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Timestamp: 2016-10-25 12:25:03+00:00

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Ley N°20.285 sobre Acceso Información Pública 1La Ley N° 20.285 (la ley) sobre acceso información pública entró en vigencia el 20de abril de 2009. La norma establece las excepciones de publicidad, normandoprincipios que regulan la solicitud de información y creando un órgano autónomocon atribuciones resolutivas que sancione a quienes obstruyen este derecho.La Ley N° 20.285 estableció, básicamente, que el acceso a la información se daríapor medio de la transparencia activa y la transparencia pasiva. La primera imponeel deber de los órganos del Estado, de mantener a disposición de los ciudadanosinformación de ellos, mediante una página web. La segunda, es el deber de darrespuesta a los requerimientos de información efectuados por los usuarios.Los órganos del Ejecutivo, se encuentran sujetos a ambos tipos de transparencia.En el caso del Congreso Nacional, la Ley N° 20.285 estableció sólo el deber desujetarse a la transparencia activa. Posteriormente, la Ley N° 20.447 dispuso suadscripción a la transparencia pasiva.Se han realizado diversas evaluaciones a la ley que en términos generales sonpositivas, sin embargo se detectan varios desafíos y mejoras a implementar entorno a una legalidad e institucionalidad que va a cumplir sólo un año de vida.En el proceso de puesta en marcha de la Ley N° 20.285, el Consejo para laTransparencia ha realizado una importante labor de interpretación legal, a travésde la resolución de Amparos y Reclamos que ha recepcionado. En esta labor haobservado como principio rector el de la publicidad de la información en poder delos órganos del Estado y el de transparencia de la función pública. Destaca su tesisdel llamado “Test de daño” donde se ponderan los valores de dar acceso a lainformación versus la seguridad de las personas.En cuanto a la aplicación de la Ley, se encuentran diversos análisis que grafican elporcentaje de cumplimiento de las nuevas obligaciones. Entre los resultados dedichos análisis, el primer día de vigencia de la norma, hubo un 87% en el nivel decumplimiento formal y básico que exige la norma. A nivel municipal se detectaronmayores falencias, un 91% de las municipalidades tiene habilitado un sitio web y lacalidad de los datos que deben exhibir es bajo. En las empresas públicas, elpromedio de cumplimiento que presentan es de un 81,1%. A julio de 2010, se hanpresentado 44.263 requerimientos de información a los órganos del Ejecutivo. ElConsejo de la Transparencia informa que a junio de 2010, ingresaron 1.070 casosde Reclamos y Amparos, de los cuales 872 se habían resuelto.1 Gabriela Dazarola L., Área Gobierno, Defensa y Relaciones Internacionales. Asesoría TécnicaParlamentaria, BCN. Anexo 3189, gdazarola@bcn.cl. (19-3-2010). Actualizado por Guido Williams O.(31.08.2010). 2.
2Tabla de ContenidoI. Introducción 2II. Antecedentes Generales de la Ley N°20.285 31. Contexto General 32. Breve historia de la Ley 3III. Resumen de Ley N°20.285 41. Objetivo 42. Algunos principios establecidos en la Ley 43. Tipos de Transparencia según Ley N°20.285 5a. Transparencia Activa 5b. Transparencia Pasiva 54. ¿A quiénes se aplica la Ley N°20.285? 65. ¿Cómo se requiere la información? 66. Causales de reserva: para no dar acceso 77. ¿Qué pasa si se niega acceso a servicio? 78. Consejo de Transparencia 79. Sanciones 810. ¿Qué se aplica a las empresas públicas? 8IV. Acceso Información Pública y Congreso Nacional 91. ¿Qué se aplica al Congreso Nacional? 92. Contenidos de transparencia activa para Congreso Nacional 93. Contenidos de transparencia pasiva para Congreso Nacional 10V. Evaluación de la Ley 111. Consejo para la Transparencia 112. Comisión de Probidad y Transparencia del Gobierno 123. Corporación Participa 123. Comisión de Defensa Ciudadana 134. Transparencia Activa Municipios 145. Nivel de Cumplimiento Empresas Públicas 15VI. Evaluación de Ley N° 20.285. Mejoras eventuales según Chile Transparente 16VI. Interpretación legal del Consejo de la Transparencia 17I. IntroducciónSe describen los principales aspectos de la Ley, señalando las características de latransparencia activa y pasiva, los niveles de obligación de informar de los distintosorganismos, la nueva institucionalidad. En segundo lugar se presentan diversasevaluaciones que ha tenido la aplicación de la ley, tanto a nivel de cumplimiento dela norma, como algunas evaluaciones relacionadas con su interpretación.El Informe ha sido elaborado en base a la normativa nacional vigente,específicamente analizando la Ley N° 20.285, e información pública disponible.Para poder incluir algún tipo de evaluación realizada a la aplicación de la norma(considerando la falta de un estudio completo y público), se han consultado diversosinformes desarrollados por organizaciones nacionales vinculadas a la materia(incluyendo institucionales), que permiten tener una aproximación a la puesta en 3.
