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Timestamp: 2020-07-02 21:40:11+00:00

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V. CONCLUSIONES - Informe no. 51/13
Informe no. 51/13
título Informe no. 51/13
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La Comisión Interamericana ha evaluado en este informe todos los elementos disponibles en el expediente del caso, a la luz de las normas de derechos humanos del sistema interamericano y otros instrumentos aplicables, la jurisprudencia y la doctrina, a fin de decidir sobre el fondo de la cuestión planeada. La CIDH ratifica sus conclusiones de acuerdo a las cuales, en perjuicio de Paloma Angélica Escobar, el Estado de México es responsable de violaciones de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, a los derechos del niño y a la igual protección de la ley, consagrados en los artículos 8.1, 19, 24 y 25 de la Convención Americana, todos ellos en conexión con la obligación que le imponen al Estado los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado.
Igualmente, la CIDH concluye que el Estado menoscabó los derechos de Paloma Angélica Escobar bajo el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Finalmente, en relación a Norma Ledezma Ortega, Dolores Alberto Escobar Hinojos y Fabian Alberto Escobar Ledezma, la CIDH concluye que el Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana en conexión con la obligación que le impone al Estado el artículo 1.1 de dicho tratado, así como el derecho a las garantías y protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana en relación con la obligación que le imponen al Estado los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado.
Con fundamento en el análisis y las conclusiones del presente caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda al Estado mexicano:
Completar la investigación de manera oportuna, inmediata, seria e imparcial con el objeto de esclarecer el asesinato de Paloma Angélica Escobar e identificar, juzgar y, en su caso sancionar a los responsables.
Reparar plenamente a los familiares de Paloma Angélica Escobar por las violaciones de los derechos humanos aquí establecidas.
Implementar como medida de no-repetición, una política estatal integral y coordinada, respaldada con recursos públicos adecuados, para garantizar que los casos específicos de violencia contra las mujeres, sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y reparados en la Ciudad de Chihuahua.
Adoptar reformas en los programas educativos del Estado, desde la etapa formativa y temprana, para promover el respeto de las mujeres como iguales, así como el respeto de sus derechos a la no violencia y a la no discriminación.
Investigar las irregularidades en la investigación del caso que se hayan cometido por agentes del Estado y sancionar a los responsables.
Fortalecer la capacidad institucional para combatir la impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua a través de investigaciones criminales efectivas con perspectiva de género, que tengan un seguimiento judicial consistente, garantizando así una adecuada sanción y reparación.
Implementar medidas y campañas de difusión destinadas al público en general sobre el deber de respetar y garantizar los derechos humanos de las niñas y los niños.
Desarrollar programas de formación para los funcionarios estatales que tenga en cuenta las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul, con el fin de que dichos funcionarios cuenten con los elementos técnicos y científicos necesarios para investigar los asesinatos de mujeres.
Continuar adoptando políticas públicas y programas institucionales destinados a reestructurar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en el estado de Chihuahua y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso pleno a la justicia, que incluyan programas de capacitación para funcionarios públicos en todos los sectores del Estado, incluyendo el sector educación, las ramas de la administración de la justicia y la policía, y políticas integrales de prevención.
VII. ACTUACIONES POSTERIORES AL INFORME No. 87/10
La Comisión adoptó el Informe de Fondo No. 87/10 el 14 de julio de 2010 y lo transmitió al Estado el 2 de agosto de 2010 con un plazo de dos meses para informar a la CIDH sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión. El plazo inicial fue prorrogado, a solicitud del Estado, por un lapso de dos meses, hasta el 2 de enero de 2011. Mediante comunicación de fecha 31 de diciembre de 2010, el Estado mexicano solicitó a la CIDH el otorgamiento de una prórroga debido al inicio de conversaciones con los peticionarios para alcanzar un posible acuerdo. Con fecha 1 de enero de 2011 y mediante carta de formalización de fecha 2 de enero de 2011, la CIDH otorgó al Estado una prórroga de un mes para continuar avanzando en las negociaciones.
