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Timestamp: 2019-11-18 21:09:33+00:00

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Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1984. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 444403274
Fecha de Entrada en Vigor: 19 de Enero de 1984
Marginal: BOE-A-1983-34167
ANEXO I. Modificaciones presupuestarias especiales
ANEXO III. Normas de gestión y control de los créditos presupuestarios afectados por los servicios transferidos a las Comunidades Autónomas
ANEXO IV. Operaciones de crédito autorizadas a los Organismos autónomos
Norma citada en: 1169 sentencias, 25 artículos doctrinales, 68 disposiciones normativas, 8 resoluciones administrativas, 3 noticias
Por la presente Ley se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 1984, integrados por:
Los Presupuestos de los Organismos autónomos del Estado de carácter administrativo.
Los Presupuestos de los Organismos autónomos del Estado de carácter comercial, industrial, financiero o análogo.
El Presupuesto del Consejo de Seguridad Nuclear.
El Presupuesto del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
El Presupuesto del Instituto Nacional de Fomento de la Exportación.
En el estado de gastos del Presupuesto del Estado se conceden créditos por un importe total de 5.399.649.147.000 pesetas.
Con los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio, que se detallan en el estado de ingresos, estimados en un importe total de 4.068.509.990.000 pesetas.
Con el importe de las operaciones de endeudamiento que se expresan en el artículo 24 de esta Ley y con sujeción a los tipos y cuantías máximas que para cada una de ellas se expresa.
En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos autónomos de carácter administrativo se relacionan para cada ente los créditos que se conceden por importe total de 1.376.555.832.000 pesetas.
En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo, se relacionan para cada ente los créditos que se conceden por un importe total de 2.355.191.741.000 pesetas.
Los créditos incluidos en los estados de gastos del Presupuesto del Estado y los de sus Organismos autónomos a que se refieren los números 2, 3 y 4 de este artículo, financiarán los programas de gasto que se incluyen en los referidos estados y para la consecución de los objetivos de los mismos.
En el Presupuesto de la Seguridad Social se aprueban créditos para atender a la totalidad de sus obligaciones tanto en Régimen General como en regímenes especiales por un importe total de 3.104.653.264.000 pesetas.
En el Presupuesto del Ente Público Radiotelevisión Española se conceden las dotaciones necesarias para atender el desarrollo de sus actividades, por un importe total de 30.323.145.000 pesetas, estimándose los recursos en 30.323.145.000 pesetas.
En el Presupuesto del Consejo de Seguridad Nuclear se conceden dotaciones por un importe de 797.485.000 pesetas, ascendiendo los recursos a 797.485.000 pesetas.
En el Presupuesto del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional se conceden dotaciones por un importe total de 3.847.040.647 pesetas, ascendiendo los recursos a pesetas 3.847.040.647.
En el Presupuesto del Instituto Nacional de Fomento de la Exportación, se conceden dotaciones por un importe total de 5.464.729.000 pesetas, ascendiendo los recursos a 5.464.729.000 pesetas.
Con efectos de 1 de enero de 1984, las retribuciones íntegras del personal no laboral del sector público experimentarán un incremento global máximo del 6,5 por 100 respecto a las vigentes en el ejercicio anterior.
Lo dispuesto en el número anterior es aplicable al personal al servicio de:
Las Corporaciones Locales y los Organismos de ellas dependientes de conformidad con el artículo 10 de la Ley 40/1981.
Los órganos constitucionales sin perjuicio de lo establecido en el artículo 72.1 de la Constitución.
Entidades y Corporaciones de Derecho Público, cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50 por 100 con subvenciones, tasas u otros ingresos públicos.
Igualmente será aplicable al restante personal, al que resulte de aplicación es régimen estatutario de los funcionarios públicos.
La Administración militar.
Entes y Organismos públicos exceptuados de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas, y
Las Entidades gestoras y cualquier otra Entidad u Organismo de la Seguridad Social.
Asimismo, y con efectos de 1 de enero de 1984 la masa salarial del personal laboral de los entes que se indican en el número anterior experimentará un incremento global máximo del 6,5 por 100, comprendiendo en dicho porcentaje el de todos los conceptos, incluso el que pueda producirse por antigüedad y reclasificación.
Asimismo, el incremento del 6,5 por 100 a que se refiere este artículo será aplicado tanto en las retribuciones básicas como en el complemento de destino y dedicación y gastos de representación a los altos cargos de la Administración del Estado, Presidentes y Directores generales de los Entes y Corporaciones publicas y demás Organismos a que se refiere el apartado 2 de este mismo precepto.
Las retribuciones básicas correspondientes a los regímenes a que se refiere el Real Decreto-ley 22/1967, de 30 de marzo, y a los especiales regulados en las normas dictadas al amparo de las disposiciones finales de dicha norma legal, se fijan en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades:
10 (coef. 5,5) 1.507.020 41.160
10 1.370.016 41.160 35.016
8 1.096.008 32.928 28.008
6 822.000 24.696 21.000
4 548.004 16.464 14.004
3 411.000 12.348 10.500
No obstante lo dispuesto en el número anterior y con efectos de 1 de enero de 1984, el sueldo se reducirá a las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades:
10 (coef. 5,5) 993.960
10 906.048
8 741.096
6 587.604
3 470.580
4 411.000
El grado de carrera administrativa se aplicará en 1984 de acuerdo con lo previsto en el artículo 8, 2, de la Ley 42/1979, de 29 de diciembre.
Para el personal al servicio de la Administración de Justicia, la base para la determinación del sueldo regulado por las Leyes 17/1980, de 24 de abril, y 31/1981, de 1 de julio, que se remite a aquella, será de 36.502 pesetas.
Las retribuciones complementarias, incluidas en su caso las recompensas y pensiones de mutilaciones de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y de la Administración de Justicia, experimentarán un incremento del 6,5 por 100 respecto de las vigentes en 1983.
La total retribución íntegra mensual de los funcionarios civiles de carrera de la Administración Civil del Estado que realicen jornada completa, computadas todas sus retribuciones de carácter periódico y fijo, incluidas las pensiones de retiro, no podrá ser inferior a 53.250 pesetas.
El complemento familiar, la ayuda para la comida y las retribuciones que tengan carácter de absorbibles por futuras mejoras e incrementos, se regirán por su normativa específica, excluyéndose el aumento a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley.
Los incrementos que se deriven de la presente Ley de aplicarán en la cuantía procedente a la compensación de retribuciones que se hayan reconocido o declarado tener el carácter de absorbibles por futuras mejoras o incrementos.
Las indemnizaciones dotadas en el capítulo I se incrementarán en un 6,5 por 100 respecto a las cuantías vigentes en 1983.
La aplicación de los incrementos previstos en el número 1 del artículo 2 de esta Ley al personal cuyo sistema retributivo se halle pendiente de adaptación a lo establecido en el Real Decreto-ley 22/1967, de 30 de marzo, y disposiciones complementarias, queda condicionada al resultado de dicha adaptación. El aumento citado sólo será aplicable previa la compensación que proceda en los complementos personales y transitorios que pudieran resultar de dicha adaptación. En cualquier caso la adaptación del sistema retributivo de este personal se efectuará durante el ejercicio de 1984.
Los incrementos de retribuciones a que se refiere este artículo y los siguientes se entienden referidos a retribuciones íntegras.
El incremento de retribuciones de funcionarios de empleo y contratados administrativos dentro del límite señalado en el número 1 del artículo 2 y de lo dispuesto en el artículo 3. se aplicará teniendo en cuenta que las resultantes no sean superiores a las de los funcionarios de carrera a que sean asimilables.
Las retribuciones básicas de los funcionarios interinos no podrán exceder de las de entrada que correspondan a los funcionarios de carrera del cuerpo en que ocupen vacantes, sin grado inicial, y sus restantes retribuciones tendrán el carácter de complementarias.
Se prórroga hasta el 31 de diciembre de 1984 el plazo fijado en la disposición final segunda, punto 2, del Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo.
En relación con el sistema de haberes pasivos de los funcionarios civiles y militares y de la Administración de Justicia, se aplicarán las siguientes normas, con efectos de 1 de enero de 1984:
La base de cotización anual estará constituida por la suma de las retribuciones básicas, incluidas pagas extraordinarias, en la cuantía que se derive de esta Ley.
La base reguladora de las pensiones se formará con la suma de los citados conceptos retributivos. La cuantía mensual de las pensiones se obtendrá dividiendo por 14 la base o haber regulador así determinado, aplicando sobre el mismo el porcentaje que corresponda y corrigiendo el resultado mediante la aplicación del coeficiente 1,014. Las pensiones extraordinarias no experimentarán la corrección indicada sin perjuicio, en todo caso, de la aplicación de lo previsto en el artículo 12. Las pensiones se devengarán mensualmente, salvo los meses de junio y diciembre, en los que se devengarán, además, una mensualidad extraordinaria.
La cuota de derechos pasivos exigida por la legislación vigente queda fijada en el 4,35 por 100 de la base de cotización.
Para la actualización de pensiones, en los supuestos de percepción de una sola pensión superior a los mínimos establecidos en el artículo 10 o cuando, en caso de percibo de varias, se considere como principal una de las reguladas en el presente artículo, se aplicará provisionalmente un incremento del 8 por 100 sobre el importe de la última mensualidad ordinaria de 1983 y se abonará con efectos del 1 de enero de 1984 hasta el mes en que se realice la actualización individualizada en función de las nueva cuantía de los conceptos integrantes de la base reguladora y del número de trienios devengados por el causante de la pensión, satisfaciéndose desde el mes siguiente el nuevo valor que resulte de dicha actualización, sin que, en ningún caso, la pensión a percibir pueda ser inferior al último valor de la pensión de 1983 y sin que proceda, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas en exceso. Para el personal afectado por la Ley 17/1980, de 24 de abril, el incremento provisional anteriormente mencionado será asimismo del 8 por 100.
Lo dispuesto en los números anteriores se entiende sin perjuicio de lo que resulta de la aplicación fraccionada de los derechos pasivos derivados de la Ley 17/1980, de 24 de abril, tanto en lo relativo a la determinación inicial de las pensiones como a la actualización de las mismas.
