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Winnipeg: abril 2010
Fotos manifestación en Madrid Contra la Impunidad del Franquismo
Decenas de miles de personas se manifestan en una veintena de ciudades españolas en defensa del magistrado imputado por investigar los crímenes de la dictadura NATALIA JUNQUERA | Madrid 24/04/2010
El acoso al juez Garzón ¿Valen menos las víctimas de Franco que las de Pinochet?
Asociaciones de jueces y fiscales, así como organizaciones de defensa de derechos humanos defienden la investigación del franquismo que abrió GarzónNATALIA JUNQUERA - Madrid - 25/04/2010
Hace cinco meses el fiscal de la Corte Penal Internacional, lo más parecido a un árbitro internacional, Luis Ocampo, en una entrevista a este diario se mostraba escéptico respecto a las querellas interpuestas contra Baltasar Garzón. "Son gajes del oficio", decía. Dudaba que el magistrado de la Audiencia Nacional fuera a sentarse en el banquillo. Nunca pensó que las cosas fueran a llegar tan lejos.
Pero el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela atribuyó a la "imaginación creativa" de Garzón su decisión de abrir una causa al franquismo. Le acusó de "cuartear principios esenciales del Estado" y denegó todas las pruebas de descargo que solicitó el juez querellado, entre ellas, el testimonio de otros jueces, de España y el extranjero, con idéntica fantasía. Hoy la carrera del juez pende de un hilo
- Comisión Internacional de Juristas (CIJ). Integrada por 59 presidentes y ex presidentes de Cortes Supremas, magistrados y abogados de países representados en Naciones Unidas, la CIJ expresó su "preocupación" por la "interferencia injustificada" en las funciones profesionales de Garzón y su investigación de unos crímenes "que España tiene el deber internacional de investigar y perseguir judicialmente", porque, añadían, son imprescriptibles.
- Eugenio Raúl Zaffaroni, Corte Suprema de Justicia de Argentina. Participó en la redacción de la sentencia que acabó con las dos leyes de Obediencia civil y Punto Final que amnistiaban los delitos cometidos durante la dictadura argentina. "Da la sensación de que España trata de ocultar la existencia de crímenes contra la humanidad", opinó. "No se entiende. La privación del estado civil, y el secuestro de niños es un delito permanente. Es decir, el delito se sigue cometiendo mientras no se dé cuenta del paradero del secuestrado. Es doctrina universal aceptada por todos los países, no tiene que ver con el código penal de cada país", aseguró.
- Amnistía Internacional. "El Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, de la ONU, han señalado que España debe revocar la Ley de Amnistía. Han reiterado a las autoridades españolas que la desaparición forzada y la tortura son crímenes por los que no pueden aplicarse amnistías y que no prescriben", asegura. Su posición es que "en vez de entablar acciones penales contra Garzón por investigar delitos de derecho internacional, España, independientemente de la fecha de comisión de los delitos, debe llevar a los responsables ante la justicia".
- Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Esta organización ha asesorado a decenas de estados en procesos de revisión de su pasado dictatorial. "España ha ratificado el estatuto del Tribunal Penal Internacional, se ha comprometido a poner fin a la impunidad de los crímenes más graves, y no a promoverla", afirmó el presidente del ICTJ, David Tolbert. "Aquellos jueces que investigan de buena fe, respaldados por el derecho internacional, no pueden hacer su trabajo si se sienten bajo amenaza de ser políticamente atacados con acciones legales".
- Comisión Colombiana de Juristas. La organización expresó su "enorme preocupación" por la decisión de Varela. "Los fundamentos de la decisión del magistrado instructor resultan contrarios a derecho e incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado español en materia de investigación y represión de los crímenes de lesa humanidad", que, añadían, "son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistías o medidas similares". "Resulta extraño, jurídica y éticamente, que un magistrado pueda ser juzgado por buscar la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista. Esta decisión del Magistrado instructor del Supremo envía una mala señal al mundo".
- Human Rights Watch. "La decisión de procesar a Garzón permite que España y Europa sean acusadas de aplicar un doble rasero y socava la credibilidad y efectividad de la UE en la lucha contra la impunidad por delitos graves", declaró Lotte Leicht, directora de la oficina ante la UE de la organización internacional. "La decisión de Garzón de no aplicar la Ley de Amnistía tiene sustento tanto en el derecho internacional convencional como consuetudinario, que obliga a los Estados a investigar los delitos internacionales más graves, incluidos los crímenes de lesa humanidad". "En 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a España a derogar la Ley de Amnistía de 1977 y a garantizar que los tribunales no aplicasen plazos de prescripción en los casos de delitos de lesa humanidad". "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó en 2009 que las leyes de amnistía son incompatibles con la obligación de los estados de investigar los actos de tortura o barbarie".
