Source: http://opinionesinexpertas.blogspot.com/2012/09/fascismo-linguistico.html
Timestamp: 2018-05-24 11:48:59+00:00

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Opiniones inexpertas: Fascismo lingüístico
El fascismo lingüístico es definido (al menos en España) como aquél que imponen los poderes públicos a ciudadanos a los que se les obliga a utilizar o a saber un idioma que no es el suyo.
“La señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidores de los establecimientos abiertos al público han de estar redactados, al menos, en catalán” (artículo 32.3 de la Ley de Política Lingüística de Cataluña)1.
Esa obligatoriedad del idioma es considerada por los castellanoparlantes como ejemplo de la persecución del castellano en Cataluña y del carácter fascista de este tipo de imposiciones. Nada que ver, por supuesto, con la legislación que amablemente nos indica a los no castellanoparlantes qué idioma estamos obligados a conocer.
“El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla” (artículo 3.1 de la Constitución Española).
Nada que ver tampoco con la legislación comercial o mercantil, por supuesto; por ejemplo, en materia de nombres comerciales y marcas:
“Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la Oficina Española de Patentes y Marcas deberán estar redactados en castellano. En las Comunidades Autónomas donde exista también otra lengua oficial, dichos documentos, además de en castellano, podrán redactarse en dicha lengua” (artículo 11.9 de la Ley de Marcas).
O, por ejemplo, en materia de etiquetado, presentación y publicidad al consumidor de los productos que se venden al público:
“Todas las inscripciones a las que se ha hecho referencia deberán figurar, al menos, en castellano, lengua española oficial del Estado” (artículo 8.1 del Real Decreto 1468/1988).
Por supuesto, esto no es fascismo lingüístico. Esto es normal en Cataluña, en el País Vasco o en la Comunidad Valenciana porque es normal en Madrid, en Sevilla o en Valladolid; y como todos somos españoles, la obligación nos incumbe a todos.
Ahora bien, lo que persigue el fascismo lingüístico (el catalán, claro) es discriminar a los castellanoparlantes, y de ahí que una norma catalana se atreva a imponer obligaciones a ciudadanos españoles que residan en Cataluña, coartando sus derechos individuales como ciudadanos españoles (que no como ciudadanos catalanes). ¿Y cómo se hace esto? Pues muy fácil: los poderes públicos catalanes consideran que el territorio catalán y la lengua catalana tienen derechos propios y que, además, esta última es propia de Cataluña (siendo por lo tanto la lengua castellana una lengua impropia):
“El catalán, como lengua propia de Cataluña, lo es también de la enseñanza, en todos los niveles y las modalidades educativas” (artículo 20.1 de la Ley de Política Lingüística de Cataluña).
Pero la cuestión de la impropiedad tiene mucha más miga; puesto que ni la lengua ni el territorio pueden tener derechos propios, los castellanoparlantes han puesto el grito en el cielo: si son los ciudadanos los que tienen derechos, a lo que se refieren los catalanes con la lengua propia no es a la lengua, sino a los catalanoparlantes, luego los castellanoparlantes son considerados por los catalanes una especie de ciudadanos impropios. Puro fascismo xenófobo o nacionalismo reaccionario, dependiendo del calificativo que más guste utilizar contra el ojiplático español no castellanoparlante que alguna vez se haya encontrado con esta argumentación; una invención artificiosa del independentismo para vengarse de los trescientos años de prohibición del catalán en todo lo relacionado con lo público (incluida la enseñanza), por tres siglos de uniformidad lingüística a favor del castellano.
“La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza” (artículo 6.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña).
“Con la denominación de lengua propia de un territorio se hace referencia al idioma de la comunidad históricamente establecida en este espacio” (artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos).
Pero nada mejor que un gran discurso en el Congreso de los Diputados, el pasado 25 de septiembre, para conocer de primera mano esta argumentación:
“La lengua materna desapareció como objeto de interés educativo y como objeto legislativo y se convirtió en un extraño objeto llamado la lengua propia. ¿Qué es la lengua propia? La lengua propia es evidentemente algo que se define por contraste. En aquellas comunidades políticas en que hay más de dos lenguas comunes —comunes quiero decir a esa comunidad—, como son las comunidades bilingües, se decide que una de ellas es propia y que la otra es ¿qué? Evidentemente impropia; una lengua que, como suelen repetir de una manera verdaderamente machacona pero no por eso menos mentirosa, habitual en textos, discursos y explicaciones de estas políticas lingüísticas, se ha ido imponiendo en aquella comunidad por la coacción, la violencia, la persecución de la otra, etcétera” (el diputado por UPyD, Sr. Martínez Gorriarán, en la sesión plenaria del Congreso del 25 de septiembre de 2012).
He de decir que es la primera vez que oigo o leo a un representante político, dentro de la sede de la soberanía española, negar que algunas lenguas fueran expulsadas durante siglos de la vida pública por coacción, por violencia o por persecución, acusando de mentirosos a quienes se atrevan a decir lo contrario.
“He juzgado conveniente (así por esto como por mi deseo de reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y Tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla tan loables y plausibles en todo el Universo) abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por abolidos y derogados, todos los referidos fueros, privilegios, práctica y costumbre hasta aquí observadas en los referidos reinos de Aragón y Valencia; siendo mi voluntad, que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla, y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en ella y en sus Tribunales sin diferencia alguna en nada” (Decretos de Nueva Planta de Felipe V, del año 1707).
Desde 1707 hasta 1978, el valenciano estuvo siempre sometido al régimen legal de Castilla, donde la única lengua oficial existente siempre había sido el castellano; en algunos períodos pudo pervivir en ámbitos literarios o poéticos y en otros fue directamente prohibido y relegado al ámbito privado. Y sin embargo, no desapareció; se mantuvo como lengua viva allí donde se venía hablando desde antes de su relegación ante el castellano. Eso es la lengua propia que no entienden en UPyD: la que ha pervivido al margen de la oficialidad, sólo y exclusivamente por el uso habitual y personal entre las gentes de esos lugares (como lengua franca), que prefirieron durante siglos seguir usando su lengua (la propia) antes que la oficial y ajena a ellos (impropia). La misma lengua que utilizó Jaime I en el siglo XIII para escribir su crónica y la misma que utilizaba Fernando el Católico, junto al latín, en sus registros reales.
Pero algunos (en este caso UPyD, aunque es algo bastante generalizado entre los castellanoparlantes) tampoco consiguen entender el concepto de normalización lingüística; obviamente, en este caso se trata de una percepción desde la perspectiva de la lengua dominante, que sus hablantes consideran la más normal, no sólo para ellos, sino también para los hablantes de las lenguas sometidas. Pero volvamos al Congreso de los Diputados de nuevo para observar la argumentación de primera mano.
“La normalización lingüística parte de un axioma o, mejor dicho, de una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, y es la siguiente: las sociedades bilingües en realidad son sociedades anormales. El bilingüismo es un periodo de transición hacia la recuperación de lo que debería ser, que es una forma de monolingüismo, al menos desde el punto de vista de las instituciones, institucional. De manera que poco a poco, con la compra masiva, con gran éxito, de este concepto de lengua propia y con la aceptación también generalizada del concepto de normalización lingüística fuimos a acabar sustituyendo los derechos de las personas, de los hablantes de las diferentes lenguas, que son los únicos que tienen derechos, por una construcción desde el punto de vista democrático completamente aberrante, que es la idea de que las que tienen derechos son las lenguas. […] Lo que buscaba la normalización, como decía, era convertir en normal lo que aparentemente no lo era. Realmente, es un objetivo completamente impropio de cualquier democracia en sus muchas variedades. […] Supongo que a estas alturas a nadie se le escapará, aunque todo es posible en este bendito país, que esto tampoco era una política meramente romántica ni meramente idealista ni carente de objetivos. Tenía y tiene objetivos bien claros y bien concretos. La idea de acabar con la lengua común no es otra que el primer paso para acabar con la comunidad política” (el diputado por UPyD, Sr. Martínez Gorriarán, en la sesión plenaria del Congreso del 25 de septiembre de 2012).
