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Timestamp: 2017-04-24 05:12:04+00:00

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Amparo contra licencias by Chapulinazo NL - issuu
* EN TURNO.
P r e s e n t e.*, mexicano, mayor de edad, sin adeudos fiscales y señalando como domicilio
para oír y recibir notificaciones el ubicado en *, en la Colonia *, en *, *, *, ante usted
con el debido respeto que se merece comparezco y expongo:
En mi carácter de residente del domicilio ubicado en * C.P. * en el Municipio
de *, * según se acredita con la copia de la credencial para votar con fotografía que
se anexa a la presente, de manera respetuosa promuevo JUICIO DE AMPARO
INDIRECTO, demandado el Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de
los actos de las Autoridades señaladas como responsables y por los conceptos de
violación que se hacen valer, por lo que, para dar cumplimiento al artículo 116 de la
Ley de Amparo en vigor, manifiesto:
I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO: El suscrito, de nombre y domicilio en *
C.P. * en el Municipio de *, *.
A. * , quien puede ser notificada en *, *.
A.-Ayuntamiento Republicano del municipio de *, *.
B.- Alcalde del Municipio de *, *.
C.- H. Congreso del Estado de *.
Todas las autoridades con domicilio para oír y recibir notificaciones en su
recinto oficial.
I.- De todas las autoridades señaladas como responsables, tanto en su
carácter de ordenadoras y ejecutoras se reclaman y DE MANERA CONJUNTA: TODOS
LOS ACTOS RECLAMADOS; SIENDO CARGA DE LA AUTORIDAD EMITIR INFORMES
JUSTIFICADOS SOBRE CADA UNO DE ELLOS:
1.- Todos y cada uno de los actos del procedimiento de otorgamiento de
licencia por tiempo indefinido a favor de C. * del ejercicio del cargo de Presidente
Municipal de fecha * de * del 2012.
Ej. Todos y cada uno de los actos del procedimiento de otorgamiento de
licencia por tiempo indefinido a favor de C. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA del
cargo de Presidenta Municipal de fecha 20-veinte de enero del 2012 sin el respeto
del derecho fundamental de audiencia.
2.- El otorgamiento de la licencia con ausencia total de fundamentación y
motivación que lo justifique a favor de C. * del cargo de Presidente Municipal de
fecha * de * del 2012.
3.- La abstención del ejercicio del cargo de Presidente Municipal en el
Municipio de *, *.
4.- Todos y cada uno de los actos del procedimiento mediante el cual se
aprobó la designación del Primer Regidor Sr. *, como encargado del despacho de la
Presidencia Municipal de *, *.
5.- La designación de encargado del despacho de la Presidencia Municipal de
*, *, a favor del Primer Regidor. Sr. *.
1	Â 6.- La abstenciĂłn de ejercer el cargo de Primer Regidor del Municipio de *, *,
por parte del Regidor Sr. *.
7.- La omisiĂłn Legislativa en relaciĂłn con la existencia de un procedimiento y
elementos objetivos necesarios para el otorgamiento de las Licencias de cargo del
Presidente Municipal en el Estado de *.
8.- La violaciĂłn directa del artĂ­culo 5 de la ConstituciĂłn PolĂ­tica de los Estados
Unidos Mexicanos, asĂ­ como el ArtĂ­culo 1 de la Carta DemocrĂĄtica Interamericana.
La inconstitucionalidad de los actos reclamados se obtiene de la
contravenciĂłn de los derechos fundamentales en tĂŠrminos de todos los conceptos
de violaciĂłn a continuaciĂłn expuestos.
V.- ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO.
1.- El suscrito soy ciudadano * y residente en * C.P. * en el Municipio de *, *.
2.- En el referido inmueble he vivido durante mĂĄs de * aĂąos, cumpliendo con
las diversas obligaciones que como ciudadano imponen las numerosas leyes que
rigen nuestro Estado. EspecĂ­ficamente participĂŠ en la elecciĂłn de Alcalde del
Municipio en el que resido en el mes de * del aĂąo 20**.
3.- SegĂşn se obtiene de los diversos medios informativos, el entonces
candidato *, se obligĂł a terminar su encargo en caso en que fuera electa como
Presidenta Municipal. Es decir, realizĂł una declaraciĂłn unilateral de voluntad en
terminar integralmente su mandato como presidente municipal al ser electo. Lo que
implicaba representarme personalmente durante dicho periodo.
4.- Mediante publicaciĂłn en el PeriĂłdico Oficial del Estado de * de fecha * de *
del *, misma que nunca ha sido notificada de manera personal y que de cualquier
manera tuvimos conocimiento, el dĂ­a *-* de * del presente aĂąo, la ocursante tuve
conocimiento sobre el otorgamiento de Licencia por tiempo indefinido a favor de *,
para que no continuara ejerciendo el cargo de Presidente municipal de *, *. AsĂ­ como
el nombramiento de Primer Regidor, * como encargado del despacho de la
5.- Lo anterior se constituye en una flagrante violaciĂłn al artĂ­culo 5 y 14 de
nuestra constituciĂłn PolĂ­tica Mexicana, amĂŠn de ser contraria a los diversos
ordenamientos internacionales que MĂŠxico ha firmado. Por ello, las actuaciones de
las autoridades responsables que se traducen en degradaciĂłn del ciudadano al
desconocer su derecho fundamental a una democracia efectiva.
6.- En este orden de ideas, se acude ante esta instancia de protecciĂłn de
derechos fundamentales por SER LA Ă&#x161;NICA VĂ?A DISPONIBLE PARA PROTEGERLOS y
expuestos en el contenido de la presente demanda de amparo.
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR TRATARSE DE UN INTERĂ&#x2030;S
JURĂ?DICO CUALIFICADO.
