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Timestamp: 2019-05-26 17:29:38+00:00

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SENTENCIA SIN NÚMERO DE 16 DE FEBRERO DE 1959
CONTENIDO:TEORÍA DEL RIESGO PROFESIONAL CREADO EN EL CONTRATO LABORAL. EN MAYOR O MENOR GRADO SEGÚN LA NATURALEZA DEL OFICIO, TODO TRABAJADOR ESTÁ SOMETIDO A UN CÚMULO DE SINIESTROS EVENTUALMENTE SOBREVINIENTES EN LA PRESTACIÓN DE SU SERVICIO, RIESGO QUE PADECE MORIGERACIONES O AGRAVACIONES DE ACUERDO CON CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR VINCULADAS A SU TRABAJO. LA DOCTRINA LEGAL ACOGE EL PRINCIPIO DE QUE, POR REGLA GENERAL, EL PATRONO RESPONDE POR LOS EVENTOS ACCIDENTALES CAUSADOS POR EL RIESGO CREADO, Y —POR EXCEPCIÓN— EL TRABAJADOR SE RESPONSABILIZA CUANDO EL ACCIDENTE PADECIDO POR ÉL SOBREVIENE POR SU CULPA GRAVE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, CULPA EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO POR PARTE DEL EMPLEADOR, CULPA EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO, CULPA EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO POR PARTE DEL TRABAJADOR, CERTIFICADO DE ORIGEN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO, EXCEPCIONES AL ACCIDENTE DE TRABAJO
Sentencia Sin Número de febrero 16 de 1959
Bogotá, D.E., diez y seis de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve.
La señora Gilma Ortiz viuda de Uribe, obrando en su propio nombre y en representación de cuatro hijos suyos, menores de edad, demandó por conducto de apoderado al Municipio de Medellín, para que por los trámites de un juicio ordinario laboral se condenara a esta entidad a pagar a favor de aquélla y de sus representados la indemnización por perjuicios con causa en accidente de trabajo padecido por su esposo el señor Ingeniero Guillermo Uribe Lince, quien pereció en el desempeño de sus funciones cuando trabajaba como ingeniero de campo del Plano Regulador de dicha municipalidad. La acción incoada busca la indemnización plena del daño causado, con fundamento en la culpa del patrono, —según lo establece la ley para tales casos— después de que el Municipio satisfizo oportunamente a los beneficiarios del interfecto las prestaciones laborales correspondientes al infortunio padecido por su esposo y su padre.
La recapitulación de los hechos —según la síntesis de la demanda que hace el Tribunal— es así:
“Dice doña Gilma Ortiz viuda de Uribe que contrajo matrimonio con el Ingeniero Guillermo Uribe Lince, habiendo procreado cuatro hijos, hoy menores, que son: Luis Fernando, Juan Guillermo, Carlos Alberto y Gabriel Jaime; que el Ingeniero Uribe Lince trabajó al servicio del Municipio de Medellín, como Ingeniero, de campo en el Plano Regulador, del 22 de febrero de 1954 al 4 de octubre del mismo año; que el 4 de octubre de 1954, en las primeras horas de la noche y cuando se ocupaba en labores relacionadas con su cargo, fue atropellado por un camión de gran tonelaje en la calle San Juan con la carrera Cúcuta en Medellín, a consecuencia de lo cual murió inmediatamente; que el trabajo en cuestión durante las horas de la noche había sido acordado con sus superiores por el Ingeniero Uribe Lince, en vista del intenso tráfico en las horas del día; que en consideración a los peligros que ofrecía la labor mencionada, el Ingeniero Uribe Lince solicitó el suministro de lámparas apropiadas para obtener una buena iluminación, elementos que le fueron negados por el Municipio, dado que el subsecretario de Hacienda se abstuvo de autorizar el despacho; que la tragedia sobrevino como consecuencia, principalmente, de la falta de una mejor iluminación; que su esposo era de conducta ejemplar y gozaba de considerable aprecio; que tenía su esposo buenas perspectivas para el futuro, y que al día siguiente de su muerte empezaba el desempeño de un nuevo cargo al servicio de la “Raymond Concrete Pile Company”, con un sueldo mensual de $ 1.200; que el Municipio de Medellín aceptó sin discusión el hecho de que la muerte de su esposo había obedecido a accidente de trabajo, y le otorgó la indemnización pertinente; que, convencida de la culpabilidad del Municipio en el acaecer trágico, entabló acción indemnizatoria por la vía civil, resolviéndose en definitiva que no había jurisdicción y que el asunto competía a la jurisdicción del trabajo; que presentó solicitud de indemnización ordinaria ante el Departamento de Personal del Municipio de Medellín, funcionario que la negó, resolviendo en definitiva la Junta de Asuntos Sociales que no estaba legalmente facultada para decidir, y que ha llegado el momento de entablar acción por la vía laboral”.
El Municipio de Medellín al dar contestación a la demanda —prosigue el Tribunal—, “admite la vinculación del Ingo. Uribe Lince, como ingeniero de campo del Plano Regulador, su muerte cuando hacía un levantamiento topográfico en San Juan con Cúcuta el 4 de octubre de 1954, la petición de lámparas “para hacer más ostensible la visibilidad” y su negativa por parte de la subsecretaría de Hacienda, la circunstancia de que al día siguiente de su muerte el Ingo. Uribe Lince iba a desempeñar el cargo con una compañía particular, la reclamación administrativa y su negativa y decisión final de la Junta de Asuntos Sociales, niega que el accidente haya ocurrido por falta de iluminación. Y explica, de modo general que las funciones del Ingo. Uribe Lince no estaban vinculadas a las obras públicas, que las tareas que ejecutaba al momento de su muerte no habían sido autorizadas por sus superiores, que dicho ingeniero conocía los riesgos que implicaba tal labor y que el accidente se debió a imprudencia del chofer (Luis Emilio Lara) que conducía el camión de carga.
“Por tanto, el Municipio de Medellín se opone a las peticiones de la demanda y pide que se declare la excepción de inexistencia de la obligación”.
Resultados de las dos instancias
El Juzgado Cuarto del Trabajo de Medellín —que conoció de la litis— condenó al Municipio demandado a pagar a doña Gilma Ortiz viuda de Uribe la suma de $ 26.656 y $ 7.864 a cada uno de sus hijos, por concepto de perjuicios. De esta sentencia apelaron ambas partes, y el Tribunal Superior de Medellín, por su Sala Laboral, decidió el recurso mediante providencia de 28 de septiembre de 1957, confirmó la del a quo con la reforma de que las cantidades que debería pagar el Municipio demandado a las personas demandantes serían: a) $ 33.320 a la señora Gilma Ortiz viuda de Uribe Lince, y b) $ 9.830 a cada uno de los menores Luis Fernando, Juan Guillermo, Carlos Alberto y Gabriel Jaime Uribe Ortiz.
Los dos contendientes interpusieron dentro de la oportunidad procesal el recurso de casación, mas la parte demandante hubo de desistir. Cabe por tanto estudiar solamente la demanda del Municipio de Medellín, cuyo examen es procedente y se efectuará por esta Corte junto con el escrito de oposición.
Pretendiendo la casación total del fallo impugnado, el libelo de demanda de la parte demandada-recurrente formula cuatro cargos con base en la causal primera del artículo 87 del C. de P. del T. Van a estudiarse, en su orden, las cuatro acusaciones.
En este primer cargo se predica de la sentencia recurrida la violación indirecta de los artículos 63, 1603, 1604, del Código Civil, 1º y 12 de la Ley 6ª de 1945, 28, 29 del Decreto 2127 de 1945, 11 del Decreto 1600 del mismo año, 55 y 58 del Código Sustantivo del Trabajo. Añade que la transgresión de modalidad indirecta se perpetró “a través de las pruebas, por falta de consideración de algunas de ellas y por errónea aplicación (resalta la Sala) de otras”.
El libelista dice que, en efecto, los artículos 1603 del Código Civil y 55 del Código Sustantivo del Trabajo disponen que los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan además a todo lo que por su naturaleza o ley les pertenece. Por naturaleza y por ley en el contrato laboral se halla incorporada la obligación para el trabajador de tomar todas las medidas necesarias tendientes a evitar accidentes y a garantizar la seguridad de las personas. A este respecto cita las prohibiciones y obligaciones del ordinal 1º del artículo 29 del Decreto 2127 de 1945 —concordante con el ordinal 9º del artículo 28 ibídem— y el ordinal 8º del artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales, en su orden, prohíben al trabajador efectuar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad o la de sus compañeros de trabajo, y le obligan observar, con suma diligencia y cuidado, las instrucciones y órdenes preventivas de accidente.
Colige de ello que la “suma diligencia y cuidado” hacen al trabajador responsable de la culpa o descuido levísimo al tenor del artículo 63 del Código Civil. El recurrente dice que ataca la sen-ten(sic) por violación de las normas del reglamento citado, en razón de que —según jurisprudencia de la Corte— los decretos reglamentarios deben tenerse como leyes en sentido material. Agrega que por esta misma razón es causal de casación haberse transgredido también el artículo 11 del Decreto 1600 de 1945, que fue dictado en virtud de autorizaciones legales. Así mismo expresa que el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo es aplicable a los contratos de trabajo de la Administración Pública, —a pesar de lo establecido por el artículo 4º ibídem— ya que las disposiciones sobre prevención de accidentes del personal, se entienden por naturaleza incorporadas a todo contrato laboral.
Prosigue el recurrente manifestando cómo no puede olvidarse que la propia víctima del fatal accidente era el mismo empleado o agente de la administración municipal que creó el riesgo, que efectuó el acto que desencadenó el accidenté mismo, y no de cualquier manera sino con plena autonomía para decidir todas las circunstancias de tiempo y modo para la ejecución de la tarea qué le fue encomendada.