La idea idílica de que el bilingüismo sería lo normal y deseable en una sociedad hace décadas que ha sido descartada por los lingüistas por tratarse de un fenómeno que no se da en ninguna comunidad; el bilingüismo se ciñe actualmente al individuo, mientras que ese utópico e inexistente bilingüismo social se llama hoy diglosia y no reconoce en ningún caso una igualdad en el rango de las lenguas, existiendo siempre una lengua dominante (por su carácter oficial, que no siempre por su uso real) y otra u otras relegadas a situaciones socialmente inferiores (de carácter meramente privado o folklóricas). Esta relegación fue la situación del valenciano o del catalán a lo largo de casi 300 años y este es el motivo por el cual se justifica la normalización lingüística de las lenguas que se habían venido utilizando desde siglos atrás en Cataluña o en Valencia y que, aun suplantadas forzosamente por la lengua de Castilla, han conseguido mantener su uso hasta nuestros días.
Claro, que puestos a arrasar con las lenguas no castellanas, algunos son capaces incluso de afirmar que la oficialidad del catalán siempre fue una invención del independentismo, negando por lo tanto que el catalán pudiese ser una lengua usada en algún territorio concreto; lástima que existan demasiados documentos, algunos de ellos incluso digitalizados y accesibles a cualquiera, que demuestran que no existe invención alguna en esa oficialidad (por orden, se reproducen varios documentos de los siglos XIII –un extracto del Llibre dels Feyts del rei en Jacme escrito entre 1244 y 1274–, XV –una carta del Maestre de Montesa al Rey de 1417 y otra en sentido contrario de 1426–, y XVII –un extracto de la resolución de un conflicto del municipio castellonense de Càlig de finales de siglo y principios del siguiente, justo antes de la prohibición del valenciano–):
Al ser las evidencias del uso habitual del catalán en las relaciones tanto entre instituciones, como en materia jurídica o en cuestión de resoluciones de conflictos locales tan claras, los argumentos en contra de la normalización lingüística han de tomar también otros datos más actuales para intentar encontrar alguna justificación a las afirmaciones sobre la discriminación del castellano frente al catalán; se trata de los datos sobre conocimiento y uso del catalán elaborados por la propia Generalitat:
Que en Cataluña hubiese en 2008 un 20% de personas totalmente analfabetas respecto a una de sus dos lenguas oficiales (el catalán, por supuesto) y que un 40% tampoco supiera escribirlo podrá ser considerado por algunos como la justificación del final de esa normalización lingüística por haberse cumplido ya los objetivos de la misma.
En la Comunidad Valenciana, con una política lingüística más laxa respecto al valenciano, los datos son estos:
En algunas zonas valencianoparlantes (esta encuesta sobre conocimiento de las lenguas no se hace en las zonas castellanoparlantes de la Comunidad Valenciana, puesto que los resultados serían aun más escandalosos), el 68% de la población es completamente analfabeta en una de las dos lenguas oficiales (el valenciano, por supuesto), y en el mejor (por decir algo) de los casos hay un 35% de analfabetos en valenciano; y si nos atrevemos a comprobar el nivel escrito de los valencianoparlantes en 2010, hay zonas (valencianoparlantes) en las que es el 85% de la población la que no sabe escribir valenciano.
Siguiendo el argumento conspiracionista del diputado de UPyD que hemos visto antes (“esto tampoco era una política meramente romántica ni meramente idealista ni carente de objetivos. Tenía y tiene objetivos bien claros y bien concretos. La idea de acabar con la lengua común no es otra que el primer paso para acabar con la comunidad política”), también podríamos afirmar que a nadie se le escapa que el objetivo de los castellanoparlantes de acabar con las lenguas “no comunes” formaría parte de una estrategia para mantener atados a los ciudadanos no castellanoparlantes al proyecto de una España/Castilla al nivel de los tiempos del gran imperio. Por eso es este el mapa lingüístico al que quieren llegar los castellanoparlantes: al analfabetismo valenciano, sabedores de que la supuesta igualdad de una lengua oficial obligatoria con una lengua oficial no obligatoria (la idílica utopía del bilingüismo social perfecto) siempre se decanta hacia la primera y jamás hacia la segunda.
Si comparamos las cifras de analfabetos completos (los datos son de 2001, por lo que debemos suponer que estas cifras serán inferiores en los años de referencia tomados para Cataluña –2008– y Comunidad Valenciana –2010–) con los datos de analfabetos en la otra lengua oficial, comprobaremos que en la Comunidad Valenciana se llega a niveles de analfabetismo en valenciano muy cercanos a los niveles de analfabetismo completo existentes en el año 1900. Podríamos decir que la política lingüística valenciana les ha salido muy a cuenta a muchos españoles castellanoparlantes para saltarse a la torera la existencia de otra lengua oficial: es oficial, pero menos. Eso sí les gusta a los castellanoparlantes. Y que quede bien claro siempre que se dé la ocasión.
Los grandes defensores de la lengua castellana deberían sonrojarse cada vez que dicen que la normalización lingüística es discriminatoria o que los modelos menos intervencionistas son mucho mejores: lo único que resulta vergonzoso son las cifras de analfabetismo existentes en una de las dos lenguas oficiales; el idílico bilingüismo social, ya lo ven, no existe, pero los castellanoparlantes prefieren el analfabetismo a la imposición. ¿Alguna solución a ese analfabetismo? Pues no, no la hay para los castellanoparlantes, porque ese no es su problema: la alfabetización se hace con su lengua o no se hace; suficiente hacen con permitirnos a los no castellanoparlantes que las otras lenguas españolas (eso dice la Constitución) puedan ser una asignatura más. Porque la Historia de España es la Historia de Castilla y el castellano es la lengua de todos los españoles, y ser analfabeto en valenciano es algo así como suspender latín.
Pero por si los datos de analfabetismo no fueran suficientemente clarificadores, ahora llegaron las absurdas sentencias del Tribunal Supremo acerca de la reintroducción de la lengua materna en la educación, contradiciéndose con toda la jurisprudencia anterior en base a… ¡¡¡que la normalización lingüística ya está completada y ya no es necesaria!!!
“Esa política lingüística tendente a la normalización de la lengua propia de Cataluña en todos los ámbitos de la sociedad catalana sin duda ha dado sus frutos y conseguido sus objetivos legítimos. Pero no puede ir más allá hasta el punto de negar la realidad de la convivencia armónica de ambas lenguas cooficiales en Cataluña intentando ignorar el deber constitucional de todos los españoles de conocer el castellano y el correlativo derecho a usarlo. […] De ahí que no pueda aceptarse la exclusividad en estos momentos del catalán como lengua única vehicular en la enseñanza” (Sentencia 2773/2011 del Tribunal Supremo, entre otras).
Pero unos párrafos después se afirma:
“Esta declaración abre un interrogante acerca de cuál deba ser la proporción en la que se incorpore el castellano como lengua vehicular al sistema de enseñanza en Cataluña. La determinación de la misma y su puesta en práctica corresponde acordarla a la Generalidad de Cataluña, de modo que si el Gobierno de la misma creyese que el objetivo de normalización lingüística estuviera ya conseguido, ambas lenguas cooficiales deberían ser vehiculares en la misma proporción y si, por el contrario, se estimase la existencia aún de un déficit en ese proceso de normalización en detrimento de la lengua propia de Cataluña, se debería otorgar al catalán un trato diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable, que, sin embargo, no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia en la obligada utilización del castellano como lengua vehicular” (Sentencia 2773/2011 del Tribunal Supremo, entre otras).
¿Cómo se puede negar ”la exclusividad en estos momentos del catalán como lengua única vehicular” basándose en que la política lingüística "sin duda ha dado sus frutos y conseguido sus objetivos legítimos” y a continuación otorgarle al Gobierno de la Generalitat la decisión sobre si el objetivo de la normalización lingüística está ya conseguido o aun no? ¿No lo ha afirmado tajantemente ya el Tribunal Supremo unos párrafos antes para justificar un viraje total en sus anteriores criterios sobre este mismo asunto? ¿Qué tipo de mandato es ese? ¿Esto es forma de razonar una sentencia?
