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Timestamp: 2018-12-13 19:01:48+00:00

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﻿ SENTENCIA T-355 DE MAYO 10 DE 2007
SENTENCIA T-355 DE 10 DE MAYO DE 2007
CONTENIDO:CONDICIONES PARA ACCEDER A LA REBAJA PUNITIVA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY 975 DE 2005. EL JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS PUEDE CONSTATAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y, OBRANDO EN CONSECUENCIA, TASAR EL BENEFICIO, PUDIÉNDOSE ENTONCES MOVER EN UNA ESCALA QUE VA DESDE NEGARLO, HASTA CONCEDERLO PARCIAL O TOTALMENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS, EJECUCIÓN DE LA PENA, DISMINUCIÓN DE LA PENA
Sentencia T-355 de mayo 10 de 2007
Sentencia T-355 de 2007
Ref.: expediente T-1531580
Acción de tutela instaurada por Dagoberto González Jaramillo contra el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja.
El accionante considera que el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de la misma ciudad, le han violado su derecho al debido proceso por cuanto se han negado a reconocer a su favor la reducción de la décima parte de la pena, prevista en el artículo 975 de 2005, con base en los siguientes hechos.
1. Manifiesta el accionante que mediante fallo proferido por el Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín, fue condenado por los delitos de homicidio agravado, tentativa agravada y otros, a una pena de prisión de 29 años, 4 meses y 10 días.
2. Argumenta que en varias ocasiones solicitó la disminución de la pena, invocando el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
3. El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, mediante Auto 0848 del 18 de agosto de 2005, negó la solicitud de redosificación punitiva, decisión que fue confirmada por Auto 067 del Tribunal Superior de Tunja, “expresando que yo pretendía demostrar mi insolvencia económica al remitir certificados de no posesión de bienes raíces, automotores y/o materiales como patrimonio personal”.
4. Alega que la actual política criminal del Estado estableció medios simbólicos de reparación de las víctimas, siendo obligación del juez acopiar la suficiente información que permita determinar si se está ante un mecanismo para evadir el pago de la indemnización.
El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja remitió un oficio oponiéndose a la petición de amparo, con base en los siguientes argumentos.
Explica que mediante Auto Interlocutorio 0848 del 18 de agosto de 2005, el Despacho negó por improcedente la diminuente de pena del 10% establecida en el artículo 70 de la Ley 975 de 2004 al convicto Dagoberto González Jaramillo. Dicho auto fue confirmado en apelación por la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, mediante Providencia 067 del 1º de noviembre del mismo año.
Ante una nueva solicitud del accionante, el Juzgado mediante Auto 0296 del 12 de abril de 2006 rechazó de plano la petición, disponiendo estarse a lo resuelto. Debido a que el interno interpuso extemporáneamente recurso de apelación contra esa última decisión, la autoridad accionada declaró desierto el recurso.
Argumenta que la petición de amparo no debe prosperar por cuanto las decisiones que le fueron adversas al accionante se apoyaron única y exclusivamente en el ámbito de la interpretación legal, lo cual se enmarca dentro de la autonomía funcional de los jueces, principio consagrado en el artículo 228 constitucional. Apoya su posición en una sentencia de tutela proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (rad. 26978), con ponencia del magistrado Julio Enrique Socha Salamanca.
Por último, sostiene que la Corte Constitucional, en Sentencia C-370 de 2006, declaró inexequible el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, argumentando vicios de procedimiento en su formación “debido a que no se tramitó el respectivo proyecto conforme a la Constitución Política y en especial a lo dispuesto en la Ley 5ª de 1992; en consecuencia, se le sugiere a esa superioridad no acceder al amparo constitucional, habida cuenta de la declaratoria de inexequibilidad, pues al presentarse ese fenómeno la norma desaparece del ordenamiento jurídico, culminando totalmente sus efectos”.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, por su parte, no se pronunció en relación con la acción interpuesta.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 10 de octubre de 2006, negó el amparo solicitado por las siguientes razones.
