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Timestamp: 2019-06-25 15:43:34+00:00

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Juez debe analizar si en un concubinato es posible admitir la contratación entre convivientes o si son aplicables las reglas del artículo 312 del CC. - Actualidad Civil
CAS. N.º 1295-2015 Lima
Emitida el 20 de julio del 2016
Artículo 312 del Código Civil
Se desprende del texto transcrito que el agravio enunciado hace referencia tácita a la concordancia que se presenta entre los Artículos 312 y 326 del Código Civil, en cuanto el primero regula sobre la prohibición de contratar entre cónyuges y el segundo sobre la unión de hecho, en cuyo primer párrafo se preceptúa que: “La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos”.
CAS. N.º 1295-2015
SUMILLA. “En el marco del Principio de Congruencia es menester e imprescindible que la Sala Superior emita pronunciamiento sobre el agravio que denuncia que entre los convivientes no pueden celebrarse contratos, asimilándose al texto del Artículo 312 del Código Civil en un supuesto fáctico donde no existe vínculo matrimonial, pero sí una unión de hecho que genera algunas consecuencias similares a las del matrimonio, según lo regulado por el Artículo 326º primer párrafo del mismo cuerpo legal”.
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número mil doscientos noventa y cinco - dos mil quince en Audiencia Pública de la presente fecha y producida la votación conforme a ley, procede a emitir la siguiente sentencia:
En el presente proceso sobre Declaración de Unión de Hecho la pretensora María Guizado Villanueva ha interpuesto Recurso de Casación[1] contra la Sentencia de Vista expedida mediante resolución número siete de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce[2], que confirma la sentencia apelada de primera instancia emitida mediante resolución número setenta y uno de fecha trece de mayo de dos mil catorce[3], que declara fundada en parte la demanda y reconoce la unión de hecho habida entre la casante y Jorge Cabrejo Dávila, revocando el extremo que fija el período de convivencia y reformándolo lo establecieron desde mediados de mil novecientos ochenta hasta el seis de diciembre de dos mil cinco, confirmando el extremo que declara bien social al predio constituido por el local comercial número C-cuatrocientos cinco ubicado en el cuarto piso del Jirón Cusco número setecientos ochenta y tres con Jirón Paruro números novecientos dieciséis-novecientos veintiséis del Cercado de Lima, y estando al período de convivencia establecido se consideran dentro de la sociedad de bienes a liquidar en ejecución de sentencia, el ubicado en el Jirón Cusco números 816 - 820 Cercado de Lima adquirido el nueve de diciembre de dos mil cuatro y el vehículo de Placa de Rodaje número QQ-4552, camioneta marca Toyota Modelo Panel, adquirido el trece de septiembre de dos mil cuatro, y confirmaron el extremo que declara infundada la pretensión accesoria de indemnización por daños y perjuicios.
II. REFERENCIAS DEL PROCESO
2.1. DEMANDA. El doce de septiembre de dos mil seis[4] María Guizado Villanueva acude al órgano jurisdiccional interponiendo demanda sobre Declaración de Unión de Hecho, planteando como pretensión la declaración judicial de la convivencia que mantuvo con el demandado Jorge Cabrejo Dávila por más de veinte años, siendo ambos solteros, acumulando a su petitorio las pretensiones de Liquidación de los Bienes Gananciales adquiridos durante la vigencia de la unión de hecho y la Indemnización por daños y Perjuicios, según los términos de la resolución número trece de fecha tres de abril de dos mil ocho[5]. Expone como fundamentos principales de sus petitorios lo siguiente: a) Con el demandado se conoció en el año mil novecientos ochenta, iniciando una relación de convivencia que duró hasta el seis de diciembre de dos mil cinco, fecha en la que aquél sin mediar causa alguna se retiró del hogar constituido. Procrearon cuatro hijos de nombres Anguiela Fiorela Cabrejo Guizado, Álvaro Manuel Cabrejo Guizado, Alex Franko Cabrejo Guizado y José Jorge Cabrejo Guizado, nacidos el tres de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, catorce de mayo de mil novecientos noventa y uno, treinta de julio de mil novecientos noventa y cuatro y diecinueve de marzo de mil novecientos ochenta y dos, respectivamente, habiendo fallecido el último de los nombrados; b) Como prueba de la convivencia adjunta la Partida número PO2037144 del inmueble constituido por la Manzana 49, Lote 19, del Pueblo Joven Proyectos Especiales del Distrito de San Juan de Lurigancho, adquirido por los convivientes, habiendo ambos ejecutado la construcción sobre el Lote del Jirón Cusco números 812 - 812 A - 814 del Cercado de Lima, lugar donde la actora vive con sus hijos. También han adquirido el cincuenta por ciento de los derechos y acciones del predio ubicado en el Jirón Cusco números 816-820 del Cercado de Lima, y que debido a la confianza de pareja que existió, si bien los bienes fueron adquiridos con dinero de ambas partes, se convino en que solo se registrarían a nombre del demandado; c) Durante la convivencia adquirieron los siguientes bienes: inmueble ubicado en la Manzana 49, Lote 19, del Pueblo Joven Proyectos Especiales del Distrito de San Juan de Lurigancho, inscrito en la Partida número PO2037144; inmueble ubicado en el Jirón Cusco números 812 - 812 A - 814 del Cercado de Lima, inscrito en la Partida número 49007723; local comercial número C-405 ubicado en el cuarto piso del Jirón Cusco número 783 con el Jirón Paruro números 916 - 926 del Cercado de Lima; el cincuenta por ciento del inmueble ubicado en el Jirón Cusco números 816 - ochocientos 820 del Cercado de Lima y una camioneta Panel Marca Toyota, con Placa número QQ-4552, color blanco del año mil novecientos noventa y nueve; y, d) Habiendo terminado la convivencia por abandono del demandado, al amparo del Artículo 326 del Código Civil, debe indemnizarle con la suma de US$350,000.00 o su equivalente en moneda nacional en la fecha de su pago.
