Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2011/12/19/la-ley-de-medicina-prepaga-y-su-integracion-con-la-normativa-en-materia-de-proteccion-y-defensa-de-los-consumidores/
Timestamp: 2020-08-06 12:31:02+00:00

Document:
La Ley de Medicina Prepaga y su integración con la normativa en materia de Protección y Defensa de los Consumidores – AL DÍA | ARGENTINA
Cita: MJ-DOC-5646-AR | MJD5646
I. La ley 26.682 y el decreto 1991/2011: Ámbito de aplicación. II. Autoridad(es) de Aplicación. III. El contrato de medicina prepaga como contrato de consumo. IV. La relación de consumo de servicios médicos prepagos. V. Aplicación de la normativa de Defensa del Consumidor.
Por Jorge Oscar Rossi*
I. LA LEY 26.682 Y EL DECRETO 1991/2011: ÁMBITO DE APLICACIÓN
La ley 26.682 (en adelante, LMP), que establece el “Marco Regulatorio de la Medicina Prepaga”, fue publicada el pasado 17 de mayo en el Boletín Oficial.
Conforme a los artículos 28, 29 y 30, la norma “es de orden público, rige en todo el territorio nacional y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial”, debiendo el Poder Ejecutivo dictar la reglamentación “dentro de los ciento veinte (120) días a partir de su publicación”. Por su parte “Los sujetos comprendidos en el art. 1 de la presente ley tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la publicación de la presente para la adaptación al presente marco normativo”.
Cumpliendo con notable atraso la manda legal, el Poder Ejecutivo dictó los decretos 1991/2011 y 1993/2011, ambos publicados en el Boletín Oficial el pasado 1º de diciembre. En rigor, el decreto reglamentario es el 1993/2011 porque el 1991/2011 es un decreto de necesidad y urgencia que modifica la ley 26.682.
En cuanto a su ámbito de aplicación, el artículo 1 de la LMP disponía que “La presente ley tiene por objeto establecer el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga, los planes de adhesión voluntaria y los planes superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud (ASS) contemplados en las leyes 23660 y 23661”, pero excluía de la regulación a “las cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones; y obras sociales sindicales”.
Estas exclusiones iban a generar grandes problemas de interpretación.Por ejemplo, con anterioridad a esta norma, la Corte Suprema, en autos “Chamorro, Carlos c/ Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música s/Amparo”, del 1 de abril de 2008 (1) , haciendo suyo el dictamen Fiscal, entendió que los servicios prestados por la mutual de SADAIC son similares a los de una empresa de medicina prepaga, por lo que cabe la aplicación analógica de la ley 24.754 y normativa dictada en consecuencia, la que incluye al tratamiento de un Linfoma No Hodgkin en el denominado Programa Médico Obligatorio.
Antes del dictado del decreto 1991/2011, entendíamos que esta interpretación debía mantenerse, porque de otra manera, se estaba casi “invitando” a la constitución de cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones para “escapar” a la nueva ley, así como también se terminan generando dos categorías de usuarios del servicio de medicina prepaga: “los de primera y los de segunda”.
Lamentablemente, en la práctica, en lugar de regularse el servicio de medicina prepaga, independientemente de quien lo preste, la nueva ley regulaba el servicio de medicina prepaga solo si lo prestaba una sociedad comercial o una obra social no sindical.
¿Qué podía haber hecho el Poder Ejecutivo para remediar este problema?
a. Vetar parcialmente la LMP, eliminando la parte del art. 1 que dice “Quedan excluidas las cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones; y obras sociales sindicales…”, o
b. Enviar un proyecto de ley proponiendo la eliminación de estas exclusiones.
¿Qué hizo el Poder Ejecutivo?
Seis meses y medio después de su publicación en el Boletín Oficial y, casualmente, luego de la finalización del periodo de sesiones ordinarias en el Parlamento, publicó un decreto de necesidad y urgencia modificando la LMP.
Este decreto, el 1991/2011, directamente sustituye el art. 1 de la LMP, por el siguiente:
“ARTICULO 1º.- Objeto.La presente ley tiene por objeto establecer el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga, los planes de adhesión voluntaria y los planes superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud (ASS) contemplados en las Leyes 23.660 y 23.661.
