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Timestamp: 2020-08-07 15:54:37+00:00

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PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR: DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS - María Silvia Villaverde
PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR: DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS
UNIVERSIDAD DE MORÓN Curso Superior de Posgrado: Actualización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia
Fecha: 31 de octubre y 1 de octubre de 2014
Lugar: Colegio de Abogados de Mercedes
Fecha: 23 de octubre y 6 de noviembre
MARCO NORMATIVO: La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Protocolo de San Salvador y la Convención de Belém Do Pará constituyen un corpus juris de protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, en virtud del cual los Estados que han ratificado los mencionados tratados internacionales asumen la obligación de adoptar, por todo los medios y sin dilaciones, polìticas ordenadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra ellas.
Los principios de igualdad y de no discriminación son principios fundamentales y normas de ius cogens sobre los cuales descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional.
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (la CEDAW – ONU) 1979
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (denominada la CEDAW por sus siglas en inglés), aprobada por Naciones Unidas el 18/12/1979, pertenece al sistema internacional de protección de los derechos humanos. Dicha convención fue suscripta por la República Argentina el 17 de julio de 1980, aprobada según la ley 23.179 (B.O. 3/6/1985) y se halla incluida en la nómina de los instrumentos internacionales de derechos humanos jerarquizados por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional desde 1994, integrando el bloque de constitucionalidad federal. Mediante la Ley 26.171 (2006), Argentina aprobó también el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999.
Recordar que en el Preámbulo de la CEDAW se afirma que “para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia” (Leer el art.5)
Leer todas las Recomendaciones Generales del CEDAW
RECOMENDACIÓN GENERAL Nro.19 “LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” (el CEDAW) En esta Recomendación General, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer manifestó que las actitudes tradicionales según las cuales se consideraba a la mujer como subordinada o se le atribuían funciones estereotipadas perpetuaban la difusión de prácticas que entrañaban violencia o coacción, como la violencia y los malos tratos en la familia, los matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes insuficientes, los ataques con ácido y la circuncisión femenina. Esos prejuicios y prácticas pueden justificar así la violencia contra la mujer como una forma de subordinación o control.
RECOMENDACIÓN GENERAL Nro.28 En esta Recomendación General, el Comité distingue conceptualmente “sexo” y “género”:
párrafo 5: Si bien en la Convención solo se menciona la discriminación por motivos de sexo, al interpretar el artículo 1 junto con el párrafo f) del artículo 2 y el párrafo a) del artículo 5 se pone de manifiesto que la Convención abarca la discriminación contra la mujer por motivos de género.
El término “sexo” se refiere aquí a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer.
El término “género” se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que la sociedad atribuye a esas diferencias biológicas, lo que da lugar a relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres y a la distribución de facultades y derechos en favor del hombre y en detrimento de la mujer. El lugar que la mujer y el hombre ocupan en la sociedad depende de factores políticos, económicos, culturales, sociales, religiosos, ideológicos y ambientales que la cultura, la sociedad y la comunidad pueden cambiar.
La aplicación de la Convención a la discriminación por motivos de género se pone de manifiesto en la definición de discriminación contenida en el artículo 1. Esta definición señala que cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o por resultado reducir o anular el reconocimiento, el disfrute o el ejercicio por las mujeres de sus derechos humanos y libertades fundamentales constituye discriminación, incluso cuando no sea en forma intencional. De esto se desprendería que el trato idéntico o neutro de la mujer y el hombre podría constituir discriminación contra la mujer cuando tuviera como resultado o efecto privarla del ejercicio de un derecho al no haberse tenido en cuenta la desventaja y la desigualdad preexistentes por motivos de género.
CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER – “CONVENCION DE BELEM DO PARA” 2004
Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en su vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones, del 9 de junio de 1994, en Belém do Pará, Brasil. Entrada en vigor: el 5 de marzo de 1995 de conformidad con el Artículo 21. Aprobada en la República Argentina mediante la ley 24.632. Ha sido ratificada por 32 países en 20 años.
En 2004 se creó el MESECVI para la implementación efectiva de la Convención. El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará es una metodología de evaluación multilateral sistemática y permanente, independiente, basada en un foro de intercambio y cooperación ténica entre los Estados Parte del tratado y un Comité de Experta/os.
