Source: https://es.scribd.com/doc/67414683/Sentencia-Audiencia-Provincial-Madrid-criterios-analisis-comentarios-terceros
Timestamp: 2017-03-30 15:03:53+00:00

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NavegarInteresesStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseCentro de Documentación JudicialRoj: Id Cendoj: Órgano: Sede: Sección: Nº de Recurso: Nº de Resolución: Procedimiento: Ponente: Tipo de Resolución: SAP M 2195/2011 28079370112011100061 Audiencia Provincial Madrid 11 6/2008 90/2011 Recurso de apelación CESAREO FRANCISCO DURO VENTURA Sentencia
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 11 MADRID SENTENCIA: 00090/2011 AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID SECCION UNDECIMA SENTENCIA Nº Rollo: RECURSO DE APELACION 6/2008 Ilmos. Sres. Magistrados: D. JESUS GAVILAN LOPEZ D. CESAREO DURO VENTURA D. FRANCISCO JAVIER PEÑAS GIL En MADRID, a dos de febrero de dos mil once. La Sección 11 de la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, ha visto en grado de apelación, los autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 45/2007 del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INTRUCCIÓN Nº. 3 de COSLADA seguido entre partes, de una como apelantes D. José Y Dª. Serafina , representados por el Procurador Sr. García Crespo y de otra, como apelado PARTIDO POLITICO MOVIMIENTO DE IZQUIERDA ALTERNATIVA , sobre derecho al honor, intimidad e imagen.
PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada. SEGUNDO.- Seguido el juicio por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de los de Coslada, por el mismo se dictó sentencia con fecha 28 de junio de 2.007 , cuya parte dispositiva dice: "Que desestimando íntegramente la demanda presentada por el Procurador Sr. Montalvo Torrijos y defendido por el letrado D. Emilio Álvarez Garcisánchez, en representación de D. José Y Serafina contra MOVIMIENTO DE IZQUIERDA ALTERNATIVA (MIA), representada por el Procurador Sra. González Olivares, y defendida por el letrado D. Juan Manuel Ruiz Fernández. Debo absolver y absuelvo a MOVIMIENTO DE IZQUIERDA ALTERNATIVA (MIA) de todos los pedimentos contenidos en su contra, con expresa condena en costas a la actora". Notificada dicha resolución a las partes, por D. José y Dª. Serafina se interpuso recurso de apelación, alegando cuanto estimó pertinente, que fue admitido en ambos efectos, dándose traslado del mismo a la parte contraria que se opuso. Remitidos los autos originales del juicio a este Tribunal, se señaló para llevar a efecto la deliberación, votación y fallo del mismo el pasado día
18 de noviembre de 2.010, en que ha tenido lugar lo acordado. TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales. Visto, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. CESAREO DURO VENTURA.
PRIMERO.- La representación de D. José y Dª. Serafina ejercitan a través de la demanda origen del presente procedimiento una acción de tutela del derecho al honor, intimidad y propia imagen, contra el partido político MOVIMIENTO DE IZQUIERDA ALTERNATIVA (MIA); la demanda se sustenta en un relato fáctico en el cual se expresan las circunstancias personales de los demandantes, cónyuges, con referencia a las responsabilidades políticas asumidas por el Dr. José que entre 1995 y 1999 habría sido Concejal por Izquierda Unida con dedicación exclusiva, Concejal de Medio Ambiente entre marzo de 2000 y mayo de 2003, sin dedicación exclusiva, desarrollando funciones de Coordinador y Jefe de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Coslada entre 1999 y agosto de 2003, y Coordinador de Izquierda Unida para la política municipal de Mejorada del Campo desde el año 2002; en el año 2004 desvinculado ya de la política habría entrado a trabajar como jefe de tienda en una inmobiliaria privada MERIMAR MEJORADA; por su parte la Sra. Serafina , militante de Izquierda Unida desde 1988 se habría presentado a las elecciones municipales del año 2003 como número 1 ocupando el cargo de 1º Teniente de Alcalde y Concejal de Personal, Empleo, Desarrollo Local y Seguridad Ciudadana. A continuación expresa la parte las circunstancias de la demandada que se habría creado como nueva formación política en el año 2002, sacando dos concejales en el año 2003 y comenzando a hacer oposición a Izquierda Unida, siendo así que a través de su página web de Internet "mialternativa.net" habría venido ejerciendo una conducta de presión y desprestigio de los actores con expresiones atentatorias a su honor e intimidad, reseñando aquellas expresiones