Source: https://fr.scribd.com/document/368050657/Sentencia-T-593-17
Timestamp: 2020-01-19 19:31:23+00:00

Document:
Sentencia T 593 17 | Derecho Constitucional | Caso de ley
Justicia colombiana reivindica al periodismo de denuncia •	Concejal de Buga perdió tutela contra periodista por unas publicaciones hechas en Facebook. •	La Corte Constitucional afirmó que el concejal James Hernán Gómez no demostró que fueran falsas las afirmaciones del periodista.
enregistrerEnregistrer Sentencia T 593 17 pour plus tard
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Formas previstas
por ordenamiento jurídico
excepcional/ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-
Solicitud de rectificación de información
En el caso de la acción de tutela en contra de particulares, la Sala resalta que
el artículo 86 de la Constitución Política dispone que esta acción procede en
contra de particulares cuando (i) presten un servicio público, (ii) su conducta
afecte grave y directamente un interés colectivo, o (iii) cuando se predique
respecto de ellos la existencia de un estado de indefensión o subordinación.
Por su parte, el numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 prescribe
que la acción de tutela procede en contra de las actuaciones y omisiones de
los particulares, entre otras, “cuando se solicite rectificación de
informaciones inexactas o erróneas (…)”.
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER EL DERECHO A LA
INTIMIDAD, AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA-Procedencia
En relación con las posibles vulneraciones a los derechos fundamentales a la
intimidad (15 de la C.P.), al buen nombre (art. 15 de la C.P) y a la honra (art.
21 de la C.P), esta Corte se ha pronunciado reiteradamente sobre la
procedencia de la acción de tutela ante la existencia de otros mecanismos de
defensa judicial procedentes en el caso concreto. En particular, habida cuenta
de su naturaleza, objeto de protección y finalidades, la Corte ha destacado la
procedencia de la acción de tutela frente a amenazas o vulneraciones de tales
derechos, incluso en aquellos casos en los que también resultaría procedente
la acción penal ante la eventual configuración de los delitos de injuria y
calumnia, entre otros.
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Solicitud de
rectificación previa como requisito específico de procedibilidad
Esta Corte ha reiterado que la solicitud de rectificación previa al particular,
como requisito de procedibilidad de la acción de tutela, solo resulta exigible
respecto de los medios masivos de comunicación. Esta premisa se funda en lo
dispuesto por los artículos 20 de la Constitución Política y 42.7 del Decreto
2591 de 1991. Este requisito de procedibilidad se ha limitado únicamente a
las tutelas ejercidas en contra de los “medios masivos de comunicación” con
dos fundamentos, a saber: (i) según la Corte “el derecho a la rectificación,
contenido de manera expresa en el artículo 20 de la Constitución, se predica
respecto de los medios masivos de comunicación, como contrapartida de la
amplia protección que les confiere la misma Carta, en desarrollo de la
libertad de prensa”, y (ii) “el carácter a todas luces excepcional de esta
norma [artículo 42.7] hace que su interpretación deba ser estricta”. Si bien la
solicitud de rectificación previa como requisito de procedibilidad para el
ejercicio de la acción de tutela tradicionalmente ha sido exigible a los medios
de comunicación convencionales, dicho requisito es extensible, en los
términos de la reciente jurisprudencia constitucional, a otros canales de
divulgación de información. En la sentencia T-263 de 2010, tras definir el
requisito de la rectificación previa para la interposición de la acción de
tutela, la Corte señaló que la presentación de esta solicitud da lugar a
que “el periodista o el medio de comunicación – u otra persona que informe,
debido a la amplitud tecnológica que hoy se presenta con recursos como el
Internet -, tiene el deber de responder si se mantiene o rectifica en sus
aseveraciones”.
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION, LIBERTAD DE
INFORMACION Y OPINION-Alcance
INFORMACION Y OPINION-Reiteración de jurisprudencia sobre la
verdad y la imparcialidad como límites cuando exista colisión con otros
SOLICITUD DE RECTIFICACION-Exoneración de carga de la
prueba cuando se trata de afirmaciones y negaciones indefinidas
La Corte ha señalado que la exoneración de la carga de la prueba en relación
con afirmaciones o negaciones indefinidas habrá de aplicarse con especial
cautela habida cuenta de las posibles limitaciones que genere en relación con
las libertades de expresión, opinión o información.
En relación con la solicitud de rectificación, la Corte Constitucional ha
desarrollado las siguientes sub reglas jurisprudenciales, a saber: (i) por regla
general quien cuestiona la veracidad o imparcialidad de la información tiene
el deber de demostrar la falsedad o parcialidad de la misma; y (ii) se exonera
del cumplimiento de este deber cuando se trate de “hechos notorios,
afirmaciones o negaciones indefinidas”. En este último caso, la carga de la
prueba se traslada al emisor del mensaje “dada la dificultad [para el
solicitante o demandante] de demostrar tal clase de asertos”.
INTIMIDAD, AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA-
Improcedencia por existir otro medio de defensa judicial y no acreditar
Acción de tutela instaurada por James
Hernán Gómez Serrato en contra de
William Vianney Solano Atehortúa.
Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y
Carlos Bernal Pulido, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
En el trámite de revisión del fallo de tutela de segunda instancia proferido el
día 13 de febrero de 2017 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Conocimiento de Buga, mediante el cual se revocó la sentencia dictada el 19
de diciembre de 2016 por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías del mismo municipio. Por medio de esta última
sentencia se había concedido la protección constitucional de los derechos
fundamentales del ciudadano James Hernán Gómez Serrato, en el marco de la
acción de tutela que promovió en contra del señor William Vianney Solano
1. El día 5 de diciembre de 2016, el ciudadano James Hernán Gómez
Serrato presentó demanda de acción de tutela, como mecanismo transitorio,
en contra de William Vianney Solano Aterhortúa. Esta acción se ejerció con
el propósito de proteger sus derechos fundamentales a la dignidad humana y
buen nombre, en conexidad con sus derechos a la vida, libertad religiosa,
honra e intimidad de la familia. En su criterio, estos derechos se vulneraron
como consecuencia de dos mensajes publicados por el accionado en la red
social Facebook, a saber: uno, en su cuenta personal, y el otro, en su cuenta
personal y en la cuenta abierta a nombre del “Periódico DCerca”1, que el
mismo accionado administra. Este último mensaje también fue difundido
mediante la aplicación “WhatsApp”.
2. El señor James Hernán Gómez Serrato se desempeña como Concejal
del municipio de Buga, Valle del Cauca, y fue electo para el periodo 2015 a
2019. Por su parte, el señor William Vianney Solano Aterhortúa trabaja como
periodista en el mismo municipio.
3. El día 30 de noviembre de 2016, William Solano publicó en su cuenta
personal de Facebook el mensaje titulado “Quien (sic) te juzga?”2. Este
mensaje fue publicado a propósito de un incidente presentado entre dos
residentes del municipio, uno de ellos aparentemente vinculado familiarmente
con James Gómez. En este mensaje, William Solano relató “algunos apartes
de acciones no santas del referido señor Concejal James Hernán Gómez
Serrato, solo algunas acciones de las muchas que conozco debidamente
sustentadas y que podré publicar, ya que son asuntos políticos de alguien que
se usufrutua (sic) con recursos públicos”3. Para los fines de este fallo, se
resaltan los apartes del artículo cuestionado por el accionante, así:
(i) “Fue de dominio público que al señor Concejal James Hernán
Gómez Serrato, le dieron el manejo de las manipuladoras del
Programa de Alimentación Escolar, PAE, cerca de unas cien
manipuladoras de este programa estaban bajo su
direccionamiento; existen serios señalamientos en su paso por
este grupo de mujeres, serias denuncias ante algunas instancias
que luego producirán resultado. Puestos y gestiones por parte de
este señor a mujeres a cambio de favores sexuales (…)
Contundentes señalamientos indican que llegó a exigir mínimo 10
votos a cada manipuladora para conservar el trabajo por 4
(ii) “Los balones repartidos no alcanzaron señor Concejal a las
personas que se sienten insatisfechas por sus tratos, ni tantos
balones pueden ocultar las denuncias por el presunto delito de
peculado por uso por utilizar el bus del IMDER en Buga, ni el
uso indebido de espacios deportivos para intereses netamente
personales.”5
Cno 1. Fl 1.
Cno 1. Fls 15-16.
(iii) “El señor James Hernán Gómez Serrato es amigo del tráfico de
influencias en asuntos, que a veces no cuajaban como aquella vez
que no fue desembolsado a su favor la comisión que no alcanzó ni
para darle a la interventora de un contrato hoy denunciado ante
las autoridades respectivas.”6
(iv) “No es control político proponer que saquen a los jóvenes y a
quienes van a la bombonera a punta de garrote y con la policía,
mucho menos sugiriendo que les quiten la energía y el agua. No
es gestión política el Tráfico de influencias para la consecución
de puestos en Aguas de Buga, ni Desarrollo Institucional, ni
instalar a ahijadas en el hospital del estado en plena campaña
electoral, mucho menos con el dedillo la entrega de vehículos con
el ex secretario de tránsito municipal.”7
(v) “Benditas fuentes de información. Nada más revelador que las
quejas de trabajadores mal pagos, mujeres traicionadas o
insatisfechas en toda la extensión de la palabra, por un hombre
hoy sumergido en la corrupción, al que han denunciado por
violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, golpear a
adultos mayores, corrupción, celebración indebida de contratos,
funge de servidor del altar y de ejercer control político del que
hace rato él mismo se rajó y a colmo de males, se atreve a
señalar sin fundamento alguno a quien quiere devorar solo por
moverle la banca, quitarle el puesto, aunque para hacerlo invente
una historia así tenga que hacerlo matar.// Y a Usted quien lo
juzga señor Concejal James Hernán Gómez Serrato, quien lo
juzga? (sic)”8
4. Posteriormente, el día 4 de diciembre de 2016, en su cuenta personal de
Facebook, en la cuenta creada en la misma red social nombrada como
“Periódico DCerca” y mediante una nota de audio difundida en la aplicación
para celular “WhatsApp”9, William Solano publicó un nuevo mensaje titulado
“Te andan buscando”10. En esta oportunidad, el accionado indicó que fue
alertado acerca de una persona identificada como Fabián Gutiérrez Henao,
conocido como Alias “Memin”, sobre quien manifestó lo siguiente:
“(…) el hijo de un miembro de la banda de la 19, que fue asesinado en
la Ciudad de Buga, está averiguando donde (sic) resido, donde (sic) me
Se aportó un cd con la demanda de tutela, que contiene la referida nota de audio. Cno 1. Fl 22.
Cno 1. Fls 18-21.
pueden ubicar más fácil (…) “eso fue por la publicación que usted hizo
sobre el Concejal James Hernán Gómez Serrato, memin (sic) es cuota
del Concejal y lo tiene en la secretaría (Sic) de Gobierno, lo usan para
parar a quien se atreva a meter con Gómez” recalcó.// La situación ya
fue puesta en conocimiento de las autoridades respectivas en la capital
del País, acá en Buga, no pasa nada.// Además de ello, he sido citado a
la Fiscalía de Buga, este lunes 5 de diciembre a las 10:45 de la
mañana en la Uri, carrera 9 Bis, 17-71. Según la citación, con el
propósito de buscar una solución pacífica a un conflicto, por el delito
de Injuria por vías de hecho. La citación igual que la intimidación o la
amenaza, me llega justo después de publicar unas acciones del señor
Concejal James Hernán Gómez Serrato, investigado por la Fiscalía
General de la Nación por el concurso de varios delitos y que serán las
mismas autoridades judiciales las que tendrán que dar los respectivos
resultados (…)”11
5. En la demanda de acción de tutela, el accionante formuló las siguientes
(i) Tutelar los derechos fundamentales invocados o cualquier otro que se
considere vulnerado en este caso;
(ii) Que “se ordene el retracto del señor WILLIAM VIANNEY SOLANO,
de las afirmación (sic) publicadas en las redes sociales y difundidas
por aplicación WhatsApp, en escrito y en audio por los mismos
medios utilizados en sus publicaciones para atentar contra mis
derechos fundamentales, y se inste para que en lo sucesivo en
ejercicio de su oficio de periodista comunique bajo el principio de
responsabilidad social, sin injuriar y calumniar a todo aquel que
anuncie o haga referencia en sus notas escritas y habladas (sic)”12;
(iii) “Las demás acciones que considere su Señoría que permita el
resarcimiento y continua protección de los derechos fundamentales
a mí violados”13.
6. Estas pretensiones se fundamentaron en las siguientes consideraciones
específicas del accionante sobre algunos apartes de los dos mensajes
Cno 1. Fl 12.
(i) En relación con la afirmación contenida en el primer mensaje acerca
de “las quejas de trabajadores mal pagos”, el accionante afirmó
que “nunca he sido empleador de alguien.”14
(ii) En relación con el comentario realizado por William Solano sobre
“mujeres traicionadas o insatisfechas en toda la extensión de la
palabra”, el actor respondió que corresponde a una “situación de
pleno carácter personal e íntimo, situaciones que catálogo de
chismes, habladuría, desagravios, como se quieran llamar.”15
(iii) Igualmente, en el primer mensaje se hizo alusión a “favores
sexuales”, se indicó en la demanda de tutela que esta manifestación
no solo lo ha afectado en su vida personal, sino también a su familia,
incluyendo a sus padres y a sus hijos.
