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Timestamp: 2017-01-25 01:47:05+00:00

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AÑO lXXVII N° 231
SUMARIO: I. Introducción.- II. Antecedentes históricos del deber de fundar.- III. Distinción entre fundar y motivar sentencias.- IV. Conceptualización del deber de fundar.- V. Razones que avalan la
necesidad de fundar los pronunciamientos judiciales.- VI. El deber de fundar a tenor de la jurisprudencia y de la doctrina.- VII. Conclusión.
El juez, como órgano de la jurisdicción, no puede dejar de emitir una decisión sobre el conflicto que se le plantea, pues tiene el deber de juzgar, a tenor del art. 15 del Cód. Civil al imponerle: “Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes”; de modo que el magistrado le está prohibido recurrir al non liquet (“no lo veo claro; y como no lo veo claro, no sentencio”) contemplado en el derecho romano (1) o enviar el caso al superior previsto en el Fuero Juzgo y en las Partidas (en dichos casos era elevado al rey). Y ello es así, por cuanto es imperativo el deber de administrar justicia, de decidir las causas judiciales. La decisión es un elemento estructural del proceso, que puede ser entendido como un mecanismo intrínsecamente dirigido a producir una decisión. Ineludible consecuencia del poder-deber de decidir, surge el deber de fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria que dicten los magistrados, conforme lo imponen los arts. 34 inc. 4, 161, 163 inc. 5 y 164 del C.P.C.C.N., encontrándose excluidas, por ende, las providencias simples (art. 160). (2) en distintas fuentes estatutarias, particularmente en Florencia y prevista en Nápoles en 1774, por el famoso dispaccio de Tanucci, que sin embargo no llegó a ser aplicado. (5) Pero es a partir de la Revolución Francesa que la tendencia “pro motivacionista” se vigoriza, especialmente a partir del art. 94 de la Constitución de 1793, al contemplar que los jueces “motiven sus decisiones”; y, ya más puntualmente, la Constitución de 1795 que en su art. 208 impone que las sentencias debían enunciar los términos de la ley que aplicaren. (6) Y este presupuesto liminar de todo pronunciamiento judicial se trasladó a todas las legislaciones modernas. Chile reaccionó tempranamente y, mediante ley del 2 de febrero de 1837, dispuso que “toda sentencia se fundará breve y sencillamente”, por cuanto se consideró que es una de las principales garantías de la rectitud de los juicios. (7) Dejó de ser únicamente una regla de carácter técnico, para convertirse en objeto de una garantía fundamental de la actividad jurisdiccional. En nuestro país logró imponerse paulatinamente a partir de la Constitución Nacional sancionada en 1853, pues con anterioridad predominaba la no motivación de las sentencias, con excepción de las decisiones que adoptó el Tribunal de Recursos Extraordinarios de la Provincia de Buenos Aires (18381852), que fueron suficientemente fundadas. (8) No obstante ningún dispositivo de nuestra Carta Magna lo incluye expresamente -sí lo hacen algunas constituciones provinciales(9), a diferencia de la italiana (art. 111, inc. 6º). Este deber surge indirectamente de las normas constitucionales que consagran los derechos de propiedad, de defensa en juicio, del debido proceso y del más genérico del valor justicia, enunciado en el Preámbulo de la Constitución.
El deber de fundar los pronunciamientos implica una labor rigurosa, selectiva, un obrar agudo y sagaz, que obliga a una aﬁnación creciente y abarcativa, capacidad de discernir para descartar las pruebas inconducentes y los argumentos superﬂuos y obtener un fallo basado en la realidad de los hechos litigiosos que conﬁeran punto ﬁnal a un conﬂicto en un marco de paz con justicia, sin olvidar la interpretación previsora o consecuencialista como método válido para despejar el camino justo a seguir tanto en la interpretación de la ley como de la Constitución.
La actividad jurisdiccional contiene el poder de dictar pronunciamientos judiciales , que -según los casos- pueden ser providencias simples , que tienden al desarrollo del proceso u ordenar actos de mera ejecución (art. 160 del C.P.C.C.N.), pueden ser dictadas por el juez, secretario u oficial primero y ser clasificadas, conforme ocasionen o no gravamen irreparable; sentencias interlocutorias , que resuelven cuestiones planteadas durante el curso del procedimiento y por ello requieren sustanciación (art. 161), no resuelven el mérito o fondo del asunto, sin embargo, en ciertas condiciones, algunas de ellas pueden poner fin al proceso, en cuyo caso se asimilan a las sentencias definitivas a los fines del recurso extraordinario; sentencias homologatorias (art. 162) que recaen en los supuestos de desistimiento del derecho (art. 305), cuando convalida la transacción del objeto litigioso (art. 308) o los acuerdos conciliatorios (art. 309), y sentencias definitivas , que deben satisfacer las exigencias del art. 163 y pueden ser clasificadas en declarativas, de condena y constitutivas.
de matiz importante, puesto que mientras lo primero apunta preferentemente a la norma, lo segundo lo hace a la conducta, a la modalidad axiológica de la relación intersubjetiva cuya valoración, referida o enmarcada en aquélla, conduce al encuadre decisorio. Son, por tanto, dos tiempos distintos en la actividad del juzgador, muchas veces difícil de escindir, pero que de todos modos corresponde separar, al menos intelectualmente, para la mejor solvencia técnica de aquel encuadre. Y aquí parece ser suficientemente ilustrativa la jurisprudencia de la Corte Suprema...toda vez que tan alto tribunal invariablemente viene exigiendo no sólo la fundamentación legal de las sentencias, sino el cabal examen objetivo del material de conocimiento propuesto”. (10) Bidart Campos afirmó que la fundamentación y la motivación -razonada y razonablemente expuestas por el juez- explican por qué el caso se resuelve como se resuelve, o sea, por qué la decisión es la que es y dónde se halla sustento. (11) Alvarado Velloso se adhiere al distingo en cuestión, pues estima que “la exigencia constitucional no se cumple tanto en el caso de una sentencia fundada -es decir, con la correcta invocación de la norma aplicable-, pero que prescinda del razonamiento lógico que fue menester para su aplicación, como en el caso en que, aun cumpliendo a cabalidad esta actividad, se obvia despreocupadamente toda referencia legal”. (12) Más allá de considerar que la distinción apuntada no es terminante ni rígida (13), y ha desaparecido en la realidad tribunalicia, adhiero a la sólida argumentación de Clemente Díaz al afirmar que dicha “diferenciación pierde importancia en cuanto se observa que la motivación judicial no puede ser independiente de la fundamentación legal: el juez, al dar los motivos de su decisión, no podría apoyarse pura y exclusivamente en los hechos o en las normas, pues si hiciera lo primero, prescindiendo de las normas, se estaría transformando en legislador; y si se apoyara en aquéllas prescindiendo de los hechos, convertiría la sentencia en una obra de investigación o de doctrina”. (14)
II. Antecedentes históricos del deber de fundar
Es sabido que en el Derecho Romano el iudex no estaba obligado a motivar sus pronunciamientos, aunque en la práctica se acostumbrase dar las razones del fallo. Séneca recomendaba no motivar las sentencias por creer que “daba mayor autoridad a los fallos y que los revestía del carácter de oráculos de la justicia”. (3) La Partida III, título XXII, ley 5, disponía que el juez debía fallar con arreglo a derecho “por buenas et apuestas palabras que se puedan bien entender”, pero posteriormente Carlos III, por Real Cédula del 13 de junio de 1778, reproducida en la ley 8, título XVI, libro II de la Novísima Recopilación, ordenó cesar la práctica de motivar las sentencias “para evitar cavilaciones a los litigantes, y por el mucho tiempo que se consume en la extensión de las sentencias...”. (4) La obligatoriedad de la fundamentación de las sentencias nace en opinión de Taruffo
III. Distinción entre fundar y motivar sentencias
Parte de la doctrina distingue entre fundar una sentencia (esto es, su apoyatura en normas de derecho positivo) y motivar (apreciación crítica de los presupuestos fácticos invocados y de las pruebas producidas). Passi Lanza sostuvo que “Existe una diferencia
nOtA A fAllO. Impugnación del acto administrativo y admisibilidad de la demanda
Derecho a la SalUd. Medicina prepaga. Reaﬁliación de una usuaria y su grupo familiar. Omisión de denuncia del estado de gravidez. Falta de prueba de la omisión dolosa. (CNCiv.)...............................................................................................................................6 QUieBra. Veriﬁcación con fundamento en pagarés. Necesidad de probar la causa para evitar el concilio fraudulento. (CNCom.).................................................................................7
Fabián Rodinó............................................................................................................................... 4
JURIsPRUDEnCIA IMPUgnaciOn del acto adMiniStratiVo. Vía judicial. Presupuestos para la procedencia del reclamo de daños por el obrar ilegítimo de la administración. Resolución de un compromiso de compraventa de predios ﬁscales. (CS).......................................................4
167. Aunque debe aclararse que “los jueces no están obligados a resolver todas las cuestiones propuestas por los
. Buenos Aires. Su relevancia es puesta de manifiesto magistralmente por Calamandrei cuando expresó “que los motivos son algo así como las venas que llevan la nutrición lógica a ese acto de voluntad que es la sentencia”. (31) d) Dedicación judicial. 1944. “Derecho y Proceso”. “El Juez. especialmente. p. de Ayerra Rendin. p. Gian A. MICHELI. (22) GOLDSCHMIDT. debe acreditar que su criterio para la decisión del litigio es compartido por otros (entre ellos. David.A. p.. 1941. 1949-II-284. Va de suyo. “Instituciones de Derecho Pro-
(23) SAGÜÉS. 863). en “Proceso y Democracia”. que se calificara a la motivación como “espejo revelador de los errores del juzgador”. (25) CUETO RÚA. 499 (18) TARUFFO.D.. Louis.”. pub. a) Justicia. 97-945. Abeledo-Perrot. y una vez que éste tenga la convicción acerca de la verosimilitud de aquellos. (12) ALVARADO VELLOSO. dado que facilita la tarea de reexaminar la decisión impugnada. (15) En la teoría sustentada por Savigny (“Tratado de Derecho Romano”. p. Néstor P. 269. 2000..D.. por coincidir con el sentido de justicia inmanente del caso. pp. Sta. que lleva a cabo como actividad previa e inescindible de toda decisión judicial. ob. Buenos Aires. Chile. Tº II-A. Miguel A. 2010. no tenemos duda que el deber de fundar los fallos fomenta la integridad de la Magistratura. tal deber actúa en buena medida como “una garantía de fundamental significación en la imparcial y correcta administración de justicia”. E. Temis. Buenos Aires. (17) BARBOSA MOREIRA. t. El buen juez da razones lógicas o razones históricas o razones útiles para justificar la sentencia. “Elogio de los Jueces escrito por un Abogado”.D. pub. dado que el conocimiento de los motivos de la decisión facilita la identificación de los errores cometidos por el juez y en cualquier caso de los aspectos criticables de la decisión misma. Buenos Aires. por cuanto es la garantía de los litigantes para el ejercicio de los controles de legalidad y legitimidad de los pronunciamientos judiciales. “Teoría general del proceso”. resulta aplicable para decidirlo. aplicar las normas jurídicas que arriben a una decisión justa. Madrid. citada. a través de sus sentencias. “La crisis de la motivación”. sino también y principalmente Justicia. Ediar. trad. citada. 1997. por legisladores. ya que confiere a las partes la posibilidad de verificar los eventuales y posibles defectos en que ha incurrido el juzgador y que habilitan la deducción de los diversos medios de impugnación. “Una visión realista del Derecho. jueces y juristas). 3 y ss. 2ª ed. Buenos Aires. “Las crisis de la motiva-
cesal. “La función judicial en las primeras épocas de la Independencia”.2 | MarteS 10 DE dicieMBre DE 2013
IV. 34. t. Rubinzal-Culzoni. conforma el imperioso ejercicio del poder-deber de fundar.
ción”. para disfrazar con una fundamentación plausible las verdaderas razones de la decisión. p. Clemente. de Héctor Fix Zamudio. Paris. Ejea. (6) TRIPIER. es decir. II. p. 131 y ss. 1991. pp. 1986.no se conservan inmutables. Fe. “Las decisiones judiciales y su motivación”. 433 y ss. “Tratado. Ponencias en las XXII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal. Cueto Rúa (25) sostiene que la intuición de la justicia preside el análisis de los hechos del caso. “Jurisdicción y competencia”. En definitiva lo obliga a razonar al juez. tomando en consideración las justificaciones aducidas por el juez inferior. el sentenciante debe expresar los fundamentos por los cuales ha considerado que los hechos invocados por las partes resultan acreditados según criterios objetivos y racionalmente controlables. citada.D. (33) CUETO RÚA. Castelleví. “Elaboración de los conceptos de sentencia fundada y motivada y autosuficiente y autónoma”. configura un “reparto autoritario” que necesita legitimarse en algo más que un mero hecho de fuerza (22). y sólo por un restringido grupo de entendidos. Pero también existe una función extraprocesal. LA LEY. 116. 87-384. pero esas razones han sido elegidas por el buen juez. que le permita hacer justicia en el caso. pub. (3) VICENTE y CARAVANTES. (31) SPOTA. 516-518. (23)
La motivación de los fallos reviste especial significación e importancia. (28) TARUFFO. 97-945. de Santiago SENTÍS MELENDO. el juez elegirá aquella conclusión lógicamente o históricamente o pragmáticamente utilizable. por cuanto el derecho no es solamente voluntad o poder. Rev. 4). (27) Ibídem. Julio C. Néstor P. (20) CALAMANDREI. (26) CALAMANDREI. BIELSA. “Lo que debe y lo que no debe figurar en la sentencia”. (10) PASSI LANZA. 92 y 136. es considerada como “garantía esencial de la impugnación”. El deber de fundar los pronunciamientos judiciales impone a los magistrados la exigencia -sea por razones legales como de prestigio. 1968. p. en “Proceso y Democracia”. que sirve para demostrar que el fallo es justo y por qué es justo”. Michele. (17) Todo magistrado en el dictado de sus pronunciamientos debe efectuar el encuadre jurídico de los hechos litigiosos: éstos sólo existirán en el proceso en la medida que aparezcan suficientemente acreditados a través de las medidas probatorias producidas por las partes y el juez. t. Madrid.