3marcha de la citada Ley. Es importante mencionar que la mayoría de los estudiosencontrados corresponden a distintos períodos de tiempo, por lo que mucho de losresultados pueden ser nuevamente evaluados.II. Antecedentes Generales de la Ley N° 20.2851. Contexto GeneralEl buen uso de los recursos estatales es fundamental para la conducción de todogobierno. Para conseguir que esto sea posible, la transparencia es una herramientaen la administración efectiva de las cuentas, que permite reafirmar el control de losciudadanos sobre el ejercicio del poder público y generar confianza en lasinstituciones. Así para los legisladores del Estado de Baja de California en México,“La transparencia implica un enorme reto a nuestras instituciones, desdetransformaciones legales y administrativas hasta de diseño institucional y hábitosburocráticos. Una adecuada legislación en la materia debe evitar la ambigüedad ensus definiciones, establecer procedimientos sencillos y expeditos para laactualización, manejo, archivo, resguardo, entrega y acceso a la información”2.En nuestro país, el deber de dar acceso a la información se basa en el inciso 2° delartículo 8° de la Constitución Política: “Son públicos los actos y resoluciones de losórganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen.Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva osecreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimientode las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de laNación o el interés nacional.”Este mandato constitucional ha sido regulado a nivel legal y reglamentario,estableciendo las excepciones de publicidad, normando principios que regulan lasolicitud de información y creando un órgano autónomo con atribuciones resolutivasque sancione a quienes obstruyen este derecho.2. Breve historia de la LeyEl Proyecto de Ley sobre Acceso a la Información Pública (Boletín 3773-06),comenzó su tramitación el 4 de enero de 2005, producto de una moción presentadapor los Senadores Jaime Gazmuri Mujica y Hernán Larraín Fernández3.En 2006, el Ejecutivo convocó a un comité de expertos –formado en su mayoría pormiembros de la sociedad civil, a quienes elaboraron un “informe sobre medidas parafavorecer la probidad y eficiencia de la gestión pública”. Entre sus recomendaciones,se propuso que se dictara una “ley especial que se encargara de precisar y hacerefectivo el derecho ciudadano de acceso a la información pública”. El comité2 Información disponible enhttp://www.cbcs.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=249&Itemid=60 (Agosto,2010)3 Proyecto de Ley sobre acceso a la información pública, Boletín 3773-06. 4.
4recomendó: la limitación de las causales de reserva en conformidad con las normasconstitucionales; la positivización de los principios del acceso a la informaciónreconocidos internacionalmente; la consagración del deber de transparencia activa;y la creación de un órgano autónomo con rango constitucional cuya tarea fuesegarantizar el acceso a la información pública4.El Ejecutivo incorporó estas recomendaciones al Proyecto de Ley a través de unaindicación sustitutiva. Estas modificaciones dieron forma a la actual Ley Nº 20.285sobre Acceso a la Información Pública.La Ley N° 20.285 fue publicada en el Diario Oficial el 20 de agosto de 2008, y entróen vigencia ocho meses después, es decir el 20 de abril de 2009. Salvo lo relativo ala designación de los Consejeros del Consejo de Transparencia que tuvo vigenciainmediata.III. Resumen de Ley N° 20.2851. ObjetivoRegular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a lainformación de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos parael ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de lainformación, basándose en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política.2. Algunos principios establecidos en la Leya) Principio de la relevancia: presume relevante toda información que posean losórganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fechade creación, origen, clasificación o procesamiento.b) Principio de la libertad de información: Toda persona goza del derecho a accedera la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado,sólo con excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado.c) Principio de apertura o transparencia: Toda la información en poder de losórganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que estésujeta a las excepciones señaladas.d) Principio de máxima divulgación: Los órganos de la Administración del Estadodeben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendosólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales.4 Tello Cristóbal, Marcelo Cerna y Andrés Pavón. “Acceso a la información pública: los desafíos delConsejo de la Transparencia”. Disponibleen:http://www.cdh.uchile.cl/anuario05/7_Seccion_Nacional/5_TelloCerna_Pavon/CristobalTello_MarceloCerna_AndresPavon.pdf. (Agosto, 2010). 5.
