Source: http://cienciaguayana5.blogspot.com/2006/11/
Timestamp: 2017-07-28 04:39:01+00:00

Document:
Ciencia Guayana: noviembre 2006
Ministerio del Ambiente presentó ayer propuesta del plan de ordenamiento de la Reserva Forestal del Caura
El evento se llevó a cabo en el auditorio de la CVG con la participación de más de 70 representantes de organismos públicos, instituciones educativas locales y comunidades indígenas que habitan en la cuenca menos intervenida por el hombreCon la participación de más de 70 representantes de organismos públicos, instituciones educativas locales y comunidades indígenas, ayer se llevó a cabo el taller de consulta sobre la Propuesta del Plan de Ordenamiento y Reglamente de Uso de la Reserva Forestal del Caura, evento organizado por el Ministerio de Ambiente en el auditorio de la CVG. La apertura del mismo estuvo a cargo del director general de Planificación y Ordenación del Ambiente del Ministerio del Ambiente (Minamb), Sergio Rodríguez quien dio a conocer la importancia de la Cuenca del río Caura como área estratégica de conservación dejando entrever que desde el alto gobierno se estaría analizando la posibilidad de cambiar la figura jurídica de la Reserva Forestal del Caura por una más restrictiva “a fin de preservar el recurso agua para el país”. Posteriormente, la funcionaria del Minamb, Rosa García hizo la presentación de los avances del proyecto del plan de ordenamiento para luego dejar instaladas las cinco mesas de trabajo que discutirían, durante la tarde de ayer, los siguientes puntos: Monumentos Naturales, Parque Nacional Jaua Sarisariñama, Reserva Forestal Caura, Asuntos Indígenas y Área de Régimen Ordinario.USOS Y ZONAS PERMITIDAS La propuesta presentada por el Minamb identifica siete zonas de ordenamiento, a saber: zona de manejo forestal no maderable, zona de manejo forestal con limitaciones, zona de manejo especial forestal no maderable con comunidades indígenas, zona de protección forestal, zona de alta preservación, zona de manejo especial agroforestal y zona de recuperación. Asimismo, los usos permitidos para la Reserva Forestal del Caura se limitan al forestal, tradicional, eco turístico, servicios, científico y de seguridad y defensa; teniendo completamente prohibido los usos mineros, agrícola vegetal y animal, residencial-urbano, sustitución de bosque natural, aserraderos, captura de especies animales y extracción de especies vegetales y la instalación de infraestructura turística fuera del perímetro de los centros poblados.COMUNIDAD CON PESO ESPECÍFICO El titular de Planificación y Ordenación del Ambiente del Minamb, Sergio Rodríguez aclaró que el Gobierno Nacional espera concretar planteamientos que ya están en marcha, es decir “llevar a un nivel de detalle, planteamientos muy macros de la visión territorial nacional. Establecemos una gran área de conservación en la cual podemos desarrollar actividades que permitan por sobre todas las cosas, mejorar la calidad de vida de la gente, uno de los principales objetivos de este Gobierno y hacer un proceso incluyente”. Para el funcionario es fundamental ejercer la corresponsabilidad establecida en el artículo 326 de la Constitución de la República a fin de poder garantizar que este plan tenga viabilidad. Rodríguez explicó que el mismo debe ser apropiado por las comunidades, “de esa manera garantizamos que ellos se involucren en esto y uno de los elementos claves es que los organismos del Estado en su conjunto –por eso lo importante de esta reunión-, entiendan esa visión plasmada en el plan y formen parte de ello”. Añadió que actualmente están planificando todo el plan de vigilancia y control para la cuenca del Caura y en la misma estarán presentes las comunidades indígenas que habitan en la zona “y no un técnico de Ciudad Bolívar”. Según dio a conocer, el Minamb ha reforzado la oficina que tienen en Maripa con la incorporación de dos técnicos adicionales. A pesar de ser el Estado el que posee los mayores recursos para la ejecución de este plan de ordenamiento, Rodríguez insistió en que el mayor recurso es el potencial humano del país, “el Estado debe aportar los recursos para potenciar a las comunidades”. Al respecto, mencionó que para la elaboración de esta propuesta de plan de ordenamiento se llevaron a cabo más de 70 reuniones con las comunidades de la región del Caura lo que les permitió hacer un diagnóstico y sobre esa base, están ahora en el diseño de los planes de trabajo, en donde destacó la implementación de la Misión Árbol, los cursos de vigilantes voluntarios, un plan de atención a los indígenas, entre otros.VISIÓN CONSENSUADA De igual forma, Ricardo Aquino, secretario de Ambiente y Turismo de la Gobernación del estado Bolívar advirtió sobre la infraestructura técnica, operativa y legal que pueda resguardar a la cuenca del Caura. Una de las observaciones que le hace a la propuesta del plan presentado por el Minamb se refiere al reglamento de uso, porque considera que no sólo debe perfilarse la zonificación y la ordenación de los espacios sino también la compatibilidad de los usos permitidos según la propuesta presentada. Señala que la misma debe reglamentarse de una forma tal que permita un desarrollo con un paradigma de conservar produciendo. “Vemos que una de las prácticas más importante dentro del Caura es la actividad eco turística, pero debe ser un modelo de desarrollo sustentable porque si no lo es, se pudiera generar un turismo de masa que pudiera impactar los espacios y en consecuencia, si no hay un turismo responsable y no hay un estudio de capacidad de carga de cada una de esas áreas podríamos cometer un error en decretarlas como áreas aptas para el desarrollo eco turístico cuando en realidad podría ser mucho más riesgoso para la zona que lo que está en este momento”. Asimismo, considera que con el tema de la minería no metálica debe haber una visión mucho más consensuada de todos los órganos del Estado desde el nivel central, estadal y municipal. También le llama la atención entre otros aspectos: la ausencia de la visión de los municipios Cedeño y Sucre “la cual no está dentro de la propuesta de discusión del plan”, la representación de la población criolla de los municipios mencionados, la parte comercial y lo que podría ser el tema de vialidad “que pueda darle continuidad a todos esos procesos productivos y de desarrollo que se piensan consolidar en la reserva”.DERECHOS INDÍGENAS AUN POR RECONOCER Ramón Tomedes, representante del pueblo yekuana de la cuenca del Caura reveló que se encuentra “un poco decepcionado”, porque el Gobierno Nacional había dicho que estaba listo el reconocimiento de sus tierras ancestrales, el cual sería dado a conocer durante los actos conmemorativos del Día de la Resistencia Indígena, el pasado 12 de octubre. “Vamos a continuar nuestra lucha por eso hacemos presencia en estas instancias para que el Estado reconozca definitivamente nuestros derechos sobre el territorio del Caura y queremos continuar para que nuestra propuesta sea validada dentro del plan de ordenamiento del Caura”. Tomedes dejó claro que los 5 mil 200 habitantes que integran los pueblos yekuana y sanema de la cuenca del Caura son “los actores y guardianes” de estas tierras que aún hoy en día se mantienen prístinas “gracias al pueblo yekuana y sanema que han tenido incidencia como actores principales en la manera de conservación del Caura”.Presencia universitariaUna importante representación de investigadores de las universidades