Source: https://lostifer.blogia.com/temas/derecho-universitario/
Timestamp: 2017-09-19 13:33:49+00:00

Document:
Derecho Universitario | BITACORA DE FERNANDO LOSTAO CRESPO
NUEVO DECRETO DE HOMOLOGACIONES, RD 967/2014.
lostifer - 25 de noviembre de 2014 - 17:42 - Derecho Universitario
El BOE del pasado sábado dia 22 de noviembre de 2014 publicó el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12098.pd
HOMOLOGACION DE TITULOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS OBTENIDOS DESPUES DE CURSAR ESTUDIOS EN UN CENTRO ESPAÑOL.
lostifer - 13 de mayo de 2014 - 14:39 - Derecho Universitario
Durante años el Ministerio de Educación y Ciencia ( en adelante MEC) , en sus diferentes denominaciones, vino denegando la tramitación de las homologaciones de los títulos extranjeros, - es decir no daba ni siquiera pie a que por el comité técnico correspondiente se estudiara la equivalencia de los estudios o de las competencias profesionales- , de todo aquel alumno que obtenía un título de una universidad de fuera de España, después de haber estudiado en un centro español que tuviera un convenio con la misma, y ello salvo que el centro extranjero estuviera autorizado. La denegación de la tramitación también se daba aunque el tiempo estudiado sin autorización del centro, hubiera sido parcial.
Aquello resultaba injusto por al menos las siguientes razones:
Algunos de estos centros empezaron su actividad antes de que surgiera la norma reguladora correspondiente; es decir, antes de hoy todavía vigente Orden del Ministerio de Educación de 26 de mayo de 1993, que establece los requisitos para la autorización de centros universitarios extranjeros, que a su vez desarrollaba el Real Decreto 557/1991, regulador de los requisitos para creación y reconocimiento de Universidades y los Centros Universitarios.
Esta normativa nada establecía sobre la relación entre la autorización del centro, y la homologación del título. Es decir, no se establecía que la autorización del centro español que tenía un convenio con una universidad extranjera, fuera un requisito necesario para que los alumnos pudieran homologar el título obtenido tras cursar estudios en uno de estos centros. Títulos en cualquier caso siempre eran expedidos por la Universidad extranjera correspondiente, y no por los centros conveniados.
Tampoco el Real Decreto que regulaba entonces la homologación de títulos extranjeros, el RD 87/1986, diferenciaba entre homologación de títulos extranjeros después de haber estudiado en el extranjero, o después de haber estudiado en España en un centro que tuviera un convenio con una universidad extranjera. Es decir ni siquiera se contemplaba esta opción. Era un caso de evidente vacío legal.
En definitiva las resoluciones del MEC, no tenían amparo legal, y además eras restrictivas de derechos de los administrados, por lo que resultaban nulas, por aplicación, entre otras normas de desarrollo, del art. 9.3 de la CTE que establece el principio de legalidad y prohíbe la arbitrariedad por parte de los poderes públicos.
Todos estos argumentos fueron empleados sin éxito inicial frente al MEC, y posteriormente frente a la Audiencia Nacional. Si bien es cierto, que la Audiencia Nacional inicialmente acogía las pretensiones de los demandantes en los juicios contencioso administrativos, y mandaba retrotraer las actuaciones para que el MEC hiciera el juicio de equivalencia pertinente, pero utilizaba una doctrina distinta a la que luego utilizó el Tribunal Supremo. Básicamente decía que lo que se llevaba a homologación era el título, y eso era independiente de donde se hubiera estudiado.
No fue hasta la Ley Orgánica de Universidades de diciembre de 2.001 ( Ley 6/01, de 21 de diciembre), hasta cuando expresamente se reguló esta cuestión estableciendo en el art. 86.3 , que no se podrán homologar títulos extranjeros si se ha estudiado en centros españoles no previamente autorizados. Es decir, sólo a partir de la entrada en vigor de esa norma se podrá oponer al procedimiento de homologación dicho obstáculo. De hecho la prueba de que hasta ese momento la administración actuaba sin cobertura legal fue precisamente la aparición “ ex novo “ , de esta disposición con rango de ley. Este último argumento ha sido recogido expresamente por el Tribunal Supremo en la jurisprudencia que se citará más adelante.
La Fundación San Valero de Zaragoza, a la que el letrado firmante de este informe, asesoró jurídicamente desde el año 1996 hasta el año 2006, obtuvo autorización para impartir enseñanzas extranjeras en convenio con la Universidad de Gales en septiembre de 1.998, aunque la autorización de puesta en funcionamiento no fue hasta febrero de 1.999.
En abril de 2.005, actuando este letrado en defensa de un antiguo alumno de la Fundación San Valer, en una de las carreras que allí se impartían en convenio con la Universidad de Gales, la sala de los contencioso administrativo del Tribunal Supremo dictó una sentencia ( sentencia nº de 12-abril-2005, ( recurso 6026/2002), en la que por primera vez acogió nuestras tesis, marcándose una línea jurisprudencial nueva. Aunque fue en un caso de reconocimientos profesional y no de homologación, lo importante fue el pronunciamiento relativo a los efectos o no de la autorización del centro español, en el que se impartía la enseñanza conducente a la obtención del título universitario extranjero, (en ese caso de la Universidad de Gales) con relación a la homologación del título.
La sentencia confirmó nuestros argumentos ,para decir que antes de la Ley Orgánica de Universidades de diciembre de 2.001, había un vacío legal y que por lo tanto las decisiones del MEC eran irregulares, ya que no se pueden dictar resoluciones contrarias a los intereses de los administrados, sin tener cobertura legal para ello.
Esa doctrina fue confirmada en sentencias posteriores de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de los años 2006 y 2007, algunas de las cuales también correspondieron a antiguos alumnos de la Fundación San Valero, a los que asistió este letrado. Entre otras:
- 19 de junio de 2006 ( recurso 2296/2000)
- 16 de mayo de 2007 ( recurso 7093/2004)
- 30 de noviembre de 2007 ( recurso 3758/2005)
Pero cuando todo parecía que estaba todo claro, nos encontramos con una nueva piedra en el camino, ya la Audiencia Nacional adoptó un criterio sorprendente en la aplicación de la nueva normativa de homologaciones que había establecido el todavía vigente Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, que regulaba de nuevo las cuestión de la homologación de títulos universitarios extranjeros, aunque ahora ya en el marco de la Ley Orgánica de Universidades del año 2001.