El 21 de enero de 2011 y 24 de enero de 2011, el Estado mexicano solicitó una nueva prórroga de tres meses, con la finalidad de continuar explorando vías para lograr un acuerdo entre las partes. El 31 de enero de 2011, la CIDH otorgó al Estado una prórroga de tres meses para continuar avanzando en las negociaciones hasta el 2 de mayo de 2011. El 2 de mayo de 2011 el Estado solicitó una prórroga de dos días que fue concedida por la CIDH el 2 de mayo de 2011 hasta el 5 de mayo de 2011. el 4 de mayo de 2011, el Estado solicitó una nueva prórroga que fue otorgada por la CIDH el 5 de mayo de 2011 hasta el 5 de agosto de 2011.
El 3 de agosto de 2011, el Estado de México suscribió con la señora Norma Ledezma Ortega y el señor y Fabián Alberto Escobar Ledezma, y sus representantes un “Acuerdo para el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo No. 87/10”. Además, el 4 de agosto de 2011, el Estado de México suscribió con Dolores Alberto Escobar Hinojos un “Acuerdo para el cumplimiento de la segunda recomendación del Informe de Fondo No. 87/10”.
En vista de una solicitud adicional de prórroga del Estado y del acuerdo firmado por las partes, el 5 de agosto de 2011 la CIDH otorgó una nueva prórroga de 6 meses, hasta el 5 de febrero de 2012.
El 3 de febrero de 2012 el Estado, haciendo referencia al acuerdo firmado por las partes, informó que las partes estarían de acuerdo en solicitar una nueva prórroga para “dar continuidad al diligente cumplimiento del acuerdo” por lo que solicitó la suspensión del plazo previsto por el artículo 51.1 de la Convención. Los peticionarios estuvieron de acuerdo con la solicitud de prórroga. El 3 de febrero, la CIDH otorgó una nueva prórroga de seis meses. El 3 de agosto de 2012 el Estado solicitó una prórroga de 15 días para remitir el informe de cumplimiento y solicitó la suspensión del plazo previsto por el artículo 51.1 de la Convención. Dicha prórroga se otorgó el 5 de agosto de 2012. El 17 de agosto de 2012 el Estado solicitó una prórroga de 15 días para remitir el informe de cumplimiento y solicitó la suspensión del plazo previsto por el artículo 51.1 de la Convención. Dicha prórroga se otorgó el 20 de agosto de 2012. El 1º de septiembre el Estado presentó un escrito de cumplimiento de recomendaciones en el cual presentó información detallada sobre los avances en el acuerdo firmado con los peticionarios y solicitó a la CIDH que “pronuncie sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en su informe de fondo.”
La CIDH recibió información de los peticionarios el 5 de septiembre de 2010, 20 de septiembre de 2010, 21 de enero de 2011, 27 de abril de 2011, 4 de mayo de 2011, 2 de febrero de 2012 y 2 de agosto de 2012.
El 23 de octubre de 2012 la CIDH informó a las partes que ante el vencimiento del plazo de la última prórroga otorgada al Estado que correspondía al 4 de septiembre de 2012, la CIDH decidió proceder hacia la publicación del Informe de Fondo, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 51.1 de la Convención Americana.
El 3 de noviembre de 2012, durante el 146 período ordinario de sesiones de la CIDH, en la sede de la Comisión, se realizó una reunión de trabajo con la participación de las partes, en la que se presentaron informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH y de los compromisos contenidos en el acuerdo de suscrito entre las partes. Asimismo, se manifestó la voluntad de elaborar un cronograma de cumplimiento de las recomendaciones y compromisos pendientes.
ACUERDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN EL INFORME DE FONDO No. 87/10
El 3 de agosto de 2011, el Estado de México suscribió con la señora Norma Ledezma Ortega y el señor y Fabián Alberto Escobar Ledezma, y sus representantes, un “Acuerdo para el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo No. 87/10”, que continuación se transcribe:
ACUERDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE FONDO N° 87/10 CASO 12.551 "PALOMA ANGELICA ESCOBAR LEDEZMA Y OTROS", EMITIDO POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LlC. FELIPE DE JESUS ZAMORA CASTRO, SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURIDICOS Y DERECHOS HUMANOS Y LA LlC. OMEHEIRA LOPEZ REYNA, TITULAR DE LA UNIDAD PARA LA PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS; LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, POR CONDUCTO DEL MIN. ALEJANDRO NEGRIN MUNOZ, DIRECTOR GENERAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL GOBIERNO FEDERAL", EN REPRESENTACION DEL ESTADO MEXICANO; POR OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LlC. GRACIELA ORTIZ GONZALEZ, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, EL LlC. CARLOS MANUEL SALAS, FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y EL LlC. ANDRES OCTAVIO GARIBAY CUEVAS, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO"; Y POR OTRA PARTE, LOS CC. NORMA LEDEZMA ORTEGA Y FABIAN ALBERTO ESCOBAR LEDEZMA, QUIENES COMPARECEN POR SUS PROPIOS DERECHOS, Y A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "LAS VICTIMAS"; Y JUAN CARLOS GUTIERREZ CONTRERAS Y LUZ ESTELA CASTRO, QUIENES EN ADELANTE SE LES DENOMINARA "REPRESENTANTES DE LAS VICTIMAS"; CUANDO LOS COMPARECIENTES ACTUEN CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA COMO "LAS PARTES"; SUJETANDOSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
PRIMERO.- La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), es una de las dos entidades que componen el Sistema Interamericano de protección y promoción de los derechos humanos, constituyéndose en un órgano principal y aut6nomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA), ratificada por México el 23 de noviembre de 1948, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En tal sentido, el Estado Mexicano, como parte integrante de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos desde el 24 de marzo de 1981, en este acto expresa su más amplio y absoluto compromiso en el cumplimiento, respeto y promoción de los derechos humanos recogidos en la misma.
SEGUNDO.- En fecha 14 de julio de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió el Informe de Fondo N° 87/10, Caso 12.551 "Paloma Angélica Escobar Ledezma y Otros", concluyendo en su parte medular:
"152. …
... La CIDH ratifica sus conclusiones de acuerdo a las cuales, en perjuicio de Paloma Angélica Escobar, el Estado Mexicano es responsable de violaciones de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, a los derechos del niño y a la igual protección de la ley, consagrados en los artículos 8.1, 19, 24 y 25 de la Convención Americana, todos ellos en conexión con la obligación que le imponen al Estado los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado.
153. Igualmente la CIDH concluye que el Estado menoscabó los derechos de Paloma Angélica Escobar bajo el artículo 7 de la Convención de Belém do Para. Finalmente en relación a Norma Ledezma Ortega, Dolores Alberto Escobar Hinojos y Fabian Alberto Escobar Ledezma, la CIDH concluye que el Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el articulo 5.1 de la Convención Americana en conexión con la obligación que le impone al Estado el artículo 1.1 de dicho tratado, así como el derecho a las garantías y protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones que le imponen al Estado los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado."
1. Completar la investigación de manera oportuna, inmediata, seria e imparcial con el objeto de esclarecer el asesinato de Paloma Angélica Escobar e identificar, juzgar y, en su caso sancionar a los responsables.
2. Reparar plenamente a los familiares de Paloma Angélica Escobar por las violaciones de los derechos humanos aquí establecidas.
3. Implementar como medida de no-repetición, una política estatal y coordinada, respaldada con recursos públicos adecuados, para garantizar que los casos específicos de violencia contra las mujeres, sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y reparados en la Ciudad de Chihuahua.
4. Adoptar reformas en los programas educativos del Estado, desde la etapa formativa y temprana, para promover el respeto de las mujeres como iguales, así como el respeto de sus derechos a la no violencia y a la no discriminación.
5. Investigar las irregularidades en la investigación del caso que se hayan cometido por agentes del Estado y sancionar a los responsables.
6. Fortalecer la capacidad institucional para combatir la impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres en el Estado de Chihuahua a través de investigaciones criminales efectivas con perspectiva de género, que tengan un seguimiento judicial consistente, garantizando así una sanción y reparación.
7. Implementar medidas y campañas de difusión destinadas al público en general sobre el deber de respetar y garantizar los derechos humanos de las niñas y los niños.
8. Desarrollar programas de formación para los funcionarios estatales que tenga en cuenta las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul, con el fin de que dichos funcionarios cuenten con los elementos técnicos y científicos necesarios para investigar los asesinatos de mujeres.
