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Timestamp: 2016-07-29 00:24:54+00:00

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Informe sobre la implementación de las medidas de restitución de tier…
Informe sobre la implementación de las medidas de restitución de tierras de la población desplazada contempladas en la Ley de Víctimas, 2011 -2012
by Alberto Valdivia
Ley 982 de 2005 by Jenny Florez
desarrollo socioafectivo niñez
Informe sobre la implementación de las medidas de restitución de tierras de la población desplazada contempladas en la Ley de Víctimas 2011 -2012 Bogotá, agosto de 2012Calle 72 # 12 – 65 piso 7 | www.coljuristas.org | info@coljuristas.org | teléfono: (+571) 7449333| fax: (+571) 7432643 | Bogotá, Colombia
Informe de la implementación de las medidas de restitución de tierras de la población desplazada contempladas en la Ley de Víctimas 2011 -2012 Tabla de ContenidoPresentaciónIntroducciónCapítulo 1El derecho a la restitución de las tierras y el patrimonio de las personas refugiadas ydesplazadas internas se encuentra reconocido en los instrumentos internacionales deprotección de los derechos humanos1.1 Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen derecho a obtenerreparaciones1.2 Los Estados tienen la obligación de garantizar la protección y devolución de laspropiedades y posesiones de las víctimas del desplazamiento interno1.3 La obligación de restitución comprende las tierras, las viviendas y el patrimonio de lasvíctimas1.4 Los pueblos indígenas y tribales tienen derechos sobre sus territorios ancestrales1.5 Los pueblos indígenas tienen derecho a la restitución de sus tierrasCapítulo 2La normatividad interna reconoce el derecho a la restitución de los bienes a las víctimas2.1 La ley 387 de 1997 reconoce los derechos de las personas internamente desplazadas alretorno y a acceder a soluciones definitivas al desplazamiento2.2 La “Ley de justicia y paz” reconoce los derechos de las víctimas de los gruposparamilitares y guerrilleros
Capítulo 3La Ley de Víctimas adoptó medidas para la restitución de las tierras usurpadas3.1 La ley 1148 de 2011 no reconoce a la totalidad de las víctimas3.2 La Ley de Víctimas no incluyó la restitución de las viviendas y el patrimonio3.3 La Ley de Víctimas no garantiza los derechos de los arrendatarios, aparceros ytenedores que hayan sido despojados de sus tierras3.4 La Ley de Víctimas permite a terceros la explotación de la tierra usurpada3.5 La Ley de Víctimas posibilita la impunidad para el despojo y otras violaciones dederechos humanos3.6. La ley 1448 castiga a la víctimas de usurpación con la pérdida del derecho a larestitución de su tierra si ocupan o hacen uso de esta antes de que el juez se la restituya3.7 El Congreso de la República delegó al gobierno la regulación de aspectos sustantivosde la Ley de Víctimas mediante creación de programas y reglamentos3.8 La Ley 1448 ordena medidas de protección a las víctimas, testigos y funcionarios acargo de la reparaciónCapítulo 4La reparación de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas incluye larestitución de sus territorios4.1 La reparación de las víctimas pertenecientes a los pueblos indígenas contempla larestitución de sus territorios ancestrales4.2 El gobierno dispuso algunas medidas de protección para los pueblos indígenas enmedio del conflicto armado interno4.3 La reparación de las víctimas afrocolombianas incluye la restitución de sus territorios4.4 El gobierno dispuso medidas de protección para las víctimas pertenecientes a lapoblación afrocolombiana
Capítulo 5El gobierno puso en funcionamiento la Unidad de Restitución de Tierras y el Registro deTierras abandonadas y despojadas5.1 La Unidad de Restitución de Tierras fue puesta en funcionamiento5.2 La focalización del Registro de Tierras privilegia la información suministrada por lafuerza públicaCapítulo 6Las medidas de protección a las víctimas carecen de enfoque preventivo6.1 El Programa de Protección conserva el enfoque individual y reactivo6.2 Las nuevas medidas de protección no corrigen los problemas del anterior programa6.3 Las medidas de protección no son adecuadas para enfrentar los factores de riesgoderivados del contexto de conflicto armado y violencia sociopolíticaCapítulo 7La población refugiada no dispone de garantías para la restitución de sus tierras7.1 La Ley 1448 de 2011 no reconoce a las víctimas de situaciones de violenciageneralizada que buscan protección internacional7.2 La solicitud de reparación ante las embajadas y consulados supone un riesgo depérdida de la protección internacional7.3 La aplicación de la Ley de Víctimas conlleva el riesgo de repatriación sin que secumplan las debidas garantías7.4 Las víctimas residentes en otros países no cuentan con garantías para la restitución desus tierrasCapítulo 8La implementación de las medidas de restitución de tierras se encuentra en la etapa deadecuación institucional8.1 La asignación de recursos presupuestales para la reparación de las víctimas estácondicionada por la sostenibilidad fiscal
8.2 La implementación del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas se encuentra enla etapa de focalización8.3 Los primeros jueces de restitución fueron nombrados en condiciones deprovisionalidad8.4 La Superintendencia Delegada para la Protección, Formalización y Restitución detierras entró en funcionamientoCapítulo 9El elevado riesgo de violaciones a los derechos humanos de las víctimas es el principalobstáculo para la restitución de las tierras9.1 Las zonas de restitución se definieron con base en información de inteligencia militar9.2 El enfoque de la política de protección es inadecuado para prevenir los factores deriesgo derivados del conflicto armado y la violencia sociopolíticaCapítulo 10Conclusiones: La restitución de tierras se encuentra en la etapa de despegueCapítulo 11Recomendaciones
PresentaciónLa Comisión Colombiana de Juristas –CCJ- tiene por objetivo la promoción de los derechoshumanos y del derecho humanitario en Colombia y la aplicación de los instrumentosinternacionales de protección de los mismos. En este marco, la CCJ monitorea la situaciónde los derechos de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, tales como las víctimasdel desplazamiento forzado, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes ycampesinas, al igual que el cumplimiento de las obligaciones del Estado en cuanto a laeliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres. En tal sentido, la CCJsigue la aplicación de las recomendaciones de los órganos internacionales de protecciónde los derechos humanos y elabora informes temáticos al respecto.La CCJ ha elaborado el presente Informe sobre la implementación, de la ley 1448 de 2011,conocida como “Ley de Víctimas”, con la finalidad de brindar información y analizar elestado de cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano enrelación con la restitución de las tierras abandonadas y usurpadas a las víctimas deldesplazamiento forzado a junio de 2012.En su primer capítulo el informe hace un recuento del reconocimiento del derecho a larestitución de las tierras y el patrimonio en distintos instrumentos internacionales deprotección de los derechos humanos. En el segundo capítulo se hace un recuento de lasnormas internas relacionadas con la restitución de tierras, anteriores a la promulgación dela Ley de Víctimas. El capítulo tercero del documento señala los aspectos positivos yproblemáticos de las medidas para la restitución de tierras contempladas en la Ley deVíctimas. En el capítulo cuarto se exponen las medidas contenidas en los decretos leyexpedidos por el gobierno con respecto de restitución de los territorios colectivospertenecientes a los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas.El capítulo quinto se ocupa del Registro de tierras abandonadas y despojadas creado porla Ley de Víctimas. Por su parte, el sexto capítulo analiza las medidas de protección a lasvíctimas ordenadas por la Ley y el séptimo capítulo estudia el acceso de los refugiados alas medidas de reparación y restitución. El octavo capítulo trata de la adecuacióninstitucional para la restitución de tierras que fueron ordenadas por la Ley de Víctimas.Los capítulos noveno y décimo contienen las conclusiones y recomendaciones relativas ala implementación de las medidas de restitución de tierras.
IntroducciónLas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario hanoriginado el desplazamiento forzado de cerca de cinco millones de personas en Colombia,desde la década de los años ochenta. En los años noventa ya se advertía que entre lascausas subyacentes del desplazamiento forzado estaba el interés de los gruposparamilitares y sus promotores por apropiarse de las tierras de las poblacionescampesinas, indígenas y afrocolombianas, con el propósito cambiar su uso haciaproyectos agroindustriales, ganaderos y de explotación de recursos naturales,especialmente mineros, produciendo como resultado una contrarreforma agraria 1. Lascondiciones mencionadas impiden a las comunidades decidir autónomamente el uso delsuelo y los recursos del territorio. Asimismo, la carencia de seguridad jurídica en latenencia de la tierra intensifica el riesgo de desplazamiento forzado y de despojo de lastierras de muchas comunidades.La estimación magnitud del despojo de tierras varía de los 10 millones de hectáreas porMovimiento Nacional de Víctimas a los 2,5 millones de has calculados por la ContraloríaGeneral de la Nación2. Por su parte, el Proyecto de Protección de Tierras del gobiernoestima que a 2010 la extensión de tierras abandonadas se acercaba a los ocho millones dehas, afectando 280.000 predios pertenecientes a unas 800.000 familias3.En el país, las estructuras paramilitares y sus promotores han provocado eldesplazamiento forzado y aplicado varias formas de despojo y afectación de los derechossobre las tierras, viviendas, infraestructura física, cultivos y semovientes. Entre lasmodalidades de despojo se encuentran el aprovechamiento de la imposibilidad de que lasvíctimas cumplan sus obligaciones crediticias; la ocupación por terceros, quienes explotanlas tierras o pretenden convertirse en sus propietarios; la venta forzada a menor precioante los cambios en el valor de la tierra y del patrimonio como consecuencia de lascondiciones de violencia sociopolítica y conflicto armado; y la implementación deproyectos de infraestructura y explotación agroindustrial y minera que incentivan elinterés privado por aprovechar el previsible incremento del valor de la tierra.1 En el informe de su misión a Colombia de 1994, el Representante Especial del Secretario General de las NacionesUnidas para las personas internamente desplazadas, Sr. Francis M. Deng, advertía que “ocurre una "contrarreforma"agraria, cuando los paramilitares, narcotraficantes y otros vinculados con ellos”. El Representante Especial señalaba quealgunas empresas locales e internacionales dedicadas a la minería, la ganadería y la agricultura en gran escala habíancontribuido a los conflictos sociales y a la violencia, contratando o creando grupos paramilitares, a fin de proteger susintereses. Ver al respecto: Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 51º período de sesiones, Informe delRepresentante del Secretario General, Sr. Francis Deng, presentado en cumplimiento de la resolución 1993/95 de laComisión de Derechos Humanos. Adición Estudio de casos de desplazamiento: Colombia, E/CN.4/1995/50/Add.1, 3 deoctubre de 1994, Párr. 22 y 60.2 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –Acnur- , Desplazamiento Forzado, tierras y territorios.Agendas pendientes: la estabilización socioeconómica y la reparación, abril de 2011, pág. 27.3 Agencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de laPoblación Desplazada –PPTP-, Unidades Agrícolas Familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia,diciembre de 2010, pág. 114.
