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Casación 822 2014 Amazonas | Derecho procesal | Castigos
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Año XXV / Nº 1026
SALA PENAL PERMANENTE CASACIÓN N° 822 - 2014 AMAZONAS
Sumilla: no se puede imponer una pena mayor a la impuesta en la sentencia anulada cuando dicha nulidad haya sido provocada por la defensa. Norma: inc. 2 del art. 426 del Nuevo Código Procesal Penal. Palabras clave: nulidad, nueva sentencia, reforma peyorativa.
En audiencia pública; el recurso de casación por la causal de infracción de norma procesal – inc. 2 del art. 426 del Nuevo Código Procesal Penal –, interpuesto por la defensa técnica de los procesados Roisser Delgado Bravo y Roberto Vallejos Samamé contra la sentencia de vista – fojas 373 – del 10 de noviembre de 2014 que conﬁ rmó la resolución apelada – fojas 249 – del 12 de junio de 2014, que condenó a los citados imputados como autores del delito contra la libertad personal – secuestro agravado en agravio de Segundo Esau Huamán Tejedo, y como tal les impuso 30 años de pena privativa de libertad, ﬁ jó en S/. 2000 el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar a favor del agraviado. Interviene como ponente el señor juez supremo Villa Stein.
De acuerdo a la acusación ﬁ scal – fojas 02 –, se imputa a los procesados Roisser Delgado Bravo y Roberto Vallejos Samamé que el día 30 de agosto de 2011 a las 20:00 horas aproximadamente, los citados procesados, en su condición de personal de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, han ingresado al domicilio del agraviado Segundo Esau Huamán Tejedo, lo cogieron y lo llevaron por la fuerza hacia afuera de la casa, para posteriormente llevarlo a bordo de una camioneta con dirección al oriente, llegando a 8 Km aproximadamente de recorrido desde el sector de San Luis e ingresaron a unos 150 metros por una trocha carrozable por un desvío hacia el lado izquierdo de la carretera en mención, lugar donde le han bajado del carro y lo han agredido físicamente con golpes de puño y patadas por diferentes partes del cuerpo, además de
golpearlo en la planta de los pies con una vara de ley, sin importarles que el agraviado se encontraba con los grilletes puestos en las manos, y que por motivo de esta detención, y durante el forcejeo, el agraviado ha perdido su billetera que contenía su DNI N° 41172992, dos licencias de conducir categoría A-1 y B-2-III esta última de vehículo menor, una tarjeta de aﬁ liación a la entidad ﬁ nanciera “Raíz” y la suma de trescientos nuevos soles en efectivo, para luego dejarlo abandonado en el lugar, por lo que, Segundo Esau Huamán Tejedo ha tenido que caminar un buen lapso de tiempo para llegar a esta ciudad de Bagua Grande, hechos por los cuales Segundo Esau Huamán Tejedo ha interpuesto la denuncia y se le practicó el reconocimiento médico legal.
1. El señor Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Utcubamba – fojas 01 – formuló su requerimiento de apertura a juicio (acusación), en contra de Roisser Delgado Bravo y Roberto Vallejos Samamé, como coautores del delito contra la libertad – secuestro agravado – art. 152 con la agravante del inc. 10 de su segundo párrafo del Código Penal – en agravio
de Segundo Esau Huamán Tejedo, solicitando se les imponga 30 años de pena privativa de libertad, y se ﬁ je en 1000 nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar a favor del agraviado en forma solidaria.
2. Con fecha 04 de abril de 2013 – fojas 09 – el
Juzgado de Investigación Preparatoria de Utcubamba realizó el control de acusación. Posteriormente, dictó auto de enjuiciamiento – fojas 12 – contra Roisser Delgado Bravo y Roberto Vallejos Samamé, como coautores del delito contra la libertad– secuestro agravado – art. 152
con la agravante del inc. 10 de su segundo párrafo del Código Penal – en agravio de Segundo Esau Huamán Tejedo.
3. El día 2 de mayo de 2013, el Juzgado Penal
Colegiado de Utcubamba emitió el auto de citación a juicio. Con fecha Tras la realización del juicio oral, dictó sentencia el 6 de septiembre de 2013 – fojas 92 – condenando a los procesados Roisser Delgado Bravo y Roberto Vallejos Samamé, como autores del delito contra la libertad personal – secuestro agravado – art. 152 con la agravante del inc. 10 de su segundo párrafo del Código Penal – en agravio de Segundo Esau Huamán Tejedo, y como tal les impuso 10 años de pena privativa de libertad,
ﬁ jó en S/. 1000 nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar a favor del agraviado.
