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Timestamp: 2017-11-23 07:57:49+00:00

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Deuda tributaria. Responsabilidad por transmisión de bienes para impedir la actuación de la Administración. Capitulaciones matrimoniales
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª) Sentencia de 11 noviembre 2014
JT\2014\1701
Recurso contencioso-administrativo 319/2013
Ponente: Excma. Sra. Begoña Fernández Dozagarat
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a Resolución del TEAC de08-05-2013, recaída en reclamación interpuesta frente a acuerdo de declaración de responsabilidad solidaria.
Madrid, a once de noviembre de dos mil catorce.
Visto el recurso contencioso administrativo número 319/13, que ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, ha promovido Dª Constanza representada por el Procurador D. Pedro Antonio González Sánchez , contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 8 mayo 2013 en materia de responsabilidad solidaria; se ha personado la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado. Siendo ponente la señora Dª BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT, Magistrada de esta Sección.
PRIMERO : Por Dª Constanza representada por el Procurador D. Pedro Antonio González Sánchez se interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 8 mayo 2013.
SEGUNDO : Por decreto de fecha 18 julio 2013 se admitió el precedente recurso y se reclamó a la Administración demandada que en el plazo de veinte días remitiese el expediente administrativo y realizase los emplazamientos legales.
TERCERO : Una vez recibido el expediente, por diligencia de ordenación se concedió a la parte recurrente el plazo de veinte días para que formalizase la demanda, que efectuó el 11 noviembre 2013, y por diligencia de ordenación se dio traslado al Sr. Abogado del Estado para que contestase la demanda en el plazo de veinte días.
CUARTO : Por auto de fecha 13 diciembre 2013 se recibió el presente recurso a prueba y una vez practicadas aquellas que se declararon pertinentes se declaró concluso el presente procedimiento.
QUINTO : Por decreto de fecha 13 diciembre 2013 se fijó la cuantía del presente procedimiento en 346.000€.
: La parte recurrente Dª Constanza impugna la resolución del TEAC de fecha 8 mayo 2013 que tiene su base en los siguientes hechos: La mercantil A.V. Euromóviles SL se constituyó mediante escritura pública de 15 febrero 2001, suscribiendo su capital social D. Justiniano con una participación del 90% y D. Lucas con una participación del 10%, siendo el primero administrador único de la sociedad hasta el 10 mayo 2005 que fue nombrado D. Lucas . La mercantil tenía pendiente de pago las deudas tributarias resultantes de las actuaciones inspectoras por IVA e Impuesto de Sociedades 2001-2002. Posteriormente se desarrollaron actuaciones inspectoras respecto al IVA 2003, liquidándose deuda por dicho concepto y alcanzando la cuantía global pendiente de pago de 2.056.748'21€. Dichas deudas no fueron ingresadas en periodo voluntario de pago, por ello la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Andalucía inició el procedimiento de apremio, siendo declarada fallida la entidad el 6 junio 2007. En fecha 8 junio 2007 se notificó a D. Lucas el inicio del procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria, y el 20 julio 2007 se inició el procedimiento de declaración de responsabilidad subsidiaria de D. Justiniano , al amparo del art. 40.1.1º LGT 1963 . En fecha 3 septiembre 2007 se dictó el acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria. Sin embargo, hubo una anulación posterior del acuerdo iniciándose de nuevo, dictándose nuevo acuerdo el 16 septiembre 2009. El 20 septiembre 2007 se dictó el acuerdo declarando responsable subsidiario a D. Lucas que fue recurrido ante el TEAR Andalucía que se estimó el 26 febrero 2009. Al anularse dicho acuerdo, el 1 julio 2009 se inicia de nuevo el procedimiento de derivación contra D. Lucas dictándose nuevo acuerdo el 7 octubre 2009, que fue recurrido ante el TEAR Andalucía que lo desestimó el 23 diciembre 2010. Contra esta resolución se interpuso recurso de alzada ante el TEAC.
