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Timestamp: 2016-12-08 16:50:59+00:00

Document:
⭐Comisión Nacional de los Derechos Humanos México
Gustavo Alcaraz Mora
1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos México RECOMENDACIÓN 44/1996 Síntesis: La Recomendación 44/96, del 4 de junio de 1996, se dirigió al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y se refirió al caso del señor Ramón Torres Magaña. El quejoso señaló que el 20 de enero de 1995, el señor Ramón Torres Magaña ingresó al Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelia, Michoacán, por presentar dolor intenso y parálisis de la pierna derecha, por lo cual el personal médico le manifestó que sería sometido a una intervención quirúrgica; indicó que los especialistas le practicaron algunos estudios y concluyeron que una arteria importante se encontraba obstruida y que era necesario colocar un injerto para alimentar la circulación; que finalmente el señor Torres Magaña no fue operado, por lo cual trasladó al paciente al Hospital 20 de Noviembre, en México, Distrito Federal, en donde fue rechazado debido a que no contaba con el documento de traslado y aceptación de internamiento, no obstante que el paciente se encontraba en estado de urgencia, canalizado con catéter y suero; agregó que en su desesperación trasladó al paciente al Hospital "Adolfo López Mateos ", en donde permaneció dos d{as "sin que se le hiciera nada "; que 19 días después se procedió a intervenir al señor Torres Magaña sin practicar ningún estudio previo, lo cual ocasionó que la salud del paciente se deteriorara notablemente; concluyó que el 21 de febrero de 1995 el paciente fue operado nuevamente, amputándosele la pierna que ya se encontraba infectada de gangrena, que permaneció tres días en terapia intensiva y posteriormente falleció. La Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó que la atención médica brindada al señor Ramón Torres Magaña fue negligente; que la operación quirúrgica se retrasó de manera injustificada; que indebidamente se le negó la atención médica en el Hospital 20 de Noviembre; que durante la primera operación no se realizaron estudios previos para determinar los procedimientos quirúrgicos idóneos y que no se determinó con eficiencia a qué nivel se encontraba la obstrucción arterial para determinar, igualmente, el nivel de amputación. Se recomendó girar instrucciones para que a la brevedad posible se efectúe el pago de la indemnización correspondiente a los deudos del agraviado; que se inicie la investigación procedente para determinar la responsabilidad profesional2 en la que incurrieron los médicos que intervinieron al señor Torres Magaña, dándose vista a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo para la investigación de los hechos. México, D.F., 4 de junio de 1996 Caso del señor Ramón Torres Magaña Lic. Manuel Aguilera Gómez, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Ciudad Muy distinguido Director General: La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1o.; 6o., fracciones II y III; 15, fracción VII; 24, fracción IV; 44; 46 y 51 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha examinado los elementos contenidos en el expediente CNDH/121/95/DF/3288 relacionados con el caso del señor Ramón Torres Magaña y vistos los siguientes: I. HECHOS 1. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió, el 31 de mayo de 1995, el escrito de queja presentado por el señor Adolfo Torres Ayala, mediante el cual manifestó violaciones a los Derechos Humanos de su padre, el señor Ramón Torres Magaña, por parte de los médicos, personal profesional y técnico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de los hospitales "Adolfo López Mateos" y 20 de Noviembre de esta ciudad, consistentes en lo siguiente: El 20 de enero de 1995, el señor Ramón Torres Magaña ingresó al hospital del ISSSTE en Morelia, Michoacán, porque presentaba dolor intenso y parálisis de la pierna derecha, de la pantorrilla al pie, incluyendo los dedos del mismo. En dicho hospital lo atendieron dentro de lo posible, controlándole el dolor, manifestando el médico de urgencias que tendría que ser sometido a una 23 intervención quirúrgica, la