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Timestamp: 2019-12-13 01:15:05+00:00

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Esta sección ofrece información indicativa sobre las costas procesales en Escocia.
Fuentes jurídicas de las costas
No existe un reglamento sobre honorarios que defina los importes que los profesionales jurídicos deben cobrar a sus clientes. Sí existen, por el contrario, normas sobre los honorarios que puede recuperar la parte ganadora en un litigio.
Los honorarios de los asesores jurídicos (solicitors) no están sujetos a reglamentación en Escocia. Dependen de una serie de factores relacionados con las circunstancias del caso concreto.
Los honorarios de los abogados (advocates) tampoco están sujetos a reglamentación en Escocia, por lo que dependen igualmente de las circunstancias del caso.
Las tasas judiciales en Escocia están en función del tipo de proceso y del tribunal en que se desarrolle. Se abonan a medida que el proceso pasa por las distintas fases:
al presentar la demanda;
al presentar documentos adicionales;
al fijarse la fecha del juicio oral;
durante el juicio oral, debiendo abonarse una tasa diaria;
al someter las cuentas de gastos a la tasación independiente;
al admitirse el escrito de recurso.
Las tasas correspondientes a cada tipo de actuación se recogen en los correspondientes reglamentos, denominados órdenes sobre tasas. En los procesos civiles son de aplicación la Orden sobre tasas de los juzgados de primera instancia de 1997 y la Orden sobre tasas del Tribunal Superior de Justicia de 1997. Ambas han sido actualizadas posteriormente por múltiples disposiciones del mismo tipo. Para más información acerca de las Órdenes sobre tasas y sus modificaciones, véase el sitio web del Servicio de Tribunales Escocés.
Derecho de familia: divorcio o disolución de la unión civil
En Escocia, las demandas de divorcio o disolución de la unión civil pueden presentarse ante un juzgado de primera instancia o ante el Tribunal Superior de Justicia, y es posible optar entre:
Actualmente, la tasa por la presentación de una demanda de divorcio o disolución de unión civil por el procedimiento abreviado ante un juzgado de primera instancia es de 95 libras, y ante el Tribunal Superior de Justicia de 105 libras. Se cobra una tasa suplementaria cuando el oficial de juzgado ha de hacer el traslado de la documentación del divorcio al demandado. El coste de este servicio es de 10 libras, además de los gastos del oficial de juzgado, que se cobran por separado.
Los procesos de divorcio o disolución de de unión civil por el procedimiento ordinario comienzan al admitirse la demanda a trámite en el juzgado de primera instancia. El importe actual de la tasa es de 125 libras. No incluye el traslado de la resolución al demandado, por lo que el demandante ha de pagar por ello una tasa adicional, ya sea al asesor jurídico o al oficial de juzgado. En las fases ulteriores del proceso será necesario pagar otras tasas adicionales (véase el apartado anterior). En un proceso sin oposición se cobrará como mínimo una tasa adicional por la expedición de la resolución judicial, que actualmente es de 55 libras. En el Tribunal Superior de Justicia, la admisión a trámite de la demanda supone una tasa de 140 libras.
Derecho de familia: custodia de los hijos y pensión alimenticia
En los procesos relacionados con el Derecho de familia, la cuantía de las tasas en el juzgado de primera instancia dependerá de que la solicitud de custodia de los hijos y pago de la pensión alimenticia vaya acompañada o no de una demanda de divorcio o disolución de unión civil. Cuando existe demanda de divorcio o disolución de de unión civil, las tasas aplicables son las mismas que en los procesos de divorcio por procedimiento ordinario.
En caso contrario, se aplicará una tasa por la admisión a trámite de la demanda, actualmente de 80 libras. En las fases ulteriores del proceso será preciso pagar otras tasas adicionales.
En el Tribunal Superior de Justicia, la tasa aplicable es de 140 libras, además de las otras tasas correspondientes a las distintas fases del proceso (véase el apartado anterior).
