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Timestamp: 2020-06-03 08:43:10+00:00

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STC 148/1994, 12 de Mayo de 1994 - Jurisprudencia - VLEX 15355799
Fecha de Resolución: 12 de Mayo de 1994
Número de Recurso: Recursos de Amparo nº 315/1992, 365/1992, 871/1992, 1.154/1992 y 1.185/1992 (acumulados)
1. La exigencia de invocación previa del derecho fundamental presuntamente vulnerado no se impone como una rígida exigencia de enunciación del concreto precepto en que se reconoce el derecho. Para entender cumplida la exigencia basta con que, de los argumentos esgrimidos en el proceso de origen, se deduzca de forma clara e indubitada la trascendencia constitucional de la cuestión planteada [F.J.2]. 2. Este Tribunal ya ha afirmado que «constatada judicialmente la comisión del hecho delictivo y declarada la consiguiente responsabilidad penal de su autor, el mayor o menor retraso en la conclusión del proceso no afecta... a ninguno de los extremos en que la condena se ha fundamentado, ni perjudica a la realidad de la comisión del delito ni a las circunstancias determinantes de la responsabilidad criminal. Dada la manifiesta desconexión entre las dilaciones indebidas y la realidad del ilícito y la responsabilidad, no cabe pues derivar de aquéllas una consecuencia sobre éstas ni, desde luego, hacer derivar de las dilaciones la inejecución de la Sentencia condenatoria» (STC 381/1993). De igual modo, la STC 35/1994 ha afirmado que la inejecución de las Sentencias no sólo no forma parte del contenido del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, sino que tampoco está prevista, hoy por hoy, en ningún otro precepto de nuestro ordenamiento. «En definitiva, pues, la dilación indebida del proceso no puede traducirse en la inejecución de la Sentencia», al margen de mecanismos específicos y legalmente previstos, como el indulto [F.J.4]. 3. No corresponde al Tribunal Constitucional declarar la licitud o ilicitud de las inejecuciones de estas condenas sino sólo desde la perspectiva de la vulneración de algún derecho fundamental, que es lo que en este proceso constitucional puede postular el Ministerio Fiscal. El control sobre la licitud de lo decidido por los Tribunales penales es algo ajeno a la competencia de este Tribunal y más propio -en su caso- de la función de fiscalización nomofiláctica encomendada al Tribunal Supremo a través del recurso de casación [F.J.4]. 4. El art. 24.1 C.E., según reiteradamente viene declarando este Tribunal, no ampara el acierto de las resoluciones judiciales, de modo que la selección e interpretación de la norma aplicable corresponde en exclusiva a los órganos judiciales sin otra excepción que la de aquellos supuestos en que la resolución judicial sea manifiestamente infundada o arbitraria y no pueda considerarse expresión del ejercicio de la justicia, sino simple apariencia de la misma. [F.J.4].
Sentencia citada en: 916 sentencias, 26 artículos doctrinales, un formulario, una resolución administrativa
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Presidente, don Luis López Guerra, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz Eimil, don Vicente Gimeno Sendra, don José Gabaldón López, don Julio Diego González Campos, don Pedro Cruz Villalón y don Carles Viver Pi-Sunyer, Magistrados, ha pronunciado
En los recursos de amparo núms. 315/92, 365/92, 871/92, 1.154/92 y 1.185/92, interpuestos por el Ministerio Fiscal frente a las Sentencias dictadas por el Juzgado de lo Penal núm. 21 de Barcelona en los procedimientos abreviados núms. 247/91, 13/91, 90/90, 57/91 y en el procedimiento oral de la Ley Orgánica 10/1980, núm. 190/90, respectivamente, confirmadas en apelación por Sentencias de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona dictadas en los recursos de apelación núms. 352/91, 2/91, 99/92, 157/92 y 161/92, respectivamente. Han comparecido en el recurso de amparo núm. 365/92 don José M. H. T. representado por la Procuradora Sra. López Barreda; en el recurso de amparo núm. 871/92, don Blas G. M. representado por la Procuradora Sra. Solé Batet y asistido por el Letrado Sr. Sicilia López-Guerra. Ha sido Ponente el Presidente del Tribunal, don Miguel R. y B. quien expresa el parecer del Tribunal.
a) En la tarde del día 16 de abril de 1986, don Carmelo M. C. mayor de edad y sin antecedentes penales, arrebató de un tirón el bolso que portaba una señora, siendo detenido a escasos metros del lugar por agentes de la Guardia Urbana que habían sido alertados por la asaltada, a quien le fue devuelto el bolso.