Parece obvio que todas las instituciones castellanas han entrado de lleno en el juego político anticatalán; o al menos lo parece, dadas las flagrantes contradicciones jurídicas que se observan para negar lo que hasta ahora había sido la norma y cambiando completamente de criterio jurídico. Los tribunales españoles han decidido en base a criterios contradictorios que 30 años son más que suficientes para compensar lo que el absolutismo y las dictaduras uniformadoras intentaron en 300 sin conseguirlo, por lo que el castellano ha de recuperar de nuevo el terreno perdido durante estos años de permisividad castellana; la Historia de España se escribe ahora desde el Tribunal Supremo.
Y resulta curioso que toda la cuestión lingüística contra lo catalán haya vuelto a la virulencia cuando el invento castellano del falso valencianismo lingüístico creado el mismo año que el primer Estatuto catalán (1979) se haya venido completamente abajo por el peso de la razón.
¿Fascismo lingüístico, dicen? No, no es sólo eso. Son genocidas lingüísticos. Ayer, hoy y mañana. El castellano es la lengua de todos los españoles. Eso dice la Constitución. Los demás españoles tenemos el permiso de Castilla para hablar la nuestra, pero sólo dentro de nuestro redil. Lo aceptamos y firmamos la Constitución. Renunciamos a que se nos reconociera como ciudadanos españoles con todos nuestros derechos en todo el Estado. Pero el castellano es mucho castellano:
“Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora” (Antonio Machado – A orillas del Duero).
Cerraré con las palabras de otro diputado, el único que argumentó jurídicamente la aberración propuesta por UPyD debatida el 25 de septiembre. Me tomaré la libertad de hacer un extracto de su intervención, respetando la secuencia, aunque eliminando algunas partes para hacerlo más comprensible (el original completo puede consultarse aquí):
“Lo primero que persigue el grupo proponente es constreñir y desapoderar por la puerta de atrás a las comunidades autónomas con lengua propia del uso y el ejercicio de esa competencia, sencillamente porque discrepa en términos políticos de cómo la han ejercido y porque desea imponer un modelo que no es el que mayoritariamente ha querido esta Cámara cuando se ha pronunciado a través de la ley, han querido los parlamentos autonómicos cuando lo han hecho y, sobre todo, ha querido la gran mayoría de los ciudadanos de este país que viven a diario bajo un régimen de cooficialidad lingüística que, además, ha sido reiteradamente fiscalizado y auditado en su validez jurídica por nuestro Tribunal Constitucional. ¿Y cómo persiguen ese fin? Lo hacen presentándonos una proposición de ley orgánica de desarrollo de un derecho fundamental, desconociendo que el artículo 81 de nuestra Constitución nunca puede ser entendido como un título atributivo de competencias.
Como suele ocurrir en todas aquellas tendencias que prefieren aminorar las diversas sensibilidades que existen en nuestro país, la iniciativa acoge deliberadamente una lectura descontextualizada de los artículos 14 y 139.1 de la Constitución. Es cierto que el artículo 139.1 de la Constitución dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Pero es obvio que en un Estado políticamente descentralizado, como ya señaló el Tribunal Constitucional desde la tempranísima sentencia 37/1981, y desde entonces hasta hoy, no puede hacer que este artículo se entienda como un principio de uniformidad, porque sería contrario a la esencia misma del modelo descentralizador y de nuestra forma de Estado. Por tanto, igualdad no es uniformidad. Y no lo es tampoco en el ámbito de los derechos constitucionales, según ha puesto de relieve el propio tribunal en su sentencia 247/2007.
El artículo 14 de nuestra Constitución contiene dos principios diferentes que, por cierto, la proposición entremezcla con escaso rigor técnico. Por una parte, el principio de igualdad en sentido tradicional, es decir, como aquel que exige que la ley se aplique a todos por igual. En este sentido, la igualdad sería la ausencia de privilegios. Y, por otra parte, la igualdad es entendida también en nuestro artículo 14 como tutela antidiscriminatoria, es decir, como un derecho y como una política pública orientada a reaccionar frente a ciertas bolsas de discriminación que, a pesar de la literalidad de la ley, persisten en las sociedades democráticas. Pues bien, con arreglo a esta idea, el principio de igualdad supone tratar igual lo que es igual pero al tiempo tratar de manera diferente lo que es distinto, y más aún, intentar favorecer a quien se encuentre en posición de desventaja. Ese es el mandato del artículo 14 de nuestra Constitución.
El constituyente de 1978 reconoció a otras lenguas distintas del castellano el estatuto constitucional de lengua oficial, con el objeto de impedir la marginación y el acoso que habían sufrido en el pasado, evitando así la humillación que padecían todos aquellos españoles que la seguían utilizando como lengua propia, y lo hizo estableciendo un principio absolutamente clave, el de territorialidad, que es bien fácil de entender. Un valenciano, un gallego, un vasco o un catalán tienen derecho a utilizar plenamente su lengua en su territorio, en el territorio de su comunidad autónoma; sin embargo, aun siendo españoles y aun siendo titulares del derecho a la libre elección de lengua, no pueden hacerlo fuera del territorio de la comunidad. Esta es la regla de territorialidad que ha establecido el constituyente. Ese es el punto de equilibrio del artículo 3 de nuestra Constitución: pleno derecho al uso de la lengua propia, pero solo dentro del ámbito de la comunidad. Evidentemente, señorías, este principio de territorialidad no es unidireccional, por eso también tiene su correlato en todas aquellas personas que residen en una comunidad autónoma con lengua oficial distinta del castellano y que optan por utilizar esta última. Al igual que sobre los primeros, también sobre ellos pueden recaer ciertas condiciones de ejercicio en relación con su derecho a la libre elección de lengua que son consideradas, precisamente en atención al fin constitucionalmente perseguido, como condiciones de ejercicio razonables, proporcionadas y que se ajustan a las previsiones de la Constitución y de las leyes. Por tanto, en estos casos, señorías, no hay discriminación ni un trato desigual, lo que hay son posiciones jurídicas distintas derivadas del principio de territorialidad y de la necesidad de hacer compatible derechos lingüísticos de todos los españoles, de todos, cuando convergen en un territorio donde hay dos lenguas oficiales” (el diputado por el PSOE, Sr. Caamaño, en la sesión plenaria del Congreso del 25 de septiembre de 2012).
(1): Si has pasado a la nota antes de acabar de leer la entrada, vuelve donde estabas leyendo. Lee esta nota al final.
El artículo 32.3 de la Ley de Política Lingüística de Cataluña reproducido al principio no está completo; le falta la frase final:
“Esta norma no se aplica a las marcas, a los nombres comerciales y a los rótulos amparados por la legislación de la propiedad industrial”.
Es decir, que en realidad, las marcas y los nombres comerciales (lo que se conoce en realidad como los rótulos de los establecimientos, que no son lo mismo que los carteles informativos ni la señalización) vienen regulados por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, cuyo artículo 11.9 dice:
“Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la Oficina Española de Patentes y Marcas deberán estar redactados en castellano. En las Comunidades Autónomas donde exista también otra lengua oficial, dichos documentos, además de en castellano, podrán redactarse en dicha lengua”.
Más de uno se habrá quedado de piedra, ¿verdad? Los rótulos con el nombre comercial o la marca deben figurar obligatoriamente, al menos, en castellano. Por eso Bancaixa también fue Bancaja.
Publicado por ElKoko en 9/29/2012 01:03:00 a. m.
Etiquetas: catalán , Cataluña , centralismo , Comunidad Valenciana , Constitución Española , España , Estatut , estatutos de autonomía , independentismo , lenguas oficiales , Manipulación informativa , Nacionalismo , UPyD
OmPlusPlus 29 de septiembre de 2012, 2:21
La conclusión del texto que saco es que tú lo que buscas es venganza. Simple y llanamente venganza. Sustitución lingüística pura y dura. Hacer lo mismo que se han hecho en muchas épocas oscuras de España persiguiendo al catalán, pero esta vez con el castellano. No admites que puedan existir comunidades bilingües. Falso, si pueden existir. Por lo tanto, como no pueden existir según tú, debe desaparecer el castellano de las fronteras del catalán. Y quizás ese pensamiento le lleve a otros a elucubrar más allá y llevarle a pensar que también los castellanoparlantes deben ir fuera. Un pensamiento que nos aproxima mucho al fascismo puro y duro. Ya sabemos como acabó todo aquello el siglo pasado. Pero analicemos por partes:
El tema de los productos etiquetados en castellano. Debe ser así por motivos obvios de salud pública. Una persona que sólo entienda castellano, si cogiera un producto peligroso para su salud por contener alérgenos por ejemplo, podría poner en riesgo su vida. Por lo tanto la reglamentación española a nivel estatal dice eso. Es deber de las administraciones regionales regular para que esté también en catalán. Soy partidario de este etiquetado bilingüe, sin embargo, no se hace siempre por motivos económicos. Es decir, los etiquetados a lo mejor se realizan en el extranjero, etiquetando en inglés, alemán, francés, castellano, árabe, etc... si obligaran a etiquetar en catalán es posible que esa marca se rebotara y no quisiera hacerlo. O que hiciera una versión especial para Cataluña con sobrecoste para los consumidores. Además hay que tener en cuenta que las reducidas dimensiones de esos productos hace difícil el etiquetado en muchos idiomas. Quiero decir con esto que en ese caso hay una discriminación hacía el catalán/valenciano que sin embargo no es fácil de solucionar. Ojalá se pueda avanzar en ese sentido.
