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Timestamp: 2019-08-22 14:47:05+00:00

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Publicado en BOE n�m. 251 de 20 de Octubre de 2015
Art�culo 4 �Evaluaci�n de peligros de accidente grave para una determinada sustancia peligrosa
Art�culo 5 �Obligaciones generales del industrial
Art�culo 6 �Autoridades competentes
Art�culo 7 �Notificaci�n
Art�culo 8 �Pol�tica de prevenci�n de accidentes graves
Art�culo 9 �Efecto domin�
Art�culo 10 �Informe de seguridad
Art�culo 11 �Modificaci�n de una instalaci�n, establecimiento o zona de almacenamiento
Art�culo 12 �Planes de emergencia interior o de autoprotecci�n
Art�culo 13 �Planes de emergencia exterior
Art�culo 14 �Planificaci�n del uso del suelo
Art�culo 15 �Informaci�n al p�blico
Art�culo 16 �Consulta p�blica y participaci�n en la toma de decisiones
Art�culo 17 �Informaci�n que deber� facilitar el industrial ante un accidente grave
Art�culo 18 �Medidas que deber� adoptar la autoridad competente, despu�s de un accidente grave
Art�culo 19 �Informaci�n que el �rgano competente de la comunidad aut�noma facilitar� en caso de accidente grave
Art�culo 20 �Prohibici�n de explotaci�n
Art�culo 21 �Inspecciones
Art�culo 22 �Intercambios y sistema de informaci�n
Art�culo 23 �Acceso a la informaci�n y confidencialidad
Art�culo 24 �Acceso a la justicia
Art�culo 25 �R�gimen sancionador
Disposici�n adicional primera �Aplicaci�n a Ceuta y Melilla
Disposici�n adicional segunda �Informaci�n a la Direcci�n General de Protecci�n Civil y Emergencias del Ministerio del Interior
Disposici�n adicional tercera �Deber de informaci�n a la Comisi�n Europea
Disposici�n adicional cuarta �No incremento del gasto p�blico
Disposici�n final segunda �Incorporaci�n del Derecho de la Uni�n Europea
Disposici�n final tercera �Coordinaci�n de procedimientos
Disposici�n final quinta �Habilitaci�n normativa
ANEXO I .�Sustancias peligrosas
PARTE 1.� Categor�as de sustancias peligrosas
PARTE 2.� Sustancias peligrosas nominadas
ANEXO II .�Informaci�n contemplada en el art�culo 8, apartado 6, y en el art�culo 10, apartado 1 a), relativa al sistema de gesti�n de la seguridad y a la organizaci�n del establecimiento con miras a la prevenci�n de accidentes graves
ANEXO III .�Informaci�n que deber� facilitarse a la poblaci�n en aplicaci�n del art�culo 15, apartado 1 y apartado 2, letra a)
PARTE 1.� Para todos los establecimientos a los que se aplique este real decreto
PARTE 2.� Para los establecimientos de nivel superior, adem�s de la informaci�n mencionada en la parte
ANEXO IV .�Criterios para la notificaci�n de un accidente grave a la Comisi�n Europea de acuerdo con lo establecido en el art�culo 19, apartado 1
El Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, y sus modificaciones, incorpor� a nuestro ordenamiento jur�dico la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, as� como la Directiva 2003/105/CE del Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva 96/82/CE, de 9 de diciembre de 1996.
El Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz b�sica de protecci�n civil para el control y planificaci�n ante el riesgo de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, desarroll� las principales novedades que introdujo el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, adecu�ndose asimismo a las disposiciones del Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma B�sica de Protecci�n Civil, que constituye el marco fundamental para la elaboraci�n e integraci�n de los diferentes planes de protecci�n civil y que contempla el riesgo qu�mico como objeto de planificaci�n especial.
De conformidad con todo ello, se desarroll� el Plan estatal de protecci�n civil ante el riesgo qu�mico, aprobado por el Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, que tiene como finalidad establecer la organizaci�n y los procedimientos de actuaci�n de aquellos recursos y servicios del Estado y, en su caso, de otras entidades p�blicas y privadas, que sean necesarios para asegurar una respuesta eficaz del conjunto de las Administraciones P�blicas, ante las diferentes situaciones de emergencia por accidente con sustancias peligrosas, en las que est� presente el inter�s nacional, as� como los mecanismos de apoyo a los planes de comunidades aut�nomas en los supuestos que lo requieran.
En el �mbito europeo y mediante el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificaci�n, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, la Uni�n Europea adopt� el Sistema Global Armonizado de Naciones Unidas sobre clasificaci�n y etiquetado de sustancias y mezclas, con el cual se introduc�an nuevas clases y categor�as de peligro que no se corresponden en su totalidad con las utilizadas en la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996.
A fin de adaptarse al nuevo sistema de clasificaci�n, la Comisi�n Europea consider� necesaria una revisi�n fundamental de esta Directiva que tuviera en cuenta, asimismo, una armonizaci�n con otras Directivas, mejorara su comprensi�n y contribuyera a una aplicaci�n m�s coherente de la misma.
As�, fue aprobada la Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE.
Mediante la Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, se dio cumplimiento a lo establecido en esta �ltima Directiva �nicamente respecto a la introducci�n de los �fuel�leos pesados� como productos derivados del petr�leo.
A trav�s de este real decreto se transpone a nuestro ordenamiento interno las restantes previsiones de la Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012.
Esta disposici�n se dicta en desarrollo de la Ley 2/1985, de 21 de enero, de protecci�n civil, que, en sus art�culos 5, 6 y 12, establece la catalogaci�n de actividades que pueden originar emergencias y el inventario de centros, establecimientos y dependencias en las que se realicen �stas, as� como la obligaci�n de sus titulares de disponer de una organizaci�n de autoprotecci�n y de un plan de emergencia interior para la prevenci�n de riesgos y el control inmediato de los siniestros que puedan producirse.
Por otra parte, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, contempla en el cap�tulo I, �Seguridad industrial�, de su t�tulo III, lo dispuesto en la Ley 2/1985, de 21 de enero, y tipifica en su t�tulo V, �Infracciones y sanciones�, el incumplimiento de las medidas de seguridad previstas en esta ley y en las normas reglamentarias de desarrollo.
Con respecto a la anterior regulaci�n, este real decreto presenta cambios importantes, como es la alineaci�n de las categor�as de sustancias de su anexo I con las correspondientes al nuevo sistema europeo de clasificaci�n de sustancias y mezclas. Asimismo, se incluye un mecanismo de correcci�n de este anexo para prever las posteriores adaptaciones al sistema de clasificaci�n que pudieran repercutir sobre sustancias para las que se demuestre que no presentan un riesgo de accidente grave.
Se refuerzan las disposiciones relacionadas con el acceso del p�blico a la informaci�n sobre la aplicaci�n del real decreto, con la participaci�n efectiva del p�blico interesado en la toma de decisiones y con los derechos del p�blico a interponer recurso ante la justicia. Todo ello en conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci�n, de participaci�n p�blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Con este real decreto se potencian los mecanismos para la recopilaci�n de informaci�n, el intercambio de la misma entre las autoridades competentes y la Comisi�n Europea y su difusi�n y puesta a disposici�n del p�blico.
De conformidad con lo previsto en la Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, en cuanto a los procedimientos de consulta a los industriales y de participaci�n p�blica en el marco de las pol�ticas de ordenaci�n territorial y otras pertinentes, este real decreto prev� la coordinaci�n de dichos procedimientos con los existentes en otras normativas. Debido a que su �mbito de aplicaci�n no resulta coincidente, y con motivo de la confluencia de �stas en el �mbito estatal y sectorial, la citada coordinaci�n se contempla de manera general, encomendando a la Administraci�n General del Estado a impulsar las actuaciones necesarias para coordinar los procedimientos y controles de que se trata.
Cabe recordar que los operadores industriales podr�n hacer uso en todo caso de los mecanismos de protecci�n de los operadores econ�micos del cap�tulo VII de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garant�a de la unidad de mercado, cuando entiendan que se ha vulnerado alg�n principio o disposici�n de la citada ley, entre ellos, el principio de simplificaci�n de cargas, como consecuencia de tr�mites duplicados o falta de coordinaci�n en las actuaciones administrativas en aplicaci�n de este real decreto y otras regulaciones.
En lo que respecta a las inspecciones de los establecimientos afectados por este real decreto, se introducen criterios m�s estrictos, a fin de asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad, as� como una implantaci�n efectiva de las medidas de control consideradas.
As� mismo, este real decreto contempla la estructura general de la Planificaci�n de protecci�n civil ante riesgos especiales, integrada por el Plan estatal, los planes de comunidades aut�nomas y, dentro de estos �ltimos, los Planes de actuaci�n municipal, que constituyen el modelo nacional integrado para hacer posible una coordinaci�n y actuaci�n conjuntas de los diferentes servicios de las administraciones ante los accidentes graves con sustancias peligrosas.
Teniendo en cuenta la especial distribuci�n competencial entre las administraciones p�blicas en lo que respecta a explosivos, material pirot�cnico y cartucher�a, este real decreto se limita a regular, para los establecimientos en que se manipulen o almacenen dichos productos, los aspectos relacionados con la planificaci�n exterior de emergencias e informaci�n al p�blico afectado, la ordenaci�n del territorio, la pronta notificaci�n de accidentes y la consulta y participaci�n p�blica en proyectos de obras en las inmediaciones de los establecimientos; quedando regulados en normativa espec�fica los dem�s aspectos contemplados en la Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012.
Este real decreto fue informado favorablemente por el Pleno de la Comisi�n Nacional de Protecci�n Civil en su reuni�n de 20 de octubre de 2014, as� como por la Comisi�n Interministerial Permanente de Armas y Explosivos en su reuni�n de 15 de abril de 2015.
Ha sido sometido al tr�mite de informaci�n p�blica previsto en el art�culo 24.1 c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior, de Fomento, de Empleo y Seguridad Social, de Industria, Energ�a y Turismo, de Agricultura, Alimentaci�n y Medio Ambiente, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la aprobaci�n previa del Ministro de Hacienda y Administraciones P�blicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 18 de septiembre de 2015,
Este real decreto tiene por objeto la prevenci�n de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, as� como la limitaci�n de sus consecuencias sobre la salud humana, los bienes y el medio ambiente.
1. Las disposiciones de este real decreto se aplicar�n a los establecimientos tal y como se definen en el art�culo 3.
2. Estas disposiciones no se aplicar�n a:
c) El transporte de mercanc�as peligrosas por carretera, ferrocarril, v�a navegable interior y mar�tima o a�rea y el almacenamiento temporal intermedio directamente relacionado con �l; as� como a las actividades de carga y descarga y al traslado desde y hacia otro tipo de transporte con destino a muelles, embarcaderos o instalaciones log�sticas ferroviarias o terminales ferroviarias fuera de los establecimientos contemplados en este real decreto;
e) La explotaci�n de minerales en minas, canteras y mediante perforaci�n; en concreto a las actividades de exploraci�n, extracci�n y tratamiento de los mismos;
f) La exploraci�n y explotaci�n mar adentro (off-shore) de minerales, incluidos los hidrocarburos;
g) El almacenamiento de gas en emplazamientos subterr�neos mar adentro, tanto en aquellos dedicados espec�ficamente al almacenamiento, como en los que tambi�n se lleven a cabo actividades de exploraci�n y extracci�n de minerales, incluidos los hidrocarburos;
h) Los vertederos de residuos, incluyendo el almacenamiento subterr�neo de los mismos.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, letras e) y h), estar�n comprendidos en el �mbito de aplicaci�n de este real decreto:
a) Las instalaciones operativas de evacuaci�n de residuos mineros, incluidos los diques y balsas de est�riles, que contengan sustancias peligrosas;
b) El almacenamiento subterr�neo terrestre de gas en estratos naturales, acu�feros, cavidades salinas y minas en desuso, as� como las actividades de tratamiento t�rmico y qu�mico y el almacenamiento vinculado a estas operaciones en que intervengan sustancias peligrosas;
c) Los almacenamientos temporales de mercurio met�lico considerado residuo a los que se refiere el art�culo 3 del Reglamento (CE) 1102/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativo a la prohibici�n de la exportaci�n de mercurio met�lico y ciertos compuestos y mezclas de mercurio y al almacenamiento seguro de mercurio met�lico.
4. Los establecimientos en que se procesen, manipulen o almacenen explosivos, material pirot�cnico o cartucher�a, regulados respectivamente por el Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, y por el Reglamento de art�culos pirot�cnicos y cartucher�a, aprobado por el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, se regir�n por su normativa espec�fica, salvo en lo relativo a:
a) La planificaci�n de emergencia exterior, que se regir� por lo dispuesto en el art�culo 13.
b) La planificaci�n del uso del suelo, que le ser� de aplicaci�n lo dispuesto en el art�culo 14.
c) La informaci�n al p�blico afectado, que se regir� por lo dispuesto en el art�culo 15.2.a).
d) La consulta y participaci�n p�blica en los proyectos de ejecuci�n de obras en las inmediaciones de establecimientos a la que se refiere el art�culo 16.1.c) que le ser� de aplicaci�n lo establecido en el art�culo 16.
e) La pronta notificaci�n de accidentes, que le ser� de aplicaci�n lo dispuesto en el art�culo 17.1.
A estos efectos las Delegaciones del Gobierno en las comunidades aut�nomas donde radiquen tales establecimientos y los correspondientes �rganos competentes de las comunidades aut�nomas, se facilitar�n toda la informaci�n necesaria para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y competencias que tienen atribuidas.
1. Accidente grave: cualquier suceso, como una emisi�n en forma de fuga o vertido, un incendio o una explosi�n importantes, que resulte de un proceso no controlado durante el funcionamiento de cualquier establecimiento al que sea de aplicaci�n este real decreto, que suponga un riesgo grave, inmediato o diferido, para la salud humana, los bienes, o el medio ambiente, dentro o fuera del establecimiento y en el que intervengan una o varias sustancias peligrosas.
2. Almacenamiento: la presencia de una cantidad determinada de sustancias peligrosas con fines de almacenamiento, dep�sito en custodia o reserva.