5e) Principio de la oportunidad: Los órganos de la Administración del Estado debenproporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales,con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios.f) Principio de gratuidad: El acceso a la información de los órganos de laAdministración es gratuito, sin perjuicio de lo establecido en esta ley.3. Tipos de Transparencia según Ley N° 20.285a. Transparencia ActivaDe acuerdo a la Ley N° 20.285 hay dos tipos de transparencia: activa y pasiva. Laprimera es definida por el Reglamento de la Ley5 como “la obligación que tienen losórganos de la Administración del Estado (…) de mantener a disposición permanentedel público a través de sus sitios electrónicos y actualizados mensualmente, losantecedentes que se definen en el artículo 51 de este reglamento”.Entre los antecedentes que deben estar disponibles son: estructura orgánica;facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganosinternos; marco normativo aplicable; personal de planta, a contrata y a honorarios,con las correspondientes remuneraciones; contrataciones para el suministro debienes muebles; trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para teneracceso a los servicios que preste el respectivo órgano; información presupuestariaasignada y ejecutada.Además deben estar disponibles los actos y documentos que han sido objeto depublicación en el Diario Oficial y aquellos que digan relación con las funciones,competencias y responsabilidades de los órganos de la Administración del Estado.b. Transparencia PasivaLa transparencia pasiva es el procedimiento administrativo para requerir entrega deinformación, contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos yacuerdos, así como la información elaborada con presupuesto público, cualquierasea el formato o soporte en que se encuentre contenida.Se puede requerir, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración delEstado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento ocomplemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para sudictación. Estos documentos son públicos, salvo las excepciones que establece estaley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.5 Decreto N° 13 de 2009, Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Éste se aplica solamente a losórganos del Poder Ejecutivo. 6.
64. ¿A quiénes se aplica la Ley N° 20.285?De acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 20.285 es posible distinguir tres nivelesde aplicación de la norma, que algunos autores tipifican de la siguiente forma6:a. Régimen general de transparenciaLos ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, lasmunicipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganosy servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Estosórganos se encuentran obligados por las normas que regulan los principios delderecho de acceso a la información, las normas de transparencia activa y pasiva, lascausales de secreto y reserva de la información, y un régimen de sanciones,además de encontrarse sujetos a la competencia del Consejo para la Transparencia.b. Régimen de aplicación restringida de las normas de transparenciaEs también posible distinguir otro régimen de transparencia, aplicable a la mayorparte de los órganos autónomo-constitucionales: Contraloría General de laRepública, el Banco Central y el Ministerio Público, que hace aplicables y obligatoriasparte importante de las normas de la Ley de Transparencia (remitiéndoseexpresamente a ella), pero se los excluye de la competencia del Consejo para laTransparencia.c. Régimen especial de transparencia activaEn este grupo se reconocen al Poder Judicial, el Congreso Nacional y el conjunto deempresas ligadas al Estado, a los cuales, en principio, sólo se obliga a mantener, através de sus sitios electrónicos, un conjunto de información a disposición depúblico, sin perjuicio de otras obligaciones especiales. Con motivo delpronunciamiento del Tribunal Constitucional, también se incluyó en este régimenespecial de trasparencia al Tribunal Constitucional y los Tribunales que conforman laJusticia Electoral.5. ¿Cómo se requiere la información?Por escrito, ante OIRS (Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias) de lasrespectivas instituciones o por sitios electrónicos, sin necesidad de patrocinio deabogado.6 Tello Cristóbal, Marcelo Cerna y Andrés Pavón. “Acceso a la información pública: los desafíos delConsejo de la Transparencia. Chile Transparente”. Documento de Trabajo N°8, Agosto de 2009. .http://www.chiletransparente.cl/home/doc/DT8_Desafios_Consejo_Transparencia.pdf (Agosto, 2010). 7.
76. Causales de reserva: para no dar acceso1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debidocumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen osimple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de unaresolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas seanpúblicos una vez que sean adoptadas.c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevadonúmero de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requieradistraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus laboreshabituales.2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de laspersonas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vidaprivada o derechos de carácter comercial o económico.3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de laNación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del ordenpúblico o la seguridad pública.4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, enespecial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y losintereses económicos o comerciales del país.5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórumcalificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causalesseñaladas en el artículo 8º de la Constitución Política.Las leyes dictadas con anterioridad a la vigencia del mencionado articulo 8°, queestablecen casos específicos de secreto o reserva de actos y documentos de laAdministración, deben entenderse vigentes aún cuando no hubieren sido aprobadascon quórum calificado, al amparo de la Disposición Cuarta Transitoria de laConstitución Política.7. ¿Qué pasa si se niega acceso a servicio?Primero, se puede recurrir al Consejo de Transparencia. Luego de la Resolución deéste, a la Corte de Apelaciones.8. Consejo de TransparenciaEs la corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica ypatrimonio propio. Tiene por objeto promover la transparencia de la función pública,fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la 8.
