Source: https://es.scribd.com/document/166302391/SENTENCIA-38-2004
Timestamp: 2019-04-20 13:01:07+00:00

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Cargado por Lina Maria
SENTENCIA C-038 DE 2004 Referencia: expediente D-4661 Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 25, 26, 28, 29, 30, 51 parciales de la ley 789 de 2002
Demandante: Enrique Borda Villegas Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT Bogotá, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil cuatro (2004). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-781 de 2003, Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-035 de 2005 SENTENCIA I. ANTECEDENTES El ciudadano Enrique Borda Villegas, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, presenta demanda contra la totalidad de la Ley 789 de 2002 por vicios de trámite y por considerar que ese cuerpo legal califica, en forma ilegítima, al trabajo como una mercancía. Adicionalmente, y por otras razones, el actor solicita la inconstitucionalidad de los artículos 1°, 25, 26, 28, 29, 30 y 51 de esa misma ley que regulan el sistema de protección social, el trabajo ordinario y nocturno, el trabajo dominical y festivo, la indemnización en caso de terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo, la indemnización por falta de pago, la relación de aprendizaje, y la jornada laboral flexible. El Magistrado sustanciador, mediante auto del 13 de junio de 2003, admitió la demanda contra los artículos 1º, 25, 26, 28, 29, 30 y 51 de la ley 789 de 2002, pero inadmitió la demanda presentada contra la totalidad de la ley, por falta de claridad en la formulación de los cargos. El
auto concedió al actor un término de tres días para corregir el escrito. Como la demanda no fue corregida dentro de ese plazo, el Magistrado Sustanciador, mediante auto del 3 de julio de 2003, rechazó la demanda presentada contra la totalidad de la ley 789 de 2002. II. DEL TEXTO OBJETO DE REVISIÓN. A continuación se transcribe el texto de las disposiciones acusadas, conforme a su publicación el Diario Oficial No 45.046 del 27 de diciembre de 2002. Aunque el actor acusa la totalidad de los textos transcritos, también plantea, como pretensión subsidiaria, la inconstitucionalidad de algunos apartes. Así, la Corte aclara que el peticionario acusó todas las normas que a continuación se transcriben como petición principal, y como subsidiaria demandó lo subrayado: "LEY 789 DE 2002 (diciembre 27) por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. EL CONGRESO DE COLOMBIA, DECRETA: CAPITULO I. DEFINICION SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL. ARTÍCULO 1o. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL. El sistema de protección social se constituye como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos. Para obtener como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al trabajo. El objeto fundamental, en el área de las pensiones, es crear un sistema viable que garantice unos ingresos aceptables a los presentes y futuros pensionados.
En salud, los programas están enfocados a permitir que los colombianos puedan acceder en condiciones de calidad y oportunidad, a los servicios básicos. El sistema debe crear las condiciones para que los trabajadores puedan asumir las nuevas formas de trabajo, organización y jornada laboral y simultáneamente se socialicen los riesgos que implican los cambios económicos y sociales. Para esto, el sistema debe asegurar nuevas destrezas a sus ciudadanos para que puedan afrontar una economía dinámica según la demanda del nuevo mercado de trabajo bajo un panorama razonable de crecimiento económico. Creación del Fondo de Protección Social. Créase el Fondo de Protección Social, como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o a la entidad que haga sus veces, cuyo objeto será la financiación de programas sociales que el Gobierno Nacional defina como prioritarios y aquellos programas y proyectos estructurados para la obtención de la paz. El Fondo de Protección Social tendrá las siguientes fuentes de financiación: 1. Los aportes que se asignen del Presupuesto Nacional. 2. Los recursos que aporten las entidades territoriales para Planes, Programas y Proyectos de protección social. 3. Las donaciones que reciba. 4. Los rendimientos financieros generados por la inversión de los anteriores recursos. 5. Los rendimientos financieros de sus excedentes de liquidez y, en general, todos los demás recursos que reciba a cualquier título. PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento y la destinación de los recursos del Fondo de Protección Social. La contratación con los recursos del Fondo deberá regirse por las reglas que regulan la contratación en el derecho privado. (....)
.). subrogado por el artículo 29 de la Ley 50 de 1990. PARÁGRAFO 1o.ARTÍCULO 25. 3. Trabajo ordinario y nocturno: 1.). Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a. 2.m. El artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así: Artículo160. TRABAJO ORDINARIO Y NOCTURNO. Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado solo tendrá derecho el trabajador. El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso obligatorio el día sábado o domingo.m. Se entiende que el trabajo dominical es habitual cuando el trabajador labore tres o más domingos durante el mes calendario. TRABAJO DOMINICAL Y FESTIVO. Se entiende que el trabajo dominical es ocasional cuando el trabajador labora hasta dos domingos durante el mes calendario. 2. Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio. El artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo. que será reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical obligatorio institucionalizado.m.m. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p. al recargo establecido en el numeral anterior. quedará así: 1. PARÁGRAFO 2o.) y las veintidós horas (10:00 p. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales previstas en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990. si trabaja. ARTÍCULO 26. El trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas.) y las seis horas (6:00 a. de abril del año 2003. Las disposiciones contenidas en los artículos 25 y 26 se aplazarán en su aplicación frente a los contratos celebrados antes de la vigencia de la presente ley hasta el 1o.
Veinte (20) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un (1) año. por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.(.. por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley. 2. salarios mínimos legales mensuales. b) Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a diez (10). subrogado por el artículo 6o. con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. . El artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. caso en el cual la indemnización no será inferior a quince (15) días.. quedará así: "Artículo 64. el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato. TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA. En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada. En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. o el del lapso determinado por la duración de la obra o la labor contratada. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo se le pagarán veinte (20) días adicionales de salario sobre los treinta (30) básicos del numeral 1. 1. En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará así: a) Para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales: 1.) ARTÍCULO 28. Treinta (30) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un (1) año. el primero deberá al segundo una indemnización en los términos que a continuación se señalan: En los contratos a término fijo.. de la Ley 50 de 1990. Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa.
el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo. el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria. o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si a la terminación del contrato. mientras la justicia de trabajo decide la controversia. ARTÍCULO 29. Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la presente ley. la suma que confiese deber. PARÁGRAFO 1o. el . de la Ley 50 de 1990. c) y d) del artículo 6o. ("o si presentara la demanda. a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique. Indemnización por falta de pago: 1. no ha habido pronunciamiento judicial1) el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria. debe pagar al asalariado. se les aplicará la tabla de indemnización establecida en los literales b). una suma igual al último salario diario por cada día de retardo.2. Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero. Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato. hasta por veinticuatro (24) meses. Para proceder a la terminación del contrato de trabajo establecido en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. en su defecto. exceptuando el parágrafo transitorio. como indemnización. El artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo quedará así: Artículo 65. se le pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los veinte (20) días básicos del numeral 1 anterior. por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. 2. ante la primera autoridad política del lugar. el empleador cumple con sus obligaciones consignando ante el juez de trabajo y. salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes. el cual se aplica únicamente para los trabajadores que tenían diez (10) o más años el primero de enero de 1991. INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE PAGO. tuvieren diez (10) o más años al servicio continuo del empleador. PARÁGRAFO transitorio. o si el trabajador se niega a recibir.
PARÁGRAFO 2o. operativo comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN DE APRENDIZAJE. Si el empleador no demuestra el pago de dichas cotizaciones. b) La subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje. ARTÍCULO 30. dentro de los sesenta (60) días siguientes a la terminación del contrato. mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada. d) El apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho Laboral. actividad u ocupación y esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo. adjuntando los comprobantes de pago que los certifiquen. a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa requerida en el oficio. Lo dispuesto en el inciso 1o. la terminación del contrato no producirá efecto. y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual. por cualquier tiempo determinado no superior a dos (2) años. el cual en ningún caso constituye salario. a la última dirección registrada. el estado de pago de las cotizaciones de Seguridad Social y parafiscalidad sobre los salarios de los últimos tres meses anteriores a la terminación del contrato. . Para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo vigente. Sin embargo. Son elementos particulares y especiales del contrato de aprendizaje: a) La finalidad es la de facilitar la formación de las ocupaciones en las que se refiere el presente artículo.empleador le deberá informar por escrito al trabajador. c) La formación se recibe a título estrictamente personal. el empleador podrá pagar las cotizaciones durante los sesenta (60) días siguientes. con los intereses de mora. de este artículo solo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente.
El contrato de aprendizaje podrá versar sobre ocupaciones semicalificadas que no requieran título o calificadas que requieran título de formación técnica no formal. conforme al régimen de trabajadores independientes. El Contrato de aprendizaje podrá versar sobre estudiantes universitarios para los casos en que el aprendiz cumpla con actividades de 24 horas semanales en la empresa y al mismo tiempo cumpla con el desarrollo del pénsum de su carrera profesional. Durante la fase práctica el aprendiz estará afiliado en riesgos profesionales por la ARP que cubre la empresa. de instituciones de educación reconocidas por el Estado y trabajadores aprendices del SENA. condiciones y beneficios que defina el Gobierno Nacional. El apoyo del sostenimiento durante la fase práctica será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de un salario mínimo mensual legal vigente. el apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser inferior al equivalente a un salario mínimo legal vigente. En ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva. En todo caso la actividad del aprendiz deberá guardar relación con su formación académica. técnicos profesionales o tecnológicos. El apoyo de sostenimiento durante la fase práctica será diferente cuando la tasa de desempleo nacional sea menor del diez por ciento (10%). y pagado plenamente por la empresa patrocinadora en los términos. durante las fases lectiva y práctica.Durante toda la vigencia de la relación. o que curse el semestre de práctica. . caso en el cual será equivalente al ciento por ciento (100%) de un salario mínimo legal vigente. el aprendiz estará cubierto por el Sistema de Seguridad Social en Salud. Si el aprendiz es estudiante universitario el apoyo mensual. En materia de salud. el aprendiz recibirá de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase lectiva el equivalente al 50% de un (1) salario mínimo mensual vigente.
En este. d) El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo. 54... y los Convenios de la Organización Internacional de Trabajo 1º de 1919.PARÁGRAFO. cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a. así como los artículos 6º al 9º del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (de ahora en adelante PIDESC). siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana.m." III. 5º. c) El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos. que podrá coincidir con el domingo. PARÁGRAFO TRANSITORIO.) ARTÍCULO 51. Los contratos de aprendizaje que se estén ejecutando a la promulgación de esta ley. 39. 2º. Chocó y Guaviare. subrogado por el artículo 20 de la Ley 50 de 1990 y adiciónese un nuevo literal d). 55 y 362 de la Carta. el Gobierno incluirá una partida adicional en el Presupuesto General de la Nación que transferirá con destino al reconocimiento del pago de los contratos de aprendizaje. JORNADA LABORAL FLEXIBLE. 53. 42. continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la celebración del contrato. (. 44. el artículo 8º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Para los departamentos de Amazonas. a 10 p. 13. Vaupés.m. distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio. que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la semana. Vichada. 29 de . Modifíquese el inciso primero del literal c) artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Guainía. DEMANDA El ciudadano plantea que las normas acusadas desconocen los artículos 1º. el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario. 48.. 25.
Agrega el actor que en contra del principio constitucional de remuneración mínima vital y móvil. . El actor destaca que. Pero. prestaciones sociales. el actor comienza por destacar la oposición general que existe entre la Constitución y la ley acusada. 95 de 1949. contrario al principio de estabilidad en el empleo. ratificados todos por el Estado Colombiano. el artículo 28 de la reforma disminuye sustancialmente el valor de la indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa. 87 de 1948. convenciones colectivas o códigos de conducta. 111 de 1958 y 151 de 1978. Se busca así que las empresas o ramas de la producción puedan recuperar los mínimos legales perdidos con la reforma. Para sustentar sus cargos. este cuerpo normativo no respeta la garantía al descanso necesario pues los artículos 25 y 26 de la reforma amplían la jornada diurna hasta las 10 p. contrario a lo previsto por el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades.1930. Según su parecer. En cuanto a la igualdad frente a la ley e igualdad de oportunidades. el artículo 29 acusado rebaja y en algunos casos elimina la indemnización moratoria." sin salarios. la legislación del trabajo ha disminuido garantías en las normas de derecho laboral individual pero compensa con medidas tendientes a fortalecer la libertad sindical y. la Ley 789 de 2002 disminuye la protección en materia individual. Además. derecho de asociación sindical. especialmente. y en algunos casos superarlos mediante pactos. los derechos de negociación y contratación colectiva. Según su parecer. el mismo artículo 30 consagra una contraprestación económica por debajo del mínimo legal para el contrato de aprendizaje. ni en la exposición de motivos ni en el texto final de la ley se mencionan los principios constitucionales que deben guiar el Estatuto del Trabajo. el mismo artículo 28 crea una diferencia de trato entre quienes ganan más de diez salarios y quienes están por debajo de ese límite en lo referido al valor de la indemnización. disminuyen la remuneración de los dominicales y eliminan la compensación del descanso en los mismos cuando no son habituales. Anota el demandante que en países con un grado aceptable de equilibrio social. a las prestaciones y su pago oportuno. En segundo lugar. mientras la Constitución establece la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales y protección al salario. y no compensa en lo colectivo. según su parecer. ni derecho a contratación colectiva.. el artículo 30 estipula que el contrato de aprendizaje es "una forma especial dentro del derecho laboral.m.
Según su parecer. esa disposición pretende definir un sistema de protección social que garantice el derecho a la salud. también viola el artículo 362 superior. el demandante considera no sólo que las disposiciones acusadas son inconstitucionales sino además que el Congreso ha incurrido en una omisión legislativa inconstitucional pues. entidades territoriales. con la creación de un nuevo fondo nutrido con recursos del presupuesto nacional. 48.Debido a esta incompatibilidad entre la Ley 789 de 2002 y la Constitución. De otro lado. pues crea un nuevo fondo con recursos del presupuesto nacional de las entidades territoriales. el demandante procede a sustentar la inconstitucionalidad de las distintas disposiciones acusadas. No como lo establece el nuevo régimen. donaciones y rendimientos financieros como cuenta especial de la nación adscrita al Ministerio de Trabajo o a la entidad que haga sus veces. contrario a lo preceptuado por el artículo 53 superior. la garantía de condiciones mínimas de salud y pensiones debe obedecer a un fortalecimiento del sistema actual y fomentar el verdadero control de los recursos. que fundamentan sus pretensiones principales. con lo cual genera el desorden institucional. según su parecer. Esta situación. Luego de esas consideraciones generales. que estipula que los recursos de las entidades territoriales no podrán ser trasladados a la nación. Para el demandante. no ha expedido un estatuto del trabajo. la pensión y el trabajo. y deja en libertad al Gobierno para decidir cuáles son sus programas prioritarios. 48). Esa regulación. el demandante considera que esa norma desconoce que los recursos de las instituciones de seguridad social sólo se pueden destinar para los fines propios de ella (CP art. 53 y 362 de la Carta y el PIDESC porque erosiona radicalmente las condiciones de vida de los trabajadores colombianos. según su criterio. donaciones y rendimientos financieros como cuenta especial de la Nación adscrita al Ministerio de Trabajo o a la entidad que haga sus veces. que sea desarrollo de los principios constitucionales. ya que amplia la destinación de los recursos a la financiación de programas sociales del gobierno. que no están . desconoce el principio de que los recursos de las instituciones de seguridad social sólo se pueden destinar para fines propios de ésta. El actor argumenta entonces que el artículo 1º de la ley acusada desconoce los artículos 25. ya que dicho sistema está incorporado en el artículo 48 de la Carta Política y desarrollado en la Ley 100 de 1993.
la disminución en el porcentaje de pago de indemnizaciones a los trabajadores despedidos. la OIT y los tratados internacionales ratificados por Colombia. El actor considera que el artículo 25. Disminuyen los derechos de los trabajadores en contra del Estado Social de Derecho y de la especial protección que el Estado debe brindar a los trabajadores. En criterio del actor. ese artículo pretende que los trabajadores asuman los riesgos del sistema. lo cual deja abierta la posibilidad para que el empleador y el Estado determinen cuáles son los riesgos que debe asumir el trabajador. al reglamentar el trabajo dominical y festivo. Agrega el demandante que el parágrafo 2º del artículo 26 de la ley 789 de 2002. lo que convierte la fuerza de trabajo en una mercancía cada vez más barata. desconoce la remuneración a que tiene derecho el trabajador cuando habitualmente labora los días domingo. y convirtiendo en habitual lo excepcional. pues el día domingo universalmente está consagrado al descanso y a la integración familiar. entendiendo que están incorporadas dentro de la regulación de la jornada. por tener carácter subjetivo. la ley no mencionó las labores suplementarias y nocturnas. por las siguientes razones: 1. Y es que.delimitados. haciendo que prime la cantidad de domingos laborados sobre la habitualidad de los mismos. porque la jornada laboral establecida internacionalmente es de ocho horas. Lo anterior deja libre al gobierno para decidir cuáles son sus programas prioritarios. 2. Además. el numeral primero y los parágrafos 1º y 2º del artículo 26 de la ley 789 de 2002 desconocen los artículos 25. Además. las acreencias laborales no . lo cual lo perjudica. es un incentivo para que los empresarios actúen en contra de sus empleados y los despidan por un precio mas favorable. porque tiene que ceder sus garantías laborales para el beneficio de la economía nacional. forman parte del patrimonio y no pueden ser desconocidos por leyes posteriores. contrario a lo establecido por Constitución. pero en días de descanso obligatorio no desaparecen las razones superiores que imponen el recargo al trabajo suplementario y nocturno. señala el actor. 42 y 53 de la Carta y el Convenio 1º de 1919. por tanto este último no puede desaparecer. Para el demandante los artículos 28 y 29 de la ley 789 de 2002 desconocen los artículos 1. ya que los derechos laborales. 13 y 58 de la Carta Política. precisa el demandante.
pueden ser tratadas como deudas civiles y comerciales. según su parecer. El artículo 29 acusado. aumentando una pequeña cantidad al salario mínimo. una persona que no cumple con el parámetro del salario mínimo no tiene derecho a una indemnización justa. 2. 55 de la Carta. el actor argumenta que esa disposición desconoce el principio de negociación colectiva al pretender que los asuntos que conciernen al contrato de aprendizaje no sean materia de negociación. al desconocer el pago de la indemnización moratoria y establecer el pago de un interés bancario corriente. que es una de las funciones del Estado.T. puesto que el empleador puede burlar los derechos de los trabajadores. excluye del derecho a recibir una indemnización justa a las personas que devengan más de un salario mínimo. según su parecer. el salario mínimo vital y móvil debe ser pagado en cualquier relación laboral. 54. hace que el parámetro del salario mínimo sea arbitrario frente a los demás trabajadores. Considera además que el artículo 30 de la ley 789 de 2002 desconoce los artículos 13. En tercer término. por lo siguiente: De un lado. los Convenios 98 de 1949 y 151 de 1978 y el PIDESC. Según su criterio. y en consecuencia no es dable instituir desigualdades en materia salarial y prestacional. como ocurre con las disposiciones demandadas al suprimir el reconocimiento del interés moratorio por acreencias laborales. 3. el contrato de aprendizaje es una forma de relación laboral personal que conserva los elementos esenciales establecidos por la legislación laboral. Además. la deserción académica y la privatización del servicio de capacitación. ese "teritum comparationis". al contrario de lo que pretende el principio de igualdad. 53. Por ello. . El parágrafo 2º del artículo 29 demandado. y es por ello que al cambiar el salario por un incentivo. desmejorando las condiciones que la legislación laboral históricamente ha establecido como protección a la parte débil de la relación laboral (el empleado).S. desconociendo la aplicación de la indemnización contemplada en el artículo 65 C. que sirve para establecer cuando una diferencia es relevante. se está fomentando la desigualdad en las condiciones de los trabajadores. De otro lado. debe primar la realidad sobre las formalidades. facilita la burla de las obligaciones por parte del empleador.
Por tanto." El demandante alega que el artículo 51 de la ley 789 de 2002 desconoce el artículo 42 de la Carta porque convierte en permanente lo que era excepcional.En este punto. debe tenerse en cuenta que todo lo relacionado con contrato de trabajo y actividades dentro de las empresas es susceptible de negociación colectiva. El actor considera entonces que el artículo 30 implica una supresión de conquistas históricas de los trabajadores. en contravía de los fines esenciales del estado en cuanto a la protección del trabajo con el consecuente menoscabo de las condiciones de vida del trabajador aprendiz con relación a los demás trabajadores vulnerando el principio de igualdad y equidad contemplado en la legislación. la realidad nacional y las altas tasas de desempleo llevan a convertir el contrato laboral en un contrato de adhesión. que es inconstitucional. Según su criterio. . limitando la posibilidad de negociación del trabajador. según su parecer. si bien se podría alegar que la modificación de la jornada laboral es consensual. con el único criterio de protección a las necesidades de las empresas por encima de los derechos del trabajador.Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia.. el trabajador debe tener certeza de los horarios que puede dedicar a su familia y a sus actividades personales. para hacer efectivos los derechos a la unidad familiar y a la recreación. y proyectar que estos renuncien a las reivindicaciones sociales obtenidas por la clase trabajadora a lo largo de la historia. agrega el actor. Además. al establecerse la posibilidad de modificar la jornada diurna (sin derecho a recargo) el trabajador queda ligado a la voluntad del empleador. la posibilidad del empleador de modificar la jornada diurna niega al trabajador su derecho a disponer libremente de su tiempo. pues los contrario vulnera el artículo 55 de la Constitución y los convenios internacionales sobre negociación colectiva ratificados por Colombia. IV. como parte débil de la relación. de libre discusión. negándosele así el derecho a disponer libremente de su tiempo.INTERVENCIONES OFICIALES 1. es decir. quebranta la estabilidad laboral. Según sus palabras: "Desmejorar las garantías de los trabajadores. Para el actor.
que es el objeto primordial de la ley. que permita la competitividad en el campo productivo y en los mercados internacionales La interviniente considera que. el recargo por trabajo dominical o festivo. Agrega que la generación de empleo. contrario a lo expuesto por el actor. actuando como apoderada del Ministerio del Interior y de Justicia. Considera que las modificaciones a las jornadas laborales y los recargos buscan impulsar el crecimiento de la economía. en relación con el Estado Social de Derecho. al buscar incentivar la generación de nuevos puestos de trabajo. interviene para impugnar la demanda. sin desconocer en momento alguno los derechos de los trabajadores. la Ley 789 de 2002. Agrega que las normas de la ley 789 no se apartan del concepto de seguridad social consagrado en el artículo 48 de la norma superior.. entre otras. Según su parecer. interviene para defender la constitucionalidad de las disposiciones acusadas. 2. así como el derecho que tienen todos los ciudadanos. no es de la competencia del ejercicio del control constitucional. razón por la cual no es procedente. que garantice unos ingresos aceptables a los presentes y futuros . como se proyecta en la demanda. Según el interviniente. la norma acusada señala que el objeto fundamental en el área de las pensiones es crear un sistema viable. la indemnización por despido sin justa causa. con una mayor utilización de la capacidad industrial o de servicios. incluyendo a los empleadores. la comparación entre normas de igual jerarquía (ley 789 de 2002 y la ley 100 de 1993). a través de la implementación de medidas que modifican algunas instituciones tradicionales del régimen laboral colombiano .se adecua a las disposiciones constitucionales.La ciudadana Ana Lucía Gutiérrez Guingue. materializa el derecho que tiene toda persona a generar los ingresos necesarios para su subsistencia y la de su familia.Intervención del Ministerio de la Protección Social. realizar el análisis sobre la apreciación que hace el accionante en el sentido de señalar que la ley impugnada disminuye el concepto sobre seguridad social definido en la Ley 100 de 1993. en representación del Ministerio de la Protección Social. lo cual es plenamente consecuente con la noción de Estado Social de Derecho.como son la jornada máxima de trabajo diurno. El ciudadano Hernando Herrera Vergara. para que a través de un equilibrio en los derechos sociales se pueda buscar un desarrollo armónico.
para fines distintos a ella. especialmente de los más desprotegidos". Para el ciudadano no se trata en manera alguna de crear un sistema de seguridad social. Lo anterior no es atentatorio del derecho irrenunciable a la seguridad social. los programas están enfocados a permitir que los colombianos puedan acceder en condiciones de calidad y oportunidad. pues la circunstancia de que el legislador le dé un tratamiento diferente a la . Por ello concluye que la disposición demandada no se aplica a la hipótesis mencionada por el demandante. 179 CST) por parte del artículo 26 de la ley 789 de 2002. regido por los principios de eficiencia. los recursos de las instituciones de la seguridad social. en parte alguna está utilizando o destinando recursos de las instituciones de la seguridad social. lo que no riñe con los preceptos constitucionales. Para el interviniente. ni del concepto que sobre la misma establece la Carta (art. Así. Considera el ciudadano que las normas constitucionales no inhabilitan al legislador para que pueda regular lo relacionado con el establecimiento y la definición del trabajo ordinario y nocturno. ni los derechos al descanso. distinto al contemplado en la norma superior. 48 CP). la norma acusada. el mismo precepto señala que el objetivo de dicho fondo "será la financiación de programas sociales". al crear el fondo de protección social y señalar sus fuentes de financiación. sin que con ello se menoscabe los principios constitucionales de dignidad de los trabajadores. para fines distintos a ella. sin utilizar claro está. coordinación y control por parte del Estado. a los servicios básicos.pensionados y que. recreación y estudio. Según su parecer. precisamente para fijar las políticas de dirección. "orientado a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos. y bien puede el Gobierno definir los programas sociales que considere como prioritarios y aquellos que se estructuren para la obtención de la paz. universalidad y solidaridad. en salud. sino de desarrollar los principios de eficiencia. estos permanecen vigentes y no se alteran por la fijación establecida en la normatividad materia de examen constitucional. pues no resulta evidente que ella está determinando una destinación de los recursos de las instituciones de la seguridad social. para fines distintos a ella. Por el contrario. universalidad y solidaridad. tampoco se infringen los mandatos constitucionales con la subrogación que se hizo del artículo 29 de la ley 50 de 1990 (art. como lo permite el ordenamiento constitucional.
Agrega que la norma por medio de la cual se determinan unos porcentajes diferentes a los contenidos en las disposiciones anteriores en la eventual terminación del contrato de trabajo sin justa causa no contraría derechos adquiridos. A lo largo de todo el escrito. partiendo de la sentencia C-079 de 1999. por considerar como ocasional el trabajo realizado en domingo si se labora solamente dos domingos durante el mes calendario. tomando como fundamento para medición no solamente el tiempo de servicio sino también el monto de los salarios mínimos devengados. Agrega el interviniente que la materia de protección de la indemnización moratoria o salarios caídos. y habitual cuando el servicio se presta durante más de tres domingos en el mes calendario. El ciudadano anota que la norma bajo estudio regula la posibilidad de que el contrato de trabajo se pueda dar por terminado sin justa causa por parte del empleador.remuneración del trabajo en domingo y festivo. como consecuencia de la terminación unilateral del contrato de trabajo. y contempla una consecuencia patrimonial consistente en pagar al trabajador una indemnización. no riñe con las normas superiores. Además considera que es oportuno tener en cuenta que el legislador está habilitado plenamente para regular la medición y el señalamiento de la cuantía de la indemnización que se causa a favor del trabajador. esta reforma laboral tampoco atenta contra el derecho al descanso y la recreación del trabajador. De otro lado. tal y como lo señaló la sentencia C-1507 de 2000. el ciudadano considera que las apreciaciones formuladas por el demandante no constituyen un juicio de constitucionalidad susceptible de la comparación de la norma acusada con los preceptos constitucionales de orden superior. la pretensión de convertir el contrato de aprendizaje en contrato de trabajo ya fue materia de examen constitucional por parte de esa Corporación en la sentencia C-254/95. a que alude el demandante. pues son aplicables a situaciones no consumadas en el momento de entrada en vigencia de la ley 789 de 2002. sino la reparación patrimonial. posterior a la terminación del contrato en razón de la falta de pago por parte del empleador de los salarios y prestaciones debidas al trabajador. según su parecer. es decir a la terminación de los contratos de trabajo sin justa causa que se produzcan con posterioridad. Según su parecer. sin que con ello se vulneren los mandatos constitucionales. no es propiamente la estabilidad. y por consiguiente ellas no son del resorte del ejercicio del control de constitucionalidad por .
en su calidad de presidente de FENALCO. en su calidad de presidente de la ANDI. Y por ello concluye que la protección con una mayor retribución económica a los trabajadores de menores recursos es razonable y justificada. bajo ningún parámetro político. además de obedecer a la justicia social. esta ley sólo adecua la actividad . esta ley respeta el convenio de la OIT No. adaptándolas a las necesidades del momento en particular. FENALCO El ciudadano Sabas Pretelt de la Vega. defiende la constitucionalidad integral de la ley y en concreto de cada uno de los artículos acusados.Intervención de la Asociación Nacional de Industriales. con la expectativa de acceder a los beneficios de una norma sin tener en cuenta circunstancias de tiempo o de la vigencia de la ley. se opone a las pretensiones del actor. en cuanto a la jornada nocturna..parte de la Corte Constitucional quien no examina razones de conveniencia. la ley no modifica la jornada máxima legal. Así. pues ella continúa siendo de 48 horas semanales y 8 diarias. ANDI. en su criterio. 4 de 1919 que define noche como el intervalo que media entre las diez de la noche y las cinco de la mañana.Intervención de la Federación Nacional de Comerciantes. por cuanto considera que el Congreso puede modificar las condiciones laborales. En resumen. como lo pretende el actor. Así mismo. Además. para el ciudadano. social o económico con un trabajador que devenga 20 salarios mínimos mensuales. por tanto tampoco existe violación al Convenio I de la OIT. el interviniente considera que un trabajador que devenga un salario mínimo no es comparable. ya que él olvida que este concepto se establece en relaciones consolidadas y supuestos cumplidos en el momento en que encuentre vigente una norma y no. En cuanto a la diferencia en el monto de la indemnización teniendo en cuenta el salario.. V. 2. El ciudadano Luis Carlos Villegas Echeverri. en su criterio. El interviniente considera que ninguno de los mandatos constitucionales impide al legislador adecuar las normas laborales al modo de vida social contemporáneo. y por lo tanto es constitucional. se nota la confusión del actor en cuanto al concepto de derechos adquiridos. INTERVENCIONES CIUDADANAS 1.
Opina el interviniente que la relación de aprendizaje puede tener una regulación distinta a la relación laboral. chilena. española. Argentina y España.laboral a las costumbres de vida de la sociedad contemporánea. 3. Agrega que la jornada flexible habrá de ser el resultado de un acuerdo entre las partes. En cuanto al descanso. Nicaragua. considera el ciudadano que evidentemente se trata de una expresión del derecho a la igualdad. ya que no se trata de los mismos supuestos de hecho. Por otra parte. Sobre la jornada laboral flexible. tales como el salario mínimo. pues es el mismo lapso considerado para otras determinaciones en materia laboral. por tanto no sólo el domingo puede ser considerado como tal. con montos más favorables para los trabajadores de menores ingresos. El interviniente explica que esas normas . tal como ha sucedido en países como Chile. argumenta el interviniente. al incrementar significativamente la cuantía de la erogación al superarse los diez años de antigüedad. el interviniente considera que la consagración de altas tasas de indemnización se ha mostrado contraria a la protección que ésta pretende lograr. sin que ello contravenga la normatividad sobre el derecho al descanso. el personal que iba a cumplir ese período generalmente era despedido para evitar el eventual pago de la indemnización. no existe un día de descanso universal obligatorio. De otro lado. Respecto a las indemnizaciones por terminación unilateral del contrato sin justa causa. quien no tendría que cumplir un horario que muchas veces no obedece al trabajo efectivo. Recuerda el ciudadano que esta línea ha sido establecida en otras legislaciones como la peruana. Así. En cuanto a la consagración de una indemnización diferencial en función a la cuantía del salario. puertoriqueña. el actor confunde las meras expectativas con los derechos adquiridos en este punto. Intervención del ciudadano Manuel Arnulfo Ladino Romero El ciudadano Manuel Arnulfo Ladino Romero coadyuva la demanda pues considera que los artículos 25 y 26 acusados afectan ostensiblemente el ingreso de los trabajadores. pues las partes de la relación laboral pueden pactar otro. el Presidente de FENALCO anota que esta figura permite tanto al empresario como al trabajador el mejoramiento de la productividad para evitar el desperdicio de tiempo del trabajador. entre otras. según el interviniente. considera que es razonable que el referente para determinar la habitualidad del trabajo dominical sea mensual. explica que antes de esta reforma.
la población de más bajo nivel económico en las empresas colombianas. se deben liquidar intereses moratorios sobre los conceptos de salarios y prestaciones sociales debidos. previa corrección monetaria de éstos mediante el mecanismo de ajustes contables por inflación. Sin embargo. se debe analizar si las medidas tomadas por el legislador para permitir el acceso al empleo a la gran masa de desempleados que existen en nuestro país no atentan contra las garantías mínimas laborales contenidas en la Carta y en los Convenios y pactos internacionales incorporados en nuestra legislación. como la generación de empleo. en especial porque los más afectados son los que reciben el salario mínimo. Al revisar cada una de las reformas que introduce la ley 789 de 2002. 30 y 51 de la ley 789 de 2002. La Vista Fiscal solicita igualmente a la Corte que exhorte al Congreso de la República para que expida un estatuto del trabajo que tenga en cuenta los principios mínimos fundamentales en materia laboral que establece la Constitución. y constitucional el artículo 29 de ese mismo cuerpo normativo. en principio armoniza con lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta. pues estaba en el 100%. VI. aliviando la situación que viven los desempleados. Agrega el interviniente que nada indica que las fuentes de empleo aumenten disminuyendo las garantías laborales. la exposición de motivos al proyecto de Ley 57 de 2002 Senado planteó como uno de los objetivos primordiales la recuperación de espacios para el empleo digno. Además considera que no puede concebirse una política laboral que para lograr metas. sacrifique únicamente los intereses de los trabajadores. El Procurador General de la Nación. según su parecer. solicita a la Corte declarar inexequibles los artículos 25. Edgardo José Maya Villazón. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. objetivo que. recibido el 27 de agosto de 2003. 28. exequible el artículo 1º de esa misma ley. Para el Ministerio Público. dejándolo en 75%.disminuyen el valor del recargo dominical y festivo. 3330. desde el primer día de retardo hasta cuando efectivamente se realice el pago de lo que se debe. únicamente por los cargos analizados. lo cual significa que la fuerza laboral dominical o en día festivo perdió valor en 125%. 26. la Vista Fiscal observa que aun cuando las mismas pretenden lograr que los desempleados dejen de serlo y que tengan acceso a la seguridad . y bajo el entendido que a partir del mes veinticinco (25) y hasta cuando efectivamente se pague lo adeudado. en concepto No.
En su criterio. ni desconociendo los derechos mínimos de los trabajadores. la aplicación del bloque de constitucionalidad le impone al legislador que su actividad. en lugar de expedir el Estatuto del Trabajo. que tenga en cuenta los principios . el Procurador solicita a la Corte que inste al Congreso para que expida un estatuto del trabajo. Anota el Procurador que resulta paradójico que el legislador. sin tener en cuenta los principios laborales. según su parecer. que ni siquiera alcanzan a ser los mínimos contenidos en los instrumentos internacionales y en el artículo 53 de la Carta. bajo el pretexto de promover la "empleabilidad" y permitir el acceso de los desempleados al sistema de protección social. solidaridad y el derecho a competirdifieren sustancialmente de los principios mencionados en el artículo 53 de la Carta. y del pago triple de los dominicales y festivos. lo cual obviamente prohibe la regresividad. su calidad de vida disminuye por el desconocimiento de derechos mínimos a través de medidas como la supresión de las horas extras. el legislador. tratándose de la regulación de derechos económicos sociales y culturales se encamine a lograr la progresividad de dichos derechos. Para el Ministerio Público. Es claro que los principios que inspiran la reforma contenida en la mencionada ley . que por ser el producto de las luchas sindicales han sido reconocidos internacionalmente a través de los diversos instrumentos ratificados por Colombia. no le es posible al legislador desmejorar las condiciones laborales de los trabajadores. lo que ha hecho mediante la ley 789 de 2002 es realizar una reforma parcial a la legislación laboral. Así. pues sólo se justificó con la necesidad de promover la empleabilidad. La empleabilidad. Por tanto. ni tampoco brindándole a los actuales empleados sólo una ínfima parte de sus derechos. del recargo nocturno. En el caso de la ley 789 de 2002. Ante la existencia de una omisión legislativa absoluta. disminuya drásticamente los derechos mínimos fundamentales de quienes se encuentran empleados. salvo que dichas medidas se justifiquen plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el PIDESC y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de recursos de que se dispone.cooperación.social. según su parecer. no se puede promover desmejorando a la fuerza laboral que en la actualidad se encuentra empleada. dicha justificación no se dio. las medidas tomadas van en detrimento de los derechos mínimos fundamentales de quienes se encuentran empleados. La Vista Fiscal precisa entonces que no es con el empobrecimiento de los trabajadores que se logra garantizar el trabajo en condiciones dignas y justas como lo manda la Constitución.
si lo hace de manera indirecta. nada impide al legislador regular este derecho de manera amplia como se hace en la norma acusada.). la Vista Fiscal estima que existe una diferencia sustancial entre el sistema previsto en la norma acusada y el contenido en la ley 100 de 1993. Así. vulnerando el artículo 53 de la Carta Política y los instrumentos internacionales antes citados que hacen parte del bloque de constitucionalidad. De otro lado. En cuanto a los problemas de la seguridad social. Tampoco acierta el actor cuando afirma que la norma acusada desconoce lo previsto en el artículo 362 de la Carta. de manera directa no extiende la jornada máxima legal ordinaria. Anota el Procurador que aunque la norma acusada. Además. Ello no riñe con lo previsto en el artículo 48 de la Carta. como equivocadamente lo afirma el demandante.m. sino además pretendiendo crear las condiciones para garantizar el derecho al trabajo. dado el carácter pluricomprensivo del sistema de seguridad social integral de que trata el artículo 1° acusado. pues al prescribir que el trabajo nocturno es el que se realiza entre las 22 horas (10:00 p. no es cierto que el abaratamiento del valor del trabajo produzca automáticamente la producción de nuevos empleos. pues en manera alguna la norma acusada está trasladando a la Nación los recursos de las entidades territoriales. cobijando no sólo lo relacionado con la seguridad social en salud y con la cobertura de las prestaciones económicas.mínimos fundamentales que en materia laboral se han reconocidos internacionalmente.00 a. al denominar trabajo diurno el realizado hasta las diez de la noche. Según su parecer. sin que reconozcan ningún tipo de recargo por el trabajo suplementario y por el trabajo nocturno. esta disposición no establece que el Fondo se financiará con los recursos de las instituciones de la seguridad social. está propiciando que los empleadores utilicen la mano de obra por un tiempo mayor al de ocho (8) horas diarias. en criterio del Ministerio Público. la realidad es que la disposición acusada está eliminando el derecho a percibir el recargo correspondiente cuando se realizan labores después de las seis de la tarde y hasta las diez de la noche. Lo que hace el legislador es precisamente extender en términos reales la jornada máxima legal ordinaria y eliminar los recargos por trabajo suplementario y nocturno. resulta imposible . pues aun cuando esta disposición constitucional consagra el derecho a la seguridad social y dicho derecho fue desarrollado en la Ley 100 de 1993. según su parecer.m.) y las seis horas (6.
así como a las directrices del Comité de Derechos Económicos. cada día son más las empresas que se someten a procesos de liquidación. vulnerando el artículo 53 de la Carta Política y los instrumentos internacionales antes citados que hacen parte del bloque de constitucionalidad.1. reconociera los respectivos recargos por el trabajo nocturno. del PIDESC. Sociales y Culturales contenidas en la Observación General No. máxime cuando el desempleo no es causado por el costo de la mano de obra sino por otra serie de factores ligados al manejo de la economía". efectúa una reforma regresiva en materia laboral que reduce los derechos vigentes y. Por el contrario. Lo que hace el legislador es precisamente extender en términos reales la jornada máxima legal ordinaria y eliminar los recargos por trabajo suplementario y nocturno. La norma se ajustaría a la Carta Política y a los instrumentos internacionales se prescriben expresamente que las jornadas allí descritas se deben realizar en turnos de ocho horas diarias o. que prescribe que cualquier medida deliberadamente regresiva respecto de los derechos vigentes. Dice al respecto el Procurador: "No es cierto que el abaratamiento del valor del trabajo produzca automáticamente la producción de nuevos empleos." Para la Vista Fiscal. 3 punto 9. y considera como ocasional lo que es habitual. es contraria a los instrumentos internacionales. cuando el artículo 26 disminuye el porcentaje del recargo por el trabajo en domingo y festivo. Pero. y en especial al contenido del artículo 2. pues cómo generarlos si la demanda se encuentra deprimida por la reducción en la capacidad adquisitiva y el sector real de la economía se no ha reactivado.generarlos si la demanda se encuentra deprimida por la reducción en la capacidad adquisitiva y el sector real de la economía no se ha reactivado. por ende. . requerirá la más cuidadosa consideración y deberá ser justificada plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se dispone. el legislador no "justificó la regresividad de la medida a la luz de los derechos previstos en el PIDESC. explica el Procurador. en su defecto. pues se reitera que el argumento de promover la empleabilidad no es suficiente para que el legislativo adopte medidas regresivas en materia laboral. a la vez. si reconociera los recargos por trabajo suplementario y.
y como dicha reducción en las indemnizaciones lejos de proporcionar estabilidad facilita los despidos con una indemnización menor. La Corte remite entonces al resumen de ese concepto de la Vista Fiscal. como es la remuneración del servicio. que fue incorporado en la sentencia C-781 de 2003. resulta evidente que la medida regresiva tomada por la norma acusada tampoco está plenamente justificada a la luz de los derechos contenidos en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos.Para la Vista Fiscal. Dice entonces el Ministerio Público: "Como lo dispuesto en el artículo 28 acusado reduce sustancialmente el monto de las indemnizaciones que el empleador debe al trabajador por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. razón por la que debe declararse inexequible". y bajo el entendido que a partir del mes de veinticinco (25) y hasta cuando efectivamente se pague lo adeudado. previa corrección monetaria de éstos mediante el mecanismo de ajustes contables por inflación desde el primer día de retardo hasta cuando efectivamente se realice el pago de lo que se debe. reitera su concepto y solicita a la Corte la exequibilidad de los incisos primeros y segundo y del parágrafo 2 del artículo 29 de la ley 789 de 2002. pues al no existir uno de los elementos básicos de la relación laboral. es evidente que la medida es regresiva y no está plenamente justificada. Según su parecer. considera el Ministerio Público que la norma acusada le da un carácter no laboral a la prestación del servicio. y que dicha reducción en las indemnizaciones facilita los despidos con una indemnización menor. se deben liquidar intereses moratorios sobre los conceptos de salarios y prestaciones sociales debidos. únicamente por los cargos analizados. En cuanto a la regulación del contrato de aprendizaje. en la que se precisó que la reforma efectuada a través de la ley 50 de 1990 lejos de garantizar la estabilidad laboral ha permitido que los trabajadores que se encontraban en el noveno año de labores sean despedidos. por lo que es inconstitucional. que corresponde al citado expediente D-4502. tal como se demuestra con lo expresado en la ponencia minoritaria. Sociales y Culturales. El Procurador anota que ya que se trata de los mismos cargos formulados en contra del artículo 29 de la ley 789 de 2002 dentro del expediente D-4502. sino un . es claro también que el artículo 28 acusado reduce sustancialmente el monto de las indemnizaciones que el empleador debe al trabajador por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa.
Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución. 1. MP Jaime Córdoba Triviño.Con posterioridad a la admisión de la demanda. en cuanto los Estados partes se comprometen a adoptar medidas progresivas para hacer efectivo el derecho a la orientación vocacional y el desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional. Así. ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de normas que hacen parte de una Ley de la República. la sentencia C-781 de 2003. MP Clara Inés Vargas Hernández. Sociales y Culturales. Por ello considera que esta reforma también es regresiva. permite que las condiciones de la relación laboral no se sujeten a los mínimos fundamentales que rigen en materia laboral. Un asunto procesal previo: examen de posibles cosas juzgadas frente a las disposiciones demandadas. declaró la exequibilidad del artículo 51 de ese mismo cuerpo normativo. en cuanto éste garantiza el derecho a la capacitación y los artículos 1 y 6 numeral 2º del protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos. la sentencia C-658 de 2003. estudió la constitucionalidad de ciertos apartes del artículo 29 de la Ley 789 de 2003. y al darle unas características distintas a la relación de aprendizaje. declaró la constitucionalidad de la totalidad de la Ley 789 de 2003. el Procurador precisa que no por el hecho de denominar de una manera distinta al salario.CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS Competencia. pues al establecer que el contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del derecho laboral. la sentencia C-801 de 2003. se desmejora sustancialmente las condiciones en que se desarrollaba este tipo de relación laboral. VII. Por su parte. que no es otra que remunerar la fuerza de trabajo y ésta es la que pone también el aprendiz.apoyo de sostenimiento mensual. Debe pues la Corte comenzar por examinar si existe o . desconociendo así lo normado en los artículos 53 de la Carta. MP Alfredo Beltrán Sierra. esta Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de varias de las disposiciones acusadas. la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de los distintos artículos acusados de la Ley 789 de 2002. 2. Sin embargo. éste pierde su naturaleza. Finalmente.
En cambio. por lo que esa sentencia no implica ninguna cosa juzgada que impida el estudio de fondo de la presente demanda. Ahora bien." Nótese que esa parte resolutiva no establece que las decisiones de exequibilidad hayan sido pronunciadas únicamente en relación a los cargos analizados.La sentencia C-658 de 2003 restringió la declaratoria de constitucionalidad de la Ley 789 de 2002 al hecho de que no existió el vicio de procedimiento alegado en la demanda. que también fueron acusadas en la presente oportunidad.Por el contrario.Declarar EXEQUIBLE. la presente demanda ataca esa norma por razones materiales. 5. La referencia que esa parte resolutiva hace a que el inciso primero y el parágrafo del artículo 29 de la Ley 789 de 2003 son declarados exequibles "en lo acusado" no pretende limitar el alcance de la cosa . 4.no cosa juzgada frente a esas disposiciones. el parágrafo segundo del artículo 29 de la Ley 789 de 2003. vulnera los derechos a la unidad familiar y a la recreación del trabajador. pues la parte resolutiva dice expresamente: "Primero. en esa oportunidad el ataque contra esa disposición fue exclusivamente por vicios de procedimiento. en lo acusado. pues son todos de orden material. pues declaró exequible el artículo 51 de la Ley 789 de 2002.Por su parte. que se declara INEXEQUIBLE. 3. Segundo. que establece la jornada laboral flexible. pues el actor consideraba que ese artículo no había sido considerado ni aprobado en el primer debate en las comisiones permanentes. salvo la expresión "o si presentara la demanda. la sentencia C-781 de 2003 no limitó el alcance de la cosa juzgada. por lo que no existe cosa juzgada. ya que le niega la posibilidad de disponer libremente de su tiempo. lo cual indica que la cosa juzgada es absoluta. Declarar EXEQUIBLE. pues "no se vulneraron los términos establecidos en el artículo 160 de la Constitución". pero "por los cargos analizados".. y la Corte analizará la constitucionalidad material de esa disposición. pues aduce que esa disposición. no ha habido pronunciamiento judicial". Ahora bien. en lo acusado. la sentencia C-801 de 2003 también limitó el alcance de la cosa juzgada. Los cargos son entonces distintos. los cargos formulados en esta oportunidad son diversos. el inciso primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2003.
La sentencia C-781 de 2003 y el examen de constitucionalidad de los cargos contra el artículo 29 de la Ley 789 de 2003 6. del numeral primero sólo fue acusado el primer párrafo. Conviene aclarar que la parte resolutiva habla de los apartes acusados del "inciso primero". sino que simplemente recuerda que el numeral primero y el parágrafo de ese artículo 29 fueron demandados parcialmente en esa oportunidad." Por consiguiente. y la Corte se estará a lo resuelto en esa providencia. pues ese artículo regula aspectos distintos. se negó explícitamente a realizar la unidad normativa. esta Corporación consideró pertinente examinar la solicitud del Ministerio Público. pues la decisión de exequibilidad que se iba a tomar "podría implicar que el anterior cuestionamiento no pudiera ser considerado nuevamente por esta Corporación en razón del carácter de cosa juzgada que acompaña sus pronunciamientos (art. como se desprende del análisis de esa misma sentencia. mientras que del parágrafo segundo se acusó la expresión "solo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente". la sentencia C-781 de 2003 expresamente negó la posibilidad de realizar la unidad normativa solicitada por la Vista Fiscal. 243 de la CP). existe cosa juzgada absoluta. y los . Y es indudable que no procedía efectuar dicha unidad normativa. la Corte. Así. esto es. pero debe entenderse. que es absoluta. para despejar cualquier duda sobre el carácter absoluto de la cosa juzgada derivada de esa sentencia. pero no el segundo. En todo caso. en relación con los apartes del ordinal primero y el parágrafo del artículo 29 de la Ley 789 de 2003 que fueron estudiados en la sentencia C-781 de 2003. en el fundamento 2º de esa sentencia. basta recordar que el fundamento 8 de esa providencia estudió una solicitud de constitucionalidad condicionada planteada por la Vista Fiscal.Como ya se explicó. y no únicamente los segmentos acusados en esa oportunidad. entonces la decisión de exequibilidad recayó únicamente sobre los "segmentos normativos" acusados del numeral primero y del parágrafo primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2003. quien consideraba que la Corte debía haber examinado la totalidad del artículo 29 de la Ley 789 de 2003. que la cosa juzgada recae sobre los segmentos demandados del numeral primero.juzgada. Aunque la Corte reconoció que esa petición no guardaba relación alguna con los cargos de la demanda. sobre todo el primer párrafo de ese numeral. Ahora bien.
menos favorable. Ahora bien. desde el punto de vista económico. la citada sentencia C-781 de 2003 no sólo analizó específicamente esos cargos sino que además es claro que esas acusaciones se dirigen contra el primer párrafo del ordinal primero de ese artículo. es entonces suficiente para declarar la constitucionalidad de los otros apartes del parágrafo 2 demandados en esta oportunidad. ese artículo favorece la burla de las obligaciones por parte del empleador. pues ese parágrafo simplemente regula esa diferencia de trato. la Corte considera que las consideraciones desarrolladas en esa sentencia son suficientes para desestimar las acusaciones formuladas por la presente demanda contra ese artículo 29 de la Ley 789 de 2003. 7. que concluyó que el "trato diferente establecido en el parágrafo 2° de la Ley 789 de 2002. los cargos esenciales de la presente demanda contra los otros apartes de ese artículo 29 son que esa disposición desconoce derechos adquiridos. para aquellos que perciban más de esa remuneración. Con todo. por lo que la Corte comienza por examinar la constitucionalidad de esa disposición.cargos del actor estaban dirigidos concretamente contra los apartes señalados en la demanda. Esta conclusión. en la medida en que disminuye la protección de los trabajadores por falta de pago. Ahora bien. De esa manera.El actor considera que el parágrafo 2° de ese artículo es discriminatorio pues establece un régimen de indemnización por falta de pago para los trabajadores que devenguen hasta un salario mínimo mensual vigente. al sustituir el pago de la indemnización moratoria de "salarios caídos" por un simple pago de un interés bancario corriente. ampliamente sustentada por la sentencia C-781 de 2003. ese cargo fue específicamente estudiado y desechado por la sentencia C-781 de 2003. está fundado en una justificación objetiva y razonable. que es el que regula específicamente ese cambio de régimen de indemnización por falta de pago. además. y otro distinto. La Corte declarará entonces la constitucionalidad de aquellos apartes de ese parágrafo que no fueron expresamente declarados exequibles por la pluricitada sentencia C-781 de 2003. en favor de quienes perciben hasta un salario mínimo mensual vigente. ya que tal medida tiene por finalidad proteger a dichos trabajadores por tratarse de personas que. se encuentran en una situación de vulnerabilidad manifiesta que las coloca en inferioridad de condiciones en relación con el resto de los trabajadores que reciben una asignación salarial superior". según su parecer.De otro lado. 8. Pero ese párrafo está amparado por la cosa juzgada .
pues ya fue declarado exequible por la sentencia C-781 de 2003. La Corte concluye entonces que frente a esos apartes normativos. por lo que se inhibirá de conocerlos. lo cual vulnera el derecho al trabajo. ese cargo se dirige contra el artículo 25. el artículo 28 que reduce la indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa.. pues considera que los artículos demandados implican un retroceso en la protección del derecho al trabajo. Así. lo cual vulnera el principio de progresividad en materia de derechos sociales. 9. que establece que los intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero. y el artículo 30 que modifica la naturaleza del contrato de aprendizaje. El Procurador comparte las acusaciones.m. el demandante no señala ninguna razón de inconstitucionalidad del segundo párrafo del ordinal primero. En especial. que amplía la jornada ordinaria o diurna hasta las 10 p.absoluta. el artículo 26 que modifica la remuneración de los dominicales y la compensación del descanso en los mismos cuando no son habituales. pues esta Corporación ha señalado insistentemente que "la falta de concreción del cargo impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad" y que "la ausencia de un requisito sustancial como el concepto de la violación. Por ende. El asunto esencial bajo revisión. no procede un nuevo examen de ese párrafo. puesto que frente a las leyes. . no puede ser suplida oficiosamente por la Corte". que regulan aspectos distintos a las características y montos de la indemnización por falta de pago. El actor cuestiona varias disposiciones de la Ley 789 de 2002 esencialmente porque considera que éstas disminuyen garantías laborales y desconocen entonces conquistas históricas de los trabajadores. pero que no existen realmente cargos concretos de constitucionalidad concretos contra el resto del artículo. no existe cargo constitucional.El anterior examen de los cargos del actor contra el artículo 29 muestra entonces que sus acusaciones estaban dirigidas exclusivamente contra el primer párrafo del numeral primero y el segundo parágrafo. 10. Tampoco encuentra la Corte acusaciones específicas contra el numeral 2° ni contra el parágrafo 1°. la función de esta Corporación no es revisarlas oficiosamente sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos2.
los intervinientes argumentan que las normas demandadas se ajustan a la Carta. y plantean entonces discusiones constitucionales distintas. 25 y 53). Ahora bien. lo cual la llevará a distinguir entre el desconocimiento de derechos adquiridos y los retrocesos en la protección de los derechos sociales constitucionales. temas que son semejantes pero diversos. puesto que consagran regulaciones menos favorables a los trabajadores que las que fueron subrogadas. quienes únicamente tenían la expectativa de recibir los beneficios de las disposiciones que fueron modificadas. pues no afecta derechos adquiridos ni situaciones consolidadas.Como vemos. Según su parecer. en gran medida. sostienen que incluso si dicho retroceso existiera. Por consiguiente. y tiene una finalidad legítima. según su parecer. 11.Por el contrario. aunque esas disposiciones reducen ciertas regulaciones favorables a los trabajadores. mientras que los intervinientes. como es promover el empleo. el argumento de la demanda y de la Vista Fiscal es que dichas disposiciones implican un retroceso en la protección del derecho al trabajo. como la que vive actualmente Colombia. Ese estudio permitirá posteriormente abordar el análisis específico de las disposiciones acusadas. no por ello violan el derecho el trabajo. que defienden la constitucionalidad de esas normas. Además. como se ha visto. estaría justificado. en especial en los Convenios de la OIT. y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos. . puesto que precisamente buscan promover la creación de puestos de trabajo. la presente demanda remite a un debate teórico más general. y es el siguiente: ¿hasta qué punto es constitucionalmente legítimo reducir ciertas garantías de los trabajadores reconocidas por el ordenamiento con el fin de promover el empleo de quienes carecen de trabajo? La Corte comenzará pues por examinar ese tema más general. en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (de ahora en adelante PIDESC). en una situación de aguda crisis económica y de profundo desempleo. Sociales y Culturales (de ahora en adelante Protocolo de San Salvador). el problema fundamental que plantea la presente demanda es esencialmente si esas disposiciones acusadas desconocen el derecho al trabajo y los principios fundamentales laborales establecidos en la Constitución y en los tratados de derechos humanos (CP arts 1°. no existe ninguna violación a derechos adquiridos. pues las normas acusadas no desconocen situaciones jurídicas consolidadas en favor de los trabajadores.
el artículo 26 reduce de 100% a 75% el recargo por trabajo en festivos y dominicales.Derechos adquiridos. en la medida en que implican ya sea una menor remuneración por el mismo trabajo. al conferir un carácter especial no propiamente laboral al contrato de aprendizaje. 93)3. Y es en este punto en donde las posiciones de los participantes en este proceso constitucional divergen notablemente. para el actor. y conforme a los cuales deben ser interpretados los derechos constitucionales (CP art. permite. para efectos de eventuales descansos compensatorios. que la remuneración sea menor al salario mínimo. o que obtengan empleos. El artículo 25 amplía la jornada diurna. Por su parte. La pregunta que surge es si esa constatación del carácter menos favorable de esas regulaciones implica o no su inconstitucionalidad. 12. 26. las personas que laboran entre las 6 PM y las 10 PM no tendrán derecho al recargo por trabajo nocturno de que gozarían con base en la regulación derogada. lo cual facilita el despido de esos trabajadores. o una menor protección a la estabilidad en el empleo. la Corte comparte con todos los intervinientes en este proceso la conclusión de que las regulaciones impugnadas son menos favorables a los trabajadores empleados. y modifica la forma de entender qué es trabajo ocasional y habitual. mientras que la regulación precedente señalaba que ésta iba únicamente hasta las 6 PM. en la medida en que lo hace menos costoso para el empresario. que aquellas que fueron subrogadas. entre otras cosas. 28 y 30 de la Ley 789 de 2002 como por aquellos intervinientes que defienden su constitucionalidad es que esas disposiciones establecen regulaciones menos favorables a los trabajadores que las existentes anteriormente. Y efectivamente parece ser así. tal y como lo exigen la Carta (CP arts 25 y 53) y los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. llamada también ordinaria. sin lugar a dudas la mayor remuneración y la mayor protección a la estabilidad son dos elementos esenciales que contribuyen a que las condiciones de trabajo sean justas. Esto significa que debido a esta reforma. Este análisis elemental muestra que las normas acusadas representan una modificación del alcance de la garantía de las personas empleadas. hasta las 10 PM. Así. El artículo 28 reduce las indemnizaciones establecidas para los contratos a término indefinido.Un punto aparentemente compartido tanto por quienes cuestionan la constitucionalidad de los artículos 25. el artículo 30. meras expectativas y la posibilidad de nuevas regulaciones menos favorables al trabajador. equitativas y satisfactorias. Ahora bien. Por consiguiente. el Procurador y uno de los . Finalmente.
