Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1555397606870&uri=CELEX:52019DC0195
Timestamp: 2019-05-24 03:45:55+00:00

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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO, AL COMITÉ DE LAS REGIONES Y AL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Medidas para abordar el impacto de la retirada del Reino Unido de la Unión sin acuerdo: enfoque coordinado de la Unión
Medidas para abordar el impacto de la retirada del Reino Unido de la Unión sin acuerdo: enfoque coordinado de la Unión
El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó su intención de retirarse de la Unión. La Comisión sigue considerando que una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión sobre la base del Acuerdo de Retirada, acordado por el Gobierno del Reino Unido y aprobado por el Consejo Europeo (artículo 50) el 25 de noviembre de 2018, es la mejor solución. La Comisión sigue centrando sus esfuerzos en este objetivo. Sin embargo, dos días antes de que se cumpla el plazo del 12 de abril de 2019, prorrogado por el Consejo Europeo 1 , la probabilidad de una retirada desordenada del Reino Unido de la Unión ha aumentado de forma significativa.
La Comisión ha llamado reiteradamente la atención de todas las partes interesadas (entre otros medios, a través de tres Comunicaciones sobre la preparación para el Brexit, de 19 de julio de 2018 2 , 13 de noviembre de 2018 3 y 19 de diciembre de 2018 4 ) sobre el hecho de que una retirada sin acuerdo crearía perturbaciones significativas. Esta opinión no ha cambiado. En caso de no llegarse a un acuerdo, no será posible materializar la transición ordenada prevista en el Acuerdo de Retirada.
En consecuencia, las instituciones de la UE, las Administraciones de los Estados miembros a todos los niveles y todas las partes interesadas han colaborado para mitigar el impacto de un escenario sin acuerdo. En este momento, como resultado de dicho esfuerzo colectivo, la UE está preparada en el caso de que se produzca una retirada desordenada.
Las medidas de contingencia adoptadas a escala europea y nacional se basan en los principios generales establecidos en la Comunicación de 13 de noviembre de 2018. Las medidas de contingencia no reproducen las ventajas de la pertenencia a la Unión, ni las condiciones de un periodo de transición, tal como se contempla en el Acuerdo de Retirada. Tienen carácter temporal y fueron adoptadas unilateralmente por la Unión Europea para defender sus intereses; respetan plenamente el reparto de competencias que establecen los Tratados, así como el principio de subsidiariedad.
En caso de que no se llegue a un acuerdo, estas medidas temporales de contingencia ofrecen al Reino Unido margen para abordar las tres cuestiones principales relacionadas con la separación, que son una condición previa para el debate sobre la futura relación con el Reino Unido. Tal y como señaló el presidente Juncker ante el Parlamento Europeo el 3 de abril de 2019 5 , estas cuestiones son: i) que los derechos de los ciudadanos de la EU-27 y de los ciudadanos británicos que hayan ejercido sus derechos de libre circulación antes de la retirada seguirían siendo respetados y protegidos, ii) que el Reino Unido seguiría teniendo que cumplir sus compromisos financieros contraídos como Estado miembro, y iii) que sería necesario encontrar una solución para mantener la paz en la isla de Irlanda y la integridad del mercado interior. El Reino Unido debe respetar plenamente la letra y el espíritu del Acuerdo del Viernes Santo.
2.Los preparativos de contingencia han finalizado
Preparar la retirada del Reino Unido ha sido un esfuerzo conjunto de las instituciones y órganos de la UE, de las autoridades nacionales, regionales y locales, así como de los agentes económicos. Se ha pedido a todos ellos que asuman sus responsabilidades para preparar la retirada sin acuerdo y mitigar sus peores impactos.
Desde diciembre de 2017, las instituciones y órganos de la UE y los Estados miembros de la EU-27 ha preparado activamente un escenario sin acuerdo. Además de las tres Comunicaciones que servido de orientación política sobre el planteamiento a seguir, la Comisión ha publicado 92 6 comunicaciones preparatorias para ayudar a las partes interesadas y a las autoridades a prepararse. También ha realizado 19 propuestas legislativas, 18 de las cuales se han adoptado y se aplicarán a partir de la fecha de retirada, y una, sobre el presupuesto de la UE para 2019, que se aplicará retroactivamente a partir de la fecha de retirada, una vez finalizada 7 . La Comisión también ha adoptado [45] actos no legislativos en una serie de ámbitos políticos 8 .
La Comisión ha mantenido también amplios debates técnicos con los Estados miembros de la EU-27, tanto sobre cuestiones generales y contingencia como sobre medidas de preparación sectoriales, jurídicas y administrativas específicas. Representantes de la Comisión han visitado las capitales de todos los Estados miembros de la EU-27 para aclarar las medidas preparatorias y de contingencia de la Comisión y debatir los planes nacionales al respecto. Las visitas pusieron de manifiesto un alto grado de preparación por parte de los Estados miembros para todos los posibles escenarios.
Entre los ámbitos clave en los que han sido necesarios esfuerzos de contingencia se encuentran los derechos de los ciudadanos (seguridad social, derechos de residencia y desplazamientos), el transporte (conectividad básica y seguridad), la cooperación policial y judicial, la gestión de las nuevas fronteras exteriores de la Unión con el Reino Unido, la pesca y el presupuesto de la Unión. La Unión y los Estados miembros también han adoptado medidas en otros ámbitos específicos.
En lo que respecta a los ciudadanos, los Estados miembros mantienen los derechos de residencia (temporales o permanentes) para los nacionales británicos que residan en la UE en el momento de la retirada, inspirados en el generoso enfoque recomendado por la Comisión 9 .
Se salvaguardan los derechos de los ciudadanos en materia de seguridad social en relación con el Reino Unido previos a la retirada. El Reglamento de contingencia garantizará, para las personas cubiertas y con independencia de su nacionalidad, los principios de igualdad de trato, asimilación y totalización de hechos o acontecimientos ocurridos, y los periodos de residencia, seguro o trabajo completados antes de la retirada 10 . Los Estados miembros también están aplicando medidas a escala nacional para garantizar la protección de los derechos de seguridad social de estos ciudadanos tras la retirada.
La Unión ha acordado asimismo que los nacionales británicos no necesitarán visado cuando viajen a la UE para estancias cortas de 90 días por periodo de 180 días, con fines de negocios o turísticos, siempre que el Reino Unido ofrezca el mismo trato a todos los ciudadanos de la EU-27 11 .
También se han adoptado Reglamentos de contingencia para el mantenimiento de conexiones de transporte esenciales para los modos de transporte clave: aéreo 12 , ferroviario 13 y por carretera, tanto para pasajeros como para mercancías 14 .
Tras la retirada del Reino Unido de la Unión, la cooperación policial y judicial se llevará a cabo sobre la base de convenios internacionales multilaterales, en vez de sobre la base del Derecho de la UE. Las instituciones de la UE y los Estados miembros han establecido conjuntamente los instrumentos adecuados que pueden utilizarse en ese contexto. Los Estados miembros han realizado importantes esfuerzos para garantizar que estos instrumentos estén operativos en la fecha de retirada.
Los Estados miembros han colaborado estrechamente con las instituciones de la UE para garantizar la preservación de la integridad del mercado interior mediante el establecimiento de las infraestructuras y los recursos adecuados para realizar las formalidades y controles aduaneros, así como los controles sanitarios y fitosanitarios de las mercancías en la frontera.
En el sector financiero, la UE solo consideró necesario un número limitado de medidas para minimizar los riesgos para la estabilidad financiera en la Unión Europea. Esta decisión se basó en un análisis conjunto de los riesgos derivados de una retirada sin acuerdo realizado por la Comisión, el Banco Central Europeo, la Junta Única de Resolución y las Autoridades Europeas de Supervisión, y en el análisis de un grupo técnico conjunto constituido por el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra.
En lo relativo a las actividades pesqueras, las medidas adoptadas permitirán mantener el acceso recíproco de los buques de la Unión y del Reino Unido a las aguas de la otra parte a lo largo de 2019 15 , siempre que el Reino Unido conceda acceso a los buques de la Unión y respete el Reglamento sobre posibilidades de pesca para 2019 16 . Si no ocurre así, se concederá ayuda financiera a los pescadores de la UE que se vean obligados a paralizar temporalmente sus actividades 17 .
Todas estas medidas amortiguarán durante cierto tiempo las mayores perturbaciones resultantes de una retirada desordenada del Reino Unido, tal como figura en el cuadro del anexo 1 de la presente Comunicación.
3.Presupuesto de 2019 y ayuda financiera adicional
﻿La Comisión ha adoptado una propuesta de Reglamento de contingencia en el que se establece que el pago de los fondos del presupuesto general de la UE a beneficiarios británicos podrá continuar en 2019 si el Reino Unido sigue pagando sus contribuciones presupuestarias para 2019 y permite que se realicen las auditorías y los controles necesarios 18 . Si el Reino Unido no acepta contribuir a la financiación del presupuesto de 2019 según lo establecido en dicho Reglamento, la Comisión presentará un proyecto de presupuesto rectificativo a su debido tiempo para hacer frente al déficit de financiación resultante. En este contexto, la Comisión invita al Parlamento y al Consejo a adoptar formalmente la propuesta.
Incluso en ausencia de estas contribuciones, la Unión ha decidido que determinadas actividades deben continuar en cualquier caso. El Programa PEACE IV y el Programa de Cooperación Reino Unido-Irlanda continuarán, ya que prestan un apoyo esencial a la paz en Irlanda del Norte e Irlanda 19 . ﻿También podrán concluir todas las actividades de movilidad por motivos de aprendizaje en curso en el marco de Erasmus+ en las que participa el Reino Unido y que hayan comenzado antes de la fecha de retirada, con el fin de evitar perturbaciones a los estudiantes y a sus instituciones de envío y de acogida 20 .
Además, las organizaciones empresariales y las partes interesadas han alegado que puede ser necesaria ayuda financiera de la Unión para mitigar los efectos económicos de una retirada desordenada del Reino Unido de la Unión. El impacto de una retirada sin acuerdo se dejará sentir en toda la Unión Europea, pero está claro que algunas regiones y sectores económicos se verán afectados más significativamente.
En primer lugar, los Estados miembros vecinos del Reino Unido deberán hacer frente a costes significativos. Aunque todos los Estados miembros tendrán que llevar a cabo verificaciones y controles relacionados con las normas aduaneras, los Reglamentos sanitarios y fitosanitarios, y otras normas de seguridad y protección, para algunos Estados miembros los volúmenes serán particularmente altos. Por ello, han tenido que construir nuevos puestos de control fronterizo o mejorar los existentes. En segundo lugar, el coste económico será especialmente elevado en los sectores más expuestos al Reino Unido. Este es el caso, por ejemplo, de los exportadores del sector agroalimentario cuyo mercado más importante es el británico, de las empresas pesqueras que dependen del acceso a las aguas del Reino Unido y de las empresas turísticas de regiones populares entre los turistas británicos. En tercer lugar, en el marco del trabajo preparatorio de la Comisión, se ha puesto de manifiesto que las pequeñas y medianas empresas (PYME) que comercian con el Reino Unido están menos preparadas que las grandes empresas, ya que a veces carecen de capacidad jurídica y administrativa para aplicar un plan de contingencia completo.
