Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/T-367-10.htm
Timestamp: 2017-10-21 12:17:15+00:00

Document:
T-367-10
LEGITIMACION POR ACTIVA-Agencia oficiosa en materia de población desplazada
ASOCIACIONES DE APOYO A POBLACION DESPLAZADA-Legitimación y condiciones como agentes oficiosos para presentar acciones de tutela
GRUPO INTERDISCIPLINARIO POR LOS DERECHOS HUMANOS ONG-Representa a víctimas y familiares de masacres de Ituango Antioquia corregimientos La Granja y El Aro ante Corte Interamericana de Derechos Humanos
PODER PARA INTERPONER ACCION DE TUTELA-Ausencia de firma no implica oposición sino dificultad para ubicar población desplazada por hechos ocurridos en 1996 y 1997
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-Coordinación entre autoridades públicas internas que ejecutan medidas cautelares y decisiones judiciales de Corte Interamericana de Derechos Humanos
INACTIVIDAD PARA PRESENTAR ACCION DE TUTELA-Razones que podrían justificarla
DERECHO A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS-Amenaza o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHOS DE LOS NIÑOS, MUJERES CABEZA DE FAMILIA, DISCAPACITADOS, PERSONAS DE TERCERA EDAD-Amenaza o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A ESCOGER LUGAR DE DOMICILIO-Amenaza o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHOS AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, LIBERTAD DE EXPRESION Y ASOCIACION-Amenaza o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES-Amenaza o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR Y PROTECCION INTEGRAL DE LA FAMILIA-Amenaza o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A LA SALUD EN CONEXIDAD CON LA VIDA-Amenaza o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL-Amenaza o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL-Amenaza o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A LA LIBERTAD DE CIRCULACION Y A PERMANECER EN SITIO ESCOGIDO PARA VIVIR-Amenaza o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO AL TRABAJO Y LIBERTAD DE ESCOGER PROFESION U OFICIO-Amenaza o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A LA ALIMENTACION MINIMA-Amenaza o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A LA EDUCACION DEL MENOR-Amenaza o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Amenaza o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A LA PAZ-Amenaza o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA-Amenaza o vulneración por desplazamiento forzoso
DERECHO A LA IGUALDAD-Amenaza o vulneración por desplazamiento forzoso
VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO-Sujeto pasivo del delito/VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO-Deriva los derechos de verdad, justicia y reparación
DERECHO A LA VERDAD-Esclarecimiento de las circunstancias del desplazamiento
DERECHO A LA VERDAD-Participación del perjudicado en proceso penal por desplazamiento forzado
DERECHO A LA JUSTICIA-Supone que delito de desplazamiento forzado no debe quedar impune
DERECHO A LA REPARACION Y AL RETORNO-Exige del Estado la recuperación de bienes abandonados por víctimas del desplazamiento
DERECHO A RECIBIR DE MANERA URGENTE TRATO PREFERENTE POR EL ESTADO-Reconocimiento a población desplazada
DERECHO A RECIBIR DE MANERA URGENTE TRATO PREFERENTE POR EL ESTADO-Imposibilidad de preservar orden público y prevenir desplazamiento forzado
POBLACION DESPLAZADA-Principio de favorabilidad en interpretación de normas/COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA ONU-Principios rectores del desplazamiento forzado interno/POBLACION DESPLAZADA-Principio de prevalencia del derecho sustancial en Estado Social de Derecho
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Adopción de medidas cautelares se incorporan automáticamente al ordenamiento jurídico interno
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Acción de tutela para conminar autoridades públicas a cumplir medidas cautelares
DESPLAZADO-Condición proviene de situación fáctica de desprotección
REGISTRO UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-Identificación de personas, situación socioeconómica y necesidades básicas
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Función jurisdiccional y consultiva
FALLO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Responsabilidad internacional de Colombia por violación de derechos humanos
SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Reparación del daño por infracción de derechos requiere plena restitución
CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES Y OBLIGACIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS-Responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos humanos/CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES Y OBLIGACIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS-Reparación integral de víctimas
SISTEMA JURIDICO COLOMBIANO PARA REPARACION DE VICTIMAS POR VIOLENCIA-Competencia de jurisdicción contenciosa administrativa y acción penal
SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Doble pago a víctimas producto de instancia internacional y jurisdicción contenciosa administrativa
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Restitución de acontecimientos doce y trece años atrás no se ha cumplido por exigirse inscripción en Sistema de Información para Población Desplazada
SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Carácter definitivo e inapelable/SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Pronto cumplimiento por el Estado
CONVENCION DE VIENA SOBRE DERECHO DE LOS TRATADOS DE 1969-Estados Parte no pueden por razones de orden interno dejar de asumir responsabilidad internacional/CONVENCION DE VIENA SOBRE DERECHO DE LOS TRATADOS DE 1969-Obligaciones convencionales de Estados Parte vinculan poderes y órganos del Estado
POBLACION DESPLAZADA-Estado debe ubicar y garantizar derechos de víctimas y sus familias
DERECHO A LA VIDA DIGNA Y LA JUSTICIA-Vulneración al exigir a víctimas de masacres de Ituango inscripción en Sistema de Información para Población Desplazada como requisito previo para acceder a reparación
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Legitimación de personas individualizadas para exigir cumplimiento de obligaciones estatales por hechos violentos de 1996 y 1997 en corregimientos La Granja y El Aro municipio de Ituango Antioquia
Ver numeral 40 de este cuadro.
Dos hijos a cargo
(32) AREIZA GIRALDO EDGAR DARÍO
(48) AREIZA TOBON JOHNY AURELIO
15.329.139
(71) CALLE FERNÁNDEZ MARÍA OLVIA
Nombre correcto: MARÍA OLIVA CALLE FERNÁNDEZ
21.490.739
Vive con sus hijos menores de edad: Cristian de Jesús, Deicy Tatiana, Juan Carlos y Omar Albeiro Calle Fernández.
Corresponden a los numerales 68, 69, 70 y 72 del Anexo IV
(73) CALLEJAS YANCELLY
(76) CANO GUERRA ELIAS
(79) CANO GUERRA OMAIRA
(83) CARMONA DE ORTÍZ MARÍA LIBIA
21.488.840
Vive con una hija mayor: Gudiela Ortiz Carmona
(84) CARVAJAL BERTHA
22.188.622
Hijos Menores: Carvajal Leidi Bibiana, Luis David, Wilber Arvey y Wilmar Albeiro.
Corresponden a los numerales 87, 88, 89 y 90 del Anexo IV
(95) CHAVARRÍA CLAUDIA CATALINA
(96) CHAVARRÍA ELIDIA VIVIANA
1.045.078.240
Tiene un hijo menor a cargo
(104) CHAVARRÍA MARÍA CRISTINA
(106) CHAVARRÍA MIGUEL ÁNGEL
3.506.681
Hijo menor: Mario Javier Chavarría
Corresponde al numeral 105 del Anexo IV
(107) CHAVARRÍA NEVIO MAURICIO.
Nombre correcto es NEVIO DE JESÚS CHAVARRÍA HURTADO
Esposa: Marta lucía Quintero, cédula 22.188.724
Tiene a cargo sus hijos: Juliana y Johan Chavarría.
(108) CHAVARRÍA RAÚL ANTONIO
Nombre correcto: RAFAEL ANTONIO CHAVARRÍA
15.295.676
Esposa: Ledis Elena Bernal Correa, cédula 22.193.540.
(112) CORREA GABRIEL ÁNGEL
(113) CORREA LAURA ROSA
(115) CORREA CORREA ALINA PATRICIA
21.815.945
Hijos menores: Leidi Johann Vargas Correa,
Esposo: Alfredo Vargas
(117) CORREA CORREA GENNY YOHANA
43.908.209
Hijo menor: Manuel José Correa Corea
(120) CORREA GARCÍA ALBA CECILIA
21.815.103
Hijos: Diana Cecilia Correa Correa, cédula 43.915.856,
Corresponden al numeral 116 y 118 del Anexo IV
(121) CORREA GARCÍA DORA LUZ
21.811.667
Vive con ARANGO CORREA EVER ANDRÉS, menor de edad, y ARANGO CORREA MÓNICA LINEY.
Corresponden al numeral 1 y 2 de Anexo IV
(122) CORREA GARCÍA GLORIA LUCÍA
Hijos: Ana Carolina, Carlos Enrique y Maria Lucía Jaramillo Correa.
(123) CORREA GARCÍA JORGE ENRIQUE
3.507.172
Convive con su compañera permanente Ofelia Sánchez y con su hija mayor Angy Vanesa Correa Sánchez, quien corresponde al numeral 132 del Anexo.
(124) CORREA GARCÍA LUÍS GONZALO
70.575.701
Compañera permanente: Doris Tobón
Maria Elena Correa Tobón y Ana Isabel Correa Tobón.
(125) CORREA GARCÍA NUBIA DE LOS DOLORES
21.815.107
Vive con su hijo menor Mario Enrique Ochoa Correa, quien corresponde al numeral 467 del Anexo
(126) CORREA GARCÍA OLGA REGINA
22.059.058
Hijos: Yolima Shirley, Rodrigo Alexander, Andrés Felipe, Sergio Andrés, Olga Elena y Ana María Zapata Correa. Corresponden los hijos a los numerales 685 a 689 del Anexo IV
(127) CORREA GARCÍA SAMUEL ANTONIO
3.507.256
Vive con su compañera permanente: Rosalía Piedrahita.
(130) CORREA MENDOZA ELOLIS OMAIRA
(133) CORREA SÁNCHEZ JORGE WEIMAR
1.037.262.399
Convive con su esposa y un hijo
(136) COSSIO JARAMILLO MARÍA GRACIELA
22.188.942
Hijos: Carlos Adrián Zuleta Cossio
Corresponden a los numerales 696, 697 y 698 del Anexo IV
(137) CRESPO MILICIADES DE JESÚS
3.649.793
Esposa: Gloria Emilce Jiménez, cédula 1.045.076.211.
Hijos menores: Eni Johann, Didier Johan, Dubis Zulei, Leidi Tatiana, Marisol, Gavis Neida y Yurani Andrea Crespo Jiménez.
(141) CUADRO HILDA DEL SOCORRO
Convivía con su madre, Rosa Marina George Pérez, cédula 22.193.757
(146) CUADROS ARCADIO
3.506.589
Esposa: Escobar Ana Lucía, cédula 22.189.122.
Corresponde al numeral 170 del Anexo.
(149) CUADROS FREDY HUMBERTO
(151) CUADROS LUIS ALBERTO
Nombre correcto: ALBERTO ELÍAS CUADROS
Fallecido, CÉDULA 70.580.639
Hermana que dependía de él: Amparo Cuadros, cédula 22.189.030
(154) CUADROS ROSANA
21.813.459
Esposo: Lázaro George, cédula 3.506.521
Corresponden a los numerales 240 y 251 del Anexo
(173) ESPINOSA HILDUARA
Nombre completo: ROSA ILDUARA ESPINOSA GUERRA
21.813.445
Grupo familiar: Aracelly Espinosa Guerra, hermana; tres sobrinos menores de edad.
(175) ESPINOSA MAGDALENA
(176) ESPINOSA OSCAR DE JESÚS
(178) ESPINOSA TORRES BLANCA ARNOBIA
Cédula 21.811.955.
Hijo menor: Albeiro Elías Jaramillo Espinosa.
(179) ESPINOSA TORRES CARLOS ELIÉCER
98.628.529
Hijos menores: Juan Daniel Manco y Juliana Espinosa Manco
(181) ESPINOSA TORRES FABIÁN ALONSO
Fallecido, cédula 70.580.633
Hijos menores de edad: Giovanni Alonso, Camilo Adrián y Natalia Espinosa Aleiza.
(182) ESPINOSA TORRES FREDY
(184) ESPINOSA TORRES MARTHA ELENA
Cédula 42.939.942.
Hijos: Dani Alexander George Espinosa, Erika Cecilia, Juan Carlos, Lina Marcela, Cristian y Sebastián cano Espinosa.
(186) ESPINOSA TORRES YAELI
Cédula 43.915.351.
Hijo menor: Johan Felipe Zapata Espinosa
(187) FLORES VEGA SANDRA MILENA
(188) GARCÍA ALDEMAR
Nombre completo: NELSON ALDEMAR GARCÍA AREIZA
Cédula 1.044.150.718
(191) GARCÍA DANIEL ORLAY
Fallecido, cédula 15.296.578
Compañera: Rosa Angélica Quintero Chica, cédula 43.269.637.
Hijo: Camilo Quintero Chica
(193) GARCÍA EIDEZ YORVEI
Esposa: Rosa Angélica Quintero Chica, cédula 43.269.637
Hijos menores de edad: Camilo Quintero Chica y Gonzalo Torres Quintero
(195) GARCÍA GLORIA CECILIA
1.045.077.919
Tiene un bebé
(196) GARCÍA JAIME DE JESÚS
Nombre correcto: JAVIER DE JESÚS GARCÍA
Cédula 3.659.913
(202) GARCÍA MARIANO ARCADIO
Cédula 15.297.103
(213) GARCÍA DE CORREA MARÍA LIBIA
21.814.827
Esposo: Adán Enrique Correa García, fallecido, quien corresponde al numeral 119 del Anexo
(216) GAVIRIA GILBERTO ANTONIO
(225) GEORGE EDILMA
Cédula 22.189.490
(228) GEORGE ELIANA DEL SOCORRO
(237) GEORGE JUAN JOSÉ
(238) GEORGE JULIO
Nombre completo: JULIO ALFONSO GEORGE
3.506.700
Esposa; Marta Muñoz, cédula 22.193.806
Corresponden en su orden a los numerales 233, 239 y 230 del Anexo IV
(242) GEORGE MARGARITA
Hijo: José Belisario López George, cédula 70.579.256
(243) GEORGE MARÍA NOHEMY
21.813.396
Esposo: Gabriel Ángel Pérez, cédula 3.661.586
Corresponden a los numerales 485, 486 y 514 del Anexo IV
(244) GEORGE NANCY DEL SOCORO
Cédula 1.045.077.278
Tiene un bebé a cargo.
Padre: Ricardo George, cédula 3.506.762
(247) GEORGE NONATO
3.506.702
Hijo menor: Nonato Jair George
Corresponde al numeral 259 del Anexo IV
(256) GEORGE YOLANDA
Cédula 22.189.442
Hijos: Luz Janney y Erika Sirley Cuadros George
(264) GEORGE PÉREZ SOCORRO
(265) GIRALDO JUAN ARCÁNGEL
15.297.443
(266) GIRALDO POSADA ALEXIS
21.812.973
Hijo menor: Andrés Humberto Zapata. Numeral 659 del Anexo IV
(267) GIRALDO POSADA BAUDILIO
(269) GIRALDO POSADA ELISENIA
(270) GIRALDO POSADA NELLY EUGENIA
1.045.076.498
(271) GIRALDO POSADA YESI
70.580.641
(273) GÓMEZ ROSA NELLY
(275) GUERRA MARÍA REGINA
(276) GUERRA SANDRA MILENA
(277) GUERRA MÚNERA MIRIAM
(279) GUTIÉRREZ DIANA MARCELA
Nombre correcto: DIANA MARICELA GUTIÉRREZ NARANJO
Padre: Marcos Fidel Gutiérrez, cédula 3.506.675
(282) GUTIÉRREZ FERNANDO ARCÁNGEL
(285) GUTIÉRREZ JOSÉ ANIBAL
(295) HENAO DIANA CRISTINA
Nombre correcto: DIANA CRISTINA MARTÍNEZ HENAO
22.193.516
Hijos menores de edad: Jaider y Daniela Hernández Martínez.
(298) HIDALGO ARON ALEXIS
(299) HIDALGO DUBAN ARLEY
(300) JARAMILLO DAVINSON JESÚS
(301) JARAMILLO GLADYS
22.188.671
Hijos menores de edad: Nelson Adrián y Alexander Palacio Jaramillo.
Numerales 475 y476 del Anexo
(302) JARAMILLO HERNÁN J.
(303) JARAMILLO LIDA
Nombre completo: LIDA LUCIDIA JARAMILLO CHAVARRÍA
22.193.814
Hijo menor: Julián Asdrúbal Vélez Jaramillo
(304) JARAMILLO LUIS OCARIS
(305) JARAMILLO MÓNICA MILENA
(306) JARAMILLO GERARDO
Esposa: María Rocío Cano Cuadros, cédula 21.813.309.
Hijos: Albeiro Elías y Jeison Jaramillo Torres
(308) JARAMILLO CORREA ANA CAROLINA
(309) JARAMILLO CORREA CARLOS ENRIQUE
(310) JARAMILLO CORREA CARLOS FERNANDO
(316) JARAMILLO POSADA ÁNGELA PATRICIA
(317) JARAMILLO POSADA JUAN JOSÉ
(332) JIMÉNEZ LEDYS PATRICIA
38.794.117
Esposo: Wilder Muriel Guzmán
Hijos menores de edad: Maria Juliana Benítez Jiménez, Faber Johan Jiménez y Deiber Julián Muriel Jiménez
(333) JIMÉNEZ LUIS BERNARDO
15.320.130
Esposa: Silvia Rosa Arango Jiménez, cédula 43.572.381.
