Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=655400
Timestamp: 2019-05-21 05:32:55+00:00

Document:
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
TRATAMIENTO DE LOS PROYECTOS EN TABLA.
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA DE ADOPCIÓN DE MENORES. Segundo trámite constitucional.
VI. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
FONDO INTERNACIONAL DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS. Primer trámite constitucional.
TRANSPARENCIA, LÍMITE Y CONTROL DEL GASTO ELECTORAL. Primer trámite constitucional.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA SOBRE CONCESIÓN DE NACIONALIDAD POR GRACIA A SACERDOTE PIERRE DUBOIS.
VII .PROYECTOS DE ACUERDO
INVESTIGACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN CARABINEROS DE CHILE.
MODIFICACIÓN DE CÉDULA ELECTORAL EN BENEFICIO DE ELECTORES DE LA TERCERA EDAD Y DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.
INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE REMATE DE VIVIENDAS SERVIU.
MEDIDAS PARA FAVORECER LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS CON MOTOR DE GAS NATURAL O LICUADO.
COMPATIBILIDAD ENTRE FUNCIONES MUNICIPALES Y CARGOS DE EXCLUSIVA CONFIANZA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
VIII .INCIDENTES
CARTA DE INICIO DE SIGLO DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES DE ARICA Y PARINACOTA. Oficios.
ACTUACIÓN DE ALCALDESAS DE HUECHURABA, CONCHALÍ Y RENCA EN MATERIAS LABORALES.
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE REHABILITACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES. Oficios.
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fanny Pollarolo Villa
SALVAGUARDIAS A PRODUCTOS LÁCTEOS NACIONALES ANTE IMPORTACIONES SUBSIDIADAS. Oficios.
INVESTIGACIÓN SOBRE TRAGEDIA OCURRIDA EN MAIPÚ DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO. Oficios.
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Luis Pareto Gonzalez
AGILIZACIÓN DE TRÁMITES DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS FISCALES EN TERCERA REGIÓN. Oficio.
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Mulet Martinez
SUSPENSIÓN DE PROYECTO BINACIONAL MINERO EN TERCERA REGIÓN. Oficio.
PRECISIONES SOBRE RESPONSABILIDADES EN ACCIDENTE OCASIONADO POR FUEGOS ARTIFICIALES EN MAIPÚ.
INFORMACIÓN SOBRE CRÉDITO DEL BANCO DEL ESTADO A GRUPO LUKSIC. Oficios.
ANTECEDENTES SOBRE ADJUDICACIÓN DE COMBATE AÉREO DE INCENDIOS FORESTALES EN LA QUINTA REGIÓN A EMPRESA ESPAÑOLA. Oficios.
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Caminondo Saez
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LA MESA DE DIÁLOGO.
Sesión 30ª, en miércoles 3 de enero de 2001
(Ordinaria, de 10.51 a 14.31 horas)
Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor; León Ramírez, don Roberto, y Mora Longa, don Waldo.
I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ORDEN DEL DÍA VI.ACUERDOS DE LOS COMITÉS VII.PROYECTOS DE ACUERDO VIII.INCIDENTES IX.DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IV.Cuenta.
Autorización a Comisión de Educación para sesionar simultáneamente con la Sala13
Tratamientos de los proyectos en tabla13
Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores. Segundo trámite constitucional14
VI.Acuerdos de los Comités19
Fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos. Primer trámite constitucional20
Transparencia, límite y control del gasto electoral. Primer trámite constitucional24
Integración de Comisión Mixta sobre concesión de nacionalidad por gracia a sacerdote Pierre Dubois38
Investigación sobre protección de los derechos de la mujer en Carabineros de Chile38
Modificación de cédula electoral en beneficio de electores de la tercera edad y de personas con discapacidad visual39
Investigación de irregularidades en los procedimientos de remate de viviendas Serviu40
Medidas para favorecer la utilización de vehículos con motor de gas natural o licuado42
Compatibilidad entre funciones municipales y cargos de exclusiva confianza en la Administración Pública43
Carta de inicio de siglo de las organizaciones civiles de Arica y Parinacota. Oficios45
Actuación de alcaldesas de Huechuraba, Conchalí y Renca en materias laborales47
Construcción y mejoramiento de centros de rehabilitación del Servicio Nacional de Menores. Oficios49
Salvaguardias a productos lácteos nacionales ante importaciones subsidiadas. Oficios51
Investigación sobre tragedia ocurrida en Maipú durante la celebración de Año Nuevo. Oficios52
Agilización de trámites de enajenación de terrenos fiscales en Tercera Región. Oficio53
Suspensión de proyecto binacional minero en Tercera Región. Oficio54
Precisiones sobre responsabilidades en accidente ocasionado por fuegos artificiales en Maipú54
Información sobre crédito del Banco del Estado a grupo Luksic. Oficios55
Antecedentes sobre adjudicación de combate aéreo de incendios forestales en la Quinta Región a empresa española. Oficios56
Reconocimiento a la labor de la Mesa de Diálogo57
1.Mensaje de S.E. el Presidente de la República mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto, incluido en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, que exime del pago del impuesto a la renta a las empresas designadas en el artículo 4º del Acta de Ejecución adoptada con el Perú, con fecha 13 de noviembre de 1999, en los casos que indica (boletín Nº 264610)59
Oficios de S.E. el Presidente de la República mediante los cuales retira y hace presentes las urgencias, con calificación de “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
2.Sobre transparencia, límite y control del gasto electoral (boletín Nº 249906)61
3.Establece normas legales para combatir la evasión tributaria (boletín Nº 257205)62
4.Modifica el Código de Comercio en lo relativo a dar mérito ejecutivo al recibo de mercadería otorgado en la guía de despacho (boletín Nº 259115)62
Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales retira y hace presentes las urgencias, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
5.Rigidiza el cumplimiento del presidio perpetuo y deroga la pena de muerte (boletín Nº 236707)63
6.Modifica la actual ley orgánica de la Contraloría General de la República (boletín Nº 261007)63
7.Modifica plazo para cumplir prohibición de desempeñar simultáneamente las funciones de conductor y de cobrador o expendedor de boletos (boletín Nº 229115)63
Oficios de S.E. el Presidente de la República mediante los cuales hace presente las urgencias, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
8.Crea la Dirección Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural (boletín Nº 228604)64
9.Sobre firma electrónica y los servicios de certificación de firma electrónica (boletín Nº 257119)64
10.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto que modifica el artículo 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en relación a la oportunidad en que han de ponerse en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema los proyectos que contengan preceptos relativos a la organización y atribuciones de los Tribunales (boletín Nº 54707)65
11.Oficio del Senado, mediante el cual comunica que ha rechazado el proyecto que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al sacerdote francés Pierre Albert Dubois Desvignes, por lo que corresponde la formación de una Comisión Mixta que deberá proponer la forma de resolver las discrepancias producidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución Política de la República (boletín Nº 190217)65
12.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado un proyecto, iniciado en moción, que deroga la pena de muerte (boletín Nº 236707) (S)66
13.Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, recaído en el proyecto que sustituye la denominación de la comuna de Navarino por Cabo de Hornos y establece una agrupación de comunas (boletín Nº 262106)72
14.Oficio del Tribunal Constitucional, por el cual remite copias autorizadas de las sentencias dictadas en los siguientes proyectos: 77
a)Modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la obtención de las licencias de conducir (boletín Nº 250415).
b)Regula el derecho de visita a los hijos sometidos a tuición de uno de los padres (boletín Nº 155118).
Del jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, por la cual informa que en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, el diputado señor Vargas será reemplazado por la diputada señora Pérez, doña Lily.
De la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, que estudia la posibilidad de realizar una jornada temática sobre Educación Técnico-Profesional el día 19 de enero de 2001, por el cual solicita que se la autorice para sesionar simultáneamente con la Sala el día 3 de enero en curso, de 11.30 a 12.30 horas con el objeto de adoptar acuerdos sobre dicho evento.
Del diputado señor Recondo, cumplimiento de fiscalización realizada por el Sernam de la Región de Los Lagos al Centro de Tránsito de Lactantes de Puerto Montt.
De los diputados señores Urrutia, Ceroni, Pedro Muñoz, Navarro, Gutiérrez, Jaramillo, Jarpa y de las diputadas señoras Caraball y Soto y de la diputada señorita Sciaraffia, reparaciones parciales en las escuelas de la municipalidad de General Lagos.
De la diputada señora Lily Pérez, investigación sumaria por hechos ocurridos en el Serviu Metropolitano.
Del diputado señor Mora, pagos de horas extraordinarias a alcalde y funcionarios de la municipalidad de Calama.
Del diputado señor Van Rysselberghe, apreciación técnica en materia de seguridad ciudadana y manejo de catástrofes.
De los diputados señores Pablo Galilea, Fossa, Jaramillo y Vilches, individualización de empresa beneficiada con la concesión acuícola para la salmonicultura en el sector de Puyuhuapi, comuna de Puerto Cisnes.
Del diputado señor Mora, creación comuna Alto El Loa.
De los diputados señores Alessandri, René García, Van Rysselberghe y Masferrer, solución al problema medioambiental por existencia de sitio eriazo en el límite de las comunas de Maipú y Cerrillos.
Del diputado señor Pareto, número de vehículos policiales adquiridos con fondos públicos desde 1998 a la fecha, entregados a Carabineros de Chile; número de vehículos policiales adquiridos con fondos públicos desde 1998 a la fecha, entregados a la Policía de Investigaciones de Chile.
De los diputados señores Jaramillo, Ceroni, Gutiérrez, Reyes y Urrutia, operación de desalojo de miembros de la comunidad Calculef, de la zona Tringlo Sur, comuna de Lago Ranco.
De la diputada señorita Sciaraffia, diputados señores Gutiérrez y Villouta y de la diputada señora Caraball, alcances del Convenio para el establecimiento en Antofagasta de un depósito franco y zona franca para las mercaderías exportadas e importadas por el Paraguay.
Del diputado señor Navarro y de la diputada señora Caraball, forma de enfrentar el proceso de indemnización respecto de los terrenos de las familias pehuenches del Alto Biobío, Octava Región.
Del diputado señor Pedro Muñoz, convenios destinados a la promoción conjunta de la región patagónica chileno-argentina.
Del diputado señor Pablo Galilea, nómina de indemnizaciones pagadas en los últimos 10 años a las empresas que señala.
Del diputado señor Navarro, estadísticas del programa de inspecciones periódicas de instalaciones de gas a nivel nacional.
Del diputado señor Delmastro, contratos a honorarios suscritos durante los dos últimos años por las empresas del Estado.
Nómina de noviembre de decretos tramitados con cargo a las provisiones que se indican, y cumplimiento de los artículos 3º y 8º de la ley de Presupuestos año 2000.
Del diputado señor José García, transferencias de fondos entre el año 1995 y el año en curso a la Corporación Justicia y Democracia.
Del diputado señor Alessandri, responsabilidades administrativas y judiciales en detención del señor Jorge Lecaros Vergara.
De los diputados señores Espina, Jaramillo, Sánchez y Vilches y de la diputada señora Caraball, entrega al Poder Judicial de recursos comprendidos en el artículo 6º de la ley Nº 19.693, para notificaciones judiciales.
Del diputado señor José García, transferencias de fondos a la Corporación Justicia y Democracia en el período comprendido entre los años 1995 y 2000.
Del diputado señor Pedro Muñoz, control de zonas estratégicas.
Del diputado señor Hales, buses piratas.
De los diputados señores Jiménez, Jaramillo, Urrutia, Ulloa y de la diputada señora Caraball, camino acceso fundo El Rosario, Rol G424, comuna de Isla de Maipo, Región Metropolitana.
De los diputados señores Caminondo, Kuschel, Osvaldo Palma, Delmastro, Sánchez, Jaramillo y de la diputada señora Soto, pavimentación calle O’Higgins, en Futrono, Décima Región.
Del diputado señor Delmastro, proyectos de inversión en infraestructura portuaria, regiones Sexta a Novena.
Del diputado señor Coloma, puente El Monte, pavimentación camino La Viluma y otros, Región Metropolitana.
De los diputados señores Mulet, Jiménez, Arratia, Prokurica, Jarpa y Kuschel y de la diputada señora Caraball, proyecto definitivo del estudio de ingeniería “Concesión de Mantenimiento Ruta 5 Norte, tramo La SerenaCaldera, Cuarta Región”.
Del diputado señor Navarro, convenios de extracción agua de grifos públicos; pavimentación Ruta DichatoMenque, Octava Región.
Del diputado señor Jarpa, construcción embalses Miraflores y Kaiser, comuna de Pinto, provincia de Ñuble, Octava Región.
Del diputado señor Pedro Muñoz, habilitación de un aeródromo en Yendegaia, Duodécima Región; proyecto de índole portuaria en Punta Arenas y Puerto Natales.
Cuadro resumen de oficios MOP, emitidos en el mes de noviembre de 2000 a parlamentarios.
Del diputado señor Fossa, resolución exenta Nº 2226 de 27.07.1999 del SAG.
Del diputado señor José García, transferencias de fondos desde el año 1995 al año 1999 a la Corporación Justicia y Democracia.
De los diputados señores Lorenzini, Acuña, Jiménez, Ortiz, Vargas, Kuschel y de la diputada señorita Sciaraffia, explotación mina “Santa Andrea”, ubicada en Pencahue, Séptima Región.
De los diputados señores Vilches y Fossa y de la diputada señora Cristi, fijación de tarifa de compra de minerales de cobre.
Del diputado señor José García, transferencias de recursos fiscales que habrían sido efectuadas a la Corporación Justicia y Democracia.
De los diputados señores Urrutia, Felipe Letelier y Mora, felicitaciones a funcionarios de trabajan en el sector vivienda de Arica y Parinacota.
Del diputado señor José García, transferencias de fondos efectuadas a la Corporación Justicia y Democracia entre los años 1995 a la fecha.
De los diputados señores René García, Jarpa, Kuschel, Mora, Osvaldo Palma, Pareto, Reyes, Urrutia y de la diputada señora González, colaboración con los pobladores del campamento Las Lilas.
Del diputado señor Jaramillo, erradicación de familias de asentamientos ubicados en las riberas de ríos de la comuna La Unión.
Del diputado señor Mora, áreas de desarrollo indígena en la Segunda Región.
Del diputado señor Navarro, situación de propiedades por transferir de comunidades indígenas de la Décima Región.
Del diputado señor José García, transferencias a la Corporación de Justicia y Democracia.
Del diputado señor Delmastro, entrega al Estado de campañas de prevención de los efectos negativos de la capa de ozono.
Del diputado señor Molina, actividades comerciales del alcalde de Los Vilos.
Del diputado señor Navarro, disposición de escombros.
Asistieron los siguientes señores diputados: (112)
Asistieron, además, el ministro del Interior (S), señor Jorge Burgos, y el senador señor Jorge Pizarro.
Se abrió la sesión a las 10.51 horas.
El acta de la sesión 24ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 25ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
Si les parece a los señores diputados, se accederá a la petición de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación para sesionar simultáneamente con la Sala, de 11.30 a 12.30, a fin de estudiar la posibilidad de realizar una jornada temática sobre educación técnico-profesional el 19 de enero de 2001.
Aunque reglamentariamente corresponde tratar en primer lugar del Orden del Día el proyecto de ley que figura en el Nº 3 de la tabla, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, con urgencia calificada de “suma”, solicito la unanimidad de la Sala para conservar el orden de la tabla. Mi impresión es que la discusión de los dos primeros puede ser breve.
Señor Presidente, estoy de acuerdo con su propuesta, pero quiero aclarar que el proyecto sobre transparencia, límite y control del gasto electoral requiere un debate amplio, técnico y específico de la Sala. Es una materia esencial de nuestra actividad.
A mi juicio, sería muy importante que la Mesa solicitara al Gobierno el retiro de la “suma” urgencia para permitir un debate mucho más amplio y profundo que el que se puede dar en una sola sesión. De hecho, el Ejecutivo la ha tomado como una de sus iniciativas más trascendentes. Si se trata con la urgencia fijada, deberíamos despacharlo hoy en general y en particular.
Muy bien, señor diputado. La Mesa acoge su sugerencia. Vamos a conversar el tema con el Gobierno; incluso, podemos hacer una reunión de Comités durante la sesión para estudiar la mejor manera de tratar la iniciativa.
Si le parece a la Sala, se mantendrá el orden de la tabla.
Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio de la “Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores”, suscrita en La Paz, Bolivia, el 24 de mayo de 1984.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Kuschel, don Carlos.
- Proyecto del Senado, boletín Nº 1571-10 (S), sesión 42ª, en 16 de septiembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 5.
- Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 33ª, en 5 de septiembre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 7.
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana paso a informar respecto del proyecto de acuerdo aprobatorio de la “Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores”, suscrita en La Paz, Bolivia, el 24 de mayo de 1984, en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional.
Según lo indica el mensaje, el objeto de esta Convención es modernizar las normas de derecho internacional privado sobre adopción de menores en el ámbito interamericano, aplicable a los casos en que el o los adoptantes y el adoptado tengan residencia habitual en países diferentes, eliminando, de ese modo, los conflictos de leyes que se producen en este campo, especialmente en lo que dice relación con la ley aplicable, la jurisdicción competente y el reconocimiento en materia de adopción.
La adopción internacional de menores se ha transformado en un asunto de relevancia para los países, por los aspectos éticos, legales, técnicos y políticos involucrados. El mercado negro y el tráfico de niños han contribuido a la adopción de mayor control y garantías en favor de los niños afectados.
