Source: https://tc.vlex.es/vid/f-m-177729
Timestamp: 2019-03-25 21:02:59+00:00

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STC 12/2003, 28 de Enero de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 177729
Número de Recurso: 945/1999
Recurso de amparo 945/99. Promovido por doña Rosa Isabel F. M. y otro frente al Auto y a la Sentencia de las Salas de lo Social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que inadmitieron su demanda de despido contra el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizcaia. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de demanda social por no formular reclamación administrativa previa, cuando se había celebrado conciliación y no se requirió la subsanación.
Sentencia citada en: 543 sentencias, 9 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 945/99, promovido por doña Rosa Isabel F. M. y don Román H. L., representados por la Procuradora de los Tribunales doña Rosina Montes Agustí y asistidos por el Abogado don Mikel Arrieta, contra Auto de inadmisión de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de 12 de noviembre de 1998, y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 24 de marzo de 1998, seguidos por despido. Ha intervenido don José Luis Ferrer Recuero, Procurador de los Tribunales y del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao, en la actualidad denominado Consorcio de Aguas Bilbao-Bizcaia, asistido por el Letrado don Iñigo Amann Garamendi, así como el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito registrado en este Tribunal el 4 de marzo de 1999, doña Rosina Montes Agustí, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de por doña Rosa Isabel F. M. y don Román H. L., interpuso recurso de amparo contra las resoluciones que se citan en el encabezamiento.
En fecha 16 de diciembre de 1996 la empresa Aguas del Norte, S.A., (concesionaria del servicio adjudicado por el Consorcio de Aguas de Durango), remitió a los recurrentes comunicación en la que se les notificaba que causaban baja en la empresa a partir del 16 de enero de 1997, de acuerdo con lo previsto en el art. 44 del estatuto de los trabajadores. En la misma les hace saber que la empresa cesaba en la explotación de la planta depuradora de Arriandi (Iurreta), pues ésta pasaba a ser gestionada directamente por el Consorcio de Aguas del Gran Bilbao, quien debería integrarles en su plantilla, reconociéndoles y respetándoles los derechos que hasta la fecha tuvieran adquiridos con la empresa.
Como quiera que tal sucesión se amparaba en un convenio suscrito entre ambos consorcios en fecha 17 de enero de 1997, en el que no se estipulaba la subrogación en la totalidad de los derechos y obligaciones de los trabajadores, los actores estimaron que se había producido su despido. Por ello, con fecha 5 de febrero de 1997 interpusieron conciliación administrativa previa a la demanda de despido contra las empresas Aguas del Norte, S.A., Unión Temporal de Empresas Ansa-Netaigua, Consorcio de Aguas de Abastecimiento y Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao, Consorcio de Aguas de la Merindad de Durango y Pridesa. Las entidades demandadas acudieron al acto de conciliación que se celebró con el resultado de sin avenencia y sin efecto.
El Juzgado de lo Social núm. 1 de Bilbao admitió la demanda sin advertir defecto procesal alguno y dictó Sentencia el 19 de mayo de 1997 en la que, tras desestimar la excepción de falta de reclamación previa en vía administrativa opuesta por las codemandadas y la caducidad de la acción a ella vinculada, entró en el fondo del asunto declarando la improcedencia del despido. En particular, la Sentencia rechaza la alegación de falta de reclamación previa practicada por los codemandados por considerar que la reclamación previa y el acto de conciliación pueden asimilarse al identificarse su finalidad y efectos y por haber servido el acto de conciliación en el presente caso para que los citados codemandados tuvieran noticia de la pretensión de los demandantes, pudiendo atenderla y otorgarla.
