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Timestamp: 2019-10-20 22:13:13+00:00

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CPLT Jurisprudencia | Marco Flores Gómez con MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
Marco Flores Gómez con MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY Rol: C208-11
Se interpone amparo en contra de la Municipalidad de Llay-Llay porque no le dió respuesta a su solicitud de información relativa a los permisos precarios y de los folio Tesorería, folio girador y ordenes de ingresos municipales de determinada empresa. El Consejo rechaza el amparo señalando que la solicitud del concejal que ha dado origen al presente amparo corresponde al ejercicio de la facultad que el inciso segundo de la letra h) del art. 79 de la LOC de Municipalidades le otorga a los concejales, a fin de que desempeñen las funciones fiscalizadoras que la ley les asigna, por lo que su tramitación y respuesta se rige por las normas contenidas en dicho cuerpo legal, y, por lo tanto, no corresponde a una solicitud de información de aquellas a las que se refiere la Ley de Transparencia.
DECISIÓN AMPARO C208-11
Entidad Publica: Municipalidad de Llay-Llay
Requirente: Marco Flores Gómez
Ingreso Consejo: 21.02.2011
En sesión ordinaria N° 254 de su Consejo Directivo, celebrada el 10 de junio de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de los amparos Roles C208-11.
Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; el D.F.L. N° 5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Marco Flores Gómez, Concejal de la comuna de Llay-Llay, el 20 de enero de 2011, en uso de la facultad que le confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (en adelante también LOCM), solicitó al Alcalde de la Municipalidad de dicha comuna (en adelante también “la Municipalidad”), que le otorgara la siguiente información:
a) Los permisos precarios otorgados a Interra Ltda., Nor Áridos S.A. y Araceli Gaete Iturrieta, desde enero de 2008 a diciembre de 2010.
b) Folio Tesorería, folio girador y ordenes de ingresos municipales de las empresas ya mencionadas, desde enero de 2009 a diciembre de 2010.
Hace presente que el presente requerimiento está relacionado con solicitudes realizadas el 15 de octubre de 2010, agregando que el Alcalde ha citado dichos permisos precarios en varias oportunidades en sesiones del concejo municipal.
2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: Don Marco Flores Gómez, el 21 de febrero de 2011, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Llay-Llay, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud de información.
3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficio N° 572, de 11 de marzo de 2011, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Llay-Llay, quien evacuó el traslado conferido por medio del Ordinario N° 198, de 2 de mayo de 2011, señalando que «lo requerido por el Concejal Marcos Flores Gómez, fue entregado por Ordinario N° 53 del 22 de febrero del año 2011, en sesión Ordinaria N° 88 del 25 de febrero del año 2011, como consta en página N° 6 de dicha Acta que se adjunta, donde se remite Ordinario N° 11 del 21 de febrero del presente, del Director de Obras Municipales adjuntando información solicitada por el Concejal”. Además, remite copia de todos los documentos mencionados y de la información adjunta a los mismos.
1) Que, sobre el particular, la letra h) del artículo 79 de la LOCM, establece que a dicho Concejo le corresponderá «[c]itar o pedir información, a través del alcalde, a los organismos o funcionarios municipales cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre las materias de su competencia. / La facultad de solicitar información la tendrá también cualquier concejal, la que deberá formalizarse por escrito al concejo. / El alcalde estará obligado a responder el informe en un plazo no mayor de quince días», norma que constituye la regla general en materia de acceso a la información por parte de los concejales, en ejercicio de sus funciones.
2) Que lo anterior se ve reforzado por lo preceptuado en la letra d) del artículo 29 de la LOCM, que contiene una norma especial respecto a las unidades de control, conforme a la cual corresponderá a dicha unidad colaborar directamente con el concejo en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, para cuyos efectos debe emitir trimestralmente un informe acerca de las materias que indica dicha norma, agregando que «[e]n todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule un concejal», de lo que se desprende que los concejales se encuentran habilitados para solicitar directamente a la unidad de control, información relativa al ámbito de las materias propias de ésta, en el ejercicio de la facultad en comento.(Dictamen N° 2386 de la Contraloría General de la República, de 14 de enero de 2010).
3) Que, a mayor abundamiento, el artículo 87 del mismo cuerpo legal, dispone que «[t]odo concejal tiene derecho a ser informado plenamente por el alcalde o quien haga sus veces, de todo lo relacionado con la marcha y funcionamiento de la corporación. Este derecho debe ejercerse de manera de no entorpecer la gestión municipal. El alcalde deberá dar respuesta en el plazo máximo de quince días, salvo en casos calificados en que aquél podrá prorrogarse por un tiempo razonable a criterio del concejo».
4) Que, por otra parte, el artículo 8° de la Constitución Política dispone que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, lo que es reiterado por los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, estableciendo éste último, además, que «[t]oda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley», sin efectuar distinción alguna entre los titulares de este derecho y respecto al procedimiento aplicable para ejercerlo, lo que se ve reforzado por el principio de no discriminación, consagrado en la letra g) de la Ley de Transparencia.
5) Que, en el mismo sentido, reconociendo que el acceso a la información pública es un derecho fundamental implícitamente reconocido en nuestra Constitución (decisiones recaídas en amparos Roles A11-09 y A45-09), este Consejo ha estimado que los concejales, en el desempeño de dicho cargo público, pueden solicitar información a los organismos o funcionarios de la municipalidad en la que desempeñan dicho cargo, tanto a través del procedimiento establecido en la LOCM, como por el procedimiento administrativo del derecho de acceso a la información, regulado tanto en la Ley de Transparencia como en su Reglamento, pudiendo optar por uno u otro, o incluso, empleando ambos procedimientos paralelamente, ajustándose, en cada caso, a las normas que regulan a cada uno de dichos procedimientos (conforme al criterio establecido por ejemplo en las decisiones Rol A270-09 y Rol C583-10). Conforme a ello, si se solicita información en ejercicio de la facultad que la LOCM le otorga a los concejales, deberá continuarse su tramitación conforme a las normas aplicables a dicho procedimiento, contenidas en dicha Ley, y las eventuales reclamaciones que puedan formularse por la no entrega de la información requerida, deberá someterse a las normas pertinentes de la Ley N°18.695, mientras que el procedimiento de amparo dispuesto en la Ley de Transparencia, sólo resulta aplicable a aquellos casos en que la información se haya solicitado en virtud de dicha norma y conforme al procedimiento regulado en la misma.
6) Que, del tenor de la solicitud del Sr. Flores Gómez que ha dado origen al presente amparo, se constata que ésta corresponde al ejercicio de la facultad que el inciso segundo de la letra h) del artículo 79 de la LOCM le otorga a los concejales, a fin de que desempeñen las funciones fiscalizadoras que la Ley les asigna, por lo que su tramitación y respuesta se rige por las normas contenidas en dicho cuerpo legal, y, por lo tanto, no corresponde a una solicitud de información de aquellas a las que se refiere la Ley de Transparencia, lo que implica que, en la especie, no se ha iniciado un procedimiento administrativo de acceso a la información por ésta última vía, por lo que, deberá rechazarse el presente amparo por improcedente.
I. Rechazar, por improcedente, el presente amparo, deducido por don Marco Flores Gómez en contra de la Municipalidad de Llay-Llay, por los fundamentos señalados en los considerandos precedentes.
II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Marco Flores Gómez y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Llay-Llay.
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en su acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

References: artículo 79
 artículo 29
 artículo 87
 artículo 8
 artículo 79
 resolución 
 artículo 59