Durante la década del 70, la “demanda” de niños adoptables proveniente de los países en desarrollo creció significativamente en los Estados Unidos, Noruega y Suecia . Este incremento es la causa del surgimiento de Latinoamérica como fuente importante para la adopción internacional. Las estadísticas de los Estados Unidos revelan que para el comienzo de la década del 70, el 8 por ciento de los niños adoptados internacionalmente era de origen latinoamericano; para 1980, el número había ascendido al 30 por ciento. Algo similar ha ocurrido en Suecia. Durante el período, Colombia , Chile, Perú , Ecuador y El Salvador fueron los países latinoamericanos que más niños enviaron al exterior para su adopción. Todo lo anterior, según antecedentes publicados por el Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo en septiembre de 1991.
Al 21 de enero de 2000, según informes del Ministerio de Relaciones Exteriores, esta Convención ha sido ratificada por Belice, Brasil , Colombia , México y Panamá . Los signatarios que tenían sus ratificaciones pendientes eran Bolivia, Chile, Ecuador , Haití , Paraguay y Venezuela.
En nuestro país ha sido aprobada por unanimidad, tanto en la Sala como en las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del honorable Senado.
De acuerdo con su artículo 1, ella es aplicable a la adopción de menores bajo las formas de adopción plena, de legitimación adoptiva y de otras instituciones afines que equiparen al adoptado a la condición de hijo cuya filiación esté legalmente establecida, cuando el adoptante tenga su domicilio en un Estado parte y el adoptado, su residencia habitual en otro Estado parte.
Sin embargo, el artículo 2 permite que cualquier Estado parte declare, al momento de firmar o ratificar, que extiende la aplicación de la Convención a cualquier otra forma de adopción internacional de menores.
El honorable Senado, durante el primer trámite constitucional, consideró que nuestro país, haciendo uso de tal derecho, debería ratificar esta Convención con una declaración que deje constancia de su reconocimiento sólo de la adopción plena o de otra institución que produzca similares efectos, en el sentido de crear un vínculo de filiación que confiera al adoptado la condición de hijo del o de los adoptantes.
El Servicio Nacional de Menores informó que dicha declaración tendría por objeto impedir que cualquier interesado que hubiere obtenido una adopción internacional no constitutiva de filiación en un Estado parte que, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 2 de la Convención, hubiese declarado que extiende su aplicación a cualquier otra forma de adopción internacional de menores, pretenda luego que nuestro país reconozca tal figura, con lo cual el niño de quien se trate podría ver menoscabados sus derechos.
Para el pleno conocimiento del alcance que dicha declaración tendría en la normativa internacional sometida a vuestro examen, la Comisión juzgó necesario que la honorable Cámara conociera su texto. Respondiendo a este interés, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que esa Secretaría de Estado concuerda plenamente con la necesidad de formularla; por una parte, para confirmar el criterio de la ley Nº 19.620, que establece el nuevo régimen de adopción en nuestro país, y, por otra, para evitar la existencia, en la práctica, de una norma más permisiva en la materia que la que contiene la legislación nacional.
En consecuencia, anuncia que el texto de la declaración que el Presidente de la República formulará al ratificar la Convención, será el siguiente: “La República de Chile declara que sólo reconoce la adopción plena u otra institución que produzca similares efectos y, en consecuencia, constituya un vínculo de filiación que confiera al adoptado la condición de hijo del o de los adoptantes, por lo cual formula reserva a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención, el que considera inaplicable a su respecto”.
La Comisión ha estimado que la declaración así concebida satisface los propósitos que se persiguen y que, en derecho, su formulación no merece reparos.
Los aspectos procesales de la Convención se encuentran debidamente explicados en el informe escrito que los honorables diputados tienen a su disposición, por lo que me remito a él.
En consideración a los antecedentes expuestos y visto el texto de la declaración o reserva con que sería ratificada esta Convención, según lo anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión acordó, por unanimidad, proponer su aprobación, para lo cual recomienda adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo ha hecho el honorable Senado.
Señor Presidente, deseo manifestar mi posición favorable al proyecto de acuerdo aprobatorio de la “Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores”, pues en ella se definen conceptos que son muy necesarios.
Esta Convención, por cierto, tiene el efecto de vincular a todos los países de América. Sin embargo, es claro que hace falta el establecimiento de una norma de adopción que vaya más allá, toda vez que los países europeos o, mejor dicho, ciudadanos o nacionales de ellos han sido muy activos en materia de adopción, en particular en Latinoamérica.
El propio informe deja de manifiesto el incremento de las adopciones. En la década del setenta, de acuerdo con lo que señala, existía un 8 por ciento de niños de origen latinoamericano adoptados internacionalmente. En la del ochenta la cifra se elevó en la del noventa, el aumento fue hasta del 30 por ciento. Estos porcentajes reflejan la importancia y la oportunidad para establecer una normativa como la que se conoce, que espero se apruebe.
Quiero llamar especialmente la atención respecto de la exigencia que se propuso en el Senado y que fue acogida en la Cámara, en el sentido de dejar de manifiesto que para el caso de Chile la Convención rige sólo para la adopción plena, vale decir, para aquella que crea un vínculo de familia similar al que se establece para el hijo nacido de matrimonio o legitimado, como lo establece la ley nuestra: sin hacer diferencias entre hijo nacido en el matrimonio o fuera de él, para que el lazo que liga a padres con hijos sea similar al vínculo producido por el proceso de adopción, de manera de dejar fuera figuras de otra naturaleza que no producen el vínculo de filiación que se da con la adopción plena o la legitimación adoptiva.
¿Por qué digo eso? Si bien es cierto la norma general es la de la adopción plena establecida en el artículo 1 de la Convención, en el artículo 2 hay un elemento que permitiría que algunos estados pudieran ampliar la adopción a situaciones no plenas. Pero el Presidente de la República de Chile, con el objeto de protegerse de adopciones no plenas que pudieran efectuarse desde países extranjeros o por extranjeros, se ha comprometido a hacer una declaración en el sentido de que esta Convención, en lo que se refiere a nuestro país, sólo produce efecto en la adopción plena.
Además, tal declaración está en íntima consonancia con lo establecido en el artículo 9, que señala que en caso de adopción plena, legitimación adoptiva y figuras afines, las relaciones entre el o los adoptantes y el adoptado, y las relaciones de éste con la familia del o de los adoptantes, se rigen por la misma ley que rige las relaciones del o los adoptantes con sus familias legítimas letra a), y que los vínculos del adoptado con sus familias de origen se considerarán disueltos, subsistiendo los impedimentos para contraer matrimonio que están establecidos en la letra b).
De esta forma, con la declaración que el Ejecutivo se ha comprometido a hacer, al momento de perfeccionar la ratificación de la Convención, a mi juicio, se dará plena satisfacción a lo establecido y requerido por el Senado y la Cámara de Diputados a través de su Comisión de Relaciones Exteriores.
Dadas las circunstancias y teniendo presente el contenido de la Convención y la oportunidad con que ella se ha celebrado, nos parece conveniente aprobarla.
Señor Presidente, he escuchado con atención el debate y me gustaría que se precisaran algunos aspectos.
Primero, en Chile no existe adopción plena.
En nuestro país había tres tipos de adopciones, pero la que subsiste hoy, mediante la cual el adoptado pasa a tener la calidad de hijo legítimo, no es adopción plena, sino pura y simple.
No sé cómo se va a resolver esta situación desde el punto de vista jurídico, porque el tratado habla claramente de adopción plena. Con ello se limitan las posibilidades del Estado. Tampoco sé si es suficiente una declaración como la que se ha citado.
Me gustaría preguntárselo al diputado informante o a quien conozca más detalladamente el proyecto de acuerdo, pero dejemos de hablar en este país de adopción plena, porque aquí hay un solo tipo de adopción. Los otros se eliminaron con la última modificación legal.
Señor Presidente, no sé si el diputado informante está en este momento en la Sala. En todo caso, en mi calidad de diputado informado sobre esta materia, quiero decir, modestamente, que la adopción existente en Chile produce los efectos de una adopción plena, cualquiera que sea la denominación que se le dé. Debemos poner atención al texto de la declaración que se incluye en el informe, y que dice: “La República de Chile declara que sólo reconoce la adopción plena u otra institución que produzca similares efectos y, en consecuencia, constituya un vínculo de filiación que confiera al adoptado la condición de hijo del o de los adoptantes, por lo cual formula reserva a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención, el que considera inaplicable a su respecto”.
Lo importante aquí no es la denominación, sino lo que en la declaración se establece como efecto: “vínculo de filiación que confiera al adoptado la condición de hijo del o de los adoptantes”. Desde ese punto de vista, creo que queda salvada la situación que ha sido adecuadamente planteada por nuestro colega Orpis.
Señor Presidente, en mi opinión, no se salva la situación, de manera que pido que el proyecto vuelva a la Comisión. Si el Ejecutivo se refiere a adopción plena, implica el reconocimiento de que hay otros tipos de adopciones en Chile, en circunstancias de que no es así. En mi opinión, el proyecto de acuerdo debe volver a la Comisión, y el Ejecutivo, aclarar el texto de su declaración. Podrá referirse a “otros tipos de instituciones”, pero no a adopción plena, pues ello significaría reconocer la existencia de otro tipo de adopciones en este país, lo cual no es efectivo, de acuerdo con la reforma aprobada por el Congreso el año pasado.
Yo, por lo menos, no voy a aprobar el proyecto de acuerdo hasta que se aclare en forma muy precisa esta situación, porque la gran reforma legal que se hizo en Chile consistió en eliminar el resto de las adopciones. Antes de tomar una decisión de esta naturaleza, sería importante que el Ejecutivo estuviera presente en este debate. De lo contrario, pido que se postergue su discusión y que vuelva a la Comisión.
Señor diputado, en este momento no está el diputado informante para aclarar la situación, pero, dada la inquietud planteada por el diputado Orpis , pido el asentimiento de la Sala para remitir nuevamente el proyecto a la Comisión, a fin de que clarifique las dudas planteadas. En realidad, hacerlo no entorpece gravemente nada y permite una tramitación más rigurosa.
No doy la unanimidad, señor Presidente.
Señor Presidente, como Chile va a formular reserva a lo dispuesto en el artículo 2 de esta Convención, es importante que sea muy precisa y que esté totalmente de acuerdo con nuestra legislación. A mi juicio, la redacción del texto no resulta satisfactoria. Por eso insisto en que el proyecto de acuerdo vuelva a la Comisión.
Me parece buena idea, señor diputado, pero es necesaria la unanimidad de la Sala.
Señor Presidente, en mi opinión, es innecesario devolver el proyecto a la Comisión; pero, si se trata de tener mayor exactitud, no voy a poner obstáculos, a pesar de estimar que el texto del Ejecutivo es claro.
Respecto de esta Convención internacional se está haciendo una precisión hacia otros Estados. Por eso, no es sólo importante el concepto, sino también la clarificación de lo que está detrás. Pero, en fin, si esa es la voluntad de la Sala, no voy a ser obstáculo para que el proyecto de acuerdo nuevamente vuelva a la Comisión; pero, repito, lo creo innecesario.
Señor Presidente, si existe una contradicción entre lo que se está proponiendo y la legislación vigente, nada más apropiado y necesario que el proyecto de acuerdo vuelva a la Comisión.
¿Habría acuerdo para que el proyecto de acuerdo vuelva a la Comisión, con el objeto de que se clarifique la inquietud planteada?
Tiene la palabra el diputado señor Krauss.
Señor Presidente, aquí se está produciendo una situación bastante singular. Por un lado, estamos discutiendo un convenio internacional que tiene por objeto resolver conflictos de leyes en materia de adopción de menores y, por otro, nos envolvemos en una discusión respecto de la forma de entenderlo o de aplicarlo.
Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y el diputado informado, señor Riveros , así lo ha señalado han sido suficientemente explícitos al establecer que el tratado así lo dice expresamente el artículo 1 de la Convención se aplica a la adopción de menores bajo las distintas formas que las juridicidades de los Estados miembros puedan tener. Algunos tendrán adopción plena; otros, legitimación adoptiva. Además, los países suscriptores hacen referencia a otras instituciones afines que equiparen al adoptado a la condición de hijo cuya filiación esté legalmente establecida. El parámetro de aplicación de la Convención es absolutamente amplio, sea con nuestra actual legislación, con la que tengamos mañana, con la que tuvimos ayer o con la que tenga cualquiera de los países miembros. En consecuencia, ¿para qué nos llenamos de inquietudes respecto de algo que está suficientemente claro y tiene una proyección exclusivamente internacional?
Por eso, sin ánimo de entorpecer la posibilidad de tener alguna información adicional, me parece en esto coincido con el diputado informado que es absolutamente improcedente e innecesario este nuevo trámite.
Solicité a la Sala la unanimidad y los parlamentarios han planteado que la dan para facilitar el trámite.
Señor Presidente, si se lee atentamente el informe se podrá advertir que este problema fue discutido en el Senado. Dice en su parte pertinente:
“El honorable Senado, durante el primer trámite constitucional, consideró que nuestro país, haciendo uso de tal derecho, debería ratificar esta Convención con una declaración que deje constancia de su reconocimiento sólo de la adopción plena o de otra institución que produzca similares efectos, en el sentido de crear un vínculo de filiación que confiera al adoptado la condición de hijo del o de los adoptantes”. Esta es la reserva que se propone formular por la Cámara de Diputados. Por otro lado, en este mismo informe se señala que, por oficio Nº 87, de fecha 24 de enero de 2000, el Servicio Nacional de Menores informa sobre el objeto que tendría dicha declaración.
También se hace presente que el Ministerio de Relaciones Exteriores concuerda plenamente, por una parte, con el criterio de la ley Nº 19.620, que establece el nuevo régimen de adopción en nuestro país, y, por otra, con la conveniencia de evitar, en la práctica, la existencia de una norma más permisiva en la materia que la contenida en nuestra legislación. En consecuencia, anuncia que el texto de la declaración que el Presidente de la República formulará al ratificar la Convención contará con la reserva antes mencionada.
Este problema se discutió latamente en el Senado de la República, siendo ésta la conclusión a la que llegó. Por ello, considero que estaría absolutamente de más remitir de nuevo el proyecto de acuerdo a la Comisión.
Se suspende la sesión por cinco minutos y se cita a reunión de Comités.
VI.ACUERDOS DE LOS COMITÉS
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Jeame Barrueto , adoptaron los siguientes acuerdos:
1.Remitir a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, por el plazo de una semana y para un nuevo informe, el proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores.
2.Discutir, en el Orden del Día de la presente sesión y en el de mañana, jueves, el proyecto, iniciado en mensaje, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.
Autorizar la presentación de indicaciones hasta las 12 horas del lunes próximo.
Realizar el martes la votación general; discutir en particular y votar en ese trámite, hasta el total despacho del proyecto, los artículos que hayan sido objeto de indicaciones, y votar, sin discusión, los artículos que no fueren objeto de indicaciones.
Corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, que aprueba el Protocolo de 1992 que enmienda el convenio internacional sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, adoptado en Londres el 27 de noviembre de 1992.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Juan Masferrer .
- Mensaje, boletín Nº 2569-10, sesión 30ª, en 29 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 2.
- Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 24ª, en 12 de diciembre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 5.
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio internacional sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, de 1971, suscrito el 27 de noviembre de 1992, en el marco de la normativa que la Organización Marítima Internacional, OMI, ha elaborado para proteger el medio ambiente marino y, específicamente, para regular en este caso la reparación de los daños producidos por la contaminación del mar por derrames o descargas de hidrocarburos desde los buques.
Esta normativa se gestó a partir del accidente que sufrió el buque tanque Torrey Canyon , en 1967, frente a las costas de Gran Bretaña, del que se derivaron daños de proporciones hasta entonces desconocidas en las costas de Francia y del Reino Unido. Después de dicho desastre, la OMI convocó, en 1969, a una conferencia diplomática que adoptó el Convenio internacional sobre responsabilidad civil de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, conocido como Convenio de Responsabilidad Civil, el que, en lo sustancial, consagra el principio de responsabilidad objetiva de los propietarios de buques tanque y estipula un sistema de seguro obligatorio.
La Conferencia de 1969 advirtió, no obstante, que el régimen de responsabilidad civil establecido en dicho Convenio resultaría inadecuado para proporcionar una indemnización plena a las víctimas de los daños ocasionados por contaminación, y reconoció, por tanto, la necesidad de contar con un sistema que proporcionara una indemnización complementaria. Para estos efectos, la OMI convocó, en 1971, a una segunda conferencia diplomática, en la que se adoptó el Convenio internacional sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de este tipo de daños, para lo cual creó una organización internacional denominada Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos, Fidac, encargada de administrar el sistema de indemnización creado por el Convenio, también denominado Convenio del Fondo.
En la actualidad, 97 Estados son partes en el Convenio de responsabilidad civil, y 73 Estados, en el Convenio del Fondo. Diez países latinoamericanos han ratificado el Convenio de Responsabilidad Civil: Brasil, Colombia , Chile, Ecuador , Guatemala , México , Nicaragua , Panamá , Perú y Venezuela; sin embargo, sólo tres han ratificado el Convenio del Fondo: Colombia, México y Venezuela.
Nuestro país no se hizo parte en 1971 del Convenio del Fondo, debido, principalmente, como lo señala el mensaje, a que funcionaron, para los efectos perseguidos por el Fondo, los sistemas privados voluntarios de compensación de los daños producidos por contaminación de derrames de hidrocarburos, denominados Tuvalov y Cristal, los cuales dejaron de operar el 20 de febrero de 1997. Quedó así latente la posibilidad, dice el mensaje, de que pudieran producirse siniestros cuyos daños no puedan ser indemnizados.
Por ello, en la actualidad, las empresas nacionales que deben contribuir al fondo internacional son las más interesadas en que nuestro país se haga parte en el Protocolo de 1992, que modifica el Convenio del Fondo, de 1971.
