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Timestamp: 2019-05-21 07:26:35+00:00

Document:
ENVÍO DE PROYECTO SOBRE CASINOS A COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS POR LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS VIALES.
TRATAMIENTO DE PROYECTO SOBRE TABLA.
LÍMITE MÁXIMO DE CAPTURA POR ARMADOR Y REGULARIZACIÓN DEL REGISTRO PESQUERO ARTESANAL. Primer trámite constitucional.
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE TRÁNSITO EN LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR. Tercer trámite constitucional.
Sesión 22ª, en martes 5 de diciembre de 2000
(Ordinaria, de 10.51 a 13.30 horas)
Presidencia accidental de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana.
I. Asistencia…6
II. Apertura de la sesión…9
III. Actas…9
IV. Cuenta…9
Envío de proyecto sobre casinos a Comisión de Gobierno Interior…9
Prórroga de plazo a Comisión investigadora del cumplimiento de contratos por las empresas concesionarias viales…9
Tratamiento de proyecto sobre Tabla…10
Límite máximo de captura por armador y regularización del registro pesquero artesanal. Primer trámite constitucional…11
Modificación de la ley del Tránsito en la obtención de licencias de conducir. Tercer trámite constitucional…42
1. Oficio de S.E. el Vicepresidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que establece como medida de administración el límite máximo de captura por armador a las principales pesquerías industriales nacionales y la regularización del registro pesquero artesanal (boletín Nº 2578-01)…44
Oficios de S.E. el Vicepresidente de la República, mediante los cuales retira y hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
2. Sobre libertad de expresión, información y ejercicio del periodismo (boletín Nº 1035-07)…44
3. Reemplaza el Título IV de la ley Nº 18.168, de 1982, general de Telecomunicaciones (boletín Nº 2436-15)…45
4. Establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo (boletín Nº 2361-23)…45
5. Sobre transparencia, límite y control del gasto electoral (boletín Nº 2499-06)…46
6. Adecua la legislación que indica conforme a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), suscritos por Chile (boletín Nº 2421-03)…46
7. Introduce modificaciones a la ley Nº 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios y deroga la ley Nº 3.133, sobre neutralización de los residuos provenientes de establecimientos industriales y su reglamento (boletín Nº 2570-09)…47
8. Modifica la ley Nº 19.039, sobre propiedad industrial (boletín Nº 2416-03)…47
9. Modifica la ley Nº 17.798, sobre control de armas, estableciendo mayores exigencias para inscribir un arma, prohibiendo el porte de las mismas y realiza otras modificaciones (boletín Nº 2219-02)…48
10. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la obtención de las licencias de conducir (boletín Nº 2504-15)…48
11. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998 (boletín Nº 2293-10)…51
12. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en dicha ciudad el 17 de julio de 1998 (boletín Nº 2293-10)…101
13. Moción de los diputados señores Reyes y Olivares, que modifica los artículos 199 y 199 bis del Código del Trabajo (boletín Nº 2637-13)…201
De la Comisión investigadora encargada de analizar el cumplimiento, por parte de las empresas concesionarias viales, de los contratos suscritos con el Estado de Chile, por el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para prorrogar en sesenta días el plazo para concluir su investigación.
De la diputada señora Caraball y de los diputados señores Gutiérrez, Lorenzini y Ortiz, ingresos municipales producto de rentas o derechos cobrados por el uso de locales o establecimientos de propiedad de la municipalidad de La Cisterna.
Del diputado señor Ascencio, atraso en obras de construcción del sistema de alcantarillado del pasaje Los Aromos, comuna de Castro.
De los diputados señores Urrutia, Jaramillo, Felipe Letelier, Ortiz, Sánchez y diputada señora Soto, condiciones de ingreso de aceitunas peruanas a Chile.
Información de ejecución presupuestaria de enero a septiembre año 2000.
De la diputada señora Rozas y de los diputados señores Gutiérrez, Jaramillo, Kuschel, Felipe Letelier, Lorenzini, Navarro, Ojeda y Ortiz, marco legal de licencias médicas.
Del diputado señor Álvarez-Salamanca, disolución de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal de Río Claro.
De los diputados señores Ojeda, Alessandri, Fossa, Mora, Kuschel y diputada señora González, arbitrar medidas para que este servicio se haga parte en las causas ordenadas instruir para investigar desapariciones por presunta desgracia.
Del diputado señor José García, estado en que se encuentra el proceso de entrega de títulos de dominio de los pobladores del sector Los Boldos.
--Cornejo Vidaurrázaga, Patricio
Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Guido Girardi.
Asistieron, además, los ministros de Economía, Minería y Energía, señor José De Gregorio; y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Álvaro García.
Concurrieron, también, los subsecretarios de Pesca, señor Daniel Albarrán, y de Transportes, señor Patricio Tombolini.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El acta de la sesión 16ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 17ª queda a disposición de las señoras diputadas y señores diputados.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría
Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Recondo .
Señor Presidente, en la letra c) del número 2 de la Cuenta se hace presente la urgencia del proyecto que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo y se señala que se envió a la Comisión especial para el desarrollo del turismo.
Entiendo que el informe debe enviarse a la Comisión de Gobierno Interior, porque ya fue despachado por la Comisión de turismo.
Señor diputado, efectivamente, el proyecto también debe ser enviado a la Comisión de Gobierno Interior.
Señor Presidente, la Comisión especial de turismo ya lo despachó; sólo debe verlo la Comisión de Gobierno Interior.
Señor diputado, la Cuenta se refiere sólo a la urgencia del proyecto. En todo caso, corresponde enviarlo a la Comisión de Gobierno Interior; de manera que así se procederá.
Señor Presidente, el punto 5 de la Cuenta se refiere a un oficio de la Comisión investigadora encargada de analizar el cumplimiento, por parte de las empresas concesionarias viales, de los contratos suscritos por el Estado de Chile, por el cual solicita prórroga de plazo para concluir su investigación.
Al respecto, sería importante que cada vez que una comisión investigadora solicite prórroga de plazo para cumplir su cometido, dé a conocer exactamente las razones que motivan dicha petición. Ya están suficientemente cuestionadas las comisiones investigadoras; por lo tanto, cada prórroga solicitada que significa dilatar la entrega del informe debe ser debidamente fundada.
Me parece que ésta es la única manera de corregir el comportamiento de las comisiones investigadoras. Si no hay una adecuada explicación para la prórroga, no estoy dispuesto a concederla.
Señor diputado, no corresponde abrir debate al respecto.
Más allá de que coincido con su criterio, lo que corresponde en este momento es aprobar o rechazar la petición de la Comisión. Ahora bien, si su Señoría lo desea, puede solicitar que se vote la prórroga del plazo a la Comisión.
Señor Presidente, usted nos pone en una situación bastante incómoda, aunque sea reglamentaria, porque nos hace votar a ciegas.
Creo que deben existir razones fundadas para solicitar la prórroga; sin embargo, al no conocerlas y concederla sin un fundamento plausible, quedamos en una condición difícil.
Señor Presidente, como miembro de la Comisión investigadora de las concesiones viales, deseo manifestarle al diputado señor Navarro que hemos solicitado la prórroga, porque no ha sido posible obtener todos los antecedentes requeridos.
Junto con la presidenta de la Comisión, diputada señora Eliana Caraball, nos dimos cuenta el sábado, cuando iniciábamos la elaboración del informe, de que no había llegado toda la documentación solicitada.
En esas circunstancias, sería peor no dar la prórroga, porque el informe quedaría trunco y no sabríamos cómo han funcionado las concesiones viales.
Este tema es de gran interés para el país; hay mucha gente que ha hecho presente la necesidad de modificar y corregir el sistema de concesiones. Los antecedentes relativos a las fallas detectadas han sido requeridos por la Comisión, pero aún no han llegado.
Ésa es la razón de fondo por la cual la Comisión ha pedido la prórroga; no por falta de dedicación a la materia, sino porque no han llegado todos los antecedentes solicitados.
Si le parece a la Sala, se aprobará la prórroga de plazo a la Comisión.
Tiene la palabra el diputado señor Encina.
Señor Presidente, el punto 3 de la Cuenta comunica la aprobación, por el Senado, del proyecto que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la obtención de las licencias de conducir.
Al respecto, solicito que pida el asentimiento de la Sala para tratarlo sobre tabla, sin discusión. El proyecto requiere un trámite rápido para publicarlo, puesto que afecta a muchos conductores del país.
Señor diputado, aun cuando no había acuerdo de Comités al respecto, sí existiría un principio de acuerdo informal en ese sentido.
Señor Presidente, deseo sumarme a la inquietud del diputado señor Encina, con un pequeño agregado.
Dado lo amplio del debate, sería bueno que algún señor diputado, tal vez el señor Encina, informe a la Sala sobre la naturaleza de los acuerdos del Senado, ya que se trata de un tema de gran interés para cada uno de los distritos representados en esta Cámara, y que tiene un impacto sobre mucha gente.
Lo esencial es que existe voluntad para despachar hoy el proyecto.
Señor diputado, aun cuando existe acuerdo para despachar dicho proyecto en esta sesión, cabe tener presente que requiere quórum especial, es decir, se requieren 66 votos para su aprobación, y la Sala no cuenta en este momento con ese quórum.
En consecuencia, sugiero a los señores diputados esperar que la Sala cuente con el número suficiente de diputados presentes, momento en el cual se interrumpirá el debate sobre las modificaciones a la ley general de Pesca y Acuicultura por unos instantes para despachar el proyecto, previa relación del diputado informante.
Señor Presidente, como el Senado le introdujo modificaciones, sería conveniente que, previamente a la votación, pudiéramos tener el informe a la vista de manera de saber en qué materias inciden éstas.
¿Habría acuerdo de la Sala para proceder en la forma señalada?
Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece como medida de administración el límite máximo de captura por armador a las principales pesquerías industriales nacionales y la regularización del registro pesquero artesanal.
Diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca es el señor Ceroni .
-Mensaje, boletín Nº 2578-01, sesión 32ª, en 31 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informes de las Comisiones de Agricultura y de Hacienda, sesión 17ª, en 15 de noviembre de 2000. Documentos de la Cuenta Nºs 3 y 4, respectivamente.
Señor Presidente, echo de menos la presencia del ministro de Economía, Minería y Energía, señor José de Gregorio, y del subsecretario de Pesca, señor Daniel Albarrán, quienes entiendo se encuentran en el Congreso.
Se les avisará sobre el inicio de la discusión del proyecto.
Puede continuar señor diputado.
Señor Presidente, paso a informar sobre el proyecto de ley que establece como medida de administración el límite máximo de captura por armador a las principales pesquerías industriales nacionales y regulariza el registro pesquero artesanal.
Durante el estudio de la iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y la colaboración del subsecretario de Pesca, señor Daniel Albarrán; de la jefa de la División de Desarrollo Pesquero, señora Edith Saa, y de la jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca, señora María Alicia Baltierra, quienes dieron a conocer el sentido del proyecto.
Expusieron también sus puntos de vista los representantes de la Sociedad Nacional de Pesca, de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Pesqueros de Alta Mar A.G., de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, de la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores de Chile, de la Federación de Sindicatos de Industrias Pesqueras y de la Confederación de Trabajadores Pesqueros de Chile y Ramas Afines.
Con el objeto de que la Comisión pudiera escuchar la opinión de la totalidad de los sectores interesados en la materia, se acordó realizar una audiencia pública, a la cual concurrieron representantes de todas las regiones. En consecuencia, hubo un amplio debate, en el cual se escuchó a todos los sectores vinculados al tema; a la vez, se contó con el tiempo suficiente para escuchar, en distintas instancias, a las agrupaciones y personas que deseaban dar a conocer sus puntos de vista al respecto.
El proyecto se basa en que la actividad pesquera nacional atraviesa una difícil situación económica y social derivada de la crisis del sector pesquero por la explotación irracional de los recursos pesqueros; la exagerada sobreinversión en esfuerzo de pesca; la política extractiva de los recursos, absolutamente contraria a un desarrollo armónico que optimice las ventajas comparativas en el país; la política de objetivos de corto plazo en la que se procesa la materia prima sin maximizar un adecuado valor agregado, y la inestabilidad laboral. Ello, porque los mecanismos regulatorios de la legislación pesquera actual no permiten el logro de dichos objetivos en el mediano y largo plazo para toda la actividad pesquera. Por una parte, la falta de regulación adecuada no aseguró la sustentabilidad de los recursos y, por otra, la rentabilidad de la actividad fue decreciente.
La actual ley de Pesca y Acuicultura ha quedado obsoleta, ya que carece de los mecanismos de regulación adecuados para los distintos agentes que operan en las pesquerías. Por lo tanto, requiere de una profunda modernización, cometido que, a su vez, implica un gran acuerdo nacional.
Resulta imprescindible que mientras se estudia un proceso de profunda reforma de la legislación pesquera actualmente vigente, se modifique, transitoriamente, a través de este proyecto de ley, por un plazo de dos años, la actual ley general de Pesca y Acuicultura, introduciendo las reformas necesarias para la conservación de los recursos, la sustentación de la estructura industrial existente, optimizando la estabilidad y calidad de la fuerza laboral, promoviendo la reestructuración del sector, privilegiando y fortaleciendo la competitividad y valorando adecuadamente los recursos que se extraen del mar.
La iniciativa en comento pretende dar sustentabilidad a la actividad pesquera artesanal. Para lograr este objetivo se propone regularizar el registro pesquero artesanal, tanto respecto de los pescadores como de las embarcaciones artesanales, mediante su actualización por una sola vez y por un período acotado.
Existe conciencia de que otros temas relativos a este sector deben incorporarse en una legislación definitiva.
La actual ley de Pesca y Acuicultura establece que a ella queda sometida la preservación de los recursos hidrobiológicos y, en consecuencia, toda la actividad de pesca extractiva y otras, como la acuicultura.
De esta forma, subyace en la ley el concepto de conservación, establecido en el título II de la ley general de Pesca y Acuicultura, que trata de la administración de las pesquerías, en virtud de lo cual se faculta al ministro de Economía y al subsecretario de Pesca para establecer medidas destinadas a la conservación del recurso. Así, tenemos medidas como las vedas biológicas, la prohibición de captura temporal o permanente, la fijación de cuotas anuales de captura por especie en un área determinada, declaración de parques marinos, establecimiento de tamaños mínimos.
