Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/11001-03-25-000-2011-00519-00(2009-11).html
Timestamp: 2019-08-26 05:48:52+00:00

Document:
Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [11001-03-25-000-2011-00519-00(2009-11)]
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del artículo 35 de la misma disposición10.
PROCESO DISCIPLINARIO - Patrullero Policía Nacional / CONDUCTA - Dejar de informar o hacerlo con retardo, los hechos que debe ser llevados a conocimiento del superior por razón del cargo o servicio / DECISIONES DISCIPLINARIAS - Motivación / MOTIVACIÓN - Análisis de los hechos que dieron origen a la sanción disciplinaria
La motivación de los actos disciplinarios es garantía principal del debido proceso y el derecho de defensa del disciplinado en la medida que le permite conocer los argumentos y las pruebas tenidas en su contra, a efectos de que pueda controvertir su interpretación.	Conforme la norma transcrita, el acto debe
necesariamente ser motivado y tal proceder abarca, entre otros aspectos, el análisis del material probatorio recopilado conforme los postulados de la sana crítica, el estudio que se hizo de los cargos y de los descargos así como las razones que llevan a la entidad a tomar la decisión. De esta manera, si la decisión disciplinaria no cumple con alguno de estos presupuestos, se configurará la causal de nulidad por falta de motivación y vulneración del debido proceso. Ahora, la causal de nulidad señalada es distinta al vicio de la falsa motivación, en la medida que en este último aspecto el acto enjuiciado no carece de razones sino que las esbozadas en él son contrarias a la realidad. Sobre el particular la jurisprudencia indicó. (...) Así las cosas, la falsa motivación implica que el acto administrativo se encuentre motivado total o parcialmente y que los argumentos expuestos no estén acordes con la realidad fáctica y probatoria. (...) para la Subsección es claro que la entidad en los actos administrativos demandados, tanto en primera como en segunda instancia, analizó los hechos que dieron origen a la acción disciplinaria y las pruebas que dieron cuenta de la materialización de estos. De igual manera, es evidente que la demandada efectuó el análisis jurídico de los cargos, descargos y alegaciones del disciplinado, realizó la correspondiente calificación de la falta, el estudio de la culpabilidad y de los parámetros de proporcionalidad que tuvo en cuenta para graduar la sanción de acuerdo al mandato de los postulados del artículo 170 de la Ley 734 de 2002, luego no existió vulneración de su debido proceso en este punto. Ahora, toda vez que la Sala estudiará en los problemas jurídicos segundo y tercero con el fin de establecer si con las pruebas allegadas al plenario se logró demostrar la responsabilidad del señor Miranda Fabra, y en consideración a que tal cuestionamiento va íntimamente relacionado con la falsa motivación de los actos administrativos, porque busca demostrar que la realidad fáctica y probatoria no coincide con lo concluido por la entidad, este punto se analizará en los subsiguientes capítulos. En conclusión: La autoridad disciplinaria en el sub examine motivó las decisiones disciplinarias, tanto de primera como de segunda instancia, conforme lo ordena el artículo 170 de la Ley 734 de 2002.
REGIMEN DISCIPLINARIO - Policía Nacional / REGIMEN PROBATORIO - Derecho disciplinario / DERECHO DISCIPLINARIO - Respeto de las garantías propias del debido proceso / INDICIO - No se puede proferir decisión disciplinaria / DEBIDO PROCESO - Vulneración / PRUEBAS - Valoración / NULIDAD DECISION DISCIPLINARIA - Basada en indicios
[L]a Sala advierte que esto no pasa de una suposición, de una inferencia que la autoridad hace de la forma en que sucedieron los hechos, pero es evidente que en sus argumentos no cita una prueba contundente y válida que dé claridad acerca de si el policía Miranda Fabra se enteró de la presencia de la sustancia ilícita en el momento de la detención de los vehículos o después y en qué forma. Estudiado el razonamiento que efectuó la parte demandada se observa que parte de varios hechos probados para sancionar, así: a) Está probado que el demandante estuvo presente cuando se detuvieron los vehículos y las mujeres, b) se demostró que el mencionado transportó las damas hasta cerca del CAI de Bello Horizonte (Popayán, Cauca), detrás de la discoteca de razón social «Mangos» y c) de estos dos supuestos fácticos, determinó que el investigado tenía conocimiento de que las mismas acarreaban drogas, pese a que él lo niega en su versión libre. La Subsección advierte que la autoridad al definir la responsabilidad del disciplinado lo hace con fundamento en una deducción lógica, guiada porque encuentra dos hechos probados (a y b), sin embargo, no justifica en debida forma el tercero (literal c) ya que carece de una probanza que la sustente. A esta inferencia se llega porque de ninguno de los medios probatorios decretados y practicados válidamente y de los tenidos en cuenta se puede saber si el patrullero Miranda Fabra, en el instante mismo en que se realizó la detención de los vehículos, confirmó que las mujeres transportaban droga y además, porque el mismo lo niega en la versión libre, luego era menester desvirtuarlo probatoriamente. Si bien la entidad lo encontró demostrado con lo dicho por el agente Sánchez, la manifestación que hiciera este no podía ser tenida en cuenta como prueba en contra del investigado porque lo expresó en su versión libre y no fue llamado a rendir testimonio dentro del proceso disciplinario. Así las cosas, para la Subsección es evidente que la segunda instancia tampoco realizó un adecuado análisis del material probatorio para determinar la responsabilidad del demandante en lo que respecta al primero de los cargos imputados, y no lo hizo puesto que quiso justificar la sanción a base de indicios, los cuales no son suficientes para que se declare la responsabilidad y además, porque lo sustentó en lo manifestado por un uniformado en su versión libre, y no en las pruebas válidas que se decretaron y practicaron en el trámite administrativo. De acuerdo con lo anterior, el señor Fabra Miranda no debió ser sancionado por la falta estipulada en el ordinal 9.° del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, conforme lo señalado en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002 que indica de manera precisa que «[...] No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado [...]». Así, la autoridad disciplinaria en el momento de emitir la decisión al no tener en su poder una prueba que diera cuenta que este supo y vio la droga cuando detuvo los vehículos no podía deducir la responsabilidad plena del investigado, y por tanto, le correspondía resolver la dudas en favor de este, en aplicación del principio in dubio pro disciplinado, toda vez que no logró desvirtuarse su presunción de inocencia. En conclusión: La entidad demandada cuando declaró responsable del primer cargo endilgado al patrullero Jasson Jadith Miranda Fabra consagrado en el ordinal 9.° del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 esto es «[...] Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo [...]» no valoró las pruebas allegadas al proceso disciplinario de forma razonada, conjunta y conforme las reglas de la sana crítica. Lo anterior puesto que de las decretadas y practicadas en el trámite disciplinario no es posible deducir, más allá de toda duda, que el señor Miranda Fabra en el momento de efectuar la detención y requisa de los vehículos conoció con plena certeza que las mujeres detenidas llevaban droga en el taxi o en el cuerpo. Las conclusiones a las que arribó la parte demandada se basaron en simples indicios, los cuales, conforme se expuso, no son pruebas suficientes para declarar la responsabilidad disciplinaria. De igual manera, en segunda instancia se determinó ello con base en lo manifestado por el agente Sánchez en su versión libre pese a que esta no es una prueba válida. Por tal razón, se declarará la nulidad de los actos administrativos demandados en lo que tiene que ver con la sanción por el primer cargo imputado.
INDAGACIÓN PRELIMINAR - Naturaleza y objetivo / VERSION LIBRE - No es medio probatorio / [L]a indagación preliminar tiene como propósito disipar las dudas que puedan existir para adelantar una investigación disciplinaria. Para ello, dentro de esta etapa la administración puede: (i) verificar la ocurrencia de la conducta; (ii) determinar si la misma constituye una falta disciplinaria; (ii) analizar si el servidor público actuó amparado bajo una causal de exoneración de la responsabilidad y finalmente; (iv) identificar al autor de la conducta cuando no esté plenamente individualizado. La conclusión a la que se llegue define si hay lugar o no a la apertura del trámite disciplinario. Es preciso aclarar que la indagación preliminar tiene un carácter eventual y previa a la etapa de investigación, y solo tiene lugar cuando no se cuenta con suficientes elementos de juicio, y por tanto existen dudas sobre la procedencia o no de la investigación disciplinaria, de manera que dicha indagación tiende a verificar la ocurrencia de la conducta, si ella es constitutiva de falta disciplinaria y la individualización del implicado en los hechos. Ahora, la entidad dentro de la etapa de indagación preliminar puede recibir la versión libre del patrullero investigado, si este lo considera pertinente. Sobre la naturaleza de esta diligencia el artículo 92 de la Ley 734 de 2002, la cataloga como el derecho que le asiste al disciplinado a ser escuchado en cualquier etapa de la actuación y hasta antes de adoptarse la decisión de instancia. La finalidad de la misma consiste en que el empleado público manifieste su inconformidad frente a la apertura de una indagación preliminar o ante una eventual acusación, relate su visión de los acontecimientos por los cuales se le investiga o bien, admita su responsabilidad a través de la confesión. Por tal razón, la versión libre no es un medio probatorio, y en contraste, es un instrumento de defensa del servidor público a través del cual puede ejercer la contradicción frente a la actuación disciplinaria adelantada en su contra. Al tener este carácter, no es obligatorio rendir la misma y al decidir hacerlo el disciplinado lo debe hacer libremente de apremios de juramento u otra coacción.
Problema jurídico 5. ¿El señor Jasson Jadith Miranda Fabra el día 25 de abril de 2007 actuó amparado en la casual excluyente de responsabilidad de que trata el ordinal 6.° del artículo 41 de la Ley 1015 de 2006?