- Clara Bayarri, magistrada de la Audiencia Nacional. Emitió un voto particular discrepante, junto a Ricardo de Prada y Ramón Sáez, en el que se mostraba partidaria de la competencia de la Audiencia para investigar "delitos de lesa humanidad y genocidio que la sistemática y masiva eliminación de adversarios políticos que se verificó tras la Guerra Civil constituye". "Soy una discrepante, sí, pero no soy por ello una grosera ignorante de la legalidad ni una prevaricadora".
- Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales. Ambas organizaciones, descendientes de Justicia Democrática, nacida bajo la dictadura franquista, emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraban: "A nivel judicial ninguna responsabilidad ha sido establecida por la autoría de tan horrendos crímenes . Este drama, una vergüenza nacional y una verdadera excepción en nuestro ámbito, resulta particularmente hiriente si se considera que la jurisdicción española ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad (...) en otros países". "La investigación respondía a requerimientos del derecho internacional, a la lucha contra la impunidad de los más graves crímenes contra la humanidad internacional, a la promoción y defensa de los derechos humanos. Esta imaginación creativa que consideró inaplicables las leyes de punto final y obediencia debida (...) permitió sentar en el banquillo a dictadores, torturadores y genocidas (...) Cuestionar la ley de amnistía con base al derecho internacional, que niega validez a las normas de impunidad de los crímenes internacionales, no puede ser un hecho delictivo porque entra en la función del juez como intérprete de la legalidad ponderar las normas que debe aplicar. (...)".
Los casos más famosos del juez Garzón- La cúpula de Interior, a prisión por los GAL. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue el instructor del caso Marey, que investigó el secuestro en diciembre de 1983 del empresario Segundo Marey , confundido con un etarra. Las pesquisas desembocaron en la condena de José Barrionuevo, ex ministro de Interior en uno de los gobiernos de Felipe González, y de su número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, merced a la confesión del ex policía José Amedo.
- Pinochet, recluido durante meses en Londres. Su investigación sobre el ex dictador chileno por genocidio, terrorismo y torturas lo mantuvo retenido durante 15 meses -entre 1998 y 1999- en Londres a la espera de que el Gobierno británico decidiera si daba curso a la petición de extradición planteada por el magistrado español. Al final, Londres denegó la entrega.
- Cerco al entorno de ETA. No sólo son terroristas los miembros de la banda, sino también los de sus organizaciones satélite. Garzón ha sido el artífice de una estrategia judicial que ha debilitado al máximo a ETA, paralizando sus actividades y procesando a los miembros de KAS, Segi y de la Mesa Nacional de Batasuna.
- Golpe a la mayor trama de corrupción del PP. El caso Gürtel descubrió una trama de comisiones ilegales y sobornos a cargos del PP. La investigación tiene entre sus implicados al ex tesorero del partido y ex senador Luis Bárcenas, y al ex diptuado Jesús Merino, que tuvieron que dimitir de todos sus cargos, y al presidente valenciano Francisco Camps.
- Contra los narcos gallegos. Garzón acabó con el clan de los Charlines, y con capos como Sito Miñanco o Laureano Oubiña, que controlaban la droga en Galicia.
http://www.elpais.com/articulo/espana/Valen/victimas/Franco/Pinochet/elpepiesp/20100425elpepinac_15/Tes
América Latina asiste estupefacta a los procesos contra Baltasar Garzón. Las víctimas de las dictaduras en Chile o en Argentina o en Guatemala o en El Salvador, que habían sentido un mínimo consuelo con las causas abiertas en la Audiencia Nacional, estuvieran o no vinculadas directamente con Garzón, las víctimas de otras dictaduras como la de Uruguay, de Brasil, o de Paraguay, por la reivindicación del principio de Justicia Universal, no pueden comprender que un magistrado que, con otro puñado de juristas, intentó que la justicia lo fuera por una vez, esté ahora procesado; que esté procesado por una denuncia de Falange Española por intentar que la verdad prevalezca sobre el olvido. Como leí que alguien recordaba hace unos días, citando a Juan Gelman, “lo contrario del olvido no es la memoria sino la verdad”.América Latina no lo entiende. Bueno, no toda América Latina. Y que no sea una reacción unánime refuerza la sensación de mundo al revés. El hecho de que haya sectores latinoamericanos que estén celebrando que Garzón se siente en el banquillo demuestra hasta qué punto el procesamiento del magistrado de la Audiencia Nacional por la causa de los crímenes, de los desaparecidos del franquismo, es una de esas revanchas de quienes habían visto alterada su tradicional impunidad como consecuencia de las actuaciones del juez, de algún que otro magistrado valiente y de un puñado de fiscales empeñados todos ellos en que la palabra justicia vuelva a tener sentido.Los herederos del general Augusto Pinochet, los herederos directos, de todo lo que robó, y los herederos ideológicos, celebran como una gran victoria póstuma del propio Pinochet que Falange Española haya logrado que se procese a Garzón. Para ellos es un gran triunfo que el Tribunal Supremo de España pueda enterrar ahora la verdad que Garzón había esgrimido en la Audiencia Nacional, esa verdad de Pinochet como director de una orquesta dedicada a cometer delitos de lesa humanidad.Algo similar ocurre en Argentina. Los siniestros orquestadores de la dictadura, de las torturas en la Escuela de Mecánica de la Armada, de los vuelos de la muerte, los ladrones de niños a cuyos padres hicieron antes desaparecer, como hicieron con el hijo y la nuera de Gelman, están regodeándose con el proceso a Garzón. También en Guatemala se sienten vindicados los perpetradores del genocidio, quines impulsaron el exterminio de miles de seres humanos, quienes pusieron fuego a la embajada de España, asesinando a los que allí se refugiaron, incluido el padre de Rigoberto Menchú. En el caso de Guatemala no es tanto por Garzón, que no llevaba ese caso, sino por ser magistrado de la Audiencia Nacional que procesó a los máximos responsables del genocidio.Me viene a la memoria precisamente un cuento de uno de los mayores escritores guatemaltecos, que da nombre a un libro imprescindible, La oveja negra y otras fábulas.La Oveja Negra“En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada.Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque.Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura”. Sobran las palabras. Salvo decir que si la Audiencia Nacional había sido ayer ejemplo de Justicia, con mayúscula, en América Latina, el Tribunal Supremo empieza a ser sinónimo hoy, para muchos latinoamericanos, de vergonzosa impunidad. Que cada cuál saque sus conclusiones.
Miguel Ángel Rodríguez Arias Más artículos de este autorÚltima actualización 19/04/2010@09:29:48 GMT+1 Una de las mentiras más recurrentes por parte de la virulenta reacción del tardofranquismo en estos días de abril, es la de decir que los grupos de memoria o uno u otro personaje –el próximo de la fila a perseguir– está lanzando discursos o consignas "guerracivilistas" cuando pide el enjuiciamiento penal de los crímenes del franquismo y la restitución de los desaparecidos a sus familias, de las propiedades saqueadas, etc... NUEVATRIBUNA.ES - 18.4.2010...Y hasta sería motivo de bromas y parodias, como en alguno de los programas de humor de televisión de estos días, si no diera tanta vergüenza ver a quienes, desde argumentos y motivaciones puramente políticas y de mala conciencia, toman el ataque y la descalificación como la mejor defensa pretendiendo descalificar argumentos puramente jurídicos.Resulta que los que politizamos y los “guerracivilistas” somos los que queremos que se de normal cumplimiento de dichos tratados internacionales. Ver para creer. Pero si nos fijamos en lo que dicen tales voces el único argumento jurídico que se repita una y otra vez es "ley de amnistía" y delitos "prescritos"... aunque el derecho penal internacional deja claro hasta la saciedad que ninguna ley de amnistía es aplicable para este tipo de crímenes, crímenes que tampoco prescriben...estoy hablando, y lo hago muy resumidamente, del Convenio Europeo y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles -firmado por cierto por España su artículo 15.2 antes de la aprobación de ley de amnistía lo que ya perse la invalidaría en su pretensión incluso si las leyes de amnistía no fuesen papel mojado ante este tipo específico de delitos- la jurispurdencia de Nuremberg proclamada como norma internacional por la Asamblea General de la ONU, el Comité Internacional de Derechos Humanos, los instrumentos ONU contra las desapariciones forzadas, la Convención ONU contra la imprescriptibilidad y por la perseguibilidad de estos crímenes que obliga a todos los Estados, los principios ONU de lucha a la impunidad, los relativos al derecho a la reparación a las victimas de violaciones manifestas de los derechos humanos... y todavía más...Y a partir de ahí los que no tienen un sólo argumento jurídico más -normal, es que simplemente no los hay y por eso estos críemens se han ido juzgando sin escapatoria posible en todo el planeta en las últimas décadas– basan el resto de su argumentación en chascarrillos y argumentaciones de tipo político, invocando la sensatez, el dejar a los muertos estar, los cuatro millones de parados... -¿el derecho al trabajo se opone a que nuestro Estado respete los derechos humanos?, lo primero que oigo- y se atreven a descalificar diciendo que "politizamos" que somos unas revanchistas y no sé que más. Aquellos que carecen de argumento jurídico alguno oponible al deber universal y de Estado de investigar estos crímenes recurren a la descalificación, a lo que sea, con tal de no sacar a la luz el genocidio de Franco y lo que viene detrás: devolver todo lo robado con las manos manchadas de sangre por los gloriosos cruzados, exactamente como les ha venido pasando a los nazis con la restitución de propiedades, obras de arte e inmuebles en toda Europa en las últimas décadas que es lo que dicen las Convenciones de la Haya, de Ginebra...Lo siento, no. Enjuiciar el franquismo, localizar a todos los desaparecidos, a todos –a los de las fosas de Franco, a los niños perdidos, a los desaparecidos en combate en las tierras altas del Ebro y otros escenarios contra la Convención de Ginebra– no es guerracivilismo, es lo propio de lo que debiera ser un Estado de Derecho, es dar normal cumplimiento a los tratados internacionales ratificados por nuestro país. En especial a los derechos humanos piedra de toque, ser o no ser de todo Estado que quiere llamarse Democrático y de Derecho.Porque si durante el genocidio franquista se cometió al menos veinte formas distintas de crímenes de guerra, contra la paz y contra la humanidad –veinte, sí, veinte, no “tan sólo” la concreta modalidad de las desapariciones forzadas que ni siquiera se quieren reconocer como tal– nuestra democracia lleva 35 años negando hasta 10 derechos humanos distintos de las víctimas de todos esos crímenes franquistas:1- El derecho derivado del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos dentro de su responsabilidad en la protección de la vida de los ciudadanos: que el Estado emprenda una investigación judicial, efectiva e independiente ante la comisión de cualquier asesinato; mucho más si se da la participación de agentes del Estado.2- El derecho a la justicia: el derecho a que el Estado derribe el muro de impunidad y olvido y persiga y condene penalmente a los criminales, y las víctimas obtengan una reparación conforme prevé la ONU respecto las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos.3- El derecho a conocer la verdad de lo sucedido, en primer lugar como derecho de víctimas y familiares pero también en conexión al derecho a la información por parte de la ciudadanía española y del conjunto de la humanidad dada la dimensión internacional de estos crímenes.4- El derecho a conocer el propio nombre e identidad y a la propia personalidad jurídica, ¿qué menos que eso como expresión de la dignidad inalienable de todo ser humano y su derecho al libre desarrollo de su personalidad?5- El derecho a la vida familiar. A poner fin a su duelo, a tener un lugar donde sepan que sus restos reposan dignamente. A recuperar a los niños perdidos, desaparecidos en vida, a recuperar los lazos familiares truncados por la Dictadura.6- La prohibición de toda forma de “trato inhumano y cruel” que representa el desentendimiento de nuestra justicia respecto del sufrimiento de los que esperan, el trato “degradante” a los restos mortales de seres humanos enterrados como perros en fosas clandestinas tal y como han reiterado el Tribunal Europeo, la Corte Interamericana y el Comité Internacional de Derechos Humanos.7- El derecho al honor de las familias de los fusilados, perseguidos, represaliados mediante actos criminales de mera apariencia jurídica que no pueden seguir siendo insultadas cuando nuestros representantes las llaman públicamente como “sentencias”, ya que no cometieron ningún crimen.8- El derecho a la propiedad privada, de los expoliados por el franquismo. Se robaron tierras, inmuebles, papel moneda, pertenencias personales…deben dejar de estar en posesión de los familiares de los genocidas y ser restituidos a las familias de sus legítimos propietarios.9- El derecho a un “recurso efectivo”, no meramente teórico o existente sobre el papel, ante los tribunales, en especial en caso de la violación de los derechos humanos.10- El derecho a la no discriminación en la aplicación del ordenamiento jurídico. En España justo el problema es que no todos somos iguales ante la ley como dice Rajoy para justificar el juicio a Garzón: las víctimas del franquismo nunca lo han sido, continúan siendo discriminadas como colectivo definido dentro de nuestro propio Estado, y por eso se continúan incumpliendo todos estos derechos humanos.Y por eso, además de cumplir con todos esos derechos humanos uno por uno expresados, nuestro Estado monárquico debe pedir perdón a todas esas víctimas para las que el Jefe del Estado nunca ha tenido tiempo en los 35 años que están a punto de conmemorarse: a todas esas familias se les debe una petición pública de perdón y un reconocimiento de responsabilidades antológicas para pasar a cumplir, de inmediato, con todo lo que hoy incumple: verdad, justicia y reparación.No hablamos de uno o dos derechos humanos descuidados –ya sería criticable– hablamos de diez. No hablamos de diez, de cien víctimas de violaciones de derechos humanos –igualmente inaceptable– hablamos de decenas de miles directamente afectados por los 350.000 asesinados sepultos o insepultos de Franco, los expropiados, los niños perdidos, los trabajos forzados y todos los demás…Y difícilmente puedo transmitir aquí para cualquier ciudadano que no conozca de cerca toda esta situación de las víctimas el grado de hartazgo ante el constante regateo de derechos fundamentales incuestionables, ante tanta canallada del Estado Monárquico “atado y bien atado”, que a muchos ya han dejado de valernos sus excusas, sus justificaciones a su democracia incompleta. Ha dejado de valernos como un marco decente en el que vivir o en el que nos planteemos que queramos que vivan nuestras familias, marquesado de Queipo de Llano, de San Leonardo de Yagüe, de Arias Navarro, Ducado de Mola y todos lo demás incluidos; y vamos a empezar a considerar a este Estado como lo que está demostrando que es y como se merece, y a llamar las cosas por su nombre: Señores de Zarzuela, de Moncloa y del Consejo General del Poder Judicial, cumplan ustedes con todos esos derechos humanos y con todos los deberes de "verdad, justicia y reparación" y déjense de gaitas; a ver si, por una vez, acuden sin más al articulado y jurisprudencia aplicativa de esos tratados de derechos humanos –publicados en internet, en todos los idiomas y accesibles con el Google, no es difícil dar con ellos– y se limitan a intentar aplicarlos en vez de contarnos más historias e intentar rodearlos.Mientras tanto que mientan, que manipulen, que hablen de revanchismos, de guerracivilismos y de lo que quieran que, antes o después, conseguiremos dentro o fuera de España un poco de justicia y que esos derechos humanos tengan que ser respetados por los mismos que hoy los niegan y los regatean sin empacho.Que eso es lo único que se ha pedido en la Audiencia Nacional, qué paradoja, ante toda esta reacción desmesurada del tardofranquismo, la persecución de Garzón y todo lo demás: el normal cumplimiento de los derechos humanos para estas personas tal y como se cumplen en el resto de Europa. Es nuestro propio Estado monárquico el que se ha encargado solito de dejar en evidencia cuáles siguen siendo en la actualidad sus hipotecas y las líneas rojas que no nos va a permitir cruzar... “Fuere yo de otro sitio, de otro sitio cualquiera”, que decía Blas de Otero, su poema, el que siempre anda a vueltas, España.Algo ha empezado a cambiar tímidamente en este mes de Abril en la conciencia y percepción general de nuestras instituciones que decían ser democráticas y que una significativa parte de esta sociedad ya no se cree mientras este Estado monárquico – "Estado de Derecho", lo siento, ya no me resulta posible seguir llamándolo– y sus instituciones pretenden decirnos que todavía no toca..., todavía no toca treinta y cinco años después...Las cosas ya no van a ser igual a partir de ahora para los altos responsables del Reino de las fosas que, en su plácida quietud cotidiana, le han tratado de hurtar a miles y miles de víctimas del franquismo sus derechos humanos inalienables y hasta la conmovedora restitución de los pobres restos mortales de los suyos.Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad" y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.http://www.nuevatribuna.es/noticia/33156/OPINI%C3%93N/guerracivilismo:-derechos-humanos.html
Lunes, 26 de abril de 2010 a las 19:00 h., presentación del libro El Sindicalismo socialista español
Aproximación oral a la Historia de UGT (1931-1975) Dirigido por Alicia Alted, Manuela Aroca y Juan Carlos Collado. En la Escuela Julián Besterio (C/ Azcona, 53 de Madrid)El acto contará con la intervención de:Jesús Pérez (Presidente de la FFLC)Cándido Méndez (Secretario General de UGT) Javier Rojo (Presidente del Senado) Alicia Alted, Manuela Aroca y Juan Carlos Collado (Codirectores del libro)La idea del libro es hacer un recorrido por la historia del movimiento obrero español y por el papel del sindicalismo socialista durante el período que abarca desde la Segunda República hasta la muerte de Franco, tomando como fuente principal -sin descartar la utilización de documentación bibliográfica, hemerográfica y de archivo- los 103 testimonios aportados por militantes históricos del proyecto, Archivo Oral del Sindicalismo Socialista de la Fundación Francisco Largo Caballero. Los autores forman parte del equipo de trabajo que ha realizado las entrevistas a lo largo de más de tres años de trabajo en este ambicioso proyecto. El libro incluye las biografías de todos los entrevistados, índice onomástico y álbumes fotográficos.