Se hace referencia a las palabras expuestas por el C. Ministro Arturo Zaldivar
Lelo de Larrea, HQVX/LEURÂ´+DFLDXQD1XHYD/H\GH$PSDURÂľHQORVTXHH[SRQHD
la letra lo siguiente:
Â´1RHVRFLRVRTXHVyORKDEUiXQDGHPRFUDFLDHQVHQWLGRVXVWDQFLDOVLH[LVWHQ
garantĂ­as procesales eficaces en contra de cualquier violaciĂłn a los derechos
IXQGDPHQWDOHVGHORVJREHUQDGRVÂŤ
Puede haber gobernados para los que la observancia o no de este tipo de
normas de la administraciĂłn resulte en una ventaja o desventaja de modo
particular (especial, diferente) resSHFWRDORVGHPiVÂľ
Â 2	Â La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo establece
Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a
los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las
I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada,
teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés
legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado
viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su
esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación
frente al orden jurídico.
En el acto reclamado estudiado, se desprende del interés cualificado de los
quejosos en que el procedimiento (otorgamiento de licencia) se sujete a las
formalidades esenciales del procedimiento. El interés legítimo implica la afectación
de la esfera jurídica ² como consecuencia de su especial situación en el orden
jurídico- como en el caso concreto lo es la ausencia de una participación en el
procedimiento que tuvo por objeto decidir el incumplimiento de una obligación de
Más aún, el otorgamiento de una licencia por tiempo indefinido ²vigencia
temporal que no se encuentra regulada-, se realizó sin que la Ley orgánica de la
Administración Pública Municipal del Estado de * contemplara el procedimiento y/o
los elementos objetivos para su procedencia, situación que genera la incompetencia
absoluta en su emisión.
Por ello, esta situación especial frente al orden jurídico se acredita desde una
manera formal. Es decir, la misma vinculación existente entre el presidente
municipal y los residentes del Municipio de *, es suficiente para acreditar un daño
legítimo reclamable en la vía de amparo con independencia de cualquier otro
elemento verificable.
En esta tesitura, el elemento fundamental de la democracia consiste en
hacer que todos tengan acceso al sistema jurídico, organismos, tutela y sus
beneficios; en sentido amplio, el acceso a la justicia. Luego, únicamente mediante la
existencia real (no únicamente aparente) de obligaciones en los funcionarios que
nos representan, se podrá hablar válidamente de un Estado de Derecho.
Por otra parte, según se contempla en el numeral 107 Constitucional y sus
expresiones jurisprudenciales, ÚNICAMENTE SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS
DE DERECHOS FUNDAMENTALES POR LO QUE ES INNECESARIO EL AGOTAMIENTO
DE MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO.
Más aún, es importante enfatizar la materia del diálogo constitucional que la
presente demanda implica. Ya que en el caso concreto no existe referencia alguna a
materias político-electorales. Es decir, la pretensión de esta demanda de amparo
tiene referencia a la actuación de la autoridad (ausencia de atribuciones) una vez
que ha empezado a realizar sus funciones, centralizándose en el otorgamiento de la
licencia del cargo.
En otras palabras, la materia político electoral implica un debate sobre la
posibilidad de votar y ser votado, mientras que esta demanda se focaliza desde la
perspectiva del gobernado en relación con la audiencia que goza en los actos de
autoridad que le privan de un derecho.
El principio pro homine que implica que la interpretación jurídica siempre
debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a
la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de
3	Â derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretaciĂłn mĂĄs
restringida, cuando se trata de establecer lĂ­mites a su ejercicio, se contempla
en los artĂ­culos 29 de la ConvenciĂłn Americana sobre Derechos Humanos y 5
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolĂ­ticos, publicados en el Diario
Oficial de la FederaciĂłn el siete y el veinte de mayo de mil novecientos
ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, como dichos tratados forman
parte de la Ley Suprema de la UniĂłn, conforme al artĂ­culo 133 constitucional,
es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria.
Amparo directo 202/2004. Javier JimĂŠnez SĂĄnchez. 20 de octubre de 2004.
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra
Ibarra Valdez.
VĂŠase: Semanario Judicial de la FederaciĂłn y su Gaceta, Novena Ă&#x2030;poca, Tomo
XX, octubre de 2004, pĂĄgina 2385, tesis I.4o.A.441 A, de rubro: "PRINCIPIO
PRO HOMINE. SU APLICACIĂ&#x201C;N."
Tomando en cuenta la importancia de los derechos protegidos, la Suprema
Corte de la NaciĂłn ha expuesto su compromiso de proteger los derechos humanos
(fundamentales) tal como fue seĂąalado en su momento por el Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la NaciĂłn y del Consejo de la Judicatura Federal, el
Ministro Juan N. Silva Meza, con motivo de la firma del Decreto que modifica la
denominaciĂłn del capĂ­tulo I del TĂ­tulo Primero y reforma
diversos artĂ­culos de la
ConstituciĂłn PolĂ­tica de los Estados Unidos Mexicanos, el 9 de junio de 2011:
Â´&RQ HO &RQVHMR GH OD -XGLFDWXUD )HGHUDO \ ORV MXHFHV \ PDJLVWUDGRV
federales, lo haremos. No sĂłlo en el marco de la obligaciĂłn genĂŠrica
que nos vincula, como a todas las demĂĄs autoridades en tĂŠrminos del
nuevo artĂ­culo 1Âş., sino tambiĂŠn con el convencimiento de que, el
lugar que ocupamos dentro de la estructura del Estado mexicano, nos
compele a ser ejemplo no sĂłlo en la aplicaciĂłn jurisdiccional y
administrativa del nuevo marco constitucional, sino en el
reconocimiento de que, el propio Estado Mexicano promueve y
protege eficazmente los derechos humanos.
Los jueces constitucionales mexicanos, en el ĂĄmbito de nuestra
competencia y responsabilidad, vigilaremos que ese espĂ­ritu sea
KHFKRYDOHUHQEHQHILFLRGHWRGRVVLQGLVWLQFLRQHVQLGHVYLDFLRQHVÂľ
Conforme a lo expuesto, el presente Juicio de Amparo debe abordarse
Ăşnicamente desde la perspectiva del gobernado relativo a su derecho en que los
funcionarios pĂşblicos tengan una estabilidad obligatoria en sus puestos de gobierno,
siendo ajeno a cualquier perspectiva de derecho polĂ­tico-electoral en el objeto
En otras palabras, la licencia es necesariamente un acto judiciable como
cualquier otro de carĂĄcter administrativo. Luego, al no existir competencia en las
instancias electorales o administrativas para su estudio, la procedencia de este
Juicio de Amparo es la Ăşnica vĂ­a para obtener la revisiĂłn connatural de los actos
administrativos. Esto expuesto entendiendo que en el caso concreto se reclaman
Ăşnicamente violaciones directas de derechos fundamentales.