3. La demanda de amparo presentada por el Fiscal afirma que las Sentencias impugnadas desconocen el derecho fundamental de ejecución de resoluciones judiciales (art. 24.1 C.E.). Reconocida en esas resoluciones la existencia de un delito, el deber jurisdiccional y constitucional de esos órganos judiciales les obligaba a ejecutar el contenido de sus fallos (arts. 24.1, 117.3 y 118 C.E. y arts. 2.1, 5.1 y 18.2 L.O.P.J.). Asimismo el Código Penal no contempla la vulneración de derechos fundamentales, y stricto sensu la apreciación de dilaciones indebidas, entre las causas de extinción de la responsabilidad penal (art. 112 C.P.).
La jurisprudencia constitucional ha precisado que el derecho a la ejecución de Sentencias está efectivamente comprendido en el art. 24.1 C.E. (SSTC 205/1987, 92/1988, 163/1989, 80/1990 y 16/1991). Por su parte, el ATC 222/1989 razona que la inejecución de una resolución judicial puede vulnerar el art. 24.1 C.E., excepto si se apoya en una causa prevista por una norma legal y se acuerda en resolución motivada.
La concurrencia de una dilación indebida no parece que sea una causa prevista en una norma legal que pueda enervar el preferente derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. Dejando a un lado el hecho grave y obstativo de que ninguna de las partes concurrentes en el proceso de autos puso de relieve la concurrencia de dilaciones (STC 173/1988), no todos los derechos fundamentales recogidos en la Constitución poseen relevancia para provocar modificaciones en un fallo judicial. Algunos sí poseen esa cualidad, como la presunción de inocencia, el Juez legal, el principio de legalidad, etc. Frente a ellos concurren otros derechos fundamentales cuya finalidad es procesal-instrumental, como la libertad y el hábeas corpus (art. 17), cuyo alcance en un fallo de fondo no parece posible, por la naturaleza y alcance de tales derechos. Por lo que hace al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, y aun cuando se enmarca en un derecho fundamental cuyo contenido y naturaleza puede incidir en un fallo de fondo, se comprende el patente error en el que han incurrido las Sentencias recurridas. La STC 224/1991 afirma que no cabe deducir de este derecho otro derecho a que se produzca la prescripción penal; el mero hecho del retraso en la fase de apelación no puede suponer en ningún caso la pérdida definitiva de la eficacia de la Sentencia de instancia. Y la STC 5/1985 afirma que la cesación de la paralización del curso de un proceso podrá limitar las medidas restablecedoras del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas al solo campo de lo indemnizatorio, si ésa fuera la reparación que la violación reclama. Cuando el desarrollo de las secuencias de un proceso no se mantiene dentro de unos límites temporales razonables, el restablecimiento in natura no es físicamente posible, por lo que el camino no es otro que el de las fórmulas sustitutorias y, entre ellas, las indemnizatorias (SSTC 36/1984 y 5/1985).
El Fiscal deduce de todo lo anterior que, acordada una condena penal en Sentencia, ésta debe llevar aparejada su inexcusable e ineludible ejecución (art. 24.1 C.E.). La posible concurrencia de una violación del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 C.E.), por su propia naturaleza y alcance, no puede relevar la eficacia del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, no puede operar como causa que enerve el contenido penal del fallo. Para impedir dicha ejecución existen otros mecanismos, como el previsto en el párafo 2. del art. 2 del Código Penal. Al ignorar lo anterior, las Sentencias impugnadas han vulnerado el derecho fundamental a la ejecución de las resoluciones judiciales.
4. Mediante providencia de 20 de julio de 1992, la Sección acordó admitir a trámite la demanda de amparo núm. 315/92 formulada por el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de lo que resultase de los antecedentes, y librar los despachos necesarios para la publicación por edictos en el «Diario Oficial de Cataluña» de la interposición del recurso, a efectos de comparecencia de los posibles interesados en el mismo, teniendo dicha publicación carácter preferente, y al Juzgado de lo Penal núm. 21 de Barcelona, a fin de poner en conocimiento de los posibles agraviados que fueran conocidos de la interposición del presente recurso de amparo, a los efectos de la comparecencia en el plazo de diez días, de conformidad con lo prevenido en el art. 46.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la citada Ley Orgánica, se acordó requerir atentamente a la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona y al citado Juzgado de lo Penal núm. 21 de dicha capital para que en el plazo de diez días remitieran, respectivamente, testimonio del rollo de apelación núm. 532/91 y del procedimiento abreviado núm. 247/91; interesándose al propio tiempo que se emplazase a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, excepto el recurrente en amparo.
5. Mediante providencia de 14 de diciembre de 1992, la Sección acordó tener por recibidas las actuaciones remitidas por el Juzgado de lo Penal núm. 21 y la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona y las actuaciones de emplazamiento y edicto y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones del presente recurso por plazo de veinte días al Ministerio Fiscal para formulación de alegaciones.
