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Timestamp: 2018-08-20 02:45:59+00:00

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﻿ Sentencia 2001-00056 de enero 30 de 2013
SENTENCIA 2001-00056 DE 30 DE ENERO DE 2013
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, AL DECLARARSE LA PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, PORQUE EL SINDICADO NO COMETIÓ EL DELITO QUE LE IMPUTÓ. CONFORME AL ARTÍCULO 414 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, QUIEN HA SIDO PRIVADO INJUSTAMENTE DE LA LIBERTAD TIENE DERECHO A SER INDEMNIZADO, MÁS AUN CUANDO LA MISMA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONCLUYE QUE EL SINDICADO NO COMETIÓ LA CONDUCTA PUNIBLE QUE SE LE IMPUTÓ Y ORIGINÓ LA IMPOSICIÓN DE LA DETENCIÓN. POR LO ANTERIOR EL SINDICADO NO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE SOPORTAR EL DAÑO QUE EL ESTADO LE IRROGÓ Y QUE ÉSTE DEBE CALIFICARSE COMO ANTIJURÍDICO, LO CUAL DETERMINA LA CONSECUENTE OBLIGACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INDEMNIZAR O RESARCIR LOS PERJUICIOS CAUSADOS. PARA EXONERARSE DE LA CULPA LA ADMINISTRACIÓN DEBÍA DEMOSTRAR, MEDIANTE PRUEBAS LEGALES Y REGULARMENTE TRAÍDAS AL PROCESO, SI SE HABÍA DADO ALGÚN SUPUESTO DE HECHO EN VIRTUD DEL CUAL PUDIERE ENTENDERSE CONFIGURADA UNA CAUSAL DE EXONERACIÓN, A SABER: FUERZA MAYOR, HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO O CULPA EXCLUSIVA Y DETERMINANTE DE LA VÍCTIMA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, PRECLUSIÓN, DETENCIÓN PREVENTIVA, DELITO DE SECUESTRO
Sentencia 2001-00056 de enero 30 de 2013
Rad. 85001-23-31-000-2001-00056-01(25324)
Actor: María Yolanda Rincón García y otros
Demandado: Nación - rama judicial; Fiscalía General de la Nación
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(1), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.
Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, por razón de la privación injusta de la libertad a la cual fue sometida la señora María Yolanda Rincón García, desde el 20 de enero de 1999 (cuando fue detenida por agentes del grupo gaula Casanare), hasta el 20 de septiembre siguiente, cuando se profirió preclusión de la investigación, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996(2), que establece:
ART. 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.
Respecto de las normas transcritas, la Sala ha considerado en varias oportunidades que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(3), se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política.
Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la ley estatutaria de la administración de justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996...”(4) (se resalta).
Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicadas a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión(5).
Ahora bien, la Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(6).
En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudencias de la Sección Tercera de esta corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados(7). Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención(8).
Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si este incurrió en dolo o culpa(9). Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no solo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención(10).
En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos(11): el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.
Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo(12).
“... Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que, como se explicó, al señor Higuita le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (...) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política”(13).
La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad...”(14).
Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce —sin discriminación alguna— la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.P., art. 5º) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad, como ámbito de autodeterminación de los individuos (C.P., art. 2º), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (art. 29 eiusdem)(15).
“... esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no solo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público’ sin dilaciones injustificadas”(16).
La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues, según el inciso cuarto del artículo 29 de la Carta Política, “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable” y, por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado(17).
Como cuestión preliminar, es menester señalar que la Sala dará valor probatorio a los documentos contentivos de las providencias de 3 de febrero, 20 de septiembre y 5 de noviembre de 1999, emitidas por la Fiscalía (fls. 23 a 26, 37 a 47 y 52 a 55, cdno. 2), no obstante que fueron aportadas en copia simple por la parte actora, lo que, en principio, impediría valorarlas, por no cumplir con los requisitos que al efecto consagran los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil.
La decisión de valorar tales documentos obedece a la imperiosa necesidad de dar prelación a los principios de buena fe y lealtad procesal, que deben informar las actuaciones procesales de las partes, toda vez que, pese a que en la demanda se solicitó el traslado en copia auténtica de las mencionadas providencias (fl. 18, cdno. 2), la demandada, aún cuando fue requerida varias veces por el tribunal de instancia (fls. 3 a 8, cdno. 3), se abstuvo de allegarlas, con el argumento de que el expediente penal fue remitido a la fiscalía tercera especializada de Casanare y a la unidad de fiscalías especiales de Bogotá, lo que indica una conducta injustificada de su parte que no puede favorecerla, pues entorpece el trámite procesal y deja al proceso sin los elementos de prueba necesarios para realizar los pertinentes juicios de valor, orientados a definir el debate sustancial(18).