2014 Fortalecimiento de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas El Foro Hemisférico Belém do Pará +20 “La prevención de la violencia contra las mujeres: Buenas prácticas y propuestas a futuro,” organizado del 14 al 16 de mayo de 2014, en Pachuca, Hidalgo, adoptó la Declaración de Pachuca, que reafirma el compromiso de los Estados con acciones concretas de política pública, educación y comunicación para promover la igualdad de género y prevenir la violencia.
Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos MESECVI, OEA/Ser.L/II.7.10, MESECVI/CEVI/DEC.4/14, 19/9/2014
… los esfuerzos de los Estados para cumplir su obligación de debida diligencia no deben centrarse únicamente en la reforma legislativa, el acceso a la justicia y la prestación de servicios a las víctimas; también deben abordar las cuestiones de prevención, especialmente con el fin de atacar las causas estructurales que dan lugar a la violencia contra las mujeres. En este empeño, los Estados deben tener en cuenta la multiplicidad de formas que adopta la violencia contra las mujeres y los distintos tipos de discriminación que afectan a las mujeres a fin de adoptar estrategias multifacéticas para prevenirla y combatirla eficazmente.
En general, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres implica la obligación estatal de organizarse y coordinarse internamente para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Es decir, se requiere de medidas afirmativas, de la obligación de garantía, no sólo para hacer frente a las diferentes expresiones de la violencia, sino también para atacar las causas estructuralesque la provocan. De allí la relevancia de planes y políticas nacionales de intervención en violencia contra las mujeres que contemplen todos los espacios donde ocurre, las estrategias, aliados/ as, áreas de intervención, marco conceptual y plan operativo, entre otros. Además, la obligación de los agentes estatales de rendir cuentas respecto del cumplimiento de sus responsabilidades….
Lo que predomina actualmente son alternativas terapéuticas y sociales que paralelamente a la atención de la mujer violentada, buscan lareeducación y resocialización del agresor para así intentar conseguir la eliminación del problema de la violencia contra las mujeres en un futuro. Si bien este es un paso importante, no es suficiente para garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia…
…El deber del Estado de actuar con debida diligencia requiere de la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales, máxime cuando el Estado tiene conocimiento de un contexto en el que las mujeres están siendo abusadas y violentadas. Especialmente se requiere de coordinación eficaz entre los diferentes operadores/ as de justicia (policía, servicios forenses y fiscalías), quienes son fundamentales para combatir la impunidad e infundir confianza al público en el sistema de justicia.
En general, el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de facto y de jure que mantienen la impunidad, otorgar las garantías de seguridad suficientes a las mujeres víctimas, a los testigos, autoridades judiciales, fiscales, otros operadores de justicia y a los familiares de las víctimas, así como utilizar todos los medios a su alcance para diligenciar el proceso.
…Medidas de Protección: Para el Comité de Expertas/os una medida de seguridad oportuna evitar que las mujeres queden desprotegidas y a merced de las represalias de sus agresores. Para la CIDH, el otorgamiento de una medida de protección para una mujer víctima de violencia refleja un reconocimiento por parte del Estado del riesgo enfrentado por sus beneficiarios de daño a causa de actos de violencia doméstica que pueden ser cometidos por la parte restringida, y de la necesidad de protección estatal. Este reconocimiento es frecuentemente producto de una determinación de una autoridad judicial de que un beneficiario – una mujer, sus hijos y/u otros familiares – sufrirá daño sin la protección de la policía. Sin embargo, las mujeres siguen enfrentando grandes desafíos para obtener protección debido a la falta de aplicación generalizada de la legislación sobre violencia contra las mujeres por parte de las autoridades.
Ante situaciones de riesgo para la vida e integridad de la mujer, el Estado está obligado a dar protección a la mujer, lo que implica que debe asegurar que su estructura responda efectivamente y en forma coordinada para hacer cumplir los términos de la orden de protección, que es una forma de conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida e integridad de la mujer. Ello requiere que las autoridades a las que se confió la ejecución de la orden conozcan de su existencia y sus términos, entiendan que una orden de protección representa una determinación judicial de riesgo y que sepan cuáles son sus responsabilidades a partir de esta determinación; que entiendan las características del problema de la violencia doméstica; y que estén capacitados para responder a informes de posibles violaciones. Paralelamente, para una respuesta adecuada se requiere la existencia de protocolos o directivas y de capacitación sobre cómo implementar las órdenes de protección, y sobre cómo responder a llamadas de la víctima.
