Source: https://corruptosbol.blogspot.com/2013/04/
Timestamp: 2018-03-24 10:19:28+00:00

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CORRUPCION EN BOLIVIA: abril 2013
Valverde ratifica que hubo intención de vincular a líderes cruceños
"Aparentemente eran amigos de Subirana (Carlos), tenían algún tipo de relación con él; me parece que realizar esa propuesta fue un acto de desubicación, pero yo no los voy a juzgar”, dijo Valverde.
Según el comunicador, se supo escoger bien a las personas que llevaron la proposición al gobernador cruceño para que ‘entregue’ a Branko Marinkovic, a Pedro Yovhio y a Guido Nayar, y así evitar ser involucrado en el caso de presunto terrorismo.
“Se escogió bien, Castedo era amigo de todo el mundo y Cirbián, padre de un funcionario de Rubén Costas, lo han escogido precisamente porque este es un hombre que tenía llegada; el por qué lo hicieron, que lo digan ellos”, aclaró Valverde en declaraciones hechas esta mañana a la red Unitel.
Además, Valverde afirmó a EL DEBER que hubo una cita entre Carlos Subirana y Luis Clavijo (era funcionario del Ministerio de Gobierno), en la que se habría discutido sobre cómo y con quiénes se podría contar para llegar al gobernador Costas.
“Querían que el gobernador frene todo”, apuntó Valverde y agregó que además de la primera cita que admitió Costas, hubo una segunda en la que, como en la primera, no lograron nada. Incluso dijo que Clavijo habló con Castedo para que alguien vaya a Cochabamba a reunirse con ‘el grande’.
Por su parte, Subirana reiteró anoche que Valverde miente y que era un informante de Clavijo, con quien asegura no tener sociedad. “Su segundo libro lo escribió por encargo del Gobierno”, aseguró el jurista.
Los tres fiscales del caso Terrorismo descartaron ayer que el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, sea citado a declarar en el proceso, porque su denuncia en sentido de que fue presionado para involucrar a tres dirigentes en el juicio, es extemporánea.
En una entrevista, el viernes, con el periodista Carlos Valverde, la autoridad cruceña reveló que dos personeros del Gobierno le propusieron, dos semanas después del operativo en el que se desarticuló al grupo supuestamente separatista (16 de abril de 2009), que implicara en la investigación al excívico Branko Marinkovic, a Guido Nayar, al exdirigente empresarial Pedro Yhovio, y a una cuarta persona, a la que no se la identificó. La finalidad de esa acción, aseveró, era que él se salvara de ser vinculado con este caso.
Al respecto, los fiscales Sergio Céspedes, Iván Ortiz y Marco Antonio Rodríguez, que atienden el juicio del caso Terrorismo, coincidieron en afirmar que no es posible convocar a Costas para que declare porque la acusación para el inicio del juicio ya fue planteada, junto a las respectivas pruebas y una lista de testigos.
Entretanto, el Gobernador de Santa Cruz manifestó que le tiene sin cuidado si le convocan o no. “Muchas veces me mandaron articuladores y no he querido atenderlos nunca, a ningún tipo de extorsionador, ni miembros de este Gobierno”, sostuvo Costas.
Argumentos. Ortiz explicó que, de acuerdo con el procedimiento, las pruebas ya fueron ofrecidas en la etapa preparatoria de la investigación y sobre las cuales se pidió que se dé inicio al juicio oral, público y contradictorio. El fiscal Marco Antonio Rodríguez complementó que es inviable incluir las declaraciones de Costas porque el juicio se encamina hacia una sentencia. “Ni en la vía testifical, ni como prueba de careo judicial puede ingresar la autoridad porque no fue ofrecida en su momento”, declaró.
Según Céspedes, la única forma en que podría ser considerada la declaración de la autoridad cruceña es que éste hubiera sido ofrecido como testigo. “Ése es el momento para ofrecer sus pruebas (cuando se formula la acusación) y no nos olvidemos (de que) si el Gobernador fue presionado hace bastante tiempo, podían ofrecerlo como testigo (los de la defensa), si no está dentro de esa lista no corresponde presentarlo”, afirmó.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, planteó un careo judicial para esclarecer este tema. Consideró también que las acusaciones de un posible montaje de este caso por parte del Gobierno, como alegan los procesados, también debe desvirtuarse en el proceso judicial en curso. Céspedes precisó que es posible realizar un careo, siempre que haya sido ofrecido por la defensa.
Sugieren iniciar otro proceso
Sergio Céspedes, fiscal del caso Terrorismo, consideró que si el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, recibió presiones y no lo denunció en su momento, estaría encubriendo una posible extorsión.
Céspedes se mostró extrañado del porqué no denunció ese hecho. “¿No tuvo pantalones para eso?”, afirmó. Lo que corresponde, dijo, es que el Gobernador inicie otro proceso, pues se trata de otro hecho que debe ser investigado y que no tiene nada que ver con el juicio por Terrorismo.
Piden revertir arresto domiciliario de Prado
La comisión de fiscales del caso Terrorismo solicitó al Tribunal 1º de Sentencia de La Paz el cese del arresto domiciliario y el permiso de trabajo del coimputado Gary Prado Salmón, porque éste abandonó la audiencia del juicio oral que se desarrolla en la ciudad de Santa Cruz.
El fiscal Sergio Céspedes explicó ayer que ese pedido se sustenta en la inconducta demostrada por Prado, quien el viernes, junto a su abogado Otto Ritter, abandonó la sala de audiencias de este caso, luego de que el juez Sixto Fernández leyó la resolución en la que se determina que el juicio prosiga en la capital oriental, bajo la jurisdicción de autoridades de La Paz.
“Gary Prado está con detención domiciliaria y con permiso de trabajo. La Fiscalía ha solicitado al Tribunal (que) se revoque la medida sustitutiva y se proceda a la detención preventiva”, explicó Céspedes.
El representante del Ministerio Público también precisó que solicitó que Ritter sea apartado del proceso y que además se le aplique una multa equivalente al salario de un juez técnico. Céspedes espera que el juez Fernández fije una audiencia para resolver el pedido de reversión de la medida sustitutiva en la audiencia del 6 de mayo, día en que debe reanudarse este proceso en Santa Cruz de la Sierra.
Alteña denuncia que policías condicionan a dolientes para contratar servicios de funeraria
La tragedia llegó a la familia de Concepción Pinto con la muerte de su hijo Edwin Zeballos de 33 años, quien luego de un desmayo repentino y la atención posterior en el Hospital de Villa Dolores falleció el 6 de diciembre del pasado año.
De forma posterior a este lamentable hecho, la entrevistada aseguró que oficiales de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto y personal de la funeraria “San Francisco de Asís” habrían llegado hasta el lugar para condicionar a los dolientes a contratar los servicios de esta entidad privada.
“A mi hijo, cuando llegó a la clínica, sólo le dieron los primeros auxilios, no le instalaron ningún equipo para hacerlo reaccionar, nada y a los pocos minutos los funcionarios de la clínica llamaron a los de Homicidios y llegaron directamente con personas de la funeraria ‘San Francisco de Asís’ de la urbe alteña. A pesar de que nosotros hemos pedido que se lo baje a la morgue para que un médico forense nos diga de que murió mi hijo, el suboficial ha decidido que el cuerpo se quede y que la funeraria se lo lleve”, aseguró a EL DIARIO Pinto.
La doliente no tuvo otra opción que aceptar el supuesto chantaje del funcionario policial de Homicidios para contratar la mencionada funeraria para poder liberar el cuerpo de su hijo que se mantenía en la clínica y que a la final nunca le dijeron de qué falleció.
“Parece que tenía catalepsia (se parece a la muerte, pero las pruebas rutinarias son suficientes para distinguirla de ella, aunque hayan desaparecido la sensibilidad al dolor o al calor), porque se desmayaba y luego se recuperaba, pero esta vez directamente me han pedido que lo lleve a la funeraria para que lo entierren y cuando solicite abrir el ataúd de mi hijo, verifique que él estaba con los ojos abiertos y había movido sus manos, por eso tengo la duda de que me lo enterraron vivo”, sostuvo Pinto.
Según el relato de la madre, la funeraria ofreció todos sus servicios para el velatorio además de otorgarle un certificado de defunción de manera irregular en el cual se informa que su familiar habría fallecido por Cirrosis Hepática, enfermedad que no se constató con un médico forense, pero el documento de defunción está firmado por el médico Freddy Yana Coarite (MAT-Y19) e incluye la firma poco legible de un oficial de registro civil de apellido Ramos Apaza.
La doliente, quien pago la suma de Bs 1.800 por todo el servicio, hasta la fecha no puede tener una respuesta científica forense de qué murió su hijo y sólo se quedó con el amargo pesar de que la “muerte es un negocio de tres instancias”.
“Nosotros nos hemos enterado que la Felcc es quien tiene el convenio con esta funeraria, es un acuerdo con algunos de sus investigadores y obviamente no en base a un documento escrito porque todos los servicios funerarios son atendidos con esa funeraria. A partir de lo que le pasó a mi vecina, nosotros hemos llegado a investigar y tenemos conocimiento de que les indican que si quieren velar el cuerpo rápido debe hacerse con esa funeraria, sino tienen que esperar todo el proceso de trámite de esa entidad policial”, remarcó una de las acompañantes de la denunciante quien solicitó reserva de su identidad por temor a represalias.
Pinto sólo recuerda que todas las diligencias fueron efectuadas entre los funcionarios de Homicidios y la mencionada funeraria, mientras que su esposo se enteró que la cuenta del servicio debía ser cancelada en menos de 24 horas.
“Yo fui a reclamar les he dicho porque quieren enterrar a mi hijo tan rápido, quiero un informe forense y no me han hecho caso, incluso sin ese examen que es por ley me han entregado un certificado de defunción que no es regular, porque yo sigo con la duda”, reiteró Pinto.
Desde enero del presente año, la familia de Edwin Zeballos realizó una exhaustiva investigación donde, afirma la entrevistada, el personal de la División de Homicidios accedería a una recompensa de Bs 200 a 300 por cada caso similar.
“En una ocasión nosotros hemos verificado que les han pagado de dos cuerpos que han dejado a la funeraria y como son policías nos daba miedo decir estos actos”, concluyó mencionando la denunciante.
El 45% de la gente cree que todo se armó Una encuesta le toma el pulso a la credibilidad del caso terrorismo
Que el caso Rózsa de supuesto terrorismo en Santa Cruz fue algo armado por el Gobierno para desarticular a la oposición, pasó de ser una sospecha, a ser una percepción que está en la mente de un 45% de los bolivianos.
Así lo indican las respuestas de las personas consultadas en el eje troncal del país (Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba) que creen que sí hubo un complot. Las mismas fueron recopiladas por una encuesta urbana realizada por la empresa Captura Consulting por encargo de EL DEBER. Mientras que un 22% piensa que se trató de un grupo de aventureros que operó por cuenta propia y un 20% que fue una tramoya armada por un grupo de la oposición que pretendía dividir Bolivia, tal como lo sostienen hasta hoy las autoridades de Gobierno y el fiscal Marcelo Soza.
Como era de esperarse, es en Santa Cruz donde la mayoría (55%) piensa que el Gobierno tuvo que ver en los sucesos del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas. Gran parte de los que así opinan son hombres de clase media, cuyas edades oscilan entre los 26 y 40 años. Mientras que en El Alto están los que piensan (30%) que la oposición sí articuló ese grupo terrorista.
La afirmación del Gobierno y las autoridades responsables del operativo en el hotel Las Américas de que hubo enfrentamiento y fuego cruzado entre los integrantes del grupo Rózsa y la Policía, apenas cuenta con un 18% de credibilidad.
El 39% imagina que fueron ejecutados sin poder defenderse, como ha trascendido en los medios de comunicación nacionales, donde la ciencia forense parece contradecir la versión policial de que efectivamente hubo un tiroteo.
Llama la atención que el 23% no sabe qué pensar, en especial en Cochabamba y El Alto.
A la pregunta sobre si el caso terrorismo debe ser juzgado por un tribunal en Santa Cruz, el 37% así lo considera correcto, mientras que el 22% manifiesta que debería seguir con el mismo tribunal que viaja desde La Paz.
El 9% está de acuerdo con que debería anularse, porque ya pasaron más de tres años y el 20% espera que se anule por falta de pruebas.
Llama la atención que un 12% se abstiene de responder y parece no estar interesado, especialmente en Cochabamba, centro del movimiento cocalero que respalda el Gobierno de Evo Morales, durante el cual se suscitó el caso terrorismo.
Por último, más de la mitad de los bolivianos (66%) cree que el fiscal Soza debe ser procesado por los audios presentados en su contra en el marco de una supuesta red de extorsión y corrupción, frente a un 25% que espera que siga al frente de la investigación
Hombres y mujeres mayores de 18 años y residentes en las ciudades de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y El Alto.
600 personas que permiten generalizar los resultados al total del universo con un 95% de confianza y un 4% de error muestral
El muestreo se aplicó a través de entrevistas cara a cara y utilizando un cuestionario estructurado.
Periodo de campo
Las encuestas se hicieron del 19 al 21 de abril de 2013. Participaron 20 encuestadores, cuatro supervisores, tres coordinadores regionales, un editor, cuatro tabuladores y un gte. de operaciones.
Gobernador Costas suma otra prueba que empaña al caso “terrorismo I”
El caso de supuesto terrorismo I podría entrar en otra fase tras las revelaciones del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, sobre una presunta extorsión de la que fue objeto una semana después de los hechos en el hotel Las Américas, donde quedaron abatidos tres miembros de la célula irregular de Eduardo Rózsa y fueron detenidos otros dos el 16 de abril de 2009.
Una entrevista con Carlos Valverde en el programa Sin Letra Chica fue el inicio de las revelaciones, donde Costas confirmó la versión del polémico periodista, cuando le citó una reunión en la que dos personas le habían pedido “entregar” a tres hombres para no incluirlo en el proceso. Branko Marinkovic, Guido Nayar y Pedro Yovhio fueron nombrados a Costas como financiadores del grupo de Rózsa Flores, a lo que la autoridad, entonces prefecto departamental, dijo que no tenía nada que hablar con ellos ni con el funcionario del Gobierno, Luis Clavijo, quien supuestamente los había enviado.
Valverde preguntó por qué no hizo esas revelaciones en su debido tiempo, a lo que Costas respondió: “No podía dejar en evidencia a personas que fueron las articuladoras de esto, por una razón. Segundo, porque yo siempre por una regla general de conciencia nunca voy a negociar ni charlar ni concertar estas cosas en reuniones privadas porque estas cosas siempre se saben. Mi forma de actuar es clara, no tengo ningún tipo de charla con el MAS, porque eso puede llevar a malos entendidos, hacerlo entre cuatro paredes, lo corté por lo sano y tome la decisión de decirlo como cuando empezó todo esto del chantaje con organizaciones como Cotas o CRE y otras instituciones que eran apuntadas y lo dije en Sucre a (fiscal Marcelo) Soza que es a mí a quien quieren y es mi cabeza la que quieren”.
El diario cruceño El Deber tuvo acceso a dos entrevistas con los sindicados Luis Clavijo quien negó haber pedido que alguna gente, en su nombre, vaya a “extorsionar” a Costas.
“Quiero aclarar de forma expresa que en ningún momento el aparato de seguridad del Estado, en el tiempo que yo he desempeñado funciones, ha buscado que alguna persona comprometa de forma legal, arbitraria, mediante falacias y mentiras a alguien en el caso terrorismo. Lamentablemente este proceso, que tiene que ver con el bien supremo del Estado, que es su seguridad interna, se ha convertido en un carnaval, debido a versiones, contraversiones, dijes y diretes”, expresó Clavijo.
La polémica grabación que presentó la senadora Carmen Eva Gonzales en la que se escucha una voz similar al fiscal del caso, Marcelo Soza, develó que Branko Marinkovic, entre otros representantes, cívicos y empresario cruceños, fue inculpado sin tener nada que ver en los hechos.
Las palabras de Costas reafirmarían esa versión y la hipótesis de los opositores al régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS) sobre el montaje de este caso para defenestrar a los movimientos regionales y autonómicos del país.
“Vos sabes cómo se han manejado las cosas (…) p… a veces decían ya c… fulano, sultano, mengano, hay que empezar a j… porque eran opositores del Gobierno. Y ahí está del Branko, si te das cuenta tampoco hay ni m… (…) Aquí lo de Marinkovic, de cierta forma ha sido obligación y esa orden ha venido desde el Ministerio de Gobierno, (la idea era) sostener (la acusación) para que el c… no vuelva ¿Para qué? Para que no tenga frente opositor”, dice el presunto “Soza”.
Clavijo y Subirana revelan detalles del caso Rózsa
Fue el operativo en el hotel Las Américas, donde murieron Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyler.
Actualmente se lleva adelante el juicio en presencia de 22 de los 39 acusados. Siete están con detención preventiva.
La defensa de Gary Prado Salmón exige el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 130/2013. Piden que se siga el juicio con un juez natural de esta ciudad; sin embargo, el juez Sixto Fernández no dio curso a este último pedido
Para la defensa de Prado Salmón el Tribunal ha desobedecido una sentencia constitu- cional y hará conocer este incumplimiento ante el Tribunal de Garantías, en La Paz, para que se lo denuncie ante el Ministerio Público.
Caso Rózsa Antelo cuestiona tardanza de Costas en denunciar
Costas revela que le pidieron vincular a cuatro con Rózsa
El abogado de Marinkovic, Erick Seiferp, opinó que las declaraciones del gobernador solo reafirman la posición que asumió su defendido desde el inicio de este caso, ya que él siempre se declaró un perseguido político del Gobierno y que todo fue armado.
El empresario cruceño era presidente del Comité pro Santa Cruz cuando el caso de presunto terrorismo ‘estalló’. Era visto como uno de los líderes de la oposición al Gobierno de Evo Morales y antes de ser detenido por la Policía salió del país.
Era miembro del directorio de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz y ex líder cívico. Salió de Bolivia cuando lo querían implicar en el caso.
PEDRO YOVHIO
Es un empresario de la construcción, al que acusan de ser uno de los supuestos financiadores de la presunta célula terrorista, por la que ahora se investiga a 65 personas en dos procesos diferentes.
Acusaciones entre valverde y subirana
Carlos Valverde y el abogado Carlos Subirana se han lanzado acusaciones, tras la entrevista a Rubén Costas.
Caso Rózsa: acusan a juez de incumplir fallo constitucional
El general retirado del Ejército Gary Prado Salmón abandonó la tarde de ayer la sala de audiencia del juicio por el caso Rózsa, que se reinstaló ayer, en rechazo y desconocimiento de la competencia del tribunal presidido por el juez Sixto Fernández, que determinó continuar con el juicio “incumpliendo un fallo del Tribunal Constitucional”.
Según la defensa del general Prado, el juez hizo caso omiso del fallo constitucional, por el cual debía declinar competencia, para que se nombre otro tribunal de Santa Cruz.
Ante el abandono de Prado de la audiencia, el juez suspendió el juicio hasta el 6 de mayo próximo.
El abogado Otto Ritter denunció que el juez, en una interpretación sesgada del fallo, dio por cumplido éste alegando que el juicio fue trasladado a Santa Cruz y se desarrolla en esta ciudad, razón por la cual no hay razón para nombrar otro tribunal, y el general Prado está asistiendo a las audiencias, además que se había cumplido con los exámenes médicos que se le realizó.
Ritter señaló que el fallo que dispuso la anulación de la declaratoria de rebeldía que le había impuesto el mismo tribunal en Tarija a fines de 2011, además de exigir exámenes forenses de su defendido, establece la nulidad de todas las actuaciones del tribunal realizadas en ausencia de Prado, además dispone la disolución del Tribunal y el nombramiento de nuevos jueces, de Santa Cruz.
Ante este incumplimiento de la sentencia, que debió en el acto llevar a la detención del juez, dijo que el lunes próximo presentaran una demanda en contra del juzgado por desacatar una determinación inconstitucional.
“Uno no puede soportar tanto. Esto es una pantomima”, dijo el general retirado al informar que se retiraba a su domicilio, para cumplir la detención domiciliaria que tiene hasta ser notificado por un juez competente.
La decisión del general conmocionó a la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Santa Cruz. Los policías en la sala, a falta de órdenes directas, intentaron evitar que se fuera y cerraron la puerta del recinto, según la agencia Anf.
La mayoría de los presentes en la sala se puso de pie y, en medio de gritos —“déjenlo salir”, “abusivos”—, dejó perplejos a los policías durante unos instantes, hasta que el juez Sixto Fernández se acercó a la reja que divide el recinto y le dijo al general si era consciente de la medida que estaba tomando y sus consecuencias. El militar le dijo que sí. Entonces, con un gesto, hizo que los soldados se apartaran y dejaran salir al general, en silla de ruedas desde 1981.
Minutos antes, el abogado Ritter había acusado al juez Fernández de incumplir la ley y de desobedecer al Tribunal Constitucional que, dijo, le ordenaba remitir el caso al tribunal de turno e instalar por completo en Santa Cruz el caso que cumplió cuatro años el pasado 16.
“El juez desconoce la ley”, dijo y afirmó que el Ministerio Público, presente a través de los abogados del Gobierno en el caso, debía ordenar de inmediato la detención del magistrado.
Fiscalía pide aclarar fallo
El fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que las audiencias del caso Rózsa continuarán, pero para evitar que exista algún obstáculo jurídico se pidió al Tribunal Constitucional que se pronuncie a propósito del fallo que fue considerado por los acusados como argumento para volver a foja cero en este juicio.
“Desde el Ministerio Público se ha presentado un memorial de aclaración, enmienda y complementación sobre la Sentencia Constitucional, esperamos que en próximos días el Tribunal pueda aclarar esta sentencia y pueda continuar el proceso”, informó el Fiscal General del Estado a Radio Fides.
Lo que se quiere es evitar la mala interpretación y “distorsión” de parte de los abogados defensores de los acusados y la intención de querer seguir dilatando el avance de este juicio.
“Primero (se quiere aclarar) que se concede la tutela al señor Gary Prado y nada más, el tema es que habría que hacer una aclaración sobre la posible declinatoria de competencia del juez natural y el Tribunal Constitucional deberá aclarar en términos estrictos lo que corresponde para que no haya otro tipo de interpretaciones ambiguas y que salen del marco legal”, señaló Guerrero.
El origen del incidente viene desde Tarija, sede de las audiencias antes de que fueran trasladadas a Santa Cruz el pasado 18 de febrero. El general Prado Salmón no estaba presente debido a problemas de salud, que ayer fueron certificados por una forense oficial. Como la audiencia no podía ser instalada sin la presencia de todos los acusados, el juez Fernández y un juez técnico declararon a Prado Salmón en rebeldía, el general presentó una acción de libertad.
Con la ausencia del acusado legalmente resuelta, juramentaron los jueces ciudadanos y las audiencias se desarrollaron.
Hace dos semanas el Tribunal Constitucional anuló la declaratoria de rebeldía en vista de los argumentos de Prado Salmón sobre su salud, y ordenó una evaluación.
San Matías Concejales denuncian a sus colegas por corrupción
Los concejales del municipio fronterizo de San Matías, Elizabeth Rojas, de la agrupación Matico, y Claudio Rojas, del Movimiento Al Socialismo (MAS), llegaron a la capital cruceña para denunciar a sus colegas por los delitos de corrupción e incumplimiento de deberes.
Según los ediles denunciantes, sus colegas no estarían cumpliendo con sus funciones como manda la norma. "Somos los únicos que fiscalizamos. Ellos no fiscalizan lo que está haciendo el alcalde, no sabemos qué se hace la plata, nadie rinde informe", dijo la concejala, a tiempo de indicar que hoy se hará formal la denuncia ante el Ministerio de Transparencia.
El alcalde de San Matías, Carlos Velarde (Matico), es respaldado por tres concejales y el Comité de Vigilancia del lugar. /
Oruro Concejales denunciados por corrupción dicen que la tecnología imitó sus voces
Los concejales munícipes Alfredo Valles y Ricardo Gutiérrez, denunciados por los comerciantes por incurrir en presuntos hechos de corrupción, negaron la acusación alegando que a través de la tecnología se habría realizado un montaje de sus voces y que asumirían un proceso judicial ante el Ministerio Público, contra los delatores por mellar su dignidad.
Según la acusación basada en una grabación de audio, los concejales habrían cobrado 7.600 bolivianos. El monto habría sido pagado en tres distintas oportunidades; la primera de 5.800 bolivianos a los dos concejales, la segunda 1.200 bolivianos y la tercera de 600 bolivianos, entregados solo al concejal Valles, el último para comprar "regalos" para los nueve concejales municipales, a cambio de la cesión de puestos de venta en la calle Junín entre Presidente Montes hasta la Washington, refiere la denuncia escrita.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público y a la presidencia del Concejo Municipal, por el secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores Gremiales de Oruro, Marcelino Arancibia, quien informó que no sería el único caso de corrupción que involucra a los dos concejales, pues aseguran que hay irregularidades de las que se hizo seguimiento desde octubre del año pasado.
Aseguró que existen pruebas de otros casos de los que se tiene varias grabaciones en discos compactos que se presentarán no sólo al Ministerio Público, también a la prensa.
Alfredo Valles, dijo que en los estrados judiciales demostrará su inocencia y las denuncias deberán ser demostradas con pruebas porque nada de lo que se le acusa existe, ya que como autoridades simplemente son fiscalizadores y no es de su potestad distribuir puestos de venta.
"Marcelino Arancibia una vez nos ha maltratado a los once concejales y, yo fui uno de los que le hice frente, porque no podemos permitir que nos griten y nos traten mal y fruto de todo ello surge el revanchismo contra Alfredo Valles y otro concejal más, pero me tiene sin cuidado porque en algún momento vamos a demostrar nuestras pruebas y nuestra inocencia como corresponde", refirió.
Por su parte, el concejal Ricardo Gutiérrez, dijo que la denuncia es falsa y que su persona impulsó del retiro de los comerciantes de las calles aledañas a la Súper Feria y que junto al jefe de Defensa al Consumidor, sargento Juan Siles evitaron el asentamiento de los comerciantes.
Dijo que no permitirá que dañen su honorabilidad porque en su momento, en una reunión con los comerciantes les aclaró que él no tenía la facultad de designar puestos y que eso era tuición de la ejecutiva municipal (Rossío Pimentel) a través de las unidades respectivas.
Aseguró que, Marcelino Arancibia, en una oportunidad le dijo que sería el próximo candidato a senador por el MAS, lo que no le da derecho a inventar calumnias y que mientras siga como presidente de la Comisión de Servicios continuará haciendo respetar que no se asienten comerciantes en las aceras.
"No pueden decir es su voz, es usted, yo no puedo culpar a nadie, ustedes saben que la tecnología ha avanzado muchísimo, inclusive se pueden hacer montajes y demás situaciones y pido un poco más de criterio porque no pueden asegurar que es mi voz, pido un poco más de respeto", manifestó.
Mientras tanto en la sesión de ayer se decidió enviar al Ministerio Público la denuncia debido a que según la grabación en la que se escucha los tratos que pretendían hacer dos personas con algunos comerciantes, se menciona de un cobro de dinero para la compra de "regalos" para los concejales.
Según información del vicepresidente del Concejo Municipal, Rodolfo Uyuni, la decisión de remitir el caso al Ministerio Público, fue asumida bajo votación en la que no participaron los concejales denunciados.
La votación se realizó para definir si la denuncia era enviada a la Comisión de Ética (la cual no está constituida) o al Ministerio Público y el resultado fue el siguiente: por enviar a la Comisión de Ética del Concejo Municipal, votaron los concejales Ruth Hinojosa, Unidad Nacional (UN); Evelin Fernández, Geogran Quispe Movimiento Sin Miedo(MSM) y Modesta Mamani Movimiento Al Socialismo (MAS) ; mientras que para enviar el proceso al Ministerio Público votaron Rodolfo Uyuni, Germán Delgado, Laura Lima, Viviana Garrón y como resultó de un empate dirimió el presidente Juan José Ramírez, a favor que se envíe la denuncia a la Fiscalía del Distrito de Oruro.
Querían pagar dos veces por el transporte de barcazas para Enabol
Según el contrato para la compra de dos remolcadores navales a un costo de once millones y medio de dólares para la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) el traslado de las mismas estaba incluido dentro de ese monto, pero un informe de una comisión ejecutiva responsable de la negociación y contratación de la empresa que construiría esas embarcaciones señala que es necesario un pago de dos millones cien mil dólares para el transporte desde Asia hasta el puerto de Rosario en Argentina.
El último fiscal que investigó el caso, Aldo Ortíz, confirmó esta situación que consta en la documentación referida a un caso que involucra una posible defraudación al Estado por 26 millones de dólares pagados por adelantado y al contado a la empresa coreana Yeunsoo Shipbuilding Co. Ltd. por 16 barcazas y 2 remolcadores, los que nunca llegaron a Bolivia e incluso no habrían terminados de construir porque la citada empresa quebró y estuvieron por eso a punto de ser rematados.
Según el contrato, el proveedor se compromete a entregar los remolcadores, "amarrados y a flote en Puerto Rosario de la República Argentina, a la comisión de recepción señalada", con esta acción de entrega terminaba la relación contractual. Sin embargo, en un informe de la comisión ejecutiva del proceso de contratación con la empresa coreana, documento remitido al entonces ministro de Defensa, Walker San Miguel, el vicealmirante Armando Pacheco Gutiérrez, señala en el tercer inciso del texto, que se pagarán los once millones y medio de dólares como monto convenido y fijo por los remolcadores, pero añade que deben "considerar el costo adicional de transporte por un monto de dos millones cien mil dólares, monto que no incluye el costo del seguro". Añade que la sumatoria de esos montos "se encuadran en el presupuesto de referencia del proyecto y la calidad demandada".
El fiscal Ortíz ya no investiga el caso por un cambio rutinario establecido por la Fiscalía Departamental, por eso se limitó a señalar que por respeto a su sucesor no puede dar mayores detalles investigativos ni plantear hipótesis sobre las responsabilidades de un presunto fraude al Estado. Se limitó a señalar que las autoridades del Ministerio Público, Cancillería y los querellantes (ministerio de Defensa) deben dar continuidad a diversas gestiones para que sobre todo las 16 barcazas no estén expuestas a decisiones de terceros.
Explicó que en el caso de los remolcadores estuvieron a punto de ser rematados debido a la quiebra de la empresa constructora y similar destino tenían las 16 barcazas, pero gestiones y acciones oportunas de las autoridades nacionales dejaron en claro a autoridades chinas y coreanas que esas naves son de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia.