Tesis 5. "[N]o puede considerarse que el actor actuó amparado en la causal excluyente de responsabilidad de que trata el ordinal 6.° del artículo 41 de la Ley 1015 de 2006 porque era consiente de que sus compañeros actuaron de manera contraria al ordenamiento jurídico y aun así no informó de ello al comando de policía. Tampoco es factible aseverar que el error que invoca era invencible, toda vez que no le era imposible comunicarse con otros uniformados a efectos de dar a conocer lo sucedido. El patrullero Jasson Jadith Miranda Fabra al no informar a sus superiores sobre los hechos acontecidos el día 25 de abril de 2007, relacionados con lo irregular en el procedimiento efectuado por sus compañeros en lo referente a la incautación de la sustancia alucinógena y la no judicialización de las personas que la trasportaban, no actuó amparado en la causal excluyente de responsabilidad de que trata el ordinal 6.° del artículo 41 de la Ley 1015 de 2006.”
La Sala dicta la sentencia que en derecho corresponda, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho -previsto en el artículo 85 del Decreto 01 de 198- que se tramitó en virtud de demanda interpuesta por el señor Jasson Jadith Miranda Fabra en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.
Decisiones disciplinarias de primera instancia del 31 de diciembre de 2007 (sic y de segunda instancia del 26 de febrero de 2010 emitidas dentro del proceso disciplinario DECAU 2007-327 que resolvieron destituir e inhabilitar por el término de 12 años al accionante.
Resolución 018056 del 8 de junio de 2010 que ejecutó la sanción impuesta al demandante.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la entidad demandada lo siguiente:
Reintegrar sin solución de continuidad al señor Jasson Jadith Miranda Fabra en el mismo cargo o a otro de igual o superior categoría.
Compulsar copias de la providencia que se emita al área de Registro y Control de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional y a la División de Registros y Control de la Procuraduría General de la Nación para que se cancele de sus registros la sanción tanto en la hoja de vida como el certificado de antecedentes disciplinarios.
Lo salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el retiro del servicio (9 de junio de 2010) y hasta que se efectué el reintegro.
El daño moral causado con ocasión de la destitución así:
Por daño al buen nombre pagar al señor Jasson Jadith Miranda Fabra el valor equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, toda vez que con la destitución su imagen de hombre honesto y trabajador se vio gravemente afectada ante su familia y vecinos. Igual suma solicitó para su hijo y cónyuge ya enunciados.
El señor Jasson Jadith Miranda Fabra ingresó a la Policial Nacional el día 4 de mayo de 2006 y desempeñó distintos cargos en la institución por un término superior a cinco años, interregno durante el cual tuvo un comportamiento ejemplar, obtuvo 8 felicitaciones colectivas y 2 especiales y ningún llamado de atención.
El día 26 de abril de 2007 la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento de Policía del Cauca ordenó abrir indagación preliminar en contra del accionante, con fundamento en el informe suscrito por el mayor William Castro Gómez, jefe Seccional de la Policía Judicial DECAU el día 25 del igual año y mensualidad. de 2007 se ordenó la recepción de versión libre y testimonios de varios uniformados, diligencia en la cual el accionante no pudo estar presente porque no fue informado de la hora de su realización, lo que también atentó contra el debido proceso.
El día 13 de octubre de 2007 se dictaminó la apertura de investigación disciplinaria en contra del demandante, la cual fue notificada apenas el 18 de dicho mes y año. Posteriormente, el día 31 de diciembre de 2007 se profirió pliego de cargos sin que la entidad especificara los endilgados a este, y sin que tuviera en cuenta las pruebas en su favor y adicionalmente, el auto no fue notificado al señor Miranda Fabra sino a su apoderada el día 8 de enero de 2008.
La demandada sancionó al señor Jasson Jadith Miranda Fabra a través de los actos demandados por omitir judicializar a dos mujeres que fueron capturadas con alucinógenos, conducta catalogada a título de dolo3.
Si bien en los hechos la parte demandante no especifica de forma clara la razón por la cual se inició el proceso disciplinario en su contra, de la interpretación que se hace de lo narrado en el libelo introductorio puede inferirse que la actuación se originó porque el patrullero Miranda Fabra participó, el día 25 de abril de 2007, en un operativo en el que se incautaron 10 libras de base de coca no reportó de esto a sus superiores ni judicializó a las personas que portaban la sustancia.
Infracción de las normas en que deberían fundarse.
En la sustentación de este cargo señaló que se vulneró el artículo 170 de la Ley 734 de 2002 porque la entidad no acató los requisitos de orden formal que debe tener una decisión disciplinaria, esto es, no hizo una correcta valoración de las pruebas, tampoco un análisis jurídico adecuado de los cargos, descargos, alegaciones y del recurso de apelación, lo cual ocasionó la vulneración de los artículos 141 y 142 ibidem y de los principios de presunción de inocencia, resolución de la duda (art. 6.° de la Ley 1015 de 2006) y contradicción (art. 16 de la misma norma).
El apoderado del accionante agregó, como justificación de lo anterior, que en el proceso disciplinario se practicaron pruebas sin que previamente se le hubiera notificado para que interviniera y ejerciera su derecho de contradicción y defensa. De igual manera, señaló que se atentó contra estos derechos porque las diligencias se efectuaron en horarios inapropiados y se recibió versión libre del disciplinado sin informarle que no era su obligación rendir dicha declaració.
Cargos invocados en contra de los actos demandados que se encuentran relacionados en el capítulo de los hechos de la demanda.
El día 26 de abril de 2007, de forma apresurada, se abrió indagación preliminar y se escuchó en versión libre al señor Miranda Fabra (todas las actuaciones se efectuaron desde las 12:00 pm hasta las 4:00 a.m.), lo que hace dudar si a este se le informó que podía ser asistido por un abogado y que no era obligatorio que declarara o si se le notificó en debida forma la actuación. De igual manera llama la atención respecto a que el señor Ramón David Vergel Pastor quien adelantó la investigació, celebró varias audiencias de versión libre de forma simultánea.
El mismo día se escuchó la versión libre de los uniformados Uber López Cerón, Helder Andrés Ramírez García, Daniel Mauricio Martínez sin que se informara al accionante la hora exacta de la audiencia para hacerse partícipe en ella.
Los días 29 de abril y 2 de mayo de 2007 se ordenó la recepción de los testimonios de James Toro Castillo, Omar Collazos, Horacio Muñoz, Carlos Tombe, sin avisar la hora exacta de la realización de las diligencias, sin que el señor Miranda Fabra pudiera esperar todo el día para asistir a estas, porque debía cumplir los respectivos turnos.
Al proferir el pliego de cargos no se tuvieron en cuenta las pruebas en favor del demandante, se imputó a título de dolo la conducta pese a que este no efectuó captura alguna y actuó de buena fe, tampoco se consideraron las declaraciones del policía James Toro Castillo y Jaime Peña Muñoz y no se especificaron las faltas endilgadas ni el actor contó con la asistencia de un abogado.
El señor Jasson Jadith Miranda Fabra actuó bajo la orden de sus superiores y en todo momento bajo la convicción errada e invencible de que no estaba cometiendo un ilícito, por lo que su proceder está amparado en la causal excluyente de responsabilidad de que trata el ordinal 6.° del artículo 41 de la Ley 1015 de 2006.
En lo relacionado con que el actuar del accionante se vio justificado por la causal excluyente de responsabilidad de que trata el ordinal 6.° de la Ley 1015 de 2006, advirtió que ello fue analizado en el proceso disciplinario y que de las pruebas recaudadas se logró determinar con claridad la responsabilidad del señor Miranda Fabra.
Con respecto a la vulneración del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 advirtió que la entidad efectuó un análisis de los cargos, descargos y alegaciones, y encontró demostrado que el demandante había incurrido en las faltas disciplinarias tipificadas en el artículo 34 ordinal 9.° y 35 numeral 15 de la Ley 1015 de 2006.
También explicó que al disciplinado se le aplicaba la Ley 1015 de 2006 por ser miembro de la Policía Nacional y que se probó que el señor Miranda Fabra incurrió en las faltas señaladas en el ordinal 9.° del artículo 34 y numeral 15 del artículo 35 de dicha disposición a título de dolo y con la comprobación de la afectación del deber funcional porque era su deber proteger los bienes y derechos de los ciudadanos.
De igual manera, señaló que la sanción impuesta en consideración a la demostración de la falta estipulada en el ordinal 9.° del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 y el dolo demostrado, fue acorde con el análisis que se hizo de las pruebas allegadas al proceso, y debió ser ejemplar en consideración a los graves problemas de orden público que atraviesa el departamento del Cauca.
Ahora bien, si bien es cierto que el accionante al identificar la fecha del primer acto enunciado señaló una fecha distinta a la que corresponde, esto es, el día 16 de junio de 200, dicho error no significa que no se hubiese enjuiciado la decisión sancionatoria, máxime cuando es perfectamente identificable esta con las pruebas obrantes en el proceso. Entenderlo así sería aplicar un exceso de rigorismo que afectaría el derecho a acceder a la administración de justicia del disciplinado.
« [...] 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin "deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos.
7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva [...]»
La oficina de control interno disciplinario del Departamento de Policía del Cauca dispuso la apertura de indagación preliminar en contra del patrullero Jasson Jadith Miranda Fabra y otros uniformados, con el propósito de verificar si había incurrido en falta disciplinaria con ocasión de los hechos sucedidos el día 25 de abril de 2007, cuando se efectuó un procedimiento policial en el que se incautaron diez libras de base de coc.
Terminada la etapa de indagación preliminar, mediante auto del 13 de octubre de 2007, la entidad consideró que de las probanzas recaudadas en esta etapa era probable determinar la existencia de faltas disciplinarias, por ende dispuso abrir investigación en contra de señor Jasson Jadith Miranda Fabra y otros policiale. Posteriormente, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía del Cauca efectuó la respectiva valoración de las pruebas recaudadas y decidió, a través del auto del 3 de diciembre de 2007, formular pliego de cargos en contra del señor Miranda Fabra por haber incurrido presuntamente en las faltas señaladas en el ordinal 9.° del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 y el numeral 15
El día 16 de junio de 2009, la parte demandada sancionó al demandante con destitución e inhabilidad general de doce años11. El disciplinado presentó recurso de apelación en contra de la decisión12. Mediante providencia del 26 de febrero de 2010 se resolvió el recurso interpuesto y se confirmó en todas su partes la decisión de primera instancia13.