8información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derechode acceso a la información. Entre sus funciones y atribuciones se destacan:a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley y aplicar las sanciones encaso de infracción a ellas.b) Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la informaciónque le sean formulados de conformidad a esta ley.c) Promover la transparencia de la función pública, la publicidad de la informaciónde los órganos de la Administración del Estado, y el derecho de acceso a lainformación, por cualquier medio de publicación.d) Realizar actividades de difusión e información al público, sobre las materias de sucompetencia.9. SancionesRegla General: La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de laAdministración del Estado, requerido, que hubiere denegado infundadamente elacceso a la información, contraviniendo, así, lo dispuesto en el artículo 16, serásancionado con multa de 20% a 50% de su remuneración.10. ¿Qué se aplica a las empresas públicas?Solamente tienen obligaciones de “transparencia activa” y no se les aplica la“transparencia pasiva”, es decir, no están obligadas a responder las solicitudes quecualquier persona les formule para acceder a la información pública de la quedisponen. Se entiende por ésta la que ha sido elaborada con presupuesto público oque tengan en su poder, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación,origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepcioneslegales a la publicidad. En consecuencia, las empresas públicas están obligadas apublicar en sus sitios electrónicos solamente aquella información que la ley les exigeperentoriamente7, la cual, en todo caso, es mucho menos de lo que se exige acualquier otra institución pública.7 Tienen el deber de mantener en sus sitios electrónicos, en forma completa, actualizada y de un modoque permita su fácil identificación y un acceso expedito, los siguientes antecedentes: a) El marconormativo que les sea aplicable; b) Su estructura orgánica u organización interna; c) Las funciones ycompetencias de cada una de sus unidades u órganos internos; d) Sus estados financieros y memoriasanuales; e) Sus filiales o coligadas y todas las entidades en que tengan participación, representación eintervención, cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica; f) La composiciónde sus directorios y la individualización de los responsables de la gestión y administración de la empresa;g) Información consolidada del personal y; h) Toda remuneración percibida en el año por cada Director,Presidente Ejecutivo o Vicepresidente Ejecutivo y Gerentes responsables de la dirección y administraciónsuperior de la empresa. 9.
9IV. Acceso Información Pública y Congreso Nacional1. ¿Qué se aplica al Congreso Nacional?De acuerdo a la Ley N° 20.285 se aplican las reglas de Transparencia Activa (y en lopertinente). Además, la Ley N° 20.447, modificatoria de la Ley N° 18.918 Orgánicadel Congreso Nacional, estableció el deber de éste poder del Estado de adscribirse ala transparencia pasiva.El Senado, luego de la publicación de la Ley N 20.285, modificó su Reglamento,adscribiendo voluntariamente a la transparencia pasiva. Se estableció que era deberdel Secretario General dar, o no dar, acceso a la información de la corporación. Sedispuso que la Comisión de Ética y Transparencia fuese la última instancia ante losreclamos por eventuales negativas de entrega de información.2. Contenidos de transparencia activa para Congreso NacionalLa Transparencia Activa implica para el Congreso Nacional el deber de mantener adisposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos,determinados antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes. En lo pertinentedel listado del artículo 7 de la ley, el Congreso Nacional, deberá publicar:a) Estructura orgánica.b) Facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganosinternos.c) El marco normativo que le sea aplicable.d) Planta del personal con remuneraciones, personal a contrata con remuneracionesy personal a honorarios con remuneraciones.e) Las siguientes contrataciones: suministro de bienes muebles; prestación deservicios, para la ejecución de acciones de apoyo; prestación de servicios para laejecución de obras, y estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectosde inversión,En todos los casos se deberá identificar los contratistas, y los socios y accionistasprincipales de las sociedades o empresas prestadoras.En el caso de esta información: Si se trata de adquisiciones y contratacionessometidas al Sistema de Compras Públicas, se deberá incluir en página webinstitucional, un vínculo al portal de compras públicas, a través del cual deberáaccederse directamente a la información correspondiente al respectivo servicio uorganismo.Las contrataciones no sometidas a dicho Sistema deberán incorporarse a un registroseparado, al cual también deberá accederse desde el sitio electrónico institucional. 10.
10f). Transferencias de fondos públicos que se efectúe, incluyendo todo aporteeconómico entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o medianteprocedimientos concursales, sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestaciónrecíproca en bienes o servicios.Tratándose de transferencias reguladas por la Ley N° 19.862 sobre Registro dePersonas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, se debe incluir, los registros aque obliga dicha ley, sin perjuicio de lo establecido en artículo 9° de la mismanorma legal. Las transferencias no regidas por dicha ley deberán incorporarse a unregistro separado, al cual también deberá accederse desde el sitio electrónicoinstitucional.g) Actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros.h) Trámites que debe cumplir interesado para acceder a los servicios que presteinstitución. Requisitos que debe cumplir interesado para acceder a servicios.i) Información sobre el presupuesto asignado e informes sobre ejecución delpresupuesto, en los términos previstos en la respectiva ley de presupuestos de cadaaño.j) Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención,cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica.Además, según el artículo sexto transitorio de la ley el Congreso Nacional deberápublicar, la asistencia de los parlamentarios a las sesiones de Sala y de comisiones,las votaciones y elecciones a las que concurran y las dietas y demás asignacionesque perciban. Este principio fue reforzado en la Ley Orgánica del Congreso Nacional,luego de su modificación de 2010.3. Contenidos de transparencia pasiva para Congreso NacionalCorresponderá a cada Cámara legislativa, y la Biblioteca del Congreso Nacionaldictar sus reglamentos para regular la forma de dar respuesta a los requerimientospor transparencia pasiva. La norma legal establece la obligación de que sean lasComisiones de Ética de cada cámara quienes resuelven los reclamos de losciudadanos ante la negativa (total o parcial) de entrega de información requerida alas autoridades que deban responder las consultas.Las causales de denegación de entrega de información por reserva o secreto son lasmismas que las establecidas en la Ley N° 20.285. Sin perjuicio, de lo anterior, laLey Orgánica del Congreso Nacional, incorporó otra causal toda vez que establece,en su artículo 5ª inciso 8° que los materiales de registro de las secretarías de lascomisiones y de los comités parlamentarios, tales como grabaciones, apuntes uotros instrumentos de apoyo a esa labor, no serán públicos. Al respecto el Tribunal 11.