En tal sentido. Santiago Sentís Melendo y Conrado Renzi. 131-65. Adolfo. (34)
Según enseña Calamandrei: “la motivación constituye precisamente la parte razonada de la sentencia. La decisión será justa en la medida en que se funde en una determinación verdadera de los hechos del caso. Werner. Francesco. por cuanto hace posible un control externo que tiende a garantizar a los ciudadanos -no sólo a las partes del proceso. p. porque ellas le han permitido decidir con Justicia. Buenos Aires. La fundamentación de la sentencia opera como presupuesto para su impugnación. 2010. p. Julio C. (32) CARNELUTTI.. Buenos Aires. por lo que no basta “enunciar” estos hechos para establecer la verdad de su descripción. (16) A partir de dicha premisa. sino porque las mismas normas -aunque sean intemporales. en “Derecho Procesal Contemporáneo”. y la manera de verificar la conformidad de ella con tales pautas axiológicas es precisamente exponiendo en los fallos el porqué se dictan. Néstor P.y en virtud de que los presupuestos y conceptos que se asientan se encuentran dirigidos a una judicatura honesta. Conceptualización del deber de fundar
La fundamentación constituye un elemento intelectual de contenido crítico valorativo y lógico que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en que el juez apoya su decisión. en cuanto a la aplicación de las normas jurídicas en la especie. citada. (26) En definitiva. por los
Especial para La Ley. Thomson Reuters Puntolex. cit. Piero. (7) MUÑOZ GAJARDO. (14) DÍAZ. 90. 188. 225. Sagüés los argumentos básicos y generales que abonan la fundamentación de las sentencias. Depalma. citada. (2) El Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia. La conclusión debe resultar de la conjugación entre la norma aplicable y el hecho concreto y singular invocado por las partes. (4) ALSINA. (18) En definitiva. en “Proceso y Democracia”. Hugo. de Corrientes exige expresamente fundar no sólo toda sentencia definitiva e interlocutoria. (19) CALAMANDREI. 1989. Los pronunciamientos judiciales no sólo deben resolver las cuestiones sometidas a la decisión de los magistrados. En palabras de Taruffo: “se deben indicar las inferencias probatorias que atribuyen grados adecuados de confirmación a esos enunciados” y “el juez debe proporcionar las razones por las que su decisión pueda aparecer fundada frente un control intersubjetivo de validez y fiabilidad”. 1872. Bogotá. (20) Ello me convence a sostener que las sentencias valen lo que valen las razones en que se apoyan. (24) CALAMANDREI. (5) TARUFFO. Piero. Piero. p. p. Razones que avalan la necesidad de fundar los pronunciamientos judiciales
Con la lucidez que lo caracteriza. ésas son las razones elegidas y expresadas. “Tratado histórico. Gaspar y Roig. Marcial Pons.. de Santiago SENTÍS MELENDO. El deber de fundamentación impone al juez actuar conforme a derecho impidiéndole exhibir un comportamiento antijurídico ante la sociedad. Néstor P. en “Proceso y Democracia”.. “Simplemente la verdad”. pp. “El Foro”. capaz e independiente. pp. 131 y ss. Michele. de Maximiliano ARAMBURO CALLE. sino además las providencias simples denegatorias. 1. (33) e) Persuasión. (34) ALSINA. t. Esta elaboración intelectual del magistrado. “La crisis de la motivación”. p. 129130. 515. por cuanto siente el imperativo de justificar su decisión. Por ende. Buenos Aires. trad. Fernando. En el mismo sentido. “El recaudo de la fundamentación como condición de la sentencia constitucional”. 1963. p. (24)
proceso formulario podían eximirse de fallar si no habían formado criterio acerca de quién era el vencedor de la contienda.. trad. el deber de fundar constituye una exigencia constitucional del Estado democrático y republicano de derecho.”. (30) CALAMANDREI. “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”. Buenos Aires. Derecho Procesal 2008-1 “Sentencia”. 97-943. Kraft. Por ello. E. (19) Y precisó: “La motivación constituye el signo más importante y típico de la ‘racionalización’ de la función jurisdiccional”.
V. En primer lugar. p. 1971. deben explicitarse las razones por las que es racional considerar que son verdaderos. 1856. Piero.. b) Control. “La carga de la prueba”. “Justicia y democracia”. 119. p. citada. (8) MENDEZ CALZADA. trad. p. para seleccionar los considerandos relevantes y desdeñar los irrelevantes. no sólo por cuanto el gran volumen normativo genera muchas posibilidades de olvido y fuga de dispositivos vigentes. bajo pena de nulidad (art. Y en segundo lugar. aunque advierte que dicho control se ejerce en pocos casos. “Una visión realista del Derecho. Coordinador Raúl TAVOLARI OLIVEROS. Depalma. inc. Ediar. pues los instrumentos probatorios con el devenir del tiempo se irán haciendo cada vez más difíciles y menos eficaces en su realidad y en su fuerza de convicción. Rafael. ED.la posibilidad de controlar lo que hacen los jueces. que la sentencia debe mostrar que aplica principios de Justicia. 321 y 322. (29) SAGÜÉS. 255. 2009.723) (1) Los jueces romanos de las acciones legales o del
diversos impedimentos que implica reconstruir situaciones pasadas. crítico. 118. LA LEY. p. “Presente y futuro de la Casación civil en Chile”. 1961. las razones que determinan la conciencia del juez son “el alma y el nervio de la sentencia”. p. Abeledo Perrot. 247. pp. podemos distinguir dos aspectos de este poder-deber de fundamentación: el fáctico y el jurídico. 115. filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil. 255-256. Buenos Aires. y b) la motivación de la sentencia es también útil para el juez de la impugnación. Colombia. “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”. J. (9) La Constitución de la Provincia de Santa Fe en su art. Los Jueces y los Abogados”. Sus deberes y facultades”. “La crisis de la motivación”. obtiene aquiescencia de su labor judicial. pub.. la fundamentación “responde a la necesidad de justificar la razonabilidad del mandato judicial: es fuente de justificación de la sentencia”. t. De ahí. según la nueva Ley de Enjuiciamiento”. “Páginas sobre justicia civil”. “Metodología jurídica”. sino que también deben llevar al ánimo de los litigantes la convicción de que han sido considerados todos los aspectos del conflicto y tomadas en cuenta sus respectivas alegaciones.. aportando nuestras propias reflexiones. t.. (11) BIDART CAMPOS. Al decir de Calamandrei. p. Al decir de Goldschmidt la sentencia judicial. lo seguiremos a él en este punto. que está conectada directamente con la impugnación de la sentencia y se articula en dos aspectos principales: a) la motivación es útil para las partes que pretenden impugnar la sentencia. Derechos reservados (Ley 11. pub. en particular. Sergio. p. estamos frente a una función endoprocesal de la motivación de la sentencia. trad. 481. pub. citada. pub. (27) En opinión de Taruffo. pp. 97-944 y ss.. entonces. “Páginas sobre justicia civil”. II. Es fácil advertir las enormes dificultades de dicha labor jurisdiccional. 208-209. (28)
c) Garantía contra la arbitrariedad. Hugo. E. Piero. Santa Fe. Madrid. Sobre el origen y la historia de la regla non liquet véase. y sus significados sufren inevitables transformaciones a tenor de cambiantes experiencias valorativas y el advenimiento de situaciones fácticas innovadoras. E. Buenos Aires.
(13) SAGÜÉS. 1960. párrafo 291) y aceptada con algunas reservas por Bonnier (“Tratado de las Pruebas”.. José de. II. Tº 1. preside la elección de la norma jurídica general cuyo sentido. que son inconfesables” e invocó como basamento de dicho aserto al jurisconsulto alemán L. José C. 146. Daniela Accatino Scagliotti. trad. (21) SAGÜÉS. citada. citado por SA-
GÜÉS. deben estar justificados. Ejea. 2. pues el juez aplica normas jurídicas a determinado hecho o conjunto de hechos. Marcial Pons. Ello es así. que actúa como un “anticuerpo” ante la tentación del despotismo judicial. 293. Germán J. Alberto G. 97-944. 1982. (30) Pero sin desconocimiento de la realidad tribunalicia -en la que conviven magistrados idóneos y responsables con mediocres e incapaces. citada. (15) DE LA RÚA. (29) Aunque nos advirtió Calamandrei que puede suceder que “la motivación llegue a ser una pantalla que sirva para esconder los diversos móviles de los cuales ha nacido la parte dispositiva. Losada. Michele. Néstor P. por cuanto es la manera de como el magistrado.a articular una explicación atendible a la decisión adoptada. 95 establece: “Las sentencias y autos interlocutorios deben tener motivación suficiente”. (16) LASCANO. Luis. que habitualmente es un acto del poder estatal. “Constitutions qui ont régi la France depuis 1789”. pub. I. Bendix autor de “un trabajo sutilísimo de psicología y de lógica judiciales dirigido a descubrir bajo la fundamentación aparente la motivación verdadera”. p. Es la Justicia la que apoya a la lógica o a la historia o a la utilidad de la decisión de la justicia.
Noelia c. Buenos Aires. Serie C Nº 193. 78) (55) y e) teniendo en cuenta que el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes.1994. en cuanto servidores de derecho y para la realización de la justicia.”.A. citada. y la sentencia ha hecho correcto examen crítico y evaluatorio del complejo fáctico y del derecho que apropiadamente lo regula. de fondo y de forma. debe tenerse presente que es tarea ineludible de los jueces lograr una adecuada armonización de los preceptos normativos. “La crisis de la motivación”. y no limitándose a aplicar estrictamente la doctrina de la Corte en uno de sus precedentes (49). ob. Alfredo E.. p. y no hay mejor ejemplo que el de un tribunal que se dedica a examinar las razones en las que se sustentan los derechos de los litigantes. ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales (42).”.1982.. con inigualable cualidad docente señaló algunas pautas a seguir por los magistrados: (57) “si se observó la conformación del proceso justo (defensa en juicio). 61. la vanguardia y las aperturas en la tutela de los derechos humanos. 302: 373. 31 de la Constitución Nacional: “Esta Constitución. 315: 29. una clase determinada. proporciona a los justiciables la posibilidad de criticar las mismas y lograr en nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores (párr. 90). en el que el juez ejerce sus funciones jurisdiccionales por delegación de la soberanía que reside originariamente en el pueblo y que tiene derecho a controlar sus actos. J. (35) A través de la motivación de los fallos se debe procurar a las partes y a la sociedad en general una justificación adecuada sobre cuáles fueron las razones que ha tenido el juez para adoptar la decisión en los términos que se la pronuncia. (39) CSJN. Sala VI.11.12. 1994. p.. (45) Fallos: 281: 146.11. 22 de la Ley Fundamental han debido incorporar a su cantera motivadora las normas contenidas en las Declaraciones. Araujo. Sala VI. Néstor P. “Tratado. diferentes a las que tradicionalmente constituían su arsenal informativo. (41) CSJN.1983 “Comisión Municipal de la Vivienda de la ciudad de Bs. nº 1181.. 2009-A. “El proceso justo”. 107-163. (55) Ibídem.10. E. (36) ALSINA. 314: 649. E. pertinente y útil. 4.. pero generando otros. en función de las circunstancias concretas de la causa. como de protección social a las partes. 2010-A. dado que “la misión judicial no se agota con la remisión a su letra. Pacheco.. E. Salomón y otro”.. 29.que interpretan las mismas. LA LEY. Augusto M. es claro al determinar que son deberes de los jueces: “Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria. (50) CNTrab. 98-97. El emporio de papas fritas SRL”. sala C.”. Mario E. Genaro R. 153. razonada y realista) la interpretación que rige las circunstancias comprobadas de la causa a tenor del plexo existente al momento de fallar. 946. LA LEY. las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación. además.5. 3. Tampoco los jueces podrán sustraerse a la influencia de las nuevas coordenadas jurídicas. (47) Fallos: 302: 1284. “C. As.4. pub. Josep. y si es correcta (lógica. 107-163. c. el cuerpo constituyente democrático. sin dudas. 301: 489. 231974-83. con nota de José S.. el Estado.D. y sobre esa base realizar una aplicación automática para la generalidad de los casos de soluciones particularísimas. 717. 283: 2239.10. y otro”.2003.. sentencia del 27. en los siguientes casos.. es lícito indagar lo que quieren decir jurídicamente” y “si bien no cabe prescindir de las palabras de la ley. “La lucha por el Derecho”. no pueden prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma”. con un criterio propio. 2001. c. g) Régimen republicano. 2008-D. (50) Nos advirtió Morello que al no ser la Corte Federal una Corte Nacional de Casación no puede neutralizar la creatividad.3. SCBs. Bs. su doctrina no es procesal ni sustancialmente obligatoria. “Salinas. párr.. y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática (párr. 9. y 3º y 6º de la ley 4055”. medió una adecuada valoración de la prueba gestionada. Salomón y otro”. En un estudio ulterior.. (44) CSJN. de Telecomunicaciones y Seguridad SRL.y esa argumentación es operativa para todos los tipos de gobierno”. (48) Las normas legales exigen que sean interpretadas y que los jueces en sus sentencias determinen su alcance . sino que puede variar según la naturaleza de la decisión. con interesante nota de COLOMBRES. etc. de ahí que urja proteger la credibilidad de las razones jurídicas. motor que empuja la creación jurídica” (Rodolfo von Ihering. entre otros. (45) También ha dicho nuestro Supremo Tribunal que: “por debajo de lo que las leyes parecen decir literalmente. ya
que los jueces. sino de la sociedad toda. b) se prescinde de un texto legal obviamente aplicable al caso sin dar razón plausible para ello. citado por SERRANO ALOU. 960. 1939. 11. f) Ejemplaridad. LA LEY.