De acuerdo con antecedentes proporcionados a la Comisión por el director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Directemar , capitán de navío señor Erwin Forsch Rojas , las principales empresas importadoras de petróleo y sus derivados, en 1999, fueron la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, con 4.735.339 toneladas; la Compañía de Petróleos de Chile, Copec , con 357.574 toneladas; Shell Chile S.A., con 206.037 toneladas, y Esso Chile Petrolera Limitada, con 188.293 toneladas. En el período enero a julio de 2000, la participación de dichas empresas en las importaciones nacionales de petróleo y sus derivados ha sido del 89, 3, 1 y 2 por ciento, respectivamente.
En dicho período, los principales países de origen del petróleo importado han sido Argentina, con 24 por ciento; Nigeria , 23 por ciento; Ecuador , 19 por ciento; Venezuela , 9 por ciento, y Perú , 8 por ciento. Los principales puertos chilenos de desembarque han sido Quintero, con el 59 por ciento; San Vicente , con el 30 por ciento; Salinas y Ventanas, con el 3 por ciento cada uno, y Antofagasta , con el 2 por ciento.
Los porcentajes de tonelaje importado de petróleo y sus derivados son los siguientes: aceites crudos de petróleo, 73 por ciento; aceites combustibles destilados, 10 por ciento; gasolina, 5 por ciento; aceites combustibles siduales pesados fuel oil, 3 por ciento; aceites básicos lubricantes, 2 por ciento, y otros, 4 por ciento.
Es oportuno recordar casos de siniestros marítimos con daños de contaminación de las aguas nacionales por derrames de hidrocarburos: en julio de 1970, en la bahía de San Vicente varó el petrolero de bandera chilena “Cabo Tamar”, con 12 mil toneladas de crudo; en junio de 1973 encalló en la isla Guamblin el buque tanque de bandera griega “Napier”, con 30 mil toneladas de crudo; en agosto de 1974, varó en el Estrecho de Magallanes el petrolero de bandera holandesa “Metula”, con 52 mil toneladas; en marzo de 1975, el buque mercante “Astrapatagonia” derramó en los canales patagónicos mil toneladas de crudo; en 1975, el buque mercante “ Northern Breeze ” derramó en Quintero 450 toneladas de diesel y fuel oil, y en junio de 1983, el buque mercante “Regent Oak” derramó en isla de Pascua mil toneladas de crudo.
Los antecedentes expuestos revelan la importancia que puede tener la participación de Chile en los mecanismos internacionales creados para contribuir a reparar los daños producidos por este tipo de siniestros marítimos.
Con todo, el informe de la Comisión hace notar que Chile no podrá ratificar este instrumento si previamente no se ha hecho parte del Convenio de responsabilidad civil, de 1992, condición que podrá ser cumplida una vez que el Congreso Nacional dé su aprobación al proyecto de acuerdo respectivo, que el Presidente de la República ha sometido recientemente al examen de esta Cámara, y que en este momento está en la Comisión.
El Fidac es la única organización intergubernamental de ámbito mundial que indemniza a los propietarios de buques matriculados en un Estado parte en el Convenio del Fondo o que enarbolan su pabellón, en una parte de la cuantía total de su responsabilidad, en virtud del Convenio de responsabilidad civil por los daños debidos a la contaminación por hidrocarburos. Se trata de una indemnización complementaria que reciben quienes no han podido obtener indemnización plena en virtud del Convenio de responsabilidad civil, ya sea porque el propietario del buque ha podido acogerse a una causal de exención de responsabilidad; es insolvente para cumplir sus obligaciones, o, por último, si la cuantía de los daños rebasa su responsabilidad.
Ahora bien, la incorporación de Chile al Fidac es importante, por cuanto esta organización internacional no indemniza los daños producidos en un Estado no miembro, así como tampoco indemniza los daños que son consecuencia de un acto de guerra u ocasionados por un derrame procedente de un buque de guerra, o si el demandante no puede demostrar que los daños fueron consecuencia de un siniestro relacionado con uno o más buques de navegación marítima que transportan, como carga, hidrocarburos a granel.
El financiamiento del Fidac es aportado mediante las contribuciones que se exigen a toda persona que durante un año civil haya recibido más de 150 mil toneladas de petróleo crudo y fuel oil pesado en sus Estados miembros tras haber sido transportados por mar. Todo Estado parte del Convenio del Fondo es miembro del Fidac, cuya sede está en Londres; pero, como este convenio tiene carácter complementario respecto del Convenio de responsabilidad civil, sólo los Estados parte de éste pueden ser parte de aquél y, por consiguiente, miembros del Ficac. Con dichas contribuciones se cubre el pago de las indemnizaciones y los gastos de administración del Fidac.
Los principales contribuyentes del Fondo, en años recientes, han sido Japón , Italia , Francia, Países Bajos, República de Corea, Reino Unido, España , India , Alemania , Canadá y otros países.
El contenido específico y técnico de las modificaciones introducidas al Protocolo de 1992 ha sido ampliamente explicado en el informe de la Comisión, de manera que, por la brevedad de mi intervención, sólo me remitiré a lo señalado en el texto del informe que se encuentra a disposición de los honorables colegas.
Durante el análisis del proyecto de acuerdo, la Comisión escuchó al director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, capitán de navío señor Erwin Forsch Rojas , y a la abogada de la misma repartición, señora Francisca Moller Undurraga .
El capitán de navío señor Forsch explicó, en primer término, que los dos grandes ámbitos de actividad de la Armada son el naval y el marítimo. En el primero, es irreemplazable y, en el segundo, indispensable. Informó que su ámbito espacial de acción abarca una superficie marina de 5 millones de kilómetros cuadrados, el que se extiende a 30 millones de kilómetros cuadrados si se atiende a los diversos tratados internacionales que entregan al país responsabilidades en materias tales como el rescate y la búsqueda en el mar. Añadió que la Armada tiene la expresa misión de proteger la vida humana, el medio ambiente y los recursos naturales marítimos.
Informó que tales funciones las cumple a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, para lo cual dispone de una dotación de 2 mil 737 personas y 72 unidades. A esto se suman otros medios materiales tales como 6 helicópteros y 5 aeroplanos.
Precisó que, en el ámbito internacional, la Directemar se relaciona con diversas organizaciones internacionales intergubernamentales, creadas por tratados suscritos por Chile, entre ellas, la Organización Marítima Internacional, en cuyo seno nació el Fidac.
Refiriéndose a materias específicamente relacionadas con el Protocolo en informe, relató que en 1967, a propósito del accidente que experimentó el buque tanque “ Torrey Canyon ” en las costas del Reino Unido, que derramó más de 120 mil toneladas de crudo, el mundo del transporte marítimo tomó conciencia de la grave amenaza que entrañaba la contaminación del mar en estos casos.
Afirmó que, en lo que se refiere a la contaminación, hay indicios de que se ha reducido notablemente el grado de contaminación ocasionado por los buques durante los dos últimos decenios, en parte gracias a los controles más rigurosos impuestos por los convenios de la OMI, como el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, de 1973, en su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1978, del cual Chile es parte, aunque aún no ha adherido al Protocolo que lo ha modificado.
Indicó que Chile es parte de una serie de tratados internacionales en el ámbito de la seguridad marítima y la prevención de la contaminación, que han tenido el patrocinio de la OMI, como es el caso del Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos, de 1990, y su anexo. Este año se ha aprobado un Protocolo para este instrumento, del cual Chile aún no es parte.
Precisó que la OMI detectó que no existía un convenio que regulara la responsabilidad civil de los daños marítimos por derrame de hidrocarburos, razón por la cual en 1969 elaboró el Convenio sobre responsabilidad civil, aprobado por Chile en 1977. Señaló que este instrumento tenía una cobertura de hasta 19 millones de dólares, suma que se reveló insuficiente. Para remediar este problema, en 1971 se creó el Fidac, del cual nuestro país no es parte.
En virtud del Protocolo de 1992, que enmienda el Convenio de responsabilidad civil, se aumentó la cobertura a 83 millones de dólares. Por su parte, el Protocolo de 1992, que enmendó el Fidac, 1971, aumentó la cobertura complementaria del Convenio de responsabilidad civil de 83 millones a 186 millones de dólares. Asimismo, se aumentó su cobertura geográfica, por cuanto quedaron amparados por sus normas no sólo los accidentes ocurridos en el mar territorial, sino también los producidos en la zona económica exclusiva de los países miembros.
Agregó que son las empresas que transportan petróleo las que deben contribuir al Fondo y que la principal movilizadora de este producto en Chile es la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, seguida de Shell, Copec , Esso y otras de menor importancia. Precisó que, en consideración a los montos de transporte, las cuatro empresas mencionadas son las únicas que están en condiciones de contribuir al Fondo.
De las respuestas que los representantes de Directemar dieron a las consultas de los señores diputados miembros de la Comisión se desprende, entre otros antecedentes, que la participación de Chile en este instrumento no debería influir en un alza interna del petróleo, y si lo produjere sería en forma mínima, por el factor de pago que se relaciona con la tonelada de petróleo que se transporta. El costo promedio anual por empresa sería de 40 mil dólares; pero los grandes movilizadores internacionales de petróleo no están en Chile.
La Comisión aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo, con modificaciones formales de menor entidad, las cuales se salvan en el texto sustitutivo que se propone adoptar.
En discusión el proyecto de acuerdo.
Corresponde conocer del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.
Diputados informantes de las Comisiones de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, y de Hacienda, son los señores Naranjo y Ortiz , respectivamente.
- Mensaje, boletín Nº 2499-06, sesión 49ª, en 10 de mayo de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 1.
- Informes de las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, sesión 27ª, en 14 de diciembre de 2000. Documentos de la Cuenta Nºs 4 y 5, respectivamente.
Tiene la palabra el diputado señor Naranjo , informante de la Comisión de Gobierno Interior.
Señor Presidente, honorable Sala, en representación de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social paso a informar sobre el proyecto relativo a transparencia, límite y control del gasto electoral.
En lo fundamental, esta iniciativa legal persigue materializar el principio de igualdad ante la ley en lo concerniente al financiamiento de las campañas electorales, señalando al efecto un límite a los gastos pertinentes. A la vez, contempla normas relativas a la publicidad de los ingresos y egresos por dicho concepto y externaliza la administración de los fondos de las campañas. El proyecto busca, de alguna manera, brindar un marco regulatorio transparente para el financiamiento de las campañas electorales y, acorde con esto, limitar y controlar gastos desenfrenados.
Durante su estudio, la Comisión contó con la asistencia y participación del ministro del Interior, señor José Miguel Insulza ; del director del Servicio Electoral, don Juan Ignacio García , y de representantes de entidades de apoyo legislativo, como el Instituto Libertad y Desarrollo y el Centro de Estudios Públicos.
El proyecto se fundamenta en la necesidad de consolidar el rol que les cabe a los partidos políticos en el desarrollo y fortalecimiento de la democracia. En ese sentido, tomando en consideración que son ellos los que inciden mayoritariamente en la generación de los cargos públicos y, por ende, en la toma de decisiones en los niveles nacional, regional y local, se hace necesario regular la forma en que sus representantes acceden al poder.
Hoy, la pugna por el acceso al poder ha sumido a los partidos políticos y a los propios candidatos en una escalada de gastos electorales y propagandísticos cada día más dispendiosos e injustificados. Este hecho, lejos de contribuir a la sana competencia que debe existir en el proceso eleccionario, constituye un peligroso factor de control respecto de quien accede al poder. Por una parte, se generan lealtades hacia quienes han hecho aportes, lo que erosiona la independencia de quienes asumen la toma de decisiones. Por otro lado, después de hacer tan altas inversiones en sus candidatos, los partidos políticos quedan, luego, sin recursos para cumplir sus restantes funciones sociales y políticas, las cuales, por lo demás, derivan de un mandato constitucional y legal. Por lo tanto, son consideradas por la nación como necesarias para el buen desarrollo del estado de derecho.
Si analizamos nuestra reciente legislación sobre la materia, veremos que no se refiere en especial al financiamiento de los partidos políticos, limitándose a establecer las formas en que pueden acceder a recursos para desarrollar sus actividades. Es así como su ley orgánica señala al efecto cuatro vías taxativas por las cuales un partido político puede lograr su financiamiento: primero, a través de cotizaciones ordinarias o extraordinarias de sus militantes; segundo, con donaciones; tercero, mediante asignaciones testamentarias en su favor, y cuarto, con el producto de los bienes que forman su patrimonio.
Como se puede observar, nuestra legislación privilegia el financiamiento privado de los partidos políticos, lo cual es coherente con la caracterización que se hace de ellos, en cuanto a considerarlos como simples asociaciones voluntarias, cuya fuerza está dada por el mayor o menor número de afiliados, pero incoherente con las altas funciones que paralelamente se le asignan, que son, entre otras sólo por mencionar algunas, ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado para alcanzar el bien común y servir el interés nacional. También se les atribuye la tarea de contribuir a la formación de ciudadanos capacitados para asumir responsabilidades públicas y de propender a la defensa de la soberanía, independencia y unidad nacional. Por último, se les asigna el rol de contribuir a preservar los valores esenciales de nuestra tradición y la paz social.
Dicho rol tutelar y formador, en esencia, a todas luces no puede ser cumplido con éxito con los menguados ingresos que representan las cotizaciones de los adherentes, principalmente ingresos en el concepto de la ley, y menos aún si se considera que éstos, en su mayoría, no son constantes en sus aportes e, incluso, a veces, no cotizan en sus partidos.
Por otra parte, en el análisis de esta iniciativa legislativa no debe olvidarse, en primer lugar, que los partidos políticos también han incurrido en un mayor gasto con ocasión de que, en virtud de la reforma constitucional de 1994, las campañas electorales se efectúan en forma separada. Antes de dicha reforma las elecciones presidenciales y parlamentarias se celebraban en forma simultánea. Asimismo, tampoco debemos olvidar que, para los partidos políticos, también ha significado mayor gasto el hecho de que, a partir de 1992, se empezaron a desarrollar en el país los comicios municipales.
En segundo término, con motivo de las campañas electorales es posible observar que los particulares están haciendo sus aportes directamente a los candidatos y no a los partidos, basándose en diversas consideraciones, como afinidad política, costos tributarios, parentesco, etcétera. En general, se trata de apreciaciones subjetivas y, por lo mismo, los partidos políticos apoyan económicamente cada vez menos a sus candidatos, pues se conforman con darles su patrocinio y una publicidad general de partido a nivel nacional y un aporte económico menor.
Por consiguiente, si nos centramos en el tema de las campañas, los candidatos captan recursos, por lo general, mediante donaciones de grandes empresarios, préstamos bancarios que obtienen los partidos o ellos mismos, la venta de sus propios bienes o que a veces dejan en garantía por los préstamos solicitados, o pequeñas donaciones de conocidos, amigos y parientes que les son entregadas en forma directa.
Como puede observarse, nuestra legislación privilegia el financiamiento privado de los partidos políticos y, por tanto, su papel tutelar y formador en esencia, a todas luces no puede ser desarrollado por ellos mismos.
En este orden de ideas, el desenfreno en los gastos electorales y de promoción de los candidatos que se genera con ocasión de los diversos comicios electorales que vive de cuando en cuando nuestro país, termina por acabar con los exiguos recursos que operan estos partidos, lo que obviamente impide que éstos puedan cumplir con los altos fines que la Constitución y las leyes les han encomendado en pro del fortalecimiento de nuestra democracia.
La preocupación a que estamos haciendo referencia, en cuanto al financiamiento de las campañas y de los partidos políticos, no es una preocupación reciente. De hecho, si nos remitimos a la época en que se constituyó la Comisión de estudios de la nueva Constitución Política de la República, en la subcomisión integrada por los profesores Luz Bulnes y Raúl Bertelsen se planteó la posibilidad de establecer un financiamiento estatal directo, destinado a cubrir los gastos electorales y de propaganda con cargo a la ley de Presupuestos de la nación, la cual debía contemplar, anualmente, un ítem por dicho concepto, que se distribuiría en proporción al número de diputados electos, como reposición de los gastos efectuados por éstos. La idea, como bien sabemos, no prosperó y, por tanto, el financiamiento puede provenir, hoy, de las vías que taxativamente la ley de partidos políticos establece y que ya he mencionado.
También, en el ámbito de la preocupación que ha existido sobre esta materia, debo traer a colación la moción presentada, en 1994, por los diputados Sergio Elgueta y Andrés Aylwin , la cual giraba en términos muy parecidos a los que inspiran el mensaje que hoy nos ocupa. Lamentablemente, por ser esta materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, no tuvo éxito.
Como un paliativo a la parquedad de los recursos que se les permite recibir a los partidos políticos, la ley autorizó crear otras personas jurídicas que les ayudaran al cometido de sus fines, las cuales, a su vez, con los ingresos que naturalmente perciben, pueden beneficiar a su propio partido.
A los aportes mencionados cabe agregar ciertos beneficios tributarios que la ley concede a los partidos políticos, como son, por ejemplo, la eliminación del trámite de la insinuación en las donaciones cuyo monto resulte inferior a 30 unidades tributarias mensuales. Las cotizaciones, donaciones y asignaciones que se hagan en favor de un partido político se encuentran exentas del pago de estos impuestos hasta el monto de 30 unidades tributarias mensuales.
Como nuestra legislación, en general, estableció, desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1980 y de la ley orgánica de partidos políticos, en 1987, una profunda desconfianza hacia los partidos políticos, la cual se expresa no sólo en sus restricciones presupuestarias en la materia que nos ocupa, sino también en otros aspectos, aquello ha creado una sensación de bastante insolvencia para abordar lo que significa el financiamiento de las campañas electorales.
Si consideramos la legislación comparada sobre la materia y miramos en el entorno vecinal y mundial, observaremos que también se ha buscado una respuesta eficiente al tema del financiamiento de los partidos políticos, entendiendo que el normal desarrollo de la institucionalidad, así como el perfeccionamiento de la democracia y el estado de derecho, no pueden darse en un escenario disociado del aporte que en este sentido representan los partidos políticos en la vida nacional.