Si bien es cierto que la necesidad de ayuda financiera es clara, las limitaciones derivadas de una retirada sin acuerdo deben tenerse en cuenta. La Comisión siempre ha mantenido que el Reino Unido sigue estando ligado por sus obligaciones financieras para con la Unión Europea en todos los escenarios, y que la Unión Europea mantendrá sus propias obligaciones financieras para con el Reino Unido, incluso en caso de retirada sin acuerdo.
﻿En este contexto, la Comisión ha estudiado el modo en que los fondos y programas actuales del presupuesto de la Unión podrían movilizarse, con los ajustes necesarios, en caso de falta de acuerdo, con el objetivo de mitigar el impacto en los ámbitos más afectados, ateniéndose a los fondos disponibles. Estas medidas se propondrán teniendo debidamente en cuenta los ajustes por el lado de los gastos e ingresos del presupuesto de la UE que podrían resultar de una retirada desordenada y la plena utilización de los instrumentos presupuestarios existentes y de los recursos disponibles. Mediante la reprogramación de determinados fondos estructurales, la activación de medidas contra las perturbaciones de los mercados agrícolas sobre la base del Reglamento de la Organización Común de Mercados 21 , incluido el uso de todas las posibles fuentes de financiación y la utilización de instrumentos específicos como el Programa para la Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME), el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), el Fondo de Solidaridad y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), se podría disponer de una financiación específica adicional con cargo al presupuesto de la UE en caso de retirada sin acuerdo.
﻿Para prestar un apoyo más inmediato a las partes interesadas afectadas, por ejemplo, las PYME con una importante exposición al Reino Unido, las normas de la UE sobre ayudas estatales ofrecen soluciones flexibles para las medidas nacionales de apoyo.
4.Orientaciones sobre un enfoque coordinado tras una retirada desordenada
La unidad y la solidaridad mostradas por los Estados miembros de la EU-27 durante las negociaciones con el Reino Unido y los preparativos para la retirada han cumplido un objetivo común, a pesar de los distintos niveles de exposición económica al Reino Unido en las distintas zonas de la Unión. Es crucial que las medidas adoptadas a raíz de una retirada desordenada sigan estando coordinadas y sean coherentes. Esta unidad refuerza la eficacia de cualquier medida correctora, salvaguarda nuestras normas comunes y unas condiciones de competencia equitativas, aumenta la previsibilidad para los más afectados y preserva los objetivos de negociación de la Unión para debatir una futura relación con el Reino Unido. Por estas razones, deben evitarse acuerdos bilaterales entre los Estados miembros y el Reino Unido.
Con el fin de prestar apoyo adicional a los Estados miembros que aplican medidas de contingencia, la Comisión ofrece hoy orientaciones adicionales en cinco ámbitos clave. De este modo, se contribuirá a que las medidas de contingencia se apliquen sin problemas y también se contribuirá a la consecución y el mantenimiento de un enfoque coordinado:
·derechos de residencia y de seguridad social de los ciudadanos;
·cooperación policial y judicial en materia penal;
·medicamentos y material sanitario;
·actividades pesqueras; y
·protección de datos.
La Comisión facilitará orientaciones adicionales en caso de que surja la necesidad. La Comisión sigue estando a disposición de los Estados miembros de la EU-27 para debatir cuestiones relativas al impacto de una retirada sin acuerdo, continuando con la cooperación transparente e intensa que ha caracterizado el periodo de negociaciones. En el periodo posterior a la retirada, se alienta a los Estados miembros a informar, tanto a la Comisión como mutuamente, sobre los problemas que surjan, previstos e imprevistos, así como sobre las mejores soluciones encontradas, en beneficio de todos los Estados miembros. Para el periodo inmediatamente posterior a la retirada, la Comisión ha establecido un centro de llamadas para las Administraciones de los Estados miembros, que les da acceso a los conocimientos técnicos de la Comisión. Los ciudadanos, las empresas y otras partes interesadas de la UE pueden ponerse en contacto con Europa en Directo para cualquier consulta (teléfono gratuito 00 800 6 7 8 9 10 11 desde cualquier lugar de la UE).
Desde el referéndum celebrado en el Reino Unido el 23 de junio de 2016, la Unión ha reiterado su pesar y el respeto por la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión. La Comisión sigue considerando que una retirada ordenada con arreglo al Acuerdo de Retirada es la mejor solución posible. Sin embargo, una retirada desordenada solo puede evitarse si el Reino Unido ratifica el Acuerdo de Retirada.
Por lo tanto, la UE ha adoptado las medidas necesarias para estar preparada en caso de retirada sin acuerdo, si bien sigue determinada a evitarla. La unidad y la solidaridad entre los Estados miembros seguirán siendo necesarias para responder a los retos que surjan y para continuar defendiendo los valores fundamentales de la Unión.
(1) Decisión 2019/476 del Consejo Europeo tomada de acuerdo con el Reino Unido, de 22 de marzo de 2019, por la que se prorroga el plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE, DO L 24 de 22.3.2019, p. 1.
(5) Declaración del presidente Juncker en el pleno del Parlamento Europeo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, Bruselas, 3 de abril de 2019, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-1970_en.htm . http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-1970_en.htm .
(6) https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_es .
(7) Se espera que el Parlamento Europeo apruebe la propuesta durante su pleno del 15 de abril de 2019.
(8) Están en proceso de adopción otros 19 actos no legislativos, que dependen de las aportaciones del Reino Unido y de otras partes externas.
(9) En el siguiente sitio web de la Comisión figura una lista de los derechos de residencia concedidos a los nacionales del Reino Unido en los Estados miembros de la UE: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/residence-rights-uk-nationals-eu-member-states_en .
(10) Reglamento (UE) 2019/500 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019, por el que se establecen medidas de contingencia en el ámbito de la coordinación de la seguridad social a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión, DO L 85I de 27.3.2019, p. 35.
(11) Modificación del Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación. La adopción formal tendrá lugar en los próximos días.
(12) Reglamento (UE) 2019/494 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019, sobre determinados aspectos de la seguridad aérea por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión, DO L 85I de 27.3.2019, p. 11; Reglamento (UE) 2019/502 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019, por el que se establecen normas comunes para garantizar las conexiones aéreas básicas tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión, DO L 85I de 27.3.2019, p. 49.
(13) Reglamento (UE) 2019/503 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019, sobre determinados aspectos de la seguridad y conectividad ferroviarias tras la retirada del Reino de la Unión, DO L 85I de 27.3.2019, p. 60.
(14) Reglamento (UE) 2019/501 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019, por el que se establecen normas comunes para garantizar las conexiones básicas de transporte de mercancías y de viajeros por carretera en relación con la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión, DO L 85I de 27.3.2019, p. 39.
(15) Reglamento (UE) 2019/498 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/2403 en lo que se refiere a las autorizaciones de pesca para los buques pesqueros de la Unión en aguas del Reino Unido y las operaciones de pesca de los buques pesqueros del Reino Unido en aguas de la Unión, DO L 85I de 27.3.2019, p. 25.
(16) Reglamento (UE) 2019/124 del Consejo, de 30 de enero de 2019, por el que se establecen, para 2019, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, DO L 29 de 31.1.2019, p. 1; y Reglamento (UE) 2018/2025 del Consejo, de 17 de diciembre de 2018, por el que se fijan para los buques pesqueros de la Unión las posibilidades de pesca en 2019 y 2020 de determinadas poblaciones de peces de aguas profundas, DO L 325 de 20.12.2018, p. 7.
(17) Reglamento (UE) 2019/497 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 508/2014 en lo que se refiere a determinadas normas relativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión, DO L 85I de 27.3.2019, p. 22.
(18) Propuesta de Reglamento del Consejo sobre las medidas relativas a la ejecución y financiación del presupuesto general de la Unión Europea en 2019 en relación con la retirada del Reino Unido de la Unión, COM(2019) 64 final. La propuesta ha sido refrendada por el Consejo.
(19) Reglamento (UE) 2019/491 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019, para permitir la continuación de los programas de cooperación territorial PEACE IV (Irlanda-Reino Unido) y Reino Unido-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Norte-Escocia) en el contexto de la retirada del Reino Unido de la Unión, DO L 85I de 27.3.2019, p. 1.
(20) Reglamento (UE) 2019/499 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019, por el que se establecen disposiciones para la continuación de las actividades de movilidad por motivos de aprendizaje actualmente en curso en el marco del programa Erasmus+ establecido por el Reglamento (UE) n.º 1288/2013, en el contexto de la retirada del Reino Unido de la Unión, DO L 85I de 27.3.2019, p. 32.
(21) Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007, DO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
﻿COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO, AL COMITÉ DE LAS REGIONES Y AL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Medidas para a﻿bordar el impacto de la retirada del Reino Unido de la Unión sin acuerdo: enfoque coordinado de la Unión
Calendario de las principales medidas de contingencia de la UE
Derechos de residencia y seguridad social de los ciudadanos:
enfoque coordinado en caso de retirada del Reino Unido de la Unión sin acuerdo
2.Derechos de residencia de los ciudadanos
A partir de la fecha de retirada, los nacionales del Reino Unido 2 que residan en la UE dejarán de ser ciudadanos de la UE y, por tanto, dejarán de disfrutar de los derechos de libre circulación 3 . Quedarán automáticamente sujetos a las normas generales que se aplican a los nacionales de terceros países en la UE. A su vez, los ciudadanos de la UE que residan en el Reino Unido dejarán de estar protegidos por las normas de la UE sobre libre circulación. Esto tendrá un impacto en el derecho a residir y trabajar donde dichos ciudadanos del Reino Unido y de la UE vivan actualmente.
2.1.Garantizar el mantenimiento del derecho de residencia de los nacionales del Reino Unido que ya residan en la UE
La Comisión ha puesto claramente de manifiesto que la protección de la situación jurídica de los nacionales del Reino Unido que residan actualmente en la UE es una prioridad, y ha pedido a los Estados miembros que adopten un enfoque generoso con respecto a ellos. Existen diferentes situaciones en lo que respecta al derecho de residencia de los nacionales del Reino Unido en los Estados miembros de la EU-27; para algunas situaciones se han adoptado medidas nacionales de contingencia, mientras que otras están cubiertas adecuadamente por las normas existentes.
