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Timestamp: 2019-09-15 08:11:03+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA T-487 DE AGOSTO 11 DE 1992
SENTENCIA T-487 DE 11 DE AGOSTO DE 1992
CONTENIDO:LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN, RETENCIÓN DE PACIENTES DEUDORES DE HOSPITALES
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN, TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA, OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA, CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, AMPARO POR VÍA DE ACCIÓN DE TUTELA, EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PACIENTE
Sentencia T-487 de agosto 11 de 1992
RETENCIÓN DE PACIENTES DEUDORES DE HOSPITALES
EXTRACTOS: «La acción se originó en los siguientes hechos:
El señor Edgar Bustos Carrión ingresó en mal estado de salud al establecimiento hospitalario acusado, el día 2 de febrero de 1992, ya que presentaba una herida abdominal y fracturas en la reja costal y en el miembro superior derecho además de presentar anemia aguda. El mencionado señor fue internado en la sección de pensionados —a su solicitud—, en donde el paciente debe sufragar todos los costos de su atención hospitalaria.
El tratamiento al que fue sometido el paciente resultó exitoso, dándosele de alta el 22 de febrero de 1992, pero condicionando su salida del hospital al pago de la suma que adeudaba por concepto de las atenciones médicas, hospitalarias y quirúrgicas.
5. Del derecho a la libertad
El artículo 28 de la Constitución establece: “Toda persona es libre”.
En términos generales podemos definir la libertad como el estado existencial del hombre por lo cual él es dueño de sus actos, así puede autodeterminarse conscientemente, sin sujeción a fuerza o coacción alguna, pero siempre respetando la libertad de los demás.
Hoy la Constitución de 1991 en su preámbulo, artículo 1º (dignidad), artículo 2º (dignidad) y 14 (libre desarrollo de la personalidad), establece como uno de los fines del Estado garantizar la libertad (inciso 2º). Es por esto que el Estado protege una esfera de la libertad, que es el derecho a no ser molestado ni en su persona ni en su familia. Además constitucionalmente se establece el deber de todo ciudadano de “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios” (artículo 95 Nº 1º). Esa es la esencia misma de la libertad; el límite de mi libertad es la libertad de los demás.
En este orden de ideas, para el caso que nos ocupa es preciso entonces concluir que el artículo 28 de la Constitución consagra el derecho a la libertad, el cual tiene como marco general o como telón de fondo el principio fundamental a la dignidad humana, de que tratan el preámbulo y los artículos 1º, 2º, inciso segundo y 14 de la Carta, pues sin libertad no hay dignidad.
6. De la libertad de locomoción
No existía en la Constitución de 1886 una norma que reconociera en forma expresa la libertad de locomoción y residencia. Con el artículo 29 se propuso consagrar dos derechos cuyos titulares fueran los colombianos: la facultad de circulación que abarca la facultad de desplazamiento por todo el territorio nacional de entrar y salir del país; y la libertad de residencia, que es el derecho a determinar el lugar donde se desea fijar tanto la sede principal de los negocios, como el domicilio.
La consagración constitucional de estas libertades es fundamental para impedir la intervención indebida de las autoridades estatales o de los particulares, quienes no podrían restringir o entrabar la libre circulación dentro y fuera del país ni imponer o prohibir un lugar determinado para residir.
La Constitución establece este derecho fundamental, limitándolo únicamente a los colombianos; los extranjeros deben sujetarse a los tratados internacionales, a las normas de inmigración y a las leyes de extranjería, que regulan su ingreso, su permanencia y su salida del territorio nacional.
Este derecho fundamental a la libertad de locomoción y residencia es de aplicación inmediata propio de la naturaleza inherente al ser humano y su conquista de éste frente al poder del Estado Sobre el derecho fundamental existe lo que podríamos denominar el respeto absoluto del Estado por la determinación del ser humano de satisfacer sus necesidades en el lugar por él escogido, con las limitaciones que solamente la ley puede establecer, tal como lo determina la Constitución.
7. prohibición de detención, prisión o arresto por deudas
El inciso tercero del artículo 28 de la Constitución se ocupa de la prohibición expresa a que “... en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas...”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, que en su artículo 11 establece:
“Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual”.
En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, en el artículo 7º numeral 7º, dice:
“Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita a los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios” .
8. De la justicia ejercida por particulares
La administración de justicia es una función pública, cuyas decisiones son independientes y cuyas actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que fije la ley, según el artículo 228 de la Constitución Política.
Es así como la inobservancia del principio de llevar a la jurisdicción competente los conflictos surgidos de las relaciones sociales, que no pudieron ser solucionados por medio de la autonomía de la voluntad, equivale a regresar al estado de naturaleza, a la Ley del Talión, a la venganza incontrolada. Esto fue precisamente lo que quiso prohibir el legislador al consagrar desde el Código Penal de 1837 el tipo penal denominado “ejercicio arbitrario de las propias razones”, que hoy dejó de ser delito y se convirtió en contravención especial. El delito estaba consagrado en estos términos:
“El que en lugar de recurrir a la autoridad y con el fin de ejercer un derecho, se haga justicia arbitrariamente por sí mismo, incurrirá en multa de un mil a cincuenta mil pesos”.
Al ser imposible la cancelación inmediata de la obligación contraída con el Hospital Regional de Villavicencio, por parte del señor Edgar Bustos, las directivas del centro hospitalario, en especial su director el Dr. Pablo Velásquez, impidieron su salida pues de conformidad con las pruebas —comunicación escrita firmada por el coordinador técnico del hospital—, se desprende que el paciente se encontraba en buen estado de salud para retirarse del hospital pero que “el paciente no ha podido salir por no cancelar los servicios del hospital”.
Uno de sus verbos rectores es precisamente el de retener y en el caso del Sr. Bustos Carrión. es clara la “retención” por parte de las directivas del hospital, ante la precaria situación económica del paciente, con la idea de intimidarlo para lograr de esa forma el pago de la obligación.
Para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, los hospitales y clínicas particulares y todas las entidades que presten servicio de asistencia a la salud, sean éstas públicas o privadas deben tener en cuenta el derecho a la salud, especialmente los derechos de los pacientes y las obligaciones para con éste.
No sobra señalar que la lamentable situación económica por la que atraviesan los hospitales del país —en especial los de provincia—, no puede convertirse en un pretexto para vulnerar derechos constitucionales fundamentales—así se obre con el mejor propósito—, y lo que se necesita es que el Estado cumpla con sus obligaciones también constitucionales, consagradas en los artículos 48 y 49, como son la de seguridad social y atención a la salud, respectivamente.
Por lo tanto para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, se dará traslado de la Sentencia a !a fiscalía general (seccional Meta), para que inicie la investigación por el delito o delitos en que pueda haber incurrido el director del Hospital Regional de Villavicencio y a la Procuraduría General de la Nación en lo que respecta a su competencia.
Igualmente se enviará copia al Tribunal de Etica Médica, ya que en virtud de la Ley 23 de 1981, es competente dicha Corporación para conocer de comportamientos que atenten contra la ética médica».
(Sentencia T-487 de agosto 11 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).

References: artículo 28
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 28
 artículo 11
 artículo 7
 artículo 228