- Primera instancia, auto del 16 de junio de 200914 «[...] ARTICULO	SEGUNDO:
Sancionar disciplinariamente al señor PT. MIRANDA FABRA JASSON JADITH, identificado con cédula (...) con el correctivo disciplinario de DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL, por el término de doce (12) años, al resultar responsable de vulnerar el numeral 9 del Artículo 34 y numeral 15 del Artículo 35 de la Ley 1015/2006, de conformidad con lo expuesto de la parte motiva del presente proveído. [...]» (sic: las mayúsculas y ortografía se transcriben textualmente).
-31 de diciembre de 2007-
Primer cargo: «[...] Ley 1015 de 2006. Artículo 34 faltas gravísimas. Numeral 9. "Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo” En concordancia con el contenido del artículo 414 de la Ley 599 de 2000 (...)
Lo anterior teniendo en cuenta que el señor PT. MIRANDA FABRA JASSON JADITH, el pasado 25 de abril de 2007, hacia parte de la patrulla de vigilancia del indicativo "Águila uno” la cual habría capturado a dos mujeres que transportaban en su cuerpo una sustancia alucinógena (base de coca) en peso aproximado de 10 libras y al parecer habría omitido realizar el procedimiento legal de judicialización de estas personas, conforme a lo establecido en el artículo 302 de la Ley 906 de 2004 (sic: las mayúsculas y ortografía se transcriben textualmente) [...]» (f. 304)
Segundo cargo «[...] Ley 1015 de 2006. Artículo 35 faltas graves. Numeral 15. "Dejar de informar o hacerlo con retardo, los hechos que debe ser llevados a conocimiento del superior por razón del cargo o servicio” (Subrayado de la Sala)
Lo anterior teniendo en cuenta que el señor PT. MIRANDA FABRA JASSON JADITH, al parecer no informó inmediatamente el conocimiento del caso de policía en el que logró la captura de dos mujeres que portaban una sustancia alucinógena, a sus superiores jerárquicos en la Institución
- Decisión de segunda instancia 26 de febrero de 201015	«[...] ARTÍCULO
PRIMERO: CONFIRMAR, el proveído de fecha 16 de junio de 2009, proferido dentro del proceso disciplinario radicado en el SIJUR bajo el Número DECAU 2007-327, por el Jefe de la Oficina Control Disciplinario Interno DECAU, la sanción impuesta a los señores Sub Intendente (. ) Patrulleros JASSON JADITH MIRANDA
En los folios 291 a 323 se encuentra en auto que profirió pliego de cargos. En los folios 303 a 307 se especifica los endilgados al señor Miranda Fabra.
Folios 640 a 650.
Folios 715 a 831.
(Comandante de Estación, Comandante de Distrito, Comando Operativo de seguridad ciudadana, Subcomando y Comando del Departamento), ya que se desprende del material probatorio que el procedimiento se habría efectuado hacia el medio día del 250407 y solo se conocería después de las 5 de la tarde (sic: las mayúsculas y ortografía se transcriben textualmente) [...]» (f. 306)
-Ambos cargos se imputaron a título de dolo - falta gravísima y falta grave - (conocía los hechos, la ilicitud de la conducta y tuvo voluntad).
FABRA (...) a quienes se responsabilizó y se impuso sanción de: DESTITUCIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO, E INHABILIDAD GENERAL POR DOCE (12) AÑOS PARA EJERCER	FUNCIONES
PÚBLICAS EN CUALQUIER CARGO O FUNCIÓN POR EL MISMO TIEMPO, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído (sic: las mayúsculas y ortografía se transcriben textualmente) [...]»
La entidad demandada, luego de efectuar el análisis de las pruebas recaudadas dentro del trámite disciplinario señaló, en el acto sancionatorio de primera instancia, que la falta reprochada al demandante descrita en el ordinal 9.° del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, se concretó as: «[...] el señor PT. MIRANDA FABRA JASSON JADITH, en efecto hizo parte de la patrulla que capturó en flagrancia a dos mujeres cuando portaban una sustancia alucinógena en peso aproximado de 10 libras, omitiendo el procedimiento de judicialización de estas personas (sic: la ortografía de todo el texto se transcribió de manera literal) [...]».
Con respecto al segundo cargo disciplinario tipificado en el numeral 15 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006 en lo que tiene que ver con su materialización la autoridad disciplinaria, luego del análisis probatorio procedente, expres «[...] De dichas pruebas se extrae claramente que en efecto el pasado 250407 conoció un caso de policía en el que logró la captura de dos mujeres que portaban una sustancia alucinógena, del que no informó oportunamente a sus superiores jerárquicos en la Institución (Comandante de Estación, Comandante de Distrito, Comando Operativo de seguridad ciudadana, Subcomando y Comando del Departamento), ya que el procedimiento se efectuó hacia el medio día (sic) del 250407 y solo se conoció después de las 5 de la tarde, quedando así probado el cargo endilgado [,..]»(sic: la ortografía de todo el texto se transcribió de manera literal).
A la misma conclusión, respecto de ambas imputaciones, llegó la segunda instancia luego de analizar todo el material probatorio allegado al expedient.
Las faltas fueron imputadas a título de dolo y respecto de la ilicitud la entidad consideró que la afectación del deber funcional fue sustancial, porque el patrullero Miranda Fabra, al no judicializar a las detenidas, omitió informar a sus superiores jerárquicos de la actuación realizada el día 25 de abril de 2007, con lo cual incumplió los deberes que le asisten como empleado público establecidos en el
numeral 2.° de la Ley 734 de 200.
¿Con las pruebas recaudadas en el trámite disciplinario se demostró, más allá de toda duda, que el patrullero Jasson Jadith Miranda Fabra incurrió en la falta disciplinaria señalada en el ordinal 9.° del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006?
¿El señor Jasson Jadith Miranda Fabra el día 25 de abril de 2007 actuó amparado en la casual excluyente de responsabilidad de que trata el ordinal 6.° del artículo 41 de la Ley 1015 de 2006?
La motivación de los actos disciplinarios es garantía principal del debido proceso y el derecho de defensa del disciplinado en la medida que le permite conocer los argumentos y las pruebas tenidas en su contra, a efectos de que pueda controvertir su interpretació.
El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubieren sido presentadas.
El análisis de culpabilidad.
La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutiva [...]» (Subraya de la Sala)
Ahora, la causal de nulidad señalada es distinta al vicio de la falsa motivación, en la medida que en este último aspecto el acto enjuiciado no carece de razones sino que las esbozadas en él son contrarias a la realidad. Sobre el particular la jurisprudencia indic:
Evaluación de la motivación de los actos demandados
La entidad demandada el día 31 de diciembre de 2007 profirió pliego de cargos en contra del patrullero Miranda Fabra en el cual le imputó la conducta disciplinaria gravísima contemplada el artículo 34 ordinal 9.° « [...] Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo [...]». Así mismo le endilgó la falta grave establecida en el artículo 35 numeral 15 «Dejar de informar o hacerlo con retardo, los hechos que debe ser llevados a conocimiento del superior por razón del cargo o servicio» (Subrayado de la Sala). Ambos reproches disciplinarios se imputaron a título de dolo.
La autoridad disciplinaria en la decisión de primera instancia encontró demostrada la responsabilidad disciplinaria del señor Miranda Fabra por haber incurrido en la comportamiento típico señalado en el numeral 15 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006 citado porque en su entender, se probó que el 25 de abril de 2007 el señor Miranda Fabra hacía parte de la patrulla de vigilancia de indicativo «Águila Uno» la cual el día mencionado capturó a dos mujeres que transportaban 10 libras de base coca, empero, omitió su judicialización, por lo que incurrió el tipo penal descrito en el artículo 414 de la Ley 599 de 2000 «prevaricato por omisión» al no cumplir un acto propio de sus funciones22.
Pruebas tenidas en cuenta en primera instancia respecto al cargo número uno. Conclusión probatoria
Oficio 183 del 25 de abril de 2007 suscrito por el mayor William Castro López jefe de la SIJIN DECAU.
Oficio sin número del 26 de abril de 2007 firmado por el Subintendente Adrián Alexander Hernández Garzón al cual estaba anexo las diligencias investigativas adelantadas por los hechos del 25 de abril de 2007 (reporte de iniciación, informe ejecutivo, investigador de campo y álbum fotográfico).
Declaraciones de los patrulleros Oscar Jaime López Gallego y Carlos Andrés Villa Quintero, del Subintendente Fernando Cárdenas Muñoz, Carmen Alicia Erira Burgos comandante encargada de las estación Popayán, del soldado José Luis Tascon Martínez, del Subintendente Adrián Alexander Hernández Garzón23. La entidad al analizar las pruebas referidas concluyó que24:
El día 25 de abril de 2007 el soldado José Luis Tacón Rodríguez denunció que a su novia la capturaron y le incautaron 10 libras de base de coca y que ella fue conducida a la casa del policía López que participó en el operativo.
El Subintendente Huber Rangel López Cerón aceptó que estuvo en el procedimiento policial.
El policía Miranda Fabra hacía parte de la patrulla que incautó la sustancia alucinógena.
Que pese a que dos mujeres llevaban las 10 libras de base coca incautadas las mismas no fueron judicializadas, acto que materializó la conducta disciplinaria en contra del demandante al omitir el cumplimento de los deberes propios de su cargo.