En los últimos meses, los Estados miembros de la EU-27 han elaborado medidas nacionales de contingencia, en un proceso coordinado por la Comisión, para garantizar el mantenimiento de la residencia legal en el periodo inmediatamente posterior a una retirada sin acuerdo, para todos los nacionales del Reino Unido que ya residan legalmente en un Estado miembro en el momento de la retirada. Estas medidas también facilitarán el cruce de las fronteras interiores y exteriores de la UE inmediatamente después de la retirada.
Si bien la coordinación voluntaria de las medidas de los Estados miembros tiene por objeto garantizar un enfoque coherente, los enfoques y procedimientos elegidos por los Estados miembros pueden diferir en función de su situación individual. De hecho, cada Estado miembro se enfrenta a diferentes retos, en función del número de nacionales británicos que residan en su territorio y de su régimen jurídico y administrativo.
Los Estados miembros han hecho lo necesario para adoptar a su debido tiempo sus respectivas medidas nacionales y han informado debidamente a la Comisión. La Comisión elabora y publica una síntesis actualizada con la información más reciente sobre las medidas nacionales de los Estados miembros de la EU-27 en sus páginas web de preparación para el Brexit 4 a fin de informar a los nacionales del Reino Unido que residen en la Unión sobre sus derechos. A nivel nacional, los Estados miembros están adoptando numerosas medidas para informar a los nacionales británicos que residen en su territorio 5 . La Comisión señala que ya se han adoptado las medidas necesarias e insta a los Estados miembros que aún no hayan finalizado sus procesos de adopción a que lo hagan lo antes posible.
Las medidas de los Estados miembros coinciden en gran medida, aunque hay algunas diferencias en términos de su alcance exacto con respecto a los nacionales del Reino Unido que ya residen en su territorio. La mayoría de los Estados miembros han optado por una forma de legislación nacional específica de «regularización» permanente o temporal. En muchos Estados miembros, el estatuto y los derechos previstos se inspiran en la Directiva sobre libre circulación 6 o en el Acuerdo de Retirada. Varios Estados miembros subrayan la importancia de la reciprocidad por parte del Reino Unido como principio rector de sus medidas nacionales.
Los nacionales del Reino Unido que lleven residiendo legalmente en un Estado miembro más de 5 años tienen acceso al estatuto de residente de larga duración en la UE, siempre que cumplan las condiciones de la Directiva 2003/109/CE 7 . Se trata de un estatuto sólido en el Estado miembro de residencia, basado en el Derecho de la Unión 8 , que garantiza la igualdad de trato con los nacionales de dicho Estado miembro y el derecho a desplazarse a otro país de la UE para vivir, trabajar o estudiar, siempre que se cumplan determinadas condiciones 9 . La Comisión recuerda que considera que los periodos de residencia legal de los nacionales del Reino Unido en un Estado miembro de la EU-27 con anterioridad a la fecha de retirada deben considerarse como periodos de residencia legal en un Estado miembro de la Unión Europea de conformidad con la Directiva 2003/109/CE, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración 10 .
La Comisión invita a los Estados miembros a estudiar nuevas medidas para garantizar el mantenimiento de la estancia legal de todos los nacionales británicos que residan en el territorio de los Estados miembros de la EU-27 en la fecha de retirada (especialmente los que lleven residiendo en un Estado miembro menos de 5 años) cuando finalicen las medidas de contingencia temporales. Cuando no se haya concedido un estatuto permanente de antemano, este momento final varía, dependiendo del enfoque escogido por el Estado miembro en cuestión, desde varios meses hasta varios años después de la retirada.
2.2.Derechos de los nacionales del Reino Unido que lleguen a la UE después de la fecha de retirada
Para estancias de corta duración (hasta 90 días en un periodo de 180 días), el Parlamento Europeo y el Consejo han acordado un Reglamento para eximir a los nacionales del Reino Unido 11 del requisito de visado, condicionado a la reciprocidad por parte del Reino Unido para con los ciudadanos de la UE 12 .
Los nacionales del Reino Unido que lleguen a la UE después de la fecha de retirada para estancias de mayor duración (más de 90 días para cualquier fin) estarán sujetos a las normas nacionales y de la UE en materia de migración legal aplicables a los nacionales de terceros países 13 . Estas normas permiten en particular la expedición de una autorización, sujeta a los criterios pertinentes, para trabajar 14 , estudiar, investigar o reunirse con un miembro de la familia en la UE.
2.3.Mantenimiento del derecho de residencia de los ciudadanos de la UE que ya residan en el Reino Unido
La Comisión da prioridad a la protección del estatuto jurídico de los ciudadanos de la UE que ya residan en el Reino Unido, aunque esto pasará a ser una cuestión de competencia nacional del Reino Unido, al igual que pretende garantizar el estatuto de los nacionales del Reino Unido que ya residan legalmente en la UE. Por tanto, la Comisión ha acogido con satisfacción las garantías y medidas adoptadas por el Reino Unido que garantizarán que, incluso en una hipótesis de retirada sin acuerdo 15 , los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido quedarán protegidos a través del denominado «estatuto de asentado de la UE» 16 .
Las Oficinas de Representación de la Comisión en el Reino Unido y los servicios pertinentes en Bruselas supervisan de cerca y analizan las medidas preparatorias adoptadas por el Reino Unido para convertir los anuncios en actos legislativos y acciones concretas, a fin de determinar que el estatuto de los ciudadanos de la UE estará adecuadamente garantizado. La Comisión invita a las representaciones diplomáticas de los Estados miembros en el Reino Unido a que sigan coordinándose con la Representación de la Comisión en el Reino Unido para proporcionar información, conocimientos especializados y asesoramiento jurídico a los ciudadanos de la UE en el Reino Unido, según proceda 17 .
3.Derechos de los ciudadanos en materia de seguridad social
En una hipótesis de salida sin acuerdo, las normas de la Unión sobre coordinación de la seguridad social dejarán de aplicarse al Reino Unido y en el Reino Unido. Sin medidas de contingencia, los derechos en materia de seguridad social de los ciudadanos de la EU-27 y de los nacionales del Reino Unido que afectan al Reino Unido y que se basan en hechos y acontecimientos que se produjeron, así como los periodos de seguro, empleo, actividad por cuenta propia o residencia que se completaron, antes de la fecha de retirada, estarían en peligro.
Se han adoptado medidas de contingencia tanto a nivel de la Unión como a nivel nacional.
3.1. Reglamento de contingencia sobre coordinación de la seguridad social
El 25 de marzo de 2019, se adoptó el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas de contingencia en el ámbito de la coordinación de la seguridad social a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión 18 .
Este Reglamento de contingencia, que es unilateral, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros, se aplicará a partir de la fecha de una retirada desordenada. Afecta a las siguientes personas:
·nacionales de un Estado miembro, apátridas y refugiados que estén o hayan estado sometidos a la legislación de uno o más Estados miembros y que estén o hayan estado en una situación en que intervenga el Reino Unido antes de la retirada, así como los miembros de sus familias y sus supervivientes;
·nacionales del Reino Unido que estén o hayan estado sujetos a la legislación de uno o más Estados miembros antes de la retirada, así como los miembros de sus familias y sus supervivientes.
Con arreglo al Reglamento, los Estados miembros seguirán aplicando:
·el principio de totalización en lo que se refiere a los periodos de seguro, empleo, actividad por cuenta propia o residencia en el Reino Unido completados antes de la retirada;
·el principio de asimilación por lo que respecta a las prestaciones o rentas adquiridas y los hechos o acontecimientos ocurridos en el Reino Unido antes de la retirada; y
·el principio de igualdad de trato por lo que respecta a cualquier situación anterior a la retirada.
El Reglamento no cubre los hechos y periodos que se produzcan después de la retirada, ni cubre el principio de exportabilidad de las prestaciones al Reino Unido.
3.2.Enfoque unilateral coordinado de contingencia
Se ha invitado a todos los Estados miembros de la EU-27 19 a aplicar tras la retirada un enfoque unilateral coordinado de contingencia que complemente el Reglamento a fin de garantizar una protección lo más amplia posible para las personas afectadas por la retirada.
Al igual que el Reglamento, el enfoque coordinado se aplicaría a todas las personas aseguradas con derechos en los Estados miembros de la EU-27 y en que intervenga el Reino Unido antes de la fecha de retirada, y a las que se habrían aplicado los Reglamentos pertinentes sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, de no haberse producido la retirada.
Esto se aplicaría a los ciudadanos de la EU-27 y a los nacionales del Reino Unido que, a resultas del ejercicio de su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada, hayan adquirido o vayan a adquirir derechos en la UE en relación con periodos completados o con hechos ocurridos antes de la fecha de retirada 20 . El enfoque coordinado va más allá del Reglamento, abarcando también:
·la exportación de pensiones de jubilación a personas que residan en el Reino Unido;
·los reembolsos de gastos de asistencia sanitaria o de gastos relacionados con las prestaciones de desempleo para los trabajadores fronterizos que estén en curso en el momento de la retirada;
·las solicitudes de reembolso tramitadas por un Estado miembro de la EU-27 en que intervenga el Reino Unido que se realicen después de la retirada, pero que se refieran a un tratamiento que haya tenido lugar antes de la retirada;
·los tratamientos médicos previstos y necesarios en el Reino Unido que estén en curso en la fecha de retirada;
·las solicitudes de reembolso presentadas tras la retirada relativas a prestaciones de desempleo concedidas por el Reino Unido antes de la retirada a trabajadores fronterizos residentes en el Reino Unido pero que trabajan en un Estado miembro de la EU-27.
3.3.Medidas nacionales unilaterales que pueden ir más allá
En algunos ámbitos, los Estados miembros individualmente pueden complementar el enfoque coordinado de contingencia a través de sus propias medidas nacionales unilaterales que prevean una mayor protección para los ciudadanos 21 . Los Estados miembros de la EU-27 podrían hacer esto continuando la exportación al Reino Unido de prestaciones en metálico distintas de las de jubilación, como las prestaciones por desempleo, las prestaciones por maternidad/paternidad, las pensiones de invalidez, las prestaciones por enfermedad, las pensiones de supervivencia, las pensiones por accidentes de trabajo y los subsidios de defunción.
3.4.Lapso entre la retirada y la situación posterior
Al contrario que en el caso de ratificación del Acuerdo de Retirada, la hipótesis de retirada sin acuerdo dará lugar inevitablemente a un periodo después de la retirada, un «vacío» durante el cual los periodos de trabajo, residencia o seguro de los ciudadanos en el Reino Unido no estarán cubiertos por las medidas de contingencia a escala de la Unión. La Comisión considera que el impacto en los ciudadanos de este inevitable «vacío» debe reducirse al mínimo.
Los Estados miembros de la EU-27 están tomando medidas con respecto a la situación de los ciudadanos a raíz de una retirada sin acuerdo. Estas medidas, que pueden ir más allá de las medidas de contingencia a escala de la Unión, deben ser unilaterales y de duración limitada.