Los numerales 1, 5, 14, 16, 25, 26, 27 y 40 de la ConstituciĂłn PolĂ­tica de los
Estados Unidos Mexicanos en relaciĂłn con lo dispuesto en el artĂ­culo 1 de la Carta
DemocrĂĄtica Interamericana.
VII.- CONCEPTOS DE VIOLACIĂ&#x201C;N.
Â 4	Â Â PRIMERO.- Los actos por este medio reclamados son contrarios a los
numerales 1, 5, 14, 16, 25, 26 y 27 de la ConstituciĂłn PolĂ­tica de los Estados Unidos
Mexicanos en relaciĂłn con lo dispuesto en el artĂ­culo 1Â° de la Carta DemocrĂĄtica
Interamericana. En especial, se contravienen los principios elementales de
audiencia, participaciĂłn y democracia efectiva.
La ConstituciĂłn PolĂ­tica de los Estados Unidos Mexicanos en su artĂ­culo 5
establece de manera literal:
ArtĂ­culo 5o. A ninguna persona podrĂĄ impedirse que se dedique a la
profesiĂłn, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lĂ­citos. El
ejercicio de esta libertad sĂłlo podrĂĄ vedarse por determinaciĂłn judicial,
cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resoluciĂłn gubernativa,
dictada en los tĂŠrminos
que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie
puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resoluciĂłn judicial.
La Ley determinarĂĄ en cada Estado, cuĂĄles son las profesiones que necesitan
tĂ­tulo para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y
Nadie podrĂĄ ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribuciĂłn
y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la
autoridad judicial, el cual se ajustarĂĄ a lo dispuesto en las fracciones I y II del
artĂ­culo 123.
En cuanto a los servicios pĂşblicos, sĂłlo podrĂĄn ser obligatorios, en los tĂŠrminos
que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, asĂ­ como
el desempeĂąo de los cargos concejiles y los de elecciĂłn popular directa o
indirecta. Las funciones electorales y censales tendrĂĄn carĂĄcter obligatorio y
gratuito, pero serĂĄn retribuidas aquĂŠllas que se realicen profesionalmente en
los tĂŠrminos de esta
ConstituciĂłn y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de
Ă­ndole social serĂĄn obligatorios y retribuidos en los tĂŠrminos de la ley y con
las excepciones que ĂŠsta seĂąale.
El numeral 5 de la Carta Magna cataloga la denominaciĂłn de servicio pĂşblico
a los cargos de elecciĂłn Popular como consecuencia naturaleza misma de sus
funciones. La obligatoriedad de la posiciĂłn se justifica toda vez que atiende a las
caracterĂ­sticas personales del sujeto (obligaciĂłn personalĂ­sima). Por ello se
establece la necesidad que sea el elegido quiĂŠn continĂşe ligado al puesto en
De manera tradicional se entiende por servicio pĂşblico a la instituciĂłn jurĂ­dica
Â´FX\D ~QLFD ILQDOLGDG FRQVLVWH HQ VDWLVIDFHU GH XQD PDQHUD UHJXODU FRQWLQXD \
XQLIRUPH QHFHVLGDGHV S~EOLFDV GH FDUiFWHU HVHQFLDO EiVLFR R IXQGDPHQWDOÂľ 1 Las
caracterĂ­sticas de esos servicios en atenciĂłn a su naturaleza esencial, consisten en
ser continuas, uniformes, regulares y permanentes; suponen siempre una obra de
interĂŠs general que buscan la satisfacciĂłn de necesidades materiales, econĂłmicas, de
seguridad y culturales.
En atenciĂłn a lo expuesto, se deviene en evidente la razĂłn por la cual se
determina que los cargos de elecciĂłn popular son obligatorios. Si la posiciĂłn implica
la conducciĂłn y satisfacciĂłn de necesidades bĂĄsicos por un sujeto elegido en atenciĂłn
a sus cualidades personales, Ăşnicamente podrĂĄ garantizarse su efectividad si dicha
persona se mantiene en su posiciĂłn.
En esta tesitura, la connotaciĂłn de obligaciĂłn implica necesariamente la
existencia de dos posiciones contrapuestas. Por un lado existe el acreedor, es decir,
la persona que es titular de la facultad de exigencia sobre un sujeto denominado
deudor quiĂŠn tiene el deber de cumplir con la pretensiĂłn de su contraparte. AsĂ­
expuesto, la identificaciĂłn del presidente Municipal como sujeto obligado es clara,
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1	Â Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x17E;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x153;Â&#x2014;Â&#x2039;Â&#x153;ÇĄ
Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2030;Â&#x2021;Ç˛Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2020;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2018;ÇłÂ&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;ĂŻÂ&#x192;ÇĄÂąÂ&#x161;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2018;ÇĄÍ´Í˛Í˛ÍľÇĄÂ&#x17E;Â&#x2030;Â&#x2039;Â?Â&#x192;Í´ÍˇÍł-Â­â&#x20AC;?252.	Â Â 5	Â teniendo como sujeto en el ejercicio de esa exigencia a los residentes de *
anteriormente representados.
La determinación de obligación en el desempeño del cargo irreductiblemente
implica esa posibilidad de exigencia. A su vez, las características de regularidad,
continuidad y uniformidad se encuentran garantizadas ante la posibilidad de
exigencia como en el caso concreto se está planteando.
Es dogma del derecho afirmar que el cumplimiento de las obligaciones no
puede dejarse al arbitrio de las partes y mucho menos a la propia voluntad de la
deudora. Luego, la posición cualificada de la quejosa en relación con su derecho de
exigencia de permanencia en el cargo de su representada únicamente podría ser
removida de su patrimonio (esfera jurídica) en cumplimiento con las disposiciones
del mismo numeral 14 de la Carta Magna. Es decir, un procedimiento previamente
regulado en el que previo al respeto de las formalidades esenciales del
procedimiento se pudiese determinar excepcionalmente que dicho representante
justificadamente puede abstenerse de ejercer su encargo.
En esta tesitura, el artículo 10 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del
Municipio de Guadalupe establece:
Artículo 10.- Remuneración y Licencias: La remuneración de los miembros
del Ayuntamiento se fijará en el Presupuesto de Egresos correspondiente.
El Ayuntamiento autorizará las solicitudes de licencias de algún miembro del
Ayuntamiento resolviendo de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León.
En primer lugar, el procedimiento que tuvo por objeto el otorgamiento de una
licencia ²privación de derechos del quejoso- NECESARIAMENTE debió regirse por lo
dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado. Es
decir, el procedimiento y los requisitos objetivos para el otorgamiento de la misma
son remitidos a la facultad normativa de los representantes de toda la entidad
Por su parte, la Ley Orgánica multicitada NO REGULA DE MANERA ABSOLUTA
EL PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE OTORGAN LAS LICENCIAS, AMÉN QUE
EN LA CITADA LEY NO SE CONTEMPLA COMO VÁLIDA LA EXISTENCIA DE UNA
LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO. Más aún, tampoco se contemplan los elementos
objetivos que deben ser cumplidos para el otorgamiento de las licencias.
En otras palabras, simplemente es inexistente la posibilidad de otorgar una
licencia ante la subsistencia de un obstáculo insuperable como lo es la inactividad
del poder legislativo de establecer los parámetros para el otorgamiento de las
licencias en términos del numeral 10 del citado Reglamento Interior.
En esta tesitura, existe una incompetencia de origen en relación con la
posibilidad de otorgar una licencia, ya que la claridad legislativa del reglamento
excluye cualquier posibilidad de tratarse de una facultad discrecional. Luego, es
totalmente irrebatible la incompetencia de la autoridad para otorgar una licencia
sobre la cual no existe el procedimiento y elementos objetivos, además de no
contemplarse absolutamente la posibilidad de un tiempo indefinido.
En el caso concreto, al suscrito quejoso no se le consultó, ni se le dio
oportunidad alguna de defenderse ante dichos actos arbitrarios, dejándome así con
su arbitrario proceder, en un completo estado de indefensión respecto de los actos
Más aún, existe una ausencia total de fundamentación y motivación por parte
del ayuntamiento para el otorgamiento de la Licencia. Es decir, no únicamente
existe el obstáculo antes planteado, sino que simplemente está ausente de manera
absoluta un desarrollo de los elementos objetivos que permitan asegurar la
procedencia de la Licencia. Nuevamente, no es suficiente que el solicitante establece
la razón por la cual la solicita, sino que debió decirse el cómo y por qué de dicho
requerimiento se encuentra permitido por la norma jurídica.
6	Las garantías antes referidas establecen que nadie podrá ser privado de su
vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante respetando el
procedimiento administrativo consultando a los terceros afectados, esto, con el
objeto de resolver el procedimiento administrativo con las manifestaciones y
probanzas de los terceros afectados.
La observancia de estas garantías implica que la autoridad no puede privar ni
afectar al gobernado de sus derechos si no es mediante I.- una autorización o
permiso, II.- desahogo previo de un procedimiento administrativo con audiencia
concedida a los afectados, III.- además debiendo estar los actos administrativos
debidamente fundados y motivados.
En efecto, en términos del artículo 14 Constitucional, la garantía de audiencia
en el procedimiento administrativo, implica se de vista y oportunidad de presentar
pruebas, así como de alegar antes de resolver la instancia a todos los interesados,
es decir a quien pueda resultar afectado en sus derechos o libertades por la
En adición a lo anterior, la garantía de audiencia constituye un derecho de los
gobernados frente a la autoridad administrativa, que queda obligada a observar en
sus actos, los procedimientos necesarios para que sean oídos los terceros afectados
por el actuar del gobernante.
En ese contexto, el debido procedo comprende el derecho de defensa del
interesado, es decir, que se haga del conocimiento del particular que se ve afectado,
esto, desde el inicio del procedimiento administrativo, que se le dé conocimiento
completo del contenido del acto que se pretende ejecutar y el alcance de la
Concediéndole en todo momento el derecho a ser oído, de ofrecer y
desahogar pruebas, así como de alegar, independientemente que la ley o el acto en
donde la autoridad fundamente o justifique el acto administrativo no contemplen el
procedimiento que ha de seguirse para concluir con el pronunciamiento de la
Novena Época, Registro: 200234, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Diciembre de 1995,
Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: P./J. 47/95, Página: 133
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO
PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14
constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa
previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o
derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras
obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera
genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio
del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y
desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de
alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la
garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.
Séptima Época, Registro: 238542, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia,
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 66 Tercera Parte, Materia(s):
Administrativa, Común, Tesis: Página: 50, Genealogía: Apéndice 1917-1985,
Octava Parte, tesis 66, página 112.
AUDIENCIA, GARANTIA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE
FUNDE LA RESOLUCION NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO.
7	La circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto alguno que
imponga a la autoridad responsable la obligación de respetar a alguno de los
interesados la garantía de previa audiencia para pronunciar la resolución de
un asunto, cuando los actos reclamados lo perjudican, no exime a la
autoridad de darle oportunidad de oírlo en defensa, en atención a que, en
ausencia de precepto específico, se halla el mandato imperativo del artículo
14 constitucional, que protege dicha garantía a favor de todos los
gobernados, sin excepción.
De los precedentes invocados, resulta relevante que existe un interés
cualificado en que los gobernados del Municipio de * tengan un SERVIDOR PÚBLICO
que los represente durante la vigencia de sus mandatos, - de manera continua y
uniforme- siendo así que fuera de los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor, la
esfera jurídica de los gobernantes de cada municipio debe ser respetada
llamándolos al procedimiento respectivo en que se busque el incumplimiento de sus
obligaciones de autoridad.
Concluyéndose adicionalmente que la citada declaración unilateral de
voluntad se entiende además como una renuncia de derechos en términos claros y
precisos, que confirman la existencia en el patrimonio jurídico del quejoso en que el
Alcalde continúe en su mandato hasta el agotamiento natural de su vigencia.
SEGUNDO.- Los actos por este medio reclamados son contrarios a los
numerales 1, 4 párrafo Quinto 5, 14, 16, 17, de nuestra Carta Magna en
consideración a la argumentación expuesta a continuación.
Tiene aplicación por analogía lo expuesto por la Suprema Corte de Justicia de
RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ
CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS.
Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten
restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser
arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el
propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben
satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del
ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o
suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan
enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias
para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción
constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios
útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su
realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda
alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos
fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe
respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley,
y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses
constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo
constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o
desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el
juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un
derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones
constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger
esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones
menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción
8	legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden
considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar
en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos
humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por
la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos
perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar
general en una sociedad democrática.
Amparo en revisión 173/2008. Yaritza Lissete Reséndiz Estrada. 30 de abril
de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores
Rueda Aguilar.
Los actos de las autoridades de carácter restrictivo deben ser necesarias
para asegurar la obtención de los fines que la fundamentan, porque no basta que la
restricción sea en términos amplios, útil para la obtención de ese fin, sino que de
hecho, esa medida debe ser la idónea, óptima e indispensable para su realización.
Luego, es importante preguntarse ¿Qué fines fueron los buscados en los actos
ahora reclamados y si los mismos son los idóneos, óptimos e indispensables para la
obtención de esos fines?
En concreto, el derecho a la democracia afectiva únicamente puede
invalidarse y/o limitarse a través de una medida idónea, óptima e indispensable
para la consecución de un fin tutelable. En el caso concreto, simplemente es
inexistente cualquier otro fin con trascendencia colectiva que deba ser protegido.
TERCERO.- Los actos reclamados son contrarios a lo que establece: el Artículo
1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 1(3), 13(b) y
55(4) de la Carta de las Naciones Unidas 2; Artículos 3(j) y 43(a) de la Carta de la
Organización de Estados Americanos3; Artículos 1, 2 y 7 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos4; Artículos 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos5; Artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre6 y; Artículos 1 y 24 de la Convención Americana de Derechos
Humanos7; todos ellos referentes al derecho de igualdad ante la Ley y no
Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como los
derechos humanos reconocidos en los diferentes tratados internacionales citados
establecen que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han
de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación
deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor.
Sin embargo, en el presente caso nos encontramos que la condición de
ciudadano frente a la condición de presidente municipal genera un trato desigual
injustificable. Si bien es cierto que entre gobernado y gobernante existe una relación
de supra-subordinación legítima y autorizada por ley, la misma no debe de ser la
base para un trato desequilibrado frente a la misma. Es decir, el gobernado no
puede y debe soportar todo el peso de las obligaciones y el gobernante gozar de
una inmunidad impermeable a las obligaciones que asume por el hecho de ser
Es jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
QDFLyQ TXH ´«HO SULQFLSLR GH LJXDOGDG VH FRQILJXUD FRPR XQR GH ORV YDORUHV
superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para
Ratificación por México el 7 de noviembre de 1945 y fecha de publicación en el DOF de 17 de octubre
Ratificación por México el 23 de noviembre de 1948 y fecha de publicación en el DOF de 22 de
noviembre de 1948.
Adoptada por México el 10 de diciembre de 1948.
Adhesión por México el 23 de marzo de 1981 y fecha de publicación en el DOF de 9 de enero de 1981.
Adoptada por México en 1948.
Adhesión por México el 24 de marzo de 1981 y fecha de publicación en el DOF de 9 de enero de 1981.
9	la proGXFFLyQQRUPDWLYD\VXSRVWHULRULQWHUSUHWDFLyQ\DSOLFDFLyQ«\TXH
«GLFKR
que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de
hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al
generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien
efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo
TXHVHWUDGXFHHQGHVLJXDOGDGMXUtGLFDµ8
En la tesitura de los actos reclamados, la condición de ciudadano lo lleva a
soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado frente a
derechos correlativos con la persona electa a ocupar el cargo que la ciudadanía le
encomendó, en este caso el presidente municipal y la relación que se establece con
los gobernados bajo su cargo, en este caso los residentes de * y en específico el
1. Se le impone obligación de respetar la
2. No tiene el derecho a exigirle que ocupe
el cargo encomendado por la ciudadanía
así como su permanencia en el periodo
3. Se le impone la pena de suspensión de
ciudadanía por no cumplir con sus
obligaciones de ciudadano * y de
ciudadano mexicano. 10
4. No tiene el derecho a exigir que sea
representado por la persona que eligió la
1. Una vez electo no se le impone
obligación de respetar la elección puesto
que puede abandonar su puesto cuando
quiera.9
2. Tiene derecho a ocupar el cargo que la
propia ciudadanía le encomendó así
como su permanencia en el periodo
3. Se le otorga el derecho de que
mediante una decisión arbitraria (por
cualquier motivo) pueda exceptuarse de
la pena de suspensión de ciudadanía por
no cumplir con sus obligaciones tanto
como ciudadano * como mexicano. 11
4. Tiene el derecho a decidir de manera
arbitraria si representa o no al pueblo
que lo eligió.12
Si bien es cierto que los derechos humanos no son absolutos y que existen
criterios para determinar la validez de la limitación de los mismos, en el presente
caso no nos encontramos en ese supuesto. Es criterio jurisprudencial de la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que para realizar un análisis de la
Registro No. 180345. Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Situación que se deja al arbitrio del ayuntamiento, sin limitarlo a ningún supuesto, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el
segundo párrafo del artículo 10 del Reglamento Interior del Republicado Ayuntamiento de Guadalupe,
N.L. y el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo
De acuerdo a lo que establece el artículo 38 fracción I de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y el artículo 38 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
En el caso concreto, se otorgó una licencia sin la existencia de un procedimiento y respetando los
parámetros objetivos establecidos en una Ley Orgánica, exceptuándose de esta manera al gobernante de
las penas que establece el artículo 38 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el artículo 38 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo
León por el incumplimiento de la obligación que establece el artículo 36 fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 37 fracción III de la Constitución Política del
Debido a que los siguientes artículos permiten la solicitud y el otorgamiento de licencia por cualquier:
artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, segundo párrafo del
artículo 10 del Reglamento Interior del Republicado Ayuntamiento de Guadalupe, N.L. y el artículo 41 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León.
