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Timestamp: 2018-02-23 18:14:42+00:00

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Federación Ecologista - Sala IV desata polémica en fallo sobre acueducto en Sardinal
Sala IV desata polémica en fallo sobre acueducto en Sardinal
Por Irene González Chen y Fernando Francia informa-tico.com Mientras ecologistas y dirigentes comunales recibían con beneplácito el fallo de la Sala IV que coloca por encima los intereses de las comunidades sobre los desarrollos turisticos en cuanto al uso del agua, la Comisión Interinstitucional gubernamental dice que no imposibilita la cnstrucción del acueducto en cuestión.
La lectura del los portantos deja un margen de interpretación que cada sector ubica a su favor. Mientras para los ambientalistas es una decisión acertada porque pone a las comunidades en franca prioridad frente a desarrollos turísticos, la Comisión gubernamental dice que al haber suficiente agua y al estar en un proceso de participación ciudadana ellos están cumpliendo con la ordenanza del la Sala Constitucional.
Ambientalistas celebran
Para el abogado ambientalista Isaac Rojas afirmó que "la decisión de la Sala Constitucional de no permitir la instalación de un acueducto para abastecer varios proyectos turísticos de la zona fue "sumamente atinada" y evitará muchos conflictos que podrían presentarse.
"El reciente fallo de la Sala Constitucional con respecto al caso de Sardinal pone los puntos correctamente sobre las íes y da la razón a una lucha comunitaria que ha sido ejemplificante a nivel nacional y a nivel latinoamericano, porque es un caso de extrema importancia en la lucha por el agua que hacen las comunidades, ese agua que debe suplir las necesidades humanas básicas y satisfacer usos suntuoso proyectos hoteleros en lugares donde no debería haberlos", manifestó Rojas.
El abogado explicó que "el fallo se centra en dos argumentos; el primero de ellos está basado "en el respeto al artículo 50 de la Constitución Política" el cual le da derecho a todos los ciudadanos a "contar en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado".
Rojas añadió que este primer punto "aplica el principio precautorio de que no existe una certeza jurídica y científica" que asegure que "los mantos acuíferos van a satisfacer" las necesidades de la comunidad.
"La Sala fue sumamente atinada porque corta por lo sano posibles conflictos que se puedan dar a futuro en esta zona por el uso del agua, por la pésima planificación de gobierno y por la alcahuetería que han tenido todas las administraciones al permitir que estas mega construcciones se realicen en una zona del país que no tiene el agua suficiente para este tipo de iniciativas", declaró Rojas.
El ambientalista agregó que también es muy importante el hecho de que el Alto Tribunal Constitucional haya defendido la participación de los vecinos de Sardinal en "el proceso de formulación de este proyecto" lo que, según él, recuerda que "la participación ciudadana es esencial para solventar cualquier problema social".
"Esperamos que con este fallo la Sala venga a retomar el camino de respeto a la Constitución y de interpretaciones sanas, y no "jaladas del pelo" como las que hemos estado viviendo, y que la institucionalidad venga poco a poco, con este tipo de fallos, a recobrar el respeto de todo el pueblo costarricense", expresó Rojas.
Acerca de la resolución de la Sala IV
La Sala Constitucional dio la razón a la comunidad de Sardinal y echó por tierra las pretensiones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Acueductos y Alcantarillados (AyA) y varios desarrolladores para instalar un acueducto y abastecer varios desarrollos inmobiliarios de lujo en comunidades vecinas.
"El proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, viola el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 constitucional) porque no se tiene certeza técnica de la capacidad de explotación del recurso hídrico del acuífero Sardinal ni de la disponibilidad de agua para satisfacer los intereses de la comunidad, que son los primordiales", señaló ayer jueves un comunicado de la Sala Constitucional.
El comunicado señala que "esta fue la decisión que tomó el miércoles 14 de enero, la Sala Constitucional al resolver el recurso de amparo bajo el expediente número 08-005154-0007-CO presentado contra varias instituciones públicas que avalaron la explotación y ampliación de un proyecto de acueducto en Sardinal. El recurso fue declarado con lugar mediante la sentencia 2009-00262".
Comisión Interinstitucional continúa trabajando
A pesar de lo dicho anteriormente sobre el fallo de la Sala IV, la Comisión interinstitucional emitió un comunicado donde explica que es un fallo respecto a varios recursos presentados antes de la entrada en operaciones de esa Comisión conformada por el MINAET, A y A y SENARA, para analizar la gestión del Acuífero Sardinal en cuanto a la seguridad hídrica.
En el comunicado, dicha Comisión dice compartir "plenamente" las disposiciones del voto "por cuanto refleja las inquietudes de las comunidades, valoraciones de la Contraloría General de la República, y otros aspectos, que son precisamente la razón de ser de la Comisión Interinstitucional".
Para la Comisión, el Estado participativo que invoca la Sala Constitucional "ha venido desarrollándose ampliamente a través de un proceso de devolución social" promovido por ellos mismos y que actualmente se encuentra en su etapa final con la realización de reuniones con los diferentes sectores interesados como la Municipalidad de Carrillo, Asociaciones de Desarrollo, comité vecinales, centros educativos de la zona, Defensoría de los Habitantes, representantes de las iglesias, líderes comunales y vecinos en general.
En relación a lo que indica el voto sustentado en el artículo 50 de la Constitución Política referente a la disponibilidad hídrica del acuífero, la Comisión gubernamental indicó en su comunicado que "el Informe Preliminar para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero Sardinal demuestra que no existe riesgo de sobreexplotación del recurso asegurando la disponibilidad del agua en forma prioritaria para el abastecimiento de las comunidades, garantizando un ambiente sano y ecológicamente equilibrado".
La Comisión Interinstitucional dejó en claro que continua con el proceso de desarrollo de estudios y trabajos relacionados con el tema así como el análisis de diversa documentación que distintos actores han emitido al respecto con el fin de emitir el Informe Final para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero Sardinal.
Entre los portantos de la Sala IV se hace incapié que la obstrucción o el no acatamiento de las resoluciones de este alto tribunal deberán pagarse con cárcel por parte de las autoridades que lo incumpliesen.
(Colaboró con la información: Voces Nuestras)
POR TANTO DE LA RESOLUCION SOBRE SARDINAL, SALA IV
262-09. Se declara con lugar el recurso. Por violación a lo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política en la aprobación y puesta en ejecución del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal; al no existir certeza técnica sobre la capacidad de explotación del recurso hídrico del Acuífero Sardinal, y la consecuente incertidumbre sobre la afectación de la prioridad de disponibilidad de agua para la satisfacción de los intereses de la comunidad, sobre cualquier otro tipo de interés patrimonial, comercial o turístico. Por violación al artículo 9 de la Constitución Política al omitirse la debida participación ciudadana en el proceso de formulación del proyecto. En consecuencia, se ordena a las autoridades recurridas ajustar sus actuaciones en torno a la ejecución del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, de conformidad con lo establecido en la sentencia. Los demás extremos de legalidad aducidos por los recurrentes, deberán ser atendidos por las autoridades recurridas en atención a lo dispuesto por la Contraloría General de la República en su informe número DFOE-ED-22-2008. Se condena al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se advierte a Ricardo Sancho Chavarría, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde y Bernal Soto Zúñiga, o a quienes ocupen sus cargos, que de conformidad con el artículo setenta y uno de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese la presente resolución a Ricardo Sancho Chavarría, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde y Bernal Soto Zúñiga, o a quienes ocupen sus cargos, en forma personal. Comuníquese.-
262-09. SUSPENDEN CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO PRIVADO POR FALTA DE ESTUDIOS TECNICOS EN SARDINAL DE GUANACASTE. Alegan los recurrentes que en la localidad de Sardinal se está construyendo un acueducto privado que amenaza llevarse el agua de la comunidad, violentando así el derecho a la salud y a la vida de la población. Manifiestan que la empresa MECO estuvo trabajando en la construcción de una acueducto privado financiado por un fideicomiso de veintidós empresarios privados, para llevar agua potable desde Sardinal hasta unos condominios del Grupo Mapache, ubicado en la Carretera a Playa Hermosa, hasta playas del Coco y la costa de Ocotal. Dicho acueducto se llevaría 167 litros de agua por segundo del manto acuífero sin tener un estudio de impacto ambiental aprobado. En la ejecución de las obras se rompió la vía para la instalación de tuberías. Mediante un permiso otorgado por la Ingeniera de la Municipalidad, sin que se cumplieran todos los requisitos, especialmente los estudios de impacto ambiental otorgados por SETENA, tampoco se abonaron los impuestos de construcción. Este es un proyecto complejo que incluye perforación de pozos, concesiones de agua, acueductos, construcción de tanques de almacenamiento y distribución, además tiene un impacto social en las comunidades locales. El monto estimado de las obras sobrepasa los ocho millones de dólares, y si se tratara de una obra pública, los recurrentes se preguntan donde está la aprobación de la Contraloría General de la República. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes emitió una autorización para la ruptura de las calles públicas, sin asegurarse de que estuviera garantizado que éstas quedaran en buen estado después de ejecutados los trabajos. Indican que ya es lamentable ver como están afectadas las carpetas asfálticas, y los faldones en las partes donde la empresa ya excavó las zanjas y colocó la tubería. Como consecuencia de la movilización de los vecinos del pueblo, la Municipalidad revocó el permiso de construcción, el cual no cumplía con los requisitos básicos, especialmente el de viabilidad ambiental. Sin embargo, aún cuando las obras están actualmente paralizadas, manifiestan que acuden en amparo porque la amenaza para la comunidad es real, e implica un desabastecimiento de agua importante. Se declara con lugar el recurso. Por violación a lo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política en la aprobación y puesta en ejecución del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal; al no existir certeza técnica sobre la capacidad de explotación del recurso hídrico del Acuífero Sardinal, y la consecuente incertidumbre sobre la afectación de la prioridad de disponibilidad de agua para la satisfacción de los intereses de la comunidad, sobre cualquier otro tipo de interés patrimonial, comercial o turístico. Por violación al artículo 9 de la Constitución Política al omitirse la debida participación ciudadana en el proceso de formulación del proyecto. En consecuencia, se ordena a las autoridades recurridas ajustar sus actuaciones en torno a la ejecución del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, de conformidad con lo establecido en la sentencia. Los demás extremos de legalidad aducidos por los recurrentes, deberán ser atendidos por las autoridades recurridas en atención a lo dispuesto por la Contraloría General de la República en su informe número DFOE-ED-22-2008. CL

References: artículo 50
 resolución 
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 9
 resolución 
 artículo 50
 artículo 9