Es así como Alemania y España, por ejemplo, han optado, desde sus propias realidades, primero, por limitar las donaciones que puedan hacer los particulares a las colectividades políticas que los representan y, en segundo lugar, por otorgar un aporte estatal para el financiamiento de las campañas electorales.
Francia, por su parte, junto con establecer un estricto control de los gastos en pro de la transparencia, admite dos clases de financiamiento público estatal que se distribuyen en partes iguales. El primero se destina a los partidos políticos en proporción a sus candidatos y, el segundo, se prorratea entre los partidos sobre la base del número de parlamentarios inscritos en cada colectividad.
En otro sentido, algunos países entre ellos los del Reino Unido privilegian en forma exclusiva el financiamiento privado de las campañas, controlando el gasto mediante la fijación de un límite ascendente a una cantidad por cada inscripción electoral que se realice en el censo electoral.
A su vez, se establece una limitación para los gastos personales del candidato efectuados con motivo de la elección, los cuales, de acuerdo con la norma británica, no pueden sobrepasar las 600 libras, debiendo ser pagado el exceso por el representante electoral.
Para fiscalizar el sistema, el candidato debe presentar una relación completa y exacta de los gastos electorales en que ha incurrido, conjuntamente con una declaración jurada que certifica la veracidad de lo declarado.
En el ámbito americano, se ha podido establecer que Argentina y México admiten el aporte estatal dentro de mecanismos de financiamiento. Sin embargo, países como Perú se acercan a nuestra legislación nacional, en cuanto a reproducir las mismas cuatro fuentes que contempla nuestra ley orgánica de partidos políticos.
Si bien el proyecto en informe no abarca, como ya se ha señalado, la problemática integral del financiamiento de los partidos políticos, se puede señalar, mirado desde la perspectiva de la multiplicidad de fines y tareas que el ordenamiento jurídico les asigna, que sus ideas matrices pretenden, al menos, dar respuesta a dos preocupaciones del Gobierno que han sido ampliamente compartidas por la ciudadanía: el tema de la transparencia en el gasto y el acceso igualitario y equitativo a los cargos públicos que garantiza nuestra Carta Fundamental, el cual hoy se ve menoscabado, a todas luces, al quedar reducida la participación eleccionaria a los recursos de que dispone el candidato o su colectividad para convertirlo en electo.
Las ideas fundamentales de la iniciativa son las siguientes:
1ºFijar montos máximos de gastos en campañas electorales para garantizar la igualdad de oportunidades económicas de los candidatos y partidos políticos que los postulen;
2ºRegular el financiamiento privado de las campañas electorales con el objeto de conocer los orígenes de esos recursos, para garantizar la independencia de quienes ocupen cargos correspondientes;
3ºExternalizar la administración de los recursos y gastos electorales, encargando de ello a las personas naturales que designen los candidatos y partidos políticos;
4ºCrear un completo sistema de control externo del origen de los recursos empleados en las campañas electorales y de los gastos de propaganda, con el fin de asegurar la transparencia y evitar la corrupción, y
5ºConsagrar un mecanismo de publicidad de los recursos y gastos, con el objeto reseñado precedentemente.
Como señalaba, a través del proyecto del Ejecutivo se busca no sólo la transparencia de los gastos, sino también establecer un límite y control de los mismos.
En cuanto a su estructura, según las modificaciones introducidas por la Comisión, el proyecto consta de 45 artículos, agrupados en cinco títulos, y de una disposición transitoria. Debo recordar que el texto original del Ejecutivo tenía 41 artículos, distribuidos en cuatro títulos, y dos disposiciones transitorias.
Su título I, Del Gasto Electoral, comprende dos párrafos.
El párrafo 1º, Del objeto de la ley, es importante, porque define lo que se entiende por gasto electoral como “todo desembolso en que se incurra para el financiamiento de los equipos, oficinas y servicios de los partidos políticos y candidatos, con ocasión y a propósito de actos electorales”. Además, señala que el plazo dentro del cual pueden imputarse tales gastos es “el período comprendido entre la fecha de declaración de candidaturas y los 30 días posteriores a la elección respectiva”.
Se considerarán gastos electorales, especialmente, los desembolsos por conceptos de propaganda y publicidad, arrendamiento de inmuebles con fines electorales, pagos al personal que labore en la campaña; transporte de los candidatos, personal y dirigentes de los partidos; intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral; gastos por concepto de propaganda y publicidad, y todo otro gasto atribuible a la campaña, según determine el director del Servicio Electoral.
El párrafo 2º versa sobre los límites al gasto electoral, los que no podrán exceder en ningún caso “la cantidad que resulte de multiplicar por 0,04 unidades de fomento el número de ciudadanos inscritos en los registros electorales en la circunscripción senatorial, el distrito o la comuna correspondientes”.
Sobre el particular, me parece interesante dar algunos ejemplos que ilustrarán adecuadamente a los honorables diputados sobre la materia. De acuerdo con los antecedentes electorales hasta l999, en el distrito Nº 1 hay inscritas 108.416 personas. Esa cifra hay que multiplicarla por 0,04 UF, lo que determina que el límite máximo que se podría gastar en las campañas correspondería a 4.336 unidades de fomento, equivalentes aproximadamente a 68 millones de pesos. Sería interesante recoger la opinión de los parlamentarios respectivos, para saber si en sus campañas han gastado una cantidad cercana o superior a ésa.
Como en el distrito Nº 12 hay 141.000 electores, el monto máximo por gastar, de acuerdo con la iniciativa en debate, sería de 5.640 unidades de fomento, equivalentes a 88 millones de pesos.
En el distrito Nº 21 comuna de Providencia y Ñuñoa , con 217 mil electores, el monto máximo que se podría gastar sería de 8.680 unidades de fomento, es decir, 137 millones de pesos. Sería interesante escuchar de los honorables diputados de ese distrito si en sus campañas han gastado una cifra cercana o, a lo mejor, superior a la indicada.
El distrito Nº 22 comuna de Santiago cuenta con 148 mil electores, lo que significa que el monto máximo que los candidatos podrían gastar serían 5.920 unidades de fomento, es decir, 93 millones de pesos.
Podría seguir enumerando distintos casos y situaciones; pero la importancia del proyecto radica justamente en que establece el límite máximo que podrán gastar los candidatos.
En el caso de las candidaturas a Presidente de la República, el límite del gasto electoral resultará de multiplicar el número de electores por 0,03 unidades de fomento.
Si hacemos una relación de la última elección presidencial, había 8.084.476 ciudadanos inscritos en los registros electorales. Si esa cantidad la multiplicamos por 0,03 unidades de fomento, el monto máximo que se habría podido gastar, si hubiese estado vigente la ley, serían 242.534 unidades de fomento, o sea, 3.819 millones de pesos. Sería interesante saber si los candidatos que participaron en dicho evento los señores Joaquín Lavín y Ricardo Lagos , estuvieron por debajo o muy por encima del monto que establece esta iniciativa.
Se fija también un límite a los gastos en que pueden incurrir los partidos políticos, equivalente a un tercio de la suma total de los gastos electorales permitidos a sus candidatos. Si el partido o los candidatos violan los máximos establecidos por la ley, se aplicará una multa equivalente al quíntuplo del exceso en que se hubiere incurrido. Respecto de esta infracción, se concede acción pública para formalizar la denuncia.
El título II se refiere a los aportes a las campañas electorales que efectúen las personas naturales o jurídicas de derecho privado a candidatos o partidos políticos, cualquiera que sea su naturaleza. Tal vez sería conveniente, para ilustrar a la honorable Sala, explicitar qué se entiende por “aportes” a las campañas. Según el artículo 8º del proyecto, “se entenderá que constituye aporte de campaña electoral toda aquella contribución que las personas naturales o jurídicas de derecho privado efectúen a un candidato o partido político, sea que se materialice bajo la forma de donación, mutuo, comodato, usufructo o cualquier otro acto o contrato a título gratuito destinado al financiamiento de gastos electorales”.
El proyecto no admite los aportes provenientes del extranjero, salvo los efectuados por nacionales o sociedades chilenas domiciliadas en el extranjero.
Al hablar de sociedades, se hace hincapié en las de derecho privado, ya que el proyecto prohíbe a las de derecho público y, en general, a los órganos de la administración del Estado, a cualquier empresa o sociedad del Estado y a las que contraten o reciban subvenciones de éste, efectuar aportes de campaña electoral. La prohibición afecta también a las personas jurídicas que se encuentren postulando a licitaciones públicas o privadas con algún órgano del Estado o vinculado directamente con éste.
Las personas jurídicas de derecho público o privado, sin fines de lucro, cualquiera que sea el régimen jurídico a que estén afectas, no podrán efectuar aportes de campaña electoral a partidos ni a candidato alguno.
Una de las normas importantes del proyecto, que contribuye a la transparencia del sistema y que, por lo demás, está prevista en la mayoría de las legislaciones europeas, es aquella que limita el monto máximo de donativos anónimos que puede recibir un candidato o un partido político, el que no podrá exceder del 5 por ciento del total de los gastos electorales autorizados. Además, se señala que un mismo aportante no podrá entregar más de 300 unidades tributarias a un candidato ni más de 500 unidades tributarias mensuales a un partido político.
Como forma de mantener una constancia de los aportes, la ley recoge la práctica de la legislación francesa, en cuanto a que todo aporte que supere cierta suma de dinero deberá constar por escrito. En nuestro caso, es bastante bajo: 20 unidades tributarias mensuales.
El título III se refiere al control de los ingresos y gastos electorales. Está dividido en cuatro párrafos. Los tres primeros tienen aplicación en elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales en que participen más de 10 mil electores.
El primero de los párrafos dice relación con los administradores electorales y con los administradores generales electorales. En él se establece que los candidatos tendrán la obligación de nombrar un administrador electoral que lleve sus cuentas de gastos e ingresos, pudiendo un mismo administrador llevar la contabilidad electoral de más de un candidato.
Respecto de los partidos políticos, existe la obligación de nombrar a un administrador general electoral que cumplirá las mismas funciones que el primero, pero respecto de todos los candidatos que presente el partido.
El párrafo 2º se refiere a la contabilidad electoral, a los libros que deben llevar los encargados electorales.
El párrafo 3º se refiere a la presentación y control de la contabilidad electoral. Se señala que la cuenta se presentará ante el director del Servicio Electoral dentro de los cuarenta días siguientes a la elección respectiva con sus correspondientes balances. Dicho Servicio podrá rechazar o aprobar la cuenta de ingresos y gastos. En caso de rechazo de la cuenta, se aplicará una multa a beneficio del fisco equivalente al duplo de los gastos rechazados o no justificados.
El párrafo 4º se refiere al régimen simplificado de contabilidad electoral. Dicho régimen se aplicará a las comunas cuyo número de electores inscritos sea igual o inferior a 10.000. No será necesario designar a un encargado electoral, pudiendo el candidato gestionar sus cuentas.
El título IV establece normas respecto de la publicidad. Lo esencial en este título es que cualquier persona podrá acceder a las cuentas de los ingresos y gastos electorales, lo que da transparencia al sistema y termina con los cuestionamientos y especulaciones sobre lo que realmente se ha gastado y en qué se ha invertido.
De la misma forma, los partidos políticos tendrán que publicitar en un diario de circulación nacional un balance general de los ingresos y gastos electorales.
Finalmente, con respecto al título V, que se refiere a normas generales del proyecto, es importante destacar todas las que hacen referencia a los órganos y servicios públicos. En este sentido, el artículo 42 es muy preciso al señalar: “Los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, las empresas públicas y las municipalidades, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.
“Con todo, las instituciones a las que se refiere el inciso anterior, no podrán realizar publicidad de ninguna especie durante el período señalado en el artículo 3º, con excepción de aquella información que sea indispensable para el normal desarrollo de las actividades del servicio o de la que sea necesaria por razones de utilidad pública.
“La infracción a lo dispuesto en los incisos precedentes será sancionada con multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales, aplicable a la autoridad o funcionarios infractores”.
La disposición transitoria de la iniciativa hace referencia a la entrada en vigencia de la presente ley, señalando que se hará efectiva en la próxima elección presidencial o parlamentaria inmediatamente siguiente a su publicación en el Diario Oficial.
En relación con los artículos que revisten el carácter de orgánico-constitucional o de quórum calificado, la Comisión estimó que el proyecto en informe, en su conjunto, exceptuados los artículos 44 y 45 permanentes y la disposición transitoria, reviste carácter orgánico-constitucional.
Finalmente, cabe hacer presente a la honorable Sala que el proyecto en informe no obliga al Estado en modo alguno a destinar recursos para el financiamiento de las campañas electorales. Muy por el contrario, su objeto es frenar los gastos electorales para así brindar una mayor transparencia a las elecciones y a nuestro sistema democrático.
Informo a los señores diputados que hay acuerdo de los Comités para autorizar el ingreso a la Sala del asesor del ministro del Interior, don Eduardo Pérez .
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz , informante de la Comisión de Hacienda.
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar respecto del proyecto de ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.
La iniciativa tiene su origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, calificada de “suma” y de “simple” urgencia, según el caso.
Durante el estudio del proyecto asistieron a la Comisión los señores José Miguel Insulza , ministro del Interior, y Eduardo Pérez , asesor jurídico del Ministerio del Interior.
Quiero destacar que en el mensaje que ingresó al Congreso se expresa taxativamente que ésta es una iniciativa que persigue, en lo fundamental, materializar el principio de la igualdad ante la ley en lo concerniente al financiamiento de las campañas electorales. Además, expresa claramente un límite a los gastos pertinentes. Por otro lado, contempla normas de publicidad de los ingresos y egresos por dicho concepto y externaliza la administración de los fondos de campaña.
¿Por qué comencé expresando esto? Porque, lamentablemente, nuestro país es el único de América Latina que no tiene un cuerpo legal en el tema de transparencia, límite y control del gasto electoral.
El ingreso de un proyecto de esta naturaleza a la Cámara indica la disposición y voluntad en este caso, del Ejecutivo y creo que de la inmensa mayoría de quienes somos representantes populares de que se legisle definitivamente sobre esta materia, ya que nadie puede desconocer el efecto que producirá en las campañas electorales futuras el gasto de millones de dólares que se vio en las dos vueltas electorales presidenciales que se realizaron hace alrededor de un año y un mes, y específicamente en la del 7 de diciembre de este año, en que se disputarán los 120 cupos de diputados y los de senadores de las regiones impares.
Acabamos de escuchar el informe del honorable diputado señor Jaime Naranjo en representación de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, la que dispuso que la Comisión de Hacienda debía tomar conocimiento sólo del artículo 45, el cual tiene que ver con el mayor gasto que representará para el Servicio Electoral la aplicación de esta ley. Dicha norma expresa claramente que este gasto “se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en el presupuesto del año respectivo. Si tales recursos no fueren suficientes, el Ministerio de Hacienda podrá suplementarlo con cargo al ítem 5001032533.104 de la Partida Tesoro Público del presupuesto del sector público del mismo año”.
En la discusión del artículo 45 en nuestra Comisión se hizo especial hincapié en que el propósito de la iniciativa consiste en regular el financiamiento de las campañas electorales en un plano de igualdad para candidatos y partidos políticos, para los que se fijan montos máximos de gastos y se transparenta el origen de los recursos mediante mecanismos de publicidad y sistemas de control.
Por su parte, el ministro del Interior, don José Miguel Insulza , enfatizó en la naturaleza esporádica del financiamiento, el que deberá ser considerado en las respectivas leyes de presupuestos de la Nación, dependiendo de los procesos electorales futuros.
Señor Presidente, debo hacer presente que la Comisión de Hacienda, con la presencia de los honorables diputados señores Rodrigo Álvarez , Julio Dittborn , José García , Enrique Jaramillo , Pablo Lorenzini , Carlos Montes , Andrés Palma , señora Marina Prochelle , señores Exequiel Silva , Edmundo Villouta , quien reemplazaba a un titular, y con la presidencia de quien les habla, acordó aprobar por unanimidad el mencionado artículo 45.
Es cuanto puedo informar a su Señoría, porque el detalle de los gastos máximos fueron ampliamente explicados por el diputado informante de la Comisión técnica.
El señor BURGOS (Ministro del Interior subrogante).-
Señor Presidente, seré muy breve, porque los informes de los honorables diputados señores Naranjo y Ortiz facilitarán bastante mi trabajo, toda vez que fueron muy completos y precisos respecto del contenido del proyecto en discusión. Por lo tanto, sólo señalaré algunas consideraciones de carácter general.
Es un hecho que tenemos una legislación bastante completa respecto del sistema electoral, de la forma y modo en que el Servicio Electoral debe realizar su función; de la manera en que el Ministerio del Interior debe entregar los resultados electorales, en fin, desde el punto de vista organizativo; pero, sin duda, hay un vacío respecto del financiamiento, lo que no se condice con un sistema que no sólo internamente es considerado muy completo, sino que internacionalmente se califica como bueno. En consecuencia, resulta obvio que aquí hay una rémora que es necesario eliminar.
Desde el punto de vista legislativo, ésta es una oportunidad muy importante para avanzar en una normativa casi totalmente ausente, ya que, salvo breves disposiciones establecidas en la ley de partidos políticos, no hay prácticamente norma sobre el financiamiento de las campañas electorales. En consecuencia, considero que el proyecto en discusión es un aporte importante al sistema político.
Es cierto que existen muchas posibilidades de modificar en el futuro esta primera propuesta orgánica sobre la materia. Cuando se analiza la legislación comparada sobre el particular, se llega a la conclusión, entre otras cosas, de que hay situaciones bastante comunes. Es así como en algunos países las modificaciones de este tipo de leyes coinciden muchas veces con sus procesos electorales; pero, atendido el tema de que se trata, es indispensable ir poniéndolas al día. No obstante, debemos partir con la creación de una orgánica institucional en materia de financiamiento.
