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Timestamp: 2017-04-23 23:30:44+00:00

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Jurisprudencia Extranjera e Internacional: OEA - Caso Velazquez Rodriguez
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOSCORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOSSerie C: Resoluciones y Sentencias No. 4CASO VELÁSQUEZ RODRÍGUEZSENTENCIA DE 29 DE JULIO DE 1988En el caso Velásquez Rodríguez,la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los siguientesjueces:Rafael Nieto Navia, PresidenteHéctor Gros Espiell, VicepresidenteRodolfo E. Piza E., JuezThomas Buergenthal, JuezPedro Nikken, JuezHéctor Fix-Zamudio, JuezRigoberto Espinal Irías, Juez ad hoc;presentes, además,Charles Moyer, Secretario, yManuel Ventura, Secretario Adjuntode acuerdo con el artículo 44.1 de su Reglamento (en adelante "elReglamento"), dicta la siguiente sentencia sobre el presente casointroducido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra elEstado de Honduras.1. Este caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (enadelante "la Corte") por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (enadelante "la Comisión") el 24 de abril de 1986. Se originó en una denuncia(No. 7920) contra el Estado de Honduras (en adelante "Honduras" o "elGobierno"), recibida en la Secretaría de la Comisión el 7 de octubre de1981.2. Al introducir la demanda, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de laConvención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o"la Convención Americana"). La Comisión sometió este caso con el fin de quela Corte decida si hubo violación, por parte del Estado involucrado, de losartículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7(Derecho a la Libertad Personal) de la Convención en perjuicio del señorAngel Manfredo Velásquez Rodríguez (también conocido como ManfredoVelásquez). Asimismo, solicitó que la Corte disponga "se reparen lasconsecuencias de la situación que ha configurado la vulneración de esosderechos y se otorgue a la parte o partes lesionadas una justaindemnización".3. Según la denuncia presentada ante la Comisión y la informacióncomplementaria recibida en los días inmediatamente siguientes, ManfredoVelásquez, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, "fueapresado en forma violenta y sin mediar orden judicial de captura, porelementos de la Dirección Nacional de Investigación y del G-2 (Inteligencia)de las Fuerzas Armadas de Honduras". El apresamiento había tenido lugar enTegucigalpa, el 12 de setiembre de 1981 en horas de la tarde. Losdenunciantes declararon que varios testigos oculares manifestaron que fuellevado junto con otros detenidos a las celdas de la II Estación de laFuerza de Seguridad Pública ubicadas en el Barrio El Manchén de Tegucigalpa,donde fue sometido a "duras interrogaciones bajo crueles torturas, acusadode supuestos delitos políticos". Agrega la denuncia que el 17 de setiembrede 1981 fue trasladado al I Batallón de Infantería donde prosiguieron losinterrogatorios y que, a pesar de ésto, todos los cuerpos policiales y deseguridad negaron su detención.4. Después de haber transmitido la denuncia al Gobierno, la Comisión, envarias oportunidades, solicitó del mismo la información correspondientesobre los hechos denunciados. Ante la falta de respuesta del Gobierno, laComisión, por aplicación del artículo 42 (antiguo art. 39) de su Reglamento,presumió "verdaderos los hechos denunciados en la comunicación de 7 deoctubre de 1981 relativos a la detención y posterior desaparición del señorAngel Manfredo Velásquez Rodríguez en la República de Honduras" y observó alGobierno "que tales hechos constituyen gravísimas violaciones al derecho ala vida (art. 4) y al derecho de libertad personal (art. 7) de la ConvenciónAmericana" (resolución 30/83 de 4 de octubre de 1983).5. El 18 de noviembre de 1983 el Gobierno pidió la reconsideración de laresolución 30/83, argumentando que no se habían agotado los recursos de lajurisdicción interna; que la Dirección Nacional de Investigación (enadelante "DNI") desconocía el paradero de Manfredo Velásquez; que elGobierno estaba haciendo todas las diligencias para esclarecer el paraderode la persona en cuestión y que habían rumores de que Manfredo Velásquez"anda con grupos de guerrilleros de El Salvador".6. El 30 de mayo de 1984 la Comisión comunicó al Gobierno que habíaacordado, "a la luz de las informaciones suministradas por Vuestro IlustradoGobierno, reconsiderar la resolución 30/83, continuando con el estudio delcaso", y solicitó información, entre otros aspectos, sobre el agotamiento delos recursos de la jurisdicción interna.7. La Comisión, el 29 de enero de 1985, reiteró el pedido de 30 de mayo de1984 y advirtió que adoptaría una decisión final sobre este caso en susesión de marzo de 1985. El 1º de marzo de ese año el Gobierno pidió que ladecisión final fuera postergada e informó que se había establecido unaComisión Investigadora sobre la materia. La Comisión Interamericana accedióel 11 de marzo a la solicitud del Gobierno y le concedió un plazo de 30 díaspara enviar la información pedida, sin que ésta hubiese sido remitida por elGobierno dentro del plazo.8. El 17 de octubre de 1985 el Gobierno presentó a la Comisión el texto delInforme emitido por la Comisión Investigadora.9. El 7 de abril de 1986, el Gobierno informó sobre las diligencias incoadascontra los supuestos responsables de la desaparición de Manfredo Velásquez yotros, ante el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal, el cual dictó autode sobreseimiento "a excepción del General Gustavo Alvarez Martínez, porhaberse sacado testimonio, por hallarse éste fuera del país", decisiónposteriormente confirmada por la Corte Primera de Apelaciones.10. La Comisión, en resolución 22/86 de 18 de abril de 1986, consideró quela nueva información presentada por el Gobierno no era suficiente paraameritar una reconsideración de su resolución 30/83 y que, por el contrario,"de todos los elementos de juicio que obran en el caso se deduce que elseñor Angel Manfredo Velásquez Rodríguez continúa desaparecido sin que elGobierno. . . haya ofrecido pruebas concluyentes que permitan establecer queno son verdaderos los hechos denunciados". La Comisión en esta mismaresolución confirmó la 30/83 y refirió el asunto a la Corte.I11. La Corte es competente para conocer del presente caso. Honduras ratificóla Convención el 8 de setiembre de 1977 y depositó, el 9 de setiembre de1981, el instrumento de reconocimiento de la competencia contenciosa de laCorte a que se refiere el artículo 62 de la Convención. El caso fue elevadoa la Corte por la Comisión, de acuerdo con los artículos 61 de la Convencióny 50.1 y 50.2 de su Reglamento.II12. La demanda ante la Corte fue introducida el 24 de abril de 1986. LaSecretaría de la Corte, en cumplimiento del artículo 26.1 del Reglamento, laremitió al Gobierno el 13 de mayo de 1986.13. El 23 de julio de 1986 el Juez Jorge R. Hernández Alcerro comunicó alPresidente de la Corte (en adelante "el Presidente") que, con fundamento enel artículo 19.2 del Estatuto de la Corte (en adelante "el Estatuto"), había"decidido excusar(se) del conocimiento de los tres casos que . . . fueronsometidos a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".El Presidente aceptó la excusa y, mediante nota de esa misma fecha, informóal Gobierno que, de acuerdo con el artículo 10.3 del Estatuto, tenía derechoa designar un juez ad hoc. El Gobierno, por nota de 21 de agosto de 1986,designó para ese efecto al Abogado Rigoberto Espinal Irías.14. El Presidente, mediante nota de 23 de julio de 1986, confirmó un acuerdopreliminar para que el Gobierno presentara el escrito pertinente a finalesdel mes de agosto de 1986. El Gobierno solicitó, el 21 de agosto de 1986,posponer hasta el mes de noviembre del mismo año el plazo para presentarlo.15. Por resolución de 29 de agosto de 1986 el Presidente, después de haberconsultado con las partes, señaló el 31 de octubre de 1986 como fecha límitepara que el Gobierno presentara su escrito sobre este caso. A la vez fijó eldía 15 de enero de 1987 para que la Comisión presentara el suyo y el 1º demarzo del mismo año como límite temporal para la presentación de larespuesta del Gobierno.16. El Gobierno, en su escrito de 31 de octubre de 1986, formuló objecionesa la admisibilidad de la demanda promovida por la Comisión.17. El Presidente , por resolución de 11 de diciembre de 1986, a pedido dela Comisión, extendió el plazo de la presentación del escrito de la mismahasta el 20 de marzo de 1987 y prorrogó el del Gobierno para presentar surespuesta hasta el 25 de mayo de 1987.18. Por resolución de 30 de enero de 1987, el Presidente aclaró que lademanda introducida por la Comisión, que dio inicio al presenteprocedimiento, debe tenerse en esta oportunidad como la memoria prevista porel artículo 30.3 del Reglamento y que, además, el plazo conferido a laComisión hasta el 20 de marzo de 1987, es el previsto en el artículo 27.3del mismo para presentar sus observaciones y conclusiones acerca de lasexcepciones preliminares opuestas por el Gobierno. Dispuso también elPresidente convocar a las partes a una audiencia pública para el 15 de juniode 1987, con el propósito de escuchar sus posiciones sobre las excepcionespreliminares y dejó abiertos los plazos procesales sobre el fondo, en lostérminos del artículo citado del Reglamento.19. Mediante escrito de 13 de marzo de 1987, el Gobierno comunicó que, porcuantola Resolución del 30 de enero de 1987 no se circunscribe a asuntos de merotrámite ni a fijación de plazos, sino que incluye una labor interpretativa yde calificación de los escritos presentados . . . considera deseable, altenor de lo dispuesto en el Artículo 25 del Estatuto de la Corte y delArtículo 44, párrafo 2, de su Reglamento, que la Corte confirme los términosde la resolución del Presidente de la Corte del 30 de enero de 1987, comouna medida tendiente a evitar ulterior confusión entre las partes, toda vezque siendo los primeros casos contenciosos que se someten al conocimiento dela misma, resulta especialmente conveniente asegurar el estrictocumplimiento y la correcta aplicación de las normas de procedimiento de laCorte.20. La Comisión, en escrito que acompañó a sus observaciones de 20 de marzode 1987, solicitó al Presidente que dejara sin efecto el párrafo 3 de laresolución de 30 de enero de 1987 en el cual se fijó la fecha para celebrarla audiencia pública. También expresó que "(e)n ninguna parte de su Memoria,el Gobierno de Honduras ha presentado sus objeciones con el carácter deexcepciones preliminares". Por su parte, el Gobierno, en nota de 11 de juniode 1987, se refirió a ellas como "objeciones preliminares".21. La Corte, mediante resolución de 8 de junio de 1987, confirmó en todossus términos la resolución del Presidente de 30 de enero de 1987.22. La audiencia pública sobre las excepciones preliminares opuestas por elGobierno se celebró el 15 de junio de 1987. A ella comparecieronrepresentantes del Gobierno y de la Comisión.23. El 26 de junio de 1987 la Corte resolvió las excepciones preliminares ensentencia adoptada por unanimidad. En ella la Corte:Desestima las excepciones preliminares opuestas por el Gobierno de Honduras,salvo la referente al no agotamiento de los recursos de jurisdicción internaque ordena unir a la cuestión de fondo.2. Continúa con el conocimiento del presente caso.3. Reserva el pronunciamiento sobre costas para decidirlo con la cuestión defondo.(Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 dejunio de 1987. Serie C No. 1).24. En esa misma fecha la Corte adoptó una resolución mediante la cualdispuso:1. Instruir al Presidente para que, en consulta con las partes, otorgue alGobierno un plazo definitivo y perentorio, que no podrá exceder del 27 deagosto de 1987, para que presente su contramemoria sobre el fondo del asuntoy ofrezca sus pruebas, con indicación de los hechos que con cada unapretende demostrar. El ofrecimiento de pruebas deberá indicar la forma,ocasión y términos como desea presentarlas.2. La Comisión, dentro de los treinta días siguientes a la comunicación deesta resolución, deberá ratificar por escrito su solicitud de prueba yaformulada, sin perjuicio de que pueda modificar o completar la ofrecida. Ental ratificación deberá indicar los hechos que con cada una de las pruebaspretende demostrar y la forma, ocasión y términos como desea presentarlas.La Comisión podrá también ampliar o modificar su ofrecimiento de pruebas, ala mayor brevedad, cuando haya tenido conocimiento del escrito del Gobiernoa que se refiere el punto 1 de esta resolución.3. Instruir, asimismo, al Presidente para que, sin perjuicio de la alzadaque sea procedente ante la Corte, resuelva las cuestiones incidentales quesurjan, admita o rechace las pruebas ya ofrecidas o que se ofrecieren,ordene la evacuación de las documentales, periciales u otras notestimoniales que acoja, y, en consulta con las partes, convoque a laaudiencia o audiencias sobre el fondo, en las cuales se incorporarán laspruebas recibidas, se recibirán la declaración de testigos y peritos quefueren del caso y se oirán las conclusiones finales.4. Instruir al Presidente para que gestione con las autoridades respectivaslas garantías necesarias de inmunidad y participación de los representantesy asistentes de las partes, testigos y peritos, así como, en su caso,delegados de la Corte.25. La Comisión, mediante escrito de 20 de julio de 1987, ratificó y ampliósu solicitud de prueba testimonial y ofreció prueba documental.26. El Gobierno presentó su contramemoria y prueba documental sobre el casoel 27 de agosto de 1987. En ella solicitó declarar "sin lugar la demandacontra el Estado de Honduras en vista de no aceptar los hechos por no serciertos y por no haberse agotado todavía los trámites de jurisdiccióninterna del Estado de Honduras".27. El Presidente, por resolución de 1º de setiembre de 1987, admitió laprueba testimonial y la documental ofrecidas por la Comisión. Asimismo, porresolución de 14 de setiembre de 1987, admitió la prueba documental ofrecidapor el Gobierno.28. Del 30 de setiembre al 7 de octubre de 1987 la Corte celebró audienciassobre el fondo del caso y escuchó las conclusiones de las partes.Comparecieron ante la Cortea) por el Gobierno de Honduras:Ing. Edgardo Sevilla Idiáquez, AgenteAbogado Ramón Peréz Zúñiga, RepresentanteAbogado Juan Arnaldo Hernández, RepresentanteAbogado Enrique Gómez, Representante,Abogado Rubén Darío Zepeda, ConsejeroAbogado Angel Augusto Morales, ConsejeroLicda. Olmeda Rivera, ConsejeraLic. Mario Alberto Fortín, ConsejeroAbogado Ramón Rufino Mejía, Consejero;b) por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:Dra. Gilda M. C. M. de Russomano, Presidenta, DelegadaDr. Edmundo Vargas Carreño, Secretario Ejecutivo, DelegadoDr. Claudio Grossman, ConsejeroDr. Juan Méndez, ConsejeroDr. Hugo A. Muñoz, ConsejeroDr. José Miguel Vivanco, Consejero.c) Testigos presentados por la Comisión para declarar sobre "(s)i entre losaños 1981 y 1984 (período en el cual desapareció Manfredo Velásquez) seprodujeron o no en Honduras numerosos casos de personas que fueronsecuestradas y luego desaparecidas, habiendo sido estas acciones imputablesa las Fuerzas Armadas de Honduras y contando al menos con la aquiescenciadel Gobierno hondureño":Miguel Angel Pavón Salazar, Diputado SuplenteRamón Custodio López, médico cirujanoVirgilio Carías, economistaInés Consuelo Murillo, estudianteEfraín Díaz Arrivillaga, DiputadoFlorencio Caballero, exmilitard) Testigos presentados por la Comisión para declarar sobre "(s)i entre losaños 1981 y 1984 existieron o no en Honduras recursos internos eficaces paraproteger a aquellas personas que fueron secuestradas y luego desaparecidasen acciones imputables a las Fuerzas Armadas de Honduras":Ramón Custodio López, médico cirujanoVirgilio Carías, economistaMilton Jiménez Puerto, abogadoInés Consuelo Murillo, estudianteRené Velásquez Díaz, abogadoCésar Augusto Murillo, abogadoJosé Gonzalo Flores Trejo, zapateroe) Testigos presentados por la Comisión para declarar sobre hechosespecíficos relativos al caso:Leopoldo Aguilar Villalobos, publicistaZenaida Velásquez Rodríguez, trabajadora social.f) Los siguientes testigos ofrecidos por la Comisión no comparecieron aestas audiencias:Leónidas Torres Arias, exmilitarLinda Drucker, periodistaJosé María Palacios, abogadoMauricio Villeda Bermúdez, abogadoJosé Isaías Vilorio, agente de policía.29. Después de haber oído los testigos, la Corte, por auto de 7 de octubrede 1987, decretó las siguientes pruebas para mejor proveer:Prueba documental:1. Solicitar al Gobierno de Honduras que suministre el organigrama delBatallón 316 y su ubicación dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras.B. Prueba testimonial:Citar a declarar a los señores Marco Tulio Regalado y Alexander Hernández,integrantes de las Fuerzas Armadas de Honduras.Reiteración de solicitud1. Al Gobierno de Honduras sobre el paradero de José Isaías Vilorio y unavez ubicado citarlo para que comparezca a declarar ante la Corte.30. Por el mismo auto, la Corte señaló el 15 de diciembre de 1987 como fechalímite para consignar la prueba documental y la sesión de enero para recibirla prueba testimonial.31. En relación con dicho auto, el Gobierno, por nota de 14 de diciembre de1987: a) solicitó, en cuanto al organigrama del Batallón 316, que la Corterecibiera en audiencia privada, "por razones estrictas de seguridad delEstado de Honduras", al Comandante del citado Batallón; b) en lo que serefiere al testimonio de Alexander Hernández y Marco Tulio Regalado pidió,"por razones de seguridad y debido a que ambas personas se encuentran dealta en las Fuerzas Armadas de Honduras, que su testimonio sea rendido en laRepública de Honduras en la forma que (la) Corte determine, en audienciaprivada que oportunamente se señale"; y c) sobre el paradero de José IsaíasVilorio, informó que está "laborando como empleado administrativo de laDirección Nacional de Investigación (DNI), dependencia de la Fuerza deSeguridad Pública, en la Ciudad de Tegucigalpa".32. La Comisión, en nota de 24 de diciembre de 1987, se opuso a que eltestimonio de los militares hondureños fuera recibido en audienciasprivadas, posición que fue reiterada mediante nota de 11 de enero de 1988.33. La Corte, por resolución de esa última fecha, decidió recibir eltestimonio de los militares hondureños en audiencia privada en presencia delas partes.34. De acuerdo con lo dispuesto en su auto de 7 de octubre de 1987 y en laresolución de 11 de enero de 1988, la Corte, en audiencia privada celebradael 20 de enero de 1988 a la que concurrieron las partes, recibió lostestimonios de personas que se identificaron como el Teniente CoronelAlexander Hernández y el Teniente Marco Tulio Regalado Hernández. La Corteescuchó, además, al Coronel Roberto Núñez Montes, Jefe de los Servicios deInteligencia de Honduras.35. El 22 de enero de 1988 el Gobierno presentó un dictamen del Colegio deAbogados de Honduras sobre los recursos legales de que se dispone en elsistema jurídico hondureño en casos de desaparecidos, dictamen que habíasido pedido por la Corte atendiendo la solicitud del Gobierno de 26 deagosto de 1987.36. La Corte recibió el 7 de julio de 1988 un escrito en el que la Comisión,al responder una solicitud de la Corte respecto de otro caso en trámite(Caso Fairén Garbi y Solís Corrales), hizo algunas "observaciones finales"sobre el caso presente.37. El Presidente, mediante resolución de 14 de julio de 1988, no dioentrada a dichas "observaciones" por ser extemporáneas y por "(s)i sereabriera el procedimiento se violaría el trámite oportunamente dispuesto y,además, se alteraría gravemente el equilibrio y la igualdad procesales delas partes".38. Las siguientes organizaciones no gubernamentales hicieron llegar, comoamici curiae, escritos a la Corte: Amnesty International, Association of theBar of the City of New York, Lawyers Committee for Human Rights y MinnesotaLawyers International Human Rights Committee.III39. La Comisión, mediante nota dirigida al Presidente el 4 de noviembre de1987, solicitó a la Corte, en vista de amenazas contra los testigos MiltonJiménez Puerto y Ramón Custodio López, adoptar las medidas provisionalesprevistas en el artículo 63.2 de la Convención. El Presidente, al trasmitiresta información al Gobierno, le comunicó que él "no cuenta en el momentocon suficientes elementos de juicio para tener certeza de las personas oentidades a las que puedan atribuirse (las amenazas), pero sí deseasolicitar decididamente al ilustrado Gobierno de Honduras que tome todas lasmedidas necesarias para garantizar a los señores Jiménez y Custodio y alComité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras la seguridad desus vidas y propiedades. . ." y que, previa consulta con la ComisiónPermanente de la Corte, estaba dispuesto, en caso de ser necesario, a citarinmediatamente a la Corte a una reunión urgente "con el objeto, si laanormal situación continúa, de que tome las medidas pertinentes". El Agente,mediante comunicaciones de 11 y 18 de noviembre de 1987, comunicó que suGobierno garantizaba, tanto al Dr. Ramón Custodio López como al Lic. MiltonJiménez Puerto, "el respeto a su integridad física y moral por parte delEstado de Honduras y el fiel cumplimiento de la Convención. . .".40. En su nota de 11 de enero de 1988 la Comisión informó a la Corte de lamuerte, el 5 de enero de 1988 a las 7:15 a.m., del señor Jorge IsaíasVilorio, cuya comparecencia como testigo ante la Corte estaba prevista parael 18 de enero de 1988. Su muerte habría ocurrido "en plena vía pública, enla Colonia San Miguel, Comayagüela, Tegucigalpa, por un grupo de hombresarmados, quienes colocaron sobre su cuerpo una insignia de un movimientoguerrillero hondureño, conocido con el nombre de Cinchonero y se dieron a lafuga en un vehículo a toda velocidad".41. El 15 de enero de 1988 la Corte tuvo conocimiento del asesinato lavíspera en San Pedro Sula de Moisés Landaverde y de Miguel Angel PavónSalazar, quién había comparecido el 30 de setiembre de 1987 a rendirtestimonio en este caso. En esa misma fecha, la Corte dictó medidasprovisionales al tenor del artículo 63.2 de la Convención, de acuerdo conlas cuales dispuso:1. Apremiar al Gobierno de Honduras a que adopte sin dilación cuantasmedidas sean necesarias para prevenir nuevos atentados contra los derechosfundamentales de quienes han comparecido o han sido citados para comparecerante esta Corte con motivo de los casos "Velásquez Rodríguez", "Fairén Garbiy Solís Corrales" y "Godínez Cruz", en escrupuloso cumplimiento de laobligación de respeto y garantía de los derechos humanos que tiene contraídaen virtud del artículo 1.1 de la Convención.2. Instar igualmente al Gobierno de Honduras para que extreme todos losmedios a su alcance para investigar esos repudiables crímenes, identificar alos culpables y aplicarles las sanciones previstas en el derecho internohondureño.42. Después de haber adoptado la anterior resolución, la Corte recibió unasolicitud de la Comisión, fechada el 15 de enero de 1988, para que tomaralas medidas pertinentes para proteger la integridad y seguridad de laspersonas que comparecieron o que en el futuro comparecieran ante la Corte.43. El 18 de enero de 1988 la Comisión solicitó, adicionalmente, a la Cortela adopción de las siguientes medidas provisionales complementarias:1. Que requiera al Gobierno de Honduras que dentro de un plazo máximo de 15días informe a la Ilustre Corte de las medias concretas que ha adoptado paraproteger la integridad física de los testigos que han comparecido ante estaCorte así como de las personas que de alguna manera se encuentran vinculadasa estos procesos, como es el caso de los dirigentes de organizaciones dederechos humanos.2. Que dentro del mismo plazo el Gobierno de Honduras informe sobre lasinvestigaciones judiciales iniciadas por los asesinatos de José IsaíasVilorio, Miguel Angel Pavón y Moisés Landaverde.3. Que el Gobierno de Honduras, dentro de igual plazo, transmita a estaCorte las declaraciones públicas que haya efectuado sobre los asesinatosanteriormente mencionados, con indicación de los órganos de publicidad enque tales declaraciones aparecieron.4. Que dentro del mismo plazo de 15 días, el Gobierno de Honduras informe ala Ilustre Corte de las investigaciones judiciales que se hayan iniciado porel delito de acción pública por amenazas en perjuicio de los testigos eneste juicio señores Ramón Custodio López y Milton Jiménez Puerto.5. Que igualmente se informe a esta Corte si se ha ordenado protecciónpolicial respecto de la integridad personal de los testigos que hancomparecido así como de los inmuebles del CODEH.6. Que la Ilustre Corte solicite al Gobierno de Honduras que le remita deinmediato copia de las autopsias y de las pericias balísticas efectuadas enel caso de los asesinatos de los señores Vilorio, Pavón y Landaverde.44. Ese mismo día el Gobierno presentó copia del acta de reconocimiento delcadáver de José Isaías Vilorio y del dictamen médico forense del mismo,ambos de 5 de enero de 1988.45. El 18 de enero de 1988 la Corte resolvió, por seis votos contra uno, oíra las partes en audiencia pública al día siguiente sobre las medidassolicitadas por la Comisión. Luego de la audiencia mencionada, la Corte,mediante resolución unánime de 19 de enero de 1988, considerando "(l)osartículos 63.2, 33 y 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,1 y 2 del Estatuto y 23 del Reglamento de la Corte, el carácter de órganojudicial que tiene la Corte y los poderes que de ese carácter derivan",adoptó las siguientes medias provisionales adicionales:1. Requerir al Gobierno de Honduras que dentro de un plazo de dos semanas,contado a partir de la fecha, informe a esta Corte sobre los siguientespuntos:a) Sobre las medidas que haya adoptado o pretenda adoptar enderezadas aproteger la integridad física y evitar daños irreparables a las personasque, como los testigos que han rendido su declaración o aquéllos que estánllamados a rendirla, se encuentran vinculadas a estos procesos.b) Sobre las investigaciones judiciales que se adelantan o las que ha deiniciar en razón de amenazas contra las mismas personas mencionadasanteriormente.c) Sobre las investigaciones por los asesinatos, incluyendo los respectivosdictámenes médico forenses, y las acciones que se propone ejercer ante laadministración de justicia de Honduras para que sancione a los responsables.2. Requerir al Gobierno de Honduras que adopte medidas concretas destinadasa aclarar que la comparecencia individual ante la Comisión o la CorteInteramericanas de Derechos Humanos, en las condiciones en que ello estáautorizado por la Convención Americana y por las normas procesales de ambosórganos, constituye un derecho de toda persona, reconocido por Honduras comoparte en la misma Convención.Esta resolución fue comunicada en estrados a las partes.46. El Gobierno, en atención a lo dispuesto por la Corte en su resolución de19 de enero de 1988, presentó el 3 de febrero de 1988, los siguientesdocumentos:Certificación extendida por el Juzgado Tercero de Letras de lo Criminal dela Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés el 27 de enero de 1988,conteniendo el Dictamen Médico emitido por el Forense Rolando Tábora dedicha Sección Judicial, referente a la muerte del profesor Miguel AngelPavón Salazar.2. Certificación extendida por el mismo Juzgado de Letras en la misma fecha,conteniendo el Dictamen Médico del Forense anteriormente mencionado de ladicha Sección Judicial, referente a la muerte del Profesor Moisés LandeverdeRecarte.3. Certificación extendida por el mencionado Juzgado y en la misma fecha 27de enero de 1988, conteniendo la Declaración rendida en calidad de testigopor el Doctor Rolando Tábora, Médico Forense, en las diligencias iniciadaspor dicho Juzgado para investigar la muerte de los señores Miguel AngelPavón y Moisés Landaverde Recarte....4. Certificación extendida por el Juzgado Primero de Letras de lo Criminal,de la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, extendido el dos de febrerode mil novecientos ochenta y ocho, correspondiente al POR CUANTO iniciadopor dicho Juzgado para investigar el delito de amenazas a muerte enperjuicio del Doctor Ramón Custodio López y el Licenciado Milton Jiménez.En el mismo escrito el Gobierno dijo que:Del contenido de los documentos antes mencionados queda establecido que elGobierno de Honduras ha iniciado las diligencias judiciales para investigarlos asesinatos de los señores Miguel Angel Pavón Salazar y Moisés LandaverdeRecarte, todo de acuerdo a los procedimientos legales señalados en laLegislación hondureña.Se establece, además, en los mismos documentos, que no se practicó laextracción de los proyectiles a los cadáveres de los occisos para estudiosbalísticos posteriores, debido a la oposición de los familiares, razón porla cual no se presenta el dictamen balístico requerido.47. Asimismo, el Gobierno solicitó que se ampliara el plazo estipulado en laresolución mencionada, "ya que por motivos justificados, alguna informaciónno ha sido posible recabarla". La Secretaría, siguiendo instrucciones delPresidente, comunicó al Gobierno al día siguiente que no era posibleextender dicho plazo por haber sido determinado por la Corte.48. Mediante comunicación de 10 de marzo de 1988, la ComisiónInterinstitucional de Derechos Humanos de Honduras, órgano gubernamental,hizo varias consideraciones respecto de la resolución de la Corte de 15 deenero de 1988. Sobre "las amenazas de que han sido objeto algunos de lostestigos", informó que el Dr. Custodio "se negó a presentar la Denuncia antelos Tribunales correspondientes como era lo adecuado, el Juzgado de LetrasPrimero de lo Criminal de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazánlevantó diligencias para investigar si existían amenazas, intimidaciones,conspiraciones, etc. para querer asesinar al Dr. Custodio y al Lic. MiltonJiménez Puerto, para lo cual fueron citados en legal y debida forma para quedeclararan y aportaran la evidencia que tuvieron en su poder", sin que lostestigos mencionados hubieran comparecido ante el Juzgado citado. Agregó queninguna de las autoridades hondureñas "ha tratado de intimidar, amenazar ocoartar la libertad a ninguna de las personas que declararon ante laCorte... las cuales están gozando de todas sus garantías como los demásciudadanos".49. El 23 de marzo de 1988, el Gobierno remitió los siguientes documentos:Certificación del Secretario del Juzgado Tercero de lo Criminal de laSecretaría Judicial de San Pedro Sula, de las autopsias de los cadáveres deMiguel Angel Pavón Salazar y Moisés Landaverde.Dictamen balístico de las esquirlas de los proyectiles extraídos de loscadáveres de las mismas personas, suscrito por el Director del DepartamentoMédico Legal de la Corte Suprema de Justicia.IV50. El Gobierno planteó varias excepciones preliminares que fueron resueltaspor la Corte en sentencia de 26 de junio de 1987 (supra 16-23). En esasentencia la Corte ordenó unir a la cuestión de fondo la excepciónpreliminar opuesta por Honduras, relativa al no agotamiento de los recursosinternos y dio al Gobierno y a la Comisión una nueva oportunidad de"sustanciar plenamente sus puntos de vista" sobre el particular (CasoVelásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, supra 23, párr. 90).51. La Corte resolverá en primer lugar esta excepción pendiente. Para ello,la Corte se valdrá de todos los elementos de juicio a su disposición,incluso aquéllos producidos dentro del trámite de fondo del caso.52. La Comisión presentó testigos y diversas pruebas documentales sobre esteasunto. El Gobierno, por su parte, sometió algunas pruebas documentales, conejemplos de recursos de exhibición personal tramitados con éxito en favor dediversas personas (infra 120.c)). El Gobierno afirmó también, a propósito deeste recurso, que requiere identificación del lugar de detención y laautoridad bajo la cual se encuentra el detenido.53. El Gobierno, además del de exhibición personal, mencionó diversosrecursos eventualmente utilizables, como los de apelación, casación,extraordinario de amparo, ad effectum videndi, denuncias penales contra loseventuales culpables y la declaratoria de muerte presunta.54. El Colegio de Abogados de Honduras en su opinión (supra 35) mencionaexpresamente el recurso de exhibición personal, contenido en la Ley deAmparo, y la denuncia ante un juzgado competente "para que éste realice lasinvestigaciones sobre el paradero del supuesto desaparecido".55. La Comisión sostuvo que los recursos señalados por el Gobierno no eraneficaces en la situación interna del país durante aquella época. Presentódocumentación sobre tres recursos de exhibición personal interpuestos enfavor de Manfredo Velásquez que no produjeron resultados. Mencionó, además,dos denuncias penales que no condujeron a la identificación y sanción deeventuales responsables. Según el punto de vista de la Comisión, esasinstancias agotan los recursos internos en los términos previstos por elartículo 46.1.a) de la Convención.56. La Corte considerará, en primer término, los aspectos jurídicosrelevantes sobre la cuestión del agotamiento de los recursos de lajurisdicción interna y analizará posteriormente su aplicación al caso.57. El artículo 46.1.a) de la Convención dispone que, para que una peticióno comunicación presentada a la Comisión conforme a los artículos 44 o 45resulta admisible, es necesarioque se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna,conforme a los principios del Derecho Internacional generalmentereconocidos.58. En su inciso 2, el mismo artículo dispone que este requisito no seaplicará cuandoa) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debidoproceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega hansido violados;b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso alos recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos,yc) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.59. En su sentencia de 26 de junio de 1987, la Corte decidió, inter alia,que "el Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el señalamientode los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad" (CasoVelásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, supra 23, párr. 88).60. La Corte no se extendió más allá de la conclusión citada en el párrafoanterior al referirse al tema de la carga de la prueba. En esta oportunidad,la Corte considera conveniente precisar que si un Estado que alega el noagotamiento prueba la existencia de determinados recursos internos quedeberían haberse utilizado, corresponderá a la parte contraria demostrar queesos recursos fueron agotados o que el caso cae dentro de las excepcionesdel artículo 46.2. No se debe presumir con ligereza que un Estado Parte enla Convención ha incumplido con su obligación de proporcionar recursosinternos eficaces.61. La regla del previo agotamiento de los recursos internos permite alEstado resolver el problema según su derecho interno antes de verseenfrentado a un proceso internacional, lo cual es especialmente válido en lajurisdicción internacional de los derechos humanos, por ser ésta"coadyuvante o complementaria" de la interna (Convención Americana,Preámbulo).62. Proporcionar tales recursos es un deber jurídico de los Estados, como yalo señaló la Corte en su sentencia de 26 de junio de 1987, cuando afirmó:La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera delderecho internacional de los derechos humanos, tiene ciertas implicacionesque están presentes en la Convención. En efecto, según ella, los EstadosPartes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimasde violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben sersustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art.8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismosEstados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechosreconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo sujurisdicción (art. 1). (Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares,supra 23, párr. 91).63. El artículo 46.1.a) de la Convención remite "a los principios delDerecho Internacional generalmente reconocidos". Esos principios no serefieren sólo a la existencia formal de tales recursos, sino también a queéstos sean adecuados y efectivos, como resulta de las excepcionescontempladas en el artículo 46.2.64. Que sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro delsistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídicainfringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos,pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un casoespecífico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Asílo indica el principio de que la norma está encaminada a producir un efectoy no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o suresultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable. Por ejemplo, unprocedimiento de orden civil, expresamente mencionado por el Gobierno, comola presunción de muerte por desaparecimiento, cuya función es la de que losherederos puedan disponer de los bienes del presunto muerto o su cónyugepueda volver a casarse, no es adecuado para hallar la persona ni para lograrsu liberación si está detenida.65. De los recursos mencionados por el Gobierno, la exhibición personal ohábeas corpus sería, normalmente, el adecuado para hallar a una personapresuntamente detenida por las autoridades, averiguar si lo está legalmentey, llegado el caso, lograr su libertad. Los otros recursos mencionados porel Gobierno o tienen simplemente el objeto de que se revise una decisióndentro de un proceso ya incoado (como los de apelación o casación) o estándestinados a servir para otros propósitos. Pero, si el recurso de exhibiciónpersonal exigiera, como lo afirmó el Gobierno, identificar el lugar dedetención y la autoridad respectiva, no sería adecuado para encontrar a unapersona detenida clandestinamente por las autoridades del Estado, puestoque, en estos casos sólo existe prueba referencial de la detención y seignora el paradero de la víctima.66. Un recurso debe ser, además, eficaz, es decir, capaz de producir elresultado para el que ha sido concebido. El de exhibición personal puedevolverse ineficaz si se le subordina a exigencias procesales que lo haganinaplicable, si, de hecho, carece de virtualidad para obligar a lasautoridades, resulta peligroso para los interesados intentarlo o no seaplica imparcialmente.67. En cambio, al contrario de lo sostenido por la Comisión, el mero hechode que un recurso interno no produzca un resultado favorable al reclamanteno demuestra, por sí solo, la inexistencia o el agotamiento de todos losrecursos internos eficaces, pues podría ocurrir, por ejemplo, que elreclamante no hubiera acudido oportunamente al procedimiento apropiado.68. El asunto toma otro cariz, sin embargo, cuando se demuestra que losrecursos son rechazados sin llegar al examen de la validez de los mismos, opor razones fútiles, o si se comprueba la existencia de una práctica opolítica ordenada o tolerada por el poder público, cuyo efecto es el deimpedir a ciertos demandantes la utilización de los recursos internos que,normalmente, estarían al alcance de los demás. En tales casos el acudir aesos recursos se convierte en una formalidad que carece de sentido. Lasexcepciones del artículo 46.2 serían plenamente aplicables en estassituaciones y eximirían de la necesidad de agotar recursos internos que, enla práctica, no pueden alcanzar su objeto.69. Para el Gobierno los recursos de la jurisdicción hondureña no se agotancon el recurso de exhibición personal porque hay otros recursos de carácterordinario y extraordinario, tales como los de apelación, de casación yextraordinario de amparo, así como el civil de presunción de muerte. Además,el procedimiento penal da a las partes la posibilidad de usar cuantos mediosde prueba estimen pertinentes. Expresó el Gobierno, en relación con loscasos de desaparecidos de que habló la Comisión, que se han levantado lasrespectivas diligencias, de oficio en unos casos y por denuncia o acusaciónen otros, y que, mientras no sean identificados o aprehendidos los presuntosresponsables o cómplices de los delitos, el procedimiento permanece abierto.70. En sus conclusiones el Gobierno expresó que, durante los años 1981 a1984, se otorgaron varios recursos de exhibición personal en Honduras, conlo que se probaría que este recurso no fue ineficaz en este período.Acompañó varios documentos al respecto.71. La Comisión, a su vez, manifestó que en Honduras hubo una práctica dedesapariciones que imposibilitaba agotar los recursos internos, pues noresultaron el medio idóneo para corregir los abusos que se imputaban a lasautoridades ni dieron como resultados la aparición de las personassecuestradas.72. Afirmó la Comisión que en los casos de desapariciones el hecho de haberintentado un hábeas corpus o un amparo sin éxito, es suficiente para tenerpor agotados los recursos de la jurisdicción interna si la persona detenidasigue sin aparecer, ya que no hay otro recurso más apropiado para el caso.Puntualizó que en el caso de Manfredo Velásquez se intentaron tanto recursosde exhibición personal como denuncias penales que no produjeron resultado.Señaló que el agotamiento de los recursos internos no debe entenderse comola necesidad de efectuar, mecánicamente, trámites formales, sino que debeanalizarse en cada caso la posibilidad razonable de obtener el remedio.73. Expresó la Comisión que, por la estructura del sistema internacional deprotección de los derechos humanos, la carga de la prueba en materia derecursos internos le corresponde al Gobierno. La excepción de la falta deagotamiento requiere la existencia de un recurso idóneo para remediar laviolación. Afirmó que la denuncia penal no es idónea para encontrar aldesaparecido sino para dirimir responsabilidades individuales.74. Del expediente ante la Corte resulta que, en favor de ManfredoVelásquez, fueron interpuestos los siguientes recursos:a) Hábeas corpusi) El 17 de setiembre de 1981, interpuesto por Zenaida Velásquez, en contrade las fuerzas de Seguridad Pública. No arrojó ningún resultado.ii) El 6 de febrero de 1982, interpuesto por Zenaida Velásquez. No arrojóningún resultado.iii) El 4 de julio de 1983, interpuesto por varios familiares dedesaparecidos en favor de Manfredo Velásquez y de otras personas. Fuerechazado el 11 de setiembre de 1984.b) Denuncias penalesi) El 9 de noviembre de 1982, interpuesta en el Juzgado Primero de Letras delo Criminal de Tegucigalpa por su padre y su hermana. No arrojó ningúnresultado.ii) El 5 de abril de 1984, interpuesta en el Juzgado Primero de Letras de loCriminal por la Sra. Gertrudis Lanza González, a la cual se adhirió ZenaidaVelásquez, contra varios miembros de las Fuerzas Armadas. Esta causa fuesobreseída definitivamente por el Tribunal y luego confirmado dichosobreseimiento por la Corte Primera de Apelaciones, el 16 de enero de 1986,dejándose abierto el proceso contra el General Gustavo Alvarez Martínez, quefue declarado reo ausente (supra 9).75. Aunque el Gobierno no discutió que los recursos anteriores hubieran sidointentados, manifestó que la Comisión no debió haber admitido la denuncia eneste caso y menos someterla a conocimiento de la Corte, por no haberseagotado los recursos internos de que dispone la legislación hondureña, yaque no constan en el expediente resoluciones definitivas que demuestren locontrario. Expresó que el primer recurso de hábeas corpus interpuesto fuedeclarado desierto porque no fue formalizado por la interesada; sobre elsegundo y el tercero explicó que no se pueden interponer más recursos deexhibición personal cuando versen sobre la misma materia, los mismos hechosy se fundamenten en las mismas disposiciones legales. En cuanto a lasdenuncias penales expresó el Gobierno que no se aportaron las pruebas delcaso; que se ha hablado de presunciones pero que no se han aportado pruebasy que, por esa razón, ese juicio aún continúa abierto en los tribunales deHonduras en espera de que se señalen específicamente los culpables. Expresóque en una de ellas se dictó sobreseimiento por falta de prueba a favor delos denunciados que se presentaron al juzgado, salvo el General AlvarezMartínez por estar ausente del país. Además, agregó el Gobierno, aun cuandohaya sobreseimiento no están agotados los recursos, ya que se puedeninterponer los extraordinarios de amparo, revisión y casación, y en el casoconcreto, no es aplicable aún la prescripción, de manera que el juicio estátodavía abierto.76. En el expediente (infra, capítulo V), se encuentran testimonios demiembros de la Asamblea Legislativa de Honduras, de abogados hondureños, depersonas que en algún momento estuvieron desaparecidas y de parientes de losdesaparecidos, enderezados a demostrar que, en la época en que ocurrieronlos hechos, los recursos judiciales existentes en Honduras no eran eficacespara obtener la libertad de las víctimas de una práctica de desaparicionesforzadas o involuntarias de personas (en adelante "desaparición" o"desapariciones") dispuesta o tolerada por el poder público. Igualmente sehallan decenas de recortes de prensa que aluden a la misma práctica. Deacuerdo con esos elementos de juicio, entre los años 1981 y 1984, más decien personas fueron detenidas ilegalmente, muchas jamás volvieron aaparecer y, en general, no surtían efecto los recursos legales que elGobierno citó como disponibles para las víctimas.77. De tales pruebas resulta igualmente que hubo casos de personascapturadas y detenidas sin las formalidades de ley y que posteriormentereaparecieron. Sin embargo, en algunos de estos casos, la reaparición no fueel resultado de la interposición de alguno de los recursos jurídicos que,según sostuvo el Gobierno, hubieran surtido efecto, sino de otrascircunstancias, como, por ejemplo, la intervención de misiones diplomáticaso la acción de organismos de derechos humanos.78. Las pruebas aportadas demuestran que los abogados que interpusieron losrecursos de exhibición personal fueron objeto de intimidación, que a laspersonas encargadas de ejecutar dichos recursos con frecuencia se lesimpidió ingresar o inspeccionar los lugares de detención y que laseventuales denuncias penales contra autoridades militares o policiales noavanzaron por falta de impulso procesal o concluyeron, sin mayor trámite,con el sobreseimiento de los eventuales implicados.79. El Gobierno tuvo la oportunidad de presentar ante la Corte a sus propiostestigos y de refutar las pruebas aportadas por la Comisión, pero no lohizo. Si bien es cierto que los abogados del Gobierno rechazaron algunos delos puntos sustentados por la Comisión, no aportaron pruebas convincentespara sostener su rechazo. La Corte citó a declarar a algunos de losmilitares mencionados en el curso del proceso, pero sus declaraciones nocontienen elementos que desvirtúen el cúmulo de pruebas presentadas por laComisión para demostrar que las autoridades judiciales y del MinisterioPúblico del país no actuaron con la debida acuciosidad ante los alegatos dedesapariciones. El presente es uno de aquellos casos en que se dio talcircunstancia.80. En efecto, de los testimonios y de las demás pruebas aportadas y nodesvirtuadas, se concluye que, si bien existían en Honduras, durante laépoca de que aquí se habla, recursos legales que hubieran eventualmentepermitido hallar a una persona detenida por las autoridades, tales recursoseran ineficaces, tanto porque la detención era clandestina como porque, enla práctica, tropezaban con formalismos que los hacían inaplicables o porquelas autoridades contra las cuales se dictaban llanamente los ignoraban oporque abogados y jueces ejecutores eran amenazados e intimidados poraquéllas.81. Al margen de si existía o no en Honduras entre 1981 y 1984, una políticagubernamental que practicaba o toleraba la desaparición de determinadaspersonas, la Comisión ha demostrado que, aunque se intentaron recursos deexhibición personal y acciones penales, resultaron ineficaces o meramenteformales. Las pruebas aportadas por la Comisión no fueron desvirtuadas y sonsuficientes para rechazar la excepción preliminar del Gobierno sobreinadmisibilidad de la demanda por el no agotamiento de los recursosinternos.V82. La Comisión ofreció prueba testimonial y documental para demostrar queen Honduras entre los años 1981 y 1984 se produjeron numerosos casos depersonas que fueron secuestradas y luego desaparecidas y que estas accioneseran imputables a las Fuerzas Armadas de Honduras (en adelante "FuerzasArmadas") que contaron, al menos, con la tolerancia del Gobierno.Testificaron también sobre esta materia, por decisión de la Corte, tresoficiales de las Fuerzas Armadas.83. Varios testigos declararon que fueron secuestrados, mantenidosprisioneros en cárceles clandestinas y torturados por elementospertenecientes a las Fuerzas Armadas (Inés Consuelo Murillo, José GonzaloFlores Trejo, Virgilio Carías, Milton Jiménez Puerto, René Velásquez Díaz yLeopoldo Aguilar Villalobos).84. La testigo Inés Consuelo Murillo declaró haber estado detenida en formaclandestina aproximadamente tres meses. Según su testimonio, fue capturadael 13 de marzo de 1983, conjuntamente con José Gonzalo Flores Trejo conquien tenía una relación casual, por unos hombres que se bajaron de unvehículo, le gritaron que eran de Migración y la golpearon con sus armas.Atrás había otro vehículo que apoyaba la captura. Dijo que fue vendada,amarrada y conducida presuntamente a San Pedro Sula, donde fue llevada a unlugar clandestino de detención, en el que fue sometida a amarres, a golpes,estuvo desnuda la mayor parte del tiempo, no le dieron de comer por muchosdías, sufrió electrochoques, colgamientos, intentos de asfixia, amenazas conarmas, amenazas de quemaduras en los ojos, quemaduras en las piernas,perforaciones de la piel con agujas, administración de drogas y abusossexuales. Admitió que al momento de ser detenida portaba una identificaciónfalsa, aunque diez días después se identificó con su verdadero nombre.Declaró que a los treinta y seis días de estar detenida fue trasladada a unainstalación cercana a Tegucigalpa, donde se percató de la presencia deoficiales militares (uno de ellos el Subteniente Marco Tulio RegaladoHernández), y vio papeles con membrete del ejército y anillos de graduaciónde las Fuerzas Armadas. Esta testigo agregó que finalmente reapareció enpoder de la policía y fue puesta a la orden de los tribunales, acusada deunos veinte delitos, pero no dejaron que su abogado presentara prueba y eljuicio no se sustanció (testimonio de Inés Consuelo Murillo).85. Por su parte, el Teniente Regalado Hernández manifestó que él no teníaconocimiento del caso de Inés Consuelo Murillo, salvo lo que leyó en laprensa (testimonio de Marco Tulio Regalado Hernández).86. El Gobierno manifestó que el hecho de que la testigo portaraidentificación falsa impidió dar razón de su detención a sus familiares y,además, es indicativo de que no se dedicaba a actividades lícitas, por loque se puede deducir que no dijo toda la verdad. Añadió que lo declarado porla testigo en cuanto a que su relación con José Gonzalo Flores Trejo fuecoincidencial, resulta increíble porque es evidente que ambos estaban enactividades no enmarcadas dentro de la ley.87. El testigo José Gonzalo Flores Trejo manifestó que fue secuestrado juntocon Inés Consuelo Murillo y conducido con ella a una casa localizadapresuntamente en San Pedro Sula, donde varias veces lo introdujeron decabeza en una pila de agua hasta casi ahogarse, lo tuvieron amarrado de piesy manos y colgado de manera que sólo el estómago tocaba el suelo. Declaróasimismo que, posteriormente, en un lugar donde estuvo detenido cercano aTegucigalpa, le pusieron la capucha (es un método mediante el cual se lecoloca a la persona en la cabeza un forro fabricado con una cámara deneumático de automóvil, lo que impide la respiración por la boca y la nariz)hasta casi asfixiarse y le dieron choques eléctricos. Afirmó que estuvopreso en manos de militares porque cuando le quitaron la venda para tomarleunas fotografías, vio a un oficial del ejército hondureño y, en unaoportunidad cuando lo sacaron a bañarse, vio las instalaciones de uncuartel. Además, se escuchaba una trompeta, se oían voces de mando y sonabaun cañón (testimonio de José Gonzalo Flores Trejo).88. El Gobierno arguyó que todo lo declarado por el testigo, de nacionalidadsalvadoreña, era increíble porque pretendía hacer creer al Tribunal que susencuentros con Inés Consuelo Murillo eran coincidencias y agregó que los dosandaban en actividades ilícitas.89. Virgilio Carías, quien era Presidente del Partido Socialista deHonduras, relató que fue secuestrado el 12 de setiembre de 1981, en plenodía, cuando su automóvil fue rodeado por 12 o 13 personas que portabanpistolas, carabinas y fusiles automáticos. Declaró que fue llevado a unacárcel clandestina, amenazado y golpeado, y que durante cuatro o cinco díasestuvo sin comer, sin tomar agua y sin poder ir al servicio sanitario. Aldécimo día de estar detenido lo inyectaron en un brazo y lo echaron amarradoen la parte de atrás de una camioneta. Posteriormente fue colocadoatravesado en el lomo de una mula, la que fue puesta a caminar por lamontaña, cerca de la frontera entre Honduras y Nicaragua, zona donderecuperó su libertad (testimonio de Virgilio Carías).90. El Gobierno señaló que este testigo reconoció expresamente que suconducta es de oposición al Gobierno de Honduras y que sus respuestas fueronimprecisas o evasivas. Como el testigo dijo no poder identificar a suscaptores, considera que su testimonio es de oídas y carece de valor comoprueba, ya que los hechos no han sido percibidos por sus propios sentidos ysólo los conoce por dichos de otras personas.91. Un abogado, que dijo defender a presos políticos, testificó que fuedetenido sin ninguna formalidad legal en el año 1982, por los órganos deseguridad de Honduras. Estuvo diez días en poder de ellos en una cárcelclandestina, sin que se le formularan cargos, sometido a golpes y atorturas, hasta que se le remitió a los tribunales (testimonio de MiltonJiménez Puerto).92. El Gobierno afirmó que el testigo fue procesado por los delitos deatentar contra la seguridad de Honduras y tenencia de armas nacionales(privativas de las Fuerzas Armadas) y por eso tiene interés directo deperjudicar con su testimonio a Honduras.93. Otro abogado, que también dijo defender detenidos por razones políticasy se refirió al derecho hondureño, relató que fue apresado, en pleno día, el1° de junio de 1982 por miembros del Departamento de InvestigacionesEspeciales en Tegucigalpa, quienes lo llevaron vendado a un lugar que nopudo reconocer, donde lo tuvieron cuatro días sin comer y sin tomar agua.Fue golpeado e insultado. Dijo que pudo mirar a través de la venda y darseasí cuenta de que estaba en una unidad militar (testimonio de René VelásquezDíaz).94. El Gobierno sostuvo que el testigo incurrió en varias falsedadesrelacionadas con el derecho vigente en Honduras y que su declaración "carecede virtualidad y eficacia ya que es parcializada, en cuya virtud, el interésdirecto es perjudicar al Estado de Honduras".95. Sobre el número de personas desaparecidas durante el período de 1981 a1984, la Corte recibió testimonios que indican que las cifras varían entre112 y 130. Un exmilitar testificó que, según una lista existente en losarchivos del Batallón 316, ese número podría llegar a 140 o 150 (testimoniosde Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Efraín Díaz Arrivillagay Florencio Caballero).96. Con respecto a la existencia de una unidad dentro de las Fuerzas Armadasdedicada a las desapariciones, la Corte recibió el testimonio del Presidentedel Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, según elcual en el año 1980 funcionó un grupo llamado "de los catorce", al mando delMayor Adolfo Díaz, adscrito al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas;posteriormente aquél fue sustituido por el grupo denominado "de los diez",comandado por el Capitán Alexander Hernández y, finalmente, apareció elBatallón 316, un cuerpo de operaciones especiales, con distintos gruposespecializados en vigilancia, secuestro, ejecución, control de teléfonos,etc. Siempre se negó la existencia de este cuerpo, hasta que se mencionó enun comunicado de las Fuerzas Armadas en setiembre de 1986 (testimonio deRamón Custodio López. Ver también testimonio de Florencio Caballero).97. El hoy Teniente Coronel Alexander Hernández negó haber participado en elgrupo "de los diez", haber sido parte del Batallón 316 y haber tenido algúntipo de contacto con el mismo (testimonio de Alexander Hernández).98. El actual Director de Inteligencia de Honduras dijo saber, por serpersona que tiene acceso a todos los archivos de su departamento, que en elaño 1984 fue creado un batallón de inteligencia que se denominó 316, cuyamisión era proporcionar información de combate a las brigadas 101, 105 y110. Agregó que este batallón sirvió inicialmente como una unidad deescuela, hasta que se creó la Escuela de Inteligencia a la que fueronpasando paulatinamente las funciones de adiestramiento, por lo quefinalmente fue disuelto en setiembre de 1987. Añadió que nunca ha existidoun llamado grupo "de los catorce" o "de los diez" dentro de las FuerzasArmadas o de seguridad (testimonio de Roberto Núñez Montes).99. Según los testimonios recibidos sobre el modus operandi de la prácticade desapariciones, los secuestros siguieron el mismo patrón: se usabanautomóviles con vidrios polarizados (cuyo uso requiere un permiso especialde la Dirección de Tránsito), sin placas o con placas falsas y lossecuestradores algunas veces usaban atuendos especiales, pelucas, bigotes,postizos, el rostro cubierto, etc. Los secuestros eran selectivos. Laspersonas eran, inicialmente vigiladas y, luego, se planificaba el secuestro,para lo cual se usaban microbuses o carros cerrados. Unas veces eransecuestradas en el domicilio, otras en la calle pública. En un caso en queintervino un carro patrulla e interceptó a los secuestradores, éstos seidentificaron como miembros de un cuerpo especial de las Fuerzas Armadas yse les permitió irse con el secuestrado (testimonio de Ramón Custodio López,Miguel Angel Pavón Salazar, Efraín Díaz Arrivillaga y Florencio Caballero).100. Un exintegrante de las Fuerzas Armadas, que dijo haber pertenecido a launidad militar que luego se organizó como Batallón 316, encargada de llevara cabo los secuestros, y haber participado personalmente en algunos deéstos, afirmó que el punto de partida era la orden dada por el jefe de launidad para investigar, vigilar y seguir a una persona. Según el testigo, sise decidía continuar el procedimiento, se ejecutaba el secuestro conpersonal vestido de civil que usaba seudónimos, disfrazado y que iba armado.Disponían para ese fin de cuatro vehículos "pick-up" Toyota de doble cabina,sin marcas policiales, dos de los cuales tenían vidrios polarizados(testimonio de Florencio Caballero. Ver también testimonio de VirgilioCarías).101. El Gobierno recusó, en los términos del artículo 37 del Reglamento, aFlorencio Caballero por haber desertado del Ejército y violado el juramentocomo militar. La Corte, mediante resolución de 6 de octubre de 1987, rechazópor unanimidad la recusación, reservándose el derecho de apreciar esadeclaración.102. El actual Director de Inteligencia de las Fuerzas Armadas afirmó quelas unidades de inteligencia no practican detenciones porque "se queman"(quedan al descubierto), ni utilizan automóviles sin placas, ni usanseudónimos. Agregó que Florencio Caballero nunca trabajó en los servicios deinteligencia y que fue chofer del Cuartel General del Ejército enTegucigalpa (testimonio de Roberto Núñez Montes).103. El exintegrante de las Fuerzas Armadas afirmó la existencia de cárcelesclandestinas y de lugares especialmente seleccionados para enterrar aquienes eran ejecutados. También refirió que, dentro de su unidad, había ungrupo torturador y otro de interrogación, al que él perteneció. El grupotorturador aplicaba choques eléctricos, el barril de agua y la capucha. Semantenía a los secuestrados desnudos, sin comer y se les arrojaba aguahelada. Agregó que los seleccionados para ser ejecutados eran entregados aun grupo de exprisioneros, sacados de la cárcel para llevar a cabo esatarea, para lo cual al principio utilizaron armas de fuego y luego el puñaly el machete (testimonio de Florencio Caballero).104. El actual Director de Inteligencia negó que las Fuerzas Armadas tengancárceles clandestinas, ya que ese no es su modus operandi sino, más bien, elde los elementos subversivos que las denominan "cárceles del pueblo". Añadióque un servicio de inteligencia no se dedica a la eliminación física o a lasdesapariciones sino a obtener información y procesarla, para que los órganosde decisión de más alto nivel del país tomen las resoluciones apropiadas(testimonio de Roberto Núñez Montes).105. Un oficial hondureño, llamado a comparecer por la Corte, dijo que a undetenido no se le puede forzar violenta o sicológicamente para que brinde lainformación requerida, porque eso está prohibido (testimonio de Marco TulioRegalado Hernández).106. En un gran número de recortes de la prensa hondureña de esa época,aportados al expediente por la Comisión, se informa de los casos dedesaparición de al menos 64 personas, al parecer por razones ideológicas,políticas o sindicales. Seis de estas personas, que aparecieron después, sequejaron de haber sufrido tortura y otros tratos crueles, inhumanos ydegradantes. En estos recortes se habla de la existencia de diversoscementerios clandestinos, en los que aparecieron 17 cadáveres.107. Según la deposición de su hermana, testigos presenciales del secuestrode Manfredo Velásquez le informaron que él fue capturado el 12 de setiembrede 1981, entre las 4:30 y 5:00 p.m., en un estacionamiento de vehículos enel centro de Tegucigalpa, por siete hombres fuertemente armados, vestidos decivil (uno de ellos el Sargento Primero José Isaías Vilorio), que usaron unvehículo Ford, blanco, sin placas (testimonio de Zenaida Velásquez. Vertambién testimonio de Ramón Custodio López).108. La misma testigo informó a la Corte que el Coronel Leónidas TorresArias, que había sido jefe de la inteligencia militar hondureña, dijo, enuna conferencia de prensa en México, que Manfredo Velásquez fue desaparecidopor un escuadrón especial, bajo el mando del Capitán Alexander Hernández,cumpliendo órdenes directas del General Gustavo Alvarez Martínez (testimoniode Zenaida Velásquez).109. El oficial Hernández afirmó que jamás recibió orden alguna para detenera Manfredo Velásquez y que ni siquiera trabajó en el área operativa policial(testimonio de Alexander Hernández).110. El Gobierno recusó, con base en el artículo 37 del Reglamento, aZenaida Velásquez por ser hermana de la presunta víctima, lo que en suopinión la hace tener interés directo en el resultado del juicio.111. La Corte, por unanimidad, rechazó la recusación formulada, porqueconsideró que la circunstancia de que la testigo fuera hermana de la víctimano bastaba para inhabilitarla, reservándose el derecho de apreciar esadeclaración.112. El Gobierno arguyó que las declaraciones de la testigo sonirrelevantes, ya que las mismas no se concretan al hecho investigado por laCorte y lo que expresó sobre el secuestro de su hermano no le constapersonalmente sino de oídas.113. El exintegrante de las Fuerzas Armadas que dijo pertenecer al grupo quepracticaba secuestros, manifestó a la Corte que, aunque él no intervino enel secuestro de Manfredo Velásquez, el Teniente Flores Murillo le comentócómo había sido. Fue secuestrado, según este testimonio, en el centro deTegucigalpa en un operativo en que participó el Sargento José IsaíasVilorio, unos señores de seudónimos Ezequiel y Titanio y el mismo TenienteFlores Murillo. El Teniente le relató que a Ezequiel se le disparó el arma ehirió a Manfredo en una pierna, ya que hubo lucha; el secuestrado fuellevado a INDUMIL (Industrias Militares) y torturado; luego trasladado amanos de los ejecutores quienes, por orden del General Alvarez, Jefe de lasFuerzas Armadas, se lo llevaron de Tegucigalpa y lo mataron con puñal ymachete. Su cuerpo fue desmembrado y los restos enterrados en lugaresdiferentes (testimonio de Florencio Caballero).114. El actual Director del Servicio de Inteligencia manifestó que JoséIsaías Vilorio fue archivador de la DNI. Dijo no conocer al Teniente FloresMurillo y afirmó que INDUMIL nunca ha servido como centro de detención(testimonio de Roberto Núñez Montes).115. Un testigo afirmó que fue apresado el 29 de setiembre de 1981 por cincoo seis elementos que se identificaron como miembros de las Fuerzas Armadas,quienes lo trasladaron a las oficinas de la DNI. De ahí se lo llevaronvendado en un carro a un lugar desconocido donde fue torturado. El 1º deoctubre de 1981, mientras estaba detenido, lo llamó, a través del hueco deuna cerradura faltante en la puerta hacia una pieza vecina, una vozquejumbrosa y adolorida y le dijo que era Manfredo Velásquez y le pidióayuda. Según su testimonio, en ese momento entró el Teniente Ramón Mejía,quien al verlo de pie lo golpeó, pese a que él dijo que se había levantadopor estar cansado. Agregó que, posteriormente, el Sargento Carlos AlfredoMartínez, con quien hizo amistad en el bar en el que el testigo trabajaba,le dijo que a Manfredo Velásquez lo habían entregado a los agentes delBatallón 316 (testimonio de Leopoldo Aguilar Villalobos).116. El Gobierno afirmó que la declaración de este testigo "no merece enterafe porque hay pormenores que no deben desestimarse, como es el hecho dehaber dicho que tan sólo una vez había sido detenido, en el año 1981, pordedicarse al tráfico de armas y al secuestro de un avión, cuando la verdades que ha sido detenido en varias oportunidades por la policía hondureña porsus antecedentes nada recomendables".117. La Comisión también ofreció prueba para demostrar que en Honduras,entre los años 1981 y 1984, los recursos judiciales internos fueronineficaces para proteger los derechos humanos, especialmente los derechos ala vida, a la libertad y a la integridad personal de los desaparecidos.118. La Corte recibió el testimonio de personas, según cuyas declaraciones:a) Los mecanismos legales en Honduras no funcionaron para averiguar elparadero y asegurar el respeto de la integridad física y moral de losdetenidos. En el caso de los recursos de exhibición personal o hábeas corpusinterpuestos, los tribunales fueron lentos en nombrar los jueces ejecutoresquienes, una vez nombrados, eran frecuentemente desatendidos por lasautoridades de policía cuando se presentaban ante ellos. Varias veces, lasautoridades negaron las capturas, aún en los casos en que los prisionerosdespués reaparecieron. No había órdenes judiciales para las detenciones y nose sabía dónde estaba el detenido. Cuando los recursos de exhibiciónpersonal se formalizaban, las autoridades de policía no exhibían a losdetenidos (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López,Milton Jiménez Puerto y Efraín Díaz Arrivillaga).b) Los jueces ejecutores nombrados por los Tribunales de Justicia no gozabande todas las garantías y sentían temor por represalias que pudieran tomarseen su contra, porque en muchas ocasiones fueron objeto de amenazas y, más deuna vez, apresados. Hubo casos de jueces ejecutores maltratados físicamentepor las autoridades. Profesores de Derecho y abogados que se dedicaban adefender presos políticos sufrieron presiones para que no actuaran en casosde violaciones a los derechos humanos. Solamente dos se atrevieron ainterponer recursos de exhibición personal a favor de los desaparecidos yuno de ellos fue detenido mientras tramitaba un recurso (testimonios deMilton Jiménez Puerto, Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López,César Augusto Murillo, René Velásquez Díaz y Zenaida Velásquez).c) No se conoce ningún caso, entre los años 1981 a 1984, en que un recursode exhibición personal interpuesto en favor de detenidos clandestinamentehubiera dado resultado. Si algunos aparecieron, no lo fueron comoconsecuencia de tales recursos (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar,Inés Consuelo Murillo, César Augusto Murillo, Milton Jiménez Puerto, RenéVelásquez Díaz y Virgilio Carías).VI119. Los testimonios y documentos, corroborados en recortes de prensa,presentados por la Comisión tienden a demostrar:La existencia en Honduras, durante los años 1981 a 1984, de una prácticasistemática y selectiva de desapariciones, al amparo o con la tolerancia delpoder público;b) Que Manfredo Velásquez fue víctima de esa práctica y secuestrado,presumiblemente torturado, ejecutado y sepultado en forma clandestina, poragentes de las Fuerzas Armadas de Honduras, yc) Que en la época en que tales hechos ocurrieron, los recursos legalesdisponibles en Honduras no fueron idóneos ni eficaces para garantizar susderechos a la vida y a la libertad e integridad personales.120. El Gobierno, por su parte, aportó documentos y fundó alegatos sobre lostestimonios de tres militares hondureños, dos de ellos citados por la Cortepor haber sido mencionados en el proceso como directamente vinculados a lapráctica general referida y a la desaparición de Manfredo Velásquez. Estaspruebas están dirigidas:a) Los testimonios, a explicar la organización y funcionamiento de loscuerpos de seguridad a los cuales se atribuye la inmediata ejecución de loshechos y a negar todo conocimiento o vinculación personales de losdeclarantes en ellos;b) Algunos documentos, a demostrar la inexistencia de demandas civiles depresunción de muerte por desaparición de Manfredo Velásquez, yc) Otros documentos, a probar cómo varios recursos de exhibición personalfueron admitidos y acogidos por la Corte Suprema de Justicia hondureña y, enalgunos casos, produjeron la liberación de las personas en cuyo favor seplantearon.121. No aparecen en el expediente otras pruebas directas como peritaciones,inspecciones o informes.VII122. Antes de examinar las pruebas recibidas, la Corte debe comenzar porprecisar algunas cuestiones relacionadas con la carga de la prueba y loscriterios generales que orientan su valoración y la determinación de loshechos probados en el presente juicio.123. Dado que la Comisión es quien demanda al Gobierno por la desapariciónde Manfredo Velásquez a ella corresponde, en principio, la carga de laprueba de los hechos en que su demanda se funda.124. El argumento de la Comisión se basa en que una política dedesapariciones, auspiciada o tolerada por el Gobierno, tiene como verdaderopropósito el encubrimiento y la destrucción de la prueba relativa a lasdesapariciones de los individuos objeto de la misma. Cuando la existencia detal práctica o política haya sido probada, es posible, ya sea medianteprueba circunstancial o indirecta, o ambas, o por inferencias lógicaspertinentes, demostrar la desaparición de un individuo concreto, que de otromodo sería imposible, por la vinculación que ésta última tenga con lapráctica general.125. El Gobierno no objetó el enfoque propuesto por la Comisión. Sinembargo, argumentó que no fue probada la existencia de una práctica dedesapariciones en Honduras ni la participación de autoridades hondureñas enla supuesta desaparición de Manfredo Velásquez.126. La Corte no encuentra ninguna razón para considerar inadmisible elenfoque adoptado por la Comisión. Si se puede demostrar que existió unapráctica gubernamental de desapariciones en Honduras llevada a cabo por elGobierno o al menos tolerada por él, y si la desaparición de ManfredoVelásquez se puede vincular con ella, las denuncias hechas por la Comisiónhabrían sido probadas ante la Corte, siempre y cuando los elementos deprueba aducidos en ambos puntos cumplan con los criterios de valoraciónrequeridos en casos de este tipo.127. La Corte debe determinar cuáles han de ser los criterios de valoraciónde las pruebas aplicables en este caso. Ni la Convención ni el Estatuto dela Corte o su Reglamento tratan esta materia. Sin embargo, la jurisprudenciainternacional ha sostenido la potestad de los tribunales para evaluarlibremente las pruebas, aunque ha evitado siempre suministrar una rígidadeterminación del quantum de prueba necesario para fundar el fallo (cfr.Corfu Channel, Merits, Judgment I.C.J. Reports 1949; Military andParamilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United Statesof America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, párrs. 29-30 y 59-60).128. Para un tribunal internacional, los criterios de valoración de laprueba son menos formales que en los sistemas legales internos. En cuanto alrequerimiento de prueba, esos mismos sistemas reconocen gradacionesdiferentes que dependen de la naturaleza, carácter y gravedad del litigio.129. La Corte no puede ignorar la gravedad especial que tiene la atribucióna un Estado Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o toleradoen su territorio una práctica de desapariciones. Ello obliga a la Corte aaplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que,sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear la convicción de la verdadde los hechos alegados.130. La práctica de los tribunales internacionales e internos demuestra quela prueba directa, ya sea testimonial o documental, no es la única que puedelegítimamente considerarse para fundar la sentencia. La pruebacircunstancial, los indicios y las presunciones, pueden utilizarse, siempreque de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos.131. La prueba indiciaria o presuntiva resulta de especial importanciacuando se trata de denuncias sobre la desaparición, ya que esta forma derepresión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento quepermita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las víctimas.132. El procedimiento ante la Corte, como tribunal internacional que es,presenta particularidades y carácter propios por lo cual no le sonaplicables, automáticamente, todos los elementos de los procesos antetribunales internos.133. Esto, que es válido en general en los procesos internacionales, lo esmás aún en los referentes a la protección de los derechos humanos.134. En efecto, la protección internacional de los derechos humanos no debeconfundirse con la justicia penal. Los Estados no comparecen ante la Cortecomo sujetos de acción penal. El Derecho internacional de los derechoshumanos no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de susviolaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la reparación de losdaños que les hayan sido causados por los Estados responsables de talesacciones.135. A diferencia del Derecho penal interno, en los procesos sobreviolaciones de derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansarsobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchoscasos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado.136. Es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechosocurridos dentro de su territorio. La Comisión, aunque tiene facultades pararealizar investigaciones, en la práctica depende, para poder efectuarlasdentro de la jurisdicción del Estado, de la cooperación y de los medios quele proporcione el Gobierno.137. Ya que el Gobierno solamente presentó algunas pruebas documentalesrelacionadas con sus objeciones preliminares pero no sobre el fondo, laCorte debe establecer sus conclusiones prescindiendo del valioso auxilio deuna participación más activa de Honduras, que le hubiera significado, por lodemás, proveer adecuadamente a su defensa.138. La forma en que la defensa ha sido conducida habría podido bastar paraque muchos de los hechos afirmados por la Comisión se tuvieran válidamentepor ciertos, sin más, en virtud del principio de que, salvo en la materiapenal --que no tiene que ver en el presente caso, como ya se dijo (supra134-135)--, el silencio del demandado o su contestación elusiva o ambiguapueden interpretarse como aceptación de los hechos de la demanda, por lomenos mientras lo contrario no aparezca de los autos o no resulte de laconvicción judicial. La Corte, sin embargo, trató de suplir esasdeficiencias procesales, admitiendo todas las pruebas que le fueronpropuestas, aun en forma extemporánea, y ordenando de oficio algunas otras.Esto, por supuesto, sin renunciar a sus potestades discrecionales paraapreciar el silencio o la inercia de Honduras ni a su deber de valorar latotalidad de los hechos.139. La Comisión, sin perjuicio de haber utilizado otros elementos deprueba, aplicó, en el trámite ante ella, el artículo 42 de su Reglamento,que dice:Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y cuyas partespertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado aludido si, en elplazo máximo fijado por la Comisión de conformidad con el artículo 34,párrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la información correspondiente,siempre y cuando de otros elementos de convicción no resultare unaconclusión diversa.Pero, como la aplicación de esta presunción legal que tuvo lugar en eltrámite ante la Comisión no ha sido discutida en el proceso y el Gobierno,por su parte, participó plenamente en el mismo, es irrelevante tratarlaaquí.VIII140. En el presente caso la Corte tiene por buenos los documentospresentados por la Comisión y por Honduras, máxime cuando no fueroncontrovertidos ni objetados, ni su autenticidad o veracidad puesta en duda.141. Respecto de los testimonios presentados por la Comisión, en el curso delas audiencias, el Gobierno recusó testigos con base en el artículo 37 delReglamento. En la resolución de 6 de octubre de 1987, mediante la cual serechazó una recusación, la Corte afirmó lo siguiente:b) Que la recusación planteada se refiere, más bien, a circunstancias que elGobierno señala en las cuales su testimonio (el del testigo recusado) podríano ser objetivo.c) Que corresponde a la Corte, al dictar sentencia, definir sobre el valorque tenga una prueba presentada ante ella.d) Que son los hechos apreciados por la Corte y no los medios utilizadospara probarlos, dentro de un proceso, los que le pueden llevar a establecersi hay una violación de los derechos humanos contenidos en la Convención.f) Que está en las partes, en el curso del proceso, demostrar que loafirmado por un testigo no corresponde a la verdad.142. En los contrainterrogatorios los abogados del Gobierno pretendieronseñalar la eventual falta de objetividad de algunos testigos por razonesideológicas, de origen o nacionalidad, o de parentesco o atribuyéndolesinterés en perjudicar a Honduras, llegando, incluso, a insinuar quetestimoniar en estos procesos contra el Estado podría constituir unadeslealtad hacia su país. Igualmente se invocó la circunstancia de quealgunos testigos tuvieran antecedentes penales o estuvieran sometidos ajuicio como fundamento de su falta de idoneidad para comparecer ante laCorte (supra 86, 88, 90, 92, 101, 110 y 116).143. Algunas circunstancias pueden, ciertamente, condicionar el apego a laverdad de un testigo. El Gobierno, sin embargo, no demostró con hechosconcretos que los testigos hubieran faltado a la verdad, sino que se limitóa hacer observaciones de carácter general sobre la supuesta falta deidoneidad o imparcialidad de los mismos, que no son suficientes paradesvirtuar testimonios coincidentes y contestes en lo fundamental, por locual el juzgador no puede desecharlos.144. Por otra parte, algunos de los señalamientos del Gobierno carecen defundamentación en el ámbito de la protección de los derechos humanos. No esadmisible que se insinúe que las personas que, por cualquier título, acudenal sistema interamericano de protección a los derechos humanos esténincurriendo en deslealtad hacia su país, ni que pueda extraerse de estehecho cualquier sanción o consecuencia negativa. Los derechos humanosrepresentan valores superiores que "no nacen del hecho de ser nacional dedeterminado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de lapersona humana" (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,Considerando y Convención Americana, Preámbulo).145. Tampoco es sustentable que la circunstancia de tener antecedentespenales o procesos pendientes sea por sí sola suficiente para negar laidoneidad de los testigos para deponer ante la Corte. Tal como lo decidió laCorte en el presente caso por resolución de 6 de octubre de 1987,(e)s contradictorio, dentro de la Convención Americana sobre DerechosHumanos, negar a priori, a un testigo por la razón de que esté procesado oincluso haya sido condenado en el orden interno, la posibilidad de declararsobre hechos materia de un proceso sometido a la Corte, incluso si talproceso se refiere a materias que lo afecten.146. A un gran número de recortes de prensa aportados por la Comisión nopuede dárseles el carácter de prueba documental propiamente dicha. Muchos deellos, sin embargo, constituyen la manifestación de hechos públicos ynotorios que, como tales, no requieren en sí mismos de prueba; otros tienenvalor, como ha sido reconocido por la jurisprudencia internacional (Militaryand Paramilitary Activities in and against Nicaragua, supra 127, párrs.62-64) en cuanto reproducen textualmente declaraciones públicas,especialmente de altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, del Gobierno ode la propia Corte Suprema de Justicia de Honduras, como algunas emanadasdel Presidente de esta última; finalmente, otros tienen importancia en suconjunto en la medida en que corroboran los testimonios recibidos en elproceso respecto de las desapariciones y la atribución de esos hechos a lasautoridades militares o policiales de este país.IX147. La Corte entra ahora a determinar los hechos relevantes que consideraprobados, a saber:a) Que en la República de Honduras, durante los años de 1981 a 1984, unnúmero de personas, entre 100 y 150, desapareció sin que de muchas de ellasse haya vuelto a tener noticia alguna (testimonios de Miguel Angel PavónSalazar, Ramón Custodio López, Efraín Díaz Arrivillaga, Florencio Caballeroy recortes de prensa).b) Que tales desapariciones tenían un patrón muy similar, que se iniciabamediante el secuestro violento de las víctimas, muchas veces a la luz deldía y en lugares poblados, por parte de hombres armados, vestidos de civil ydisfrazados que actuaban con aparente impunidad, en vehículos sinidentificación oficial y con cristales polarizados, sin placas o con placasfalsas (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López,Efraín Díaz Arrivillaga, Florencio Caballero y recortes de prensa).c) Que la población consideraba como un hecho público y notorio que lossecuestros se perpetraban por agentes militares, o por policías o porpersonal bajo su dirección (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, RamónCustodio López, Efraín Díaz Arrivillaga, Florencio Caballero y recortes deprensa).d) Que las desapariciones se realizaban mediante una práctica sistemática,de la cual la Corte considera especialmente relevantes las siguientescircunstancias:i) Las víctimas eran generalmente personas consideradas por las autoridadeshondureñas como peligrosas para la seguridad del Estado (testimonios deMiguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Efraín Díaz Arrivillaga,Florencio Caballero, Virgilio Carías, Milton Jiménez Puerto, René VelásquezDíaz, Inés Consuelo Murillo, José Gonzalo Flores Trejo, Zenaida Velásquez,César Augusto Murillo y recortes de prensa). Además, usualmente las víctimashabían estado sometidas a vigilancia y seguimiento por períodos más o menosprolongados (testimonios de Ramón Custodio López y Florencio Caballero);ii) Las armas empleadas eran de uso reservado a las autoridades militares yde policía y se utilizaban vehículos con cristales polarizados, cuyo usorequiere de una autorización oficial especial. En algunas oportunidades lasdetenciones se realizaron por agentes del orden público, sin disimulo nidisfraz; en otras éstos habían previamente despejado los lugares donde seejecutarían los secuestros y, por lo menos en una ocasión, lossecuestradores, al ser detenidos por agentes del orden público, continuaronlibremente su marcha al identificarse como autoridades (testimonios deMiguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López y Florencio Caballero);iii) Las personas secuestradas eran vendadas, llevadas a lugares secretos eirregulares de detención y trasladadas de uno a otro. Eran interrogadas ysometidas a vejámenes, crueldades y torturas. Algunas de ellas fueronfinalmente asesinadas y sus cuerpos enterrados en cementerios clandestinos(testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, FlorencioCaballero, René Velásquez Díaz, Inés Consuelo Murillo y José Gonzalo FloresTrejo);iv) Las autoridades negaban sistemáticamente el hecho mismo de la detención,el paradero y la suerte de las víctimas, tanto a sus parientes, abogados ypersonas o entidades interesadas en la defensa de los derechos humanos, comoa los jueces ejecutores en recursos de exhibición personal. Esa actitud seprodujo inclusive en casos de personas que después reaparecieron en manos delas mismas autoridades que, sistemáticamente, habían negado tenerlas en supoder o conocer su suerte (testimonios de Inés Consuelo Murillo, JoséGonzalo Flores Trejo, Efraín Díaz Arrivillaga, Florencio Caballero, VirgilioCarías, Milton Jiménez Puerto, René Velásquez Díaz, Zenaida Velásquez yCésar Augusto Murillo, así como recortes de prensa);v) Tanto las autoridades militares y de policía como el Gobierno y el PoderJudicial se negaban o eran incapaces de prevenir, investigar y sancionar loshechos y de auxiliar a quienes se interesaban en averiguar el paradero y lasuerte de las víctimas o de sus restos. Cuando se integraron comisionesinvestigadoras del Gobierno o de las Fuerzas Armadas, no condujeron a ningúnresultado. Las causas judiciales que se intentaron fueron tramitadas conevidente lentitud y desinterés y algunas de ellas finalmente sobreseídas(testimonios de Inés Consuelo Murillo, José Gonzalo Flores Trejo, EfraínDíaz Arrivillaga, Florencio Caballero, Virgilio Carías, Milton JiménezPuerto, René Velásquez Díaz, Zenaida Velásquez y César Augusto Murillo, asícomo recortes de prensa);e) Que Manfredo Velásquez desapareció el 12 de setiembre de 1981, entre las16:30 y las 17:00 horas, en un estacionamiento de vehículos en el centro deTegucigalpa, secuestrado por varios hombres fuertemente armados, vestidos decivil, que utilizaron un vehículo Ford de color blanco, sin placas y quehoy, casi siete años después, continúa desaparecido, por lo que se puedesuponer razonablemente que ha muerto (testimonios de Miguel Angel PavónSalazar, Ramón Custodio López, Zenaida Velásquez, Florencio Caballero,Leopoldo Aguilar Villalobos y recortes de prensa).f) Que ese secuestro fue llevado a cabo por personas vinculadas con lasFuerzas Armadas o bajo su dirección (testimonios de Ramón Custodio López,Zenaida Velásquez, Florencio Caballero, Leopoldo Aguilar Villalobos yrecortes de prensa),g) Que el secuestro y desaparición de Manfredo Velásquez corresponde almarco de la práctica de desapariciones a que se refieren los hechos que seconsideran probados en los literales a) a d) inclusive. En efecto:i) Manfredo Velásquez era un estudiante que realizaba actividades deaquéllas consideradas por las autoridades como "peligrosas" para laseguridad del Estado (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, RamónCustodio López y Zenaida Velásquez).ii) El secuestro de Manfredo Velásquez fue practicado, a plena luz del día,por hombres vestidos de civil que utilizaron un vehículo sin placas.iii) En el caso de Manfredo Velásquez se produjeron las mismas negativas desus captores y de las autoridades de las Fuerzas Armadas, las mismasomisiones de éstas y del Gobierno en investigar y dar cuenta de su paradero,y la misma ineficacia de los tribunales de justicia ante los cuales seinterpusieron tres recursos de exhibición personal y dos denuncias penales(testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, ZenaidaVelásquez, recortes de prensa y documentos).h) Que no aparece en el expediente prueba alguna de que Manfredo Velásquezse hubiera unido a grupos subversivos, salvo una carta del Alcalde deLangue, según la cual se rumoreaba que andaba con grupos subversivos. Esaversión no fue complementada con ningún otro elemento probatorio por elGobierno, lo que, lejos de demostrar la veracidad de ese supuesto rumor, másbien indica que se le vinculaba con actividades juzgadas peligrosas para laseguridad del Estado. Tampoco hay prueba de que hubiera sido secuestrado porobra de delincuentes comunes o de otras personas desvinculadas con lapráctica de desapariciones entonces vigente.148. Por todo lo anterior, la Corte concluye que han sido probadas en elproceso: 1) la existencia de una práctica de desapariciones cumplida otolerada por las autoridades hondureñas entre los años 1981 a 1984; 2) ladesaparición de Manfredo Velásquez por obra o con la tolerancia de esasautoridades dentro del marco de esa práctica; y 3) la omisión del Gobiernoen la garantía de los derechos humanos afectados por tal práctica.X149. En la historia de la violación de los derechos humanos, lasdesapariciones no son una novedad. Pero su carácter sistemático y reiterado,su utilización como una técnica destinada a producir no sólo la desapariciónmisma, momentánea o permanente, de determinadas personas, sino también unestado generalizado de angustia, inseguridad y temor, ha sido relativamentereciente. Aunque esta práctica posee carácter más o menos universal, enAmérica Latina ha presentado en los últimos años una excepcional intensidad.150. El fenómeno de las desapariciones constituye una forma compleja deviolación de los derechos humanos que debe ser comprendida y encarada de unamanera integral.151. La creación del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas oInvoluntarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,mediante resolución 20 (XXXVI) de 29 de febrero de 1980, constituye unaactitud concreta de censura y repudio generalizados, por una práctica que yahabía sido objeto de atención en el ámbito universal por la Asamblea General(resolución 33/173 de 20 de diciembre de 1978), por el Consejo Económico ySocial (resolución 1979/38 de 10 de mayo de 1979) y por la Subcomisión dePrevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías (resolución 5 B(XXXII) de 5 de setiembre de 1979). Los informes de los relatores o enviadosespeciales de la Comisión de Derechos Humanos muestran la preocupación porel cese de esa práctica, por la aparición de las personas afectadas y por laaplicación de sanciones a los responsables.152. En el ámbito regional americano la Asamblea General de la Organizaciónde los Estados Americanos (OEA) y la Comisión se han referido reiteradamentea la cuestión de las desapariciones para promover la investigación de talessituaciones, para calificarlas y para exigir que se les ponga fin (AG/RES.443 (IX-0/79) de 31 de octubre de 1979; AG/RES 510 (X-0/80) de 27 denoviembre de 1980; AG/RES. 618 (XII-0/82) de 20 de noviembre de 1982;AG/RES. 666 (XIII-0/83) del 18 de noviembre de 1983; AG/RES. 742 (XIV-0/84)del 17 de noviembre de 1984 y AG/RES. 890 (XVII-0/87) del 14 de noviembre de1987; Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Informe Anual, 1978,págs. 22-24a; Informe Anual 1980-1981, págs. 113-114; Informe Anual,1982-1983, págs. 49-51; Informe Anual, 1985-1986, págs. 40-42; InformeAnual, 1986-1987, págs 299-306 y en muchos de sus informes especiales porpaíses como OEA/Ser.L/V/II.49, doc. 19, 1980 (Argentina); OEA/Ser.L/V/II.66,doc. 17, 1985 (Chile) y OEA/Ser.L/V/II.66, doc. 16, 1985 (Guatemala)).153. Si bien no existe ningún texto convencional en vigencia, aplicable alos Estados Partes en la Convención, que emplee esta calificación, ladoctrina y la práctica internacionales han calificado muchas veces lasdesapariciones como un delito contra la humanidad (Anuario Interamericano deDerechos Humanos, 1985, págs. 369, 687 y 1103). La Asamblea de la OEA haafirmado que "es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye uncrimen de lesa humanidad" (AG/RES.666, supra). También la ha calificado como"un cruel e inhumano procedimiento con el propósito de evadir la ley, endetrimento de las normas que garantizan la protección contra la detenciónarbitraria y el derecho a la seguridad e integridad personal" (AG/RES. 742,supra).154. Está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber degarantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedadpadece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedanser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinadosdelitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno oque el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar susobjetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad delEstado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana.155. La desaparición forzada de seres humanos constituye una violaciónmúltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención yque los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. El secuestrode la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca,además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y ainterponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto,que infringe el artículo 7 de la Convención que reconoce el derecho a lalibertad personal y que en lo pertinente dispone:1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y enlas condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de losEstados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de sudetención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contraella.5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante unjuez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funcionesjudiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o aser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Sulibertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecenciaen el juicio.6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez otribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre lalegalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o ladetención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que todapersona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho arecurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre lalegalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.156. Además, el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a losque se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas detratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de lapersona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidadinherente al ser humano, lo que constituye, por su lado, la violación de lasdisposiciones del artículo 5 de la Convención que reconocen el derecho a laintegridad personal como sigue:1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,psíquica y moral.2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanoso degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respetodebido a la dignidad inherente al ser humano.Por lo demás, las investigaciones que se han verificado donde ha existido lapráctica de desapariciones y los testimonios de las víctimas que hanrecuperado su libertad demuestran que ella incluye el trato despiadado a losdetenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de vejámenes, torturas ydemás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, en violación también alderecho de la integridad física reconocido en el mismo artículo 5 de laConvención.157. La práctica de desapariciones, en fin, ha implicado con frecuencia laejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida delocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material delcrimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significauna brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 dela Convención cuyo inciso primero reza:1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estaráprotegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.158. La práctica de desapariciones, a más de violar directamente numerosasdisposiciones de la Convención, como las señaladas, significa una rupturaradical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valoresque emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamentefundamentan el sistema interamericano y la misma Convención. La existenciade esa práctica, además, supone el desconocimiento del deber de organizar elaparato del Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en laConvención, como se expone a continuación.XI159. La Comisión ha solicitado a la Corte determinar que Honduras ha violadolos derechos garantizados a Manfredo Velásquez por los artículos 4, 5 y 7 dela Convención. El Gobierno ha negado los cargos y pretende una sentenciaabsolutoria.160. El problema planteado exige a la Corte un examen sobre las condicionesen las cuales un determinado acto, que lesione alguno de los derechosreconocidos en la Convención, puede ser atribuido a un Estado Parte ycomprometer, en consecuencia, su responsabilidad internacional.161. El artículo 1.1 de la Convención dispone:Artículo 1 Obligación de Respetar los Derechos1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar losderechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y plenoejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sindiscriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.162. Este artículo contiene la obligación contraída por los Estados Partesen relación con cada uno de los derechos protegidos, de tal manera que todapretensión de que se ha lesionado alguno de esos derechos, implicanecesariamente la de que se ha infringido también el artículo 1.1 de laConvención.163. La Comisión no señaló de manera expresa la violación del artículo 1.1de la Convención, pero ello no impide que sea aplicado por esta Corte,debido a que dicho precepto constituye el fundamento genérico de laprotección de los derechos reconocidos por la Convención y porque seríaaplicable, de todos modos, en virtud de un principio general de Derecho,iura novit curia, del cual se ha valido reiteradamente la jurisprudenciainternacional en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusiveel deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa,aun cuando las partes no las invoquen expresamente ("Lotus", Judgment No. 9,1927, P.C.I.J., Series A, No. 10, pág. 31 y Eur. Court H.R., Handyside Case,Judgment of 7 December 1976, Series A No. 24, párr. 41).164. El artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de losderechos humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a unEstado Parte. En efecto, dicho artículo pone a cargo de los Estados Parteslos deberes fundamentales de respeto y de garantía, de tal modo que todomenoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda seratribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la acción u omisiónde cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado quecompromete su responsabilidad en los términos previstos por la mismaConvención.165. La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términosdel citado artículo, es la de "respetar los derechos y libertades"reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función pública tiene unoslímites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes ala dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. Comoya lo ha dicho la Corte en otra ocasión,... la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civilesy políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de laexistencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que nopueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Setrata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los quesólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechoshumanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción alejercicio del poder estatal (La expresión "leyes" en el artículo 30 de laConvención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21).166. La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar" ellibre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a todapersona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de losEstados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general,todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio delpoder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente ellibre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de estaobligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violaciónde los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, elrestablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, lareparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.167. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechoshumanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacerposible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la necesidadde una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, deuna eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.168 La obligación a cargo de los Estados es, así, mucho más inmediata que laque resulta del artículo 2, que dice:Artículo 2 Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho InternoSi el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 noestuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter,los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a susprocedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención,las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacerefectivos tales derechos y libertades.169. Conforme al artículo 1.1 es ilícita toda forma de ejercicio del poderpúblico que viole los derechos reconocidos por la Convención. En talsentido, en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estadoo de una institución de carácter público lesione indebidamente uno de talesderechos, se está ante un supuesto de inobservancia del deber de respetoconsagrado en ese artículo.170. Esa conclusión es independiente de que el órgano o funcionario hayaactuado en contravención de disposiciones del derecho interno o desbordadolos límites de su propia competencia, puesto que es un principio de Derechointernacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizadosal amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun siactúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derechointerno.171. El mencionado principio se adecúa perfectamente a la naturaleza de laConvención, que se viola en toda situación en la cual el poder público seautilizado para lesionar los derechos humanos en ella reconocidos. Si seconsiderara que no compromete al Estado quien se prevale del poder públicopara violar tales derechos a través de actos que desbordan su competencia oque son ilegales, se tornaría ilusorio el sistema de protección previsto enla Convención.172. Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado todaviolación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un actodel poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes queostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí lassituaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar ysancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que suresponsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esosderechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos queinicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, porser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de latransgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, nopor ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia paraprevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por laConvención.173. Las infracciones a la Convención no pueden ser juzgadas aplicandoreglas que tengan en cuenta elementos de naturaleza sicológica, orientados acalificar la culpabilidad individual de sus autores. A los efectos delanálisis, es irrelevante la intención o motivación del agente quematerialmente haya violado los derechos reconocidos por la Convención, hastael punto que la infracción a la misma puede establecerse incluso si dichoagente no está individualmente identificado. Lo decisivo es dilucidar si unadeterminada violación a los derechos humanos reconocidos por la Convenciónha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste haactuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de todaprevención o impunemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinarsi la violación a los derechos humanos resulta de la inobservancia por partede un Estado de sus deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, quele impone el artículo 1.1 de la Convención.174. El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, lasviolaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los mediosa su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de sujurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles lassanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.175. El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácterjurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguardade los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a losmismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que,como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, asícomo la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuenciasperjudiciales. No es posible hacer una enumeración detallada de esasmedidas, que varían según el derecho de que se trate y según las condicionespropias de cada Estado Parte. Es claro, a su vez, que la obligación deprevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimientopor el mero hecho de que un derecho haya sido violado. Pero sí es obvio, encambio, que el sometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales queimpunemente practiquen la tortura y el asesinato representa, por sí mismo,una infracción al deber de prevención de violaciones a los derechos a laintegridad física y a la vida, aun en el supuesto de que una persona dada nohaya sufrido torturas o no haya sido ultimada, o si esos hechos no puedendemostrarse en el caso concreto.176. El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación enla que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención.Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y nose restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de susderechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su librey pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo esválido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libreo impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en laConvención.177. En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación dehechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, comola de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no esincumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca unresultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y nocomo una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debetener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio yno como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de lainiciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportaciónprivada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busqueefectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agenteal cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares,pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en ciertomodo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería laresponsabilidad internacional del Estado.178. De los autos se evidencia que, en el presente caso, hubo una completainhibición de los mecanismos teóricamente adecuados del Estado hondureñopara atender a la investigación de la desaparición de Manfredo Velásquez,así como al cumplimiento de deberes como la reparación de los daños causadosy la sanción a los responsables, contenidos en el artículo 1.1 de laConvención.179. Ha quedado comprobada, como ya lo ha verificado la Corte anteriormente,la abstención del poder Judicial para atender los recursos introducidos antediversos tribunales en el presente caso. Ningún recurso de exhibiciónpersonal fue tramitado. Ningún juez tuvo acceso a los lugares dondeeventualmente pudiera haber estado detenido Manfredo Velásquez. Lainvestigación criminal que se abrió concluyó en un sobreseimiento.180. Tampoco los órganos del Poder Ejecutivo cumplieron una investigaciónseria para establecer la suerte de Manfredo Velásquez. Ninguna averiguaciónfue abierta para conocer denuncias públicas sobre la práctica dedesapariciones y sobre el hecho de que Manfredo Velásquez habría sidovíctima de esa práctica. No se atendieron los requerimientos de la Comisiónen el sentido de informar sobre la situación planteada, al punto de quedicha Comisión hubo de aplicar la presunción de veracidad de los hechosdenunciados por la falta de respuesta del Gobierno. El ofrecimiento deefectuar una investigación en concordancia con lo dispuesto por laresolución No. 30/83 de la Comisión concluyó en una averiguación confiada alas propias Fuerzas Armadas, quienes eran precisamente las señaladas comoresponsables directas de las desapariciones, lo cual cuestiona gravemente laseriedad de la investigación. Se acudió frecuentemente al expediente depedir a los familiares de las víctimas que presentaran pruebas concluyentesde sus aseveraciones siendo que, por tratarse de delitos atentatorios contrabienes esenciales de la persona, deben ser investigados de oficio encumplimiento del deber del Estado de velar por el orden público, más aúncuando los hechos denunciados se referían a una práctica cumplida dentro delseno de la institución armada la cual, por su naturaleza, está cerrada ainvestigaciones particulares. Tampoco se estableció ningún procedimientodestinado a determinar quién o quiénes fueron los responsables de ladesaparición de Manfredo Velásquez a fin de aplicarles las sanciones que elderecho interno establece. Todo ello configura un cuadro del que resulta quelas autoridades hondureñas no actuaron de conformidad con lo requerido porel artículo 1.1 de la Convención, para garantizar efectivamente la vigenciade los derechos humanos dentro de la jurisdicción de ese Estado.181. El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras semantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida.Incluso en el supuesto de que circunstancias legítimas del orden jurídicointerno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a quienes seanindividualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho delos familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en sucaso, dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa queel Estado debe satisfacer con los medios a su alcance.182. La Corte tiene la convicción, y así lo ha dado por probado, de que ladesaparición de Manfredo Velásquez fue consumada por agentes que actuaronbajo la cobertura de una función pública. Pero, aunque no hubiera podidodemostrarse tal cosa, la circunstancia de que el aparato del Estado se hayaabstenido de actuar, lo que está plenamente comprobado, representa unincumplimiento imputable a Honduras de los deberes contraídos en virtud delartículo 1.1 de la Convención, según el cual estaba obligada a garantizar aManfredo Velásquez el pleno y libre ejercicio de sus derecho humanos.183. No escapa a la Corte que el ordenamiento jurídico de Honduras noautorizaba semejantes acciones y que las mismas estaban tipificadas comodelitos según el derecho interno. Tampoco escapa a la Corte que no todos losniveles del poder público de Honduras estaban necesariamente al tanto detales actuaciones ni existe constancia de que las mismas hayan obedecido aórdenes impartidas por el poder civil. Sin embargo, tales circunstancias sonirrelevantes a los efectos de establecer, según el Derecho internacional, silas violaciones a los derechos humanos que se perpetraron dentro de lamencionada práctica son imputables a Honduras.184. Según el principio de Derecho internacional de la identidad ocontinuidad del Estado, la responsabilidad subsiste con independencia de loscambios de gobierno en el transcurso del tiempo y, concretamente, entre elmomento en que se comete el hecho ilícito que genera la responsabilidad yaquél en que ella es declarada. Lo anterior es válido también en el campo delos derechos humanos aunque, desde un punto de vista ético o político, laactitud del nuevo gobierno sea mucho más respetuosa de esos derechos que laque tenía el gobierno en la época en la que las violaciones se produjeron.185. De todo lo anterior se concluye que de los hechos comprobados en estejuicio resulta que el Estado de Honduras es responsable de la desaparicióninvoluntaria de Angel Manfredo Velásquez Rodríguez. En consecuencia, sonimputables a Honduras violaciones a los artículos 7, 5 y 4 de la Convención.186. Por obra de la desaparición, Manfredo Velásquez fue víctima de unadetención arbitraria, que lo privó de su libertad física sin fundamento encausas legales y sin ser llevado ante un juez o tribunal competente queconociera de su detención. Todo ello infringe directamente el derecho a lalibertad personal reconocido en el artículo 7 de la Convención (supra 155) yconstituye una violación, imputable a Honduras, de los deberes de respetarloy garantizarlo, consagrado en el artículo 1.1 de la misma Convención.187. La desaparición de Manfredo Velásquez es violatoria del derecho a laintegridad personal reconocido en el artículo 5 de la Convención (supra156). En primer lugar porque el solo hecho del aislamiento prolongado y dela incomunicación coactiva, representa un tratamiento cruel e inhumano quelesiona la integridad psíquica y moral de la persona y el derecho de tododetenido a un trato respetuoso de su dignidad, en contradicción con lospárrafos 1 y 2 del citado artículo. En segundo lugar porque, aun cuando noha sido demostrado de modo directo que Manfredo Velásquez fue torturadofísicamente, la