Recurrida la Sentencia en suplicación, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco revocó la Sentencia de instancia, estimando la excepción de falta de reclamación previa administrativa. La Sala declara que lo único que tienen en común el acto de conciliación y la reclamación previa es que ambas constituyen mecanismos de evitación del proceso, conforme se titula el capítulo en que las dos están reguladas en la Ley de procedimiento laboral pero que, al margen de ello, la mera lectura del mencionado capítulo pone de relieve que es distinta la finalidad, los destinatarios y la regulación de una y otra. En concreto, señala que el acto de conciliación no persigue que el demandado tenga conocimiento de la pretensión de la parte contraria, sino que éste es el efecto de su auténtica finalidad, que es la oportunidad de resolver la controversia sin necesidad de iniciar un procedimiento judicial. Por el contrario, la Sala entiende que la reclamación previa no sirve para arreglar el litigio al margen de la jurisdicción, puesto que la conciliación está vedada a toda entidad que gestione intereses públicos. La "reclamación previa tiene como fin que el destinatario conozca aquello que se le solicita; quede delimitado el ámbito del hipotético pleito judicial que en el futuro pueda entablarse; y pueda preparar la defensa de la tesis que sostiene la entidad pública; e incluso que ésta reconsidere su criterio estimando en todo o en parte la pretensión. Todo ello gira en torno a los clásicos privilegios, cuya constitucionalidad nadie duda, que desde tiempo atrás asisten a la Administración. Por consiguiente, si se aceptara que el acto de conciliación y la reclamación previa resultan figuras indistintas, cualquiera pudiera optar por una u otra, lo que chocaría con unas normas que, por ser procesales, son de orden público, esto es, indisponibles para los interesados". La Sentencia termina señalando que "lo expuesto hasta ahora conduce al rechazo de la demanda, y ello no constituye una interpretación rigorista de las mencionadas normas procesales, sino su aplicación conforme al indudable sentido de las palabras. Sin duda ello conlleva unas serias consecuencias para los demandantes, pero éstos no están exentos del sometimiento a la Ley y al Derecho, ni a la necesidad de que la jurisdicción mantenga el ineludible equilibrio entre las partes litigantes en razón de los derechos procesales que asisten a cada una".
La Sentencia de suplicación fue recurrida en casación para unificación de doctrina por los ahora recurrentes. El recurso comenzaba diciendo, con objeto de centrar el debate, que el problema consistía en "determinar si la interposición de la papeleta de conciliación, en vez de la reclamación previa, produce el efecto suspensivo de la caducidad de la acción. La Sentencia impugnada entiende que no suspende el plazo de caducidad, al haber utilizado el trámite de la conciliación, sin embargo las Sentencias contradictorias a las que se hará referencia, contradicen tal tesis al entender que se ha puesto de manifiesto con la conciliación de un modo indubitado la voluntad impugnatoria del despido teniendo las demandadas conocimiento de la pretensión contraria con anterioridad a la formulación de la demanda pudiendo haber accedido a la pretensión".
"Los recurrentes creen que la contradicción es clara y la cuestión que se debate tanto en la Sentencia que se impugna, como en la de 18.7.97 del Tribunal Supremo que se invoca de contraste, es sustancialmente idéntica. Se debe determinar en primer lugar que la Sentencia de suplicación no entra a analizar si el despido causado a los trabajadores es procedente, nulo o improcedente, es decir no entra a resolver el fondo del asunto. Por ello al estimar el recurso de las codemandadas introduce un único debate jurídico, relativo a si la interposición de la papeleta de conciliación, y no la reclamación previa, por los actores es suficiente o es válida para suspender el plazo de caducidad de la acción de despido ejercitada. La Sala del País Vasco, entiende que no suspende el plazo y que la acción de despido por tanto ha caducado por falta de reclamación previa. Así es por lo que los demandantes entienden que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo deberá casar y analizar la referida cuestión de la suspensión del plazo de caducidad. Por ello se selecciona la Sentencia del Tribunal