cual era indispensable y urgente, ya que de no llevarse a cabo su pierna se "gangrenaría". El doctor Jesús Rodríguez Sosa, especialista cardiovascular, se presentó el 23 de enero de 1995 e informó que tendría que hacerle unos estudios al paciente y prepararlo para la operación. "Le hicieron una abertura en la espalda" y le tomaron varias radiografías; el médico le informó que su padre tenía tapada la aorta y que era necesario colocar un injerto para alimentar la circulación con un puente para salvar la oclusión de la arteria; finalmente, le indicó que presentaba "síndrome de Leriche", que él no podía hacer nada y que no lo operaría. Con motivo de lo anterior, el señor Adolfo Torres Ayala habló con el Subdirector del hospital y éste le propuso como alternativa el traslado del paciente al Hospital 20 de Noviembre en México, Distrito Federal, bajo su cuenta y riesgo, siempre y cuando él autorizara la baja voluntaria, por lo que, el 25 de enero de 1995, trasladó a su padre, quien se encontraba canalizado con un catéter y suero, al Hospital 20 de Noviembre, pero fue rechazado porque no contaba con el documento de traslado y aceptación de internamiento; además, le manifestaron que no tenían servicio de urgencias, por lo que, desesperado y a efecto de que se atendiera a su familiar, lo trasladó al Hospital "Adolfo López Mateos", donde permaneció durante dos días en urgencias sin que se le hiciera nada. En dicho nosocomio le requirieron un medicamento llamado Trental, el cual estuvo comprando durante 39 días. No fue sino hasta el 13 de febrero de 1995, es decir 19 días después, que se procedió a su intervención sin llevar a cabo ningún estudio que pudiera ayudar a determinar el estado real de salud de su padre. En dicha operación, el doctor Ramírez hizo una abertura del esternón a las ingles, manipulando la cavidad toráxica e incluso la aorta del paciente, poniendo en peligro su vida; sin embargo, no colocó el puente que necesitaba su padre y se concretó a cerrar la herida. Con motivo de la referida operación, la salud de su padre se deterioró considerablemente, por lo que trató de hablar con el Director del hospital, pero esto no fue posible. El asesor del Director le informó que su padre necesitaba un puente en la aorta para librar la obstrucción, pero que como no se había podido efectuar la operación lo enviarían al Hospital 20 de Noviembre, donde le harían nuevos estudios y lo operarían correctamente. 34 Siguió manifestando que el 14 de febrero de 1995 trasladó a su padre al Hospital 20 de Noviembre, atendiéndolo el doctor Mario Vázquez, quien le informó que el tiempo que se había dejado a su padre sin atención repercutía en forma trascendente en la salud del mismo y que la manipulación de la que había sido objeto el paciente agravaba su estado de salud; también le manifestó que la operación se hubiera podido realizar en cualquiera de los hospitales en los que su padre había estado anteriormente, evitando así poner en riesgo su vida. Se le practicaron estudios de sangre, cardiovasculares y pulmonares, además de una resonancia, a efecto de determinar el lugar de la oclusión de la aorta, ya que los mismos eran indispensables para poder llevar a cabo la operación. Concluyó el señor Adolfo Torres Ayala refiriendo que el 21 de febrero de 1995, el doctor Juan Manuel Rodríguez Trejo procedió a operar al señor Ramón Torres Magaña, colocándole un puente aortobifemoral y amputándole la pierna que ya se encontraba infectada de gangrena. Sin embargo, estuvo tres días en terapia intensiva sin que existiera una notable mejoría, deteriorándose su salud al punto de que el 4 de marzo del mismo año falleció. 2. Con motivo de lo anterior, en esta Comisión Nacional se inició el expediente de queja CNDH/121/95/DF/3288, y en el procedimiento de su integración este organismo Nacional solicitó al licenciado Francisco Castillo Montemayor, entonces Coordinador General de Atención al Derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante oficios V2/16955 y V2/1997O, del 14 de junio y 7 de julio de 1995, respectivamente, un informe sobre los hechos constitutivos de la queja, así como copia del expediente clínico completo del señor Ramón Torres Magaña. 