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Timestamp: 2018-01-17 05:01:24+00:00

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Sentencia T.S.J. Castilla y León 1222/2013 de 3 de julio. ITP. Cesión de derechos sobre la compraventa de un inmueble en construcción. Base imponible - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Castilla y León 1222/2013 de 3 de julio
ITP. Contrato de cesión de derechos sobre la compraventa de un inmueble en construcción: Determinación de la base. Inadmisibilidad del recurso: El recurso de alzada extraordinario tiene carácter potestativo y de interponerse obligatoriamente se estaría restringiendo la legitimación que las CCAA tienen para interponer recursos contencioso administrativos. Base en inmuebles en construcción: Estará constituida por el valor real del bien en el momento de la transmisión del crédito, sin que pueda ser inferior a la contraprestación satisfecha por la cesión.
SENTENCIA: 01222/2013
N.I.G: 47186 33 3 2010 0101586
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000944 /2010 - ML
De CONSEJERIA DE HACIENDA
LETRADO LETRADO COMUNIDAD(SERVICIO PROVINCIAL)
Contra TEAR, Damaso
LETRADO ABOGADO DEL ESTADO, DAMASO FUENTES PEREZ
PROCURADOR, MARIA HENAR MONSALVE RODRIGUEZ
SENTENCIA N.º 1222
En Valladolid, a tres de julio de dos mil trece.
La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, de 31 de marzo de 2010, que estimó la reclamación número NUM001 presentada por D. Damaso y anuló el acuerdo que en la misma se indica (el del Servicio de Hacienda de la Delegación Territorial de Salamanca de la Junta de Castilla y León, que aprobó la liquidación provisional número NUM000 que le había sido girada a la reclamante en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas.
Como recurrente: La Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Servicio de Hacienda de la Delegación Territorial de Valladolid de la Junta de Castilla y León), representada y defendida por Letrado de sus servicios jurídicos.
Como demandada: La Administración General del Estado (Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León), representada y defendida por la Abogacía del Estado.
Como codemandada: D. Damaso, representado por la Procuradora Sra. Monsalve Rodríguez bajo dirección del Letrado Sr. Fuentes Pérez.
Ha sido ponente la Ilma. Sra. Magistrada D.ª ANA MARÍA MARTÍNEZ OLALLA.
Primero.—Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso, y una vez recibido el expediente administrativo, la parte recurrente dedujo demanda en la que, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados, solicitó de este Tribunal que se dicte sentencia por la que se anule el fallo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León de fecha 31 de marzo de 2010, por ser el mismo contrario a Derecho, confirmando la liquidación practicada por la Administración.
Segundo.—En el escrito de contestación de la Administración demandada, en base a los hechos y fundamentos de derecho expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal que se dicte sentencia por la que se desestime el recurso y se impongan las costas a la parte actora.
Tercero.—Denegado el recibimiento del pleito a prueba y presentado el escrito correspondiente por las partes y declarados conclusos los autos, se señaló para su votación y fallo el pasado día 2 de julio.
Cuarto.—En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.