Los Estados miembros de la EU-27 podrían considerar, entre otras cosas, garantizar el mantenimiento de la aplicación del principio de totalización también a los periodos de trabajo, seguro y residencia en el Reino Unido de dichas personas posteriores a la retirada. Además, los Estados miembros de la EU-27 también podrían permitir el acceso a la asistencia sanitaria a los nacionales del Reino Unido que estén asegurados en el Reino Unido pero que residan en su territorio, condicionado a la reciprocidad.
4.Información adicional
Las autoridades públicas y los interesados pueden encontrar más información sobre el impacto de la retirada desordenada del Reino Unido en los derechos de residencia y de seguridad social de los ciudadanos en el siguiente sitio web de la Comisión:
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_es
(2) Por «nacionales del Reino Unido» se entenderá también los nacionales de terceros países miembros de su familia que ya residan en el Estado de acogida correspondiente en el momento de la retirada.
(3) Los nacionales del Reino Unido que posean también la nacionalidad de un Estado miembro de la UE seguirán siendo ciudadanos de la UE y conservarán plenamente los derechos de libre circulación.
(4) https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/residence-rights-uk-nationals-eu-member-states_es
(5) Casi todos los Estados miembros están en contacto con las embajadas y consulados británicos. Algunos también se comunican a través de redes sociales y sitios web específicos sobre cuestiones de residencia. Otros han publicado folletos; han creado líneas directas para el Brexit; y se comunican con ONG y organizaciones de empresarios. Algunos Estados miembros también se ponen individualmente en contacto con cada ciudadano británico que reside en su territorio.
(6) Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
(7) Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, DO L 16 de 23.1.2004, p. 44. Esta Directiva no se aplica en Irlanda ni en Dinamarca.
(8) Para una descripción reciente de la aplicación por los Estados miembros, véase el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 29 de marzo de 2019, sobre la aplicación de la Directiva 2003/109/CE, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, COM(2019) 161 final.
(9) Véase el capítulo III de la Directiva 2003/109/CE (artículos 14 a 23).
(10) Comunicación de la Comisión, de 13 de noviembre de 2018, Preparación de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 30 de marzo de 2019: plan de acción de contingencia, COM(2018) 880 final.
(11) Cabe señalar que los nacionales británicos que no disfrutaban de derechos de libre circulación con arreglo al Derecho de la UE ya estaban exentos de la obligación de visado.
(12) Modificación del Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación. La adopción formal tendrá lugar en los próximos días.
(13) Portal de inmigración de la UE: https://ec.europa.eu/immigration/
(14) Existen varias formas de migración laboral, a las cuales se aplican normas diferentes.
(15) Documento político sobre los derechos de los ciudadanos en caso de que se produzca un Brexit sin acuerdo (publicado el 6 de diciembre de 2018; modificado por última vez el 28 de marzo de 2019), véase https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit ; documento político sobre inmigración a partir del 12 de abril de 2019 en caso de no acuerdo (publicado el 28 de enero de 2019), véase https://www.gov.uk/government/publications/eu-immigration-after-free-movement-ends-if-theres-no-deal/immigration-from-30-march-2019-if-there-is-no-deal
(17) Véase www.eurights.uk
(18) Reglamento (UE) 2019/500 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019, por el que se establecen medidas de contingencia en el ámbito de la coordinación de la seguridad social a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión, DO L 85I de 27.3.2019, p. 35.
(19) Véase el proyecto de nota de orientación de los Servicios de la Comisión: ﻿enfoque conjunto de contingencia sobre el Brexit a nivel de la EU-27 en una hipótesis de salida sin acuerdo («enfoque unilateral coordinado de contingencia») debatido en el seminario de expertos técnicos de 20 de diciembre de 2018.
(20) El enfoque también se aplica a los apátridas y refugiados en una situación análoga, así como a los miembros de sus familias y a los supervivientes de estas categorías de personas. El enfoque también amplía la aplicación a los nacionales de terceros países que estén o hayan estado sujetos al Reglamento (UE) n.º 1231/2010 o al Reglamento (CE) n.º 859/2003 antes de la fecha de retirada, así como a los miembros de sus familias y sus supervivientes, por lo que respecta a sus derechos adquiridos o por adquirir en relación con situaciones en las que intervenga el Reino Unido antes de la retirada. Esto significa que los nacionales de terceros países que, antes de la fecha de retirada, estuvieran en una situación transfronteriza dentro de la UE en la que interviniera el Reino Unido, así como los miembros de sus familias y sus supervivientes, mantendrían sus derechos en los Estados miembros de la EU-27 en relación con los periodos completados o los hechos o acontecimientos ocurridos antes de la fecha de retirada. El Reglamento (UE) n.º 1231/2010 no se aplica a Dinamarca.
(21) Según el el proyecto de nota de orientación (véase la nota a pie de página 19).
2.Marco de contingencia: Alternativas existentes
En caso de retirada sin acuerdo, el marco jurídico de la Unión sobre cooperación policial y judicial dejará de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de retirada. Esto significa que los instrumentos jurídicos de la UE ya no podrán utilizarse para respaldar los procedimientos de cooperación o los mecanismos de intercambio de información en relación con el Reino Unido. Esto implica en especial que:
·el Reino Unido quedará desconectado de todas las redes, sistemas de información y bases de datos de la UE 2 ;
·los procedimientos de cooperación judicial 3 con el Reino Unido dejarán de aplicarse en el marco de la UE;
·el Reino Unido ya no podrá participar en las agencias de la UE 4 y será tratado como un tercer país sin un acuerdo específico.
Aunque la retirada implicará un cambio significativo en el modo en que los Estados miembros de la EU-27 cooperan actualmente con el Reino Unido, ello no significa que la cooperación policial y judicial con el Reino Unido no pueda continuar. La cooperación entre los Estados miembros de la EU-27 y el Reino Unido en materia policial y judicial deberá basarse en marcos jurídicos y mecanismos de cooperación alternativos, sobre la base del Derecho internacional y del Derecho nacional.
A fin de garantizar un alto nivel de seguridad para todos los ciudadanos, la planificación de contingencia de la UE se ha centrado en determinar mecanismos alternativos fiables 5 , preparándose para aplicar mecanismos de cooperación y marcos jurídicos alternativos, y en realizar los preparativos operativos necesarios a nivel nacional. Si bien la cooperación entre los Estados miembros de la EU-27 y el Reino Unido será diferente, el objetivo de las medidas de contingencia es garantizar que la cooperación policial y judicial pueda continuar con el Reino Unido como tercer país, respetando plenamente el Derecho de la Unión y sin perturbaciones graves.
Por otra parte, la retirada del Reino Unido no modificará la cooperación policial y judicial entre los 27 Estados miembros restantes 6 . La Unión seguirá construyendo una Unión de la Seguridad genuina y efectiva, en la que todos los miembros cooperen estrechamente. La Unión dispone de sólidos instrumentos que permiten a las autoridades nacionales intercambiar información y compartir inteligencia, detectar sospechosos y perseguirlos y castigarlos a través del sistema de justicia penal, proteger a los europeos en línea y gestionar eficazmente sus fronteras. Del mismo modo, los Estados miembros de la EU-27 seguirán cooperando estrechamente e intercambiando información a través de Europol para luchar contra el terrorismo, la ciberdelincuencia y otras formas graves de delincuencia organizada. Asimismo, el futuro despliegue de tecnologías de gestión de las fronteras, como el Sistema de Entradas y Salidas y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, seguirá contribuyendo a un alto nivel de seguridad en todo el espacio Schengen. Una mayor interoperabilidad de todos los sistemas proporcionará a las autoridades policiales una información más fiable y completa. Los Estados miembros de la EU-27 también se beneficiarán en mayor medida de la red de acuerdos internacionales de la Unión.
Este marco para la cooperación policial y judicial en materia penal seguirá garantizando un alto nivel de seguridad a las personas que viven, trabajan o viajan a la UE.
El Reino Unido y los Estados miembros de la EU-27 son conscientes de que el paso a mecanismos de cooperación alternativos requerirá adaptaciones y cambios a nivel operativo. El nivel de adaptación depende de los procedimientos, estructuras, herramientas, personal y otros recursos nacionales existentes, y por tanto corresponde a cada Estado miembro evaluarlo. La Comisión ha trabajado con todos los Estados miembros para garantizar unas medidas de contingencia adecuadas a fin de estar preparados a tiempo para cualquier situación.
3.Preparativos específicos y orientación a los Estados miembros
Desconexión del Reino Unido de las redes, sistemas de información y bases de datos de la UE
El acceso de las autoridades británicas a las redes, sistemas de información y bases de datos de la UE ya no será posible a partir de la fecha de retirada. En el caso de los sistemas centralizados (incluidos, entre otros, el Sistema de Información de Schengen/SIRENE, el sistema de información de Europol y Eurodac), la desconexión será preparada y realizada por las agencias pertinentes de la UE, si es necesario en estrecha cooperación con los Estados miembros. La Comisión se mantiene en contacto permanente y estrecho con las agencias y se han tomado todas las medidas preparatorias para garantizar la desconexión el día de la retirada. En el caso de los sistemas descentralizados, se ha puesto en conocimiento de los Estados miembros tanto la necesidad de tomar medidas como los pasos que deben darse. En consecuencia, todo el tráfico a través de las conexiones de TESTA (EuroDomain) en el Reino Unido, por defecto, se interrumpirá a partir de la fecha de retirada en caso de salida sin acuerdo. A menos que el Consejo Europeo decida, de acuerdo con el Reino Unido, ampliar el periodo previsto en el artículo 50 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, esta medida se aplicará el 13 de abril de 2019.
Volumen de datos en las redes, sistemas de información y bases de datos de la UE
El volumen de datos en los sistemas, ya sea de datos de la UE en el Reino Unido o de datos recibidos del Reino Unido antes de la fecha de retirada, y las medidas que deben adoptarse se han debatido con expertos de los Estados miembros, teniendo en cuenta las especificidades de los diferentes sistemas.
En general, con respecto a los datos del Reino Unido en los sistemas de información nacionales o de la UE intercambiados antes de la fecha de retirada, no existe la obligación general de suprimir de los sistemas nacionales o de la UE estos datos obtenidos legalmente, salvo en dos casos: i) cuando el Reino Unido quede como propietario de los datos, podrá solicitar su supresión; ii) en el caso de los datos personales, en que deberá determinarse caso por caso, con arreglo a la normativa aplicable, tal como el Reglamento General de Protección de Datos 7 y la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal 8 , en qué medida está permitido el tratamiento. En algunos casos, existirá la obligación de suprimir estos datos, en particular las descripciones del SIS del Reino Unido, que quedan rápidamente obsoletas y por tanto no pueden servir de base para la adopción de medidas coercitivas en relación con las personas, así como los datos del Reino Unido en Eurodac. La actuación en base a descripciones obsoletas podría suponer un grave riesgo para la protección de los derechos fundamentales (por ejemplo, la detención de una persona que entretanto ha sido absuelta).
