Source: http://naturalezadederechos.org/demandag.htm
Timestamp: 2017-03-24 15:56:55+00:00

Document:
Senasa & Glifosato | Texto de la demanda judicial para que exhiba estudios y evaluaciones.
Naturaleza de Derechos. 9 de Abril de 2016
TEXTO DE LA DEMANDA JUDICIAL AL SENASA POR EL PEDIDO
DE INFORMACIÓN SOBRE LOS ESTUDIOS QUE LAS EMPRESAS
PRESENTARON PARA ACREDITAR LA INOCUIDAD DEL GLIFOSATO
En razón del amparo judicial por mora interpuesto por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados (con el acompañamiento de la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y Naturaleza de Derechos), se solicitó a la justicia que el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) exhiba los estudios y evaluaciones de riesgos que Monsanto y todas las empresas productoras del agrotóxico Glifosato presentaron al organismo, para obtener la autorización de los registros del principio activo y formulados comerciales y la comercialización de los mismos en la Argentina.
La acción tramita ante la justicia contencioso administrativa federal. El SENASA es el organismo del estado que autoriza los registros de agrotóxicos en la Argentina. La acción de amparo, declarada admisible por el juzgado, fue debidamente notificada el día 5 de Abril de 2016,y el SENASA tiene un plazo judicial de 8 días para contestarla (el plazo vence el lunes 18 de Abril de 2016 a las 9, 30 horas).
La información requerida se circunscribe a las evaluaciones y estudios científicos que se presentaron por las empresas para motivar la decisión administrativa del SENASA que autorizó
el uso del glifosato y los respectivos formulados comerciales. Por lo tanto los datos que se solicitan no están alcanzados por la reserva de confidencialidad que solo refiere a la identidad, propiedades físicas y químicas, proceso de síntesis, proceso de formulación y composición.
A continuación publicamos el texto completo de la demanda judicial de amparo por mora de la administración (omitió contestar al pedido administrativo de información en el plazo legal administrativo ) donde se detallan todos los puntos que el SENASA deberá responder en la causa judicial sin justificación legal de omisión alguna que pueda aceptarse.
INTERPONE AMPARO POR MORA
ART 28 LEY 19549.
Medardo José Fidel Ávila Vásquez,
D.N.I. Nº 13538024 , de profesión Médico Pediatra - MP 16.696 - con domicilio real en calle José Agusti N° 6909 B° Arguello, de la Provincia de Córdoba, Coordinador de la “RED DE MÉDICOS DE PUEBLOS FUMIGADOS” y Luis Fernando Cabaleiro,
D.N.I. Nº 2184319 de profesión Abogado, miembro de la “Red de Abogados de Pueblos Fumigados”, con domicilio real en la calle Lima 1149 11 “C” de la Ciudad de Buenos Aires, ambos por derecho propio y titulares de un interés legítimo,
con el patrocinio jurídico del último mencionado dado su carácter de Abogado (UBA) CPACF T°73 F°685, constituyendo domicilio electrónico 20-21843319-8 ad litem nos presentamos en estos autos y manifestamos:
Que venimos en los términos del Art. 8 de la ley nacional 25.831, Art. 16 de la ley nacional 25.675 a promover acción de amparo por mora previsto en el art. 28 de la ley 19549 contra el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) con domicilio en la Av. Paseo Colon 367 de la Ciudad de Buenos Aires, solicitando de VS que ordene a dicho organismo a que se expida sobre la información y documentación ambiental solicitada oportunamente.
Motiva esta presentación la arbitraria omisión manifiesta por parte de los funcionarios a cargo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SENASA en brindar y facilitar la información y documentación publica ambiental y de salud pública que los suscriptos solicitaran el 5/06/2015 a través de una presentación administrativa (cuyo original se adjunta al presente), incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los artículos 1 y 9 de la ley nacional 25.831, art. 16 de la ley nacional 25.675 y el Decreto PEN 1172/03 que establecen los presupuestos en materia de acceso a la información pública y ambiental.
En efecto, las normas referidas garantizan el libre acceso de la ciudadanía a la información pública que se encuentre en poder del Estado (Nacional, Provincial y/o Municipal) y en particular relacionada con ella situación del medio ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales. Por tal motivo, consideramos de fundamental importancia acceder a la información pública que más adelante se enunciara puntualmente.
A la fecha, no se ha respondido al requerimiento formulado, sin que medie por parte de la demandada explicación alguna, constituyendo ello una negativa manifiestamente arbitraria a brindar la información pública solicitada y en consecuencia habilitar esta acción para obtenerla conforme lo dispuesto por el art. 9 de la Ley Nacional Nro 25.831, art 14 Decreto 1172/03 y art. 28 de la ley 19549.
Concretamente, conforme reza el art. 8 de la ley nacional Nro 25.831, la información requerida a las personas debe ser evacuada en el plazo de 30 días hábiles (el decreto 1172/03 establece un plazo más breve inclusive -10 días-). A la fecha, se han vencido largamente dichos plazos, guardando silencio la demandada. Por aplicación del artículo 9 de la ley nacional Nro 25.831 queda expedita la vía sumarísima. En concordancia el art 14 del decreto PEN 1172/03 habilita expresamente el amparo por mora de la Administración regulado en el art 28 de la ley 19549.
De permitirse la negativa de proveer acceso a la información sobre la materia objeto de la presente acción, se obstruye la posibilidad de que la sociedad civil ejerza un control efectivo sobre los mismos y así para prevenir o reparar los daños ambientales provocados o que puedan provocarse. El derecho de acceso a la información pública ambiental es una de las herramientas fundamentales con la que cuentan los ciudadanos para cumplir con el deber de preservación que el art. 43 sitúa en cabeza de todos los habitantes. Tanto el art. 19 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, el art. 13 de la “Convención Americana sobre los derechos Humanos” como el Art. 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen, aunque con distintos matices, el derecho que asiste a todos los ciudadanos de acceder a la información que sea considerada como publica, impidiendo a los estados la supresión del goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos o su limitación en mayor medida que los previstos por los tratados.