También hay discriminación en contra del catalán en el cine. Intenta solucionarlo estableciendo una cuota de 50% en cada idioma. Me sigue pareciendo un error ese camino. Se debe fomentar positivamente, no estableciendo cuotas. Por ejemplo dando incentivos económicos a los que vean películas en catalán (1 euro de descuento por ejemplo). Jamás pueden haber incentivos negativos (hacerle pagar 1 euro de sobrecoste al castellanoparlante). Aunque a mi me gusta el cine subtitulado y por mi lo haría siempre así, pero es otro tema.
El tema de la rotulación en establecimientos es diferente. No existe esa problemática del envasado. Sin embargo en Cataluña se ha multado por no rotular en catalán. Aunque estuviera en castellano. Lo justo sería multar en caso de no estar en alguna de las dos lenguas (o en las dos lenguas), pero nunca solo por una de ellas. Aquí no hay problemas económicos o de salud pública detrás.
OmPlusPlus 29 de septiembre de 2012, 2:22
El tema de los topónimos, es un tema que trato aquí: http://volandovoycastellon.wordpress.com/2012/09/17/por-una-toponimia-bilingue/
La denominación de lengua propia, como ya se ha comentado, tiene una connotación "perversa", ya que puede inducir a pensar que las otras lenguas son lo contrario de propias (impropias) y que por lo tanto los castellanoparlantes son impropios de tierras donde se habla valenciano. Comprenderás que esto no es un asunto inocuo, y que debe ser tratado con el máximo cuidado para evitar brotes de xenofobia como ya están ocurriendo desde hace varios años en Cataluña y que he presenciado en primera persona: "Si no habla catalán y vive en Cataluña, debería ser expulsado de aquí".
Las pinceladas históricas muy bien, pero se te olvida indicar que en muchas ocasiones el castellano no fue impuesto a la fuerza, si no que comenzó a introducirse por influencia en las élites burguesas. Influencia al comenzar a ser Castilla el territorio dominante. Luego más adelante o paralelamente si que hubo persecución en mayor o menor grado dependiendo de la época, sobre todo a raíz de la batalla de Sucesión al trono de España. Batalla de carácter europeo, y que no tiene la connotación que desde el nacionalismo reaccionario se ha querido vender de un España vs Cataluña. Pero bueno, eso es otro tema.
Ah si, luego tratas de comparar el estado de la lengua catalán en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Esta comparación me parece absolutamente falaz por una premisa: el nivel de implantación del valenciano al acabar la dictadura franquista era bastante inferior al del catalán en Cataluña. Además que políticamente Valencia se mostró mucho más afín a Madrid que Barcelona. Históricamente la influencia castellana en Valencia fue superior a la castellana en Cataluña. Por lo tanto, partimos de la premisa de que las condiciones de partida no eran iguales. Por lo que deducir que en Cataluña se habla más catalán por la inmersión es incorrecto. No se puede llegar a esa conclusión.
Por cierto, a mi me dieron clase siempre en una línea castellana y entiendo y hablo perfectamente valenciano. Por lo que el hecho de que una persona no haga una línea completa en valenciano no significa que no aprenda el idioma.
En mi opinión debería darse a elegir la vía lingüística. Por dos motivos, hay que dar libertad de elegir, y porque es mejor hacer aprender una lengua de forma no obligada. Por ejemplo, en dónde estudié, era un colegio religioso, nos imponían la religión. El resultado es que muchos de nosotros salimos rebotados con la temática religiosa y salimos anticatólicos o laicos. Aplicando el símil a las lenguas, si obligas a castellanoparlantes de lengua materna a sumergirse forzosamente en itinerarios totalmente en valenciano, se corre el evidente riesgo de que ese alumno le coja asco a la lengua valenciana.
Por lo tanto, yo ofrecería por defecto líneas mixtas. Y en caso de que haya presupuesto suficiente (debería haberlo siempre) una línea sólo en castellano (excepto las clases de inglés y valenciano) y una línea sólo en valenciano. Y yo soy de los que elegiría o una mixta o una en valenciano... pero ante todo hay que dejar la libertad de elegir. El Estado no debe realizar este tipo de imposiciones.
Me habré dejado alguna cosa por comentar, pero en conclusión... las épocas de imposiciones lingüísticas deberían haber pasado ya a peor vida. En el pasado POR DESGRACIA las hubo, pero ahora estamos en el SXXI y debemos avanzar hacía unas políticas que giren en torno a los ciudadanos. Unas políticas que incluyan a TODOS los ciudadanos. No se puede legislar en contra de una comunidad por venganza de hechos ocurridos hace muchos años, porque esas comunidades no tienen culpa de nada. Yo si creo en el bilingüismo.
Pere Escobar Solsona 29 de septiembre de 2012, 10:10
Hoy tengo una boda, así que no te podré contestar. Mañana te comento.
Pere Escobar Solsona 1 de octubre de 2012, 10:50
Vamos con tu primer comentario, para seguir un orden.
En las épocas oscuras de persecución lingüística no existía la lengua perseguida; se borraba de la vida pública. No sé según qué proceso deductivo se puede llegar a equiparar la situación actual con otras situaciones anteriores cuando el castellano es la única lengua en España cuyo conocimiento es obligatorio. Obligatorio para todos. Tú me dirás de qué forma se pretende hacer desaparecer una lengua que es de conocimiento obligatorio.
Sobre el bilingüismo social, no se trata de una cuestión de fe. No existe y no puede existir. Existen sociedades diglósicas, pero no sociedades bilingües en el sentido que tú le das. Sólo las personas pueden llegar a ser bilingües. Conseguir que el mayor número de personas posible sean bilingües podría ser un objetivo, pero llegar a ese objetivo sin imponer la lengua que no es de obligatorio conocimiento es como obligar a pagar el IVA y esperar recaudar algo con un IRPF que sea voluntario.
E insisto de nuevo: no sé cómo puedes asignarme como objetivo la desaparición del castellano (ni cualquiera de las elucubraciones que haces a continuación sobre la expulsión o la persecución de los castellanohablantes) si en ningún caso he abogado por que el castellano deje de ser de obligatorio conocimiento.
Sobre el etiquetado obligatorio en castellano, o sobre los nombres comerciales, o sobre cualquier otra obligación de las empresas o de las personas respecto al castellano (no existían obligaciones, me dijiste: el castellano no se impone), intentas justificarlo en parte por motivos de salud pública. Es cierto en algunos casos (el etiquetado), pero no deja de ser una obligación legal; y es falso en otros casos (los nombres comerciales), y tampoco deja de ser otra obligación legal. Para el castellano existen obligaciones (o imposiciones, como te gusta decir a ti), pero si la obligación es para el catalán (sin que se prohíba el castellano), ¿es fascista? Y recuerda que, aunque desde los medios madrileños se diga todos los días lo contrario, no estamos hablando de obligaciones sin sentido: la cartelería fija que debe estar en catalán (y que también puede estar en castellano) es la que dice qué productos se venden en el interior del local, o lo que es lo mismo, se trata de información a los clientes. Es decir, que los clientes habituales (los que compran todos los días) tengan la información en su lengua, ¿te parece fascista?
