Source: http://www.iuriscivilis.com/2010/12/el-deslinde-y-amojonamiento-de-fincas.html
Timestamp: 2016-05-01 23:09:20+00:00

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El deslinde y amojonamiento de fincas | IurisCivilis
El deslinde y amojonamiento de fincas
Para cerrar el año vamos a dedicar este artículo a realizar un breve análisis a unas de las cuestiones que habitualmente se inician y terminan con una fuerte litigiosidad: la acción de deslinde y amojonamiento de fincas. Aunque ordinariamente suelen aparecer unidos los términos deslinde y amojonamiento, ambos expresan acepciones diferentes. Deslindar equivaler a fijar o determinar los lindes o puntos de separación de las fincas rústicas y, en ocasiones de fincas urbanas, contribuyendo a ser un mero problema físico que, sin embargo, goza de una importante relevancia jurídica que ha de realizarse de conformidad con el derecho de cada uno de los propietarios colindantes. El amojonamiento es únicamente un acto material desprovisto de cualquier connotación jurídica, consistente en colocar o ubicar los mojones o señales permanentes que se colocan para señalar los límites o linderos que, mediante el deslinde, se encuentran previamente fijados. Dispone el artículo 384 del Código Civil que “Todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad, con citación de los dueños de los predios colindantes. La misma facultad corresponderá a los que tengan derechos reales. ” Con más precisión establece el artículo 2061.1 del Real Decreto de 3 de febrero de 1881, de promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Civil - Título XV vigente en la actualidad, según dispone la Disposición Derogatoria Única de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 -, señala que “Puede pedir el deslinde y amojonamiento de un terreno no sólo el dueño del mismo, sino el que tuviere constituido sobre él algún derecho real para su uso y disfrute.” El presupuesto fundamental del ejercicio de la acción de deslinde y amojonamiento lo representa la confusión o indefinición de linderos, es decir, el determinar la línea de confluencia de los predios o fincas. Mediante el ejercicio de esta acción se reclama la determinación de la extensión o los márgenes físicos de una finca. La doctrina jurisprudencia perfilada en la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de1999, señala que procede la acción de deslinde cuando los límites de los terrenos están confundidos, de forma tal que no se puede tener conocimiento exacto de la línea perimetral de cada propiedad ni su extensión, y en idénticos términos se pronuncia la Sentencia de 14 de octubre de 1991 añadiendo que se tiende a poner claridad en una linde incierta (Sentencias de 30 de junio de 1973, 27 de mayo de 1974 y 27 de abril de 1981). A la existencia de la confusión de linderos como presupuesto de la acción de deslinde se refieren numerosas sentencias del Tribunal Supremo. La Sentencia de 18 de abril de 1984, afirma que según declaró este Tribunal en Sentencia de 20 de enero de 1983, la facultad de excluir, con los derechos que la integran de deslinde y cerramiento (artículos 384 y 388 del Código Civil), a fin de lograr la individualización del predio mediante la gráfica fijación de la línea de su polígono, evitando intromisiones, ha sido precisada en su finalidad y alcance por una jurisprudencia reiterada que va desde la Sentencia de 14 de enero de 1936 a la de 27 de abril de 1981, pasando por las de 8 de julio de 1953, 9 de febrero de 1962, 2 de abril de 1965 y 27 de mayo de 1974, en el sentido de que la confusión de linderos constituye presupuesto indispensable para la práctica del deslinde, y por ello, la acción no será viable cuando los inmuebles se encuentren perfectamente identificados y delimitados, con la consiguiente eliminación de la incertidumbre respecto a la aparente extensión superficial del fundo y a la manifestación del estado posesorio, circunstancias que no serán obstáculo ciertamente al ejercicio de la acción reivindicatoria. La Sentencia de 6 de julio de 1992, no da lugar al recurso de casación porque no existiendo confusión alguna en cuanto al lindero que separa ambas fincas, es ajustada a la doctrina de esta Sala la desestimación de la acción de deslinde ejercitada, pues como dice