Por lo anterior, hemos dado el mayor impulso y todas las urgencias posibles a este proyecto, que, particularmente, es un anhelo muy sentido por los propios parlamentarios. En general, éstos dan mucha importancia a todas las iniciativas, pero ésta tiene que ver con las candidaturas y con su devenir cotidiano.
En ese contexto, cabe tener presente, en primer lugar, que el Presidente de la República, en su discurso ante el Congreso Pleno del pasado 21 de mayo, señaló que “es urgente hacer más transparente y equitativo el sistema de financiamiento de las campañas electorales”. Lo anterior se condice con la creciente presencia de dineros privados en estas campañas, sin regulación, y, por cierto, a veces, de manera bastante imprudente en cuanto a sus montos.
En esta materia, el tema de fondo no se reduce sólo a una cuantificación de los gastos ni a la determinación de montos máximos que parezcan razonables. Lo esencial es y ha sido el efecto que tienen los gastos electorales sobre la actividad política.
Es un hecho que la tradicional organización electoral sostenida particularmente en voluntarios con adscripción partidista tiende o corre el riesgo de transformarse en una estructura más bien de servicios electorales que ofrecen un “producto”, si no hay norma de contrapeso ante esta situación.
Por su parte, los financistas privados, utilizando técnicas de mercado, castigan o incentivan ciertos apoyos electorales. Es así que se han detectado prácticas indeseables, por ejemplo, amenazas de eventuales despidos si gana un determinado candidato. También se da la estrategia, tal vez más sutil, que consiste en sugerir premios y castigos respecto de un determinado resultado electoral.
Los aspectos tributarios de este sistema de financiación constituyen otra perspectiva por destacar. Las presunciones sobre utilización “flexible” de las normas sobre exención o cargas tributarias y sus respectivos reflejos contables, coadyuvan, sin duda, a alimentar una lamentable confusión entre empresa y política.
Desde el punto de vista de la opinión pública, puede plantearse la interrogante de si existen compromisos detrás del dinero aportado por un financista, lo que no es bueno para nuestro sistema democrático. Esta dimensión subterránea, por así decirlo, de la política, que surge de tiempo en tiempo, es grave y si no se le pone coto, puede llevar, paso a paso, a deslegitimar a nuestra democracia.
En efecto, la idea de la política reducida a negocio, en un marco de ascenso del pragmatismo, ha tenido repercusiones considerables, sin duda, en la desafección ciudadana en la política; por ejemplo, en la no inscripción juvenil en nuestros registros electorales. Otras prácticas, como el traslado de votantes de un distrito o comuna a otros, las atenciones económicas a los electores y el acarreo de votantes a los centros electorales, son parte de un paisaje que, estamos ciertos, todos los presentes en la Sala queremos desterrar de manera definitiva.
Esas características son apreciables en mayor medida por los mismos parlamentarios, que han sido testigos del cambio de la organización electoral y de las formas de financiamiento.
Lo anterior no impide, por cierto, la denuncia legítima respecto del uso y destino de los recursos públicos y del comportamiento de los funcionarios del Estado con ocasión de las campañas electorales, siempre que se mantenga una actitud crítica frente a ambas prácticas reñidas con la ética.
En cuanto a lo primero, cabe recordar que en diciembre de 1999 fue aprobada por el Congreso la ley Nº 19.653, sobre probidad administrativa, que establece un conjunto exigente de requisitos orientados hacia el logro del actuar de todo el aparato estatal. La idea es que los principios que informan esa normativa concurran en la configuración de los cargos de elección popular, y a ello tiende esta iniciativa legal patrocinada por el Ejecutivo.
Respecto de sus ideas matrices o fundamentales, estimamos conveniente hacer presente que, en su esencia, el proyecto que la honorable Cámara conoce en esta ocasión tiene por propósito fundamental regular de un modo acabado los sistemas de financiamiento de las campañas electorales, procurando que todos los candidatos y partidos participen en un mínimo pie de igualdad.
En particular, los objetivos e ideas matrices fundamentales de la iniciativa legal, en términos muy generales, son los siguientes:
1.Fijar montos máximos de gastos en campañas electorales para garantizar la igualdad de oportunidades económicas de los candidatos y partidos políticos que los postulen;
2.Regular el financiamiento privado de las campañas electorales, con el objeto de conocer los orígenes de esos recursos para garantizar la independencia de quienes ocupen los cargos correspondientes;
3.Externalizar la administración de los recursos y gastos electorales, encargando de ello a las personas naturales que designen los candidatos y los partidos políticos;
4.Crear un completo sistema de control externo del origen de los recursos empleados en las campañas electorales y de los gastos de propaganda, con el fin de asegurar la transparencia y evitar cualquiera consecuencia no buscada, y
5.Consagrar un mecanismo de publicidad de los recursos y gastos electorales, con el mismo propósito señalado precedentemente.
En suma, el proyecto que se somete a vuestra consideración tiene por objeto contribuir a un desarrollo democrático más intenso y profundo, fortaleciendo aquellas formas de expresión más propias de una democracia representativa y plural, como son los partidos políticos, y en particular, establecer normas sobre los dineros privados en la actividad electoral, con el fin de impedir una influencia inadecuada sobre la actividad de los partidos.
Si bien es cierto que las mismas disposiciones del texto que conoce esta honorable Sala explican y fundan la conveniencia de una normativa sobre la materia, merece considerarse que, a lo menos, dos enseñanzas surgieron de los últimos procesos electorales, particularmente, del presidencial.
La primera, el país no puede seguir soportando mucho tiempo más que el acceso a los cargos públicos vaya revestido de una actividad frenética y dispendiosa que signifique destinar millones de millones de pesos que trastrocan los valores escondidos tras el ejercicio del sufragio.
La segunda, prácticamente no hubo chileno que quedara indiferente al tema, hasta el punto que las principales candidaturas presidenciales estuvieron de acuerdo en que, una vez alcanzada la primera magistratura, debía ser uno de los ámbitos de regulación urgente.
En consecuencia, a través de la presente iniciativa no sólo se está llenando un enorme vacío regulatorio de nuestro sistema democrático, sino que también el Presidente de la República da cumplimiento a un compromiso formal y sentido, asumido durante la campaña presidencial.
Señor Presidente, empiezo por recordar que, junto con el ex diputado señor Andrés Aylwin , en 1994 presentamos un proyecto de ley sobre la materia y abordamos muchos de los aspectos que se contienen en esta iniciativa. Por ejemplo, restringir los gastos electorales, cualquiera que fuese el tipo de elección; establecer la contabilidad obligatoria de los gastos, limitar los montos de las donaciones con fines electorales, considerar como donación todo servicio gratuito efectuado por las empresas y, en general, todo pago hecho por éstas para realizar trabajos electorales. También se planteaba crear figuras delictivas con las sanciones pertinentes.
Todo eso lo proponíamos en consideración a una cruda realidad: si Chile continuaba sin una normativa, como la que contiene el proyecto, se transformaría, a no dudarlo, en una verdadera plutocracia, en que las elecciones constituyen un gravísimo atentado contra la igualdad de la ley, pues dificulta o hace absolutamente imposible el acceso al Congreso Nacional de personas pertenecientes a sectores económicamente modestos de la población.
Por otro lado, esa situación también viola, en forma grave y rotunda, la libertad de elegir que tienen los ciudadanos, pues las enormes diferencias en los gastos de propaganda y sistemas subliminales de influir sobre las conciencias, hace que ciudades enteras pierdan su identidad bajo capas de pintura y de millonarios afiches, con centenares de activistas rentados que manipulan la verdad, con pago de importantes cuentas de luz, agua, vivienda, contribuciones, o mediante pequeños regalos distribuidos masivamente, o erogaciones más cuantiosas a organizaciones sociales, o a ciertos individuos denominados caciques electorales, o ejecutando engañosos campeonatos o competencias deportivas con el nombre de los candidatos. Todos, elementos cercanos al cohecho, que manipulan, engañan o fuerzan la voluntad de los electores y les impiden votar con auténtica conciencia.
Eso lo decíamos en 1994, teniendo a la vista lo que había ocurrido en la elección de 1993.
El proyecto es una respuesta a esas situaciones y, naturalmente, apoyamos con todas nuestras fuerzas la idea de legislar sobre la materia, contrario a lo que piensa el Instituto Libertad y Desarrollo, que hizo tres tipos de impugnaciones.
En primer lugar, sostenía que la publicidad no influye en el resultado de las elecciones. Verdaderamente, uno no sabe si tomar en serio o en broma una afirmación de tal magnitud, puesto que hoy en el país, según datos que hemos obtenido en la tramitación del proyecto sobre libertad de prensa, los gastos de publicidad ascienden a alrededor de mil doscientos millones de dólares anuales, más que el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. En consecuencia, si la publicidad no influyera en las conciencias o en las mentes, ni indujera a la compra de determinados productos, no hay duda de que no se realizaría ese gasto, y si éste existe es porque influye decisivamente en el comportamiento de, por llamarlos en términos económicos, los consumidores; aquellos que forman el conjunto de usuarios y que, desde el punto de vista cívico, son los electores.
De manera que ese argumento debe ser completamente desechado. No hay producto, llámese mercantil o electoral, que se venda adecuadamente si no cuenta con publicidad. En consecuencia, regular esos gastos es fundamental, porque aquí no estamos hablando de un bien o servicio cualquiera, sino de un Poder del Estado que se elige mediante el sufragio universal, fuente de expresión de la soberanía popular.
En seguida, el Instituto Libertad y Desarrollo plantea que se beneficiarán quienes ejerzan los cargos y no los que postulen a los mismos. Tal vez, eso podría haber sido efectivo durante la vigencia de la Constitución de 1925, cuando el desempeño de algunos cargos de elección popular era gratuito. Sin embargo, ahora los cargos de concejales, de alcaldes, de consejeros regionales y de parlamentarios son rentados. Por consiguiente, tampoco ese es un argumento válido, puesto que las remuneraciones constituyen una retribución por el trabajo que se realiza.
También podríamos suponer que los beneficiados serán aquellos que quieren llegar por primera vez al Congreso, por cuanto están junto a los electores; es decir, supuestamente en sus lugares de domicilio tienen una relación continua con los sufragantes. Eso no ocurre con los parlamentarios, que deben cumplir funciones en el Congreso Nacional. De manera que ese argumento tampoco tiene fundamento.
Por último, el argumento más liviano es señalar que será imposible fiscalizar la aplicación de esta iniciativa de ley y que, en consecuencia, será objeto de simulación y de fraudes que, en definitiva, desprestigiarán tanto el sistema electoral como el político.
Cualquiera ley puede ser objeto de fraude, porque ninguna es perfecta. Así lo dijo don Andrés Bello en el mensaje del Código Civil: “Yo no presumo ofreceros bajo estos respectos una obra perfecta. Eso solamente toca a Dios, pero los hombres disponen del tiempo suficiente para perfeccionarla”.
A lo mejor, si aplicamos esa misma lógica, sin duda que este proyecto no es perfecto. Indudablemente le faltan algunas normas que considero fundamentales, para que se acerque a lo que debe ser realmente un proyecto relativo al gasto electoral, ya que el ideal, para mantener un régimen democrático, es dar financiamiento a las instituciones que sostienen la democracia, como son los partidos políticos.
Observo en el proyecto, a pesar de su simplicidad, algunas omisiones que señalaré muy brevemente, por lo cual presentaré indicaciones.
El artículo 1º señala que el objeto es la regulación de los gastos electorales; pero, en verdad, las finalidades son múltiples, por cuanto no sólo pretende regular y limitar el gasto electoral, sino también controlarlo y hacerlo más transparente. En consecuencia, ese artículo no establece todos los objetivos del proyecto.
En el artículo 2º, observo la omisión de una norma que contenía el proyecto que presentamos con el entonces diputado Andrés Aylwin , en el sentido de que, desde el momento de la inscripción oficial de las candidaturas en el Servicio Electoral, quedaba prohibido a los candidatos efectuar cualquiera erogación o donación a organizaciones o a personas naturales o jurídicas, incluso el patrocinio de eventos culturales, deportivos o de cualquier otro tipo.
Esta iniciativa sólo reglamenta la utilización de los recursos que reciban los partidos políticos y las candidaturas, lo cual también apunta en otra dirección: hacia el elector. Cuando hablamos derechamente de formas directas o indirectas de cohecho, o de compra de votos, como se dice vulgarmente algunos constitucionalistas del pasado decían que era una especie de “paliativo” del sufragio universal, para corregir la mala comprensión de los fenómenos electorales, no se señala que la candidatura de un diputado o senador, de concejal o alcalde, o de Presidente de la República, demanda gastos. Por ejemplo, regalos de camisetas, copas, trofeos, organización de campeonatos de distinta naturaleza o de conciertos culturales. Reitero que esos gastos no aparecen en la enumeración del artículo 2º.
Además, me llama la atención la letra e) del artículo 2º, que señala que sólo los intereses de los créditos son gastos electorales. Pongo el caso de que una persona recurra a un banco y pida grandes préstamos para financiar su candidatura. ¿La letra e) se refiere sólo a los intereses de los créditos o al conjunto del capital e intereses? Indudablemente, el gasto electoral dice relación con el capital y no con los intereses que se paguen a los bancos o a otras instituciones financieras.
Por otro lado, debiera existir una prohibición que emana de una inversión electoral que en la actualidad no está sancionada. Ningún candidato que aspire a un cargo de elección popular debería formar parte de fundaciones o corporaciones de derecho privado que entreguen distintos beneficios a gran número de personas. Hoy, por ejemplo, existe una fundación o corporación de derecho privado, sin fines de lucro, denominada La Vaca, que, en estos días, como apareció publicado en “El Mercurio”, repartió alrededor de 78 mil regalos con motivo de las celebraciones de Pascua y Año Nuevo. Si una autoridad o candidato dirige una institución de esa característica, no me cabe la menor duda de que interviene o influye directamente en las conciencias de los electores, sobre todo cuando realizan sus labores en el mismo distrito o sector territorial del candidato. Debiera considerarse una prohibición en ese sentido.
Al revés de lo que señalan las leyes orgánicas constitucionales de Partidos Políticos y de Votaciones Populares y Escrutinios, aquí no se establece ninguna prohibición o control sobre la televisión por cable, la cual existe en numerosas regiones. Si alguien con dinero, o simplemente con fondos acumulados, comprara todo el espacio, por sí o por interpósitas personas, poseería un medio terriblemente eficaz para allegar voluntades populares a su candidatura.
Sería conveniente incluir una norma como la que establecen esas leyes orgánicas constitucionales respecto de la televisión abierta, en cuanto a que no podrá hacerse propaganda en ella, salvo en la franja electoral.
Asimismo, se ha discutido mucho un proyecto de ley su tramitación quedó detenida en el Senado sobre la prohibición de publicar encuestas a lo menos con 30 días de anticipación a las elecciones. En nuestro país, las empresas u organizaciones que se dedican a este sistema de consultas o sondeos influyen, de una u otra manera, en la conciencia del elector, pero de eso no nos precavemos en este proyecto de ley. Es absolutamente conveniente dictar algunas normas para regular la publicación de encuestas en el período anterior a una elección.
Es natural que las personas piensen que un candidato que aparezca con una preferencia del 3 ó 4 por ciento no tiene posibilidad de triunfar, por lo que les hacen caso a las encuestas, ya que éstas han demostrado sobre todo en nuestro país, salvo contadas excepciones certeza y seguridad acerca de los resultados de una elección, lo cual permite que las encuestas sean, hasta cierto punto, una norma de fe.
También presentaré indicación al artículo transitorio, porque la entrada en vigor de esta ley me parece absolutamente incierta. Dice lo siguiente: “La presente ley entrará en vigencia para la primera elección de Presidente de la República, o de Senadores y Diputados, que se realice con posterioridad a su publicación en el Diario Oficial”.
Sin embargo, esta norma, que nos parece clara, cuando habla de la “primera elección” o “de la elección”, nos lleva a discusión. Los parlamentarios gozamos de fuero desde el día de la elección. No obstante, en los tribunales se ha discutido cuál es el día de la elección. ¿Es el de la votación? ¿Alguien sabe en la noche que ya fue elegido? ¿Cuándo el parlamentario está elegido oficialmente? En verdad, es el día en que el Tribunal Calificador de Elecciones comunica la lista de personas elegidas por votación popular. Entonces, cuando en este artículo transitorio se habla de “la primera elección”, surge la duda.
En seguida, el artículo 3º establece lo siguiente: “Para la determinación de los gastos electorales, se entenderá por campaña electoral el período comprendido entre la fecha de declaración de candidaturas y los 30 días posteriores a la elección respectiva”. Si es así, el día de la elección es el de la votación, pero aquí los gastos electorales se refieren a la campaña electoral, y como se habla de la fecha en que es declarada la candidatura, en el artículo transitorio no se sabe si esta ley comenzará a regir desde el momento en que se declara la candidatura o desde el día de la elección. En consecuencia, si queremos claridad en la materia y decir que la voluntad del legislador es que este proyecto de ley se aplique a partir de las elecciones parlamentarias de diciembre de este año, debemos cambiar el lenguaje y establecer, con absoluta precisión, si entrará en vigencia en esa fecha o el día en que se declaren las candidaturas cuyo resultado se sabrá a fines de año. Con la actual redacción no se sabe si rige desde la fecha de la declaración de candidaturas como figura en el artículo 3º o a partir del día de la elección.
De manera que, a pesar de estar de acuerdo con la idea de legislar, presentaré indicaciones para corregir y perfeccionar el proyecto en las materias enunciadas.
El debate general del proyecto continuará en la sesión de mañana, según lo dispuesto en los acuerdos de los Comités.