Hijos menores: Faber Alexis y Jeison Andrés Vásquez Arango; Yoimar Daniel Guzmán Arango; Anderson Arbey y Maria Luisa Jiménez Arango.
(334) JIMÉNEZ LUIS EDUARDO
1.042.765.945
(350) JIMÉNEZ JIMÉNEZ ERIKA
Nombre correcto: ERIKA ANDREA MAZO JIMÉNEZ
1.045.077.650
Esposo: Roberto Antonio Rúa, cédula 71.689.648
Hijos menores: Javier Herney, Wilmar Adrián y Yeimer Andrés Rúa mazo.
(360) LOPERA MARÍA
(361) LOPERA MENDOZA JUAN
(363) LÓPEZ FRANCISCO LUIS
(365) LÓPEZ HERNÁN
(374) MARTÍNEZ ALDUVAR
(375) MARTÍNEZ CARLOS ALBERTO
70.542.582
Un hijo, no se pudo determinar la identidad
(376) MARTÍNEZ DAIRON
(377) MARTÍNEZ EDISON DARÍO
El nombre correcto es EDISON DARÍO ORREGO
1.045.076.126
Esposa: Daniela Ávila Fuentes
Hija menor de edad: María Valentina Orrego Ávila.
(379) MARTÍNEZ FERNANDO
Nombre completo: MARIO FERNANDO MARTÍNEZ JIMÉNEZ
15.296.569
Esposa: Marly Janeth Ladeut Arango, cédula 1.045.076.119.
Hijos Menores: María Fernanda y Yurani Martínez Ladeut.
(380) MARTÍNEZ HÉCTOR SAÚL
Cédula 70.579.270
(381) MARTÍNEZ IRALVIA
(382) MARTÍNEZ JAIME
Nombre completo: HÉCTOR JAIME MARTÍNEZ FRANCO
3.650.811
Esposa: Alba Nelly Meneses, cédula 22.187.828
Corresponde a los numerales 414, 415 y 416 del Anexo
(383) MARTÍNEZ JEISON
(384) MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL
Tiene un hijo mayor de edad: Miguel Antonio Martínez, cédula 15.316.820
(388) MARTÍNEZ CHICA ROSALBA
22.188.349
Hijos: Diego Luis, Marien del Socorro, Rafael Arcángel Toro Martínez, fallecido.
Corresponde a los numerales 625 a 628 del Anexo.
(394) MARTÍNEZ TORO MARTHA OFELIA
(395) MAZO RAFAEL
(396) MAZO RAMÓN NONATO
671. 481
(397) MELÉNDEZ WILLIAM
(400) MENDOZA ARROYAVE LIBIA
(402) MENDOZA CORREA EDGAR HUMBERTO
(413) MENDOZA POSSO YOVANNI ALCIDES
15.295.694
Tres hijos menores de edad: Nelly Johann, Isabela y Valentina Mendoza Pérez
(420) MONSALVE ZABALA CELIA ROSA
21.367.211
Vive con su madre, Maria Magdalena Zabala y tres sobrinos
(422) MORA GLORIA CECILIA
(423) MORA JAIME DE JESÚS
(424) MORA JORGE ANDRÉS
(425) MORA MEDARDO ANTONIO
(426) MORA PATIÑO ELENA DEL SOCORRO
(429) MÚNERA GRANDA ARACELLY
22.188.907
Vive con sus hijos: Adriana María, Alba Lucía, Deiby Fabián, Elvia Consuelo, Juan Esteban, Liliana Patricia, María Marlene y Ramiro Alonso Múnera Granda.
Corresponde a los numerales 427, 428, 431, 433, 436, 438, 440 y 442 del Anexo.
(435) MÚNERA GRANDA JUAN ALBERTO
71.766.689
Esposa: Hilda Del Socorro Estrada Giraldo, cédula 43.809.487.
Hijos menores: Juan Sebastián y Jadiana Múnera Estrada.
(439) MÚNERA GRANDA MARÍA CLEMENTINA
21.811.963
Esposo: Ovidio Torres
Hijos mayores de edad: Hilda y Fabio Múnera Granda
(441) MÚNERA GRANDA MARTA CONSUELO
21.813.494
Hijos menores: Geraldine Cano Múnera, Diego Arley y Juan Gabriel Múnera Granda
Corresponde a los numerales 80, 432 y 437 del Anexo.
(451) MUÑOZ VIVIANA PATRICIA
(454) NARANJO DARWIN
(465) NOHAVÁ ROSA MARÍA
22.209.602
(466). OCHOA CORREA JAVIER MAURICIO
3.556.204
Esposa: Dina Margarita Zapata Eusse
No relacionados en el Anexo
(469) OLARTE MIGUEL ÁNGEL
(470) OQUENDO FRANCISCO LUIS
(473) ORTIZ CARMONA GUDIELA DEL CARMEN
32.560.915
Hijos menores a cargo: Gloria Estefany Palacio, Luisa Fernanda y Jeferson Zapata
(474) ORTIZ CARMONA ROSÁNGELA
32.560.897
Esposo: Sergio Palacio, cédula 70.926.856
Hijos menores de edad: Davinson Ferney y Esneider Palacio Ortiz
(478) PÉREZ ARTURO JOSÉ
(482) PÉREZ ERIKA JOHANA
(484) PÉREZ FREDYS ANTONIO
(490) PÉREZ MAGDALENA YANET
(492) PÉREZ MARÍA EMILSEN
(494) PÉREZ NEIDA DEL SOCORRO
Esposo: César Darío Rendón, cédula 70.115.595
(495) PÉREZ RAMÓN EDUARDO
(496) PÉREZ WILLIAM
(497) PÉREZ WILLIAM HERNANDO
(502) PÉREZ AREIZA YAMILCEN EUNICE
(508). PÉREZ EUSEBIO
15.296.569, fallecido
Hijos menores: Yanceli y Lorena Pérez Guzmán.
(509) PÉREZ G. MARTHA ODILA
(510) PÉREZ G. MIRIAM ROSA
1.002.065.095
Esposo: Jairo Peláez, cédula 15.296.901
Dos hijos menores de edad: Verónica y Leidy Peláez Pérez.
(511) PÉREZ G. REGOBERTO
(512) PÉREZ G. WILMAR ANDRÉS
Menor de edad, Tarjeta 1007507708
(519) PÉREZ MAZO JORGE
Nombre completo: JORGE DE JESÚS PÉREZ MAZO
Cédula 3.506.627
(520) PÉREZ ROJAS ARSENIO
(523) PIEDRAHÍTA CARLOS
(534) PIEDRAHÍTA HENAO ALEJANDRO
3.506.748
Esposa: Dora Isleni González Vásquez, cédula 32.561.411
Hijos menores: Johnatan y Verónica Piedrahita Vásquez.
(535) PIEDRAHÍTA HENAO FRANCISCO ADOLFO
3.506.572
Esposa: Magnolia Vélez, cédula 43.285.359
Hijos menores: Luisa Fernanda e Iván Andrés Piedrahita Vélez.
(538) PIEDRAHITA HENAO MORELIA
21.813.488
Vive con su abuela, Carlina Henao y con sus hermanos mayores, Luis Carlos Piedrahita Henao, cédula 3.506.748 y Matilde Piedrahita Henao.
Corresponden a los numerales 536 y 537 del Anexo.
(542) PIEDRAHÍTA HENAO RODRIGO
Esposa: María Nelly Lopera Henao
Hijos menores: Edwin Alexander y Jeison Piedrahita Lopera
(543) PIEDRAHÍTA HENAO SUSANA
42.961.181
Hijos mayores: Julio Cesar Barrera, cédula 98.698.942 y Diana Lucía Barrera, cédula 43.973.932
Nieta menor de edad: Valentina Echeverri Barrera
(545) PIEDRAHITA T. ANTONIA
(551) PINO ANA DELIA
(556) PINO JAIME HUMBERTO
(558) PINO LIGIA AMPARO
32.144.563
Una niña menor de edad: Juliana Pino Espinoza.
(563) POSADA ALBEIRO
(565) POSADA CARLOS ANDRÉS
(566) POSADA DAIRO
(577) POSADA RAMÓN
3.506.518
Hijos menores: Francy Estella, José Reimundo, Luz del Socorro, María Andrea y Nancy Johann Posada Areiza
Corresponden a los numerales 568 a 571 y 574 del Anexo
(580) POSADA RUBÉN DARÍO
(581) POSADA VICENTE
(583) POSADA C. MARÍA ROCÍO
(584) POSADA CANO JANETH LORENA
(587) POSSO MOLINA LETICIA
(589) POSSO MÚNERA AURA ESTELA
21.813.456
Vive con sus hijos John Fredy Palacio Posso, Narciso Alonso George Posso y Sandra Johana Posso Múnera; con su padre, Miguel Ángel Posso Zapata y con su hermano, Gildardo Alonso Posso.
(596) RESTREPO ESPINOSA LIBARDO
3.651.327
(599) RESTREPO TORRES GUIDO MANUEL
Hija: Laura Restrepo, menor de edad. Madre: Margarita Zapata
(602) RESTREPO TORRES NICOLÁS ALBEIRO
(604) RÍOS GABRIEL ÁNGEL
(605) RODRÍGUEZ SÁNCHEZ GUILLERMO
(606) ROJAS CHAVARRÍA LUCÍA
(618) SIERRA TEJADA LEDYS AMPARO
(619) TAPIAS JESÚS ANTONIO
(620) TEJADA SIERRA ALFREDO ANTONIO
(622) TOBÓN NOHAVÁ VÍCTOR MANUEL
71.745.761
Compañera permanente: Diana Marixa Parra Torres.
Hijos menores de edad: Alexandra Tobón Parra y Jennifer Tobón Parra.
(623) TOBON NOHAVÁ WALTER ALIRIO
15.295.874
Esposa: Sandra Milena Muñoz, cédula 22.188.726
Hijos: Wellington Alexis y Kevin Tobón Muñoz.
(629) TORRES ALBEIRO J.
(645) URIBE HÉCTOR FABIO
(648) VÁSQUEZ HEIDI YOHANA
(649) VÁSQUEZ MARÍA DEL CARMEN
(650) VÁSQUEZ MIGUEL ÁNGEL
(655) ZABALA MESA MARÍA MAGDALENA
22.189.652
Vive con una hija mayor
(658) ZAPATA GEORGE ÁLVARO WILTON
1.001.498.064
Esposa: Divia Giraldo, cédula 1.037.264.802
Corresponde la esposa al numeral 268 del Anexo.
(669) ZAPATA GEORGE JOSUÉ NORBEY
15.297.016
Esposa: Flor Palacio, cédula 22.217.876, espera un hijo
(677) SÍLFIDA LENIS ZAPATA
Dos hijos menores de edad: Lesión Estiven y Angie Leandra George Osorio
(682) ZAPATA B. YOHANI ALBERTO
(683) ZAPATA B. YORFAN ELENA
(699) ZULETA ZABALA ARACELLY DE JESÚS
42.996.925
Vive con sus hijos menores: Hernán Darío y Lina Maritza Montoya Zuleta y Edison Alfonso Loaiza Zuleta.
(700) ZULETA ZABALA MARGARITA
43.046.493
Vive con su hija menor Claudia Valencia Zuleta
(701) ZULETA ZABALA ORLANDO ANTONIO
71.592.653
Vive con sus hijos Deyby Fabián y Johnatan Zuleta Zapata
(702) ZULETA ZABALA RODRIGO DE JESÚS
15.319.254
Vive con sus hijos César Daniel Zuleta Martínez; Mauricio y Rodrigo Alonso Zuleta Monsalve
Lugar donde aplicará el subsidio
Ramón José Gómez Mora, cédula 3.504.346
Hijos: Samuel Darío Gómez Mendoza
Valdivia (A)
María Amparo Mejía Mora, cédula 32.557.600
Nora Elena Chavarría Mejía, cédula 32.375.900.
Tiene una hija menor de edad
Marta Isabel Chavarría Mejía, cédula 32.289.008.
Hijo menor de edad: Luvian Enrique Mejía Mora.
Luis Alberto Sepúlveda Correa, cédula 15.295.958
Hijo menor: Alexis Sepúlveda González
Mary Luz Gómez Molina, cédula 22.193.819
Hijos menores: Kelly Daniela, Cristian Daniel, Elian Andrés y John Adrián Gómez Gómez.
Javier Leoncio Pérez, cédula 15.295.445
Tiene dos hijos menor: Alexis Pérez Naranjo, Luz Yancely Pérez Torres
Luis Eduardo Salazar, cédula 3.508.420, fallecido
Hijos menores: Carlos Mario y Omar Enrique Salazar Mora; Juan Fernando Agudelo Salazar, Darli Dayana Torres Salazar, Diego León y Ruth Estela Salazar Mora.
NELSON DE JESÚS GONZÁLEZ ZAPATA, CÉDULA 71.767.390
NELSON ARLEY JIMENEZ JIMENEZ, CEDULA 15.296.598.
HIJO MENOR: JOINER ARLET JIMÉNEZ PÉREZ.
DINA AIDÉ TORRES GÓMEZ, CÉDULA 21.588.530
HIJOS MENORES DE EDAD: JULIÁN DAVID Y ANDRÉS FELIPE TORRES GÓMEZ
Residente en Cáceres (A).
RAFAEL IGNACIO RESTREPO CORREA, CÉDULA 70.541.734
HIJOS MENORES: DAYANA MARCELA Y DANIELA RESTREPO OSPINA
MARIO EUGENIO TORRES DÁVILA, CÉDULA 70.579.254.
TRES HIJOS MENORES DE EDAD: NANCY LUCERO, JULIANA EUGENIA Y JUAN DAVID TORRES ECHAVARRÍA.
1.3. La medida de reparación no se reduce solo a las personas identificadas en la sentencia porque el numeral 17 de la Parte Resolutiva y los párrafos 221 y 404 de la misma, la extienden a los “exhabitantes de los corregimientos de El Aro y La Granja que se hayan visto desplazados”.
En la primera reunión, realizada el 1 de noviembre de 2006, el Ministerio de Relaciones Exteriores, planteó la necesidad de discutir entre las diferentes entidades estatales lo relativo a recursos económicos y presupuesto, puesto que el “restablecimiento a condiciones similares” incluía el tema de tierra y vivienda, no sólo de las personas desplazadas e identificadas en el Anexo IV, sino de todos los desplazados de La Granja y El Aro.
En la siguiente reunión, efectuada el 22 de noviembre de 2006, los representantes del Estado manifestaron que existían varios inconvenientes para utilizar el Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada, el primero de los cuales era “la falta de registro de las personas después de tantos años de ocurrido el desplazamiento”.
(ii) En reunión de la Comisión Intersectorial Permanente de Derechos Humanos (Decreto 321 de 2000), presidida por el Vicepresidente de la República y con asistencia de diferentes representantes del Estado, se realiza la división institucional de las medidas de acuerdo a sus competencias constitucionales y legales y “la voluntad para el cumplimiento de las obligaciones internacionales”.
El Tribunal precisó en primer lugar que el objeto de la acción de tutela no era establecer si el Estado colombiano había dado cumplimiento a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos proferida el 1 de julio de 2006 en el caso conocido como “Masacres de Ituango”, puesto que ésta competencia se la había reservado la Corte Interamericana para sí misma. En segundo lugar, que la Sentencia de la Corte Interamericana constituía, sin embargo, un referente que reforzaba la obligación que tiene el Estado colombiano frente a la población desplazada del municipio de Ituango a raíz de los hechos ocurridos en los corregimientos de La Granja y El Aro. Y en tercer lugar, que abordaría el problema tanto de las personas relacionadas en la Sentencia de la Corte Interamericana (Cuadro No. 1 de la demanda de tutela) como de las que no alcanzaron a ser identificadas en su momento por múltiples razones, pero que se encontraban individualizadas en la demanda de tutela (Cuadro No. II). El problema se abordaría a partir de los derechos de los desplazados en Colombia, los cuales han sido clasificados en el grupo de personas que requieren de especial protección por parte del Estado, y cuyos derechos han tenido desarrollo tanto legal (Ley 387 de 1997 y Decreto 2569 de 2000) como jurisprudencial.
Sin embargo, señala que a pesar de que la Corte Constitucional ha precisado que el desplazamiento forzado es una situación de hecho que no requiere reconocimiento por parte de la autoridad competente, no puede perderse de vista que el legislador estableció una serie de mecanismos para poder acceder a los beneficios o ayudas humanitarias diseñadas para su atención, tales como la declaración ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las Personerías Municipales o Distritales o cualquier despacho judicial, de acuerdo con el procedimiento de recepción de cada entidad. De manera que, previamente a la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada, RUPD, “se hace una valoración de los hechos relatados con el objeto de establecer la veracidad y el encuadramiento en el marco normativo respectivo.”
Así, para poder acceder a los beneficios establecidos en la Ley 387 de 1997 se requiere estar inscrito en el Registro Único de Población Desplazada por la Violencia, previa declaración de quien alega dicha condición, de acuerdo con los arts. 1 y 32 de la misma ley.[1]
Respecto de las 231 personas o “supuestos accionantes”, cuyos nombres fueron suministrados en la acción de tutela, Acción Social presenta el siguiente informe:
6.3. En lo referente a la calidad de desplazados por la violencia de los demandantes, la Sala la encuentra plenamente probada de acuerdo con la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se declaró responsable al Estado colombiano y se le condenó a indemnizar y reparar los daños causados por los hechos ocurridos en junio de 1996 y octubre de 1997 en los corregimientos de La Granja y El Aro, respectivamente, ubicados en el municipio de Ituango (Antioquia). En esta sentencia se individualizó y reconoció como víctimas a la mayoría de personas que interponen el recurso de amparo, de manera que los requisitos mencionados en el artículo 32 de la Ley 387 de 1997 para acceder a los beneficios, no resultan exigibles en el presente caso. De lo contario, se estaría desconociendo “la decisión de un organismo internacional de carácter jurisdiccional, en la que se analizó ampliamente no sólo las circunstancias que rodearon el desplazamiento, sino la condición de víctimas de los actores.”
De ahí que la Sala en su fallo sostenga que “resulta cuestionable que sea precisamente el organismo creado por el gobierno nacional para atender en debida forma a la población desplazada, en aras de mitigar su condición, quien se rehúse a inscribir en el RUPD a aquellos que han sido reconocidos internacionalmente, mediante un fallo de carácter judicial como desplazados por la violencia. (…).
Y más reprochable aún, que después de más de tres años de haberse proferido la decisión, se pretenda que las víctimas de tan execrable crimen cumplan con unos requisitos que ya fueron satisfechos dentro del proceso en el cual el Estado colombiano resultó condenado.”
3.1. Legitimación por activa. Agencia oficiosa
No obstante, también, ha permitido esta posibilidad cuando se trata de población desplazada por la violencia, porque en la mayoría de los casos se trata de personas especialmente protegidas por la Constitución como menores de edad, mujeres cabeza de familia, personas de la tercera edad y minorías étnicas, para las cuales, dada su extrema vulnerabilidad, la exigencia de presentar directamente o a través de abogado las acciones de tutela para la protección de sus derechos, resulta excesivamente onerosa.[2]
Dentro de este contexto, se ha reconocido a las asociaciones creadas con el propósito de apoyar a la población desplazada en la defensa de sus derechos, la posibilidad de actuar como agentes oficiosos de los desplazados, pero bajo ciertas condiciones que garanticen el acceso a la justicia e impidan abusos que desnaturalicen la acción de tutela. De manera que dichas organizaciones estarán legitimadas para presentar acciones de tutela a favor de sus miembros siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: i) se haga a través de su representante legal, acreditando debidamente su existencia y representación dentro del proceso de tutela; ii) se individualice, mediante una lista o un escrito, el nombre de los miembros de la asociación a favor de quienes se promueve la acción de tutela; y iii) no se deduzca de los elementos probatorios que obran en el proceso que el agenciado no quiere que la acción se interponga en su nombre. Cumplidos estos requisitos, las asociaciones podrán interponer la acción en nombre de sus representados siempre que constaten la amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales.[3]
La calidad de representante de la actora fue reconocida en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1 de julio de 2006[4], y el GIDH continúa representando a las víctimas y a sus familiares en el proceso de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana.
En consecuencia es procedente la tutela interpuesta por el GIDH en nombre de los beneficiarios de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionados en el Cuadro I[5], así como de las personas desplazadas de EL Aro relacionadas en el Cuadro II[6], que acompañan la demanda de tutela.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con el Decreto 110 de 2004[7], es una instancia gubernamental de coordinación entre las diversas autoridades públicas internas encargadas de ejecutar directamente el contenido de las medidas cautelares y las decisiones judiciales provenientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es el interlocutor válido entre el Estado colombiano y los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
La Corte ha considerado en relación con esta competencia de coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores que “no puede limitarse a informar las decisiones adoptadas por la CIDH a las diversas instancias internas encargadas directamente de la ejecución de las mismas y, viceversa, reportar al órgano internacional los avances en la materia. En efecto, en estos casos, la labor de coordinación lleva implícitos aspectos materiales y no solamente formales, lo cual se traduce en la facultad con que cuenta el Ministerio para conminar a las diversas autoridades al cumplimiento inmediato de lo ordenado por la CIDH y correlativamente el deber que le asiste a éstas de colaborar efectivamente con aquél poniendo a su disposición los recursos logísticos y operativos que sean necesarios para la consecución del fin. Al mismo tiempo, la Cancillería tiene la obligación de buscar, por todos los medios disponibles, que en el mundo de lo fáctico la medida cautelar despliegue todos sus efectos, lo cual no significa nada distinto a asumir el asunto como propio orientando, por ejemplo, a la víctima sobre la existencia de los diversos programas estatales a los cuales puede recurrir para proteger sus derechos fundamentales.”[8]
Otro de los requisitos de procedencia de la acción de tutela derivado del artículo 86 de la Constitución es su interposición en un lapso razonable y proporcionado a partir del hecho que dio lugar a la vulneración alegada.[9] Al respecto ha dicho la Corte que con tal requisito se pretende evitar que la acción de tutela se emplee como una “herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica.[10]
La Corte ha precisado que para efectos de establecer si el requisito de la inmediatez se cumple, el juez debe constatar: “1) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y 3) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.”[11]
Varias son las razones que podrían aducirse para justificar válidamente la inactividad del accionante, según la jurisprudencia constitucional: (i) la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito; (ii) la incapacidad del actor para ejercer oportunamente la defensa de sus derechos; (iii) la existencia de una amenaza grave e inminente que resulte urgente conjurar de manera inmediata mediante la acción interpuesta; (iv) la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas y que justifique la tardanza en el ejercicio de los derechos[12]; (v) la permanencia de la vulneración es permanente en el tiempo, es decir, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual[13]; y (vi) la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales (estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otras), convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez.[14]
La jurisprudencia constitucional, en virtud del artículo 86 de la Carta, ha reconocido que la acción de tutela procede como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado, puesto que éstas “gozan de un estatus constitucional especial que no puede simplemente tener un efecto retórico. En este sentido, la Constitución obliga a las autoridades a reconocer que se trata de una población especialmente protegida que se encuentra en una situación dramática por haber soportado cargas excepcionales y, cuya protección es urgente para la satisfacción de sus necesidades más apremiantes.”[15]
Esta condición de sujetos de especial protección constitucional que tienen las víctimas de desplazamiento forzado interno, ha sido el fundamento para aceptar que la acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo y expedito para la protección de sus derechos fundamentales, a pesar de la existencia de otros mecanismos de defensa judicial.[16]
Entre los derechos constitucionales fundamentales que resultan amenazados o vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzoso, la jurisprudencia de esta Corte[17] ha señalado los siguientes:
1) El derecho a la vida en condiciones de dignidad dadas las circunstancias infrahumanas asociadas a su movilización y a su permanencia en el lugar provisional de llegada y los frecuentes riesgos que amenazan directamente su supervivencia.[18] Los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno[19], que contribuyen a la interpretación de este derecho en el contexto del desplazamiento forzado interno son los Principios 1, 8, 10 y 13, que se refieren, entre otras cosas, a la protección contra el genocidio, las ejecuciones sumarias y las prácticas contrarias al derecho internacional humanitario que pongan en riesgo la vida de la población desplazada.
2) Los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, los discapacitados y las personas de tercera edad, y de otros grupos especialmente protegidos “en razón de las precarias condiciones que deben afrontar las personas que son obligadas a desplazarse.”[20] La interpretación de estos derechos deberá hacerse de conformidad con lo que establecen los Principios Rectores 2, 4 y 9 sobre protección especial a ciertos grupos de desplazados.
3) El derecho a escoger su lugar de domicilio, en la medida en que para huir del riesgo que pesa sobre su vida e integridad personal, los desplazados se ven forzados a escapar de su sitio habitual de residencia y trabajo. [21] Los Principios Rectores 5, 6, 7, 14 y 15 contribuyen a la interpretación de este derecho, en particular, a la determinación de prácticas prohibidas por el derecho internacional que impliquen una coacción al desplazamiento de las personas, o su confinamiento en lugares de los cuales no puedan salir libremente.
4) Los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y de asociación, “dado el ambiente intimidatorio que precede a los desplazamientos”[22] y las consecuencias que dichas migraciones surten sobre la materialización de los proyectos de vida de los afectados, que necesariamente deberán acoplarse a sus nuevas circunstancias de desposeimiento. Los Principios Rectores 1 y 8 son pertinentes en la interpretación de estos derechos.
5) Los derechos económicos, sociales y culturales de los desplazados se ven afectados por las características propias del desplazamiento.[23] El alcance mínimo de estos derechos ha sido interpretado de conformidad con los Principios Rectores 3, 18, 19, y 23 a 27, que se refieren a las condiciones para garantizar un nivel de vida digna, y el acceso a la educación, la salud, el trabajo, entre otros derechos.
6) La unidad familiar[24] y la protección integral de la familia[25], puesto que el desplazamiento implica una dispersión de las familias afectadas. Los Principios Rectores 16 y 17 están dirigidos, entre otros aspectos, a precisar el alcance del derecho a la reunificación familiar.
7) El derecho a la salud, en conexidad con el derecho a la vida, no sólo porque el acceso de las personas desplazadas a los servicios esenciales de salud se ve sustancialmente dificultado por el hecho de su desplazamiento, sino porque las deplorables condiciones de vida que se ven forzados a aceptar tienen un altísimo potencial para minar su estado de salud o agravar sus enfermedades, heridas o afecciones preexistentes.[26] Los Principios Rectores 1, 2 y 19 precisan el alcance de este derecho en el contexto del desplazamiento forzado interno.
8) El derecho a la integridad personal[27] resulta amenazado tanto por los riesgos que se ciernen sobre la salud de las personas desplazadas, como por el alto riesgo de ataques al que están expuestos por su condición misma de desposeimiento.[28] A este derecho se refieren los Principios Rectores 5, 6 y 11.
9) El derecho a la seguridad personal[29], porque el desplazamiento conlleva riesgos específicos, individualizables, concretos, presentes, importantes, serios, claros y discernibles, excepcionales y desproporcionados para varios derechos fundamentales de los afectados. Para la interpretación del alcance de este derecho en el contexto del desplazamiento forzado interno son pertinentes los Principios Rectores 8, 10, 12, 13 y 15.
10) La libertad de circulación por el territorio nacional[30] y el derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir[31], puesto que la definición misma de desplazamiento forzado presupone el carácter no voluntario de la migración a otro punto geográfico para allí establecer un nuevo lugar de residencia. Los Principios Rectores 1, 2, 6, 7 y 14 resultan relevantes para la interpretación del alcance de estos derechos en relación con la población desplazada.
11) El derecho al trabajo[32] y la libertad de escoger profesión u oficio, especialmente en el caso de los agricultores que se ven forzados a migrar a las ciudades y, en consecuencia, abandonar sus actividades habituales. Para la interpretación de estos derechos resultan relevantes los Principios Rectores 1 a 3, 18, 21, 24 y 25, que establecen criterios para garantizar medios para la obtención de un nivel de vida adecuado y la protección de sus propiedades o posesiones.
12) El derecho a una alimentación mínima[33], que resulta insatisfecho en un gran número de casos por los altísimos niveles de pobreza extrema a los que llegan numerosas personas desplazadas, que les impiden satisfacer sus necesidades biológicas más esenciales que repercuten, por ende, sobre el disfrute cabal de todos sus demás derechos fundamentales, en particular sobre los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud. Ello es especialmente grave cuando el afectado es un menor de edad. Para la interpretación del alcance de este derecho son pertinentes los Principios Rectores 1 a 3, 18 y 24 a 27, relativos al nivel de vida adecuado que se debe garantizar a la población desplazada y a la asistencia humanitaria.
13) El derecho a la educación, en particular el de los menores de edad que sufren un desplazamiento forzado y se han visto obligados, por ende, a interrumpir su proceso de formación.[34] En relación con este derecho, resultan relevantes los Principios Rectores 13 y 23.
14) El derecho a una vivienda digna[35], puesto que las personas en condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios hogares o lugares habituales de residencia y someterse a condiciones inapropiadas de alojamiento en los sitios hacia donde se desplazan, cuando pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie. En relación con este derecho, los Principios Rectores 18 y 21 establecen criterios mínimos que deben ser garantizados a la población desplazada a fin de proveerles vivienda y alojamiento básicos.
15) El derecho a la paz[36], cuyo núcleo esencial abarca la garantía personal de no sufrir, en lo posible, los efectos de la guerra, y mucho menos cuando el conflicto desborda los cauces trazados por el derecho internacional humanitario, en particular la prohibición de dirigir ataques contra la población civil.[37] Para la interpretación de este derecho son pertinentes los Principios Rectores 6, 7, 11, 13 y 21 que prohíben el desconocimiento de las normas de derecho internacional humanitario que protegen a los no combatientes.
16) El derecho a la personalidad jurídica, puesto que por el hecho del desplazamiento la pérdida de los documentos de identidad dificulta su registro como desplazados y el acceso a las distintas ayudas, así como la identificación de los representantes legales, cuando se trata de menores de edad que son separados de sus familias.[38] El alcance de este derecho en el contexto del desplazamiento forzado interno se encuentra expresamente consagrado en el Principio Rector 20.
17) El derecho a la igualdad[39], por dos circunstancias: (i) porque la condición de desplazado que es la única que diferencia a la población desplazada de los demás habitantes del territorio colombiano, es la que precisamente genera la vulneración de los derechos fundamentales; y (ii) porque el hecho del desplazamiento, en muchas oportunidades, se produce por la pertenencia de la persona afectada a determinada agrupación o comunidad a la cual se le atribuye cierta orientación respecto de los actores en el conflicto armado por sus opiniones políticas. Estos criterios han sido proscritos como factores de diferenciación por el artículo 13 de la Carta.[40] Los alcances de este derecho han sido definidos por los Principios Rectores 1 a 4, 6, 9 y 22, que prohíben la discriminación a la población desplazada, recomiendan la adopción de medidas afirmativas a favor de grupos especiales dentro de la población desplazada y resaltan la importancia de que a los desplazados se les garantice un trato igualitario.
Además, en la medida en que toda víctima del desplazamiento es a su vez sujeto pasivo del delito de desplazamiento[41], de tal condición se derivan los derechos de verdad, justicia y reparación.
El derecho a la verdad ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional[42] como el esclarecimiento, dentro del proceso penal, de las circunstancias del desplazamiento -agentes causantes (no sólo el grupo armado culpable, sino también los autores intelectuales y materiales concretos) y móviles de los agentes para la perpetuación del delito de desplazamiento forzado, entre otros.
De este derecho hace parte también la participación del perjudicado dentro del proceso penal, en cuanto implica conocimiento del curso del proceso y facilita la investigación por parte de los funcionarios del Estado en la medida en que las víctimas fueron testigos directos del hecho.[43] Reafirman el derecho a la verdad los Principios Rectores 16.1 y 16.2.[44]
El derecho a la justicia supone que este delito no debe quedar impune, y en consecuencia, el Estado debe garantizar el acceso a la administración de justicia a quien fue víctima del delito y velar por que el hecho punible sea castigado a través del aparato jurisdiccional.[45]
El derecho a la reparación y al retorno exige una actuación diligente del Estado en la efectiva recuperación de los bienes que las víctimas del delito se vieron compelidos a abandonar con motivo del desplazamiento, o su equivalente, tal y como lo consagran los principios 28 y 29.2 de los Principios Rectores de los desplazados internos.[46]
Debido a los numerosos derechos constitucionales afectados por el desplazamiento y en consideración a las especiales circunstancias de debilidad, vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran los desplazados, la jurisprudencia constitucional les ha reconocido, con fundamento en el artículo 13 constitucional, el derecho a recibir de manera urgente un trato preferente por parte del Estado, el cual se caracteriza por la prontitud en la atención de sus necesidades, puesto que “de otra manera se estaría permitiendo que la vulneración de derechos fundamentales se perpetuara, y en muchas situaciones, se agravara.”[47]
“(…) esta Corporación ha considerado que al Estado le compete impedir que el desplazamiento se produzca, porque las autoridades han sido establecidas para respetar y hacer respetar la vida, honra y bienes de los asociados, pero también ha dicho que si ‘no fue capaz de impedir que sus asociados fueran expulsados de sus lugares de origen, tiene por lo menos que garantizarle a los cientos de miles de colombianos que han tenido que abandonar sus hogares y afrontar condiciones extremas de existencia la atención necesaria para reconstruir sus vidas.’[48] Lo anterior comporta que la situación de cada una de las personas y familias desplazadas por la violencia deba ser un asunto prioritario de las autoridades.”[49]
En consecuencia, las autoridades están obligadas a tomar medidas especiales a favor de los desplazados que los hagan menos vulnerables, reparen las injusticias derivadas del desplazamiento involuntario y se orienten a la realización efectiva de los derechos que generan un bienestar mínimo que les permita ser autónomos y autosuficientes.[50] El alcance de estas medidas se determina de acuerdo a tres parámetros principales: (i) el principio de favorabilidad en la interpretación de las normas que protegen a la población desplazada, (ii) los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno, emanados de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la ONU, en 1998, y (iii) el principio de prevalencia del derecho sustancial en el contexto del Estado Social de Derecho.[51]
Incluso, la jurisprudencia constitucional ha llegado a afirmar que las medidas cautelares[52] adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se incorporan de manera automática al ordenamiento jurídico interno y que la acción de tutela es un mecanismo adecuado para conminar a las autoridades públicas para que cumplan lo dispuesto en ellas, cuando en un determinado asunto hubieren incumplido con sus deberes constitucionales.[53]
En la sentencia T-458 de 2008[54], la Corte Constitucional reiteró su consolidada línea jurisprudencial en el sentido de resaltar que la condición de desplazado “es el resultado de una particular situación de hecho en la cual se encuentra una persona, la cual se caracteriza, en términos generales, por la coincidencia de los siguientes elementos: (i) en primer lugar, se presenta una migración dentro de las fronteras del territorio nacional. (ii) El motivo del traslado obedece a la amenaza, o vulneración efectiva, que se cierne sobre las libertades fundamentales del Ciudadano. (iii) Adicionalmente, se observa que dicha afectación guarda un estrecho vínculo con supuestos relacionados con el conflicto armado o con infracciones de las garantías consignadas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.”
En este mismo sentido la Ley 387 de 1997 en su artículo 1 define como desplazado a “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.”
Dentro de este contexto, la Corte ha reconocido de manera contundente que, en la medida en que la condición de desplazado proviene de una especial situación fáctica de desprotección, no se requiere de un título plasmado en una declaración administrativa para reclamar la protección especial o reforzada que el Estado debe otorgar.[55]
En este mismo sentido, la Corte ha concluido que la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada, RUPD, constituye básicamente una herramienta para lograr la identificación de la población desplazada, establecer su situación socioeconómica y las necesidades básicas insatisfechas, entre otros aspectos, con el propósito de diseñar y adoptar medidas eficaces para atenderla de manera adecuada. Por tanto, “el instrumento creado para lograr la “identificación” de la población desplazada no puede convertirse en una barrera de acceso a las prestaciones que buscan garantizar su protección, con lo cual los efectos que se derivan de la inclusión en el registro son meramente declarativos y en forma alguna afectan la condición objetiva del desplazamiento.”[56]
Igualmente, en la sentencia T-327 de 2001[57], la Corte precisó que “la inscripción en el RUPD no puede ser la que otorga el carácter de desplazado, toda vez que la protección de los derechos fundamentales de aquellas personas que han tenido que abandonar sus hogares a causa del conflicto armado, no puede condicionarse a una certificación expedida por determinada autoridad a partir de una valoración subjetiva de una serie de hechos que se presentan a su consideración.[58] Una conclusión contraria desconocería el carácter material de la Constitución y la eficacia directa que caracteriza los derechos fundamentales.”[59]
En conclusión, para la Corte la inscripción en el RUPD de la población desplazada no es el acto constitutivo del desplazamiento forzado, sino una herramienta técnica que busca identificar a ésta población y determinar sus características, con el fin de actualizar la información de atención y seguimiento de los servicios prestados por el Estado.[60]
Según el art. 1 del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte “es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la citada Convención y del presente Estatuto.”
La Corte Interamericana ejerce dos tipos de funciones, según el artículo 2 de su Estatuto: (i) la función jurisdiccional, por medio de la cual determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por haber violado alguno de los derechos consagrados o estipulados en la Convención Americana (se rige por los artículos 61, 62 y 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[61]); y (ii) la función consultiva a través de la cual, responde las consultas que le formulan los Estados miembros de la OEA o los órganos de la misma, sobre temas relacionados con la interpretación de la Convención Americana o con otros tratados relativos a la protección de los derechos humanos (se rige por el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[62]).
En el escrito de contestación de la demanda del 14 de enero de 2005, el Estado colombiano “acept[ó] su responsabilidad internacional por la infracción de la obligación de respeto, en cuanto toca con la violación de los derechos a la vida [artículo 4 de la Convención Americana], a la integridad personal [artículo 5 de la Convención Americana], a la libertad personal [artículo 7 de la Convención Americana] y a la propiedad privada [artículo 21 de la Convención Americana]” de aquellas personas señaladas en la demanda (…).”[63]
5) El derecho establecido en el artículo 11.2 de la Convención relativo a la prohibición de injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada y en el domicilio, en relación con los artículos 21 (Derecho a la Propiedad Privada) y 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de las personas cuyos domicilios fueron destruidos en El Aro, quienes se encuentran señaladas en el párrafo 200.b de la Sentencia.
La Sentencia la Corte Interamericana precisó que la reparación del daño ocasionado por la infracción de los anteriores derechos (obligación internacional) requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en “el restablecimiento de la situación anterior a la violación.” Y de no ser esto posible, como en el presente caso, “el tribunal internacional debe determinar una serie de medidas para que, además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias producidas por las infracciones y se establezca, inter alia, el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados.”[64]
Además, de manera expresa indicó que la obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de su derecho interno.[65]
Concretamente, respecto de las reparaciones señaló que (i) consisten en medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas; (ii) su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos material e inmaterial; y (iii) no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores.[66]
h) Publicación de las partes pertinentes de la presente Sentencia:
Frente a la posibilidad de un doble pago producto de la instancia internacional y la jurisdicción contenciosa administrativa, la Sentencia de la Corte Interamericana prevé que en caso de que algunas de las víctimas hayan obtenido a nivel interno indemnizaciones a su favor, los montos obtenidos podrán ser deducidos por el Estado al momento de abonar a dichas personas las reparaciones pecuniarias fijadas en la Sentencia.[67]
Por su parte el artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados dispone que “[t]odo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” (pacta sunt servanda); y el artículo 27 que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.
(i) El artículo 68.1 de la Convención Americana, el cual estipula que “los Estados Parte en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Para ello los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones.
[1] “ARTICULO 1o. DEL DESPLAZADO. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.
PARAGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará lo que se entiende por condición de desplazado.”
“ARTICULO 32. DE LOS BENEFICIOS CONSAGRADOS EN ESTA LEY. Artículo modificado por el artículo 32 de la Ley 962 de 2005. El nuevo texto es el siguiente: Tendrán derecho a recibir los beneficios consagrados en la presente ley, los colombianos que se encuentren en las circunstancias previstas en el artículo 1 de la misma y que hayan declarado esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, o ante la Defensoría del Pueblo, o ante las Personerías Municipales o Distritales, en formato único diseñado por la Red de Solidaridad Social. Cualquiera de estos organismos que reciba la mencionada declaración remitirá copia de la misma, a más tardar el día hábil siguiente, a la Red de Solidaridad Social o a la oficina que esta designe a nivel departamental, distrital o municipal, para su inscripción en el programa de beneficios.
[2] Sentencia T-025 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[4] La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional el Estado colombiano por la violación de múltiples derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por los hechos ocurridos en los corregimientos de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, del municipio de Ituango (Antioquia).
[5] Folios 5-22 del expediente.
[6] Folios 22-23 del expediente.
[7] “Artículo 3. Funciones. (…). 6. Ser interlocutor, coordinador y enlace para todas las gestiones oficiales que se adelanten entre las entidades gubernamentales y los gobiernos de otros países, así como con los organismos internacionales. (…) 9. Coordinar, en materia de relaciones exteriores, las Agencias del Estado y las actividades de la Administración Pública, en todos sus órdenes y niveles.”
Artículo 21. Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Son funciones de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, las siguientes: (…) 2. Promover y desarrollar las acciones estratégicas necesarias para la atención y el manejo de los temas de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario en el ámbito internacional. (…) 7. Transmitir a las entidades estatales pertinentes las solicitudes de acción urgente que le formulen al Estado colombiano los organismos internacionales de protección de los derechos humanos ante amenazas o situaciones especiales de riesgo, hacer seguimiento de las medidas adoptadas en virtud de tales amenazas o situaciones y presentar los informes periódicos a que haya lugar. 8. Coordinar el manejo de los casos individuales, que por posibles violaciones de derechos humanos, sean denunciados internacionalmente y transmitidos al Gobierno de Colombia por los organismos internacionales de protección, y definir las pautas que deben tenerse en consideración en relación con actuaciones de especial trascendencia jurídica. (…)”.
[8] Sentencia T-558 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[9] En la Sentencia T-730 de 2003 (MP. Jaime Córdoba Triviño) la Corte dijo: “2. Por una parte, si la acción de tutela pudiera interponerse varios años después de ocurrido el agravio a los derechos fundamentales, carecería de sentido la regulación que el constituyente hizo de ella. De esa regulación se infiere que el suministro del amparo constitucional está ligado al principio de inmediatez, es decir, al transcurso de un prudencial lapso temporal entre la acción u omisión lesiva de los derechos y la interposición del mecanismo de protección. Nótese que el constituyente, para evitar dilaciones que prolonguen la vulneración de los derechos invocados y para propiciar una protección tan inmediata como el ejercicio de la acción, permite que se interponga directamente por el afectado, es decir, sin necesidad de otorgar poder a un profesional del derecho; orienta el mecanismo al suministro de protección inmediata; sujeta su trámite a un procedimiento preferente y sumario; dispone que la decisión se tome en el preclusivo término de diez días; ordena que el fallo que se emita es de inmediato cumplimiento y, cuando se dispone de otro medio de defensa judicial, permite su ejercicio con carácter transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”
[10] Sentencia T- 678 de 2006 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[11] Sentencia T-173 de 2002 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[12] Sentencias T-678 y 1009 de 2006 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. SV. Jaime Araújo Rentería); y T-299 de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo).
[13] Sentencia T-299 de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo).
[14] Sentencia T-158 de 2006 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).
[15] Sentencia T-821 de 2007 (MP. Catalina Botero Marino. SV. Jaime Araújo Rentería).
[16] Sentencias T-740 de 2004 y T-1076 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-175 de 2005 (MP. Jaime Araujo Rentería); T-1094 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); T-563 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-882 y T-1144 de 2005 (MP. Álvaro Tafur Galvis) y T-468 de 2006 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).
[17] Sentencia T-025 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[18] Sentencia SU-1150 de 2000 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[19] Emanados de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la ONU, en 1998.
[20] Sentencia T-215 de 2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[21] Sentencia T-227 de 1997 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[22] Sentencia SU-1150 de 2000 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[23] Sentencia T-098 de 2002 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[24] Sentencia SU-1150 de 2000 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[25] Sentencia T-1635 de 2000 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
[26] Sentencia T-645 de 2003 (MP. Alfredo Beltrán Sierra).
[27] Sentencias T-1635 de 2000 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-327 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); y T-1346 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[28] Sentencia T-327 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[29] Sentencias T-258 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); y T-795 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[30] Sentencias T-1635 de 2000 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-327 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-1346 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil); y T-268 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[31] Sentencia T-227 de 1997 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[32] Sentencias T-669 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-1635 de 2000 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); T-327 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-1346 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil); y T-268 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[33] Sentencia T-098 de 2002 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[34] Sentencia T-215 de 2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[35] Sentencia T-602 de 2003 (MP. Jaime Araujo Rentería).
[36] Sentencia T-721 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis).
[37] Sentencia C-328 de 2000 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[38] Sentencia T-215 de 2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[39] Sentencia T-268 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[40] Sentencia T-602 de 2003 (MP. Jaime Araujo Rentería).
[41] Artículo 159 del Código Penal: "Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil. El que con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y sin que medie justificación militar, deporte, expulse, o desplace forzadamente de su sitio de asentamiento a la población civil, incurrirá (…)."
Artículo 17, Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra: "1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán las medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación.
2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto."
[42] Sentencias T-275 de 1994 (MP. Alejandro Martínez Caballero); C-293 de 1995 (MP. Carlos Gaviria Díaz. SV. Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz); y SU-717 de 1998 (MP. Carlos Gaviria Díaz).
[43] Sentencia T-275 de 1994 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[44] "1. Los desplazados internos tienen derecho a conocer el destino y paradero de sus familiares desaparecidos.
2. Las autoridades competentes tratarán de averiguar el destino y el paradero de los desplazados internos desaparecidos y cooperarán con los organismos internacionales competentes dedicadas a esta labor. Informarán a los parientes más próximos de la marcha de la investigación y les notificarán los posibles resultados."
[45] Sentencia T-327 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[46] “PRINCIPIO 28: “1. Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que han regresado o se han reasentado en otra parte.
2. Se harán esfuerzos especiales para asegurar la plena participación de los desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso o de su reasentamiento y reintegración”.
“PRINCIPIO 29: "2. Las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabilidad de prestar asistencia a los desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte, para la recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron. Si esa recuperación es imposible, las autoridades competentes concederán a esas personas una indemnización adecuada u otra forma de reparación justa o les prestarán asistencia para que la obtengan."
[47] Sentencias T-602 de 2003 (MP. Jaime Araujo Rentería); y T-669 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[48] Sentencia SU- 1150 de 2000 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[49] Sentencia T-721 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis).
[50] Sentencia T-602 de 2003 (MP. Jaime Araujo Rentería).
[51] Sentencia T-268 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[52] En relación con este tipo de medidas ha dicho la Corte: “La naturaleza jurídica de las medidas cautelares sigue siendo la misma, es decir, se trata de un acto jurídico adoptado por un organismo internacional de protección de los derechos fundamentales mediante el cual se conmina al Estado demandado para que adopte, en el menor tiempo posible, todas las medidas necesarias, de orden administrativo o judicial, a fin de que cese una amenaza que se cierne sobre un derecho humano determinado. La práctica de la CIDH en la materia muestra además que tales medidas, decretadas por un órgano de naturaleza cuasijurisdiccional, pueden ser adoptadas en el curso de un proceso que se adelante contra un Estado Parte o incluso sin que haya sido presentada aún la demanda, es decir, como una especie de medida cautelar previa.” Ver: Sentencia T-558 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[53] Sentencias T-327 de 2004 (MP. Alfredo Beltrán Sierra) y T-558 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández). En ésta última providencia dijo la Corte: “es necesario tomar en consideración que las medidas cautelares aluden no a situaciones generalizadas de violaciones de los derechos humanos en un Estado sino a casos concretos, particularizados, con beneficiarios determinados, que apuntan a salvaguardar los derechos a la vida e integridad personal de éstos, razón por la cual, no es de recibo el argumento de que el Estado destinatario de las medidas cautelares goce de absoluta liberalidad para cumplir o no lo decidido por la CIDH, tanto menos y en cuanto el otorgamiento de aquéllas no constituye prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión.”
[54] MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[55] Sentencia T-458 de 2008 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).
[56] Sentencia T-328 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño). Ver también sentencia T-563 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[57] MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[58] Ver al respecto las sentencias T-327 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-268 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[59] Ver también, sentencia T-468 de 2006 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).
[60] Sentencias T-258 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); T-327 de 200l (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-268 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-602 de 2003 (MP. Jaime Araújo Rentería); T-721 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis); T-985 de 2003 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-1215 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández); T-025 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); T-740 de 2004 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-1094 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); T-175 de 2005 (MP. Jaime Araújo Rentería); T-563 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-882 de 2005 (MP. Álvaro Tafur Galvis); T-1076 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-1144 de 2005 (MP. Álvaro Tafur Galvis); T-086 de 2006 (MP. Clara Inés Vargas Hernández); T-468 de 2006 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto); T-328 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-496 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-611 de 2007 (MP. Nilson Pinilla Pinilla); T-630 de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto); T-821 de 2007 (MP. Catalina Botero Marino); T-056 de 2008 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-458 de 2008 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto); T-647 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. AV. Jaime Araújo Rentería); T-006 de 2009 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); y T-042 de 2009 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[61] “Artículo 61 1. Sólo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. // 2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50.”
“Artículo 62 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.// 2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de la Corte. // 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.”
“Artículo 63 1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. // 2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.”
[62] “Artículo 64 1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrán consultarla, en los que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. // 2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.”
[63] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006, p. 5.
[64] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006, párrafo 347.
[66] Ibídem, párrafo 348.
[67] Párrafo 365.

References: artículo 32
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 64
 artículo 11
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 68
 artículo 32
 artículo 1

Artículo 21
 Artículo 159

Artículo 17