4. Contra la citada sentencia, la defensa de los
procesados Roisser Delgado Bravo y Roberto Vallejos Samamé interpuso recurso de apelación – a fojas 110 – solicitando la absolución de sus patrocinados por haberse vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.
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5. Juzgado Penal Colegiado de Utcubamba por
resolución del 30 de septiembre de 2013 – fojas 126 – admitió el recurso interpuesto por la defensa de los procesados Roisser Delgado Bravo y Roberto Vallejos Samamé; mediante resolución del 4 de diciembre de 2013 – fojas 160 – la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua señaló fecha para la audiencia de apelación de sentencia, la que se realizó conforme al acta del 17 de
diciembre de 2013 – fojas 165 – con la intervención del Representante del Ministerio Público y de la defensa de los procesados Roisser Delgado Bravo y Roberto Vallejos Samamé.
6. El día 19 de diciembre de 2013 – fojas 185 –, Sala
Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua dictó sentencia de vista declarando nula la sentencia apelada de primera instancia. Como consecuencia, dispusieron que otro colegiado emita una nueva sentencia teniendo en cuenta las consideraciones planteadas en la sentencia de apelación.
7. En cumplimiento por lo decidido por la Sala Penal
de Apelaciones y Liquidadora de Bagua, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Amazonas realizó un nuevo juicio oral, y el día 12 de junio de 2014 emitió sentencia – fojas 249 – en la cual condenó a Roisser Delgado Bravo y Roberto Vallejos Samamé como autores del delito contra la libertad personal – secuestro agravado en agravio de
Segundo Esau Huamán Tejedo, y como tal les impuso 30 años de pena privativa de libertad y, ﬁ jó en S/. 2000 el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar a favor del agraviado.
8. Contra esta última sentencia, la defensa de los
procesados Roisser Delgado Bravo y Roberto Vallejos Samamé interpuso recurso de apelación – fojas 293 – argumentando que se habrían vulnerado los derechos al debido proceso, a la motivación de las resoluciones judiciales y a la prueba.
9. Con fecha 9 de julio de 2014, el Juzgado Penal
Colegiado Supraprovincial de Amazonas admitió el recurso de apelación planteado por la defensa de los
sentenciados Roisser Delgado Bravo y Roberto Vallejos Samamé; el día 21 de octubre de 2014 – fojas 356 –, la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua, llevó a cabo la audiencia de apelación de sentencia conforme se aprecia del acta – fojas 355 – con presencia de la defensa de los citados procesados y el representante del Ministerio Público.
10. El día 10 de noviembre de 2014, la Sala Penal de
Apelaciones y Liquidadora de Bagua emitió sentencia de vista – fojas 373 – en la cual conﬁ rmó la resolución apelada
– fojas 249 – del 12 de junio de 2014, que condenó a los procesados Roisser Delgado Bravo y Roberto Vallejos Samamé como autores del delito contra la libertad personal – secuestro agravado en agravio de Segundo Esau Huamán Tejedo, y como tal les impuso 30 años de pena privativa de libertad y, ﬁ jó en S/. 2000 el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar a favor del agraviado. En tanto los citados procesados tenían la condición de no habidos, se ordenó su ubicación y captura.
11. Contra la sentencia de vista del 10 de noviembre
de 2014, la defensa de los sentenciados Roisser Delgado Bravo y Roberto Vallejos Samamé interpuso recurso de casación – fojas 403 – invocando la procedencia de admisibilidad de los incisos 1 y 2 del artículo 427 del Nuevo Código Procesal Penal, y las causales de: vulneración de normas constitucionales de carácter procesal, normas legales procesales y maniﬁ esta ilogicidad o falta de logicidad en la motivación de la sentencia, conforme a los inciso 1, 2 y 4 del artículo 429 del Nuevo Código Procesal Penal.
LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS ROISSER
DELGADO BRAVO Y ROBERTO VALLEJOS SAMAMÉ
12. El Tribunal Superior por resolución del 3 de
diciembre de 2014 – fojas 427 – concedió el recurso de
casación interpuesto por la defensa de los procesados Roisser Delgado Bravo y Roberto Vallejos Samamé.
13. Este Supremo Triubunal, mediante el auto de
caliﬁ cación del recurso de casación del 8 de junio de
2015 – fojas 60 del cuaderno de casación formado en esta instancia – declaró bien concedido los recursos de casación interpuestos por la defensa técnica de los procesados Roisser Delgado Bravo y Roberto Vallejos
Samamé solo por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 429 del Nuevo Código Procesal Penal – infracción al derecho fundamental a la motivación contenido en el inciso 2 del artículo 426 del Nuevo Código Procesal Penal –.
14. Deliberada la causa en secreto y votada el día 18
de mayo de 2016, esta sala suprema emitió la presente sentencia de casación, cuya lectura en audiencia pública – con las partes que asistan – se realizará por la Secretaria de Sala el día 1 de junio de 2016, a las 8:30 horas.
1. Veriﬁ car si existe infracción del inciso 2 del artículo
426 del Nuevo Código Procesal Penal al caso concreto.
2. El artículo 429 en su inciso 2 – Nuevo Código
Procesal Penal – regula como una de las causales para
interponer la casación la infracción de normas procesales sancionadas con nulidad. Esto signiﬁ ca que la corte suprema, como máxima instancia de la justicia ordinaria, puede casar aquella sentencia que injustiﬁ cadamente no aplica una norma procesal en el caso concreto.
3. A esta norma subyace la idea de que el recurso de
casación permite que este supremo tribunal veriﬁ que que
los jueces apliquen las normas pertinentes en el proceso. Ello no es sino una expresión del derecho al debido proceso por cuanto toda persona tiene derecho a una resolución fundada en derecho 1 .
4. Así las cosas, tenemos que en el presente caso
hemos de veriﬁ car que no se aplicó la norma procesal penal contenida en el inciso 2 del artículo 426 del Nuevo Código Procesal Penal cuyo texto es el siguiente:
Si el nuevo juicio se dispuso como consecuencia de un
recurso a favor del imputado, en éste no podrá aplicarse una pena superior a la impuesta en el primero.
5. La citada norma procesal prohíbe la aplicación de
una pena superior a la que se impuso en la sentencia
emitida en el juicio que fue anulado por razón de un recurso a favor del procesado. Con ello, para aplicar esta norma es necesario: la existencia de una primera sentencia condenatoria, que la misma sea anulada por un recurso en favor del sentenciado, y que exista una segunda sentencia condenatoria donde se impone una pena superior a la establecida en la primera sentencia condenatoria.
6. Esta opción legislativa es un supuesto que evita
empeorar la situación jurídica de quien logra la nulidad de la sentencia en uso de su derecho a la impugnación.
1 Derecho reconocido en la sentencia recaída en el Exp. 06151- 2007-PA/TC del 12 de septiembre del 2008, f. j. 3.
Normalmente, al haber sido declarada nula la sentencia del primer juicio, lo allí actuado o decidido no tendría por qué causar efecto alguno en la segunda sentencia. No obstante, el legislador es quien ha optado por establecer una excepción a esta regla con el inciso 2 del artículo 426 del Nuevo Código Procesal Penal. 7. El resultado es que cuando el procesado impugna la sentencia solicitando su nulidad, no se ve amedrentado por la posibilidad de ver empeorada su situación jurídica con el resultado que del nuevo juicio emane. Esto viene a ser un supuesto de prohibición de reforma peyorativa – reformatio in peius – que tiene como referente la sentencia anulada. Aquello que no puede empeorar la situación del procesado, es la sentencia condenatoria que se emita en el nuevo juicio en el extremo de la cantidad de pena a imponer. 8. En la medida que el artículo objeto de análisis habla de “un recurso a favor del imputado”, se entiende que dicho recurso puede haber sido interpuesto tanto por la defensa como por el Ministerio Público – tal como lo recoge el lit. “a” del inc. 1 del art. 405 del Nuevo Código Procesal Penal 2 – en cumplimiento de su rol de defensor de la legalidad 3 . 9. Una vez que se veriﬁ ca que el nuevo juicio tuvo lugar por un recurso a favor del procesado, la pena impuesta en el primer juicio se vuelve un límite infranqueable conforme lo prescribe el inciso 2 del artículo 426 del Nuevo Código Procesal Penal. Lo que corresponde es preguntarnos sobre la naturaleza jurídica de esta prohibición ¿limita las facultades del juez o regula la consecuencia jurídica del delito?