locales Uneg, Unexpo, UDO, Fundación La Salle y Universidad Bolivariana de Venezuela se hizo presente en la consulta sobre el plan de ordenamiento y reglamento de uso de la Reserva Forestal del Caura.Consideran que el anteproyecto, elaborado por el Ministerio del Ambiente, es una decisión “honesta y contundente” y con una clara voluntad política de preservar una de las regiones más prístinas del planeta. El anteproyecto señala que el aprovechamiento de los recursos naturales de esta inmensa región ubicada en los municipios Sucre y Cedeño del estado Bolívar será exclusivamente bajo el principio del desarrollo sustentable. Una decisión que para algunos investigadores locales es considerada “bien honesta y contundente” y con una clara voluntad política de preservar una de las regiones más prístinas del planeta.VOLUNTAD DE PRESERVACIÓN Luís Pérez Álvarez, director de Producción Piscícola de la Fundación La Salle, biólogo graduado en la Universidad de Oviedo, España en la especialidad de Zoología con más de 25 años dedicado a la investigación de la ecología de peces en la Cuenca del río Orinoco y a la dinámica del mercurio en embalses del estado Bolívar, considera que con este plan “el Minamb ha demostrado clara voluntad de que el Caura se preserve, sin ningún tipo de minería ni de explotación forestal”. A su juicio el anteproyecto no defiende “intereses actuales de tal o cual sector económico o políticamente poderoso”. Para Pérez Álvarez la visión del Minamb coincide con la suya propia en el sentido de que lo más conveniente para las generaciones futuras es que no se explote el Caura, “ni le pongamos carreteras, ni tendidos eléctricos, ni canalizaciones. Para conservarlo debe seguir siendo habitado únicamente por los indígenas bajo similares patrones de baja densidad poblacional y prácticas sostenibles”. No obstante, Pérez dejó claro durante su participación en el proceso de consulta a los organismos locales que uno de los factores fundamentales a considerar es el cumplimiento de la legislación vigente y el ordenamiento territorial, de aprobarse el anteproyecto presentado. “La sociedad venezolana en su conjunto debería apoyar las medidas protectoras, sin dejarse manipular por pequeños sectores que pretenden obtener un beneficio pasajero para ellos y para los que demandan oro y madera en el exterior, sin que les importe dejar destrozada la herencia de los venezolanos del mañana”. Al respecto, el investigador de la Fundación La Salle, advirtió sobre el tratamiento informativo que los medios de comunicación deben dar a estos asuntos ambientales por su marcada influencia en las posiciones que asuma la sociedad. “Si no se presenta el problema objetivamente, con todas sus complejidades, los televidentes o lectores estarán imposibilitados de formarse un criterio correcto. Personalmente en el conflicto minero Paragua-Caura he notado tendencia de la mayoría de los medios a resaltar la violación de los derechos de los mineros por algunos militares y a ignorar o menospreciar tanto la violación de los derechos indígenas por parte de algunos mineros, como las graves amenazas ambientales implícitas. Si El Diario de Guayana no censura esto que acabo de decir, estaría dando muestras de una posición decidida en favor de la sociedad en su conjunto, por encima de los intereses egoístas de sectores claramente minoritarios”.OBJECIONES Y ACIERTOS Pérez objeta el artículo 23 del anteproyecto referido al programa de evaluación del potencial minero en la Reserva Forestal del Caura por cuanto considera que ya no es necesaria más prospección minera y que más bien, “debería eliminarse la posibilidad de esa actividad”. Asimismo cree necesario aclarar bajo qué términos pueden seguir viviendo algunas comunidades indígenas dentro de los límites de los Monumentos Naturales. “Si se les prohíbe seguir con su práctica ancestral de cultivo en conucos se tendrían que ir de ahí. Si se les reconoce el derecho de seguir viviendo donde nacieron se les debe permitir el conuco, pero asegurando que la superficie cultivada no aumente y que se recuperen los conucos abandonados”. En tal sentido, el biólogo señaló que durante la consulta del anteproyecto, los representantes de la etnia yekuana reconocieron que sería “ecológicamente problemático un crecimiento demográfico importante que eleve la densidad de población en el Caura” y que por ende, “en su planificación contemplan revisar cada década esta variable para tomar decisiones más convenientes”.CONTRATO SIMBÓLICO A Luís Pérez Álvarez le gustaría imaginar para la Reserva Forestal del Caura una especie de contrato simbólico entre la humanidad del planeta, la sociedad venezolana y los pueblos indígenas del Caura “según el cual los indígenas sigan habitando esos espacios bajo unos patrones de uso que garanticen la conservación de la cuenca, su biodiversidad, sus paisajes, el secuestro de carbono, la disponibilidad de agua no contaminada y otros muchos beneficios. Venezuela tendrá una importante ventaja comparativa turística cuando en otros países ya no queden selvas vírgenes. Sin duda alguna las tres partes saldrán beneficiadas y nuestros nietos agradecerán que hoy hayamos resistido presiones”.PLAN COHERENTE Para Hernán Castellanos, biólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, con postgrado en Ciencias Biológicas en la Universidad Exeter de Inglaterra y miembro del Centro de Investigaciones Ecológicas de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, el plan presentado por el Minamb “fue un poco más coherente, particularmente porque consideraron al desarrollo sostenible, aunque con ciertos detalles que dejan a la reflexión”. Castellanos explica que los participantes se encontraron con dos escenarios: un taller de consulta para discutir los planes de ordenamiento y reglamento de uso y el análisis de dos aspectos sujetos a la discusión permanente para establecer un plan de ordenamiento de lo que el Minamb denomina Área de Régimen Ordinario y Asuntos Indígenas. “Obviamente, no entregaron papeles de trabajo para la discusión de estos dos aspectos, sino un mapa con zonas propuestas. Sin embargo, creo que fue fructífera la reunión, sobre estos dos aspectos”. El investigador de la Uneg dijo que una de las propuestas presentadas fue la de conformar una comisión permanente integrada por quienes participaron para la elaboración del plan de ordenamiento “y sugerimos decretar un área de amortiguamiento al sur de la Troncal 16 para usos múltiples, que permitiera minimizar los impactos sobre el límite norte de la reserva y dinamizar un enfoque de desarrollo sostenible en esa nueva área propuesta”. Algo que llamó la atención de los participantes fue la ausencia del aprovechamiento forestal en el anteproyecto del plan de ordenamiento del Caura con la participación de grandes empresas madereras y aserraderos, propiamente dicho. “Apenas hay un área, si se quiere pequeña al norte de la reserva. Vimos con asombro que fueron incorporados el Manejo Agroforestal, aspecto que hemos sugerido su incorporación en la Reserva Forestal y nos pareció muy bien”. A Castellanos le sorprendió que entre los participantes invitados no estuvieran presentes los madereros ni los mineros, en una clara evidencia de que el Minamb “no quiere la participación de grandes empresas madereras en el Caura por la forma que ellos han trabajo en las Reservas Forestales y no quieren minería en el Caura. Esa posible decisión me pareció bien honesta y contundente".
