Source: https://es.scribd.com/document/98496193/Que-Es-La-Constitucionalizacion-Del-Derecho
Timestamp: 2017-11-21 23:23:04+00:00

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Cargado por Flavia Menezes
Miguel Carbonell* Rubén Sánchez Gil* *
SUMARIO: I. Bases fundamentales; II. Desarrollo del fenómeno; III. La (des)constitucionalización mexicana: balances y perspectivas. RESUMEN Como un panorama conclusivo de la constitucionalización en México, podemos decir que a pesar de que existen avances, aún se requiere un importante esfuerzo doctrinal que permita conocer las bases teóricas de la constitucionalización. También debemos comenzar a producir nuestras propias elaboraciones teóricas, las cuales pueden coincidir con lo mejor que hay en el mundo, sin por ello perder de vista la necesidad de aplicación directa a nuestro ordenamiento jurídico. Y quizá más que esa producción académica necesitamos una nueva y diferente actitud de todos los operadores jurídicos hacia la Constitución. Aportaciones como las que han hecho en diferentes ámbitos culturales Ronald Dworkin, Robert Alexy, Gustavo Zagrebelsky, Luis Roberto Barroso, Carlos Nino, Luis Prieto Sanchís o el mismo Luigi Ferrajoli han servido no solamente para comprender las nuevas constituciones y las nuevas prácticas jurisprudenciales, sino también para ayudar a crearlas.
* Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ** Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Miguel Carbonell /Oropeza Manuel González Rubén Sánchez Gil
I. Bases fundamentales De acuerdo con Riccardo Guastini, por “constitucionalización del ordenamiento jurídico” podemos entender un proceso de transformación de éste, al término del cual “resulta totalmente ‘impregnado’ por las normas constitucionales”, porque la Ley Fundamental resulta “extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos así como las relaciones sociales”. La diferencia entre un ordenamiento “constitucionalizado” y otro que no lo está consiste en que en el último la Constitución, si tuviera algún carácter normativo, está limitada a ser un mero catálogo de restricciones a la actuación estatal, funge como un “orden marco” que sólo es operativo al transgredirse claramente los límites prohibitivos que descriptivamente establece; y en el primero, en cambio, resulta ser un “orden fundamental” que impone realizar determinadas acciones y ya no sólo abstenciones al Estado y aun a las personas privadas. Así, la “constitucionalización” no puede explicarse por la sola supremacía jurídica de la Ley Fundamental, sino también procede de otros factores. La rigidez y la garantía jurisdiccional de la Constitución son, nuevamente siguiendo a Guastini, los primeros elementos que contribuyen a este fenómeno. Para que su contenido pueda permear al resto del ordenamiento, es preciso que la Constitución no pueda alterarse por medios ordinarios; y para asegurar la objetividad de su significado y su aplicación, se requieren los elementos institucionales y procedimentales que caracterizan al diseño y el ejercicio del Poder Judicial, de los que carecen los órganos netamente políticos. También hay elementos menos obvios que anota el citado profesor italiano, aunque otros autores usan diferentes términos: 1 ) Fuerza vinculante de la Constitución. El proceso de constitucionalización supone dotar de contenido normativo a todas las disposiciones contenidas en la carta fundamental. Desde luego, su fuerza normativa dependerá en mucho de la forma en que estén redactadas, de los alcances interpretativos que les haya dado la jurisdicción constitucional y de los ejercicios analíticos que hagan los teóricos; pero de lo
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que no debe quedar duda es que las normas constitucionales son, ante todo y sobre todo, normas jurídicas aplicables y vinculantes. Esto es particularmente relevante para las mal llamadas “disposiciones programáticas” —como las que expresan los derechos sociales— que tradicionalmente se vieron como simples programas de acción política o catálogos de recomendaciones a los poderes públicos, a las que hoy se les reconoce un “contenido mínimo”, como ha expresado el Tribunal Constitucional español (STC 15/1981, F.J. 8). La fuerza vinculante y la aplicación que de las normas constitucionales hagan los tribunales dependen en buena medida del tipo de normas de que se trate. No es lo mismo aplicar una norma de principio (del tipo “A ninguna ley se dará efecto retroactivo…”; o “No se podrá discriminar a ninguna persona por razón de su origen nacional”), que aplicar una norma redactada como regla (del tipo “Ninguna detención podrá superar las 72 horas sin que esté justificada por un auto de formal prisión”). 2) “Sobreinterpretación” constitucional. Esta modalidad hermenéutica consiste en otorgar a un texto un significado ulterior al que originalmente previera su autor, y por eso supera la lectura meramente literal y adopta una calidad extensiva. A través de este tipo de interpretación se pueden extraer del texto constitucional innumerables normas implícitas, idóneas para regular casi cualquier aspecto de la vida social y política, y por ende también para condicionar de forma muy incisiva el contenido de una parte del ordenamiento jurídico. Apunta Guastini que cuando la Constitución es sobreinterpretada no quedan espacios vacíos o indiferentes al derecho constitucional: toda decisión jurídica está prerregulada (quizás aún, minuciosamente regulada) por una u otra norma constitucional. La sobreinterpretación constitucional deriva de la teoría axiológica de la Constitución. Al imponer la Ley Fundamental el cumplimiento de determinados fines y no solamente establecer cotos a la acción estatal, convierte dichos objetivos en “valores” que califican la licitud de los elementos del ordenamiento: la medida en que la conducta avalada por una norma ordinaria del ordenamiento jurídico los satisfaga, determinaría su validez; y según los “valores constitucionales” con que se relacionen y el grado en que los cumplimente, una elaboración ju-
Miguel González Oropeza Manuel Carbonell / Rubén Sánchez Gil
