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Timestamp: 2019-01-18 20:38:29+00:00

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﻿ Sentencia 2007-00105 de febrero 23 de 2011
SENTENCIA 2007-00105 DE 23 DE FEBRERO DE 2011
CONTENIDO:NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE EN MATERIA PENSIONAL A LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA EXTERNA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR NO GOZAN DE UN RÉGIMEN ESPECIAL DE PENSIONES DIFERENTE AL CONTENIDO EN LAS NORMAS DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, POR LO QUE EL INGRESO BASE DE COTIZACIÓN PARA EL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA EXTERNA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEBE CORRESPONDER AL EFECTIVAMENTE DEVENGADO Y NO ATENDER EQUIVALENCIAS CON CARGOS DE LA PLANTA INTERNA QUE EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS ES INFERIOR AL PERCIBIDO Y POR ELLO CONFIGURA UNA EVIDENTE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD, DIGNIDAD HUMANA, MÍNIMO VITAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE JUBILACIÓN, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR, INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN
Sentencia 2007-00105 de febrero 23 de 2011
Rad.: 25000-23-25-000-2007-00105-01(2128-2009)
Actor: Myriam Álvarez Salgar
Bogotá, febrero veintitres de dos mil once.
Consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que el Instituto de Seguros Sociales, ISS, reliquide su pensión de sobrevivientes teniendo en cuenta como ingreso base de liquidación lo realmente devengado por su compañero permanente fallecido, quien laboró como funcionario de la Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
2. Actos acusados.
— Resolución 25670 de 27 de agosto de 2004 (fls. 100 y 101), expedida por la Jefe del Departamento de Atención al Pensionado, Seccional Cundinamarca y D.C. que reliquidó la pensión de sobrevivientes otorgada a favor de la demandante, por valor de $ 759.921, en calidad de compañera permanente del causante José Fernando Umaña Pavolini, a partir del 9 de noviembre de 2003.
— Oficio 1132 calendado marzo 1º de 2005 en el cual el Seguro Social le informa que “(…) La liquidación tomó como base para determinar el monto de la pensión, los ingresos base de liquidación correspondientes a los períodos comprendidos entre el 1º de marzo de 1967 y el 9 de noviembre de 2003. Igualmente incluyó el reconocimiento de un retroactivo por valor de $ 540.682.
“En las dos situaciones relacionadas anteriormente, los ingresos base de liquidación tenidos en cuenta fueron los que aparecen en la historia laboral del causante y que además están certificados por el coordinador de nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores” (fl. 7).
— Con la certificación expedida por el coordinador de nómina y prestaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, quedó acreditado que el señor José Fernando Umaña Pavolini (q.e.p.d.) prestó sus servicios en ese ministerio desde el 23 de julio de 2001 al 9 de noviembre de 2003 (fl. 9).
— A folio 8 del plenario se encuentra que “[m]ediante decretos 872 y 1192 de mayo 11 y junio 14 de 2001 se le nombró en el cargo de cónsul de segunda clase, grado ocupacional 2EX, en el consulado de Colombia en Monterrey-México. Tomó posesión el 23 de julio de 2001 y lo desempeñó hasta el 7 de enero de 2003.
“Mediante Decreto 105 de enero 21 de 2003, se le nombró en el cargo de primer secretario grado ocupacional 3EX, en la embajada de Colombia ante el gobierno de Nicaragua. Tomó posesión el 21 de febrero de 2003 y lo desempeñó hasta el 9 de noviembre de 2003”.
— A folios 98 y 99 obra copia de la Resolución 6269 del 26 de marzo de 2004, proferida por la Jefe del Departamento de Atención al Pensionado, Seccional Cundinamarca y D.C. en cuantía de $ 713.624, efectiva a partir del 9 de noviembre de 2003 sobre 1009 semanas y un ingreso base de liquidación de $ 1.097.883, al cual se le aplicó el 65%.
— A folio 3 del cuaderno de pruebas aparece copia del registro civil de defunción del señor José Fernando Umaña Pavolini, quien falleció el 9 de noviembre de 2003 en la ciudad de Bogotá D.C.
4. Normatividad legal aplicable en materia pensional a los empleados de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Decreto 311 de 1951, por el cual se aclaran el inciso c) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 y los artículos 2º y 3º de la Ley 65 de 1946, en su artículo 1º estableció que “las prestaciones sociales de los empleados que hayan servido en el exterior se liquidarán y pagarán en pesos colombianos a razón de un peso por cada dólar recibido”.
Actualmente el Decreto 274 de 2000(4) regula el Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática estableciendo las siguientes equivalencias:
En el servicio diplomático
En el servicio consular
Categorías en planta externa
Equivalencia planta interna
Primer secretario y
Segundo secretario y
Tercer secretario y
Los funcionarios escalafonados en la categoría de embajador únicamente podrán ser designados en planta interna en el cargo equivalente a su categoría o en los equivalentes a la categoría del escalafón inmediatamente inferior(5).
En tales términos, el artículo 66 ibídem, determinó que las prestaciones sociales de los funcionarios de la carrera diplomática y consular se liquidarán y pagarán “con base en la asignación básica mensual y en los conceptos laborales legalmente reconocidos como factores de salario, que le correspondieren en planta interna”.
La Corte Constitucional en Sentencia C-292 de 2001 declaró inexequibles, entre otros, los artículos 65 y 66 del precitado decreto con fundamento en que el gobierno excedió las facultades precisas otorgadas por el Congreso de la República al regular el régimen salarial y prestacional de quienes atienden el servicio exterior.
“ART. 7º.—El artículo 20 de la Ley 100 de 1993 quedará así: “ART. 20.—Monto de las cotizaciones: (…) PAR. 1º—Para efectos del cálculo del ingreso base de cotización de los funcionarios que prestan sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, se tomará como base la asignación básica mensual y los factores salariales establecidos en las normas vigentes para los cargos equivalentes de la planta interna”.
Esa corporación declaró la inexequibilidad de la expresión “para los cargos equivalentes de la planta interna” y en sede de tutela ha sostenido que la liquidación de pensiones de funcionarios que se han desempeñado en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores debe ajustarse a la realidad salarial de los mismos y no a una ficción legal(6), haciendo notar que “... se afecta ostensiblemente la igualdad si a todos los trabajadores se les liquida la pensión según el salario devengado y por el contrario a unos servidores del Estado se les computa con base en el salario de otros funcionarios que reciben sumas muy inferiores a la que percibe el aspirante a pensionado”.
Igual suerte corrió el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, que fue declarado inexequible en Sentencia C-535 de 2005(7), en razón a que la equivalencia de cargos entre funcionarios de la planta externa con los de planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores constituye una desigualdad injustificada que lesiona el derecho fundamental a la seguridad social de los funcionarios que prestan sus servicios en el exterior, por las siguientes consideraciones:
La declaratoria por la Corte Constitucional de la inexequibilidad de la locución “para los cargos equivalentes de la planta interna” contenida en los artículos 57 del Decreto-Ley 10 de 1992 y 7º de la Ley 797 de 2003 por quebrantar los principios de la dignidad humana y de igualdad y los derechos al mínimo vital y a la seguridad social y constituir una práctica contraria a los derechos derivados de la relación laboral, implica que la liquidación de las prestaciones debe efectuarse con fundamento en los salarios y emolumentos establecidos en los decretos salariales dictados en desarrollo de la ley marco para los funcionarios del servicio exterior.
En el mismo sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación en concepto rendido el 19 de julio de 2006 Radicación numero: 11001-03-06-000-2006-00053-00(1749), C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, expuso:
“En concepto de la Sala, la advertencia contenida en el fallo T-098 de 2006, en la que de manera explicita la Corte extiende los efectos de sus decisiones a casos similares, despeja cualquier duda que pudo haberse generado con las sentencias de constitucionalidad, obligando al Ministerio y al Instituto de Seguros Sociales a reconocer, administrativamente y sin que el afectado tenga que interponer una acción de tutela para que se proteja su derecho particular, el derecho que les asiste a los pensionados y ex funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, al reajuste de su pensión, so pena de comprometer su responsabilidad”.
Por su parte, la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, al determinar su campo de aplicación(8), vincula a todos los servidores del sector público, oficial y semioficial en todos los órdenes, sin excluir expresamente(9) a los que pertenecen a la carrera diplomática y consular, por lo que éstos están sometidos a las normas de carácter general.
Lo anterior significa que los funcionarios de carrera diplomática y consular no gozan de un régimen especial de pensiones diferente al contenido en las normas de carácter general aplicables a los servidores públicos, por lo que el ingreso base de cotización para el sistema general de pensiones de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores debe corresponder al efectivamente devengado y no atender equivalencias con cargos de la planta interna que en la mayoría de los casos es inferior al percibido y por ello configura una evidente violación de los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana, mínimo vital, entre otros, como ya se anotó.
5. El caso en estudio.
Aplicando la regla general expuesta anteriormente, concluye la Sala que la entidad demandada está obligada a liquidar la pensión de vejez de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores y, por ende, la de sobrevivientes de los funcionarios de planta externa fallecidos, teniendo en cuenta lo efectivamente devengado en el servicio exterior y aplicando en todo caso el tope máximo establecido en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 5º de la Ley 797 de 2003, de 25 salarios mínimos legales mensuales.
En el sub lite se encuentra demostrado que la demandante, en calidad de compañera permanente del señor José Fernando Umaña Pavolini (q.e.p.d.), recibió la pensión de sobrevivientes bajo el régimen general de pensiones dispuesto en la Ley 100 de 1993 (art. 47), por lo que tal prestación le fue liquidada con el ingreso base de liquidación (IBL) previsto en el artículo 21 de tal normatividad y el monto pensional del 65% conforme al artículo 48 ib.
Dentro del tiempo de servicios a que hace referencia el precitado artículo 21 se debe tomar en cuenta el salario efectivamente devengado por el causante en dólares al valor correspondiente equivalente en pesos por el período comprendido entre el 23 de julio de 2001 al 7 de enero de 2003 (fl. 9) y no con un ingreso base de cotización (IBC) inferior como procedió el ministerio empleador, según se desprende de las planillas de autoliquidación mensual de aportes al sistema de seguridad social integral que obran a folios 23 al 32 del expediente.
La asignación fijada para los cargos ocupados por el señor Umaña Pavolini en el Ministerio de Relaciones Exteriores es la que debe tenerse en cuenta para determinar el ingreso base de cotización al Sistema y en consecuencia para liquidar la pensión de sobrevivientes a la actora, realizando para el efecto las conversiones de moneda a las que haya lugar y reajustarlo sobre la base de lo realmente devengado, por lo que el ISS deberá requerir al ministerio para pagar los aportes que le corresponde en calidad de empleador por el salario efectivamente recibido por el causante y descontar el porcentaje del trabajador de la mesada pensional, tal como se dispuso en la primera instancia.
Las anteriores consideraciones evidencian que lo expuesto por la entidad demandada en la apelación no es de recibo porque, tal como quedó expuesto, tanto el ingreso base de cotización como el ingreso base de liquidación pensional deben fijarse con lo realmente devengado por el funcionario de la Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Finalmente, en cuanto al argumento del recurrente de que al declararse inhibido el tribunal de pronunciarse sobre la legalidad de la Resolución 25670 de 2004 mantiene incólume la reliquidación pensional efectuada directamente por el Seguro Social, evidencia la Sala una imprecisión en la sentencia del a quo, dado que en la parte motiva concluyó que “… resulta procedente declarar la nulidad de la Resolución 25670 de agosto 27 de 2004, y del oficio 1132 de marzo 1º de 2005; y a título de restablecimiento del derecho ordenar al Instituto de Seguros Sociales que reliquide la pensión de sobrevivientes reconocida a Myriam Álvarez Salgar, teniendo en cuenta para ello el salario realmente devengado por el señor Fernando Umaña Pavolini como funcionario de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo en cuenta (sic) para el efecto la certificación expedida por dicha entidad”. Sin embargo, en la parte resolutiva decidió inhibirse de emitir pronunciamiento alguno sobre la legalidad de la mencionada resolución 025670/04.
En ese orden de ideas, la Sala declarará nula la Resolución 25670 del 2004 proferida por el Seguro Social, sin que ello implique una vulneración al principio de la no reformatio in pejus porque si bien el instituto demandado fue apelante único, el tribunal en todo caso motivó su decisión hacia la nulidad de dicho acto aunque hubiera resuelto, por equivocación, inhibirse al respecto.
CONFIRMASE PARCIALMENTE la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por la señora Myriam Àlvarez Salgar contra el Instituto de Seguros Sociales, salvo el numeral primero que quedará así:
“1. DECLARAR la nulidad de la Resolución 25670 de agosto 27 de 2004, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.
(4) El Decreto 274 de 2000, dictado por el ejecutivo en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 1º, numeral 6º de la Ley 573 de 2000, de conformidad con lo establecido en su artículo 96, derogó el Decreto 10 de 1992.
(5) Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C- 272 de 2001
(6) Corte Constitucional T-1016 de 2000; T-534 de 2001, T-1022 de 2002- T-083 de 2003.
(7) Corte Constitucional, Sentencia C-535 de 24 de mayo de 2005, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño
(8) Artículo 11, modificado por el artículo 1º de la Ley 797 de 2003
(9) El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, establece los casos en los que no se aplica su contenido sin que entre ellos se encuentren los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular
(10)(sic) En el mismo sentido puede consultarse la Sentencia del 13 de mayo de 20101.Sección Segunda ,Subsección B, radicación número:25000-23-25-000-2006-08330-01 (1910-08). C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 66
 artículo 20
 artículo 57
 artículo 18
 artículo 5
 artículo 21
 artículo 48
 artículo 21
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 96
 Artículo 11
 artículo 1
 artículo 279