Quedan también incluidas en la presente ley las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones cuyo objeto total o parcial consista en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios, a través de una modalidad de asociación voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea en efectores propios o a través de terceros vinculados o contratados al efecto, sea por contratación individual o corporativa. En todas aquellas actividades que resulten ajenas a dicho objeto continuarán rigiéndose por los respectivos regímenes que las regulan”.
Compárese con el viejo art. 1 de la LMP:
“Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga, los planes de adhesión voluntaria y los planes superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud (ASS) contemplados en las leyes 23.660 y 23.661.Quedan excluidas las cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones; y obras sociales sindicales”.
Por supuesto, el nuevo texto de la ley, concuerda mucho mejor con el artículo 2 de la LMP, que establece que se consideran Empresas de Medicina Prepaga a “toda persona física o jurídica, cualquiera sea el tipo, figura jurídica y denominación que adopten cuyo objeto consista en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios, a través de una modalidad de asociación voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea en efectores propios o a través de terceros vinculados o contratados al efecto, sea por contratación individual o corporativa”.
La razón es que las exclusiones de cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones; y obras sociales sindicales no aparecían en el texto original del proyecto de ley, sino que se trató de un agregado, fruto de negociaciones parlamentarias.
Ahora bien, cabe realizar una inmediata toma de posición respecto del decreto 1991/2011:
a. En cuanto al contenido de la modificación dispuesta, no podemos dejar de estar de acuerdo. El texto del art. 1 de la LMP, al excluir de su regulación a las cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones; y obras sociales sindicales, creaba una irrazonable distinción entre usuarios del servicio de medicina prepaga protegidos y excluidos por la ley. No olvidemos que el artículo 42 de la C. N. dispone que el consumidor tiene derecho a condiciones de trato equitativo. Este deber de tratar equitativamente a los consumidores no es solo de los proveedores, sino también del Estado y, por ende, considerábamos que varios artículos de la LMP, entre ellos el 1, podían ser tachados de inconstitucionales. Además, la ley era incompatible con el art. 16 de la C. N. al dar, en los hechos, un tratamiento irrazonablemente desigual a los usuarios del servicio de medicina prepaga, según quien sea el prestador, cuando en ambos casos realizan una contraprestación periódica por el servicio.
b.Sin embargo, nos parece aberrante y de muy dudosa constitucionalidad el camino elegido para efectuar tal modificación. El mismo Poder Ejecutivo que ni vetó parcialmente la ley ni cumplió con la manda legal de reglamentarla dentro de los ciento veinte días a partir de su publicación, ahora nos dice que es urgente modificar la ley y es “tan urgente” que no hay tiempo para enviar un proyecto de ley modificatorio al Congreso. Al respecto, nos remitimos a los considerandos del decreto, que, básicamente, repiten las “razones” de la gran mayoría de los decretos de necesidad y urgencia, esto es, una “urgencia” que hace “imposible recurrir al trámite ordinario de formación y sanción de las leyes”.
Como si fuera poco, la ley 26.122 que regula el Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes, publicada en el Boletín Oficial del 28 de julio de 2006, que fuera enérgicamente impulsada en la Cámara alta por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner y cuestionada severamente por la oposición, dispone que la derogación de un decreto de necesidad y urgencia exige la expresión en tal sentido de las dos Cámaras, lo cual implica que para su aprobación alcanza con el voto mayoritario de una sola, pues, para aceptar o rechazar el decreto solo se necesita el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes (conf. arts. 22, 23 y 24 ley 26.122).
En nuestra opinión, la ley 26.122, más que a limitar los decretos de necesidad y urgencia, parece venir a instaurar un trámite rápido o abreviado para aprobar leyes o, tal vez con mayor propiedad, normas con contenido legislativo. (2)
Al parecer, este es nuevo caso donde el Poder Ejecutivo encontró las “circunstancias excepcionales” que, paradójicamente, parecen ser tan comunes en nuestra vida institucional.
Creemos que es necesaria la modificación por vía legislativa de la LMP.No es admisible que la vía del decreto de necesidad y urgencia se termine convirtiendo en una nueva forma de legislar. Los defectos de una ley se deben corregir por otra ley. No se nos escapa que parece increíble tener que decir algo tan obvio.