11Constitucional8 señaló interpretando el sentido del inciso, que: “…sólo se refiere alos insumos necesarios para que tanto las comisiones como los comitésparlamentarios puedan tomar las decisiones que les corresponden en ejercicio desus funciones.”.V. Evaluación de la Ley N” 20.2851. Consejo para la TransparenciaA menos de un mes de entrada en vigencia de la Ley N° 20.285 se realizaron variasevaluaciones respecto del cumplimiento de las obligaciones de transparencia activapor parte de las instituciones públicas. El Consejo para la Transparencia entregó suprimer reporte el viernes 24 de abril de 2009 donde fiscalizó a 136 instituciones dela administración central del Estado9.La evaluación arrojó un 87% en el nivel de cumplimiento formal y básico que exigela norma, luego de que entrara en vigencia la Ley. El informe también dio cuenta de31 instituciones -de un total de 131- que alcanzaron el 100% de cumplimiento delos ítems expresados en el instructivo sobre transparencia activa.En la medición, siete instituciones públicas estuvieron por debajo del 50% decumplimiento.La categoría que tuvo menor desempeño fue la de "Marco normativo", lo queentrega señales sobre la dificultad de traducir información técnica de insumosciudadanos.El consejo alertó sobre la dispersión en los mecanismos disponibles para la solicitudde información, ya que un 24% de los sitios medidos posee un sistema propio condiversos formatos y exigencias.El Consejo, en abril de 2010, dio a conocer el Estudio de Mide-UC10, sobreconocimiento de la ley, y posicionamiento de la misma, elaborado a petición delConsejo para la Transparencia, para el período entre noviembre de 2009 y febrerode 2010.De acuerdo a la investigación, existirían tres tipos principales de clientes delConsejo: “los clientes potenciales (ciudadanía en general que podría hacer uso de laLey), clientes públicos (funcionarios públicos y los encargados de las unidades detransparencia en las diversas reparticiones) y los clientes privados (aquellos8 Tribunal Constitucional. Sentencia rol 1602-10 de 1 de junio de 2010. Disponible en:http://www.tribunalconstitucional.cl/index.php/sentencias/busca_eras/2010/?page=6 (Agosto, 2010).9 Disponible en:http://www.consejotransparencia.cl/prontus_consejo/site/artic/20090512/pags/20090512172503.html(Agosto, 2010).10 Consejo de Transparencia: “CPLT realiza primer estudio de conocimiento de la Ley de Transparencia yposicionamiento institucional”.Disponible en: http://www.consejotransparencia.cl/cplt-realiza-primer-estudio-de-conocimiento-de-la-ley-de-transparencia-y-posicionamiento-institucional/consejo/2010-03-31/152401.html (Agosto, 2010). 12.
12ciudadanos que de abril de 2009 a la fecha han recurrido al Consejo con un Reclamoo consulta.”El estudio determina que “sólo 20% de los chilenos saben que existe una ley que lespermite acceder a información de los organismos públicos y el 29% declara saberque durante 2008 se promulgó una Ley de Transparencia”. Luego, indica que “sóloel 18,7% declara haber escuchado hablar del Consejo para la Transparencia. Sinembargo, aquellos ciudadanos que no conocen el CPLT, cuando se les explica su roly características, muestran una excelente percepción valorando especialmente sucarácter autónomo, ya que lo interpretan en términos de independencia política”.Asimismo, el Consejo informó en junio de 201011, que desde el 20 de abril de 2009,hasta el 19 de Junio de 2010, ingresaron al Consejo un total de 1.070 casos. El25,9% de ellos son causas contra las municipalidades (278 casos).Entre el 20 de abril y el 31 de marzo de 2010 se terminaron un total de 872 casos,esto corresponde al 81% del total de los Reclamos y Amparos.2. Comisión de Probidad y Transparencia del GobiernoLa Comisión de Probidad y Transparencia del Gobierno, mes a mes publica uninforme estadístico de solicitudes (de 279 órganos y servicios) sobre la Ley N°20,285. Para el mes de julio de 201012 se informa lo siguiente:a. Desde 20 de abril de 2009 a julio de 2010, se han presentado 44.263 requerimientos de información.b. De éste global, el Ministerio de Defensa Nacional, ha recibido 7.600 solicitudes; Trabajo y Previsión Social, 6,900; Educación, 4.468; Hacienda, 4.448; Economía, 3.998, y otros ministerios: 16.669.c. En el mes de julio de 2010, ingresaron 3.587 requerimientos de información.d. La distribución de solicitudes por área del Gobierno es la siguiente: 719 ingresos para ministerios políticos; 1.631 para ministerios económicos, y 1.237 para los sociales13.3. Corporación ParticipaEn agosto de 2009, a 100 días de la vigencia la Ley, la corporación Participa realizóun Segundo Monitoreo14, constatando que gran parte de estas instituciones aún11 Consejo de Transparencia: “Casos procesados en el CPLT desde abril de 2009 al 19 de junio de 2010.Disponible en: http://www.consejotransparencia.cl/casos-procesados-en-el-cplt-desde-abril-de-2009-al-19-de-junio-de-2010/consejo/2010-07-30/145524.html (Agosto, 2010).12 Comisión de Probidad y Transparencia. Informe 16. Julio 2010. Disponible en:http://www.probidadytransparencia.gob.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=7 (Agosto, 2010).13 Las clasificaciones son de la Comisión, y se encuentran en página 8 del Informe 16.14 Corporación Participa. “A 100 días de la ley de Transparencia, instituciones aún siguen “al debe”.Disponible en: http://www.participa.cl/archives/1434 (Agosto, 2010). 13.