3. Efecto domin�: la concatenaci�n de efectos que multiplica las consecuencias de un accidente, debido a que los fen�menos peligrosos puedan afectar, adem�s de los elementos vulnerables exteriores, a otros recipientes, tuber�as o equipos del mismo establecimiento o de otros establecimientos pr�ximos, de tal manera que se produzca una nueva fuga, incendio, explosi�n o estallido en los mismos, que genere a su vez nuevos fen�menos peligrosos.
4. Establecimiento: la totalidad del emplazamiento bajo el control de un industrial en el que se encuentren sustancias peligrosas en una o varias instalaciones, incluidas las infraestructuras o actividades comunes o conexas; los establecimientos ser�n de nivel inferior o de nivel superior.
7. Establecimiento existente: un establecimiento que hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto est� incluido en el �mbito de aplicaci�n del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, y que a partir de dicha fecha de entrada en vigor queda incluido en el �mbito de aplicaci�n de este real decreto sin cambiar su clasificaci�n como establecimiento de nivel inferior o establecimiento de nivel superior.
b) un emplazamiento operativo que pase a estar incluido en el �mbito de aplicaci�n de este real decreto, o un establecimiento de nivel inferior que pase a ser un establecimiento de nivel superior o viceversa, a partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto, debido a modificaciones en sus instalaciones o actividades que den lugar a un cambio de su inventario de sustancias peligrosas.
9. Establecimiento vecino: un establecimiento cuya cercan�a a otro establecimiento aumenta el riesgo o las consecuencias de un accidente grave.
10. Otro establecimiento: un emplazamiento operativo que quede incluido en el �mbito de aplicaci�n de este real decreto, o un establecimiento de nivel inferior que pase a ser un establecimiento de nivel superior o viceversa, a partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto, debido a motivos distintos de los mencionados en el apartado 8.b).
11. Industrial: cualquier persona f�sica o jur�dica que explota o controla un establecimiento o instalaci�n o en la que, cuando la normativa as� lo disponga, se haya delegado el poder econ�mico o decisorio determinante sobre la explotaci�n t�cnica del establecimiento o la instalaci�n.
12. Inspecci�n: toda acci�n, incluidas las visitas in situ, los controles de las medidas internas, los sistemas, informes y documentos de seguimiento y cualquier comprobaci�n posterior necesaria, llevados a cabo por los �rganos competentes en cada caso, o en su nombre, al objeto de revisar y promover el cumplimiento de los establecimientos con los requisitos de este real decreto.
13. Instalaci�n: una unidad t�cnica en el interior de un establecimiento, con independencia de si se encuentra a nivel de suelo o bajo tierra, en la que se producen, utilizan, manipulan o almacenan sustancias peligrosas; incluyendo todos los equipos, estructuras, canalizaciones, maquinaria, herramientas, ramales ferroviarios particulares, d�rsenas, muelles de carga o descarga para uso de la misma, espigones, dep�sitos o estructuras similares, est�n a flote o no, necesarios para el funcionamiento de esa instalaci�n.
14. Mezcla: una mezcla o soluci�n compuesta por dos o m�s sustancias.
15. Peligro: la capacidad intr�nseca de una sustancia peligrosa o la potencialidad de una situaci�n f�sica para ocasionar da�os a la salud humana, los bienes o al medio ambiente.
16. Presencia de sustancias peligrosas: la presencia actual o anticipada de sustancias peligrosas en el establecimiento, o de sustancias peligrosas que sea razonable prever que pueden generarse a consecuencia de la p�rdida de control de los procesos, incluidas las actividades de almacenamiento en cualquier instalaci�n en el interior de un establecimiento, en cantidades iguales o superiores a las cantidades umbral indicadas en las partes 1 o 2 del anexo I.
17. P�blico: una o varias personas f�sicas o jur�dicas y, de conformidad con las disposiciones legales o con las pr�cticas comunes, las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas.
18. P�blico afectado: a los efectos del art�culo 15.2, el personal de un establecimiento y la poblaci�n de su entorno que, de acuerdo a los estudios de an�lisis de riesgo y consecuencias, podr�a sufrir sobre su salud los efectos de un posible accidente grave.
19. P�blico interesado: el p�blico que resulta o puede resultar afectado por las decisiones adoptadas sobre alguno de los asuntos previstos en el art�culo 16.1, o que tiene un inter�s que invocar en la toma de esas decisiones; a efectos de la presente definici�n, se considerar� que tienen un inter�s las organizaciones no gubernamentales que trabajen en favor de la protecci�n de la salud de las personas o del medio ambiente y que cumplan los requisitos pertinentes previstos por la legislaci�n nacional.
20. Riesgo: la probabilidad de que se produzca un efecto espec�fico en un per�odo de tiempo determinado o en circunstancias determinadas.
Art�culo 4 Evaluaci�n de peligros de accidente grave para una determinada sustancia peligrosa
1. Cuando proceda o, en cualquier caso, sobre la base de una notificaci�n de un Estado miembro con arreglo al apartado 2, la Comisi�n Europea evaluar� si es imposible en la pr�ctica que una determinada sustancia peligrosa incluida en la parte 1 o enumerada en la parte 2 del anexo I ocasione una liberaci�n de materia o energ�a que pudiera causar un accidente grave en circunstancias normales o anormales que puedan preverse razonablemente. Esa evaluaci�n tomar� en cuenta la informaci�n a que se refiere el apartado 3 y se basar� en una o varias de las siguientes caracter�sticas:
a) La forma f�sica de la sustancia peligrosa en condiciones normales de proceso, de manipulaci�n o en una p�rdida de aislamiento no prevista.
b) Las propiedades inherentes de la sustancia peligrosa, en particular las relativas al comportamiento de dispersi�n en un escenario de accidente grave, como la masa molecular y la presi�n de vapor saturada.
c) La concentraci�n m�xima de las sustancias en el caso de mezclas.
A efectos del p�rrafo primero, tambi�n se deber�a tener en cuenta cuando proceda, el aislamiento y el envasado gen�rico de la sustancia o mezcla peligrosa, en particular cuando est�n cubiertos por disposiciones legislativas espec�ficas de la Uni�n Europea.
2. Cuando el �rgano competente de una comunidad aut�noma u otro representado en la Comisi�n Nacional de Protecci�n Civil, considere que una sustancia peligrosa no presenta un peligro de accidente grave de conformidad con el apartado 1, lo notificar� al Pleno de dicha Comisi�n junto con la justificaci�n correspondiente, incluida la informaci�n a que se refiere el apartado 3.
3. A efectos de los apartados 1 y 2, la informaci�n necesaria para evaluar las propiedades de peligro para la salud, f�sico o para el medio ambiente, de la sustancia peligrosa en cuesti�n, incluir�:
a) Una lista exhaustiva de las propiedades necesarias para evaluar el potencial de la sustancia peligrosa para ocasionar perjuicios f�sicos, a la salud o al medio ambiente.
b) Las propiedades f�sicas y qu�micas (tales como, masa molecular, presi�n de vapor saturada, toxicidad inherente, punto de ebullici�n, reactividad, viscosidad, solubilidad y otras propiedades pertinentes).
c) Las propiedades (tales como, reactividad, inflamabilidad, toxicidad y otros factores como el modo de ataque en el cuerpo, la proporci�n entre lesiones y muertes y los efectos a largo plazo, as� como otras propiedades relevantes) que puedan generar peligros para la salud o peligros f�sicos.
d) Las propiedades (tales como, ecotoxicidad, persistencia, bioacumulaci�n, potencial de transporte ambiental de larga distancia y otras propiedades pertinentes) que puedan generar peligros para el medio ambiente.
e) Cuando est� disponible, la clasificaci�n por la Uni�n Europea de la sustancia o mezcla.
f) La informaci�n sobre las condiciones de proceso espec�ficas de la sustancia (por ejemplo, temperatura, presi�n y otras condiciones pertinentes) bajo las cuales la sustancia o mezcla sea almacenada, utilizada y/o pueda estar presente en el supuesto de operaciones anormales previsibles o de un accidente como un incendio.
4. Tras el informe favorable de la Comisi�n Nacional de Protecci�n Civil, la Direcci�n General de Protecci�n Civil y Emergencias del Ministerio del Interior facilitar� a la Comisi�n Europea la documentaci�n correspondiente, quien a ra�z de la evaluaci�n a que se hace referencia en el apartado 1, presentar� si procede, una propuesta legislativa al Parlamento Europeo y al Consejo para excluir la sustancia peligrosa en cuesti�n del �mbito de aplicaci�n de la Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012.
Art�culo 5 Obligaciones generales del industrial
b) Colaborar con los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas y demostrar, en todo momento y, especialmente con motivo de los controles e inspecciones a que se refiere el art�culo 21, que han tomado todas las medidas necesarias previstas en este real decreto.
Art�culo 6 Autoridades competentes
a) El Ministerio de Interior, a trav�s de la Direcci�n General de Protecci�n Civil y Emergencias, para:
1.� Mantener relaci�n permanente con la Comisi�n Europea a los efectos previstos en la Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, y en particular para:
Informar, tan pronto como sea posible y seg�n el procedimiento especificado en el art�culo 22, de los accidentes graves que hayan ocurrido en el territorio espa�ol y que respondan a los criterios del anexo IV.
Intercambiar informaci�n sobre la experiencia adquirida en materia de prevenci�n de accidentes graves y de limitaci�n de sus consecuencias y, en concreto, sobre las medidas previstas en este real decreto.
Facilitar a la Comisi�n un informe cada cuatro a�os sobre la implantaci�n de la Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, en el Estado Espa�ol.
Facilitar a la Comisi�n la informaci�n a la que se refiere el art�culo 4.
2.� Mantener relaci�n permanente con las Delegaciones del Gobierno correspondientes, y con los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas a los efectos previstos en este real decreto, y en particular para:
Recibir y revisar los datos contenidos en el art�culo 22 y anexo III sobre los establecimientos afectados, a trav�s de la Base nacional de datos sobre riesgo qu�mico a que se refiere el Plan estatal de protecci�n civil ante el riesgo qu�mico, aprobado por el Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio.
Recabar informes o cuestionarios relacionados con aspectos t�cnicos y con la implantaci�n de esta disposici�n.
Elaborar informes peri�dicos sobre las ense�anzas derivadas de los accidentes graves ocurridos en Espa�a, de acuerdo a la informaci�n que figura en el art�culo 17.
3.� Informar, a trav�s de la Comisi�n Nacional de Protecci�n Civil, acerca de las iniciativas, acciones e intercambio de experiencias, generadas por los grupos t�cnicos constituidos por la Comisi�n Europea, as� como de sus resultados y la difusi�n de los mismos.
4.� Poner a disposici�n de otros Estados miembros de la Uni�n Europea, que pudieran verse afectados por los potenciales efectos transfronterizos de un accidente grave producido en un establecimiento radicado en territorio espa�ol, la informaci�n suficiente para que el Estado miembro afectado pueda adoptar las medidas de prevenci�n y protecci�n oportunas. Asimismo, trasladar a las autoridades competentes de las comunidades aut�nomas la informaci�n recibida de otros Estados Miembros en relaci�n con accidentes graves producidos en establecimientos de la naturaleza aludida, radicados fuera del territorio espa�ol, que potencialmente pudieran afectar a su �mbito geogr�fico. Todo ello, en conformidad con el Convenio sobre los Efectos transfronterizos de los accidentes industriales, de la Comisi�n Econ�mica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).
5.� Poner a disposici�n de los Estados miembros afectados, la decisi�n de que un establecimiento cercano a su territorio no puede presentar peligro alguno de accidente grave fuera de su per�metro y no requiere plan de emergencia exterior de conformidad con el art�culo 13.4, as� como trasladar a los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas la decisi�n por parte de otros Estados miembros pr�ximos a su territorio de no elaborar el plan de emergencia exterior.
6.� Informar y trasladar a la Comisi�n Nacional de Protecci�n Civil, la propuesta de homologaci�n de los planes de emergencia exterior que hayan sido elaborados y aprobados por los �rganos competentes de la comunidades aut�nomas, as� como sus sucesivas revisiones.
7.� Participar en la ejecuci�n del Plan estatal de protecci�n civil ante el riesgo qu�mico, aprobado por el Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, ante situaciones de emergencia en las que est� presente el inter�s nacional, as� como en calidad de apoyo a los planes de emergencia exterior de comunidades aut�nomas en los supuestos que lo requieran.
8.� Administrar y mantener en colaboraci�n con los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas, la Base nacional de datos sobre riesgo qu�mico.
b) Los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas, para:
1.� Recibir, evaluar y emplear, la informaci�n a que se refieren los art�culos 7 a 13 y, en su caso, la informaci�n a que hace referencia el art�culo 17, as� como recabar cuantos datos se estime oportuno en el ejercicio de sus competencias.
2.� Elaborar, aprobar y remitir a la Comisi�n Nacional de Protecci�n Civil, para su correspondiente homologaci�n, los planes de emergencia exterior de los establecimientos del nivel superior, seg�n lo previsto en el art�culo 13.
3.� Ordenar la aplicaci�n de los planes de emergencia exterior y dirigir los mismos, de acuerdo con la Directriz b�sica de protecci�n civil para el control y planificaci�n ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, aprobada por Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre.
4.� Informar, en el momento que se tenga noticia de un accidente grave, a la Delegaci�n o Subdelegaci�n del Gobierno correspondiente y a la Direcci�n General de Protecci�n Civil y Emergencias del Ministerio del Interior a trav�s de la Sala Nacional de Emergencias.
5.� Elaborar y remitir a la Direcci�n General de Protecci�n Civil y Emergencias del Ministerio del Interior los informes que la Comisi�n Europea solicite sobre la aplicaci�n de este real decreto.
6.� Aplicar los requisitos de control del uso del suelo a los que hace referencia el art�culo 14, a trav�s de los instrumentos de ordenaci�n territorial desarrollados al respecto.
7.� Asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este real decreto, mediante el ejercicio de las correspondientes facultades de inspecci�n y sanci�n, de acuerdo con el ordenamiento jur�dico.
