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Timestamp: 2019-01-17 07:08:14+00:00

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﻿ Sentencia 2008-00124 de mayo 2 de 2013
SENTENCIA 2008-00124 DE 02 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:EL PRINCIPIO DE PRECLUSIVIDAD CONSUME UNA FASE PROCESAL Y ALLANA EL CAMINO PARA QUE EL PROCESO TERMINE EN FORMA NORMAL. EL PRINCIPIO DE PRECLUSIVIDAD CONLLEVA EN FORMA TÁCITA UNA OBLIGACIÓN O DEBER, A QUE LOS INTERVINIENTES ACTÚEN EN FORMA PRONTA Y DILIGENTE, PARA EVITAR LA PERTURBACIÓN DEL ORDEN LÓGICO DEL PROCESO DISCIPLINARIO. CON ELLO SE IMPIDE QUE UNA CAUSA O LITIGIO PERMANEZCA ABIERTO EN FORMA INDEFINIDA A LA ESPERA DEL PERSONAL CRITERIO DE QUE QUIEN CONSIDERA VULNERADO UN DERECHO PROPONGA UNA SOLUCIÓN CONTRARIA A LA FINALIZACIÓN DE TAL SEGMENTO, EVITANDO CON ELLO EL PRONUNCIAMIENTO DE FONDO DE PARTE DEL JUZGADOR. ESE PRINCIPIO QUE VA DE LA MANO CON EL PRINCIPIO DE IMPRORROGABILIDAD DE LOS TÉRMINOS PROCESALES, IMPIDE RETROTRAER DECISIONES O SEGMENTOS YA FENECIDOS, POR ENDE, QUEDAN REVESTIDOS DE UNA ESPECIE DE COSA JUZGADA FORMAL QUE REDUNDA EN LA GARANTÍA DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN, PRÓRROGA DEL TÉRMINO PROCESAL, PRECLUSIÓN, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS SUJETOS PROCESALES
Sentencia 2008-00124 de mayo 2 de 2013
Rad. 470011102000200800124 -02
Proyecto registrado: 30 de abril de 2013
Aprobado según Acta 032 de la fecha
Bogotá, D.C., Dos de mayo de dos mil trece
La Sala tiene competencia para conocer la apelación de la negativa de pruebas dada por las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 256 numeral 3º(3) de la Carta Política y artículo 112 numeral 4º(4) de la Ley 270 de 1996, en concordancia con artículo 81 de la Ley 1123 de 2007(5).
Si bien es cierto la esencia del derecho disciplinario de la abogacía, radica fundamentalmente en un precepto de orden constitucional, el cual en el artículo 26 consagra que “(...) toda persona es libre de escoger profesión u oficio, dejándole al legislador la regulación de la misma (...)”, también lo es que el fin último de la interpretación de la ley disciplinaria deontológica es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.
Así las cosas, resulta del caso traer a colación los requisitos de los medios de prueba a fin de establecer si las solicitadas por el procesado reúne tales exigencias o no; (I) conducencia: que se encuentran acorde con la ley, o sea, conforme a los parámetros establecidos y requisitos para poder ser allegadas al interior del expediente; (II) pertinencia: consiste en la relación de facto que existe entre los hechos que se pretenden demostrar y los debatidos al interior del proceso, es decir, aquellas pruebas que son del caso; (III) utilidad: se refiere al servicio que puede prestar el medio probatorio al operador disciplinario al momento de realizar su razonamiento de convicción, es por ello que se deben descartar las que resulten innecesarias o superfluas.
No obstante la relación de requisitos que dan viabilidad a la práctica de pruebas, no puede pasar por alto la colegiatura aspectos formales, pero de trascendencia que dan o no al traste con el principio de preclusividad de las fases procesales en este tipo de asuntos, la oportunidad probatoria y la estructura del proceso disciplinario diseñado para ser célere con la introducción a la juridicidad del sistema oral, por lo menos en primera instancia, para el caso de los abogados en el ejercicio de la profesión.
