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Timestamp: 2019-12-06 10:57:31+00:00

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﻿ SENTENCIA 2015-00064/22067 DE OCTUBRE 20 DE 2017
SENTENCIA 2015-00064 DE 20 DE OCTUBRE DE 2017
CONTENIDO:CUENTAS PERTENECIENTES AL GRUPO 75 DE COSTOS DE PRODUCCIÓN NO HACEN PARTE DE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL A CARGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. SE DECLARA LA NULIDAD PARCIAL DEL ARTÍCULO 2 DE LA RESOLUCIÓN SSPD – 20141300018055 DE 2014, DADO QUE ADICIONA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR EL AÑO 2014, CON LAS CUENTAS PERTENECIENTES AL GRUPO 75 DE COSTOS DE PRODUCCIÓN, CUANDO ESTOS NO CONSTITUYEN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS AL SERVICIO SOMETIDO A CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, SIENDO CONTRARIA A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 85.2 DE LA LEY 142 DE 1994, PUES SE REITERA EL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL INDICANDO, QUE LA NOCIÓN DE COSTOS NO SE PUEDE EQUIPARAR A LA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR NO HABERLO PREVISTO ASÍ LA LEY 142 DE 1994, YA QUE DE HABER SIDO ESA LA INTENCIÓN DEL LEGISLADOR ASÍ LO HUBIERA CONTEMPLADOEN ESE SENTIDO, LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EQUIVALEN A AQUELLAS EROGACIONES ASOCIADAS DIRECTAMENTE CON LA PRODUCCIÓN DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, MEDIANTE LAS CUALES LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS OBTIENEN SUS INGRESOS EN DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD, MIENTRAS QUE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDEN A LAS EROGACIONES QUE SE UTILIZAN DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA, NECESARIAS PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD DE DICHAS EMPRESAS.
Sentencia 2015-00064 de octubre 20 de 2017
Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil diecisiete (2017),
se reúne la Sala conformada por los magistrados doctores Stella Jeannette Carvajal Basto, Milton Chaves García y Julio Roberto Piza Rodríguez.
Exp.: 11001-03-27-000-2015-00064-00 (22067)
Demandante: Santos Alirio Rodríguez Sierra
EXTRACTOS: «6. ANTECEDENTES
El señor SANTOS ALIRIO RODRÍGUEZ SIERRA, quien actúa en nombre propio, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la que solicitó se declare la nulidad de la Resolución Nº SSPD-20141300018055 de 29 de mayo de 2014, proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, “Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial a la cual se encuentran sujetos los prestadores de servicios públicos domiciliarios para el año 2014, se establece la base de liquidación, el procedimiento para el recaudo y se dictan otras disposiciones”, respecto a la inclusión de las cuentas destacadas del artículo 2º:
7505 -Servicios personales
7517 -Arrendamientos
7540 -Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones
7550 -Materiales y otros costos de operación
7560 -Seguros
7570 -Órdenes y contratos por otros servicios
1. Artículos 95, numeral 9º, 338 y 363 de la Constitución Política.
2. Artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
3. Artículos 42, 44 y 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
4. Artículo 712 del Estatuto Tributario.
A. Violación de los principios constitucionales en materia tributaria.
Indicó que la demandada al determinar el valor de la contribución especial para la vigencia 2014, vulneró los principios constitucionales en materia tributaria establecidos en la Constitución Política, así como el artículo 338 de la misma, respecto de las facultades para fijar la tarifa, las tasas y las contribuciones, incurriendo en desviación de poder y falsa motivación.
Expresó que la contribución especial del año gravable 2014 trasgrede los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia tributaria, así como el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, que contiene los parámetros para determinar el valor de la contribución especial.
Señaló que el artículo 85.1 de la Ley 142 de 1994 no ha variado la base gravable de la contribución especial a cargo de las entidades y empresas sujetas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante SSPD) y, por lo tanto, el cálculo de la misma tampoco puede ser modificado.
Anotó que la liquidación de la contribución especial del año 2014, constituye abuso de poder y vulnera el principio de progresividad, pues incrementó de forma desmesurada el valor a pagar por este concepto a las empresas prestadoras de servicios públicos sometidas a su control y vigilancia.
Afirmó que la base gravable de la contribución especial determinada por la Superintendencia conlleva un incremento desbordado en los ingresos de la entidad, que causa detrimento a los sujetos pasivos del tributo, lo que se traduce en la ineficiencia del mismo.