2.2. DECLARACIÓN DE REBELDÍA DEL DEMANDADO. Mediante resolución número veintinueve de fecha seis de agosto de dos mil nueve[6], la Jueza declaró la rebeldía de Jorge Cabrejo Dávila, pronunciamiento que siendo objeto de apelación por el demandado[7], fue confirmada por la Primera Sala Especializada en Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante resolución número dos de fecha veintiuno de enero de dos mil diez[8].
2.3. PRIMERA SENTENCIA DEL JUZGADO ESPECIALIZADO. Mediante resolución número cuarenta y nueve de fecha treinta y uno de enero de dos mil once[9], el Séptimo Juzgado Especializado en Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda, reconociendo la unión de hecho entre los justiciables, declarando bien social al predio constituido por el local comercial número C-405, sito en el cuarto piso del Jirón Cusco número 783 con Jirón Paruro números 916-926 del Cercado de Lima, e infundada la pretensión accesoria de Indemnización.
2.4. PRIMERA SENTENCIA DE VISTA. Interpuesto Recurso de Apelación por parte de la accionante[10], la Primera Sala Especializada en Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución número cinco de fecha veintidós de agosto de dos mil once[11] declara nula la sentencia apelada, en mérito a que se valoró la prueba de la declaración policial de la actora de fecha treinta y uno de enero de dos mil doce, la misma que no fue admitida o rechazada por el Juez ya que estando a la naturaleza de la controversia es necesaria la incorporación al proceso de los actuados del proceso de Alimentos a que se refiere el expediente número 2006-00481[12], y que además deben recibirse las declaraciones testimoniales de los dos hijos de las partes llamados Anguiela Fiorela Cabrejo Guizado y Álvaro Manuel Cabrejo Guizado[13].
2.5. SEGUNDA SENTENCIA DEL JUZGADO ESPECIALIZADO. El Juzgado Especializado mediante resolución número sesenta y cuatro de fecha diecisiete de diciembre de dos mil doce[14] vuelve a emitir sentencia, declarando fundada la demanda y en consecuencia el reconocimiento de la unión de hecho entre las partes desde mediados del año mil novecientos ochenta hasta el seis de diciembre de dos mil cinco, declarando como bienes sociales los predios constituidos por el local comercial número C-405 del cuarto piso del Jirón Cusco número 783 con Jirón Paruro números 916-926 del Cercado de Lima, no registrada, y el predio ubicado en el Jirón Cusco números 816-820 del Cercado de Lima, inscrito en la Partida Electrónica número 49017701 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, así como el vehículo de placa de rodaje QQ-4552, e infundada la pretensión accesoria sobre Indemnización, con costas y costos.
2.6. SEGUNDA SENTENCIA DE VISTA. Interpuesto Recursos de Apelación tanto por la demandante[15] como por el demandado[16], la Sala Superior mediante resolución número cinco de fecha dos de octubre de dos mil trece[17] declara nulo el fallo apelado, porque la Jueza no resolvió el primer pedido de la Sala de revisión respecto a la admisión o rechazo del medio probatorio constituido por la manifestación policial de la accionante, porque las declaraciones de los testigos son contradictorias respecto a la fecha de separación, porque la juzgadora se basa en una denuncia policial de abandono de hogar que la Jueza declara dudosa y porque la actora en el Atestado Policial del quince de marzo de dos mil diez declara que desde el año dos mil cuatro ya se encontraba separada.
