era su preordenación al tráfico.
En cuanto a la vulneración a la presunción de inocencia, es doctrina jurisprudencial reiterada, por todas STS. 285/2011 de 20.4 la que establece, que nuestro sistema casacional no queda limitado al análisis de cuestiones jurídicas y formales y a la revisión de las pruebas por el restringido cauce que ofrece el art. 849.2 LECrim . pues como señala la STC. 136/2006 de 8.5 ; en virtud del art. 852 LECrim , el recurso de casación puede interponerse, en todo caso, fundándose en la infracción de un precepto constitucional, de modo que a través de la invocación del 24.2 CE (fundamentalmente, en cuanto se refiere al derecho a la presunción de inocencia), es posible que el Tribunal Supremo controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (por todas STC. 60/2008 de 26.5 ).
En definitiva, el ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la decisión alcanzada por el Tribunal sentenciador, en sí misma considerada , es lógico, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan existir otras conclusiones porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente, si la decisión escogida por el Tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena, - SSTC 68/98 , 85/99 , 117/2000, 4 de Junio de 2001 ó 28 de Enero de 1002 , ó de esta Sala 1171/2001 , 6/2003 , 220/2004 , 711/2005 , 866/2005 , 476/2006 , 528/2007 entre otras-.
En el caso presente el recurrente se limita a una genérica invocación del significado y alcance del derecho de presunción de inocencia, pero sin cuestionar la actividad probatoria de cargo que valora la Sala en el fundamento jurídico 4º, testificales de los policías que realizaron la vigilancia del día 18.5.2006, y que detallaron su concreta participación en los hechos en la forma que ha sido descrita anteriormente, así como las conversaciones telefónicas que a lo largo del día mantuvo con otro acusado para cerciorarse a la calidad de la droga y de que ésta se encontraba preparada para su entrega (transcripciones adveradas por el Sr. Secretario, folios 823 a 827 y 1851).
El motivo segundo por infracción de Ley del art. 849.2 LECrim. error en la apreciación de la prueba, basada en documentos obrantes en autos (acta del juicio-grabación).
Debemos recordar, como hemos dicho en SSTS. 285/2011 de 20.4 , 271/2010 de 30.3 y 732/2009 de 7.7 , que la vía del art. 849.2 LECrim . solo se pueden combatir los errores fácticos y no los errores jurídicos que se entiendan cometidos por la sentencia en la interpretación de los hechos.
Prevenciones todas estas omitidas por el recurrente que sin designar los concretos particulares considera documentos, lo que no tiene tal carácter a efectos del art. 849.2 LECrim .
Así por regla general la jurisprudencia no admite que pueda basarse un motivo por error de hecho cuando se indica que el documento en que consta el error es el atestado policial ( STS. 96/2000 de 8.5 ), y tampoco tienen tal carácter las diligencias policiales en las que se contienen las manifestaciones de quienes las efectúan, pues no son más que manifestaciones documentadas ( SSTS. 574/2004 de 5.5 ).
Asimismo quedan excluidos del concepto de documento a efectos casacionales todos aquellos que sean declaraciones personales aunque aparezcan documentadas como son la confesión, la declaración de un imputado o coimputado, las declaraciones testificales y el acta del juicio oral ( SSTS. 1006/2000 de 5.6 , 1701/2001 de 24.9 , 685/2006 de 8.6 , 945/2009 de 29.9 ). La razón se encuentra en las pruebas personales, están sujetas a la valoración del Tribunal que con inmediación las percibe ( STS 994/2007, de 5 de diciembre ).
Tal es el caso que se analiza en el que el recurrente señala como documento las conversaciones telefónicas y el testimonio de los policías limitándose a efectuar su particular e interesada valoración de tales pruebas en contraposición de la realizada por el tribunal de instancia.
El motivo tercero por vulneración de precepto constitucional (secreto comunicaciones art. 18.3 CE .) al amparo del art. 5.4 LOPJ . en relación con el art. 852 LECrim .
