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Timestamp: 2019-03-22 01:14:36+00:00

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81.- La garantía de seguridad en el contrato de trabajo y su acción autónoma laboral de reparación de daños. A propósito del caso “Jaimes”, - RJCornaglia
En revista Doctrina Laboral Errepar, Buenos Aires, septiembre de 1997, año XIII, n° 145, tomo XI, pág. 885.
LA GARANTÍA DE SEGURIDAD EN EL CONTRATO DE TRABAJO Y SU ACCIÓN AUTÓNOMA LABORAL DE REPARACIÓN DE DAÑOS.
A propósito del caso “Jaimes”.
1.- Tras una cuestión de competencia, la naturaleza de un derecho de fondo.
Cuando la efímera vida de la ley 24.028 de accidentes viene llegando a su fin, uno de los resortes represores del juicio de infortunio laboral, -su art. 16- viene a ser interpretado por la Corte Suprema de Justicia de La Nación, poniendo de relieve que los artilugios creados carecen de la necesaria solidez. Y si el fin procurado era altamente criticable (para el autor de este trabajo claramente condenable, como todo mecanismo represor del reclamo ante la justicia), el medio instrumentado viene a quedar demostrado, con el caso "Jaimes", que era de imposible sustentación.
Creemos que el decisorio, por su trascendencia, signa y orienta no sólo con referencia a la ley 24.028. Se proyecta también sobre la ley 24.557 de riesgos del trabajo, que potencializara los defectos de la anterior hasta límites inadmisibles, que repugnan a la conciencia jurídica, por atacar los pilares del derecho de daños, en una manifiesta medida discriminatoria.
La positivización de los criterios regresivos que inspiraron a la reforma laboral, a partir de la política económica que expresaba lo que en el mundo fue llamada la “revolución conservadora”, hizo que con la sanción de la derogación de la ley 9688 de accidentes del trabajo, a mérito de la ley 24.028, (B.O.: 17/12/91), se agudizara un debate que alcanza al delicado tema del acceso a la justicia.
El artículo 16 de la ley 24.028, no trató expresamente el tema de la competencia del fuero laboral, en cuanto a las acciones por reparación de daños y perjuicios basadas en normativa laboral pura. Aunque la doctrina en general resaltó la importancia de esto con referencia al art. 75 de la ley de contrato de trabajo, lo cierto es que la misma situación alcanzaba a los artículos 76, 62, 175 y 196 de la ley de contrato de trabajo y en el diversificado y muy amplio conjunto de normas que regulan la seguridad y la higiene (entre otras: Ley de la silla 12.205; decreto-ley 19.587; su decreto reglamentario nacional 351/79 y otros provinciales, etc., y numerosas disposiciones propias de convenios colectivos vigentes).
En dicha norma, el legislador previó la competencia civil para "las acciones de derecho civil" (ver: segundo párrafo del citado art. 16), a partir de lo cual la previsión desactivadora del fuero del trabajo, debió ponerse a la luz de un análisis, que mereció fundadas críticas al texto legal y evidenció que las normativas laborales propias de la seguridad e higiene generan responsabilidades que no pueden ser calificadas como civiles.
En realidad, cuando a un infortunio se lo califica de laboral, es porque la garantía de seguridad ha sido violada en el contrato y, además, son muchos los infortunios laborales en que se evidencia la violación de la normativa imperativa (“jus cogens”), que integra a ese contrato.
El reconocimiento del derecho a la indemnidad del trabajador en ocasión de la prestación laboral, cuando se habla de la violación del deber contractual laboral de seguridad y previsión, implica por contrapartida la existencia de una acción de reparación ante los daños y perjuicios.
Las acciones propias del deber de seguridad y prevención, forman parte de la familia que comprende, a las propias del derecho a la indemnidad. Pero resaltemos que, con ser las más importantes, no son las únicas.
Su razón de ser se encuentra en la naturaleza del contrato de trabajo, ya que el derecho a que se refieren, integra ineludiblemente el sinalagma laboral.
Siendo una acción laboral autónoma la propia del derecho de indemnidad en ocasión del trabajo, vincula obligadamente a un empleador (presunto dañante), y una víctima, titular hipotética de una pretensión reparativa, que para poder ejercerla debe probar su condición de trabajador dependiente.
La competencia laboral para el juzgamiento de este tipo de acciones, se desprende:
a) De la naturaleza de la misma. Una acción contractual, propia del contrato de trabajo.
b) Del ejercicio en el fuero laboral de la pretensión de la reparación de indemnidad, referida al criterio adjudicatorio de competencia, reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como propio de la competencia formal.
Desde muy antigua data, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostiene: "Para decidir cuál es el juez competente no cabe atenerse a la ley que pueda resultar en definitiva realmente aplicable, sino la que se invoca como fundamento de la acción entablada".[1]
Resulta por lo tanto de particular importancia la invocación de la pretensión reparatoria en función de la normativa violada, que fuera denunciada expresamente en la demanda. Y, a partir de ello, la competencia del juez laboral resulta inexcusable, ya que como se sostiene en todos los fueros: "En el conocimiento de una cuestión de competencia debe estarse en principio a los extremos de derecho invocados en el escrito de demanda".[2]
Es esto coherente con la sistemática legal procesal, ya que como surge del artículo 3º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la competencia no puede ser delegada.
c) Del texto del artículo 5º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: "La competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y por las defensas opuestas por el demandado".
d) Por constituir el derecho a la indemnidad del trabajador, el principio general del derecho del trabajo, que históricamente es el fundante de la rama. Siendo los principios generales del derecho del trabajo fuente material y formal del derecho específico del fuero laboral, atribuye también competencia en razón de la materia.
Sin embargo, contrariando esas razones y argumentos, la mayor parte de las Salas de la Cámara Nacional del Trabajo autoinhibieron su competencia para tratar en las acciones de seguridad inspiradas en normativa laboral, a partir de una extensiva y regresiva interpretación del artículo 16 de la ley 24.028. Esta situación creaba una alta inseguridad jurídica en lo que hacía al tratamiento de los derechos laborales propios de los artículos 62, 63, 75, 76, 175 y 198 de la ley de contrato de trabajo, ya que la justicia civil no está expresamente habilitada para el procesamiento de los mismos.
Tras este problema aparentemente formal y procesal, quedaba comprometida la existencia de derechos de fondo y sustanciales. Se estaba desactivando el poder reparatorio de las víctimas que, en la condición de trabajadores dependientes, fundaban sus reclamos en esas disposiciones laborales.
Por eso el viejo debate sobre la naturaleza de las acciones de seguridad (fundantes del contrato de trabajo) renació y se tornó ineludible.
II. LOS AVANCES DE LA DOCTRINA Y LAS DUDAS DE LA JURISPRUDENCIA.
La naturaleza laboral de la acción correspondiente a los deberes de prevención y seguridad laborales viene siendo acogida por la doctrina mayoritariamente.
