Source: https://www.scribd.com/doc/50051557/Que-tan-bien-gastan-las-procuradurias-estatales-los-recursos-publicos
Timestamp: 2017-02-22 13:29:16+00:00

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BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoin ¿Qué tan bien gastan las procuradurías estatales los recursos públicos?
Marcelo Bergman Harfin y Fernando Gabriel Cafferata
Serie El Uso y Abuso de los Recursos Públicos Cuaderno de debate No. 4
D. R. © 2010, CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe, 01210, México, D.F. Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra —incluido el diseño tipográfico y de portada—, sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito del editor.
México gasta muchos recursos en perseguir delitos. Más de 100 mil millones de pesos se destinan cada año a la seguridad pública. Aproximadamente un cuarto de esos recursos los gastan las procuradurías de los estados que tienen la función de investigar los delitos del fuero común y poner a disposición de los jueces a los delincuentes. En este trabajo analizamos si este gasto ha impactado en la calidad de la seguridad pública. Evaluaremos el desempeño de todas las entidades federativas para las que pudimos obtener datos1. La “fotografía” general que emerge es que la mayoría de las procuradurías “trabajan” bastante, pero “producen” poco. Esto se debe a que destinan muchos de sus recursos (dinero, tiempo, energías) en resolver un volumen muy grande de delitos de baja incidencia social y relativamente pocos recursos a delitos de alto impacto. El objetivo de este trabajo es responder a dos preguntas principales: (a) ¿Cuánto se gasta? Es decir, cuántos recursos fiscales son necesarios ingresar a la máquina burocrática para generar un producto. Esto implica ver cuán eficientes son las Procuradurías de Justicia.2 (b) ¿Qué se obtiene con este gasto? Es decir cómo los recursos ingresados a la máquina de la burocracia en materia de Justicia tienen como consecuencia algún tipo de producto. Esto sería indagar cuan eficaces son las procuradurías.3 La pregunta central de este trabajo evalúa para qué sirven los recursos que se gastan, en otras palabras, en qué medida lo que las procuradurías “producen” impacta en el bien común. Es decir, para qué sirven los niveles de eficiencia y eficacia obtenidos. Como se verá, en la mayoría de los casos hay un marcado déficit de las procuradurías en este rubro.
En esta sección analizamos comparativamente los niveles y la evolución temporal de cinco variables que presentan un panorama sobre la Procuración de Justicia a nivel sub-nacional en México. Estas son: a) el gasto en Procuración de Justicia como porcentaje del Gasto Total, b) el gasto en Procuración de Justicia por habitante, c) la cantidad de Averiguaciones Previas Iniciadas (API´s) por 100 mil habitantes (y por algunos tipos de delito), d) la cantidad de Consignaciones por 100 mil habitantes (incluidos los tipos de delito) y e) el costo unitario por API´s y por Consignación. Esta comparación y análisis nos permite dimensionar la maquinaria burocrática de la Procuración de Justicia para cada Entidad Federativa. En el primer apartado, denominado “Dimensionamiento General”, tenemos un panorama de cómo es (y cómo cambia) el gasto en procuración de justicia, así como los productos principales de las procuradurías (Averiguaciones Previas y Consignaciones). Posteriormente, presentamos dos secciones, una dedicada a la eficacia y otra a la eficiencia, en las cuales analizamos estas dimensiones en las Procuradurías de Justicia de las Entidades Federativas. Finalmente, presentamos un apartado en el que damos un tratamiento más preciso de estas dos dimensiones (eficacia y eficiencia), a la vez que se distinguen en qué tipo de productos son más eficaces y eficientes las Procuradurías de Justicia.
1 Dimensionamiento General
Gasto en procuraduría como porcentaje del gasto total La primera variable a analizar es el gasto en procuración de justicia como porcentaje del gasto total de cada entidad federativa. Bajo la premisa de que en el presupuesto encontramos las prioridades de los gobiernos y que a mayor cantidad de fondos destinados más prioritario es el tema, podemos analizar el gasto en procuración de justicia bajo esta perspectiva. Si encontramos que el gasto en procuración de justicia es importante en términos porcentuales en relación con el gasto presupuestario total, podemos decir que es prioritario para la entidad federativa. En el siguiente gráfico se describen los primeros resultados.4
Gráfico 1. Gasto en Procuración de Justicia como porcentaje del gasto total (promedio 2003-2008)
Podemos concluir que hay dos factores que parecen incidir en la cantidad de recursos destinados a la Procuración de Justicia en el presupuesto. Primero, el tamaño poblacional, el cual está fuertemente relacionado con la actividad delictiva (a mayor cantidad de habitantes, mayor actividad delictiva). Segundo, el nivel de amenaza del delito en general y el crimen organizado en particular. Esto último se observa en estados relativamente chicos que tienen una intensa actividad delictiva.
2 El gasto en procuración de justicia por habitante El gasto en procuración de justicia por habitante permite una aproximación distinta al fenómeno fiscal de la procuración de justicia. Al analizar el gasto por habitante se neutraliza el posible efecto que puede tener la variable población sobre el presupuesto agregado. Además, a partir de esta variable se evita el problema del “tamaño del presupuesto”, ya que se analiza el gasto en Procuración de Justicia según el número de habitantes que tenga la entidad federativa.6
Gráfico 2. Gasto en procuraduría por habitante
$450.0 $400.0 $350.0
$300.0 $250.0 $200.0 $150.0 $100.0 $50.0 $0.0
La Variación del Gasto en el tiempo Una medida acerca de la evolución del gasto en procuración de justicia se obtiene al comparar el volumen del gasto de un año respecto al anterior. Para evaluar en forma más precisa es también necesario considerar las cargas de trabajo (puede haber un incremento importante en el gasto porque crecieron el número de consignaciones, etc.). Si no crecen los productos de las procuradurías (API´s y Consignaciones) y crece el gasto, estamos en presencia de un aumento del gasto que no tiene mayor sentido. El siguiente gráfico nos indica la variación porcentual de gasto en estas variables de un año con respecto a otro.
