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Timestamp: 2019-12-06 15:34:09+00:00

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De octubre de - página 8
Afro-Indigène recordó que su organización representa a las comunidades locales y los pueblos indígenas de Venezuela, Honduras y Brasil. Señaló que le preocupan, al igual que a las delegaciones del Brasil y Sudáfrica, las reservas expresadas por algunas delegaciones respecto a la inclusión de las comunidades locales entre los beneficiarios. Como quedó claro en la Declaración Universal, tanto los pueblos indígenas como las comunidades locales tienen derecho a la libre determinación, puesto que mantienen una relación ancestral y sustantiva con sus tierras. Su identidad cultural se expresa en sus propios y específicos idiomas y refleja interacciones sociales que plasman su visión holística de la vida y la tierra. Recalcó la importancia de facilitar la participación activa de representantes auténticos de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la labor del CIG.
La Delegación de Namibia indicó que no existe una definición acordada de “pueblos indígenas”. Expuso que la Declaración Universal dio explícitamente a los pueblos indígenas el derecho a definirse ellos mismos como tales. Recordó que en el contexto africano hay muchos grupos, ya sean tribales o étnicos, que reúnen las condiciones para ser considerados pueblos indígenas, pero que, por motivos políticos, no están en posición de identificarse a sí mismos como tales. La Delegación afirmó que el CIG no puede estar dispuesto a negar a estos pueblos los derechos que objetivamente les corresponden. Propuso incluir a las comunidades locales entre los beneficiarios, puesto que queda perfectamente entendido que este término no incluye, por ejemplo, a un club de béisbol con sede en Tokio. Solicitó que se califique a una comunidad local como se hizo en el artículo 8.j) del CBD, donde se alude a comunidades indígenas y locales que encarnan estilos de vida tradicionales. Asimismo, dijo que tal vez no resulte apropiado que el CIG califique lo que son las comunidades locales, ya que cualquier autodesignación es susceptible de ser impugnada en los tribunales nacionales.
La Delegación de Nigeria manifestó su apoyo a la propuesta formulada por el Grupo Africano como forma de seguir avanzando. Afirmó que, en su opinión, es importante mantener la flexibilidad en la definición del artículo 2, sobre todo en lo referente a nociones como “comunidades locales” y “naciones”. Recordó que, en un continente tan diverso como el africano, existen con frecuencia múltiples grupos poblacionales, tanto indígenas como locales, así como otros que se han integrado en la sociedad urbana. La clave reside en que exista flexibilidad para permitir a las administraciones nacionales determinar las características de lo que constituye un beneficiario de la protección adecuado. Asimismo, la Delegación dijo que no cree que la referencia cruzada establecida por la Delegación del Japón refleje por completo la relación entre los artículos 1 y 2. Por último, manifestó su deseo de mantener los títulos de los artículos tal como figuran en la Rev. 1, sin prejuzgar el resultado de las presentes negociaciones.
La Delegación de Etiopía manifestó su apoyo a la modificación propuesta por la Delegación de Argelia en nombre del Grupo Africano. Asimismo, recalcó la utilidad de establecer una referencia en el artículo 2.2 a la determinación de los beneficiarios en las legislaciones nacionales a fin de abordar de manera flexible las realidades singulares y diversas que existen entre países.
La Delegación de Trinidad y Tabago reiteró que hay muchos países caribeños que no tienen comunidades indígenas o pueblos indígenas, sino comunidades locales. Dijo que las comunidades locales en el Caribe son básicamente comunidades autárquicas definidas por su ubicación geográfica. En estas circunstancias, la Delegación se declaró satisfecha con que tanto las comunidades locales como los pueblos indígenas sean beneficiarios en el futuro tratado. Manifestó su apoyo a la idea propuesta por el Representante del MEDPI de llevar a cabo estudios temáticos o cualquier medida de pedagogía apropiada sobre estos conceptos clave del tratado.