Sin embargo, Ortíz recomendó que se dé continuidad a estas gestiones para que la propiedad nacional de los remolcadores y barcazas se consolide y no corran riesgos. Otra sugerencia que hizo el Fiscal, es la necesidad de que una comisión técnica viaje a los astilleros donde se encuentran las embarcaciones para constatar el cumplimiento del contrato y la calidad del trabajo realizado o que aún esté pendiente.
Una tercera acción es cumplir con la toma de declaraciones a miembros de la citada comisión negociadora de Enabol, que deben presentarse a declarar, lo mismo que súbditos coreanos y chinos que tuvieron participación en el tema. El principal sindicado por este tema es el exgerente General de Enabol, ContraAlmirante Freddy Alberto Ballesteros quien se encuentra en la cárcel de San Pedro por decisión de un juez que tomó medidas cautelares.
También son investigados CF Evalth Velasco Helguero (detenido en San Pedro); CN. Jaime Pinto Olmos; CN Fidel Gamboa Gareaga y el CN Luis Carrasco Goitia, acusados de los presuntos delitos de Conducta Antieconómica, Contratos Lesivos al Estado, Falsedad Ideológica y Enriquecimiento Ilícito de Particulares con afectación al Estado. La auditoría del trámite de compra realizada por el Ministerio de Defensa encontró cinco graves irregularidades.
Romero y Pérez “pecaron de buena fe” con el caso Souza
EL MIÉRCOLES 24 DE ABRIL RECIÉN FUE CAPTURADO JUAN CARLOS CAMPOS, ALIAS 'EL CAI', QUIEN MATÓ A SANGRE FRÍA A RODRÍGUEZ.
“Probablemente el Ministro de Gobierno (Carlos Romero) ha pecado de exceso en cuanto a las exigencias de la Policía Boliviana. De repente el Ministro o el Viceministro (Jorge Pérez) presionamos excesivamente a la Policía Boliviana porque queríamos resultados inmediatos y, es obvio, la Policía no ha cotejado algunos elementos para poder producir evidencias que sean absolutamente contrastadas”, declaró ayer en Santa Cruz el ministro Romero al explicar la detención sin pruebas suficientes del brasileño Adao Nilson Souza como sospechoso de ser un sicario.
“Por qué me quiere incriminar una cosa que no hice doctor... Por qué me quiere incriminar una cosa que no hice. Estoy firmando delante de la ley, recién salí de la cárcel, ¿qué justicia es esta?”,” protestó Souza Silva de forma inesperada cuando el ministro Romero lo expuso el 22 de abril como sospechoso de ser un peligroso sicario que presuntamente el 15 de abril habría matado a Honorio Rodríguez, un comerciante beniano.
Ayer, el brasileño quedó libre de culpa y responsabilidad no sólo de la sindicación de ser un sicario, sino de una segunda acusación de ser el jefe o líder de una organización criminal según una “misteriosa” testigo. Ninguna de las dos acusaciones tuvo el sustento de pruebas.
Luego del reclamo vehemente de Souza ante el Ministro de Gobierno cuando fue presentado como el presunto sicario que asesinó a Rodríguez, en los siguientes días tres testigos no lo reconocieron como el autor del crimen y entonces surgió la acusación de que era el jefe de una banda criminal.
El Ministro de Gobierno atribuyó los errores en la acusación a que él como el Viceministro de Régimen Interior ejerció una fuerte presión a la Policía para que dé con el responsable de la muerte de Rodríguez.
“Toda la presión que ha hecho el Ministro y el Viceministro han sido acciones de buena fe y las asumimos, porque sentimos una gran responsabilidad en esto”, justificó. “Es fácil criticar y luego no asumir responsabilidad, todos asumimos responsabilidad”, complementó.
Romero dejó en claro que él nunca presentó a Souza como un asesino, sino como presunto sospechoso y reiteró que no por esos errores se puede denigrar todo el trabajo de la Policía para investigar este y otros hechos delictivos dentro de la operación denominada Chacha Puma que se desarrolló en Santa Cruz al declararse una emergencia por una ola de asesinatos que dejó diez personas asesinadas a manos de delincuentes y sicarios.
Para cerrar el tema, Romero dijo que Souza “tiene derecho a reintegrarse a la sociedad”. El brasileño había salido de la cárcel de Palmasola con libertad condicional el 16 de marzo, por eso estaba obligado a presentarse cada día ante las autoridades y firmar un libro, a eso hizo referencia cuando dijo “Estoy firmando delante de la ley”, lo que reclamó a Romero.
El miércoles 24 recién fue capturado Juan Carlos Campos Veizaga (29), alias 'el Cai' el que según las autoridades es el verdadero autor porque él así lo habría admitido. Según un informe de la Policía presentada ayer, el móvil del crimen fue una deuda de 50 mil dólares con orígenes en el narcotráfico.
Al respecto, el ministro Romero para respaldar la sindicación contra Veizaga identificó seis indicios técnicos y testificales que vinculan a Campos con la comisión del delito, entre ellos estudios periciales balísticos.
En 2012 fueron presentadas 2.056 denuncias contra operadores de justicia, principalmente vinculadas con supuestos de hechos de corrupción. De ese total fueron probadas 72 y rechazadas 882, mientras que 787 están en trámite en los 21 juzgados disciplinarios creados el 29 de junio, según un informe del Consejo de la Magistratura, instancia encargada del régimen disciplinario en la Justicia.
Del universo de denuncias presentadas hasta noviembre, 858 están registradas en La Paz; 500 en Santa Cruz; 215 en Cochabamba; 176 en Tarija; 101 en Chuquisaca; 76 en Oruro; 57 en Potosí; 46 en Beni y 27 denuncias en el departamento de Pando. Los 21 jueces disciplinarios son los encargados de tramitar, procesar y dictar sentencia contra jueces, vocales, personal subalterno y de apoyo judicial.
Los datos están contenidos en el informe de rendición de cuentas del Consejo de la Magistratura, que refiere que 882 de las denuncias fueron rechazadas o archivadas, mientras que 72 fueron probadas y 77 fueron declaradas improbadas, en ambos casos los procesos están con sentencia ejecutoriada. Un total 63 expedientes están en apelación y 787 en trámite.
“Desde el 29 de junio de 2012, cuando fueron posesionados los primeros 21 jueces disciplinarios del Estado, cientos de procesos han sido tratados por las nuevas autoridades, cuyos fallos pueden llegar hasta la suspen­sión del personal jurisdiccional si se comprueban las faltas leves, graves o gravísimas en el cumplimiento de sus funciones. Los procesos disciplinarios no son incompatibles con otros procesos en la justicia ordinaria, sean de índole civil o penal”, establece el informe de la Magistratura.
El informe reporta el estado de situación de 1.881 casos, mientras que no se informa de los restantes 175 expedientes, que suman las 2.056 denuncias.
En los nueve distritos de Bolivia están instalados 845 juzgados, a los que en 2012 fueron sumados 29 nuevos.
El Consejo de la Magistratura, presidido por Cristina Mamani, ve una situación caótica en las instancias judiciales. “La experiencia en la tramitación de los procesos en la actual institucionalidad es caótica, en la medida que los tribunales y juzgados se ven inundados de litigan­tes, se extravían memoriales, se falsifican timbres y va­lores, no se tiene ordenada la documentación y se da lugar a la corrupción generalizada de funcionarios de apoyo jurisdiccional”, sentencia en su informe.
Ante esta situación está en proceso de implementación la Plataforma de Atención al Usuario Externo (PAUE), que centralizará y operativizará diversos ser­vicios como los de Recepción y Registro de De­mandas y Memoriales en todas las materias; tramitación y entrega de certificados emitidos por el Registro Judicial de Antecedentes Pena­les (REJAP) y tramitación y entrega de Permi­sos de Viaje a Menores de Edad.
Para 'El Viejo', su testimonio es seguro de vida
Ignacio Villa Vargas, 'El Viejo', guarda la grabación de su testimonio del caso terrorismo I como una especie de "seguro de vida" y solo la presentará cuando le corresponda declarar en el juicio oral que enfrenta junto a otras 31 personas, por el también denominado caso Rózsa.
En la grabación de una hora y media de duración, Villa Vargas revela e identifica a las autoridades gubernamentales, como el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, como los que planificaron la operación en el hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009 para hacer "desaparecer" a Eduardo Rózsa. También acusa al fiscal Marcelo Soza de presionarlo para que firme su declaración en que inculpó a 70 personas.
El Deber intentó comunicarse con el fiscal Soza, pero no fue posible porque, según su abogado Moisés Ponce de León, por recomendación médica guarda reposo absoluto debido a problemas de salud.
Villa Vargas dijo que en el video cuenta que durante su detención fue torturado por tres agentes venezolanos que le propinaron golpes y descargas eléctricas para obligarlo a firmar su declaración. Una vez logrado el objetivo, fue trasladado a "hoteles de lujo" de distintas zonas del país, como en Villa Tunari y cuyo gasto corrió por cuenta del Gobierno.
Cuando se inició la etapa de detenciones, lo ayudaron a salir vía Oruro-Potosí hacia la frontera con Argentina, luego le quitaron el dinero que recibió de Luis Clavijo y el exfuncionario del Gobierno Carlos Núñez del Prado tras filmar el video soborno. (ElDeber)
El Ministerio Público gestiona ante países vecinos, a solicitud del fiscal Genaro Quenta, el peritaje al audio que se le atribuye a su colega Marcelo Soza, que atiende el caso Terrorismo. El fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que ese requerimiento le llegó el viernes 19 de abril. En él se le pide consultar qué país está en condiciones de hacer ese análisis vía cooperación.
La Fiscalía investiga a Soza tras una denuncia de la senadora Eva Gonzales (CN), quien difundió un audio atribuido al fiscal en el que se vincula a ex y actuales autoridades con los casos Terrorismo (referido a la desarticulación de un grupo separatista en Santa Cruz en 2009) y Extorsión (relacionado a una red que operaba en el Ministerio de Gobierno).
“Estamos comenzando a ver qué país y qué instituciones tienen la capacidad de hacer ese peritaje y, una vez que tengamos el dato, daremos la respuesta al fiscal y será él quien mande los puntos de pericia”, explicó Guerrero.
El fiscal Quenta espera que la respuesta llegue lo antes posible porque ello permitirá designar a los peritos, tomarles juramento y que se establezcan los puntos de análisis del audio.
Reiteró que ese estudio es necesario porque a partir de los resultados se podrá convocar a más personas. “Es importante que tengamos opinión técnica sobre ese audio y a partir de ello podamos avanzar”, aseguró. Gonzales adjuntó en el cuaderno de investigaciones el peritaje al audio que se llevó a cabo en Brasil, como prueba de descargo.
Diputada denuncia “red de corrupción” por funcionamiento de bingo clandestino
Un nuevo escándalo podría desatarse ante la supuesta existencia de una nueva red de corrupción que podría implicar a fiscales, jueces y funcionarios de Gobierno, quienes estarían protegiendo el funcionamiento de un bingo clandestino que pertenecería a un ciudadano francés, advirtió al diputada de Convergencia Nacional (CN), Jessica Echeverría.
La diputada de CN, Echeverría, en horas de la mañana hizo la denuncia ante los medios de comunicación y en horas de la tarde se dirigió a las dependencias de la Fiscalía para entregarle al fiscal del distrito, Henry Herrera, toda la información, respecto al caso. “Estamos incluyendo datos sobre movimientos bancarios sospechosos del propietario del bingo ilegal”, indicó.
La diputada dijo que este personaje abrió una cuenta en el Banco Bisa a nombre de su hijo, M.F.G., con 300 dólares, pero que en 25 días la misma registró un movimiento de medio millón de dólares y hasta la actualidad sumó $us 5 millones. “¿Cómo es que la Unidad de Investigaciones Financieras no detectó esto?”, se preguntó.
Echeverría indicó que se sorprendió al ver que un Banco como el Bisa no haya alertado sobre esta situación para que los involucrados sean investigados y respondan el por qué utilizaban una cuenta para menores de edad para realizar un movimiento económico de esta magnitud. “Esta entidad financiera no delató esto”, indicó.
Se reanuda el juicio del caso terrorismo en Santa Cruz
Hoy se reanudará el juicio del caso terrorismo, tras un intermedio que declaró el 12 de abril el juez Sixto Fernández, porque la defensa del acusado Gary Prado Salmón exigió el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 130/2013, que determina la anulación de los actuados del Tribunal realizados en su ausencia.
Se deberá definir la situación sobre esta sentencia, pues, según la defensa de Prado, el proceso debe volver a fojas cero y reiniciar el juicio oral en Santa Cruz, con un juez natural de esta ciudad.
Otra situación que se espera en este proceso que el fiscal Marcelo Soza aparezca en las audiencias de juicio que se realizan en la capital cruceña. Dijo que reasumirá la dirección del Ministerio Público en este caso luego que ya acabaron sus vacaciones de 60 días.
Aún se analiza la renuncia del fiscal. “El doctor Soza es parte de la comisión, en ningún momento fue separado de la misma y no podríamos hablar de que estuviera volviendo, sí tengo entendido de que estuvo de vacaciones. Bueno es natural que él asuma su responsabilidad respecto al juicio oral del cual fue el principal fiscal”, señaló el fiscal Marco Rodríguez.
El caso se destapó hace cuatro años tras la muerte de Eduardo Rózsa Flores, quien era el líder de la presunta célula terrorista.
El juicio involucra a 39 personas desde hace cuatro años y enfrenta contradicciones.
Según el abogado Otto Ritter, uno de los defensores de los imputados, “hay muchas cosas oscuras, partiendo de la desaparición del fiscal Soza y su reaparición (...) y el desafío al fiscal general diciendo que suspendió sus vacaciones y que retomaba sus labores”, informó ANSA.
Suspenden al fiscal Soza del caso Rósza
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, declaró que Marcelo Soza ya no es parte de la comisión del Ministerio Público que investiga el caso Rósza y que no puede asistir a las audiencias judiciales que se volverán a instalar en Santa Cruz. Guerrero aclaró que la vacación de Soza aún no finalizó y que la renuncia presentada hace unas semanas por éste aún está en evaluación.
“Él, en este momento, no es parte y no está asistiendo a las audiencias del caso Rósza y tampoco lo va a hacer, pero en el tema de los procesos disciplinarios penales y todo lo que corresponda, nosotros vamos a ser duros aplicando la ley”.
El responsable del Ministerio Público mostró extrañeza por la preocupación que hay en torno a Marcelo Soza, porque considera que su labor no afecta de modo alguno al desarrollo del juicio.
“Tuvimos que salir de la ciudad a toda prisa porque ya no era seguro pero, como puedes ver, estoy en una pieza. Te amo. Adiós”. Es el último registro de Eduardo Rózsa Flores en vida. El dinero ya casi no llegaba, había percibido que muchos desconfiaban de él e intuía que el círculo a su alrededor cada vez se cerraba más.
La grabación, con una cámara fotográfica de baja resolución, de las últimas palabras -en húngaro- del ex combatiente de la Guerra de los Balcanes viajó desde una hacienda en las afueras de Santa Cruz de la Sierra hasta Budapest.
La destinataria del mensaje era su novia, Linda Szászvári, fotógrafa y arqueóloga. Faltaba menos de un mes para el operativo en el hotel Las Américas. El archivo de video, de apenas 47 segundos, quedó guardado en su computadora.
Diez días antes del 16 de abril de 2009, Linda y Eduardo se comunicarían por última vez. Ella sigue convencida de que su novio habría vuelto a Europa del Este para casarse con ella en agosto de ese año.
Él creyó, hasta el último minuto, que su aventura en suelo cruceño podía tener un final victorioso, con autonomía, guerra o independencia, daba igual. Los dos estaban muy equivocados.
Seguramente la última comunicación entre ambos fue desde la plataforma de correo electrónico Hushmail que Rózsa usaba por seguridad. Ese servidor cifra todos los mensajes mediante criptografía de claves únicas y hace que sólo el remitente y el destinatario puedan leer su contenido.
A través de ese sistema, que no pide datos personales y permite el uso ilimitado de alias, el húngaro-boliviano se comunicaba con el resto de su grupo, los financiadores y contactos en Europa.
Sin embargo, toda la seguridad sería insuficiente, pues Eduardo cometió un error de novato. Tal vez para tener un registro offline de sus conversaciones, o para tener pruebas contra sus eventuales aliados, Rózsa copiaba el contenido de los correos electrónicos a archivos de texto y los conservaba en la computadora.
“Estoy llegando de La Torre' nada de los fierros. Hay más seguridad, también hay un muchacho que está escondido y anota placa de toda movilidad”, se lee en uno de ellos.
La Torre era la casa de campaña donde se diseñaban las estrategias del movimiento autonomista y desde donde operaron muchos de los implicados con el grupo Rózsa. Los fierros eran las armas que la célula reclamaba insistentemente a los financiadores y encargados de logística.
“Te escribo para que informes de lo de abril, la fecha exacta y si es prudente el bombón al Cardenal”, aparece en un mensaje que recibe Eduardo de parte de otro miembro del grupo que usaba Hushmail, más de un mes antes del atentado en la casa de Julio Terrazas, el 15 de abril de 2009.
Otros correos hablaban de reuniones que debían ser en lugares “no tan quemados” como La Torre, grandes solicitudes, depósitos y entregas de dinero, contactos para visitas a haciendas que podrían ser campos de entrenamiento.
Se escribió también de un viaje a Trinidad para reclutar “a los benianos” y que sí se efectuó. También hay uno que habla de la implementación de una tecnología de comunicaciones muy segura (y también muy cara) para cubrir todo el radio urbano de Santa Cruz.
El más llamativo de ellos alerta de una inminente acción policial y gubernamental contra el grupo, un par de semanas antes de lo sucedido en el hotel Las Américas. Pese a esa advertencia, y las otras señales que recibieron de que ya habían sido identificados, no abandonaron el país. Entregaron el “bombón” al cardenal y el resto es historia conocida.
De hecho, la célula terrorista jamás mantuvo disciplina y menos la conducta propia de un grupo que pretendía iniciar un movimiento irregular dentro de un país extranjero. Prueba de ello es la colección de fotografías que aparece en el disco duro de Eduardo.
Las instantáneas de Rózsa, Arpad Magyarosi y Elod Toaso que fueron halladas en la computadora del primero dan cuenta del alto grado de exposición y el amplio círculo social en el que se movían.
Los recién llegados de Europa se exhibieron sin el menor cuidado en la fiesta grande de los cruceños, en febrero de 2009. Pasaron los días de carnaval con casacas oficiales de una tradicional comparsa de Santa Cruz, manchados con tinta, bailando y bebiendo cerveza.
Cuando se trasladaban a alguna de las quintas que les pusieron a su disposición, jugaban billar y bebían whisky irlandés Jameson de 12 años. Mientras estaban en la ciudad les gustaba ir al bowling o a los cafés de la avenida Monseñor Rivero, con mujeres.
Se movían en vehículos 4x4. Así llegaron hasta San Javier y conocieron la zona de las misiones jesuíticas. Nunca les faltó una cámara fotográfica para registrar esos momentos.
Por supuesto que no todas las fotografías eran inocentes. A ellos les gustaba lucir, exhibirse. Sólo así se explican las instantáneas con rifles de mira telescópica o con varios fajos de dólares sobre una mesa. En la “tarjeta navideña” de Eduardo Rózsa se lo ve a él con dos pistolas, munición de varios calibres, cartuchos, lubricante de armas y un paquete de cigarrillos Marlboro Light.
En otra foto aparece Tibor Révész, húngaro y paramilitar que tenía que reclutar a más milicianos europeos para el grupo. Su pelea con Rózsa, pocas semanas antes del operativo de la Policía, precipitó que abandone Bolivia y, de esta forma, ahora siga en libertad y bajo buen recaudo en Europa del Este.
Eduardo tenía, además, una colección completa de imágenes de sus antiguos camaradas en la Guerra de los Balcanes. Un mes antes de partir a su última aventura, Rózsa se reunió con los veteranos para un acto en memoria de los caídos en la guerra de Yugoslavia.
Sus viejos colegas todavía deben recordar cómo fue que les contó que buscaría la defensa y liberación de la lejana tierra en la que nació.
“A las armas, valientes cruceños. Al combate entusiastas volar. Es temible el soldado que imponga, libertad, libertad, libertad. Una voz clamorosa os llama, de entusiasmo el pueblo encender. Es la voz de la patria oprimida y a las armas os dice correr. Como libres marchad al combate, que ahí crece la esbelta bandera, del oriente en el vasto vergel. Nuestros planes y campos guardemos. Que un tirano insultó sin razón. Con su fuerza sin tregua luchemos y expiremos al pie del cañón”.
Es parte de la letra del Himno de Armas de Santa Cruz que Rózsa tenía en su disco duro. No existe registro en internet del tema y los conocedores de la tradición cruceña no tienen idea de quién hizo esta marcha y cómo llegó a las manos del húngaro-boliviano.
La música que escuchaba Eduardo era variada y la mayoría de Europa del Este. Sin embargo, en su computadora conservaba un disco que seguramente le interesaba más por su valor militar que por su estética o melodía.
Se trata del histórico Guitarra armada de Carlos Mejía Godoy, el cantautor de la revolución sandinista que enseñó a su pueblo a defenderse con las armas. A Rózsa no le importaba que el músico de la Nicaragua rojinegra se encontrara en las antípodas ideológicas, sino la efectividad de sus canciones para enseñar a usar un FAL o una carabina M1.
No vale la pena mencionar los otros gustos que delata Rózsa a través del contenido de su disco duro. Si a alguien le quedan dudas de que preparaba una operación armada en el país, debe saber que en esa computadora también guardaba manuales de ejércitos desde Rusia hasta Japón, además de otros instructivos de combate cuerpo a cuerpo en los que se enseña cómo identificar y embestir contra puntos letales en el cuerpo humano.
Eduardo también gustaba de escribir poemas. Uno de los últimos fue el que escribió a su tierra natal. A su Santa Cruz a la que le dijo: “Aquí me tienes, me entrego”. Casi fue una premonición. Hasta ahí llegó.
“Si a alguien le quedan dudas de que preparaba una operación armada en el país, debe saber que en esa computadora también guardaba manuales de ejércitos desde Rusia hasta Japón, además de otros instructivos de combate cuerpo a cuerpo”.
a la/s 6:22 1 comentario:
Guerrero: Soza no volverá a caso
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, desmintió ayer al fiscal Marcelo Soza y aseguró que éste ya no es parte de la comisión que está a cargo del caso Rózsa, por tanto no puede asistir al juicio que se reanudará el lunes 22, y su vacación aún no finalizó.
Soza anunció el jueves que, tras haber concluido su vacación de 30 días, reasumió funciones como fiscal del caso.
El fiscal Soza, en declaraciones a la prensa el jueves, también anunció su presencia el próximo lunes 22, en el juicio por el caso Rózsa, para retomar la conducción de la acusación como director funcional de la investigación de este caso.
“Son 30 días que se me ha dado de vacación, ya se ha cumplido por consiguiente estoy asumiendo mis funciones y encarando los procesos que tengo, hay que proseguir, esperemos que no hayan las dilaciones que se han ido dando por algunos acusados (del caso Rózsa) que se enferman deliberadamente”, señaló.
Guerrero, refutó esas declaraciones y precisó a radio Fides, que Soza no puede asistir a las audiencias judiciales que se reanudarán el lunes en Santa Cruz, del juicio que se sigue contra los acusados de ser parte y haber estado vinculados con el presunto grupo liderado por Eduardo Rózsa, desarticulado en 2009.
Asimismo, aclaró que el pedido de renuncia de Soza, que presentó el mes pasado, no ha sido todavía aceptado ni rechazado, “está en evaluación”.
“Él en este momento no es parte y no está asistiendo a las audiencias del caso terrorismo y tampoco lo va a hacer, pero en el tema de los procesos disciplinarios penales y todo lo que corresponda nosotros ahí vamos a ser duros. No hay protección para nadie”, dijo Guerrero, al recordar que Soza tiene 20 días para presentar sus descargos.
En semanas pasadas, el fiscal Guerrero comunicó que Soza estaba haciendo uso del beneficio de la vacación, de 60 días, que había solicitado a recursos humanos del Ministerio Público, pero que independientemente de esta situación, se estaban siguiendo los dos procesos instruidos en su contra, uno penal y otro disciplinario, por no cumplir sus funciones y hacer caso omiso a las instructivas que se le hizo llegar, para que entregue los informes sobre los avances y estrategia del caso Rózsa.
En coincidencia con las declaraciones de Soza, ayer el fiscal Marco Antonio Rodríguez, integrante de la comisión a cargo del caso Rózsa, aseguró que no recibieron ninguna comunicación de la Fiscalía General informando que Soza ya no es director funcional del caso, por lo que entienden que “sigue siendo parte de la comisión”.
Soza, después de que se difundieron audios que lo involucraban con la red de extorsión, estuvo desaparecido y el 19 de marzo presentó su renuncia alegando amenazas y problemas de salud.
El juez Sixto Fernández, que preside el Tribunal de Sentencia que conoce el caso Rózsa, confirmó la reanudación del juicio este lunes 22 en la ciudad de Santa Cruz, luego del cuarto intermedio que se declaró el pasado 12 de abril, porque la defensa de Gary Prado, uno de los acusados en el juicio, exigió al Tribunal el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 130/2013.
Según la defensa de Prado, por la sentencia deben anularse todos los actuados del Tribunal realizados en ausencia de Prado y debe declinar competencia, por lo que deberá conformarse otro tribunal en Santa Cruz para que continue con el caso.
Fernández evitó ayer referirse a las decisiones que deberá dar a conocer el Tribunal en la audiencia del lunes y qué pasará con el proceso, sólo dijo que hay diferentes interpretaciones.
El fiscal Marcelo Soza, al anunciar su reincorporación al juicio, expresó que esperaba que el proceso prosiga el lunes sin más dilataciones ni suspensiones como ocurrió en las últimas semanas, a raíz de las “artimañas de algunos de los acusados que se enferman de manera deliberada y con la única finalidad de seguir retardando el proceso”.
El fiscal General, Ramiro Guerrero, minimizó la preocupación por la ausencia o cambio de Soza en el juicio. “No sé porque tanto les preocupa la situación de un fiscal cuando hay otros 348”, dijo.
EEUU denuncia retardación en el caso Jacob Ostreicher
El Encargado de Negocios de los Estados Unidos, Larry Memmott, afirmó ayer que su Gobierno está preocupado por la retardación de justicia en el caso de Jacob Ostreicher, quien mantiene detención domiciliaria. Pidió celeridad en las investigaciones para que el caso llegue a su conclusión.
El diplomático, quien visitó a Ostreicher en su domicilio de Santa Cruz, dijo que lo vio bastante recuperado después de salir de la cárcel, aunque aún mantiene los síntomas de la enfermedad del párkinson, que lo habrían afectado emocionalmente por el tiempo que pasó en prisión.
"Estamos preocupados todavía por el proceso judicial que se ha demorado tanto tiempo, no hay avances que uno puede notar, no ha habido ningunos actos por parte de la fiscalía, o, por parte de los jueces en el caso, consideramos que han pasado más de dos años desde que la investigación se empezó y que si hay evidencias hay que ir a la Corte", manifestó Memmott.
"Siempre a cada mes quiero visitar al señor Ostreicher, a ver como esta, esta mejorado, no hay ninguna duda ha mejorado desde que salió de la prisión, le habría afectado muchísimo. Ha ganado un poco de peso, sin embargo tiene todavía los tiriteos que no sabemos si es párkinson o que es todavía, pero esta mejor", señaló. ANF
Naciones Unidas observa retardación y corrupción en la justicia boliviana
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia presentó en Sucre el informe de gestión 2012, en el que expresa su preocupación por la “corrupción reportada, el rezago judicial y el acceso a la justicia”, además del hacinamiento en los centros penitenciarios.
Denis Racicot, jefe de la oficina en Bolivia, fue el encargado de presentar dicho documento firmado por la Alta Comisionada, Navanetherm Puillay, el cual incluye un resumen de las actividades de esa oficina en Bolivia.
En dicho documento, el organismo internacional reconoce, no obstante, los avances relacionados con la “independencia judicial, la lucha contra la corrupción y el acceso a la justicia”, aunque señala que “ello resultó insuficiente para poder resolver la crisis que desde largo tiempo afecta a la administración de justicia”, por lo que sugirió aplicar reformas “de más largo alcance”.
“Hay muchos detenidos en este momento en las cárceles, hay un fenómeno de detención preventiva prolongada, hay más de un 85 por ciento de los detenidos que están en espera de su juicio, entonces ese es un problema muy serio del sistema, la retardación de justicia es un tema que se debe trabajar. Por otra parte es importante (señalar) que hubo muchos cambios de jueces y fiscales en los últimos años, ya tenemos un nuevo marco normativo, la nueva Ley del Órgano Judicial, la nueva Ley del Ministerio Público; hay que trabajar en el tema de la carrera judicial, la carrera fiscal y también en la formación de jueces y fiscales para elevar la calidad de justicia”, indicó Racicot.
Soza dice que vuelve al caso terrorismo I
Noticia publicada el El fiscal de materia Marcelo Soza se mostró ayer ante los medios de prensa en La Paz y aseguró que ha retomado las investigaciones del caso terrorismo I, luego de tomarse algunos días de asueto.
“Se me dio vacaciones y ya se han cumplido. Estoy asumiendo mis funciones y encarando nuevamente los procesos que tengo. Mientras no se disponga de otra situación, estoy al frente de este caso todavía”, declaró ayer a los medios, en un acto de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
Soza estaba en fuego cruzado, luego de la aparición anónima de un audio donde una voz supuestamente suya desvela manipulación en las pruebas en la investigación de la presunta facción que lideró el boliviano-croata Eduardo Rózsa. Además, está siendo procesado por la vía disciplinaria y penal, de parte de la Fiscalía General.
El 19 de marzo presentó su renuncia irrevocable y decidió tomar 60 días de vacaciones que se le acumularon durante los últimos años, y en los días siguientes no apareció públicamente. Sin embargo, un mes después, anunció su regreso.
“Hay que proseguir con el caso. Esperamos que no haya dilaciones que se han venido dando por artimañas de los propios acusados que se enferman de manera deliberada con la única finalidad de seguir dilatando el proceso”, declaró.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, señaló en Sucre que la renuncia de Soza todavía no tenía resolución. “Hay un proceso disciplinario abierto. Estamos siendo implacables, aquí no hay protección para nadie; al igual que cualquier trabajador, él está haciendo uso de sus vacaciones. Posterior a eso se tomará la decisión que corresponda”, dijo.
Luego, manifestó que el fiscal Soza no está asistiendo a las audiencias del caso terrorismo I “y tampoco lo va a hacer”.
“La madrina” de Bolivia
Por otro lado, el fiscal Marcelo Soza se refirió a la senadora Carmen Eva Gonzales, luego que la asambleísta presentara un audio donde supuestamente se escucha la voz de su abogado, Moisés Ponce de León, en un acto de extorsión.
Soza rechazó la denuncia y dijo que la senadora parecía “la madrina” de Bolivia. “Al Pacino se ha quedado chico en Chicago”, se burló. La agencia ANF dice que el abogado reconoció haber estado en la cárcel, pero que no fue por extorsión, sino por problemas con una empresa que tenía en 1989.
Gonzales manifestó que la actuación de Soza es incongruente y expresó que el fiscal general está “encubriendo a Soza”. “Me quieren acallar como al senador Róger Pinto. Ese es el objetivo”, mencionó. Anunció que la próxima semana presentará más pruebas del caso terrorismo, referidas a lamuerte de Rózsa y dos de sus seguidores.
Ayer, según ANF, una presunta exfuncionaria de la Asamblea Legislativa, Doris Máseres, habría denunciado a la senadora por otra extorsión
Gary Prado Araúz - Abogado
Si Soza va a seguir en el caso, mejor para nosotros porque la acusación formulada por él es un mamotreto lleno de mentiras. Soza está desacreditado por sus propios actos.
Julio Terrazas - Cardenal
Aclaró ayer que el cardenal nunca presentó ni denuncia ni querella contra nadie por el atentado en su domicilio en 2009. “Nunca tuvo voluntad de acusar a nadie”, dice.
El Tribunal 1° de Sentencia de La Paz que juzga el caso Terrorismo o Rózsa aún no fue notificado con la Resolución 130/2013 emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el 2 de febrero, en el que rechaza la “rebeldía” del acusado Gary Prado. Fuentes de ese juzgado aseguraron que hasta ayer el juez Sixto Fernández, presidente del citado Tribunal, no recibió oficialmente ese fallo, por lo que no podía pronunciarse sobre su contenido.
La resolución constitucional revoca la declaratoria de rebeldía de Gary Prado y la orden de aprehensión que fue dictada en su contra, además dispone que, en el plazo de 72 horas, se le realice una valoración médica forense, a fin de que el Tribunal de Sentencia se pronuncie respecto a la declinatoria de competencia, que también fue solicitada por la defensa de ese procesado.
Otto Ritter, abogado de Prado, reveló ese fallo el viernes 12 de abril, durante la audiencia del juicio oral que se lleva en la ciudad de Santa Cruz, lo que motivó que el juez Fernández suspendiera la audiencia para el 22 de abril.
Esa resolución dio lugar a varias interpretaciones. Por un lado, la defensa sostiene que se anulan todos los actuados desde la declaratoria de rebeldía de Prado y que el Tribunal del caso debe pronunciarse sobre si es competente o no para llevar adelante este juicio.
Sin embargo, el Ejecutivo dice que el Tribunal sólo se pronunció sobre la tutela que había solicitado la defensa de Prado, respecto a que la realización del juicio en otra ciudad que no fuera Santa Cruz de la Sierra arriesgaba su vida y que la rebeldía dispuesta en la ciudad de Tarija atentaba su libertad porque se emitió una orden de aprehensión. Además, el Gobierno y la Fiscalía General sostienen que el fallo fue emitido a destiempo porque el caso ya está en Santa Cruz.
Audio. Por otra parte, el fiscal de Distrito, José Ponce, analiza la solicitud de peritaje externo que fue requerido por su colega Genaro Quenta, quien investiga el audio que supuestamente corresponde al fiscal Marcelo Soza, que atiende el caso Terrorismo.
En el citado audio difundido por la senadora Eva Gonzales (CN) se implica a autoridades del Ejecutivo con el caso Terrorismo. “Se va a analizar esa solicitud primero y, de corresponder, se remitirá a la Fiscalía General para que institucionalmente se vea si hay necesidad de hacer esa labor con otros institutos de nivel internacional”, explicó Ponce.
Fiscal evalúa apertura de juicio penal a Soza
El fiscal anticorrupción del Ministerio Público, Enrique Montaño, anunció que en un plazo de 20 días se pronunciará sobre la apertura o no de un proceso penal contra el fiscal Marcelo Soza, que lleva el caso Terrorismo, por los delitos de incumplimiento de deberes y abandono de funciones.
Soza se presentó el lunes en Sucre ante la Fiscalía General del Estado y prestó su declaración informativa dentro del proceso abierto en su contra por instrucción del jefe del Ministerio Público, Ramiro Guerrero.
El fiscal Soza no asistió a la reanudación del juicio del caso Terrorismo el 18 de marzo, en la ciudad de Santa Cruz. Tres días antes había renunciado a su cargo. Según Montaño, Soza justificó su ausencia a la citada audiencia y anunció que, de acuerdo a procedimiento, se evaluará esa declaración y se requerirá mayor información en torno a este tema para luego tomar una decisión legal sobre Soza.
Exigen justicia para acusados
Al cumplirse ayer cuatro años del caso Terrorismo o Rózsa, familiares y amigos de los imputados realizaron un acto simbólico en la plaza 24 de Septiembre, para pedir justicia y la libertad de los acusados. El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Castedo, que participó del acto, pidió la extinción del caso, porque la misma ya sobrepasó los 36 meses que establece la ley.
“Es doloroso recordar esta fecha porque en ella se perdió a los familiares y amigos, muchos de ellos encarcelados injustamente y otros fuera del país y lejos de sus seres queridos”, dijo Castedo.
El dirigente sostuvo que desde ese comité se ha pedido el retorno del Estado de derecho al país y que el juicio por Terrorismo, referido a la desarticulación de un grupo presuntamente separatista, tiene que ser declarado nulo, porque se vulneraron los derechos de los procesados y no se respetó la jurisdicción del departamento.
“Hace cuatro años se puso en ejecución un plan de terrorismo de Estado destinado a amedrentar y extorsionar al pueblo cruceño por el solo delito de pensar diferente”, dijo María del Carmen Morales, esposa de Gary Prado, uno de los acusados.
VIDEO. El drama de familias de los implicados en el caso de supuesto terrorismo
Cuatro años del caso "terrorismo", empantanado en inicio de la audiencia oral
El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dejó sin efecto la declaratoria de rebeldía del acusado en el caso de supuesto terrorismo, Gary Prado, y que sentó como juez natural a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, podría aplicarse a los otros imputados del caso de supuesto terrorismo I, anulando el Decreto Supremo 0138 de mayo de 2009, cuando se determinó que el proceso radique en La Paz.
La sentencia constitucional fue emitida el 1 de febrero y detalla las falencias procesales advertidas en el caso de Prado Salmón, señalando que el peticionario fue objeto de un injusto trato al habérsele negado el traslado de jurisdicción a Santa Cruz, cuando se argumentó con pruebas, que este ciudadano no podía dirigirse a otra región por el peligro que implicaba a su salud.
La protección constitucional a la vida estipulada en el artículo 15, parágrafo I de la CPE fue el elemento que el TCP asumió para emitir su sentencia, sugiriendo “mantenerlo lo más cercano al nivel del mar, ya que la altura y la situación de stress pueden aumentar el riesgo de muerte súbita”.
“Con relación a lo solicitado por el accionante, que el Tribunal demandado decline competencia en razón de territorio y remita obrados al Tribunal de Sentencia de turno del departamento de Santa Cruz, al estar acreditado el delicado estado de salud del imputado (…)”, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 0130/2013.
En contrapartida, el DS 0138 de mayo de 2009 estipulaba el “procedimiento para determinar la jurisdicción, la aplicación de medidas cautelares sobre el patrimonio, medios e instrumentos que hubieran sido utilizados o estuviesen comprometidos en la comisión de los delitos de terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado”.
Específicamente, el artículo II expresa sobre el tema de la jurisdicción “queda consolidada la ciudad de La Paz, como ámbito de jurisdicción procesal para el juzgamiento de los delitos de terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, siendo esta ciudad la Sede de Gobierno legalmente constituida donde se encuentra las principales instituciones del Estado plurinacional de Bolivia”.
En ese contexto, el fallo constitucional, si bien no hace referencia al DS 0138, podría sentar las bases para la apelación y a partir de ello, la defensa de los implicados podría interponer un recurso de inconstitucionalidad al citado decreto de 2009.
El analista Edwin Quiroz dijo que un fallo del ente constitucional tiene mayor rango que un decreto supremo, por ello, podría implicar que todo el caso lleve la misma resolución, acudiendo además a la primacía de la Carta Magna y el tema de los derechos humanos.
“El fallo del TCP es superior a un Decreto, eso es evidente y a partir de ahora los interesados pueden pedir la inconstitucionalidad del DS. Además, el decreto fue posterior a los hechos del 16 de abril de 2009, por tanto no es retroactivo, no debería serlo y denota que hubo irregularidad desde el inicio del proceso”, explicó.
El entrevistado evaluó el caso desde la óptica política, como un hecho que generó la criminalización de la política con la injerencia evidente del Órgano Ejecutivo en las acciones de los administradores de justicia.
“Se ha mostrado la ‘utilitariedad’ del Ministerio Público no sólo en este caso sino en el Porvenir, donde la retardación de justicia también es una característica que se debe superar”, acotó.
Sobre la figura penal y los alcances del fallo constitucional, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, explicaba en la semana que éste no influirá en el desarrollo de las investigaciones, que se detuvieron en la etapa de audiencia oral.
“El abogado de Prado realiza un manoseo político de la sentencia constitucional en la que el imputado solicitó la tutela de sus derechos a la vida y a la libertad”, dijo y recordó que el Artículo 91 del Código de Procedimiento Penal indica sobre la figura de comparecencia que “cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas cautelares de carácter real”.
Primero fue el estallido, luego vinieron las balas, los golpes y la sangre
Cuando todo estalló, Mario Tadic estaba dormido y desnudo en la cama de dos plazas de la habitación 454 del hotel Las Américas. Alcanzó a ver la puerta de su cuarto colgando solo de la bisagra de abajo y a un hombre vestido de negro que entraba rápido, como una sombra, y le propinaba un culatazo en la cara con un rifle de asalto. El golpe casi lo desmayó. Tenía la nariz rota, los dientes incisivos superiores partidos a la mitad y los inferiores totalmente flojos. “Al suelo, carajo”, le ordenaron mientras lo pateaban para luego amarrarle las manos y vendarle los ojos. Solo alcanzó a oír unos pocos disparos antes de ser sacado desnudo al pasillo del hotel y luego evacuado a La Paz.
La noche del 15 de abril, Tadic había conversado con Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi, Michael Dwyer y Elöd Tóásó hasta las diez de la noche, hora en la que cada uno se retiró a su habitación. Tadic se puso a chatear con la esposa que dejó en Croacia y se durmió entre las doce y la una de la madrugada. Solo tres horas después, una explosión derribó su puerta.
El explosivo usado era tan fuerte que arrancó la madera del marco e incrustó el revoque de la pared sobre la madera.
Tadic lo ignoraba, pero en ese mismo instante otras cuatro explosiones tumbaban las puertas de los cuartos contiguos y los tiros que se escuchaban estaban dejando sin vida a Rózsa, Dwyer y Magyarosi.
Solo Tóásó corría con su misma suerte: sobrevivir para contar qué hacían en Bolivia, si era verdad que Rózsa había armado un grupo de ‘sicarios’ para dividir Bolivia o si todo fue armado por el Gobierno para desarticular a la oposición. Por el momento, Tadic se guarda su verdad para el momento en que tenga que decirla en el juicio. Solo dice, repite, que Rózsa lo convocó a Bolivia para organizar una empresa de turismo aventura y entrenamiento a ciudadanos europeos, que todo eso estaba en su computadora y que el fiscal Marcelo Soza oculta sus pruebas, su pasaje de vuelta a Madrid y el recibo que demuestra que él pagó parte de su traslado a Bolivia.
Son las 6:30 de la mañana del 16 de abril de 2009 y Tadic llega a la fiscalía de La Paz junto a Tóásó. Allí, el fiscal Róger Velásquez elabora la primera versión de los hechos sucedidos apenas dos horas antes, a 1.000 kilómetros de su despacho. En el acta de detención de ambos escribe que Tadic y Tóásó fueron sorprendidos en actos de disturbios llevados a cabo en la ciudad de Santa Cruz, donde incluso existió la muerte de personas y el hallazgo de explosivos. Allí se decide incomunicarlos y se los acusa de haber perpetrado el atentado contra la casa del cardenal Julio Terrazas. Ni siquiera se precisa dónde fueron arrestados, solo se apunta que fue “a unas cuadras de la plaza 24 de Septiembre en un local público”. Pese a que las puertas de las habitaciones fueron voladas, el acta recoge que fueron Rózsa y sus acompañantes los que atacaron a la Policía y es tan imprecisa que apunta que murieron dos ciudadanos y no tres.
A las 11:30, esa versión ya había cambiado. En el memorial firmado por Marcelo Soza se anotó que fueron los cinco alojados en el hotel Las Américas los que comenzaron a disparar contra la Policía y que guardaban en sus habitaciones armas y material explosivo similar al que fue utilizado para atentar contra la residencia del cardenal Terrazas.
Soza ni había pisado Santa Cruz y no se menciona para nada el estand de Cotas, que es donde supuestamente se encontraba el explosivo C4, similar al que se había utilizado en Las Américas.
En Santa Cruz, para ese momento, todo era sorpresa. Había tres muertos, la Policía estaba en la Feria Exposición dentro de un estand pintado en su fachada con la frase “Cotas lo hizo”. Pese a que recién en la noche se confirmó que Eduardo Rózsa estaba entre los muertos, su nombre había comenzado a circular desde temprano en las redacciones y desde la Internet surgían historias de héroe en Croacia y su origen boliviano.
También surgían imágenes de Magyarosi tocando guitarra y Dwyer fotografiado en fiestas. Más tarde llegarían las fotos de horror: tres hombres muertos, bañados en sangre sobre el piso de un hotel. Ya para entonces, Tadic y Tóásó estaban incomunicados en una celda de La Paz.
En la noche llega la versión oficial: en un tiroteo que duró 25 minutos fueron abatidos tres ciudadanos en el hotel Las Américas. Ellos fueron los que atentaron contra la casa del cardenal la noche anterior y venían con la intención de dividir Bolivia y asesinar a Evo Morales.
Tadic no escuchó un tiroteo, solos unos cuantos disparos con armas automáticas antes de ser sacado al pasillo del hotel. Entre el bombazo y su evacuación no pasaron ni cinco minutos. Este boliviano de origen croata participó del conflicto en los Balcanes. Allí conoció a Rózsa y sabe algo de armas. Dice que las armas automáticas como las que usaban los de la Unidad Táctica de Resolución de Conflictos (Utarc) disparan de 300 a 600 balas por minutos, así que si el intercambio de fuego hubiese durado 25 minutos, el pasillo del hotel hubiese quedado tapiado por los casquillos.
El 5 de mayo, Luis Hernán Rossell, gerente del hotel Las Américas, aseguró que ninguno de los cinco huéspedes salió en la noche del 15 de abril. Tampoco sacaron el auto Hyundai plomo que guardaron en el garaje del hotel la noche del 14, por lo que no pudieron cometer el atentado al cardenal. Esto no ayudó a Tadic ni a Tóásó. Tampoco sirvió de nada el hecho de que todos los días las mucamas hacían limpieza de las habitaciones y que no notaron ni las armas ni los cartuchos de dinamita que supuestamente encontraron los policías luego del intercambio de fuego que duró 25 minutos.
Tadic no lo supo hasta meses después. Estaba incomunicado en La Grulla, la celda de castigo de San Pedro. Allí, un compañero de encierro se apiadó de él y, con dos cucharillas, le acomodó la nariz que había quedado apoyada en su mejilla derecha, tras el culatazo que lo terminó de despertar la madrugada del 16 de abril
¿Un churrasco para matar a Evo con un viceministro como comensal?
El caso Rózsa ha sido marcado por los videos. El primero de ellos fue tomado con un celular y mostraba a un grupo de personas en un churrasco. Supuestamente allí se hablaba de matar al presidente Morales. Luego aparecieron las fotos de esa misma reunión. En ellas se ve a Rózsa, Tadic, Ignacio Villa Vargas y al capitán y comandante de la Utarc, Wálter ‘Rambito’ Andrade.
Ahora, sentado en la séptima fila de la sala de audiencia, Tadic aumenta otro dato: “En ese churrasco estaba también Carlos Núñez del Prado”. Dice que no lo sabían, pero si el video de ‘Rambito’ es real, estaban hablando de matar al presidente en presencia del viceministro de Seguridad Ciudadana.
Los detalles que recuerda de una hora muy intensa
Para estar en La Paz a las 6:30, Tadic ha tenido que abordar un avión a las 5:00 en Santa Cruz. Eso deja menos de una hora desde el inicio del operativo en el hotel Las Américas.
Entraron con la orden de matar
Por su experiencia bélica, Mario Tadic sabe que si la intención era arrestarlos, hubieran derribado las puertas con una bomba aturdidora (flash bang) y no con el tipo de explosivos que dejaron brechas en marcos y paredes.
Solo tres personas pudieron disparar
En su opinión, solo tres personas pudieron ser las que dispararon sobre Rózsa, Magyarosi y Dwyer: el jefe de Inteligencia Luis Clavijo, el capital Wálter ‘Rambito’ Andrade, o el mismo viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Núñez del Prado
No dijeron nada sobre el estand de Cotas
Asegura que no hubo interrogatorio durante el operativo, que solo recibió golpes y rápidamente fue maniatado y vendado. Así era imposible que él hubiera sido el que alertó que el centro de operaciones del grupo estaba en el estand de Cotas de Expocruz.
Dieron vueltas antes de ir al aeropuerto
Según Núñez del Prado, el operativo en Las Américas comenzó a las 4:07 de la madrugada. Tadic recuerda que antes de llegar al aeropuerto dieron vueltas por la ciudad, como si no conocieran el camino. Eso deja muy poco margen para abordar un avión y llegar a la Fiscalía a las 6:30
EL ARMA DE RÓZSA
Cambia de la foto del cuerpo a la pericia de balística
En las fotografías de la habitación se observa un arma 38 especial y en la balística se dice que usó una 9mm.
LA VERSIÓN DEL VIEJO
Los otros supuestos autores del atentado, sin proceso
Ignacio Villa dice que los que pusieron la bomba en la casa del cardenal fueron Wálter Andrade, Marilyn Vargas y Luis Clavijo
Las cámaras del hotel
Pudieron ser borradas por un hacker desde Internet
Según el gerente del hotel, las cámaras de seguridad pueden ser detenidas y borradas por un experto desde la web
Los cuerpos de Magyarosi y Dwyer contaron otra historia
Los huesos y la carne de un fallecido pueden contar una historia si hay alguien que sepa cómo escuchar. Los restos de Michael Dwyer y Árpád Magyarosi encontraron oídos y ojos expertos en Irlanda y Hungría y a través de ellos cuentan un hecho distinto a la versión del tiroteo.
En el cuerpo de Magyarosi se encontraron disparos en los antebrazos y trayectorias de balas que trazaban una perpendicular con su hombro. Eso, para los expertos húngaros, indicaba que cuando le dispararon Árpád se encontraba maniatado y con las manos arriba, en signo de rendición. Esto fue revelado por pericias independientes de un expolicía que trabajaba en homicidios.
Lo que dijo el cuerpo de Dwyer sí tiene valor legal. Lo examinó una perito forense de Irlanda, a través de un procedimiento legal y su dictamen es incluso reconocido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas contra la Tortura y las Ejecuciones Extrajudiciales. Ella concluyó, por la trayectoria del proyectil, que a Dwyer lo mataron mientras estaba sentado en su cama, con una bala explosiva que le perforó el corazón. El resto de los tiros que recibió le llegaron al tórax mientras estaba en el piso, presumiblemente ya muerto.
Al cuerpo de Eduardo Rózsa ningún perito independiente se atrevió a preguntarle nada. Su familia cruceña lo enterró, pero hay fotografías, como la que acompañan este artículo, que cuentan alguna historia. Tiene un disparo en la mano y otra herida de bala en el rostro. Creen que al igual que Magyarosi, estaba implorando clemencia, rendido, cuando fue abatido.
Mario Tadic ve otra evidencia de ello. En las actas de levantamiento legal del cadáver no existe una planimetría que indique cercanía de armas o casquillos de bala, como sucedería si hubiera habido un enfrentamiento.
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 artículo 15
 Artículo 91
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