Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/resolucion-3-julio-2019-800444957
Timestamp: 2019-10-17 03:24:23+00:00

Document:
Resolución de 3 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Torrejón de Ardoz n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una escritura de liquidación parcial de sociedad de gananciales y adjudicación parcial de herencia. - Doctrina Administrativa - VLEX 800444957
Publicado en: BOE, 26 de Julio de 2019
El registrador de la Propiedad (firme ilegible) Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Jesús María Martínez Rojo registrador/a de Registro Propiedad de Torrejón de Ardoz 3 a día seis de Marzo del año dos mil diecinueve.
Para no ser reiterativo, baste con decir que del inventario, que ha servido de base para liquidar el impuesto, –por lo que debe ser considerado como válido a todos los efectos legales, no obstante la absurda distinción que hace la nota sustitutoria entre inventario y relación de bienes–, quedan perfectamente salvaguardados los derechos de todos los interesados en la herencia por haber bienes más que suficientes para pagar y cubrir sus derechos, no obstante la adjudicación a la viuda de un elemento de valor mínimo dentro del inventario.
Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible una escritura de liquidación parcial de la sociedad de gananciales y adjudicación parcial de herencia consistente en una plaza de garaje del haber hereditario del causante, en la que concurren las circunstancias siguientes: lega a la viuda el usufructo universal y vitalicio de la herencia y son instituidos herederos los cuatro hijos sobrevivientes y los dos nietos de otro hijo fallecido; el causante en relación con un hijo cuya capacidad será modificada judicialmente, dispone lo siguiente: «desea que el tercio de libre disposición, en cuyo haber no se deben incluir bienes que se refieran a sociedades mercantiles, se destine a mejorar a su hijo J. J., que por su disminución física, necesita una mayor atención al faltar sus padres, a quien además nombra como tutores a su hija M. A. y en su defecto a su esposo don A. C. G.»; nombra albacea contador-partidor testamentario con las más amplias facultades; se otorga la escritura por el albacea contador-partidor y una de las hijas, que lo hace en representación en ejercicio de la tutela de su hermano don J. J. A. G., con capacidad judicialmente modificada y a estos efectos se incorpora a la escritura, por testimonio, fotocopia de la resolución del Juzgado en la que consta diligencia de aceptación y juramento de cargo de tutor, a raíz de la declaración de incapacidad y su nombramiento como tutora del mismo; además, lo hace en representación de la viuda, como apoderada mancomunada de la misma junto con otra hermana que ratifica la escritura por diligencia separada; el juicio de suficiencia del poder se realiza del tenor siguiente: «(…) en virtud de poder general mancomunado, con subsistencia, que le tiene otorgado ante mí con el número 462 de protocolo el quince de febrero del año dos mil doce, en el que figuran entre otras muchas facultades, la de disolver y liquidar la sociedad de gananciales, la de aceptar adjudicaciones parciales en pago de sus gananciales y todo ello salvando el autocontrato por si se considerara posible su existencia (…) Tienen a mi juicio, según intervienen, la capacidad legal necesaria y el poder de representación con facultades suficientes para otorgar este acto a que esta escritura se refiere, disolución y liquidación de gananciales y adjudicación parciales a su viuda de una plaza de garaje del haber hereditario de G. A. Z.»; en la escritura, se manifiesta que el contador-partidor ha confeccionado el inventario de los bienes del causante, con citación de la tutora y de la cónyuge viuda, en cuanto a la totalidad de los bienes que son todos gananciales y este inventario, en el que hay saldos en metálico –existe un saldo en metálico en el activo, por importe de 5.403 euros, y en el pasivo de gastos, 3.993 euros–; este inventario se incorpora a la escritura y se ratifica por los intervinientes en ella; solo se dispone la adjudicación de la plaza de garaje a favor de la viuda como pago en la liquidación de parte de su sociedad de gananciales pero nada se adjudica a la masa de la herencia, todo ello argumentado por la indivisibilidad de la finca y poca utilidad para el heredero con capacidad judicialmente modificada.
El primero de los defectos señalados en la calificación es que no resulta de la escritura haberse exhibido al notario autorizante copia autorizada de la escritura de poder que se invoca como título de legitimación para intervenir en nombre de su madre.
Previamente, hay que recordar que, sobre el juicio de suficiencia de facultades representativas del apoderado que debe emitir el notario, establece el apartado primero del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que «en los instrumentos públicos otorgados por representantes o apoderados, el Notario autorizante insertará una reseña identificativa del documento autentico que se le haya aportado para acreditar la representación alegada y expresará que, a su juicio, son suficientes las facultades representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera». El apartado segundo del mismo artículo 98 establece que «la reseña por el Notario de los datos identificativos del documento auténtico y su valoración de la suficiencia de las facultades representativas harán fe suficiente, por sí solas, de la representación acreditada, bajo responsabilidad del Notario. El Registrador limitará su calificación a la existencia de la reseña identificativa del documento, del juicio notarial de suficiencia y a la congruencia de éste con el contenido del título presentado, sin que el Registrador pueda solicitar que se le transcriba o acompañe el documento del que nace la representación».
El segundo de los defectos señalados se refiere a la falta de acreditación de la inscripción en el Registro Civil del cargo tutelar. El artículo 218 del Código Civil, tras establecer en su párrafo primero que «las resoluciones judiciales sobre los cargos tutelares y de curatela habrán de inscribirse en el Registro Civil», añade en su párrafo segundo que «dichas resoluciones no serán oponibles a terceros mientras no se hayan practicado las oportunas inscripciones».