13siguen “al debe”, y que en algunos casos, no han hecho ningún avance desde el díaen que este cuerpo legal entró en vigencia. Este monitoreo, fue aplicado a 46Servicios Públicos, 20 Ministerios, 4 servicios dependientes del MIDEPLAN, 6Consejos, 8 Comisiones, y 9 superintendencias.En promedio, las instituciones monitoreadas publicaban en su web el 92% de lainformación que la ley los obliga, y solamente el 79% de la información del área deParticipación Ciudadana. “Esto significa que el 21% de la información que debierapublicarse en este ámbito, es decir, más de un quinto, simplemente no está adisposición de los ciudadanos”.En todas las instituciones auditadas, el ítem más bajo es el de ParticipaciónCiudadana, donde se detallan las políticas orientadas a la comunidad, las instanciasformales creadas para recoger la opinión de las personas y las cuentas públicasanuales de las instituciones.Los Ministerios cumplían en un 95%. Siendo una conclusión relevante, que ningúnministerio revela los criterios de adjudicación de sus adquisiciones, ítem que por leydebe ser transparentado.Las demás instituciones fiscalizadas (Servicios dependientes del MIDEPLAN,Consejos, Comisiones, y Superintendencias), presentaban en general uncumplimiento menor que el de los ministerios, alcanzando un promedio de 91%.Entre las instituciones de menor cumplimiento se encontraban los Consejos(Consejo de Calificación Cinematográfica, Consejo de Defensa del Estado, Consejode Rectores de las Universidades Chilenas, Consejo Nacional de Televisión, ConsejoNacional de la Cultura y las Artes y Consejo Superior de Educación), que alcanzanun 86% de los ítemes que la ley les obliga a transparentar.Nuevamente, el área de Participación Ciudadana es la que presentaba un menorcumplimiento, alcanzando su piso en las Comisiones, donde llega solamente al 69%de lo requerido por ley.La CONAMA era el único órgano auditado que cumplía con el 100% de los ítemesque la ley les obliga a publicar en la página web.3. Comisión de Defensa Ciudadana15Tras la puesta en marcha de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparenciainvitó a una serie de representantes de la sociedad civil, a analizar y compartiropiniones sobre la iniciativa. Durante este encuentro se puso mayor énfasis en dosaspectos de la nueva ley: el plazo que habrá para emitir resoluciones en caso quealgún organismo no de cumplimiento a la norma, y la claridad de los fallos orespuestas que se entreguen a los ciudadanos.15 Comisión de Defensa Ciudadana. “Evaluación de Ley de Transparencia”. Disponible en:http://www.comisiondefensoraciudadana.cl/noticia/ficha_noticia.php?noticia_id=228 (Agosto, 2010) 14.