La acción de tutela es estrictamente residual y, por ende, no constituye mecanismo adicional, paralelo, alternativo o supletorio para atacar, impugnar o censurar los trámites ni las decisiones adoptadas por un órgano judicial.
Agrega que la interpretación ponderada del tribunal al resolver el asunto dentro del ámbito de su competencia, pertenece a su autonomía como administrador de justicia y no puede controvertirse su criterio mediante una acción de tutela.
Por último, en relación con el derecho a la igualdad, afirma que “para acceder a la protección de tal garantía es preciso como presupuesto que se advierta afinidad entre las situaciones fácticas que se comparan, para lo cual no basta con la referencia genérica que elabora el actor en el sentido de que en otros casos resueltos por distintos funcionarios judiciales se ha otorgado el beneficio, pues ello no corrobora necesariamente que su situación frente al otro evento se torne desventajosa, máxime cuando en este caso la negativa del juzgado a acceder al beneficio reclamado tuvo como fundamento que el sentenciado no reúne los requisitos que demanda la ley, lo cual permite inferir que ello obedeció a una circunstancia propia de su situación procesal”.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 24 de noviembre de 2006, confirmó la decisión del a quo por las siguientes razones.
La acción de tutela no puede dar lugar a reabrir asuntos ya decididos en procesos judiciales, ya que se desconocería el instituto de la cosa juzgada, además de los principios de la autonomía e independencia judiciales.
Aunado a lo anterior, no se vislumbra la presencia de una vía de hecho ya que la ley exige que el condenado haya cancelado los daños y perjuicios ocasionados por la infracción, lo que no sucedió en el presente caso.
Corresponde a la Sala en esta oportunidad determinar si procede la acción de tutela contra unas providencias judiciales mediante las cuales se le negó a un condenado la rebaja de pena del 10% de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
Para tales efectos, la Corte (i) reiterará su jurisprudencia sobre las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) analizará los efectos de la Sentencia C-370 de 2006 en relación con la rebaja de pena de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005; (iii) examinará las condiciones para acceder al beneficio; y (iv) resolverá el caso concreto.
3.Causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Evolución jurisprudencial. Reiteración.
Por último, cabe destacar que solo el desconocimiento de los precedentes sentados por la Sala Plena de esta corporación puede dar lugar a una nulidad de un fallo de tutela adoptado por una Sala de Revisión por la causal de cambio de jurisprudencia, tal como ha manifestado de manera reiterada esta corporación, de allí que, si bien la Sala Plena puede, excepcionalmente, por razones de justicia material y adecuación de sus fallos a los cambios históricos y sociales, modificar un precedente constitucional, tal decisión le está vedada a las Salas de Revisión (7) .
4. Efectos temporales de la Sentencia C-370 de 2006 en relación con la rebaja de pena de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
4.1. Examen de la Sentencia C-370 de 2006 en relación con el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
En acción pública de inconstitucionalidad, un grupo de ciudadanos acusaron los artículos 70 y 71 de la Ley 975 de 2005 de inconstitucionalidad por vicios de procedimiento en su formación, así como por vicios de fondo. En relación con el primer aspecto, expresaron los demandantes que las referidas normas correspondían a los artículos 61 y 64 del Proyecto de Ley 293 de 2005 Cámara y 211 de 2005 Senado, las cuales no habrían sido aprobadas en la sesión conjunta de las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes. Añadieron que esos artículos fueron objeto de un recurso de apelación ante la Plenaria del Senado de la República, la cual lo concedió y ordenó su traslado a la Comisión Segunda del Senado de la República, que finalmente los aprobó. A juicio de los actores este trámite violó el artículo 180 de la Ley 5ª de 1992 y, en consecuencia, también se desconoció el trámite previsto en la Constitución para los proyectos de ley. Examinado por la Corte el trámite que se le imprimió por el Congreso a los artículos 70 y 71 de la Ley 975 de 2005, y la acusación contra ellos planteada por vicios de procedimiento en su formación, “se encuentra que asiste razón a los demandantes para que se declare su inexequibilidad”. Lo anterior, por cuanto, en síntesis “con el trámite impartido a los artículos 70 y 71 de la Ley 975/05 se desconoció el principio de consecutividad, ya que como resultado de la indebida tramitación de la apelación presentada en el Senado ante la decisión de negarlos adoptada por las comisiones primeras constitucionales Permanentes, finalmente fueron remitidos a comisiones constitucionales que no eran competentes; y una vez aprobados por estas últimas sin tener competencia para hacerlo, fueron introducidos de manera irregular en el segundo debate ante la plenaria del Senado, como si hubiesen sido aprobados por las comisiones constitucionales facultadas para ello”.
Finalmente, la Corte no concederá efectos retroactivos a estas decisiones, como lo solicitaron los demandantes, según lo resumido en el apartado 3.1.5. de los antecedentes de esta sentencia. Por lo tanto, se aplican las reglas generales sobre efecto inmediato de las decisiones de la Corte Constitucional, de conformidad con su jurisprudencia (negrillas originales).
4.2. Examen sobre la postura asumida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en relación con los efectos temporales de la Sentencia C-370 de 2006.
Proferida la Sentencia C-370 de 2006, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, autoridad judicial en cuyo seno se discutieron intensamente diversas (10) tesis acerca de la validez del artículo 70 de la Ley 975 de 2005 (11) , esta decidió asumir una tesis según la cual, no obstante la declaratoria de inexequibilidad de la mencionada disposición legal, incluso hoy en día podría solicitarse dicho beneficio. En efecto, en sentencia del 10 de agosto de 2006 (M.P. Alfredo Gómez Quintero, proceso 25.705) la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sostuvo lo siguiente, en el caso de un juez que había sido condenado por el delito de prevaricato por acción:
“El mencionado artículo mediante Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006 de la Corte Constitucional fue declarado inexequible por vicios de procedimiento en su formación, lo cual no impedirá su aplicación para aquellos condenados que teniendo derecho a la rebaja de pena, siempre que cumplan con las exigencias requeridas por la ley, aún no lo hayan solicitado, comoquiera que los efectos del fallo de inexequibilidad fueron determinados hacia el futuro”.
4.3. Conclusiones de la Sala de Revisión, en consonancia con lo decidido por la Sala Plena de esta corporación.
5. Condiciones para acceder al beneficio de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
En otras palabras, la Corte Suprema de Justicia interpretó el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, en el sentido de que si bien el beneficio de rebaja del 10% de la pena era para condenados por delitos distintos a aquellos cometidos por los integrantes de los grupos armados, destinatarios de la ley de justicia y paz, además de aquellos condenados por ciertos crímenes (narcotráfico, lesa humanidad y aquellos contra la libertad, integridad y formación sexuales), también lo era que las condiciones para acceder al beneficio penal eran cumulativas, es decir, que ante el juez de ejecución de penas se debía probar la existencia de todos y cada uno de los requisitos señalados en la norma. De tal suerte que, para ser destinatario de la reducción de pena del 10% necesariamente debían concurrir todas las condiciones señaladas en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
— Solicitud de aplicación de la rebaja de pena (requisito de procedibilidad). La Sala de Revisión entiende que el condenado debe haber solicitado al respectivo juez competente para vigilar el cumplimiento de la pena, la rebaja del 10 % de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005. En efecto, una lectura integral de la norma en comento, indica que el beneficio no opera de manera automática, por cuanto la concesión del mismo dependerá de la constatación empírica, por parte del juez de ejecución de penas, de ciertos hechos (buena conducta del condenado), de compromisos asumidos por el destinatario de la rebaja (no repetición de actos delictivos), de sus acciones presentes o futuras (reparación a las víctimas) o de hechos verificables en el proceso por el cual fue condenado o incluso en otros procesos (colaboración con la justicia).
