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Timestamp: 2020-08-09 03:13:25+00:00

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Cristina Kirchner denunció persecución de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri – FM Malvinas 97.7
Con el término de lawfare como eje principal, Cristina Kirchner presentó un escrito en el juzgado federal de Río Gallegos donde denunció “procedimientos ilegales” hacia su persona por parte de organismos como la AFIP, a quienes acusó de proceder como “grupo de tareas” que junto con “sectores del Poder Judicial operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal” en su contra”.
LA ex mandataria se refiere al proceso fiscal en el que se le reclama el pago de más de $ 8 millones por multas aplicadas en relación al Impuesto a las Ganancias. En ese sentido, pidió ante el organismo que las actuaciones realizadas sobre su situación fiscal sean anuladas.
Después de que la anterior gestión de la AFIP la intimara por la existencia de una deuda y la ejecución de la misma, la ex presidenta señaló con un escrito la “inexistencia de la deuda” y cuestionó “los intereses y la multa” aplicados por el organismo recaudador.
La AFIP procedió a la ejecución fiscal y, por eso, la vicepresidenta solicitó la impugnación de los actos administrativos denunciando, nuevamente, una “persecución política y judicial” en su contra.
El 17 de diciembre de 2019 Cristina Kirchner fue notificada de una ejecución fiscal por parte de la AFIP vinculado al Impuesto a las Ganancias de los períodos 2011, 2012 y 2016. La vicepresidenta denunció que nunca fue informada de la existencia de un proceso de inspección previo a esta medida de ejecución.
Se trata de unas actuaciones iniciadas por la fiscalía federal de Río Gallegos sobre la presunta infracción fiscal por parte de Cristina Kirchner. En ellas se ordenó a la AFIP que inicie el proceso de verificación y determinación de oficio sobre la situación fiscal de la ex presidenta. “Se trató de un evidente direccionamiento hacia esta contribuyente con el inocultable objetivo de realizarle un ajuste impositivo bajo cualquier circunstancia”, sostiene el escrito.
La inspección se realizó -denunció Cristina Kirchner-, sin ninguna notificación ni intervención suya “sin poder aportar datos, documentación, papeles de trabajo, pruebas“, ya que el oficio requerido por la Fiscalía “ordenada que se hiciera sin el contacto con la contribuyente”.
La verificación ordenada a la AFIP culminó “con un ajuste millonario“. Dicha fiscalización inició el 22 de diciembre de 2017. “Todo evidencia un claro propósito: que esta parte nunca haya podido tomar conocimiento de la existencia del proceso”.
La AFIP, durante la gestión de Mauricio Macri,​ dictó una serie de resoluciones impugnando las declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias que presentó Cristina Kirchner de los períodos fiscales 2011, 2012 y 2016. Se pidió determinar las diferencias en dicho impuesto de esos tres períodos en la suma de $ 2.122.615. A la fecha de emisión de la resolución se liquidan intereses por $ 3.607.467.
Asimismo, se aplicó una multa por presunta evasión fiscal de $ 2.403.729. En consecuencia se intimó a Cristina Kirchner al pago de $ 8.133.812,71 en concepto de capital, intereses y multa. La vicepresidenta señaló que nunca la notificaron para poder impugnar dicha deuda fiscal y al no ocurrir, la misma quedó firme y por ello la AFIP libró las boletas deuda.
Las multas son por el período 2011 y 2012 por un total de $ 3.605.549. Respecto al impuesto período 2016, intereses varios aplicados, el total de deuda es de $ 4.528.218. Para la vicepresidenta el procedimiento debe ser anulado, eso requirió ante la justicia federal de Río Gallegos,
Lo hizo a través de una resolución de su Comité Especial de Descolonización. Pidió “encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia”.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó este miércoles a la Argentina y el Reino Unido a retomar el diálogo por las Islas Malvinas. Lo hizo a través de una resolución de su Comité Especial de Descolonización.
El órgano adoptó por consenso una nueva resolución que reitera el llamado a ambos países para retomar las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, “una solución pacífica y definitiva a la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.
Tras el hecho, el canciller argentino, Felipe Solá, aseguró que “la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Malvinas constituye una política de Estado y un sentimiento del pueblo argentino”.
“El Comité de Descolonización de la ONU reconoce manifiestamente que existe una disputa de soberanía y llama a la Argentina y al Reino Unido a dialogar, y nuestro país reitera una vez más su permanente disposición a negociar”, afirmó Solá.