B. Violación del régimen legal sobre contribuciones especiales y régimen contable.
Manifestó que la Superintendencia de Servicios públicos carece de competencia material y funcional para ampliar la base gravable de la contribución especial, toda vez que, al incluir las cuentas de costos, se aparta del catálogo de cuentas para prestadores de servicios públicos y vulnera los artículos 338 de la Constitución Política y 85.2 de la Ley 142 de 1994.
Señaló que en el Anexo Nº 1 de la Resolución SSPD Nº 20051300033635 de 28 de Diciembre de 2005 ―Por la cual se actualiza el plan de contabilidad para prestadores de servicios públicos domiciliarios y el sistema unificado de costos y gastos por actividades que se aplicará a partir de 2006, al describir el grupo 75 se indica que estas cuentas corresponden a costos, los cuales se encuentran claramente diferenciados de los gastos, de conformidad con los artículos 39 y 40 del Decreto 2649 de 1993.
Afirmó que lo pretendido por el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 fue gravar los gastos, entendidos como erogaciones asociadas a la prestación del servicio, no los costos, que son misionales a la actividad. Al respecto, expresó que la interpretación de la Superintendencia de Servicios Públicos, es errónea al gravar cualquier erogación relacionada con la prestación del servicio público domiciliario, como si se tratara de un gasto de funcionamiento.
Precisó que de conformidad con el plan contable de prestadores de servicios públicos, las cuentas del grupo 75 no corresponden a gastos de funcionamiento asociados al servicio.
Adujo que cambiar la forma de liquidación de la contribución especial vulnera el principio de confianza legítima, pues se incluyen nuevos elementos en la base gravable, que no fueron tenidos en cuenta en años anteriores.
Expresó que conforme a jurisprudencia de esta corporación, las cuentas del grupo 75 del PUC no son gastos de funcionamiento asociados al servicio y, por lo tanto, deben ser excluidas de la base de liquidación de la contribución especial.
C. Violación de la obligación de acatamiento jurisprudencial por la SSPD.
Señaló que son reiterados los pronunciamientos de esta Jurisdicción, en cuanto a que las cuentas del grupo 75 del plan contable para prestadores de servicios públicos no hacen parte del concepto de gastos de funcionamiento asociados al servicio, los cuales son desconocidos por la entidad demandada al no aplicar de manera uniforme las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias frente a situaciones con los mismos supuestos fácticos y jurídicos.
Por último, solicita se tenga en cuenta la sentencia del 13 de junio de 2013, proferida por esta corporación en el expediente 25000232700020080012501, Radicado – 18828, Actor – CODENSA S.A ESP. Demandado – Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
La parte demandada propuso la excepción denominada “legalidad del acto general objeto de demanda a partir de la aplicación integral del ordenamiento jurídico”, y solicitó se analizara si las cuentas del Grupo 75, costos de producción, integran o no la base gravable de la contribución.
Con respecto a ésta, señaló que existe una inconsistencia entre el artículo 85.2 de Ley 142 de 1994 y los artículos 338 inciso segundo, 365 y 370 de la Constitución Política, específicamente en la expresión “de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación”.
Anotó que el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994 restringe la base gravable de la contribución especial a los gastos de funcionamiento asociados al servicio regulado, lo cual vulnera el artículo 338 de la Constitución Política.
Indicó que también se vulnera el artículo 370 de la Constitución Política, por cuanto es evidente la falta de financiación de la entidad de control, en materia de administración y eficiencia de los servicios públicos domiciliarios.
Expresó que la interpretación efectuada por el Consejo de Estado del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994 desconoce el mencionado artículo 338 de la Constitución Política, ya que las cuentas del Grupo 75 sí hacen parte de la base gravable de la contribución, toda vez que son erogaciones asociadas con la producción o la prestación del servicio.
Agregó que no se evidencia que la SSPD se haya extralimitado en sus funciones ni que haya efectuado una recuperación de los costos por encima de su presupuesto.
Efectuó un análisis de las cuentas 7505 “servicios personales”, 7510 “generales”, 7517 “arrendamientos”, 7540 “órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones”, 7542 “honorarios”, 7545 “servicios públicos”, 7550 “materiales y costos de operación”, 7560 “seguros”, 7570 “órdenes y contratos por otros servicios”, y afirmó que estas erogaciones son idóneas para integrar la base gravable de la contribución especial y no se deben excluir por atender a una interpretación gramatical.
Se concede a las partes el término de 10 minutos para que preparen sus alegatos de conclusión.
