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Timestamp: 2020-04-06 05:41:08+00:00

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Sentencia nº 1185 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 17 de Junio de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 283413307
Número de Expediente: 03-0775
Mediante escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el 19 de marzo de 2003, los ciudadanos A.R.A. Y F.R., titulares de las cedulas de identidad núms. 1.270.756 y 3.605.153, respectivamente, actuando con el carácter de Presidente y Director Principal de PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A., domiciliada en Caracas e inscrita el 15 de septiembre de 1975 en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el número 23, Tomo 99-A, siendo la última modificación estatutaria la publicada en Gaceta Oficial 37.588 de 10 de diciembre de 2002, asistidos por el abogado M.H.V., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 29.095, interpusieron recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra el encabezamiento del artículo 32 del Decreto Legislativo con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos, dictado por el Presidente de la República en C. deM., el 2 de noviembre de 2001 y publicado en Gaceta Oficial 37.323 del 13 de noviembre de 2001.
El 8 y 10 de abril de 2003, las abogadas M.A.D., P.A. y Marelva Monserrat, asistiendo a los ciudadanos J.M.A., P.C.R., F.Á.R., L.V.G., D.G.C. y R.C. de Ruiz, titulares de las cédula de identidad núms.. 903.229, 11.037.786, 10.578.119, 2.085.996, 4.277.501 y 4.815.730, respectivamente, comparecieron en la causa para actuar como ‘terceros coadyuvantes’ favorables al recurso de nulidad; en esa ocasión, consignaron firmas de interesados, en apoyo a la pretensión de los recurrentes.
El 23 de abril de 2003, el abogado J.M., en representación de trabajadores cesanteados de la industria petrolera, consignó escritos, mediante los cuales se le acreditaban su representación como parte opositora al recurso de nulidad.
En esa ocasión, el ciudadano R.M.C., asistido por el abogado M.F.S., presentó escrito de oposición a la medida cautelar innominada y de recusación contra el Magistrado J.M. Delgado Ocando.
El 24 de abril de 2003, el abogado M.H.V. retiró el cartel a que hace mención el artículo 116 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. En esa misma oportunidad, consignó documento mediante el cual los ciudadanos A.R.A. y F.R. le designaban como apoderado.
En esa misma ocasión, las abogadas M.A.D., Marelva Monserratt y P.A., consignaron escrito mediante el cual dejaban constancia que otro grupo de ciudadanos se adherían al recurso de nulidad.
En esa misma oportunidad, el abogado J.M. actuando en representación de varios trabajadores que mantienen juicio por calificación de despido contra Petróleos de Venezuela S.A., consignó escrito mediante el cual se hacen parte en el juicio de nulidad.
El 6 de mayo de 2003, los abogados J.O.P.-Pumar, A.G.J. y M.G.P.-Pumar, asistiendo a otro grupo de trabajadores que mantienen conflictos laborales con la industria petrolera, presentaron escrito de oposición a la medida cautelar.
En esa misma oportunidad, las abogadas P.A., M.A.D. y Marelva Monserrat, consignaron escrito anexo al cual se remitían planillas contentivas de firmas de ciudadanos que aceptaban su adhesión al recurso de nulidad.
El 19 de mayo de 2003, el abogado J.M. interpuso escrito de informes en representación de algunos funcionarios de la industria petrolera.
El 20 de mayo de 2003, esta Sala Constitucional, en cuaderno separado, declaró inadmisible la recusación presentada por el ciudadano R.A.M.C..
El 27 de mayo de 2003, el abogado N.G. actuando en su propio nombre y como asistente de parte del personal de la industria petrolera, presentó escrito oponiéndose al recurso de nulidad.
En esa oportunidad, el abogado Á.E.V., consignó escrito que a su vez fue suscrito por parte del personal en conflicto con la industria petrolera, expresando oposición al recurso de nulidad.
Asimismo, los abogados A.B.R. y A.T.G., actuando como representantes del sindicato Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, de los Hidrocarburos y sus derivados (UNAPETROL), y de otros trabajadores de la industria petrolera, presentaron escrito de oposición al recurso de nulidad.