Colima Baja California Sur Veracruz Tlaxcala Yucatán Hidalgo Michoacán Estados Unidos Mexicanos Estado de México Puebla Oaxaca Guerrero Jalisco Zacatecas Durango Aguascalientes Chiapas Morelos Nuevo León Coahuila Sinaloa Guanajuato Campeche Quintana Roo Querétaro Chihuahua Tabasco Sonora Nayarit Baja California San Luis Potosí Distrito Federal
3 Gráfico 3. Variación promedio del Gasto en Procuración de Justicia, API y Consignaciones, respecto del año anterior
30.00% 25.00% 20.00% 15.00% Gasto 10.00% 5.00% 0.00% 2004 ‐5.00% ‐10.00% 2005 2006 2007 2008 APIS Consignaciones %
A modo general, podemos señalar que el Gasto en Procuración de Justicia tiende a tener una dinámica de aumento “inercial”, es decir, para la mayoría de los Estados hay un aumento del mismo que no siempre está asociado a un aumento de la actividad (la línea del gasto no es paralela a la de las API y Consignaciones). En las entidades federativas ha habido un aumento constante del Gasto en Procuración de Justicia. Sin embargo, este fenómeno no guarda relación con la cantidad de Averiguaciones Previas Iniciadas o de Consignaciones, ya que las mismas no siempre fueron al alza, incluso muchas veces estuvieron a la baja, como muestra el Gráfico 3. Mientras que de los cinco años relevados sólo en uno crecieron las consignaciones y en dos las APIs, el gasto siempre creció en promedio un 15% respecto a su año anterior. En conclusión: ¡Siempre se gastó más, aunque pocas veces se produjo más! Averiguaciones Previas cada 100 mil habitantes Un indicador ligado a la Procuración de Justicia en las Entidades Federativas que no es de índole fiscal y que nos brinda un panorama bastante más completo de la Procuración de Justicia son las Averiguaciones Previas Iniciadas (API´s).7 Las API´s en general, así como su número y tipo, nos proporcionan una idea más clara de la “función de producción” de las procuradurías estatales en términos de productos tangibles no monetarios8. Todos los datos de las API´s y de las Consignaciones son del fuero común.
4 Consignaciones cada 100 mil habitantes
Número de CPIs cada 100 mil hab
Número de API s cada 100 mil hab
4500 500 0
Baja California Baja California Baja California Sur Yucatán Morelos Quintana Roo Chihuahua San Luis Potosí Distrito Federal Tamaulipas Estado de México Guanajuato Tabasco Sonora Hidalgo Querétaro Nuevo León Aguascalientes Nayarit Jalisco Coahuila Zacatecas Oaxaca Veracruz Puebla Durango Tlaxcala Michoacán Sinaloa Guerrero Chiapas Campeche Colima
Gráfico 4. Averiguaciones Previas Iniciadas cada 100 mil habitantes (promedio 2003-2008)
Gráfico 5. Consignaciones Previas Iniciadas cada 100 mil habitantes (promedio 2003-2008)
5 Una forma de analizar la estrecha relación entre API´s y consignaciones es observar si todas las entidades federativas son uniformes en el porcentaje de consignaciones que se presentan respecto al número de APIs y cuál es el porcentaje (y variabilidad) que existe entre las distintas entidades federativas. Para indagar el primer punto analizamos la correlación entre las tasas de API´s y de las consignaciones por cada entidad. Para estudiar la proporción y variabilidad de la tasa de consignación respecto a las APIs presentamos luego un cuadro con los datos correspondientes. Es importante resaltar que esto nada nos dice del tipo de APIs y consignaciones que se procesan. La calidad del trabajo de las procuradurías se describe en futuras secciones.
Gráfico 6. Correlación entre Averiguaciones Previas Iniciadas y Consignaciones (para todos los años)
Correlación API´s y Consignaciones (sin outliers)
0 500 1000 1500 2000 API´s 2500 3000 3500 4000 4500 R² = 0.124 r= 0.35
Al analizar la correlación entre API´s y consignaciones encontramos que existe una asociación considerable entre las mismas (r= 0.35) con el signo esperado. Esto quiere decir que, en el promedio, a medida que hay una mayor cantidad de averiguaciones previas iniciadas en los estados hay una mayor cantidad de consignaciones. Sin embargo, y a pesar del coeficiente positivo y significativo, la tasa de consignaciones no parece muy efectiva en virtud de las Averiguaciones Previas Iniciadas. Un coeficiente más cercano a r=1.0 nos estaría hablando de una mejor asociación, en este caso, más eficacia.9 Por lo tanto, cuando más lejanos a 1 nos encontramos, como en este caso 0.35, estaríamos hablando de una eficacia relativamente baja. En sentido estricto, esta asociación entre API´s y consignaciones es lógica, es decir, a mayor cantidad de API´s mayor cantidad de consignaciones. Sin embrago, lo que destaca el gráfico anterior es que hay diferencias importantes entre los estados. Algunos están bastante por debajo de la línea y otros muy por arriba. Esto significa que hay estados que son más “eficaces” en producir consignaciones en función del número de API´s iniciadas, mientras que hay otros estados que lo son menos. A continuación, el Cuadro 1 muestra otra forma de medir cuán eficaces son las Procuradurías de Justicia. La misma detalla la cantidad de API´s y Consignaciones para todos los años por cada
6 estado, todo por cada 100 mil habitantes, así como la proporción entre Consignaciones y API´s. La proporción entre API´s y Consignaciones nos da la pauta de cuántas de las API´s continúan su camino como proceso legal. Asimismo, el número de casos por cada 100 mil habitantes nos permite dimensionar el trabajo de las procuradurías, independientemente del tamaño de la entidad federativa.