El Representante de ADJMOR, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Representantes Indígenas, hizo suya la intervención de la Delegación del Brasil y manifestó que le sorprende que el término “comunidades locales” se ponga entre corchetes. Recordó al Comité que muchas regiones del mundo se han interrelacionado por motivos históricos, como el antiguo sistema de colonización, el fenómeno de la migración y el cambio climático. Indicó que estos factores han marcado la vida de los pueblos, y han dado lugar a movimientos masivos de personas y a la creación de grupos que pueden identificarse como “comunidades locales”. El Grupo de Representantes Indígenas reiteró que los pueblos indígenas y las comunidades locales deben ser beneficiarios del futuro instrumento de las ECT.
La Representante del Arts Law Centre of Australia formuló comentarios sobre el grado de desposeimiento de los pueblos indígenas en algunas partes de Australia. En lo que respecta al artículo 2.1, señaló que es importante que la prueba habilitadora de la condición de beneficiario no sea tan estricta que llegue a dificultar la demostración por los pueblos indígenas de su conexión con sus propias ECT. Ello podría suceder si se exige a los pueblos indígenas que posean, mantengan, utilicen “y” desarrollen sus ECT, en lugar de "o", como figura en el texto. En lo relativo al artículo 2.2, indicó que si bien no existe una conexión clara entre un grupo indígena y una ECT concreta, los pueblos indígenas en Australia no desean que estas ECT sean de libre acceso. Dijo que los pueblos indígenas en Australia desean que estas ECT estén también protegidas y propuso que, en estos casos, pueda designarse como beneficiario a una autoridad nacional cultural indígena.
La Delegación de Australia manifestó su apoyo a los comentarios formulados por la Delegación de Namibia acerca del término “comunidades locales”. Afirmó que el CIG no debe pensar en comunidades locales de forma aislada. Indicó que el término puede definirse en la esfera nacional conforme a lo que un tribunal determine.
El Presidente abrió el debate sobre el artículo 3 en la Rev. 1.
La Delegación de Argelia, hablando en nombre del Grupo Africano, reiteró que está a favor de un enfoque basado en derechos y de un instrumento que otorgue derechos exclusivos a los beneficiarios. Por consiguiente, manifestó que desea sustituir el párrafo 3.1.a) en la Rev. 1 por el tenor, sin corchetes, de la Opción 2, párrafo e), alternativa 2 del texto original, referente a estos derechos exclusivos.
La Delegación de la India se hizo eco de la declaración de la Delegación de Argelia, hablando en nombre del Grupo Africano, y manifestó que el artículo 3.1 en la Rev. 1 no refleja un enfoque basado en derechos. Expresó su deseo de que la expresión “cuando proceda” del párrafo 3.1.e) se ponga entre corchetes y de que el párrafo se reformule con la siguiente redacción: “debe/deberá asegurar a los beneficiarios que gozarán de los derechos colectivos exclusivos e inalienables para autorizar o prohibir la utilización y la explotación de las expresiones culturales tradicionales por parte de terceros”.
La Delegación de los Estados Unidos de América solicitó que el “artículo 3” vaya entre corchetes para evitar prejuzgar el resultado del debate. Asimismo, pidió que el texto siguiente se recupere como una opción independiente: “Debe/Deberá velarse por salvaguardar de forma razonable y equilibrada, en la medida en que sea pertinente y conforme a la legislación nacional, los intereses patrimoniales y morales de los beneficiarios respecto de sus expresiones culturales tradicionales, conforme a la definición que se da de dichas expresiones en los artículos 1 y 2”. La Delegación solicitó también que se encierre entre corchetes el texto propuesto por el facilitador para el artículo 3, puesto que aún lo está estudiando. Acerca de las propuestas formuladas por las delegaciones de Argelia, en nombre del Grupo Africano, y la India sobre el artículo 3, manifestó que no puede sumarse a ellas.
