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Timestamp: 2016-12-10 23:14:58+00:00

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⭐DIRECCIÓN LEGISLATIVA -CONTROL DE INICIATIVAS-
María del Pilar Botella Carmona
1 00001 CONGRESO DE LA REPUBLICA GUATEMALA, C. A. DIRECCIÓN LEGISLATIVA -CONTROL DE INICIATIVAS FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 21 DE ENERO DE INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LAS REPRESENTANTES MIRMA MAGNOLIA FIGUEROA RESEN, ANA REGINA DEL ROSARIO GUZMÁN SÁNCHEZ, SOFÍA JEANETTH HERNÁNDEZ HERRERA Y COMPAÑEROS. ASUNTO: INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO LEY NÚMERO 106 DEL JEFE DE GOBIERNO, CÓDIGO CIVIL Y AL DECRETO NÚMERO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS. TRAMITE: PASE A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE LA MUJER PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CONJUNTO CORRESPONDIENTE.2 Y!!~c~ez~ Y/}~clela~!ff~y?f. osf Guatemala, 21 de agosto del Licenciada Ester Velásquez Sagastume Directora Legislativa Congreso de la República Presente Licenciada Velásquez: Por este medio me dirijo a usted, deseándole éxitos en todas sus actividades. Adjunto a la presente remito Iniciativa de Ley de PROPUESTA DE REFORMA AL DECRETO LEY 106, CODIGO CIVIL Y AL DECRETO NUMERO LEY CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOT ACION Y TRATA DE PERSONAS, en versión impresa y digital, para el tramite correspondiente. Atentamente: Agradeciendo de antemano su colaboración y atención me suscribo de usted, \3 "Me enamoré y quisimos casarnos, pero no quiero que mi hija haga lo mismo que yo, sino que estudie y trabaje", comienza diciendo. Su boda se realizó con base al Artículo 81 del Código Civil que establece 14 años como edad mínima para contraer matrimonio las mujeres con el consentimiento de sus padres y a disposición de un juez. En Costa Rica la edad mínima es a los 15 años, y en Nicaragua 16. (Diario El Periódico 9 de junio 2013) EXPOSICION DE MOTIVOS Los "Matrimonios en personas menores de 18 años", es una problemática vinculada a una serie de aspectos que atañe a la cultura, la costumbre, al Estado y al Derecho principalmente. El sistema patriarcal predominante por generaciones, es otro de los factores que no han permitido que determinados marcos normativos sean modificados y que a partir de ello, se modifiquen también los elementos estructurales y actitudinales. Los derechos humanos de las niñas y de las mujeres históricamente han sido vulnerados, utilizando formas de castigo y de temor para mantener el control de sus vidas, a pesar de los procesos de reconocimiento a sus derechos tanto fundamentales como específicos y de la existencia de instrumentos que tienen por objetivo el respeto y ejercicio de derechos como a la dignidad, la libertad, la igualdad y a una vida libre de violencia, propios de sociedades más tolerantes y democráticas.4 Guatemala cuenta con un marco normativo que garantiza en la actualidad el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, sin embargo aún existen determinadas normativas que restringen y violentan, a la luz de estos derechos humanos y de la Constitución Política de la República, derechos fundamentales para una vida digna como lo es, el derecho a decidir y a elegir cuándo y con quien contraer matrimonio, como uno de los actos inherentes a su derecho a la dignidad, libertad e igualdad. El Estado guatemalteco cuenta, a partir de la Constitución Política, con una normativa interna como lo es la Ley de Dignificación y Promoción integral de la Mujer, la Ley de Desarrollo Social, la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar, Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que han venido a promover nuevos paradigmas para visibilizar los derechos específicos de la niñez y adolescencia, así como de las mujeres, dirigidas a garantizar sus derechos fundamentales reconocidos en instrumentos internacionales como lo son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Conferencia de Viena en 1993, instrumento que reconoce por primera vez que las mujeres tienen derechos específicos y plantea la violencia en el ámbito público y privado; Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer- CEDAW-, Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención De Belem Do Pará- Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, La Plataforma de Acción de Beijing, Convención de los Derechos del Niño, Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio y el Registro de Matrimonios entre otros. 