El motivo considera nula la primera intervención telefónica de 24.10.2005, por carecer el oficio en que se sustenta en los presupuestos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para su autorización, nulidad que debe arrastrar, por conexión de antijuricidad la de cualquier prueba que directa o indirectamente se derive de aquella.
Dado que su contenido y desarrollo coincide con los motivos tercero y cuarto del recurso interpuesto por el coacusado Daniel damos por reproducido lo ya argumentado para evitar innecesarias repeticiones en orden a la desestimación del motivo.
El motivo primero por infracción del art. 18.3 CE , derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, por cuanto el oficio policial inicial del Grupo UDYCO de 24.10.2005 por el que solicitó la primera intervención telefónica, así como el auto habilitante que se dictó a consecuencia del mismo por el Juzgado Instrucción 2 de Marbella carecía de los presupuestos tasados por la jurisprudencia para la autorización de las intervenciones telefónicas en la medida que incumplía todos los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional para dar validez a este sistema de investigación.
El motivo en cuanto plantea las mismas cuestiones que el recurrente Daniel debe ser desestimado remitiéndonos a lo ya argumentado en orden a la licitud y validez de las intervenciones telefónicas.
Los motivos segundo y tercero por infracción del art. 24 CE en lo relativo a la presunción de inocencia y tutela judicial efectiva sin que pueda producirse indefensión.
Considera el recurrente que no ha quedado acreditado que incurriese en ninguna de las conductas recogidas en el art. 368 CP , por cuanto no hay constancia de que tuviera en momento alguno disposición sobre la droga, no se le intervino dinero, ni joyas, no existen llamadas, seguimientos u otro signo de corroboración periférica y carece de antecedentes policiales ni judiciales, no se puede extender a este recurrente por dar una voz de alarma toda la responsabilidad de lo que aconteciera en una entrega en una vivienda ajena, por cuanto el principio de responsabilidad personal del derecho penal requiere como mínimo una acción culpable sin que nadie pueda ser responsable de las acciones de otro y el recurrente llevaba más de dos días sin tener la más mínima relación física o telefónica con los restantes acusados, y por último, destaca el agravio comparativo respecto a otros coimputados en la causa: Regina y Alvaro que, a pesar de encontrarse en una situación procesal y material similar a la del recurrente, sin embargo han quedado absueltos.
Es cierto que entre los principios fundamentales ha sido reconocido sin excepciones el de responsabilidad personal. De acuerdo con este principio, la base de la responsabilidad penal requiere como mínimo, la realización de una acción culpable, de tal manera que nadie puede ser responsable por las acciones de otro. El Tribunal Constitucional 131/87 ha sostenido que "el principio de la personalidad de las consecuencias jurídico-penales se contiene en el principio de legalidad". De la vigencia de este principio se derivan exigencias para la interpretación de la Ley Penal. En particular se impone al interprete establecer claras delimitaciones objetivas en los tipos en los que el aspecto exterior de la conducta está descrito en la Ley de manera tan ambigua que no es posible una aplicación literal del mismo, ello es lo que ocurre indudablemente en los tipos penales que se caracterizan por la posesión de determinados objetos, pero en los que la acción se puede realizar, naturalmente, aunque la posesión no se exteriorice en una tenencia permanente de ellas (tenencia de armas, art. 563 CP , de cosas provenientes de delitos, art. 298 a) y de drogas, art. 368 ). En estos delitos se presenta con frecuencia el problema de distinguir entre la realización del tipo y los casos de aquellas personas inculpadas que tengan simplemente un acceso a los objetos prohibidos como consecuencia de la convivencia familiar con el autor, sin realizar aporte alguno que exteriorice el contenido criminal que caracteriza a todo tipo penal, en tanto descripción de conductas gravemente contarías al orden social.