El artículo 5.2 de este RD, en coherencia con el art. 86.3 de la LOU, antes mencionado, recordemos que establece que no se pueden homologar títulos extranjeros si se ha estudiado en centros españoles no previamente autorizados. Hasta aquí nada que decir, el problema surgió cuando a la hora de aplicar esta disposición, tanto el Ministerio de Educación, como luego sorprendentemente la Audiencia Nacional, adoptaron el criterio de considerar - en lo relativo a los impedimentos relacionados con la no autorización del centro - , el momento de la realización de la solicitud, y no de el de la realización de los estudios.
Es decir si un titulado había estudiado en un momento anterior a la LOU – es decir cuando legalmente no se contemplaba la relación entre la homologación o reconocimiento profesional del título, y la autorización o no del centro -, pero solicitaba la homologación después de la entrada en vigor del RD 285/2004, se le aplicaba el impedimento de la no autorización del centro, en una suerte de aplicación retroactiva de una norma restrictiva de derechos, que desde luego no tiene cabida en nuestro sistema jurídico.
Aunque hubo que hacer un esfuerzo adicional, afortunadamente la Sala de los contencioso administrativo del Tribunal Supremo nos volvió a dar la razón, en el año 2009, considerando ilegal esa aplicación retroactiva de la norma, y dejando sentado con toda claridad que la normativa a considerar de cara a la homologación del título, es la del momento de realización de los estudios, y no de la solicitud de la homologación.
Esta jurisprudencia se recogió entre otras en la siguientes sentencias:
- 16-6-2009, rec. 1725/2008.
- 21-7-2009, rec. 1719/2008
- 15-12-2009, rec. 4470/2008.
Esta jurisprudencia hizo rectificar a la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, a partir de una sentencia del 10 de septiembre del año 2009, que en este aspecto cambio su jurisprudencia, y la adaptó a la del Tribunal Supremo.
Más recientemente, a finales del año 2011, una sentencia de la sala 3ª ( de los Contencioso Administrativo) del Tribunal Supremos de 7 diciembre del diciembre del año 2011, recurso 338/2010, que confirmaba otra de la sala correspondiente de la Audiencia Nacional, ha venido a confirmar esta doctrina, que se puede resumir en el siguiente fundamento jurídico:
“TERCERO.- El Tribunal Supremo ha cambiado este criterio y en recientes y numerosas sentencias de la Sala Tercera, Sección 4, de 16 de junio de 2009 (recurso 1921/2008) EDJ 2009/134787 de 21 de julio de 2009 (recurso 1719/2008) EDJ 2009/171731 de 21 de julio de 2009 (recurso: 7157/2005) EDJ 2009/171754 de 23 de julio de 2009 (recurso: 828/2008) EDJ 2009/171753 entre otras muchas, se casan las sentencias dictadas por este Tribunal en asuntos similares al que nos ocupa, y se acoge la tesis consistente en que lo trascendente a los efectos de homologación es la normativa existente en el momento en el que se cursaron los estudios y no en el momento en el que se solicita la homologación pretendida por lo que habrá que estar a la normativa entonces vigente para determinar si era necesario o no que el centro radicado en España contase con la preceptiva autorización administrativa. Por lo que si los estudios se cursaron antes de que entrase en vigor la Ley Orgánica 6/2001 y el RD 285/2004 , resultaba aplicable para la homologación la anterior normativa, constituida por la Ley Orgánica 11/1983 y del Real Decreto 86/1987 , normas en las que no era exigible para obtener la homologación, el requisito de que los centros radicados en España en los que se hubiera seguido toda o parte de la formación necesaria para obtener el título universitario extranjero contaran con la autorización prevista en el Real Decreto 557/1991”.
Abogado nº 3017
Real e Ilustre Colegio de Zaragoza.
lostifer - 10 de mayo de 2014 - 20:29 - Derecho Universitario
lostifer - 09 de octubre de 2010 - 19:31 - Derecho Universitario
lostifer - 18 de julio de 2009 - 07:58 - Derecho Universitario
En dos sentencias de pasado 16 de junio, Recursos nº 1.725/2008, y la nº 2.982/2.008, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Supremo, deja claro, esperemos de una vez por todas, que sólo se puede establecer como impedimento al proceso de homologación de un título universitario extranjero alcanzado después de haber estudiado en un centro español en convenio con la universidad que expide el título, la no autorización previa del centro para tal actividad, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Universidades , ( 20 dias después de su publicación en l BOE de 24 de diciembre de 2.001), ya que es el art. 86.3 de esta Ley Orgánica , la disposición normativa que primero regula está cuestión, ya que hasta entonces, como venimos diciendo nosotros durantes años - cerca de los 15 años -, existía un enorme vacio legal, y que por lo tanto la práctica del Ministerio de Educación y Ciencia, que establecia este impedimiento hasta la fecha no tenía cobertura legal alguna.
Esto ya lo había dicho en sentencias de 19 y 30 de junio de 2.006,y tres de 30 de noviembre de 2.007 en asuntos de homologación tramitados a la luz de la antigua normativa, el RD 86/1987, de 16 de enero, pero ahora lo ha confirmado en asuntos tramitados a la luz del nuevo reglamento de homologaciones, el RD 285/2.004, de 20 de febrero, que incomprensiblemente tanto el MEC como la Audiencia Nacional estaban aplicando retroactivamente.
Esto afecta positivamente a todo los alumnos de la Fundación San Valero, ya que su Centro de Estudios Superiores, obtuvo la autorización definitiva de puesta en funcionamiento, para impartir formación en convenio con la Universidad de Gales, en febrero de 1.999, es decir casi tres años de la entrada en vigor de la LOU.