El patrono —añade el recurrente— debe dotar a su trabajador de la seguridad para evitar accidentes, pero tratándose de un Municipio, esta entidad oficial obra por medio de sus funcionarios, de donde aparece nuevamente la obligación del empleado de prevenir accidentes, y en este caso obró por medio de Uribe Lince, quien tenía la obligación de tomar todas las medidas de seguridad. A los cadeneros y ayudantes del doctor Uribe Lince se les dio una orden perentoria: la noche del 4 de octubre de 1954 debían trabajar a órdenes del doctor Uribe Lince. Pero a éste, se le dio una orden indeterminada: hacer un levantamiento topográfico. En esta orden —continúa— de efectuar un trabajo de ingeniería en calles públicas de Medellín, iba implícitamente la orden de guardar todas las medidas de seguridad necesarias para prevenir accidentes, según la propia naturaleza del contrato laboral, y según lo establecido por los artículos 1603 del Código Civil, 55 del Código Sustantivo del Trabajo, 28 y 29 del Decreto 2127 de 1945 y 58 del mismo Código del Trabajo. Tal es el derecho aplicable que el Tribunal infringió en su proveído, declara el libelista. Y prosigue: el empleado Uribe Lince estaba obligado, de acuerdo con la naturaleza del contrato laboral, y de los Decretos y disposiciones que lo reglamentan, a guardar con sumo cuidado y diligencia las medidas necesarias para prevenir accidentes. En este campo, era responsable hasta de la culpa levísima, y la prueba de la diligencia o cuidado (C.C., art. 1604) le corresponde a quien ha debido emplearla, en este caso a los causahabientes del ingeniero Uribe Lince, demandantes de este juicio.
Se detiene el demandante en el análisis de si el doctor Uribe Lince empleó o dejó de emplear la necesaria diligencia y cuidado en el cumplimiento de su tarea, y a este respecto manifiesta:
Al doctor Uribe Lince se le dio una orden sine die, es decir, sin plazo fijo u hora determinada para efectuar su trabajo. En efecto: a folio 207 aparece la certificación legalmente producida durante el juicio a petición de los demandantes:
“C) Que al doctor Uribe Lince, días antes de su muerte, se le ordenó efectuar determinado trabajo de levantamiento...”.
Glosa el precedente aparte documental diciendo que al tenor del artículo 562 del Código Judicial, este certificado de la autoridad pública sobre hechos que pasaron bajo su despacho, se asimila a instrumento público y constituye por sí solo plena prueba.
A folio 207, en audiencia ante el H. Tribunal Superior de Medellín, el ingeniero Ariel Escobar Llano jefe del Plano Regulador, reconoce bajo la gravedad del juramento la certificación anterior en donde aparece también que días antes se le dio la orden al doctor Uribe Lince, con el valor, por consiguiente, de plena prueba.
Dice que aunque los Jueces del Trabajo no están sujetos a la tarifa legal de pruebas, sí tienen que apreciar por su valor legal los instrumentos públicos, y un certificado de funcionario público lo es, de donde surge un error de derecho en la apreciación de esta prueba.
Continúa: días antes de su muerte, el doctor Uribe Lince recibió orden de hacer un levantamiento topográfico y él, consciente de que su obligación era no solamente realizar dicha tarea, sino tomar todas las precauciones necesarias para evitar accidentes personales y de sus compañeros, eligió la noche, porque de día hay mucho tráfico, y ordenó a uno de sus cadeneros que hiciera efectivo un vale por unas linternas. Hay un principio de diligencia. ¿Pero qué ocurre? Que por razones presupuestales el vale que prepara la Oficina del Plano Regulador no tiene efectividad y el empleado Jaramillo, reputado para hacerlo, se presenta con las manos vacías, o al menos sin las linternas con la calidad o potencia requeridas.
El libelista se pregunta: “¿Qué hubiera hecho una persona avisada puesta en las mismas condiciones externas del doctor Uribe Lince, quien tenía el deber de hacer un levantamiento topográfico, sin hora ni plazo fijo, a quien le dan la noticia de que para esa noche no pudieron conseguirse lámparas? ¿Qué habría hecho “un hombre juicioso” frente a una tarea sin plazo fijo, si no tiene las herramientas para garantizar su seguridad personal y la de sus compañeros? ¿Qué habría hecho un hombre diligente para cumplir con la obligación contractual y legal de tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes, en un trabajo que se le había ordenado “días antes” y cuyo momento de ejecución él libremente escogió y él libremente podía posponer? La respuesta surge obvia y clara: Uribe Lince ha debido abstenerse de trabajar aquella noche, posponiendo la ejecución de la tarea que le había sido encomendada sin día ni plazo, hasta cuando tuviera los elementos de seguridad para la prevención de los accidentes”.
Agrega más adelante que, configurada la culpa lata, ya que inclusive una persona de poca prudencia o negligente toma elementales precauciones frente a lo que ha dado en llamarse muy acertadamente “la muerte en ruedas”, el ingeniero Uribe Lince faltó gravemente “a sus obligaciones de hombre”, de empleado, de jefe de los cadeneros, al situarse en una noche lluviosa en medio de la calzada por donde circula el mayor número de vehículos automotores de Medellín; y esta falta excluye la indemnización laboral de accidente, según el artículo 12, Ley 6ª de 1945 (lit. b).
Argumenta que otro aspecto asumiría el asunto si los superiores le hubieren ordenado a Uribe Lince efectuar el trabajo en aquel día y hora fatal. Mas en el expediente está demostrado que ni se le ordenó con plazo fijo, ni de su aplazamiento se seguía perjuicio a la entidad municipal.
Afirma así mismo el recurrente que el ingeniero Uribe Lince se precipitó a realizar dicho trabajo en beneficio propio, y en apoyo de tal aserción relaciona el certificado de la Raymond Concrete Pile of South America, ratificado a folio 123 vuelto, del cual se desprende que al día siguiente, 5 de octubre de 1954, aquél principiaría a prestar sus servicios a dicha Compañía. Y expresa que por ello, “para poder retirarse acometió en la lluviosa noche del 4 de octubre su tarea, sin la protección debida”. Igualmente manifiesta que la culpa de la víctima está judicialmente declarada en el proceso penal contra el chofer causante del accidente, cuando el Juez Cuarto Superior de Medellín dice: “(…) nos demuestran en parte que la víctima fue un poco imprudente al colocarse a trabajar, en las horas de la noche en una vía pública, por donde transitaba gran número de vehículos” (fl. 113 vto.).
El autor del recurso se refiere luego a la siguiente expresión del Tribunal sentenciador: “La culpa del funcionario es la culpa de la entidad a la cual sirve, pues el Estado actúa y vive a través de quienes lo mueven”. Afirma que tal concepto es exacto en su enunciación, pero que fue erróneamente aplicado al caso. Explica su pensamiento diciendo: dos funcionarios actuaron a nombre del Municipio de Medellín; de una parte el Jefe del Plano Regulador, superior jerárquico de Uribe Lince, quien prudentemente, con suma diligencia, buscó la protección de su subalterno, a cuyo efecto, primero trató de conseguir linternas con el acueducto y luego con la Secretaría de Hacienda, no habiendo desmayado en su diligencia por ambos resultados negativos, porque entonces acudió al préstamo entre particulares. No hay por consiguiente culpa de la entidad municipal, porque el superior, que la representa, actuó diligentemente. El segundo funcionario a través del cual actuó el Municipio fue el propio doctor Uribe Lince, quien estaba obligado a tomar las medidas precautelativas para evitar accidentes: “Si no lo hizo, si se lanzó imprudentemente al tránsito nocturno, él es responsable, y no puede alegar su propia culpa para beneficiarse indemnizatoriamente de su propia negligencia”.
Dice el recurrente que el sentenciador: “no consideró o si lo hizo erró en su apreciación”, las siguientes pruebas: el certificado de funcionario público que obra a folio 47; el que aparece a folio 207, la declaración juramentada del superior jerárquico del ingeniero Uribe. Lince, a folio 208, todas en el sentido de que la orden del ingeniero fallecido no tenía plazo fijo, ni día ni hora de ejecución; ni las declaraciones de los testigos Gildardo Alberto Pérez, folio 77 y siguientes y Rafael Jaramillo, folio 79 y siguientes, que dicen que no habiéndose conseguido las linternas el ingeniero Uribe Lince siempre acometió la obra con grave riesgo, por la intensidad del tráfico, la deficiente luz y las condiciones climatéricas de la noche; ni el certificado de folio 7 ni su ratificación, sobre el interés personal de Uribe Lince en terminar exactamente esa noche el trabajo, ni la copia de la sentencia del Juez Cuarto Superior, pruebas estas al través de cuya errónea apreciación se produjeron las violaciones antes señaladas.
En un extenso escrito de oposición el apoderado de la parte demandante objeta casi todos los argumentos de la demandada y pide que el cargo sea rechazado.
