Source: https://gerindabaibi.blogspot.com/2017/10/
Timestamp: 2020-02-28 12:40:37+00:00

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Gerinda Bai bi: octubre 2017
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Hacienda ha recordado que las empresas que tributan en Navarra son aquellas que tienen su domicilio fiscal en la Comunidad Foral. También lo hacen aquellas con un volumen de facturación superior a 7 millones de euros y que, aun teniendo el domicilio fiscal fuera de Navarra, operen en la Comunidad Foral; en este caso, tributarán en Navarra por el porcentaje de operaciones realizadas en este territorio.
Por lo tanto, ha añadido Hacienda, el cambio de domicilio social de una empresa en nada afecta a la recaudación de las arcas de la Hacienda Foral. Tampoco supone cambio alguno en el número de puestos de trabajo ni en las condiciones del mismo, según ha precisado. Más concretamente, HTN niega que Navarra haya perdido 217 millones de facturación. Esta cifra proviene de una asignación estadística que no se corresponde con una realidad económica. De hecho, una empresa puede modificar su domicilio manteniendo las instalaciones en Navarra y, por lo tanto, su volumen de empleo y tributación. Según Hacienda, se trata de una práctica común "y, de hecho, en Navarra contamos con ejemplos como el de BSH o Merit, cuyos volúmenes de facturación representan el 80% de los 2.200 millones de facturación de las empresas que han cambiado de domicilio social desde 2015 sin que ello haya afectado a la recaudación ni los puestos de trabajo".
En cuanto a número de sociedades mercantiles con domicilio social en Navarra,　según los últimos datos aportados por el Nastat hasta el mes de agosto de 2017, en la Comunidad Foral se han creado 581 sociedades mercantiles y se han disuelto 60. Asimismo, las cooperativas, con gran arraigo en Navarra, están mostrando un fuerte dinamismo en los últimos años y, según los datos del Servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, hasta septiembre de 2017 arrojan un saldo neto positivo de 81 empresas, 10 más que las acumuladas a septiembre del año anterior. En total, según los datos del Nastat, a enero de 2017 se contabilizan en Navarra 38.444 empresas frente a las 37.983 del mismo periodo del año anterior o las 36.738 de 2015.
Al hilo del último Pleno Monográfico que tuvo lugar en el Parlamento de Navarra, donde se abordó la “situación económica, educativa y social de la Ribera de Navarra”, y de la posterior rueda de prensa que Geroa Bai dio en Tudela, nuestra formación ha sido interpelada de diversas formas por las fuerzas políticas de la derecha. Frente a nuestra propuesta sincera de diálogo entre diferentes, que lleve a que la oposición abandone el victimismo irresponsable que puede abocar al enfrentamiento entre navarros, hemos vuelto a comprobar cómo estas fuerzas siguen con su estrategia centrada en la crispación y la división. Desde UPN, Javier Esparza ha acusado al cuatripartito de rechazar sus propuestas “única y simplemente porque provenían de dicha formación”. Nuevamente, la realidad vuelve a desmentir al señor Esparza, que prefiere abrazarse al victimismo antes que hacer autocrítica sobre su escasa capacidad de dialogar y de llegar a acuerdos con quienes no piensan como él. ¿Cómo, si no, se entiende, que el Partido Popular, nada sospechoso de cercanía ideológica al cuatripartito, viera aprobadas tres de sus cinco propuestas de resolución? ¿O que el Partido Socialista de Navarra, al igual que Geroa Bai, recibiera apoyo suficiente para todas sus propuestas por parte del resto de fuerzas del arco parlamentario? Propuestas, en el caso de nuestra formación, que abordaban temas tan importantes para la Ribera de Navarra como la gestión integral del agua y el medioambiente, la mejora de la Sanidad, el desarrollo del sector agroalimentario, el fomento del turismo en la Ribera o las políticas públicas destinadas a fomentar la convivencia.
El señor Esparza presentó a la opinión pública el contenido de las propuestas de resolución que UPN registró, citando sus supuestas bondades y lamentando que el cuatripartito las hubiera rechazado. La conclusión lógica que pretende difundir, claro, es que el cuatripartito desea olvidar y marginar a la Ribera. Lo que el portavoz de UPN olvida explicar es, a nuestro entender, un aspecto fundamental. En un Pleno Monográfico, los partidos no podemos presentar enmiendas a las propuestas de resolución presentadas por los demás grupos, que tienen que ser votadas en su literalidad e integridad. Por todo ello, a veces se hace muy difícil votar a favor de una propuesta de resolución que, aun contemplando aspectos positivos, contenga otros inasumibles para cada formación.