que incurrirían en dicha extralimitación en fechas 7 de mayo de 2004, 22 de noviembre de 2005, 15 de diciembre de 2005, o 20 de diciembre de 2005. La demandada se opuso a la demanda manteniendo en primer lugar que carecería de legitimación pasiva para soportar la acción como mera propietaria de la página web, no imponiendo la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico la obligación de control previo de los contenidos, constando las direcciones IP de quienes habrían intervenido en el foro alojado en la página; en cuanto al fondo del asunto se alega que el foro creado para la participación de los vecinos de Mejorada del Campo es soporte para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información, existiendo dos conflictos latentes que provocan las discrepancias y manifestaciones aludidas, uno sería la situación de la Policía Local, y otro la construcción de viviendas en los terrenos del campo de fútbol, sin que las expresiones proferidas tengan sustantividad para afectar los derechos por los que se reclama. Practicada la prueba documental admitida dicta la juez de instancia sentencia en la que la demandada tendría legitimación pasiva para soportar la acción aun no siendo la autora de las expresiones que se denuncian y por haber podido incurrir en negligencia al no haber adoptado las medidas necesarias para evitar tales mensajes o su reiteración; en cuanto al fondo del asunto estima que la responsabilidad vendría determinada por el hecho de que los mensajes supusieran un atentado al derecho al honor de los actores sobrepasando los límites constitucionales de la libertad de expresión y de información, así como por la acreditación de que la demandada ha omitido su deber de evitar y controlar los mensajes emitidos utilizando el medio como medida de presión contra los actores; descarta la juzgadora esta última premisa al estarse ante cinco mensajes separados en el tiempo y haberse acreditado que la propiedad habría retirado otros mensajes, por lo que desestima íntegramente la demanda planteada con imposición a los actores de las costas causadas. Recurre la demandante esta resolución. El recurso, sea ello expuesto en forma necesariamente resumida y a los solos efectos de dar contestación a sus motivos, se centra en primer lugar en la alegación de que se habría valorado con error la prueba practicada en lo referente al hecho de haberse llevado a cabo el deber de vigilancia que la propia sentencia exige, y ello por el propio alcance de los contenidos de una página web, que permanecen a disposición de los usuarios de forma continuada y permanente; y por otra parte porque el control realizado por la demandada habría tenido lugar de acuerdo al documento 7 aportado en la audiencia previa, con posterioridad a la presentación de la demanda, y porque además se habrían retirado expresiones afectantes a la propia demandada, por lo que no ha habido el control exigible en esta actuación, se ha producido la afectación del derecho fundamental y ha de ser resarcido el mismo. La demandada en el trámite conferido se opone al recurso interesando la íntegra confirmación de la
sentencia por sus propios fundamentos, pese a reproducirse el alegato relativo a la falta de legitimación pasiva. El Ministerio Fiscal no presentó alegaciones. SEGUNDO.- Dado el ámbito y alcance del recurso de apelación no puede ahora examinarse la cuestión relativa a la legitimación pasiva de la demandada rechazada por la sentencia y no recurrida esta decisión, ni impugnada la sentencia en este sentido pese al alegato hecho en el escrito que fue de estricta oposición al recurso planteado por la actora, por lo que el objeto del recurso ha de ser determinar si existiría el error que en la valoración de la prueba se denuncia por esta vía. No obstante no está de más expresar, toda vez que en definitiva el recurso se centra en pretender no haberse acreditado la falta de adecuado control por parte de la propietaria de la página web en la que se organizaba el blog, lo que exige partir de que es exigible tal control, la razón que asistía a la juzgadora de instancia al establecer la posibilidad de la responsabilidad derivada de una actuación negligente en este ámbito. Como ha señalado el Tribunal Supremo Sala 1ª, en sentencia de fecha 9-12-2009 : "Lo que sostiene, como antes se expuso, es que de esa intromisión no debe responder ella, sino quien fuera su autor, porque, en otro caso, se le estaría exigiendo un deber de efectivo control de las opiniones almacenadas, en detrimento de la libertad de