Supremo de 18.7.97 en la que se examina un supuesto sustancialmente idéntico al de autos. Se dice en el FJ 5 de la Sentencia del Tribunal Supremo que: `El tema litigioso es igual que el que se planteó en el caso de la sentencia de contraste: si debe operar el efecto suspensivo de la caducidad por la demanda de conciliación¿. Así, el Tribunal Supremo en la Sentencia de 18.7.97, estima el recurso de la parte actora revocando la sentencia que había apreciado la caducidad de la acción al igual que la Sala del País Vasco. Asimismo unifica la doctrina en lo atinente a la cuestión sobre la caducidad de la acción y dice que la Sentencia de suplicación al confirmar la de instancia, por estimar bien acogida la excepción de caducidad, no llegó a conocer la cuestión relativa a la procedencia o, en su caso, nulidad o improcedencia del despido y por ello devuelve las actuaciones a la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que resuelva sobre los demás motivos. Se trató de un supuesto en el que a una trabajadora se le comunica mediante carta que su relación laboral había finalizado por terminación del servicio contratado. La demandante presentó papeleta de conciliación. Tanto la Sentencia de instancia como la de suplicación, desestimaron la demanda puesto que la `papeleta de conciliación no suspendió el curso del plazo expresado porque tal acto de parte carece de aptitud a tal fin, ya que se exceptúan de la conciliación previa los procesos que exigen reclamación previa en vía administrativa¿. En el presente supuesto la Sentencia de la Sala del País Vasco al igual que la de Madrid, no resuelve los motivos de suplicación relativos a la procedencia, nulidad o improcedencia del despido y estima la caducidad de la acción, por ello la identidad entendemos que es sustancial y se cumple en el recurso de casación interpuesto por esta parte los requisitos exigidos por el art. 217 de la LPL ya que los hechos, los fundamentos jurídicos y las pretensiones son sustancialmente iguales".
La Sala Cuarta del Tribunal Supremo dictó Auto de fecha 12 de noviembre de 1998, de inadmisión del recurso por falta de contradicción.
Contra esta resolución doña Rosa Isabel F. M. y don Román H. L. interpusieron demanda de amparo por vulneración del art. 24.1 CE. En concreto, aducen que la decisión del Tribunal Superior de Justicia incurre en un formalismo excesivo, por haber interpretado el requisito legal de interposición de reclamación previa con un rigorismo enervante y desproporcionado contrario a la efectividad del derecho fundamental en un caso en el que la parte ha interpuesto papeleta de conciliación, en el que se rechazaron en instancia las excepciones alegadas de falta de reclamación y de caducidad y en el que los consorcios demandados podían de alguna manera inducir a la confusión respecto a su naturaleza jurídica al acudir a los preceptivos actos de conciliación y no aducir allí nada en tal sentido. Alegan, en esencia, que el Tribunal Superior debió interpretar el requisito de modo flexible atendiendo a su finalidad y recepcionando, de este modo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (con cita de las SSTC 11/1988, 95/1983, 120/1993).
La Sala Segunda de este Tribunal dictó providencia de 16 de noviembre de 1999 acordando admitir a trámite la demanda y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a fin de que en el plazo de diez días remitieran certificación de las actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 2042/98 y rollo de suplicación núm. 345/98, así como al Juzgado de lo Social núm. 1 de Vizcaya para que en el mismo plazo remitiera certificación de las actuaciones correspondientes a los autos núm. 132/97, debiendo previamente emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, a los efectos de que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional.
Asimismo, con fecha 16 de noviembre de 1999, la Sala Segunda de este Tribunal acordó formar la oportuna pieza de tramitación del incidente de suspensión solicitado y conceder un plazo común de tres días a la parte recurrente, al Ministerio Fiscal y, en su caso, al Abogado del Estado, para alegar lo que estimen pertinente de acuerdo con lo establecido en el art. 56 LOTC. Realizadas las pertinentes alegaciones, dicha Sala dictó finalmente Auto de 29 de mayo de 2000, acordando denegar la suspensión de la ejecución de la resolución judicial impugnada.
El Abogado del Estado presentó escrito el 23 noviembre de 1999 donde expresaba que no consideraba procedente su personación al no haber ostentado la defensa de ninguna de las partes intervinientes en el presente procedimiento.
El 24 de diciembre de 1999, compareció ante este Tribunal don José Luis Ferrer Recuero, Procurador de los Tribunales y del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao, en la actualidad denominado Consorcio de Aguas Bilbao-Bizcaia. Por diligencia de ordenación de 9 de junio de 2000, se le tuvo por personado y parte, se acordó desglosar el poder de dicho Procurador y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas así como al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, para que dentro de los cuales presentaran alegaciones.
El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 13 de julio de 2000, interesó la estimación del amparo solicitado y que se declarara la nulidad de las dos resoluciones judiciales recurridas, a fin de que se retrotrajeran las actuaciones al momento de dictarse Sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia para que se entrara en el fondo de la cuestión debatida.
En escrito registrado el 17 de julio de 2000, la Procuradora de los recurrentes en amparo interpuso escrito solicitando de nuevo el otorgamiento del amparo y ratificándose íntegramente en la demanda de amparo presentada en su día.
Por escrito de 19 de julio de 2000, don José Luis Ferrer Recuero, Procurador de los Tribunales y del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizcaia, se opuso al otorgamiento del amparo.
Por providencia de 23 de enero 2003, se acordó para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 28 del mismo mes y año.
La presente demanda de amparo entiende vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de los recurrentes (art. 24.1 CE), al no haber obtenido una respuesta sobre el fondo de la pretensión, como consecuencia de apreciarse la falta de agotamiento de la vía administrativa previa a pesar de que los recurrentes interpusieron en tiempo y forma conciliación administrativa previa y acudieron las codemandadas a este acto sin aducir nada en torno a su peculiar naturaleza jurídica.
De modo previo al examen de la cuestión de fondo suscitada ante este Tribunal, se ha de examinar si la demanda de amparo cumple con los requisitos procesales exigidos.
Pero como se encarga de precisar esta misma Sentencia, "la doctrina reseñada con carácter general ha sido matizada en supuestos como el que ahora nos ocupa en relación con la falta de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina o, más concretamente, con la defectuosa interposición del mismo, salvo cuando su inadmisión estuviera fundada en la interposición extemporánea del recurso. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado que en tales casos ha de entenderse cumplido el requisito del agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC] `sobre la base de la aplicación del principio pro actione, que ha venido informando la jurisprudencia constitucional sobre objeciones formuladas a la demanda de amparo, vinculadas a la interposición defectuosa del recurso de casación para la unificación de doctrina (SSTC 126/1994, de 25 de abril; 263/1994, de 3 de octubre; 16/1995, de 24 de enero, y 155/1999, de 14 de septiembre), o a su falta de interposición (SSTC 337/1993, de 15 de diciembre; 347/1993, de 22 de noviembre; 354/1993, de 29 de noviembre; 377/1993, de 20 de diciembre; 132/1994, de 9 de mayo; 140/1994, de 9 de mayo; 332/1994, de 19 de diciembre; 93/1997, de 8 de mayo; 183/1998, de 17 de septiembre, y 5/1999, de 8 de febrero)¿ (SSTC 4/2000, de 17 de enero, FJ 2 y 53/2000, de 28 de febrero, FJ 2)" (STC 111/2000, de 5 de mayo, FJ 4).
Entrando ya en el fondo del asunto, se hace preciso señalar que el objeto de la presente demanda lo constituye únicamente la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, que estimó los recursos de suplicación interpuestos por las codemandadas, revocando la Sentencia de instancia favorable a los demandantes de amparo. No imputando los recurrentes, de modo concreto y argumentado, ninguna vulneración de derechos fundamentales al Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y simplemente impugnando el mismo de modo genérico por tratarse de la última resolución que recayó en el procedimiento y que se limitó a inadmitir el recurso interpuesto por falta de contradicción, su análisis ha de quedar fuera de nuestro enjuiciamiento (SSTC 82/1997, de 22 de abril, FJ 1; 140/1999, de 20 de julio, FJ 9; 168/1999, de 27 de septiembre, FJ 2; 191/1999, de 25 de octubre, FFJJ 2 y 3; 153/2000, de 12 de junio, FJ 1; y 61/2002, de 11 de marzo, FJ 2). Lo que no impedirá, sin embargo, que, en caso de estimar el amparo, hayamos de proceder también a su anulación en cuanto que declara la firmeza de la Sentencia de suplicación impugnada (por todas, STC 61/2002, de 11 de marzo, FJ 2).
Para abordar el problema hemos de recordar que "este Tribunal, desde la ya temprana STC 19/1981, de 8 de junio, ha declarado reiteradamente que el derecho a la tutela judicial efectiva que se reconoce en el art. 24.1 CE comprende, primordialmente, el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, el derecho a provocar la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial, por lo que el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso, se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva", derecho éste que, no obstante, "se satisface también cuando se obtiene una resolución de inadmisión si concurre causa legal para ello, y así se aprecia razonadamente por el órgano judicial (SSTC 69/1984, de 11 de junio, 6/1986, de 21 de enero, 100/1986, de 31 de enero, 55/1987, de 13 de mayo, 57/1988, de 5 de abril, 124/1988, de 23 de junio, 42/1992, de 30 de marzo, 37/1995, de 7 de febrero, entre otras muchas), al ser el derecho a la tutela judicial un derecho prestacional de configuración legal cuyo ejercicio está supeditado a la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales que, en cada caso, haya establecido el legislador, que no puede, sin embargo, fijar obstáculos o trabas arbitrarios o caprichosos que impidan la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente (STC 185/1987, de 18 de noviembre)" (STC 108/2000, de 5 de mayo, FJ 3).
Esta doctrina se proyecta también en relación con los requisitos preprocesales de la reclamación y de la conciliación administrativa.
Aplicando esta doctrina al caso que ahora se examina, debe partirse de que es cierto que existía una causa legal justificativa de la inadmisión (art. 69 LPL), así como que, desde la perspectiva de la legalidad ordinaria, los requisitos preprocesales de la conciliación y la reclamación administrativa previa no son plenamente equiparables y que, por ello, reciben una regulación propia y diferenciada en el ordenamiento procesal laboral.
Finalmente, debe señalarse que, a diferencia del supuesto examinado por la STC 65/1993 alegado por el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao (en la actualidad denominado Consorcio de Aguas Bilbao-Bizcaia), en el presente caso no se aprecia una conducta maliciosa de la parte recurrente que permita modular la doctrina del acceso de la jurisdicción o de la subsanabilidad de los defectos procesales.
Por todo ello, cumplida la finalidad de la reclamación previa, no habiéndose generado con la falta de interposición de la reclamación un perjuicio a las codemandadas y no apreciándose una posición negligente o contumaz de los recurrentes, el art. 24.1 CE imponía a los órganos judiciales un deber de favorecer la defensa de los derechos e intereses cuya tutela se reclamaba, sin denegar la protección mediante la aplicación desproporcionada de las normas procesales que prevén una resolución de inadmisión o de eficacia equiparable.
Otorgar el amparo solicitado por los recurrentes doña Rosa Isabel F. M. y don Román H. L. y, en consecuencia:
Declarar que ha sido vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de los recurrentes.
Restablecerlos en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 24 de marzo de 1998, dictada en el recurso núm. 345/98, así como del Auto del Tribunal Supremo, únicamente en la declaración de firmeza de la Sentencia recurrida, retrotrayendo las actuaciones para que el Tribunal Superior de Justicia dicte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
SAP A Coruña 218/2007, 21 de Mayo de 2007
STS 139/2006, 9 de Febrero de 2006
SAP Castellón 63/2007, 6 de Febrero de 2007

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