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Timestamp: 2018-05-22 06:16:46+00:00

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El blog de José Cavero: 19 de agosto de 2012
DICE BÁÑEZ QUE ES MÁS JUSTO Y EQUITATIVO
Como cuando la reforma laboral, la ministra Fátima Báñez ha vuelto a tener abundante protagonismo, en las últimas semanas, por virtud de la norma llamada de los 400 euros, y sobre todo, de su adecuación o actualización, que, como se suponía, la modifica y, como determinan “los tiempos”, recorta de manera sustancial. Como relata este sábado el diario Abc, la ministra de Empleo desgranó este viernes los nuevos detalles del Plan Prepara que amplía en el tiempo la concesión de un mínimo de 399 euros para los parados de larga duración. El nuevo plan, tal y como lo calificó la ministra, que eludió hablar de prórroga, endurece los requisitos para los desempleados que hayan agotado la prestación por desempleo. En primer lugar, los ciudadanos que lo requieran sólo podrán ser beneficiarios del plan durante una vez en su vida y después de haber recibido el subsidio del paro durante un año. Además el solicitante deberá acreditar haber buscado activamente trabajo o haber realizado actuaciones para incrementar su empleabilidad durante el mes que transcurre desde la pérdida de otras prestaciones hasta la solicitud, tal y como ha informado Empleo. Por otro lado, no todos los parados de larga duración podrán recibir la ayuda. El «colchón familiar» será determinante a la hora de conceder la ayuda. El límite estará en que los ingresos totales de los padres no superen los 481 euros divididos por miembro familiar bajo el mismo techo. De este modo, todos los jóvenes cuyos ascendientes ganen este dinero multiplicado a partir de dos (dependiendo del número de familiares) no serán beneficiarios de la ayuda. Así, un joven que cohabite con su padre y madre y éstos ingresen entre ambos más de 1.443 euros, se quedará sin percibir la ayuda. En el caso de que sean dos los hijos, los ingresos no podrán exceder los 1.924 euros ya que al dividirlos por cabeza, obtenemos 481 euros por cada una. Si la familia es monoparental y tiene a cargo a un solo hijo, la renta no podrá sobrepasar los 962 euros para que el vástago, en caso de llevar parado más de un año y haber agotado la prestación, tenga derecho a percibir los 400 euros. No obstante, el nuevo Prepara también incluye mejoras en las prestaciones con la mirada siempre puesta en aquellos que tengan más cargas familiares. La ayuda se amplía hasta los 450 euros para los parados de larga duración con al menos dos personas a su cargo (también cuentan los ascendientes).
Recuerdan El Mundo y El País que desde su puesta en funcionamiento ha costado 1.120 millones de euros por semestre. Se han beneficiado de las ayudas (399 euros durante seis meses máximo) 500.859 personas, de las cuales 307.029 ya han dejado de recibir fondos. Menos del 8% de los beneficiarios asistió a cursos de formación para su recalificación profesional, pese a ser uno de los objetivos fundamentales del programa. Además, el 70% de los beneficiarios que ya han terminado el programa "no se ha reinsertado en el mercado laboral". De éstos, únicamente el 18% logró colocarse más de dos meses en un puesto y menos de un 1% logró un contrato indefinido. Señala El País que la idea del Gobierno es mantener los 1.120 millones de euros de presupuesto global. Por más que se le insistió en la rueda de prensa, la ministra rechazó hacer estimaciones sobre los parados que verán incrementada en 50 euros la ayuda o los que quedarán fuera con las nuevas condiciones. Dijo, no obstante, que si es preciso se pedirá una ampliación del crédito para pagar la prestación. E insistió en que los resultados del plan son “decepcionantes”, porque no han servido para que sus beneficiarios vuelvan al mercado laboral. Omitió el contexto de destrucción general de puestos de trabajo, dice El País.
El País también explica que las nuevas condiciones del Plan Prepara son más restrictivas. El nuevo plan establece condiciones más duras para que los desempleados puedan percibir esa ayuda, al tiempo que la eleva de 400 a 450 euros para personas con dos hijos a su cargo y sin que el cónyuge tenga ingresos. Esas condiciones no se aplican con carácter retroactivo, pero sí impedirán la incorporación de parados que antes sí podían percibirlo. Básicamente, no podrán percibir esas ayudas los parados que regresen al domicilio familiar, dice en un titular. De esa forma, habrá menos beneficiarios para costear el aumento de 50 euros para algunos casos. Esta ayuda solo puede cobrarse durante seis meses. El endurecimiento de las condiciones se establece por tres vías. La primera al incluir a los padres en el cómputo de los ingresos de la unidad familiar que, en ningún caso podrán superar los 481 euros por persona, es decir, el 75% del salario mínimo. Ahora ya existe ese límite, pero la diferencia es que no se tenían en cuenta los ingresos de los padres. Desde ahora sí se computarán, de tal forma que al dividirlos entre el número de miembros de la unidad familiar no deben pasar de 481 euros mensuales. El Gobierno explicó que esta ayuda es casi de última instancia y ahora se pretende con nuevas condiciones hacerla “más equitativa y justa”, incluyendo la referencia a lo que denomina el “colchón familiar”. Es decir, que para un joven desempleado ya existe la protección familiar si sus padres están activos y tienen ingresos superiores al límite establecido. El Gobierno habla de “la falta de vinculación en algunos supuestos de los beneficiarios del programa con las situaciones de mayor necesidad” para justificar el cambio legal. Para establecer esta condición, el Gobierno cruzará los datos de dónde están empadronados los parados. Esta condición ya estaba en el llamado Prodi, el plan que estuvo en vigor hasta 2011 y que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sustituyó por el Plan Prepara, eliminando la referencia a la renta de los padres para contabilizar el límite de ingresos para percibirlo. La otra vía para endurecer los requisitos en el nuevo decreto es la de aplicarlo sólo a parados de larga duración. Hasta ahora lo podían cobrar todos los parados que hayan agotado todas las prestaciones, sin establecer límites en función del tiempo que se lleve en el paro. Con el decreto aprobado este viernes, sólo será para parados de larga duración, es decir, los que lleven 12 meses en el paro, de los últimos 18 meses, y que no tengan cargas familiares. Para esa consideración de carga familiar basta con que tenga un hijo a su cargo. Por esta vía, se eliminan también potenciales beneficiarios de la ayuda. La última condición tiene que ver con la denominada empleabilidad, es decir, la obligación de acceder a ofertas de empleo o de realizar cursos. El Gobierno exigirá que los parados que cobren la ayuda 400 euros hayan buscado trabajo durante un mínimo de 30 días después de dejar de percibir la prestación o subsidio por desempleo y presenten un certificado de su comunidad o Ayuntamiento que detalle si tienen concedido otro tipo de asistencia. En este momento, la norma también habla de cursos de orientación que, como explicó Báñez, se refieren a charlas sobre cómo hacer currículos o similares, pero no orientados a encontrar empleo. Ahora, el decreto hablará de cursos de formación que tendrán que realizar obligatoriamente los parados que reciban la ayuda.
