Source: http://antoniocuadros.com/resoluciones/ordenministeriointerior.htm
Timestamp: 2018-01-18 23:11:03+00:00

Document:
- MINISTERIO DEL INTERIOR -
Visto el expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado nº 39/06, instruido a instancia de D. /Dª. ELISA CUADROS GARRIDO en nombre y representación de D.S.A, en solicitud de indemnización de daños y perjuicios.
PRIMERO.- El 6 de marzo de 2006 tuvo entrada en la Delegación del Gobierno en Murcia un escrito, en el que Dª. Elisa Cuadros Garrido, en nombre y representación de D. S. A., formulaba una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración. Exponía que su representado había sido detenido ilegítimamente a las 10,00 horas del día 22 de enero de 2006, por infracción a la Ley de Extranjería, pese a que había presentado un recurso contra la denegación de la renovación de su permiso de trabajo, que debía haberse resuelto en sentido estimatorio. Relataba que había sido ingresado en los calabozos de las dependencias de la Policía Nacional de Murcia (sic), donde se le había internado en una celda en la que había otro detenido, que estaba fumando y que se había quejado a la policía para que le cambiaran de calabozo, pero no le habían hecho caso. Narraba que su compañero de celda le había agredido y había tratado de estrangularle con un cordón, intentando matarle, y que la policía había tardado en acudir al calabozo más de veinte minutos. Reclamaba una indemnización de un millón de euros. Adjuntaba diversa documentación policial y judicial.
SEGUNDO.- El 27 de junio de 2006 el Jefe Superior de Policía de Murcia informó que efectivamente el 22 de enero de 2006 S. A. había sido ingresado en los calabozos de la Jefatura por una infracción a la Ley de Extranjería, y que había compartido celda con el también detenido H. J. C. R., pues no existía ninguna instrucción o norma que lo prohibiese. Afirmaba que ambos detenidos habían sido cacheados a su detención, y que el cordón con el que H. J. C. R. había tratado de estrangular a S.A. era parte integrante de la sudadera o anorak que vestía, estaba en el interior del tejido y era imposible de detectar.
Aseveraba que no era cierto que H. J. C. R. estuviese fumando en el calabozo, pues no disponía de encendedor, que no era cierto que S. A. solicitara un cambio de calabozo, pues se hubiese llevado a efecto, y que en ningún momento se había sospechado que pudiera ser objeto de agresión por parte de su compañero de celda, pues su actitud era amigable.
TERCERO.-La parte reclamante presentó, junto a un nuevo escrito, la siguiente documentación:
a) Auto de 4 de agosto de 2006 de la Audiencia Provincial de Murcia, en los recursos de apelación interpuestos contra el Auto del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia de 5 de mayo de 2006, en el que se había acordado transformar las diligencias previas en sumario ordinario para la investigación de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, y acordar el sobreseimiento provisional y parcial de la causa respecto de tres imputados. La Audiencia Provincial desestimaba los recursos de apelación, en una resolución cuyo segundo fundamento jurídico contenía el siguiente texto: "El recurso de apelación interpuesto por el perjudicado se centra en su discrepancia con el pronunciamiento judicial que decreta el sobreseimiento provisional de la causa con respecto a los tres policías nacionales encargados de la custodia de los detenidos en los calabozos (...). Sin embargo, examinadas las actuaciones no se evidencia en este momento una conducta reprobable penalmente, más allá de las consecuencias de la posible falta de medios personales y materiales en la Comisaría donde se produjeron los hechos y que, en su caso, podría dar lugar a la responsabilidad civil de la Administración. Téngase en cuenta, por otro lado, que no se infiere de lo actuado que dichos agentes fueran conocedores de lo que estaba pasando en el sótano (...). Antes al contrario, y no habiéndose podido constatar con cierta precisión la duración del ataque, puesto que las manifestaciones al respecto tanto de los implicados como de los testigos presenciales no coinciden, lo cierto es que los agentes responsables de la seguridad en cuanto tuvieron constancia de que algo ocurría por los golpes que procedían de los calabozos y que estaban dando los que allí se encontraban detenidos, bajaron a tiempo de evitar un mal mayor (...) Entiende esta Sala que teniendo en cuenta que el citado detenido no presentaba indicio alguno de tratarse de una persona violenta (de hecho, la detención estuvo motivada por su negativa a pagar a un taxista que lo había desplazado de Madrid a Murcia), que según declaró el propio agente para quitarlo había que romper la prenda y eso habitualmente no se hace salvo que se tenga constancia o se sospeche que la persona es peligrosa, y que no fue el cordón el único instrumento que utilizó en la agresión, habiéndose valido principalmente de sus puños y de sus piernas, la omisión del policía no tiene la trascendencia penal que se invoca y, por ende, procede confirmar el sobreseimiento provisional decretado...".