El agravamiento a través del tiempo de la crisis de desplazamiento forzado y despojo enColombia ha llamado la atención de los órganos internacionales de protección de losderechos humanos, entre estos el Representante Especial del Secretario General de lasNaciones Unidas para los Derechos Humanos de las Personas Internamente Desplazadas,el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Consejo de DerechosHumanos. Durante años, dichos órganos internacionales han instado al Estado colombianoa cumplir sus obligaciones en materia soluciones al desplazamiento forzado, para lo cual lehan recomendado la adopción de medidas que garanticen los derechos de las víctimas a laverdad, la justicia y la reparación, especialmente la restitución de sus tierras, viviendas ypatrimonio4.Producto de la insistencia de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y losórganos internacionales de protección, el Congreso de la República aprobó en junio de2011 la ley 1448, conocida como “Ley de Víctimas”5. A la fecha de cierre del presentereporte en junio de 2012, dicha Ley había sido parcialmente reglamentada y suimplementación enfrenta los desafíos y obstáculos derivados del contexto del conflictoarmado interno, la persistencia de las estructuras paramilitares y la impunidad reinante, alo cual se añade la ausencia de políticas que garanticen los derechos de las comunidadesrurales y su desarrollo autónomo.4 El Consejo de Derechos Humanos, en las sesiones de diciembre de 2008, examinó a Colombia mediante el mecanismodel Examen Periódico Universal y formuló una serie de recomendaciones dirigidas al cumplimiento de las obligacionesinternacionales del Estado en materia de derechos humanos y derecho humanitario, entre las que se encuentranmedidas para prevenir y atender el desplazamiento forzado y para restituir las tierras y/o compensar adecuadamente aquienes se les haya usurpado su propiedad (Recomendaciones 36 y 37); medidas sociales y económicas para que losdesplazados internos, en particular los pertenecientes a las minorías, como las comunidades indígenas y losafrodescendientes, puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos (Recomendación 38); medidas paragarantizar la seguridad de las personas desplazadas y proteger sus derechos de propiedad (Recomendación 39). Por suparte, el Acnur ha formulado un conjunto de valiosas recomendaciones sobre aspectos de la restitución relativos aluniverso de las víctimas del abandono y el despojo; los no propietarios y tenedores; la identificación de las tierras yterritorios despojados; la integralidad de la legislación relacionada con el patrimonio de las víctimas; las medidas parareformar la estructura agraria de tenencia que mantiene la inequidad en la distribución de la tierra; la continuidad delconflicto armado y la protección individual y colectiva de la población desplazada que gestiona la restitución de lastierras y territorios y para quienes retornan; la participación de las víctimas en las decisiones sobre restitución, retorno yuso del territorio; las condiciones de los retornos; el derecho a la verdad; el derecho de las poblaciones indígenas yafrocolombianas a la consulta previa, libre e informada; la situación particular de las mujeres desplazadas y el diseñoinstitucional. Ver al respecto: Acnur, citado supra en Nota 2, págs. 137 a 155. Asimismo, el Representante Especial delSecretario General de las Naciones Unidas para los derechos humanos de las personas desplazadas, Sr. Walter Kälin,recomendó en 2007 al Estado la adopción de medidas legislativas que permitieran la restitución directa de los bienes alas víctimas del desplazamiento forzado, en lugar de canalizarlas a través del Fondo de Nacional de Reparación; yPromover que los paramilitares que aspiraran a los beneficios de la ley 975 de 2005 confiesen toda la verdad, incluida lainformación sobre los desplazamientos que han ocasionado y las tierras y las propiedades que usurparon, al igual quelos nombres de las personas a quienes las transfirieron, de conformidad con sentencia C-370 de 2006 de la CorteConstitucional. Ver al respecto: Naciones Unidas, Consejo de Derechos humanos. Cuarto período de sesiones. Informepresentado por el Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Sr.Walter Kälin, Adición Misión a Colombia. A/HRC/4/38/Add. 3, 24 de enero de 2007, Párr. 80.5 Ley 1448 de 2011 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas delconflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
Capítulo 1El derecho a la restitución de las tierras y el patrimonio de las personas refugiadas ydesplazadas internas se encuentra reconocido en los instrumentos internacionales deprotección de los derechos humanosEl Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como conjunto de instrumentos deprotección, reconoce los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.Como se verá a continuación, dichos instrumentos definen que el derecho a la restituciónforma parte del derecho a la reparación, de lo cual se desprenden compromisos yobligaciones por parte de los Estados.En el presente capítulo se resume el reconocimiento de los derechos de las víctimas endistintos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, así comolas correspondientes obligaciones de los Estados en materia de reparación de los daños,subrayando las obligaciones relacionadas con el derecho a la restitución de las tierras,viviendas y el patrimonio de las víctimas.1.1 Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen derecho a obtenerreparacionesMediante la resolución 60/147 de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidasaprobó los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violacionesmanifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones gravesdel derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones 6.La Asamblea General destaca en la citada resolución que los Principios y Directricescontienen mecanismos, modalidades, procedimientos y métodos para el cumplimiento delas obligaciones jurídicas de los Estados, existentes conforme a las normas internacionalesde derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que son complementarios.Además, la Asamblea recomienda a los Estados respetar los Principios y DirectricesBásicos, y como parte de la prevención de las violaciones de derechos humanos y de lasgarantías de no repetición de dichas violaciones, la promoción de la observancia de lasnormas internacionales de parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ylas fuerzas militares y de seguridad, los órganos legislativos, el poder judicial, las víctimas ysus representantes, entre otros.Los mencionados Principios y Directrices señalan que, de conformidad con lo previsto en6 Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de2005, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normasinternacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponerrecursos y obtener reparaciones.
el derecho internacional, los recursos a que tienen derecho las víctimas contra lasviolaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y lasviolaciones graves del derecho internacional humanitario deben comprender: a) Elacceso igual y efectivo a la justicia; b) la reparación adecuada, efectiva y rápida del dañosufrido; y c) el acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismosde reparación (Párr. 11).En ese sentido, los Principios y Directrices señalan que se debería dar a las víctimas, deforma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias decada caso, una reparación plena y efectiva en las formas de restitución, indemnización,rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición (Párr. 18).Con respecto a la restitución, los Principios y Directrices Básicas señalan que: “La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes”7.1.2 Los Estados tienen la obligación de garantizar la protección y devolución de laspropiedades y posesiones de las víctimas del desplazamiento internoLos Principios Rectores de los Desplazamientos Internos adoptados por las NacionesUnidas, precisan los derechos y garantías para la protección de las víctimas durante susituación de desplazamiento. En el marco del derecho de las víctimas a retornar a su lugarde origen, en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, los Principios Rectoresestablecen que: “Las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabilidad de prestar asistencia a los desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte, para la recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron. Si esa recuperación es imposible, las autoridades competentes concederán a esas personas una indemnización adecuada u otra forma de reparación justa o les prestarán asistencia para que la obtengan”8.7 Ibíd., Párr. 198 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 54º periodo de sesiones, Informe del Representante del SecretarioGeneral, Sr. Francis M. Deng, Adición Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, E/CN.4/1998/53/Add. 2*, 11de febrero de 1998, E/CN.4/1998/53/Add. 2, febrero 11 de 1998, Principio n.° 29.
Dicha obligación es complementaria a la obligación de proteger la propiedad y lasposesiones abandonadas por las víctimas contra la destrucción y la apropiación, ocupacióno uso arbitrarios e ilegales (Principio Rector n.° 21).1.3 La obligación de restitución comprende las tierras, las viviendas y el patrimonio de lasvíctimasLos Principios sobre restitución de viviendas y patrimonio de personas refugiadas ydesplazadas internas definen el contenido de las obligaciones relativas a la restitución delas viviendas, tierras y patrimonio de las víctimasLa restitución, entendida como la devolución de los bienes muebles e inmuebles alpropietario original o titular del derecho, tiene importancia central para garantizar elderecho al retorno de las víctimas del desplazamiento y soluciones duraderas frente a estasituación.En dicho sentido, los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio seaplican a las personas desplazadas internamente, refugiadas y demás personas que seencuentren en situaciones similares y hayan huido de su país aunque no esténencuadradas en la definición jurídica de refugiado, a quienes se haya privado de formaarbitraria o ilegal de sus anteriores hogares, tierras, bienes o lugares de residenciahabitual, independientemente de la naturaleza del desplazamiento o de las circunstanciasque lo originaron.Estos Principios reconocen el derecho de las víctimas en situación de desplazamiento yrefugio a “que se les restituyan las viviendas, las tierras y el patrimonio de que hayan sidoprivados arbitraria o ilegalmente o a que se les indemnice por cualquier vivienda, tierra obien cuya restitución sea considerada de hecho imposible por un tribunal independiente eimparcial, otorgando prioridad a la de restitución como medio preferente de reparación enlos casos de desplazamiento” 9.Asimismo, los Principios precisan que el derecho a la restitución de las viviendas, lastierras y el patrimonio es un derecho en sí mismo y es independiente de que se haga o noefectivo el regreso de las personas refugiadas y desplazadas internas a quienes les asisteese derecho a retornar (Principio n.°2).1.4 Los pueblos indígenas y tribales tienen derechos sobre sus territorios ancestralesEl Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-reconoce el derecho delos pueblos indígenas y tribales a su territorio y establece las obligaciones estatales alrespecto. De acuerdo con este Convenio se entiende por “tierras” el concepto de9 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 57. ° período de sesiones, Informe definitivo del Relator EspecialSergio Pablo Piñeiro, Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personasdesplazadas, E/CN.4/Sub.2/2005/17, junio 28 de 205, Principio n.° 2.
“territorios”, que abarca la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos indígenasy tribales ocupan o utilizan (Art. 13)10.De conformidad con el Convenio 169, los gobiernos tienen la obligación de garantizar laprotección efectiva de los derechos de propiedad y posesión sobre los territoriosocupados tradicionalmente por los pueblos indígenas y tribales (Art. 14). En tal sentido, elConvenio señala que dichos pueblos no deberán ser trasladados de las tierras que ocupansin su consentimiento. Siempre que sea posible, estos pueblos tienen el derecho deregresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir la causa que motivaron sutraslado y reubicación (Art. 16). En los casos excepcionales que el retorno a sus territoriosno sea posible, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuyacalidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras queocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar sudesarrollo futuro. Además, el Convenio señala la obligación de indemnizar plenamente alas personas pertenecientes a los pueblos indígenas y tribales trasladadas y reubicadas porcualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento(Art. 16).1.5 Los pueblos indígenas tienen derecho a la restitución de sus tierrasLa Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenasreconoce, entre otros derechos, la restitución del territorio y establece que los Estadostienen la obligación de asegurar el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras,territorios y recursos (Art. 26).Además, la Declaración dispone que los pueblos indígenas no serán desplazados por lafuerza de sus territorios, y que no se procederá a ningún traslado sin su consentimientolibre, previo e informado, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa yequitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso (Art. 10).En materia de reparación, la Declaración ordena que: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado”11.10 Ley 21 de 1991 por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en paísesindependientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989.11 Naciones Unidas, Asamblea General, Sexagésimo primer período de sesiones, Informe del Consejo de DerechosHumanos, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, A/61/L.67, septiembre 7 de2007, Artículo 28.
Las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de protección dederechos humanos son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado colombiano, envirtud del bloque de constitucionalidad12.Capítulo 2La normatividad interna reconoce el derecho a la restitución de los bienes a las víctimasCon anterioridad a la Ley de Víctimas la legislación nacional no garantizaba el derecho delas víctimas a la restitución de sus bienes. No obstante, algunas leyes anterioresreconocen el derecho de las víctimas a la restitución de sus bienes y algunasresponsabilidades estatales en la materia, que en general no tuvieron cumplimiento.A continuación se sintetiza el reconocimiento del derecho a la restitución de los bienes delas víctimas en las leyes 387 de 199713 que contiene medidas para la atención a lapoblación desplazada y 975 de 200514, conocida como “Ley de Justicia y Paz”.2.1 La ley 387 de 1997 reconoce los derechos de las personas internamente desplazadas alretorno y a acceder a soluciones definitivas al desplazamientoComo parte de los principios orientadores de interpretación y aplicación de las medidaspara prevenir y atender el desplazamiento interno adoptadas, la ley 387 reconoce elderecho de las personas desplazadas a acceder a soluciones definitivas a su situación y alregreso a su lugar de origen (Artículo 2), al tiempo que establece algunas obligaciones decarácter general relacionadas a la protección y restitución de los bienes de las víctimas.Además, la ley 387 dispuso que el Plan Nacional para la Atención Integral a la PoblaciónDesplazada que debe formular e implementar el gobierno debe incluir en sus objetivosmedidas relacionadas con los derechos de las víctimas a la justicia y la restitución de susbienes nacional (Artículo 10): - Crear y aplicar mecanismos que brinden asistencia legal y jurídica a la poblacióndesplazada para garantizar la investigación de los hechos, la restitución de los derechosvulnerados y la defensa de los bienes afectados.12 “El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto sensu”. Ver al respecto: Corte Constitucional, Sentencia C-225 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.13 Ley 387 de 1997 Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención,protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República deColombia.14 Ley 975 de 2005 Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armadosorganizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictanotras disposiciones para acuerdos humanitarios.
- Adoptar las medidas necesarias para el retorno voluntario de la población desplazada asu zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento.- Garantizar atención especial a las comunidades negras e indígenas sometidas aldesplazamiento en correspondencia con sus usos y costumbres, y propiciando el retorno asus territorios.Asimismo la citada ley, ordenó al Instituto Colombiano para la Reforma Agraria –Incora-(actualmente Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural –Incoder-) desarrollar unregistro de los predios rurales abandonados por la población desplazada e informar a lasautoridades competentes para que procedan a impedir cualquier acción de enajenación otransferencia de títulos de propiedad de estos bienes, cuando tal acción se adelantecontra la voluntad de los titulares de los derechos respectivos (Art. 19).La ley 387 también estableció que la perturbación de la posesión o abandono del bienmueble o inmueble, con motivo de una situación de violencia que obliga aldesplazamiento forzado del poseedor, no interrumpirá el término de prescripción a sufavor (Art. 27).2.2 La “Ley de justicia y paz” reconoce los derechos de las víctimas de los gruposparamilitares y guerrillerosLa ley 975 de 2005, conocida como “Ley de justicia y paz”, forma parte del marco legal delproceso que debía haber conducido a la desmovilización de los grupos paramilitares.Dicha ley define que el derecho de las víctimas a la reparación comprende las accionesque propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y lasgarantías de no repetición de las conductas, a la vez que señala que la restitución es larealización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anteriora la comisión del delito (Art. 8).Establece además que la reparación de las víctimas comporta los deberes de restitución,indemnización, rehabilitación y satisfacción (Art. 44). La ley define que la restituciónimplica la realización de los actos que propendan por la devolución a la víctima a lasituación anterior a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad,el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades, de ser posible (Art.46).La Corte Constitucional examinó la constitucionalidad de la ley 975, señalando en lasentencia C-370 de 2006 que muchos de los artículos procesales de la ley se oponían a lagarantía de los derechos de las víctimas, por lo cual declaró algunos inexequibles y a otrosles dio una constitucionalidad condicionada15. En dicha sentencia la Corte reconoce como15 Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
estándar internacional en materia de reparación a las víctimas “el derecho a obtenerreparación deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por las víctimas;comprenderá medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción según loestablece el derecho internacional”, de acuerdo con el Conjunto de principios actualizadopara la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra laimpunidad16.En la sentencia mencionada la Corte Constitucional acude a la jurisprudencia de la CorteInteramericana de Derechos Humanos con relación a la obligación de reparar a lasvíctimas: “170. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para que, además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias producidas por las infracciones y se establezca, inter alia, el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados. La obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de su derecho interno”17.La jurisprudencia citada precisa que el principio de la reparación integral implica laadopción de todas las medidas que permitan devolver a la víctima a la situación anterior oque, si esto no es posible, busquen detener y subsanar los efectos de los crímenescometidos y compensar a quienes los sufrieron, mediante la aplicación de las diferentesmedidas de reparación que existen. Este principio se deriva además de las normascontenidas en los diferentes tratados de derechos humanos que hacen parte del bloquede constitucionalidad colombiano en sentido estricto.En cuanto a la restitución de los bienes, la Corte Constitucional en la sentencia C-370declaró inexequible el apartado del Artículo 46 de la ley 975 que condicionaba ladevolución de las propiedades a las víctimas como acto de reparación: “de ser posible”.Las medidas ordenadas por las dos leyes citadas anteriormente en el presente capítulo, nohan tenido pleno cumplimiento, razón por la cual, las personas desplazadas no hancontado con garantías para obtener la reparación y la restitución de sus bienes, requisitoindispensable para superar la condición de víctimas. En efecto, la Corte Constitucional haadvertido serias omisiones con relación a las obligaciones estatales en materia de16 Naciones Unidas, Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanosmediante la lucha contra la impunidad. ONU, E/CN.4/2005/102/Add.1, Principio 34.17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 15 de junio de 2005, caso comunidad Moiwana vs.Suriname, en: Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-370, 18 de mayo de 2006.
restitución de las tierras. Una de las falencias que llevaron a la Corte Constitucional adeclarar el estado de cosas inconstitucional con respecto a los derechos de la poblacióndesplazada, es el hecho de que las políticas de protección de la posesión o la propiedad delos bienes abandonados por causa del desplazamiento, o los programas dirigidos a laadjudicación de tierras no han sido implementadas: “Los programas de estabilizaciónsocioeconómica y adjudicación de tierras y vivienda se facilitan a un número mínimo dedesplazados. En los pocos casos en los cuales se otorgan facilidades de crédito, lasentidades responsables se abstienen de prestar la asesoría y acompañamiento necesarios.(f) En cuanto al componente de retorno, no se han aplicado los programas de reactivacióneconómica, ni proporcionado los elementos que permitan que las comunidades queintentan volver a sus lugares de origen puedan sobrevivir de manera autónoma. Tampocose han implementado los mecanismos que protegen la propiedad o la posesión de lastierras de las personas desplazadas”18.En el marco del mismo proceso de la sentencia T-025 de 2004, la Corte, ante la“inidoneidad de las políticas de vivienda, tierras y generación de ingresos”, ordenó unareformulación de la política de tierras que tenga por objetivos: “ I. Contar con unmecanismo para esclarecer la verdad de la magnitud, las modalidades y efectos de losabandonos y despojos de tierras ocurridos en el marco del conflicto armado; II. Identificarreformas institucionales y normativas que sean necesarias para asegurar la restitución debienes a la población desplazada; III. Diseñar y poner en marcha un mecanismo especialpara recibir, tramitar y resolver las reclamaciones de restitución de tierras de las víctimasde abandonos o despojos, teniendo en cuenta las distintas formas de relación jurídica de lapoblación desplazada con los predios abandonados (propiedad, posesión, tenencia,etc.)”19.En otro fallo de tutela, la Corte Constitucional conceptuó que el derecho a la restitución esuno de los derechos que surgen del derecho a la reparación integral y recordó que elartículo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949 y los PrincipiosRectores de los Desplazamientos Internos 21, 28 y 29 y los Principios sobre la restituciónde las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas, hacen partedel Bloque de constitucionalidad en sentido lato, en tanto son desarrollos adoptados porla doctrina internacional, del derecho fundamental a la reparación integral por el dañocausado. En esa dirección, el Alto Tribunal ordenó a la Agencia Presidencial para la AcciónSocial y la Cooperación Internacional (Acción Social) y la Comisión Nacional de Reparacióny Reconciliación cumplir con “la obligación de establecer las políticas, los planes yprocedimientos destinados a lograr la satisfacción efectiva del derecho a la restitución delos bienes de los cuales han sido despojadas durante años gran parte de las personas queactualmente se encuentran en situación de desplazamiento forzado. En este sentido nosobra recordar que cualquier política que se adopte debe tener en cuenta las directrices18 Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004. M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.19 Corte Constitucional, auto 008 de 2009, Ref.: Sentencia T-025 de 2004 Persistencia del estado de cosas inconstitucionaldeclarado mediante sentencia T-025 de 2004.M. P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
contenidas en el bloque de constitucionalidad. En particular las que surgen de losprincipios Rectores de los Desplazamientos Internos (los llamados principios Deng), y losPrincipios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y lasPersonas desplazadas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de estaprovidencia” 20.20 Corte Constitucional, sentenciaT-821 de 2007. M.P.: Catalina Botero Marino.
Capítulo 3La Ley de Víctimas adoptó medidas para la restitución de las tierras usurpadasComo se mencionó anteriormente al inicio del presente reporte, en 2011 fue aprobada laley 1448 de 2011 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparaciónintegral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Lallamada “Ley de Víctimas” tiene como objeto establecer un conjunto de medidasjudiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, dentro de unmarco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a laverdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que sereconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de susderechos constitucionales (Artículo 1).La Ley de Víctimas es un avance en el reconocimiento del Estado al derecho de lasvíctimas de violaciones de derechos humanos y derecho humanitario a la reparación,luego de varios años de incumplimiento de las obligaciones estatales en la materia, lomismo que de las órdenes de la Corte Constitucional anteriormente citadas. En el mismosentido, la Ley de Víctimas incluyó en los procesos de restitución normas relativas a laatención preferencial para las mujeres en los trámites administrativos y judicialesmediante ventanillas de atención preferencial, personal capacitado en temas de género,prelación a las solicitudes de mujeres cabeza de familia y medidas para favorecer el accesode las organizaciones o redes de mujeres a procesos de reparación (Art. 114); atenciónpreferencial para mujeres y madres cabeza de familia en los procesos de restitución (Art.115); y especial colaboración de las autoridades de policía o militares para velar por laentrega oportuna del predio y para procurar mantener las condiciones de seguridad quele permitan usufructuar su propiedad. Además, la Ley otorga prioridad a las mujeres aquienes se les restituya la tierra en la aplicación de la ley 731 de 2002, norma que buscabeneficios para las mujeres rurales de bajos recursos y consagra medidas específicasencaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural21 (Art. 117). En esesentido, la ley dispone que en la sentencia el juez o magistrado ordenará que la restitucióny la compensación se efectúen a favor de los dos cónyuges. En la misma dirección, la Leyordena a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos registrar el predio restituido anombre de los dos cónyuges (Art. 118).Por otra parte, existen aspectos específicos de la ley 1448 que son motivo depreocupación, tales como la exclusión de determinadas víctimas; la ausencia de medidasde restitución de las viviendas, el patrimonio y el empleo; la falta de garantías para losderechos de los arrendatarios, aparceros y tenedores que hayan sido despojados de sustierras; las limitaciones de las medidas de protección para las víctimas; y las limitaciones21 Ley 731 de 2002 Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales.
para que las víctimas que se encuentran en el exterior puedan acceder a la restitución desus tierras22. A continuación se exponen dichos aspectos de la Ley.3.1 La ley 1148 de 2011 no reconoce a la totalidad de las víctimasLa exclusión se hace en función de la fecha de ocurrencia de la violación de derechoshumanos, del tipo de violación y de la condición de combatiente.a. La ley reconoce los derechos patrimoniales de las víctimas. No obstante, la leysolamente reparará patrimonialmente a las víctimas por hechos ocurridos después del 1°de enero de 1985 (Art. 3). Además, cuando se trata de despojo de tierras, la reparaciónpatrimonial sólo se puede solicitar por hechos ocurridos después del 1° de enero de 1991(Art. 75).b. La Ley establece que no serán reparadas las víctimas de graves infracciones al DerechoInternacional Humanitario cometidas contra miembros de grupos armados al margen dela ley. Para el reclutamiento de niños y niñas por parte de estos grupos, la Ley soloreconoce su reparación en caso de que la desvinculación haya tenido lugar cuando aúneran menores de edad (Art. 3).c. La Ley redujo el alcance de la definición de la condición de persona desplazada. Alestablecer que “es víctima del desplazamiento forzado toda persona que se ha vistoforzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia oactividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad olibertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, conocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo 3° de la presente Ley” (Artículo60). Quedan excluidas aquellas personas forzadas a desplazarse con ocasión de“disturbios, tensiones interiores y violencia generalizada”, quienes se encontrabancontenidas en la definición de la condición “desplazado” de la ley 387 de 199723. Entérminos prácticos, la definición de la Ley de Víctimas implica que aquellas víctimas que sehayan visto obligadas a desplazarse como consecuencia de hechos de violenciasociopolítica, como por ejemplo las acciones de los grupos paramilitares (que el gobiernocataloga como “bandas criminales”), y por los efectos de las fumigaciones áreas anti-narcóticos no serán destinatarias de las medidas de reparación y asistencia previstas en laLey.22 Comisión Colombiana de Juristas, Algunas Observaciones sobre la ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan medidas deatención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno u se dictan otras disposiciones”,junio de 2011. Disponible en http: //www.coljuristas.org/documentos/pronunciamientos/pro_2011-06-16.html23 La ley 387 de 1997, en su Artículo 1 establece que es “desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrardentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque suvida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamenteamenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensionesinteriores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho InternacionalHumanitario u otras circunstancias”.
3.2 La Ley de Víctimas no incluyó la restitución de las viviendas y el patrimonioEn la Ley de Víctimas las medidas de restitución de los bienes de las víctimas se limitan alas tierras, sin incluir la restitución de las viviendas, el patrimonio y el empleo (CapítuloIII), lo cual no se ajusta a los estándares de derechos humanos fijados por los Principiossobre Restitución de las personas refugiadas y desplazadas citados anteriormente en elpresente texto.La exclusión de la vivienda, el patrimonio y el empleo de las medidas de restitución haceinsuficientes las garantías para los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado aobtener reparación integral, a retornar a su lugar de origen en condiciones de dignidad yacceder a soluciones duraderas a su situación.3.3 La Ley de Víctimas no garantiza los derechos de los arrendatarios, aparceros ytenedores que hayan sido despojados de sus tierrasLa ley contempla medidas de restitución para propietarios, poseedores y explotadores deque pretendan adquirir su propiedad por adjudicación. Quienes no tengan las anteriorescalidades, como es el caso de los tenedores y los ocupantes de baldíos, no podrán lograr através la Ley de Víctimas la restitución de sus tierras, lo que tendría graves implicacionespara miles de familias desplazadas24, que no serán destinatarias de las medidas derestitución de tierras25.3.4 La Ley de Víctimas permite a terceros la explotación de la tierra usurpadaEn casos en que la tierra usurpada a las víctimas esté siendo explotada económicamente através de un proyecto agroindustrial, la Ley de Víctimas permite que solamente se hagaefectiva la restitución formal de la propiedad y se autorice la explotación de la tierra porparte del opositor de la víctima en el proceso, cuando este sea un tercero de buena feexenta de culpa o bien del Estado (Art. 99).Esta figura, que la Ley denomina “contrato de uso del predio restituido” es violatoria delderecho a la restitución de las víctimas, el derecho a la propiedad, el derecho de accesoprogresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, el derecho al trabajo y ala libre escogencia de profesión u oficio y el derecho a la igualdad.La figura del “contrato de uso” también es contraria al Principio Rector de losDesplazamientos Internos n.° 21 que establece que las propiedades y posesiones de las24 De las personas desplazadas inscritas en el Registro Único de Protección de Tierras Abandonadas solamente el 45,7%de las personas desplazadas que son propietarios, mientras que el 32% son poseedores, 17% ocupantes y 2,8%tenedores. Ver al respecto Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR- e Instituto de Estudios Políticas yRelaciones Internacionales , Universidad Nacional de Colombia –IEPRI-, El despojo de tierras y territorios, unaaproximación conceptual, Bogotá, D.C., septiembre de 2009, pág. 58.25 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Respuesta al derecho de petición DF 94/1 presentado por la ComisiónColombiana de Juristas, marzo 20 de 2012.
personas desplazadas disfrutarán de protección en toda circunstancia contra ladestrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrarios e ilegales.3.5 La Ley de Víctimas posibilita la impunidad para el despojo y otras violaciones dederechos humanosLa ley concede el beneficio del principio de oportunidad26 a los usurpadores que confiesenel despojo de tierras, la ilegalidad de los títulos o de los derechos reclamados (Artículo120)La aplicación del principio de oportunidad en este caso puede posibilitar que queden en laimpunidad el despojo y vulneraciones graves de derechos humanos que haya sufrido lavíctima, como amenazas, torturas, homicidios, desplazamiento forzado o violencia sexual,al igual que los delitos de pertenencia a grupos armados y la complicidad de agentesestatales.3.6. La ley 1448 castiga a la víctimas de usurpación con la pérdida del derecho a larestitución de su tierra si ocupan o hacen uso de esta antes de que el juez se la restituyaEsta disposición (Artículo 207) es similar a una pena de confiscación, que está prohibida enla Constitución Política27. Tampoco está prevista en la legislación agraria ordinaria, la cualpermite la adjudicación de predios a campesinos que invadan u ocupen tierras.3.7 El Congreso de la República delegó al gobierno la regulación de aspectos sustantivosde la Ley de Víctimas mediante creación de programas y reglamentosImportantes aspectos sustantivos de la Ley 1448 fueron objeto de reglamentación porparte del gobierno, como por ejemplo los mecanismos de asistencia y reparación a lasvíctimas, la protección de las víctimas, la estructuración de la Unidad AdministrativaEspecial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Protección y laUnidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, laestructura del Centro de Memoria Histórica, los registros de víctimas y de tierrasdespojadas, la participación de las víctimas y el programa de restitución de tierras.Para que este proceso reglamentario se desarrollara de conformidad con los estándaresinternacionales de derechos humanos y los principios de la misma Ley, resultabaindispensable la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones en todo el26 El principio de oportunidad, regulado de forma muy general a través del artículo 324 del Código deProcedimiento Penal (ley 906 de 2004,) introduce una amplia excepción al principio de legalidad que establece eldeber de la Fiscalía de perseguir a los autores de hechos que se constituyan en conductas punibles y de acusarlosante los jueces, de existir mérito para ello. En este sentido, se abrió la posibilidad de que conductas graves escapena la persecución penal, y que las víctimas de esos delitos se vean abandonadas por el Estado en la persecución de laconducta. Ver al respecto: Comisión Colombiana de Juristas, Los derechos humanos en el nuevo Código deProcedimiento Penal, Bogotá, diciembre de 2005. Disponible en http: //www.coljuristas.org27 La Constitución Política en su Artículo 34 prohíbe las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.
territorio nacional, al igual que de las víctimas refugiadas en el exterior o solicitantes deprotección internacional. Sin embargo, varias organizaciones se quejaron de la falta deinformación y garantías de participación en el proceso reglamentario.En secciones posteriores, el presente documento analiza la reglamentación de algunosaspectos de la ley 1448.3.8 La Ley 1448 ordena medidas de protección a las víctimas, testigos y funcionarios acargo de la reparaciónLa Ley de Víctimas ordena la adopción de medidas de protección integral a las víctimas,testigos y funcionarios públicos que intervengan en los procedimientos administrativos yjudiciales de reparación, en especial en los de restitución de tierras y, cuando ello seanecesario según el nivel de riesgo evaluado para cada caso particular, en la medida enque exista amenaza contra sus derechos fundamentales a la vida, la integridad física, lalibertad y la seguridad personal, atendiendo a la jurisprudencia y normatividad existentesobre la materia. Para ello ordena la revisión y adecuación de los programas de protecciónexistentes a unos criterios establecidos en la propia Ley (Art. 31).Adicionalmente, la Ley estableció que los programas de protección se desarrollarían en elmarco de los programas existentes en la materia, garantizando su coherencia con laspolíticas de seguridad y defensa nacional. Asimismo, la Ley establece los criterios para larevisión e implementación de los programas de protección integral. Para garantizar laseguridad en los procesos de restitución antes, durante y después de que se lleven a cabola ley ordena al Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Pública, en coordinación con elMinisterio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a travésde la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas tomar las medidasnecesarias (Art 32).De igual manera, la Ley ordena establecer medidas de prevención suficientes para mitigaresos riesgos, para lo cual se tendrá en cuenta la información del Sistema de AlertasTempranas de la Defensoría del Pueblo –SAT- . Asimismo la ley ordena a las alcaldías, enespecial en aquellos municipios en donde se estén adelantando procesos de restitución,formular estrategias de seguridad pública de manera conjunta con el Ministerio delInterior y de Justicia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura y DesarrolloRural, con el fin de prevenir afectaciones a los derechos de las víctimas, susrepresentantes, así como de los funcionarios. (Art. 31).Las garantías de no repetición previstas en la Ley de Víctimas comprenden ladesmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley (Art.149); y ordena que “[e]l Estado Colombiano adoptará las medidas conducentes a lograr eldesmantelamiento de las estructuras económicas y políticas que se han beneficiado y quehan dado sustento a los grupos armados al margen de la ley” (Artículo 150). Si seimplementara un sistema de prevención basado en el respeto a los derechos humanos y el
derecho humanitario, se lograra el desmantelamiento de las estructuras responsables deldespojo y se hiciera justicia se estaría cumpliendo buena parte de las obligaciones con lasvíctimas.
Capítulo 4La reparación de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas incluye larestitución de sus territoriosEl Congreso de la República, en la ley 1448 de 2011, confirió facultades extraordinarias alGobierno con relación a la reparación a pueblos indígenas y afrocolombianos a través dedecretos con fuerza de ley, los cuales debían ser consultados previamente atendiendo elmandato del Convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia y la jurisprudencia de laCorte Constitucional sobre la materia.La ley 1148 ordenó que las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblosindígenas y comunidades afrocolombianas harán parte de normas específicas para cadauno de estos grupos étnicos (Art. 2), las cuales serán consultadas previamente a fin derespetar sus usos y costumbres, así como sus derechos colectivos, de conformidad con loestablecido en el Artículo 205. De conformidad con el artículo 150 numeral 10 de laConstitución Nacional, el Artículo 205 de la Ley reviste al Presidente de la República deprecisas facultades extraordinarias, por el término de seis meses contados a partir de laexpedición de la presente ley, para expedir por medio de decretos con fuerza de ley, laregulación de los derechos y garantías de las víctimas pertenecientes a pueblos ycomunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.Como ha sido señalado anteriormente en el presente documento, la facultadreglamentaria otorgada al Presidente de la República añade la obligación de garantizar laparticipación de las víctimas en el proceso de reglamentación de la Ley de Víctimas. Esdecir, el cumplimiento de la obligación estatal de garantizar el derecho a la consultaprevia en la expedición de los decretos con fuerza de ley para la reparación de laspoblaciones indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rom (Art. 205), deconformidad con los parámetros del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas ytribales28 y la jurisprudencia constitucional.A continuación se reseñan las medidas de restitución de los territorios de las poblacionesafrocolombianas e indígenas contenidas en los decretos expedidos por el gobierno.4.1 La reparación de las víctimas pertenecientes a los pueblos indígenas contempla larestitución de sus territorios ancestralesDe conformidad con el Artículo 205 de la ley 1448, el presidente de la República expidió eldecreto ley 4633 de 2011 en el que se reconoce el derecho fundamental al territorio (Art.28 El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, en su Artículo 12, estableceque los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular através de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptiblesde afectarles directamente”; y que tales consultas “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a lascircunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.
8 y 9) y la responsabilidad del Estado en la protección del territorio ancestral de dichospueblos de conformidad con el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política (Art. 11).El decreto también ordena medidas de atención y reparación de las víctimaspertenecientes a los pueblos indígenas29, entre las que se destacan las relativas a lareparación de los derechos territoriales.El decreto ley 4633 reconoce que la restitución es la medida preferente de reparación(Art. 142), y define de manera amplia los territorios indígenas que serán objeto derestitución: Los resguardos indígenas constituidos30, ampliados o en proceso deconstitución o ampliación; las tierras de ocupación ancestral e histórica y las de losresguardos de origen colonial; y las tierras adquiridas por el Incora o Incoder en beneficiode comunidades indígenas (Art. 141).Los titulares de la restitución de tierras serán las Autoridades Tradicionales de los pueblosindígenas, las Asociaciones de Cabildos y Autoridades, los Gobernadores de Cabildo yorganizaciones que integran la Mesa Permanente de Concertación31. Adicionalmente, eldecreto garantiza los derechos territoriales y a la restitución a las comunidades indígenasque se hayan desplazado más allá de las fronteras nacionales (Art 143).Por otra parte, el decreto ley 4633 define los daños al territorio como aquellos quevulneren el equilibrio, la armonía, la salud y la soberanía alimentaria de los pueblosindígenas (Art. 45). De manera similar, se definen las afectaciones territoriales contra lospueblos indígenas como las acciones o violaciones vinculadas al conflicto armado interno ylos factores subyacentes y vinculados al mismo en la medida en que causen abandono,confinamiento y despojo del territorio, y otras formas de limitación al goce efectivo de los29 Decreto 4633 de 2011 Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y derestitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades Indígenas, diciembre 9de 2011.30 La ley 135 de 1961 “Sobre reforma social agraria", en su Artículo 94 establece que el Instituto Colombiano de laReforma Agraria –Incora- (fusionado en 2003 en el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural –Incoder- podráconstituir a solicitud de la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno (actualmente Dirección de Etnias delMinisterio del Interior y de Justicia) “resguardos de tierras en beneficios de los grupos o tribus indígenas que no losposean”.31 La Mesa Permanente de Concertación –MPC- es un escenario producto de las exigencias de los pueblos indígenaspara socializar y concertar con el gobierno nacional temas, programas, proyectos y políticas que conciernen a los 102pueblos indígenas del país en aspectos que son pilares de vida para las comunidades como el territorio, la autonomía, lapervivencia cultural, la garantía de sus Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales; el Derecho a laConsulta y el seguimiento al proceso de implementación de los mandatos constitucionales, legales y jurisprudenciales,entre otros. La Mesa Permanente está conformada por delegados indígenas de las organizaciones regionales yrepresentantes de la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-, y de las tres organizaciones regionales delsur, centro-pacífico y norte del país. Su creación se hizo mediante el decreto 1397 de 1996, el cual establece, en suArtículo 13 que: “[l]os integrantes permanentes de la Mesa Permanente de Concertación organizarán por temas yasuntos específicos comisiones de trabajo y concertación con participación de las entidades oficiales de acuerdo con suscompetencias constitucionales y legales y con participación de los delegados de los pueblos, autoridades yorganizaciones indígenas directamente interesados o afectados cuando se traten temas específicos de sus comunidadeso regiones”..
derechos territoriales, la Ley de Origen, la Ley Natural, Derecho Mayor o Derecho Propio32(Art. 144).Con relación a la gradualidad en la implementación del registro de tierras despojadas, eldecreto ley 4633 posibilita la participación de la Mesa Permanente de Concertación en ladefinición, conjuntamente con la Unidad de Restitución de Tierras, de los criterios, zonas,casos y tiempos para la focalización de la restitución de tierras, teniendo en cuenta lajurisprudencia nacional e internacional y las solicitudes de protección de los territoriospresentadas a la Ruta Étnica33. En caso de riesgo inminente para una comunidad, eldecreto ley prevé la adopción de medidas de protección y cautelares (Art. 145).El decreto ley 4633 establece que la presentación de la solicitud de restitución se podráhacer de manera oral o escrita. Asimismo, establece que la Defensoría del Pueblo y losCentros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas remitirán a la Unidad deRestitución de Tierras la información sobre los casos de despojo de tierras que conozcan(Art. 147). Es importante recordar que la ley 1448 dispone que para las víctimas que no seexpresen en castellano, se debe disponer de traductores o intérpretes para recabar sudeclaración, presentar solicitudes y adelantar las actuaciones en las que hayan deintervenir el nombramiento de funcionarios bilingües a cargo de la atención de lassolicitudes de reparación de los pueblos indígenas (Artículo 42, parágrafo).Conjuntamente con las autoridades y la comunidad indígenas, la Unidad de Restitución deTierras, en un plazo máximo de 60 días, realizará la caracterización de las afectaciones ydaños en el territorio (Art. 153 y 154). La misma Unidad de Restitución de Tierras seencargará de elaborar el informe de caracterización de daños y afectaciones que serviráde base para documentar y tramitar la demanda judicial de restitución (art. 155). En casode que se identifican daños y afectaciones territoriales en dicha caracterización seprocederá a la inscripción en el Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas (Art. 156).32 La Constitución Política reconoce la institucionalidad indígena, la ley indígena, derecho mayor o ley de origen, comosus instancias de autoridad y gobierno (Art. 330). El presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-considera que “la Ley de Origen, nuestro Derecho Mayor o Derecho Propio, que nos asiste y otorga identidad, sonnuestras leyes, formas de gobierno y justicia propia”. Según la ONIC, el derecho mayor o ley de origen, guía el quehacerde los pueblos y se considera su carta de relación con el resto de la sociedad. Citado en Acnudh, El Derecho de losPueblos Indígenas a la Consulta Previa, Libre e Informada Una guía de información y reflexión para su aplicación desde laperspectiva de los Derechos Humanos, pág. 30. Disponible en http: //www.acnur.org/biblioteca/pdf/7602.pdf?view=133 En el auto 005 de enero de 2009, parte del proceso de la sentencia T-025 de 2004 que declaró el estado de cosasinconstitucional en materia de desplazamiento forzado, la Corte Constitucional ordenó al gobierno diseñar y aplicar laRuta Étnica como mecanismo de protección del derecho fundamental de los grupos étnicos sobre sus territorios, queabarca la propiedad colectiva; la posesión tradicional y las áreas especiales de uso. La Ruta Étnica fue diseñada por elPrograma de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada de Acción Social sobre la base de dospremisas: 1) El reconocimiento del territorio como un derecho fundamental de los grupos étnicos, en tanto ellosconstituyen sujetos colectivos de derecho; y 2) el carácter especial de sus autoridades; y su derecho a la participación enel desarrollo y en las decisiones que les afectan mediante la consulta previa.
4.2 El gobierno dispuso algunas medidas de protección para los pueblos indígenas enmedio del conflicto armado internoLa protección de los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado es abordada porel decreto ley 4633 como un ejercicio colectivo relacionado con el carácter ancestral ysagrado con su territorio (Art. 33), por lo tanto, se ordena al Estado garantizar laprotección de los pueblos en su dimensión colectiva e individual con el fin de detener losfactores subyacentes y vinculados al conflicto armado (Art. 55).En materia de protección colectiva, el decreto ley ordena medidas para la autonomía,territorio y derechos sobre el territorio y de los pueblos que lo ocupan (Art. 56). Lasmedidas de protección de los derechos territoriales comprenden la agilización por partedel Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –Incoder- de los procedimientosadministrativos de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas, paralo cual, esta entidad debe acordar con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas 34 unplan de contingencia en un término de seis meses a partir de la vigencia del decreto ley(Art. 57).Con respecto a la protección de la autonomía de los pueblos indígenas, el decreto ley4633 ordena el respeto al control territorial por parte de las autoridades indígenas, sinperjuicio de las funciones de a Fuerza Pública, y por el derecho a la protección de la vida,la autonomía y el territorio frente al conflicto armado. Además, el decreto establece queen el marco del Derecho Internacional Humanitario, la fuerza pública se compromete arespetar el derecho de los pueblos indígenas a no involucrarse en el conflicto armado (Art.59). Además, el decreto ley ordena a la fuerza pública que en el marco de sus operacionesobserve los principios de protección, distinción, precaución, necesidad militar yproporcionalidad. Además, señala que los pueblos indígenas gozarán de medidas deprotección especial contra los riesgos derivados de las operaciones militares y deprevención de violaciones a los derechos humanos (Art. 60).Es importante reiterar que, en la implementación de las medidas mencionadasanteriormente, la fuerza pública debe respetar el derecho de los pueblos indígenas a noinvolucrarse en las hostilidades y que, el desarrollo de actividades militares en losterritorios indígenas está prohibido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre losDerechos de los Pueblos Indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés públicopertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, oque éstos lo hayan solicitado, tal como lo establece la misma Declaración35. En este caso,la obligación estatal consiste en celebrar consultas eficaces con los pueblos indígenas34 La Comisión Nacional de Territorios Indígenas, al igual que la Mesa Permanente de Concertación, fue creada medianteel decreto 1397 de 1996. La principal función de dicha Comisión, integrada por autoridades del gobierno yorganizaciones indígenas, es concertar la programación para períodos anuales de las acciones de constitución,ampliación, reestructuración y saneamiento de resguardos y saneamiento y conversión de reservas indígenas que serequieran de acuerdo con la información que le debe suministrar el Incoder (Art. 2).35 Naciones Unidas, citado supra en Nota 11, Artículo 30.
interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de susinstituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividadesmilitares.Por otra parte, el decreto ley incluye medidas de prevención de los riesgos de las minasantipersonales y el uso de armas en los territorios indígenas (Art. 70). También ordenacontempla medidas de protección individual para los pueblos indígenas enfocadas sobrelos derechos de la niñez y la prevención del reclutamiento forzado de jóvenes (Art. 65 y66), lo mismo que de prevención de vulneraciones a los derechos de las mujeres indígenasen situación de desplazamiento (Art. 67) y en sus territorios (Art. 68).Adicionalmente, el decreto ley ordena a la Unidad de Protección del Ministerio del Interiorque, con el concurso de las autoridades y organizaciones indígenas, adapte sus medidasde manera que incorpore los sistemas propios de protección de los pueblos indígenas (Art.63). El Estado debe respetar el carácter civil de los sistemas de protección propios de lospueblos indígenas y que por ningún motivo intente involucrarlos en actividadesrelacionadas con el conflicto armado, ya que de esta manera infringiría las normashumanitarias e incrementaría el nivel riesgo de los pueblos, tal como ha ocurrido con elpueblo Nasa en el departamento del Cauca36.En cuanto a las condiciones de seguridad para los retornos y reubicaciones de los pueblosindígenas, el decreto ley establece que serán evaluadas por los Comités de JusticiaTransicional con base en información suministrada por la Fuerza Pública y las entidadesdel Ministerio Público (Art. 104).Resulta altamente preocupante que la información para valorar las condiciones deseguridad de los retornos provenga de actor del conflicto armado interno, que ennumerosos casos es responsable de violaciones a los derechos humanos e infracciones alderecho humanitario. Por lo tanto, en dicha valoración, los Comités de Justicia Tradicionaldeberían otorgar prioridad a la información del SAT, ya que esta tiene un enfoque de36 El pueblo indígena Nasa han sido seriamente afectado como consecuencia de los ataques armados por parte del grupoguerrillero FARC y los enfrentamientos en zonas pobladas entre ésta guerrilla y la fuerza pública, ocurridos en municipiosdel departamento del Cauca (Jambaló, Miranda, Corinto, Argelia, Toribío, Silvia, Suárez, Santander de Quilichao, Moralesy Caloto). El departamento del Cauca es una de las zonas de la estrategia militar denominada Plan Nacional deConsolidación Territorial, que da continuidad de la política de “seguridad democrática”. El pueblo Nasa ha desarrolladomecanismos autónomos de protección frente al conflicto armado, como la Guardia Indígena, y se ha movilizado contrala presencia de todos los actores armados, exigiéndoles la desmilitarización de su territorio ancestral. La reacción delpresidente Juan Manuel Santos se hizo afirmando que “[n]o quiero ver un solo indígena en las bases militares”. (…) “Lapresencia de militares y policías en cualquier lugar del país no es negociable. No podemos ceder un milímetro”. En lamisma línea, el ministro de Defensa Nacional aseguró que “de ninguna manera la Fuerza Pública se va a ir de allá, alcontrario, esta operación se va a profundizar y va a cumplir con sus objetivos”. Ver “No quiero ver indígenas en las basesmilitares”, diario El Nuevo Siglo, 18 de julio de 2012. Disponible en http: //www.elnuevosiglo.com.co/articulos/7-2012-%E2%80%9Cno-quiero-ver-ind%C3%ADgenas-en-las-bases-militares%E2%80%9D.html; y “Norte del Cauca, todo unpolvorín”, diario El Espectador, 18 de julio de 2012. Disponible en http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-361131-norte-del-cauca-todo-un-polvorin
derechos humanos y de valoración de los riesgos para la población civil en el conflictoarmado.4.3 La reparación de las víctimas afrocolombianas incluye la restitución de sus territoriosEl Presidente de la República a través del decreto ley 4635 de 2011 estableció el marconormativo e institucional de la atención, asistencia, reparación integral y restitución detierras de las víctimas de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras37. Eltexto del decreto ley reconoce las obligaciones contenidas en los instrumentosinternacionales de protección que conforman el bloque de constitucionalidad, las leyes yla jurisprudencia y los principios internacionales acerca de la verdad, la justicia, lareparación y las garantías de no repetición (Art. 1).El decreto ley 4635 reconoce que la pervivencia de las comunidades entraña el ejercicioefectivo del el derecho colectivo sobre sus territorios, por lo tanto, este derecho esreconocido como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y sudesarrollo autónomo. En tal sentido, establece que el proceso de restitución de las tierrasde las comunidades afrocolombianas está orientado por el carácter inalienable,imprescriptible e inembargable de dichos territorios (Art. 32). Por lo tanto, establece queson susceptibles de restitución a la población afrocolombiana, raizal y palenquera: a) lastierras de las comunidades; b) las tierras sobre las cuales adelantan procesosadministrativos para titulación o ampliación de territorios de las comunidades; c) lastierras de ocupación ancestral o histórica, el 31 de diciembre de 1990; d) las tierras quedeben ser objeto de titulación colectiva; entre otras (Art. 107).Por otra parte, el decreto ley establece que el Estado, en caso de violaciones a losderechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario garantizará elpleno disfrute de los mismos, lo que se debe entender como plenas garantías para losderechos civiles y políticos, como de de los derechos económicos sociales y culturales, yademás de la protección conferida a la población y a los bienes civiles por el derechohumanitario. Sin embargo, preocupa que el cumplimiento de dicha obligación estatal seencuentre condicionado en el decreto ley 4635, de manera inaceptable, a la existencia decondiciones de seguridad (Art. 40).Asimismo, el decreto ley 4635 reconoce el daño ambiental y territorial en los casos en quepor razón de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho InternacionalHumanitario ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 se afecta los ecosistemas naturales(Art. 9); define el procedimiento de restitución como el trámite judicial que tiene porobjeto el reconocimiento de las afectaciones y daños territoriales para la recuperación delejercicio pleno de los derechos territoriales de las comunidades vulneradas en el contextodel conflicto armado interno (Art. 12); y establece que la reparación integral comprenderá37 Decreto ley 4635 de 2011 Por el cual se dictan medidas de atención, asistencia, reparación integral y de restitución detierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
las medidas de restitución de territorios, indemnización, rehabilitación, satisfacción ygarantías de no repetición en sus dimensiones individual y colectiva (Art. 16).Además, el decreto ley ofrece a las víctimas que hayan sufrido el despojo o destrucción desus viviendas únicamente acceso a la medida de asistencia social consistente al subsidiofamiliar de vivienda de conformidad con la normativa vigente. El Ministerio de Ambiente,Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Agricultura darán prioridad a lassolicitudes de las víctimas de las comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizalespara otorgamiento de dicho subsidio en las modalidades urbana y rural (Art. 60).Es destacable que el decreto ley establezca que los retornos y reubicaciones masivos delas comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado serándiseñados de manera concertada con estas, y solo ocurrirán en condiciones de seguridad,voluntariedad y dignidad. El seguimiento de dichos procesos estará a cargo de la Unidadde Restitución de Tierras, la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizalesy Palenqueras del Ministerio del Interior y las autoridades propias y los representantes delas comunidades (Art. 71).La inscripción en el Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas se hará efectiva en loscasos en los que el informe de caracterización incluya afectaciones y daños (Art. 120).El propósito de la restitución del territorio fijado por el decreto ley es posibilitar el retornoa los territorios de origen. Con respecto, al alcance de las medidas de restitución,establece que aplican a las afectaciones territoriales directa o indirectamente relacionadascon el conflicto armado, que hayan sido caracterizadas conjuntamente entre la UARV, laUnidad de Restitución de Tierras, las autoridades propias y la comunidad en consulta (Art.105), tales como abandono, confinamiento y despojo del territorio (Art. 110). Lascondiciones de seguridad para el retorno y la reubicación serán evaluadas por los Comitésde Justicia Transicional. Tal como se advirtió anteriormente en el aparte del presentedocumento correspondiente al retorno de los pueblos indígenas, en la valoración de lascondiciones de seguridad de las comunidades afrocolombianas, los Comités de JusticiaTransicional deberían privilegiar los conceptos del Ministerio Público, en particular losinformes de riesgo del SAT, al igual que la información suministrada por las autoridadespropias.En la evaluación de las condiciones de seguridad para los retornos y reubicaciones porparte de los Comités de Justicia Transicional, es importante que se atienda con prioridadla información suministrada por las comunidades y el Ministerio Público, ya que, como seha advertido en el presente documento, la información aportada por la Fuerza Pública seorigina en un actor del conflicto armado, responsable en muchos casos de violaciones alos derechos humanos e infracciones al derecho humanitario.
4.4 El gobierno dispuso medidas de protección para las víctimas pertenecientes a lapoblación afrocolombianaEntre las medidas ordenadas para la reparación integral de los miembros de la poblaciónafrocolombiana, el gobierno a través del decreto ley 4635 adoptó una serie dedisposiciones que se analizan a continuación.En primer lugar, el decreto ley reconoce el derecho a la autonomía frente al conflictoarmado de las comunidades y que, por lo tanto, estas no serán objeto de agresión, yprohíbe los actos o amenazas de violencia en su contra. Además, establece la posibilidadde solicitar acompañamiento a la Fuerza Pública y de entidades humanitarias nacionales einternacionales a misiones humanitarias de asistencia y atención a los territorioscolectivos (Art. 46). Se debe señalar que este acompañamiento a las misiones de atencióna los territorios colectivos por parte de la Fuerza Pública previsto en el decreto ley, escontrario a los principios humanitarios e incrementa el riesgo para las comunidades y parael personal de las entidades humanitariasPor otra parte, el decreto ley fija criterios de enfoque diferencial para la revisión de losprogramas de protección que ordena la Ley de Víctimas, estableciendo que las medidas deprotección deben hacerse en concertación con los Consejos Comunitarios y que losprogramas de protección contarán con personal especializado en materia intercultural(Art. 49).El decreto ley 4635 fija criterios para la revisión de los programas de protección, entre losque se destaca la valoración del riesgo y los factores que lo generan de acuerdo con lajurisprudencia constitucional, al igual que la obligación de informar permanentemente alas autoridades judiciales y administrativas que adelantan los proceso de investigacióncorrespondientes, para que adopten correctivos sobre las razones que originaron el riesgo(Art 53). La víctima o testigo tiene la posibilidad de sugerir medidas alternativas ocomplementarias, aunque limitadas a la oferta institucional.Además, el decreto ley ordena al Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, encoordinación con el Ministerio del Interior y la Unidad de Restitución de Tierras, tomarmedidas necesarias para garantizar la seguridad antes, durante y después de los procesosde restitución (Art, 53, Parágrafo 1). Asimismo, reitera que los retornos y reasentamientosde comunidades afrocolombianas deben adelantarse bajo condiciones de voluntariedad,seguridad y dignidad. No obstante, las condiciones de seguridad deben ser evaluadas porlos Comités de Justicia Transicional, a partir de los conceptos de la Fuerza Pública, y lainformación aportada por las autoridades propias y representantes de las comunidades ylas pruebas aportadas por el Ministerio Público (Art. 71, Parágrafo 4). En este aspecto,también es necesario insistir en la importancia de que la información del SAT sea elinsumo privilegiado para valorar el riesgo para la población civil existente en la zonacorrespondiente al retorno o la reubicación.