rídica (legislativa, administrativa o judicial) sería preferible a otra(s). La Constitución y en particular los derechos fundamentales se erigen en un “orden axiológico objetivo” que vale como “decisión fundamental constitucional para todos los ámbitos del derecho […, que] reciben de él líneas directrices e impulso”, como estableció el Tribunal Constitucional Federal alemán en el caso Lüth (BVerfGE 7, 198 [205]), sentencia que hace poco más de cincuenta años (1958) fundó la línea jurisprudencial de esta teoría. De esta manera, conforme satisfaga la axiología fundamental, una norma jurídica ordinaria puede relacionarse en mayor o menor medida con alguna disposición constitucional, aunque ésta originariamente no haya previsto el caso de que trate. Esto en un sentido revela que debe buscarse la relación que guarden las normas ordinarias con las fundamentales y determinarse cómo la establecen, dándose nuevas perspectivas al significado del texto constitucional, debido a que los elementos del ordenamiento jurídico no pueden ser indiferentes a la satisfacción de la axiología de la Ley Fundamental, que así tiene un “efecto de irradiación (Ausstrahlungswirkung)” a todos los ámbitos del derecho; y en sentido contrario, a que la operación jurídica ordinaria deba indagar y considerar las “líneas directrices” de la Constitución. La sobreinterpretación se produce con una intensidad muy notable cuando se trata de materias vinculadas con los derechos fundamentales. Esto puede ocurrir en varios momentos de creación y recreación del ordenamiento jurídico. Pensemos en el supuesto de que se tenga que dictar un nuevo código penal; el legislador tendrá que atender de forma extensa las exigencias de protección de bienes de relevancia constitucional, sobre todo si tienen la forma de derechos fundamentales. Lo mismo sucede cuando un juez civil debe resolver casos de adopción, de alimentos a favor de menores de edad, de tutela, etcétera. También es muy intensa la sobreinterpretación, por las razones que ya apuntamos, en lo referente a las tareas a cargo del Estado; los mandatos constitucionales que tienen que ver con políticas públicas a cargo del Estado (políticas educativas, sanitarias, de desarrollo urbano, de equilibrio presupuestal, de desarrollo sustentable) invaden la legislación administrativa y la práctica de todos los órganos públicos. La
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Constitución impregna las decisiones políticas y el curso de acción de las autoridades. Lo anterior no significa ni implica que la Constitución asfixie el proceso político “por saturación jurídica”. Nada de eso. El marco de actuación de las autoridades sigue siendo muy amplio, pues las constituciones con frecuencia nos ofrecen solamente las grandes líneas de actuación, ciertamente vinculantes, pero no detalladas. Dentro de ellas hay márgenes prudentes para la puesta en marcha de programas políticos que pueden estar orientados por distintas ideologías. La Constitución, por citar un caso, no predetermina el modelo económico en todos sus detalles. El marco de actuación en ese campo es suficientemente amplio para que puedan sentirse cómodos gobiernos de izquierda, de centro y de derecha, y para que puedan materializar opciones programáticas por las que votaron los ciudadanos, en uno u otro sentido. 3) Aplicación directa de las normas constitucionales. Esta condición para la constitucionalización del ordenamiento jurídico tiene que ver con dos cuestiones: a) el entendimiento de que la Constitución rige también a las relaciones entre particulares y no es un texto dirigido solamente a las autoridades u órganos públicos; y b) que todos los operadores jurídicos, en particular los jueces, pueden aplicar la Constitución, incluso sus normas programáticas o de principio. Estos dos aspectos no se encontraban en el constitucionalismo clásico, pero se han ido conquistando de forma paulatina en los años recientes tanto por la doctrina como por la jurisprudencia constitucionales. 4) Interpretación conforme de las leyes (y otros elementos jurídicos). Guastini apunta que esta condición no tiene que ver con la interpretación de la Constitución, sino con la interpretación de la ley. La “interpretación conforme” se da cuando, al tener la posibilidad un operador jurídico de aplicar a un caso concreto la interpretación X de una ley —u otro integrante ordinario del sistema jurídico— o la interpretación Y, opta por la que sea más favorable para cumplir de mejor forma (de manera más completa) con algún mandato constitucional. Desde luego, esta modalidad hermenéutica también significa que, ante una interpretación de la ley que vulnera el texto constitucional y otra que no lo hace, el operador deberá preferir ésta de forma ineluctable, sin
que sea posible que escoja la otra. De hecho, la jurisdicción constitucional en algunos países ha emitido sentencias en las que se precisa la “única” interpretación conforme a la Constitución de alguna ley. De esa forma la correspondiente sentencia señala que cualquier otra interpretación sería inconstitucional y, en consecuencia, estaría vedada para los jueces ordinarios y para cualquier otro órgano de aplicación. 5 ) Influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. La última de las condiciones de constitucionalización del ordenamiento a las que se refiere Guastini consiste en una pluralidad de elementos entre los que se pueden mencionar los siguientes: a) que la Constitución prevea un sistema de solución de diferencias políticas entre órganos del Estado (incluso entre órganos de los diversos niveles de gobierno en los Estados que sean federales o regionales), que permita a un órgano jurisdiccional resolverlos aplicando normas constitucionales; b) que los órganos jurisdiccionales encargados de la justicia constitucional no asuman actitudes de self-restraint frente a lo que en alguna época se ha llamado las “political questions”, sino que todos los espacios del quehacer público del Estado sean conducibles a parámetros de enjuiciamiento constitucional; y c) que las normas constitucionales sean utilizadas por los principales actores políticos para argumentar y defender sus propuestas de gobierno. La exposición anterior corrobora que esta “penetración” del derecho constitucional en el ordinario y en el proceso político no sólo implica la simple supremacía constitucional sino también, como afirman Schuppert y Bumke, “se relaciona con el desarrollo de las funciones constitucionales y con la concepción constitucional de los actores participantes”. Y así la constitucionalización adquiere una dimensión ideológica y no sólo una metodológica: la plena eficacia normativa de la Ley Fundamental requiere que tienda a ella la actuación de los poderes públicos —en especial los jurisdiccionales— y aun también de la de los particulares en tanto la Constitución busca regir la totalidad de la vida social y no sólo la actividad estatal; según la atinada fórmula de Konrad Hesse, ella necesita de una “voluntad por la Constitución (Wille zur Verfassung)”, un impulso cultural de buscar el máximo grado su cumplimiento y la satisfacción de sus objetivos, por su reconocimiento como “factor de legitimidad política e integración social”.