El proyecto establece una nueva herramienta de administración, denominada límite máximo de captura por armador, la cual propende de manera más eficiente a la conservación del recurso. Este instrumento, medida de administración, establece una nueva limitación al ejercicio de la actividad pesquera extractiva industrial, dada la ineficacia de la actual ley, para frenar el crecimiento de la flota y la sobreexplotación de los principales recursos pesqueros del país.
Es bueno tener en cuenta que esta medida de administración no altera la regulación dada por la ley general de Pesca y Acuicultura en lo relativo a las autorizaciones de pesca. Estas autorizaciones son el instituto jurídico por el cual se autoriza o habilita a una persona natural o jurídica para ejercer la actividad pesquera extractiva con una determinada nave sobre recursos y en áreas determinadas por tiempo indefinido, pudiendo ser objeto de caducidad. De esta forma, se mantienen las normas sobre autorizaciones de pesca y su regulación.
El límite máximo de captura por armador, en cuanto medida de administración hay que dejar eso bien claro, establece una limitación a la captura que puede desarrollar un armador con las naves pesqueras autorizadas en una determinada unidad de pesquería. Para establecer este límite a cada una de las pesquerías es indispensable, obviamente, primero, fijar una cuota global anual de captura, la cual se distribuirá posteriormente entre los armadores que tengan naves con autorización de pesca vigente.
De esta forma, lo que se pretende es evitar conociendo cada armador o empresario lo que estará autorizado a pescarla “carrera olímpica” en que como lo vemos hoy día todos compiten por pescar la mayor cantidad en el menor tiempo posible, atentando con ello contra la calidad del producto obtenido y la estabilidad del trabajo. Se trata, simplemente, de ordenar la pesca, de manera que sea más racional, eficiente y dé mejores frutos.
¿Cuáles son las unidades de pesquería que quedarían afectas a este sistema de límite máximo de captura? Las establecidas en el artículo 2º del proyecto: el jurel, la sardina, la sardina común, la merluza de cola, la merluza del sur, el congrio dorado, la merluza de tres aletas, la merluza común, el camarón nailon, el langostino amarillo y el langostino colorado. Las especies aparecen mencionadas una a una.
¿Qué requisito básico establece el proyecto para fijar la cuota anual de pesca? De acuerdo con el sistema que establece la ley general de Pesca y Acuicultura para cada caso, en primer lugar, mediante decreto supremo, previo informe técnico de la Subsecretaría, con consulta al Consejo Zonal de Pesca que corresponde y con la aprobación del mismo.
¿Qué diferencia establece el proyecto? Que si el Consejo Nacional de Pesca no aprueba la cuota, ella será del 75 por ciento de la cuota del año anterior, de forma que siempre funcione esta medida. Quiero dejar en claro que se presentó una indicación, aprobada por la Comisión, que dispone que dicho porcentaje quedará en 80 por ciento. Esta cuota puede ser modificada más de una vez al año, si fuera necesario, en atención a que existen especies de corta vida, como la sardina y la anchoveta, que pueden hacer necesaria alguna enmienda.
¿Cómo se calcula el límite máximo de captura por armador? El proyecto establece dos métodos para calcular el coeficiente respectivo, el que multiplicado por la cuota global anual de captura determina dicho límite máximo. No fue posible fijar como único método la captura efectuada por las naves en un período determinado, fundamentalmente en atención a las sucesivas vedas aplicadas al jurel. Por ello, para las pesquerías pelágicas jurel, anchoveta y sardina se consideran las características de las autorizaciones de pesca de cada nave, en especial la capacidad de bodega y el área de pesca autorizada. En el resto de las pesquerías considerando la normalidad de los últimos años, el cálculo del coeficiente por armador se determina de acuerdo con las capturas de los últimos años.
Para hacer más transparente la información que se considera para establecer este límite máximo de captura, en septiembre de cada año la Subsecretaría de Pesca dictará una resolución para cada una de las unidades de pesquería, pudiendo reclamarse de ello ante el ministro de Economía. Una vez establecido el límite máximo de captura, cada armador determinará si la captura del recurso será efectuada con una o más naves. La paralización de las naves no utilizadas no será causal para su caducidad. Cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 143 de la ley general de Pesca y Acuicultura, ello sí sucede cuando una nave suspende sus actividades por más de doce meses. En este caso, ello no ocurrirá, puesto que las naves no utilizadas estarán exentas del pago de patente.
El proyecto autoriza a los armadores para organizarse entre sí y hacer efectivo el límite máximo de captura en conjunto, con lo cual ésta se hace más efectiva, en particular entre aquellos armadores cuyo límite máximo es sustantivamente inferior a su flota.
Dado que la vigencia del proyecto de ley es transitoria y no modifica las actuales autorizaciones de pesca, para los efectos de la historia de las naves, la captura de los armadores se distribuirá entre todas las naves consideradas para establecer el límite máximo de captura, de manera que, de acuerdo con este sistema, todas las naves tendrán su propia historia, a pesar de no participar físicamente en la pesca.
La fiscalización se efectuará mediante una declaración de los capitanes de las naves, quienes deberán entregar al Servicio Nacional de Pesca un formulario que indique la fecha y hora de recalada a puerto, área de pesca, especies capturadas y la estimación de cada una de ellas en toneladas.
Por su parte, el armador debe llenar un formulario con la información de captura por viaje de pesca, indicando las especies y el volumen capturados, expresado este último en toneladas, y su destinatario. El formulario será certificado, al momento del pesaje de las especies, por una entidad auditora externa acreditada por el Servicio.
Las sanciones que se aplican son drásticas. Al armador que sobrepase el límite máximo de captura, se le descontará al año siguiente el triple de la cantidad capturada en exceso. Ahora, si dicho límite es sobrepasado durante el último año calendario en que se aplique esta medida, al año siguiente deberá paralizar por dos meses las actividades pesqueras extractivas.
Si el armador no informa sobre sus capturas o efectúa descarte, se le descontará el 30 por ciento del límite máximo de captura que le corresponda en la unidad de pesquería durante ese año calendario. Si “se le hubiere agotado su límite máximo de captura para ese año, se le descontará del año siguiente”.
En relación con el registro artesanal, el proyecto establece un mecanismo para regularizar la situación de un importante número de pescadores y naves artesanales que actualmente desarrollan actividades pesqueras al margen de la legalidad, lo que no implica aumentar el esfuerzo pesquero ejercido realmente.
La norma permite regularizar su situación a las siguientes personas:
1) A los pescadores artesanales que se encuentren inscritos en el registro en una o más especies de una pesquería, quienes podrán solicitar inscripción en todas las especies de la pesquería respectiva.
2) A “los pescadores artesanales que se encuentren inscritos al 31 de julio de 2000 en el registro en lista de espera en una o más especies de una pesquería...”.
3) A las personas naturales que no se encuentren inscritas en el Registro, las cuales podrán solicitar inscripción sólo en una pesquería.
El Título III, Disposiciones varias, establece que los armadores pesqueros industriales que realicen actividades pesqueras extractivas deberán aceptar a bordo de sus naves los observadores científicos que designe la Subsecretaría de Pesca para los efectos de recopilar información biológico-pesquera.
Asimismo, se dispone que la Subsecretaría determinará el número de inscripciones vacantes que podrán ser reemplazadas en el registro artesanal.
Por último, otra disposición establece que no caducará la inscripción del pescador artesanal que haya dejado de ejercer su actividad por caso fortuito o de fuerza mayor, como ocurre con la de los industriales.
Las opiniones vertidas en la Comisión fueron diversas. Creo que este proyecto de ley se caracterizó porque durante su discusión se recibieron opiniones absolutamente encontradas.
Para resumir, en la Comisión escuchamos la opinión favorable de la Sociedad Nacional de Pesca, Sonapesca , y la opinión en contra de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Pesqueros Alta Mar A.G., Anapesca , cuyo presidente, señor Rodrigo Vial , afirmó que el proyecto “cristaliza tendencias monopólicas que han estado presentes en el ejercicio de la administración pesquera durante los últimos años”, y que esta reforma producirá “efectos permanentes que no sólo afectarán a empresarios pequeños y medianos, sino también a los pescadores artesanales y trabajadores”.
También escuchamos la opinión contraria al proyecto de los representantes de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Conapach, quienes sostuvieron que “con este proyecto resultan favorecidas con la tajada mayor de la cuota global de la pesquería un reducido número de empresas que, curiosamente, son las más grandes y poderosas”. Asimismo, afirmaron que esta iniciativa “deja de lado dos hechos jurídicos contundentes: que el régimen de la pesca artesanal es el de libertad de pesca, y que la ley consideró para la pesca artesanal una zona de reserva exclusiva: las primeras 5 millas del mar territorial y todas las aguas interiores”. En definitiva, rechazaron el proyecto de ley.
Por otra parte, se dieron opiniones favorables al proyecto de ley, como las de los representantes de la otra organización de pescadores artesanales, la Confepach, quienes sostuvieron que el proyecto no los afecta y que es positivo para el país.
Con mucha vehemencia acepta el proyecto la Federación de Sindicatos de Industrias Pesqueras (Fesip), la que, a través de su representante, doña Teresa Lizana , expresó que la actual crisis se estaba anunciando desde hacía varios años y, lamentablemente, en términos concretos, no se ha hecho nada hasta ahora. Dejó en claro que con esta iniciativa se busca contar con un mecanismo adicional y temporal de administración que permita enfrentar con mayor eficiencia el manejo de las pesquerías con problemas y no establecer un régimen de administración que modifique las características de los permisos, materia que deberá ser abordada en un proyecto futuro.
Hizo mucho hincapié en la importancia de estas medidas para ordenar la pesca y así generar trabajos más estables.
De igual forma, a favor del proyecto se pronunció la Confederación de Trabajadores Pesqueros de Chile y Ramas Afines, Contrapech .
La Comisión también recibió una carta de la CUT, firmada por los señores Alexis Cancino y Arturo Martínez , quienes afirman que es importante aprobar la iniciativa para normalizar y regularizar la pesca en Chile.
En la primera votación del proyecto hubo empate. Se repitió y se volvió a producir un empate de 6 votos a favor, 6 en contra y una abstención. Por aspectos reglamentarios, se realizó una nueva sesión y, luego de un mayor debate, de nuevas conversaciones, en particular con el Gobierno, se aprobó por 10 votos a favor, 2 en contra y una abstención.
Entre una sesión y otra se llevaron a cabo conversaciones importantes con el Gobierno, en las cuales éste se comprometió con algunos temas, dignos de destacar.
Es bueno también decir que se aprobaron algunas indicaciones que influyeron en la votación favorable.
Frente a la argumentación de que se estarían creando nuevos derechos adquiridos, se aprobó en la Comisión una indicación para establecer un artículo 12, nuevo, con el objeto de disponer que el límite máximo de captura no constituirá derecho alguno en asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro.
La Comisión quiso disipar el temor de que, al hacerse esta distribución a través del límite máximo de captura, se argumentara en una legislación futura que estos eran derechos adquiridos inamovibles. ¡No, señores diputados! En proyectos futuros podremos discutir de nuevo el tema en su totalidad, y allí el Congreso decidirá cómo se tiene acceso a la riqueza del mar, cómo se abre la posibilidad para que entren nuevos empresarios a la pesca; o sea, la puerta está abierta y dependerá de nosotros cómo se distribuyen los recursos en la ley definitiva.
Hubo argumentos reiterados de los pescadores artesanales, en el sentido de que el proyecto los afectaba en la medida en que los recursos que se asignan al amparo del límite máximo de captura sean la sardina y la anchoveta, especies que, para quienes no lo saben o viven en Santiago, se encuentran especialmente en las 5 millas, en el denominado sector de la pesca artesanal. Por lo tanto, y dado que los industriales iban a tener un porcentaje de la sardina y de la anchoveta, su temor era que las perforaciones fueran continuas y, finalmente, afectaran la pesca artesanal.
Ante este reclamo, llegamos a un acuerdo con el Gobierno, el que formuló una indicación que prohíbe las perforaciones nuevas a contar del 7 de noviembre de este año, desde la Quinta Región hacia el sur. Este nos pareció un argumento muy contundente para dar tranquilidad a los pescadores artesanales.
Con el objeto de velar por que la ley efectivamente genere trabajo, se estableció que la cuota global anual de pesca debe fraccionarse en más de un período dentro del año calendario, a fin de que el recurso no se extraiga tan rápidamente y las industrias ordenen su pesca a través de los meses para dar más trabajo.
Estas indicaciones, más el compromiso contraído por el Gobierno en un protocolo de acuerdo, de apoyar el desarrollo del sector artesanal, de enviar el nuevo proyecto definitivo en el segundo semestre del año 2001, para lo cual convocará a una mesa de trabajo, a fin de estudiar la iniciativa con los interesados; de preocuparse de desarrollar un plan para ver la forma de reinsertar a los trabajadores despedidos, producto de la restricción de la flota, permitieron que la votación de la iniciativa fuera diferente y, finalmente, se aprobara en particular y en general en la Comisión por 10 votos a favor, 2 en contra y una abstención.
En el informe se deja constancia de lo siguiente:
1. Que la Comisión determinó, por mayoría de votos, que el título I del proyecto debe ser votado con quórum calificado.
2. Que, en relación con lo preceptuado en el artículo 220 del Reglamento, el presidente de la Comisión, en uso de sus atribuciones reglamentarias y con el asentimiento unánime de la misma, determinó que el artículo 7º de este proyecto de ley requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.
3. Que, en virtud del artículo 15 del Reglamento, se introdujeron en el proyecto de ley algunas correcciones formales, que no es del caso detallar.
Además de los acuerdos logrados, hay nuevas conversaciones con el Gobierno, que significarán la presentación de otras indicaciones que, estoy cierto, el ministro y el subsecretario del ramo explicarán a esta honorable Sala.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo, informante de la Comisión de Hacienda.
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, que preside el honorable diputado señor José Miguel Ortiz, informo sobre el proyecto que establece como medida de administración el límite máximo de captura por armador a las principales pesquerías industriales nacionales.
La iniciativa tiene su origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República y se calificó con urgencia “suma” para su tramitación.
Durante su estudio, la Comisión contó con la colaboración del subsecretario de Pesca, señor Daniel Albarrán ; de la jefa de la División de Desarrollo Pesquero, señora Edith Saa, y de la jefa de Gabinete de esa Subsecretaría, señora Valeria Carvajal.