(42) Si así no fuera advirtió en “Rey. CNCiv.12. (43) Para una mayor ilustración sobre el tema y la consulta de abundante y enriquecedora jurisprudencia del Alto Tribunal que avalan las causales de sentencias arbitrarias invocadas puede consultarse a CARRIO. (52) Cabe destacar que el art. “El recurso extraordinario por sentencia arbitraria en la jurisprudencia de la Corte Suprema”. asumiendo una jurisdicción más amplia que la que le confieren los arts. Es que como bien lo expresara el entonces magistrado Capón Filas: “Los jueces muchas veces olvidan que están llamados a resolver en el caso particular y de acuerdo a las características particulares del mismo”.2004. en que: a) los jueces se arrogan el papel de legisladores sin sentirse limitados por el orden jurídico.D. porque el proceso se desarrolló normal y regularmente.2008 en el caso “Aptiz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) c/ Venezuela” asienta las siguientes premisas: a) la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión (párr. ya porque afirma y rechaza a la vez un hecho relevante para la solución del caso.2008.MarteS 10 DE dicieMBre DE 2013 | 3
La motivación sirve “para persuadir a la parte vencida que su condena ha sido el necesario punto de llegada de un meditado razonamiento y no el fruto improvisado de la arbitrariedad y de la fuerza”.
(51) MORELLO. Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos. Morello. Un fallo sólidamente fundamentado produce enormes efectos en los valores. si así fuese. c) debe demostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. “Las normas de solidaridad derivada de relaciones de trabajo. 77). LA LEY. Y en esa inteligencia ha considerado como arbitrarias a sentencias por falta de fundamentación normativa suficiente. Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.. “Medina. de modo tal que la aplicación de él no es censurable”. “¿Es el derecho un juego de los jueces?. 1967. II.D. 312: 2507.1. 318: 652. CSJN. por cuanto éstos han de constituir una derivación razonada del derecho vigente y no como producto de su voluntad individual (39). (49) CSJN. Ver también CSJN. por la extrema gravedad de sus desaciertos u omisiones. Fallos: 234: 82. (48) Fallos: 256: 241. e) se funda el fallo en afirmaciones dogmáticas u opiniones carentes de sustentación objetiva o dar un fundamento sólo aparente. 311: 948.. Pacheco..2009. p.1973. (41) Cabe destacar que la Corte Suprema en supuestos excepcionales de arbitrariedad de sentencias ha revisado decisiones de los jueces de la causa en materia del mentado derecho común.. (43) Por otra parte. 1995-D. (44) Cuando se interpreta una ley. 153-419 (30. llevadas a cabo precisamente por los restantes tribunales.8.
(46) Fallos: 263: 227. LA LEY. Suplemento Constitucional. d) se da como fundamento pautas de excesiva latitud en sustitución de normas positivas directamente aplicables. 431. porque.” en 1909. p. 55). ya porque niega en la conclusión lo que se sigue necesariamente de sus fundamentos normativos o fácticos) y g) se cae en excesos rituales o en abusos de forma. y no estimar agotada su función en una mera remisión a la letra de la ley. debe señalarse que el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el art. Necesaria interpretación casuística”. Piero. se debe procurar “dar pleno efecto a la intención del legislador. de S. L.. 22.1974.. J.. La fundamentación de la sentencia debe convencer al perdidoso de su sinrazón. por lo que concluye que las sentencias deben motivarse “por razones de responsabilidad jurídica-política..”.. La exposición de los fundamentos que han determinado la decisión judicial es de esencia del régimen republicano. Fábrica Argentina de Engranajes S. Interpretando dicha norma. 8.A. 23-1974. Plataforma Cero S.D. en las monarquías absolutas. t. Sebastián. ahorrando costos.A. cit. (57) MORELLO. ideas y sentimientos no sólo de la comunidad jurídica. 22. 78) (54). (35) CALAMANDREI. 3. 2010-A. Matices”. c. 321: 1909. ut supra citado.
. Fallos: 236: 27. p. Fallos: 112: 384. como asimismo a la comunidad. d) en aquellos casos en que las decisiones son recurribles.12.. 386 y 387. El respeto por el derecho se inculca fundamentalmente con la acción ejemplificadora..1983. 250: 152.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para salvaguardar el derecho a un debido proceso. y MEROI. J. lo que demuestra que las partes han sido oídas (párr. en las aristocracias. Platense-Abeledo Perrot. con aplicación a las circunstancias comprobadas de la
litigantes. Abeledo-Perrot. “La invocación del “apartamiento” de pronunciamientos de la CSJN por los tribunales inferiores como ‘salvoconducto’ para acceder a la instancia extraordinaria”.As. 117. (53) En el mismo sentido “Caso Tristán Donoso (Panamá)”. la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia dictada el 5. no pueden adquirir validez jurisdiccional. cit. 183. mencionada.. “Landa c. tampoco hay que atenerse rigurosamente a ellas cuando una interpretación sistemática así lo requiera” (46).. los surgidos del deseo insatisfecho de Justicia. 3. Augusto M. aunque la intervención de dicho Tribunal en esos casos no ha tenido por objeto sustituir a aquéllos en temas que les son privativos. LA LEY. 431. computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el resto del ordenamiento jurídico y en particular con las garantías de la Constitución Nacional”. 2010-D. p. párr.que insertara en los casos el precedente indicado. Horacio O. E. 249: 275. (56) LA LEY. Con relación al respeto a la jerarquía de las normas. corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha (párr. que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra. Fernando M. 23. (38) AGUILÓ REGLA. Hugo. 238: 550. El deber de fundar a tenor de la jurisprudencia y de la doctrina
Es reiterada y uniforme la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal al sostener que los jueces tienen el deber de fundar sus pronunciamientos. (47) El Tribunal ha precisado. (56) Si bien no hay una sola fórmula ni un único camino de acceso para vertebrar los fundamentos de un pronunciamiento. p. 75 inc.. no se desembocaría en decisiones que afecten o lesionen lo obrado. sino que aquélla se debió a la necesidad de descalificar los pronunciamientos que. LA LEY. E. 78. (40) CSJN. 70.909-S). Andrea A. “Benítez. Javier G. 78. Sebastián. 331.. CSJN. Forma parte de la labor docente que debe desempeñar el juez en su actividad jurisdiccional. La Plata. ésta surge del art. 2402 y 2547.. (52) CNTrab. citado por SERRANO ALOU.. bastaría una sola computadora gigante. sino sólo las que consideren pertinentes a la solución del litigio”. de la justicia y apego a la ley del pronunciamiento judicial dictado.. “Comisión
Municipal de la Vivienda de la ciudad de Bs. Cía. (36) Sagüés entiende que el juez siempre debe ser responsable ante alguien de quien deriva su poder (el Príncipe. ob. 152. 100 y 101 de la C. Doxa 24. y otros”. pub. Celestino c. (54) Ibídem. bajo pena de nulidad. por cuanto el criterio de ésta con relación a normas de derecho común no puede tener el carácter de definitivo y obligatorio. As. Pactos y Convenciones
aludidas en dicho dispositivo constitucional y los criterios jurisprudenciales de los tribunales internacionales -Corte Internacional de Justicia de La Haya. controlando los motivos por los cuales los jueces actúan. b) es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia. Capón Filas graficó claramente “. “Sobre la Constitución del Estado constitucional”. As. c. CSJN. de lo contrario se convertirían en afirmaciones dogmáticas por estar desprovistas del necesario fundamento que es condición indispensable de las sentencias judiciales. 20.). párr. ELÍAS y Santiago LEGARRE. c) se funda la decisión en preceptos derogados o aún no vigentes. 34 inc.. (51) En el mismo registro. que como el Alto Tribunal no es organismo de casación. Fallos: 304:1912. que “la razonabilidad de las leyes depende de su adecuación a los fines que requieren su establecimiento y de la ausencia de iniquidad manifiesta”. respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia”. el autor citado nos indicó que en el proceso moderno -caracterizado por una participación activa del juezCOntInÚA En lA PÁGInA 4
VI. “podría encontrarse en la necesidad de rever los fallos de todos los tribunales de toda la República en toda clase de causas. (37) SAGÜÉS.A.8.1973. (37) “Nada hay más distorsionador para el funcionamiento del estado de derecho que el hecho que las decisiones judiciales se interpreten como motivadas por razones extrañas al derecho y las argumentaciones que tratan de justificarlas como puras racionalizaciones” (38). f) se incurre en autocontradicción (sea que declara un precepto aplicable y sin embargo no lo aplica..2009. citado por CHAUMET. Rocha. por cuanto por aplicación del art. “Motivación adecuada de la sentencia. 255.N. 77) (53).. 224-650. 27.
causa (40). Al respecto. en “Proceso y Democracia”.
puede percibirse claramente las enormes dificultades que genera satisfacer plenamente el deber de fundar los pronunciamientos. selectiva.549. la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo rechazó. resultan-
do improcedente la acción por daños y perjuicios por la omisión de impugnarlo debidamente en la instancia judicial.
JURISPRUdeNCIA Impugnación del acto administrativo
Vía judicial. LA LEY.146 y su reglamentación. Estado Nacional . “El juez en el proceso. 906.. Estado Nacional .
117.III.ar]
Impugnación del acto administrativo y admisibilidad de la demanda
2. 23. se coincide con el criterio expuesto por el tribunal a quo en cuanto a que la Resolución ministerial N° 1127/00 reviste carácter de definitivo. considerando que la parte actora no ha impugnado la Resolución N° 1127/00 del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente. 1269. especificando que no resulta necesario impugnar el acto administrativo que rechaza el recurso jerárquico. por cuanto ante la eventual carencia de tales recaudos de admisibilidad. “Alcances y límites de la discrecionalidad judicial”. (58)
VII. p.Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente s/ daños y perjuicios” (1) del 24/09/2013. mediante la cual se rechaza el recurso jerárquico interpuesto contra la decisión de la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales en el marco del “Programa Arraigo” (2) de resolver el compromiso de compraventa celebrado respecto de inmuebles ubicados en la localidad de Ezeiza. 23 y 25 de la ley de procedimiento precitada. resulta inoficioso expedirse respecto a los demás puntos que plantea la accionante. -	Dado que el acto administrativo que reviste la calidad de definitivo. la actora resalta como pretensión la reparación de daños y perjuicios invocando la ilegitimidad de la revocación del compromiso de compraventa que afecta derechos adquiridos. de la ley 19. p... Introducción
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expide en los autos “Asociación Mutual del Personal de Obras y Servicios Públicos c. Análisis del caso.. el resarcimiento de los daños por el obrar ilegítimo de la Administración. la adecuada significación de los conocimientos científicos que generan un razonamiento técnico especializado pero
(58) MORELLO. Año XXIII. Provincia de Buenos Aires. Continúa con el criterio jurisprudencial adoptado en Fallos: 319:1476 (3) y 335:742 -entre otros. se destaca que el accionante no ha cumplido las condiciones impuestas en el compromiso de venta ni los requisitos generales previstos en la Ley N° 24. capacidad de discernir para descartar las pruebas inconducentes y los argumentos superfluos y obtener un fallo basado en la realidad de los hechos litigiosos que confieran punto final a un conflicto en un marco de paz con justicia. Conclusión
En atención a las consideraciones expuestas.549.
II. Presupuestos para la procedencia del reclamo de daños y perjuicios por el obrar ilegítimo de la administración. El fundamento medular destaca que el acto administrativo debe tenerse por regular y legítimo (art. Rev. la experiencia. un obrar agudo y sagaz. Sta.. agotando la vía recursiva en sede administrativa. Marcelo J. Recaudos de impugnación judicial del acto administrativo..en el sentido que “. se argumenta que tratándose de un título precario.com.
en el plazo del art.