El 3 de junio de 2003, los abogados F.E.R.M., N.E.M.R., S.Z.M. y R.C.R., en representación de miembros de la industria petrolera, presentaron escrito por el cual se adhieren al escrito de oposición del recurso de nulidad presentado por los abogados A.B.R. y A.T.G. del 27 de mayo de 2003.
El 5 de junio de 2003, las abogadas P.A., M.A.D. y Marelva Monserratt presentaron escrito con anexos de nuevos adherentes al recurso de nulidad.
El 25 de junio de 2003, el abogado N.P. consignó, en nombre del ciudadano J.M.A.T. y de V.H.P., sendos escritos de oposición al recurso de nulidad.
El 29 de julio de 2003, se recibió del Juzgado de Sustanciación el expediente, fijándose el quinto día para celebrarse el acto de informes. En esa oportunidad se designó ponente al Magistrado A.J.G.G..
El 7 de agosto de 2003 tuvo lugar el acto de informes, al cual comparecieron la representación de la Procuraduría General de la República, y los abogados N.P., M.H., M.A.D.M., P.A., Marelva Monserratt, A.G.J. y M.V.P., actuando en su propio nombre y en representación de los ciudadanos que se adhirieron u opusieron al recurso de nulidad.
I FUNDAMENTO DE NULIDAD
Artículo 32. Los trabajadores y trabajadoras de las empresas petroleras estatales, con excepción de los integrantes de las Juntas Directivas de las empresas, gozarán de estabilidad en el trabajo y sólo podrán ser despedidos por las causales expresamente consagradas en la legislación laboral. Igualmente, el Estado garantizará el régimen actual de contratación colectiva y el goce de las reivindicaciones sociales, económicas, asistenciales, sindicales, de mejoramiento profesional y todas aquellas establecidas en la contratación colectiva y en la legislación laboral, así como aquellos bonos o primas y demás percepciones y emolumentos que como incentivo a la eficiencia, y que por el uso y costumbre y por aplicación de normas de administración de personal, tradicionalmente vienen disfrutando los trabajadores conforme a la política seguida por las empresas en esa materia.
Los fideicomisos constituidos en beneficio de los trabajadores se regirán por las modalidades de la contratación colectiva
i) Dictar medidas para armonizar y coordinar las competencias en materia de gas y electricidad de los poderes público municipales, estadal y nacional.
II OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA En la oportunidad de celebrarse el acto de informes la representación judicial de la República consignó escrito contentivo de la posición de ese Ente, mediante la cual concluye que la solicitud de nulidad interpuesta por el Presidente y Director Principal de Petróleos de Venezuela S.A, debía desestimarse en razón de su improcedencia.
III DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS RECURRENTES, ADHERENTES Y ‘TERCEROS COADYUVANTES’ AL RECURSO DE NULIDAD
- El abogado M.H.V., actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos A.R.A. y F.R., presentó como opinión concluyente, los siguientes argumentos:
Con base en lo expuesto, argumentó que ambos regímenes normativos no pueden coexistir, debiendo prevalecer por interpretación jurisprudencial, la aplicación del régimen general del artículo 112 de la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores petroleros, en virtud de interpretación expuesta por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (sentencia del 29 de mayo de 2003; caso M.R. contra Pride Internacional C.A.) y, eliminando la disposición del artículo 32 del Decreto Legislativo con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos, por contravenir el artículo 89, numeral 2, de la Constitución.