El propósito de la iniciativa consiste en establecer, por un período de dos años, una medida de administración denominada límite máximo de captura por armador, que haga factible la conservación de los recursos pesqueros, como también la sustentación de la estructura industrial existente, maximizando la operación de la mayor cantidad de activos pesqueros posibles.
La limitación al ejercicio de la actividad pesquera extractiva industrial que implica dicha medida, según el mensaje, responde a la insuficiencia que ha demostrado el ejercicio de todas las facultades que otorga la actual legislación pesquera para enfrentar el crecimiento de la flota y la sobreexplotación de los principales recursos pesqueros del país, y ella no modificaría el marco regulatorio establecido en la actual ley general de Pesca y Acuicultura.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 13 de noviembre de 2000, se remite a los efectos fiscales de la medida que contempla el inciso segundo del artículo 7º del proyecto, por el cual se exonera de la obligación del pago de la patente única pesquera respecto de las naves no inscritas en el Servicio Nacional de Pesca, por voluntad del armador o grupo de armadores, con el fin de no hacer uso de ellas en operaciones de pesca extractiva, estimando que provocará una menor recaudación de 1.508 millones de pesos anuales, sobre la base de la información disponible de la situación actual y de la estructura de la flota pesquera vigente.
La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento del artículo 7º del proyecto.
El señor Daniel Albarrán , subsecretario de Pesca, entregó en la Comisión una explicación del proyecto, complementando los antecedentes consignados en el mensaje. Enfatizó que el artículo 7º se aplica al sector pesquero industrial solamente, y destacó el objetivo de reducir la actividad de aquellas naves que excedan el esfuerzo pesquero a través de una decisión de los propios armadores o grupo de armadores, de manera que dejen sin operar algunas de sus naves mediante la no inscripción de éstas en el Servicio Nacional de Pesca, como he dicho anteriormente. Precisó que con la actual legislación, no realizar operaciones de pesca extractiva con naves autorizadas implica tener que pagar la respectiva patente o quedar expuesto a la caducidad de su permiso, conforme a la letra b) del artículo 143 de la actual ley general de Pesca. La norma propuesta exime de ambos efectos a las naves no inscritas, ambas excepciones respecto de la unidad de pesquería con límite máximo de captura por armador y su fauna acompañante.
A mayor abundamiento, el subsecretario señaló que la estimación de 1.508 millones de pesos, calculada en el informe financiero, representa el menor ingreso fiscal que podría significar la reducción de actividad, teniendo como base una recaudación por este concepto de 6 mil millones de pesos anuales, equivalente a una reducción de 25 por ciento.
Por el artículo 7º del proyecto se autoriza al armador o grupo de armadores que tengan bajo su titularidad más de una nave, optar por efectuar operaciones de pesca extractiva con una o más de sus naves autorizadas, para lo cual deberán inscribir en el Servicio Nacional de Pesca la o las naves con que harán efectivo su límite máximo de captura.
El inciso segundo señala que las naves no inscritas quedarán exoneradas de la obligación de pago de la patente única pesquera y de la obligación de efectuar operación pesquera extractiva, ambas excepciones sólo respecto de la unidad de pesquería con límite máximo de captura por armador y su fauna acompañante.
El inciso tercero precisa que para el solo efecto de la historia de las capturas de cada nave, las capturas efectuadas por las naves inscritas para los efectos de esta ley se distribuirán a prorrata entre todas las naves que dieron origen al límite máximo de captura por armador, de acuerdo con el coeficiente de participación relativo de cada nave.
Puesto en votación el artículo, fue aprobado por 4 votos a favor y 1 abstención.
El acuerdo se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2000, con la asistencia del presidente de la Comisión, don José Miguel Ortiz, y de los diputados señores Claudio Alvarado, José García, Pablo Lorenzini, Carlos Montes, Andrés Palma, Exequiel Silva y quien les habla, Enrique Jaramillo .
Señor Presidente, como es de conocimiento público, Chile está viviendo un proceso de readecuación del esfuerzo pesquero, producto de la evidente baja en las capturas como un efecto de la utilización de políticas, a mi juicio, inadecuadas para la protección de las especies.
Reconociendo lo anterior y aceptando que todos los actores debemos hacer un esfuerzo especial para evitar dañar el equilibrio de la biomasa, entiendo que el Gobierno, el 29 de agosto de este año, envió a la Cámara de Diputados el proyecto que modifica la ley de Pesca, estableciendo límites máximos de captura a cada armador o cuotas individuales de pesca.
Se señala que las causas de esta situación radican, como dije anteriormente, en un sistema inadecuado, en una ley inadecuada que ha incentivado la sobreinversión de la capacidad extractiva y, consecuentemente, una sobreexplotación de los recursos pesqueros.
Así las cosas, resulta lógico y no controvertido para nadie que es indispensable tomar medidas respecto de la realidad que estamos viviendo en materia de pesquería.
Tengo un planteamiento que coincide en varias partes con el proyecto, pero mi voto será producto de la situación específica que vive la macrozona Atacama-Coquimbo, que represento.
La realidad de la macrozona de las regiones Tercera y Cuarta es la siguiente: por haberse mantenido como zona abierta, se inscribieron en ella numerosas naves que jamás han pescado; sólo mantienen su registro. Por lo tanto, tenemos el siguiente cuadro: 126 naves inscritas con licencias vigentes en las regiones Tercera y Cuarta, con una capacidad de 71.960 metros cúbicos autorizados, y la flota lugareña autorizada de la Tercera Región es de sólo 12 naves.
¿Qué tenemos en la práctica? La autoridad envió un proyecto que, a mi juicio, va en sentido correcto en cuanto a bajar el esfuerzo de pesca, que ya se hace insoportable para la biomasa. Lamentablemente y por haberse mantenido abierta dicha macrozona, en ella se inscribieron muchas naves de otras regiones, en especial de la Octava Región, y mantienen su licencia.
La fórmula que la autoridad ha establecido en el proyecto para asignar las cuotas individuales, que en la práctica hacen una rebaja en el esfuerzo pesquero, es mediante quienes tienen licencias autorizadas vigentes. Aquí es donde está mi diferencia. Con el proyecto, se asignará a esa macrozona una cantidad muy baja de pesca, que se obtiene con los registros históricos que mantienen las naves.
En esta materia, hay responsables. Dos ministros anteriores de los gobiernos de la Concertación se comprometieron a solucionar el problema, en el sentido de cerrar nuestras regiones Tercera y Cuarta.
De aprobarse el proyecto en tales condiciones, los pescadores de esas regiones harán un esfuerzo extra respecto del resto del país.
Considero necesaria y buena la reducción del esfuerzo de pesca a nivel nacional. Sin embargo, a la macrozona Atacama-Coquimbo se le obliga a hacer un esfuerzo especial que no comparto, porque en la práctica se le da sólo un 0,36 por ciento del 4 por ciento de pesca a nivel nacional, el cual es muy bajo. Producto de este sistema, de aplicársele la ley, van a quebrar las pocas empresas que existen en nuestra zona, que ya tiene un problema muy serio de cesantía.
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Melero .
Señor Presidente, sin perjuicio del informe expuesto por el diputado señor Ceroni , todos estamos al tanto de que hay un conjunto de indicaciones al proyecto, algunas patrocinadas por el Ejecutivo y otras consensuadas, entiendo, entre un grupo de parlamentarios. Entonces, sería bueno que el subsecretario las diera a conocer, pues creo que enriquecerán el debate, porque estamos realizando una discusión parcial respecto de lo que votaremos al final.
Por lo tanto, antes de que la Mesa siga dando la palabra a los señores parlamentarios, sería bueno que el Ejecutivo fijara su posición sobre las indicaciones que quiere sacar adelante, de modo que los diputados podamos referirnos también a ellas. De lo contrario, el debate no recogerá lo que realmente pretenden el Ejecutivo y un conjunto de parlamentarios.
Señor diputado, habíamos conversado con el Ejecutivo, y el ministro tenía considerado intervenir luego sobre el proyecto y, me imagino, referirse también a las indicaciones.
Me parece bastante atendible el planteamiento del diputado señor Patricio Melero .
En todo caso, se están sacando copias de todas las indicaciones para distribuirlas a los señores parlamentarios.
Tiene la palabra el diputado señor Krauss .
Señor Presidente, deseo intervenir, brevemente, en la misma línea de lo señalado por el colega señor Melero.
Nos estamos abocando al tratamiento de un proyecto de enorme envergadura, con aristas que nos obligan a tomar posiciones que la Cámara debe tener absolutamente claras, las cuales no se clarifican a través de las discusiones en general y en particular a que nos tiene conminados la urgencia asignada por el Ejecutivo.
Sería conveniente, para la adecuada información de la Cámara y el establecimiento de la historia fidedigna de la ley, cumplir con la ritualidad del segundo informe. Lo contrario producirá confusiones en el debate, por muchos esfuerzos que se hagan para evitarlas, en relación con las materias del primer informe y las indicaciones que, según me informa el señor Secretario, son quince del Ejecutivo y alrededor de ocho o diez de los parlamentarios.
En consecuencia, lo lógico sería insistir ante el Ejecutivo para que al proyecto, que es importante, se le dé un tratamiento adecuado, con el objeto de que la Cámara se pueda expresar en los términos que corresponden.
Señor diputado, la semana pasada los Comités adoptaron el acuerdo unánime de tratarlo hoy en general y en particular.
Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea .
Señor Presidente, es importante que veamos cómo realizaremos la discusión, porque incluso los acuerdos de los Comités nos generan dudas.
La primera, se refiere a que la votación se iniciará a partir de las 15.35 horas. Al respecto, deseo saber si discutiremos el proyecto en general hasta las l5.35 horas y luego conoceremos y debatiremos las indicaciones o se darán a conocer antes para incorporarlas al debate, como lo ha pedido el diputado señor Patricio Melero .
Pido que la Mesa se pronuncie, más allá de la duración de la sesión, sobre cuál será el tratamiento que daremos al proyecto y cuándo se empezarán a debatir y a votar las indicaciones, que se ha acordado presentar a la Mesa hasta las 12 horas.
Señor diputado, está absolutamente claro y decidido por la Mesa, con acuerdo de todos los Comités, que hoy se realizará la discusión general y particular del proyecto, y que las indicaciones deben ser conocidas durante el transcurso del debate.
Por lo anterior, sería bueno que interviniera algún representante del Ejecutivo. Las indicaciones se votan a partir de las l5.30 horas.
¿Cuándo conoceremos las indicaciones?
Se les están sacando copias para entregarlas a los señores diputados.
Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Riveros .
Señor Presidente, ocurre lo siguiente: como usted ha expresado, hay acuerdo unánime de los Comités, pero éste fue adoptado sin conocer la cantidad ni la envergadura de las indicaciones.
En consecuencia, después de conocer el número de indicaciones presentadas por el Ejecutivo y por los colegas parlamentarios, resulta fundamental revisar dicho acuerdo, en aras de legislar de manera adecuada.
Señor diputado, no es así. Cuando se tomó el acuerdo, estaba absolutamente clara la cantidad de indicaciones que se iban a presentar. Tanto es así, que se resolvió fijar hasta las l2 de hoy como hora de término para presentarlas.
Señor Presidente, si hay plazo hasta las 12 horas de hoy, ¿cómo se sabía el número de indicaciones que se iban a formular?
Porque el proyecto ha sido objeto de largas discusiones en todas las instancias de su tramitación.
Por supuesto, todos los acuerdos aun unánimes se pueden revisar. Si vemos que es necesario reconsiderarlos, así lo haremos en el curso de la sesión.
He solicitado a los representantes del Ejecutivo que intervengan luego, con el objeto de que se refieran al proyecto y a las indicaciones presentadas.
Mientras tanto, seguimos con el debate, que no es improvisado, pues llevamos tres meses y medio discutiendo intensamente sobre la materia.
Señor Presidente, concuerdo en que estamos discutiendo sobre bases falsas, de manera que expresaré mi opinión respecto del texto del proyecto que tengo sobre mi escritorio.
La iniciativa no es una novedad en el transcurso histórico de nuestro país. En verdad, de alguna manera revive las llamadas cuotas individuales o lo que otros denominaron en su tiempo la privatización del mar. Se trata de una vieja polémica, de la década de los ’80, en lo que se refiere al límite máximo de captura por armador.
En efecto, en el estudio “El desafío pesquero chileno”, de 1989, se publican diversos trabajos sobre el punto. Por ejemplo, don Santiago Montt señala: “La licencia a la empresa, es un porcentaje de la cuota global para el área, o alternativamente un monto en toneladas, que queda autorizada la empresa a capturar, independientemente del buque que utilice a este efecto”.
Así, el artículo 30 del proyecto que entonces debatía la junta militar consideraba, al igual que la iniciativa en debate, los derechos históricos de los tres últimos años para acceder al sistema, y la cantidad de la especie hidrobiológica autorizada a pescar se determinaba en peso, multiplicando la cuota anual de captura por el coeficiente fijo determinado para su titular de la misma especie, en la unidad de pesquería respectiva.
En consecuencia, no hay nada nuevo en el proyecto en debate.
Por otra parte, dice el señor Montt: “Éste es el corazón del sistema”. Pero agrega que producirá necesariamente una doble discriminación, ya que, hacia el futuro, los no autorizados o no licenciatarios “no podrán ingresar al área sujeta a licencia” y que algunos consumirán sus cuotas antes que otros, paralizando su actividad.
A su vez, don Ciro Iturriaga Garcés , gerente de Sonapesca, al comentar el proyecto que se debatía en la junta militar, dice que el régimen es inconstitucional, porque el Estado no es dueño de los recursos, y que su fin de conservación no se cumpliría, puesto que habría presiones sobre los recursos y porque, además, hay un enriquecimiento sin causa, si se juntan los armadores y entre ellos negocian fusiones en las que, desde luego, habrá transferencias de licencias o autorizaciones de facto entre los armadores.
Agrega que los artículos 20, 21, 29 y 30 del proyecto, muy similares a las disposiciones de la iniciativa en discusión, constituyen en favor de armadores determinados un derecho de captura exclusivo y excluyente que involucra una asignación anticipada de peces, antes de ser extraídos del agua, los que pierden, en la práctica, su condición jurídica de “res nullius”, lo que infringe el artículo 19, número 23º, de la Constitución Política, que establece la libertad de adquirir toda clase de bienes. Es más, la Primera Comisión Legislativa, en agosto de 1981 -durante el gobierno militar-, lo declaró inconstitucional, por tratarse de un regalo-donación, o sea, adquisición a título gratuito.