expresión de los proveedores de contenidos. Expone, al fin, la necesidad de armonizar el régimen específico de responsabilidad de los prestadores de los servicios de la sociedad de la información -en particular, de los de alojamiento o almacenamiento de datos, que son los que ella presta y por los que ha sido condenada- con el derecho fundamental de sus destinatarios a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones. No le falta razón a Asociación de Internautas al expresar esa preocupación. Al fin es la misma que se plasmó en la Directiva 2000/31 / CE del Parlamento y del Consejo, de 8 de junio de 2000 , relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley 34/2002. En efecto, el considerando 9 de dicha normativa comunitaria exterioriza la conveniencia de garantizar el libre desempeño de los servicios prestados por la recurrente, así como el propósito de no influir en las normas y principios nacionales fundamentales relativos a la libertad de expresión. Y el artículo 15 excluye la posibilidad de que los Estados miembros impongan a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmiten o almacenan. Pero, a la vez, en el considerando 48 se reconoce la potestad de los Estados miembros de exigir a los prestadores de servicios que proporcionan alojamiento a datos suministrados por los destinatarios de aquellos, un deber de diligencia a fin de detectar y prevenir determinados tipos de actividades ilegales. Y en el apartado 1 del artículo 14 se condiciona la exclusión de responsabilidad al cumplimiento de un deber de diligencia para conocer la ilicitud -letra a)- e impedir su persistencia -letra b)-. De la conjugación de los valores a que se refieren las mencionadas normas resulta el establecimiento de un régimen particular de exención de la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación, en la Directiva 2000/31 /CE y en la Ley 34/2002 que incorporó sus normas al ordenamiento español..... .......afirma la infracción del artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio , de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en relación con los artículos 14 y 15 de la Directiva 2000/31 /CE, antes citada. Alega la recurrente al fundamentar el motivo que, aunque permitió a "Plataforma de coordinación de movilizaciones contra la SGAE" que alojase contenidos - información y opiniones- en su servidor y le atribuyó un subdominio independiente -www.antiesgae.internautas.org-, no tuvo ninguna participación en la elaboración de aquellos ni en su selección. Afirma que se limitó a prestar un servicio de mediación en términos absolutamente neutrales, por lo que no cabe atribuirle responsabilidad alguna por comportamiento que le sea imputable. Ello sentado, añade que no había tenido conocimiento efectivo -ni podido tenerlo- de las opiniones y de la información suministradas por aquella "Plataforma", pese a que las hubiera acogido y almacenado. Y, en consecuencia, que no había conocido ni debido conocer que los contenidos alojados lesionaban
derechos de terceros. Concluye afirmando que concurría a su favor la exención de responsabilidad que el artículo 16, apartado 1, letra a), de la Ley 34/2002 sanciona, tanto si dicha norma se entiende en sentido estricto, esto es, como la expresión de un sistema cerrado de posibles conocimientos efectivos, cuanto si se interpreta en un sentido amplio, esto es, como una relación ejemplar de alguno de los medios admisibles de conocer la ilicitud de los contenidos alojados. Para dar respuesta al motivo interesa previamente destacar los contornos del conjunto de datos obtenidos de la tramitación del proceso, según se refleja en la sentencia recurrida. 1º) Asociación de Internautas ha sido condenada como prestadora de servicios de la sociedad de la información -en el sentido de la letra a) del anexo de la Ley 34/2002, de 11 de julio. Y , en concreto, como prestadora del servicio de intermediación consistente en albergar o alojar en servidores o espacios propios datos suministrados por los destinatarios de aquellos -"hosting"-. En particular, ninguna cuestión se ha planteado sobre la naturaleza "normalmente" retribuida de los servicios de intermediación prestados por la recurrente ni sobre la interpretación y, en su caso, integración de dicha condición -a la que se refiere el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 98/34 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998 , tal como quedó redactado por la Directiva 98/44 / CE, de 20 de julio del mismo año, y, por remisión a él, el artículo 2 , letra a), de la Directiva 2000/31 / CE y su considerando 17 , así como la letra a) del anexo de la Ley 34/2002 . 