Transición del Sistema de Información de Schengen a Interpol para el intercambio de información policial entre los Estados miembros de la EU-27 y el Reino Unido
El Sistema de Información de Schengen II (SIS) permite a las autoridades nacionales competentes, como la policía y la guardia de fronteras, compartir información para la gestión de las fronteras y la seguridad en la UE y los Estados Schengen. El Reino Unido será desconectado del Sistema de Información de Schengen (SIS) y de la cooperación SIRENE en la fecha de retirada. Interpol y su sistema de notificaciones han sido identificados tanto por los Estados miembros de la EU-27 como por el Reino Unido como la alternativa adecuada al SIS para el intercambio futuro de información policial entre los Estados miembros de la EU-27 y el Reino Unido. Tanto los Estados miembros de la EU-27 como el Reino Unido se están preparando, por separado pero en la misma línea, para la transición hacia notificaciones y transmisiones de información de Interpol equivalentes a la información que actualmente se comparte a través del SIS 9 . El uso adecuado de los canales de Interpol garantizará, según el ministro del Interior del Reino Unido, que «el Reino Unido pueda seguir respondiendo a importantes alertas operativas procedentes de los Estados miembros» 10 . Asimismo, los Estados miembros se están preparando para el paso de las oficinas nacionales SIRENE, es decir, puntos de contacto para el intercambio de información y la coordinación en relación con las descripciones del SIS, a la red mundial de comunicación policial I-24/7 de Interpol para sus intercambios con el Reino Unido.
La comunicación policial a través de Interpol está bien integrada en todos los Estados miembros de la EU-27 y en el Reino Unido. En los últimos meses, en cooperación con la Comisión, los Estados miembros de la EU-27 han hecho preparativos para garantizar que sus niveles operativos estén listos para pasar a un mayor uso de los canales de Interpol a fin de garantizar la cooperación policial con el Reino Unido. Los Estados miembros han examinado y adaptado sus procedimientos operativos internos, niveles de personal, formación y herramientas informáticas con vistas a maximizar la eficacia y accesibilidad de las notificaciones de Interpol por parte de los agentes policiales sobre el terreno.
Cooperación entre el Reino Unido y las agencias de la UE, incluidas Europol 11 , Eurojust 12 y eu-LISA 13
Por lo que se refiere a las agencias, incluidas Europol, Eurojust y eu-LISA, el Reino Unido ya no podrá participar en ellas y tendrá que ser tratado como un tercer país sin ningún acuerdo específico de cooperación. En el caso de Europol y Eurojust, se aplicarán al Reino Unido las normas para la cooperación con terceros países, también en lo que se refiere a la utilización de los datos. Europol y el Reino Unido podrán intercambiar datos estratégicos 14 , y lo mismo se aplica a Eurojust El Reino Unido podrá compartir datos personales con Europol con arreglo a las condiciones de su legislación nacional. Europol podría hacer uso de los fundamentos establecidos en su Reglamento de base, que permite la transferencia de datos personales a terceros países con los que no existe un acuerdo de cooperación 15 . Europol y Eurojust han adoptado medidas de preparación y estarán en condiciones de poner en marcha los procedimientos adecuados cuando sea necesario.
Tramitación de asuntos pendientes - cooperación judicial en materia penal
En caso de salida sin acuerdo, el Derecho de la Unión dejará de aplicarse a todos los asuntos en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal que puedan estar pendientes en las relaciones con el Reino Unido.
Por tanto, en ese caso, a partir de la fecha de retirada, los Estados miembros de la EU-27: a) interrumpirán todo procedimiento de cooperación judicial en el que participe el Reino Unido y que se halle pendiente; y b) no podrán iniciar nuevos procedimientos de cooperación judicial en los que participe el Reino Unido sobre la base del Derecho de la Unión.
Que dichos asuntos pendientes se suspendan o no, no es competencia del Derecho de la Unión. Dependerá del ordenamiento jurídico interno de cada uno de los Estados miembros de la EU-27, de sus legislaciones nacionales en materia de cooperación con terceros países o de acuerdos internacionales vinculantes.
Cuando sea posible continuar con arreglo a la legislación nacional o a un convenio internacional pertinente, el Derecho de la Unión no impedirá que los Estados miembros presenten una solicitud adicional en virtud de la legislación nacional o el convenio internacional pertinentes antes de la fecha de retirada. No obstante, tales solicitudes deberán estar condicionadas a la retirada del Reino Unido sin acuerdo y solo podrán ejecutarse a partir de la fecha de retirada.
Para tales casos pendientes, se han identificado y debatido en seminarios técnicos específicos los instrumentos internacionales alternativos pertinentes (por ejemplo, los Convenios del Consejo de Europa) y las medidas nacionales pertinentes. Los Estados miembros han adoptado las medidas de preparación necesarias para mitigar cualquier posible impacto negativo sobre la seguridad pública que podría tener una retirada sin acuerdo en relación con tales casos pendientes.
También se ha invitado a los Estados miembros a examinar, como parte de su planificación de contingencia, si deben ratificarse algunos convenios y protocolos del Consejo de Europa para permitir una cooperación más eficaz con el Reino Unido. No pueden reactivarse los acuerdos bilaterales que pudieran haber existido entre los Estados miembros y el Reino Unido antes de la adopción de los instrumentos de la UE.
Los contactos bilaterales entre las autoridades competentes de los Estados miembros de la EU-27 y del Reino Unido, para fines estrictamente operativos en relación con asuntos pendientes específicos, pueden ser adecuados para garantizar que la transición desde la cooperación de la UE a la cooperación sobre la base del Derecho nacional o internacional, en lo que respecta a la cooperación policial y judicial en curso, sea lo más fluida posible en el periodo inmediatamente posterior a la retirada y sin perjuicio de las futuras relaciones.
Los derechos de los sospechosos o acusados estarán garantizados en virtud de los instrumentos pertinentes del Consejo de Europa y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que el Reino Unido es parte. Asimismo, en lo que se refiere a las víctimas de delitos, dependerán del Derecho y la práctica nacionales del Reino Unido para la protección de sus derechos. El Reino Unido ya prevé una serie de derechos de las víctimas, que incorpora las normas de la UE.
Las autoridades públicas y los interesados pueden encontrar más información sobre el impacto de la retirada desordenada del Reino Unido en cuanto a cooperación policial y judicial en materia penal en el siguiente sitio web de la Comisión:
DOCUMENTO ADJUNTO: Instrumentos alternativos determinados por la Comisión 16
Instrumento de la UE
Sistema de Información de Schengen (SIS) 17
Canal de solicitud de información complementaria a la entrada nacional (oficinas SIRENE)
Bases de datos de Interpol (documentos, vehículos) y notificaciones (personas)
Canal de Interpol, canales bilaterales existentes
Interpol, canales bilaterales, posibilidades de intercambio de datos por medio de excepciones basadas en el artículo 25 del Reglamento Europol (UE) 2016/794
El Reino Unido no está conectado
Iniciativa sueca 20 (marco general para el intercambio de información policial entre los Estados miembros)
Interpol, canales bilaterales existentes
Segundo Protocolo adicional de 2001 del Convenio del Consejo de Europa de asistencia mutua en materia penal (STCE 182)
El Convenio de Palermo de las Naciones Unidas (delincuencia organizada transnacional) garantiza un nivel mínimo de aproximación
FIU.net (Unidades de Inteligencia Financiera)
Grupo de Acción Financiera Internacional, Convenio de Varsovia del Consejo de Europa, red segura de EGMONT
ORA (Organismos de recuperación de activos) 21
Red Interinstitucional de Recuperación de Activos de Camden (CARIN), canales bilaterales
Sistema europeo de archivo de imágenes (FADO) 22
Base de datos de Interpol sobre documentos de viaje robados y perdidos
Cooperación en el ámbito de la seguridad en los partidos de fútbol 23
Convenio del Consejo de Europa de 2016 sobre la seguridad en acontecimientos deportivos (STCE 218) 24
Equipos conjuntos de investigación (ECI) 25 - Asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea 26
Acción Común sobre la delincuencia organizada 27
No es necesario; el Reino Unido dejará de participar en el Reglamento (UE) n.º 604/2013 de Dublín
Directiva sobre la ciberdelincuencia 29
2001 Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (STCE 185) 30 con el protocolo adicional de 2003 relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos (STCE 189) 31
Lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil 32
Lucha contra la pornografía infantil en Internet 33
2007 Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (STCE 201) 34
Prevención y lucha contra la trata de seres humanos 35
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Convenio del Consejo de Europa de 2005 sobre la lucha contra la trata de seres humanos (STCE 197) 36
Orden de detención europea 37
Convenio del Consejo de Europa de extradición de 1957 (STCE 24) 38
1975 Primer Protocolo adicional (STCE 86) 39
1983 Segundo Protocolo adicional del Convenio del Consejo de Europa de extradición (STCE 98) 40
2010 Tercer Protocolo adicional del Convenio del Consejo de Europa de extradición (STCE 209) 41
2012 Cuarto Protocolo adicional del Convenio del Consejo de Europa de extradición (STCE 212) 42
Exhorto europeo de investigación 43
Convenio del Consejo de Europa de 1959 de asistencia mutua en materia penal (STCE 30) 44
Protocolo adicional de 1978 del Convenio del Consejo de Europa de asistencia mutua en materia penal (STCE 99) 45
Segundo Protocolo adicional de 2001 del Convenio del Consejo de Europa de asistencia mutua en materia penal (STCE 182) 46
Convenio del Consejo de Europa de 2001 sobre la Ciberdelincuencia (STCE 185) 47
Órdenes europeas de embargo preventivo y decomiso 48
Convenio del Consejo de Europa de 1990 relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo (STCE 141) 49
Convenio del Consejo de Europa de 2005 relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo (STCE 198) 50
Traslado de condenados 51
Convenio del Consejo de Europa de 1983 sobre traslado de personas condenadas (STCE 112) 52
1997 Protocolo Adicional al Convenio sobre traslado de personas condenadas (STCE 167) 53
Protocolo que modifica el Protocolo Adicional al Convenio sobre traslado de personas condenadas (STCE 222) 54
Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) 55
Artículo 13 del Convenio de 1959 del Consejo de Europa de Asistencia Judicial en Materia Penal
Reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias 56
Convenio del Consejo de Europa de 1970 sobre la validez internacional de las sentencias penales (STCE 70) 57
(2) Como el Sistema de Información de Schengen (SIS-II), el Sistema de Información de Europol (SIE), Eurodac, ECRIS.
(3) Tales como la orden de detención europea.
(4) Como Europol, Eurojust y eu-LISA.
(5) Para una visión general de los mecanismos alternativos identificados, véase el anexo I.