El Tribunal Supremos ha acogido toda nuestra argumentación sobre la irretroactividad de disposiciones administrativas sancionadoras, o restrictivas de derecho.
lostifer - 10 de febrero de 2008 - 19:38 - Derecho Universitario
lostifer - 31 de enero de 2008 - 07:28 - Derecho Universitario
EL 1393/2.007, de 29 de Octubre. HOY HA ENTRADO EN VIGOR
lostifer - 31 de octubre de 2007 - 20:06 - Derecho Universitario
Este es el numero del Real Decreto que ha descongelado el sistema universitario español, publicdo en el BOE de ayer http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/18770&txtlen=1000
Aqui lo tienen el REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Habra que estudiarlo con calma.
lostifer - 27 de octubre de 2007 - 18:12 - Derecho Universitario
Aunque todavía no ha entrado en vigor porque la disposición final cuarta dispone que la entrada en vigor no será hasta el día después de su publicación en el BOE, y esto todavía no se ha producido, - probablemente será el lunes-, el consejo de ministros aprobó ayer, VIERNES 26 de octubre, el Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales , del que todavía desconocemos el número.
Esto pone fin a dos años y medio de congelamiento del sistema universitario, en concreto desde el pasado 1 de Marzo de 2.005, durante el cual no se han podido poner en marcha nuevos títulos universitarios de grado. Alguién dirá que los títulos de Master Universitarios u oficiales si que se han podido poner en marcha, y no le faltará razón. Pero cualquiera que conozca un poco de este mundo sabrá de la importancia muy relativa de estos programas, en relación a las antiguas licenciaturas, y grados ahora.
Esperamos con ansia la publicación en el BOE.
JORNADAS DE LA ASOCIACION PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO UNIVERSITARIO
lostifer - 20 de octubre de 2007 - 21:18 - Derecho Universitario
El jueves y viernes pasado, 18 y 19 de octubre de 2007, se ha celebrado en la Universidad de Vigo, un encuentro, seminario o jornada, sobre la reforma de los Estatutos Universitarios, ante la modificación de la LOU de abril del presente año. Aunque el personal asistente a la mismas, asesores jurídicos de muchas de las Universidades Españolas, son los mismos que se vienen reuniendo desde hace más de 10 años para tratar temas de interés común, estás han sido las la primeras que formalmente se han organizado por el colectivo constituido en persona jurídica, la ASOCIACION PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO UNIVERSITARIO, AEDU.
La AEDU esta liderada por Juan Manuel Valle Pascual, director de la Asesoría Jurídica de la Universidad Politécnica de Madrid, quien fue elegido presidente de la asociación por aclamación, y que es alma y maestro de todos los que tenemos acudir a estos eventos. Otros grandes juristas universitarios ocupan puestos destacados en la Asociación como Daniel Pastor de la Universidad de Alicante, Diego Camara de la UNED, o Carlos Gomez Otero de la Universidad de Santiago.
Mención aparte merece el Jose Ramón Chaves. magistrado de lo contencioso de Oviedo, y exasesor jurídico de la Universidad de Oviedo, que en todas las reuniones nos regala alguna profundísima ponencia, que expone con sinpar gracia y originalidad. No hay más que visitar su blog www.contencioso.es, para comprobarlo. Y como me llamo la atención cariñosamente la atención por no actualizar con más frecuencia esta bitacora...., y así qque aquí estoy un sábado a las 11 de la noche, y en Burgos, poniéndome las pilas.
lostifer - 28 de septiembre de 2007 - 07:33 - Derecho Universitario
COMUNICACIÓN A LA PONENCIA: LIBERTAD Y SEGURIDAD. ASPECTOS BÁSICOS DEL ESTADO DE DERECHO"
“ EL RECONOCIMIENTO DEL INNMIGRANTE UNIVERSITARIO”
Que duda cabe que para el inmigrante con titulación universitaria obtenida en su país de origen, el reconocimiento de su condición de tal universitario, supone una enorme ventaja de cara a la inserción en un mundo laboral y profesional cualificado. Hasta hace poco más de dos años, es decir en régimen del ya derogado Real Decreto 89/1987 de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de homologación de los títulos universitarios de educación superior, la posibilidad de obtener la homologación de títulos universitarios extranjeros en España era muy difícil y lenta. La homologación que hasta entonces existía, la que ahora llamamos homologación de contenidos, requería de un previo examen de cargas y contenidos, en el que se comparaban los temarios y duración de los planes de estudio del título extranjero, con los planes de estudio de la titulación española cuya homologación se solicitaba. Dicho examen comparativo, muy difícil de superar en la mayoría de los casos, daba pie a una resolución por la que se denegaba o accedía a la homologación de modo incondicionado, o de modo condicionado a la superación de una serie de asignaturas, o un examen global sobre la titulación. La dificultad en la obtención de la homologación que se ocasionaba básicamente por las diferencias de contenido y cargas de los distintos planes de estudio, consecuencia inevitable de la disparidad de sistemas universitarios, que en Europa apenas acaba de iniciar el proceso de unificación, ocasionaba, y de hecho sigue ocasionado hoy, dada la inexistencia de otra vía para el reconocimiento de una genérica condición de universitario, el que se generaran muchas situaciones injustas. Era una especie de todo o nada, si se tenía la homologación, se obtenían tanto los efectos genéricos de tal condición, es decir lo que son iguales para cualquier universitario, sea cual sea su especialidad, como los específicos de la titulación concreta, como pueda ser en España en muchos casos, el acceso a determinados colegios profesionales que lleva consigo la posibilidad del ejercicio de una competencias profesionales, que de modo exclusivo se asocian a tal colegiación. Sin embargo si no se obtenía la homologación, el sistema ignoraba por completo la condición de universitario, y de hecho se producían, y se siguen produciendo situaciones muy injustas, en las que estableciéndose unas favorables consecuencias a la condición de universitario español, es decir a la mera tenencia de un título de una universidad española , con independencia de su especialidad y grado, el universitario extranjero con título no homologado no podía disfrutar de ningún modo. Pondremos algunos ejemplos: 1. El Instituto Nacional de Empleo, INEM, o los organismos equivalente de las CCAA, no tramitan salvo homologación previa, la contratación de universitarios extranjeros bajo la formula contractual del contrato en prácticas, que regula el Art. 11 del Estatuto de los Trabajadores, que tiene la finalidad de fomentar la contratación en genérico de universitarios. 