8.� Someter a consulta p�blica y articular la participaci�n del p�blico interesado, conforme al art�culo 16, en los proyectos, planes y programas en los que est�n involucrados establecimientos.
9.� Mantener actualizada, en colaboraci�n con la Direcci�n General de Protecci�n Civil del Ministerio del Interior, la Base nacional de datos sobre riesgo qu�mico.
c) Los Delegados del Gobierno en las comunidades aut�nomas o, en su caso, los Subdelegados del Gobierno, conforme a lo establecido en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado y dem�s normas aplicables, para:
1.� Colaborar con los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas en la elaboraci�n de los planes de emergencia exterior.
2.� Suministrar la informaci�n necesaria al �rgano competente en materia de protecci�n civil de la comunidad aut�noma para la elaboraci�n de los correspondientes planes de emergencia exterior de los establecimientos afectados por el Reglamento de explosivos o por el Reglamento de art�culos pirot�cnicos y cartucher�a.
3.� Recibir la informaci�n prevista en el art�culo 22 y anexo III a trav�s de la Base nacional de datos sobre riesgo qu�mico.
4.� Recabar cuantos datos, estudios, informes se consideren necesarios a fin de ejercer las competencias, funciones y facultades que les reconocen sus disposiciones reguladoras.
5.� Asumir las funciones que en caso de emergencia les son atribuidas en el Plan estatal de protecci�n civil ante el riesgo qu�mico.
1.� Colaborar con los �rganos competentes de la comunidad aut�noma, en la elaboraci�n de los planes de emergencia exterior que afecten a su t�rmino municipal, aportando la informaci�n que sea necesaria, en la que se incluir�n los datos relativos a censos de poblaci�n, cartograf�a municipal, identificaci�n de v�as de evacuaci�n, organizaci�n de la protecci�n civil municipal y otros equivalentes.
2.� Elaborar y mantener actualizado el Plan de actuaci�n municipal o local, siguiendo las directrices de los planes de emergencia exterior; participar en la ejecuci�n de estos �ltimos dirigiendo y coordinando las medidas y actuaciones contempladas en aqu�llos, tales como avisos a la poblaci�n, activaci�n de las medidas de protecci�n precisas y realizar ejercicios y simulacros de protecci�n civil.
3.� Aprobar el Plan de actuaci�n municipal o local y remitirlo a la Comisi�n Auton�mica de Protecci�n Civil para su homologaci�n.
4.� Informar de inmediato al �rgano competente de la comunidad aut�noma sobre los accidentes graves que se originen en su t�rmino municipal, as� como de cualquier incidente que pudiera dar lugar a su desencadenamiento, con independencia de los sistemas de alerta que se determinen en el plan de emergencia exterior.
5.� Aplicar en sus instrumentos de ordenaci�n urban�stica, los requisitos de control del uso del suelo a los que hace referencia el art�culo 14.
2. Las autoridades competentes y el resto de Administraciones P�blicas, en cumplimiento de lo previsto en este real decreto, actuar�n de conformidad con los principios de coordinaci�n y colaboraci�n y velar�n para que las informaciones de inter�s obtenidas en virtud de este real decreto se encuentren a disposici�n de las autoridades competentes en cada caso, en materia de protecci�n civil, de prevenci�n de riesgos para la salud humana, de prevenci�n de riesgos laborales, de seguridad y calidad industrial, de protecci�n del medio ambiente, de ordenaci�n del territorio y de urbanismo y puertos.
A este respecto, la Comisi�n Nacional de Protecci�n Civil, de conformidad con el Real Decreto 967/2002, de 20 de septiembre, por el que se regula su composici�n y r�gimen de funcionamiento, constituye el �rgano de coordinaci�n y cooperaci�n entre los �rganos de la Administraci�n General del Estado y las Administraciones de las comunidades aut�nomas para la implantaci�n de este real decreto.
As� mismo, en el �mbito territorial de las comunidades aut�nomas ser�n las comisiones auton�micas de protecci�n civil, representadas por la Administraci�n perif�rica del Estado, los �rganos de la comunidad aut�noma y las corporaciones locales, el n�cleo de coordinaci�n para la aplicaci�n de este real decreto.
3. Las autoridades competentes a las que se refiere el apartado 1 de este art�culo aceptar�n la informaci�n equivalente que, en cumplimiento de los art�culos 7 a 13, presenten los industriales en conformidad con otra legislaci�n nacional pertinente. En tales casos, las autoridades competentes se asegurar�n de que se cumplan todos los requisitos de este real decreto.
Art�culo 7 Notificaci�n
1. Los industriales, a cuyos establecimientos les sea de aplicaci�n este real decreto, est�n obligados a enviar una notificaci�n al �rgano competente de la comunidad aut�noma donde radiquen, que contenga como m�nimo, la informaci�n siguiente:
a) Nombre o raz�n social del industrial, o ambos, y direcci�n completa del establecimiento correspondiente;
b) Domicilio social del industrial y direcci�n completa.
d) Informaci�n suficiente para identificar las sustancias peligrosas y la categor�a de sustancias de que se trate o que puedan estar presentes. En todo caso:
1.� Denominaci�n de la sustancia, n�mero CAS y n�mero ONU.
2.� Identificaci�n de peligros y clasificaci�n seg�n Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificaci�n etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
3.� Composici�n e informaci�n de los componentes si fuera una mezcla.
4.� Categor�a a la que pertenece en el anexo 1 parte 1, de este real decreto.
e) Cantidad y forma f�sica de la sustancia o sustancias peligrosas de que se trate.
g) Entorno inmediato del establecimiento y factores capaces de causar un accidente grave o de agravar sus consecuencias, incluidos, cuando est�n disponibles, detalles de los establecimientos vecinos, de emplazamientos que queden fuera del �mbito de aplicaci�n de este real decreto, zonas y obras que puedan originar o incrementar el riesgo o las consecuencias de un accidente grave y de efecto domin�.
Cuando los establecimientos se encuentren ubicados en el dominio p�blico portuario, esta informaci�n tambi�n se proporcionar� a las autoridades portuarias y capitan�as mar�timas competentes.
2. La notificaci�n a que se refiere el apartado 1, o su actualizaci�n, habr� de ser remitida por el industrial:
a) En el caso de establecimientos nuevos, en un plazo razonable antes de comenzar la construcci�n o la explotaci�n, o antes de las modificaciones que den lugar a un cambio en el inventario de sustancias peligrosas. Todo ello en el plazo que determine el �rgano competente de la comunidad aut�noma, que en ning�n caso podr� superar un a�o desde la solicitud de licencia de obra.
b) En todos los dem�s casos, en el plazo de un a�o a partir de la fecha en que este real decreto se aplique al establecimiento en cuesti�n.
3. Los apartados 1 y 2 no se aplicar�n si el industrial ha enviado ya una notificaci�n a la autoridad competente en cumplimiento de los requisitos del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, antes de la fecha de entrada en vigor de este real decreto, y la informaci�n contenida en ella cumple lo dispuesto en el apartado 1 y no ha cambiado.
4. El industrial informar� por anticipado al �rgano competente de la comunidad aut�noma, ante las siguientes circunstancias y proceder�, en su caso, a la actualizaci�n de la notificaci�n:
a) Aumento o disminuci�n significativa de la cantidad o modificaci�n significativa de las caracter�sticas o la forma f�sica de la sustancia peligrosa presente, indicada en la notificaci�n enviada por el industrial en virtud del apartado 1, o modificaci�n significativa de los procesos donde se emplea, o
b) Modificaci�n de un establecimiento o instalaci�n que pueda tener consecuencias importantes en cuanto a los peligros de accidente grave, o
d) Cambios en la informaci�n referidos en el apartado 1, letras a), b) o c).
Art�culo 8 Pol�tica de prevenci�n de accidentes graves
1. Los industriales de todos los establecimientos a los que sea de aplicaci�n este real decreto, deber�n definir e implantar correctamente su pol�tica de prevenci�n de accidentes graves as� como plasmarla en un documento escrito.
La puesta en pr�ctica de esta pol�tica tendr� por objeto garantizar un alto grado de protecci�n de la salud humana, el medio ambiente y los bienes y ser� proporcional a los peligros de accidente grave del establecimiento. Incluir� los objetivos generales y los principios de actuaci�n del industrial, el reparto de tareas y responsabilidades de gesti�n as� como el compromiso de mejorar de forma permanente el control de los riesgos de accidente grave y de garantizar un elevado nivel de protecci�n.
2. El documento que define la pol�tica de prevenci�n de accidentes graves se mantendr� a disposici�n de los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas, con vistas en particular, a la aplicaci�n del art�culo 5 b) y del art�culo 21, desde las siguientes fechas:
a) En el caso de los establecimientos nuevos, desde una fecha razonable antes de comenzar la construcci�n o la explotaci�n, o antes de las modificaciones que den lugar a un cambio en el inventario de sustancias peligrosas. Todo ello, en el plazo concreto que determine el �rgano competente de la comunidad aut�noma.
b) En todos los dem�s casos, a partir de un a�o desde la fecha en que este real decreto se aplique al establecimiento en cuesti�n.
Dicho documento se mantendr� a disposici�n de las autoridades portuarias y capitan�as mar�timas competentes cuando los establecimientos se encuentren ubicados en el dominio p�blico portuario.
3. Para los establecimientos de nivel superior, el documento que define su pol�tica de prevenci�n de accidentes graves formar� parte del informe de seguridad al que se refiere el art�culo 10.
4. El apartado 1 no se aplicar� si el industrial ha establecido e implantado, antes de la fecha de entrada en vigor de este real decreto, su pol�tica de prevenci�n de accidentes graves en conformidad con el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, siempre que cumpla con lo dispuesto en el apartado 1 y no haya cambiado.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 11, el industrial revisar� peri�dicamente su pol�tica de prevenci�n de accidentes graves, al menos cada cinco a�os, y la actualizar� cuando sea necesario. El documento que define dicha pol�tica de prevenci�n actualizada se mantendr� a disposici�n de los �rganos competentes de la comunidad aut�noma.
6. La pol�tica de prevenci�n de accidentes graves se aplicar� mediante un sistema de gesti�n de la seguridad a trav�s de medios, estructuras y procedimientos adecuados de conformidad con el anexo II y, en cualquier caso, de forma proporcionada a los peligros de accidente grave y a la complejidad de la organizaci�n o las actividades del establecimiento.
Art�culo 9 Efecto domin�
1. Los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas, utilizando la informaci�n aportada por el industrial en virtud de los art�culos 7 y 10 o a trav�s de una solicitud de informaci�n adicional o mediante las inspecciones con arreglo al art�culo 21, determinar�n los establecimientos de nivel superior e inferior o grupos de establecimientos en los que la probabilidad y las consecuencias de un accidente grave puedan verse incrementadas debido a la posici�n geogr�fica y a la proximidad entre dichos establecimientos, as� como a la presencia en �stos de sustancias peligrosas.
2. Cuando los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas dispongan de informaci�n adicional a la facilitada por el industrial de conformidad con el art�culo 7.1 g), pondr�n dicha informaci�n a disposici�n del mismo, si resultara necesaria para la aplicaci�n del presente art�culo.
3. Los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas establecer�n protocolos de comunicaci�n que aseguren que los establecimientos as� determinados:
a) Se intercambien de manera adecuada los datos necesarios para posibilitar que los industriales tomen en consideraci�n el car�cter y la magnitud del riesgo general de accidente grave en sus pol�ticas de prevenci�n de accidentes graves, sistemas de gesti�n de la seguridad, informes de seguridad y planes de emergencia interior o autoprotecci�n;
b) Cooperen en la informaci�n a la poblaci�n y a los emplazamientos vecinos no incluidos en el �mbito de aplicaci�n de este real decreto, as� como en el suministro de informaci�n a la autoridad competente para la elaboraci�n de los planes de emergencia exterior.
4. Los accidentes que puedan producirse por efecto domin� entre instalaciones de un mismo establecimiento, deber�n contemplarse en los informes de seguridad a los que se refiere el art�culo 10.
Art�culo 10 Informe de seguridad
1. Los industriales de los establecimientos de nivel superior est�n obligados a elaborar un informe de seguridad, que tenga por objeto:
a) Demostrar que se ha establecido una pol�tica de prevenci�n de accidentes graves aplicada a trav�s de un sistema de gesti�n de la seguridad de conformidad con los elementos que figuran en el anexo II.
b) Demostrar que se han identificado y evaluado los riesgos de accidentes, con especial rigor en los casos en los que �stos puedan generar consecuencias graves, y que se han tomado las medidas necesarias para prevenirlos y para limitar sus consecuencias sobre la salud humana, el medio ambiente y los bienes.
c) Demostrar que el dise�o, la construcci�n, la explotaci�n y el mantenimiento de toda instalaci�n, zona de almacenamiento, equipos e infraestructura ligada a su funcionamiento, que est�n relacionados con el riesgo de accidente grave en el establecimiento, presentan una seguridad y fiabilidad suficientes.
d) Demostrar que se han elaborado planes de emergencia interior o autoprotecci�n y facilitar los datos necesarios que posibiliten la elaboraci�n del plan de emergencia exterior a fin de tomar las medidas necesarias en caso de accidente grave.
e) Proporcionar informaci�n suficiente a las autoridades competentes para que puedan tomar decisiones en materia de implantaci�n de nuevos establecimientos, o de autorizaci�n de otro tipo de proyectos en las proximidades de los establecimientos existentes.
2. El informe de seguridad contendr�, como m�nimo, la informaci�n que recoge la Directriz b�sica de protecci�n civil para el control y planificaci�n ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, aprobada por el Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre.
En el informe de seguridad se indicar�n expresamente los nombres de las organizaciones pertinentes que hayan participado en su elaboraci�n.
De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 6.3, el informe de seguridad y cualesquiera otros estudios o informes de naturaleza an�loga que deban realizar los industriales, en virtud de la legislaci�n sectorial aplicable, podr�n fusionarse en un documento �nico a los efectos del presente art�culo, cuando dicha fusi�n permita evitar duplicaciones innecesarias de la informaci�n y la repetici�n de los trabajos realizados por el industrial o la autoridad competente, siempre que se cumplan todos los requisitos de este art�culo y los exigidos por la legislaci�n sectorial que resulte aplicable. A este respecto, en el caso de posibles consecuencias para el medio ambiente, se podr�n utilizar los an�lisis de riesgos medioambientales elaborados en cumplimiento de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
3. El industrial presentar� el informe de seguridad ante el �rgano competente de la comunidad aut�noma, respetando los siguientes plazos:
a) En el caso de establecimientos nuevos, antes de comenzar su construcci�n o explotaci�n o antes de las modificaciones que den lugar a un cambio en el inventario de sustancias peligrosas, todo ello en el plazo concreto que determine el �rgano competente de la comunidad aut�noma.
b) En el caso de los establecimientos de nivel superior existentes, antes del plazo de un a�o a contar desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto.
c) En el caso de los otros establecimientos, en el plazo de dos a�os a partir de la fecha en que este real decreto se aplique al establecimiento en cuesti�n.
4. Los apartados 1, 2 y 3 no se aplicar�n al industrial cuando ya haya enviado el informe de seguridad al �rgano competente de la comunidad aut�noma antes de la fecha de entrada en vigor de este real decreto, en cumplimiento de los requisitos del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, y la informaci�n contenida en �l cumpla lo dispuesto en los apartados 1 y 2 y no haya cambiado. Al objeto de dar cumplimiento a los apartados 1 y 2, el industrial presentar� todas las partes modificadas del informe de seguridad en la forma prescrita por el �rgano competente en los plazos mencionados en el apartado 3.
5. Todo informe de seguridad deber� ser evaluado. Para la evaluaci�n de los informes de seguridad, el �rgano competente de las comunidad aut�noma podr� requerir, si lo estima conveniente, la colaboraci�n de los organismos de control habilitados de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
6. Una vez evaluado el informe de seguridad, el �rgano competente de la comunidad aut�noma se pronunciar� en el plazo m�ximo de seis meses desde su entrega, sobre las condiciones de seguridad del establecimiento en materia de accidentes graves, en alguno de los siguientes sentidos:
a) Comunicar� al industrial sus conclusiones sobre el examen del informe de seguridad, en su caso, previa solicitud de informaci�n complementaria y/o modificaciones pertinentes.
b) Prohibir� la puesta en servicio o la continuaci�n de la actividad del establecimiento de que se trate, de conformidad con las facultades y procedimientos previstos en el art�culo 20.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 11, el industrial debe revisar peri�dicamente el informe de seguridad y actualizarlo, en su caso, del siguiente modo:
b) A ra�z de un accidente grave en su establecimiento, cuando sea necesario.
c) En cualquier momento, a iniciativa del industrial o a petici�n de la autoridad competente, cuando est� justificado por nuevos datos o con el fin de tener en cuenta los nuevos conocimientos t�cnicos sobre seguridad.
El informe de seguridad actualizado, o sus partes actualizadas, se enviar�n sin demora al �rgano competente de la comunidad aut�noma.
A efectos de lo dispuesto en el art�culo 22, el �rgano competente de la comunidad aut�noma informar� de dichas actualizaciones a la Direcci�n General de Protecci�n Civil y Emergencias del Ministerio del Interior a trav�s de la Base nacional de datos sobre riesgo qu�mico.
8. En el caso de establecimientos ubicados en el dominio p�blico portuario, el industrial remitir� tambi�n copia del informe de seguridad y sus posteriores actualizaciones a la autoridad portuaria y capitan�as mar�timas competentes. Asimismo, el �rgano competente de la comunidad aut�noma informar� a la autoridad portuaria y capitan�a mar�tima sobre las conclusiones del informe de seguridad a que se refiere el apartado 6.
9. El �rgano competente de la comunidad aut�noma podr� exigir a los industriales de establecimientos de nivel inferior, que elaboren y remitan a dicho �rgano determinados aspectos del informe de seguridad que puedan resultar necesarios para el cumplimiento de lo especificado en los art�culos 8 y 9.
Art�culo 11 Modificaci�n de una instalaci�n, establecimiento o zona de almacenamiento
1. En caso de modificaci�n de un establecimiento, instalaci�n, zona de almacenamiento, proceso, o de las caracter�sticas, forma f�sica o cantidades de sustancias peligrosas, que pueda tener consecuencias importantes en lo que respecta a los riesgos de accidente grave, o que pueda dar lugar a que un establecimiento de nivel inferior pase a ser un establecimiento de nivel superior o viceversa, el industrial:
a) Revisar� y, si es necesario actualizar�, la notificaci�n a que hace referencia el art�culo 7, su pol�tica de prevenci�n de accidentes graves y el sistema de gesti�n de seguridad, el informe de seguridad, as� como el plan de emergencia interior o autoprotecci�n, contemplados en los art�culos 8, 10 y 12, dentro de los plazos previstos en estos preceptos.
b) Informar� al �rgano competente de la comunidad aut�noma sobre dichas actualizaciones antes de proceder a esa modificaci�n. Cuando los establecimientos se encuentren ubicados en el dominio p�blico portuario, esta informaci�n tambi�n se proporcionar� a las autoridades portuarias.
2. A fin de cumplir con lo dispuesto en el art�culo 22, el �rgano competente de la comunidad aut�noma informar� de dichas actualizaciones a la Direcci�n General de Protecci�n Civil y Emergencias del Ministerio del Interior a trav�s de la Base nacional de datos sobre riesgo qu�mico.
3. A efectos de lo indicado en el apartado 1, se considerar�n modificaciones que pueden tener consecuencias importantes sobre los riesgos de accidente grave, las siguientes:
a) El cambio de nivel de afectaci�n del establecimiento, pasando de nivel inferior a superior, o viceversa.
b) El cambio del estado f�sico de alguna sustancia peligrosa, o de los procesos en que intervenga, de forma que pueda preverse bajo determinadas condiciones la liberaci�n de materia o energ�a que origine un riesgo de accidente grave.
c) La incorporaci�n de nuevas sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a los umbrales de la columna 2 de la parte 1 o de la parte 2 del anexo I. Todo ello empleando, cuando sea aplicable, la regla de la suma de la nota 4 del anexo I.
e) El incremento de las cantidades de sustancias peligrosas presentes en cantidades iguales o superiores a los umbrales de la columna 3 de la parte 1 o de la parte 2 del anexo I, cuando dicho incremento sea un 30 % o m�s de la cantidad presente y, al mismo tiempo, suponga un aumento superior al doble de los umbrales de la columna 2 de la parte 1 o de la parte 2 del anexo I.
La relaci�n de los criterios cuantitativos y cualitativos se�alados en este apartado tiene car�cter no limitativo. En cualquier caso, el �rgano competente de la comunidad aut�noma podr� fijar criterios m�s restrictivos.
Art�culo 12 Planes de emergencia interior o de autoprotecci�n
1. En todos los establecimientos sujetos a las disposiciones de este real decreto, el industrial deber� elaborar un plan de emergencia interior o autoprotecci�n, en el que se defina la organizaci�n y conjunto de medios y procedimientos de actuaci�n, con el fin de prevenir los accidentes de cualquier tipo y, en su caso, limitar los efectos en el interior del establecimiento.
Su contenido se ajustar� a lo especificado en la Directriz b�sica de protecci�n civil para el control y planificaci�n ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, aprobada por Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, y a la normativa en vigor en materia de autoprotecci�n. Se elaborar�n previa consulta con el personal del establecimiento y los trabajadores de empresas subcontratadas o subcontratistas a largo plazo; cumpliendo, en todo caso, lo dispuesto en el art�culo 18, relativo a la informaci�n, consulta y participaci�n de los trabajadores, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci�n de Riesgos Laborales.
2. Los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas establecer�n la normativa adecuada al objeto de que los industriales mantengan actualizados los planes de emergencia interior o de autoprotecci�n, mediante su modificaci�n de acuerdo con los cambios que se hubieran producido en los establecimientos y, en todo caso, en periodos no superiores a tres a�os. La revisi�n tendr� en cuenta los cambios que se hayan producido en los establecimientos correspondientes, as� como los nuevos conocimientos t�cnicos y los conocimientos sobre las medidas que deban tomarse en caso de accidente grave.
3. En el marco de las obligaciones derivadas de la coordinaci�n de actividades empresariales a las que se refiere el art�culo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, desarrollado por el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, en materia de coordinaci�n de actividades empresariales, el empresario titular del establecimiento deber� informar del contenido del plan de emergencia interior o de autoprotecci�n a aquellas empresas subcontratadas y aut�nomos que desarrollen su actividad en dicho establecimiento, y todos ellos deber�n cumplir con el deber de cooperaci�n y con las dem�s obligaciones establecidas en el citado real decreto.
4. El plan de emergencia interior o de autoprotecci�n ser� remitido al �rgano competente de la comunidad aut�noma, as� como a las autoridades portuarias y capitan�as mar�timas competentes cuando los establecimientos se encuentren ubicados en el dominio p�blico portuario:
a) Para los nuevos establecimientos, antes de que se inicie su explotaci�n o antes de las modificaciones que den lugar a un cambio en el inventario de sustancias peligrosas; todo ello en el plazo establecido por la comunidad aut�noma.
b) Para los establecimientos existentes, a m�s tardar en el plazo de un a�o a contar desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto, a menos que el plan elaborado en cumplimiento de lo exigido en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, antes de esa fecha y la informaci�n contenida en �l, se atengan ya a lo dispuesto en este art�culo y no hayan cambiado.
c) Para los dem�s establecimientos, en el plazo de dos a�os a partir de la fecha en que este real decreto se aplique al establecimiento en cuesti�n.
5. Los industriales de los establecimientos de nivel superior proporcionar�n, en los t�rminos y plazos indicados en el apartado 4, la informaci�n necesaria para que la autoridad competente en materia de protecci�n civil de la comunidad aut�noma correspondiente desarrolle los planes de emergencia exterior.
Art�culo 13 Planes de emergencia exterior
1. Para los establecimientos de nivel superior, incluidos los regulados por el por el Reglamento de Explosivos, y por el Reglamento de art�culos pirot�cnicos y cartucher�a, los �rganos competentes en materia de protecci�n civil de las comunidades aut�nomas elaborar�n, con la colaboraci�n de los industriales, un plan de emergencia exterior para prevenir y, en su caso mitigar, las consecuencias de los posibles accidentes graves previamente analizados, clasificados y evaluados, en el que se establezcan las medidas de protecci�n m�s id�neas, los recursos humanos y materiales necesarios y el esquema de coordinaci�n de las autoridades, �rganos y servicios llamados a intervenir.
Su contenido y procedimiento de homologaci�n se ajustar�n a lo especificado en la Directriz b�sica de protecci�n civil para el control y planificaci�n ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, aprobada por Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre.
El plazo para su elaboraci�n y aprobaci�n ser� de dos a�os desde la recepci�n del informe de seguridad y de la informaci�n a la que hace referencia el art�culo 12.5.
2. Para elaborar o modificar sustancialmente los planes de emergencia exterior, los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas establecer�n mecanismos de consulta para que el p�blico interesado tenga la posibilidad de dar su opini�n desde una fase temprana.
3. Los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas organizar�n un sistema que garantice la revisi�n peri�dica, la actualizaci�n, la prueba y, en su caso, la modificaci�n de todos los planes de emergencia exterior a intervalos apropiados que no deber�n rebasar los tres a�os. Se tendr� en cuenta, tanto los cambios que se hayan producido en los establecimientos correspondientes como en la organizaci�n de los servicios de emergencia llamados a intervenir, as� como los nuevos conocimientos t�cnicos y los conocimientos sobre las medidas que deban tomarse en caso de accidente grave.
Este sistema garantizar� que todas las Administraciones, organismos y servicios implicados dispongan puntualmente de las actualizaciones, pruebas y revisiones efectuadas en los planes de emergencia exterior. Asimismo, la autoridad competente de la comunidad aut�noma solicitar� a la Comisi�n Nacional de Protecci�n Civil una nueva homologaci�n, si as� lo considera conveniente, en funci�n de las revisiones peri�dicas, ampliaciones, sustituciones u otras modificaciones que var�en las condiciones en que se realiz� la homologaci�n inicial.
4. La autoridad competente de la comunidad aut�noma podr� decidir, a la vista de la informaci�n contenida en el informe de seguridad, que las disposiciones del apartado 1 relativas a la obligaci�n de establecer un plan de emergencia exterior no se apliquen; siempre y cuando se demuestre que la repercusi�n de los accidentes previstos en el informe de seguridad no tiene consecuencias en el exterior. Esta decisi�n justificada deber� ser comunicada a la Comisi�n Nacional de Protecci�n Civil a los efectos previstos en el art�culo 6.
5. En relaci�n con aquellos establecimientos que se encuentren ubicados en el dominio p�blico portuario, las autoridades portuarias y capitan�as mar�timas competentes colaborar�n con los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas en la elaboraci�n del plan de emergencia exterior.
V�ase el D [CANTABRIA] 70/2018, 31 agosto, por el que se aprueban los planes de emergencia exterior de determinadas empresas qu�micas ubicadas en Cantabria (�B.O.C.� 7 septiembre).
Art�culo 14 Planificaci�n del uso del suelo
1. Los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas, velar�n por que se tengan en cuenta los objetivos de prevenci�n de accidentes graves y de limitaci�n de sus consecuencias para la salud humana, los bienes y el medio ambiente en sus instrumentos de planificaci�n territorial y urban�stica y en otros pertinentes. Procurar�n alcanzar tales objetivos mediante el control de:
b) Las modificaciones de los establecimientos contempladas en el art�culo 11.
c) Las nuevas obras, tales como v�as de comunicaci�n, lugares de uso p�blico y zonas de viviendas, realizadas en las inmediaciones de los establecimientos, cuando el emplazamiento o las obras ejecutadas puedan originar o aumentar el riesgo o las consecuencias de un accidente grave.