3. El 31 de julio de 1995, se recibió respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante oficio CAD- DH/318/95, al que anexó copia del expediente clínico del señor Ramón Torres Magaña; 4. Con motivo de los hechos expuestos y de la respuesta enviada por el ISSSTE, el visitador adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos encargado del caso solicitó, el 2 de agosto de 1995, a un perito médico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un dictamen sobre el expediente clínico del agraviado, a efecto de poder determinar si la atención médica brindada al señor Ramón Torres Magaña había sido la adecuada. 45 5. En respuesta, el perito médico adscrito a este organismo Nacional, previo estudio y análisis del expediente clínico, concluyó lo siguiente: Existió responsabilidad en el manejo médico-quirúrgico establecido por los médicos del ISSSTE de los hospitales "Adolfo López Mateos" y 20 de Noviembre, en el tratamiento del padecimiento presentado por el señor Ramón Torres Magaña por las siguientes razones: 1) Haber retrasado la operación del paciente a pesar de que el tratamiento médico instituido no mejoraba el cuadro clínico. 2) No haber realizado estudios (toma de presión, pletismografía o angiografía) para determinar la permeabilidad vascular de las arterias femorales antes de los procedimientos quirúrgicos efectuados. 3) Efectuar la amputación a nivel supracondíleo. Cabe destacar que el 5 de junio de 1995, el señor Adolfo Torres Ayala denunció lo sucedido ante el agente del Ministerio Público Federal, auxiliar de la Mesa X FESPLE, dándose inicio a la averiguación previa número 476O/FESPLE/95, misma que se encuentra en integración. II. EVIDENCIAS 1. El escrito de queja presentado por el señor Adolfo Torres Ayala el 31 de mayo de 1995, en esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. 2. El oficio CAD-DH/318/95, del 28 de julio de 1995, de la Coordinación General de Atención al Derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del cual remitió copia del expediente clínico del señor Ramón Torres Magaña, del que destaca lo siguiente: a) El historial clínico del paciente. b) El certificado de defunción , de la Secretaria de Salud fechado el 4 de marzo de 1995, en el que se indicó como causa directa de la muerte tromboembolia pulmonar con un intervalo de una hora entre el comienzo de la enfermedad y el momento de la muerte, debido a arteroesclerosis, de 20 años de evolución entre el comienzo de la enfermedad y el momento de la muerte, aunado al padecimiento de aneurisma aorta abdominal de 20 años de evolución. 56 3. El dictamen médico de un perito adscrito a esta Comisión Nacional, del 13 de noviembre de III. SITUACIÓN JURÍDICA El 20 de enero de l 99S, el señor Ramón Torres Magaña ingresó al hospital del ISSSTE en Morelia, Michoacán, porque presentaba dolor intenso y parálisis de la pierna derecha, de la pantorrilla al pie; en dicho hospital lo atendieron dentro de lo posible, le controlaron el dolor y le manifestaron que tendría que ser sometido a una intervención quirúrgica de inmediato, ya que, de no llevarse a cabo, su pierna se "gangrenaría". Por tal motivo, sus familiares lo trasladaron a la ciudad de México, primero al Hospital 20 de Noviembre, donde no lo quisieron atender porque no contaba con la forma de ingreso respectiva, por lo que su familia lo llevó al Hospital "Adolfo López Mateos", donde fue intervenido quirúrgicamente; sin embargo, como no se contaba con el injerto adecuado ni con el apoyo de una bomba extracorpórea, se suspendió la misma y se envió al paciente al Hospital 20 de Noviembre, con diagnóstico de aneurisma de aorta toráxica y abdominal, a efecto de que se le practicara cirugía cardiovascular con manejo de circulación extracorpórea; fue intervenido nuevamente, realizándose aneurismectomia, colocación de injerto aortobifemoral y amputación supracondílea derecha. El 4 de mayo del mismo año el paciente presentó paro cardiorrespiratorio irreversible, concluyendo como causa de la muerte tromboembolia pulmonar, arteroesclerosis y aneurisma de aorta abdominal. Del mismo modo, el 31 de mayo de 1995, el señor Adolfo Torres Ayala presentó queja ante esta Comisión