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Que mi cuerpo no sea utilizado en contra de mis victimarios: el caso
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Que mi cuerpo no sea utilizado en contra de mis victimarios…, pp. 21-44.
QUE MI CUERPO NO SEA UTILIZADO EN CONTRA DE MIS VICTIMARIOS: EL CASO “VÁZQUEZ FERRÁ” Y LOS LÍMITES A LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA Y VERDAD *
Ana Laura Zavala Guillén **
El presente artículo reflexiona acerca de una de las consecuencias del legado de violaciones graves a los derechos humanos que dejó la última dictadura militar argentina: la supresión de identidad de los hijos de personas desaparecidas. Este objetivo se realizará a través del análisis de un caso trágico decidido por la Corte Suprema de Argentina sobre la negativa de una joven a que su identidad sea restablecida. Este dilema pone en cuestión si las demandas de justicia y verdad también reconocen límites fundados en el respeto de los derechos fundamentales de aquellos que todavía buscamos pero no quieren ser encontrados.
Derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a disponer del propio cuerpo, derecho a la identidad, violaciones graves a los derechos humanos.
1. Introducción. 2. Avances y retrocesos sobre medidas probatorias compulsivas para restablecer la identidad. 3. La Corte Suprema y los límites a la búsqueda de justicia y verdad. A. El límite a la búsqueda de justicia. B. El límite a la búsqueda de verdad. 4. Las decisiones de los tribunales inferiores: ¿otro final posible al dilema?
La supresión de la identidad de niños hijos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar argentina constituyó un fenómeno de vulneración de la dignidad humana con características propias y efectos insospechados hasta la actualidad. El Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada de Personas estableció que durante la llamada guerra sucia existió un plan sistemático de apropiación de niños y desaparición de sus madres después del parto1. Se estima que quinientos niños fueron desaparecidos junto con sus padres, o nacieron o debieron nacer en el cautiverio de sus madres2.
Treinta y dos años han pasado de esos días de sombra y ahora son los niños apropiados devenidos en adultos quienes, en ocasiones, se acercan a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y a organizaciones sociales como Abuelas de Plaza de Mayo con el fin de restablecer su identidad. Incluso algunos de ellos han llevado ante la justicia a las personas con quienes convivieron como hijos durante años, acusándolos de haberlos privado de sus vínculos familiares de origen3. Sin embargo, en paralelo a estas reivindicaciones, también ha existido la defensa de posiciones contrarias a las antes expuestas. Así, la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina (en adelante Corte Suprema o Alto Tribunal) ha tenido que pronunciarse en casos como el de Evelin Karina Vázquez Ferrá, hija de personas desaparecidas, quien se negó a practicarse una extracción de sangre que determinara su identidad, con el fin de que ésta no pudiera ser utilizada como prueba de cargo en contra de quienes ella consideraba sus verdaderos padres, ante la ley, sus apropiadores4.
Según el informe titulado “Maternidades Clandestinas”, en junio de 1977, Susana Beatriz Pegoraro, embarazada de cinco meses, fue secuestrada por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) junto a su padre y a su compañero Rubén Bauer5. Después de ser trasladada a distintos centros clandestinos de detención como “La Cacha” o la Base Naval de Buzos Tácticos de la ciudad de Mar del Plata, Susana fue llevada definitivamente a la ESMA donde dio a luz a una niña, la cual le fue arrebatada por el subprefecto naval Héctor Favre. En el año 2001, Inocencia Luca de Pegoraro, madre de Susana, denunció que su nieta había sido entregada al funcionario naval Policarpo Vázquez y a su esposa Ana Ferrá. Ambos admitieron haber recibido a la entonces niña en circunstancias que hacían sospechar que era hija de personas desaparecidas. En el marco de la causa iniciada contra el matrimonio por la comisión de los delitos de falsedad ideológica de documento público, supresión de estado civil y retención de un menor de diez años, el juez ordenó la realización de una prueba hematológica a fin de determinar la verdadera identidad de Evelin, con la salvedad de que en caso de que ésta no prestara su consentimiento, la misma se realizaría con el auxilio de la fuerza pública. La joven impugnó ante la Corte Suprema dicha orden judicial alegando que la misma constituía una violación a sus derechos fundamentales. Por mayoría, los ministros del Alto tribunal le dieron la razón6. La Corte Suprema en salvaguarda del derecho a la intimidad de la joven había optado por dejar de lado el derecho de los familiares de las víctimas a conocer lo acontecido con sus seres cercanos como presupuesto para la reconstrucción de sus vínculos familiares y de su identidad reconocido en el caso “Urteaga, Facundo Raúl c/ Estado Nacional-Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas s/amparo ley 16.986”7, y con esto, a los compromisos internacionales asumidos en materia de búsqueda de la verdad, con mayor énfasis, a partir de la Reforma Constitucional del año 19948. Tiempo atrás, en el marco de un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la República Argentina se había comprometido a agotar todos los medios para alcanzar el esclarecimiento acerca de lo sucedido con las personas desaparecidas9.
