Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/Peru185.02.sp.htm
Timestamp: 2019-02-17 02:12:34+00:00

Document:
Perú Petición 185/02 - Róger Herminio Salas Gamboa
PETICIÓN 185-02
1. Mediante petición presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la CIDH” o "la Comisión"), el 11 de marzo de 2002 el señor Roger Herminio Salas Gamboa, (en adelante "el peticionario") denunció que la República del Perú (en adelante "Perú", "el Estado" o "el Estado peruano") violó, en su perjuicio, el derecho a las garantías judiciales, el derecho a la protección a la honra, sus derechos políticos, la igualdad ante la ley y la protección judicial, todos ellos consagrados en los artículos 8, 11, 23, 24 y 25 respectivamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención" o la "Convención Americana"), en concordancia con el artículo 1(1) del citado instrumento internacional. Las violaciones denunciadas se relacionan con presuntas irregularidades cometidas por el Consejo Nacional de la Magistratura en el procedimiento de no ratificación de su cargo como Vocal Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República.
2. El peticionario refiere a la Comisión que las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura, por disposición del artículo 142 de la Constitución Política de 1993 en concordancia con el artículo 1º de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, Ley Nº 26397, no son susceptibles de ser revisadas en sede judicial, no existiendo en consecuencia vía interna que agotar y siendo entonces aplicable la excepción dispuesta en el artículo 46(2) inc. a y b de la Convención y que la petición fue interpuesta en el término reglamentario en atención al plazo en que le fuera notificada la misma.
3. En el presente informe de solución amistosa según lo establecido en el articulo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención” o “Convención Americana”) y del artículo 41(5) del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “el Reglamento”), se efectúa una reseña de los hechos alegados por la peticionario, de la solución amistosa lograda y se acuerda su publicación.
4. El 4 de abril de 2002 la Comisión registró la denuncia presentada por el señor Roger Herminio Salas Gamboa, asignándole el número 0185/2002. El 18 de septiembre de 2002 dio traslado de las partes pertinentes de la denuncia al Estado peruano, solicitándole que suministrara información al respecto en un plazo de 60 días. El 15 de octubre de 2002 el Estado solicitó la ampliación del término para responder, prórroga que fue concedida mediante nota del 23 de octubre y enviada al Estado el día 26 del mismo mes y año. El Estado presentó su respuesta el 26 de noviembre de 2002. El 6 de enero de 2003, el peticionario presentó información adicional respecto de la denuncia y solicitó ser recibido en audiencia durante el 117º período de sesiones de la CIDH del 17 de febrero al 7 de marzo de 2003, petición que le fue negada.
5. Tras analizar los argumentos de las partes y el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en la Convención, la Comisión decidió declarar admisible la petición de conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana mediante Informe N° 14/03, del 20 de febrero de 2003. El 10 de marzo de 2003 dicho informe fue notificado a las partes, mediante sendas comunicaciones, en las que con base en lo previsto en el artículo 38(2) del Reglamento, la Comisión se puso a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa del asunto.
6. En comunicación del 19 de marzo de 2003 aceptó la invitación de la CIDH a fin de que se iniciara un procedimiento de solución amistosa y formuló sus observaciones adicionales sobre el fondo del asunto. Las partes pertinentes de dicha comunicación fueron transmitidas al Estado el 21 de marzo de 2005 con un plazo de 45 días para presentar sus observaciones, el cual fue objeto de dos prórrogas de 60 y 45 días respectivamente, a solicitud del Estado fundada en su intención de completar una evaluación sobre su disponibilidad para llegar a una solución amistosa. El 3 y el 23 de julio de 2003 el peticionario presentó información adicional que fue transmitida al Estado mediante notas del 29 de julio y del 1 de agosto de 2003, respectivamente. El 27 de agosto de 2003 se realizó una reunión trabajo presidida por la Comisionada Martha Altolaguirre, Relatora de la CIDH para el Perú, en la que ambas partes acordaron iniciar un procedimiento de solución amistosa. Durante dicho procedimiento la parte peticionaria suministró abundante información adicional que fue oportunamente remitida al Estado. Asimismo, el 5 de marzo de 2004, en el marco del 119 período de sesiones de la CIDH, se celebró una audiencia en la que se plantearon las bases de la negociación de la solución amistosa de un conjunto de peticiones referidas a magistrados y fiscales no ratificados por el Consejo Superior de la Judicatura (CSM).
7. El 20 de agosto de 2004, el Estado informó a la CIDH que el 19 de marzo del mismo año se instaló la Instancia de Dialogo para los casos de Jueces y Fiscales no ratificados por el CSM, compuesta por representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Defensoría del Pueblo y del CSM, así como por un grupo de peticionarios, representantes y abogados de los peticionarios. El 5 de noviembre de 2004, el Estado informó que mediante Resolución Suprema No. 207-2004-JUS de 3 de septiembre de 2004 se conformó una “Comisión de Alto Nivel encargada de elaborar una propuesta de solución amistosa relativa a los casos de magistrados no ratificados por el CNM que han interpuesto denuncia ante la CIDH”; y que entre los casos incluidos en dicha Resolución Suprema figura el relativo al doctor Roger Herminio Salas Gamboa.