9. Continuar adoptando políticas públicas y programas institucionales destinados a reestructurar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en el Estado de Chihuahua y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impidan su acceso pleno a la justicia, que incluyan programas de capacitación para funcionarios públicos en todos los sectores del Estado, incluyendo el sector educación, las ramas de la administración de la justicia y la policía, y políticas integrales de prevención.
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 50.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en los artículos 44 y 46 del Reglamento de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, el Estado Mexicano representado en los términos señalados en el preámbulo de este acuerdo y con la participación del Gobierno del Estado, manifiesta su plena disposición para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CIDH en el Informe N° 87/10 Caso 12.551 materia del presente Acuerdo, con el particular interés de reparar en la medida de lo posible y conforme a los estándares internacionales que rigen la materia, las violaciones de los derechos fundamentales decretadas en perjuicio de la propia Paloma Angélica Escobar Ledezma y de sus familiares.
Para el cumplimiento de lo anterior, se cuenta con el compromiso tanto del Gobierno Federal como del Gobierno del Estado de Chihuahua, a fin de que cada uno desarrolle, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, las acciones específicas que se estipularan en el cuerpo del presente instrumento.
"EL GOBIERNO FEDERAL" declara:
1. Que la Secretaría de Gobernación, es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, según lo dispuesto por los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administraci6n Publica Federal.
2. Que en el ámbito de su competencia, tiene a su cargo la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente por lo que se refiere a las garantías individuales y dictar las medidas necesarias para tal efecto, bajo mecanismos de participación y coordinación de las autoridades tanto de las Entidades Federativas como de los Municipios.
3. Que es representada en este acto por el Lic. Felipe de Jesús Zamora Castro, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, quien acredita su personalidad con base en el Nombramiento Oficial expedido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con fecha 29 de julio de 2010, y por la Lic. Omeheira López Reyna, Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, quien acredita su personalidad con base en el Nombramiento Oficial expedido por el C. Secretario de Gobernación, Lic. Francisco Blake Mora con fecha Agosto de 2010.
4. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores, es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, según lo dispuesto por los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal.
5. Que en el ámbito de su competencia tiene a su cargo promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte.
6. Que es representada en este acto por el Ministro, Alejandro Negrِín Muñoz, Director General de Derechos Humanos y Democracia, quien acredita su personalidad con base en el Nombramiento Oficial expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
7. Que se cuenta con los recursos presupuestales, para llevar a cabo las erogaciones materia del presente instrumento.
8. Que señala como domicilio legal para efectos del presente convenio el ubicado en Bucareli N° 99, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México DF CP 06600.
"EL GOBIERNO DEL ESTADO" declara:
1. Que es una Entidad Federativa parte integrante del Estado Mexicano, Libre y Soberano en cuanto a su régimen interior, constituido como un Gobierno Republicano, Representativo y Popular en los términos de Io establecido por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 2, 3, 30 Y 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.
2. Que en términos de lo que establece el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, para el estudio, planeaci6n y despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo del Estado contara, entre otras dependencias, con la Secretaría General de Gobierno.
3. Que de conformidad con el articulo 25 fracciones I, II y III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, a la Secretaría General de Gobierno, entre otros asuntos, le corresponde conducir los asuntos internos del orden político del Estado, así como conducir y coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo con la Federación, con los otros Poderes del Estado, con los ayuntamientos de la Entidad y los Agentes Consulares, en lo relativo a su competencia.
4. Que la C. Secretaria General de Gobierno, Lic. Graciela Ortiz González, está facultada para suscribir el presente Acuerdo, conforme a lo previsto por el articulo 7 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, acreditando su personalidad como tal, a través del nombramiento expedido a su favor, por el C. Gobernador del Estado, Lic. Cesar Horacio Duarte Jáquez, el 4 de octubre de 2010 y la toma de protesta relativa.
5. Que la Fiscalía General del Estado es una dependencia de la Administración Pública Centralizada, según lo establecido por los artículos 2 fracción II y 24 fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del ordenamiento legal citado, le corresponde instrumentar y coordinar las acciones, entre otras, de seguridad pública y prevención del delito, de investigación y persecución del delito, de atención a víctimas y ofendidos del delito dentro del ámbito de su competencia. Así mismo de conformidad con la fracción IX del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, se encuentra facultada para celebrar contratos o convenios para el mejor desempeño de sus funciones.
6. Que el C. Lic. Carlos Manuel Salas, acredita su personalidad con el nombramiento expedido por el C. Lic. Cesar Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, de fecha 05 de octubre de 2010 y con el Periódico Oficial del Estado del 9 de octubre de 2010, que contiene el Decreto No. 6-2010 P.O. por medio del cual la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, aprueba su nombramiento como Fiscal General del Estado.
7. Que de conformidad con el articulo 26 fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, a la Secretaría de Hacienda, entre otros asuntos, le corresponde atender todo lo concerniente a la administraci6n financiera y fiscal y, en general, ejercer las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado de Chihuahua; el Código Fiscal del Estado de Chihuahua; la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Chihuahua; la Ley de Deuda Publica del Estado de Chihuahua y sus Municipios; la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua y demás ordenamientos legales, así como definir, diseñar e instrumentar el sistema financiero integral para llevar la recaudación y el ejercicio del gasto.
8. Que el Lic. Andrés Octavio Garibay Cuevas está facultado para suscribir el presente Acuerdo, conforme al oficio delegatorio de fecha 5 de octubre de 2010, mediante el cual el C. Secretario de Hacienda, Lic. Cristian Rodallegas Hinojosa, lo faculta para que ejerza las atribuciones inherentes a su cargo contenidas en diversas fracciones del articulo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; acreditando su personalidad como Director General de Administraci6n de la Secretaría de Hacienda, con nombramiento expedido a su favor el día 4 de octubre de 2010, por el C. Lic. Cesar Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y la toma de protesta relativa.
9. Que señala como domicilio legal para efectos del presente convenio el ubicado en Palacio de Gobierno primer piso de la calle Aldama numero 901, colonia centro, en la Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua.
"LOS PETICIONARIOS" declaran:
1. Que la Señora Norma Ledezma Ortega, y el Sr. Fabián Alberto Escobar Ledezma, comparecen a este acto por sus propios derechos.
2. Que Juan Carlos Gutiérrez Contreras, Director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Luz Estela Castro, Directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C., y Alejandra Nuño, Directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), actúan como representantes de las víctimas en el presente acuerdo.
3. Que señalan como domicilio legal para efectos del presente convenio el ubicado en la Calle Libertad N° 1916 altos, colonia centro en la Ciudad de Chihuahua.
"LAS PARTES" declaran:
1. Que se reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y comparecen a la suscripción del presente Acuerdo.
2. Que es su voluntad conjuntar esfuerzos desde los ámbitos de Gobierno Federal y Estatal para ejecutar e impulsar acciones que tengan por objeto dar cumplimiento a las Recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Informe de Fondo N 87/10 Caso 12.551 "Paloma Angélica Escobar Ledezma y Otros".
3. Que las "Partes" por medio del presente documento expresan su voluntad de avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH en el caso 12.551, conforme al presente Acuerdo. La CIDH verificará el cumplimiento del presente acuerdo y tomará las determinaciones que correspondan conforme a las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y su reglamento.
4. Que el presente documento suspende los plazos reglamentarios para el envío del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una vez firmado será enviado a la CIDH antes del 5 de agosto del presente año, manifestando la disposición ante la CIDH por parte de los Representantes del Estado Mexicano de suspender los plazos reglamentarios para el envío del caso a la Corte IDH.
5. Que se dispondrá de un plazo de seis (6) meses contados a partir del presente acuerdo o del que determine la propia CIDH, para evaluar el cumplimiento de los puntos acordados por las partes.
6. Que quince (15) días antes del vencimiento del plazo referido anteriormente, o del que determine la propia CIDH, cada una de las partes enviará a la CIDH un informe relacionado con el cumplimiento de los puntos referidos en el presente acuerdo y conforme a la evaluación que realice este órgano, se determinará de acuerdo con el Reglamento de la CIDH enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o proceder de conformidad con el articulo 51.3 de la Convención.
Expuesto lo anterior, "LAS
Informe Avance: 1 Período de Informe
El informe ricther
Informe 15-10 -2004

References: artículo 7
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 24
 artículo 35
 artículo 6