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Timestamp: 2018-10-18 22:49:30+00:00

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﻿ Sentencia IJ-15 de marzo 27 de 2001
SENTENCIA IJ-15 DE 27 DE MARZO DE 2001
CONTENIDO:NULIDAD DE LA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA. MODALIDADES PARA ACREDITAR LOS REQUISITO EXIGIDOS PARA EL CARGO DE MAGISTRADO. EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CALIDADES PARA SER MAGISTRADO DEL CONSEJO DE ESTADO, ABOGADO, ELECCIÓN DEL MAGISTRADO DE LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CARGO DE MAGISTRADO
Sentencia IJ-15 de marzo 27 de 2001
Radicación: IJ-015
Actor: Carlos Ernesto Camargo Assis y otros
Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil uno.
Procede la Sala a dictar la sentencia correspondiente a los procesos acumulados 2369 y 2375, promovidos mediante sendas demandas presentadas en ejercicio de la acción pública de nulidad de carácter electoral por los ciudadanos Carlos Ernesto Camargo Assis y Ramiro Basili Colmenares Sayago, José Gustavo Villamizar Santacruz, Carlos Enrique Martínez Palacio y Arnulfo Serrano Sánchez, respectivamente.
Los procesos antes señalados se iniciaron y tramitaron en forma separada. Posteriormente, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 237 y siguientes del Código Contencioso Administrativo y mediante auto del 1º de junio de 2000 dictado en el proceso 2369, la Sala de la Sección Quinta dispuso su acumulación para continuar el trámite bajo una misma cuerda.
Dada la similitud de las demandas que dieron origen a esos procesos, la Sala se refiere a sus antecedentes de manera conjunta, así:
El demandante en el proceso 2369 pretende que se declare la nulidad del acta del 15 de diciembre de 1999, mediante la cual el Congreso de la República “…eligió al doctor Jorge Flechas Casas como magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”.
Por su parte, los demandantes en el proceso 2375 pretenden que se declare la nulidad de la elección del doctor Jorge Alonso Flechas Díaz como magistrado de la citada corporación, realizada por el Congreso de la República en pleno y contenida en el acta correspondiente a la sesión realizada el 15 de diciembre de 1999. Como consecuencia de esta declaración, solicitan que se ordene al señor Presidente de la República presente al Congreso Nacional las ternas de los candidatos para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura convocando públicamente a los interesados con fundamento en el artículo 103, inciso 2º, de la Constitución Política.
Como fundamento de las pretensiones, los demandantes relatan que el Congreso de la República, con base en terna enviada por el Gobierno Nacional y mediante acta correspondiente a la sesión plenaria realizada el 15 de diciembre de 1999, eligió al doctor Jorge Alonso Flechas Díaz como magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Consideran que aquel no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 255 de la Constitución Política y 77 de la Ley 270 de 1996, por no haber ejercido la profesión de abogado por lo menos durante diez años con buen crédito, pues, en su opinión, el ejercicio de la abogacía consiste en litigar defendiendo causas ajenas, según lo determina el artículo 2º del Decreto 196 de 1991. Señalan que al hacer esa elección el Congreso aplicó el artículo 232 de la Carta y no el 255 que establece los requisitos especiales para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura.
C. Disposiciones violadas y concepto de la violación
Los demandantes invocan la violación de los artículos 255 de la Constitución Política, 77 de la Ley 270 de 1996, y 1º, 2º y 30 del Decreto 196 de 1971. El concepto de violación de esas disposiciones lo desarrollan con los argumentos que se pueden resumir así:
1. Expediente 2369.
1. Cuando el Constituyente de 1991 creó el Consejo Superior de la Judicatura exigió a sus miembros unas calidades diferentes a las establecidas para los otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
2. El artículo 232 señala que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado se requiere: a). Ser Colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio; b). Ser abogado; c). No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos culposos; d). Haber desempeñado, durante 10 años, cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimiento reconocido oficialmente.
3. Por su parte, los artículos 255 de la Carta y 77 de la Ley 270 de 1996, ordenan que para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 35 años, tener título de abogado y haber ejercido la profesión durante 10 años con buen crédito.
4. De la confrontación de esas normas se deduce sin ningún esfuerzo que las calidades exigidas para uno y otro cargo son diferentes, pues el artículo 232 de la Constitución Política en su numeral 4º permite varias alternativas relacionadas con la experiencia profesional, mientras que el artículo 255 ibídem trae un solo requisito relacionado con esa experiencia, que no es otro que el de haber ejercido la profesión por 10 años con buen crédito.
5. El ejercicio profesional que exige ese precepto no es otra cosa que la actividad litigiosa, pues, si no fuera así, no lo hubiera diferenciado de las otras actividades profesionales establecidas en el numeral 4º del artículo 232 de la Carta. Como lo prescribe el artículo 151 de la Ley 270 de 1996, el desempeño de cargos de la rama judicial es incompatible con el ejercicio profesional. Y el artículo 39 del Decreto 196 señala que no pueden ejercer la abogacía aunque se hallen inscritos, “… Los empleados públicos y los trabajadores oficiales, aún en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo”. Es decir que éstos abogados solo ejercen su profesión en la medida en que representen judicialmente a esas entidades, pues si no se admite como ejercicio profesional la actividad judicial en los cargos de juez o magistrado, mucho menos en otros.
6. De la lectura del artículo 31 del Decreto 196 de 1991 se desprende que ejercer la profesión de abogado es sinónimo de litigar, pues cita los casos en que se puede ejercer la profesión de abogado sin mencionar actividad alguna que no implique litigio.
7. El ejercicio profesional solo se acredita con certificaciones expedidas por los despachos judiciales donde el abogado haya ejercido su profesión. En síntesis solo cumple ese requisito quien haya litigado por 10 años.
8. Al no estar demostrado en forma idónea el ejercicio profesional del demandado, se deben despachar favorablemente las súplicas de la demanda. Esa debe ser la conclusión de éste proceso después de analizada la hoja de vida del demandado y los documentos aportados con la misma para demostrar el cumplimiento de las calidades establecidas en el artículo 255 de la Constitución Política. El informe de la comisión de acreditación del Senado y de la Cámara de Representantes hace una errada interpretación de las normas comentadas para concluir que el demandado cumple con las calidades para el cargo, convalidando como ejercicio profesional actividades que no lo constituyen, tales como asesorías a empresas privadas que implican ejercicio profesional en la medida en que el abogado represente judicialmente a esas empresas, lo cual se debe demostrar con certificaciones expedidas por los despachos judiciales donde se dieron esas representaciones.
2. Expediente 2375.
La Plenaria del Congreso Nacional violó el artículo 255 de la Carta Política, pues el doctor Flecha Díaz en ningún momento acreditó el requisito constitucional de haber ejercido la profesión durante diez años con buen crédito. Violó el artículo 77 de la Ley 270 de 1996 que, igualmente, exige como requisito especial para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura haber ejercido la profesión durante diez años con buen crédito. Así mismo, infringió el Decreto 196 de 1971, pues interpretó, de manera equivocada, que el ejercicio de la abogacía es equivalente al ejercicio de funciones públicas, situación que se hace inconcebible por lo siguiente:
1. Según el artículo 1º del Decreto 196 de 1971 la abogacía se concibe como una institución que es partícipe en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico estatal como realizadora de los fines de la administración de justicia.