2.7. TERCERA SENTENCIA DEL JUZGADO ESPECIALIZADO. Cumplido el mandato de la Sala Superior conforme al contenido de la resolución número setenta de fecha trece de diciembre de dos mil trece[18], la Jueza Especializada en Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima emite nuevo pronunciamiento, contenido en la resolución número setenta y uno de fecha trece de mayo de dos mil catorce[19], declarando fundada en parte la demanda, por reconocida la unión de hecho entre las partes en conflicto desde mediados del año de mil novecientos ochenta hasta aproximadamente el mes de abril de dos mil cuatro, declara como bien social el predio constituido por el local comercial número C-405 ubicado en el cuarto piso del Jirón Cusco número 783 con el Jirón Paruro números 916-926 del Cercado de Lima, no inscrito, e infundada la pretensión de Indemnización, con costas y costos. Funda la decisión en los siguientes argumentos principales: i) Del análisis conjunto y razonado de los medios probatorios actuados, se establece la existencia de una unión de hecho entre los justiciables, al configurarse los tres elementos estructurales como son el subjetivo, objetivo y temporal, estando probado que las partes en forma libre y voluntaria decidieron convivir desde el año mil novecientos ochenta, cohabitando bajo un mismo techo y manteniendo dicha convivencia por más de dos años, teniendo como fecha de inicio mediados del año mil novecientos ochenta hasta aproximadamente abril del año dos mil cuatro, y conforme a lo previsto por el Artículo 326 del Código Civil se ha originado una sociedad de bienes; ii) Sobre la sociedad de bienes, se determina que el inmueble ubicado en el Pueblo Joven Proyectos Especiales, Manzana 49, Lote 19, del Distrito de San Juan de Lurigancho, inscrito en la Partida número PO2037144, adquirido por ambas partes, fue transferido por la demandante a favor del demandado mediante Escritura Pública de fecha uno de junio de dos mil, por lo que constituye bien propio de este último; respecto al predio ubicado en el Jirón Cusco números 812-812 A-814, inscrito en la Partida número 49007723, fue adquirido por ambas partes y a mérito de la transferencia contenida en la Escritura Pública de fecha dieciséis de junio de dos mil pertenece en su totalidad al demandado, por lo que no forma parte de la liquidación de gananciales; en cuanto al predio constituido por el local comercial número C-405, es un bien social, al haber sido adquirido por las partes el seis de octubre de mil novecientos noventa y tres; respecto al predio sito en el Jirón Cusco números ochocientos dieciséis-ochocientos veinte fue adquirido el nueve de diciembre de dos mil cuatro, fecha en que la convivencia había culminado, siendo su único adquiriente el demandado; y, respecto al vehículo de Placa de Rodaje número QQ-4552, fue adquirido por el demandado el trece de septiembre de dos mil cuatro, fecha en la que ya no se encontraba vigente la unión de hecho; y, iii) La Indemnización no es amparable desde que la solicitante se ha limitado a referir que la convivencia fue llevada por más de quince años, luego de lo cual el demandado hizo abandono del hogar sin que mediara causa alguna, y en su escrito de fecha nueve de julio de dos mil doce afirma que la indemnización se basa en la reparación de la frustración de un proyecto de vida, la aflicción y sentimiento de daño a su persona y el daño moral ocasionado por la ruptura unilateral de la convivencia; sin embargo, no ha acreditado el perjuicio ocasionado a consecuencia del abandono denunciado.
2.8. RECURSO DE APELACIÓN. El tres de junio de dos mil catorce[20] la pretensora ejercita su derecho impugnatorio contra la sentencia de primera instancia, esgrimiendo sustancialmente lo siguiente: a) La A quo no ha considerado ni evaluado las declaraciones testimoniales admitidas y actuadas, existiendo documentación que prueba que la convivencia duró hasta el año dos mil seis; b) Se considera como bien social solo un inmueble, sin advertirse que existen otros bienes adquiridos dentro de la convivencia, como lo son el predio ubicado en el Jirón Cusco números 816-820 Cercado de Lima y el vehículo de Placa de Rodaje números QQ-4552; y, c) Existen suficientes medios probatorios que acreditan el daño sufrido, por lo que debe tenerse presente lo previsto por el Artículo 326 del Código Civil.
2.9. TERCERA SENTENCIA DE VISTA. La Primera Sala Especializada en Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante resolución número siete de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce[21], emite Sentencia de Vista confirmando la apelada. Funda su decisión en los siguientes argumentos principales: i) De las pruebas ofrecidas por la actora, particularmente la declaración testimonial de José Carlos Cuscanqui Benavides y la manifestación de la demandante corroborada con la declaración de sus hijos, se desprende que la demanda deviene fundada al cumplirse los presupuestos exigidos por ley, advirtiéndose que el periodo de convivencia terminó recién en diciembre de dos mil cinco, y no como se consignó en la recurrida; ii) Estando a la reforma de la fecha en que culmina la convivencia, deben considerarse todos los bienes adquiridos mientras estaba vigente la unión de hecho, además del ya señalado en la sentencia apelada, como lo son el predio ubicado en el Jirón Cusco números 816-820, adquirido por el demandado el nueve de diciembre de dos mil cuatro y el vehículo de Placa de Rodaje números QQ-4552; y, iii) Al culminar la unión de hecho por decisión unilateral, el Juez puede conceder a favor del abandonado una cantidad de dinero por indemnización o una pensión de Alimentos, según lo previsto por el Artículo 326 del Código Civil, siendo que en el caso de autos la actora no ha presentado medio probatorio que acredite el perjuicio sufrido y el demandado indicó que al producirse la separación la actora se quedó con la empresa en la que ambos trabajaban.
La pretensora María Guizado Villanueva con fecha veinte de febrero de dos mil quince[22] interpone Recurso de Casación contra la Sentencia de Vista, siendo declarado procedente por este Tribunal Supremo mediante resolución de fecha diez de noviembre de dos mil quince[23], por Infracción Normativa Procesal del los Artículos 139 incisos 3), 5) y 8) de la Constitución Política del Perú y I y VII del Título Preliminar y 122 incisos 3) y 4) del Código Procesal Civil.
En el caso particular, la cuestión jurídica en debate consiste en determinar si las instancias de mérito se han pronunciado o no respecto de todos los hechos que sustentan el petitorio de la demanda y en particular de los inmuebles ubicados en el Pueblo Joven Proyecto Especiales, Manzana 49, Lote 19, del Distrito de San Juan de Lurigancho y en el Jirón Cusco números 812 - 812 A y 814 del Cercado de Lima, determinando si se encuentran sujetos o no al régimen de sociedad de gananciales.
DESARROLLO ARGUMENTATIVO DE ESTA SALA SUPREMA
Sobre la finalidad del recurso de casación:
SEGUNDO. Por causal de casación se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del Recurso[24], debiendo sustentarse el mismo en aquellas previamente señaladas en la ley, pudiendo por ende interponerse por apartamiento inmotivado del precedente judicial, infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, así como la falta de congruencia de lo decidido con las pretensiones formuladas por las partes y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso[25], por lo que en tal sentido si bien todas las causales suponen una violación de la ley, también lo es que éstas pueden darse en la forma o en el fondo.
TERCERO. La infracción procesal se configura cuando en el desarrollo de la causa no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han soslayado o alterado actos del procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, el órgano judicial deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en evidente quebrantamiento de la normatividad vigente y de los principios procesales.
CUARTO. En el caso particular, y como se ha adelantado, se ha declarado procedente el Recurso de Casación por causales de infracción normativa procesal, por lo que en el supuesto que se declarara fundado el Recurso, su efecto nulificante implicaría la anulación de lo actuado hasta donde se advirtiera el vicio, con disposición, en su caso, de un nuevo pronunciamiento por el respectivo órgano de instancia.
QUINTO. El debido proceso (o proceso regular) es un derecho complejo, desde que está conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los individuos perezcan ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho —incluyendo el Estado— que pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina: “[...] por su naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se refieren a las estructuras, característica del Tribunal o instancias de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa”[26]. Dicho de otro modo, el derecho al proceso regular constituye un conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que incluyen la tutela procesal efectiva, la observancia de los principios o reglas básicas y de la competencia predeterminada por ley, así como la pluralidad de instancias, la motivación, logicidad y razonabilidad de las resoluciones, el derecho a probar y el respeto a los derechos procesales de las partes (derecho de acción y de contradicción), entre otros.
SEXTO. Así también, el Derecho al Debido Proceso, consagrado en el inciso 3) del Artículo 139 de la Constitución Política del Perú[27], comprende a su vez, entre otros derechos de los ya señalados en el considerando precedente, el de obtener una resolución fundada en derecho, mediante decisiones en las que los Jueces expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron, dispositivo que es concordante con lo preceptuado por el inciso 3) del Artículo 122 del Código Procesal Civil[28] y Artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial[29]. Además, la exigencia de motivación suficiente prevista en el inciso 5) del Artículo 139 de la Carta Fundamental[30], garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes, y no de una arbitrariedad de los magistrados, por lo que en ese entendido es posible afirmar que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo infringe normas legales, sino también principios de nivel constitucional.