Primero.—Interpuesto por la Letrada de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la representación que legalmente ostenta de la misma, recurso contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Castilla y León, de 31 de marzo de 2010, que estimó la reclamación número NUM001 presentada por D. Damaso y anuló el acuerdo que en la misma se indica (el del Servicio de Hacienda de la Delegación Territorial de Salamanca de la Junta de Castilla y León, que aprobó la liquidación provisional número NUM000 que le había sido girada a la reclamante en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas), pretende la Administración recurrente que se anule el acto impugnado, por ser contrario a derecho, y que se confirme la liquidación practicada por la Oficina gestora. Frente a tal pretensión se opone la Abogacía del Estado alegando en primer lugar que el recurso es inadmisible porque la Administración actora no ha agotado la vía administrativa al no haber procedido en la forma establecida en el artículo 242 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, precepto en cuyo apartado primero se establece que "Las resoluciones dictadas por los tribunales económico-administrativos regionales y locales que no sean susceptibles de recurso de alzada ordinario podrán ser impugnadas, mediante el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, por los Directores Generales del Ministerio de Hacienda o por los Directores de Departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria respecto a las materias de su competencia, así como por los órganos equivalentes o asimilados de las Comunidades Autónomas en materia de tributos cedidos o recargos sobre tributos del Estado, cuando estimen gravemente dañosas y erróneas dichas resoluciones, cuando no se adecuen a la doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central o cuando apliquen criterios distintos a los empleados por otros tribunales económico-administrativos regionales o locales". Empezando así por evidentes razones procesales por el examen de la causa de inadmisibilidad alegada, hay que decir que procede su desestimación y ello por las siguientes razones:
a) Porque la Administración recurrente tiene legitimación para impugnar las resoluciones que le sean desfavorables, en materia de tributos cedidos, de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Central como se dice tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional. Este último, en la sentencia de 9 de octubre de 2002, señala que «El Tribunal Supremo, en un recurso de casación en interés de la ley planteado por la actora (núm. 6629-2000), ha fijado como doctrina legal la siguiente: "Las Comunidades Autónomas tienen legitimación para interponer recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones que les sean desfavorables, en materia de tributos cedidos, de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Central, conforme a los artículos 28.1.a de la Ley jurisdiccional contencioso-administrativa de 1956 y 19.1.d de la vigente de 1998, por tener interés legítimo, directo y efectivo, al ser extremo que afecta a la suficiencia de los recursos que la Constitución y la Ley les reconocen y, por ende, a su autonomía financiera". Y en cuanto a lo segundo, el art. 51.2 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía prevé, textualmente, la legitimación de las Comunidades Autónomas, no sólo para recurrir las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos ante los Tribunales Contencioso-Administrativos, sino también la legitimación para recurrir ante los Tribunales Económico-Administrativos sus propios actos de gestión tributaria, y en alzada ordinaria, las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativo Regionales. Pero aun cuando la cuestión de legalidad subyacente haya sido definitivamente zanjada tanto por el entendimiento que el Tribunal Supremo, máximo intérprete de la legalidad, ha efectuado (art. 123.1 CE) como por la intervención del legislador en tal sentido (art. 51.2 Ley 21/2001), sin embargo, el objeto del presente recurso de amparo subsiste, en la medida en que la doctrina legal fijada por el Tribunal Supremo no altera la situación jurídica individualizada derivada de la Sentencia impugnada... Debe destacarse que la cuestión relativa a la legitimación de las Comunidades Autónomas para recurrir las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos, dictadas en materia de actos de gestión tributaria de los tributos cedidos, ha sido planteada -aunque desde una perspectiva no estrictamente coincidente con la actual- en la STC 192/2000, de 13 de julio, donde ante la posible existencia de un control estatal lesivo de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas como consecuencia de la atribución del conocimiento de las reclamaciones económicas a los Tribunales Económico-Administrativos dependientes del Estado, admitimos su legitimación para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa al amparo del art. 20.2 LOFCA. Decíamos allí que, aun cuando "cualquier medida que el Estado adopte en relación con la financiación o los ingresos autonómicos afecta, desde un punto de vista general y en sentido lato, a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, o repercute o incide sobre ella", y en concreto, la revisión en vía administrativa de las actuaciones de las Comunidades Autónomas podría parecer que afecta, en principio, a ese ámbito de autonomía, sin embargo sostuvimos que dicho ámbito de autonomía no se veía afectado, "toda vez que las resoluciones de los órganos económico-administrativos del Estado son, según el art. 20.2 de la propia LOFCA, susceptibles de recurso contencioso-administrativo" (STC 192/2000, de 13 de julio, FJ 8). En consecuencia, admitir la falta de legitimación de las Comunidades Autónomas para impugnar las decisiones de un órgano administrativo incardinado en la Administración del Estado sería tanto como permitir un sistema de control por éste de la gestión de los impuestos cedidos que hiciesen aquéllas que, si no resultaría por sí mismo prohibido, sí lo estaría en la medida en que se convierta en un control contrario a los principios de autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas (STC 192/2000, de 13 de julio, FJ 5). Por tanto podemos concluir, desde un punto de vista estrictamente constitucional, que la interpretación contraria a la admisión de la legitimación de las Comunidades Autónomas para impugnar las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos asumida por el órgano judicial al momento de dictar Sentencia -independientemente del problema que suscita desde el plano de la legalidad-, es lesiva de intereses más cualificados, en tanto que afecta a la distribución misma del poder territorial entre el Estado y las Comunidades Autónomas».