En sintonía en los fundamentos del Decreto 1172/03 se señala que el derecho de Acceso a la Información Pública es un prerrequisito de la participación que permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas al darle a éstas la posibilidad de conocer los contenidos de las decisiones que se toman día a día para ayudar a definir y sustentar lo propósitos para una mejor comunidad.
En razón del Decreto 350/99 el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SENASA es la autoridad de aplicación, y el órgano estatal que autoriza los registros de principios activos y formulados de agrotóxicos en la Argentina.
En razón de su competencia, solicitamos – amparados en la ley vigente – el día 5/6/2015 información de carácter ambiental y de salud pública, sobre los estudios y evaluaciones que el SENASA considero para dar las autorizaciones de los registros de principios activos y formulados del agrotóxico Glifosato (herbicida).
Que hasta el día de la fecha el SENASA no ha respondido al pedido de información, lo que motiva el presente amparo por mora.
III.- DERECHO APLICABLE AL CASO
Fundamos nuestra pretensión en la normativa prevista en los artículos 1 y 9 de la Ley Nacional Nro 25.831, arts. 2, 16 y concordantes de la Ley Nacional Nro 25.675, arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional; Pactos de Derechos Humanos mencionados en la presente demanda por remisión del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y Decreto PEN 1172/03..
Que con fecha 26.11.2003, el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.831 por la que aprueba el “Régimen de libre acceso a la información pública ambiental” mediante la cual se establecen “los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal (..)” (Art. 1). A ese efecto, “se entiende por información ambiental toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable. En particular: a) El estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos significativamente” (Art. 2).
Finalmente, y que resulta de interés para el amparista, la ley garantiza que el acceso a la información ambiental, “será libre y gratuito para “toda persona física” o jurídica (..) como así también, que para ello “no será necesario acreditar razones ni interés determinado”
(Art. 3), quedando las autoridades competentes “obligados a facilitar la información” (Art. 4), debiendo resolver las solicitudes de información ambiental, dentro del “plazo máximo de treinta (30) días hábiles, a partir de la fecha de presentación” (Art. 8), ante la falta de respuesta, o la denegatoria injustificada a brindar la información solicitada, y todo acto u omisión que, sin causa justificada, afecte el regular ejercicio del derecho en ciernes, deja “habilitada una vía judicial directa, de carácter sumarísima ante los tribunales competentes” (Art. 9).
Que asimismo, el accionar del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) importa el incumplimiento de las previsiones establecidas en la ley nacional Nº 25.675, como presupuestos mínimos de cumplimiento efectivo en todas las jurisdicciones. En especial medida, el artículo 16 el que expresamente contempla "... deberá proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan"... "y que todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada".
Asimismo incumple abiertamente el Decreto PEN 1172/03 que establece que el funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria e injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, la suministre en forma incompleta, permita el acceso a información eximida de los alcances del presente u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de este Reglamento General, será considerado incurso en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberle conforme lo previsto en los Códigos Civil y Penal de la Nación.
Que por su parte, a nivel jurisprudencial se ha sostenido que: "... nuestra Ley Fundamental asigna al derecho a dar y recibir información una especial relevancia que se hace más evidente para con la difusión de los asuntos atinentes a la cosa pública o que tengan trascendencia para el interés general. Tal cuestión ha adquirido mayor relevancia a partir de la reforma introducida en el año 1994. En la actualidad, en consecuencia, es posible afirmar que, por principio, asiste a todos los ciudadanos sin distinción el acceso a la libre información de las cuestiones vinculadas con el manejo de la cosa pública" (cfr.: Juzg. Nac. Cont. Adm. Fed., n. 1, "Fundación Poder Ciudadano v. Estado Nacional - Pres. Hon. Senado s/ amparo", causa 187342/2002). Podría afirmarse entonces "que el acceso a la información ambiental consiste en el derecho que tiene todo ciudadano de poder tomar conocimiento en cualquier momento y estado de los trámites, expedientes, proyectos de leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas, resoluciones y demás hechos y actos administrativos en materia ambiental, que tramitan bajo la órbita del Estado Nacional, provincial y municipal, siendo la libertad de acceso la regla y el secreto o confidencialidad la excepción... Este derecho permite el conocimiento y control de la gestión pública, además de coadyuvar a la formación de la opinión, posibilitar la participación ciudadana en asuntos públicos y fomentar la transparencia en la gestión del Estado". (cfr.: "El acceso a la información pública ambiental" Terzi, Silvana - Iribarren, Federico J., publicado en JA 2007-IV-1245 - SJA 10/10/2007.
La Constitución Nacional en la reforma de 1994 hace referencia a este derecho en el art. 41, tras consagrar el derecho a vivir en un “ambiente sano”, e imponer a las autoridades, el deber de proveer a la protección de este derecho, “a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales".
Expuesto ello, resulta de relevancia dejar asentado que en primer término –la normativa “sub – examine” - hace referencia a los deberes del Estado y luego al tema que nos ocupa, esto es, la “información ambiental” que deben proveer las autoridades. El acceso a la información ambiental resulta un elemento básico dentro de la política del Estado, con el objeto de constituirse en una herramienta para la toma de decisiones. Por el lado de los particulares, el acceso a la información es vital porque aspira a una ambiente digno en el que desarrollarse y por ello, tiene la obligación y necesidad de preservarlo y conservarlo, todo lo cual seria imposible sin le debida información que posibilite una vía de acción al respecto.-
Este derecho se encuentra contemplado en la ley nacional Nº 25.831, -tal como se desarrolló supra- no obstante lo cual, también ha sido receptado en otras leyes nacionales y provinciales, principalmente en la Ley General del Ambiente 25.675, la cual provee el andamiaje institucional básico sobre el que deben sancionarse e interpretarse las leyes sectoriales de presupuestos mínimos al plantear los objetivos, principios e instrumentos de la política ambiental nacional, que se constituyen como criterios y herramientas fundamentales para que las autoridades de los diversos niveles de gobierno lleven a cabo el ejercicio del poder de policía ambiental, y para que la sociedad civil participe en los procesos de toma de decisiones (cfr.: Sabsay, Daniel A. y Di Paola, María E., "Acceso a la información y participación pública en materia ambiental", 2006, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, ps. 34/35). En relación al “derecho a la información” en materia ambiental, Alicia Morales Lamberti, inicia, en su obra, el abordaje de la temática ambiental formulando una aclaración, que corresponde distinguir primariamente entre el derecho a la información y el derecho de acceso a dicha información: “mientras que el derecho a la información supone una obligación para el Estado, quien se encuentra obligado a la producción, elaboración y difusión de información, el derecho de acceso a la información pública, se relaciona con el derecho que posee el ciudadano de acceder a la información administrada por el Estado, ya sea producida por sus órganos o producida por otros organismos o particulares sobre los que recaiga la obligación de informar” (cf. "Instituciones de Derecho Ambiental", M.E.L. editor, 2º edición, 2005, pág. 159).