Por ejemplo se admitió en las resoluciones y los debates de las VII Jornadas de Derecho Laboral, celebradas en Paraná, entre el 5 y 7 de noviembre de 1981; las VIII Jornadas Extraordinarias de Derecho del Trabajo y las I Interdisciplinarias de Derecho Civil, celebradas en la Universidad de Morón, los días 13 y 14 de noviembre de 1981; el Encuentro de Abogados Laboralistas sobre el tema "Los riesgos del trabajo", celebrado en Buenos Aires, los días 17 y 18 de septiembre de 1982.
Más recientemente las XVI Jornadas de Derecho Laboral, convocadas por la Asociación de Abogados Laboralistas y celebradas en la ciudad de Mar del Plata, los días 22, 23 y 24 de noviembre de 1990, concluyeron:
"...5) La acción que nace de la violación del deber de previsión o seguridad, establecida en el art. 75 de la ley de contrato de trabajo (t.o.), corresponde a uno de los regímenes de atribución de responsabilidades, con reparación integral del daño producido, y es una de las formas en que se puede dimensionar la responsabilidad laboral".
En el relato presentado al Plenario por el doctor Oscar Zas en ese evento, sobre la invocación de este régimen de reparación basado en una acción laboral autónoma y su posible invocación con las de otros regímenes de reparación, se sostenía: ".... ello no impide la invocación o aplicación subsidiaria de la acción especial y tarifada de la ley 9688, cuando se articuló la responsabilidad común y no tarifada, ya sea fundada en las acciones específicas de los artículos 75, 176 y 195 de la ley de contrato de trabajo (t.o.), y en los distintos regímenes de responsabilidad contractual, extracontractual o por riesgo creado, previstos por el Código Civil".[3]
Ya sancionada la ley 24.028, en forma concordante se arribó a conclusiones similares en las Segundas Jornadas Nacionales de Profesores de Derecho, celebradas en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, los días 10, 11 y 12 de septiembre de 1992. La Comisión Nº 4: "Infortunios laborales", estuvo presidida por los profesores Isidoro H. Goldenberg y Oscar J. Ameal y coordinada por la profesora Amanda Beatriz Caubet y llegó a la siguiente conclusión: "...3) Acciones a que dan lugar los infortunios laborales:
“1) La acción especial de la ley 24.028;
“2) La acción civil emergente de la acción prevista por el artículo 16 de la ley 24.028;
“3) La acción laboral autónoma sustentada en el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo".
Concordante con estos criterios, el doctor Juan Carlos Fernández Madrid, sostiene que una de las opciones con que cuenta el trabajador ante un infortunio laboral es: "...una acción contractual que nace del art. 75 de la ley de contrato de trabajo por violación del deber de seguridad y que puede ejercerse autónomamente o en subsidio de las que derivan del ilícito extracontractual (arts. 1109 y 1113 del CC; reparación integral)".[4]
En las "Jornadas Sobre Responsabilidad Laboral" celebradas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, en diciembre de 1994, se definieron a favor de la naturaleza contractual, autónoma y laboral de la acción de reparación integral de daños por violación del deber de seguridad: Juan Carlos Fernández Madrid, Roberto García Martínez, Isidoro Goldenberg, Amanda Beatriz Caubet, Moisés Meik, Pablo Slavin y el autor de este trabajo.[5]
Contradiciendo esos antecedentes, se advirtió por parte de la justicia laboral capitalina la adhesión a un criterio excluyente a la tramitación de las acciones referidas al deber de seguridad y prevención.
En demandas en que se planteó en primer término la responsabilidad que surge de la normativa laboral que corresponde al deber de seguridad y prevención, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ha confirmado fallos de declaración "in limine" de incompetencia.
Si a mérito de una interpretación extensiva y arbitraria del espíritu del legislador en el artículo 16 de la ley 24.028, se pretende de la norma un propósito desalentador del reclamo laboral por infortunios, cuando corresponda a la violación del deber contractual de seguridad, se estará con ello violando el derecho a peticionar justicia y exigir el debido proceso que la Constitución Nacional ampara.
Se terminaría delegando en la Justicia Civil el cumplimiento de las normas laborales, sin que disposición alguna lo autorice, ya que la ley 24.028, triste expresión de la política de flexibilidad laboral, sólo se refirió a las acciones del derecho civil.
A favor de la competencia natural de las acciones que corresponden al principio de indemnidad en el fuero laboral se ha expedido el Procurador General del Trabajo. Los argumentos los vertió en la causa "Cevallos c/ Y.P.F. s/ accidente acción civil", en la que dictaminó a favor de la competencia laboral en el tratamiento de las acciones fundadas en el deber de seguridad (art. 75, L.C.T.).[6]
Se esfuerza el Señor Procurador, demostrando cómo en el fuero laboral, mucho antes de la sanción de la ley de contrato de trabajo, se admitía la competencia natural en el tratamiento de este tipo de acciones.
Acciones que, por otra parte, reconocía la misma Sala III,[7] y a las que con una afirmación dogmática y sin fundamento, pasa a declarar no admisibles a partir de la ley 24.028, interpretando extensiva y arbitrariamente una disposición procesal (su art. 16), para afirmar la derogación de un derecho de fondo (la obligación de seguridad que tiene el empleador).
En autos "Fleytas c/ Darex", la Sala III decidió la incompetencia en estos términos:
"Que en cuanto al reclamo fundado en el artículo 75 de la ley de contrato de trabajo, esta Sala ha concluido en los autos "Cevallos Conrado, Emilio c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ accidente acción civil" (sentencia Nº 64827 del 18 de junio de 1993) a cuyos fundamentos se remite en mérito a la brevedad, que a partir de la modificación introducida por el artículo 16 de la actual ley de accidentes, no resulta competente este Fuero para entender en los reclamos fundados en la normativa en cuestión, pues no conteniendo la misma un sistema autónomo de resarcimiento, y siendo que el ‘sistema opcional’ de reparación del artículo 16 de la ley 24.028 se limita ‘al que pudiere corresponder según el derecho civil’, por aplicación de esta última disposición, en esta Capital, es competente la justicia civil".
Como se advierte, del fallo transcripto resulta una muy sucinta fundamentación del criterio inhibidor de la competencia laboral.
Los argumentos que se enunciaban y concordaban con el antecedente citado en el mismo, eran:
a) El artículo 75, a partir de la sanción de la ley 24.028 de accidentes de trabajo, atento al texto de su artículo 16, que no contiene un sistema autónomo de resarcimiento, no permite otra interpretación que la existencia de una obligada opción entre la acción tarifada y especial de dicha ley y la que pudiere corresponder según el derecho civil.
La decisión que circunscribe, para el fuero laboral, sólo el tratamiento de las acciones que corresponden al sistema forfatario de reparación, ignora cuál es el papel del derecho común con referencia a ésta y otras ramas especiales.
Hace del derecho del trabajo un compartimiento estanco, dentro del universo del derecho, vaciado de gran parte de su contenido y desvigorizado, tras la apariencia de sostener su autonomía a ultranza.
Se contradice con la práctica cotidiana de todos los tribunales del trabajo del país, que refieren constantemente sus criterios a la teoría general de la responsabilidad, propia del derecho común, para integrar lagunas del derecho especial.
Un criterio como el que impugnamos, impulsado por un claro objetivo inhibidor del acceso irrestricto a una justicia especializada por los trabajadores, llevado hasta sus últimas posibilidades, lleva el tema de la distribución de competencias, a consecuencias irracionales.
No sólo porque del mismo se excluirían las acciones por accidentes de trabajo fundadas en el deber de seguridad, eminentemente contractual, que sirviera para fundar fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mucho antes de que se sancionara la ley de contrato de trabajo o se creara el fuero especial.
Siguiendo un criterio de ese tenor, no se podría reclamar en el fuero ninguna de las obligaciones de hacer o de dar, que se dan en la multifacética vida del contrato de trabajo, que no estuvieran previstas con una sanción específica.
Nunca la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría haber justificado la reparación por daño moral en un despido, como lo hizo en el caso "Fontal c/ C.A.P."[8] , porque en la ley de contrato de trabajo, el daño moral no está "contenido" en ese cuerpo normativo. Nunca, para dar otro ejemplo, en el fuero laboral se podría haber utilizado la sanción de astreintes, como se lo ha hecho en múltiples oportunidades, porque los mismos sólo son contemplados en el Código Civil.
El criterio es de una asistematicidad manifiesta, que de extenderse en aplicación generalizada provocaría la necesaria clausura del fuero. La trascendencia y gravedad institucional de la cuestión es de tal naturaleza, que habilitaba plenamente la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia.
Especialmente cuando en la interpretación que se hace del artículo 16 de la ley 24.028, el sector de la jurisprudencia enrolado en el criterio inhibitorio parte en sus disquisiciones de lo que la ley no dice. Ya que esa norma no trata sobre las acciones especiales de origen contractual laboral. Sólo se remite a las fundadas en las disposiciones del derecho civil para hacer una consideración procesal en torno a la competencia.
b) Además, se sostiene el criterio inhibidor, incluso en aquellos casos en que el actor practica la invocación subsidiaria de la acción especial tarifada.
Esta interpretación implica la necesaria imposición de una renuncia de derechos como presupuesto para sostenerse, violando el artículo 12 de la ley de contrato de trabajo.
No advierte que las obligaciones de no dañar pueden alcanzar a una conducta, pluridimensionándola desde distintos ángulos, y que a los hechos no se los puede ajustar al derecho. Es el derecho la ciencia que a partir de la óptica del operador se ajusta a los hechos. La doctrina inspirada en el criterio de que elegida una vía no puede retornarse a otra, sólo es válida cuando las vías se contraponen entre sí. No cuando las mismas por distintos caminos tienden a que un daño no deje de ser reparado.
El principio constitucional en que se basa la transformación del derecho privado actual, es el "alterum non laedere", que, como lo ha sostenido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incluso en su actual integración, tiene raigambre constitucional, se apoya en el artículo 19 de la Constitución Nacional y alcanza a todas las ramas del derecho.[9]
Ésta es la doctrina argentina, que afirma una comprensión sistémica de la teoría general de la responsabilidad, a partir de las distintas formas de responsabilidad reconocibles en la realidad, dejando de lado las antinomias estériles, heredadas de una falsa interpretación de la culpa como única fuente del daño y de oposición entre los presupuestos de la responsabilidad contractual y la extracontractual, que culmina con víctimas sin reparar y dañantes premiados.
En el juicio ya citado "Fleytas c/ Darex", la incompetencia con que la Sala III se inhibía a sí misma en la materia de ésta acción de seguridad contractual fue llevada a decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por un recurso federal extraordinario de inconstitucionalidad (art. 14 de la Ley 48). El Superior Tribunal, en su momento, por sentencia del 8 de marzo de 1994, decidió que el recurso no podía prosperar, por cuanto la sentencia de Cámara no se trataba de una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la 48).
El decisorio de la Corte pasaba por alto una compleja situación que merecía de su parte un fundado razonamiento. En esta materia, lo formal y lo de fondo están estrechamente vinculados. No hay respuesta posible al ordenamiento jurídico de las acciones reparativas basadas en distintos regímenes de responsabilidad, si en la materia no se integra la teoría general de la responsabilidad con la teoría general de la acción. Los derechos de la reparación se miden en las acciones que los instrumentan.
Si la acción por excelencia laboral que garantiza el principio de indemnidad en la rama en cuanto a los daños contractuales, fundada en normativa expresamente laboral (los arts. 75 y 76 de la L.C.T.), no es laboral, como artificiosamente sostiene parte de la doctrina nacional, entendiéndola como acción común propia del derecho civil, lo cierto es que lo que se hace es negarle la existencia. En especial, porque el artículo 16 de la ley 24.028 sólo habilita a los juzgados civiles a actuar en los juicios de daños fundados en normativa del derecho civil.
Jorge Rodríguez Mancini, que representa a ese sector de la doctrina al que llamaremos inhibidor del fuero, en un reciente trabajo, hace un prolijo detalle de los antecedentes y, aunque omite mencionar los congresos y jornadas ya citados, en los que mayoritariamente se reconoció la acción como laboral, de reparación "in integrum" y de competencia del fuero del trabajo, termina relacionando a dicha acción con lo que en otras épocas se llamó el tema de la "cuarta acción".
Sostiene que el debate de la misma, centrado en el art. 155, inciso 5, del Código de Comercio, modificado por la ley 11.729, quedó terminado en los años 50, cuando el Plenario 9/1949 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no admitió que la reparación de los daños padecidos en los bienes del trabajador en ocasión del contrato de trabajo se extendieran a los padecidos en su integridad física. Eso en Capital Federal. Y en la provincia de Buenos Aires, cuando la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en autos "Massolini, Mario c/ Papelera Argentina S.A.", el 1 de septiembre de 1950, sostuvo que, admitida la acción, no se podía reclamar más allá de la indemnización tarifada de la ley 9.688.
Es notoria la superficialidad de los argumentos con que la jurisprudencia de la época en esos fallos trató estos delicados temas. La implícita discriminación a los trabajadores que se concretaba con esas insustanciales decisiones, que llegaba a negar la calidad de bien a la integridad psicofísica del trabajador (su salud y vida), nos exime de mayores comentarios.
Cuesta en todos los ámbitos de derecho explicar la naturaleza ambivalente y contradictoria del derecho de daños laborales, que naciera teóricamente para proteger a los trabajadores, pero que en muchos de sus institutos encierra la legitimación manifiesta de un grado de explotación sólo justificable para aquellos que están al servicio de una cultura de dominación.
Como ejemplos a encontrar en la jurisprudencia, de reacción a esa cultura de dominación, hemos citado en otros trabajos y clases, el caso "Monreal de Lara de Hurtado c/ Estado Nacional". Un "ober dictum" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que motivara especialmente a Rafael Bielsa, en su tesis doctoral, que versara sobre los accidentes de trabajo y en la que, en nuestra opinión, concretara muy objetables críticas al mismo.
En ese fallo (que recobra plena lozanía a la luz de la sanción de la LRT 24.557 y la manifiesta inseguridad jurídica que crea), la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de un accidente ocurrido antes de la sanción en 1915 de la ley 9688, reconoció la existencia del principio de indemnidad y la posibilidad de reclamar la reparación integral del daño producido, en ocasión del trabajo, a mérito de la garantía de seguridad como cláusula implícita e ineludible del contrato de trabajo.
También creo que es hora de recordar, por la conexión que guarda con la actual situación, el Plenario 99 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde con referencia al artículo 1010 del Código de Comercio se debatió si el mismo (que tiene iguales funciones que el art. 76 de la L.C.T., heredero del art. 155, inc, 5 de ese mismo cuerpo normativo), había sido reglamentado por la ley 9.688 y si toda indemnización fundada en el mismo quedaba reducida a la tarifaria. En esa época, la Cámara, por mayoría, con los votos esclarecedores de Allocatti, Goyena y Fernández Madrid, tuvo una actitud rectora, que si se advierte hacia dónde evolucionará el debate del control de constitucionalidad de la ley 24.557 de riesgos del trabajo, cobra plena vigencia conceptual.
Auguramos, pues, que el debate no está terminado en la materia. Y aunque la época del ajuste esté orientando regresivamente a vastos sectores de la doctrina y jurisprudencia del país, lo cierto es que el daño sufrido por las víctimas del trabajo merece reparación integral y suficiente y en el fuero natural para discutir el contrato que lo ocasionara.
La vigencia del tema abordado subsistirá a partir de dos situaciones diferenciadas que lo mantienen como de necesaria sustanciación judicial:
a) Hasta julio de 1998, por cuanto el período de prescripción de acciones fundadas en la violación de deberes contractuales y extracontractuales referidos a las obligaciones de seguridad, permitirá a las víctimas acudir ante el fuero natural en procura del ejercicio de sus acciones reparatorias, referidas a infortunios anteriores a la entrada en vigencia de la ley 24.557 de riesgos del trabajo. Y con posterioridad a esa fecha también en excepcionales casos de dispensa de la prescripción.
b) En la medida en que prosperen recursos de inconstitucionalidad de la ley 24.557 de riesgos del trabajo, que coloquen a los jueces en la imposición de juzgar la obligación de reparar daños laborales, con el derecho positivo vigente.
Esto último, dicho con las reservas que crea la situación de que la ley 24.557 de riesgos del trabajo reformó, a su vez, el artículo 75 de la ley de contrato de trabajo.
2.- LA REFORMA DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO POR LA LEY 24.557 DE RIESGOS DE TRABAJO.
La razón de ser de los artículos 75 y 76 en la ley 20.744 de contrato de trabajo, tiene diversas causas:
a) Causa histórica: Ambos son herederos de disposiciones en el Código de Comercio (artículo 156 y luego de la reforma de la ley 11.729, artículo 155, inciso 5°), que consagraban legalmente la garantía de seguridad en los contratos de trabajo dependiente de los trabajadores comprendidos en ese cuerpo normativo.
El antiguo artículo 156 del viejo primer Código Argentino, sostenía:
"Si en el servicio que presta al principal, aconteciere al factor o dependiente algún daño o pérdida extraordinaria, será a cargo del principal la indemnización del referido daño o pérdida, a juicio de arbitradores".
A partir de la reforma de la ley 11.729, este texto fue transformado en el del artículo 155, quinto párrafo:
"El derecho a la retribución en los casos de accidentes o enfermedades inculpables, no excluye el que tiene el empleado a la indemnización por los daños o pérdidas que sufra durante el servicio que presta al principal, y que estará a cargo de éste".
No cabe ninguna duda de que en el campo de las actividades comerciales la normativa que reconoce el derecho a la reparación de los daños propios de enfermedades y accidentes causados por el trabajo, como contenido ineludible del contrato de los factores o empleados de comercio regía antes de que la tarifación hiciera su ingreso con la teoría del riesgo.
El tema de la llamada "cuarta acción", fue debatido en extenso por la jurisprudencia del país.
Esto era claramente reconocido en las obras de los comercialistas. Para la Cámara Comercial de Capital Federal, el reconocimiento de la reparación fundado en el artículo 155, inciso 5° del Código, alcanzaba a legitimar el poder iniciar una nueva acción por daños, aun cuando la demanda por accidente de trabajo referida a la acción tarifada de la ley 9688 era rechazada.[10]
En este sentido se había mantenido la Cámara Federal de Rosario hasta finales de la década del 50.[11]
Pero a mérito de dos posiciones jurisprudenciales retaceantes al reconocimiento de esos derechos, la situación comenzó a variar.
En la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, inicialmente se reconoció el derecho a reclamar a partir de la cuarta opción el daño a la integridad psicofísica en el infortunio obrero, pero se redujo el reclamo al valor de lo tarifado en la acción especial.[12]
Principio en general retaceante que se admitía que no alcanzaba al daño moral. Con lo que los montos tarifarios admitían el incremento de las estimaciones de daños morales.[13]
Pero en su escalada represora de este reclamo, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires terminó por sostener, concordantemente con un Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que la citada disposición legal solo servía para reclamar daños que no correspondían a accidentes y enfermedades que no estuvieran comprendidos en los reconocidos y alcanzados por la acción tarifada de la ley de accidentes de trabajo.[14]
La cabal comprensión de la evolución histórica de los institutos jurídicos nos permite entenderlos con claridad.
Esto nos hace sostener que hay un grueso error en las apreciaciones que al respecto formula de Diego, quien sostiene: "Prevención común de los riesgos del trabajo: la actividad preventiva nace del denominado ‘deber de protección o deber de prevención’ que originariamente se introdujo a través de la ley de higiene y seguridad en el trabajo (ley 19587) y en las normas reglamentarias correspondientes (en la actualidad el dc. 351/79) como una obligación recíproca entre las partes. La ley de contrato de trabajo, en el artículo 75, insertó el deber de prevención dentro de las obligaciones contractuales".
Afirmar que el deber de prevención proviene originariamente de la ley 19.587 pasa por alto lo sostenido en materia de los deberes de prevención y seguridad por la más alta jurisprudencia del país (de la CSJN y de la SCBA), que ha sostenido en la mayor parte de lo que va del siglo. Y también los argumentos vertidos por contractualistas como Bialet Massé, Colmo o Anastasi, mucho antes de que la ley de seguridad e higiene se sancionara, afirmados en la interpretación racional de nuestro derecho positivo entonces vigente.
También implica desconocer la normativa antecedente del art. 75 de la ley de contrato de trabajo ya citada y, además, la vigencia plena del art. 76 y la restante normativa enunciada más arriba, de puro origen laboral, no derogada. Vacía de contenido además a los artículos 176 y 195 de la ley de contrato de trabajo, que consagran deberes especiales de los empleadores, que generan las naturales acciones de las mujeres y niños que padecen infortunios laborales en las condiciones que esas normas prevén.
Y todo ello confluye en un fin común, que consiste en el desactivamiento del deber de prevención y seguridad, como poder de las víctimas de los infortunios laborales, para alcanzar reparaciones integrales a daños sufridos.
b) Causa sistemática: siendo el derecho común de aplicación subsidiario al derecho del trabajo y correspondiéndole al primero toda la estructura básica de la teoría general de la responsabilidad, la división de las responsabilidades entre contractuales y extracontractuales, aconsejaba la necesidad de una norma de esa naturaleza que jugara su influencia en ambos regímenes.
En el sistema de responsabilidad contractual, porque con ella se pretendía cerrar el debate sobre la garantía de seguridad en el contrato de trabajo y sus antecesores históricos de directa referencia, las "locatio operis" y "operarum". La intervención legal en la era del industrialismo y la cuestión social se imponían, otorgando razón a quienes sostenían que el deber de seguridad y prevención formaba parte del contenido ineludible de esos contratos, obligando a integrar el sinalagma con prestaciones reparativas, cuando surgieran daños en ocasión de la actividad convenida.
La tarea pionera de Sauzet y Saintelette y el pensamiento de Bialet Massé no habían conmovido lo suficiente a la férrea estructura conservadora de la jurisprudencia. Y los argumentos que se volcaban a mérito de los artículos 1198, 1615, 1870 (inciso 4), 1953 y 2224 del Código Civil no alcanzaban a provocar el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la reparación integral de los daños acaecidos durante o en ocasión de la prestación laboral.[15]
Siendo, además, la principal causa de los infortunios laborales la comisión de cuasidelitos que pueden corresponder a omisiones culposas, la invocación de la responsabilidad extracontractual, en el caso, cargaba sobre las víctimas el peso de las pruebas de la culpa del empleador. Lo que a partir de una reaccionaria actitud de los jueces, muy apegados (entonces y ahora) a la defensa de los intereses patrimoniales patronales, hacía al juicio de infortunio obrero de harto dudoso resultado.
La sistemática del Código obligaba también a que existiera en el ámbito de las normas legales la expresa disposición que adjudicara responsabilidad, ya que el artículo 1074 establece que para que una omisión que ocasione un perjuicio a otro genere responsabilidad civil, es necesario que "una disposición de la ley... impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido".[16]
Era conveniente y necesario que la ley viniese a confirmar el derecho a la reparación en el ámbito cuasi-delictual (extracontractual), por cuanto sin disposición expresa que obligara a prevenir los daños e institucionalizara el principio de indemnidad del trabajador, el artículo 1074 era un refugio para el dañante.
Y lo era también en el ámbito de lo contractual, por cuanto se pretendía poner fin a una polémica que no había permitido consagrar los beneficios de la garantía de seguridad, pese a los avances limitados que se habían conseguido a partir de la doctrina del riesgo profesional. Polémica que expresaba la inmadurez de la doctrina y la jurisprudencia en cuanto a la asimilación de una moderna comprensión de la teoría general de la responsabilidad, que lejos estaba de alcanzar a despuntar la razón de ser de las reparaciones aún por actos lícitos que benefician al autor pero que causan daños a terceros.
Un nudo gordiano resistido tenazmente por los intereses del empresariado, es la obligación de no dejar víctimas sin reparar, cuando el empleador se ha beneficiado con la apropiación legitimada del trabajo cumplido, en el cual se produjo el daño. Daño que, en ese sentido, es una consecuencia del contrato que legitima la enajenación de una cuota muy importante de la actividad creadora del hombre.
Desde una lógica axiológica, siempre necesaria para dar sentido al derecho y poder interpretarlo, es natural que toda creación, para ser tal, suela partir de un grado de destrucción. Quien se apropia de la creación debe pagar los costos de la destrucción necesaria.
En tal sentido, la legitimidad del capitalismo depende del precio que paga por lo que destruye.
Si el capitalismo necesita del socialismo para pagar los costos de lo que destruye, hay razón suficiente para anunciar su crisis y el agotamiento histórico del mismo como sistema económico, con o sin la caída del muro de Berlín. Los mismos argumentos que fueron válidos para el desastre soviético (la prueba de ineficiencia de su economía), son aplicables a nuestra situación. Una economía para la destrucción, tarde o temprano termina por ser superada por una economía para la construcción.
Con la nueva ley 24.557 de riesgos del trabajo, hija de la revolución conservadora, los ideólogos que la instrumentaron vinieron a revelar que los empleadores del país necesitaban socializar los riesgos de la empresa, externalizándolos y poniéndolos en cabeza de la sociedad toda y no de los causantes de los daños.
Este socialismo al revés, pensado contra las víctimas como mecanismo de limitación y retaceo de la reparación de los daños y como forma de subsidiación social del riesgo empresario, condena a sus autores desde el punto de vista ideológico, aunque demuestra que en el fondo no adhieren a ningún principio que no sea el de servir al poder económico de turno. Claro que para ello, en ocasiones como ésta, con sus incoherencias, lo estén socavando.
Esto es, en definitiva, lo consagrado con el artículo 49, de la ley 24.557 de riesgos del trabajo: "Disposiciones adicionales y finales. Disposiciones adicionales.
Primera: modificación de la ley 20.744. Sustitúyese el artículo 75 de la ley 20.744 por el siguiente texto:
2. Los daños que sufra el trabajador como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del apartado anterior, se regirán por las normas que regulan la reparación de los daños provocados por accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales, dando lugar únicamente a las prestaciones en ellas establecidas".
Si de la norma se tiene que hacer una interpretación literal de su texto, surge como consecuencia que se pueda entender que los daños acaecidos por violación de las normas legales de higiene y seguridad, sólo podrán ser resarcidos en función de las prestaciones reconocidas en la ley 24.557 de riesgos del trabajo y, por consiguiente, con las limitaciones tarifarias que ella impone en cuanto a las prestaciones dinerarias.
En el derecho de daños argentino, tendríamos entonces una zona de exclusión de responsabilidades especiales para los trabajadores. Ellos no podrían reclamar reparación de los empleadores afiliados a una aseguradora de riesgos del trabajo y sólo podrían acceder en los casos de dirigir reclamaciones contra una aseguradora de riesgos del trabajo, a los límites tarifarios previstos en la ley 24.557. Si el empleador dañante, burlando el sistema de seguros privados impuestos obligatoriamente, no se hubiese afiliado a ninguna aseguradora de riesgos del trabajo, igualmente se vería beneficiado con la limitación a las limitaciones tarifarias de la ley de riesgos del trabajo.
Nos resulta evidente que el sistema así interpretado resulta violatorio del "alterum non laedere" (de raigambre constitucional y consagrado en el art. 19); claramente discriminador y atentario contra el derecho de igualdad (art. 19 de la C.N.) y violatorio del derecho de propiedad de los créditos reparatorios de daños causados, que integran el patrimonio de las víctimas (arts. 14 y 17 de la C.N.).
Se impone por lo tanto, una interpretación superadora del oscuro texto legal, que armonice esta disposición con el resto del orden jurídico y en especial con la normas propias de la teoría general de la responsabilidad y el derecho de daños o la directa declaración de inconstitucionalidad con su lógica desactivación.
3.- El caso "Jaimes".
El 5 de noviembre de 1996, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ingresó en el tema que nos preocupa, resolviendo una cuestión de los llamados conflictos negativos de competencias, los que se encuentran regulados por el artículo 24, inciso 7°, del decreto ley 1285/58 (texto según ley 21.708), en la causa "Jaimes, Juan Toribio c/ Alpargatas S.A. s/ acción contractual artículo 75 de la ley de contrato de trabajo".
El actor había iniciado la misma por ante la Justicia Nacional del Trabajo de la Capital Federal, interviniendo inicialmente el Juzgado Nacional del Trabajo N° 25, que se declaró incompetente, resolución ésta que en su momento quedó firme con intervención de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Pasaron las actuaciones al fuero civil y el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 70 también se declaró incompetente, por lo que tuvo finalmente que resolver la cuestión la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cinco años de la sanción de la ley 24.028.
Esta ley, a partir de sus claros mecanismos represores del juicio por accidente de trabajo, y a mérito de su oscuro texto del artículo 16, provocó que innumerables reclamos que deberían haber sido juzgados a partir de la sistemática y principios generales del derecho del trabajo, hayan tenido que ser decididos por jueces sin especialización alguna, que no tuvieron la clara determinación del titular del Juzgado N° 70.
La Corte resolvió la cuestión de competencia a favor de la justicia del trabajo, con voto unánime de sus jueces Julio S. Nazareno, Carlos S. Fayt, Augusto Cesar Belluscio, Gustavo A. Bossert, Enrique S. Petracchi y Adolfo Norberto Vázquez, haciendo mérito en especial en el dictamen del Procurador General, Ángel Nicolás Agüero Iturbe, que había sido dictado con fecha 16 de abril de 1996.
En los fundamentos del decisorio se sostiene que el artículo 16 ya mencionado, al imponer la opción que consagra, condiciona en el caso que contempla la habilitación de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo de la Capital Federal, a la configuración de un supuesto: el que el demandante opte por la aplicación de un sistema de responsabilidad que pudiera "corresponderle según el derecho civil".
Y a esta condición determinante le impone una consecuencia legal: que en el juzgamiento de la acción de éste régimen civil el juez aplique "la legislación de fondo, forma y los principios correspondientes al derecho civil...".
Esta consecuencia legal impuesta, tan duramente criticada por la doctrina, como un fin economicista destinado a obstaculizar el acceso a la justicia del trabajo de los que sufren un infortunio laboral, viene a transformarse en el argumento convalidante de la competencia laboral en los casos de reparaciones fundadas en ilícitos laborales tipificados por la normativa de trabajo propia del derecho de la seguridad e higiene, nacidos de diversas fuentes heterónomas. Y además, en casos de responsabilidad contractual propia de la naturaleza de la convención entre partes (prestaciones del contrato de trabajo violadas), propios de una fuente autónoma.
En el caso "Jaimes", intimada la parte actora a determinar la naturaleza de su reclamo, insistió ésta en que el mismo se fundaba en disposiciones del derecho del trabajo, y específicamente en las previsiones de la ley de contrato de trabajo.
Y ello determinó que el Procurador General de la Nación dictaminara:
"Al ser así, es claro que la demanda debe tramitar ante los tribunales del Trabajo, en tanto vuestra excelencia, tiene reiteradamente dicho que para determinar cuál es el juez competente, no cabe atenerse a la ley que pueda resultar en definitiva realmente aplicable, sino a la que se invoca como fundamento de la acción entablada (Fallos: 303: 1231 y muchos otros), y no cabe duda que en la especie tales normas son de carácter laboral, dada la expresa manifestación del actor en su escrito de demanda y su negativa en el memorial de apelación respecto de la fundamentación de normas de derecho común".
El dictamen, en principio lógico y fundado, dio pie a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo unánime, nos recordara que el trabajo humano y las disposiciones normativas que lo regulan, en cuanto a las prestaciones que reconocen, determinan la competencia especializada en lo laboral.
Se sostuvo por el más Alto Tribunal del país:
"3°) Que, por último, no obsta a la conclusión adoptada la afirmación de la Cámara de que la reparación del daño ‘...encuentra su marco legal en el derecho civil’, pues la circunstancia decisiva para resolver esta contienda no está dada por las disposiciones aplicables para determinar la extensión del resarcimiento o la evaluación del daño, sino por la índole de las prestaciones que se invocan como insatisfechas, cuya consideración debe ser efectuada con los criterios particulares derivados de las características del trabajo humano, como esta Corte lo ha enfatizado en el precedente de Fallos: 306:337, lo cual determina la competencia del fueron expresamente habilitado para conocer en la materia por el art. 20 de la ley 18.345".
Tanto del dictamen del Procurador, como del fallo de la Corte, se desprende una advertencia velada.
Por un lado, se sostiene que en cuanto a prestaciones laborales violadas y consecuencias reparativas de las mismas, es indudable lo obvio. Que el fuero especializado es el competente. Sostener lo contrario sería afirmar que se atribuye competencia (en el sentido de capacidad) a quien no la tiene, o la tiene en menor medida. Pero por otro lado (y esto es la materia de la advertencia), queda como situación pendiente la que corresponda a la extensión del resarcimiento que se reconozca por parte de la justicia laboral cuando decida en la materia propia. En definitiva plantea tener que volver a discutir las posiciones que en su momento, la Cámara Nacional del Trabajo debatió en el Plenario 99, caso "Rubir".[17]
Hay en todo ello un renacer de la argumentación economicista que hace del tarifarismo resarcitorio, en lugar de un piso que garantice derecho a las víctimas, un techo que consagre seguridad a los dañantes a mérito de indemnizaciones mezquinas.
Es una posición afín con la de la minoría, en el Plenario 99, cuando la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sostuvo que la ley de accidentes de trabajo había venido a reglamentar las disposiciones del Código de Comercio, para impedir otra reparación que la tarifaria.
El caso "Jaimes" ha merecido una nota comentándolo, del doctor Oscar Zas,[18] en la que este Juez Nacional de Trabajo hace un prolijo estudio de la situación en la que se encontraba la jurisprudencia de las Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Del mismo resulta que sólo la Sala VI y el Procurador General del Trabajo se orientaban claramente por la admisión de la competencia laboral en los casos de acciones fundadas en el artículo 75 de la ley de contrato de trabajo.
En esa nota, y en el fallo que con anterioridad a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictara en la causa "Mieres, Alejandro Miguel c/ Plásticos Aplicados S.A. s/ daños y perjuicios",[19] se afirma en el concepto constitucional del trabajo. Recoge este autor, y lo desarrolla, el meritorio enfoque de este concepto, del que se hace trascender la revitalización de las acciones de seguridad, practicado por Leopoldo Schiffrin,[20] y además argumenta con propiedad a favor de una correcta interpretación del artículo 75, en directa relación con el artículo 195 de la ley de contrato de trabajo, que en su segundo párrafo crea una presunción legal de culpa, que resulta ajena a todo intento de emparentar su responsabilidad con las especiales tarifarias de las leyes de accidente de trabajo.