De otra manera en dichos delitos se burlaría por esta vía de exclusión de la obligación de denunciar a los allegados o de declarar contra el pariente, art. 416 LECrim ., o incluso de la prohibición de encubrir, art. 454 CP , que ha dispuesto el legislador, reemplazándola por una autoría fundada en la mera convivencia familiar ( SSTS. 4.12.91 , 4.4.2000 , 4.2.2002 ), que dice textualmente: "el conocimiento de la futura comisión del delito por quien según la jurisprudencia de esta Sala citada en la sentencia recurrida, no es garante de impedir su realización es completamente insuficiente para justificar su condena pro el delito de tráfico de drogas. En efecto, el conocimiento de la acción realizada por otros no constituye una "activa participación" en el delito, como lo entendió la Audiencia, dado que conocer no es actuar y que el conocimiento, sin la realización de la acción da lugar a una omisión de actuar, que solo sería relevante en el caso que el omitente fuera garante".
Resulta evidente que esta doctrina relativa a la mera convivencia familiar no es aplicable a este recurrente.
- Su actuación no se limita a dar una voz de alarma por más que debe recordarse que el art. 368 al penalizar dentro del mismo marco penal todos los comportamientos que suponen aportación causal a la actividad de los autores, ha definido un concepto extensivo de autor que se extiende a todos los que ostentan el dominio del hecho dentro de la acción conjunta planeada: El previo acuerdo para la venta o distribución de la droga convierte en autores a todos los acusados. La división del trabajo no requiere la realización personal y material de todas las partes del hecho delictivo dentro de esa planificada ejecución conjunta y en general, las labores de vigilancia, STS. 69/2005 de 21.1 , se han considerado como autoría o cooperación necesaria y ello por varias razones:
1) hay acuerdo previo respecto del plan delictivo.
2) constituye directamente una acción de facilitar o favorecer el tráfico de drogas y además es un acto fundamental.
3) se tiene el dominio del hecho delictivo.
- La sentencia le considera junto con Theodorus, como las personas que tenían en Madrid la disponibilidad de los 5 kgs. de cocaína, de ahí que cuando los compradores llegan a Madrid el 18.5.2006, aquél contactó con este acusado para cerciorarse de la calidad de la droga y de que ésta se encuentra ya preparada para su entrega.
En este sentido de los seguimientos policiales acreditados por la testifical de los agentes y del contenido de las escuchas se desprende el acuerdo de Jesús Manuel con el resto de los acusados, así ya desde el segundo oficio policial de 2.11.2005 aparece ya su participación en los tratos previos, razón por la que se solicita la intervención de su teléfono, a la que se accede por auto de 3.11.2005, y en particular el contacto con Theodorus al que ya se ha hecho referencia, y las conversaciones telefónicas del mismo día 18.5.2006 que acreditan que estaba prevista la realización de una compra de 5 kgs. de cocaína por parte de Daniel que iba a ser suministrada por Dionisio y este recurrente, por lo que se montó el dispositivo policial que culminó con la detención de los acusados y la ocupación de la droga, interviniendo en el domicilio de Jesús Manuel una balanza de precisión y una bolsa pequeña con restos de cocaína.
El primer motivo por vulneración de precepto constitucional (secreto de las comunicaciones, art. 18.3 ) al amparo del art. 5.4 LOPJ . en relación con el art. 852 LECrim .
Entiende el motivo que se ha producido esa vulneración mediante las primeras intervenciones telefónicas que se decretaron, al ser éstas meramente prospectivas, con la única intención de descubrimiento genérico de delitos, considerando insuficientes los datos suministrados por la Policía al carecer de datos objetivos sobre la posible implicación de Santos y Carlos destacando que en los seguimientos, la Policía no que qué es lo que intercambiaron, siendo solo meras sospechas y apreciaciones subjetivas.