- Por su parte, las abogadas M.A.D.M., P.A. y Marelva Monserrat, actuando con el carácter de ‘terceros coadyuvantes e interesados’, siguiendo el orden de la pretensión argüida por los recurrentes, expusieron lo siguiente:
- Los abogados Á.E.V. y N.J.P.D. actuando, el primero, en su propio nombre y, el segundo con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos R.Z., M.Á.M., L.O., L.V., J.E.B., B.S.C.Q., F.S.I., O.G.C.M., A. deJ.D.B., A.J.V.M., R.A.B.M., H.G.M.U. y E.A.I., e interviniendo como asistente del ciudadano F.J.B., todos actuando de manera correlativa con el carácter de miembros de las Juntas Directivas de las organizaciones SINDICATO UNIÓN NACIONAL DE MARINOS PETROLEROS Y MERCANTES DEL ESTADO ZULIA (UNMPMEZ), SINDICATO DE LOS TRABAJADORES PETROLEROS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, SAN FRANCISCO, LA CAÑADA DE URDANETA, LA VILLA DEL ROSARIO Y MACHIQUES DE PERIJÁ DEL ESTADO ZULIA (STPMSURPZ), SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA (STPL), SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS PETROLEROS DE TÍA JUANA DEL ESTADO ZULIA (SOEP-TÍA JUANA), SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE CASIGUA DEL CUBO Y DE LOS DISTRITOS COLÓN Y SUCRE DEL ESTADO ZULIA (STP-CASIGUA DEL CUBO), SINDICATO UNIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS PETROLEROS DE BACHAQUERO DEL ESTADO ZULIA (SUOEP-BACHAQUERO), presentaron en el acto de informes, escrito mediante el cual se opusieron al recurso de nulidad por inconstitucionalidad.
Al respecto, previa consideración a su legitimación procesal para intervenir en el juicio de nulidad, argumentaron inicialmente la falta de quebrantamiento del principio de reserva legal, debido a que los artículos 187, numeral 1, 202 y 203, último aparte, relacionados con las habilitaciones legislativas, no establecen mayores limitaciones pues, aunque la materia legal es inherente a la reserva legal, no existe impedimento constitucional que limite, restringa o prohíba que su regulación sea delegada al Ejecutivo Nacional. Para ello, ejemplificaron con base en sentencia dictada por esta Sala (19-9-2001, caso H.C.), que las materias que pueden conferirse al Ejecutivo han llegado al nivel, que permite la promulgación de actos normativos con rango de ley orgánica, por lo que no existe limitaciones salvo el contexto de la autorización que el Legislativo pueda conferir.
Expuesto lo anterior, efectuaron un estudio histórico relacionado con los antecedes normativos del artículo 32 del Decreto Legislativo con rango de Ley Orgánica de Hidrocarburos, haciendo referencia al artículo 24 de la Ley que Reserva al Estado, la Industria y Comercio de los Hidrocarburos, el cual preveía el régimen de estabilidad, catalogada de ‘absoluta’ en el sentido de que los trabajadores de la industria no pueden despedirse mediante el pago de la doble indemnización y otros procedimientos que son los que rigen para el resto del sector laboral venezolano. A tal efecto, considerando la falta de contenido por parte del legislador en el artículo 24 sobre la noción de la ‘estabilidad absoluta’ del trabajador, invocó la definición dada por los tratadistas Mario de la Cueva y R.C. que “la estabilidad absoluta en el trabajo, es un principio que otorga carácter permanente a la relación de trabajo y hace depender su disolución únicamente de la voluntad del trabajador y sólo excepcionalmente de la voluntad del patrono, de incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación que hagan imposible su continuación” y “el nombre de la estabilidad absoluta parte de dotar a la relación laboral de un atributo de permanencia a favor del trabajador de manera que el despido, cuando no se base en una causa legal, no solamente se considera como excepcional sino como imposible”. Siendo esta la clase de estabilidad dada a los trabajadores petroleros.
No obstante a lo expuesto, y argumentando la hipótesis favorable a la ‘estabilidad absoluta’ de los trabajadores petroleros, criticaron la posición sostenida por la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la cual interpretó que la estabilidad de los trabajadores petroleros no comportaba la calificación a priori del despido por parte de los órganos del Estado, pero que éstos podían en dado caso, acudir al tribunal de trabajo para solicitar el reenganche. Sin embargo, señalaron que la estabilidad ‘absoluta’ o ‘sui generis’ de los trabajadores petroleros ha sido reconocida por este Tribunal Supremo de Justicia, como lo ha señalado en sentencia de 3 de abril de 2002 (caso R.V.), dictada por la Sala Político Administrativa.