Cuadro 1. Averiguaciones Previas Iniciadas, Consignaciones y Proporción Jurisdicción Nayarit Coahuila Michoacán Sinaloa Sonora Zacatecas Guerrero Querétaro Distrito Federal Chiapas Jalisco Aguascalientes Colima Tabasco Baja California Sur Chihuahua Estado de México Guanajuato Veracruz Baja California Puebla Oaxaca Nuevo León Yucatán Hidalgo San Luis Potosí Quintana Roo Durango Morelos Tlaxcala Campeche
Averiguaciones Previas Iniciadas/ Consignaciones 0.47 0.39 0.34 0.33 0.30 0.27 0.27 0.25 0.24 0.24 0.21 0.20 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.07 0.07 0.07 0.06 1.80
API´s cada 100 mil hab 1143 1073 911 866 1403 1023 724 1359 1841 668 1099 1236 225 1417 3669 2150 1688 1523 995 4286 983 1021 1332 2875 1385 1852 2368 968 2477 928 237
Consignaciones cada 100 mil hab 391 420 301 290 388 274 183 338 434 154 230 234 41 204 627 339 268 236 150 622 138 107 119 279 113 165 173 60 166 45 431
Es importante destacar que, si bien el total de API´s y Consignaciones, así como el total por cada 100 mil habitantes, nos proporcionan una aproximación a la capacidad productiva de las procuradurías, los totales absolutos de las API´s y Consignaciones no son una medida certera
7 acerca de la eficacia de la procuración de Justicia. Para medirla correctamente también hay que analizar cuántos productos se destinan según la gravedad de los delitos que se consignan. Esto se justifica en el supuesto de que para una entidad federativa es más importante esclarecer un homicidio o un secuestro que un robo menor. Dado que la gran mayoría de los delitos registrados (API´s) son robos de baja cuantía, si sólo analizamos el número de delitos perseguidos, es muy fácil para una procuraduría mejorar “sus números” a través de la persecución y consignación de delincuentes de poca monta sin que se resuelvan los delitos peligrosos. En los hechos, esto ha venido ocurriendo en muchas entidades federativas. Por lo tanto, la sección posterior “Eficaces y Eficientes… ¿Para qué?” analizará la tasa de API´s y Consignaciones según sean de tres tipos de delitos: Homicidios, Lesiones y Robos.11 Un estado eficaz trabaja conforme a prioridades. Dado que es imposible resolver todas las averiguaciones previas iniciadas, es preciso que las procuradurías prioricen asuntos. Las más eficaces y eficientes son las que utilizan sus recursos para resolver casos de alto impacto social, es decir, las que utilizan sus recursos humanos y materiales para atender los asuntos que más impactan en la seguridad de los ciudadanos.
Costo Unitario de las Averiguaciones Previas y las Consignaciones
En este apartado analizamos el Costo Unitario de las API´s y Consignaciones de cada estado para el período en estudio. Al analizar los costos unitarios de cada entidad podemos apreciar dónde es más caro iniciar y llevar a cabo un proceso penal. En consecuencia, podemos ver dónde se “produce más barato” en términos de API´s y Consignaciones. En el siguiente cuadro se observan los costos unitarios de las API´s y las Consignaciones, así como también el valor absoluto de la diferencia entre ambos costos unitarios. Con base en la menor diferencia entre ambos costos unitarios podemos decir qué entidad federativa es más eficiente. Bajo el supuesto de que en la producción de API´s y Consignaciones se internalizan costos del proceso judicial por igual en ambos procesos, la idea de economías de escala nos sugiere que, a menor diferencia entre ambos costos unitarios, más eficiente es la entidad federativa. Desde luego que investigar un homicidio es mucho más costoso que un robo menor. Por lo tanto, como se verá más adelante, cuando el costo es menor en entidades federativas que investigan delitos de alto impacto, estamos frente a estados muy eficaces y eficientes. Por el contrario, cuando se gasta mucho y además se lo hace para perseguir un robo menor a expensas de homicidios o secuestros, entonces estamos frente a estados muy ineficaces e ineficientes. Es de notar que usamos la diferencia entre ambos (en valor absoluto) para que no importe cuál de los dos productos judiciales es más costoso que el otro. Del mismo modo, para ordenarlos, usamos la menor de las diferencias, sin importar la magnitud del costo unitario de cada una. Posteriormente, analizaremos estos costos para delitos de gravedad. Esto se debe a que si sólo miramos el agregado de delitos como indicador, podemos generar incentivos perversos por medio de nuestros indicadores. En efecto, es mucho más fácil aumentar el número de API´s y Consignaciones por delitos poco graves y de esta manera “aparentar ser” más eficiente.
8 Cuadro 2. Ranking Costo Unitario de las Averiguaciones Previas Iniciadas y Consignaciones Jurisdicción Baja California Sur Coahuila Michoacán Yucatán Campeche Estado de México Sinaloa Zacatecas Jalisco Nayarit Baja California Sonora Aguascalientes Guerrero Querétaro Veracruz Chiapas Chihuahua Colima Guanajuato Morelos Distrito Federal Puebla Oaxaca Quintana Roo Nuevo León Tabasco Tlaxcala San Luis Potosí Hidalgo Durango Tamaulipas
Costo Unitario de las API´s 1.2 11.8 8.6 2.5 65.3 4.9 15.9 10.5 9.1 28.9 6.1 16.2 8.2 13.6 13.1 6.9 17.9 8.1 14.1 9.7 4.6 21.8 8.8 9.0 6.5 9.1 20.9 10.3 15.1 5.5 11.4 .
Costo Unitario de las Consignaciones 7.3 29.8 26.8 28.2 39.4 31.3 47.5 43.5 43.1 63.9 41.7 53.9 47.2 53.3 52.8 51.0 75.5 66.7 76.4 72.7 76.8 96.7 84.0 101.7 101.7 123.0 143.6 158.2 184.3 187.7 266.7 .
Diferencia 6.1 18.1 18.1 25.7 25.9 26.5 31.6 32.9 34.0 35.0 35.6 37.7 39.0 39.7 39.8 44.0 57.6 58.6 62.4 63.0 72.2 75.0 75.2 92.8 95.2 114.0 122.7 147.9 169.1 182.2 255.3 .
Como se ha dicho, la eficiencia puede ser analizada en términos relativos al tipo de delito. Pueden existir entidades federativas que sean eficaces en apresar ladrones de poca monta y que eso les sea además “barato”. Esto podemos evaluarlo de mejor modo cuando distinguimos el costo unitario por API´s y Consignaciones según tipo de delitos (de gravedad o no). Por lo tanto, una justa medición de la eficiencia del sistema es medir cuánto cuesta procesar delitos graves vis a vis delitos menores. La siguiente sección también analiza este tema.