25 'y Aunado a estas convenciones, las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y las Observaciones del Comité de la CEDAW son instrumentos que van fortaleciendo y recomendando que el Estado adopte e implemente medidas efectivas que incluye la revisión de la legislación para hacer firme la atención de los derechos humanos, contando con la resolución emitida en ocasión al Día Internacional de la Niña, manifestando la preocupación de la situación de la niña, invitando a observar y crear conciencia sobre la misma en todo el mundo, circunstancias que incluye la edad para el matrimonio, que las priva de oportunidades de desarrollo, pone en peligro la salud y su vida, aumentando su vulnerabilidad ante la violencia y los abusos. La Plataforma de Acción de Beijing que forma parte de la Declaración de Beijing emanada de la 4ta. Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, estableció en los párrafos 92 y 93 que: "... la incidencia de la pobreza y la dependencia económica en la mujer, su experiencia de la violencia, las actitudes negativas hacia las mujeres y las niñas, la discriminación racial y otras formas de discriminación, el control limitado que muchas mujeres ejercen sobre su vida sexual y reproductiva y su falta de influencia en la adopción de decisiones son realidades sociales que tienen efectos perjudiciales sobre su salud."... "... Las condiciones que fuerzan a las niñas al matrimonio, al embarazo y la reproducción a edad temprana y la someten a prácticas perjudiciales, acarrean grandes riesgos para su salud... no se suele tomar en consideración el derecho de las adolescentes a la intimidad, la confidencialidad, el respeto y el consentimiento informado. Desde los puntos de vista biológico y psicosocial las adolescentes son más vulnerables que los varones al abuso sexual, la violencia y la prostitución y a las consecuencias de las relaciones sexuales prematuras y sin protección". La Convención de los Derechos de Niño -CDN- instrumento de protección de carácter vinculante, que entro en vigor en 1990, compromete a todos los Estados miembros a adecuar su legislación y medidas administrativas para dar efectividad a los derechos 36 reconocidos en la misma. Dicho instrumento internacional expresa en su Artículo 1 que Se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, sin embargo es importante reflexionar a lo expresado por Justo Solórzano en su libro Los Derechos Humanos de la Niñez y su Aplicación Judicial que opina que en la realidad "no es así, pues como refleja la historia del tratamiento jurídico del menor, no solo en materia penal, el concepto de niño, niña y adolescente, entendido como un ser humano dotado de dignidad propia, parece ser un progreso reciente del derecho... y como señala Borja Jiménez, la Convención sobre los Derechos del Niño parte del principio según el cual el niño, la niña y adolescente gozan de responsabilidad, al regular, en el artículo 12, el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten y a que ésta sea tomada en cuenta en función de su edad y madurez. Indica que, en todos los actos jurídicos y procesales en los que el niño y la niña se vean implicados, ellos y ellas van a formarse su propio juicio, de esta forma se le otorga al niño y a la niña la categoría de seres racionales, con dignidad y que tienen algo que decir." (2003: 37,38). Este mismo instrumento expresa al respecto en su Artículo 2 que: La exención de discriminaciones de cualquier tipo y por cualquier motivo, incluidos el sexo, la religión, el origen étnico o social, el nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 3: En todas las medidas concernientes a los niños... una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño, Artículo 6: La garantía del máximo apoyo a la supervivencia y el desarrollo del niño. Artículo 12: El derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, en función de su edad y madurez. Artículo 19: El derecho a ser protegido contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras que el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona. Artículo 24: El derecho a la salud y a disfrutar de los servicios sanitarios, como asimismo a ser protegido contra las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. Artículos 28 y 29: El derecho del niño a la educación, en condiciones de igualdad de oportunidades. Artículo 34: El