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Timestamp: 2020-02-23 14:33:13+00:00

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Sentencia de Tutela nº 289/13 de Corte Constitucional, 20 de Mayo de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 445310626
Salud, vida digna, integridad. A través de la defensoría del pueblo, regional bogotá, se incoa la acción de tutela en representación de una niña de trece años de edad que padece un lupus eritematoso sistémico, nefrología lupica grado 4. La actuación que se demanda como vulneradora de derechos fundamentales tiene que ver con la negativa de entregar medicamentos prescritos,bajo el argumento de ser no pos y, la de prestar servicios médicos de manera integral para el manejo de la patología, por constituirse sobre hechos futuros e inciertos. Luego de analizar temas relacionados con el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes como fundamental y prevalente, los presupuestos jurisprudenciales para acceder a los servicios médicos no contemplados en el pos y el principio de integralidad en la prestación del servicio de salud, la sala concede la tutela y ordena a la accionada prestar el servicio integral de salud en lo que respecta al diagnóstico y al tratamiento de patología padecida por la menor representada.
T-289-13 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-289/13
Acción de tutela instaurada por la Defensoría del Pueblo  Regional Bogotá, quien actúa como representante de L.A.N.G., contra Capital Salud EPS-S, la Secretaría de Salud de Bogotá y la E.S.E. Hospital Santa Clara.
Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por el Juzgado Quinto Penal Municipal de Bogotá D.C., el 10 de septiembre de 2012, y el Juzgado Treinta y Cuatro Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá D.C., el 22 de octubre de 2012, que resolvieron la acción de tutela promovida por la Defensoría del Pueblo  Regional Bogotá, actuando en nombre de L.A.N.G., contra Capital Salud EPS-S, la Secretaría de Salud de Bogotá y la E.S.E. Hospital Santa Clara.
El 5 de septiembre de 2012, la Defensoría del Pueblo  Regional Bogotá, actuando en nombre de L.A.N.G., instauró acción de tutela contra Capital Salud EPS-S, la Secretaría de Salud de Bogotá y la E.S.E. Hospital Santa Clara, por considerar que vulneraron los derechos fundamentales de su representada a la salud, a la vida digna, a la integridad física y al libre desarrollo de la personalidad, atendiendo a los siguientes hechos:
1.1. Señala que L.A. de 13 años de edad padece de lupus eritematoso sistémico - nefropatía lupica grado IV[1].
1.4. Agrega que Capital Salud EPS-S negó los medicamentos por estar excluidos del Plan Obligatorio de Salud - POS-S. Por tal razón, le indicaron que debía acudir a la Secretaría de Salud de Bogotá para que le autorizaran su entrega. Sin embargo, al acercarse a la Secretaría de Salud negaron su autorización por ser la EPS-S a través de la E.S.E. Hospital Santa Clara la encargada de prestar los servicios de salud. A su vez, el mencionado hospital negó la entrega de los medicamentos aduciendo que el encargado de suministrar todos los servicios que requiera la menor es la EPS donde se encuentre afiliada. S. además que no poseen tales medicamentos.
1.5. Por lo anterior, la Defensoría solicita sean amparados los derechos fundamentales de L.A.N.G., ordenando la entrega de los medicamentos Hidroxicloroquina Tabletas 200 Mg y Micofenolato (Mofetil) Tabletas 500 Mg. Igualmente solicita el tratamiento integral para su enfermedad de lupus eritematoso sistémico - nefropatía lupica grado IV, sin que se genere cobro por concepto de copagos o cuotas de recuperación.
Impugnación presentada por la parte accionada:
Esta Corte es competente para revisar la decisión judicial descrita, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, atendiendo a la selección y el reparto efectuados mediante auto de la S. de Selección número uno, notificado el 14 de febrero de 2013.
2.1. Corresponde a la S. Novena de Revisión determinar si Capital Salud EPS-S vulneró los derechos fundamentales a la salud, a la integridad física y a la vida digna de la niña L.A.N.G., por negarle la entrega de los medicamentos Hidroxicloroquina Tabletas 200 Mg y Micofenolato (Mofetil) Tabletas 500 Mg y la prestación de los servicios médicos de manera integral para su patología de lupus eritematoso sistémico - nefropatía lupica grado IV, por constituirse sobre hechos futuros e inciertos.