2º) Los demandantes decidieron en su día, por las razones que fueran, dirigir la demanda no contra el proveedor o proveedores de contenidos, sino exclusivamente contra la asociación intermediaria. Con tal opción obviamente sometieron las pretensiones deducidas al particular régimen jurídico aplicable a quienes prestan servicios de alojamiento o almacenamiento de datos. Dicha elección impuso a los órganos judiciales de las dos instancias averiguar si concurrían en el caso los presupuestos de la exención de responsabilidad que, a la luz de la Directiva 2000/31 /CE, contiene la Ley 34/2002. Y , por ello, enjuiciar si la actividad de la ahora recurrente, en cuanto prestadora de los repetidos servicios, fue meramente pasiva o automática -artículo 16, apartado 1, de la Ley, en relación con el 14, apartado 1 , letra a), y con el considerando 42 de la Directiva-. Si, en el caso de llegarse a la conclusión de que no desconocía los ilícitos contenidos, actuó con la diligencia que en tal supuesto le era exigible - artículo 16, apartado 1, letra b), de la Ley, en relación con el 14, apartado 1 , letra b), y con el considerando 48 de la Directiva-. Y si, en realidad, lo que hizo fue colaborar conscientemente con la "Plataforma" destinataria de sus servicios y proveedora de contenidos -artículo 16, apartado 2, de la Ley, en relación con el 14, apartado 2 , y con el considerando 44 de la Directiva..... .....Dos son los presupuestos de la exclusión de responsabilidad con que el artículo 16 de la Ley 34/2002 -al incorporar al ordenamiento jurídico español el artículo 14 de la Directiva 2000/31 /CE- favorece a los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, que han sido negados en la sentencia recurrida. El Tribunal de apelación negó que la demandada desconociera el contenido de los datos alojados en sus servidores -claro está, aquellos a que se refiere la demanda, y que son ofensivos para los actores-. También negó que no hubiera vínculos de subordinación, dependencia o control entre aquella y los proveedores de contenidos. Por su parte y en primer termino, niega la recurrente que supiera de la ilicitud de las opiniones de "Plataforma" y para ello se sirve del significado que a las palabras "conocimiento efectivo" atribuye el legislador español en el artículo 16, apartado 1, de la Ley 34/2002 " se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución" - y añade que, en el caso, ningún órgano competente había declarado previamente a la demanda la ilicitud de los datos almacenados o la lesión de los derechos de los actores y, menos, ordenado la retirada de contenidos. El motivo se desestima. No es conforme a la Directiva -cuyo objetivo es, al respecto, armonizar los regímenes de exención de responsabilidad de los prestadores de servicios- una interpretación del apartado 1 del artículo 16 de la Ley 34/2002 como la propuesta por la recurrente, ya que reduce injustificadamente las posibilidades de obtención del "conocimiento efectivo" de la ilicitud de los contenidos almacenados y amplía correlativamente
el ámbito de la exención, en relación con los términos de la norma armonizadora, que exige un efectivo conocimiento, pero sin restringir los instrumentos aptos para alcanzarlo. Además de que el propio artículo 16 permite esa interpretación favorable a la Directiva -al dejar a salvo la posibilidad de "otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse"-, no cabe prescindir de que la misma atribuye igual valor que al "conocimiento efectivo" a aquel que se obtiene por el prestador del servicio a partir de hechos o circunstancias aptos para posibilitar, aunque mediatamente o por inferencias lógicas al alcance de cualquiera, una efectiva aprehensión de la realidad de que se trate. Ello afirmado, el Tribunal de apelación atribuyó, a los relatados efectos, ese mismo valor revelador al dominio "www.putasgae.org", dirigido por "Plataforma de coordinación de movilizaciones contra la SGAE" a la dirección que la Asociación ahora recurrente le había proporcionado. Consideró que tal título, por su carácter insultante, era un medio adecuado -ex re ipsa- para revelar, junto con las circunstancias concurrentes -en especial, la realidad de un conflicto entre dicha proveedora de contenidos y la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual demandante, conocido por la recurrente-, el tenor injurioso de los datos alojados. Esa conclusión es conforme con la doctrina expuesta y lleva a valorar la falta de diligencia de Asociación de Internautas en el cumplimiento de la carga prevista en la letra b) del repetido artículo 16 de la Ley 34/2002 ." TERCERO.