2. Las administraciones en general exigen la homologación del título para participar en una oposición, o concurso de méritos, aun cuando en la condiciones o requisitos de las mismas, no se exija estar en posesión de un título universitario concreto, sino de uno cualquiera. 3. Se pide también la homologación del título para poder obtener el título de técnico superior de riesgos laborales, siendo que, además de la realización y superación de un curso, se pide simplemente estar en posesión de un título universitario cualquiera, ya sea de enseñanza media, o ya lo sea de enseñanza superior. 4. Muchas empresas que prestan servicios para la administración, se ven en la obligación de no contratar a titulados universitarios sin título homologado , o rescindir sus contratos, porque las administraciones para la que trabajan les exigen que todos los titulados tengan homologado su título, aunque, una vez más, no sea necesaria una titulación determinada. 5. Para acceder al examen de traductor jurado, basta con cualquier titulación española, pero al extranjero se les exige la homologación del título; aunque sea un ciudadano inglés y quiera acceder al título de traductor jurado en Inglés. 6. Se exige incluso la homologación para puntuar como mérito, en el concepto de “otros títulos universitarios”, dentro de una oposición- concurso de méritos, en la que se pudo participar al tener otra titulación española. La situación aunque lógicamente alcanzaba a cualquier titulado universitario extranjero, era especialmente grave con los titulados procedente de la Unión Europea, dado que sobre estos existe una especial obligación de facilitar el libre movimiento en el mercado laboral. Además las recientes, y próximas incorporaciones a la Europa Unida, de países con alto flujos migratorios hacia España, hace que la preocupación por el respeto de la condición de universitarios de aquellos que lo sean en sus países de origen, se vuelva en una necesidad de un sistema que se pretende justo. La Comisión de la Unión Europea, en una comunicación emitida el 11 de diciembre de 2.002, sin duda avanza en la idea de respetar la genérica condición de universitario, de aquellos que tengan una titulación expedida por una universidad de un país miembro. Entresacamos una frase de la comunicación indicada de la comisión: " Cuando sólo cuente el nivel de estudios para cuya acreditación se concede un título, las autoridades del estado miembro de acogida no tienen derecho a tomar en consideración el contenido de la formación. Las autoridades del estado miembro de acogida sólo pueden tener en cuanta el nivel de dicho título." Esta comunicación hace un resumen de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la libre circulación de trabajadores, y además de lo ya comentado, indica – en síntesis-, el que no se pueden establecer discriminaciones en razón a la nacionalidad del trabajador europeo, en el acceso a un puesto de trabajo en la empresa privada, en el acceso a la función pública – salvo excepciones muy contadas-, y que asimismo debe haber un tratamiento igualitario en razón al reconocimiento de a la antigüedad, experiencia profesional, sistemas de seguridad social. En la situación que estamos exponiendo la discriminación se originaría no tanto en razón de la nacionalidad del individuo, sino más bien en razón de la nacionalidad del título, y por eso la Unión Europea insistía en sólo valorar el nivel de los estudios, y no el contenido, cuando sólo lo primero fuera lo importante para, por ejemplo, el acceso a un puesto de trabajo en una empresa privada, o a una oposición o concurso para entrar en la administración, la obtención de una determinada clasificación profesional, etc. Afortunadamente, las cosas empezaron a cambiar hace algo más de dos años como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que, junto al tradicional sistema de homologación de contenidos, se introdujo en España un nuevo sistema de homologación más general, la llamad homologación de grado o de nivel académico, por la que los poseedores de una titulación universitaria extranjera, alcanzan ese reconocimiento genérico de la condición de universitarios, a la que venimos haciendo referencia a lo largo de esta comunicación. Las normas que regulan en la actualidad el sistema de homologaciones en España, son las siguientes: NORMA GENERAL. Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, ( BOE de 4 de marzo) por el que se regulan las condiciones de homologación de títulos y estudios extranjeros de educación superior. MODIFICADO por el Real Decreto 1.830/2.004, de 27 de agosto, ( BOE de 31 de agosto de 2.004) DESARROLLADO por la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia 3886/2.004, de 3 de noviembre ( BOE 15 de noviembre de 2.004) En el preámbulo del Real Decreto 285/2.004 utiliza la expresiones de absoluta identidad, y equiparación, al referirse a la distinción entre homologación, y homologación de grado. En coherencia con esto, para la homologación de grado no se establece como requisito previo necesario la equivalencia de los contenidos formativos. Las nueva normativa preveía que hasta el 1-enero-2.007, la homologación de grado habría que pedirla a los grados de DIPLOMADO o LICENCIADO, y que a partir de esa fecha, se podrá pedir la homologación al nivel académico de GRADO, que según el nuevo sistema del Espacio Europeo de Educación Superior- sistema de Bolonia-, es el nivel académico en el que se van a refundir los niveles académicos actuales de diplomatura y licenciatura, o técnico y superior. Pero lo cierto es que una vez más los plazos previstos en la normas no se han cumplido, y aunque existe un borrador de 26 de junio de 2.007, de Real Decreto regulador de las nuevas enseñanzas universitarias oficiales en España, que debe desarrollar la reforma de la LOU que introdujo la Ley Orgánica 4/2007 de modificación de la LOU de 2.001, no podemos considerar que el grado esté ya implantado en nuestro sistema universitario como enseñanzas oficiales de primer ciclo, por lo que todavía – y este es el criterio que mantiene nuestro Ministerio de Educación y Ciencia -, habrá que seguir solicitando la homologación de grado a los niveles de diplomado o licenciado, procedimientos que no se podrán realizar simultáneamente, pero si sucesivamente. Además se establece una especialidad para la homologación de grado, en los casos en los que el título provenga de una universidad con sede en la unión europea, ya que los criterios son menos exigentes. Todo esto se explica en el cuadro adjunto, que desarrolla los requisitos exigibles, y los criterios aplicables, aunque los primeros hacen referencia a los casos en los que los títulos se consiguen tras haber estudiado en un centro español en convenio con una universidad extranjera, que aunque es un tema polémico, después de las recientes noticias aparecidas en el periódico El País, no es el objeto central de esta comunicación.