derecho del niño a ser protegido contra todas las formas de 47 explotación y abuso sexuales. Artículo 35: El derecho a ser protegido contra el secuestro, la venta o la trata de niños. Artículo 36: El derecho a ser protegido contra todas las demás formas de explotación La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,-CEDAW- constituyó en su artículo 16 que los Estados partes deben adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer, en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular deben de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres el mismo derecho para contraer matrimonio, el mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento. Establece además que no tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niño y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial. Por ello, es indispensable examinar cada implicación de dicha práctica, desde los límites que impone la libertad personal hasta las consecuencias que lleva para la salud y la educación. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su recomendación General No. 21 durante el 13Q. Período de sesiones en 1994, respecto al artículo 16, estableció en su numeral 36 que en la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena del 14 al 25 de junio de 1993, instando a los Estados a que deroguen leyes y reglamentos en vigor y a que eliminen las costumbres y prácticas discriminatorias y perjudiciales para las niñas. El párrafo 2 del artículo 16 de la CEDAW, y las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño impiden que los Estados Partes permitan o reconozcan el matrimonio entre personas que no hayan alcanzado la mayoría de edad. En el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, "se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes 58 la mayoría de edad". A pesar de esta definición y teniendo presentes las disposiciones de la Declaración de Viena, el Comité considera que la edad mínima para contraer matrimonio debe ser de 18 años tanto para el hombre como para la mujer. Al casarse, ambos asumen importantes obligaciones. En consecuencia, no debería permitirse el matrimonio antes de que hayan alcanzado de forma plena, la madurez y la capacidad de obrar. Según la Organización Mundial de la Salud, cuando los menores de edad, especialmente las niñas se casan y tienen hijos, su salud puede verse afectada desfavorablemente, se entorpece su educación y se restringe su autonomía económica. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Viena 1993, destaca el reconocimiento, por primera vez, que los derechos de las mujeres son Derechos Humanos. Esta conferencia dio como resultado la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres conforme a la resolución , adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 como seguimiento a la misma. Guatemala ha ratificado, en materia de derechos humanos de las mujeres, diferentes instrumentos entre los cuales se pueden mencionar: Decreto Ley que ratifica la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; Conforme al Decreto Número se ratificó la Convención Interamericano para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, y por medio del Decreto se ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Guatemala, como Estado Parte se obligó a adoptar todas las medidas adecuadas incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer y la niñez. El texto Constitucional, garantiza el principio y el Derecho a la Igualdad, es por ello que el Artículo 4º. Establece que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre 69 ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. El Código Civil vigente mantiene normas relativas a las personas y a la familia siendo, una de ellas es lo relativo a la aptitud para contraer matrimonio establecido en el artículo 81, donde expresa que la mayoría de edad determina la libre aptitud para contraer matrimonio. Sin embargo, pueden contraerlo: el varón mayor de 16 años y la mujer de 14, siempre que medie autorización de quien ejerza la patria potestad sobre ellos, a pesar de que en caso de negativa de los padres o de quien ejerza la patria potestad ya sea por enfermedad, ausencia u otro motivo, puede concederla el juez respectivo, siempre y cuando los motivos en que se funda la negativa no fuere razonable. En los informes situacionales de Naciones Unidas cumple, se indica que a nivel mundial, aproximadamente una de cada tres mujeres entre los 20 y 24 años, unas 