Source: https://alaizquierda.com.mx/2016/03/15/impacto-social-y-ambiental-de-la-reforma-energetica-en-mexico/
Timestamp: 2018-04-20 01:20:39+00:00

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Impacto social y ambiental de la Reforma Energética en México – Ala Izquierda
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Una vez aprobada la reforma energética en México en el año 2013 se deben tomar en cuenta las consecuencias, a corto y mediano plazo, que traerá su implementación a través de una serie de situaciones que pondrían en riesgo el medio ambiente y traerían graves consecuencias para México, sobre todo en materia de energéticos, además de las situaciones que ya ponen en riesgo la soberanía nacional.
Por Samuel David Bencomo
En México las reformas aprobadas por el parlamento en el periodo de sesiones de la LXII Legislatura, proponen un carácter dinamizador del espacio político-económico nacional, lo delicado de estos procesos es que no son aislados en sí mismos y a la par de la discusión y aprobación de una serie de reformas llamadas estructurales, necesariamente devienen leyes secundarias, medidas económicas y acciones colaterales que en muchos casos pueden tener una repercusión negativa, todo ello en la resultante incapacidad de prever marcos estabilizadores, que contengan férreas oposiciones y estallidos sociales a razón de la deslegitimidad de dichos procesos debido a la escasa participación de la sociedad en los debates sobre éstas, y la no inclusión del grueso de los ciudadanos a través de consultas, plebiscitos y concejos que contemplen la puesta en marcha de acciones de gobierno inherentes al futuro económico político y social de la nación.
La reforma energética tiene un impacto social con un carácter multidimensional. Por un lado, la generación de mayor número de empleos de calidad trae consigo un aumento del ingreso en las familias que se ven beneficiadas y por ende un índice más alto en cuanto a calidad de vida se refiere. Por otra parte, también impacta entornos, como núcleos agrarios, hábitats y espacios de pueblos indígenas a través de proyectos de desarrollo en estas zonas, lo que supone un problema colateral con repercusiones muy delicadas en materias de derechos humanos y autodeterminación.
Para las rondas “1” y ronda “0” la reforma energética pronostica bajo esquema de ocupación temporal aquellas áreas que vayan a destinarse a proyectos de explotación y extracción de hidrocarburos, lo que implica ejidos y comunidades, así como zonas indígenas. Para ambas rondas están comprometidas 4 millones 900 mil hectáreas distribuidas en 11 entidades y un total de 142 municipios involucrados, afectando 1,899 núcleos agrarios, 13 pueblos indígenas y 2,041,631 hectáreas de ejidos y zonas comunales (Cartocrítica, 2014).
Mapa 3.1 Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Núcleos Agrarios
Fuente: Cartocrítica, 2014
Las leyes secundarias derivadas de la reforma energética tienen la enorme capacidad de impactar de forma negativa el desarrollo normal de los pueblos indígenas que se ven involucrados en la consecución de proyectos de desarrollo energético, contrario a lo que anuncia la legislación y los estándares internacionales que México ha firmado y ratificado en la materia, los involucrados no fueron consultados con respecto a la estructuración de las leyes ni los impactos que éstas puedan tener con respecto a su normal desarrollo y el bienestar de estos.
El artículo 7° del convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado y ratificado por México expresa que los pueblos indígenas tienen derecho a: “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural” (OIT, 1969). No obstante, la legislación derivada de la reforma no establece mecanismos claros de participación, decisiones consensuadas y establecimiento de consultas de buena fe y bajo las mejores condiciones de información para las minorías étnicas en los espacios de intervención.
Mapa 3.2 Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Zonas de Pueblos Indígenas
El mayor impacto de estas disposiciones en el desarrollo normal de las comunidades, pueblos e individuos involucrados puede verse reflejado en materia de derechos humanos, de los cuales se desprende la violación a: “El derecho a un medio ambiente sano, el derecho humano al agua, los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas, los derechos de propiedad, de trabajo y de alimentación, los derechos de acceso a la información, de participación y de acceso a la justicia. Los principios de no regresividad en materia de Derechos Humanos y pro homine” (CEMDA, 2013). Todo este marco de derechos viene amparado por el artículo 1° y 14° de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 17° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, principalmente en materia de derecho a la propiedad.
Casos similares ya han sucedido anteriormente, un ejemplo de ello es el proyecto hidroeléctrico “La Parota”, en el estado de Guerrero, el cual quiso hacerse por conducto de la Comisión Federal de Electricidad, mediante el plan de desarrollo Puebla- Panamá, y que a partir de la organización popular fue ampliamente rechazado por la comunidad involucrada, lo que derivó en el cese del proyecto, otro caso importante de similares efectos fue el del proyecto Mareña-Renovables en que pretendía llevar a cabo la construcción de un parque eólico en San Dionisio del Mar, estado de Oaxaca.