Para integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre el Senado y la Cámara durante la tramitación del proyecto de ley que concede por especial gracia la nacionalidad chilena al sacerdote francés Pierre Dubois , propongo a los siguientes señores diputados: Rodolfo Seguel , Sergio Ojeda , Salvador Urrutia , Jorge Ulloa y Gustavo Alessandri .
En el tiempo destinado a tratar los proyectos de acuerdo, corresponde votar, por última vez, el Nº 502, por el que se da mandato a las Comisiones unidas de Familia y de Derechos Humanos para investigar los derechos de las mujeres en Carabineros de Chile.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 1 abstención.
Rechazado el proyecto de acuerdo por falta de quórum.
Tiene la palabra el diputado señor Ávila para plantear un asunto reglamentario.
Señor Presidente, aquí se encuentra inactivo el sistema de votación.
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa por un asunto reglamentario.
Señor Presidente, estaba presente y no alcancé a votar. Su Señoría me vio ingresar a la Sala, junto con varios otros colegas. Por ello, solicito la repetición de la votación.
Se incluirá su voto, señora diputada.
Señores diputados, quiero evitar que se diga que no hay transparencia en el procedimiento. Deseo señalar que el resultado de la votación se produjo en el momento en que cambió la Mesa, que presidía el diputado señor Jeame Barrueto , y asumí yo. No hubo ninguna acción equivocada.
Ahora, si quieren que se repita la votación, se requiere la unanimidad de la Sala.
Proyecto de acuerdo Nº 503, de los señores Monge , Bartolucci y Leay .
1.Que una vez concluido el proceso de recuento de votos de un proceso eleccionario, es posible constatar la existencia de un porcentaje importante de cédulas cuya preferencia no puede ser adjudicada a uno u otro candidato, motivo por el cual deben ser objetadas o calificadas como nulas.
2.Que en un número importante de casos los sufragios son emitidos defectuosamente en forma involuntaria, debido a la falta de destreza del elector, producto de limitaciones de tipo cultural o simplemente de la incapacidad visual que deriva en la falta de una adecuada lectura del texto impreso en la cédula.
3.Que es deseable para el adecuado funcionamiento del sistema democrático que los ciudadanos emitan sus preferencias en forma exacta e informada, lo que en la actualidad no siempre ocurre, entre otras razones, producto de las dificultades que presenta para el elector marcar su preferencia dado el reducido tamaño de las letras y números con que estas cédulas se imprimen. Estas deficiencias demoran además el proceso eleccionario.
Oficiar al director del Servicio Electoral a fin de que estudie la posibilidad de que para las próximas elecciones se puedan imprimir los nombres y letras en las cédulas electorales en términos tales que puedan ser fácilmente leídos por los electores de la tercera edad o por aquellos que sufran algún grado de incapacidad visual. Asimismo se solicita que se informe a esta Cámara del resultado de este estudio y la factibilidad de implementar medidas tendientes a dar solución a esta deficiencia”.
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Monge .
Señor Presidente, el presente proyecto de acuerdo se explica por sí solo y tiende a favorecer el ejercicio del derecho a sufragio de las personas discapacitadas visualmente o de la tercera edad, quienes enfrentan serios inconvenientes en cada proceso electoral, lo cual redunda en la demora del proceso mismo.
Creo que con una pequeña inversión del Servicio Electoral se podría facilitar el ejercicio del derecho a sufragio de muchas personas que hoy están sometidas a exigencias a veces sobrehumanas o sobredimensionadas en lo que debería ser una operación muy sencilla. Es un deber nuestro favorecer la manifestación de la voluntad soberana de las personas al ejercer su derecho a sufragio.
En consecuencia, pido que se apruebe por unanimidad el proyecto de acuerdo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
Alessandri , Álvarez-Salamanca , Arratia , Caraball ( doña Eliana) , Cornejo (don Patricio) , Correa, Delmastro , Dittborn , Elgueta , Encina , Espina , Fossa , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García (don José) , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Jarpa , Leay , Letelier (don Felipe) , Luksic , Masferrer , Monge , Mora, Mulet , Muñoz ( doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Reyes, Salas , Sánchez , Ulloa , Van Rysselberghe , Venegas y Villouta .
Se abstuvo el diputado señor Acuña .
Es el número 504, de los señores Navarro , Kuschel , José Pérez , Silva , Pedro Muñoz , Naranjo y Rojas; de la señora Pollarolo y de las señoritas Saa y María Rozas :
1º Que desde hace tiempo se ha incrementado notoria y preocupantemente el número de casos, individuales y colectivos, de personas, familias y agrupaciones pro-vivienda que se han visto afectadas y perjudicadas gravemente en sus intereses y patrimonios producto de remates, generados por moratoria del pago de sus casas, adquiridas a través del Servicio de Vivienda y Urbanismo.
2º Que esta situación encuentra su génesis, en muchos de los casos, en la deteriorada situación socioeconómica de las familias, que golpeadas principalmente por la cesantía o el subempleo se han visto imposibilitadas de cumplir sus compromisos con las entidades que financiaron la adquisición de sus viviendas a través de créditos hipotecarios, y particularmente con el Banco del Estado de Chile.
3º Que el Banco del Estado de Chile, adoptó en el primer semestre del año en curso políticas de reprogramación de pago de dividendos atrasados, llegando a repactar con más de 130 mil familias en todo el país. En la actualidad, el Banco del Estado de Chile tiene más de cinco mil remates detenidos por diversas situaciones de orden social, así como diez mil informes sociales en estudio para resolver sobre otras acciones con igual número de familias.
4º Que actualmente existen 65 mil procesos judiciales en curso en todo el país, situación que permite continuar con los remates de viviendas, por lo que los afectados han desarrollado procesos de organización en las comunas y regiones, especialmente motivados por una serie de irregularidades detectadas en los procedimientos judiciales, principalmente en las notificaciones, remates y adjudicación de las viviendas.
1º Encomendar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano para que se constituya en Comisión especial para conocer, analizar, estudiar y evaluar los alcances y perjuicios que generan las situaciones descritas especialmente en relación a la actual situación socioeconómica de los afectados, las irregularidades de los procedimientos que llevan al remate y las reinscripciones de las viviendas Serviu, como asimismo para que proponga, en un plazo de 60 días, medidas tendientes a evitar la ocurrencia de estas irregularidades, tanto en lo pertinente a la autoridad de vivienda, como al papel del Banco del Estado y, especialmente, a los funcionarios administrativos del Poder Judicial involucrados en los hechos descritos”.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
Acuña , Álvarez-Salamanca , Rozas (doña María) , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Correa, Delmastro , Encina , Espina , Fossa , García (don René Manuel) , García (don José) , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Jaramillo , Jarpa , Jiménez , Leay , Letelier (don Felipe) , Luksic , Melero , Monge , Mora, Mulet , Olivares , Ortiz , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily ), Salas , Sánchez , Valenzuela , Van Rysselberghe , Vargas , Velasco , Venegas y Villouta .
Se abstuvo el diputado señor Urrutia .
Es el número 505, de los señores Encina , Pedro Muñoz , Longton , Prokurica , Osvaldo Palma , Andrés Palma y Felipe Letelier , y de la señorita Antonella Sciaraffia :
1.Que los constantes aumentos en el mercado mundial de la bencina y el petróleo en el último tiempo, provocan continuas alzas de tarifas en la locomoción colectiva, con los consiguientes problemas sociales para sus usuarios.
2.Que Chile es un país importador neto de petróleo y sus derivados.
3.Que el 90% de los vehículos destinados al transporte público mayor y menor en el país utilizan bencina o petróleo.
4.Que el encarecimiento de estos combustibles provoca masivas situaciones de embargos de vehículos destinados a la locomoción colectiva por el no pago de las cuotas correspondientes a entidades financieras, debido a la crisis económica que atraviesa el país. (Inestabilidad creciente del precio de los combustibles dependientes de los mercados internacionales).
5.Que estos combustibles provocan una creciente contaminación en los centros urbanos, debido a las emisiones de partículas, las cuales producen esmog como también enfermedades respiratorias.
6.Que el bajo costo de infraestructura (estaciones de servicio) para distribución del gas licuado comparado con el gas natural y los combustibles tradicionales lo hace más económico, práctico y con un amplio potencial de cobertura nacional.
7.Que estudios e investigaciones recientes realizados en diversos países de la Unión Europea, como de América, han demostrado que el gas licuado tiene probados beneficios ambientales con relación a los combustibles tradicionales.
8.Que el gas licuado y natural tendrán un rol cada vez más de importancia en el transporte mundial, dada sus reservas probadas, sus beneficios medioambientales y el desarrollo de tecnologías en esta área.
9.Que debido a la geografía de nuestro país es muy difícil que haya una red de gas natural, lo cual hace que el gas licuado sea una excelente alternativa por su fácil traslado y almacenamiento.
10. Que debido al DS Nº 131 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones del 16 de junio de 2000 y a la ley Nº 18.502 del 3 de abril de 1986, existe una evidente discriminación entre el gas licuado y el gas natural comprimido, lo que desincentiva y perjudica el uso del gas licuado para fines de transporte público.
11. Que por las razones anteriores resulta imprescindible y de interés nacional incentivar el uso del gas licuado en la locomoción colectiva.
1.Oficiar a su Excelencia el Presidente de la República, a fin de solicitarle disponga estudiar lo siguiente:
a)Eliminar el impuesto anual para vehículos a gas, ley Nº 18.502 (D.O. 3/04/86).
b)Modificar el Decreto Supremo Nº 131 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones del 16 de junio de 2000, en el sentido de terminar con la discriminación contenida en la norma que permite las conversiones de vehículos usados sólo para gas natural con una antigüedad de 5 años en desmedro de los vehículos cuya conversión a gas licuado está restringida a vehículos nuevos (homologados).
c)Que se ejerza la potestad reglamentaria necesaria para regular el uso de los kits de conversión controlados electrónicamente de tercera generación o superior dadas sus características tecnológicas mucho más avanzadas y que permiten optimizar el uso de motores a bencina reduciendo considerablemente las emisiones de partículas bajando en forma sustancial el daño medioambiental que provocan los motores a diesel y bencina”.
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Encina .
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo, cuyos patrocinantes representan a todas las bancadas, pretende que se implemente el uso alternativo de combustibles, fundamentalmente para incorporar el gas natural o licuado, con el fin de disminuir la contaminación ambiental, lo que, sin discusión, requiere el reemplazo del diesel, el cual es un gran contaminante.
Es perfectamente posible diversificar la matriz energética del país, muy reducida y dependiente del petróleo, pues el alza de precios de éste en el mercado internacional ha causado los problemas que todos conocemos.
El uso del gas no es posible ahora por dos razones. Primera, porque existe un impuesto y se prohíbe el uso de ese combustible en vehículos de trabajo. Segunda, la conversión a gas u homologación está restringida a vehículos nuevos.
En consecuencia, el proyecto de acuerdo apunta a solucionar problemas de contaminación ambiental en la Región Metropolitana y en ciudades intermedias, por lo que pido su aprobación.
Es el número 506, de la señorita Antonella Sciaraffia y del señor Rincón:
1.El Estatuto Administrativo, ley Nº 18.834, contempla en su párrafo sexto las incompatibilidades a que se encuentran sujetos los funcionarios públicos, entre las cuales el artículo 80 señala que “Todos los empleos que se refiere el presente Estatuto serán incompatibles entre sí. Lo serán también con todo otro empleo o toda otra función que se preste al Estado, aun cuando los empleados o funcionarios de que se trate se encuentren regidos por normas distintas de las contenidas en este Estatuto”.
2.A continuación, el artículo 81 establece que, no obstante lo dispuesto en el artículo 80, si son compatibles entre sí el desempeño de una serie de cargos, entre los cuales se contempla en la letra e) “con los cargos que tengan la calidad de exclusiva confianza y con aquellos cuyo nombramiento sea por plazos legalmente determinados”.
3.Por su parte, el artículo 82 establece en su inciso segundo que “en los casos de las letras d), e) y f) del artículo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el inciso precedente compatibilidad de remuneraciones y obligación de funcionario de cumplir obligaciones propias de su cargo y los funcionarios conservarán la propiedad del cargo o empleo de que sean titulares”.
4.En forma análoga a lo establecido en el Estatuto Administrativo, el estatuto administrativo para funcionarios municipales, ley Nº 18.883, contempla en su párrafo sexto las incompatibilidades a que se encuentran sujetos los funcionarios municipales, estableciendo el artículo 84 lo siguiente:
“Todos los empleos a que se refiere el presente estatuto serán incompatibles entre sí. Lo serán también con todo otro empleo o toda otra función que se preste al Estado, aun cuando los empleados, o funcionarios de que se trate se encuentren regidos por normas distintas de las contenidas en este Estatuto.
“Sin embargo, puede un empleado ser nombrado para un empleo incompatible, en cuyo caso, si asumiere el nuevo empleo, cesará por el solo ministerio de la ley en el cargo anterior”.
5.El artículo 85 del mismo cuerpo legal establece excepcionalmente cargos que sí pueden ser compatibles con la calidad de funcionario municipal, señalando al igual que el Estatuto Administrativo el desempeño de funciones en cargos docentes de hasta un máximo de doce horas semanales, el ejercicio de funciones a honorarios, el ejercicio de un máximo de dos cargos de miembro de consejos o juntas directivas de organismos estatales, y el ejercicio de algún cargo en calidad de subrogante o suplente.
6.No obstante lo señalado en el número anterior, no se establece para los funcionarios municipales la compatibilidad con cargos de exclusiva confianza, lo que significa una discriminación en relación a los funcionarios públicos.
Más aún, el funcionario municipal que sea nombrado en un cargo de exclusiva confianza de la Administración Pública se verá obligado a renunciar a su cargo original, perdiendo consecuencialmente todo el tiempo prestado y quedando sólo con un cargo que es esencialmente temporal.
En virtud de lo señalado, vengo en presentar el siguiente proyecto de acuerdo:
Ofíciese al Presidente de la República solicitando se modifique el artículo 85, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, ley Nº 18.883, a objeto de establecer la compatibilidad entre la calidad de funcionario municipal y el nombramiento de un cargo de exclusiva confianza en la Administración Pública”.
Para hablar en contra, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
Señor Presidente, mi bancada votará en contra del proyecto de acuerdo por una razón fundamental: se prestaría para hacer cualquier “enjuague”. Un funcionario municipal iría a la Administración Pública en comisión de servicio y podría hacer cualquier cosa no correcta.
Además, los diferentes cargos deben ser llenados por concurso público, sin perjuicio de que en la Administración Pública existan los denominados cargos de confianza, que dependen de los distintos organismos.
Por lo tanto, el proyecto de acuerdo es inoficioso y sólo servirá para pagar favores políticos.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 11 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 1 abstención.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 2 votos; por la negativa, 5 votos. No hubo abstenciones.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 6 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión.
En el primer turno, correspondiente al Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Rosa González , a quien hago llegar mis saludos de Año Nuevo.
Aunque no sea usual, deseo enviar también un caluroso saludo de Año Nuevo a mis honorables colegas y funcionarios de la Cámara.
Señora Presidenta, el mediodía del 31 de diciembre del año 2000 marcó un hito muy especial en Arica. En efecto, las 12 del día no del Año Nuevo constituyó lo que esperamos será una nueva etapa en el bienestar y desarrollo de las provincias de Arica y Parinacota . En la puerta principal de la iglesia de San Marcos se reunieron las asociaciones de trabajadores, estudiantes, empresarios y demás fuerzas vivas de la comunidad. Todas ellas firmaron la carta de inicio del siglo de las organizaciones civiles de Arica y Parinacota , dirigida al Presidente de la República.
Dice textualmente: “En el inicio del siglo XXI, las organizaciones civiles de Arica y Parinacota plantean a su Excelencia nuevas formas de trabajo, las que deben tener como resultado la generación de condiciones de desarrollo y de mayor bienestar.
“No es tarea fácil. Los factores que entraban el desarrollo de las provincias de Arica y Parinacota están actuando con persistencia desde hace mucho tiempo, tienen raíces profundas y éstas no han sido alteradas por las medidas oficiales adoptadas sucesivamente durante las pasadas tres décadas. Para cambiar las condiciones actuales de Arica y Parinacota es necesaria la participación del Gobierno junto con la sociedad local, dos agentes insustituibles.
“Estamos convencidos de que la problemática de Arica y Parinacota se debe a que el país en su conjunto ha optado por consolidar sus fronteras, imponiendo a estas provincias limítrofes limitantes para que actúen como barrera protectora en materias de defensa, relaciones exteriores, policía, control aduanero, fitosanitario y tantos otros.
“Este rol de barrera, impuesto a nombre del interés nacional y no del local es precisamente lo contrario al rol integracionista que estas provincias tienen asignado. Aun el análisis más primario conduce a advertir esta contradicción.
“Así se ha dificultado o impedido su consolidación como polo de desarrollo, eje de transportes, centro de servicios, lugar de paz e integración.
“Durante años la sociedad local ha mantenido una actitud de denuncia y proposiciones, la que ha adoptado variadas formas, desde estudios y presentaciones formales hasta movimientos masivos, protestas y paros. La relación con los gobiernos centrales ha sido de desconfianza y en ciertos períodos decididamente confrontacional.
“Estos años nos han demostrado las deficiencias tanto del Gobierno como de la propia sociedad local.
“Por parte del Gobierno, han tenido dificultades para entender la realidad local, planificar y proyectar futuro, coordinar los organismos públicos; en suma, hacer Gobierno en la frontera.
“En la sociedad local en tanto, han existido dificultades para lograr la unidad y reconocer liderazgos, lo que hoy se encuentra superado. Hemos aprendido la lección y esta misma comunicación es testimonio de la unidad conseguida.
“Han existido también deficiencias en el tipo de relación entre ambos agentes: intermitencia, incomunicación, diferencias de lenguaje y de diagnóstico, y tras ello una cierta indolencia, característica del poder oficial en una sociedad fuertemente centralista. Se agrava ello con el desempeño de autoridades con poco arraigo en la región y escaso vínculo de trabajo con las organizaciones civiles.