Por otra parte, en esta modificación legislativa que proponemos se podría avanzar en una mejor definición del sistema de medicina prepaga.
Como mencionamos más arriba, para la LMP, se consideran Empresas de Medicina Prepaga a “toda persona física o jurídica, cualquiera sea el tipo, figura jurídica y denominación que adopten cuyo objeto consista en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios, a través de una modalidad de asociación voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea en efectores propios o a través de terceros vinculados o contratados al efecto, sea por contratación individual o corporativa” (conf. art. 2).
Obsérvese que se destacan las siguientes notas características del servicio de medicina prepaga:
a. Su carácter contractual (asociación voluntaria), bajo la modalidad del contrato por adhesión (con la impropia expresión “pagos de adhesi ón”)
b. Por otro lado, se considera que el objeto consiste “en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios”. La nueva norma no distingue entre las modalidades de sistema abierto, cerrado o mixto. Mejor dicho, no trata el tema (3). Eso no quiere decir, a nuestro juicio, que la responsabilidad por mala praxis sea la misma en ambos casos. Pensamos que la cuestión se mantiene igual que antes.
Sin embargo, esta “definición” (si se la puede llamar así) adoptada por el art.2 LMP no es solo imperfecta o incompleta sino muy peligrosa, porque hasta puede interpretarse que los que ofrezcan el servicio abierto (4) quedan fuera de la regulación de la ley.
¿Por qué? Porqué el objeto del sistema abierto es prestar un servicio de financiación de servicios médicos, en cambio, el objeto del sistema cerrado (5) es prestar servicios médicos terapéuticos o no terapéuticos.
Basta leer el art. 2 de la nueva ley, que dice “brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios”, para apreciar el peligro que una interpretación literal pueda ocasionar. Un empresario que solo financia el servicio de salud, a través de reintegros (típico sistema abierto) puede argüir que no realiza directamente ni a través de terceros prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana, sino que solo financia por medio de reintegros a sus usuarios, para que estos puedan pagarle a quienes brindan dicho servicio. Por lo tanto, no “sería una empresa de medicina prepaga” y no se le aplicaría esta ley, en temas como Programa Medico Obligatorio y/o carencias, entre otros.
Por supuesto, rechazamos tal interpretación. No debe olvidarse que ambas modalidades, abierta o cerrada, tienen algo fundamental en común: en ambas, el usuario realiza un pago anticipado y periódico con la finalidad de poder acceder al servicio médico cuando lo requiera. Esa es la motivación que lo llevó a celebrar el contrato. Por lo tanto, en ambos casos habrá servicio de medicina prepaga y sería conveniente que la normativa lo señalara con claridad.
II. AUTORIDAD(ES) DE APLICACIÓN
Siguiendo con el análisis de la LMP, vemos que se establece una pluralidad de autoridades que controlarán a las empresas de medicina prepaga, dado que el art. 4 dispone que “Es Autoridad de Aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación.En lo que respecta a la relación de consumo y a la defensa de la competencia serán autoridades de aplicación las establecidas en las leyes 24240 y 25156 y sus modificatorias, según corresponda.”
Por Resolución Nº 1276/2011 del Ministerio de Salud de la Nación, las “funciones, atribuciones y facultades de Autoridad de Aplicación de la Ley 26.682 conferidas al Ministerio de Salud, serán ejercidas por la Superintendencia de Servicios de Salud” (conf. art. 1). A su turno, el decreto 1993/2011, en su art. 4, destaca que “El Ministerio de Salud es la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 26.682, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado de su jurisdicción”.
Centrándonos en el objeto de nuestro trabajo, según la LMP y sus normas reglamentarias tendríamos que, más allá de la Autoridad de Aplicación de la LMP, “en lo que respecta a la relación de consumo” serían Autoridad de Aplicación las establecidas por la ley 24.240. Y decimos, “las establecidas”, porque de acuerdo a los arts. 41 y 42 de la ley 24.240, mientras que la Secretaría de Comercio Interior será la autoridad nacional de aplicación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales, en forma concurrente.