Nacional, dando origen al expediente CNDH/121/95/DF/3288. El 5 de junio de 1995, el señor Adolfo Torres Ayala se presentó ante el representante social y denunció los hechos referidos, dando inicio a la averiguación previa 4760/FESPLE/95. IV. OBSERVACIONES Del estudio de las constancias con que cuenta este organismo Nacional y, específicamente, del dictamen médico emitido por el perito adscrito a este organismo Nacional, se desprende que efectivamente se violaron los Derechos Humanos del señor Ramón Torres Magaña, toda vez que fue negligentemente 67 atendido en los hospitales "Adolfo López Mateos" y 20 de Noviembre del ISSSTE, por las siguientes razones: 1. Haber retrasado la operación quirúrgica a pesar de que el tratamiento médico instituido no mejoraba el cuadro clínico, y ya se había establecido el diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, se dejó evolucionar la isquemia hasta el grado de necrosis tisular. a) El 20 de enero de 1995, el señor Ramón Torres ingresó al Hospital Vasco de Quiroga en Morelia, Michoacán, porque presentaba signos y síntomas clínicos de insuficiencia arterial periférica crónica agudizada, por lo que se le realizó un bloqueo peridural. Es importante mencionar que el resultado de este bloqueo tiene dos características principales sobre el padecimiento del paciente, entre los que están el tratamiento del dolor y la resistencia periférica de los vasos, con la cual disminuye la insuficiencia arterial y, por lo tanto, la isquemia del o los miembros afectados. Dadas las características clínicas del cuadro, el mismo sugería la presencia de una insuficiencia arterial crónica agudizada; sin embargo, no fue sino cuatro días después que se efectuó una aortografía, en la que se observó oclusión total de la aorta terminal, definiendo la lesión responsable; este examen orientaba a los médicos para predecir el tipo de cirugía de revascularización que requería el paciente. b) Como el hospital no solucionó el problema de salud del paciente, el 25 de enero del mes y ano citados, sus familiares decidieron egresarlo y lo trasladaron a la ciudad de México, concretamente al Hospital 20 de Noviembre, donde, no obstante su delicado estado de salud, no lo atendieron, ya que le requirieron la hoja de traslado y de ingreso, documentos con los cuales no se contaba; los familiares, desesperados, decidieron llevarlo al Hospital "Adolfo López Mateos", donde se consideró que, dado el estado de salud del paciente, éste debía internarse en el servicio de cirugía vascular, toda vez que cursaba insuficiencia arterial aguda; el 26 de enero de 1995, se valoró la probabilidad de colocarle un injerto arterial, sin embargo, no fue sino hasta el 13 de febrero del mismo año, es decir 19 días después, que fue intervenido quirúrgicamente con diagnóstico preoperatorio de enfermedad de "Leriche"; se llevó a cabo laparotomía exploradora y exploración vasculoinguinal bilateral, sin embargo, la cirugía se suspendió por no contar con el injerto adecuado ni con el apoyo de una bomba extracorpórea, ya que en ese momento se percataron de la presencia de un aneurisma de aorta. Con motivo del intento fallido de ayudar al paciente, y por sugerencia de los médicos del Hospital "Adolfo López Mateos", el 14 de febrero de 1995 el paciente 78 fue trasladado al Hospital 20 de Noviembre, donde fue valorado por medicine interna y se consideró que era urgente intervenirlo por la insuficiencia arterial y la inminente ruptura de aneurisma. El 21 de febrero de 1995, con diagnóstico preoperatorio de aneurisma toráxicoabdominal, el paciente fue intervenido quirúrgicamente, llevando a cabo aneurismectomía y colocación de injerto aortobifemoral y amputación supracondílea derecha. El paciente siguió con problemas vasculares y en malas condiciones generales. Finalmente, el 4 de marzo de 1995, presentó paro cardiorrespiratorio irreversible en el que perdió la vida. 2. También se observó que existió responsabilidad por parte del personal médico de los hospitales referidos por no llevar a cabo los estudios suficientes para determinar los procedimientos quirúrgicos idóneos que debían realizarse. a) La cirugía del 21 de febrero de 1995 se llevó a cabo basándose únicamente en la angiografía que se le practicó al paciente en Morelia, Michoacán, la cual sólo establecía que la aorta estaba obstruida, pero no determinaba hasta qué nivel se encontraba la obstrucción arterial, ]o que imposibilitó elegir el procedimiento quirúrgico más adecuado para la revascularización del miembro, o para la amputación. En esta intervención, al realizar la arteriotomia en la femoral común derecha, ésta se encontró con lesión múltiple y con coágulos blancos antiguos; se llevó a cabo la anastomosis termino lateral, pero no se efectuó disección de los tejidos hasta localizar la bifurcación de la arteria femoral, donde se divide en femoral superficial y profunda, ya que en estos sitios de bifurcación es más frecuente el proceso patológico. Lo anterior tiene su importancia en el hecho de que, además de lo mencionado, la arteria femoral superficial regularmente es más afectada por la arteroesclerosis que la femoral profunda; es frecuentemente importante en los procedimientos de reconstrucción arterial para la anastomosis, sin embargo, durante la cirugía no se localizó esta bifurcación, ni se verificó si ambas ramas femorales estaban afectadas para colocar la anastomosis en la región más adecuada. b) Cabe destacar que, además del estudio arteriográfico, se debió llevar a cabo, en forma inmediata, una exploración vasculoinguinal, con lo que también se hubiera realizado el diagnóstico del aneurisma de la aorta, ya que el proceso 89 izquémico del miembro afectado era grave, como se corrobora por el hecho de que a pesar del procedimiento quirúrgico, el estado general del paciente, así como las condiciones del miembro pélvico derecho empeoraron, presentando, el 20 de febrero de 1995, datos de daño nervioso motor (pie péndulo), por lo que fue necesaria la amputación. c) También era necesario que se efectuaran estudios para determinar la permeabilidad vascular de las arterias femorales antes de los procedimientos quirúrgicos efectuados, a fin de establecer el nivel de amputación óptimo del miembro y que se facilitara la recuperación del paciente. Lo anterior, basado en los hallazgos quirúrgicos encontrados en la cirugía para la aneurismectomía y amputación realizada el 21 de febrero de 1995, en la que se describe que donde se efectuaron las anastomosis terminolaterales a nivel de las femorales, había una trombosis total y, al delimitar el nivel de amputación, se observó que las arterias femorales a nivel supracondíleo se encontraban trombosadas; esto evidenciaba una enfermedad oclusiva aortoiliaca de tipo III que se asocia con lesiones oclusivas infrainguinales, o sea, una enfermedad mayormente diseminada en las ramas arteriales del miembro, con obstrucción de las femorales en todo su trayecto. Toda vez que el miembro estaba tolerando la isquemia, porque seguramente existía una buena circulación colateral, durante ese tiempo no se le efectuaron otros estudios al paciente tales como tomografía, pletismografía, o toma de presión a diferentes niveles del miembro afectado, para estudiar el padecimiento en forma más complete y verificar el grado del mismo. 3. Finalmente, conviene referir que existió responsabilidad al efectuar la amputación, ya que el paciente era portador de una trombosis aortoiliaca de multinivel, en la cual no solamente estaban afectadas las arterias aorta e iliacas sino también las arterias femorales y seguramente sus ramas; esto se corrobora por lo descrito en la note de cirugía, en la que se describe que al realizar la amputación al nivel supracondileo, se localizaron vasos femorales trombosados, los cuales se pinzaron, cortaron y ligaron, poniéndose en evidencia que el proceso patológico abarcaba hasta un nivel arterial más distal, por lo que el hecho de no verificar la permeabilidad de las arterias para la colocación del injerto y así garantizar la adecuada perfusión sanguínea del muñón de amputación y al haber encontrado las arterias femorales trombosadas a nivel de las anastomosis del marcapasos, nos habla de que dichas arterias estaban obliteradas en todo su trayecto, por lo que desde un principio se tenía que llevar a cabo una desarticulación a nivel de la cadera, ya que al no existir permeabilidad de las femorales, este procedimiento estaba destinado al fracaso. Cabe destacar que se 910 pudieron evitar las complicaciones posteriores (isquemia del miembro amputado) que contribuyeron al deterioro orgánico del paciente y a su muerte. Esto se corrobora por el hecho de que con posterioridad a la cirugía, en el muñón de amputación no se percibían los pulsos femorales, presentándose muerte de los tejidos, condicionando la presencia de infección a ese nivel; esta complicación contribuyó a una prolongación en la estancia intrahospitalaria del paciente, con la subsecuente presentación de una neumonía hipostática por la inmovilidad prolongada, es decir, se realizó una cirugía inadecuada, la cual contribuyó al deterioro de las constantes vitales del paciente, quien siguió con problemas vasculares y en males condiciones generales. Finalmente, el 4 de marzo de 1995 presentó paro cardiorrespiratorio irreversible con el que perdió la vida. Es importante destacar que el hecho de que el señor Ramón Torres Magaña hubiera acudido a los hospitales "Adolfo López Mateos" y 20 de Noviembre, fue con la convicción de obtener un servicio que beneficiara a su persona, es decir, que se protegiera y restaurara su estado de salud, el cual se encontraba deteriorado, por lo que se presentó con la confianza de recibir una atención profesional y éticamente responsable, lo que no ocurrió por la negligencia de los médicos que lo atendieron. Por lo que se pasó por alto lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley General de Salud que establece: Artículo 23. Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Cabe señalar que en la atención brindada al señor Ramón Torres Magaña se incurrió en responsabilidad médica, ya que como lo subrayó el dictamen elaborado por el perito de esta Comisión Nacional, el factor tiempo y el tratamiento inadecuado con el que fue atendido el hoy occiso fueron determinantes en la pérdida de la vida. A mayor abundamiento, conviene indicar que el artículo 32 de la Ley General de Salud indica: Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. 1011 En el desempeño de su labor, los médicos tratantes del agraviado incurrieron en actos y omisiones graves que afectaron y determinaron el estado de salud del señor Ramón Torres Magaña. Es de considerar que la atención médica de la que fue objeto el señor Ramón Torres Magaña no cumplió con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que señala: Artículo 22. Con relación a lo dispuesto por la Ley, se entiende por: I. Asistencia médica, el conjunto de consultas, estudios, curaciones e intervenciones médico-quirúrgicas que correspondan a las exigencias que presente cada caso y que sean apropiadas y suficientes para su tratamiento, tanto en calidad como en cantidad, de conformidad con los elementos y recursos del Instituto. Es obvio que los médicos, como profesionales de la salud, deben estar capacitados para establecer las medidas, tratamientos y estudios idóneos antes de realizar intervenciones quirúrgicas, a efecto de proteger la salud humana y restablecer, dentro de lo posible, el estado de salud de los pacientes. Sin embargo, los médicos que tuvieron a cargo al paciente referido; ignoraron lo establecido por los artículos 33 y 51 de la Ley General de Salud que señalan: Artículo 33. Las actividades de atención médica son: [...] II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno, y [...] Artículo 51. Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares. También es importante mencionar que si los médicos del Hospital "Adolfo López Mateos", no tenían la capacidad profesional para intervenir quirúrgicamente al señor Ramón Torres Magaña, debieron remitirlo de inmediato al Hospital 20 de 1112 Noviembre, tal y como lo indica la Ley General de Salud en el artículo 55 que preceptúa: Artículo 55. Las personas o instituciones públicas o privadas que tengan conocimiento de accidentes o que alguna persona requiera de la prestación urgente de servicios de salud, cuidarán, por los medios a su alcance, que los mismos sean trasladados a los establecimientos de salud más cercanos, en los que puedan recibir atención inmediata, sin perjuicio de su posterior remisión a otras instituciones. De esta forma, esta Comisión Nacional considera que se violaron los Derechos Humanos del señor Ramón Torres Magaña al darle un tratamiento inadecuado a su padecimiento, el cual era evidentemente delicado y grave. Es de señalarse que la Ley contempla la responsabilidad de los servidores públicos y profesionales encargados de la prestación de servicios médicos y, en su caso, la tipificación de los delitos derivados de la responsabilidad profesional. Con relación a esto, los artículos 416 y 47O de la Ley General de Salud establecen: Artículo 416. Las violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones que emanen de ella, serán sancionadas administrativamente por las autoridades sanitarias, sin perjuicio de las penes que correspondan cuando sean constitutivas de delito. [...] Artículo 470. Siempre que en la comisión de los delitos previstos en este capitulo participe un servidor público que preste sus servicios en establecimientos de salud de cualquier dependencia o entidad pública y actúe en ejercicio o con motivo de sus funciones, además de las penas a que se haga acreedor por dicha comisión y sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, se le destituirá del cargo, empleo o comisión y se le inhabilitará para ocupar otro similar hasta por un tanto igual a la pena de prisión impuesta, a juicio de la autoridad judicial. En caso de reincidencia, la inhabilitación podrá ser definitiva. Igualmente, el artículo 192 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado preceptúa: 1213 Artículo 192. Los servidores del Instituto estarán sujetos a las responsabilidades civiles, administrativas y penales en que pudieran incurrir, de acuerdo con las disposiciones regales aplicables. Asimismo, el artículo 77 bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala: Artículo 77 bis. Cuando en el procedimiento administrativo disciplinario se haya determinado la responsabilidad del servidor público y que la falta administrativa haya causado daños y perjuicios a particulares, éstos podrán acudir a las dependencias, entidades o a la Secretaria de la Contraloría General de la Federación para que ellas directamente reconozcan la responsabilidad de indemnizar la reparación del daño en cantidad líquida y, en consecuencia, ordenar el pago correspondiente, sin necesidad de que los particulares acudan a la instancia judicial o a cualquier otra. No obstante lo anterior, esta Comisión Nacional no se pronuncia respecto a la cuantificación de la reparación del daño, sólo concluye que existió dilación y negligencia en el tratamiento del paciente, lo que provocó un hecho irreversible que causó la muerte del agraviado. Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos se permite formular respetuosamente a usted, señor Director General, las siguientes: V. RECOMENDACIONES PRIMERA. Se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se tramite, a la brevedad, el pago de la indemnización correspondiente a los deudos del señor Ramón Torres Magaña. SEGUNDA. Proveer lo necesario a fin de que, conforme a la Ley, se inicie la investigación correspondiente para determinar la responsabilidad profesional en la que incurrieron los médicos que atendieron al señor Ramón Torres Magaña en el Hospital "Adolfo López Mateos" en la ciudad de México, Distrito Federal, y, de ser el caso, Dar vista a la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, a fin de que se apliquen las sanciones que conforme a Derecho correspondan. TERCERA. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B, de la Constitución General de la República, tiene el carácter de pública. 1314 De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, en su caso, se nos informe dentro del término de 15 días hábiles siguientes a esta notificación. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la Recomendación se envíen a esta Comisión Nacional dentro de un término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la Recomendación. La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública esta circunstancia. Atentamente, El Presidente de la Comisión Nacional Rúbrica 14 Documentos relacionados
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