(6) Los países asociados a Schengen, es decir, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, también están vinculados por determinados instrumentos del acervo de cooperación policial y judicial en la medida en que estos instrumentos forman parte del acervo de Schengen. Por lo tanto, a efectos de la presente nota, debe entenderse que el término «Estados miembros de la EU-27» incluye también a los países asociados al espacio Schengen, en relación con los instrumentos que son vinculantes para ellos.
(7) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (Texto pertinente a efectos del EEE), DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
(8) Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
(9) Las notificaciones son solicitudes internacionales de cooperación o descripciones que permiten a la policía compartir con todos los demás países miembros de Interpol de forma centralizada información crítica relacionada con la delincuencia. Las difusiones son instrumentos menos formales que permiten a los países miembros de Interpol solicitar directamente la cooperación de todos o de algunos países miembros.
(10) Carta de 15 de febrero de 2019 del ministro del Interior del Reino Unido, Sajid Javid, a los ministros de Interior y de Justicia de los Estados miembros de la EU-27.
(11) Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo, DO L 135 de 24.5.2016, p. 53.
(12) Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y por el que se sustituye y deroga la Decisión 2002/187/JAI del Consejo, DO L 295 de 21.11.2018, p. 138.
(13) Reglamento (UE) 2018/1726 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA), y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y la Decisión 2007/533/JAI del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1077/2011, DO L 295 de 21.11.2018, p. 99.
(14) Véase el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo, DO L 135 de 24.5.2016, p. 53.
(15) En casos bien determinados y siempre que se respeten las condiciones y garantías aplicables, el Reglamento de base de Europol permite la transferencia de datos personales caso por caso a los terceros países con los que no existe un acuerdo de cooperación. El Reglamento de base también permite una serie de transferencias con carácter temporal, siempre que se cumplan las condiciones y salvaguardias aplicables, entre las que se incluye el acuerdo del Supervisor Europeo de Protección de Datos.
(16) Todos estos instrumentos alternativos deben utilizarse respetando plenamente las normas aplicables de la UE en materia de protección de datos.
(17) Reglamento (CE) n.º 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), DO L 381 de 28.12.2006, p. 4; Reglamento (CE) n.º 1986/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo al acceso al Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) por los servicios de los Estados miembros competentes para la expedición de los certificados de matriculación de vehículos, DO L 381 de 28.12.2006, p. 1; Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), DO L 205 de 7.8.2007, p. 63.
(18) Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo, DO L 135 de 24.5.2016, p. 53.
(19) Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, DO L 210 de 6.8.2008, p. 1; Decisión 2008/616/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, relativa a la ejecución de la Decisión 2008/615/JAI sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, DO L 210 de 6.8.2008, p. 12.
(20) Decisión Marco 2006/960/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, DO L 386 de 29.12.2006, p. 89.
(21) Decisión 2007/845/JAI del Consejo, de 6 de diciembre de 2007, sobre cooperación entre los organismos de recuperación de activos de los Estados miembros en el ámbito del seguimiento y la identificación de productos del delito o de otros bienes relacionados con el delito, DO L 332 de 18.12.2007, p. 103.
(22) Acción Común 98/700/JAI del Consejo, de 3 de diciembre de 1998, adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por la que se crea un Sistema europeo de archivo de imágenes (FADO), DO L 333 de 9.12.1998, p. 4.
(23) Decisión 2002/348/JAI del Consejo, de 25 de abril de 2002, relativa a la seguridad en los partidos de fútbol de dimensión internacional, DO L 121 de 8.5.2002, p. 1.
(24) AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, NL, RO, SK, SI, ES y SE no lo han ratificado. El Reino Unido no lo ha ratificado.
(25) Resolución del Consejo relativa a un modelo de acuerdo por el que se crea un equipo conjunto de investigación (ECI), DO C 18 de 19.1.2017, p. 1.
(26) Convenio celebrado por el Consejo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea - Declaración del Consejo sobre el artículo 10, apartado 9 - Declaración del Reino Unido sobre el artículo 20, DO C 197 de 12.7.2000, p. 3; Acto del Consejo de 29 de mayo de 2000 por el que se celebra, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea , DO C 197 de 12.7.2000, p. 1.
(27) Acción Común 97/827/JAI, de 5 de diciembre de 1997, adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por la que se establece un mecanismo de evaluación de la aplicación y ejecución a escala nacional de los compromisos internacionales en materia de lucha contra la delincuencia organizada, DO L 344 de 15.12.1997, p. 7.
(28) Reglamento (UE) n.º 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) n.º 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, y a las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1077/2011, por el que se crea una Agencia europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia, DO L 180 de 29.6.2013, p. 1.
(29) Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo, DO L 218 de 14.8.2013, p. 8.
(30) IE y SE no lo han ratificado.
(31) AT, BE, BG, EE, HU, IE, IT, MT y SE no lo han ratificado. El Reino Unido no lo ha ratificado.
(32) Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo, DO L 335 de 17.12.2011, p. 1.
(33) Decisión del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativa a la lucha contra la pornografía infantil en Internet, DO L 138 de 9.6.2000, p. 1.
(34) IE no lo ha ratificado.
(35) Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, DO L 101 de 15.4.2011, p. 1.
(36) Ratificado por todos los Estados miembros.
(37) Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros - Declaraciones hechas por algunos Estados miembros sobre la adopción de la Decisión marco, DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.
(38) Ratificado por todos los Estados miembros y por el Reino Unido.
No ratificado por el Reino Unido ni AT, FI, FR, DE, EL, IE e IT.
No ratificado por FR, EL, IE y LU.
(41) No ratificado por BE, BG, CZ, HR, EE, EL, IE, FI, FR, HU, IT, LU, MT, PL, PT, SE y SK.
(42) Solo ratificado por el Reino Unido y LV, AT y SI.
(43) Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal, DO L 130 de 1.5.2014, p. 1.
(44) Ratificado por todos los Estados miembros y por el Reino Unido.
(45) Ratificado por todos los Estados miembros y por el Reino Unido.
(46) No ratificado por EL, IT y LU.
(47) No ratificado por IE y SE.
(48) Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, DO L 328 de 24.11.2006, p. 59. Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas, DO L 196 de 2.8.2003, p. 45.
(49) Ratificado por todos los Estados miembros y por el Reino Unido.
(50) No ratificado por AT, CZ, EE, FI, IE, LT y LU.
(51) Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, DO L 327 de 5.12.2008, p. 27.
(52) Ratificado por todos los Estados miembros y por el Reino Unido.
(53) No ratificado por IT, PT y SK.
(54) No ratificado por ningún Estado miembro ni por el Reino Unido.
(55) Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal, DO L 220 de 15.8.2008, p. 32.
(56) Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, DO L 76 de 22.3.2005, p. 16.
(57) No ratificado por el Reino Unido o HR, CZ, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT y SK.
Medicamentos y productos sanitarios:
2.Estado de los preparativos en el sector sanitario
Desde el principio, el sector sanitario ha sido una prioridad en los preparativos de la Comisión Europea. La plena conformidad de los medicamentos (humanos y veterinarios) y los productos sanitarios con la legislación de la UE resulta clave para la seguridad de los pacientes y es fundamental para garantizar la disponibilidad continua en caso de retirada del Reino Unido sin acuerdo.
Ya en mayo de 2017, al publicar su primera comunicación sobre medicamentos 2 , la Comisión instó a las partes interesadas a prepararse para la eventualidad de una retirada sin acuerdo. Desde entonces y periódicamente, se han publicado y actualizado varias comunicaciones y documentos de preguntas y respuestas sobre medicamentos y productos sanitarios 3 . Las comunicaciones invitan a las partes interesadas a prepararse para una posible retirada del Reino Unido de la UE sin acuerdo y a estudiar todas las medidas necesarias.
Los operadores económicos son responsables de adoptar las medidas necesarias para seguir cumpliendo la legislación de la UE, en particular en lo que respecta a los requisitos de localización en la UE para determinadas funciones (por ejemplo, titulares de autorizaciones de comercialización de medicamentos o representantes autorizados de productos sanitarios) y actividades (por ejemplo, lugares donde se realiza la liberación de lotes), así como la sustitución de las autoridades competentes y los organismos notificados del Reino Unido por autoridades y organismos notificados de la EU-27 en el proceso de aprobación de la comercialización de productos en el mercado de la UE.
La Comisión, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) y los Estados miembros de la EU-27 han transferido la función de Estado miembro ponente del Reino Unido a un Estado miembro de la EU-27, y han facilitado la transferencia de la función de Estado miembro de referencia, en caso necesario. Por otra parte, la Comisión ha publicado orientaciones 4 a los Estados miembros de la EU-27 para abordar situaciones en las que no es posible la transferencia oportuna de los centros de ensayo de lotes del Reino Unido a la EU-27. En particular, las autoridades competentes pueden utilizar una exención existente en las Directivas sobre medicamentos para uso humano 5 y veterinario 6 , en casos debidamente justificados, con objeto de que los titulares de una autorización de comercialización puedan basarse en pruebas de control de calidad realizadas en el Reino Unido durante un periodo limitado.
En el caso de los productos sanitarios, la Comisión y los Estados miembros han seguido de cerca el avance constante de las transferencias de certificados de organismos notificados británicos a organismos notificados de la EU-27 (es decir, entidades habilitadas designadas por autoridades competentes de los Estados miembros para realizar evaluaciones de la conformidad con arreglo a la legislación de la Unión sobre productos). Ni la Comisión ni los Estados miembros participan en el proceso. En el caso de que la transferencia de productos sanitarios críticos no estuviese completada en la fecha de retirada, la Comisión ha publicado orientaciones a los Estados miembros de la EU-27 con respecto a las excepciones nacionales existentes en las Directivas sobre productos sanitarios 7 y sobre dispositivos médicos de diagnóstico in vitro 8 . Estas excepciones permiten a los Estados miembros, en casos debidamente justificados, autorizar a los titulares de certificados del Reino Unido a seguir comercializando sus productos en el territorio del Estado miembro de que se trate durante un periodo limitado.
Se espera que las medidas preparatorias y el posible uso de las exenciones y excepciones mencionadas mitiguen significativamente el riesgo de escasez de medicamentos y productos sanitarios críticos en caso de una retirada sin acuerdo. Por esta razón, no se ha considerado necesario adoptar ninguna acción urgente a escala de la UE para medicamentos o productos sanitarios.
3.Cuestiones pendientes en el sector sanitario
Sobre la base de la información disponible, la mayoría de los productos médicos afectados por la retirada del Reino Unido cumplirían la legislación de la UE en la fecha de retirada. Sin embargo, es posible que, a pesar de los grandes esfuerzos desplegados, algunos medicamentos y productos sanitarios no sean conformes a tiempo, por lo que podría existir un riesgo de escasez si los operadores económicos no actúan rápidamente para remediar la situación. La Comisión y los Estados miembros seguirán supervisando atentamente las medidas preparatorias en curso y prestarán apoyo a las partes interesadas afectadas.