Como puede observarse VS de las normas citadas, existe una complementación de los principios establecidos en la Ley General del Ambiente (25.675) respecto al acceso a la información, con los preceptos de la ley de acceso a la información pública (25.831). A tal efecto, debe efectuarse una interpretación holística del sistema normativo en su conjunto, aplicando el principio de congruencia.-
La sanción de las leyes nacionales 25.675 y 25.831 importaron un avance sustancial en el reconocimiento de los derechos y las herramientas de participación pública en general y de Acceso a información.- El bloque normativo referido considera información ambiental toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recurso naturales o culturales y el desarrollo sustentable. En particular A) el estado ambiente o algunos de sus componentes naturales o culturales, incluidas sus interacciones reciprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos significativamente; b) Las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente.-
Asimismo las leyes estipulan y establecen una amplia legitimación activa, en tanto garantizan que el acceso a la información ambiental será libre y gratuita para toda persona física o jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada. Se deberá presentar formal solicitud ante quien corresponda, debiendo constar en la misma la información requerida y la identificación del o los solicitantes residentes en el país, salvo acuerdos con países y organismos internacionales sobre la base de la reciprocidad.
La amplia legitimación es inobjetable tanto en los órdenes normativos nacional y provincial. Aquella se ve complementada, en pos de un mayor acceso, con el principio de informalidad, cuyo único requisito es que la realización del mismo sea formulado por escrito y con la identificación del requirente.-
No resulta ocioso recordar que la información ambiental y la participación ciudadana también constituyen un requisito esencial para que la sociedad conozca, comprenda y participé en las decisiones que puedan afectar su propia calidad de vida y la de las futuras generaciones.-
Asimismo y teniendo en cuenta que el derecho al ambiente sano es un derecho humano, se aplica el principio pro homine de jerarquía constitucional según el cual será necesario establecer cuál de las normas esta en favor del derecho humano al ambiente más allá de la jerarquía normativa. En definitiva, la amplitud de beneficios reconocidos por las leyes deber ser armonizadas de modo de darle la mayor protección y eficacia al derecho protegido. Para finalizar, señalamos que el SENASA se encuentra obligado a suministrar información ante la requisitoria de la ciudadanía, ya que por pertenecer a la órbita de la Administración Nacional se encuentra alcanzada por el art 2 del Decreto 1172/03 - de plena operatividad en el sub-lite -
Reglamento General es de aplicación en el ámbito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional.
IV.- INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITA AL SENASA
La información y documentación que se solicita se encuentra comprendida en el art. 5 del Decreto 1172/03 que considera información toda constancia en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por los sujetos mencionados en el artículo 2º o que obre en su poder o bajo su control, o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público,
o que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa, incluyendo las actas de las reuniones oficiales.
Es decir estamos solicitando información que motivo las decisiones administrativas del SENASA para autorizar la comercialización y liberación de la republica argentina del principio activo glifosato y sus formulados comerciales.
Los fundamentos de la petición se sustenta en la necesidad de saber sobre qué información científica la autoridad aprobó dicho agrotóxico, en razón de que a la luz de fuentes de científica inobjetables, tanto desde el aspecto agronómico como desde la perspectiva de la seguridad ambiental y riesgos de daño irreparable a la salud humana, resulta imperioso un reexamen de los criterios de análisis de riesgos, como así también de una revisión de las respectivas autorizaciones. Se trata de un tema de salud pública y seguridad ambiental de relevancia. Tanto así que el PEN a través del Decreto 21/09 creo
en su momento la Comisión Nacional De Investigaciones de Agroquímicos, la cual aun no ha emitido su propio informe y en virtud de pedidos de información realizados por los suscriptos ante el Ministerio de Salud de la Nación, sospechamos de su falta de funcionamiento desde hace mucho tiempo.
Por ello, preocupados por esas circunstancias, los colectivos que representamos solicitamos esa información, para proceder en consecuencia.
El glifosato es un herbicida, ello es una sustancia química que altera las fisiologías de los biotipos vegetales durante un periodo suficientemente largo como para impedir el desarrollo o causar su muerte. Dentro de la Clasificación química se encuentra dentro del grupo de los Fosfitos. En la Argentina tiene clasificación Toxicológica III, en virtud de la nueva reglamentación de la Resolución SENASA 350/99).
En marzo de 2015, 17 expertos de 11 países se reunieron en el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, Lyon, Francia) para evaluar la carcinogenicidad de los plaguicidas organofosforados tetraclorvinfos, paratión, malatión, diazinón, y el glifosato (tabla). Estas evaluaciones se publicaron en el volumen 112 de las monografías de la IARC, a través de la revista "The Lancet Oncology" el 20 de Marzo de 2015.
De esa evaluación, el grupo de trabajo concluyó que hay evidencias para clasificar al glifosato como "probablemente cancerígeno para los seres humanos" (Grupo 2A).
Se trata de un reconocimiento científico de gran envergadura que realiza un organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud, que por primera vez recepciona parte de los centenares de trabajos que venían mostrando las evidencias de efectos nocivos "significativos" del glifosato en la salud humana.
En la publicación se señala que "El glifosato es un herbicida de amplio espectro, que en la actualidad posee los volúmenes de producción más altos de todos los herbicidas. Se utiliza en más de 750 productos diferentes para aplicaciones agrícolas, forestales, urbanos, y el hogar. Su uso se ha incrementado notablemente con el desarrollo de variedades de cultivos resistentes al glifosato modificados genéticamente." Por lo expuesto, es que solicitamos la información - que mas abajo detallamos - al SENASA, siendo que conforme el Decreto 350/99 es la autoridad de aplicación.