López Mesa. 2.4 | MarteS 10 DE dicieMBre DE 2013
controlable. criterios doctrinarios y jurisprudenciales transcriptos. en los términos del art. 2010-F.549. sin olvidar la inter-
al tiempo de juzgar la sentencia en el mérito. En la interposición del recurso ordinario de apelación considerado formalmente procedente. En tal sentido. Masciotra. resultaba procedente la revocación del acto inclusive sin brindar la oportunidad a la parte actora de cumplir con su obligación. Introducción. Por otra parte. “De las buenas relaciones entre médicos y abogados”. el intendente respectivo pidió la adjudicación de las tierras y fue celebrado un boleto de compraventa. afirma que deben analizarse los requisitos de admisibilidad del reclamo desde el ámbito de la responsabilidad del Estado por su obrar ilícito.Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente s/ daños y perjuicios. 24/09/2013. cuando revista calidad de definitivo y se hubieren agotado a su respecto las instancias administrativas”. devienen fir-
. se guía de tres módulos interpretativos: 1. 2012-C. la función persuasiva y la función demostrativa. y 3. Análisis del caso
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirma por mayoría la sentencia del juez de grado que desestima la demanda de daños y perjuicios deducida por la Asociación Mutual del Personal de Obras y Servicios Públicos. Resolución de un compromiso de compraventa de predios fiscales. a. que permite arribar a las tres coordenadas mayores del juzgamiento: la función cognoscitiva.. el factor activo del sentido común. Doctrina Judicial.IV. 68 del Código Procesal.
[El fallo in extenso puede consultarse en Atención al Cliente o en laleyonline. Asimismo. La mutual interpuso demanda de daños sin impugnar judicialmente la resolución referida. Fe. 883. Augusto M.482 — CS. l
sobre el tema lo encontramos en “Sentencias con motivación débil”.. 77. los actos administrativos no impugnados judicialmente en el plazo que establece el artículo 25 de la ley 19. Nº 48.y rechazando el recurso de apelación interpuesto frente a la desestimación de la demanda por daños y perjuicios con imposición de costas. -	Si la asociación que pretende se cumpla con un compromiso de venta de predios fiscales no cuestionó judicialmente la resolución 1127/00 del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente.
Fabián Rodinó
I. en arbitrariedad ni en exceso ritual”. RubinzalCulzoni. Derecho Procesal 2008-1. Deberes y máximas de experiencia”. mal pudo entender la accionante que no existía obligación de impugnar esa resolución a efectos de interponer acción de daños por el obrar que consideró ilegítimo de la Administración. que rechazó el recurso jerárquico interpuesto contra la decisión de la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales de resolver el
acuerdo celebrado. Y concluyó: “Con esos tres factores las consideraciones que se desarrollan en la motivación permiten arribar a la debida justificación de la decisión y al acto justo que no incurre en absurdo. inc. Mario. pues los actos administrativos no impugnados judicialmente
Art.11. celebrado con una asociación con el fin de
que ésta construyera viviendas para sus afiliados. Su último pensamiento
pretación previsora o consecuencialista como método válido para despejar el camino justo a seguir tanto en la interpretación de la ley como de la Constitución. Cuando aún se encontraba pendiente la resolución.Asociación Mutual del Personal de Obras y Servicios Públicos c. por lo que la Cámara rechazó la acción. que resulta aplicable “.2007. 23 inciso a) de la Ley N° 19. Interpuesto recurso ordinario de apelación. Análisis de antecedentes
jurisprudenciales y criterios doctrinarios. por cuanto ello implica una labor rigurosa. .
Véase en esta página. digno de leerlo. 28. decisión sustentada en la carencia de impugnación judicial del acto administrativo definitivo (en este caso Resolución N° 1127/00 del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente que rechaza el recurso jerárquico interpuesto contra la decisión de la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales) de acuerdo a las exigencias previstas en los artículos 23 y 25 de la ley 19.549). por esa vía.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación estima procedente analizar en primer término si se encuentran cumplimentados los requisitos para la procedencia de la demanda contra el Estado Nacional. Se precisa que el recurrente se encontraba obligado a impugnar el acto administrativo que rechaza el recurso jerárquico teniendo presente la exigencia normativa prevista en el art. Conclusiones. no es posible reclamar. LA LEY. Asimismo.II. que obliga a una afinación creciente y abarcativa. es la resolución 1127/00 del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente que se rechazó el recurso jerárquico interpuesto contra la decisión de la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales de resolver un compromiso de venta de predios fiscales. Nota a Fallo Hechos: Mediante Resolución 1127/00 del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente fue desestimado el recurso jerárquico interpuesto contra la decisión de la Comisión de Tierras Fiscales de resolver el compromiso de compraventa de un predio en la Provincia de Buenos Aires..549. 25 de esa norma devienen firmes e irrevisables debido a su caducidad. 1. 12 de la Ley N° 19. cumplimentando esencialmente las exigencias normativas de los arts. confirmando la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal -Sala I.
Buenos Aires. Eduardo. 1993-A. Ana. Guillermo Andrés “El reclamo administrativo previo”. p. Ver también: GRAU. Los artículos 25 y 30 de la ley de procedimiento administrativo nacional”. Marienhoff ha destacado que el acto administrativo que agotare las instancias administrativas. JA. 12 de la norma procedimental precitada. LA LEY.“Programa Arraigo” caben destacar las siguientes normativas: a) Decretos N° 846/1991 (B.344”. “Habilitación de la instancia judicial en el ámbito nacional. Pedro c/ Banco de la Nación Argentina s/juicios de conocimientos” . pp.. “Procedimiento Administrativo y Reclamos por Responsabilidad del Estado (Una mirada renovada bajo los alcances de la tutela administrativa efectiva)” con colaboración de SALVATELLI. “El nuevo régimen de ejecución de las sentencias contra la Nación” Publicado en DJ 1988-2. Aguilar Valdez. D. Buenos Aires. 07/07/2004) y c) Resolución del Ministerio de Desarrollo Social N° 3171/2004 (B. Comentario al Fallo de la Cámara 1ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca. “Asociación Mutual del Personal de Obras y Servicios Públicos c. 2004. 709 y ss. en caso de no impugnarse judicialmente durante el plazo de caducidad establecido legalmente para hacerlo “. Modificaciones resultantes de la Ley 25. Publicado en La Ley Online. “Juicios contra el Estado Nacional. Con citas de: a)
LUQUI. Madrid. “¿Tiene fundamentos constitucionales el agotamiento de la instancia administrativa?”. Buenos Aires.ar/ files/inst_doctrina/derecho-administrativo/maria-cortes. queda firme y no es posible volver sobre él”. se interrumpe el curso de la prescripción respecto de la pretensión subsidiaria. destacando la importancia de cumplimentar las exigencias de los artículos 23 inciso a) y 25 de la Ley N° 19. pp.FERNÁNDEZ. AVENDAÑO. pdf. Tomás Ramón. 177. Plazos para interponer acciones o recursos”. Publicado en “Tratado de Derecho Procesal Administrativo” (Director: Cassagne. (13) AGUILAR VALDEZ. LA LEY. Ver también el exhaustivo análisis realizado por TAWIL. 2005. (8) MUÑOZ. Publicado en “Procedimiento Administrativo” (POZO GOWLAND. cit. que ha señalado que “. La Ley. que analiza las prerrogativas de índole procesal como “privilegios hacia adentro” de la Administración. Buenos Aires. Haydée María” (Fallos: 322:73). (12) Informe 105/99 de la CIDH en el caso 10. b) COMADIRA.. Puede interpretarse según los destacados autores como un “privilegio” para la Administración y una “carga” para el administrado (9). Buenos Aires. 25 de la Ley N° 19. LA LEY. “Reflexiones sobre los requisitos procesales de admisibilidad de la pretensión administrativa y la habilitación de la instancia judicial a la luz de las reformas de la Ley 25. Héctor y otros). Ismael F. “El acto administrativo ilegítimo frente al reclamo de los daños y perjuicios. 951 y ss. Eudeba-Konrad Adenauer Stiftung. t. 1974. 04/02/1999. Julio Pablo.. b) 835/2004 (B. “La habilitación de Instancia Contencioso Administrativa”. El agotamiento de la vía administrativa constituye. Fernández). Néstor H. las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia.
(7) CANDA. III. TORRES. E. antiguo dogma del carácter revisor que se le atribuye a la jurisdicción contencioso administrativa” y constituye un privilegio inadmisible que contradice el principio de tutela judicial efectiva. 1048. y otros c. Juan Carlos. Revista de Derecho Público.344”. Publicado en LLBA.. Buenos Aires. 51. Julio Rodolfo (ED 181-960). (16) GARCÍA de ENTERRÍA. Ver también TORRES. 2006-19. II. 1974. Buenos Aires.FERNÁNDEZ. 2012. “Régimen de Procedimientos Administrativos. p. 1998. una prerrogativa de naturaleza procesal que integra el régimen exorbitante que caracteriza el derecho público. 1968.. “El procedimiento administrativo y el acceso a la justicia”. 165. 1024. y OROZ. no resultando procedente. Marcelo. Ver también del mismo autor. SJA 3/12/2008. 1997. no existiendo otra alternativa (a diferencia del Derecho francés). (7) Se ha considerado que la pretensión indemnizatoria fundada en la ilegitimidad de un acto administrativo resulta de carácter accesoria y se encuentra supeditada a la previa anulación del acto. 1048.Argentina”. exponiéndose como alternativas: a) la fijación de una reclamación administrativa previa de uniforme regulación o b) que la vía administrativa resulte optativa o voluntaria en lo que respecta a la habilitación de instancia judicial. 02/11/2004).. 1988-D. Alberto. La Plata.
24/09/2013.549 para la impugnación judicial de los actos administrativos”. Comentada y Anotada”.. “Naturaleza de los plazos establecidos por la ley 19. (5) MARIENHOFF. 2007. “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Recaudos de impugnación judicial del acto administrativo. La
Ley. por razones de seguridad jurídica y carencia de impugnación adecuada. 1059. “El plazo de caducidad”. LA LEY. (17) PERRINO. Hermann-Josef (Coordinadores) “Tendencias Actuales del Procedimiento Administrativo en Latinoamérica y Europa”. junio 1973. Requisitos para su admisibilidad. “Derecho Procesal Administrativo. en E. valorando que toda pretensión procesal debe cumplir los recaudos de admisibilidad previstos en el ordenamiento procesal específico. al punto que por el principio “pro actione” hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción”.549 para la impugnación judicial de actos administrativos definitivos. 623. p. Juan Francisco.549”. Sandra. Félix “El reclamo administrativo previo a una demanda por daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires”. ni interrumpirse ni suspenderse). (14) HUTCHINSON. debido a la caducidad operada. María. (3) Autos “Alcantara Díaz Colodrero. El cómputo de la prescripción”.O.. 689 y ss. 12 ley cit. La Ley. Armando Emilio.CSJN 20/08/1996. (13) En el caso analizado se agota la vía administrativa con el acto administrativo que rechaza el recurso jerárquico interpuesto (acto que causa estado según define Hutchinson (14)). 2008-IV-120. se ha observado inconveniente la inclusión del instituto del agotamiento de las instancias
administrativas. concluyendo que se torna inoficioso expedirse respecto de los demás agravios expuestos por el recurrente. Facultad de Derecho. “Manual de Procedimiento Administrativo”. Juan R. (17) Asimismo. 5. (2) Respecto a la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales . Pedro. lo cual se traduce en la presunción que la actividad de la administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico. “Revisión judicial de la actividad administrativa”. Juan Antonio “El reclamo administrativo previo y el plazo de caducidad para la acción judicial”. Comentario al Fallo Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SC BuenosAires) ~ 2005/04/20 “Chakers Sociedad de Hecho y/u otros c. la caducidad una vez operada produce la pérdida o extinción del derecho no ejercido. Editorial Ciencias de la Administración..O. Lima. por lo señalado. no es admisible la acción por cobro de pesos o el reclamo de los daños y perjuicios basados en el accionar ilícito de la Administración”. Guido Santiago “El artículo 25 de la Ley 19. t. B) MUÑOZ. todo ello sin perjuicio de los requisitos de fundamentación propios de las normas materiales. 847. 318 y ss. pp. 1. “La reducción de efectos nocivos del agotamiento de la vía administrativa”. Con la interposición de la primera acción dentro del plazo fijado por el artículo 25 de la ley 19. 1997-A. ESCOLA. DOCOBO. (Director) “Derecho Procesal Administrativo”. “La habilitación de la instancia contencioso administrativa y la necesidad de continuar en el camino de la certeza”.VV.549 en la reciente jurisprudencia de nuestra Corte Suprema”. 86 y ss. 08/05/1991) modificado por Decretos Nros. b) BUJAN. en razón de la diferencia de cuestiones judiciales a resolverse a nivel federal respecto a las jurisdicciones provinciales o locales. p. t. Abeledo Perrot. La Ley. “Manual de Derecho Administrativo”.
contrario por el órgano competente. Publicado en DJ 2000-3. d) PEARSON. Oscar R. Por ende. DJ 1997-1. t. Estado Nacional Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente s/ daños y perjuicios”. Buenos Aires.Blanke.. La Ley. “Demandas contra el Estado nacional. G. 551 (03/01/2013). (4) Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS). Juan Carlos -Director-). se ha sostenido que no se denota irrazonable la existencia de plazos breves de caducidad. t. Jorge José. Rafael. e) MARCER. “Gorordo Allaría de Kralj. donde se expone la caducidad operada a raíz de la falta de impugnación oportuna. Eduardo . 355 y ss. Pablo E. (4) en el sentido que los actos administrativos no impugnados judicialmente en el plazo que establece el art. Guido S. 1998-A. CANOSA.. Héctor Jorge y COMADIRA. 2007. 71. en JA. TRIGO REPRESAS. “Curso de De-
. observando que el criterio jurisprudencial adoptado por la CSJN en el caso “Nava” (10) en el sentido que la pretensión indemnizatoria fundada en la ilegitimidad de un acto administrativo es accesoria y está subordinada a su previa anulación responde a un “. 35 y ss. Buenos Aires. FURIA. TREVIJANO FOS “Tratado de Derecho Administrativo”. Buenos Aires.Elementos de Derecho Administrativo . I. 53 y ss. Ley N° 19. 1044. II. 1980-B. 05/05/1995). 2003-2. 1975-III. “Presupuestos de admisión de la acción procesal administrativa.