14Respecto de los plazos, el principal reclamo que acogió la Comisión, es que losservicios no responden en un tiempo prudente las quejas o interrogantes que lesformulan los ciudadanos.Frente a esta inquietud, durante el encuentro el ex presidente del Consejo para laTransparencia, Juan Pablo Olmedo, respondió que de acuerdo con la norma queregula la ley, hay un plazo de 5 días para entregar una respuesta a quienes se lesniega la información. Sin embargo, precisó que el Consejo está facultado paraestablecer un período de prueba y, además, existe la instancia de la audiencia, en lacual se revisan las resoluciones “y sobre eso no hay plazos”. El abogado espera,basado en experiencias internacionales, que contando todas las etapas antesdescritas, un fallo debiera ser emitido como máximo en 6 meses.Otro aspecto que preocupaba, es que la información que entreguen los servicios seaentendible para todos los ciudadanos. Al respecto, la presidenta de la ComisiónDefensora Ciudadana manifestó que es fundamental capacitar a los funcionariospúblicos, para que los datos que se proporcionen estén en “lenguaje ciudadano”.Sobre este punto, el presidente del Consejo para la Transparencia explicó que habráun período de un año para evaluar el funcionamiento de la ley, de tal manera “quehay un espacio para poder ir haciéndole las correcciones necesarias, para que lainiciativa sea accesible a todas las personas”.4. Transparencia Activa MunicipiosEl Instituto Chileno de Estudios Municipales (ICHEM) realizó un estudio sobre“Transparencia Activa Municipal”16, en un proceso de evaluación que se desarrollóentre mayo y julio de 2009, considerando el análisis y búsqueda de todos los sitiosweb municipales operativos en la fecha de evaluación y la existencia de informacióny documentación que cumpliera con la Ley N° 20.285.Lo más significativo del Estudio es que mide los cien primeros días de la puesta enmarcha de la Ley N° 20.285, revelando que existían una gran cantidad demunicipios que no están en condiciones de cumplir con los nuevos requerimientosciudadanos ni de garantizar con la mejora en la calidad de los servicios.Específicamente con la investigación se detectó que un 91% de las municipalidadestenían habilitado un sitio web y el otro 9% no tenían presencia en Internet.El grado de cumplimiento respecto del tipo y la calidad de los datos que debenexhibir era bajo, y consistía principalmente en las listas de funcionarios, las planillasy los actos y resoluciones de la alcaldía. Entre los aspectos más deficitarios,estaban la existencia de mecanismos de participación ciudadana, resultados deauditorías internas, vínculos con otras instituciones y acceso a la información.16 Instituto Chileno de Estudios Municipales. “ICHEM Realiza Estudio sobre Transparencia ActivaMunicipal”. Disponible en:http://www.ichem.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=263:ichem-realiza-estudio-sobre-transparencia-activa-municipal&catid=49:2009&Itemid=136 (Agosto, 2010) 15.
155. Nivel de Cumplimiento Empresas Públicas17La Fundación Jaime Guzmán, realizó una evaluación a las empresas públicas, portener un estatuto de transparencia diferente al del resto de la Administración delEstado. Se analizaron 33 empresas matrices y no a sus filiales o coligadas, seevaluó el cumplimiento de cada una de las ocho exigencias que plantea el artículodécimo de la Ley Nº 20.285.Todas las empresas públicas evaluadas tienen sitios electrónicos y mantienen enellos información disponible relacionada con las exigencias de la Ley N° 20.285,aunque muchas no respetan las recomendaciones sobre la forma de sistematizar lainformación para facilitar el acceso o sobre la actualización que debe ser mensual.El promedio de cumplimiento que presentan entre las 33 empresas es de un 81,1%.No obstante, sus niveles particulares de cumplimiento fueron muy distintos. Enefecto, el nivel de cumplimiento de sus exigencias de “transparencia activa” fluctúaen un rango que varía entre un 37,5% y un 100%.Hay sólo ocho empresas (de las 33) que presentan un 100% de cumplimiento, esdecir, que cumplen a cabalidad con todas las exigencias de la ley. Estas son: ENAP,TVN, CODELCO, Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A., EMAZA,SACOR Ltda., SASIPA y Empresa Portuaria de San Antonio.Todas las otras 25 empresas del Estado evaluadas cumplen sólo parcialmente conlas obligaciones exigidas por la ley. Hay sólo dos ámbitos en que todas las empresaspúblicas evaluadas cumplen con el 100%: - la información sobre su “estructura orgánica u organización interna” y - la información sobre “la composición de sus directorios y la individualización de los responsables de la gestión y administración de la empresa”.Todos los demás ítems presentan cumplimientos parciales, destacando por su bajonivel: - la información sobre “el marco normativo aplicable a la empresa” y - la información sobre “todas las remuneraciones percibidas en el año por cada Director, Presidente Ejecutivo o Vicepresidente Ejecutivo y Gerentes responsables de la dirección y administración superior de la empresa”, pues ambos tipos de información presentan un nivel de cumplimiento de sólo un 60,6%.17 Fundación Jaime Guzmán. “Evaluación del nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparenciaactiva que tiene las empresas públicas”. Disponible en:http://www.fjguzman.cl/busqueda_documentos.php?id=10265 (Agosto, 2010). 16.