Pruebas tenidas en cuenta en primera instancia respecto al cargo número dos25. Conclusión probatoria26
i) Oficio sin número del 26 de abril de 2007 firmado por el Subintendente Adrián Alexander Hernández Garzón al cual estaba anexo las diligencias investigativas adelantadas por los hechos del 25 de abril de 2007 (reporte de iniciación, informe ejecutivo, investigador de campo y álbum Para la demandada la pruebas enunciadas dan cuenta de que el patrullero Miranda Fabra no informó de manera inmediata a sus superiores sobre la captura de dos mujeres y la incautación de una sustancia alucinógena en el operativo efectuado el 25 de abril de 2007, porque este se
Folio 520 y 522.
En su defensa el investigado expresó lo siguiente27:
El día 25 de abril de 2007 en el operativo se detuvo dos vehículos (taxi y Montero Mitsubishi). Él con el patrullero Sarmiento requisaron el vehículo particular y sus otros compañeros el taxi. Lo ocupantes del automotor requisado no presentaron antecedentes.
En el taxi iban dos mujeres, las cuales se fueron en dos motos, pararon en una calle (no identifica cuál) y conversaron con el Patrullero Ramírez y el agente Sánchez, luego estas se fueron en un taxi y él se fue a almorzar.
Duró dos horas y media almorzando. Luego de ello supo, porque el agente Sánchez y el subintendente López le comentaron, que las detenidas estaban cargadas con droga.
Manifestó que no vio la requisa y desconoce el procedimiento de la incautación de la droga.
La entidad refutó los argumentos de la defensa así28:
Las pruebas demostraron que la actuación policial la hizo la patrulla «Águila uno» de la cual hacía parte el patrullero Miranda Fabra por lo que tenía la obligación de judicializar a las capturadas.
Aunque el disciplinado no estuvo presente en el instante preciso en que se encontró la sustancia alucinógena, sí fue parte del dispositivo policial que trasladó las capturadas a la residencia del Subintendente López Cerón, luego era evidente la irregularidad de la actuación.
El patrullero Miranda Fabra cuando se reúne posteriormente con el Subintendente López Cerón es enterado de la incautación del narcótico, por lo que supo de la omisión en la realización del trámite legal que debía ser efectuado.
realizó en el mediodía y tan solo después de las 5 p.m. se dio el parte del mismo.
Posición de la defensa del señor Análisis de la autoridad disciplinaria Miranda Fabra	relacionado con los argumentos de la
defensa en primera instancia
La autoridad disciplinaria sustentó que la actuación del accionante, en ambos cargos imputados, se dio a título de dolo porque como miembro activo de la Policía Nacional sabía exactamente el procedimiento legal que debía seguir cuando se presenta una captura en flagrancia como en el sub examine y su deber
de informar, no obstante no lo hizo29.
Finalmente, la entidad demandada sustentó la sanción impuesta al disciplinado, consistente en la destitución e inhabilidad general por un término de 12 años, en que aquel además de incurrir en una falta grave (artículo 35 numeral 15 de la Ley 1015 de 2006) también incidió en la falta gravísima establecida en el ordinal 9° del artículo 34 ibidem, luego tuvo en consideración la gravedad de la conducta cometida y su trascendencia social al indicar que con ella se generó un mal ejemplo y menoscabo de la disciplina institucional30.
La apoderada del disciplinado manifestó en el recurso de apelación31:
Una vez las capturadas fueron bajadas del taxi el señor Miranda Fabra se fue a almorzar.
La actuación no era irregular puesto que el objetivo era capturar a los dueños de los alucinógenos y las mujeres prestaban su colaboración para ello.
Sobre el cargo endilgado establecido en el ordinal 9.° del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, indicó que debían analizarse los elementos del tipo penal (tipicidad, antijurídicidad y culpabilidad).
La autoridad no podía indicar que el patrullero Miranda Fabra fue quien omitió efectuar la judicialización, puesto que él no era el encargado del mismo.
La entidad omitió fijar el grado de culpabilidad del patrullero Miranda Fabra y no argumentó probatoriamente por qué su conducta es dolosa, lo que no da claridad al reproche formulado y por tanto se vulneró el derecho de defensa.
Sí se informó al superior sobre el actuar de la patrulla, así lo hizo el En la decisión de segunda instancia la entidad señaló32:
Está demostrado que el patrullero Miranda Fabra estuvo presente en el instante en que se detuvo el taxi y se capturaron dos mujeres, lo cual es la causa de la falta disciplinaria. Así mismo, que este transportó a una de ellas en el vehículo que manejaba. Agregó que fue irresponsable de su parte retirarse a almorzar sin terminar el procedimiento policial.
El operativo de los miembros de la Policia Nacional carece de claridad porque no se individualizó al conductor del taxi, se transportó a las mujeres capturadas a otro sitio, no participaron policías de sexo femenino para la requisa pese a que se tenía información previa, las capturadas no fueron llevadas a la fiscalía ni a ninguna estación de policía. En todas estas actuaciones estuvo presente el investigado.
La instancia disciplinaria no puede entrar a determinar si se cumplieron los elementos propios del punible de prevaricato por omisión, esto concierne a la justicia penal. La justicia
Folios 522 y 524.
Folios 548 y 549.
disciplinaria es independiente de la penal. Citó jurisprudencia sobre el tema.
El señor Miranda Fabra es tan responsable como el comandante de la patrulla, mucho más cuando se capturaron personas con sustancias alucinógenas.
Los miembros de la Policía Nacional tienen una formación académica incluso en áreas del derecho, luego el sancionado tenía conocimiento de la irregularidad del procedimiento.
El Subintendente López Cerón sí informó a sus superiores, no obstante lo hizo de forma tardía y por ello, ante la irregularidad que se presentaba, el patrullero Miranda Fabra debió saltarse el conducto regular y poner al tanto a sus comandante y no fue así.
El señor Miranda Fabra sí capturó a las mujeres que transportaban la droga y no efectuó el procedimiento legal en estos casos, esto es, la judicialización de las capturadas.
El hecho de que la comandante de la Estación de Policía de Popayán no estuviera el día de los hechos en el comando, no es excusa para omitir enterar a los superiores sobre el resultado	del	operativo.	No	se
evidencia	que	alguno	de	los
integrantes de la patrullera hiciera esfuerzos	para	informar	a	sus
superiores. La comandante de la estación podía ser conectada a través de los distintos medios tecnológicos.
Por la formación académica que
reciben los miembros de la Policía Nacional, es imposible alegar que se actuó bajo el convencimiento invencible que su actuar no trasgredía la ley33.
Subintendente López Cerón Huber.
Las pruebas demuestran que el señor Miranda Fabra no incurrió en falta alguna porque solo cumplía órdenes y no fue quien requisó a las damas detenidas y por el contrario se retiró a almorzar.
El investigado actuó amparado en la causal de exclusión de responsabilidad consagrada en el artículo 41 ordinal 6.° de la Ley 1015 de 2006, porque solo obedeció la orden de detener el vehículo tipo taxi en el que se desplazaban las dos mujeres.
De igual manera, es evidente que la demandada efectuó el análisis jurídico de los
33 Folios 755 a 758.
cargos, descargos y alegaciones del disciplinado, realizó la correspondiente calificación de la falta, el estudio de la culpabilidad y de los parámetros de proporcionalidad que tuvo en cuenta para graduar la sanción de acuerdo al mandato de los postulados del artículo 170 de la Ley 734 de 2002, luego no existió vulneración de su debido proceso en este punto.
Estudio de los problemas jurídicos segundo y tercero
Régimen probatorio en el derecho disciplinario
De esta manera, el régimen probatorio que regula los procesos disciplinarios que se adelantan contra el personal uniformado escalafonado y los auxiliares de policía que estén prestando servicio militar en la Policía Naciona es el fijado en el título VI de la Ley 734 de 2002, toda vez que la Ley 1015 de 2006 no establece uno propio.
Así mismo, es deber de la autoridad disciplinaria encontrar la verdad rea de lo sucedido, para lo cual es su obligación efectuar una valoración ponderada y razonada de las pruebas recaudadas durante el trámite administrativo. El artículo 129 de la Ley 734 de 2002 fija esta postura en los siguientes términos:
La norma desarrolla el principio de investigación integral, según el cual, la pesquisa que se efectúe dentro del proceso disciplinario, no solo debe apuntar a probar la falta del servidor público, sino además, a encontrar las pruebas que desvirtúen o eximen de responsabilidad al mismo. Lo anterior en todo caso, no exonera a la parte investigada de presentar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer en su favo.
En cuanto a la apreciación del material probatorio, la Ley 734 de 2002 en el artículo 141 señaló también, que esta debe hacerse según las reglas de la sana crític, de manera conjunta y explicando en la respectiva decisión el mérito de las pruebas en que se fundamenta. Sobre el particular la Subsección A advirti:
«[...] No puede perderse de vista que en los procesos disciplinarios, como lo ha precisado en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el operador disciplinario cuenta con una potestad de valoración probatoria más amplia que la del mismo operador judicial pena, que le autoriza para determinar, en ejercicio de una discrecionalidad razonada, cuándo obran en un determinado proceso pruebas suficientes para moldear la convicción respecto de la ocurrencia o no de los hechos, los que, a su vez, le conducen a la certidumbre de la comisión de la falta y de la responsabilidad del investigado. Así se colige del texto mismo de las disposiciones sobre el recaudo y valoración de pruebas consagradas en la Ley 734 de 2002, tales como el artículo 128, 129, 141 y 142, entre otros [...]» (Subraya fuera de texto).
Finalmente, el artículo 142 ibidem, indica, de manera precisa, que «[...] No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado [...]». De esta manera, la autoridad disciplinaria en el momento de emitir la decisión condenatoria, debe tener la convicción y la certeza probatoria de que efectivamente el servidor público incurrió en la falta que se le imputa. La existencia de dudas al respecto, implica necesariamente que estas se resuelvan en favor del investigado, en aplicación del principio in dubio pro disciplinado, toda vez que no logró desvirtuarse su presunción de inocencia. Al respecto la Subsección B de esta corporación señal:
« [...] Ahora bien, la garantía de la presunción de inocencia aplica en todas las actuaciones que engloban el ámbito sancionador del Estado y, por consiguiente, también en materia disciplinaria, en la medida en que se encuentra consagrada en el inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución Política y reiterada por el artículo 9° de la Ley 734 de 2002, que establece: “Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla”.