Se entenderá que existe concurrencia de pensiones cuando un mismo beneficiario tenga reconocidas, cualquiera que sea su naturaleza y sujeto causante, más de una pensión del sistema de Seguridad Social, Estado, entes territoriales o de Organismos, Empresas o Sociedades de los mismos. En todo caso, se considerarán comprendidas las pensiones a cargo de alguna de las siguientes Entidades y Organismos:
Entidades que actúan como sustitutorias de las Entidades gestoras, a que se refiere el Real Decreto 1879/1978, de 23 de junio.
Clases pasivas del Estado, civiles y militares.
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Instituto Social de las Fuerzas Armadas, Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local y Mutualidad General Judicial.
Mutualidad de Funcionarios, cuando las aportaciones directas de los asociados no sean actuarialmente autosuficientes para la cobertura de las prestaciones a sus beneficiarios.
Las Empresas o Sociedades en las que el capital corresponda al Estado, Organismos autónomos o entes territoriales en más del 50 por 100 y Mutualidades de aquellas en las que las aportaciones directas de los asociados o causantes de la pensión no sean actuarialmente autosuficientes para la cobertura de las prestaciones a sus beneficiarios.
En caso de concurrencia de pensiones, tanto si se trata del reconocimiento inicial de las mismas como de la actualización de las ya reconocidas, los interesados deben presentar una declaración indicando las pensiones incluidas en el número anterior que tienen reconocidas, a medida que este hecho se produzca y señalando, además, su carácter principal o complementario. En principio se entenderá que es pensión principal la de mayor cuantía, salvo que expresamente se indique otra en la declaración; las demás pensiones tendrán el carácter de complementarias.
En el supuesto de concurrencia de pensiones se seguirán las siguientes reglas:
Si la pensión de clases pasivas es la principal o, aun siendo complementarias, si se trata de la declaración inicial de la misma, se aplicarán las reglas del artículo 8 y, en su caso, del artículo 11.
Si la pensión o pensiones de clases pasivas son complementarias, cualquiera que sea el sistema por el que se rige la principal, se incrementarán de la misma forma que procedería si fueran principales, con el límite máximo de incremento para el conjunto de todas ellas, de ser varias las complementarias de clases pasivas, de la mitad del que experimenten las pensiones mínimas de jubilación a que se refiere el número 1 del artículo siguiente. A los fines indicados se tomarán los valores de las pensiones correspondientes a la última mensualidad ordinaria del año 1983.
A las pensiones de viudedad concedidas al amparo de lo dispuesto en las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre; 35/1980, de 26 de junio, y 6/1982, de 29 de marzo; no les será de aplicación las normas limitativas del crecimiento de pensiones por concurrencia de las mismas, cuando el importe total de las distintas pensiones concurrentes no supere el salario mínimo interprofesional.
La cuantía de las pensiones mínimas mensuales, en el sistema de clases pasivas, a partir de 1 de enero de 1984, será la siguiente:
Pensión de jubilación o de retiro: 25.450 pesetas.
Pensión en favor de familiares: 19.359 pesetas.
La cuantía de las pensiones mínimas a que se refiere el número anterior se adecuará, con efectos de 1 de enero de 1984, a la de las mínimas que se determinen para el régimen general de la Seguridad Social. A estos efectos, la pensión mínima en favor de familiares será la mínima de la Seguridad Social para viudas mayores de sesenta y cinco años.
Cuando el titular de la pensión perciba otra pensión de los entes señalados en el artículo anterior.
Si el titular de la pensión percibe rentas por capital, mobiliario o inmobiliario y/o por la realización de trabajo personal, cuando la suma de tales percepciones sea superior a 450.000 pesetas anuales.
En las pensiones a favor de los huérfanos mayores de veintitrés años, salvo que estuviesen incapacitados desde antes de cumplir tal edad y fueran pobres en sentido legal.
Las pensiones que se devenguen al amparo de lo dispuesto en el artículo 4, 1, de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, se elevarán a la cuantía de 17.810 pesetas mensuales.
Las pensiones que se devenguen al amparo de lo dispuesto en la Ley 35/1980, de 26 de junio, se regirán por las siguientes normas:
Las pensiones de mutilación se obtendrán aplicando los porcentajes establecidos para cada grado de incapacidad a la cantidad de 280.393 pesetas anuales.
La remuneración básica se fija en 526.860 pesetas anuales con derecho al percibo de dos pagas extraordinarias de 43.905 pesetas cada una. La remuneración sustitutiva de trienios se elevará a 14.112 pesetas mensuales con derecho a percibo de dos pagas extraordinarias del mismo importe cada una de ellas.
La retribución básica anual a que se refiere el artículo 2 de la Ley 6/1982, de 29 de marzo, de mutilados civiles de guerra, se fija en la cantidad de 404.040 pesetas.
En las pensiones reguladas en el Decreto 670/1976, de 5 de marzo, se aplicarán los porcentajes para cada grado de incapacidad sobre la cantidad de 335.953 pesetas anuales.
Las pensiones causadas por personal perteneciente a colectivos no recogidos en los números anteriores y que se regulan por normas específicas, se reconocerán y actualizarán con arreglo a lo dispuesto en las mismas.
Cualquiera que sea la norma a la que deba ajustarse el régimen de reconocimiento y actualización de pensiones prevalecerá, a efectos de percepción, lo dispuesto en el artículo 9 de la presente Ley para el supuesto de concurrencia de pensiones.
La cuantía de las pensiones de Clases Pasivas, sean únicas o en concurrencia con otras, conforme a lo dispuesto en el no puede exceder, durante 1984, de 187.950 pesetas mensuales, artículo 9, cualquiera que sea el momento del hecho causante.
Se mantienen en las cuantías alcanzadas en 1982, tanto en su declaración inicial como en su actualización de 1984, las pensiones siguientes:
Las pensiones reguladas por las artículos 65, 66 y 67 del Estatuto de Clases Pasivas, de 22 de octubre de 1926; por el artículo 42 del texto refundido de la Ley de Derechos Pasivos de los Funcionarios Civiles, de 21 de abril de 1966, y por el artículo 34 del texto refundido del personal militar y asimilado, Guardia Civil y Policía Armada, de 13 de abril de 1972.
La pensión única del sistema de Clases Pasivas o la suma de las pensiones concurrentes, según el artículo 9, cuando excedan, unas u otras, de la cantidad de 187.950 pesetas mensuales, si la cuantía alcanzada en 1982 resultara más favorable que la derivada de la regla general.
Las limitaciones derivadas de lo previsto en las letras c), d) y f) del número anterior de este artículo serán igualmente aplicables a los haberes pasivos causados por personas a las que, aun si ser funcionarios públicos, les resulte directamente aplicables las disposiciones generales o específicas contenidas en las normas que regulan los haberes pasivos causados por los funcionarios públicos.
Lo dispuesto en la letra f) del número 2 de este artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, y normas de desarrollo.
Para el ejercicio de 1984 se fija en la cantidad de 234.160 millones de pesetas la participación de los Ayuntamientos en la recaudación liquida que el Estado obtenga por los conceptos tributarios no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas, e incluidos en los capítulos 1 y 2 del Presupuesto de Ingresos del Estado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes de este artículo, y en el artículo 14, el importe de la participación a que se refiere el número anterior se ingresará en el Fondo Nacional de Cooperación Municipal y se distribuirá de la siguiente manera:
El 70 por 100 en función del número de habitantes de derecho de cada municipio, según el último Padrón Municipal, debidamente aprobado, ponderado por los siguientes coeficientes multiplicadores, según estratos de población:
6 Que no exceda de 5.000 1,00
El 5 por 100 restante, en función del número de unidades escolares de Educación General Básica, Preescolar y Especial existentes en Centros públicos en que los inmuebles pertenezcan a los Ayuntamientos o corran a su cargo los gastos de conservación y mantenimiento. A tal efecto se tomarán en consideración las unidades escolares en funcionamiento a fin del año 1983.
La participación de los Ayuntamientos del País Vasco, a través del Fondo Nacional de Cooperación Municipal, en los tributos del Estado no concertados, se regirá por lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 12/1981, de 13 de mayo, de concierto económico.
Los Ayuntamientos canarios participaran en el Fondo Nacional de Cooperación Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 30/1972, de 22 de julio, sobre Régimen Económico-Fiscal de Canarias.
La participación de los Ayuntamientos de Navarra, a través del Fondo Nacional de Cooperación Municipal en los tributos del Estado, se fijaran en el marco del Convenio económico.
Los Ayuntamientos que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 5/1983, de 29 de junio, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria, hubieran sido compensados por la minoración resultante en 1982 de la aplicación de las nuevas tarifas de licencia fiscal de actividades comerciales e industriales percibirán idéntica compensación y en igual cuantía por el año 1983.
Las compensaciones serán satisfechas durante 1984 con cargo al Fondo Nacional de Cooperación Municipal.
Para el ejercicio de 1984 se fija en la cantidad de 15.893 millones de pesetas la participación de las Diputaciones Provinciales y Cabildos Insulares en la recaudación líquida que el Estado obtenga por los conceptos tributarios no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas, e incluidos en los capítulos 1 y 2 del Presupuesto de Ingresos del Estado.
La participación de las Diputaciones Forales del País Vasco en los tributos del Estado no concertados se regirá por lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 12/1981, de 13 de mayo, de Concierto Económico.
La participación establecida en el número 1 de este artículo se distribuirá entre las Diputaciones y Cabildos Insulares en proporción al número de habitantes de derecho de la respectiva provincia o isla, según corresponda.
A los efectos de determinar la cantidad a percibir por los Cabildos Insulares de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, se seguirá el mismo criterio que se establece para los municipios del archipiélago en relación con el Fondo Nacional de Cooperación Municipal.
Los Ayuntamientos de Ceuta y Melilla participarán en la distribución como si se tratara de Diputaciones Provinciales, en proporción al número de habitantes de derecho del municipio respectivo.