16VI. Evaluación de la Ley N° 20.285. Mejoras eventuales según Chile TransparenteDe acuerdo a Chile Transparente, el Consejo para la Transparencia18 tiene algunosdesafíos pendientes como, la delimitación de las causales de reserva y la falta deprocedimientos legales para procedimiento para solicitar información a ciertasinstituciones públicas.En relación a las causales de reserva, la Ley N° 20.285, incorporó el “test dedaño19” como uno de los criterios para resolver la aplicación de las excepciones alprincipio de la publicidad. Al efecto, el artículo 21 de la Ley establece la posibilidadde negar el acceso a la información, ya sea total o parcialmente “cuando supublicidad, comunicación o conocimiento afecte…”.La incorporación en el test de daño de elementos que permitan determinar si ladifusión de la información causará un daño específico a los bienes jurídicos tuteladospor la ley requerirá del Consejo para la Transparencia una argumentación correcta ypersuasiva, particularmente si espera incidir en la incorporación de una sólidaconstrucción dogmática que modifique la actual línea de la jurisprudencia.Para Chile Transparente, si no se satisface este desafío, las resoluciones del Consejono generarán la atención pública que una ley de estas características requiere, y susdecisiones estarán permanentemente sujetas a una revisión posterior.La legislación sólo se aplica a cabalidad a los órganos de la Administración delEstado, pues el legislador dejó fuera del ámbito de competencia del Consejo a losórganos autónomo-constitucionales precitados. Luego, las personas que deseenreclamar la violación de su derecho al acceso a la información por parte de estosórganos deberán hacerlo ante las Cortes de Apelaciones.Según Chile Transparente, por una parte, no existe procedimiento legal alguno para“solicitar” información ni para “reclamar” por su denegación cuando este derechosea ejercido ante el conjunto de empresas ligadas al Estado, los tribunales queforman parte del Poder Judicial y otros tribunales especiales; y, por otra parte, noexiste procedimiento legal para “reclamar” por la denegación de acceso a lainformación que efectúen el Tribunal Constitucional y la Justicia Electoral.Por tanto, para Chile Transparente era deber de los órganos sujetos al régimenespecial de transparencia crear los mecanismos y procedimientos que aseguren elejercicio de este derecho fundamental, excluyendo toda exigencia o requisitos quepuedan obstruir o impedir su ejercicio.18 Op Cit (Tello)19 Teoría del "test de daño": ponderación de los valores en conflicto: acceso a la información vs.seguridad personas, para determinar si el primero pone en riesgo el segundo, y por ello puede haberreserva de acceso temporal. (Decisión Amparo N°A45-09. Consejo para la Transparencia) 17.
17VI. Interpretación legal del Consejo de la TransparenciaEn el proceso de puesta en marcha de la Ley N° 20.285 el Consejo para laTransparencia ha realizado una labor de interpretación legal, a través de laresolución de amparos y reclamos que ha recepcionado, estableciendo lo que se hadenominado su "jurisprudencia fundacional"20.De acuerdo al Consejo, en esa labor interpretativa ha observado siempre como“principio rector el de la publicidad de la información en poder de los órganos delEstado y el de transparencia de la función pública, aplicando, en cuanto excepcionesal principio general, las causales de secreto o reserva previstas en la Ley. Dado quela fórmula usada por el legislador ha sido la utilización de causales más biengenéricas, precisadas por la vía ejemplar, es que el Consejo ha debido abordar cadauna de ellas limitándolas y justificándolas mediante la interpretación”.La labor interpretativa de las disposiciones de la Ley N° 20.285 la ha realizado elConsejo fundamentalmente en dos vertientes principales:- “A través del conocimiento y resolución fundada de los reclamos por denegación de acceso a la información y por infracciones a los deberes de transparencia activa (artículos 8, 24 y 33 b) de la Ley N° 20.285); y- A través de la dictación de instrucciones generales para el cumplimiento de la Ley N° 20.285 y la formulación de recomendaciones a los órganos de la Administración del Estado tendientes a perfeccionar la transparencia de su gestión y a facilitar el acceso a la información que éstos posean (artículo 33 d) y e) del mismo cuerpo legal)”.Respecto del ejercicio de las atribuciones legales, el Consejo ha dictado 9instrucciones generales: sobre presentación de reclamos en Gobernaciones; sobredesignación de enlaces; acerca del el índice de actos y documentos calificados comosecretos o reservados, estableciendo los criterios básicos sobre estas materias, ysobre transparencia activa, en general.El Consejo considera que producto de esta sistematización aparecen una serie dedesafíos futuros, entre los que se consideran los siguientes: archivos documentales;pertinencia del traslado para la oposición de terceros, a que se refiere el artículo 20de la Ley N° 20.285, cuando éstos son muy numerosos; no invocación oportuna yadecuada de defensas y causales de reserva por parte de los servicios reclamados;oportunidad procesal de prueba de las causales de reserva invocadas; elaboración ygeneración de información pública; judicialización de reclamos; invocaciónautónoma del artículo 21 N° 2, sin oposición de terceros; costos directos dereproducción para la entrega de información; reenvío de competencia de acuerdo alartículo 13; aplicación del artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.285.20 Consejo de Transparencia. “A seis meses de la Ley”. Disponible en:http://www.consejotransparencia.cl/a-seis-meses-de-la-ley/consejo/2009-10-26/172327.html (Agosto,2010) Recommended
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References: resolución 
 artículo 8
 artículo 51
 artículo 8
 Resolución 
 artículo 16
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 21
 resolución 
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 1