De esta forma, como lo ha establecido la Corte Constituciona, quien adelante la actuación disciplinaria deberá conforme a las reglas del debido proceso, demostrar que la conducta de que se acusa a una persona, está establecida como disciplinable; se encuentra efectivamente probada; y, que la autoría y responsabilidad de ésta se encuentra en cabeza del sujeto pasivo de la acción disciplinaria. Sólo después de superados los tres momentos, la presunción de inocencia queda desvirtuada, como expresión de las garantías mínimas dentro de un Estado Constitucional (sic[...]» (Resaltado fuera del texto original).
Medios probatorios en derecho disciplinario. El indicio no hace parte de
Las primeras se refieren al acatamiento de las formas de cada juicio para adelantar el trámite disciplinario, esto es, las etapas y términos correspondientes. La Ley 734 de 2002, que fue la norma aplicada en el sub examine, previó el procedimiento ordinario que comprende cinco etapas perfectamente definidas a saber a) la indagación prelimina, b) la investigación disciplinari, c) la formulación del pliego de cargo y término para presentar los descargo, d) la etapa probatoria y e) la decisión sancionatoria.
Las garantías sustanciales por su parte hacen alusión a la legalidad de la sanción, del debate y los medios probatorios, el juez natural; la favorabilidad y ultractividad de la ley, la presunción de inocencia; la proscripción de la responsabilidad objetiva, la defensa material y técnica, la publicidad, celeridad, contradicción, el non bis in ídem y la prohibición de la reformatio in peju.
Ha dicho la jurisprudencia que las reglas enunciadas, implican, por un lado, la demostración de los elementos propios de la responsabilidad disciplinaria (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) y, por el otro, que la autoridad encargada del trámite se valga para encontrar la verdad de los elementos probatorios legalmente permitidos, que efectúe el análisis de la pruebas conforme los parámetros de la sana crítica y que acate los niveles de certeza exigidos por el legislador para declarar la responsabilida.
«[...] Artículo 130. Medios de prueba. Modificado por el art. 50, Ley 1474 de 2011.
Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial, y los documentos, los cuales se practicarán conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario. Los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana crítica. Los medios de prueba no previstos en esta ley se practicarán de acuerdo con las disposiciones que los regulen, respetando siempre los derechos fundamentales [...]» (Subraya de la Sala).
La interpretación que jurisprudencialmente se ha dado a los indicios en materia disciplinaria ha sido clara en señalar que estos no constituyen un medio probatorio y se les ha considerado simples herramientas a tener en cuenta al momento de apreciar las pruebas, tal y como lo advierte la norma citada y conforme lo expuesto en el artículo 131 ibidem referente a que la falta y responsabilidad del investigado podrán demostrarse «[...] con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos [...]», lo que excluye al indicio porque el legislador al regular el proceso disciplinario no lo incluyó dentro de estos. Sobre el particular, en reciente providencia, esta sección se pronunció en el siguiente sentid:
« [...] Esta exclusión del indicio como medio de prueba realizada por el legislador en el caso régimen probatorio del derecho disciplinario concuerda con lo dispuesto sobre la materia en otros ámbitos del derecho sancionador del Estado -ius puniendi- como lo es el derecho penal, pues desde el Código de Procedimiento Penal, Decreto 2700 de 1991, dejó de incluirse a los indicios como un medio de prueba autónomo, ya que su artículo 248 estipulaba que “Los indicios se tendrán en cuenta al momento de realizar la apreciación de las pruebas siguiendo las normas de la sana crítica.", esta exclusió también está vigente en el actual Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, en la medida en que no aparece en la lista de las pruebas -elevadas a la categoría de medios de conocimiento- que trae el artículo 382 ídem.
Análisis probatorio en el caso concreto frente a la falta disciplinaria señalada en el ordinal 9.° del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006
- Análisis probatorio de la primera instancia con respecto al cargo consagrado en el ordinal 9.° del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006.
En sede administrativa se encontró responsable al señor Miranda Fabra con fundamento en las siguientes pruebas: a) Oficio 183 del 25 de abril de 2007 suscrito por el mayor William Castro López jefe de la SIJIN DECAU, b) Oficio sin número del 26 de abril de 2007 firmado por el Subintendente Adrián Alexander Hernández Garzón al cual estaba anexo las diligencias investigativas adelantadas por los hechos del 25 de abril de 2007 (reporte de iniciación, informe ejecutivo, investigador de campo y álbum fotográfico) y c) declaraciones de los patrulleros Oscar Jaime López Gallego y Carlos Andrés Villa Quintero, del subintendente Fernando Cárdenas Muñoz, Carmen Alicia Erira Burgos comandante encargada de las estación Popayán, del soldado José Luis Tascon Martínez y del subintendente Adrián Alexander Hernández Garzó.
La autoridad disciplinaria encontró demostrado que el día 25 de abril de 2007 en el sector de Bello Horizonte (Popayán, Cauca) los uniformados que conformaban la patrulla de policía «Águila uno» detuvieron a dos mujeres, quienes fueron trasladadas a la vivienda de uno de los uniformados, donde se les decomisaron 10 libras de base de coc y que el subintendente Huber Rangel López Cerón comandante de la patrulla «[...] aceptaría haber conocido del cas [...]».
Hechas estas precisiones la entidad infirió que el patrullero Jasson Jadith Miranda Fabra «[. ] hizo parte de la patrulla que capturó en flagrancia a dos mujeres cuando portaban una sustancia alucinógena en peso aproximado de 10 libras, omitiendo el procedimiento de judicialización de estas personas, ya que de acuerdo a la declaración que rindiera el señor SI. HERNÁNDEZ GARZÓN ADRIÁN ALEXANDER, quien se encontraba en turno de 24 horas como coordinador de investigadores de actos urgentes de la SIJIN en la URI, vino a conocer del caso a eso de las 5 de la tarde cuando se lo comentaron los investigadores PT. LÓPEZ GALLEGO y PT. VILLA54 [...]».
Prueba citada en la decisión de primera instancia para sustentar la sanción por el primer cargo Análisis hecho por la Sala de las pruebas consideradas por la entidad demandada Lo que se probó con respecto al patrullero Jasson Jadith Miranda Fabra
Oficio 183 del 25 de abril de 2007 suscrito por el mayor William Castro López jefe de la SIJIN DECAU55.
En este documento se informó de la presunta irregularidad en que se incurrió en la actuación de la Policia Nacional y de las actuaciones que se hicieron para averiguarlo. Con el documento se probó que:
El soldado regular José Luis López Tascón Martínez informó sobre la incautación de diez kilos de droga por parte de un grupo de policías a quien fuera su novia. Uniformados que para el efecto, la trasladaron a ella y a su acompañante a la casa de uno de ellos.
La patrulla que efectuó el operativo hacía parte del grupo de reacción «las águilas» al mando del subintendente Huber López Cerón.
El subintendente mencionado aceptó haber participado en el procedimiento. La prueba no permite determinar el modo en que participó el disciplinado en los hechos.
Informe suscrito por el policia Adrián Alexander Hernández Garzón, al cual se anexó el informe ejecutivo, la investigación de campo y el álbum fotográfico56. - Con el documento se demostró la existencia de la cocaína incautada y su cantidad.
En él reposa la prueba de laboratorio y el análisis efectuado, así como las fotografías de la droga. De la prueba no puede inferirse nada en contra del disciplinado Miranda Fabra, puesto que no determinó en qué momento del actuar policial se detectó la sustancia alucinógena y si estaba presente o no en dicho instante.
Declaración del subintendente Fernando Cárdenas Muñoz57.
Se desempeñaba el día de los hechos como Con la declaración se demostró:
- Se corroboró lo dicho por el mayor William Castro López jefe de la SIJIN DEC en el Oficio 183 del 25 de abril de 2007 referente De la prueba tampoco puede deducirse que el señor Miranda Fabra estuvo en el instante en que se incautaron las libras de base de coca.
encargado del dispositivo de cuadrantes. a que a la estación se presentó el soldado José Luis López Tascón Martínez, quien relató la incautación de la droga por unos policiales.
Se determinó que el declarante acudió a la estación de policía de Bello Horizonte (Popayán, Cauca) luego de recibida la información. Allí pudo determinar que quienes patrullaron al mediodía del 25 de abril de 2007 era la patrulla «águila uno» comandada por el subintendente Huber López Cerón.
Al entrevistarse con el subintendente López Cerón en el sitio la Esmeralda (Popayán, Cauca), este le confirmó el actuar de la Policía Nacional y que se habían incautado «unos kilos de sustancias alucinógenas58». El mismo uniformado le manifestó que el operativo se había hecho sobre el mediodía59. Aunque se corroboró que fue la patrulla «Águila uno» la que hizo el operativo, lo cierto es que ello por sí solo no hace responsable al disciplinado, puesto que es preciso conocer cuáles miembros de la patrulla fueron los que encontraron la droga, el instante mismo del hallazgo y si el patrullero Miranda Fabra estaba presente.
Aspectos que debieron dilucidarse porque el investigado en la versión libre negó haber visto el alucinógeno y aseguró que se retiró a almorzar60.
Declaración del patrullero Oscar Jaime López Gallego61.
Fue el policía que recibió la información de manera directa del soldado José Luis López Tascón Martínez. La declaración corrobora en todo lo afirmado por el subintendente Fernando Cárdenas Muñoz cuyo relató ya fue analizado.
Añadió que la información la recibió entre las 15:00 y las 15:30 horas. El análisis de esta prueba es igual al que se efectuó en el cuadro anterior del testimonio del subintendente Fernando Cárdenas Muñoz.
Declaración del patrullero Carlos Andrés Villa Quintero62.