REQUISITOS Homologación de contenidos Homologación de grado Homologación grado universidad UE
Centro español autorizado para impartir enseñanzas extranjeros SI SI SI
Estudios implantados en la universidad de origen SI SI SI
Correspondencia niveles académicos para acceso a estudios a homologar SI SI NO
Duración y carga horaria SI SI NO
Correspondencia entre niveles académicos de los títulos SI SI SI
Contenidos formativos. SI NO NO
Que él título extranjero de acceso a cursos de postgrado en el país de origen SI SI SI
Otra diferencia entre la homologación ordinaria o de contenidos, y la de grado consiste en que la resolución que resuelva la primera puede ser positiva, negativa o condicionada a la superación de una prueba u otra exigencia, y la resolución relativa a la homologación de grado sólo puede ser positiva o negativa Esta norma menciona también la convalidación parcial de asignaturas que corresponde a las universidades de acuerdo a los criterios que fije en su momento el consejo de coordinación universitaria. Se establece un plazo de 6 meses para la resolución de las solicitudes de homologación, con efectos negativos del silencio administrativo. La norma general del nuevo sistema, el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, excepto en lo que se refiere a la homologación de grado, que no entró en vigor hasta el pasado 1 de marzo de 2.005, por disposición del Real Decreto 1.830/2.004, de 27 de agosto, ( BOE de 31 de agosto de 2.004), entró en vigor el pasado 4 de septiembre de 2.004, y fue objeto de desarrollo por la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia 3886/2.004, de 3 de noviembre ( BOE 15 de noviembre de 2.004), que estableció los requisitos formales – documentos-, que deberán acompañar a la solicitudes de homologación: a. Copia compulsada del documento que acredite la identidad y nacionalidad del solicitante, expedido por las autoridades competentes del país de origen o procedencia (pasaporte u otros), o por las autoridades españolas competentes en materia de extranjería (NIE). En el caso de los ciudadanos españoles, fotocopia compulsada del DNI. Copia compulsada del Título cuya homologación se solicita . b. Copia compulsada del título cuya homologación se solicita. c. Traducción jurada del documentos anterior. d. Copia compulsada de la certificación académica de los estudios realizados por el solicitante para la obtención del título cuya homologación se solicita. e. Traducción jurada del documentos anterior. f. Acreditación del pago de la tasa de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE del 31 de diciembre de 2.005). Además, los documentos expedidos en el extranjero deberán ajustarse a los requisitos siguientes:· a) Deberán ser oficiales y estar expedidos por las autoridades competentes para ello, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país de que se trate.· b) Deberán presentarse legalizados por vía diplomática o, en su caso, mediante la apostilla del Convenio de La Haya. A efectos de lo dispuesto sobre aportación de copias compulsadas, la legalización o apostilla deberán figurar sobre el documento original, antes de la realización de la copia que se vaya a compulsar. Este requisito no se exigirá a los documentos expedidos por las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.· c) Deberán ir acompañados, en su caso, de su correspondiente traducción oficial al castellano. En principio, no será necesario aportar traducción oficial del ejemplar de la tesis doctoral que debe aportarse con las solicitudes de homologación al título de Doctor, ni de los documentos complementarios a que se refiere el número cuarto de esta Orden, siempre que ello no impida su adecuada valoración. Este nuevos sistema de homologación del grado universitario, nivel o condición universitaria, ha supuesto un gran avance frente a la situación anterior, sobre todo en orden hacer valer los muchos efectos favorables que el sistema otorga a la condición genérica de universitario, sin embargo, y aunque el Ministerio está aligerando la duración de los procesos, el sistema todavía adolece de algunos defectos: - En relación al fondo del asunto, por los criterios adoptado, dado que los Bachelor del sistema universitario del Reino Unido, en la mayoría de casos, los está homologando a Diplomado en lugar de Licenciado, siendo que tales títulos permiten en su países de origen el acceso a estudios de postgrado, y el Art. 19.2 del RD 285/2004, dispone que entonces en España se debería homologar al de licenciado. - Porque se trata de un procedimiento administrativo, que exige abundante documentación, cuya obtención de complica para aquellos ciudadanos que provengan de países no incorporados al Convenio de la Haya, y lleva una serie de costes incorporados - tasas y coste de traducción jurada-, que para determinados niveles de inmigración no facilita las cosas precisamente. - Porque se trata de un procedimiento todavía muy desconocido, que en muchos casos puede crear la necesidad de que volver a los países de origen, a conseguir la documentación necesaria para el proceso. - Porque para los ciudadanos de la Unión Europea, todavía supone una traba real para su libre circulación como trabajador cualificado.
Y EN RELACION A TODO LO EXPUESTO, SE REALIZAN LAS SIGUEINTES PROPUESTAS: 1. Se acuerde solicitar, de las autoridades de la Unión Europea competentes, la adopción de las medidas oportunas para que el respeto de la genérica de universitario europeo, tanto por las administraciones como por las entidades privada, se más real y efectivo. 2. Se soliciten a las autoridades españolas competentes la simplificación del procedimiento, documentación y trámites, a través del cual el ciudadano de la Unión Europea deba de acreditar su condición de universitario. 3. Se soliciten a las autoridades españolas competentes la adopción de los criterios oportunos para hacer real el contenido el Art. 19. 2 del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero ( BOE de 4 de Marzo), a los efectos de que, hasta que se implanten en España las titulaciones de grado, todos aquellos títulos universitarios que en los países de origen permitan el acceso a estudios de postgrado, se homologuen al grado de licenciado y no diplomado. 4. Se pongan en marcha en los servicios de asesoramiento jurídico de los inmigrantes dependientes de los Colegios de Abogados, o se proponga la implantación, en aquellos que dependan de otras administraciones o instituciones, de áreas o departamentos especializados en el asesoramiento para la homologación de los títulos universitarios de los inmigrantes. 5. Se proponga a las autoridades, administraciones, asociaciones y en general a todos los entidades y colectivos afectados, medidas oportunas para dar a conocer las posibilidades del nuevo sistema de homologación de grado. 6. Se propongan a las medidas oportunas para que los consulados, o las entidades que en su caso realicen la labor de información y asesoramiento de inmigrantes, adoptar unas medidas oportunas, para darles a conocer el contenido de los tramites y documentación necesaria a obtener en el país de origen, de cara a la tramitación de los procedimientos de homologación de sus títulos universitarios en España. En Zaragoza, a 12 de julio de 2007 Fernando Miguel Lostao Crespo. Colegiado nº 3.017 Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.