Para el Comité de Expertas/os las medidas de protección deben ser inmediatas y efectivas. Es importante que los Estados consideren que las demoras en la expedición de estas medidas ocasionan que algunas mujeres opten por no denunciar por temor a la reacción de sus atacantes. Además, las medidas de protección deben responder a la urgencia de la situación, por eso su naturaleza será variada. Pueden incluir fondos para traslados, mecanismos de rescate de mujeres, cambio de identidad de las víctimas, protección de testigos/ as, salvoconductos para salir del país, redes seguras de referencia, y otras que el país considere apropiado compartir. Deben ser capaces de proteger a la mujer víctima, a sus familiares y a testigos. Deben poderse tomar sin necesidad de iniciar procedimientos civiles o penales. De darse oportunamente estas medidas de seguridad pueden evitarse muchos feminicidios/ femicidios. Pero se requiere de una coordinación eficaz entre las autoridades intervinientes e incluir además de la prevención, la atención y la rehabilitación.
La CIDH ha señalado a los Estados que bajo el concepto de debida diligencia es su obligación diseñar e implementar recursos judiciales de naturaleza cautelar, sencillos, rápidos y accesibles, que puedan funcionar como un remedio idóneo y efectivo, para prevenir situaciones de violencia contra las mujeres. Informe sobre Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas (OEA/Ser.L/V/II Doc.68 20/1/2007), Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, 2007 (Tutela cautelar efectiva)
Se ha avanzado durante los últimos años en la prestación de servicios para mujeres y niños víctimas de abuso. Existen líneas telefónicas de emergencia; asistencia para emergencias, inclusive servicios jurídicos; refugios; servicios especiales para atención de la salud y servicios de orientación. Sin embargo, en la mayor parte de los países, la cantidad de servicios disponibles no tiene relación con la demanda por esos servicios.
Para el Comité de Expertas/os, además de existir medidas de protección, deben existir mecanismos estatales para evaluar la efectividad de estas medidas y cuán expedito es el trámite para obtenerlas.Sin una evaluación de estos mecanismos no se podrán tomar los correctivos necesarios.
El principio de la debida diligencia y el de no discriminación e igual protección ante la ley exigen que los Estados sean responsabilizados por fallas en la protección de las mujeres respecto de actos de violencia cometidos por particulares. Esto se justifica en tanto es sancionable la existencia de un patrón general de tolerancia estatal e ineficacia judicial hacia casos de violencia contra las mujeres.
Para el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos la reparación debe implicar satisfacción, rehabilitación, garantías de no repetición y compensación, pero en los casos de violencia contra las mujeres también debe tener “vocación transformadora”, es decir, un efecto no sólo restitutivo sino además correctivo; “enfoque crucial para poder abordar la situación estructural de violencia y discriminación.”
La Corte IDH ha interpretado que en una situación de discriminación estructural, las reparaciones deben propender a transformarla, apuntando así no solo a la restitución sino a remediar la situación, a garantizar su no repetición. En forma complementaria, organismos de Naciones Unidas han señalado que la reparación debe tener en cuenta las múltiples, concomitantes y exacerbadas formas de discriminación contra la mujer. LaRelatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, expresa que esto significa que las reparaciones deben orientarse, en lo posible, a subvertir, en vez de reforzar, los patrones preexistentes de subordinación estructural, jerarquías basadas en el género, marginación sistémica y desigualdades estructurales que pueden ser causas profundas de la violencia que padecen las mujeres. Agrega que, como cada caso de violencia contra las mujeres suele enmarcarse en pautas de subordinación y marginación preexistentes, y a menudo interrelacionadas, dichas medidas deben vincular las reparaciones individuales y la transformación estructural. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Rashida Manjoo (A/ HRC/14/22). ONU, 2010, párrafo 24.
En el caso Campo Algodonero vs. México, la Corte IDH se basó en los siguientes criterios para valorar las medidas de reparación destinadas a las víctimas y a sus familiares: i) que se refieran directamente a las violaciones declaradas por el Tribunal; ii) que reparen proporcionalmente los daños materiales e inmateriales; iii) que no signifiquen enriquecimiento ni empobrecimiento; iv) que reestablezcan en la mayor medida de lo posible a las víctimas en la situación anterior a la violación en aquello en que no se interfiera con el deber de no discriminar; v) que se orienten a identificar y eliminar los factores causales de discriminación; vi) que se adopten desde una perspectiva de género, tomando en cuenta los impactos diferenciados que la violencia causa en hombres y en mujeres, y vii) que consideren todos los actos jurídicos y acciones alegadas por el Estado en el expediente tendientes a reparar el daño ocasionado.