Derecho mercantil: contratos y responsabilidades
En los procesos en materia mercantil, el importe de la tasas está en función del tipo de demanda presentada y de las características del procedimiento de que se trate.
Por ejemplo, si el demandante sigue el «procedimiento de menor cuantía» ante el juzgado de primera instancia y el importe reclamado es inferior a 3 000 libras, la tasa correspondiente a la presentación de la demanda es actualmente de 15 libras para reclamaciones de hasta 200 libras, y de 65 libras para reclamaciones de entre 200 y 3 000 libras. Posteriormente puede ser necesario abonar otras tasas. De este modo, si el oficial de juzgado tiene que entregar una citación al demandado, la tasa judicial actual es de 10 libras, además del importe que cobre dicho funcionario. No obstante, esto se aplica únicamente cuando el demandante es una persona física. Las personas jurídicas deben contratar los servicios de un asesor jurídico u oficial de juzgado, abonándoles el importe que corresponda.
Si el demandante sigue el «procedimiento abreviado» y reclama, por ejemplo, un importe de entre 3 000 y 5 000 libras, la tasa por la admisión a trámite de la demanda es actualmente de 65 libras, sin perjuicio de las tasas adicionales que haya que abonar en las fases sucesivas del proceso (véase el apartado anterior). En estos procedimientos la tasa no incluye la entrega al demandado de la citación correspondiente, por lo que el demandante deberá contratar este servicio con un asesor jurídico u oficial de juzgado, mediante el pago correspondiente.
En cambio, si el demandante sigue el «procedimiento ordinario» en una reclamación de más de 5 000 libras o a la que se aplique el capítulo 40 de las normas (litigios en materia mercantil), la tasa por la presentación de la demanda es actualmente de 80 libras, además de las costas suplementarias ya mencionadas.
Si la causa se plantea ante el Tribunal Superior de Justicia, la tasa inicial es de 180 libras, aunque, como hemos visto, en las fases posteriores del proceso hay que abonar otros importes adicionales.
Fase de los procesos civiles en la que deben pagarse tasas procesales
La tasa inicial se debe pagar en la fase de incoación del proceso, cuando se presenta la demanda. En caso de utilizar los servicios de un oficial de juzgado (en las demandas de menor cuantía en las que el demandante sea una persona física, así como en las demandas de divorcio o disolución de de unión civil por el procedimiento abreviado), la tasa de 10 libras se paga en el momento de requerir dichos servicios. La tasa del oficial de juzgado debe abonarse al recibir la factura correspondiente. Han de abonarse otras tasas al presentar documentos adicionales, cuando se señale fecha para el juicio oral, al ocupar la sala de audiencia (con arreglo a una tarifa diaria), al solicitar la tasación de las costas y al admitirse el escrito de recurso.
No se exige el pago de ninguna tasa, porque el acusado tiene derecho a asistencia jurídica gratuita en un proceso penal si cumple los criterios económicos establecidos para ello.
Los asuntos relacionados con los derechos humanos pueden plantearse como cualquier otro proceso civil. Por consiguiente, las tasas aplicables están en función del tipo de proceso y de la cuantía del asunto:
Procesos de menor cuantía, hasta 200 libras: 15 libras.
Procesos de menor cuantía, entre 200 y 3 000 libras: 65 libras.
Procesos abreviados, entre 3 000 y 5 000 libras: 65 libras.
Procesos ordinarios, más de 5 000 libras: 80 libras.
Ejecución de sentencias en procesos abreviados: 80 libras.
Procesos ante el Tribunal Superior de Justicia: 180 libras.
En las fases ulteriores del proceso será preciso pagar otras tasas adicionales en función del desarrollo del mismo (véase el apartado anterior).
En los procesos constitucionales, las tasas se pagan al presentar la demanda, al presentar documentos adicionales, cuando se señale fecha para el juicio oral, al ocupar la sala de audiencia (con arreglo a una tarifa diaria), al solicitar la tasación de las costas y al admitirse el escrito de recurso.