Interesantes bitacoras jurídicas
lostifer - 20 de mayo de 2007 - 20:16 - Derecho Universitario
Con ocasión de la participación en el IX Curso de Régimen Jurídico de Universidades, que se acaba de celebrar en una Sevilla, festiva, calurosa y bonita como siempre, he tenido noticia de dos interesantes bitacoras jurídicas, que pertenecen a dos de los almas de estos cursos, que también en esta edición han sido ponentes de este curso.
www.contencioso.es de Jose Ramón Chaves, Magistrado de lo Contencioso Administrativo de Huesca, y especialista en derecho universitario.
www.fiscalización.es de Antonio Arias, síndico de la sindicatura de cuentas del principado de Asturias, especialista también en derecho universitario.
lostifer - 21 de febrero de 2007 - 15:31 - Derecho Universitario
lostifer - 26 de enero de 2007 - 12:57 - Derecho Universitario
Adjunto artículo publicado en el libro: EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI) LABORAL DE CENTROS UNIVERSITARIOS,2ª Edición, bajo la dirección de Antonio V. Sempere Navarro. Ediciones Laborum.
A VUELTAS CON EL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN.
Los términos es que está redactada la reforma del apartado 1º del Art. 27 de la LOU, en el proyecto de ley, si para algo no sirven, es para desde para arrojar claridad y asentar principios, en la aportación que al sistema universitario español deben realizar – como muy bien define el ponente- las Universidades de titularidad privada. Pretender como se pretende, que en las decisiones “estrictamente académicas”, sean tomadas por órganos en los que exista una representación mayoritaria del personal docente e investigador, a parte de originar un aluvión de dudas sobre su aplicación en la práctica, no resueltas por el hecho de haber pasado del término “académicas” al de “ estrictamente académicas”, en relación al texto del anteproyecto, en primer lugar supone un serio obstáculo a la búsqueda de la gestión flexible, rápida y eficaz de las que están tan necesitadas todas las universidades españolas, tal y como puso de manifiesto la Comunicación de la Comisión Europea del pasado 10 de mayo de 2.006, en relación con la agenda de modernización de las Universidades Europeas, y en segundo lugar, daña muy seriamente el lado institucional de la libertad de enseñanza, del tan citado y varapaleado artículo 27 de nuestra Constitución.
Alguna conciencia de todo esto debía tener el confeccionador del texto del proyecto de ley, cuando en lo relativo al nombramiento del Rector de las universidades de titularidad privada, se ha pasado de conceder su elección a los colectivos universitarios, exactamente igual que en las universidades de titularidad pública, a otro en el que estos colectivos deben ser oídos. En cualquier caso, y a pesar de que la “dulcificación”,del texto del proyecto, lo cierto es que la actual redacción a parte de criticable por ambigua, lo es por afectar a la esencia de la libertad en este campo, es decir por en lugar de fomentar, contribuir – o al menos crear las condiciones - impedir, el que las universidades de titularidad privada puedan desarrollar su propio proyecto educativo, que lógicamente estará íntimamente vinculado con el ideario, valores, misión y visión tenga esa universidad. Y decimos que crea las condiciones, porque es obvio, que los términos “estrictamente académicos, y como se refleja esto en las Normas de Organización y Funcionamiento de las Universidades de titularidad privada, serán interpretados de una manera más amplia o más estrecha, valga la expresión, en función – quizás más que del signo político de las consejerías de universidades respectivas-, de la proclividad y cercanía a estas universidades de quien esté en cada momento en el poder, creando un espacio de inseguridad jurídica y de oportunidad política bastante poco edificante.
La famosa sentencia 5/1.981 del Tribunal Constitucional, “... reconoce a los titulares de los centros privados para "establecer un ideario educativo propio dentro del respeto a los principios y declaraciones de la Constitución", forma parte de la libertad de creación de centros, en cuanto equivale a la posibilidad de dotar a éstos de un carácter u orientación propios. Esta especificidad explica la garantía constitucional de creación de centros docentes que, en otro caso, no sería más que una expresión concreta del principio de libertad de empresa que también la Constitución (Art. 38) consagra”, otorgó carta de naturaleza al aspecto institucional de la libertad de enseñanza, y esa es la referencia que debemos tener al enjuiciar esta realidad.
Es decir, con el lógico respeto a los límites constitucionales, en los que por obvios no es necesario insistir, la libertad de enseñanza implica no sólo el que la titularidad de la Universidad tiene derecho a establecer un ideario y valores propios, es decir tiene derecho a , con respeto a la libertades individuales, entre las que obviamente se incluye la de cátedra, de cada uno de los miembros de su comunidad educativa , la promoción y fomento de unos principios y valores determinados, sino también a la creación de las estructuras organizativas que en su desarrollo se estimen más propicias para el cumplimiento de los fines establecidos.
Pero es que además de afectar a las libertades de enseñanza y de empresa, la introducción de estructuras de poder de naturaleza asamblearia, requeridas además de procesos electorales previos, no puede suponer otras cosa que lentitud, burocracia y en definitiva ineficacia en la gestión, de la que están intentando huir las propias Universidades de titularidad pública desde hace años.
