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Timestamp: 2017-08-21 00:43:03+00:00

Document:
Sala Constitucional declaró inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sancionada por la Asamblea Nacional el 7 de abril de 2016
Mediante sentencia No. 341 del 05 de mayo de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia conjunta, declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria del 7 de abril de 2016, por considerar, principalmente, que “la iniciativa legislativa en materia de organización y procedimientos judiciales” es una atribución “exclusiva y excluyente del Tribunal Supremo de Justicia” y “que las intenciones subyacentes al proyecto configuran una evidente desviación de poder”.
La decisión se produjo en respuesta al escrito presentado por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, en su carácter de Presidente de la República, el 21 de abril de 2016, debido a las “serias dudas” que tenía “acerca de la competencia de los integrantes de la Asamblea Nacional para presentar proyectos de Ley al Parlamento y con ello dar inicio al procedimiento de elaboración de las leyes previsto en nuestra Constitución (…)”, a la luz de lo dispuesto en el artículo 204 de la Constitución Nacional.
Según el Presidente, “la Constitución de 1999 efectuó una reserva material a los órganos competentes análogos a dichas materias, precisamente en observancia de la separación de poderes y en respeto de la potestad de cada Poder de establecer su organización y ejercer su gobierno”, por lo cual, “obviar tal circunstancia, traería consigo una consecuencia catastrófica para el ejercicio del Poder Público Nacional, que pudiera inducir a una pugna entre poderes sobre la base de las cualidades y atribuciones que la Constitución ha otorgado a cada uno.”
La Sala Constitucional resolvió la cuestión planteada indicando que “la iniciativa legislativa en materia de organización y procedimientos judiciales corresponde de manera exclusiva y excluyente al Tribunal Supremo de Justicia (artículo 204, cardinal 4).” A su vez, añadió que “es por igual y en todo caso un requisito imprescindible oír la opinión del Tribunal en el proceso de formación de la ley, según el aludido artículo 211 eiusdem, como efectivamente ocurrió con la actual ley.”
En este sentido, la Sala estimó que “no se acató la exigencia contenida en el artículo 204.4, referido a la iniciativa legislativa ‘cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales’. Y por la otra, de forma desconsiderada, se pretendió cumplir con la previsión contenida en el artículo 211 constitucional de manera irregular, irrespetuosa y con evidente fraude a la Constitución”, puesto que “la Presidenta de la Comisión de Política Interior se dirigió mediante oficio, el día 4 de abril de 2016 en horas de la tarde a este Tribunal, para que respondiera un cuestionario exiguo e irrelevante (para saber si, como en una encuesta, se está de acuerdo con el proyecto) a más tardar el día 5 de abril de 2016. En primer lugar, esta Sala precisa que tal proceder no se compadece ni con la letra ni con el espíritu del artículo 211 constitucional y, en todo caso, ha debido solicitarse con la debida antelación que la Sala Plena designara el magistrado (o magistrada) al cual alude la citada disposición a fin de que realizara las observaciones pertinentes, dado que ni la Presidenta ni los demás integrantes de esta Sala Constitucional pueden adelantar opinión alguna sobre la propuesta de ley, por corresponder a la misma el control previo y posterior contemplado en el texto fundamental.”
Como segundo punto, la Sala Constitucional se refirió a las formalidades de aprobación de la Ley, que en este caso se trata de una ley orgánica, estableciendo que “la pretensión de modificar una ley orgánica dictada bajo la vigencia de la Constitución (…) requiere (…) de la votación calificada contemplada en el primer aparte del artículo 203 constitucional.” Sin embargo, respecto este imperativo constitucional, la Sala aclaró lo siguiente: “Ciertamente, esta Sala Constitucional dictó el fallo N° 34 del 26-01-2004, que negó la necesidad del voto calificado para la sanción de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004. Se estima que dicha sentencia es acorde con la realidad constitucional que se planteaba para ese momento y en relación al aludido texto legal.
En efecto, la Ley de 2004 era una nueva ley, calificada como tal por el Constituyente de 1999 y, en consecuencia, se debía aplicar lo previsto en el encabezamiento del artículo 203 constitucional. No se trataba de una simple modificación de una ley (Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia), por otra parte, preconstitucional.”
En razón de lo anterior, de acuerdo con la Sala “no era necesario el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional para dar inicio a la discusión del proyecto de la Ley de 2004, pero no con base en que el quórum calificado solo se aplica para la modificación de leyes orgánicas pre-constitucionales (Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia) o de aquellas designadas así por la Constitución; sino porque la Asamblea Nacional con la Ley de 2004 no pretendió nunca modificar la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia sino crear una nueva ley para una nueva institución que, por decisión del Constituyente de 1999, no requería dicha votación calificada.”