6. El 15 de diciembre de 1992, el Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó escrito evacuando el traslado conferido a efectos de alegaciones, dando por reproducidas las realizadas en el escrito interponiendo el recurso de amparo y reiterando la solicitud de que se dicte Sentencia estimando el amparo, por entender que las resoluciones judiciales recurridas han vulnerado el art. 24.1 C.E. en la forma y alcance expuestos.
7. Mediante escrito presentado en el Registro de este Tribunal el 7 de febrero de 1992, el Fiscal ante el Tribunal Constitucional interpuso recurso de amparo (registrado con el núm. 365/92) contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 21 de Barcelona de 9 de noviembre de 1991 (procedimiento abreviado núm. 13/91), confirmada en apelación por la Audiencia Provincial (Sección Novena) de Barcelona, por Sentencia de 10 de enero de 1992 (rollo núm. 2/92), que condenó a la pena de seis meses y un día de prisión menor, con accesoria y costas, al autor de un robo, y declaró no haber lugar a la ejecución de las penas.
a) El 22 de febrero de 1984, el Sr H. T. intentó -sin conseguirlo- quitarle el dinero al conductor de un taxi que había tomado poco antes, tras golpearle en la cabeza con una barra de hierro. En esos momentos tenía muy fuertemente limitadas sus facultades mentales a causa de su adicción a la heroína.
Asimismo ha sido declarado probado que por los referidos hechos se siguieron primero diligencias previas, posteriormente sumario y finalmente procedimiento abreviado por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Hospitalet de Llobregat, en cuya tramitación se aprecia, entre otros extremos, que desde el día 26 de junio de 1986 en que se dictó Auto de procesamiento hasta el día 26 de enero de 1990 únicamente se intentó la localización del acusado, sin que exista causa que justifique el tiempo empleado. En dicho proceso penal fue parte acusadora el Ministerio Fiscal, que solicitó la condena del acusado a la pena de tres meses de arresto mayor, accesorias legales y al pago de las costas causadas.
b) La Sentencia del Juzgado consideró los hechos constitutivos de un delito de robo con violencia en las personas (art. 501 C.P.), de los que era autor el acusado, en quien apareció una enajenación mental incompleta como atenuante (Sentencias del T.S. 30 de enero, 6 de abril, 18 de mayo y 14 de septiembre de 1990) y la agravante de reincidencia. La Sentencia condena al acusado a la pena de un mes y un día de arresto mayor, con la accesoria de suspensión del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y al pago de las costas procesales.
Igualmente consideró que se había vulnerado el derecho fundamental del acusado a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 C.E.; STC 36/1984), a la vista de la escasa complejidad de la causa, de la pasividad del Juzgado de Instrucción y del perjuicio evidente del acusado por ser condenado más de ocho años después de sucedidos los hechos.
c) La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal. Asumió la solución dada por el Juzgador a quo para evitar la vulneración del derecho fundamental a no sufrir dilaciones indebidas, cuya existencia no era cuestionada, por cuanto las soluciones apuntadas por el Ministerio Fiscal -la concesión de una indemnización o la solicitud de indulto al Gobierno de la Nación- no contribuían a evitar las consecuencias de la vulneración producida; sin que parezca oportuno trasladar al poder ejecutivo una incidencia de orden jurisdiccional, subsanable por tanto en esa vía por el poder que ostenta su ejercicio en un Estado de Derecho. Subsanación que queda perfectamente realizada cuando el propio órgano judicial acuerda la no ejecución de la pena impuesta, pronunciamiento que se considera plenamente ajustado a Derecho como la Sección ha tenido ocasión de pronunciar en múltiples y anteriores resoluciones (que no cita). En todo caso, a efectos de no vulnerar derechos de la víctima a ser resarcido de los daños y perjuicios que se le causaran por las lesiones producidas, la Audiencia condena al Sr H. T. a indemnizar a la víctima en la cantidad de 50.000 pesetas, según lo solicitado por el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas.
10. Mediante providencia de 20 de julio de 1992, la Sección acordó admitir a trámite la demanda de amparo núm. 365/92 formulada por el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de lo que resultase de los antecedentes, y librar los despachos necesarios para la publicación por edictos en el «Diario Oficial de Cataluña» de la interposición del recurso, a efectos de comparecencia de los posibles interesados en el mismo, teniendo dicha publicación carácter preferente, y al Juzgado de lo Penal núm. 21 de Barcelona, a fin de poner en conocimiento de los posibles agraviados que fueran conocidos de la interposición del presente recurso de amparo, a los efectos de la comparecencia en el plazo de diez días, de conformidad con lo prevenido en el art. 46.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la citada Ley Orgánica, se acordó requerir atentamente a la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona y al citado Juzgado de lo Penal núm. 21 de dicha capital para que en el plazo de diez días remitieran, respectivamente, testimonio del rollo de apelación núm. 2/92 y del procedimiento abreviado núm. 13/91; interesándose al propio tiempo que se emplazase a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, excepto el recurrente en amparo.