4.Acción coordinada para gestionar la escasez de medicamentos
Para garantizar un enfoque coordinado con respecto a la posible escasez de medicamentos en la red de medicamentos regulados de la UE 9 , la EMA, junto con los reguladores nacionales de medicamentos y la Comisión, se basará en su experiencia de respuesta a situaciones imprevistas, como incidentes de seguridad o crisis de escasez. Esto incluye la coordinación de los responsables clave de los reguladores nacionales, la EMA y la Comisión para seguir la situación, abordar los problemas e informar adecuadamente a pacientes y médicos. Esta estructura se basa en las estrategias existentes para hacer frente a dichos incidentes y carencias en el marco del plan de gestión de incidentes de la red 10 , así como del grupo de trabajo de los jefes de las agencias de medicamentos y de la EMA sobre disponibilidad de medicamentos autorizados para uso humano y veterinario 11 , pero puede tener en cuenta las especificidades de la retirada del Reino Unido 12 .
En el ámbito de los productos sanitarios, la Comisión colabora estrechamente con los Estados miembros de la EU-27 en el contexto del Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios (MDCG, por sus siglas en inglés) y con la autoridad competente para los productos sanitarios (CAMD, por sus siglas en inglés) para supervisar el progreso de las transferencias de certificados e identificar los productos sanitarios críticos que podrían escasear. En particular, la Comisión coordinará un uso transparente y coherente de las excepciones nacionales por parte de los Estados miembros en toda la UE para evitar la fragmentación del mercado único.
Las autoridades públicas y los interesados pueden encontrar más información sobre el impacto de la retirada desordenada del Reino Unido en los medicamentos y productos sanitarios en el siguiente sitio web de la Comisión y la EMA:
(5) Artículo 20, letra b), de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
(6) Artículo 24, letra b), de la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios, DO L 311 de 28.11.2001, p. 1.
(7) Véase el artículo 9, apartado 9, de la Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los productos sanitarios implantables activos, DO L 189 de 20.7.1990, p. 17, y el artículo 11, apartado 13, de la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios, DO L 169 de 12.7.1993, p. 1.
(8) Véase al artículo 9, apartado 12, de la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro, DO L 331 de 7.12.1998, p. 1.
(9) La Red está formada por la Comisión Europea, las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).
(12) ﻿Además, por lo que se refiere a los radioisótopos médicos, el Observatorio europeo sobre el abastecimiento de radioisótopos para uso médico está siguiendo el impacto de la retirada del Reino Unido.
El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó su intención de retirarse de la Unión. La Comisión sigue considerando que una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión sobre la base del Acuerdo de Retirada, acordado por el Gobierno del Reino Unido y que el Consejo Europeo (artículo 50) aprobó el 25 de noviembre de 2018, es la mejor solución. La Comisión sigue centrando sus esfuerzos en este objetivo. Sin embargo, dos días antes de que se cumpla el plazo del 12 de abril, ya prorrogado por el Consejo Europeo 1 , la posibilidad de una retirada desordenada del Reino Unido de la Unión se ha incrementado significativamente.
2.Preparativos de contingencia en el sector pesquero
En caso de retirada sin acuerdo, el acceso a las aguas del Reino Unido se regirá por la legislación británica de conformidad con el Derecho internacional.
La Unión Europea está dispuesta a seguir otorgando acceso a los buques británicos hasta finales de 2019, siempre que el Reino Unido siga concediendo acceso a los buques de la UE. Como medida de contingencia, la Unión Europea ha adoptado la base jurídica necesaria para autorizar a los buques de la UE y del Reino Unido a seguir pescando en aguas de la otra parte hasta el 31 de diciembre de 2019, respetando al mismo tiempo lo dispuesto en los Reglamentos sobre posibilidades de pesca de 2019 2 , acordados cuando el Reino Unido todavía era un Estado miembro.
Para el caso de que el Reino Unido siga concediendo acceso a los pesqueros de la UE, la Comisión está colaborando estrechamente con los Estados miembros con objeto de minimizar cualquier posible perturbación debida a la necesidad de tener que obtener autorizaciones para las actividades pesqueras de los buques de la UE en aguas británicas. Para la aplicación de esta medida de contingencia, la Comisión y los Estados miembros han adoptado las disposiciones necesarias para poder transmitir las listas de buques que soliciten autorización para pescar en aguas británicas tan pronto como el Reino Unido se convierta en un tercer país.
El objetivo final sigue siendo mantener las actividades pesqueras en la mayor medida posible. No obstante, la Unión ha tomado medidas próvidas para el caso en que el Reino Unido decidiese denegar el acceso de los buques de la UE a sus aguas. La Unión ha ajustado el instrumento jurídico vigente para permitir a los Estados miembros conceder una compensación financiera a los pescadores que sean muy dependientes de las aguas británicas y que tengan que paralizar sus actividades temporalmente como consecuencia de la falta de acceso a dichas aguas 3 . Esta compensación por paralización temporal complementa otras medidas disponibles en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que puede utilizarse para mitigar los efectos económicos adversos derivados de la retirada del Reino Unido de la Unión.
3.Cuestiones pendientes relacionadas con las actividades pesqueras
La retirada del Reino Unido sin acuerdo podría tener efectos perjudiciales en el sector pesquero si los buques de la UE ya no pueden acceder a las aguas británicas. Las consecuencias de un Brexit desordenado deben ser objeto de un análisis continuo, detallado y sistemático por parte de la Comisión, los Estados miembros y la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) para darles una respuesta rápida y coordinada.
La pérdida de acceso a las aguas del Reino Unido puede aumentar la presión sobre las poblaciones en las aguas de la UE y tener graves consecuencias socioeconómicas para los pesqueros de la UE que dependen sobremanera de dicho acceso, así como para aquellos cuyos caladeros tradicionales pueden experimentar un aumento de actividad debido al desplazamiento del esfuerzo pesquero. Reconociendo el principio de igualdad de acceso, es esencial coordinar las acciones de los Estados miembros de la EU-27 y de sus flotas.
El desplazamiento total o parcial en las aguas de la UE de la actividad pesquera que desarrollan los pesqueros de la EU-27 en aguas del Reino Unido podría ocasionar graves problemas: i) existe el riesgo de que la mayor presión pesquera resultante en aguas de la UE empobrezca irreversiblemente los recursos marinos, agotando las poblaciones de peces y dañando el ecosistema; y ii) existe también el riesgo de que surjan litigios entre diversas flotas y buques por los caladeros debido a la «masificación» de las zonas de pesca en aguas de la UE.
Un enfoque no coordinado por parte de los Estados miembros pondría en peligro la igualdad de condiciones entre los pescadores de la UE.
4.Acción coordinada
﻿Es necesario gestionar las consecuencias de una retirada sin acuerdo, tanto a nivel nacional como europeo. De conformidad con las competencias respectivas otorgadas por los Tratados, la Comisión está dispuesta a desempeñar un papel de coordinación.
Los principios y medidas propuestos a continuación se destinan a apoyar una gestión organizada y coordinada por parte de los Estados miembros de la EU-27 de su utilización de medidas de atenuación para apoyar a los pescadores en una situación en la que, tras la fecha de retirada, los buques de la UE ya no puedan acceder a las aguas británicas.
Los principales objetivos de la coordinación son:
·minimizar las perturbaciones y mantener en la medida de lo posible las actividades pesqueras de las flotas de la UE, teniendo en cuenta los efectos acumulativos de dicho desplazamiento de la actividad pesquera; y
·velar por el uso proporcionado, justo y coordinado de medidas de mitigación en caso de que el desplazamiento no sea posible o deseable.
Principios rectores básicos:
La Comisión está dispuesta a colaborar con los Estados miembros sobre la base de los siguientes principios rectores:
·los efectos acumulativos deben tenerse en cuenta al evaluar los desplazamientos de las actividades pesqueras;
·las medidas de mitigación deben dirigirse a las flotas y poblaciones de peces afectadas por las consecuencias de la pérdida de acceso a las aguas británicas; y
·el enfoque coordinado no prejuzgará en ningún momento la posición negociadora de la UE con respecto a su futura relación con el Reino Unido.
4.1.Medidas recomendadas
4.1.1.Identificación y gestión del desplazamiento
Además de las medidas previstas en el Reglamento de control 4 y el Reglamento ACCP del Consejo 5 , la Comisión colaborará con los Estados miembros interesados para acordar un marco voluntario para un seguimiento intensificado de los cambios en las actividades pesqueras en aguas de la UE.
Sobre la base de un análisis profundo de las actuales pautas de pesca realizado por la Comisión y los Estados miembros afectados y basado en datos facilitados por estos, la Comisión sigue dispuesta a colaborar con los Estados miembros interesados para determinar los criterios relevantes en el marco existente para evaluar la viabilidad, sostenibilidad y magnitud de los potenciales desplazamientos.
Dichos criterios podrían incluir el uso potencial de las capturas actuales del Reino Unido en aguas de la EU-27, la capacidad biológica de la población para hacer frente al aumento de la presión pesquera en aguas de la EU-27, las posibles alternativas para dispersar la presión pesquera, la utilización de las cuotas y el impacto para los pesqueros afectados.
4.1.2.Utilización coordinada de medidas de mitigación, incluida la compensación en caso de paralización temporal
En los casos en que, tras el análisis mencionado anteriormente, se considere que el desplazamiento de la actividad pesquera no es posible o deseable, podrá recurrirse a instrumentos de mitigación adecuados. La mitigación puede adoptar diversas formas. En virtud de las respectivas competencias institucionales, la Comisión está dispuesta a coordinarse con los Estados miembros afectados para seleccionar el instrumento pertinente, así como las condiciones para su uso (si procede).
﻿Los posibles instrumentos de mitigación incluyen medidas en el marco de la política pesquera común [entre otros, en virtud de los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, sobre los planes plurianuales; del artículo 12, sobre medidas de la Comisión en caso de amenaza grave para los recursos biológicos marinos; del artículo 13, sobre medidas de urgencia de los Estados miembros; y del artículo 16, sobre la asignación y el intercambio de posibilidades de pesca] y con arreglo al Reglamento 508/2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Estos instrumentos pueden combinarse en caso necesario.
La Comisión trabajará con los Estados miembros interesados para desarrollar un enfoque común para gestionar las actividades pesqueras, incluido el posible uso de una compensación por la paralización temporal de dichas actividades como instrumento para apoyar a los pescadores que ya no puedan realizar determinadas actividades.
El Reglamento (UE) 2019/497 permite el uso de paralizaciones temporales para compensar las pérdidas ocasionadas por la pérdida de acceso a las aguas británicas. Haciendo uso de las posibilidades que ofrece el Reglamento FEMP, se anima a los Estados miembros a presentar a la Comisión planes detallados para (la posibilidad de) utilizar la paralización temporal en el período que va hasta el 31 de diciembre de 2019. Sobre esta base, la Comisión colaborará con los Estados miembros en lo que se refiere al uso de este instrumento para garantizar la equidad y la proporcionalidad entre flotas y en todas las pesquerías pertinentes.