1.- Sobre el principio activo GLIFOSATO, solicitamos que se nos informe sobre todos los estudios científicos presentados por las empresas que la administración consideró para las respectivas autorizaciones, en relación al cumplimiento de la reglamentación. Solicitamos como prioridad las solicitudes de MONSANTO ARGENTINA SAIC. ATANOR, DOW AGROSCIENCES SA Y SYNGENTA. La nformación del principio activo GLIFOSATO:
A) SOBRE LOS ASPECTOS RELACIONADOS A SU USO.
1.- Informe que Organismos nocivos están controlados.
2.- Detalle trabajos científicos presentados (Titulo, autor, fecha de publicación y revista científica) y se nos expida copia de los mismos sobre los siguientes puntos:
2.1 Modo de acción sobre los organismos nocivos y sobre las plantas.
2.2 Ámbito de aplicación previsto (ej.: campo, invernáculo u otros).
2.3 Condiciones fitosanitarias y ambientales para ser usado.
2.4 Resistencia (información sobre desarrollo de resistencia y estrategias de manejo).
B) SOBRE LOS METODOS ANALITICOS.
Detalle trabajos científicos presentados (Titulo, autor, fecha de publicación y revista científica) y se nos expida copia de los mismos como asi también que informo la empresa peticionante sobre los siguientes puntos:
2.5 Métodos analíticos para la determinación de residuos en plantas tratadas, productos agrícolas, alimentos procesados, suelo y agua. Se incluirá la tasa de recuperación y los límites de sensibilidad metodológica.
En el caso que no fueron requeridos por considerarse que no era necesaria el establecimiento de una tolerancia, solicitamos cual fue la información técnica que se considero para motivar el no requerimiento. 2.6. Métodos analíticos para la determinación en el aire y métodos analíticos para la determinación en tejidos y fluidos animales o humanos.
C) SOBRE LOS RESIDUOS EN PRODUCTOS TRATADOS.
2.7. Identificación de los productos de degradación y de reacción de metabolitos en plantas o productos tratados.
2.8. Comportamiento de los residuos de los ingredientes activos y sus metabolitos desde la aplicación hasta la cosecha (cuando sea relevante). Absorción, distribución o conjugación con los componentes de la planta y la disipación del producto para el ambiente.
2.9 Datos de residuos obtenidos a través de los ensayos de campo realizados, de acuerdo al diseño propuesto a la inscripción del producto experimental.
D) INFORMACIÓN CON RESPECTO A LA SEGURIDAD.
Detalle trabajos científicos presentados (Titulo, autor, fecha de publicación y revista científica) y se nos expida copia de los mismos como así también que informo la empresa peticionante sobre los siguientes puntos:
3 Procedimientos para la destrucción de la sustancia activa y para la descontaminación.
3.1 Posibilidades de recuperación.
3.2 Posibilidades de neutralización.
3.3 Incineración controlada. Condiciones en las que debe efectuarse la misma.
3.4 Depuración de las aguas.
3.5 Los Métodos recomendados y precauciones de manejo durante su manipulación, almacenamiento, transporte y en caso de incendio o derrame.
3.6 En caso de incendio productos de reacción y gases de combustión.
3.7 Información sobre equipos de protección individual.
E) EFECTOS TOXICOS EN ESPECIES MAMIFERAS.
3.8 Inmediata (Experiencia en humanos)
3.9 No inmediata. (Una especie)
4.0. Respuesta inmune celular. (Requerimiento exclusivo para sustancias activas bioquímicas).
4.1 Formación de anticuerpos.
4.2 Toxicidad Crónica. (SOLICITAMOS LA INFORMACION CON PRIORIDAD ABSOLUTA CON EXPRESA RESERVA DE DERECHOS)
4.3. Oral a largo plazo (DOS (2) años). (SOLICITAMOS LA INFORMACION CON PRIORIDAD ABSOLUTA CON EXPRESA RESERVA DE DERECHOS)
4.4. Carcinogenicidad. (SOLICITAMOS LA INFORMACIÓN CON PRIORIDAD ABSOLUTA CON EXPRESA RESERVA DE DERECHOS)
4.5 Mutagenicidad: (SOLICITAMOS LA INFORMACIÓN CON PRIORIDAD ABSOLUTA CON EXPRESA RESERVA DE DERECHOS)
4.6 Aberraciones cromosómicas. (SOLICITAMOS LA INFORMACIÓN CON PRIORIDAD ABSOLUTA CON EXPRESA RESERVA DE DERECHOS)
4.7 Perturbaciones del ADN. (SOLICITAMOS LA INFORMACIÓN CON PRIORIDAD ABSOLUTA CON EXPRESA RESERVA DE DERECHOS)
4.8 Efecto sobre la Reproducción. (SOLICITAMOS LA INFORMACIÓN CON PRIORIDAD ABSOLUTA CON EXPRESA RESERVA DE DERECHOS)
4.9 Teratogenicidad. (SOLICITAMOS LA INFORMACIÓN CON PRIORIDAD ABSOLUTA CON EXPRESA RESERVA DE DERECHOS)
5 Estudio sobre, por lo menos, DOS (2) generaciones en mamíferos. (SOLICITAMOS LA INFORMACIÓN CON PRIORIDAD ABSOLUTA CON EXPRESA RESERVA DE DERECHOS)
5.1 Metabolismo en mamíferos. (SOLICITAMOS LA INFORMACION CON PRIORIDAD ABSOLUTA CON EXPRESA RESERVA DE DERECHOS)
5.2 Estudios de: (luego de la administración oral y dérmica).
5.3 Absorción.
5.4 Distribución.
5.5 Excreción.
5.6 Explicación de las rutas metabólicas.
5.7 Estudios de Neurotoxicidad y/o Neurotoxicidad retardada. (SOLICITAMOS LA INFORMACION CON PRIORIDAD ABSOLUTA CON EXPRESA RESERVA DE DERECHOS)
5.8. Efectos tóxicos de metabolitos procedentes de los vegetales tratados.
5.9. Información médica complementaria.
6 Observación sobre la exposición de la población en general y estudios epidemiológicos. (SOLICITAMOS LA INFORMACION CON PRIORIDAD ABSOLUTA CON EXPRESA RESERVA DE DERECHOS)
6.1 Observaciones sobre sensibilización/alergización. (SOLICITAMOS LA INFORMACION CON PRIORIDAD ABSOLUTA CON EXPRESA RESERVA DE DERECHOS)
D) SOBRE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO ABIOTICO.