11. El 24 de septiembre de 1992 tuvo entrada en este Tribunal un escrito por el que don José M. H. T. manifestaba que había sido emplazado para comparecer en el presente proceso constitucional y que solicitaba que le fueran nombrados para su defensa y para su representación Abogado y Procurador del turno de oficio.
12. Por providencia de 13 de octubre de 1992, la Sección acordó tener por recibidas las actuaciones remitidas, tener por recibido el escrito del Sr H. T. y librar los despachos necesarios para la designación del turno de oficio de Procurador y Letrado que representase y defendiese, respectivamente, al mismo en el presente recurso de amparo.
13. Por providencia de 16 de noviembre de 1992, la Sección acordó tener por recibidos los despachos pertinentes y tener por hechas las designaciones de Letrados y Procurador. Asimismo acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones del recurso de amparo por un plazo común de veinte días para formular alegaciones al Ministerio Fiscal y a la Procuradora Sra. López Barreda, bajo la dirección del Sr J. M., L. designado en primer lugar.
14. El 30 de noviembre de 1992, el Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó escrito evacuando el traslado conferido a efectos de alegaciones, dando por reproducidas las realizadas en el escrito interponiendo el recurso de amparo y reiterando la solicitud de que se dicte Sentencia estimando el amparo, por entender que las resoluciones judiciales recurridas han vulnerado el art. 24.1 C.E. en la forma y alcance expuestos.
15. El día 19 de mayo de 1993 tuvo entrada en este Tribunal un oficio del Juzgado de lo Penal núm. 21 de Barcelona poniendo en conocimiento de este Tribunal que don José M. H. T. condenado en el procedimiento abreviado núm. 13/91, falleció el día 2 de marzo de 1993. Adjunta testimonio del certificado de defunción remitido en su día por el Juzgado de Hospitalet.
16. Por providencia de 31 de mayo de 1993, la Sección acordó tener por recibido el precedente despacho y documento adjunto y dar traslado del mismo al Ministerio Fiscal a los efectos pertinentes.
17. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó el 4 de junio de 1993 un escrito interesando la continuación de la tramitación del recurso de amparo núm. 365/92, pese al fallecimiento del Sr H. T., condenado en las Sentencias penales de las que trae causa el recurso de amparo.
Arguye el Fiscal que, de obtener el amparo interesado, su alcance supondría la anulación parcial de las resoluciones judiciales recurridas, a fin de que no contemplen el efecto paralizante de la ejecución que atribuyen a las dilaciones indebidas padecidas, recobrando todo su pleno vigor el contenido condenatorio de aquellas Sentencias. El fallecimiento del condenado hará imposible tal hipotética ejecución, pero ello, a juicio del Ministerio Fiscal, no impide la continuación del recurso de amparo hasta dictar Sentencia, ya que dicho fallecimiento no afecta directamente al objeto del recurso. Este objeto es anular la inejecutividad parcial acordada por las Sentencias recurridas y el fallecimiento del condenado afecta a las consecuencias jurisdiccionales del posible fallo favorable a la pretensión de amparo. De renunciar al recurso, las resoluciones judiciales resultarán intangibles y ello es algo indeseado en absoluto por el Ministerio Fiscal.
18. Mediante escrito presentado en el Registro de este Tribunal el día 2 de abril de 1992, el Ministerio Fiscal interpuso recurso de amparo (registrado con el núm. 871/92) contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 21 de Barcelona de 15 de octubre de 1991 (procedimiento abreviado núm. 90/90), confirmada en apelación por la Audiencia Provincial (Sección Novena) de Barcelona, por Sentencia de 6 de marzo de 1992 (rollo núm. 99/92), que condenó a los acusados de un delito de hurto en grado de frustración a sendas penas de 30.000 pesetas de multa, con arresto sustitutorio de dieciséis días en caso de impago y al pago de las costas procesales, y declaró no haber lugar a la ejecución de las penas impuestas.
a) Sobre las doce cuarenta y cinco horas del 27 de septiembre de 1985, Manuel García Pérez y Blas Gabarri Moreno entraron por una amplia abertura que había en la valla exterior del recinto de una empresa aparentemente abandonada y cogieron chatarra valorada pericialmente en la suma de 55.000 pesetas con intención de revenderla, introduciéndola en una furgoneta propiedad del segundo de ellos y llevándosela hasta el domicilio de éste; todo lo cual fue observado por un agente de la Guardia Urbana que se encontraba en las inmediaciones, el cual les siguió y finalmente les detuvo. La chatarra fue recuperada y devuelta a su propietario.
21. Mediante providencia de 19 de octubre de 1992, la Sección acordó admitir a trámite la demanda de amparo núm. 871/92 formulada por el Ministerio Fiscal y, de conformidad con el art. 51 LOTC, solicitar la remisión de las actuaciones y el emplazamiento de quienes fueron parte en el procedimiento.