por lo cual el Legislador tenía la plena libertad de modificar las regulaciones laborales. por ende. si la normatividad modificada hubiera permanecido inalterada4. los derechos adquiridos gozan de protección constitucional.A pesar de alguna diversidad de enfoques teóricos y metodológicos. Y como las leyes se estructuran en general como una relación entre un supuesto fáctico al cual se atribuyen unos efectos jurídicos. ya que desconocen conquistas históricas de los trabajadores. tanto la de la Corte Suprema de Justicia al amparo de la anterior Constitución5. ha dicho al respecto esta Corte: "El derecho adquirido es aquel que se entiende incorporado al patrimonio de la persona. como la de esta Corte Constitucional6. En cambio. siempre y cuando respetara los principios mínimos del derecho del trabajo establecidos por la Carta. esas innovaciones son legítimas pues no afectan derechos adquiridos. 13. para que el derecho se perfeccione resulta necesario que se hayan verificado todas las circunstancias idóneas para adquirir el derecho. y no pueden ser desconocidos por las leyes ulteriores. Y la razón de ese esfuerzo es clara: conforme al artículo 58 de la Carta. la jurisprudencia constitucional colombiana. según la ley que lo confiere. para otros intervinientes. Así. Esto significa que la ley anterior en cierta medida ha proyectado sus efectos en relación con la situación concreta de quien alega el derecho. como efectivamente lo hizo. aunque éstas impliquen erosionar las probabilidades o esperanzas que alguna persona tenía de obtener algún día un derecho. por cuanto vulneran derechos adquiridos o implican retrocesos inadmisibles en la protección del derecho al trabajo. no puede ser afectado por leyes posteriores. ese hecho implica la inexequibilidad de las disposiciones acusadas. por cuanto se ha perfeccionado durante la vigencia de una ley. En ese orden de ideas. Entra pues la Corte a examinar esos argumentos. Esto significa que. la ley no puede desconocer situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia de una regulación anterior.intervinientes. han señalado los elementos básicos que permiten delimitar cuando una persona realmente ha adquirido un derecho y éste. un criterio esencial para determinar si estamos o no en presencia de un derecho adquirido consiste en analizar . pero en cambio puede modificar regulaciones abstractas.La doctrina jurídica y la jurisprudencia de esta Corte se han esforzado por distinguir rigurosamente entre los derechos adquiridos y las meras expectativas. mientras que las meras expectativas no gozan de esa protección (CP art. 14. 58). como esta Corte lo ha indicado reiteradamente.
en principio la ley no puede afectar una situación jurídica concreta y consolidada. que es en nuestro ordenamiento no sólo un derecho fundamental sino además un principio y valor fundante del Estado (CP Preámbulo y art 1º). sin que una persona pueda oponerse a ese cambio. Y es que si se admitiera que una mera expectativa pudiera impedir el cambio legislativo. 25 y 53). La Corte rechazó la tesis del actor. en el artículo 53 superior. se repite. 15. eso no implicaba que las nuevas regulaciones debían amparar las expectativas de los trabajadores . aduciendo que la nueva regulación le es menos favorable y le frustra su posibilidad de adquirir un derecho. Una modificación de esa situación está en principio prohibida por desconocer derechos adquiridos (CP art 58). pues. incluso si las nuevas regulaciones resultan menos favorables a los trabajadores. por haberse cumplido todos los supuestos previstos por la norma abstracta para el nacimiento del derecho. aun cuando su titular no hubiera todavía ejercido ese derecho al entrar en vigor la nueva regulación. la ley puede modificar las regulaciones abstractas. y por ende desconocían la protección de la "condición más beneficiosa" al trabajador prevista. que ha permitido que un derecho ingrese al patrimonio de una persona. "sin que en manera alguna pueda afirmarse que por esta sola circunstancia haya violado derechos adquiridos. a pesar de que la Constitución protege especialmente al trabajo (CP arts 1. En este caso. que la ley puede modificar. MP Carlos Gaviria Díaz. pues frente a cada nueva regulación.Esta Corte ha igualmente señalado que.7" Conforme a lo anterior.si al entrar en vigencia la nueva regulación. llegaríamos prácticamente a la petrificación del ordenamiento. la sentencia C-168 de 1995. ya se habían cumplido o no todos los supuestos fácticos previstos por la norma anterior para conferir el derecho. que establecían el régimen de transición en materia pensional. si aún no se han cumplido todos los supuestos fácticos que la regulación modificada preveía para el nacimiento del derecho. analizó una demanda dirigida contra las normas de la Ley 100 de 1993. pues el actor consideraba que éstas era menos favorables que las regulaciones anteriores. la ley rige hacia el futuro y nadie tiene derecho a una eterna reglamentación de sus eventuales derechos y obligaciones"8. y explicó que aunque las leyes laborales y pensionales debían respetar los derechos adquiridos de los trabajadores. según su parecer. alguna persona podría objetar que la anterior normatividad le era más favorable y no podía entonces ser suprimida. las meras expectativas no representan una barrera contra los cambios legislativos en materia laboral. Así. la persona tiene una mera expectativa. Pero en cambio.
sin éxito. que las hipótesis en ellos establecidas han de tenerse por inmodificables aun cuando su realización penda todavía de un hecho futuro de cuyo advenimiento no se tiene certeza. incluso si la nueva regulación resulta menos favorable al trabajador. donde ha sido rechazada no sólo por consideraciones de orden jurídico sino también por poderosas razones de orden social y económico.9" La Corte explicó entonces que el principio de favorabilidad en materia laboral previsto por el artículo 53 superior no impide la modificación de la normatividad existente. Monografías. entre muchas susceptibles de análisis. en caso de duda. Dijo entonces esta Corporación: "La pretensión del actor equivale a asumir que los supuestos de eficacia diferida condicional. Edt. por ende. . Aludiendo a una sola de éstas. pues hace referencia al deber de los operadores jurídicos de aplicar. ha tratado de abrirse paso en países como España y Alemania. es posible la creación y puesta a punto de instituciones de carácter social que luego. que en defensa del interés social o general debe prevalecer sobre el particular. De aplicarse el criterio del actor. la fuente formal de derecho vigente más favorable al trabajador. conforme a un determinado régimen que le era más favorable. en atención al dinamismo de las relaciones laborales y las políticas sociales y económicas. con presupuestos estatales limitados por la misma. Cívitas. De ahí que aparezca muy problemática la afirmación de la exigencia constitucional del mantenimiento de prestaciones otorgadas bajo una coyuntura diferente" (Estado Social y Administración Pública. es decir. a pesar de los grandes cambios que en esta materia es necesario introducir. Es la llamada teoría de la irreversibilidad que. resultan de difícil mantenimiento.a que sus derechos se consolidaran. se llegaría al absurdo de que las normas laborales se volverían inmodificables y toda la legislación laboral estática. ya que este principio tiene otro sentido. y las cuales finalmente redundan en el mejoramiento de la clase trabajadora. o la interpretación de esas fuentes que le sea más favorable (in dubio pro operario). dice Luciano Parejo Alfonso: "En épocas de desarrollo y crecimiento de la economía. 1983). en épocas de crisis económica. deben tratarse como supuestos de eficacia inmediata y. con presupuestos estatales bien nutridos. aquellos que sólo generan consecuencias jurídicas cuando la hipótesis en ellos contemplada tiene realización cabal.
rechazó el cargo y reiteró que el Legislador podía introducir requisitos más estrictos para acceder a la pensión. MP Vladimiro Naranjo Mesa. al legislador le es permitido definir libremente los requisitos para acceder a un derecho-prestación de contenido económico-social. como se dice en la jurisprudencia transcrita. y que una de ellas es más favorable que la otra. La violación del principio de favorabilidad laboral que se plantea en la demanda. Así. pero que al momento de entrar en vigencia la nueva ley ya no lo estaban. Los actores consideraban que esa regulación era discriminatoria y desconocía el principio de favorabilidad en materia laboral.16. por lo cual carece de fundamento. no podrán. pensionarse de conformidad con tales requisitos. el Congreso puede establecer nuevas regulaciones menos favorables el trabajador. Por su parte. Olvidan que el principio de favorabilidad. pues el Legislador "no está . en consecuencia.5 de esa sentencia: "Los demandantes consideran violado el principio de favorabilidad simplemente porque ciertos regímenes pensionales anteriores al vigente. reiteró que incluso en materia laboral. la sentencia C-596 de 1997. la sentencia C-789 de 2002. luego de recordar la distinción entre derechos adquiridos y meras expectativas. y más favorables para el trabajador. Pero ambas normas deben estar vigentes en el momento en que el juez que analiza el caso particular va a decidir cual es la pertinente. Dijo entonces la consideración 4. por cuanto éste no implica una petrificación de las regulaciones existentes. fueron derogados.La anterior doctrina ha sido reiterada en decisiones ulteriores. y siempre y cuando no afecte derechos adquiridos. La Corte. circunstancia esta que es la que el libelo demandatorio estima lesiva del principio de favorabilidad laboral. al examinar otra acusación parcial contra el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. estudió una acusación contra un aparte del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. ya que no estando de por medio derechos adquiridos. MP Rodrigo Escobar Gil. tal cual es el derecho a la pensión de jubilación10". por cuanto establecía nuevos y más gravosos requisitos para acceder a la pensión de vejez. sin que ello vulnerara el principio de favorabilidad. se estructura por la comparación entre el nuevo régimen y el régimen derogado. supone que existen dos normas jurídicas que regulan una misma situación de hecho. Las personas que alguna vez estuvieron afiliadas a tales regímenes.
y como bien lo explicó la sentencia C-781 de 2003. pues consideró que el principio de favorabilidad no era relevante en ese caso.1. que señala la entrada en vigencia de ese cuerpo normativo. conforme lo señala el propio artículo 26. de abril del año 2003. el hecho de que las regulaciones acusadas sean menos favorables al trabajador que aquellas que fueron subrogadas no implica automáticamente su inconstitucionalidad. y por el artículo 16 del CST. esto es no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes anteriores". si ella no desconoce el mandato de respeto a los derechos adquiridos.)" Finalmente. Así. MP Clara Inés Vargas Hernández. las consideraciones realizadas por la citada sentencia C-781 de 2003 en relación con el . "pero no tienen efecto retroactivo. pero no constituye fundamento para declarar inconstitucional una disposición por el simple hecho de que el Legislador adopte una nueva regulación que podría ser menos lucrativa para el trabajador. por lo que tienen "efecto general e inmediato" y por tanto afectan los contratos de trabajo vigentes o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a regir. pues su aplicación frente a los contratos celebrados antes de la vigencia de la presente ley se aplazó hasta el 1. que establece que las disposiciones laborales contenidas en ese estatuto son de orden público. El actor consideraba que esa disposición era inconstitucional y vulneraba derechos adquiridos y el principio de favorabilidad. examinó un cargo parcial contra el artículo 29 de la Ley 789 de 2002. pues ninguna de ellas se aplica a situaciones jurídicas consolidadas. Ahora bien. prevalece su potestad configurativa. ninguna de las disposiciones acusadas desconoce derechos adquiridos. siempre y cuando respete derechos adquiridos. por encima de cualquier protección a estos intereses. Por consiguiente. los artículos 25 y 26. (Fundamento 6º). que es una de las normas acusadas también en el presente proceso. (Fundamento 3. la reciente sentencia C-781 de 2003. Por su parte." 17. no entraron a regir inmediatamente. ya que éste "solamente adquiere sentido para desentrañar el sentido de una norma en beneficio del trabajador. los otros artículos se rigen por las reglas establecidas por el artículo 52 de la propia Ley 789 de 2002. Ello se debe a que.Conforme a lo anterior. pues la Carta autoriza que el Legislador realice esos cambios normativos. la cual le permite al legislador darle prioridad a otros intereses.obligado a mantener en el tiempo las expectativas que tienen las personas conforme a las leyes vigentes en un momento determinado. La Corte rechazó el cargo. cuando surgen dudas en la aplicación e interpretación de las mismas. pues recortaba conquistas históricas de los trabajadores.
artículo 29 de la Ley 789 de 2003 resultan plenamente aplicables a las normas analizadas en el presente caso. Dijo entonces la Corte: "En el caso bajo examen es evidente que por razón del efecto general e inmediato que acompaña las normas laborales, la nueva reglamentación de la indemnización moratoria prevista en el artículo 29 de la Ley 789 de 2003 no puede afectar los derechos adquiridos de aquellos trabajadores que antes de comenzar a regir dicho ordenamiento legal habían concluido su relación laboral y, por tanto, se rigen por el mecanismo indemnizatorio previsto originalmente en el artículo 65 del CST cuando en presencia de tal circunstancia el empleador no cancela los salarios y prestaciones debidos al trabajador. El que el inciso impugnado no haga expresamente esta advertencia no significa que sea inconstitucional, pues se repite, dicha disposición laboral no tiene carácter retroactivo." 18- La Corte concluye entonces que el cargo por vulneración de derechos adquiridos carece de sustento, y que en este punto aciertan los intervinientes que defienden la constitucionalidad de las disposiciones acusadas. Sin embargo, esto no significa que automáticamente la Corte deba declarar exequibles esas disposiciones pues, contrariamente a lo sostenido por esos intervinientes, el único límite que tiene el Legislador al modificar las regulaciones laborales no es el respeto a los derechos adquiridos; el Congreso tiene también otras restricciones que debe respetar y que la Corte procede a precisar. Los otros límites constitucionales: los principios mínimos del trabajo previstos en el bloque de constitucionalidad, el deber de desarrollo progresivo de los derechos sociales, y la prohibición prima facie de retrocesos. 19- La restricción más obvia es que cualquier reforma laboral debe respetar los principios constitucionales del trabajo, los cuáles limitan la libertad de configuración del Legislador en este ámbito. Por ejemplo, es evidente que si el artículo 53 superior establece la existencia de un salario mínimo y el principio de favorabilidad en la interpretación de las normas laborales, entonces una reforma laboral no puede suprimir esos mandatos constitucionales. 20- Ahora bien, y conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corte, para determinar cuáles son esos principios constitucionales mínimos del trabajo que deben ser respetados por cualquier reforma laboral, es necesario tomar en cuenta también los tratados internacionales que
integran el bloque de constitucionalidad. En particular, en esta materia tienen mucha importancia los límites y deberes al Estado impuestos por los convenios de la OIT ratificados por Colombia, por el PIDESC, y por el Protocolo de San Salvador, todos los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad con lo ordenado por el artículo 93 de la Carta, que establece que los "derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia." Y es que esta Corporación ha precisado que todo tratado de derechos humanos ratificado por Colombia, que se refiera a derechos constitucionales, tiene rango constitucional y hace parte del bloque de constitucionalidad para efectos de determinar el alcance y contenido de los derechos constitucionales, pues no otro puede ser el sentido de la cláusula de remisión del inciso segundo del artículo 93 superior. Ha dicho al respecto esta Corporación que el inciso segundo del artículo 93-2 "constitucionaliza todos los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia y referidos a derechos que ya aparecen en la Carta y, en virtud de la regla hermenéutica sobre favorabilidad, el intérprete debe escoger y aplicar la regulación que sea más favorable a la vigencia de los derechos humanos"11. Y específicamente sobre la integración de los convenios de la OIT al bloque de constitucionalidad, la sentencia T-1303, Fundamento 3°, MP Marco Gerardo Monroy Cabra, señaló al respecto: "La opinión de que los convenios internacionales que tienen que ver con el derecho al trabajo quedarían por fuera del bloque de constitucionalidad porque en los Convenios de la OIT no hay mención expresa de que queda prohibida su limitación en los estados de excepción y porque su prevalencia es en el orden interno (inciso 1° articulo 93 de la Constitución Política), es una opinión que se cae de su peso si se considera que el bloque de constitucional se fundamenta en los dos incisos del artículo 93, el segundo de los cuales dice: "Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia", lo cual significa que es en virtud del inciso 2° del artículo 93 que los Convenios 87 y 98 de la OIT hacen parte del bloque de constitucionalidad (Ver C-010/2000). La otra objeción consistente en que los Convenios de la OIT no harían parte del bloque de constitucionalidad porque el artículo 53 de la C.P. los ubica dentro de la legislación interna , es inconsistente porque el inciso 4° del artículo 53 de la C.P. cuando determina que "Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna", lo que hace es reafirmar
aún más el deber de interpretar los derechos humanos (dentro de ellos los derechos sociales) de conformidad con los tratados internacionales. No tendría coherencia que se protegieran todos los derechos humanos menos los que se refirieran al derecho al trabajo, cuando en la Constitución de 1991 el trabajo es un derecho fundante (artículo 1° C.P.), una finalidad de la propia Carta (Preámbulo), un derecho fundamental (artículo 25). En consecuencia, los Convenios de la OIT integran el bloque de constitucionalidad en virtud del inciso 2° del artículo 93 de la C.P. y tal característica se refuerza con lo determinado en el inciso 4° del artículo 53 ibídem." 21- Los principios constitucionales del trabajo y el respeto de los derechos adquiridos no son los únicos que limitan la libertad de configuración del Legislador cuando adelanta una reforma laboral. Existe otra restricción en este campo, que es a primera vista menos obvia, pero que tiene un sustento normativo, doctrinario y jurisprudencial muy claro, y es la siguiente: la Constitución hace del trabajo no sólo un derecho fundamental sino que además éste es un principio y valor del ordenamiento, por lo cual el Estado tiene el deber de protegerlo especialmente (CP arts 1° y 25). Además, el derecho al trabajo es un derecho social, que como tal tiene unos contenidos mínimos, que son de aplicación inmediata y deben ser protegidos siempre por el Estado, pero que igualmente es, como todo derecho social, un derecho de desarrollo progresivo. Así, entre los contenidos mínimos inmediatamente protegidos del derecho al trabajo está la prohibición de la discriminación laboral o la jornada máxima de trabajo de ocho horas. Pero igualmente existe la obligación del Estado de garantizar no sólo esos mínimos constitucionales sino también de desarrollar progresivamente la protección del trabajo, a fin de lograr la plena realización de ese derecho. Así lo establecen expresamente los artículos 2 y 25 de la Carta, que señalan que el Estado debe proteger especialmente el trabajo y que es deber de las autoridades garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Igualmente, el PIDESC y el Protocolo de San Salvador. En efecto, estos tratados reconocen el derecho al trabajo (arts 6 y 7) y establecen el deber de los Estados de adoptar las medidas apropiadas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales (art 1 Protocolo y art 2 PIDESC) 22- En varias oportunidades, esta Corte,12 , en plena armonía con la jurisprudencia y la doctrina internacional sobre el tema13, ha señalado
ya que ya había sido establecida con claridad por esta Corte. pero puede ser justificable. como esta Corte ya lo había señalado. como los Estados pueden enfrentar dificultades. tal y como lo ordena el artículo 13 superior. la sentencia C- . que pueden hacer imposible el mantenimiento de un grado de protección que había sido alcanzado. el mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección. Esto significa que. Finalmente. y por ello está sometido a un control judicial más severo. los contenidos mínimos de esos derechos. un retroceso debe presumirse en principio inconstitucional. al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado es constitucionalmente problemático puesto que precisamente contradice el mandato de progresividad. y de particular importancia en el presente caso. por citar sólo dos casos. la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve restringida.La Corte destaca que la anterior conclusión sobre la prohibición prima facie de los retrocesos en la protección de los derechos sociales. 23. pero ese mandato de progresividad no excusa el incumplimiento del deber del Estado de asegurar. la progresividad hace referencia al reconocimiento de prestaciones y protecciones mayores y superiores en relación con cada uno de esos derechos sociales. Para que pueda ser constitucional. que logre erradicar las injusticias presentes14. es obvio que la prohibición de los retrocesos no puede ser absoluta sino que debe ser entendida como una prohibición prima facie. Esto es. De otro lado. En particular.que el mandato de progresividad en materia de derechos sociales no tiene un contenido puramente retórico ni debe ser entendido como una justificación de la inactividad del Estado en la protección de esos derechos. ya que tiene implicaciones jurídicas específicas. tan pronto como sea posible. el mandato de progresividad implica que el Estado tiene la obligación de iniciar inmediatamente el proceso encaminado a la completa realización de esos derechos. existen unos contenidos mínimos o esenciales de satisfacción de esos derechos que el Estado debe garantizar a todas las personas. tal y como esta Corte ya lo había precisado con anterioridad15. Así. entre los cuáles se encuentra obviamente el derecho al trabajo. destinadas a lograr una sociedad más justa. Ahora bien. no es una innovación de esta sentencia. las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social16.
