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Timestamp: 2018-09-23 00:45:14+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2018-11699
Documento BOE-A-2018-11699
Pleno. Sentencia 86/2018, de 19 de julio de 2018. Conflicto positivo de competencia 2057-2016. Planteado por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. Competencias sobre sanidad y productos farmacéuticos: pérdida sobrevenida de objeto respecto de los preceptos reglamentarios anulados por la STC 76/2018.
«BOE» núm. 199, de 17 de agosto de 2018, páginas 83066 a 83073 (8 págs.)
BOE-A-2018-11699
ECLI:ES:TC:2018:86
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 15 de abril de 2016, el Letrado de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la representación que legalmente ostenta del Gobierno de esa Comunidad, promueve conflicto positivo de competencias en relación con los artículos 2.2; 3.2, párrafo primero; 10.1, párrafo tercero; 10.2, párrafo primero; 10.3, párrafo primero; disposición transitoria única, punto 3, párrafo segundo; disposición final cuarta apartado cuarto; y anexo II, párrafo siguiente al apartado sexto, del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.
El escrito efectúa a continuación una exposición del marco competencial en materia de sanidad, señalando que el Estado ostenta competencias en esta materia en virtud del artículo 43 CE, en conexión con el artículo 149.1.1 CE, para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho a la protección de la salud, así como en virtud del artículo 149.1.16 CE, que le atribuye competencia exclusiva en materia de «sanidad interior. Bases y coordinación general de la sanidad». Considera el letrado que en virtud de este último título competencial el Estado promulgó la Ley 14/1996, de 23 de abril, general de sanidad, y en su artículo 40 reservó al Estado, como bases de la sanidad, una serie de competencias entre las que no se encuentra ninguna referida a la formación continuada de las profesiones sanitarias, declarando expresamente en el artículo 41.1 del mismo texto legal, que «las decisiones y actuaciones públicas previstas en ésta que no se hayan reservado expresamente al Estado, se entenderá atribuidas a las Comunidades Autónomas». Se destaca que esta regla residual deja claro que las competencias que corresponden al Estado deben estar contempladas expresamente en la Ley general de sanidad por lo que, si no se incluye entre las bases de la sanidad la formación continuada de las profesiones sanitarias, ello conduce inequívocamente a la competencia autonómica.
Se afirma a continuación que la STC 1/2011 vino a reconocer expresamente la competencia autonómica en materia de formación continuada de profesiones sanitarias, por lo que resulta necesario analizar ahora si nos encontramos ante un «acto de acreditación» que no puede ser considerado como formación continuada. En este contexto, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto, considera el representante autonómico que la norma impugnada no está creando una competencia profesional ex novo, sino que dentro de las funciones de algunos de los diplomados sanitarios, se establece un sistema de acreditación para el desarrollo de su ejercicio profesional; no como requisito previo para el acceso a ese ejercicio profesional, sino como consecuencia de los conocimientos adquiridos en virtud del mismo, por lo que se insertaría en el ámbito de la formación continuada.
A la vista de lo señalado en la STC 1/2011, estima el letrado que debe rechazarse la posibilidad de que el Estado pueda ostentar competencia para la acreditación de la formación continuada en materia sanitaria, con fundamento en que dicha acreditación tiene validez en todo el territorio estatal; rechazo que encuentra fundamento en los mecanismos de coordinación que se han fijado en este ámbito, y que la propia demanda enumera con detalle. Se pone de manifiesto también la contradicción que supondría el hecho de que, conforme a los artículos 6 y 7 del Real Decreto, los protocolos o guías clínicas de actuación sean elaborados por la comisión permanente de farmacia en el seno del consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, es decir, a través de un órgano de coordinación creado por la Ley 16/2003 y, por el contrario, las acreditaciones del personal de enfermería no respeten el reparto competencial y los mecanismos de cooperación.
2. Por providencia de 10 de mayo de 2016, el Pleno, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en su representación y defensa por la letrada del mismo; dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Nación, por conducto de su Presidente, al objeto de que en el plazo de 20 días, por medio de la representación procesal que determina el artículo 82.2 LOTC, aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes; comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por si ante la misma estuvieren impugnados o se impugnaren los citados preceptos, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, según dispone el artículo 61.2 LOTC; y publicar la incoación del conflicto en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Aragón».
3. Por escrito registrado en este Tribunal el día 25 de mayo de 2016, la Abogada del Estado se personó en las actuaciones y solicitó una prórroga hasta el máximo legal, del plazo concedido para alegaciones.
4. En fecha 4 de julio de 2016, tuvo entrada en este Tribunal escrito de alegaciones de la Abogada del Estado, en el que solicita se tenga por evacuado el trámite y, en su día, se dicte Sentencia desestimatoria de la demanda, declarando que la competencia controvertida corresponde al Estado.
Recuerda a continuación la Abogada del Estado que algunas Comunidades Autónomas (Baleares y Andalucía) dictaron decretos definiendo la actuación de los enfermeros en el ámbito de la prestación farmacéutica del sistema público. Y destaca que la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2015 (recurso 2936-2013) declaró nulos varios preceptos del Decreto 52/2011 de Baleares, en el que se regula la actuación profesional de la enfermería en el ámbito de la prestación farmacéutica, por cuanto no establece el requisito de la necesaria «acreditación ministerial» para el uso y la dispensación de medicamentos.
