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Responsabilidad médica extracontractual - Página 2
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Pretenden los demandantes, que se declaren civilmente responsables a la EPS e IPS demandadas de todos los daños y perjuicios a ellos ocasionados por la muerte de su esposo y padre, a causa de un tardío e inadecuado tratamiento médico para la afección cardiaca que padecía. Como consecuencia de lo anterior, solicitan se les condene al pago de los perjuicios materiales y morales. Los demandados se opusieron a las pretensiones alegando ausencia de conducta culposa y de nexo causal entre el hecho y el daño, dado que fue generado por culpa exclusiva de la víctima. El Juzgado de primera instancia negó las pretensiones de la demanda bajo el argumento de no haberse acreditado la culpa de la parte demandada, ni el nexo causal entre la conducta de ésta y el resultado, decisión que fue confirmada por el tribunal, porque de las pruebas testimoniales, no se infería la negligencia, impericia o imprudencia de los encargados de atender la salud del paciente fallecido. Contra dicha providencia la parte demandante interpuso recurso de casación que prosperó al hallarse configurado el cargo por error de hecho en la valoración probatoria de la negligencia médica. La Corte actuando en sede de segunda instancia estima los pedimentos de la cónyuge supérstite y los hijos.
Radicación n° 11001-31-03-018-2005-00488-01
Bogotá D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).
Casada la sentencia de 13 de marzo de 2012 proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., dentro del proceso ordinario promovido por Melba Inés Rodríguez Gómez, César Augusto, Julián Enrique y Aiza Fernanda Cantillo Rodríguez, contra la EPS Famisanar Ltda. Cafam - Colsubsidio y la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio, entidad ésta quien llamó en garantía a Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., Aseguradora Colseguros S.A. y Compañía Suramericana de Seguros S.A., procede la Corte a emitir la correspondiente sentencia sustitutiva, tendiente a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el proveído de 18 de marzo de 2011, emitido por el juzgado 1º Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá.
1. En el libelo introductorio, los accionantes solicitaron declarar a las convocadas civilmente responsables de todos los daños y perjuicios a ellos ocasionados por la muerte de su esposo y padre Julio Enrique Cantillo Rueda, consecuencia de lo cual pretenden que se les reconozca las siguientes cantidades dinerarias: $5.000.000,oo por daño emergente; $1.307.475.000,oo como lucro cesante y “1000 salarios mínimos” para cada uno de ellos por los perjuicios morales causados, sumas indexadas hasta el momento de su pago, junto con los respectivos intereses.
1.4. El mencionado señor, esposo de Melba Inés Rodríguez y padre de Julián Enrique de 22 años, Aiza Fernanda de 19, y César Augusto de 16, en 1985 había egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad La Gran Colombia y aunque no se había graduado, dada su brillantez y conocimientos jurídicos era requerido por diversos abogados a quienes asesoraba y les colaboraba realizando demandas y memoriales, actividad por la cual recibía un promedio mensual de $7.000.000,oo, que le permitía contribuir con los gastos del hogar en un 75%.
Según lo expresado ante la justicia penal por la experta de medicina legal, agrega el sentenciador, «la miocarditis es un evento de difícil diagnóstico» y de todas formas, la obligación de aquella era de medio, no de resultado. (fls. 442, 444 y 450).
2. Igualmente, se halla acreditada la legitimación en la causa por activa, pues no se ha desconocido la calidad de cónyuge e hijos del fallecido respecto de quien reclaman el resarcimiento del daño irrogado, vínculo y suceso demostrados con los registros civiles de matrimonio, nacimiento y defunción, respectivamente (fls. 5 a 9 c.1). Tampoco se cuestionó la legitimidad de los convocados.
Al respecto, esta Corporación, en fallo CSJ SC 31 jul. 2008, Rad. 2001-00096-01, reiteró:
Igualmente, en sentencia CSJ SC 17 nov. 2011, Rad. 1999-00533-01 precisó:
a.- Requerir a la parte actora para que allegue (…) los extractos de las cuentas que (…) [Julio Enrique Cantillo Rueda] tuviera en entidades bancarias, o informar el número de éstas y la respectiva entidad, para que la Corte pueda solicitarlos, a fin de establecer los ingresos por él percibidos.