2. Los instrumentos de asignaci�n o utilizaci�n del suelo y otros pertinentes, as� como los procedimientos de aplicaci�n de los mismos, tendr�n en cuenta la necesidad, a largo plazo:
a) De mantener las distancias adecuadas entre, por una parte, los establecimientos contemplados en este real decreto, y, por otra, las zonas de vivienda, las zonas frecuentadas por el p�blico, las �reas recreativas y, en la medida de lo posible, las grandes v�as de transporte. Para los establecimientos afectados tambi�n por el por el Reglamento de explosivos o por el Reglamento de art�culos pirot�cnicos y cartucher�a, estas distancias no podr�n ser en ning�n caso inferiores a las distancias m�nimas que han de observarse para el emplazamiento de f�bricas, talleres y dep�sitos establecidas en la Instrucci�n t�cnica complementaria n.o 10 del Reglamento de Explosivos, aprobada por la Orden PRE/252/2006, de 6 de febrero, y en la Instrucci�n t�cnica complementaria n.o 10 del Reglamento de art�culos pirot�cnicos y cartucher�a.
b) De proteger las zonas que presenten un inter�s natural particular o tengan un car�cter especialmente sensible en las inmediaciones de establecimientos, manteniendo, cuando proceda, las distancias de seguridad apropiadas u otras medidas pertinentes.
c) En el caso de los establecimientos existentes, de tomar medidas t�cnicas adicionales, de conformidad con el art�culo 5, para no incrementar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente.
3. Los �rganos facultados para tomar decisiones en este �mbito, establecer�n procedimientos de consulta adecuados para facilitar la aplicaci�n de las pol�ticas adoptadas con arreglo al apartado 1. Los procedimientos ser�n tales que, en el momento de tomar las decisiones de �ndole urban�stica, se disponga de suficiente informaci�n proporcionada por los industriales sobre los riesgos vinculados al establecimiento y de un dictamen t�cnico al respecto, basado en el estudio de casos concretos o en criterios generales.
Con el fin de evitar duplicidades, la fase de informaci�n p�blica y de consultas ser� conjunta para todos aquellos procedimientos establecidos en las normativas que siendo de aplicaci�n a la aprobaci�n o autorizaci�n del plan, programa o proyecto exijan esta fase.
4. Los industriales de los establecimientos de nivel inferior, a requerimiento de los �rganos competentes de la comunidad aut�noma, proporcionar�n la informaci�n sobre los riesgos vinculados al establecimiento que sea necesaria a efectos de planificaci�n de la ocupaci�n del suelo.
Art�culo 15 Informaci�n al p�blico
1. La autoridad competente en cada caso, pondr� a disposici�n del p�blico de forma permanente y tambi�n en formato electr�nico, la informaci�n mencionada en el anexo III. La informaci�n se actualizar� cuando resulte necesario, tambi�n con motivo de las modificaciones contempladas en el art�culo 11.
2. En el caso de los establecimientos de nivel superior, la autoridad competente en colaboraci�n con los industriales de los establecimientos, se asegurar� tambi�n de que:
a) El p�blico afectado, incluyendo el que se encuentre en todos los edificios y zonas de uso p�blico, como escuelas y hospitales, y en todos los situados en las inmediaciones, a los efectos previstos en el art�culo 9, reciba peri�dicamente, por el medio m�s adecuado y sin que tengan que solicitarla, informaci�n clara y comprensible sobre las medidas de seguridad y el comportamiento que debe adoptarse en caso de accidente grave.
Esta informaci�n incluir� como m�nimo los datos a los que se hace referencia en el anexo III proporcion�ndose al menos cada cinco a�os y siendo actualizada cuando sea necesario, tambi�n con motivo de las modificaciones contempladas en el art�culo 11.
b) El informe de seguridad est� a disposici�n del p�blico cuando se solicite, sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 23.3. A estos efectos, se pondr� a disposici�n del p�blico un informe modificado, por ejemplo en forma de resumen no t�cnico, que incluir� informaci�n general sobre los peligros de accidente grave y sus efectos potenciales para la salud humana, los bienes y el medio ambiente en caso de accidente grave;
c) El inventario de las sustancias peligrosas est� a disposici�n del p�blico cuando se solicite, sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 23.3.
3. A efectos de lo dispuesto en el art�culo 22, el �rgano competente de la comunidad aut�noma incorporar� la informaci�n correspondiente al apartado 2 a la Base nacional de datos sobre riesgo qu�mico.
Art�culo 16 Consulta p�blica y participaci�n en la toma de decisiones
1. Se someter�n a consulta y participaci�n del p�blico interesado, en una fase temprana, los proyectos concretos relativos a:
a) La planificaci�n de establecimientos nuevos, de conformidad con el art�culo 14.
b) Las modificaciones significativas de los establecimientos a que se refiere el art�culo 11, cuando est�n sujetas a los requisitos del art�culo 14.
c) La ejecuci�n de obras en las inmediaciones de establecimientos, cuando el emplazamiento o las obras ejecutadas puedan aumentar el riesgo o las consecuencias de un accidente grave, de conformidad con el art�culo 14.
2. En relaci�n a los proyectos concretos se�alados en el apartado 1, la autoridad competente en cada caso, informar� al p�blico, mediante anuncio publicado en el bolet�n oficial correspondiente durante al menos 15 d�as h�biles, sin perjuicio de su posible publicaci�n en una p�gina web oficial durante el mismo periodo, de los siguientes asuntos:
b) Cuando proceda, la circunstancia de que un proyecto est� sujeto a una evaluaci�n del impacto ambiental, o a consultas entre Estados miembros.
c) Datos sobre los �rganos competentes responsables de tomar la decisi�n, de los que pueda obtenerse informaci�n pertinente y a los que puedan presentarse observaciones o formularse preguntas, as� como los plazos para ello.
d) La naturaleza de las decisiones posibles o, en su caso, del proyecto de decisi�n.
e) Una indicaci�n de las fechas y los lugares en los que se facilitar� la informaci�n pertinente, as� como los medios empleados para ello.
3. La autoridad competente en cada caso, pondr� as�mismo a disposici�n del p�blico interesado los siguientes elementos sobre los proyectos concretos a los que se refiere el apartado 1:
a) Los principales informes y dict�menes remitidos a la autoridad competente en el momento en que se inform� al p�blico conforme al apartado 2.
b) Toda informaci�n que no sea la referida en el apartado 2, que resulte pertinente para la decisi�n de que se trate y que solo pueda obtenerse despu�s de que se haya informado al p�blico conforme al citado apartado.
El p�blico interesado consultado deber� pronunciarse en el plazo m�ximo de 30 d�as naturales desde la recepci�n de la solicitud de participaci�n. Transcurrido ese plazo sin que se haya recibido el pronunciamiento, el procedimiento continuar�.
4. Cuando se tomen las decisiones pertinentes, la autoridad competente informar� y pondr� a disposici�n del p�blico, mediante avisos p�blicos u otros medios apropiados como los electr�nicos cuando se disponga de ellos, y en el plazo de tres meses contados desde la recepci�n de la notificaci�n y los documentos que la deben acompa�ar:
a) El contenido de la decisi�n y las razones que la justifican, incluidas, en su caso, las posteriores actualizaciones.
b) Los resultados de las consultas celebradas antes de tomar la decisi�n y una explicaci�n de c�mo se tuvieron en cuenta para llegar a ella.
5. Para que el p�blico interesado tenga la posibilidad desde una fase temprana de dar su parecer sobre planes o programas relativos a los asuntos mencionados en el apartado 1, letras a) o c):
a) La autoridad competente en cada caso consultar� al p�blico interesado, poniendo a su disposici�n el borrador del plan o programa.
b) El p�blico interesado consultado deber� pronunciarse en el plazo m�ximo de cuarenta y cinco d�as h�biles desde la recepci�n del borrador. Transcurrido ese plazo sin que se haya recibido el pronunciamiento, el procedimiento continuar�.
c) La autoridad competente en cada caso, tomar� la decisi�n correspondiente en el plazo de cuatro meses desde el inicio del proceso de consultas.
Este apartado no se aplicar� a los planes y programas para los que se lleve a cabo un procedimiento de participaci�n con arreglo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluaci�n ambiental.
Art�culo 17 Informaci�n que deber� facilitar el industrial ante un accidente grave
1. Tan pronto como se origine un incidente o accidente susceptible de causar un accidente grave de acuerdo a la definici�n dada en el art�culo 3 y haciendo uso de los medios m�s adecuados, los industriales de los establecimientos comprendidos en el �mbito de aplicaci�n de este real decreto estar�n obligados a informar de forma inmediata al �rgano competente de la comunidad aut�noma en materia de protecci�n civil.
Los industriales de los establecimientos regulados por el Reglamento de explosivos y por el Reglamento de art�culos pirot�cnicos y cartucher�a, lo har�n tambi�n a la Delegaci�n o Subdelegaci�n del Gobierno correspondiente.
Cuando los establecimientos se encuentren ubicados en el dominio p�blico portuario, esta informaci�n se proporcionar�, asimismo, a las autoridades portuarias.
La informaci�n a transmitir ser� la siguiente:
b) Las sustancias peligrosas y cantidades implicadas inicialmente en el accidente, o que puedan estarlo por la evoluci�n desfavorable del mismo;
f) Las medidas de apoyo exterior necesarias para el control del accidente y la atenci�n a los afectados;
g) Otra informaci�n referida al mismo que le pueda solicitar la autoridad competente.
Para ello deber�n adecuarse los procedimientos de comunicaci�n directa con el centro de emergencias que a estos efectos tenga dispuesto la autoridad competente.
2. Posteriormente al suceso el industrial deber�, en un plazo razonable de tiempo establecido por el �rgano competente de la comunidad aut�noma:
a) Remitir a los �rganos competentes de la comunidad aut�noma, de forma pormenorizada, las causas y efectos producidos a consecuencia del accidente.
b) Informar a los �rganos competentes de la comunidad aut�noma de las medidas previstas para:
1.� Mitigar los efectos del accidente a medio y largo plazo.
2.� Evitar que se produzcan accidentes similares, en base a las experiencias adquiridas.
c) Actualizar la informaci�n facilitada, en caso de que investigaciones m�s rigurosas pongan de manifiesto nuevos hechos que modifiquen dicha informaci�n o las conclusiones que dimanen de ella.
Art�culo 18 Medidas que deber� adoptar la autoridad competente, despu�s de un accidente grave
Concluida la situaci�n de emergencia por un accidente grave, los �rganos competentes de la comunidad aut�noma deber�n:
b) Recoger, mediante inspecci�n, investigaci�n u otros medios adecuados, la informaci�n necesaria para un an�lisis completo del accidente en los aspectos t�cnicos, de organizaci�n y de gesti�n.
Art�culo 19 Informaci�n que el �rgano competente de la comunidad aut�noma facilitar� en caso de accidente grave
1. Con el fin de asegurar la coordinaci�n en los casos de accidentes graves entre las autoridades llamadas a intervenir, as� como para cumplir los requisitos de informaci�n a la Comisi�n Europea, los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas informar�n en el momento en el que se tenga noticia de un accidente grave, a la Delegaci�n del Gobierno correspondiente y, en su caso, a la Subdelegaci�n del Gobierno de la provincia donde est� radicado el establecimiento, as� como a la Direcci�n General de Protecci�n Civil y Emergencias del Ministerio del Interior a trav�s de la Sala Nacional de Emergencias.
2. Los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas remitir�n a la Direcci�n General de Protecci�n Civil y Emergencias del Ministerio del Interior tan pronto como sea posible, y, a m�s tardar, dos meses despu�s de la fecha del accidente, la informaci�n de los accidentes graves que ocurran en su territorio. Para aquellos que respondan a los criterios del anexo IV de este real decreto, esta informaci�n contendr�, como m�nimo, los siguientes datos:
b) Fecha, hora y lugar del accidente, nombre completo del industrial y direcci�n del establecimiento de que se trate.
c) Una breve descripci�n de las circunstancias del accidente, con indicaci�n de las sustancias peligrosas involucradas y los efectos inmediatos en la salud humana y el medio ambiente.
d) Una breve descripci�n de las medidas de emergencia adoptadas y de las precauciones inmediatas necesarias para evitar la repetici�n del accidente.
e) Los resultados de sus investigaciones sobre el accidente y recomendaciones. Esta informaci�n podr� retrasarse a fin de posibilitar la conclusi�n de procedimientos judiciales, en caso de que dicha comunicaci�n pueda afectar a tales procedimientos.
Para el cumplimiento de lo indicado en este apartado, se acordar� en el seno de la Comisi�n Nacional de Protecci�n Civil, los formatos normalizados correspondientes, siguiendo los criterios aconsejados por la Comisi�n Europea.
3. A efectos de lo dispuesto en el art�culo 22, el �rgano competente de la comunidad aut�noma incorporar� la informaci�n a la que se refiere el apartado 2 a la Base nacional de datos sobre riesgo qu�mico.
4. Asimismo, la Direcci�n General de Protecci�n Civil y Emergencias del Ministerio del Interior facilitar� la informaci�n normalizada a la Comisi�n Europea, seg�n lo dispuesto en el art�culo 6.
Art�culo 20 Prohibici�n de explotaci�n
1. Los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas deber�n prohibir la explotaci�n o la entrada en servicio de cualquier establecimiento, instalaci�n, zona de almacenamiento, o cualquier parte de ellos cuando las medidas adoptadas por el titular para la prevenci�n y la reducci�n de los accidentes graves se consideren, de manera justificada, manifiestamente insuficientes.
En particular, tendr�n en cuenta los casos graves en los que no se hayan adoptado las medidas necesarias mencionadas en el informe de inspecci�n.
2. Los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas podr�n prohibir la explotaci�n o la entrada en servicio de todo establecimiento, instalaci�n o zona de almacenamiento, o de cualquier parte de los mismos, si el industrial no ha presentado la notificaci�n, los informes u otra informaci�n exigida por este real decreto dentro del plazo establecido.
3. El �rgano competente de la comunidad aut�noma informar� a la Comisi�n Nacional de Protecci�n Civil de las decisiones adoptadas en su territorio seg�n lo dispuesto en los apartados 1 y 2.