mera circunstancia de que su secuestro y cautiverio hayanquedado a cargo de autoridades que comprobadamente sometían a los detenidosa vejámenes, crueldades y torturas representa la inobservancia, por parte deHonduras, del deber que le impone el artículo 1.1, en relación con lospárrafos 1 y 2 del artículo 5 de la Convención. En efecto, la garantía de laintegridad física de toda persona y de que todo aquél que sea privado de sulibertad sea tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al serhumano, implica la prevención razonable de situaciones virtualmente lesivasde los derechos protegidos.188. El razonamiento anterior es aplicable respecto del derecho a la vidaconsagrado en el artículo 4 de la Convención (supra 157). El contexto en quese produjo la desaparición y la circunstancia de que siete años despuéscontinúe ignorándose qué ha sido de él, son de por sí suficientes paraconcluir razonablemente que Manfredo Velásquez fue privado de su vida. Sinembargo, incluso manteniendo un mínimo margen de duda, debe tenerse presenteque su suerte fue librada a manos de autoridades cuya práctica sistemáticacomprendía la ejecución sin fórmula de juicio de los detenidos y elocultamiento del cadáver para asegurar su impunidad. Ese hecho, unido a lafalta de investigación de lo ocurrido, representa una infracción de un deberjurídico, a cargo de Honduras, establecido en el artículo 1.1 de laConvención en relación al artículo 4.1 de la misma, como es el de garantizara toda persona sujeta a su jurisdicción la inviolabilidad de la vida y elderecho a no ser privado de ella arbitrariamente, lo cual implica laprevención razonable de situaciones que puedan redundar en la supresión deese derecho.XII189. El artículo 63.1 de la Convención dispone:Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en estaConvención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce desu derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fueraprocedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que haconfigurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justaindemnización a la parte lesionada.Es evidente que en el presente caso la Corte no puede disponer que segarantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Encambio, es procedente la reparación de las consecuencias de la situación queha configurado la violación de los derechos especificados en este caso porla Corte, contexto dentro del cual cabe el pago de una justa indemnización.190. La Comisión reclamó durante el presente juicio el pago de dichaindemnización, pero no aportó elementos que sirvan de base para definir sumonto ni la forma de pago, temas éstos que no fueron objeto de discusiónentre las partes.191. La Corte estima que esa indemnización puede ser convenida entre laspartes. Si no se llegara a un acuerdo al respecto, la Corte la fijará, paralo cual mantendrá abierto el presente caso. La Corte se reserva el derechode homologar el acuerdo y la potestad de fijar el monto y la forma, si no lohubiere.192. En el Reglamento actual de la Corte las relaciones jurídicas procesalesse establecen entre la Comisión, el Estado o Estados que intervienen en elcaso y la Corte misma, situación ésta que subsiste mientras no se hayacerrado el procedimiento. Al mantenerlo abierto la Corte, lo procedente esque el acuerdo a que se refiere el párrafo anterior sea concluido entre elGobierno y la Comisión aunque, por supuesto, los destinatarios directos dela indemnización sean los familiares de la víctima y sin que ello implique,de ningún modo, un pronunciamiento sobre el significado de la palabra"partes" en otro contexto del sistema normativo de la Convención.XIII193. No aparece en los autos solicitud de condenatoria en costas y no esprocedente que la Corte se pronuncie sobre ellas (art. 45.1 del Reglamento).XIV194. POR TANTO,LA CORTE,por unanimidad1. Desestima la excepción preliminar de no agotamiento de los recursosinternos opuesta por el Gobierno de Honduras.por unanimidad2. Declara que Honduras ha violado en perjuicio de Angel Manfredo VelásquezRodríguez los deberes de respeto y de garantía del derecho a la libertadpersonal reconocido en el artículo 7 de la Convención, en conexión con elartículo 1.1 de la misma.por unanimidad3. Declara que Honduras ha violado en perjuicio de Angel Manfredo VelásquezRodríguez los deberes de respeto y de garantía del derecho a la integridadpersonal reconocido en el artículo 5 de la Convención, en conexión con elartículo 1.1 de la misma.por unanimidad4. Declara que Honduras ha violado en perjuicio de Angel Manfredo VelásquezRodríguez el deber de garantía del derecho a la vida reconocido en elartículo 4 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma.por unanimidad5. Decide que Honduras está obligada a pagar una justa indemnizacióncompensatoria a los familiares de la víctima.por seis votos contra uno6. Decide que la forma y la cuantía de esta indemnización serán fijadas porla Corte en caso de que el Estado de Honduras y la Comisión no se pongan deacuerdo al respecto en un período de seis meses contados a partir de lafecha de esta sentencia, y deja abierto, para ese efecto, el procedimiento.por unanimidad7. Decide que el acuerdo sobre la forma y la cuantía de la indemnizacióndeberá ser homologado por la Corte.por unanimidad8. No encuentra procedente pronunciarse sobre costas.Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español. Leída ensesión pública en la sede de la Corte en San José, Costa Rica, el 29 dejulio de 1988.(f) RAFAEL NIETO NAVIAPresidente(f)HÉCTOR GROS ESPIELL (f)RODOLFO E. PIZA E.(f)THOMAS BUERGENTHAL (f)PEDRO NIKKEN(f)HÉCTOR FIX-ZAMUDIO (f)RIGOBERTO ESPINAL IRÍAS(f)CHARLES MOYERSecretario--------------------------------------------------------------------------------VOTO DISIDENTE DEL JUEZ PIZA ESCALANTE1. No habría tenido reserva alguna para suscribir la totalidad de lasentencia si el punto 6º se hubiera redactado en términos como lossiguientes:6. Decide que la forma y cuantía de esta indemnización serán fijadas por laCorte en caso de que las partes, con intervención de la Comisión, no sepongan de acuerdo al respecto en un período de seis meses a partir de lafecha de esta sentencia, y deja abierto para ese efecto el procedimiento.Incluso habría concurrido en una decisión menos definitiva, que se remitierasolamente al acuerdo de las partes, en la forma en que la propia Corterazonó sus conclusiones en el párrafo 191 de la misma, sin referirse a laComisión; aunque no las del párrafo 192, sobre las cuales también formulo mireserva.2. Mi disidencia, así, no lo es del todo con el fondo ni con el sentidofundamental de esa disposición, en cuanto reserva a la Corte la decisiónfinal sobre la indemnización ahora otorgada en abstracto, dejando a laspartes la iniciativa para convenirla en el plazo estipulado, sino tan sólocon la titularidad de la condición de parte a ese efecto, que el voto de lamayoría reconoce a la Comisión, pero no a los causahabientes de la víctima.3. Salvo mi voto, pues, por la necesidad de ser consecuente con miinterpretación de la Convención y de los propios Reglamentos de la Comisióny de la Corte, de que, en el proceso ante ésta, la única parte activa, ensentido sustancial, son la víctima o sus causahabientes, titulares de losderechos reclamados y acreedores de las prestaciones que en la sentencia sedeclaren, en consonancia con el texto del artículo 63.1 de la Convención, elcual incluye expresamente. . . el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.En cambio la Comisión, parte imparcial e instrumental, al modo de MinisterioPúblico del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, loes solamente en el sentido procesal, como actora en el juicio, nunca en elsustancial o material, como acreedora de la sentencia (arts. 57 y 61 de laConvención, 19 inc. b) del Reglamento de la Comisión y 28 del Estatuto de laCorte).4. Esa tesis, por lo demás, es la misma que he sostenido consistentemente,en general sobre las partes en el proceso ante la Corte, por lo menos desdemis votos particulares sobre las resoluciones dictadas en 1981 y 1983, en elcaso "Viviana Gallardo y otras" (vide, p. ej., resolución del 13 denoviembre de 1981, voto razonado del Juez Piza, párr. 8, y resolución del 8de setiembre de 1983, voto salvado del Juez Piza, párrs. 36, 39 y puntoresolutivo 8º, última donde sostuve, entre otras cosas:39. . . . que, a mi juicio, las 'partes' en sentido sustancial son . . . :a) el Estado de Costa Rica como 'parte pasiva', a la que se imputan lasviolaciones y deudora eventual de su reparación . . . y b) como 'parteactiva', titular de los derechos reclamados y, por ende, acreedora de unaeventual sentencia estimatoria, las víctimas . . . . La Comisión no es'parte' en ningún sentido sustancial, porque no es titular de derechos nideberes que hayan de ser o puedan ser declarados o constituidos por lasentencia).5. Lo resuelto por la mayoría resulta, aunque válido, insuficiente, encuanto no recoge, a mi juicio, la condición de parte de los causahabientesde Manfredo Velásquez de conformidad con el citado artículo 63.1 de laConvención, y, también, con lo dispuesto sobre el contenido de la sentenciapor el artículo 45. 2 y 3 del Reglamento de la Corte, como sigue:2. Cuando la Corte decida que hay una violación de la Convención, tomará enla misma sentencia una decisión sobre la aplicación del artículo 63.1 de laConvención, si dicho asunto después de haber sido presentado de conformidadcon el artículo 43 del presente Reglamento, estuviese listo para unadecisión; si no lo estuviese, la Corte decidirá el procedimiento a seguir.Por el contrario, si el asunto en mención no ha sido presentado bajo elartículo 43, la Corte determinará el período dentro del que puede serpresentado por una parte o por la Comisión.3. Si la Corte ha sido informada de que el lesionado y la parte responsablehan llegado a un acuerdo, verificará que el acuerdo sea justo.6. En esos mismos votos particulares expuse, además, mi tesis sobre lasituación de las partes en sentido procesal, o sea, no ya como acreedora ydeudora del contenido de la sentencia, sino como actora y demandada en elproceso, en términos como los siguientes:40. . . . no existe ninguna razón valedera para negar a las propiasvíctimas, 'parte activa' sustancial, su condición autónoma de 'parte activa'procesal. . . . "a mi juicio, lo único que la Convención veda al ser humanoes la 'iniciativa de la acción' (art. 61.1), limitación que, como tal, es'materia odiosa' a la luz de los principios de manera que debe interpretarserestrictivamente. En consecuencia, no es dable derivar de esa limitación laconclusión de que también le está vedada al ser humano su condición autónomade 'parte' en el proceso, una vez que éste se haya iniciado ... En lo que serefiere a la Comisión Interamericana, que debe comparecer en todos los casosante la Corte . . . ésta es claramente una 'parte sui generis', puramenteprocesal, auxiliar de la justicia, a la manera de un 'ministerio público'del sistema interamericano de protección de los derechos humanos"(resolución del 8 de setiembre de 1983).Lo anterior me obliga, pues, como dije (supra párr. 1), a plantear mireserva expresa sobre el párrafo considerativo 192, en tanto coloca a laComisión como única parte procesal frente al Estado o Estados queintervengan en un caso ante la Corte, sin reconocer la legitimaciónautónoma, incluso en el sentido meramente procesal, de las víctimas o suscausahabientes, entre otros.7. Por lo demás, considero que, si la Convención y los reglamentos de laComisión y de la Corte autorizan, en general, formas de solución amistosaantes o después de planteado el proceso ante la Corte, siempre en manosdirectamente de la parte lesionada y tan sólo con la intervención mediadorao fiscalizadora de la Comisión, carece de sentido que ahora, al autorizar unacuerdo directo para después de la sentencia que ha condenado en abstractoal pago de una indemnización, lo haga invistiendo a la Comisión, para esosefectos, de la condición de única parte frente al Estado responsable, enlugar de los causahabientes de Manfredo Velásquez, únicos acreedores de esaindemnización.Al respecto, se explican por sí solas disposiciones como las siguientes:ConvenciónArtículo 481. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se aleguela violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención . ..f. se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a unasolución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanosreconocidos en esta Convención.Reglamento de la Comisión:Artículo 45 (solución amistosa)1. A solicitud de cualquiera de las partes, o por iniciativa propia, laComisión se pondrá a disposición de las mismas, en cualquier etapa delexamen de una petición, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto,fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos . . .Reglamento de la Corte:Artículo 42 (desistimiento y cancelación de la instancia) . . .2. Cuando en una causa presentada ante la Corte por la Comisión, aquéllarecibiere comunicación de una solución amistosa, de una avenencia o de otrohecho apto para proporcionar una solución al litigio, podrá llegado el caso,cancelar la instancia y archivar el expediente, después de haber recabado laopinión de los delegados de la Comisión . . .En relación con esta última disposición, es evidente que si la 'parte' en lasolución amistosa hubiera sido la misma Comisión, sería absurdo que la Cortedespués tuviera que recabar su opinión para ordenar la cancelación de lainstancia y el archivo del expediente.8. Nada de lo anterior significa que yo no comprenda o no comparta lainquietud que la decisión de la mayoría parece revelar, en el sentido de quela Comisión está, posiblemente, en mejores condiciones reales para velarporque los intereses de los causahabientes de Manfredo Velásquez no se veanmenoscabados por la prepotencia del Gobierno, o la de que un acuerdoespecífico entre éste y la Comisión podría tener la relativa mayor eficaciapropia de un convenio internacional. Sin embargo, considero:a) En cuanto a lo primero, que la Corte está obligada a aplicar las normasde la Convención y de su Reglamento de conformidad con su sentido objetivo,y, para mí, el texto claro de esas normas no autoriza la interpretaciónadoptada.b) De todos modos, yo no he pretendido en ningún momento que la Comisión noparticipe activamente en la negociación de un acuerdo con el Gobiernorespecto de la indemnización ordenada por la sentencia. Mi redacciónprincipal lo decía expresamente, e inclusive en mi disposición de aceptaruna simple referencia a "las partes" estaba también implícita suparticipación, desde luego que la Corte se reserva en todo caso la potestadde homologar ese acuerdo (punto resolutivo 7º, adoptado por unanimidad).c) En cuanto a la eficacia del convenio, no me preocupa cuál sea su régimenjurídico --nacional o internacional--, porque de todo modos la validez y lafuerza de ese acuerdo en ambos órdenes se derivarán de la propia Convención,en virtud de la sentencia misma y de la posterior homologación o aprobaciónformal de la Corte, disposición que gozaría de ejecutividad, tanto en elorden internacional como en el interno, conforme al texto expreso delartículo 68.2 de la Convención, en el sentido de que2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podráejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para laejecución de sentencias contra el Estado.d) Por lo demás, no debe olvidarse que la pendencia establecida en lasentencia es solamente de seis meses, vencidos los cuales el asunto volveráa conocimiento de la Corte, sea para homologar el acuerdo de las partes(punto resolutivo 7º), sea para fijar ella misma la forma y el monto de laindemnización (punto resolutivo 6º), llevado por la Comisión o por lospropios interesados, en la forma prevista por el artículo 45.2 y .3 delReglamento de la Corte ya citado, según el cual2. . . . la Corte determinará el período dentro del que puede ser presentadopor una parte o por la Comisión.3. Si la Corte ha sido informada de que el lesionado y la parte responsablehan llegado a un acuerdo, verificará que el acuerdo sea justo.(f)RODOLFO E. PIZA ESCALANTE(f)CHARLES MOYERSecretario Publicado por

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