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Timestamp: 2019-04-26 17:21:24+00:00

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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 18 de Abril de 2018 (caso ALVAREZ, MARIA SOLEDAD c/ OMINT ART S.A. s/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL) - Jurisprudencia - VLEX 725681129
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 18 de Abril de 2018 (caso ALVAREZ, MARIA SOLEDAD c/ OMINT ART S.A. s/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL)
Poder Judicial de la Nación SENTENCIA INTERLOCUTORIA. CAUSA Nº CNT 43301/2017/CA1–“ALVAREZ, M.S. c/ OMINT ART S.A.
s/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL” JUZGADO Nº 45-
Las presentes actuaciones llegan a consecuencia de los recursos interpuestos por la parte actora a fs. 29/30, y fs. 33/38vta.
Observo que el presente, es un particular caso que se suscita a partir de los artículos 1, 2 y 14 de la Ley 27348, respecto a la obligatoriedad de agotar la vía administrativa ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, sobre lo cual fue solicitada por la parte actora la tacha de inconstitucionalidad.
Así, la mencionada particularidad obedece a la ingeniosa solución que propugna la Sra. Magistrada de la primera instancia.
En efecto, como veremos seguidamente, la a quo considera, por un lado, constitucional la jurisdicción administrativa, y en lugar de archivar la causa, decide que el actor inicie las actuaciones ante las comisiones y a partir de allí se suspenda el trámite judicial por el plazo que la ley prevé para agotar dicho procedimiento administrativo, bajo apercibimiento, de que en caso de no cumplir con dicha intimación, se tenga por no presentada la demanda –
RESUELVO: 1) Denegar el planteo incoado por la actora y conforme lo prescripto por el art. 67 L.O. intímasela para que en el plazo de 10 días hábiles acredite haber dado inicio al trámite precedente, con la respectiva constancia adjunta por escrito, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda (arts. 65 y 67 L.O). 3) Asimismo, se le hace saber que una vez acreditado el mentado inicio, los autos se mantendrán en letra por el plazo de 90 días hábiles administrativos en el entendimiento que, salvo la existencia de alguna presentación durante ese período, se presumirá agotado el objeto del presente en la instancia administrativa, procediéndose al archivo de la causa. 4) NOTIFÍQUESE. “ (lo puesto de resalto me pertenece)-
La parte, ante esta resolución (fs. 27/28), presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Así, desestimado el primero, se concede la apelación con efecto diferido en atención al artículo 110 de la L.O. Luego, toda vez que cumplido el plazo de los diez días, sin que el actor acreditara el inicio del trámite administrativo se tuvo por no presentada la demanda (fs. 32), lo que dio lugar a la revitalización de la apelación interpuesta en función del artículo 112 de la LO (fs. 33/38vta.)
Fecha de firma: 18/04/2018 Alta en sistema: 21/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30083461#203452989#20180418101338700 Poder Judicial de la Nación
II.- La Sentenciante de anterior grado, como lo anticipé, sostiene que el artículo 1 de la Ley 27348 en lo atinente al procedimiento administrativo previo de carácter obligatorio y excluyente, no merece objeciones constitucionales.
La a quo arriba a tal conclusión sosteniendo que “no existe norma constitucional alguna que prohíba los trámites administrativos ni que estén vedados. Por el contrario, al amparo de la misma Constitución la casi totalidad de los juicios ordinarios se encuentran sujetos a una instancia previa, tal el caso que venía desarrollándose por ante el Seclo de la ley 24.635.”
Por las razones que sean, parece que el legislador ha entendido preferible la existencia de una instancia previa a la judicial y ha adoptado decisiones que redundan en un requisito formal, adicional a los que puedan encontrarse en las normas procesales específicas, para el inicio de prácticamente cualquier demanda.
Este trámite administrativo previo ante las Comisiones Médicas incluye la posibilidad de conciliación con asistencia letrada (ante el Servicio de Homologación, regulado por el primer párrafo del art. 3º y el anexo I de la ley 27.348) y la atribución de facultades homologatorias a organismos administrativos que, por lo demás, ha sido dispuesta por distintas normas y en distintos momentos, sin cuestionamientos constitucionales que modificaran el panorama legal.
Más allá de la gran cantidad de decisiones sobre temas conexos al de las Comisiones Médicas, no existe un pronunciamiento en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se haya expedido, de modo llano y sin lugar a interpretaciones divergentes, sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del conjunto del sistema de Comisiones Médicas.
A mi ver, resulta determinante que a partir de las modificaciones introducidas por la ley 27.348 el trámite administrativo transcurre con asistencia letrada y con un lapso impuesto para expedirse.
Entiendo, así, que el límite constitucional establecido en la norma se encuentra salvaguardado y las Comisiones Médicas mantenidas por la reforma, las cuales, además, cabe presumir imparciales por su carácter público y sus propias características funcionales.
Al respecto comparto el criterio de justificación de este tipo de sistema, que podría encontrar apoyo en la función antes médica que jurídica, ya que la determinación de criterios consistentes, uniformes y generalizados sobre la incapacidad que cabe asignar a distintas patologías y daños en la salud contribuye, incluso, a que las normas sobre reparación se apliquen, en la práctica, en condiciones de igualdad (16 C.N.)
En el contexto analizado, la posibilidad de iniciar una acción judicial no se contradice con la obligatoriedad de un trámite administrativo previo. A ello adiciono, como dije, que se encuentra limitado a sesenta días hábiles administrativos, que estimo razonable, ya que sesenta de tales días equivalen a aproximadamente tres meses en tiempo judiciales, Fecha de firma: 18/04/2018 por lo que, reitero, no se evidencia agravio constitucional, incluso Alta en sistema: 21/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30083461#203452989#20180418101338700 Poder Judicial de la Nación considerando la posibilidad de una prórroga habilitada por la propia ley y limitada a los casos donde el debate gira sobre la propia existencia del hecho que pretende identificarse como causa de la incapacidad.
(Lo puesto de resalto me pertenece)
Por su parte, el apelante afirmó, que debía ser declarada la tacha toda vez que este requerimiento de la ley implica una injustificada restricción del acceso a la justicia para el actor, así como una modificación de la competencia territorial que tiene como efecto la discriminación y desprotección del trabajador.
Específicamente, en lo relativo al procedimiento administrativo obligatorio, sostiene que “las Comisiones médicas se disfrazan como judiciales, sin embargo son dirigidas por médicos que vienen a sustituir a los Jueces laborales (…) las atribuciones importan un verdadero contencioso jurídico (…)”
Cuestiona la amplitud de las facultades atribuidas a las comisiones médicas y sostiene que “un órgano compuesto por médicos cuyo aporte técnico es esencial en el dictamen de los aspectos que hace a su profesión, pero que no están formados para dictar resoluciones sobre la naturaleza jurídica y laboral de los accidentes o enfermedades profesionales (…)”
Asimismo, destaca que “la ley fue dictada para reducir la litigiosidad para desalentar los reclamos, sin analizar en ninguna medida la posibilidad de que esa elevada litigiosidad guarde relación con un elevado grado de incumplimiento de las ART y los empleadores” (Lo puesto de resalto me pertenece). Agrega, que tener como objetivo final disminuir la litigiosidad, sin atender las causas que generan el reclamo de los trabajadores, es inconstitucional.
Insiste en que sostener el requisito del procedimiento administrativo obligatorio es “inútil y dilatorio”, y que lesiona el derecho de peticionar ante las autoridades de un sujeto de preferente tutela, puesto que debería ser una opción voluntaria del trabajador, toda vez que “no cualquier controversia puede ser válidamente deferida al conocimiento de órganos administrativos”. Al respecto, cita el fallo de la CSJN “Ángel Estrada”.
Asimismo, afirma que tal procedimiento fue declarado inconstitucional en relación a la Ley 24557 en los precedentes “Castillo”, “V.”, “M.” y “Obregón.”
Resalta que en el fallo “Obregón”, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las comisiones médicas, admitiendo que “imponer a la víctima el paso por una vía administrativa previa significa retrasar injustificadamente el acceso a la justicia civil”.
La parte refiere, que se trata de “una inconstitucionalidad absoluta aplicable a todos los casos con carácter general ya que, dada su materia, no resulta pensable que las CCMM sean constitucionales a veces sí y a veces no, según las singularidades de cada caso.” (lo puesto de Fecha de firma: 18/04/2018resalto me pertenece)
Alta en sistema: 21/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30083461#203452989#20180418101338700 Poder Judicial de la Nación Finalmente, del relato surge que la parte fundamenta la tacha del procedimiento administrativo obligatorio y excluyente ante las CCMM por violentar la finalidad de los artículos 14 in fine, 14bis, 16, 18, 116bis, 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 2.1 del PIDESC.
Antes de abordar la cuestión traída a decisión, corresponde aclarar el motivo por el cual no se envía en vista al F. General la causa, a fin de tratar una supuesta cuestión de competencia.
Es central entender que los conflictos interpretativos sobre la Ley 27348, tienen diversos niveles que muchas veces se presentan como confusos a la hora de delimitarlos, lo que podría acarrear inconvenientes respecto a la determinación de la congruencia en el momento del pronunciamiento en la alzada.
En efecto, cabe señalar, que en el supuesto de autos, hasta el momento, estamos únicamente ante un liminar control de constitucionalidad del procedimiento administrativo obligatorio diseñado en la ley 27.348, puesto que la juzgadora de origen solo se pronunció al respecto, decretando su constitucionalidad.
Es por este motivo que no considero obligatorio dar vista al Sr.
Fiscal General, y por lo tanto me limitaré al tratamiento de la tacha.
Preliminarmente, es necesario destacar, que entre otras causas, existe sobre la cuestión un dictamen del F. General de la Cámara (nº
72.879 del 12 de julio de 2017), y un pronunciamiento de la Sala II en la Sentencia Interlocutoria Nº 74.095 del 3 de agosto del 2017, ambos en la causa “B., Florencia Victoria C/ Swiss Medical ART S.A. S/Accidente - Ley Especial”.
Fecha de firma: 18/04/2018 Alta en sistema: 21/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30083461#203452989#20180418101338700 Poder Judicial de la Nación Los argumentos expuestos, tanto por el ministerio fiscal, como por mis colegas, serán tenidos en cuenta en el presente análisis, al igual que la interpretación, que hasta el momento ha sostenido la Corte sobre la jurisdicción administrativa.
Ahora bien, adelanto que he sostenido y argumentado inveteradamente -sobre lo que me explayaré aquí a su debido tiempo-, que en nuestro sistema jurídico, de modelo continental, los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no revisten fuerza vinculante para el resto de los jueces, toda vez que sus pronunciamientos son ley en sentido particular, sólo para las partes1, contrariamente a lo sostenido por la parte actora (ver Punto II).
En efecto, aquí, el control de constitucionalidad es de carácter difuso -no concentrado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, por lo tanto, es obligación de cada juez hacerlo respecto al objeto de la demanda, en concreto, y puede resultar que por las singularidades del caso, una ley que recibió la tacha en un supuesto, su aplicación no revista dicho carácter en otro reclamo.
Por este motivo no se puede afirmar que lo resuelto por el Superior Tribunal sea “una inconstitucionalidad absoluta aplicable a todos los casos con carácter general”, como lo pretende el accionante.
No obstante, cabe advertir que las pautas interpretativas del Tribunal Superior –así como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, no deben ser soslayadas a la hora de realizar el obligado control difuso de constitucionalidad –y de convencionalidad- de las normas que conforman el sistema jurídico vigente, aunque reitero, no implican la obligatoriedad de las doctrinas que establecen. Dicho ello con la salvedad de que si la doctrina que fijan es la más progresiva para su momento, en ese caso no podría resolverse por debajo de ese standard, pero no porque el precedente sea vinculante, sino porque el principio de progresividad deriva de una norma interpretativa incorporada al sistema.
Asimismo, en la lógica del control constitucional de carácter difuso, pensado en un sistema republicano, de federalismo moderado, tampoco es viable la afirmación que hace la a quo al expresar “Por las razones que sean, parece que el legislador ha entendido preferible”, toda vez que, como lo afirmé
en el fallo “A.”2 del registro de esta Sala III, en lo que refiere al establecimiento de las distintas jerarquías de los órganos que surgen de la Constitución Nacional, así como desde antecedentes clásicos –Montesquieu-, se ha desarrollado la doctrina de los frenos y contrapesos (checks and balances), la cual estima, como basamento de la teoría y práctica republicana, que los tres poderes del estado se hallan equilibrados. O, en su defecto, que se controlan entre ellos.
Por tanto, resulta llamativo que, la Sentenciante afirme cierta supremacía del Poder Legislativo. En el punto, es obviamente admisible que se trate de un poder relevante, y digno de defensa y preservación en el sentido de 1 SALA III "Fiorino, A.M. C/QBE Argentina ART S.A. S/ Accidente-Ley Especial” Causa Nro. 1832/2013, del registro de esta S., el día 25/04/2017 Fecha de firma: 18/04/2018 SALA III “A., J.B. C/ Estancia La República S.A. Y Otro S/ Accidente – Acción Civil”, Sentencia Interlocutoria Nº 63.585, del 30 de junio de 2014.
Alta en sistema: 21/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30083461#203452989#20180418101338700 Poder Judicial de la Nación su plasmación de, a su vez, la soberanía popular, ya que se ve conformado por el voto directo de la población.
Sin embargo, su relevancia y conformación no implica que esté
situado, de manera absoluta, por encima de los otros poderes. Es decir, que no resista el control y censura de los demás ya que, por definición, estos controles hacen a la definición misma del sistema republicano.
En efecto, en términos generales, es necesario comprender la estructura jurídica del modelo argentino, dentro de la cual se está juzgando la viabilidad de prorrogar la justicia ordinaria a una justicia administrativa, de carácter obligatorio. De ser livianos en este aspecto técnico, o de incurrir en meros argumentos de autoridad que conviertan en verdadero lo falso 3, podemos incurrir en importantes confusiones que impliquen decisiones contrarias al derecho constitucional vigente 4.
De tal modo, observo con preocupación que tanto la doctrina especializada, cuanto el Ministerio Público y la Jurisprudencia, se remiten en este tema, a precedentes de la Corte de EEUU sin formular distinciones, y extrapolan conceptos, como el de la agencia administrativa y el rol de los principios5, sin contemplar que su modelo jurídico es diferente al nuestro.
A tal fin, y hablando de modelos comparados, toda vez que en “Ángel Estrada” la Corte en efecto, habría de echar mano a precedentes de la Corte Suprema de los Estados Unidos, a fin de determinar la viabilidad de la aplicación de los mismos, refrescó las bases de nuestro sistema constitucional, de acuerdo a la organización del poder que decantó la historia de nuestro país, en los constituyentes de 1853/60. Metodología que no se sigue habitualmente, En oposición a lo manifestado en la cita anterior por la suscripta, ver A.M.G., “Diálogo jurisprudencial y valor del precedente. Desafío de los superiores tribunales de justicia en el federalismo argentino”, La Ley, 20 de septiembre de 2017.
Fecha de firma: 18/04/2018“DERECHOS HUMANOS”, 26/09/2014, pág. 57/65.
Alta en sistema: 21/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30083461#203452989#20180418101338700 Poder Judicial de la Nación y que, por cierto evitaría muchas distorsiones, cada vez que se extrapolan institutos sin mayor reflexión.
De hecho, que incansablemente propongo en mis pronunciamientos, la observación sobre el distingo entre el modelo continental y el de common law, el primero adoptado por la Argentina, y el segundo por EE. UU. 6. Ello obedece a la necesidad de explicar detenida y sistémicamente, el porqué de una decisión, que muchas veces se aparta del común denominador. Por eso, no tener claro el “GPS”, tanto en el derecho como en el deporte y la conducción, sería algo así como, jugar un partido de fútbol donde el árbitro aplique el reglamento del volleyball 7, o pretender avanzar en las rutas de Londres por la izquierda.
Este fue el motivo por el cual profundicé estos conceptos a la hora de evaluar la reforma, también en materia de riesgos, en relación con la competencia y los beneficios de la Ley 26773, en los fallos “A.”8, y “Fiorino”9, lo que haré nuevamente en el tema que me convoca.
En efecto, este tipo de hermenéutica es la que practico en la resolución de las causas y, expresamente, lo he manifestado en los precedentes mencionados y en numerosos decisorios como juez de la primera instancia10. Se trata en definitiva, de la necesidad de una interpretación en términos de sistema jurídico, en lo que hiciera hincapié la Dra. K. de C. en los albores de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación unificado.11 Aclaro que se trata del modelo general, donde los fallos de Corte Suprema de los EEUU son vinculantes, así como el de la mayoría de los estados de la federación, contando con un pequeño grupo de continentales.
Ib 1 JNT Nº 74, SD Nº 2252, “P., A.R. c/ Disco S.A. s/ Despido”, de fecha 27 de abril del 2006, revocada por esta S.I., decisorio que a su vez dejara sin efecto la CSJN ratificando lo sostenido por la suscripta: “ P., A.R. c/ Disco S.A.S/Despido”, de fecha 1 de septiembre de 2009 KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., Prólogo al Código Civil y Comercial de la Nación comentado Fecha de firma: 18/04/2018/ G.C.; S.P.; M.H.. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Alta en sistema: 21/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30083461#203452989#20180418101338700 Poder Judicial de la Nación Puntualmente, en el fallo “A.” expresé que hacer alusión a una interpretación “armónica” de los derechos contenidos en el texto constitucional, sólo puede ser traducida en la “jerarquía” de valores impuesta por la Constitución Nacional, lo que consecuentemente se traduce en una jerarquía de las normas jurídicas, que debe ser respetada por el intérprete.
De allí que, toda norma de forma o adjetiva debe reglamentar los derechos constitucionales sustantivos según, la jerarquía que el propio sistema ha establecido a través de los principios normativos. 12 Esto mismo sucede con las normas de forma de rango constitucional -vgr. la división de poderes, la 12 CAÑAL, D.R., “El fenómeno del desajuste entre los paradigmas normativos e interpretativos en el Derecho. El caso de los derechos humanos fundamentales en América Latina. La cuestión del trabajo y los problemas procesales”; Publicado en Libro “Temas de direito do trabalho, processo do trabalho e di-
CAÑAL, D.R., “Los paradigmas normativos e interpretativos: relojes que suelen atrasar”, 12º
Jornadas de Los cambios de paradigma y sus efectos, su abordaje interdisciplinario, R.S.N.. 34, Octubre 2012.
Primera Tesis Doctoral en Derecho (Teoría General y Filosofía del Derecho) –UBA-; CAÑAL, D.R., “Decisiones Judiciales. La relación entre normas de fondo y forma: Una mirada desde el Derecho del Fecha de firma: 18/04/2018Trabajo”, Ed. ERREPAR, Octubre 2011.
Alta en sistema: 21/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30083461#203452989#20180418101338700 Poder Judicial de la Nación forma de gobierno, etc.- que son, precisamente, la “reglamentación” con la que el constituyente procura preservar el paquete de normas sustantivas.
En nuestros días, y desde 1.994 el paradigma vigente es el de los Derechos Humanos Fundamentales, el que nos obliga a jerarquizar 13 los derechos en el juego entablado entre tres principios centrales: 1) El del debido proceso, que implica la existencia de un juez natural, 2) el pro homine y su necesaria consecuencia, 3) el principio de progresividad. 14 Con lo cual, si se albergasen dudas (porque de hecho, no todos los jueces han concluido del mismo modo), lo que habrá de zanjar la disputa interpretativa, ha de ser el obligado control de convencionalidad (ver CSJN, in 13 FAVOREAU, L., “Legalidad y Constitucionalidad. La Constitucionalización del Derecho”, Volumen 59, Temas de Derecho Público. Universidad Externado de Colombia”.
Y si esta duda se le perfila al juez en un nivel inferior al constitucional, (en nuestro caso, el de la normativa laboral), deberá encontrar en principio la solución en los principios de la disciplina, que de tal suerte resultan, jerárquicamente superiores, y si no encuentra la salida, subirá a la Constitución
De modo que los principios tienen la dura tarea de orientar al intérprete ante la duda. Pero no de manera disponible, sino obligatoria. Porque son ni más ni menos que normas “jurídicas”, con la previsión (en alguna parte del sistema que, recordemos, se presume cerrado) de consecuencias para quienes no los apliquen. Entre otras, la máxima posible, el juicio político, dado que el juez está obligado a aplicar las normas con arreglo a la Constitución Nacional, así como a declarar la inconstitucionalidad de oficio de aquéllas contrarias a la misma, dado el control difuso de Fecha de firma: 18/04/2018constitucionalidad que rige a este sistema continental (…)”.
Alta en sistema: 21/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30083461#203452989#20180418101338700 Poder Judicial de la Nación re “R.P., J.L. y otro c/Ejército Argentino s/daños y perjuicios”, del 27/11/12).
establecer preliminarmente que los tratados de derechos humanos son fuente de derecho y pautas de interpretación de nuestro sistema jurídico (Artículos 1 y 2 del CCCN)15.
Así, la Corte destaca de nuestro texto constitucional los artículos 18 y 109, agregando que este último está basado en el artículo 108 de la Constitución de Chile. Este no es un dato menor.
KEMELMAJER DE C., A., Prólogo al Código Civil y Comercial de la Nación comentado G.C.; S.P.; M.H.. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fecha de firma: 18/04/2018:Infojus, 2015.
Alta en sistema: 21/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30083461#203452989#20180418101338700 Poder Judicial de la Nación En efecto, estableciendo su génesis definió que el sistema argentino, a diferencia del norteamericano, se inclinó por un modelo judicialista en el marco de la división de poderes. Esta discusión, justamente, parte las aguas entre los doctrinarios administrativistas.
Para reafirmar lo expresado por la CSJN en este precedente, nada mejor que evocar las palabras del propio J.B.A., rememoradas por el administrativista J.C.C., quien al comparar nuestro sistema con el de los Estados Unidos, expresó: “decir que son iguales es algo así como confundir un huevo con una castaña”.16 En consonancia, el administrativista destacó, aludiendo a la visión del propio Alberdi17, que: “la búsqueda de las bases y puntos de partida nos lleva, a su vez, a desentrañar algunos equívocos que han ido deslizándose, sostenidos incluso por prestigiosos autores, en torno a las fuentes de nuestro derecho público, los orígenes de la justicia administrativa, la evolución del sistema norteamericano (basado hoy día en un sistema de jurisdicción administrativa con control judicial posterior, generalmente concentrado en las Cortes de Circuito, que son tribunales colegiados) y las bases constitucionales de nuestro sistema judicialista."
algunos autores han pretendido extraer la conclusión de que las instituciones de nuestro derecho procesal deben adaptarse a dicho modelo y a su evolución jurisprudencial, consecuencia que extienden para sostener la inconstitucionalidad o constitucionalidad, según el caso, de determinadas instituciones o características del proceso (vgr. efectos erga omnes de la anulación de reglamentos) (…)esa conclusión reposa en la creencia errónea, originada en Sarmiento y en la opinión del convencional G., en el sentido que nuestra Constitución constituye un calco o copia de la norteamericana. De allí, algunos autores han deducido, en forma puramente dogmática y sin tener en cuenta los estudios históricos y doctrinarios efectuados sobre las fuentes constitucionales de nuestra ley suprema que desmienten esa tesis que, en realidad, fue sólo una simplificación realizada con fines didácticos o políticos (en el caso de Sarmiento). (…)Hay que advertir que la circunstancia de que el Derecho Administrativo argentino, CASSAGNE, J.C.; El Acceso a la Justicia Administrativa , P. presentada al Seminario Internacional de Derecho Administrativo realizado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, durante los días 29, 30 y 31 de marzo de 2004.
ALBERDI, J.B., Obras completas de J.B.A., t. V, “Estudios sobre la Constitución Argentina de 1853”, p. 148, Buenos Aires, 1886. Al respecto, señala A.: “Ha resultado de ahí que el Poder Ejecutivo argentino, que forma la facción prominente de la Constitución de 1853 y determina toda su fisonomía, es completamente diferente del Ejecutivo de los Estados Unidos de Norte-América. No hay más que colocar uno enfrente de otro y contar sus atribuciones, para ver que se asemejan tanto como un huevo a una castaña. Y así debía de ser. Era nuestro ejecutivo en cierto modo, y en especial respecto de los medios de acción, una especie de reconstrucción del gobierno central, que había existido por dos siglos. Mil veces más se asemeja al de Chile que al de Estados Unidos, a pesar de la diversidad de Fecha de firma: 18/04/2018nombres; y debía preferirse la imitación de lo que era más análogo y adaptable a nuestra condición de ex colonia española y de habitantes de la América del Sur”
Alta en sistema: 21/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30083461#203452989#20180418101338700 Poder Judicial de la Nación en sus principales construcciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales, no haya mantenido una total fidelidad al modelo norteamericano no implica contradicción alguna, tuvieron a la vista los convencionales para interpretarla y aclarar los errores que se vienen repitiendo en algunos sectores del Derecho Público argentino.(…)Con una frase que no admite dudas acerca de la filiación de su proyecto que, en gran parte, sirvió de base para la Constitución de 1853, A. nos advierte en dichos Estudios que: “todo es diferente en las dos Constituciones argentina y americana respecto a la organización del gobierno, por más que la forma federal que les es común las asemeje al ojo inatento y superficial. (…)En efecto, el examen atento de las fuentes y preceptos de la Constitución revela que son varios los aspectos de interés para el desarrollo del Derecho Público en los que el apartamiento del modelo norteamericano resulta ostensible (…) ALBERDI, quien al refutar tal postura en un trabajo dedicado especialmente al tema titulado Estudios sobre la Constitución Argentina de 1853, comienza diciendo nada menos que: “para falsear y bastardear la Constitución Nacional de la República Argentina, no hay sino comentarla con los comentarios de la Constitución de los Estados Unidos (…)."Cuando un sistema recibe el calificativo de judicialista se da por sobreentendida la circunstancia de que la calificación no se refiere al juzgamiento de las causas entre particulares (justicia civil-comercial o penal), dado que éstas, en los países civilizados donde rige la división de poderes, se ventilan ante jueces, separados orgánicamente de los poderes ejecutivos, que gozan de independencia frente a estos últimos. Lo que caracteriza a cualquier sistema judicialista es el hecho de atribuir a un poder judicial independiente el conocimiento de las causas en que el Estado, o los Estados y/o Provincias, según los diferentes modelos constitucionales, son parte en el litigio.” (El texto resaltado me pertenece).18 Asimismo, T.H. afirma en este sentido que; “nuestro sistema es autóctono, derivado del Derecho Patrio, lo que “se refleja entre otros aspectos, en la cláusula constitucional del artículo 109 (ex 95) sin equivalente en la Constitución estadounidense, donde a diferencia de lo que sucede en nuestro país, la ley puede determinar que la decisión administrativa tenga carácter final. Recordemos la vigencia, en Estados Unidos de (Norte) América, del principio de la indemandabilidad del Estado, que tenía por consecuencia adicional la imposibilidad de responsabilizar al Estado por los hechos de sus agentes, y, como consecuencia adicional, la doctrina de la inmunidad soberana, de lo que se derivaba la necesidad del consentimiento del Poder Legislativo para demandar al gobierno federal. Tal doctrina determinó
aguardarse: a) hasta la creación de la Court of Claims para contar con un tribunal, bien que inicialmente de carácter administrativo, para que los contratistas del Estado pudieran deducir demandas contra aquél por responsabilidad contractual; b) que se establecieran legislativamente acciones de judicial review contra decisiones de comisiones reguladoras independientes; c) que se sancionara en 1946 la Administrative Procedure Act estableciendo con carácter general el derecho a revisión judicial de actos administrativos, y ; d) la sanción, también en 1946, de la Federal Tort Claims Act, que hizo posible accionar contra el Estado por daños y perjuicios derivados de actos de sus Fecha de firma: 18/04/2018 Alta en sistema: 21/05/2018 Ib. 11 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30083461#203452989#20180418101338700 Poder Judicial de la Nación funcionarios, para que podamos afirmar la existencia de un auténtico sistema de control jurisdiccional de la Administración. Cabe señalar que en realidad, fue tras la sanción de la Constitución de 1853 y la recepción de la influencia de la Constitución estadounidense, con la correspondiente adopción por la Corte, en buena medida, de la jurisprudencia estadounidense, cuando comenzaron a plantearse las tesis de la inmunidad soberana y de la indemandabilidad del Estado (principios totalmente ajenos a nuestro sistema)
Esta jurisdicción administrativa va en línea (como un crescendo de la incidencia de la economía y la política en el derecho) con la influencia directa que tiene a su vez el poder político en el poder judicial, como fuera puesto de manifiesto en mis votos en las causas “A.” y “Fiorino” 20.
En los EEUU, un precedente que atienda un tema muy relevante, es vinculante siempre y cuando el poder político no decida lo contrario, en cuyo caso se entroniza uno nuevo. Esto, es técnicamente posible en un modelo de common law, pero no en uno continental como el nuestro, que brinda mayor seguridad jurídica. Esa misma que se pretende destruir cuando se confunden los efectos de los fallos de la Corte, o cuando simplemente se lo considera un tema menor y se lo soslaya o se lo trata ligeramente, cuando es central 21.
Esta tendencia a confundir conceptos estructurales pierde un tanto su inocencia (para el caso de no ser deliberada y constituir un defecto de formación jurídica), si observamos que en principio, en nuestro país los precedentes norteamericanos en materia de disregard22 (alther ego, o piercing 19 HUTCHINSON, T., El sistema argentino de control judicial de la Administración; Anales de Derecho Administrativo, Pág. 152/179 Ib. 8 CAÑAL, D.R.; “El fenómeno del desajuste entre los paradigmas normativos e interpretativos en el Derecho. El caso de los derechos humanos fundamentales en América Latina. La cuestión del trabajo y los problemas procesales”; Publicado en Libro “Temas de direito do trabalho, processo do trabalho e di-
) Segunda Tesis Doctoral en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos Título expedido por la Dirección del Doctorado en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Fecha de firma: 18/04/2018Humanos de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad de S.C. de Guatemala, Doctora en Derecho del Trabajo Previsión Social y Derechos Alta en sistema: 21/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30083461#203452989#20180418101338700 Poder Judicial de la Nación the corporate veil), han sido ignorados en materia laboral 23, precisamente cuando resultaban favorables al trabajador.
Es decir, se pretendía que éramos un common law24, pero a diferencia de lo sucedido en los EEUU, no se trataba del pedido de un cambio, sino de una interpretación inválida del propio sistema jurídico.
Digo así, porque agobiados tal vez por las deficiencias y fallas en la práctica del derecho, nos dejaríamos encandilar por lo pragmático del derecho norteamericano (que no está exento de los mismos defectos de corte humano), perdiendo un sistema que, correctamente usado, proveería altos índices de seguridad jurídica. No es esto lo que dice, ni procura decir, nuestra Constitución Nacional.
Humanos, 7 de noviembre de 2013, mediante la defensa de la tesis “La Teoría de la penetración societaria, vista desde los distintos sistemas jurídicos y su aplicabilidad en un mundo globalizado”.
Con prólogo del Dr. O.E.U.; CAÑAL , D.R. , “Controversias en el derecho laboral”, Editorial: Q., marzo de 2004, R. por E. en 2011 Con prólogo del Dr. T.O.C., D.R.; Una Visión Pragmática del Derecho, Ed. Quorum Fecha de firma: 18/04/2018nov/2003, R. por E. en 2011 Alta en sistema: 21/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30083461#203452989#20180418101338700 Poder Judicial de la Nación Por tal motivo, en el fallo “A.”, desarrollé la crítica al modelo de EE UU, donde al gozar los precedentes de fuerza jurídica vinculante, se asegura “uniformidad” es pos del interés de turno, en defensa de un modelo como el nuestro, de no vinculatoriedad y control difuso de constitucionalidad 25, que procura la independencia judicial -en lo que coincidió la CorteIDH 26-.
Prueba de esto, es que la Corte Suprema de los Estados Unidos, ha podido dictar en absoluta contradicción, varios fallos. En éstos, lo llamativo es observar cómo, si bien la racionalidad del sistema se mantuvo intacta (existiendo en todos los casos que se mencionan a continuación la Primera 25 Ib 11, pág. 12: “Hay que tener en cuenta, de todas maneras, la circunstancia de que el derecho constitucional argentino y su práctica jurisprudencial no han adoptado la doctrina de la fuerza jurídica vinculante de los precedentes (stare decisis)”
(…) Ello implica que, independientemente de las reformas legales que el Estado deba adoptar […], en el presente caso corresponde a las autoridades judiciales, con base en el control de convencionalidad, disponer inmediatamente y de oficio el conocimiento de los hechos por el juez natural, es decir el fuero penal ordinario (…)
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD, Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 7 http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33825.pdf Fecha de firma: 18/04/2018 Alta en sistema: 21/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30083461#203452989#20180418101338700 Poder Judicial de la Nación Enmienda, sobre libertad de expresión), la Corte varió la resultante fáctica según los intereses del poder político”.
Con lo cual y resumiendo, fuera cual fuese el contenido normativo, podemos rastrear a lo largo de nada menos que cien años, tantas variaciones judiciales, como fuera necesario hacer para satisfacer el establishment. Con lo que queda claro que un sistema jurídico de Common Law, resulta mucho más vulnerable a las presiones del poder, que al imperio del derecho
De tal suerte, que lo que estamos mostrando es que el grado de Fecha de firma: 18/04/2018opinabilidad y de subjetividad en un modelo continental como el nuestro y de Alta en sistema: 21/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30083461#203452989#20180418101338700 Poder Judicial de la Nación control difuso, no tiene la amplitud que se quiere hacer creer, siempre y cuando se respete la racionalidad del sistema. Porque lo que estamos debatiendo en este punto no es “cómo hacen derecho los operadores jurídicos”, sino si el derecho habilita esto que hacen”.
L., en el caso “B.”, al citar “Ángel Estrada” del año 2005, que interpreta una jurisprudencia foránea en los albores del 1900, se termina entronizando indebidamente la uniformidad del precedente, creando una justicia administrativa que evitará la diversidad de opiniones. Esto solo, por su sinsentido técnico, llamó liminarmente mi atención.
Mas continuando con la lectura de “Ángel Estrada”, se cita allí un Fecha de firma: 18/04/2018segundo fallo más cercano. Se trata de N. vs. Allegheny Airlines, Inc., de Alta en sistema: 21/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30083461#203452989#20180418101338700 Poder Judicial de la Nación 1976. Justamente aquí, la Corte de los EEUU, introduce una limitación al poder de las agencias respecto a la especialidad. Al respecto, nuestra Corte extrae de “N.”, los siguientes términos: “el principio de la jurisdicción primaria no rige cuando la cuestión controvertida es ajena al régimen de las agencias.”
Es por ello, que de manera contundente afirma que para dirimir los recursos ordinarios, como el reclamo de daños y perjuicios con sustento en el derecho común, corresponde que sean dilucidados en la justicia ordinaria. Es más, concluye que “definir el contenido concreto de la prestación y el estándar de diligencia exigible a la empresa –en el caso la distribuidora en la prestación del servicio-(…) aunque involucren aspectos técnicos, son insuficientes para atribuir jurisdicción al ente regulador, toda vez que nada obsta a que los jueces ordinarios le requieran toda la información relevante para determinar la existencia de la mora y la imputabilidad del incumplimiento.”
Fecha de firma: 18/04/2018 Alta en sistema: 21/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30083461#203452989#20180418101338700 Poder Judicial de la Nación La expresión “toda controversia” debe entenderse como “toda controversia válidamente sustraída por el Congreso a la competencia de los jueces ordinarios”
Bentex Pharmaceuticals, Inc. -memoremos, por lo gráfico, lo que acontecía en la sociedad norteamericana para entonces-), sin contemplar la reserva del criterio del precedente “N.”, recogida en el...

References: resolución 
 artículo 110
 artículo 112
 artículo 1
in fine
 resolución 
 artículo 108
 artículo 109