10	validez de la limitación de un derecho humano se necesita al menos cumplir con que
tal limitación cumpla una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, sea
razonable y proporcional. Lo anterior lo explica de la siguiente manera:
´«(QHVHWHnor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de
un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos,
personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base
objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación
constitucionalmente vedada. Para ello es necesario determinar, en primer
lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y
constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos
desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar
en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por
las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En
segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la
distinción hecha por el legislador: es necesario que la introducción de una
distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el
legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de
instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer
lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no
puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo
abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si
la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que
pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho,
la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por
ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa
de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos
FRQVWLWXFLRQDOPHQWHSURWHJLGRVµ13
De la legislación citada se desprende en el presente concepto de violación
que el quejoso tiene el derecho de igualdad ante la ley. También se evidencia el
interés que tiene tanto la Constitución Federal como la Constitución del Estado de *
de que todos los que gozan de la condición de ciudadano cumplan con las
obligaciones que derivan precisamente de esa condición. Sin embargo, los actos
reclamados permiten una situación desigual de los gobernados frente a los
gobernantes y las obligaciones que ambos tienen como ciudadanos. Donde los actos
reclamados permiten de manera arbitraria, sin perseguir un fin constitucionalmente
protegido y de manera desproporcional que los gobernados dejen de cumplir con sus
obligaciones de ciudadano, en específico la que se refiere a la obligación de
desempeñar los cargos de elección popular.
En esta tesitura, con independencia de cualquier motivación de
trascendencia meramente personal, no puede exceptuar al aspirante a cumplir con
una obligación previamente asumida frente a los gobernantes y en específico frente
al quejoso que de permitirse esta situación queda en completa desventaja y se le
anulan por completo los derechos que tiene del trato igual ante la ley relativos en
este caso a las obligaciones del ciudadano.
El derecho fundamental a la igualdad instituido por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos no pretende generar una igualdad matemática y ciega
ante las diferentes situaciones que surgen en la realidad, sino que se refiere a una
igualdad de trato ante la ley. Si bien el emisor de la norma puede prever situaciones
fácticas que requieren un trato diferente, éste debe sustentarse en criterios
razonables y objetivos que lo justifiquen, sin dejarlo al capricho o voluntad del
legislador. Además, la igualdad designa un concepto relacional y no una cualidad
intrínseca, ya que es una relación que se da al menos entre dos personas, objetos o
situaciones, y siempre es resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de
"términos de comparación", los cuales, así como las características que los distinguen,
dependen de la determinación por el sujeto que efectúa dicha comparación, según el
punto de vista del escrutinio de igualdad. Así, la determinación del punto desde el
cual se establece cuándo una diferencia es relevante será libre más no arbitraria, y
Registro No. 174247. Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
XXIV, Septiembre de 2006. Página: 75. Tesis: 1a./J. 55/2006. Jurisprudencia.
11	Â sĂłlo a partir de ella tendrĂĄ sentido cualquier juicio de igualdad.14
La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene el mismo criterio que
se ha establecido respecto al derecho a la igualdad y no discriminaciĂłn al definirlo
FRPR Â´>@ WRGD H[FOXVLyQ restricciĂłn o privilegio que no sea objetivo y razonable,
TXH UHGXQGH HQ GHWULPHQWR GH ORV GHUHFKRV KXPDQRVÂľ 15 TambiĂŠn aĂąade que no
toda distinciĂłn debe considerarse como discriminatoria, y como ofensiva de la
dignidad humana.16 ,QFOXVR SUHFLVD TXH Â´>@ pueden establecerse distinciones,
basadas en desigualdades de hecho, que constituyen un instrumento para la
protecciĂłn de quienes deban ser protegidos, considerando la situaciĂłn de mayor o
PHQRUGHELOLGDGRGHVYDOLPLHQWRHQTXHVHHQFXHQWUDQÂľ17 Tal situaciĂłn desfavorable
es clara en la relaciĂłn de gobernado-gobernante, por lo que se debe de beneficiar
una interpretaciĂłn donde en la medida de lo posible se debe de preservar entre los
mismos una situaciĂłn de igualdad jurĂ­dica para los supuestos como el que se
Por todo lo anterior es posible concluir que los actos reclamados son
contrarios al derecho de igualdad ante la ley y no discriminaciĂłn del quejoso de
acuerdo a lo que establece el ArtĂ­culo 1 de la ConstituciĂłn PolĂ­tica de los Estados
Unidos Mexicanos; ArtĂ­culos 1(3), 13(b) y 55(4) de la Carta de las Naciones Unidas;
ArtĂ­culos 3(j) y 43(a) de la Carta de la OrganizaciĂłn de Estados Americanos;
ArtĂ­culos 1, 2 y 7 de la DeclaraciĂłn Universal de los Derechos Humanos; ArtĂ­culos 2,
3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolĂ­ticos; ArtĂ­culo II de la
DeclaraciĂłn Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y; ArtĂ­culos 1 y 24 de
la ConvenciĂłn Americana de Derechos Humanos.
CUARTO.- Los actos reclamados son contrarios a lo que establece el ArtĂ­culo
40 de la ConstituciĂłn PolĂ­tica de los Estados Unidos Mexicanos referente al derecho
Desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, en el escenario
internacional la democracia surgiĂł como fin comĂşn y universal de las Naciones18. Tal
situaciĂłn queda manifiesta en el artĂ­culo 40 de nuestra ConstituciĂłn Federal. Lo que
ahora se argumenta es que tal artĂ­culo no solamente establece la voluntad del
pueblo mexicano de organizarse bajo una democracia representativa sino que
tambiĂŠn constituye el derecho fundamental de todos los mexicanos a la democracia
Lo anterior se desprende de la obligaciĂłn que seĂąala el artĂ­culo primero de la
&RQVWLWXFLyQ )HGHUDO DO HVWDEOHFHU TXH Â´Todas las autoridades, en el ĂĄmbito de sus
competencias, tienen la obligaciĂłn de promover, respetar, proteger y garantizar los
LQWHUGHSHQGHQFLDLQGLYLVLELOLGDG\SURJUHVLYLGDGÂľ
La interpretaciĂłn anterior se refuerza con lo acontecido en el 2001 cuando se
resolviĂł aprobar la Carta DemocrĂĄtica Interamericana, la cual reiterĂł que la
democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el
desarrollo de la regiĂłn.