La Delegación de la UE, haciendo uso de la palabra en nombre de la UE y de sus Estados miembros, manifestó que no ha tenido tiempo suficiente para estudiar la redacción revisada del artículo 3. Por consiguiente, dijo que se reserva su posición, sobre todo en lo que respecta a los puntos a) hasta e), y solicitó que se pongan entre corchetes. En lo que respecta a la frase introductoria, apuntó que no respaldará la siguiente redacción: “Deben/Deberán preverse medidas jurídicas, administrativas o de política, adecuadas y eficaces”, ya que en su opinión no está claro qué se entiende por “adecuadas y eficaces” a este respecto. Asimismo, está a favor de reformular las líneas segunda y tercera de la frase introductoria del artículo 3.1 con la siguiente redacción: “Deberá velarse por salvaguardar de forma razonable y equilibrada, en la medida en que sea pertinente y conforme a la legislación nacional, los intereses patrimoniales y morales de los beneficiarios respecto de sus expresiones culturales tradicionales, conforme a la definición que se da de dichas expresiones en los artículos 1 y 2”.
El Representante de las Tribus Tulalip manifestó que considera interesante la declaración de la Delegación de Argelia, hablando en nombre del Grupo Africano, y que aún está estudiándola. No obstante, manifestó su apoyo a la propuesta formulada por la Delegación de la India de eliminar el texto “y explotación comercial” del párrafo 3.1.e). Ilustró su opinión contando el caso de una persona indígena que se molestó porque un profesor, en contra de las leyes consuetudinarias, representó historias tradicionales que ella había estado contando en el centro escolar, aunque se hubiera realizado sin fines comerciales. En su opinión, el principio de permitir la utilización sin fines comerciales plantea un problema para muchos pueblos indígenas.
La Delegación de Sudáfrica describió el proceso de negociación llevado a cabo hasta el momento como un paso adelante y dos pasos atrás. En lo que respecta a la aplicación del mandato, dijo que no entiende cómo poner entre corchetes la materia y el ámbito de la protección puede conciliarse con el mandato. Solicitó que, siempre que sea necesario, el Presidente recuerde a las delegaciones el mandato, puesto que tiene el deber de garantizar su integridad. Asimismo, observó que las delegaciones están incluyendo elementos en los proyectos de texto que no son congruentes con el espíritu de un ejercicio negociador, así como solicitando análisis y debates más exhaustivos en lugar de comprometerse en las negociaciones de proyectos de textos que llevan encima de la mesa desde 2009. En su opinión, este tratamiento dilatorio refleja una carencia de voluntad política.
La Delegación del Japón dijo que considera prematuro hallar compromisos sobre el artículo 3 hasta que el Comité establezca una definición clara sobre la materia objeto del artículo 1 y los beneficiarios del artículo 2. Hasta entonces, manifestó su deseo de apoyar las propuestas formuladas por las delegaciones de los Estados Unidos de América y la UE acerca del artículo 3.
La Delegación de Polonia, hablando en nombre del Grupo de Estados de Europa Central y el Báltico, expresó su apoyo a la propuesta formulada por la Delegación de los Estados Unidos de América sobre el artículo 3. A su juicio, la Opción 1 para el artículo 3 del texto original brinda mayor flexibilidad a los Estados miembros a la hora de aplicar el futuro instrumento. Sumándose a los comentarios formulados por la Delegación del Japón, afirmó que desea que los puntos a) hasta e) se pongan entre corchetes hasta que se definan con claridad los beneficiarios y la materia protegida.
La Delegación del Brasil dijo que aprecia las propuestas formuladas por la Delegación de Argelia en nombre del Grupo Africano y por la Delegación de la India, y manifestó su deseo de que figuren reflejadas en la próxima versión revisada del proyecto de artículos.