Como consecuencia de la información recabada por la AEAT, se comprobó la intervención de Dª Constanza , esposa de D. Lucas por lo que fue declarada responsable solidaria del pago de las deudas exigidas a su cónyuge y a D. Justiniano en base al art. 42.2.a) LGT . El 3 septiembre 2010 se dictó acuerdo de declaración de responsabilidad solidaria en la que se hacia constar que la reclamante y su esposo disolvieron el régimen económico matrimonial de gananciales por el que se regía el matrimonio desde el 8 diciembre 2000. Se hace constar. Igualmente, que el 3 noviembre 2005 se adjudicó a Dª Constanza la finca registral nº NUM000 como consecuencia de la disolución de la sociedad de gananciales. Y posteriormente el 2 diciembre 2005, Dª Constanza transmitió dicho inmueble a Dª Tamara , adquiriendo en esa misma fecha 2 diciembre 2005 las fincas registrales nº NUM001 , NUM002 , NUM003 y NUM004 vendidas por D. Justiniano . El precio de la venta de estas cuatro fincas fue de 316.750€ que la compradora abonó en parte mediante la entrega de un cheque al portador que había obtenido de la venta del inmueble a Dª Tamara , y que ascendía a 148.418'38€. Ese acuerdo fue objeto de reclamación económico administrativa ante el TEAR Andalucía desestimada el 23 junio 2011 y contra la misma se interpuso recurso de alzada ante el TEAC que en fecha 8 mayo 2013 dictó resolución desestimatoria.
: La parte recurrente en su demanda expone que el TEAC ha rechazado la posibilidad de abordar la prescripción del IVA 2003 y la firma del acta de la que deriva esa liquidación, en abril 2008. Se atribuye un supuesto de responsabilidad del art. 42.2. a) LGT , participar o colaborar en la ocultación o transmisión de los bienes del obligado al pago a fin de impedir la actuación de la Administración tributaria. Falta de concurrencia de los elementos esenciales del art. 42.2.a) LGT . Que en este caso, el obligado tributario cuyos bienes pretendidamente habían sido ocultados con la participación o colaboración de la actora no era la mercantil AVM Euromoviles SL, que es la deudora principal, sino su esposo D. Lucas , declarado responsable subsidiario por su condición de administrador de la entidad. La declaración de responsabilidad solidaria de la actora es respecto de la declaración de responsabilidad subsidiaria de su esposo, de modo que si se estimasen los recursos planteados por éste desaparecería la responsabilidad de la esposa. Además, no ha participado ni ha colaborado en la ocultación o transmisión de los bienes o derechos de la entidad deudora principal. La ley no contempla este supuesto de responsabilidad. Que los bienes que se dice han desaparecido son los que corresponden, no al obligado principal, sino al responsable subsidiario. Además, señala la demanda que el cese de la actividad de la deudora principal se produjo en septiembre 2006, por lo que falta un elemento esencial para que la actora sea declarada responsable solidaria de las deudas que tenía que responder su esposo, y es que cuando tuvieron lugar los hechos determinantes de la responsabilidad de la recurrente no había nacido aún la responsabilidad de su esposo. Que la responsabilidad subsidiaria del esposo es solo por cese en la actividad de la entidad deudora principal. Que se puede plantear la prescripción del IVA 2001, 2002 y 2003 y del Impuesto de Sociedades 2001 y 2002. Asimismo, se hace constar en la demanda que el inmueble vendido no era de naturaleza estrictamente ganancial. Señala la actora que la vivienda se compró por mitades indivisas antes de contraer matrimonio aunque el resto del precio aplazado se abonase durante el matrimonio y a cargo de la sociedad de gananciales. Al producirse la disolución del régimen económico matrimonial de gananciales se adjudicó la vivienda a la actora que tendría que sufragar la parte del precio restante. Por tanto, la actora no ha colaborado en la ocultación de ningún bien inmueble. No ha existido una participación activa de la actora en la ocultación o transmisión de bienes susceptibles de ser embargados, de un lado porque la vivienda que la actora transmitió tras la disolución de la sociedad de gananciales nunca fue del esposo, y por otra parte porque la actora adquirió, ya disuelto el régimen económico matrimonial de gananciales, cuatro inmuebles a titulo privativo. Y suplica que se tenga por formalizada la demanda interpuesta, y previos los trámites preceptivos, se dicte sentencia con revocación de la resolución impugnada por ser contraria a derecho, ordenando que se dejen sin efecto y se anulen, además de la resolución del TEAC, la resolución del TEAR de Andalucía, y la resolución de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Andalucía de la AEAT que declara responsable solidaria a la actora de las deudas tributarias de su marido, hasta el límite de 346.000€, ordenando al citado órgano que devuelva a la actora los importes que le ha embargado y ha aplicado al pago de su deuda. Y con carácter subsidiario, si no prosperase la anterior pretensión, que anule todos los actos anteriores sin perjuicio de mantener la responsabilidad solidaria de la actora pero restringida a la cantidad de 70.905€, valor conjunto que sobre la vivienda del matrimonio y que representa la parte que privativamente correspondía al esposo y la parte de carácter ganancial.