III. Ver también análisis del mismo autor en Pozo Gowland. La Ley. en concordancia con el carácter de presunción de legitimidad contemplado en el art. 1988-A. teniendo presente que la presunción de legitimidad y ejecutoriedad del acto. Armando N. 2004. Buenos Aires. Publicado en Tawil. 156. “Tratado de Derecho Administrativo”. Ad-Hoc. t.1987/03/20 “Udasso. Buenos Aires. La Ley. 100 de la reglamentación de la LPNA. Roberto Enrique. Municipalidad de Nueve de Julio”. (18) CSJN.194 “Narciso Palacios . Cita Online: AR/ JUR/58775/2013. “Habilitación de instancia administrativa”. p. Ernesto Alberto.. (6) Siguiendo el análisis descripto. 279 . En tal sentido.549. considerando que una solución contraria resultaría un atentado contra la seguridad jurídica. Daniel R. Homenaje a Jesús González Pérez”. En sentido coincidente con la posición desarrollada. sala II . LA LEY. “Demandas contra el Estado”. 659. 2.. sin perjuicio de las pretensiones accesorias incluidas en la demanda judicial que estuvieren eximidas de instancia administrativa previa. Héctor. 512 y ss. (15) GARCÍA PULLÉS. María Claudia. (11) CASSAGNE. 20/08/1996 “Alcántara Díaz Colodrero... Buenos Aires. Ver en tal sentido.cpacf. La Ley. “Sistema de recursos y reclamos en el procedimiento administrativo”. apéndice de ampliación y actualización.Julio Rodolfo Comadira. siguiendo el criterio contemplado en el “Código Procesal Administrativo Modelo para Iberoamérica” (Instituto Iberoamericano de Derecho Administrativo “Profesor Jesús González Pérez”). Ismael F. en Revista Argentina de Derecho Administrativo. Cita Online: AR/JUR/487/1996. p.549 siguiendo el criterio del caso “Gorordo” (18). 1995-A. 1995-E. Publicado en JA 2000-III-1061. d) JEANNERET de PEREZ CORTES. Con citas de: a) GONZALEZ ARZAC.723) (1) Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS). 1979. 1971. Fernando. observando en dicho análisis que en muchos casos se denota una desmedida indefinición de vía administrativa que puede acarrear perjuicios graves en caso que la permanencia de los efectos del acto dictado sin posibilidad de impugnación en sede judicial. 25 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos resultan firmes e irreversibles. Publicado en “Procedimiento Administrativo”. pp. c) SORIA. “El Reclamo administrativo previo”. 1. análisis doctrinario realizado por ZOCCA. “El agotamiento de la vía administrativa”. “Los plazos de impugnación judicial de actos administrativos nacionales”. p. rechazando el recurso ordinario de apelación interpuesto y confirmando la sentencia apelada. con interesante análisis del fallo por COMADIRA.. 475. t. el reclamo por daños y perjuicios que se sustentare en el accionar ilícito de la administración. Tomás Ramón. Lilian A. Derechos reservados (Ley 11. Cabe precisar que se continúa con el criterio adoptado en Fallos: 319: 1476 (“Alcantara Díaz Colodrero. Fabián O. Tal conclusión posee conexidad con la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos (art. Ver también: a) MUÑOZ. Agotamiento de la vía administrativa previa”. Civitas. (8) Tal como analizan Eduardo García de Enterría y Tomás R. 848/12 y 448/1993. t. c) De ESTRADA. 2004-2.Colección de Análisis Jurisprudencial . DJ. conforme el criterio expuesto por la CSJN en el caso “Serra” (Fallos: 316:2454). Pedro c/ Banco de la Nación Argentina s/ juicios de conocimientos”).. Astrea. p. Eduardo . SACRISTÁN. p. p. (11) La posición expuesta en el párrafo precedente se vincula con el principio “in dubio pro actione” referenciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”). e) LINARES. 451. La Ley. 458 y ss. con las reformas de la ley 21. 2009-418-419. sumado a los intereses públicos custodiados. por cuanto no resultarían hábiles para modificar lo decidido en relación a la procedencia de la demanda. en AA. 2012. Buenos Aires.MarteS 10 DE dicieMBre DE 2013 | 5
mes e irrevisables a pedido del interesado.. David. agotada la vía administrativa. la habilitación de la instancia judicial exige un cumplimiento riguroso del plazo para interponer la acción regido por la caducidad (no puede prorrogarse. Se puede optar por deducir las dos acciones en forma conjunta o esperar el dictado de la sentencia anulatoria y posteriormente deducir la pretensión de daños. II. Rubinzal Culzoni. Juan Carlos). Contreras. nota a fallo “Gypobras” (CSJN. 607 y ss. “Daños y perjuicios y reclamo administrativo previo”. se tiene presente la condición de presupuesto procesal del plazo de caducidad establecido en el art. Análisis de antecedentes jurisprudenciales y criterios doctrinarios
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expide en el caso analizado.org. II. razón por la cual. Buenos Aires. con nota de CAPUTI. Dino F.).686 y el decreto 3700/77. sin que resulte necesario plantear con posterioridad la reconsideración contemplada en el art. Madrid. Bartolomé. Guillermo. t. (6) FIORINI. Pedro c/ Banco de la Nación Argentina” Publicado en La Ley. BALBÍN. p. Fernández. Otros aportes doctrinarios significativos: MERTEHIKIAN. pp. 2000. 4ª edición. Astrea. I.549) T. 2013-A.. t. 2011. (5) Tal como enseñara Fiorini. III-583 y ss. p. Julio Rodolfo. Tomás. en tal caso. (12) Sin perjuicio de valorarse el significativo avance que ha reflejado la sanción de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo en la denominada “juridización del obrar estatal”. Cabe agregar como aportes doctrinarios de relevancia: BIANCHI. disponible en http://nuevositio. 45 a 110.. Halperín. 234. Miguel S. el pronunciamiento administrativo resulta firme. con cita de José A. ob. f) ABERASTURY. p. 397.O. (15) Entre los hechos y el derecho invocado en el recurso administrativo y los que fundamenten la impugnación judicial debe regir un principio de congruencia (“correlación necesaria” (16) según García de Enterría . Miguel H. Guillermo A. “Las vías administrativas previas en el contencioso federal contra la Administración”. Publicado en “Tratado de Derecho Procesal Administrativo” (Cassagne. la vía administrativa de recurso se encuentra configurada tradi-
cionalmente con carácter obligatorio para poder acceder a la garantía judicial. Editora Platense. (10) Fallos: 319:1532 (1996).T.. Tomo I. 2012. y otra”.. núm. Armando (Directores) “Procedimiento Administrativo” (Comentarios de la Ley N° 19.. “Procedimiento Administrativo y agotamiento de la vía”. Buenos Aires. publicado en Aberastury. p. Daniel F. “Curso de Derecho Administrativo”. La opción de vía administrativa previa u optativa es considerada viable por el autor precitado. p. Fernando y Canosa. 1248. (9) GARCÍA de ENTERRÍA. Estela B. “El agotamiento de la vía administrativa”. Hammurabi. LA LEY. 661 y ss. Pedro . Cassagne considera que la pretensión que persigue judicialmente la declaración de invalidez de un acto administrativo es autónoma e independiente respecto de la pretensión indemnizatoria. 235 y 236. proponiendo la necesidad de un cambio normativo acorde a preceptos de tutela judicial efectiva. Jornadas Organizadas por la Universidad Austral. que subsiste hasta tanto se declare lo
Especial para La Ley.. justifican que la interposición de la demanda deba plantearse en términos urgentes y perentorios.
En rigor. La decisión administrativa que desestima en cuanto al fondo un recurso extemporáneo. 25 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. C. ya que la accionante estaba desligada de la empresa por falta de pago de cuotas.483 — CNCiv. Alejandro M.
plan dentro de los servicios de la misma empresa. sala I. 23 inc. 334/338.afectaría la seguridad jurídica y el carácter de presunción de legitimidad (art. porque es quien en mejores condiciones está de prevenir estas desinteligencias. 244 dan cuenta de que el día en que suscribió la declaración jurada se encontraba cursando la sexta semana de embarazo. ya que no se ha probado la duración normal de sus ciclos. Por otra parte. En efecto. Recién en abril de 2011 la amparista se habría interesado por pagar su deuda y solicitar su reingreso a la empresa. También por estar comprometido el derecho fundamental a la salud. correspondía a la demandada la carga de acreditar la existencia de una omisión dolosa. Miguel S. c. dictamen de la Procuradora en fallo de la Corte Suprema “G. la presunción de legitimidad refleja que el acto ha sido emitido conforme a las previsiones legales (principio de legalidad que rige todo obrar administrativo). porque en realidad la solicitud de la accionante se refirió a su hija.
A la vencida. la empresa afirma que el pedido de cambio de plan se refería a la hija de la actora. la Corte Suprema de Justicia de la Nación destaca que una decisión contraria a lo expuesto -en cuanto a la necesaria observancia de los recaudos exigidos por los arts. pierde fuerza la hipótesis de que habría brindado un relato falso de la relación contractual para beneficiar su posición procesal. porque. Con cita de PALACIO. M. de las cuales las dos primeras corresponden a menstruación y ovulación. 9 de la ley 26. Además el intercambio epistolar que figura a fs. ha quedado clausurada la vía recursiva. siendo que es posible que la usuaria desconociera su estado de gravidez. sino que fue una nueva afiliación para poder tener cobertura médica en su embarazo. Véase además que estaba al alcance de esta última el documentar correcta y detalladamente los pasos de baja y alta de la afiliación para evitar posibles malos entendidos y que cuenta con los medios técnicos para despejar incertidumbres. al haber dejado vencer el interesado el término para deducir los recursos administrativos. P. Buenos Aires. El remedio fue sostenido a fs. D. Es cierto que existe la posibilidad de que lo supiera.