La determinación fue copatrocinada por todos los países latinoamericanos integrantes del Comité Especial: Chile, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Año tras año, desde 1983, el Comité Especial hace un llamado a la Argentina y el Reino Unido para que reanuden las negociaciones de conformidad con la resolución 2065 (XX) y posteriores de la Asamblea General sobre la Cuestión de las Islas Malvinas.
El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, destacó la “necesidad de retomar un diálogo sustantivo sobre la disputa de soberanía” e instó al Reino Unido “a dar cumplimiento con el deber impuesto por el Derecho Internacional de resolver pacíficamente esta disputa y poner fin a una situación colonial, anacrónica en el Siglo XXI”.
Además, remarcó que “Argentina logró un avance histórico para consolidar la soberanía sobre Malvinas luego de que el Congreso Nacional sancionó por unanimidad la ley de creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, una instancia plural que tendrá el objetivo de trazar y sostener políticas de Estado a mediano y largo plazo”.
El Comité Especial de Descolonización, creado en 1961 como órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas, tiene la función de velar por la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de Naciones Unidas y en ese marco examina anualmente las 17 situaciones coloniales que aún se encuentran pendientes de descolonización, adoptando resoluciones que permitan avanzar hacia el fin del colonialismo.
El llamado de las Naciones Unidas para la reanudación de negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido como vía para la solución de la disputa es compartido por diversos foros multilaterales, tales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el MERCOSUR, el Grupo de los 77 más China, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y las Cumbres Iberoamericanas, entre otros. Sin embargo, el Reino Unido persiste en su negativa a reanudar las negociaciones al respecto.
La noticia llega apenas un día después de que el Congreso aprobara un paquete medidas enviado por el Ejecutivo para “afianzar la soberanía” sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.
Este martes, tras el visto bueno del Senado, Diputados dio luz verde a distintas medidas como la creación del Consejo de Malvinas y la nueva demarcación, que amplía la plataforma continental argentina más allá de las 200 millas náuticas.
La reforma judicial que encara el Gobierno todavía no comenzó a andar y ya tiene la primera crítica importante. Los integrantes de la Cámara del Crimen manifestaron sus diferencias con el proyecto de ley que el gobierno de Alberto Fernández envió al Congreso en el que se plantea la reforma del fuero federal con la clara intención política de licuar el poder de los jueces asentados en Comodoro Py. Y consideraron que es inconstitucional.
La Cámara del Crimen fijó posición en contra de la parte de la reforma que toca el fuero donde se investigan los delitos comunes (homicidios, robos, violaciones, etc.) de la Capital. En ese sentido, fijó posición en contra de la reforma mediante un Acuerdo General firmado a distancia por los camaristas Alberto Seijas, Mariano González Palazzo, Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Julio Marcelo Lucini, Mauro Antonio Divito, Ricardo Matías Pinto, Mariano A. Scotto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López, Magdalena Laiño y Pablo Guillermo Lucero.
Los camaristas integran las salas que revisan los fallos de los jueces de Instrucción que serán convocados para ocupar las 23 vacantes que se propone abrir el Gobierno en el nuevo Fuero Penal Federal que fusionará el fuero Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico. Serán 46 juzgados y la mitad se llenará con los jueces y juezas actuales y el resto con los magistrados de Instrucción que decidan anotarse para subrogar. Y en la reforma se prevé el traspaso de las competencias que tiene ese fuero a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Así como el no llamado a concurso para llenar las vacantes, el paso voluntario de jueces y juezas a la Justicia de la Ciudad y la disolución de los juzgados y tribunales que fueran quedando vacantes a medida que avanza la reforma.
La primera de las críticas al proyecto es de característica general. Los camaristas –que analizaron artículo por artículo el contenido del proyecto de ley– dijeron; “El fuero –computando también los tribunales orales– registra actualmente setenta y cinco vacantes en sus juzgados y vocalías, por lo que la ocupación de 23 juezas y jueces del fuero en las mayores labores implicadas en la atención simultánea de sus Tribunales y de los nuevos juzgados federales ha de resentir la administración de justicia. Esto con el agravante de la naturaleza de los asuntos de nuestra competencia, constituida por los hechos que en mayor medida afectan a los ciudadanos comunes, en tanto víctimas de homicidios, lesiones, despojos, violencias familiares, abusos sexuales, fraudes y criminalidad organizada en general, así como la debida atención de los niños en conflicto con la ley penal y el resguardo de las personas detenidas contra los abusos e indebidas penurias a los que pudieran encontrarse expuestos”.