El Abogado del Estado en su escrito de contestación a la demanda se opuso a la estimación de la misma, solicitando la confirmación del acto recurrido.
: Del expediente administrativo resulta que la entidad deudora principal A.V.M. Euromóviles SL, con la denominación LTL Euromóviles SL se constituyó el 18 enero 2001, siendo socios D. Justiniano del 90% del capital social y D. Lucas del 10%. En fecha 12 febrero 2004 se inician actuaciones inspectoras incoándose actas de disconformidad el 6 octubre 2005, y en fecha 9 octubre 2008 se incoa el acta de disconformidad del IVA 2003 tras el sobreseimiento de las actuaciones que se habían iniciado en via penal. El 10 mayo 2005 cesa del cargo de administrador el primero y se nombra a D. Lucas administrador único de la entidad. La entidad deudora con la AEAT lo era por las deudas tributarias de IVA e Impuesto de Sociedades 2001 y 2002, y sanciones, e IVA 2003 y sanción. La entidad deudora no satisfizo las deudas en periodo voluntario de pago, dictándose la providencia de apremio e iniciándose al vía ejecutiva, siendo declarada fallida el 6 junio 2007. El 16 octubre 2009 se declara responsable subsidiario por las deudas tributarias de la entidad a D. Lucas con arreglo al art. 41 LGT y art. 43 1.b) LGT por cese de actividad de manera irreversible que se considera producida en septiembre 2006 ya que se dejaron de presentar autoliquidaciones por retenciones en septiembre 2006 y siempre presenta liquidaciones por IVA pero con el mismo importe que en el periodo de septiembre 2006: 8.548'11€ a compensar. Funcionarios de la AEAT hacen constar diligencias de agosto y octubre 2006 que hacen constar la ausencia de la sociedad del domicilio fiscal y la ausencia de actividad. No hay disolución y liquidación de la entidad deudora en el Registro mercantil, de esta manera se entiende que por parte del administrador ha existido un incumplimiento de sus obligaciones legales y se determina el alcance de la responsabilidad, con exclusión de las sanciones y de los recargos, en 932.534'83€.
En escritura pública de 3 noviembre 2005, la recurrente y su esposo D. Lucas otorgan capitulaciones matrimoniales en las que se hace constar que contrajeron matrimonio mediante régimen de gananciales el 8 diciembre 2000, y que otorgan capitulaciones para establecer como nuevo régimen económico matrimonial el de separación de bienes.
La finca registral nº NUM000 , C/ DIRECCION000 nº NUM005 en Marbella, se adquirió con el carácter de ganancial y se gravó con hipoteca en virtud de un préstamo concedido por Caja Madrid. Tras la disolución del régimen económico matrimonial de gananciales dicha vivienda se adjudicó libre de cargas a Dª Constanza .
En escritura de 2 diciembre 2005 los esposos D. Lucas y Dª Constanza venden a Dª Tamara la vivienda citada nº NUM000 que pertenece con carácter privativo a Dª Constanza tras la separación de bienes, sita en la C/ DIRECCION000 NUM005 en Marbella por el precio de 174.000€.
En escritura pública de 2 diciembre 2005 D. Justiniano vende a la actora, Dª Constanza que adquiere con carácter privativo, las fincas nº NUM001 , NUM002 , NUM003 y NUM004 , que constituyen una vivienda en planta baja, bloque NUM006 , vivienda letra NUM007 , del conjunto urbano denominado DIRECCION001 , más dos plazas de aparcamiento nº NUM006 y nº NUM008 y un trastero nº NUM009 por importe de 335.000€ que la vendedora dice haber recibido y que se ha abonado mediante la entrega de los dos cheques entregado en pago por Dª Tamara , y el resto del precio se abona mediante un préstamo hipotecario concedido el 2 noviembre 2005 por el Banco Urquijo SA. Estas fincas son las que constituyen el domicilio actual de los esposos desde el 12 diciembre 2005.
: El Artículo 42 LGT dispone:
"Responsables solidarios.
2. También serán responsables solidarios de la deuda tributaria pendiente....las siguientes personas o entidades:
a) Los que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria...
El TS en sentencia de 20 junio 2014 dice que el citado precepto precisa de los requisitos siguientes:
1. La existencia de una deuda tributaria del obligado principal que se encuentre liquidada en el momento de declaración de responsabilidad.