c) Finalmente. Tomás. Según la versión de la pretensora la declaración jurada se hizo en el marco de un cambio de
. Esa circunstancia por sí sola no es suficiente para acreditar que sabía de su próxima maternidad. En definitiva. ya que tiene mayores herramientas que la usuaria para verificar los datos de la declaración que fueran importantes para fijar los términos del contrato y que fuera plausible que se desconozcan. Lino E. Es decir que —si la actora tuviera un ciclo menstrual de 28 días— cuando firmó la declaración habría tenido 16 días de atraso. La empresa sostiene que no se trató de un cambio de plan. Se queja de que la sentencia no haya tenido en cuenta la evidente mala fe de la actora. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ amparo” del 17/12/2011). a) y 25 del régimen de procedimiento administrativo. 396 y ss. que el pedido de modificación no haya sido respecto de la amparista.Derecho Administrativo” (Pozo Gowland. como pretende hacerlo ver la demandada. sin encontrarse debidamente fundada la impugnación o pedido de nulidad del acto administrativo definitivo que afecta los derechos de la parte actora. se dirigió a la actora sin realizar aclaraciones. Agregó que de acuerdo al Plan Maternal Infantil la atención del embarazo es una obligación sin período de carencia o espera de modo que la demandada no podía rechazar el ingreso de la actora por ese motivo. teniendo presente que los actos administrativos no impugnados judicialmente. E. Sin embargo. requisito insoslayable para habilitar la instancia judicial” (JA. Valoró el informe médico que refiere que la demandante estaba embarazada de seis semanas de las cuales las dos primeras corresponden a menstruación y ovulación. pp. limitando arbitrariamente el derecho constitucional de acceso a la justicia. “Derecho Procesal Civil”. que no resulta procedente el reclamo por daños y perjuicios sustentado en el accionar ilícito de la administración de carácter autónomo.A. 1999-III-107. 2ª edición. y MERLO. Asimismo la experta ubicó la fecha de la última menstruación en el 8/3/2011. no le resultaba costoso a la demandada la verificación médica de los datos que considerara relevantes. cabe enunciar las siguientes conclusiones: a) En esta instancia. La sentencia admitió el reclamo. Tal como lo ha definido Marienhoff. Finalmente no puede perderse de vista que no debe prescindirse de la función social que tiene el contrato de medicina prepaga en vir-
Hechos: Una mujer inició acción de amparo contra una empresa de medicina prepaga a fin de que se dejara sin efecto su desafiliación y la de su grupo familiar. ni que atrasos como ése no fueran habituales en ella.. Por un lado. significa que debió haber menstruado el 5 de abril de 2011. – A.6 | MarteS 10 DE dicieMBre DE 2013
IV. ni que tuviera un control de fechas probables de sus períodos menstruales. Buenos Aires. con fundamento en la falta de denuncia de su embarazo al suscribir la declaración jurada de antecedentes médicos. 14/11/2013. s/ amparo. 2010-140-141. La demandada invocó que la actora había omitido denunciar su estado de gravidez al momento de suscribir su declaración jurada de antecedentes médicos. porque si la afiliada no sabía de su desvinculación. 279/287 y replicado a fs. II.682 requiere la comunicación fehaciente previo a la rescisión y la actora en su contestación de agravios niega que se le hubiera hecho saber esa circunstancia. 2012. se entiende procedente materializar soluciones normativas dispuestas a posibilitar la habilitación de instancia judicial conforme recaudos precisos y razonables de admisibilidad procesal. I. Otros aportes doctrinarios relevantes respecto a este fallo: HUTCHINSON. pues. se comparte la posición doctrinaria expuesta en el sentido que la impugnación en sede judicial debe contar con conexidad razonable. La empresa apelante se queja de que se haya entendido que la pretensora pudo ignorar su estado de gravidez. t. no parece razonable ser tan rigurosos de exigir a la actora una prueba negativa que resulta de muy difícil producción y que en todo caso debió ser aportada por la entidad obligada que se encuentra en mejores condiciones para prevenir esa situación (cfr. 217/218 y aclaraciones de fs. Reafiliación de una usuaria y su grupo familiar. t. 12) del acto administrativo referido. Aduce que no habría razones para omitir su estado de embarazo. Abeledo-Perrot. sin embargo —según los registros informáticos de la empresa de que da cuenta el perito— la niña desde el inicio habría estado en el plan G-200-4 —fs. Aduce que fue por ese motivo que se le requirió la declaración jurada y que el relato de la demandante —que no se adecua a los verdaderos hechos— pone de manifiesto que fue una maniobra dolosa y premeditada que demuestra que al menos sospechaba de su estado de embarazo y decidió ocultarlo al
suscribir su declaración jurada. La accionante aduce que al tiempo de realizar aquella declaración no sabía de su estado de gravidez. III. 2003. H. Falta de prueba de la omisión dolosa.. única afiliada al momento en que se requirió la modificación. l
recho Administrativo”. El magistrado encuadró la relación entre las partes en el marco de una relación de consumo y estimó que la empresa de medicina prepaga no acreditó la falsedad de la declaración y que hubiera existido una omisión dolosa. Ese punto es relevante.. p. La apelante apoya su tesitura en el informe del perito contador que da cuenta que en diciembre de 2012 la actora había sido dada de baja por falta de pago.
La decisión de una empresa de medicina prepaga de desafiliar a una mujer y su grupo familiar. hay otros elementos que no resultan claros respecto del vínculo entre las partes. conforme los recaudos del art. CS Salud S.
2ª Instancia. que ratifican la decisión mayoritaria adoptada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y el análisis doctrinario y jurisprudencial realizado sobre la temática. De modo que no parece claro. a raíz de la actividad a la que se dedica.— al que se la admite —a ella o a la actora— según el documento de fs. 240 vta. se sostiene similar criterio al fallo “Alcantara Díaz Colodrero. el punto dirimente radica en indagar si la actora sabía o sospechaba su estado de embarazo cuando suscribió la declaración jurada. debiendo el peticionante alegar y probar la ilegitimidad o nulidad del acto pasible de impugnación en sede judicial. congruencia o “correlación necesaria” con la afectación de derechos o intereses con motivo de la decisión administrativa final que genera la instancia judicial impugnatoria. b) Sin perjuicio de los presupuestos de admisibilidad fijados por el régimen procedimental administrativo que hemos analizado. la carga de la prueba de la omisión dolosa corría por cuenta de la empresa por varias razones. pudiendo destacarse conforme las exigencias normativas precitadas. Adviértase que el art.
IV. Cabe agregar en esta instancia que se ha precisado jurisprudencialmente que “.: coordinador). teniendo presente el principio de tutela judicial efectiva. 294. para fundar en ese hecho una desafiliación del sistema de salud al que pertenece. Sin embargo. Esta acción se inició para que se ordenen a la empresa de medicina prepaga dejar sin efecto la desafiliación de la demandante y de su grupo familiar. y no lo hizo. situación en la que permaneció durante los meses de enero a abril de 2011. pero que para la actora se inició un nuevo contrato y fue en ese marco que se prestó a declaración falsa. “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario . Considerando: I. 261/264. 5. Según la demandada no podía no haberlo advertido porque estaba de 7 u 8 semanas de gestación y hacía dos meses que no menstruaba. t. tramitado como denuncia de ilegitimidad. 23 y dentro del plazo fijado por el art. no se ha acreditado que la relación entre la peticionaria y la empresa no admita la versión del relato de la actora. La Ley. y atendiendo a evitar la reiterada práctica de dilaciones de resolución en sede administrativa que resultaren injustificadas e inciden en la grave postergación temporal del agotamiento de la vía administrativa. Se alzó la parte demandada contra lo resuelto a fs. noviembre 14 de 2013. Con nota de CANESE. Sin embargo ese dato fue extraído del sistema informático de la empresa y no surge de allí que se hubiera puesto en conocimiento de la usuaria que la habían desvinculado. resultan firmes e irreversibles de acuerdo
Finalmente. Omisión de denuncia del estado de gravidez. Pedro c/ Banco de la Nación Argentina s/juicios de conocimientos” (Fallos: 319:1476)... Véase que.). Abeledo-Perrot. el informe pericial de fs. c. Afirma que en realidad a la actora se le había dado de baja por morosa con fecha 15/12/10. Argumenta que hay indicios de que la falsedad de la actora fue programada. R. porque de cualquier forma en uno u otro plan de salud la cobertura del plan materno-infantil es obligatoria. Luis A. pese a que refiere el número de socio de la niña. que en el caso de una mujer de ciclo regular de 28 días.
117. p. “Tratado de Derecho Administrativo”. Conclusiones
Teniendo presentes los fundamentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por otra parte. II. debe dejarse sin efecto. Buenos Aires. 5. (19)
a su presunción de legitimidad. claramente escindidos de requisitos o formalidades desmedidas que afectan derechos y garantías constitucionales. Consideró que estaba al alcance de la demandada el realizar una revisación médica para comprobar el embarazo y que pesaba sobre ella la carga de probar que el ocultamiento fue doloso. (19) MARIENHOFF.— Buenos Aires. II. La Cámara la confirmó. Explica que las constancias de pedido de cambio de plan que acompañó la accionante se referían al régimen en el que estaba la hija de la demandante de modo individual. Es cierto que del informe pericial se desprende que la peticionaria fue dada de baja por morosidad el 1/12/2010 y consta su reingreso el 1/5/2011.
Medicina prepaga. Según la versión de la demandada la desvinculación se debió a que la amparista habría omitido denunciar su embarazo al momento de suscribir su declaración jurada de antecedentes médicos. no es susceptible de ser impugnada en sede judicial. De ahí que no puede fundarse en esas circunstancias la mala fe de la amparista en la declaración jurada que pretende hacer derivar la accionada. hay constancia de un solo trámite que se refiere al cambio de plan y no al de reingreso que —según la versión de la empresa— se habría hecho en la misma fecha. En esa inteligencia destaca que el relato de que la declaración jurada se habría firmado en el marco de un pedido de cambio de plan de servicios es falaz. 1365.
Caparrós/procesamiento. Considerando: 1. sala V. 2005-E. La tenencia ilegítima de arma y su encubrimiento. Si bien el insinuante ha insistido en el presente y en el pedido de quiebra que dio origen a la quiebra de Rosinov que el fallido tenía una “mesa de dinero” con los otros dos firmantes del pagaré (Bega y Cabaña) y ése habría sido el origen de la entrega de fondos a la presunta deudora. un arma de fuego descargada. Caparrós/procesamiento. Exclusivo Doctrina Judicial Online. Sup. la conducta de quien tiene consigo de modo no autorizado un arma de guerra en condiciones inmediatas de uso. y no por el del portación de arma de uso civil condicional.S. Sí pide un relato plausible de las circunstancias en que se desarrollaron la adquisición y el aporte de elementos indiciarios que sustenten la versión de los hechos (C. Sup. pues si bien dicha norma no diferencia los conceptos de portación y tenencia. y si bien no se exige una prueba acabada y contundente. 189 bis del Cód. 19/05/2005. La Ley Online. Penal es un tipo penal de peligro abstracto.. indicando sus montos. Lin Xingui. 3. de manera que si se mantiene la imputación por el encubrimiento habiéndose sobreseído por la tenencia de arma. 515. l
Verificación con fundamento en pagarés. al tratarse de un solo suceso. aun en caso de duda. 23/08/2010. LCQ. 589. Ubiedo. de casación. Procesal Civ. Nac. y Com. y otro. CNCrim. se estaría escindiendo indebidamente un único hecho en base a calificaciones legales.. El presente incidente de revisión. 3. 42. Cód. reglamentario de la ley 20. 24/10/2007. Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. bien jurídicamente protegido en la hipótesis punible del artículo 189 bis. sala I. 273.
117. iii) Habilitación vencida 12. 505. y lo que determina su punibilidad es la peligrosidad que se supone que conlleva la acción desplegada.. debería optarse por la interpretación que favorezca la parte débil del contrato. 189 bis. 53. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. Chancalay. L. y 278. 28/04/2005. y Correc. LA LEY. LLBA 2011 (marzo). 3). al no estar en condiciones inmediatas de uso. . sala IV. 19/03/2009.. si se acreditó la aptitud del arma para el disparo. TCasación Penal de Buenos Aires. esta sala. párrafo segundo. 2° párrafo del Cód.086. agosto 30 de 2013. CNCrim. LA LEY. y Correc. LA LEY. Castro. sea transportada individualmente por su usuario o en cantidades con fines comerciales. el hecho debe ser juzgado por la justicia nacional. 42.) . 9. En mérito de lo expuesto el Tribunal resuelve: Confirmar la decisión apelada. Sosa Maylle. y Correc.484 — CNCom. Roberto Eduardo c. En la etapa tempestiva de verificación del crédito insinuado fue declarado inadmisible. 2011-C. N. del decreto 395/75 —reglamentario de la ley 20. Tal doctrina. Juan Carlos Alberto. si el arma secuestrada en poder de aquél presentaba una bala en su recámara y se encontraba montada. 30/11/2010. que sin duda es la accionante. del 26/12/1979. Nicolás Ezequiel. 82/85 el que fue respondido por el fallido a fs. Fun-
I.A. 2005-E. y en concurso real con el de resistencia a la autoridad a quien le fue secuestrada un arma ilegal en el interior de su vehículo luego de resistirse a detenerse ante la autoridad policial.429— y sus modificatorias. en concurso ideal con portación de arma de guerra. CNCrim. del 09/06/1994). El solicitante de la verificación en concurso con fundamento en pagarés debe declarar y probar la causa. sala VI. y Correc. DJ. sin la debida autorización legal. Necesidad de probar la causa para evitar el concilio fraudulento. sí se pide un relato plausible de las circunstancias en que se desarrollaron la adquisición y el aporte de elementos indiciarios que sustenten la versión de los hechos.429— y el hecho de que se encontrara sin balas sólo permite tener por configurada la portación mas no la tenencia. Fabián”. 4. sala B. Omint Sociedad Anónima y Servicios” del 13/3/2001). punto 2. 7. Ello debe valorarse a la hora de examinar la razonabilidad de la baja dispuesta por la empresa. 1. CNFed. que la misma se halle en condiciones inmediatas de uso. porque la transferencia de competencia penal de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la
Ciudad de Buenos Aires se efectuó solamente respecto de la tenencia y portación ilegítima de armas de uso civil (Del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo). Sup. según texto de la ley 25. 14/10/2009. Penal 2009 (julio). y Correc. C. Quien se trasladaba en un automóvil en el que se encontró una mochila con un arma de fuego debe ser procesado por el delito de tenencia de arma de guerra sin autorización. art. Cabe encuadrar en el delito de tenencia de arma de guerra previsto en el art. circunstancia que evidencia la ausencia de vulneración de la seguridad pública. 189 bis. párrafo cuarto del Cód. sala VI. 26/06/2007. y Correc.. 189 bis cuarto párrafo del Cód. L. esta sala. Molteni no firma por hallarse en uso de licencia (art. 30/08/2013. CNCrim. inc. causas y privilegios. El art. Mariano D. pues no se acreditó quién era el dueño de aquélla. Crim. El delito de tenencia ilegal de arma de guerra consignado en el art. A. legalidad y culpabilidad. Para la configuración del delito de tenencia ilegal de arma de guerra es necesario probar el riesgo hacia el bien jurídico protegido. sala III. sala VI. CNCrim. pues si bien al momento del hecho investigado su habilitación estaba vencida es indubitable que hubo de estar habilitado para tener y portar el artefacto bélico. y Correc. 589. in re.
