Source: https://www.slideshare.net/mujereslibres/pensamiento-del-csu-reforma-ley-30
Timestamp: 2018-01-20 07:38:18+00:00

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Ley 30 de 1992 by JOHN ALEXANDER 20185 views
1. PENSAMIENTO DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS ACERCA DEL PROYECTO POR EL CUAL SE ORGANIZA EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SE REGULA EL SERVICIO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Bogotá, D.C. Noviembre de 2011 Actualización 10/11/2011 11:12 p.m.INTRODUCCIONEl Consejo Superior de La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ha consideradoconveniente expresar mediante este documento el pensamiento que le suscita la iniciativadel Gobierno Nacional de establecer una nueva política para la Educación Superior enColombia que va más allá de lo que era el marco de la Ley 30 de 1992 que pretendereformar1, ya que ésta organizó el servicio público de la educación superior, en tanto queel proyecto amplía su ámbito y alcance, extendiéndolo a la “organización de un sistemade educación superior”.La metodología utilizada no es revisar todos y cada uno de los 164 artículos del Proyectode Ley, sino agruparlos en algunas líneas temáticas que faciliten el análisis y la elaboraciónde una primera propuesta, que lógicamente expresará el pensamiento de la mayoría delos miembros del Consejo Superior, que no de la universidad como un todo, ya que nadiese puede arrogar la vocería de los estamentos universitarios.LÍNEAS TEMÁTICASEl documento se concentra en seis líneas temáticas.1. Educación superior como derecho, y como servicio público.2.- Financiación.3.- Autonomía académica – Régimen especial de las universidades del Estado.4.- Instituciones de Educación Superior Mixtas.5.- Universidades estatales territoriales.1 La Ley 30 de 1992 Organizó el servicio público de la educación superior.
2. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSU6.- El pasivo pensional de las universidades del Estado.1.- EDUCACIÓN SUPERIOR COMO DERECHO Y COMO BIEN PÚBLICO.El reconocimiento de la existencia de derechos sociales es el fundamento del EstadoSocial de Derecho. Sin embargo el concepto de educación superior como derecho y bienpúblico está presente de manera formal en el proyecto de ley del MEN, apenas como unsaludo a la bandera.En el Artículo 1° del proyecto de Ley del MEN se establece que la educación superior tienela doble condición de derecho y de servicio público, pero es significativo que sólo en eseArtículo se habla de la educación superior como derecho y como bien público. Ya desde elartículo 2° el proyecto de ley omite toda referencia a la educación superior como derechoy en adelante se limita a referirse a ella sólo como servicio público, hasta el punto quemientras la educación superior como derecho y bien público se menciona UNA sola vez entodo el articulado del proyecto de Ley, la educación superior como servicio público esreiterada durante VEINTIUN (21) veces. El título general del proyecto es “Proyecto de Leypor la cual se organiza el Sistema Nacional de Educación Superior y se regula la prestacióndel servicio público de la educación superior”, y todo el Título II del proyecto de ley sedenomina “De la prestación del servicio público de la educación superior”. Más claro no esposible.La garantía y la preservación de los derechos es una obligación del Estado, mucho más aúnsi se trata de derechos sociales en un Estado que se define como Social de Derecho. Noocurre lo mismo cuando la educación es homologada a un servicio público. La garantía yla preservación de los derechos no puede ser delegada o concesionada a los particulares,ni puede dar lugar al ánimo de lucro; lo contrario ocurre con la prestación de los serviciospúblicos la cual sí puede ser concesionada a los particulares.La fundamentación filosófica para que la educación estatal preescolar y básica seauniversal y gratuita en Bogotá D.C. es que la educación es un derecho, concretamente underecho social. Es evidente la falta de coherencia que hay en el hecho de que para elEstado la educación es un derecho limitado sólo a algunos niveles del proceso educativo, yque se garantice en forma universal y gratuita en Bogotá D.C. en las instituciones oficialespero sólo en el nivel preescolar y básico, pero que en el ámbito postsecundario –educación técnica, tecnológica, universitaria- para ese mismo Estado la educación no esun derecho sino fundamentalmente un servicio público. Esta incoherencia es palpable enel proyecto de ley del MEN, y es el fundamento de su propuesta financiera y de suconcepción filosófica, pues los servicios públicos son tasados como mercancías, mientrasque los derechos no admiten ese trato. 2
3. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSULa educación superior como servicio público enfatiza en los aspectos utilitarios delproceso educativo; su punto de partida es el costo y el precio económico del servicio. Laeducación superior como derecho permite enfatizar no sólo en los aspectosinstruccionistas e instrumentales del proceso educativo, sino también en los valorativos yformativos, permite enfocar la educación superior como un PROYECTO CULTURAL DE LASOCIEDAD Y DEL ESTADO.La educación superior como derecho y como bien público aleja la problemáticauniversitaria de las consideraciones de tipo principalmente financiero, y coloca en elcentro de la definición del sistema de educación superior el gran tema y el gran problemade ¿qué tipo de educación? y ¿la educación para qué?, los cuales son los grandes ausentesdel proyecto del MEN de reforma a la ley 30.EN CONCLUSIÓNLos derechos son universales y gratuitos (¿qué costo tiene el derecho a pensar librementeo a elegir a los gobernantes?); los servicios públicos son restringidos a quienes puedanpagar por ellos, y lo más que se acepta es que sean subsidiados pero no que seangratuitos. Postular la educación superior como un servicio público, es afirmar que esrestringida a quienes puedan pagar por ella, y que a lo sumo se puede subsidiar, pero noofrecer en forma universal y gratuita. Aceptar que la educación es un derecho es admitirque el Estado la debe garantizar en forma universal y gratuita, y hacer de ella un proyectocultural de la sociedad y del Estado democrático y pluralista.PROPUESTASin menoscabo de la prerrogativa que reconoce el Estado a los particulares paraestablecer instituciones de educación superior, en las instituciones universitarias delEstado la educación debe ser reconocida como un derecho universal y gratuito, abierto atodo aquel que demuestre el mérito y la vocación para acceder a él. El gran tema y el granproblema de ¿qué tipo de educación? y ¿la educación para qué? deben ser los ejesarticuladores de la redefinición del sistema de educación superior en Colombia.2.- FINANCIACIÓNLa gratuidad es la condición que hace factible el cumplimiento del principioconstitucional de que la educación es un derecho y un bien público, pero ésta sin laadecuada financiación no resulta ser sino una intención y no un derecho.Es en este sentido que el artículo 69 de la CN declara que el Estado facilitará mecanismosfinancieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación 3
4. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSUsuperior. Son causas del desfinanciamiento de la educación superior estatal desde 1992: elnuevo régimen salarial de los docentes; los aportes al sistema de seguridad social; lacreación de nuevas sedes; los costos de la acreditación; los subsidios de matrículas porparticipación en elecciones; la capacitación de los docentes; la creación de posgradospropios; la modernización de la planta física (normas de sismo resistencia, adecuación deinfraestructura a los discapacitados, nuevas aulas, renovación de acueductos,alcantarillados y redes eléctricas); la nivelación salarial y prestacional de catedráticos yocasionales; la nivelación de empleados y supernumerarios; la inversión y lamodernización en las nuevas tecnologías; la creación de grupos de investigación y suslaboratorios; la concurrencia al pasivo pensional; el incremento en los servicios públicos,impuestos prediales, etc.. El Gobierno Nacional nunca aportó para cubrir estos nuevosgastos que causaron el déficit y el elevado endeudamiento de las Universidades oficiales.Cada una de las causas merecería un análisis por separado2.Existen dos enfoques con respecto a la financiación de la educación, la que sostiene quees más eficiente el apoyo a la demanda, vía un amplio sistema de crédito subsidiado y losque creen que la financiación de la oferta, en forma universal y gratuita, mediante elapoyo directo a las universidades del Estado produce mejores resultados.Lo que sí es indudable es que sin importar el modelo de financiación, el Estado debe hacerreal y posible el derecho a la educación3 para todos aquellos que por su condicióneconómica, que no social, no puedan acceder a ella.Surge entonces la segunda pregunta: ¿En qué grado el proyecto de reforma a la Ley 30 de1992, radicada con el número 112 C soluciona los problemas de financiación de laEducación Pública en Colombia?2 ASPECTOS FINANCIEROS DE LA REFORMA A LA LEYA 30. Jorge Aristizabal Ossa, U. de Antioquia.3 Artículo 67 CN. 4
5. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSU Aporte per cápita 1993 – 2008. Pesos de 2008 11,15 12,00 Percápita 1993=5.69 millones 2008=3.67millones 9,78 10,00 9,00 8,70 Medida 1993 2008 7,92 7,76 Varianza 8,59 4,08 7,51 7,08 8,00 6,73 6,55 6,51 6,49 6,48 6,43 6,01 5,84 5,86 5,47 5,09 5,11 5,04 4,99 4,96 6,00 4,81 4,79 4,66 4,62 4,57 4,39 4,34 3,90 3,89 3,81 3,83 3,72 3,67 3,63 3,41 3,43 3,09 4,00 2,87 2,84 2,72 2,57 2,56 2,53 2,35 2,26 1,99 1,90 1,51 1,45 1,38 1,40 1,12 2,00 0,79 0,79 0,72 0,66 0,51 Militar 0,00 C/Marca 0,00 Pacifico 0,00 Unad 0,00 0,00 Tolima UTP Choco Cordoba Nariño Amazonia Pedagogica Magdalena Cauca Antioquia Cartagena Valle Surcolombiana Pamplona Ocaña Atlantico Sucre Guajira Quindio Cucuta Cesar C.Mayor Caldas Llanos Uptc Uis Nacional Distrital Aporte percápita= aportes sin pensiones/Matricula 2008= matricula presencial + matricula a distancia *60%Cuadro 1El aporte Per cápita era en 1993 de $5,69 millones por estudiante, en tanto que para 2008había bajado a $3,67 millones por estudiante; es decir que en los quince añostranscurridos del período de referencia, la disminución del aporte per cápita fue del35,5%. (Cuadro 1)Para el mismo período, la conformación de los ingresos de las universidades públicas erala siguiente: para 1993 el 84% del presupuesto de las universidades provenía de lastransferencias o aportes del Estado, el 7% de los derechos de matrícula y el 8% de otrosingresos4; para el año 2008 la estructura de los ingresos había cambiado sustancialmentede la siguiente forma: Transferencias o aportes del Estado 51% (una disminución del 39%),derechos de matrícula 14% (un aumento del 100%) y otros ingresos 35% (es decir que estafuente de ingresos en los quince años del período se multiplicó por cuatro). (Cuadro 2)4 Actividades de investigación + asesorías y consultorías + venta de bienes y servicios + educación continua +otros, genéricamente denominados “extensión universitaria”. 5
6. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSU Distribución ing resos universidades públicas 1993 2008 Otros ingresos Ingresos por 8% matrícula 7% Otros ingresos 35% Ingresos por Transf erencias matrícula 51% Transf erencias 14% 84% La información de 1993 sólo incluye 13 universid ad es Otros ingresos incluye: Actividades de investigació n, Asesorías y consultorías, Venta de bienes y servicios, educación continuada y otros ingresos.Cuadro 2El aporte para la educación5 con relación al PIB significaba en 2002 el 4,28%, mientras quepara el año 2009 éste era del 4,51%. Para el mismo período, el aporte para la educaciónsuperior del sector público era del 0,84% para el 2002 y del 0,94% para el año 2009.(Cuadro 3) Gasto Público en educación como porcentaje del PIB Gasto público en educación 2002 2008 2009 $ 14.951.364 $ 20.296.268 $ 22.805.757 Total inversión en educación* (4,28% del PIB) (3,95% del PIB) (4.51% del PIB) Inversión en educación inicial, $ 12.008.313 $ 15.726.531 $ 17.442.877 preescolar, básica y media del (3,44% del PIB) (3,06% del PIB) (3.57% del PIB) sector público nacional. Inversión en educación $2.923.704 $ 4.483.688 $4.696.508 superior sector público nacional** (0,84% del PIB) (0,87% del PIB) (0,94% del PIB) *Incluye además del presupuesto del sector, Sena, ICBF, Familias en Acción y Computadores para Educar ** Incluye Modalidades Técnica, Tecnológica y Universitaria Fuente: Oficina de Planeación del MENEl plebiscito de 1957 ordenó lo siguiente: “Desde el 1o. de enero de 1958 el gobiernodeberá invertir el 10 por ciento del presupuesto nacional en la educación pública”.Cincuenta y cuatro años después, para el año 2012 la inversión del gobierno en la5 Incluye SENA, ICBF, Familias en Acción y Computadores para Educar. 6
7. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSUeducación pública –preescolar, básica, media, superior- no llegará al 5% del presupuestonacional.En el presupuesto del año 2012, las transferencias o aportes del Estado a lasuniversidades, sin el valor de las pensiones, es de $2,01 billones, contra $1,9 billones de2011 (0,3%); llama la atención que mientras el total de presupuesto, sin la deuda Pública,aumenta un 9,5% el de las transferencias o aportes del Estado para las universidades soloaumenta un 6,0%. Manteniendo la participación en el presupuesto nacional del 0,3%.6El Ministerio de Educación Nacional ha estimado que el costo de la reforma entre 2011 y2019 es de $4,30 billones; estos recursos se financiarán con dineros nuevos para lasuniversidades de $2,83 billones (subsidio a la oferta) y, de $1,47 billones mediantesubsidio a la demanda. (Cuadro 4) Es notoria la importancia creciente del subsidio a lademanda. IMPACTO DE REFORMA En el periodo 2011 – 2019 el valor de la reforma asciende a 4.3 billones de pesos corrientes. Los recursos nuevos para las universidades suman aproximadamente 2.83 billones de pesos corrientes. Los recursos nuevos para subsidiar la demanda serán del orden de 1.47 billones de pesos corrientes.Aunque no determina que aumente la base presupuestal, se asume que sí lo hace, comose apreció en el cuadro 4. No obstante estos recursos resultan insuficientes, si seconsidera que la economía colombiana crece 4,3% (entre 0-5%) y que la base presupuestales de $2,2 billones, lo cual implicaría que el incremento sería de $1,29% (30% delincremento del PIB 4,3%), lo cual daría para todo el sistema de universidades, un montode $28.380 millones, que significaría algo así como $388.547 millones en los once años delumbral de la reforma.Ahora bien, para el período 2012-2014 los recursos adicionales que se pueden esperar (3%reales) equivaldrían a $206.616 millones, de los cuales el 50% irían directamente a lasuniversidades, en proporción a los aportes de la Nación en el año 2011; en tanto que elotro 50% será distribuido por el MEN entre las instituciones de educación superiorestatales, según el grado de complejidad de las instituciones y el aporte que reciban delEstado.6 FUENTE: Minhacienda. 7
8. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSUCuadro 4Si se suman los recursos adicionales del PIB y los anuales, el total de nuevos y realesrecursos entre el 2012 y el 2022, son: Variación del PIB $388.547 millones recursosadicionales (artículos 146, 147), $903.597 millones, lo cual da un total de $1,3 billonespara las 32 universidades estatales.Un estudio realizado por la Universidad Distrital, muestra el siguiente comportamiento delos recursos que la reforma contempla (ver cuadro anexo)En el marco de la Ley 30 de 1992 se calcula que los recursos para las universidades en elperíodo 2011 – 2022 sería de $29.376,0 millones, en tanto que según la interpretaciónque el gobierno hace de la reforma se calcula, que ésta aportará $35.371,0 millones, locual implica unos aportes adicionales de $5.995,6 millones; sin embargo, de estos recursosadicionales, solo ingresará de manera directa a las universidades $1.354,03 millones,quedando un remante que el MEN distribuirá junto con el CESU por $4.641,3 millones.Estas cifras significan que para las universidades públicas la reforma aportaría un máximode $3.164,4 millones, lo que a valores constantes de 2011 equivaldría a $2.431,0 millones.El caso de la Universidad DistritalAl analizar la participación porcentual de los aportes de la nación en el presupuesto de laUniversidad Distrital “Francisco José de Caldas”, se observa el decrecimiento ostensible deestos aportes, llevando al desmonte gradual de las obligaciones constitucionales delEstado Nacional como financiador de la educación superior pública de calidad, y a la 8
9. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSUparálisis paulatina de las actividades académico-administrativas que cada día agobian laexistencia de esta universidad. Participación Transferencias de la Nación en el Presupuesto de la UD EJECUCION ASIGNACION PARTIC. AÑO PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL % TOTAL NACION 1993 11.755.785.500 1.943.913.300 16,54 1994 14.825.403.400 2.088.360.200 14,09 1995 21.247.519.400 2.712.068.100 12,76 1996 31.896.321.851 2.951.672.992 9,25 1997 46.179.470.552 5.240.468.573 11,35 1998 53.944.304.198 6.360.125.802 11,79 1999 70.291.002.809 4.966.597.906 7,07 2000 74.042.375.466 5.925.668.185 8 2001 83.143.294.814 8.165.193.892 9,82 2002 90.533.007.771 7.282.730.000 8,04 2003 93.509.009.799 9.301.991.509 9,95 2004 100.411.637.409 9.079.544.051 9,04 2005 112.880.635.124 10.205.309.828 9,04 2006 123.744.612.645 10.455.514.482 8,45 2007 135.617.933.940 9.972.583.510 7,35 2008 174.847.214.177 11.383.558.413 6,51 2009 204.407.450.811 14.080.736.121 6,89 2010 246.949.820.434 12.729.586.210 5,15 2011 314.127.227.716 12.961.000.000 4,13 Fuente: Oficina Asesora de Planeación UDEs decir que de significar en 1993 el 16,54% del total del presupuesto, pasó en el 2011 aparticipar con el 4,13%, en tanto que la matrícula pasó de 9.000 a 30.000 estudiantes.EN CONCLUSIÓNEl Estado colombiano, tiene una deuda con la educación superior del 35,5% de los costospor estudiante, como resultado de la disminución de los aportes per cápita que se sucedióentre los años 1993 y 2008 la cual estaría adicionada con la disminución del 39% en elvalor de los aportes y transferencias entre el año 2002 y el año 2009.La confluencia de estos dos valores puede estimarse en una suma cercana a los, $1,5billones de pesos7, los cuales no se alcanzarán a cubrir con la propuesta de la Reforma, ya7 $700.000 millones por la disminución del aporte Per Cápita + $800.000 millones por concepto de ladisminución de los aportes. 9
10. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSUque esta está diseñada para financiar la educación superior hacia adelante, sin reconocerel faltante histórico.Esta deuda se incrementará con las metas propuestas por el proyecto de Ley deincrementar la cobertura del 37% al 50% lo cual originaría 88.289 nuevos cupos en launiversidad pública,Llama la atención que en el Parágrafo del Artículo 143 se conmine a las entidadesterritoriales a cancelar las deudas que tengan por concepto de aportes a las universidadesestatales, en los términos del artículo 86 de la Ley 30 de 1992 en tanto que no sereconoce que el Gobierno Nacional tenga algún tipo de deuda con las mismasinstituciones, desconociendo que la existente por el pago de la parte que corresponde alGobierno Nacional en el pasivo pensional de las universidades del Estado puede por sísólo terminar asfixiando a estas universidades.La financiación de la educación en Colombia, contrasta con los valores que dedicanalgunos países de igual o menor desarrollo relativo; Ecuador, dedica el 35% de los IngresosCorrientes; Paraguay, el 20% del presupuesto total; Brasil, el 25% de los recursos fiscalesde estados y municipios; Costa Rica y Argentina, el 6% del PIB, todos ellos con excepciónde Brasil y Argentina con poblaciones educativas sensiblemente menores que la deColombia.Un factor adicional que profundiza la necesidad de recursos, es el papel que le asigna laReforma al desarrollo de las ciencias, las tecnologías, las artes y la innovación por parte delas instituciones de educación superior, como criterio de evaluación de calidad en elmarco de los objetivos misionales y de los niveles de formación8.Todo lo anterior indica que los recursos que aportaría la reforma a la financiación de laeducación superior, son insuficientes para garantizar la viabilidad financiera de lasuniversidades y compromete la calidad y la cobertura, en función del rezago presupuestalque vienen arrastrando las universidades.PROPUESTAEl tema de la gratuidad, se debe entender como un compromiso del Estado con aquellossectores y clases de la sociedad que no tienen acceso a la educación como consecuenciade su precaria condición de ingresos; en tal sentido la estrategia de financiación de laeducación superior deber moverse entre la financiación de la oferta (financiación directa,que debe ser la fundamental, como corresponde a los menguados ingresos de la inmensamayoría de los colombianos, teniendo como meta de corto plazo la educación superioruniversal y gratuita en las universidades del Estado), la financiación de la demanda(crédito educativo, con tasas 0% o altamente subsidiadas, según el estrato del estudiante)8 Artículo 86 de la reforma. 10
11. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSUy, una tercera modalidad que contemple la subsidiaridad o financiación parcial entre elEstado y las familias, en el caso de las que tengan recursos para ello.En ese sentido, la gratuidad debería cubrir los estratos 0, 1, 2 y 3; la subsidiaridad, alestrato 4 con tasas altamente subsidiadas y, costos plenos para los estratos 5 y 6, sin queesto implique el traslado de la gratuidad o de la subsidiaridad a estos estratos, evitandode esta forma los problemas de carácter social que se han presentado en países en dondelos sistemas de crédito apalancan la financiación de la educación superior.Para los Estratos con mayor capacidad económica (estratos 5 y 6), se debería relanzar elinstrumento creado mediante la Ley 18 de 1988 denominado Título de Ahorro Educativo –TAE – como mecanismo de ahorro de largo plazo y a la vez instrumento de financiación deproyectos de inversión en la Universidad Privada, el cual incluye el uso de la UMAC –Unidad de Matrícula Constante –. Los valores provenientes de este instrumento, sedestinarían a la financiación de proyectos de infraestructura, Créditos de Corto Plazo delas Instituciones de Educación Superior Privadas y Fondo de Garantías, como lo establecela Ley 18/98.Con el fin de estandarizar los costos de la Educación Superior y resguardar los ingresos porconcepto de aportes del Estado –Gobierno Nacional y Distrito Capital - se debe considerarla posibilidad de ampliar el uso de la MATRICULA DE VALOR CONSTANTE –UMAC – creadamediante Decreto 726/89 (abril 10), que reglamentó la Ley 18/889. Este mecanismopermitiría que el Estado reconozca a la Universidades, el costo real de la educación,evitando situaciones como la que se presentó con la disminución del valor per cápita delos aportes de la Nación a la educación superior.Así mismo y para comprometer a los entes territoriales (Municipios, Gobernaciones), en lafinanciación creciente de las IES PUBLICAS TERRITORIALES, lo cual es una de las falenciasdel proyecto de ley, se podría introducir una reforma a la distribución de los recursos delas Regalías, estableciendo un porcentaje de la transferencia a los municipios yDepartamentos PARA LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, en los términos delart. 361 de la CN reformado por el Acto Legislativo 05 de 2011.En esta estrategia múltiple de financiación de la Educación Superior, el trámite de laampliación del plazo de vigencia y su actualización a valores constantes de hoy, de lasestampillas existentes, sería otra de las fuentes de financiación que ayudaría a la viabilidad9 Artículo 5.- Facultase a la Junta Directiva del ICETEX para que, en coordinación con las del InstitutoColombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES – reglamente el procedimiento mediante elcual se establezca periódicamente el valor nominal en pesos de la Unidad de Matrícula Constante –UMAC-tomando como base el promedio ponderado en el costo de la matrícula en la modalidad universitaria de lasuniversidades públicas y privadas, utilizando como ponderaciones las proporciones de estudiantesmatriculados en cada tipo de universidad. Esta fórmula no podrá ser modificada sin el concepto previo de laJunta Monetaria. 11
12. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSUfinanciera de la Universidad Pública, incluyendo como inversión el concepto de la calidadde la educación y el pago de docentes de planta.Por último, se debe proponer una reforma tributaria que elimine las exenciones a algunossectores y empresas y destinar esos mayores recursos al fortalecimiento de la educaciónsuperior.De otra parte y, como se hace en muchos países, el Estado, por encima de laincertidumbre de los enfoques cambiantes de cada gobierno, debe dar plenocumplimiento al mandato constitucional de que “el Estado facilitará mecanismosfinancieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educaciónsuperior”. Dichos mecanismos son de urgencia manifiesta en la satisfacción de losrequerimientos de subsistencia –alimentación, transporte, vivienda, materiales deestudio- de los estudiantes pertenecientes a los sectores y clases de la sociedad conmenor capacidad económica, y por ningún motivo deben dar lugar a generarles deudascon el Estado.3.- AUTONOMÍA ACADÉMICA – régimen especial de las universidades del EstadoEl Artículo 145 del proyecto de ley reemplaza el anterior artículo 87 de la Ley 30 hoyvigente que asigna recursos adicionales a las Instituciones de Educación Superior delEstado según el crecimiento de la economía (30% del crecimiento real del PIB). La reformaestablece que los recursos adicionales variarán en porcentaje de acuerdo alcomportamiento del PIB (30% si este crece entre 0 y 5%; 40% si crece entre 5 y 7,5% y 50%si el PIB crece más del 7,5%). En cuanto a la distribución los nuevos recursos no esautomática y proporcional a lo que cada universidad recibe actualmente, sino que “serándistribuidos por el CESU, de acuerdo con el mecanismo definido de manera conjunta entreel MEN y el Sistema de Universidades Estatales (SUE) para los recursos correspondientes ala universidades y los Rectores de las instituciones que no son universidades, para losrecursos que les correspondan”El proyecto de ley es reiterativo en que el mecanismo y los criterios para la distribución delos nuevos recursos a las universidades estatales, será definido de manera conjunta entreel Ministerio de Educación Nacional y el Sistema de Universidades Estatales, SUE, con loque un organismo no universitario como lo es el MEN dictará sus políticas y criterios a lasuniversidades. No serán las universidades quiénes determinen de forma autónoma loque es la Universidad, sus políticas académicas, sino el MEN, un organismo pertenecientea la rama ejecutiva del poder público, en clara oposición a lo que establece el artículo 27del proyecto de ley en el que se afirma que los entes universitarios autónomos estatalesson “independientes de las ramas del poder público”, y se encuentran vinculados al MENsólo en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo. En los artículosrelacionados con la financiación de las universidades estatales la expresión “vinculadas alMEN en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo”, se convierteen “dependientes del MEN en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector 12
13. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSUeducativo”. No es de poca monta la diferencia. En el fondo, quién definirá lo que es laUniversidad, sus políticas académicas, no será ella misma sino un organismoperteneciente a la rama ejecutiva del poder público, , que propenderá por lahomogenización de la educación superior en Colombia al vaivén de los cambiantesgobiernos que se sucedan en la dirección de dicha rama.Ello se refuerza en el Artículo 33 del proyecto que establece que “las Instituciones deEducación Superior estatales deberán elaborar planes periódicos de desarrolloinstitucional, considerando las estrategias de planeación regional y nacional.” ¿Quién sinolos políticos –Congreso Nacional, asambleas departamentales, concejos municipales,ministros, gobernadores, alcaldes, y departamentos de planeación dependientes de estosúltimos- son los que definen las estrategias de planeación regional y nacional?Las estrategias y planes de desarrollo académico de los entes universitarios autónomos“independientes de las ramas del poder público”, tendrán entonces que “considerar” –apuntalar- las políticas regionales y nacionales fijadas desde las ramas del poder público –ejecutivo, legislativo- si quieren que los recursos financieros que se manejan desde dichasramas lleguen a las universidades. ¿No es otra forma de determinar desde fuera de launiversidad sus políticas y criterios académicos? Es claro que el artículo 33 del proyecto deley no es puramente retórico, y que contribuirá a guiar desde fuera de las universidades elreparto de recursos financieros a estas por parte del MEN y del Congreso Nacional, de losgobernadores y de las asambleas departamentales, y de los alcaldes y los concejosdistritales y municipales.El proyecto de ley desconoce también las desigualdades existentes entre las universidadesestatales y las profundiza, debido a que para la distribución de los nuevos recursos lesexige a todas cumplir por igual con los objetivos y criterios definidos entre el Ministeriode Educación Nacional y el SUE, sin tener en cuenta el punto de partida de cada una, y sinpermitir que los esfuerzos que hacen sean realmente responsabilidad de ellas. Comoconsecuencia de esta tabula rasa las desigualdades se van a ir incrementando y solo lasque logren más recursos del Estado, conseguirán cumplir con los objetivos señalados porel MEN, o sólo las que cumplan con los objetivos señalados por el MEN serán las queconsigan más recursos del Estado, lo que fortalecerá una dinámica en la cual lasuniversidades que se quedan rezagadas enfrentan una situación grave defuncionamiento y permanencia, lo que perjudica la educación superior publica en suconjunto en el mediano plazo con consecuencias a todos los niveles para el país en el largoplazo.EN CONCLUSIÓNLos criterios y mecanismos que establece el proyecto de ley del MEN para distribuir losrecursos financieros provenientes del aumento del PIB, lesionan la autonomía académicade las instituciones de educación superior oficiales, y la consecuencia es que órganosextrauniversitarios terminarán dictando a las universidades sus políticas académicas. 13
14. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSUComo consecuencia de tales criterios y mecanismos, el MEN, el Congreso Nacional, lasasambleas departamentales, los concejos municipales, los ministros, gobernadores,alcaldes, y los departamentos de planeación dependientes de estos últimos, serán los queen últimas terminarán definiendo las políticas, planes y estrategias académicas de lasuniversidades.PROPUESTALos recursos financieros provenientes del aumento del PIB deben ir en forma directa a losentes universitarios autónomos, sin mediaciones ni trabas extrauniversitarias, y debepermitirse que la autonomía académica de las universidades sea una realidad, y no unsaludo a la bandera. Las universidades deben poder determinar en forma autónoma suspolíticas, planes y estrategias académicas, y la ley debe liberarlas de todo tutelajeacadémico externo pues es lo que ordena el Artículo 69 de la Constitución Nacional.En cuanto al régimen especial de las Universidades del Estado y en el tema de laautonomía, uno de los grandes logros de la Ley 30 de 1992, surge una primera pregunta:¿El proyecto de Ley pone en peligro la autonomía universitaria al no hacer énfasis en laexistencia de un RÉGIMEN ESPECIAL PARA LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO ?La Constitución Nacional (CN) establece lo siguiente:“ARTICULO 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darsesus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.“La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.” (resaltado noes del original)El artículo 69 de la CN dice que se garantiza la autonomía universitaria y que la ley -ensingular- establecerá un régimen especial para las universidades del Estado; dicho artículono dice que se garantiza la autonomía universitaria de acuerdo con las leyes –en general-sino de acuerdo con la ley (de autonomía universitaria); no dice que las leyes estableceránun régimen especial para las universidades del Estado, sino que la ley –de autonomíauniversitaria- establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.En armonía con este artículo constitucional, la ley 30 de 1992 hace énfasis reiterado enque es ella la que establece el régimen especial para las universidades del Estado. Dichoénfasis no es notorio en el proyecto de ley No. 112 C “POR LA CUAL SE ORGANIZA ELSISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SE REGULA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICODE LA EDUCACIÓN SUPERIOR”, el cual siempre habla de manera genérica en referencia ala ley: 14
15. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSULEY 30 DE 1992 PROYECTO DE LEY N° 112 C“Artículo 28. La autonomía universitaria “ARTÍCULO 10. El Estado garantiza laconsagrada en la Constitución Política de autonomía a las Instituciones de EducaciónColombia y de conformidad con la presente Superior en su gobierno institucional, en elLey, reconoce a las universidades el ámbito académico y en los aspectosderecho a darse y modificar sus estatutos, administrativo y financiero, de conformidaddesignar sus autoridades académicas y con la Constitución Política y la ley.administrativas, crear, organizar ydesarrollar sus programas académicos, “ARTÍCULO 11. La autonomía en cuanto adefinir y organizar sus labores formativas, su gobierno institucional les confiere a lasacadémicas, docentes, científicas y Instituciones de Educación Superior laculturales, otorgar los títulos capacidad de organizarse y regularse segúncorrespondientes, seleccionar a sus sus estatutos, objetivos, proyecto educativoprofesores, admitir a sus alumnos y adoptar y niveles de formación, dentro de los límitessus correspondientes regímenes y que establezcan la Constitución Política y laestablecer, arbitrar y aplicar sus recursos ley.para el cumplimiento de su misión social yde su función institucional. “ARTÍCULO 14. En ejercicio de la“Artículo 30. Es propio de las instituciones autonomía, las Instituciones de Educaciónde Educación Superior la búsqueda de la Superior tienen las siguientes facultades:…verdad, el ejercicio libre y responsable de la m. Las demás necesarias para el adecuadocrítica, de la cátedra y del aprendizaje de cumplimiento de la misión institucional deacuerdo con la presente Ley. acuerdo con la Constitución Política y la“Artículo 31. De conformidad con los ley.artículos 67 y 189, numerales 21,22 y 26 dela Constitución Política de Colombia y de “ARTÍCULO 27.. Las Instituciones deacuerdo con la presente Ley, el fomento, la Educación Superior estatales tendráninspección y vigilancia de la enseñanza que personería jurídica, autonomía académica,corresponde al Presidente de la República, administrativa y financiera, patrimonioestarán orientados a:… independiente y podrán elaborar y manejar“Artículo 32. La suprema inspección y su presupuesto de acuerdo con lasvigilancia a que hace relación el artículo funciones que le corresponden. Así mismo,anterior, se ejercerá indelegablemente, dispondrán de su propia organización, lossalvo lo previsto en el artículo 33 de la mecanismos y procedimientos de elecciónpresente Ley, a través del desarrollo de un de directivas y del personal docente yproceso de evaluación que apoye, fomente administrativo, y tendrán regímenesy dignifique la Educación Superior, para financiero, de contratación y control fiscalvelar por:… especiales de conformidad con la ley.“El ejercicio de la suprema inspección yvigilancia implica la verificación de que en “ARTÍCULO 104. El incumplimiento de lasla actividad de las instituciones de disposiciones consagradas en la ley y en lasEducación Superior se cumplan los objetivos normas institucionales, particularmenteprevistos en la presente Ley y en sus respecto de la dirección y gobierno, y la 15
16. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSUpropios estatutos,… prestación del servicio educativo, por las“La suprema inspección y vigilancia de las instituciones autorizadas para prestar elinstituciones de Educación Superior será servicio o por sus directivos, dará lugar a laejercida por el Gobierno Nacional con la iniciación de las investigacionesinmediata asesoría del Consejo Nacional de correspondientes por parte del MinisterioEducación Superior (CESU), de acuerdo con de Educación Nacional y, previalas disposiciones de la presente Ley… observancia del debido proceso, a la“Artículo 33. De acuerdo con lo dispuesto imposición de las sanciones y medidasen el artículo 211 de la Constitución Política correctivas que se indican en la presentede Colombia, el Presidente de la República Ley.podrá delegar en el Ministro de EducaciónNacional todas las funciones señaladas en “ARTÍCULO 105. El Ministerio de Educaciónlos artículos 31 y 32 de la presente Ley. Nacional podrá imponer sanciones u“Artículo 48. El incumplimiento de las ordenar medidas correctivas cuandodisposiciones consagradas en la presente resulten necesarias para superarLey por parte de las instituciones de situaciones que afecten la prestación delEducación Superior según lo previsto en el servicio educativo, en lo atinente a aspectosartículo siguiente, dará lugar a la iniciación académicos, contables, económicos ode las acciones administrativas administrativos de una Institución decorrespondientes y previa observancia del Educación Superior.debido proceso, a la imposición de las “… 2º. El Ministerio de Educación Nacionalsanciones que a continuación se indican:… podrá ordenar las siguientes medidas“Artículo 49. Las sanciones a que se correctivas:… b. Conminar bajo el apremiorefieren los literales d), e), f) y g) del de las sanciones que autoriza esta ley, a lasartículo anterior, sólo podrán imponerse Instituciones de Educación Superior y a susprevio concepto del Consejo Nacional de directivos, para que se abstengan o cesenEducación Superior (CESU) por el Ministro de realizar actos contrarios a la ley, losde Educación Nacional, mediante estatutos o las decisiones de sus órganos deresolución motivada en los siguientes dirección.casos:… a) Por desconocer, incumplir odesviarse de los objetivos señalados a laEducación Superior en el artículo 6° de la (OJO)presente Ley…“Artículo 51. Cuando en el desarrollo de lainvestigación se establezca que una “ARTÍCULO 107. El Ministerio de Educacióninstitución o su representante legal pudoincurrir en una de las faltas administrativas Nacional podrá iniciar una investigacióntipificadas en esta Ley,… cuando tenga conocimiento de presuntos“Artículo 57… El carácter especial del incumplimientos o violaciones a la ley yrégimen de las universidades estatales u demás normas que regulen la prestaciónoficiales comprenderá la organización y del servicio público de la Educaciónelección de directivas, del personal docente Superior.” (resaltado no es del original)y administrativo, el sistema de lasuniversidades estatales u oficiales, el 16
17. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSUrégimen financiero y el régimen decontratación y control fiscal, de acuerdocon la presente Ley.“Artículo 93. Salvo las excepcionesconsagradas en la presente ley, loscontratos que para el cumplimiento de susfunciones celebren las universidadesestatales u oficiales, se regirán por lasnormas del derecho privado y sus efectosestarán sujetos a las normas civiles ycomerciales, según la naturaleza de loscontratos.“Mientras el artículo 69 de la Constitución habla de que la ley –de autonomía universitaria-establecerá “un régimen especial para las universidades del Estado”, el proyecto de ley N°112 de 2011 habla de “la ley y demás normas que regulen la prestación del serviciopúblico de la Educación Superior.” Es claro que la nueva ley no es la única que estableceráun régimen especial para las universidades del Estado, sino que será ella y otras leyes(“demás normas”) las “que regulen la prestación del servicio público de la EducaciónSuperior.”Significativamente, en el proyecto de ley N° 112 C NO aparece el siguiente artículo de laley 30 de 1992, que es quizá uno de sus artículos más importantes en relación con laautonomía:“Artículo 61. Las disposiciones de la presente Ley relativas a las instituciones estatales uoficiales de Educación Superior, constituyen el estatuto básico u orgánico y las normasque deben aplicarse para su creación, reorganización y funcionamiento. A ellas deberánajustarse el estatuto general y los reglamentos internos que debe expedir cadainstitución”.Los artículos de la ley 30 que hacen la referencia permanente a la presente leydesaparecieron o se difuminaron en el proyecto de ley N° 112 C. Han sido reemplazadospor artículos en los que se hace referencia genérica a “la ley y demás normas que regulenla prestación del servicio público de la Educación Superior.”.Cuando la ley 30 de 1992 aplica el contenido de otras leyes o normas a las universidadesautónomas, lo hace de manera expresa citando con nombre y apellido cuál ley o norma esla que se aplicará a las universidades; veamos: 17
18. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSU“Artículo 77. El régimen salarial y prestacional de los profesores de las universidadesestatales u oficiales se regirá por la Ley 4a de 1992, los Decretos Reglamentarios y lasdemás normas que la adicionan y complementan.“Artículo 88:… Parágrafo. Facultase a las universidades estatales u oficiales para adoptarel régimen de cesantías previsto en la ley 50 de l990.“Artículo 93:… Parágrafo. Se exceptúan de lo anterior los contratos de empréstito, loscuales se someterán a las reglas previstas para ellos por el Decreto 222 de 1983 y demásdisposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan.“Artículo 105. Las instituciones de Educación Superior creadas por la Iglesia Católica seregirán por los términos del Concordato vigente y por las demás normas de la presenteley.“Artículo 127. El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) colaborará con el Estadoen su función de promover y orientar el desarrollo científico y tecnológico, de acuerdo conlo establecido por la Ley 29 de 1990.“Artículo 132. Para dar cumplimiento a los objetivos de educación cooperativaestablecidos en la Ley 79 de 1988,…Si el régimen especial de las universidades del Estado ya no va a estar regulado por unaley, tal y como lo ordena el artículo 69 de la CN, sino por “la ley y demás normas queregulen la prestación del servicio público de la Educación Superior.” ocurrirá lo siguiente: 1. Se estará omitiendo lo que ordena la Constitución Nacional acerca de establecer un régimen especial para las universidades del Estado, 2. Se multiplicarán las intromisiones del legislativo y del ejecutivo en el quehacer autónomo de las universidades del Estado a nombre de determinar o aplicar las “demás normas –indeterminadas- que regulen la prestación del servicio público de la Educación Superior.” 3. Se multiplicarán las intervenciones sancionatorias del Ministerio de Educación Nacional sobre las universidades del Estado, a título de velar -inspeccionar y vigilar- por la aplicación de las “demás normas que regulen la prestación del servicio público de la Educación Superior.” ¿El MEN decidirá en forma discrecional cuáles son las “demás normas” que aplican a las universidades del Estado? ¿Utilizará sus facultades de inspección y vigilancia, ampliamente extendidas en el proyecto de ley N° 112 C –los artículos relacionados con inspección y vigilancia sancionatoria pasan de 8 en la actual ley 30 a 13 en el proyecto de ley-, como mecanismo de presión contra las universidades del Estado “demasiado autónomas”.1010 De hecho, aunque la actual ley 30 no otorga facultades de inspección y vigilancia al MEN en lo relacionado con elcumplimiento de las “demás normas” diferentes a la ley 30, el MEN ya lo viene haciendo, como en el caso de la sanciónal CSU de la U. Distrital por presunto incumplimiento de leyes generales de la república. Pese a que la ley 87 de 1993 nocontempla en su ámbito de aplicación a los entes universitarios autónomos ni se expidió con el carácter de ley deeducación superior, el MEN sancionó al CSU de la U. Distrital por haber reorganizado el sistema de control interno deesta universidad sin tener en cuenta lo que establece la ley 87 de 1993 en materia de control interno, ley que el MEN 18
19. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSUNo se está afirmando que la autonomía que establece el artículo 69 de la Constituciónpara las universidades del Estado genere una extraterritorialidad que las exima delcumplimiento de las leyes que les sean aplicables como instituciones públicas; lo que seestá afirmando es que el acatamiento de las “demás normas” generales e indeterminadasno debe servir de pretexto para que las facultades de inspección y vigilancia del MENrestrinjan el margen de autonomía respecto de los poderes públicos que la ConstituciónNacional reconoce a las universidades del Estado, en particular si dichas “demás normas”no están especificadas en el proyecto de ley y si la determinación de las mismas queda adiscreción del MEN, incluidas las que no se expidieron con el carácter de normas deeducación superior ni tienen ese alcance.Es clara al respecto la reciente sentencia el Consejo de Estado, Sala Plena de loContencioso Administrativo, Expediente No. 6058-2002 (AI-0282-02) del 3/VI/2008, enrelación con varios artículos del Decreto 1421 de 1993 (Estatuto de Bogotá) referidosespecíficamente a la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, sentencia en la quese determinó lo siguiente en relación con la aplicación en las universidades del Estado delas normas generales de la República en materia de función pública:“Del artículo 125 del Decreto 1421 de 1993 frente al principio de la autonomíauniversitaria.“El artículo 125 acusado es del siguiente tenor:ARTICULO 125. (…) Los servidores de los establecimientos públicos y de los entesuniversitarios autónomos también son empleados públicos. En sus estatutos se precisaránlas actividades que deben ser desempeñadas por trabajadores oficiales, de acuerdo con elanterior inciso.(…)“El artículo 125 del Decreto 1421 de 1993 que define a los servidores públicos del Distrito,resulta a juicio de esta Sala, inconstitucional en relación con quienes prestan sus serviciosa las universidades estatales u oficiales del Distrito, pues sobre el particular se impone elrespeto a la autonomía universitaria que garantiza la Constitución en los términos queestablezca la ley al dictar las normas sobre "régimen especial" para las universidades delEstado, de acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del artículo 69 de la C.P.“Lo anterior no quiere decir que en atención al principio de la autonomía universitaria, seexcluya a las universidades estatales u oficiales de las disposiciones constitucionales queen materia de función pública (arts. 122 y s.s.) le sean aplicables como institucionespúblicas, y que deban cumplir con las reglas y procedimientos que el legislador de acuerdodenomina eufemísticamente como “norma de educación superior”. Si eso ocurre existiendo el artículo 61 de la ley 30,¿qué ocurrirá si desaparece dicho artículo como en efecto desaparece del proyecto de ley? 19
20. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSUcon su naturaleza y misión establezca especialmente para ellas, de manera que les permitadesarrollarse como entes públicos con amplio margen de autonomía respecto de lospoderes públicos.“El citado artículo 69 de la Constitución dispone que la ley establecerá "un régimenespecial" para las universidades, de ahí la existencia de normas específicas para lasuniversidades del Estado en la Ley 30 de 1992.“La Ley 30 de 1992 "Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior",estableció en su artículo 29 que la autonomía de las instituciones universitarias estarádeterminada por su campo de acción en varios aspectos, entre ellos, darse y modificar susestatutos y adoptar el régimen de alumnos y docentes (literales a y f). Por su parte, elartículo 75, dispone que el estatuto del profesor universitario deberá contener: "a)Régimen de vinculación, promoción, categorías, retiro y demás situacionesadministrativas. b) Derechos, obligaciones, inhabilidades, incompatibilidades, distincionesy estímulos. c) Establecimiento de un sistema de evaluación del desempeño del profesor. d)Régimen disciplinario". Y, en el artículo 77 dispuso que el régimen salarial y prestacional delos profesores de las universidades estatales u oficiales se regirá por la ley 4a de 1992, y losdecretos reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan.“De otra parte, en desarrollo de la autonomía universitaria que emana de la Constitución yde acuerdo con las leyes que la desarrollan, las universidades gozan de competencia parala expedición de estatutos que regulen la actividad de los docentes, la de los estudiantes yla del personal administrativo.(…)“La Ley 30 de 1992 por la cual se organizó el servicio público de la educación teniendo encuenta como principio constitucional la autonomía universitaria estableció un régimenespecial para las universidades del Estado regulando lo concerniente al régimen depersonal docente y administrativo, disposiciones a las que deben atender los entesuniversitarios autónomos de los distintos órdenes,…“Así las cosas, el Gobierno Nacional desbordó las facultades concedidas por el artículo 69de la Carta Política, al inmiscuirse en asuntos que el constituyente defiere al "régimenespecial para las universidades oficiales".“Por lo anterior, el cargo está llamado a prosperar en cuanto a la nulidad de la expresión"y de los entes universitarios autónomos" del artículo 125 del Decreto 1421 de 1993.”(Resaltados y subrayados no son del original)De otra parte en la Ley 30 de 1992 el MEN es juez y parte en las universidades públicas alpertenecer al Consejo Superior, lo cual implica que cuando su delegado se aparta de unadecisión colegiada en la que ha argumentado y votado libremente, el MEN puede 20
21. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSUintervenir para investigar y sancionar a sus pares miembros del CSU11. Debe tenerse encuenta que las decisiones del CSU lo son de un cuerpo colegiado, y no individuales dequienes las aprueban, pues no es una autoridad individual la que está decidiendo sino unacolegiada, y que dichas decisiones constituyen una política general y no una decisiónfraccionada así su mecanismo requiera una composición aritmética, motivo por el cual nopueden ser responsabilizados individualmente quienes votaron una decisión del CSU,como no lo pueden ser los congresistas que votan una ley. En las universidades estatalesla función de inspección y vigilancia la realiza el MEN in situ dada su participación en elConsejo Superior Universitario y en las decisiones de este Consejo.Cosa contraria, sucede en las universidades privadas, donde el MEN no tiene impedimentoalguno para investigar una decisión del CSU, dado que no hace parte de dicho órgano dedirección y gobierno. Nada hay más contrario a la autonomía universitaria que la facultadde sanción que posee el MEN como integrante de los CSU de las universidades oficialessobre los demás integrantes, con lo que se desconoce el hecho de que los CSU sonórganos colegiados, y el principio universal de que cuando se ha intervenido,argumentado y votado en una decisión colectiva, no se puede ser juez investigador ysancionador de quienes también intervinieron en ella.EN CONCLUSIÓN.Mientras el artículo 69 de la Constitución ordena que la ley –de autonomía universitaria-establecerá “un régimen especial para las universidades del Estado”, el proyecto de ley N°112 C habla de “la ley y demás normas que regulen la prestación del servicio público de laEducación Superior.” Es claro que la nueva ley no es la única que establecerá un régimenespecial para las universidades del Estado, sino que será ella junto con otras varias eindeterminadas leyes (“demás normas”) la que en adelante regulará “la prestación delservicio público de la Educación Superior.”Los artículos de la ley 30 que hacen la referencia permanente a la presente leydesaparecieron del proyecto de ley N° 112 C. Han sido reemplazados por artículos en losque se hace referencia genérica a “la ley y demás normas –indeterminadas- que regulenla prestación del servicio público de la Educación Superior.”.En acatamiento del mandato establecido en el artículo 69 de la Constitución Nacional espreciso que en el proyecto de ley N° 112 C no desaparezca sino que se mantenga elsiguiente artículo de la ley 30 de 1992:“Artículo 61. Las disposiciones de la presente Ley relativas a las instituciones estatales uoficiales de Educación Superior, constituyen el estatuto básico u orgánico y las normas11 Como antecedente está la sanción impuesta recientemente a cinco consejeros del CSU de la UD,incluyendo al representante del señor Presidente de la República, por una decisión en la que no estuvo deacuerdo la delegada del MEN. 21
22. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSUque deben aplicarse para su creación, reorganización y funcionamiento. A ellas deberánajustarse el estatuto general y los reglamentos internos que debe expedir cadainstitución”.Eso es lo que ordena el artículo 69 de la Constitución Nacional. Lo de que las universidadesdel Estado se rigen por “la ley y demás normas –indeterminadas- que regulen laprestación del servicio público de la Educación Superior” es contrario al espíritu y a la letradel artículo 69 de la Constitución Nacional, más aún cuando el proyecto de ley N° 112 Cestablece en su Artículo 107 que “El Ministerio de Educación Nacional podrá iniciar unainvestigación cuando tenga conocimiento de presuntos incumplimientos o violaciones a laley y demás normas que regulen la prestación del servicio público de la EducaciónSuperior.” De esta forma la autonomía universitaria y el RÉGIMEN ESPECIAL para lasuniversidades del Estado queda a disposición y al arbitrio del MEN, pues dichas “demásnormas” no se especifican en el proyecto de ley, y porque la determinación,interpretación y aplicación de las mismas queda a discreción del MEN, incluidas lasnormas –leyes, decretos- que no se expidieron con el carácter de normas de educaciónsuperior ni tienen ese alcance.Es inconstitucional la pretensión del MEN de que el REGIMEN ESPECIAL de lasuniversidades del Estado incluya la aplicación a estas, en forma discrecional, decualquier norma que A JUICIO del MEN les sea aplicable.PROPUESTAEs evidente que en los textos de los artículos del Proyecto 112 C analizadas en este aparte,existe explicita la intención de aumentar la capacidad de intervención del GobiernoNacional a través del Ministerio de Educación Nacional, en detrimento de la autonomíaconsignada como un principio constitucional en la Carta Magna, al introducir en laredacción las expresiones a la ley y a las demás normas ; es por eso que se propone quese mantenga el texto de la Ley 30 de 1992 en los artículos 28, 30, 31, 32, 33, 48, 51, 57 y93, y especialmente que se mantenga incólume el texto completo del Artículo 61 de la Ley30, y que se elimine de la redacción las expresiones antes mencionadas, que introducenvaguedad, incertidumbre y que además, le dan posibilidades de intervención sin límite alMinisterio de Educación en los entes universitarios autónomos, más allá de lo queestablece la Constitución Nacional.Para evaluar decisiones de los CSU de las universidades públicas, se requiere de laintervención de una instancia diferente al MEN, ya que éste hace parte de dichosconsejos. La instancia debe ser la justicia contencioso administrativa a través de los juecesde la república. 22
23. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSU4.- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR MIXTAS¿Universidades por concesión?El proyecto del Gobierno Nacional establece que las instituciones de educación superiormixtas12 serán nacionales, departamentales y distritales; dice el artículo 20: “seránconstituidas mediante ley, ordenanza o acuerdo que garantice los recursos para sufuncionamiento, previo concepto favorable del Ministerio de Hacienda o de la Secretaríade Hacienda de la entidad territorial respectiva”;El Artículo 21 del proyecto de ley establece que el MEN autorizará el funcionamiento deIES mixtas, y que para el efecto estas deberán presentar sus estatutos, proyectoeducativo institucional, estudios de factibilidad socioeconómica y académica, plan dedesarrollo institucional, régimen de personal docente, reglamento estudiantil,infraestructura propuesta y autorización de ley.Así mismo, en el parágrafo 2° del inciso c) del proyecto de ley establece que las IES mixtas“deberán presentar los documentos que acrediten EL CAPITAL que garantiza ladisponibilidad de por lo menos la mitad de los recursos requeridos para que la primeracohorte culmine los estudios de cada programa propuesto”. Este es un nuevo conceptoque no existe en las universidades públicas o privadas, de la Ley 30 de 1992.De otra parte, el artículo 37 establece que las Instituciones de Educación Superior mixtasles será aplicable el régimen de una institución de naturaleza privada, y sus actos ycontratos se regirán por el derecho privado. Este artículo contrasta con el 34 del mismoproyecto que establece que “los contratos que celebren las instituciones de educaciónsuperior estatales para el cumplimiento de sus funciones, se regirá por las normas delderecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, segúnla naturaleza de los contratos”.La ambigüedad y la falta de precisión en la definición de las características de lasInstituciones de Educación Superior Mixtas, simplemente mencionadas en los artículos 20,21, 37 y 39 (por analogía), da pie para que se tengan fundados temores sobre aspectoscomo: a. El Ministerio de Educación le propone al Congreso de la República que apruebe la denominación de “Instituciones de Educación Superior mixtas”, pero el proyecto de ley no desarrolla sus características, en particular las financieras, por lo que serán los decretos reglamentarios del MEN los que las concreten, introduciendo un nivel de incertidumbre inaceptable. 23
24. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSUb. Surge la pregunta de si algunas de las instituciones de educación superior mixtas serán " instituciones de educación superior en concesión"c. Así mismo al regirse por el derecho privado, y como deberán presentar al MEN el régimen de su personal docente es claro que sus docentes –y administrativos- no se regirán por el régimen de los profesores –y administrativos- de las instituciones de educación superior del Estado; igual que ocurre hoy en los colegios en concesión de Bogotá.d. En las instituciones de educación superior mixtas se podría aplicar el Artículo 39 del proyecto de ley, y “... podrán vincular laboralmente profesores por horas cuando su carga docente sea inferior a la de un profesor de medio tiempo.” Con lo cual los profesores por horas serán sin duda la columna vertebral de las instituciones de educación superior mixtas, afectando de manera grave la calidad de la educación.e. Si el artículo 37 del proyecto de ley dice que a las Instituciones de educación superior mixtas “les será aplicable el régimen de una institución de naturaleza privada, y sus actos… se regirán por el derecho privado”, si según el artículo 21, sus docentes –y administrativos- se regirán por el régimen laboral que rige a las empresas privadas, y si según el artículo 46 “los miembros de su órgano de dirección y gobierno podrán tener vínculo laboral (con la institución )”, por consiguiente es claro que las instituciones de educación superior mixtas son una nueva modalidad de instituciones de educación superior privadas, pero cofinanciadas por el Estado.f. El Artículo 1 del proyecto de ley dice que la Educación Superior es un derecho inherente a la finalidad social del Estado, pero la finalidad social de las instituciones de educación superior privadas no es la satisfacción de derechos, es la rentabilidad. La finalidad social de las instituciones de educación superior mixtas será también la rentabilidad.g. Las universidades privadas confesionales eclesiásticas y laicas (Javeriana, Santo Tomás, Salle, San Buenaventura, Pontificia Bolivariana, Sergio Arboleda, Sabana) tendrán por la vía de las instituciones de educación superior mixtas la oportunidad de extender su influencia a los sectores sociales que se encuentran en las universidades públicas y que hoy están fuera de su alcance.h. Las instituciones de educación superior mixtas también serán la vía para que las universidades privadas no confesionales (U. Externado, U. del Norte, Tadeo, Icesi) extiendan su modelo de universidad a los sectores sociales que hoy se encuentran en las universidades públicas. En igual forma serán la puerta para que las universidades que forman a los jóvenes de la élite social colombiana (U. 24
25. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSU de los Andes, Javeriana) amplíen su modelo de universidad y de sociedad a los demás sectores sociales. i. Serán, por último, la vía para que las cámaras de comercio y los conglomerados empresariales expandan sus modelos de universidad (Uniempresarial, Unisanitas, Politécnico Grancolombiano) y para que formen los profesionales y técnicos que requieren y como los requieren, sin distraer excesivos recursos en ello pues en las instituciones de educación superior mixtas el Estado asumirá una parte de los costos y algo más ya que mediante las exenciones tributarias reducirá en dichas universidades los costos a las empresas para la preparación de su mano de obra calificada pues el artículo 162 del proyecto de ley establece que “las personas naturales y jurídicas que financien los estudios de sus trabajadores en Instituciones de Educación Superior, para efectos tributarios podrán deducir dicho monto de sus costos de operación.”.El ICETEX, al que el proyecto de ley asigna muy importantes recursos, contribuirá alapalancamiento financiero de las instituciones de educación superior mixtas, las que nofuncionarán con las reducidas matriculas que hoy cobran las instituciones de educaciónsuperior del Estado sino con unas mucho más altas, que se financiarán con los préstamosdel ICETEX con tasas altamente subsidiadas. La llave IES mixtas-IES privadas-ICETEXmodificará de raíz el actual panorama de la educación superior en Colombia.¿Qué hay de malo en ello? Nada, sólo que cuando se gradúan los estudiantes que seeducan en las IES del Estado se encuentran libres de deudas por pago de matrículas,mientras que los que se gradúen en las IES privadas y mixtas con préstamos del ICETEXiniciarán su vida profesional pagando deudas por educación: “5 años estudiando, 15pagando”.¿No es esta otra forma de evadir el Estado su responsabilidad con la educación en un paísdonde solo un 0,49 % del PIB se destina a la educación superior mientras un 4,8% va parala guerra?EN CONCLUSIÓNLas IES mixtas serán una forma de conseguir en el sector privado la financiación que elEstado no da a sus instituciones de educación superior, pero haciendo que los estudiantespaguen por ella, en particular quienes hoy se educan en las universidades del Estado peroque se endeudarán con el ICETEX con el atractivo de que las IES mixtas serán más baratasque las privadas, y que graduarán rápido a sus estudiantes porque no permitirán lashuelgas y porque los profesores se regirán por la ley de “clase dictada, clase pagada”.Las IES mixtas serán como esos colegios en concesión de Bogotá donde la Secretaría deEducación coloca las instalaciones modernas, pero los privados son los que controlan yadministran el colegio. 25
26. REFORMA LEY 30 DE 1992 PONENCIA CSUNadie se opone a que el ICETEX se fortalezca financieramente para que cumpla con lo quedice su nombre (INSTITUTO COLOMBIANO DE ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR), ypara que financie a quienes no alcanzan el puntaje requerido para entrar en lasuniversidades del Estado o a quienes no quieren estudiar en ellas y prefieran endeudarsepara pagar sus estudios universitarios, pero lo que no tiene sentido es que los recursosque se le asignan al ICETEX se destinen prioritariamente a fortalecer a las IES privadas ymixtas, y a endeudar a los estudiantes para que estudien en ellas.El argumento de que son insuficientes los recursos para mejorar la financiación del Estadoa las universidades oficiales queda desvirtuado por el propio Estado en la propuesta decreación de IES mixtas, pues los recursos que no ofrece para las IES públicas los ofrecepara las mixtas, en asocio con el capital privado y corporativo Lo que se busca es que elEstado pueda crear nuevas IES en asocio con la inversión privada, pero sin aclarar a quiéncorresponde el control operativo de estas IES , si al Estado o a los socios privados, por loque surge el interrogante de si esta es una nueva forma de estimular y subsidiar lainversión privada en la educación superior y de cargar costos educativos en losestudiantes.PROPUESTAEl MEN debe aceptar las modificaciones debidamente sustentadas que presenten losuniversitarios y que resuelvan las incertidumbres planteadas y presentar un nuevoproyecto de ley resultado de un acuerdo con los universitarios, en el cual el Estadoconsolide a las universidades públicas garanyizando la gratuidad de la educación superiorpara los estratos 0,1 y 2, con tasas 0% para los estudiantes de estrato 3 y altamentesubsidiadas para los estudiantes de estrato 4 permitiendo que el capital privado ycorporativo continúe con la prestación de su servicio educativo a quienes quieran ypuedan pagar por él. La mezcla de modelos no siempre es recomendable, sobre todocuando los objetivos no son del todo claros, como ocurre con las IES mixtas en el proyectode ley del MEN de reforma a la educación superior en Colombia, y cuando laimplementación de estas universidades queda al arbitrio del MEN.Si lo que se busca es que la iniciativa privada pueda adelantar proyectos conjuntos con lasuniversidades del Estado, el artículo 34 del proyecto de ley ya contempla esa posibilidad,pues establece que “los contratos que celebren las instituciones de educación superiorestatales para el cumplimiento de sus funciones, se regirá por las normas del derechoprivado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según lanaturaleza de los contratos”. Las IES mixtas no deben constituir una nueva forma detransferir los costos de la educación a las familias colombianas, y las matriculas en ellasdeben guardar correspondencia con las que se cobran en las IES del Estado, o/y con laMATRICULA DE VALOR CONSTANTE –UMAC – a la que ya nos referimos. 26

References: Artículo 1
 artículo 69
 Artículo 67
 Artículo 143
 artículo 86
 Artículo 86
 Artículo 5
 Artículo 145
 artículo 87
 artículo 27
 Artículo 33
 artículo 33
 Artículo 69
 artículo 69
 artículo 33
 artículo 211
 artículo 6
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 69
 artículo 61
 artículo 69
 artículo 29
 artículo 77
 artículo 69
 artículo 125
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 69
 Artículo 107
 Artículo 61
 artículo 20
 Artículo 21
 artículo 37
 Artículo 39
 artículo 37
 artículo 21
 artículo 46
 Artículo 1
 artículo 162
 artículo 34