4. Ante las prohibiciones de los apartados 1 y 2, el industrial afectado podr� interponer recurso, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
Art�culo 21 Inspecciones
1. Los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas establecer�n un sistema de inspecciones y las medidas de control adecuadas a cada tipo de establecimiento comprendido en el �mbito de aplicaci�n de este real decreto.
2. Estas inspecciones ser�n adecuadas para el tipo de establecimiento de que se trate, no depender�n de la recepci�n del informe de seguridad ni de ning�n otro informe presentado y posibilitar�n un examen planificado y sistem�tico de los equipos t�cnicos, de organizaci�n y de modos de gesti�n aplicados en el establecimiento, a fin de que el industrial pueda demostrar, en particular:
c) Que los datos y la informaci�n facilitados en el informe de seguridad, u otros informes presentados, reflejan fielmente el estado de seguridad del establecimiento.
3. El �rgano competente de la comunidad aut�noma se asegurar� de que todos los establecimientos est�n cubiertos por un plan de inspecci�n a escala regional o local y garantizar� que este plan se revise y, cuando proceda, se actualice peri�dicamente.
Los planes de inspecci�n incluir�n lo siguiente:
a) Una valoraci�n general de los aspectos de seguridad relevantes.
b) La zona geogr�fica cubierta por el plan de inspecci�n.
c) La relaci�n de los establecimientos cubiertos por el plan.
d) La relaci�n de los grupos de establecimientos con posible efecto domin� seg�n el art�culo 9.
h) Disposiciones sobre la cooperaci�n entre las diferentes autoridades responsables de las inspecciones.
Para la realizaci�n de las inspecciones, el �rgano competente de la comunidad aut�noma podr� requerir, si lo estima conveniente, la colaboraci�n de organismos de control habilitados por la Administraci�n competente, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.
4. Bas�ndose en los planes de inspecci�n mencionados en el apartado 3, la autoridad competente en cada caso, elaborar� peri�dicamente programas de inspecci�n de rutina para todos los establecimientos, que incluyan la frecuencia de las visitas in situ para los distintos tipos de establecimientos.
El per�odo entre dos visitas in situ consecutivas no exceder� de un a�o para los establecimientos de nivel superior y de tres para los de nivel inferior, a no ser que la autoridad competente haya elaborado un programa de inspecciones basado en una valoraci�n sistem�tica de los peligros de accidente grave de los establecimientos de que se trate.
Esta evaluaci�n sistem�tica de los peligros se basar� al menos en los siguientes criterios:
a) La repercusi�n posible de los establecimientos sobre la salud humana, los bienes y el medio ambiente.
Cuando proceda, se tendr�n en cuenta tambi�n las conclusiones pertinentes de inspecciones realizadas conforme a otras normativas.
5. Las inspecciones no rutinarias se llevar�n a cabo para investigar, lo antes posible, denuncias graves, accidentes graves y conatos de accidente, incidentes y casos de incumplimiento.
6. En un plazo de cuatro meses siguientes a cada inspecci�n, la autoridad competente de la comunidad aut�noma comunicar� al industrial las conclusiones de la inspecci�n y todas las actuaciones que se consideren necesarias. La autoridad competente se asegurar� de que el industrial realice todas esas actuaciones necesarias en un per�odo razonable tras recibir la comunicaci�n. Este periodo quedar� determinado por el �rgano competente de la comunidad aut�noma.
Si en una inspecci�n se ha detectado un caso importante de incumplimiento de este real decreto, se llevar� a cabo otra inspecci�n en el plazo de seis meses.
Cuando de los informes de inspecci�n se desprendan datos de inter�s relevante para otras �reas de actuaci�n administrativa, en materia de riesgos para la salud humana, seguridad y salud laboral, seguridad y calidad industrial, ordenaci�n del territorio y urbanismo, medio ambiente o seguridad portuaria, los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas remitir�n copia de tales informes a las respectivas autoridades competentes en tales materias, a fin de que puedan adoptar las medidas pertinentes.
Los �rganos competentes en materia de inspecci�n pondr�n en conocimiento de las correspondientes comisiones auton�micas de protecci�n civil, mediante informe anual elaborado a tal fin, los resultados y circunstancias que han concurrido en las inspecciones realizadas.
Cuando sea posible y proceda, las inspecciones se coordinar�n con las llevadas a cabo con arreglo a otras normativas.
7. A efectos de lo dispuesto en el art�culo 22, el �rgano competente de la comunidad aut�noma incorporar� la informaci�n a la que se refieren los apartados 3 y 6 a la Base nacional de datos sobre riesgo qu�mico.
8. La Direcci�n General de Protecci�n Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, establecer� mecanismos e instrumentos para intercambiar experiencias y consolidar los conocimientos, entre las autoridades competentes de las comunidades aut�nomas y para que participen en esos mecanismos en el �mbito de la Uni�n Europea, cuando sea procedente.
9. Los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas velar�n por que los industriales presten a las autoridades competentes toda la asistencia que sea necesaria para que estas puedan llevar a cabo las inspecciones y reunir la informaci�n precisa para el desempe�o de sus obligaciones a efectos de este real decreto, en particular para que las autoridades puedan evaluar exhaustivamente la posibilidad de un accidente grave y determinar las posibilidades de que aumenten la probabilidad o la gravedad de los accidentes graves, preparar un plan de emergencia exterior y tener en cuenta sustancias que, por su forma f�sica, sus condiciones particulares o su ubicaci�n, puedan exigir una consideraci�n adicional.
Art�culo 22 Intercambios y sistema de informaci�n
1. La Direcci�n General de Protecci�n Civil y Emergencias del Ministerio del Interior y los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas intercambiar�n informaci�n sobre la experiencia adquirida en materia de prevenci�n de accidentes graves y de limitaci�n de sus consecuencias. Dicha informaci�n versar� fundamentalmente sobre el funcionamiento de las medidas previstas por este real decreto y se compartir� a trav�s de la Base nacional de datos sobre riesgo qu�mico.
2. La Direcci�n General de Protecci�n Civil y Emergencias del Ministerio del interior, administrar� y mantendr� operativa y a disposici�n de los �rganos competentes dicha Base de datos, con informaci�n detallada sobre los establecimientos contemplados en este real decreto, as� como con la informaci�n sobre accidentes definida en el art�culo 19, apartado 2.
La Direcci�n General de Protecci�n Civil y Emergencias del Ministerio del Interior en colaboraci�n con los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas, mantendr�n actualizada dicha Base.
3. Para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del art�culo 15, la Direcci�n General de Protecci�n Civil y Emergencias del Ministerio del Interior permitir� a trav�s de su p�gina web y si la autoridad competente de la comunidad aut�noma as� lo considera, poner a disposici�n del p�blico los datos del anexo III no considerados confidenciales de acuerdo al art�culo 23.
Art�culo 23 Acceso a la informaci�n y confidencialidad
1. En aras de la mayor transparencia, las autoridades competentes en cada caso deber�n poner la informaci�n recibida en aplicaci�n de este real decreto a disposici�n de cualquier persona f�sica o jur�dica que lo solicite, en los t�rminos previstos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci�n, de participaci�n p�blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).
2. La divulgaci�n de informaci�n exigida en virtud de este real decreto, incluida aquella en virtud del art�culo 15, podr� ser rechazada o restringida por la autoridad competente cuando se cumplan las condiciones establecidas en el art�culo 13 de la Ley 27/2006, de 18 de julio.
3. La divulgaci�n de la informaci�n completa a la que se hace referencia en el art�culo 15, apartado 2, letras b) y c), que obre en poder de la autoridad competente en cada caso, podr� ser denegada por �sta, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, si el industrial ha pedido que no se revelen determinadas partes del informe de seguridad o el inventario de sustancias peligrosas por las razones previstas en el art�culo 13 de la Ley 27/2006, de 18 de julio.
La autoridad competente en cada caso, podr� decidir tambi�n, por las mismas razones, que determinadas partes del informe o del inventario no se revelen. En estos casos, y previo acuerdo de dicha autoridad competente, el industrial le proporcionar� un informe o un inventario modificados de los que se excluyan esas partes.
Art�culo 24 Acceso a la justicia
1. Todo solicitante que pida informaci�n con arreglo al art�culo 15.2, letras b) o c), o al art�culo 23.1, puede interponer los recursos administrativos regulados en el t�tulo VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y dem�s normativa aplicable y, en su caso, el recurso contencioso-administrativo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci�n Contencioso-Administrativa, por los actos u omisiones del �rgano competente en relaci�n con su solicitud, en los t�rminos previstos en la Ley 27/2006, de 18 de julio.
2. El p�blico interesado, en los casos a los que se aplica el art�culo 16.1, podr� presentar los recursos administrativos regulados en el t�tulo VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y dem�s normativa aplicable y, en su caso, el recurso contencioso-administrativo regulado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, en los t�rminos previstos en la Ley 27/2006, de 18 de julio.
Art�culo 25 R�gimen sancionador
Sin perjuicio de las infracciones que en su caso puedan establecer las comunidades aut�nomas, el incumplimiento de lo establecido en este real decreto ser� calificado y sancionado de conformidad con la siguiente normativa:
a) Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protecci�n Civil.
b) t�tulo V �Infracciones y sanciones� de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
c) cap�tulo V �Infracciones y sanciones� de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Disposici�n adicional primera Aplicaci�n a Ceuta y Melilla
Las disposiciones contenidas en el art�culo 6.1, sobre los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas de este real decreto, son de aplicaci�n por los �rganos competentes de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Disposici�n adicional segunda Informaci�n a la Direcci�n General de Protecci�n Civil y Emergencias del Ministerio del Interior
A m�s tardar el 30 de marzo de 2016, y posteriormente cada a�o, la autoridad competente de las comunidades aut�nomas proporcionar� a la Direcci�n General de Protecci�n Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, un informe sobre la aplicaci�n de este real decreto.
Disposici�n adicional tercera Deber de informaci�n a la Comisi�n Europea
A m�s tardar el 30 de septiembre de 2019, y posteriormente cada cuatro a�os, la Direcci�n General de Protecci�n Civil y Emergencias del Ministerio del Interior proporcionar� a la Comisi�n Europea un informe sobre la aplicaci�n de este real decreto.
Disposici�n adicional cuarta No incremento del gasto p�blico
Las medidas incluidas en este real decreto no podr�n suponer incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.
Queda derogado el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, as� como cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad p�blica prevista en el art�culo 149.1.29.� de la Constituci�n.
Disposici�n final segunda Incorporaci�n del Derecho de la Uni�n Europea
Mediante este real decreto se incorpora al ordenamiento jur�dico espa�ol la Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE.
Disposici�n final tercera Coordinaci�n de procedimientos
Los �rganos competentes de la Administraci�n General del Estado impulsar�n las actuaciones necesarias para coordinar, en la medida de lo posible y con pleno respeto de la distribuci�n de competencias entre las distintas Administraciones, los procedimientos y los controles previstos en este real decreto con los regulados en la normativa sectorial correspondiente cuando los �mbitos de aplicaci�n sean parcialmente coincidentes.
Por los Ministros de Ministros del Interior, de Fomento, de Empleo y Seguridad Social, de Industria, Energ�a y Turismo, de Agricultura, Alimentaci�n y Medio Ambiente, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el �mbito de sus respectivas competencias, se dictar�n las disposiciones necesarias para la ejecuci�n y desarrollo de lo dispuesto en este real decreto.
Disposici�n final quinta Habilitaci�n normativa
Se autoriza a los Ministros del Interior, de Fomento, de Empleo y Seguridad Social, de Industria, Energ�a y Turismo, de Agricultura, Alimentaci�n y Medio Ambiente, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, o al Ministro de la Presidencia, a propuesta conjunta de aqu�llos, previo informe de la Comisi�n Nacional de Protecci�n Civil, seg�n los supuestos de que en cada caso se trate, a modificar mediante orden ministerial los anexos de este real decreto.
A las sustancias peligrosas incluidas en las categor�as de peligro enumeradas en la columna 1 de la parte 1 de este anexo se les aplicar�n las cantidades umbral indicadas en las columnas 2 y 3 de la parte 1.
En caso de que una sustancia peligrosa est� incluida tanto en la parte 1 como en la parte 2 de este anexo, se aplicar�n las cantidades umbral indicadas en las columnas 2 y 3 de la parte 2.
Categor�as de sustancias peligrosas
La presente parte comprende todas las sustancias peligrosas incluidas en las categor�as de peligro enumeradas en la columna 1:
Columna�1 Columna�2 Columna�3
Categor�as de peligro de conformidad con el Reglamento (CE) n.��1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de�16 de diciembre de�2008.
en el art�culo�3, apartado�10,
a efectos de aplicaci�n de los
Secci�n �H� – PELIGROS PARA LA SALUD � �
H1 TOXICIDAD AGUDA – Categor�a�1, todas las v�as de exposici�n. 5 20
– Categor�a�2, todas las v�as de exposici�n
– Categor�a�3, v�a de exposici�n por inhalaci�n (v�ase la nota�7).
H3 TOXICIDAD ESPEC�FICA EN DETERMINADOS �RGANOS (STOT) – EXPOSICI�N �NICA
STOT SE Categor�a�1.
Secci�n �P� – PELIGROS F�SICOS � �
P1a EXPLOSIVOS (v�ase la nota�8)
– Explosivos de las divisiones�1.1,�1.2,�1.3,�1.5 o�1.6, o
– Sustancias o mezclas que tengan propiedades explosivas de acuerdo con el m�todo A.14 del Reglamento (CE) n.��440/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de�16 de diciembre de�2008, (v�ase la nota�9) y no pertenezcan a las clases de peligro �per�xidos org�nicos� o �sustancias o mezclas que reaccionan espont�neamente�.
P1b EXPLOSIVOS (v�ase la nota�8)
Explosivos de la divisi�n�1.4 (v�ase la nota�10).
Gases inflamables de las categor�as�1 �2.
Aerosoles �inflamables� de las categor�as�1 �2, que contengan gases inflamables de las categor�as�1 �2 o l�quidos inflamables de la categor�a�1.
Aerosoles �inflamables� de las categor�as�1 �2, que no contengan gases inflamables de las categor�as�1 �2 o l�quidos inflamables de la categor�a�1.