El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, reaccionó a través de Twitter al decreto, asegurando que “seguiremos presionando para que los 400 euros los reciban todos los que lo necesiten y el programa se mantenga mientras dure la crisis”. Y en cuanto al tratamiento que las nuevas normas reciben este sábado en la prensa, son muy variadas: El País dice que Empleo endurece las condiciones y que la renta de los padres será fundamental. El Mundo dice que Báñez mantiene los 400 euros aunque no sirvan para lograr un empleo. Titula ABC “el Gobierno supedita la ayuda de los 400 euros a los ingresos de los padres. La Vanguardia destaca que los parados con ayuda paterna no cobrarán los 400 euros y que la prestación, con límite de seis meses, se percibirá una vez en la vida. También La Razón destaca que el Gobierno condiciona la ayuda de los 400 euros a la renta de los padres y que los beneficiarios tendrán que demostrar la búsqueda activa de empleo Y en La Gaceta: “Las rentas de padres y abuelos condicionarán que los parados cobren la ayuda de los 400 euros. Y que Báñez dice que es más justo y se gana en equidad…
No opinarán lo mismo quienes se vean “tachados por el nuevo recorte”…
FERNANDEZ ARREMETE DURAMENTE CONTRA SU ANTECESOR EN EL CARGO
Mayor, con apoyo de Aguirre, vuelve a armarla por causa de ETA
Son conocidas las posiciones radicales que mantiene el ex ministro Jaime Mayor Oreja en relación con la política del Gobierno sobre ETA y sus actuaciones, que habitualmente le parecen insuficientes y tibias. Con el PSOE de Zapatero, antes, y con el PP de Jorge Fernández, ahora, Mayor mostró su abierta discrepancia y siempre se puso del lado de las asociaciones de víctimas del terrorismo, más exigentes que lo que ningún gobierno puede serlo. Ahora sucede lo mismo: el ministro del Interior, Jorge Fernández, respondió este jueves con extrema e insólita dureza a las críticas contra la decisión de excarcelar al etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga y, especialmente, contra Jaime Mayor Oreja, portavoz del PP en el Parlamento Europeo. Fernández, en el tono vehemente que suele emplear, y dejando claro su malestar por las críticas del exministro del Interior, aseguró tajante que el Gobierno se limitó a cumplir la ley y que no actuar como lo hizo hubiera supuesto prevaricar, es decir, dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son. Llegó a decir que esas críticas “sirven a ETA”. Señala El País que “no se recuerda un ministro del Interior contraponiendo su gestión con la de un antecesor en el cargo y menos siendo los dos del mismo partido”, pero recuerda que Mayor Oreja ha encabezado casi siempre, y también estos días, a un sector radical del PP y de medios afines que ha cuestionado la actuación del Gobierno y llegó a asegurar que las decisiones de Fernández Díaz favorecen a ETA. “el ministro del Interior se revuelve contra Mayor por el caso Bolinaga”, dice su titular de portada. Y cuenta que Fernández respondió con extrema e insólita dureza a las críticas, especialmente las de Mayor Oreja, una posición ala que se sumó este jueves, tampoco sin excesiva sorpresa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien aseguró que ella no hubiera tomado esa decisión y cuestionó el dictamen médico que asegura que el etarra tiene una enfermedad incurable y no le da más de un año de vida. Cabe recordar que sobre esas críticas, el Gobierno y el PP han mostrado estos días su preocupación por el hecho de que puedan calar entre las bases del partido y por lo que suponen de anticipo de la posición del sector histórico de los populares y el vinculado a José María Aznar. Pues bien, el ministro Fernández, que se pronunciaba públicamente por primera vez sobre este caso, dejó de lado las críticas procedentes de las víctimas del terrorismo. Según dijo, entiende esas objeciones y comprende la sensibilidad de las víctimas, pero, explicó, el Gobierno “no actúa desde el sentimiento, sino sometido al imperio de la ley”. Al resto de críticas respondió con dureza, en particular a una pregunta que incluía expresamente la referencia a Jaime Mayor Oreja, su compañero de partido. Primero repitió que es una decisión “dolorosa” que hubiera preferido no tener que tomar, por los antecedentes del etarra, pero argumentó que, una vez recibida la petición del juez, no había más remedio que acceder al tercer grado previo a la libertad condicional. Explicó que no es una decisión discrecional, porque aunque el reglamento penitenciario usa el verbo “podrá”, los antecedentes van todos en esta dirección y la “discrecionalidad se convertiría en arbitrariedad”. Su respuesta estuvo plagada de referencias implícitas a lo que hizo Mayor como ministro del Interior, recordando que con este mismo procedimiento y la misma aplicación de la ley, distintos Gobiernos "han puesto en libertad a 23 etarras, 18 de ellos en la primera legislatura del PP". Esto es, cuando el máximo responsable de la política penitenciaria era Jaime Mayor Oreja, ahora una de las voces contrarias a la concesión de la semilibertad a Uribetxeberria. De las 23 libertades condicionales de presos enfermos concedidas, 18 de ellas lo fueron entre 1996 y 2000, cuando ocupaban el cargo Mayor Oreja, Mariano Rajoy y Ángel Acebes. Es decir, que el actual portavoz del PP en Estrasburgo tomó la misma decisión en situaciones similares. Fernández recordó también que desde que es ministro han sido detenidos 23 etarras, “más que durante la tregua trampa”, una expresión utilizada en su momento por Mayor Oreja para minimizar el alto el fuego temporal de 1997. En esa época acercaron al País Vasco a 135 presos etarras, mientras que Fernández Díaz aseguró que, desde que es ministro, sólo se ha trasladado a cárceles vascas a dos presos y otros 37 han sido dispersados. También recordó Fernández que el reglamento aplicado es del año 2000, precisamente cuando el ahora portavoz del PP en el Parlamento Europeo era ministro del Interior, y que ese reglamento define lo que debe entenderse por enfermedad terminal. “Eso solo se puede decir desde la mala fe o el desconocimiento”, aseguró el ministro del Interior sin abandonar en ningún momento el tono vehemente que le es propio. “El Gobierno no actúa en función de la estrategia de ETA o porque los presos hayan teatralizado una huelga de hambre o un ayuno, y que se diga que hemos cedido al chantaje es ofensivo, supone manipular la realidad y seguir su estrategia”, replicó el ministro con dureza. Y reclamó que no se entre en la campaña de ETA y su entorno, esforzándose en dejar al margen de sus palabras a las víctimas del terrorismo.
