Source: https://www.scribd.com/document/11561417/17M-Manual-de-Autodefensa-civil
Timestamp: 2017-04-30 08:49:02+00:00

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17M Manual de Autodefensa civil | Police | Criminal Law
ScribdBrowseInterestsCareer & MoneyPersonal GrowthPolitics & Current AffairsScience & TechHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryFictionBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoin17M Manual de Autodefensa civilUploaded by autobreraPoliceCriminal LawDetention (Imprisonment)SpainCitizenship5.0 (6)DownloadEmbedDescription: Segunda Edicion del Manual de Autodefensa civil editado por la asociación Grupo 17 de Marzo.View MoreSegunda Edicion del Manual de Autodefensa civil editado por la asociación Grupo 17 de Marzo.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF or read online from ScribdFlag for inappropriate contentGRUPO 17 DE MARZOManual de autodefensa civil
Atribución 2.0 Usted es libre de: - copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra; - hacer obras derivadas. Bajo las condiciones siguientes: - Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra. - Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor. Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones no se ven afectados por lo anterior. Copyright del texto, los autores. Copright de la edición, la editorial.
EDITA: GRUPO 17 DE MARZO Sociedad andaluza de juristas para la defensa de los derechos humanos colectivos e individuales informacion@17demarzo.org http://www.17demarzo.org/ Diseño y maquetación: cosmonauta.org Ilustraciones y dibujos: José María Sánchez Casas D.L.: IMPRIME:
0. Introducción 1. Manifestaciones 2. Identificación 3. Sanciones 4. En caso de detención 5. Declaración ante el juzgado 6. Algunas garantías más 7. Extranjeros X. Guía rápida de autodefensa del manifestante 05 13 17 21 29 33 37 45 53
¿QUIÉNES SOMOS EL GRUPO 17 DE MARZO?
Somos un grupo de juristas organizados como movimiento social de transformación. Las leyes son duras cuando se aplican a los/ as trabajadores/as, a quienes disienten, a los excluidos. En cambio, frente a los ricos/as, a los políticos del sistema, a los poderosos, la ley es toda suavidad, interpretación, moderación. El derecho no falla cuando se trata de desahuciar a los inquilinos/as, de multar a quienes protestan, de expulsar a los migrantes que desobedecen el sistema de fronteras, o de encarcelar a quien vive en situaciones de exclusión social, y sin embargo, resulta absolutamente ineficaz para asegurar el derecho a la vivienda, para combatir la precariedad laboral, evitar el terrorismo ecológico y financiero de las grandes multinacionales o frenar la especulación. Por si fuera poco, en los últimos años, justo cuando parecía que empezábamos a alcanzar un grado razonable de consenso social en torno a un mínimo de derechos civiles, estamos sufriendo un brutal retroceso también en ese terreno. La llamada lucha contra el terrorismo está sirviendo de excusa para socavar libertades, criminalizar colectivos disidentes con el sistema y negar derechos
sobre grupos concretos, como los inmigrantes, aplicándoles a este colectivo el llamado “Derecho Penal del enemigo”. Por todo esto hemos constituido una sociedad de juristas. Se trata de un colectivo abierto, plural y combativo formado por personas con formación jurídica y voluntad de compromiso social. Nacemos con vocación de denuncia y de acción jurídica directa. Así hemos conseguido que se restituyeran dos conducciones diarias de detenidos, se han recogido parte de las alegaciones planteadas a la ordenanza cívica de algunos ayuntamientos en pro de los derechos civiles, se han presentado informes de los abusos policiales de los diferentes cuerpos, denunciado la situación de los calabozos judiciales, se ha editado una guía de autodefensa civil, etc. En definitiva, tenemos vocación de resistencia frente a los abusos de los aparatos represores del Estado y para ello estamos dispuestos a utilizar todos los recursos que nos ofrece el sistema para exigir el respeto de los derechos, reclamar el castigo de los abusos, perseguir la impunidad. Con este mismo objetivo a nivel estatal pertenecemos a la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y a nivel europeo a la Asociación de Abogados Europeos Demócratas, organizaciones ambas para la defensa de los derechos humanos.