6.2 Comportamiento en el Suelo. (Datos para TRES (3) tipos de suelos patrones).
6.1 Tasa y vías de degradación (hasta NOVENTA POR CIENTO (90%), incluida la identificación de:
6.2 Procesos que intervienen.
6.3 Metabolitos y productos de degradación.
6.4 Absorción y desorción y movilidad de la sustancia activa y si es relevante, de sus metabolitos.
6.5 Magnitud y naturaleza de los residuos remanentes.
6.6 Comportamiento en el Agua y en el Aire.
6.7 Tasa y vías de degradación en medio acuoso.
6.8 Biodegradación.
E) EFECTOS TOXICOS SOBRE OTRAS ESPECIES.
E.1) Efectos sobre las Aves.
6.9 Toxicidad oral aguda (en faisán, codorniz, pato silvestre u otra especie validada con un xenobiótico lipofílico).
7 Toxicidad a corto plazo: estudio en una especie/OCHO (8) días (en faisán, codorniz, pato silvestre u otra especie validada con un xenobiótico lipofílico).
7.1 Efectos en la reproducción (en faisán, codorniz, pato silvestre u otra especie validada con un xenobiótico lipofílico).
En el caso que esta información o estudios no hayan sido requeridos cual fue la fundamentacion detalla y precisa que se considero. Solicitamos que se acompañe copia y cita de esa información.
7.2 Toda otra información derivada de estudios de reproducción en mamíferos que indicaran que pudiera haber un efecto adverso.
E.2) Efectos sobre Organismos Acuáticos.
7.3 Toxicidad aguda para peces (trucha arco iris, carpas u otras especies validadas con dicromato de potasio): CL50 con control contemporáneo dimetoato.
7.4 Toxicidad crónica para peces (trucha arco iris, carpas u otras especies validadas).
7.5 Efectos en la reproducción y tasa de crecimiento de peces (trucha arco iris, carpas u otras especies validadas).
7.6 Bioacumulación en peces (trucha arco iris, carpas u otras especies validadas con dicromato de potasio).
7.7 Toxicidad aguda para Daphnia magna.
7.8 Estudios crónicos de VEINTIUN (21) días en Daphnia magna.
7.9 Tasa de reproducción para Daphnia magna.
8 Ritmo de crecimiento para Daphnia magna.
8.1 Efectos sobre el crecimiento de las algas: CI50 (Selenastrum capricornutum u otra especie validada con dicromato de potasio).
E.3) Efectos sobre otros organismos distintos al objetivo.
8.2 Toxicidad aguda para abejas: DL50 oral y por contacto, validado con control contemporáneo con dimetoato.
8.3 Toxicidad aguda para artrópodos benéficos (ej.: predadores).
8.4 Toxicidad para lombrices de tierra (Eisetia foetida u otra especie validada):CL50 sobre suelo (expresada en mg/kg de tierra). Control contemporáneo con tierra sin tratar.
8.5 Toxicidad para microorganismos del suelo (nitrificadores).
8.6 Infome si se diseñaron exigencias experimentales específicas cuando los resultados de los ensayos realizados no permitieron concluir que el producto tiene controlados sus riesgos de acuerdo al uso propuesto. Solicitamos la documentación respaldatoria.
2.- Sobre los siguientes registros de agrotóxicos, a saber:
Registro Nro 36569 de ATANOR S.C.A. (producto GLIFOSATO ATANOR TOTAL) Registro Nro 34890 de ATANOR S.C.A. (producto MESTIZO)
Registro Nro 33487 de ATANOR S.C.A. (producto FLIER) Registro Nro 33119 de BASF ARGENTINA S.A. (producto ALTEZA) Registro Nro 34928 de DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.A. (producto PANZER GOLD)
Registro Nro 34928 de DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.A. (producto PANZER GOLD)
Registro Nro 37098 de MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. (producto ROUNDUP ULTRAMAX) Registro Nro 31098 de MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. (producto ROUNDUP) Registro Nro 35210 de NIDERA S.A (producto GLIFOMAX NG)
Registro Nro 33566 de SYNGENTA AGRO S.A. (producto SULFOSATO TOUCHDOWN) Registro Nro 35081 de SYNGENTA AGRO S.A. (producto FALLOW)
Registro Nro 36331 de YPF S.A. (producto FS. GLIFOSATO II) Registro Nro 37772 de YPF S.A. (producto H. GLIFOSATO PREMIUM )
Solicitamos que se nos informe sobre todos los estudios científicos presentados por las empresas que la administración consideró para las respectivas autorizaciones, en relación al cumplimiento de la reglamentación. COMO PRIORIDAD EXCLUYENTE Y CON EXPRESA RESERVA DE DERECHOS SOLICITAMOS SE NOS INFORME si se realizaron estudios Toxicidad Crónica. Oral a largo plazo (DOS (2) años). Carcinogenicidad Mutagenicidad. Aberraciones cromosómicas. Perturbaciones del ADN. Efecto sobre la Reproducción. Teratogenicidad. Estudio sobre, por lo menos, DOS (2) generaciones en mamíferos. Estudios de Neurotoxicidad y/o Neurotoxicidad retardada. Observación sobre la exposición de la población en general y estudios epidemiológicos. EN CASO AFIRMATIVO se Detalle trabajos científicos presentados (Titulo, autor, fecha de publicación y revista científica) y se nos expida copia de los mismos.
También solicitamos lo que informo la empresa sobre los siguientes puntos, conforme la reglamentación. Solicitamos que se nos Detalle trabajos científicos presentados (Titulo, autor, fecha de publicación y revista científica) y se nos expida copia de los mismos.
A) SOBRE LA APLICACIÓN
8.7 Ámbito de aplicación (Campo, Invernáculo, etc.).