Transcurrido el término antes señalado, se otorga la palabra al demandante y al demandado, para que presenten sus alegatos de conclusión.
En uso del término concedido por la H. Sala, el señor SANTOS ALIRIO RODRÍGUEZ SIERRA, presenta sus alegatos de conclusión, en los cuales reitera los argumentos expuestos en la demanda e insiste en la solicitud de nulidad de la norma demandada. El contenido queda consignado en el audio.
El señor apoderado judicial de la SSPD, a su turno, presenta los alegatos de conclusión, en los cuales insiste sobre los argumentos aducidos en la contestación de la demanda y concluye que los costos de producción hacen parte de la base gravable de la contribución especial, toda vez que comprenden erogaciones asociadas en forma directa con la producción o la prestación de servicios. El contenido queda consignado en el audio.
El señor Procurador Sexto Delegado ante esta corporación, emite concepto en el que advierte que no es coherente la excepción de inconstitucionalidad invocada, pues bajo ese entendido el acto demandado no debió ser expedido.
Considera que las pretensiones de la demanda deben prosperar, excluyéndose las cuentas de costos demandadas y solicita se acceda a la nulidad parcial del acto demandado. El contenido queda consignado en el audio.
Oídas las alegaciones, la Sala procede a dictar sentencia.
La Sala decide la legalidad de la Resolución Nº SSPD – 20141300018055 de 29 de mayo de 2014, proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, “Por la cual se fija la tarifa de la contribución especial a la cual se encuentran sujetos los prestadores de servicios públicos domiciliarios para el año 2014, se establece la base de liquidación, el procedimiento para el recaudo y se dictan otras disposiciones”, respecto a la inclusión de las siguientes cuentas en la base de liquidación de la contribución(2):
7505 -(servicios personales),
7517 -(Arrendamientos),
7540 -(Ordenes de contratos de mantenimiento),
7550 -(materiales y costos de operación) y
7570 -(contratos otros servicios).
De manera concreta y de conformidad con la fijación del litigio realizada en la presente audiencia inicial, la Sala debe establecer: (i) si se encuentra probada la excepción de inconstitucionalidad del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, por violación de los artículos 338 y 370 de la Constitución Política, (ii) si la resolución demandada fue expedida con desviación de poder y falsa motivación por violación de los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia tributaria y del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, (iii) si el acto administrativo demandado fue expedido sin competencia material y funcional al haberse ampliado la base gravable de la contribución especial, incluyendo las cuentas del Grupo 75 – costos de producción y (iv) si la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desconoció el precedente judicial del Consejo de Estado, y vulneró los principios de legalidad, buena fe y confianza legítima.
(i) Excepción de inconstitucionalidad del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994
El apoderado de la parte demandada considera que el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994 es inconstitucional, ya que vulnera el inciso segundo del artículo 338 de la Constitución Política, en tanto que los rubros señalados en la norma legal (gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación) son insuficientes para recuperar los costos en que incurre la entidad por la prestación de los servicios de vigilancia y control y, por ende, las cuentas del Grupo 75 sí deben hacer parte de la base gravable de la contribución.
Asimismo, indica que se desconocen los artículos 365 y 370 de la Constitución Política, porque hace evidente la falta de financiación de la entidad como delegataria de la función presidencial de control, inspección y vigilancia de los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios.
Sobre la excepción de inconstitucionalidad planteada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, esta corporación se ha pronunciado, entre otras, en las sentencias de 29 de septiembre y 12 de noviembre de 2015, 25 de abril de 2016, 11 de mayo y 29 de junio de 2017, por lo cual se reiterará, en lo pertinente, el criterio jurisprudencial expuesto en las citadas providencias(3):
Sea lo primero precisar que, en estricto rigor, la autoridad administrativa no puede justificar la legalidad de un acto alegando que la ley que le sirve de sustento es contraria a la Constitución Política, pues, en realidad, es contradictorio. Lo pertinente sería que quien invoque la excepción de inconstitucionalidad de una norma sea el demandante, no el demandado, la autoridad administrativa, por cuanto es la primera que debe acatar el ordenamiento jurídico (art. 6º de la Constitución Política).
Por su parte, los artículos 338 y 370 de la Constitución establecen, en su orden, lo siguiente: “(...)
1. Para definir los costos de los servicios que presta la Superintendencia deben tenerse en cuenta todos los gastos de funcionamiento de esta, al igual que la depreciación, amortización u obsolescencia de sus activos en el período anual respectivo (art. 85.1 de la L. 142/94).