Creo que no basta -decía Iturriaga- una ley de quórum calificado para este proyecto, ya que no fija requisitos ni limitaciones, sino que los prohíbe a quien no puede acceder a ellos. Todo eso, además, infringe la igualdad ante la ley, la libertad de desarrollar una actividad económica y la no discriminación arbitraria constituida en materia económica, representada por seudos derechos históricos estar primeros y los enrevesados y raros coeficientes explicitados en la norma con el número 22, todo lo cual afecta en su esencia los derechos de todos los chilenos, al privilegiar sólo a unos pocos.
En ese mismo trabajo, Eugenio Tironi , dice: “Este sistema es y no es adecuado. Lo es por la eficiencia, porque pone límites a la actividad pesquera. No lo es, sin embargo, por su gratuidad y por entregarla sólo a las empresas que están operando. Es un oligopolio, al permitir a unas pocas empresas pescar e impedir el ingreso a otras”.
Por su parte, Ernesto Fontaine , expresa un sentimiento que hoy compartimos plenamente. Dice que si se han de regalar cuotas en función de capturas históricas, que ellas sean sólo para los chilenos, porque casi todas las empresas grandes son transnacionales. Añade que si ellas son sólo para los chilenos, que, a su vez, sean para los más pobres y no para quienes son ya los más ricos.
Entonces, ¿por qué nunca se aplicó el artículo 27 de la actual ley de Pesca, según el cual los empresarios tienen que pagar para postular a una licitación? El argumento que se da es que esto es para diez años. Sin embargo, si se hubiera empezado en la oportunidad señalada por la ley, a lo mejor no estaríamos discutiendo este problema, y la gente que recibe gratuitamente los recursos hidrobiológicos tendría que presentarse a una licitación y pagar por ello. Eso es lo correcto. Ya en 1981 era inconstitucional, cuando se afectaba a cinco especies o a cinco unidades de pesquerías; con mayor razón ahora, cuando se pretende afectar a dieciséis pesquerías.
Si el proyecto sólo afectara la pesquería del jurel, estaría dispuesto a votarlo a favor, pero cuando no se conocen las indicaciones o se quiere someterlas a la incertidumbre de la votación en definitiva, que cada uno escoja las pesquerías que quiere dejar y las que quiere marginares preferible pronunciarse en contra.
Por otro lado, el artículo 3º constituye la quinta esencia de la castración del Consejo Nacional de Pesca, de los artículos 145 y siguientes de la actual ley de Pesca, ya que hace realidad la participación, en circunstancias de que ese organismo es resolutivo, consultivo y asesor en estas materias e, incluso, lo preside el subsecretario y lo integran, además, el director general del Territorio Marítimo, otros funcionarios y una pléyade de personas. Sin embargo, si deciden no aprobar la cuota global anual de captura propuesta por la Subsecretaría, su resolución no vale nada y provoca, automáticamente, por el solo ministerio de la ley, que se adopte el 80 por ciento de la cuota global anual del año anterior. Es decir, ese Consejo perdió la facultad de resolver que le confiere el inciso tercero del artículo 26 de la actual ley de Pesca. Al respecto, hay una modificación.
Otra historia es la fusión de empresas y lo que se refiere al empleo. Ya en 1987 se afirmaba que Corpesca tenía el 90 por ciento de las capturas.
Tengo un libro sobre la trasnacionalización de la economía chilena y el mapa de la extrema riqueza, donde se señala y se advierte la enorme concentración de empresas que el proyecto favorece. Incluso, respecto del empleo, el mismo presidente de uno de los consorcios, Felipe Lamarca , que depende del señor Anacleto Angelini , decía que tenían doce plantas y que iban a dejar seis funcionando, más dos en espera de los 33 barcos; que hacía tiempo ya no están funcionando todos, porque no había pesca y, en la actualidad, “vamos a dejar sólo los que amerite la biomasa; vamos a reducir la dotación de aviones sólo a tres, de los catorce con que se contaba el 31 de agosto de 1999”. O sea, menos empleo.
El proyecto facilita estas fusiones, puesto que sus artículos 6º y 7º permiten que los operadores se junten o se asocien.
Según el informe financiero, aquellos barcos que no estén autorizados o que no se inscriban para la cuota de límite máximo, dejarán de pagar 1.500 millones de pesos anuales, ya que no tendrán la obligación de pagar la patente única pesquera, lo cual disminuirá ostensiblemente los fondos de investigación previstos en el artículo 43 de la ley de Pesca.
Para los pescadores artesanales, que verdaderamente tienen derechos históricos, el proyecto, amén de las objeciones anteriores, les provoca rechazo porque su actividad se reduce a las sobras o, más elegantemente, al remanente de lo que se asigna gratuitamente a los megaindustriales, ya que, si bien tienen una zona exclusiva, ella es perforada con autorizaciones excepcionales o con investigación, sobre la cual cabe preguntar si es comercial o clandestina. El mismo proyecto lo reconoce implícitamente en su nuevo artículo 16, al prohibir el otorgamiento de más autorizaciones, pero no se afecta a las ya concedidas.
Sé que otros parlamentarios se van a extender sobre ese punto. La cuestión de fondo apunta a por qué no se derogan los incisos segundo y tercero del artículo 47 de la ley de Pesca, porque sería lo definitivo y se daría una gran señal o un signo de que en verdad existe la voluntad política y económica de no autorizar más perforaciones en una zona que debe ser de exclusiva explotación o extracción de los pescadores artesanales.
Asimismo, el proyecto es rechazado por regular una actividad destinada a la producción de harina y aceite, cuando lo primordial es el consumo humano, con más valor agregado. En las regiones Décima y Undécima no se produce harina de pescado; la pesca es demersal; prácticamente, el ciento por ciento es para el consumo humano, y, desde ese punto de vista, no me cabe la menor duda de que las pesquerías demersales no deberían estar en el artículo 2º, como las contempla el proyecto.
Deseo señalar que la gran mayoría de las veinticinco instituciones que concurrieron a la Comisión estuvieron por el rechazo.
Por esas razones, si no se establece claramente a través de indicaciones del Gobierno que se limita la pesquería del jurel, que tres representantes de los pescadores artesanales accedan al Consejo Nacional de Pesca y la protección de los recursos, sobre todo la zona exclusiva de los pescadores artesanales, mi voto será negativo.
Por lo demás, respecto del registro artesanal, el número 3 del artículo 13 establece que un pescador puede solicitar inscripción sólo en una pesquería. ¿Qué va a ocurrir? Que si hay veda, prohibición, suspensión o desaparecen los recursos, como no puede acceder a otra pesquería, simplemente, va a morir como pescador artesanal inscrito en una pesquería que, por diferentes eventualidades ya no funciona.
En consecuencia, mientras no estén las indicaciones sobre la mesa y no tengamos mayor claridad, sería un error votar a favor de un proyecto que lesiona gravemente, sobre todo, a la pesca artesanal de la zona que represento.
El señor DE GREGORIO (Ministro de Economía, Minería y Energía).-
Señor Presidente, agradezco la oportunidad de plantear ante la honorable Cámara de Diputados las principales razones que impulsan al Gobierno a proponer un proyecto de ley transitorio.
Esta iniciativa permitirá, por una parte, ordenar urgentemente la actividad pesquera industrial con la finalidad de evitar, en el corto plazo, su destrucción operacional y financiera.
Por otra parte, el proyecto busca dar el valor legal que corresponde a la inscripción en el registro pesquero artesanal, con lo cual se logrará el conocimiento real del esfuerzo pesquero de este sector.
El Gobierno está consciente así lo expresa en el mensaje del proyecto de que la actual legislación pesquera debe ser revisada profundamente para introducir las modificaciones necesarias, a fin de corregir sus deficiencias con el objeto de propiciar un entorno adecuado para el desarrollo de su potencial. Sin embargo, mientras se realizan los análisis que implica este desafío, es preciso enfrentar la actual situación de crisis de la industria y sus consecuencias sociales en las principales pesquerías del país.
Por ello, el proyecto de ley que hoy nos convoca busca generar mecanismos de operación que, sin introducir modificaciones de fondo a la ley general de Pesca y Acuicultura, de 1991, otorguen facultades indispensables para aprovechar de mejor forma los recursos pesqueros, dar estabilidad al empleo y potenciar el valor agregado. El texto propuesto y las indicaciones que suscribe el Gobierno son producto de la reflexión conjunta con los diversos actores de la actividad pesquera nacional y con esta Cámara de Diputados; tanto con sectores de la industria y sus trabajadores como también con las organizaciones de pescadores artesanales existentes en el país.
El esfuerzo del Gobierno para compartir con todos los sectores involucrados y quienes los representan se ha intensificado en las últimas semanas, aun cuando el proyecto ya había sido ampliamente analizado con anterioridad a su presentación ante la honorable Cámara de Diputados. Prueba de ello fue la disposición del Ejecutivo de posponer por tres semanas la discusión de la iniciativa en esta Sala para así dar una mayor cabida a las inquietudes de los diferentes sectores y actores.
En lo que respecta a la regulación del sector industrial, el proyecto de ley está basado en la existencia de una cuota global de captura establecida por la normativa vigente desde 1991, para los recursos en estado de plena explotación.
La medida de administración, denominada “límite máximo de captura por armador”, sólo se aboca a ordenar la operación de captura entre los distintos armadores con autorización de pesca vigente a través de la distribución de la cuota global industrial del 2001 y 2002. De no existir esta iniciativa, los armadores seguirían capturando en esos años la misma cuota, en una carrera frenética, desafortunadamente conocida como “carrera olímpica”, como ha estado ocurriendo hasta la fecha, en la cual los armadores compiten por lograr individualmente un volumen de pesca lo más cercano posible a la totalidad de la cuota global. De esta manera, la cuota industrial, otorgada para todo el año, se consume cada vez más rápido.
Por lo tanto, esta medida no cambia la naturaleza de las actuales autorizaciones de pesca industrial ni otorga al sector otros derechos distintos de los que ha recibido desde 1991. Esto significa que la medida de administración propuesta es aplicable sólo al sector industrial y en nada afecta a la actividad pesquera artesanal.
La experiencia recogida en los últimos años ha permitido conocer las enormes limitaciones que la actual legislación pesquera impone para una adecuada administración de las pesquerías, lo cual genera ineficiencia operativa, económica y social a los distintos agentes involucrados en el sector. Aun cuando ha sido posible implementar medidas de ordenamiento y asegurar en el corto plazo algunos propósitos básicos de conservación de los recursos, la mantención del empleo y de las empresas, ha quedado en evidencia que los mecanismos regulatorios de la legislación actual no permiten el logro de estos mismos objetivos en el mediano y largo plazo para toda la actividad.
En lo esencial, esta iniciativa busca ordenar la actividad pesquera, su viabilidad económica, la conservación de los recursos pesqueros y, de manera muy especial, los puestos de trabajo de miles de chilenos que viven de la industria pesquera. Las distorsiones generadas por la “carrera olímpica” producen en los participantes del sistema pesquero el incentivo de que aumenten la inversión en las naves para otorgar mayor velocidad a la extracción, en vez de privilegiar un incremento del valor económico que se obtiene en sus capturas. Este sistema es altamente ineficiente y con incentivos perversos, desde una perspectiva económica y social, pues no propicia una operación regular durante la temporada anual de pesca, incentivando la sobreinversión.
En este sentido, los trabajadores asociados a la pesca como los tripulantes de las naves pesqueras y los empleados de las plantas de proceso, entre otros se convierten en temporeros de la pesca. Esta situación afecta a las más importantes pesquerías industriales del país, lo que ha motivado al Ejecutivo incluirla en el presente proyecto de ley.
A modo de ejemplo, debido a la “carrera olímpica” entre los armadores, durante el presente año la pesca de la merluza común, a pesar de haberse dividido en tres partes en busca de una mejor estabilidad, debió detenerse a mediados de julio al agotarse anticipadamente la cuota establecida hasta fines de septiembre. Esto obligó a otorgar una cuota adicional de 4.000 toneladas contra la conservación del recurso y dividirla en cuatro cuotas mensuales que sólo sirvieron para operar durante dos o tres días cada mes.
Una situación parecida ya se había producido en 1999 en estas mismas pesquerías.
Me referiré a algunas pesquerías en que la situación anterior también es evidente y la hemos considerado en el proyecto.
La pesca del jurel, en la zona centro-sur, ha enfrentado serios problemas derivados de la carrera compulsiva por apropiarse en el menor tiempo posible del máximo de la cuota global industrial. Este año, sólo durante enero, se pescaron 340.000 toneladas, lo que representa casi un 30 por ciento de la captura anual esperada. En mayo de este año, como consecuencia de una mesa de diálogo convocada por el Gobierno, se acordó no superar la captura de 1.200.000 toneladas de jurel. En ese momento, y sólo en cinco meses, ya se habían pescado alrededor de 580.000 toneladas en una actividad limitada y desordenada. Actualmente, el jurel está en veda hasta el 31 de diciembre, y sólo se efectúan pescas de investigación a cargo del Ifop, en las que se contempla una participación limitada por armador. Gracias a lo anterior, ha existido una actividad continua, con mano de obra estable y operación ordenada por el resto del año.
Sin embargo, una vez terminado este modelo y superadas las condiciones de composición del “stock” que motivaron la veda, esta pesquería debería volver a controlarse sólo a través de la cuota global industrial, y, de acuerdo con lo observado en enero de este año, la captura fijada podría ser realizada en pocos meses.
Esto es lo que queremos evitar con la normativa que hoy se discute.
Otro ejemplo gráfico de la urgente necesidad de ordenar las pesquerías es la unidad de pesquería de la merluza de cola. Durante el año pasado se pescaron 200.000 toneladas en sólo 35 días y, como consecuencia de esta carrera, el producto de la captura sólo sirvió para producir harina de pescado.
Este año, mediante un modelo similar al del jurel, se ha logrado ordenar la pesca y se proyecta una captura total de 75.000 toneladas durante 60 días. Adicionalmente, se estima que un tercio de este volumen estará destinado a consumo humano, lo que implica dar empleo a un importante número de trabajadores en su elaboración y un significativo mejor retorno en nuestras exportaciones.
El Gobierno ha propuesto, además, que la herramienta de administración, límite máximo de captura por armador, sea aplicada a las pesquerías de sardina y anchoveta en la zona centro-sur, en atención a que las naves que tienen autorización de pesca para estos dos recursos son las mismas naves autorizadas para el jurel y la merluza de cola.
También es indispensable aplicar el proyecto en estas pesquerías, porque se requiere limitar la captura de estos recursos mediante una cuota global anual a partir del año 2001. Y ya conocemos las nefastas consecuencias de controlar la pesca sólo mediante la cuota global. El riesgo de la “carrera olímpica” es claro y cada vez más evidente en esta pesquería, dado que como en muchas otras, la capacidad de extracción sobrepasa con creces los niveles de captura sustentable.
En definitiva, y como es de amplio conocimiento, los problemas asociados al fenómeno de la “carrera olímpica” demandan una respuesta legislativa urgente en todas las unidades de pesquería que contempla el proyecto.
La aplicación eficiente y correcta de este tipo de medida de administración hace del todo necesario aplicar una rigurosa fiscalización y control de las capturas. Con este objeto, y para reforzar la función fiscalizadora del Servicio Nacional de Pesca, el proyecto incorpora la obligación de que una entidad certificadora externa, acreditada por dicho servicio, verifique la autenticidad de la información entregada por los armadores industriales a la autoridad fiscalizadora competente.
Por otra parte, para garantizar la eficacia de las normas establecidas, el proyecto incorpora sanciones administrativas de rápida y sencilla aplicación. Ello significa que distintas faltas o infracciones serán penalizadas directamente por la autoridad sectorial, reduciendo el límite máximo de captura asignado al armador infractor.
Por último, quiero referirme a las medidas que incluye la iniciativa para ordenar la actividad pesquera artesanal.
Igual que el análisis presentado para la reglamentación que norma el sector industrial, existen innumerables requerimientos de modernización y actualización de la legislación respecto de la actividad pesquera artesanal, los que conducirán a un cambio mayor en la actual ley general de pesca y acuicultura y, sin lugar a dudas, deberán ser sometidos prontamente a una amplia discusión de todos los agentes.
Sin embargo, existen algunas normas cuya modificación producirá resultados inmediatos, con la posibilidad de dar sustentabilidad a la actividad pesquera artesanal y generar un clima propicio para que los pescadores artesanales puedan trabajar sobre una base sólida y proyectar su estabilidad laboral, económica y familiar.
Consecuentemente, este proyecto propone regularizar el registro pesquero artesanal, tanto respecto de los pescadores como de las embarcaciones artesanales, mediante su actualización por una sola vez y por un período acotado. Del mismo modo, también se propone la regularización de todos aquellos pescadores y embarcaciones que, aunque operen en la actividad, por diversas razones han quedado en lista de espera o fuera de este registro.
Otro aspecto, y un gran anhelo del sector pesquero artesanal, ha sido aumentar su representatividad en los organismos creados en la ley de Pesca, de 1991, como son los consejos nacional y zonales de pesca. Por ello, este proyecto iguala la participación del sector artesanal con el laboral de la industria pesquera, aumentando el número de consejeros artesanales de uno a tres miembros.
El proyecto también da respuesta a una sentida aspiración del sector artesanal del país, como es la protección de las cinco millas de reserva de la pesca artesanal. En efecto, el Gobierno ha patrocinado una indicación parlamentaria en el sentido de suspender las autorizaciones para desarrollar actividades pesqueras industriales en el área de reserva artesanal desde la Quinta Región hacia el sur, durante la vigencia de esta iniciativa de emergencia y transitoria.
La defensa de las cinco millas también se refleja en la indicación que sanciona administrativamente a los armadores industriales que efectúen perforaciones ilegales, situación que es posible detectar gracias al sistema de posicionamiento satelital, aprobado hace algún tiempo por esta honorable Cámara de Diputados.
Sobre la base de lo expuesto, el Ejecutivo invita a los honorables diputados a aprobar esta iniciativa, de vital importancia para el futuro de la actividad pesquera nacional.
Señor Presidente, solicito la autorización de la Sala a fin de que el subsecretario pueda referirse con más detalle a las indicaciones sobre las cuales se ha manifestado alguna inquietud entre los parlamentarios que me han precedido.
Con la venia de la Sala, tiene la palabra el subsecretario de Pesca.
El señor ALBARRÁN (Subsecretario de Pesca).-
Señor Presidente, las indicaciones presentadas pueden dividirse en dos grupos. El primero dice relación con cuatro indicaciones, que ya fueron discutidas y rechazadas en la Comisión. La primera, más bien semántica, era para eliminar en el segundo inciso del artículo 1º, la palabra “fracción”, no modificando en nada el entendimiento de la frase.
La segunda modificaba el método de cálculo para la merluza de cola en el área marítima centro-sur. Originalmente, el proyecto estaba presentado para que la merluza de cola fuera calculada por la vía de la historia de captura. Sin embargo, este recurso ha tenido el mismo desarrollo y discrecionalidad que el jurel, la sardina y anchoveta en esta macrozona, razón por la cual la Subsecretaría propuso reemplazar el método de cálculo de la merluza de cola desde su historia a su volumen de autorizaciones de pesca.
La tercera indicación definía el término “descarte”, y agregaba un inciso segundo, nuevo, al artículo 10. La ley de 1991 sanciona el descarte de productos al mar y en este proyecto se vuelve sobre lo mismo; se busca sancionarlo administrativamente. El término “descarte” se definía de la siguiente manera: “Para estos efectos se entenderá por descarte el desechar al mar especies hidrobiológicas capturadas”.
La cuarta indicación ratificaba el artículo 16, incorporado mediante indicación parlamentaria, tal cual figura en el proyecto. A saber: “Durante el período de vigencia de esta ley, la Subsecretaría de Pesca no autorizará la operación industrial dentro de la franja de reserva artesanal a que se refiere el artículo 47 de la ley general de Pesca y Acuicultura, en aquellas regiones en que al 7 de noviembre de 2000 no se encuentre autorizada la operación industrial en dichas áreas”.
Ahora, me referiré al segundo grupo de indicaciones.
La primera se relaciona con una importante demanda de los señores parlamentarios y actores de la actividad, en el sentido de que al período establecido para la determinación del cálculo histórico, podría perfectamente ser incorporado el año 2000. Para estos efectos, el Ejecutivo propuso sustituir en el inciso cuarto del artículo 4º, la frase: “tres años calendario anteriores al establecimiento del límite máximo de captura por armador”, por lo siguiente: “los años 1997, 1998, 1999 y 2000”.
La segunda indicación es un factor de corrección para los pequeños armadores en el caso de la merluza común, que fundamentalmente corresponden a armadores artesanales que, a partir de la ley de 1997, debieron optar por mantenerse en el sector artesanal, eliminando el arte de pesca de arrastre, o por pasar a la pesquería industrial, manteniendo el arte de pesca de arrastre.
Para estos armadores se ha calculado un factor de corrección al límite máximo de captura desarrollado en la ley, mediante el cual todos aquellos que estén bajo el 1 por ciento de la cuota global industrial por repartir tendrán una cifra de apoyo, en la que sobre el 0 y hasta 0,0025, tendrá un 10 por ciento sobre ajuste; al excedente sobre 0,0025 hasta 0,005, se les incrementará su coeficiente en un 10 por ciento hasta el 0,0025, y en el exceso sobre 0,0025, tendrá un 7,5 por ciento de ajuste; el excedente sobre 0,50 hasta 0,75, tendrá un 0,50, y entre 0,75 y 1, tendrá un 0,25 por ciento de ajuste. Mediante este mecanismo, los pequeños armadores de la merluza común, sobre todo de ex armadores artesanales, tendrán un factor de corrección a su límite máximo de captura.
La indicación número 3 pretende dar consistencia a los cuatro años, en vez de tres, para el método de cálculo histórico.
La indicación número 4 tiene por objeto, fundamentalmente, simplificar el procedimiento administrativo del trámite de información, a instancias de funcionarios del Sernap, corregido en el proyecto sobre límite máximo de captura respecto de la ley de 1991.
La indicación número 5 es para establecer una multa administrativa por violación del área de reserva artesanal. Significa que los pesqueros industriales que perforen ilegalmente ese sector tendrán una multa equivalente al diez por ciento del límite máximo de captura correspondiente a la pesquería del año calendario.
La indicación número 6 tiene por finalidad establecer, primero, que los fiscalizadores del Sernap tendrán calidad de ministros de fe para los efectos de los procesos ante los tribunales, y, segundo, definir un procedimiento para adecuar el control y fiscalización de la actividad pesquera hasta la venta final del producto, de modo de calcular los balances de masas correspondientes a las capturas.
La indicación número 7 persigue incrementar hasta tres la representatividad de los pescadores artesanales en el Consejo Nacional de Pesca y en los Consejos Zonales de Pesca, en los cuales sólo tienen un representante.
Esto significa la agregación de los artículos 25 y 26 y una intercalación en el artículo 23.
La última indicación es para consignar la entrada en vigencia de los consejeros zonales de pesca que se incorporan.
Solicito la unanimidad de los diputados para que pueda ingresar a la Sala el señor Sergio Mujica , director del Sernap, cuya presencia será de utilidad para responder algunas consultas.
Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva .
Señor Presidente, podría decirse que el proyecto ha sido objeto de un largo tratamiento, quizás por los distintos intereses y zonas que involucra. Por eso, es legítimo que tengamos posiciones distintas.
También es claro que la ley actual tiene deficiencias que deben ser corregidas. La diferencia está en que algunos pensamos que lo mejor sería hacer una modificación global y profunda a la ley de Pesca y no aprobar una normativa transitoria, opción elegida por el Ejecutivo.
¿Por qué se redactó este proyecto de efecto transitorio? No tuvo su origen en una crisis de todas las pesquerías, sino en una situación que tiene que ver con el recurso jurel, específicamente en la Octava Región. A partir de ella, se ha elaborado el texto que se debate, que tiene mucha similitud, como dijo el diputado señor Elgueta , con una iniciativa anterior respecto de las cuotas individuales transferibles.
El proyecto se basa en la sobreexplotación de algunos recursos, lo que afecta la permanencia en el empleo de las empresas, pilares fundamentales para quienes están a favor de la iniciativa.
Las causas de la sobreexplotación han sido atribuidas a la insuficiente legislación pesquera, la que no considera mecanismos directos para limitar el crecimiento excesivo del esfuerzo pesquero. Sin embargo, en el marco de la normativa legal vigente, que es deficiente, se trata de introducir una nueva medida de manejo a partir de la delicada situación de la pesquería del jurel, so pretexto de estabilizar el empleo y disminuir la presión pesquera sobre los recursos, que hasta ahora se han estado administrando con herramientas que, a mi juicio, no son las adecuadas. Se utiliza como administración pesquera la veda, una medida de excepción, o la pesca de investigación. Todos sabemos, pero nos hacemos los lesos, que ese procedimiento sirve para mantener el empleo y las industrias, en especial en la Décima Región.
¿Qué se pretende? Reducir el número de barcos en faenas de pesca. En consecuencia, a mi juicio, la medida excepcional que se propone implementar por dos años y no se dan plenas garantías de que sea por ese tiempo, dado lo avanzado del trámite del proyecto, no mejorará el estado de explotación de los recursos, no aumentará el empleo a bordo ni en las plantas, ni disminuirá la actual capacidad de pesca de las flotas. Sólo reducirá los costos de pesca, o sea, habrá menos barcos pescando y mejorará el desempeño económico de algunas empresas, fundamentalmente en relación con su estado financiero y respecto de los compromisos con la banca privada. Por eso algunos han señalado que se trata de un salvavidas para grupos de inversionistas que se encuentran en dificultades, sobre todo de la Octava Región.
Otro punto de crítica es la entrega de derechos exclusivos a un grupo de armadores pesqueros, que implica otorgarles el uso exclusivo de recursos que pertenecen a toda la nación. Incluso, algunos han pensado en plantear la inconstitucionalidad del proyecto, por el uso, la gratuidad y la transferibilidad de los derechos exclusivos de un bien común, pues equivale a privar a los demás del goce de las ganancias potenciales derivadas de su explotación.
Rescato el esfuerzo del Ejecutivo por minimizar la externalidad negativa que podría tener el proyecto, especialmente en algunos grupos; las indicaciones para fortalecer la situación de los pescadores artesanales, por ejemplo, en los consejos zonales de pesca; las medidas para salvaguardar mejor las cinco millas de uso exclusivo de los pescadores artesanales; las medidas de fiscalización, que mejoran sustancialmente.
Sin embargo, quiero volver al origen del proyecto. Como lo señalé al comienzo, está en la crisis de una pesquería y región específicas. Entiendo la situación. Todos la conocemos, porque en los alrededores del Congreso se ha pedido, mediante letreros y gritos, que los parlamentarios adoptemos determinada posición.
Por eso, creo que hay un mínimo común denominador, que es la pesquería del jurel. Desde este punto de vista, creo que debemos mantener el resto de las pesquerías para un tratamiento de más larga data, de manera que podamos aquilatar los distintos factores y una serie de elementos que propone la pesca artesanal y que no tienen que ver específicamente con el proyecto. Por ejemplo, cómo utilizar adecuadamente y de mejor manera las cinco millas, o en cómo mejorar el manejo de los instrumentos de fomento, o lo que tiene que ver con los pequeños armadores industriales, que hoy acceden a una cuota de captura muy pequeña, en circunstancias de que crean fuentes de trabajo para un número muy significativo de personas, no sólo en la Octava y Quinta Regiones, sino también en las del sur, aparte de la necesidad, manifestada en innumerables oportunidades en esta Cámara, en el sentido de potenciar la pequeña y mediana empresa y, fundamentalmente, aprobar algunas normas que permitan levantar la pesca de algunas especies, por cuanto generan mayores fuentes de trabajo.
Esos temas no los vamos a resolver a través de una ley transitoria, de emergencia. Son elementos que debemos abordar en una discusión más larga. Espero que en estos dos años manifiesto mis dudas podamos resolver este problema. A mi juicio, en este tema la Cámara debe dar pasos sustanciales. Hace algún tiempo, se presentó a la Sala un proyecto de acuerdo que tenía por objeto conformar una Comisión especializada de pesca, con el objeto de que nos abocáramos a estudiar una modificación a la ley de Pesca.
Otro común denominador se refiere a la necesidad de modificar la legislación que hoy nos rige, puesto que, aparte de no limitar el esfuerzo pesquero, ha permitido que hoy no seamos capaces de resistir situaciones como la relativa a la pesquería del jurel, las cuales se podrían presentar con otras especies si no impulsamos modificaciones sustanciales y de fondo a la ley de Pesca.
Por las razones expuestas, junto con valorar las indicaciones del Ejecutivo tendientes al fortalecimiento de sectores específicos que se sienten más débiles en el concierto de intereses que uno puede vislumbrar en el sector pesquero, pido que las aprobemos.
Espero, también, que podamos restringir las pesquerías a las cuales les aplicaremos el límite máximo de captura por la crisis del jurel en la Octava Región, como sugirió el colega Sergio Elgueta .
Señor Presidente, quiero hacer una aclaración respecto de las pesquerías.
Como muchos parlamentarios ya lo señalaron, el problema se origina por la crisis en la pesquería del jurel, inicialmente en la zona centro-sur, la cual se ha extendido hacia otras regiones.
Quiero destacar, por ejemplo, la importancia que tiene el hecho de que el jurel, la merluza de cola en el centro-sur y la sardina anchoveta se pesquen con las mismas naves. Si restringiéramos la captura en una de las especies, fomentaríamos la carrera olímpica en las otras especies y generaríamos inestabilidad laboral y una presión sobre el recurso.
El caso de la merluza común, que se acabó, también es interesante. La cuota establecida para julio se completó en forma anticipada. Después, atendidos los problemas laborales que surgieron y la mayor presión sobre el recurso, se dio una cuarta cuota, que se agotó en dos o tres días de cada mes.
Insisto, el problema de fondo es que en la gran mayoría de las pesquerías la capacidad de extracción es mayor que la que resiste el recurso. Ese desbalance está creando una pesca irracional, ineficiente, que absorbe poca mano de obra. En definitiva, terminamos privilegiando productos de mucho menor valor agregado y menos intensivos en materia de empleo.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Valenzuela .
Señor Presidente, quiero hacer algunas reflexiones de forma y de fondo respecto del proyecto.
De fondo, porque algunos profesores nos enseñaron hay un texto escrito por uno de ellos que hay dos formas de legislar mal. Una, hacer leyes misceláneas, que felizmente han desaparecido, y otra, dictar leyes transitorias, ya que, por esencia, la ley se define como un conjunto de disposiciones de carácter permanente. La ley no es pétrea; pero tampoco es posible legislar, en este caso, para dos años, o cuando la ley tiene un período de aplicación similar.
Considero que no es bueno legislar para situaciones transitorias. A lo sumo, es recomendable poner en alguna ley sólo determinados artículos transitorios. En el fondo, aquí estamos pretendiendo dictar una ley donde todos los artículos van a tener cierta transitoriedad. Pienso que en eso nos equivocamos.
En lo personal, estoy por que la ley sea realmente permanente, pero no sólo en el tiempo, sino que, además, tenga un contenido permanente. Por eso, tampoco me gusta el título del proyecto: “Límite máximo de captura por armador”. El problema de la pesquería chilena no está en fijar límites máximos o mínimos, sino en cómo utilizar mejor el producto. Chile es uno de los pocos países en el mundo donde la harina de pescado se fabrica con todo el pez. En otras partes, se permite utilizar sólo el esqueleto, la cola y la cabeza. El resto queda para el consumo humano.
En mi opinión, deberíamos legislar sobre contenidos profundos que tengan por finalidad mejorar nuestra economía y permitir el uso adecuado de un producto que es escaso. A eso, fundamentalmente, me allanaría.
En tercer lugar, me preocupa que la futura ley sea discriminatoria, no sólo porque en el artículo 2º se menciona una serie de especies, sino, además, porque hace diferencia respecto de nuestra geografía. Parece ser que los autores del proyecto piensan, como algunos, que Chile comienza en el valle de Copiapó, ya que han dividido el país entre unos que están arriba y otros que están abajo. Concretamente, esta discriminación se nota en lo dispuesto en el artículo 16, que paraliza las perforaciones desde la Cuarta Región hacia el sur, y deja abierta a la pesca industrial la zona norte. Eso es una abierta arbitrariedad.
En un mapa coloreado de amarillo y negro, que confeccioné para ilustrar a la Sala sobre lo que está pasando en mi región, podrán observar que tiene más amarillo que negro. El amarillo demuestra que casi toda la región de Antofagasta está perforada, por lo cual los pescadores ya no tienen qué pescar y, lo que es peor, que los consumidores compramos pescados que traen de Coquimbo al sur.
¿Vamos a considerar que Chile es uno solo? Mientras no se acaben las perforaciones, no voy a votar favorablemente el proyecto.
Con los colegas señora Fanny Pollarolo y señores Sergio Elgueta , Enrique Jaramillo , Salvador Urrutia y Alejandro Navarro , hemos presentado una indicación tendiente a eliminar el último párrafo del artículo 16, con el objeto de que la no autorización de perforaciones se extienda a todo el país y no sólo quede circunscrita para los que la tenían en la fecha indicada en el precepto.
Finalmente, cabe señalar que este criterio de hacer discriminatorias las perforaciones ha infringido permanentemente el artículo 47. Aún más, la autoridad administrativa ha abusado de su poder. En Antofagasta, por ejemplo al decir esto incurro en una infidencia, un ministro del Interior presionó al intendente para que solicitara a la Subsecretaría de Pesca prorrogar las perforaciones en nuestra zona, las que ya se han hecho permanentes.
Pido que se acabe definitivamente con las perforaciones y que se respeten los derechos de los pescadores artesanales y de los consumidores de moluscos y pescados en la región a la cual me he referido.
Tiene la palabra el diputado Patricio Melero, por 17 y medio minutos.
Señora Presidenta, pocas veces, siendo diputado de Oposición, había estado tan de acuerdo con un proyecto del Gobierno, y pocas veces había visto a tantos parlamentarios de Gobierno en contra de una iniciativa de su propio Ejecutivo. Esto demuestra que algo no cuadra con lo que plantea este proyecto y lo que están entendiendo los parlamentarios respecto de los beneficios o perjuicios de él.
Quiero situarme en lo que se nos está pidiendo votar, porque hay tres cosas fundamentales. Una la más clara, evidente y de mayor contundencia, buscar una forma de administrar nuestros recursos pesqueros, declarados en plena explotación, de manera racional y con una incidencia económica positiva para el país, generando empleo, estabilidad laboral y conservando los recursos. Esto significa pasar de lo que aprobamos en 1991 que para estas pesquerías hay una cuota global, en términos de que todos los que tienen permisos de pesca van y compiten por ella, lo que en la jerga pesquera se ha llamado “carrera olímpica”, a un sistema de mayor estabilidad que nos permita decirle a cada empresa o armador: “Señor, usted es dueño de pescar esta cuota. Hágalo en el tiempo y en la forma que estime conveniente”. Esto le permitirá a ese empresario planificar su empresa, darle estabilidad laboral a los trabajadores, pagar adecuadamente sus imposiciones, incorporar valor agregado, etcétera. De lo contrario, si este aspecto del proyecto es rechazado, seguiremos administrando las pesquerías de acuerdo con el sistema de vedas o del recurso mal utilizado llamado “pesca de investigación”. Esto es lo que ha funcionado hasta el día de hoy: pesca de investigación, cuotas y vedas, y lo que nos ha llevado a que la existencia del recurso jurel haya bajado de 4 millones a 1 millón, teniendo colapsada a muchas pesquerías.
¿Saben cómo está definida la pesca de investigación en la ley? Como una actividad pesquera extractiva que tiene por objeto la realización de diferentes tipos de pesca sin fines comerciales. Repito: “sin fines comerciales”. Y lo que estamos buscando, por la vía de la pesca de investigación, son fines comerciales para que las plantas de la Octava Región y de otras partes del país tengan insumos para poder elaborar su producto.
¿Seguimos administrando de mentira la pesca en el país, o vamos a una administración real? Hay que terminar con el mal uso de la pesca de investigación; hay que terminar con el uso y abuso de las pescas de jurel, especialmente con el uso político que se le ha dado. Esto último lo digo como una crítica positiva. Recuerden el levantamiento de la veda que se hizo con motivo de la primera y segunda vueltas de la elección presidencial. Veníamos “parejitos”, pero en diciembre se dispararon las autorizaciones: 700 mil toneladas entre diciembre y enero. Hubo manejo político de la pesquería, lo cual se tradujo en una mala gestión. Debemos terminar con eso e ir a un método racional que nos lleve a un sistema de cuotas individuales, transferibles a futuro por armador, que nos permita administrar bien las cosas.
El segundo objetivo que persigue este proyecto es solucionar el problema de los pescadores artesanales en términos de un blanqueamiento. Así, quienes hoy están pescando ilegalmente que no son pocos podrán hacerlo legalmente.
Al respecto, puedo señalarles que hoy existen más de 60 a 70 lancheros artesanales que están pescando y depredando nuestros mares sin autorización pesquera. Esto no puede seguir así, porque los pescadores artesanales también tiene derecho a hacerlo dentro del marco de la ley, con sus registros y todos los elementos que se nos imponen a los chilenos.
En esa dirección, éstas son las dos cosas básicas, además de la ley transitoria. Pero ¿qué ha pasado? Se ha abierto un debate pesquero a lo fundamental, a lo permanente, a lo que quizás, con legítima inquietud, muchos quisieran plantear: que aumentemos la representación en los consejos nacionales de pesca, que nos hagamos cargo de los pequeños armadores, controlar si la investigación que se está haciendo en el país es adecuada o no. Por favor, esos son temas de discusión para una ley más profunda, pero no enredemos las cosas. En este momento, Chile necesita, en forma urgente, una legislación transitoria, que termine con los abusos y la mala administración y vayamos a un sistema transitorio de dos años. Y no tiene nada de malo darnos el tiempo para probarlo.
En segundo lugar, por las indicaciones e inquietudes presentadas siento que se presenta a los artesanales como reñidos con los industriales: los artesanales son los pobres y los industriales, los ricos. Los ricos son los poderosos que explotan y les quitan la pesca a los pobres artesanales, y entre medio como el jamón del sándwich están los pequeños armadores industriales, que tratan de subirse al carro. Me parece que esa discusión es falaz, porque no es así: el mar territorial nos pertenece a todos los chilenos. Bien hicimos, en la legislación pesquera de 1991, al reservarle a la pesca artesanal las cinco millas, iniciativa que, de más está recordarlo, fue del Presidente Pinochet, hoy día tan denostado. Él les entregó las cinco millas, a través de la ley de pesca original. Y este Congreso, en el año 91, hizo una cosa muy sabia al fijarle cinco millas exclusivas al sector artesanal; pero cuando no hubiera actividad artesanal relevante, cuando no perjudicara la pesca artesanal, y previa autorización del subsecretario de Pesca, con consulta al consejo zonal, la flota industrial podrá perforar las cinco millas y pescar. Esta palabra “perforación” pareciera que fuera maldita.
Quiero decirles a quienes tienen inquietud al respecto, después de escuchar al colega Valenzuela y a otros diputados, que éste es el punto más complejo de la iniciativa. ¿Estamos dispuestos, como chilenos y legisladores, con una visión nacional, a generar un gran lucro cesante de miles de millas marítimas, donde la pesca artesanal no tiene posibilidad de llegar, y que esos peces se mueran de viejos y no los pesque nadie? Hice un cálculo que determina que el cierre de las cinco millas en forma exclusiva y excluyente en la Sexta y Séptima regiones significa 56 millones de dólares menos para el país, por concepto de harina y de aceite de pescado. También significa dejar a 1.200 personas sin empleo y paralizar 35 naves. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque hay un grupo de pescadores artesanales, la mitad, que nos está pidiendo que cerremos las cinco millas, porque no quieren que entre la flota industrial.
Considero que esa flota abusó de las cinco millas y cometió excesos. Esto debemos decirlo con severidad. Pero esta cuestión se acabó. ¿Y saben por qué? Porque ahora todas las naves tienen posicionador satelital, lo cual fue aprobado en la Cámara. Hoy, eso permite a las Subsecretarías de Pesca y de Marina saber exactamente dónde está una nave. Y no les puede mentir, como lo hacía antes, diciéndoles por radio que estaba en tal paralelo con tal meridiano, en circunstancias de que no era así. Hoy, el posicionador satelital le señala a la autoridad fiscalizadora exactamente dónde está una nave; es más, le informa si está pescando o navegando.
También este proyecto sube las multas con un 10 por ciento de la captura. ¿Qué temor hay, entonces? ¡Pobre del industrial que pretenda meterse a las cinco millas, de ahora en adelante, porque le costará muy caro y se le va a sorprender de inmediato!
Siento que hay ciertos temores atávicos, del pasado, una mala actitud de la flota industrial; pero esto se terminó. Por lo tanto, no sigamos dándole proyecciones futuras a argumentos que no tienen validez, ¿Qué les queremos proponer? Por un sentido estratégico, proponemos que no hagamos del cierre de las cinco millas una acción exclusiva y excluyente, sino que dejemos una ventana, la cual queremos dársela a los propios artesanales, a fin de que ellos, ni siquiera el subsecretario de Pesca, decidan si autorizan o no la entrada de la flota industrial. Para este efecto hemos presentado, junto con los diputados Galilea , Ulloa y otros, una indicación que establece que las cinco millas quedan para los pescadores artesanales; pero, agrega que, con todo, los pescadores artesanales inscritos en el Registro Artesanal creado por el decreto de Economía número tanto, de la pesquería y región correspondiente, que representan la mayoría absoluta de los inscritos en ella, podrán manifestar, en los términos señalados, que están dispuestos a que entre la flota. ¡Dejemos que funcione el mercado y no permitamos el lucro cesante! Respeto legítimamente la preocupación de muchos pescadores artesanales, pero considero que debemos hacer las cosas bien. De lo contrario, si actuamos con una visión estratégica pequeña y no de largo plazo, generaremos una enorme pérdida para el país.
Segunda inquietud: esta crisis se originó por el jurel; por consiguiente se dice, sólo legislemos para esa especie.
No quiero que lo que hoy pasa con el jurel mañana suceda con la sardina, con la anchoveta, con el congrio colorado o con la merluza austral. Prevengamos para evitar que en el futuro pase lo que ocurrió con el jurel.