La Delegación del Canadá dijo que no está segura de que el Comité haya llevado a cabo suficientes intercambios sobre las mejores opciones para cumplir con los objetivos específicos identificados. Por consiguiente, manifestó que no puede respaldar este nuevo texto en esta fase, por cuanto no refleja la Opción 1 derivada del texto original. A este respecto, dijo que apoya las propuestas formuladas por las delegaciones de los Estados Unidos de América y la UE y propuso que en la próxima versión revisada vuelvan a insertarse al menos los siguientes elementos de la Opción 1: en primer lugar, “conforme a la definición de dichas expresiones que se da en los artículos 1 y 2”; en segundo lugar "respecto de sus expresiones culturales tradicionales”; y en tercer lugar, "conforme a la legislación nacional". Asimismo, expresó su deseo de escuchar la opinión de otras delegaciones sobre las diferencias entre medidas “administrativas” y “de política”. Dijo que agradecería debatir con el resto de delegaciones sobre la coherencia entre los puntos a) hasta d), de una parte, y e), de otra, por cuento dichos puntos también afectan a la explotación comercial. Además, indicó que acogería con beneplácito un debate más amplio sobre las preferencias específicas de las delegaciones acerca de la forma de trasladar al artículo 3 los objetivos reducidos que se incluyen en la Rev. 1. Por ejemplo, en lo que respecta a la prevención de la apropiación indebida y el control de los modos en que se utilizan las ECT, manifestó que agradecería un intercambio de opiniones sobre cuál sería el mejor vehículo para conseguir este objetivo, ya sea en los incisos a) hasta e) o en el artículo 4, y la forma en que estos funcionarían juntos. En su opinión, así es como el Comité puede tender puentes entre las posiciones respectivas.
La Delegación de la Federación de Rusia manifestó que el artículo 3, en su versión revisada, requiere un estudio más exhaustivo. Apuntó que desea que la Opción 1 se vuelva a insertar en su redacción original, expresando su apoyo a las delegaciones que así lo habían solicitado. La Opción 1 es más flexible, ya que tiene en cuenta los requisitos nacionales de cada estado individual.
El Representante del Foro Permanente dijo que consultó con el Representante del MEDPI la propuesta formulada por la Delegación de Argelia en nombre del Grupo Africano. Convinieron en que debe adoptarse un enfoque basado en los derechos, puesto que, en su opinión, es la única forma de garantizar que en el futuro instrumento se regulen y protejan los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades. Reiteró que los pueblos indígenas poseen derechos exclusivos, sobre todo para determinar libremente con quién celebran operaciones comerciales de su elección.
[Nota de la Secretaría: la Vicepresidenta preside la sesión en este momento]. A invitación de la Vicepresidenta, uno de los facilitadores, el Sr. Kebbell, haciendo uso de la palabra en nombre de los facilitadores, volvió a presentar a la sesión plenaria las modificaciones realizadas en el artículo 5 de la Rev. 1. Señaló que los párrafos 1 y 2 se mantuvieron intactos, salvo por los corchetes que encierran la conjunción “o” entre “contexto tradicional” y “cultural” en el párrafo 2. Indicó que los facilitadores no dispusieron de todo el tiempo que les hubiera gustado para trabajar en el artículo a su entera satisfacción, añadiendo que el artículo aún requiere más elaboración. En respuesta a un comentario anterior formulado por una delegación sobre la certeza que ofrece la regla de los tres pasos, invitó a las delegaciones a reflexionar sobre si dicha certeza resulta apropiada en el contexto de las presentes negociaciones, dado que dicha prueba se elaboró con una finalidad diferente. Además, observó que en tanto que la regla de los tres pasos se aplica normalmente a excepciones y limitaciones, en el texto actual se refiere más a la forma en que se utilizan las propias ECT.
El Vicepresidente abrió el debate para que se formulen comentarios sobre el artículo 5 en la Rev. 1.