El cargo que se estudia conlleva el siguiente planteamiento. Proposición: la inapreciación o equivocada apreciación de pruebas condujo al sentenciador a violar indirectamente los textos sustantivos de derecho común y laboral que el recurrente cita, contentivos de regulaciones jurídicas acerca de la culpa y los efectos que ésta comporta para quien la comete. Desarrollo: una debida valoración de las probanzas demuestra cómo el ingeniero Uribe Lince se expuso imprudente y culposamente (la demanda se refiere a culpa grave) al acaecimiento mortal por él padecido; por tanto, no le es imputable al Municipio de Medellín la culpa que por dicho desgraciado evento se le atribuye en la sentencia recurrida, la cual, en consecuencia, debe anularse. El autor del recurso le introduce dos variantes de refuerzo accesorio a la argumentación anterior: a) La comisión de error de derecho por el juzgador al no apreciar por su valor legal la prueba documental con carácter de instrumento público que obra a folio 47, y que es la certificación producida por el Jefe del Plano Regulador acerca de la orden dada por dicha oficina al ingeniero fallecido de realizar el trabajo en que halló la muerte, en el sector en que ocurrió su trágico deceso; b) Las consideraciones jurídicas en torno a que, siendo como es el agente (persona natural) promotor de la gestión de la administración (entidad abstracta), la culpa de aquél es la de la administración que representa y promueve, para colegir que habiendo incurrido en culpa el agente Uribe Lince, mal pueden alegarla en su beneficio, y en contra de la administración municipal, sus causahabientes.
Estructurada la sustancia misma del cargo sobre el razonamiento inicialmente esbozado, se analiza éste, a la luz del material probatorio que se señala como inapreciado o mal estimado, a efecto de establecer si efectivamente se configura error de hecho manifiesto en el juicio del fallador —caso en el cual procede la casación—, o si por el contrario la deducción del juzgador no adolece, en la estimativa probatoria, de los ostensibles vicios que se le enrostran y por ende su proveimiento debe mantenerse.
No sobra recordar que respecto de esta clase de ataques, en los cuales se impugna el proveimiento del sentenciador de segundo grado por causa de errores de hecho, la doctrina de casación —acogida de modo invariable por la jurisprudencia nacional—, ha sustentando que la prosperidad del cargo sólo se produce cuando el yerro cometido por aquél es ostensible y evidente, es decir, cuando el extremo resuelto equivale a decisión de tal naturaleza equivocada y fallida que francamente se opone a la lógica y repugna a la sana crítica. El planteamiento anterior tiende a resguardar la soberanía del juez, —su autonomía de juicio, su independencia de criterio en la evaluación de los hechos, posición que resiste con más consistencia aún los embates en el campo del derecho laboral, debido a que en éste se consagra la libertad de convencimiento mediante la persuación racional y se desechan las tarifas y valoraciones de la ley. Son principios de todos conocidos sobre los cuales es superflua toda reiteración.
No podría esta Sala, —ni es menester hacerlo— entrar a una recapitulación total de la cuestión de hecho. Estudiará los puntos sobre los cuales versa la impugnación del fallo, conducentes a demostrar cómo fue por culpa del mismo ingeniero fallecido que se produjo su deceso, y cómo el no haber llegado a esta conclusión implica aberración de juicio por parte del sentenciador.
A folios 47 y 207 obran el certificado y su ratificación en juicio, provenientes del superior jerárquico del doctor Uribe Lince, que acreditan la orden impartida al último, con sus modalidades de tiempo y lugar, para que emprendiera la tarea en la cual halló la muerte. Dice el apoderado del demandado que dichos documentos indican cómo la misión encomendada al ingeniero trágicamente muerto “no tenía plazo fijo, ni día ni hora de ejecución”, aserto con el cual afianza la tesis expuesta en el desarrollo del cargo, según la cual —por la imprecisión de las circunstancias de tiempo en que el ingeniero Uribe Lince debía cumplir su tarea— ante un peligro inminente podría haberla aplazado, en lugar de someterse imprudentemente al riesgo; y, en consecuencia, habiendo dejado de posponer, pudiendo hacerlo, un trabajo que entrañaba amenaza para su integridad personal y su vida, su trágico deceso obedeció a su propia culpa.
La certificación aludida dice en sus apartes esenciales:
“.... b) Que las labores del doctor Uribe Lince ordinariamente se cumplían dentro de las horas del día, pero modalidades presentadas ocasionalmente en ciertos trabajos, requería se hiciera en horas distintas.
“c) Que al doctor Uribe Lince, días antes de su muerte, se le ordenó efectuar determinado trabajo de levantamiento, dentro del área poblada del municipio y comprendía un sector congestionado de tráfico como es el de la calle San Juan.
“d) Que el doctor Uribe Lince expuso las dificultades y peligros que ofrecía el sector señalado para realizar el trabajo requerido y como consecuencia solicitó autorización para realizarlo en las horas de la noche, horas éstas que son menos congestionadas que las del día. Ante la observación expuesta por el doctor Uribe Lince, esta oficina consideró más indicado que el trabajo se llevara a cabo en las horas de la noche, costumbre muy frecuente cuando se trata de levantamientos topográficos del centro de la ciudad donde la cantidad de peatones y de tráfico dificultan las labores del Ingeniero.
“La necesidad de efectuar el levantamiento en las horas de la noche fue expuesta por el mismo doctor Uribe Lince en vista de que, en la misma mañana de su muerte, cuando tomaba línea en la carrera 54 con la calle 44 no pudo continuar el trabajo y debió suspenderlo por la imposibilidad física para trabajar en razón de la congestión del tráfico. En la libreta respectiva del levantamiento se observa el trabajo realizado en las horas de la mañana del mismo día de su muerte.
“e) La Oficina del Plano Regulador desconocía oficialmente y aún extra-oficialmente, la determinación del Ingeniero Uribe Lince de retirarse del servicio de esta oficina para ingresar a la Compañía Raymond.
“f) Dada la dificultad y peligrosidad que implicaba realizar el trabajo nocturno, la oficina tomó las siguientes medidas:
“1. El Ingeniero Proyectista del Plano Regulador, telefónicamente solicitó al entonces administrador del Acueducto doctor Alberto Bernal, el préstamo de tres (3) potentes linternas que posee esa dependencia y que en otras ocasiones había suministrado a este despacho. La solicitud fue rechazada aduciendo la necesidad inmediata para realizar un servicio de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
“2. Hice vale al Almacén Municipal por tres (3) lámparas grandes de mano y fue negado por el Subsecretario de Hacienda por falta de fondos.
“3. Se logró conseguir un préstamo particular con personal de empleados y cadeneros del Plano, de dos (2) linternas de mano pequeñas.
“g) En las horas de la noche del día 4 de octubre de 1954, cayó una pequeña lluvia en la ciudad de Medellín y posteriormente amainó en intensidad. Casi toda la noche estuvo lloviendo en forma menuda”.
El primer argumento del recurrente versa sobre la imprecisión del plazo para el cumplimiento de la tarea. Empero, la Sala considera que si no se fijó plazo expreso, ello quiere decir que el plazo era tácito, o sea el indispensable para cumplir la tarea encomendada, porque no es jurídicamente posible aceptar que la indeterminación de aquél deba entenderse, en cuanto al término de la ejecución, como temporalidad sine fine, en sentido amplio. El derecho positivo suple la dudosa expresión de la voluntad de las partes en cuanto al término, respecto de casos como el que se estudia, cuando dice: “El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación; puede ser expreso o tácito. Es tácito, el indispensable para cumplirlo” (C.C., art. 1551).
Es inadecuado decir, por ello, que puede haber obligaciones de ejecución sine die, en sentido lato, así en el contrato civil como en el laboral, porque tal indeterminación en el tiempo, interpretada ampliamente, sería causa de que en la práctica jamás se pudiera configurar el incumplimiento del contrato, pues la parte incumpliente alegaría a su favor la indefinición del plazo para cumplir su obligación y la facultad de satisfacerla en un momento futuro siempre interminado.
En sentido estricto, el recurrente plantea el problema en relación con el riesgo creado. Si la noche del insuceso resultaba peligroso realizar la tarea, el ingeniero accidentado, obrando juiciosamente, pudo haber aplazado su ejecución, debido a que tal aplazamiento armonizaba con una prestación laboral sine die estricto sensu. Esta posposición de la tarea por cumplir entraba dentro de la estipulación del plazo tácito, habida cuenta de que una de las obligaciones incluidas por ministerio de la ley en todo pacto laboral es la de que el trabajador no se exponga a sí mismo y a sus compañeros a accidentes, y, antes bien, que tome todas las seguridades para precaverse de éstos. Es decir, que dentro de la noción de plazo tácito entraba en juego; para extender o restringir el término de cumplimiento de la tarea, el elemento de seguridad personal anejo a su ejecución y establecido por la ley.
La teoría del riesgo profesional creado, ad usum principalmente en el contrato laboral, se enuncia diciendo que, en mayor o menor grado según la naturaleza del oficio, todo trabajador está sometido a un cúmulo de siniestros eventualmente sobrevinientes en la prestación de su servicio, riesgo que padece morigeraciones o agravaciones de acuerdo con circunstancias de tiempo y lugar vinculadas a su trabajo. La doctrina legal acoge el principio de que, por regla general, el patrono responde por los eventos accidentales causados por el riesgo creado, y —por excepción— el trabajador se responsabiliza cuando el accidente padecido por él sobreviene por su culpa grave.
Pero, a más de la responsabilidad patronal por el riesgo profesional creado, el derecho positivo (L. 6ª/45, art. 12, lit. b) in fine) y la jurisprudencia (en armonía con el C.C., libro cuarto, título XXXIV) responsabilizan al patrono de la indemnización ordinaria, cuando el accidente se produce por el riesgo profesional agravado por la culpa de dicho patrono, o cuando sobreviene por la sola culpa de éste.
El levantamiento topográfico encomendado al Ingeniero Uribe Lince, que debía efectuarse en sitio notablemente congestionado por el tráfico automotor, y que se cumplía sin plazo en sentido estricto, acarreaba para aquél un riesgo creado que trascendía a todo el tiempo de su ejecución. Una de las características de tal riesgo era, como se ha demostrado en juicio, su trascendencia en el tiempo; esto lo indican fehacientemente los apartes c), d) y f) de la certificación reproducida, según la cual no sólo fue reconocido por el Plano Regulador “el peligro” de emprender los trabajos en horas diurnas, sino que fue imposible efectuarlos en la mañana del día 4 de octubre de 1954, y se pospusieron para las horas de la noche —por ser menos arriesgadas—, cuando ocurrió el accidente.
De suerte que si se corría el peligro o existía el riesgo en cualquier tiempo en que se emprendiera la tarea, bien fuera en horas diurnas o nocturnas; o, dicho de otro modo, si la labor por circunstancias de lugar o espacio era de suyo peligrosa sin relación al tiempo, la escogencia de otro momento anterior o posterior al de la fecha del accidente no habría en manera alguna evitado la peligrosidad del trabajo, luego es ineficaz la argumentación de la parte demandada al atribuirle culpa al trabajador por no haber pospuesto la tarea.
Si dadas las condiciones de trabajo, el riesgo trascendía en el tiempo, resulta insólito pretender que el peligro del momento A desapareciese en el momento B, o el de éste dejara de serlo en el momento C, etc., siendo como era constantemente peligrosa la tarea en todo momento. Por lo cual, la no posposición del trabajo no puede enrostrarse como culpa del trabajador por el sólo aspecto temporal en que se produjo el accidente.
Aún más: la realidad del proceso (apartes d) y f) de la certificación preinserta) indica cómo el ingeniero Uribe Lince pidió al superior y consiguió la autorización de éste, para que el trabajo que se le había encomendado se efectuara en horas nocturnas, cuando sin desaparecer completamente el peligro, éste subsistía un tanto reducido por la natural disminución del tráfico de vehículos en la noche. Lo cual está demostrando que Uribe, con ánimo diligente y cauteloso, sí realizó actos positivos encaminados a la prudente posposición de la tarea en el tiempo, a efecto de precaverse él y precaver a sus auxiliares de un riesgo que, por factores locativos, era anejo a sus labores. Los hechos resultan sobradamente demostrativos de que, en contra de la imputación culposa que el recurrente le hace a la conducta del ingeniero Uribe, éste procedió real y efectivamente a buscar y utilizar aquella coyuntura en la cual, por razón del tiempo (horas nocturnas), el riesgo creado, sin desaparecer, completamente, padecía al menos una atenuación notable.
El precedente razonamiento llega a la conclusión de que si bien se producía en las horas nocturnas una disminución del peligro, no se causaba, con todo, en dichas horas, supresión o desaparición total del mismo. Luego si se califica de disminuido o reducido el riesgo creado en la noche, la posposición del trabajo para otro momento nocturno o para otra noche sería menester encuadrarla dentro de la argumentación que atrás se hizo, para colegir cómo el riesgo trascendía a todo momento (en este caso a todo momento de la noche o noches posteriores), con lo cual resulta que el no aplazamiento de la fecha era indiferente y no puede ser causa de que, por este aspecto, se le atribuya culpa grave al trabajador.
Pero ocurre —argumenta la parte demandada— que la noche de la catástrofe era lluviosa; y que el ingeniero Uribe Lince hubo de lanzarse “al torbellino del tránsito nocturno sin las precauciones necesarias (...) en medio de la calzada”, para realizar una labor “en beneficio propio”, ya que al día siguiente empezaría a prestar sus servicios a la Raymond.
Cita como pruebas mal apreciadas o inestimadas, la misma certificación preinserta (aparte g), las declaraciones de los testigos Gildardo Alberto Pérez folios 77 y siguientes, Rafael Jaramillo, folios 79 y siguientes, el certificado del folio 7 y la copia de la sentencia del Juez Cuarto Superior a folio 113 vuelto.
En este punto, el recurrente insiste en destruir la relación de causalidad entre la culposa omisión del Municipio de Medellín (al no suministrar lámparas adecuadas), y el daño padecido por el ingeniero Uribe Lince, para destacar modalidades que, según aquél, muestran la culpa del último en el insuceso que extinguió su existencia.
Empero, hay hechos protuberantes en el proceso, debidamente probados, que significan de manera indubitable cómo en frente de actos de positiva cautela realizados por Uribe Lince para rodear de las mayores seguridades el cumplimiento de su arriesgado trabajo, existe una desgraciada omisión del Municipio en la cual con muy buen juicio el sentenciador hizo radicar la causa prima del desastre. A efecto de precaverse contra cualquier accidente dentro de las circunstancias normales, el ingeniero Uribe, una vez autorizado para trabajar en la noche, realiza actos que fehacientemente indican ánimo diligente para conseguir las mayores precauciones posibles en su arriesgada faena. La certificación transcrita en sus apartes d) y f) así lo acredita, al par que el último de estos literales señala de manera incontestable que fue el municipio de Medellín, concretamente la Subsecretaría de Hacienda, la entidad que expresamente omitió suministrar elementos defensivos y coadyuvantes de la empresa topográfica nocturna, como eran las lámparas de suficiente capacidad lumínica que Uribe demandaba, y que le fueron negadas por “falta de fondos”, o por ser para “trabajos eventuales”.
Una voz testimonial —adecuadamente apreciada por el juzgador— reviste especial credibilidad por haber intervenido el testigo en el fallido proceso de la adquisición de las lámparas: es la de Rafael Jaramillo, quien sobre el particular manifiesta:
“Es verdad que en mi carácter de empleado municipal al servicio del Plano Regulador, fui recomendado por el ingeniero de campo Guillermo Uribe Lince para gestionar, mediante el vale de pedido respectivo, tres lámparas grandes de mano, con destino al trabajo de mensura que se iba a practicar en la calle de San Juan crucero con la carrera Cúcuta, en las horas de la noche del 4 de octubre del año pasado; dicho trabajo se consideraba peligroso debido al intenso tráfico de la calle citada. El vale fue firmado por el doctor Ariel Escobar (...) Es cierto que en cumplimiento de mi misión estuve volteando con el vale hasta llegar al despacho del Subsecretario de Hacienda Municipal, doctor Upegui, quien lo rechazó, alegando que no estaba autorizado para aprobar pedidos con destino a trabajos de carácter eventual como era el que realizaba el doctor Uribe Lince. Es cierto que esto causó extrañeza al jefe de personal, quien conocedor de la necesidad del alumbrado, se trasladó conmigo al almacén Municipal con el fin de conseguir algunas lámparas de mano, pero solamente pudimos conseguir dos en muy mal estado” (fl. 79 vto.).
Y por su parte, el mismo doctor Efraín Upegui reconoce en providencia administrativa, a folio 8, que como Subsecretario de Hacienda “negó el despacho de un pedido de almacén hecho por la sección del Plano Regulador, que vino a convertirse posteriormente en argumento principal de la supuesta culpabilidad del Municipio”.
El análisis que el ad quem realiza en torno a las declaraciones del testigo Jaramillo cuya excerta se transcribió, del señor Gildardo Alberto Pérez, de la certificación a que tanto se ha aludido, y de otras piezas que obran en el proceso —y que el recurrente no cita— es de indiscutible alcance jurídico para establecer la relación de causalidad entre la comprobada omisión del Municipio y el daño padecido por Uribe, sin que las argumentaciones del recurrente sean eficaces hasta ahora para destruir el premencionado nexo causal.
Está demostrado que en la noche del 4 de octubre de 1954 había llovido. El literal g) del certificado que tantas veces se cita dice:
“g) En las horas de la noche (...) cayó una pequeña lluvia en la ciudad de Medellín y posteriormente amainó en intensidad. Casi toda la noche estuvo lloviendo en forma menuda.
Dice Gildardo Alberto Pérez a folio 78:
“Esa noche simplemente estaba cayendo una llovizna.
En ese momento estaba cayendo una brisita, pero poquita, yendo uno a pie sí podía ver una persona. Yo vi el vehículo, pero no le llamé la atención al doctor porque no pensaba que el carro iba a pasar por ese lugar, habiendo tanto por dónde pasar”.
Rafael Jaramillo manifiesta a folio 80 vuelto:
“Cuando ocurrió el accidente estaba escampado (sic)”, y agrega más adelante: “y acababa de escampar en ese momento, había llovido regular de tenernos que escampar y no poder trabajar”.
Los datos un tanto contradictorios, de Pérez quien afirma que caía una brisa poquita en el momento del accidente y de Jaramillo que asevera que ya había escampado, si bien demuestran que esa noche se presentaba una irregular e intermitente precipitación atmosférica sobre Medellín, como lo establece el certificado, no constituyen modalidad que convenciera al sentenciador para destruir la causalidad entre la culpa del Municipio y el siniestro del ingeniero Uribe. Pretende el demandante de casación desarticular dicha relación de causa a efecto para dar por cierto el hecho de que, por imprudencia del ingeniero Uribe, dadas las condiciones climáticas reinantes durante, aquella noche, se produjo la tragedia. Es decir, hace especial énfasis en que la poca visibilidad de la vía, determinada por la consabida “absorción” que, de la luz de los automotores, provoca el pavimento húmedo, procuraba un natural aumento del riesgo, en vista de lo cual fue imprudente la conducta de Uribe al continuar, en tales condiciones, el trabajo que realizaba.
Este argumento es aducido por primera vez en casación al través del proceso. La culpabilidad del ingeniero Uribe había sido sustentada por la parte demandada en instancias con base en otra abundante serie de argumentos: el de que carecía de orden superior para efectuar la mensura en horas de la noche; el de que disposiciones municipales prohibía autorizar y realizar trabajos en horas extraordinarias; el de que no había tomado motu proprio las precauciones necesarias para desarrollar sus funciones; el de que el Juez Penal que conoció del proceso contra el conductor homicida, había hallado en la conducta del ingeniero Uribe una cuota de imprudencia; el de la voluntariedad en la ejecución del acto peligroso, y en fin, el de que Uribe se precipitó imprudentemente a la arriesgada faena para poder atender compromisos con la Raymond.