Es obvio que el problema de tener un país con varias lenguas oficiales y que sólo una de ellas sea obligatoria crea una evidente descompensación, y que por eso se hace necesario compensarlo a través de otras políticas; está bien proponer otras políticas alternativas a las existentes, pero eso es otra cuestión. Por seguir con tu ejemplo, el descuento para los usuarios de cine en catalán, ¿a cargo de quién iría? ¿De los presupuestos públicos? Subvencionar el cine en catalán con el dinero de todos, ¿no generaría airadas protestas de los castellanohablantes por discriminarles en función de su lengua? Si hay una parte que no entiende la problemática (y no estoy hablando de ti), no va a existir solución, se apliquen las políticas que se apliquen, porque todas las políticas irán en beneficio de la lengua no obligatoria y generará rechazo entre quienes tengan por lengua la obligatoria alegando discriminación.
Pere Escobar Solsona 1 de octubre de 2012, 17:01
Sobre los topónimos, la actual regulación es, bajo mi punto de vista, la más justa: cada municipio decide cuál es su nombre oficial (Ley 7/1985, artículo 22.2.b) y en qué idioma lo es (artículo 14.2 de la misma Ley); no existe ninguna técnica de sustitución lingüística para eliminar la toponimia en castellano, como afirmas tajantemente en tu artículo: cada pueblo y cada ciudad han decidido cuál es su nombre y pueden modificarlo siempre que quieran.
La cuestión de la lengua propia y su extensión (por una inducción que sólo los castellanohablantes y algún independentista radical llegan a alcanzar) a la impropiedad de algunos ciudadanos es una invención que no sé muy bien qué objetivo tiene, aunque me lo puedo imaginar; la cuestión es qué alternativa a la redacción de los estatutos autonómicos aceptaríais los castellanohablantes para poder referirnos a nuestra lengua sin sentiros ofendidos o menospreciados o sin que un desarrollo posterior lo interpretaseis como un ataque al castellano. Si se pierde de vista que los españoles castellanohablantes tienen el privilegio de hablar la única lengua obligatoria en toda España, y que a ese privilegio renunciamos los españoles no castellanohablantes en aras del entendimiento mutuo, será muy difícil aceptar cualquier política, cualquier acuerdo o cualquier propuesta que compense ese privilegio del que no disfrutamos muchos españoles. Porque no podemos olvidar que las fórmulas de la oficialidad de las lenguas no se ciñen a la elegida en nuestra Constitución: hay otras fórmulas que no privilegian a ninguna lengua, como es el caso de Bélgica, y que serían mucho más restrictivas para los derechos de los castellanohablantes que la que está vigente hoy.
Sobre las pinceladas históricas, no niego en ningún momento que no se utilizase el castellano, ni que en determinadas épocas tuviese más relevancia que el catalán en determinadas esferas; sin embargo, esa realidad no elimina el hecho de que la lengua de comunicación habitual fuese otra distinta al castellano, en Cataluña y en muchas zonas de la Comunidad Valenciana (por ejemplo en aquéllas que formaron parte de la Orden de Montesa, que es lo que más conozco yo). Y por supuesto que se utilizaba también el castellano: las relaciones comerciales eran fluidas entre zonas castellanoparlantes y zonas catalanoparlanes, y de hecho en las zonas fronterizas (me refiero a las que lindan con Teruel) se entremezclan muchos términos de ambos idiomas, además de existir zonas, dentro de la Comunidad Valenciana, en las que la lengua de comunicación habitual ha sido siempre el castellano. Pero eso no significa que el valenciano dejase de ser la lengua habitual de comunicación de la mayor parte de la actual Comunidad Valenciana.
Respecto a la inmersión y sus efectos, tú te refieres al porcentaje de uso y yo me refiero al porcentaje de analfabetismo (saber leer y escribir en valenciano); no existe ninguna falacia en mi comparativa, porque es el analfabetismo en una de las dos lenguas oficiales lo que se pretende evitar en primer lugar con las políticas lingüísticas. Es obvio que en Cataluña, con la tan demonizada inmersión, la eliminación del analfabetismo ha tenido mucho más éxito (si se le puede llamar éxito que aun haya un 40% de catalanes que no sepan escribirlo) que en la Comunidad Valenciana (donde en algunas zonas valencianoparlantes no saben escribirlo el 85% de los ciudadanos); después cada cual lo hablará o no en su vida diaria, pero con esas cifras de analfabetismo en una de las dos lenguas oficiales cabría preguntarse si no hay algo que falla en las políticas lingüísticas valencianas. Creo yo, vamos.
Pere Escobar Solsona 1 de octubre de 2012, 17:02
Y la última parte...
La solución que propones de libertad de elección para evitar manías no es la solución; yo he estudiado muchos años (excepto dos, ya en el instituto) exclusivamente en castellano y no solo no odio el castellano, sino que me he esforzado por escribirlo sin faltas, aunque no sea mi lengua. No es una cuestión de líneas, es una cuestión de prejuicios familiares o sociales hacia una lengua que durante mucho tiempo se consideró secundaria o pueblerina; conozco a muchos padres valencianoparlantes a los que los profesores de determinados colegios (y te estoy hablando de los años 80 y sé de tres casos distintos en Castellón ciudad) les recomendaban que se dirigiesen a sus hijos en castellano para no liarles con el valenciano. Muy pedagógico todo. Podemos hablar de anécdotas para todos los gustos, pero lo único cierto es que el valenciano era la lengua que no se estudiaba, y que en cuanto llegó la cooficialidad se buscaron otras triquiñuelas para mantenerlo relegado a un segundo plano. Es parte de nuestra historia, aunque no nos guste. Y las políticas lingüísticas se hicieron para evitar que algunos profesores -y hablo de la educación, pero pasó en otras esferas sociales y laborales- lograsen mantener esa relegación por la puerta de atrás.
Mi solución sería bien distinta, y pasaría por la imposición (malas noticias): obligaría en todo el Estado español a aprender el castellano y otra de las lenguas oficiales. Ya sé que esto no le gustaría a un madrileño o a un segoviano. Pero si yo he aprendido el castellano, ¿qué razón de peso hay para que los españoles no sepan dos lenguas españolas? ¿O es que hay alguna nueva teoría que afirme que los niños castellanohablantes son más torpes que los valencianoparlantes?
Ya ves que yo también creo en el bilingüismo. Pero parece que no es el mismo en el que crees tú, ¿verdad?
OmPlusPlus 1 de octubre de 2012, 18:28
Sobre lo de los topónimos, no es cierto. En Cataluña hay leyes autonómicas que obligan a la toponimia exclusivamente en catalán: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l1-1998.html#a18 Artículo 18.1
Sobre lo de que pienso en la teoría de la "sustitución lingüística" se basa en que alguien que no acepta el bilingüismo y piensa que el castellano está en posición de privilegio, quiere subvertir esa situación. Tú quieres subvertir esa situación, de forma para que, en términos de tus esquemas mentales lingüísticos, la valenciana pase a ser la lengua de prestigio sustituyendo al castellano. En cambio yo no busco ninguna situación en la que se imponga una sobre otra, yo busco una situación en la que ambas estén en igualdad de condiciones. Ambas puedan ser usadas indistintamente sin ningún problema para nadie.
Sobre rotulación en locales, es que se ha estado multado a locales que lo tenían solo en castellano. Yo entiendo lo de multar por motivos de que el cliente tiene que saber que hay dentro. Por ejemplo una tienda árabe que no tiene ningún cartel ni en catalán ni en castellano. Pero estando ya en una lengua oficial? Sabes que diría mucha gente si el gobierno español fuera a Barcelona y comenzara a multar a quién no lo tuviera en castellano? De fascista para arriba. ¿O acaso me equivoco? Pues lo mismo opino yo de la misma situación pero al revés.
Por eso he dicho que estoy a favor de los incentivos positivos. Jamás negativos. Para que nos entendamos, positivos igual a premiar. Negativos igual a multar. Si en lugar de ponerle una multa al que lo tiene en castellano le dijese la Generalidad catalana que ellos corren con todos los gastos de añadirlo también en catalán, no habrían tantos problemas. Si no se incurre en persecución. Se puede fomentar sin pisotear a la lengua contraria.