10. Si entendemos que el dispositivo legal mencionado
limita las facultades del juez que componen los elementos de la jurisdicción, especíﬁ camente su iuditio – facultad de
determinar el derecho –, entonces nos encontraremos ante un error en el proceder – error in procedendo – y corresponde la anulación del acto procesal viciado a menos que el mismo pueda ser subsanado por el tribunal revisor.
11. Si por el contrario entendemos que esta norma
regula la consecuencia jurídica de la norma penal, entonces nos encontraremos ante un error en enjuiciamiento – error in iudicando, alude a errores en la operación intelectiva de
aplicar el derecho al tema de fondo – y corresponderá la revocación mediante la aplicación correcta del derecho.
12. La determinación del tipo de error en que incurre
el juzgador no es cosa fácil. En la medida que todo derecho exigido judicialmente se determina en el seno del proceso, se podría aﬁ rmar que todo error, incluso la incorrecta aplicación del derecho sustantivo, es un error in procedendo 4 . La diferencia cualitativa del error debe ser encontrada en que “los vicios in iudicando se cometen cuando el juez resuelve sobre el fondo del asunto, mientras que los in procedendo acontecen en cualquier otro caso en la aplicación de la norma no haya tenido por ﬁ n resolver el objeto del litigio” 5 .
13. La pena en tanto consecuencia jurídica del delito,
es de naturaleza penal y por ende de derecho sustantivo en tanto versa sobre el fondo del litigio. En el proceso penal se ventila la responsabilidad penal del procesado,
tanto respecto a los hechos que se prueban en el juicio, como en la subsunción típica – identidad entre el hecho y la ley penal en la cual encajaría el mismo –. Naturalmente, todo tipo penal contempla un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica que normalmente es una pena privativa de libertad 6 .
14. Incluso su determinación está regulada en el
Código Penal – arts. 45, 46, 46-A, 46-B, 46-C, 46-D y 46-E
– porque se entiende que la cantidad de pena encuentra correspondencia en el reproche que la sociedad hace al individuo por haber defraudado una expectativa normativa 7 .
15. La norma contenida en el inciso 2 del artículo 426 del
Nuevo Código Procesal Penal, no regula la determinación judicial de la pena, como sí lo hacen los dispositivos antes señalados del Código Penal. Lo que establece es un tope
a la facultad del juez de determinar la pena a imponer en la sentencia que emana del nuevo juicio.
16. En la medida que la norma bajo análisis condiciona
la facultad del juez de decir el derecho objetivo por una
situación procesal, esto es la nulidad de una sentencia anterior que ﬁ jó una pena especíﬁ ca, la naturaleza del error que acontece ante la inobservancia del inciso 2 del artículo 426 del Nuevo Código Procesal Penal es en el proceder – in procedendo –.
17. A esta conclusión abona el que su incidencia sea
en el nuevo juicio, que tendrá como límite lo decidido
en el juicio anterior que fue anulado; y el que la norma está contenida en el Nuevo Código Procesal Penal. Así las cosas, falta determinar si en el caso concreto resulta menester anular la sentencia impugnada o si se puede revocar su decisión evitando el reenvío de la causa.
18. La nulidad es la sanción más drástica que se
desencadena por infracción a una norma procesal. Se entiende que es menester recurrir a esta consecuencia jurídica cuando no es posible que el tribunal revisor emita un pronunciamiento sobre el fondo sin vulnerar derechos
de los justiciables 8 . Ello, en tanto la ﬁ nalidad del proceso es lograr el pronunciamiento del órgano jurisdiccional 9 . Para conseguir ese cometido, el juez debe estar en las mejores condiciones posibles para aplicar el derecho.
19. En este orden de ideas, se vulneran derechos
de las partes cuando el juez revisor está en las mismas
condiciones que el juez que resolvió la causa antes que
él. En estas condiciones el juez a quem – juez que revisa la sentencia impugnada – puede emitir directamente pronunciamiento sobre el fondo sin necesidad de reenviar la causa mediante la anulación.