En realidad, aunque la LMP nada dijera, se llegaría a la misma conclusión, dado que la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, (en adelante, LDC) es aplicable a todas las relaciones de consumo, sin importar que “el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica” (conf. art. 3 LDC) y la LDC establece en sus arts.41 y 42 una autoridad nacional y autoridades locales de aplicación de toda la normativa de Defensa del Consumidor.
De esta manera, respecto de los derechos del usuario del servicio de medicina prepaga en la relación de consumo (derecho a la información, a la salud, a la seguridad, a la libre elección, al trato digno y equitativo, etc., conf. art. 42 CN), es aplicable la LDC.
III. EL CONTRATO DE MEDICINA PREPAGA COMO CONTRATO DE CONSUMO
Con el actual texto de los arts. 1 y 2 de la LDC, podemos decir que contrato de consumo es el celebrado a título oneroso o gratuito entre un consumidor -persona física o jurídica-, con una persona física o jurídica que actúa profesionalmente, aún en forma ocasional y que tenga por objeto la adquisición de bienes o servicios por parte del primero, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
El contrato de medicina prepaga es un típico contrato de consumo, desde que dichos contratos son aleatorios, considerados en forma aislada y, para protegerse de esta alea, el prestador se organiza en forma empresarial.
Así pues, el empresario de medicina prepaga no celebra un contrato aleatorio, aislado y ocasional. Su negocio estriba en la contratación en masa de un número tal de acuerdos que le permita eliminar el alea y, además, obtener rentabilidad.
Con ayuda de la ciencia de la estadística, el empresario formulará hipótesis con las cuales pueda calcular, por ejemplo, qué número de tomadores o afiliados necesita tener y qué tipo de cobertura puede dar si desea cobrar una cuota mensual determinada. La observación estadística permite saber qué porcentaje de personas requieren servicios médicos de baja, media o alta complejidad o con qué intensidad. La profesionalidad (entendida como idoneidad o especial conocimiento del negocio) del prestador del servicio de medicina prepaga (requisito que impone el art. 2 de la LDC para encuadrar a un sujeto como proveedor) surge precisamente de la manera en que presta dicho servicio.
IV.LA RELACIÓN DE CONSUMO DE SERVICIOS MÉDICOS PREPAGOS
Por otra parte, la noción de relación de consumo es más amplia que la de contrato de consumo, pues incluye conductas que podemos considerar como precontractuales (vgr. publicidad previa, información, trato digno y equitativo, etc.)
Así, por ejemplo, Highton de Nolasco, comentando al art. 42 de la C. N., entendió como relación de consumo a “todas las circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente o son una consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y servicios para destino final de consumidores y usuarios”. (6)
Por ejemplo, la publicidad que se haga de un servicio de medicina prepaga, tiene efectos jurídicos (conf. art. 8 LDC y art. 2, segundo párrafo). Lo mismo ocurre con una oferta de servicios de medicina prepaga, (conf. art. 7 LDC), o la información que un prestador de medicina prepaga brinde a una persona que ingresa al establecimiento o consulta telefónicamente (conf. art. 4 LDC).
Son todos actos anteriores e independientes de una eventual y posterior contratación y, sin embargo, igualmente resultan causa fuente de la relación de consumo. Dicho de otra manera, aunque todavía no haya contrato, igual puede haber relación de consumo. Por ejemplo, cuando un prestador de medicina prepaga hace una publicidad, ya se está vinculando jurídicamente con consumidores potenciales de servicios de salud, (conf. arts. 8 y 19 LDC), ya hay relación de consumo y, por ende, el consumidor ya goza de la protección del art. 42 de la CN.
En su actual texto, el art. 3 de la LDC nos dice que relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario.
Lo único que nos indica esta frase es que el legislador buscó ampliar el ámbito de aplicación de la LDC y no ceñirse a la existencia o no de un contrato de consumo.El vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario podrá tener fuente contractual o no (como en el caso de la oferta o la publicidad antes mencionados). Incluso, no será necesario desentrañar si entre prestador de medicina prepaga y consumidor hay contrato o aún no se había formado el consentimiento.