Coincidiendo igualmente el motivo con el articulado en segundo y tercer lugar por el coprocesado Daniel , nos remitimos a lo ya argumentado en aras de su desestimación.
El motivo segundo por vulneración de precepto constitucional (tutela judicial efectiva, art. 24.2 CE ), al amparo del art. 5.4 LOPJ . en relación con el art. 852 LECrim . por cuanto toda la prueba obrante en el procedimiento fue obtenida a partir de las intervenciones telefónicas por lo que se encontraría viciada y al ser valorada en juicio se habría vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías.
El motivo es similar al ordinal cuarto del recurso de Daniel por lo que debe seguir igual suerte desestimatoria.
El motivo tercero por vulneración de precepto constitucional (presunción de inocencia art. 24.2 CE ), al amparo del art. 5.4 LOPJ . en relación con el art. 852 LECrim .
Se cuestiona la lógica intrínseca en la motivación de la convicción fáctica y su conclusión condenatoria respecto de la situación del recurrente Collings.
Así ni su nombre, ni descripción alguna del mismo aparece en el procedimiento hasta el día en el que se produce su detención junto con los otros procesados. No se le menciona en las intervenciones telefónicas y su participación se limitó a acompañar a una de las personas procesadas, participación similar a otras dos personas que fueron absueltas Alvaro y Regina , y cuando se produjo su detención no se le encontró, una cantidad de dinero significativa, ni cualquier instrumento que pudiera relacionarlo con la compra o venta de droga en el presente procedimiento.
Como ya hemos indicado en los anteriores recursos el ámbito de conocimiento de esta Sala de casación cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia queda delimitado por estos tres aspectos:
La comprobación de si el juzgador de instancia contó con suficiente prueba de cargo, aunque fuese mínima para dictar un fallo condenatorio. Ello integra la afirmación de que la carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión penal corresponde exclusivamente a la parte acusadora, sin que le sea exigible a la defensa una probatio diabólica de los hechos negativos.
La comprobación de que tales pruebas se han obtenido sin violar los derechos fundamentales, lo que las hacia invalidas a los efectos probatorios, debiendo estar incorporadas dichas pruebas con respeto a los principios de inmediación y contradicción.
Constatación de la racionalidad de las declaraciones y conclusiones alcanzadas por la Sala.
En definitiva el ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia -se dice en STS. 1373/2009 de 28.12 - se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la decisión alcanzada por el Tribunal sentenciador, en sí misma considerada, es lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan existir otras conclusiones porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente, si la decisión escogida por el Tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena, -- SSTC 68/98 , 85/99 , 117/2000, 4 de Junio de 2001 ó 28 de Enero de 1002 , ó de esta Sala 1171/2001 , 6/2003 , 220/2004 , 711/2005 , 866/2005 , 476/2006 y 548/2007 , entre otras--.
Por tanto no es misión ni cometido de la casación ni decidir ni elegir, sino controlar el razonamiento con el que otro Tribunal justifica su decisión, es decir, la función casacional no consiste en seleccionar, entre las distintas versiones sometidas a la consideración de la Sala, cual de ellas resulta más atractiva, ni siquiera se trata de optar entre la valoración probatoria que proclama el tribunal de instancia y la que con carácter alternativo formula el recurrente, sino si en esa valoración la Sala ha observado las reglas de la lógica, principios de experiencia y los conocimientos científicos.
En el caso presente la sentencia impugnada no imputa a este recurrente la ocupación o tenencia material de la droga sino su disponibilidad en base a un concierto previo para su adquisición con el coprocesado Daniel para lo que ambos se desplazaron a Madrid el 18.5.2006 y contactaron en la estación de Atocha con el resto de los acusados, permaneciendo con ellos todo el día, adoptando precauciones, acudiendo todos en el mismo coche, uno de los acusados que subió a la misma y bajó después junto a Daniel Dionisio y otra persona que llevaba la bolsa de deportes con la droga, todo ello acreditado por la testifical de los policías que efectuaron los seguimientos y vigilancias ese día y las escuchas telefónicas acreditativas de que la operación de compra de la droga se iba a realizar ese día.
