Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/233-70400-0555.HTM
Timestamp: 2019-04-20 09:17:49+00:00

Document:
El ciudadano RAFAEL ENRIQUE MONTSERRAT PRATO, abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 37.108, actuando en su propio nombre, ejerció, ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante escrito de fecha 22 de abril de 1.997, acción de amparo constitucional contra la decisión dictada, en fecha 16 de abril de 1.997, por el Juzgado Superior 20° en lo Penal del Área Metropolitana de Caracas, a causa de la presunta violación de sus derechos a la defensa, propiedad, honor, reputación y vida privada. En fecha 15 de febrero de 2.000, y mediante memorándum del Presidente de la Sala de Casación Penal, de fecha 11 de febrero de 2.000, según el cual remitió en anexo “relación y documentación original de los recursos de amparo correspondientes al año 1.997, que cursaban ante esa Sala”, se recibió y se dió cuenta en Sala Constitucional de este expediente de amparo, designándose ponente al Magistrado Moisés A. Troconis V.
Esta Sala, en sentencia que dictara en fecha 20 de enero de 2.000 (expediente N° 00-002, caso E. Mata Millán), a propósito de la competencia en materia de amparo constitucional, y en el marco de la disposición prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, estableció lo siguiente: “ … Igualmente, corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales”.
En el caso de autos, la acción de amparo constitucional fue ejercida contra la decisión dictada, en fecha 16 de abril de 1.997, por el Juzgado Superior 20° en lo Penal del Área Metropolitana de Caracas, razón por la cual, en congruencia con el fallo citado, y a pesar de que no consta en autos la providencia declinatoria de competencia de la Sala de Casación Penal, ni pronunciamiento alguno sobre la inhibición del ponente Roberto Delgado Salazar, Conjuez de la Sala en referencia, esta Sala, atenta a la prohibición constitucional de reposiciones inútiles, se declara competente para conocer de la presente causa de amparo, en el estado en que se encuentra, y ratifica las actuaciones practicadas por la Sala de Casación Penal. Así se decide.
1. El accionante alega:
1.1 Que interpuso recurso de queja contra la ciudadana Mildred Camero Ceballos, en su carácter de Juez Segunda de Primera Instancia en lo Penal del Área Metropolitana de Caracas, por considerar que la mencionada Juez, en una causa que cursaba por ante el tribunal a su cargo, había cometido una serie de “faltas, acciones y omisiones” que, según el accionante, le causaron daños y perjuicios morales y patrimoniales.
1.2 Que el Tribunal Superior Vigésimo en lo Penal del Área Metropolitana de Caracas, al decidir sobre la admisión del recurso de queja, dictó un fallo “INJUSTO, NO AJUSTADO A DERECHO, SIN FUNDAMENTO LEGAL, PLANTEANDO ALGO QUE NO ES CIERTO, manifestando QUE TODAS LAS FALTAS, ACCIONES Y OMICIONES (sic) DENUNCIADAS EN CONTRA DE LA MENCIONADA JUEZ, YA SE ENCONTRABAN PRESCRITAS Y ERA LA ACCION PLANTEADA EXTEMPORÁNEA, y a consecuencia de ese fallo, desestima la acción planteada por mi persona, y manifiesta no encontrar supuestamente méritos suficientes para llevar a juicio a la Juez Mildred Camero Ceballos … “ (Resaltado del escrito).
1.3 Que, al día siguiente de la decisión denegatoria de la admisión del recurso de queja, presentó escrito anunciando recurso de casación, el cual le fue declarado inadmisible porque el fallo recurrido no se hallaba incluído en el artículo 333 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
1.4 Que todos los daños y perjuicios, ocasionados por la citada Juez, se originaron cuando –según el accionante- lo “involucró temerariamente en el caso de los TEM y (le) dicta los Autos de Detención”.
1.5 Que el fallo denegatorio de la admisión del recurso de queja es “injusto y no se encuentra ajustado a derecho”, por las siguientes razones:
1.5.1 Que es falso lo señalado por el tribunal, respecto de que se “obvió” determinar la pretensión del referido recurso de queja, según lo establecido en el artículo 831 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que –alega el accionante- en su demanda sí mencionó dicho artículo, indicando que los hechos denunciados se subsumían en tal disposición normativa.
1.5.2 Que si bien es cierto que las faltas denunciadas habían sucedido pasados los cuatro meses que establece el artículo 835 ejusdem, es injusto haber declarado extemporáneo el recurso de queja, por cuanto fue en el momento en que tuvo acceso al expediente, por haberle sido dictado un auto de detención, cuando pudo “detectar” las “faltas cometidas por la Juez Mildred Camero Ceballos”, y desde ese hecho no había transcurrido dicho espacio de tiempo.