2. Por su parte, el artículo 2º de ese decreto nos enseña que es abogado aquel que defiende causas ajenas de la sociedad o de los particulares. También se considera abogado quien asesora, patrocina y asiste a las personas en el desarrollo de sus relaciones jurídicas. Esto significa y aclara que la expresión ‘abogado en ejercicio’ debe concebirse como sinónimo de la acción de litigar defendiendo derechos ajenos.
3. Analizando los apartes del artículo 39 ibídem se concluye que para ejercer la abogacía no solo se requiere hallarse inscrito, sino, además, no estar ejerciendo funciones públicas. En otras palabras, no puede ostentarse la calidad de servidor público y ejercer la abogacía, pues las dos actividades se repelen y se consideran legalmente incompatibles.
4. El artículo 255 de la Constitución Política no admite como alternativos o supletorios los requisitos previstos en el artículo 232, numeral 4º. Cualquier interpretación en tal sentido viola por extensión lo preceptuado en el citado artículo 255, tal como ocurrió en el caso que nos ocupa.
5. Como lo prescribe el artículo 151, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, el desempeño de cargos en la rama judicial es incompatible con el ejercicio profesional. Significa lo anterior que no se puede predicar que el funcionario judicial ejerce la profesión de la abogacía estando en desempeño de funciones judiciales.
Por tanto, al no haberse acreditado satisfactoriamente el ejercicio de la abogacía, el Congreso Nacional infringió normas superiores que ameritan la anulación del acto eleccionario.
El doctor Jorge Alonso Flechas Díaz intervino en los procesos acumulados por intermedio de apoderado, quien, mediante sendos escritos, contestó las demandas, manifestó su oposición a las pretensiones de las mismas y solicitó la práctica de pruebas. Las razones de defensa expuestas en dichos escritos, dada la similitud de su contenido, se pueden resumir conjuntamente, así:
1. Falta de integración del acto administrativo demandado.
De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 270 de 1996, “Quien sea designado en un empleo para cuyo ejercicio se exijan requisitos y calidades, deberá obtener su confirmación de la autoridad nominadora…”. La confirmación de cualquier elección que se efectúe en cargo judicial para el que se exijan requisitos y calidades, como es el de magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, constituye elemento esencial del acto administrativo y, por ende, éste resulta ser un acto complejo integrado por la elección y su confirmación. Quien pretenda la nulidad de un acto en el que se provea un cargo judicial para cuyo ejercicio se exijan requisitos y calidades, debe dirigir la acción contra el acto complejo, pues, de lo contrario, como lo expresó en Consejo de Estado en reciente pronunciamiento(1), la demanda resulta inepta.
En el caso de estudio la pretensión de nulidad hace relación únicamente al acto contenido en el Acta del 15 de diciembre de 1999, mediante la cual el Congreso Nacional en sesión plenaria eligió al doctor Jorge Alonso Flechas Díaz como magistrado, sin incluir la confirmación. Por tanto, falta un presupuesto procesal de la demanda para que ésta alcance la condición de demanda en forma.
2. Normas violadas y el concepto de violación.
Los demandantes consideran que de los requisitos contemplados en los artículos 255 de la Constitución Política y 77, inciso primero, de la Ley 270 de 1996, en la elección del doctor Jorge Alonso Flechas Díaz como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura no se satisfizo el de “…haber ejercido la profesión durante diez años con buen crédito”.
Respecto de lo que se debe entender por ejercicio de la profesión de abogado resulta en extremo restrictivo el criterio de los demandantes, en cuanto le dan el sentido exclusivo de la actividad litigiosa, olvidando que, conforme al artículo 2º del Decreto 196 de 1971, la principal misión del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares, lo que realiza no solo cuando interviene en proceso como apoderado, defensor o mandatario judicial, sino, igualmente, cuando emite conceptos en derecho, asesora jurídicamente a entidades públicas o privadas o a personas naturales e, incluso, cuando desempeña la judicatura. Es por ello que el colon final del citado texto señala que también es misión del abogado “…asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas…”, cualesquiera que sean, no exclusivamente las sometidas a la decisión de las autoridades judiciales.
Ahora, sostener que los jueces y magistrados de la rama judicial no ejercen la profesión de abogado llevaría a constituir un feudo burocrático en favor de los abogados litigantes, pues serían los únicos que podrían acceder al Consejo Superior de la Judicatura y a sus consejos seccionales, olvidando que las Salas Disciplinarias de éstos no solo ejercen esa jurisdicción respecto de los abogados litigantes sino también de los demás abogados en ejercicio, incluyendo a quienes desempeñan funciones judiciales. Además, el Consejo Superior de la Judicatura administra la carrera judicial y gobierna la administración de justicia, función que la pueden desempeñar mejor quienes por haber estado vinculados a la rama judicial saben de sus necesidades y falencias.
Debe agregarse que la calidad de abogado en ejercicio no necesariamente debe acreditarse con certificaciones de los despachos judiciales donde se ha litigado. Ese ejercicio, en términos del artículo 21, inciso segundo, del Decreto 250 de 1970, se puede demostrar con cualquier prueba, incluso la testimonial, correspondiendo al juzgador precisar el mérito demostrativo que éste tenga.
De otra parte, en el escrito de contestación de la demanda en el proceso 2369, el apoderado del demandado manifiesta que se opone a la pretensión de nulidad de la elección del señor Jorge Flechas Casas como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, por cuanto ésta persona no ha sido elegida para ese cargo. Y, además, se opone a la misma declaración del doctor Jorge Alonso Flechas Díaz, en razón a que esa elección no es objeto de la demanda.
1. Del demandado.
El apoderado del demandado en su alegato de conclusión insiste en su oposición a las pretensiones de las demandas. Al efecto reitera los argumentos expuestos como razones de la defensa en los escritos de contestación, en especial aquellos dirigidos a demostrar que el ejercicio de la profesión de abogado no se cumple únicamente con la acción de litigar defendiendo derechos ajenos, pues también se ejerce, entre otras actividades, cuando se asesora o se emiten conceptos en materia jurídica, se dicta cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente y cuando se desempeñan funciones judiciales como juez o magistrado, por cuanto para esto se exige el requisito de ser abogado y la función a cumplir versa con la interpretación y aplicación del derecho. Señala que el Consejo de Estado en numerosos pronunciamientos ha precisado que el ejercicio de la profesión de abogado no se limita a la acción de litigar y al efecto cita las sentencias del 1º de octubre de 1992 y 18 de abril de 1997(2). Informa que, tal como se acredita con los certificados que obran en el proceso, el doctor Flechas Díaz cumple el requisito del ejercicio de la profesión de abogado por el término prescrito en el artículo 255 de la Constitución, pues lleva 16 años, cuatro meses y 23 días de ejercicio como funcionario judicial, incluyendo 4 meses y 13 días como abogado auxiliar del Juzgado Primero de Orden Público de Bogotá, y el lapso restante como juez de la República con buen crédito, como quiera que no ha sido sancionado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación ni por el Consejo Superior de la Judicatura.