Desde que nos conformamos como asociación hemos realizado numerosas actuaciones, de las que podemos destacar las siguientes: > Tras un largo trabajo de investigación y presión, conseguimos que los detenidos en los calabozos de la provincia de Sevilla pudieran ser llevados en un segundo turno de conducciones, no teniendo que esperar al, hasta ese momento, único desplazamiento a las 9 de la mañana. Las horas que se han dejado de sufrir en las dependencias policiales y judiciales son incontables. > Charlas y seminarios sobre materias tan distintas como el Estatuto de Autonomía, el derecho penal del enemigo, el procedimiento de habeas corpus o las cooperativas de abogados como un distinto modelo de organización profesional. > Fuimos el equipo legal de la manifestación contra la Cumbre Europea de 2007. > Estudio, preparación de alegaciones y apoyo legal contra las “Ordenanzas Cívicas” de los ayuntamientos que restringen derechos. > Establecimiento de un programa de radio de emisión semanal con información jurídica en lenguaje apto para todo tipo de público.
> Apoyo jurídico al Centro Social Okupado y Autogestionado Casas Viejas. > Acusación popular en diversos procesos judiciales.
WEB: http://www.17demarzo.org/ E – mail: informacion@17demarzo.org
Desde que creamos la asociación en marzo de 2006 siempre apreciamos como un problema grave del sistema en el que vivimos el desconocimiento, por parte de los ciudadanos ajenos al Derecho, de las normas que se les aplican diariamente. Como en la novela “El Proceso” de Kafka, la mayoría de nuestros vecinos desconocen el porqué de las cuestiones legales que le afectan diariamente, ignoran cómo reaccionar ante ellas, y sienten que el Estado y las diferentes administraciones públicas son algo ajeno a ellos y a las que sólo cabe obedecer. Entendemos este oscurantismo del Estado de Derecho como una manera más de agresión directa al ciudadano, por lo que estimamos oportuno crear un Manual de Autodefensa Civil que sirviese como un punto de partida para cualquier persona que desconociese las normas más elementales. Ahora bien, sabiendo que el Derecho regula cada parcela de la vida humana desde el nacimiento a la defunción, no queríamos crear una obra voluminosa y extensa sino algo útil para la ciudadanía, por lo que decidimos centrarnos en dos cuestiones fundamentalmente: los derechos básicos de los manifestantes y de los extranjeros. Creemos que el Manual de Autodefensa Civil ha cumplido fielmente su objetivo. Durante las presentaciones del mismo los asistentes demandaban con sus preguntas más y más
información, a la vez que se escandalizaban de las numerosas irregularidades que ocurren diariamente y que hasta entonces veían como algo normal. Asimismo el hecho de que se agotase la primera edición en tan pocas semanas, quedándonos muchos de nosotros sin nuestros propios ejemplares, era un ejemplo de la demanda existente en la sociedad. Es por todo ello, así como por modificaciones legales ocurridas durante estos años como los derivados de la STC 236/2007 que ha venido a ampliar los derechos de los extranjeros en situación administrativa irregular, o la Instrucción 12/2007 sobre garantías en caso de detención, que hemos decidido realizar esta segunda edición. Esperamos que este Manual siga siendo igual de útil aunque, sin duda alguna, esta información será poco valiosa si no la aplicamos a través de la manera en que los derechos, al igual que los músculos, se fortalecen: desde su ejercicio diario. Grupo 17 de Marzo – Andalucía, invierno de 2009.
El derecho de reunión pacífica y sin armas y el derecho de manifestación están recogidos en la Constitución. Para ejercer estos derechos no se requiere de ninguna autorización previa. Cuando la reunión se realiza en un local cerrado no necesita de ningún requisito. Ahora bien, en caso de que la reunión se prevea en lugares de tránsito público debe comunicarse a la autoridad (Subdelegación de Gobierno) con antelación mínima de 10 días naturales y máxima de 30 (se reduce a 24 horas si existen causas extraordinarias y graves) y haciendo constar: > identificación y firma de los convocantes; > recorrido (en caso de manifestación), lugar, fecha y hora; > afluencia y duración prevista; > existencia de medidas de seguridad propias de los manifestantes o solicitud de algunas a la Administración (corte de ciertas calles, escolta policial, etc…). Se trata únicamente de informar a la autoridad, no de pedir permiso.
La autoridad puede prohibir o modificar algunos aspectos en base a: > razones fundadas de alteración del orden público (manifestaciones anteriores parecidas, por ejemplo); > peligro para las personas o bienes (cambios en el itinerario por obras, afluencia prevista, tráfico rodado, corte de carreteras, etc…); > utilización de uniformes paramilitares. Todos estos cambios deben estar justificados y son recurribles ante los Tribunales, que son quienes finalmente deciden sobre si procede o no limitar el derecho. No te la pueden prohibir porque suponga una alteración del tráfico de vehículos ni, mucho menos, por los contenidos ideológicos que se defiendan.
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones o manifestaciones y de espectáculos públicos, procurando que no se perturbe la seguridad ciudadana. Sin embargo, no podrán suspender los espectáculos y disponer el desalojo de los locales y el cierre provisional de los establecimientos públicos sino en casos excepcionales. Antes de llevar a efecto cualquier medida de disolución, la policía deberá avisar de ellas a las
personas afectadas. Sólo en el caso de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas o con otros medios de acción violenta podrán disolver la reunión o manifestación sin necesidad de previo aviso.
¿Te pueden limitar manifestación?
Sí, es su obligación informarte de su número de carnet profesional, pero en la práctica no solo no lo harán sino que en determinadas situaciones (una concentración) ese derecho puede provocarte consecuencias jurídicas (una denuncia falsa). De cualquier forma intenta conseguir todos los datos que puedas. Así, el número de placa aparece en el uniforme, a excepción de las Unidades de Intervención Policial (antidisturbios) que no llevan. En este caso fíjate en los dibujos de su insignia (número de laureles) y otros datos de carácter personal.
Infracciones leves: > El incumplimiento de la obligación de tener expedido el DNI. Ojo: La obligación sólo es de haberlo pedido o estar en trámite para obtenerlo, no de llevarlo en el momento que te lo pidan. > La negativa a entregar la documentación personal cuando hubiere sido acordada su retirada o retención. > Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes. Pueden achacarte delito o falta, como puedes ver en el apartado IDENTIFICACIÓN. > Alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos. Esto debe ser demostrado por la autoridad. No vale cualquier acto que ellos consideren “desorden”. Infracciones graves: > Convocar o realizar manifestaciones sin comunicarlo a la autoridad competente en los casos en los que sea necesario.
> La negativa de acceso o la obstaculización del ejercicio de las inspecciones o controles reglamentarios en fábricas, locales, o establecimientos. (Estos dos primeros comportamientos pueden ser considerados hasta de muy graves, teniendo en cuenta la entidad del riesgo producido o del perjuicio causado, o cuando supongan atentado contra la salubridad pública, hubieren alterado el funcionamiento de los servicios públicos, los transportes colectivos o la regularidad de los abastecimientos, o se hubieren producido con violencia o amenaza colectivas) > La provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana. > Originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público. Si el daño tuviera el carácter de delito o falta, la sanción iría por la vía penal.
¿Qué son las gubernativas?
Las sanciones son multas económicas que se imponen vía administrativa (Ministerio del Interior, vía Delegados y Subdelegados del Gobierno). Son recurribles ante la jurisdicción contenciosoadministrativa, que suele ser menos garantista que la jurisdicción penal.
Infracciones leves: multas de hasta 300 euros. Infracciones graves: multas de 300 a 30.000 euros (éstas son las más habituales). Infracciones muy graves: multas de 30.000 a 600.000 euros.