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II. Desarrollo del fenómeno El fenómeno de la constitucionalización puede partir de la idea de que la Ley Fundamental no tiene por objeto sólo limitar el poder público, sino orientar su actuación a través del resto del ordenamiento jurídico hacia la realización de sus valores. La “orientación” en este caso significa “comprender cada acción en el seno de una totalidad con sentido dirigida a la realización de ciertos valores”, según Luis Villoro; y el objetivo constitucional es el siguiente: que en todo el ordenamiento jurídico impere el “ethos” que prevé ese texto fundamental, por el debido apego que debe tener todo elemento jurídico a los valores que lo integran. La referencia al cumplimiento de las normas constitucionales y por consiguiente a la realización de los valores establecidos por ellas, sirve de común denominador de todo el ordenamiento jurídico. La realización de los valores constitucionales incumbe en primer lugar al legislador, quien impulsa y determina este proceso; su situación resulta de suma importancia en los sistemas jurídicos romanistas como los de Europa continental y Latinoamérica, en que la ley ordinaria mantiene un papel estelar en el ordenamiento. A él toca adoptar decisiones políticas que tiendan a implementar efectivamente el proyecto constitucional en la vida social, atendiendo a las peculiaridades históricas y las situaciones particulares de cada ámbito jurídico; pero también funge como vanguardia en la conciliación de fines constitucionales que colisionan en determinadas situaciones. Los alcances generales de la legislación y su grado de abstracción permiten que las disposiciones legislativas que concretizan los valores constitucionales, hagan que éstos tengan una eficacia adecuada en diversos ámbitos y en circunstancias específicas en que quizá no hubieran sido notados por los operadores jurídicos que tratan con los casos particulares, dándoles efectos mucho más extensos que cualquier otro elemento jurídico. Sin perjuicio del importante papel del legislador, recién expuesto, y como veremos aun a su pesar, la orientación total del ordenamiento jurídico se debe en buena parte a los “operadores jurídicos particulares” que lidian con casos concretos en que los mandatos constitucionales deben hacerse efectivos para personas con nombres y apellidos
—o quizá sin ellos—. Esta “orientación concreta” a la Constitución se efectúa de dos maneras, no necesariamente separadas una de la otra: a través de la aplicación directa de las disposiciones constitucionales, y por la “interpretación conforme a la Constitución”. En el pensamiento tradicional europeo únicamente estaban sujetos a las normas constitucionales los actos inmediatamente subordinados a sus disposiciones como leyes, reglamentos y “ciertos actos individuales”; éstos eran los únicos que podían ser regidos por la Constitución, en tanto la regularidad de cualquier otro dependía solamente de su conformidad a la ley ordinaria; y lo anterior explica la existencia de “fórmulas normativas”, declaraciones explícitas sobre la obligatoriedad general de las disposiciones constitucionales, que hoy nos parece que sólo manifiestan una ingente obviedad.1 La idea de que la Constitución no sólo contiene un mero programa político sino que su naturaleza es plenamente normativa y por ello rige en toda situación, tiene que resultar de pensar que intenta establecer en la realidad un orden de cosas que se estima deseable, su logro por lo mismo tiene carácter normativo; es decir que su contenido está dirigido a determinados valores que se deben realizar. Por tal virtud, ante el eventual “vacío legislativo” que omita indicar a los operadores jurídicos un camino específico a seguir en su actividad, ellos se encontrarán en la obligación de recurrir al orden constitucional para orientarse y ubicar su labor en el proyecto que el mismo ha fijado.2 III. La (des)constitucionalización mexicana: balances y perspectivas Muy sucintamente (quizá demasiado) expusimos en los párrafos anteriores aquello en lo que consiste a nuestro modo de ver la “constitucionalización”. Esta reflexión sería incompleta si no refiriéramos este fenómeno al sistema jurídico mexicano; lo haremos en dos sentidos: uno político y otro estrictamente jurídico.
1 Son ejemplos los artículos 1.3 de la Ley Fundamental alemana y 9.1 de la Constitución española, que respectivamente dicen: “Los siguientes derechos fundamentales vinculan a la legislación, al poder ejecutivo y a la jurisdicción, como derecho inmediatamente válido”; y “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. 2 Véanse BVerfGE 25, 167 (179-188); y 49, 286 (301); y también STC 112/1989, F.J. 2.
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La dificultad para alcanzar consensos específicos en la dirección política tiene que ser orientada por el consenso general que se supone imbíbito en las grandes líneas que traza la Constitución; tal es el papel que corresponde a los “textos fundacionales” como resulta ser cualquier ley suprema. Pero este lugar común adquiere especial aplicación en un país que, como el nuestro, se encuentra en una compleja y difícil transición democrática; la Constitución no puede verse como un catálogo de buenos deseos y simples “recomendaciones” al poder político, sino está llamada a regir efectivamente todos los aspectos de la vida social con que sus principios tengan relación; y nada insólito sería que su texto fuera la única orientación para el quehacer político. En estas circunstancias inciertas y precarias, la Ley Fundamental tiene la función de guiar la conducta social pública y privada, que habrá de tener inspiración en los valores consagrados en ella. El hecho de ser la única orientación no significa, desde luego, que se trate de un marco que constriña de forma abusiva las distintas opciones políticas que pueden tener cabida dentro de un Estado constitucional. La Carta Magna suministra un marco de actuación muy amplio, dentro de que se pueden expresar las distintas ideologías políticas y las diferentes opciones programáticas de partidos políticos con perspectivas divergentes sobre los temas de interés general. Así sucede con materias como la economía, las infraestructuras, la política tributaria, las cuestiones laborales, lo relativo a la inversión extranjera, a los sectores bancario y bursátil, etcétera. La Constitución no busca asfixiar el proceso político “por saturación jurídica”, sino propiciar las condiciones para un intercambio fértil de opciones políticas. Basándonos en las conclusiones de José Ramón Cossío, podemos afirmar que la eficacia constitucional va de la mano de la teoría a través de la cual adquiere perspectiva su aplicación, y aunque sería ingenuo negar que la realidad del poder puede influir la dogmática jurídica, es correcto decir que una concepción constitucional “minimalista” —que durante largo tiempo imperó en México, según dicho autor— solapa la prevalencia del “ser” sobre el “deber ser” en la vida pública 3 . Y así
3 No se debe confundir el minimalismo constitucional con el minimalismo judicial; este último, tal como lo han defendido autores como Cass Sunstein, se basa en la idea de que los tribunales constitucionales deben atender solamente los temas más importantes y fijar las grandes líneas evolutivas de un sistema constitucional, sin abrir varios flancos de debate al mismo tiempo. La
tenemos que nuestra Constitución fue por décadas relegada a ser un traje de fiesta para cada 5 de febrero y objeto de una lectura obtusamente formalista, constantemente sesgada —como muestra la historia del derecho a la información o a los derechos sociales, por citar solamente dos ejemplos— y basada en una dogmática en clave chauvinista, de elementos insuficientes por su clausura al diálogo comparado para afrontar y racionalizar los conflictos, y el descuido académico que salvo algunas excepciones campeó en la ciencia jurídica aplicada al campo constitucional. La vida política mexicana de hoy resulta muy diferente a aquella en que se asentó esa concepción “minimalista”: nuestra sociedad es muchísimo más plural (política y socialmente hablando), y esto dificulta el consenso para tomar y aceptar las decisiones políticas lato sensu (jurisdiccionales inclusive), pero también enriquece el escenario del debate público. Esto fue expresamente considerado en los motivos de la iniciativa de la reforma judicial de 1994, que para ello buscó promover una “cultura constitucional” en México. No obstante que a la interpretación constitucional son ingénitas ciertas dificultades, tensiones y aun francos conflictos, la objetividad del texto constitucional limita los sentidos de cualquier discusión y ofrece un mínimo pero suficiente parámetro de solución con los elementos generales del esquema político que establece. La Ley Fundamental no admite cualquier decisión del poder público sino sólo aquéllas que promuevan los fines de los derechos fundamentales y sociales, y otras disposiciones de carácter dogmático (como las de sus arts. 3o. y 40). El Estado se vuelve un instrumento al servicio de los derechos fundamentales y de otros valores y bienes jurídicos constitucionalizados, los cuales se proyectan al conjunto del ordenamiento jurídico. Los principios de dicho esquema político están llamados a regir óptima y eficazmente a los actores sociales (públicos y privados), y por ello éstos deben buscar en él la dirección normativa de sus accioevolución de cualquier sistema constitucional necesita ir poco a poco y caminando sobre una ruta cierta. En todo caso, se trata de una perspectiva que quizá tenga algún sentido en países con mayor tradición constitucional, pero que no parece muy apropiada para contextos políticos y sociales como el mexicano, en el que faltan tanto por hacer y por construir. El punto de vista de Sunstein puede verse en su libro “One case at a time. Judicial minimalism on the Supreme Court”. Cambridge, Harvard University Press, 1999.