Los asesores jurídicos tienen la obligación de informar a los clientes sobre el importe de sus honorarios. La prudencia exige que informen sobre las probabilidades de éxito y las costas de los procesos. Las «Normas de conducta para los asesores jurídicos escoceses» les exigen informar a sus clientes de forma clara y realista.
¿Dónde puedo obtener información sobre las fuentes jurídicas de las costas en Escocia?
El sitio web del Servicio de Tribunales Escocés contiene alguna información sobre las tasas procesales.
El Directorio Jurídico escocés (Scottish Law Directory), publicado anualmente por Lexis/Nexis Butterworths, también contiene un suplemento sobre las costas.
¿En qué lenguas puedo encontrar información sobre las fuentes jurídicas de las costas en Escocia?
La información se ofrece en inglés.
El Servicio de Tribunales Escocés publica, además, información sobre los procesos judiciales en las lenguas disponibles en su sitio web.
Contiene asimismo documentos y folletos traducidos al gaélico, chino cantonés, punyabí y urdu.
Desde el año 2004, la red SMN ofrece en su sitio web un «mapa de la mediación», que ha sido actualizado en varias ocasiones con el apoyo económico del Gobierno. El vínculo (Red escocesa de mediación) aparece en varios folletos y sitios web. La red SMN gestiona también un servicio de consulta telefónica, que remite a los servicios de mediación pertinentes. El Registro escocés de mediación describe las cualificaciones de los mediadores, para ofrecer más información a los interesados a fin de facilitarles la búsqueda de un mediador.
La información sobre las tasas judiciales en Escocia incluye lo siguiente:
una versión resumida de las órdenes sobre tasas emitidas por el Tribunal Superior de lo Penal, el Tribunal Superior de Justicia y los juzgados de primera instancia;
un formulario para solicitar la exención del pago de tasas;
las tasas aplicables a los tipos de demandas más habituales presentadas en los juzgados de primera instancia;
vínculos con las actualizaciones de las órdenes sobre tasas.
El Gobierno escocés publica información sobre el número de procesos penales ordinarios concluidos en un plazo no superior a 6 meses en su sitio web. Los procesos ordinarios representan en torno al 95 % de todos los asuntos tramitados en los órganos jurisdiccionales penales. No existe información sobre la duración media de los asuntos tramitados en los órganos jurisdiccionales civiles. Incluso en determinados tipos de procesos, cada caso es diferente y los plazos de conclusión pueden variar. Es posible que un abogado con experiencia en un determinado tipo de proceso pueda indicarle su duración media.
¿Dónde puedo encontrar información sobre los gastos medios de un determinado proceso?
No se dispone de ninguna estimación media, porque cada pleito es diferente de los demás. Es posible que un abogado con experiencia en un determinado tipo de proceso pueda indicarle la cuantía aproximada de los gastos asociados con el mismo.
Las costas que se publican incluyen el IVA.
El tipo de IVA aplicable es del 20 %.
El derecho a recibir asistencia jurídica gratuita en los procesos civiles depende del nivel de ingresos disponibles (lo que se puede gastar), medido después de aplicar un baremo progresivo de deducciones (escala móvil). En la actualidad, puede concederse ese beneficio a las personas con ingresos anuales de hasta 25 450 libras.
En los procesos ordinarios, el criterio aplicado consiste en comprobar si la persona de que se trate o sus dependientes pueden pagar las costas sin excesivas privaciones. No existe umbral de ingresos en cuanto tal.
El mismo criterio es de aplicación a los procesos ordinarios en los que la parte que solicite la asistencia jurídica gratuita se haya declarado inocente. Tampoco aquí existe un umbral de ingresos establecido legalmente.
El Servicio de Asistencia Jurídica realizará los cálculos pertinentes. En la práctica se utiliza el equivalente semanal del límite máximo de ingresos disponibles, establecido actualmente en 26 239 libras (desde el 1 de abril de 2011). Esto supone una cifra semanal de 245 libras, siendo este el límite máximo de ingresos que permite optar a la asistencia jurídica gratuita con arreglo al criterio de ingresos disponibles, concepto que tiene en cuenta las deducciones necesarias para atender a los gastos más esenciales y, en su caso, a la manutención de las personas dependientes. Si el solicitante tiene ingresos semanales superiores a 245 libras, se analizan las circunstancias del caso para determinar si el pago de las costas le pondría en una situación económica difícil.