El diario El Mundo destaca este asunto como el de mayor relieve del momento: Fernández cice que serí un delito no liberar a Bolinaga”, es su titular, sin hacer referencia a Mayor Oreja, anque wsí Aguirre: Esperanza Aguirre se suma a los críticos (Mayor Oreja) y dice que ellano le habría excarcelado.
En el diario La Razón, habitual portavoz del Gobierno pero que suele amparar las posiciones más radicales del PP, se destaca este viernes la frase del ministro que «Es doloroso tener que aplicar la Ley a un etarra tan sanguinario que no ha pedido perdón por los delitos que cometió». Y asegura que el titular de Interior mostró su absoluta comprensión tanto a la sociedad en general, como al colectivo de víctimas del terrorismo, al que el Gobierno «tiene total respeto y entendimiento» y al que dijo haber comunicado dos días antes su decisión, pero afirmó que el objetivo principal es «vivir sin ETA y no contra ETA», para lo que utilizarán todos los elementos posibles que estén en el marco de la legalidad, hasta conseguir su total desaparición. Y expresó el malestar que le produce tomar esta decisión, pero también afirmó que el deber de su departamento es cumplir la Ley para «no desnaturalizar el Estado de Derecho», aunque, en ocasiones, se pueda discrepar. «No gobernamos con los sentimientos, gobernamos con la ley» manifestó. La decisión de proponer el tercer grado se fundamenta en dos pilares, el primero de ellos es una iniciativa judicial que insta al Ministerio de Interior a tomar esta decisión, y la segunda lo conforma un informe del Hospital Donostia de San Sebastián en el que está ingresado el etarra, que determina la situación extremadamente grave y por la que los médicos han diagnosticado que tiene que ser tratado fuera de la enfermería penitenciaria al tener una esperanza de vida no superior a los 12 meses. «Estamos todos sometidos al imperio de la ley, aunque discrepemos» afirmó el ministro. Lo cierto es que estas leyes también son conocidas por la izquierda abertzale y, a juicio del titular de la cartera de Interior, no cabe la menor duda de que «pretenden hacer campaña de ello, mostrándolo como un éxito propio», cuando la realidad es que se está cumpliendo escrupulosamente la normativa.
Recoge también la controversia el diario La Vanguardia, que cuenta que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha calificado de "ofensivo" pensar que el Gobierno haya podido ceder al chantaje de ETA al conceder Instituciones Penitenciarias el tercer grado al preso etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga. El titular de Interior se defendía, de este modo, de las críticas al Gobierno vertidas especialmente desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo y otros indicaba que al Gobierno "le ha dolido mucho" tenerlo que hacer, y en este sentido, ha dicho comprender el sentir de las víctimas. Sin embargo, ha señalado que el Gobierno no ha podido hacer nada más al respecto porque, de lo contrario, hubiera incurrido en un delito de prevaricación. "Podemos discrepar, pero todos estamos sometidos al imperio de la ley", dijo. "No gobernamos con los sentimientos, gobernamos con la ley", afirmó el ministro. "Y si no nos gusta, que se cambie la ley", añadió el titular de Interior, que ha mostrado su respeto y comprensión hacia las víctimas del terrorista, a las que había informado con anterioridad de la decisión de Prisiones. Jorge Fernández, además, se mostró muy duro con la izquierda abertzale a quien ha acusado de hacer campaña electoral con este asunto.
En cuanto a ABC, destaca en recuadro la frase de Aguirre: El tercer grado a Bolinaga es legal, pero yo no se le hubiera dado”, dijo la presidenta. Y señala ABC que no es nuevo que ETA recurra al victimismo como estrategia para lograr fines políticos. Si el aún lendakari Patxi López apuntó allá por abril la importancia de una política penitenciaria «inteligente» hacia los presos de ETA para «evitar» que la banda y su entorno se presentasen como «víctimas», el líder del PP vasco Antonio Basagoiti le advertía que la izquierda abertzale «crece cuando se le dan razones con sus presos». «La izquierda abertzale sabe cómo capitalizar cualquier oportunidad que se le brinde de reforzar su imagen de víctima de una persecución del Estado español», dice el corresponsal del diario británico The Guardian en España, Giles Tremlett, en un libro en el que retrata, entre otros asuntos, el problema de ETA. En fin, La Gaceta también presta atención a la controversia en el seno del PP: Fernández Díaz recrimina a Mayor Oreja que él también liberó a terroristas de ETA, cuenta en su portada…
A lo mejor esta vez Fernández tiene la virtud de acallar a Mayor y Aguirre, a un tiempo…
LAS NUEVAS CONDICIONES PARA LOS BENEFICIARIOS
La letra pequeña de los 400 euros a parados de larga duración
Poco a poco, los diarios han ido conociendo y divulgando lo que el Gobierno se propone hacer en la cuestión muy debatida en las últimas semanas de la subvención de 400 euros a los parados de larga duración. En esencia, se va sabiendo lo que este jueves revelan El País, La Vanguardia, Diario Crítico, El Mundo….O sea, según la expresión de El País, “lo que se le dará de más a unos parados se le quitará a otros, y así se mantendrá el mismo presupuesto global para los desempleados de larga duración”. Según esta información, el Gobierno elevará a 450 euros la prestación para parados sin otros ingresos y con cargas familiares, pero a costa de quitar la ayuda a otros desempleados endureciendo los requisitos. Recuerda este diario que el lunes, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció la subida de 400 a 450 euros para parados con dos personas a su cargo y cónyuge sin ingresos, pero no incluyó, en su mensaje institucional y sin preguntas, que el cobro de la prestación tendría condiciones más duras para los nuevos beneficiarios. El miércoles, en cambio, lo explicó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, pero añadiendo que la medida que se aprobará el viernes está todavía en estudio y aún no han sido cerrados los detalles. En esa letra pequeña, que la ministra no mencionó siquiera y la vicepresidenta sí apuntó, está la cruz de la medida que ultima el Ejecutivo. Entre esos detalles estará endurecer las condiciones de acceso para quitar la prestación a quienes ya tengan determinados ingresos familiares. Según explicó, esa prestación es una “ayuda de última instancia” y va destinada casi a garantizar la subsistencia de parados de larga duración. Añadió que se trata de hacerla más justa y equitativa, y que podría ser denegada para jóvenes que formen parte de unidades familiares en las que sí haya ingresos elevados. Fuentes del Gobierno afirman que es una forma de fraude que jóvenes cobren los 400 euros