2.2. Para resolver la cuestión planteada, estima la S. la necesidad de ocuparse de los siguientes temas: (i) el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes como fundamental y prevalente; (ii) los presupuestos jurisprudenciales para acceder a los servicios médicos no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud; y (iii) el principio de integralidad en la prestación del servicio de salud. Luego analizará y resolverá (iv) el caso concreto.
Por su parte, el derecho fundamental a la salud definido por la jurisprudencia como un estado completo de bienestar físico, mental y social dentro del nivel posible de salud para una persona, que a la luz de los tratados internacionales comprende el derecho al nivel más alto de salud posible dentro de cada Estado[5], debe ser garantizado por el juez constitucional de tal forma que permita vivir dignamente[6]. Además, debe ser protegido inmediatamente si quien alega su amenaza o vulneración es un niño, una niña o un adolescente[7].
3.2. En el marco internacional, Colombia ha adquirido compromisos cuyo objetivo es la protección del derecho a salud de los niños. Es así que el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada en Colombia por Ley 12 de 1991, dispone que los Estados Parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud[8]. De la misma forma, el literal b) del artículo 24 establece la obligación de los Estados de adoptar medidas para [a]segurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños (). Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en aras de que se garantice la plena efectividad del derecho a la salud, dispone en el artículo 12 que los Estados Parte deben tomar medidas, entre otras razones, para reducir la mortinatalidad, la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños[9].
3.3. Por otro lado, el Código de la Infancia y la Adolescencia en su artículo 27 establece que [t]odos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud es un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de enfermedad. Ningún Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás entidades dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, podrán abstenerse de atender a un niño, niña que requiera atención en salud. De la misma forma, señala que [p]ara efectos de la presente ley se entenderá como salud integral la garantía de la prestación de todos los servicios, bienes y acciones, conducentes a la conservación o la recuperación de la salud de los niños, niñas y adolescentes ().
Presupuestos jurisprudenciales para acceder a los servicios médicos no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud.
4.1 En desarrollo del mandato constitucional establecido en el artículo 48 de la Constitución de 1991[10], el legislador mediante la Ley 100 de 1993 estableció el Plan Obligatorio de Salud (POS) cuyo objetivo según el artículo 162 es la protección integral de las familias a la maternidad y enfermedad general, en las fases de promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad que se definan. El Acuerdo 029 de 2012 define el POS como el conjunto de servicios de salud que deben suministrar las EPS a los afiliados del SGSSS, sin importar que su vinculación sea a través del régimen subsidiado o contributivo conforme a la unificación de los planes establecidos para tales regímenes mediante el Acuerdo 032 de 2012. Allí mismo se expresan los servicios que se encuentran excluidos.
(i) que la falta del medicamento o tratamiento excluido por la reglamentación legal o administrativa, amenace los derechos constitucionales fundamentales a la vida o a la integridad personal del interesado (ii) que se trata de un medicamento o tratamiento que no pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el Plan Obligatorio de Salud o que, pudiendo sustituirse, el sustituto no obtenga el mismo nivel de efectividad que el excluido del plan, siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el necesario para proteger el mínimo vital del paciente (iii) que el paciente realmente no pueda sufragar el costo del medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda acceder a él por ningún otro sistema o plan de salud (el prestado a sus trabajadores por ciertas empresas, planes complementarios prepagados, etc.).[;] (iv) que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a la Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado el demandante[11].
5.1. El ordenamiento jurídico nacional establece que el derecho a la salud debe prestarse de conformidad al principio de atención integral. Según el literal c) del artículo 156 de la Ley 100 de 1993 [t]odos los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud recibirán un Plan Integral de protección de la salud, con atención preventiva, médico-quirúrgica y medicamentos esenciales (...). Para cumplir dicho objetivo, el Estado y los particulares comprometidos con la prestación del servicio de salud tienen la obligación de garantizar el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación atendiendo a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad[12].
5.2. De manera reiterada, la Corte se ha pronunciado sobre la integralidad en la prestación del servicio de salud en el Sistema General del Seguridad Social en Salud (en adelante SGSSS). Al respecto, ha señalado que la atención y el tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes al sistema de seguridad social en salud cuyo estado de enfermedad esté afectando su integridad personal o su vida en condiciones dignas, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en salud[13].
5.3. En ese sentido, la Corte ha dicho que la integralidad en la prestación del servicio de salud implica que el paciente reciba todo el tratamiento de conformidad a las consideraciones del médico sin que se tenga que acudir a diversas acciones de tutela para tal efecto. Para ello, el juez de tutela deberá ordenar el suministro de los servicios médicos que sean necesarios para conservar o restablecer la salud del paciente, ello con la finalidad de que las personas afectadas por la falta del servicio, obtengan continuidad en la prestación del mismo. La Corte ha indicado que con ello se evita la interposición de acciones de tutela por cada servicio que le sea prescrito a un afiliado por una misma patología[14]. Así mismo, el denominado derecho obliga a las EPS a no entorpecer la prestación de los servicios con procesos o trámites administrativos que generen limitaciones para que los pacientes reciban la asistencia necesaria para garantizar de forma plena el derecho a la salud[15].
6.1. El Defensor del Pueblo  Regional Bogotá, considera que Capital Salud EPS-S vulneró los derechos fundamentales a la salud, a la integridad física y a la vida digna de la menor L.A.N.G., por negar la entrega de los medicamentos Hidroxicloroquina Tabletas 200 Mg y Micofenolato (Mofetil) Tabletas 500 Mg y la prestación de los servicios médicos de manera integral para su patología de lupus eritematoso sistémico - nefropatía lupica grado IV, por constituirse sobre hechos futuros e inciertos.
6.2. Según los hechos expuestos, en el asunto bajo estudio se discuten los derechos fundamentales de L.A.N.G. quien tiene 13 años, se encuentra afiliada al régimen subsidiado del SGSSS a través de la EPS-S Capital Salud y está clasificada en el Nivel 1 del Sisben.
6.3. Así mismo, la S. observa que los jueces que resolvieron la acción de tutela, ampararon el derecho fundamental de L. a acceder a los medicamentos Hidroxicloroquina Tabletas 200 Mg y Micofenolato (Mofetil) Tabletas 500 Mg., luego de verificar que: (i) la falta de autorización de los medicamentos requeridos por la menor afecta su salud pues son requeridos para su tratamiento de lupus eritematoso sistémico - nefropatía lupica grado IV; (ii) los cuales, además de no poder ser suplidos por otros; (iii) fueron ordenados por su médico tratante según las pruebas aportadas en el expediente; y (iv) no los puede costear la mamá de la menor por no contar con los recursos económicos para tal fin. Tal conclusión es acogida por la S. pues en efecto, si no se autorizan los medicamentos a la niña se pondría en riesgo la vida misma de L.. Por lo tanto, confirmará la decisión en ese sentido.
6.4. Sin embargo, la S. evidencia una vulneración a los derechos fundamentales alegados en favor de la menor al desconocer el derecho a recibir atención integral en la prestación de los servicios de salud. Lo anterior se concluye teniendo en cuenta lo siguiente:
Capital Salud EPS-S y el juez de segunda instancia señalaron que no es procedente reconocer la prestación de los servicios médicos de manera integral a L.A.N.G. para su padecimiento por tratarse de hechos futuros e inciertos. No obstante, esta postura desconoce la certeza que existe sobre la enfermedad que aqueja a L.. Esta es la razón por la que el médico tratante estableció un tratamiento que evidentemente no culminó con la entrega de los medicamentos Hidroxicloroquina Tabletas 200 Mg y Micofenolato (Mofetil) Tabletas 500 Mg., sino que incluye exámenes, suministros, citas con especialistas, entre otros, muchos de los cuales pueden estar excluidos del POS.
En consecuencia, esta S. reconoce que si bien los requerimientos concretos son inciertos, no lo es el hecho de que la niña requiere un tratamiento y que de este depende la realización de su derecho a la vida y a la salud. Por lo tanto, no reconocer el tratamiento integral le puede generar la negación de los servicios no contemplados en el POS u otros que sí estén contemplados y la niña tendría que acudir a diversas acciones de tutela para que le suministren cada servicio que prescriba el médico tratante para su patología, poniendo en riesgos sus derechos fundamentales.
Por ello, la S. amparará el derecho que tienen las personas de recibir por parte de las EPS los servicios de salud de manera integral, es decir, con todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones.
6.5. Expuestas las anteriores razones, la S. concluye que en el presente asunto se deben garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la integridad física y a la vida digna de la menor ante el desconocimiento de las obligaciones que tiene la EPS-S accionada de prestar todos los servicios médicos que requiera su enfermedad.
6.6. Por consiguiente, esta S. de Revisión revocará parcialmente el fallo proferido por el Juzgado Treinta y Cuatro Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá D.C, el 22 de octubre de 2012, en cuanto negó el tratamiento integral. En consecuencia, ordenará a Capital Salud EPS-S, a través de su representante legal, o quien haga sus veces, que preste el servicio integral de salud en lo que respecta al diagnóstico y al tratamiento para el lupus eritematoso sistémico - nefropatía lupica grado IV que padece la niña en los términos y por los motivos expuestos en esta providencia, en especial según lo indicado en la consideración 5.3.
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado Treinta y Cuatro Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá D.C, el 22 de octubre de 2012, dentro de la acción de tutela promovida por la Defensoría del Pueblo  Regional Bogotá, en representación de L.A.N.G. contra Capital Salud EPS-S, la Secretaría de Salud de Bogotá y la E.S.E Hospital Santa Clara, en cuanto negó el tratamiento integral de la accionante.
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR a Capital Salud EPS-S, a través de su representante legal, o quien haga sus veces, que preste el servicio integral de salud en lo que respecta al diagnóstico y al tratamiento para el lupus eritematoso sistémico - nefropatía lupica grado IV que padece L.A.N.G. en los términos y por los motivos expuestos en esta providencia, en especial según lo indicado en la consideración 5.3.
[2] A folio 26 del cuaderno principal, reposa copia del carné de afiliación de L.A.N.G. al Sistema de Seguridad Social en Salud del régimen subsidiado, a través de la EPS-S Capital Salud.
[4] El artículo 44 Constitucional dispone: Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
[5] Ver sentencia T-760 de 2008 (MP. M.J.C.E.). Consideración 3.1.
[6] Al respecto la Observación No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que: La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente ()
[7] Ver sentencia T-760 de 2008 (MP. M.J.C.E.). Consideración 4.5.2.1.
[8] El numeral 1° del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala: Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
[9] El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños ().
[10] El artículo 48 de la Constitución Política de 1991 dispone que [l]a Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley ().
[11] Ver sentencia T-1204 de 2000 (MP A.M.C., cuya posición ha sido reiterada entre sentencias como la T-1022 de 2005 (MP M.J.C.E., T-557 de 2006 (MP H.A.S.P., T-829 de 2006 (MP M.J.C.E., T-148 de 2007 (MP H.A.S.P., T-565 de 2007 (MP Clara I.V.H., T-788 de 2007 (MP R.E.G., T-1079 de 2007 (MP H.A.S.P.. Los criterios establecidos en las anteriores sentencias fueron puntualizados en la sentencia T-760 de 2008 (MP M.J.C.E., los cuales han sido igualmente reiterados en sentencias como la T-355 de 2012 y T-020 de 2013 (MP L.E.V.S..
[12] El artículo 49 de la Constitución Política de 1991 señala: La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
[13] Ver sentencia T-760 de 2008 (MP. M.J.C.E.).
[14] Ver sentencia T-970 de 2008 (MP. Marco G.M.C., cuya posición es reiterada en la sentencia T-388 de 2012 (MP. L.E.V.S..
[15] Ver sentencia T-388 de 2012 (MP. L.E.V.S..

References: artículo 24
 artículo 24
 artículo 12
 artículo 27
 artículo 48
 artículo 162
 artículo 156
 artículo 44
 artículo 24
 artículo 12
 artículo 48
 artículo 49