9 Eficaz y Eficiente… ¿Para qué?
En esta sección analizamos en qué rubros son “eficaces y efectivas” las Procuradurías de Justicia de las Entidades Federativas. Intentaremos discernir aquellas procuradurías que se dedican a perseguir delitos de alto impacto social de aquellas que se dedican a perseguir delitos menos relevantes. También diferenciamos aquellas que realizan cualquiera de estas dos actividades a un alto costo fiscal de aquellas que las realizan con un bajo costo fiscal. En esta línea, decidimos analizar el número de API´s que se destinan por rubros, cuántas API´s son consignadas por tipo de delito y, finalmente, qué entidades federativas son eficaces en combatir delitos graves a menor costo. Para ello, examinamos los tipos de averiguaciones previas iniciadas de acuerdo con tres grandes rubros: Homicidios, Lesiones, y Robos. Debido a que las lesiones y homicidios son delitos graves, no tanto así los robos simples, analizamos cuáles son las cargas de trabajo reales de cada procuraduría por tipo de delito. Una vez obtenidos estos resultados, analizamos el gasto por tipo de delito. El Cuadro 3 despliega el porcentaje de homicidios, lesiones y robos respecto al total de APIs de cada entidad para el periodo 2003-2008. Es de destacar que las procuradurías son en parte un órgano reactivo a la ciudadanía. Esto significa que muchas APIs son resultado de denuncias ciudadanas y, por lo tanto, hay sub-reporte (no todo se denuncia).13 En cambio los registros de homicidios son más precisos, ya que, en la mayoría de los casos, hay un “cuerpo muerto” que el Ministerio Público de oficio debe investigar.
10 Cuadro 3. Porcentaje de API´s destinadas a Homicidio (APIH), Lesiones (APIL) y Robo (APIR) Jurisdicción Yucatán San Luis Potosí Veracruz Colima Chiapas Guanajuato Hidalgo Durango Oaxaca Nayarit Puebla Campeche Morelos Tlaxcala Sonora Querétaro Coahuila Jalisco Zacatecas Quintana Roo Estado de México Aguascalientes Tamaulipas Tabasco Baja California Sinaloa Michoacán Nuevo León Chihuahua Distrito Federal Guerrero
APIH(%total) 0.5% 0.8% 1.8% 1.4% 5.9% 1.5% 1.2% 2.4% 5.7% 3.0% 5.0% 7.3% 1.9% 5.0% 2.2% 1.4% 1.3% 1.7% 1.6% 1.5% 1.8% 1.2% 1.5% 1.2% 0.4% 6.0% 3.8% 1.2% 1.5% 1.0% 5.4% 1.7%
APIL(%total) 19.2% 17.6% 16.5% 13.7% 16.8% 16.3% 20.2% 12.3% 21.5% 13.9% 21.8% 8.4% 13.5% 19.0% 11.9% 10.7% 15.6% 13.7% 19.6% 15.1% 21.7% 18.3% 16.9% 8.6% 10.0% 17.9% 13.4% 15.5% 12.8% 14.8% 57.0% 27.7%
APIR(%total) 20.1% 21.6% 22.3% 23.2% 25.7% 26.0% 26.3% 27.2% 27.4% 27.4% 28.1% 29.1% 29.9% 31.2% 31.5% 32.6% 35.6% 35.7% 36.0% 36.7% 37.1% 37.6% 40.8% 41.6% 41.6% 45.2% 48.0% 51.7% 53.6% 53.9% 92.5% 143.5%
Como hemos visto en los cuadros anteriores, un promedio de aproximadamente el 40% de las API´s para las 32 entidades federativas durante el periodo 2003-2008 son por Robos (APIR), mientras que 18% son API´s por Lesiones (APIL) y, finalmente, 3% son por Homicidios. Un total de 62% en promedio de las API´s concentran estas categorías. La entidad federativa que más API´s registra en Robos es el Distrito Federal, que destina el 54% de las API´s a este delito, seguido por Chihuahua y Nuevo León, con un promedio de 53% y 51%
11 API’s a Robos, respectivamente. En términos de API’s a Lesiones, Guerrero ocupa el primer lugar con 57%, secundado por Baja California Sur (27.7%) y Puebla (21.8%). Finalmente, en términos de API´s destinadas a Homicidios (APIH), es Campeche la entidad federativa que destina una mayor cantidad promedio de API´s a este rubro con un 7% de las API´s destinadas a Homicidios, seguida por Sinaloa y Chiapas con 6%. Vale la pena hacer un análisis más minucioso con respecto a las API’s por Homicidios, ya que como se muestra en el siguiente cuadro existe una gran variabilidad en la categorización de este tipo de delito. Hay entidades con una proporción de homicidios culposos muy grande (por ejemplo, Yucatán y Chiapas) y otras con muy alta proporción de homicidios dolosos (por ejemplo, Puebla o Oaxaca). Esto nos hace al menos dudar de la correcta clasificación que asignan algunas de las procuradurías. La conclusión más importante es que hay grandes diferencias entre las entidades federativas tanto en el número absoluto de homicidios como en la definición de su tipo.
Cuadro 4. Total de homicidios registrados en las APIs entre 2003 y 2008 según su tipo
Homicidios Dolosos Homicidios Culposos Diferencia DolososCulposos -promedio (%)Homicidios Dolosos Homicidios Culposos Diferencia DolososCulposos promedio (%)
Distrito Federal San Luis Potosí Baja California Nayarit Sonora Tabasco Chihuahua Querétaro Quintana Roo Campeche Guanajuato Sinaloa Coahuila Nuevo León Morelos Chiapas
783 177 544 105 278 192 809 190 142 55 347 704 144 187 281 525
759 191 473 169 522 321 476 109 249 72 740 697 210 451 422 1086
2 -4 7 -24 -30 -25 26 -27 -27 -14 -36 1 -19 -41 -20 -35
Aguascalient es Durango Zacatecas Jalisco Guerrero Oaxaca Puebla Edo de México Michoacán Hidalgo Yucatán Tlaxcala Veracruz Baja California Sur Colima Tamaulipas
28 259 60 500 880 1233 1111 1868 523 126 30 175 473 36 37 353
160 144 165 753 713 414 513 2227 841 264 222 460 969 58 72 378
-70 29 -47 -20 10 50 37 -9 -23 -35 -76 -45 -34 -23 -32 -3
Para tener una aproximación más precisa acerca de cuántas averiguaciones previas inicia cada entidad en función de la gravedad de los delitos que en ella ocurren, la Tabla 5 detalla la cantidad de robos simples que se inician por cada homicidio y por cada API de lesiones. Es decir, se describen la proporción de robos respecto a homicidios y la proporción de robos respecto a lesiones. Cuanto mayor es el coeficiente, mayores son las API´s de robo respecto a delitos más peligrosos.