y lo usen para pagar cursos o másters, mientras siguen en domicilios familiares con otros ingresos. Fuentes del Gobierno aseguran que se trata de tener en cuenta el llamado “colchón familiar”. En este momento, para cobrar esa prestación se exige que los ingresos familiares divididos entre el número de miembros no superen el 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 481,05 euros mensuales, pero no se computan los ingresos de los padres. La intención del Gobierno es que en el nuevo decreto sí se tengan en cuenta esos ingresos, tal y como expuso el miércoles la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, a los representantes de CC OO y UGT, Paloma López y Toni Ferrer, respectivamente. Hidalgo rechazó la pretensión de los sindicatos de hacer permanente la prestación. La vicepresidenta, a su vez, aseguró, en conversación con periodistas en la sede del BOE, que en este momento hay un solapamiento de prestaciones en beneficiarios de los 400 euros. Aunque no se han cerrado los detalles, Saénz de Santamaría descartó establecer baremos, por su complejidad técnica y la única escala será la de los 50 euros mensuales añadidos para quienes tengan dos personas sin ingresos a su cargo y un cónyuge que no declare tampoco salarios ni prestaciones. La número dos del Gobierno explicó también que el decreto incluirá condiciones de empleabilidad, es decir, exigencias más duras para que esos parados no puedan rechazar cursos u ofertas de empleo. Ahora ya se exige aceptarlos, pero el Gobierno busca fórmulas para endurecer los requisitos. “Mayor rigor” fue su expresión. Reiteró que no se destinará más dinero a lo que se conoce como Plan Prepara y, por eso, el sobrecoste por la ayuda adicional debe salir de la reducción de beneficiarios. Tanto las nuevas exigencias como el aumento de la cuantía serán para nuevos solicitantes, no para los que ya la reciben. En fin, cree saber El País que el Gobierno no ha cuantificado el número de personas a las que afectará la supresión de la prestación y la subida a los 450 euros. El Plan Prepara fue aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora termina su vigencia. Rajoy anunció in extremis su renovación, antes de que miles de parados de larga duración quedaran sin ingresos. En otro lugar de su edición de este jueves, su portada, El País sintetiza que el Gobierno ya ha comunicado a los sindicatos UGT y CC OO, según informaron éstos, que tiene previsto eliminar la ayuda de 400 euros a aquellos parados que han agotado la prestación pero viven con sus padres y éstos tienen recursos suficientes. Esta modificación respecto al Plan Prepara vigente reduciría el número de beneficiarios, algo que sugirió la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para compensar el mayor gasto que implicará elevar a 450 euros la ayuda a los parados con más cargas familiares.
Ahora queda por saber el coste total de esa ayuda de “los 400 euros”, que se había estimado en 500 euros, y si en ese coste último no habrá incidido el recorte del ministro Montoro, como se llegó a sospechar, para facilitar el cumplimiento del déficit público…
Por su parte, señala la información de La Vanguardia que el Gobierno quiere evitar que la prestación de 400 ó 450 euros, según los casos, del nuevo Plan Prepara, se solape con otras ayudas y buscará, en la reforma de este programa, que llegue en primer lugar a quienes no tienen ningún otro ingreso. Cita también como fuente a Sáenz de Santamaría, quien también ha asegurado que no habrá sobrecoste en esta prórroga, a pesar de que la prestación subirá a 450 euros para los beneficiarios con cargas familiares. No habrá más coste porque se va a "reorganizar" el programa, de forma que se "definan bien" las situaciones de necesidad de los demás colectivos, así como el "circuito" que tienen de otras posibles ayudas, "que las hay", señaló la vicepresidenta en una conversación informal con los periodistas. Tampoco habrá nuevos tramos de la prestación, es decir, se mantendrá la de 400 euros y se sube a 450 para quienes tengan a su cargo, al menos, a dos miembros de la unidad familiar, además del cónyuge o pareja de hecho. Tras reconocer que los casos para la prestación de 450 euros son fácilmente demostrables, ha insistido, sobre el resto, en que el programa debe llegar a quien de verdad lo necesite, a los colectivos que se pueden quedar "sin nada". Preguntada por la sugerencia que hizo el PP de retirar la ayuda a quienes tienen soporte familiar , como los jóvenes que viven con sus padres, la vicepresidenta subrayó que lo que el Gobierno quiere es "analizar bien el itinerario de gente cubierta también por otros ámbitos". Además, Soraya Sáenz de Santamaría insistió en que se va a buscar "más rigor en la empleabilidad" y se pretenden reforzar los métodos de búsqueda de empleo y la formación para los beneficiarios de este programa.
La versión del diario El Mundo, como en algún otro medio informativo se aporta como efecto del encuentro del Rey con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Zarzuela, donde celebraron su primer despacho tras las breves vacaciones de ambos, centrado en las perspectivas económicas de España y las iniciativas del Ejecutivo en la actual coyuntura. Relata este diario que Don Juan Carlos dio la bienvenida a Rajoy en el Salón de Audiencias del palacio muy sonriente, con un cordial apretón de manos, y, aparentemente sorprendido por el gran número de informadores presentes, especialmente gráficos y de televisión, les preguntó, en tono de broma: "¿No tenéis nada que escribir?". Luego, señala que el Monarca y el presidente del Gobierno intercambiaron unas primeras palabras, en tono distendido, sobre el calor de estos días en Madrid y el tiempo en Galicia, donde Rajoy pasó unos días de vacaciones, y, tras posar juntos para los medios gráficos, el Rey invitó al jefe del Ejecutivo a pasar a su despacho para dar comienzo a la reunión, que ha durado 50 minutos. Revela a continuación que, en ese contexto, tuvieron oportunidad de abordar las medidas económicas que proyecta tratar este viernes el Consejo de Ministros, entre ellas la aprobación de las modificaciones del Plan Prepara, que elevará de 400 a 450 euros mensuales las ayudas para los parados con más cargas familiares, y el estudio del real decreto que reformará el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB). Cree saber El Mundo que ese real decreto, cuya aprobación puede quedar aplazada al siguiente viernes, establecería, además, nuevas normas para la venta de productos financieros como las participaciones preferentes y regule las líneas generales de la Sociedad de Gestión de Activos, el conocido como "banco malo", al que las entidades que reciban ayudas deberán traspasar sus créditos problemáticos.