Aún en el caso de haber sido propuesta dicha cuestión por la parte demandada en instancias, continuarían militando en apoyo del severo juicio del ad quem razones poderosas. En efecto: el tratamiento dado al problema de la visibilidad en el tránsito de automotores en la noche sobre vía pavimentada y mojada suele presentar un doble aspecto: a) La visibilidad que posee el conductor mediante la utilización de las propias luces del vehículo que comanda, que es, en efecto, reducida, y b) La visibilidad del mismo conductor de señales luminosas apostadas sobre la vía que, a no ser por neblina, adquieren una mayor intensidad debido a la refracción de la luz sobre el pavimento mojado. Mas resulta de autos que, por negligencia del Municipio, a Uribe se le habían negado lámparas o linternas de suficiente potencia luminosa, pues las que con gran dificultad se le habían suministrado se hallaban en pésimas condiciones y apenas eran suficientes para ver “el huequito de la plomada” (declaración de Rafael Jaramillo fl. 80 vto.). Aquí surgiría, la fuerza del argumento del recurrente: el de que, siendo tan deficientes las señales luminosas de que se valía Uribe y descontada la culpa del Municipio, fue imprudente la conducta de aquél al lanzarse al turbión del tráfico, al arriesgarse a “la muerte en ruedas” etc. y situarse “en medio de la calzada”.
Con todo, datos de la realidad procesal convencieron al juzgador de que, dados los antecedentes de Uribe, se trataba de persona diligente, previsiva, dueña de la prudencia atribuible a “su condición de profesional académico” y a sus “prendas de hombre honrado”, deducción que no contraría ostensiblemente la evidencia de los hechos en razón de que:
a) Era irreprochable y en extremo cuerda la conducta social y privada del ingeniero Uribe. “Uribe Lince cuando ocurrió el accidente estaba, viendo por el aparato en un solo punto y estaba en sano juicio. Ese hombre ni tomaba....” (Rafael Jaramillo a fl. 80).
b) Precisamente la misma mañana del insuceso, y debido a la peligrosidad y dificultad que ofrecía durante el día su labor por el turbión diurno de tráfico y de peatones, Uribe había conseguido de su jefe autorización para realizar el trabajo en la noche, aprovechando la morigeración nocturna del riesgo y mayor facilidad para su tarea (Certificado, lit. d), testimonio de Gildardo A. Pérez, fl. 78).
c) Es inexacta la aseveración del libelista consistente en que Uribe Lince estuviera, cuando sobrevino el accidente, en “medio de la calzada”. Sobre este particular son en extremo claros los testimonios de Pérez y de Jaramillo; dice el primero: “Uribe Lince estaba (…) más bien a un lado de la calle, más cerca a la acera que al centro pero tenía también un campo considerable de la acera, es decir, que podía pasar un carro por cualquiera de los dos costados” (fl. 78); y afirma el segundo: “En el lugar en donde estábamos trabajando había suficiente paso para los vehículos (…) Donde estaba el doctor Uribe Lince podía pasar un carro sin hacerle nada”.
No se ve, pues, por este aspecto, cómo pueda quebrantarse el proveído del sentenciador por las alegadas equivocaciones en la apreciación de las pruebas o por desestimación de éstas. Ni aparece configurada plenamente la culpa de Uribe en ninguno de sus grados, como lo pretende el recurrente. Este afirma, —como complemento argumental de la acusación— que Uribe Lince realizaba dicho trabajo en beneficio propio, pues hubo de precipitarse a realizarlo, porque “al día siguiente, 5 de octubre de 1954 él principiaría a trabajar” al servicio de la Raymond.
A este respecto señala como mal apreciadas o inapreciadas la certificación del folio 7 y su ratificación en juicio a folio 123 vuelto. El punto planteado, fue tratado por el Tribunal sentenciador así:
“También ha hecho hincapié el demandado en el informe de la Compañía Raymond (fl. 7) acerca del nuevo oficio que esperaba el ingeniero fallecido, en aquella empresa, al día siguiente. Esa perspectiva, dice el señor apoderado, explica la premura en ejecutar el trabajo, aún en horas nocturnas. Nada mejor para contestar a esto que las frases del testigo Jaramillo (fl. 81): “Estando conversando cuando íbamos a empezar trabajo me dijo (el doctor Uribe Lince) que le había resultado trabajo en la Raymond y que iba a hacer renuncia al otro día para posesionarse con dicha empresa; y le dije estas palabras: si no va a trabajar mañana para qué trabaja hoy ya; y me contestó: hay que cumplir con el deber hasta lo último, y principiamos el trabajo” (destaca el Tribunal). Que indican también, mejor que cualquier otra pieza procesal, la integridad humana del Ingeniero Guillermo Uribe Lince”.
La Sala no encuentra error evidente en la anterior deducción del Tribunal. El dicho atribuido por Jaramillo a Uribe Lince de que iba a renunciar al otro día para posesionarse de un cargo en la Raymond es concorde con el desconocimiento de tal hecho por parte del Plano Regulador (lit. e) del certificado); si se supone que efectivamente al día siguiente pasaría a desempeñar un nuevo puesto en la Raymond, de tal indicio se puede colegir necesariamente que por dicha circunstancia incurrió en la imprudencia de precipitarse al riesgo? ¿Acaso existe prueba alguna demostrativa de que con el trabajo de esa noche se terminaba la tarea del sector de la calle San Juan? ¿O de que la mensura debiera necesariamente ser terminada por el ingeniero Uribe, es decir que se le hubiera encomendado “intuito personae” y le correspondiera forzosamente finalizarla a él y no a otro ingeniero? Que esto no era así lo indica la sugestión de Jaramillo, con diez años de servicios al Municipio y conocedor por tanto de las costumbres y usos en el ramo municipal de obras públicas, quien afirma haberle dicho a Uribe que si no iba a trabajar al día siguiente, para qué lo hacía la víspera, a lo cual Uribe respondió que había que cumplir con el deber hasta lo último. De donde coligió muy juiciosamente el sentenciador que la integridad humana y los sentimientos del deber eran los motivos que prevalecían en la conducta del Ingeniero Uribe, mas no el afán de beneficio propio que le atribuye el recurrente y respecto de lo cual no existe demostración satisfactoria en el proceso.
De otra parte, no aparece configurado el error de derecho que alega el apoderado de la entidad demandada. De tenerse como prueba ad sustantiam actus (que es el elemento específico del error de jure) la certificación del Jefe del Plano Regulador y su ratificación en juicio, no se ve en el proceso de qué manera haya sido desestimada a mal evaluada por el juzgador. Porque el pretendido error, formulado sobre la base de la orden sine die (o de la orden dada “días antes”), cae dentro del análisis de la relación riesgo creado —tiempo que atrás se realizó—, en el cual análisis se destaca cómo el riesgo trascendía en el tiempo, aspecto por el cual no se destruye sino que se afianza aún más el nexo de causalidad entre la culpa del Municipio y el perjuicio producido. Las consideraciones acerca de la identidad del agente y la administración —que por otra parte son “medio nuevo” inatendible en este recurso— desvertebran la teoría del orden jerárquico de la administración y de las esferas de competencia. Sería aceptable si se hubiera probado que en la esfera de competencia del ingeniero Uribe Lince hubiera estado la facultad y por ende la obligación de proporcionarse sus propios elementos de trabajo y de protección. Pero no era así: las lámparas indispensables para precaver daños debían ser suministradas por otra esfera de competencia, superior o por lo menos distinta a la de Uribe, y aquélla —que era la Subsecretaría de Hacienda se las negó pretextando trabajo eventual o falta de fondos. La culpa de la administración es, por tanto, en este caso, la de una esfera de competencia jerárquicamente superior o diferente, y el perjuicio padecido en razón de aquélla lo fue por un funcionario distinto o inferior. Lo dicho basta para rechazar una materia que, por ser cuestión nueva, no puede ser considerada en este recurso.
No es, por tanto, contraevidente la conclusión del sentenciador a la luz del acervo probatorio señalado como equivocadamente evaluado. Ni es posible llegar al objetivo tan inteligentemente buscado por el libelista, de hallar culpa, en cualquiera de sus grados legales, en la conducta de Uribe Lince. Ni siquiera en el grado levísimo a la luz del artículo 58, que en su numeral octavo ordena a los trabajadores “Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes”, porque en el sub lite a Uribe no sólo no se le dieron instrucciones y órdenes preventivas de accidentes, sino que se le negaron los instrumentos adecuados para evitarlo. Esta negativa configura una inevitable culpa por omisión que recae precisamente sobre el Municipio de Medellín, y que no puede serle enrostrada a Uribe.
La Corte se ha detenido a analizar la materia propuesta, con ánimo de agotar, en lo posible, la exactitud de juicio de su inferior jurisdiccional en un punto en que la jurisprudencia ha relievado con especial énfasis la autonomía del juzgador de instancia. Ya había dicho el extinto Tribunal Supremo: “Establecidos los hechos constitutivos de una culpa, el fallador es soberano para calificarla, y esa calificación, en sí misma, es intocable en casación” (G. del T., Tomo IV, números 29-40, pág. 130). Por lo cual resulta inadecuado aducir la imputación de “un poco imprudente” sin cualificación alguna, que la jurisdicción penal le formula muy de paso al ingeniero Uribe en la parte considerativa de su proveído. En éste lo que constituye cosa juzgada es que el conductor resultó inocente por falta de pruebas acerca de su propia culpa, mas no que ésta le hubiera sido tasada y atribuida al ingeniero Uribe. En síntesis, tampoco aparece error evidente en la apreciación que hizo el sentenciador de la providencia del Juzgado Cuarto Superior de Medellín que aparece a folio 113 y siguientes.
Las consideraciones anteriores son suficientes para rechazar el cargo.
Está formulado por violación directa de los artículos 1604, 1603 y 63 del Código Civil, 12 de la Ley 6ª de 1945 y 55 del Código Sustantivo del Trabajo expresa que el 5º inciso del ordinal b) del artículo 12 de la Ley 6ª de 1945, establece una indemnización especial, distinta del seguro de vida doblado, para la víctima de un accidente laboral, cuando hay “culpa comprobada” del patrono; y que a su turno el artículo 216 del Código del Trabajo agrega que la culpa debe ser suficientemente comprobada (resalta el libelista).
Estas expresiones indican —prosigue diciendo— que la carga de la prueba corresponde a quien alega la culpa del patrono, con lo cual se establece una excepción al artículo 1604 del Código Civil, en cuanto éste dispone que la carga de la prueba le corresponde a quien debe la diligencia y cuidado.
La norma general en materia civil es la de que, tratándose de responsabilidad contractual, la diligencia y cuidado deben ser probados por quien alega haberlos empleado. Pero las normas transcritas enseñan claramente que en materia laboral existe una “única y clara excepción”, por cuanto exigen la comprobación de la culpa en que el patrono haya incurrido.
Lo cual conduce a que en materia del trabajo, quien pretenda una indemnización por accidente con base en el artículo 12 de la Ley 6ª, tenga a su cargo un doble gravamen probatorio: el de acreditar que puso el cuidado necesario para evitar accidentes (D. 2127/45, arts. 28, ord. 9 y 29 ord. 1; CST, arts. 55 y 58 y C.C., arts. 1603, 1604 y 63). Porque para el trabajador no ha sido desplazada la carga de la prueba de la diligencia y cuidado que debió emplear, según el artículo 1604 del Código Civil. En consecuencia, demostrados que sean su diligencia y cuidado, debe comprobar la culpa del patrono.
Afirma que por ello incurre en violación directa el Tribunal de Antioquia cuando expresa:
“Y hay un argumento de orden legal que confirma todo expuesto (sic). Es el inciso tercero del artículo 1604 del Código Civil, donde se dispone que “la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo” confirmación en el sentido de que es el Municipio de Medellín quien debe probar que tuvo prudencia para con el Ingeniero Uribe Lince, esto es, que le suministró los elementos adecuados de protección contra posibles accidentes. Mientras no aparezca esa prueba, subsiste la culpa “realizada” de su incumplimiento”.
Argumenta que tal interpretación de las disposiciones legales citadas envuelve por sí sola, independientemente de toda cuestión probatoria, violación legal que debe remediarse.
Sostiene el opositor: “En el tiempo y en el espacio hay obligaciones recíprocas, pero sucesivas, que no son coetáneas: Al patrono le incumbe primeramente poner los medios adecuados, los elementos necesarios, para evitar el accidente dando seguridad en el trabajo (CST, arts. 57 y 108); como obligación correlativa y posterior el trabajador está obligado a observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes (art. 58 ibíd.). De forma que en el tiempo y en el espacio la obligación especial del patrono, perentoria y terminante, es primaria y antelada: debe dar los elementos necesarios de protección contra el accidente. Puestos estos elementos y estos medios de protección en manos del trabajador, éste debe observar con cuidado y diligencia las instrucciones y órdenes preventivas sobre accidentes. Es lógico que si el patrono no hace el suministro anteladamente huelgan el cuidado y la diligencia. Y tal fue la tragedia del 4 de octubre de 1954”. Arguye que la teoría de la carga de la prueba en este proceso es cuestión que puede interesar a la jurisprudencia, pero que no afecta la sentencia en su fondo.
Examen del cargo. Acerca de la naturaleza jurídica del asunto dijo el fallador: “Se está entonces, en el terreno de la responsabilidad contractual, y esto es importante para la carga de la prueba” (resalta la Sala). Siendo la vinculación entre el Municipio y Uribe un contrato, considerado como tal por la ley (D. 2127/45, art. 4º), las prestaciones mutuas surgidas del mismo, la responsabilidad de las partes, sus deberes recíprocas y su culpa eran de carácter contractual.
En este orden de ideas es menester aclarar que si bien cierta clase de culpas determinantes del incremento del riesgo profesional creado o extrañas a éste, originan una responsabilidad plenaria semejante a la del Título XXXIV del Libro IV del Código Civil, al tenor del artículo 12, literal b) in fine de la Ley 6ª de 1945 y del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo (Cfr. cargo anterior), ello no significa que se trate de la culpa aquiliana o extracontractual, sino de la culpa contractual que por mandato expreso de la ley genera en estos casos la responsabilidad plena y la indemnización ordinaria.
En caso de culpa contractual, y dentro de un contrato oneroso como era el del sub lite, el artículo 1604 ordena que: “El deudor ... es responsable de la (culpa) leve en los contratos que se hacen en beneficio recíproco de las partes”.
El último inciso dispone que: “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo”.
Entonces cabe preguntar: ¿de qué obligaciones era deudor el Municipio patrono y acreedor el ingeniero fallecido? Entre otras, aquél debía a éste, como todo patrón a su trabajador:
“...los elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales, cuando sea del caso, de modo que el trabajo se realice en condiciones que garanticen la seguridad y la salud...” (D. 2127/45, art. 26, ord. 2).
Es obvio que la parte que debía emplear la diligencia y cuidado en el suministro de tales elementos era el deudor de éstos dentro de la relación contractual (el Municipio de Medellín), y, por tanto, a él le incumbía la carga de la prueba tendiente a demostrar el hecho positivo de que sí había empleado dicha diligencia y cuidado en suministrarlos, tanto más cuanto que al actor le resultaba difícil probar la proposición negativa de que aquél, obrando indiligentemente, no los suministró. Dice el profesor Antonio Rocha que “Resulta notoria la insistencia de nuestra ley en que el deudor observe cierto cuidado o diligencia en procurar el cumplimiento de su obligación y satisfacer a tiempo a su acreedor; en que dicho deudor es quien debe dar la prueba de haber observado tal cuidado o diligencia para eximirse de la responsabilidad inherente al incumplimiento de su obligación; en que si el deudor demuestra haber observado la debida diligencia y cuidado de manera que el caso fortuito o la fuerza mayor no sobrevino por su culpa, la inejecución de la obligación no le es imputable; y si el acreedor pretende que el caso fortuito sobrevino por culpa del deudor, es el acreedor quien debe probar que el caso fortuito es imputable o debido a culpa del deudor. Por otra parte resulta también notorio (...) que el deudor debe demostrar el caso fortuito que alega como extintivo de su obligación”. (De la Prueba en Derecho, Ed. de la U.N., pág. 332, 1949).
No se toca en el sub judice el extremo del caso fortuito; así lo destaca el sentenciador cuando dice que aquél “No aparece por parte alguna, ni el Municipio culpable ha alegado siquiera su acaecimiento” (fl. 236).
“De todas maneras —prosigue el tratadista precitado— el deudor que no ejecutó su obligación es responsable por el hecho de la inejecución ante su acreedor, así se trate de obligaciones de hacer o de dar; o siguiendo la más moderna clasificación de obligaciones, así sean de medio o de resultado” (op. cit.).
Con todo la complejidad del tema hace que éste no pueda ser ni mucho menos agotado, ni la Sala ha pretendido tratarlo con la debida exhaustividad. Ello en razón de que, para evitar los naturales y arduos escollos que la cuestión suscita, es menester entender las expresiones “culpa comprobada” y “culpa suficientemente comprobada” no como términos de modo o medio sino de resultado, que hacen relación no al onus probandi sino a la demostración quantum satis o suficiente de la culpa misma. Los artículos 12 de la Ley 6ª y 216 del Código Sustantivo del Trabajo exigen que la culpa esté comprobada sin relación a cómo ni a quién correspondió comprobarla.
No aparece que del simple énfasis acerca de la comprobación de la culpa, se colija tácitamente una excepción respecto de las reglas generales en torno al gravamen de la prueba, como lo pretende el recurrente. De suerte que la violación alegada no versa propiamente aquí sobre el texto expreso de las normas sino sobre la interpretación, inteligente aunque dudosa, que de ellas hace el mismo recurrente. Por lo cual, no se ve razón bastante para acoger la acusación; en consecuencia, no prospera el cargo.
Ataca la sentencia por violación indirecta de los artículos 12 de la Ley 6ª de 1945 y 1604 del Código Civil. Aún en el evento de que no prosperase el cargo anterior, dice el recurrente, habría ocurrido quebrantamiento de dichas normas, erróneamente aplicadas por el Tribunal, indirectamente, a través de las pruebas, porque aun cuando al Municipio no corresponde presentar la prueba de su prudencia, sí lo hizo, lo que no fue considerado por el Tribunal y si lo fue le dio una “equivocada interpretación”.
Cita como mal apreciada la certificación (transcrita en el primer cargo), en su aparte f) que “tiene el valor de instrumento público, de plena prueba” (error de derecho).
De ello aparece, agrega, que el ingeniero Uribe Lince no hizo nada en el camino del cumplimiento de sus obligaciones para prevenir accidentes, y que en cambio el Municipio puso toda diligencia y cuidado hasta dotar a su trabajador de los elementos de seguridad requeridos, a cuyo efecto: a) Trató de conseguir en préstamo las (lámparas) del acueducto, b) Como no se le hiciera el préstamo trató de comprar directamente unas, lo que no se pudo por razones presupuestales y entonces, c) “Con suma diligencia y cuidado”, consiguió prestadas dos de personal particular.