¿Hacia donde camina la independencia judicial tras el auto de Luciano Varela contra Baltasar Garzón?
¿Se hace realidad que los extremos se tocan?Antonio Doñate Última actualización 13/04/2010@17:57:36 GMT+1¿Averiguar la verdad de la detención ilegal-desaparición (...) es prevaricar o dar cumplimiento estricto de lo dispuesto en la ley? ¿Está induciendo esta resolución a que los jueces de instrucción apliquen el principio de economía procesal por falta de medios personales o materiales, o la ley del “mínimo esfuerzo”?NUEVATRIBUNA.ES - 9.4.2010
De un lado la Falange, reivindicando con su querella reivindicando el honor de los falangistas que fueron precisamente los que corporativa y personalmente masacraron a miles de españoles, cuyo único delito, en su gran mayoría, era ser funcionarios republicanos, miembros de sindicatos o simplemente cargos públicos en los ayuntamientos surgidos tras las elecciones democráticas de Febrero de 1936, o haber dictado alguna sentencia aplicando la normativa derivada de la legislación agraria republicana no dando la razón a un cura propietario de las tierras, como es el caso del Juez de Instrucción de Calamocha(Teruel) Vicente Martinez Alhambra, fusilado por “rojo” en septiembre de 1936. Falangistas que asumieron entusiásticamente las directrices del dictador Franco y sus generales golpistas. Veamos una pequeña pero enjundiosa muestra: El historiador Espinosa afirma en su obra “Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco” Editorial Critica, Edición de 2004,( pág.61) que el General Yagüe, el 30 de Junio de 1936, o sea, dos semanas antes del dia clave para el golpe militar, siguiendo las “Instrucciones Reservadas” del General Mola, y sus “Directivas para Marruecos”de 24 de Junio de 1936, concretó esas directivas en:
Conferir el mando del orden público y seguridad en las ciudades a elementos de Falange
Detener a las autoridades españolas que sean sospechosas
Clausurar todos los locales de reuniones públicas, tales como centrales sindicales, logias masónicas, sedes de partidos, casas del pueblo, ateneos.
Eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc,...” Y el también historiador Reig Tapia recoge en su obra “La Cruzada de 1936”, Alianza Editorial(2006) nota 57, págs. 177-178) que el diario norteamericano Chicago Tribune, de 28 de Agosto 1936, página 2, publicó la entrevista mantenida por el periodista Jay Allen con el General Franco, parte de cuyo diálogo fue:
”No. No, decididamente, no. Nosotros estamos luchando por España. Ellos luchan contra España. Lo conseguiremos a cualquier precio”
”Tendrá que matar a media España”, dije. Giró su cabeza, sonrió y mirándome fijamente respondió:
”He dicho que al precio que sea”. Y junto a los querellantes de Falange uno de los actuales magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Adolfo Prego, que, según reiteradamente se da cuenta en los medios de comunicación desde hace ya meses, no solo es patrono de la ultraderechista “Fundación para la Defensa de la Nación Española- DANAES” sino que además, según afirmó Lopez-Fonseca en el diario Público de 21-6-2009, “ha intervenido en los últimos años en, al menos, dos actos públicos en los que justificó el golpe militar de 1936” y añade dicho articulista: “y ocho meses después del segundo de estos actos, y cuando aún era vocal del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), el magistrado Prego firmó un manifiesto contra la Ley de Memoria que apareció publicado tras la aprobación de ésta”. Y añadiría que en esa misma etapa de Vocal del Consejo, cuando tras su intervención ante una de las promociones de jueces de la Escuela Judicial, al hacerle notar que había hablado a unos jueces españoles de Estado de Derecho únicamente y no de “Estado social y democrático de Derecho” que establece la propia Constitución, contestó despectivamente: “De “eso” ya hablan otros en esta Escuela y en otros lugares”.