2. Ser causante o colaborar en la ocultación de bienes y derechos con la finalidad de impedir la traba por la Administración Tributaria, entendiéndose por ocultación « cualquier actividad que distraiga bienes o derechos ya sea por, ya sea por desprendimiento material o jurídico de estos, para evitar responder con ellos (...) », tal y como señala el Tribunal Económico- Administrativo Central en su resolución de 24 de febrero de 2009, dictada en virtud de recurso extraordinario para la unificación de criterio; y por causar o colaborar cualquier acto positivo dirigido a la ocultación de bienes o derechos, « como puede ser una donación simulada a un familiar, la venta de bienes a familiares por precio inferior al de mercado, así como la modificación del régimen económico-matrimonial » supuestos estos que encajan en el citado precepto, evitándose con ello la necesidad de acudir a la vía judicial con acciones de nulidad o rescisión, para la defensa del crédito público, exigiéndose en el responsable un « animus noscendi » o « sciencia fraudes », es decir, una conciencia o conocimiento de que se puede producir un perjuicio.
3. Como dice la sentencia recurrida, en su Fundamento de Derecho Tercero, no es necesaria la consecución de un resultado, sino la dicción literal del precepto revela que basta con que los actos realizados por los responsables tiendan a la ocultación o transmisión sin necesidad de que se consume dicho resultado.
: La parte actora discrepa del acuerdo de derivación de responsabilidad solidaria en base a dos justificaciones fundamentales. La primera consiste en que estaba casada en régimen de separación de bienes cuando procedió a vender el 2 diciembre 2005 una vivienda privativa a un tercero. Y añade que la adquisición de las otras fincas también se produjo cuando estaba casada en régimen de separación de bienes. Y la segunda sería la alegación relativa a que se le ha declarado responsable solidaria por las deudas de su esposo con el que otorgó capitulaciones matrimoniales en el año 2005, por el cese de la actividad empresarial del año 2006, esto es a posteriori a las capitulaciones matrimoniales.
Hay que partir de que la actora y su esposo que habían contraído matrimonio en el año 2000 bajo el régimen económico de la sociedad de gananciales, otorgaron capitulaciones matrimoniales modificativas de ese régimen económico en el año 2005, en concreto el 3 noviembre 2005, pasando a regirse el matrimonio por el régimen de separación de bienes. Estas capitulaciones no tendrían mayor importancia si no fuera porque el esposo de la actora, administrador único desde el año 2005 de la sociedad deudora principal de la que era socio, conocía las circunstancias por las que atravesaba la entidad AVM Euromóviles SL que administraba y de las deudas tributarias que había contraído y que no habían sido satisfechas, puesto que las actuaciones de inspección se iniciaron el 12 febrero 2004 respecto del IVA e Impuesto de Sociedades 2001 y 2002, y más tarde al IVA 2003. Levantándose las actas de disconformidad el 6 octubre 2005 y 9 octubre 2008.
Por tanto, existe una primera e importante evidencia que consiste en que cuando se otorgan las capitulaciones matrimoniales ya se habían iniciado las actuaciones inspectoras de la sociedad y el recurrente desde mayo 2005 era administrador de la entidad deudora. Por tanto era conocedor de las actuaciones de inspección que se estaban realizando de la empresa y de la mala situación económica en que la misma se encontraba, además de la existencia de actuaciones penales.
Tras esa primera prueba tan relevante, hay que continuar con otra prueba de la misma importancia. Tras las capitulaciones matrimoniales la vivienda con la que contaban los esposos pasa a ser de carácter privativo, y el 3 noviembre 2005 pasa a pertenecer con dicho carácter de privativo a la esposa- actora, quien en diciembre 2005 la transmite y vende a un tercero. Con el precio que obtiene y un préstamo hipotecario adquiere a D. Justiniano las fincas que se han mencionado en esta sentencia y que pasa a ser el nuevo domicilio del matrimonio desde 2005.
Estas pruebas resultantes de escrituras públicas, de documentos públicos, revelan que Dª Constanza colaboró con su marido para vaciar a éste de patrimonio dadas las actuaciones inspectoras a las que estaba sometida la empresa que administraba y las circunstancias económicas de la entidad que cesó en su actividad desde septiembre 2006.
Desde luego, en el comportamiento de la actora ha existido una voluntad finalista, que tendía a despatrimonializar a su marido para que en el futuro, en este caso un año después, cuando se le declaró responsable subsidiario, no tuviese bienes con los que afrontar el pago de las deudas tributarias de las que era responsable.
La finalidad, por tanto, en la conducta desarrollada en el tiempo era la de impedir el cobro a la Administración tributaria, por lo que no hay vulneración del mencionado artículo 42. 2 a) que regula el supuesto de responsabilidad solidaria y en este caso en relación con el administrador declarado responsable subsidiario de la deudora principal. La recurrente ha sido causante o colaboradora en la ocultación y transmisión de los bienes del matrimonio sustrayéndolos de la posible traba que sobre los mismos se pudiera realizar.