Así lo revela el informe “El Mundo Indígena 2006” dado a conocer recientemente por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, organismo con sede en Dinamarca. No obstante, reconoce el esfuerzo de la llamada “revolución bolivariana” por lograr el equilibrio y la justicia social El retrato de la situación de los pueblos indígenas en Venezuela realizado por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (Iwgia) reveló que para el año 2006 continuó observándose “la permanencia de la vulneración de importantes derechos sociales a los pueblos indígenas”. En su anuario “El Mundo Indígena 2006”, una de las publicaciones más conocidas de este organismo mundial que brinda un panorama de los eventos más importantes del acontecer indígena, país por país, dado a conocer recientemente, se explica que a pesar del esfuerzo llevado a cabo por el Gobierno de Venezuela por lograr el equilibrio y la justicia social, “la falta de adecuación de las “misiones” a las pautas culturales y al entorno indígena ha ocasionado efectos colaterales no deseados y la persistencia de violaciones a los derechos humanos”.El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (Iwgia), es una organización con 30 años de labor en pro de los pueblos aborígenes del mundo. El Iwgia desarrolla una serie de publicaciones, campañas mundiales y proyectos apoyando “a los pueblos indígenas en su lucha por mejorar sus condiciones de vida, desarrollar mejores relaciones con los estados nacionales de los cuales forman parte e influir sobre los factores económicos y sociales globales que afectan sus vidas”. Aunque su sede está en Copenhague, Dinamarca cuentan con una amplia red en varias partes del mundo. En la actualidad Iwgia apoya proyectos en gran escala en Perú, Bolivia y Botswana y otros menores en muchas otras partes del mundo. Por regla general, el Iwgia sólo avala proyectos donde las organizaciones indígenas están involucradas y donde resalten como objetivo general el apoyo a la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos humanos y territoriales y por su derecho a un desarrollo sostenible. “Un punto absolutamente central para la institución es el enfatizar la potenciación de las organizaciones indígenas y el apoyar su capacitación”.CAPÍTULO VENEZUELA Si bien en su anuario “El Mundo Indígena 2006”, el Iwgia detalla que hubo avances importantes en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas durante este año, también advierte sobre “la cantidad incontable de negaciones o violaciones a estos mismos derechos”. En el caso Venezuela el texto resalta como positivo la elección de cuatro diputados indígenas a la Asamblea Nacional, tres titulares y un suplente, así como la aprobación de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci) y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal normas consideradas como “de gran relevancia para los pueblos indígenas”. Sin embargo, consideran que “el tema relativo a la utilización de los recursos naturales para las actividades tradicionales no queda protegido ni se eliminan las sanciones correspondientes. La Procuraduría General de la República mostró, en este sentido, una postura conservadora tendiente a limitar derechos ya reconocidos en la Constitución”.¿Y LA EDUCACIÓN? El informe señala en cuanto al derecho a la educación que “Aún son muchas las debilidades de la educación en las comunidades indígenas. Ciertamente se han creado nuevos y modernos centros de estudios en zonas indígenas, con buenas infraestructuras e importantes avances técnicos. Sin embargo estas “escuelas bolivarianas” conviven con pequeñas escuelas comunitarias carentes de los medios más elementales para la práctica pedagógica”. Asimismo, objetan la incorporación del Programa Alimentario Escolar en las citadas escuelas bolivarianas, por estar ajenas a las pautas alimentarias indígenas, lo que a juicio de Iwgia “ha creado preocupantes distorsiones en el equilibrio socioeconómico de las mismas”. El informe reconoce el esfuerzo estatal en atender a los indígenas en materia educativa, en especial por las alianzas establecidas por el Gobierno con diversas instituciones educativas locales e internacionales, no obstante contrasta con la ausencia de personal capacitado. “En general, el nivel sigue siendo de bajísima calidad, y las carencias de materiales adecuados son sólo algunas de las causas de este problema. El Estado reconoce el derecho y la necesidad de adaptar la propuesta de “educación bolivariana” al caso de las comunidades indígenas. Para ello se están generando, desde el mismo ministerio y con la participación de diversos actores, las propuestas curriculares apropiadas para cada comunidad o pueblo indígena. Debe mencionarse que la gran dificultad para la implementación de los derechos guarda relación con el insuficiente personal nacional formado para semejante tarea”.CARENCIAS SANITARIAS El Informe señala que el derecho a la salud es el más vulnerado por las comunidades indígenas tal como lo reflejan “los altos indicadores de morbilidad y mortalidad”. Para Iwgia estos resultados “son fruto de las carencias que tiene el sistema sanitario en estas zonas. La escasez de dispensarios médicos, medicinas y profesionales de la salud no ha podido ser paliada con la implementación de la Misión Barrio Adentro, mediante la cual médicos cubanos brindan salud en barrios y sectores populares. Sin embargo, estos servicios no llegan hasta las comunidades indígenas, quedándose en muchos casos en las capitales de los municipios”. El documento de Iwgia refleja que para la población Yanomami el índice de mortalidad infantil en niños y niñas menores de tres años es superior al 50%, mientras que la situación de salud de las comunidades Warao del delta del Orinoco es considerada “especialmente grave”.PRÁCTICAS CONTRARIAS Contrario a lo que se pudiera pensar, el informe señala que en cuanto al derecho a la alimentación, la aplicación de la Misión Mercal y el desarrollo de programas de comedores comunitarios “origina efectos no deseables en comunidades tradicionalmente autosostenibles, ocasionando un debilitamiento de las prácticas agrícolas, de caza y pesca tradicionales”, lo que a su vez, según el informe, “choca con las políticas crediticias y los apoyos y concesiones gubernamentales a la