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Timestamp: 2018-11-20 00:43:22+00:00

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Análisis de los ficheros de información de solvencia patrimonial y crédito, y bases de datos de impagos - BRACHFIELD Credit & Risk Consultants
Es bien conocido que el impago de una deuda puede conllevar la inclusión de los datos del deudor en los ficheros de información de solvencia patrimonial y crédito, más conocidos como “registros de morosos”.
Estos registros se regulan por el artículo 29 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999, de 13 de diciembre) y con posterioridad se ven ampliados por los artículos del 37 al 44 del Reglamento de Desarrollo, Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre.
¿Qué implican los registros de morosos?
Su función es aglutinar información sobre aquellas personas que no han cubierto un impago o mantienen alguna deuda pendiente. Si antes la morosidad de la persona incluida solo la conocía el acreedor, ahora puede consultarla cualquier empresa o entidad que acceda al fichero para comprobar la solvencia de dicha persona.
Las entidades financieras y algunas otras empresas que suministran productos o servicios a crédito utilizan esta información con el fin de protegerse de clientes que son susceptibles de volver a incurrir en un impago. De todas formas, los registros de morosos también tienen la obligación de ser correctos y transparentes con el fin de permitir al moroso su rehabilitación en el mercado, dadas las consecuencias negativas de su inclusión.
¿Cuál es la legislación vigente respecto a los ficheros de solvencia?
Tanto la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal como la Agencia de Protección de Datos actúan como paraguas de todos los datos de personas físicas que, de manera automatizada, se introducen en el registro.
La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPD) establece que estos ficheros de morosos, gestionados por empresas que se configuran como “responsables del fichero”, tienen la obligación de estar inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos y contar con la correspondiente autorización del Tribunal de Defensa de la Competencia.
El artículo 29 de la LOPD determina que el deudor puede ser incluido en un registro previa autorización del acreedor o de su representante legal, o bien, cuando los datos provengan de fuentes accesibles al público.
En el tercer caso mencionado –el más recurrente en las incidencias bancarias o de consumo– se presenta la obligación de cumplimiento con el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre que dicta las siguientes normas divididas en distintos bloques.
¿En qué circunstancias se puede incluir a una persona en un fichero de mora?
En primer lugar, sólo será posible la introducción en estos ficheros de datos de carácter personal que determinen la solvencia económica del afectado, siempre que acontezcan los siguientes parámetros:
Que no se hayan superado los seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico.
El acreedor o quien actúe como representante legal queda obligado a conservar a disposición del responsable del fichero común y de la Agencia Española de Protección de Datos la documentación suficiente que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo y del requerimiento previo de pago de la deuda.
En segundo lugar, el acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c del apartado 1 del artículo anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.
En tercer lugar, el responsable del fichero común deberá notificar a los interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos, informándole de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Se emitirá una notificación por cada deuda concreta y determinada con independencia de que ésta se tenga con el mismo o con distintos acreedores.
La notificación deberá efectuarse a través de un medio fiable, auditable e independiente de la entidad notificante que la permita acreditar la efectiva realización de los envíos.
En todo caso, será imprescindible que el responsable del fichero pueda conocer si la notificación ha sido objeto de devolución por cualquier causa, en cuyo caso no podrá proceder al tratamiento de los datos referidos a ese interesado.
No se contemplarán como suficientes para que no se pueda proceder al tratamiento de los datos referidos a un interesado las devoluciones en las que el destinatario haya rehusado recibir el envío. Si la notificación de inclusión fuera devuelta, el responsable del fichero común comprobará con la entidad acreedora que la dirección utilizada para efectuar esta notificación se corresponde con la contractualmente pactada con el cliente a efectos de comunicaciones y no procederá al tratamiento de los datos si la mencionada entidad no confirma la exactitud de este dato.
En cuarto lugar y respecto a la conservación de los datos, el Reglamento establece que sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que respondan con veracidad a la situación de la deuda en cada momento concreto.
En quinto lugar referente al acceso a la información contenida en el fichero, podrá ser consultada por terceros cuando precisen enjuiciar la solvencia económica del afectado. En concreto, se considerará que concurre dicha circunstancia en los siguientes casos:
Los terceros deberán informar por escrito a las personas en las que concurran los supuestos contemplados en los supuestos b y c precedentes de su derecho a consultar el fichero.
En los casos de contratación telefónica de los productos o servicios a los que se refiere el párrafo anterior, la información podrá realizarse de forma no escrita, correspondiendo al tercero la prueba del cumplimiento del deber de informar.
En sexto lugar, el Reglamento dicta la responsabilidad en el tratamiento de datos. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés deberá asegurarse que concurren todos los requisitos exigidos en la legislación y en particular los mencionados a continuación:
Derecho a acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO)
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se rige por lo dispuesto en los capítulos del I a IV del título III del Reglamento, sin perjuicio de lo señalado en el presente artículo.
Cuando el interesado ejercite su derecho de acceso en relación con la inclusión de sus datos en un fichero regulado por el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
Si la solicitud se dirigiera al titular del fichero común, éste deberá comunicar al afectado todos los datos relativos al mismo que obren en el fichero. En este caso, el titular del fichero común deberá, además de dar cumplimiento a lo establecido en el presente reglamento, facilitar las evaluaciones y apreciaciones que sobre el afectado se hayan comunicado en los últimos seis meses y el nombre y dirección de los cesionarios.
Cuando el interesado ejercite sus derechos de rectificación o cancelación en relación con la inclusión de sus datos en un fichero regulado por el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
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References: artículo 29
 Real Decreto 
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