Y esto es exactamente lo que sucede, sistemáticamente, con las propuestas de UPN, acostumbrado a lanzar sus “trágala”, sus “tómalo o déjalo”, que hace muy difícil el entendimiento y el acuerdo con dicha fuerza. Porque en Geroa Bai vimos aspectos positivos en la mayoría de propuestas que la formación del señor Esparza registró, pero al mismo tiempo todas ellas contenían puntos inasumibles para nosotros y nosotras. En unos casos, porque discrepamos abiertamente de su visión de la realidad, como cuando afirmaban que el euskera se está imponiendo en la Ribera (animamos a quien nos esté leyendo a que cite una sola persona obligada a dirigirse a la Administración Pública en dicha lengua, o un solo escolar al que se le haya impuesto la matriculación en la misma) y en otros porque tras aparentes bondades se escondían peticiones o postulados imposibles de cumplir o que van contra las ideas que nuestra formación defiende. A modo de ejemplo, ¿cómo vamos a oponernos a instar al Gobierno de Navarra a realizar un estudio sobre las necesidades de actuación en los cauces de los ríos, para minimizar los efectos de las riadas? ¡Si Geroa Bai presentó esa petición en una de sus propuestas! La única manera de que no votemos a favor de esta solicitud es presentarla junto a otra propuesta no compartida por las fuerzas del cambio, como es continuar con la actual obra del Canal de Navarra –sí, la que UPN paralizó en 2013- hasta las 21.500 hectáreas. Cantidad fijada unilateral y arbitrariamente, sin diálogo ni negociación con los regantes y sin estudio alguno que la corrobore. ¿Pudo UPN haber negociado dicha propuesta, para que el Parlamento de Navarra se comprometiera a llevar a la Ribera TODA el agua disponible según argumentos técnicos y de manera negociada con todas las partes interesadas, algo que sí concita unanimidad? Sí, pero no quiso. Ello hubiera dificultado el victimismo posterior de UPN.
Desde Geroa Bai seguiremos insistiendo en la importancia del diálogo como herramienta fundamental del ejercicio de la política y del acuerdo entre diferentes, así como realizando un esfuerzo permanente de acercamiento de posturas. Esfuerzo que llevó a que cuatro fuerzas políticas diferentes firmáramos el acuerdo programático que tan buenos resultados está dando a nuestra comunidad y sus residentes y que –estamos seguros- todavía posibilitará que tanto la Ribera como el conjunto de Navarra avancen mucho más, de la mano del respeto a su pluralidad. Aunque queda mucho por hacer, ya se está mejorando la situación del empleo –en la Ribera, con mejores datos que la media del territorio navarro- y los servicios públicos también se están recuperando de la crítica situación en que los dejó UPN. Porque, no lo olvidemos, la situación de enorme vulnerabilidad social en la que el actual Gobierno de Navarra encontró la Ribera no nace de la nada, sino que es consecuencia de políticas que primaban intereses de unos pocos sobre los derechos básicos de su ciudadanía. Por eso, porque creemos que solamente entre todos y todas podremos obtener éxito en esta empresa, seguiremos tratando de abrir vías de diálogo y participación. Aunque a veces no tengamos los resultados esperados, como en la recientemente rechazada Ley de Policías. Pero no pensamos desistir, porque es nuestra forma de entender la Política. Desde ahí, continuaremos teniendo la mano abierta a la suma entre diferentes.
Rafa Eraso Salazar, parlamentario de Geroa Bai
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Así funciona el invocado artículo 155: como una red pelágica que esquilma derechos bajo la formal invocación de la defensa de la legalidad interviniendo en su totalidad la autonomía catalana y suspendiendo así de facto la misma. Hasta el momento en que se ha conocido su verdadero alcance, juristas y politólogos debatían acerca del inédito (nunca hasta ahora aplicado) e indeterminado concepto de “medidas necesarias” a que se refiere el art.155. Se especulaba con una propuesta gubernamental de intervención de mínimos, algo contenida y orientada a tratar de restablecer, se decía, las condiciones que permitieran acabar llegando a una convocatoria electoral. Pero el verdadero alcance del artículo 155, su concreción ahora conocida resulta demoledora, desproporcionada y amenaza con alterar gravemente la convivencia democrática.
Una vez más el raíl del Derecho se ha impuesto al de la política;y esta parece desgraciadamente desaparecida en combate, todos cerrando filas en sus extremos, en su tribu, en su trinchera;solo el lehendakari se esfuerza en hacer llegar a unos y a otros el mensaje de que no frenemos la laboriosidad, que todavía estamos a tiempo de evitar un destrozo a la convivencia democrática mayor del que ya se ha producido.
El premeditadamente ambiguo y abierto tenor literal del artículo 155 parece prestarse formalmente a dar cobertura a excesos, a desviaciones de poder y a extralimitaciones como las acordadas por el Consejo de Ministros. Pero si alguien piensa o cae en la fácil tentación de pensar que “restableciendo formalmente la legalidad” se ha resuelto el problema vuelve a equivocarse gravemente, porque un problema de raíz política debe resolverse con algo más que apelaciones a la legalidad constitucional: requiere mimbres políticos, trabajo compartido y muchas dosis de paciencia y diálogo.
El artículo 155 permite en principio adoptar medidas que sirvan para obligar a Catalunya a “cesar en un comportamiento que atente contra el interés general”. ¿Da cobertura tal previsión normativa para cesar a todo el Gobierno catalán en pleno y sustituirlo por otro? El Estatut catalán (que es Ley orgánica estatal) fija unas causas de cese del president tasadas en su artículo 67.7, dentro de las cuales no figura la aplicación del artículo 155. Tampoco figura dentro de las causas de terminación de la legislatura (que recoge el artículo 66 del Estatut) la invocación del artículo 155 como motivo para poder proceder a la disolución del Parlament.
Lo cierto es que el elenco de medidas propuestas por el Gobierno Rajoy y que el Senado aceptará sin tocar una sola coma (así funciona la inexistente separación de poderes en un Estado, el español, que carece de verdaderos contrapesos al poder ejecutivo) traspasa jurídicamente todas las líneas rojas que numerosos estudiosos constitucionalistas habían fijado: por un lado, se cesa en su cargo y en sus funciones al president Puigdemot y a la totalidad del gobierno;una intervención que de facto supone la suspensión de la autonomía, ya que toda la Administración catalana queda en manos del Gobierno central.
¿Vale todo? ¿Cabe algún control jurídico ante esta decisión política? ninguno, tristemente, porque la discrecionalidad que el artículo 155 confiere al Gobierno central es casi absoluta, hasta el punto de violentar incluso el principio constitucional (artículo 20 de la Constitución) de la libertad de información, al asumir el control de los medios públicos audiovisuales catalanes bajo la injuriosa por injusta y no probada acusación de adoctrinamiento.
Por otro lado se anuncia la disolución del Parlament catalán y la convocatoria de elecciones por parte de Rajoy, quien se subrogará en la posición del president Puigdemont y ha anunciado que extenderá su competencia a esta medida que abrirá, si se consuma, una nueva lucha de legitimidades democráticas. Por cierto, ¿esta medida era “necesaria”?;¿Era conveniente? Ni una ni otra cosa. Es un desatino jurídico y político.
Esta medida propuesta y que se adoptará sin pestañear por parte del sumiso Senado vulnera el derecho fundamental de participación ciudadana, algo que solo podría hacerse no al amparo del artículo 155 sino con el artículo 116 (declaración de los estados de alarma, excepción y sitio). Frente a esta suma de desatinos no hay más que opción que civilización o barbarie, o lo que es lo mismo: diálogo o ruptura. Ojalá se imponga la sensatez.
Publicado por Gerindabai en 12:10 0 comentarios
Que nadie se llame a engaño. La operación que se va a poner en marcha con la activación del artículo 155 CE tiene como objetivo la castración del nacionalismo catalán. Es una operación dirigida a convertir al nacionalismo catalán en una opción políticamente estéril.
En realidad, se trata de una prolongación de la operación que el PP puso en marcha contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya en 2005/2006. En aquella ocasión la operación tenía como objetivo vaciar de contenido la reforma pactada entre el Parlament y las Cortes Generales y aprobada posteriormente en referéndum. Volver a 1979, reducir el contenido y alcance del ejercicio del derecho a la autonomía a lo que había sido desde la entrada en vigor del Estatuto originario con el desarrollo normativo y jurisprudencial de esos algo más de veinticinco años. Todo lo que fuera más allá en el Estatuto reformado debía o ser declarado anticonstitucional directamente o ser interpretado de tal manera que acabara encajando en los límites del Estatuto del 79.
Este era el núcleo esencial del recurso que interpuso el PP. El derecho a la autonomía que cabe en la Constitución es el que se ha venido ejerciendo desde que se construyó el Estado de las Autonomías con la aprobación de los diferentes Estatutos de Autonomía y no se puede ir más allá de lo que ha sido este ejercicio. Para que se pudiera ir más allá sería preciso una reforma de la Constitución. Como no ha sido el caso en la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya, la operación reformista tiene que ser vaciada de contenido. Este objetivo del PP fue hecho suyo por el Tribunal Constitucional en la STC 31/2010. El pasado del derecho a la autonomía es también su presente y su futuro, mientras no se reforme la Constitución.
La Constitución y el Estatuto de Autonomía se convirtieron de esta manera en una jaula para el derecho a la autonomía. Independientemente de que estuviera en el Gobierno o no, el PP siempre dispondría de minoría de bloqueo para impedir la reforma de la Constitución, con lo cual tenía en su mano de manera indefinida la llave de la jaula. Con la STC 31/2010 el PP se aseguró que sería él el que fijaría el límite del contenido y alcance del derecho a la autonomía, si no para siempre, sí para un periodo tan prolongado de tiempo que, políticamente equivale a para siempre.
Contra esta reclusión en la jaula a perpetuidad es contra la que se ha alzado la sociedad catalana con su exigencia del llamado “derecho a decidir”. Queremos ser consultados sobre nuestra integración en el Estado, no queremos vivir indefinidamente en la jaula en la que estamos recluidos. Esto es lo que ha ocurrido en Catalunya en estos últimos siete años. Alrededor del 80% de la población es partidaria de la celebración de una consulta para pronunciarse sobre su integración en el Estado, para poder ejercer realmente un derecho a la autonomía no enjaulado.
La negativa del Gobierno presidido por Mariano Rajoy a que se pudiera explorar siquiera esa posibilidad o a que se pudiera intentar encontrar algún sucedáneo con el que la sociedad catalana pudiera conformarse, se ha traducido en un pulso constante entre el nacionalismo catalán arropado por un porcentaje considerable de la sociedad catalana, que no era independentista, pero si partidaria de la celebración del referéndum, y el Gobierno de la Nación. Dicho pulso ha tenido dos momentos culminantes en los días 9 de noviembre de 2014 y 1 de octubre de 2017, en los cuales algo más de dos millones de catalanes ejercieron una suerte de derecho de manifestación con la fórmula de depositar un voto en una urna. Porque el 9-N y el 1-O no han sino referéndums sino ejercicios del derecho de manifestación. Ejercicios muy fiables, ya que el número de manifestantes se acredita con plena seguridad.
Ante el doble desafío que han supuesto los dos “referéndums” y, sobre todo, ante el que ha supuesto el segundo, el Gobierno de la Nación ha decidido dar un paso más y poner en marcha una operación que no se reduce a enjaular al nacionalismo, sino que pretende la castración del mismo. Esto es lo que significa el recurso al artículo 155 CE.
Creo que la dirección del PSOE no se ha dado cuenta de adonde lo está llevando el PP. A Pedro Sánchez sus compañeros le han levantado el “arresto domiciliario” (Juliana dixit) para uncirlo al carro del 155, creyendo todos que están participando en eso que se suele llamar una “operación de Estado”. Me temo que, cuando se den cuenta, va a ser tarde. No hay intervención breve e indolora en una operación de esta naturaleza. Va a ser todo lo prolongada que sea necesaria y todo lo dolorosa que sea preciso hasta que el nacionalismo se resigne a operar como un animal domesticado.
La dirección del PSOE debe saber que los nacionalistas catalanes van a ser los primeros damnificados, pero que ellos serán los segundos. No va a ser preciso siquiera esperar a que termine la operación de castración. En el curso de la misma la dirección del PSOE advertirá el error que ha cometido, pero se encontrará desarmado ideológicamente para rectificar e inerme frente a la presión de la derecha española, con el rey por delante o por detrás según convenga, que caerá sobre los socialistas de manera inmisericorde si intentan hacerlo.
La activación del artículo 155 CE pone fin de manera definitiva al acuerdo constituyente con base en el cual se construyó el Estado de las Autonomías. El ejercicio del derecho a la autonomía desde la entrada en vigor de la Constitución pertenece al pasado. El equilibrio político-institucional en el que ha descansado ha sido destruido y no va a poder ser recompuesto. Sin el reconocimiento del nacionalismo catalán y su participación activa el Estado de las Autonomías no es posible.
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(Sentencia del Tribunal de la Haya sobre la declaración de independencia relativa a Kosovo). (22 de julio de 2010).

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 67
 artículo 155
 artículo 66
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 116
 artículo 155
 artículo 155
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