Pero mientras en la resolución de casos como “Urteaga” la búsqueda de la verdad se aseguraba a través de la obtención de información obrante en archivos de organismos estatales, en “Vázquez Ferrá” la misma pretendía satisfacerse a través de la coerción física sobre el cuerpo de una joven presuntamente apropiada durante la última dictadura militar.
Algunas veces, el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos puede implicar avasallamientos a los derechos fundamentales en los cuales el Estado no puede incurrir. Por ejemplo, las Leyes de Lustración de los países de Europa del Este, que tuvieron como objetivo destacable poner en conocimiento de la sociedad la verdad de lo acontecido durante los regímenes comunistas, eran repudiables porque imponían sanciones sin otorgarles a los condenados la oportunidad de ejercer su derecho de defensa10. Es decir, el fin era legítimo pero no los medios empleados, ya que éstos transgredían derechos esenciales de las personas. La pregunta presente en nuestro caso bajo estudio es si, en cumplimiento de la obligación de investigar y dar a conocer los hechos acaecidos durante la última dictadura militar, puede develarse la identidad que los jóvenes presuntamente apropiados no desean conocer, o si por el contrario, ésto constituye una vulneración a sus derechos prohibida para el Estado argentino11. De esta forma es necesario realizar algunas consideraciones en torno al término identidad. Sólo a efectos instrumentales y sin pretender ser exhaustivos, podemos afirmar que la identidad de una persona puede ser entendida como un conjunto de múltiples y complejas facetas, entre las cuales podemos encontrar el llamado bagaje genético12. Aquello que la Corte Suprema parece entender como la “verdadera identidad”, pero que en ningún caso constituye el todo identitario de un ser humano13. Es claro que en los casos de apropiación de niños durante la última dictadura militar, la revelación del origen genético implica conocer una historia personal de sucesivas tragedias que también forma parte de la identidad de éstos. Imagínese por ejemplo, aquellas situaciones en las cuales los niños en sus primeros meses de vida compartieron con sus madres el encierro en los centros clandestinos de detención dispuestos por el aparato represivo en todo el territorio nacional. En este contexto, el pedido de los ahora jóvenes acerca de no conocer esta parcela de su vida es comprendido aunque pueda no ser compartido.
Nuestro trabajo de investigación tendrá por objeto determinar si para la Corte Suprema la negativa de los jóvenes a que sus muestras biológicas sean utilizadas para esclarecer su identidad constituye un límite fundado en derechos humanos a conocer la suerte y paradero de los nietos de los familiares de las personas desaparecidas. Asimismo, en razón de que las demandas en términos de verdad sobre lo acontecido van de la mano de la justicia, analizaremos si para el Alto tribunal existe un derecho de los entonces niños apropiados a que su cuerpo no pueda ser utilizado como prueba de cargo contra quienes consideran sus verdaderos padres. Sin embargo, previamente, ofreceremos al lector en el apartado primero un breve recorrido por las sentencias más relevantes dictadas por la Corte Suprema sobre el derecho a la identidad de los niños apropiados durante la última dictadura militar y las medidas probatorias compulsivas para su garantía, anteriores y posteriores, al caso judicial bajo análisis. Asimismo, mencionaremos las interpretaciones jurídicas realizadas sobre el tema por los tribunales inferiores, con repercusión en la restitución de la identidad de Evelin a pesar de lo decidido por el Alto Tribunal.
2. Avances y retrocesos sobre medidas probatorias compulsivas para restablecer la identidad
Con anterioridad al caso “Vázquez Ferrá”, la Corte Suprema había tenido oportunidad de dictar sentencias en causas judiciales donde se ponía en cuestión la legitimidad de la prueba hematológica compulsiva para determinar la identidad de los niños apropiados durante la última dictadura militar. Mientras en algunas sentencias había revocado la medida de prueba antes mencionada, en otras había declarado su procedencia sin tomar en cuenta la oposición de los padres -algunos de ellos presuntos autores de los delitos-, del asesor de menores y de los propios niños.
