Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1349
Timestamp: 2018-05-24 12:06:55+00:00

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Decreto 656 de 1994 Nivel Nacional
Por el cual se establece el régimen jurídico y financiero de las sociedades que administren fondos de pensiones
en uso de las facultades extraordinarias que le confiere el numeral 8 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993,
Artículo 1º.- Los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad serán administrados por las sociedades administradoras de fondos de pensiones y por las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía, cuya creación fue autorizada por la Ley 100 de 1993 y la Ley 50 de 1990, respectivamente.
Artículo 2º.- Toda persona que tenga capacidad de acuerdo con la ley para invertir en el capital de personas jurídicas podrá participar en la constitución de una sociedad administradora de fondos de pensiones, y podrá invertir en el capital social de administradoras en funcionamiento, obteniendo para el efecto las autorizaciones que se requieran conforme al régimen de inversión en instituciones financieras.
Parágrafo.- La promoción de la creación de sociedades administradoras de fondos de pensiones se regirá por lo previsto en los artículos 140 y 141 del Código de Comercio.
Artículo 3º.- Los establecimientos de crédito y las compañías aseguradoras podrán participar, en cualquier proporción, en el capital de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía dando cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto orgánico del sistema financiero en materia de inversiones en sociedades de servicios financieros.
Parágrafo.- La participación conjunta de varias entidades financieras o aseguradoras en el capital de una sociedad administradora no dará lugar a que por ese solo hecho se consideren vinculadas entre sí dichas entidades para efectos de lo dispuesto en el estatuto orgánico del sistema financiero.
Artículo 4º.- En su calidad de administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad, las administradoras son instituciones de carácter previsional y, como tales, se encuentran obligadas a prestar en forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a dicha calidad. Por lo tanto, serán responsables de los perjuicios que por su culpa leve se puedan ocasionar a los afiliados.
Artículo 5º.- En adición a los requisitos contenidos en el estatuto orgánico del sistema financiero para las sociedades de servicios financieros, las sociedades administradoras de fondos de pensiones deberán cumplir en todo tiempo los siguientes requisitos especiales:
El capital mínimo que deberá acreditarse para la obtención del certificado de autorización será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del capital exigido para la constitución de una corporación financiera. Dicha suma será el patrimonio mínimo que deberán mantener las sociedades;
Parágrafo 1º.- El trámite de constitución de las sociedades administradoras de fondos de pensiones será el establecido de manera general en el estatuto orgánico del sistema financiero.
Parágrafo 2º.- El capital que respalde la administración de fondos de pensiones no podrá ser superior a diez (10) veces el monto mínimo establecido en el literal a) del presente artículo, salvo cuando así lo determine de manera expresa el Gobierno Nacional, atendiendo a la evolución del negocio.
Artículo 6º.- Los requisitos establecidos en el artículo anterior se aplicarán igualmente respecto de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía que pretendan administrar fondos de pensiones, para efectos de obtener la autorización que para el desarrollo de esta función debe otorgar la Superintendencia Bancaria.
Artículo 7º.- Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías que se constituyan con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y que deseen administrar un fondo de pensiones deberán acreditar un capital social mínimo equivalente a la sumatoria del capital a que hace referencia el literal a) del artículo 5 del presente Decreto y del capital mínimo exigido en su momento para la constitución de una sociedad de servicios financieros.
Artículo 8º.- Desde el momento de su constitución y por el término de cinco (5) años, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía deberán ofrecer públicamente por lo menos cada doce meses acciones para que las entidades del sector social solidario y los afiliados y pensionados del régimen de ahorro individual con solidaridad puedan llegar a suscribir mínimo un veinte por ciento (20%) de su capital social.
Parágrafo 1º.- Para facilitar la democratización de estas entidades, las sociedades que administren fondos de pensiones deberán inscribir sus acciones tanto en el registro nacional de valores y de intermediarios como en bolsa. Además, los estatutos de las sociedades no podrán contemplar derechos de preferencia para la suscripción de acciones.
Parágrafo 2º.- La obligación de democratización de que trata el presente artículo no es aplicable respecto de administradoras pertenecientes al sector solidario siempre que sus estatutos contemplen mecanismos que impidan la concentración en la participación en el capital social.