12 Cuadro 5. Proporción de API´s Robo/Homicidio y Robo/Lesión API´s Robos/Homicios 4.0 4.3 4.8 5.9 6.3 7.5 11.1 11.6 12.8 13.0 13.6 15.8 15.8 17.6 20.9 21.5 API´s Robos/Lesiones 3.5 1.5 1.3 1.3 1.2 2.5 2.4 2.0 1.4 3.7 2.5 1.6 2.3 1.6 2.6 2.3 API´s Robos/Homicios 22.0 22.0 23.8 23.9 24.5 26.3 26.7 27.4 28.1 31.5 35.7 42.0 44.9 56.0 82.5 100.6 API´s Robos/Lesiones 1.3 1.8 2.5 3.1 2.2 1.2 2.5 1.2 2.3 2.0 4.3 1.0 3.6 3.6 5.2 4.2
Jurisdicción Campeche Chiapas Oaxaca Puebla Tlaxcala Sinaloa Durango Nayarit Veracruz Michoacán Sonora Guerrero Morelos Guanajuato Jalisco Estado de México
Jurisdicción Hidalgo Zacatecas Quintana Roo Querétaro Colima San Luis Potosí Tamaulipas Tabasco Coahuila Aguascaliente s Chihuahua Yucatán Nuevo León Distrito Federal Baja California Sur Baja California
Esto indica que, por ejemplo, para Campeche por cada 4 APIs de robo se inicia una por homicidio y por cada 3.5 robos una por lesiones. Cuanto más alto sea el cociente mayor es el peso de los delitos menores para la entidad federativa. Por otra parte, dado que los robos simples son delitos frecuentes que muchos MPs no registran (o sea que “batean” a los denunciantes) se esperaría que la tasa de robos sobre lesiones (un delito ya más grave aunque también frecuente) fuera similar. Dado que los delitos de robo común son los que menos se denuncian, una buena porción de los mismos resultan de la flagrancia detectada por los policías preventivos. Consignaciones Si bien las cifras de las APIs nos proporcionan una medida de la actividad de los Ministerios Públicos, la efectividad de los mismos se mide mejor analizando la tasa de consignaciones de los delitos graves. Es decir, una mejor medida de eficacia se obtiene al analizar la proporción de casos graves que son “resueltos” a través de consignaciones ante el juez.16 A continuación, se detalla la tasa de consignación para estos delitos y los resultados de la tasa de condena sólo para homicidios intencionales en el periodo 2003-2008 elaborada por México Evalúa.17
13 Cuadro 6. Porcentaje promedio 2003-2008 de API´s consignadas en materia de Homicidios totales e intencionales Jurisdicción Colima San Luis Potosí Nayarit Baja California Campeche Jalisco Aguascalientes Hidalgo Distrito Federal Querétaro Chihuahua Coahuila Tabasco Sonora Baja California Sur Durango APH-CH 82% 78% 58% 57% 54% 52% 52% 52% 50% 49% 47% 47% 45% 43% 38% 35% Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Intencionales * 63% 51% 61% 27% 56% 44% 37% 64% 50% 68% 25% 39% 28% 55% 35% 32% Jurisdicción Nuevo León Tamaulipas Quintana Roo Veracruz Sinaloa Michoacán Guanajuato Guerrero Morelos Puebla Chiapas Oaxaca Estado de México Tlaxcala Yucatán
APH-CH 35% 33% 32% 32% 30% 29% 27% 24% 24% 21% 19% 18% 17% 9% -252%
Rank 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 n/a n/a
Intencionales * 49% 31% 27% 29% 28% 24% 41% 15% 47% 24% 47% 16% 25% 9% 81% 67%
Fuente: Elaboración propia con base a datos de averiguaciones previas y consignaciones de INEGI * Los datos para intencionales se extraen del estudio México Evalúa: Índice de desempeño del sistema penal p. 7
La columna APH-CH indica que de la suma total de APIs de homicidios (es decir de los homicidios registrados en las procuradurías), sólo un cierto porcentaje se consigna. Para todo el país este porcentaje es menor al 35%. Es de destacar que para ciertas entidades es probable que alguno de los homicidios registrados no sean dolosos y que, además, no todos los homicidios estén efectivamente registrados en las APIs. Asimismo, la columna “intencionales” indica que de todos los homicidios dolosos registrados en procuradurías, sólo un cierto porcentaje recibe sentencia condenatoria. Los porcentajes no son los mismos por varias razones. Primero, abarcan años distintos (los intencionales solo 2 años). Segundo, los dolosos pueden “esconder” algunos casos de culposos (aunque no muchos). Tercero, el incremento en las ejecuciones en los últimos años sesga los resultados. Sin embargo, las tasas entre las dos columnas son muy similares. Primero, el coeficiente de correlación entre ambas mediciones es de R: 0.68, lo que indica que los resultados son compatibles. Segundo, por lo general, los estados con buen desempeño en castigar homicidios totales también se desempeñan por encima del promedio en castigar los intencionales y viceversa. Tercero, en sólo seis estados las discrepancias son estadísticamente significativas, es decir, los datos son considerablemente diferentes. Del Cuadro 6 podemos extraer conclusiones importantes. La probabilidad que un homicida quede impune en estados del bajío o la península es menor al 50%. Si bien la tasa de efectividad no es muy alta, se acerca a la de los países más desarrollados donde la tasa de efectividad de castigo a homicidas supera los dos tercios. Sin embargo, en estados como Tlaxcala, Oaxaca, Estado de México o Chiapas la impunidad es mayor al 80%. No sólo el aparato de Procuración de Justicia es caro, sino también es bastante ineficaz.
14 Los datos también revelan una conclusión algo inesperada. En nuestro mismo país hay grandes divergencias entre las entidades federativas. Mientras que algunas tienen desempeños más en línea con países desarrollados, otras tienen tasas de eficacia más acordes con el Tercer Mundo. Finalmente, la tasa de castigo para homicidios intencionales parece ser más baja que para los culposos. En ocho estados el castigo de homicidios intencionales es significativamente menor al de culposos y en seis al revés. Sin embargo, la impunidad, tanto para homicidios intencionales como imprudenciales, es baja (30% para los primeros y aproximadamente 40% para los segundos) Las siguientes dos cuadros describen las tasas de consignación para lesiones y para robo simple.