ESQUEMA DE LAS FALTAS SANCIONES POSIBLES
Causar lesión constitutiva de delito por imprudencia leve Lo mismo pero cometidos con vehículos a motor
- Multa de 10 a 30 días (requiere denuncia del agraviado) - Idénticas penas a las que se añade la privación del derecho a conducir entre 90 y 365 días (requiere denuncia del agraviado) - Idénticas penas a las que se añade la privación del derecho a la tenencia de armas entre 90 y 365 días (requiere denuncia del agraviado) - Localización permanente de 2 a 12 días o multa de 10 a 20 días - Localización permanente de 7 a 12 días o multa de 15 a 20 días - Localización permanente de 2 a 6 días o de 3 a 9 días de trabajo en beneficio de la comunidad - Localización permanente de 2 a 12 días o multa de 10 a 30 días
Lo mismo pero cometidos con arma
Causar daños intencionadamente cuyo importe no exceda de 400 euros Causar daños en bienes protegidos intencionadamente cuyo importe no exceda de 400 euros Pintadas, destrozos o desperfectos en mobiliario urbano Perturbar levemente el orden en la audiencia de un Juzgado, acto público, espectáculo deportivo o cultural, solemnidad o reunión numerosa Faltar el respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes o desobedecerlos levemente al ejercer sus funciones
- Multa de 10 a 60 días
4. EN CASO DE DETENCIÓN
1-DETENCIÓN PREVENTIVA ¿Qué es la detención preventiva?
Es una medida cautelar mientras el juez decide la puesta en libertad o la entrada en prisión. El tiempo de duración debe ser el mínimo posible. La constitución establece como máximo 72 horas, pero la policía está obligada a ponerte a disposición judicial en cuanto hayan terminado sus averiguaciones respecto a ti. La puesta a disposición judicial debe realizarse en el lugar más próximo a donde te detuvieron. En caso de que te acusen de pertenencia a banda armada los plazos se amplían hasta 48 horas más y la puesta a disposición del juez se realiza en los Juzgados Centrales de Instrucción, en la Audiencia Nacional (Madrid).
> tienes derecho a guardar silencio, a no responder a las preguntas y a declarar solamente ante el juez, a no declarar contra ti mismo y a no confesarte culpable. > nombrar un abogado y pedir que asista a las diligencias policiales y judiciales. Si no lo nombras tú, se te designará uno de oficio. No podemos renunciar a este derecho. Además, la asistencia letrada es necesaria. En la práctica, facilitar el nombre y el teléfono de un abogado es una manera de dar a conocer tu detención. > a que avisen (ellos, no tú) a algún familiar u otra persona de los hechos que se te imputan y del lugar de la detención. > ser asistido por un intérprete si eres extranjero. > ser reconocido por un médico forense en cada momento en que lo solicites a lo largo de la detención.
La simple retención policial no es constitucional. Sólo es legal el traslado a una dependencia policial por el tiempo imprescindible para la identificación o realización, por ejemplo, de la prueba de alcoholemia, si no fue posible en la vía pública. En este caso, acudimos libre y voluntariamente, nunca en calidad de detenido
2 - DECLARACIÓN ANTE LA POLICÍA O GUARDIA CIVIL ¿Qué ocurre durante la detención?
Durante la detención te recluyen en las dependencias policiales donde realizan un interrogatorio. En él deben estar presentes, además del imputado, dos policías y tu abogado defensor. Durante el tiempo que permaneces detenido debes recibir la alimentación suficiente y la medicación que fuere necesaria. Los objetos que llevaras en el momento de la detención son introducidos en una bolsa precintada y devueltos posteriormente. También te tomarán fotografías y las huellas dactilares.
En cualquier caso, durante su declaración, el detenido tiene derecho a: > No declarar. Puedes negarte a declarar sin que ello implique ningún perjuicio. > Leer tu declaración y no firmarla si no estás conforme. > Identificar a los agentes que te han detenido > Estar asistido por un abogado durante el interrogatorio. Si no está presente no se considera interrogatorio sino declaración voluntaria. Después puedes entrevistarte en privado con él.