De acuerdo con lo anterior, no procede la interpretación que dio el demandado a la expresión “de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación”, del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994. Por lo tanto, la Sala declara no probada lo que la demandada denominó como excepción de inconstitucionalidad”. (Destacado fuera de texto).
De conformidad con el precedente trascrito, el cual se reitera en esta oportunidad, para la Sala no se encuentra probada la excepción de inconstitucionalidad que la entidad demandada predica del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, toda vez que esta disposición guarda armonía con los artículos 338 y 370 de la Constitución Política, en tanto que la voluntad del legislador no fue extender la base gravable de la contribución en cuestión a los costos de producción.
(ii) Si la resolución demandada se expidió con desviación de poder y falsa motivación por violación de los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia tributaria y lo previsto en el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994 sobre los parámetros para determinar el valor de la contribución especial.
La Sala observa, que el artículo segundo de la Resolución Nº SSPD – 20141300018055 del 29 de mayo de 2014, señaló las siguientes erogaciones que integran la base de la contribución especial de la vigencia 2014:
De acuerdo con los considerandos de la mencionada resolución, la inclusión de las erogaciones obedeció a la realización de un test de validación que permitiera establecer en el PUC, las cuentas que contienen los elementos de la definición de gastos de funcionamiento señalados por el Consejo de Estado en la sentencia del 23 de septiembre de 2010, proferida en el proceso Nº 2007-00049 (16874).
La Sala precisa que respecto a las cuentas pertenecientes al grupo 75 – Costos de Producción, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado en distintas providencias que es improcedente su inclusión en la base gravable de la contribución especial a cargo de los prestadores de servicios públicos domiciliarios.
En efecto, en las citadas sentencias expresó:
“Las cuentas del grupo 75- costos de producción no hacen parte de la base gravable de la contribución especial
Al respecto, en sentencia de 25 de abril de 2016, dictada en un caso particular, la Sala inaplicó precisamente el artículo 2º de la Resolución SSPD-20121300016515 del 30 de mayo de 2012 [acto demandado], en cuanto incluyó los costos de producción dentro de la base gravable de la contribución especial por el año gravable 2012. Las razones de la inaplicación parcial de la citada norma fueron las siguientes(4):
“[...] Se advierte que mediante la Resolución SSPD-20121300016515 de 30 de mayo de 2012, la demandada incluyó dentro de la base de liquidación de la “contribución especial”, las siguientes cuentas del grupo 75 - costos de producción: 7505- Servicios personales, 7510-Generales, 753508-Licencia de operación del servicio, 753513-Comité de Estratificación, 7540-Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones, 7542-Honorarios, 7545-Servicios públicos, 7550-Materiales y otros costos de operación, 7560-Seguros y 7570-Órdenes y contratos por otros servicios.
De acuerdo con el criterio jurisprudencial expuesto, tales cuentas no hacen parte de la base gravable de la contribución especial, toda vez que pertenecen al Grupo 75-Costos de producción y la noción de costos “no se puede equiparar a la de gastos de funcionamiento por no haberlo previsto así la Ley 142 de 1994, ya que de haber sido esa la intención del legislador así lo hubiera contemplado legalmente, teniendo en cuenta el fundamento contable que tiene la base gravable comentada”(5).
En consecuencia, es ilegal el artículo 2º de la Resolución SSPD-20121300016515 de 30 de mayo de 2012, en cuanto incluyó como gastos de funcionamiento las cuentas del Grupo 75- Costos de Producción.Por ello, se inaplica la citada norma y así se declara en la parte resolutiva de esta sentencia. [...]
Como consecuencia de la inaplicación parcial del artículo 2º de la Resolución 20121300016515 de 30 de mayo de 2012 son nulos los actos demandados frente a la inclusión de las cuentas 7505-servicios personales, 7510-generales, 753508-licencia de operación del servicio, 753513-comité de Estratificación, 7540-órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones, 7542-honorarios, 7545-servicios públicos, 7550-materiales y otros costos de operación, 7560-seguros y 7570-órdenes y contratos por otros servicios, que hacen parte del grupo 75- costos de producción”. (Subraya la Sala)
De acuerdo con el criterio jurisprudencial ya plasmado, las cuentas 7505- Servicios personales, 7510-generales, 753508-licencia de operación del servicio, 753513-comité de Estratificación, 7540-órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones, 7542-honorarios, 7545-servicios públicos, 7550-materiales y otros costos de operación, 7560-Seguros y 7570-órdenes y contratos por otros servicios, no hacen parte de la base gravable de la contribución especial, toda vez que pertenecen al grupo 75-costos de producción y la noción de costos “no se puede equiparar a la de gastos de funcionamiento por no haberlo previsto así la Ley 142 de 1994, ya que de haber sido esa la intención del legislador así lo hubiera contemplado legalmente, teniendo en cuenta el fundamento contable que tiene la base gravable comentada”(6).