Relata Diario Crítico, de manera parecida, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, analizó con el Rey, la tarde del miércoles, la reforma en el funcionamiento de la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración que prevé aprobar este viernes el Consejo de Ministros. Añade que junto a los temas que tratará la primera reunión del gabinete de Rajoy tras las vacaciones de agosto, entre los que se incluye esa reforma de la ayuda de 400 euros a parados, el Rey y el presidente del Gobierno también comentaron otros asuntos de política internacional y de actualidad económica
En resumidas cuentas, pervivirá esa subvención llamada de los 400 euros, pero aún está por ver cuál es la cuantía definitiva y con qué criterios se distribuirá, pero serán muy distintos a los que estaban vigentes hasta el 15 de agosto.
Publicado por El blog de José Cavero en 2:39 No hay comentarios:
PATXI CONFIA EN SEGUIR SIENDO IMPRESCINDIBLE
Patxi López disuelve el Parlamento vasco y convoca elecciones
Nada anormal, y todo perfectamente previsible es lo anunciado este martes en Euskadi: a punto de concluir el mes de verano oficial, el lehendakari Patxi López reconoce la debilidad de su gobierno, tras el abandono del apoyo con el que contó del PP, y decide cambiar de página, y acaso proporcionar grandes titulares. De modo que lo que se sospechaba que ocurriría inevitablemente desde el momento en el que Basagoiti decidió terminar con su apoyo al PSE. Recuérdese, el PP vasco retiró el apoyo a López a raíz de su oposición a los recortes de Rajoy y la presentación de un recurso contra los decretos en sanidad y educación- Finalmente lo previsible ha ocurrido, y el Parlamento vasco quedará disuelto, previsiblemente, el próximo 29 de agosto, y el 5 de octubre comenzará la campaña electoral para la celebración, el 21 de octubre, de las elecciones autonómicas vascas de forma anticipada. El actual mandato del lehendakari Patxi López y el Gobierno del PSE-EE finalizaba oficialmente en marzo de 2013, con lo cual el adelanto es de unos pocos meses. ¿Por qué ahora, sin esperar más tiempo? "Creo que es el momento de convocar elecciones porque hemos adoptado buena parte de las medidas para hacer frente a la crisis", dijo el lehendakari para justificar el adelanto, después unos meses de incertidumbre derivada de la ruptura, el pasado mayo, del pacto de gobierno con el PP. Ahora, en plena batalla contra la política económica de Rajoy, López ha esgrimido como primer motivo para el adelanto de los comicios el derecho de los vascos a decidir cuál es el "modelo" que quieren para salir de la crisis. Patxi López ha defendido su gestión y ha asegurado haber puesto ya en marcha las "bases para la reactivación económica" y para garantizar que "los colectivos más desfavorecidos no sufran las consecuencias de la crisis". También ha indicado que, con la celebración de las elecciones en octubre, cuatro meses antes de lo previsto, el nuevo Gobierno vasco podrá elaborar unos presupuestos para 2013 con unas políticas para hacer frente a la crisis avaladas por las urnas. Posiblemente lo más relevante de su discurso fue su afirmación de que ha cumplido durante su mandato con los objetivos marcados al inicio de la legislatura, recalcando el fin del terrorismo de ETA como uno de los momentos más importantes de estos cuatro años. La jornada de reflexión, el 20 de octubre, coincidirá precisamente con el aniversario del anuncio de ETA del cese definitivo de la violencia. "Hemos cumplido lo que prometimos. Hemos terminado con el terrorismo, hemos devuelto la normalidad a Euskadi dejando atrás la crispación de los anteriores gobiernos y de las pugnas identitarias y hemos garantizado un elevado nivel de servicios públicos y demostrado que se puede salir de la crisis con un modelo propio de austeridad, pero de incentivos a la economía", dijo, y explicó que la decisión de adelantar los comicios ha sido muy meditada y responde al ambiente preelectoral "creado por los demás partidos" que imposibilita una nueva etapa de grandes acuerdos para ciudadanía vasca. Tras indicar que el Gobierno "no va a parar" hasta el día de las elecciones, insistió en la necesidad de que el próximo Ejecutivo vasco lleve a cabo reformas que abarquen el modelo fiscal, la "arquitectura institucional" y las políticas sociales para "hacerlas sostenibles con la implicación y colaboración de todos". "Hasta ahora ha sido imposible porque PNV y PP han preferido utilizar sus instituciones para torpedear esto", dijo en directa crítica a su exsocio Basagoiti. Pero hubo más críticas, como la frontal oposición a los recortes del Gobierno de Rajoy, y a la oposición que ha hecho el PNV desde las instituciones que gobierna, Diputación de Bizkaia, para impedir una Euskadi más justa en lo fiscal- El lehendakari ha apostado por un futuro que mantenga las señas de identidad que han caracterizado estos cuatro años. Una forma de hacer, que según ha dicho, que ha convertido a Euskadi en la comunidad más solvente, en la que confían no sólo las entidades financieras de la UE, con un crédito del BEI de 460 millones, sino la propia administración central, que ha dado luz verde al plan de reequilibrio. “Vamos a cumplir a rajatabla el objetivo de déficit del 1,5% y vamos a luchar para que los más desfavorecidos no tengan que pagar los medicamentos, con un decreto que vamos a poner en marcha”, garantizó también, insistiendo en que Euskadi es la comunidad autónoma "más solvente", y advirtiendo de que los anuncios de "falta de liquidez" o de "endeudamiento desmesurado" son totalmente "falsos". Destacó además la labor de su Gobierno estos cuatro años, pese al contexto de dificultades en el que se ha desarrollado. "Hemos sufrido la amenaza directa de ETA, una crisis durísima y una oposición basada desde el primer día en la descalificación", dijo.
