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Timestamp: 2018-06-21 18:20:32+00:00

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Derecho de Nacionalidad, Garantías Judiciales y la Libertad de expresión en el Derecho Interamericano. – Grado Cero Prensa
Derecho de Nacionalidad, Garantías Judiciales y la Libertad de expresión en el Derecho Interamericano.
Por Yedidya Vazquez Calyecac
A continuación se tratará de enfocar el derecho de nacionalidad en el ámbito internacional, específicamente en el caso interamericano de derechos humanos.
Este derecho se encuentra consagrado el artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos y establece lo siguiente:
El derecho a la nacionalidad según Daniel O’ Donell cuenta con tres elementos esenciales, los cuales son: el derecho a adquirir una nacionalidad, a no ser privado arbitrariamente de su nacionalidad y a cambiar su nacionalidad.
Derecho a adquirir una nacionalidad. El derecho comparado reconoce cuatro maneras de adquirir una nacionalidad. El niño generalmente adquiere la nacionalidad del territorio del país donde nace (ius soli) o la de sus padres o uno de ellos (ius sanguinis). Un adulto puede adquirir la nacionalidad por contraer matrimonio con una persona con nacionalidad diferente a la de aquella, y por naturalización.
La doctrina y jurisprudencia sobre el derecho a adquirir una nacionalidad es poca y limita a la naturalización. En su opinión consultiva OC-4/84 “Propuesta de modificación de la Constitución Política de Costa Rica”, relacionada con la naturalización, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que una ley que no priva a ningún nacional de su nacionalidad no puede considerarse incompatible con el artículo 20 de la Convención Americana, aún cuando esta ley deja sin nacionalidad a personas casadas con nacionales que han perdido su nacionalidad de origen.
Si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha desarrollado jurisprudencia sobre el derecho a la nacionalidad, hace algunas observaciones en estudio sobre la situación de derechos humanos en ciertos países.
Privación de la nacionalidad. El derecho de la persona a no ser privado de su nacionalidad no es absoluto, según la normativa internacional. Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, como también la Convención Interamericana de Derechos Humanos imponen el mismo requisito al proceder la privación de la nacionalidad y ésta es que no puede efectuarse de manera arbitraria.
La Corte Interamericana adoptó una sentencia importante sobre la privación de la nacionalidad en el caso del que se habla en el presente trabajo, el caso Ivcher Bronstein, ciudadano peruano por naturalización. El derecho nacional no reconocía pérdida de nacionalidad sino por renuncia expresa. La Corte concluyó que el afectado había sido privado de su nacionalidad en forma ilegal, y que la ilegalidad de la medida la hacía arbitraria y por tanto violatoria del artículo 20 de la Convención Americana. El hecho de que la víctima fuera peruana por naturalización no era relevante, según la sentencia, más adelante analizare porque razón.
El derecho a cambiar de nacionalidad. Al respecto del derecho a cambiar de nacionalidad, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo XIX establece “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela.” Este artículo señala que el individuo tendrá derecho a renunciar a su nacionalidad por nacimiento, siempre y cuando exista otro país que esté dispuesto a otorgarle una nueva nacionalidad.[1]
Otro derecho importante en el ámbito internacional y en materia de derechos humanos es el derecho de las garantías judiciales. Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Consistente de manera general el derecho que tiene toda persona “a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.
La Declaración Americana, en su artículo XXVI, reconoce el derecho al debido proceso únicamente como el derecho de la persona acusada de un delito. La parte medular de este derecho lo integran, la independencia del tribunal, su imparcialidad, el carácter público del proceso, la igualdad de las partes y la equidad de los procedimientos.
En su opinión una opinión consultiva la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que la denominación correcta de este derecho es “derecho al debido proceso legal”.[2]
Las disposiciones de la Convención Americana reconoce el derecho que le asiste a toda persona para ser oído, públicamente y con las debidas garantías en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal.
La responsabilidad del Estado y el defensor. Una amplia jurisprudencia señala que en las actuaciones del defensor el Estado no tiene responsabilidad, pues el defensor no es agente del Estado. Se reconoce una excepción a esta regla para situaciones en las cuales el incumplimiento de los deberes del defensor es tan manifiesto que entraña la responsabilidad del Estado, es decir que sea evidente que el defensor actuó en contra de los intereses de su cliente.
Derecho a un defensor de su elección. El principio, el derecho a tener un defensor de oficio no comprende “el derecho a elegir el defensor que se le asigne. No obstante puede producirse una violación de este derecho cuando el tribunal continúa acreditando a un defensor de oficio a pesar de que el acusado a indicado que no lo acepta como su representante, ni le ha dado instrucciones y ha hecho lo necesario para obtener los servicios de otro defensor.
Estos derecho se encuentran el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y establece lo siguiente:
Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia.
La importancia de la libertad de expresión en el presente caso es de importancia por lo que se abordará un breve estudio de este derecho.
La libertad de expresión comprende no sólo el derecho a difundir informaciones e ideas, sino también la libertad de investigación y el derecho a recibir información y opiniones. La doctrina reconoce otro derecho consistente en la interacción entre el derecho de investigar y el de participar en la gestión de los asuntos públicos, que es el derecho a tener acceso a la información que obra en los archivos del Estado y las instituciones públicas.
La libertad de expresión es un derecho muy amplio. Los instrumentos internacionales concuerdan en que esta libertad comprende el derecho de manifestar por cualquier medio de expresión, y sin limitación de fronteras, ideas e informaciones. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana reconocen la amplitud de este derecho con la frase “informaciones e ideas de toda indole”. No obstante, estos instrumentos también reconocen que este derecho admite limitaciones, estas limitaciones deben de estar expresamente fijadas en la legislación de los estados y tener como objeto la protección de la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral pública.
En el artículo 20 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, se establecen otras restricciones como prohibir toda propagando a favor de la guerra y toda apología al odio nacional, racial o religioso, esta misma obligación se encuentra en el artículo 13 de la Convención Americana.
La Convención Americana establece, además, un requisito muy importante que no se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es la prohibición de la censura previa, únicamente se exime de este requisito la censura previa de espectáculos debido a la necesidad de proteger la moral de la infancia y adolescentes.
La libertad de expresión en materia política está amparada por los artículos 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y éstos constituyen la libertad de participar en actividades políticas bien a título personal o como miembro de un partido político, la libertad de debatir asuntos públicos , de critica al gobierno y publicar material de contenido político.
En decisiones adoptadas por el Comité de Derechos Humanos consideró violatorio del Pacto de Derechos Civiles y Políticos la detención de personas acusadas de actividades políticas que atentan contra el orden público cuando el sistema político mismo es incompatible con el Pato Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Libertad de investigación y el derecho de buscar y recibir información. El derecho a recibir información tiene una dimensión individual y una dimensión social.
[1] .- Daniel O’ Donnell. (2007). El derecho a la nacionalidad . En DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (563-560). México, DF: Editorial, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos .
[2].-Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_09_esp.pdf,%5Ben línea], fecha de consulta 20/10/2016, Opinión consultiva OC-9/87
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References: artículo 20
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