1. El 20 de enero de 1999, el Grupo Gaula —rural Casanare—, en cumplimiento de la orden de captura proferida por la fiscalía 11 delegada ante el Gaula, detuvo a la señora María Yolanda Rincón García, por ser la presunta autora del secuestro del señor Jaime Alberto Montoya(19) (fl. 285 y 286, cdno. 2).
2. El 3 de febrero de 1999, la fiscalía regional de oriente profirió medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, en contra de la señora María Yolanda Rincón García, imputándole la calidad de autora del delito de secuestro simple (fls. 25 a 37, cdno. 2).
“Porque no debe desconocerse que de las pruebas obrantes, como la denuncia formulada por la esposa, de que Yolanda le hubiese manifestado ser amiga de los paramilitares y lo mismo de la denuncia de Héctor Gonzalo Rodríguez, de que Yolanda estuvo conversando con estos antes de que se lo llevaran, es cierto, es decir esta fiscalía les cree y no tiene duda al respecto y por eso se detentó medida asegurativa en contra de Yolanda, pero que se haya demostrado su directa o indirecta participación en el plagio, no fue posible comprobar que se reúnen las exigencias probatorias para formular resolución de acusación.
Y así la preclusión tiene razón de ser ante manifiestas dudas probatorias sobre los elementos que integran el concepto de responsabilidad de María Yolanda Rincón García, ya que a este momento procesal no aparecen elementos de juicio que demuestren un alto grado de probabilidad de que Rincón García es responsable penalmente y por esto se deberá decretar la preclusión a favor de la misma (...)
En el asunto que nos ocupa, muy a pesar de haberse resuelto la situación jurídica por el punible de secuestro simple, los actos delictivos fueron cometidos por un grupo al margen de la ley como son los mal llamados paramilitares o autodefensas unidas de Colombia, con sede en el municipio de Casanare, de lo cual ya obra en el plenario serios indicios y probanzas (...)
De acuerdo a la competencia para seguir conociendo de estas sumarias le sigue correspondiendo a la fiscalía especializada y no es procedente remitir las mismas a la jurisdicción ordinaria como en un comienzo se pretendió hacer, pues las probanzas han variado y se ha probado mediante declaraciones bajo juramento, que el hecho se cometió por un grupo al margen de la ley, y por lo mismo, y de acuerdo con la Ley 504 de 1999, se romperá la unidad procesal y seguirá la presente investigación en preliminar que serán enviadas al grupo Gaula con sede en Yopal Casanare.
Comparte este despacho la solicitud de precluir en contra de su defendida, partiendo de la presunción de inocencia, pero además de esto, fue la duda y la certeza probatoria la que llevará a precluir la presente investigación que como ya se dijo no se reúnen los requisitos del artículo 441 del Código de Procedimiento Penal para acusar.
Por otra parte y como también ya le había manifestado a la defensa este despacho ha sido competente hasta ahora, y será la Fiscalía especializada la que siga conociendo de la presente, ya que la misma seguirá contra responsables que como ya quedo probado fue un grupo al margen de la ley...” (fls. 37 a 47, cdno. 2) (destaca la Sala).
“Como en este evento se procede por un secuestro agravado según el artículo 270-3 del Código Penal, es evidente que por no encontrarse dentro de las únicas causales expresamente señaladas como de conocimiento de la justicia regional (hoy especializada), la competencia, por vía exceptiva, radica en fiscales y jueces del circuito (...) en tratándose de decisiones proferidas en delitos de competencia de fiscales y jueces especializados (antiguos regionales), y es claro que si se está ante un hecho punible que la ley adjudicó a los jueces del circuito, no opera la consulta que es un instituto legal y no sujeto a interpretaciones de los funcionarios.
La circunstancia de que se mencione en el expediente la presunta existencia de un grupo paramilitar, delito este que sí es de conocimiento de la jurisdicción especializada, no habilita la consulta, porque para ello era menester que este hecho se hubiera investigado y que a la sindicada se le hubieran hecho cargos, resuelto su situación jurídica y calificado el sumario por el mismo, lo cual no ocurrió en este evento, que se circunscribió en todas sus fases al plagio.