Consecuentemente ha existido prueba de cargo de signo incrimnatorio para enervar la presunción de inocencia.
Y respecto a la prueba vulneración del principio de igualdad ante la Ley consagrado en el art. 14 CE .
Se suele invocar en casación la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, reconocidos en los arts. 14 y 24 CE , cuando según el recurrente condenado se le trata de modo desigual en relación a otros imputados que resultaron absueltos.
En el caso presente la conducta que se computa a Romualdo que permaneció todo el tiempo junto con Daniel y Dionisio mientras se hacia toda la operación y se entregaba la droga, de acuerdo y concertado con éstos, es totalmente diferente a la que imputaba a Alvaro y Regina , personas que vivían en la vivienda investigada y cuya labor de vigilancia no ha quedado probada, por lo que faltando la identidad a los términos de comparación no puede plantearse esa pretendida vulneración del principio de igualdad.
RECURSO INTERPUESTO POR Jeronimo
Los motivos primero por vulneración de precepto constitucional (secreto a las comunicaciones, art. 18.3 ) al amparo del art. 5.4 LOPJ . en relación con el art. 852 LECrim . y segundo al amparo de los mismos preceptos por vulneración a la tutela judicial efectiva son idénticos a los mismos motivos del recurso interpuesto por Romualdo por lo que nos remitimos a lo ya argumentado en orden a su desestimación.
El motivo tercero por vulneración de precepto constitucional (presunción de inocencia, art. 24.2 CE ) al amparo del art. 5.4 LOPJ . en relación con el art. 852 LECrim. es igualmente coincidente con el motivo tercero del anterior recurrente planteando las mismas cuestiones y la inexistencia de prueba alguna que permita inculpar al recurrente salvo el haber estado ese día con las otras personas que fueron detenidas y procesadas en el procedimiento, sin que se determine en la sentencia cual es la función que se le atribuye dentro de la operación en la sentencia y siendo diferente el trato que supone el haber absuelto la Sala a dos de los imputados Alvaro y Regina .
Dando por reproducido lo ya argumentado en orden a la no vulneración del principio de igualdad, la sentencia de instancia en base a la prueba que analiza en el fundamento jurídico 4º, especialmente la declaración prestada en el plenario por los agentes del CNP, en numero de quince, que realizaron los seguimientos de los procesados, solicitaron las intervenciones telefónicas y detuvieron a los acusados, señala la función de este procesado: facilitar la entrega de la droga a los dos acusados, Daniel y Romualdo , que se habían desplazado desde Málaga, con los que contactó en la Estación de Atocha, sobre las 11,05 horas del 18.5.2006, y estuvo con ellos el resto de los acusados todo el día, y acudiendo al lugar de los hechos en el mismo coche, y mientras tres de ellos subían a la vivienda, permaneció esperando en el coche, en compañía de un procesado rebelde, más de hora y media, hasta que todos bajaron con la droga.
Actuación, por tanto, concertada con el resto de los acusados y que debe entenderse relevantes dentro del reparto de funciones.
En cuanto a la posible aplicación de la LO. 5/2010 de reforma del CP, la petición de las partes debe prosperar; teniendo en cuenta que no se trata de revisión de sentencias firmes, sino en el trámite de su recurso de casación que conforme a la Disposición Transitoria 3 c) de la citada Ley , permite una nueva individualización penológica con los mismos criterios expuestos en la sentencia impugnada.
En el caso presente todos los recurrentes han sido condenados como autores de un delito contra la salud pública, sustancia que causa grave daño a la salud, con el subtipo agravado, notoria importancia, art. 369.1.6 a la pena de prisión de 9 años y 6 meses prisión.