Y si es cierto que el esposo fue declarado responsable subsidiario por cese de la actividad empresarial desde septiembre 2006, pero tras la declaración de responsabilidad subsidiaria del esposo se comprobó la despatrimonialización de éste con la ayuda de su esposa evitando bienes con los que la Administración pudiera cobrar las deudas. La declaración de responsabilidad solidaria se ha dictado después de la declaración de responsabilidad subsidiaria, y es cierto que ésta se encuentra pendiente de recurso y que la declaración de solidaridad correrá la suerte de ésta. Pero en tanto no conste otra cosa, existe una clara colaboración en la ocultación de bienes, y por tanto hay que confirmar la declaración de responsabilidad solidaria que nos ocupa.
: Por tanto concurren todos los elementos que exige el art. 42.2 a) LGT :
1) Existe una conducta activa de la actora, es decir, que a través de su actuación ha revelado la finalidad perseguida, que no es otra que intentar impedir la actuación de la Administración tributaria.
2) Ha conseguido el resultado, aunque no es necesaria la consecución del resultado. La dicción literal del precepto revela que basta con que los actos realizados por los responsables tiendan a la ocultación o transmisión sin necesidad de que se consume dicho resultado.
Varias son las actuaciones que revelan que la conducta del recurrente encaja en los supuestos de hecho contemplado por el artículo 42.2.a) LGT 58/2003 para que la declaración de responsabilidad solidaria tenga lugar. Y así en los apartados anteriores se han recogido las operaciones llevadas a cabo y que han dado lugar a la declaración de responsabilidad solidaria. La colaboración que exige el artículo 42.2.a lo es en la "transmisión" de los bienes. Y se hace con la finalidad de impedir el cobro por la Administración, puesto que los bienes ya no estarán en posesión del sujeto deudor.
No basta con argumentar la legalidad de las operaciones. Ha de tenerse en cuenta que la Ley en ningún momento considera que para que proceda la derivación de responsabilidad sea necesario ni que los hechos en cuestión sean constitutivos de delito ni tampoco que sean nulos: basta con que perjudiquen a la Hacienda Pública y se realicen para ello. Además con esas actuaciones la situación jurídica del obligado secundario ha variado totalmente, y la situación recaudatoria de la Administración también pues ya no puede percibir, tampoco, del subsidiario el importe de la deuda tributaria, ni bienes equivalentes en contraprestación, ni tampoco los puede embargar porque han desaparecido de su patrimonio.
: Por último hay que hacer referencia a la prescripción alegada. Esta figura, por supuesto, puede ser apreciada de oficio por el Tribunal, pero en este caso considera que nos existe, y pocas alegaciones concretas y determinadas por parte de la actora existen al respecto.
Las deudas que fueron objeto de derivación son de los años 2001, 2002 y 2003 y en el año 2004 se inician las actuaciones de inspección tributaria, que concluye con actas de inspección del año 2005, del 6 octubre 2005. El primer acuerdo de declaración de responsabilidad subsidiario del esposo de la actora era de fecha 20 septiembre 2007 y aunque se declaró nulo se iniciaron de nuevo las actuaciones inspectoras el 1 julio 2009, por tanto no había transcurrido el periodo de cuatro años.
Y en relación al acta de inspección respecto del IVA 2003 que fue de 9 octubre 2008, existe constancia de la existencia de un procedimiento penal al respecto hasta que concluyó con sobreseimiento provisional. El periodo de tiempo en que estuvieron las actuaciones penales el procedimiento está paralizado sin que se compute la prescripción. No existen más datos por lo que no existe prescripción alguna.
Por todo lo expuesto, procede desestimar el presente recurso contencioso administrativo y por aplicación del art. 139 LJCA se imponen las costas a la parte actora.
Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª Constanza representada por el Procurador D. Pedro Antonio González Sánchez, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 8 mayo 2013 en materia de responsabilidad solidaria.
Con imposición, a la parte demandante, de las costas procesales causadas en esta instancia.
Notifíquese esta Sentencia a las partes personadas, haciéndoles la indicación que contra la misma no cabe recurso de casación de conformidad con el artículo 86.2.b) de la Ley de esta Jurisdicción , y de la cual será remitido testimonio en su momento a la Oficina Pública de origen, junto con el expediente de su razón, en su caso.

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 Artículo 42
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 artículo 42
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 artículo 86