Se trata de que la persona detenida sea oída por el juez e informada de sus derechos y del procedimiento para sea posible una defensa eficaz. Ante el juez te lleva la policía o la Guardia Civil y el interrogatorio suele ser en el Juzgado de Guardia. Allí deben: > Informarnos de manera que podamos comprender la existencia del procedimiento y del hecho que se nos atribuye. > Nuestro abogado tiene derecho a conocer las diligencias ya practicadas. > Formularte las preguntas de manera directa, sin amenazas ni coacciones. > El juez debe informarnos del derecho a dictar las respuestas y leer la declaración. > Si no conoces el idioma o eres sordo, tienes además derecho a un intérprete. > Si se hace largo el interrogatorio, debe interrumpirse el tiempo necesario para que el detenido pueda descansar. En la declaración debe constar el tiempo que duró el interrogatorio. > Se puede declarar cuantas veces se quiera. > La confesión no libera de la obligación de realizar todas las investigaciones para comprobar su veracidad y la existencia de un delito. > Avisar a la familia de la detención. > Asistencia de un medico forense.
EL PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS ¿Qué es?
Se puede realizar oralmente o por escrito, en el que consten los datos de quien lo solicita, los del detenido, el lugar donde se produjo la detención, la autoridad que lo custodia y el motivo por el que se solicita. El juez está obligado en todo caso a escuchar al detenido y a su abogado, al Fiscal y a la Autoridad que lo detuvo, y a practicar, en 24 horas, las pruebas que le propongan. A la solicitud se responde en forma de auto motivado, en el que se acuerda la continuación de la detención, la modificación de las condiciones, la puesta a disposición judicial o la libertad.
6. ALGUNAS GARANTÍAS MÁS: LA INSTRUCCIÓN 12/2007 DEL MINISTERIO DE INTERIOR
La Instrucción 12/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior establece una serie de garantías en caso de detención. El aspecto negativo es que sólo son aplicables a las detenciones que practique la Policía Nacional o la Guardia Civil. El positivo, que a estos dos cuerpos sí puedes exigirles su cumplimiento porque para ellos es obligatorio. Si te ves en la necesidad de reclamar alguno de estos derechos, alude siempre al número de la instrucción. En resumen, algunas de las obligaciones que se les imponen son:
> La detención de personas relacionadas con bandas armadas podrá prolongarse por un plazo de otras 48 horas tras las 72 horas
máximas, siempre y cuando la solicitud se formule motivadamente dentro de las primeras 48 horas desde la detención y el Juez lo autorice dentro de las 24 horas siguientes.
> Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe terminantemente el uso de cualquier exceso físico o psíquico para obtener una declaración del detenido, de manera que el empleo de tales medios constituye infracción penal o disciplinaria, y como tal, será perseguida.
> Los traslados de los detenidos menores de edad se realizarán siempre de forma separada de los detenidos mayores de edad. Su custodia se realizará en dependencias adecuadas y separadas del resto de detenidos, especialmente si éstos son mayores de edad. > La detención se comunicará de modo inmediato al Ministerio Fiscal y a los padres, tutores o guardadores del menor o, en caso de menores tutelados por la Administración, a la entidad pública encargada de la protección. > La exploración del menor detenido se llevará a cabo en presencia de su letrado y de sus padres, tutores o guardadores. En defecto de estos últimos, la declaración se llevará a cabo en presencia del Ministerio Fiscal.
> La práctica de la identificación mediante el traslado a las dependencias policiales supone una restricción del derecho de libertad ambulatoria que sólo se puede utilizar en aquellos supuestos en que la identificación no pueda conseguirse por otros medios y resulte necesaria para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad encomendadas a los agentes. > Cabe recordar que, en principio, puede considerarse adecuada la identificación conseguida mediante documentos oficiales distintos del DNI. > La dependencia policial será la más próxima que cuente con posibilidades y medios para realizar la diligencia de identificación, debiendo realizarse la misma de manera inmediata y sin dilación alguna y, por lo tanto, no prolongándose bajo ningún concepto más del tiempo imprescindible para dicho fin. > Siempre se informará a la persona de las razones del requerimiento y su justificación legal, así como de su derecho a no informar de otros datos distintos a los necesarios para su identificación.