El 25 de abril de 2007 se encontraba de servicio en la URI. La declaración corrobora en todo lo afirmado por el subintendente Fernando Cárdenas Muñoz y por el patrullero Oscar Jaime López Gallego. El análisis de esta prueba es igual al que se realizó en el cuadro anterior del testimonio del subintendente Fernando Cárdenas Muñoz y del patrullero Oscar Jaime López Gallego.
Declaración del subintendente Adrián Alexander Hernández Garzón63. En la declaración corrobora todo lo manifestado por los patrulleros Oscar Jaime López Gallego y Carlos Andrés Villa Quintero, toda vez que ellos le relataron los La conclusión probatoria a la que se llega es igual a la de las pruebas anteriores.
El día de los hechos prestaba el servicio como coordinador de investigadores de la SIJIN. hechos.
Declaración de José Luis Tascón Martíne.
El día de los hechos estaba de permiso en su casa. Relató que su novia le conto qu « [...] me dijo que le habían cogido una droga, como diez libras, que la policía se la había cogido en el norte en Bello Horizonte, y que de allí se la habían llevado por allá a una casa y que allá le habían quitado eso y que de allí la habían llevado a la Esmeralda a la URI y que allí la había soltado [...]».
También demuestra que la sustancia fue apropiada por los miembros de la Policía Nacional en la vivienda de uno de ellos. Del relato tampoco se puede determinar si el patrullero Miranda Fabra estuvo presente cuando se encontró la droga, sí se dirigió a la vivienda del policía y sí acompañó a la señora «Yuli» a la URI a la que hace referencia el testigo.
El día 25 de abril de 2007 la patrulla «Águila uno» que comandaba el subintendente Huber Rangel López Cerón realizó un operativo en el sector de Bello Horizonte (Popayán, Cauca) y que en el mismo se detuvo a dos mujeres, una de las cuales era la novia del soldado José Luis Tascón Martínez.
La señora «Yuli» novia del militar mencionado y su acompañante transportaban 10 libras de base de coca y fueron detenidas por los policiales.
Las pruebas no permiten saber con exactitud en qué momento se descubrió la sustancia alucinógena, si en el instante de la detención o después de esta, durante la requisa hecha a las mujeres, o si las mismas confesaron que llevaban la sustancia en su cuerpo.
Las detenidas fueron llevadas a la vivienda de uno de los policías pertenecientes a la patrulla donde se les incautó la droga que transportaban.
No obstante no se esclareció, si antes de ser llevadas a la casa de habitación referida fueron conducidas a la URI de la Esmeralda, como lo afirma el soldado José Luis Tascón Martínez.
El procedimiento policial fue irregular.
En efecto, en dicha diligencia el policía Miranda Fabra sobre el momento en que detuvieron el vehículo montero Mitsubishi y el taxi relató lo siguient:
Si bien el disciplinado acepta que detuvieron a las mujeres, a la pregunta de por qué se hizo ello respondi:
Después de manifestar lo anterior se le preguntó desde cuándo tenía conocimiento del supuesto transporte de la droga, si antes o después de la requisa y contest«[...] fue antes y después me lo dijeron, osea antes cuando iba por la variante [...]».
No obstante el conocimiento previo que tenía de la posible existencia de la droga, al interrogarse sobre el momento en que se tuvo certeza de la presencia de esta expres:
Según lo narrado por el patrullero Miranda Fabra él no vio la droga mientras estuvo en presencia de las mujeres, tampoco observó que sus compañeros las requisaran y no se percató que en el taxi paralizado estuviera la sustancia. Eso concuerda con lo que él mismo expresó al decir que «[. ] mi persona y el PT. SARMIENTO requisamos el montero, los restantes requisaron el tax r...1».
Ahora, el disciplinado sustentó la detención en el conocimiento previo que tenían de que posiblemente las damas estuvieran «cargadas» con base de cocaina, empero, hace énfasis en explicar que «[...] esos eran rumores que me decían el AG SANCHEZ y el SI LÓPEZ, me dijeron es [...]».
De esta manera la entidad debía probar, ante la duda y con el fin de dilucidar lo expresado por el patrullero Miranda Fabra, que este tuvo la certeza de que las arrestadas llevaban la droga en el taxi o en el cuerpo en el instante de efectuar la detención y requisa de los vehículos. Este aspecto era vital para la declaratoria de responsabilidad por el primer cargo, puesto que de haber sido así, es lógico que era deber del disciplinado efectuar la judicialización de las mujeres, sin embargo,
de no serlo, no podría predicarse que faltó a sus funciones.
En efecto, la parte demandada en la decisión sancionatoria señaló: «[...] El despacho no comparte los argumentos de la togada por cuanto si bien es cierto su defendido no estaría presente en el momento preciso en que fuera encontrada la sustancia ilícita que transportaban las femeninas, sí hizo parte del dispositivo policial que interceptó a estas personas72[...]» (Subraya de la Sala).
Para la Subsección es claro entonces que en sede administrativa se dedujo la responsabilidad del disciplinado por el primer cargo por el solo hecho de que este participó en el operativo que efectuó la patrulla "Águila uno”, sin tener otros elementos de prueba en su contra que permitan establecer que este sí tuvo conocimiento pleno y cierto de la existencia de la base de cocaina cuando se efectuó el procedimiento y que por tanto debió judicializar a las mujeres.
De esta manera, la Sala observa que la entidad demandada, en primera instancia,
encontró responsable al investigado por el primer cargo imputado basada en suposiciones e inferencias que carecen de sustento probatorio y que además son contradictorias.
- Análisis probatorio de segunda instancia del cargo consagrado en el ordinal 9.° del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006.
Sustentación de la decisión de Pruebas en que se fundamentó lo segunda instancia respecto al primer dicho
La entidad manifestó que dentro del trámite disciplinario se demostró que el patrullero Miranda Fabra estuvo presente en el instante en que se detuvo el taxi y se capturó a las dos mujeres, lo cual es la causa de la falta disciplinaria.
La autoridad consideró probado que el policía transportó a las detenidas desde el sitio donde las detuvieron hasta cerca del CAI de Bello Horizonte (Popayán, Cauca), detrás de la discoteca de razón social «Mangos», frente a una cancha de futbol.
El primer punto lo dedujo de lo expresado por la defensa, la cual aceptó la presencia del policía cuando se detuvieron los vehículos.
La parte demandada no citó en qué prueba sustentó lo afirmado, solo indica que «[...] de las pruebas igualmente se sustrae la información [...]» empero no identifica cuales.
Esto hace suponer a la Sala que la entidad usó lo dicho en la versión libre de del patrullero Helber Ramírez García como prueba en contra del disciplinado, pese a que no es un medio probatorio. La
conclusión se sustrae luego de revisar dicha declaració.
iii) Señala que el agente Sánchez fue quien dio la informació. No obstante no indica la prueba en que sustenta ello.
Si bien la entidad lo encontró demostrado con lo dicho por el agente Sánche, la manifestación que hiciera este no podía ser tenida en cuenta como prueba en contra del investigado porque lo expresó en su versión libre y no fue llamado a rendir testimonio dentro del proceso disciplinario.
De acuerdo con lo anterior, el señor Fabra Miranda no debió ser sancionado por la falta estipulada en el ordinal 9.° del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, conforme lo señalado en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002 que indica de manera precisa que «[...] No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado [...]».
En conclusión: La entidad demandada cuando declaró responsable del primer cargo endilgado al patrullero Jasson Jadith Miranda Fabra consagrado en el ordinal 9.° del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 esto es «[...] Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo [...]» no valoró las pruebas allegadas al proceso disciplinario de forma razonada, conjunta y conforme las reglas de la sana crítica.
Análisis probatorio en el caso concreto frente a la falta disciplinaria establecida en el numeral 15 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006
La entidad disciplinaria en primera instancia fundamentó el cargo en el informe suscrito por el subintendente Adrián Alexander Hernández Garzón al cual se anexó el informe ejecutivo, la investigación de campo y el álbum fotográfic, prueba que da cuenta de la existencia de la sustancia ilícita incautada y su cantidad. De igual manera citó las declaraciones del mayor James Toro Castillo, comandante del primer distrito de policía de Popayán y de Carmen Alicia Erira Burgos, comandante encargada de la estación de policía de Popayán.
El primero de los testigos señaló que fue informado de la incautación de la droga el día 25 de abril de 2007 entre las 5:00 p.m. y las 5:30 p.m. y niega que hubiese conocido del operativo y su resultado con anteriorida.
Por su parte la comandante Erira Burgos ante la pregunta de si conoció el procedimiento policial llevado a cabo por la patrulla «Águila uno» expresó que se le informó de ello tipo siete de la noche cuando ingresó a la estación de Policía de Popayán, momento en el que se le dijo que se había presentado una novedad con el subintendente López Cerón y su grupo de patrulla «[...] porque habían decomisado una droga y que no la habían puesto a disposició [...]». La testigo niega que se le hubiera reportado antes sobre lo sucedido.
Al respecto el coronel manifest«[...] Ese día en horas de la tarde ya entrada la noche se presentaron a mi oficina cuatro o cinco policías al mando del señor Subintendente López, los cuales tenían en su poder varios kilos de sustancia estupefaciente y me manifestaron que la había incautado a dos sujetos que se desplazaban en una moto y al ver la presencia de la policía abandonaron la sustancia en mención. Ante esta situación les pregunto si habían reportado el caso desde un principio a la estación 100 y me respondieron que no, igualmente me manifestaron que no lo habían informado a ningún superior [...]» (Subraya de la Sala)
Así mismo, el patrullero Miranda Fabra en la versión libre señaló que cuando regresó de almorzar a las 2:30 p.m. se enteró del hallazgo de la droga. Al respecto dij «[...] de ahí las muchachas se embarcaron en un taxi desconozco que se hayan embarcado con el PT SARMIENTO porque de ahí nos fuimos me llevaron a almorzar, el AG SANCHEZ me llevó a la Cadillal a mi pieza que tengo, esos eran como las doce y cuarenta por ahí, luego el AG SANCHEZ me fue a buscar como a las dos y media, de ahí me comentaron el AG SANCHEZ y el SI. LÓPEZ que las niñas iban cargadas con droga, es decir las niñas que cogimos en el taxi [...]» (Resalta la Sala)
La Sala advierte que fijará la sanción que corresponde al disciplinado por la responsabilidad del segundo cargo, después de verificar si, como lo sostuvo el señor Mirada Fabra, i) se vulneró su debido proceso en la indagación preliminar y ii) si actuó amparado bajo la causal de exclusión de responsabilidad consagrada en el ordinal 6.° del artículo 141 de la Ley 1015 de 2006. De ser negativa la respuesta, la Subsección señalará la sanción respectiva.
