Source: http://temas.cult.cu/articulo/2916/llamar-las-cosas-por-su-nombre-reflexiones-sobre-las-pymes-en-cuba
Timestamp: 2019-02-15 19:54:50+00:00

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Llamar las cosas por su nombre. Reflexiones sobre las pymes en Cuba | Temas
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Los clásicos del marxismo leninismo al proyectar los rasgos que debían caracterizar la construcción de la nueva sociedad, definieron —especialmente Lenin— que el Estado, en representación de todo el pueblo, mantendría la propiedad sobre los fundamentales medios de producción. Nosotros absolutizamos ese principio y pasamos a la propiedad estatal casi toda la actividad económica del país. Los pasos que hemos venido dando y daremos en la ampliación del trabajo por cuenta propia, son el fruto de profundas meditaciones y análisis y podemos asegurar que esta vez no habrá retroceso.
Raúl Castro Ruz (2010)
Como parte de la llamada Actualización del modelo económico cubano, desde hace varios años se ha producido una ampliación de lo que ha sido catalogado por el discurso oficial como cuentapropismo. Se trata de una serie de actividades que han pasado a ser desempeñadas por actores económicos diferentes a la, hasta ahora, casi monopólica empresa estatal socialista. También se extendió la propiedad cooperativa a segmentos de la economía, que antes solo se permitía en el ámbito agropecuario. De esta forma, las cooperativas han comenzado a producir bienes y brindar servicios solo reservados, hasta hace unos años, a las empresas estatales.
A la par, y luego de varios años de experimentos y reacomodos en lo que se ha dado en llamar sector no estatal de la economía, fue anunciada, para el año 2017, una Ley de empresas (Cubadebate, 2015).[1] Cabe señalar que este será el primer cuerpo normativo de esa jerarquía que regulará a ese tipo de personas jurídicas, en un país que, aun después de la reforma constitucional de 1992, sacralizó la propiedad estatal sobre los medios fundamentales de producción, mientras consagraba, de paso, la ineficiencia y la improductividad. Debo hacer la salvedad de que las noticias sobre esta ley anuncian que su contenido se dirigirá a la empresa estatal; y aunque, por lo tanto, no está expresamente orientada hacia las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), el aviso de su adopción supone la voluntad política de sistematizar los aspectos más generales vinculados con uno de los sujetos económicos nacionales.
En adición a todo lo anterior, en abril de 2016 fue aprobada, por el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), la denominada Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista y el Plan nacional de desarrollo hasta 2030: Propuesta de visión de la nación, ejes y sectores estratégicos (PCC, 2016a). La que se conoce popularmente como Conceptualización establece, por primera vez en un documento político-partidista, la necesidad de reconocer la propiedad privada sobre determinados medios de producción, dado el avance de los pequeños negocios nacionales. Incluso su regulación remite a una ley acorde con su papel complementario, «de modo que contribuya a hacer más consistente el andamiaje empresarial y sus interrelaciones, en beneficio de toda la economía» (10).
En este mismo evento, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y primer secretario del PCC, general de ejército Raúl Castro Ruz, durante la presentación del Informe Central (2016b) manifestó que era necesario llamar «las cosas por su nombre» y no refugiarse en ilógicos eufemismos para esconder la realidad. Añadió que el incremento del trabajo por cuenta propia y la autorización de la contratación de fuerza de trabajo ha resultado, en la práctica, en la existencia de medianas, pequeñas y microempresas privadas, que funcionan sin la debida personalidad jurídica y se rigen ante la ley por un marco regulatorio diseñado para personas naturales dedicadas a pequeños negocios, generalmente familiares. Más adelante, en el propio discurso, declaró que las cooperativas, el trabajo por cuenta propia y las medianas, pequeñas o microempresas privadas no son, por su esencia, antisocialistas, ni contrarrevolucionarias, y que la enorme mayoría de quienes allí laboran son revolucionarios y patriotas que defienden los principios y se benefician de las conquistas de esta Revolución.
A la necesidad de una nueva visión y configuración legal sobre el tema de las pymes, hay que sumar algunas interrogantes económicas relacionadas con ellas: ¿por qué seguir desperdiciando recursos fiscales y salarios en supuestas empresas del Estado que solo lo son de nombre, como las llamadas cafeterías y restaurantes estatales? ¿Qué tienen de socialistas en realidad? ¿Acaso son medios de producción fundamentales, estratégicos para el país o la seguridad nacional? ¿Quién frena su transformación en otro tipo de empresa? ¿Quién o quiénes se benefician con ello y quienes están siendo perjudicados? (véase Triana Cordoví, 2017).
Breve acercamiento a la regulación jurídica de los actores privados nacionales
La legislación cubana actual sobre los cuentapropistas[2] y las cooperativas no agropecuarias (CNA), se caracteriza por ofrecer un tratamiento diferenciado entre ambos sujetos. En el primer caso, se parte de las disposiciones normativas que emite el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) (R 41/2013, de 26 de septiembre; R 22/2017, de 2 de agosto); mientras que las nuevas cooperativas son reguladas por un decreto-ley del Consejo de Estado (DL 305/2012, de 11 de septiembre). Desde el discurso político, se ha destacado su carácter experimental, de ahí que pudiera vislumbrarse, en el futuro, nuevas pautas legales sobre ellas.
En el año 2013 fue emitida la Resolución 41 del MTSS donde están fijados, entre otros aspectos, quiénes pueden ser trabajadores por cuenta propia, los requisitos para ello, y el ordenamiento y control de las actividades que pueden realizar. Se ha criticado el carácter precario y reducido de estas, pues la lógica de una demanda cambiante en el tiempo y heterogénea en lo social requiere de categorías más generales y flexibles. Asimismo, podría proponerse y perfilarse una oferta de bienes y servicios diversa (Vidal y Pérez, 2012).
Luego de varias modificaciones hasta la fecha se han aprobado más de doscientas modalidades para fomentar la iniciativa económica privada, y en todos los casos pueden emplearse trabajadores contratados (empleados). Otros organismos de la administración pública como el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) o la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) han emitido regulaciones que inciden sobre los cuentapropistas.[3]
Para el caso de las CNA, el marco regulatorio está encabezado por el citado Decreto Ley del Consejo de Estado. Este fija las pautas generales acerca del proceso de su constitución y se complementa con otras normativas.
De acuerdo con el mencionado decreto ley las cooperativas pueden ser de primer o segundo grado. Las primeras son aquellas que se organizan con no menos de tres individuos que voluntariamente han decidido constituirla, mientras que las segundas se crean por dos o más cooperativas de primer grado con el objetivo de organizar actividades complementarias afines o que agreguen valor a los productos y servicios de sus socios, o realizar compras y ventas conjuntas, con vistas a lograr mayor eficiencia.
El Estado ha favorecido su creación, por lo que ya operan en el país más de cuatrocientas. Se han cooperativizado actividades empresariales como las de mercados agropecuarios minoristas; servicios de gastronomía, lavandería, atelier y costura; construcción y reparación de inmuebles; producción de materiales de construcción; recuperación de materias primas; recogida de desechos sólidos; transporte de pasajeros y de carga; e, incluso, algunos servicios profesionales como los de contabilidad. No se descarta que en el futuro puedan gestionarse, mediante cooperativas, aquellas sociedades mercantiles, de capital cubano en su totalidad, que decidan incorporarse a la experiencia (La O, 2014: 11).
En sentido general, puede afirmarse que la regulación jurídica de los cuentapropistas y las CNA está marcada por la dispersión, con normativas de heterogénea jerarquía, emitidas por varios órganos estatales. Empero, esto ha posibilitado la evolución de ambos sectores económicos, como se verá más adelante, y no solo el simple emprendimiento individual o cooperativista.
Nociones generales sobre las mipymes. Breve análisis desde la microeconomía y el derecho mercantil
Definir a las mipymes es en extremo complejo, pues en el mundo empresarial no existe consenso al respecto. Los principales criterios en este sentido son el volumen de ventas, el número de trabajadores, el tamaño del capital propio, o una combinación de todos esos factores. A nivel internacional, el más aceptado es el primero de los mencionados, aunque cualquier tesis al respecto tiene alta carga de arbitrariedad ante esa falta de consenso (Vidal y Pérez, 2012: 147).
La experiencia cubana presenta como complejidad particular el hecho de que se trata de un espacio en evolución que, en la medida en que va madurando, ha demostrado altos niveles de eficiencia y crecimiento. En Cuba, las mipymes se iniciaron a mediados de los 90 como una alternativa de subsistencia; pero luego del año 2010 han aumentado su complejidad y especialización. Muchas de las actividades tuteladas que ya se venían produciendo de forma ilegal o alegal tienden a seguir desarrollándose. Esto puede fundamentarse en manifestaciones de madurez empresarial evidentes, como la activación de estrategias de ahorro y acumulación, y peculiares formas de inversión y capitalización (Palenzuela y Sacchetti, 2007).
Como características fundamentales de todas, podemos mencionar que el capital para su constitución y puesta en marcha es proporcionado por una o dos personas, por lo general familiares, que se asocian. Además, los propios fundadores dirigen la conducción de la empresa; su administración está basada en la práctica y por lo general no se hace con respaldo profesional. Su crecimiento se sustenta más en el trabajo que en el capital, y casi siempre se manifiesta como un proceso constante, pues la pequeña tiende a ser mediana y esta aspira a ser grande (Sanromán y Cruz, 2008: 99).
Entre sus ventajas, puede mencionarse, de modo sucinto, que requieren menor inversión para crear empleo, adaptan de manera fácil el proceso productivo a cambios en el suministro de insumos y en la demanda, y generan efectos positivos a nivel local en empleo y consumo. En el caso de nuestro país, contribuyen al ascenso de la productividad del trabajo social, reducen la carga financiera del Estado y mejoran el balance interno; así como la oferta de bienes y la provisión de servicios (Del Castillo et al., 2013: 52). La competencia de las mipymes con el Estado estimularía a este a mejorar su eficiencia en la producción de bienes y provisión de servicios (Mesa-Lago, 2014: 28-9).
La conceptualización y diferenciación entre micro, pequeña y mediana empresa no es labor de los juristas, sino de los economistas, en específico de los que estudian la microeconomía. No obstante, los estudiosos del derecho podemos ofrecer consideraciones sobre si los actuales cuentapropistas son empresarios individuales[4] (en lo adelante solo empresario), a partir de los conceptos, características y presupuestos teóricos que sobre ellos ofrece el derecho mercantil.
Hace bastante tiempo que la doctrina mercantilista no tiene grandes discusiones respecto al concepto de empresario y sus características. Básicamente, es la persona física o jurídica que se sirve de una empresa para realizar, en nombre propio y de forma habitual, por sí o a través de representantes, una determinada actividad económica destinada al comercio, la producción de bienes o la prestación de servicios (Broseta, 1991: 82; Mesa, 2005: 30). Como regla general, para ser considerado como tal se requiere de capacidad legal, habitualidad y actuación en nombre propio; requisitos que son apreciables en el presente del cuentapropismo en Cuba.
La primera de esas condiciones está relacionada con la edad mínima (capacidad civil plena) para poder realizar actividades comerciales, así como con la inexistencia de limitaciones para obrar de quien las ejerce. La libre disposición de los bienes por este es otra condición. En el caso de la habitualidad, esta tiene un impacto directo en el orden económico, pues todo acto comercial requiere de cierto quehacer sistemático, no excepcional u ocasional (Cañizares, 2012: 56-7). Es necesario que su desarrollo sea constante y profesional (Mesa, 2005), que denote lo que se ha llamado actividad constitutiva de empresa, entendida esta como el desarrollo de una función económica, caracterizada por la profesionalidad, lo que a su vez supone la organización de los medios productivos y la actuación en el mercado. En el caso de la profesión, se refiere a la intención de obtener un lucro que constituya un medio de vida. En definitiva, puede afirmarse que la habitualidad alude a que un empresario es tal a partir de un criterio real, es decir, depende de que su actuar esté orientado a lucrar de manera reiterada en el tiempo. (Garrigues, 1976: 294).
El requisito de actuación a nombre propio refuerza el de profesionalidad, en el sentido de que permite excluir del concepto de empresario mercantil a los auxiliares que actúan en su nombre. Se ha considerado siempre como esencial, puesto que sobre el dueño de la empresa recaen todas las consecuencias jurídicas de los hechos en que esta interviene. Por ende, si disfruta de cierto poder de gestión e iniciativa, ha de disponer de competencia para responder por sus actos (Mantilla, 1989: 35; Mesa, 2005: 35).
Existen actividades por cuenta propia que no alcanzan un nivel de complejidad que permita catalogar como empresarios a quienes las ejercen (por ejemplo, un vendedor ambulante de maní). No obstante, este pudiera ser entendido como un emprendedor, un elemento primario dentro de la estructura económica, sin perjuicio de que en la evolución de su negocio pueda alcanzar niveles superiores de desarrollo. Esto supone que también requerirá de un efectivo reconocimiento legal, y de la posibilidad de acceder a cuanto propicie el crecimiento de su actividad (por ejemplo, créditos facilitados por bancos e instituciones financieras).
Es así que resulta insuficiente el término cuentapropista para referirse a la inmensa mayoría de las unidades económicas que operan en Cuba. Estas pueden considerarse empresas, de un tipo o de otro, si se tiene en cuenta sus capacidades para movilizar, organizadamente, factores productivos como capital y recursos humanos. Un último elemento que considerar en este sentido, y que refuerza nuestra tesis, es el concepto de trabajador por cuenta propia establecido en la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE, 1993). Según esta, se trata de aquella persona que, trabajando solo o con uno o más socios, tiene un tipo de empleo definido como independiente. En estos casos, la remuneración depende de los beneficios derivados de los bienes o servicios producidos, y no contrata a ningún asalariado de manera continua (Vidal y Pérez, 2012).
¿Por qué reconocer las pymes?
A partir de la reforma constitucional de 1992, el sistema económico cubano pasó a sustentarse en el denominado principio de complementariedad, que supone que el Estado controla amplios sectores de la economía —lo que garantiza que siga siendo el actor principal en esta área—, fija los postulados y estrategias en su conducción; así como encauza las acciones de todos, en el cumplimiento de su objetivo de garantizar el bien común. No obstante, su desempeño no ocurre de manera exclusiva, sino en armonía con otros sujetos económicos que deben asegurar altos niveles de eficiencia, eficacia y productividad (Pérez, 2016: 150). El ejemplo más elocuente en este sentido es que, en 1976, constitucionalmente se estableció que el Estado era el propietario de los medios de producción (CRC 1976, de 24 de febrero: art. 14); y luego de la reforma pasó a serlo de los medios fundamentales de producción (Prieto y Pérez, 2002: 17).
Quizás la lógica de este análisis sea demasiado sencilla, pero si hay medios de producción que son fundamentales es porque existen otros que no lo son, y es ahí donde las mipymes pueden insertarse a plenitud. Para ello se requerirá, desde los órganos de poder, de una definición precisa de cuáles son los sectores estratégicos (fundamentales); o sea, los necesarios para la reproducción y sostenimiento del sistema sociopolítico y económico cubano. Después habrá que pautar en la Carta Magna su carácter esencial, a la par que se establecen los nichos o segmentos para la iniciativa privada. Se hace necesario que la lista de actividades económicas autorizadas para su desarrollo se configuren con las que no lo están. En nuestro país ellas están limitadas, pues existe un sistema de numerus clausus de las labores que pueden ejercer los particulares (por cuenta propia), su alcance y los organismos o entidades facultadas para otorgar la autorización. Tendrá que llegar el día en que la relación de actividades económicas no esté configurada de manera positiva —las autorizadas a desarrollar—, sino negativa —las que no lo están. En nuestro país las primeras están limitadas, pues existe un sistema de numerus clausus de las labores que pueden ejercer los particulares (por cuenta propia), su alcance y los organismos o entidades facultadas para otorgar la autorización. Esto tiene como consecuencia que la realidad social, a menudo, desborde los estrechos marcos del derecho. Determinar categorías demasiado específicas frena la iniciativa individual encaminada a perfilar una oferta de bienes y servicios diversa.
Aun con las profundas modificaciones realizadas a la Constitución cubana a inicios de los 90, el ejercicio de actividades económicas privadas no tuvo un respaldo directo en ella. Prejuicios políticos e ideológicos no permitieron entender lo privado como manifestación de perfeccionamiento de la estructura de propiedad, y del sistema económico en sentido general. Empero, ello no ha sido óbice, sobre todo a partir del año 2010, para el reconocimiento legal y la evolución paulatina y constante de disímiles iniciativas particulares. Ahora que se clama, desde el discurso político, por el rescate y mejoría de nuestra institucionalidad, a la par de la llamada a romper con profundas barreras psicológicas y con dogmas arraigados durante décadas, parece el momento oportuno para tomar cartas en este asunto y dar a las mipymes el lugar que les corresponde en la construcción del socialismo cubano.
El punto de partida lógico para construir una crítica respecto a la perspectiva actual, es la identificación de las situaciones problémicas que afectan al sector privado. Un breve acercamiento en este sentido, nos permite afirmar que, desde lo jurídico, su regulación es ineficaz, lo que supone un obstáculo para el pleno desenvolvimiento de las fuerzas productivas que se despliegan en este espacio, así como una inadecuada colocación de los actores no estatales en la dinámica socioeconómica cubana. En el caso de los cuentapropistas, el tratamiento legal los ha asumido como figuras propias del derecho laboral, no como micros, pequeños y medianos empresarios, lo que correspondería, entonces, a un tratamiento desde el derecho mercantil. Debido a lo anterior, aquellos tienen que enfrentarse a trabas burocráticas que obstaculizan, por ejemplo, el acceso a la importación de materias primas e insumos necesarios para sus negocios.
No obstante, la voluntad política ha dado lugar a una regulación jurídica con tendencia a favorecer al sector privado, lo cual, a nuestro juicio, debe mantenerse y perfeccionarse. De esta forma, ha sido posible la contratación de personal fuera del ámbito familiar, el acceso a créditos bancarios, y el establecimiento de relaciones comerciales entre los particulares y las empresas estatales mediante contratos. En el futuro se requerirá no solo de un nuevo marco normativo, sino también de un plan nacional bien coordinado, coherente y con enfoque multisectorial, para el crecimiento ordenado de los actores privados en la economía.
A fines de julio de 2017 se tomó la decisión —incorrecta en nuestra opinión—, de suspender la entrega de autorizaciones administrativas para ejercer más de treinta actividades por cuenta propia. En su intervención de mediados de año ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Raúl Castro Ruz (2017) manifestó que existían conductas delictivas asociadas con la corrupción y con la subdeclaración de impuestos, por lo que era necesario adoptar medidas correctivas y de perfeccionamiento con respecto a los cuentapropistas y las CNA. A raíz de esto se puso en vigor la Resolución 22/2017, emitida por el MTSS, que establece la referida suspensión y no alude a su tiempo de duración. En todo caso, como respuesta a la creciente incertidumbre generada por estas medidas, desde el discurso político se ha reiterado constantemente la no renuncia al despliegue de la esfera privada.
Dicho perfeccionamiento —acerca del cual no puede argumentarse mucho ya que se encuentra en plena implementación— solo puede llevar a la tutela e impulso de las mipymes, por dos razones fundamentales: por una parte, se requiere atemperar el actual marco regulatorio con la realidad material de estas; por otra, es ineludible ser consecuente con el argumento expuesto desde el gobierno sobre la necesidad de su reconocimiento, lo que fuera defendido por el propio Raúl Castro en abril de 2016 (PCC, 2016b).
La lógica de regular legalmente un fenómeno de eminente carácter social y económico, como son las pymes, es que se les brinda seguridad jurídica, como también a los sujetos vinculados con ellas. Podremos tener una primera noción, bastante exacta, de la necesidad de reconocerlas en Cuba si entendemos tal seguridad como una cualidad del ordenamiento jurídico que produce confianza y certeza, a nivel social, sobre qué es legal en cada momento y lo que ello implica. De tal modo, se conocería el catálogo de derechos y obligaciones de todos, lo que se puede prever como legal en el futuro (Pérez, 1991: 12).
De acuerdo con la política oficial, el proyecto socialista cubano no permite la concentración de la propiedad y la riqueza en personas naturales o jurídicas no estatales (PCC, 2016a: 7), por lo que resulta necesario establecer cuáles son los niveles de ingresos de los actores privados que son política y socialmente aceptables.
Una empresa, además de ser una unidad económica, es un ente insertado en la sociedad a la que sirve y a la cual no puede permanecer ajeno (Vidal y Pérez, 2012); por ello se le debe proporcionar cierto orden legal que, contando con el respaldo del poder público, le permita el cabal ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de las obligaciones que asuma. Su acertado tratamiento viabiliza una mejor equiparación entre los objetivos económicos y los sociales, en el intento de que los primeros no se prioricen en detrimento de los segundos. Se trata de lograr una acertada intervinculación entre las pymes, como sujeto económico, y los intereses del Estado y la sociedad en su conjunto, para que aquellas puedan cumplir con su función social, la cual, en nuestra opinión, significa generar empleos para aliviar al sector estatal de personal excedente; mejorar la calidad de la producción de determinados bienes y de prestación de algunos servicios, así como satisfacer la demanda de otros sujetos económicos y de la población en general. Todo esto sin perjuicio de que, en su evolución y con una procedente tutela legal, puedan asumir otras encomiendas, como pudiera ser la sustitución de importaciones e incluso la exportación de algunos bienes a pequeña escala. También podrían, en correspondencia con el reconocimiento de la propiedad privada que cumple una función social (PCC, 2016a: párrafo 174: 10), participar en el patrocinio de proyectos para el beneficio de las localidades donde están enclavadas.
La ampliación de los negocios privados no puede lograrse solo con mano de obra personal o familiar, pues muchas actividades requieren la contratación de trabajadores asalariados. Por tanto, se hace necesaria la creación de condiciones adecuadas para el ejercicio de sus actividades, y la debida regulación jurídica de este tema es una de ellas (Del Castillo et al., 2013: 52).
Esto propiciaría la acertada inserción de las mipymes dentro del entorno socioeconómico nacional. Sería el Estado quien definiría en qué nichos les correspondería actuar, mientras establece el catálogo de sus prerrogativas y responsabilidades de acuerdo con su tamaño y complejidad de accionar; además, le permitiría garantizar, con más certeza y precisión, los derechos laborales del trabajador contratado (vacaciones o licencia de maternidad, por solo citar dos ejemplos), en tanto, se le exigiría de forma más plena y coherente.
Recientemente fue reconocido de manera pública que todavía existen deficiencias para garantizar, entre otros derechos, el regreso de la mujer al trabajo luego de concluido su embarazo. Según expertos, esto ocurre debido a que para formalizar la relación jurídico-laboral se emplea un contrato por tiempo determinado, con fechas de comienzo y de terminación prestablecidas; de ahí que cuando una trabajadora termina la licencia de maternidad volverá a su anterior empleo solo si el empleador la desea de vuelta. Estas problemáticas ocurren, entre otros factores, porque algunas regulaciones para la esfera económica privada aún son ineficientes. Los cuentapropistas gozan de un grupo de flexibilidades que las empresas estatales no poseen, en rubros como la confección de contratos de trabajo, la definición de horarios y vestimenta, así como lo que respecta a la pensión que deben pagar a sus empleados. Existe la percepción, de acuerdo con autoridades estatales, de que se producen vulneraciones a los derechos laborales de los empleados (véase García, 2017).
Si los trabajadores por cuenta propia fueran considerados empresarios, podrían acceder, en mejores condiciones, al mercado mayorista, importar los insumos necesarios para la operatividad de su negocio y acceder en situación más favorable que la actual a créditos bancarios nacionales, e incluso foráneos.
No coincidimos con la afirmación de que la política fiscal aprobada es la más eficaz (Del Castillo et al., 2013: 53), pues dadas las características que ha ido alcanzando una parte del sector privado nacional, los titulares de negocios deberían tributar por concepto de impuestos sobre utilidades y no sobre ingresos personales, como hacen en la actualidad. Desde la doctrina jurídica se ha resaltado la necesidad de realizar una determinación del estatus jurídico del trabajador por cuenta propia, a partir de la diferenciación interna del sector y del funcionamiento de algunos como pymes. Ante comportamientos económicos desiguales el tratamiento fiscal debe ser diferente (Díaz, 2016: 307). Resulta obvio que este cambio en la tributación significaría un aumento ostensible de las recaudaciones.
De igual forma, las actuaciones de control sobre los nuevos negocios, se asumirían, bajo otros conceptos pues, de la forma actual, pueden vulnerar derechos de los cuentapropistas. Por ejemplo: en caso de inspección sanitaria en los negocios que operan en la vivienda particular del titular de la licencia, cabría preguntarse si no se vulnera el derecho a la inviolabilidad de su domicilio. En cambio, brindaría mayor seguridad y operatividad que pudiera reputarse el inmueble donde se ejerce la actividad como un establecimiento mercantil, el cual no es más que el conjunto de bienes y servicios organizados y puestos de manera que posibilite la finalidad de la empresa (Mesa, 2005: 25; Cañizares, 2012: 144). Así, las acciones fiscalizadoras de la administración estarían encaminadas solo a inspeccionar lo relacionado con la actividad económica que se desarrolla. Además, las ganancias estatales aumentarían a partir de la aplicación de tarifas diferenciadas por la prestación de determinados servicios públicos, como el suministro de agua, telefonía fija o electricidad.
Las estructuras que se vienen desarrollando dentro de la esfera no estatal de la economía nacional, y sus relaciones internas y con otros actores económicos no son figuras o situaciones propias del derecho financiero o laboral. Que desde el discurso y la praxis oficial se identifiquen las bondades de aquellas para el ámbito de los tributos y la contratación de personal excedente de entidades estatales, no implica que no deban ser tratadas por la rama del ordenamiento jurídico a la que corresponden, dadas sus características. El mal llamado cuentapropismo ha dado nacimiento a mipymes, las cuales van a seguir creciendo y perfeccionando en la medida en que demuestren eficiencia, eficacia, productividad; mientras, poco a poco, van destruyendo dogmas sobre su valía dentro de la construcción del socialismo. En paralelo, se irá imponiendo la lógica de considerarlas instituciones propias del derecho mercantil, que tienen trascendencia, por su composición y funcionamiento, para otras ramas, como el derecho laboral, el tributario, el administrativo e incluso el constitucional.
Aunque se han favorecido las cooperativas frente a las mipymes (Del Castillo et al., 2013: 53) concediéndoles, por ejemplo, privilegios tributarios, no es esa la vía más eficaz para mantener a las segundas dentro de los límites «permisibles» del socialismo, al menos en el orden jurídico. La mejor manera, a nuestro juicio, es reconocer a cada sujeto económico como lo que es, para que pueda establecerse convenientemente en la sociedad. Además, debe valorarse que una buena parte de nuestras cooperativas, fuera del sector agropecuario, pueden estar operando internamente como pymes, pues en su funcionamiento algunas no se diferencian de estas, más allá de los principios legales que informan su regulación.[5]
Como se ha podido apreciar, se requiere un replanteamiento, desde lo económico, político y jurídico, del llamado cuentapropismo. Algunos consideramos este término como un eufemismo político y legal, que no permite reconocer algo que en Cuba se viene desarrollando desde hace ya varios años ¿Acaso trabaja por cuenta propia quien contrata un determinado número de personas que trabajan para él? Los fundamentos de la microeconomía y el derecho mercantil indican que no. En enero de 2016 más de 114 000 personas en Cuba tenían licencias de trabajadores contratados; es decir, laboraban como empleados de otros (Peña, 2016). Al cierre de ese mismo año, el sector privado abarcaba 522 855 trabajadores, tanto propietarios como empleados, un aumento de 24 000 personas (Pineda, 2017), de los cuales la mayoría debe haberse incorporado en condición de asalariados.
Lo preocupante en relación con las mipymes es que casi siempre lo que no se llama y se trata por lo que realmente es genera violaciones a los derechos individuales. En el campo jurídico existen pocas cosas más peligrosas que la tergiversación de los conceptos y de las instituciones. En definitiva, ya hemos aceptado que la pequeña y mediana propiedad privada no es incompatible con el proceso de construcción del socialismo.
Debido a que son piezas importantes en la economía, las mipymes tienen mucho para ofrecer en el presente y el futuro de nuestro país, en cuanto a desarrollo productivo, generación de empleos, contribución fiscal, etc. Debemos construir una visión política, económica y jurídica respecto a esta temática, que permita mejorar el papel de los agentes económicos internos no estatales, y pensar en la economía nacional como un todo. La reforma constitucional por venir, la cual pondrá especial énfasis en el sistema económico, puede ser crucial para rectificar concepciones sobre esta problemática.
Para concluir, solo una observación: las modalidades de propiedad privada deben ser atendidas con sumo cuidado, puesto que su desarrollo no está ni estará exento de manejos políticos. Su consolidación puede generar una comunidad de individuos con intereses propios, que pudieran llegar a ser contrarios a los de la sociedad en su conjunto. De cualquier modo, lejos de ser un obstáculo para reconocer, tutelar y promover las mipymes, esto debe ser un incentivo para su correcta conceptualización jurídica y su eficaz inserción en nuestra economía, y para dar por terminados los vaivenes que pueden poner en tela de juicio la credibilidad política de quienes las promueven.
[1] Hasta noviembre de 2018, esta disposición normativa no ha entrado en vigor, ni se han divulgado más detalles sobre ella.
[2]. Este término será utilizado aquí en alusión a los titulares de licencias para el ejercicio de actividades por cuenta propia. En el caso de los trabajadores contratados por estos, nos referiremos a ellos como empleados.
[3]. Estas son el Decreto Ley 306/2012, que establece el régimen especial de seguridad social; el Decreto 309/2012, contentivo del reglamento del Decreto Ley 305/2012; la Resolución 570/2012, del Ministerio de Economía y Planificación, que aprueba y pone en vigor el procedimiento de licitación, entre otras.
[4] Aunque por tradición se ha distinguido entre empresario mercantil y civil, esta diferenciación ha ido cediendo ante los recientes códigos de actividades mercantiles que hasta hace algún tiempo se consideraron propias de empresarios civiles. Es el caso de las agrícolas, cooperativistas o mutualistas (Cañizares, 2012: 141).
[5]. Estos principios son voluntariedad; cooperación y ayuda mutua; responsabilidad social, contribución al desarrollo planificado de la economía y al bienestar de los socios y familiares; autonomía y sustentabilidad económica; disciplina cooperativista; decisión colectiva e igualdad de derechos de los socios; y colaboración con otras cooperativas y empresas. Ellos conforman los patrones y las pautas por las que se regirán las cooperativas (La O, 2014: 7).
Broseta, M. (1991) Manual de derecho mercantil. Madrid: Tecnos S. A.
Cañizares, D. F. (2012) Derecho comercial. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
Castro Ruz, R. (2010) «Discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la clausura del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, el 18 de diciembre de 2010, “Año 52 de la Revolución”». Versiones Taquigráficas-Consejo de Estado. Disponible en <http://cort.as/--vGn> [consulta: 3 enero 2018].
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References: Resolución 
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 Artículo 14
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