70 millones de jóvenes, se han casado antes de cumplir los 18 años. Si bien se ha reducido el porcentaje total de niñas casadas, en los últimos 30 años el problema persiste, en particular en las zonas rurales y entre los más pobres. De continuar la tendencia actual, el número de niñas que contraerá matrimonio antes de cumplir los 18 años se aproximará a los 150 millones en el próximo decenio. UNICEF ha realizado estudios al respecto contándose con un primer esfuerzo en el año 2001, titulado la publicación como Matrimonios Prematuros donde se aseguro que: "El nacimiento, el matrimonio y la muerte configuran la triada corriente de acontecimientos clave en la vida de la mayor parte de las personas. Sin embargo, sólo uno entre ellos, el matrimonio, es fruto de una elección y ha sido codificado desde hace tiempo en los documentos internacionales relativos a derechos humanos, pero a pesar de ello, una mayor cantidad de mujeres y un número menor de hombres, ingresan en el matrimonio sin tener posibilidad alguna de ejercer su derecho a elegir, obligándoseles a casarse a una edad muy precoz. Otros simplemente son demasiado jóvenes para tomar una decisión con conocimiento de causa respecto a su futuro cónyuge o respecto a las implicaciones 710 ' PROPUESTA DE REFORMA AL DECRETO LEY 106, CODIGO CIVIL Y AL DECRETO NUMERO del matrimonio mismo. Puede darse también los casos en que se da un aparente <consentimiento> desde el punto de vista de la tradición o de la ley, pero, en realidad, el consentimiento que ha de fundir una unión vinculante de por vida ha sido dado en nombre de ellos por otras persona. Se presume que cuando una joven se casa, se convierte en -mujer-, aunque tenga solamente 14 años de edad. Del mismo modo, cuando un joven se casa, pasa a ser un hombre y debe dejar de lado sus juegos infantiles. Si bien la edad a la cual se contrae matrimonio, en términos generales, está aumentando, el matrimonio prematuro, es decir el matrimonio de niños adolescentes menores de 18 años, es todavía una práctica muy difundida". Hasta la fecha, la mayor parte de los estudios realizados sobre las consecuencias del matrimonio precoz se han concentrado en las relaciones sexuales y el embarazo prematuro, y la deserción escolar. Estos estudios realizados en Latinoamérica por UNICEF, informan que en la región, el 11,5% de las jóvenes comprendidas entre los 15 y los 19 años están casadas. Estas cifras ocultan una diferenciación real, dado que las edades son mucho más elevadas en el Caribe y más bajas en países como Paraguay, México y Guatemala. Otra característica, es que la edad para el matrimonio es mucho más baja entre las poblaciones indígenas de las zonas rurales que entre la población urbana, lo cual corresponde a su vez a diferentes modelos tradicionales. Registra además un porcentaje de mujeres de 25 a 29 años de edad que se han casado antes de los 18 años en América Latina donde Guatemala registra un 39%, República Dominicana 38% y Paraguay el 24%. Otro estudio realizado y publicado por UNICEF en el año 2011, denominado "El Matrimonio Infantil y las Uniones de Hecho forzadas de adolescentes en Guatemala", resalta que tanto el matrimonio como la unión de hecho en nuestro país es una práctica extendida en nuestra sociedad, en el año 2009 un 18% de las niñas en el rango de11 años de edad estaban en relación de matrimonio o de unión, por lo que un 35% de la población guatemalteca practica el matrimonio precoz. Este fenómeno se refuerzan en 3 condiciones básicas que se ubican en 1) la pobreza, 2) la tradición matrimonial de los pueblos indígenas, las cuales se dan principalmente en el área rural e indígena, donde se trata de preservar el papel orgánico que desempeña la tradición para la cohesión, la estabilidad, y la reproducción comunitaria, identificándose esta condición como expresión del modelo de familias extendidas donde la fertilidad se maximiza deliberadamente, con la estrategia de casar a las niñas en edad púber, ya que la familia es la unidad de producción económica y es la única fuente de riqueza, status social y seguridad para sus miembros, y 3) La ausencia de políticas públicas específicas de atención a los y las adolescentes. El estudio resalta que el matrimonio precoz tiene un impacto dañino en las niñas, rayando que a) Las complicaciones y muerte en el embarazo y el alumbramiento, b) El sometimiento a trabajo esclavizado en las familias de los esposos y 3) El abandono escolar, son factores de riesgos, vulnerando sus derechos y protección. El matrimonio antes de cumplir 18 años es una práctica social en países en desarrollo, fomentándolo por razones de tradición principalmente para obtener beneficios sociales y económicos y por la presión de condiciones de pobreza, es por ello que el Derecho refuerza esta forma cultural, basados en criterio de costumbre o de religión con predominio machista. Muchos países conforme lo señala el estudio, tienen leyes que regulan el matrimonio, principalmente en lo que se refiere a la edad, pero no siempre se aplican y existe poca persecución penal para los transgresores, en muchos países el establecimiento de edades mínimas tiene más bien un carácter deseable, es decir responder a las condiciones culturales antes mencionadas. El consentimiento es otro tema trascendental en la 912 problemática, ya que si bien muchos países establecen una normativa donde las mujeres proporcionen su consentimiento, una mayor cantidad de países también regulan este consentimiento, pero tiene un carácter simbólico más que real. El consentimiento plantea un problema fundamental ya que cuando la persona es menor de 18 años no se es lo suficientemente madura, independiente y autónoma para dar su consentimiento respecto a las relaciones sexuales y al matrimonio, por lo que al no haber claridad en cuanto al consentimiento, se considera que el matrimonio es forzado, y se va complicando cuando un niño o niña se encuentra en una edad menor, donde el consentimiento se hace evidente por la incapacidad de darlo. Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad han tenido un proceso progresivo de cambios en sus argumentos cuando de derechos humanos de las mujeres se trata, las cuales se han visto impregnadas en conceptos tradicionales, identificando sentencias que datan de los años 1993 y 2007, es por ello que el Grupo Multidisciplinario para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Guatemala, realizo recientemente un estudio relacionado a los estereotipos sexistas en sentencias afectadas con delitos de violencia sexual, resaltando en lo que respecta al artículo 81. Del Código Civil que "Cuando emite la resolución correspondiente a la primera inconstitucionalidad que fue planteada en contra del Código Civil por cuestiones de igualdad de género, la Corte indico en su primer considerando: <En el matrimonio hay un papel para cada uno de los cónyuges, el que determina el Estado dentro de los valores tradicionales guatemaltecos y la diversidad de concepciones, costumbres y creencias nacionales en relación con el matrimonio. Argumento que fue base para las siguientes consideraciones, ya que las subsiguientes fueron emitidas en ese orden>."(2013:51,52) Al referirse a la impugnación del artículo que determina diferentes edades para contraer matrimonio, la Corte de Constitucionalidad considero en el expediente 75, que: "Aunque la ley diferencia la edad de los contrayentes menores para contraer matrimonio, resulta 1013 obvio que esa diferencia de edad no significa discriminación, pues la ley establece la edad mínima en que considera que, por sus propias características, tanto el hombre como la mujer, se encuentran en igualdad de aptitud para contraer matrimonio, entendida ésta, como la capacidad fisiológica, biológica-sexual, hormonal y psíquica, en tanto se es mujer o varón. La ley puede variar esa edad, pero en cualquier circunstancia tiene una base científica que debe ser determinada. Por estas circunstancias, y siendo que ello va en interés, no solamente del funcionario fisiológico, biológico, psicológico y social de los menores de edad en el matrimonio, sino en interés de la familia y de la sociedad, el Estado al regular el matrimonio, en el caso de los menores, ha aplicado el principio de igualdad, considerando que los catorce años de la mujer y los dieciséis del varón, los pone a ambos en un plano de igualdad en cuanto a las aptitudes para realizar los actos y fines del matrimonio". Posteriormente, el mismo artículo fue impugnado, fundamentado, entre otras normas internacionales, en las recomendaciones de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, que conocido de la resolución anterior y de las recomendaciones del Comité de la CEDAW para el Estado de Guatemala. La Corte de Constitucionalidad se manifestó de la siguiente manera: "Por estas circunstancias y siendo que ello va en interés, no solamente del funcionamiento fisiológico, psicológico y social de los menores de edad en el matrimonio, sino en interés de la familia y de la sociedad, el Estado al regular el matrimonio, en el caso de los menores ha aplicado el principio de igualdad, considerando que los catorce años de la mujer y los dieciséis del varón, los pone a ambos en un plano de igualdad en cuanto a las aptitudes para realizar los actos y fines del matrimonio. Como conclusión, se determina que el artículo 81 del Código Civil en la parte impugnada no viola el artículo 4º. De la Constitución, toda vez que no aparece de la misma que haya desigualdad o discriminación, sino que la diferencia de edad de los menores para contraer matrimonio responde a razones diferentes a las planteadas. El criterio antes expresado se reitera y con esa base, se determina que no existe, entonces, violación de lo dispuesto en 1114 , PROPUESTA DE REFORMA AL DECRETO LEY 106, CODIGO CIVIL Y AL DECRETO NUMERO el artículo 4 de la Constitución Política de la República, en la regulación contenida en el artículo 81 del Código Civil." (2013:52,53) La normativa interna en esto últimos años han tenido reformas sustanciales, fortaleciendo los derechos de las niñas y adolescentes frente a las relaciones forzadas y de abuso, el estupro anteriormente era utilizada por las poblaciones para obligar a los hombres a que se hicieran responsables de su hijo, cuando la adolescente quedaba embarazada, también permitía encubrir la falsa promesa de hombres mayores que prometían casarse con las adolescentes a cambio de favores sexuales y para contrarrestar este delito, las mujeres jóvenes eran revictimizadas con los matrimonios forzados, originados por violación sexual Esta situación que transforma sus vidas deben de partir de su decisión consciente e informada de las consecuencias y no de la decisión de quienes ejercen una patria potestad o judicialmente, ya que las mismas colisionan con los derechos humanos fundamentales, los cuales en su aplicación, se ven confrontados en el ordenamiento Civil, ya que mientras que el artículo 8Q. Relacionado a la capacidad que los menores que han cumplido catorce años son capaces para algunos actos determinados por la ley, los artículos 81, 82 83,84 y 89 numeral 2Q. Regulan lo relativo a la aptitud para contraer matrimonio en el caso del varón mayor de 16 años y la mujer mayor de 14 ( no embarazada ) el cual requiere la autorización de los padres o de autorización judicial, de la misma forma cuando se refiere a la mujer menor de catorce años cumplidos pero que antes de esa edad hubiere concebido y presten su consentimiento las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela, situación que se hace compleja en la práctica porque las niñas y adolescentes están alejadas de tomar decisiones al respecto, ya que son otras personas las que deciden un acto trascendental en la vida de todo ser humano. 1215 Otros elementos que influyen además de los antes identificados en el comportamiento de la sociedad, son la moral y el Derecho, los cuales han reforzado que las sociedades sigan estimando la virginidad antes del matrimonio y esto lo manifiestan a través de una serie de prácticas destinadas a "proteger" a la niñas y a las adolescentes contra las relaciones sexuales no permitidas, sin embargo en la realidad, se traduce a un control impuesto a las niñas y a las adolescentes, encontrándose en muchos casos aisladas, imposibilitando relaciones sociales fuera de la familia y ordenándoles cómo se deben o no, vestir. La Explotación Sexual y la Trata de Personas es otro contexto que hacen compleja la realización de una vida digna para las mujeres, las niñas y las adolescentes; ya que la explotación sexual y la trata de personas constituyen una violación de derechos humanos y un ilícito, teniendo su raíces desde la colonia, como una forma de esclavitud y de servidumbre, a pesar de que el trabajo forzado fue abolido en La Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, en su cuarto considerando manifiesta que es esencial aprobar dicha normativa, ya que permitirá combatir la trata de personas en sus diversas modalidades, entre ellas: explotación sexual comercial, laboral, servidumbre, esclavitud, matrimonio forzado, tráfico de órganos, mendicidad o cualquier otra modalidad de explotación, considerados actualmente como delitos transnacionales; mismos que merecen un tratamiento prioritario y que requieren la implementación de mecanismos efectivos en los ámbitos judiciales, policiales y sociales, con la participación de las instancias gubernamentales e instituciones públicas y privadas vinculadas con la temática. El Matrimonio forzado o servil se registra como una de las modalidades de trata en el marco de prácticas culturales, que sucede cuando el vínculo se realiza sin el libre consentimiento de uno o de ambos contrayentes, como expresión del modelo patriarcal de dominio y con una permisibilidad social, donde la mayoría de sus víctimas son mujeres 1316 menores de dieciocho años, siendo obligadas por sus progenitores a contraer matrimonio con personas adultas convirtiéndose en una práctica-delito. El Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su 22º. Período de sesiones ante la Asamblea General de Naciones Unidas (2013) expresa en relación a los Derechos Sexuales y Reproductivos que en número de embarazos en adolescentes y niñas se mantuvo alto. Según el Ministerio de Salud, entre enero y agosto 2012, se registraron 38,645 embarazos de adolescentes, 1,865 de los cuales eran de niñas menores de 14 años. El 60% de las adolescentes embarazadas son indígenas, el 70% viven en condiciones de pobreza y el 80% abandonó la escuela. De acuerdo con la legislación interna, las relaciones sexuales con una menor de 14 años constituyen una violación y deberían ser denunciadas, investigadas y perseguidas por las autoridades. Durante la visita de la Relatora Especial sobre Venta de niños, prostitución infantil, expresó su preocupación por el elevado número de nacimientos de niñas madres debido a abuso sexual en el hogar. (La negrilla es nuestra) El informe de la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, Najat Maalla M'jid, presentado en el 22º. Período de sesiones al Consejo de Derechos Humanos (2013) manifestó que los factores que subyacen a la venta y explotación sexual de niños son multidimensionales y están ligados al contexto político, institucional, legislativo, socioeconómico y cultural. Incluyen la pobreza, el desempleo, la disparidad de acceso a los servicios sociales, la inseguridad, la existencia da familias vulnerables y disfuncionales, la tolerancia social de determinadas prácticas, la discriminación de la mujer, la violencia y la impunidad. Dicho informe hace notar que otro de los problemas que se enfrenta, es la elevada tasa de embarazos de niñas de entre 10 y 14 años de edad, en su mayoría como consecuencia de la violencia sexual en el entorno familiar y la falta de acceso a la educación sexual, por ejemplo, en la región de las Verapaces se registraron 1,657 embarazos precoces en17 El estudio realizado por UNCEF sobre el Matrimonio infantil y las uniones de hecho forzadas en Guatemala, estima que el 35% de la población practica el matrimonio precoz y el 18% de las niñas de entre 15 y 19 años mantiene una relación de matrimonio o unión de hecho. Ante esta realidad, la relatora expreso dentro de sus recomendaciones, el numeral 11.4 en lo referente al marco jurídico, "... recomienda que el Gobierno prosiga su revisión encaminada a prohibir, prevenir y combatir todas las formas de ventas y explotación sexual de niños, y vele por una aplicación eficaz mediante: a) la armonización de los marcos jurídicos (Civil y Penal) normativo nacionales, incluida la edad mínima para contraer matrimonio, con los instrumentos internacionales ratificados, acompañada de mecanismos vinculantes" (el subrayado es nuestro) Recientemente el Diario el Periódico presento un reportaje en el que resalta que desde el año 2009 hasta el mes de mayo de 2013, se han registrado 13,794 matrimonios inscritos de guatemaltecos entre las edades de 14 a 18 años, siendo los departamentos de Huehuetenango y el Quiche los que reportan mayor número de matrimonios que juntos suman 3,848 matrimonios (1956 y 1892 respectivamente). Conforme el Código Civil (Decreto Ley 106) pueden contraer matrimonio los hombres siempre que tengan 16 años de edad, mientras que a las mujeres se les establece a los 14 años, o incluso de una edad menor en el caso de haber concebido (Art. 89, numeral 2Q. ) lo cual viola derechos humanos fundamentales como lo son la libertad, a la libre determinación, a la vida, la salud, la educación de las niñas y adolescentes, limitándose las posibilidades de un desarrollo integral, encontrándose además en servidumbre y esclavitud sexual, lo que afecta su dignidad, estima y las hace vulnerables a todo tipo de violencia, por lo que se hace necesario reformar dicha normativa que permita elevar las condiciones a una vida libre de violencia a las mujeres, así como a equiparar la situación relativa al matrimonio de ambos sexos. 1518 , PROPUESTA DE REFORMA AL DECRETO LEY 106, CODIGO CIVIL Y AL DECRETO NUMERO La Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Decreto ) reformo el artículo 173 del Código Penal (Decreto 17-73) en lo referente a la Violación, expresando en su segundo párrafo que "Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de catorce años de edad, o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aún cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos." Los argumentos sociales, históricos, políticos y jurídicos expresados, plantean la necesidad de reformar los artículos 81, 82, 83, 84 y 89 del Código Civil ( Decreto Ley 106) y modificar el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas que reforma el artículo 173 del Código Penal, en su segundo párrafo, respecto a elevar la edad de 14 años a 18 años, para que exista una armonización de estos dos marcos jurídicos (civil y penail ya que se estaría incluyendo que la edad mínima legal para contraer matrimonio es a los 18 años y por lo tanto se considerará que las relaciones sexuales con una persona menor de 18 años constituirá una Violación. De igual manera se considera reformar lo referente a la Agresión Sexual entendida esta como aquellos actos con fines sexuales o eróticos pero no constituyen delito de violación, cuando la persona es menor de 18 años. Para la eficacia de esta normativa, es necesario establecer una tarea de sensibilización e información a la población y actualización a los operadores de justicia sobre el impacto que pretende estas reformas. Tomando en cuenta que Guatemala es, Estado Parte de las Convenciones identificadas en la presente exposición de motivos, se hace imperante implementar medidas legislativas y de otro carácter, que sean encaminadas a acelerar la igualdad entre hombres y mujeres, no considerándose discriminación en la forma en que está definida tanto por las Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer- 1619 CEDAW- como por el propio texto constitucional, por lo que se propone modificar el Código Civil en cuanto a la edad mínima para contraer matrimonio para mujeres y hombres y modificar en el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas que reforma el artículo 173 del Código Penal, en su segundo párrafo, respecto a elevar la edad de 14 años a 18 años para que exista una armonización en estos dos marcos jurídicos (civil y penal). 1720 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS POR ARTÍCULO Artículo 1. Se modifica el Artículo 81 del Código Civil (Decreto Ley 106) referente a la Aptitud para contraer Matrimonio. La norma que se pretende modificar establece que la mayoría de edad determina la libre aptitud para contraer matrimonio. Sin embargo pueden contraerlo el varón mayor de 16 años y la mujer mayor de 14, siempre que medie la autorización que determinan los artículos siguientes, los cuales corresponden al artículo 82, 83 y 84. Al dejar como excepción los casos establecidos en los artículos 82, 83, y 84 se coloca a las mujeres y a las niñas en estado de vulnerabilidad, ya que los mismos se relacionan a la potestad que se les da a los padres desde el ámbito privado de decidir en representación de sus hijas principalmente a casarse cuando ellas aún no cuentan con la mayoría de edad, lo cual culturalmente está vinculada a la reproducción, donde además debe ser sumisa ante la voluntad y autoridad de los padres y/o de la familia. La reproducción y la maternidad han sido vistas en todas las sociedades como una cualidad fundamental asignada a las mujeres más ideologizadas, su cuerpo está concebido para la tarea de la procreación, el cuerpo de la mujer ha sido pensado tanto en lo social como en lo legal en función de la maternidad, reduciendo sus derechos fundamentales. La propuesta pretende que no se pueda contraer matrimonio por ninguna excepción, tanto para las mujeres si son mayores de catorce años, sin haber concebido pero menores de 18 y para los hombres mayores de 16 años, ya que es notorio que se vulnera la dignidad de la persona humana a decidir. La segunda excepción que se pretende derogar con la presente propuesta, es cuando las mujeres tienen 14 años cumplidos pero que antes de esa edad hubiere concebido, 18 Mostrar más
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