b.- Ampliar los testimonios de (…) María Fernanda Castro Castro, Colombia Nicholls Arias, Gustavo Coronado Pinto y Pablo Edgar Galeano Calderón, rendidos ante el juez de primera instancia, quienes en la misma audiencia, cuya fecha y hora se señalará ulteriormente, exhibirán los comprobantes de los pagos efectuados al mencionado occiso por concepto de la remuneración de los servicios que a ellos les prestaba, si la tienen, en donde conste que fueron recibidos por él o consignados a sus cuentas bancarias, e igualmente, los registros y soportes de tales erogaciones.
c.- Practicar dictamen pericial, una vez obtenida la anterior información, para determinar de manera razonada y concreta el monto de los perjuicios materiales sufridos por los accionantes, indicando el nivel de gastos de la familia del occiso. (…).
Dado que aquella expidió certificación atinente a que Julio Enrique Cantillo Rueda «[l]e colaboró en muchos procesos, en el planteamiento de demandas, y de soluciones a los diferentes problemas que se iban presentando» por cuyos servicios, sin «[haber tenido] una relación laboral de subordinación y dependencia que llegare a constituir contrato laboral», ella «le cancelaba en forma mensual aproximadamente un promedio de ochocientos mil pesos ($800.000)», al requerírsele exhibir los soportes de los aludidos pagos, dijo carecer de ellos, pues «eran sumas que se entregaban en efectivo, nunca se le exigió una cuenta de cobro, siempre se le pagaba de inmediato, ni el pasó cuenta de cobro ni se le exigió» (fl. 89 c.4); «no se hizo recibos contables (…) no habían firmas de recibo del señor Cantillo» (fls. 204 y 205 c. Corte).
Por su parte, el profesional del derecho Gustavo Coronado Pinto emitió certificación con idéntico contenido de la anterior, excepto el monto de la remuneración, el cual señaló en «aproximadamente (…) un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) mensuales», e igualmente manifestó no haber dejado ningún comprobante demostrativo de los pagos efectuados al señor Cantillo Rueda (Fls. 38 c.1 y 207 c. Corte).
El abogado Pablo Edgar Galeano Calderón, quien desatendió el llamado de la Corte a ampliar su declaración y a presentar los soportes de los pagos efectuados al citado fallecido, también certificó que éste le colaboró elaborando memoriales, demandas, contestaciones de ellas, labor por la cual, «sin que en ningún momento existiera vínculo laboral, mensualmente (…) le cancelaba un promedio de tres millones de pesos ($3.000.000)». Tampoco allegó soportes de tal remuneración, pues según explicó, «[e]n muchos casos, los pagos se hicieron a la mano por la fórmula irregular en que [éste] manejaba sus dineros» (fls. 36 c.1, 41 y ss c.5).
7.3. Según la información suministrada por la Universidad La Gran Colombia, el hoy fallecido «cursó cinco años de la carrera de derecho, durante los periodos académicos 1971, 1972, 1973, 1978, y 1987 respectivamente, es de anotar que presenta pasivos (materias perdidas o no cursadas)» (fl. 115 c.4).
7.4. María Fernanda Castro Castro, anunciada como contadora pública expidió constancia señalando que el antes nombrado «durante los años 2.001, 2.002, y 2.003 prestó sus servicios como sustanciador al Dr. Pablo Edgar Galeano Calderón (…), concepto por el cual recibió los siguientes ingresos: Año 2.001: La suma de veinte millones de pesos ($20.000.000,oo) Mcte.- Año 2.002: La suma de veinticinco millones de pesos ($25.000.000,oo Mcte.- Año 2.003: La suma de veintiocho millones de pesos ($28.000.000,oo Mcte)» (fl. 37 c.1).
7.5. Según Ligia Villamizar Berbesi, como Julio Enrique Cantillo Rueda había estudiado derecho, aunque no se graduó, era consultado por varios abogados a quienes les «explicaba cómo se debían hacer las demandas, y memoriales que debía[n] pasar a los juzgados», devengando «más o menos entre cinco y siete millones mensuales», agregando que a raíz de la muerte de aquél, su esposa e hijos se afectaron económica y moralmente (fls. 65-67 c.4).
En similares términos se refirieron Imelda Garzón Sandoval, Ana Elena García Gutiérrez, Alfredo Onzaga Cavanzo y María Fernanda Jiménez León, pero no indicaron y menos evidenciaron, el monto de los ingresos obtenidos por aquél, como producto de los trabajos y asesorías brindadas a los profesionales del derecho que lo empleaban (fls. 71, 75, 78 y 81 c.4).
7.6.1. Recibo de caja expedido el 28 de junio de 2003 por «Funerales Los Olivos», el cual da cuenta del pago de $1.140.000,oo efectuado por «Rodríguez Gómez Melba Inés», por concepto de servicios funerarios (fl. 43 c.1).
7.6.2. Recibo de caja otorgado el «07-03-2003» por «Jardines del Recuerdo», a nombre de Carmen Edith Cantillo Rueda, en cuantía de $406.000,oo, a título de «cuota inicial», «No. Contrato 0000824» (fl. 44 c.1).
7.6.3. Recibo de caja extendido el «07-17-2003» por «Parques y Funerarias S.A.», a la antes citada, en cuantía de $1.304.000,oo, sin especificar el concepto, aunque alude al «No. Contrato 303100000824» (fl. 44 c.1).
7.6.4. Letra de cambio girada el «3 de julio de 2003» por Melba Inés Rodríguez a favor de la antes mencionada Carmen Edith, por $1.710.000,oo (fl. 43 c.1), sin que conste la razón de dicho título.
7.7. En la experticia dispuesta por la Corte, el auxiliar de la justicia tasó el aludido daño, sobre un monto de $5.000.000 que indexó, correspondiente, según expuso, a los gastos del sepelio sufragados por la cónyuge.
El lucro cesante lo determinó a partir de unos «ingresos acreditados» percibidos por el señor Julio Enrique Cantillo Rueda correspondientes a $1.780.000,oo, para lo cual «tomó como referencia, la declaración de renta del Dr. Pablo Galeano», más «otros ingresos» obtenidos en el año 2003 y calificados por el perito como «extraordinario[s] (…) que hubiese podido tener», por valor de $332.000,oo, sumas actualizadas a abril de 2014.
Finalmente valoró el daño moral en $53.000.000, para cada uno de los demandantes (fls. 243 y ss c. Corte).
No fueron demostrados los ingresos de aquél; por tanto, agregan, el monto sobre el cual edificó el dictamen, es incierto, hipotético y especulativo, pues además de que el «denomina[do] arbitrariamente (…) ingreso extraordinario» carece de soporte probatorio, la suma de $1.780.000,oo no la extrajo de la declaración de renta del señor Cantillo Rueda, sino de la del Dr. Pablo Edgar Galeano, a partir de un balance de prueba aportado por quien fuera su contadora, pero sin ningún soporte, todo lo cual impide su aceptación.
Así lo ha concebido la Corte, entre otras, en sentencia CSJ SC 9 jul. 2012, rad. 2002-00101-01, cuando expuso:
8.2.1. Respecto del daño emergente, el auxiliar de la justicia partió de $5.000.000,oo para su tasación. No obstante, ese guarismo no puede ser acogido por la Corte, al no corresponder a lo acreditado como «gastos del sepelio», según el auxiliar de la justicia, «pag[ados] (…) por la señora Melba Inés Rodríguez Gómez».
En efecto, conforme se indicó en el punto 7.6. de estas consideraciones, la parte demandante allegó, además de un título valor, tres recibos de caja, pretendiendo la acreditación del daño emergente sufrido, de los cuales únicamente el inicialmente relacionado cuenta con fuerza persuasiva para reconocer su cuantía, al figurar la erogación a cargo de la cónyuge del difunto, por concepto de servicios funerarios.
Esta Corporación, en un caso de perfiles afines al actual, en sentencia CSJ SC 19 jul. 2002, rad. 2777, casó la impugnada extraordinariamente, porque el juzgador de segundo grado, al liquidar el daño emergente, tuvo en cuenta unos recibos de pago que aparecían a nombre de una persona distinta a los accionantes. Así se expresó:
Ya pasando al tema del daño emergente, se observa cómo el tribunal encontró que el mismo estaba constituido por los gastos de entierro, velación y transporte para acompañantes, que según recibo de la 'Casa de Funerales la Ermita' ascendió a $431.338, y por el costo de la caja mortuoria, que cual lo certifica la 'Funeraria San Luis', fue de $350.000.
Mas el recurrente aduce que el recibo de pago correspondiente al primer rubro, el de $431.338 (folios 32 y 33 del c. ppal), no podía ser tenido como prueba del daño emergente reclamado en este proceso, pues esa constancia de pago aparece extendida a nombre de Jorge Enrique Álvarez., circunstancia que el juzgador, errando de hecho por cercenamiento del medio, no tuvo en cuenta.
Así las cosas, se procede a concretar el monto del daño emergente a favor de la demandante Melba Inés Rodríguez Gómez, para lo cual solo se tendrá en cuenta la inicial factura. Por tanto, en consideración al tiempo transcurrido entre el momento de la erogación (28 de junio de 2003) y el último día de agosto de 2016, se impone traer a valor presente la suma a reconocer, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula: Va = Vp X Índice final
Al respecto, según lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 177 del C. de P.C., y en el actual 167, párrafo final del Código General del Proceso, el señalado referente económico, al ser hecho notorio, no requiere prueba en el proceso.
Como el índice de precios al consumidor para agosto de 2016, conforme al último dato disponible, fue de 132.85, y para el 28 de junio de 2003, fecha de la factura contentiva del monto a indexar, era de 74,97, entonces, el daño emergente asciende a $2.006.442,58, monto obtenido de la siguiente operación:
Va = $1.140.000,oo X 132.85 = $2.020.128,05
8.2.2. En lo concerniente al lucro cesante, se recuerda, el perito designado oficiosamente por la Corte, lo obtuvo de sumar unos «ingresos acreditados» de $1.780.000,oo, extraídos de «la declaración de renta del Dr. Pablo Galeano, [obrante en el] cuaderno 5», quien según aquél, «declara haber pagado como contraprestación a los servicios jurídicos recibidos por el señor Rueda» y, «un ingreso extraordinario por valor de $332.000, que hubiese podido tener».
Revisadas las copias informales del aludido documento correspondiente a los años gravables 2002 y 2003 (fls. 36 a 38 c.5), no consta la aseveración del auxiliar de la justicia y no puede figurar, porque normalmente, esos datos no suelen consignarse en la declaración de renta, la cual solo es un compendio de la vida financiera de las personas a cuyo cargo se halla, con corte a 31 de diciembre del año anterior al de su presentación.
Y de referirse al escrito denominado «Balance de prueba» de aquél declarante tributario (fls. 29 a 35 c.5), correspondiente a diciembre de 2002, en donde se relacionan como «abogados», entre otros, a «cantillo julio» e igualmente, unos montos por honorarios, en el caso de éste, equivalentes a «$1.780.000,oo», tal documento carece de mérito demostrativo, puesto que fuera de desconocerse su autoría, se halla incompleto, solo comprende el último mes del mencionado año gravable.
Si de conformidad con lo previsto en el numeral 6° del artículo 237 del C. de P. C., «[e]l dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones», según lo antes expuesto, es evidente la inobservancia de tales requisitos por parte de quien lo rindió y en esa medida, carece de eficacia probatoria, pues éste no desplegó ninguna actividad tendiente a establecer con certeza, el auténtico ingreso del extinto Cantillo Rueda, edificándolo sobre unas cuantías sin respaldo.
Véase además, cómo para extraer el monto final de lo devengado por Julio Enrique Cantillo, el perito adicionó al que, según él, fue indicado en «la declaración de renta del Dr. Pablo Galeano», «un ingreso extraordinario por valor de $332.000, que hubiese podido tener», sin exponer razón alguna del origen de este último rubro, lo cual denota una asignación supuesta, irreal y por lo mismo, sin cimiento, como lo denotan los objetantes.
Sobre el punto, la Sala, en sentencia CSJ SC, 6 ago. 2002, Rad. 6148, precisó:
Según ha quedado visto, los abogados Gustavo Coronado Pinto, Colombia Nicholls Arias y Pablo Edgar Galeano Calderón certificaron haberle pagado mensualmente al hoy fallecido, quien estudió derecho pero no se graduó, $1.500.000, $800.000 y $3.000.000, respectivamente, por la colaboración prestada, según los dos primeros, «en el planteamiento de demandas, y de soluciones a los diferentes problemas que se iban presentando» y el segundo, por la elaboración de memoriales, demandas y contestaciones de ellas.
Así lo expresó esta Sala, en fallo CSJ SC 16 nov. 1999, Rad. 5223, cuando dijo:
Obsérvese cómo según aquél jurista, al hoy fallecido le pagaba «un promedio de tres millones de pesos» mensuales, es decir aproximadamente $36.000.000 anuales. A su turno, María Fernanda Castro Castro, contadora pública del mismo certifica que las sumas sufragadas a Julio Enrique Cantillo Rueda en 2001, 2002 y 2003, corresponden a $20.000.000, $25.000.000, y $28.000.000, respectivamente.
Lo anterior pone de presente la fragilidad antes advertida, pues conforme a la aseveración de la contadora, lo pagado al ahora fallecido en tales anualidades estaría en el orden de $1.6000.000, $2.000.000 y $4.500.000, suma esta última perteneciente a la fracción de 2003, habida cuenta que su deceso se produjo en el mes de junio; por tanto, no era viable certificarse todo el año, como aquella procedió.
Respecto de esta temática, la Junta Central de Contadores, en la Circular Externa 44 de 10 de noviembre de 2005, publicada en el diario Oficial nº 46.114 del 6 de diciembre de dicho año, precisó:
8.6. Lo anterior evidencia la falta de acreditación del citado componente indemnizatorio, toda vez que ni con los aludidos medios probatorios, ni con los restantes recaudados se pudo dilucidar cuál era en realidad, el ingreso mensual del esposo y padre de los accionantes, menos si se tiene en cuenta que previamente a su muerte no cotizaba para pensión, pues si bien lo hizo con el Instituto de Seguro Social en septiembre de 1995 con un IBC de $118.933 y en abril de 1997 con un IBC de $350.000 (fls. 55-56 c.2), de allí no se desprende el ingreso percibido en la época de su deceso. Tampoco puede obtenerse aquél de los aportes al SGSSS, puesto que la cotizante era su esposa y él, su beneficiario (fls. 62-63).
Así lo ha concebido esta Corporación entre otros, en fallo CSJ SC 6 ago. 2009, Rad. 1994-01268-01, cuando expuso:
Evidentemente, en aquellos casos en los que, a raíz de las peculiaridades propias que este ofrece, se carece de la prueba directa que permita establecer, sin mayores tropiezos, la respectiva remuneración pecuniaria -por ejemplo, cuando se tiene certeza de que la víctima ejercía actividades lícitas lucrativas, no en desarrollo de una relación laboral o de una contratación semejante sino de una gestión independiente-, como lo ha dicho la Corte, se tornaría inviable sostener, a rajatabla, que la víctima ‘no las hubiera realizado, o que no se causó o percibió la respectiva contraprestación’; es claro ‘que resultaría abiertamente contrario a la equidad que -por las resaltadas dificultades de tipo probatorio- se negara a los afectados la indemnización a que ciertamente tienen derecho de conformidad con las normas que regulan el tema, contenidas, principalmente, en los artículos 1613, 2341, 2343 y 2356 del Código Civil’; desde luego que ‘hay casos en que sería injusto no concretar el valor de la indemnización so pretexto de que a pesar de estar demostrada la existencia del daño, su cuantificación no ha sido posible, pues, ante esta circunstancia, el juez… ha de acceder a criterios de equidad que le impiden soslayar los derechos de las víctimas’ (…).
Igualmente, sobre dicha temática, en fallo CSJ SC 20 nov. 2013, Rad. 2002-01011-01, la Sala señaló:
El aludido proceder, según lo expuesto, ha sido adoptado por esta Corporación, entre otros en la providencia CSJ SC 6 ago. 2009, atrás mencionada, cuando dijo:
Por tanto, si el gobierno nacional, mediante decreto nº 2552 del 30 de diciembre de 2015 fijó el salario mínimo mensual que regiría durante 2016, en la suma de $689.455.oo, dicha cuantía será la base de la liquidación del lucro cesante.
De ese monto, se deducirá el 25% por concepto de gastos personales del difunto, esto es, $172.363,75, estimativo que la Corte ha considerado procedente aplicar en materia resarcitoria y como igualmente así fue propuesto por los demandantes, queda la cantidad de $517.091,oo para la cuantificación de los perjuicios, la cual será distribuida entre quienes tienen derecho a ser indemnizados, con corte al último día del mes de agosto de 2016.
En este asunto, la profesional del derecho, esposa de Julio Enrique Cantillo Rueda confesó que para el momento del deceso de éste, ella se hallaba vinculada laboralmente con la empresa HGM Arquitectos Constructores, devengando un salario mínimo, razón por la cual, era cotizante al sistema general de seguridad social en salud y aquel, uno de sus beneficiarios, situación ésta acreditada en el proceso (fl. 76 c.2).
10. Así las cosas, el ingreso base de la liquidación equivalente a $517.091,oo, en principio, será repartido en partes iguales, entre la cónyuge supérstite y los hijos, es decir, la suma de $258.545,50, para una y otros.
Según el registro civil de nacimiento del señor Julio Enrique Cantillo Rueda, este hecho acaeció el 24 de agosto de 1951 (fl. 185 c. de la Corte), y como su muerte se produjo el 27 de junio de 2003, acreditada con el respectivo documento oficial de defunción (fl. 9 c. 1), es claro que en ese entonces contaba con 51 años, 10 meses y 3 días de edad.
Con base en los anteriores datos y en la tabla de mortalidad para varones, fijada en la Resolución 0497 de 20 de mayo de 1997, expedida por la otrora Superintendencia Bancaria, vigente para cuando se produjo el deceso, directriz considerada hecho notorio que por lo tanto no requiere prueba, aquél tenía una probabilidad de vida de 80.96 años, o 971,52 meses, es decir, que a 31 de agosto de 2016, momento de corte de la presente liquidación, de haber sobrevivido contaría con 65.02 años o 780,24 meses, lo cual indica que, según la aludida normativa, aún gozaría de una expectativa de vida de 15.94 años, o 191,28 meses.
En orden a obtener el mencionado componente del perjuicio, se atenderá al lapso transcurrido entre la época del deceso del señor Julio Enrique Cantillo Rueda (27 de junio de 2003), la fecha de corte de la liquidación (31 de agosto de 2016), esto es, 158 meses y el valor del ingreso actualizado, correspondiente a dicha beneficiaria, es decir, el 50% de $517.091,oo, lo cual, como antes se expuso equivale a $258.545,50, propósito para el cual se aplicará la siguiente fórmula: «VA = LCM x Sn».
Este procedimiento toma en cuenta los elementos y significados, seguidamente explicados: VA: Corresponde al «valor actual» incluidos réditos del 0.005 mensual. LCM: Equivale al «lucro cesante mensual actualizado», esto es, $258.545,50. Sn: Factor financiero de capitalización, resultante de la «fórmula» inserta a continuación: Sn = -1
El ingrediente «i», atañe a los intereses legales del 6% anual, financieramente expresados como 0.005 y «n», al número de meses que comprende el cálculo, el cual arroja el siguiente resultado: Sn = -1 / 0.005 = 240,16.
Por tanto, VA = $258.545,50 x 240,16 = $62.092.287.28
El anterior ejercicio permite señalar que el «lucro cesante pasado o consolidado» para la cónyuge demandante asciende a la suma de $62.092.287.28.
10.2. En relación con los descendientes del causante, conforme a lo precedentemente expuesto, el monto sobre el cual ha de realizarse la liquidación corresponde al 50% del ingreso base de ella ($517.091), esto es, $258.545,50, distribuidos en igual proporción entre los 3, es decir, el 16.6%, lo cual indica que el cálculo se efectuará sobre un valor de $86.181,83, para cada uno.
Según consta en el respectivo registro civil (fl. 6 c1), su nacimiento tuvo lugar el 25 de julio de 1982, lo cual indica que en la misma época de 2007 alcanzó sus 25 años, y como su progenitor falleció el 27 de junio de 2003, significa que el lapso a indemnizar es de 48.93 meses, guarismo faltante para cumplir dicha edad. Ahora, dado que el pago se efectúa posteriormente, la indemnización resultante será actualizada hasta la fecha del presente cálculo (31 de agosto de 2016), la cual se obtiene de las siguientes fórmulas y operaciones: «LCC = LCM x Sn». Así, se tiene: «LCM = $86.181,83».
Sn = -1 . Por ello, Sn = -1 = 55.28
VA = $86.181,83 x 55.28 = $4.764.131,56
La anterior suma, actualizada a la fecha de corte (31 de agosto de 2016) asciende a $6.877.619,97, obtenida de la siguiente fórmula:
Va = Vp X Índice final
Va = 4.764.131,56 X 132.85 = $6.877.266,95
El respectivo registro civil (fl. 7 c1), da cuenta de haber nacido el 7 de octubre de 1985, y esa misma información conduce a sostener que en la misma data de 2010 cumplió 25 años. El cálculo, en consecuencia, se extenderá hasta allí y desde el momento de fallecimiento de su padre (27 de junio de 2003), es decir, 87.37 meses. Para ello, se acudirá al mismo procedimiento anterior, así:
Sn = -1. De contera, Sn = -1 = 109.22
VA = $86.181,83 x 109.22 = $9.412.779,47.
En razón de efectuarse el pago con posterioridad, la citada suma se actualizará desde el momento en que ella cumplió 25 años y el de este cálculo (30 de junio de 2016), con base en las mismas fórmulas y operaciones, antes referidas.
Va = 9.412.779,47 X 132.85 = $11.982.443,01
Consta en su respectivo registro civil (fl. 8 c1), haber nacido el 15 de enero de 1989, es decir, que en la misma fecha de 2014 llegó a la edad de 25 años. En consecuencia, el periodo del resarcimiento partirá del día en que murió su padre (27 de junio de 2003) y hasta la anterior fecha, esto es, 126.66 meses. Para ello, se acudirá al mismo procedimiento adoptado en precedencia, así:
Sn = -1. Así, se tiene: Sn = -1 = 176.17
VA = $86.181,83 x 176.17 = $15.182.652,99.
Como el resarcimiento no se produjo en el momento en que arribó a los 25 años, la precitada cifra será actualizada, desde cuando ese hecho sucedió y hasta la época de este cómputo (31 de agosto de 2016), con base en las fórmulas y operaciones aplicadas con antelación:
Va=Vp x Índice final= Va=$15.182.652,99x132.85 = $17.609.703,59
Índice inicial 114.54
10.3. En lo concerniente al lucro cesante futuro, cabe señalar que en razón de haber superado la edad límite de 25 años, según lo precedentemente expuesto, los descendientes del señor Cantillo Rueda no participarán de este componente del daño, sino únicamente su cónyuge, a quien por tanto, le corresponderá la totalidad del mismo, fundado en el ingreso base de la liquidación ($517.091).
Para el cálculo de aquel, se parte de multiplicar el monto indemnizable actualizado, con deducción de réditos por anticipo de capital del 6% anual ó 0.005 mensual, según el índice exacto correspondiente a los meses faltantes para llegar a la edad esperada. Así, el periodo a tener en cuenta, en este caso, es el de la vida probable del fallecido (971,28 meses), con deducción del lapso utilizado en la operación para obtener el lucro cesante pasado (780,24 meses), es decir, 191 meses, de acuerdo con la fórmula, subsiguientemente explicada: «LCF = LCM x an».
LCF = Lucro cesante futuro. LCM = Lucro cesante mensual ($517.091,25). An = Factor financiero de descuento, por pago anticipado, el cual se obtiene de la fórmula que a continuación se inserta: An = –1
Al realizar el señalado procedimiento, se obtiene la siguiente conclusión: An = –1 = 122.96
En ese orden, se tiene: LCF = $517.091 x 122.96 = $63.581.509,36.
En relación con el detrimento moral, la Sala en CSJ SC 28 may. 2012, Rad. 2002-00101-01, señaló:
Y, en cuanto al monto de dicha reparación, recientemente, la Corte, en sentencia CSJ SC13925-2016, rad. 2005-00174-01, lo fijó en $60.000.000. Al efecto, expuso:
Siguiendo las pautas reseñadas, se tasarán los perjuicios morales sufridos por los demandantes en la suma de $60’000.000 para cada uno de los padres; $60’000.000 para el esposo; y $60’000.000 para cada uno de los hijos.
El anterior monto se estima razonable, puesto que esta Sala, en circunstancias fácticas similares, ha condenado en el pasado al pago de $53.000.000 (SC del 17 de noviembre de 2011, Exp. 1999-533), y $55.000.000 (SC del 9 de julio de 2012, Exp. 2002-101-01).
‘Adviértase que no se trata de aplicar corrección o actualización monetaria a las cifras señaladas por la Corte de antaño, por cuanto el daño moral no admite indexación monetaria, sino de ajustar el monto de la reparación de esta lesión, como parámetro de referencia o guía a los funcionarios judiciales, a las exigencias de la época contemporánea…’ (SC del 17 de noviembre de 2011, Exp. 1999-533).
Así las cosas, con observancia de las pautas jurisprudenciales de esta Corporación, se calculará esa variedad de perjuicio sufrido por los demandantes, en la suma de $60.000.000, para cada uno.