- En cuanto a la errónea valoración de la prueba puede recordarse cuál es la doctrina que sobre el particular ha establecido la jurisprudencia. Como sistemáticamente recoge la jurisprudencia del TS, así Sª. de 1 marzo 1.994 "... Según reiterada jurisprudencia prevalece la valoración que de las pruebas realicen los órganos judiciales por ser mas objetiva que la de las partes, dada la mayor subjetividad de estas por razón de defender sus particulares intereses...." Señalando igualmente el T.S. 1ª 30 septiembre 1.999"Es constante la jurisprudencia acerca de no quedar alterado el principio de distribución de la carga de la prueba si se realiza una apreciación de la aportada por cada parte y luego se valora en conjunto su resultado" En este sentido como señala la AP Alicante, sec. 5ª, S 30-11-2000 ". Al respecto deben efectuarse unas consideraciones acerca de las facultades revisoras de la Sala sobre la valoración de la prueba practicada por el Juzgador de instancia. Se ha de tomar en consideración que la actividad intelectual de valoración de la prueba se incardina en el ámbito propio de soberanía del juzgador, siendo así que a la vista del resultado de las pruebas practicadas en el acto del juicio el juez a quo resulta soberano en la valoración de la prueba conforme a los rectos principios de la sana crítica, favorecido como se encuentra por la inmediación que le permitió presenciar personalmente el desarrollo de los medios probatorios. En definitiva, cuando se trata de valoraciones probatorias la revisión de la sentencia deberá centrarse en comprobar que aquélla aparece suficientemente expresada en la resolución recurrida y que las conclusiones fácticas a las que así llegue no dejen de manifiesto un error evidente o resulten incompletas, incongruentes o contradictorias, sin que por lo demás resulte lícito sustituir el criterio del juez a quo por el criterio personal e interesado de la parte recurrente..... Así en conclusión las partes en virtud del principio dispositivo y de rogación pueden aportar prueba pertinente siendo su valoración competencia de los Tribunales, sin que sea lícito tratar de imponerla a los juzgadores, y por lo que se refiere al recurso de apelación debe tenerse en cuenta el citado principio de que el juzgador que recibe la prueba puede valorarla de modo libre, aunque nunca de manera arbitraria, y por otro que si bien la apelación transfiere al Tribunal de la segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, esta queda reducida a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el juez a quo de forma arbitraria o si, por el contrario, la apreciación conjunta del mismo es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso. Y es que la valoración y apreciación de las pruebas es función del órgano de enjuiciamiento y no revisable en apelación cuando se haya ajustado a las normas de la sana crítica y de la experiencia común, de manera que si las conclusiones probatorias se mantienen razonables deben ser mantenidas, siendo así que en este caso actuando el Juzgador de Instancia como órgano unipersonal la valoración de la prueba practicada en el juicio corresponde a dicho órgano jurisdiccional, y esta valoración, hecha imparcialmente y debidamente razonada debe prevalecer sobre la opinión parcial que dichos medios probatorios merezcan a las partes del proceso. Por lo tanto, sólo en la medida en que la apreciación del juez de Instancia sea objetada por las reglas de la lógica, los principios de la experiencia o los conocimientos científicos, es factible que se pueda rectificar la valoración realizada por el Juez a quo, no resultando acogible, sin más, la pretensión de someter a revisión la valoración de la prueba realizada por el Juzgador de Instancia, ni menos todavía efectuar un juicio comparativo entre las apreciaciones contenidas en las resoluciones del Juzgado y las de la parte, pues lo importante es que en su conjunto responda la valoración del Juez a un criterio de razonabilidad, con la advertencia de que en nuestro sistema probatorio no se exige, como criterio general, una determinada dosis de prueba, sino que el Juzgador, en su función soberana, es el que determina el grado de convicción, operando las contrapruebas en la perspectiva de generar duda racional respecto de la veracidad de las afirmaciones de la parte contraria.