nes. Las libertades fundamentales, el federalismo o el régimen democrático, no están previstos gratuitamente en la Constitución sino que tienden a lograr situaciones que su autor, en teoría el pueblo soberano, consideró deseables. Tal es el motivo y la clave que impone la realización plena de los objetivos generales y específicos que se hallan tras los valores constitucionales. Es evidente la dimensión política de la “Constitución invasora” de que habla Guastini, y sus implicaciones para la creación y aplicación jurídicas: propone la indefectibilidad de la atención a los fines constitucionales en todos los aspectos de la vida política, cuya principal manifestación es el derecho. Un claro ejemplo: la inédita discusión pública constitucional en torno de la “reforma petrolera” de 2008, que contó con enfoques iusfundamentales y de otra índole constitucional; independientemente de su resultado concreto, el haberse puesto sobre la mesa este debate y abordarlo desde diversas ópticas constitucionales, representó un paso hacia delante para la dimensión política de la constitucionalización del ordenamiento mexicano. Pero caeríamos precisamente en el “minimalismo constitucional” si pensáramos que debe tornarse a la Ley Fundamental sólo en los “grandes momentos” como el indicado. Si ésta ha de regir efectivamente la convivencia social, debe imperar en cada acto legislativo, administrativo o jurisdiccional; y especialmente en estos últimos, puesto que la judicatura (desde la Suprema Corte hasta el ínfimo juez) se halla especialmente obligada a defender los valores liberaldemocráticos establecidos por la Constitución y los derechos que hacen surgir. Muy paulatinamente, porque el proceso no puede ser más que gradual por implicar un cambio de actitud de los operadores jurídicos y requerir aquella “voluntad por la Constitución”, la praxis judicial está dando lugar a una lenta constitucionalización del ordenamiento jurídico de nuestro país. Ésta enfrenta aún trasnochados paradigmas, burocratismo y falta de difusión de los complejos esquemas teóricos que requiere su entendimiento (no sólo para promoverla, sino también para establecer sus límites), que impiden su adecuada realización y la elaboración cabal de una dogmática constitucional moderna para México. En muchas ocasiones, nuestros tribunales —los que cuentan con jurisdicción constitucional inclusive— dirigen sus esfuerzos a in-
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tentar justificar la inaplicabilidad de algún concepto constitucional o minimizar sus alcances, en vez de hacer lo contrario y procurar darle alguna forma de incidencia normativa o llevarla a óptimo término, como fue la voluntad de su autor. Están sentadas las bases para la plena eficacia normativa de la Constitución mexicana: nuestros tribunales han reconocido que ésta contiene un “sistema de valores” (controversias constitucionales 19/95 y 31/97, tesis P. XXVIII/98 4 y I.4o.A.439 A) al cual debe atenderse para “lograr la óptima aplicación del derecho”. En materia de “garantías individuales”, la Suprema Corte ha considerado que es evidente “la voluntad constitucional de asegurar en los más amplios términos el goce de los derechos fundamentales” (tesis 1a./J. 37/2008; cursivas añadidas); no basta que se consideren o que tímidamente se les dé efecto, la Constitución manda que deben tener “los más amplios términos”, de modo que cualquier aplicación menor a su máxima eficacia resulta ilícita. Y esto último es predicable de todo principio constitucional, incluso los de carácter “programático” como los contenidos en los artículos 25 y 26 constitucionales, según mostró la Corte en el caso Ley de Medios (acción de inconstitucionalidad 26/2006). La plena eficacia de la Constitución, como hemos visto, lleva a su aplicabilidad inmediata en toda relación jurídica y por cualquier operador jurídico, privado inclusive. La inmediata aplicación constitucional no es nada nuevo en nuestro país, ni se imitó “extralógicamente” de otros sistemas: como sabemos la misma vida práctica del juicio de amparo surgió de ella en 1849, y desde hace tiempo la Suprema Corte viene afirmándola especialmente en relación con la garantía de audiencia, cuya omisión es inexcusable “aun cuando la ley que rige el acto reclamado no establezca tal garantía, toda vez que el artículo 14 de la Constitución Federal impone a todas las autoridades tal obligación” (Apéndice 1995, t. VI, p. 54). La eficacia entre particulares de los derechos fundamentales, la llamada “Drittwirkung” también ha ocupado a la Corte quien acuñó el término de “ilícito constitucional” para denominar la realización de una conducta particular prohibida por la Ley Fundamental (tesis 2a. CLXI/2000); este tema enfrenta un casi
Reiterado jurisprudencialmente en la controversia constitucional 14/2001 y la acción de inconstitucionalidad 26/2004 y acumuladas.
nulo tratamiento de la doctrina mexicana y poca dedicación y claridad por parte de la jurisprudencia. El caballo de batalla de la constitucionalización, la interpretación conforme a la Ley Fundamental, tampoco es una idea nueva en México —en 1940 la practicaba la Suprema Corte, suponemos que siguiendo la jurisprudencia norteamericana en que tuvo origen—, pero por obvia influencia del neoconstitucionalismo europeo su empleo se catalizó en los últimos años y cada vez resulta más frecuente ver precedentes que explícitamente echan mano de ella (por todas, véase la tesis P. IV/ 2008 5 ). En realidad, no existe una dogmática mexicana sobre la “interpretación conforme” sino un conjunto de simples frases hechas: no se ha analizado doctrinal o jurisprudencialmente, ni siquiera de manera somera, cuál es su naturaleza y sus límites, los efectos que produce su resolución y las implicaciones procesales que tiene, entre los problemas que suscita esta modalidad hermenéutica. Debe mencionarse, para robustecer lo que estamos explicando, un importante criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6 Su contenido es ejemplar en diversos aspectos: afirma explícitamente la fuerza normativa de la Constitución y su aplicación directa; la vinculación de toda autoridad —incluyendo la misma Corte—, en toda situación, y a todas sus disposiciones en todo caso; y sobre todo la obligación de buscar la máxima realización de los principios establece que la Ley Fundamental. Pero en particular, es sumamente relevante por acertar en la verdadera dimensión de la interpretación conforme a la Constitución en el contexto del neoconstitucionalismo, que revela la verdadera potencia de esta técnica hermenéutica: no reducirse a la alternativa entre una interpretación “constitucional” y otra “inconstitucional”, sino también ser aplicable cuando hay que optar entre una alternativa “constitucional” y otra “más constitucional”. Ésta es la sutileza que exige el derecho constitucional de nuestros días, y que pocas veces se ha puesto tan de relieve como en el criterio que comentamos. Lo que otras jurisdicciones descubrieron y asentaron hace décadas, la jurisprudencia mexicana está comenzándolo a utilizar en tiempos recientes.
Reiterada jurisprudencialmente en la acción de inconstitucionalidad 58/2008. CONTRADICCIÓN DE TESIS. SELECCIÓN DE LA INTERPRETACIÓN LEGAL MÁS CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 9a. época, t. XXVIII, noviembre de 2008, tesis 1a. LXX/2008, p. 215.