5.Cooperación reforzada con todos los agentes implicados
Para facilitar esta coordinación, se invita a los Estados miembros a que indiquen un punto de contacto para la comunicación directa con la Comisión y los demás Estados miembros. Además, debería crearse una red operativa de corresponsales para abordar cuestiones operativas concretas que puedan surgir como consecuencia de una retirada desordenada.
﻿Para que los esfuerzos de coordinación den resultados se requiere que todos los interesados participen y desempeñen su papel en las acciones necesarias. Una estrecha coordinación entre las organizaciones representativas de la pesca es esencial y puede contribuir decisivamente a prevenir posibles conflictos entre pescadores. La Comisión colaborará con los Estados miembros para seguir consultando a las organizaciones representativas de la pesca y proseguirá fomentando las consultas entre estas organizaciones.
Las autoridades públicas y los interesados pueden encontrar más información sobre el impacto de la retirada desordenada del Reino Unido en las actividades pesqueras en el siguiente sitio web de la Comisión:
(1) Decisión (UE) 2019/476 del Consejo Europeo tomada de acuerdo con el Reino Unido, de 22 de marzo de 2019, por la que se prorroga el plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE, DO L 80I de 22.3.2019, p. 1.
(2) Reglamento (UE) 2019/124 del Consejo, de 30 de enero de 2019, por el que se establecen, para 2019, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, DO L 29 de 31.1.2019, p. 1, y Reglamento (UE) 2018/2025 del Consejo, de 17 de diciembre de 2018, por el que se fijan para los buques pesqueros de la Unión las posibilidades de pesca en 2019 y 2020 de determinadas poblaciones de peces de aguas profundas, DO L 325 de 20.12.2018, p. 7.
(3) Reglamento (UE) 2019/497 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 508/2014 en lo que se refiere a determinadas normas relativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión, DO L de 85I de 27.3.2019, p. 22.
(4) Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.
(5) Reglamento (CE) n.º 768/2005 del Consejo, de 26 de abril de 2005, por el que se crea la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca, DO L 128 de 21.5.2005, p. 1.
2.Transferencia de datos al Reino Unido en caso de retirada sin acuerdo
La Unión cuenta con un amplio conjunto de normas que rigen la transferencia de datos personales a terceros países, y sobre esta base se efectuarán las transferencias con el Reino Unido en caso de una retirada sin acuerdo. Estas normas incluyen, en particular, el Reglamento general de protección de datos (RGPD) 2 y la Directiva sobre la protección de datos en el ámbito penal 3 . La presente nota se centra principalmente en los instrumentos del RGPD.
Como se indica en la Comunicación de la Comisión sobre la preparación para el Brexit, de 13 de noviembre de 2018 , la Comisión considera que los instrumentos existentes para el intercambio de datos son suficientes para hacer frente a las necesidades inmediatas de transferencia de datos al Reino Unido en caso de una retirada sin acuerdo. Estos instrumentos ya se utilizan para las transferencias de datos a todos los países del mundo, excepto en el caso de los 13 terceros países o territorios que están cubiertos (parcialmente) por una decisión de adecuación 4 . En tal contexto, la Comisión no ha adoptado una medida de contingencia en dicho ámbito y, en esta fase, no tiene previsto adoptar una decisión de adecuación con respecto al Reino Unido.
Las disposiciones del capítulo V del RGPD ofrecen muchas herramientas para las transferencias de datos a terceros países, tanto para entidades privadas como para autoridades públicas, tales como:
·Cláusulas contractuales normalizadas: la Comisión ha aprobado tres series de cláusulas contractuales normalizadas que las empresas pueden utilizar directamente para sus transferencias a terceros países. Estas cláusulas normalizadas pueden consultarse en la página web de la Comisión 5 .
·Normas empresariales vinculantes: normas jurídicamente vinculantes de protección de datos, aprobadas por la autoridad competente en materia de protección de datos, que se aplican dentro de un grupo empresarial.
·Códigos de conducta y mecanismos de certificación: estos instrumentos pueden ofrecer garantías adecuadas para las transferencias de datos personales si contienen compromisos vinculantes y exigibles por parte de la organización en el tercer país, incluido los derechos de las personas.
·Excepciones: es decir, la «base jurídica» para las transferencias como, por ejemplo, el consentimiento, la ejecución de un contrato, el ejercicio de derechos legales o razones importantes de interés público (para más información sobre las excepciones, véase el apartado 3).
Para más información, véase la Comunicación sobre la preparación para el Brexit en materia de protección de datos 6 y la nota informativa del Comité Europeo de Protección de Datos sobre las transferencias de datos en virtud del RGPD en caso de un Brexit sin acuerdo 7 .
3.Medidas prácticas que deben adoptar los exportadores de datos de la UE (empresas y autoridades) para garantizar el cumplimiento continuo de las normas de la UE
Los exportadores de datos deben utilizar las herramientas que consideren más adecuadas con respecto a la transferencia individual de datos al Reino Unido.
Antes de transferir los datos al Reino Unido, deben:
1.determinar las actividades de tratamiento que implican una transferencia de datos personales al Reino Unido;
2.determinar el instrumento de transferencia de datos adecuado para la situación;
3.aplicar el instrumento de transferencia de datos elegido para que esté listo para la fecha de retirada;
4.indicar en la documentación interna que se efectuarán transferencias al Reino Unido; y
5.si procede, actualizar la declaración de confidencialidad en consecuencia para informar a las personas concernidas.
Transferencias de datos basadas en excepciones
Por lo que se refiere a las transferencias de datos al Reino Unido sobre la base de excepciones 8 , los responsables del tratamiento deben ser conscientes de que estas excepciones lo son a la obligación de tener que establecer garantías adecuadas. Por lo tanto, deben interpretarse de manera restrictiva y referirse principalmente a actividades de tratamiento que sean ocasionales y no repetitivas.
Estas excepciones incluyen, entre otras, las situaciones en que:
·una persona haya dado su consentimiento explícito a la transferencia propuesta tras haber recibido toda la información necesaria sobre los riesgos asociados a la transferencia;
·la transferencia sea necesaria para la ejecución o la celebración de un contrato entre el interesado y el responsable del tratamiento o el contrato se celebre en interés de la persona;
·la transferencia de datos sea necesaria por razones importantes de interés público; un ejemplo puede ser el intercambio internacional de datos entre servicios competentes en materia de seguridad social 9 ;
·la transferencia de datos sea necesaria para los legítimos intereses imperativos de la organización y no esté invalidada por los intereses de la persona; para basarse en esta excepción, la organización debe ofrecer garantías adecuadas con respecto a la protección de los datos personales.
En las directrices del Comité Europeo de Protección de Datos sobre las excepciones contempladas en el artículo 49 se dan más orientaciones y explicaciones con respecto a las excepciones y cómo aplicarlas 10 .
Instrumentos exclusivamente disponibles para las autoridades u organismos públicos
Las autoridades de los Estados miembros también pueden recurrir a acuerdos administrativos no vinculantes, como los memorandos de acuerdo 11 . Estos acuerdos administrativos están sujetos a una autorización de la autoridad nacional de protección de datos competente, previo dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos.
Con arreglo a la Directiva sobre la protección de datos en el ámbito penal, las autoridades policiales y judiciales (por ejemplo, policía, fiscalía) pueden transferir datos personales a las autoridades del Reino Unido si, sobre la base de su propia evaluación de las circunstancias que rodean la transferencia, concluyen que existen garantías adecuadas de protección de datos 12 . El Reglamento Europol 13 y la Directiva sobre los registros de nombres de los pasajeros 14 incluyen disposiciones específicas sobre la transferencia de datos personales procedentes de Europol a autoridades de terceros países y de las autoridades responsables de los Estados miembros, respectivamente.
Transferencia de datos al Reino Unido por operadores comerciales
Los instrumentos disponibles para la transferencia de datos a terceros países por empresas privadas deberán ser conocidos por los operadores comerciales de los Estados miembros y del Reino Unido, ya que en la actualidad se utilizan para la transferencia de datos personales a terceros países. Recientemente se ha facilitado información sobre el uso de estos instrumentos de transferencia a las partes interesadas en el contexto de la entrada en vigor de la nueva legislación sobre protección de datos en mayo de 2018. No obstante, se anima a los Estados miembros a velar por que las empresas que no estén familiarizadas con las transferencias de datos a terceros países, por ejemplo PYME que en el pasado solo trabajaban en los Estados miembros, sean conscientes de estos instrumentos.
Apoyo continuo a los Estados miembros
La Comisión, y en particular su Dirección General de Justicia y Consumidores, colabora con las partes interesadas y las autoridades de protección de datos para hacer el mejor uso posible del conjunto de instrumentos de transferencia del RGPD y está dispuesta a ayudar a los Estados miembros en lo que se refiere a la aplicación de los instrumentos incluidos en el mismo. Además, la Comisión ha creado un grupo de expertos de partes interesadas formado por el sector, la sociedad civil y el mundo académico, para apoyar la aplicación del RGPD. Por último, las partes interesadas pueden dirigirse a sus autoridades nacionales de protección de datos para recibir información más específica sobre el uso de los instrumentos de transferencia de datos.
Las autoridades públicas y las partes interesadas pueden encontrar más información sobre el impacto de la retirada desordenada del Reino Unido en la protección de datos en el siguiente sitio web de la Comisión:
(2) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
(3) Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
(4) Estos países y territorios son: Andorra , Argentina , Canadá (solo organizaciones comerciales), Estados Unidos (limitado al marco del Escudo de Privacidad ), Islas Feroe , Guernesey , Israel , Japón , Jersey , Isla de Man , Nueva Zelanda , Suiza y Uruguay .
(6) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/data_protection_es.pdf
(8) A tenor del artículo 49 del RGPD.
(9) Considerando 112 del RGPD.
(11) Artículo 46, apartado 3, letra b), del RGPD. Un ejemplo reciente de un acuerdo de este tipo que ha recibido un dictamen positivo del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) es el acuerdo administrativo para la transferencia de datos personales entre las autoridades de supervisión financiera del Espacio Económico Europeo (EEE) y las autoridades de supervisión financiera no pertenecientes al EEE. El texto del acuerdo está disponible en el sitio web del CEPD: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/draft-administrative-arrangement-transfer-personal-data-between_en
(12) Artículo 37, apartado 1, letra b), de la Directiva (UE) 2016/680.
(13) Artículo 25 del Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), DO L 135 de 24.5.2016, p. 53.
(14) Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave, DO L 119 de 4.5.2016, p. 132.

References: Resolución 
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 25

Artículo 13
 Resolución 
 artículo 34
 artículo 10
 artículo 20
 artículo 34
 Artículo 20
 Artículo 24
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 16
 artículo 50
 artículo 49
 artículo 49
 Artículo 46
 Artículo 37
 Artículo 25