En el caso enjuiciado no se observa el error denunciado, sino más bien la falta de sintonía de la parte con la conclusión alcanzada por la juzgadora en atención a la prueba documental que se habría aportado al proceso, por más que ciertamente el documento nº 7 a que se refiere la sentencia no se aportase en el acto del audiencia previa sino con la demanda, folio 28, pues ello no tiene la relevancia suficiente para fundar el pretendido error cuando en definitiva la juez extrae de este documento lo que el mismo indica, que la demandada habría retirado del foro dos mensajes por su contenido, señalándose en el mismo que se repitiera el mensaje "usando otro lenguaje y evitando groserías y descalificaciones personales", así como que "en tiempos preelectorales que se aproximan el foro sea un espacio de debate que gane credibilidad y respeto cada día, como hasta ahora". Este mensaje del Administrador del foro es de noviembre de 2006, anterior por tanto a la presentación de la demanda que tuvo lugar el 29 de enero de 2007. El comentario del Administrador que si es posterior a la demanda es de 1 de marzo de 2007 y se aportó por la actora en el acto de la audiencia previa como documento a), folios 84 a 86, no se hace reconocimiento alguno de responsabilidad, se informa al foro de la demanda interpuesta, se anuncia la retirada de dos mensajes por su contenido, y se hace un llamamiento "a la moderación en el lenguaje y en las expresiones dejadas en este foro...". Sin duda puede mantenerse, como hace la recurrente, que la acreditación de que la demandada no ha vigilado adecuadamente los mensajes remitidos al foro surge del propio hecho de que se hayan permitido los que dan lugar a la demanda y al tiempo otros sí hayan sido censurados, pero también es cierto que la interpretación de la juzgadora es asimismo razonable al estimar que la actuación de la demandada como Administradora del foro no habría sido negligente al haberse acreditado su respuesta ante mensajes inapropiados y su llamamiento a la moderación en el lenguaje. En el fondo la cuestión no puede escapar del examen de la gravedad o importancia de las expresiones vertidas, cuestión no siempre fácil, pues sólo si se considerase que desde cualquier punto de vista tales expresiones serían gravemente insultantes y ofensivas, podría al tiempo exigirse un control de sus contenidos que no puede predicarse como exigencia generadora de responsabilidad en todo caso si no se quiere llevar la obligación más allá de los límites del artículo 16 de la Ley 34/2002 a que antes hemos referencia. La reciente sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª, de 20-10-2009 , centra la cuestión entre la libertad de expresión e información y el derecho al honor: "A) El artículo 20.1.a) y d) CE , en relación con el artículo 53.2 CE , reconoce como derecho fundamental especialmente protegido mediante los recursos de amparo constitucional y judicial el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y el derecho comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, y el artículo 18.1 CE reconoce con igual grado de protección el derecho al honor. La libertad de expresión, reconocida en el artículo 20 CE , tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información ( SSTC 104/1986, de 17 de julio , y 139/2007, de 4 de junio ), porque no comprende como ésta la comunicación de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo. La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo. No siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones garantizada por el derecho a la libertad de expresión de la simple narración de unos hechos garantizada por el derecho a la libertad de información, toda vez que la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa ( SSTC 29/2009, de 26 de enero , FJ 2, 77/2009, de 23 de marzo , FJ 3). El derecho al honor, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por las libertades de expresión e información. La limitación del derecho al honor por la libertad de expresión e información tiene lugar cuando se produce un conflicto entre ambos derechos, el cual debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso ( SSTS de 13 de enero de 1999 , 29 de julio de 2005 , 21 de julio de 2008, RC núm. 3633/2001 , 2 de septiembre de 2004 , RC núm. 3875, 22 de julio de 2008 , 12 de noviembre de 2008, RC núm. 841/2005 , 19 de septiembre de 2008, RC núm. 2582/2002 , 5 de febrero de 2009, RC núm. 129/2005 , 19 de febrero de 2009, RC núm. 2625/2003 , 6 de julio de 2009, RC núm. 906/2006 , 4 de junio de 2009, RC núm. 2145/2005 ).............