1.6 Que el referido Tribunal Superior lesionó las siguientes normas constitucionales:
“PRIMERO: Me privó y lesionó la norma jurídica del derecho constitucional que contiene la disposición del artículo 50 de la Constitución Nacional, la cual remite a las disposiciones de los artículos 12, 15 y 18 del Código de Procedimiento Civil.
SEGUNDO: Me privó y lesionó la norma jurídica del derecho constitucional que contiene la disposición del artículo 59 de la Constitución Nacional.
TERCERO: Me privó y lesionó la norma jurídica del derecho constitucional que contiene la disposición del artículo 99 de la Constitución Nacional.” (Resaltado del escrito)
2. En desarrollo de las anteriores denuncias, el accionante alega:
2.1 Que es evidente que, cuando el tribunal decidió que no había suficientes méritos para enjuiciar a la mencionada Juez, y declaró prescritas las denuncias, le violó el derecho a la defensa y los artículos 12, 15 y 18 del Código de Procedimiento Civil.
2.2 Que si este Tribunal Supremo de Justicia no revoca la decisión objeto del presente amparo y ordena el inicio de un juicio en contra de la Juez denunciada, se violaría fehaciente y flagrantemente el artículo 59 de la Constitución de 1961, relativo al derecho al honor y reputación. Por la misma razón, indica que pudiera violarse el derecho a la propiedad, contenido en el artículo 99 ejusdem.
Finalmente, el accionante señala en su petitorio:
“(...) es razón suficientemente obvia, por la cual debe decretarse AMPARO CONSTITUCIONAL en contra de la decisión adoptada por el Tribunal Vigésimo Superior en lo Penal del Area Metropolitana de Caracas, en la que no encontró SUPUESTAMENTE méritos suficientes para llevar a juicio a la Dra. Mildred Camero Ceballos, Juez Segundo de Primera Instancia en lo Penal de Caracas, y solicito que por vía de Amparo, REVOQUE LA DECISIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL VIGÉSIMO SUPERIOR EN LO PENAL DE CARACAS, RESTABLECIENDO DE ESA FORMA LAS NORMAS JURÍDICAS INFRINGIDAS, (...) y ordene, la apertura del correspondiente juicio, y sea admitida la demanda planteada por mi persona por encontrar ciertamente méritos suficientes para llevar a juicio a la mencionada juez, RECURSO DE QUEJA este que se encuentra signado con el Nro. 3531-97.
Igualmente solicito que el presente AMPARO CONSTITUCIONAL sea admitido, sustanciado conforme a derecho y declarado CON LUGAR en la definitiva con todos los pronunciamientos de Ley, restableciéndome la situación jurídica infringida, y que en la parte dispositiva ordene que el mandamiento sea acatado por todas las autoridades de la República.
De la misma forma y por cuanto el Código de Procedimiento Civil establece, que la decisión en el Recurso de Queja debe ser realizada por un Tribunal con Asociados, solicito que la decisión del presente Amparo, sea tomada por la Sala en Pleno.
Igualmente, y a los fines de demostrar que todos los alegatos indicados por mí, en el Recurso de Queja, son ciertos, le hago saber a esta Corte, que el Expediente donde la Juez Mildred Camero Ceballos, cometió las faltas se encuentra en la Sala de Casación Penal, bajo el Nro. 41, en Veintidós (22) piezas, conociéndose de un Conflicto de Competencia de Conocer, entre los Tribunales Superiores Penales Ordinarios y Penales Bancarios, el cual se puede revisar si es considerado necesario.
Igualmente solicito que en la decisión que Revoque la sentencia dictada por el Tribunal Superior, sea ordenada la inhibición de los Jueces que conocieron del Recurso de Queja, por cuanto YA RINDIERON OPINIÓN, considerando a la Juez Mildred Camero Ceballos Culpable de todas las faltas, acciones y omisiones que le impute.”
SENTENCIA RECURRIDA EN AMPARO
El Juzgado Superior Vigésimo en lo Penal del Área Metropolitana de Caracas decidió, en fecha 16 de abril de 1997, que no había mérito bastante para someter a juicio a la doctora Mildred Camero Ceballos, en virtud del recurso de queja interpuesto por el abogado Rafael Enrique Montserrat Prato.
En efecto, dicho tribunal consideró, luego de transcribir las denuncias formuladas por el demandante, lo siguiente:
“Como se puede observar, el quejoso se limita a incoar la demanda contra la Juez Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal de esta Circunscripción Judicial, doctora MILDRED CAMERO CEBALLOS, sin indicar, en ninguna parte de su demanda, que las faltas cometidas se debieron a ignorancia o negligencia inexcusable por parte del Juez, lo cual, a tenor de lo establecido en el artículo 831 del Código de Procedimiento Civil, es un requisito impretermitible para admitir la acción propuesta”.
Igualmente, el mencionado tribunal señaló que varias de las faltas denunciadas por el actor habían caducado, pues habrían ocurrido fuera de los cuatro meses del lapso de caducidad, mientras otras se referían a interpretación de normas jurídicas, y otras más a actuaciones netamente jurisdiccionales, como lo era dictar un auto de detención, calificar delitos, citar testigos, sin que ninguno de esos hechos, señalados como faltas por el quejoso, constituya un error judicial inexcusable que sean expresión de “ignorancia y negligencia”.
1. La acción de amparo constitucional, sometida al conocimiento de esta Sala, fue ejercida contra la decisión dictada, en fecha 16 de abril de 1.997, por el Juzgado Superior 20° en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, constituído con asociados, sobre la pretensión de queja instaurada por el abogado RAFAEL ENRIQUE MONSERRAT PRATO. Según consta en dicha decisión, el Juzgado no encontró mérito bastante para someter a juicio a la abogado Mildred Camero Ceballos, declaró terminado el procedimiento e impuso multa al actor.
2. Obra también en autos un escrito del actor, de fecha 17 de abril de 1.997, cuyo texto expresa: “ … es por ello que en este acto, FORMALMENTE ANUNCIO EL RECURSO DE CASACIÓN en contra de la decisión Dictada por éste Tribunal con Asociados, decisión de fecha 16 de Abril de 1.997 …”.
En el mismo escrito, el actor agrega: “ En caso de que éste Tribunal Superior, NO OIGA el recurso de casación solicitado por mi persona en este acto, solicito que se me expida Dos (02) Copias Certificadas de Todo el Expediente, incluyendo el auto que recaiga sobre éste pedimento, a los fines de interponer el correspondiente recurso de hecho por ante la Corte Suprema de Justicia, y en su defecto el amparo Constitucional correspondiente “.
3. De los elementos que anteceden se desprende que el actor ejerció el recurso de casación contra la decisión desestimatoria de la pretensión de queja. Se trata de un recurso contemplado en la disposición prevista en el artículo 849, último aparte, del Código de Procedimiento Civil, en los términos siguientes: “En el juicio de queja se admitirá el recurso de casación, si hubiere lugar a él, sólo cuando no hubiere intervenido la Corte Suprema de Justicia”.
En fecha 18 de abril de 1.997, el Juzgado Superior 20° en lo Penal, a través de un auto escasamente motivado, declaró inadmisible el recurso de casación anunciado por el actor.
No obstante, como se desprende del escrito del presunto agraviado, éste manifestó también su disposición, para el caso que no le fuese oído el recurso de casación, de ejercer el recurso de hecho, a cuyo efecto solicitó copia certificada del expediente, solicitud que el Juzgado satisfizo por auto de fecha 18 de abril de 1.997.
4. Según la disposición prevista en el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no es admisible la acción de amparo cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes.
En el caso de autos, el presunto agraviado optó por el recurso de casación y, además, manifestó su disposición de optar por el recurso de hecho, a cuyo efecto solicitó y pagó la expedición de copia certificada del expediente.
En consecuencia, cabe interpretar que el presunto agraviado optó por la vía de recursos ordinarios y preexistentes, a través de los cuales cabía juzgar sobre los hechos denunciados. Por otra parte, condicionó indebidamente el ejercicio de la acción de amparo al del recurso de hecho.
La razón que antecede, prevista en el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, hace inadmisible la acción de amparo interpuesta, sin perjuicio de las acciones civiles que puedan corresponder al presunto agraviado. Así se declara.
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado RAFAEL ENRIQUE MONTSERRAT PRATO, actuando en su propio nombre, contra la decisión dictada, en fecha 16 de abril de 1.997, por el Juzgado Superior 20° en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los siete días del mes de abril de dos mil. Años: 189º de la Independencia y 141º de la Federación.
Exp. No 00-0555
Quien suscribe, Magistrado Héctor Peña Torrelles, salva su voto por disentir de sus colegas en el fallo que antecede, que declaró inadmisible una acción de amparo constitucional, en contra de una decisión judicial. Las razones por las cuales me aparto de la decisión de la mayoría son las mismas que he sostenido reiteradamente, desde las sentencias dictadas el 20 de enero de 2000 (Casos: Domingo Ramírez Monja; y Emery Mata Millán), por considerar que no existe en la Constitución de 1999 ninguna norma que atribuya a esta Sala competencia para conocer de las acciones de amparo contra decisiones judiciales, interpuesta de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Exp.- 00-0555, SENTENCIA 233 DE 7-4-00

References: artículo 4
 artículo 333
 artículo 831
 artículo 835
 artículo 50
 artículo 59
 artículo 99
 artículo 59
 artículo 99
 artículo 831
 artículo 849
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 4