Parte importante de la medición del impacto social viene a través del tema de la fiscalización. La legislación secundaria contempla el hecho de que se realice previa autorización de los planes un informe presentado a la Secretaría de Energía del impacto social derivado de la puesta en marcha de los proyectos. Sin embargo, dicho informe es presentado por la misma empresa promotora del plan de desarrollo, aunado al hecho de que se hace sin previo esquema de participación y consulta con los afectados en ausencia de procesos de información y transparencia, lo que conlleva a un severo problema de conflicto de interés (FUNDAR, 2014).
En cuanto al estudio de la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de desarrollo de proyectos energéticos queda constancia de un vacío importante, sobre todo en la legislación secundaria, debido a que leyes como la Ley de Hidrocarburos, la LIE, la Ley de Energía Geotérmica y la Ley de la ASEA, no prevén mecanismos de acceso a la información, claridad y combate a la corrupción homologados con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (CEMDA, 2013) salvo en los casos de recursos presupuestarios.
La medición del impacto ambiental que puede tener la reforma energética y la aplicación del paquete de leyes secundarias en el tratamiento de proyectos de desarrollo tiene en sí mismo un tamiz delicado, pues supone la parte negativa en los procesos de implementación. Este impacto posee muchas aristas, desde el tratamiento de procesos de transición energética, hasta el manejo de las energías renovables, pasando por las consecuencias derivadas al cambio climático, así como el procedimiento en la gestión territorial, manejo de recursos en áreas naturales protegidas y la capacidad de acción de los organismos del Estado encargados de resguardar la seguridad en materia ambiental, así como la creación de nuevos componentes que la misma reforma haya dispuesto.
La reforma contempla en su legislación secundaria la Ley de Transición energética, la cual establece las bases legales que el Estado empleará en las prácticas y desarrollo de procesos energéticos, la disminución de compuestos y gases de efecto invernadero, la diminución de la huella de carbono en los procesos de exploración, extracción, transformación, distribución y comercialización de la energía, así como los temas de uso eficaz, el tratamiento de los residuos, la eficiencia en el uso de los recursos naturales (CEMDA, 2013) y finalmente el cuidado y la protección del medio ambiente, todo ello en cumplimiento con el artículo décimo séptimo transitorio de la mencionada reforma.
Sin embargo, dicha reforma en su artículo octavo transitorio determina que:
“[…] derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a que se refiere el presente Decreto se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas” (Gobierno de la República, 2013).
Cuestión que inherentemente pone en mejor escenario a los energéticos fósiles y la generación energía a partir de la explotación de estos, afectando el carácter asegurador de las energías renovables y, por ende, el desarrollo sustentable de la nación. Otra de las legislaciones que en materia de energías renovables se sucedió a partir de la reforma fue la Ley de Energía Geotérmica. No obstante, la misma es insuficiente para apalancar la cartera energética en México, ya que al enfocarse en una sola fuente de energía deja de lado el tema de la diversificación energética. A tenor de ello, la ley tampoco contempla instrumentos económicos y fiscales para desarrollar con políticas acertadas un mercado de generación de energía geotérmica, metas de generación, mecanismos de contabilización por uso y explotación del suelo, además de la medición y tratamiento del impacto ambiental. Con todo ello la aclaratoria del artículo 4° de dicha ley sostiene que, en los casos de aprovechamiento y uso del suelo, el sector hidrocarburos tiene preferencia sobre las actividades concernientes al desarrollo de energía geotérmica.
Este es un problema que se viene arrastrando incluso desde la anterior reforma en el año 2008, con la incapacidad del ejecutivo y la ausencia de mecanismos legales, económicos y fiscales para generar mercado en materia de energías renovables, la concentración del mercado de energía se ha mantenido en base a energías fósiles, y si bien hay una incidencia mayor en el uso de energías renovables, esta proviene del uso de biomasa (Fernández, 2015).
En materia de cambio climático el escenario es particularmente grave de seguir con las tendencias actuales para el 2020, México expulsara 28% más gases de efecto invernadero a la atmosfera, que en el año 2010, a pesar de que los compromisos para esa fecha son de una tasa de reducción del 30% en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con respecto a la línea base y del 50% para el 2050, a razón de aumentar en un 35% la oferta de energías renovables para el 2024, de 40% para el 2035, y de un 50% para el 2050 (LAERFTE, 2008). Lo que representa una dicotomía en el escenario, puesto que se tienen compromisos claros en materia ambiental con respecto a la reducción de GEI. A pesar de ello, la reforma plantea un escenario que busca mayor producción de energéticos derivados de fuentes fósiles con alto contenido contaminante.
Para el tratamiento de las Áreas Naturales Protegidas la legislación determina que éstas son áreas que necesitan ser preservadas y restauradas para el mantenimiento de los procesos evolutivos y ecológicos, garantizando el derecho a un ambiente sano, ya que las mismas tienen por objeto preservar el equilibrio de los ambientes naturales (LGEEPA, 2006). A pesar de que la Ley de Hidrocarburos determina que no se pueden realizar actividades de exploración y extracción de crudo en estas áreas, sí se pueden realizar actividades signadas al área de transporte, distribución y almacenamiento. Dicha prohibición no se hizo extensible para la Ley de la Industria Eléctrica y, de igual forma, para la Ley de Energía Geotérmica, lo que deja un vacío legal con respecto a las actividades de desarrollo de ambas industrias, no sólo en estas áreas sino además en aquellas que cuentan con estatus de protección nacional y convenios internacionales como áreas de humedales, lagunas, manglares, ríos, lagos y esteros conectados con el mar. (CEMDA, 2013).