b) Porque el recurso de alzada extraordinario al que se refiere la Abogacía del Estado tiene carácter potestativo, como resulta de su propia dicción ("podrán") y del carácter extraordinario que tiene, que se manifiesta, entre otros aspectos, en su carácter tasado, sólo admitiéndose éste cuando el mismo esté fundado en alguna de las tres causas que allí se citan, esto es, que se estime que la resolución recurrida resulta gravemente dañosa y errónea, que la resolución recurrida no se adecue a la doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central o que en la misma se apliquen criterios distintos a los empleados por otros tribunales económico-administrativos regionales o locales, y en que no se altera la situación jurídica particular, por lo que de entenderse, como sostiene la Administración demandada, que debe obligatoriamente interponerse dicho recurso se estaría restringiendo y limitando la legitimación que las Comunidades Autónomas tienen para interponer recursos contencioso administrativos contra las resoluciones que les sean desfavorables, en materia de tributos cedidos, de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Central con arreglo a lo antes expuesto.
Segundo.—Centrados en la cuestión de fondo, como se dice en la demanda cuál es la tributación que corresponde al contrato de cesión de derechos sobre la compraventa de un inmueble en construcción y más en concreto cómo ha de fijarse la base imponible, si en atención al valor real del inmueble o al del derecho adquirido, hay que destacar que esta Sala ha resuelto ya distintos recursos en los que se suscitaba idéntica cuestión y lo ha hecho en el mismo sentido que lo hace aquí la resolución impugnada del TEAR de Castilla y León. Cabe así citar, a título de ejemplo, las sentencias de 29 de mayo, 22 de junio y 10 de julio de 2012, sentencias en las que literalmente se razona del modo siguiente: «SEGUNDO. Como ha quedado expuesto en el fundamento precedente, la cuestión de carácter jurídico objeto de estos procesos se circunscribe a determinar si la base imponible en las cesiones de contrato que nos ocupan, por las que el cesionario adquiere el derecho de compra de una vivienda en construcción, ha de ser el precio pagado por la cesión o el valor completo del inmueble cuya adquisición se procura. A favor de la primera solución juega un criterio lógico que lleva a no gravar doblemente al adquirente de viviendas que lo sea en estos dos tiempos desglosados, primero adquirente de un derecho de compra y después adquirente del bien mismo. Carece de sentido lógico que por haberse estructurado la compra en dos momentos se le grave dos veces por el valor real del bien que adquiere. Esta doble imposición se da de bruces con nuestro sistema tributario de impuestos indirectos y así lo explica con profusión y claridad el T.E.A.R. en su Resoluciones a partir del 29 de mayo de 2009, en las que enmienda su primer criterio, y a ellas se adhiere entonces la Abogacía del Estado. Abona esta solución el que el cedente de la operación sujeta no es propietario de la vivienda, que no le ha sido entregada cuando pacta la cesión. Es titular de un derecho de compra de la vivienda y eso es lo que cede y lo que ha de valorarse y fijarse como base imponible. La dicción literal de los artículos 10 y 17 del T.R.I.T.P. no puede conducir al absurdo de gravar dos veces la misma entrega de la cosa, una cuando se cede el derecho de compra y otra cuando se compra efectivamente con entrega de la cosa. Repugna al sistema de imposición indirecta un doble gravamen por I.V.A. y por I.T.P. de la compra de la misma cosa por su valor total, aunque se haya comprado en dos tiempos. TERCERO. La Administración Tributaria encuentra amparo a su postura en las Contestaciones de la Dirección General de Tributos a consultas vinculantes que, aferradas al dictado de los artículos 10 y 17 