2. De los demandantes en el proceso 2375.
En su alegato de conclusión los demandantes del citado proceso se refieren a los argumentos expuestos en la demanda como fundamento de la solicitud de nulidad de la elección del doctor Jorge Alonso Flechas Díaz como magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Concluyen señalando que el demandado no ha ejercido la profesión de abogado en los términos señalados en el artículo 255 de la Constitución Política, pues, en su sentir, una cosa es ser servidor público con funciones judiciales o de control y vigilancia, y otra, ejercer la abogacía. Afirman que la hoja de vida que presentó ante la comisión de acreditación del Congreso Nacional demuestra que no ha ejercido la abogacía. Consideran que las únicas pruebas que deben ser objeto de debate en este proceso son las que el doctor Flechas Díaz presentó oportunamente a la citada comisión.
El señor Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado, en primer término, se refiere a la excepción de falta de integración del acto administrativo complejo propuesta por el apoderado de la parte opositora. Considera que la misma no está llamada a prosperar por cuanto si bien el artículo 133 de la Ley 270 de 1996 establece que “Quien sea designado como titular de un empleo para cuyo ejercicio se exijan requisitos y calidades, deberá obtener su confirmación de la autoridad nominadora”, lo evidente es que esa norma no es aplicable al Congreso, pues sus actuaciones se someten al procedimiento especial propio previsto en la Ley 5ª de 1992 que no establece de manera expresa la confirmación, sino que impone a la comisión de acreditación la verificación previa de la existencia de las calidades exigidas para el desempeño del cargo (art. 60).
De otra parte, previo el estudio del fondo del asunto, solicita que se denieguen las pretensiones de las demandas, pues considera que el doctor Jorge Alonso Flechas Díaz reúne y acreditó los requisitos constitucionales para el cargo de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Como fundamento de esa conclusión expone los planteamientos que se resumen de la siguiente manera:
1. Los demandantes pretenden la nulidad de la elección del doctor Jorge Alonso Flechas Díaz en el citado cargo argumentando que no cumple el requisito constitucional relativo al ejercicio de la profesión. De conformidad con lo indicado en el acta de la sesión plenaria del 15 de diciembre de 1999 —Gaceta del Congreso 604 del 24 de diciembre siguiente, página 5—, el designado acreditó ante el Congreso:
— Su condición de ser colombiano de nacimiento y mayor de 35 años.
— Su condición de ciudadano en ejercicio.
— Su condición de abogado.
— Su ejercicio profesional durante más de diez (10) años con buen crédito, con las certificaciones expedidas por el secretario general del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y por el Presidente de la Sala Especial de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá.
2. De manera que el requisito referido al ejercicio de la profesión durante más de diez años con buen crédito lo acreditó el doctor Flechas Díaz con las certificaciones sobre su desempeño como juez de la República, pues, para ese efecto, el artículo 127, numeral 2º, de la Ley 270 de 1996 exige tener título de abogado, pudiéndose inferir sin esfuerzo que tal función está reservada a los abogados y por lo mismo es propia del ejercicio de éstos.
3. La posición que tienen los demandantes sobre el ejercicio de la profesión de abogado resulta en extremo restrictiva y ha sido superada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia y la ley. Vale considerar lo establecido en el inciso segundo del artículo 21 del Decreto 250 de 1970 que señalaba que “El ejercicio de la abogacía se podrá comprobar con el desempeño habitual de cualquiera actividades jurídicas, tanto independientes como subordinadas, en cargo público o privado”.
4. El litigio no es la única manera de ejercer la profesión de abogado. Como lo entiende el estatuto de la abogacía, la asesoría jurídica también es una manifestación de aquella, e igualmente lo es el desempeño de la judicatura dado que, como se anotó, ésta no puede realizarse sino por un abogado. Debe agregarse que la norma citada acepta que se demuestre el desempeño de la abogacía con el ejercicio de actividades jurídicas de cualquier índole en cargos públicos o privados, no quedando ninguna duda de que el cargo público de juez, actividad jurídica por excelencia, implica el ejercicio de la profesión de abogado.
En los dos procesos acumulados se pretende la declaración de nulidad de la elección del doctor Jorge Alonso Flechas Díaz como magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, efectuada por el Congreso de la República en Sesión Plenaria, según acta del 15 de diciembre de 1999.
Como causa petendi de la declaración de nulidad de la elección se aduce que el doctor Jorge Alonso Flechas Díaz no reúne los requisitos establecidos en los artículos 255 de la Constitución Nacional y 77 de la Ley 270 de 1996 para desempeñar el cargo de magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, pues no acreditó el ejercicio de la profesión de abogado con buen crédito durante diez años, como lo exigen esas normas. Esto en consideración a que de la confrontación del artículo 232, numeral 4º, con el artículo 255, según los demandantes, se deduce que el requisito de la experiencia profesional establecido en esas normas para desempeñar, de una parte, los cargos de magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y, de otra, el de magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, es diferente, pues mientras para los primeros se consagran las alternativas de haber desempeñado, durante diez años cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente, para el segundo solo se prevé la de haber ejercido la profesión de abogado durante diez años con buen crédito, y, por tanto, para desempeñar este último no se puede acudir, además, a las otras dos modalidades de la experiencia profesional señaladas en el citado artículo 255. Y que de lo anterior, según los demandantes, se deduce que el ejercicio de la profesión de abogado solo comprende la actividad de litigar y, en modo alguno, la del desempeño de cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público.
El apoderado del demandado propuso como impedimento procesal la ausencia del presupuesto procesal de la demanda de falta de integración del acto administrativo demandado, pues en la demanda solo se pretende la declaración de nulidad de la elección del doctor Jorge Alonso Flechas Díaz como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y no se incluyó la confirmación de la elección establecida en el artículo 133 de la Ley 270 de 1996.
Es cierto que el artículo 133 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, establece que “Quien sea designado como titular en un empleo para cuyo ejercicio se exijan requisitos y calidades deberá obtener su confirmación de la autoridad nominadora, mediante la presentación de las pruebas que acrediten la vigencia de su cumplimiento…”.
De manera que, en principio, la designación en cargos de la rama judicial para cuyo ejercicio se exijan requisitos o calidades requiere, además, la confirmación de la autoridad nominadora. Pero ocurre que la designación para desempeñar unos determinados cargos de la rama judicial —magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura— está asignada constitucionalmente en los artículos 239 y 254 al Senado de la República y al Congreso en Pleno, respectivamente, y no, como sucede con los demás cargos, a las correspondientes autoridades y corporaciones nominadoras de la misma rama judicial. Esto explica, entonces, que el legislador le haya dado un distinto tratamiento al punto relativo a la acreditación de los requisitos y calidades para desempeñar los citados cargos cuya designación le corresponde al Senado de la República o al Congreso en Pleno, pues, al efecto, los artículos 21 y 60 de la Ley 5ª de 1992 contienen una regulación especial que excluye la confirmación prevista en el artículo 133 de la Ley 270 de 1996 como un acto posterior a la elección y prevé, en su lugar, la revisión de los documentos que acrediten las calidades y requisitos en forma previa a la designación por la correspondiente comisión de acreditación documental.
Esas normas de la Ley 5ª de 1992 disponen lo siguiente:
“ART. 21.—Convocatoria. Los candidatos propuestos a la consideración del Congreso pleno serán presentados oficialmente por las corporaciones o instituciones postulantes o por los miembros del Congreso, en el término que señalen las disposiciones vigentes. Se adjuntarán copias auténticas de los documentos que acrediten las calidades exigidas para desempeñar el cargo, las que serán calificadas por la respectiva comisión.