¿Qué sucederá en las elecciones del mes que viene? Con toda probabilidad dibujarán un reparto de fuerzas parlamentarias muy distinto al actual debido a la presencia de la izquierda abertzale, que concurrirá en los comicios junto a EA, Aralar y Alternatiba bajo las siglas de EH Bildu. Ahora mismo, las encuestas sitúan al PNV como fuerza más votada en Euskadi, aunque seguido muy de cerca por la coalición abertzale. El PNV ganaría las próximas elecciones autonómicas en el País Vasco, pero con una leve ventaja sobre Euskal Herria Bildu (EHB), nunca superior a dos escaños. Así lo indica el último Euskobarómetro, sondeo semestral realizado entre los días 8 y 24 de mayo, cuando aún la coalición abertzale no había presentado a su candidata a lehendakari, Laura Mintegi. De modo que estos comicios confirmarían unos nuevos equilibrios en los que el PSE se convertiría probablemente en la fuerza clave. Esa es la gran esperanza de Patxi y el escenario que le reafirma en la línea política que lleva marcando desde que Rajoy comenzó con los recortes. “Hay decisiones que tendrían que haberse adoptado para impulsar la economía y no se han dado, porque el PNV y el PP no han querido”, insisten dichas fuentes. Ambas formaciones, que controlan dos de las tres Diputaciones, Bizkaia el PNV y Álava el PP, llevan meses bloqueando todos los intentos de los socialistas de aumentar los ingresos por la vía fiscal. El Gobierno depende para elaborar sus presupuestos del dinero que recauden las tres instituciones forales y peneuvistas y populares, bajo la bandera de la “foralidad”, han vetado, tanto en las Diputaciones como en el Parlamento, los intentos de López de adoptar medidas que le situaran en una mejor posición para hacer frente a la crisis. Patxi López confía en que se valore el trabajo realizado en la difícil legislatura que sus adversarios le fuerzan a dar por concluida…
Ciertamente, éste es uno de los grandes asuntos de este miércoles, en la prensa escrita, sólo “combatido” por la pelea de Montoro y Soria por las tarifas eléctricas. Titula El País “el adelanto electoral vasco agita un otoño marcado por el rescate. Los sondeos aseguran una batalla entre PNV y Bildu. Euskadi celebrará sus primeros comicios sin la amenaza de ETA” . El Mundo proporciona un titular de difícil comprensión: “López adelanta unos comicios en los que ETA basa su proyecto”. ABC: López se arroga el final de ETA como el mayor logro de la época democrática. La Vanguardia: López convoca a los vascos a elegir el modelo para salir de la crisis. El Periódico de Cataluña: Los vascos elegirán a su lendakari por primera vez sin ETA. Dice López: Es momento de buscar nuevos acuerdos. Y en La Razón, con el anuncio de elecciones anticipadas, una especie de chiste de dudoso gusto: asegura que los consejeros de López se autodenominan, de puertas adentro, como “el gobierno del grillo”, porque se han pasado la legislatura haciendo “cri-cri-cri”: crisis, crimen y crispación…
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NUEVOS RECORTES EN EL GOBIERNO Y LAS AUTONOMIAS
Los fuegos que debe aplacar el Gobierno
Algunos analistas no dudan en delarar que ha concluido el tiempo estrictamente vacacional, una vez que elpresidente Rajoy y sus los minstros han recuperado su despacho y sus tareas. El agosto de los incendios, cabe esperar, irá quedando atrás, después de un recuento desolador que debería mover a todo tipo de responsables a adoptar decisiones para evitar lo que hemos padecido en las últimas semanas; incendios provocados, descoordinación de efectivos, intercambio de acusaciones por inoperancia a la hora de sofocar los fuegos... Desde luego, si toda la respuesta sancionadora a quien quema un monte por arrojar colillas desde el coche es quitarle cuatro puntos, es una respuesta ridícula, y a todas luces insuficiente. Curiosamente, el ministro de Defensa ha señalado que "el invento" de Zapatero llamado UME, Unidad Militar de Emergencias, está resultando un magnífico y útil invento. Dice ABC que la UME ha cuadriplicado su tarea contra incendios "en el verano más crítico". Vaya: empiezan a reconocer algún mérito al innombrable Zapatero...
Pero es evidente que el Gobierno de la nación tiene, además de ése, otros fuegos que sofocar. Por ejemplo, dar respuesta a la urgencia del Govern de la Generalitat, urgido a atender sus muchas deudas. Asegura La Razón que Cataluña pedirá a Rajoy un anticipo para afrontar pagos urgentes y evitar el colapso. Y que, en concreto, burca recursos para poder pagar los conciertos con los hospitales. La Generalitat, curiosamente, al mismo tiempo que pide, exige y amenaza, blandiendo la bandera catalanista e independentista. Curiosamente, sus muchas emplea deudas las utiliza para reclamar más fondos propios y la plena autonomía financiera llamada ahora pacto fiscal. En otras autonomías es igual de evidente que deberán continuar los "ajustes finos": Cospedal prescinde de casi la mitad de los interinos, según cuenta ABC. O como interpreta El Mundo, Cospedal echará a casi la mitad de los interinos. El País también ofrece esa información"algo más cruda": El Gobierno de Cospedal precé el despido de cientos de interinos. Se cuenta, asimismo, en El País que Valencia prohíbe a sus médicos atender a sin papeles en horario laboral...
Sin duda, la autonómica es parte de la batalla presupuestaria a la que deberá enfrentarse el Gobierno sin pérdida de tiempo. Es evidente que de ahí tienen que proceder muchos más ajustes y nuevos ahorros de gastos.