Pese a los avances, todavía estamos muy lejos de hablar de un ordenamiento “constitucionalizado” en México, y en esto tienen la jurisdicción y la academia una importante responsabilidad. Sólo un par de ejemplos: en el amparo directo en revisión 1121/2007 resuelto por la Primera Sala de la Corte, la incomprensión de diversas figuras teóricas al servicio de la plena eficacia constitucional (a saber: la optimización de los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad), aunada a una falta de “voluntad por la Constitución”, provocaron que precisamente dichas construcciones teóricas hayan servido a una exorbitante, por todos lados injustificada, afectación al derecho a la tutela judicial efectiva; y la alusión a la “interpretación conforme” parece poder “justificar” casi cualquier decisión, incluso inconstitucional por ir contra la proscripción del control difuso (tesis I.4o.C.144 C) que según la Corte mantiene nuestro sistema constitucional —salvo por la competencia otorgada por el sexto párrafo del artículo 99 de la ley suprema al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sobre esto último, el ejercicio de un “control difuso” 7 embozado como “interpretación conforme a la Constitución”, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado un precedente esclarecedor, al menos para mostrar la incorrección de aquella práctica, porque ya reconoce que dicha modalidad interpretativa encuentra su límite en los alcances semánticos del texto ordinario:
todas las autoridades ordinarias o de control constitucional, están obligadas a [aplicar la Constitución] directamente, particularmente cuando se está en presencia de derechos fundamentales, aplicación que ya ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes. No obstante, las autoridades distintas a los Jueces Constitucionales del Poder Judicial de la Federación deben aplicar directamente la Constitución hasta el límite de lo dispuesto en
7 Como sabemos, el estado de la cuestión del “control difuso” en nuestro medio, de acuerdo con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (tesis P./J. 73/99, P./J. 74/99, y lo resuelto en la contradicción de tesis 2/2000-PL), es que se encuentra proscrito; nadie más que el Poder Judicial de la Federación actuando en ejercicio de su jurisdicción constitucional puede declarar que una norma general o un acto, propio o ajeno, son contrarios a la Constitución. Sin embargo, para la interpretación sistemática y finalista que sustenta la opinión de la Suprema Corte en este sentido, cuya validez es indiscutible por provenir del máximo intérprete autoritativo de la Ley Fundamental, siguen siendo problemáticos el texto del artículo 133 constitucional y su historia. Véase SÁNCHEZ Gil, Rubén. “El control difuso de la constitucionalidad en México. Reflexiones en torno a la tesis P./J. 38/2002”. Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional. (11):199-229, julio-diciembre 2004. México. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
una ley formal y material; es decir, sólo deben aplicar e interpretar los contenidos constitucionales.8
Un punto que ha sido deficiente en nuestro derecho constitucional, aun en estos días, es el relativo a los límites de los derechos fundamentales cuya restricción autoriza expresamente la Constitución, generalmente al legislador. Tradicionalmente se ha dicho, en términos llanos, que si la Constitución autoriza a la ley limitar un derecho constitucional, el legislador puede hacer lo que quiera con él porque actúa dentro de su “margen constitucional” de actuación, y no lo está restringiendo sino “regulando”. Kelsen ya había opinado sobre esto:
Si el derecho positivo no diferencia estas dos formas [de leyes formal y materialmente inconstitucionales], el establecimiento de principios, de direcciones, de límites, al contenido de las leyes, no tiene ningún sentido jurídico, y no es más que una apariencia querida por razones políticas, como son, por otro lado, las libertades garantizadas en forma constitucional en el caso frecuente en que la Constitución autoriza a la legislación ordinaria a limitarlas.
La juridicidad misma de los derechos fundamentales, o cualquier otro principio que admita regulación ordinaria, depende de que se respete su contenido esencial; la amplia autorización literal para su limitación, no llega al extremo de que queden vacíos de contenido. En esto ha sido ejemplar la jurisprudencia clásica del Tribunal Constitucional Federal alemán; éste ha sostenido que en tales casos
La opuesta relación entre el derecho fundamental y la “ley general” no ha de concebirse entonces como la restricción unilateral de la validez del primero por la última; más bien tiene lugar un efecto recíproco en el sentido de que las “leyes generales” en verdad a la letra establecen límites para el derecho fundamental, pero por su lado deben ser interpretadas a partir del reconocimiento de la importancia de este derecho fundamental en el Estado liberal y democrático, que establece un valor (wertsetzend), y así de vuelta restringidas ellas mismas en su efecto limitativo del derecho fundamental.9
“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SU APLICACIÓN DIRECTA CORRESPONDE INDIS-
TINTAMENTE A TODAS LAS AUTORIDADES ORDINARIAS O DE CONTROL CONSTITUCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO NO DESAPLIQUEN, PARA ESE EFECTO, UNA LEY SECUNDARIA”,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 9a. época, t. XXIX, enero de 2009, tesis 2a. CLXII/2008, p. 781 (cursivas añadidas). 9 BVerfGE 7, 198 (208-209) (cursivas añadidas). Se trata del célebre caso Lüth, en que se estableció la influyente idea de que los derechos fundamentales forman un “orden de valores objetivos”.