> Está terminantemente prohibida la utilización, durante la detención o en cualquier otro servicio
policial, de armas que no estén incluidas en los equipamientos oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o cuya utilización no haya sido autorizada expresamente. > En todo caso, sea cual fuere o hubiera sido el comportamiento del detenido, no se justifica ningún tipo de violencia cuando aquél haya sido inmovilizado. > En el caso de detenciones de personas gravemente afectadas por la ingesta de alcohol, sustancias estupefacientes o afectadas por algún tipo de trastorno mental, incluso transitorio, se procederá a su traslado a un centro sanitario a la mayor urgencia posible.
> A fin de proteger la dignidad del detenido, cuando los funcionarios policiales se vean obligados a realizar cacheos en la vía pública, deberán buscar el lugar más idóneo y discreto posible. > Los cacheos se llevarán a cabo, salvo urgencia, por personal del mismo sexo que la persona cacheada. El criterio a seguir siempre en esta operación es el del máximo respeto a la identidad sexual de la persona cacheada, lo que deberá tenerse en cuenta muy especialmente en el caso de personas transexuales.
> El esposamiento de un detenido se considera incluido entre las medidas de seguridad que pueden adoptarse en los supuestos previstos en el artículo 525 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, salvo orden contraria de la Autoridad Judicial. No obstante, el agente que practique la detención o conducción, en atención a factores como las características del delito o la actitud del detenido, podrá valorar la conveniencia de aplicar o no esta medida con la finalidad de incrementar la discreción y no perjudicar la reputación del detenido. > Se utilizarán prioritariamente sistemas reglamentarios de sujeción de muñecas, en cualquiera de sus modalidades, si bien en circunstancias excepcionales de urgencia o por el tipo de servicio de que se trate, y siempre de manera transitoria, se permitirá utilizar manillas de plástico, lazos de seguridad o dispositivos similares, cuyo uso haya sido expresamente autorizado. > Se tendrán en cuenta las circunstancias excepcionales que aconsejen rebajar o modular esta medida, como en el caso de mujeres en avanzado estado de gestación o de personas con alguna malformación o impedimento físico. > Para preservar la intimidad del detenido, se evitará prolongar innecesariamente su exposición al público más allá de lo imprescindible.
> Durante la estancia en los calabozos se pondrá especial cuidado en procurar que el detenido pueda realizar sus necesidades fisiológicas con la suficiente intimidad e higiene. > Se proporcionará a los detenidos la estancia en dependencias policiales en condiciones de higiene adecuada, así como alimentación suficiente en calidad y cantidad, teniendo en cuenta la duración de la estancia y aquellas particularidades de las personas que, por padecer alguna enfermedad o por motivaciones religiosas, no deben ingerir algún tipo de alimentos. No obstante, el detenido podrá procurarse a sus expensas algún alimento adicional que será convenientemente revisado. Cuando el detenido vaya a pernoctar en la dependencia, se le proveerá de colchón, manta y otros elementos necesarios, cuidando que el material sea de naturaleza ignífuga y se encuentre en condiciones idóneas de uso.
1 - DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA
A efectos de ejercer derechos como el de manifestación, los extranjeros en situación irregular constituyen una segunda categoría de personas ya que el ordenamiento jurídico prevé medidas especiales que no son aplicables a los ciudadanos nacionales, como la expulsión. El motivo de que se incluya este apartado es que cada vez resulta más frecuente la presencia de activistas migrantes en las luchas. Este apartado se centrará en el extranjero como sujeto activo de las luchas y no en otros aspectos del régimen de extranjería.