Como de cualquier departamento ministerial. Relata este martes La Vanguardia que la mayoría de los ministros y sus equipos ya se han puesto manos a la obra para intentar cuadrar el presupuesto de este año, tral recorte ecxtra de 600 millones de euros que quedó ya aprobado a finales de julio, pero también para buscar de dónde recortar de cara al próximo año. Las transferencias por programas y servicios a otras administraciones o instituciones y los gastos de personal, se asegura, serán nuevamente las víctimas. Y ofrece algunos datos del problema: el plan presupuestario para los ejercicios 2013 y 2014 remitido a la Unión Europa cifra en 4.300 millones de euros el recorte en el gasto de los ministerios. Los ministros empiezan a reconocer en privado que no saben de dónde ahorrar para cumplir con esa previsión y temen que no sea siquiera el último ajuste, ya que un rescate a España, como el que se prevé para septiembre u octubre, puede obligarlos a incrementar esa cifra. Añade la información de La Vanguardia que el gasto de los ministerios ha ido adelgazando a pasos agigantados desde que, en mayo del 2010, José Luis Rodríguez Zapatero presentó el primer plan de recortes para reducir el déficit. Desde entonces, el recorte no ha parado. En tres años, la capacidad de gasto de los ministerios se habrá reducido un 30%. O lo que es lo mismo, de los 79.209 millones de euros, gasto global de los ministerios en los presupuestos del 2011, a los apenas 61.000 millones de euros que se fijarán en los próximos, que los ministros deben elaborar en septiembre. Pero es que esos 79.209 millones del 2011, ya suponían un 6,7% menos que en el 2010. Rememora luego el estado de cosas: En el recorte de los presupuestos del 2012 el departamento más afectado fue el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que dirige José Manuel García Margallo, que tuvo una disminución de un 54,4% de su presupuesto de gastos, a cuenta, sobre todo, del recorte en las partidas de cooperación. El decreto de no disponibilidad de gasto aprobado el pasado julio volvió a reducir el presupuesto en un 10%. Con el tijeretazo de julio, los peor parados fueron los ministerios de Economía, Hacienda, Industria y Agricultura, que vieron recortados sus gastos en un 20% aproximadamente cada uno. También fueron los que sufrieron los principales recortes en los presupuestos del 2012 aprobados tan sólo tres meses antes. Pero la palma se la lleva el Ministerio de Fomento, que al recorte del 34% que sufrió en los presupuestos añade ahora otros 156 millones de euros, más del 40% del dinero que se le había asignado hace tres meses para sus gastos. Recuerda, asimismo, que cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa, en diciembre del 2011, ya ordenó la no disponibilidad de gasto por valor de 8.900 millones de euros, la mayoría de los cuales provenían de Fomento, Industria, Economía, Exteriores y Hacienda. Y señala que de
los recortes no se han salvado siquiera, y pese a loas promesas, los ministerios de Educación y de Sanidad, que en los presupuestos del 2012 vieron reducido su dinero para gastos en un 21% y un 31%, respectivamente. En el nuevo recorte de julio la disminución ha sido del 17% y el 10%, respectivamente. Pues bien, en la nueva reducción para el año que viene, el Gobierno pretende que los recortes se produzcan, sobre todo, en menores transferencias, así como una reducción de 600 millones de euros en gastos de personal, que no tiene nada que ver con otra posible medida sobre el sueldo de los funcionarios, sino que se basaría en la amortización efectiva de plazas. Lo que el Ejecutivo pretende, según fuentes gubernamentales, es una revisión exhaustiva de todas las transferencias corrientes y de capital que gestionan los ministerios, de forma que se pueda producir un ahorro en estos capítulos de gasto en torno al 25%. Asegura la misma información que la inquietud se ha apoderado de los equipos ministeriales, que tendrán que cuadrar en pocos días esos complicados y restrictivos presupuestos, que deberán contener recortes por un lado y mantenimiento del gasto social por otro.
Primerta tarea urgente: La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cityó para este mismo martes en la Moncloa a los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro; de Empleo, Fátima Báñez, y al jefe de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal, para perfilar las condiciones que se impondrán para el cobro de los 400 euros para parados de larga duración. Es evidente que el Gobierno quiere subrayar la importancia que Rajoy le da a esta medida social, a pesar de los recortes...
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BENEVOLENCIA PARA LOS HUIDOS Y MANO DURA PARA LOS NUEVOS TERRORISTAS
Prisión perpetua revisable (mínimo, 30 años), desde el mes que viene
En materia de lucha contra el terrorismo etarra, está visto que no todo está ya visto, ni mucho menos. Si este domingo aseguraba el diario El País, que el Ministerio del Interior quiere ofrecer a los miembros huidos de la banda terrorista ETA la posibilidad de volver a España, siempre y cuando se desvinculen de la organización., y que, en principio, aquellos reclusos sin procedimientos judiciales abiertos, sobre los que no exista una orden de busca y captura, si dieran el paso de alejarse de ETA, podrían volver sin temer que se les impute un delito de pertenencia a banda armada, este lunes, en cambio, el diario La Razón anuncia la cara más áspera de la mucha lucha contra ETA: empieza recordando lo que ya anunció, recién aterrizado en el Ministerio del interior, el ministro Ruiz Gallardón, a saber, la muy probable instauración de la prisión permanente revisable para delitos de especial gravedad, «supuestos muy restringidos» que hayan alcanzado «el máximo grado de repulsa social», aunque en aquel momento del anuncio Gallardón no concretó los mismos ni, por tanto, a quiénes se les podría imponer tales penas. Sí lo hizo poco después, en el transcurso de un desayuno informativo, cuando ya especificó que esa medida sólo se aplicará como «mecanismo excepcional» para delitos de terrorismo de especial gravedad. Pues bien, según esta nueva información sobre el asunto, esa modificación se incluirá en la reforma del Código Penal, cuyo borrador de anteproyecto llevará Justicia al Consejo de Ministros el próximo mes de septiembre, según confirmaron fuentes próximas al Departamento que dirige Ruiz-Gallardón al diario mencionado. Sin embargo, ello no significará que la prisión permanente revisable pueda aplicarse de inmediato a los etarras que cometiesen delitos de especial gravedad, ya que antes debe pasar el texto por un recorrido de informes y posibles modificaciones, antes de que inicie su trámite parlamentario para debatirse en el Congreso y Senado. Y, en todo caso, nunca se podía aplicar con carácter retroactivo. Pero el titular de Justicia tiene muy claro, dice La Razón, que los etarras deben saber que si deciden volver a las armas y sesgar vidas inocentes, van a tener un horizonte mucho más complicado y difícil que hasta ahora. Y es que quienes cometan ese tipo de acciones, sean detenidos y condenados a la pena de prisión permanente revisable, tendrán que pasar entre rejas varias décadas antes de que se evalúe su situación y comprobar si están reinsertados y alejados del terrorismo para que puedan volver a vivir en sociedad. En concreto, según las citadas fuentes, en el nuevo Código Penal se establecerá un plazo mínimo de 30 años que tendrán que cumplir quienes sean condenados a la pena de prisión perpetua revisable; de forma que el hecho de, por ejemplo, firmar una carta en la que se «arrepientan» de sus acciones criminales y pedir perdón a sus víctimas no va a suponer un acortamiento de su tiempo de privación de libertad, no al menos hasta pasar esos 30 años en la cárcel. Será a partir de entonces cuando se «revise» su situación y se compruebe si está completamente rehabilitado y ha abandonado sus vínculos con la banda terrorista. Si recibe un pronóstico «favorable», se le podrá conceder la libertad, pero si es «desfavorable» deberá esperar en prisión otro tiempo hasta que se vuelva a estudiar su situación. Se trata de una medida, según señaló Ruiz-Gallardón durante su comparecencia en el Senado, «excepcional» y «revisable». «Excepcional –dijo–, pues se reservará a supuestos muy restringidos (exclusivamente los de especial gravedad terrorista), y revisable, porque asume los fines de rehabilitación del reo y su reinserción social».