En el caso “Müller, Jorge s/denuncia” se investigaba la falsedad ideológica del documento de identidad de un niño presunto hijo de personas desaparecidas adoptado por un matrimonio. La mayoría de los jueces entendieron que la extracción compulsiva de sangre invadía la esfera íntima, restringía la libertad sobre el propio cuerpo y comportaba una lesión a la integridad física del menor14. Los votos en disidencia sostuvieron que correspondía valorar positivamente a dicha medida de prueba, ya que permitía dilucidar la identidad del niño conforme a su propio interés porque nada duradero parecía poder fundarse a partir de la ignorancia conciente de la verdad”15. El 5 de diciembre de 1990, días después del dictado de la sentencia en “Muller”, la Convención de los Derechos del Niño (CDN) fue ratificada por la República Argentina. Dicho acontecimiento era anunciado en los fundamentos del voto en disidencia del Ministro Dr. Petracchi en la causa antes mencionada: “La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la O. N. U. el 20 de noviembre de 1989 y remitida por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso para su aprobación, por mensaje Nº 1678 del 30 de agosto de 1990, establece que el niño tiene derecho, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres (art. 7, punto 1). Asimismo, dispone el art. 8º: "1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad"16. Es importante destacar que este último artículo fue resultado de la demanda de justicia de los familiares de los niños apropiados durante la última dictadura militar argentina17. La tragedia de la apropiación de menores, que comenzó a sucederse en otros países bajo contextos políticos disímiles, exigió el establecimiento de garantías a nivel internacional de no repetición en ningún lugar del mundo18. Porque a pesar de las deficiencias en materia de eficacia del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, los Estados Nacionales no articulaban mecanismos de prevención para evitar estos abusos graves, sino que además actuaban en forma ofensiva y no reparadora ante la vulneración consumada de estos derechos19. Entonces, los compromisos asumidos por la República Argentina al ratificar la CDN se constituyeron como un factor decisivo en el cambio de postura del Alto Tribunal en la resolución de causas judiciales similares, como podremos observar a continuación.
En el caso “H .G. S. y otro s/ apelación de medidas probatorias” se investigaba la separación de niños recién nacidos de sus padres biológicos y su entrega a terceros a cambio del pago de sumas de dinero. La Corte Suprema sostuvo que la medida de prueba compulsiva no sólo no afectaba derechos fundamentales sino que garantizaba el derecho a la identidad, de acuerdo a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino como parte de la Convención antes mencionada20. Por su parte, en el caso “Guarino, Mirta Liliana s/ querella” se dilucidaba la apropiación de un niño presunto hijo de desaparecidos por parte de un matrimonio. El Alto Tribunal dictó sentencia conforme los argumentos vertidos en el precedente “H. G. S”, destacando nuevamente su rol de custodio del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la República Argentina al ratificar Tratados Internacionales de Derechos Humanos con el fin de evitar la responsabilidad internacional21.
Entonces, en el caso “Vázquez Ferrá”, el cambio de timón de la permisión de la extracción compulsiva de sangre al respeto de la negativa, parece encontrar justificación en que la misma provenía de la víctima, mayor de edad y capaz, y no de un niño y/o de sus padres o presuntos apropiadores. Por tanto, el Alto Tribunal pareció entender que no debía desempeñarse como garante de su derecho a la identidad sino como custodio de su autonomía.
Sin embargo, cuando todo parecía dicho en el caso bajo análisis, los tribunales inferiores determinaron el parentesco de la víctima, con Susana Pegoraro y Rubén Bauer, a través del secuestro de objetos personales que contenían muestras biológicas. Esta alternativa para restablecer la identidad ya se había implementado con anterioridad en la causa judicial “P., G. G.”22. En este último caso, se procedió a la extracción de muestras comparativas de objetos personales secuestrados a la víctima en su domicilio con el fin de realizar estudios de histocompatibilidad y entrecruzarlos con los datos genéticos de los familiares de las personas desaparecidas registrados en el Banco Nacional de Datos Genéticos23.
Aunque todavía la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de estas medidas de prueba, existe una convicción firme en ciertos sectores de la magistratura argentina acerca de que estos procedimientos probatorios constituyen medios legítimos para garantizar, entre otros intereses, el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas24. Pero es importante destacar que con anterioridad a estas alternativas, tribunales inferiores persistieron, a pesar de la sentencia dictada en “Vázquez Ferrá”, en la disposición de medidas compulsivas de extracción de sangre para la determinación de la identidad, desafiando de este modo la autoridad moral de la sentencia del Alto Tribunal. En el caso “Vázquez Sarmiento”, dictado apenas un mes después de la sentencia bajo análisis, el juez de la causa falló resolviendo la obligatoriedad del análisis de sangre aún sin el consentimiento del joven, supuesto hijo de una pareja de personas desaparecidas. Posteriormente, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó esta resolución teniendo en cuenta, entre otros fundamentos, el derecho de la abuela reclamante de “reconstruir los lazos familiares que fueron quebrados por el terrorismo de Estado”25. En “Barnes de Carlotto en representación de Abuelas de Plaza de Mayo”, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, con argumentos que intentaban justificar su distanciamiento de la decisión en “Vázquez Ferrá”, dispuso el examen hematológico, con o sin el consentimiento, de los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera26. Ambos, presuntos hijos de personas desaparecidas, accedieron a la extracción de sangre pero sólo para descartar el vínculo filiatorio con las familias de las víctimas pero no para descifrar su identidad biológica que afirmaban no querían conocer. En este caso, el Alto Tribunal volvió a reconocer a las víctimas el derecho a que ésta no sea revelada27.
3) La Corte Suprema y los límites a la búsqueda de justicia y verdad
Una vez más, la Corte Suprema se enfrentó en la decisión de un caso trágico a la cuestión de qué hacer con el legado de violaciones de derechos humanos que dejó la última dictadura militar28. Porque cualquier alternativa adoptada para la resolución de “Vázquez Ferrá”, tal y como estaban planteados los caminos posibles, es decir extracción compulsiva o pérdida de la verdad, nos dejaba el mismo sabor amargo de justicia incompleta29.
En el caso bajo análisis, la solución del Alto Tribunal consistió en una defensa acérrima de la máxima kantiana que supone la no utilización de las personas como medios y su consideración como fines en sí mismos30. Así, afirmó que el empleo forzado del cuerpo de la joven para el esclarecimiento de su identidad no constituía un medio para poner fin a la búsqueda de verdad y de justicia de las familias Bauer y Pegoraro, quizás con el fin de evitar una pendiente resbaladiza que no tenga más final que la destrucción de la autonomía personal de quienes buscamos, aún cuando esto suponga el sacrificio de una parte valiosa de los proyectos vitales de los familiares de las personas desaparecidas en beneficio de aquellos.
Dos argumentos fueron esgrimidos por el Alto Tribunal para proteger la esfera de intimidad de la joven. El primero, que la víctima no podía ser obligada a que su cuerpo, o elementos de este, sean utilizados para extraer prueba incriminatoria que posibilite la condena de las personas a quienes ella siente debe gratitud. El segundo, que conocer la verdadera identidad es un derecho y no un deber. En palabras más o palabras menos, la joven tiene derecho a encubrir a sus victimarios y a no conocer su identidad si no lo desea. La utilización de su cuerpo en contra de sus sentimientos es contraria al derecho a la intimidad reconocido en el artículo 19 de la Constitución Nacional de la República Argentina31.
El límite a la búsqueda de justicia.
Para fundamentar su primer argumento, la Corte Suprema se valió principalmente de la norma jurídica contenida en el Código Penal Argentino que exime de responsabilidad a los encubridores de delitos que guarden con el delincuente vínculos civiles formales, de amistad íntima o especial gratitud32. Los ministros entendieron que “sería absurdo que en estos casos la persona esté exenta de responsabilidad por limpiar la sangre de un homicidio u ocultar el botín de un robo, y, en cambio, esté obligada a declarar contra el delincuente o a prestar su cuerpo para la obtención de pruebas incriminatorias”. Además, la confesión de sus apropiadores convertía a la extracción compulsiva de sangre en una prueba innecesaria para su condena y sólo relevante para determinar la identidad de la joven como respuesta a la búsqueda de verdad de las familias Bauer y Pegoraro.
De esta manera, el Alto Tribunal realiza una defensa del principio de autonomía de la persona expuesto por J. S. Mill en su obra Sobre la libertad. Para este autor “la única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de su comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás. Su propio bien, físico o moral, no es justificación suficiente”33. En nuestro caso, nadie puede obligar a Evelin a que su cuerpo sea usado en contra de quienes considera sus padres porque sería lo más acertado para ella o más justo para la memoria de sus familiares desaparecidos. Como sostiene el postulado liberal, nadie es mejor juez para sus propios intereses que uno mismo. La joven víctima, parafraseando a Ronald Dworkin, tiene una carta de triunfo, que más que su propio cuerpo, protege su forma de determinar su Plan de Vida34.
El límite a la búsqueda de verdad.
Para fundamentar su segundo argumento, el Alto Tribunal expone que conocer la verdadera identidad es un derecho y no un deber. De esta manera, el Estado no puede compeler a Evelin a investigarla como así tampoco a promover las acciones judiciales destinadas a restablecerla35. Como hemos mencionado con anterioridad, la Corte Suprema ya había dictado sentencia en casos de sustracción de niños durante la última dictadura militar, pero en éstos las víctimas todavía eran menores de edad. De esta manera, la extracción de sangre compulsiva se consideró como medio legal para asegurar el interés superior del niño reconocido en la CND36. La identidad era entendida como un bien primario que los Estados se habían comprometido asegurar para el Plan de Vida de éstos. Pero, a partir de nuestro caso, para el Alto Tribunal, cuando éstos asumen la mayoría de edad y sobre ellos no pesa ninguna incapacidad o inhabilitación pueden dejar este bien primario de lado en ejercicio de su autonomía personal. Podríamos preguntarnos si realmente la mayoría de edad y la falta de incapacidad legal hacen de nosotros en todos los casos un agente autónomo perfecto. También, si Evelin no actuaba compelida por un temor a que sus padres de afecto sean condenados al revelarse su identidad, y, por tanto, se hubiera justificado la adopción de una medida paternalista que asegurara la misma37. Porque si bien la elección completamente libre es un ideal, existen decisiones evidentemente dependientes que pueden ser identificadas atendiendo a su origen causal. Por ejemplo, aquellas deliberaciones tomadas por adoctrinamiento u ocultamiento de pruebas38. Pero dar respuestas a estos interrogantes está fuera de nuestro alcance en el presente trabajo.
4. Las decisiones de los tribunales inferiores: ¿otro final posible al dilema?
La defensa de la Corte Suprema esgrimida en la sentencia bajo análisis no logró convencer a los tribunales inferiores ya que éstos continuaron dictando medidas de prueba compulsivas para restablecer la identidad de los jóvenes presuntos hijos de desaparecidos. Como hemos mencionado con anterioridad, estos órganos judiciales observaron a los allanamientos de morada, que tenían por fin obtener objetos personales que contuvieran restos biológicos que permitieran realizar estudios de ADN, como la alternativa jurídica posible a las controvertidas extracciones compulsivas de sangre. De esta manera, la negativa de las víctimas, que eliminaba el único medio para hallar a los nietos desaparecidos, condujo a estos tribunales a enfrentarse con un debate problemático: los sacrificios triviales y las omisiones como fuente de violaciones de derechos. A pesar del cambio de los procedimientos probatorios empleados, lo que continuaba en juego era el derecho a disponer del propio cuerpo, o de los elementos que de él se deriven, reconocido por el Alto Tribunal en el caso “Vázquez Ferrá”. Para estos magistrados no estaba claro que la omisión de entregar el material biológico no fuera dañosa para las legítimas pretensiones de los familiares de las personas desaparecidas, máxime cuando la extracción de sangre realizada por medios ordinarios adoptados por la ciencia médica fue considerada por la Corte Suprema, en otras causas judiciales, como una perturbación ínfima que debía tolerarse ante valores en juego como la justicia y la verdad39. Tampoco quedaba precisado que el esclarecimiento del origen genético de una persona importara, por si mismo, la imposición de un todo identitario y/o del ejercicio o no de determinados vínculos familiares, por ejemplo, que los jóvenes apropiados cuya identidad fuera restablecida debieran dejar de convivir con quienes hasta el momento creían eran sus padres biológicos y comenzar a frecuentar, de ahora en más, a sus parientes consanguíneos40. A pesar de dichas consideraciones, para estos jueces fue necesario encontrar una medida de prueba alternativa que minimizara aún más la invasión, la hiciera más sutil a la mirada de los jóvenes, es decir la convirtiera en un sacrificio trivial exigible en vista del daño sufrido por los familiares de las personas desaparecidas41. Entonces, el allanamiento de morada fue observado como medio legítimo para poner fin al cuadro de dolor e incertidumbre generado por la falta de información sobre el destino de los nietos apropiados. Bajo esta lógica interpretativa, es particularmente interesante poder realizar un paralelismo con el llamado “derecho a no saber la propia información genética”, reconocido en el ámbito sanitario, cuando exámenes médicos pueden revelar enfermedades o una predisposición a enfermedades de origen genético que carecen de tratamiento42. Este derecho ha sido reconocido por instrumentos internacionales y por normativas locales, sobre todo europeas43. Se ha sostenido que el fundamento inmediato del mismo radica en el principio de respeto de la autonomía del paciente, mientras que su fin último está dado por el interés del individuo en no sufrir un daño psicológico. Sin embargo, esta reivindicación reconoce como límite la causación de daños a terceros, especialmente a familiares, que podrían tener un interés vital en recibir esa información cuando fuera posible prevenir o tratar la enfermedad44. Así, la actitud pasiva de un sujeto frente al desamparo, el peligro o la necesidad de ayuda de una persona se percibe como contraintuitiva en términos de justicia45. Como sostiene Alan Gewirth, “dañar no significa únicamente empeorar una situación o transformar una situación positiva en una negativa sino también no evitar que un mal se produzca o permitir que continúe, cuando el agente pudo haberlo impedido o superado sin que ello implicara mayor sacrificio de su parte”46. Por ejemplo, esta es la fundamentación de la punición de la omisión del deber de socorro contenida en las legislaciones penales de distintos países47. Sin embargo, podría argumentarse que la omisión de un sujeto frente al riesgo de vida de un individuo no es equiparable a la omisión de un sujeto frente a la posibilidad de poner fin a la penosa búsqueda de los familiares de las personas desaparecidas. En contra de esto, podemos afirmar que la misma ha sido equiparada a una forma de tortura o trato cruel, inhumano o degradante por órganos internacionales de protección de los derechos fundamentales48. La protección de la integridad personal y la prohibición de la tortura ostentan el rango de principios imperativos y absolutos para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos49.
El ejercicio de la justicia en la resolución de los casos analizados sobre apropiación de niños durante la última dictadura militar no puede realizarse sin tener en cuenta la situación de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos en que estos crímenes han sido cometidos50. Ante esto, las fórmulas tradicionales jurídicas parecen convertirse, por sí mismas, en obsoletas51. Piénsese, por ejemplo, acerca de la diferencia de contextos que separaría a los hechos de “Vázquez Ferrá” de una situación hipotética de negativa de un joven descendiente de donante a conocer la identificación de su progenitor ante el pedido de sus abuelos biológicos, que podría plantearse en el marco del empleo de las llamadas Técnicas Humanas de Reproducción Asistida. En nuestra causa bajo estudio, no podemos permitir que el árbol oculte el bosque. Por desesperanzador que sea, la vuelta al estado de goce y ejercicio de los derechos de las personas anterior a la perpetración de estas violaciones no puede ser alcanzada, completamente, por medio de ninguna medida reparatoria, por más innovadora que pueda disponerse. La mirada ante un pasado doloroso no remediado puede ser moralmente devastadora para una sociedad. Entonces, cuando la justicia correctiva queda a mitad de camino, la respuesta debe incluir otra perspectiva, es decir, la del compromiso de no repetición del mal absoluto52. De lo contrario, como sostuvo George Orwell, deberemos asumir que aquellos que controlaron el pasado todavía controlen el futuro.
Quizás, el Alto Tribunal alce su voz sobre la constitucionalidad o no de estas medidas de prueba compulsivas. Pero, hasta el momento, las mismas parecen constituirse como la salida alternativa al dilema. La sociedad argentina no estaba preparada para digerir fácilmente que aquellos a quienes buscamos, desde hace treinta y dos años, se nieguen a ser encontrados. Para la Corte Suprema, su negativa es un límite fundado en derechos individuales que no pueden ser doblegados. La ampliación de los derechos exige a los Estados actuales otorgar soluciones a casos de este tipo con mayor frecuencia. Estas tragedias son un triste desafío que exigen al espectador imparcial afilar la intuición e identificarse con el punto de vista más objetivo.

References: resolución 
 resolución 
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 resolución 
 artículo 19
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