- Por su parte, los abogados A.G.J. y M.V.P., actuando en representación de los ciudadanos J.R., X.P. y N.B., presentaron en el acto de informes, sus consideraciones acerca de la improcedencia de la pretensión expuesta por los recurrentes.
- Finalmente, de manera separada al escrito de informes antes señalado, el abogado N.P.D., actuando en representación del ciudadano J.M.A.T., presentó en el acto de informes, argumentos idénticos a los expresados supra; pero cuestionó de manera adicional la calificación de los recurrentes para interponer la solicitud de nulidad, por considerar que su investidura como Presidente y Director de Petróleos de Venezuela S.A. les impide hacerlo por ser empresa del Estado, siendo un carácter que se contrapone al interés que representan en la Administración Pública, de la cual forman parte y que les impide contraponerse a un acto dictado por la máxima autoridad del Ejecutivo Nacional.
En el caso de autos, las abogadas M.A.D., P.A. y Marelva Monserrat, actuando en su nombre y en asistencia de un grupo considerable de ciudadanos, acudieron a la presente causa, aduciendo el carácter de ‘terceros coadyuvantes’, como si su interés sea inferior o tuviese un derecho preferente al de los recurrentes –como ocurre en los procedimientos contenciosos-, cuando en realidad, su verdadera cualidad es el de una auténtica parte para participar en juicio, teniendo la posibilidad de plantear de manera autónoma, argumentos propios –además de los compartidos- para aducir la nulidad del acto.
Por otra parte, el abogado N.P.D., actuando en representación del ciudadano J.M.A.T., ha cuestionado la legitimidad de los ciudadanos A.R.A. y F.R. para recurrir en nulidad, en razón de su investidura como Presidente y Director de Petróleos de Venezuela S.A., por ser ésta una empresa del Estado cuya titularidad en la rama ejecutiva a la cual pertenece radica en la figura del Presidente de la República quien dictó el acto. Al respecto, cabe destacar que si bien la referida empresa comprende parte de la organización del Estado, como administración descentralizada funcionalmente, la misma no pierde su carácter autónomo como persona jurídica independiente, por lo que tiene capacidad para recurrir. Por otra parte, los antedichos ciudadanos por su carácter per se y por demostrar un simple interés que se traduzca en la necesidad de argumentar la posibilidad de que exista una vulneración a la Constitución pueden ejercer el presente recurso de nulidad. Así se declara
Finalmente, cabe acotar al escrito de informes presentado por el abogado J.M., que consignó ante esta Sala el 19 de mayo de 2003, debe ser desestimado, en virtud de haberse interpuesto anticipadamente al término de la oportunidad fijada para celebrarse el acto en cuestión, el cual dató el 7 de agosto de 2003, por lo que, dada su intempestividad, se deniega. Así se declara.
- En lo que concierne a la delegación que invistió al Presidente de la República mediante la ley habilitante de 2000, se observa que la misma se estructuró con base en la clasificación de las materias susceptibles de ser modificadas por vía de los decretos legislativos, sin que se especificara, como ha ocurrido en leyes habilitantes anteriores, un texto a título de lista con mención expresa de los decretos legislativos a promulgarse.
Artículo 24: Los trabajadores de la industria petrolera, con excepción de los integrantes de las Juntas Directivas de las empresas, gozaran de estabilidad en el trabajo y sólo podrán ser despedidos por las causales expresamente consagradas en la legislación laboral (...)
En razón de ello, al señalarse un derecho cuyo contenido no se encuentra claramente delimitado, debe esta Sala interpretarlo como agente operador de la norma, considerando para ello, los complementos constitucionales relacionados con el derecho, así como del subsistema positivo que deviene de la garantía constitucional, “en el sistema jurídico existen criterios de interpretación que poseen relevancia jurídica en subsistemas. Todo subsistema está presidido por normas básicas que, al igual que en el sistema general, sirven como reglas interpretativas. Pero además, puede darse el caso de que existan explícitamente criterios complementarios a los generales y que afecten exclusivamente a un determinado sector jurídico” (PECES-BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Colección Universidad C.I. de Madrid. Madrid 1999. Pág. 584). En este sentido, el citado autor indica que esta modalidad de interpretación debe efectuarse desde el punto de vista de la adecuación lógica, es decir, la relación que ésta guarde con otras proposiciones normativas; teleológica, su fin con respecto a las demás normas; su estructura con respecto a las relaciones creadas por la Constitución; de coherencia, en el sentido que su interpretación no sea contrapuesta con otros preceptos; el de conservación de la norma, el cual comprende agotar los mecanismos interpretativos antes de derogar la disposición; lugar material o jerarquía normativa; de conformidad con la Constitución; y la interpretación más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales (Ob.cit. Pág. 582). Además de lo expuesto, el intérprete debe ponderar otros elementos, como son, el criterio gramatical, medio primario de interpretación, en los términos señalados en el artículo 4 del Código Civil, y el criterio histórico o los antecedentes del instrumento normativo, además del criterio sociológico, es decir, la operatividad de la norma en el marco colectivo.
Artículo 32. Los trabajadores y trabajadoras de las empresas petroleras estatales, con excepción de los integrantes de las Juntas Directivas de las empresas, gozarán de estabilidad en el trabajo y sólo podrán ser despedidos por las causales expresamente consagradas en la legislación laboral. Igualmente, el Estado garantizará el régimen actual de contratación colectiva y el goce de las reivindicaciones sociales, económicas, asistenciales, sindicales, de mejoramiento profesional y todas aquellas establecidas en la contratación colectiva y en la legislación laboral, así como aquellos bonos o primas y demás percepciones y emolumentos que como incentivo a la eficiencia, y que por el uso y costumbre y por aplicación de normas de administración de personal, tradicionalmente vienen disfrutando los trabajadores conforme a la política seguida por las empresas en esa materia
(subrayado del presente fallo de Sala).
- Por otra parte, los recurrentes han solicitado bajo argumentación en contrario, que de verificarse la constitucionalidad del precepto invocado, debe procederse a su ampliación, pues consideran que en ese caso el beneficio de estabilidad al cual alude el artículo 32 del Decreto Legislativo con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos debe hacerse extensivo a los directivos de las distintas filiales que integran a Petróleos de Venezuela S.A., pues ellos, además de formar parte del sector laboral de los hidrocarburos, realizan actividades que son análogas a las que desempeñan otros trabajadores de la industria, y que sí se benefician de la estabilidad laboral que establece la norma cuestionada en nulidad.
Por las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los ciudadanos A.R.A. y F.R., contra el encabezamiento del artículo 32 del Decreto Legislativo con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos, dictado por el Presidente de la República en C. deM. el 2 de noviembre de 2001 y publicado en Gaceta Oficial Nº 37.323 del 13 de noviembre de 2001.
Quien suscribe, Magistrado J.M. Delgado Ocando salva su voto en la sentencia de la Sala Constitucional, Exp. n° 03-0775 por las razones siguientes:
La tesis del proyecto interpreta el artículo 32, pero no analiza su inconstitucionalidad. En efecto, la intangibilidad y progresividad deben discutirse no respecto del régimen excepcional del artículo 32 sino respecto de su compatibilidad con la LOT, que debe privar sobre la DLOH conforme al artículo 59 de la LOT, y en relación con el conflicto hermenéutico entre tales principios y la igualdad, conforme lo prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
A.J.G. GARCÍA J.M. DELGADO OCANDO Disidente
Sentencia nº 1317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Octubre de 2009

References: artículo 32
 artículo 116

Artículo 32
 artículo 112
 artículo 32
 artículo 89
 artículo 32
 artículo 24
 artículo 24
sui generis

Artículo 24
 artículo 4

Artículo 32
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 59