(iv) Agregó el accionante que se violaron sus derechos fundamentales al
“endilgarle” los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia
alimentaria y se vulneró su “LIBERTAD RELIGIOSA, al comparar
las afirmaciones que sobre mi hace con mi labor como Ministro de
la palabra en la Basílica del Señor de los Milagros de Buga. (sic)”16
(v) Respecto de la frase “aunque para hacerlo invente una historia así
tenga que hacerlo matar” contenida al finalizar el primer mensaje,
el accionante señaló que lo “está tratando de un delincuente
asesino.”17
(vi) En relación con el segundo mensaje que también circuló en redes
sociales, el accionante manifestó que “el señor WILLIAM VIANEY
(sic) SOLANO, irresponsablemente anuncia que un tercero lo
necesita ubicar por la publicación contra mi hecha el 30 de
noviembre de 2016, señor Juez, ese no es mi actuar, y me parece
bien que el señor SOLANO acuda ante la autoridad competente a
denunciar, porque con ello entraré a demostrar que no acostumbro
ese tipo de prácticas delincuenciales.”18
3. Admisión y contestación de la demanda e intervención de la Fiscalía
7. El 6 de diciembre de 2016, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Buga admitió la referida demanda y,
adicionalmente, vinculó al trámite a la Fiscalía General de la Nación 19.
Posteriormente, mediante el auto de 12 de diciembre del mismo año, se ordenó
la correspondiente vinculación de la sociedad Facebook Security20.
Cno 1. Fl 5.
Cno 1. Fl 7.
Cno 1. Fl 25 Vto.
Cno 1. Fl 42.
8. Por medio del escrito de 10 de diciembre de 2016 21, el señor William
Solano solicitó que se denieguen las pretensiones con base en las siguientes
razones. Primero, señaló que en su mensaje no hace referencia a “encuentros
íntimos de sexualidad, si no de tratos sociales con damas que en su momento
se relacionaron con el citado Concejal, las que advierten malos pagos o
salarios en el programa de manipuladoras Programa de Alimentación
Escolar, PAE.”22
9. Segundo, en relación con los actos de violencia referidos, afirmó que
tiene conocimiento de varios incidentes en los que se ha visto involucrado el
señor Concejal. Como fundamento de este señalamiento resaltó el incidente
“registrado contra la humanidad de un adulto mayor conductor de una
comunidad religiosa y que fue víctima de palabras ofensivas, atropellos,
insultos y golpes (…) [razón por la cual] la víctima instaura la respectiva
denuncia por lesiones personales ante la Fiscalía General de la Nación (…)
Otro caso tiene que ver con los hechos acontecidos contra un funcionario del
hospital del Estado Local del Divino Niño, al que según la víctima,
intimidaron y amenazaron que si denunciaba lo despedían de esa casa de
salud. Y el no menos importante BULLÍNG CIBERNÉTICO (sic) ocasionado
al señor HUGO ARMANDO LOZANO FERIA hasta tanto fue amenazado de
muerte por las redes, situación emanada y dinamizada por el mismo señor
Concejal JAMES HERNÁN GÓMEZ SERRATO y puesta en conocimiento ante
las mismas autoridades por parte del señor HUGO ARMANDO LOZANO
FERIA (…) Además de las investigaciones adelantadas por LA FISCALIA 29
EJE TEMÁTICO DE PROTECCIÓN A LOS MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DIRECCIÓN DE FISCALIAS
NACIONALES BUNKER. (sic)”23
10. Tercero, señaló otros hechos presuntamente constitutivos de violación
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en los que incurrió el
accionante cuando fungió como edil del municipio de Buga. A su juicio, estas
circunstancias contrarían la ética y el respeto a la “sociedad que él tan
dignamente dice representar”. Posteriormente, frente a todos los hechos
similares que narró, William Solano sostuvo que “mediante el desarrollo de
las acciones penales mutuas, demostraré su (sic) responsabilidades y
culpabilidades indicadas en los artículos publicados dentro de mi ejercicio
profesional.”24
11. Cuarto, sostuvo que con sus notas periodísticas no pretendió atentar
contra la libertad religiosa del accionante. Sin embargo, resaltó que si buscaba
destacar que “alguien que participa de actos litúrgicos en la iglesia
Cno 1. Fls 30 – 36.
distintamente de su denominación religiosa, debe ser ejemplo a seguir para el
(sic) sociedad que lo rodea y el relevo social que advierte dicho tejido social,
comparación que hago, para desvirtuar su espiritualidad religiosa va en el
sentido de que no es sano, de que una persona que profesa una religión
cualquiera, acuda a hijos de miembros de la antigua banda criminal la 19
para averiguar la dirección de mi casa sin saber yo con qué fin (…)”25.
12. En relación con este último hecho, el accionado agregó es de “dominio
público” que el Concejal Gómez “lo mandó a buscar” con el hijo de un
extinto miembro de la banda de la 19. Al respecto señaló que si bien “[s]er
hijo de un extinto miembro de cualquier organización al margen de la ley no
es delito alguno, un hijo no es culpable de las actividades que pueda ejercer
su padre, sin embargo, el solo hecho que a un periodista sitiado, atacado,
amenazado, intimidado con armas de fuego por el cumplimiento de sus
funciones, sea advertido que un hijo de alguien que según las autoridades
estuvo al margen de la ley, ese solo hecho produce pánico (…)”26.
13. Quinto, el accionado señaló que la afirmación “Aunque para hacerlo
invente una historia, así tenga que hacerlo matar”27, incluida en las columnas
cuestionadas, hace referencia “al BULLÍNG CIBERNÉTICO del que fue
víctima el señor HUGO ARMANDO LOZANO FERIA hasta tanto fue
amenazado de muerte por las redes, situación emanada y dinamizada por el
mismo señor Concejal JAMES HERNÁN GÓMEZ SERRATO”28. Al respecto,
precisó que desde la cuenta de Facebook del accionante “se incitó” a la
publicación de varios comentarios “indecentes” que vulneraron los derechos a
la vida, buen nombre, honra y dignidad del señor Hugo Armando Lozano
Feria, es decir, los mismos derechos cuya protección solicita el accionante. A
juicio del señor William Vianney Solano, esto debe ser tenido en cuenta para
negar las pretensiones de la presente acción de tutela.
14. Finalmente, con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
solicitó protección de su derecho a la libertad de expresión en la difusión de
los dos mensajes referidos, el cual, en su opinión, está reforzado por su
ejercicio periodístico, así como por la reserva de sus fuentes. Además, aportó
como pruebas29, una solicitud de medida de protección realizada ante la
Fiscalía General de la Nación por “ACTOS DE INTIMIDACIÓN” y una
constancia de fecha de 5 de diciembre de 2016 de “No acuerdo conciliatorio”,
dentro de la indagación iniciada por el delito de injuria por vías de hecho, con
base en la denuncia formulada por el señor James Gómez en su contra.
Con 1. Fl 32.
Cno 1. Fls 37 – 41.
15. Por medio del oficio DS-27-21-FC-5337 de 12 de diciembre de 201630,
la Coordinación de Fiscalías de Buga informó que el día 2 de diciembre de
2016, James Gómez formuló querella en contra de William Solano. En esta
indagación, se programó audiencia de conciliación para el siguiente 5 de
diciembre, diligencia en la cual las partes no llegaron a ningún acuerdo, por lo
que ese mismo día se repartieron las diligencias a la Fiscalía Tercera Local de
Buga. Este último Despacho libró diversas órdenes de policía judicial “con el
objetivo de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar; identificar
e individualizar al señor WILIAN (sic) VIANNEY SOLANO ATEHORTUA y
ampliación de querella del señor GOMEZ SERRATO.”31
16. Por último, la Coordinación de Fiscalías de Buga señaló que el día 12
de diciembre de 2016 libró la solicitud de audiencia preliminar de formulación
de imputación por estos hechos. Asimismo, se aportó copia del registro en el
Sistema Penal Oral Acusatorio - SPOA sobre esta indagación, la noticia
criminal, las misiones de trabajo ordenadas a los investigadores de policía
judicial y la solicitud de audiencia preliminar32.
17. Facebook Security no se pronunció en relación con este asunto.
18. El 19 de diciembre de 2016, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Buga profirió sentencia de primera
instancia mediante la cual amparó los derechos fundamentales a la honra, buen
nombre, intimidad y dignidad del accionante33.
19. En este fallo se ordenó al accionado que “en el término de los tres (3)
días siguientes a la notificación de esta providencia, retire del muro de su
perfil de Facebook y los demás medios que utilizó, las publicaciones y
artículos divulgados en contra del señor JAMES HERNÁN GÓMEZ
SERRATO, adicionando la correspondiente disculpa por la afectación
causada, dirigida al mismo accionante, publicación que deberá estar
habilitada para el mismo número de personas que en su oportunidad tuvieron
acceso a los mensajes y durante el lapso en el que este último permaneció
publicado.”34
Cno 1. Fls 46 – 47.
Cno 1. Fls 48 – 64.
Cno. 1. Fls 65 - 74.
20. Dicha decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones.
Primero, la acción de tutela resulta procedente en este caso toda vez que “la
publicación objeto de controversia fue realizada en la red social Facebook
(…) contenido del cual el accionado tiene pleno control, sumado a que es una
red pública que sobrepasa la esfera privada, siendo factible concluir el grado
de indefensión del accionante ante el poder de disponer de dicha publicación
como pretenda”35.
21. Segundo, para la fecha de expedición de este fallo, la denuncia penal
formulada por el accionante se encontraba en fase de indagación preliminar. A
partir de lo cual el a quo concluyó que este mecanismo era insuficiente para
restablecer los derechos fundamentales del accionante y, por lo tanto, la acción
de tutela resultaba procedente en este caso para proteger sus derechos a la
honra, buen nombre, intimidad y dignidad.
22. Finalmente, consideró que el uso de “palabras injuriosas, insultos, o
insinuaciones insidiosas y vejaciones” desborda la protección del derecho a la
libertad de expresión. Asimismo, advirtió que en el caso sub examine, las dos
publicaciones realizadas por el periodista en su muro de Facebook lesionan los
derechos fundamentales que adujo el accionante. En efecto, a juicio del a quo,
las afirmaciones realizadas por el señor William Solano “no corresponden
exclusivamente a información sobre su labor como Concejal del municipio, ni
son acusaciones irrelevantes, sino que trasciende incluso ámbitos
personalísimos como sus prácticas religiosas y vida familiar, resaltándose
que la información es de alto contenido pernicioso.” 36
23. El 20 de diciembre de 2016, William Solano impugnó 37 el fallo de
primera instancia con base en dos argumentos. Primero, el accionado señaló
que “no es mentira lo manifestado dentro de mi ejercicio profesional y de
investigador que el señor JAMES GÓMEZ SERRATO dentro de su ejercicio
ciudadano y hoy como concejal de la ciudad, ha manchado su buen nombre y
demás, con sus mismas acciones como las que se encuentran consignadas en
la FISCALÍA 29 EJE TEMÁTICO DE PROTECCIÓN A LOS MECANISMO
(sic) DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA (…) a quien le solicito pida
usted información al respecto para ser tenida en cuenta dentro del mismo
proceso en segunda instancia, donde noto que su señoría no adentró dentro
en la respuesta dada de mi parte en la presente acción para fallar la primera
instancia (…) (sic)”38. Adicionalmente, para demostrar la veracidad de
algunas de sus afirmaciones, allegó copia de dos denuncias penales en contra
Cno 1. Fls 79 - 83.
Cno 1. Folio 79.
del señor James Gómez formuladas por terceros por el delito de lesiones
24. Segundo, el accionado resaltó en su escrito de impugnación que “debe
tenerse en cuenta que el señor SERRATO, para reclamar la protección de sus
derechos aquí peticionados, DEBIÓ haberme solicitado como medio de
comunicación independiente, así el referido señor no lo considere, la
RECTIFICACIÓN de lo por mí manifestado con su respectiva prueba (…)”.
En opinión del accionado, esta solicitud de rectificación previa resultaba
necesaria “para yo proceder analizar o viabilizar lo presentado por el
peticionado, y así se ajustaría el mismo a los preceptos constitucionales, de lo
contrario entraría el señor SERRATO y el operador de justicia, a conculcar
derechos que la norma nos da a todos los Colombianos y a quienes ejercemos
el periodismo investigativo e independiente (sic)” 39. En apoyo de estas
afirmaciones, citó varios apartes jurisprudenciales de la Corte Constitucional.
25. Posteriormente, el día 6 de febrero de 2017, el accionado presentó un
memorial40 mediante el cual aportó un “dvd” que contiene las declaraciones
realizadas por Ramiro Bejarano Guzmán. En estas declaraciones, se afirma
que “conocer por pruebas contundentes y fidedignas las conductas
desplegadas por el accionante (…)”. Asimismo se allega “copia de la
columna editorial “NOTAS DE BUHARDILLA” del 21 de Enero de 2017
(…) referente a la corrupción generalizada en el municipio de Guadalajara
de Buga.”41 Esta última columna también fue publicada por Ramiro Bejarano
26. Mediante la sentencia de 13 de febrero de 201742, el Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Conocimiento de Buga revocó el fallo de tutela de
primera instancia y, con fundamento en dos razones, denegó el amparo
solicitado. Primero, en este caso no se cumple con el requisito de
subsidiariedad y tampoco se configura un perjuicio irremediable que permita
el ejercicio de la acción de tutela como mecanismo transitorio. A esta
conclusión arribó el ad quem tras señalar que el accionante acudió a los
mecanismos ordinarios de defensa para lograr la protección de sus derechos
fundamentales. En efecto, el accionante formuló denuncia ante la Fiscalía
General de la Nación con base en los mismos hechos a los expuestos en la
demanda de tutela. Segundo, en este caso no se aprecia vulneración alguna de
los derechos fundamentales a la vida, intimidad familiar y a la libertad
religiosa del accionante, más cuando él mismo reconoce en la demanda de
Con 1. Folio 80.
Cno 2. Fls 3 – 6.
Cno 2. Fls 8 – 16.
tutela que “es una persona pública y de la política [y que, por lo tanto,] se
encuentra expuesto a que en medios, y como es del caso; en redes sociales o
mensajes de audio, se hable mal, bien o regular de sus actuaciones como
representante de la comunidad” en igual forma catalogado como de
“chismes, habladurías, desagraviaos (sic).”43
27. El expediente de la referencia fue escogido para revisión mediante Auto
de 30 de junio de 2017, proferido por la Sala de Selección Número Seis de la
Corte Constitucional44.
28. Mediante el auto de 9 de agosto del presente año, este Despacho ordenó
oficiar, por intermedio de la Secretaría General de esta Corte, a la
Coordinación de Fiscalías de Buga. Este oficio tuvo por objeto que se
informara a esta Corte sobre el estado actual de la indagación penal adelantada
en contra de William Solano, con base en la denuncia formulada por James
Gómez. Así mismo, se ordenó oficiar a la Dirección Nacional de Seccionales
y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación para que precisara
cuáles actuaciones se han desarrollado a partir de la solicitud de medidas de
protección presentada por el accionado y cuál es su estado actual.
29. Por medio del oficio No DS-27-21-580 del pasado 23 de agosto45, la
Fiscalía 4 Local remitió un informe ejecutivo que contiene los hechos objeto
de investigación y las actuaciones procesales más relevantes presentadas en
desarrollo del proceso. En este informe se advierte que en el marco de dicho
proceso penal ya se formuló imputación, se presentó escrito de acusación en
contra de William Solano por el delito de injuria por vías de hecho y se instaló
la respectiva audiencia de formulación de acusación. Esta audiencia fue
suspendida por solicitud de la Fiscalía con el propósito de analizar el
planteamiento realizado por el representante de la víctima relativo a la
adecuación típica de los hechos al delito de calumnia.
30. Mediante el oficio DS-27-21-F20L-1090 de 29 de agosto de 201746, la
Fiscalía 20 Local de Buga informó que en la carpeta de remisiones de otras
instituciones, se encontró una solicitud de medida de protección realizada el 5
de diciembre de 2016 por William Vianney Solano Atehortua, ante el
Comando de Policía de Buga. En este documento se anotó que la medida fue
solicitada por “ACTOS DE INTIMIDACIÓN, desplegados por los señores
FABIAN ALEXANDER GUTIERREZ HENAO y JAMES HERNAN GOMEZ
SERRATO”.
Integrada por los Magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado y Diana Fajardo Rivera.
Cno. de Revisión. Fls. 27 – 36.
Cno. de Revisión. Fls. 39 – 40.
31. Adicionalmente, se informó de la radicación de la denuncia No
76111600016620160163, que fue instaurada el 5 de diciembre por Fabián
Gutiérrez Henao en contra de William Solano, por el delito de injuria por vías
de hecho. Esta indagación finalizó, en razón del acuerdo de conciliación
celebrado entre denunciante e indiciado.
32. Por último, dentro del término de traslado de las anteriores pruebas, la
Secretaría de esta Corte recibió el 8 de septiembre de 2017, mediante correo
electrónico, un escrito remitido por James Hernán Gómez Serrato. En este
documento se narra la ocurrencia de hechos nuevos que, en criterio del
accionante, continúan vulnerando sus derechos fundamentales.
33. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para
revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia. Esta
competencia está prevista en el inciso 2° del artículo 86 y el numeral 9° del
artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33,
34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
34. Habida cuenta de los hechos y antecedentes procesales de esta
actuación, le corresponde a esta Sala pronunciarse y responder los siguientes
34.1. ¿Resulta procedente la acción de tutela promovida en este caso en
contra de un particular que ejerce la actividad periodística y difunde
información y opiniones por medio de redes sociales? La respuesta a
este problema jurídico implica abordar, a su vez, dos problemas
jurídicos, a saber: ¿Procede la acción de tutela pese a que el
accionante presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación
con base en los mismos hechos? y ¿Procede esta acción pese a que el
accionante no le presentó al accionado la solicitud de rectificación
34.2. ¿Se vulneran los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra,
a la intimidad y a la libertad religiosa de un Concejal con la
publicación de mensajes en redes sociales en los que se hace alusión a
irregularidades y desmanes en los que presuntamente ha incurrido, así
como a denuncias penales en su contra?
35. Para resolver estos problemas jurídicos, la Sala seguirá la siguiente
metodología. Primero, se estudiarán los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela en este caso, con particular énfasis en las reglas de
procedencia frente a los particulares, las diferencias entre la acción penal y la
acción de tutela en cuanto a su alcance y objeto de protección, y la
obligatoriedad de presentar la solicitud de rectificación previa. Segundo, se
reiterará la jurisprudencia constitucional sobre el alcance de las libertades de
expresión, opinión e información. Tercero, la Sala se referirá a la carga de la
prueba de quien solicita rectificación por cuanto estima que la información
divulgada fue falsa o parcializada. Finalmente, con base en los argumentos
desarrollados en las anteriores secciones, esta Sala resolverá el caso concreto.
3. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
36. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona
puede ejercer la acción de tutela “mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre”, para la protección
inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que resulten amenazados o
vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de
particulares. En relación con estos últimos, el mismo artículo dispone que la
acción de tutela procede siempre que sean encargados de la prestación de un
servicio público, que afecten grave y directamente el interés colectivo o
respecto de quienes se esté en situación de indefensión o subordinación47.
Finalmente, la acción de tutela resulta procedente cuando el accionante no
disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección
de sus derechos, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable.
37. Los siguientes son los requisitos generales de procedibilidad de la
38. La acción de tutela debe ser promovida por el titular de los derechos
fundamentales que se estiman vulnerados o amenazados, sea directamente o
por su representante, por quien actúa a su nombre en calidad de agente
oficioso, por el Defensor del pueblo o el Personero Municipal48. Y, a su vez,
Cfr. Decreto 2591 de 1991. Art. 42.
Al respecto, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “La acción de tutela podrá ser ejercida,
en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos.//También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud.//También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.” Así se explica, por
ejemplo, en la sentencia SU-377 de 2014: “No es necesario, que el titular de los derechos interponga
esta acción debe ser ejercida en contra del sujeto responsable de la vulneración
o amenaza de los derechos fundamentales, sea este una autoridad pública o un
39. En el caso de la acción de tutela en contra de particulares, la Sala resalta
que el artículo 86 de la Constitución Política dispone que esta acción procede
en contra de particulares cuando (i) presten un servicio público, (ii) su
conducta afecte grave y directamente un interés colectivo, o (iii) cuando se
predique respecto de ellos la existencia de un estado de indefensión o
subordinación. Por su parte, el numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de
1991 prescribe que la acción de tutela procede en contra de las actuaciones y
omisiones de los particulares, entre otras, “[c]uando se solicite rectificación
de informaciones inexactas o erróneas (…)”.
40. En relación con la legitimación en la causa por activa en el presente
caso, la Corte advierte que los dos mensajes difundidos por el periodista
William Solano y cuestionados mediante la presente acción de tutela hacen
alusión clara y expresa al “Concejal James Hernán Gómez Serrato”, quien,
por tales publicaciones, estima vulnerados sus derechos fundamentales y
solicita su amparo. Así las cosas, el accionante es el titular de los derechos
fundamentales que se pretenden proteger con esta demanda, por lo que se
cumple con este requisito.
41. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, está acreditado que
los mensajes fueron publicados inicialmente en la red social Facebook por
parte de William Solano, así como que uno de ellos fue difundido mediante
“WhatsApp”. Así lo reconoció directamente el accionado en su escrito de
contestación de demanda49. De este modo, la acción fue promovida en contra
de quien emitió la información que, en opinión del accionante, vulnera sus
derechos fundamentales y, por lo tanto, también se cumple con el requisito de
42. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que “divulgar
o publicar información a través de medios de comunicación de alto impacto
social, que trascienden la esfera privada, como es el caso de las redes
directamente el amparo, pues un tercero puede hacerlo a su nombre. El tercero debe sin embargo tener una
de las siguientes calidades: (i) representante del titular de los derechos, (ii) agente oficioso, o (iii) Defensor
del Pueblo o personero municipal. En específico: (i) representante puede ser, por una parte, el representante
legal (cuando el titular de los derechos sea menor de edad, incapaz absoluto, interdicto o persona jurídica), y
por otra el apoderado judicial (en los demás casos). Para ser apoderado judicial, la persona debe ser
abogado titulado y a la acción debe anexar poder especial para el caso o en su defecto el poder general
respectivo. (ii) Como agente oficioso puede obrar un tercero “cuando el titular de los mismos [es decir, de
los derechos] no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra deberá
manifestarse en la solicitud” (Dcto 2591 de 1991 art. 10). (iii) El Defensor del Pueblo y los personeros
municipales pueden instaurar la tutela conforme a la ley y la jurisprudencia a nombre de quien se los solicite
o esté indefenso”.
Cno 1. Fls 30 - 36.
sociales, genera una situación de inferioridad que se enmarca en la hipótesis
de un estado de indefensión”50. Esta indefensión del afectado con la
información publicada se explica, según la jurisprudencia, debido a que el
emisor del mensaje es quien controla la forma, el tiempo y la manera como se
divulga el mensaje, por cuanto “tiene el poder de acceso y el manejo de la
página”51 mediante la cual se canalizan y publican los contenidos.
43. Precisamente, en el caso sub judice, el periodista William Solano
publicó los mensajes en la red social Facebook, tanto en su cuenta personal
como en la página de la cuenta creada para su periódico independiente
“DCerca”. También difundió uno de ellos mediante la aplicación
“WhatsApp”. Así las cosas, el accionado es, en este caso, quien emitió y ha
controlado las condiciones de la publicación, de modo que resulta procedente
la interposición de la acción de tutela por parte del accionante en su contra. En
efecto, en los términos de la jurisprudencia constitucional, el primero se
encuentra en una situación de inferioridad, la cual se enmarca en un estado de
indefensión que habilita la procedencia de la acción de tutela en contra de
44. La acción de tutela debe interponerse dentro de un término razonable y
proporcional respecto del momento de la amenaza o de la vulneración de los
derechos fundamentales52. En consecuencia, en cada caso, el Juez de tutela
“debe tomar en cuenta las condiciones del accionante, así como las
circunstancias que rodean los hechos para determinar lo que debería
considerarse como plazo razonable. Para ello, debe valorar las pruebas
Corte Constitucional. Sentencia T-050 de 2016.
Corte Constitucional. Sentencia T-634 de 2013.
Así lo explica la Corte Constitucional en sentencia T-273 de 2015: “El principio de inmediatez exige que la
acción de tutela sea interpuesta en un tiempo razonable y proporcional desde el hecho vulnerador. Conforme
a estos criterios, esta Corporación ha admitido que un término de 6 meses es suficiente para recurrir a este
mecanismo constitucional.// No obstante, también ha sostenido que dicha valoración es casuística, por lo que
en algunos casos ha aprobado un plazo mayor a 6 meses cuando se demuestra una justificación para la
demora. En este sentido, la sentencia T-158 de 2006 estableció que el retraso del accionante para interponer
la acción de tutela sólo puede ser aceptado bajo dos hipótesis://“De hecho, de la jurisprudencia de esta
Corporación se puede derivar que solamente es aceptable un extenso espacio de tiempo transcurrido entre el
hecho que genera la vulneración y la presentación de la acción de tutela bajo dos circunstancias específicas:
(i) Que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó
por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual. Y (ii) que la especial situación de aquella
persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otros.” Por su parte, en relación con los fines del principio de
inmediatez, en la sentencia SU-189 de 2012 sostuvo que: “(…) se pueden identificar dos fines esenciales del
Principio de la Inmediatez. Por un lado, con la exigencia de ese requisito temporal se pretende garantizar
que la tutela preserve su naturaleza jurídica, como una garantía judicial constitucional subsidiaria, residual
y destinada a proteger las posiciones jurídicas iusfundamentales de las personas, frente a atentados ciertos,
graves o inminentes. De otro lado, la inmediatez procura salvaguardar la seguridad jurídica como un bien
objetivo de valor trascendental en el Estado Social de Derecho.”
aportadas de acuerdo a los principios de la sana crítica, con el fin de
determinar si hay una causal que justifique la inactividad del accionante.”53
45. En el caso concreto, el accionante interpuso la acción de tutela un día
después de que se publicó el segundo mensaje, esto es, el 4 de diciembre de
2016. Por lo tanto, esta Sala advierte que la interposición de la demanda de
tutela se realizó, a todas luces, dentro de un término razonable y proporcional
y, por lo tanto, se cumple también con el requisito de inmediatez.
46. La acción de tutela procede cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial idóneo y efectivo para la protección de sus derechos
fundamentales o, en caso de existir tal recurso judicial, se ejerza como
mecanismo transitorio para evitar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable. El carácter subsidiario de esta acción “impone al interesado la
obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios
ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la
protección de sus derechos fundamentales (…) y sólo ante la ausencia de
dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción
de amparo constitucional.”54
47. En relación con las posibles vulneraciones a los derechos fundamentales
a la intimidad (15 de la C.P.), al buen nombre (art. 15 de la C.P) y a la honra
(art. 21 de la C.P)55, esta Corte se ha pronunciado reiteradamente sobre la
Corte Constitucional. Sentencia SU-189 de 2012.
Corte Constitucional. Sentencia SU-037 de 2009.
Acerca de estos tres derechos, la jurisprudencia constitucional ha sostenido lo siguiente: “el derecho a la
intimidad se corresponde con la protección de interferencia a la vida personal y familiar, en los términos
anteriormente explicados y que está especialmente vinculada a “la protección frente a la divulgación no
autorizada de los asuntos que conciernen a ese ámbito de privacidad.” En cambio, el buen nombre es
comprendido como un concepto esencialmente relacional, referido a la reputación que tiene un individuo
frente a los demás, garantía constitucional que resulta afectado cuando se presentan “informaciones falsas o
erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”
(…) el derecho a la honra guarda identidad de propósito con el derecho al buen nombre, aunque se distingue
por su nexo con la dignidad misma de la persona. Por ende, hacen parte del núcleo esencial de este derecho
(i) la garantía para el individuo de ser “tenido en cuenta por los demás miembros de la colectividad que lo
conocen y le tratan.” (ii) la obligación estatal de proteger este derecho y, de esta forma, impedir que se
menoscabe el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y respecto de sí mismo, al igual que
garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad. Por ende, el
derecho a la honra tiene una condición necesariamente externa, pues se predica de la relación entre el sujeto
y los individuos que tienen una opinión sobre él. En esto se distingue del honor, que no es un derecho sino
una convicción subjetiva o, en los términos de la jurisprudencia analizada “la conciencia del propio valor,
independientemente de la opinión ajena” (…) Por lo tanto, la infracción al derecho al buen nombre se deriva
de la difusión de información falsa o inexacta sobre el individuo concernido, la cual “no tiene fundamento en
su propia conducta pública y que afectan su renombre e imagen ante la sociedad.”. A su vez, para el caso
del derecho a la honra, la afectación se genera en aquellos casos en que se “expresan conceptos u opiniones
que generan un daño tangible al sujeto afectado.” (…)Conforme los precedentes anotados, la Corte
encuentra que la afectación de los derechos a la honra y al buen nombre se deriva bien de la divulgación de
datos personales que están vinculados a la intimidad de las personas y, por lo mismo, no están llamados a ser
derechos, incluso en aquellos casos en los que también resultaría procedente la
acción penal ante la eventual configuración de los delitos de injuria y
48. Para determinar la procedencia de la acción de tutela en estos casos, la
Corte Constitucional ha dispuesto, entre otras, las siguientes reglas
48.1. La acción de tutela proporciona la protección “más amplia y
comprensiva”56 de los derechos a la intimidad, al buen nombre y a la
honra, dado que procede en contra de cualquier acción y omisión que los
amenace o vulnere. Por su parte, la acción penal únicamente procede
cuando la conducta que amenaza o vulnera tales derechos constituye
delito de injuria o calumnia57. En otros términos, desde temprana
jurisprudencia, la Corte ha reconocido que “[l]a vía penal sólo protege
determinadas vulneraciones a los anotados derechos fundamentales, al
paso que la protección que la Constitución Política depara a los mismos
es total.”58
48.2. Del principio de ultima ratio del derecho penal59 se deriva que la
acción penal solo procede “cuando se trata de vulneraciones
especialmente serias de estos derechos fundamentales, frente a las cuales
los otros mecanismos de protección resultan claramente insuficientes.”60
conocidos por terceros, o por la difusión de datos falsos o inexactos que menoscaban el patrimonio moral del
individuo, conformado precisamente por la percepción que del mismo tienen los demás y el juicio correlativo
de valor que realizan sobre su propia conducta”. Corte constitucional. Sentencia C-452 de 2016.
Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002.
Id. La acción de tutela procede “cuando ello es necesario para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable. En todo caso, al margen de la procedencia eventual de la acción penal, la tutela no puede
descartarse como medio apto para brindar protección a la persona que enfrenta amenazas contra su propia
Corte Constitucional. Sentencia T-263 de 1998.
De manera coherente con los principios de última ratio, subsidiariedad e intervención mínima, el legislador
tipifica como delitos solo aquellos comportamientos que comportan los más graves atentados de los bienes
jurídicos más importantes de la sociedad. Igualmente, el funcionario judicial y el ciudadano deberán emplear
y acudir a esta vía, respectivamente, cuando adviertan que un comportamiento pueda tener alguna relevancia
penal y no simplemente, respecto de los delitos contra la integridad moral, por “desavenencias
interpersonales.” Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto de 1 de septiembre de 2013,
radicación 41422.
Corte Constitucional. Sentencia C-442 de 2011, en la cual se analizó la constitucionalidad de los artículos
220 a 228, que describen los tipos penales que conforman el capítulo único sobre delitos contra la integridad
moral, destacando, en lo pertinente, lo siguiente: “Además, la jurisprudencia nacional, de conformidad con el
modelo político que nos rige y atendiendo el carácter de última ratio del derecho penal, viene reiterando que
no todo ataque a la moral de una persona constituye injuria, sino sólo aquellos con capacidad real de
socavarla (…) los tipos penales de injuria y calumnia sólo entrarían sería aplicados cuando se trata de
vulneraciones especialmente serias de estos derechos fundamentales, frente a las cuales los otros
En otros términos, “[l]a sanción penal se restringe a aquellas
situaciones en las cuales la sociedad estima que la afectación del
derecho constitucional es extrema”61.
48.3. En los otros casos, cuando la afectación no constituya un delito
de injuria o calumnia (ante la falta de demostración, por ejemplo, del
elemento subjetivo del animus injuriandi o calumniandi)62, la acción de
tutela resulta procedente, en especial cuando devenga necesaria para
“evitar la consumación de un perjuicio irremediable.”63.
mecanismos de protección resultan claramente insuficientes, lo que precisamente concuerda con la idea del
derecho penal como ultima ratio, también defendida por la jurisprudencia constitucional, postura que
además ha sido plenamente acogida por la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia, como
previamente se demostró y que además debe ser seguida por los jueces penales debido al carácter vinculante
que tiene los precedentes sentados por estas dos Corporaciones (…) Adicionalmente, la manera como está
diseñado el proceso penal respecto de estos delitos en particular, los cuales requieren de querella por parte
del interesado y además las posibilidades de desistimiento de la querella, la obligación de adelantar la
conciliación como requisito de procedibilidad de la acción penal y otras figuras previstas por la Ley 906 de
2004, reafirman la idea que la sanción penal sólo procedería como última ratio cuando se trata del
juzgamiento de este tipo de delitos, lo que resalta su adecuado diseño legislativo y repercute en el juicio de
proporcionalidad de los artículos examinados en la presente decisión”.
Corte Constitucional. Sentencia T-1319 de 2001. En este fallo se analiza la solicitud de protección
constitucional al buen nombre, a la integridad personal y familiar, al libre desarrollo de la personalidad, a la
intimidad y a la seguridad personal del director técnico de un club deportivo, respecto de las declaraciones,
que califica de incitadoras y denigrantes, realizadas por un periodista durante varios programas radiales y
televisivos, sobre su desempeño profesional.
Corte Constitucional. Sentencia T-263 de 1998. En esta oportunidad, la Corte resuelve la acción de tutela
interpuesta por un profesor en contra del párroco del municipio, al sostener, en una conferencia estudiantil,
“que tenía "pactos satánicos" y estaba ejerciendo "influjos diabólicos" sobre los estudiantes de ese centro de
educación”, por lo que al analizarse la procedencia de la acción de tutela se indicó lo siguiente: “Sin embargo,
a juicio de la Sala, dos razones militan en contra de la eficacia del proceso penal como mecanismo de
protección de los derechos fundamentales en este caso. En primer lugar, la jurisprudencia y la doctrina
nacionales han sido reiterativas al señalar que el elemento central del delito de injuria está constituido por
el animus injuriandi, es decir, por el hecho de que la persona que hace la imputación tenga conocimiento (1)
del carácter deshonroso de sus afirmaciones y, (2) que tales afirmaciones tengan la capacidad de dañar o
menoscabar la honra del sujeto contra quien se dirigen. Empero, con independencia de que exista o
no animus injuriandi, en materia constitucional se puede producir una lesión. Así, por ejemplo, en el presente
caso está comprobado que las intervenciones públicas del sacerdote demandado han consistido en calificar
aspectos de la vida personal del demandante que, eventualmente, podrían comprometer sus derechos
fundamentales a la honra y al buen nombre. La vía penal sólo protege determinadas vulneraciones a los
anotados derechos fundamentales, al paso que la protección que la Constitución Política depara a los
mismos es total. Por esta razón, existen violaciones a la honra y al buen nombre de las personas que, sin
llegar a constituir formas de injuria o de calumnia, sí afectan estos derechos y, por ende, autorizan su
protección por vía de la acción de tutela (…)”. En sentido similar, en la sentencia C-489 de 2002, que analizó
la constitucionalidad de los artículos 82 y 225 del Código Penal que regulan la figura de la retractación como
forma de extinción de la responsabilidad penal, sostuvo lo siguiente: “En virtud de su carácter de derechos
fundamentales el buen nombre, la honra, la intimidad y la autodeterminación sobre la propia imagen,
cuentan con un mecanismo de protección de rango constitucional, como es la acción de tutela. Tal
protección, ha señalado la Corte, es la más amplia y comprensiva, dado que no obstante su carácter
subsidiario, no se ve desplazada por otros medios de defensa judicial, particularmente el instrumento penal,
cuando una determinada conducta que no alcanza a ser delictuosa, sí implique una lesión de los bienes
jurídicos protegidos (…) En esta materia, de manera reiterada la Corte Suprema de Justicia ha expresado
que para que se estructure el delito de injuria se requiere el animus injuriandi o sea la conciencia del
carácter injurioso de la acción.” Igualmente se encuentran las sentencias C-392 de 2002, T-714 de 2010, T-
110 de 2015, entre otras.
Corte Constitucional. T-263 de 1998. Cfr. “En todo caso, al margen de la procedencia eventual de la
acción penal, la tutela no puede descartarse como medio apto para brindar protección a la persona que
enfrenta amenazas contra su propia vida”
48.4. La acción de tutela resulta procedente en estos casos, además,
habida cuenta de la necesidad de adoptar un remedio judicial célere y
eficaz para el restablecimiento de los derechos. Así, la procedencia de
esta acción se justifica en el propósito de evitar “que los efectos de una
eventual difamación sigan expandiéndose y prologándose en el tiempo
como acontecimientos reales y fidedignos. En consecuencia, la Corte
Constitucional ha señalado que en materia de vulneración de derechos
fundamentales al buen nombre y a la honra, la acción penal no excluye,
en principio, el ejercicio autónomo (sic) la tutela”64.
49. En tales términos, la procedencia de la acción de tutela en estos casos se
justifica a la luz de tales reglas jurisprudenciales que se fundan,
particularmente, en la naturaleza, objeto de protección y finalidades disímiles
de la acción penal y la acción de tutela. La acción penal (i) solo procede ante
graves atentados contra el bien jurídico “integridad moral”, compuesto por los
derechos fundamentales a la honra y al buen nombre65, es decir, aquellos
comportamientos que cumplen con los elementos objetivos y subjetivos
previstos en los tipos penales de injuria y calumnia 66; (ii) activa “la
Corte Constitucional. Sentencia T-110 de 2015. En esta oportunidad, se analizó la acción de tutela
presentada en contra de un particular que realizó imputaciones calumniosas en contra de la accionante ante la
comunidad del municipio, en su condición de rectora de una Institución Educativa. Al respecto, se sostuvo
que: “No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que la simple existencia de una
conducta típica que permita salvaguardar los derechos fundamentales, no es un argumento suficiente para
deslegitimar por sí sola la procedencia de la acción de tutela, toda vez que: (i) aunque la afectación exista y
sea antijurídica, se puede configurar algún presupuesto objetivo o subjetivo que excluya la responsabilidad
penal, lo cual conduciría a la imposibilidad de brindar cabal protección a los derechos del perjudicado; (ii)
la víctima no pretenda un castigo penal, sino solamente su rectificación; y (iii) la pronta respuesta de la
acción de tutela impediría que los efectos de una eventual difamación sigan expandiéndose y prologándose
en el tiempo como acontecimientos reales y fidedignos. En consecuencia, la Corte Constitucional ha señalado
que en materia de vulneración de derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, la acción penal no
excluye, en principio, el ejercicio autónomo la tutela.” En sentido similar, se pronunció la sentencia T-043 de
2011, así: “Si bien los delitos penales de injuria y calumnia han sido tipificados precisamente para responder
penalmente por la lesión a estos derechos, pudiendo quien ha sido reconocido como víctima obtener la
liquidación de sus perjuicios con posterioridad a la sentencia condenatoria , puede suceder que la acción
lesione estos derechos sin que se concluya la existencia de los elementos que componen los tipos de injuria o
calumnia, o que en su actuación concurran causales que inhiban la imposición de pena alguna, o,
simplemente, que el afectado no pretenda el castigo penal del agresor, pues únicamente desea que se
rectifique la información a través del mismo medio en que las hizo públicas. Es así como, para la obtención
de un restablecimiento inmediato de la afectación del buen nombre y de la honra, la acción de amparo
constitucional constituye un medio de defensa eficaz e independiente de la eventual declaración de la
configuración de una responsabilidad penal y civil”.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto de 7 de abril de 2017. Rad. 46530.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en auto de 7 de abril de 2017, radicación 46536, explicó que
el bien jurídico de la integridad moral está integrado, en particular, por los derechos a la honra y el buen
nombre. Así mismo, frente a la configuración típica del delito de injuria, en autos de 7 de abril de 2017,
radicaciones 45983 y 46536, se sostuvo que debe demostrarse que (i) el sujeto activo indeterminado realizó en
contra de otra persona determinada o determinable, (ii) una afirmación idónea o apta para lesionar la honra
del querellante, “pues no basta que se haga una manifestación que le cause molestia o desazón, como
tampoco depende de la interpretación que ésta haga del dicho del tercero, sino que es necesario que lo
expresado produzca en verdad un daño en el patrimonio moral en el ofendido” , (iii) con “conocimiento del
carácter deshonroso de la imputación (…) y (…) conciencia de que lo imputado ostenta esa capacidad
lesiva.” Por otra parte, en autos del 14 de mayo de 1998, radicación 12445; 2 de marzo de 2005, radicación
20191; 16 de diciembre de 2008, radicación 30644; AP-2224-2014, radicación 39239, citados en el Auto de 7
investigación de los hechos que revistan las características” de delito (Art. 66
de la Ley 906 de 2004); y (iii) persigue definir y declarar las responsabilidades
penales a las que haya lugar en razón de las conductas delictivas, así como el
restablecimiento de los derechos afectados con estos comportamientos.
50. Por su parte, en estos casos, la acción de tutela procede ante cualquier
amenaza o vulneración de los derechos fundamentales. Esta acción no tiene
por objeto verificar si tales conductas configuran o no delito alguno, ni mucho
menos analizar ni declarar la responsabilidad penal del sujeto responsable de
la lesión al derecho. En este tipo de asuntos, el objeto y las finalidades de esta
acción se limitan a constatar si, en el caso concreto, se amenazan o vulneran
los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, y, de acreditarse ello,
adoptar los remedios judiciales necesarios para que cese tal situación, como,
por ejemplo, la rectificación de información inexacta y errónea en el términos
del artículo 42.7 del Decreto 2591 de 1991.
51. Así las cosas, para la Corte es claro que mediante el ejercicio de la
acción penal se pueden adoptar medidas de protección de los derechos
fundamentales señalados. Sin embargo, habida cuenta de las diferencias
relacionadas con la naturaleza, el objeto, alcance y finalidades de ambas
acciones, la existencia y procedencia del ejercicio de la acción penal no
excluye la acción de tutela, la cual resulta procedente frente a amenazas o
vulneraciones de los derechos al buen nombre y a la honra, en atención a las
52. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala advierte que
la presente acción de tutela supera el examen de subsidiariedad y, por lo tanto,
resulta procedente. Si bien está acreditado que, con base en los mismos
hechos, el accionante ejerció en contra del accionado la acción penal por la
eventual configuración del delito de “injuria por vías de hecho” y la acción de
tutela, lo cierto es que, mediante el ejercicio de tales acciones, se persiguen
finalidades distintas. En particular, lo pretendido por el accionante por medio
de la presente acción de tutela se ajusta al objeto de protección y finalidades
de este mecanismo.
53. Así, mediante el ejercicio de la acción de tutela en el presente caso el
señor James Gómez únicamente persigue que se ordene al accionado “el
retracto” es decir, la rectificación de la información difundida. Esta solicitud
se funda en que, en su opinión, es falsa y lesiona sus derechos fundamentales a
de abril de 2017, radicación 45983, proferidos por la misma Sala de la Corte Suprema de Justicia, se han
reiterado los elementos típicos exigidos para configurar el delito de calumnia, estos son: “(i) La consciente y
voluntaria atribución falsa de un hecho delictuoso, (ii) que la imputación se haga a una persona determinada
o determinable, (iii) que el autor tenga conocimiento de la falsedad, y (iv) que la atribución del hecho
delictuoso falso sea clara, concreta y categórica, no surgida de suposiciones de quien se siente aludido con
una manifestación generalizada.”
la honra y al buen nombre, entre otros. Pues bien, en estos términos, esta
pretensión resulta afín al objeto, el alcance y la finalidad de la acción de tutela
y se enmarca expresamente en uno de los supuestos de su procedencia en
contra de particulares (Art. 42.7 del Decreto 2591 de 1991). Por lo tanto, en el
caso concreto, el ejercicio paralelo de la acción penal no desplaza ni torna
improcedente la presente solicitud de amparo.
4. Solicitud de rectificación previa como requisito específico de
54. El derecho de rectificación es fundamental. En efecto, el artículo 20 de
la Constitución Política prescribe, en su último inciso, que “se garantiza el
derecho a la rectificación en condiciones de equidad”. Según la Corte, el
ejercicio de este derecho necesariamente “conlleva la obligación de quien
haya difundido información inexacta o errónea de corregir la falta con un
despliegue equitativo”67 y “busca reparar tanto el derecho individual
transgredido como el derecho colectivo a ser informado de forma veraz e
imparcial”68.
55. Esta Corte ha reiterado que la solicitud de rectificación previa al
particular, como requisito de procedibilidad de la acción de tutela, solo resulta
exigible respecto de los medios masivos de comunicación 69. Esta premisa se
funda en lo dispuesto por los artículos 20 de la Constitución Política y 42.7 del
Decreto 2591 de 1991. Este requisito de procedibilidad se ha limitado
únicamente a las tutelas ejercidas en contra de los “medios masivos de
comunicación” con dos fundamentos, a saber: (i) según la Corte “[e]l derecho
a la rectificación, contenido de manera expresa en el artículo 20 de la
Constitución, se predica respecto de los medios masivos de comunicación,
como contrapartida de la amplia protección que les confiere la misma Carta,
en desarrollo de la libertad de prensa”70, y (ii) “[e]l carácter a todas luces
excepcional de esta norma [artículo 42.7] hace que su interpretación deba ser
estricta”71.
56. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (En
adelante, la Corte IDH), los medios de comunicación social son “verdaderos
Corte Constitucional. Sentencia T-263 de 2010
Corte Constitucional. Sentencias T-921 de 2002, T-959 de 2006, T-110 de 2015, entre otras. Cfr. Sentencia
T-437 de 2004. “El numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 ´por el cual se reglamenta la acción
de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política´ estableció, como un mecanismo de
procedibilidad para que la acción de tutela pueda analizar de fondo si la información divulgada por un
medio de comunicación ha vulnerado algún derecho fundamental, que ésta deberá acompañarse con la copia
de ´la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma´. Lo
anterior, como resulta obvio, supone que haya sido presentada una [solicitud de] rectificación ante el medio
de comunicación, en la que se respeten tanto los criterios formales como materiales que la constituyen”.
Corte Constitucional. Sentencia T-921 de 2002.
Corte Constitucional. Sentencia T-512 de 1992.
instrumentos de la libertad de expresión (...) razón por la cual es
indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones”72.
Adicionalmente, a partir del reconocimiento de las dimensiones individual y
social de la libertad de expresión, se ha entendido que los medios de
comunicación constituyen el vehículo que permite el ejercicio de esta última
faceta. En consecuencia, de acuerdo con esta distinción, los medios masivos
de comunicación aseguran el derecho “a recibir cualquier información y a
conocer la expresión del pensamiento ajeno” 73, así como el “intercambio de
ideas e informaciones y (...) la comunicación masiva entre los seres
humanos”74. Por último, garantizan el ejercicio de la libertad de expresión de
“los directores, editores y comunicadores del mismo, a título individual. En
este sentido, es fundamental que los directores, editores y periodistas que
laboran en dichos medios gocen de la protección y de la independencia,
necesarias para realizar sus funciones a cabalidad (...)”75.
57. En cuanto a la forma que pueden adoptar los medios de comunicación,
la propia Corte IDH ha resaltado que “resulta inusual que (…) no estén a
nombre de una persona jurídica”76. En efecto, existe una fuerte asociación
entre el concepto de medios masivos de comunicación con la existencia de una
persona jurídica, que ha sido constituida específicamente para desarrollar
actividades de difusión de la información y de la opinión. Incluso, en muchos
casos, se trata de una sociedad comercial que tiene autorización para el uso del
espectro radioeléctrico77 y que, mediante el uso de diversas herramientas
tecnológicas -vgr. internet, aplicaciones móviles, redes sociales, medios
escritos convencionales, entre otros-, asegura la transmisión de sus
pensamientos, ideas, opiniones o datos a un público numeroso, indeterminado
58. Ahora bien, la jurisprudencia ha señalado que la solicitud previa de
rectificación como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de
tutela en estos casos parte de la presunción de buena fe del emisor del
mensaje. Esto por cuanto se presume que los hechos que sustentan sus
opiniones o informaciones son verificables y razonablemente contrastados; sin
embargo, la propia Corte ha reconocido que no es posible excluir “la
posibilidad de que [el emisor] pueda caer en error”78. Por esta razón, según la
jurisprudencia constitucional, el requisito de la solicitud de rectificación
previa “pretende dar al emisor de la información la oportunidad de contrastar
y verificar por sí mismo si las aseveraciones de quien solicita la rectificación
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 6 de febrero de 2001 (Reparaciones y Costas).
Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 72/11 del 31 de marzo de 2011. Petición 1164-05
www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/panama/46.2.pdf
Cfr. Ley 1341 de 2009.
Corte Constitucional. Sentencia T-219 de 2009.
son ciertas o, por el contrario, si se mantiene en el contenido de la
información por él difundida”79.
59. Si bien la solicitud de rectificación previa como requisito de
procedibilidad para el ejercicio de la acción de tutela tradicionalmente ha sido
exigible a los medios de comunicación convencionales, dicho requisito es
extensible, en los términos de la reciente jurisprudencia constitucional, a otros
canales de divulgación de información. En la sentencia T-263 de 2010, tras
definir el requisito de la rectificación previa para la interposición de la acción
de tutela, la Corte señaló que la presentación de esta solicitud da lugar a que
“el periodista o el medio de comunicación – u otra persona que informe,
aseveraciones” (subrayas fuera de texto).
60. Esta premisa es compatible con el alcance de la libertad de expresión en
internet definido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Al respecto,
en la sentencia T-550 de 2012, con fundamento en la Declaración Conjunta
sobre la Libertad de Expresión en Internet80, la Corte concluyó que “la
libertad de expresión se aplica en Internet del mismo modo que en otros
medios de comunicación, concluyéndose que las redes sociales no pueden
garantizar un lugar para la difamación, el denuesto, la grosería, la falta de
decoro y la descalificación” 81 (subrayas fuera de texto).
61. El reconocimiento del alcance y la eficacia de la libertad de expresión
en internet en términos análogos al que este principio tiene en relación con los
otros medios de comunicación no solo es razonable sino necesario. En este
sentido, en la sentencia T-634 de 2013, la Corte reconoció que “de manera
concomitante al aumento de posibilidades para compartir, comunicar y
entretener, las redes sociales generan también riesgos para los derechos
fundamentales a la intimidad, protección de datos, honor, honra, imagen y
buen nombre, entre otros.”82
Corte Constitucional. Sentencia T-263 de 2010.
Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión; Representante para la
Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa;
Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión; y Relatora
Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos.
Un estudiante de pregrado presentó acción de tutela en contra de una Universidad, debido al inicio de una
investigación disciplinaria, en razón de los comentarios –calificados como ofensivos- realizados por Facebook
en contra de los directivos de la Institución, la cual concluyó con su expulsión. El actor solicitó la protección
de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a expresar y difundir los propios
pensamientos y opiniones y al trabajo.
El actor instauró acción de tutela contra una Empresa de Masajes con el objeto de que sus derechos
fundamentales a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana fueran
amparados, toda vez que la empresa se negaba a retirar de la red social Facebook y otros medios de
publicidad varias imágenes que, si bien el peticionario había autorizado su publicación, posteriormente
consideró como lesivos de sus derechos fundamentales.
62. En tales términos, la Corte Constitucional ha reconocido que la libertad
de expresión se aplica de la misma manera y tiene igual eficacia y alcance en
internet y en redes sociales que la que tiene en relación con los otros medios
de comunicación convencionales. En esta medida, siempre que, en la emisión
o publicación de información en estos medios se desconozcan los límites de
veracidad e imparcialidad, procede la rectificación en condiciones de equidad.
Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia T-145 de 2016, identificó
dos reglas generales y cinco sub reglas aplicables a la rectificación en
condiciones de equidad en redes sociales.
63. Las reglas generales exigen que (i) “la rectificación o aclaración tenga
un despliegue informativo relevante al que tuvo la noticia inicial”83, es decir,
que esta debe tener una difusión y destinatarios equivalentes a aquellos que
tuvo la publicación reprochada; y, (ii) el emisor del mensaje debe reconocer
expresamente “que incurrió en un error o en una falsedad”84. Sobre esta
última, la jurisprudencia ha aclarado que, para el caso de las redes sociales,
cuando las publicaciones se realicen a título personal la rectificación
corresponde a quien hizo la publicación.