En otros procesos penales ordinarios, cuando el acusado se declare culpable o el proceso continúe sin su declaración, el abogado puede aplicar a su cliente el sistema conocido como ABWOR (advice by way of representation, asesoramiento legal tutelado). En tales casos, el límite de renta disponible es de 245 libras por semana. Esta suma incluye todas las fuentes de ingresos, a excepción de las prestaciones sociales «automáticas» (las concedidas por pertenecer a un grupo social determinado) y de las devengadas y no reclamadas, descontando, en su caso, las deducciones correspondientes a las personas dependientes.
No existe un sistema de asistencia jurídica totalmente gratuita para las víctimas en los asuntos penales. Los abogados pueden asesorar y ayudar en estos procesos, pero la asistencia jurídica no cubre la representación procesal. En tales casos, el límite de renta disponible es de 245 libras por semana. Esta suma incluye todas las fuentes de ingresos, a excepción de las prestaciones sociales «automáticas» y de las no reclamadas, con las deducciones que procedan por las personas dependientes.
En las demandas de indemnización por delitos de lesiones en las que se requiera asistencia jurídica, el límite de ingresos es el descrito al principio, es decir, 26 239 libras anuales. No obstante, algunas reclamaciones de este tipo pueden ser atendidas por la Criminal Injuries Compensation Authority (CICA), organismo competente para las indemnizaciones por delitos, y beneficiarse, si procede, de las ayudas concedidas por el sistema de asesoramiento jurídico, que aplica distintas condiciones mínimas para la elegibilidad.
No existe un régimen oficial de asistencia jurídica para las víctimas en los procesos penales.
Tampoco se imponen determinadas condiciones para las ayudas relacionadas con la asistencia jurídica en los procesos civiles, en los casos en que se conceden. El Servicio de Asistencia Jurídica está facultado para conceder asistencia jurídica gratuita cuando las circunstancias concretas del caso así lo aconsejen.
Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a los acusados
Ni los tribunales ni el Servicio de Asistencia Jurídica imponen condiciones especiales en relación con el reconocimiento de las ayudas en los procesos penales.
No es necesario pagar las tasas judiciales en los casos siguientes:
Solicitudes presentadas en virtud de disposiciones legales relativas al registro de nacimientos, defunciones y matrimonios.
Solicitudes presentadas en virtud del capítulo III de la Ley de asistencia social (Escocia) de 1968.
Solicitudes presentadas en virtud de la Ley de cuidados y tratamiento de las enfermedades mentales (Escocia) de 2003.
Demandas y recursos presentados en virtud del capítulo II de la Ley de protección de la infancia (Escocia) de 1995.
Demandas presentadas en virtud del artículo 129 de la Ley de crédito al consumidor de 1974.
Cuando se trate de deudores o acreedores implicados en procesos acogidos a la Ley de ejecución de deudas (Escocia) de 1987 o a la Ley de liquidación y garantía de deudas (Escocia) de 2002, excluyendo las tasas correspondientes a los procedimientos de subasta de bienes y a los informes de los peritos asesores.
Recepción y examen de los inventarios de herencias, con sus adiciones o modificaciones (se requiera o no autorización judicial al albacea).
Deudores en procesos judiciales acogidos a la Ley de ejecución de deudas (Escocia) de 1987.