Cuadro 7. Ranking del porcentaje promedio de API´s consignadas en materia de Lesiones
Jurisdicción Querétaro Nayarit Zacatecas Michoacán Sinaloa Colima Tamaulipas Jalisco Durango Puebla Aguascalientes Oaxaca Tlaxcala Veracruz Sonora Coahuila
APL-CL 54% 45% 41% 34% 29% 29% 25% 24% 23% 23% 22% 22% 21% 20% 19% 18%
Jurisdicción Chihuahua Chiapas Quintana Roo Distrito Federal San Luis Potosí Hidalgo Nuevo León Baja California Sur Baja California Tabasco Guanajuato Guerrero Yucatán Morelos Estado de México Campeche
APL-CL 18% 17% 16% 15% 14% 12% 11% 11% 11% 9% 9% 8% 7% 6% 5% 149%
Ranking 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0
15 Cuadro 8. Ranking del porcentaje promedio de API´s consignadas en materia de Robos Jurisdicción Campeche Sonora Sinaloa Nayarit Colima Coahuila Jalisco Querétaro Aguascalientes Distrito Federal Chiapas Michoacán Veracruz Durango Tamaulipas Tabasco APR-CR 75% 36% 34% 32% 26% 25% 19% 17% 16% 16% 15% 14% 14% 13% 13% 12% Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jurisdicción Guanajuato Yucatán Guerrero Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Oaxaca Baja California Baja California Sur Chihuahua Tlaxcala Nuevo León Hidalgo Morelos Estado de México Zacatecas APR-CR 12% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 9% 8% 7% 7% 7% 7% 5% 5% Ranking 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Como se observa, en 26 de las 32 entidades la tasa de consignación de robos es menor al 25% (o sea que por cada cuatro API’s de robo simple se consigna menos de una). En cuanto a Lesiones, en 25 de las 32 se consignan menos del 25%. Y respecto a Homicidios, al menos 21 entidades federativas consignan menos del 50% de los homicidios. En resumen, en México la tasa de impunidad luce bastante alta. Finalmente, para dimensionar el tipo de prioridades que tienen las procuradurías para perseguir los delitos graves, en el siguiente cuadro medimos el cociente o proporción de robos consignados respecto a homicidios y lesiones. Este cuadro nos habla del esfuerzo que realizan los Ministerios Públicos en resolver los casos que les llegan (o sea para casos en que se abren averiguaciones previas).
16 Cuadro 9. Ratios de Consignaciones Robo/Homicidio y Robo/Lesión Jurisdicción Zacatecas Oaxaca Hidalgo Puebla Chiapas San Luis Potosí Durango Morelos Tlaxcala Campeche Veracruz Chihuahua Michoacán Nayarit Estado de México Guerrero Ratio Consignaciones Robos/Homicidios 0.4 2.6 2.9 3.1 3.5 3.6 4.2 4.3 5.4 5.6 5.6 6.0 6.4 6.4 6.8 7.0 Ratio Consignaciones Robos/Lesiones 0.2 0.6 0.8 0.6 1.4 0.9 1.4 2.6 0.4 1.7 0.9 1.9 1.6 1.4 2.4 2.3 Jurisdicción Tabasco Jalisco Colima Guanajuato Quintana Roo Querétaro Sinaloa Nuevo León Aguas Calientes Tamaulipas Sonora Coahuila Baja California Distrito Federal Baja California Sur Yucatán Ratio Consignaciones Robos/Homicidios 7.4 7.7 7.8 7.8 7.9 8.5 8.5 9.0 10.0 10.1 11.4 14.9 17.2 17.8 20.3 -Ratio Consignaciones Robos/Lesiones 1.5 2.1 2.0 2.2 1.7 1.0 2.9 2.3 1.5 1.2 4.7 3.1 3.9 4.0 4.6 1.6
Como regla general debe decirse que cuanta más alta sea la tasa, más importante es la resolución de los robos o menos importante es la resolución del delito grave (homicidio o lesiones). Sin embargo, cada entidad debe analizarse por separado porque su desempeño depende de varios factores como son la tasa de delitos reales, la cifra negra, etc. En términos generales, podemos decir que cuando la tasa de robos sobre lesiones (también un delito frecuente) es mayor a 2 y la de robos sobre homicidios es mayor a 6-7, el énfasis en la consignación de robos es proporcionalmente mayor; es decir, la prioridad en la resolución de delitos graves es baja. De este análisis podemos extraer varias conclusiones:
a) La tasa de consignación por lesiones y por robos comunes es bastante similar. Esto significa
que, en promedio, para las procuradurías, las lesiones no ocupan una preferencia o prioridad respecto a los robos simples. Esto podría ser resultado de la detención en flagrancia, típica en el robo común y también bastante frecuente en las lesiones. Claro que consignar flagrancia es más fácil que consignar un delito en el que hay que investigar y detener al presunto responsable.
17 b) La tasa de resolución de homicidios no es en su conjunto significativamente más importante que
las anteriores. Esto indica que a pesar de que el número de casos a resolver por homicidios es sustancialmente menor, no se observa que las procuradurías en su conjunto resuelvan proporcionalmente muchos más casos del delito más grave. Aunque en los países desarrollados también se resuelven más robos y lesiones que homicidios y secuestros, la tasa de resolución de delitos graves es considerablemente más alta que en México.
c) La tasa de consignación de homicidios es bastante baja en la gran mayoría de las entidades
federativas. Sólo 9 de las 32 entidades superan el 50% de resolución y en más de la mitad la tasa no llega al 35%.
d) En muy pocas procuradurías (por lo general estados chicos con relativamente baja incidencia
delictiva) se observa cierta “racionalidad” en la tarea de resolver casos. Es decir, pocas son las entidades que atienden casos en función de la gravedad del mismo (primero, homicidio; segundo, lesiones; tercero, robo). A pesar de que los datos de otros delitos no nos permiten realizar una escala completa, el análisis de estos tres permite detectar racionalidad en las asignaciones de trabajo.
e) Para muchas entidades federativas el delito de robo común es el que acapara no sólo el mayor
volumen de consignaciones, sino que proporcionalmente es el que predomina como el pilar de la actividad de los Ministerios Públicos.
f) Este análisis permite realizar comparaciones para definir qué entidades consignan
proporcionalmente más homicidios o lesiones que robos comunes. Así, una alta tasa de robo respecto a delitos graves nos está indicando que las entidades están más preocupadas por procesar casos que resolver la violencia y letalidad de los mismos. Finalmente, para tener una medida acerca de cuán eficaz es el gasto para resolver los delitos graves, deberíamos recurrir a un análisis detallado de la asignación de recursos de cada procuraduría. Esa información no está disponible y posiblemente ni las dependencias la dispongan. Por lo tanto, para dimensionar la eficacia debemos recurrir a estimaciones impuras. Dado que no se dispone de información pertinente, presentamos un ejercicio que sirve sólo para ubicar a cada entidad en un continuo de mayor a menor. La calificación más baja nos sugiere mayor eficacia. Para construir este índice tomamos la siguiente información: Del Cuadro 2 se obtienen los datos donde se analiza la eficiencia del gasto por cantidad de APIs (el ranking de Diferencia de costos unitarios). Y de los Cuadros 6 y 7 se tomaron los rankings de las tasas de consignaciones de los delitos más graves (homicidios y lesiones). Por lo tanto, tenemos dos insumos: a) la eficiencia bruta del gasto y b) el grado de resolución o consignación de delitos graves. Es decir, una medida de gasto y una medida de prioridades operativas. Para dimensionar a cada entidad federativa, promediamos las calificaciones de cada una en los tres rankings. Primero, promediamos las dos tasas de consignaciones (ranking compuesto) y ese resultado, a su vez, lo promediamos con el de gasto. El siguiente cuadro describe los resultados para cada estado.
18 Cuadro 10. Puestos obtenidos en los rankings y Promedio de puestos
Rank APH/ CH 5 3 6 1 10 12 21 7 22 14 s.i. s.i. 9 20 4 15 Rank Rank Rank Diferencia APL/ compue Promedio Jurisdicción Costos CL sto Unitarios s.i. 2 8 6 1 16 5 11 4 15 3 29 20 14 25 24 5 4.5 7 3.5 5.5 14 13 9 13 14.5 3 29 14.5 17 14.5 19.5 5 10 9 19 15 2 7 13 3 12 8 4 22 16 11 1 5 7.5 8 11.2 10.2 8 10 10 8 13.2 5.5 16.5 13.5 16.5 12.7 10.2 Durango Chihuahua Tamaulipas Chiapas San Luis Potosí Puebla Tabasco Quintana Roo Guerrero Guanajuato Oaxaca Hidalgo Nuevo León Estado de México Tlaxcala Morelos Rank APH/ CH 16 11 18 27 2 26 13 19 24 23 28 8 17 29 30 25 Rank APL/ CL 9 17 7 18 21 10 26 19 28 27 12 22 23 31 13 30 Rank comp uesto 12.5 14 12.5 22.5 11.5 13 14.5 19 26 25 20 15 20 30 21.5 27.5 Rank Diferencia Promedio Costos Unitarios 31 18 32 17 29 23 27 25 14 20 24 30 26 6 28 21 21.7 16 22.2 19.7 20.2 18 21.7 22 20 22.5 21 22.5 23 18 24.7 24.2
Jurisdicción Campeche Nayarit Jalisco Colima Querétaro Coahuila Sinaloa Aguascalie ntes Michoacán Sonora Zacatecas Yucatán Distrito Federal Veracruz Baja California Baja California Sur
Este índice debe ser interpretado como orientativo y solo para propósitos de comparación entre entidades federativas. No son calificaciones absolutas, sino que, por derivar de rankings, son calificaciones relativas. Por lo tanto, sirven sólo para orientar al lector con una medición que incluye múltiples dimensiones acerca de cómo está cada entidad en relación con las otras en términos de resolución de casos graves y eficiencia en el gasto. Estos resultados nos permiten realizar algunas observaciones: 1) El tener un buen desempeño en un área no implica ser eficaz en el conjunto. Por ejemplo, Baja California Sur salió calificada como la más eficiente en gasto pero su pobre desempeño en consignar casos graves la ubica en un lugar moderado de eficacia general. El Estado de México también tiene un buen lugar en gasto, pero su pésimo desempeño en consignación lo relega a una mala ubicación general. 2) La calificación más baja es 5 y la más alta 24.7. O sea, el rango es menor a 20, por lo que diferencias de 3 o 4 puntos ya deben tomarse como significativas. En cambio, diferencias menores a esas cantidades deben considerarse como aleatorias o inestables. 3) En general, las entidades más grandes o con mayor cantidad de habitantes tienen un nivel de eficacia menor, tal vez debido a que el problema de la inseguridad es mayor. Sin embargo, entidades pequeñas o medianas también pueden ser muy ineficaces, como, por ejemplo, Tlaxcala, Tamaulipas, Tabasco e Hidalgo.
19 4) Existen tres grandes grupos: los más eficaces, los de nivel medio y los muy ineficaces. Entre los primeros se ubican: Campeche, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Coahuila, Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán y Baja California Sur. Los de eficacia moderada son Colima, Sonora, Yucatán, Distrito Federal, Veracruz, Baja California y Chihuahua. Y los ineficaces son: Puebla, Estado de México, Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, Oaxaca, Durango, Tamaulipas, Tabasco, Quintana Roo, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.
Con base en los diversos análisis realizados y por medio del estudio de los distintos indicadores que hemos construido, podemos tener una idea bastante cercana a la realidad respecto a las Entidades Federativas que proveen un mejor servicio de Procuración de Justicia a sus ciudadanos. Hemos aportado información cuantitativa para analizar el desempeño de todas las entidades federativas. La teoría predice que los gastos agregados en Procuradurías de Justicia deben ser estables a partir de cierto nivel de actividad, a pesar de que aumenten los “inputs” (Averiguaciones Previas Iniciadas) o se generen más Consignaciones. Los aparatos burocráticos deberían generar “economías de escala” para internalizar nuevos costos. En otras palabras, los costos marginales de las averiguaciones previas y las consignaciones deberían ser decrecientes, es decir, a medida que van generándose más API´s y Consignaciones, el costo por unidad de las mismas debería ir bajando. Sin embargo, a partir del análisis estadístico, observamos que esto no ocurre. Sostenemos que el aumento constante del gasto en procuración de justicia está mostrando una “inercia burocrática” del mismo. Creemos que, en virtud de la función de producción propuesta, el gasto debería estabilizarse. Dado que nuestros hallazgos muestran que el gasto unitario y la productividad son constantes o sin una clara tendencia decreciente, creemos que es adecuado señalar que el aumento en el gasto en Procuración de Justicia indica que los recursos fiscales adicionales derivan en asignaciones ineficientes. Esto nos estaría indicando que, a nivel agregado, en la Republica Mexicana existe una burocracia que es medianamente “eficaz” para resolver delitos menores (persigue y encarcela mucha gente por robos menores), bastante ineficaz para resolver delitos graves y bastante “ineficiente” en razón de que gasta más recursos de los que debería para realizar sus tareas. Una hipótesis que explica esto es el poder e inercia de las burocracias (procuradurías), cuyo nivel de rendición de cuentas por resultados simplemente no existe. Una de las principales conclusiones de nuestro análisis de datos es que, en líneas generales, las entidades federativas son solamente “eficaces” en la persecución de delitos menores, ya sea porque detienen a los delincuentes en flagrancia o porque es más fácil para un Ministerio Público detener a un ladrón menor que a un secuestrador u homicida. Asimismo, el aumento constante que se observa en los presupuestos de las procuradurías locales no se ve reflejado, en la gran mayoría de los estados, en prioridades racionales para la resolución de los delitos graves.