Naturaleza de la indemnización
1. Melba Inés Rodríguez Gómez (Cónyuge)
1.4. Perjuicio moral
$2.020.128,05
$62.092.287,28
$63.581.509,36
$60.000.000,oo
$187.693.925,oo
2. Julián Enrique Cantillo Rodríguez (Hijo)
2.1. Lucro Cesante Pasado o consolidado
$6.877.266,95
$66.877.267,oo
3. Aiza Fernanda Cantillo Rodríguez (Hija)
3.1. Lucro Cesante Pasado o consolidado
3.2. Detrimento moral
$11.982.443,01
$71.982.443,oo
4. César Augusto Cantillo Rodríguez (Hijo)
4.1. Lucro Cesante Pasado o consolidado
4.2. Menoscabo moral
$17.609.730,59
$77.609.731,oo
$404.163.366,oo
Al respecto, la Corte en fallo CSJ SC 24 oct. 2000, Rad. 5387, expuso:
Como en el presente asunto, la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio llamó en garantía a Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., a la Aseguradora Colseguros S.A. y a la Compañía Suramericana de Seguros S.A. en virtud de los contratos de seguro referidos en las Pólizas Nos 20003 y 20004 expedidas el «11/12/2002» con vigencia entre el «30/11/2002 [y el] 30/11/2003» (fls. 3-16 c.3), documentos con los cuales se acredita el vínculo contractual existente entre la citante y las llamadas, el mismo debe ser atendido, pues fue amparada la responsabilidad civil médica de la entidad asegurada inicialmente mencionada, en las proporciones antes referidas, esto es, en el 50%, 30% y 20%, respectivamente.
13. Finalmente, ante la prosperidad de la impugnación, se condenará en costas de ambas instancias a las accionadas, como lo establece el numeral 4° del artículo 365 del Código General del Proceso.
Cuarto: Declarar solidariamente responsable a la parte demandada, EPS Famisanar Ltda. Cafam - Colsubsidio y la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio, de los perjuicios ocasionados a los accionantes Melba Inés Rodríguez Gómez, Julián Enrique, Aiza Fernanda y César Augusto Cantillo Rodríguez, en razón del fallecimiento de su esposo y padre Julio Enrique Cantillo Rueda, de acuerdo con lo esgrimido en la parte motiva de este fallo.
1. A Melba Inés Rodríguez Gómez $2.020.128,oo por concepto de daño emergente, $62.092.287,oo por lucro cesante pasado o consolidado, $63.581.509,oo por lucro cesante futuro, y $60.000.000,oo por perjuicio moral, para un total de $187.693.925,oo.
2. A Julián Enrique Cantillo Rodríguez, $6.877.267,oo a título de lucro cesante pasado o consolidado y $60.000.000,oo de detrimento moral, para un total de $66.877.267,oo.
3. A Aiza Fernanda Cantillo Rodríguez, $11.982.443,oo por lucro cesante pasado o consolidado y $55.000.000,oo por daño moral, para un total de $71.982.443,oo.
4. A César Augusto Cantillo Rodríguez, $17.609.704,oo por lucro cesante pasado o consolidado, y $60.000.000,oo por perjuicio moral, para un total de $77.609.731,oo.
Séptimo: Declarar que la demandada Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio, tiene derecho a ser reintegrada por parte de las llamadas en garantía Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., Aseguradora Colseguros S.A. y Compañía Suramericana de Seguros S.A. en el pago efectuado por ella a los accionantes de lo atinente al lucro cesante, hasta el límite asegurado, en los porcentajes convenidos u observando la distribución del riesgo entre ellas y atendiendo el deducible igualmente pactado.
Octavo: Condenar en costas de ambas instancias a las accionadas y en la liquidación a cargo del juzgado de primera instancia, como lo impone el artículo 366 del Código General del Proceso, fijar las de segundo grado en la suma de $10.000.000,oo.
1 CSJ SC 3 dic. 1998, rad. 5044
2 Inciso 2º del artículo 332 del C. de P.C., texto igualmente recogido en el apartado 2º del precepto 225 C.G.P.
3 Artículo 1º de la Ley 43 de 1990.
4 Sentencia antes citada.
5 CSJ SC 28 feb. 2013, Rad. 2002-01011-01, entre otras.
6 Diccionario de la Lengua Española.
7 CSJ SC 11149-2015, Rad. 2007-00199-01, entre otras.

References: artículo 177
 artículo 237
e contrario
 Resolución 
 artículo 365
 artículo 366
 artículo 332
 Artículo 1