La expediciĂłn de la Carta DemocrĂĄtica Interamericana es resultado del
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14
Registro No. 176705. Novena Ă&#x2030;poca. Primera Sala. Semanario Judicial de la FederaciĂłn y su Gaceta
XXII, Noviembre de 2005. PĂĄgina: 40. Tesis: 1a. CXXXVIII/2005. Tesis Aislada.
&RUWH ,QWHUDPHULFDQD GH 'HUHFKRV +XPDQRV Âł2SLQLyQ &RQVXOWLYD 2&  &RQGLFLyQ MXUtGLFD \
GHUHFKRV GH ORV PLJUDQWHV LQGRFXPHQWDGRVÂ´ VROLFLWDGD SRU ORV (VWDGRV 8QLGRV 0H[LFDQRV  GH
septiembre de 2003, p. 111, PĂĄrr. 84.
Cfr. IbĂ­dem. p. 113, PĂĄrr. 89.
IbĂ­dem. p. 112, PĂĄrr.18.	Â 18
En el plano internacional se han creado distintos espacios con el fin consolidar la democracia, uno de
ellos es la Comunidad de Democracias, un foro internacional con participaciĂłn de mĂĄs de 100 paĂ­ses del
PXQGR FUHDGR HQ HO  D SDUWLU GH OD Âł'HFODUDFLyQ GH 9DUVRYLDÂ´ /RV (VWDGRV VLJQDWDULRV VH
comprometieron a trabajar con instituciones y organizaciones internacionales con el fin de apoyar a
nuevas y emergentes sociedades democrĂĄticas. Ver. DeclaraciĂłn de Varsovia. Varsovia, Polonia, 26 y 27
Â 12	Â avance progresivo y gradual en materia de democracia al interior de la OEA, que ha
terminado por cristalizar la opinio iuris histórica de la región, proceso que concluye
con un avance histórico sin precedentes, reconocer la democracia como derecho en
´/RV SXHEORV GH $PpULFD tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la
obligación de promoverla y defenderla. En adelante la OEA se ha referido a la
democracia como derecho, incluso en resoluciones sobre la situación de la
GHPRFUDFLDGHDOJXQRV(VWDGRVµ
Además, en la línea de lo dispuesto en la Quinta Reunión, los instrumentos
relativos a la protección y garantía de derechos humanos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos reafirmaron la interrelación existente entre
democracia y derechos humanos. Por su parte, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del hombre, aprobada dos días después de la expedición de la
Carta de la Organización de Estados Americanos establece en el artículo XXVIII.
Alcance de los derechos del hombre: Los derechos de cada hombre están limitados
por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias
del bienestar general y del desenvolvimiento democrático19.
En el mismo sentido, distintos instrumentos del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos reafirman la importancia de consolidar el régimen democrático
en los Estados Americanos con el fin de respetar y garantizar los derechos humanos,
lo enuncian así la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de
San Salvador y la Convención Interamericana Sobre Desaparición de personas, en
sus preámbulos.
Lo anterior refleja la conciencia y reconocimiento de la estrecha relación
entre democracia y derechos humanos, en la medida que los instrumentos que
desarrollan y promueven la consolidación de la democracia, reiteran el compromiso
por el respeto y garantía de los derechos humanos y viceversa; lo que demuestra
que a consideración de la organización, la democracia es condición sine quan non
para el respeto de los derechos humanos. En otras palabras, únicamente mediante el
respeto al derecho a la democracia efectiva es válidamente afirmable la existencia
de derechos humanos en la esfera de los ciudadanos.
La Carta Democrática Interamericana además menciona los distintos matices
de la democracia, los Estados establecieron en los artículos 3 20 y 421 de la CDI los
elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia, de manera
que es posible identificar los valores comunes y mínimos democráticos que deben
cumplir y respetar los Estados Parte. Adicionalmente, los artículos 722 y 823 reafirman
la voluntad de los Estados al acceso a la justicia de las personas sometidas a su
jurisdicción mediante el sistema de peticiones individuales ante el SIDH, he aquí la
Posteriormente, en sentido similar se redacta el artículo 32 de la CADH.
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos
humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de
derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto
como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la
separación e independencia de los poderes públicos
Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades
gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los
derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las
instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de
todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia
Artículo 7.La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los
derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas
Artículo 8.Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido
violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y
protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.// Los
Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los
13	Â Luego,
una lectura ordenada de la ConstituciĂłn Federal, la Carta
DemocrĂĄtica Interamericana, y los demĂĄs instrumentos internacionales
mencionados indica:
iii) existe la posibilidad de acudir ante este tribunal cuando cualquiera de
ellos hayan sido vulnerados.
Ahora bien, los actos reclamados vulneran el derecho a la democracia del
quejoso en la medida que el mismo comprende las actividades gubernamentales y
la responsabilidad de los gobiernos en la gestiĂłn pĂşblica. Es decir, el derecho a la
democracia no se agota en la posibilidad de votar y ser votado, ni el su primer
momento de efectividad que es cuando el ganador de la contienda asume el cargo
de elecciĂłn popular sino que tambiĂŠn tiene un segundo momento de efectividad y
se trata de la permanencia del funcionario en su cargo. En otras palabras, la
permanencia de un funcionario en su encargo es la Ăşnica manera en que se garantiza
la prestaciĂłn de un servicio pĂşblico personalĂ­simo fundamental.