dó su recurso a fs. esto es. 9. LA LEY. Corresponde sobreseer al imputado en orden al delito de tenencia de arma de guerra si se acreditó que se encontraba registrado en el Registro Nacional de Armas como legítimo usuario de armas de uso civil condicionado. Corrado. Sup. 5.. Resulta improcedente pretender la inaplicabilidad para el supuesto de armas de guerra de lo establecido en el art. ya que. Carizu. 10. del art. si el revólver que le fue secuestrado no se encuentra catalogado como arma de guerra. Penal 2005 (setiembre). 125 del decreto 395/75.. 32. 21/02/2011. del Código Penal y no en orden a la conducta penada por el párrafo cuarto de la misma norma. la seguridad pública. con fundamento en pagarés debe declarar y probar la causa. Caparrós/procesamiento. Además se trata de un contrato de consumo de modo que. El solicitante de la verificación en concurso. Crim. 2. 42. R. párrafo primero.L.Rosinov. debe entenderse que ambas acciones se encuentran comprendidas en la misma. LA LEY 2005-E. Com. 2. s/rec. En materia de armas de fuego. y Correc. que se habrían producido en los autos principales a efectos de acreditar la entonces invocada soCOntInÚA En lA PÁGInA 8
2ª Instancia. CNCrim. Penal 2005 (junio). Penal 2005 (setiembre). Flores. 2. 202. de la Nación). Nac. 21/03/2007. sala IV. lo que en el caso puede afirmarse ante la disponibilidad material que en forma alternativa tenían todas las personas que circulaban en el mismo vehículo. y Correc. ésta es la solución más acorde a la luz de los principios de lesividad. notifíquese y devuélvase. Corresponde confirmar el procesamiento del imputado. 82. Carlisi. inc. pues aun cuando ello podría conducir a una conversión de los delitos de peligro abstracto en tipos de peligro concreto. CNFed. Penal. Socio. Imponer las costas a la apelante vencida. 28/04/2005. Es constitucional el art. Penal 2011 (mayo). Sup. LCQ impone que todos los acreedores con causa o título anterior a la presentación del concurso deben solicitar verificación de sus acreencias. pues se trata de una de uso civil —inc..
8. 189 bis del Cód. Mario Ariel s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito por Milanesio Héctor Ricardo.N. 71. — Buenos Aires. CNCrim. es decir. sala I. 5 del decreto 395/75. pues se encuentra reunido el extremo exigido por el delito analizado. es factible la tenencia compartida.MarteS 10 DE dicieMBre DE 2013 | 7
tud de los bienes que involucra como la vida y la salud de las personas protegidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales (Fallos 324:677 “Etcheverry. 138. sino la disposición que pueda tener cada uno de los involucrados sobre el objeto. a fin de evitar el concilio fraudulento. 4 y 5. La Ley Online. Facundo Santiago y otro. conforma un proceso de conocimiento que impone a su iniciador la carga de invocar y probar los hechos constitutivos del derecho esgrimido en sustento de la pretensión (arts. s7quiebra s/ incidente de revisión por la sindicatura contra el crédito de Sucesores de Ricadeneyra”.. Desde tal perspectiva. En primer lugar por cuanto no se ha acreditado de modo alguno la causa de suscripción de dicho cartular. y sobre ella pesaba un pedido de secuestro vigente. 2009-D. pues la ley penal en blanco es constitucionalmente admisible cuando su literalidad resguarda claramente el contenido del núcleo de la prohibición y la sanción a imponer. Corresponde sobreseer a quien se le imputa haber tenido en su poder. v) Tenencia y portación 14. no exige una prueba acabada y contundente de la causa (lo que agravaría el criterio interpretativo de la ley. Penal. dichas afirmaciones no han sido acreditadas en el presente. Fabián Alberto.. lógica que deriva de su indivisibilidad. párrafo b). Ángel. acusado del delito de portación ilegítima de arma de guerra. Exclusivo Doctrina Judicial Online. 164. 302. Únicamente se intentó acreditarlos con los dos testimonios brindados por dos conocidos del peticionario de la quiebra a fs. Es procedente decretar el procesamiento del imputado en orden al delito tipificado en el art... Toda vez que el arma de fabricación casera que fue secuestrada se halla comprendida entre las denominadas de guerra de acuerdo con lo establecido en el art. 7 de la Capital Federal. s/ concurso preventivo s/incidente de revisión por
Beltrami. del 22/06/1992). Regístrese. iv) Tenencia y encubrimiento 13. sala VI. sustancialmente destinada a evitar el concilio fraudulento. inc. 377. del Código Penal. ED.4. Corresponde procesar en orden al delito de encubrimiento agravado por ánimo de lucro. no concurren elementos de juicio idóneos que justifiquen la existencia del crédito en cabeza del reclamante. Penal 2005 (setiembre).— Patricia E. 10/08/2011. C. 88/89 y por la sindicatura a fs. aun cuando no determine en qué consiste el “arma de guerra”. resulta aplicable la doctrina consagrada in re “Translínea S. sala II. TOral Criminal Nro. Sup.. pues esta norma hace alusión a cualquier tipo de arma de fuego. Luis y otros s/procesamiento con prisión preventiva. CS. Com. 77/78 desestimatoria de la revisión insinuada. M. La Ley Online. 28/04/2005. apartado c). Apeló el incidentista la decisión de fs. 589.. Penal por cuanto no es idónea para poner en peligro el bien jurídico protegido por la norma. 34 R.— Carmen N. sin solución de continuidad. “Xorex S. la cual se encontraba ubicada debajo
. concurren en forma ideal. 222.. Principios generales
1. 2005-D.J. pues no se requiere el constante contacto físico con el arma.”. 92/93. y Correc. 2. in re. ii) Cuestiones de competencia 11. Casuística i) Aptitud para el disparo 6. vulnerándose así el principio del non bis in idem protegido por numerosos tratados internacionales con jerarquía constitucional. LA LEY. 73. W. Procesal y art. Se hace constar asimismo que el Dr. II. sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Información Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C. Trasladado lo anterior al caso. CNCrim.. 10/02/2011. la conducta endilgada no encuadra en el delito previsto en el art. A. inc. “La Farola Norte S.
12/12/13 89345/2013. La Ley Online. Publíquese por tres días en La Ley. GUSTAVA ANA s/ SUCESION AB-INTESTATO” cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de “GUSTAVA ANA DYLO DE CIUPALSKI”. Secretaría interinamente a mi cargo. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 72.B. 243 $ 1. sec. Buenos Aires. ha solicitado la concesión de la carta de ciudadanía argentina. Publíquese por tres días en La Ley. Secretaría Unica.343. CNCrim. Comisión 3% cada parte. Buenos Aires. sec. cita y emplaza al Sr. sec. luego de refugiarse en el lugar. MARRARI. Secretaría única. 19 de noviembre de 2013 María Alejandra Morales. C. 13 de noviembre de 2013 Bárbara Rastellino. Cumplido. 90. fueron detenidas. Nomenclatura Catastral: Circ. 09/12/13 V. 21 de octubre de 2013 María Constanza Caeiro.927/31 de Morón. Degano. Buenos Aires. Buenos Aires.LLATINAS para que hagan valer sus derechos. 11/12/13 El Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 41 y 580 del CPCC). ABL. 2012 (octubre). Buenos Aires. Publíquese tres días en el diario La Ley. Publíquese por tres días en “LA LEY”. 49. sec. 12/12/13 El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil Nro.515.110/2011). Secretaría a cargo del Dr. Sec. a cargo de la Dra. La Ley Online. sec. Exp. Antecedente Dominial FR. DIAMENT DAVID s/ SUCESION AB-INTESTATO. Santiso. s/Ejecución Hipotecaria”. LA LEY: I. de esta Ciudad de Buenos Aires.. ocupado por el Sr. Comercialización y Redacción: Tucumán 1471 (C. 24 cita y emplaza por treinta días a acreedores y herederos de NORMA CLEMENTINA ROSA ZIBECCHI para que hagan valer sus derechos. 12 de noviembre de 2013 María Lucrecia Serrat. cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de JOSE KRASNOV. sec. e I . Germán A. cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de doña ELVIRA JOSEFINA DELOJO. 06/12/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 30. sec. sito en Av. Sellado de Ley. IBAÑEZ MARTA OLGA s/ SUCESION AB-INTESTATO. no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 12 de noviembre de 2013 Alejandro Luis Pastorino. 11 de octubre de 2013 Maximiliano J. 18 de noviembre de 2013 Guillermina Echagüe Cullen. LA LEY: I. sec. 09/12/13 El Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Civil N° 16. El presente edicto deberá publicarse por tres días en La Ley. para que en el plazo de 30 días comparezcan a hacer valer sus derechos. sito en la calle Uruguay 714 Piso 4°. 15 de noviembre de 2013 Maximiliano J. 67. 5 de agosto de 2010. como único ocupante. sec. Si el arma secuestrada pudo haber sido dejada por cualquiera de las diez personas que. Buenos Aires. El Juzgado Nacional en lo Civil N° 71 cita y emplaza por el plazo de treinta días a herederos y acreedores de GUILLERMO LUIS FRANCISCO DAL SANTO a presentarse en autos a fin de hacer valer sus derechos. Se deja constancia que deberá publicarse por dos días en La Ley. sec. piso 2°. 09/12/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 11. 15/04/2013. ROSA s/ SUCESION AB-INTESTATO. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 11. int. — Matilde E. brindados diez años después de ocurrido los hechos y sin explicar la razón de sus dichos. 09/12/13 V. MANUEL s/ SUCESION AB-INTESTATO” Expte. 09/12/13 30. El presente deberá publicarse por el plazo de tres días en el diario La Ley. quienes habrían concurrido en una única oportunidad al local donde supuestamente funcionaba la referida mesa de dinero. 05/12/13 V. LA LEY: I. 04/12/13 V. Buenos Aires. LA LEY: I. Caja Previsión Social 7794-5. Seña 10%. int. rematará el día 13 de diciembre de 2013 a las 9. Ezequiel Jesús. cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de RAUL OSCAR HIDALGO y MARIA DERTINOPULOS. Secretaría Unica. Romero. cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de ISAAC GELBART. de los Inmigrantes 1950 piso 6°. Secretaría Unica a mi cargo. Publíquese por tres días en diario La Ley. Buenos Aires. cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de ROSA MARRARI. de los Inmigrantes 1950 entrepiso. El presente deberá publicarse por tres días en el diario La Ley. Paula Andrea Castro. Secretaría Unica. de esta Capital Federal en autos “DYLO. 5 de noviembre de 2013 Inés M. El presente deberá publicarse por tres días en La Ley. Secretaría Unica. int. Secretaría Unica. 22 de noviembre de 2013 Ana Laura Bruno. 9. LA LEY: I. cita y emplaza a herederos y
PROPIEDAD DE LA LEY S. 04/12/13 V. El edicto se publicará por el plazo de tres días en el diario La Ley. 09/12/13 V. LA LEY: I. 08/03/2007. LA LEY: I. 11/12/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 29. y Correc. Marialma Gabriela Berrino.. Publíquese por tres días en “La Ley”. Parcela 18. 12/12/13 Juz. LA LEY: I. en el marco del expediente N° 38. Secretaría única. 30 de octubre de 2013 Javier A.: Dra. CNCrim. 10/12/13 V.Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº5074180 Impreso en La Ley. de esta Ciudad de Buenos Aires. para que dentro del plazo de 30 días comparezcan en autos a hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días. y Correc. cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de MARIA DEL ROSARIO MENDE. sec. Publíquese por tres días. Secretaría Unica. de esta Ciudad de Buenos Aires. 06/12/13 V. Juez. 21 de octubre de 2013 Daniel H. 09/12/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 28.Administración. Ballerini. Visitas: los días 11 y 12 de Diciembre de 2013 de 10. Publíquese por tres días en La Ley. Tales testimonios. Buenos Aires. Se deja constancia que el saldo de precio deberá abonarse dentro del quinto día de aprobada la subasta. Molina Cáceres. Publíquese por tres días en La Ley. sec. Aportes Ley 7014. Buenos Aires. int. Publíquese por tres días. MARIA RAQUEL GOMEZ. Uriburu N° 669 entre las calles Tucumán y Viamonte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. sito en Av. 17.00 hs. . As. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 7 del Dto. sito en Av. GASTON PABLO Y OTRO s/ SUCESION AB-INTESTATO. 23 de octubre de 2013 Maximiliano J. un inmueble ubicado en la calle José E.58%. Civ. Publíquese tres días en el diario La Ley. DPYC. bajo apercibimiento de designarse al Defensor Oficial para que lo represente en juicio. LA LEY: I. Con costas. Judicial de Morón. a efectos de estar a derecho. 11/12/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 1. sec. porcentual 4. BASE: u$s 62. LA LEY: I. 11/12/13 60155/2013. 09/12/13 V. 4 de octubre de 2013 Claudia Alicia Redondo. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 35. la que tampoco puede inferirse de los escasos instrumentos adjuntados a esta causa. 11/12/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 98 a cargo del Dr. Publíquese por tres días en el diario La Ley.00 a 12. acompañando al incidentista a reclamar por el pagaré base de la presente.28.
