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Timestamp: 2020-02-22 04:29:25+00:00

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Test 04 - dis
04 - DIS
04 - DIS.
La norma básica en materia de discapacidad es la: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Ley 1/2003, de 29 de diciembre, de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2013, de 29 de diciembre.
La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social se inspira en los siguientes principios: Concentración, normalización, diálogo civil, diseño para todos, accesibilidad universal, transversalidad de las políticas en materia de discapacidad e igualdad de oportunidades. Vida independiente, normalización, diálogo civil, diseño para discapacitados, accesibilidad universal, concentración y respeto al desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad, y, en especial, de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Vida dependiente, actuación, diálogo social, diseño para todos, accesibilidad universal y transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. Vida independiente, normalización, diálogo civil, diseño universal o diseño para todas las personas, accesibilidad universal, transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.
A la luz de la norma básica reguladora de la discapacidad señale la afirmación correcta en todos sus términos: Por discapacidad se entiende la situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes o transitorias y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. La citada norma contiene 125 artículos, repartidos en 1 Título preliminar (desarrollado en 3 capítulos) y cuatro Títulos más. Tienen la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o inferior al 33%. Presentan esta discapacidad los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades, los poderes públicos establecerán las siguientes medidas, a saber, medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva. Estas últimas consistirán en la adopción por los poderes públicos de medidas de acción positiva en beneficio de aquellas personas con discapacidad susceptibles de ser objeto de un mayor grado de discriminación, incluida la discriminación múltiple, o de un menor grado de igualdad de oportunidades.
Para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades, la Ley básica en materia de discapacidad prevé que los poderes públicos establecerán medidas de acción positiva y contra la discriminación. Éstas últimas podrán consistir, entre otras, en prohibición de conductas discriminatorias y de acoso. Por conducta de acoso se entiende: Aquella conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Aquella conducta punible conforme el Código penal, relacionada con la capacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad como persona. Aquella conducta o trato degradante que provoca un atentado a la dignidad del que la sufre por ser ofensiva y hostil. Aquella conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad.
Podemos decir que la primera norma básica en nuestra legislación que desarrolló lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución en aras de conseguir la integración de las personas con discapacidad fue: La Ley 51/2003, de 2 de diciembre. La Ley 41/2003, de 19 de noviembre. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre. La Ley 13/1982, de 7 de abril.
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece que son personas con discapacidad: Aquellas que, por sus limitaciones físicas o psíquicas tiene dificultades para integrarse en nuestro modelo de sociedad. Aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. Aquellas cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallan disminuidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, en sus capacidades físicas, psíquicas, intelectuales o sensoriales. Aquellas personas que son incapaces de llevar a cabo una vida independiente, ejerciendo su poder de decisión sobre su propia existencia.
A efectos del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior: 25 por ciento. 33 por ciento. 50 por ciento. 66 por ciento.
La situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de la comunidad, conforme al libre desarrollo de la personalidad, es lo que el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social entiende por: Normalización. Accesibilidad universal. Vida independiente. Transversalidad.
El principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona; es lo que el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social denomina: Vida independiente. Normalización. Accesibilidad universal. Diseño para todos.
Cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por razón de discapacidad, estamos ante lo que la ley considera: Discriminación directa. Discriminación indirecta. Conducta de acoso. Transversalidad negativa.
En los proyectos de viviendas protegidas ¿qué porcentaje de viviendas se reservará con las características constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el acceso y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con discapacidad?: El 2%. El 4%. El 6%. El 8%.
Según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, ¿en qué plazo, desde la entrada en vigor de dicha ley, deberá el Gobierno realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a los diferentes medios de transporte en lo que considere más relevante desde el punto de vista de la no discriminación y de la accesibilidad universal?: Dos años. Tres años. Cinco años. Diez años.
El instrumento técnico de la Administración General del Estado que se encarga de la recopilación, sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad es: El Consejo Nacional de la Discapacidad. El Observatorio Estatal de la Discapacidad. La Oficina de Atención a la Discapacidad. La Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
Las empresas públicas y privadas que empleen a un número determinado de trabajadores vendrán obligadas a que, entre ellos, un determinado porcentaje sean trabajadores con discapacidad. ¿Cuáles son ese número y ese porcentaje?: 100 o más trabajadores; al menos el 3%. 60 o más trabajadores; al menos el 2%. 50 o más trabajadores; al menos el 2%. 40 o más trabajadores; al menos el 3%.
La plantilla de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo, y, en todo caso, ¿por qué porcentaje de aquélla?: 40%. 50%. 60%. 70%.
Las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo a través de diferentes tipos de empleo. ¿Cómo se denomina el que tiene lugar en centros especiales de empleo y en enclaves laborales?: Empleo ordinario. Empleo autónomo. Empleo protegido. Servicio de empleo con apoyo.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 49
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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