Por cierto, ¿en el Estatuto de Cataluña no se recoge el deber de saber catalán? Pregunto. Lo que no puedes pretender es que la Constitución incluya cosas de Comunidades Autónomas que cuando se redactó la Constitución ni siquiera existían. Y en teoría la Constitución es un tabú intocable (excepto para lo que hicieron PPSOE el año pasado) por lo que no se ha querido tocar nada.
OmPlusPlus 1 de octubre de 2012, 18:31
Subvencionar el cine en catalán generaría protestas? Puede. Pero me parecería legítimo en caso de estar justificado, y en caso de que haya recursos suficientes para ello. Es decir, una cuestión de prioridades. La Sanidad y la Educación antes que esto. En la situación ideal si que se podría hacer. Pero claro, también hay miles de cosas menos prioritarias que el idioma y que no recortan.
La situación de Bélgica no es igual de comparable a la española. El español se habla en el conjunto A de toda España. El catalán en un subconjunto B incluido dentro del conjunto A. En cambio la situación belga, el subconjunto A no solapa en su completitud al subconjunto B. La situación española es más parecida a casos como Sudáfrica o India. A favor de tus tesis está Suiza, pero debido a las condiciones demográficas y geográficas es un caso diferente. En España sería inviable.
Sobre enseñar una lengua española cooficial en el resto de España me parecería excesivo (salvo que hubiera demanda suficiente). Lo que si haría en una supuesta clase de Educación para la Ciudadanía es destinar unas cuantas horas a hablar de estas lenguas, explicar sus orígenes, sus peculiaridades y a aprender unas cuantas pinceladas del lenguaje para que no suene tan extraño. O incluso programas de TV en la tele pública dedicados al respecto.
La razón para que los españoles no sepan obligatoriamente otra lengua radica en el hecho de los subconjuntos que he explicado antes. El subconjunto B de la lengua catalana o vasca o gallega no incluye partes del territorio. Es como si quisiéramos soltar un tigre africano en medio de la campiña inglesa. No tiene razón de ser. Otro asunto sería si se hubiera soltado hace 500 años y ahora hubiera una colonia importante de esos tigres, por lo que no estaría bien tocarlos de nuevo por motivos históricos.
Y si, anécdotas hay de todos los tipos, en todas direcciones, como lo que cuentan (no se si verdad o no) de profesores que castigan a niños por hablar castellano en el patio del colegio.
Pere Escobar Solsona 1 de octubre de 2012, 22:02
Si no aceptamos el hecho de que el castellano está en situación de privilegio (es la única lengua oficial obligatoria) no vamos a llegar a ninguna parte.
El deber de conocer el catalán fue considerado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Luego, efectivamente, siguen siendo los castellanohablantes los únicos españoles cuya lengua es de obligado conocimiento para el resto de españoles.
La cuestión no está en subvertir esa situación (insisto otra vez, que parece que te lo saltas cada vez que lo digo: no quiero eliminar la obligatoriedad del castellano), sino en compensar ese privilegio; por supuesto, aplicando obligaciones también a los castellanohablantes, igual que se nos aplican obligaciones a los no castellanohablantes (a nosotros se nos impone el deber de conocer el castellano, que es tu lengua, no la mía). Y no, tampoco se trata de hacer que el valenciano sea una lengua de privilegio: se trata de que haya el mismo número de analfabetos en las dos lenguas oficiales, es decir, cuantos menos, mejor. En las dos lenguas oficiales. Y lo repito otra vez: en las dos lenguas oficiales.
Por supuesto, podemos taparnos los ojos y considerar que ambas lenguas están en igualdad de condiciones hoy en día. El mismo número de periódicos, el mismo número de cadenas de radio, el mismo número de canales de televisión en castellano que en valenciano. ¿Oferta y demanda? No, amigo, no: ¿para qué quieres un periódico en valenciano si no sabes leerlo? Pregunto.
Volvamos a la imposición del castellano a las empresas. Cuando una empresa de Barcelona quiere utilizar un nombre comercial en catalán y va a registrarlo, ¿qué le pasa? ¿Acaso no es la denegación del nombre comercial por no estar en castellano una intervención coercitiva del Gobierno sobre la empresa, a quien no se le inscribirá el nombre si no lo pone en castellano? Pues sí, es intervención directa del Gobierno en Barcelona imponiendo el castellano a una empresa privada. ¿O me lo vas a negar también?
Y está muy bien lo de los incentivos positivos, hasta que se comprueba que no funcionan. Sería lo más beneficioso para todos. Eso sí, si funcionasen siempre no existiría ningún régimen sancionador. Los buenos conductores tendríamos un extra a fin de mes y el mundo sería estupendo. Pero parece que el mundo no es tan estupendo.
Pere Escobar Solsona 1 de octubre de 2012, 22:41
Las subvenciones para lo catalán (sea cine o cualquier otra cosa) no es que puede que genere protestas, es que genera titulares del tipo "Mientras condena al hambre a miles de catalanes, la Generalitat regala más de 22 millones de euros a la ‘cultura’ catalana"; ya ves que tu idea ya está inventada y tampoco sienta bien entre los castellanohablantes.
En Bélgica, hasta la reforma de los años 60, los puestos administrativos, profesionales y de dirección los obtenían los francófonos, incluyendo Bruselas y Flandes, por la influencia (y la inmigración) de sus vecinos del sur. Es evidente que no son exactamente comparables (no hubo prohibición del neerlandés, ni estuvo excluido de las escuelas), pero sí hubo un conflicto lingüístico que se solucionó con la división administrativa del país en función de la lengua propia de cada territorio.
La razón por la que no obligarías a aprender otra lengua oficial en el resto de España es que las lenguas no castellanas son exclusivas de un territorio determinado y completamente ajenas al resto del territorio español; si te fijas bien, no dejas otra opción que el menosprecio hacia esas lenguas (que no dejan de ser españolas) o la consideración de propias del territorio del que pueden ser oficiales. Los castellanohablantes no queréis aceptar su estudio obligatorio (aunque sea de sólo una, a elección) fuera del territorio en el que son oficiales porque son ajenas a vosotros; pero si dentro de ese territorio aceptan que esa lengua es exclusiva de ese territorio y la llaman "propia" (los propios castellanohablantes la consideráis como tal desde el mismo momento en que os negáis a que se use fuera del territorio en cuestión), tampoco os parece bien.
Entonces, ¿el valenciano es lengua exclusiva de la Comunidad Valenciana o también puede ser lengua de otros españoles? La primera opción es la correcta según tu razonamiento. Entonces, ¿a qué viene considerar un problema lo que los propios castellanohablantes estáis provocando al negar que el valenciano sea algo que os incumbe más allá de la frontera con Cuenca? Si queréis relegar el valenciano a un territorio concreto, considerarlo como lengua propia de ese territorio es la única salida que dejáis.
A lo mejor tú tienes otra fórmula u otra interpretación, pero hoy por hoy es lo que hay, o al menos es lo que a mí me parece que hay.
Pere Escobar Solsona 1 de octubre de 2012, 22:57
Me dejo lo de los topónimos para el final, porque me parece que acabas de utilizar una huida hacia adelante para darte a ti mismo la razón, sí o sí.
Vamos a ver. En tu primero comentario sobre los topónimos me dices que ya lo habías tratado en un artículo y me lo enlazas; por supuesto, yo me lo leo y compruebo que te refieres exclusivamente a los nombres de los municipios (en este caso castellonenses), y en dicho artículo afirmas que existe un proceso de sustitución lingüística de topónimos. Y dices concretamente que "Cómo podemos observar, la situación no es tan mala como en la Comunidad Autónoma catalana en dónde la totalidad de sus poblaciones tienen el topónimo en catalán".
Pues bien, yo te insisto de nuevo: los nombres de las poblaciones están reguladas por la Ley 7/1985, no por la Ley catalana 1/1998, de la que me citas el artículo 18.1 y no el apartado siguiente (el 18.2), que dice expresamente que "la determinación de la denominación de los municipios y las comarcas se rige por la legislación de régimen local". Es decir, que no existe esa sustitución (esa situación tan mala, según tu artículo) de los topónimos de los municipios que les asignas a los malísimos catalanes que mandan en la Generalitat.
Me reafirmo, por lo tanto, en que la actual regulación es la más justa: cada municipio decide cual es su nombre oficial. Nada de grandes conspiraciones desde la demoníaca Generalitat contra el castellano.