Propuestas y oposiciones a propuestas presentadas por escrito o formuladas verbalmente ante el órgano jurisdiccional dirigidas únicamente a la apertura de fases ulteriores del juicio, como las amparadas en las disposiciones siguientes:
Norma 19.1 (resoluciones judiciales en rebeldía)
Norma 22.3(5)(a) (conclusiones provisionales)
Norma 36.13 (fallecimiento, incapacidad, recusación, etc. del juez)
Normas 37.1(2)(b), 37.1(6) y 37.1(7) (solicitud de juicio con jurado)
Norma 37.10 (ejecución de sentencia)
Norma 38.17(1) (resoluciones disponiendo la apertura de juicio oral)
Norma 40.7(3) (diligencias posteriores a la admisión a trámite del recurso de apelación)
Norma 40.11(1)(a) (admisión a trámite del recurso de apelación), pero únicamente si la solicitud corresponde a la norma 40.7A (solicitud necesaria para la admisión a trámite del recurso)
Norma 41.15(1) (solicitud de tramitación de un recurso), cuando se presenta en un órgano jurisdiccional distinto del que ha dictado la sentencia
Norma 40.15(1) (resoluciones disponiendo la apertura de juicio oral para el recurso)
Norma 41.22(1) (propuesta de inicio de un procedimiento ulterior)
Por otro lado, las partes pueden ser eximidas de pagar las tasas judiciales en determinadas circunstancias:
Cuando la persona de que se trate, o su pareja, sea beneficiaria de prestaciones sociales en virtud de la Ley de cotizaciones y prestaciones de la Seguridad Social de 1992.
Cuando sus ingresos consistan sustancialmente en el subsidio de desempleo (recibido en virtud de la Ley de desempleo de 1995).
Cuando reciba asistencia jurídica gratuita conforme al artículo 13, apartado 2, de la Ley de asistencia jurídica gratuita (Escocia) de 1986, si el asunto está sujeto al pago de alguna tasa.
Cuando las tasas judiciales correspondan a una demanda de divorcio o disolución de de unión civil por procedimiento abreviado y la persona esté recibiendo asesoramiento de un abogado al amparo de la Ley de asistencia jurídica gratuita (Escocia) de 1986 en relación con dicha demanda.
Cuando el abogado de la parte preste asesoramiento sobre algún asunto sujeto al pago de una tasa, de conformidad con el artículo 36 de la Ley de asistencia jurídica gratuita (Escocia) de 1986, en el que se contemplan las ayudas en casos de especial urgencia.
Cuando la persona, o su pareja, sea beneficiaria de un crédito garantizado con arreglo a la Ley de crédito para las pensiones del Estado de 2002.
Cuando la persona, o su pareja, sea beneficiaria de un crédito fiscal para trabajadores, siempre que:
tenga asimismo derecho al crédito fiscal por hijos, o sea miembro de una pareja que tenga derecho conjuntamente al crédito fiscal por hijos (tal como se define en el artículo 3, apartado 5, letra A) de la Ley de Créditos Fiscales de 2002);
el crédito fiscal corresponda a una situación de discapacidad simple o de discapacidad grave;
los ingresos brutos anuales que fueron tenidos en cuenta para el cálculo del crédito fiscal para trabajadores no sean superiores a 16 642 libras.
Cuando la persona, o su pareja, sea beneficiaria del subsidio de desempleo en virtud de la Ley de reforma de la asistencia social de 2007.
Depende del tipo de procedimiento de que se trate. Las normas judiciales son muy detalladas y deberían ser consultadas para cada caso concreto.
Las normas de aplicación general son las siguientes:
Procesos sujetos al procedimiento de menor cuantía (hasta 3 000 libras)
Al término de un proceso de menor cuantía, el tribunal puede hacer un pronunciamiento sobre costas. Los importes de estas serán los decididos por el juez. También cabe la posibilidad de que sea el secretario del juzgado quien calcule las costas, bien en ese mismo momento o en un momento posterior.
Por regla general, la parte ganadora no debe pagar las costas, que se imponen a la parte perdedora. Normalmente se fija para ellas un límite máximo.
Si la cuantía de la demanda es de hasta 200 libras, por regla general no habrá condena en costas.
Si la cuantía de la demanda oscila entre 200 y 1 500 libras, el importe máximo que el tribunal puede conceder a la parte ganadora es de 150 libras.