b) Informe médico de 15 de noviembre de 2006, que valoraba las secuelas de S.A. en 5 puntos por diplopia, 10 puntos por síndrome postconmocional, 5 puntos por neuralgia intercostal por fracturas costales, y 22 puntos por perjuicio estético importante. Reseñaba que había tardado en curar 150 días.
c) Sentencia número 23/2007, de 8 de junio de 2007, de la Audiencia Provincial de Murcia, en la que constaban los siguientes hechos probados: "Son hechos probados y así se declaran que H. J. C. R., de 20 años de edad y sin antecedentes penales, se hallaba internado en los calabozos de la Comisaría de Murcia desde el 21 de enero de 2006 por estar encartado en diligencias policiales al no haber satisfecho un taxi que lo trasladó a esta capital desde Madrid, estando pendiente de pasar a disposición judicial. En la tarde del día 22 de enero, H. J. C. R. se hallaba en la misma celda que A. S, quien estaba pendiente de pasar a disposición judicial por carecer de documentación regular para estar en España y existir una orden de expulsión. Este detenido había observado un comportamiento extraño en su compañero de celda, que se desvestía y se llevaba a la nariz su ropa interior para olerla, por lo que pidió a los agentes que lo cambiaran de calabozo, sin que fuera atendido su ruego. Después, cuando A. estaba durmiendo, H. comenzó a golpearlo repetidamente con fuerza en la cabeza y por todo el cuerpo, por espacio de tiempo no determinado, usando los puños y pies, haciéndolo caer al suelo, donde quedó inerte, casi sin sentido, momento en el que H J se abalanzo sobre él y, extrayendo un cordón de la capucha del anorak que llevaba puesto, se lo pasó a A. por el cuello, y comenzó a apretar con fuerza, con intención de matarle. Cuando estaba en ello, sobre las 18,15 horas, los funcionarios de policía que se hallaban de servicio en dichos calabozos, con número de carné profesional 0000 y 0000, escucharon unos fuertes ruidos procedentes de las puertas de los calabozos que hacían el resto de detenidos para llamar su atención ante lo que estaba sucediendo, bajando a los mismos y comprobando el segundo que en el interior del calabozo nº 2 H J C R estaba encima del otro detenido (A S) tratando de estrangularlo con un cordón, habiendo mucha sangre en el suelo, por lo que el agente policial abrió la puerta de la celda y los separó, sin que H J ofreciera resistencia, diciendo repetidamente 'lo he matado, lo he matado'. Como consecuencia de la agresión A S resultó con lesiones consistentes en politraumatismo facial con herida en labio, fracturas de huesos propios, hemotímpano, hematoma en pabellón auricular izquierdo, fractura de órbita izquierda, pérdida de piezas dentales sin constar el número, traumatismo torácico con fracturas costales, neumotórax, broncoaspiración, infección respiratoria, trombocitopenia, alergia cutánea cegalosporinas, que de no haber recibido urgente asistencia habrían puesto en peligro su vida. Tales lesiones precisaron para su curación asistencia facultativa y tratamiento médico y quirúrgico, sanando a los 69 días, de los que 14 estuvo hospitalizado, siendo todos ellos impeditivos, y resultando como secuelas algia costal, valorada por el médico forense en 3 puntos, y cicatriz del tubo del tórax, valorada en 2 puntos. El lesionado se ha reservado expresamente el ejercicio de acciones civiles por las indemnizaciones que pudieran corresponderle. H J C R había sido ingresado en el Hospital Psiquiátrico de Zamudio, dependiente del Servicio Vasco de Salud, el 4 de abril de 2005, tras sufrir un episodio psicótico (...). Fue dado de alta el 23 de junio de 2005 tras diagnosticársele trastorno esquizofreniforme, primer episodio psicótico (...). En el momento de los hechos ahora enjuiciados (los de 22 de enero de 2006) se encontraba en un nuevo brote de la enfermedad, al haber abandonado el tratamiento, por lo que tenía anulada su capacidad de entender y querer...”.
La sentencia absolvía al reo del delito de homicidio en grado de tentativa, por concurrir la circunstancia eximente completa de enfermedad mental, pero le imponía la medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico por un tiempo máximo de cinco años.