8.8 Efectos sobre las plagas y en los vegetales.
8.9 Condiciones en que el producto puede o no, ser utilizado.
9 Dosis. Información correspondiente a los resultados de los ensayos de eficacia agronómica.
9.1 Número y momentos de aplicación.
9.2 Métodos de aplicación.
9.3 Instrucciones de uso.
9.4 Tiempo de reingreso al área tratada, propuesta por la empresa.
9.5 Períodos de carencia, propuestos por la empresa.
9.6 Efectos sobre cultivos subsiguientes.
9.7 Fitotoxicidad. Información correspondiente a los resultados de los ensayos de fitotoxicidad.
9.7 (BIS) PUNTUALMENTE SOLICITAMOS SE INFORME:
1) SI SE REALIZARON ESTUDIOS SOBRE DERIVA PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA Y SE TOMARON LAS DISTANCIAS DE MAYOR DISPERSIÓN DEL AGROTÓXICOS.
2) SI SE REALIZARON ANÁLISIS DE AGUA DE LLUVIA, SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA LUEGO DE TRES MESES Y SEIS MESES DE LA APLICACIÓN CON EL AGROTÓXICOS.
B) SOBRE DATOS TOXICOLOGICOS.
9.8 Toxicidad aguda para mamíferos:
9.9 Oral.
10 Dérmica.
10.1 Inhalatoria
10.2. Irritación cutánea y ocular.
10.3 Sensibilización cutánea.
10.4 Observación sobre la exposición de la población abierta y estudios epidemiológicos.
10.5 Observación directa de Casos Clínicos, Accidentales y deliberados.
C) DATOS DE LOS EFECTOS SOBRE EL AMBIENTE.
10.6 Efectos tóxicos sobre especies no mamíferas.
10.7 Efectos tóxicos sobre las aves:
Estos estudios serán requeridos para todos los productos cuyos usos propuestos son en lugares abiertos.
10.8 Toxicidad oral letal media de dosis única (en faisán, codorniz, pato silvestre y otra especie validada con un xenobiótico lipofílico).
10.9 Toxicidad oral letal media dietaria (en faisán, codorniz, pato silvestre u otra especie validada con un xenobiótico lipofílico).
11 Efectos tóxicos sobre organismos acuáticos:
11.1 Concentración letal media de NOVENTA Y SEIS HORAS (96 h) (en trucha arco iris, carpa otras especies validadas).
11.2 Concentración letal media en microcrustáceos (Daphnia magna u otras especies validadas).
11.3 Concentración de inhibición media en algas (Selenastrum capricornutum u otras especies validadas).
11.4 Efectos tóxicos sobre abejas:
Este estudio será requerido si por el uso propuesto pudiere resultar una exposición de las abejas.
11.5 Toxicidad oral letal media en Apis mellifera.
11.6 Efectos sobre el ambiente:
11.7 Comportamiento en el suelo:
Estos estudios serán requeridos siempre que hubiera una posibilidad del producto de alcanzar el suelo en base a los usos propuestos.
11.8 Residualidad.
11.9 Lixiviación.
12 Degradabilidad.
12.1 Comportamiento en el agua y en el aire:
12.2 Residualidad.
12.3 Degradabilidad.
12.4 Volatilidad.
IV. LEGITIMACION ACTIVA
La legitimación procesal del suscripto se funda en la cláusula incorporada por la reforma de 1994 en el art. 41 de la Constitución Nacional, situado en un nuevo capítulo de la parte dogmática llamado "Nuevos Derechos y Garantías" que establece que "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley"
Correlativamente en su artículo 43, dispone: “Podrán interponer esta acción (refiriéndose al Amparo) ….en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente,…..así como los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley (..)
De modo que el constituyente del 94 ha consagrado, a través del art. 41, un verdadero DERECHO – DEBER, al garantizar, por un lado, a “todos los habitantes” –sin distingo de ningún tipo o especie- a ese “derecho” al ambiente en las condiciones descriptas (sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano; etc), y por otro lado, les ha impuesto el “deber” de preservarlo. Cafferata nos recuerda que “tradicionalmente la cuestión de la legitimación activa frente a los tribunales se ha resuelto fácilmente: podrá reclamar un daño aquél que lo ha sufrido. Es decir, el damnificado directo, concreto, personal, inmediato, individual, la víctima del daño diferenciado, aquel que resulta atacado (..). Pero aclara con razón que en la actualidad las agresiones ambientales afectan directamente a categorías enteras de individuos y no a individuos en particular: el interés colectivo que subyace detrás del daño de la misma naturaleza no puede ser atendido mediante los principios de corte individualista centrados en el interés legítimo del particular afectado.
“Esta concepción civilista (restringida) encierra una paradoja: el mismo Estado que consagra el derecho al ambiente como un derecho humano esencial, otorga a la vez el permiso administrativo a la industria contaminante, al aserradero depredador y a otras actividades nocivas para luego negar la protección jurisdiccional con argumentos alambicados dignos de mejor destino, siempre de alta ingeniería jurídica pero divorciados de la realidad del caso concreto y que dejan un sabor amargo en el justiciable. Se agrava de esta manera la ya injusta situación social. Es obvio que quienes mas tienen menos sufren el deterioro ambiental porque pueden huir de los lugares envenenados, refugiándose en parques residenciales, pero quienes menos poseen ven agravadas sus ya precarias condiciones de vida, sin poder contar con el auxilio ni de la Administración (que tolera lo intolerable) ni de los jueces que le niegan legitimación procesal
El Estado antes “benefactor”, ahora ni siquiera asume un rol “subsidiario” (al menos tuitivo de la salud pública y niveles mínimos de calidad de vida) y se transforma en un Estado “ausente”..”
[1] (énfasis agregado). Ahora bien, retomando el análisis del artículo 43 de nuestra Constitución Nacional, advertimos que dicho precepto concede “legitimación activa” para demandar por daño ambiental, en primer lugar, al “afectado”. Dicha expresión, ha dado origen a diversas interpretaciones. Así para una corriente a la podría denominarse “amplia”, en una interpretación conjunta de los términos –afectados- y –derechos de incidencia colectiva en general- permite suponer una consagración de la legitimación para actuar a cualquier afectado en reclamo de derechos colectivos.