“La distancia entre Gobierno y estas provincias se acrecienta con el fenómeno de descentralización de poder en la capital regional, Iquique , con lo que se consolidan en esta etapa las diferencias entre dos espacios con historias distintas, realidades sociales y niveles de desarrollo distintos, geografías y situaciones fronterizas diferentes, bases legales, arancelarias y tributarias diferentes al interior de una misma región.
“Desde que se disolvió la Junta de Adelanto de Arica en 1976, los distintos gobiernos han elegido a sus interlocutores en estas provincias según sus conveniencias, dividiendo con ello las organizaciones civiles e imponiendo los criterios centralistas.
“Creemos que en conjunto deberán alcanzarse mayores niveles de eficiencia y que, incorporados a un plan común, la relación entre ambos puede y necesariamente debe cambiar.
“En esta ocasión, alentados por la persona del gobernante, por su declarada sensibilidad para con el tema y particularmente por los compromisos explícitos que tomó durante su campaña electoral, esperamos ser escuchados, entendidos y acompañados en esta tarea.
“Coincidimos así con el Presidente Lagos cuando afirma: ‘sólo la ciudadanía, esa expresión concreta de la soberanía, puede ser la base del cambio. Son los ciudadanos quienes deben conformar una agenda pública que los interprete. Esta agenda es la única en que puede basarse un conjunto jerarquizado, consistente y bien financiado de políticas públicas. Es la ciudadanía la que debe demandar su cumplimiento; y es de ella de quien corresponde esperar participación y apoyo mientras dichas políticas se hacen realidad’.
“Las organizaciones firmantes hemos llegado a un acuerdo. Pese a que cada sector tiene sus propios intereses, ninguno es ajeno a la situación general que nos ocupa, ya que ningún sector puede desenvolverse de un modo enteramente independiente. Esta sociedad ha coincidido en la necesidad de trabajar absolutamente unidos, de darse una estructura operativa para ello, de construir un plan que nos interprete.
“En consecuencia, nos encontramos trabajando en una agenda ciudadana que servirá como carta de navegación en esta fase inicial. Su contenido deberá tener un alto grado de coincidencia con objetivos nacionales e incluso con las prioridades que su Excelencia ha fijado para la presente fase de su gobierno, debiendo comprenderse necesariamente en ella el anhelado deseo ciudadano de Arica-Región y la Corporación de Desarrollo” aspiraciones ampliamente difundidas durante la campaña electoral.
“Invitamos a su Excelencia en lo personal, y a las autoridades que lo representan en la región, a abrir un diálogo directo y permanente sobre la base de la agenda, con el propósito de consensuarla y ponernos metas y plazos para su materialización.
“Esperamos la buena acogida que su Excelencia pueda brindarle a esta nueva forma de relacionarse entre el Gobierno y la sociedad civil de Arica y Parinacota , cursándole desde ya nuestra invitación a visitarnos, ocasión propicia para concordar la agenda ciudadana que proponemos”.
Firman esta carta la Confederación de la Producción y el Comercio en pleno, la Central Unitaria de Trabajadores, el señor alcalde de Arica, don Carlos Valcarce , y los estudiantes de la Universidad de Tarapacá.
Señora Presidenta, solicito que este documento sea enviado al Presidente de la República, a cada uno de sus ministros, al intendente de la Primera Región y a los respectivos gobernadores.
Se enviará la comunicación a las autoridades señaladas por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Urrutia , Pareto , Navarro , Fossa , Letelier, don Felipe ; Caminondo , Ojeda , Jaramillo , Gutiérrez , Velasco , Palma, don Joaquín , y las diputadas señoras Pollarolo , Saa y quien les habla.
En el tiempo que le resta al Comité de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada María Antonieta Saa .
Señora Presidenta, estimados colegas, quiero manifestar, como diputada y ex alcaldesa, la enorme preocupación que me causa la actuación de las alcaldesas electas en mi distrito, que comprende las comunas de Huechuraba, Conchalí y Renca.
En Renca, la señora Vicky Barahona , el 6 de diciembre a un día de haber asumido exoneró a 36 funcionarios, quienes habían ingresado a la planta a través de un concurso realizado entre los meses de septiembre y noviembre. Ella declaró que había vicios legales que hasta ahora no ha podido precisar. No me cabe duda de que la Contraloría General de la República les va a dar la razón a los afectados, quienes deberán ser reintegrados, porque el concurso se realizó de acuerdo con todas las exigencias legales.
También, sin realizar ninguna evaluación, la alcaldesa de Conchalí exoneró a 16 excelentes profesionales, en especial de la Dirección de Obras ingenieros comerciales, geógrafos y arquitectas, algunos de los cuales tenían hasta 10 años de antigüedad. No estamos hablando de cargos de confianza, sino de funcionarios municipales con cierta trayectoria, pero que en cinco minutos fueron expulsados.
En la municipalidad de Conchalí se les canceló el contrato a nueve médicos, cuyo único pecado fue no ser chilenos. Lo mismo ocurrió en la de Renca con ocho médicos extranjeros.
Estamos ante un cuadro de absoluta xenofobia, porque se les despidió sin ninguna evaluación seria en cuanto a su desempeño como médicos. Algunos llevaban cuatro años atendiendo en los consultorios municipales, con una excelente aceptación por parte de la comunidad.
En el municipio de Huechuraba también les cancelaron sus contratos a 15 funcionarios de primer nivel.
Sumando estos tres municipios, hay más de 100 personas expulsadas de sus trabajos entre Navidad y Año Nuevo.
En la corporación municipal de Renca se estaba llevando a cabo un programa de salud por 15 mujeres, el cual llevaba seis años. Incluso, postuló al premio Programas de la Pobreza por brindar, con bastante éxito, ayuda de salud y sanitaria a los alumnos y escuelas de Renca. También, sin ninguna evaluación, se les expulsó del municipio antes de Año Nuevo.
Dichos funcionarios de las municipalidades de Conchalí, Huechuraba y Renca fueron expulsados de sus trabajos entre Navidad y Año Nuevo de una manera indigna, dándoles cinco minutos para salir. Se instauró, así, en nuestros municipios, una exoneración con las características de la que conocimos en el año 1973.
Quiero informar a los colegas, especialmente de Oposición, que fui alcaldesa de Conchalí en 1990, y sin echar a ningún funcionario municipal, realicé una administración tremendamente exitosa con gente de todos los colores políticos, incluso de Renovación Nacional, de la UDI y de la Derecha más recalcitrante. Es más, un funcionario al cual, cuando fui alcaldesa, le concedí todas las facilidades para que se titulara de abogado, hoy encabeza esta especie de tribunal del terror echando gente de los municipios.
Es lamentable que estemos ante un tremendo fenómeno de exoneración política. Tanto es así, que tendremos que elaborar una nueva ley para las víctimas de las autoridades de la UDI que hoy dirigen nuestros municipios.
Con la diputada señora María Rozas hemos denunciado esta verdadera “razzia” efectuada sin ninguna evaluación real del desempeño laboral. Hemos declarado públicamente nuestra preocupación, y el viernes tendremos una reunión con las autoridades del Ministerio del Interior, a las cuales les solicitaremos que en los municipios señalados los planes de generación de empleos dependan de la intendencia, porque no existen garantías de que sean realmente objetivos y claros y que no se haga una elección partidaria, ya que los colores políticos les importan tanto a estas señoras alcaldesas.
Hoy en la mañana hemos sido amenazadas con una querella por injurias por nuestras declaraciones, en circunstancias de que únicamente hemos constatado exoneraciones de especial gravedad ante la cesantía que afecta al país y de las cuales han sido objeto funcionarios municipales que habían realizado una labor profesional y administrativa realmente importante en sus municipios. Tampoco es posible esta persecución xenofóbica no hay otra explicación, y menos aún brotes de nacionalismo y de fascismo realmente increíbles.
A mayor abundamiento, a la presidenta de la Asociación de Funcionarios de Renca, asistente social meritoria y exitosa, se le ha negado el acceso a su oficina y está trabajando en un pasillo; es decir, hemos vuelto a un régimen de terror e indignidad.
La manera como han sacado al secretario general de la Corporación de Renca, quien había presentado la renuncia a empujones de su oficina, para que dejara su trabajo, tratándolo como a un ladrón cuando retiraba sus efectos personales, realmente nos confirma que estamos ante conductas inaceptables.
Hago un llamado a los colegas de la UDI, especialmente, a que informen a estas alcaldesas que estamos en un régimen democrático. Pido al señor Lavín que contrata viejos pascueros que les informe que, además, hace ya bastantes años firmamos la Convención Universal de los Derechos Humanos y que la dignidad de los trabajadores municipales debe ser respetada.
Aunque es materia de otra intervención, cabe agregar que, en Conchalí, están suprimiendo programas exitosísimos de inserción de jefas de hogar en capacitación laboral, reemplazándolos por un departamento de la familia ante el cual no tengo ningún reparo, en el cual la señora Undurraga , su jefa, les ha dicho a estas mujeres, que están capacitándose como fuerza laboral, que les va a enseñar bordado y algo de costura para que sean mejores dueñas de casa, en circunstancias de que se trata de mujeres solas que deben proveer a sus hogares, cambio que constituye un tremendo y lamentable retroceso y que denuncio en la Cámara de Diputados.
En el turno del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo .
Señora Presidenta, en el inicio del nuevo año, en el que todos nos saludamos y nos expresamos afecto, y en el cual también se hacen denuncias tan graves como la formulada por nuestra colega señora María Antonieta Saa , quiero referirme, asimismo, lamentablemente, a un hecho doloroso y muy dramático que se vivió recién iniciado el año en un centro de rehabilitación del Sename de la Región Metropolitana.
A pocos minutos de terminado el año 2000 e iniciado el año nuevo, un niño de 15 años, quien estaba privado de libertad por una medida de protección, murió por la inhalación de gases tóxicos en un incidente muy grave acontecido en el dormitorio común, consecuencia de una reacción inesperada de un grupo de 22 niños que quemaron sus colchones.
Esto constituye un nuevo hecho doloroso. Ya en 1996 conocimos una situación similar vivida en centros del Sename de la zona sur, como, asimismo, en 1999, un hecho ocurrido en Temuco.
En esta oportunidad, con las diputadas señoras María Rozas y María Antonieta Saa , luego de haber visitado ayer el centro afectado, de haber conversado largamente con sus autoridades y ver a los jóvenes allí recluidos, hemos entregado nuestra opinión y algunas propuestas que deseo replantear acá. Lo hicimos ante la opinión pública a través de los medios de comunicación, pero quiero repetirlas en la Sala, nuestro principal lugar de trabajo.
Estamos viviendo una situación que nos enfrenta al hecho de que no estamos dando con la suficiente celeridad todas las respuestas que requieren nuestros niños, ni invirtiendo suficientemente en ellos.
Lo más grave, hoy, sería reaccionar simplificando las cosas, y sería muy injusto pensar que aquí se trató de errores humanos de funcionarios. La situación fue muy distinta de la vivida en el centro de Temuco, donde había candados y, efectivamente, hubo irregularidades.
En este caso no ocurrió lo mismo. Aquí el personal está muy impactado, porque se habían tomado todas las medidas para impedir hechos como el sucedido. Aquí se realizó todo lo que debía hacerse; pero lo concreto es que, una vez más, hubo una situación dramática y, nuevamente, un niño perdió la vida.
Debemos plantearnos qué hemos hecho hasta ahora; qué está bien y qué nos falta por realizar. Efectivamente, en los diez años de los gobiernos democráticos se ha avanzado mucho, se ha dado respuesta a la ausencia total de soluciones que había antes de 1990, cuando los niños en conflicto con la justicia eran recluidos en cárceles de adultos y vivían cualquier situación trágica: podían ser violados o iniciar el camino de hacerse expertos delincuentes.
El Sename cuenta con sólo nueve centros de rehabilitación, en circunstancias de que se necesitan muchos más. En los centros actuales su personal realiza un enorme esfuerzo, pero se necesita no sólo aumentar la dotación, sino también concederle mejores remuneraciones. Se ha logrado mucho, pero se necesita mucho más.
Solicito que se oficie al ministro de Hacienda con el objeto de que, en primer lugar, adelante los recursos para acelerar la construcción de los seis centros de rehabilitación que faltan en seis regiones.
En segundo lugar, que adelante recursos para el programa de recuperación de los centros existentes, a fin de mejorar su infraestructura. Hay hacinamiento; entonces, necesitamos más centros.
Los jueces continúan enviando niños a estos centros, pese a que su capacidad está más que saturada.
En el centro al cual hice mención hay 164 niños, en circunstancias de que su capacidad es para 120, y hubo días en que había 250 niños; entonces, es lógico que el hacinamiento implica mayor riesgo. Asimismo, es necesario mejorar su infraestructura. El Sename presentó un programa, cuyo presupuesto fue aprobado, pero diferido en cuatro años. Le pedimos al ministro de Hacienda, a través de un oficio, que adelante el presupuesto para efectuar todas las mejoras necesarias.
Requerimos habitaciones más pequeñas, con menos niños; no es posible que en una sola habitación haya 15, 20 ó 22 niños, como fue el caso al que hice referencia; porque donde hay más niños es más fácil que se generen climas peligrosos. Necesitamos mejorar la situación de los locales, con el objeto de que los niños puedan permanecer en una sala y no se les encierre a las 7 de la tarde en sus dormitorios.
Solicito, además, que se oficie al ministro de Justicia, para que le fije urgencia a la nueva ley de responsabilidad juvenil, proyecto que iba a ser enviado en 1998 y que, aunque aún no se remite, fue reformulado, y sabemos que está listo. Por eso pedimos al ministro que, con calificación de urgencia, lo someta a nuestra consideración a la brevedad para comenzar a tratar la nueva ley que debe derogar el absolutamente obsoleto Código Penal vigente.
Esto nos debe remecer y permitir ver la necesidad real de invertir en nuestros niños, de hacer prevención para que menos lleguen a estos centros de rehabilitación y muchos otros salgan pronto de ellos. Así miraremos el bicentenario no sólo con nuevas ciudades y nuevas carreteras, sino con niños que no necesiten de estos centros, plenamente recuperados e integrados a la sociedad.
Se enviarán los oficios solicitados por la señora diputada, con copia del texto de su intervención para una mejor comprensión del tema y con la adhesión de todos los señores diputados que lo están solicitando, de cuyos nombres está tomando debida nota la Secretaría.
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano. Debo hacer presente que hay cinco personas inscritas para hacer uso de la palabra y sólo disponen de diecinueve minutos. En consecuencia, si se cumplen estrictamente los tiempos, podrían hablar los diputados señores Ojeda , cinco minutos; Pareto , cinco minutos; Mulet , cinco minutos, y Rincón, cuatro minutos.
Señora Presidenta, sólo ocuparé 4 minutos.
Muy bien, señor diputado; eso le permitirá intervenir al diputado señor Velasco .
Señora Presidenta, siguen los problemas agrícolas en el sur de Chile. Primero fue la leche, líquida y en polvo, y luego el queso, la mantequilla y el quesillo.
Entre enero y octubre de 2000 en Chile se registró un aumento de las importaciones de queso cercano al ciento por ciento, respecto de igual período en 1999. Ingresaron al país 5.665 toneladas de este producto, cifra altamente superior a las 3.164 toneladas en 1999.
Esto ha provocado serios y graves perjuicios al país, en especial a los productores del sur, porque ha generado una situación de desigualdad y desequilibrio en la competencia de nuestra producción, además de una evidente distorsión del mercado interno por el considerable incremento del stock de este producto y por los subsidios que reciben en sus países de origen. Hay una caída libre y amenazante de los precios por la entrada a Chile de estos productos; lo que ya sufrimos con la importación subsidiada de la leche líquida y en polvo, ahora lo debemos soportar respecto del queso, la mantequilla y el quesillo.
La solución es la aplicación de los mecanismos legales que existen para corregir esas distorsiones, es decir, las salvaguardias, lo que significa elevar los aranceles de importación de estos productos, tal como se ha hecho con la leche, de manera relativamente exitosa. De no procederse así, queda en delicada posición nuestra producción interna, la que disminuye, genera menores ingresos y produce la quiebra de los productores con la consiguiente cesantía.
La no aplicación de las salvaguardias solicitadas para las importaciones de estos productos provocará una fuerte baja de su producción interna, la que en esta temporada podría llegar al 50 por ciento, con una pérdida de alrededor de 1.300 empleos, situación dramática y peligrosa para la economía regional y nacional.
El Ministerio de Agricultura ha solicitado esta medida ante la Comisión Nacional de Distorsiones del Banco Central, fundado en categóricos antecedentes, pero la Comisión ha dilatado su resolución, pese a la gravedad de la situación. Además, hay aprensiones y dudas en los representantes de los Ministerios de Economía, de Relaciones Exteriores y de Hacienda, pero ellas son injustificadas y carentes de toda fundamentación. Da la impresión de que dichos ministerios no han ponderado ni previsto las fatales consecuencias de la no aplicación de salvaguardias para corregir estas distorsiones de precios en el mercado interno. El sur de nuestro país también es Chile; por eso, debemos preocuparnos por lo que pasa allí. Pero parece que si las cosas no ocurren en Santiago no son inquietantes ni problemáticas.
En consecuencia, solicito oficiar a los Ministerios de Economía, de Relaciones Exteriores y de Hacienda, a fin de representarles y plantearles la necesidad de un pronunciamiento favorable a la aplicación de estas salvaguardias.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Fossa , Caminondo , Gutiérrez , Velasco , Mulet y Jaramillo .
Tiene la palabra el diputado señor Luis Pareto .