CUARTO.- La representante del interesado remitió, junto a dos nuevos escritos, una copia del Auto de 24 de julio de 2007 de la Audiencia Provincial de Murcia, que declaraba firme la sentencia dictada en la causa contra H J C R, y otra de la Sentencia número 509/07, de 25 de septiembre de 2007, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Murcia, en la que estimando parcialmente el recurso interpuesto anulaba la resolución de la Delegación del Gobierno en Murcia de 25 de julio de 2005, que había denegado la solicitud de renovación de autorización de trabajo y residencia a S A, así como la resolución del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de 18 de mayo de 2006, que había desestimado el recurso de alzada interpuesto contra ella, con desestimación del resto de las pretensiones formuladas. El fundamento jurídico tercero era del siguiente tenor: "Por lo que respecta a la solicitud de indemnización por los daños y perjuicios derivados de la denegación de la renovación al haberse privado al recurrente de la realización de actividad laboral durante ese período, hay que tener en cuenta que la renovación en el caso de antecedentes penales implica un proceso de valoración de las circunstancias que concurren en el caso concreto, habiendo realizado la Administración la valoración que ha estimado oportuna y denegando dicha solicitud, lo que no implica que exista arbitrariedad en la decisión adoptada por la misma, por lo que no es procedente reconocer indemnización alguna, ya que no ha resultado acreditada la existencia de los presupuestos necesarios para hablar de una responsabilidad patrimonial de la Administración".
QUINTO.- Abierto el trámite de audiencia, la representante del interesado remitió un escrito de alegaciones en el que decía que la indemnización se solicitaba por dos conceptos distintos: primero, por haber sido detenido por una infracción a la Ley de Extranjería, cuando la denegación de la renovación de sus documentos había sido indebida e incorrecta, como había puesto de manifiesto la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Murcia, con lo que nunca debía haber sido detenido ni haber estado más de dos años sin trabajar; y segundo, por las lesiones y secuelas derivadas de la agresión en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Murcia. Por el primer concepto reclamaba 106.000 euros, que desglosaba en 6.000 por la privación de libertad y 100.000 por los daños morales. Por el segundo concepto reclamaba 54.098,10 euros por las secuelas (5 puntos por diplopia, 10 puntos por síndrome postconmocional, 5 puntos por neuralgia intercostal por fracturas costales, y 22 puntos por perjuicio estético importante-hundimiento de la zona de la órbita izquierda facial-)y 8.486,69 euros por los días de curación (14 de hospitalización y 136 días impeditivos).
Adjuntaba varios documentos, como una copia del permiso de residencia y trabajo de D. A S.
SEXTO.- El órgano instructor remitió a la Secretaria General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el día 16 de enero de 2008, una copia de la reclamación de responsabilidad patrimonial, por cuanto era de su competencia la derivada de la denegación indebida de la renovación de su documentación. Esta remisión se notificó a la representante del reclamante.
SÉPTIMO.-El instructor del procedimiento propuso que se estimase en parte la reclamación y se pagase una indemnización de 7.740,95 Euros, de acuerdo con el baremo fijado para los accidentes de circulación, en su actualización por resolución del Ministerio de Economía y Hacienda de 7 de enero de 2007, con el siguiente desglose: 4.000,51 euros por la incapacidad temporal (867,58 euros por los 14 días de estancia hospitalaria, a razón de 61,97 euros diarios, y 2.769,25 por los 55 días de período impeditivo, a razón de 50,35 euros diarios, más el 10 por 100 de estas sumas), y 3.740,44 euros por las secuelas, valoradas en cinco puntos, también con el 10 por 100 de incremento.
OCTAVO.- Remitido el expediente al Consejo de Estado para dictamen preceptivo por razón de la cuantía de la reclamación, su Comisión Permanente lo emite de conformidad con la propuesta.
NOVENO.- La representante del interesado remite posteriormente un escrito comunicando el fallecimiento de D. S A, ocurrido el día 12 de enero de 2008, y mediante el que "me subrogo en la solicitud en nombre de sus herederos legales" (sic). Aporta, al efecto, una declaración de herederos y un poder especial otorgado por la viuda e hijos del reclamante, referido a los procedimientos que tengan relación con el accidente de circulación que causó el fallecimiento de éste, por lo que se le requiere a Dª Elisa Cuadros Garrido para que subsane la falta de acreditación de la representación.