Que esas lámparas cumplieron esa noche la misión para que estaban destinadas lo están diciendo varios testigos que concuerdan en las circunstancias de tiempo, modo y lugar. A este respecto cita las declaraciones de Gildardo Alberto Pérez y Rafael Jaramillo (fls. 77 a 80) relativas al uso que se les estaba dando esa noche a las dos lámparas prestadas por personas particulares.
Este haz probatorio de certificaciones que revisten el carácter de instrumentos públicos, de declaración juramentada del Jefe del Plano Regulador, y de testimonios contextes de los tres testigos compañeros de la víctima, están diciendo que no sólo el patrono empleó toda suerte de cuidado y diligencia en el propósito de dotar de seguridad la labor de Uribe Lince, sino que su esfuerzo fue coronado por el éxito cuando después de no haber logrado el préstamo de las linternas del acueducto, ni la compra por dificultades fiscales, las arbitró con algunos particulares o cadeneros, linternas que estaban en uso en el momento del accidente, como elementos protectores de la seguridad del trabajador.
Dice el opositor que “Este motivo repite el segundo cargo en su primera parte y torna después a repetir el cargo primero”; y luego de objetar las argumentaciones del recurrente, pide que se rechace.
Dos puntos de hecho envuelve la presente acusación: La falta de diligencia y cuidado del ingeniero fallecido al par que el empleo de aquéllos por el Municipio. El alcance del cargo y las pruebas señaladas son reiteración del primero, lo cual hace que las mismas consideraciones hechas por la Sala respecto de la impugnación inicial sirvan para despachar la presente. Aún más: lo ostensible en el sub lite no es que el Municipio hubiera obrado “con suma diligencia y cuidado” ni que hubiera “coronado con éxito” la empresa de rodear de seguridades la peligrosa tarea del ingeniero Uribe, sino que lo manifiesto es lo contrario. Porque está probado que no le suministró las lámparas adecuadas “por falta de fondos” o por destinarse a un “trabajo eventual”, de donde el sentenciador dedujo la relación de causalidad entre la omisión del Municipio y el daño, sin que tal deducción sea contraria a la evidencia de los hechos.
El literal f) demuestra efectivamente que el Municipio tomó medidas encaminadas a precaver cualquier accidente en el trabajo nocturno y dio pasos enderezados a conseguir linternas con el acueducto, gestión que no tuvo resultado. El siguiente paso fue también fallido y es el que más concretamente configura su culpa: el pedido de las lámparas idóneas fue rechazado por la Subsecretaría de Hacienda. Y, en subsidio, se proveyó a los trabajadores de dos linternas de mano pequeñas conseguidas con el personal de empleados y cadeneros del Plano Regulador. Pero la realidad procesal, repasando las declaraciones testimoniales que cita el libelista, demuestran cómo no eran estas lámparas los “instrumentos adecuados de protección contra accidentes”. Rafael Jaramillo, a folio 79 vuelto declara que la negativa del Subsecretario de Hacienda “causó extrañeza al jefe de personal”, y que éste “conocedor de la necesidad del alumbrado, se trasladó conmigo al almacén Municipal con el fin de conseguir algunas lámparas de mano, pero solamente pudimos conseguir dos en muy mal estado”. Las declaraciones de Gildardo Alberto Pérez y de Jesús María Redondo Montada aluden igualmente a que con dichas lámparas se adelantaba la tarea, pero es un hecho incontrovertible el de que aquéllas no eran los instrumentos adecuados para precaver el accidente. Y el haberse considerado tal inadecuación por el sentenciador no está contrariando la realidad de los hechos en forma ostensible.
Finalmente, no fluye del proceso la ausencia de cuidado y la falta de diligencia que el recurrente le atribuye a Uribe. Está demostrado que el ingeniero Uribe hizo más de lo que le correspondía en la consecución de los elementos adecuados para protegerse a sí mismo y proteger a sus auxiliares contra accidentes. Dice Jaramillo (test. cit.) que le fue recomendado por el ingeniero Uribe Lince “gestionar, mediante el vale de pedido respectivo, tres lámparas grandes de mano” para los trabajos en los cuales ocurrió el accidente. Y declara Pérez que Uribe Lince “recomendó al señor Rafael Jaramillo (...) para que por medio del respectivo vale, solicitara tres lámparas grandes de mano para llevar al lugar del trabajo. Es verdad que Jaramillo se presentó al trabajo sin las mencionadas lámparas, manifestando que el pedido había sido rechazado”. De suerte que no es exacto afirmar que Uribe hubiera dejado de cumplir diligentemente con sus obligaciones contractuales en punto a precaverse contra accidentes. Uribe, se repite, hizo más de lo que le correspondía, pues las obligaciones patronales, entre las que figura de modo principalísimo la de suministrar los elementos adecuados para la protección contra accidentes, no están sometidas a la instancia a solicitud de los trabajadores, sino que deben ser cumplidas espontáneamente por el patrono.
Expuesto lo anterior, no aparece la configuración del error o errores de hecho que el recurrente predica de la sentencia recurrida, y en consecuencia —no surgiendo las violaciones acusadas—no prospera el cargo.
Versa sobre la violación por vía indirecta de los mismos artículos 12 de la Ley 6ª de 1945, 1604 del Código Civil y además de los artículos 1603 ibídem y 55 del Código Sustantivo del Trabajo.
Argumenta expresando que es condición indispensable para que este tipo de acciones prospere, que la culpa del patrono esté comprobada, lo cual no aparece en este caso, en el cual, en cambio, está probada la culpa de la víctima y la de otras personas “o al menos la fatalidad”, como eximente de la responsabilidad para el Municipio.
Agrega que la conducción de vehículos automotores en la noche no se guía por las luces de las vecindades, los faroles callejeros, sino por los propios faroles del vehículo. Si no fuera así, no sería posible el tránsito por caminos y carreteras que aun en las más altas especificaciones carecen de alumbrado público. Si bien en las ciudades existe tal iluminación con el propósito de facilitar la vigilancia y prevenir accidentes personales, y aun cuando tiene también la función auxiliar de facilitar el tránsito automotor, éste no puede fiarse únicamente a los faroles de las calles.
Sin embargo, hay prueba de que el sitio donde ocurrió el accidente estaba ampliamente iluminado, según el testimonio de Gildardo Alberto Pérez, Rafael Jaramillo, Luis Carlos Zapata y Gilberto Echavarría, de donde aparece que cada diez o doce metros había un fuerte farol. Además está demostrado que el grupo de trabajadores tenía lámparas portátiles para alumbrarse, para hacerse señas, para facilitar el trabajo y para evitar accidentes. Estos dos elementos —añade— alumbrado público y lámparas portátiles, están diciendo muy claramente que el Municipio sí dotó a su trabajador de los elementos de seguridad necesarios.
Pero hay un tercer factor explicativo del accidente: el camión, contra la más elemental prudencia y las normas de tránsito, circulaba con las luces apagadas. El testimonio uniforme de dos agentes de la autoridad, los dos guardias que prestaban vigilancia pública en aquel sector lo demuestran. Dice Luis Carlos Zapata, folio 87; refiriéndose al camión causante del accidente, que “transitaba a mucha velocidad, con las luces apagadas”; y el guardia Gilberto Echavarría, folio 89, confirma lo anterior: “Transitaba más bien ligero, por su derecha y sin luces”. Agrega que el mismo conductor del vehículo causante de tan deplorable accidente no niega tampoco la circunstancia de que viajaba con luces apagadas cuando dice que unas veces marchaba con las luces chiquitas y a ratos ponía las grandes (fl. 111).
Todo ello conduce a acreditar que lejos de estar probada la culpa del Municipio, según la exigencia de la Ley 6ª de 1945 (art. 12), están acreditadas las causas que ocasionaron el accidente, “radicando la responsabilidad de éste ya en el ingeniero que imprudentemente se expuso al peligro, ora en el conductor del vehículo que transitaba sin luces o finalmente como un verdadero caso fortuito por las circunstancias atmosféricas reinantes y el no haber sido posible evitar el accidente a pesar de una buena iluminación de la calle y lámparas portátiles de los trabajadores”.
El recurrente cita en su apoyo la siguiente jurisprudencia de la Corte:
“Luego cabe suponer la existencia de otros motivos como falta de habilidad en el trabajador, exceso de confianza o el caso fortuito que es el que caracteriza el accidente de trabajo para responsabilizar al patrono por el riesgo creado, de donde se deriva la indemnización equivalente al seguro doblado, reconocido por el departamento de Antioquia, pero no la indemnización por culpa que requiere su demostración en forma que se establezca la relación de causa a efecto entre ella y el daño; pues ni la ley civil ni la laboral establecen la presunción de culpa patronal en los accidentes de trabajo, según el artículo 12, inciso último del literal b)” (GACETA JUDICIAL, T. LXXXIV, marzo de 1957, pág. 518).
Afirma luego que yerra el Tribunal al dar por comprobada la culpa municipal sobre el solo hecho de que el Subsecretario de Hacienda, por razones fiscales, no pudo suministrar las lámparas, sino dar el valor de plena prueba que tiene la certificación de folios 47 y 207 en el sentido de que, fallido el vale, la administración municipal consiguió por otros medios las linternas necesarias (error de derecho).
Que igualmente yerra al dar como probada la culpa del municipio, cuando del expediente aparece más clara la culpa de la víctima, empleado de la administración que estaba obligado a acreditar que empleó suma diligencia y cuidado en la prevención del accidente.