“El Presidente del Congreso citará, en forma personal y por escrito, con 8 días de anticipación, a los Senadores y Representantes a una reunión especial del Congreso en Pleno, con el solo fin de proceder a la elección de que se trate.
“La citación deberá contener el día y la hora de cumplimiento de la sesión y los nombres del candidato o candidatos postulados.
“ART. 60.—Integración y funciones. Previa a la sesión inaugural de las cámaras legislativas, la autoridad electoral enviará a cada una de ellas la lista de los Congresistas electos, quienes deberán identificarse ante el presidente de la junta preparatoria. Con posterioridad se hará ante el Presidente de la correspondiente Cámara.
En cada una de las cámaras se dispondrá la integración de la comisión de acreditación documental a razón de cinco (5) miembros por cada corporación, y por el periodo constitucional.
En consecuencia, como la elección de los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no necesita de confirmación, no es viable la exigencia de la demanda conjunta de los actos de elección y de confirmación, como evidentemente se exige en relación con las designaciones en cargos de la rama judicial que efectúan corporaciones y autoridades que hacen parte de la misma y que requieren la acreditación de requisitos y calidades.
De modo que no se configura el impedimento procesal señalado por el apoderado del demandado.
El mismo apoderado, en el proceso 2369 se opone a la declaración de nulidad de la elección del doctor Jorge Flechas Casas como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura con el argumento de que esa persona no ha sido elegida para ese cargo e, igualmente, a la de Jorge Alonso Flechas Díaz con el de que esa elección no es objeto de demanda.
Al respecto la Sala observa que del contenido de la demanda se establece claramente que el demandante en el citado proceso, sin lugar a dudas, pretende la declaración de nulidad de la elección del doctor Jorge Alonso Flechas Díaz como magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En realidad, solo se incurrió en un error en la indicación del segundo apellido del demandado, pues, en lo demás, se indica con precisión el acto administrativo demandado. Y ese error no tiene trascendencia en la identificación del demandado, dado que surge del contexto de la demanda y del acto administrativo acompañado con la misma.
Está demostrado en este proceso que el doctor Jorge Alonso Flechas Díaz acreditó ante el Congreso de la República como uno de los requisitos para desempeñar el cargo de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para el cual fue elegido en sesión plenaria del 15 de diciembre de 1999, el desempeño de cargos en la rama judicial, pues así se desprende de lo consignado en el acta de la citada sesión, publicada en la Gaceta del Congreso 604 del 24 de diciembre de 1999, según la cual la comisión de acreditación documental del Senado de la República informó al Congreso en pleno que el doctor Flechas Díaz acreditó su ejercicio profesional durante más de diez años con buen crédito con certificaciones expedidas por el secretario general del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y el presidente de la Sala Especial de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá (fls. 14 a 25, exp. 2369 y 21 a 28 exp. 2375). Y, según esas certificaciones, remitidas por el secretario general del Senado de la República, junto con los demás documentos estudiados por la mencionada comisión, el doctor Flechas desempeñó cargos de Juez en el Distrito Judicial de Tunja entre el 1º de septiembre de 1983 y el 13 de mayo de 1988 y entre el 31 de agosto y el 1º de septiembre del mismo año y en la jurisdicción de orden público, igualmente cargos de juez, entre el 1º de octubre de 1988 y el 9 de mayo de 1999 (fls. 76 a 79, exp. 2369 y 88 a 91 exp. 2375). Ahora, el apoderado del demandado afirma que el doctor Flechas Díaz reúne los requisitos para ser magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, pues con las pruebas allegadas a los procesos se demostró que sí ha ejercido la profesión de abogado por más de diez años en desempeño de cargos judiciales. Y al efecto allegó pruebas para acreditar que, efectivamente, el doctor Flechas Díaz desempeñó el cargo de juez durante los períodos antes indicados y, además, el de Juez Penal del Circuito de Funza entre el 10 de mayo de 1999 y el 23 de enero de 2000 (fls. 32 a 35, exp. 2369 y 38 a 41, exp. 2375). También demostró el desempeño del cargo de abogado auxiliar grado 19 en forma provisional del Juzgado Primero de Orden Público del Distrito Judicial de Bogotá entre el 14 de mayo y el 30 de agosto de 1988 y entre el 2 y el 30 de septiembre del mismo año (fls. 148, exp. 2369 y 42, exp. 2375).
De modo que para definir si la elección del doctor Flechas Díaz como magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se debe anular, como lo pretenden los demandantes, es preciso determinar si el desempeño de cargos en la rama judicial se puede considerar o no como el ejercicio de la profesión de abogado a que alude el artículo 255 de la Carta Política. Ese es, pues, el punto central de la controversia, dado que esa norma de la Carta Política, así como el 77 de la Ley 270 de 1996, establecen como uno de los requisitos para desempeñar dicho cargo el ejercicio de la profesión de abogado durante diez años, con buen crédito. Por consiguiente, se debe establecer el sentido o alcance de aquella norma para concluir si comprende o no la actividad judicial de juez o magistrado. En efecto, esas normas preceptúan:
Artículo 255 de la Constitución Nacional:
“Para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 35 años; tener título de abogado y haber ejercido la profesión durante diez años con buen crédito. Los miembros del consejo no podrán ser escogidos entre los magistrados de las mismas corporaciones postulantes” (resaltado de la Sala).
Artículo 77 de la Ley 270 de 1996:
“Para ser magistrado del Consejo Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta y cinco años; tener título de abogado y haber ejercido la profesión durante diez años con buen crédito…” (resaltado de la Sala).
Para considerar que el desempeño de cargos en la rama judicial no corresponde al denominado ejercicio de la profesión de abogado, los demandantes, como ya se anotó, acuden al artículo 232 de la Carta para destacar cómo aquel es una de las tres alternativas que esa norma establece para acreditar el requisito de la experiencia profesional para el desempeño de cargos de magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, dentro de las cuales se encuentra incluida de manera separada de aquel, precisamente, la de haber desempeñado durante diez años cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público. En efecto, el artículo 232 dispone lo siguiente:
“ART. 232.—Para ser magistrado de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se requiere:
4. Haber desempeñado, durante diez años, cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente” (resaltado de la Sala).
Del texto de la norma transcrita se desprende que, efectivamente, el Constituyente de 1991 distinguió tres modalidades para acreditar el requisito de la experiencia profesional para elegir los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado: desempeño de cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, ejercicio de la profesión de abogado y ejercicio de la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas. Es cierto que esa distinción conduce a la conclusión de que para el Constituyente, y para los efectos de esa norma, el denominado ejercicio de la profesión de abogado no comprende el desempeño de cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público ni el ejercicio de la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas. Pero esa interpretación no lleva a la de considerar que para todos los efectos y, en especial, para los del artículo 255 de la Carta, el concepto del ejercicio de la profesión de abogado excluye esas otras dos modalidades de la experiencia profesional de abogado.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se apoya en los siguientes razonamientos:
1. En el sistema jurídico colombiano el título de abogado y la experiencia en esa profesión son requisitos comunes para desempeñar determinados cargos públicos, especialmente en la rama judicial y en el Ministerio Público. Así lo establece la Carta Política para los siguientes: De manera expresa, para los de magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado (art. 232) y miembros del Consejo Superior de la Judicatura (artículo 255); y, por remisión, a los de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para el Fiscal General de la Nación (art. 249) y el Registrador Nacional del Estado Civil (art. 266). Y por disposiciones legales, entre otros, para los de Procurador General de la Nación y procuradores delegados (L. 201/95, arts. 4º y 171); Defensor del Pueblo (L. 24/92, art. 3º); jueces y demás magistrados (L. 270/96, arts. 127 y 128). Igualmente, por remisión constitucional y legal, los agentes del Ministerio Público (C.P., art. 280 y L. 270/96, art. 171). La experiencia profesional como abogado se exige para el desempeño de todos esos cargos, aunque con diferencias, en algunos casos, respecto del tiempo de la misma. También se presenta otra diferencia, precisamente, la contemplada en el numeral 4º del artículo 232 de la Carta para desempeñar los cargos de magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, en cuanto a las alternativas expresas que ofrece para acreditar ese requisito de la experiencia, pues, como ya se consignó, para aquellos la experiencia se puede demostrar con el desempeño de cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o con el ejercicio de la profesión de abogado o con la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas.
Esa diferencia de tratamiento que consagra la Constitución tiene su explicación en el querer del Constituyente de 1991 de consagrar una mayor exigencia para desempeñar los cargos más altos de las corporaciones que fundamentalmente ejercen funciones judiciales.
Se consideró, entonces, que la experiencia profesional por un periodo no inferior a diez años en cualquiera de las modalidades indicadas asegura, de mejor manera, la posibilidad de que por la persistencia en la aplicación de sus conocimientos jurídicos a un campo específico, se amplían y consolidan estos y la persona adquiere unas aptitudes que le permiten asumir con la suficiente preparación las funciones de administrar justicia en las más altas corporaciones. Es decir que el desempeño de cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público o el ejercicio de la profesión de abogado o el de la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas durante el mencionado término acumula una experiencia específica para el desempeño de los cargos de magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. En cambio, para el desempeño del cargo de magistrado del Consejo Superior de la Judicatura el constituyente no exigió esa experiencia específica en una de las modalidades de la actividad profesional del abogado, pues consideró suficiente que se acreditara la experiencia profesional durante el mismo lapso de diez años, aunque no necesariamente todo el tiempo en una de las alternativas previstas en el artículo 255 de la Carta Política. Y a distinta regulación se podría explicar con la consideración de las dos clases de funciones que desempeñan los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, pues las de una de las Salas en que ese órgano se divide —la jurisdiccional disciplinaria— han sido calificadas constitucionalmente de judiciales y las de la otra —la administrativa— son netamente administrativas.
2. El Constituyente en el artículo 232, en punto de los requisitos para desempeñar los cargos de magistrado de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, dividió en tres compartimentos la actividad jurídica que, como experiencia profesional, puede desarrollar un abogado, mas ello no significa que de esa previsión normativa se deduzca que para todos los efectos y no solo para los de esa disposición, solo aquella que no corresponda al desempeño de cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público o al ejercicio de la docencia en disciplinas jurídicas, se puede considerar como ejercicio profesional de la abogacía. Esa división la hizo únicamente para destacar que existen tres importantes modalidades de aquel, que desempeñadas por un abogado durante un periodo mínimo de diez años garantiza que esa persona adquiera una experiencia profesional específica que le permite desempeñarse con idoneidad en aquellos altos cargos de la rama judicial. Se destacó así la gran aptitud que para desempeñar los más altos cargos de la rama judicial tienen quienes han dedicado su actividad profesional exclusivamente, o por lo menos durante diez años, al desempeño como abogados de cargos en esa rama o en el Ministerio Público. Igualmente se hizo con el ejercicio de la docencia en disciplinas jurídicas durante diez años y las demás actividades jurídicas que impliquen el ejercicio de la profesión de abogado.
3. Si la experiencia profesional en cualquiera de las modalidades señaladas en el artículo 232 de la Constitución sirve para acreditar los requisitos de magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, también debe servir para acreditar los requisitos para desempeñar los otros cargos de la rama judicial que requieren la calidad de abogado, incluidos los de miembros del Consejo Superior de la Judicatura, pues estos, por lo menos en una de las Salas, ejercen funciones judiciales y los otros desempeñan funciones administrativas en relación con la rama judicial, como son principalmente las de administración de la carrera judicial, de integración de listas para los cargos de magistrados de las altas corporaciones y la de control del rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales.
4. Si el ejercicio de la profesión de abogado, conforme al planteamiento de los demandantes, no comprendiera el desempeño de cargos en la rama judicial y, por tanto, éste no sirviera para acreditar el requisito de la experiencia profesional para desempeñar el cargo de magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, a igual conclusión habría que llegar respecto de la experiencia profesional para desempeñar el cargo de juez o de magistrado de tribunal. Y esa interpretación es equivocada, porque lo contrario previó el artículo 128 de la Ley 270 de 1996 en cuanto señaló en su parágrafo que la experiencia profesional exigida en esa norma para acreditar los requisitos de juez o de magistrado “… deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas ya sea de manera independiente, en cargos públicos o privados o en el ejercicio de la función judicial”, pues la Corte Constitucional no la declaró inexequible, sino, por el contrario, al revisar previamente la constitucionalidad de esa ley estatutaria de la administración de justicia mediante Sentencia C-037 de 1996, la declaró exequible (el resaltado es de la Sala).
5. El concepto del ejercicio de la profesión de abogado se ha precisado por la ley y por la jurisprudencia.
Así, el artículo 21, inciso segundo, del Decreto 250 de 1970 preceptuaba que “… El ejercicio de la abogacía se podrá comprobar con el desempeño habitual de cualesquiera actividades jurídicas, tanto independientes como subordinadas, en cargo público o privado”.
El artículo 140, inciso segundo, del Decreto 960 de 1970 preceptuaba igualmente que “El ejercicio de la abogacía se podrá acreditar con el desempeño habitual de cualquier actividad jurídica, tanto independientes como subordinadas, en cargo público o privado”.
Ahora, el artículo 128 de la Ley 270 de 1996 señala como requisitos adicionales para el desempeño de cargos de juez municipal, de circuito o sus equivalentes y de magistrado de tribunal la experiencia profesional por lapsos no inferiores a dos, cuatro y ocho años, respectivamente. Y luego su parágrafo 1º dispone que la experiencia de que trata ese artículo “… deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas ya sea de manera independiente o en cargos públicos o privados o en el ejercicio de la función judicial”. Es decir que esa norma considera como experiencia profesional el ejercicio de todas las actividades jurídicas que pueda desarrollar un abogado de manera independiente —litigante, asesor, consultor—, en cargos públicos en cualquiera de las ramas del poder público o de los demás órganos del Estado, incluidos los que impliquen ejercicio de la función judicial, o en cargos privados.
Ahora, la Sala de la Sección Quinta ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el punto en anteriores oportunidades. Inicialmente en sentencia del 1º de octubre de 1992 al resolver sobre la nulidad de la elección de una magistrada del Consejo Superior de la Judicatura expresó lo siguiente:
“Es cierto que tradicionalmente se ha entendido que el ejercicio de la profesión de abogado consiste en “...defender en juicio, por escrito o de palabra, los derechos e intereses de los litigantes, también en dar dictamen sobre las cuestiones o puntos legales que se le consulten” al abogado, según definición contenida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es decir, que el ejercicio de la abogacía ha sido visto siempre como la prestación del servicio profesional del abogado a los “litigantes”, es decir a las partes interesadas en los litigios sometidos a decisión de la administración de justicia. Indudablemente esta es una concepción reducida, por no decir estrecha, de la actividad propia de la profesión de abogado.
El ejercicio de esta profesión está reglamentado en el Decreto 196 de 1971, que contiene el denominado “Estatuto del ejercicio de la abogacía”, que consagra en sus artículos 1º, 2º y 3º, lo siguiente:
“ART. 1º—La abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia”.
“ART. 3º—Es abogado quien obtiene el correspondiente título universitario de conformidad con las exigencias académicas y legales”.
“Del texto del artículo 2º transcrito se desprende que la misión principal del abogado, “…es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares”, es decir que el ejercicio de la profesión litigando es misión “principal” pero no la única. En efecto es “también” misión del abogado “... asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas”. Y del texto del artículo 1º transcrito se deduce que “la abogacía”, es decir la profesión de abogado, cumple entre otras la función social de colaborar “... en la realización de una recta y cumplida administración de justicia”, colaboración que se presta por el abogado al intervenir, como litigante, en los litigios, es decir en los conflictos sometidos a la administración de justicia.
“Para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura es necesario ser abogado, como está dispuesto en los artículos 232 y 255 de la Constitución Nacional. Y de acuerdo con la ley para ser magistrado de tribunal y Juez de la República también es necesario ser abogado. Eso significa que la justicia en esos cargos no puede ser impartida por médicos, ingenieros, arquitectos, economistas, contadores, etc. Sin embargo, no existe, al menos en nuestro país, la profesión de magistrado o juez. Entonces, si para desempeñar esos cargos es necesario ser abogado, puede afirmarse que el cumplimiento de funciones judiciales en los mencionados cargos conlleva el ejercicio de la profesión de abogado?, o que la asesoría jurídica en oficinas públicas o privadas, y aún el desempeño de la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas cuando para ello se requiere ser abogado, no es ejercicio de la profesión de abogado? Así las cosas, circunscribir el concepto de ejercicio de la profesión de abogado a la actividad de abogar o litigar, no se compadece con la realidad y así lo entendió la honorable Corte Suprema de Justicia cuando declaró exequible el artículo 21 del Decreto 250 de 1970 mediante sentencia pronunciada el 24 de noviembre de 1977, …”(3).
Posteriormente, en sentencia del 18 de abril de 1997, sostuvo:
“El ejercicio de la profesión de abogado es una actividad que tradicionalmente, se ha entendido en los términos precisos de la definición contenida en el Diccionario de la Real Academia de la lengua española, o sea “… defender en juicio, por escrito o de palabra, los derechos e intereses de los litigantes, también en dar dictamen sobre las cuestiones o puntos legales que se le consultan”, es decir, actuar en defensa de causas ajenas ante estrados judiciales, o emitir conceptos jurídicos.
Esta concepción tradicionalista por considerarse reducida y estrecha, como bien lo observó la Sala en sentencia del 1º de octubre de 1992 dictada en el expediente 0676, ha venido evolucionando bajo la perspectiva jurisprudencial, en la medida que el punto es materia de análisis, pues se encuentra que son muchas las actividades comprendidas en ese ejercicio, que deben tenerse en cuenta para la acreditación del requisito constitucional, quedando relegado el concepto de vieja data que lo circunscribía al litigio.
La exigencia de haber ejercido con buen crédito la profesión de abogado por un lapso de diez (10) años, lo que en el fondo persigue, es que el elegido goce de una experiencia profesional adecuada en materia jurídica, que le permita desempeñar con acierto las funciones del respectivo cargo. Experiencia que se logra no solo actuando el abogado en representación de litigantes ante los estrados judiciales —criterio superado—, sino en otras actividades donde el profesional del derecho ponga en práctica sus conocimientos académicos.
El Decreto 196 de 1971 reglamentario del ejercicio de la abogacía, consagra las siguientes reglas: “ART. 1º—La abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia”.
“ART. 2º—…
“ART. 3º—...
De los textos transcritos no se desprende que el ejercicio de la profesión de abogado, esté restringido solamente al derecho de postulación en juicio como lo entiende el actor. La función social que se le asigna, la puede realizar desde diversos campos en que actúe en razón de su profesión.
El artículo segundo indica que la principal misión del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares, pero también según el mismo precepto, tiene como misión “asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas.
“Es evidente, entonces, que la actual posición jurisprudencial y doctrinaria sobre el punto materia de análisis, se ajusta a la anterior normatividad reglamentaria de la profesión de abogado y que define su ejercicio, siendo compatibles tales perspectivas con el artículo 232 de la Constitución Nacional, cuando en su numeral 4º establece como requisito para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y por virtud del artículo 3º de la Ley 24 de 1992, defensor del pueblo, haber ejercido la profesión de abogado, con buen crédito, por diez años”(4).
De manera que en esta oportunidad la Sala acoge el criterio que sobre el ejercicio de la profesión de abogado ha expuesto la Sección Quinta en las providencias antes mencionadas, pues considera que, en realidad, no solo comprende la actividad de litigar desarrollada por los abogados, sino, igualmente, toda aquella actividad jurídica que implique la aplicación de los conocimientos de la ciencia del derecho en la ordenación y desenvolvimiento de las relaciones jurídicas propias o de terceros, incluidas las del Estado, por parte de esos profesionales. Comprende, entonces, además de la actividad litigiosa, las correspondientes a las labores de asesoría y consultoría, de manera independiente y aquellas que se desarrollan en un cargo público o privado, así como las propias de las funciones judiciales.
6. Ahora, la recepción del concepto amplio del ejercicio profesional que se ha expuesto no contradice las previsiones de los artículos 232 y 255 de la Constitución Nacional, pues de ninguno de éstos se puede concluir que aquel se encuentra restringido a la actividad de litigar, como lo plantean los demandantes. Como lo expresó la Sección Quinta en la citada sentencia del 1º. de octubre de 1992, revisando las actas de las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, específicamente las de la Comisión IV encargada de elaborar ponencia sobre Administración de Justicia y Ministerio Público, no se encuentra ninguna expresión de voluntad de los constituyentes en el sentido de considerar que mediante esas normas se pretendiera excluir de la posibilidad de integrar el Consejo Superior de la Judicatura a las personas que tuviesen como experiencia el desempeño de cargos en la rama judicial, y que solo pudieran hacer parte del mismo quienes se hubieran desempeñado como abogados litigantes. Esa conclusión, además, no tendría explicación y, por el contrario, entraría en contradicción con la finalidad de la exigencia de los requisitos de la experiencia profesional para el desempeño de cargos públicos, cual es la de asegurar que las personas que van a ejercer determinado empleo tengan no solo el título profesional correspondiente, sino que además hayan aplicado en el pasado los conocimientos propios de su profesión en actividades relacionadas con las funciones propias de aquel que aseguren, por tanto, un mejor desenvolvimiento de su labor con miras a la eficiencia y eficacia en el servicio público. Ciertamente el Consejo Superior de la Judicatura, por intermedio de su Sala Administrativa, administra la carrera judicial, elabora las listas para la designación de funcionarios judiciales, lleva el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales, entre otras funciones, y, a través de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria examina la conducta y sanciona las faltas disciplinarias de los magistrados de tribunales y de los abogados y dirime los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. Luego, para desempeñar los cargos de magistrados de esa corporación, que cumplen funciones con incidencia directa en la organización y funcionamiento de la rama judicial y en la actividad judicial, las personas que han desempeñado cargos en esa rama para cuyo ejercicio se exija la calidad de abogado, tienen una experiencia valiosa que, de ninguna manera, el Constituyente dejó de tener en cuenta para efecto de las designaciones. Se debe concluir, entonces, que el constituyente, entonces, consideró que los abogados que hubieren ejercido la profesión, incluidos aquellos que desempeñen cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, reúnen el requisito de la experiencia profesional para ejercer el cargo de magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.
En el artículo 232 se incluyó el desempeño de cargos en la rama judicial y en el Ministerio Público de manera separada al ejercicio de la profesión de abogado para destacar que aquella experiencia durante el lapso que se consideró suficiente, por si sola, resultaba válida para el desempeño de los cargos de magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Es decir que de ese modo se quiso destacar la gran aptitud que para desempeñar los más altos cargos de la rama judicial tienen los abogados que han dedicado su actividad profesional exclusivamente al desempeño de la función de administrar justicia. Pero eso no descarta la posibilidad de que los abogados igualmente puedan acceder a esos cargos si su actividad profesional la han desarrollado total o parcialmente en actividades distintas de la administración de justicia, pues, como ya se anotó, el ejercicio profesional de abogado también es desarrollado por quienes, como abogados, desempeñen cargos públicos o privados o desarrollan actividad jurídica de manera independiente.
7. De modo que una interpretación sistemática de los artículos 232 y 255 de la Carta Política permiten concluir que el ejercicio de la profesión de abogado, entendido como experiencia para ocupar los cargos de magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, comprende el desempeño de cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o el ejercicio de la cátedra en disciplina jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente o el ejercicio de cualquier otra actividad jurídica, bien sea como litigante, asesor, consultor o en el desempeño de cualquier otro cargo público o privado. El alcance restringido y residual del ejercicio de la profesión de abogado que se podría extraer del artículo 232 para decir que no comprende el desempeño de cargos en la rama judicial y en el Ministerio Público ni el ejercicio de la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas, pues estas modalidades de la experiencia están contempladas de manera separada en esa norma, no se puede extender al artículo 255 para concluir, entonces, que para ocupar el cargo de magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, la experiencia en la profesión de abogado no se puede acreditar con el desempeño de cargos en la rama judicial o el Ministerio Público. La regulación contenida en el artículo 232 es exclusiva para los magistrados de que trata esa norma y el ámbito del concepto de ejercicio de la profesión de abogado que se extrae de la misma no se extiende al artículo 255, pues para los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura opera el concepto amplio que ya se ha consignado, es decir que verdaderamente indica la experiencia en esa profesión —el ejercicio de actividad jurídica como litigante, asesor, consultor o en el desempeño de cualquier cargo privado o público, incluidos los de la rama judicial o el Ministerio Público—.
8. La Constitución no es una norma que se agota con la lectura literal de sus disposiciones sino que debe interpretarse como un sistema axiológico finalista. Por consiguiente, es útil establecer la ratio del artículo 255 de la Carta para demostrar que el ejercicio profesional a que hace referencia esa norma no excluye el cumplimiento de funciones en la rama judicial.
El ejercicio profesional por diez años con buen crédito busca acreditar condiciones de idoneidad para el desempeño del cargo de magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. No puede ser otro el sentido de la disposición. Así las cosas, no podría argumentarse que la única forma de demostrar buen ejercicio profesional del derecho para acceder al cargo de magistrado del consejo, es el litigio ni que el funcionario o empleado de la rama judicial no ejerce la carrera de abogado. Por el contrario, los miembros de la rama judicial podrían demostrar amplio conocimiento empírico de las funciones que ejerce el Consejo Superior de la Judicatura y las necesidades propias de la Rama, lo cual probaría no sólo idoneidad profesional sino un eficiente cumplimiento de las tareas constitucionalmente encomendadas a ese ente. Obviamente, lo anterior no significa que todos los miembros del Consejo Superior deban provenir de la rama judicial. Simplemente explica que la lectura amplia del concepto “haber ejercido la profesión” contenida en el artículo 255 superior, es la que más se adecua al espíritu del constituyente. De consiguiente, es razonable sostener que un abogado que proviene de la rama judicial tiene amplio conocimiento sobre el manejo administrativo de la misma e, igualmente, conoce perfectamente cuál es la función y cuál debe ser la conducta de los funcionarios de la rama judicial y, en general, de los abogados. Es por ello, que podría ejercer con idoneidad los cargos de magistrado de la Sala Administrativa o Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
En síntesis, la Sala considera que la lectura finalista del artículo 255 de la Carta lleva a reafirmar su contenido y a explicar que el requisito de ejercicio de la profesión de abogado no excluye el desempeño de cargos en la rama judicial.
9. Debe tenerse en cuenta que los requisitos para el desempeño de los cargos públicos no sólo deben analizarse a partir de su importancia y necesidad para garantizar la transparencia y la moralidad para el ingreso al ejercicio de la función pública (C.P., art. 209), sino en cuanto también debe tenerse en cuenta que constituyen una limitación del derecho público constitucional de “acceder al desempeño de funciones y cargos públicos” (C.P., art. 40, num. 7º). En consecuencia, el intérprete debe ponderar los principios y derechos en tensión, de tal forma que preserve el interés colectivo de propender por una función pública eficiente, moral y transparente y, al mismo tiempo, evite restringir derechos constitucionales sin objetivos constitucionalmente claros.
La Sala considera, entonces, que una forma de armonizar y vigorizar las normas constitucionales que buscan, de un lado, defender el interés colectivo de una función pública eficiente y, de otro, garantizar el derecho de acceder al cargo de magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, es entender el concepto de ejercicio profesional contenido en el artículo 255 de la Carta no sólo en un sentido estricto de litigio sino en un sentido amplio, lo que incluye el desempeño de funciones en la rama judicial.
En esta forma, como el doctor Jorge Alonso Flechas Díaz acreditó el requisito del ejercicio de la profesión de abogado durante diez años con el desempeño de cargos de juez por un término superior, la conclusión que surge es la de que el cargo de violación de los artículos 255 de la Carta y 77 de la Ley 270 de 1996 no puede prosperar y, en consecuencia, la pretensión de nulidad de su elección como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura se debe negar.
Deniéganse las pretensiones de las demandas de los procesos acumulados.
Magistrados: Manuel Urueta Ayola, Presidente, con aclaración de voto—Mario Alario Méndez, con aclaración de voto —Alberto Arango Mantilla——Camilo Arciniegas Andrade—Germán Ayala Mantilla—Tarsicio Cáceres Toro—Jesús María Carrillo B., con aclaración de voto—Reinaldo Chavarro Buriticá—María Elena Giraldo Gómez—Delio Gomez Leyva—Alier Eduardo Hernández E., con aclaración de voto—Ricardo Hoyos Duque—Jesús María Lemos Bustamante—Roberto Medina López, con aclaración de voto—Gabriel Eduardo Mendoza M.——Olga Inés Navarrete Barrero—Ana Margarita Olaya Forero—Alejando Ordoñez Maldonado—María Inés Ortiz Barbosa, con aclaración de voto—Nicolás Pájaro Peñaranda—Juan Ángel Palacios Hincapié—Darío Quiñones Pinilla—Germán Rodríguez Villamizar, con aclaración de voto.
(1) Sentencia del 16 de julio de 1998, C.P. Dr. Roberto Medina López.
Expediente 1751, demandante: Pedro Felipe Gutiérrez.
(2) Expedientes 676 y 1628, respectivamente.
(3) Expediente 0676, C.P. Dr. Jorge Penen Deltieure.
(4) Expediente 1628, C.P. Dr. Luis Eduardo Jaramillo Mejía.
El suscrito magistrado comparte la parte resolutiva de la sentencia de 27 de marzo de 2001, por medio de la cual la Sala Plena de la corporación no accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad de la elección del doctor Jorge Alonso Flechas Díaz como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
La aclaración de voto obedece a que en los considerandos que sirven de fundamento a la decisión se hace referencia a las calidades exigidas por la Constitución Política para acceder a la magistratura en el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, como cuando se dice:
El Constituyente consagró una mayor exigencia para desempeñar los cargos más altos de las corporaciones que ejercen funciones judiciales, en cuanto que “…el desempeño de cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público o el ejercicio de la profesión de abogado o el de la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas durante el mencionado término acumula una experiencia específica para el desempeño de los cargos de magistrados…”. Y, refiriéndose al artículo 232 constitucional, afirma que la división en tres compartimentos de la actividad jurídica como requisito para el desempeño de cargos de magistrado, se “…hizo únicamente para destacar que existen tres modalidades de aquel, que desempeñadas por un abogado durante un período mínimo de diez años garantiza que esa persona adquiera una experiencia profesional específica…”. En otro aparte, agrega: “…que una interpretación sistemática de los artículos 232 y 255 de la Carta Política permiten concluir que el ejercicio de la profesión de abogado, entendido como experiencia para ocupar los cargos de magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, comprende el desempeño de cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o en el ejercicio de la cátedra en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos…”.
Las anteriores consideraciones no las entiendo como pronunciamiento de la Sala en materia de exigencia de calidades a los candidatos para acceder a las Altas Cortes. Cuando se presente una controversia sobre esa materia específica, la Sala habrá de decidir si esos requisitos son acumulables o no, y en el caso de respuesta positiva, en qué medida. En el asunto sub examine, la Sala se ha limitado a resolver el caso concreto de las calidades exigidas a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y nada más.
Compartí la decisión adoptada mediante la sentencia, pero me resultan inaceptables las consideraciones con base en las que se llegó a la conclusión de que para los efectos del artículo 232 de la Constitución, “el denominado ejercicio de la profesión de abogado no comprende el desempeño de cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público ni el ejercicio de la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas”, en tanto que para los efectos del artículo 255 el concepto de ejercicio de la profesión de abogado sí comprende el desempeño de cargos en la rama judicial y en el Ministerio Público y la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas.
Se dijo, en síntesis, que esa diferencia de tratamiento “tiene su explicación en el querer del Constituyente de 1991 de consagrar una mayor exigencia para desempeñar los cargos más altos de las corporaciones que fundamentalmente ejercen funciones judiciales” y que, entonces, “la experiencia profesional por un periodo no inferior a diez años en cualquiera de las modalidades indicadas asegura, de mejor manera, la posibilidad de que por la persistencia en la aplicación de sus conocimientos jurídicos a un campo específico, se amplían (sic) y consolidan (sic) estos y la persona adquiere unas aptitudes que le permiten asumir con la suficiente preparación las funciones de administrar justicia en las más altas corporaciones”, no así para el desempeño del cargo de magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, pues se consideró suficiente “que se acreditara la experiencia profesional durante el mismo lapso de diez años, aunque no necesariamente todo el tiempo en una de las alternativas previstas en el artículo 255 de la Carta Política”.
Esas consideraciones, repito, me resultan inaceptables, basadas como están solo en suposiciones —“el querer del Constituyente de 1991”—, pero sobre todo porque nada dicen.
Por compartir integralmente las razones expuestas por el señor Consejero Mario Alario Méndez, con su venia, adhiero a su aclaración de voto.
A pesar de compartir la sentencia en su parte resolutiva, discrepo en uno de los aspectos doctrinales en ella tratados, referido específicamente a las calidades constitucionalmente para el desempeño de altos cargos en la rama judicial, en cuanto ellos difieren de las establecidas para otros destinos.
Con todo respeto, considero que el tratamiento dado a este tema desbordó la pertinencia del mismo, pues en el asunto sub examine sobre la glosa de la parte considerativa según la cual “…una interpretación sistemática de los artículos 232 y 255 de la Carta Política permiten concluir que el ejercicio de la profesión de abogado, entendido como experiencia para ocupar los cargos de magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, comprende el desempeño de cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o en el ejercicio de la cátedra en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos…”.
El asunto del cual se encargó la Sala Plena se limitaba a resolver sobre las calidades requeridas para acceder y ejercer el cargo de magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, y no era necesario hacer cualquier otra referencia interpretativa del texto constitucional en mención.
Me parece superfluo, y hasta contraproducente, apelar al artículo 232 de la Carta que señala los requisitos para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de estado, para redondear el alcance de la expresión “haber ejercido la profesión” de abogado durante diez años, que el artículo 255 ibídem exige para serlo del Consejo de la Judicatura.
Hubiera bastado la referencia al artículo 255 citado, y al desarrollo dado por el legislador al “ejercicio de la profesión de abogado”, para dejar claro que se trata de toda “actividad jurídica” y, por consiguiente, que solo el oficio que exija un ejercicio exclusivo de la abogacía, como el de funcionario de la rama judicial, habilita para ocupar el de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que por esos motivos dio lugar a las pretensiones denegadas.
Consigno a continuación la aclaración de voto la que se concreta en el sentido de que comparto la decisión pero estimo que en las consideraciones no era del caso realizar el análisis correspondiente al artículo 232 de la Constitución Nacional no sólo por ser impertinente sino porque en el sub examine la determinación que pretende hacerse del alcance de la disposición puede ser objeto de revisión por esta corporación cuando el caso en estudio así lo implique. Lo importante era determinar, como en efecto se hizo, que el demandado cumplió los requisitos de ley para ocupar el cargo.

References: artículo 103
 artículo 2
 artículo 232
 artículo 232
 artículo 232
 artículo 255
 artículo 232
 artículo 151
 artículo 39
 artículo 31
 artículo 255
 artículo 255
 artículo 77
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 39
 artículo 255
 artículo 232
 artículo 255
 artículo 151
 artículo 133
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 255
 artículo 255
 artículo 133
 artículo 127
 artículo 21
 artículo 232
 artículo 255
 artículo 255
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 255

Artículo 255

Artículo 77
 artículo 232
 artículo 232
 artículo 255
 artículo 232
 artículo 255
 artículo 232
 artículo 232
 artículo 128
 artículo 21
 artículo 140
 artículo 128
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 21
 artículo 232
 artículo 3
 artículo 232
 artículo 232
 artículo 255
 artículo 232
 artículo 255
 artículo 255
 artículo 255
 artículo 255
 artículo 255
 artículo 232
 artículo 232
 artículo 255
 artículo 255
 artículo 232
 artículo 255
 artículo 255
 artículo 232