Como solo se investigó el secuestro simple agravado y se formularon cargos por el mismo, la consulta se supedita a este punible, siendo improcedente por las razones ya anotadas, lo cual se corrobora cuando el a quo dispuso compulsar copias para que por separado se investigara lo relacionado con la conformación del grupo armado...” (fls. 52 a 55, cdno. 3).
5. La secretaria judicial de la unidad de fiscalías delegadas ante el circuito de Monterrey Casanare certificó, el 14 de junio de 2000, que la providencia de 20 de septiembre de 1999, mediante la cual se precluyó la investigación a favor de la señora María Yolanda Rincón García, está en firme y ejecutoriada (fl. 57, cdno. 2).
Por lo anterior y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que los actores no están en la obligación de soportar el daño que el Estado les irrogó y que este debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación para la administración de indemnizar o resarcir los perjuicios causados a los demandantes.
Al respecto, la Sala insiste en que, en casos como este, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues fue una decisión de la administración de justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, la que determinó que la señora María Yolanda Rincón García estuviese privada de su libertad durante 8 meses, término al cabo del cual se le absolvió de responsabilidad penal, al considerarse que no tuvo participación alguna en la conducta punible que se le imputaba. En cambio, es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración, a saber: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima(20). En este caso, ninguna de estas eximentes fue acreditada en el plenario.
Así, pues, forzoso resulta concluir que el daño causado a los demandantes por la privación injusta de la libertad de la señora María Yolanda Rincón García es jurídicamente imputable a la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual la Sala confirmará la sentencia apelada, en cuanto declaró la responsabilidad de aquella por los hechos causantes del daño cuya indemnización se demanda, así como la condena por concepto de perjuicios morales y materiales, pues, a pesar de que el objeto del recurso de apelación estuvo orientado a que se absolviera a la entidad demandada, lo cual supone la inconformidad frente a la condena patrimonial impuesta en su contra en primera instancia, en este caso la parte apelante no señaló razones o fundamentos de su disenso frente a este aspecto, lo cual impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno al respecto, por carecer de elementos de juicio para analizar el tema.
“... la corporación considera que a la señora María Yolanda Rincón García si se le causaron perjuicios materiales, aunque no en la cuantía en que los solicita; por eso, por razones de equidad y basándonos en las declaraciones de las personas que anteriormente mencionamos, se le reconocerá una indemnización debida o consolidada, teniendo en cuenta para el efecto el salario mínimo legal vigente para la época en que quede ejecutoriada esta sentencia, es decir, se le reconocerá un salario mínimo legal mensual por el lapso de ocho meses.
A la suma restante se le adicionará el valor de cinco millones de pesos ($ 5.000.000) que la accionante canceló por concepto del contrato de prestación de servicios a que nos hemos referido, debidamente actualizado con base en la siguiente fórmula:
Respecto a los perjuicios materiales para su esposo y para sus hijos no se reconocerán por cuanto en sentir de la Sala no quedaron acreditados dentro del plenario” (fls. 36 y 37, cdno. 2) (destaca la Sala).
Así las cosas, tenemos que el daño emergente corresponde a la suma de $ 5.000.000 que el a quo reconoció a favor de la señora María Yolanda Rincón García, por lo que aquella pagó por el contrato de prestación de servicios que celebró con su apoderado judicial, cantidad que será actualizada a la fecha de esta sentencia, con fundamento en la siguiente fórmula:
De conformidad con la condena impuesta por el tribunal de instancia, se tiene que, para la fecha en que se dicta esta sentencia, el salario mínimo legal mensual es de $ 566.700, el cual multiplicado por 8 (número de meses que la demandante estuvo detenida), da la suma de $ 4.533.600.
1. MODIFÍCASE el numeral 2º de la sentencia de 19 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, el cual quedará así:
“2. CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, a favor de la señora María Yolanda Rincón García, la suma de $ 10.480.877 y por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de la misma señora María Yolanda Rincón García, la suma de $ 4.533.600”.
(2) La Ley 270 de 1996 entró en vigencia el 7 marzo de 1996.
(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros.
(5) En este sentido, la Sección Tercera, Subsección C en Sentencia de 19 de octubre 2011, Expediente 19.151, precisó: “... no se avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma...”.
(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463.
(7) Sección Tercera, sentencia de 1º de octubre de 1992, Expediente 7058.
(8) Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 1994, Expediente 8666.