22. Mediante providencia de 28 de enero de 1993, la Sección acordó acusar recibo de las actuaciones remitidas y dar vista de las mismas para la presentación de alegaciones al Ministerio Fiscal, conforme determina el art. 52.1 LOTC.
23. Con fecha 14 de enero de 1993, la Procuradora de los Tribunales doña Laura Pagés i Aguade, en nombre y representación de don Blas G. M. presentó ante el Juzgado de lo Penal núm. 21 de Barcelona un escrito en el que manifestaba haber sido emplazada para comparecer en el presente recurso de amparo en virtud de notificación recibida el 8 de enero de 1993 y solicitaba del Juzgado que, con suspensión del plazo señalado en el emplazamiento, oficiara a fin de que se designara a don Blas G. M. de los respectivos Colegios Profesionales de Madrid el nombramiento de Abogado y Procurador de oficio habilitados para comparecer ante el Tribunal Constitucional. Dicho escrito tuvo entrada en este Tribunal el día 28 de enero de 1993.
24. Con fecha igualmente de 14 de enero de 1993 se presentó ante el Juzgado de lo Penal núm. 21 de Barcelona un escrito firmado por la Procuradora doña María Teresa Gómez Marín y el Letrado don Javier Bustos Castellanos, representante y defensor, respectivamente, de don Manuel G. P. en el procedimiento abreviado del que trae causa el presente recurso de amparo, en el que manifestaban que, tras varios intentos de contactar con el Sr G. P. para trasladarle el emplazamiento ante el Tribunal Constitucional, había sido imposible comunicar con él, por lo que, a efectos de no causarle indefensión, se interesaba que fuese emplazado personalmente, para que si a su derecho interesara pudiera solicitar el nombramiento de Abogado y Procurador. Dicho escrito tuvo entrada en este Tribunal el día 5 de febrero de 1993.
25. El 5 de febrero de 1993, el Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó escrito evacuando el traslado conferido a efectos de alegaciones, dando por reproducidas las realizadas en el escrito interponiendo el recurso de amparo y reiterando la solicitud de que se dicte Sentencia estimando el amparo, por entender que las resoluciones judiciales recurridas han vulnerado el art. 24.1 C.E. en la forma y alcance expuestos.
26. Por providencia de 11 de febrero de 1993, la Sección acordó, respecto a la petición de que se nombre Abogado y Procurador del turno de oficio a don Blas G. M. dirigir atenta comunicación al Consejo General de la Abogacía y al Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para que se procediese al nombramiento de los que por turno correspondiera, y remitir al Juzgado de lo Penal núm. 21 de Barcelona copia del escrito a él dirigido para que procediese a emplazar personalmente a don Manuel G. P. con el fin de que pudiese comparecer en el plazo de diez días en el presente recurso de amparo y pudiese, en su caso, solicitar la designación de Abogado y Procurador del turno de oficio.
27. Por providencia de 17 de mayo de 1993, la Sección acordó tener por designados por el turno de oficio para llevar la representación y defensa de don Blas G. M. a la Procuradora doña Nuria Solé Batet y como Abogado don José Fernando Sicilia López-Guerra; tener por decaído en su derecho a personarse y ser parte en este procedimiento a don Manuel G. P. al no haber hecho manifestación alguna dentro del plazo legal; y dar vista de las actuaciones de este recurso a la Procuradora Sra. Solé Batet para que, en la representación ostentada y asistida por el Abogado Sr. Sicilia López, presentase las alegaciones que estimase pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC.
28. Con fecha 4 de junio de 1993, la representación de don Blas G. M. evacuó el traslado conferido para formular alegaciones.
En cuanto a la cuestión de fondo, a juicio de dicha parte, toda la argumentación del Ministerio Fiscal gira en torno a que la solución en los casos de vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas pasa por acudir a la vía indemnizatoria por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia o, en otros casos, como los supuestos penales, por la vía del indulto, pues de esta forma, según el Ministerio Fiscal, quedarían salvaguardados ambos derechos constitucionales: el ya citado y el invocado como motivo de la demanda de amparo (ejecución de resoluciones judiciales).
Sin discutir que la ejecución de las Sentencias forma parte del derecho a una tutela judicial efectiva, en el presente caso chocan dos derechos constitucionalmente protegidos, pero en opinión de la representación del Sr G. M. y con base en las Sentencias citadas por el Ministerio Fiscal en su demanda, ha de prevalecer el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y la consecuente obligación del Juez sentenciador de reparar de inmediato la vulneración de dicho derecho por medio de la inejecución de la pena. Basta para justificar lo anterior las resoluciones del Tribunal Constitucional que señalan que habrá que acudir a la vía indemnizatoria cuando la dilación «no pueda ser remediada de otro modo», teniendo muy presente lo señalado por la STC 36/1984 cuando añade que lo prioritario es «el restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho que sólo puede alcanzarse liberándolo de las consecuencias dañosas que la dilación le haya ocasionado».
29. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 4 de mayo de 1992, el Ministerio Fiscal interpuso recurso de amparo (registrado con el núm. 1.154/92), frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 21 de Barcelona de 14 de diciembre de 1991 (procedimiento abreviado núm. 57/91), confirmada en apelación por la Audiencia Provincial (Sección Novena), por Sentencia de 2 de abril de 1992 (rollo núm. 157/92), que condenó a las penas de dos meses de arresto mayor y accesorias y de 30.000 pesetas de multa y costas, al autor de un delito de exhibicionismo, y declaró no haber lugar a la ejecución de las penas impuestas.
a) Sobre las catorce cuarenta y cinco horas del 30 de junio de 1986, Santiago Molina Hernández, encontrándose en determinado descampado de Hospitalet de Llobregat, salió al paso de dos menores, de siete y nueve años de edad respectivamente, y les enseñó el pene a través de la cremallera del pantalón abierta.
b) La Sentencia del Juzgado consideró los hechos constitutivos de un delito de exhibicionismo ante menores de dieciséis años previsto en el número primero del art. 431 C.P., de los que era autor el acusado, y procedió a imponerle la pena de dos meses de arresto mayor, con la accesoria de suspensión del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, y la pena de 30.000 pesetas de multa, con arresto sustitutorio de dieciséis días en caso de impago, más las costas procesales.
32. Por providencia de 26 de octubre de 1992, la Sección acordó la admisión de la demanda de amparo y el cumplimiento de las previsiones del art. 51 LOTC.
33. Por providencia de 11 de febrero de 1993, la Sección acordó acusar recibo de las actuaciones remitidas y conceder plazo de alegaciones al Ministerio Fiscal, conforme a lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
34. En su escrito presentado el 18 de febrero de 1993, el Ministerio Fiscal dio por reproducidos los hechos, alegaciones y peticiones de la demanda de amparo.
35. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 7 de mayo de 1992, el Ministerio Fiscal interpuso recurso de amparo (registrado con el núm. 1.185/92), frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 21 de Barcelona, de 3 de noviembre de 1991 (procedimiento penal de la L.O. 10/1980, núm. 190/90), confirmada en apelación por la Audiencia Provincial (Sección Novena), por Sentencia de 8 de abril de 1992 (rollo núm. 161/92), que condenó a la pena de 30.000 pesetas de multa, con arresto sustitutorio de dieciséis días en caso de impago y privación del permiso de conducir por tres meses y un día, más las costas procesales, a la autora de un delito de utilización ilegítima de vehículo de motor, si bien declaró no haber lugar a la ejecución de las penas por haberse producido dilaciones indebidas en la causa.
a) Sobre la una cuarenta y cinco horas del día 16 de febrero de 1986, María dolores Cañadell Rodríguez y otro individuo que la acompañaba, tras romper el cristal cortavientos de la puerta delantera derecha del «Seat» 124, matrícula B-7387-AM, cuyo propietario, Joaquín Llavador Nicolás, había dejado correctamente estacionado y completamente cerrado en la calle de Isabel la Católica, de Hospitalet de Llobregat, entraron en su interior, arrancaron los cables del encendido y los conectaron con intención de ponerlo en marcha y circular con él, siendo sorprendidos en ese instante por agentes de la Policía Nacional que patrullaban por las inmediaciones. La reparación de los daños del vehículo fue tasada pericialmente en la suma de 7.859 pesetas.
En el momento en que sucedieron los hechos, María dolores Cañadell Rodríguez tenía alteradas sus facultades mentales a causa de su adicción a la heroína en grado de dependencia.
39. Mediante providencia de 14 de enero de 1993, la Sección acordó acusar recibo de las actuaciones y dar vista de las mismas para alegaciones al Ministerio Fiscal por plazo de veinte días, de acuerdo con el art. 52.1 LOTC.
41. Mediante providencias dictadas en cada uno de los recursos de amparo de fecha 24 de julio de 1993, se acordó conceder un plazo de cinco días al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que alegaran lo procedente en torno a la acumulación de los presentes recursos de amparo (núms. 315, 365, 871, 1.174 y 1.185/92). El Fiscal no se opuso a la acumulación. Mediante Auto de 20 de septiembre de 1993, la Sala Primera acordó la acumulación de los presentes recursos de amparo, desde el común estado procesal en que se hallasen, pendientes de señalamiento para deliberación y votación cuando por turno correspondiese, en atención a la conexión apreciada entre los mismos a que se refiere el art. 83. LOTC.