Es de anotar que sobre los costos de producción, la Sala precisó lo siguiente(7):
Así las cosas, de acuerdo con el aludido precedente jurisprudencial, es claro que la inclusión de los costos de producción (grupo 75 del Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios) dentro de los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio regulado que hizo la Resolución Nº SSPD – 20141300018055 de 29 de mayo de 2014, es contraria al artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, dado que amplía la base gravable del tributo con erogaciones que hacen parte de los gastos de funcionamiento de las entidades vigiladas.
En consecuencia, por violación del principio de legalidad, esto es, por la ampliación de la base gravable de la contribución especial prevista en el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, se anularán las cuentas demandadas del grupo 75- costos de producción, previstas en el artículo 2º de la Resolución Nº SSPD – 20141300018055 de 29 de mayo de 2014. Al prosperar este cargo, la Sala se releva del estudio de los demás cargos.
De esta forma, atendiendo a las pretensiones de la demanda(8) se anulará parcialmente el artículo 2º de la Resolución Nº SSPD – 20141300018055 de 29 de mayo de 2014, en cuanto adicionó a la base de liquidación de la contribución especial por el año 2014, las cuentas 7505 “servicios personales”, 7517 “arrendamientos”, 7540 “órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones”, 7550 “materiales y costos de operación”, y 7570 “órdenes y contratos por otros servicios”.
Por las razones expuestas, la Sala declarará no probada la excepción de inconstitucionalidad propuesta por la parte demandada y anulará parcialmente el artículo 2º de la Resolución Nº SSPD – 20141300018055 de 29 de mayo de 2014, respecto de las cuentas señaladas, pertenecientes al grupo 75 – Costos de Producción, toda vez que las mismas no constituyen gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
1. DECLÁRASE no probada la excepción de inconstitucionalidad del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, propuesta por la parte demandada.
2. ANÚLASE PARCIALMENTE el artículo 2º de la Resolución Nº SSPD – 20141300018055 de 29 de mayo de 2014, en cuanto adicionó a la base de liquidación de la contribución especial por el año 2014, las cuentas 7505 “servicios personales”, 7517 “arrendamientos”, 7540 “órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones”, 7550 “materiales y costos de operación”, y 7570 “órdenes y contratos por otros servicios”.
En consecuencia, el artículo 2º de la Resolución Nº SSPD – 20141300018055 de 29 de mayo de 2014, queda así:
3. La presente providencia queda NOTIFICADA POR ESTRADOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 294 del Código General del Proceso.
Consejeros: Stella Jeannette Carvajal Basto, Presidenta de la Sección—Milton Chaves García—Julio Roberto Piza Rodríguez—Jorge Octavio Ramírez Ramírez, ausente con excusa—Mauricio Molano Currea, Ministerio Público—Santos Alirio Rodríguez Sierra, demandante—Gonzalo Enrique Díaz Soto, apoderado de la demandada».
2 Las cuentas aludidas, están contenidas en el artículo 2º de la Resolución Nº SSPD 20141300018055 de 29 de mayo de 2014.
3 Expedientes 20874, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 21714 Jorge Octavio Ramírez Ramírez; 21246, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 20179, C.P. Milton Chaves García y 21724 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
4 Sentencia de 25 de abril de 2016, Exp. 21246, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
5 Sentencia de 23 de septiembre de 2010, Exp. 16874, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
8 Artículo 281 del Código General del Proceso.

References: ARTÍCULO 2
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 85
 artículo 137
 Resolución 
 artículo 2
 Artículo 85
 Artículo 712
 artículo 338
 artículo 85
 artículo 85
 Resolución 
 artículo 85
 artículo 85
 artículo 85
 artículo 338
 artículo 370
 artículo 85
 artículo 338
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 artículo 85
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 artículo 85
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 artículo 338
 artículo 85
 artículo 85
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 artículo 85
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 artículo 2
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 artículo 2
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 artículo 2
 Resolución 
 artículo 2
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 artículo 85
 artículo 2
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 artículo 2
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 artículo 294
 artículo 2
 Resolución 
 Artículo 281