[2] Según esta corriente amplia con la palabra “afectados” se cubre la legitimación para amparar intereses difusos. Que participa de esta tesis, entre otros, J. R. Walsh, "El medio ambiente en la nueva Constitución Argentina", conforme a la cual la palabra afectados está equiparada a la de vecinos para quienes es menester acreditar un mínimo interés razonable y suficiente, para constituirse defensor de derechos de incidencia colectiva o supraindividuales, (cfr.: LL., Suplemento de Derecho Ambiental Año 1, N° 1 (6-12-1994; Bidart Campos, Germán J., "Tratado elemental del Derecho Constitucional Argentino" , Tomo VI, entre otros).
“Es indudable que conforme a la tesis expuesta, la que -como he anticipado, comparto-, resulta necesario acreditar un mínimo de interés razonable y suficiente para poder constituirse en defensor de derechos de incidencia general o supraindividuales, interés que han acreditado los presentantes, conforme lo expuesto precedentemente” (“Mamaní Agustín Pío y otros c/ Estado Provincial - Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales- y la empresa CRAM S.A. s/ acción colectiva de amparo ambiental - medida cautelar innovativa” - Tribunal en lo Contencioso Administrativo de Jujuy – Sala: III - 27-jun-2012 - MJ-JU-M-73635-AR | MJJ73635 | MJJ73635).
“ (..) en cuanto a la legitimación activa en materia ambiental, la jurisprudencia del fuero se ha orientado hacia un criterio amplio. Ello así, con fundamento en el art. 41 de la CN y 26 de la CCABA, en armonía con los arts. 43 y 14 , que estipulan el derecho a gozar de un ambiente sano y el uso del amparo por toda persona agraviada o por todo afectado en un grado menor o potencial, presente o futuro, por el daño ambiental.”
“La Jurisprudencia local -con fundamento en la CCABA- ha ampliado significativamente la legitimación, ya que la norma habla de "habitante" de la ciudad, lo que conlleva a que “cualquier vecino puede accionar por amparo ambiental”, así como el Defensor del Pueblo y las Organizaciones no gubernamentales. (Conf. Autos: "BARRAGAN JOSE C/ AUSA Y GCABA S/AMPARO" del Juzgado CAyT Nº3, confirmada por la Sala I del fuero CAyT de la Ciudad de BsAs”.-
(“Oybin Mario Jorge c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)” - Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Juzgado: N° 12 - 6-nov-2006 - MJ-JU-M-9133-AR | MJJ9133). En idéntico sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha decidido en la causa “MENDOZA”:
"La tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes que cada uno de los ciudadanos tienen respecto del cuidado de los ríos, de la diversidad de la flora y la fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera. Estos deberes son el correlato que esos mismos ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras, porque el daño que un individuo causa al bien colectivo se lo está causando a sí mismo. La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales". (cfr.: "Mendoza Beatriz S. y otro c/ Estado Nacional y otro" del 20 de junio de 2006 - Cons. 20, Cons. 18).
En cambio, para una corriente “restringida”, se asimila al afectado con el titular de un derecho subjetivo. Se enrolan dentro de esta corriente, entre otros, Juan C. Cassagne (“Sobre la protección ambiental”, LL 1995 –E- 1217) y Rodolfo Barra (“La acción de Amparo en la Constitución Reformada” – LL 1994-E-1043).
No podemos dejar de señalar, que en el caso que nos convoca (desmontes) se encuentra en juego el ejercicio de acciones relacionadas a los denominados “intereses difusos” o de “incidencia colectiva”; por lo que no resulta exigible al amparista acreditar la existencia de un daño individual, personal y directo. “En este caso (haciendo referencia a los intereses difusos) los sujetos constituyen un grupo indeterminado o de difícil determinación, y el bien no es divisible en cuotas que permitan el otorgamiento de un derecho subjetivo. Ejemplo claro de ello es el medio ambiente, sobre el que no hay un dueño o un grupo determinado que sea propietario del mismo, ni es factible dividirlo a los fines de conceder un derecho sobre el mismo, ni es factible dividirlo a los fines de conceder un derecho sobre el mismo” – Conf. “Daño moral colectivo: su reconocimiento jurisprudencial” – por Ricardo LORENZETTI – en nota a fallo: “Municipalidad de Tandil…” JA 1997-III-224.
En el caso de los derechos de incidencia colectiva, “el bien tampoco es divisible, como en el caso anterior y, generalmente, se trata de los mismos bienes colectivos. La diferencia reside en que en este caso hay grupos organizados para la defensa de los mismos, y ellos resultan legitimados (…)En la Argentina se han hecho muchos avances en materia de legitimación procesal colectiva. La ley 24240 de protección de los consumidores y usuarios confiere acción a las asociaciones de consumidores constituidas como personas jurídicas cuando los intereses de los mismos resulten afectados o amenazados” - Conf. LORENZETTI op. cit.