En cualquiera de los casos, cuanto hasta ahora se ha dicho no supone el que la voz de alumno como “cliente” y acreedor de la prestación del servicio educativo, y del profesor, como miembro de los recursos humanos de la organización, no deba ser escuchada y tenida en cuenta, ya que, muy al contrario, está debe ser unos de los aspectos fundamentales no sólo a la hora de la toma de decisiones, sino también a la hora de valorar la eficacia y rendimiento de la Universidad.
Los modelos de gestión total, como el de la excelencia EFQM (European Foundation for Quality Management), ampliamente reconocido y seguido por las organizaciones de vanguardia europeas, conceden 200 puntos de los 1.000 que supondría una organización perfecta, a los resultados de los clientes, en nuestro caso, y aunque no entiendo jamás como despectivo el término cliente, a los usuarios de los servicios educativos; pero no sólo a escuchar su voz u opinión, sino, mucho más de esto, a obtener su satisfacción, y lo mismo sucede, aunque en consideración de 90 puntos, a la satisfacción de sus profesionales. Es decir casi el 30% de la medición de la eficacia, y por ello de su nivel de excelencia de la organización, depende de la satisfacción de los “colectivos universitarios”; allí se las ingeniara la Universidad para obtener los máximos niveles de satisfacción, pero desde luego es impensable obtenerla, sin escuchar su voz, y atender a todas sus preocupaciones, reivindicaciones, ideas, sugerencias, propuestas, etc.
Si esto no es participación, me pregunto que lo es, y además me pregunto, si en los sistema de dirección y administración de organizaciones, existen en las actualidad, sistemas mucho mejores, para compatibilizar participación de los interesados, con la eficacia en la gestión.
REUNION DE ASESORES JURIDICO DE UNIVERSIDADES
lostifer - 25 de junio de 2006 - 22:37 - Derecho Universitario
Acabo de regresar de Burgos donde he prologando al fin de semana, con inicio de Fiestas de San Pedro incluidas, la participación en el VII Seminario sobre Aspectos Jurídicos de la Gestión de Universidades , que en esta ocasión ha organizado la Universidad de Burgos, y en el que he tenido la oportunidad de conocer a muchos compañeros, letrados todos ellos de universidades públicas y privadas.
Aunque las preocupaciones y temas de ocupación principal, de unas universidades y otras no son siempre las mismas, si que hay un núcleo básico de temas de interés común, y en cualquier caso resulta gratificante conocer y entrar a formar parte, de un un colectivo de profesionales que preocupados por las mismas materias, se organiza, comparte y estudia los problemas comunes, tiene una convivencia más que agradable, y además se plantea el reto de constituirse como asociación, para tener personalidad y palabra propia y diferente.
http://www.ubu.es/convocatorias/seminarios/gestion_universitaria/index.htm
lostifer - 12 de marzo de 2006 - 11:04 - Derecho Universitario
Ya ha pasado más de un año desde que la nefasta disposición transitoria primera del Real Decreo 55/2.005, de 21 de enero, impidiera a las Universidades solicitar la homologación de nuevos planes de estudio, hasta tanto en cuento se aprueben los Reales Decretos que recojan las directrices generales de los nuevos títulos de grado, lo que ha traido por consecuencia que nuestro sistema universitario haya quedado congelado, con afección grave para todas las Universidadades, y en particular para las más jovenes.
Criticable, desde el punto de vista de los principios que inspiran nuestro ordenamiento jco. constitucional, es que esto se haya realizado mediante una norma jca. reglamentara del gobierno , que va en contra de otras de rango superior como la Ley Orgánica del Derecho a la Educación - todavía vigente recordemos-, ya que se impide una facultad derivada del derecho constitucional a la educación - Art. 27 -, pero todavía más criticable es que, según todas las previsiones, no va a ser hasta el año 2.007 hasta cuando se empiecen a aprobar las directrices generales de los nuevos títulos; es decir dos años van a estar las Universidades privadas del derecho de solicitar nuevos títulos, o cambiar los existentes, con el grave añadido que según dipone la citada disposición transitoria, a las Universidades les quedará sólo un año para solicitar la transformación de los viejos a los nuevos títulos. Seguramente los retrasos del Gobierno provocarán el que las Comunidades Autónomas y las Universidades soliciten la ampliación de este plazo, y la entrada con todas las consecuencias en el Espacio Europeo de Educación Superior se siga retrasando.
En Europa hace frio - foto de Copenaghe de la semana pasada-, pero parece que corren más que nosotros; será que el sol no les aturde.
lostifer - 30 de enero de 2006 - 11:14 - Derecho Universitario
Ha llegado el momento del cambio en el sistema universitario español, al curso que viene las universidades comenzaran con los estudios de Master, como el 2º ciclo oficial del nuevo sistema; curioso porque el primer ciclo, el de los estudios de grado, todavía ni se asoma, está previsto pero le queda bastante. Pero al margen de esto la cuestión es que hasta ahora la palabra Master, era una denominación no regulada, se utilizaba libremente por universidades, escuelas de negocios, y en general todo tipo de centros de formación y estudios; y era el mercado el que se ocupaba de poner a cada uno en su sitio.
De aquí en adelante sólo las universidades, y sólo para programas oficiales que deban ser aprobabos previamente por las CCAA, y que tengan como mínimo un 70% de doctores, van a poder utilizar la palabra Master. Me pregunto que van a hacer las grandes Escuelas de Negocios con sus masters - muchos de ellos de gran calidad-, cuyo profesorado lo forman gente experta de la empresa, y no de la vida universitaria; van a dejar de utilizar esa denominación, podrán utilizar la de MBA, sus respectivas CCAA les dejarán utilizar una denominación ligt, tipo Master no oficial, no homologado o cosa parecida.
De momento la de Aragón ya ha dicho que ni Master, ni postgrado, que todo lo que no sea oficial, se tiene que llamar Título o Estudios propios; no comparto el criterio porque postgrado es una denominación genérica, y no específica, pero lo acepto si va a servir para clarificar las cosas, ahora bien como otras CCAA, permitan la utilización de postgrado, o incluso de Master para estudios no oficiales, se va a montar un cachondeo, y una confusión de narices...
lostifer - 21 de enero de 2006 - 11:56 - Derecho Universitario
Han sido muchos años de lucha desde el Centro de Estudios Superiores de la Fundación San Valero pero por fin en los ultimos meses estamos cosechando algunos frutos; una vez más, el sembrar y recoger, tener fe , y poner los medios para conseguir los resultados.
El caso es que un alumno que curso el Bachelor en Gestión Medioambiental de la empresa, en el formato de cuatro años, ha conseguido la homologación de su título al grado español de licenciado; se trata de un nuevo tipo de homologación de tipo genérico, que se puso en vigor el año pasado como alternativa a la tradicional homologación a un título específico, que es más completa pero mucho más dificil de obtener dado que precisa de un examen previo de equivalencia de contenidos y cargas docentes. Aunque en los casos de estudios que no conducen profesiones no reguladas, aquellas en las que no existen colegios profesionales, y competencias específicas y exclusivas, p. ejem. los estudios en empresariales o económicas, informática, o medioambiente, etc., la homologación al grado de licenciado es casi igual que la homologación completa o de contenidos.
La homologación de grado nace del llamado proceso de Bolonia, Espacio Europeo de Educación Superior, y se regula por la legislación española que acompaño:
NORMA GENERAL. REAL DECRETO 285/2004, DE 20 DE FEBRERO, ( BOE DE 4 DE MARZO) POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES DE HOMOLOGACIÓN DE TITULOS Y ESTUDIOS EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
MODIFICADO POR EL REAL DECRETO 1.830/2.004, DE 27 DE AGOSTO, ( BOE de 31 de agosto de 2.004)
MODIFICADO POR EL REAL DECRETO 309/2.005, 18 marzo ( BOE 19 de marzo de 2.005)
DESARROLLADO POR LA ORDEN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 3886/2.004, DE 3 DE NOVIEMBRE ( BOE 15 de noviembre de 2.004)
lostifer - 11 de enero de 2006 - 18:21 - Derecho Universitario
El sistema universitario español esta como el tiempo invernal que estamos sufriendo o padeciendo según se vea, esta temporada. El Real Decreto 55/05, del pasado 21 de Enero ( BOE de 25 de enero), estableció que a partir del 1 de marzo de dicho año, las universidades ya no podrían solicitar la homologación de planes de estudios de títulos cuyas directrices generales estuvieran vigente en el momento de la entrada en vigor de ese Real Decreto, el pasado 26 de enero de 2.005. Dicho de otro modo, a partir de esa fecha ya no se podía solicitar la homologación de carreras conforme a planes de estudio "viejos", con el fin de que las universidades solicitaran la homologación de carreras conforme a planes de estudio creados de acuerdo a los nuevos parámetros, los del llamado proceso de Bolonia - Espacio Europeo de Educación Superior-, y de hecho la disposición transitoria primera obliga a las Universidades a que realicen esta adaptación a los nuevos planes de estudio, en un plazo de 3 años desde la entrada en vigor de la norma. Pero para que esto sea posible, es necesario el que el Gobierno de la administración central, apruebe vía Real Decreto, las directrices generales propias de las nuevas titulaciones.
El caso es que de esos tres años ya ha pasado - a falta de 15 días apenas- uno y, no se ha publicado ni uno sólo de estos Reales Decretos, con lo que las universidades se encuentran conque no pueden solicitar la homologación de carreras que obedezcan a planes "viejos", ni tiene planes nuevos en los que amparse, con especial incidencia claro esta, en universidades jóvenes como la Universidad San Jorge, que ha podido empezar a impartir tres enseñanzas oficiales - Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas e Ingeniería Informática-, gracias a que el Parlamento y Gobierno Aragoneses corrieron a última hora, y se aprobó la Ley de Reconocimiento apenas cuatro días antes del cierre de este plazo del pasado 1 de marzo. Cierre de plazo por otra parte completamente inconstitucional, ya que otra cosa no se puede predicar de un reglamento del gobierno que cercena el derecho de las universidades establecido en una Ley Orgánica - LOU- , a homologar sus planes de estudio, y por otra parte anula en gran medida, el derecho a un desarrollo normal de estos centros educativos superiores. No se debe olvidar que el art. 27 de la Constitución recoge también la parte activa del derecho, a educar, y no sólo la pasiva, a ser educados.
De los motivos por los que esto se retrasa tanto todo este proceso hablaremos en otro momento.
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR . Introducción.
lostifer - 28 de noviembre de 2005 - 22:50 - Derecho Universitario
Al contrario de lo que se pueda pensar, el llamado proceso de Bolonia que impulsa el Espacio Europeo de Educación Superior, no va a suponer una validez inmediata de los títulos universitarios en todos los paises incorporados a este sistema, sino es sólo el inicio de un proceso por el que los sistemas universitarios adoptan unas directrices comunes que poco a poco les irá asemejando. Es decir, ni a corto ni a medio plazo está pensando el que exista en todo el ámbito de aplicación un catalogo de títulos únicos, ni mucho menos que existan materias comunes o troncales en los títulos de todas las universidades de los paises del EEES. De momento se trata de ir introduciendo instrumentos que hagan el sistema más facilmente reconocible y comparable, a la vez que se promueven políticas de movilidad y de calidad.
El EEES ha adoptado el sistema de niveles académicos anglosajón , lo que en España supone cambiar del tradicional sistema de carreras técnicas o diplomaturas y superiores o licenciaturas, a un sistema de títulos de grado único y postgrados oficiales, en el que destaca la introducción del Master como título oficial del segundo ciclo en el sistema universitario español, mientras que el doctorado seguirá ocupando la cúpula del sistema universitario español como título de tercer ciclo. Todo esto se regulan en los Reales Decretos 55 y 56 de 21 de enero de 2.005.
Otros instrumentos del nuevo sistema son el Suplemento Europeo al título y el nuevo metodo de medición del crédito academico universitario.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 28
 Real Decreto 
 artículo 27
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto