Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1998/063/001.html
Timestamp: 2018-10-23 13:46:29+00:00

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BOC - 1998/063. Lunes 25 de Mayo de 1998 - 692
1998/063. Lunes 25 de Mayo de 1998
BOC Nº 063. Lunes 25 de Mayo de 1998 - 692
692 - LEY 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias.
La existencia de entidades de voluntariado y la iniciativa social es consustancial a toda política social, no para sustituir la acción de los servicios públicos, sino teniendo en cuenta que, por el contrario, éstos han venido a incorporarse a la labor desarrollada históricamente por la iniciativa social en el campo de la satisfacción de las necesidades humanas, capitalizando para el bien común actitudes, esfuerzos y recursos personales. La trascendencia de esta labor ha sido hasta tal punto valorada por la comunidad internacional, que la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, en su sesión de 17 de diciembre de 1985, proclama el día 5 de diciembre de cada año como Día Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Económico y Social. Esta participación de las personas voluntarias en la vida social se halla consagrada en la Constitución española de 1978, en preceptos como el artículo 9.2: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
También la Carta Social Europea del 18 de octubre de 1961, ratificada por España el 29 de abril de 1980, obliga al Estado español a fomentar la participación de los individuos y organizaciones en los Servicios Sociales.
El marco regulador de promoción de actuaciones voluntarias se ha venido completando con preceptos aislados de las leyes estatales. Así, la Ley de Integración Social de Minusválidos (Ley 13/1982, de 7 de abril) contiene por primera vez en nuestro Derecho, en su artículo 64, una referencia expresa al voluntariado: El Estado fomentará la colaboración del voluntariado en la atención de los disminuidos, promoviendo la constitución y funcionamiento de instituciones sin fin de lucro que agrupen a personas interesadas en esta actividad a fin de que puedan colaborar con los profesionales en la realización de actuaciones de carácter vocacional en favor de aquélla ....
El surgimiento del Estado de las Autonomías ha propiciado que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, presten especial atención al tema del voluntariado. Los correspondientes Estatutos de Autonomía aluden en su articulado a la necesidad de promover actuaciones solidarias. El Estatuto de Autonomía de Canarias establece a este respecto en su artículo 1, párrafo 2º: La Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus instituciones democráticas, asume como tarea suprema la defensa de los intereses canarios, la solidaridad entre todos cuantos integran el pueblo canario, del que emanan sus poderes, el desarrollo equilibrado de las Islas y la cooperación con otros pueblos, en el marco constitucional y estatutario. El mismo Estatuto fundamenta en su artículo 30 las competencias en cuyo ejercicio se dicta la presente Ley, al proclamar que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en materia de asistencia social y servicios sociales, fundaciones y asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico, asistencial y similares, en cuanto desarrollen esencialmente sus funciones en Canarias.
Por su parte, la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales hace referencia a lo largo de su articulado a la participación del voluntariado, ya sea a título individual, ya a través de sus organizaciones. Así, el preámbulo 2, párrafo 13 señala: Las entidades privadas sin fin de lucro, el voluntariado y los ciudadanos en tanto que tales y especialmente como usuarios, están llamados a potenciar la capacidad de acción de los Servicios Sociales, tanto en orden cuantitativo como cualitativo, participando y colaborando en la planificación, gestión y control de los Servicios Sociales a través de los órganos que se regulan en la presente Ley; el artículo 6.3.b): ... potenciar la vida de la comunidad, facilitando la participación en las tareas comunes e impulsando la vida social, primordialmente el voluntariado, el asociacionismo y favoreciendo el desarrollo de las zonas deprimidas, urbanas y rurales, promoviendo el esfuerzo de la comunidad y administración para elevar el nivel y la calidad de vida de las mismas; el artículo 13.1.j): Fomento de la participación ciudadana en la prevención y resolución de los problemas sociales detectados en su territorio; el artículo 13.1.k): Fomento y ayuda a las iniciativas sociales no lucrativas que se promueven para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio; el artículo 15.2: Serán objeto de una especial atención por parte de las Administraciones Públicas, las fundaciones, las asociaciones de heteroayuda y ayuda mutua y el voluntariado cuyos objetivos y actividades convengan mejor a los principios de prevención, normalización y rehabilitación y promoción social; el artículo 20: Con independencia de los Consejos que se regulan en los artículos 16, 17 y 18, el personal profesional, los voluntarios y los usuarios de los centros y programas participarán en la gestión de los mismos, mediante las fórmulas que se establezcan reglamentariamente.
La Ley pretende inspirarse, además, en los principios fundamentales del voluntariado recogidos en la Declaración Universal sobre el Voluntariado elaborada en el Congreso Mundial LIVE90, en París:
Reconocer el derecho de asociación a todo hombre, mujer o niño, cualquiera que sea su raza o religión, su condición física, económica, social y cultural; respetar la dignidad de todo ser humano y su cultura; ofrecer ayuda mutua desinteresada y participar, individualmente o en asociaciones, con espíritu de compañerismo y de fraternidad; estar atentos a las necesidades de las comunidades y propiciar con ellas la solución de sus propios problemas; tienen como meta hacer del voluntariado un elemento de desarrollo personal, de adquisición de conocimientos nuevos, de ampliación de sus capacidades, favoreciendo la iniciativa y la creatividad, permitiendo a cada uno ser miembro activo y no solamente beneficiario de la acción; estimular la responsabilidad social y motivar la solidaridad familiar, comunitaria e internacional.
La Comunidad Autónoma de Canarias no puede mantenerse ajena a la acción voluntaria que se ejerce en su seno. En función de su cuota de responsabilidad social, debe colaborar en su promoción y desarrollo y, sobre todo, coordinar la labor desarrollada por las entidades de voluntariado con el fin de cubrir todas las áreas en que sea posible la participación activa de las personas voluntarias, pues, a pesar de que el voluntariado se desarrolla principalmente en el área de servicios sociales, existen otras no menos importantes donde la participación ciudadana va incrementándose, como medio ambiente, educación, cultura, pacifismo, protección civil, etc. En este sentido, la Ley del Voluntariado viene a contemplar las mejores condiciones de funcionamiento del mismo en todas las áreas cívicas y sociales en las que la presencia del voluntariado sea necesaria para desarrollar o completar servicios básicos para la comunidad.
Artículo 3.- El voluntariado.
Artículo 4.- Las personas voluntarias.
A los efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se considera voluntario a toda persona física que realice una actividad no obligatoria, de forma no lucrativa, responsable, continua, solidaria y pacífica, a través de los proyectos o programas de una entidad que ejerza el voluntariado y dentro de alguna de las áreas de interés social de las señaladas en el artículo 6 de esta Ley. Artículo 5.- Las entidades de voluntariado.
El personal remunerado que preste servicios en las mismas, realizará las actividades estrictamente necesarias para el funcionamiento estable de la entidad.
Artículo 6.- Áreas de interés social.
Artículo 7.- Derechos de las personas voluntarias.
b) Recibir la formación necesaria para la tarea que vayan a asumir y ser orientadas hacia las actividades para las que reúnan las mejores aptitudes. c) Participar activamente en la entidad en la que se inserten y en el diseño, desarrollo y evaluación de las actividades de la misma.
Artículo 8.- Deberes de las personas voluntarias.
b) Participar en aquellas actividades de formación que les indique la entidad, al objeto de capacitarles para un mejor desempeño de su tarea. c) No interrumpir bruscamente su actividad si ello produjera perjuicios para los beneficiarios del programa o proyecto al que estuvieran adscritas.
d) Observar las medidas de seguridad e higiene adoptadas con carácter general por la legislación vigente en la materia así como las indicadas por la entidad en que se participe.
Artículo 9.- Deberes de las entidades de voluntariado.
b) Elaborar un estatuto que precise claramente los fines de las mismas y regule el desarrollo de la actividad a la que se dediquen, así como la relación entre la entidad y las personas voluntarias que en ella se integren. Este estatuto contendrá en todo caso los derechos y deberes de voluntarios y entidades de voluntariado recogidos en la presente Ley. c) Cumplir los acuerdos adquiridos con las personas voluntarias en el compromiso de incorporación a los programas o proyectos de la entidad.
l) Llevar un libro de registro de altas, bajas y otras incidencias en que se encuentre el personal voluntario, expresivo además de la fecha, duración y naturaleza de los servicios efectuados por el mismo. m) Velar por el respeto de las funciones asignadas a cada uno de los miembros de los diferentes programas y proyectos llevados a cabo por la entidad.
Artículo 10.- Derechos de las entidades de voluntariado.
Artículo 11.- Acceso de las personas voluntarias a los programas y proyectos de las entidades.
ACREDITACIÓN, REGISTRO Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE ENTIDAD DE VOLUNTARIADO
Artículo 12.- Acreditación y registro.
Artículo 13.- Pérdida de la condición de entidad de voluntariado.
2. En tal caso, el Departamento competente en materia de Asuntos Sociales procederá de oficio a la cancelación de la inscripción registral de la condición de entidad de voluntariado que ostentaba la entidad que haya perdido esa consideración en aplicación de lo regulado en el apartado anterior.
Funciones de las Administraciones Públicas de Canarias
Artículo 14.- Desarrollo de funciones.
g) Asegurar que en los programas educativos definidos bajo la competencia del departamento correspondiente, se potencie la formación en los valores inherentes al compromiso de solidaridad y cooperación de toda actuación voluntaria. h) Participar en la financiación de proyectos de iniciativa social en régimen de voluntariado en las distintas áreas de interés social contempladas en el artículo 6 de esta Ley.
Artículo 15.- Relación del voluntariado con la Administración Pública.
Artículo 16.- Criterio para la concesión.
Artículo 17.- Actividades de solidaridad, sensibilización, educación y cooperación encaminadas al desarrollo.
Las entidades de voluntariado que, teniendo sede o delegación permanente en el territorio de la Comunidad Autónoma Canaria, gestionen o ejecuten en el archipiélago actividades de voluntariado encaminadas a la solidaridad, sensibilización, educación y cooperación al desarrollo, podrán acogerse a las medidas de fomento que se regulan en la presente Ley, así como a las que se contemplen en la normativa que desarrolle la misma, sin perjuicio de que se efectúen las deducciones correspondientes a las ayudas, subvenciones o beneficios que para el mismo proyecto o programa hayan recibido de otros organismos de cualquier Administración Pública. Se priorizará en las concesiones de tales medidas a aquellas federaciones que agrupen o engloben a distintas entidades de voluntariado unidas a los fines de la contribución al desarrollo. Sección 3ª
De la Comisión Intersectorial de Voluntariado
Artículo 18.- Funciones y composición.
d) Elevar observaciones al Consejo General de Servicios Sociales, para que éste informe al departamento del Gobierno de Canarias con competencias en el área de Asuntos Sociales, al respecto de aquellas acciones realizadas por personas voluntarias o entidades de voluntariado, que pudieran constituir infracción de los preceptos contenidos en la presente Ley o en el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 19.- De la Oficina de Información y Asesoramiento del Voluntariado.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias creará una Oficina de Información y Asesoramiento del Voluntariado, a la que podrán dirigirse aquellas entidades de voluntariado que precisen orientación y apoyo técnico, y todas aquellas personas que deseen informarse acerca de las entidades, programas, proyectos y actividades relacionadas con el voluntariado que se realicen en la Comunidad Autónoma de Canarias. Artículo 20.- Impulso y promoción de la acción voluntaria.
Artículo 21.- Catálogo de entidades de voluntariado.
Primera.- Contenido de los programas y proyectos.
Los programas y proyectos de las entidades de voluntariado deberán contener además de los datos de las entidades que los promuevan los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
Segunda.- Participación del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias o de sus organismos autónomos y empresas dependientes en actividades de solidaridad, sensibilización, educación y cooperación encaminadas al desarrollo.
La Comunidad Autónoma de Canarias podrá suscribir convenios de colaboración con entidades de voluntariado que gestionen o ejecuten acciones de solidaridad, sensibilización, educación y cooperación al desarrollo en países empobrecidos, de manera que permita la adscripción voluntaria, previa autorización, del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos autónomos y empresas dependientes, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, sin que suponga dicha adscripción, la modificación o suspensión de los derechos estatutarios o laborales, incluidos los de contenido económico. Tercera.- Modificación de la Ley de Servicios Sociales.
Artículo 5.- Niveles de organización.
Las Administraciones Públicas deberán cubrir, como mínimo, los servicios básicos correspondientes a los tres niveles anteriores, bien a través de su propia red, utilizando los sistemas de contratación previstos legalmente para la contratación de servicios por las Administraciones Públicas o en concertación estable con los de los servicios de iniciativa social no lucrativa.
Artículo 11.- Comisión especial delegada.
b) Racionalizar y optimizar los recursos disponibles, proponiendo al Gobierno programas integrados.
Plazo de adecuación a la norma.
Derogación de disposiciones.
Primera.- Facultades de desarrollo.

References: artículo 9
 artículo 64
 artículo 1
 artículo 30
 artículo 6
 artículo 13
 resolución 
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 20

Artículo 3

Artículo 4
 artículo 6
 Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14
 artículo 6

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19
 Artículo 20

Artículo 21