Mapa 3.2 Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Áreas Naturales Protegidas a partir de la Reforma Energética
Uno de los principales problemas que contempla la reforma en materia de impacto ambiental es la utilización de la fractura hidráulica o fracking para la extracción de gas de esquisto o gas de lutitas. Ésta tiene un impacto de dimensiones muy altas para la conservación del medio ambiente, el uso debido de los recursos hídricos y además a la postre para la salud de los seres humanos. En países como Francia ha sido prohibido su uso, en otros países como Rumania y Polonia ha sido la razón de fuertes protestas por el tratamiento de éste, por lo que se tuvo que dejar de lado la explotación del shale gas mediante este tipo de extracción (UnitedExplanation, 2014). De igual manera, los gobiernos de Holanda, Reino Unido y Suiza han declarado una moratoria para el uso de la fractura hidráulica.
No obstante, el mayor impulso de este método lo ha hecho Estados Unidos para la extracción de gas de esquisto. Pero en entidades como Colorado, Kansas, Louisiana, Nuevo México, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, Utah y Wyoming se han dado fuertes movimientos anti fracking por el alto riesgo ambiental y los enormes daños que produce a la salud humana. En el caso de México, algunos estados como Coahuila y Nuevo León, donde se proyecta un mayor uso de este tipo de métodos, los problemas por suministro de agua son considerables si se documenta su impacto en los últimos años (Greenpeace, 2013).
Las reformas en materia energética, y sobre todo en el caso mexicano son completamente necesarias, pero el marco regulatorio se queda corto al momento de prever las posibles consecuencias y daños colaterales que han de resultar en el desarrollo de ésta. El problema en la actualidad no posee soluciones a corto plazo, pero la realidad es que la energía disponible para satisfacer la demanda de un número creciente de personas se ha ido agotando en la forma y estructura que se ha explotado hasta ahora.
La cuestión entonces es de carácter económico, aun cuando el tema de la seguridad energética queda sobreseído en un país con las condiciones políticas económicas y sociales como México los planes y proyectos requeridos para avanzar en la transformación de un sector energético innovado y de cara al futuro no sólo beneficiarían a la población, sino que traerían consigo una ayuda enorme al medio ambiente. El cambio climático, la complejidad e inercia del clima son factores que van a seguir desarrollándose en los próximos años.
El gobierno mexicano ha elegido una estrategia sectorial a corto plazo no privilegiando el desarrollo de las energías renovables y sin aumentar la cartera de producción y la diversificación de fuentes en el mercado nacional. De acuerdo a lo planteado anteriormente, es muy probable que este tipo de políticas traiga consigo severas consecuencias en materia de seguridad energética a futuro.
[1] En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece (Congreso de la Unión, 2015).
[2] Artículo 14°. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Párrafo reformado DOF 09-12-2005 En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. (Congreso de la Unión, 2015).
[3] Artículo 17°, Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. (UN, 1948).
[4] Para ampliar esta información consultar: http://www.jornada.unam.mx/2011/01/15/parota.html
[5] El Plan Puebla Panamá es un mecanismo de desarrollo interregional propuesto por México en la V cumbre del mecanismo de Tuxtla llevada a cabo en San Salvador en el Año 2001, propone un corredor de desarrollo desde el sur de México hasta el Itsmo de Panama a partir de la puesta en Marcha de Proyectos de Infraestructura, turismo, comunicaciones, energía, comercio y competitividad, para ampliar esta información consultar: http://www.proyectomesoamerica.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=239&Itemid=139
[6] Para ampliar esta información consultar: http://www.jornada.unam.mx/2013/02/18/sociedad/039n1soc
[7] Ley de la Industria Eléctrica
[8] Agencia de Seguridad Industrial y Protección al medio ambiente del Sector Hidrocarburos
Cartocrítica, Hidrocarburos: Ronda Cero y Ronda Uno, 2 de octubre de 2014 [documento en línea], disponible en: http://www.cartocritica.org.mx/2014/hidrocarburos-ronda-cero-y-ronda-uno/ [consulta: 6 de noviembre de 2015].
OIT (1989) Indigenous and Tribal Peoples Convention [documento en línea], disponible en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312314:NO [consulta: 9 de noviembre de 2015].
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Posibles Impactos Ambientales Y Sociales De La Reforma Energética, 2013 [documento en línea], disponible en: http://www.cemda.org.mx/posibles-impactos/ [consulta: 5 de noviembre de 2015].
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References: artículo 7
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 4
 Artículo 14
 Artículo 17