Por su parte la ley 25.675, en su artículo 32 determina que:”..el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie”, y correlativamente el artículo 30 dispone: “Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación activa para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el articulo 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal (…)”
Proteger y recomponer al ambiente es un deber de “los habitantes” y de “las autoridades”, en la medida que el artículo 41 de la C.N. “involucra a las autoridades con una cobertura amplísima que abarca desde los titulares de los tres departamentos del gobierno federal y de los gobiernos provinciales y municipales jurídicamente exigible, y a todos los jueces, también a los que no más que órganos de tribunales administrativos, como los de faltas”
[3] “Esta función de interpretar, articular y, en su consecuencia, aplicar pesa – como deber ineludible- en las Administraciones Públicas y en los jueces, que ni pueden eludir interpretar “en bloque” la norma constitucional ni dejar de interrelacionar cada adjetivación con todas las restantes, único mecanismo de interpretación y aplicación que respeta el orden público ambiental”
[4]. CONCLUYENDO: En el moderno constitucionalismo y, entre nosotros, a partir de la reforma constitucional de 1994, se ha receptado la posibilidad referida a los llamados derechos humanos de tercera generación, lo cual ha tenido acogida expresa en el artículo 43, primer párrafo, que alude a "toda persona", aunque resulte evidente que no se refiere a aquellos que pretendan ejercer acciones que no les sean propias. Pero esa interpretación lógica y literal, no excluye la tutela de los derechos humanos de tercera generación. El mismo Gozaíni postula que, "en suma, la legitimación referida exclusivamente al titular agraviado está en crisis; se abre la urgente necesidad de responder con soluciones de presente a una situación que estrecha el marco de justicia igualitaria"... “Esta tercera generación de derechos del constitucionalismo moderno -que no es otra cosa que el derecho de todos, y no una prerrogativa exclusivamente individual- puede y debe ser ejercida para lograr una mayor y eficaz participación popular en el control de la cosa pública, a fin de evitar su degradación por orfandad representativa y el descreimiento del ciudadano en las instituciones de la república y sus operadores. Porque el verdadero ciudadano en una democracia no es un mero guarismo en las encuestas, ni un convidado de piedra, sino que, aunque eventualmente, es, junto a todos, el guardián de sus derechos. Ese es, por lo demás, el criterio seguido por este Superior Tribunal de Justicia en los pronunciamientos registrados en L.A. 36 Fº 209/216 Nº 89; L.A. 36 Fº 222/228 Nº 93 y más recientemente en L.A. 37 Fº 1099/1105 Nº 501”, en el que se dijo que "uno de los vértices capitales para darle protección jurídica a estos nuevos derechos sociales, está en reconocer sin mezquindades interpretativas una amplia legitimación activa en quienes se valen de estas vías... permitiendo que el ciudadano común, el hombre en tanto ser humano, como sujeto individual, tenga acceso a la justicia y, al menos, pueda ser oído”. Al respecto Bidart Campos dijo `negar la legitimación para tutelarlos so pretexto de que por pertenecer a muchos o a todos, no singularizan en cada uno un interés personal que sea diferente al común interés de los demás, es padecer de una fuerte miopía procesal" (Rev. ED del 16 de noviembre de 1991 Nº 8.372). (cfr.: L.A.Nº 49, Fº 229/232, Nº 91, in re Nº 207/2000, caratulado: "Acción de inconstitucionalidad - medida innovativa: Baigorria, Jesús Armando c/ Estado Provincial (Ley 4.807 e incorporado como art. 60 ter del título IV bis del C.P.P.,)... El reconocimiento en cualquier persona de la titularidad o participación de cualquiera de tales derechos, lleva ínsita la admisión de su acceso a la jurisdicción para su protección, merced al ejercicio de la pertinente acción, sea esta individual o de clase. Con la reforma de la Constitución Nacional ha quedado incorporado a nuestro ordenamiento positivo el derecho de "toda persona" (artículo 43) de solicitar jurisdiccional amparo, no sólo cuando se menoscaben sus derechos individuales, sino cuando, de algún modo, se afecten sus intereses de incidencia colectiva.
Que entonces, en particular, el bien jurídico a proteger está por encima de normas adjetivas determinadas y la finalidad de la justicia no puede verse mediatizada, sino atender a la más amplia protección de los derechos cobijados por la Constitución de la Nación.
En consonancia el decreto 1173/02 consagra una legitimación amplia al prescribir que toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado.
Por los fundamentos expuestos los suscriptos se encuentran plenamente legitimados para interponer la presente acción.-
V.- RESERVA DEL CASO FEDERAL
Para el supuesto e improbable caso que V.S. no hiciere lugar a la presente acción, dejamos introducida la cuestión federal por cuanto la conducta de las demandadas resulta violadora de las garantías reconocidas en los arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional, leyes 25675,25831 y decreto PEN 1172/03, haciendo reserva de ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por vía del recurso extraordinario regulado en el art. 14 de la ley 48, y de ser así necesario, de recurrir ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos, atento los derechos humanos vulnerados para las presentes y futuras generaciones. El contenido de la acción interpuesta pone de manifiesto la existencia de cuestiones federales directas en los términos de la ley n° 48, pues en el proceso de autos V.S. debe interpretar el alcance y contenido de las normas constitucionales mencionadas supra ya que están en juego el ejercicio de derechos consagrados en la Constitución Nacional como el derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la integridad física, derecho a vivir en un medio ambiente sano.-
En consecuencia y aunque no dude que V.S. asumirá, a través de su resolución, el rol de garante del cumplimiento, por parte del Estado, de obligaciones que le han sido impuestas por la Constitución, la Legislación Nacional e Internacional, se deja planteada la reserva de introducir la cuestión federal en atención al origen y magnitud de los derechos impetrados.
VI.- PRUEBA:
1.- Fotocopias DNI
2.- Presentación Administrativa ante el SENASA con fecha 5/6/2015
Por todo lo expuesto, a V.S. solicitamos: 1. Se me tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio legal indicado. 2. Se tenga presente la prueba documentación acompañada.
3. Se haga lugar a la presente acción de amparo.
4. Se autoriza para la realización de todos los actos inherentes a la procuración a los Dres Claudio Pérez, Marcela Iribarne y Viviana Díaz.
[1] - BOTASI, Carlos A. – “El Proceso Contencioso Administrativo Ambiental”- JA 2000-III-978; Lexis Nº 0003/007700-. [2] - Conforme a esta tésis la palabra afectados esta equiparada a la de vecinos, para quienes es menester acreditar un mínimo interés razonable y suficiente, para constituirse defensor de derechos de incidencia colectiva o supra individuales, LL suplemento de Derecho ambiental, año 1 n.1 (6/12/1994); Bidart Campos, German J. “Tratado elemental de Derecho Constitucional Argentino” t. 6; “La reforma Constitucional de 1994”, 1995, Ed. Ediar; Morillo A gusto M. “El Amparo después de la Reforma Constitucional”, Rev. de Derecho Privado y Comunitario, 1994, n.7; Cafferata Nestor A. cit. supra y Gozaíni, Osvaldo A., “La Noción de afectado y el Derecho de Amparo”, ED del 22/11/1995.- según cita de ANDORNO , Luis O. – en “Vias legales..” – op. cit. [3] - BIDART CAMPOS, German, “Manual de la Constitución Reformada” – t. II, 2002, Ed. Ediar, pag. 86 [4] - CAFFERATA, Nestor, “Orden público y el paradigma ambiental” – ED 6/2/2007, p.1-

References: artículo 9
 artículo 16
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 32
 artículo 30
 artículo 41
 artículo 43