La pesca, estimados colegas, es un todo. Los peces no conocen límites; las artes de pesca se reproducen. Se puede generar lo que hemos denominado efecto dominó, es decir, una desviación de comercio. Si no hay jurel, entonces me voy a la sardina o a la anchoveta, y le doy duro. Porque al proponer algunos legislar sólo respecto del jurel, están incentivando el sobreesfuerzo sobre otras especies. Entonces, lo que hoy se plantea con cierta racionalidad, mañana será distinto. No podemos legislar para una zona geográfica, para una especie; hay que mirar la pesca nacional en su conjunto. Hay posibilidades de naves, de artes de pesca, de trasladar permisos de una región a otra; de manera que, en esta materia, nos parece que el artículo 2º debe verse en todo su contenido y en toda su forma.
Quiero referirme a la indicación que responde a una sensibilidad del sector artesanal: mejor representación en el Consejo Nacional de Pesca. Ahí existe una contradicción, porque, por un lado, queremos aumentar la representación de los artesanales y, por el otro, le estamos quitando atribuciones al Consejo Nacional de Pesca, cuando se señala que si él no fija la cuota, se aplicará el 75 por ciento de la cuota del próximo año. Ahora la subimos al 80 por ciento. Entonces, ¿les damos o no damos más atribuciones al Consejo?
Muchos de los presentes no estaban en el Congreso cuando creamos el Consejo Nacional de Pesca. La intención del legislador, cuando lo creamos, fue que existiera una instancia colegisladora con el Ejecutivo que permitiera la participación de los sectores privado, industrial, laboral, académico y otros en las decisiones que asume la autoridad pesquera.
No debemos autorizar la discrecionalidad: que resuelva el Consejo Nacional de Pesca. Ahora bien, respecto de la mayor o menor participación de los pescadores artesanales, un grupo de diputados queremos formular una propuesta.
El sector industrial captura más o menos el 80 por ciento de la pesca del país, entre los grandes industriales y los pequeños armadores industriales, que son las naves con un máximo de 22 metros de eslora y que pueden tener hasta cien toneladas de registro grueso. Naves, más o menos para que nos ubiquemos, de sobre cien millones de pesos; lo que yo llamo la pequeña y la mediana empresa del mar. Ellos se llevan el 80 por ciento; el 15 ó 20 por ciento restante lo capturan los pescadores artesanales.
No parece equitativo que tengan más representación los que pescan el 15 ó 20 por ciento que los que pescan el 80 por ciento. Hoy están prácticamente igualados el sector laboral con el sector industrial, y el Presidente de la República, con acuerdo del Senado, nombra siete representantes.
Queremos proponer uno más en el Consejo Regional y uno más en el Consejo Zonal y dejar a la discreción del Presidente de la República, dentro de su cuota de siete, la nominación de otro; pero nuevamente les quiero decir que me di cuenta de que el problema de los artesanales no es que tengan poca representación, sino que están mal representados por sus dirigentes. Es así como venía Humberto Mella y decía: “No, a mí, Chamorro no me representa”, y dé le duro a Chamorro. Venía éste y decía: “No, a mí, Mella no me representa”.
¿Acaso nos vamos a hacer cargo, en la Cámara, en forma permanente, de los problemas o conflictos entre la Conapach y la Confepach? Eso sería no tener visión de largo plazo. Ellos deben tener representantes consensuados y no podemos, por ley, admitir las fracciones que ellos mismos se han dado por razones políticas o de otro tipo. Un representante más nos parece bien; el otro, dejémoslo a la discrecionalidad del Presidente de la República.
También quiero hacerme cargo de un problema que surge en el artículo 3º de la ley, relacionado con la cuota que se le fije a un armador. Supongamos que ese armador tiene cinco naves; él puede decir: “Voy a pescar con tres; las otras dos las voy a parar”.
¿Qué haremos con esas dos naves paradas? Se van a podrir en los puertos. Queremos proponer a la Sala una alternativa de utilización de esas naves para que no se pudran, para que no se vayan a pique con el tiempo. En la actualidad se está desarrollando una actividad salmonera importante en el país; entonces, proponemos que las naves que no se van a emplear en la pesca industrial puedan utilizarse, por ejemplo, en el traslado de alimentos o en las pesquerías o cultivos de salmón.
Varios diputados proponemos una modificación de ese artículo para la sustitución laboral de esas naves, que, de lo contrario, nuevamente se transformarán en una inversión paralizada que se pudrirá con el tiempo.
Asimismo, quiero abordar la distribución de incentivos y castigos propuesta por el Ejecutivo para la pesca de merluza común. Nos están proponiendo una tabla que dice: al que tenga entre 0,75 y 1 por ciento, le vamos a dar un premio del 10 por ciento; al que tenga entre 0,50 y 0,75 por ciento, el 7,5 por ciento, y así sucesivamente, bajando hasta el más chico.
No me gusta esta distribución; me parece con nombre y apellido: un poco para éste, otro poquito para este otro; vamos distribuyendo por ley. Mejor dejemos las cosas libres; por último, si queremos proteger a los chicos, industriales pequeños, démosle cien toneladas a cada uno. Pero estos premios y castigos huelen a estatismo planificado desde el nivel central, en el cual se les dice a los agentes lo que deben hacer. Eso no es bueno. Regulemos, no establezcamos por ley.
En resumen, habría muchas cosas más a las cuales referirnos. Miremos el proyecto como una ley transitoria; démonos la oportunidad de probar un sistema distinto del actual, que nos ha causado tantos problemas. Revisemos la legislación pesquera en todo su contenido y forma más profunda en los próximos meses. Estamos abiertos a eso, y hay mucho por hacer; pero no castiguemos al país en este minuto votando en contra de una ley que tiene mucho de bien, de progreso, de ordenamiento, de empleos y muchas posibilidades para este sector, que genera dos mil millones de dólares, más de 60 mil empleos directos; que nos sitúa entre la séptima y la octava potencia pesquera del mundo y la segunda productora de harina de pescado; no provoquemos una herida que no podamos después sanar a tiempo.
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro , por siete minutos.
Señora Presidenta, al intentar dilucidar el origen de la crisis, quiero pedirles a los diputados presentes que no sólo pensemos en el jurel, sino, básicamente, en la ley general de Pesca y Acuicultura, de 1991. Aquí hay 45 diputados que la aprobaron ese año, y nadie asume que, en definitiva, tal como señala el mensaje, la ley es un fracaso, está obsoleta.
La sobreexplotación de los recursos ha sido consecuencia de la legislación que votó a favor el diputado señor Melero . Seminarios realizados por la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara han detectado, desde 1996, la necesidad de reformarla. El propio Ejecutivo señala que, en definitiva, se sobreexplotó un conjunto de recursos y que es necesaria una profunda reforma a la legislación pesquera actual. Ni el Gobierno, ni los parlamentarios de la Concertación, ni los de la Oposición, dicen que es una buena ley la que dictaron en 1991, y el “lobby” brutal, muy similar al que se está haciendo hoy, entregó la explotación de la pesca claramente con nombres y apellidos.
El diputado señor Melero , sólo para fortalecer a los pequeños industriales, sostiene que la asignación de cuota se hace con nombres y apellidos. El proyecto que el Ejecutivo ha sometido a nuestra consideración también entrega con nombres y apellidos lo dice el diario “Estrategia” de hoy, en su página 12, al informar sobre eventuales fusiones de estas empresas lo que vamos a distribuir; porque no estamos asignando bodegas ni tonelaje; no son 600 mil toneladas, ni 10,5 por ciento, ni uno por ciento; estamos asignando una valorización comercial que cada empresa ya tiene en su cuenta y sobre cuya base se otorgan o no préstamos por la banca financiera nacional e internacional.
Por lo tanto, cuando se establece un método de asignación, ésta se hace en cuanto recursos de capitalización, y eso, diputado Melero usted lo sabe muy bienes con nombres y apellidos para cada uno de los casos.
Tenemos la cuota por grupos con una distribución claramente identificada: una cuota que establece un grupo de los grandes promotores de la ley, un grupo intermedio y también el de la pequeña y mediana empresa, todas con nombres y apellidos. Además, cuando se hace esta asignación y se calcula la cuota de distribución, no ocurre lo planteado por los colegas de la Derecha: que es el premio a la eficiencia y a la competencia, que es la operación del mercado; porque la asignación por área de pesca premia a la bodega obsoleta y a los barcos que no pescaron porque estuvieron guardados; por lo tanto, no hubo inversión. Sin embargo, se castiga a aquellos que invirtieron, tuvieron una flota ágil y fueron eficientes en la pesca. Se premia al que durante los últimos años obtuvo cuotas de manera progresiva; pero se castiga al eficiente, que tenía barcos pequeños pero altamente operativos. Aquí hay una distribución interesada, con nombres y apellidos, porque se entrega una gran cuota a los que tenían carcasas de barco, sin actividad, que no generaban pesca; por lo tanto, tampoco empleo.
En consecuencia, se debe evaluar la forma como se ha originado la crisis. Aun cuando hay una responsabilidad importante de quienes han aprobado la ley, también la tienen quienes explotaron los recursos, ya que no han sido los pescadores artesanales. Es efectivo que hay castigo respecto de los artesanales en el recurso loco; hay castigo en cuanto a los industriales en el recurso jurel, que es la muestra más clara.
Se ha especulado bastante respecto de la investigación científica con dos tesis: la del Instituto de Fomento Pesquero, Ifop , sustentada también por representantes de la Universidad de Concepción, independiente y académica, que, hace cuatro o cinco meses, llegaron a la conclusión de que la biomasa es de 5 millones, y la tesis del Inpesca, instituto de los industriales pesqueros de la Octava Región, quienes sostienen que es de 11 millones y medio, por lo que no hay sobreexplotación.
En consecuencia, es indispensable llegar a un consenso si queremos discutir seriamente este proyecto. ¿Hay o no sobreexplotación de los recursos naturales? ¿Hay o no sobreexplotación de los recursos jurel, sardina y anchoveta? ¿Están en riesgo o no los recursos?
Como todos coincidimos en que los recursos están en riesgo, hubo alguien que los sobreexplotó, porque no se esfumaron, no se fueron a Noruega ni a Nueva Zelanda. En eso hay un mínimo consenso. ¿Quiénes los sobreexplotaron? Hoy se reclama en forma legítima una regulación para no seguir explotándolos. Pero hay que tener las cosas claras: los pescadores artesanales no han explotado ni sobreexplotado el jurel; aquí hay una “carrera olímpica” con la cual queremos terminar y que ha ocasionado este colapso, pero insisto no es responsabilidad de los artesanales.
Éste es un pésimo proyecto, es una ley parche; incluso, la crisis se reconoce en el mensaje. Por eso, la pregunta del millón es la siguiente: ¿por qué no se partió con la discusión de un proyecto que ordenara definitivamente el sector?, ¿por qué seguir poniendo parches a una ley respecto de la cual todos coinciden en que es mala? Además, es falso que esta ley en tramitación sea transitoria, diputado señor Melero . Va a durar hay que decirlo francamente al país a lo menos cuatro años; porque si una pequeña modificación ha suscitado este largo debate, es fácil proyectar lo extenso de la discusión en el transcurso de los próximos dos años, y lo más seguro es que se prorrogue la actual ley, al menos, por cuatro años. En consecuencia, si queremos introducir una modificación que regule el ámbito industrial, debemos ser claros, ya que ésta resultará absolutamente insuficiente.
Aún no conozco las indicaciones del Ejecutivo, porque no han llegado. Hemos legislado prácticamente a ciegas durante cuatro meses. Aquí se dice que como los datos para hacer los cálculos son reservados, ha costado una enormidad obtener los antecedentes del Ejecutivo. Por otro lado, se sostiene que el proyecto es para investigar, para fortalecer la protección del recurso; en consecuencia, cero incentivo para la investigación. Se dice que hay que incentivar el empleo; pero el ajuste será más brutal de lo que plantea el informe económico de Hacienda, porque alcanzará a más del 25 por ciento de la flota; incluso se habla del 60 al 70 por ciento de ella, es decir, el número de barcos, y mantención del 60 por ciento de la bodega. Por lo tanto, el sector sufrirá una reducción drástica de trabajadores, quienes están siendo lanzados a la calle sin ninguna protección social, porque mi Gobierno aún no entrega un plan sobre la materia, el que fue pedido hace seis meses.
Cuando el diputado señor Melero plantea que hay que aprobar el proyecto, se debe pensar también en los trabajadores que van a salir a la calle, para los cuales en este momento están gritando en las afueras del edificio del Congreso no hay ningún artículo que los proteja del brutal desempleo que ciertamente viene.
Por lo tanto, mi voto a favor de la idea de legislar está supeditado a las indicaciones del Ejecutivo y a los acuerdos de las bancadas de la Concertación.
Señora Presidenta, nuestro país tiene una extensión litoral muy amplia, 4 mil 500 kilómetros, los que se amplían con el mar presencial, que también se ha incorporado a la legislación; es decir, tenemos una riqueza marina extraordinaria, no sólo en mar, sino en lo que contiene, y ello, indudablemente, nos corresponde a todos. Sin embargo, es necesario realizar un ordenamiento, para el cual la norma legal debe tener en cuenta por sobre todo el bien común, es decir, no sólo pensar en determinadas regiones, sino en lo que es mejor para el país en general.
Desde un comienzo el proyecto ha sido polémico, porque los pescadores artesanales se sienten pasados a llevar, pues, a pesar de que constituyen el eslabón más débil de la actividad pesquera, son precisamente los más maltratados.
Si bien tienen las 5 millas exclusivas, éstas han sido burladas permanentemente. Se dice que hay que dejar que los industriales entren a esas millas, porque los pescadores artesanales no “se la pueden”. Aquí se estableció el hecho cierto de las 5 millas exclusivas y es indispensable resguardarlas. Por ningún pretexto, ya sea de tipo económico como se ha señalado acá, de lucro cesante, vamos a horadar aunque la expresión no es muy feliz las millas de los pescadores artesanales. Eso tiene que estar meridianamente claro.
Para la Quinta Región el tema es muy sensible, porque todo mira hacia el mar. Tanto de la actividad del puerto como de la actividad pesquera, y a su alrededor, vive mucha gente. Por lo tanto, esta es una cuestión prioritaria, casi sagrada.
Por eso, debemos tener la absoluta seguridad de que los pescadores artesanales no saldrán perjudicados; pero hasta ahora no hay ninguna señal clara. Se nos ha dicho que al respecto hay una indicación del Gobierno, que se ha debatido; pero mientras la situación no esté totalmente clarificada esto será muy difícil; lo contrario sería como “tragarse el sapo”.
En cuanto a la explotación, existe bastante claridad en el sentido de que el jurel ha sido sobreexplotado. Por eso, lo lógico es que el proyecto sólo se refiera a dicho recurso, y en eso existe claridad en todos.
Por otro lado, el diputado señor Navarro tiene toda la razón, ya que se trata no sólo de un reclamo de los pescadores artesanales, sino también de los pequeños y medianos empresarios. Sostienen que con este proyecto de vigencia transitoria sabemos lo que sucede con las normas transitorias: al final terminan siendo eternas han sido pasados a llevar, y piensan que esto quedará en una especie de monopolio, en unas pocas manos, y que la riqueza se concentrará allí; porque del modo en que la iniciativa está planteada mientras no lleguen las indicaciones anunciadas, los grandes industriales no van a ocupar todas las naves. Por eso, no nos vengan con el cuento chino. La modificación ocasionará nuevamente cesantía, y con el alto desempleo que ya existe en el país, tal efecto es muy preocupante.
En relación con lo anterior, se nos ha informado el dato podría ser verificado, porque a lo mejor no es lo mismo que en la pesquería demersal austral, la merluza de tres aletas será entregada, en un 99,99 por ciento, a Endepes; el 88,94 por ciento de la pesca de la merluza de cola, a la misma empresa, y el 11,06 por ciento a Pesca-Chile; el 64,51 por ciento de la pesca de la merluza del sur, a la segunda empresa, y el 21,73 por ciento a la primera. En el área norte, el 47,24 por ciento de la misma merluza del sur será asignado a Pesca-Chile, el 31 por ciento a Frio-sur y el 13,78 por ciento a Endepes.
Según esta denuncia, Endepes y Frio-sur son empresas relacionadas entre sí y, como consecuencia de ello, se les asignarán las principales pesquerías de las regiones Undécima y Duodécima.
Pero hay algo más que aquí no se ha dicho. Para nosotros es muy importante no sólo el tema de la pesca propiamente tal estamos tratando de amparar a los sectores más vulnerables; es decir, a los pescadores artesanales y a los pequeños y medianos empresarios, sino también la mesa popular. Hoy debemos privilegiarla, y considero que ello también debe quedar establecido con claridad meridiana; pero si entregamos la captura de la merluza exclusivamente a las grandes industrias pesqueras, ésta desaparecerá de la mesa popular, debido a que se encarecerá y no podrá ser adquirida por las personas de escasos recursos. Para los habitantes de la Quinta Región, la merluza es su base natural de alimentación. Por lo tanto, sería un golpe de gracia que llevaría a esas personas, en particular a las del Gran Valparaíso y también de San Antonio, a una situación casi tan dramática como la que vivió la gente de las salitreras en el siglo pasado.
Como eso no es lo que deseamos, consideramos que, en tanto no exista claridad respecto de esos puntos, se trata de una situación inaceptable.
Señor Presidente, francamente me siento asombrado, porque no he escuchado a ningún partidario del Gobierno hablar a favor de este proyecto, originado en mensaje. Es lo más curioso que he visto. A través de la prensa se ha difundido profusamente que la Concertación no estaría dispuesta a dar los mismos espectáculos que hace algunas semanas. Sin embargo, al parecer, los sigue dando, y son mucho peores.
Sin duda, este proyecto como lo señaló muy bien el diputado señor Melero tiene objetivos muy precisos. Ni con mucho pretende corregir los vacíos o problemas que presenta la ley general de Pesca y Acuicultura. Sin embargo, quiero reivindicar el trabajo de los legisladores que, en 1991, participamos activamente en la modificación de la ley de Pesca que debía entrar en vigencia. La primera medida que tomamos fue suspender la aplicación de esa ley, dictada durante el gobierno militar, a pesar de que en la nueva se mantuvo su columna vertebral.
De manera que considero que dicha ley no fue un fracaso. El diputado señor Navarro ha sostenido que sí lo fue; pero creo todo lo contrario: fue un poderoso instrumento que, en su momento, generó grandes expectativas y posibilitó que el país se convirtiera en una gran potencia pesquera. Tanto es así, que hoy día nuestro país es uno de los dos más grandes productores y exportadores de salmón y es considerado como una potencia pesquera. De manera que dicha ley no fue un fracaso. Lo que sí queda claro es que ella no es inmutable, y hay que tratar de perfeccionarla en lo que sea menester.
Desde esa perspectiva, entonces, es necesario convenir en que la ley en tramitación es transitoria. El diputado señor Navarro afirma que, a su juicio, el Gobierno miente, porque no es transitoria, y él la califica de permanente. Sin embargo, en esta materia estoy de acuerdo con el Gobierno, en cuanto a que la iniciativa apunta a corregir problemas inmediatos de la ley general de Pesca y Acuicultura.
Por otra parte, el diputado señor Navarro señaló que si aprobamos este proyecto de ley, habrá menos empleo. ¡Qué curioso! Esto es igual que el refrán que dice: “Los cuidados del sacristán están matando al señor cura”; es decir, que el médico y la receta matarán a los pacientes. Pero lo peor de todo es que los pacientes están afuera, frente a las rejas de la Cámara, pidiéndonos exactamente lo contrario de lo que afirma el diputado señor Navarro . Y esos pacientes que están afuera son las personas que represento. En efecto, represento al distrito con mayor desembarque de productos del mar del mundo. Por eso, no estoy dispuesto a permitir que muchas personas que viven en Talcahuano, Coronel, Lota y Penco pierdan sus empleos. ¡No estoy dispuesto a eso! Debo reconocer, sí, que, de hecho, se ha generado un ajuste doloroso, que no comparto; pero sin la aprobación de este proyecto de ley transitorio, el desempleo será mucho peor.
Quiero destacar algunos aspectos centrales del proyecto, a pesar de que el diputado señor Melero ya se refirió a ellos. En primer lugar, señalar que el artículo 2º resta atribuciones esto es muy importante al Consejo Nacional de Pesca. Cuando el Parlamento elaboró la ley general de Pesca y Acuicultura, definimos dicho Consejo como un organismo que contribuirá a hacer efectiva la participación de los agentes del sector pesquero a nivel nacional en materias relacionadas con la actividad de la pesca y la acuicultura. Agregamos que dicho Consejo tiene carácter resolutivo, consultivo y asesor. Pues bien, el proyecto en discusión le quita el carácter de resolutivo. ¿Por qué? Fundamentalmente, porque su artículo 3º le entrega atribuciones sólo al subsecretario de Pesca. Si no existe acuerdo respecto de la cuota global fijada para ese año en conjunto con el Consejo, no importa lo que diga éste, porque será la autoridad pesquera la que, finalmente, determinará.
Considero que esto significa un franco retroceso en cuanto enerva la facultad de resolver de los miembros del Consejo, entre los cuales un importante número es designado por el Presidente de la República.
En esa misma línea argumental y reiterando lo manifestado por el diputado señor Melero , es necesario entender que nosotros estamos dispuestos como una señal potente a incorporar en el Consejo Nacional de Pesca a otro representante del sector artesanal. Pero ello no significa, de ninguna manera, modificar completamente lo que tenemos, sino perfeccionarlo. Desde esa perspectiva, consideramos necesario que el Presidente de la República integre al Consejo, si es necesario, a más personas vinculadas al sector artesanal.
Pero hay algo que para nosotros es muy importante. Respecto de la exclusividad de las cinco millas, no puedo estar sino de acuerdo con mantenerla para el sector artesanal; pero es absolutamente necesario permitir que sean los propios sectores artesanales los que decidan si en algún lugar, porque de hecho existen, es posible que ingresen los industriales. Que no lo defina la ley; no hagamos nosotros una “reforma agraria” en el mar, sino que entreguemos instrumentos de resolución, de participación a los sectores artesanales. Por esa razón, hemos presentado la indicación.
Quiero pedir reserva de constitucionalidad respecto del artículo 16, porque, por la forma como se ha planteado por la Comisión, es discriminatorio y atenta contra bases de igualdad establecidas en la Constitución. Si eso es lo que se desea, hagámoslo bien, pero no entre gallos y medianoche. Se trata de una discriminación arbitraria para un mismo tipo de empresa, entre las que operan en uno u otro sector, lo cual no es válido. Si se va a hacer, hay que consignarlo derechamente. En consecuencia, hago reserva de constitucionalidad sobre este artículo. Algunos de mis colegas, como el diputado señor Rojas, están absolutamente de acuerdo conmigo en este planteamiento.
Hemos presentado también indicación para suprimir el inciso segundo del artículo 3º, que dispone un aumento de la autoridad pesquera. Es decir, respecto de la cuota global, debe regir la norma actual.
Es imprescindible señalar que los sectores pesqueros artesanales nos han planteado sus dudas y, a veces, su rechazo a esta propuesta, básicamente en dos aspectos: primero, estiman necesario sacar del proyecto la merluza de tres aletas, cuestión con la cual estoy absolutamente de acuerdo, y segundo, han planteado un tema que no es de ley, la fiscalización, respecto del cual creo necesario dejar constancia en la historia de la ley.
Es cierto de que hay naves que han sido acortadas, que cumplen con la eslora o el largo de 18 metros exigidos para ser consideradas artesanales, pero que sobrepasan con mucho las 50 toneladas de registro grueso de sus bodegas.
Esta no es materia de ley, pero reviste extraordinaria importancia para los sectores artesanales. Por ello, solicito formalmente que se fiscalice este aspecto, porque los sectores artesanales tienen absoluta y completa razón sobre el particular.
Por otro lado, no tenemos inconvenientes respecto de algunas de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Por el contrario, nos parecen razonables. Sin embargo, creemos que es poco serio, que es malo que se proponga una separación por especies, porque ello significa que el Gobierno se quiere lavar las manos como Pilatos, para que las culpas las tenga que pagar este Congreso.
Si hablamos de especies como el jurel, que va acompañada normalmente por el mismo tipo de arte de pesca, y si las fórmulas de pesca son las mismas con otras, no parece prudente; por el contrario, es extremadamente malo que lo ocurrido con el jurel lo carguemos también a otras especies, como la sardina, la anchoveta y otras. Por esa razón, es necesario que también estén dentro del proyecto.
Creemos que el Gobierno no ha tenido una gran preocupación por difundir, por explicar el sentido del proyecto. No se trata de un proyecto con nombre y apellido, sino que estamos hablando de un sector, como el pesquero, que genera más de mil millones de dólares, y el Congreso Nacional no tiene el derecho de privar al país de la cantidad de divisas que he señalado.
En general, votaremos a favor el proyecto del Gobierno, pero queremos dejar claramente sentado que sumarle colgajos dañará una actividad económica hoy rentable, que genera una cantidad de empleos importantes y que, aun cuando sabemos que se reducirán, no deseamos que se terminen. No quiero ver a Talcahuano convertido en una ciudad con banderas negras, porque nadie tiene empleo. No quiero más ciudades con luto y, por esa razón, estoy con los trabajadores y con una parte importante del sector artesanal tratando de que el proyecto tenga el mejor resultado posible.
Recuerdo a la Sala que esta sesión concluye a las 13.30 horas y que la próxima, de acuerdo con lo resuelto por los Comités, comienza a las 13.35, o sea, habrá dos horas más de discusión, hasta las 15.35 horas, momento en que se empezará a votar el proyecto.
Tal como se acordó, corresponde votar sin discusión las enmiendas del Senado al proyecto que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la obtención de licencias de conducir.
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 2504-15. Documentos de la Cuenta Nº 10, de esta sesión.
Antes de votar, pido la palabra por una cuestión de Reglamento.
Señor Presidente, en el proyecto que se va a votar hay un error de referencia que, probablemente, viene del Senado. Pido que lo despachemos en el entendido de que la Secretaría tiene la facultad de corregirlo.
En el artículo transitorio se hace una referencia a un numeral inexistente o a una materia totalmente distinta.
El Secretario de la Cámara está en antecedentes del asunto. Por lo tanto, pido que despachemos el proyecto con esa salvedad, a fin de evitar un veto por cosas formales que no se advirtieron en el Senado.
En efecto, en el artículo 3º se hace una referencia al numeral 3, en circunstancias que debe ser al 2.
Se hicieron los contactos con la Secretaría del Senado y se va a corregir, sin perjuicio de lo cual la Secretaría de la Corporación tiene facultad para rectificar este error del Senado.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
Acuña, Alvarado, Arratia, Ascencio, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Cornejo (don Aldo), Correa , Cristi (doña María Angélica), Dittborn, Elgueta, Errázuriz, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Jarpa, Jiménez, Krauss, Leal, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Luksic, Masferrer, Melero, Mesías, Montes, Mulet, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Recondo, Reyes, Rincón, Rojas, Sánchez, Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Velasco , Venegas, Villouta y Walker (don Ignacio).
Se abstuvo el diputado señor Vilches.
Se levantó la sesión a las 13.30 horas.
Moción de los diputados señores Reyes y Olivares.
Modifica artículos 199 y 199 bis del Código del Trabajo. (boletín Nº 2637-13)
La necesidad de otorgar facilidades laborales a la madre, padre o ambos, de un menor que presente discapacidad severa y que se encuentre sometido a proceso de tratamiento o rehabilitación;
Que la actual legislación del trabajo sólo considera la situación de menores de un año afectados de enfermedades graves, a cuyos padres brinda facilidades para acompañar a sus hijos enfermos;
Que es justo proporcionar a los menores discapacitados la oportunidad de tratarse y rehabilitarse, con el apoyo insustituible de sus padres,
Venimos en proponer el siguiente proyecto de ley:
Artículo 1º.- Intercálase en el inciso primero del artículo 199 del Código del Trabajo, entre las frase “atención médica de los menores” y “la madre trabajadora”, la oración “o en el caso del menor de 6 años que sufra algún tipo de discapacidad calificada por el Compin correspondiente”.
Artículo 2º.- Intercálase en el inciso primero del artículo 199 bis, del Código del Trabajo, entre las frases “riesgo de muerte” y “la madre trabajadora”, la oración “o padezca algún tipo de discapacidad severa y se encuentre en proceso de rehabilitación”.

References: artículo 2
 resolución 
 artículo 143
 artículo 12
 artículo 220
 artículo 7
 artículo 15
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 143
 artículo 7
 artículo 30
 artículo 19
 artículo 27
 artículo 3
 resolución 
 artículo 26
 artículo 43
 artículo 16
 artículo 47
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 16
 artículo 47
 artículo 4
 artículo 23
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 47
in fine
in fine
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 16
 artículo 3
 artículo 3

Artículo 1
 artículo 199

Artículo 2
 artículo 199