la Sentencia de 14 de octubre de 1991, con cita de otras varias, en relación a la facultad de todo propietario de deslindar sus propiedades de las contiguas que a todo propietario concede el artículo 384 del Código Civil, que esta acción es la procedente cuando los límites de los terrenos estén confundidos en forma tal que no se puede tener conocimiento exacto de la línea perimetral de cada propiedad, tendiendo a poner claridad en una linde incierta, es improcedente cuando no existe tal confusión. Por supuesto, llegados a este punto es fácil deducir que esta cuestión afecta únicamente a fincas contiguas o colindantes y la iniciativa corresponde a los propietarios y a los titulares de derechos reales de goce, según la dicción empleada por los preceptos transcritos. En este sentido, tales personas pueden solicitar el deslinde mientras ostenten la condición de propietarios o titulares de derechos reales, aunque con anterioridad se hubiera realizado otro deslinde, siempre que exista una nueva causa de pedir – v.gr. desaparición de los mojones por una inundación. Por ello, el artículo 1965 del CC configura la acción de deslinde y amojonamiento como imprescriptible: “No prescribe entre ( …) propietarios de fincas colindantes la acción para pedir la partición de la herencia, la división de la cosa común o el deslinde de las propiedades contiguas.” Atendiendo a lo establecido en los artículos 385 a 387 del CC, en la realización del derecho al deslinde, los derechos de las partes sobre las franjas de terreno en liza habrán de resolverse antendiendo a los criterios siguientes: · La existencia de títulos de propiedad.- Esta cuestión puede arrojar una especial complejidad técnica. En función de lo establecido en el artículo 385 del CC los títulos de propiedad habrán de ser conformes o suficientes. En la práctica el análisis de los títulos suele resultar insuficiente para resolver las cuestiones planteadas. Para resolver estos supuestos, dispone el artículo 387 del CC que: “Si los títulos de los colindantes indicasen un espacio mayor o menor del que comprende la totalidad del terreno, el aumento o la falta se distribuirá proporcionalmente.” · La posesión.- Asimismo habrá de tenerse en cuenta los datos de hecho sobre la utilización o uso de las franjas de terreno en litigio que suelen materializarse en la practica en una serie de actos de signo contrario por parte de los contendientes de confuso significado. · Cualquier otro medio de prueba.- · La adjudicación igualitaria.- Esta solución viene establecida en el artículo 386 in fine, que se hace inevitable y que excluye la distribución proporcional a que se refiere el anterior precepto, cuya aplicación podría llevar al aumento de la finca colindante de mayor extensión. Por otra parte, el deslinde puede llevarse a efecto de las formas siguientes: por cualquier tipo de acuerdo o mediante un acto de jurisdicción voluntaria. Ciertamente el deslinde puede llevarse a cabo por cualquier tipo de convenio o contrato entre los interesados, actuando extrajudicialmente. En estos casos, es frecuente recurrir a la determinación mediadora de un tercero o a la intervención de árbitros. Asimismo puede llevarse a cabo el deslinde mediante la intervención de la actividad judicial, mediante un acto de jurisdicción voluntaria, regulado todavía en el artículo 2061 de la LEC de 1881 y que requiere la inexistencia de oposición de todos y cada uno de los colindantes que tengan interés en el deslinde (cfr. artículos 2066 y concordantes). Si algunos de los colindantes manifestara oposición al deslinde, éste podría practicarse, pero requiriéndose reservar al opositor su derecho a deslindar para que lo ejercite en el procedimiento declarativo que corresponda, según dispone el artículo 2070 de la LEC. Asimismo conviene no confundir la acción de deslinde y la acción reinvidicatoria. En este sentido, la SAP de Tarragona de 24 de abril de 2004 (Rollo 610/2002), en su Fundamento Primero se dedica a deslindar los extremos de una y otra. “La tutela del derecho de propiedad se obtiene especialmente por el ejercicio de dos clases de acciones: la reivindicatoria y la acción meramente declarativa, acciones que vienen recogidas en el artículo 348 del Código Civil y han sido examinadas detenidamente por la doctrina y la jurisprudencia. La primera, la reivindicatoria, es aquella por la cual el propietario ejercita el ius possidendi, solicitando respecto de un tercero el reconocimiento de su propiedad y, por ende, la restitución de la cosa a aquél, mientras que la acción meramente declarativa tiene como fin obtener la declaración de que el actor es propietario de la cosa, acallando a la parte contraria que discute ese derecho o se lo arroga, sin que sea necesaria que esta parte sea poseedor del bien de cuya propiedad se pide su declaración. Las diferencias entre ambas acciones son sin embargo difíciles de precisar, si bien es evidente que la reivindicatoria es una acción de condena en la que se pide la restitución del bien reclamado, mientras que la declarativa sólo se limita a la mera declaración, sin perjuicio de lo que pueda ser objeto de tratamiento en un proceso ulterior, diferenciándose en que la primera requiere un título de dominio, la identificación de la cosa y la posesión por parte del demandado, mientras que la acción declarativa no precisa de la posesión de la cosa por el demandado. A tal efecto procede señalar los requisitos según la doctrina y la jurisprudencia en todos los supuestos de las acciones otorgadas por el artículo 348 del Código Civil, con las matizaciones a que se han hecho referencia anteriormente: a) justificación de un título dominical que no es preciso que consista en la presentación de un título escrito que demuestre por sí solo que el accionante ostente el dominio, pues basta que lo demuestre por lo demás medios de prueba que la Ley admite (Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1972, 23 de enero de 1989 y 18 de julio de 1989), incumbiendo la prueba del título de dominio al reivindicante o peticionario de la acción de mera declaración con las particularidades previstas en la Ley Hipotecaria, en el caso de que algún litigante estuviere amparado por la presunción de exactitud registral prevista en el artículo 348 de la Ley Hipotecaria; b) identificación del objeto de la acción en el doble concepto de su descripción en la demanda como de su comprobación material, de modo que no puede dudarse de su exactitud, fijando con precisión su situación, cabida y linderos, dependiendo de ello el éxito de la acción reivindicatoria o de la declarativa, pues es necesaria la perfecta identificación de la cosa objeto de las mismas sin que se susciten dudas raciones sobre cual sea (Sts. del T.S. de 12 de abril de 1980, 6 de octubre de 1982, 31 de octubre de 1982 y 25 de febrero de 1984), identificación que exige un juicio comparativo entre la finca real contemplada y la que consta en los títulos, lo que como cuestión de hecho, es de soberana apreciación de los Tribunales de instancia (Sts. del TS de 20 de marzo de 1982, 5 de marzo de 1991, 26 de noviembre de 1992 y 6 de mayo de 1994, entre otras); c) el hecho de la desposesión por el demandado (Sts. del T.S. de 9 de diciembre de 1980, 11 de junio de 1981, 3 de julio de 1981, 4 de diciembre de 1984 y 18 de julio de 1989), negativa del alegado derecho o de cualquier otro acto que haga precisa la defensa que con la acción se pretende, sin que en la acción meramente declarativa sea menester que el demandado sea poseedor, siendo suficiente que controvierta el derecho de propiedad, bastando la no acreditación de cualquiera de estos requisitos para que la acción pueda ser desestimada.” En parecido sentido, pueden leerse la STS de 26 de Junio de 2003 y las Sentencias nº 97/2007 de Audiencia Provincial, A Coruña, Sección 3ª, de 8 de Marzo de 2007, y de la Audiencia Provincial de Palencia, de 25 Mar. 2009, rec. 79/2009, entre otras. Sin embargo, cuando el ejercicio de la acción de deslinde se lleva a cabo por el titular dominical, la jurisprudencia ha reiterado que cabe el ejercicio compatible y acumulable de la propia acción reinvidicatoria (STS de 24 de marzo de 1983, entre otras). Pd: Sin más, desea a todos los lectores y compañeros de la blogosfera una feliz navidad. Hasta el año próximo. Comparte este artículo en las redes sociales

References: artículo 384
 artículo 2061
 Real Decreto 
 artículo 384
 artículo 1965
 artículo 385
 artículo 387
 artículo 386
in fine
 artículo 2061
 artículo 2070
 artículo 348
 artículo 348
 artículo 348