20. Así las cosas, la imposición de la pena supone
la veriﬁ cación de supuestos hechos que son parte de los hechos probados en el juicio, como lo son el vínculo
entre el procesado y la víctima, los antecedentes penales, nivel cultural, costumbres, etc. Esto implica que tanto el colegiado superior como este supremo tribunal, puede corregir errores en la cantidad de pena porque los hechos que se requieren para aplicar el derecho ya han sido acreditados en primera instancia.
2 Artículo 405 del Nuevo Código Procesal Penal. Formalidades del recurso.- “1. Para la admisión del recurso se requiere: a) Que sea presentado por quien resulte agraviado por la resolución, tenga interés directo y se halle facultado legalmente para ello. El Ministerio Público puede recurrir incluso a favor del imputado”.
3 Aunque esto no sea lo que de ordinario ocurre, es posible que el Ministerio Público interponga un recurso en favor del imputado cuando el fallo judicial es ilegal. En este caso, el representante del ministerio público en su rol de defensor de la legalidad debería impugnar en favor del procesado. Si como consecuencia de dicha impugnación o de la planteada por la defensa se da origen al nuevo juicio, se activa la prohibición de reformar en peor.
4 Cfr. Vilela Carbajal, Karla. Nulidades procesales civiles y sentencia ﬁ rme. Lima : Palestra, 2007, p. 70 y siguientes.
6 Se dice normalmente porque existen tipos penales como el delito de injuria, contenida en el artículo 130 del Código Penal, que no contemplan como consecuencia jurídica una pena privativa de libertad.
7 En tal sentido, el profesor Jakobs nos explica que: “La pena hay que deﬁ nirla positivamente: es una muestra de la vigencia de la norma a costa del responsable. De ahí surge un mal, pero la pena no ha cumplido ya su cometido con tal efecto, sino sólo con la estabilización de la norma lesionada”. Jakobs, Günther. Derecho Penal. Parte General. Segunda. Madrid : Macial Pons, 1997, p. 9.
8 En este sentido, Fredie Didier Jr. Y Pedrosa Nogueira nos explican que: “La invalidez de un acto procesal o del procedimiento es encarada por el derecho procesal como algo pernicioso. La invalidación del acto debe ser vista como solución de última ratio, tomada sólo cuando no fuese posible aprovechar el acto practicado con defecto. El magistrado debe sentir un profundo mal-estar cuando tenga que invalidar un acto procesal”. Didier Jr., Fredie y Pedrosa Nogueira, Pedro Henrique. Teoría de los hechos
jurídicos procesales. Lima : Ara Editores, 2015, p. 91.
9 Respecto a la deﬁ nición de proceso y su ﬁ nalidad Cfr. Vilela Carbajal, Karla. Nulidades procesales civiles…, ob. cit., p. 43.
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21. En tanto, todo el fenómeno procesal está destinado
a presentar al juzgador un caso en condiciones de ser analizado sobre el fondo, la nulidad solo se desencadenará cuando el vicio procesal no pueda ser corregido por el tribunal revisor. Cuando el vicio sea superable, se emitirá pronunciamiento sobre el fondo.
22. A la luz de lo expuesto en los considerandos
anteriores, la solución al caso concreto cae por su propio
peso. Se tiene que los procesados Roisser Delgado Bravo y Roberto Vallejos Samamé fueron sentenciados el 6 de
septiembre de 2013, siendo condenados a 10 años de pena privativa de libertad.
23. La defensa de los citados procesados fue quien
impugnó la decisión de primera instancia mediante un recurso de apelación, logrando su anulación por parte de la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua el día 19 de diciembre de 2013. Este recurso interpuesto a
favor de los procesados fue el que dio origen al segundo juicio oral celebrado por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Amazonas.
24. En este segundo juicio se emitió la sentencia del
día 12 de junio de 2014, en la cual se volvió a condenar a
los procesados Roisser Delgado Bravo y Roberto Vallejos Samamé por el delito de secuestro. Sin embargo esta vez se les impuso 30 años de pena privativa de libertad en lugar de los 10 años impuestos en la primera sentencia, contraviniendo la prohibición de empeorar la situación de los procesados que lograron anular una sentencia anterior
– norma contenida en el inc. 2 del art. 426 del Nuevo Código Procesal Penal –.
25. Esta decisión fue con ﬁ rmada por la Sala Penal
de Apelaciones y Liquidadora de Bagua perpetuando la infracción al inciso 2 del artículo 426 del Nuevo Código Procesal Penal. Una infracción tan ﬂ agrante del ordenamiento procesal, que limita las facultades del juzgador, vicia a dicha sentencia de un error insubsanable que debe ser corregido por este supremo tribunal.
26. Lo que nos queda por preguntarnos es si
corresponde anular la sentencia impugnada para que el colegiado superior emita un nuevo pronunciamiento, o si corresponde que este supremo tribunal corrija directamente el error judicial. Para ello tendremos que
veriﬁ car si nos encontramos en condiciones de realizar tal tarea.
27. El delito de secuestro agravado, por el cual han sido
condenados los recurrentes, contempla 30 años de pena privativa de libertad como sanción mínima a imponer. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la primera sentencia
condenatoria les impuso 10 años. Un tercio del mínimo de la pena a imponer, muy por debajo del mínimo legal. Por tanto, resulta evidente que no sería posible en ningún caso rebajar aún más la pena.
28. En tanto la primera sentencia es el límite
cuantitativo punitivo infranqueable, el máximo de pena que se les puede imponer en el segundo juicio – conforme
al inc. 2 del art. 426 del Nuevo Código Procesal Penal – no puede superar los 10 años de pena privativa de libertad.
29. Estando a una solución tan clara a la cual puede
llegar este supremo tribunal sin necesidad de ninguna otra actuación procesal, corresponde que se ﬁ je la pena impuesta a los recurrentes en la misma de la que fueron objeto en la primera sentencia que lograron anular. Esto es, debe sancionárseles con 10 años de pena privativa de libertad pues resultaría imposible una reducción mayor.
I. FUNDADO el recurso de casación por la causal de infracción procesal – previsto en el inc. 2 del art. 429 del Nuevo Código Procesal Penal por vulneración del inc. 2 del art. 426 del Nuevo Código Procesal Penal –, interpuesto por la defensa técnica de los procesados Roisser Delgado Bravo y Roberto Vallejos Samamé.
II. CASARON la sentencia de vista – fojas 373 – del 10 de noviembre de 2014 que conﬁ rmó la resolución apelada
– fojas 249 – del 12 de junio de 2014, en el extremo que impuso a Roisser Delgado Bravo y Roberto Vallejos Samamé 30 años de pena privativa de libertad como autores del delito contra la libertad personal – secuestro en agravio de Segundo Esau Huamán Tejedo; actuando en sede de instancia y emitiendo pronunciamiento sobre el fondo, REVOCANDO y reformando dicho extremo,
IMPUSIERON a Roisser Delgado Bravo y Roberto Vallejos Samamé diez (10) años de pena privativa de libertad a los citados procesados por el delito y agraviado en mención, la misma que se computará a partir de sus capturas. III. MANDARON que la Sala Penal de Apelaciones
y Liquidadora de Bagua y las demás cortes superiores de los distritos judiciales que aplican el Nuevo Código Procesal Penal, consideren ineludiblemente como doctrina jurisprudencial vinculante lo señalado en los fundamentos jurídicos contenidos en los numerales dos (2) al veintiuno (21) – Motivo casacional: infracción por inaplicación de la norma procesal contenida en el inciso 2 del artículo 426 del nuevo Nuevo Código Procesal Penal
– de la presente sentencia suprema, de conformidad con el inciso 3 del artículo 433 del Código Procesal Penal; y se publique en el diario oﬁ cial “El Peruano”. IV. ORDENARON que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuaderno de casación en esta Corte Suprema;
J-1438498-1
CASACIÓN N° 656-2014 Ica
Sumilla: Los efectos que se prevén en el artículo 59 del Código Penal para el caso de incumplimiento
de reglas de conducta, se aplicarán según sea el caso. El Juez motivará que efecto se genera caso por caso, no exigiéndose que estos efectos sean aplicados correlativamente. Por tanto, se deja sin efecto el fundamento jurídico quinto de la Resolución
administrativa N° 321-2011-P-PJ.
Primero: El siete de junio de dos mil trece se emitió la sentencia conformada en contra de Domingo Antonio
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