Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531903.html
Timestamp: 2019-03-20 19:34:48+00:00

Document:
as201531903
Auto Supremo N° 903
Expediente : 275/2015-S
Demandante : Dorys Rodríguez Encinas
Demandado : Salón de Eventos “El Emperador”
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 415 a 418 vta., interpuesto por Dorys Rodríguez Encinas, contra el Auto de Vista N° 48 de 30 de marzo de 2015 (fs. 409 a 412), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; dentro del proceso laboral por Pago de Beneficios Sociales, que sigue la recurrente contra el salón de eventos “El Emperador”; la respuesta de contrario al mencionado recurso de fs. 422 a 423; el Auto N° 281 de 07 de julio de 2015 cursante de fs. 424 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
Promovida la acción y tramitado el proceso laboral, la Juez Segundo de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió Sentencia N° 52/14 de 8 de septiembre (fs. 392 a 395), por la que declaró probada la demanda, probada la excepción de pago documentado e improbada la excepción de prescripción, disponiendo que los propietarios del salón de eventos “El Emperador”, por los conceptos de desahucio, indemnización por tiempo de servicios, aguinaldo de la gestión 2008, prima de las gestiones 2007 y 2008, vacaciones de 2 gestiones y bono de antigüedad, más la multa del 30%, pague a favor de la demandante el monto de Bs.59,402.40 (Cincuenta y nueve mil cuatrocientos dos 40/100 Bolivianos), sin lugar a recalculo de la multa por cuanto ha sido incluida en la liquidación final, correspondiendo exclusivamente la actualización en UFVs, todo como se tiene asentado en el detalle de la misma Sentencia.
Dicha resolución fue recurrida en apelación por la parte demandada (fs. 397 a 399), mereciendo el Auto de Vista N° 48 de 30 de marzo de 2015 (fs. 409 a 412 vta.), por el cual, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolvió revocar en parte la Sentencia apelada, declarando probada en parte la excepción de prescripción en lo que refiere al primer periodo de trabajo, y declarando probada en parte la demanda interpuesta por la actora, habiéndose probado la relación laboral en el segundo periodo, disponiendo que los propietarios del salón de eventos “El Emperador”, por los conceptos de desahucio, indemnización por tiempo de servicios, aguinaldo, prima de las gestiones 2007 y 2008 y bono de antigüedad, más la multa del 30%, cancelen a favor de la actora el monto de Bs.10,625.60 (Diez mil seiscientos veinticinco 60/100 Bolivianos), sin costas. Todo conforme al detalle que se tiene en el mismo Auto de Vista.
El mencionado Auto de Vista originó que la demandante conforme los arts. 210 a 212 y 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), y 250 a 282 del Código de Procedimiento Civil (CPC), formule el recurso de casación en el fondo y en la forma cursante de fs. 415 a 418 vta., que en lo esencial de su contenido señala:
Que el Tribunal ad quem al no querer reconocer el tiempo de servicios demandado desde el 20 de marzo de 1994, y sólo considerar los servicios desde el 20 de abril del 2004 hasta el 25 de mayo del 2008 (Segundo periodo), aplicó erróneamente los arts. 120 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 163 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DRLGT), disponiendo la prescripción del periodo anterior (Primer periodo), olvidando que los arts. 48.IV y 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), establecen la imprescriptibilidad de los derechos y beneficios sociales y la irretroactividad de la Ley, debiendo considerar que se demostró contradicción al reconocer su antigüedad, porque en el memorial de fs. 22 la parte demandada negó su antigüedad y con el memorial de fs. 295, en el libro N° 1, página 22, aceptó que la antigüedad era desde el 11 de abril de 1998, teniendo también como prueba el informe de fs. 300 a 301 que demuestra que comenzó a trabajar el año 1994.
Señaló que los arts. 21, 23, 24 y 25 del Decreto Supremo (DS) N° 3691 de 3 de abril de 1994, están relacionados con las ausencias justificadas, indicando que la interrupción que señalan sus empleadores no fue por su voluntad, siendo que unilateralmente ellos decidieron ordenar que se tomara un tiempo a manera de descanso, y cuando reclamó sobre sus beneficios sociales, nuevamente la llamaron a trabajar a partir hasta mayo de 2008, no existiendo ninguna interrupción ni ningún pago de beneficios sociales por los años anteriores a la gestión 2004, teniendo como jurisprudencia para fundamentar este criterio el Auto Supremo (AS) N° 80/2014 de 14 de mayo.