Luego, en tercer lugar, la Sala indicó que “la determinación del número de magistrados debe guiarse por principios de racionalidad y de razonabilidad” y que “aumentar de una manera desmesurada los magistrados de una Sala en particular, atentaría contra uno de los Poderes que integra la organización jurídico-política adoptada por el pueblo venezolano al votar de manera aprobativa la nueva Constitución.” En el presente caso, la Sala consideró que “no es pertinente el incremento desmesurado e ilógico del número de magistrados (más del doble), sino también el aumento de gastos en materia de personal profesional calificado, de funcionarios administrativos y demás trabajadores, sin previsión presupuestaria; además de la necesaria y previa adecuación de áreas físicas, dentro del marco de una situación excepcional que ha conducido a un decreto de estado emergencia económica, el cual sigue vigente. De tal manera, que la justificación asomada en la Exposición de Motivos no está debidamente soportada ni económica ni racionalmente, no existiendo una estimación de la incidencia o impacto presupuestario debidamente sustentado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. La impertinencia del incremento de los magistrados se hace aún más evidente cuando se advierte que las causas ingresadas y publicadas en los últimos tres (3) años ha sido inferior a los asuntos ingresados y resueltos entre los años 2000 y 2004, ambos inclusive (…).”
Añadió el tribunal que “el injustificado incremento de los magistrados de la Sala Constitucional viola los principios de autonomía e independencia del Poder Judicial (artículos 136, 137, 253 y 267), de supremacía constitucional (artículo 7), de protección judicial del texto fundamental (artículo 335) y el principio democrático (artículo 2 y 6), todos expresamente contenidos en la Constitución vigente. Es preciso, además, observar que siendo la Sala Constitucional otra Sala más integrante del Tribunal Supremo de Justicia, y no un Tribunal Constitucional autónomo, el desproporcionado aumento de sus integrantes rompería el equilibrio de la Sala Plena, ya que sobrerepresentaría una Sala en detrimento de las otras y podría incidir en la resolución de las competencias propias de esta última Sala, como lo son, entre otras, el Gobierno y la Administración del Poder Judicial.”
En cuanto al aumento del número de magistrados a raíz de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004, que “dotó a la Sala Constitucional de siete (7) magistrados y a cada una de las otras Salas de cinco (5) integrantes”, éste se sustentó “en el criterio del ‘volumen de trabajo de las Salas’”, por lo que “el legislador de 2004 aplicó una solución razonable, conforme con la experiencia vivida entre 2000 y 2004, en cuanto a los requerimientos que la población hacía de los servicios del Tribunal Supremo de Justicia (…)”.
Como cuarto punto, la Sala particularizó la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley bajo examen, principalmente: (i) el artículo 145 –que excluye de las causas no sujetas a sustanciación, las solicitudes de declaración de inconstitucionalidad presentadas por el Presidente de la República ante la Sala Constitucional– “pues agrega un procedimiento no previsto por el Constituyente de 1999 (ni tampoco por el de 1961 –artículo 173 constitucional, último aparte-), en un asunto de mero derecho” y “no persigue subsanar una insuficiencia del Texto Fundamental ni de la vigente Ley Orgánica en caso de controversia entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional; sino introducir un trámite inconstitucional dentro de una modalidad de control previo que, por su naturaleza, es de mero derecho”; y (ii) el artículo 146, que “condiciona el cumplimiento de una sentencia que declare la inconstitucionalidad parcial de la norma cuestionada, al voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados o diputadas presentes, con lo cual violenta el carácter vinculante de las decisiones de la Sala Constitucional contenido en los artículos 334 y 335 del texto fundamental.”
Por último, la Sala Constitucional dispuso que “del texto de las normas propuestas” se advertía “con claridad un vicio, igualmente inconstitucional: la desviación de poder”, por considerar que “el objetivo de la Asamblea Nacional al incrementar el número de magistrados de la Sala Constitucional a quince (15) persigue no el ‘optimizar’ el funcionamiento de la Sala en el ejercicio de sus múltiples atribuciones (lo cual no tiene sustento en la realidad como se advierte de las estadísticas que demuestran el óptimo funcionamiento de la Sala Constitucional, así como su productividad), sino copar de nuevos integrantes esta instancia judicial para entorpecer la labor de la máxima instancia de protección de la Constitución, con fines claramente políticos.”

References: artículo 204
 artículo 211
 artículo 204
 artículo 211
 artículo 211
 artículo 203
 artículo 203
 artículo 103
 resolución 
 artículo 145
 artículo 146