En caso de duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta disciplinaria se adelantará indagación preliminar. En estos eventos la indagación preliminar se adelantará por el término necesario para cumplir su objetivo. Texto subrayado fue	declarado inexequible por la Corte	Constitucional
mediante Sentencia C-036 de 2003 (•••)
Para el cumplimiento de éste, el funcionario competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y podrá oír en exposición libre al disciplinado que considere necesario para determinar la individualización o identificación de los intervinientes en los hechos investigados. Texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-036 de 2003; texto en cursiva declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C- 1076 de 2002 [...]»
Toda vez que no es considerada una prueba, la versión libre no puede ser objeto de valoración en la medida que difiere del testimonio porque para su celebración no se exige la prestación de juramento. En ese sentido, si la autoridad disciplinaria considera necesaria la declaración de determinada persona debe ordenar la práctica de este últim.
De igual manera, la realización de la versión libre no exige que el disciplinado sea asistido por un abogado ni este aspecto constituye un presupuesto de validez de la diligencia, mucho más cuando en materia disciplinaria la defensa técnica es opciona
. Así lo determina el contenido de los artículos 17 del Código
Disciplinario Único y 19 de la Ley 1015 de 2006 que prevén el nombramiento de un defensor de oficio, únicamente cuando el sujeto procesado lo solicita o es investigado como persona ausente.
Este criterio lo avaló la propia jurisprudencia, al señalar que el derecho disciplinario impone medidas menos rigurosas a las del derecho penal, razón por la cual solo es exigible la defensa técnica en este, pero en los demás ámbitos el legislador tiene la posibilidad determinar que la defensa se puede ejercer por el propio investigado o por su apoderado si de forma voluntaria decide nombrarl.
Respecto a la presunta irregularidad en la apertura de la indagación preliminar señalada en el primer punto, la Subsección encuentra que la misma se inició el día 26 de abril de 2007 y tuvo como causa el Oficio 183 de día 25 del mismo mes y añ. Para la Sala el hecho de que la entidad hubiese demorado menos de un día en dar apertura a esta etapa del trámite disciplinario no significa una vulneración al debido proceso del disciplinado, puesto que la Ley 734 de 2002 no determina en qué momento puede iniciarse la actuación, y en cambio, señala que esta procede «[...] En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria [...]».
Sobre este aspecto, la Subsección advierte que el patrullero Miranda Fabra fue notificado de forma personade la apertura de la indagación preliminar y la entidad le comunicó los derechos que le asistían en los términos del artículo 92 de la Ley 734 de 2002 entre los cuales mencionó en el acto de notificación el de «[...] 2. Designar un defensor. 3. Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, antes del fallo de primera instancia [...]».
Al mismo tiempo, en el act donde consta lo sucedido en la versión libre llevada a cabo y que fue leída y firmada por el policía Miranda Fabra, se observa que la autoridad informó al demandante el contenido del artículo 33 de la Constitución Política de 1991 referente a que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. De igual manera, en el documento aludido, se advierte qu«[...] se le enteró del derecho a nombrar un abogado para que lo asista en este diligencia o durante el desarrollo del proceso a lo cual manifestó libremente que renuncia a ese derecho [...]».
Lo primero a señalar es que el único testimonio de los mencionados que fue tenido en cuenta por la autoridad disciplinaria para proferir la sanción fue el del mayor James Toro Castillo y lo consideró solo en relación con el segundo cargo imputado. Ahora, revisada el acta en la que consta el testimonio del uniformado en ella se aclara qu «[...] El despacho deja constancia que se encuentran presentes en esta diligencia los investigados señores SI. UBER LÓPEZ CERON, PT. JASSON JADITH MIRANDA FABRA, PT. DANIEL MAURICIO SARMIENTO MARTINEZ, PT. HERLVER ANDRÉS RAMIREZ GARCÍA, AG. CIRO LEÓN SÁNCHEZ HURTADO [...]» (Subraya de la Sala).
Se observa además que en la audiencia la entidad otorgó la palabra a los disciplinados para que interrogaran al testigo derecho que solo ejerció el subintendente Huber López Ceró. Así mismo, el documento en mención fue firmado por el accionante. Todo lo anterior desvirtúa la afirmación según la cual no tuvo la oportunidad de participar en la práctica de la prueba.
En cuanto a los testimonios de Omar Collazos, Horacio Muñoz y Carlos Tomb la Sala advierte que estos se ordenaron con el propósito de verificar si el patrullero Licimaco Muñoz Meneses tuvo alguna participación en el operativo policial realizado el día 25 de abril de 2007.
¿El señor Jasson Jadith Miranda Fabra el día 25 de abril de 2007 actuó amparado en la casual excluyente de responsabilidad de que trata el ordinal
° del artículo 41 de la Ley 1015 de 2006?
El artículo 4.° de la Ley 1015 de 2006 estipula:
En cuanto al primer elemento debe señalarse que para que se configure la falta disciplinaria y la conducta sea antijurídica no basta el solo incumplimiento formal del deber, sino que es menester que la infracción de este sea «sustancial», ello quiere decir, que la actuación u omisión del servidor público debe desembocar en una real y efectiva afectación del buen funcionamiento del Estado y por tanto del servicio públic.
Para el caso de los miembros de la Policía Nacional, toda vez que esta institución es concebida constitucionalmente como un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y que por tanto cumple una función primordial dentro de un Estado social de derecho, es lógico que a sus miembros se les exija el más alto compromiso, responsabilidad y respeto de la disciplina, en tanto la inobservancia del cumplimiento cabal de sus funciones pone en riesgo los derechos de toda la colectividad.
Precisamente en reciente providencia proferida por esta subsección sobre la disciplina que debe acatar los miembros de la Policía Nacional se señal:
El segundo requisito que debe cumplirse para que exista antijuridicidad de la conducta, consiste en que la afectación del deber funcional debe originarse en una actuación que no sea justificable por parte del disciplinado, lo que implica que para refutarla es menester que aquel tenga una razón válida para haberla cometido, situación en la cual la autoridad disciplinaria debe revisar las causales de exclusión de responsabilidad consagradas en el artículo 41 de la Ley 1015 de 200.
En estricto cumplimiento de un deber Constitucional o Legal.
En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.
Para proteger un derecho, propio o ajeno, al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad.
Por insuperable coacción ajena.
Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.
En situación de inimputabilidad. En tales eventos se dará inmediata aplicación, por el competente, a los mecanismos administrativos que permitan el reconocimiento de las inhabilidades sobrevinientes. No habrá lugar a reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto disciplinable hubiere preordenado su comportamiento [...]»
Las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria justifican la actuación desplegada por el servidor público a tal punto que su configuración trae como consecuencia la declaratoria de no culpabilidad del disciplinado. Dichas causales requieren un análisis particular en cada caso específico en atención a las circunstancia de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hecho.
En lo que respecta a la fijada en el numeral 6.° de la norma invocada consistente en que no hay responsabilidad cuando se actúa «[...] Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria [...]» debe decirse que la misma conlleva dos requisitos que deben confluir para que sea aceptada por la autoridad disciplinaria a saber: i) Que exista un convencimiento errado y ii) que el error sea invencible.
El primero de los eventos citados se materializa cuando el disciplinado actúa con la total y sincera creencia de que lo hace conforme lo señala el ordenamiento jurídico, esto es, su proceder lo efectuó de buena fe. El segundo ítem hace alusión a que el error sea invencible, lo que quiere significar que no era humanamente superable en consideración a las condiciones personales del servidor público y las circunstancias en las que se ejecutó la conduct. En palabras de esta subsección el error es invencible cuando « [...] su entidad sea tal que sea imposible salir de la equivocación99 [...]» lo que implica que «I-...! solo se puede eximir de responsabilidad cuando el ilícito disciplinario se comete de buena fe10 por ignorancia invencible [...]» (Resalta la Sala).
Reunidos tales requisitos, el sujeto disciplinable no puede ser considerado responsable ni a título de dolo « [.] porque en el encartado no hay la conciencia de la ilicitud de su acción, sin el cual el fenómeno no se estructura. Tampoco le puede ser reprochable a título de culpa porque actuó con el cuidado y diligencia para determinar que su conducta no era contraria a la ley [...].
De acuerdo con la causal de exoneración de responsabilidad estipulada en el ordinal 6.° del artículo 41 de la Ley 1015 de 2006 un miembro de la Policía Nacional no puede ser declarado disciplinariamente responsable cuando en su actuar: i) existe un convencimiento errado y ii) que tal error sea invencible, esto es, que no sea posible salir de él y por tanto se actué de buena fe. Si no concurren estos elementos la causal no cobija a quien la alega.
El señor Jasson Jadith Miranda Fabra alegó que en todo momento actuó bajo la orden de sus superiores y bajo la convicción errada e invencible de que no estaba cometiendo un ilícito, por lo que su proceder está amparado en la causal excluyente de responsabilidad de que trata el ordinal 6.° del artículo 41 de la Ley 1015 de 2006.