— Cooperación con la justicia. Este requisito consiste en el apoyo o colaboración efectivas que el condenado haya brindado a los fiscales o jueces durante las etapas de investigación o juzgamiento. En tal sentido, una interpretación de la norma legal, conforme con el derecho fundamental a la libertad individual, es decir, extensiva, conduce a sostener que tal colaboración puede haber sido realizada en el mismo proceso que se le adelantó al solicitante del beneficio, o en otro. De igual manera, resultan inaceptables interpretaciones en el sentido de negar el beneficio debido a que la persona no se sometió a institutos procesales tales como la sentencia anticipada o no se autoincriminó. Por el contrario, se debe entender que la persona colaboró con la justicia si, entre otros actos, estuvo prestó a atender los requerimientos de aquella, no evadió la acción de las autoridades, ayudó a desmantelar una organización criminal, aportó información oportuna para la investigación, etcétera. Así mismo, se debe interpretar que tal colaboración puede ser brindada, de igual manera, al momento de elevar la solicitud de rebaja de pena. Lo anterior por cuanto, en los términos del artículo 2º superior, tal ayuda puede resultar fundamental para que los órganos de investigación puedan resolver otros procesos penales en curso, cumpliéndose de esta forma con los fines estatales.
No obstante lo anterior, es preciso tomar en consideración que la Corte Constitucional ha considerado que, en materia de suspensión condicional de la ejecución de la pena, la indemnización a las víctimas no puede entenderse como que se “obligue a lo imposible al condenado, pues precisamente tiene en cuenta su incapacidad económica para determinar si está en imposibilidad de cumplir y acepta que existan causas que justifiquen no pagar la indemnización de perjuicios para acceder y gozar del beneficio” (12) . De allí que, interpretando el sentido del artículo 70 de la Ley 975 de 2005, en armonía con las jurisprudencias constitucional e internacional y de conformidad con el principio pro homine se tiene que, en cada caso concreto, el juez de ejecución de penas deberá examinar las posibilidades reales económicas que tiene el condenado para indemnizar pecuniariamente a sus víctimas, de acuerdo con las pruebas que acompañe el solicitante y aquellas que decrete de oficio; los compromisos que a futuro puede asumir en la materia; así como la viabilidad de llevar a cabo actos de reparación de contenido no económico. Lo anterior, en el entendido de que las víctimas no van a perder su derecho a obtener el pago de la totalidad de los perjuicios causados, en los términos de la sentencia condenatoria.
Examinados cada uno de los requisitos que debe cumplir el condenado para acceder al beneficio de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, pasa a analizar el problema jurídico de determinar si aquellos tienen un carácter concurrente o si, por el contrario, el juez debe estudiar en cada caso el cumplimiento de uno o varios de ellos, y consecuencia, tasar realmente el beneficio legal.
La Sala de Revisión considera que esta segunda interpretación es la conforme con la Constitución por cuanto se apoya en el principio de efecto útil de la norma jurídica y es respetuosa del derecho al debido proceso penal. En efecto, el segundo inciso del artículo 70 de la Ley 975 de 2005 prescribe que “Para la concesión y la tasación del beneficio, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en cuenta…”. De tal suerte que si el juez no pudiese verificar el grado de cumplimiento de cada uno de los requisitos, el vocablo “tasación” no tendría efecto jurídico alguno. A decir verdad, “tasar” significa medir, cuantificar y no simplemente reconocer o negar una petición. De tal suerte que si el juez de ejecución de penas omitió tasar la rebaja de pena de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, incurrió en un defecto procedimental, ya que no respetó las formas legales de cada juicio, procediendo en estos casos la acción de tutela.
El 18 de abril de 1997, el Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín condenó al señor Dagoberto González Jaramillo a la pena principal de 47 años de prisión, como coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, tentativa de hurto calificado y agravado. De igual manera, fue condenado a pagar, de manera solidaria, el equivalente en moneda colombiana a 3.800 gramos oro, por concepto de perjuicios materiales ocasionados por el homicidio. Igualmente, fue condenado, en forma solidaria, a pagar a favor de Martín Alonso Mira Álvarez el equivalente en moneda nacional a 200 gramos oro, por razón de la tentativa de homicidio.
El 28 de agosto de 2001, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, en aplicación del principio de favorabilidad, actualizó la pena impuesta, fijándola en 29 años, 4 meses y 10 días de prisión.
El Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, mediante Auto Interlocutorio 0848 del 18 de agosto de 2005, negó por improcedentes unas solicitudes de rebaja presentadas por el accionante, en los términos del artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
Al respecto, explica el Juzgado que se trata de una persona que cumple condena en vigencia de la Ley 975 de 2005, el fallo se encuentra ejecutoriado, y además se trata de delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas, “los cuales no fueron relacionados dentro del conjunto de conductas punibles que integran la excepción, vale decir, no se trata de una conducta de lesa humanidad”.
Agrega que le corresponde al juez de ejecución de penas verificar “la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos exigidos para la concesión y tasación del beneficio, de tal manera que si falta alguno de ellos no habrá lugar a su reconocimiento”. En tal sentido, estima el juez que el condenado viene observando una conducta que oscila entre buena y ejemplar. No obstante, en cuanto al cumplimiento de los demás requisitos señala lo siguiente:
“Respecto del compromiso de no volver a delinquir, se trata de una obligación que se impondría en el momento de concederle la libertad. En cuanto a la cooperación con la justicia, el sentenciado no se acogió al beneficio de la sentencia anticipada, es decir, que se evidencia una terminación anormal del proceso, anticipada (sic) ni prestó colaboración a (sic) las autoridades de cualquier orden para la eficacia de la administración de justicia. Finalmente, en lo atinente a las acciones de reparación a las víctimas, revisada la actuación procesal surtida con posterioridad al fallo condenatorio, no se observa que hubiese cancelado de manera solidaria, el equivalente en moneda nacional a 3.800 gramos oro, por concepto de perjuicios causados a los perjudicados con la comisión de la conducta punible de homicidio, ni de los 200 gramos oro, por razón de indemnización de perjuicios a la víctima de delito de tentativa de homicidio. Comoquiera que no se reúnan (sic) las exigencias para la concesión del beneficio no se procede a su tasación y consecuente reconocimiento. Por tanto, se negará por improcedente”.
La anterior providencia fue apelada por el condenado, alegando cumplir con los requisitos exigidos para ello, además de carecer actualmente de los recursos económicos suficientes para cumplir con el requisito de reparar a las víctimas.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, mediante Auto 067 del 1º de noviembre de 2005, decidió confirmar la providencia de primera instancia, por cuanto “se ha argumentado que de acuerdo con el artículo 1º (objeto de la ley) y al artículo 2º (ámbito de la ley, interpretación y aplicación normativa), el artículo 70 de la Ley 975 de 2.005 solo debe aplicarse para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, llámense guerrillas o autodefensas, obviamente a sus integrantes que hayan cometido delitos con ocasión de tales actividades ilícitas. Este argumento se conoce con el nombre de unidad de materia, lo que significa que con base en esa interpretación solo se aplicaría a los integrantes de esos grupos que hayan cometido delitos con ocasión de tales actividades”. A pesar de ello, el magistrado ponente sostiene que “en varias aclaraciones de voto a decisiones de mis compañeros de Sala he considerado tal argumento insuficiente para negar la aplicación del referido artículo 70”. Agrega que tal postura, incluso fue avalada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 18 de octubre de 2005, magistrado ponente Marina Pulido de Barón.
Pasa a continuación el tribunal a examinar el cumplimiento de cada uno de los requisitos mencionados en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005. Al respecto, se sostiene en la providencia lo siguiente en relación con la colaboración con la justicia:
“En el caso de autos Dagoberto González Jaramillo fue capturado desde el 3 de mayo de 1996, el mismo día en que los hechos ocurrieron, lo que significa que no concurrió voluntariamente al proceso. Sin embargo, ha ejercido dentro de él el derecho de defensa correspondiente, hasta culminarlo por la vía ordinaria, ya que no se sometió a sentencia anticipada. Por esta razón no podemos decir de ninguna manera que no haya colaborado con la justicia, pues con sus propias limitantes lo ha hecho para defenderse dentro del propio proceso.
Por otra parte, en lo atinente al requisito de indemnizar las víctimas, el a quo sostuvo que:
“Las acciones de reparación a las víctimas deben estar encaminadas al pago de los perjuicios ocasionados con la infracción. La sentencia judicial propende por restablecer los intereses de las víctimas cuando como consecuencia de la comisión de una conducta punible se condena al pago de los daños y perjuicios causados con la infracción. Por consiguiente resulta obvio que esa es la manera que previó el legislador para resarcir a las víctimas de las conductas punibles.
Tanto es así que las sentencias los concreta, cuando a ello hay lugar, y por eso la ley exige que se paguen los perjuicios ocasionados a las víctimas.
En el caso de autos se condenó al pago solidario de 3.800 gramos oro por concepto de perjuicios ocasionados por el homicidio en Paola Yaneth Quintero Valencia y 200 gramos oro por concepto de perjuicios causados con la conducta atentatoria de la vida de Martín Alonso Mira Álvarez, que no han sido cancelados.
Esta es una exigencia absoluta que hace el legislador, lo que significa que para hacerse acreedor a la rebaja del 10% se deben pagar los daños y perjuicios a que se condenó al responsable o responsables de la conducta punible como acción concreta de reparación a las víctimas.
Sin embargo, la Corte Constitucional al examinar las normas que exigen el pago de los daños y perjuicios ocasionados con la infracción para poder gozar de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, concluyó que tales normas no conllevan una condición inconstitucional “porque la condición de la reparación de daños no obliga a lo imposible al condenado, pues precisamente tiene en cuenta su incapacidad económica para determinar si está en imposibilidad de cumplir y acepta que existan causas que justifiquen no pagar la indemnización de perjuicios para acceder y gozar del beneficio”, lo que significa que una norma que no contemple tal condición sería inconstitucional, pues estaría efectuando una discriminación en razón de la pobreza, ya que serían acreedores a la rebaja de pena los que tengan recursos económicos para pagar la indemnización por daños y perjuicios y los que no tienen no lo serían.
Por eso la Sala estima que en cada caso hay que examinar la posibilidad que se tiene o no de cancelar los daños o perjuicios ocasionados por la infracción penal, porque cosa bien distinta es que no se quiera, o que no pueda pagarlos. Este aspecto debe ser también analizado de manera integral por le Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, quien debe acopiar la suficiente información con el propósito de determinar si se está en imposibilidad de sufragarlos o si por el contrario se trata de un mecanismo tendencioso para esquivar su pago.
Por esa razón, en criterio de la Sala, resulta insuficiente la manifestación huérfana de prueba que hace el condenado en el sentido de no tener capacidad para pagar la indemnización de perjuicios.
Por este aspecto encuentra la Sala que hay que negar la rebaja de pena que demanda el condenado, porque no se han cancelado los daños y perjuicios ocasionados con la infracción, por los que se condenó en las sentencias de primero y segundo grado y tampoco se ha demostrado que se esté en incapacidad de asumirlos”.
El día 15 de noviembre de 2005, el accionante elevó una nueva solicitud de rebaja de pena del 10% ante el Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, petición que fue negada mediante Auto Interlocutorio 0296del 12 de abril de 2006, por cuanto el asunto ya había sido decidido en providencia del 18 de agosto de 2005, confirmada por el Tribunal Superior el 1º de noviembre de 2005.
Debido a que el condenado interpuso recurso de apelación extemporáneo contra el mencionado auto, el Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, mediante auto del 4 de agosto de 2006 decidió declarar desierto el recurso.
Ahora bien, examinados los pronunciamientos del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja, en relación con la negativa de reconocer la rebaja de pena del 10% al accionante, estima la Sala de Revisión que se está ante una causal de procedencia de la acción de tutela, por las razones que pasan a explicarse.
Como se ha indicado, el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 debe ser entendido en el sentido de que el juez de ejecución de penas, con base en las pruebas aportadas por el condenado y aquellas que decrete de oficio, puede constatar el grado de cumplimiento de cada uno de los requisitos legales y, obrando en consecuencia, tasar el beneficio, pudiéndose entonces mover en una escala que va desde negarlo, hasta concederlo parcial o totalmente. Además, la decisión judicial, con todo, no hace tránsito a cosa juzgada material ya que si durante la vigencia del artículo la situación fáctica pudo haber cambiado, era posible volver a pronunciarse sobre la solicitud de rebaja de pena.
La Sala de Revisión consideró igualmente que esta interpretación de la disposición legal era conforme con la Constitución, por cuanto se apoya en el principio del efecto útil de la norma jurídica y es respetuosa del derecho al debido proceso penal. En efecto, el segundo inciso del artículo 70 de la Ley 975 de 2005 prescribe que “Para la concesión y la tasación del beneficio, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en cuenta…”. De tal suerte que si el juez no pudiese verificar el grado de cumplimiento de cada uno de los requisitos, el vocablo “tasación” no tendría efecto jurídico alguno. A decir verdad, “tasar” significa medir, cuantificar y no simplemente reconocer o negar una petición. De tal suerte que si el juez de ejecución de penas omitió tasar la rebaja de pena de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, incurrió en un defecto procedimental, ya que no respetó las formas legales de cada juicio, procediendo en estos casos la acción de tutela.
En el caso concreto, tanto el Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, como la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, partieron de la premisa según la cual el juzgador no debía tasar el beneficio sino simplemente reconocerlo o negarlo en su integridad, es decir, bastaba con constatar el incumplimiento de uno solo de los requisitos previstos en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 para negar la petición, así se cumpliesen total o parcialmente los demás. Tal interpretación, como se ha explicado, conduce a vulnerar el derecho fundamental al debido proceso penal, por cuanto el condenado tiene derecho a que el juez no simplemente reconozca o niegue el beneficio, sino a que efectivamente aquel le sea tasado, sirviéndose para ello en todas las pruebas que reposen en el expediente, bien sean aportadas por el peticionario o aquellas que para tales efectos hubiesen sido decretadas de oficio.
En este orden de ideas, la Sala revocará las sentencias de tutela proferidas por las Salas Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante las cuales se negó el amparo solicitado. Así mismo, se dejarán sin efectos jurídicos los autos del 18 de agosto de 2005 y 12 de abril de 2006 del Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, al igual que el auto del 1º de noviembre de 2005 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, providencias judiciales mediante las cuales se le negó al accionante el reconocimiento de la rebaja del 10% de la pena, en los términos del artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
1. REVOCAR las sentencias de tutela proferidas el 10 de octubre de 2006 y el 24 de noviembre del mismo año por las Salas Penal y Civil respectivamente de la Corte Suprema de Justicia, mediante las cuales se le negó al señor Dagoberto González Jaramillo el amparo solicitado. En su lugar, se TUTELA el derecho fundamental al debido proceso del accionante.
2. DEJAR SIN EFECTOS los autos del 18 de agosto de 2005 y 12 de abril de 2006 del Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, al igual que el auto del 1º de noviembre de 2005 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, providencias judiciales mediante las cuales se le negó al accionante el reconocimiento de la rebaja del 10% de la pena, en los términos del artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
3. ORDENAR al Juez 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja que proceda, dentro del término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, a resolver la solicitud de tasación y reconocimiento del beneficio penal de que trataba el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, conforme a las consideraciones de esta sentencia.
(10) Tal situación es puesta de manifiesto no solo en los numerosos salvamentos y aclaraciones de voto presentes en los fallos del 18 y 28 de octubre de 2005, sino incluso en el texto de la sentencia del 14 de diciembre de 2005 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Javier Zapata Ortiz, proceso 24.478, en la cual se afirma que “No obstante las consideraciones anteriores, conviene aclarar que un sector de la Sala encontró precisamente ostensible contradicción entre la norma superior y la legal, respecto del artículo 70 de la ley de justicia y paz, fundamentalmente por violación al principio de unidad de materia”.
(11) Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 18 de octubre de 2005, M.P. Marina Pulido de Barón, proceso 24.196. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 28 de octubre de 2005, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés, proceso 17.089.
(12) C-006 de 2003.

References: ARTÍCULO 70
 artículo 975
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 228
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 180
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 artículo 70
 artículo 2
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 artículo 1
 artículo 2
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