64. A su turno, las sub reglas aplicables a la rectificación en condiciones de
equidad, respecto de publicaciones realizadas en redes sociales, son las
siguientes: (i) la rectificación debe tener el mismo alcance, despliegue,
difusión y tiempo de duración que la publicación reprochada; (ii) previa
verificación de los hechos, el emisor del mensaje debe proceder a rectificar la
información publicada en un término razonable; (iii) la carga de la prueba le
corresponde a quien solicita la rectificación, salvo que se trate de afirmaciones
amplias e indeterminadas, caso en el cual aquella se invierte; (iv) la
rectificación se circunscribe al contenido informativo o, en su defecto, a los
fundamentos fácticos en los cuales se basan las opiniones emitidas; y, (v) la
rectificación se constituye en la reparación constitucional de los derechos
65. En tal sentido, la solicitud de rectificación previa como requisito de
procedibilidad para el ejercicio de la acción de tutela es extensible, en los
divulgación de información, como, por ejemplo, la internet y las redes
sociales, especialmente, cuando por medio de ellos se ejerce una actividad
periodística, como manifiesta el accionado. Esta carga, por supuesto, debe
cumplirse a la luz del criterio de razonabilidad. En este orden de ideas, la
rectificación puede solicitarse por medio de un mensaje interno „in box‟ o un
comentario en la publicación, de conformidad con las características propias
Corte Constitucional, Sentencia T-145 de 2016.
de la red social utilizada para la emisión del mensaje. En todo caso, la
exigencia de este requisito no puede dar lugar a limitar injustificadamente el
ejercicio de la acción de tutela en aquellos casos en que no sea posible
contactar o localizar al autor del mensaje, para efectos de solicitar la
66. Es más, habida consideración de lo señalado en los párr. 53 y 54,
resulta injustificado que la solicitud de rectificación dependa únicamente de la
existencia del medio de comunicación como persona jurídica con un objeto
social específico, dedicado a la difusión de información. Tradicionalmente, la
solicitud de rectificación previa se exige en aquellos casos en que la acción de
tutela ha sido instaurada, por ejemplo, en contra de una revista, periódico,
emisora, canal de televisión –especialmente, cuando la publicación no tiene un
autor directo conocido–, o de una persona que transmite su mensaje
empleando cualquiera de las mismas vías. No obstante, el mismo impacto
social es posible alcanzarlo tanto con los anteriores canales de transmisión de
información como con las redes sociales, de lo que se sigue que el requisito de
procedibilidad relativo a la rectificación previa no debe depender de la forma
de constitución jurídica del medio, sino de su capacidad de difusión y alcance
67. En el caso concreto, la Corte estima acreditado que el accionado, señor
William Solano, ejerce la actividad periodística en el municipio de Buga.
Precisamente, el accionado es reconocido pública y ampliamente como una
persona que ejerce este oficio, como se constata con las columnas
periodísticas aportadas al expediente, incluso publicadas por otras reconocidos
periodistas85, en las que el señor Solano no solo se presenta y es identificado
como periodista y director del periódico “D Cerca” en la ciudad de Buga. Es
más, tras verificar sus publicaciones, escritas y auditivas, que de manera
frecuente son divulgados a la comunidad por el accionado, se advierte que su
objetivo es transmitir noticias de interés público, sobre temas de actualidad
principalmente política, suscitadas, por regla general, en su municipio de
residencia. Además, según las pruebas obrantes en el expediente, esta Sala
encuentra acreditado que su actividad investigativa y periodística es
desarrollada con importante despliegue entre la comunidad.
68. Precisamente, está demostrado que los mensajes publicados en relación
con el señor James Gómez y cuestionados por éste último mediante la presente
acción de tutela fueron divulgados a través de Facebook, en la cuenta personal
del periodista William Solano y en la de su periódico “DCerca”. El segundo
mensaje fue además transmitido a través de una nota de voz en la aplicación
Cno. 1. Fl. 22 y Cno. 2. Fl. 4, acompañado de un cd.
69. En tales términos, la Corte concluye que, en aplicación de las subreglas
jurisprudenciales antes señaladas y de lo previsto en el artículo 42.7 del
Decreto 2591 de 1991, el accionante ha debido presentar una solicitud de
rectificación previa al accionado como requisito de procedibilidad para la
interposición de la presente acción de tutela. En consecuencia, el
incumplimiento de dicha carga tornaría, per se, improcedente la acción de
tutela en el presente asunto. No obstante, habida cuenta de la relevancia del
problema jurídico sustancial del presente asunto, la Corte se pronunciará sobre
el alcance de la libertad de expresión y resolverá el caso concreto.
5. Libertad de expresión, de opinión y de información
70. El artículo 20 de la Constitución Política reconoce como derechos
fundamentales las libertades de expresión –se garantiza a toda persona la
libertad de expresar-, de opinión –difundir su pensamiento y opiniones-, y de
información –informar y recibir información veraz e imparcial- y de prensa –
fundar medios masivos de comunicación-. Del mismo modo, prevé el derecho
a la rectificación en condiciones de equidad y la prohibición de censura
previa86.
71. La jurisprudencia constitucional ha identificado once elementos
normativos que se derivan del artículo 20 constitucional, a saber: (i) la libertad
de expresión, entendida como la facultad de expresar y difundir su propio
pensamiento e ideas, en las condiciones y mediante los mecanismos que
seleccione el emisor del mensaje; (ii) la libertad de investigar, buscar o recibir
información sobre hechos, ideas y opiniones; (iii) la libertad de informar; (iv)
el derecho a recibir información veraz e imparcial; (v) la libertad de fundar
medios masivos de comunicación; (vi) la libertad de prensa; (vii) el derecho a
la rectificación en condiciones de equidad; (viii) la prohibición de censura;
(ix) la prohibición de la propaganda de la guerra y la apología del odio, el
delito y/o la violencia; (x) la prohibición de pornografía infantil; y, por último,
(xi) la prohibición de la instigación pública y directa al genocidio. 87
En sentido similar, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge las
anteriores libertades fundamentales y adicionalmente dispone que el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión “puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas
por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. Igualmente, el artículo
13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos advierte que “[n]o se puede restringir el derecho
de expresión por vías o medios indirectos (…) por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones” y “[e]stará prohibida por la ley toda propaganda en
favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”
Corte Constitucional. Sentencia T-391 de 2007.
72. En virtud de lo anterior, las libertades de expresión, de opinión y de
información se consideran indispensables para el desarrollo de cualquier
sociedad. Estas refuerzan los valores democráticos y la participación
ciudadana, como quiera que, a partir del intercambio de ideas y opiniones
entre sus asociados, se hace posible incidir en los asuntos de interés público
que despiertan su atención o les puede afectar. De igual manera, la libertad de
expresión permite el ejercicio de otros derechos como los de reunión y
asociación, los políticos88, y la libertad de culto, entre otros 89.
73. Las libertades de expresión, de opinión y de información tienen una
“vinculación directa con las posibilidades de autorrealización y dignificación
individuales”90. Por ello, la jurisprudencia ha reconocido una protección
especial a las libertades previstas por el artículo 20 constitucional y, en
consecuencia, ha desarrollado tres reglas que delimitan el alcance de su
amparo constitucional: (i) la existencia de una presunción en favor de la
libertad de expresión, en caso de conflicto con otros principios, valores o
derechos, incluso del buen nombre y de la honra 91; (ii) la sospecha de
inconstitucionalidad respecto de las regulaciones del Estado que limiten o
restrinjan la libertad de expresión; y (iii) la prohibición de censura previa. 92
74. Además, la libertad de expresión reviste particular importancia en
relación con la democracia. Así, la Corte ha reconocido que mediante la
protección de esta libertad se facilita y propicia la democracia, la participación
ciudadana y la rendición de cuentas sobre asuntos públicos y, por lo tanto,
cumple una “función política central”93. La Corte ha señalado que la libertad
de expresión cumple las siguientes específicas funciones en relación con la
democracia: (i) permite el debate político, amplio y abierto; (ii) mantiene
abiertos los canales para el cambio político; (iii) previene los abusos de poder,
al canalizar procesos de rendición de cuentas y control público; (iv) promueve
la estabilidad social y política, permite evidenciar y debatir sobre disensos, así
como propicia la construcción de consensos; (v) impide el silenciamiento de
las minorías políticas; (vi) asegura la libertad de opinión política; (vii)
Observación General No 34 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Corte Constitucional. Sentencia T-391 de 2007. Asimismo, para el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, esta libertad también cobra especial relevancia. Como lo ha explicado el Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, “[l]a libertad de expresión es una condición necesaria para el logro de los
principios de transparencia y rendición de cuentas que, a su vez, son esenciales para la promoción y la
protección de los derechos humanos” (Observación General No 34 del Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.)
Corte Constitucional. Sentencia T-298 de 2009. En esta oportunidad la Corte precisó que para solucionar
los casos de conflicto entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, debe aplicarse el método
“de la ponderación, sobre la base inicial de la presunción de primacía de la libertad de expresión sobre los
demás derechos” De todas maneras, en aquellos casos de frontera o límite, en los cuales pueda existir duda
acerca del tratamiento de asuntos de verdadera relevancia pública, continúa prevaleciendo la libertad de
Corte Constitucional, Sentencias T-391 de 2007 y T-219 de 2012.
contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos sociales y
políticos; (viii) propicia el autogobierno de los ciudadanos; (ix) facilita el
control y fomenta la responsabilidad de los gobernantes; (x) propicia la
igualdad política; y, (xi) fortalece al individuo como sujeto político 94.
75. En esta dimensión, la Corte ha identificado algunas manifestaciones de
la libertad de expresión especialmente protegidas como es el caso del discurso
político, la discusión de asuntos de interés público y temas de importancia
social relacionados con un servidor público95. En lo que se refiere a este grupo
de sujetos, la Corte ha reiterado al unísono que estos se encuentran “sujeto[s]
a menores limitaciones y quienes se vean afectados por [ellos], concretamente
las figuras públicas, deben soportar una carga mayor en el ámbito de sus
derechos a la honra, intimidad y buen nombre, más cuando la expresión se
ejerce a través de la prensa.”96.
76. Ahora bien, como ocurre con el resto de derechos fundamentales, la
libertad de expresión no es un derecho absoluto. La Corte ha identificado
varias limitaciones a esta libertad en aras de proteger el “interés de terceros o
de la comunidad en su conjunto”97. No obstante, estos límites no pueden ser
de tal intensidad que la vacíen de contenido, por esta razón (i) deben ser
fijados por la ley, (ii) ser necesarios y proporcionales, (iii) tener relación con
los motivos específicos ya mencionados, y (iii) no pueden aplicarse de manera
previa a la difusión de ideas o pensamientos 98. Por esta razón, la Corte
Corte Constitucional. Sentencia T-391 de 2017.
Corte Constitucional. Sentencia T-298 de 2009. “En este sentido, por ejemplo, como lo ha señalado tantas
veces la Corte, en temas de marcada relevancia pública en los cuales se encuentre involucrado un servidor
público, el derecho a la libertad de expresión e información adquiere una mayor amplitud y resistencia. En
efecto, como ya se ha señalado, cuando una persona ha decidido voluntariamente convertirse en un
personaje público o cuando tiene el poder de administrar de alguna manera el poder del Estado, tiene el
deber de soportar mayores críticas y cuestionamientos que una persona del común que no ostenta poder
público alguno y que no ha decidido someterse al escrutinio público. Adicionalmente, en los casos de
frontera o casos límite, en los cuales la relevancia pública de la información no se niega pero tampoco
aparece del todo clara, la opción por la libertad de expresión sobre otros derechos como el derecho a la
privacidad o al honor, se encuentra justificada en los importantes valores y principios individuales, y sobre
todo colectivos, que este derecho protege.” En cuanto a los distintos tipos de discursos que son especialmente
protegidos, la sentencia T-277 de 2015 mencionó algunos de ellos, así: “La libertad de expresión también se
enmarca como uno de los ejes fundamentales de los derechos a la libre asociación y reunión, así como para
la participación política individual y organizada, por medio del sufragio y determinados medios de
movilización. Además, la Observación General menciona los distintos tipos de discurso que se encuentran
protegidos por la libertad de expresión, dentro de los que se incluyen el político, el de asuntos propios, el que
versa sobre temas de interés público, el de campañas, el de enseñanza, el periodístico y el científico.” Corte
Constitucional. Sentencia T-277 de 2015. Otros discursos protegidos son “el de campañas, el de enseñanza,
el periodístico y el científico”
Corte Constitucional. Sentencia T-714 de 2010.
Corte Constitucional. Sentencia T-277 de 2015.
En relación con las limitaciones admisibles al ejercicio de la libertad de expresión, la Corte Constitucional,
en la sentencia T-298 de 2009, indicó: “En todo caso, la Corte ya ha reconocido de manera reiterada que
“(e)l marco general de las limitaciones admisibles a la libertad de expresión, lo proveen los artículos 19 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, que orientan la interpretación del artículo 20 de la Carta y demás normas concordantes. Una
lectura detenida de estas disposiciones revela que las limitaciones a las libertades de expresión (en sentido
estricto), información y prensa, para ser constitucionales, deben cumplir con los siguientes requisitos
Constitucional ha señalado que “toda limitación de la libertad de expresión
está sujeta a un control constitucional estricto (…)”99 .
77. Por su parte, el derecho a la información ha sido definido como un
“derecho complejo”100, el cual, como se indicó anteriormente, comprende
cuatro ámbitos o dimensiones de protección, a saber: (i) el acceso a la
información en poder del Estado o de particulares que presten funciones
públicas; (ii) el derecho a informar, comunicar, difundir, emitir o transmitir
información, frente al cual no procede la censura; (iii) el derecho a ser
informado o a recibir información veraz e imparcial y; (iv) el derecho a
informarse por sí mismo, esto es, “la libertad de buscar o investigar
información sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole”101.
78. La jurisprudencia constitucional ha precisado el contenido de las cargas
de veracidad e imparcialidad. La primera implica que la información difundida
sea verificable. En otras palabras, al emisor “[s]olo se le exige que sea lo
suficientemente diligente para sustentar fácticamente sus afirmaciones”102.
La segunda impone que la información sea “contrastada con versiones
diversas sobre los mismos hechos (…) para plantear todas las aristas del
debate (…) [y] evitar que sus preferencias y prejuicios afecten también su
percepción de los hechos´ y sólo su posición particular, de manera inexacta,
sea la que sea presentada”103. En consecuencia, siempre que en la emisión o
publicación de información se desconozcan los límites de veracidad e
imparcialidad, procede la rectificación en condiciones de equidad.
79. Finalmente, la libertad de opinión implica la de expresar y comunicar
asuntos del fuero personal interno104, cuya materialización “comprende la
manifestación tanto de señalamientos positivos, como de opiniones negativas
sobre las personas o sus actuaciones”105. Inicialmente la Corte delimitó el
alcance de este derecho “al ámbito de la conciencia del [sic] quien opina...”106
y, por lo tanto, no se reconoció la procedencia del derecho de rectificación
respecto de opiniones. En efecto, la Corte consideró que en relación con la
libertad de opinión prevalece la subjetividad del emisor del mensaje 107, por lo
básicos: (1) estar previstas de manera precisa y taxativa por la ley, (2) perseguir el logro de ciertas
finalidades imperiosas, (3) ser necesarias para el logro de dichas finalidades, (4) ser posteriores y no previas
a la expresión, (5) no constituir censura en ninguna de sus formas, lo cual incluye el requisito de guardar
neutralidad frente al contenido de la expresión que se limita, y (6) no incidir de manera excesiva en el
ejercicio de este derecho fundamental.”
Corte Constitucional. Sentencia T-627 de 2012.
Corte Constitucional. Sentencia T-219 de 2012.
Corte Constitucional. Sentencia T-1198 de 2004.
Corte Constitucional, Sentencia T-219 de 2012.
Acerca de la distinción entre opiniones e información, en la sentencia C-417 de 2009, que analizó una
demanda de constitucionalidad formulada en contra de una de las causales de eximente de responsabilidad
que no es posible solicitarle aclaración, modificación o corrección alguna,
“sin importar qué tan molesta, equivocada, provocadora, revolucionaria o
inmoral pueda ser la idea expresada.”108
80. No obstante, en pronunciamientos posteriores, la misma Corte advirtió
que las opiniones, en ciertas ocasiones, también se sustentan en hechos, sea
porque fueron obtenidos después de un proceso de investigación o fueron
tomados de otras fuentes, y, a partir de ellos, se emita su juicio personal. Así,
en estos casos, la Corte señaló que sí es posible que el afectado con la
comunicación solicite la rectificación de la misma, “en caso de que la
información en la que se soporta la columna de opinión, carezca de veracidad
o afecte, al generar confusión en la opinión pública de presentarse como
opinión información que es noticia, la vulneración de derechos
fundamentales”109. De la misma manera, la Corte reconoció la procedencia de
la rectificación “si el sustento de tales juicios eran especulaciones o hechos
sin fundamento o no comprobados, presentados como ciertos en la columna
de opinión, afectando con ellos la honra y el buen nombre de terceros.”110
81. Por lo demás, en lo que guarda relación con otras libertades, como la
libertad religiosa y de cultos, la jurisprudencia ha reconocido que estas pueden
ser restringidas por razones de “(i) seguridad, orden, moralidad y salubridad
públicos; (ii) el ejercicio de los derechos constitucionales y libertades de los
demás”111. Esto no quiere decir que estas puedan ser afectadas por un ejercicio
ilegítimo de la libertad de expresión. No obstante, en consideración de las
cargas adicionales impuestas a los servidores públicos, el ejercicio de la
libertad de expresión no puede estar condicionado, prima facie, a la libertad de
cultos. Corresponde al sujeto que alega la presunta vulneración de este
derecho señalar, en el caso concreto, si la protección de la libertad de
expresión resulta desproporcionada en relación con la afectación de otros
6. La carga de la prueba, las negaciones y afirmaciones indefinidas y el
82. El deber de probar los hechos que se alegan es un deber procesal en
cabeza de toda persona que acuda a la administración de justicia. Por lo
para los delitos contra la integridad moral, se anotó lo siguiente: “Es decir que, distinto de la afirmación
sobre hechos que se presentan a través del ejercicio de la libertad de información o prensa, llamados a tener
respaldo en la realidad, cumplir con los requisitos constitucionales de la veracidad e imparcialidad o con la
responsabilidad social en el caso de los medios, la opinión en cambio es una idea, un parecer o forma de ver
el mundo, que de hallarse injusta o impertinente, debe combatirse con otras opiniones o pareceres, no con
sanciones de ninguna índole, menos aún penales.”
Corte Constitucional. Sentencia T-602 de 1995.
Corte Constitucional. Sentencia T-219 de 2009 citada en la sentencia T-219 de 2012.
Corte Constitucional. Sentencias T-602 de 1995 y T-219 de 2009.
Corte Constitucional. Sentencia SU-626 de 2015.
general, esta carga de la prueba corresponde a cada una de las partes, quienes
deberán “acreditar los hechos que invoca[n], tanto los que sirven de base
para la demanda como los que sustentan las excepciones, de tal manera que
deben asumir las consecuencias negativas en caso de no hacerlo”112. En estos
términos, este deber de probar los hechos es un mandato específico derivado
del principio de “onus probandi”, el cual responde a fines constitucionalmente
legítimos, tales como: “ejercer los derechos con responsabilidad y colaborar
con el buen funcionamiento de la administración de justicia”, entre otros113.
83. El artículo 167 del Código General del Proceso prevé esta carga
procesal. En efecto, esta disposición prescribe que: (i) a las partes les incumbe
probar el supuesto de hecho de las normas que prevén el efecto jurídico que
ellas persiguen; (ii) el juez podrá distribuir la carga probatoria, para lo cual
exigirá “probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una
situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos
controvertidos”; y (iii) “[l]os hechos notorios y las afirmaciones o
negaciones indefinidas no requieren prueba”.
84. Las afirmaciones y negaciones indefinidas han sido definidas por la
jurisprudencia constitucional como aquellas que “se presentan cuando en las
mismas se hace referencia a una situación permanente que en la práctica es
imposible de probar”114. Al respecto, el profesor Hernando Devis Echandía
explicaba sobre las afirmaciones y negaciones indefinidas lo siguiente:
“(…) las negaciones indefinidas son aquellas que no implican la
afirmación indirecta de otro hecho concreto, delimitado en tiempo
y espacio, a saber: a) las de carácter absoluto o sustancial, porque
no encierran ninguna afirmación contraria (…) b) las formales
ilimitadas en tiempo o espacio, que contienen una afirmación
igualmente en estos aspectos (por ejemplo: nunca ha existido de
estatura superior a tres metros, pues si bien significa afirmar que
todos los hombres han sido de estatura menor, tal hecho es
ilimitado en tiempo y espacio (…) c) las formales que, a pesar de
ser ellas limitadas en tiempo y espacio, contienen implícitamente
una afirmación indefinida no susceptible de probarse (por
ejemplo: durante mi vida o en los diez años últimos no he visitado
a Bogotá, pues no obstante que indirectamente se afirma que
durante ese tiempo ha estado siempre en otros lugares, esta
circunstancia es indefinida y solamente podrá probarse si he
vivido recluido forzosamente en un lugar o en el lecho de enfermo,
o en otro caso similar (…) De esta manera, el carácter indefinido
Corte Constitucional. Sentencia T-733 de 2013.
de la negación o la afirmación no requiere que las circunstancias
de tiempo y espacio, o una de éstas, sean absolutamente
ilimitadas; por el contrario, para estos efectos es igual que
implique no haber ocurrido nunca o haber ocurrido siempre, o que
se refiera a todos los instantes de un lapso de tiempo más o menos
largo (como la vida de una persona) o relativamente corto (como
un año), si envuelve una situación o actividad u omisión
permanente que en la práctica no es en general susceptible de
prueba por ningún medio (…) La imposibilidad de suministrar la
prueba debe ser apreciada en cada caso, con un criterio riguroso
y práctico, teniendo el cuidado de no confundirla con la simple
dificultad, por grande que sea (…) Puede decirse que por este
aspecto las negaciones y afirmaciones indefinidas están
comprendidas entre la segunda clase de hechos imposibles,
excluidos del tema de prueba, que mencionamos en el parágrafo
anterior, esto es, cuando a pesar de que puedan existir o ser
ciertos, no es posible demostrarlos (la primera clase comprende
los hechos imposibles en sí mismos o por naturaleza)” 115.
85. Con fundamento en lo anterior, en relación con la solicitud de
rectificación - la previa y la pretendida en la demanda de acción de tutela- la
Corte Constitucional ha desarrollado las siguientes sub reglas
jurisprudenciales, a saber: (i) por regla general quien cuestiona la veracidad o
imparcialidad de la información tiene el deber de demostrar la falsedad o
parcialidad de la misma116; y (ii) se exonera del cumplimiento de este deber
cuando se trate de “hechos notorios, afirmaciones o negaciones
indefinidas”117. En este último caso, la carga de la prueba se traslada al emisor
del mensaje “dada la dificultad [para el solicitante o demandante] de
demostrar tal clase de asertos”118.
86. La Corte ha señalado que la exoneración de la carga de la prueba en
relación con afirmaciones o negaciones indefinidas habrá de aplicarse con
especial cautela habida cuenta de las posibles limitaciones que genere en
relación con las libertades de expresión, opinión o información. En la
sentencia T-219 de 2012, por ejemplo, la Corte precisó que el alcance de esta
exoneración en los siguientes términos: “hace referencia a las afirmaciones o
negaciones indefinidas que realice el emisor de la información que se
cuestiona y no las que realice el receptor de la información en su solicitud de
verificación”119.
Devis Echandia, Hernando (1993). “Teoría General de la Prueba Judicial”. Bogotá: Biblioteca Jurídica
Corte Constitucional. Sentencia T-391 de 2007, T-627 de 2012 y T-263 de 2010.
Id. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-218 de 2009.
Corte Constitucional, Sentencia T-219 de 2009 y SU-056 de 1995.
87. En otras palabras, la Corte ha considerado que quien solicite la
rectificación de una información u opinión, expresión o difusión del
pensamiento, tiene el deber demostrar que lo afirmado no es cierto o que la
manera como se presentó fue falsa o parcializada. Esta solicitud no puede estar
fundamentada entonces en afirmaciones o negaciones indefinidas, pues ello
implicaría “desdibujar la figura de la rectificación”120 y la imposición de una
“autocensura a los medios de comunicación”121.
88. En su demanda, el actor manifestó que William Solano vulneró sus
derechos fundamentales a la dignidad humana y buen nombre, en conexidad
con sus derechos a la vida, libertad religiosa, honra e intimidad de la familia.
Según señaló, esta pretendida vulneración se produjo como consecuencia de la
publicación de dos mensajes en la red social Facebook, en los que, en su
criterio, se exponen situaciones que no corresponden a la realidad, que
constituyen solo “chismes, habladurías o desagravios” y que no se
compadecen con su actuar como servidor público.
89. Revisado el material probatorio, esta Sala constata que en los dos
mensajes publicados por William Solano se hace alusión directa al Concejal
James Gómez. En efecto, en las publicaciones tituladas “Quién (sic) te
juzga?” y “Te andan buscando”, el accionado informa sobre presuntas
irregularidades y desmanes en que habría incurrido el accionante, da cuenta de
las denuncias que cursan en contra de este último, y, finalmente, manifiesta
públicamente que ha sido víctima de intimidaciones por parte del Concejal. En
tales términos, estas publicaciones son ejercicio de la libertad de información
90. El titular “Quién (sic) te juzga?” fue publicado por el accionado en
Facebook el día 30 de noviembre de 2016. En esta publicación, además de
referirse a una riña entre dos personas (una de ellas supuestamente allegada al
Concejal), el señor William Solano explícitamente señaló: “Les contaré solo
algunos apartes de acciones no santas del referido Concejal James Hernán
Gómez Serrato”, de quien afirma tener entendido que es “servidor del Altar en
la Iglesia Católica como ministro de la palabra”. A continuación, dio cuenta
de seis hechos asociados a este último. Primero, las presuntas irregularidades
en el programa de alimentación escolar, en el marco del cual “cerca de cien
Id. “[P]ermitir dicha posibilidad conllevaría imponer una autocensura a los medios de comunicación,
puesto que éstos restringirían la información que publican al verse abocados a la necesidad de rectificar las
informaciones transmitidas por el simple hecho de que quien se considera afectado con la publicación afirma
o niega indefinidamente el contenido de la mismas, sin necesidad de presentar las pruebas que sustenta su
solicitud. Tal situación claramente se traduciría en una limitación de la libertad de informar, además de un
desconocimiento de la presunción de imparcialidad y buena fe que recae en cabeza de los medios de
manipuladoras de este programa estaban bajo su direccionamiento; existen
serios señalamientos en su paso por este grupo de mujeres, serías denuncias
ante algunas instancias que luego producirán resultado. Puestos y gestiones
de este señor a mujeres a cambio de favores sexuales (sic)”.
91. Segundo, el periodista aludió a la deslealtad del accionante. En este
sentido, se preguntó qué podía esperarse del Concejal si “hasta el respaldo de
los directivos a nivel departamental, pusieron en entre dicho el aval que le
dieron, porqué le prometió ponerle votos y ayuda al candidato del norte del
departamento, quien era a la vez, el directivo del partido por el que se
inscribió el referido, pero no, como todo desleal, apoyó fue a un candidato
diferente de la ciudad de Buga (sic)”. Según el periodista, “lo mismo hizo” el
accionante en la campaña para la Alcaldía de Buga.
92. Tercero, informó acerca de las denuncias en contra del accionante por el
delito de peculado por uso, “por utilizar el bus del IMDER en Buga (y) el uso
indebido de espacios deportivos para intereses netamente personales”.
Cuarto, el periodista manifiesta que el accionante “es amigo del tráfico de
influencias” y, como fundamento de esta afirmación, da cuenta de dicha
conducta en relación con el pago de comisiones por la ejecución de un
contrato estatal y por conseguir contratos para sus allegados en empresas
estatales, así como gestionar vehículos con el ex secretario de tránsito
93. Quinto, informó acerca de la presunta trashumancia electoral en la que
habría incurrido el accionante, así: “contundentes señalamientos indican que
llegó a exigir mínimo 10 votos a cada manipuladora para conservar el
trabajo por 4 años, transacciones electorales moviendo gente como fichas
como aquella con el Concejal de Guacarí y que los de este votaron por el
referido acá en Buga (sic)”. Finalmente, el periodista dio cuenta de otras
denuncias instauradas en contra del accionante por los delitos de violencia
intrafamiliar, inasistencia alimentaria, lesiones personales, corrupción y
94. Por su parte, el titular “Te andan buscando” fue publicado por el
periodista en Facebook el día 4 de diciembre del mismo año. En esta
publicación, el accionado dio cuenta del hostigamiento que afirma padecer
debido a que tuvo conocimiento acerca de que alias “Memín” lo “buscaba”,
por orden del Concejal Gómez, como consecuencia de la difusión de la
95. Esta Sala de Revisión encuentra que, más allá del rechazo de los
contenidos publicados y de desmentir algunos de sus apartes, el actor no
precisó cuál es el sustento fáctico que le permite descalificar esta información,
ni demostró que las publicaciones de William Solano contengan información
falsa, inexacta o errónea. Por tratarse de sucesos en los que supuestamente está
involucrado el actor, traducidos en afirmaciones concretas en las
publicaciones cuestionadas, y habida cuenta de su pretensión de rectificación,
para esta Sala es claro que el actor es la persona que tiene el deber de
desvirtuar la veracidad y la imparcialidad de la información cuestionada. Dado
que esta no se desvirtuó, en aplicación de la jurisprudencia reiterada de esta
Corte, esta Sala debe amparar la libertad de información del periodista en el
presente caso y, por lo tanto, denegar el amparo solicitado.
96. Las publicaciones cuestionadas contienen afirmaciones específicas y
determinadas. Por lo tanto, el accionante tenía la carga probatoria concreta de
evidenciar su incorrección o inexactitud y no solo dar cuenta de su
incomodidad por la gravedad de los comentarios o de su inconformidad
generalizada por su contenido. Si bien al descontextualizar algunas frases de
dichas publicaciones -tal como se hizo en la demanda- podría pensarse que
son indefinidas y, por lo tanto, habría lugar a exonerar o flexibilizar la carga
de la prueba del accionante, lo cierto es que, analizadas en su conjunto,
constituyen señalamientos concretos y específicos, susceptibles de ser
desvirtuados por el accionado. No obstante, este no cumplió con esta carga
para fundamentar su solicitud de rectificación.
97. Por el contrario, en su escrito de contestación, el accionado fue quien
presentó algunos de los soportes documentales con base en los cuales respaldó
varias de sus afirmaciones, tal como se señaló en los párrafos 8 a 14. Además,
en su escrito de contestación, amplió los señalamientos realizados en contra
del Concejal por presuntos actos de corrupción y violación al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades. En todo caso, advirtió que en el curso del
proceso penal demostraría, de ser necesario, la veracidad de cada una de las
manifestaciones realizadas en los dos mensajes.
98. Por lo demás, esta Sala reitera que los ejercicios de la libertad de
expresión en el marco de la discusión de asuntos de interés general ameritan
especial protección constitucional. Esta protección se funda en el importante
rol de la libertad de expresión para el funcionamiento de la democracia,
resaltada en los párrafos 63 y 64. De esta manera, la discusión sobre el manejo
de programas y políticas públicas, así como el escrutinio sobre las actividades
de los servidores públicos, resultan vitales para el funcionamiento de la
democracia, el control público y la rendición de cuentas sobre asuntos
públicos y, por lo tanto, en estos contextos, la libertad de expresión cumple
una “función política central”.
99. El accionante en el presente asunto es un funcionario público, elegido
popularmente, y, por lo tanto, expuesto, en mayor medida, a este tipo de
críticas y cuestionamientos, habida cuenta de los altos intereses que representa
y gestiona. En este sentido, la Sala reitera que “(…) en temas de marcada
relevancia pública en los cuales se encuentre involucrado un servidor
público, el derecho a la libertad de expresión e información adquiere una
mayor amplitud y resistencia. En efecto, como ya se ha señalado, cuando una
persona ha decidido voluntariamente convertirse en un personaje público o
cuando tiene el poder de administrar de alguna manera el poder del Estado,
tiene el deber de soportar mayores críticas y cuestionamientos que una
persona del común que no ostenta poder público alguno y que no ha decidido
someterse al escrutinio público”122.
100. Lo anterior no significa que los servidores públicos están desprovistos
de protección en sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la
intimidad. Por supuesto que son titulares de estos derechos y de la tutela
judicial de los mismos. Sin embargo, habida cuenta de la naturaleza de su
cargo, sus funciones y su rol en la sociedad, tienen el deber de soportar
mayores críticas y cuestionamientos. Del mismo modo, en el marco de una
solicitud de rectificación, judicial y extra judicial, tienen el deber de desvirtuar
la veracidad e imparcialidad de la información que cuestionan.
101. De otro lado, esta Sala no advierte vulneración alguna de la libertad de
cultos del accionante. Si bien fue incluida en la demanda como derecho
presuntamente vulnerado, lo cierto es que el accionante no incluyó ninguna
otra consideración adicional ni demostró en qué términos le resultaba
vulnerada. Por lo demás, tras revisar el contenido de las publicaciones
cuestionadas, esta Sala no evidencia ningún elemento que le permita siquiera
sospechar de amenaza o vulneración alguna a esta libertad.
102. Finalmente, el accionante estima vulnerada su intimidad y la de su
familia con la publicación “Quién (sic) te juzga?”. En particular, cuestiona los
siguientes contenidos: señalamientos y denuncias por “puestos y gestiones por
parte de este señor a mujeres a cambio de favores sexuales” y “las quejas de
trabajadores mal pagos, mujeres traicionadas o insatisfechas en toda la
extensión de la palabra, por un hombre hoy sumergido en la corrupción, al
que han denunciado por violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria,
golpear adultos mayores, corrupción (…)”. Pese a que el accionante
simplemente se limita a manifestar su inconformidad con estos contenidos y
no evidenció en qué consistió la vulneración de su derecho a la intimidad, la
Sala se pronunciará al respecto.
103. Esta Sala considera que tales contenidos no vulneran el derecho a la
intimidad del accionante. En efecto, al margen de los términos utilizados,
estos contenidos no develan información de vida íntima o privada del
Corte Constitucional. Sentencias T-298 de 2009 y T-256 de 2013.
accionante ni de su familia, sino que versan sobre información pública. Si bien
algunas palabras o expresiones descontextualizadas podrían eventualmente
justificar este reparo, lo cierto es que, en su conjunto, hacen alusión a
denuncias concretas sobre irregularidades y desmanes específicos, asociados a
presuntas conductas delictivas puestas en conocimiento de las autoridades
competentes, que en ningún caso hacen parte de la esfera privada del
accionante. Es más, estos señalamientos se narran específicamente en el marco
del ejercicio de su cargo público y de la ejecución de una política pública de
alimentación escolar, que escapan al ámbito íntimo del Concejal, y, por el
contrario, son de resorte e importancia pública.
104. Esta Sala reitera que dichos contenidos, contextualizados en las
publicaciones cuestionadas, no develan información íntima o privada del
Concejal o de los miembros de su familia, como se afirma en la demanda. Los
contenidos cuestionados tampoco contienen valoración alguna sobre las
conductas privadas del accionante. Por el contrario, estos contenidos versan
sobre información pública y cuestionan al Concejal y sus actuaciones en el
ejercicio de sus funciones y en su injerencia en asuntos y programas públicos,
así como ponen de presente denuncias concretas ante las autoridades
competentes asociadas a los hechos mencionados. En tales términos, la Sala
no aprecia vulneración alguna del derecho a la intimidad.
105. Por lo anterior, esta Sala revoca la sentencia revisada y, en su lugar,
niega el amparo de los derechos solicitados por los argumentos expuestos en
esta providencia. En todo caso, esta Sala resalta que esta decisión no surte
efecto alguno en relación con el proceso penal en curso en relación con los
hechos sub examine, el cual, habida cuenta de su naturaleza y su objeto, es por
completo independiente a la presente actuación.
106. James Hernán Gómez Serrato presentó acción de tutela en contra de
William Vianney Solano Atehortúa. En su demanda, solicitó la protección de
sus derechos fundamentales a la dignidad humana y buen nombre, en
conexidad con sus derechos a la vida, libertad religiosa, honra e intimidad de
su familia. Según manifestó, estos derechos le fueron lesionados como
consecuencia de la publicación de dos mensajes por parte del accionado en la
red social Facebook y la difusión de uno de ellos mediante “WhatsApp”. Estos
mensajes daban cuenta de presuntas denuncias, irregularidades y desmanes del
107. El Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Buga concedió la protección constitucional de sus derechos
fundamentales. Por su parte, tras la impugnación de este fallo, el Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Buga lo revocó y declaró la
improcedencia de la acción de tutela. Según el ad quem, en el presente caso no
se cumple con el requisito de subsidiariedad, por cuanto (i) el accionante
presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los mismos
hechos; y (ii) no se configura un perjuicio irremediable que habilite el
ejercicio de la acción de tutela como mecanismo transitorio. Finalmente, el ad
quem señaló que no se aprecia vulneración alguna de los derechos
fundamentales a la vida, a la intimidad familiar y a la libertad religiosa del
108. En relación con la procedencia de la acción de tutela en este caso, esta
Sala de Revisión considera que la existencia y ejercicio de la acción penal no
desplaza ni hace improcedente la acción de tutela. Asimismo, señala que, de
conformidad con la jurisprudencia constitucional, la solicitud de rectificación
previa también opera como un requisito de procedibilidad de la acción de
tutela siempre que se cuestione la veracidad e imparcialidad de la información
divulgada en internet o mediante redes sociales, especialmente, cuando el
emisor del mensaje realiza una actividad periodística.
109. En el caso concreto, esta Sala de Revisión no constató la presunta
amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados por el
accionante. En efecto, el señor James Gómez no cumplió con la carga
probatoria relativa a demostrar que las publicaciones del señor William Solano
contuvieran discursos constitucional o legalmente proscritos, ni desvirtuó la
veracidad y la imparcialidad de la información difundida por este último. En
consecuencia, negó el amparo de los derechos a la dignidad humana y buen
nombre, en conexidad con los derechos a la vida, libertad religiosa, honra e
intimidad de la familia, solicitados por el accionante, en virtud de los motivos
expuestos en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de 13 de febrero de 2017, mediante la
cual se declaró improcedente la acción de tutela instaurada por James Hernán
Gómez Serrato en contra de William Vianney Solano Atehortúa. En su lugar,
NEGAR el amparo de los derechos a la dignidad humana y buen nombre, en
conexidad con los derechos a la vida, libertad religiosa, honra e intimidad de
la familia, solicitados por el accionante, en virtud de los motivos expuestos en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Documents similaires à Sentencia T 593 17
devolucion de dinero a cuenta erronea ugel
Bowra- La Aventura Griega
3-4 Derechos personales2014.ppt
articulo516a29f7-f1e4-4c98-9590-6ed9be62f823
Fallo Huelga de Hambre PUC
Ficha de Deportistas
Diego Barreto C
Act. 4 Caso de Analisis
Plus de AlfonsoJoseLunaGeller
Istrategy Dos
Constitución preguntas
Legislación laboral en Venezuela.docx
Gilbeis
Dorisvargasgarcia59
PROPIEAD INTELECTUAL.ppt
genaro-r-carrio-buenos-aires.pdf
Tesina ROMANO

References: artículo 86
 artículo 42
 artículo 20
 artículo 86

artículo 241
 artículo 86
 artículo 10
 artículo 86
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 42
 artículo 86
 artículo 42
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 19
 artículo
13
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 167
 artículo 36