Para elaborar este informe se recopilaron datos de 6 años (entre 2003-2008) de todas las Entidades Federativas para todo el período. Hemos recolectado la información a través de diversos recursos electrónicos públicos, esto nos permitió incorporar una gran cantidad de información. Con estos datos construimos una base de datos elaborada dentro del CIDE, con base en las cuentas públicas a las que pudimos acceder por Internet o por consulta directa a través de los organismos de transparencia y acceso a la información. La información de las averiguaciones previas fue tomada también de las páginas oficiales. Los sitios consultados fueron fundamentalmente las páginas de las entidades federativas y de INEGI. Se entiende por eficiente aquella entidad federativa que gasta proporcionalmente menos para obtener similares resultados respecto a otros estados. Analizamos eficiencia como el costo unitario de las API´s (es decir como el gasto en procuración de justica por el total de Averiguaciones Previas Iniciadas) y el costo unitario de las consignaciones.
Se entiende por eficaz a aquel estado que dada una cantidad de recursos logra obtener un producto deseado. Para propósitos de nuestro análisis entendemos por “eficacia” dos tipos resultados: 1) la proporción entre consignaciones y averiguaciones previas. En nuestro análisis consideramos eficaz a aquel estado que tiene similares tasas de consignaciones que de averiguaciones previas cada 100 mil habitantes. 2) Dado que las averiguaciones previas y consignaciones son conceptos muy amplios que incluyen todos los delitos, para medir eficacia en forma más precisa discriminamos consignaciones por cierto tipo de delitos. Por lo tanto, queremos indagar en forma específica cuán eficaces son los estados en resolver casos de delitos graves como los homicidios y las lesiones. En resumen, analizaremos la eficacia de los estados no sólo para medir cuántos casos resuelven sino fundamentalmente qué tipo de casos resuelven. Se toma el promedio interanual para evitar posibles sesgos de malos años de desempeño fiscal general.
La primera denominada “Estados Unidos Mexicanos” se refiere al Gasto en Procuración de Justicia que realiza el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que en este gráfico y el siguiente, el estado de Tamaulipas no aparece por no haberse encontrado los datos necesarios para el período señalado.
Puede ocurrir que una Entidad Federativa tenga un gran presupuesto y que el gasto en Procuración de Justicia como porcentaje del mismo sea muy pequeño, pero que, a pesar de ello, la Entidad Federativa gaste sustanciales recursos en Procuración de Justicia dado el número de habitantes que hay en ella.
Se entiende por Averiguación Previa Iniciada al registro y proceso que inicia una Agencia del Ministerio Público para aclarar un presunto delito cometido y fincar responsabilidades del mismo. A diferencia de la averiguación previa, se entiende por consignaciones a las presentaciones ante un juez de los presuntos responsables por la comisión de un delito. En resumen, y para propósitos prácticos, una averiguación previa es el comienzo de la labor de la Procuraduría para esclarecer un delito y la consignación es la conclusión del proceso con la presentación de los presuntos delincuentes ante el juez.
Los datos fueron ponderados cada 100 mil habitantes para tener en cuenta las posibles distorsiones que el factor poblacional puede generar en las comparaciones.
Hay un factor que se debe tener en cuenta. Una averiguación previa se inicia en función de uno o varios delitos cometidos. Estos pueden haber sido cometidos por más de un presunto delincuente. Por lo tanto, una averiguación previa puede incluir varias consignaciones. En resumen, el coeficiente R luce menos robusto aún.
Este dato es claramente un “llamativo”. Un caso excepcional sería ya el de un estado cuyo ratio fuera = 1. Esto significa que para cada API hay una consignación. Sin embargo, ésta es una cifra demasiado alta. En consecuencia, el 1.86, que es el coeficiente que obtuvo Campeche, representa un resultado “dudoso”. Consideramos que se debe a una mala carga en los datos (en las fuentes), ya que la cifra fue revisada múltiples veces antes de la edición del informe escrito. Hemos elegido para el análisis lesiones y homicidios dolosos dado que son los únicos delitos graves para los que se tiene estadística precisa de todas las entidades federativas para todos los años. Para secuestro, por ejemplo, se pueden obtener datos sólo para algunas entidades y para algunos años solamente. El análisis de robo se utiliza como base o “control” para comparar desempeño. El gasto en Procuraduría de Justicia para ésta Entidad Federativa no ha sido posible obtenerlo.
Al igual que en otros trabajos (México Evalúa 2010), el robo concentra aproximadamente un 40% de las denuncias para el período en estudio. Esta cifra está bajo revisión. Las fuentes públicas a las que hemos accedido nos dan un dato que es incoherente, ya que para un mismo año la sumatoria debería esta cercana al 100%. Esta cifra está bajo revisión. Las fuentes públicas a las que hemos accedido nos dan un dato que es incoherente, ya que para un mismo año la sumatoria debería esta cercana al 100%.
21 En sentido estricto una consignación no es la resolución del caso ya que el inculpado puede resultar absuelto o, inclusive, puede ser declarado culpable cuando en la realidad esa persona era inocente. Para propósitos de nuestro análisis asumimos que la gran mayoría de las consignaciones son resoluciones de los casos, aunque pudieran no serlo. Ni INEGI ni las estadísticas Judiciales reportan el número de sentencias por homicidio discriminado por tipo (doloso o culposo) Esta “tasa de efectividad” fue construida con base en los años de condena que cada entidad aplicó a sus casos, bajo el supuesto que más de 9 años implica un homicidio intencional o doloso y menos de 9 años uno culposo o imprudencial. Es probable que esta tasa no sea del todo precisa pero sí es bastante orientativa.
Esta entidad federativa presenta inconsistencia en los datos. Esta entidad federativa presenta inconsistencia en los datos. Estas entidades federativas no fueron rankeadas por inconsistencia en los datos.
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