Source: http://www.contratossectorpublico.es/2015/01/tribunales-administrativos-de-recursos.html
Timestamp: 2019-01-20 06:10:50+00:00

Document:
Contratación Pública en España: TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS CONTRACTUALES: CUESTIONES PREJUDICIALES: TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS CONTRACTUALES: CUESTIONES PREJUDICIALES: TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
Ejecución de las resoluciones de los Tribunales Administrativos en materia de contratación
El artículo 19.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará “con carácter prejudicial, a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales, sobre la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones;”
El artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que “Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.”
Tenemos, pues, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aceptado que los tribunales administrativos y órganos en materia de contratación pública, y en este caso concreto el Tribunal Catalán de Contratos del sector Público, tienen la calificación de órganos jurisdiccionales de acuerdo con la normativa comunitaria. Es decir, tienen origen legal, tienen carácter de permanentes, aplican un procedimiento contradictorio aplicando las normas jurídicas y son independientes (Asunto C- 54/96 Dorsch Consult).
En mi opinión, vienen a resaltar la naturaleza de “cuasi jurisdiccionales” que tienen estos órganos, y que las instituciones europeas, y el resto de organizaciones internacionales, reconocen a sus tribunales administrativos. Y más en este caso cuando estos tribunales administrativos han sido creados a instancias de la propia Unión Europea mediante la Directiva 66/2007.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial: a) sobre la interpretación de los Tratados; b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión; Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.
Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal. Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará con la mayor brevedad.” (Artículo 267 TFUE)(Antiguo artículo 234 TCE)
Y esto es importante, pues se les atribuye una carta de naturaleza por parte del Tribunal de la Unión, que conlleva que estos tribunales administrativos y órganos de resolución de contratos públicos tengan unas características singulares dentro de la Administración Pública. Y en especial en lo referido a la ejecución de sus resoluciones. Una de las cuestiones sobre las que se tendrá que reflexionar en un futuro a la luz de las todavía escasas sentencias y autos de los Tribunales de Justicia que abordan, aunque sea de manera tangencial, el asunto.
La recentísima Sentencia del Tribunal Supremo en el recurso de casación Núm.: 3014/2013 fundamenta que:…
Contratación pública y la reforzada figura de los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales tras la sentencia del 1 de octubre 2014
El Tribunal Supremo en la citada sentencia además de dicho refuerzo, establece la prioridad del control de legalidad inmediato de las adjudicaciones, favoreciendo de esta manera la impugnación de supuestas irregularidades por parte de las empresas que pudieran considerarse perjudicadas o discriminadas.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 2007/66/CE sobre recursos en materia de contratación pública y urgido por la Comisión Europea, el legislador introdujo en nuestro Derecho, mediante Ley 34/2010, un recurso especial en materia de contratación pública, hoy regulado en los artículos 40 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La finalidad de este nuevo recurso es proporcionar un medio eficaz y ágil de impugnación de los actos de preparación y adjudicación de los contratos públicos a las empresas o licitadores que se consideren ilegalmente perjudicados por las decisiones que adopte al respecto la Administración o entidad contratante. La peculiaridad de ese recurso es que se interpone y se resuelve, en principio, antes de la firma del contrato adjudicado, de manera que puedan evitarse con ello los hechos consumados de ejecución de un contrato cuya adjudicación pudiera ser ilegal. Por eso el recurso se tramita en un plazo muy breve –de semanas, en la práctica- y, si se dirige contra un acto de adjudicación, tiene carácter suspensivo automático de dicho acto.
La Directiva mencionada permite atribuir la resolución de tales recursos a un órgano judicial o a una autoridad administrativa independiente. En su virtud, nuestro legislador optó por la segunda fórmula, creando unos llamados Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, que existen en la Administración del Estado y de algunas Comunidades Autónomas (en las demás, conoce del recurso el Tribunal estatal), órganos compuestos de funcionarios especializados, que deciden con plena autonomía funcional. Como las resoluciones que dictan esos órganos “independientes” son actos administrativos, pueden ser recurridas ante los Tribunales de Justicia, que tienen la última palabra. Pero para que resuelvan los eventuales recursos contenciosos ha de tramitarse el procedimiento judicial correspondiente, que es largo y normalmente se resuelve años después de iniciarse. También se puede pedir entre tanto la suspensión cautelar de la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que se impugne en la vía judicial, hasta que recaiga sentencia sobre el fondo del asunto. Pero si se suspenden en esta vía judicial las resoluciones de aquellos Tribunales Administrativos puede quedar sin efecto real la justicia “ágil y rápida” que se pretende con la regulación de los referidos recursos contractuales especiales.
A este dilema se enfrenta una reciente y reseñable sentencia del Tribunal Supremo, la Sentencia de su Sala Tercera, Sección 7ª, de 1 de octubre de 2014 (rec. 3014/2013), dictada en un asunto de gran importancia económica y política.

References: artículo 19
 artículo 267
 artículo 234
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