..........La técnica de ponderación exige valorar, en segundo término, el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión. Desde esta perspectiva, (i) La ponderación debe tener en cuenta si la información tiene relevancia pública o interés general o se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública ( STC 68/2008 ; SSTS 25 de octubre de 2000 , 14 de marzo de 2003, RC núm. 2313/1997 , 19 de julio de 2004, RC núm. 5106/2000 , 6 de julio de 2009, RC núm. 906/2006 ), pues entonces el peso de la libertad de información es más intenso, como establece el artículo 8.2.a) LPDH en relación con el derecho a la propia imagen aplicando un principio que debe referirse también al derecho al honor. En relación con aquel derecho, la STS 17 de diciembre de 1997 (no afectada en este aspecto por la STC 24 de abril de 2002 ) declara que la "proyección pública" se reconoce en general por razones diversas: por la actividad política, por la profesión, por la relación con un importante suceso, por la trascendencia económica y por la relación social, entre otras circunstancias." De igual modo la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 10ª, en sentencia de 22-1-2010 : "El conflicto o colisión entre derechos fundamentales se explica porque ni siquiera los derechos que tienen tal consideración gozan de un carácter absoluto, siendo así que el propio derecho al honor se encuentra «limitado por los también fundamentales a opinar e informar libremente» (por todas, Sentencia de 20 de julio de 2004 , citada en la de 22 de julio de 2008 ), siendo necesario ante esa ya clásica confrontación, determinar, en cada caso concreto, -y, por ende, en el supuesto enjuiciado-, cuál de ellos ha de considerarse preeminente y más digno de protección, o, dicho de otro modo, cuál de los dos derechos en conflicto ha de ser sacrificado en beneficio del otro, lo que se hará por el tribunal a través de un juicio de ponderación en el que la delimitación de la colisión ha de hacerse caso por caso, sin que puedan establecerse apriorísticamente límites o fronteras entre uno y otro derecho, - Sentencias de 13 de enero de 1999 , 29 de julio de 2005 y 22 de julio de 2008 -, sin perjuicio de que esa tarea de ponderación tenga en cuenta «la posición prevalente, que no jerárquica o absoluta, que sobre los derechos denominados de la personalidad del artículo 18 de la C.E . ostentan los derechos a la libertad de expresión e información», en la medida en que estos últimos resultan esenciales como garantía de una opinión pública libre, la que a su vez es indispensable para el pluralismo político que exige un Estado social y democrático de derecho. Que para que una expresión se valore como indudablemente ofensiva o injuriosa, y por tanto lesiva para la dignidad de otra persona, en cualquiera de sus dos vertientes (objetiva, por menoscabo de su reputación o fama; u objetiva, en cuanto suponga un detrimento de su autoestima o propia consideración), ha de estarse, según pacífica doctrina de esta Sala Primera, de la que son buenos ejemplos las Sentencias de 21 de junio de 2001 y 12 de julio de 2004 , a lo siguiente: a) al contexto en que se producen las expresiones, es decir, el medio en el que se vierten y las circunstancias que las rodean. b) a la proyección pública de la persona a que se dirigen las expresiones, dado que en las personas o actividades de proyección pública la protección del honor disminuye. c) a la gravedad de las expresiones, objetivamente consideradas, que no han de llegar al tipo penal, pero tampoco ser meramente intranscendentes. La Sentencia de 12 de julio de 2004 resume las pautas a seguir para apreciar esa gravedad, señalando: "Las expresiones han de ser objetivamente injuriosas; es decir, aquellas que, "dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas, y resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate" ( STC 232/2002, 9 de diciembre , y cita). Aunque la jurisprudencia en la materia es casuística, cabe señalar la exigencia de que se trate de insultos de "determinada entidad" o actos vejatorios ( S. 18 noviembre 2002 ), expresiones "indudablemente" o "inequívocamente" injuriosas o vejatorias ( SS. 10 julio 2003 , 8 abril 2003 ), apelativos "formalmente" injuriosos ( SS. 16 enero 2003 , 13 febrero 2004 ), frases ultrajantes u ofensivas ( S. 11 junio 2003 ), en definitiva se requiere que las expresiones pronunciadas o escritas tengan en sí un contenido ofensivo o difamatorio ( S. 20 febrero 2003 , y cita)."