Con fecha 12 de enero de 2009 tiene entrada en este Ministerio un escrito de la Sra. Cuadros Garrido aportando nuevos poderes de representación de D. K, D. Z y Dª I, viuda y los dos hijos mayores, respectivamente, de D. S A.
I.- Se trata de una reclamación de un detenido que fue agredido por otro en los calabozos de una dependencia del Ministerio del Interior.
El Consejo de Estado coincide con el instructor del procedimiento y entiende que concurren en este caso todos los elementos configuradores de la responsabilidad patrimonial, tal y como están regulados en los artículos 139 y siguientes de la Ley 3A11992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
II.- En efecto, existe un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, como son las graves lesiones que le fueron irrogadas al reclamante, que no está obligado a soportar. En cambio, no tiene el carácter de antijuridicidad el daño derivado de la detención policial (por el que reclama más de 100.000 euros), pues en los hechos probados de la sentencia penal consta que se había dictado contra él una orden de expulsión del territorio nacional (punto tercero, letra c), de antecedentes). Esta orden estaba en vigor y justificaba la detención del interesado, aunque en el momento tuviese interpuesto un recurso contra la denegación de la renovación de sus permisos. Por lo demás, si bien un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha anulado la denegación de esta renovación, lo cierto es que en la misma sentencia también ha denegado la responsabilidad patrimonial de la Administración por la combatida resolución administrativa (punto cuarto de antecedentes).
Las graves lesiones sufridas por el interesado le fueron irrogadas por el ataque de su compañero de celda, sin ningún motivo aparente. El agresor fue enjuiciado como presunto autor de una tentativa de homicidio, aunque fue absuelto por la eximente de enfermedad mental. En los hechos probados de la sentencia penal se dice que el reclamante, a la vista del extraño comportamiento de su compañero de calabozo, había pedido a los funcionarios que le cambiasen de celda, sin que su ruego fuese atendido (punto tercero, letra c), de antecedentes). Un tiempo después se produjo el ataque, que estuvo a punto de terminar con su vida, mientras estaba durmiendo, y que consistió primero en golpes con los puños y los pies por todo el cuerpo, que llegaron a provocar que hubiese mucha sangre en el suelo, y más tarden el uso de un cordón con el que rodeó su cuello, cuando yacía en el suelo, y trató de estrangularlo, momento en el que llegaron los agentes policiales, todo ello según los hechos probados de la sentencia penal. Estos agentes sólo acudieron cuando los restantes detenidos, impotentes ante lo que escuchaban, golpearon las puertas de sus celdas para llamar la atención.
Del relato fáctico mencionado se infiere con claridad que existió un funcionamiento anormal del servicio público, aunque ello no comporte juicio de culpa o negligencia, toda vez que se debía haber accedido al cambio de celda impetrado, o cuando menos se debía haber establecido un sistema de vigilancia o alarma ante cualquier episodio de violencia que asegurase una rápida reacción, sin dejarlo en manos de la percepción y la humanidad de los restantes detenidos, encerrados en otras celdas. Aunque no existe una prohibición de que varios detenidos compartan un mismo calabozo, deben habilitarse en tales casos los procedimientos necesarios para evitar que se produzcan agresiones de unos a otros. No puede considerarse funcionamiento normal del servicio el que se cometan delitos contra las personas en las sedes policiales ni, en particular, que un detenido por una infracción administrativa relativa la estancia en territorio nacional sufra una tentativa de homicidio con gravísimas lesiones por parte de su compañero de detención, iniciada además mientras dormía.
Como quiera que las lesiones fueron consecuencia, aunque no exclusiva, del funcionamiento anormal apuntado, procede declarar la responsabilidad patrimonial de Ia Administración.
III.- Respecto de la cuantificación de la indemnización, nada tiene que objetarse a la propuesta de resolución, que ha seguido fielmente las secuelas y los días de incapacidad temporal consignados en los hechos probados de la sentencia penal. La indemnización, de 7.740,95 Euros, es una cantidad proporcionada, y responde a la aplicación del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas por accidentes de circulación, aprobado como anexo a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
Este Ministerio, de acuerdo con el consejo de Estado, resuelve ESTIMAR EN PARTE la reclamación en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado formulada por D. /Da. ELISA CUADROS GARRIDO en nombre y representación de D. S. A, y en su virtud declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración y el derecho de los herederos legales de éste, D" K. L, viuda, y los hijos Dª. I, D. Z, Dª K, Dª A y D. O. S a percibir una indemnización por la cuantía de 7.740,95 Euros (SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS).
MADRID, A 28 DE FEBRERO DE 2.009.

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