En esos eventos. siempre y cuando no tuvieran la posibilidad de ser beneficiarios de otro sistema de seguridad social en salud. ha señalado en varias oportunidades que las medidas regresivas.1165 de 2000. Por su parte. el Comité de Derechos Económicos. en la Observación General No 3 sobre las obligaciones derivadas del PIDESC. ha señalado el Comité. el Estado tiene que demostrar que esas medidas son compatibles con el Pacto. condicionó la constitucionalidad del parágrafo 3º del artículo 24 del Decreto Ley 1795 de 2000. Así. 24. MP Alfredo Beltrán Sierra. se presumen contrarias al Pacto. En particular. el Comité señaló que "todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga"18. y precisó que los padres de ciertos miembros de la Fuerza Pública podían continuar siendo beneficiarios del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía. que disminuyen una protección ya alcanzada a un derecho social. implica un retroceso en la realización del derecho a la salud". MP Eduardo Montealegre Lynett. Sociales y Culturales de Naciones Unidas.La doctrina sobre la prohibición prima facie de las medidas que constituyan un retroceso frente al nivel de protección ya alcanzado en materia de derechos sociales prestacionales es ampliamente aceptada por la jurisprudencia y doctrina internacionales de derechos humanos. Y esa instancia . la sentencia C-671 de 2002. de ninguna manera realiza el postulado constitucional de la ampliación progresiva de la cobertura de la Seguridad Social que ordena el artículo 48 de la Carta". declaró la inconstitucionalidad de una norma que reducía la cotización de solidaridad del régimen contributivo. 93)17. y ya había alcanzado unos niveles de protección determinados. Esa sentencia consideró que "la exclusión del sistema de salud de un grupo poblacional que ya había sido incluido en el mismo. pues consideró que esa disposición legal vulneraba el mandato de la ampliación progresiva de la seguridad social. y cuyos criterios son entonces relevantes para determinar el contenido y alcance de los derechos sociales (CP art. y que como no existía "ninguna justificación imperiosa" de dicha exclusión entonces había habido "un retroceso. que es el intérprete autorizado del PIDESC. que implica una vulneración del derecho a la salud". sin que hubiera una justificación clara de esa medida. Dijo entonces esta sentencia que "esa disminución de los recursos para el régimen subsidiado de salud.
pues no sólo (i) no puede desconocer derechos adquiridos sino que además (ii) debe respetar los principios constitucionales del trabajo y (iii) las medidas deben estar justificadas. como el derecho al trabajo. deben justificar que esas disminuciones en la protección alcanzada frente a los derechos sociales. Por ende. Por ejemplo. entre mayor es la libertad de configuración del legislador en una materia. 26.El anterior análisis permite concluir que las reformas laborales que disminuyen protecciones alcanzadas por los trabajadores son constitucionalmente problemáticas por cuanto pueden afectar el principio de progresividad. a fin respetar la discrecionalidad que la Carta les concede20. como esta Corte lo ha reiterado en numerosas oportunidades. Ellas podrían vulnerar la prohibición prima facie de que no existan medidas regresivas en la protección de los derechos sociales. conforme al principio de proporcionalidad. la libertad del Legislador al adelantar reformas laborales de este tipo dista de ser plena.19" La posible justificación de disminuciones en la protección de derechos sociales y el principio de proporcionalidad. y representan medidas adecuadas y proporcionadas para alcanzar un propósito constitucional de particular importancia. y por ello "si se adoptan cualesquiera medidas deliberadamente regresivas. en donde la Carta reconoce una amplia libertad de configuración al Congreso (CP arts 333 y 334). mientras que ese escrutinio judicial debe ser más riguroso cuando el . Y es que. corresponde al Estado Parte demostrar que se han aplicado tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas por referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto en relación con la plena utilización de los recursos máximos disponibles del Estado Parte. 25. conviene tener en cuenta que las regulaciones laborales suelen tener una connotación de intervención del Estado en la economía. Por ello.Ahora bien. sobre el derecho a la salud. más deferente debe ser el control constitucional. señala que frente a todos los derechos sociales "existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas".internacional ha reiterado ese criterio en las observaciones generales sobre el alcance de distintos derechos. para determinar la intensidad del análisis de proporcionalidad de las medidas acusadas. fueron cuidadosamente estudiadas y justificadas. y en particular el Legislador. la Observación 14 de 2000. Esto significa que las autoridades políticas. en estas materias. el escrutinio judicial debe ser flexible y deferente con las autoridades políticas.
Sin embargo. Sin embargo. al PIDESC y al Protocolo de San Salvador. al cuidado de los propios debates democráticos y .Las anteriores características del presente caso hacen que el análisis de proporcionalidad que la Corte debe adelantar sea en ciertas aspectos flexible y deferente con el Congreso. ya que ciertas escuelas económicas atribuyen ciertos efectos a determinadas políticas mientras que esas visiones son controvertidas por otros enfoques. menos intenso debe ser el control constitucional de la opción legislativa. lo cual podría ser contrario. (por tratarse de un asunto económico en donde la libertad del Legislador es amplia). pero en otros puntos deba ser más estricto y riguroso.Legislador regula esferas en donde su margen de apreciación ha sido restringido por la propia Constitución21. Y esto obliga a que el escrutinio judicial sea riguroso. El examen de la idoneidad y necesidad de las medidas adoptadas no puede ser muy estricto puesto que estamos en un terreno de enorme incertidumbre empírica. como se trata del examen de una medida que disminuye la protección de un derecho social. como es el derecho al trabajo (CP arts 25 y 53) sino que además implican una regulación diversa de la protección de ese derecho social. en donde existan perspectivas teóricas encontradas pero razonables sobre determinados puntos. ha señalado que entre más inseguras y discutidas sean las premisas empíricas en que se funda una decisión del Legislador. la doctrina. precisamente porque se trata de un terreno polémico y controvertido en términos de la ciencia y la cultura22. Ahora bien. el juez constitucional debe ser deferente frente a la posición que ha sido asumida por el Congreso. pues ese tipo de medidas se presumen contrarias a la Constitución. puesto que el juez constitucional no cuenta con conocimientos seguros para cuestionar dicha opción. 27. puesto que se examinan unas medidas que disminuyen la protección de un derecho social fundamental. en cuanto a los objetivos perseguidos. al menos prima facie. puesto que se trata de asuntos controvertidos por la propia teoría económica y la decisión legislativa goza de la legitimidad que deriva de ser una opción tomada por un órgano democráticamente electo. las regulaciones acusadas no sólo tienen incidencia sobre un derecho social fundamental. es obvio que frente a debates entre posibles políticas económicas. la Corte debe verificar más rigurosamente que las medidas sean proporcionadas. como el derecho al trabajo. al mandato constitucional de progresividad. con criterios que esta Corte comparte. Así.
como lo indican la exposición de motivos. por lo que la promoción efectiva del empleo podría eventualmente justificar una limitación de la protección del derecho al trabajo. Estas pretenden aumentar el empleo. promoviendo la llamada "empleabilidad". De esa manera. según la exposición de motivos. Así. 30. . 28. Además se trata de un propósito constitucional imperioso.000 para el cuatrenio. según la exposición de motivos. esto es. las estadísticas oficiales y numerosos estudios. La legitimidad del propósito constitucional de las medidas y la discusión sobre su adecuación. la Carta establece que es deber del Estado propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y dar pleno empleo a todos los recursos humanos (CP arts 54 y 334). las ponencias.La legitimidad de este propósito constitucional es evidente. podrían crearse 160. el desempleo era de 16% en todo el país y 18% en las principales ciudades. por lo que las políticas destinadas a cumplir esos objetivos tienen claro sustento constitucional. Así lo señala el título de la ley. al momento de presentarse el proyecto. Así. entra la Corte a examinar la constitucionalidad de las disposiciones acusadas. Y dicho sustento es aún más claro en la actualidad pues. estableciendo reformas que faciliten la contratación de nuevas personas. para un total de 640. que establece que se trata de dictar "normas para apoyar el empleo". Igualmente. pues la Carta le impone al Estado la obligación de lograr el pleno empleo de los recursos humanos.Conforme a lo anterior.La exposición de motivos. mientras que la informalidad alcanzaba el 61% del empleo urbano y la casi totalidad del empleo rural24. la exposición de motivos insiste en que el propósito de esas medidas es favorecer el empleo. las ponencias y los debates en las cámaras23 son suficientes para mostrar que la finalidad de las medidas es clara. en especial a partir de 1997. el desempleo. no sólo por los mandatos constitucionales al respecto sino además por la actual coyuntura que vive el país. provocando un grave deterioro de las condiciones de vida de millones de colombianos. el subempleo y la informalidad se han agudizado en el país en los últimos años. la Corte concluye que la finalidad de las normas acusadas de promover el empleo y el crecimiento económico es claramente constitucional. Con esos criterios. 29.a los sacrificios eventualmente impuestos a los trabajadores.000 empleos por año.
según las cuales. la visión dominante. El llamado de atención que con razón hacen las Observaciones Generales del Comité del PIDESC. sobre las raíces del desempleo en Colombia. y en forma muy esquemática. siempre y cuando esa reducción resulte adecuada. Entra pues la Corte a examinar la adecuación y proporcionalidad de las medidas atacadas. entonces la búsqueda de reducir el desempleo no sería suficiente para legitimar constitucionalmente una medida regresiva. y muchas veces encontrados. pues considera que es claro que una restricción de un derecho social puede justificarse si con esa medida se promueve efectivamente otro derecho. que consideran que ni a nivel teórico ni a nivel empírico existen evidencias convincentes de . No es necesario que la restricción promueva todos los derechos. quien considera que. que impiden que exista un ajuste. tiende a basarse en concepciones económicas ortodoxas y neoclásicas.En este punto. del mercado de trabajo. para permitir que la demanda y oferta de trabajo puedan ajustarse. por cuanto existen visiones y diagnósticos diversos. la Corte se aparta del importante análisis del Procurador.El estudio de la adecuación y necesidad de las medidas atacadas para promover el empleo es en este caso complejo. que no es más que un llamado a realizar un análisis de proporcionalidad satisfactorio. Así. que fue la que alimentó el proyecto de reforma laboral. 31. La Corte no comparte ese análisis. los cuales tienden a fundamentarse en corrientes de pensamiento distintas y a proponer políticas disímiles. indispensable y proporcionada al propósito buscado. Conforme a estos análisis. como el Comité del PIDESC ha indicado que cualquier restricción de un derecho social sólo puede justificarse tomando en consideración la totalidad de los derechos enunciados en el PIDESC. Y por ello. y por consiguiente el desempleo pueda reducirse considerablemente y llegar a su tasa natural. tiene otro sentido: pretende resaltar la importancia de tener en cuenta el impacto de las medidas tomadas frente al conjunto de derechos sociales. La anterior visión es contestada por otros analistas. la salida al desempleo implica flexibilizar el mercado del trabajo. vía reducción del salario. una de las razones del alto desempleo en el país reside en la rigidez y los altos costos salariales. y que esta Corte comparte. siempre y cuando la restricción resulte adecuada y proporcionada a la promoción del otro derecho. la promoción del empleo es una finalidad de importancia constitucional suficiente para autorizar una reforma laboral que reduzca ciertas protecciones a los trabajadores. pues no toma en cuenta la totalidad de los derechos sociales.
Obviamente. Sin embargo. Es más. en la medida en que contrae aún más la demanda efectiva. la deferencia del juez constitucional . con lo cual tendrían incentivos y recursos para emplear a otros trabajadores. la pregunta constitucional que naturalmente surge es la siguiente: ¿cómo puede la Corte evaluar la adecuación y necesidad de esas medidas para fomentar el empleo. salvo que éstos sean manifiestamente irrazonables. y por ello en principio debe aceptar los argumentos económicos propuestos en las estrategias para combatir el desempleo adoptadas por el Congreso. sobre la adecuación de algunas de las medidas adoptadas por las normas acusadas para promover el empleo. si entre los especialistas en la materia existen importantes controversias? La Corte considera que la respuesta adecuada a ese interrogante es la siguiente. 32. tendría lecturas distintas en esas escuelas: un economista neoclásico podría considerar que la medida estimula el empleo. una disminución del salario real puede tener como consecuencia el agravamiento del desempleo. como se trata de medidas regresivas en la protección de un derecho social. al permitir que las empresas reduzcan el costo salarial y puedan flexibilizar sus turnos de trabajo. según las cuáles. Un economista keynesiano podría concluir que la medida agrava el desempleo. el desempleo se debe a un déficit de demanda efectiva. las anteriores no son las únicas visiones en torno a los problemas del empleo en el país. pues la caída del poder de compra de los trabajadores implica una mayor reducción de la demanda efectiva. es natural que el juez constitucional sea deferente con la opción tomada en el debate democrático. La Corte ha enfatizado la oposición entre las visiones clásicas y keynesiana simplemente porque éstas no sólo son importantes sino además porque ellas tenderían a adoptar visiones distintas. que para muchos trabajadores se puede traducir en una disminución del salario percibido. Otros estudios ponen énfasis en los problemas de falta de capacitación de la mano de obra. Así. en el impacto negativo de la violencia en la inversión.que la flexibilización del mercado laboral permita realmente lograr un aumento considerable del empleo.Existiendo esa oposición de visiones en torno al desempleo y a la forma de enfrentarlo. en los efectos de la globalización de la economía. debido a las discrepancias. etc25. y a veces opuestas. Algunas de estas visiones tienden a apoyarse en concepciones keynesianas. una medida como el aumento de la jornada diurna. con lo cual se agravan la recesión y el desempleo. en una perspectiva de este tipo.
frente al Legislador se ve reducida y el control debe ser más estricto que frente a una política económica cualquiera. (…. Por ejemplo. dice al respecto la ponencia para segundo debate en la Cámara: "Para evitar que los ajustes a la economía se den vía empleo. que impiden un ajuste flexible entre la oferta y demanda de trabajo. De no ser así. Por ello la Corte considera que en estos casos. es necesario que el juez constitucional verifique (i) que las medidas no fueron tomadas inopinadamente sino que se basaron en un estudio cuidadoso. para lo cual comenzará por analizar el cuidado que hubo en justificar su adecuación y necesidad para combatir el desempleo. La justificación de la adecuación y necesidad de las medidas. en términos de la protección del derecho al trabajo. la prohibición prima faciede retroceso en la protección de los derechos laborales carecería de verdadera eficacia jurídica. La evidencia empírica muestra que un factor importante en la explicación del desempleo estructural colombiano es la rigidez que aún caracteriza el mercado laboral. Y (iii) finalmente debe el juez constitucional verificar que la medida no sea desproporcionada en estricto sentido. se deben crear las condiciones que permitan absorber los choques de otra manera. pero consideró que no existían otras igualmente eficaces que fueran menos lesivas. entra entonces la Corte a examinar las distintas medidas acusadas. y que es la siguiente: un componente importante del desempleo está ligado a la rigidez del mercado laboral colombiano. sacrificando a los ciudadanos con menos posibilidades de defensa frente a fenómenos de esa naturaleza. 33. esto es. a pesar de la deferencia hacia el debate democrático. que el retroceso en la protección del derecho al trabajo no aparezca excesivo frente a los logros en términos de fomento del empleo. Con esos criterios. y para esto se requieren cambios sustanciales en nuestras instituciones empresariales y laborales. y (ii) que el Congreso analizó otras alternativas.) .Tanto la exposición de motivos como las ponencias mayoritarias realizan amplias presentaciones teóricas y empíricas destinadas a defender la tesis básica que sustenta la reforma laboral.
De acuerdo con un estudio de la OIT (1999) y de Alvaro Reyes (2000) los costos laborales se han incrementado considerablemente en la última década. Sin embargo. Por su lado. los precios se ajustan hacia abajo para poder realizar o vender el bien ofrecido. representando en incrementos de los costos laborales reales para las empresas manufactureras de cerca de . tanto en moneda local como en extranjera.Expongamos el problema en otros términos. el empleo formal tuvo una buena dinámica. el salario promedio de la economía y el salario mínimo legal medidos en términos reales se han incrementado bastante. Esa capacidad de ajuste de los precios hace viables y sostenibles a los mercados. (…) También hay evidencia que muestra cómo en el alto nivel de desempleo observado en la actualidad ha jugado un papel importante el aumento de los costos laborales. Sin embargo. A pesar de la caída en la demanda por mano de obra de los últimos años. la situación cambió cuando el panorama económico se tornó difícil: en el sector informal los salarios se ajustaron hacia abajo. lo cual conduce a niveles sin precedentes de desempleo. permitiendo que la creación de empleo no perdiera su dinámica. con los costos sociales que esta situación conlleva. El costo laboral unitario (CLU) tuvo un crecimiento acumulado de 32. En los diferentes mercados que conforman un sistema económico es natural observar cómo en los períodos de crisis y de reducción de la demanda. Sin embargo. mientras que en el sector formal los salarios continuaron con su escalada y el ajuste se ha llevado a cabo despidiendo personal. ha llevado a que las empresas despidan trabajadores y no tengan incentivos para contratar.9% entre 1990 y 1999. El mercado laboral no es la excepción. las trabas que aún persisten en el país no han permitido que los salarios y en general los costos de contratación reflejen la verdadera situación del mercado de trabajo. como hemos resaltado anteriormente. Esta situación. En los primeros años de la década del 90 el empleo informal disminuyó y se mantuvo estable. los mercados tienen otros mecanismos para tratar de autorregularse: eludiendo las normas vigentes. Los gráficos 13 y 14 son elocuentes. que son otro indicador de la inflexibilidad persistente en el mercado laboral. al mismo tiempo que aumenta el bienestar de los oferentes y los demandantes.
disminuye notablemente la probabilidad de permanecer en el empleo" ya que "los empresarios prefieren despedir una persona antes de los diez años. ya que si lo hace después deberá pagar no 20 días (como es el caso para los rangos entre 5 y 10 años de antigüedad). de común acuerdo con sus trabajadores. pues busca permitir una mayor flexibilidad a las empresas. Por su parte. Estas medidas se ven complementadas por la introducción de la jornada laboral flexible (art. puedan ampliar sus jornadas de trabajo. sino por el hecho de que los jóvenes de los grupos de menores ingresos urbanos y de menores niveles educativos son quienes padecen las mayores tasas de desempleo. que flexibilicen la producción y reduzcan los costos. y ven afectada su demanda de trabajo por las rigideces del mercado laboral26" 34. . con lo cual se estimula una mayor ocupación laboral en esos sectores. 51) que permitiría a las empresas. La reducción de los recargos en festivos (art.1% por año. Además. con lo cual las empresas pueden tornarse más competitivas y pueden contratar nuevos empleados.3. consistente en vincular el monto de la indemnización por despido a los años de antigüedad. Lo anterior preocupa no sólo porque el país soporta ya una tasa de desempleo históricamente alta. así como facilitar la adaptación de las empresas a los ciclos económicos. organizar turnos de trabajo. en especial las empresas comerciales y de servicios. 25) fue justificada como una medida que permite que ciertos sectores de la economía. Esto sin duda ha contribuido a que el ajuste producto de la recesión haya recaído sobre el nivel de empleo. la ampliación de la jornada diurna de las 6PM a las 10PM (art. 26) tiene un propósito semejante. sin recargos por trabajo nocturno. con lo cual se considera que se fomenta el empleo en esos sectores. sino 40 días adicionales a los 45 que se otorgan por cada año de trabajo"27. Adicionalmente. lo cual debería también incentivar el empleo. este incremento se ha reflejado en la caída de la demanda de trabajo y su sustitución por capital en los procesos productivos. esa reforma pretende corregir lo que consideraba un incentivo perverso de la regulación precedente. sin que dicha flexibilidad se traduzca en recargos salariales. lo cual habría "provocado inestabilidad en el empleo en el sentido de que al acercarse a los diez años de antigüedad. la reducción del monto de las indemnizaciones por despido injusto en los contratos a término indefinido (art. en especial para los trabajadores que superaran los 10 años de antigüedad.En tal contexto. 29) busca disminuir los riesgos de los empresarios para contratar nuevas personas.