Según el Tratado de Schengen existe libre circulación entre los países firmantes, desapareciendo así las llamadas fronteras interiores. Sin embargo esta regla general contiene excepciones. Cuando las razones de orden público así lo exigan, se puede suspender temporalmente el Tratado, con comunicación previa al resto de miembros, y restablecer el control en dichos puestos fronterizos. Contra esta medida se puede interponer recurso contencioso administrativo por vulneración de derechos fundamentales. La efectividad de este
recurso quedará limitado por el tiempo,ya que será resuelto con posterioridad al acontecimiento que propició tu retención en frontera. Entre los extranjeros la L.O. 14/2003 distingue entre los que han regularizado su situación y los que no. Los primeros son sujetos con derechos semejantes a los nacionales (aunque nunca iguales) y los segundos carecen de derechos básicos como el derecho a la reagrupación familiar o el derecho al trabajo (en concreto, a acceder a cualquier puesto de trabajo). La diferencia entre un nacional o extranjero regularizado y otro que no lo está es importante a efectos administrativos y penales.
DERECHOS Documentación Libertad de Circulación Tutela Judicial Efectiva Asistencia Sanitaria
NO REGULARIZADOS Sí Sí Sí Menores de 18 años igual que los españoles, urgencias, embarazo, parto y posparto No
Sí Sí Sí Empadronados: asistencia igual que los españoles
Posibilidad de sufragio en las elecciones municipales atendiendo a criterios de reciprocidad Sí Sí Derecho a la educación no obligatoria en iguales condiciones que los españoles Sí, pero con límites de acceso a la función pública Sí Igual que los españoles Sí, pero con limitaciones Sí en iguales condiciones que los españoles
Reunión y Manifestación Asociación Educación
Sí Sí Enseñanza Básica y Secundaria
Trabajo Sindicación y Huelga Seguridad Social y Servicios Sociales Reagrupar a la Familia Asistencia jurídica gratuita
Sí Prestaciones Básicas No Sí en iguales condiciones que los españoles
La Ley de Extranjería dice que son infracciones graves: > Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente. > La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. > Art. 57. Expulsión del territorio - 1. Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c) d) y f) del artículo 53 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo. La multa, siendo teóricamente la sanción general, se convierte en la excepción. Así la medida de expulsión es aplicada de forma prioritaria en prácticamente todos los casos.
Al extranjero que no tenga regularizada su situación y le sea requerida su identificación por la Policía Nacional o Guardia Civil, será detenido (no más de 72 horas) y trasladado a sus dependencias, en las que se les abrirá el correspondiente expediente de expulsión. El extranjero tendrá derecho a un intérprete y a un abogado de oficio (y a los demás derechos que le corresponden como a cualquier detenido), que le asistirá en la notificación del acto de expulsión. Es fundamental que el extranjero se quede con el nombre y teléfono del abogado, ya que hay 48 horas para recurrir la orden de expulsión y se pueden aportar documentos que demuestren lo innecesario de esa medida. En algunos casos pueden que le retiren el pasaporte o le obliguen firmar cada cierto tiempo en comisaría. Por ello es conveniente que nunca lleve el pasaporte encima o al menos el original. Por supuesto nunca hay que ir a firmar a comisaría sin asesoramiento porque normalmente en una de dichas comparecencias le notificarán la expulsión y será inmediatamente deportado. Cuando el extranjero no tiene autorización de residencia y además no tiene domicilio en España, ni familiares, ni posibilidad de iniciar un procedimiento de arraigo social puede ser solicitado (por la Autoridad Gubernativa) ante el Juez de Instrucción
su ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (Algeciras, Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia, etc.), mientras se tramita la expulsión. Muchas veces aunque tenga arraigo y familiares son ingresados en estos centros. Solamente podrá permanecer aquí un máximo de cuarenta días, transcurrido el cual habrá sido puesto en libertad o expulsado. Si en seis meses no es notificada la resolución de expulsión el procedimiento caduca, lo cual no quiere decir que no le puedan abrir otra posteriormente.