Otro de los cuestionamientos generales se refiere a la situación de los empleados y funcionarios del fuero criminal y correccional de la Capital. “El proyecto importa además el completo desguace y desmantelamiento de nuestro centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados (el art. 40 sólo se refiere a funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados), que quedarán por completo privados de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes, lo que habrá de ocurrir en un tiempo relativamente breve una vez verificadas las transferencias de las competencias (art 28)”. Y agregaron que “en el caso de los funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas sólo se hace referencia a que serán reubicados (art. 40, párrafo 2do), sin especificación alguna relativa a su destino, ni siquiera si habrán de integrar los Juzgados y Tribunales del fuero que no se encuentren vacantes o si serán transferidos a los organismos del nuevo fuero federal, así como tampoco se ha contemplado ningún procedimiento de consulta a las personas interesadas o a los gremios”.
Los camaristas concluyeron: “Lo señalado en los puntos anteriores traduce una afectación a la estabilidad en las condiciones del empleo de funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas, como también imprevisión respecto de las futuras funciones de juezas y jueces, aspectos que requerirían un mayor grado de precisión en las normas de forma tal de evitar un trato que pueda ser interpretado como lesivo de derechos laborales y constitucionales”.
El plenario de la Cámara, presidido por el juez Seijas, señaló que es inconstitucional el traslado de magistrados a la Justicia local. Dijeron que “…las únicas causales para el cese –además del cumplimiento de la edad prevista constitucionalmente– de las juezas y los jueces de la Nación en el cargo son su renuncia actual, expresa e incondicional, presentada al Presidente de la Nación, o bien su remoción, previo enjuiciamiento, en caso de comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones. Carece de sostén constitucional la pretensión de transferir a juezas o jueces de la Nación a cualquier otra jurisdicción, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las juezas y los jueces Nacionales no puedan ser transferidos a la órbita local sin su consentimiento, pues la Corte se ha pronunciado acerca del traspaso de las competencias locales. Sobre el punto corresponde aclarar que el traspaso de las magistradas y los magistrados de la Justicia Nacional podría generar reparos de índole constitucional, en la medida en que podría verse afectado el principio de inamovilidad de los jueces”.
También consideraron que no es acorde a la Constitución y a las Convenciones el hecho de dejar sin atribuciones al fuero de Instrucción. Lo explicaron así: “Análoga objeción (…) merece la pretensión de privar a los tribunales de nuestro fuero de toda competencia y, consecuentemente, de jurisdicción, con el alcance de una suspensión de hecho o una suerte de puesta en comisión de las juezas y los jueces. Es indiferente que ello sea consumado a plazo –por cierto cercano– en tanto el proyecto lo supone como resultado inexorable, y no contiene recaudo alguno relativo a la continuidad de sus funciones, como podría haber sido la asignación –eventualmente también progresiva– del conocimiento en todas o parte de las materias de competencia federal. Por ello, sería razonable y plausible una previsión en la normativa proyectada para que una vez que acepte el convenio de transferencias la legislatura de la CABA se les asigne competencia en asuntos de índole federal. Como lo señalamos antes, ello supone tanto la afectación a las garantías constitucionales de estabilidad e intangibilidad de la función judicial –que son reaseguros de su imparcialidad–, como un trato desigual hacia el conjunto de las juezas y los jueces afectados”.
Para los camaristas del crimen no es legal el sistema de subrogancias que establece el proyecto de ley para ocupar los 23 cargos que se crean en el nuevo Fuero Federal Penal. Al respecto los jueces señalaron: “Por otra parte, las funciones de subrogancia que habrían de cumplir las juezas y los jueces de nuestro fuero en los 23 nuevos juzgados concebidos en el proyecto, en tanto tales tribunales no sean habilitados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no cuenten con sus titulares, designados previo concurso, resultan contrarias a la previsión expresa del art. 14 de la Ley 27.439 que establece que “será nula, de nulidad absoluta, la designación de un juez subrogante para desempeñar funciones en un juzgado o tribunal que no hubiese contado previamente con magistrados titulares designados conforme al procedimiento constitucional ordinario”. Asimismo, el sistema de selección directa, independientemente de las mayorías que han de exigirse en el Consejo de la Magistratura o de la previsión del acuerdo del Senado, se aparta de la regla del sorteo (artículos 5to y 7mo), mecanismo fundamental de tal ordenamiento”.