Para la CIDH, el concepto de reparaciones desde una perspectiva de género debe ser abordado con una doble perspectiva:
Desde la perspectiva del Estado, la reparación es la oportunidad de brindar seguridad y justicia a la víctima para que esta recupere la credibilidad en el sistema y la sociedad. Además, debe adoptar medidas con el fin de lograr la no repetición de los hechos.
Desde la perspectiva de la víctima, la reparación se refleja en los esfuerzos que desarrolle el Estado y la sociedad para remediar el daño que ha sufrido. Siempre existirá una subjetividad en la valoración de las medidas de reparación para la víctima y es una obligación del Estado respetar y valorar esta subjetividad para asegurar la reparación. Es por ello fundamental la participación de la víctima. De esta manera se conoce cuáles son las necesidades y percepciones de la víctima en relación a la reparación que esperan.
… La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, al referirse a la transformación sociocultural ha señalado que los Estados deben adoptar un enfoque de “negociación cultural”, el cual permite hacer frente a las causas profundas de la violencia y aumentar la sensibilización sobre el carácter opresivo de determinadas prácticas sociales. Esa negociación cultural supone la identificación y el cuestionamiento de la legitimidad de quienes monopolizan el derecho de hablar en nombre de la cultura y de la religión. No son la cultura o la religión en sí mismas las que disponen que una mujer deba ser golpeada, mutilada o asesinada, sino que esos preceptos los dictan quienes monopolizan el derecho a hablar en nombre de la cultura o de la religión. En consecuencia, el compromiso del Estado con el empoderamiento de la mujer y la transformación de la sociedad es capital para propiciar el cambio de las estructuras y prácticas patriarcales hegemónicas. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Rashida Manjoo (A/ HRC/14/22). ONU, 2010, párrafo 78.
….La rama judicial, al igual que las ramas ejecutiva y legislativa, es un órgano estatal y por lo tanto sujeto a las obligaciones establecidas por la Convención. Las decisiones y prácticas judiciales son un medio muy importante de perpetuación o eliminación de los estereotipos de las mujeres. Al perpetuar los estereotipos lesivos que existen sobre las mujeres, los fallos y procedimientos judiciales niegan los derechos de la mujer que se presentan ante la corte y a la vez degradan a las mujeres que se encuentren en situaciones similares. Por lo tanto, las decisiones judiciales que perpetúan los estereotipos de género generan perjuicios individuales y colectivos a la vez que aquellas que exponen, desmontan y eliminan los estereotipos, benefician tanto a la persona que presenta el caso como a quienes están en situaciones similares. Es por ello que la judicatura deberá abstenerse de estereotipar con base en el género en sus razonamientos y prácticas.
Para aportar a el conocimiento y sensibilización del aparato judicial, el Estado debe implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación en: i) derechos humanos y género; ii) perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y iii) superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres. Los programas y cursos estarán destinados a policías, fiscales, jueces, militares, funcionarios encargados de la atención y asistencia legal a víctimas del delito y a cualquier funcionario público, tanto a nivel local como federal, que participe directa o indirectamente en la prevención, investigación, procesamiento, sanción y reparación. Dentro de dichos programas permanentes deberá hacerse una especial mención a los instrumentos internacionales de derechos humanos, específicamente, a los relativos a violencia por razones de género, entre ellos la Convención Belém do Pará y la CEDAW, tomando en cuenta cómo ciertas normas o prácticas en el derecho interno, sea intencionalmente o por sus resultados, tienen efectos discriminatorios en la vida cotidiana de las mujeres.
Manual de Legislación sobre la Violencia contra la Mujer (ST/ESA/329). Naciones Unidas, New York: División para el Adelanto de la Mujer (DAW), Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 2010, páginas 39-40
“Herramientas regionales de lucha contra la violencia hacia las mujeres: La Convención de Belém do Pará y el Convenio de Estambul”
Fortalecimiento de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas El Foro Hemisférico Belém do Pará +20 “La prevención de la violencia contra las mujeres: Buenas prácticas y propuestas a futuro,” organizado del 14 al 16 de mayo de 2014, en Pachuca, Hidalgo, adoptó la Declaración de Pachuca, que reafirma el compromiso de los Estados con acciones concretas de política pública, educación y comunicación para promover la igualdad de género y prevenir la violencia.
HITO JURISPRUDENCIAL EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS: Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México (16/11/2009):
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Mexicano por violación de los derechos humanos de las tres mujeres desaparecidas, vejadas y asesinadas en Ciudad Juárez, así como de los derechos humanos de sus familiares. En la sentencia realiza un estudio sobre la importancia del contexto de los hechos, reconociendo una cultura de discriminación contra las mujeres en Ciudad Juárez
También es la primera vez que un Estado, que a pesar de haber ratificado dicha convención, no acepta que ésta le obligue, ni reconoce las responsabilidades que ésta le impone. Ante esta controversia, la Corte realizó un análisis detallado para determinar si tenía la competencia, es decir, si el derecho la facultaba para investigar violaciones a esta Convención y en su caso, obligar a los Estados que la han ratificado a que realicen acciones para cumplirla.
Otro tema de especial preocupación para el sistema de protección integral del derecho a una vda libre de violencia para las mujeres y las niñas es el referido a la obligación de garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos el derecho individual a la reparación. Tanto la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer como la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer imponen a los Estados el deber de proporcionar indemnización por todos los actos de violencia. Sin embargo, la puesta en práctica de la obligación de debida diligencia con respecto a las reparaciones sigue estando muy poco desarrollada. La escasa atención a las reparaciones, en los planos sustantivo como de procedimiento, a las mujeres víctimas de la violencia está reñida con el hecho de que estas son frecuente objeto de violencia tanto sexual como de otro tipo.
En este caso, relativo al secuestro, asesinato y violencia sexual de que fueron víctimas dos menores de edad y una joven a manos de agentes no estatales en 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó de forma amplia las obligaciones de debida diligencia del Estado de investigar, enjuiciar y castigar a los culpables de la violencia contra la mujer.
Por primera vez Corte hizo suya la noción de reparaciones en función del género con vocación transformadora. Estimó que en una situación de discriminación estructural, las reparaciones deben propender a transformarla, apuntando así no solo a la restitución sino a corregir la situación. La trascendencia de la decisión del tribunal regional fue señalada por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (ONU), Rashida Manjooenfo, en su informe A/66/215 de fecha 1/8/2011 (párr,72)
Sitio con amplia información sobre el caso CAMPO ALGODONERO:http://www.campoalgodonero.org.mx/
Libro sobre Análisis y propuestas para el seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano: Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, 16/11/2009, (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas), Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – CLADEM, México, 2010:
LEGISLACIÓN BONAERENSE: Modificación de la ley 12.569, mediante la ley 14.509, que introduce el enfoque de género.
Fue modificada por la ley 14.509, que introduce el enfoque de género.
Comentario del Decreto reglamentario 2875/2005 de la ley 12.569 (Anexos I, A y B) María Silvia Villaverde
REFORMA DE LA LEY DE VIOLENCIA FAMILIAR (LEY 12.569 MODIFICADA POR LA 14.509). INCIDENCIA DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PROCESO JUSTO. Presentación en ppt.
Ley 14.409, sancionada el 29/11/2012, publicada en el B.O. 03/06/2013. Modificación conceptual de la ley 12.569, a la que se le incorpora el enfoque de género y el modelo de protección integral en línea con la ley nacional 26.485
El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sancionan con fuerza de Ley
ARTÍCULO 1°: Modifícanse los artículos 1°, 4o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 12, 13, 14, 18 y 19 de la Ley 12.569
ARTÍCULO 2°: Incorpórase a Ley N° 12.569 y sus modificatorias, los artículos 4 bis, 6 bis, 6 ter, 7 bis, 8 bis, 8 ter, 14 bis y 19 bis.
ARTÍCULO 3°: Derógase el artículo 23 de la Ley N° 12.569 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 4°: El Poder Ejecutivo adecuará la reglamentación en un plazo no superior a noventa (90) días y ordenará la publicación de la presente ley con su decreto reglamentario, juntamente con el texto íntegro de la Ley N° 26.485.