(Por cierto: Galicia y las Islas Baleares utilizan exactamente la misma fórmula que Cataluña. No parece que sea algo tan malo ni tan extraño en este país eso de asignar los topónimos -sin incluir los nombres de los municipios, que los decide libremente cada uno de ellos- según la lengua propia de cada Comunidad Autónoma).
Pere Escobar Solsona 1 de octubre de 2012, 23:16
Me dejaba lo del "castigo" de los profesores por no hablar castellano en el patio del colegio. Mírate bien la noticia otra vez, porque no era un castigo: era una pegatina roja en una hoja con información para sus padres sobre la evolución de su hijo con el catalán.
¿A ti te parece mal? Pues a mi me gustaría que me informaran de la evolución de mi hijo si no fuese capaz de expresarse con soltura en castellano. Igual es que tenemos una concepción de las lenguas muy distinta.
OmPlusPlus 3 de octubre de 2012, 14:49
En Cataluña están prohibidos los topónimos castellanos por LEY autonómica. No hay lugar para que los municipios puedan decidir, está prohibido dentro de la estrategia general del catalanismo de "construcción nacional". Prueba de ello es que no hay ni un sólo topónimo que esté en castellano (salvo aquellos que se dijeran igual en ambas lenguas).
Lo de la pegatina roja, habría que ver hasta que punto es así, o hasta que punto se castigaba de verdad a los alumnos. Igual la versión que te ha llegado es incompleta. O igual la versión que te ha llegado es de otro caso diferente. O igual es una leyenda urbana todo, vete a saber.
Y por supuesto, caes en el error de la generalización. De achacar a colectivos pensamientos de entes individuales. "ya ves que tu idea ya está inventada y tampoco sienta bien entre los castellanohablantes." Ten cuidado porque ese camino es muy peligroso, el convertir opiniones personales en dogmas achacados a comunidades de millones de personas. Los judíos son todos unos usureros, los musulmanes son unos terroristas, los castellanoparlantes quieren eliminar el catalán.
Y como he dicho, estas subvenciones serán criticadas siempre y cuando haya cosas más prioritarias que quedan insatisfechas. Es de cajón. En una supuesta pirámide de Maslow modificada para Estados, los temas de lengua no estarían en el escalón más prioritario. Obviamente, Sanidad es más importante por ejemplo. Si dejas insatisfechas necesidades de Sanidad, normal que te culpen de no eliminar partidas de estratos más altos de la pirámide. Aunque la verdad es que creo que la prensa cae en la demagogia porque hay partidas menos prioritarias que la lengua y todos callan por puro interés. Ya sabemos que la prensa en España está toda concertada con PP y PSOE. Los estratos de la pirámide que incumban a la eliminación de privilegios de estos partidos son tabú.
Para que nos entendamos en el tema de enseñar valenciano en Badajoz. Imaginemos que se unen Portugal y España. Debería ser obligatorio el castellano en Portugal? No. Debería ser obligatorio el portugal en España? No. Ese es el caso que sería similar al belga. No el actual. El actual como ya te he indicado es similar al indio o sudafricano. Todo lo demás es marear la perdiz. Quejarse de una realidad que es que las demás lenguas oficiales no se conocen en el resto del Estado es absurdo.
El castellano es la lengua de privilegio en la sociedad. El valenciano o el catalán son lenguas de privilegio a nivel administrativo. Lo que tu propones es como decir que si no hay prensa en valenciano, hay que prohibirla en castellano y ponerla solo en valenciano. Absurdo. Hay que fomentar el interés por la lengua, pero no a través de prohibiciones y de coartar las libertades de los ciudadanos que es lo que buscáis los que defendéis esas posturas. Buscáis someter a los ciudadanos a unas reglas coercitivas. Puros ejercicios de ingeniería social. No os gusta la realidad social existente, pues juguemos con nuestras probetas para modificarla a nuestro gusto. Completamente antidemocrático y muy peligroso.
Claro que no hay el mismo número de teles y radios! Porque normalmente las que emiten son de origen nacional! Cuantas cadenas sólo del ámbito de la Comunidad Valenciana existen? RTVV y algunos otros. Que yo sepa en RTVV hablan valenciano. Que quieres, que Antena 3 emita en una lengua que no conocen en el resto de España? Es el colmo de la absurdez. Que emita TV3 en aranés siempre a todas horas para compensar esa "discriminación". ¿Por que no obligan a aprender aranés en Tortosa?
En fin, que esto se puede alargar eternamente en una discursión bizantina sin llegar a ningún punto de acuerdo. Buscamos objetivos diferentes. Yo busco una isonomia entre las lenguas, y tú subvertir el actual orden
Pere Escobar Solsona 4 de octubre de 2012, 16:34
Hay que ser muy iluso, o esperar que quien recibe tu argumentación también lo sea, para esperar que se llegue a un bilingüismo real (o isonomía entre lenguas, como prefieras) habiendo una lengua obligatoria y otra no.
Al bilingüismo social sólo se puede llegar de dos formas:
1. Siendo las dos lenguas obligatorias.
2. Imponiendo restricciones de derechos a quienes hablan la lengua que es obligatoria para todos.
Yo aceptaría cualquiera de las dos opciones. Tú no aceptas ninguna de las dos, por lo que, aunque sea cierto que lo que buscas es el bilingüismo real, sabes muy bien que tu propuesta sólo servirá para mantener el predominio de la lengua obligatoria, que casualmente es la tuya.
Y sí, podemos alargar esto eternamente si utilizas criterios distintos para determinar qué es y qué no es para ti una imposición lingüística. Si no consigues mantener un mismo criterio cuando hablamos del castellano que cuando hablamos del catalán es porque no quieres o no puedes aceptar que existan otras lenguas distintas a la tuya.
Si quieres y te apetece podemos ir por partes. Por ejemplo, clarificar lo de la toponimia.
La ley catalana 1/1998 no sirve para los nombres de los municipios; como te he dicho, su artículo 18.2 te remite a la legislación de régimen local. A nivel estatal está la Ley 7/1985 y su reglamento, el Real Decreto Legislativo 781/1986, que en su artículo 11.1 dice que «La alteración del nombre y capitalidad de los municipios podrá llevarse a efecto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, previo acuerdo del Ayuntamiento e informe de la Diputación Provincial respectiva".
En ausencia de legislación autonómica, ese es el artículo que se aplica para poder modificar el nombre de un municipio. Pero es que en Cataluña también existe legislación de régimen local: el Decreto Legislativo 2/2003, que recoge el texto que ya existía en la Ley 8/1987 y que dice:
«30.1 La denominación de un municipio sólo puede cambiarse si así lo acuerda su ayuntamiento y por medio del procedimiento establecido por el artículo 31.
30.2 El Gobierno de la Generalidad, a propuesta del consejero o consejera de Gobernación y relaciones Institucionales, puede proponer a los municipios las rectificaciones de nombre que considere convenientes».
Para saber si lo que dices sobre la toponimia municipal catalana es cierta o no lo es sólo tienes que contestar sí o no a una pregunta: ¿algún ayuntamiento catalán ha aprobado su denominación en castellano y le ha sido denegada por la Generalitat? Recuerda: tan simple como responder sí o no.
OmPlusPlus 5 de octubre de 2012, 14:43
Claro, los municipios tienen potestad para cambiar de nombre, pero siempre en catalán. Por poner un ejemplo imaginario, si Sant Cugat del Vallés decide cambiar el nombre a Sant Cugat. Debe estar siempre en catalán.
La respuesta a tú último párrafo supongo que será no. Más que nada porque de normal tu no puedes aprobar algo que no se puede aprobar porque está prohibido por instancias superiores.
Yo si que aceptaría que el valenciano fuera obligatorio en la Comunidad Valenciana. Pero esto lo tendrían que recoger leyes autonómicas, no estatales. Y teniendo en cuenta que en la zona de predominio lingüístico castellano (el interior de la CV) no tendría que ser obligatorio. O si, desconozco el detalle de la implantación del valenciano en esas zonas. Si fuera lo suficientemente alto daría el visto bueno a pesar de ser territorios que históricamente no tuvieron valenciano. Ya sabes que a mi los motivos históricos me dan igual. Pero bueno, he estado en algún pueblo de la Sierra de Espadán y allí todos hablaban castellano.