Y, en último término, el Tribunal ha debido aceptar la culpa del conductor del vehículo, absuelto por el Jurado de Conciencia por falta de pruebas, las que aparecen en este juicio laboral cuando los agentes de la Policía, de modo unánime, declaran que el camión transitaba con luces apagadas o bien aceptar la fatalidad, el caso fortuito.
Con base en un análisis de los hechos —cuya lógica hasta ahora la Sala halla inexpugnable—, el ad quem estableció el nexo de causalidad entre la culpa por omisión del Municipio y el daño causado. Los intentos que para destruir dicha relación ha realizado el recurrente han consistido en un repetido desplazamiento de dicha culpa (de la cual exonera a su representado), ora hacia el ingeniero Uribe, ora hacia el conductor del vehículo causante del insuceso, y —ya aquí— hacia la configuración del caso fortuito. Si no fuera porque estos últimos desplazamientos se plantean dentro de la presente acusación, ella podría considerarse involucrada en las anteriores, y más concretamente en la primera.
Uno de los más exhaustivos esfuerzos dialécticos del ad quem va dirigido, precisamente, a establecer el ámbito físico, y concretamente la iluminación del sitio donde acaeció el accidente. El sentenciador hace, en efecto, una amplia y ponderada revisión crítica respecto de los testimonios en torno a este punto (fls. 226 a 233), mediante el análisis detenido de las declaraciones rendidas por Gildardo Alberto Pérez, Rafael Jaramillo, Luis Carlos Zapata y Octavio Cartagena sobre este aspecto del asunto, los cuales, en su orden, expresan:
Pérez: “Fuera de la lámpara de mano que yo tenía no había más luz en ese lugar; las personas siempre se veían porque además había el alumbrado público y sí se veía una persona a considerable distancia (...) Es verdad que en la Inspección Departamental de Circulación y Tránsito declaré que la calle estaba iluminada y sí estaba. Afirmé en el Juzgado Primero del Circuito que el accidente se debió a falta de lámparas, porque probablemente la calle sí estaba iluminada con sus lámparas, pero el punto donde nosotros estábamos si nos faltaba lámparas para ver. Es que uno yendo a pie sí podía distinguir una persona a los cuarenta o cincuenta metros, el bulto” (fl. 77).
Jaramillo: El alumbrado de la calle estaba más bien oscuro porque había llovido y el pavimento mojado se lleva la luz del carro (...) Nosotros que estábamos trabajando veíamos los carros, podías (sic) ver los carros a una distancia de veinte metros, las personas no se veían casi, sí veía la persona pero alumbrando, como veíamos las señales que nos hacía el doctor para indicar la medida que era a unos sesenta metros y se veía perfectamente, pero se veía, porque nosotros estábamos pendientes del ingeniero (…) La luz eléctrica en esa noche estaba normal, pero allá no hay buena visibilidad, falta alumbrado, es más bien oscuro en ese punto porque es muy ancha la calle” (fls. 80 vto. y 81).
El mismo Jaramillo declara”.
“Había tres lámparas en muy mal estado, ellas servían para ver el huequito de la plomada, pero no para que los carros nos vieran a nosotros; las lámparas las habían entregado por malas (...) Las lámparas que nos prestaron esa noche fueron de dos pilas y las del acueducto son de tres pilas, más potentes. Las otras eran unas lamparitas que no alumbraban bien por malas y por viejas (fl. 81).
Zapata: “Estaban los tres señores (entre estos Uribe Lince) más bien al lado de la Federación de Cafeteros; (...). Debo decir que hacia el lado de la Federación estaba un poco oscuro, aunque siempre se alcanzaba a ver las personas que ahí transitaban o que por ahí estaban” (fl. 87).
Cartagena, conductos de un vehículo de servicio público que venía detrás del camión que causó el accidente, declara que la visibilidad del sitio de éste era “muy oscura” (fl. 102).
El anterior acervo testimonial es evaluado por el sentenciador, en síntesis, de la siguiente manera:
“Siendo el alumbrado público el ordinario, y por lo ancho de la calle en el sector del suceso (21 metros), siempre está oscuro, aún para los peatones. Obsérvese que los testigos hablan solamente de la posibilidad de percibir el bulto de las personas a una cierta distancia, “yendo uno a pie”, recalca uno de ellos. En suma, esa iluminación era la normal para los sucesos normales de una vía pública: tránsito de vehículos por la vía abierta y tránsito de peatones por los sitios indicados: las aceras y cruces rápidos de una acera a otra. Pero no era la iluminación adecuada para un suceso anormal: permanencia indefinida de las personas en pleno centro de la vía. Para un suceso anormal se requería una iluminación también anormal, esto es, excepcional. Si la iluminación era escasa y apenas bastaba para ver el bulto de una persona a cierta distancia (uno de los testigos dice que lo veía “porque nosotros estábamos pendientes del ingeniero”), si escasamente los peatones veían los carros, qué decir de los automovilistas, montados en una cabina estrecha, viajando a velocidad regular, con la vía mojada y completamente desprevenidos en cuanto a la presencia de personas en medio de la calle? Porque esta iluminación excepcional debía estar destinada, precisamente, a advertir a los automovilistas. Estos no están acostumbrados a que las personas permanezcan en plena vía” (fls. 227 y 228).
Y continuando en esta deducción, ante la circunstancia de que los trabajadores sólo contaban con lámparas deficientes —por la negativa del Municipio en procurar linternas de iluminación adecuada— concluye:
“Entonces, la consecuencia es necesaria, el atropello ocurrió por falta de luz suficiente, de señal luminosa que advirtiera al chofer del camión la presencia del Ingeniero Uribe Lince. Esta fue la causa real del accidente. Transitando regularmente por la vía normal, el chofer del camión no estuvo en condiciones, por la falta de una iluminación excepcional de advertir oportunamente al Ingeniero y evitar, así, el atropello. Si el Municipio de Medellín hubiera suministrado las lámparas requeridas, se habría obtenido la iluminación excepcional suficiente y se habría evitado el accidente que costó la vida al Ingeniero Uribe Lince. Es clara la relación de causalidad entre la culpa del Municipio y el daño sufrido por los demandantes” (fls. 228 y 229).
El razonamiento del ad quem en cuanto a la apreciación del material probatorio no es contraevidente. Está demostrado que la iluminación pública en el sitio del siniestro era la normal. Pero —como muy bien lo sostiene el sentenciador—, los obstáculos locativos requerían una iluminación excepcional, que les fue negada expresamente al Ingeniero y a sus auxiliares de trabajo por el Municipio. Sobre este particular, si bien es cierto que la conducción de vehículos en la noche no se guía por las luces de las vecindades, sino por sus propios faroles —como dice el recurrente— la validez de tal aserción sólo alcanza a las situaciones de vía despejada, sin obstáculos y sin peligros. Mas lo cierto es que cuando éstos se interponen en la vía, es absolutamente necesario la señal luminosa que prevenga al conductor porque la experiencia comprueba cómo para tales casos excepcionales resultan insuficientes las propias luces del automotor.
Tampoco acogió el sentenciador la tesis —ahora sustentada por el recurrente— de que la culpa hubiera sido del conductor que manejaba el vehículo causante del accidente. El desplazamiento de la responsabilidad hacia éste es en el sub lite un imposible jurídico. Esa imposibilidad procede de que decisión pasada en autoridad de cosa juzgada y emitida por la jurisdicción penal declaró inocente de culpa al conductor Emilio Lara Buitrago por la muerte del Ingeniero Uribe. Sobre el particular ha dicho la Corte: “La ineludible concordancia que debe existir, por las razones ya dichas de orden público vinculado a la necesidad de evitar la anarquía de los fallos judiciales, entre el derecho penal y el derecho civil, impone la necesidad de acatar y respetar como definitiva y para todas sus consecuencias, la sentencia proferida por la jurisdicción del crimen en que se ha estatuido que determinado hecho, a la luz de un complejo acervo probatorio, carece de los elementos esenciales para poderlo considerar jurídicamente como culpa” (G.J., Tomo LII, págs. 791, 1941).
Y, finalmente, ya en este recurso, se desplaza la cuestión hacia el acaecimiento de un caso fortuito. El ad quem, en su afán de atisbar todos aquellos aspectos del presente asunto que pudieran influir en su decisión, inquirió espontáneamente —sin que le hubiere sido propuesto por el demandado— el tema que sólo ahora se plantea. Se pregunta el ad quem: “¿Caso fortuito o fuerza mayor”?. Y responde: “No aparece por parte alguna, ni el Municipio ha alegado siquiera su acaecimiento. Dígase, únicamente, que el movimiento del camión causante de la tragedia no tuvo los caracteres, con respecto al demandado, de imprevisibilidad e invencibilidad que son característicos del caso fortuito. Fue la falta de visibilidad, imputable al Municipio, la determinante del suceso”.
Lo anterior es suficiente para concluir que no se evidencian los errores de facto que se le atribuyen a la providencia recurrida, y por tanto no surgen las violaciones indirectas que se acusan. En consecuencia, el cargo no puede prosperar.
En virtud de las consideraciones que preceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, el 28 de septiembre de 1957, y que fue objeto del presente recurso.

References: artículo 87
 artículo 29
 artículo 28
 artículo 58
 artículo 63
 artículo 11
 artículo 58
 artículo 4
 artículo 562
 artículo 12
in fine
 artículo 58
 artículo 12
 artículo 216
 artículo 1604
 artículo 12
 artículo 1604
 artículo 1604
 artículo 12
in fine
 artículo 216
 artículo 1604
 artículo 12