LEY NACIONAL 26.485 Y DECRETO 1011/2010: “LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN QUE DESARROLLAN SUS RELACIONES INTERPERSONALES” (art.5 Tipos de violencia, art.6 Modalidades de los tipos de violencia en distintos ámbitos, art.16 Derechos y garantías mínimos en el procedimiento judicial y administrativo)
LEY BONAERENSE 14.407
ENFOQUE DE DERECHOS: El denominado enfoque de derechos utiliza el marco conceptual que brindan los derechos humanos para su aplicación a las políticas de desarrollo, con base en las obligaciones positivas del Estado: aquello que debe hacer en orden a lograr la plena realización de los derechos civiles, políticos y también los económicos, sociales y culturales (DESC). Los derechos humanos se definen y aplican como un programa que puede guiar u orientar las políticas públicas de los Estados.
El enfoque de derechos considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos, es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al Estado. Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas. Las acciones que se emprendan en este campo no son consideradas sólo como el cumplimiento de mandatos morales o políticos, sino como la vía escogida para hacer efectivas las obligaciones jurídicas, imperativas y exigibles, impuestas por los tratados de derechos humanos
Este enfoque supera la visión de las políticas sociales como parte de una lógica signada por la oferta de beneficios de tipo asistencial, que pueden -o no- ser asumidos por órganos estatales, para encauzarse en la definición de parámetros mínimos de dignidad cuya garantía es responsabilidad del Estado, mediante los distintos instrumentos que tiene a su alcance. A partir de este enfoque, se busca la promoción de nuevas políticas que superen décadas en la consideración de las personas como meros “beneficiarios” de programas sociales de corte asistencial para pasar a su valoración en tanto titulares plenos de derechos.
Bibliografía: Abramovich, Victor 2006 “Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo”, en Revista de la CEPAL, N° 88 (Santiago, CEPAL – Abramovich y Pautassi 2006 Dilemas actuales en la resolución de la pobreza. El aporte del enfoque de derechos. Ponencia presentada en el Seminario “Los Derechos Humanos y las políticas públicas para enfrentar la pobreza y la desigualdad”, Buenos Aires, UNESCO y Universidad Nacional Tres de Febrero; 12 y 13 diciembre de 2006)
“El cuidado humano también es una responsabilidad de los hombres”
Trabajo y familia: “Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social”
Lecturas de interés sobre Estereotipos de Género:
Los estereotipos de género son incompatibles con el derecho internacional de derechos humanos. Al ratificar la Convención de Belém do Pará, los Estados partes se comprometieron a “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer.”
La prevalencia de estereotipos culturales discriminatorios por razones de género sigue constituyendo una barrera al ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas, impide su acceso a la justicia y contradice la obligación de debida diligencia de los Estados que deben modificar patrones sociales y culturales de hombres y mujeres y eliminar prejuicios y prácticas consuetudinarias basadas en ideas estereotipadas de inferioridad o superioridad de alguno de los sexos.
Estereotipos de Género como violación de derechos humanos
“Al ser la violencia contra las mujeres un problema multidimensional que responde a la discriminación estructural basada en estereotipos de género, debe ser abordada efectivamente desde una perspectiva intersectorial y las acciones esbozadas en los planes nacionales deberán tener correlación con otros planes sectoriales. Por tal motivo resultan trascendentales los planes de acción o estrategias nacionales para combatir los estereotipos y prevenir, sancionar o erradicar la violencia contra las mujeres.” Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), p.37
ESTEREOTIPOS: Identificación de estereotipos que afectan la imparcialidad judicial
• Sex -role stereotypes:
•Women are caregivers •Men are heads of households •Men are breadwinners •Women are homemakers •Men are decision-makers
• Sexual stereotypes (The CEDAW Committee highlighted a number of sexual stereotypes in Karen Tayag Vertido v. The Philippines that contributed to the decision of a trial judge to acquit the accused, Jose B. Custodio, of raping Karen Tayag Vertido)
•Women are sexually passive •Men have strong libidos •Women should be chaste •Men are promiscuous •Older men lack sexual prowess
• Compounded stereotypes
•Older women are warm •Asian women are submissive •Women with a disability are assexual •Rural women are uneducated
FALLOS DICTADOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
DEBIDO PROCESO EN CASOS DE VIOLENCIA
Medina Quiroga, Cecilia, Convención Americana: Teoría y Jurisprudencia. Vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso y recurso judicial. Santiago de Chile: Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2005

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 1
 Artículo 21

ARTÍCULO 2