Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-4189-056-de-abril-30-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_759eb8d6dccab0c2e0430a010151b0c2&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-15 18:59:46+00:00

Document:
﻿ Sentencia 4189-056 de abril 30 de 2009
SENTENCIA 4189-056 DE 30 DE ABRIL DE 2009
Sentencia 4189-056 de abril 30 de 2009
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 15 de julio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Celina Braulia Mejía de Bengoechea, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo demandó ante el tribunal que se declarara ocurrido el silencio administrativo negativo respecto del derecho de petición presentado el 27 de abril de 1999 ante la Caja Nacional de Previsión Social, así mismo, en relación con el recurso de apelación presentado contra la decisión ficta o presunta.
A título de restablecimiento del derecho pretende el reajuste pensional previsto en la Ley 4ª de 1976 y demás disposiciones que le sucedan, valores que reclama indexados junto con los intereses de mora. Igualmente pide el pago de 1000 gramos oro como reparación del daño causado.
Mediante la Resolución 28715 del 20 de octubre de 1993, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social, se reconoció pensión de jubilación a la actora por haber prestado sus servicios por más de 20 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Consulado de Colombia en Buenos Aires, Argentina. Esta resolución fue revocada por la Nº 720 del 10 de febrero de 1994, en la cual se fijó la cuantía de la pensión en US$ 734.77.
Con fundamento en las leyes 4ª de 1976, 71 de 1988 y el Decreto 1160 de 1989, la actora solicitó el 27 de abril de 1999 el reajuste de la pensión de jubilación, petición que no fue respondida por la entidad, como tampoco el recurso de apelación que interpusiera contra la decisión ficta anterior.
Como disposiciones violadas con el acto acusado se invocaron las siguientes:
• Constitución Política: artículos 6º, 25 y 53.
• Ley 4ª de 1976: artículo 1º.
• Ley 71 de 1988: artículos 1º y 11.
• Decreto 1160 de 1989.
• Ley 100 de 1993: artículo 14.
• Código Civil: artículos 25 y 27.
El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante la sentencia objeto del recurso de apelación, negó las pretensiones de la demanda, con los argumentos que a continuación se resumen.
Examinadas las disposiciones que regulan el reajuste pensional, concluyó que tales normas resultan aplicables a las pensiones que se pagan en Colombia, pues hacen referencia al incremento en el porcentaje fijado por el gobierno nacional, en relación con el salario mínimo, el cual se establece, a su vez, en el IPC, el cual no presenta el mismo comportamiento en todos los países. Advirtió el tribunal que la distinción del reajuste se hizo de manera implícita en las citadas normas.
Finalmente expuso que no hay lugar a la aplicación del artículo 53 de la Constitución Política sino en la medida en que se expida por parte del Congreso de la República el respectivo estatuto del trabajo.
A folios 340 y siguientes del expediente obra el recurso de apelación, interpuesto por la parte actora, de cuyas razones de inconformidad se destacan las siguientes:
En sentir de la actora, el reajuste contenido en las leyes citadas no excluye a ningún pensionado ni exime a las entidades de previsión social de su cumplimiento, pues al momento de expedirse tales disposiciones se tenía noción del reconocimiento de pensiones en dólares. Agregó que por vía de interpretación no puede dejarse de aplicar la ley porque se violaría lo dispuesto en los artículos 4º y 6º de la Constitución Política, así mismo el artículo 13 ibídem en la medida en que no se le dio el mismo trato que a los pensionados en servicio interno.
Manifestó que el derecho al pago oportuno y al reajuste de periódico de las pensiones se encuentra amparado en la Constitución Política (art. 53) y que por lo tanto no es posible renunciar a los beneficios mínimos laborales consagrados en la Ley 4ª de 1976 y demás disposiciones. Que es de conocimiento público que el costo de vida, en mayor o menor medida, ha afectado las economías mundiales, incluso a aquellas regidas por el patrón monetario del dólar, lo cual se comprueba con el reajuste salarial de los funcionarios en el exterior, afectando igualmente el poder adquisitivo de las pensiones.
En aras de mantener una situación de igualdad no solo en relación con otros funcionarios pensionados sino con quienes ocupan el cargo en Buenos Aires, pretende una solución subsidiaria basada en los aumentos salariales decretados por el gobierno nacional para los empleados en servicio activo que laboran en la embajada.
Para ello tuvo en cuenta el tiempo de servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores por más de 32 años, la fecha de nacimiento (sep. 4/31), el cargo desempeñado de auxiliar administrativo 7 P y el monto pensional del setenta y cinco (75%) sobre el salario promedio que en dólares estadounidenses percibió durante los últimos doce (12) meses. Como disposiciones aplicables se invocaron los decretos 01 de 1984, 714 de 1978, 1045 de 1978 y las leyes 33 y 62 de 1985.
Esta providencia fue discutida y aprobada en sesión celebrada en la fecha.

References: artículo 85
 Resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 53
 artículo 13