Gases comburentes de la categor�a�1.
P5a L�QUIDOS INFLAMABLES
– L�quidos inflamables de la categor�a�1, o
– L�quidos inflamables de las categor�as�2 �3 mantenidos a una temperatura superior a su punto de ebullici�n, u
– Otros l�quidos con un punto de inflamaci�n ≤�60 �C, mantenidos a una temperatura superior a su punto de ebullici�n (v�ase la nota�11).
P5b L�QUIDOS INFLAMABLES
– L�quidos inflamables de las categor�as�2 �3 cuando las condiciones particulares de proceso, por ejemplo presi�n o temperatura elevadas, puedan crear peligros de accidentes graves, o
– Otros l�quidos con un punto de inflamaci�n ≤�60 �C cuando las condiciones particulares de proceso, por ejemplo presi�n o temperatura elevadas, puedan crear peligros de accidentes graves (v�ase la nota�11).
P5c L�QUIDOS INFLAMABLES
L�quidos inflamables de las categor�as�2 �3 no comprendidos en P5a y P5b.
P6a SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONT�NEAMENTE y PER�XIDOS ORG�NICOS
Sustancias y mezclas que reaccionan espont�neamente de los tipos A � B o per�xidos org�nicos de los tipos A � B.
P6b SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONT�NEAMENTE y PER�XIDOS ORG�NICOS
Sustancias y mezclas que reaccionan espont�neamente de los tipos C, D, E � F o per�xidos org�nicos de los tipos C, D, E, � F.
P7 L�QUIDOS Y S�LIDOS PIROF�RICOS
L�quidos pirof�ricos de la categor�a�1
S�lidos pirof�ricos de la categor�a�1.
P8 L�QUIDOS Y S�LIDOS COMBURENTES
L�quidos comburentes de las categor�as�1,�2 �3, o
S�lidos comburentes de las categor�as�1,�2 �3.
Secci�n �E� – PELIGROS PARA EL MEDIOAMBIENTE � �
E1 Peligroso para el medio ambiente acu�tico en las categor�as aguda�1 o cr�nica�1. 100 200
E2 Peligroso para el medio ambiente acu�tico en la categor�a cr�nica�2. 200 500
Secci�n �O� – OTROS PELIGROS � �
O1 Sustancias o mezclas con indicaci�n de peligro EUH014. 100 500
O2 Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables de categor�a�1. 100 500
O3 Sustancias o mezclas con indicaci�n de peligro EUH029. 50 200
Columna�1 N�mero CAS (1) Columna�2 Columna�3
Sustancias peligrosas Cantidades umbral (toneladas) a efectos de la aplicaci�n de los
1. Nitrato de amonio (v�ase la nota�12) – 5.000 10.000
2. Nitrato de amonio (v�ase la nota�13) – 1.250 5.000
3. Nitrato de amonio (v�ase la nota�14) – 350 2.500
4. Nitrato de amonio (v�ase la nota�15) – 10 50
5. Nitrato de potasio (v�ase la nota�16) – 5.000 10.000
6. Nitrato de potasio (v�ase la nota�17) – 1.250 5.000
7. Penta�xido de diars�nico, �cido ars�nico (V) y/o sales 1303-28-2 1 2
8. Tri�xido de ars�nico, �cido arsenioso (III) y/o sales 1327-53-3 � 0,1
11. Compuestos de n�quel en forma pulverulenta inhalable: mon�xido de n�quel, di�xido de n�quel, sulfuro de n�quel, disulfuro de trin�quel, tri�xido de din�quel – � 1
13. Fl�or 7782-41-4 10 20
14. Formaldeh�do (concentraci�n ≥�90�%) 50-00-0 5 50
15. Hidr�geno 1333-74-0 5 50
16. �cido clorh�drico (gas licuado) 7647-01-0 25 250
18. Gases inflamables licuados de las categor�as�1 �2 (incluido el GLP) y gas natural (v�ase la nota�18) – 50 200
20. �xido de etileno 75-21-8 5 50
21. �xido de propileno 75-56-9 5 50
23. 4,4′-metilen-bis (2-cloroanilina) y/o sus sales en forma pulverulenta 101-14-4 � 0,01
24. Isocianato de metilo 624-83-9 � 0,15
25. Ox�geno 7782-44-7 200 2.000
28. Arsina (trihidruro de ars�nico) 7784-42-1 0,2 1
29. Fosfina (trihidruro de f�sforo) 7803-51-2 0,2 1
30. Dicloruro de azufre 10545-99-0 � 1
31. Tri�xido de azufre 7446-11-9 15 75
32. Policlorodibenzofuranos y policlorodibenzodioxinas (incluida la TCDD) calculadas en equivalente de TCDD (v�ase la nota�20) – � 0,001
33. Los siguientes CARCIN�GENOS o las mezclas que contengan los siguientes carcin�genos en concentraciones superiores al�5�% en peso:
4-aminodifenilo y/o sus sales, triclorobenceno, bencidina y/o sus sales, �ter bis (cloromet�lico), �ter cloromet�lico y met�lico,�1,2-dibromoetano, sulfato de dietilo, sulfato de dimetilo, cloruro de dimetil- carbamo�lo,�1,2-dibromo-3- cloropropano,�1,2-dimetilhidracina, dimetilnitrosamina, triamida hexametilfosf�rica, hidracina,�2-naftilamina y/o sus sales,�4-nitrodifenil o�1,3 propanosulfona
34. Productos derivados del petr�leo y combustibles alternativos
c) gas�leos (incluidos los gas�leos de automoci�n, los de calefacci�n y los componentes usados en las mezclas de gas�leos comerciales)
d) fuel�leos pesados
35. Amon�aco anhidro 7664-41-7 50 200
37. Sulfuro de hidr�geno 7783-06-4 5 20
41. Mezclas(*) de hipoclorito de sodio clasificadas como peligrosas para el medio ambiente acu�tico en la categor�a�1 de peligro agudo[H400] que contengan menos de un�5�% de cloro activo y no est�n clasificadas en ninguna otra categor�a de peligro en la parte�1 del anexo I.
(*) Siempre que la mezcla, en ausencia de hipoclorito de sodio, no est� clasificada como peligrosa para el medio ambiente acu�tico en la categor�a�1 de peligro agudo [H400].
� 200 500
42. Propilamina (v�ase la nota�20) 107-10-8 500 2.000
43. Acrilato de terc-butilo (v�ase la nota�21) 1663-39-4 200 500
44. 2-metil-3-butenonitrilo (v�ase la nota�21) 16529-56-9 500 2.000
45. Tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tiona (dazomet) (v�ase la nota�21) 533-74-4 100 200
46. Acrilato de metilo (v�ase la nota�20) 96-33-3 500 2.000
47. 3-metilpiridina (v�ase la nota�21) 108-99-6 500 2.000
48. 1-bromo-3-cloropropano (v�ase la nota�20) 109-70-6 500 2.000
1. Las sustancias y mezclas se clasifican de acuerdo con el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008.
2. Las mezclas se tratar�n del mismo modo que las sustancias puras siempre que se ajusten a los l�mites de concentraci�n establecidos con arreglo a sus propiedades seg�n el Reglamento (CE) n.o 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, o su �ltima adaptaci�n al progreso t�cnico, a menos que se indique espec�ficamente una composici�n porcentual u otra descripci�n.
Las cantidades que hay que tener en cuenta para la aplicaci�n de los art�culos pertinentes son las m�ximas que est�n presentes, o puedan estarlo, en un momento dado. Para el c�lculo de la cantidad total presente no se tendr�n en cuenta las sustancias peligrosas existentes en un establecimiento �nicamente en una cantidad igual o inferior al 2 % de la cantidad indicada como umbral, si su situaci�n dentro del establecimiento es tal que no puede llegar a provocar un accidente grave en ning�n otro lugar del establecimiento.
4. Las siguientes reglas, sobre la suma de sustancias peligrosas, o categor�as de sustancias peligrosas, ser�n de aplicaci�n cuando proceda.
En el caso de que en un establecimiento no est� presente ninguna sustancia peligrosa en cantidad igual o superior a la cantidad umbral correspondiente, se aplicar� la siguiente regla para determinar si son aplicables a dicho establecimiento los requisitos pertinentes de este real decreto.
Se aplicar� este real decreto a los establecimientos de nivel superior si la suma:
q1 /QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + … es igual o mayor que 1, siendo:
qx = la cantidad de la sustancia peligrosa o categor�a de sustancias peligrosas x contemplada en la parte 1 o la parte 2 de este anexo,
y QUX = la cantidad umbral pertinente para la sustancia peligrosa o categor�a x de la columna 3 de la parte 1 o de la columna 3 de la parte 2 de este anexo.
Este real decreto se aplicar� a los establecimientos de nivel inferior si la suma:
q1 /Q L1 + q2/Q L2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … es igual o mayor que 1, siendo:
y QLX = la cantidad umbral pertinente para la sustancia peligrosa o categor�a x de la columna 2 de la parte 1 o de la columna 2 de la parte 2 de este anexo.
Esta regla se utilizar� para valorar los peligros para la salud, peligros f�sicos y peligros medioambientales. Por tanto, deber� aplicarse tres veces:
a) Para la suma de las sustancias peligrosas enumeradas en la parte 2 que entran en las categor�as 1, 2 � 3 (por inhalaci�n) de toxicidad aguda o en la categor�a 1 STOT SE, junto con las sustancias peligrosas incluidas en la secci�n H, subsecciones H1 a H3, de la parte 1.
b) Para la suma de las sustancias peligrosas enumeradas en la parte 2 consistentes en explosivos, gases inflamables, aerosoles inflamables, gases comburentes, l�quidos inflamables, sustancias y mezclas peligrosas que reaccionan espont�neamente, per�xidos org�nicos, l�quidos y s�lidos pirof�ricos, l�quidos y s�lidos comburentes, junto con las sustancias incluidas en la secci�n P, subsecciones P1 a P8, de la parte 1.
c) Para la suma de las sustancias peligrosas enumeradas en la parte 2 que entran, como sustancias peligrosas para el medio ambiente acu�tico, en las categor�as 1 de toxicidad aguda, 1 de toxicidad cr�nica o 2 de toxicidad cr�nica, junto con las sustancias peligrosas incluidas en la secci�n E, subsecciones E1 y E2, de la parte 1.
Se aplicar�n las disposiciones pertinentes de este real decreto si alguna de las sumas obtenidas en a), b) o c) es igual o mayor que 1.
5. Cuando se trate de sustancias peligrosas que no est�n cubiertas por el Reglamento (CE) n.o 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, incluidos los residuos, pero que est�n presentes, o puedan estarlo, en un establecimiento y posean o puedan poseer, en las condiciones del establecimiento, propiedades equivalentes que puedan originar accidentes graves, se asignar�n provisionalmente a la categor�a o sustancia peligrosa nominada m�s an�loga que entre en el �mbito de aplicaci�n de este real decreto.
6. Cuando se trate de sustancias peligrosas cuyas propiedades permitan clasificarlas de m�s de un modo, se aplicar�n las cantidades umbral m�s bajas a efectos de este real decreto. No obstante, para la aplicaci�n de la regla de la nota 4, se utilizar� la cantidad umbral m�s baja para cada grupo de categor�as de la nota 4, letras a) a c), aplicable a la clasificaci�n correspondiente.
7. Las sustancias peligrosas que entran en la categor�a 3 de toxicidad aguda por v�a oral, (H 301) quedar�n incluidas en la subsecci�n H2 TOXICIDAD AGUDA cuando no pueda inferirse la clasificaci�n de toxicidad aguda cut�nea ni la clasificaci�n de toxicidad aguda por inhalaci�n; por ejemplo, por falta de datos concluyentes sobre la toxicidad cut�nea o por inhalaci�n.
8. La clase de peligro �explosivos� incluye los art�culos explosivos [v�ase la secci�n 2.1 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008]. Si se conoce la cantidad de sustancia o mezcla explosiva que contiene el art�culo, esa cantidad ser� la considerada a los efectos de este real decreto. Si no se conoce la cantidad de sustancia o mezcla explosiva que contiene el art�culo, se tratar� todo el art�culo, a los efectos de este real decreto, como explosivo.
9. Solo es necesario realizar ensayos de las propiedades explosivas de las sustancias y las mezclas si en el procedimiento de detecci�n seg�n el ap�ndice 6, parte 3, de las Recomendaciones de Naciones Unidas relativas al transporte de mercanc�as peligrosas, pruebas y criterios (�Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas�) (2) se encuentra que la sustancia o la mezcla puede tener propiedades explosivas.
10. Si los explosivos de la divisi�n 1.4 est�n sin envasar o reenvasados, ser�n asignados a la subsecci�n P1a, a menos que se demuestre que el peligro sigue correspondiendo a la divisi�n 1.4, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008.
11. De acuerdo con el punto 2.6.4.5 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, los l�quidos con un punto de inflamaci�n superior a 35 �C pueden no clasificarse en la categor�a 3 si se han obtenido resultados negativos en la prueba de combustibilidad sostenida L.2, Parte III, secci�n 32, del Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas. Sin embargo, esto no es aplicable en condiciones, tales como una temperatura o presi�n elevadas, y por consiguiente esos l�quidos se incluyen en esta subsecci�n.
12. Nitrato de amonio (5.000 / 10.000): abonos susceptibles de autodescomposici�n.
Se aplica a los abonos compuestos y complejos a base de nitrato de amonio (los abonos compuestos y complejos contienen nitrato de amonio con fosfato y/o potasa) que sean susceptibles de autodescomposici�n seg�n el ensayo con cubeta de las Naciones Unidas (v�ase el Manual de Pruebas y Criterios, Parte III, subsecci�n 38.2) cuyo contenido de nitr�geno debido al nitrato de amonio represente:
– entre el 15,75 % (3) y el 24,5 % (4) en peso, y que o bien contengan un m�ximo de 0,4 % en total de materiales combustibles u org�nicos, o bien cumplan los requisitos del anexo III-2 del Reglamento (CE) n.o 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, relativo a los abonos (5) .
Se aplica a los abonos simples a base de nitrato de amonio y a los abonos compuestos y complejos a base de nitrato de amonio que cumplan los requisitos del anexo III-2 del Reglamento (CE) n.o 2003/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, relativo a los abonos, y cuyo contenido de nitr�geno debido al nitrato de amonio sea:
– superior al 24,5 % en peso, salvo las mezclas de abonos simples a base de nitrato de amonio con dolomita, piedra caliza y/o carbonato de calcio de una pureza del 90 % como m�nimo,
– superior al 28 % (6) en peso para las mezclas de abonos simples a base de nitrato de amonio con dolomita, piedra caliza y/o carbonato de calcio de una pureza del 90 % como m�nimo.
14. Nitrato de amonio (350 / 2.500): calidad t�cnica.
Se aplica al nitrato de amonio y las mezclas de nitrato de amonio cuyo contenido de nitr�geno debido al nitrato de amonio represente:
– entre el 24,5 % y el 28 % en peso, y que contengan como m�ximo un 0,4 % de sustancias combustibles,
– m�s del 28 % en peso, y que contengan como m�ximo un 0,2 % de sustancias combustibles.
Se aplica tambi�n a las soluciones acuosas de nitrato de amonio cuya concentraci�n de nitrato de amonio supere el 80 % en peso.
15. Nitrato de amonio (10 / 50): materiales �fuera de especificaci�n� y abonos que no superen la prueba de detonabilidad.
– al material de desecho del proceso de fabricaci�n y al nitrato de amonio y las mezclas de nitrato de amonio, abonos simples a base de nitrato de amonio y abonos compuestos o complejos a base de nitrato de amonio a que se refieren las notas 14 y 15 que sean o que hayan sido devueltos por el usuario final a un fabricante, a un lugar de almacenamiento temporal o a una instalaci�n de transformaci�n para su reelaboraci�n, reciclado o tratamiento para poder utilizarlos en condiciones seguras, por haber dejado de cumplir las especificaciones de las notas 14 y 15,
– a los abonos a que se refiere el primer guion de la nota 13 y de la nota 14 de este anexo que no cumplan los requisitos del anexo III-2 del Reglamento (CE) n.o 2003/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, relativo a los abonos.
18. Biog�s enriquecido.
A efectos de la aplicaci�n de este real decreto, el biog�s enriquecido podr� clasificarse bajo el punto 18 del anexo I, parte 2, si ha sido tratado de conformidad con las normas aplicables al biog�s purificado y enriquecido, garantiz�ndose una calidad equivalente a la del gas natural, incluido el contenido de metano, y contiene un m�ximo de un 1 % de ox�geno.
Factores de equivalencia t�xica (FET)-OMS 2005
� � 1,2,3,7,8-PeCDF 0,03
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 � �
� � 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1
� � 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01
� � OCDF 0,0003
20. En los casos en que esta sustancia peligrosa entre dentro de la categor�a P5a L�quidos inflamables o P5b L�quidos inflamables, se aplicar�n las cantidades umbral m�s bajas a efectos de este real decreto.
Informaci�n contemplada en el art�culo 8, apartado 6, y en el art�culo 10, apartado 1 a), relativa al sistema de gesti�n de la seguridad y a la organizaci�n del establecimiento con miras a la prevenci�n de accidentes graves
Para la aplicaci�n del sistema de gesti�n de la seguridad elaborado por el industrial se tendr�n en cuenta los elementos que figuran a continuaci�n:
a) El sistema de gesti�n de la seguridad ser� proporcional a los peligros, las actividades industriales y la complejidad de la organizaci�n existente en el establecimiento y se basar� en una evaluaci�n de los riesgos. Incluir� la estructura organizativa general, las responsabilidades, las pr�cticas, los procedimientos, los procesos y los recursos que permiten definir y aplicar la pol�tica de prevenci�n de accidentes graves.
b) El sistema de gesti�n de seguridad contemplar� los siguientes elementos:
1.� La organizaci�n y el personal: las funciones y responsabilidades del personal asociado a la gesti�n de los riesgos de accidente grave en todos los niveles de organizaci�n, junto con las medidas adoptadas para sensibilizar sobre la necesidad de mejora permanente; la determinaci�n de las necesidades de formaci�n de dicho personal y la organizaci�n de esa formaci�n; la participaci�n de los empleados y del personal de las empresas subcontratadas y trabajadores aut�nomos que trabajen en el establecimiento que sean importantes desde el punto de vista de la seguridad.
2.� La identificaci�n y la evaluaci�n de los riesgos de accidentes graves: la adopci�n y la aplicaci�n sistem�tica de procedimientos para la identificaci�n de los riesgos de accidente grave que se puedan producir en caso de funcionamiento normal o anormal, incluidas, cuando proceda, las actividades subcontratadas, as� como la evaluaci�n de su probabilidad y su gravedad.
3.� El control de explotaci�n: la adopci�n y la aplicaci�n de procedimientos e instrucciones para el funcionamiento en condiciones seguras (incluido el mantenimiento de las instalaciones, de los procesos y de los equipos), y para la gesti�n de las alarmas y las paradas temporales. Se tendr� en cuenta la informaci�n disponible sobre mejores pr�cticas en materia de seguimiento y control con vistas a reducir el riesgo de fallo de los sistemas; la gesti�n y control de los riesgos asociados al envejecimiento de los equipos de la instalaci�n y a la corrosi�n; el inventario de los equipos de la instalaci�n, la estrategia y metodolog�a en materia de seguimiento y control del estado de los equipos; las acciones de seguimiento adecuadas y las contramedidas necesarias.
4.� La adaptaci�n de las modificaciones: la adopci�n y aplicaci�n de procedimientos para los proyectos de las modificaciones que deban efectuarse en las instalaciones, procesos o zonas de almacenamiento existentes o para el dise�o de otros nuevos.
5.� La planificaci�n de las situaciones de emergencia: la adopci�n y aplicaci�n de procedimientos destinados a identificar las emergencias previsibles mediante un an�lisis sistem�tico, as� como a elaborar, probar y revisar los planes de emergencia y a proporcionar la formaci�n espec�fica del personal afectado; esta formaci�n afectar� a todo el personal que trabaje en el establecimiento, incluido el personal de las empresas subcontratadas y trabajadores aut�nomos.
6.� El seguimiento de los objetivos fijados: la adopci�n y aplicaci�n de procedimientos encaminados a la evaluaci�n permanente del cumplimiento de los objetivos fijados por el industrial en el marco de su pol�tica de prevenci�n de accidentes graves y de su sistema de gesti�n de la seguridad, y la implantaci�n de mecanismos de investigaci�n y de correcci�n en caso de incumplimiento; los procedimientos abarcar�n el sistema del industrial para la notificaci�n de accidentes graves o conatos de accidente, en especial cuando se hayan producido fallos de las medidas de protecci�n, y la investigaci�n seguimiento en base a las lecciones aprendidas; los procedimientos podr�n incluir tambi�n indicadores de funcionamiento, tales como los indicadores del funcionamiento en materia de seguridad u otros indicadores pertinentes.
7.� La auditor�a y revisi�n: la adopci�n y aplicaci�n de procedimientos para la evaluaci�n peri�dica sistem�tica de la pol�tica de prevenci�n de accidentes graves y de la eficacia e idoneidad del sistema de gesti�n de la seguridad; la revisi�n documentada del funcionamiento de la pol�tica aplicada, del sistema de gesti�n de la seguridad y de su actualizaci�n, incluida la consideraci�n e incorporaci�n de los cambios se�alados como necesarios en el ejercicio de auditor�a y revisi�n.
Informaci�n que deber� facilitarse a la poblaci�n en aplicaci�n del art�culo 15, apartado 1 y apartado 2, letra a)
Para todos los establecimientos a los que se aplique este real decreto
a) Nombre o raz�n social del industrial y direcci�n completa del establecimiento correspondiente.
b) Confirmaci�n de que el establecimiento est� sujeto a las disposiciones reglamentarias o administrativas de aplicaci�n de este real decreto y de que se ha entregado a la autoridad competente la notificaci�n contemplada en el art�culo 7, apartado 1, o el informe de seguridad mencionado en el art�culo 10, apartado 1.
c) Explicaci�n en t�rminos sencillos de la actividad o actividades llevadas a cabo en el establecimiento.
d) Los nombres comunes o, en el caso de las sustancias peligrosas incluidas en la parte 1 del anexo I, los nombres gen�ricos o la clasificaci�n de peligrosidad de las sustancias peligrosas pertinentes existentes en el establecimiento que puedan dar lugar a un accidente grave, indicando sus principales caracter�sticas peligrosas, en t�rminos sencillos.
e) Informaci�n general sobre el modo en que se avisar� al p�blico interesado, en caso necesario; informaci�n adecuada sobre el comportamiento apropiado en caso de accidente grave o indicaci�n de d�nde se puede acceder a esta informaci�n en forma electr�nica.
f) La fecha de la �ltima visita in situ de conformidad con el art�culo 21, apartado 4, o indicaci�n de d�nde se puede acceder a esta informaci�n en forma electr�nica; informaci�n sobre d�nde se puede obtener, previa solicitud, m�s datos acerca de la inspecci�n y del plan de inspecci�n correspondiente, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el art�culo 23.
g) Informaci�n detallada sobre el modo de conseguir mayor informaci�n al respecto, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el art�culo 23.
Para los establecimientos de nivel superior, adem�s de la informaci�n mencionada en la parte
a) Informaci�n general sobre la naturaleza de los peligros de accidente grave, incluidos sus efectos potenciales para la salud humana y el medio ambiente y resumen de los principales tipos de escenarios de accidente grave y las medidas de control adoptadas en previsi�n de ellos.
b) Confirmaci�n de que el industrial est� obligado a tomar las medidas adecuadas en el emplazamiento, incluido el contacto con los servicios de emergencia, a fin de actuar en caso de accidente grave y reducir al m�nimo sus efectos.
c) Informaci�n adecuada del plan de emergencia exterior elaborado para hacer frente a los efectos que un accidente pueda tener fuera del emplazamiento en donde ocurra. Se deber�n incluir llamamientos a la cooperaci�n, con instrucciones o consignas formuladas por los servicios de emergencia en el momento del accidente.
d) Cuando proceda, indicaci�n de si el establecimiento est� cerca del territorio de otro Estado miembro y existe la posibilidad de que un accidente grave tenga efectos transfronterizos de conformidad con el Convenio sobre los Efectos transfronterizos de los accidentes industriales, de la Comisi�n Econ�mica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).
Criterios para la notificaci�n de un accidente grave a la Comisi�n Europea de acuerdo con lo establecido en el art�culo 19, apartado 1
1. La Direcci�n General de Protecci�n Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Fomento en materia de contaminaci�n mar�tima, deber� notificar a la Comisi�n Europea todo accidente grave que se ajuste a la descripci�n del punto 1 o en el que se den, al menos, una de las consecuencias descritas en los puntos 2, 3, 4 y 5.
Cualquier incendio o explosi�n o liberaci�n accidental de una sustancia peligrosa en que intervenga una cantidad no inferior al 5 % de la cantidad contemplada como umbral en la columna 3 de la parte 1 o en la columna 3 de la parte 2 del anexo I.
2.� Seis personas heridas dentro del establecimiento que requieran hospitalizaci�n durante 24 horas o m�s.
3.� Una persona situada fuera del establecimiento que requiera hospitalizaci�n durante 24 horas o m�s.
5.� Evacuaci�n o confinamiento de personas durante m�s de 2 horas (personas � horas): el producto es igual o superior a 500.
6.� Interrupci�n de los servicios de agua potable, electricidad, gas o tel�fono durante m�s de 2 horas (personas � horas): el producto es igual o superior a 1.000.
c) Da�os directos al medio ambiente:
1.� Da�os permanentes o a largo plazo causados a h�bitats terrestres:
i) 0,5 ha o m�s de un h�bitat importante desde el punto de vista del medio ambiente o de la conservaci�n y protegido por la ley,
ii) 10 ha o m�s de un h�bitat m�s extendido, incluidas tierras de labor.
2.� Da�os significativos o a largo plazo causados a h�bitats de agua dulce o marinos:
i) 10 km o m�s de un r�o o canal,
ii) 1 ha o m�s de un lago o estanque,
iii) 2 ha o m�s de un delta,
iv) 2 ha o m�s de una zona costera o mar�tima.
3.� Da�os significativos causados a un acu�fero o a aguas subterr�neas: 1 ha o m�s.
d) Da�os materiales:
1.� Da�os materiales en el establecimiento: a partir de 2.000.000 EUR.
2.� Da�os materiales fuera del establecimiento: a partir de 500.000 EUR.
e) Da�os transfronterizos.
Cualquier accidente grave en el que intervenga directamente una sustancia peligrosa y que d� origen a efectos fuera del territorio del Estado miembro de que se trate.
2. La Direcci�n General de Protecci�n Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Fomento en materia de contaminaci�n mar�tima, notificar� a la Comisi�n Europea los accidentes y los conatos de accidente que, aun no ajust�ndose a los criterios cuantitativos citados anteriormente, presenten a su juicio un inter�s especial desde el punto de vista t�cnico para la prevenci�n de accidentes graves y para la limitaci�n de sus consecuencias.
El n�mero CAS se muestra solo a t�tulo indicativo.
M�s orientaci�n sobre los casos en que no es necesario realizar los ensayos puede encontrarse en la descripci�n del m�todo A.14, v�ase el Reglamento (CE) n.o 440/2008 de la Comisi�n, de 30 de mayo de 2008, por el que se establecen m�todos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluaci�n, la autorizaci�n y la restricci�n de las sustancias y preparados qu�micos (REACH) (DO L 142 de 31.5.2008, p. 1).
El 15,75 % en peso de contenido de nitr�geno debido al nitrato de amonio corresponde al 45 % de nitrato de amonio.
El 24,5 % en peso de contenido de nitr�geno debido al nitrato de amonio corresponde al 70 % de nitrato de amonio.
El 28 % en peso de contenido de nitr�geno debido al nitrato de amonio corresponde al 80 % de nitrato de amonio.

References: real decreto

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