Esta pena no seria imponible en la nueva regulación que fija en el art. 368 CP , para las sustancias antedichas una pena de 3 a 6 años y por aplicación del art. 369 CP , pena superior en grado, conforme el art. 70.1 CP , una penalidad de 6 años y 1 día a 9 años.
Consecuentemente es preciso una nueva individualización penológica con los mismos factores expuestos en la sentencia de instancia pero teniendo en cuenta que da la exasperación punitiva que comportaban los subtipos agravados del art. 369 CP , 9 años y 1 día a 13 años y 6 meses prisión -penalidad ligeramente inferior a la del homicidio- los tribunales, salvo casos de particular gravedad, solían imponer penas muy próximas al limite mínimo, circunstancia esta que no concurre en el marco punitivo 6 años y 1 día a 9 años que permite una mayor proporcionalidad en la pena, lo que implica que no caben, exclusivamente, reglas matemáticas en la nueva individualización.
Siendo así teniendo en cuenta la cantidad de cocaína intervenida, 3 kg. la estructura organizativa con intervención de varias personas, se considera adecuada la de 7 años prisión.
Estimándose parcialmente los recursos las costas se declaran de oficio. (art. 901LECrim .)
Que debemos declarar y declaramos haber lugar parcialmente a los recursos de casación, interpuestos por Daniel , Dionisio , Jeronimo , Romualdo , Jesús Manuel , contra sentencia de 30 de diciembre de 2009, dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 3 ª, y en su virtud CASAMOS Y ANULAMOS referida resolución dictando segunda sentencia con declaración de oficio de las costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamosD. Carlos Granados Perez D. Perfecto Andres Ibañez D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Manuel Marchena Gomez D. Siro Francisco Garcia Perez
En la causa incoada por el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de Málaga, con el número 35 de 2007 , y seguida ante la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 3ª, por delito contra la salud pública, contra Dionisio , indocumentado, nacido en Holanda el 5 de enero de 1960, hijo de Theodorus y de Joana Elena Margarita; Jesús Manuel , con NIE NUM008 , nacido en Cuba el 25 de julio de 1956, hijo de Oscar y de Graciela; Daniel , con Pasaporte de Reino Unido n° NUM009 y n° NUM010 y con NIE NUM011 , nacido en reino Unido el 28 de octubre de 1965, hijo de Gerald y Glynis; contra Romualdo , indocumentado, nacido en Reino Unido el 4 de febrero de 1968, hijo de Williams y Catheleene; Jeronimo , con Pasaporte de Reino Unido n° NUM012 , nacido en Reino Unido el 30 de enero de 1974, hijo de James y Etna; Adela indocumentada, nacida en Reino Unido el 16 de octubre de 1984, hija de lan y de Angie; a Regina , con NIE NUM013 , nacida en Colombia el 9 de agosto de 1972, hija de Rufino y Rosa María; y contra Alvaro con NIE NUM014 , nacido en Colombia el 17 de marzo de 1982, hijo de Alberto y Florentina; se ha dictado sentencia que ha sido CASADA Y ANULADA PARCIALMENTE por la pronunciada en el día de hoy, por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo , integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, hace constar los siguientes:
Tal como se ha razonado en la sentencia precedente, fundamento juridico 18ª, es procedente, conforme Disposición Transitoria 3 c) LO. 5/2010 proceder a una nueva individualización de la pena, siendo la adecuada 7 años prisión.
Manteniendo el resto de los pronunciamientos sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 3ª, de fecha 30 de diciembre 2009 , la pena privativa de libertad a imponer a Daniel , Dionisio , Jeronimo , Romualdo , Jesús Manuel , será de siete años.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Carlos Granados Perez D. Perfecto Andres Ibañez D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Manuel Marchena Gomez D. Siro Francisco Garcia Perez
STSJ Cataluña 4702/2014, 30 de Junio de 2014

References: resolución 
 artículo 786
in dubio
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución