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Timestamp: 2020-07-11 01:40:17+00:00

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Alcance de Tutela Judicial Efectiva Reconocida | Ley procesal | Juez
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Est de Derecho Procesal
III Encuentro Latinoamericano de Postgrados en Derecho Procesal
Prof. Emercio José Aponte Núñez
ALCANCE DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Elaborado por: Emercio José Aponte Núñez *
Con la entrada en vigencia de la Constitución venezolana de 1999 se
reconoció de forma expresa la tutela efectiva de los derechos e intereses de las
personas y se determinó el deber del Estado de garantizar una justicia sin
dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Sin embargo, la
tutela efectiva es un derecho complejo que va más allá de la superación del
garantismo formal, es por ello que el presente artículo intenta, sin pretender
realizar un examen de todos los alcances de la tutela efectiva, abarcar los
derechos esenciales que la conforman.
1. LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el
derecho a la tutela efectiva, que es denominada por la doctrina como tutela judicial
efectiva, y, como consecuencia de ello, se determina la obligación para el Estado
venezolano de garantizar una justicia sin dilaciones indebidas, sin formalismos o
* Director de la División de Extensión y Profesor Agregado de la Cátedra de Derecho Constitucional y colaborador de la Cátedra Fundamentos de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Maracaibo. Profesor del Doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad Santa María, Caracas. Miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional. Investigador adscrito al Programa de Promoción al Investigador del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Nivel I. Premio de actividades científicas Dr. ORANGEL RODRÍGUEZ, año 2007, conferido por el Colegio de Abogados del estado Zulia. Condecoración Dr. Arminio Borjas, en su Tercera Clase y segunda clase, 2007-2009, Federación de Colegios de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela. Abogado en ejercicio, socio del Despacho AIA, Abogados. Abogado Cum Laude, Primero de la Promoción (Universidad Santa María, Caracas, 1993). Doctor en Derecho, calificación sobresaliente (Universidad del Zulia, 1999). Doctor en Derecho, calificación sobresaliente (Universidad de Córdoba, España, 2001). Magíster en Derecho de los Negocios (Universidad Francisco de Vitoria, España, 2004). Diplomado en Derechos Humanos, Garantías Constitucionales y Procedimientos Internacionales para su Protección, mención especial (Instituto Internacional Jacques Maritain, CPPC, Universidad Católica Cecilio Acosta, 2003). Becario de la Fundación Carolina de España, 2003-2004. Autor del artículo “El Recurso de Control de la Legalidad del Proceso Laboral Venezolano”, Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo LVIII, Número 248, Enero-Junio 2008 y del artículo “La importancia de la protección de datos de carácter personal en las relaciones comerciales”, Revista de Derecho Privado, 12-13, Universidad Externado de Colombia, 2007. Autor de la publicación Doctrina Laboral de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, 2do trimestre 2008, Maracaibo: AIA, Abogados, 2008. ejaponte@luz.edu.ve
reposiciones inútiles, donde no se sacrifique la justicia por la omisión de formalidades no esenciales 1 . Sin embargo, la tutela judicial efectiva o tutela efectiva es un derecho mucho más complejo que la mera superación del garantismo formal, ya que su
en el sentido de tener
igual acceso a la jurisdicción para su defensa, a que se respete el debido proceso, a que la controversia sea resuelta en un plazo razonable y a que, una vez dictada sentencia motivada, la misma se ejecute a los fines que se verifique la efectividad de sus pronunciamientos” 2 . La tutela judicial efectiva no conlleva, por tanto, únicamente la superación del garantismo formal, sino que implica el respeto y vigencia de múltiples derechos, que no se agotan en las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 26 y 257 de la Constitución venezolana, y que sirven para hacer efectivos los derechos subjetivos de las personas.
verdadero alcance y significado debe ser entendido “(
Pero incluso, nuestro constituyente, tomando en consideración la
realidad que ya ha sido reflejada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en el sentido de que “ (
eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo” 3 , extendió la exigencia de la tutela efectiva de los derechos a las actuaciones administrativas, e incluso, como se explicará en el presente trabajo, también podemos extraer de las normas constitucionales, cuando se vulneren por parte del Estado los derechos humanos de alguna persona, un derecho a la tutela efectiva ante los órganos internacionales.
si bien la función jurisdiccional compete
1 Los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela disponen: “Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Artículo 257. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.
2 Sentencia No. 72 del 26 de enero de 2001, expediente No. 00-2806, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tribunal Constitucional, Sentencia de 31 de enero de 2001, Serie C, Párrafos 69 y 71
En fin, la tutela efectiva, y la denominaremos así por la amplitud antes señalada, implica que la persona pueda tener acceso a los órganos judiciales o administrativos, en el orden interno, y a los órganos internacionales que conforman el Sistema de Protección de los Derechos Humanos, es decir, tener acceso al proceso, que deberá desarrollarse cumpliendo una serie de garantías que permitan, en un tiempo razonable, una decisión conforme a derecho, ya sea favorable o desfavorable a la pretensión del individuo, y a que la decisión tomada pueda hacerse efectiva. De esa forma, sin pretender realizar un examen de todos los alcances de la tutela efectiva, nuestra reflexión sobre este derecho se estructurará en cinco puntos. El primero relativo al derecho de acceso, que se conoce en la doctrina como derecho a la jurisdicción. En el segundo desarrollaremos lo que se conoce como el debido proceso, donde haremos énfasis en determinadas garantías y su relación con la superación del garantismo formal. El tercer punto se refiere al plazo razonable para el pronunciamiento de la decisión. En el cuarto describiremos el derecho de hacer efectiva la decisión. Finalizando con el quinto punto, donde haremos una reflexión sobre lo que hemos denominado la tutela judicial efectiva de los derechos humanos ante los órganos internacionales.
A. EL DERECHO DE ACCESO.
Como ya se afirmó, el derecho a la tutela efectiva es complejo, comprende varios derechos, pero el primero es sin duda el derecho de acceso, conocido en la doctrina como el derecho de acceso a la jurisdicción. De acuerdo a la Constitución venezolana toda persona tiene derecho no sólo de acceso a los órganos de administración de justicia 4 para hacer valer sus derechos e intereses, sino también a ser oído en cualquier clase de proceso 5 y a dirigir peticiones ante cualquier autoridad 5 .
4 Así lo dispone el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
5 El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala: “El debido proceso se aplicará a todas
las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: (
clase de proceso (
5 El artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier
Para el Tribunal Constitucional Español “el derecho a la jurisdicción se concreta en un derecho a ser parte en un proceso y poder promover la actividad jurisdiccional, a fin de llegar a una decisión judicial sobre las pretensiones formuladas” 6 . Sin embargo, en el caso venezolano, este derecho de acceso no se limita a los tribunales de la República, sino que comprende “cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa y judicial que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas” 7 . El acceso, como derecho, no puede estar sujeto a condiciones excesivas, que atenten contra su esencia e impidan o restrinjan, sin justificación, la admisión de las demandas, solicitudes o recursos, “lo que también obliga a evitar todo pronunciamiento de inadmisibilidad por defectos que puedan ser subsanados sin dar la oportunidad de hacerlo” 8 . Así mismo, está vedado a los órganos del Estado imponer requisitos o exigencias, no determinadas en la ley, que imposibiliten o obstaculicen el ejercicio de este derecho. Así, por ejemplo, constituye una violación del derecho de acceso, y por ende de la tutela efectiva, la negativa de algunos Notarios Públicos de trasladarse a las instituciones bancarias para levantar protestos de cheques, bajo el argumento de no contar con los equipos de computación necesarios para ello.
B. EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.
Una vez que se ha tenido acceso al proceso, la tutela efectiva exige el respeto de las garantías que conforman el debido proceso. No hay una tutela efectiva que, garantizando el acceso al órgano, descuide las exigencias del debido proceso.
Es importante destacar en relación al debido proceso que, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución de la República
sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”.
6 GOIG MARTÍNEZ Juan Manuel y otros, El Sistema Constitucional de derechos y libertades según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Madrid: EditorialUniversitas Internacional, 2006, p.384.
7 Ibíd., párrafo 71.
8 CASAL HERNÁNDEZ Jesús María, Aspectos Conceptuales del Acceso a la Justicia. En Acceso a la Justicia. La Universidad por la vigencia efectiva de los Derechos Humanos, Caracas: 2006, pp. 31-32.
Bolivariana de Venezuela 9 , existen múltiples normas de rango constitucional, tanto de origen interno como de origen internacional, que lo reconocen y regulan. Pudiendo mencionar, entre otras, las reflejadas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Esta circunstancia conlleva que los contenidos de las diferentes normas se complementen entre sí, ya que “el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de
garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia” 10 . En este orden, la Corte Interamericana ha definido al debido proceso
como “(
en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera” 11 . Así, el debido proceso tiene
carácter instrumental en tanto permite disfrutar de otros derechos, y por
un “(
ello su violación es más grave, pues el proceso es una garantía para el respeto de derechos sustantivos y para el control de la arbitrariedad en el ejercicio del poder” 12 .
9 El artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.
10 Considerando I de la sentencia 1739-92, del 1 de julio de 1992 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Genie Lacayo, Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C, Párrafo
12 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tribunal Constitucional, Sentencia de 31 de enero de 2001, Serie C, Párrafo 64, literal L
Sin embargo, debemos tener en cuenta, por que así lo deja claro el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 13 , que ese debido proceso legal o derecho de defensa procesal no sólo es exigible en todas
las actuaciones judiciales, sino también en todas las actuaciones administrativas, por lo que “su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” 14 .
cualquiera sea la vía procesal escogida para la defensa
de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la
posibilidad de una tutela ( )
proceso conforman un pilar fundamental de todo régimen democrático, ya que además de constituir un garantía en sí, sirven para que toda persona afectada en sus derechos por cualquier acto arbitrario emanado de los Estados o de los particulares, pueda lograr la restitución de la situación jurídica infringida y, a su vez, la respectiva indemnización por los daños causados. De las distintas garantías que conforman este derecho, vale la pena detenernos, sin que ello reste importancia a las otras, en la referida al tribunal competente, independiente e imparcial, para concluir con la superación del garantismo formal. a) El derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial. El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 49.3 de la Constitución Nacional contemplan la garantía de toda persona a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley.
efectiva” 15 . Las garantías que informan el debido
Por ello, “(
13 El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone: “El debido proceso se aplicará a
todas las actuaciones judiciales y administrativas (
14 Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano, Sala Primera, 13 de noviembre de 2007, expediente No. 10719-2006- AA/TC.
15 Sentencia No.926 del 01 de junio de 2001, exp.01-0409, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
Los términos competente y establecido con anterioridad aluden al derecho que tienen las personas “a ser juzgadas por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos, razón por la cual el Estado no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios. Con esto se busca evitar que las personas sean juzgadas por tribunales especiales, creados para el caso, o ad hoc” 16 .
En relación a la imparcialidad, la Corte Interamericana ha determinado que “exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad” 17 . En este sentido, el derecho a recusar al funcionario llamado a tomar la decisión de un caso particular constituye una garantía de la imparcialidad que debe existir para garantizar el derecho al debido proceso y a una tutela judicial efectiva. En cuanto a la autonomía, la Corte Interamericana ha señalado que “uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación”
16 Ibíd., párrafo 50.
17 Ibíd., párrafo 56.
18 Ídem, párrafo 54.
básicos de las garantías del debido proceso, motivo por el cual debe ser respetado en todas las áreas del procedimiento y ante todas las instancias procesales en que se decide sobre los derechos de la persona” 19 . Del principio de independencia se derivan las garantías de un adecuado proceso de nombramiento, inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas. En sentido, un adecuado proceso de nombramiento implica que “( ) todas las decisiones relacionadas con la carrera profesional de los jueces deben estar basadas en criterios objetivos, siendo el mérito personal del juez, su calificación, integridad, capacidad y eficiencia los elementos preponderantes a
considerar” 20 , de tal forma que el proceso de su selección satisfaga las exigencias de la normativa constitucional en este sentido.
sólo pueden ser removidos por faltas de disciplina graves o incompetencia y
acorde a procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según
la constitución o la ley. Además, (
la autoridad a cargo del proceso de
destitución de un juez debe conducirse independiente e imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de defensa. Ello es así toda vez que la libre remoción de jueces fomenta la duda objetiva del observador sobre la posibilidad efectiva de aquellos de decidir controversias concretas sin temor a represalias” 21 .
) que los
jueces resolverán los asuntos que conozcan basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo” 22 .
Este principio de independencia constituye “(
En cuanto a la inamovilidad del cargo, conlleva “(
A su vez, la garantía contra presiones externas conlleva “(
19 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, Sentencia de 30 de junio de 2009, Serie C, No.197, párrafo 68.
20 Ibíd., párrafo 71.
21 Ibíd., párrafo 77.
22 Ibíd., párrafo 80.
Las anteriores garantías son necesarias a los efectos de considerar que están dadas las condiciones para que exista una independencia de los jueces, siendo contrarias a las mismas la existencia de jueces provisorios en Venezuela,
entendidos éstos como aquellos nombrados de forma discrecional por la Comisión de Emergencia Judicial, por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia
o por la Sala Plena de ese mismo Tribunal, sin el respectivo concurso de
oposición. Ya que, “(
sujetos a la carrera judicial y por tanto se encuentran excluidos de los beneficios de estabilidad y permanencia que de esta dimanan” 23 , circunstancia que facilita la
ingerencia externa en la toma de decisiones por parte de estos jueces. b) Del garantismo formal al garantismo material. La actividad
procesal está sometida a reglas precisas con la finalidad de garantizar la igualdad de las partes en el proceso y evitar un desequilibrio que permita la vulneración en sus derechos, asegurando el derecho a la defensa y a un debido proceso. Es así como, “las formas procesales rigen el modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos del proceso. El quebrantamiento de la forma procesal implica
la violación de la regla legal que la establece, pero en un recurso por defecto de
actividad lo más importante no es la causa del error -la violación de una regla procesal- sino su efecto: el menoscabo del derecho de defensa” 24 . No toda infracción de las reglas o formas procesales conlleva la nulidad de lo actuado, si no sólo aquellas que afecten la igualdad y el equilibrio de las partes, de tal forma que se vea afectado su derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, entendido este último en su sentido amplio, es decir, contemplado tanto desde le punto de vista de quien acciona para hacer valer un derecho subjetivo como de quien es accionado y busca enervar la pretensión del otro.
Así, no existe una garantía de la forma, sino contra la consecuencia dañina generada por su quebrantamiento. De esa manera se refleja la exigencia constitucional de una justicia sin formalismos o reposiciones inútiles, donde no se
de acuerdo al Estado, estos jueces provisorios no están
23 Ibíd., párrafo 100.
24 Sentencia No. 241 del 18 de abril de 2002, expediente No. 01-692, Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
sacrifica la justicia por la omisión de formalidades no esenciales que no afectan al
debido proceso, lo que conlleva “(
perseguir una finalidad útil para corregir así los vicios ocurridos en el trámite del
proceso. Ello conduce a que los jueces deben examinar exhaustivamente y verificar la existencia de algún menoscabo de las formas procesales, que implique violación del derecho a la defensa y del debido proceso, para acordar una reposición” 25 . En definitiva, una justicia sin formalismos o reposiciones inútiles
la necesidad de que las reposiciones deben
pretende, tal como lo expresará el constituyente Jaime Barrios, “( de que se administre una justicia realista” 26 , superando “(
impiden que se administre la realidad de los conflictos intersubjetivos” 27 , logrando
la primacía del garantismo material que refuerza la tutela efectiva de los derechos y no atenta contra el debido proceso.
la posibilidad las trabas que
C. EL PLAZO RAZONABLE EN LA TOMA DE DECISIONES.
Nuestra Constitución claramente reconoce a toda persona, que ha acudido a los órganos del Estado en procura de la tutela, el derecho a obtener con prontitud la decisión correspondiente 28 , a que la misma se adopte dentro del plazo razonable 29 , por lo que “una justicia tardíamente concedida equivale a una falta de tutela judicial efectiva” 30 . Pero, cuál es el significado de plazo razonable, cómo podemos determinar, en orden al cumplimiento de esta exigencia, su violación o infracción. La respuesta a las interrogantes antes planteadas no es sencilla, sin embargo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en su jurisprudencia, utilizando para ello la posición asumida por la Corte Europea de Derechos Humanos, que “se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la
25 Sentencia No. 379 del 09 de agosto de 2000, expediente No. 99-075, Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
26 Diario de Debates de la Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constituyente No. 25 del 21 de octubre de 1999, p.
28 Así lo dispone el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
29 Esta garantía está contemplada en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 49.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
30 ORTÍZ-ORTÍZ Rafael, Tutela Constitucional Preventiva y Anticipativa, Caracas: Editorial Fronesis, 2001, p. 150.
razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales.” 31 . En definitiva, el cumplimiento de la exigencia de que se tome una decisión dentro de un plazo razonable no depende únicamente de los órganos del Estado y de la dificultad del asunto, sino también del proceder de las partes interesadas. De esa forma, la probidad y diligencia de las partes se constituyen en una obligación que implica actuar de buena fe, absteniéndose de provocar incidencias que conlleven un retraso procesal innecesario.
D. EL DERECHO DE HACER EFECTIVA LA DECISIÓN.
Luego que la persona ha tenido acceso al órgano, judicial o administrativo, para hacer valer sus derechos e intereses, ha contado con un debido proceso y ha obtenido una decisión ajustada al derecho, lo lógico es que tenga la certeza de que el contenido de la misma será respetada por los demás, sean particulares u órganos del Estado, es decir, tenga eficacia y produzca sus efectos. Por ello, la tutela efectiva inicia con el derecho de acceso, continúa con la garantía de un debido proceso y una decisión ajustada al derecho, y concluye con la efectiva aplicación de las consecuencias jurídicas emanadas de la decisión adoptada. De nada vale, por ejemplo, obtener una decisión judicial de desalojo de un grupo de invasores de un terreno si las autoridades llamadas a ejecutar la misma se niegan a ello. Sin duda, “el problema mayor que se presenta es justamente el cumplimiento de las sentencias por parte de las autoridades públicas. Esta realidad debe ser combatida con los remedios procesales adecuados, por ejemplo imposición de penalidades al órgano omiso o a los funcionarios actuantes” 32 .
2. LA TUTELA EFECTIVA ANTE DE LOS ÓRGANOS INTERNACIONALES.
31 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Genie Lacayo, Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C, Párrafo
32 RISSO FERRAND Martín, Derecho Constitucional, Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, Tomo I, Segunda edición, 2006, p. 784.
El derecho a la tutela efectiva no sólo se puede hacer valer en el orden interno, sino también, y por disponerlo así nuestra Constitución Nacional, en el plano internacional. En ese sentido, el artículo 31 de la Constitución venezolana 33 expresamente consagra el derecho de toda persona de acudir a los órganos internacionales con el objeto de solicitar el amparo de sus derechos humanos, es decir el derecho de acceso. Ese derecho de acceso a los órganos internacionales, como serían por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ejerce de conformidad con los tratados que consagran el sistema de protección a ese nivel, donde se refleja la obligación de que los procedimientos seguidos se deban desarrollar respetando las garantías del debido proceso, de tal forma que la decisión que se adopte sea ajustada a derecho. Igualmente, las personas que hayan acudido a los sistemas internacionales de protección tienen el derecho de hacer valer las decisiones pronunciadas por los órganos internacionales, estando, en ese sentido, el Estado venezolano obligado a adoptar las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento al contenido de las mismas 34 . De esa forma, nuestro constituyente, en procura de la garantía de los derechos humanos contra actos arbitrarios del Estado, reconoció constitucionalmente el derecho a la tutela efectiva no sólo ante los órganos internos sino también ante los órganos internacionales.
Como consecuencia de la tutela efectiva, reconocida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se determina la obligación para el Estado venezolano de garantizar una justicia sin dilaciones indebidas, sin
33 El artículo 31 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone: “Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo”.
34 Véase el contenido del artículo 31 de la Constitución venezolana transcrito en la nota 33.
formalismos o reposiciones inútiles, donde no se sacrifique la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. Sin embargo, la tutela efectiva es un derecho complejo que no conlleva únicamente la superación del garantismo formal, sino que implica el respeto y vigencia de múltiples derechos, que no se agotan en las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 26 y 257 de la Constitución venezolana, y que sirven para hacer efectivos los derechos subjetivos de las personas. La tutela efectiva es exigible no sólo en las actuaciones judiciales sino también en todas las actuaciones administrativas, e incluso se reconoce un derecho a la tutela efectiva de los derechos humanos ante de los órganos internacionales. Por ello, la tutela efectiva implica que la persona pueda tener acceso a los órganos judiciales o administrativos, en el orden interno, y a los órganos internacionales que conforman el Sistema de Protección de los Derechos Humanos, es decir, tener acceso al proceso, que deberá desarrollarse cumpliendo una serie de garantías que permitan, en un tiempo razonable, una decisión conforme a derecho, ya sea favorable o desfavorable a la pretensión del individuo, y a que la decisión tomada pueda hacerse efectiva. El derecho a la tutela efectiva es complejo, comprende varios derechos, pero el primero es sin duda el acceso, conocido en la doctrina como el derecho de acceso a la jurisdicción. De acuerdo a la Constitución venezolana toda persona tiene derecho no sólo de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, sino también a ser oído en cualquier clase de proceso e, incluso, a dirigir peticiones ante cualquier autoridad. Una vez que se ha tenido acceso al proceso, la tutela efectiva exige el respeto de las garantías que conforman el debido proceso. No hay una tutela efectiva que, garantizando el acceso al órgano, descuide las exigencias del debido proceso.
Las garantías que informan el debido proceso conforman un pilar fundamental de todo régimen democrático, ya que además de constituir un garantía en sí, sirven para que toda persona afectada en sus derechos por cualquier acto arbitrario emanado de los Estados, pueda lograr la restitución de la
situación jurídica infringida y, a su vez, la respectiva indemnización por los daños causados, dentro de las cuales se destaca el derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial. Resulta incompatible con la garantía de un tribunal independiente la existencia de jueces provisorios en Venezuela, entendidos éstos como aquellos nombrados de forma discrecional por la Comisión de Emergencia Judicial, por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia o por la Sala Plena de ese mismo Tribunal, sin el respectivo concurso de oposición. Ya que estos jueces provisorios no están sujetos a la carrera judicial y por tanto se encuentran excluidos de los beneficios de estabilidad y permanencia que de esta dimanan, circunstancia que facilita la ingerencia externa en la toma de decisiones por parte de estos jueces. No toda infracción de las reglas o formas procesales conlleva la nulidad de lo actuado, si no sólo aquellas que afecten la igualdad y el equilibrio de las partes, de tal forma que se vea afectado su derecho al debido proceso y el derecho la defensa. Así, no existe una garantía de la forma, sino contra la consecuencia dañina generada por su quebrantamiento. De esa manera se refleja la exigencia constitucional de una justicia sin formalismos o reposiciones inútiles, donde no se sacrifica la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. Nuestra Constitución claramente reconoce a toda persona, que ha acudido a los órganos del Estado en procura de la tutela, el derecho a obtener con prontitud la decisión correspondiente, a que la misma se adopte dentro del plazo razonable.
En lo atinente al plazo razonable, se debe tomar en cuenta para su determinación tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales, y, adicionalmente, el plazo en el conjunto de su trámite lo que se llama “análisis global del procedimiento”. El cumplimiento de la exigencia de que se tome una decisión dentro de un plazo razonable no depende únicamente de los órganos del Estado y de la dificultad del asunto, sino también del proceder de las partes interesadas. De esa
forma, la probidad y diligencia de las partes se constituyen en una obligación que
implica actuar de buena fe, absteniéndose de provocar incidencias que conlleven
un retraso procesal innecesario.
Luego que la persona ha tenido acceso al órgano, judicial o
administrativo, para hacer valer sus derechos e intereses, ha contado con un
debido proceso y ha obtenido una decisión ajustada al derecho, lo lógico es que
tenga la certeza de que el contenido de la misma será respetada por los demás,
sean particulares u órganos del Estado, es decir, tenga eficacia y produzca sus
Nuestro constituyente, en procura de la garantía de los derechos
humanos contra actos arbitrarios del Estado, reconoció constitucionalmente el
derecho a la tutela efectiva no sólo ante los órganos internos sino también ante los
órganos internacionales.
En fin, la tutela efectiva inicia con el derecho de acceso, continúa con
la garantía de un debido proceso y una decisión ajustada al derecho, y concluye
con la efectiva aplicación de las consecuencias jurídicas emanadas de la decisión
adoptada. Por ello, la vigencia de la tutela efectiva pasa por el respeto de todo el
conjunto de derechos que le sirven de sustento.
CASAL HERNÁNDEZ Jesús María, Aspectos Conceptuales del Acceso a la Justicia. En Acceso a la Justicia. La Universidad por la vigencia efectiva de los Derechos Humanos, Caracas: 2006, pp. 17-43.
GOIG MARTÍNEZ Juan Manuel y otros, El Sistema Constitucional de derechos y libertades según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Madrid: Editorial Universitas Internacional, 2006
ORTÍZ-ORTÍZ Rafael, Tutela Constitucional Preventiva y Anticipativa, Caracas:
Editorial Fronesis, 2001.
RISSO FERRAND Martín, Derecho Constitucional, Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, Tomo I, Segunda edición, 2006.
∑∑∑∑ Declaración Universal de Derechos Humanos.
∑∑∑∑ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
∑∑∑∑ Convención sobre los Derechos del Niño.
∑∑∑∑ Convención Americana sobre Derechos Humanos. "Pacto de San José de Costa Rica".
∑∑∑∑ Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
∑∑∑∑ Diario
Constituyente No. 25 del 21 de octubre de 1999.
- Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
∑∑∑∑ Caso Genie Lacayo, Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C, No. 30.
∑∑∑∑ Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C, No. 33.
∑∑∑∑ Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C, No.
∑∑∑∑ Caso Tribunal Constitucional, Sentencia de 31 de enero de 2001, Serie C, No. 71.
∑∑∑∑ Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008, Serie C, No. 182.
∑∑∑∑ Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, Sentencia de 30 de junio de 2009, Serie C, No.197, párrafo. 68.
- Sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
∑∑∑∑ Considerando I de la sentencia 1739-92, del 1 de julio de 1992 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
- Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
∑∑∑∑ Sentencia No. 72 del 26 de enero de 2001, expediente No. 00-2806, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
∑∑∑∑ Sentencia No.926 del 01 de junio de 2001, exp.01-0409, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
Sentencia No. 02 del 24 de enero de 2001, expediente No. 00-1023, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
Sentencia No. 241 del 18 de abril de 2002, expediente No. 01-692, Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
Sentencia No. 379 del 09 de agosto de 2000, expediente No. 99-075, Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
Sentencia No. 113 del 27 de marzo de 2003 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
- Documentación en Internet.
∑ Las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se pueden consultar en: http://www.tsj.gov.ve
∑ La sentencia de la Corte Suprema de Costa Rica se puede consultar en:
∑ La sentencia del Tribunal Constitucional del Perú se puede consultar en:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/10719-2006-AA.html
∑ Las leyes de Venezuela en: http://www.leyesvenezolanas.com
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