Anteriormente se ha reconocido el derecho de los funcionarios pĂşblicos de
permanecer en su puesto, es menester que ahora se reconozca el carĂĄcter bifrontal
del mismo. Es decir, el derecho del quejoso de que el ciudadano electo para ejercer
el cargo de elecciĂłn popular por la comunidad a la que el quejoso pertenece, tenga la
obligaciĂłn de cumplir con sus funciones. El interĂŠs legĂ­timo permite asegurar que los
ciudadanos no Ăşnicamente son entes pasivos sacrificables, sino agentes activos con
exigencias protegibles jurisdiccionalmente.
Es imposible concebir que despuĂŠs del gasto pĂşblico que implican las
elecciones y las campaĂąas, los ciudadanos electos no tengan la menor obligaciĂłn de
permanecer en su puesto. Tal situaciĂłn vulnera como ya se dijo el derecho a la
democracia en su segunda etapa, situaciĂłn que es responsabilidad de los tribunales
constitucionales federales administrativos de vigilar.
La violaciĂłn al derecho a la democracia se puede explicar con el Principio ut
res magis valeat quam pereat o principio del efect util24
La aplicaciĂłn de ĂŠste principio implica que sus disposiciones deben ser
interpretadas y aplicadas de manera que la garantĂ­a protegida (la democracia) sea
verdaderamente prĂĄctica y eficaz, teniendo presentes su implementaciĂłn
colectiva25, garantizĂĄndose su efecto Ăştil en el plano de los respectivos derechos
internos26; Luego, en el caso bajo anĂĄlisis debe considerase que las obligaciones
adquiridas libremente por el gobernante deben generar los efectos que la ley
estipula en favor por los gobernados, esto es garantizar el efectivo ejercicio del
derecho a la democracia representativa, el cual serĂĄ amparable verdaderamente
cuando una persona, grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente
constituida pueda solicitar su respeto, garantĂ­a y restablecimiento.
Por ello, el carĂĄcter fundamental del acceso a la justicia, implica
necesariamente que la funciĂłn pĂşblica deba realizarse de manera obligatoria sin
que quede al arbitrio de la parte gobernando su cumplimiento. Lo anterior, toda vez
que la seguridad jurĂ­dica de los gobernados Ăşnicamente podrĂĄ afirmarse cuando
quiĂŠn lo representa lo haga en tĂŠrminos estrictos.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 24
Al igual que el principio pro personae , este principio aplica no sĂłlo respecto a normas sustantivas, sino
tambiĂŠn en relaciĂłn con las normas procesales.
Cfr. Caso del Tribunal Constitucional. Competencia, supra nota 35, pĂĄrr. 36; y Caso Ivcher Bronstein.
Competencia, supra nota 35, pĂĄrr. 37.
En materia de derechos humanos, asĂ­ ha seĂąalado por la Corte Interamericana en los siguientes casos:
Caso del Tribunal Constitucional. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 55,
pĂĄrr. 36; y Caso Ivcher Bronstein. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54,
pĂĄrr. 37. Asimismo, cfr., inter alia, Caso Bulacio, supra nota 30, pĂĄrr. 142; &DVRÂł&LQFR3HQVLRQLVWDVÂ´
supra nota 32, pĂĄrr. 164; y Caso Cantos, supra nota 31, pĂĄrr. 59.
Â 14	Â SUSPENSIÓN
De conformidad con el artículo 124 de la Ley de la Materia, solicito la
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO para el efecto de que se cumpla con lo
dispuesto en el numeral 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y subsista la obligación de la Alcaldesa del Municipio de Guadalupe,
Nuevo León de continuar en el ejercicio de su cargo de presidente Municipal
constitucionalmente otorgado.
En este mismo sentido, solicito la suspensión para que continúe surtiendo
efectos su nombramiento de Alcaldesa del referido Municipio, y por ende se
suspenda de manera temporal cualquier efecto de la Licencia otorgada a dicha
funcionaria que tuviese como consecuencia permitir el incumplimiento de las
funciones y obligaciones correlativas -incluyendo la separación del mismo- del multicitado cargo popular.
A.- INTERESES EN JUEGO
En el caso concreto, el interés de la quejosa refleja el interés colectivo en que
los cargos personalísimos impliquen una verdadera obligación. Es decir, la sociedad
está interesada en que se mantengan en su puesto las personas que fueron
elegidas en atención a sus características personales.
Más aún, subsiste el interés en que los actos de autoridad puedan ser
revisados y no se logre de manera fáctica la proliferación de actos de gobiernos con
desprecio absoluto a las máximas constitucionales que deben regirlos.
B.- MATERIA DEL AMPARO (DAÑOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN).En atención a la naturaleza de la materia del amparo, y toda vez que
actualmente faltan aproximadamente 9-nueve meses para la terminación del cargo;
la medida cautelar es la única manera de asegurar que SUBSISTA MATERIALMENTE
EL OBJETO DEL JUICIO y por ende se pueda decidir sobre la inconstitucionalidad de
lo aquí reclamado. Es decir, evitar un cambio de situación jurídica ante la asignación
para contender por otro cargo público de la tercero perjudicada.
Nuevamente se aclara el punto: La ahora quejosa solicita la posibilidad de
estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Más aún, cuando las razones
del otorgamiento de la Licencia fueron únicamente de carácter personal sin
trascendencia colectiva.
PRIMERO: Se tenga al suscrito por promoviendo demanda de Amparo
Indirecto en contra de los Actos de las Autoridades señaladas como responsables en
la presente demanda.
SEGUNDO: Tenerme por autorizado en los términos del artículo 27 de la ley
de amparo a los C.C. Lics. *, * y *, de forma conjunta o separada.
* **(fecha)**
Amparo contra licencias
Chapulinazo NL
Esta es la herramienta para que cualquier ciudadano del País demande que sus representantes populares no abandonen el cargo por el cual fueron electos. Los gobernantes tienen obligaciones con sus gobernados, permanecer en sus puestos es la mínima.

References: artículo 116
 artículo 10

Artículo 10
 artículo 14
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 artículo
14
 Artículo
1
 artículo 126
 artículo 10
 artículo 41
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 36
 artículo 37

artículo 126

artículo 10
 artículo 41
 artículo 32

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 124
 artículo 27