Más tarde y apoyándose en el pasaje transcrito en el cual se desarrolló el “principio de que si el legislador se moviera en el ámbito iusfundamentalmente protegido, deberá tomar la importancia del derecho fundamental en el ordenamiento social como punto de partida de su regulación”, el mismo tribunal resolvió en el Caso de las Farmacias relativo a la libertad profesional, que “mientras más intervenga el legislador en […el derecho fundamental…], tanto más fuertemente estará limitado”, porque “[n]o él determina el contenido del derecho fundamental sino, a la inversa, puede resultar de dicho contenido una limitación interna de su discreción legislativa”. 10 Mucho puede aprender México de tornar a estos precedentes en un ejercicio de comparación jurídica. Aun cuando el propio texto constitucional permita amplísimamente que el legislador ordinario —u otra autoridad— restrinja o “regule” un derecho fundamental u otro ámbito constitucional, esta libertad de configuración no llega al extremo de que las disposiciones relativas impidan de manera desproporcionada, haciéndolo nugatorio, el aprovechamiento del valor constitucional sustantivo de que se trate, es decir su contenido esencial.11 Tres diferentes expedientes resueltos por la Suprema Corte mexicana nos ayudarán a ilustrar lo anterior: por un lado las acciones de inconstitucionalidad 2/2004 y 14/2004, y por el otro la número 26/2006 (el célebre caso conocido en la opinión pública como Ley de Medios). Los dos primeros asuntos versaron sobre impedimentos legislativos para la formación de coaliciones entre partidos políticos, establecidos en las leyes electorales de los Estados de Tlaxcala y Quintana Roo, y fueron resueltos idénticamente. La Corte inició diciendo en las ejecutorias correspondientes que los derechos fundamentales de asociación y reunión no pueden considerarse absolutos, y bajo la indicación textual del artículo 41 constitucional de que “la ley determinará las formas específicas de [la] intervención [de los partidos políticos] en
Ídem 7, 377 (402-409). El examen propuesto para la libertad profesional por el Tribunal Constitucional Federal alemán es a decir verdad más complicado de lo expuesto, y se integra por un análisis en “tres niveles” sucesivos de la medida en cuestión, fórmula ya clásica en la dogmática constitucional. 11 Finalmente, el concepto de “contenido esencial” fue admitido en México al reconocerse el principio de proporcionalidad: Pleno, amparo en revisión 307/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 9a. época, t. XXVII, abril de 2008, pp. 830-831 (ejecutoria de la que procede la jurisprudencia P./J. 103/2007).
el proceso electoral”, al legislador corresponde “regular” dicha participación y por lo tanto determinó la licitud de que no se permita la formación de dichas coaliciones; con lo anterior desestimó la acción que hicieron valer los partidos actores en esos procesos. 12 En ambos expedientes, el ministro Góngora Pimentel formuló voto particular, en el cual esencialmente señaló que estas amplias facultades regulativas otorgadas al legislador no deben considerarse un “cheque en blanco”, y así se permita que las disposiciones queden vacías de contenido y opere una “desconstitucionalización” del orden jurídico, opinando que en esos casos el legislador anuló los derechos previstos por el Constituyente so pretexto de “regularlos”; y añadió que a pesar de que la Constitución mexicana no mencione expresamente la noción de “contenido esencial” de los derechos fundamentales —aludiendo aquí a las leyes fundamentales alemana y española—, sí puede dárseles un “contenido mínimo” sin importar que el Constituyente los estableció escuetamente y dejado su desarrollo al legislador ordinario, a través de “una mayor interpretación constitucional para reforzar la fuerza normativa de la Constitución”.13 Esta lenidad a favor del legislador en cierta medida fue atemperada después. En el caso Ley de Medios, la Corte resolvió que el legislador federal tiene muy amplias atribuciones para crear órganos desconcentrados dentro de la administración pública —desestimando por consiguiente el concepto de invalidez que analizaba, tocante a la regularidad de la institución legislativa de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL)—, por la gran apertura que tiene el artículo 90 constitucional; sin embargo, también está obligado a aplicar “criterios de ponderación de racionalidad y razonabilidad constitucionales” 14 a fin de que se respeten la “naturaleza y característica[s] esenciales” de los órganos creados, en relación con su pertenencia y subordinación al poder ejecutivo si correspondía, a fin de evitar una vulnera12 Pleno, acción de inconstitucionalidad 2/2004, Diario Oficial de la Federación, 5 de abril de 2004, 2a. sección, con. V, pp. 83-84; y Pleno, acción de inconstitucionalidad 14/2004, idem, 4 de octubre de 2004, 2a. sección, con. XV, pp. 78-80. 13 Ídem, 5 de abril de 2004, 2a. sección, pp. 92-95; e ídem, 4 de octubre de 2004, 2a. sección, pp. 120-122 (cursivas añadidas al texto transcrito). 14 Que no son otros que los relativos al examen de proporcionalidad lato sensu, incluso según la misma ejecutoria que ahora tratamos. Cfr. Pleno, acción de inconstitucionalidad 26/2006, Diario Oficial de la Federación. 20 de agosto de 2007, 2a. sección, con. IX, p. 64.
ción al principio de división de poderes, y de esta manera concluyó que dicha facultad regulativa no puede ejercerse ad libitum.15 No obstante, en su correspondiente voto particular, también el ministro Góngora Pimentel consideró que al legislativo hizo falta tomar en cuenta la debida independencia de la COFETEL respecto del Presidente de la República, porque a ella corresponde ser garante del acceso a los medios de comunicación, considerado por ese juzgador un verdadero derecho fundamental que exige acciones positivas del poder público; y ello lo afirmó precisamente en virtud de que un examen de proporcionalidad que incluyera este principio constitucional requería desvincular jerárquicamente ese órgano del poder ejecutivo; o sea la “ponderación” que debió darse en esta cuestión era mucho más compleja que lo dicho casi marginalmente por el resto de los integrantes del tribunal constitucional mexicano, y bien realizada debió llevar a la conclusión contraria a la aprobada por la mayoría.16 Como un panorama conclusivo de la constitucionalización en México, podemos decir que hay avances, y significativos, en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pero en contrapartida, también se observa que no hay una constante “voluntad por la Constitución” en el Máximo Tribunal —como indica el referido amparo directo en revisión 1121/2007—, y esto es un obstáculo para la plena fuerza normativa de la Constitución no sólo en los casos particulares resueltos por ella, sino para aquellos presentes y futuros en que sus precedentes que aminoran la normatividad constitucional sean aplicados. Si esto se da en el Tribunal Constitucional mexicano, la calificación no es tan halagüeña para otros tribunales federales —salvo por el Electoral y algunos Colegiados—, y menos para la mayoría de los locales. Aún se requiere un importante esfuerzo doctrinal que permita conocer —y a todo lo ancho y largo del país— las bases teóricas de la constitucionalización, que no es una moda sino la búsqueda de plena eficacia de la Ley Fundamental; pero también debemos comenzar a producir nuestras propias elaboraciones teóricas, las cuales pueden coincidir con lo mejor que haya en el mundo, sin por ello perder de
Ibídem, 2a. sección, con. VIII, pp. 49-50. Ibídem, 3a. sección, pp. 82 y 85-88.