T.R.I.T.P., entienden que la base imponible en la cesión de derechos que permitan adquirir un bien ha de ser el valor real del bien a adquirir. No ignoran estas contestaciones que el Artículo 17.1 T.R.I.T.P. fue modificado por la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, cuyo artículo 7.Dos le añade un texto para decir: En la transmisión de créditos o derechos mediante cuyo ejercicio hayan de obtenerse bienes determinados y de posible estimación se exigirá el impuesto por iguales conceptos y tipos que las que se efectúen de los mismos bienes y derechos. Sin embargo, en el caso de inmuebles en construcción la base imponible estará constituida por el valor real del bien en el momento de la transmisión del crédito o derecho, sin que pueda ser inferior al importe de la contraprestación satisfecha por la cesión. Es clara, pues, la voluntad del legislador de limitar la base imponible en los llamados "pases" al valor del derecho en el momento en el que se realiza el "pase", para facilitar éste a aquellos sujetos que se comprometieron a adquirir una vivienda y circunstancias posteriores, que abundan en la crisis económica que nos afecta desde 2008, les impiden continuar con su compromiso, prefiriendo ceder a otros los derechos de su contrato. Así lo explica la Exposición de Motivos de la citada Ley 4/2008, de 23 de diciembre. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 13 de julio de 2010, J.T.A. 1020, entiende que la modificación legal transcrita opera a partir de su aprobación efectiva y no para los "pases" efectuados antes de la entrada en vigor de la citada ley modificadora, que deben liquidarse tomando como base imponible el valor total del bien cuyo derecho de adquisición se cede. Y la posterior Sentencia del mismo Tribunal de 14 de febrero de 2011, J.T.A. 265, se ratifica en este criterio a pesar de que ya entonces el T.E.A.R. regional de Extremadura había cambiado de criterio, como el de Castilla y León, "cambio de criterio del órgano económico-administrativo que no vincula a este Tribunal de Justicia", dice. A juicio de esta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sin embargo, es clara la voluntad legislativa de interpretar auténticamente el sentido de los preceptos que ya estaban vigentes y acabar de una vez por todas con el doble gravamen que nunca debió exigirse, pues no han existido dos transmisiones, dos hechos imponibles distintos y distantes de dos tributos diferentes, sino una sola compraventa, precedida de una cesión de derechos. Es anómala la conclusión contraria, legitimadora de un doble gravamen no querido por nuestro sistema de imposición indirecta, que no admite la concurrencia de dos hechos imponibles distintos de dos tributos diferentes por la compra de una misma vivienda por la misma persona, en doble imposición prohibida por la ley. Procede, pues, desestimar el recurso y confirmar las resoluciones impugnadas».
Tercero.—En suma, y de acuerdo con el criterio expuesto, procede desestimar el presente recurso, decisión que no lleva consigo una especial imposición de las costas causadas a tenor de lo establecido en el artículo 139.1 LJCA, en la redacción que aquí es aplicable.
Que rechazando la causa de inadmisibilidad invocada por la Abogacía del Estado, debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y registrado con el número 944/2010. No se hace una especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas.
Notifíquese esta resolución a las partes. Esta sentencia es firme.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada ponente que en ella se expresa en el mismo día de su fecha, estando celebrando sesión pública la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, lo que certifico.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 242
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 17
 artículo 7
 artículo 139
 resolución