Por ejemplo, el caso de una persona que ingresa por primera vez en el local de atención de una empresa de medicina prepaga y resbala con una mancha de aceite que estaba en uno de los pasillos o es maltratado verbal o físicamente por uno de los dependientes. Algunos pueden pensar que ya había contrato, desde el momento en que el consumidor ingresó en el lugar (el permitirle el ingreso por parte del prestador del servicio de medicina prepaga y el ingresar por parte del consumidor conductas que formaron el consentimiento en forma tácita, conf. art. 1145 Código Civil). Otros pueden pensar que aún no había ningún contrato pero, en cualquiera de los dos casos, parafraseando a Highton de Nolasco, el ingresar al local es, por lo menos, un antecedente de un futuro contrato de consumo. Dicho de otra manera, aunque no haya contrato, al ingresar al lugar nace un vinculo jurídico (que llamamos relación de consumo) entre prestador de medicina prepaga y consumidor. De este vinculo, nace, entre otros, el deber de prestar un servicio que no presente peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios (conf. art. 5 LDC y 40 LDC) y el deber de trato digno y equitativo (conf. art. 8 bis LDC).
V. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Volviendo al concepto de contrato de consumo, en cualquiera de sus variantes, el contrato de medicina prepaga es un contrato de consumo. Lo es, porque la LDC considera consumidores o usuarios a las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso o gratuito la prestación de un servicio para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social (conf.art.1). Por ello, es consumidor tanto quien contrata el ser vicio de medicina prepaga para su beneficio propio o para su familia, como aquella persona jurídica (vgr. una sociedad anónima, una fundación, etc.) que lo hace para sus miembros (grupo social).
Este encuadre de los contratos de medicina prepaga como un contrato de consumo, tiene las siguientes e importantes consecuencias:
a. En la interpretación del contrato de medicina prepaga y de las normas aplicables a su regulación (vgr. la LMP y la propia LDC), se estará siempre a la más favorable para el tomador-consumidor- (conf. arts. 3 y 37 in fine LDC).
b. El empresario de medicina prepaga está obligado a suministrar al tomador, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales del servicio a prestar. (conf. art. 4 de la ley citada). En ese orden, también se establece que las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor (conf. art. 8). Esta disposición legal, sentaría el principio por el cual la publicidad sería tomada como parte integrante de la oferta y su contenido como parte del contrato, una vez celebrado.
c. En caso de iniciarse acciones judiciales se aplicarán “. las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, a menos que a pedido de parte el Juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado” (conf. art. 53 LDC). En el ámbito del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, este proceso será el sumarísimo (conf. art. 321 CPCC). Las acciones gozarán del beneficio de justicia gratuita (conf. art. 53 LDC).
d. Cuando los derechos del tomador (consumidor) del contrato de medicina prepaga resultan afectados o amenazados surge una acción judicial para protegerlos, cuyos titulares son:
i. el propio tomador,
ii.el beneficiario, en caso de no ser el mismo tomador,
iii. las asociaciones de consumidores constituidas como personas jurídicas,
iv. la Autoridad de Aplicación Nacional o local de la LDC,
v. el Ministerio Público, y
vi. el Defensor del Pueblo.
Todo esto se desprende del art. 52, 2do párrafo, de la LDC.
e. Según la índole de los derechos afectados o amenazados, dicha acción puede ser individual o colectiva. En este ultimo caso, “la sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto de aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga.” (conf. art. 54 LDC)
f. Las empresas de medicina prepaga, en cuanto a la relación de consumo, están bajo la fiscalización de la autoridad de aplicación de la LDC (conf. arts. 41, 42, 43 inc. c. de la ley citada y art. 4 LMP), quien puede imponerles sanciones (conf. arts. 45 y 47), iniciarles acciones judiciales (conf. art. 52) o inclusive, declarar que las cláusulas de un contrato que considere abusivas se tendrán por no convenidas (conf. arts. 37 y 38 del decreto 1798/1994, reglamentario de la LDC).