Finalmente indicó que se vulneró su derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, consagrados en los arts. 115 y 119.I de la CPE, teniendo como jurisprudencia relacionada con el proceso indebido la Sentencia Constitucional (SC) N° 0378/2011-R de 7 de abril, señalando también que debe aplicarse el art. 4 del DS N° 28699 de 1 de mayo de 2006, respaldado por el AS N° 178 de 26 de junio de 2014, debiendo considerar respecto a la prescripción el AS N° 517 de 29 de agosto de 2013.
Señaló que la parte demandada presentó como testigos a los Sres. José Ever Salvatierra Orellana y Percy Rodríguez Justiniano, los cuales fueron tachados por la actora conforme el art. 246.2) del Código de Procedimiento Civil (CPC), concibiendo que el a quo las admita como válidas, empero que no las considere en la Sentencia, situación que el Tribunal ad quem no contemplo al usar como base de su resolución dicha prueba testifical, así como también consideró que la confesión provocada de la actora indicaba periodos de trabajo, siendo que la actora solo se ratificó en el numeral 5 que su ingreso fue el año 1994, por lo que estas pruebas fueron analizadas de manera errónea y parcializada.
Indicó que el punto IV del Auto de Vista, señala que la demandante inició su acción denunciando que fue despedida el 19 de septiembre de 2008, cuando en realidad esa fecha fue la de presentación de la presente demanda, siendo la fecha de despido el 24 de mayo de 2008; y que también el Auto de Vista mencionó que trabajó 24 años, 2 meses y 4 días, cuando en la demanda se señalaron que son 14 años, 2 meses y 4 días, aspectos que demuestran que el Tribunal ad quem ha fallado erróneamente y viciando de nulidad el Auto impugnado.
Refirió que conforme a los arts. 13 de la LGT y 1 de la Ley de 23 de noviembre de 1944, corresponde el pago total de la indemnización, y no solo por 4 años, debiendo considerarse y modificarse la antigüedad de la trabajadora desde el 20 de marzo de 1994 hasta el 24 de mayo de 2008.
Que el Auto de Vista redujo el monto que determino la Sentencia respecto al aguinaldo, siendo que corresponde el pago doble de 4 meses y 24 días de dicho derecho de la gestión 2008, puesto que no fue cancelado conforme el art. 2 de la Ley de 18 de diciembre de 1944, y que el pago global realizado ante la Jefatura Departamental del Trabajo no especifica a que beneficios o derechos corresponde.
Señaló que las vacaciones están reguladas por el art. 44 de la LGT, y que deben cancelarse de acuerdo a la escala correspondiente, siendo que se trata de 14 años, 2 meses y 4 días de servicios prestados, por lo que corresponde el reconocimiento de este derecho de las 2 últimas gestiones por 30 días de vacación, tomando en cuenta que la parte demandada no demostró que dichas vacaciones fueron concedidas.
Finalmente indicó que corresponde el reconocimiento del 26% en el bono de antigüedad, conforme a la escala establecida en el art. 60 del DS N° 21060, y al tratarse de una antigüedad de 14 años, 2 meses y 24 días, por lo que debe modificarse este aspecto.
Concluyó pidiendo que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista, dejando sin efecto dicha resolución y disponiendo que se deje subsistente y vigente la Sentencia de 8 de septiembre de 2014 en todas sus partes.
Así, planteado el presente recurso, este Tribunal Supremo de Justicia tiene la obligación de resolver como primer punto el recurso de casación en la forma, para luego resolver el fondo del proceso, ya que de encontrar alguna infracción en la forma, sería innecesario entrar al fondo; entonces de la revisión de los antecedentes del proceso y las normas aplicadas a la materia, se ingresa a resolver dicho recurso, conforme a los siguientes fundamentos:
Es necesario indicar que la parte recurrente dentro su recurso de casación en la forma, planteó reclamos que corresponden ser resueltos en el fondo, por lo que se resolverá primero los reclamos que recaen en la forma, para que los demás reclamos sean resueltos al tratarse los reclamos en el fondo.
El único reclamo que se advierte en la forma, refiere que el punto IV del Auto de Vista, habría señalado que la demandante inició su acción denunciando que fue despedida el 19 de septiembre de 2008, cuando en realidad esa fecha presentó su demanda, siendo la fecha de despido el 24 de mayo de 2008; y que también el Auto de Vista habría mencionado que trabajó 24 años, 2 meses y 4 días, cuando son 14 años, 2 meses y 4 días, por lo que dicha resolución estaría viciada de nulidad.
Al respecto, es necesario señalar previamente que, este Tribunal, dentro su amplia jurisprudencia, ha determinado que la nulidad procesal, no sólo constituye una decisión de última ratio, sino que, además solo procederá por razones expresamente señaladas en la ley (principio de especificidad), o cuando se evidencia una flagrante vulneración a determinados derechos, que hacen al debido proceso, entre ellos los de acceso a la justicia, a la defensa y otros, así como también, conforme al principio de trascendencia, cuando el vicio procesal haya tenido incidencias en perjuicio de una de las partes, de tal modo que, sin la existencia de ese vicio, los resultados del fallo hubieran sido diferentes. Siendo preciso aclarar que, para que la nulidad opere en el caso de autos, deben concurrir algunos principios que deben ser observados por el juzgador, estos son, los principios de especificidad, trascendencia, convalidación y de preclusión.
Bajo este contexto, sobre el reclamo arriba señalado, se advierte que los errores citados, el primero al confundir la fecha de presentación de la demanda con la fecha de despido de la actora, y el segundo al mencionar que habrían sido 24 años y no 14 años de servicios como señala la demanda, no se enmarcan dentro los principios que se mencionó, evidenciándose que no existió perjuicio ni indefensión alguna hacia la parte recurrente, no existiendo trascendencia en los errores mencionados, observando también que la parte recurrente tuvo la oportunidad de presentar todos los recursos que franquea la Ley, por lo que no se encuentra ningún vicio de nulidad en el Auto de Vista impugnado, concluyendo que los Tribunales de instancia aplicaron correctamente las normas procesales en el presente proceso.
Se acusa al Tribunal de apelación de haber incurrido en aplicación errónea de los arts. 120 de la LGT y 163 del DRLGT por haber establecido que en el caso operó la prescripción sobre el primer periodo de trabajo, periodo que a criterio de la recurrente corresponde ser reconocido, toda vez que habría demostrado con prueba que fue analizada de manera errónea, que nunca hubo interrupción, y que si dejó de trabajar un lapso de tiempo fue por decisión de la parte demandada, debiendo considerar que este aspecto afectó a su beneficio de indemnización por tiempo de servicios, y a sus derechos sociales de vacaciones y bono de antigüedad, así como tampoco se le habría pagado su aguinaldo doble de la gestión 2008, vulnerando la imprescriptibilidad de los beneficios y derechos sociales que dispone art. 48.IV de la CPE; en ese entendido es necesario traer a colación lo siguiente:
Cabe señalar que conforme a lo dispuesto por el parágrafo IV del art. 48 de la CPE, vigente desde el 7 de febrero de 2009 “…los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles…”; es decir, que por mandato de la Ley suprema del ordenamiento jurídico boliviano, tal cual lo señala el parágrafo II de su art. 410, la misma goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, empero al existir contradicción en cuanto a la prescripción de los derechos laborales con lo señalado por el art. 120 de la LGT y por el art. 163 del DRLGT, debe darse aplicación preferente a lo establecido por la Constitución Política del Estado; siendo necesario aclarar que sólo en el caso de que el cómputo de los 2 años se haya producido antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, se aplica lo dispuesto por el art. 120 de la LGT, guardando de tal forma relación con el art. 123 de la CPE en cuanto a la retroactividad de la ley.
Bajo este contexto, se establece con absoluta claridad que en el presente caso, existieron 2 periodos trabajados por la recurrente, siendo el primero desde el 20 de marzo de 1994 hasta el 31 de diciembre de 2003, y el segundo desde el 20 de abril de 2004 hasta el 25 de mayo de 2008, conforme consta del documento de fs. 5 y 20 donde firmó dando su consentimiento la misma demandante, debiendo aclarar que este documento fue elaborado ante el Ministerio del Trabajo, y que fue corroborado por las declaraciones de los testigos de descargo, donde se evidencia una interrupción de más de 3 meses; interrupción que conforme al art. 3 de la Resolución Ministerial (RM) N° 193/72 de 15 de mayo, constituye una ruptura o cesantía laboral, siendo el argumento del reclamo de la recurrente las disposiciones contenidas en el art. 48 y 123 de la CPE, refiriendo la imprescriptibilidad de los beneficios y derechos sociales, así como la irretroactividad de la Ley, incorrecto, puesto que como se indicó líneas arriba, la demandante tenía el plazo de 2 años a partir de la ruptura laboral (31 de diciembre de 2003), para reclamar sus beneficios y derechos sociales, o en consecuencia interrumpir con algún reclamo el plazo para la prescripción, situación que se evidencia que no sucedió, así como tampoco fue demostrado dentro el proceso que la interrupción entre ambos periodos fue de 1 mes, por lo que se concluye que el Tribunal ad quem, aplicó correctamente los arts. 120 de la LGT y 163 del DRLGT, al declarar la prescripción del primer periodo de trabajo de la actora (20 de marzo de 1994 a 31 de diciembre de 2003).
Correspondiendo puntualizar que la prescripción, solo se interrumpe por la interposición de la demanda o por la presentación de un reclamo por escrito al empleador, del cual debe quedar un recibido, para poder comprobar, evidenciándose en obrados que la actora reclamó el primer periodo que trabajó después de los 2 años establecidos y por otro lado no existe ninguna actuado procesal que demuestre el reclamo escrito efectuado por parte de la trabajadora.
Siendo que el fundamento jurídico del principio de irretroactividad, es la necesidad de dar estabilidad al ordenamiento jurídico, porque sin el mencionado principio se presentan confusiones sobre la oportunidad de regulación, por lo se concluye que la ley no debe tener efectos hacia atrás en el tiempo, siendo así que los efectos sólo operan después de la fecha de su promulgación, aspecto también establecido en el mencionado art. 123 de la CPE, e interpretado en la jurisprudencia de los Autos Supremos N° 85 y 224 de 10 de abril y 3 de julio de 2012 entre otros.
Diferente entendimiento tornaría un escenario inestable en el panorama jurídico laboral en Bolivia pues la certeza, seguridad y confianza que la jurisdicción ordinaria debe otorgar a los justiciables, se diluiría tornando confusas las fechas de cómputo de diversas figuras jurídicas y generando inseguridad en la aplicación de la norma, vulnerando con ello el principio de seguridad jurídica, que es pieza fundamental en la configuración y estructura del Estado Constitucional de Derecho.
Por otro lado, compulsados los antecedentes, es evidente también que la demandante interpuso la presente acción en un lapso de tiempo en el cual, todavía no había prescrito el segundo periodo trabajado, siendo correcto el reclamo respecto a que el Tribunal ad quem no consideró la antigüedad de la trabajadora, puesto que si bien el primer periodo trabajado por la misma, prescribió a efectos reclamar sus beneficios y derechos sociales, se tiene que adquirió su antigüedad desde el año 1994 hasta el 2008, quedando consolidada y reconocida por la parte empleadora, llegando a tener una antigüedad mayor a 10 años a efectos de sus derechos sociales correspondientes al segundo periodo, por lo que le corresponde 30 días de vacación por las 2 últimas gestiones, conforme al art. 44 de la LGT; así como también conforme al art. 60 del DS N° 21060 de 29 de agosto de 1985, corresponde que se le reconozca a la actora el 26% en su bono de antigüedad, situación que este Tribunal debe corregir en estricto apego a la irrenunciabilidad de los derechos dispuesta por el art. 48.III de la CPE.
Es necesario aclarar respecto al bono de antigüedad que, el DS N° 23474 de 20 de abril de 1993, establece los parámetros sobre los cuales se procede al cálculo del bono de antigüedad, siendo para el caso concreto, el cálculo a realizarse sobre un salario mínimo nacional, por lo que este derecho está expresamente reconocido por el art. 60 del DS N° 21060 de 29 de agosto de 1985 y forma parte de los beneficios inherentes de los trabajadores amparados por el régimen de la Ley General del Trabajo.
Asimismo respecto al reclamado del pago de la indemnización por los 2 periodos, se tiene que como se explicó ut supra, el primer periodo prescribió, por lo que no es necesario ingresar a un análisis al respecto, siendo lógico que corresponde solo el reconocimiento del segundo periodo.
Referente al aguinaldo cabe manifestar que, el Auto de Vista reconocido el pago de este derecho por duodécimas de la gestión 2008, empero no indicó que el pago debía ser doble por el incumplimiento en su pago oportuno, conforme prevén los arts. 1 y 2 de la Ley de 18 de diciembre de 1944; sin embargo, al haberse establecido por este Tribunal la existencia de una relación laboral, de manera lógica, al no haberse demostrado por la parte demandada el pago de este concepto por la gestión 2008 dentro del plazo establecido por Ley, conforme la carga procesal probatoria dispuesta por los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT, corresponde a este Tribunal Supremo disponer su pago por duodécimas por la gestión 2008, doble por su incumplimiento, conforme prevén los arts. 1 y 2 de la Ley de 18 de diciembre de 1944, en razón a que tal derecho adquirido es considerado como un sueldo o salario anual complementario, cuyos orígenes religiosos por las fiestas de fin de año lo hacían ver como una dádiva, sin embargo por disposición de la Ley del Aguinaldo de Navidad de 18 de diciembre de 1944, el pago de dicho concepto es obligatorio para el empleador, obligación que al no haber sido cumplida por la entidad demandada, corresponde disponer su pago en correcta observancia de las disposiciones legales anotadas.
Finalmente respecto a que el Tribunal ad quem analizó erróneamente las pruebas testificales de descargo, concretamente las declaraciones de los Sres. José Ever Salvatierra Orellana y Percy Rodríguez Justiniano, usándolas como base para emitir el Auto de Vista, es necesario indicar que; en la valoración probatoria, el juzgador tiene el deber de realizar una valoración conjunta de las pruebas presentadas y producidas en el proceso, tomando en cuenta que no se encuentra sujeto a la tarifa legal de las mismas, por lo que, formará libremente su convencimiento, inspirándose en la sana crítica de la prueba, en función a las circunstancias que resaltan por su relevancia dentro del proceso, así como la conducta procesal observada por las partes, esto conforme el art. 158 del CPT, en relación con el art. 3.j) también del CPT, advirtiéndose que el Tribunal ad quem valoró correctamente las declaraciones testificales señaladas, realizando un análisis en conjunto de todas las pruebas adjuntas en el proceso, por lo que no es procedente este reclamo planteado por la parte recurrente.
Consiguientemente y en mérito a lo expuesto precedentemente, se establece que el Tribunal ad quem, al emitir su Auto de Vista, no tomó en cuenta la antigüedad de la demandante, aspecto que repercute sobre los derechos sociales de vacación y bono de antigüedad, así como también relegó el pago doble del aguinaldo, por lo que corresponde aplicar lo dispuesto por los arts. 271.4) y 274.II del CPC, con la facultad permisiva del art. 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley de Órgano Judicial, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista N° 48 de 30 de marzo de 2015 (fs. 409 a 412 vta.), disponiendo que se modifique el monto relacionado con el bono de antigüedad, las vacaciones y las duodécimas de aguinaldo de la gestión 2008 a favor de la actora, todo de acuerdo al siguiente detalle:
Dorys Rodríguez Encinas
Tiempo de prestación de Servicios: 4 años, 2 meses y 4 días
Sueldo promedio indemnizable: Bs. 2,000.00.-
Bs. 6,000.00.-
Indemnización por tiempo de trabajo
Bs. 8,355.55.-
Aguinaldo por duodécimas gestión 2008 (doble)
Bs. 799.99.-
Primas de las gestiones 2007 y 2008
Bs. 4,000.00.-
Vacaciones dos últimas gestiones (30 días)
Bono de Antigüedad por el 26%
Bs. 957.10.- (DS N° 27049 de 26/05/2003 Mínimo Nacional)
Bs. 1,372.80.- (DS N° 27049 de 26/05/2003 Mínimo Nacional)
Bs. 1,560.00.- (DS N° 28700 de 01/05/2006 Mínimo Nacional)
Bs. 1,638.00.- (DS N° 29116 de 01/05/2007 Mínimo Nacional)
Bs. 725.72.- (DS N° 29473 de 05/03/2008 Mínimo Nacional)
Bs. 29,409.55.-
Menos el pago a cuenta
Bs. 11,155.00.-
Bs. 18,254.16.-
Más la Multa del 30% (s/DS Nº 28699 de 01/05/2006) A calcularse en ejecución de fallos y previa actualización en base a la variación de las UFVs, hasta el día anterior en que se realice el pago del finiquito correspondiente.

References: e contrario
 resolución 
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