Las garantías de no repetición incluidas en la Ley de Víctimas (Art. 99), son reiteradas porel decreto ley 4635. Dada su importancia en la situación de violación de derechoshumanos, desplazamiento y despojo forzados, se destacan en el decreto ley las medidasde desmovilización y desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley, laaplicación de sanciones a los responsables de las violaciones de derechos humanos y elfortalecimiento del SAT. En igual sentido, en el decreto ley el gobierno ordena laadopción de medidas que conduzcan al desmantelamiento de las estructuras económicasy políticas que se han beneficiado y dado sustento a los grupos armados al margen de laley (Art. 101).Las tres últimas condiciones representan los aspectos más importantes para garantizar laprotección de las víctimas que reclaman la restitución de sus tierras. Sin eldesmantelamiento de los grupos paramilitares y de sus estructuras económicas y políticas,de las cuales hacen parte los responsables del desplazamiento y el despojo forzados, y dela investigación y sanción de los responsables, las demás medidas continuarán resultandoinsuficientes para proteger a las víctimas y hacer viable la restitución de las tierrasusurpadas.
Capítulo 5El gobierno puso en funcionamiento la Unidad de Restitución de Tierras y el Registro deTierras abandonadas y despojadasEn este capítulo se aborda la reglamentación de la Ley de Víctimas en los aspectosrelacionados con la Unidad de Restitución Administrativa Especial para la Gestión de laRestitución de Tierras, lo mismo que el Registro de tierras abandonadas y despojadas, aligual que las funciones asignadas por el gobierno y la definición de las zonas prioritariaspara el registro y la restitución.5.1 La Unidad de Restitución de Tierras fue puesta en funcionamientoLa Ley de Víctimas creó la Unidad de Restitución de Tierras por el término de diez años,como una entidad especializada de carácter temporal, adscrita al Ministerio de Agriculturay Desarrollo Rural (Art. 103). La Unidad fue estructurada mediante el decreto 4801 de2011 con el objetivo de ser el órgano administrativo del Gobierno Nacional para larestitución de las tierras38.Entre las funciones de la Unidad de Restitución de Tierras definidas por el decreto 4801 seencuentran reunir las pruebas de abandonos o despojos forzados, tramitar los procesosde restitución en nombre de las víctimas, pagar las compensaciones que se ordenen,formular los programas de alivios de pasivos de los predios restituidos, focalizar los casosde territorios étnicos a restituir, caracterizar los daños y afectaciones territoriales,implementar mecanismos para la efectiva participación de las víctimas con enfoquediferencial en el diseño de los planes y programas de restitución, y administrar el Fondode la Unidad (Art. 3).5.2 La focalización del Registro de Tierras privilegia la información suministrada por lafuerza públicaA través del decreto 4829 de 201139 el gobierno definió los objetivos y el modo deimplementación del Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas forzosamente que fuecreado por la Ley de Víctimas como instrumento para la restitución de tierras, puesto quepara reclamar la restitución de sus tierras, las víctimas deben obtener la inscripción endicho registro (Art. 76). Dicho decreto también regula el Registro de Tierras en aspectoscomo su implementación gradual y progresiva; la solicitud, análisis y actuacionesadministrativas para la inclusión en el Registro; las compensaciones, alivio de pasivos y38 Decreto 4801 de 2011 Por el cual se establece la estructura interna de la Administrativa Especial de Gestión deRestitución de Tierras Despojadas, 20 de diciembre de 2011.39 Decreto 4829 de 2011 Por el cual se reglamenta el capítulo IV de la Ley 1448 de 2011 en relación con la restitución detierras.
avalúos; los subsidios de vivienda y la organización del Fondo de la Unidad de Restituciónde Tierras40.Para efectos de la implementación gradual y progresiva del registro el decreto 4829 creauna instancia local de coordinación de carácter operativo encargada de adelantar la microfocalización de la restitución en municipios, veredas y corregimientos. Asimismo, define lacreación, por parte del Ministerio de Defensa Nacional, de otra instancia de coordinaciónencargada de suministrar información en materia de seguridad e identificación de riesgosen calidad de insumo para definir las macro zonas de la restitución (Artículo 4). En talsentido, a través del decreto 4829 el gobierno nacional definió que el Consejo deSeguridad Nacional41, con base en la información suministrada por el Ministerio deDefensa, es la instancia encargada por el gobierno para definir las macro zonas delregistro y la restitución de tierras (Art. 6). Dicha a asignación funciones relativas a larestitución de tierras al Consejo de Seguridad Nacional refleja la interpretación queprevalece en el gobierno con respecto a la protección de las víctimas como un asunto deseguridad militar que, por consiguiente no se caracteriza por tener un enfoque del respetoy garantía de los derechos humanos y el derecho humanitario.Las solicitudes de inscripción en el Registro de tierras deben ser presentadas por lasvíctimas a la Unidad de Restitución de Tierras y deben someterse a un análisis previo quetendrá un término de 20 días (Art. 10), luego del cual la Unidad dará inicio al estudioformal del caso para determinar a la inscripción del predio en el Registro. Además, eldecreto 4829 establece las circunstancias de exclusión del predio (Art. 12), como elincumplimiento de los requisitos que fija el Artículo 3 de la Ley acerca de la calidad devíctima. En caso de aprobación, la Unidad de Restitución expedirá un acto administrativoresolviendo el inicio del estudio de la solicitud, ordenando la medida de protecciónjurídica del predio en el folio de matrícula inmobiliaria (Art. 13). Entre otras cuestiones, laresolución de la Unidad debe incluir medidas de priorización a fin de garantizar la atencióny participación en aplicación del enfoque diferencial en el trámite administrativo delregistro. La Unidad de Restitución priorizará el trámite de aquellas solicitudes quecorrespondan a padres y madres de familia (Art. 8).40 La Ley 1448 de 2011 en su Artículo 111 creó el Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restituciónde Tierras Despojadas como un fondo sin personería jurídica, adscrito a la Unidad de Restitución de Tierras, con elobjetivo principal d servir de instrumento financiero para la restitución de tierras de los despojados y el pago decompensaciones.41 El Presidente de la República Juan Manuel Santos anunció en septiembre de 2010 la creación del Consejo deSeguridad Nacional y el nombramiento del Alto Consejero de Seguridad Nacional: “Muy al estilo del asesor de seguridadnacional en Estados Unidos, hemos diseñado, copiado algunas de las formas que operan esa asesoría de seguridadnacional en Estados Unidos”. Ver al respecto “Presidente Santos anunció creación del Consejo de Seguridad Nacional”,Presidencia de la República de Colombia, Disponible en http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Septiembre/Paginas/20100917_11.aspx
La Unidad de Restitución tomará la decisión de inscripción en el Registro de tierras anombre de la pareja, aún cuando el cónyuge o compañero o compañera no hubieracomparecido al trámite administrativo (Art. 17)El aspecto más preocupante de la reglamentación del Registro de Tierras es tal vez lavaloración previa a la focalización de la restitución, debido a la asignación de un papelcentral al Ministerio de Defensa Nacional, lo mismo que la ausencia de la información delSAT de la Defensoría del Pueblo, instancia especializado en el monitoreo de la situación deriesgo de violaciones a los derechos humanos que cuenta con equipos de analistas envarias zonas del país.
Capítulo 6Las medidas de protección a las víctimas carecen de enfoque preventivoLa ley 1448 de 2011 se implementa en un entorno de riesgos para las víctimas derivado dela violencia sociopolítica existente y de la continuidad y degradación del conflicto armado.En ese sentido, la ley ordena a las autoridades competentes adoptar medidas deprotección integral a las víctimas, testigos y a los funcionarios públicos que intervengan enlos procedimientos administrativos y judiciales de reparación y en especial de restituciónde tierras, a través de los cuales las víctimas reclaman sus derechos, cuando ello seanecesario según el nivel de riesgo evaluado para cada caso particular, y en la medida enque exista amenaza contra sus derechos fundamentales a la vida, la integridad física, lalibertad y la seguridad personal, atendiendo a la jurisprudencia y normatividad existentesobre la materia. Asimismo, establece que los programas de protección contemplados enla misma Ley se desarrollarán en el marco de los programas existentes en la materia,garantizando su coherencia con las políticas de seguridad y defensa nacional (Art. 31).La Ley admite que la participación en los procesos administrativos y judiciales dereparación puede incrementar el riesgo para las víctimas, ante lo cual ordena establecermedidas de prevención suficientes para mitigar esos riesgos, para lo cual se tendrá encuenta la información del SAT si es del caso. Especialmente, en aquellos municipios endonde se estén adelantando procesos de restitución, las alcaldías deberán formularestrategias de seguridad pública de manera conjunta con los ministerios del Interior,Defensa y Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de prevenir afectaciones a los derechosde las víctimas, sus representantes, así como de los funcionarios (Art. 31).Cabe recordar que, el gobierno, a través de los respectivos decretos ley ordenó medidasde protección para las víctimas de poblaciones étnicas, que fueron comentadas en unasección anterior del presente informe.A continuación se describe la reglamentación de las medidas de protección dispuestas porla Ley de Víctimas y se identifican los principales problemas de la política de protecciónresultante, originados en gran medida en el enfoque de protección prevaleciente enanteriores gobiernos, que no es adecuado para los riesgos derivados del conflicto armadointerno y la situación de violencia sociopolítica.6.1 El Programa de Protección conserva el enfoque individual y reactivoA través del decreto 4800 de 201142 el gobierno reglamentó la ley en lo relativo a lasmedidas de protección individual y colectiva de las víctimas. Este decreto reglamentarioformula los criterios de revisión de los programas de protección; reitera la necesidad deque los programas de protección adopten un enfoque diferencial para la adopción de las42 Decreto 4800 de 2011 Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones, Artículo 195.
Los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado a la verdad, la justi...

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 28
 Artículo 46
 artículo 3
 Artículo 1
 artículo 324
 Artículo 34
 Artículo 205
 artículo 150
 Artículo 205
 Artículo 205
 Artículo 12
 Artículo 94
 Artículo 30
 Artículo 3
 Artículo 111
 Artículo 195