Si la cuantía de la demanda oscila entre 1 500 y 3 000 libras, el importe máximo que el tribunal puede conceder a la parte ganadora es el 10 % de la cantidad demandada.
En caso de condena en costas, puede incluirse en estas las tasas judiciales, siempre que las costas totales no superen los límites máximos antes indicados.
Procesos sujetos al procedimiento abreviado (hasta 5 000 libras)
Cuando se condene en costas al concluir el juicio, corresponde al secretario judicial la tasación de las mismas. Los importes correspondientes dependerán de la duración y naturaleza de los trámites realizados a lo largo del proceso. De forma alternativa, el perito asesor del tribunal, que es un funcionario independiente, puede encargarse de realizar el cálculo (si el juez de primera instancia o el secretario judicial lo estima pertinente).
Si en el proceso ha habido oposición, el secretario judicial estudiará las alegaciones de las partes respecto a las costas. Esto ocurre normalmente al término del juicio oral. Sin embargo, cuando el juez dicte sentencia en un momento posterior, o no haya tiempo suficiente al concluir el juicio oral, se puede fijar una vista especial para decidir las costas en fecha posterior, si ambas partes comparecen.
Por regla general, la parte ganadora no debe pagar las costas, que se imponen a la parte perdedora.
Una vez que el secretario judicial o perito asesor haya calculado el importe de las costas, dicho cálculo debe ser aprobado por el juez. Cuando proceda celebrar una vista especial para decidir las costas, el secretario judicial fijará la fecha y hora de la misma, con el fin de que el juez pueda aprobar el importe correspondiente.
El juez no tomará una decisión definitiva (pronunciamiento sobre costas) antes de la aprobación de dicho importe, aunque ambas actuaciones pueden tener lugar simultáneamente.
Procesos sujetos al procedimiento ordinario
En estas causas, el órgano jurisdiccional decide libremente sobre la condena en costas. Desde el punto de vista reglamentario, las costas han de ser tasadas previamente, salvo que se acuerde un importe fijo.
Normalmente, la definición de las costas procesales se realiza en varias fases. La primera fase consiste en que el juez determina si el demandante o demandado tiene derecho a las costas, ordenando su tasación y la correspondiente presentación al tribunal. A continuación, el tribunal remite el asunto al perito asesor independiente, quien realiza la tasación de las costas y redacta su informe. Por último, después de realizada la tasación por el perito y del examen de las eventuales objeciones al informe de este, el tribunal dicta resolución sobre la condena en costas.
El procedimiento seguido por el Tribunal Superior de Justicia es similar al ordinario, por lo que este podrá condenar en costas a una de las partes, encomendando al perito asesor su tasación.
El tribunal ordenará el pago de las costas tasadas, salvo que exista un motivo especial para conceder la exención.
Normalmente se debe presentar una solicitud ante el juzgado o tribunal. En la misma se ha de solicitar que, además del pago de los gastos al que tienen derecho los testigos ordinarios, se autorice una remuneración adicional para los peritos en calidad de testigos cualificados.
En las demandas de divorcio por procedimiento abreviado, las normas procesales disponen que, cuando sea precisa la notificación y entrega de documentos a una persona residente fuera de Escocia, el demandante deberá facilitar una traducción de los mismos a la lengua oficial del país en el que se realice la entrega.
Respecto a los intérpretes, la práctica habitual es que la persona que requiera sus servicios asuma el coste. No obstante, en determinados casos el órgano jurisdiccional puede decidir que el interés de la justicia exige un traductor o intérprete, en cuyo caso dispondrá el pago de sus honorarios a cargo del tribunal.
Red escocesa de mediación
Tribunales escoceses (tasas judiciales)
Law Society de Escocia
Servicio de asistencia jurídica gratuita de Escocia
Registro de mediadores escoceses
Informe del Reino Unido para el Estudio sobre transparencia de las costas

References: resolución 
 resolución 
 artículo 129
 artículo 13
 artículo 36
 artículo 3
 resolución