Pere Escobar Solsona 8 de octubre de 2012, 9:56
La respuesta, efectivamente, es que no existe ningún municipio catalán que haya aprobado cambiar su nombre al castellano (esa sería la única forma de cambiar su nombre en Cataluña) y que se lo hayan denegado; no fue así en Galicia, ni en Navarra, ni incluso en la Comunidad Valenciana (con el conflicto con la denominación de Villanueva de Castellón/Castelló de la Ribera/Vilanova de Castelló), donde la legislación les da tanto la iniciativa como la resolución en los cambios de denominación al gobierno autonómico.
La conflictividad entre municipios gallegos y su gobierno autonómico (con la misma cláusula en su Ley de Normalización Lingüística que en Cataluña: "10.1. Los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega") sí ha sido abundante, a pesar de estar prohibido por instancias superiores; también en otras comunidades autónomas como Navarra; basta con realizar una búsqueda en la base de datos de jurisprudencia y comprobar dónde existen conflictos por los topónimos, y justamente a Cataluña no la encontraremos ahí.
Y ahí está la cuestión: no existe en Cataluña ninguna estrategia general de construcción nacional en materia de topónimos municipales (en otras políticas sí, pero en esta no). Los municipios tienen el topónimo que ellos mismos han querido tener; si todos los municipios catalanes tienen su topónimo en catalán y ninguno de ellos lo ha querido modificar es porque todos y cada uno de ellos consideran que ese es su verdadero nombre (el que han utilizado siempre sus propios habitantes), salvo que se demuestre lo contrario (y a día de hoy no se ha demostrado lo contrario).
Pero la inexistente conflictividad interna se convierte por arte de birlibirloque (por prejuicios catalanófobos) en una cuestión de Estado: Cataluña utiliza la toponimia como parte de una estrategia general de construcción nacional, luego la unánime toponimia en catalán debe ser castellanizada para evitar la independencia de Cataluña. ¿Y eso quién lo dice? ¿Los municipios catalanes que han visto vulnerada su autonomía por una imposición de los estrategas independentistas de la Generalitat? ¡Pero si Cataluña es la única comunidad autónoma que cede a los municipios la iniciativa de modificar su denominación oficial!
Crear conflictos allí donde no los hay para alimentar la catalanofobia. Pues a mí, sinceramente, no me parece ni lógico ni racional; es más, eso sí huele a estrategia general de construcción nacional... de quienes quieren una España distinta a la real.
Y por último... ¿ahora me dices que impondrías el valenciano como obligatorio en las zonas valencianoparlantes de la Comunidad Valenciana? Entonces, ¿de qué estamos discutiendo si en el fondo de la cuestión estamos de acuerdo? No hay mayor imposición "nacionalista" que esa. De hecho, el Tribunal Constitucional la ha declarado fuera de nuestra Constitución.
OmPlusPlus 8 de octubre de 2012, 19:26
No. No te confundas. No es así. En Cataluña hay una imposición autonómica para que los topónimos sean solo en catalán. PRUEBAS:
- Ley Autonómica es clara
- Todos los topónimos son en catalán
En la Comunidad Valenciana si que hay libertad por parte de los municipios. PRUEBAS:
- Hay municipios en un idioma, en el otro y en ambos a la vez
Podrías decir que es tu palabra contra la mía, pero como ves hay evidencias muy claras que respaldan lo que yo digo. La realidad es caprichosa.
Lo de la catalanofobia me parece el típico victimismo nacionalista de siempre para justificar las políticas discriminatorias y persecutorias hacía las comunidades castellanoparlantes. No me vas a sorprender con eso. Ese discurso está demasiado visto.
Por último decir que el Tribunal Constitucional tan sólo es un apéndice del PP y PSOE que en su afán en politizarlo todo se han encargado de meter mano en ese órgano para que dicte sentencia en función de los intereses de quién tenga mayoría allí dentro.
A mi no me parece mal que el valenciano sea obligatorio siempre y cuando la Administración Pública esté siempre obligada a contestar al ciudadano para cualquier trámite en la lengua que este ciudadano solicite.
Pere Escobar Solsona 8 de octubre de 2012, 23:08
Resulta sorprendente que, sin disponer de evidencia empírica alguna, mantengas que la Generalitat de Catalunya ha impuesto la denominación en catalán a algún municipio catalán, y que además sigas manteniendo que esa imposición (que no se ha producido en ningún municipio catalán) forma parte de una estrategia concertada de construcción nacional.
Pero si resulta sorprendente mantenerlo sin ninguna evidencia a favor (podría tratarse de una cuestión de fe, y ahí no entro), resulta incomprensible que la sigas manteniendo ante las evidencias en contra que te he presentado (a no ser que ni tan siquiera las hayas comprobado por ti mismo para evitarte una dosis de realidad que contradiga tus prejuicios):
1. Cataluña es la única comunidad autónoma en la que la iniciativa del cambio de denominación la tienen los municipios: "La denominación de un municipio sólo puede cambiarse si así lo acuerda su ayuntamiento".
2. El resto de comunidades bilingües tienen la potestad exclusiva en los cambios de denominación municipales, y eso ha llevado a muchos municipios a presentar recursos contra la alteración de su denominación oficial por vulneración de la autonomía local. En Cataluña no ha ocurrido jamás.
3. En las comunidades donde existe la doble denominación, han sido los gobiernos regionales quienes las han impuesto a los municipios, independientemente de cómo los denominaran sus propios habitantes (Villanueva de Castellón es el caso más llamativo, puesto que ha cambiado su denominación en seis ocasiones desde 1982); esa doble denominación no está exenta, por lo tanto, de conflictividad.
No es mi palabra contra la tuya; es la existencia o no de conflictividad entre quien tiene la potestad de imponer (los gobiernos autonómicos) y quien se ve afectado por la imposición (los municipios); no hablo de catalonofobia como victimismo (no soy catalán, por lo tanto no soy víctima de nada), sino de catalanofobia como prejuicio: existiendo abundante conflictividad en Galicia o en Navarra (o incluso en la Comunidad Valenciana) y no existiendo conflictividad en Cataluña, es absurdo (si no se trata de un prejuicio) mirar hacia Cataluña por este asunto. Es un falso conflicto creado por prejuicios catalanófobos, te guste o no te guste.
El Tribunal Constitucional es quien interpreta la constitucionalidad de las normas y de los actos administrativos; pueden existir otras interpretaciones, pero están fuera de la Ley, nos gusten más o nos gusten menos. Y el deber de conocer otra lengua distinta del castellano no es posible a día de hoy.
Y la administración, a día de hoy, ya viene obligada a contestar al ciudadano en la lengua que éste solicite. Incluso en Cataluña.
Anónimo 3 de marzo de 2016, 5:29
Qué pessat el Pere este. Depren la llengua valenciana i deixa de ofrenar noves glòries a Catalunya. Forem el Regne de Valencia i la llengua valenciana tingué un segle d'or cosa que el català mai tingué ni tindrà. Deixa de renegar de la teua terra perque els pancatalanistes doneu mólta agonia i sou els principals culpables de que la gent passe del valencià
Anónimo 12 de octubre de 2017, 14:32
Pere, no tienes razón y sólo con ver tus larguísimas explicaciones es obvio. Son todo rollos macabeos para justificar privar de libertad a los ciudadanos. El debate es muy simple: libertad lingüística y democracia Vs imposición e ingeniería social. Yo estoy del lado de los demócratas. Al otro lado hay unos cuantos frikis muy peligrosos que exigen una sociedad a su gusto. Ganaremos los buenos porque la mayoría de la gente está por la libertad.
Pere Escobar Solsona 12 de octubre de 2017, 18:09
A "los buenos" no os hace falta explicar nada. Sois los buenos por la gracia de Dios y tenéis la razón por obra del Espíritu Santo.
No dudo de que ganaréis. Ganaréis porque hay más castellanohablantes que valencianohablantes en España. Seréis mayoría, pero la razón no la dan las mayorías.
La generación “des”
N’estic fart d’esta vergonyosa Espanya

References: Real Decreto 
 resolución 
 artículo 81
 artículo 139
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 3
 artículo 32
 artículo 11
 artículo 22
 Artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 31
 resolución