elaboración de proyectos de desarrollo endógeno en las mismas comunidades, implementados por distintos organismos públicos”.FRUCTÍFERO AVANCE POLÍTICO En cuanto a la ocupación de los espacios políticos en las instituciones públicas, el informe califica el avance del movimiento indígena venezolano como “fructífero”, en especial en el estado Amazonas donde el movimiento denominado PUAMA, ganó por segundo período consecutivo dos de siete alcaldías y en la representación parlamentaria nacional. “Normalmente ocupan estos espacios los líderes con mayor formación y trayectoria en la relación con el mundo socio político criollo”. Insiste en la necesidad de seguir formando profesional y técnicamente a los líderes indígenas que deben asumir posiciones en las alcaldías y gobernaciones. En tal sentido, el Iwgia destaca la labor que viene realizando el Consejo Nacional Indio de Venezuela “en salvar esta brecha cultural a través de una escuela para el liderazgo indígena”.Derechos Indígenas: prioridad para el Gobierno de ChávezUna nota de prensa del Ministerio de Comunicación e Información del Gobierno Nacional, publicada el 12 de octubre de 2006 con motivo de los actos conmemorativos del Día de la Resistencia Indígena, señala que “en el proceso revolucionario de cambios que vive Venezuela desde 1999, se han puesto como prioridad los derechos indígenas, el reconocimiento de sus tradiciones y su organización comunitaria”. Citando palabras del presidente Hugo Chávez, la nota de Prensa Presidencial refiere que la organización popular, el respeto a la idiosincrasia y las agrupaciones comunitarias indígenas han sido prioridades para la inclusión al trabajo productivo mediante proyectos y planes que benefician a sus comunidades en primer lugar. “No descansaremos hasta que hayamos devuelto plenamente los derechos a los pueblos de Venezuela”.
La minería es la amenaza más grave que enfrentan las sociedades indígenas del alto Caura
Así lo advierte el antropólogo e investigador de la Uneg, Alexander Mansutti quien considera que los pueblos indígenas “han logrado mantener una enorme coherencia cultural porque han administrado con sabiduría sus relaciones con la sociedad industrial y occidental”
La amenaza de una arremetida minera en la cuenca del río Caura mantiene en vilo a las comunidades indígenas hotis, ye'kwanas y sanemas que hacen vida en una de las áreas boscosas más ricas e importantes del planeta por su megadiversidad biológica, su diversidad cultural, su alta producción hídrica y los servicios ambientales prestados a la humanidad, tal como lo señalaron en un comunicado nacional el grupo de científicos que vienen desarrollando investigación en esta vasta región de 5 millones de hectáreas.
En este pronunciamiento, un sinnúmero de investigadores dieron su apoyo a estos pueblos por considerar que “su integridad cultural y socioambiental se ve gravemente amenazada por la actividad minera”, entre ellos el antropólogo e investigador de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, Alexander Mansutti.
Graduado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México con Magister Scientiarum en Biología (mención Antropología) del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y doctorado en Antropología Social y Etnología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Paris, Mansutti lleva 28 años dedicado a la antropología con amplios estudios en la promoción del desarrollo sostenible en comunidades indígenas, por ello su firma avala el sentir de los científicos de Guayana por alcanzar un “desarrollo ecológicamente responsable, socialmente pertinente y económicamente eficiente” en la cuenca del Caura, pero ¿Cómo lograrlo?
¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la actividad minera en una cuenca prístina como la del Caura?
La actividad minera, una vez que se instala, promueve la estructuración de redes sociales que inmediatamente impactan su entorno. El primero es el aumento de los precios de los bienes y servicios, en Maripa sobretodo. Luego se van creando asentamientos efímeros que se van moviendo de sitio en sitio a medida que vayan apareciendo bullas. Los cuales aparecen y desaparecen, salvo unos pocos que se convierten en centros de prestación de servicios donde puede haber aeropuerto, bares, prostíbulos, escuelas, compradores, barracas de alojamiento y a veces escuelas y dispensario. Sin embargo, estos centros poblados también tienden a desaparecer por el carácter itinerante de la minería, perdiéndose de esta manera la inversión hecha. La zona del alto Caura es endémica en paludismo la cual se agravaría con la actividad minera y traería otras endemias de fácil expansión en el Caura como el dengue, además de las enfermedades de transmisión sexual como el Sida, los VPH (Virus de Papiloma Humano), la gonorrea y la sífilis. Los niveles de salud de las comunidades del Caura y especialmente de Maripa se verían gravemente alterados.
Por ser refugio de sectores del lumpen urbano y por la ausencia del Estado en los sitios donde ella se ubica, la minería ilegal trae consigo actividades delincuenciales asociadas: aumento de robo y asesinatos, de delitos asociados a la ingesta de psicotrópicos, el tráfico de drogas y la trata de blancas. Ello perturbaría gravemente la tranquilidad y calidad de vida no solo de los sitios mineros sino también de las comunidades indígenas y criollas locales. Sin embargo, es en el aspecto de los valores socioculturales donde el impacto de la mina es más desastroso.
¿Cómo catalogaría la actividad minera ilegal?
La minería es por definición una actividad que promueve el espíritu trasgresor, la avaricia desenfrenada, el desarraigo, el oportunismo, el ejercicio arbitrario de la violencia y las cayapas. Es transgresora porque todos los mineros ilegales saben que su actividad contraría la ley y a pesar de ello continúan realizándola; cuando tienen muchos años en ello generan una cultura que desvaloriza la ley y su acatamiento. Se convierten entonces en seres con graves déficit de ciudadanía. Abusan en el ejercicio de sus derechos y desconocen el derecho de los otros. Promueve la avaricia, porque ella se construye sobre el mito de que siendo minero se puede embombarse y hacerse rico de un día para otro.
¿Cómo impacta la actividad minera en la cultura indígena?
La minería es la amenaza más grave que deben enfrentar las sociedades indígenas del alto Caura. Se trata de pueblos que han logrado mantener una enorme coherencia cultural porque han administrado con sabiduría sus relaciones con la sociedad industrial y occidental. En efecto, ellos se han venido integrando a la sociedad nacional sin sacrificar lo mejor de su repertorio cultural. Son hoy más venezolanos sin haber dejado de ser ye'kwanas, sanemas y hotis. La presencia minera se convierte en un gravísimo elemento perturbador de su integridad sociocultural. De hecho, había unos pocos indígenas haciendo minería que ya habían creado gravísimos trastornos internos pues habían obligado a hacer asambleas en la que la pelea había sido intensa entre los transgresores y los representantes legítimos de todos los pueblos indígenas del Caura. Se les conminó a dejar la actividad so pena de que serían entregados a las autoridades por sus propios hermanos por traicionar a sus pueblos. Esto es muy grave en sociedades donde se valora muchísimo las relaciones entre todos los miembros del grupo. Si tan grave decisión se tomó con apenas unos pocos, imagínense ustedes qué pasaría si fueran muchos los mineros indígenas. El hecho es que hasta ahora las organizaciones indígenas del Caura y los líderes comunitarios han logrado parar la minería entre sus hermanos. Ello sería imposible si la actividad minera realizada por los criollos se implantase en el Caura. La tendencia natural es que estos pueblos indígenas se fueran integrando paulatinamente a la minería poniendo en riesgo la integridad cultural de quienes durante siglos han sido los garantes de la integridad ambiental de la región del Caura. Para garantizar la integridad sociocultural de hotis, ye'kwanas y sanemas es necesario que se expulse toda actividad minera del Caura.
¿Cuáles pueden ser los aportes de la investigación ambiental, de los investigadores y organizaciones no gubernamentales, entorno al problema minero que está presente en la cuenca del Caura?
La investigación socio ambiental tiene por función diagnosticar la situación, tanto de estudios de línea base como de estudios de procesos complejos. Una vez que se tienen los diagnósticos, los investigadores tanto públicos como privados están en la obligación de valorar las mejores prácticas para primero conseguir opciones rentables y sustentables para los pobladores del Caura y segundo, tener un inventario de las mejores prácticas llevadas a cabo en situaciones similares. En resumen, su rol está en diagnosticar, proponer alternativas y orientar o compartir el diseño y la implementación de programas de desarrollo sustentable.
¿Existe una línea base para poder medir la afectación ambiental del Caura?
Hay estudios que permiten tener una valoración de la sociología de la cuenca. Sin embargo, estos estudios siempre deben ser actualizados.
¿Cómo afectaría la amenaza de la actividad minera en el Caura al trabajo que los investigadores y ONGs están realizando en?
Pasaríamos de hacer estudios de línea base a valorar el impacto ambiental y social de la actividad minera y a elaborar estrategias para garantizar la permanencia de aquello que no sea afectado por la minería. Haríamos, pues, investigación de salvamento.
¿Creen que el proceso de "reconversión laboral" implementado por el Gobierno Nacional ha contribuido a este desvío de los mineros hacia el Caura?
Este proceso sacrifica Imataca y Guaniamo para salvar lo que queda del Caroní y el Caura. A mi juicio el costo es muy alto. Sin embargo, es el único plan racional de manejo de una actividad violenta y perturbadora como la minería ilegal.
¿Es posible un desarrollo sustentable en esta cuenca, cuáles pueden ser, quién lo haría, el Estado o el sector privado?
Sí, sí es posible y ello debería ser tarea de todos bajo la tutela del Estado. En el Caura, el sector sur indígena estaría en co-administración del Estado y los indígenas que allí habitan. En el sector norte la situación es más compleja pero debieran participar todos aquellos que están de acuerdo en que cualquier desarrollo para la zona debe ser socialmente pertinente, económicamente rentable y ecológicamente respetuoso de la integridad de los ecosistemas del Caura. Su fin último es conseguir elevar la calidad de vida de los caureños garantizando al mismo tiempo que sus descendientes podrán disfrutar de la riqueza y hermosura de este gran río.
Una actividad que desarraiga
Para el antropólogo Alex Mansutti, la actividad minera ilegal promueve el desarraigo. “El minero destruye el sitio donde mora sin importarle nada sino el rendimiento en oro de su actividad. Promueve el oportunismo porque convierte al hombre en un cazador de bullas a las que se mueve sin pensar si hace o no daño a los otros; lo fundamental es aprovechar la oportunidad; los mecanismos de reciprocidad y solidaridad se fortalecen dentro del grupo de mineros para poder confrontar a quienes se le oponen. Promueve la violencia y las cayapas, estamos cansados de ver enfrentamientos de todo tipo como las turbas de minero que sin consideración alguna se meten donde hay oro sólo porque les da la gana. Indígenas, empresas y trabajadores de la tierra y del turismo se han visto gravemente afectados por la violencia ejercida por las turbas de mineros ilegales”. 0
Minerales con vida habitan en el Macizo del Chimantá
Los resultados de las muestras tomadas durante la segunda expedición revelaron que un mineral nace, crece, se reproduce y muere en las entrañas de la caverna más grande de cuarcitas descubierta hasta hoy
"Permítanme arrastrarlos hacia la eternidad, porque vamos a descubrir cosas trascendentales". Así lo predijo en el año 2004 el explorador venezolano Charles Brewer Carías antes de traspasar la enorme entrada de 250 metros de alto de la cueva encontrada en el Aprada -tepuy, una de las 10 mesetas que conforman el enigmático Macizo de Chimantá, impresionante complejo montañoso que data de hace 1.800 millones de años, ubicado en el sector conocido como La Gran Sabana, al sur de Venezuela. Luego de recorrer esta caverna que tiene una longitud cartografiada de 4.482 metros, el pionero de la espeleología venezolana estaba plenamente convencido que los descubrimientos científicos iban “a cambiar varios conceptos que ha mantenido la biología en el mundo”. Y lo que encontró desafió lo inimaginable: Una especie de ser vivo terrestre con características de mineral que, en principio, tendría un origen "exobiológico" es decir del espacio exterior, según revelaron los resultados del laboratorio de la NASA (Agencia Aeroespacial de Estado Unidos) dados a conocer este mes y que publicó esta semana el diario El Universal en su edición del miércoles 18 de octubre.
MINERAL CON VIDA
La nota de Guiliana Chiappe explica que “Aunque es biológico como una planta produce ópalo como si fuera un mineral. La conclusión de la NASA, que le hizo pruebas en su laboratorio ubicado en Madrid por petición de su descubridor, Charles Brewer-Carías, es que se trata de un microorganismo "exobiológico". El nombre científico que se le ha dado a tan extraña forma de vida es bioespelotema, palabra compuesta por el prefijo bio, de biológico o ser vivo, y espelotema, que es lo que define a las formaciones minerales secundarias. Es un término que podría ser entendido como minerales vivos, que sólo se han encontrado en las profundidades de esta cueva venezolana, creciendo en "colonias", desafiando la gravedad con formas similares a ramas de árboles y sin contacto con agua”. Un mineral que nace, crece, se reproduce y muere en las entrañas de la caverna más grande de cuarcitas descubierta hasta hoy y que se revela ante la ciencia con todos sus misterios aún por descubrir.
El eslovaco Branislav Šmída, el checo Marek Audy y el venezolano Federico Mayoral nos sorprenden al describir en su bitácora de viaje lo fascinante de la expedición de una forma que parece estar leyendo “El Mundo Perdido” del escritor inglés Arthur Conan Doyle. Brewer Carías había realizado expediciones multidisciplinarias de ciencias naturales en la zona del Macizo Chimantá en el año 1977 para volver en el año 2002 y descubrir una enorme “ruptura tectónica (sima noroeste) y cerca de dicha ruptura, un manantial“. Luego, a principios del año 2004 realizó vuelos de reconocimiento que le permitieron especificar la situación del lugar, conocer el acceso y las posibilidades del aterrizaje que sólo son posibles con helicópteros. El gran día llegó. El 28 de Marzo de 2004, acompañado por un grupo de 12 miembros de científicos y especialistas en la naturaleza venezolana comenzaron a recorrer los primeros dos kilómetros y desde ese momento supieron que se trataba de la cueva de cuarcitas más grande descubierta hasta hoy, con una entrada tan enorme que bautizaron “Boca de Mamut”, con un río turbulento, con cataratas, domos y galerías gigantescas que en algunos sitios alcanza hasta 60 metros. Lo que sus ojos habían descubierto les indicaba que debían regresar mejor equipados y disponer de más tiempo.
Dos meses después organizaron la segunda expedición, esta vez con un equipo internacional liderizado por Brewer Carías, integrada por siete miembros: Charles Brewer hijo, Federico Mayoral, Luís Carnicero, Julián Mendoza, Marek Audy y Branislav Šmída. Del 28 de Mayo hasta el 2 de Junio de 2004 fue documentada la cueva completamente y también se realizó la exploración espeleológica y zoológica, a parte del estudio tipológico de los espeleotemas, ligado a la recolecta de las muestras. “La cueva es en realidad un resolladero abundante que desagua una extensa parte del plato. El caudal del lecho en el estado más bajo es de unos 200 ó 300 litros por segundos. En esos momentos se forman en la cueva lagos profundos y largos de varios cientos de metros de longitud y en la entrada hasta se forma un lago de tipo casi sifón. El estado de agua de la cueva es absolutamente incalculable, lo cual la hace permanentemente peligrosa y cualquier entrada en la cueva ha de contar con el riesgo de la inundación. Las galerías de la cueva normalmente tienen el ancho desde 40 hasta 60 metros y en estas galerías el suelo está formado por derrumbes caóticos y colapsos del techo con bloques grandes como edificios. El espacio más grande de la cueva es un tramo tipo domo de 355 metros de largo llamada la Gran Galería Karen y Fanny, que alcanza casi hasta 70 metros de ancho y 40 metros de alto. El segundo espacio más grande es la lateral Gran Galería de los Guácharos por la cual pasa otro río independiente subterráneo. Las galerías ampliadas en salones se alternan con un tipo de cañones introcavernales muy vivos y dinámicos, con algunas preciosas cataratas y cascadas al mismo tiempo se trata de los tramos potencialmente más peligrosos de la cueva”.
LAS ESPELEOTEMAS
Cuando el equipo científico se tropezó con las espeleotemas se sorprendió por la diversidad de estos depósitos de minerales muy comunes en la formación de las cuevas. Las anotaciones descritas en la bitácora reflejan las dudas de los científicos al observar tales formas: “probablemente, son de origen orgánico (¿bacterias? ¿hongos?), tienen forma de bolas blancas de tamaño casi de una pelota, ó de champiñones, coliflores, muñecas rusas, pero también hay formas complejas (¡en la creación de las cuales participan quizá también las arañas!) ó espeleotemas clásicos (como la estalactita tubular de ópalo, con hasta un metro de longitud)”. Al menos la NASA despejó todas estas preguntas pero al final, este descubrimiento generó muchas otras que seguramente serán objeto de discusión en los centros de investigación del mundo. Fuente: http://charlesbrewercarias.orientese.com/cuevas/cuevacharlesbrewer.htm
El Centro de Investigaciones Ecológicas de Guayana de la UNEG alza nuevamente su voz para rebatir algunos de los articulados de un anteproyecto de ley que aspira proporcionar las garantías legales necesarias para afianzar en el país un sistema de gestión forestalPara los miembros del Centro de Investigaciones Ecológicas de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Cieg-Uneg) el anteproyecto de Ley de Bosques elaborado por el Ministerio de Ambiente (Minamb), que se discute actualmente para ser presentado ante la Asamblea Nacional, contiene serias limitaciones conceptuales referidas a la sustentabilidad forestal y a la participación de la sociedad en la protección y uso sustentable de los bosques. La coordinadora del Cieg-Uneg, Glenda Rodríguez dio a conocer el documento entregado al Minamb, en el cual se expresan las observaciones al anteproyecto, esperando que esta vez se incorporen mecanismos de retroalimentación por parte de los organismos del Estado. “El Cieg-Uneg reconoce el intento que hacen los redactores del anteproyecto en convertirla en una ley más apta para abordar la problemática actual del sector forestal venezolano, incorporando gran parte de los conceptos, lineamientos y experiencias prevalecientes en la discusión forestal a nivel internacional, sin embargo, consideramos necesario una revisión a los conceptos de sustentabilidad y participación”. Pero…DEFINIR SUSTENTABILIDAD FORESTALEl manifiesto del Cieg-Uneg advierte que es imprescindible disponer de definiciones legales “precisas y claras” de los principios y términos forestales que faciliten la viabilidad de la instrumentación de la ley. Señalan que en el artículo 2, punto 7, la definición del uso sustentable de los bosques, considerado un término clave, se define de manera imprecisa e incompleta al restringir la definición al componente ambiental de la sustentabilidad, ignorando los otros dos componentes básicos como son el social y el económico. “Asimismo tal definición del uso sustentable de los bosques afecta o pone en tela de juicio todos aquellos artículos referidos al uso sustentable del bosque como por ejemplo, el punto 2 del artículo 33 sobre plan manejo integral múltiple y sustentable, y el art. 43 sobre permisos anuales”. A su juicio, otro ejemplo de limitación conceptual se manifiesta en el punto 5 del artículo 2, donde se define de manera imprecisa e incompleta los servicios ambientales de los bosques como “los beneficios que brinda el bosque en el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales”. Para el Cieg-Uneg la interpretación de esta definición enfatiza en uno de los dos componentes de los servicios forestales, descuidando el otro componente referido a los beneficios que brindan los bosques a los otros sistemas ecológicos de la naturaleza y por ende a los sistemas humanos, como por ejemplo la recreación, el ecoturismo, control del ruido, filtraje de la contaminación, servicios religiosos y culturales y reservorio y reciclaje de nutrientes para los sistemas agrícolas. PARTICIPACIÓN CIUDADANASobre el tema de la participación ciudadana referida a los procesos de consulta de leyes, la experiencia del Cieg-Uneg al respecto, como el plan de ordenamiento de la reserva forestal Imataca, demostraron que las observaciones y cuestionamientos surgidos durante el proceso de consulta no son respondidos ni atendidos. “Nunca se dio respuestas claras a las observaciones planteadas. Por tanto, no es posible hablar de participación, hasta tanto estos procesos sean transparentes y tengan resultados tangibles en la búsqueda de consensos con todos o con la mayoría de los actores del sector forestal”. Creen que una incorporación real de la participación ciudadana en la toma de decisiones referidas al sector forestal, debe establecer mecanismos transparentes y confiables de participación que deberían ser definidos en el anteproyecto de ley. Proponen como mecanismo posible, la conformación de un Comité Nacional de Concertación con la participación de los actores principales del sector en diversas tareas como por ejemplo: apoyar la formulación del futuro Programa Nacional Forestal, mencionado por el Minamb, cuyo fin era diseñar la política forestal nacional participativa, la cual posteriormente permitiría establecer las bases del Plan Nacional Forestal.ARTÍCULOS EN OBSERVACIÓNOtras de las observaciones que plantea el Cieg-Uneg al anteproyecto de Ley de Bosques se refieren a la poca transparencia sobre el abordaje que se hará de la valoración económica de los proyectos forestales no maderables (Pfnm) y servicios forestales. Añaden que una adecuada valoración económica permitiría efectuar una evaluación más realista de la sustentabilidad de los usos forestales, al confrontar el balance entre costos y beneficios, incluyendo costos y beneficios ambientales y sociales.Asimismo, en el punto 3 del artículo 6 referido a la gestión de bosques en el cual se plantea la corresponsabilidad y participación ciudadana, se habla de responsabilidad compartida, pero no se especifica que la mayor responsabilidad recae en el Estado, el cual no puede delegar su responsabilidad totalmente en otros.De igual forma, en el punto 4 del artículo 10 sobre marco institucional se habla de promover la participación en la gestión forestal de comunidades, pero no de los individuos.Por su parte, en el artículo 33, punto 2 sobre el plan de manejo forestal, el Cieg-Uneg cuestiona la limitación de los planes de manejo integral a un lapso máximo de 10 años, cuando se conoce que los ciclos de vida del bosque y edades de los árboles sobrepasan las décadas y hasta siglos. Exponen que algo similar ocurre en el artículo 53 sobre autorizaciones, donde los planes de manejo integral en propiedades privadas tendrán un lapso máximo de 10 años.En el capítulo V (Art. 88) sobre seguimiento, vigilancia y control en materia forestal, el documento declara que no se diferencian los componentes del seguimiento o monitoreo, tales como: el seguimiento administrativo, el seguimiento científico de los ecosistemas forestales y de la cadena de producción forestal y el seguimiento del manejo forestal.También, en el Art. 91 del capítulo V sobre registro estadístico, el Cieg-Uneg se plantea dudas sobre el organismo que “con carácter independiente, objetivo y científico” llevará tal registro y bajo cuales criterios. Igualmente, en el Art. 63 sobre áreas boscosas bajo protección, “no se entiende la relación de protección mediante su uso sustentable con base a planes de manejo integral con técnicas agroforestales silvícola”. Además, esbozan que en el Art. 66 sobre el consejo nacional para la prevención, control y extinción de incendios forestales, se exige la colaboración de la ciudadanía, pero se preguntan bajo qué términos y bajo cuáles condiciones decide un funcionario exigir la colaboración y qué pasa si alguien se niega. En el Art. 75 referido al fomento plantaciones se habla de emplear otras técnicas sustentables además de los sistemas agroforestales y silviculturales, pero el Cieg objeta la sustentabilidad de estos sistemas, “pero más difícil aun es cómo evaluar esas sustentabilidad forestal”. De la misma forma, en el Art. 78 sobre arboricultura urbana quien y cómo evalúa si las especies forestales son aptas para los sitios donde se realizan los programas de arborización.Son muchas las preguntas que se originan al leer el anteproyecto de Ley de Bosques, por ejemplo: en el Art. 80 ¿Cómo y bajo cuáles principios y criterios se definen y evalúan las tecnologías limpias, la ecoeficiencia y reducción de impactos ambientales? En el Art. 82 ¿Quien y cómo se define y evalúa el carácter eco turístico (punto 2)? Habrá que esperar la edición final del anteproyecto de Ley de Bosques para conocer si realmente se incorporaron los mecanismos de retroalimentación o si las consultas públicas terminaron siendo “un saludo a la bandera”.MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓNLa coordinadora del Cieg-Uneg, Glenda Rodríguez espera que el Estado venezolano a través del Ministerio de Ambiente incorporen mecanismos de retroalimentación sobre las observaciones que los académicos realizan entorno a una Ley que no ha sido consultada con más tiempo. “Así pasó en la consulta pública sobre Imataca y el de la Reserva Forestal del Caura y no sentimos, como sector académico, que nuestros planteamientos están siendo tomados en cuenta”. Rodríguez anunció que las definiciones de sustentabilidad que plantea la ley en cuestión se refiere sólo a los procesos ecológicos y desconoce o al menos no menciona explícitamente” la sustentabilidad social y económica que son los tres pilares fundamentales de dicho concepto, “lo que puede dar pie a deficiencias y a pérdida de viabilidad de la ley”.
66 organizaciones ambientalistas alzan su voz contra la minería ilegal
En un comunicado divulgado esta semana, los integrantes de Forja exigen al Gobierno Nacional enérgicas acciones contra una minería que “continua destruyendo ecosistemas vitales y a los pueblos indígenas” y hacen un llamado urgente a investigar a fondo el llamado plan de reconversión laboral
“Si extraer el oro y el carbón significa destruir bosques y cuencas, prefiero que se queden enterrados”, Hugo Chávez, 28 de noviembre de 1998. Haciéndose eco de estas palabras que con frecuencia repite el primer mandatario nacional, el consejo directivo nacional de la Federación de Organizaciones y Juntas Ambientalistas de Venezuela (Forja), divulgó esta semana un comunicado rechazando enérgicamente la minería ilegal en sitios considerados como vitales para la humanidad. “El Gobierno debe restringir la minería de oro, diamante y carbón en todas sus formas, mediante rígidas e incesantes acciones aplicadas a mineros y demás actores de esos rubros en los sitios de su extracción, realizando campañas de concientización y adoptando sanciones contra quienes reincidan o se resistan”.
De igual forma, hacen un llamado urgente a investigar a fondo el llamado “plan de reconversión laboral” que promueve la ministra de Ambiente con el fin de verificar su real alcance y verdaderos efectos. También exigen de los organismos del Estado llegar al fondo de las posibles injusticias, contradicciones, desviaciones o corruptelas denunciadas por supuestos beneficiarios, y aplicar los correctivos que correspondan “para lograr que las cuantiosas sumas de dinero destinadas a los objetivos planteados, se distribuyan y evalúen con eficacia y probidad”.
El comunicado de Forja, institución que agrupa a 66 Organizaciones No Gubernamentales Ambientales de expresión popular (ONGAs) de todo el país, expone que los graves sucesos ocurridos en las localidades de Papelón de Turumbán, La Paragua, Maripa y en la cuenca del Caura del estado Bolívar “representan más pruebas sobre la crítica situación que la minería ha impuesto en la Orinoquia, Amazonia, Perijá y otras regiones venezolanas, destruyendo ecosistemas vitales y dañando a pueblos indígenas”. Señalan que los incesantes daños contra las cuencas de los ríos Caroní, Paragua, Cuyuní y afluentes para extraer oro, diamante y madera, han contaminado las aguas y mermado el caudal hídrico que alimenta las represas que abastecen de energía no sólo al país sino a dos naciones vecinas. “Lo que ocurre en los sistemas ambientales Amazonía y Orinoquia, sin duda se concatena con las graves consecuencias que la extracción carbonífera en la Sierra de Perijá del Estado Zulia, causa a los Ecosistemas del Parque Nacional y a las Etnias que inmemorialmente habitan dicha región”. En tal sentido, Forja explica que los precarios beneficios económicos que recibe el país por la extracción del oro, diamante y carbón, “no se compara con los derivados beneficios materiales, ni compensa en nada los graves e irreversibles daños que dichas actividades producen al patrimonio nacional”.
Sostienen que desde su fundación en julio de 1980, vienen alertando sobre los irreversibles daños que la minería causa a la diversidad biológica y cultural existente en cada área natural protegida, con énfasis en los dos Parques Nacionales del Estado Bolívar (Canaima y Java-Sarisariñama) y los cuatro Parques Nacionales de la Amazonia (Yapacana, Duida Marahuaca, Serranía La Neblina y Parima-Tapirapecó). “Nuestros 43 Parques Nacionales, 41 Monumentos Naturales y demás Áreas Protegidas, garantizan la existencia de las actuales y futuras generaciones; por eso, las criminales acciones mineras auspiciadas por el desarrollismo voraz que Naciones Unidas disfrazó en la Cumbre por la Tierra (Río 92) con la equívoca y ambigua frase desarrollo sustentable para seguir dañando la biodiversidad y valores básicos de nuestros pueblos. Ante esos crímenes, surge la campaña mundial con acciones para mejorar y proteger el ambiente, la cual parte de una expresión sencilla, real, futurista, convincente y que se expresa por si sola, como es el desarrollo ambientalmente sustentado y que hoy significa el reto para superar en colectivo las condiciones de vida”.
IMPACTOS INCUANTIFICABLES
El comunicado advierte sobre los daños “incuantificables que la minería sigue produciendo sobre los bosques, cuencas y el suelo en general” y califica como graves las derivaciones que causan a pueblos indígenas, “legítimos propietarios de las tierras que ocupan y que por ningún respecto deben ser objeto de agresiones, persecuciones y amenazas con el vil propósito de desplazarles de su hábitat ancestral”. Consideran que esta “anarquía impuesta por sectores mineros en varios pueblos indígenas, incluyendo manipulación y chantaje a sus habitantes para que se sumen a la minería, introduciendo cambios en la forma de vida de esas comunidades”, atenta contra los excepcionales ecosistemas que ocupan como sus hábitat, “los cuales siempre han cuidado y defendido”.
EXIGENCIAS A TODO NIVEL
Las 66 ONGAs deploran y condenan los sucesos ocurridos y exigen a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Ciudadano, “profundizar las investigaciones del caso en función de aplicar las contundentes y ejemplarizantes sanciones que se desprendan de tan repudiables hechos”.
Asimismo, denuncian la constante violación de los Derechos Ambientales y de los Pueblos Indígenas; pero a la vez exigen a cada funcionario de toda dirección general y demás dependencias del Ministerio del Ambiente, como de las Gobernaciones de Estados y Alcaldías, “monitorear los permisos vinculados con cada Área Natural Protegida, aplicando ejemplarizantes sanciones a quienes irrespeten las normas dirigidas a su protección”.
Solicitan a estas instancias, fijar mecanismos certeros para proteger a cada pueblo indígena, fortaleciendo sus costumbres a fin de mejorar y defender cada ecosistema que ocupan y que aprovechen sus elementos naturales a través de acciones ambientalmente sustentadas.
A la par, exhortan al Comandante General de la Guardia Nacional a crear efectivos grupos especializados en Guardería Ambiental, para que ejerzan a cabalidad las funciones que por ley le corresponden. Igualmente, persuaden al Parlamento Indígena, al Consejo Nacional Indio de Venezuela, a las asociaciones de base de las etnias Yekwana, Pemón, Sanema y otras que habitan el área de influencia del río Caura, a mantener reuniones periódicas de análisis sobre la problemática en consideración, con el fin de aportar fórmulas para solucionarla.
Aplicar las leyes
El consejo directivo nacional de la Federación de Organizaciones y Juntas Ambientalistas de Venezuela (Forja) desempolva los ocho artículos del Capítulo VIII sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (119 al 126), concatenados con los artículos 127,128 y 129 del Capítulo IX sobre Derechos Ambientales de la Constitución Bolivariana “que tanto costó lograr ante la Asamblea Nacional Constituyente y que están dirigidos a asegurar la estabilidad de cada Pueblo Autóctono, como a mejorar y proteger el Ambiente para garantizar calidad de Vida, tal como lo define dicho Modelo de Desarrollo”.

References: artículo 326
 artículo 23
 artículo 2
 artículo 33
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 33
 artículo 53