El Representante de las Tribus Tulalip solicitó que se ponga entre corchetes el artículo 5.4.a). Señaló que si se eliminan los corchetes de la frase introductoria del artículo 5.4, en torno al enunciado “únicamente con el consentimiento fundamentado previo y libre de los beneficiarios”, no se opondrá a que el artículo se mantenga en su versión actual. Sin embargo, indicó que su principal motivo de preocupación es que, si el enunciado entre corchetes se elimina del texto, no habrá excepciones o limitaciones al uso de las ECT por museos, bibliotecas y archivos, ya que tendrán libre acceso a este tipo de expresiones. Manifestó su inquietud en cuanto a la comprensión por las delegaciones de que el uso no comercial de las ECT sea siempre admisible. Para ilustrar este punto, el Representante refirió el caso de los indios Pueblo del sudoeste de los Estados Unidos de América. Explicó que, en 1984, el diario New Mexico Sun alquiló una aeronave para sobrevolar una Kiva, una estructura sagrada de los indios Pueblo, no cubierta. El avión sobrevoló una de las Kivas donde se celebraba una ceremonia de renovación anual. El Representante señaló que, siempre que se celebra este tipo de ceremonias, se crea una columna cósmica que se eleva desde la Kiva hacia el cielo, conectándola al cosmos. Es un ritual importante para los indios Pueblo, ya que lo que les suceda el próximo año depende de cómo se desenvuelva su comunicación con los espíritus. La aeronave voló a baja altura, atravesando la columna y perturbando la ceremonia, así como la columna espiritual. Los periodistas tomaron fotografías que se publicaron en los diarios. El Representante explicó que los tribunales de los Estados Unidos de América han fallado que los indios Pueblo no pueden proteger sus ceremonias por tratarse del espacio aéreo público y que tienen que cubrir su Kiva si no quieren que se fotografíen sus ceremonias. El Representante recalcó que este tipo de problemas son habituales debido a las excepciones generales que avalan el uso no comercial de las ECT. En su opinión, las infracciones relativas al uso de las ECT son las que entrañan la vulneración de las leyes de los pueblos indígenas, y no de las leyes occidentales. Abogó por que el texto se haga eco de esa distinción. Aclaró que los pueblos indígenas no se oponen a que museos, diarios o instituciones educativas tengan acceso a las ECT, pero que quieren ser ellos los responsables de tomar la decisión de conceder o no acceso a las ECT.
La Delegación de Sudáfrica expresó su apoyo a la intervención del Representante de las Tribus Tulalip. Señaló que tiene que haber un equilibrio, ya que no puede tenerse acceso ilimitado a las ECT sin ninguna referencia previa a sus titulares, que son quienes las preservan y a quienes pertenecen. La Delegación manifestó que eliminar los corchetes de la frase introductoria del artículo 5.4 garantiza el equilibrio deseado. Asimismo, la Delegación elogió a los facilitadores por sus esfuerzos para limitar el alcance del artículo 5.3. En relación con la regla de los tres pasos, reiteró que en las presentes negociaciones no deben introducirse las cargas de otras convenciones. Señaló que si esas cargas han funcionado previamente con otras convenciones las aceptará, y aprobará su uso en las presentes negociaciones. Alabó la presentación realizada por el facilitador, Sr. Kebbell, y se manifestó a favor de la opinión de que el uso de las ECT es indicativo de la existencia de su propia prueba.
La Delegación de Nigeria se sumó a las dudas planteadas por el facilitador en cuanto a la aplicabilidad de la regla de los tres pasos. A su juicio, deben tomarse algunas decisiones estructurales en ese sentido, sobre todo en relación con la forma en que dicha regla se ha formulado en el artículo 5.3. La Delegación señaló que, tal como se formula en el artículo 5.3, la regla de los tres pasos no refleja su auténtico sentido, y que, dado que los proponentes tratan de incluir esta regla en el texto, su formulación tiene que ser coherente con lo que se lograría con su aplicación. En relación con los artículos 5.3.d) y 5.3.e), que tradicionalmente no forman parte de la regla de los tres pasos, la Delegación apuntó que es aconsejable tener en cuenta que, dado que los artículos 1 o 3 se refieren a intereses o derechos morales, la decisión acerca del modo de abordar los artículos 5.3.d) y 5.3.e) debe reflejarse en la decisión relativa al artículo 3, que se refiere a derechos tanto patrimoniales como morales. Este enfoque aborda satisfactoriamente las cuestiones de oposición o adecuación al uso leal. Indicó que algunas de las conversaciones mantenidas hasta el momento no han contribuido al objetivo las negociaciones, y reiteró la importancia de diseñar fórmulas que permitan empezar a acercar posturas sobre las cuestiones pendientes, en especial respecto de los artículos 1 y 3. La Delegación manifestó que es muy importante no pretender que este instrumento sea más eficaz que otros instrumentos de P.I. o que otros documentos o tratados de la OMPI. También recordó a las delegaciones que el Comité está tratando de establecer un marco que en cierta manera atañe a la innovación y los derechos humanos, así como al derecho a la libre determinación. Por tanto, es importante que la OMPI, en su calidad de organismo de las Naciones Unidas, reflexione sobre las formas de alcanzar un compromiso entre las distintas delegaciones que plasme las tres ideas rectoras que inspiran los trabajos del CIG. La Delegación instó a las delegaciones a que tengan en cuenta no solo el mandato, sino también las prerrogativas institucionales generales que deben informar el proceso del CIG, sobre todo cuando vuelvan a examinarse los artículos 1 y 3. Esta cuestión es importante porque, en general, las excepciones y limitaciones suelen ser el mecanismo con el que finalmente se dota de equilibrio a la totalidad del trabajo previo sobre el texto.