Parágrafo 3º.- Será ineficaz todo pacto que tienda a restringir el ejercicio de los derechos inherentes a las acciones que se coloquen en virtud de la democratización. Así mismo, cualquier pacto de retroventa de las mismas.
Parágrafo 4º.- A partir de la vigencia del presente decreto, el artículo 89 del estatuto orgánico del sistema financiero no será aplicable a las entidades que administren los fondos de pensiones a que se refiere la Ley 100 de 1993.
Artículo 9º.- Las sociedades que administren fondos de pensiones deberán mantener niveles adecuados de patrimonio, de acuerdo con los distintos riesgos asociados a su actividad.
Artículo 10º.- La dirección y administración de las sociedades administradoras de fondos de pensiones se sujetará a las disposiciones generales contenidas sobre el particular en el estatuto orgánico del sistema financiero. No obstante, en las juntas directivas de estas entidades tendrán asiento, con voz pero sin voto, dos (2) representantes de los afiliados, elegidos por ellos mismos, quienes junto con el revisor fiscal deberán velar por los intereses de los afiliados.
Artículo 11º.- Los fondos de pensiones contarán con un revisor fiscal, elegido por los afiliados y accionistas para lo cual unos y otros tendrán derecho de voto en proporción a su participación en el patrimonio de la sociedad y en el fondo, de conformidad con lo que al efecto determine el reglamento. El revisor fiscal que se elija podrá ser a la vez revisor fiscal de la correspondiente sociedad administradora.
Artículo 12º.- Los administradores y representantes legales de las sociedades que administren fondos de pensiones estarán sometidos a las siguientes prohibiciones:
No podrán ser directores, administradores, representantes legales o empleados de otra sociedad que administre fondos de pensiones, ni de entidades que sean directa o indirectamente accionistas o aportantes de capital de otra sociedad que administre fondos de pensiones;
Parágrafoº.- Las inhabilidades e incompatibilidades de que trata el presente artículo serán igualmente aplicables respecto de los empleados de las sociedades que administren fondos de pensiones y que, en razón de su cargo o posición, les corresponda participar o participen en la toma de decisiones de inversión.
Artículo 13º.- Las sociedades que administren fondos de pensiones, sus directores, administradores y representantes legales deberán abstenerse en general de realizar cualquier operación que pueda dar lugar a conflictos de interés entre ellas o sus accionistas o vinculados y el fondo que administran, y adoptarán las medidas necesarias para evitar que tales conflictos se presenten en la práctica.
Artículo 14º.- Las sociedades administradoras de fondos de pensiones tendrán, entre otras, las siguientes obligaciones:
Mantener los activos y pasivos de los fondos que administren separados entre sí y de los demás activos de su propiedad. Igualmente, conservar actualizada y en orden la información y documentación relativa a las operaciones de los fondos y a los afiliados;
d) Modificado por el art. 55, Ley 1328 de 2009. Invertir los recursos del sistema en las condiciones y con sujeción a los límites que para el efecto establezca el gobierno a través de la Superintendencia Bancaria, previo concepto, que no será vinculante, de una comisión del Consejo Nacional Laboral o el organismo que haga sus veces;
Las demás que señalen las disposiciones legales.
Artículo 15º.- Todo fondo de pensiones deberá tener un plan de pensiones y un reglamento de funcionamiento aprobados de manera previa e individual por la Superintendencia Bancaria. El reglamento debe contener, a lo menos, las siguientes previsiones:
Los derechos y deberes de los afiliados y de la administradora;
Parágrafo.- Las modificaciones a los reglamentos de los fondos de pensiones deberán ser igualmente aprobadas de manera previa por la Superintendencia Bancaria.
Parágrafo Transitorio.- A las personas que se vinculen a un fondo de pensiones durante los dos primeros meses de funcionamiento del mismo, el texto del reglamento podrá serles entregado a más tardar al vencimiento de dicho término.
Artículo 16º.- En el caso en el cual la rentabilidad de un fondo de pensiones fuere inferior a la rentabilidad mínima que determine el Gobierno Nacional, tal diferencia deberá ser cubierta por la administradora en un plazo no mayor a cinco (5) días comunes, afectando primeramente la denominada reserva de estabilización de rendimientos establecida por el Gobierno Nacional y, si ésta no fuere suficiente, con la parte restante de su patrimonio.
Artículo 17º.- Las sociedades administradoras deberán obtener y mantener actualizada toda la información previsional de los afiliados, de tal forma que estén en capacidad de determinar con precisión el momento en el cual cada uno de ellos cumple los requisitos para acceder a una pensión por vejez.
Artículo 18º.- Las administradoras deberán avisar a sus afiliados, con una antelación no inferior a tres (3) meses, el momento en el cual se cumplirán los requisitos para acceder a la garantía estatal de pensión mínima, mencionando las modalidades de pensión establecidas por la ley, junto con una descripción suficiente de cada una de ellas.
Parágrafo.- Los informes sobre modalidades de pensión que suministren las administradoras a los afiliados deberán contener los datos necesarios y suficientes sobre las alternativas existentes, de tal forma que permitan a los afiliados tomar decisiones que consulten sus mejores intereses.
Artículo 19º.- El Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso puedan exceder de cuatro (4) meses.
Artículo 20º.- Reglamentado parcialmente Decreto Nacional 13 de 2001 Corresponde a las sociedades que administren fondos de pensiones adelantar, por cuenta del afiliado pero sin ningún costo para éste, las acciones y procesos de solicitud de emisión de bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos para su exigibilidad.
Artículo 21º.- Las administradoras que incumplan el plazo establecido para pronunciarse respecto de una solicitud de pensión deberán pagar, con cargo a la respectiva cuenta individual de ahorro, una pensión provisional en favor del afiliado, calculada tomando en consideración los mismos criterios establecidos para la determinación de la mesada pensional a través de retiros programados. Esta pensión comenzará a reconocerse mensualmente a partir del día quince (15) hábil contado desde el vencimiento del plazo señalado para pronunciarse y deberá pagarse hasta el momento en el cual se efectúe el correspondiente pronunciamiento.
Parágrafo.- Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las demás sanciones personales e institucionales que puedan imponerse por el incumplimiento de las correspondientes obligaciones señaladas en el presente capítulo.
Artículo 22º.- En aquellos casos en los cuales se demuestre responsabilidad de la administradora en el retardo en pronunciarse respecto de una solicitud de pensión, la Superintendencia Bancaria ordenará el reembolso de las respectivas cuentas con cargo a los recursos de la entidad responsable.
Artículo 23º.- Las entidades que administren fondos de pensiones deberán contar con los mecanismos que les permitan determinar en forma permanente la mora o incumplimiento por parte de los empleadores en el pago oportuno de las cotizaciones, de tal forma que puedan adelantar oportunamente las acciones de cobro de las sumas pertinentes.
Artículo 24º.- Las entidades que administren fondos de pensiones deberán contestar, dentro de los plazos y condiciones que establezca la Superintendencia Bancaria, todas las consultas, solicitudes y quejas que les sean presentadas.
Artículo 25º.- En la realización de las operaciones con recursos de los fondos de pensiones las sociedades que los administren se abstendrán de:
Adquirir compromisos sujetos a plazo o condición, salvo autorización expresa, de carácter general y dentro de las modalidades y condiciones que autorice el Gobierno Nacional;
b) Modificado por el art. 56, Ley 1328 de 2009. Conceder créditos a cualquier título con recursos correspondientes a cualquiera de los fondos que administren, con excepción de las operaciones de reporto activo que podrán efectuarse en las condiciones que al efecto autorice la Superintendencia Bancaria;
Modificado por el art. 56, Ley 1328 de 2009. Celebrar con los activos de los fondos operaciones de reporto pasivo en una cuantía superior a la que establezca la Superintendencia Bancaria y para fines diferentes de los que permita dicho organismo;
Modificado por el art. 56, Ley 1328 de 2009. Realizar operaciones entre los fondos que administran.
Artículo 26º.- Las sociedades que administren fondos de pensiones, por decisión de su junta directiva y previa autorización de la Superintendencia Bancaria, podrán ceder los fondos por ellas administrados a otra entidad de igual naturaleza, en los términos señalados en los artículos siguientes.
Artículo 27º.- Tanto la Superintendencia Bancaria como el fondo de garantías de instituciones financieras deberán tener en cuenta, al momento de aprobar la cesión de un fondo de pensiones o de determinar la entidad cesionaria del mismo, que con la cesión la sociedad administradora cesionaria no se coloque en capacidad de mantener o determinar precios inequitativos, limitar servicios o impedir, restringir o falsear la libre competencia en el mercado, sin que se adopten las medidas necesarias para prevenirlo.
Artículo 28º.- El fondo de pensiones cedido de conformidad con lo previsto en el artículo anterior será recibido como fondo independiente de los administrados por la sociedad cesionaria, salvo que las reglas aplicables sean compatibles con las de otro fondo administrado por esta última, caso en el cual el fondo cedido podrá incorporarse a éste.
Artículo 29º.- La cesión de un fondo de pensiones será informada por la sociedad cedente que lo administre a todos sus afiliados, mediante la publicación, en un diario de amplia circulación nacional, de un aviso en el cual se indique, a lo menos, la sociedad a la cual se efectuará la cesión, la fecha prevista para la misma y la fecha de la orden impartida por la Superintendencia Bancaria, cuando sea del caso.
Artículo 30º.- Las personas afiliadas al fondo de pensiones objeto de cesión no podrán oponerse a la medida. Lo anterior sin perjuicio de su facultad de solicitar el traslado del valor de sus unidades a otro fondo de pensiones, tan pronto se haya efectuado la cesión. Los traslados que se soliciten dentro del mes siguiente a la publicación del último aviso de cesión no serán tomados en consideración para efectos de dar aplicación a los plazos mínimos de traslado autorizados por la ley. En tal caso, los plazos mínimos para solicitar traslados entre regímenes o entre administradoras se seguirán contando a partir del último traslado anterior a la cesión.
Artículo 31º.- En aquellos casos en los cuales, en virtud de una cesión de un fondo de pensiones, pudiera excederse el margen de solvencia de la entidad cesionaria o resultare insuficiente el monto de la reserva de estabilización de rendimientos, ésta acordará inmediatamente con la Superintendencia Bancaria un programa de ajuste a dicho margen.
Artículo 32º.- La cesión voluntaria de fondos de pensiones de que tratan los artículos anteriores deberá efectuarse, previa aprobación de la Superintendencia Bancaria, en los términos y condiciones que ésta establezca.
Artículo 33º.- Toda publicidad o promoción de las actividades de las administradoras deberá sujetarse a las normas que sobre el particular determine la Superintendencia Bancaria, en orden a que se ajuste a las normas generales sobre la materia.
Artículo 34º.- Las administradoras de fondos de pensiones sólo podrán ofrecer beneficios o incentivos ciertos. En especial, no podrán estar sujetos a condición potestativa de quien otorga el beneficio.
Parágrafo.- En ningún caso los beneficios o incentivos ofrecidos podrán consistir en el otorgamiento, directo o indirecto, de créditos por parte de instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria.
Artículo 35º.- Las sociedades administradoras de fondos de pensiones se regirán por las disposiciones especiales de la Ley 100 de 1993 y el presente Decreto y, en lo no previsto en ellos y en su orden, por las normas aplicables a las sociedades de servicios financieros y a las instituciones financieras.
Artículo 36º.- Continuarán vigentes las disposiciones que regulan la actividad de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía en todo lo que no pugne con el presente Decreto.
Artículo 37º.- Cuando el superintendente bancario tome posesión de los bienes, haberes y negocios de una sociedad administradora de fondos de pensiones, corresponderá al fondo de garantías de instituciones financieras iniciar la correspondiente liquidación de la entidad. Para tal efecto se seguirán las normas de liquidación aplicables a las demás instituciones financieras. Los créditos que llegaren a existir a favor del fondo de garantías de instituciones financieras se pagarán por fuera de la masa de la liquidación, conforme al artículo 18 de la Ley 117 de 1985.
Artículo 38º.- Las sociedades que administren pensiones podrán celebrar contratos con las instituciones financieras y con las otras entidades que señale el Gobierno Nacional, con cargo a sus propios recursos, con el objeto de que éstas se encarguen de las operaciones de recaudo, pago y transferencia de los recursos manejados por aquellas, en las condiciones que determine la Superintendencia Bancaria, con el fin de que dichas operaciones puedan ser realizadas en todo el territorio nacional. También podrá ser objeto de tales contratos la labor de promoción y ventas de las operaciones autorizadas a aquellas. Las sociedades administradoras serán responsables de la capacitación de las personas que en virtud de estos contratos promuevan sus servicios.
Artículo 39º.- Constituyen ingresos de las sociedades que administren fondos de pensiones las comisiones de administración a que tienen derecho. En todo caso, las comisiones de administración sólo se podrán cobrar por los siguientes conceptos:
Comisión de administración sobre los aportes obligatorios;
Comisión por la administración de pensiones bajo la modalidad de retiro programado, y
Parágrafo.- Los montos máximos y las condiciones de las comisiones serán fijados por la Superintendencia Bancaria. No obstante, corresponde al gobierno reglamentar las comisiones de administración por el manejo de las cotizaciones voluntarias.
Artículo 40º.- En el caso en el cual la sumatoria de las primas de los seguros, la prima del fondo de garantías de instituciones financieras y las comisiones de administración sea inferior al 3.5% de las cotizaciones obligatorias, la diferencia deberá abonarse en las cuentas individuales de ahorro pensional de los afiliados.
Artículo 41º.- Por los defectos en que incurran las sociedades que administren fondos de pensiones respecto de la relación máxima del patrimonio técnico a valor de los activos de los fondos administrados, señalada por la Superintendencia Bancaria, este organismo impondrá una multa a favor del fondo de solidaridad pensional por el equivalente al tres punto cinco por ciento (3.5%) del defecto patrimonial que presenten mensualmente, sin exceder, respecto de cada incumplimiento, del uno punto cinco por ciento (1.5%) del patrimonio total que se hubiere requerido para dar cumplimiento a dicha relación.
Artículo 42º.- Cuando el monto correspondiente a la reserva de estabilización de rendimientos que deben mantener las sociedades que administren fondos de pensiones sea inferior al valor resultante de la aplicación del porcentaje mínimo establecido, la Superintendencia Bancaria impondrá una multa equivalente al tres punto cinco por ciento (3.5%) del valor del defecto mensual que presenten, en favor del fondo de solidaridad pensional.
Artículo 43º.- La Superintendencia Bancaria impondrá a las sociedades administradoras que no trasladen efectivamente los recursos equivalentes al defecto de que trata el artículo 16 del presente decreto multas en favor del fondo de solidaridad pensional hasta por un monto igual al diez por ciento (10%) mensual del valor del defecto. Igualmente y sin perjuicio de lo anterior, la sociedad administradora podrá ser objeto de toma de posesión por el incumplimiento de dicha obligación.
Artículo 44º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, la Superintendencia Bancaria podrá imponer las sanciones contempladas en el artículo 211 del estatuto orgánico del sistema financiero en relación con las conductas no previstas en los artículos anteriores. Así mismo, podrá imponer en todos los casos las sanciones previstas en el artículo 209 del mismo estatuto.
Artículo 45º.- Las entidades administradoras del sistema general de pensiones y las correspondientes entidades aseguradoras de vida deberán utilizar para los desarrollos propios de sus productos y de los cálculos actuariales que se deriven de los mismos y que deban efectuar respecto de su operación técnica, las siguientes tablas asociadas con los riesgos de vejez, invalidez y sobrevivencia, las cuales serán fijadas por la Superintendencia Bancaria:
De rentistas.
Artículo 46º.- Con base en el comportamiento estadístico del sistema general de pensiones, la Superintendencia Bancaria podrá periódicamente modificar la metodología, la presentación, los parámetros y, en general, cualquier aspecto propio del desarrollo de las tablas descritas, para que se garantice su permanente actualización en función del comportamiento de la población partícipe del sistema general de pensiones en el país.
Artículo 47º.- Las tablas que con carácter general adopte la Superintendencia Bancaria serán de obligatorio empleo para la integridad de la operación técnica y financiera de las entidades administradoras del sistema general de pensiones y de las correspondientes entidades aseguradoras de vida.
Artículo 48º.- El presente Decreto rige desde la fecha de su publicación.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 1994.
El Presidente de la República, CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO.

References: artículo 139

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Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 5

Artículo 8
 artículo 89

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37
 artículo 18

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43
 artículo 16

Artículo 44
 artículo 211
 artículo 209

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48