Para la Subsección, conforme el análisis probatorio que se hizo con relación al segundo cargo imputado, está debidamente probado con las declaraciones del mayor James Toro Castill, comandante del primer distrito de policía de Popayá, de Carmen Alicia Erira Burgo, comandante encargada de la estación de policía de Popayán y del coronel Gustavo Alberto Moreno Maldonad, que los uniformados de la patrulla «Águila uno» no informaron a sus superiores de la incautación de la sustancia alucinógena sino después de las cinco de la tarde del 25 de abril de 2007, pese a que el procedimiento policial se llevó a cabo en las horas del mediodía de esa fecha.
Se demostró además, que el patrullero Miranda Fabra tuvo conocimiento de la incautación de la sustancia ilícita a las 2:30 p.m, cuando regresó de la hora de almuerzo, cuando se enteró de que sus compañeros no judicializaron a las mujeres detenidas pese a que a estas transportaban la droga y así lo relató en la versión libre al deci «[...] de ahí las muchachas se embarcaron en un taxi desconozco que se hayan embarcado con el PT SARMIENTO porque de ahí nos fuimos me llevaron a almorzar, el AG SANCHEZ me llevó a la Cadillal a mi pieza que tengo, esos eran como las doce y cuarenta por ahí, luego el AG SANCHEZ me fue a buscar como a las dos y media, de ahí me comentaron el AG SANCHEZ y el SI. LÓPEZ que las niñas iban cargadas con droga, es decir las niñas que cogimos en el taxi [...]» (Resalta la Sala)
El señor Miranda Fabra al ser consciente de que la orden no era legítima y relacionada con el adecuado cumplimento de sus funcione no podía acatarla y en cambio, bien lo sabía por su formación como miembro de la Policía Nacional, que le era obligatorio enterar al comando o a otros superiores de lo acontecido y no lo hizo, luego es responsable en igualdad de condiciones que su superior inmediato al «[...] Dejar de informar o hacerlo con retardo, los hechos que debe ser llevados a conocimiento del superior por razón del cargo o servicio [...]».
De esta manera, no puede considerarse que el actor actuó amparado en la causal excluyente de responsabilidad de que trata el ordinal 6.° del artículo 41 de la Ley 1015 de 2006 porque era consiente de que sus compañeros actuaron de manera contraria al ordenamiento jurídico y aun así no informó de ello al comando de policía. Tampoco es factible aseverar que el error que invoca era invencible, toda vez que no le era imposible comunicarse con otros uniformados a efectos de dar a conocer lo sucedido.
En conclusión: El patrullero Jasson Jadith Miranda Fabra al no informar a sus superiores sobre los hechos acontecidos el día 25 de abril de 2007, relacionados con lo irregular en el procedimiento efectuado por sus compañeros en lo referente a la incautación de la sustancia alucinógena y la no judicialización de las personas que la trasportaban, no actuó amparado en la causal excluyente de responsabilidad de que trata el ordinal 6.° del artículo 41 de la Ley 1015 de 2006.
Para la Corporación la autoridad disciplinaria en el sub examine motivó las decisiones disciplinarias, tanto de primera como de segunda instancia, conforme lo ordena el artículo 170 de la Ley 734 de 2002. No prosperó el cargo.
La Sala concluyó que la entidad demandada cuando declaró responsable del primer cargo endilgado al disciplinado no valoró las pruebas allegadas al proceso disciplinario de forma razonada, conjunta y conforme las reglas de la sana crítica puesto que de las decretadas y practicadas no es posible deducir, más allá de toda duda i) que el accionante en el momento de efectuar la detención y requisa de los vehículos conoció con plena certeza que las mujeres detenidas llevaban droga en el taxi o en el cuerpo y por tanto ii) no se puede afirmar que debió judicializar a las sospechosas.
La demandada cuando declaró responsable del segundo cargo endilgado al patrullero Jasson Jadtih Miranda Fabra lo hizo con fundamento en las pruebas obrantes en el trámite. Así mismo, del análisis conjunto de estas es posible deducir, más allá de toda duda, que el accionante después de las 2:30 p.m. tuvo conocimiento de a) la incautación de la base de coca a las mujeres que detuvieron, b) que sus compañeros no las judicializaron y las dejaron huir y c) pese a ello, no informó de los hechos a sus superiores.
No existió irregularidad que representara una vulneración al debido proceso del patrullero Miranda Fabra en la apertura de la indagación preliminar, en la recepción de la versión libre del demandante y de los otros uniformados y en la práctica de los testimonios de Carlos Gerardo Tombe Rengifo, José Omar Collazos Muñoz y Horacio Elías Muñoz Duque.
La Subsección estudió este argumento solo con relación al segundo cargo imputado, esto es, el consagrado como falta grave en el numeral 15 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006 «[...] Dejar de informar o hacerlo con retardo, los hechos que debe ser llevados a conocimiento del superior por razón del cargo o servicio [...]» puesto que declarará la nulidad de la sanción impuesta en relación con la primera falta endilgada.
Se concluyó que el patrullero Jasson Jadith Miranda Fabra al no enterar a sus superiores sobre los hechos acontecidos el día 25 de abril de 2007 relacionados con irregularidades en el procedimiento efectuado por sus compañeros al realizar la incautación de la sustancia alucinógena y la no judicialización de las detenidas que la trasportaban, no actuó amparado en la causal excluyente de responsabilidad de que trata el ordinal 6.° del artículo 41 de la Ley 1015 de 2006.
Se declarará la nulidad parcial de la decisión disciplinaria de primera instancia proferida el 16 de junio de 2009 y de segunda instancia del 26 de febrero de 2010 en lo que al primer cargo imputado al demandante se refiere, contenido en el ordinal 9.° del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 «[...] Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo [...]» porque no se demostró con plena certeza, la responsabilidad del demandante en el mismo.
Pues bien, conforme el ordinal 2.° del artículo 39 de la Ley 1015 de 2006 la sanción que debe imponerse para las faltas graves dolosas es la de suspensión e inhabilidad especial entre seis (6) y doce (12) meses, sin derecho a remuneración. Los criterios para determinar la sanción los fijó el artículo 40 ibidem.
Así, en consideración a que el señor Jasson Jadith Miranda Fabra era miembro de la Policía Nacional y que la conducta desplegada atentó contra la imagen de las institución y por tanto, tuvo una importante trascendencia social e institucional conforme el literal (i) del citado artículo; la Sala estima que debe imponerse la máxima sanción establecida para las faltas graves dolosas esto es, suspensión e inhabilidad especial por el término de 12 meses sin derecho a remuneración, conforme el ordinal 2.° del artículo 39 de la Ley 1015 de 2006.
Pretensiones de restablecimiento del derecho.
Solicitó el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el retiro del servicio y hasta que se efectúe el reintegro.
La Sala advierte que el señor Miranda Fabra fue notificado de la Resolución 1805 del 8 de junio de 2010 que ejecutó la sanción impuesta el día 9 del mismo mes y añ. De esta manera, se ordenará la entidad demandada reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir por el demandante desde el día 10 de junio del año 2011 (fecha en que se cumple la suspensión de doce meses) y hasta que se efectúe el reintegro sin solución de continuidad.
En el que el valor presente (R) resulta de multiplicar el valor histórico (Rh), que corresponde a la suma R= Rh x Índice final	adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el
Índice inicial	índice final de precios al consumidor, vigente a la
fecha de ejecutoria de esta sentencia certificado por el DANE, por el índice inicial vigente a la fecha en que debió realizarse el pago correspondiente. Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, respecto de cada obligación teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.
Se pidió el reconocimiento del daño moral causado con ocasión de la destitución para el señor Jasson Jadith Miranda Fabra, su hijo Dilan Jadith Miranda Agamez y su cónyuge Alis Arela Agamez Díaz en una suma equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno.
Solicitó reconocer por el daño causado a su buen nombre el valor de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para él y el grupo familiar enunciado en el literal anterior.
Compulsar copias de la providencia que se emita al área de Registro y Control de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional y a la División de Registros y Control de la Procuraduría General de la Nación para que se cancele
de sus registros la sanción tanto en la hoja de vida como el certificado de antecedentes disciplinarios.
Primero: Declarar la nulidad parcial de la decisión disciplinaria de primera instancia proferida el 16 de junio de 2009 por la Oficina de Control Disciplinario Interno INSGE DECAU y de la decisión de segunda instancia del 26 de febrero de
emitida por la Inspección Delegada Región de Policía núm. 4 en lo que respecta a la declaratoria de culpabilidad del patrullero Jasson Jadith Miranda Fabra con relación a la falta disciplinaria señalada en el ordinal 9.° del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006.
Tercero: Modificar la sanción impuesta al accionante de destitución e inhabilidad de general y en su lugar, imponerle la de suspensión e inhabilidad especial por el término de 12 meses sin derecho a remuneración conforme el ordinal 2.° del artículo 39 de la Ley 1015 de 2006.
Cuarto: Se ordena a la entidad demanda a reintegrar al patrullero Jasson Jadith Miranda Fabra a un cargo de igual categoría. Así mismo deberá pagar los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el día 10 de junio del año
(fecha en que se cumple la suspensión de doce meses) y hasta que se efectúe el reintegro, sin solución de continuidad.

References: artículo 35
 artículo 170
 artículo 170
 artículo 34
 artículo 142
in dubio
 artículo 34
 artículo 92
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 85

Resolución 
 artículo 170
 resolución 
 artículo 41
 artículo 170
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 34
 artículo 34
 Artículo 34
 Artículo 35
 Artículo 34
 artículo 414
 artículo 302
 Artículo 35
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 34
 artículo 41
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 414
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 41
 artículo 170
 artículo 129
 artículo 141
 artículo 128
 artículo 142
in dubio
 artículo 29
 artículo 9
 Artículo 130
 artículo 131
 artículo 248
 artículo 382
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 142
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 141
 artículo 92
 artículo 33
 artículo 41
 artículo 4
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 170
 artículo 35
 artículo 41
 artículo 34
 artículo 39
 artículo 40
 artículo 39
 Resolución 
 artículo 34
 artículo 39