Y agregaron: “De la misma manera, la pretensión de retrotraer las reglas consolidadas con la sanción de la Ley 27.439, importa además la violación de los principios de progresividad y de no regresividad en materia de Derechos Humanos y su tutela merced a la garantía de imparcialidad y objetividad en la designación de las magistradas y los magistrados que deben velar por su vigencia. Si un Estado ha reconocido un derecho, como la mayor transparencia y garantía de imparcialidad en la designación de juezas o jueces y tribunales, no puede más que ampliarlo, mas nunca puede retroceder restringiéndolo. En esto consiste el principio de no regresividad contemplado en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales de Derechos Humanos al establecer que toda regresividad es ilegítima…”.
También consideraron “discrecional” y contrario a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el hecho de que los jueces subrogantes que pasen de Instrucción al Fuero Penal Federal se queden con los casos nuevos durante el primer año de funcionamiento del fuero unificado, tal como lo establece el proyecto de ley.
La Cámara del Crimen criticó al proyecto de reforma judicial por carecer de información respecto al funcionamiento de los fueros involucrados en la fusión. Y hablaron de ignorancia. En el Acuerdo señalaron que “tal ignorancia ha conducido, a su vez, a postular una reforma de las jurisdicciones que la Nación ejerce en la Ciudad de Buenos Aires, que supone el completo desguace de nuestro fuero, con la consecuente dilapidación de recursos que semejante acto implica, en particular frente a las flaquezas que la República enfrenta en su capacidad de atender los servicios más elementales al ciudadano”.
Los camaristas explicaron que dejaron sentada su opinión sobre la parte de la reforma que afecta al fuero nacional criminal y correccional. Y fue difundida un día antes del inicio de la exposiciones en el Senado de la Nación de distintos actores consultados por la reforma judicial. Uno de los que vía Zoom hablarán mañana en el Senado es Seijas, el presidente de la Cámara del Crimen que firmó el Acuerdo.
El Acuerdo firmado por los camaristas fue enviado a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, a la Procuración General de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a asociaciones profesionales, y a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
El fallo argumenta que el empresario es un paciente de riesgo por el coronavirus. El mismo magistrado había beneficiado al exvicepresidente.
José María Núñez Carmona, amigo y socio de Amado Boudou y también condenado en el Caso Ciccone, recibió a última hora del miércoles el beneficio de la prisión domiciliaria. Según el fallo, el empresario es un interno de riesgo por el coronavirus, ante el ingreso de presos con la enfermedad al penal de Ezeiza, donde cumplía su pena.
El juez federal Daniel Obligado le había concedido la domiciliaria al ex vicepresidente de la Nación, el 6 de abril pasado. Ahora resolvió a favor de Núñez Carmona, que cumplirá su pena en un domicilio de Mar del Plata, junto a su madre, de 92 años.
El magistrado del Tribunal Oral Federal nº 4 argumentó que la situación “incrementa los riesgos personales” de Núñez Carmona “en relación a su núcleo familiar conviviente”.
Núñez Carmona fue condenado a cinco años y seis meses de prisión, en agosto de 2018, por la compra-venta irregular de la calcográfica Ciccone.
Amistad en Broadway. Boudou y Nuñez Carmona, juntos en New York.
El juez Obligado le había denegado el arresto domiciliario a mediados de abril, unos días después de concederle el beneficio a Boudou.
En aquella oportunidad, el abogado de Núñez Carmona pidió la domiciliaria porque la sentencia no está firme y porque el empresario tiene que cuidar a su madre, de 92 años. Además, el amigo y socio de Boudou había sido incluido en la lista de personas de riesgo ante el coronavirus, elaborada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Sin embargo, ese primer pedido fue rechazado. “Es necesario advertir que no estamos ante un supuesto en el cual las circunstancias y vínculos familiares que se valoran se vean menoscabados de tal manera que la situación de encierro amerite tornarse en domiciliaria”, aseguró el magistrado, en aquel momento.
José María Núñez Carmona, en julio de 2018.(Rolando Andrade)
Para el éxito del nuevo pedido fue clave el ingreso de presos al penal de Ezeiza que luego dieron positivo en test de coronavirus.
Además, informes médicos caracterizan al empresario, de 57 años, como afectado por hipertensión arterial, gastritis, dislipemia, tabaquismo y obesidad, además de haber sido sometido a una angioplastia con colocación de stent,
Como en el caso de Núñez Carmona, Obligado había rechazado un primer pedido de prisión domiciliaria de Lázaro Báez, también interno de riesgo según el SPF.
Tras la intervención de los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky, el Tribunal Oral Federal 4º hizo lugar al reclamo del empresario de Austral Construcciones, en julio pasado. Sin embargo, la excarcelación de Báez se encuentra demorada, ya que debe pagar una caución de $ 632,5 millones.

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