La participación en los ingresos del Estado será abonada a las entidades locales mediante entregas trimestrales a cuenta por importe de la cuarta parte del 90 por 100 de los créditos consignados al respecto en los Presupuestos Generales del Estado.
Finalizado el ejercicio económico y conocidas las cifras definitivas, se practicará la liquidación definitiva de la participación, efectuándose, en su caso, la oportuna regularización mediante las compensaciones que procedan.
El Fondo de Compensación Interterritorial, dotado por un importe de 209.000 millones de pesetas para el ejercicio de 1984, a través de los créditos que figuran en la Sección 33 y con los de inversiones que figuran en los Presupuestos Generales de los Departamentos ministeriales y Organismos autónomos, se destinará a financiar los proyectos que figuran en el anexo de proyectos del Fondo de Compensación Interterritorial.
Los créditos destinados a financiar los proyectos que componen el Fondo de Compensación Interterritorial correspondientes a competencias que hayan sido asumidas o se asuman a lo largo del ejercicio de 1984 por las Comunidades Autónomas, y que hayan de ser realizados por las mismas, se transferirán, desde el Servicio correspondiente a la Sección 33, «Fondo de Compensación Interterritorial», artículo 75, «A entes territoriales», a demanda de la correspondiente Comunidad Autónoma ante el Ministerio de Economía y Hacienda, una vez se haya publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el correspondiente Real Decreto de transferencia.
A) Los remanentes de créditos no comprometidos, correspondientes a proyectos de inversión financiados con cargo a la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial asignada a una Comunidad Autónoma en materias de su competencia, se incorporarán en el ejercicio inmediatamente posterior a los créditos del Fondo de Compensación Interterritorial de esa Comunidad Autónoma en las mismas materias.
Los remanentes de créditos no comprometidos que corresponden a proyectos de inversión financiados con cargo a la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial asignada a una Comunidad Autónoma en materias de competencias del Estado se incorporarán en el ejercicio inmediato posterior a los créditos del Fondo de Compensación Interterritorial de esa Comunidad Autónoma.
Podrán imputarse a los créditos del ejercicio corriente incluidos en el Fondo de Compensación Interterritorial el pago de obligaciones generadas en ejercicios anteriores por revisiones de precios, proyectos adicionales o reformados que supongan variación económica respecto de obras inicialmente concertadas, en dichos ejercicios anteriores, con cargo a análogos créditos del Fondo de Compensación Interterritorial vigente en los mismos.
A) Las dotaciones del Fondo de Compensación Interterritorial podrán dedicarse a financiar proyectos conjuntos de distintas Administraciones.
Cuando entre los proyectos de inversión incluidos en el Fondo de Compensación Interterritorial que corresponda a una Comunidad Autónoma existan algunos cuya ejecución se hayan encomendado a alguna Entidad local, de acuerdo con lo establecido en el punto anterior, la Comunidad Autónoma le transferirá los recursos financieros necesarios en la misma forma que se prevé en el apartado 2, para las relaciones entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas.
La sustitución de las obras que integran la relación de proyectos que componen el Fondo de Compensación Interterritorial, cuya ejecución no pueda realizarse durante el ejercicio previsto por causas debidamente justificadas, deberá ser acordada entre el Comité de Inversiones Públicas y la Consejería competente de la correspondiente Comunidad Autónoma y aprobada por el Consejo de Ministros en el caso de que el proyecto corresponda a una competencia de la Administración Central, o por el Consejo de Gobierno de la correspondiente Comunidad Autónoma cuando dicho proyecto corresponda a una competencia transferida a esa Comunidad Autónoma. En ambos casos se dará cuenta a las Comisiones de Presupuestos del Congreso y del Senado, haciendo constar las causas que han motivado la sustitución y el mutuo acuerdo existente entre las dos Administraciones.
El importe de los avales a prestar por el Estado durante el ejercicio de 1984 por operaciones de crédito exterior de cualquier naturaleza no podrá exceder de 120.000 millones de pesetas.
Se autoriza la concesión de garantías por el Estado durante el período de 1984 a los siguientes Organismos o Entidades y por los importes que para cada uno se indican:
Al Instituto Nacional de Industria, en cuanto a las obligaciones a emitir en el interior durante 1984, por un importe máximo de 40.000 millones de pesetas.
A la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles en cuanto a los créditos a concertar en el interior durante 1984, por un importe máximo de 12.000 millones de pesetas.
Se autoriza al Instituto Nacional de Industria a prestar avales en el ejercicio de 1984 en relación con las operaciones de crédito que concierten las Sociedades mercantiles en cuyo capital participa, hasta un límite máximo de 140.000 millones de pesetas.
Se autoriza al Instituto Nacional de Hidrocarburos a prestar avales en el ejercicio de 1984 y en relación con las operaciones de crédito que concierten las Sociedades mercantiles en cuyo capital participa, hasta un límite máximo de 55.000 millones de pesetas.
Se autoriza al Instituto de Crédito Oficial a prestar avales a Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas uniprovinciales, en relación con operaciones de crédito exterior concertadas para financiar inversiones durante el ejercicio de 1984, hasta un límite máximo de 15.000 millones de pesetas.
La Sociedad mixta de segundo aval establecida por el Real Decreto 874/1981, de 10 de abril, podrá garantizar hasta un importe máximo de 15.000 millones de pesetas las operaciones de crédito que avaladas por las Sociedades de Garantía Recíproca sean concertadas en el interior durante el ejercicio de 1984 por las pequeñas y medianas Empresas, socios partícipes de las mismas.
Se fija en 100.000 millones de pesetas el límite máximo hasta el que el Tesoro Público responderá subsidiariamente por los créditos y avales concedidos durante el ejercicio de 1984 por las Entidades de crédito oficial, en virtud de lo previsto en el artículo cuatro de la Ley 21/1982, de 9 de junio, sobre medidas de reconversión industrial.
El Estado compensará al Instituto de Crédito Oficial las pérdidas que se originen por las cantidades que destine a financiación de créditos a la exportación en exceso de 70.000 millones de pesetas.
El Estado compensara al Instituto de Crédito Oficial por las pérdidas que en 1984 origine la subvención establecida por el Real Decreto-ley 6/1982, de 2 de abril, para financiación de créditos a la exportación concedidos en 1982 por importe de 80.000 millones de pesetas.
El Estado compensará al Instituto de Crédito Oficial por las pérdidas que durante 1984 se originen por las cantidades que, superando el límite de 70.000 millones durante 1983, se destinaron a la exportación.
El Estado compensará al Instituto de Crédito Oficial por la subvención establecida para las diferencias de coste y rendimiento a las Instituciones financieras de la Ley 11/1983.
El Gobierno dará cuenta a las Comisiones de Presupuestos del Congreso y del Senado de todas y cada una de las autorizaciones que conceda de acuerdo con lo previsto en el punto 2 de este artículo.
Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda:
Emita o contraiga deuda pública del Estado amortizable, con la finalidad de financiar los gastos autorizados por esta Ley, por un importe máximo de 411.000 millones de pesetas.
Incremente la Deuda del Tesoro en el importe necesario para financiar como máximo 450.000 millones de pesetas de los gastos autorizados en esta Ley.
Determine en y para cada emisión de deuda pública, cualquiera que sea su plazo de amortización, si los títulos representativos gozan de ventajas inherentes a los títulos de cotización oficial calificada, al efecto de ser aptos para dar derecho a beneficios fiscales.
Emita cédulas para inversiones hasta un límite de 230.000 millones de pesetas para financiar la dotación del Tesoro al crédito oficial y atender los reembolsos de cédulas conforme a lo establecido en los respectivos cuadros de amortización.
Contraiga deuda exterior por un importe máximo de 50.000 millones de pesetas, para dotar un Fondo de Financiación Exterior destinado a la concesión de créditos en las condiciones que el Gobierno establezca para las Sociedades concesionarias de autopistas de peaje, en las que el sector público participe directa o indirectamente de forma mayoritaria, u ostente facultades de decisión, en sustitución de sus operaciones en los mercados exteriores de capitales.
Proceda a modificar, refinanciar y/o sustituir las operaciones de créditos existentes con anterioridad o concertadas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, con novación o sin novación del contrato, para obtener un menor coste en la carga financiera o prevenir los posibles efectos negativos derivados de fluctuaciones en las condiciones de mercado.
Contraiga deuda pública exterior para financiar las dotaciones derivadas de la aplicación del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y los Estados Unidos de América, de 24 de enero de 1976, y del Acuerdo complementario número 7 del mismo, y de su prórroga, hasta la cantidad máxima del contravalor en pesetas de 36.036.373 dólares, y del Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación con los Estados Unidos de América, de 2 de julio de 1982, hasta la cantidad máxima del contravalor en pesetas de 629 millones de dólares.
Se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda a señalar el tipo de interés, condiciones, beneficios fiscales legalmente establecidos y demás características de las operaciones de endeudamiento señaladas en el número anterior y para formalizar, en su caso, en representación del Estado, tales operaciones.
Se autoriza a los Organismos que figuran en el anexo IV de esta Ley por una cifra total de 291.500.104.000 pesetas, a concertar durante 1984 operaciones de crédito por el importe respectivo que en dicho anexo se indican, pudiendo, en los supuestos previstos en el apartado 6.º del número 1 de este artículo, refinanciar, modificar y/o sustituir operaciones de crédito concertadas en ejercicios anteriores, siempre que se autorice por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, con habilitación, en su caso, de los correspondientes créditos en el Presupuesto respectivo.
El Gobierno dará cuenta a las Comisiones de Presupuestos del Congreso y del Senado de todas y cada una de las autorizaciones de crédito realizadas al amparo de las contenidas en los números 1 y 3 de este artículo.
Las emisiones de Deuda del Tesoro mantendrán sus características de valores no aptos para dar derecho a desgravaciones fiscales, cualquiera que fuera su plazo de amortización.
El crédito concedido por el Banco de España al Tesoro público durante el ejercicio de 1983 se consolida por idéntica cuantía en un crédito de dicho Banco al Tesoro, de la naturaleza prevista en el artículo 21 del Decreto-ley de nacionalización del Banco de España.