g. Al prestador del servicio de medicina prepaga que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez le podrá aplicar una multa civil o daño punitivo a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. (conf. art. 52 bis LDC)
h. Se aplicará a los contratos de medicina prepaga, la regulación de la LDC referida a cláusulas abusivas y contratos de adhesión (conf. art. 3, 37 y 38 LDC). Pensamos que, si bien la Autoridad de Aplicación de la LMP autorizará (conf. art.8 LMP) los modelos de contratos que deberán utilizar los prestadores del servicio de medicina prepaga, en el caso de que estos contengan cláusulas prohibidas por el art. 37 de la LDC y demás normativa de Defensa del Consumidor, estas serán pasibles de impugnación judicial (conf. arts. 3 y 37 LDC)
i. En caso de mala praxis médica, el prestador del servicio de medicina prepaga responderá, cuando ofrezca el servicio a través de la modalidad cerrada o de cartilla, por los daños resultantes del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio médico, en los términos del artículo 40 de la LDC, esto es, en forma objetiva y solidaria (en rigor, concurrente) con los demás prestadores del servicio médico (vgr. clínicas, laboratorios, médicos, etc.).
j. En suma, conforme lo establece el art. 3 de la LDC, “Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial o las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor. Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica”.
Por ende, la existencia de una ley específica (LMP) no es argumento válido para impedir la aplicación del plexo normativo que protege los derechos del consumidor.
(1) “Chamorro, Carlos c/ Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música s/Amparo”, CSJN, 01/04/2008. Fuente:www.csjn.gov.ar.
(2) Tratamos este tema en nuestro artículo “¿Quién dijo que el Poder Ejecutivo no legisla?”, de fecha 7 de agosto de 2006, que puede verse en la dirección http://www.camoron.org.ar/vermas-fallos.asp?1059.
(3) Téngase en cuenta que el sistema cerrado se puede implementar a través de efectores propios (vgr. una clínica propia) o a través de terceros. Lo característico del sistema es que quien elige a los efectores es el prestador del servicio de medicina prepaga.
(4) En nuestra Obra “Responsabilidad Civil Médica”, Ediciones D&D, año 2011, definimos al Contrato de Medicina Prepaga – Sistema Abierto como “aquel acuerdo en virtud del cual una parte, que llamaremos prestador del servicio de financiación de servicios médicos, se compromete, a cambio del pago periódico y anticipado de una suma de dinero, a reintegrar o abonar, total o parcialmente, en concepto de pago por atención médica, las sumas debidas por el o los beneficiarios designados por la otra parte -llamada tomador- a los prestadores de servicios médicos, elegidos libremente por dicho beneficiario o beneficiarios” (p. 203/204).
(5) En la obra citada en nota anterior, definimos al Contrato de Medicina Prepaga – Sistema Cerrado como “aquel acuerdo en virtud del cual una parte, llamada prestador de servicios médicos prepagos, se compromete, a cambio del pago periódico y anticipado de una suma de dinero, a prestar servicios médicos terapéuticos o no terapéuticos” (p. 203).
(6) Conf. Rinessi, Antonio J., “La desprotección de los usuarios viales, Revista de derecho de daños Nº 3, Accidentes de tránsito, Editorial Rubinzal-Culzoni, Bs. As.- Santa Fe, 1998, p.111-137.
(*) Abogado (U.B.A.) Profesor Titular de Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios, Adjunto Regular de Contratos Civiles y Comerciales y Adjunto de Obligaciones Civiles y Comerciales en la Universidad Abierta Interamericana. Autor, entre otras publicaciones, de “Contratos, Paso a Paso”, de Ediciones D&D, año 2008; “Responsabilidad Civil & Daños”, de Ediciones D&D, segunda edición, año 2009, “Accidentes de Tránsito”, de Ediciones D&D, año 2010, “Responsabilidad Civil Médica”, de Ediciones D&D, año 2011, y, en coautoría con el Dr. Luís R. Carranza Torres, “Derecho del Consumidor”, Editorial Alveroni, año 2009 y “Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios”, Editorial Errepar, año 2005.
Tag: DERECHO A LA SALUD, LEALTAD COMERCIAL Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, MEDICINA PREPAGA, PRESTACIONES MÉDICAS, PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO, PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR, PUBLICIDAD ENGAÑOSA, RELACIÓN DE CONSUMO, RELACIÓN MÉDICO PACIENTE, SALUD DERECHO Y BIOETICA
Previous: Previous post: Contenido ganador de Microjuris a la carte! Comentario al Proyecto de Ley sobre Reconocimiento Jurídico del Concubinato
Next: Next post: Resumen de noticias Jurídicas del 20 de diciembre

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 42
 Resolución 
in fine
 resolución 
 artículo 40