La Delegación de la UE, haciendo uso de la palabra en nombre de la UE y de sus Estados miembros, manifestó que apoya que la conjunción “o” del artículo 5.2 se ponga entre corchetes. En relación con el artículo 5.3, la Delegación expresó su apoyo al artículo 5.3.a), si bien pide que se encierren entre corchetes los párrafos b) a e) de ese mismo artículo. Señaló que se opone a la inclusión del enunciado “únicamente con el consentimiento fundamentado previo y libre de los beneficiarios” del artículo 5.4 e indicó que, si se eliminan los corchetes, la consecuencia es que todos las ECT anteriormente adquiridas tendrían que volver a sus anteriores beneficiarios, lo que dará a los mismos la posibilidad de retirar un consentimiento ya otorgado en el pasado alegando que carecían de la información correcta sobre las consecuencias. La Delegación mencionó que no puede apoyar un artículo que prohíba las limitaciones y excepciones nacionales incluso para usos no comerciales sin que se someta al CLPI. En su opinión, ello constituye una carga excesiva para bibliotecas, museos y otros usuarios no comerciales. En relación con el artículo 5.5, la Delegación solicitó que se eliminen los corchetes que encierran el enunciado “en la medida en que todo acto debe estar autorizado en virtud de la legislación nacional en relación con obras protegidas por el derecho de autor o signos y símbolos protegidos por el derecho de marcas, dicho acto no debe/deberá estar prohibido por las disposiciones que protegen las expresiones culturales tradicionales”.
La Delegación del Canadá manifestó que sigue acogiendo con reservas determinados aspectos de lo dispuesto en el artículo 5. En su opinión, las revisiones propuestas por los facilitadores son valiosas, sobre todo en lo relativo a mantener separadas las alternativas al párrafo 3 para garantizar que las delegaciones puedan beneficiarse de un punto de referencia en la regla de los tres pasos existente, según se establece en los tratados internacionales en vigor en materia de P.I. La Delegación dijo que apoya la intervención formulada por la Delegación de Sudáfrica en el sentido de que los avances en el artículo 5 están estrechamente vinculados, por su propia naturaleza, a los avances en los artículos 1, 2, 3 y 4. Manifestó su deseo de que se siga avanzando para aclarar estos artículos, y poder así fundamentar adecuadamente sus reflexiones sobre el artículo 5.
La Delegación de la India señaló que la prueba prevista en el artículo 5.3 constituye en la actualidad una prueba de cinco criterios en lugar de tres. Reiteró su postura de que las ECT son diferentes de la P.I. formal y, en consecuencia, que las normas aplicadas en el sistema de P.I. formal para identificar las limitaciones y excepciones puedan no ser de completa utilidad en todas las circunstancias atinentes a la protección de las ECT, aunque puedan ser útiles en algunas circunstancias. La Delegación advirtió que la traslación de dicho concepto del sistema de P.I. formal a la cuestión debatida, el conjunto de derechos y el carácter de las excepciones que se pretenden en el marco de la protección de las ECT, puede no ser útil. En su opinión, la presente redacción puede dar una impresión errónea sobre cómo las excepciones y limitaciones pueden aplicarse a las ECT. Además, el artículo no debe hacer una mención tan explícita a la regla de los tres pasos, sino que, en su lugar, debería integrarse en el contexto específico de la protección de las ECT. También señaló que el actual enfoque parece avanzar en esa dirección. Respecto al artículo 5.4, la Delegación reiteró la gran preocupación que le suscita el artículo 5.4.b). Dijo que comparte la inquietud manifestada por el Representante de las Tribus Tulalip y manifestó su disposición a analizar el asunto. Sin embargo, indicó que en lo tocante a las excepciones existe margen de maniobra. La Delegación pidió que el artículo 5.5 figure entre corchetes y reiteró su preocupación por que los vínculos transversales den completamente al traste con la prevención de la utilización o apropiación indebidas de las ECT que se pretende en aquellos casos en que la P.I. se utilice para apropiarse indebidamente de las ECT.
La Delegación del Japón hizo suya la propuesta formulada por la Delegación de la UE en nombre de la UE y de sus Estados miembros, solicitando que los párrafos b) hasta e) del artículo 5.3 se incluyan entre corchetes. La Delegación propuso que se elimine el texto “únicamente con el consentimiento fundamentado previo y libre de los beneficiarios” de la frase introductoria del artículo 5.4 y, en consecuencia, pidió que se mantenga la frase entre corchetes. En su opinión, es prematuro debatir cómo alcanzar un acuerdo sobre el artículo 5 antes de llegar a una conclusión sobre los artículos 1, 2 y 3, ya que las excepciones y limitaciones dependen del contenido del artículo 3.
La Delegación de los Estados Unidos de América hizo suya la intervención formulada por la Delegación del Japón e indicó que tiene serias dudas sobre la forma de abordar el debate del artículo 5, ya que las excepciones y limitaciones han de guardar correspondencia con los derechos incumbidos, y también porque todavía no se ha tomado una decisión sobre la naturaleza del instrumento. Sin embargo, a modo de comentario preliminar, solicitó que el artículo 5 se ponga entre corchetes para no prejuzgar el resultado de los debates. En relación con el artículo 5.3, señaló que ha escuchado atentamente la explicación del facilitador, Sr. Kebbell, respecto a algunas de las consecuencias de las palabras utilizadas para plasmar la regla de los tres pasos, así como la intervención formulada por la Delegación de Nigeria. Dada la experiencia adquirida en las prolijas negociaciones mantenidas sobre las disposiciones de la regla de los tres pasos del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, de junio de 2013, la Delegación admitió que cualquier debate sobre la regla de los tres pasos entraña un nivel de detalle y complejidad elevados. Atendiendo a ello, señaló que existen ciertas diferencias entre la articulación de la regla de los tres pasos del presente texto y de otros instrumentos. Solicitó que, a efectos de comprender adicionalmente el uso de los términos utilizados, se pusiera entre corchetes las palabras “uso” en la frase introductoria, así como “conflicto” y “utilización” en el párrafo b) del artículo 5.3. La Delegación manifestó su inquietud en cuanto a la interrelación entre el uso de esos términos en el presente texto y el que se hace de ellos en otros instrumentos internacionales, incluidos otros instrumentos de la OMPI. En relación con los párrafos d) y e) del artículo 5.3, la Delegación solicitó que se pongan entre corchetes. Señaló que sigue reflexionando sobre su contenido y ubicación dentro del instrumento y, además, que desea examinar adicionalmente su adecuación a la legislación interna de los Estados Unidos de América.
La Delegación de Polonia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Estados de Europa Central y el Báltico, pidió que se pongan entre corchetes los párrafos b) y c) del artículo 5.3, atendiendo a las intervenciones formuladas por las distintas delegaciones y los argumentos expresados por la Delegación de la India. En su opinión, el instrumento sui géneris objeto de los trabajos debe recibir un tratamiento específico, al no ser adecuado atenerse a todos los parámetros de la normativa sobre P.I. existente. También solicitó que se pongan entre corchetes los párrafos d) y e) del artículo 5.3, al objeto de reservarse el derecho a comentar adicionalmente dichos párrafos. En relación con el artículo 5.4, expresó su apoyo a que se mantenga entre corchetes el enunciado “únicamente con el consentimiento fundamentado previo y libre de los beneficiarios”, recordando que la política de libre acceso en materia de archivos, bibliotecas y museos respecto a las actividades de conservación, exhibición e investigación es muy importante para el Grupo. La Delegación se manifestó a favor de mantener el actual

References: artículo 8
 artículo 2
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 artículo 3
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in fine
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