1. El objeto de los presentes recursos de amparo acumulados viene constituido por una serie de resoluciones judiciales, de instancia y dictadas en vía de recurso, en las que, tras declararse la existencia de conductas delictivas y de la responsabilidad penal de sus autores, a la vista de las dilaciones indebidas habidas en los respectivos procesos penales, se acordó no ejecutar la condena impuesta a los imputados en aquéllos. Todo ello, en síntesis, por estimar que era ésta la única fórmula a través de la cual podía restituirse a los afectados en la integridad de su derecho fundamental a un proceso sustanciado en un plazo razonable, consagrado en el art. 24.1 C.E. y en el art. 6 del C.E.D.H.
El Ministerio Fiscal, por su parte, invoca ese mismo precepto constitucional (el art. 24.1 C.E.), en cuanto garantiza el derecho a que las Sentencias sean ejecutadas en sus propios términos. En la opinión del Ministerio Público, el art. 24.1 C.E. (conectado con los arts. 117.3 y 118 C.E. y arts. 2.1, 5.1 y 18.2 L.O.P.J.) hubiera obligado a los órganos jurisdiccionales a ejecutar las condenas por ellas impuestas, de tal suerte que, al resolver no ejecutarlas, han adoptado una decisión carente de base legal que obstaculiza la plena eficacia de otro derecho fundamental, pues las dilaciones indebidas no autorizan a obtener este resultado.
2. Antes de cualquier otra consideración, se hace preciso examinar los argumentos del Sr G. M. (comparecido en el recurso de amparo núm. 871/1992, con fundamento en el art. 47.1 LOTC, para sostener la validez de la Sentencia impugnada), en el sentido de que el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal no reúne el requisito de procedibilidad previsto en el art. 44.1 c) LOTC, puesto que aquél no invocó formalmente en el proceso a quo el derecho constitucional vulnerado tan pronto como, una vez conocida dicha vulneración, hubiera lugar para ello. Tal objeción es extensible a todos los demás recursos de amparo, que siguieron un iter procedimental semejante. Y, cabe anticipar, no puede prosperar.
Dentro de estas modulaciones, y precisamente por la interpretación antiformalista que ha prevalecido en la doctrina de este Tribunal, la exigencia de invocación previa del derecho fundamental presuntamente vulnerado no se impone como una rígida exigencia de enunciación del concreto precepto en que se reconoce el derecho. Para entender cumplida la exigencia basta con que, de los argumentos esgrimidos en el proceso de origen, se deduzca de forma clara e indubitada la trascendencia constitucional de la cuestión planteada. Y no cabe duda de que así ha sucedido en este caso, en que la impugnación del fallo en la instancia dejaba al margen de toda duda la eventual obstrucción al derecho a la tutela judicial efectiva, en los términos que después veremos. Y que en la resolución impugnada se había producido, al resolver la inejecución de una condena que, previamente, se había impuesto.
Este Tribunal ya ha afirmado que (constatada judicialmente la comisión del hecho delictivo y declarada la consiguiente responsabilidad penal de su autor, el mayor o menor retraso en la conclusión del proceso no afecta... a ninguno de los extremos en que la condena se ha fundamentado, ni perjudica a la realidad de la comisión del delito ni a las circunstancias determinantes de la responsabilidad criminal. Dada la manifiesta desconexión entre las dilaciones indebidas y la realidad del ilícito y la responsabilidad, no cabe pues derivar de aquellas una consecuencia sobre éstas ni, desde luego, hacer derivar de las dilaciones la inejecución de la Sentencia condenatoria (STC 381/1993, fundamento jurídico 3.). De igual modo, la STC 35/1994 ha afirmado que la inejecución de las Sentencias no sólo no forma parte del contenido del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, sino que tampoco está prevista, hoy por hoy, en ningún otro precepto de nuestro ordenamiento. «En definitiva, pues, la dilación indebida del proceso no puede traducirse en la inejecución de la Sentencia» (fundamento jurídico 5.), al margen de mecanismos específicos y legalmente previstos, como el indulto.
Aunque la Sentencia judicial pueda ser jurídicamente errónea, y constituir una infracción de ley o de doctrina legal, ello no le da al tema trascendencia constitucional, en cuanto que el art. 24.1 C.E., según reiteradamente viene declarando este Tribunal, no ampara el acierto de las resoluciones judiciales, de modo que la selección e interpretación de la norma aplicable corresponde en exclusiva a los órganos judiciales sin otra excepción que la de aquellos supuestos en que la resolución judicial sea manifiestamente infundada, arbitraria, que no podría considerarse expresión del ejercicio de la justicia, sino simple apariencia de la misma. A efectos del art. 24.1 C.E., la cuestión no es, pues, la de la mayor o menor corrección en la interpretación de la legalidad sino para respetar el propio ámbito del recurso de amparo constitucional, el terreno de la arbitrariedad o manifiesta irrazonabilidad y el de la motivación suficiente.
