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Timestamp: 2017-12-12 19:34:34+00:00

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febrero 2011 – Cepam Guayaquil
“Red de centros de atención integral de la violencia de género y sexual”
15 febrero 2011 por admin	♥ 5 Comments
Las organizaciones de la sociedad civil hemos venido aportando a los procesos que han transformado el marco jurídico de nuestro país. Así fue en Montecristi en el 2008, y también estuvimos presente en la Asamblea Nacional argumentando en el Pleno nuestras propuestas para la construcción de una Ley de Educación más incluyente, más real de cara a las necesidades de niños, niñas y jóvenes; que son nuestro presente y futuro y que realmente van a poder sentir el nuevo rumbo de un País que piensa en ellos, que legisla por ellos.
Las organizaciones sociales que trabajamos por la prevención y erradicación de la violencia y la violencia sexual, la RED de Centros de Atención Integral de la violencia de género y sexual a la espera de la aprobación de la Ley de Educación nos permitimos plantear algunas consideraciones al Señor Presidente de la República y a la Honorable Asamblea Nacional.
Que el Artículo 66 numeral 3 literal b de la Constitución de la República vigente, señala que todas las personas tienen derecho a la integridad personal, que incluye una “vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.”
Que la Constitución de la República en el Art. 78 dispone que las “víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no re victimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas…”
Que el Artículo 44 de la Constitución de la República ordena que el “Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”, de acuerdo a lo estipulado con el artículo 3 numeral 1 de la Convención de los Derechos del Niño, y desarrollado en el Artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia.
Que la Constitución en el Artículo 347 numeral 6 determina que es responsabilidad del Estado “Eerradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.
Que el 10 de septiembre de 2007 el Presidente de la República, Ec. Rafael Correa Delgado expide el Decreto 620 en que declara como política de Estado la erradicación de la violencia de género hacia la Niñez, adolescencia y mujeres, por lo que se conforma una Secretaría Técnica integrada por los Ministerios de Inclusión Económica y Social, de Gobierno actualmente del Interior, de Educación, de Salud, Justicia, Consejo Nacional de las Mujeres hoy Comisión de Transición hacia el Consejo para la Igualdad de Género, Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, INFA, que elaboró e impulsa un Plan Nacional para concretar la política indicada.
Que la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es un problema cotidiano aun no lo suficientemente dimensionado en el país en términos de cifras y de su impacto; que ocurre fundamentalmente en los espacios llamados a garantizar seguridad, afecto, protección y condiciones para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, como son las familias y las instituciones educativas; y que, está muy relacionada con otros problemas sociales que han sido priorizados en planes y programas del Estado como son: embarazos en adolescentes, callejización de niños, niñas y adolescentes, depresión y suicidio de adolescentes, la explotación sexual entre otros.
Que la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes atenta contra su integridad y salud física, psicológica, sexual, y limita el ejercicio de otros derechos; en tanto, las víctimas y sus familiares viven sentimientos de vergüenza, culpa y temor, que llevan a silenciar, ocultar o justificar estos hechos, a no denunciarlos y a no buscar la ayuda necesaria para la recuperación de la victimas y la restitución de sus derechos
Que un alto porcentaje de los delitos sexuales ocurren en los centros educativos pero muchos no tuvieron la debida investigación y quedaron en la impunidad, puesto que los agresores recibieron la defensa de un mal entendido espíritu de cuerpo por parte de los docentes y de autoridades de las instituciones educativas; en tanto, la violencia en el ámbito educativo es una causa directa de la deserción y/o expulsión escolar, bajo rendimiento académico, poca participación en actividades escolares, entre otros problemas en el quehacer educativo. Por tanto la violencia sexual constituye una barrera substancial para alcanzar las metas del “Plan del Buen Vivir” en relación con la educación, salud y desarrollo de la población.
Que sin dejar de reconocer los esfuerzos realizados en los últimos años es necesario recordar que los delitos sexuales históricamente no han merecido la suficiente atención desde el Estado en sus marcos legales y políticos lo que ha contribuido a naturalizar y justificar la violencia sexual o a depositar la responsabilidad de la misma en las víctimas y su familias; pero también ha contribuido a que la justicia carezca de credibilidad cómo instancia del Estado garante de derechos.
PRIMERO: La incorporación en el texto del proyecto de Ley de Educación Intercultural aprobado por la Asamblea Nacional, de disposiciones dirigidas a prevenir y sancionar, la violencia sexual en el ámbito educativo, de acuerdo a lo dispuesto en el Constitución de la República vigente.
SEGUNDO: La determinación de la normativa de implementar y garantizar una educación integral con un enfoque de derechos, igualdad de género, el acceder a una información plural y libre sobre la sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, como también sobre la obligatoriedad desde los centros educativos de denunciar, dar protección y apoyo a los y las estudiantes en casos de violencia, maltrato y explotación sexual.
TERCERO: La incorporación como parte de esta nueva Ley, de fundamentos básicos para el procesamiento de este tipo de delitos, planteando mejoras a lo establecido, en los Acuerdos Ministeriales 4708 del 2003 y 3393 del año 2004, que habla sobre el tratamiento de los delitos sexuales en el sistema educativo y el reglamento para el tratamiento de delitos sexuales educativos respectivamente.
CUARTO: La creación en la nueva estructura del sistema educativo de las Juntas Distritales (Interculturales) de Resolución de Conflictos, como una instancia técnica, que garantizaría cierta independencia al ser conformada por profesionales que no han estado vinculados al sistema educativo.
QUINTO: La determinación de mecanismos de protección para las víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo y la sanción para quienes las incumplan, interrelacionando la actuación de las autoridades competentes en este tipo de delitos, proponiéndose entonces evitar la impunidad
Se apruebe por parte del Ejecutivo los artículos concernientes a lo resaltado en el presente comunicado.
Se vigile por parte de la Asamblea Nacional, el fiel cumplimiento de esta Ley una vez que entre en vigencia, en general y en específico en lo atinente a este comunicado.
Se cumpla con calidad y diligencia, por parte de las autoridades pertinentes las disposiciones previstas en la Ley una vez que sea publicada, especialmente en lo que se refiere a la prevención y erradicación de los delitos sexuales en el ámbito educativo, garantizando la implementación de los mecanismos y acciones necesarias por las instancias que correspondan que hagan efectivo el goce del derecho a la seguridad e integridad de niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo.
Tatiana Ortiz Tarira
(Telf. 042447347 – 446945)
Por “LA RED DE DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL”

References: Artículo 66
 Artículo 44
 artículo 3
 Artículo 11
 Artículo 347
 Resolución