(9) Sección Tercera, sentencia de 15 de septiembre de 1994, Expediente 9391.
(10) Sección Tercera, sentencia de 17 de noviembre de 1995, Expediente 10056
(11) Rodríguez Villamizar, Germán. Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Memorias del décimo encuentro de la jurisdicción contencioso administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107.
(12) Sección Tercera, sentencia de 18 de septiembre de 1997, Expediente 11.754. No obstante, el ponente de la presente sentencia advierte que no comparte la extensión de la responsabilidad del Estado a los casos en que se haya aplicado el principio del in dubio por reo.
(13) Sentencia de 20 de febrero de 2008, Expediente: 15.980.
(14) García Morillo, Joaquín. Los derechos de libertad (I) la libertad personal, en López Guerra, Luis et ál. Derecho Constitucional, volumen I, 6ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 258.
(15) El Tribunal Constitucional Español en la Sentencia STC 341 de 1993 (BOE 295 de dic. 10) que resolvió unos recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus fundamentos 4, 5 y 6 hizo uno de los más interesantes estudios sobre la libertad personal como derecho fundamental y su relación con la detención preventiva: “debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan —aun previstas en la ley— privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación”. Igualmente, el mismo tribunal, en sentencia de 29 de diciembre de 1997 (RTC 156, F.D. 4), indicó: “... por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de penas privativas de la libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines” (STC 128/95, fundamento jurídico 3, reiterada en la STC 62/96).
(16) Sentencia C-397 de 1997, de 10 de julio de 1997.
(17) Al efecto puede consultarse la Sentencia C-774 de 25 de julio de 2001 de la Corte Constitucional.
(18) En este sentido esta corporación, en sentencia del 16 de abril de 2007 (Exp. AG. 025), se pronunció así: “... En tal virtud, la Sala considera que cuando una de las partes no cumple con el deber de aportar la copia auténtica de un documento cuyo original se encuentra en su poder o legalmente bajo su guarda y archivo, corre con el riesgo y los efectos que con su conducta omisiva pretendió evitar, que, en el presente caso, se concreta en tener como susceptible de valoración la copia remitida por la parte que desplegó todas las gestiones que estuvieron dentro de su esfera material y jurídica para que la misma fuera remitida al proceso en las condiciones formales requeridas, y dado que el estudio de la misma interesa al proceso en su conjunto.
La equidad que debe gobernar la actuación judicial en estas circunstancias (C.P., art. 238), determina que se garantice el derecho a la obtención de la prueba que tiene la parte que, como en el sub lite, realizó todo lo que legalmente estuvo a su alcance para la producción en debida forma de aquel elemento de convicción con el que pretende hacer valer sus argumentos, toda vez que no resultan admisibles las conductas procesales en las que la contraparte gozando de una posición privilegiada se abstiene de aportar la prueba, pues ello perturba la investigación de la verdad real en el proceso y, por ende, el correcto y normal funcionamiento de la administración de justicia, en contraposición al deber que le atañe a todos los colombianos de colaborar con esta (C.P., art. 95, num. 7º).
Por lo tanto, comoquiera que eran las entidades públicas demandadas las que estaban en condiciones de aportar a la causa las copias auténticas de los documentos —balance financiero de 1989— y no las trajeron, no se puede, bajo el criterio de la sana crítica, valorar a su favor esta actitud o conducta pasiva dentro del proceso y, al contrario, esa falta de remisión sin justificación jurídica atendible de los documentos solicitados por el a quo, debe ser estimada en forma desfavorable a la parte incumplida, con el rigor de dar mérito probatorio a las documentos aportados con la demanda a efectos de ser apreciados y valorados”.
(19) Copia auténtica del informe 008 GGRCUIPJ de 20 de enero de 1999, mediante el cual el Gaula informó a la fiscalía 11 delegada ante el Gaula —Casanare— sobre la captura de la señora María Yolanda Rincón García.
(20) Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Expediente 17.517, reiterada en sentencia de abril 15 de 2011, Expediente 18.284 y recientemente en sentencia de 26 de mayo de 2011, Expediente 20.299, actor: Jesús David Arciniegas Caselles y otro, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

References: ARTÍCULO 414
 artículo 73
 artículo 414
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 414
 artículo 90
 artículo 414
 artículo 414
 artículo 414
 artículo 414
 artículo 414
in dubio
 artículo 90
 artículo 28
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 29
 resolución 
 artículo 441
 artículo 270
in dubio