Se tiene que en el asunto sub-lite, el Seccional de instancia profirió decisión el 25 de noviembre de 2010 archivando la actuación por el hecho señalado del cobro de honorarios en un 50% cuando lo pactado fue el 38% y formuló cargos por la falta prevista en el artículo 35-4.
Apelado por los quejosos el archivo antes aludido, esta superioridad el 13 de abril de 2011 revocó esa decisión de archivo y ordenó continuar con la audiencia de pruebas y calificación provisional, porque el acervo probatorio no era suficiente para reafirmar esa terminación, pues de “no ser excesivos los honorarios, por lo menos se está frente a la no devolución de un dinero que no le corresponde, esto es, el 12% que tomó por sí y para sí, cuando el pacto o acuerdo de voluntades fue, a lo sumo, del 38% de lo recaudado; pero será el seccional que al valorar la prueba adecuará típicamente dicho comportamiento”.
Así las cosas, luego de varias audiencias, se imputó en diligencia de pruebas y calificación provisional del 19 de febrero de 2013, por ese hecho identificado en esta instancia —la diferencia del 12% de honorarios en disputa— la incursión del abogado Córdoba Mantilla en la falta prevista en el artículo 35-4, porque “al parecer el togado se habría apoderado de una suma superior al 38% de lo pactado en el contrato de honorarios profesionales”, lo cual endilgó a título de dolo.
Esa diligencia de cargos finalizó sin que el defensor o el disciplinable solicitará pruebas para la audiencia de juzgamiento, por lo que el despacho de oficio ordenó actualizar los antecedentes disciplinarios del acusado.
Entonces, en la audiencia de juzgamiento, que denominó el a quo como de pruebas y calificación provisional, pero que realmente desarrolló y trató como de juzgamiento, tanto el disciplinable como el defensor solicitaron la práctica de dos testimonios (de las señoras Mabel del Rosario Cuismán Rosado y Blanca Marina Molina Orozco), negadas por el magistrado instructor conforme se reseñó en precedencia.
Así las cosas, sólo basta apreciar la estructura del proceso diseñado en la Ley 1123 de 2007 —aplicable a este caso en concreto— para, de acuerdo con lo expuesto por el magistrado a quo, señalar la extemporaneidad de la petición de pruebas, pues, cierto es, como alega en la sustentación el disciplinable que debe buscarse la verdad real y garantizarse el derecho de defensa, pero tal finalidad debe hacerse de acuerdo a las formas previstas para ello.
El no acogerse a la opción garantista señalada en la ley, como solicitar pruebas al momento de la formulación de cargos para practicarlas en la audiencia de juzgamiento, cuando se estuvo presente en la misma, es consentimiento o, por lo menos, un sentir de no necesitar la práctica de otras diferentes a las allegadas y vertidas en el expediente, esa omisión no puede configurar violación de derechos de defensa y contradicción, diferente fuera que se hubiese cercenado esa oportunidad, pero habiendo estado a su alcance y no hacer uso de ella en el momento oportuno, es conducta no imputable a la administración.
Como acertadamente lo señaló el funcionario a quo y lo corrobora la Ley 1123 de 2007 —artículo 105— una vez formulados los cargos los intervinientes podrán “solicitar la práctica de pruebas a realizar en la audiencia de juzgamiento, sobre cuyo decreto se decidirá como ya se indicó. Se ordenarán de manera inmediata aquellas que hayan de realizarse fuera de la sede de la Sala y también se pronunciará sobre la legalidad de la actuación”. Acto seguido ordena fijar la audiencia de juzgamiento.
En esta última audiencia, el legislador dispuso que se practicarán aquellas pruebas decretadas, pero apréciese que no significó el decreto de nuevas pruebas, excepto que opte por variar la calificación, lo cual no sucedió en autos, por ende, no es la oportunidad procesal para el requerimiento de otras probanzas la audiencia de juzgamiento, precisamente en orden a materializar el principio de celeridad.
Esa estructura lo que hizo fue impregnar unas fases en el procedimiento, respecto de las cuales, una vez fenecidas opera el principio de preclusividad, que aplica cuando un asunto está diseñado en segmentos y articulaciones con ocasión de las cuales se profieren decisiones o providencias propias de ejecutarse; por lo tanto, agotado ese segmento no es posible volver atrás o retrotraerse so pretexto de garantías y protección de derechos, que se insiste, fueron respetados en tanto se tuvo por parte de los intervinientes la oportunidad de deprecar la práctica de las pruebas ahora pedidas. La única forma de revertirse la actuación es la existencia demostrada de una nulidad, vía legal para subsanar yerros sólo posibles de sanear con el uso de ese instrumento jurídico.
Lo anterior, por cuanto las discusiones en los estrados judiciales no pueden ser interminables bajo la ligera interpretación de protección a derechos fundamentales, de allí la perentoriedad de los términos y el reconocimiento de fases que agotadas no pueden revivirse, en aras de garantizar la continuidad del proceso y consecutividad de las instancias diseñadas en la estructura legalmente concebida.
Quiere decir entonces, que con ese principio de preclusividad se consume una fase procesal y allana el camino para que el proceso termine en lo posible en forma normal, normalidad condicionada por la sentencia independientemente de la decisión que se adopte, bajo el entendido que cualquier otra terminación es anormal en el mejor sentido de la acepción; es la fórmula que permite fijar los hechos en igualdad de condiciones.
Este principio de preclusividad conlleva en forma tácita una obligación o deber si se quiere, a que los intervinientes actúen en forma pronta y diligente, para evitar la perturbación del orden lógico del proceso. Con ello se impide que una causa o litigio permanezca abierto en forma indefinida a la espera del personal criterio de que quien considera vulnerado un derecho proponga una solución contraria a la finalización de tal segmento, evitando con ello el pronunciamiento de fondo de parte del juzgador.
Ese principio que va de la mano del principio de improrrogabilidad de los términos y lapsos procesales, impide, como se dijo, retrotraer actuaciones o segmentos ya fenecidos, por ende, quedan revestidos de una especie de cosa juzgada formal que redunda en la garantía del principio universalmente concebido como seguridad jurídica.
Por todo lo anterior, es que los dos testimonios fueron deprecados en forma extemporánea al hacerlo en la audiencia de juzgamiento, sin que tenga relevancia el argumento expuesto que la declaración de la señora Mabel del Rosario Cuisman Rosado había sido antes decretada y no practicada, pues si bien ello es cierto, el seccional intentó su práctica, solo que la inasistencia de esta ciudadana y su falta de colaboración para con la justicia impidió su realización, por lo tanto, no es situación imputable a la administración de justicia, así se demuestra a folios 327 cuando se decretó, al igual el auto del 11 de agosto de 2011 visible a folio 338, y el 8 de septiembre de igual año que reiteró la orden de escucharla en declaración — folio 381—, concordancia con el folio 344 contentivo de la citación misma.
En conclusión, habrá de confirmarse la decisión de negativa de prueba apelada, y exhortar al a quo para que dé impulso célere al proceso, observando que no se actúe con pretensiones dilatorias por parte de los intervinientes, en un proceso que cumple cinco años de trámite.
CONFIRMAR la decisión de NEGAR las pruebas testimoniales solicitadas por la defensa en la audiencia de juzgamiento que se lleva a efecto en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, conforme las razones expuestas en las consideraciones precedentes. Remítanse las diligencias al Seccional de origen.
(3) Artículo 256: Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y deacuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: (...) 3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.
(4) Artículo 112: Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatua:a (...). 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura.
(5) “ART. 81: Recurso de apelación. Procede únicamente contras las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia”.

References: artículo 112
 artículo 81
 artículo 26
 artículo 35
 artículo 35
 Artículo 256
 Artículo 112