Pues bien, ante la imputación que por el delito de prevaricación - “dictar a sabiendas una sentencia o resolución injustas”(art. 446.3º del Código penal)- que Luciano Varela formula contra el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, cabe plantearse algunos interrogantes. ¿Están prevaricando el magistrado Luciano Varela al dictar esta resolución y los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que antes resolvieron negativamente el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Baltasar Garzón contra el auto de admisión a trámite de la querella.? Si como se deduce del auto de Luciano Varela la prevaricación perseguida se funda esencialmente en la falta de competencia del Juez de Instrucción Penal nº 5 de la A.N. para tramitar el procedimiento ¿prevaricaron también los magistrados de la Sala de la A.N. que formularon su voto particular afirmando que sí era competente realizando una fundamentación juridica semejante a la argumentada por el hoy querellado? Si además se argumenta por el magistrado Luciano Varela, que Baltasar Garzón no tuvo en cuenta lo determinado por la Ley de Amnistía de 1977, al tramitar un procedimiento por hechos delictivos cometidos con anterioridad a la misma que se lo impedía, cabe preguntarse ¿estará prevaricando el magistrado del Juzgado de Instrucción Penal nº 4 de la Audiencia Nacional que instruye el procedimiento seguido por la desaparición del dirigente de ETA, “Pertur”, que se produjo trece meses antes de la entrada en vigor de dicha ley? En este caso, y a la vista de que el procedimiento penal de búsqueda sigue abierto y no se ha iniciado ningún proceso contra dicho magistrado, parece que se sigue el criterio de que se está ante un delito permanente, porque Eduardo Moreno Bergareche,”Pertur”, ni aparece vivo ni han aparecido sus restos pese a haber transcurrido casi 35 años desde el 16 de Julio de 1976 en que desapareció. ¿Qué diferencia hay para rechazar la tesis del delito permanente respecto a los detenidos-desaparecidos por el fascismo español? ¿El tiempo únicamente? A la vista de que el Código penal se limita a fijar la fecha a partir de la cual se ha de computar el tiempo para la prescripción (art. 132 C.p.) ¿es prevaricadora la estimación jurídica de que las detenciones de republicanos a manos de comandos falangistas, seguidas de desaparición, no han prescrito, pese al tiempo transcurrido? ¿Hay jurisprudencia vinculante, ante esta falta de previsión legal expresa, para poder fijar un limite absoluto de tiempo de prescripción en los delitos permanentes. ¿Es posible poner el límite de la duración de la vida humana, a los 70, a los 80, a los 90 a los 100 o más años para que empiecen a contar los plazos de prescripción previstos en el art. 131 del C.P.? ¿Se puede hablar, jurídicamente, como se ha hecho en alguna resolución judicial en estos temas de “notorio fallecimiento”?
De otra parte, ¿realmente las Cortes que aprobaron la ley de Amnistía de 1977 obraron libremente a la vista del “Tejerazo” que sobrevino unos pocos años después? . Y porque se trata de una ley “democráticamente aprobada” como se afirma en el auto de Luciano Varela, ¿ya es intocable juridicamente dicha ley, dado su carácter preconstitucional? O ¿acaso no está sometida, como todas las leyes, a lo establecido en la Constitución, que recoge la justicia y la igualdad como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico? ¿Qué factores, además del tiempo, están presentes realmente en la decisión del magistrado Luciano Varela y los magistrados de la Sala del T.S. a cuyo manto protector se acoge aquél? Pero, además, ¿prevarica el juez instructor que intenta cumplir las obligaciones que le impone el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? Este precepto fija para el proceso penal cuatro finalidades de ineludible cumplimiento: 1ª “consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer”; 2ª “la de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y la identificación del delincuente”; 3ª: “la de detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito”; y por último, y no por eso menos importante, la 4ª: “la de proteger a los ofendidos y perjudicados por el mismo,a sus familiares o a otras personas...” ¿Averiguar la verdad de la detención ilegal-desaparición, la supervivencia de los posibles autores, la identificación de los restos humanos para, en su caso, entregarlos a los familiares es prevaricar o dar cumplimiento estricto de lo dispuesto en la ley? ¿Está induciendo esta resolución a que los jueces de instrucción apliquen el principio de economía procesal por falta de medios personales o materiales, o la ley del “mínimo esfuerzo”, frente a obligaciones tan ineludibles? Y desde una posición de auténtico garantismo procesal exigible a todo juez, ¿ puede justificarse jurídicamente el rechazo de plano y desde el primer momento de la presentación de la denuncia el incumplimiento de alguna de esas cuatro obligaciones, si lo que se está denunciando es un delito de detención ilegal seguido de desaparición, a la vista de lo establecido en el art. 