Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr/Resolucion/Show/14821
Timestamp: 2020-04-01 05:57:36+00:00

Document:
Système HJ - Décision: AUTO 285/1990
AUTO 285/1990, de 11 de julio
ECLI:ES:TC:1990:285A
Pleno. Auto 285/1990, de 11 de julio de 1990. Conflicto positivo de competencia 1.080/1990. Denegando la suspensión del art. 36.1 del Real Decreto 1.597/1989 objeto del conflicto positivo de competencia 1.080/1990
1. El 26 de abril de 1990 tuvo entrada en este Tribunal escrito por el que el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña planteó conflicto positivo de competencia frente al Gobierno del Estado, por estimar que la expresión «en lengua castellana» contenida en el art. 36.1 del Real Decreto 1597/1989, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, vulnera las competencias asumidas por la Generalidad de Cataluña, de conformidad con la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía.
2. Por providencia de la Sección Tercera de este Tribunal de 16 de mayo último, se tuvo por planteado el conflicto y se acordó dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno, según determina el art. 82.2 de la LOTC; dirigir oficio al Presidente del Tribunal Supremo para conocimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo, según dispone el art. 61.2 de la LOTC; oír al Abogado del Estado sobre la petición de suspensión, y publicar la incoación del conflicto en el «Boletín Oficial del Estado y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».
3. El Abogado del Estado en escrito recibido el 22 de mayo, se opone a la solicitud de suspensión, con base en las siguientes alegaciones:
1. Como este Tribunal viene declarando repetidamente, la suspensión de la disposición o acto objeto de un conflicto positivo de competencia, que permite el art. 64.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, es una medida cautelar dirigida a prevenir las repercusiones perjudiciales que fuesen consecuencia de la ejecución de aquellas decisiones durante la tramitación del proceso constitucional. Dicha suspensión sólo podrá declararse cuando de tal ejecución hubieran de derivar perjuicios de imposible o difícil reparación, lo que debe ser ponderado o valorador por este Tribunal en atención igualmente a los intereses generales y sin prejuzgar las ulteriores decisiones sobre el fondo del litigio. Por otra parte, no es suficiente para decidir la suspensión la mera invocación de aquellos perjuicios, sino que es preciso demostrar o, al menos, razonar consistentemente su procedencia y la imposible o difícil reparación de los mismos, ya que debe partirse, en principio, de la existencia de una presunción de constitucionalidad a favor de las normas o actos materia de conflicto.
2. El conflicto se formula por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña contra el inciso «en lengua castellana» del art. 36.1 del Real Decreto 1.597/1989, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, precepto que dispone la redacción en la citada lengua de los asientos del Registro. En apoyo de la petición de suspensión invoca la promotora del conflicto la extrema dificultad que presenta la reparación de los perjuicios que dimanan para el interés público y los intereses de los particulares, así como para la fe pública registral y la seguridad jurídica, de la aplicación del citado art. 36.1, pues, teniendo todos los ciudadanos en el ámbito territorial de Cataluña el derecho de dirigirse y de recibir información en cualquiera de las lenguas oficiales en sus relaciones con las diversas Administraciones Públicas radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma, la representación a inscripción en un Registro Territorial de Cataluña de documentos redactados en catalán y la solicitud de que se expidan en dicha lengua las certificaciones de los asientos registrados obligan a traducir aquellos documentos y estas certificaciones, con lo que entre el documento original, el asiento registral y la certificación pueden producirse discordancias, inexactitudes y diferencias de expresión que irán en perjuicio de la exactitud de registro, de la fe pública registral y de la seguridad jurídica.
3. En el presente supuesto, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña no razona convincentemente, ni menos demuestra, que los perjuicios que invoca vayan a producirse necesariamente, pues únicamente se producirían si de las traducciones que hubiera que realizar resultasen discordancias, inexactitudes y diferencias de expresión entre el documento original redactado en catalán, el asiento registral redactado en castellano y la certificación expedida en aquella lengua, ni la reparabilidad de aquellos perjuicios sería imposible, sino, en todo caso, como la promotora del conflicto sostiene, dificultosa. Ponderando tanto los intereses afectados por la concesión de la suspensión como por su denegación, los mayores perjuicios que ocasionaría el otorgamiento de la misma, dada la laguna legal que con ella se crearía y la consiguiente incertidumbre en cuanto a la lengua en la que hubieran de ser redactados los asientos registrales, y el hecho de que la reparación de los perjuicios alegados en apoyo de la suspensión no presenta, al menos, mayor dificultad, en caso de que fuese estimado el conflicto, que la de los perjuicios que se derivarían de la suspensión, si aquél fuese desestimado, en lo que abunda el dato, aportado por el propio Consejo Ejecutivo de la Generalidad, de que hasta la actualidad han sido escasos los documentos presentados a inscripción en lengua catalana y la constancia documental del contenido de los Registros solicitada en dicha lengua, lleva a este Tribunal Constitucional, en virtud del principio de la presunción de constitucionalidad a favor de la norma materia del conflicto, a desestimar la petición de suspensión.
Por lo expuesto, el Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido no acceder a la suspensión del inciso «en lengua castellana» del art. 36.1 del Real Decreto 1597/1989, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil,
objeto del presente conflicto de competencia planteado por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña solicitada por dicho Consejo Ejecutivo.
Madrid, a once de julio de mil novecientos noventa.
Type et numéro d'enregistrement Conflicto positivo de competencia 1080-1990
Fecha de resolución 11/07/1990
Denegando la suspensión del art. 36.1 del Real Decreto 1.597/1989 objeto del conflicto positivo de competencia 1.080/1990
Artículo 36.1 inciso sobre en lengua castellana
Lenguas españolasLenguas españolas
Registro MercantilRegistro Mercantil

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 

Artículo 36