¿En todos los casos es deportado un extranjero que tiene firme una expulsión?
No siempre es deportado, hace falta que el país de origen lo reconozca y lo acepte. Normalmente el Estado español firma acuerdos estables o puntuales con terceros países para devolver a sus nacionales (Marruecos, Bulgaria, Colombia, Chile, Ecuador, Letonia, Lituania, Marruecos, Nigeria, Polonia, Rumanía, República Eslovaca, por ejemplo) pero en otros muchos casos el extranjero se queda aquí, produciéndose la muerte civil de dicha persona, ya que no podrá acceder a un puesto de trabajo ni regularizar su situación. Esa persona no existe, a efectos legales. Como ya hemos dicho, aunque la ley contempla que la multa administrativa será utilizada con preferencia a la expulsión, en la práctica ocurre al revés.
A los extranjeros regularizados o comunitarios se les puede iniciar orden de expulsión en cuestiones de orden público del artículo 23 de la Ley Corcuera apartados a, c y m (manifestaciones no comunicadas, desórdenes graves en la vía pública, causar daños en bienes de uso público, etc). Un extranjero en situación irregular también puede ser expulsado en los siguientes casos: 1) Si es condenado a penas privativas de libertad inferiores a seis años serán sustituidas por la expulsión como regla general, según el artículo 89 del Código Penal. Esto puede producirse por un delito de desórdenes públicos, atentado a la autoridad o desobediencia, entre otros. 2) Si la pena es mayor a un año la LOEx permite la sustitución de la multa por la expulsión (art. 57.2 LOEx). 3) Si es condenado a penas superiores a seis años, una vez que cumpa las tres cuartas partes de la condena será expulsado del territorio, conforme al artículo 89 C.P. En todos los casos, el extranjero no podrá regresar en un plazo de tres a diez años, y en todo caso, mientras no haya prescrito la pena y cancelados sus antecedentes penales. Asimismo, el extranjero pierde la oportunidad de regularizar su situación hasta que se archive la orden de expulsión y finalice el periodo de prohibición de entrada en el país.
> No tienes obligación de declarar nada ante la policía o Guardia Civil. > Tienes derecho a que informen de tu detención a la persona y teléfono que tú indiques. > Tienes derecho a elegir un abogado y que ellos lo llamen para que se encargue de tu defensa. > En cualquier momento puedes exigir que te revise un médico forense para controlar que no haya malos tratos.
> En cuanto terminen las diligencias policiales (cuando la policía te tome declaración) tienen que llevarte ante el juez. Si te devuelven al calabozo puedes exigir un habeas corpus y tienen que ponerte inmediatamente ante el juez o cometerán un delito. > Ya en el Juzgado tendrás derecho a entrevistarte con tu abogado antes de la declaración. Déjate aconsejar profesionalmente por él.
> Puedes pedir al miembro de la fuerza de la autoridad que se identifique con su número de carnet profesional. Si no lo hace, no insistas, busca testigos, toma nota de la matrícula del coche, etc., para asegurarte de quién es y de que se ha negado y después podrías denunciarlo. > Si los insultas o los agredes pueden acusarte de atentado.
> Lo que llamamos “multa” es en realidad sólo una denuncia que hace el policía. Después debe abrirse un expediente para decidir si se te multa. En todo este proceso puedes intervenir, presentando alegaciones por ti mismo o con tu abogado.
> Acepta cualquier notificación que te den porque puede servirte para preparar el recurso.
> En cuanto puedas, sin curarte tú mismo, debes ir al hospital a que te atiendan y pedirles que te den un parte médico con las lesiones que sufres. Lo podrás utilizar para denunciar al policía agresor. > Quédate con los móviles y los nombres de cualquier testigo que tengas, te harán falta para el juicio contra la policía. > No lo denuncies en una comisaría, sino en el Juzgado de Guardia. En todo caso te recomendamos que consultes antes con tu abogado.
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 artículo 53
 resolución 
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 artículo 89
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