vista la necesidad de resultar de aplicación directa a nuestro ordenamiento jurídico. Y quizá más que esa producción académica —que sin duda será útil para cimentar lo siguiente—, necesitamos una nueva y diferente actitud de todos los operadores jurídicos —legislativos, administrativos, jurisdiccionales y los mismos abogados— hacia la Constitución; si todos la tuviéramos, México comenzaría a andar por mejores caminos. Tiene razón Luigi Ferrajoli cuando señala que la ciencia jurídica -en el marco de cualquier sistema jurídico que cuente con una Constitución rígida- no tiene una función meramente contemplativa de su objeto de estudio, sino que contribuye de forma decisiva a crearlo y, en este sentido, se constituye como una especie de meta-garantía del ordenamiento jurídico en su conjunto. La ciencia jurídica, nos dice Ferrajoli, puede concebirse hoy en día como “una meta-garantía en relación con las garantías jurídicas eventualmente inoperantes, ineficaces o carentes, que actúa mediante la verificación y la censura externas del derecho inválido o incompleto” 17 . No es difícil imaginar las muchas posibilidades e implicaciones que derivan de este tipo de postulados. Aportaciones como las que han hecho en diferentes ámbitos culturales Ronald Dworkin, Robert Alexy, Gustavo Zagrebelsky, Luis Roberto Barroso, Carlos Nino, Luis Prieto Sanchís o el mismo Luigi Ferrajoli han servido no solamente para comprender las nuevas constituciones y las nuevas prácticas jurisprudenciales, sino también para ayudar a crearlas. En todo caso, se comienza a vislumbrar una fuerte corriente teórica en el país que se está abriendo a los postulados del neoconstitucionalismo, como lo es la constitucionalización del ordenamiento jurídico a la que nos hemos referido en las páginas de este ensayo. Recordemos que el neoconstitucionalismo pretende explicar a un conjunto de textos constitucionales que comienzan a surgir después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de los años 70 del siglo XX. Se trata de Constituciones que no se limitan a establecer
FERRAJOLI, Luigi. “Derechos y garantías. La ley del más débil”. 5ª edición, Madrid, Trotta, 2006. p. 33.
competencias o a separar a los poderes públicos, si no que contienen altos niveles de normas “materiales” o sustantivas que condicionan la actuación del Estado por medio de la ordenación de ciertos fines y objetivos. Además, estas Constituciones contienen amplios catálogos de derechos fundamentales, lo que viene a suponer un marco de relaciones entre el Estado y los ciudadanos muy renovado, sobre todo por la profundidad y grado de detalle de los postulados constitucionales que recogen tales derechos. Ejemplos representativos de este tipo de Constituciones lo son la española de 1978, la brasileña de 1988 y la colombiana de 1991. Más recientemente puede citarse el ejemplo de la Constitución de Ecuador de finales de 2008, a cual contiene un modelo que, al menos en la parte de la regulación de los derechos fundamentales, responde a muchas de las coordenadas del neoconstitucionalismo. La Constitución mexicana es un caso aparte, ya que contiene muchas normas “materiales”, las cuales se han ido incorporando en un proceso de imparable “alargamiento” del texto constitucional, el cual ha sido sometido a cientos de reformas en los años en que ha estado vigente. Ahora bien, como hemos apuntado en las páginas precedentes, dicha materialización no siempre se ha correspondido por una permanente “voluntad de Constitución” ni con un compromiso aplicativo constante. De hecho, puede decirse que en los últimos años apenas se está comenzando a “descubrir” a la Constitución como un documento normativo, plenamente aplicable. En parte como consecuencia de la expedición y entrada en vigor de ese modelo sustantivo de textos constitucionales, la práctica jurisprudencial de muchos tribunales y cortes constitucionales ha ido cambiando también de forma relevante. Los jueces constitucionales han tenido que aprender a realizar su función bajo parámetros interpretativos nuevos, a partir de los cuales el razonamiento judicial se hace más complejo 18. Entran en juego las técnicas interpretativas
Un buen panorama de la tarea que actualmente debe desempeñar el juez se encuentra en BARAK, Aharon. “The judge in a democracy”. Princeton, Princeton University Press, 2006; también es interesante para el mismo propósito, aunque lo aborda con una perspectiva más amplia, AHUMADA Ruiz, Marian. “La jurisdicción constitucional en Europa. Bases teóricas y políticas”. Madrid, Civitas, 2005.
propias de los principios constitucionales, la ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, la maximización de los efectos normativos de los derechos fundamentales, el efecto irradiación, la proyección horizontal de los derechos (a través de la drittwirkung), el principio pro personae, etcétera. En México se trata de cuestiones inexploradas, sobre las que apenas se está comenzando a discutir y que se encuentran recogidas de forma muy incipiente por nuestra jurisprudencia.
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References: artículo 14
 resolución 
 artículo 99
 artículo 133
 artículo 41
 artículo 90