.537. Publíquese por tres días en el Boletín Judicial y Diario La Ley de Cap. 09/12/13 V. LA LEY: I. en los autos caratulados “GOMEZ MARIA RAQUEL s/ SUCESION AB INTESTATO (Expte. GREGORIO ANTONIO ZACARIAS para que dentro del plazo de quince días comparezca a tomar la intervención que le corresponda en los autos “LUCHETTI. sito en Av. 10/12/13 62757/2013. 68. Secretaría Unica. Avellaneda. Romero. 11. Marialma Gabriela Berrino. Buenos Aires. Deudas: Aguas Argentinas. GUSTAVA ANA s/ SUCESION AB-INTESTATO. piso 5°. Matrícula 11-401/17. sec. Secretaría Unica. 19 de noviembre de 2013 Germán Augusto Degano. 09/12/13 V.U. 10/12/13 V. sec. Aguirre. la cuasi inmediatez entre que dichas personas ingresaron al local de pool y fueron detenidas enerva la idea de que los imputados. Buenos Aires. encomendándose a la a quo las notificaciones.582. N° 95. 18 de noviembre de 2013 Roberto Veiss. pues lo cierto es que. Buenos Aires. 06/12/13 Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 58. FATUR.
4. Buenos Aires. 09/12/13 V. LA LEY: I. sito en Uruguay 714. 29 de mayo de 2013 María Cristina García. Según constatación. 5 de noviembre de 2013 Gustavo Alberto Alegre. 6 de noviembre de 2013 Viviana Silvia Torello.80m2. CARLA SOLANGE c/ CLANEK S. Buenos Aires. sec. Rep. sec. ED. a efectos de que hagan valer sus derechos. 17/11/2008. Buenos Aires. Buenos Aires.A. Santiso. 11/12/13 84164/2013. 06/12/13
del asiento del acompañante. sito en Av. 77/78. a ﬁn que se presenten a estar a derecho dentro del plazo de treinta días. Pérez Novelli. 30360/2013. Leyba Pardo Argerich. en principio. ambos espacios encuadrarían dentro del concepto de lugar de uso público o acceso público donde se tipifica el delito de portación ilegal de arma de fuego. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 1. Comuníquese oportunamente a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN. sec. Publíquese por tres días en La Ley. Unidad Funcional 17. tenían en
dicho lugar el arma -en el caso. 265 sin deuda. conforme lo dispuesto en el art. 04/12/13 V. Buenos Aires. ENRIQUETA s/ SUCESION AB INTESTATO”. c/Yabra del 18/02/1999”. AySA. int. 10/12/13 Por tres días. Buenos Aires. sec. 12 de noviembre de 2013 Laura Wiszniacki.E. 12/12/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. P. 20 de noviembre de 2013 Daniel H. cita y emplaza por el término de treinta días a los herederos y acreedores del Sr.I. Publíquese por tres días. sec. 4° piso. sito en la calle Talcahuano N° 490. Rivadavia 130. 11 de noviembre de 2013 M. sec. LA LEY: I. cita y emplaza por el término de treinta días a herederos y acreedores de SERAFIN GARGAGLIONE a fin de que hagan valer sus derechos. Pilar Rebaudi Basavilbaso. LA LEY: I. 12/12/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 96 cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de FERNANDO AMERICO RIVA y AFKE VERVAT a ﬁn de hacer valer sus derechos. Arguilea. 11 de noviembre de 2013 Adrián E. — María L. Nro. sec. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires. LA LEY: I. 8. 10/12/13 66355/2013. Secretaría Unica. El presente deberá publicarse por tres días en el diario La Ley. 4 de la Capital Federal. 12 de noviembre de 2013 Alejandro Luis Pastorino. Publíquese por tres días en el diario “La Ley”. Notifíquese a la fiscal de Cámara en su despacho. Juan Pablo Rodríguez. 24/07/2013. sala V. 1 de octubre de 2013 Gustavo G. 12/12/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. LA LEY: I. 12/12/13 El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil n° 58. N° 53901/2013).A. 11/12/13 El Juzgado Nacional en lo Civil Nro. LA LEY: I. sino en el interior del hotel que vigilaba. Secretaría única. El presente deberá publicarse por el plazo de tres días en el diario La Ley.T. LA LEY: I. 10/12/13 V. LA LEY: I. cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de la Sra. Sec. 5 de noviembre de 2013 Adrián E. Por lo expuesto se desestima el recurso de apelación de fs. Buenos Aires. A. 20-04522399-0. 19 de noviembre de 2013 María Constanza Caeiro. 04/12/13 V. 24 cita y emplaza por treinta días a acreedores y herederos de WALTER GUSTAVO CASTELAR para que hagan valer sus derechos. cita y emplaza por el término de treinta días a herederos y acreedores de ROSA ISOLINA GARAVAGLIA y HECTOR ALEJANDRO GANDINI a fin de que hagan valer sus derechos. 4).273/2013. Marturet. Publíquese tres días en el diario La Ley. A.. Secretaría Unica de esta Capital Federal. LA LEY: I. y otros. 09/12/13
El Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Civil N° 16.Bs. 06/12/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 40. 10/12/13 V. Buenos Aires. Federal. cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores de GASTON PABLO FATUR y ANA MARIA GRIPPO. sec. La Dra. 11 de noviembre de 2013 Alejandro Luis Pastorino. sala V. 04/05/2012. 22 de octubre de 2013 María Alejandra Morales. por lo que no se encontraba en condiciones de uso inmediato. a fin de presentarse a hacer valer sus derechos en el expediente caratulado “GORDO. 10/12/13 V. Juzgado Nacional en lo Civil N° 31 cita y emplaza por treinta días herederos y acreedores de LAURA ALEJANDRA PEREZ. 06/12/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. caratulado “MURATURE. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. fs.A. Secretaría única. Capital Federal. Secretaría Unica. 04/12/13 V. LA LEY: I. hace saber que ANTONIA ULLOA PIMENTEL.
Buenos Aires. 05/12/13 V.088. 04/12/13 V. Secretaría Unica. cita y emplaza a herederos y acreedores de DAVID DIAMENT. sec. 4657-7878).58. Corresponde condenar al imputado por el delito de tenencia ilegítima de arma de guerra. JULIO ALE s/ SUCESION AB INTESTATO” (Exp. hace saber por Tres (3) días en los autos caratulados “CORRADO. a cargo de la Dra. ROBERTO ANTONIO Y TREBINO. 96. 05/12/13 V. propietarios del lugar. 17/01/2013. El presente deberá publicarse por tres días en el diario La Ley. Claudia Alicia Redondo. TOral Criminal Nro. Federal N° 1. y Com. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. de los Inmigrantes 1950. Buenos Aires. Publíquese por tres días en el diario La Ley. 04/12/13 V. DJ. Secretaría Unica. 10/12/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 63 cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de CELINA MALIMOWICH a los efectos que comparezcan a hacer valer sus derechos. Manz. de esta Capital Federal en autos “GELBART ISAAC s/ SUCESION ABINTESTATO (N° 62757/13)”. Buenos Aires. cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de ERNESTINA COUGIL. Buenos Aires. LA LEY: I. CARRIZO LORENZO LEONARDO. Ibarra. N° 2 de la Cap. Arg. 51. sec. a cargo de la Dra. sec. sec. se revocó el procesamiento por el delito de tenencia ilegítima de arma de guerra y se sobreseyó a los acusados-. cita y emplaza a herederos y acreedores de PASCUAL AGUSTIN LEONELLI.. 16. Alberto Jorge Primero Narváez. Buenos Aires. fs. El presente deberá publicarse por tres días en La Ley. JUAN CARLOS. Secretaría Unica de esta Capital Federal. LA LEY: I. JULIO ALE ABDALA. ANIBAL MANUEL c/ ZACARIAS.00 hs. a herederos y acreedores del causante.A. Russo. entrepiso. cita y emplaza a herederos y demás acreedores de don ROBERTO ANTONIO MURATURE y ENRIQUETA TREBINO por el plazo de treinta días para hacer valer sus derechos. a los efectos de hacer valer sus derechos. 80 y se confirma lo decidido a fs. Resulta improcedente modificar la calificación legal de portación de arma de guerra sin la debida autorización por la de tenencia por el solo hecho de que la detención del imputado no se llevó a cabo en la vía pública. LA LEY: I. 18 de noviembre de 2013 Cecilia Kandus. Publíquese por tres días en La Ley. 06/12/13 V. Jud. cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de ADRIANA ESTHER LA CHIESA a fin que comparezcan a hacer valer sus derechos. al contado y al mejor postor. sec. Sr. MARIA y CRESPIN. cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de GUILLERMO SCHWEITZER. 11/12/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 62 a cargo del Dr. 30.A. GREGORIO ANTONIO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (71. Morón.E. cita y emplaza a herederos y/o acreedores de OMAR HUGO LAURITO por el plazo de 30 días. fallo Plenario “Servicios Eficientes S. Fdo. Juzgado Nacional en lo Civil N° 31 cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de LORENZO LEONARDO CARRIZO. Russo. LA LEY: I. sec. María Cristina García. LA LEY: I.. 50124/13) cita y emplaza por el término de treinta días a herederos y acreedores de la Sra. Reservado. superficie 38. pues ella pudo haber sido dejada por cualquiera de las restantes personas. de esta ciudad. 56. de los Inmigrantes 1950. sito en Rivadavia N° 17. que el martillero público Alfonso Daniel Pampin (T. ya que el hecho que llevara en uno de sus bolsillos el revólver y en el otro el cargador con las municiones da cuenta que no tenía el arma cargada para usarla inmediatamente. Lorenzo y otros. Luis Angel Cabrera. de La Matanza.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. Buenos Aires. 09/12/13 V. C. como lo requiere el tipo penal de la portación. Expensas fs. 05/12/13 V. 5° Piso. 236/237 $ 765. LA LEY: I. Se aclara que el adquirente no habrá de responder por deudas anteriores a la posesión. Vega Collante. Fed. Publíquese por tres días en diario La Ley. 11/12/13 34659/1993. 14 de noviembre de 2013 Cecilia Kandus. l
acreedores de GAMARNIK. sala de feria. Buenos Aires. Romero. Buenos Aires. de los Inmigrantes N° 1950. 12/12/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 37. no resultan suficientes a los fines de acreditar la operatoria invocada por el reclamante.11-407/17. Provincia de Buenos Aires. CNCrim. Secretaría Unica. Ana I. 11 de noviembre de 2013 Claudia Andrea Bottaro. 7 de noviembre de 2013 Silvia C. 4 de la Acordada 15/2013. Capital Federal. LA LEY: I. sec. LA LEY: I. sec.. cita y emplaza por el término de treinta días. 12/12/13 86804/2013. Publíquese por tres días. a los efectos de hacerles saber que deben comparecer a hacer valer sus derechos. 10/12/13 V. 31 de octubre de 2013 Paula Andrea Castro. sec. LA LEY: I. El presente edicto deberá publicarse por tres días en el diario La Ley. LA LEY: I. LA LEY: I. en el Salón de Remates del Colegio de Martilleros de Morón. 292/3 al 18-8-13 $ 25. a cargo de la Dra. LA LEY: I. Buenos Aires. DYLO. LA LEY: I. Gómez Alonso de Díaz Cordero. 1050 AAC) Teléfono: 54-11-4378-4765 . Nazareno R. nacionalidad dominicana D.675. 109. 06/12/13 DAL SANTO GUILLERMO LUIS FRANCISCO Y OTRO s/ SUCESION AB-INTESTATO. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 72. Piaggi. en los autos caratulados: “ABDALA. SUSANA VICTORIA ORSELLI.685/2013 PEREZ LAURA ALEJANDRA S/SUCESION AB-INTESTATO (Int. Publíquese por tres días en La Ley. 05/12/13 V. Publíquese por dos días en La Ley. M. 09/12/13 V. Marturet. LA LEY: I. sec. 10/12/13 V. Más datos en autos. 15. 99. GELBART ISAAC s/ SUCESION AB-INTESTATO. Buenos Aires. sec. MANUEL GORDO.I. cita y emplaza a los herederos y acreedores de MARTA OLGA IBAÑEZ por el término de treinta días a efectos de hacer valer sus derechos. 10/12/13 V. devuélvase. 25 de octubre de 2013 Javier A. fs. bajo responsabilidad de la demandada. 06/12/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 30. LA LEY: I. 09/12/13 V. sec. entrepiso.N. 10/12/13 V. 10/12/13 El Juzgado Nacional en lo Civil N° 24 cita y emplaza por treinta días a acreedores y herederos de LUIS LORENZO JOSE BALL.76. 10/12/13 V.. sec. cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores de MARTA MARIA COMYN. cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de MANUEL OZON a ﬁn que comparezcan a hacer valer sus derechos. y Correc. Publíquense edictos por tres días en el diario La Ley. RJN).8 | MarteS 10 DE dicieMBre DE 2013
ciedad de hecho con los restantes firmantes del pagaré. 06/12/13 V. Buenos Aires. colegiado N° 21 del Dto. 78 con nota de Guido J. 06/12/13 V. El comprador deberá constituir domicilio dentro del radio del Juzgado (arts. Marcela Eiff. 11/12/13 Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 51. Buenos Aires.
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