SÉPTIMO. En esa misma línea, la motivación escrita de las resoluciones judiciales en sociedades pluralistas como las actuales, importa el deber de justificar las decisiones jurídicas, de tal manera que sean aceptadas por la sociedad y que el Derecho cumpla su función de guía[31]. Igualmente, la obligación de fundamentar las sentencias, propias del derecho moderno, se ha elevado a categoría de deber constitucional, a mérito de lo cual la Corte Suprema de Justicia de la República ha señalado en el Primer Pleno Casatorio, Casación número 1465-2007-CAJAMARCA, una similar posición a la adoptada por el Tribunal Constitucional en el expediente número 37-2012-PA/TC, fundamento 35, en el sentido que: La motivación de la decisión judicial es una exigencia constitucional; por consiguiente, el juzgador para motivar la decisión que toma debe justificarla, interna y externamente, expresando una argumentación clara, precisa y convincente, para mostrar que aquella decisión es objetiva y materialmente justa, y por tanto, deseable social y moralmente.
OCTAVO. Asimismo, siendo la motivación un instrumento comunicativo cumple funciones tanto endoprocesales como extraprocesales. En el primer caso (función endoprocesal), la motivación permite a las partes controlar el significado de la decisión, pero además permite al Juez que elabora la sentencia reparar sus inexactitudes y precisar conceptos, esto es, facilita la crítica interna y el control posterior de las instancias revisoras[32]. En el segundo caso (función extraprocesal), existe la posibilidad del control democrático de los Jueces, que conmina, entre otros hechos, a la publicación de la sentencia, a la limpidez de la decisión y a la autosuficiencia de la misma[33]. Por lo tanto, los destinatarios de la decisión no son solo las partes, sino también la sociedad, en tanto el poder jurisdiccional debe rendir cuenta a la fuente de la que deriva su investidura[34].
NOVENO. En esa línea de ideas, debe tenerse presente que la justificación racional es interna y externa. Por la primera lo que interesa es verificar que el paso de las premisas a la conclusión sea lógica y deductivamente válido, sin que importe la validez de las propias premisas. La segunda consiste en controlar la adecuación o solidez de las premisas, lo que supone que las normas contenidas en la premisa normativa sean normas aplicables en el ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión de una proposición verdadera. En esa perspectiva, la justificación externa demanda: a) Que toda motivación debe ser congruente, de lo que sigue que no cabe que sea contradictoria; b) Que toda motivación debe ser completa, por lo que deben motivarse todas las opciones; y, c) Que toda motivación debe ser suficiente, por lo que es necesario ofrecer las razones jurídicas que avalen la decisión[35].
DÉCIMO. Precisamente, a la luz de los conceptos señalados, es que la motivación puede presentar diversas patologías que, en estricto, son la motivación omitida, la motivación insuficiente y la motivación contradictoria[36]. Así, a) La motivación omitida formal se presentará cuando no hay rastro de la motivación misma; b) Habrá motivación sustancial cuando exista motivación parcial que infringe el requisito de completitud, motivación implícita cuando se enuncian las razones de la decisión y ésta se hace inferir de otra decisión del Juez, y motivación per relationem cuando no se elabora una justificación autónoma sino se remite a razones comprendidas en otra sentencia; c) Existirá motivación insuficiente, entre otros supuestos, cuando no se expresa la justificación a las premisas que no son aceptadas por las partes, no se indican los criterios de inferencia, no se explican los criterios de valoración o no se explica por qué se prefiere una alternativa y no la otra; y, d) Se presentará motivación contradictoria cuando existe incongruencia entre la motivación y el fallo o cuando la motivación misma es contradictoria. En atención a los supuestos teóricos señalados respecto a la motivación de las resoluciones judiciales, se debe pasar a la labor de verificar si en el presente caso se ha incurrido en anomalía que vicie la decisum recurrida.
El control de las decisiones jurisdiccionales y el debido proceso en el caso concreto:
DÉCIMO PRIMERO. Estando al sustento de las infracciones normativas procesales por las que se ha declarado procedente el Recurso de Casación, debe señalarse que una de las expresiones del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales es el Principio de Congruencia, el cual exige la coincidencia que debe mediar entre la materia, las partes, hechos del proceso y lo resuelto por el Juez, lo que significa que los resolutores se encuentran obligados, por un lado, a no dar más de lo demandado o cosa distinta de lo pretendido, ni a fundar sus decisiones jurisdiccionales en hechos no alegados por las partes, lo que importa la obligación de pronunciarse sobre las alegaciones efectuadas por los justiciables, tanto en sus escritos postulatorios como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios, de tal manera que cuando se decide u ordena sobre una pretensión no postulada en el proceso y menos fijada como punto controvertido, o a la inversa, cuando se omite dicho pronunciamiento, se produce una incongruencia, lo que trastoca la relación procesal, transgrediéndose las garantías del debido proceso. El Principio de Congruencia implica entonces que en toda resolución judicial exista: 1) Coherencia entre lo peticionado por los justiciables y lo finalmente resuelto, sin omitir, alterar o excederse de dichas peticiones (congruencia externa); y, 2) Armonía entre la motivación y la parte resolutiva (congruencia interna), todo lo cual garantiza la observancia del derecho al proceso regular.
DÉCIMO SEGUNDO. La recurrente invoca como agravio la vulneración al debido proceso (específicamente al Principio de Motivación de las resoluciones judiciales y al Principio de Congruencia), al considerar que la recurrida no ha sido suficientemente motivada, no se ha referido en forma clara y precisa en cuanto a los bienes sociales ubicados en el Pueblo Joven Proyectos Especiales Manzana cuarenta y nueve, Lote diecinueve, del Distrito de San Juan de Lurigancho, inscrito en la Partida número PO2037144, y al inmueble ubicado en el Jirón Cusco números 812 - 812 A y 814 del Cercado de Lima, inscrito en la Partida Electrónica número 49007723, omitiendo pronunciarse si es procedente, fundado o infundado tal extremo del petitorio de la demanda, por el que se reclama sean declarados bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales, teniéndola como copropietaria de los mismos. En tal escenario, corresponde a este Supremo Tribunal determinar si la decisión adoptada por la Sala de mérito fue expedida según lo dispuesto por el Artículo 50 inciso 6) del Código Procesal Civil, concordante con el Artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que disciplinan que los Magistrados tienen la obligación de fundamentar los autos y las sentencias bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia.
DÉCIMO TERCERO. Para determinar si estamos frente a una resolución carente de motivación, y en los términos denunciados, el Tribunal Constitucional ha señalado que: “(...) el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la motivación de resoluciones judiciales, ésta debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrarrestar las razones expuestas en la resolución acotada, más no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis [...]”[37].
DÉCIMO CUARTO. En esa lógica, es conveniente traer a colación algunos actos procesales que son trascendentes para lograr el propósito propuesto: 14.1. De acuerdo al petitorio de la demanda[38], éste contiene como una de sus pretensiones el declarar como bienes sociales a los cuatro inmuebles y al vehículo automotor que se detallan en la misma: inmueble ubicado en la Manzana 49, Lote 19, del Pueblo Joven Proyectos Especiales del Distrito de San Juan de Lurigancho; inmueble ubicado en el Jirón Cusco números 812-812 A - 814 del Cercado de Lima; local comercial número C-405 ubicado en el cuarto piso del Jirón Cusco número 783 con el Jirón Paruro números 916 -926 del Cercado de Lima; cincuenta por ciento del inmueble ubicado en el Jirón Cusco números 816-820 del Cercado de Lima; y, la camioneta Panel Marca Toyota de Placa de Rodaje número QQ-4552, año mil novecientos noventa y nueve, color blanco. 14.2. Por resolución número treinta y seis[39] se fijan los puntos controvertidos, entre ellos: establecer si procede declarar bienes sociales a los que se precisan en la demanda. 14.3. La última sentencia del Juzgado sólo declara como bien social el constituido por el Local Comercial números C-405, ubicado en el cuarto piso del Jirón Cusco números 783 con Jirón Paruro números 916 - 926 del Cercado de Lima, que no se encuentra registrado. 14.4. La última Sentencia de Vista declara como bienes sociales al Local Comercial número C-405, al predio sito en el Jirón Cusco números 816-820 y al vehículo de Placa de Rodaje número QQ-4552.
DÉCIMO QUINTO. En ese contexto, la posibilidad de control que se efectúa debe estar orientada a determinar, en el marco de las denuncias expresadas en el Recurso de Casación, si en el caso concreto se han producido las mismas, para lo cual la recurrente asevera que la Sala Superior no se ha pronunciado sobre la determinación o no como bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales de los ubicados en el Jirón Cusco números 812-812 A y 814 del Cercado de Lima, y en el Pueblo Joven Proyectos Especiales Manzana 49, Lote 19, del Distrito de San Juan de Lurigancho, que formó parte de su pretensión impugnatoria.
DÉCIMO SEXTO. Visto el Recurso de Apelación presentado por la pretensora el tres de junio de dos mil catorce[40], se desprende que entre los agravios expuestos está aquél descrito en el literal 2, cuyo texto, en su parte pertinente, refiere lo siguiente: “2. [...] la resolución cuestionada, en su considerando tercero y cuarto al señalar que la unión de hecho, señalado en su artículo 5 de la Constitución Política del Perú, y el artículo 326 del Código Civil, puede ser entendida como la unión estable de un varón y una mujer, libre de impedimento matrimonial, que forma un hogar de hecho por el tiempo, la cual origina la sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedades, siempre que ésta unión haya durado por lo menos dos años continuos; [...] es necesario precisar que las partes han convivido más de dos años, siendo el caso que esta unión de hecho origina una comunidad de bienes, que se sujeta a las disposiciones del régimen de sociedad de gananciales, ello se deduce que el régimen patrimonial de las uniones de hechos es único y forzoso, En Segundo término que ese, régimen es de la comunidad de bienes; y por último, que a esta comunidad de bienes se aplican las reglas de sociedad de gananciales. De estas precisiones, (sic) se advierte claramente que los convivientes no pueden convenir una ‘separación de patrimonios’, por lo que lo argumentado por el A quo en su Consideración Décimo Primero respecto a que los bienes pretendidos por la suscrita como bienes sociales, se habrían transferido en forma libre y voluntaria mediante Escritura Pública de derechos y acciones de fecha 1 de junio del año 2000, referido al inmueble ubicado en el Pueblo Joven Proyectos Especiales Mz. 49, Lote 19, San Juan de Lurigancho, 16 de junio del año 2000, referido al inmueble ubicado en Jr. Cuzco número 812-812-A y 814, del Cercado de Lima, no es procedente, por cuanto ésta si bien es cierto se transfirió dentro de la convivencia como así lo reconoce la propia sentencia, no es menos cierto que ésta —la convivencia— originó una sociedad de gananciales, régimen este que por ley y por la Constitución Política prohíbe la enajenación y/o transferencia de aquellos bienes que se encuentren de hecho formando parte del referido régimen”.
DÉCIMO SÉPTIMO. Se desprende del texto transcrito que el agravio enunciado hace referencia tácita a la concordancia que se presenta entre los Artículos 312 y 326 del Código Civil, en cuanto el primero regula sobre la prohibición de contratar entre cónyuges y el segundo sobre la unión de hecho, en cuyo primer párrafo se preceptúa que: “La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos”.
DÉCIMO OCTAVO. En esos escenarios fácticos y legales era imprescindible en el marco del Principio de Congruencia que la Sala Superior se pronuncie sobre la cuestión denunciada (previo el análisis correspondiente), determinando si el agravio por el que se denuncia que entre los convivientes no pueden celebrarse contratos, asimilándose al texto legal del Artículo 312 del Código Civil, es admisible o no, atendiendo a la no existencia de un vínculo matrimonial, pero sí a una unión de hecho que genera algunas consecuencias similares a las del matrimonio, según lo regulado por el Artículo 326 primer párrafo del mismo cuerpo legal.
DÉCIMO NOVENO. Frente al agravio denunciado, se desprende de la Sentencia de Vista que en la descripción de los fundamentos de la Apelación, desarrollado en el punto Dos de la parte expositiva, el Ad quem se limita a señalar en el literal B) lo siguiente: “Respecto al único bien considerado bien social: La Judicatura no ha valorado que existen otros dos bienes que son: inmueble ubicado en Jirón Cusco número 816-820, Cercado de Lima, y el vehículo motorizado con placa de rodaje número QQ- 4552, adquiridos dentro de la convivencia”[41]; lo que no recoge en esencia el agravio formulado por la apelante, circunscrito a evaluar y decidir si en el caso de las uniones de hecho es válida o no la contratación entre los convivientes, por asimilación de la norma contenida en el Artículo 312 del Código Civil.
VIGÉSIMO. Habiéndose entonces el Colegiado Superior limitado a señalar escueta y limitativamente el agravio bajo examen, y desarrollado una fundamentación (quinto considerando de la recurrida) para determinar cuáles son bienes sociales sobre la base de las fechas de adquisición de los bienes, es claro que no se ha dilucidado la denuncia del Recurso Vertical, lo que evidencia la afectación de la garantía constitucional y procesal al debido proceso que, entre otros derechos, comprende el de motivación, vulnerándose concretamente el Principio de Congruencia Procesal, al no emitirse pronunciamiento sobre el argumento que sostiene que entre los convivientes no pueden celebrarse contratos, por lo dispuesto en el Artículo 312 del Código Civil.
VIGÉSIMO PRIMERO. Por consiguiente, corresponde amparar el Recurso de Casación, casar la Sentencia de Vista y ordenar la renovación del acto procesal afectado, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 176 del Código Procesal Civil. Por tales fundamentos y conforme a lo regulado en el primer párrafo del Artículo 396 del acotado Código, declararon: FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por María Guizado Villanueva y en consecuencia CASARON la Sentencia de Vista emitida mediante resolución número siete de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, expedida por la Primera Sala Especializada en Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima; en consecuencia NULA la misma, ORDENARON que la Sala Superior de origen emita nueva resolución con arreglo a lo expuesto en la presente Sentencia Casatoria; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por María Guizado Villanueva con Jorge Cabrejo Dávila sobre Declaración de Unión de Hecho; y los devolvieron. Ponente Señor Yaya Zumaeta, Juez Supremo.
SS. MENDOZA RAMÍREZ, ROMERO DÍAZ, MIRANDA MOLINA, YAYA ZUMAETA, DE LA BARRA BARRERA
[1] Escrito Inserto de folios 1192 a 1202.
[2] Inserta de folios 1173 a 1176.
[3] Inserta de folios 1087 a 1097.
[4] Escrito de demanda inserto de folios 39 a 45, subsanada por escrito de folios 51 y 52.
[5] Inserta a folios 171.
[6] Inserta de folios 303 a 305.
[7] Mediante Recurso corriente de folios 330 a 332.
[8] Inserta en copia a folios 407 y 408.
[9] Obrante de folios 568 a 578.
[10] Recurso inserto de folios 652 a 662.
[11] Inserta de folios 707 a 709.
[12] Se acompañaron copias certificadas insertas de folios 745 a 767.
[13] Se reciben sus declaraciones testimoniales en la Audiencia Complementaria del 22 de junio de 2012 inserta de folios 827 a 833.
[14] Inserta de folios 906 a 915.
[15] Mediante escrito obrante de folios 956 a 966.
[16] Mediante escrito obrante de folios 995 a 1001.
[17] Inserta de folios 1072 a 1076.
[18] Inserta a folios 1082.
[19] Inserta de folios 1087 a 1097.
[20] Recurso obrante de folios 1123 a 1139.
[21] Inserta de folios 1173 a 1176.
[22] Escrito inserto de folios 1192 a 1202.
[23] Inserto de folios 93 a 95 del Cuaderno de Casación.
[24] Monroy Cabra, Marco Gerardo, Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, página 359.
[25] De Pina Rafael, Principios de Derecho Procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano Americanas, México D.F, 1940, página 222.
[26] Faudes Ledesema, Héctor, “El Derecho a un juicio justo”. En: Las garantías del debido proceso (Materiales de Enseñanza) Lima. Instituto de Estudios Internacionales de la PUCP y Embajada Real de los Países Bajos, página 17
[27] Artículo 139 inciso 3) de la Constitución Política del Perú. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: [...] 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
[28] Artículo 122º inciso 3) del Código Procesal Civil. Las resoluciones contienen: [...] 3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado.
[29] Artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente.
[30] Artículo 139 inciso 5) de la Constitución Política del Perú.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: […] 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.
[31] ATIENZA, Manuel, “Las razones del Derecho”. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid 1991, páginas 24 y 25.
[32] ALISTE SANTOS, Tomás Javier. La motivación de las resoluciones Judiciales. Marcial Pons. Madrid-Barcelona-Buenos Aires, página 157-158. Guzmán, Leandro. Derecho a una sentencia motivada. Editorial Astrea, Buenos Aires-Bogotá 2013, página 189-190.
[33] IGARTUA SALAVERRÍA, Juan. El razonamiento en las resoluciones judiciales. Palestra Temis. Lima-Bogotá 2014, página 15. Aliste Santos, Tomás Javier. La motivación de las resoluciones judiciales. Marcial Pons. Madrid-Barcelona-Buenos Aires, páginas 158-159
[34] La motivación de la sentencia civil. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México 2006, página 309-310.
[35] IGARTUA SALAVERRÍA, Juan, obra citada, página 26.
[36] IGARTUA SALAVERRÍA, Juan, obra citada, página 27 a 33.
[37] STC Nº 0896-2009-PHC/TC, dictada el 24 de mayo de 2010.
[38] Inserta de folios 39 a 45, subsanada a folios 51 a 52.
[39] Inserta de folios 379 a 381 del 07 de enero de 2010.
[40] Inserto de folios 1123 a 1139.
[41] Página 2 de la sentencia de segundo grado.

References: artículo 312

Artículo 312
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 Artículo 326
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 Artículo 326
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 Artículo 139
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 Artículo 122
 Artículo 12
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 Artículo 50
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 Artículo 326
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