Las Sentencias objeto de los presentes recursos de amparo contienen una motivación que aunque incorrecta, en cuanto al alcance del derecho fundamental del que hacen derivar la inejecución, no puede considerarse como arbitraria, ni manifiestamente irrazonable, por lo que aquéllas no son contrarias al art. 24.1 C.E.
Voto particular concurrente que formula el Magistrado don Fernando García-Mon y Gonzalez-Regueral a la Sentencia dictada en el recurso de amparo 315/92 y acumulados
No se trata, pues, de un problema de legitimación para la interposición del recurso de amparo por el Ministerio Fiscal, que la tiene no sólo conforme al art. 46.1 a) de la LOTC, sino también de acuerdo con lo establecido en el art. 3.10 de su Estatuto Orgánico, que dispone que para el cumplimiento de sus funciones podrá «interponer el recurso de amparo constitucional en los casos y forma previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional». Se trata de comprobar si en el presente supuesto los recursos interpuestos responden a los «casos previstos» en nuestra Ley Orgánica. Y así planteada la cuestión, la contestación tiene que ser, en mi criterio, necesariamente negativa: Al Ministerio Fiscal como tal, y no en defensa de otros derechos y libertades que los propios del cargo, no se le ha vulnerado el derecho fundamental a la ejecución de la Sentencia condenatoria sencillamente porque no es titular de ese derecho y, por tanto, no se encuentra en el caso previsto en el art. 41.2 de la LOTC, según el cual «el recurso de amparo constitucional protege a todos los ciudadanos, en los términos que la presente Ley establece, frente a las violaciones de los derechos y libertades a que se refiere el apartado anterior, originadas por disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes». Por tanto, no se le puede restablecer, como manda el núm. 3 del mismo precepto, en un derecho del que, como funcionario, carece. Como ya declaró este Tribunal en la STC 257/1988 (fundamento jurídico 4.), el recurso de amparo «no constituye una vía abierta a los poderes públicos para la defensa de sus actos y de las potestades en que éstos se basan, sino, justamente, un instrumento para la correcta limitación de tales potestades y para la eventual depuración de aquellos actos, en defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de los particulares». Y es lógico que sea así porque, de lo contrario, se invertiría el significado y función del recurso de amparo como medio de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos para convertirse en instrumento de los poderes públicos frente a los particulares.
2. Comparto en alguna medida la fundamentación que se expone en nuestra Sentencia; pero sólo en parte, porque entiendo que si los recursos se hubieran interpuesto por el sujeto pasivo del delito o por sus herederos, la solución no podría ser la misma, toda vez que a éstos sí se les podría haber vulnerado por el fallo impugnado su derecho a la efectividad de la tutela judicial. Calificar de error no revisable ante este Tribunal un pronunciamiento -la inejecución de la condena- carente en absoluto de base legal que lo pueda sustentar, implica la vulneración del sometimiento al imperio de la ley al que están sujetos los Jueces y Magistrados según el art. 117.1 de la Constitución. El arbitrio judicial y la independencia en el ejercicio de la potestad de juzgar no permite, en modo alguno, fundar un fallo en un hecho -las dilaciones indebidas- al que la ley no atribuye esos efectos y la jurisprudencia, tanto la del Tribunal Supremo como la de este Tribunal, los ha rechazado expresamente en cuantas ocasiones se ha pronunciado sobre esta materia. El art. 2, apartado segundo, del Código Penal, brinda a los órganos judiciales (sin perjuicio de ejecutar desde luego la Sentencia) el cauce adecuado para remediar, en su caso, la posible injusticia de que después de muchos años de cometido un delito tenga que ingresar en prisión un ciudadano ya rehabilitado por la conducta observada durante el dilatado período de tiempo transcurrido desde la comisión del hecho delictivo hasta el momento en que pueda iniciarse el cumplimiento de la condena.
Sin embargo, entiendo que también está justificada la decisión desestimatoria adoptada por la Sentencia, porque estoy conforme en que la vulneración del art. 24 de la Constitución no puede servir de base al Ministerio Fiscal para solicitar la revisión por este Tribunal de una Sentencia que, aunque carente de una motivación ajustada a Derecho, resuelve el problema planteado en términos que no inciden en ningún otro derecho fundamental distinto al del art. 24 C.E., que, como tantas veces ha declarado este Tribunal, no garantiza el derecho a una Sentencia justa, salvo en el supuesto de que vulnere derechos y libertades distintos del propio art. 24 y que sean susceptibles del amparo constitucional.
Madrid, a doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.
STSJ Comunidad Valenciana 270/2007, 9 de Febrero de 2007
STS, 24 de Noviembre de 1980
ATC 227/1984, 11 de Abril de 1984
SAP Barcelona 1132/2005, 20 de Diciembre de 2005

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