Señora Presidenta, a la medianoche del 31 de diciembre, en la comuna de Maipú, frente al Templo Votivo, se llevaban a efecto los tradicionales fuegos artificiales. Mientras ello ocurría sucedió una desgracia que hasta ahora ha causado la muerte de tres personas y, por los antecedentes que he recogido hoy en los servicios hospitalarios, es muy probable que dicho número aumente y han resultado heridas más de sesenta personas.
Entonces, uno se pregunta: ¿son cosas del destino? ¿Son cosas del azar? ¿Pasó porque tenía que ocurrir? Tal vez sea así, pero es conveniente que la opinión pública, fundamentalmente la de Maipú a la cual represento en esta honorable Corporación, sepa la verdad.
Aquí hay varias instituciones involucradas que tienen que dar una respuesta. No responsabilizo a ninguna, pero quiero saber cómo se concedieron estos permisos. Primero, interviene la Guarnición Militar de Santiago; en seguida, el Sesma; luego, la Intendencia de la Región Metropolitana, y también, la municipalidad de Maipú.
Cuando uno ve en los canales de televisión las entrevistas a unos y a otros, no sabe qué pensar. ¿Qué dice, por ejemplo, la empresa contratada?: “No es mía la responsabilidad, sino de Carabineros y de quienes dieron la autorización”. Luego, el alcalde señala que la responsabilidad no es de la municipalidad, sino de la empresa que se contrató.
Por eso, es fundamental saber toda la verdad. Estos hechos no pueden volver a suceder, ya que ponen en peligro a decenas de miles de vecinos. Esa noche estaban congregadas decenas de miles de personas y lo que sucedió fue a pocos metros, no como se ha dicho, de donde se instalaron los fuegos, sin ningún resguardo. Ayer estuve en el Templo Votivo de Maipú en una misa en memoria de las víctimas y pude apreciar personalmente el lugar. Incluso, visité en el hospital a las personas heridas y pienso que, lamentablemente, el número de víctimas puede elevarse y las personas heridas van a quedar con graves defectos que sólo Dios sabrá reparar.
Pero estas familias no pueden quedar solas. Ellas fueron invitadas el 31 de diciembre a asistir a un espectáculo pirotécnico en la noche de Año Nuevo. Tanto el Gobierno como la municipalidad de Maipú tienen que estar dispuestos a ayudar a estas familias y a investigar dónde se produjeron las fallas humanas y administrativas y si la autorización se otorgó una vez cumplidos los requisitos exigidos.
Por otra parte, me señalaron que a pocas horas del inicio del evento se estaban haciendo las instalaciones, cuando para este tipo de actos deben efectuarse con 48 horas de anticipación. Por eso, es necesario saber la verdad. Maipú y el país la reclaman.
En consecuencia, pido que se oficie a la ministra de Salud, a fin de que analice la autorización concedida por Sesma; al ministro del Interior, a fin de que informe sobre el oficio de autorización entregado por la Intendencia de la Región Metropolitana; a la Guarnición Militar, a través del ministro de Defensa, para ver si existían las condiciones necesarias; a la Contraloría General de la República, para que investigue a fondo y con urgencia los actos administrativos de la municipalidad de Maipú. Las personas no pueden eludir así como así sus responsabilidades y culpar a otros. Yo pude comprobar que algunos funcionarios del Ejército estaban investigando en terreno lo ocurrido para establecer las responsabilidades del caso.
Considero que hechos de esta naturaleza enlutan al país y a una comuna histórica con más de 500 mil habitantes, que están angustiados por lo sucedido. Pues bien, ellos merecen una reparación por la vía de la investigación, a fin de sancionar a quienes resulten culpables.
Pido que estos oficios sean enviados a la brevedad posible y con la urgencia que el hecho amerita.
La Mesa adhiere a las expresiones de su Señoría y solidariza con los familiares de las víctimas y con los heridos en ese lamentable suceso.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ojeda , Rincón , Gutiérrez , Velasco , Mulet y Eliana Caraball .
Señora Presidenta, seré lo más breve posible, a fin de que puedan intervenir otros colegas de mi bancada.
En primer lugar, pido que se oficie al ministro de Vivienda y Bienes Nacionales es una reiteración de un oficio anterior, con el objeto de que estudie la posibilidad de agilizar la enajenación de terrenos fiscales regidos por un decreto ley cuyo número no recuerdo en este momento. Es muy importante para la Tercera Región, que represento en la Cámara, por cuanto la venta de terrenos fiscales se ve entrabada por una serie de trámites que normalmente demoran dos años o más, lo que dificulta la ejecución de importantes proyectos productivos agrícolas e industriales. Hago presente que el 50 por ciento de la superficie de mi región es de propiedad fiscal.
De manera que solicito que se estudie la forma de flexibilizar y descentralizar la enajenación de terrenos fiscales.
El señor Secretario me señala que el decreto ley al cual aludió su Señoría es el Nº 1939, de 1977.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, al cual se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Velasco , Ojeda , Pareto , Rincón y de quien habla.
En segundo lugar, solicito que se oficie a la ministra de Relaciones Exteriores, a fin de que la comisión binacional especial dependiente de ese Ministerio destinada a estudiar todo lo relacionado con un proyecto binacional minero, denominado proyecto PascuaLama, que en nuestro país es operado por la compañía minera Barrick Chile, explique las razones por las cuales dicha empresa señaló que ha suspendido indefinidamente su ejecución.
Me interesa saberlo especialmente porque el anuncio hecho por la empresa de invertir 950 millones de dólares a partir de enero del año en curso fue uno de los argumentos entre muchos otros esgrimidos en la Cámara y en el Senado para promover la rápida aprobación del tratado minero de integración chileno-argentino. Sin embargo, la empresa ha anunciado la suspensión indefinida del primer proyecto en carpeta. Debido a que se trata de mi región y de mi distrito, me interesa conocer los fundamentos dados por la empresa si es que lo ha hecho a la comisión binacional que opera en este tipo de situaciones.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Velasco , Ojeda , Pareto , Rincón y de quien habla.
Señora Presidenta, junto con adherir a las palabras del colega Pareto, quiero manifestar mi preocupación, porque la persona que organizó el espectáculo pirotécnico me refiero al alcalde de Maipú ha tratado de eludir su responsabilidad. Sin embargo, debo hacer algunas aclaraciones que me parece importante dejar establecidas en la Cámara de Diputados.
En primer lugar, durante la discusión del proyecto de ley que prohibió la venta de fuegos artificiales al público, quedó claramente establecido fui uno de los diputados que hizo mayor hincapié en el punto que ello no podía conducir a la eliminación de espectáculos pirotécnicos que constituyen, por su belleza, más que un simple espectáculo, una tradición que hoy día está limitada a aquellas comunas que disponen de recursos para pagar no sólo el espectáculo, sino todos los costos inherentes a las medidas de seguridad y seguros comprometidos. En Chile hay comunas de primera y de segunda clase: las comunas rurales pobres, que ni siquiera pueden tirar un petardo para celebrar el año nuevo, las Fiestas Patrias o su aniversario, y las comunas opulentas, que pueden gastar millones en beneficio de todos sus vecinos e, incluso, transmitir el espectáculo a través de la televisión.
En segundo lugar, no es efectivo es bueno que quede claro ante la opinión pública que todos los fuegos artificiales que se usan así lo señaló el señor Cristián Maturana , representante de una empresa nacional provienen de China o de países europeos y que en Chile no se fabrican. Eso es de falsedad absoluta. En nuestro país hay sólo una fábrica llegó a haber tres en la comuna de Rengo, del distrito que represento; de manera que hay fabricación nacional de fuegos de artificio. De hecho, esa fábrica abasteció sin ningún problema importantes espectáculos efectuados en el país menciono tres: Entel , La Serena y Antofagasta . Es decir, no es efectivo que todos los fuegos artificiales ocupados en estos espectáculos sean importados, provenientes principalmente de China, porque existe una industria nacional que los produce y que genera mano de obra. De manera que la prohibición de estos espectáculos significaría restringir el ejercicio de una actividad económica, derecho garantizado por la Constitución Política.
Por último, las medidas de seguridad y garantías que existen sobre la materia están claramente establecidas en la respectiva ley y en el reglamento y son aplicadas por el Ministerio de Defensa Nacional en coordinación con la guarnición militar. Dichas medidas son extremadamente rígidas y claras, en cuanto a que calculistas especializados deben efectuar inspecciones técnicas de los lugares de instalación de los fuegos de artificio; los plazos de duración de los mismos, que deben ser revalidados, son muy largos. De manera que si se aplicaran las medidas de seguridad existentes, no deberían ocurrir accidentes. Es lo mismo que pretender que quien no sabe conducir un automóvil salga a la calle sin chocar con ningún vehículo y sin matar a nadie. Obviamente, es fácil asegurar que matará a muchas personas y chocará con muchos vehículos antes de matarse a sí mismo.
Por lo tanto, si existen medidas de seguridad establecidas en cuerpos legales y reglamentarios, lo único que hay que hacer es aplicarlas. La pregunta que hay que responder es por qué esas medidas no fueron aplicadas y por qué los responsables intentan lavarse las manos como Pilatos, pretendiendo que rijan normas contractuales y no el mínimo de fiscalización y celo que debe existir por parte de las instituciones involucradas.
Restan dos minutos al Comité Demócrata Cristiano.
Señora Presidenta, ¿por qué el Banco del Estado le facilita 138 millones de dólares al grupo económico Luksic para que compre el Banco de Chile?
¿Por qué su directorio otorga un crédito de tal envergadura para crear una concentración económica entre los dos más grandes bancos privados chilenos: el Edwards y el Banco de Chile?
¿Por qué al entregar este crédito el Banco del Estado se está autolimitando y cercenando su influencia reguladora de la banca del país?¿Por qué el Banco del Estado extiende un crédito a particulares para que adquieran un banco privado que tiene una deuda subordinada con el Banco Central, cuyo pago es a 40 años?
¿Por qué hay que hacerle una ley especial al Banco de Chile para que responda ante el Banco Central por los compromisos adquiridos?
¿Por qué el Banco del Estado no otorga créditos blandos a las pequeñas y medianas empresas, Pymes, para su reactivación, sabiendo que éstas representan la mayor fuente de empleo del país?
¿Por qué el Banco del Estado no responde a la petición hecha por el suscrito, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para ir en ayuda de comerciantes y pequeños empresarios, a fin de solucionar sus problemas económicos?
¿Por qué el Banco del Estado da este exagerado préstamo a sabiendas de que no genera ningún puesto de trabajo; muy por el contrario, la fusión de ambas entidades bancarias significará dejar a más de 3 mil empleados sin trabajo?
¿Por qué el Banco del Estado permite que sólo unos pocos se beneficien y, más aún, contribuye a continuar aumentando el poder económico que ya tienen?
¿Por qué el Banco del Estado otorga este crédito millonario a Andrónico Luksic , teniendo en cuenta que con ese dineral se podrían llevar adelante importantes obras viales, tan necesarias para el país, lo que a su vez generaría gran cantidad de trabajo?
¿Por qué el Banco del Estado da el visto bueno para concretar, a nivel bancario, el primer gran monopolio con las consabidas trabas que esto originará en el quehacer de la economía nacional?
Las interrogantes son variadas; el desconcierto asuela a la población al observar tales artilugios de los grupos económicos dominantes, y con la venia del principal organismo bancario del Estado.
Por ello, como legislador, solicito enviar sendos oficios: a la Superintendencia de Valores y Seguros y al mismo Banco del Estado, para que aclaren e informen las características del préstamo y entreguen una explicación al país de cara a la población y no reincidan en las tácticas añejas, de dar la espalda a la ciudadanía.
Además, solicito que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República para que tenga conocimiento de esta transacción comercial, que realmente es inaceptable.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Caminondo .
Señora Presidenta, quiero referirme a la licitación efectuada por Conaf para proveer de servicios aéreos de extinción de incendios en la Quinta Región.
De acuerdo con las informaciones que han aparecido en los distintos medios de comunicación del país, la Quinta Región, durante esta temporada, no tiene regularizada la situación de los aviones especiales para el combate de incendios forestales, puesto que la Conaf habría adjudicado estos servicios a una empresa que trajo a Chile aparatos de origen español, que llegaron el 21 de diciembre al aeródromo de Rodelillo, los cuales no han podido operar en el territorio nacional por falta de los respectivos permisos y certificaciones de la Dirección de Aeronáutica.
Se trata de los aviones AT802 propuestos en la licitación por la empresa hispana Servicios Ecológicos S.A. y que fueron elegidos por la Corporación Nacional Forestal para el combate de incendios forestales.
De acuerdo con la información de prensa, la autoridad aeronáutica informó que los 2 aparatos AT802 llegaron al aeródromo de Rodelillo con permisos para hacer vuelos demostrativos. De esta forma, las naves podían combatir las llamas bajo el concepto de que estaban haciendo demostraciones, mientras los representantes de la empresa realizaban los trámites para trabajar legalmente en el país.
Sin embargo, el 22 de diciembre, la Dirección Aeronáutica de Chile revocó el permiso provisorio y prohibió el desplazamiento de dichas naves en el espacio aéreo nacional. De acuerdo con la información entregada por la prensa, dicha resolución se habría adoptado al descubrir de que no existía reciprocidad de trabajo con España, ya que en dicho país ningún avión extranjero puede trabajar mientras permanezca un avión español en tierra.
Esta situación preocupa a las autoridades locales de Conaf, y es así como el jefe regional de la Unidad de Gestión y Manejo del Fuego, Raúl Molina , advirtió que en estos momentos la Quinta Región no tiene aviones para combatir los incendios forestales, ya que hay dos aparatos en el aeródromo de Rodelillo, pero no pueden volar por disposición de la Dirección de Aeronáutica.
En la actualidad, para enfrentar las emergencias, se encuentran transitoriamente en la pista del aeródromo de Rodelillo, autorizados para volar, dos aviones Dromeder de la empresa Alas Agrícolas, la cual durante años ha apoyado el combate de incendios en la región, por lo que serían dichos aviones, y no los españoles, los que podrían combatir un siniestro en esta zona, técnicamente calificada de alto riesgo.
Por tal razón, solicito oficiar al ministro de Agricultura, a la Corporación Nacional Forestal, a la Dirección de Aeronáutica Civil y a la Contraloría General de la República para que informen respecto de los criterios utilizados para adjudicar a una empresa extranjera esta licitación, sobre la reciprocidad laboral existente entre Chile y España, y si la decisión adoptada se ajusta a la legalidad vigente.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Haroldo Fossa .
Señora Presidenta, hace seis meses y después de casi nueve de trabajo, los integrantes de la Mesa de Diálogo lograron suscribir una declaración que, sin duda, es un documento importante para ir dejando atrás las divisiones del pasado, algo que la mayoría de los chilenos deseamos llegue a concretarse pronto en nuestro país.
Por primera vez se reunieron personas que representan distintas visiones de los acontecimientos de un pasado reciente y que muchos queremos olvidar. La valentía de unos y otros para reconocer “sus errores respecto de los hechos ocurridos durante el gobierno militar y el clima de violencia que reinaba en los años previos a 1973”, demuestra la voluntad no sólo de estas connotadas personas, sino de un país que desea vivir reconciliado.
La valentía y el espíritu constructivo de todos los que hicieron posible que esta iniciativa tuviera éxito, permitieron que hoy exista una posibilidad real de que el país cierre en paz la transición y avance mirando hacia el futuro.
El acuerdo alcanzado por la Mesa de Diálogo respondió a los anhelos de paz que los chilenos dejaron de manifiesto en la pasada elección presidencial. En ella quedó en evidencia la necesidad de cerrar las heridas del pasado y entregar a las nuevas generaciones un país amistoso, donde exista tolerancia y respeto por los derechos de las personas.
Hoy, después de 27 años de ocurridos los hechos que dividieron al país, el esfuerzo de aquellos sectores que parecían irreconciliables, permite que Chile avance y concentre sus esfuerzos en solucionar los problemas que actualmente afectan a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas.
Desgraciadamente, los únicos que han criticado el acuerdo alcanzado han sido los mismos que ayer nos llevaron a la división y a la separación de bandos y que no desean reconocer que ideológicamente están siendo sobrepasados por la realidad de un mundo que no quiere barreras, muros o fanatismos decadentes, que no permiten el asentamiento de la reconciliación, pues con ello se termina su vida impopular.
Al cumplirse el próximo 6 de enero la primera etapa y lo recalco así sobre la entrega de antecedentes acerca del paradero de los detenidos desaparecidos, he querido, con estas palabras, reconocer una vez más la loable labor cumplida por la Mesa de Diálogo, cuya declaración oficial reconoce explícitamente que “Chile sufrió a partir de la década de los ’60 una espiral de violencia política que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar. Este grave conflicto social y político culminó con los hechos del 11 de septiembre de 1973, sobre los cuales los chilenos sostienen legítimamente distintas opiniones”.
En esta ocasión, reitero mi rechazo más absoluto de la violencia como método de acción política, ya sea en relación con las violaciones de los derechos humanos como en la violencia política cometida por aquellos que se oponían en un momento al gobierno militar.
Además, es fundamental que el país haga todo lo humanamente posible para que jamás vuelvan a repetirse estos hechos en la historia de Chile.
El acuerdo alcanzado por la Mesa de Diálogo ha generado un clima que le permite a Chile avanzar en la reconciliación. El esfuerzo realizado por cada uno de los integrantes de la misma deja de manifiesto que el país quiere y puede superar las divisiones del pasado. Ahora le corresponde a toda la sociedad, especialmente al Gobierno y a las Fuerzas Armadas, lograr que los frutos de este acuerdo sean una realidad.

References: artículo 4
 artículo 16
 artículo 67
 artículo 6
 resolución 
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 8
in fine
 artículo 42
 artículo 3
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
in fine
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 80
 artículo 81
 artículo 80
 artículo 82
 artículo 84
 artículo 85
 artículo 85
 resolución