A juicio de la Abogada del Estado, resulta relevante en el presente supuesto la doctrina contenida en la STC 107/2014, en donde se vino a reconocer que la existencia de una acreditación del profesorado de ámbito nacional está vinculada directamente a la obligación estatal de establecer las condiciones básicas del profesorado universitario, que garantizan la igualdad en cualquier parte del territorio español, en relación con el derecho fundamental a la educación y, asimismo, a la libertad de circulación y establecimiento de los profesionales y a la libre prestación de servicios.
A juicio de la Abogada del Estado, la regulación contenida en el Real Decreto 954/2015 no se encuadra en la materia de formación continua, sino en la materia sanidad y legislación de productos farmacéuticos (art. 149.1.16 CE). En apoyo de su posición, apela a la definición de formación continuada que se efectúa en el artículo 33 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, en donde se dispone que la misma está destinada a actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades y aptitudes profesionales, lo que implica que la ley considera la formación continuada un instrumento para la mejora de los conocimientos que ya poseen los profesionales sanitarios, y, entre los objetivos que la ley enumera, no se encuentra el de adquirir nuevos conocimientos o nuevas competencias que no se posean con anterioridad; dicha afirmación es coincidente con la contenida en la STC 1/2011, FJ 5.
5. Por providencia de 5 de julio de 2016, el Pleno acordó oír a la Abogada del Estado, a fin de que, en el plazo de 15 días, alegue lo que estime oportuno respecto de la solicitud de suspensión cautelar formulada en el segundo otrosí del escrito de demanda.
6. En fecha 29 de julio de 2016, se registra escrito de contestación de la Abogada del Estado a la solicitud de suspensión cautelar, en el que manifiesta la inexistencia de perjuicios para el interés general por el mantenimiento de la vigencia de dichos artículos.
7. Por ATC de 22 de septiembre de 2016, se acuerda no acceder a la suspensión de vigencia del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre.
8. Por providencia de 17 de julio de 2018, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 19 del mismo mes y año.
1. El presente proceso constitucional tiene por objeto resolver el conflicto positivo de competencia interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón contra los artículos 2.2; 3.2, párrafo primero; 10.1, párrafo tercero; 10.2, párrafo primero; 10.3, párrafo primero; disposición transitoria única, punto 3, párrafo segundo; disposición final cuarta apartado cuarto; y anexo II, párrafo siguiente al apartado sexto, del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.
Con carácter previo al examen de fondo, hemos de atender la solicitud que formula la Abogada del Estado en relación con el apartado tercero, párrafo segundo de la disposición transitoria única, pues el escrito de demanda no desarrolla, ni siquiera mínimamente, las razones de inconstitucionalidad que motivan la impugnación de este precepto; esta ausencia de argumentación determina que se haya incumplido la carga de argumentar el vicio denunciado que pesa sobre el recurrente y su deber de colaborar con la justicia del Tribunal mediante un pormenorizado análisis de las cuestiones que se suscitan, por lo que cabe hablar de una falta de diligencia procesalmente exigible, como es la de ofrecer la fundamentación que razonablemente cabe esperar [por todas STC 119/2016, de 23 de junio, FJ 4 b)], lo que hace que deba desestimarse en este punto la impugnación formulada.
2. El Real Decreto 954/2015 ha sido objeto de la reciente STC 76/2018, de 5 de julio, que ha venido a resolver el conflicto positivo de competencia núm. 1866-2016, interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Las cuestiones controvertidas en el presente proceso coinciden con las que se suscitaron en el citado conflicto positivo de competencias, cuya doctrina resulta, en consecuencia, de directa aplicación al supuesto que nos ocupa, en los términos que se señalan a continuación:
a) El conflicto positivo de competencia resuelto por la STC 76/2018 y el presente abordan controversias competenciales similares, por lo que, con el fin de evitar reiteraciones innecesarias, damos por reproducido el fundamento jurídico 4 que la citada Sentencia dedica al análisis del encuadramiento competencial en el que debe insertarse la impugnación formulada.
b) La STC 76/2018 vino a declarar la inconstitucionalidad y nulidad, por vulneración de las competencias autonómicas, de las referencias que se realizan a la «Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad», en los artículos 2.2; 3.2; 10; disposición final cuarta, apartado cuarto y anexo II del Real Decreto 954/2015.
1.º Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida de objeto la impugnación de los artículos 2.2; 3.2, párrafo primero; 10.1, párrafo tercero; 10.2, párrafo primero; 10.3, párrafo primero; disposición final cuarta apartado cuarto; y anexo II, párrafo siguiente al apartado sexto del Real Decreto 954/2015.
2.º Desestimar en lo demás el presente conflicto positivo de competencia.
Dada en Madrid, a diecinueve de julio de dos mil dieciocho. -Juan José González Rivas.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
DICTADA en la Cuestión 2057/2016 (Ref. BOE-A-2016-4951).
DECLARA su extinción, por pérdida de su objeto, respeto a los apartados y párrafos indicados de los arts. 2, 3, 10, disposición final 4 y anexo II del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre (Ref. BOE-A-2015-14028).

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 43
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 1
 artículo 82
 artículo 61
 Real Decreto 
 artículo 33
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto