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Timestamp: 2018-10-15 17:40:11+00:00

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SENTENCIA 2008-00382 DE 22 DE ENERO DE 2015
CONTENIDO:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO NO REPARA INTEGRALMENTE EL SACRIFICIO SANITARIO DE ANIMALES. SE ACLARA QUE NO ES PROCEDENTE PERSEGUIR LA INDEMNIZACIÓN INTEGRAL A LA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 90 CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO COMO CONSECUENCIA DEL SACRIFICIO DE ANIMALES QUE REPRESENTAN UNA AMENAZA SANITARIA. ADEMÁS SE INDICA QUE EL DECRETO 1840 DE 1994, QUE REGLAMENTÓ EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO LA LEY 101 DE 1993, ESTABLECE UNA COMPENSACIÓN CUANDO PARA ERRADICAR ENFERMEDADES O PLAGAS, O IMPEDIR SU DISEMINACIÓN SE DECIDE ELIMINAR ANIMALES O PLANTAS. ASÍ SE PRECISA QUE EN ESTA COMPENSACIÓN SE INCLUYE EL VALOR DE LOS ANIMALES IMPORTADOS, EL VALOR DE LAS CRÍAS NACIDAS DURANTE EL TIEMPO DE LA CUARENTENA Y EL VALOR DE LOS COSTOS ASUMIDOS POR EL IMPORTADOR. EN ESE MARCO, DE PRETENDERSE PERJUICIOS ADICIONALES NO COMPRENDIDOS DENTRO DE ESTOS CONCEPTOS DEBE RECURRIRSE A LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, RECURSO DE APELACIÓN, CAUSACIÓN EN EL SACRIFICIO DE ANIMALES, INDEMNIZACIÓN INTEGRAL
Sentencia 2008-00382 de enero 22 de 2015
Ref.: 25000232400020080038201
Actora: Agroinversora Usol Ltda y otro
Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la demandante en el recurso de apelación, para determinar si es dable o no revocar la sentencia proferida el 13 de octubre de 2011 por la Sección Primera Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Las resoluciones demandadas son:
“RESOLUCIÓN 2665 DE 2007
Por el cual se ordena el pago de una compensación
en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere los decretos 2645 de 1993, 1840 de 1994, 3044 de 1997 y la Resolución 933 de abril de 2007.
Que mediante la Resolución 933 de 18 de abril de 2007, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, ordenó el sacrificio de 284 ovinos de las razas Black Belly, Damara, Dorper, Hampshire, Katahdine, Pelibuey, Poll Dorset y mestizas y sus crías, ovinos procedentes de México, por considerar que al haber detectado la enfermedad de Maedi Visna, enfermedad no declarada en Colombia y por tanto considerada exótica para el país, los mismos representaban riesgo de transmisión de la enfermedad.
Que de acuerdo con el “artículo segundo de la Resolución 933 del 18 de abril de 2007 el ICA reconocerá compensación conforme a los procedimientos establecidos.
Que los gastos considerados por el Instituto como compensación serán aquellos generados al momento del ingreso de los animales a Colombia y durante su estancia en el predio de cuarentena interna, así como aquellos costos y gastos generados en forma imprevista como consecuencia del seguimiento cuarentenario.
Que conforme el Acta de avalúo suscrita el 21 de abril de 2007, con la asistencia de funcionarios de ICA y el importador, el valor de la compensación establecida incluye el valor de los animales importados declarado en el manifiesto de Aduana (Documento DIAN 162007000000920-0 y 162007000000924-01), el valor de las crías nacidas (determinado al 40% del valor de hembras adultas importadas según la raza y de acuerdo con el valor establecido en el Manifiesto de Aduanas) y el valor de los gastos asumidos por el importador con ocasión del proceso de importación generado en Colombia.
Que por lo anterior, es procedente efectuar la compensación establecida en el Acta de avalúo del 21 de abril de 2007.
Que para dar cumplimiento a lo establecido en la presente resolución el Instituto Colombiano Agropecuario “ICA” cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 806 del 25 de septiembre de 2007.
Que el Doctor Nelson Alberto Barrera González según poder otorgado por el señor Álvaro Uscategui Ramírez, representante legal de la empresa Agroinversora Usol Ltda, que reposa en este instituto tiene entre otras facultades la de recibir y además inherentes al desempeño de su gestión.
“ART. 1º—Ordenar el pago de la compensación que por el sacrifico sanitario de doscientos cincuenta (250) ovinos adultos y treinta y cuatro (34) crías nacidas durante el desarrollo de la cuarentena que ha sido establecido mediante la Resolución 933 de 18 de abril de 2007 conforme a los procedimientos establecidos por el ICA y con cargo al Proyecto del Fondo Nacional de Emergencias Sanitarias, de acuerdo con la siguiente liquidación:
Concepto Valor (en pesos)
Honorarios agente aduanal por registros de importación Bogotá 180.000
Honorarios agente aduanal por registros de importación Pereira 979.916
Liberación de guía aérea en Pereira 78.822
Impuestos de nacionalización 1.080.000
Documentos zoosanitarios ICA 2.464.000
Certificados de inspección sanitaria ICA Risaralda 1.149.000
Visitas funcionario Ica control sanitario 341.000
Guías de movilización ICA Risaralda 28.200
Bonos guías de movilización 9.000
Honorarios del médico veterinario particular de asistencia 800.000
Pruebas de laboratorio 31.563.000
Medicamentos de cuarentena 623.350
Boletos aéreos Bogotá - Pereira 1.912.680
Hoteles Pereira 498.900
Servicios prestados en cuarentena en el predio Atenas 50.963.106
Valor de los animales importados según declaración de aduana 19.437.403
Valor de las crías nacidas 682.380
Total 112.790.757
PAR. 1º—Para efectos del pago de la correspondiente compensación, el representante legal de la empresa Agroinversora Usol Ltda o su Apoderado deberán remitir al Grupo de Tesorería del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, los documentos originales de las facturas y cuentas de cobro con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de Comercio y demás normas aplicables.
PAR. 2º—Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la legalización de los documentos ante el Grupo de Tesorería del Instituto Colombiano Agropecuario “ICA”, deberá comunicarse el número de la cuenta bancaria en la que se consignará el valor de la compensación.
“ART. 2º—El pago se hará al doctor Nelson Alberto Barrera González, identificado con la cédula de ciudadanía 9.399.311 de Sogamoso y T.P. 106.046 del CSJ, apoderado de la empresa Agroinversora Usol Ltda por la suma de ciento doce millones setecientos noventa mil setecientos cincuenta y siete ($112.790.757) teniendo en cuenta las consideraciones de la presente resolución.
“ART. 3º—Contra la presente resolución proceden los recursos de vía gubernativa.
“ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Bogotá, a 8 de octubre de 2007.
“RESOLUCIÓN 1245 DE 2008
Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 2665 del 8 de octubre de 2007
en ejercicio de sus atribuciones legales especialmente de las previstas en los decretos 2141 de 1992, 1840 de 1994 y el Acuerdo 8 de 2001 y,
Que esta gerencia para resolver considera
Por su parte, en el caso de la compensación, nos encontramos frente a un mecanismo que se establece en el “Artículo 13 del Decreto 1840 de 1994 para aquellos casos en los que sea necesario eliminar o destruir animales y vegetales, sus partes y sus productos transformados y no transformados en virtud de una situación de emergencia presentada. En tales eventos el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, podrá establecer un sistema de compensación. Claramente, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, no pretende reparar o resarcir el daño, sino compensar, es decir, dar o hacer algo en resarcimiento por el perjuicio económico, según definición contenida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Mientras al indemnizar debe haber una equivalencia, en la compensación de lo que se trata es de proporcionar un beneficio para reducir el perjuicio acaecido.
Por lo tanto, el Instituto, al establecer el valor de la compensación, busca proporcionar un beneficio para reducir el perjuicio acaecido. Ello es consistente con la orientación de la normatividad contenida en el Decreto 1840 de 1994, bajo la cual, la actuación de la administración no solamente es legitima sino que además forzosa para el objetivo buscado.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que los fundamentos del recurso están dirigidos a la reparación integral de un presunto daño, cuestión que no puede ser debatida por vía gubernativa, la Gerencia General del Instituto Colombiano Agropecuario procederá a confirmar la decisión adoptada mediante Resolución 2665 del 8 de octubre de 2007.
En lo relacionado con el recurso de apelación, interpuesto en subsidio, la Gerencia General del ICA procederá a denegarlo con fundamento en el inciso segundo del numeral segundo del “Artículo 50 del Código Contencioso Administrativo que a la letra dice: “No habrá apelación de las decisiones de los ministros, jefes de departamentos administrativos, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan personería jurídica”.
En mérito de los expuesto esta gerencia,
“ART. 1º—Confirmar en todas sus partes la Resolución 2665 del 8 de octubre de 207 mediante la cual se ordena el pago de una compensación, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.
“ART. 2º—Denegar el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 2665 del 8 de octubre de 2007, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta resolución.
“ART. 3º—Contra la presente resolución no procede ningún recurso por la vía gubernativa.
Dada en Bogotá, a 24 de abril de 2008.
La Sala analizará únicamente los tres primeros cargos expuestos en el recurso de apelación, es decir i) desviación de poder, ii) violación de las normas en que debía fundarse el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, para la expedición de las resoluciones acusadas y iii) nulidad por ineficacia; toda vez que el último cargo iv) falsa motivación de las resoluciones acusadas por ausencia de certeza científica, se refiere a cuestionamientos en torno a la enfermedad que padecían los ovinos, por lo que no guarda relación directa con los actos acusados en este proceso.
La Sala estudiará en primer lugar, la excepción propuesta por la entidad demandada y posteriormente analizará los cargos expuestos por las demandantes en el recurso de apelación.
Alega el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, que la sociedad Agropecuaria Internacional Uscategui-Olano S.A., no tiene relación alguna con el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA y, en consecuencia, carece de interés sustancial en el presente litigio; por el contrario, afirman las demandantes que sí le asiste interés en el proceso, porque al haber actuado como exportadora de los animales, tiene derecho al pago de los perjuicios que se le ocasionaron.
En relación con la legitimación en la causa, esta corporación ha precisado lo siguiente:
“La legitimación en la causa —legitimatio ad causam— se refiere a la posición sustancial que tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exonera de las segundas. Es decir, tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que aquélla exista”2.
En efecto, le asiste razón a la entidad demandada, toda vez que mediante las resoluciones 2665 de 2007 (oct. 8) y 1245 de 2008 (abril 24), se ordenó el pago de una compensación económica a favor de la Sociedad Agroinversora Usol Ltda por el sacrificio de doscientos cincuenta (250) ovinos y 34 crías nacidas durante el desarrollo de la cuarentena.
Las resoluciones cuestionadas, en ninguno de sus apartes menciona a la sociedad Agropecuaria Internacional Uscategui-Olano S.A, pues según se observa en los documentos aportados en la demanda3, esta sociedad actuó como exportadora de los ovinos, pero no intervino en el trámite adelantado ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
Si bien es cierto, la sociedad Agropecuaria Internacional Uscategui-Olano S.A alega que se le causaron perjuicios, también lo es, que en los actos administrativos acusados no se hace referencia alguna a esta sociedad y, en consecuencia, carece de legitimación en la causa por activa para actuar en el presente litigio.
Precisado lo anterior, pasa la Sala a estudiar los cargos expuestos por la demandante en el recurso de apelación.
2.1. Desviación de poder.
Afirma la demandante que la Resolución 2665 de 2007 (oct. 8), a través de la cual se ordena el pago de una compensación y la Resolución 1245 de 2008 (abr. 24) que confirma en todas sus partes la resolución anterior, en nada compensa los perjuicios que le fueron ocasionados, los cuales deben ser reparados íntegramente y no como lo afirma la demandada, un beneficio para reducir el perjuicio causado.
Al no resarcir íntegramente los daños causados a la sociedad Agroinversora Usol Ltda., se incurrió en desviación de poder, por desconocer el fin reparador que le asiste al Estado cuando le ocasiona un daño a un particular, tal como lo establece al “Artículo 90 de la Constitución Política.
En relación con este cargo, ha dicho el Consejo de Estado que cuando se alega desviación de poder debe llevarse al Juez a la certeza incontrovertible de que los motivos que tuvo la administración para proferir el acto enjuiciado no son aquellos que le están expresamente permitidos por la ley, sino otros, de manera que el resultado de la decisión que se ataca es diverso del que naturalmente hubiera debido producirse si la decisión se hubiese proferido de acuerdo con los dictados legales que la informan.
En otras palabras, cuando se alega desviación de poder como causal para pedir la nulidad de un acto administrativo y como consecuencia un eventual restablecimiento de derecho, quien pretenda esa declaración está obligado a aportar tales pruebas que el Juez del conocimiento no tenga la más mínima duda, que al expedir el acto controvertido el agente de la administración que lo produjo no buscó obtener el fin obvio y normal determinado al efecto, sino que, por el contrario, se valió de aquella modalidad administrativa para que se obtuviera como resultado una situación en un todo diversa a la que explícitamente busca la ley4.
Al respecto, el Decreto 1840 de 19945, establece:
“ART. 13.—En los casos no culposos ni dolosos de emergencia sanitaria, en que sea necesario eliminar o destruir animales y vegetales, sus partes y sus productos transformados y no transformados, con el fin de erradicar enfermedades o plagas, o impedir su diseminación, el ICA establecerá un sistema de compensación.
A folio 73 de cuaderno principal, obra acta de avalúo de los ovinos sacrificados procedentes de México, de los cuales se ordenó el sacrificio sanitario, la cual fue suscrita por el representante legal de Agroinversora Usol Ltda., y tres funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario.
En el acta se estableció que la compensación incluiría el valor de los animales importados, el valor de las crías nacidas durante el tiempo de la cuarentena y el valor de los costos asumidos por el importador.
Así las cosas, no se allegó por la demandante prueba alguna que le permita inferir a la Sala que al expedir las resoluciones acusadas, el Instituto Colombiano Agropecuario, buscó obtener un beneficio diferente al establecido en la Ley en relación con el pago de la compensación.
Por el contrario, es evidente que lo que pretendió el Instituto Colombiano Agropecuario, fue dar cumplimiento al Decreto 1840 de 1994, al reconocer una compensación por lo ovinos que debieron ser sacrificados.
2.2. Violación de las normas en que debía fundarse el ICA para la expedición de las resoluciones acusadas.
Afirma la recurrente que se vulneraron normas constitucionales toda vez que la compensación no sigue los lineamientos establecidos en el “Artículo 90 de la Constitución Política, el cual establece la responsabilidad del Estado por daños antijurídicos.
En el asunto objeto de estudio, mediante Resolución 933 de 2007 (abr. 16), se ordenó el sacrificio de la totalidad de los ovinos importados, con el fin de prevenir la introducción y propagación de enfermedades que pueden afectar las especies animales.
Por lo anterior, fueron expedidas las Resolución 2665 de 2007 (oct. 8), a través de la cual se ordena el pago de una compensación y la Resolución 1245 de 2008 (abr. 24) que confirma en todas sus partes la resolución anterior.
Las resoluciones cuestionadas se fundamentan en que el Decreto 1840 de 19946, establece una compensación cuando es necesario eliminar o destruir animales, con el fin de erradicar enfermedades o plagas, o impedir su diseminación.
Al momento de fijar la compensación, se tuvo en cuenta el documento “Lineamientos para el otorgamiento de una compensación autorizada mediante acto administrativo expedido por la gerencia general del Instituto Colombiano Agropecuario ICA”, según el cual, al momento de realizar la compensación se debe medir cuantitativa y cualitativamente cada uno de los eventos que se presentan, pues todos los casos no son iguales.
En este orden de ideas, observa la Sala que las resoluciones acusadas, se fundamentaron en las normas relativas a la sanidad agropecuaria, las cuales tienen como finalidad prevenir la introducción, dispersión o diseminación de plagas, enfermedades, malezas u otros organismos que afecten o puedan afectar la sanidad animal o vegetal del país.
Con fundamento en lo anterior, para el asunto objeto de estudio, los actos administrativos demandados, no se debían proferir con base en el “Artículo 90 de la Constitución Política7, porque las resoluciones acusadas no se fundamentan en la posible responsabilidad del Estado, sino en las medidas sanitarias que se debían adoptar por la enfermedad que padecían los ovinos.
Así las cosas, la Sala comparte los argumentos de la primera instancia, según los cuales, si la demandante consideraba que el perjuicio causado correspondía a un daño antijurídico, debió iniciar la acción de reparación directa para efectos de establecer la responsabilidad del Estado y en consecuencia la reparación integral del daño.
2.3. Nulidad por ineficacia.
Sostiene la recurrente que las resoluciones acusadas son ineficaces porque con ellas no se logró una pronta y justa indemnización por parte del Estado para los ganaderos afectados, es decir no se tuvo en cuenta el “Artículo 90 de la Constitución Política.
La Sala reitera los argumentos expuestos en el cargo anterior, según los cuales las resoluciones acusadas tienen su fundamento en el Decreto 1840 de 1994 y en los parámetros establecidos por la entidad.
Por tal razón, no es procedente fijar una indemnización integral con fundamento en el “Artículo 90 de la Constitución Política, porque en este proceso no se probó responsabilidad del Estado por daño antijurídico.
El artículo 13 del Decreto 1840 de 1994, establece que “En los casos no culposos ni dolosos de emergencia sanitaria, en que sea necesario eliminar o destruir animales y vegetales, sus partes y sus productos transformados y no transformados, con el fin de erradicar enfermedades o plagas, o impedir su diseminación, el ICA establecerá un sistema de compensación”.
El documento “Lineamientos para el otorgamiento de una compensación autorizada mediante acto administrativo expedido por la gerencia general del Instituto Colombiano Agropecuario ICA”8, establece:
1. Para efectos del presente documento, téngase los siguientes términos:
Compensación: En el diccionario de la real academia de la Lengua Española, el término compensar tiene, entre otros significados, el de “dar alguna cosa, o hacer un beneficio en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto que se ha causado”. Esto significa que, en estricto sentido la compensación sería aquello que el Instituto otorga a sus usuarios para resarcir el daño o perjuicio que se ha ocasionado con motivo de un riesgo sanitario generado por la introducción al país de animales y/o vegetales, productos y subproductos, una vez establecido que no existe dolo o culpa atribuible al usuario.
3. Del reconocimiento:
Dentro de los casos no culposos ni dolosos de la emergencia sanitaria el Instituto Colombiano Agropecuario ICA efectuara una compensación de acuerdo con la situación presentada, analizando las circunstancias que dieron lugar a la emergencia. Así las cosas, mediante el acto administrativo por el cual se ordena las medidas para prevenir y controlar la emergencia, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, a través de su gerente general, representante legal del Instituto procederá a reconocer y autorizar la compensación indicando que para los efectos se aplican los procedimientos establecidos.
5. De la compensación.
Debe aclararse que el valor de los gastos que deberá reconocerse por el Instituto corresponderá única y exclusivamente a aquellos que se generen dentro del país (resaltado fuera del texto)
En el acta de avalúo de los ovinos sacrificados suscrita por el representante legal de Agroinversora Usol Ltda., y los funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario9, se estableció que el valor de la compensación incluiría i) el valor de los animales importados, para lo cual, se tendría en cuenta el valor de los animales declarado en el manifiesto de aduana y la declaración de importación, ii) el valor de las crías nacidas durante el tiempo de la cuarentena, el cual correspondería al 40% sobre el valor de las hembras adultas y iii) el valor de los costos asumidos por el importador, para lo cual la Agroinversora Usol Ltda., debía entregar los correspondientes soportes.
Igualmente se observa que la Resolución 2665 de 2007 (oct. 8), a través de la cual se ordena el pago de una compensación, estableció:
“ART. 1º—Ordenar el pago de la compensación que por el sacrificio sanitario de doscientos cincuenta (250) ovinos adultos y treinta y cuatro (34) crías nacidas durante el desarrollo de la cuarentena que ha sido establecido mediante la Resolución 933 de 18 de abril de 2007 conforme a los procedimientos establecidos por el ICA y con cargo al Proyecto del Fondo Nacional de Emergencias Sanitarias, de acuerdo con la siguiente liquidación:
En este orden de ideas, la Sala concluye que el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, le reconoció a la sociedad Agroinversora Usol Ltda., el valor total de los gastos ocasionados en Colombia con ocasión de la importación de los 250 ovinos procedentes de México, los cuales fueron debidamente soportados por la demandante.
No se reconocieron los gastos causados en México durante el proceso de importación, porque según los lineamientos de Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el valor de los gastos que se reconocen en la compensación debe corresponder única y exclusivamente a aquellos que se generen dentro del país.
En consecuencia, se deberá proceder a confirmar la sentencia proferida el 13 de octubre de 2011 por la Sección Primera Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa respecto a la sociedad Agropecuaria Internacional Uscategui-Olano S.A y negó las pretensiones de la demanda, porque no se allegó prueba alguna que desvirtúe la legalidad de las resoluciones acusadas.
1. CONFÍRMASE la sentencia del 13 de octubre de 2011 proferida por la Sección Primera Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa respecto a la sociedad Agropecuaria Internacional Uscategui-Olano S.A y negó las pretensiones de la demanda,
1. Sobre la excepción Falta de legitimación en la causa por activa.
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 24 de octubre de 2013, exp. 68001-23-15-000-1995-11195-01(25869), Actor, Néstor José Buelvas Chamorro M.P. Enrique Gil Botero.
3 Folios 89 a 114.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de 31 de agosto de 1988, exp. 3259, Actor: Silvio Chávez Cabrera, M.P. Clara Forero de Castro.
5 Por el cual se reglamenta el “Artículo 65 de la Ley 101 de 1993 (Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero).
6 Por el cual se reglamenta el “Artículo 65 de la Ley 101 de 1993 (Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero).
7 “ART. 90.—El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este.
8 Folios 126 a 131 del expediente.

References: ARTÍCULO 90
 ARTÍCULO 65
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 artículo 13
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