8. En el marco del procedimiento de solución amistosa el 25 de octubre de 2004 se celebró una audiencia sobre las peticiones y casos de magistrados y fiscales no ratificados. Asimismo, se sostuvieron reuniones de trabajo durante el 122 y 123 período de sesiones de la CIDH.
9. El doctor Róger Herminio Salas Gamboa argumenta que previo concurso público fue nombrado Vocal de la Corte Suprema de Justicia del Perú mediante Resolución Suprema Nº 105-90-JUS de 25 de mayo de 1990. Dicho nombramiento fue ratificado según Resolución Senatorial Nº 1093-90 publicada el 21 de septiembre de 1990, y le fue expedido el título de Magistrado con fecha 19 de septiembre de 1990. El juramento al cargo lo hizo el 27 de septiembre de 1990, hechos todos ocurridos bajo vigencia de la Constitución Política de 1979 que no preveía la ratificación periódica de los magistrados y garantizaba la permanencia en el servicio hasta los sesenta años, mientras observaran buena conducta e idoneidad en su función.
10. Seguidamente informó que luego de haberse instaurado en el país el gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional presidido por el ingeniero Alberto Fujimori Fujimori el 5 de abril de 1992, mediante Decreto Ley Nº 25423 publicado en el diario oficial El Peruano el 8 de abril de 1992, se le cesó junto a otros doce vocales Supremos Constitucionales sin expresión de causa. Por lo anterior recurrió en acción de amparo, la que fue resuelta finalmente por el Tribunal Constitucional el 27 de septiembre de 1997, que dispuso su reincorporación como Vocal Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, con el reconocimiento para efectos pensionales del tiempo no laborado por razón del cese sin goce de haber.
11. Que pese a la decisión judicial reseñada, el gobierno del presidente Fujimori, para evitar su cumplimiento, promulgó una serie de decretos leyes y leyes pero finalmente fue reincorporado junto con otros magistrados el 14 de mayo de 2001, funcionarios que tampoco habían ejercido las funciones jurisdiccionales en el período comprendido entre el mes de enero de 1994 y el mes de diciembre de 2000. Reiniciadas sus actividades judiciales, le correspondió presidir por antigüedad la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.
12. Señaló que el proceso de ratificación, de acuerdo al artículo 150 de la Constitución Política de 1993 en concordancia con el artículo 1º de la Ley 26934, está encomendado al Consejo Nacional de la Magistratura, quien lo realiza en única instancia y cuyas decisiones están ausentes de revisión en sede judicial. Que el Consejo Nacional de la Magistratura revisa cada siete años la actuación y la calidad de los jueces y fiscales de todos los niveles, mediante una evaluación de su conducta e idoneidad en el desempeño del cargo, considerando la producción jurisdiccional, los méritos e informes de los Colegios y Asociaciones de Abogados, debiendo concederle al evaluado una entrevista personal. Que de ser adoptada la decisión de separación del cargo “no constituye pena ni priva de los derechos adquiridos conforme a la ley, pero sí impide el reingreso al Poder Judicial y Ministerio Público”.
14. Inicialmente, el Estado peruano alego que al no haberse producido la ratificación del peticionario por el Consejo Nacional de la Magistratura, no se afectó derecho alguno por cuanto el proceso de evaluación y ratificación se llevó a cabo de acuerdo a lo previsto en el artículo 154 numeral 2º de la Constitución Política, en el sentido de que tales decisiones no son revisables en sede judicial.
15. Indico además que el peticionario fue sometido a un proceso de evaluación para la ratificación bajo las mismas reglas que a los otros magistrados y que los resultados de los mismos son diferentes por tratarse de procesos individuales en los que se aprecia la conducta e idoneidad en la parte de la decisión final y que por lo tanto no es una violación al derecho a la igualdad.
a. El Estado Peruano reconoce el Derecho del peticionario al pago de una Indemnización íntegra que comprenda el lucro cesante, el daño emergente y el daño moral por concepto de reparación dineraria. Esto en razón a la responsabilidad de la que se hace referencia en la cláusula segunda de este documento.
b. El Estado Peruano reconoce la cantidad de US$ 20,000.00 dólares americanos (Veinte mil con 00/100 Dólares Americanos) por concepto de daño moral, atendiendo a la especial circunstancia de su no ratificación y demás hechos expuestos en la cláusula primera de este documento. El Dr. Róger Herminio Salas Gamboa se compromete a no formular ninguna otra reclamación por concepto de daño moral, ya sea directa ni indirectamente. Asimismo conviene en no emplazar al Estado Peruano, sea como responsable solidario, y/o tercero civilmente responsable, o bajo cualquier otra denominación.

References: artículo 1
 artículo 142
 artículo 1
 artículo 46
 artículo 41
 artículo 38
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 150
 artículo 1
 artículo 154