Se faculta al Gobierno para que, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, proceda, por razones de política monetaria, a emitir Deuda del Tesoro sobre la autorizada en los números 1 y 6 de este artículo, hasta un importe igual al de los certificados de regulación monetaria emitidos por el Banco de España, en circulación a 31 de diciembre de 1983. Dicha Deuda se contabilizará en una cuenta especial de Operaciones del Tesoro, cuyo saldo se aplicará a la amortización de los pagarés emitidos en virtud de esta autorización, contabilizándose sus intereses en el capítulo correspondiente del Presupuesto.
La dotación global del Tesoro al crédito oficial en el ejercicio de 1984 podrá alcanzar la cifra de 324.000 millones de pesetas.
A la dotación señalada en el número anterior habrán de adicionarse las cantidades que expresamente aprueben las Cortes Generales para la concesión de créditos del Estado español a otros Estados o Instituciones extranjeras y la ejecución se canalizará a través del Instituto de Crédito Oficial.
La dotación al Fondo de Ayuda al Desarrollo, previsto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 16/1976, de 24 de agosto, será de 22.000 millones de pesetas para 1984. La instrumentación y la administración de las operaciones con cargo al mismo realizarán por el Instituto de Crédito Oficial.
– – – 200.000 16,14
200.000 16,14 32.280 200.000 17,22
400.000 16,68 66.720 200.000 18,30
600.000 17,22 103.320 200.000 19,38
800.000 17,76 142.080 200.000 20,46
1.000.000 18,30 183.000 400.000 22,08
1.400.000 19,38 271.320 400.000 24,24
1.800.000 20,46 368.280 400.000 26,40
2.200.000 21,54 473.880 400.000 28,56
2.600.000 22,62 568.120 400.000 30,72
3.000.000 23,70 711.000 400.000 32,88
3.400.000 24,78 842.520 400.000 35,04
3.800.000 25,86 982.680 400.000 37,20
4.200.000 26,94 1.131.480 400.000 39,36
4.600.000 28,02 1.288.920 400.000 41,52
5.000.000 29,10 1.455.000 400.000 43,68
5.400.000 30,18 1.629.720 400.000 45,84
5.800.000 31,26 1.813.080 400.000 48,00
6.200.000 32,34 2.005.080 400.000 50,16
6.600.000 33,42 2.205.720 400.000 52,32
7.000.000 34,50 2.415.000 400.000 54,48
7.400.000 35,58 2.632.920 400.000 56,64
7.800.000 36,66 2.859.480 400.000 58,80
8.200.000 37,74 3.094.680 400.000 60,96
8.600.000 38,82 3.338.520 400.000 61,00
9.000.000 39,81 3.582.520 400.000 61,50
9.400.000 40,73 3.828.520 400.000 62,00
9.800.000 41,60 4.076.520 400.000 62,50
10.200.000 42,42 4.326.520 400.000 63,00
10.600.000 43,19 4.578.520 400.000 63,50
11.000.000 43,93 4.832.520 400.000 64,00
11.400.000 44,64 5.068.520 400.000 64,50
11.800.000 45,31 5.346.520 400.000 65,00
12.200.000 45,96 5.606.520 en adelante 66,00
2. La cuota íntegra de este impuesto, resultante por aplicación de la escala, no podrá exceder, para los sujetos por obligación personal del 46 por 100 de la base imponible ni, conjuntamente, con la cuota correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio Neto, del 70 por 100 de dicha base. A estos efectos, no se tendrá en cuenta la parte del Impuesto sobre el Patrimonio que corresponda a elementos patrimoniales que, por su naturaleza o destino, no sean susceptibles de producir los rendimientos comprendidos en los artículos 14 al 18 de esta Ley. Para la debida aplicación de esta limitación, la declaración y liquidación de ambos impuestos se realizaran simultáneamente.
Artículo 29. De la cuota que resulte de la aplicación de la tarifa se deducirá:
A los contribuyentes por obligación real no les serán de aplicación las deducciones contenidas en este artículo, salvo las previstas en las letras h), uno, segundo párrafo, j) y ll) del mismo.
Los tipos de gravamen aplicables en el Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios que se inicien dentro del año de 1984 serán los siguientes:
d) Las entidades a que se refiere el epígrafe e) del apartado 1 y del apartado 2 del artículo 5 de esta Ley tributarán al tipo del 18 por 100. Este tipo no afectará a los rendimientos que hayan sido objeto de retención, que limitarán su tributación, en cuanto a ellos, a la cuantía de ésta.
1. Los sujetos pasivos podrán deducir de la cuota líquida resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones por doble imposición y, en su caso, las bonificaciones a que se refiere el artículo 24 de esta Ley, el 12 por 100 del importe de las inversiones que efectivamente realicen en:
9. Lo dispuesto en el apartado anterior será igualmente aplicable a aquellas sociedades que tengan por objeto exclusivo la promoción o fomento de empresas mediante participación temporal en su capital.
Durante el mes de octubre de 1984, los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades por obligación personal, así como los establecimientos permanentes de entidades no residentes en España, efectuarán un pago anticipado a cuenta de la correspondiente liquidación del ejercicio en curso del 20 por 100 de la cuota a ingresar, si la hubiere, correspondiente al último ejercicio cerrado y cuyas cuentas anuales hayan debido aprobarse con anterioridad al 1 de octubre de 1984, o cuyo plazo de presentación de la declaración del impuesto finalice en la mencionada fecha.
Cuando el último ejercicio cerrado al que se hace referencia en el número anterior sea de duración inferior al año se tomará también la cuota correspondiente al ejercicio o ejercicios anteriores, en la parte que resulte proporcional hasta abarcar un período de doce meses.
El pago a cuenta a que se refiere el presente artículo tendrá la consideración de deuda tributaria, a efectos de la aplicación de las sanciones correspondientes a las infracciones tributarias y de la liquidación de intereses de demora, en los supuestos de falta de declaración o ingreso del mismo.
a) Ventas de fabricantes e industriales a comerciantes minoristas y consumidores finales 4,50
b) Ventas de comerciantes mayoristas 0,50
c) Ventas empresariales de inmuebles 4,50
d) Espectáculos públicos cinematográficos 4,50
e) Suministros de electricidad 6,00
Se prorroga para el año 1984 lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 9/1983, de 13 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1983.
Se eleva a 130 pesetas litro el precio establecido en el párrafo 1.º del apartado b), de la letra A), del artículo 29 del texto refundido del Impuesto sobre el Lujo.
Al amparo de lo establecido en la disposición final tercera de la Ley 39/1979, de 30 de noviembre, de los Impuestos Especiales, a partir de 1 de enero de 1984 los tipos de gravamen establecidos en los artículos 13 y 23 de la citada Ley, correspondientes a los epígrafes que se citan a continuación, serán los siguientes:
Epígrafe del artículo 13.
Epígrafes del artículo 23.
El gas natural, 0,001 pesetas por kilowatio/hora.
Los demás, presentados en estado gaseoso o líquido:
Cuyo hecho imponible sea la venta o entrega, 0,04 pesetas por kilowatio/hora.
Cuyo hecho imponible sea el autoconsumo por la propia empresa productora, 0,01 pesetas por kilowatio/hora.
Las naftas ligeras consumidas como combustibles en aquellas industrias que, debidamente autorizadas, también las utiliza como primera materia, exentas del impuesto, una peseta con 20 céntimos por litro.
Epígrafe 8, a), 1, 5 pesetas por litro más el 20 por 100 del precio de adquisición.
Epígrafe 8, b), 500 pesetas por tonelada.
Epígrafe 9, 2 y 21, 30 pesetas por kilogramo.
El tipo impositivo aplicable a los diferentes productos sustitutivos de las gasolinas, comprendidos en los epígrafes: 6, a) y c), 10, 1; 11, 1; 13, 1; 2 y 3 y 14, se fija en 20 pesetas por litro.
Se eleva a 12 pesetas por litro el tipo impositivo aplicable a los productos comprendidos en los epígrafes 9, 1, 3 y 4; 22; 23; 24; 25, y 26.
El precio de venta al público de las gasolinas de automoción, gasóleos y fuel-oils vigentes en la fecha de publicación de la presente Ley, no sufrirán variación con motivo de la entrada en vigor de los puntos 3, 5 y 6 de este apartado 3.
Con efectos de 1 de enero de 1984, hasta tanto se proceda a la revisión prevista en el artículo 3 del Real Decreto-ley 11/1979, de 20 de julio, y con referencia exclusiva a los valores no revisados o aquellos revisados que hubieran regido durante más de tres años, se actualizarán los valores catastrales de la Contribución Territorial Urbana en los inmuebles edificados aplicando el coeficiente 1,36 a los fijados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47, apartado 1, de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1981, o, en su caso, a los revisados con antigüedad superior a tres años, manteniéndose los valores indicados en los terrenos sin edificar.
Los citados valores actualizados tendrán plena eficacia en 1984 y ejercicios posteriores, en relación con la Contribución Territorial Urbana e Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas.
Será de aplicación lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 del antedicho artículo 47 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre.
Se prorroga para el año 1984 lo dispuesto en los números uno y dos del artículo 35 de la Ley 9/1983, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes.
Haciendo uso de lo establecido en la Disposición final primera de la Ley 15/1971, de 2 de octubre, sobre Derechos Aeroportuarios de los aeropuertos nacionales, se revisan los tipos de gravamen de las tasas fijadas en la misma y modificados por el artículo 35 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1983, quedando fijados, con efectos de 1 de abril de 1984, en las siguientes cuantías:
Suministros de combustibles o lubricantes:
Gasolina de aviación 0,405
Queroseno 0,238
Aceite 0,405
Autobuses 200
Automóviles 80
Salida de viajeros, en tráfico internacional, 475 pesetas por viajero.
Las tasas del Ministerio del Interior que se expresan a continuación se devengarán, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, por las siguientes cuantías:
Aperturas de establecimientos de armas, cartuchería, explosivos, polvorines, casas de compra-venta y de más que requieran autorización gubernativa:
Por expedición de pasaportes: 1.000 pesetas.
Por expedición del Documento Nacional de Identidad: 400 pesetas.
Los límites establecidos en los artículos 59 y 60 de la Ley General Presupuestaria se aplicarán a los créditos de los Presupuestos Generales del Estado, tanto en su clasificación orgánica y económica como por programas.
Las modificaciones de los créditos iniciales del Presupuesto se ajustarán a lo dispuesto en la Ley General presupuestaria con las variaciones que resultan de los artículos siguientes.
Todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente el programa, servicio y concepto económico afectado por la misma.
No afectarán a créditos ampliables, ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
No minorarán créditos para gastos destinados a subvenciones nominativas, ni los que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias.
No determinarán aumento de créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando tales transferencias se deriven del traspaso de competencias a Comunidades Autónomas o afecten a créditos de personal.
Los titulares de los Departamentos Ministeriales podrán autorizar, previo informe de la Intervención Delegada correspondiente y en relación con el Presupuesto de su Ministerio y de los Organismos Autónomos de él dependientes, las siguientes modificaciones presupuestarias:
Entre créditos del Capítulo I.
Entre créditos del Capítulo II, excepto las dotaciones para servicios nuevos.
Entre créditos del Capítulo VI.
Entre créditos del Capítulo VII.
Entre créditos de un mismo programa y Servicio.
Entre créditos de un mismo programa y correspondientes a varios Servicios del Departamento.
Entre créditos correspondientes a un mismo o distintos servicios e incluidos en varios programas del Departamento.
Generación de créditos:
Incorporaciones de créditos:
Ampliación de créditos:
Una vez acordadas por el Ministerio respectivo las modificaciones presupuestarias incluidas en el número anterior, se remitirán al Ministerio de Economía y Hacienda para instrumentar su ejecución.
Resolver los expedientes de las modificaciones presupuestarias en los supuestos previstos en el artículo 44, caso de discrepancia del Ministerio respectivo con el informe de la Intervención Delegada.
Autorizar los demás supuestos de modificación presupuestaria contemplados en los artículos 68 y 70 de la Ley General Presupuestaria, modificados en los artículos anteriores de esta Ley, y en los artículos 71 a 73 de aquella Ley, no comprendidos en el artículo 43, así como las transferencias de créditos de personal que afecten a programas de diversos Departamentos ministeriales u Organismos Autónomos.
Autorizar las transferencias de créditos que resulten procedentes en favor de las Comunidades Autónomas, en los supuestos en que los respectivos Decretos de traspaso de servicios concreten las partidas y cuantías a transferir.
Autorizar las transferencias de créditos de las dotaciones de inversiones que, por razón de su naturaleza o finalidad, pudieran tener como destinatarias a las Corporaciones locales mediante los sistemas de cooperación que entre el Estado y las mismas pudieran establecerse. La transferencia podrá acordarse a propuesta de la Comisión Nacional de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, autorizándose la apertura de los correspondientes conceptos en la unidad de la Administración que tenga a su cargo la gestión de los créditos.
Autorizar las transferencias que resulten procedentes de créditos de operaciones de capital entre los Capítulos VI y VII de diferentes servicios y programas en los Presupuestos de los Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo, Agricultura, Pesca y Alimentación, y Transportes, Turismo y Comunicaciones.
Autorizar las transferencias de créditos que para adquisición de equipos informáticos figuren en el capítulo VI de los Departamentos y Organismos al capítulo II, en el supuesto de que su utilización se concierte en alquiler.
Las que resulten precisas para dar cumplimiento a lo previsto en la disposición final quinta de esta Ley, con creación de los conceptos presupuestarios necesarios.
Autorizar la incorporación al Presupuesto de 1984, en relación con el de 1983 y para ejercicios sucesivos respecto del precedente, de los remanentes de crédito, cualquiera que sea el capítulo en que se produzcan, siempre que procedan de dotaciones fijadas en cumplimiento de la Ley 44/1982, de 7 de julio. De tales incorporaciones se dará cuenta a las Comisiones de Presupuestos del Congreso y del Senado.
Corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda y a iniciativa del Departamento o Departamentos ministeriales afectados, la autorización de transferencias de créditos entre programas de distintos Departamentos ministeriales u Organismos Autónomos, con la excepción de lo previsto en la letra B) del artículo anterior.
Corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, autorizar las siguientes transferencias:
Entre todos los programas, servicios, capítulos, artículos y conceptos del Presupuesto de gastos del Ministerio de Defensa en cuanto resulten necesarias como consecuencia de reorganizaciones en el mismo y se refieran a dotaciones del personal de las Fuerzas Armadas o se trate de créditos dotados en aplicación de la Ley 44/1982, sobre dotaciones presupuestarias para inversiones y sostenimiento de las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de esta Ley.
Entre programas, capítulos, artículos y concepto del servicio «Dirección de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior».
Las que resulten procedentes en favor de las Comunidades Autónomas de los créditos correspondientes a las funciones y servicios del Estado y organismos autónomos que legalmente hayan sido transferidos a los mismos o se vayan transfiriendo en el futuro, y en los supuestos no contemplados en la letra C) del artículo anterior.
Las que, si la aplicación de la Ley General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa lo hiciera preciso, se promuevan por el Ministerio de Educación y Ciencia para poder hacer frente a las necesidades del curso escolar 1984/1985, y particularmente a las de los centros estatales y a las subvenciones a centros con un interés social especial para zonas rurales y deprimidas. Las que se refieren a subvenciones no podrán superar en ningún caso el límite que supone el gasto del puesto escolar estatal deducido de los gastos que el propio Ministerio de Educación dispone para la enseñanza estatal.
Las transferencias de remanentes de créditos que puedan producirse en el capítulo VIII del Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social correspondientes a la Unidad Administrativa del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, como consecuencia de los convenios con entidades de crédito para la subvención de intereses, al capítulo IV del mismo servicio presupuestario, para atenciones derivadas del Programa de Fomento del Empleo.
Las que, en su caso, se deriven de lo dispuesto en el número cinco del artículo 3 de esta Ley.
De las transferencias de créditos entre programas de un mismo Departamento o de distintos Departamentos ministeriales se dará cuenta inmediata a las Comisiones de Presupuestos del Congreso de los Diputados y del Senado, acompañándose una justificación o Memoria explicativa de los cambios producidos.
Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el período de que deriven; y
Las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de diciembre del correspondiente ejercicio, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general realizados dentro del mismo y con cargo a los respectivos créditos.
El Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural correspondiente.
Todos los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a la liquidación del Presupuesto quedarán a cargo del Tesoro Público según sus respectivas contracciones.
La cuenta de la Administración general del Estado comprenderá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio, y constará de las siguientes partes:
Un estado demostrativo de la evolución y situación de los valores a cobrar y obligaciones a pagar procedentes de ejercicios anteriores.
Un estado relativo a la evolución y situación de los anticipos de Tesorería a que se refiere el artículo 65 de la Ley General Presupuestaria.
Un estado de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros, al amparo de la autorización contenida en los párrafos dos y tres del artículo 61 de la Ley Presupuestaria, con detalle de los ejercicios afectados.
Cuenta general de Tesorería que ponga de manifiesto la situación del Tesoro y las operaciones realizadas por el mismo durante el ejercicio.
Un estado que refleje la evolución y situación de los recursos locales e institucionales administrados por la Hacienda Pública.
Cuenta General de la Deuda Pública.
La percepción de la pensión de jubilación de los distintos regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad retribuida en cualesquiera Administraciones Públicas y Organismos constitucionales. Consecuentemente, acabada la situación de incompatibilidad descrita, se rehabilitará la percepción de la pensión reconocida.
Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para dictar las disposiciones que fueran necesarias para la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en el número anterior.
Los sujetos responsables deberán ingresar las cuotas de la Seguridad Social dentro del plazo de recaudación en período voluntario.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, los sujetos responsables que no ingresarán las cuotas correspondientes deberán presentar, ineludiblemente, los documentos de cotización.
El cumplimiento de lo establecido en el número dos de este artículo permitirá a los empresarios compensar las cantidades abonadas como consecuencia de su colaboración obligatoria con la Seguridad Social, correspondientes al mismo período al que se refieran los documentos de cotización. A tales efectos, las mencionadas cantidades se estimarán como ingreso a cuenta del total de las cuotas devengadas cualquiera que sea el momento de su pago. Asimismo, procederá la compensación cuando las cuotas se ingresen fuera del plazo de recaudación en período voluntario, pero antes de su reclamación mediante requerimiento, acta de liquidación o expedición de certificación de descubierto.
Las Tesorerías Territoriales de la Seguridad Social previamente a la expedición de la certificación de descubierto deberán reclamar la deuda mediante notificación de descubierto, al sujeto responsable que no hubiera ingresado las cuotas correspondientes habiendo presentado los documentos de cotización y/o, en su caso, ingresado solamente la aportación de los trabajadores.
Las cuotas de la Seguridad Social que se ingresen fuera del plazo de recaudación en período voluntario, pero antes de la expedición de certificación de descubierto, se abonarán con los siguientes recargos:
Recargo de mora del 5 por 100 de la deuda, si abonaran las cuotas debidas antes de su reclamación mediante notificación de descubierto.
Recargo de mora del 10 por 100 de la deuda si abonaran las cuotas debidas después de su reclamación mediante notificación de descubierto.
Recargo de mora del 10 por 100 de la deuda, si abonaran las cuotas debidas antes de su reclamación mediante requerimiento o acta de liquidación.
Recargo del 15 por 100 de la deuda, si abonaran las cuotas debidas después de su reclamación mediante requerimiento o acta de liquidación.
Se incrementarán con un recargo de mora del 10 por 100 los recursos de la Seguridad Social que no tengan la naturaleza de cuotas o recargo sobre las mismas, que se ingresen fuera de los plazos que reglamentariamente tengan establecidos en las normas que los regulan o, si no tuviera previsto dicho plazo, después del último día del mes siguiente a aquel en que se notifique su liquidación, pero antes de la expedición de certificado de descubierto.
Los recursos de la Seguridad Social que se ingresen una vez expedida la certificación de descubierto se incrementarán con un recargo de apremio del 20 por 100 del importe de la deuda.
Los recargos de mora y apremio se ingresarán conjuntamente con los recursos de la Seguridad Social sobre los que recaen.
Los recargos de mora que se regulan en el presente artículo serán incompatibles entre sí y con el de apremio.
Lo dispuesto en el presente artículo en materia de recargos será aplicable a los ingresos de cuotas que se realicen a partir de su fecha de entrada en vigor, salvo que dichas cuotas hubieran sido objeto de reclamación mediante requerimiento, acta de liquidación o expedición de certificación de descubierto, en cuyo caso el recargo será el que figure en dichos documentos.
Las cuotas de desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, mientras se recauden e ingresen conjuntamente con las de la Seguridad Social, podrán ser aplazadas o fraccionadas en la forma, condiciones y requisitos establecidos para las cuotas de la Seguridad Social.
A las oposiciones para ingreso en los Cuerpos Especiales de Inspectores Financieros y Tributarios del Estado, a través de la Escuela de Inspección Financiera y Tributaria, de Inspectores de Aduanas e Impuestos Especiales, a través de la Escuela Oficial de Aduanas, y de Intervención y Contabilidad de la Administración Civil del Estado, podrán concurrir, en las condiciones especiales que se determinarán reglamentariamente, y con el 25 por 100 de las vacantes que se convoquen, los funcionarios del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, en activo o supernumerario, en cualquiera de las especialidades, que estén en posesión del título académico requerido para el ingreso en aquellos Cuerpos y cuenten con un mínimo de tres años de servicios efectivos en el Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública en cualquiera de sus especialidades.
Durante tres años se podrán nombrar funcionarios interinos para cubrir las plazas vacantes en el Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Administración Civil del Estado. Estos funcionarios cesarán en el momento en que la plaza ocupada sea provista por los correspondientes procedimientos selectivos.
La base de cotización y la base reguladora o haber regulador para la determinación de las prestaciones básicas que se modulan en función de tales conceptos retributivos, serán las establecidas para la Administración civil del Estado.
Con efectos desde 1 de enero de 1984 y para las prestaciones que se causen a partir de dicha fecha, la base reguladora o haber regulador de las prestaciones básicas no podrá ser inferior al que hubiera correspondido al ejercicio de 1982, calculado conforme a las reglas y cuantías de sueldos, trienios, grados y pagas extraordinarias vigentes en dicho ejercicio incrementadas en un 19,81 por 100.
Las reglas de la Administración del Estado establecidas en esta Ley de Presupuestos sobre Créditos de Haberes Pasivos se aplicarán a los supuestos análogos previstos en la legislación aplicable por la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local.
El personal activo y pasivo de las Entidades relacionadas en el artículo 2, apartado 2, y de las Empresas o Sociedades mencionadas en el apartado 1, g) del artículo 9 que, estando comprendido en el campo de aplicación de la Seguridad Social, viniera recibiendo la acción protectora obligatoria en la forma a que hace referencia la disposición transitoria sexta, apartado 7, de la Ley General de la Seguridad Social, se integrará durante 1984 en los correspondientes Regímenes del Sistema de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en la citada Disposición.
La protección dispensada por estas Entidades que exceda de la que correspondería por aplicación de las normas del Régimen de que se trate, o que consista en prestaciones no incluidas en la acción protectora de la Seguridad Social, tendrá carácter complementario, rigiéndose por su normativa específica en orden al reconocimiento y cálculo de prestaciones, si bien quedará condicionada su efectividad a la existencia de disponibilidades financieras en la propia Entidad.
Las Entidades Públicas mencionadas en el apartado 1 no financiarán los déficits que puedan experimentar las Entidades de Previsión, una vez satisfecho el coste de la integración por el mantenimiento de sus prestaciones complementarias.
La cuantía total de las prestaciones derivadas de los números anteriores que resulten concurrentes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley, se adecuará en todo caso a lo establecido en dicho artículo y en el artículo 12 de esta Ley sobre normas limitativas del crecimiento de pensiones.
Se prorroga para el ejercicio de 1984 la facultad de los Ayuntamientos para optar, de acuerdo con lo prevenido en el párrafo tres de la disposición adicional 13 de la Ley 9/1983, de 13 de julio, para que el cobro en período voluntario de las deudas que vienen recaudándose por recibo y que corresponden a las contribuciones territoriales rústica, pecuaria y urbana, así como a las licencias fiscales de actividades comerciales e industriales y de profesionales y artistas, se realice por el procedimiento y Órganos recaudadores con que actualmente se efectúa.
Dicha opción se entenderá ejercitada de forma automática por los Ayuntamientos, excepto por aquellos que hubieran asumido la recaudación de los citados tributos en 1983 o por los que así lo acuerden en Pleno y lo comuniquen al Ministerio de Economía y Hacienda antes del día 1 de marzo de 1984.
No les resultará aplicable el régimen de transparencia fiscal cuando sus acciones y certificados de participación figuren admitidos a cotización oficial en Bolsa.
Las referencias contenidas en los textos refundidos a los impuestos a cuenta se entenderán realizadas a las retenciones a cuenta.
Los socios, tanto personas físicas como jurídicas, aplicarán la deducción por doble imposición sobre los dividendos y participaciones en beneficios al tipo señalado para las personas físicas.
Cuando se trate de bienes de valor inferior a 5 millones de pesetas, la enajenación directa podrá ser acordada por el Ministro de Economía y Hacienda.
[precepto]Decimocuarta.
Las sociedades mercantiles en cuyo capital, la participación, directa o indirecta, de la Administración del Estado o de sus organismos autónomos sea mayoritaria.
Las Entidades de Derecho Público, con personalidad jurídica, que por Ley hayan de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado.
[precepto]Decimoquinta.
A afectos de realizar las actuaciones de control financiero previstas en el artículo 17 de la Ley General Presupuestaria, la Intervención General de la Administración del Estado elaborará un plan anual de Auditorías, en el que se irán incluyendo la totalidad de los organismos autónomos y de las sociedades estatales. Para la ejecución del mismo se podrá recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría, que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine dicho centro directivo, el cual podrá efectuar las revisiones y controles de calidad que considere oportuno. Para recabar dicha colaboración será necesaria una Orden del Ministro de Economía y Hacienda en la que se especificará la insuficiencia de los servicios de la Intervención General de la Administración del Estado que justifique dicha colaboración.
La Intervención General de la Administración del Estado determinará los actos, documentos o expedientes sobre los que la función interventora, a que se refieren los artículos 16 y 93 de la Ley General Presupuestaria, podrá ser ejercida sobre una muestra y no sobre el total de la población. Este Centro determinará, asimismo, los procedimientos a aplicar para la selección, identificación y tratamiento de la muestra, de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información y propondrá la toma de decisiones que puedan derivarse del ejercicio de esta función.
[precepto]Decimosexta.
[precepto]Decimoséptima.
[precepto]Decimoctava.
[precepto]Decimonovena.
[precepto]Vigésima.
[precepto]Vigésima primera.
[precepto]Vigésima segunda.
Los funcionarios civiles y militares y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que resulten inutilizados para el servicio o fallezcan, como consecuencia de actos terroristas, causaran en su propio favor o en el de sus familias las pensiones extraordinarias previstas en los artículos 1.º y 2.º de la Ley 9/1977, de 4 de enero, sin que les sean de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 12 de esta Ley.
Lo dispuesto en el número anterior será de aplicación con efectos de 1 de enero de 1984, tanto respecto a las pensiones ya causadas como a las que pudieran causarse en 1984.
[precepto]Vigésima tercera.
[precepto]Vigésima cuarta. Transferencias de crédito a las Comunidades Autónomas.
El Gobierno remitirá a las Cortes, antes del 1 de abril de 1984, un proyecto de Ley que fije el porcentaje de participación de cada Comunidad Autónoma, para el ejercicio de 1984, en la recaudación de los impuestos estatales no susceptibles de cesión para garantizar la financiación de los servicios transferidos hasta 31 de diciembre de 1983.
Los créditos que figuran en la sección 32.ª del Estado de gastos «Entes Territoriales», a favor de las Comunidades Autónomas tendrán la consideración de entrega a cuenta de los que resulten de la aplicación de los porcentajes de participación a que se refiere el número anterior.
ANEXO I Modificaciones presupuestarias especiales
A autorizar por el Ministerio de Economía y Hacienda:
Transferencias del crédito 20.10.611 del programa 179 del Ministerio de Industria y Energía, al concepto 257, para desarrollar el programa de actuaciones medioambientales establecido conforme a los programas de actuaciones.
Transferencias de crédito del concepto 23.11.161 del Presupuesto del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, a los artículos 11 y 12 del mismo servicio, para dar cumplimiento a lo establecido en la disposición final tercera de la Ley 41/1979.
Transferencias de crédito del concepto 23.11.181 del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones a los artículos 11 y 12 del mismo servicio, así como las que resulten necesarias entre conceptos de los citados artículos, como consecuencia del cumplimiento de lo establecido en la disposición final tercera de la Ley 41/1979 y en virtud del cambio de situación administrativa del personal de complemento que preste servicios docentes en la Escuela Nacional de Aeronáutica.
Transferencias de crédito del concepto 23.07.621, programa 255 del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, al concepto 23.07.257.
Transferencias de crédito al concepto 23.04.172 del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, desde todos los conceptos de los artículos 11 y 12 del mismo servicio, cuando resulte necesario como consecuencia de retraso en la provisión de plantillas.
Transferencias de crédito del concepto 31.02.128, «Gastos de diversos Ministerios», incluso mediante la creación de nuevos conceptos que proceda en las distintas Secciones, pudiendo adscribirse asimismo por acuerdo del Ministerio de Economía y Hacienda.
Transferencias de crédito del concepto 31.02.128, mediante la creación de conceptos nuevos, cuando proceda a las distintas Secciones, pudiendo adscribirse los créditos por acuerdo del Ministerio de Economía y Hacienda.
Transferencias de crédito del concepto 31.02.241, «Gastos de diversos Ministerios», a las distintas Secciones, pudiéndose adscribir por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Transferencias del crédito 31.02.257, incluso con la creación en su caso de los conceptos necesarios a las distintas Secciones, pudiéndose adscribir por acuerdo del Ministerio de Economía y Hacienda si la cuantía de la operación no supera los 10 millones de pesetas.
Las modificaciones necesarias en el Presupuesto del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CEDETI), para adaptarlo a lo dispuesto en el artículo 36 y Disposición final primera del Real Decreto-ley 8/1983, de 30 de noviembre.
A autorizar por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda:
Transferencias de crédito entre los conceptos 442 y 473 del servicio 01 del programa 243, «Reconversión industrial», del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Transferencias de crédito del concepto 21.01.434 del programa 217 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al concepto 21.01.434.
Transferencias de crédito del concepto 21.010.435, del programa 222 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al concepto 21.01.434.
Transferencias de crédito del concepto 21.08.473 del programa 224 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al concepto 21.07.472.
Transferencias de crédito o adscripciones en su caso del concepto 31.02.257, «Gastos de diversos Ministerios», cuando la cuantía de la operación este comprendida entre 10 y 25 millones de pesetas.
Transferencia de crédito de los conceptos del capítulo cuarto del servicio 02, de la Sección 31, o adscripción, en su caso, incluso, con la creación de nuevos conceptos al capítulo cuarto de las distintas secciones y servicios.
Transferencias de crédito incluso con la creación de conceptos nuevos o adscripción, de los consignados en todos los conceptos del capítulo 6 del servicio 02 de la sección 31, «Gastos de diversos Ministerios», a los conceptos del capítulo 6 de las distintas secciones y servicios.
Transferencias entre sí de todos los conceptos del servicio 02, de la sección 31, «Gastos de diversos Ministerios», cualquiera que sea el capítulo a que pertenezca. De igual forma, podrá autorizar las transferencias a los conceptos del servicio 02 de la sección 31, habilitándose a tal efecto los conceptos que sean necesarios, de las dotaciones no utilizadas en los programas de las distintas secciones para su reasignación.
Aplicable a todas las secciones y programas del Presupuesto del Estado y de los Organismos estatales:
Las cuotas de la Seguridad Social y el complemento familiar (ayuda o indemnización familiar), de acuerdo con los preceptos en vigor, el subsidio familiar del personal adscrito a los servicios del Estado con derecho a su percibo, así como la aportación del Estado al régimen de previsión social de los funcionarios publicos, civiles o militares, establecidos por las Leyes 28/1975 y 29/1975, de 27 de junio, y Real Decreto-ley 16/1978, de 7 de julio, y la aportación del Estado para atender las obligaciones derivadas de lo dispuesto en los Reales Decretos-leyes 23/1977, de 1 de abril, y 31/1977, de 2 de junio.
Las dotaciones de personal que hayan sido minoradas en los respectivos créditos por las vacantes existentes o por retraso en la provisión de las mismas, en la medida en que tales vacantes sean cubiertas de conformidad con la legislación aplicable o se encuentren afectas a servicios de la Administración Central o periférica del Estado transferidos a las Comunidades Autónomas.
Los créditos cuya cuantía se modulen por las recaudación obtenida en tasas o exacciones parafiscales que doten conceptos integrados en los respectivos presupuestos.
Las prestaciones reglamentarias y obligatorias del régimen de previsión de los funcionarios publicos.
Las dotaciones que se detallan a continuación, referidas exclusivamente a Organismos autónomos de carácter comercial, industrial o financiero:
Los previstos para subvenciones corrientes, cuando estén previamente restablecidos, que hayan de fijarse en función de los ingresos realizados.
Los créditos que sean necesarios en los presupuestos de los Organismos, como consecuencia de las operaciones financieras que se detallan en el anexo IV, así como las repercusiones que en los citados presupuestos tengan las operaciones de transferencias que autoriza esta Ley y la Ley General Presupuestaria.
Aplicables a las secciones y a los Organismos que se indican:
En la sección «Deuda Publica», los que se destinen al pago de intereses, amortización de principal y gastos derivados de la «Deuda Publica», considerará ésta en los términos contenidos en el artículo 101 de la Ley General Presupuestaria. Los pagos indicados se aplicaran, cualquiera que sea el vencimiento a que correspondan, a los respectivos créditos del ejercicio económico de 1984.
En la sección, «Clases Pasivas», los relativos a obligaciones de «CIases Pasivas», tanto por devengos correspondientes al ejercicio corriente como a ejercicios anteriores.
En la sección 15, «Ministerio de Economía y Hacienda», los destinados al pago de los premios de cobranza de las contribuciones, impuestos y arbitrios cuya recaudación está a cargo de la Hacienda Publica y al de premios o participaciones en función de la recaudación en las condiciones que los propios conceptos determinen, así como al de los efectos timbrados, billetes, listas y demás documentos que pueda requerir la administración y cobranza de contribuciones y tasas del Estado.
En la sección 15, «Ministerio de Economía y Hacienda», los destinados a subvencionar al Instituto de Crédito Oficial para operaciones derivadas del Real Decreto-ley 6/1982, así como para atender las finalidades previstas en la Ley 11/1983.
En la sección 15, «Ministerio de Economía y Hacienda», los destinados al pago de las obligaciones que se deriven del artículo 2.º 1 de la Ley 53/1980, de 20 de octubre y del artículo 4.º de la Ley 10/1970, de 4 de julio.
En la sección 16, «Ministerio del Interior», los destinados al pago de indemnizaciones, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 3/1979, así como los que se deriven de los daños a terceros en relación con los artículos 40 y 41 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, texto refundido de 26 de junio de 1957.
En el presupuesto del Organismo autónomo «Patronato de Promoción de la Formación Profesional», los créditos destinados a los fines que el mismo financia con fondos procedentes de la cuota de Formación Profesional.
En la sección 19, «Ministerio de Trabajo y Seguridad Social»:
Los destinados a subvencionar al Organismo autónomo «Instituto Nacional de Empleo», para completar los recursos aportados por el Estado a las prestaciones de desempleo, según la participación que al mismo corresponde en los pagos habidos en dicha contingencia, facultad que es extensiva en cuanto a la repercusión que en el presupuesto del indicado Organismo deban tener la recepción de estas subvenciones y de cuantos recursos reciba para la misma finalidad en función de la legislación vigente sobra la contingencia de desempleo.
El crédito 17.01.257.1 para el pago de las obligaciones que se derivan del artículo 56.5 de la Ley 8/1980, Estatuto de los Trabajadores.
En el presupuesto del Organismo autónomo «Fondo de Garantía Salarial», el crédito destinado a atender las obligaciones que le impone la Ley 8/1980, del Estatuto de los Trabajadores, financiado con entregas de la Tesorería General de la Seguridad Social a cuenta de la cuota establecida al efecto.
En la sección 20, «Ministerio de Industria y Energía», los conceptos 20.06.472 podrán ser ampliados en función de las previsiones del contrato programa y posibles desviaciones que se produzcan con relación a éste.
En la sección 23, «Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones», los destinados al pago de las siguientes atenciones:
Gastos de transferencias, certificaciones, sellos, giros y otros análogos de los servicios de giro nacional.
Indemnizaciones reglamentarias por perdidas o sustracciones de correspondencia, certificada o asegurada, de fondos y efectos del giro y demás derivados con relación a expedientes que se resuelvan dentro del ejercicio.
Saldos de la correspondencia telegráfica, radiotelegráfica o telefónica intercional o interior, cuyas cuentas se liquiden durante el ejercicio.
Nivelación del capital del giro por los quebrantos sufridos a causa de extravíos, fraude, robo o incidencia del servicio.
En la sección 24, «Ministerio de Cultura», el destino a dotar el «Fondo de Protección a la Cinematografía y Teatro», en función de la recaudación que se realice en el Tesoro por los distintos recursos que conforme a la legislación en vigor, sirvan de base para determinar el cifrado de dicho crédito.
En la sección 26, «Ministerio de Sanidad y Consumo», en el presupuesto del Organismo autónomo Administración Institucional de la Sanidad Nacional, los subconceptos 02 y 03 del concepto 257, «Gastos diversos», Tales créditos podrán ampliarse por el importe de los ingresos obtenidos en la venta de los productos, sin que en ningún caso el crédito disponible supere al dotado inicialmente.
En la sección 31, «Gastos de diversos Ministerios»:
El concepto 31.02.241 «Dietas, locomoción y traslados».
El concepto 31.02.868 «Anticipos reintegrables a los funcionarios trasladados a las Comunidades Autónomas».
El concepto 31.07.471 «Cobertura, perdidas en los préstamos excepcionales al amparo del artículo 37 de la Ley de Crédito Oficial».
El concepto 31.07.472 «Cobertura, perdidas en los créditos para el desarrollo ganadero, al amparo de los Convenios con el BIRD».
En la sección 32, «Entes territoriales», los destinados al pago de.
Participación de las Corporaciones Locales en Impuestos del Estado, en función de la recaudación obtenida en 1983 y sólo en la medida que exija la liquidación definitiva de las entregas a cuenta en dicho ejercicio.
Transferencias a Comunidades Autónomas por el mayor importe de la cuantificación provisional o definitiva del coste efectivo de los servicios transferidos, sobre el crédito consignado en esta Sección, cuando esta diferencia no aparezca dotada formando parte de los créditos del Departamento u Organismo del que las competencias proceden.
Créditos ampliables en el presupuesto de la Seguridad Social:
Los destinados al pago de pensiones de todo tipo, subsidios por incapacidad laboral transitoria o invalidez provisional, prestaciones de protección a la familia reglamentariamente establecidas, las entregas únicas, los subsidios de recuperación, siempre que en estos dos últimos casos se encuentren establecidos reglamentariamente y sea obligatorio y no graciable su pago por parte de la Seguridad Social.
Los que amparan la constitución de capitales renta para el pago de pensiones.
La indemnización por residencia que devengue el personal en los puntos en que se haya reconocido este derecho conforme a la legislación vigente.
Las cuotas de la Seguridad Social.
Los créditos destinados al pago de retribuciones, en cuanto precisen ser incrementados como consecuencia de elevaciones salariales dispuestas durante el ejercicio por modificaciones del salario mínimo interprofesional establecido con carácter general por aplicación del Reglamento de Trabajo, ordenanzas, convenios colectivos o decisiones arbitrales obligatorias que sean de aplicación al personal de carácter laboral.
Los que regulen en función de la recaudación obtenida y que doten conceptos específicos en el Presupuesto de Gastos.
ANEXO III Normas de gestión y control de los créditos presupuestarios afectados por los servicios transferidos a las Comunidades Autónomas
Antes del día 30 de abril del año 1984 deberán realizarse las operaciones necesarias para diferenciar los créditos presupuestarios afectados por los traspasos de servicios a las Comunidades Autónomas, realizados hasta el 31 de diciembre de 1983, y que forman parte del coste efectivo de los servicios transferidos con la necesaria información simultánea sobre:
Ministerio u Organismo encargado de la gestión presupuestaria en el origen.
Comunidad Autónoma afectada.
Capítulo del Presupuesto de Gastos afectado.
Cuantificación de los créditos según la naturaleza del gasto.
Referencia al Real Decreto de transferencia y materia transferida.
Los créditos presupuestarios a que se hace referencia en la norma anterior sólo podrán ser utilizados para su pago por transferencia a cada Comunidad Autónoma, para proceder a su anulación en la forma que se establezca, o para cubrir los gastos que sean necesarios realizar por cuenta de los mencionados entes territoriales hasta que se produzca la efectiva asunción de los medios y personal incluidos en cada Real Decreto de transferencia.
El sistema tradicional foral de concierto o convenio económico excluye del régimen general de financiación a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra. No obstante, aquellos Organismos autónomos que posean medios financieros no dependientes de la financiación a través del Presupuesto de Gastos del Estado, y que como consecuencia de las competencias asumidas por las citadas Comunidades Autónomas hayan de realizar transferencias financieras a las mismas, deberán atenerse a lo dispuesto en las normas 7.ª y 8.ª
Que lo preceptuado en la norma primera que afecte a los servicios y Organismos del Estado y que sea aplicable a todas las Comunidades Autónomas, se instrumentará en su caso, para el País Vasco y Navarra, exclusivamente para el ejercicio presupuestario en el que se asuman las competencias correspondientes, cuantificando los créditos mediante el sistema general establecido en orden al cálculo de las cargas asumidas.
Que los Organismos autónomos que no reciban en exclusiva de los Presupuestos del Estado los fondos necesarios para la gestión de los servicios transferidos, deberán instrumentar los sistemas que sean aplicables al régimen general de financiación, incluyendo los de gestión y control presupuestarios, al objeto de realizar las transferencias financieras que procedan a favor del País Vasco y Navarra, a través de la sección 32 del Presupuesto de Gastos del Estado.
Las Comunidades Autónomas que tengan cedidos o a las que se cedan en 1984 los tributos a que se refiere la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, y su respectivo Estatuto de Autonomía, se harán cargo del pago y gestión de todas las obligaciones inherentes a la administración de los medios transferidos, tanto personales como materiales, afectos a los servicios traspasados a las mismas hasta la entrada en vigor de esta Ley.
Las tasas afectadas al coste de los servicios transferidos en todo o en parte, que no sean recaudadas y gestionadas a nivel centralizado o por otros Organismos autónomos.
El importe estimado de la recaudación por tributos cedidos.
En las restantes Comunidades Autónomas, hasta tanto no se instrumente la financiación de las mismas por los sistemas regulados en la norma anterior, el régimen aplicable quedará configurado de la siguiente forma:
A la gestión y control presupuestario le serán de aplicación lo dispuesto en la norma primera.
En cuanto a la dotación de medios financieros, habrá que estar a lo dispuesto en la norma cuarta, excepto en lo que hace referencia a los tributos cedidos.
Respecto a la gestión y pago de obligaciones, se tendrá en cuenta lo siguiente:
Salvo que la Comunidad Autónoma disponga lo contrario, las nóminas de personal seguirán siendo confeccionadas materialmente por los servicios de la Administración Central e Institucional para ser remitidas a las respectivas Comunidades Autónomas, a las que corresponderá efectuar su pago material.
Los actos de control y fiscalización en sus distintas fases será igualmente compretencia de las Comunidades Autónomas respecto a los trámites posteriores a las transferencias de los medios financieros. A tales efectos, la Administración Central suministrará a cada Comunidad Autónoma los antecedentes necesarios relativos a los expedientes de personal, con la antelación necesaria para que no se produzcan retrasos en el puntual cumplimiento de tales obligaciones.
Todos los créditos afectados a los servicios transferidos tanto figuren inicialmente consignados en los estados de gastos del Presupuesto del propio Estado, como en los de sus Organismos autónomos, serán transferidos por sus importes brutos a la sección 32 del Presupuesto del Estado y se gestionarán por la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales.
Los Organismos autónomos que principalmente se financian por vía de subvención a través de los Presupuestos Generales Estado dejarán de percibir la misma en una cuantía igual al coste efectivo de los servicios traspasados (coste bruto-recaudación por tasas y otros ingresos directamente afectados a las transferencias realizadas en su caso), cuantía que se destinará a la cobertura de la financiación de los créditos que simultáneamente se habilitarán en la sección 32 del Presupuesto del Estado.
Para el supuesto de que los recursos destinados a la financiación de las transferencias de servicios no sean objeto de afectación al servicio transferido como consecuencia de las especiales características de los mismos o por su forma de gestión, los Organismos autónomos que no reciban subvenciones a través del Presupuesto de Gastos del Estado o sean éstas insuficientes, y aunque en ambos supuestos se reciban de otros Organismos, deberán proceder a dar de baja los créditos afectados por las transferencias de servicios y habilitar un crédito por el mismo importe en el capítulo cuarto de sus respectivos presupuestos, que se utilizará para proceder a su ingreso efectivo en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. A los mencionados ingresos se le dará la aplicación correspondiente en el capítulo cuarto del Presupuesto de Ingresos del Estado –Concepto, «Transferencias de Organismos autónomos Administrativos»– o –Concepto, «Transferencias de Organismos Autónomos comerciales, industriales o financieros»–, según los casos.
A efectos de lo dispuesto en la norma undécima siguiente y dentro de los cinco primeros días de cada mes, las Comunidades Autónomas que administren, gestionen y dispongan de tasas y otros ingresos afectados a la cobertura del coste de los servicios transferidos, deberán enviar a la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales la información de la recaudación líquida obtenida en el mes anterior, aunque ésta sea negativa o igual a cero.
Cuando como consecuencia del traspaso de servicio a las Comunidades Autónomas deban administrarse por dichos entes subvenciones o transferencias a favor de terceros, ya sean corrientes o de capital, los fondos correspondientes a efectos de su financiación se situarán a disposición de aquéllas a propuesta del Ministerio u Organismo autónomo correspondiente; mediante la realización de las pertinentes operaciones de ordenación de gastos y pagos con cargo a los créditos consignados en sus respectivos estados de gastos que al efecto se habiliten.
Finalizado el ejercicio económico, deberá practicarse una liquidación respecto de los servicios no financiados mediante porcentaje de participación en los ingresos del Estado de todas las entregas financieras realizadas, tanto si forman parte del coste efectivo como si no, teniendo en cuenta la recaudación que se obtenga en el respectivo territorio hasta el cierre del ejercicio de los tributos cedidos y de las tasas y demás ingresos afectados a los servicios transferidos que se gestionen por cada Comunidad. Del cómputo de tales ingresos quedarán excluidas las multas y sanciones que en el ejercicio de los poderes públicos que ostenten las Comunidades impongan a las personas, Instituciones o Empresas por infracciones cometidas en su respectivo territorio.
Las certificaciones de ingresos recibidas de las Comunidades Autónomas.
Las certificaciones de los Servicios de Contabilidad de los respectivos Ministerios respecto a las entregas financieras realizadas por subvenciones corrientes y de capital a cada Comunidad Autónoma.
Los datos referentes a las modificaciones de créditos a nivel de concepto presupuestario con clasificación orgánica y económica como consecuencia del desarrollo del proceso autonómico en el presente ejercicio.
Los datos sobre la distribución geográfica de los créditos para financiar subvenciones corrientes y de capital que den origen a la administración de fondos por parte de las Comunidades Autónomas.
Los compromisos adquiridos con cargo a los créditos consignados en el Fondo de Compensación Interterritorial.
Los datos oficiales sobre la recaudación líquida de los tributos cedidos a cada Comunidad Autónoma.
Los demás antecedentes que particularmente se consideren necesarios en cada caso para justificar cualquiera otra partida que pueda ser incluida en la correspondiente liquidación.
ANEXO IV Operaciones de crédito autorizadas a los Organismos autónomos
RESOLUCIÓ JUS/939/2004, de 6 d'abril, de modificació dels Estatuts del Col·legi d'Advocats de Manresa.
ORDRE TSF/170/2016, de 22 de juny, per la qual es garanteix el servei d'atenció telefònica d'urgències i d'emergències que presta a la població l'empresa Atento Teleservicios España, SA.
ORDEN de 20 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se renueva el nombramiento de ciertos miembros de la Comisión Oficial de Exámenes para el Certificado de Aptitud de Conocimiento del Euskera (EGA).

References: artículo 24
 artículo 10
 artículo 72
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 12
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 42
 artículo 34
 artículo 9
 artículo 14
 artículo 46
 artículo 28
 artículo 25
 artículo 46
 artículo 75
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 21
 artículo 7

Artículo 29
 artículo 5
 artículo 24
 artículo 33
 artículo 29
 artículo 13
 artículo 23
 artículo 3
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 44
 artículo 43
 artículo 3
 artículo 65
 artículo 61
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 17
 artículo 12
 artículo 36
 artículo 101
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 56
 artículo 37
 Real Decreto 
 Real Decreto