La ponencia explicó entonces esa tesis en los siguientes términos: "No puede desconocerse que la forma como se ha caracterizado al contrato de aprendizaje hasta el momento ha desnaturalizado su finalidad. y la necesidad de reformar su régimen jurídico. por lo que. mientras que la disminución de la indemnización por despido injusto incentivaría la creación de 78. en su diseño básico. . las características. y que se cumple como una obligación para evitar costosas multas y no como una herramienta útil que agrega valor a las empresas. el funcionamiento. replanteando para tal efecto el entendimiento del contrato de aprendizaje como ha venido siendo concebido". desde la presentación del proyecto y fueron justificadas no sólo por la exposición de motivos sino por las ponencias en los distintos debates. 35. que sean además instrumentos que "permitan a su vez atender la formación escolar superior. son necesarios mecanismos expeditos para la generación de empleo de dicha población. en donde.Todas estas medidas estaban previstas. para lo cual "se deben consagrar como contratos especiales. la ponencia para primer debate en sesiones conjuntas de ambas cámaras estudió detalladamente el problema de la naturaleza y características del contrato de aprendizaje. a fin de fomentar el empleo30. Incluso el Gobierno. en la exposición de motivos. cuantificó la contribución de esas medidas al aumento del empleo. basándose para ello en estudios técnicos de la Dirección Social del Departamento Nacional de Planeación. La tesis esencial sostenida por la ponencia es que. la reducción de los recargos por trabajo nocturno y en festivos debería generar 52.900 puestos de trabajo28. sin naturaleza laboral y bajo ciertos lineamientos.600 empleos al año. únicamente se solicitaban unas facultades extraordinarias para que el Gobierno regulara la organización. Sin embargo. Este es un punto fundamental en el desarrollo de este instrumento. convirtiéndose en una carga que no responde a los requerimientos empresariales contemporáneos. sobre ese tema. teniendo en cuenta que el desempleo golpea especialmente a la población joven. técnica o profesional con práctica empresarial".La modificación de la naturaleza y características del contrato de aprendizaje no estaba desarrollada en el proyecto originario presentado por el Gobierno. Según ese análisis econométrico. la naturaleza y los efectos del contrato de aprendizaje29. el Congreso rechazó la concesión de las facultades extraordinarias y entró a regular directamente el asunto.
Por ello. el artículo 28 de su normatividad del trabajo regula el contrato de aprendizaje como aquel en virtud del cual el patrono se obliga a enseñar prácticamente. se reglamentaría entonces no sólo los supuestos para la obligatoriedad de tal contratación. que es el que verdaderamente justifica la asunción de la capacitación por parte de las empresas. que en su concepción teleológica no puede ser otro que el de propiciar que coetáneamente se acceda a la formación educativa y se mejoren las condiciones de competitividad y desempeño de las empresas. en lugar de erigirse en una camisa de fuerza. por sí o por otro. según la ponencia minoritaria. y por tiempo fijo que no podrá exceder de dos años. como lo muestran no sólo las ponencias minoritarias en las cámaras sino también varios estudios académicos que se apartan de los diagnósticos y estrategias que sustentaron la reforma laboral. es de la mayor importancia rescatar el verdadero sentido de la figura. sino que se abriría la posibilidad para que empresas no obligadas accedieran a tal contratación voluntariamente en función a la ocupación productiva y útil. definiéndolo como una relación contractual especial sin carácter laboral. 36. existen perspectivas discrepantes que cuestionan la adecuación de esas políticas. mediante la ocupación de personal calificado en oficios propios de la actividad económica realizada. en Argentina. un oficio o industria. Se comprende el aprendizaje del comercio y de las faenas que utilicen motores mecánicos. como precisamente se concibe en otras legislaciones que de manera expresa consagran su carácter no laboral. que coadyuvaría a que la contratación de aprendices no se conciba exclusivamente como una carga. una actualización de los supuestos que deben guiar la obligatoriedad de contratar aprendices"31. Así por ejemplo. la Ley 24. utilizando el trabajo del que aprende. sino también un verdadero interés para las empresas. con o sin retribución. debe consistir en estímulos e incentivos para su celebración. la reforma se traduce en una erosión de la calidad de las . en Bolivia. Como es obvio.465 de 1995 estableció el contrato de aprendizaje. Por ejemplo. como instrumentos que eran considerados necesarios para combatir el desempleo. pudiendo su duración oscilar entre los 3 y los 24 meses. Sobre el particular se sugiere entonces. destinado a la contratación de jóvenes con edades entre 15 y 24 años sin empleo. Por su parte.Las anteriores consideraciones muestran que en los debates legislativos hubo una clara justificación de las medidas adoptadas. El elemento diferenciador de éste tipo de contrato. Bajo éste nuevo enfoque.
660. no es fácil ni claro atribuir esos resultados a la reforma laboral.Los resultados económicos en los últimos meses muestran que las medidas podrían haber producido además. la ocupación aumentó en 949.000 personas a 10. pues el desempleo responde a otras razones. aparece suficiente. según el DANE. dada la magnitud del desempleo. también aumentó la población en edad de trabajar (PET) en 699. un incremento del 5.192 decidieron buscar trabajo. como lo explican muchos analistas. y no al exceso de garantías de los trabajadores32. ese incremento se estaría dando sobre todo en los empleos "plenos". El desempleo estaría entonces disminuyendo y la ocupación estaría aumentando.6%. Por su parte. son todavía modestos.000) y que éstos serían mucho más precarios. Como el desempleo se mide en relación con la PEA. un aumento del 4. pues reduce el salario y la estabilidad de los empleados. según esas mismas cifras del DANE. sin ser deleznables. entre el tercer trimestre de 2002 y 2003. un estudio de la Contraloría General concluye que la reforma crearía muchos menos empleos (200. pues ha habido una cierta reactivación económica. 37. el subempleo y la informalidad en Colombia. en el Balance del Mercado Laboral Colombiano Tercer Trimestre de 200334. . en términos de ingresos y de calidad y estabilidad del trabajo33.768 personas. los logros anteriores.550.7%) y de la PEA (4.576 personas. conforme a los criterios desarrollados anteriormente. los cuales en ese período pasaron de aproximadamente 9.000 en vez de 600.000. en concreto. Sin embargo. que pasó de 15. Además.Ahora bien. como el modelo económico adoptado desde 1990.3% a 14. Además.7%. y por ello la Corte concluye que la justificación de la adecuación y necesidad de las medidas.3%. que ha permitido un incremento del empleo y una leve disminución del desempleo. algunos resultados positivos. pues éste cuenta con la legitimidad de ser la opción del órgano de representación popular. pero no se traducirá en un incremento considerable del empleo. pues otros factores han influido en la relativa recuperación de la economía y del empleo.condiciones de trabajo.5%. Así. que beneficiará al gran capital.5%) indujo una caída de un punto de la tasa de desempleo. mientras que 184. En ese período. el incremento combinado del aumento del empleo (5. 38.796 personas. en abstracto. el juez constitucional debe ser deferente con la decisión adoptada en el proceso legislativo. lo cual significó un incremento del 11. lo cual incrementó la población económicamente activa (PEA) en 883.
el Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. Y precisamente." Esto significa que el propio Congreso determinó que dos años eran un plazo razonable para que se pudiera evaluar la eficacia de las políticas adoptadas. Así.Algunos podrían entonces objetar que esa modestia de los resultados de las medidas podría implicar una afectación desproporcionada de los derechos de los trabajadores ya empleados. sí significa que en ese momento esas reformas están sujetas a una evaluación y debate. sin que los resultados en términos de aumento del empleo sean claramente positivos. presentar una completa evaluación de los resultados de la Ley 789 de 2002 y en "ese momento el Gobierno Nacional presentará al Congreso un proyecto de ley que modifique o derogue las disposiciones que no hayan logrado efectos prácticos para la generación de empleo. por mandato de la ley. pues precisamente el Legislador ha asumido que esas políticas deben ser revisadas en caso de que no produzcan los efectos esperados. como fruto de las preocupaciones que se dieron en los debates en torno a la eficacia real de las medidas adoptadas. . Sin embargo. Este elemento temporal tiene gran importancia en el análisis pues contribuye a justificar la proporcionalidad de las medidas acusadas. el Ministro de Trabajo y Seguridad Social. y por ende su constitucionalidad. en el presente caso. una estrategia de combate al desempleo. el Director del DANE o su delegado y un representante de los trabajadores elegido por las centrales obreras y un delegado de los empleadores. el propio Legislador fue consciente de la necesidad de evaluar. dos Representantes. fundada en una determinada concepción económica. la eficacia de las medidas. luego de un tiempo razonable. Esa comisión deberá. los artículos 45 y 46 de la ley establecieron una "Comisión de Seguimiento y Verificación de las políticas de Generación de Empleo". lo cual muestra que el Congreso tuvo claramente en consideración la necesidad de que estas medidas no restringieran innecesariamente los derechos de los trabajadores. La ley 789 de 2002 fijó un término para que las medidas empiecen a producir sus efectos. pues algunas de sus garantías se ven reducidas. conformada por dos Senadores. por lo que están sujetas a una obligatoria revisión. Y aunque eso no implica que la vigencia de las reformas de la Ley 789 de 2002 sea temporal. después de dos años de vigencia de la ley. puede tomar algún tiempo en comenzar a rendir plenamente sus frutos. y que esa evaluación debería conducir incluso a la derogación de aquellas medidas que no hayan sido eficaces en la promoción del empleo. luego del plazo fijado por la propia Ley 789 de 2002.
por lo menos. el Convenio 79 de 1946 sobre trabajo nocturno de menores. 2-1) En el mismo sentido. Así. pues preserva los recargos nocturnos. lo hizo dentro de los límites constitucionales. 51) se mantienen dentro de los límites constitucionales. Así.Entra por último la Corte a examinar la proporcionalidad en estricto sentido de las disposiciones acusadas y los otros cargos que la demanda formula contra ellas. con lo cual disminuyó los recargos. en todo caso. pero lo hace respetando los mínimos constitucionales sobre qué es trabajo nocturno. las normas sobre recargo por festivos (art 26) o de flexibilización de la jornada de trabajo (art. de por lo menos siete horas consecutivas. que comprenderá el intervalo que media entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana" (art. al hablar de los trabajadores de más de 14 años. el Convenio No 41 de 1934 sobre trabajo nocturno de mujeres. 41. la Constitución protege el derecho al descanso de los trabajadores.La proporcionalidad en estricto sentido de las normas acusadas y la posible vulneración de otros mandatos constitucionales. la norma mantiene la protección contra el trabajo nocturno. que establece que la noche para efectos laborales va de las 10PM a las 6 AM. comprendido entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Así.La Corte encuentra que la ampliación de la jornada diurna es proporcionada y respeta los límites impuestos por la Constitución." Por su parte. Por su parte. señala que la "noche comprende "un período de once horas consecutivas. 39. por lo menos. el Convenio No 89 de 1948. Todas estas definiciones internacionales muestran que el artículo 25. puesto que ellos traen definiciones de trabajo nocturno.En forma semejante. si bien amplió la noción de jornada diurna. entiende como trabajo nocturno aquel que se desarrolla "entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana" (art 3. al disfrute del tiempo libre.1). que contendrá un intervalo. Así. y por ello impone una jornada máxima de trabajo y períodos diarios y semanales de descanso (CP art 53). fijado por la autoridad competente. que revisa las normas sobre trabajo nocturno de mujeres. 40. por lo que en este punto resultan imprescindibles los convenios de la OIT. La disposición amplía el entendimiento de la jornada ordinaria o diurna. define la noche como el "período de once horas consecutivas. la Carta no trae una definición explícita de qué se entiende por jornada nocturna. 2º). la limitación razonable de las horas de trabajo y . (art. el artículo 7-d del PIDESC y el artículo 7 literales g y h del Protocolo de San Salvador señalan que las condiciones de trabajo compatibles con la dignidad humana incluyen el derecho al descanso.
o un período más corto. la Corte concluye que los artículos 26 y 51 respetan esos mínimos constitucionales pues mantienen los límites de las 8 horas diarias y 48 horas por semana. el descanso semanal se hace explícito en el Convenio 14 de 1921 sobre el descanso semanal.las variaciones periódicas pagadas. que establece que todo el personal empleado en cualquier empresa industrial. Ahora bien. por lo que en este aspecto resultan imprescindibles nuevamente los convenios de la OIT. el cual señala que las horas de trabajo "no podrán exceder de cuarenta y ocho por semana y ocho por día" pero precisa que éstas "podrán ser distribuídas de suerte que el trabajo de cada día no exceda de diez horas". la Carta no define directamente qué se entiende por trabajo habitual para efectos de los descansos compensatorios. que recogen los estándares jurídicos mínimos de nuestro tiempo en esta materia. en el curso de cada período de siete días.La Corte no encuentra que la precisión de qué se entiende por trabajo habitual u ocasional en días dominicales contenida en el parágrafo 2º del artículo 26 sea inconstitucional. la duración del trabajo podrá sobrepasar de ocho horas al día. la duración del trabajo del personal no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana. así como la remuneración de los días festivos. Esa armonización entre los límites de la jornada de trabajo y la flexibilización que puede ser recomendable en ciertos procesos económicos es también señalada en el Convenio 30 de 1930 sobre las horas de trabajo en comercio y oficinas. deberá disfrutar. calculado para un período de tres semanas. de un descanso que comprenda como mínimo veinticuatro horas consecutivas. no exceda de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho por semana. siempre que el promedio de horas de trabajo. por lo que nada impide que el Legislador tome como criterio el mes calendario. Pero la propia Carta no define la jornada máxima de trabajo ni los períodos de descanso. Pero el Convenio autoriza una flexibilización de la regla estricta de 8 horas por día. 42. A su vez. lo cual implica obviamente un día de descanso. pública o privada. reconocen la obligación del descanso semanal. o en sus dependencias. y establecen los correspondientes recargos en trabajos por festivos y dominicales. En efecto. En ese sentido. pues representa una definición razonable que hace parte de la libertad del Legislador en esta materia. y de cuarenta y ocho por semana. según el convenio No 1 de 1919 sobre horas de trabajo en la industria. pues establece que si los trabajos se efectúan por equipos. .
por razones de unidad de familiar. En efecto. esta Corte ha admitido que la protección de la estabilidad por medio de la imposición de sanciones indemnizatorias por el despido injusto es adecuada. como ha sido en Colombia el domingo. lo cual facilita la organización del trabajo al empresario y puede ser también más satisfactorio para el trabajador.La Corte no encuentra tampoco de recibo el cargo del actor de que el artículo 51 demandado sobre jornada flexible desconoce el derecho al descanso. debido a la "estabilidad laboral reforzada" que la Constitución confiere a ciertas categorías de trabajadores. Ninguna objeción constitucional puede entonces hacerse a que el parágrafo del artículo 26 autorice que el trabajador convenga con el empleador que su día de descanso obligatorio sea el sábado. la Carta establece que la ley debe preservar la estabilidad en el empleo. eso no excluye que el trabajador y el empleador puedan acordar otro día.y señale que los trabajos dominicales. Así. pero no ordena la forma de hacer efectiva esa garantía. tampoco encuentra la Corte reparos constitucionales a la posibilidad de que el patrono y el trabajador acuerden que el día de descanso semanal obligatorio sea el sábado. el día de descanso tienda a ser aquel que la sociedad. pues se asegura en todo caso el descanso semanal y debe contarse con el consentimiento del trabajador. para ser considerados habituales. Sin embargo. en vez del domingo. Ahora bien. puesto que esa disposición no sólo respeta los límites mínimos impuestos por la Carta de 8 horas diarias y 48 horas semanales. si bien implica un retroceso en la protección de la estabilidad laboral. 43. por lo que el empleador no puede imponer unilateralmente el cambio de la jornada de descanso. pues la Carta y los tratados de derechos humanos ordenan que exista un día de descanso pero no fijan su fecha. como usualmente se ha hecho. con el correspondiente reintegro. en general. como las mujeres embarazadas o las personas amparadas por fuero sindical.La reducción de la indemnización por despido injusto. es la única medida satisfactoria35. respeta también los mínimos constitucionales. sino que además se funda en el acuerdo del trabajador. ha dicho esta Corte que "frente a la estabilidad existen variadas caracterizaciones: desde la estabilidad impropia (pago de indemnización) y la estabilidad . Esta Corte ha señalado que en ciertos casos. lo cual significa que el empleador no podrá imponer unilateralmente esas jornadas flexibles. tradicionalmente asume como la jornada de reposo. Pero. 44. por diversos motivos. deben ser más de tres en ese período. es razonable que. la anulación del despido injusto. y no el domingo. a la recreación y a la unidad familiar. En ese mismo orden de ideas.
fuera del cargo ya analizado de que ésta implica un retroceso en la protección de los derechos sociales. De un lado. el contrato de aprendizaje tiene múltiples especificidades frente a un contrato de trabajo ordinario. De otro lado. por lo cual constituye un retroceso en la protección del derecho a la estabilidad del empleo.La Corte no comparte ninguna de las dos objeciones señaladas por el actor. Estas finalidades del contrato de aprendizaje tienen claro sustento constitucional. considera que esta regulación desconoce el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades (CP art 53) pues permite encubrir relaciones de trabajo bajo la apariencia de contratos de aprendizaje. frente al cual el actor plantea dos objeciones básicas. 46. hasta la estabilidad absoluta (reintegro derivado de considerar nulo el despido). a los cuales el artículo 30 acusado les elimina la naturaleza de contrato de trabajo. Así. luego no siempre el derecho al trabajo se confunde con la estabilidad absoluta"36. puesto que su finalidad no es exclusivamente que el aprendiz preste un servicio personal al empleador. aunque el artículo 28 acusado reduce los montos de la indemnización por despido injusto. que es un asunto propio de las negociaciones colectivas. estos contratos de aprendizaje buscan ante todo capacitar al aprendiz en un oficio determinado y facilitar su inserción en el mundo del trabajo. sin embargo mantiene sanciones por ese comportamiento indebido del empleador. el inciso sexto de ese artículo vulnera la el derecho a la negociación colectiva pues excluye de ésta cualquier discusión sobre la remuneración o cuota de sostenimiento a los aprendices."precaria" (caso de los empleados de libre nombramiento y remoción que pueden ser retirados en ejercicio de un alto grado de discrecionalidad). con lo cual sigue amparando la estabilidad laboral. según su parecer. tal y como lo ordenan la Carta y los tratados de derechos humanos. el artículo 7-d del Protocolo de San Salvador ordena a los Estados amparar la "estabilidad de los trabajadores en sus empleos. y señala que en "casos de despido injustificado. pues no sólo es . 45. Ahora bien. ya que tiene otros elementos que le son característicos: así. Así. como sucede en la relación de trabajo ordinaria. el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional".Entra la Corte por último a examinar el problema del contrato de aprendizaje. Este criterio armoniza además con los tratados de derechos humanos en la materia. de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación".
53) que la norma acusada defina el contrato de aprendizaje como una forma específica dentro del derecho laboral. Por consiguiente. tampoco es el producto de la total y libre iniciativa privada. eventualmente alguna empresa busque encubrir una relación de trabajo bajo la forma de un contrato de aprendizaje. 54). en particular. distinguió el contrato de aprendizaje del contrato de trabajo ordinario. El anterior análisis es suficiente para concluir que no desconoce el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades jurídicas (CP art. en los siguientes términos: "Bajo estos supuestos. que justifican un trato distinto. por la sencilla razón de que en la realidad. debido a esas finalidades. las relaciones de aprendizaje tienen especificidades frente a la relación laboral.obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran sino que además el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar (CP art. como lo advertía la anterior Constitución. con el fin de privar al trabajador de ciertas garantías. el contrato de aprendizaje en su regulación actual no queda sujeto al ejercicio de la plena libertad contractual que rige para otras materias distintas de las laborales. ni se trata de un contrato que pueda equipararse al contrato laboral ordinario. y para proteger. que carece de esos propósitos. el contrato de aprendizaje no sólo tiene sustento constitucional sino que además puede ser distinguido de un contrato de trabajo ordinario. se ha querido mantener bajo unas especiales reglas de carácter legal y administrativo. Sin . quien. Todo lo contrario. deberán declarar la existencia del contrato de trabajo. a las clases proletarias. y a las de menores ingresos. Otra cosa es que en la práctica. 53). y los funcionarios judiciales correspondientes. Es obvio que esa práctica sería contraria a la Constitución y a la ley. que por la importancia para la economía y para los derechos de los aprendices. y que por ende no se rige exactamente por las mismas reglas que el contrato de trabajo. que es distinta al contrato de trabajo. incluso durante la vigencia de la anterior regulación. para dar pleno empleo a los recursos humanos. en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades (CP art. Este punto ya había sido clarificado por esta Corte. se trata de una modalidad concreta de los vínculos jurídicos que pueden establecerse entre patronos y trabajadores. resulta evidente que para el legislador. como lo indica la nueva Constitución" (subrayas no originales)37. ni ha sido una gracia o favor del capital al recurso humano que deba dejarse al libre desarrollo de la tensión de las fuerzas productivas y del acuerdo de voluntades entre dos partes desiguales.
además. esa eventualidad. pues es deber de todas las personas y de las autoridades acatar la Constitución y las leyes (CP art. siempre y cuando esas restricciones sean proporcionadas. especialmente aquella integrada por jóvenes. pues mal podría esta Corporación suponer que las normas son promulgadas para no ser observadas o para ser aplicadas en forma arbitraria38". lo razonable es que la determinación de los cupos de las . y de la empresa. pero además de esto. Esas políticas prácticamente conforman un sistema de capacitación de la fuerza de trabajo. por lo cual puede ser limitado39. en manera alguna implica la inexequibilidad de una definición legal del contrato de aprendizaje que se ajusta a la Carta. 47. Ahora bien. 4º)." Y la razón es la siguiente. en materia de la preparación y formación de mano de obra y de personal capacitado y calificado en determinadas ocupaciones y oficios. simplemente porque algunos particulares no la cumplen. así como de vinculación de esas personas al mundo del trabajo. como eventuales cambios en los niveles de oferta y demanda de personal. el contrato de aprendizaje hace parte de una política general de fomento a la capacitación de la fuerza de trabajo. Como esta Corte lo ha señalado. frente a los contratos de aprendizaje. o de los desarrollos técnicos o científicos que los afecten. el derecho a la negociación colectiva no es absoluto. Por ello la Corte.embargo. Ha dicho al respecto la Corte: "(S)e trata de organizar un servicio público atendido y financiado por el Estado y con aportes particulares. efectúa su análisis bajo el supuesto de que ella será interpretada en forma razonable y que. o de las políticas en materia de planes y programas de desarrollo económico y social.La Corte tampoco considera que vulnere el derecho de negociación colectiva el mandato según el cual. pues una cosa es la inconstitucionalidad del contenido de una norma y otra su indebida e inconstitucional aplicación. que atienda algunas de las necesidades específicas de los patronos y empleadores. Esta Corporación ya había señalado al respecto: "No se puede pretender que se declare la inconstitucionalidad de una disposición que se ajusta a la Carta. dependen también del oficio o de la ocupación mismos. con una muy importante participación de entidades como el SENA. será acatada y cumplida. "en ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva. cuando estudia la constitucionalidad de una determinada disposición.
28.40" Lo anterior explica que el contrato de aprendizaje se encuentre intensamente reglamentado e intervenido por el Estado. 30 y 51 de la Carta son proporcionados y respetan los principios mínimos del trabajo establecidos en la Carta y en los tratados de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad. Esto significa que el contrato de aprendizaje tiene objetivos y especificidades que lo distinguen de la relación de trabajo ordinaria. como es la de limitar la negociación colectiva en este preciso aspecto. el artículo 32 de la Ley 789 de 2002 establece esa obligación para las empresas privadas que realicen cualquier tipo de actividad económica diferente de la construcción. 26. la Corte considera que la exclusión de dicha negociación del apoyo de sostenimiento mensual de los aprendices es una restricción proporcionada al derecho de negociación colectiva de los trabajadores. entre otras cosas.empresas. a fin de asegurar la viabilidad del conjunto del sistema de capacitación de la mano de obra en el país. y que ocupen un número de trabajadores no inferior a quince. lo cual implica. Así. la imposición de la obligación a ciertas empresas de vincular un determinado número de aprendices. 48. El problema del efecto general inmediato de las normas laborales y el principio de progresividad 49. por lo que es razonable que ciertos aspectos del mismo queden excluidos de la negociación colectiva.Conforme a lo anterior. que es de uno por cada 20 empleados. al menos establezca salvaguardas para asegurar que esa vinculación no resulte desproporcionadamente onerosa. puesto que los aprendices no son en sentido estricto trabajadores y resulta razonable que si la ley obliga a las empresas a vincular a un determinado número de aprendices. pero que tiene vínculos evidentes con el mandato de . la definición de los oficios u ocupaciones que requieran del servicio del SENA y las modalidades de su aplicación sean un asunto administrado por el Consejo Directivo Nacional y por el Director del Establecimiento. por lo que esas disposiciones serán declaradas exequibles. Y en ese contexto.Entra la Corte a analizar por último un tema no planteado por la demanda. la Corte concluye que los artículos 25. mientras que el artículo 33 de ese mismo cuerpo normativo establece el porcentaje de aprendices.
Al respecto conviene recordar que las normas que regulan las relaciones laborales son de orden público. ello no implica que el esquema de la indemnización moratoria deba mantenerse inalterado en el tiempo y que el legislador no pueda introducir modificaciones en su contenido. la Sala considera que si se aceptara que los efectos del artículo 38 de la Ley 153 de 1887 son asimilables en la esfera del derecho laboral.progresividad. por cuanto el derecho a ese pago únicamente se consolida cuando a la fecha de terminación del vínculo laboral el empleador no cancela los salarios y prestaciones sociales al trabajador. 25 y 53). Dijo entonces la Corte en el fundamento 6º de esa providencia: "De otra parte. dentro del marco fijado por la Constitución. según el cual las normas laborales se aplican también a los contratos en curso. y de señalar sus efectos temporales. claro está. que planteaba que la nueva regulación de los salarios caídos del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 sólo podría aplicarse a los contratos celebrados con posterioridad a la promulgación de la citada ley. pero en manera alguna nace al momento mismo de la celebración del contrato. tal y como lo señala el artículo 16 de ese estatuto.La anterior doctrina es en principio válida. la reciente sentencia C-781 de 2003. es perfectamente válido que la ley califique las normas laborales como disposiciones de orden público. que limita la autonomía contractual e independiza las reglas laborales de las normas que gobiernan los contratos civiles. Así. pero no a los contratos en curso. que . MP Clara Inés Vargas Hernández. Ese mandato." 50. como bien lo señala el actor. lo cual significa que la autonomía de la voluntad se restringe considerablemente ya que es el Legislador el encargado de adoptar diseños normativos para ámbitos concretos como el de la indemnización moratoria. Al respecto. ha sido justificado por el carácter de orden público de las normas laborales. Debido a la importancia del trabajo en el ordenamiento constitucional colombiano (CP arts 1. es incorrecto afirmar que el régimen de indemnización moratoria vigente hasta la expedición de la Ley 789 de 2002 se hace extensivo a todos los contratos suscritos antes de su promulgación. el trabajo no es constitucionalmente una simple mercancía que pueda estar sometida a las normas civiles y comerciales. para sostener que en todo contrato de esta naturaleza se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. rechazó la solicitud de la demanda. y a que. y es el relativo al efecto general e inmediato de las normas laborales incorporadas al CST.
Por ello la Corte considera que no es posible aplicar mecánicamente la norma sobre efectos temporales inmediatos de las regulaciones laborales. En caso de que no aparezca necesaria esa aplicación. Y en particular las relaciones de trabajo no pueden estar sometidas únicamente a las dinámicas de mercado. el efecto general e inmediato de las normas incorporadas al CST no plantea ningún problema constitucional. los retrocesos en la protección de los derechos sociales. esa regulación sobre los efectos temporales de las disposiciones laborales debe ser armonizada con el mandato de progresividad. Pero la Constitución rechaza la existencia de una sociedad de mercado. el cual. pues desarrolla el principio de progresividad. Con esos criterios. si aparece claro que el fin constitucional que se persigue y que eventualmente podría justificar un retroceso en la protección de los derechos sociales. en donde todas las relaciones sociales se encuentren sometidas a las dinámicas mercantiles. puesto que la aplicación inmediata a los contratos ya existentes hace aún más grave el retroceso en la protección de los derechos laborales. prohibe prima facie. 334). por lo que es normal que las reglas laborales sean en parte distintas de las normas civiles y comerciales. cuando las nuevas normas son más favorables a los trabajadores que se encuentran empleados. entra la Corte a analizar si la . como ya se ha explicado largamente. Por el contrario. las nuevas disposiciones que reduzcan la protección a los trabajadores pueden tener aplicación inmediata. y por ende los contratos existentes continúan rigiéndose por la normatividad derogada. al dar aplicación a los contratos laborales en curso de los avances en la protección de los derechos de los trabajadores. dentro del marco de la dirección de la economía por parte del Estado (CP art. 333). hace necesario aplicar la medida a los contrato en curso.son de vigencia inmediata. pues eso es contrario a la prevalencia de la dignidad humana y de los derechos de las personas (CP arts 1º y 5º). Ahora bien. A fin de armonizarla con el mandato de progresividad. puesto que el trabajo es un valor fundante del ordenamiento y goza de una especial protección del Estado (CP arts 1 y 25). Sin embargo. la regla de los efectos generales e inmediatos se torna inconstitucional por su afectación del principio de progresividad. ese efecto general inmediato es constitucionalmente problemático cuando las nuevas regulaciones representan menores garantías para los trabajadores empleados. Y es que la Constitución admite que el sistema económico se funda parcialmente en una economía de mercado (CP art.
la reducción de la indemnización por despido injusto establecida en el artículo 28 acusado busca esencialmente reducir el riesgo de contratación de los patronos. Esto significa que esa medida promueve el empleo. Su aplicación a los contratos vigentes también encuentra sentido pues facilita la adaptación de las empresas a los ciclos económicos. a partir del 1 de abril de 2003. La aplicación de esas medidas a los contratos acordados antes de la vigencia de la Ley 789 de 2003 tiene entonces lógica.El actor cuestiona el artículo 1º. El segundo problema bajo revisión: el artículo 1º y la posible distorsión del sistema de seguridad social. 53. pues saben que si requieren despedir a ese nuevo empleado. Así. pues pretenden una reducción de costos y una flexibilización de las jornadas de trabajo.La estrategia de reducción de los recargos por jornadas nocturnas o por festivos. en la medida en que los costos de un eventual despido sin justa causa resultan menores. lo cual incentiva la contratación de nuevas personas. pues en este caso la propia Ley 789 de 2003 exceptuó esa reforma de la regla de aplicación inmediata. por cuanto reduce el riesgo de los empresarios a contratar. en este aspecto. 51. Por ello la Corte encuentra que la aplicación de esas medidas incluso para contratos establecidos con anterioridad a la promulgación de la Ley 789 de 2003 es compatible con el mandato de progresividad. pues considera que éste incorpora una definición de un sistema de protección social.La modificación del contrato de aprendizaje no suscita. ninguna inquietud constitucional. les será menos costoso. continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la celebración del contrato. por lo que no encuentra reparo a que el artículo 26 haya señalado que. Igualmente. que desconoce el ." 52. el parágrafo transitorio del artículo 30 de ese cuerpo normativo precisa inequívocamente que los "contratos de aprendizaje que se estén ejecutando a la promulgación de esta ley. pues permite inmediatamente a los empresarios reducir sus costos y flexibilizar sus procesos económicos.aplicación general e inmediata de las normas impugnadas vulnera o no el mandato de progresividad. esas medidas serían aplicadas a los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de la mencionada ley. o la flexibilización de la jornada de trabajo y de los días de descanso. son medidas que buscan tener efectos inmediatos en la promoción del empleo.
la creación del Fondo de Protección Social es inconstitucional pues permite el desvío de los recursos de la seguridad social a fines distintos y el traslado de recursos de las entidades territoriales a la Nación. Por el contrario. según el cual. si esa disposición autoriza un traslado a la Nación de los recursos de las entidades territoriales.La seguridad social constituye no sólo un servicio público obligatorio sino también un derecho irrenunciable de toda persona. con sujeción a los principios de universalidad. que viole la prohibición constitucional establecida por el artículo 362 superior. que puede ser prestado directamente por el Estado o por intermedio de los particulares. por ejemplo. la Corte comenzará por recordar brevemente los alcances de la libertad del legislador en la configuración de la seguridad social. coordinación y control del Estado (CP. no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. al definir el sistema de protección social. Así. solidaridad y eficiencia. arts 48. sino que deja a la ley la regulación de ese punto. que viole el mandato del artículo 48 de la Carta. y que esta norma no permite desvíos de recursos de la seguridad social ni autoriza traslados indebidos de recursos de las entidades territoriales a la Nación. la Carta no establece un sistema de salud y seguridad social estrictamente público ni prefiere uno de carácter privado. teniendo siempre como norte su realización progresiva en cuanto a calidad y cobertura se refiere. 49 y 365). los intervinientes y la Vista Fiscal consideran que la creación del sistema de protección social y del Fondo de protección social son desarrollos legítimos de la libertad de configuración del Congreso en este campo. Además. Para responder a esos interrogantes.sistema de seguridad social establecido por el artículo 48 de la Carta y desarrollado por la Ley 100 de 1993. la demanda contra el artículo 1º plantea básicamente tres problemas constitucionales: (i) si esa norma. la Constitución no optó por un único modelo en esta materia sino que confió al Legislador la tarea de configurar su diseño. desconoce el diseño constitucional de la seguridad social. (ii) si esa disposición permite un inconstitucional desvío de los recursos de la seguridad social. siempre bajo la dirección. por ser éste el foro de discusión política y democrática por excelencia donde deben ser analizadas reposadamente las diferentes alternativas a la luz de las condiciones económicas. los esquemas institucionales y las necesidades insatisfechas (entre otros factores). Como se puede ver. 54. según su parecer. . y (iii) finalmente. Teniendo en cuenta su naturaleza de derecho prestacional.
entre otros. si vulnera los principios y diseños constitucionales de la misma. ese diseño sería inconstitucional por desconocer el carácter irrenunciable de la seguridad social"43.Conforme a lo anterior. no es convincente. universalidad y solidaridad. (iii) autorizar o no su prestación por particulares. No corresponde a esta Corte determinar en esta sentencia hasta qué punto la creación del sistema de protección social implica o no la derogación de ciertos aspectos del sistema de seguridad social diseñado por la Ley 100 de 1993. 56. (ii) regular el servicio. coordinación y control a la seguridad social. derogar o complementar desarrollos previos en materia de seguridad social. si el Legislador opta. porque esas fueron precisamente algunas de las tareas expresamente asignadas en la Carta. lo anterior no significa que la decisión legislativa sea completamente libre. tanto de carácter formal (competencia. en la medida en que altera el sistema de seguridad social diseñado por la Ley 100 de 1993. (iv) fijar las competencias de la Nación y las entidades territoriales.El argumento según el cual. pues una ley nueva puede modificar. la Corte no encuentra que el artículo 1º contenga definiciones. Sin embargo. 55. la definición del sistema de protección social introduce desorden institucional. pues no es función de esta Corporación indicar las condiciones . procedimiento y forma) como de carácter material (valores y principios en que se funda el Estado Social de Derecho). (vi) señalar los componentes de la atención básica que será obligatoria y gratuita. señalados directamente por el Constituyente y que restringen esa discrecionalidad42. Sin embargo. el actor acierta en señalar que un determinado desarrollo legal de la seguridad social puede ser contrario a la Carta.Reiteradamente ha explicado la jurisprudencia que el Legislador tiene un rol primordial en materia de derechos prestacionales como la vivienda. "Por consiguiente. 49 y 365 de la Carta demuestra que corresponde a la ley determinar los elementos estructurales del sistema de seguridad social. por una regulación en virtud de la cual las personas pueden escoger entre afiliarse o no a la seguridad social. Lo mismo ocurriría si el Estado se desentendiera de las funciones de dirección. tales como (i) concretar los principios de eficiencia. diseños o instrumentos que vulneren específicamente los principios constitucionales de la seguridad social. (v) determinar el monto de los aportes y. ni que la reglamentación adoptada esté ajena al control constitucional. pues es obvio que existen límites. Una simple lectura de los artículos 48. por ejemplo. la salud o la educación41.
El cargo es entonces rechazado. lo cual deja abierta la posibilidad para que el empleador y el Estado determinen cuáles son los riesgos que debe asumir el trabajador. por cuanto el principio en sí mismo considerado se ajusta a la idea de Estado social de derecho. Sin embargo. pues el Legislador mantiene su libertad de configuración en este campo. la Corte no encuentra que la regulación general del Fondo de Protección Social permita el desvío de recursos de la seguridad social. 48). pues el principio de socialización de los riesgos no es en sí mismo inconstitucional ya que puede ser considerado un desarrollo del principio de solidaridad. es necesario atacar esos desarrollos concretos. ese fondo es alimentado por (i) los aportes que se asignen del .El análisis anterior es suficiente para desestimar el cargo relativo a la supuesta desfiguración del sistema de seguridad social. ese principio pretende que los trabajadores asuman los riesgos del sistema. 1°). al descargar responsabilidades desproporcionadas en los trabajadores. por la sencilla razón de que en ninguna parte del artículo acusado aparece que los dineros que alimentan ese fondo provengan de la seguridad social. la Corte no comparte esa visión. establecido en el inciso cuarto. El actor acierta en señalar que los recursos de la seguridad social no pueden ser destinados a otros fines (CP art.El único punto en que el actor realmente ataca un aspecto del diseño del artículo 1º de la Ley 789 de 2002 es el relativo al principio de socialización de los riesgos derivados de los cambios económicos y sociales. por lo que la Corte entra a analizar los ataques contra la creación del Fondo de Protección Social. Basta señalar que el hecho de que el artículo 1º de la Ley 789 de 2002 haya eventualmente modificado la Ley 100 de 1993 no representa un cargo de constitucionalidad que pueda prosperar. Sin embargo. Por ello esta Corte ha declarado la inconstitucionalidad de aquellas regulaciones legales que permiten el desvío de esos recursos a otras actividades44. Otra cosa es que eventualmente algunos desarrollos específicos del principio de socialización de los riesgos puedan ser inconstitucionales. porque tiene que eventualmente ceder sus garantías laborales para el beneficio de la economía nacional. 57. que es la fórmula constitucional adoptada por la Carta (CP art. Según el demandante. Pero en ese caso. 58. lo cual lo perjudica. En efecto. que tiene claro sustento en la Carta (CP art 1º).de vigencia de las disposiciones legales.
que tienen reserva legal. Sin embargo. por lo que la aplicación efectiva del literal 2º de este artículo queda condicionada a la existencia de una ley complementaria que defina esos aspectos.Por último procede la Corte a analizar el problema de la destinación de estos recursos del fondo. Programas y Proyectos de protección social. dentro de ciertos límites. a pesar de que esa ley es la que crea el Fondo de Protección Social.Presupuesto Nacional. en principio no es inconstitucional que se prevea. Ahora bien. 59. con excepción de los recursos aportados por las entidades territoriales. que permite además compensar ciertos desequilibrios regionales. especialmente porque la propia ley no determina ni el monto ni las características de esos recursos. Por su parte. todos los demás recursos que reciba a cualquier título. (vi) en general. (iii) las donaciones que reciba. En efecto. cuya constitucionalidad será examinada específicamente en el siguiente fundamento de esta sentencia. monto y características de los recursos que las entidades territoriales aportan a ese fondo. podría entenderse que corresponde al Gobierno definir esos temas. (v) los rendimientos financieros de sus excedentes de liquidez y. (iv) los rendimientos financieros generados por la inversión de los anteriores recursos. que las entidades territoriales hagan aportes a un fondo nacional destinado a la protección social.Entra la Corte a examinar los problemas planteados por los recursos aportados al fondo por las entidades territoriales. en virtud de lo señalado en el parágrafo del artículo atacado. esta Corporación encuentra que la ley no define con claridad dicha destinación sino que atribuye una competencia para tal efecto al Gobierno. el parágrafo . la Corte no encontró en la misma ninguna norma que definiera con claridad el origen. es necesario que la ley defina los montos y características de esos recursos. debido a ese vacío. puesto que ese mecanismo puede ser entendido como una forma de racionalización del uso de esos recursos. ninguno de los otros recursos tiene por qué provenir de la seguridad social. (ii) los recursos que aporten las entidades territoriales para Planes. el inciso quinto atribuye al Gobierno la facultad de definir los programas financiados pues señala que la finalidad del fondo será la financiación "de programas sociales que el Gobierno Nacional defina como prioritarios". 60. Esa fuente de recursos al fondo plantea varios problemas constitucionales. por lo que el cargo de desvío de esos dineros carece de sustento. Por consiguiente. que señala que el "Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento y la destinación de los recursos del Fondo de Protección Social". Ahora bien. Ahora bien. Así.
que dispuso: "Primero. Por consiguiente. Declarar EXEQUIBLE. las partidas incorporadas en la ley de apropiaciones deben corresponder a un gasto decretado conforme a ley anterior. por lo que resulta ineludible declarar la inexequibilidad del parágrafo de esta disposición y de la expresión "que el Gobierno Nacional defina como prioritarios". Ahora bien. no puede el artículo acusado conferir al Gobierno la facultad de definir los programas a ser financiados con los recursos del fondo." . y el gasto debe haber sido incorporado previamente en el correspondiente presupuesto. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.. Segundo. o a uno propuesto por el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público. el parágrafo segundo del artículo 29 de la Ley 789 de 2003. 345). pues existe reserva legal en materia del decreto y orientación del gasto público. y a su vez. En efecto. o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo (CP art. resulta necesario precisar que los programas sociales que podrían ser financiados por ese fondo deben corresponder al Plan Nacional de Desarrollo o a leyes preexistentes. la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia. que se declara INEXEQUIBLE. 346). o al servicio de la deuda. la Carta establece que los gastos deben estar incorporados en el presupuesto (CP art. pues dicha determinación es del resorte de la ley. salvo la expresión "o si presentara la demanda. la Corte considera que la destinación de esos recursos no puede quedar abierta a la discreción gubernamental.de ese mismo artículo reitera que el Gobierno reglamentará la destinación de los recursos del Fondo Nacional de Protección Social. DECISIÓN En mérito de lo expuesto. no ha habido pronunciamiento judicial". RESUELVE Primero: ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-781 de 2003.Declarar EXEQUIBLE. VIII. el inciso primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2003. Por esa misma razón. en lo acusado. en lo acusado. tal y como lo ordenan los artículos 345 y 346 de la Carta.
por ausencia de cargo. INHIBIRSE de conocer. cúmplase. Declarar EXEQUIBLES. comuníquese. así como del segundo párrafo del numeral primero de ese artículo. Declarar EXEQUIBLES las expresiones "Lo dispuesto en el inciso 1º. que literalmente dice: "Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero". salvo las expresiones "que el Gobierno Nacional defina como prioritarios" y el parágrafo que se declaran INEXEQUIBLES. 28. Tercero. en el entendido de que los programas sociales deben corresponder al Plan Nacional de Desarrollo o a leyes preexistentes. 26. los artículos 25. Notifíquese. pero únicamente por los cargos estudiados. de la constitucionalidad del numeral segundo y del parágrafo primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2002.Segundo. y el gasto se haya incorporado previamente en el correspondiente presupuesto. por los cargos estudiados. 30 y 51 de la Ley 789 de 2002. Quinto. Cuarto. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente CLARA INES VARGAS HERNANDEZ Presidenta JAIME ARAUJO RENTERIA Magistrado ALFREDO BELTRAN SIERRA Magistrado MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA Magistrado JAIME CORDOBA TRIVIÑO . publíquese. de este artículo" y "Para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo vigente" del parágrafo 2 del artículo 29 de la Ley 789 de 2002. Declarar EXEQUIBLE el artículo 1º de la Ley 789 de 2002.
Magistrado RODRIGO ESCOBAR GIL Magistrado MARCO GERARDO MONROY CABRA Magistrado EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT Magistrado ALVARO TAFUR GALVIS Magistrado IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO Secretario General (e) SALVAMENTO Y ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO ALFREDO BELTRÁN SIERRA. estimé entonces que debería haberse declarado por la Corte . Respecto de esa decisión salvé el voto. con la redacción que a él se le dio por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002. por las razones que a continuación se indican. por cuanto a mi juicio. Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corte Constitucional. en tal virtud. no ha habido pronunciamiento judicial". En la Sentencia C-781 de 10 de septiembre de 2003 la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 29 de la Ley 789 de 2003. y. es contrario a la Constitución en su integridad si se aplica a contratos laborales surgidos a la vida jurídica antes de la fecha de iniciación de la vigencia de esa ley. salvo la expresión "o si presentada la demanda. 1º. que se declara inexequible. me veo precisado a aclarar mi voto en relación con lo decidido en el numeral 1º de la Sentencia C-038 de 27 de enero de 2004 y a salvarlo con respecto a lo decidido en el numeral 4º de la misma sentencia. el artículo 65 numeral 1º del Código Sustantivo del Trabajo. EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA C-038 DE 27 DE ENERO DE 2004.
en el numeral cuarto de la parte resolutiva. si se tiene en cuenta que conforme al artículo 25 de la Constitución Política el trabajo. norma que guarda relación inescindible con el artículo 53 de la Constitución el cual establece. salvo las expresiones "que el Gobierno Nacional defina como prioritarios y el parágrafo que se declara inexequibles". Consideré entonces. "en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración". 30 y 51 de la Ley 789 de 2002. razón esta que indica con toda claridad que si a la terminación del contrato de trabajo no se le cancela al trabajador el valor total de los salarios y prestaciones debidos. con mucha mayor razón ese concepto aplicable en la legislación civil y mercantil debe tener aplicación integral cuando se trata de contratos de trabajo. que si conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887. se observa por el suscrito magistrado que en un Estado Social de Derecho adquieren trascendencia jurídica tanto la declaración que en el preámbulo de la Constitución se hace al expresar en él que la Constitución se expidió teniendo como uno de los valores que la fundan "el trabajo". sin que quepa duda alguna que uno de los principios aplicables a las relaciones laborales es el de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales. gozará de la especial protección del Estado. en el numeral quinto de la misma se declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 1º de la citada ley. pues.su exequibilidad condicionada a la no aplicación de lo allí dispuesto a los contratos existentes en esa fecha. salvo retención autorizada por la ley o convenio celebrado por las partes sobre el particular. lo que no se hizo por la Corte. "pero únicamente por los cargos estudiados". en todas sus manifestaciones. ese artículo . Con respecto a lo decidido por la Corte sobre la exequibilidad de las normas acabadas de mencionar. la indemnización a que tiene derecho el trabajador será de "una suma igual al último salario diario por cada día de retardo" y por todo el tiempo que dure la mora en el pago al trabajador. Es decir. y. 2º. 26. ello sería tanto como desconocer derechos claros e indiscutibles de los trabajadores cuyo contrato laboral surgió a la vida jurídica con anterioridad a esa fecha. así como el artículo 53 de la Carta Política. Es decir que el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 no puede aplicarse a los contratos de trabajo celebrados antes de la vigencia de esa ley (27 de diciembre de 2002). -y así lo sigo considerando-. en el que se señalan los principios mínimos fundamentales que deben ser respetados en las relaciones laborales. En la Sentencia C-038 de 27 de enero de 2004 se declaró la exequibilidad de los artículos 25. 28.
como a la Constitución no se le pueden hacer esguinces. Es decir. es claro para el suscrito magistrado que de esa manera se vulneró sin lugar a dudas la Constitución Política. se hacia imprescindible la reforma de la legislación laboral para que el trabajo diurno se extienda de ahora en adelante por virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 789 de 2002. sino nocturnas. Es claro que el trabajo en el ordenamiento jurídico positivo constitucional de Colombia es un valor. Esto impide que la ley laboral se torne regresiva y disminuya los derechos de los trabajadores. Se parte para dictarlas de la consideración del trabajo como una mercancía. como es clara su vigencia. 28. Aquí. se expresó una y otra vez que las normas contenidas en los artículos 25. 26. Al contrario. La circunstancia desafortunada de que. no significa que exista una potestad configurativa de la ley laboral como si el artículo 53 de la Constitución no existiera. Más. tanto en la exposición de motivos que acompañó el Gobierno al proyecto de ley respectivo como en la discusión correspondiente. aumentan las ganancias de unos a costa del trabajo mal remunerado de los otros. que los derechos de los trabajadores se estiman como factor de encarecimiento de la producción y. al período comprendido entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. se decidió que la ley sea el instrumento para disminuir la noche parcialmente. por diversos factores. Así. por ello. por ello. no se haya expedido todavía el estatuto del trabajo. y. pese a que la evidencia indica que por lo menos las cuatro últimas horas no son diurnas. Analizadas las normas en cuestión resulta prima fascie que ellas quebrantan la Constitución Política. -a los cuales no escapa la actividad de los grupos de presión-. menoscabar sus derechos. De la misma manera los artículos 1º y 25 de la Carta señalan la órbita dentro de la cual puede actuar legítimamente el legislador en materia laboral. Pero ello poco importa. .53 de la Constitución tuvo como uno de sus objetivos el asegurar a los trabajadores que las reformas laborales que se expidieran en el futuro no podrían. se consideraban importantes para disminuir los costos de los empleadores. 30 y 51 de lo que hoy es la Ley 789 de 2002. para disminuir los denominados "costos laborales". un principio y un derecho cuya regulación ha de realizarse teniendo en cuenta que la Carta ordena que la legislación se dirija al establecimiento de un "orden justo". en ningún caso. el legislador encuentra en el contenido de esa norma constitucional límites infranqueables.
aparece de bulto la inconstitucionalidad del artículo 26 de la ley acusada. en forma creciente. Esto significa. Tal modificación se encamina ahora a la disminución de la indemnización que deba pagarse al trabajador cuando se produce la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa por parte del empleador. ni más ni menos.De igual modo. de manera inequívoca. de suerte que ellos se regirán por lo establecido en los literales b). El artículo 28 de la Ley 789 de 2002 modifica el artículo 64 del código Sustantivo del Trabajo. la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. que seguramente estarán ya pensionados y fuera del alcance de la norma por esa razón. sólo tenga derecho a percibir por su trabajo lo que le correspondería por el día domingo. para establecer ahora que en cuanto a la remuneración por el trabajo dominical. De otra parte. la remuneración extraordinaria del trabajo en días dominicales. exceptuando el parágrafo transitorio que se aplica únicamente para los trabajadores que tenían diez años o más el 1º de enero de 1991 que. pues mediante él se reforma el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo. se señala que tal modificación en la indemnización se aplicará a los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la ley tuvieren diez años o más al servicio continuo del empleador. subrogado ya por el artículo 29 de la Ley 50 de 1990. pero no por el festivo y en la proporción allí establecida es decir con un recargo del 75% sobre el salario ordinario de acuerdo con las horas laboradas. que ya había sido subrogado por el artículo 6º de la Ley 50 de 1990. c) y d) del artículo 6º de la Ley 50 de 1990. parágrafo este que señala. si el domingo coincide con otro día de descanso remunerado el derecho del trabajador a la remuneración se disminuye de tal manera que si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado. De nuevo. a simple comparación del calendario. . si conforme a la Constitución ni la ley ni los contratos laborales pueden menoscabar la libertad. pues a ello equivale establecer que será aplicada a los trabajadores que al momento de su expedición tuvieren diez años o más al servicio continuo del empleador. queda aquí claro que la norma rige hacia atrás. serán los que ahora tengan 23 años de trabajo o más. el propósito definido de la ley de disminuir. se establece en el parágrafo segundo del citado artículo 26 de la Ley 789 de 2002 que "se entiende que el trabajo dominical es ocasional cuando el trabajador labora hasta dos domingos durante el mes calendario" y que "es habitual cuando el trabajador labore tres o más domingos durante el mes calendario". lo que implica un evidente retroceso en la legislación laboral no autorizado por la Constitución Política. Además.
el cual en ningún caso constituye salario". con el patrocinio de una empresa y que por ello recibirá "un apoyo de sostenimiento mensual. e incorporadas al ordenamiento jurídico interno por virtud de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política. a menos que la tasa de desempleo nacional sea inferior al 10% . resulta contrario a la Carta que a esos trabajadores se les pueda remunerar con la mitad de un salario mínimo mensual vigente en unos casos y con el 75% de ese salario mínimo en otros casos. pues así se desconoce el derecho a que el trabajo tenga una remuneración equitativa. aceptadas por la Organización Internacional del Trabajo. "caso en el cual será equivalente al 100% de un salario mínimo legal vigente". se dispone que "en ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva". se expresa que tal apoyo de sostenimiento "en la fase lectiva" será el "equivalente al 50% de un (1) salario mínimo mensual vigente" y que en la "fase práctica será equivalente al 75% de un (1) salario mínimo mensual vigente". pues simplemente se señala que el aprendiz recibirá formación teórico-práctica en una entidad autorizada. pues como ya se dijo en este salvamento de voto. adicionalmente. así se desprende del preámbulo y de los artículos 1º. es manifiestamente contraria a la Constitución. 25 y 53 de la Carta Política. de manera brusca e intempestiva. pues desconoce de manera frontal el artículo 25 de la Constitución Política. De la misma manera. que es también un mandato de la Constitución. así como las normas internacionales protectoras del trabajo en la modalidad de aprendizaje. a la cual se incorporaron por ministerio de la ley las normas vigentes al momento de la celebración del contrato de trabajo. desconocidas por el legislador sin que se encuentre autorizado constitucionalmente para el efecto. . Es absolutamente claro para el suscrito magistrado que la exclusión del contrato de aprendizaje como una modalidad del contrato de trabajo para privar de la naturaleza jurídica de "salario" la remuneración al aprendiz que siéndolo no deja de ser por ello un trabajador.que la relación laboral. En el artículo 30 de la Ley 789 de 2002 desaparece el contrato de aprendizaje como una modalidad específica del contrato de trabajo. son ahora. Y como si lo anterior ya no fuera bastante.
sino.En la misma dirección. en consecuencia no puede ser regulado por ella a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales "el apoyo de sostenimiento mensual" (que es salario) a los trabajadores que ejecutan su labor en desarrollo de un contrato de aprendizaje. En cuanto hace referencia al artículo 51 de la Ley 789 de 2002 que establece lo que la ley denomina "jornada laboral flexible". ni incluída en la ponencia para segundo debate en el Senado de la república. para señalar que en la fase práctica la remuneración podrá alcanzar al ciento por ciento del salario mínimo legal vigente. 25 y 53 de la Constitución. salvo entonces el voto. Por las razones expuestas. pero dentro de jornada ordinaria laboral diurna de 6 de la mañana a 10 de la noche. sino incluida a propuesta de las llamadas "comisiones de conciliación". lo que señala de bulto su inconstitucionalidad. sobre el artículo 51 de la Ley 789 de 2002. constitucionalmente. corresponde al Estado. factor este que en nada depende de quien labora en una empresa determinada. . lo es también del artículo 55 de la Carta que de manera expresa garantiza el derecho de negociación colectiva para la regulación de las relaciones laborales. Pero la inconstitucionalidad de la norma sube de punto en cuanto ella dispone que se excluye de la negociación colectiva y. pero sólo si la tasa de desempleo nacional es menor del 10%. lo que vuelve a plantear la inexequibilidad de la norma por las razones ya expresadas. Semejante disposición. pues es claro que para su expedición ella no fue objeto de aprobación al culminar el primer debate en las sesiones conjuntas de las Comisiones Séptimas del Senado y de la Cámara de Representantes. Adicionalmente. de la dirección de la economía que. se enmarca dentro del mismo propósito confesado durante la discusión del proyecto de ley respectivo de disminuir los costos laborales. por completo. además de violatoria de los artículos 1. ni aprobada en sesión ordinaria de esa Corporación el 16 de diciembre de 2002. resulta contrario a la Carta Política hacer depender la remuneración de quienes celebren contrato de aprendizaje de la variación de la tasa de desempleo. he de reiterar que en la Sentencia C-801 de 2003 salvé el voto con respecto a su declaración de exequibilidad. Fecha ut supra.
ALFREDO BELTRÁN SIERR .
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