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que solo autoriza a proceder así si los hechos denunciados no fueran constitutivos de delito o la denuncia fuera manifiestamente falsa?. ¿Se puede mantener, jurídicamente, como se recoge en el auto de Luciano Varela, que “los hechos denunciados ya carecían de relevancia penal al tiempo de iniciar el procedimiento” si se trata de hechos constitutivos de delitos permanentes? Habría muchos otros interrogantes, pero no me resisto a formular algunos más para finalizar estas reflexiones. ¿Realmente puede calificarse de prevaricación, seguir los criterios jurídicos acerca de la aplicabilidad del Derecho Penal Internacional en nuestro pais, cuando es evidente que incluso está calando en la jurisprudencia de Tribunales nternacionales y nacionales, una nueva concepción jurídica del principio de legalidad penal en los delitos internacionales u otra valoración del alcance del principio de irretroactividad penal? ¿Acaso no resulta “esperpéntico” perseguir por prevaricador a un juez que determinó la detención en Londres de otro dictador, Augusto Pinochet, que, curiosamente, fue el único Jefe de Estado que estuvo presente en los funerales de Francisco Franco, y que llegó a ser procesado finalmente por un juez chileno, Juan Tapia, fruto de la dinámica interpretativa impulsada por Baltasar Garzón en dicho procedimiento incoado a petición del fiscal Carlos Castresana, o que dos jueces, una peruana, Antonia Saquicuray, y otro argentino, Gabriel Cavallo, declarasen la inaplicabilidad de las respectivas Leyes de Amnistía y Punto Final también “democráticamente aprobadas” en su países? ¿Se puede mantener y no caer al menos en ignorancia inexcusable, que respecto a los “niños españoles desaparecidos”, fuera de nuestro territorio, especialmente en los campos de concentración franceses, bajo control nazi/fascista, no tenía competencia un juez de Instrucción de la Audiencia Nacional, no solo antes sino incluso ahora tras la denunciable última reforma de sus competencias ? ¿Y si además en este execrable tipo de delito, también de naturaleza permanente, las propias víctimas que con toda probabilidad sobreviven, siguen desconociendo su verdadero origen, no rige para ellas el citado artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? ¿Puede, de otra suerte, calificarse de prevaricación aplicar los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque se haya publicado la Ley 52/2007, llamada de la Memoria Histórica, cuando esta misma ley, salva el ejercicio de cualesquiera otras acciones, entre ellas las penales, previstas en el Ordenamiento jurídico (art. 4-5º y Disposición Adicional Segunda)?. ¿No parece tener también el aire de “esperpéntica” la atribución de carácter excluyente a dicha ley? Y para finalizar un interrogante gravemente preocupante para la devenir democrático de nuestro pais. ¿A partir de resoluciones como el auto dictado por el magistrado Luciano Varela, y si desgraciadamente se avanza en esa linea persecutoria, cuando quepan varias soluciones interpretativas, ante las lagunas o deficiencias legales, no se está fomentando el riesgo a que los jueces piensen no en la solución adecuada -legal y constitucionalmente- sino en el criterio interpretativo del superior jerárquico judicial que ha de confirmar o rechazar su opción, cuando el mismo no es vinculante? ¿Dónde queda la independencia judicial? ¿Hacia dónde camina la Independencia judicial como pilar esencial de nuestra democracia constitucional? ¿Caminamos de nuevo hacia la “democracia orgánica” del fascismo español, donde un grupo de jueces, fiscales y secretarios llegamos a ser “delincuentes políticos” en el seno de la clandestina “Justicia Democrática”?
Aunque en honor a la verdad y a la esperanza, también hay, en el seno de la asociación Jueces para la Democracia, otra corriente que fue capaz de afirmar en su escrito de 12 de Febrero último: “Calificar de prevaricadora a una de las posiciones del debate jurídico desarrollado en el contexto de un proceso significa criminalizar la deliberación, imponer los límites penales a la interpretación judicial e impedir el desarrollo libre y honesto de las ideas.” Señores magistrados integrantes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ¿no creen que una pronta resolución a la cuestión de competencia que está pendiente ante esa Sala podría contribuir a que las aguas volviesen a su cauce? Señores legisladores, en sus manos está también buscar una auténtica y eficaz solución al gravísimo problema subyacente, que venga a suplir las deficiencias de la Ley 52/2007, para que el Estado español cumpla sus obligaciones internacionales acerca de la Verdad, Justicia y Reparación ante los crímenes del Régimen fascista español que padecimos.
Antonio Doñate - Magistrado jubilado y ex-profesor de la Escuela Judicial. Nueva Tribuna
Diferentes colectivos se han aglutinado para desarrollar a lo largo de dos semanas acciones reivindicativas dirigidas a protestar por la situación que están viviendo las víctimas del franquismo que no tienen derecho a la justicia y por la persecución que está padeciendo el juez Baltasar Garzón por haber tratado de desentrañar los crímenes del franquismo. Los promotores convocan para esta tarde una rueda de prensa en la que se tomará posesión del edificio y se explicará cuál es el proyecto y las razones por las que creen necesaria la protesta. Además los organizadores quieren convocar a toda la ciudadanía a participar en la concentración en la que se llevarán a cabo: conferencias, conciertos, representaciones, proyecciones de documentales y otras actividades.
escrito por Julio Gálvez Barraza martes, 13 de abril de 2010

References: artículo 15
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
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