En la misma línea argumental, nosotros, desde hace ya muchos años, sostenemos que la naturaleza laboral y autónoma de las acciones contractuales de previsión y seguridad consagran normativamente el principio de indemnidad del trabajador en la ley de contrato de trabajo, a partir de los artículos 75, 76, 178 y 195, que deben ser aplicados como parte de un sistema, que los relaciona y coordina. Y que ello determina la competencia del fuero del trabajo cuando la actora la invoca a los efectos de la reparación integral del daño padecido en un infortunio obrero, por la índole de las prestaciones contractuales insatisfechas, lo que es determinante de la naturaleza de la acción.
Y que, como lo sostuvo la Corte, la consideración del caso se debe hacer siempre a partir de los criterios particulares derivados del trabajo humano. (Criterio que orienta al caso “Jaimes”, pero que ya fuera expresado en Fallos 306:337).
Por otra parte, creemos que esta solución es la única que encaja coordinadamente, con antecedente de "Monreal de Lara de Hurtado" (1916) y del caso "Costa", en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ingresó a partir de la falta de consideración en las instancias inferiores, la responsabilidad contractual por violación al deber de seguridad.[21]
4.- Situaciones a esclarecer.
Ese condicionamiento legal de la competencia capitalina, resaltado por la Corte en el caso "Jaimes", deja distintas situaciones sin considerar.
El tipo legal reconocido en el caso que comentamos es el siguiente:
La posibilidad propia del ejercicio de acciones laborales autónomas, que no dejan de ser comunes, ya que el derecho laboral lo es, pero que se fundan en expresa normativa laboral.
Ello implica la distinción entre acciones comunes no tarifadas, basadas en disposiciones del derecho civil y acciones fundadas en disposiciones propias del derecho del trabajo.
A partir de ello, es legítimo preguntarse qué debería pasar cuando la parte ejerce en forma acumulativa o subsidiaria acciones comunes laborales, (tarifadas y no tarifadas) y otras de derecho civil (extracontractuales y objetivas).[22]
Entre estas posibilidades se destaca especialmente la consecuencia posible del ejercicio de este tipo de acciones, conforme con lo previsto por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para la acumulación o el ejercicio subsidiario de acciones. Se refiere a ello en su artículo 87, que sostiene:
"Antes de la notificación de la demanda el actor podrá acumular todas las acciones que tuviera contra una misma parte, siempre que:
1º) No sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede excluida la otra.
2º) Correspondan a la competencia del mismo juez.
3º) Puedan sustanciarse por los mismos trámites".
Explica Lino Enrique Palacio que el primer requisito que exige dicha norma se justifica porque si las pretensiones fueran contrarias entre sí se destruirían mutuamente (por ejemplo, si se demandase conjuntamente el cumplimiento y la rescisión de un contrato o la nulidad de un testamento y la entrega de un legado establecido en él).[23]
Cuando se profundiza el análisis del tema de la acumulación, se advierte que la acción tarifada acumulada se torna en un piso subsumido, en el valor real reconocido para la acción común no tarifada. En este sentido, la acumulación de acciones en una demanda implica el ejercicio conjunto de regímenes de responsabilidad, con referencia a una única “causa petendi”: la reparación del infortunio.
Las acciones tarifadas implican una presunción legal de monto mínimo de daño padecido y no podría sostenerse, por ejemplo, que acumulada una reclamación propia del artículo 212 de ley de contrato de trabajo a una acción común por accidente de trabajo, el daño que considerare el juez fuera menor que el monto determinado por la primera. Corre por cuenta de la víctima o sus causahabientes la carga del perjuicio padecido, en todo lo que el mismo supere a las acciones subsumidas.
Pero también corre por cuenta del juez respetar las pautas de reparación mínima que el legislador reconoció. No puede variar de contenido ni la idea de la reparación integral, ni los institutos de la tarifación.[24]
5.- Invocación conjunta o subsidiaria. Iura curia novit.
El derecho como programación inteligente del principio "alterum non laedere", admite sin retaceos, el concepto de las ilicitudes remanentes, por aplicación subsidiaria de los regímenes de responsabilidad, cuando en una conducta (no necesariamente un solo hecho jurídico) se dan los presupuestos respectivos.
Y por lógica no puede retacear la invocación de la parte que ejerce las acciones reparativas, en forma conjunta y/o subsidiaria.
Un fallo que recepta este criterio es el siguiente: "El trabajador puede invocar en apoyo de su posición los dos regímenes resarcitorios, el contractual (art. 75 L.C.T.) y el extracontractual (art. 1113, C.C.), y el juez, por el principio "iura novit curia", determinará el derecho que resulte aplicable a la cuestión sometida a su decisión".[25]
Podría ser que el juez, incluso decidiera, que ninguno de los regímenes de responsabilidad invocados en la demanda quedó probado, pero que el caso sometido a procesamiento, revela otro régimen de responsabilidad que se debe de aplicar.
Usando el fallo que comentamos para pivotear en torno a la hipótesis, podría ser que el decisorio resolviera, que no existió responsabilidad en los términos del art. 75 de la L.C.T. (contractual), que tampoco se dio la forma de responsabilidad objetiva del art. 1113 del C.C. (responsabilidad por riesgo), pero sí se pudo probar que la conducta del dañante fue culposa o dolosa, y a mérito del art. 1109 condene a su reparación.
El criterio desactivador por excelencia queda expresado en el voto del doctor Lasarte, camarista de la Sala III de la C.N.A.T.: "En la medida en que se persiguiese la reparación de los infortunios laborales fundada en la opción del derecho común, la única vía posible es la prevista en el artículo 1113 del Código Civil (Plenario 169, "Alegre, Cornelio c/ Manufactura Algodonera Argentina), que tuvo presente la responsabilidad extracontractual y no la que surge de la responsabilidad contractual laboral".[26]
Nada autoriza en el Plenario Alegre a esta invocación dogmática que se hace del mismo, para afirmar la existencia de contradicciones entre los regímenes que impidan el procesamiento subsidiario de los mismos.
Y menos aún puede entenderse que ese plenario destinado a reconocer la plena vigencia de la responsabilidad objetiva por riesgo en lo laboral, a mérito de la responsabilidad sin culpa, viniera a desactivar otras formas de responsabilidad, (por culpa contractual o extracontractual según los casos), lo que de por sí sería una gruesa contradicción con el "alterum non laedere", que acarrearía la tacha de inconstitucionalidad por violación del art. 19 de la C.N.
El caso "Jaimes", viene a actuar como un acelerador de una cuestión pendiente. A cuyo tenor se fueron plasmando las más contradictorias doctrinas y la ambivalencia manifiesta de nuestro derecho de daños laborales, que se proyectará en la matriz del control de inconstitucionalidad del nuevo régimen regulador de los infortunios del trabajo.
[1] Conforme C.S.J.N., Fallos 279: 95; 286: 45 y 302: 339. En doctrina: Amadeo Allocati, en su "Ley de organización y procedimiento de la Justicia Nacional del trabajo", Astrea T. I, pág. 97.
[2] Conforme: C.N. Com., C., 9-6-80, en L.L. 14-1-81, p 3, fallo 79.254.
[3] Puede encontrarse en Cornaglia, Ricardo J.: "Derecho de daños laborales", Ed. Némesis, Buenos Aires, 1992, págs. 196 y ss.
[4] Conforme Juan Carlos Fernández Madrid en su “Tratado práctico de derecho del trabajo”, T.II, pág. 1981.
[5] Dichas Jornadas fueron convocadas y organizadas por el Instituto de Derecho Social (del Trabajo y la Previsión) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y La Fundación de Altos Estudios Sociales (F.A.E.S.), a partir del lema: "Efectos del economicismo en el derecho de daños laborales. La Reparación justa".
[6] El doctor Eduardo Álvarez, desarrolla en su dictamen, los argumentos que con mayor extensión y profundidad volcara en su trabajo "El artículo 75 de Ley de Contrato de Trabajo y el destino paradójico del deber de seguridad", fundándose en el pensamiento del maestro Ernesto Krotoschin. (Ver trabajo citado en Doctrina Laboral. Errepar. T.VII, pags. 439 y ss.).
[7] Como, por ejemplo, en el caso “Pandiani c/ Intela” – LT - T. XXVIII-A, pág. 562.
[8] Ver C.S.J.N., junio 8 de 1976, Revista D. T. 1976, pág. 319.
[9] Ver del autor su trabajo "El control de constitucionalidad de la ley sobre riesgos del trabajo 24.557", en la revista Derecho del Trabajo, febrero de 1997, pág. 237 y ss.
[10] Conforme: "Pedrini de Ferrari, Hermina c/ Pellegrini y Della Maggiore", noviembre 18 de 1946, en D.T. 1947- pág. 122 y ss.
[11] Conforme: fallo citado en J.A. 1959-II-517.
[12] Conforme S.C.B.A. 12/9/50 DJBA XXXI-815; 1/9/50 D.T. 1950-664; D.T. 1950-279.
[13] Conforme S.C.B.A., fallo del 5/9/52, en L.L. 68- 550.
[14] Esta variación de la S.C.J.B.A., se registra en el fallo del 25/9/56, L.L. 86-469 y en el plenario de la C.N.A.T. del 8/9/49, ver D.T. 1949-573.
[15] Una reseña crítica y breve de las argumentaciones que relativizaron la importancia de las posiciones contractualistas, puede encontrarse en Acdeel E. Salas, "La acción de derecho común’ en los infortunios del trabajo (Cód. Civil, art. 1113)", en D.T. 1980, pág. 411 y ss. No compartimos estas críticas, pero resulta interesante el trabajo de Salas para advertir cómo todavía en 1980 (luego de que en 1974 se sancionara la Ley 20.744), los civilistas seguían discutiendo en cuanto a las acciones comunes en los infortunios, batallando contra el contractualismo, sin hacer ni siquiera una sola mención a los artículos de la misma que hoy se numeran como 75 y 76.
[16] Ver Pedro N. Cazeaux y Félix A. Trigo Represas, en "Derecho de las obligaciones" (Editora Platense, pág 336), quienes sostienen en apoyo de ello: "Conforme pues a esta última disposición (el art. 1074), que ha seguido la teoría tradicional del origen romano, la omisión sólo dará lugar a la responsabilidad del autor, cuando la ley imponga la obligación de cumplir el hecho omitido. Esta es también la opinión seguida por destacados autores extranjeros y nacionales, que podría calificarse de clásica: ninguna omisión responsabilizará a su autor, sino en tanto la ley o un contrato hayan impuesto la obligación de cumplir el hecho omitido: pues si ese deber no existe, conforme al principio de la libertad individual -artículo 19 in fine de la Constitución Nacional- cada uno tiene el derecho de "no hacer", y nadie puede ser constreñido a salir de su inacción. Así se ha dicho categóricamente que: "el artículo 1074 formula una regla de sentido intergiversable: cuando él establece que en los actos de omisión el omitente "será responsable solamente cuando una disposición de la ley impusiese la obligación de cumplir el hecho omitido", es imposible entender que será también responsable cuando ninguna disposición de la ley impusiere la obligación. La duda, si puede ser legítima en ausencia de un texto expreso, como en derecho francés, no lo es entre nosotros, en presencia del artículo 1074" (Orgaz, “La Culpa”, pág. 113, N° 43 in fine)".
[17] Ver C.N.A.T., acuerdo plenario 99, 26 de octubre de 1965, autos "Rubir, Félix P. c/ Cía. de la Navegación Costera Argentina", en D.T. 1966, pág 26 y ss.
[18] Ver Oscar Zas, "La competencia para la acción resarcitoria derivada del incumplimiento del deber de seguridad en ámbito de la Capital Federal", en Revista D.T., febrero 1997, pág. 427 y ss.
[19] Se trata de una sentencia del primer instancia que lleva fecha 22 de octubre de 1996, sobre la que esperamos volver en un análisis crítico, por la importancia conceptual que alcanza.
[20] Ver voto en disidencia del Camarista Federal de La Plata Leopoldo Schiffrin en autos "Leira, Manuel P.L. c. Y.P.F.", en J.A., 5721 (24-4-91), pág. 21 y ss.
[21] Ver C.S.J.N. en "Costa, Josefa c/ Hilandería Villa Devoto S.A.", sentencia del 5 de septiembre de 1985.
[22] Entre las civiles a acumular o ejercer subsidiariamente no consignamos las contractuales, por cuanto el régimen contractual es el laboral, a partir de la especialización cumplida.
[23] Ver Lino Enrique Palacio, en "Manual de derecho procesal civil", t. 1, pág. 143.
[24] Los repertorios de jurisprudencia nos proveen de estos casos: "Para que prospere la acumulación de acciones es condición indispensable la identidad de la causa, la unidad en el hecho generador de las obligaciones, su objeto es facilitar la prosecución del juicio, lo que no se concebiría cuando son varios los demandantes contra una misma persona y no existe unidad ni identidad en la cosa litigiosa, lo que daría lugar a diversidad de pruebas, incompatible con la unidad de juicio y de valoración en la sentencia" (Cám. Fed. Paraná, 13/3/39, "J.A.", 65-630). "La acumulación de acciones contra una misma parte está autorizada por ley cuando corresponde a una misma jurisdicción, pueden sustanciarse por los mismos trámites y no sean contradictorias, de modo que por la elección de una queda excluida la otra" (S.C.B.A., 20/8/57, "A.S.", 1957- 10, 245).
[25] Ver: "Castro, Carlos Enrique c. Rocar Construcciones S.R.L.", C.N.Tr. Sala II, 9/4/86. En Doctrina Laboral- Errepar, junio de 1995, pág. 456.
[26] Autos: Cevallos, Conrado c. YPF s/ accidente-acción civil", C.N.Tr., Sala IIIa, 18/6/93.

References: artículo 16
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 75
 artículo 16
 artículo 75
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 75
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 12
 artículo 19
 artículo 16
 artículo 1010
 artículo 75
 ARTÍCULO 75
 artículo 155
 artículo 156
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 75
 artículo 1074
 artículo 1074
 artículo 49
 artículo 75
 artículo 24
 artículo 75
 resolución 
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 195
 artículo 87
 artículo 212
 artículo 1113
 artículo 75
in fine
 artículo 1074
 artículo 1074
in fine