(…) Es cierto que la cuestión ahora planteada fue abordada por este Centro Directivo en su Resolución de 6 de noviembre de 2002, entendiendo entonces que "si bien es cierto que el Registro Civil constituye la prueba de los hechos inscritos, el artículo 2 de la Ley del Registro Civil necesita acudir a otros medios de prueba distintos del Registro si previa o simultáneamente se ha promovido la inscripción omitida, y así ocurre en este caso en el que en los Autos de nombramiento de tutor se ordena enviar exhorto a los Registros Civiles respectivos para la constancia en los mismos de los respectivos nombramientos, con lo que se cumple lo que este Centro Directivo ha exigido en casos análogos". Ahora bien, no es menos cierto que el criterio interpretativo reflejado en dicha Resolución ha sido superado por la doctrina posterior de este Centro Directivo en relación con el tema de la prueba del estado civil de las personas que otorguen actos o contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, a los efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, que parte, como se verá, del criterio general de la necesidad de que las distintas circunstancias y hechos relativos al estado civil de las personas, cuando afectan a la titularidad de los derechos inscritos o a la legitimación de los otorgantes, por afectar a la validez del acto o contrato en que intervienen, deben ser acreditados mediante certificación de su inscripción en el Registro Civil. Este criterio general aparece reforzado, además, en casos como el presente relativo a un incapacitado que comparece junto con su tutor a los efectos de complementar su capacidad, en que dicha inscripción en el Registro Civil no sólo tiene efectos probatorios y de legitimación (cfr. art. 2 de la Ley del Registro Civil), sino también de oponibilidad frente a terceros. En efecto, el artículo 218 del Código Civil, tras establecer en su párrafo primero que "las resoluciones judiciales sobre los cargos tutelares y de curatela habrán de inscribirse en el Registro Civil
, añade en su párrafo segundo que «dichas resoluciones no serán oponibles a terceros mientras no se hayan practicado las oportunas inscripciones", precepto que, por lo demás, concuerda con el artículo 222.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que supedita la eficacia "ultra partes" de la cosa juzgada de la sentencia recaída a la previa inscripción en el Registro Civil, al disponer que "en las sentencias sobre estado civil... la cosa juzgada tendrá efectos frente a todos a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil" (vid. en el mismo sentido el apartado 2 del artículo 19 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, pendiente de entrada en vigor, conforme al cual "en los casos legalmente previstos, los hechos y actos inscribibles conforme a las prescripciones de esta Ley serán oponibles a terceros desde que accedan al Registro Civil"). Pues bien, en tales casos no se trata sólo de "probar" la incapacitación y el nombramiento de tutor, sino que en tanto no tenga lugar su inscripción en el Registro Civil no son oponibles frente a terceros, por lo que no deberá accederse a la inscripción en el Registro de la Propiedad de actos o contratos otorgados en nombre del incapacitado por el tutor sin aquella previa inscripción en el Registro Civil, ya que en caso contrario existe el riesgo de que se produzca una colisión entre la inoponibilidad de la incapacitación derivada de su falta de inscripción en el Registro Civil y la oponibilidad del Registro de la Propiedad en caso de que se inscriba la venta otorgada por el tutor en representación del incapacitado (o por éste con capacidad complementada por aquél) si el nombramiento del tutor –por el motivo que sea– no llegara a inscribirse en el Registro Civil, en los términos que luego se verán. En este sentido, un primer exponente de esta evolución en la doctrina del Centro Directivo en la materia aparece representada por la Resolución de 18 de octubre de 2006 que, ante el mismo defecto ahora examinado (falta de inscripción en el Registro Civil del correspondiente cargo tutelar), consideró como medio adecuado por su subsanación la acreditación de la inscripción en el citado Registro (la inscripción propiamente tal y no su mera solicitud). Este primer pronunciamiento en el sentido indicado, claro en su criterio aunque parco en su argumentación, ha sido seguido de otros varios durante los últimos años, que han sido pródigos en la materia como se verá, tanto desde el punto de vista de las relaciones entre los principios de oponibilidad propios del Registro de la Propiedad y del Registro Civil, como desde la perspectiva de la prueba del estado civil de las personas ante el Registro de la Propiedad, cuestión mediatizada por la anterior en aquellos supuestos de hechos y circunstancias del estado civil cuya inscripción tenga efectos de oponibilidad frente a terceros.»
El tercero de los defectos señala que no es posible acceder a la inscripción de la adjudicación de la totalidad de la finca ganancial por título de liquidación de sociedad de gananciales, excediendo dicha atribución las facultades del contador-partidor y condicionando la partición.
En el supuesto concreto de este expediente, el contador-partidor junto con la viuda, liquidan parcialmente la sociedad de gananciales respecto de un único bien –plaza de garaje– que adjudica íntegramente a la viuda, dejando para más adelante la compensación a la masa de la herencia con otros bienes de la misma; y el registrador señala que excede de las funciones del contador partidor ya que entiende que esa facultad excepcional del contador partidor es admitida con el único objeto de fijar el caudal partible, esto es, como operación previa necesaria para la partición, que es la tarea que propiamente tiene encomendada.
En cuarto defecto señalado contiene dos apartados, el primero de ellos, se refiere a la necesaria intervención de defensor judicial en la partición debido al conflicto de intereses que concurre en la persona de la tutora como representante legal de su hermano, ya que entiende el registrador los intereses de estos hermanos no discurren paralelos como consecuencia de la cláusula de mejora contenida en el testamento a favor de éste; el segundo apartado se refiere al respeto de los derechos derivados de la premoriencia de uno de los herederos y de otro hijo no llamado.
Resolución nº 00/4656/2016 de Tribunal Económico-Administrativo Central, 25 de Junio de 2019

References: resolución 
 artículo 98
 artículo 98
 artículo 218
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 218
 artículo 222
 artículo 19
 Resolución 

Resolución