En el supuesto que nos ocupa la referida ponderación de las circunstancias no lleva a la Sala a la conclusión de que se estaba en presencia de intervenciones con la gravedad necesaria para justificar el atentado al derecho al honor de los actores y, por ende, la correlativa exigencia de la demandada de intervenir censurando tales mensajes y retirándolos del foro en que se alojan, pues ha de tenerse en cuenta que los actores ostentaban u ostentan cargos públicos derivados del proceso de elección política, por lo que les es propia una mayor carga de aflictividad al soportar la crítica a su actuación; y el foro es precisamente un foro de debate y aportaciones de los ciudadanos de ámbito claramente político al estar creado por un Partido Político en oposición a aquel al que pertenecen los demandantes, además en el ámbito municipal en el que es mayor la proximidad a los problemas y el conocimiento de las personas y sus circunstancias. La demanda se sustenta en seis documentos; de los documentos 5 y 6 nada se entrecomilla como atentatorio al derecho al honor de los demandantes, más allá de que "siguen en la misma línea", lo que se refiere a que en ambos se critica la venta del terreno de juego del "Mejoreño" para construir viviendas, y se critica desde la posición que ocupa la Sra. Serafina y el hecho de que pueda llevar a cabo la operación el marido de la misma a través de la Inmobiliaria en la que trabajaría; el tono es evidente crítico dentro de la libertad de expresión, no usándose expresiones vejatorias o insultantes; el documento número 1 habla también de este extremo y lo hace en términos interrogativos que excluyen el ataque directo que se persigue en este proceso, como no tiene suficiente contenido para merecer la protección que se impetra el que se exprese en la contestación de otro internauta al mensaje que "tanto va el cántaro a la fuente que al final se casca, y a buen entendedor con pocas palabras basta. Te estamos observando así que ya puedes andar fina" dirigido a la Concejala. En el documento nº 2 se expresa " en la calle Comunidad de Madrid junto a la croasantería, "el tabernero" José , a la sazón esposo de Serafina "la comedora de langostas" y 1º teniente de Alcalde, va a abrir la inmobiliaria "el pelotazo" que se va a encargar de vender los pisitos que se van a construir, si el pueblo no lo impide, en los terrenos del Mejoreño, cedidos en su día por la Marquesa, hará cuarenta años o más"; se habla sin duda de una maniobra especulativa a la que se demuestra oposición, sin que se superen tampoco los límites de la libertad de expresión ni por la puesta de relieve de un hecho que debía afectar a los ciudadanos, ni por la utilización de unos motes sin duda peyorativos pero no manifiestamente injuriosos. Los documentos números 3 y 4 son sendos mensajes relacionados con cierta polémica al respecto de sueldos de la Policía Local y situación de un tal Florencio ; el nº 4 no contiene sino una descripción de la situación que quien escribe estima existente, aun expresándose que "el marido de la Serafina , ex concejal de policía, tuvo un lío de faldas con una hermana del Florencio "...; y el número 3 " señora concejala, por llamarla de alguna manera, la noche la confunde ¿no? No le de tanto al drinkin y espabile y solucione de una p....a vez el problema a Florencio y si no haber sido honrada, cosa de lo que carece, y no haberle prometido nada a Florencio y haberle metido en este follón. Aunque no se preocupe que todo se paga y a todo cerdo le llega su San Martín. Y entonces le tocará llorar a usted, mearse encima como su marido y suplicar clemencia. Y no se lo tome como una amenaza, sólo le menciono el refranero popular....". Sin duda el escrito es maleducado y ofensivo, pero aún así no creemos que se supere el ámbito protegido por la libertad de expresión dadas las circunstancias concurrentes en el supuesto, por lo que en definitiva ha de desestimarse el recurso en cuanto al fondo de la cuestión debatida y confirmarse, en este punto, la sentencia de instancia. CUARTO.- Pese a las anteriores consideraciones estima la Sala que la cuestión se ofrecía como límite en el examen de los bienes y derechos en juego, por lo que se aprecian en el supuesto las serias dudas de derecho, que se extraen de la dificultad de la ponderación de las circunstancias tenidas en cuenta, una vez declarada la exigibilidad para la demandada de controlar lo que se publica en el blog en los términos antes expuestos, que justifican que no se haga imposición de las costas, lo que se considera ha de afectar a ambas instancias, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 394 y 398 de la LEC . Vistos los preceptos citados y demás de legal y pertinente aplicación.
Que estimando en parte el recurso interpuesto por los apelantes D. José y Dª. Serafina contra la sentencia de fecha 28 de junio de 2.007 , revocamos dicha resolución en el solo particular de la condena en costas que contiene, confirmando la sentencia en todo lo demás, y sin declaración de costas en ninguna de las instancias. Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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