Una vez que el Consejo de Ministros dé luz verde al texto que presentará el ministro Ruiz-Gallardón, el anteproyecto se remitirá al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado para que emitan los preceptivos informes y realicen las sugerencias oportunas. Posteriormente, el Ministerio de Justicia decidirá si incorpora algunas modificaciones y llevará al Consejo de Ministros el texto definitivo, que será el que se debata en las Cámaras. Lo previsible es que, tras su aprobación, se establezca un periodo de «vacatio legis» en el que no se aplicarán las modificaciones.
De manera que vemos los dos aspectos de la acción del Gobierno contra el terrorismo: De un lado, la “mano blanda” con quienes deseen reintegrarse en la sociedad y de otra parte, el propósito de disuadir a quienes pudieran proyectar dedicarse a esa actividad del terrorismo, en la que se pretende iniciar una etapa nueva y diferente.
En el periódico que se cita se reproducen los argumentos jurídicos que ya en su momento se utilizaron cuando surgió esta posibilidad. Se recuerda, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional ya dejó claro que el incremento de tiempo de un recluso en prisión no es incompatible con el fin constitucional de reinserción social. Lo hizo en la sentencia que avaló la «doctrina Parot», en la que afirmaba firma que la regulación penitenciaria cuenta con un elenco de medidas, a través de una «individualización científica» que favorecen y posibilitan la reinserción si la conducta del preso y su evolución muestra que se halla en condiciones de rehacer su vida en libertad. Y reproduce también los datos de una encuesta sobre el particular: Nada menos que el 81% de los españoles apoya sin reservas la cadena perpetua para los condenados por delitos terroristas graves. El respaldo a esta medida es muy amplio en todas las franjas de edad, especialmente entre los jóvenes de 18 a 29 años, de los que el 91,3% está a favor. La encuesta de La Razón refleja que tan solo el 10,2% de los ciudadanos se opone a esta condena. Y de nuevo los más jóvenes son los más destacados: sólo el 4,3% se opone a la cadena perpetua.
Por otro lado, y según anuncia este lunes el diario El País, la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional se este martes próximo para resolver la petición de libertad de una veintena de etarras a los que se había alargado sus condenas a 30 años de cumplimiento efectivo de prisión en aplicación de la llamada “doctrina Parot”. Estos terroristas han pedido la libertad tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que hace un mes estableció que la citada doctrina, al prorrogar la prisión a la etarra Inés del Río Prada, vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta es la primera vez que se ha pedido al Constitucional que aplique directamente la sentencia de Estrasburgo (Francia). Recuerda el periódico que la Sala de Vacaciones del Constitucional, que se reúne para resolver los asuntos pendientes durante el mes de vacaciones judiciales, estará integrada por el presidente del alto tribunal, Pascual Sala; el vicepresidente, Ramón Rodríguez Arribas, y el magistrado Pablo Pérez Tremps. La petición de libertad de la veintena de etarras, formulada por su abogado, Íñigo Iruin, es el único punto que abordará el Tribunal en su reunión de mañana. Y cabe recordar que el Tribunal Constitucional ya resolvió el pasado mes de marzo los primeros 31 recursos de condenados a los que se había aplicado la doctrina Parot, la mayoría de ellos miembros de ETA condenados por delitos de sangre. El alto tribunal amparó a tres etarras, no admitió a trámite otros tres recursos y rechazó los 25 restantes, de ellos, 21 de presos de ETA. Una segunda sentencia ratificó en junio la doctrina Parot para otros dos presos etarras y amparó a un tercero, Peio Etxebarria. En total, fueron 23 los reclusos etarras a los que el Constitucional confirmó la aplicación de la doctrina Parot, todos los cuales tienen ya expedita la vía al Tribunal de Estrasburgo. La doctrina, que toma su nombre del sanguinario etarra Henry Parot, fue establecida por el Tribunal Supremo en sentencia de 28 de febrero de 2008. El Supremo estableció un nuevo cómputo de los beneficios penitenciarios indicando que en lo sucesivo, las redenciones de pena no debían descontarse del límite máximo de 30 años, sino sucesivamente de cada una de las condenas impuestas, hasta que el preso cumpliese efectivamente los 30 años en prisión. La doctrina fue aplicada a más de 80 presos de ETA. Sin embargo, en marzo quedaron sin resolver otra veintena de recursos que estaban en trámite y pendientes de sentencia en la Sala Primera, a los que ahora el abogado Íñigo Iruin ha pedido que se aplique la sentencia de Estrasburgo dictada en el caso de la etarra Inés del Río, para que salgan en libertad. Recuerda El País que cuando el Constitucional se pronunció sobre la doctrina Parot lo hizo sobre la forma en que ésta había sido aplicada por los tribunales, pero no sobre su viabilidad. El Constitucional explicó que la doctrina Parot era una cuestión de legalidad ordinaria, en la que le estaba vedado entrar, por lo que solo amparó a los cuatro únicos casos en los que dicha doctrina se había aplicado retroactivamente. Pero el pasado 10 de julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, dictó la primera sentencia de fondo sobre la doctrina Parot en el caso “Inés del Río contra España”. La terrorista del comando Madrid,condenada a más de 3.000 años de cárcel por múltiples asesinatos, entre ellos los de 12 jóvenes guardias civiles en la masacre de la Plaza de la Republica Dominicana de Madrid, debía haber salido de prisión el 3 de julio de 2008, tras 18 años de cumplimiento ininterrumpido. Pero al aplicársele la doctrina Parot, se retrasó su salida hasta 2017. Tras examinar su recurso, el Tribunal de Estrasburgo tumbó la doctrina Parot al entender que el nuevo cómputo de las penas establecido por el Supremo en 2006 tuvo un “impacto decisivo” en el alargamiento en casi nueve años de la condena a Del Río, y que dicho cómputo se aplicó retroactivamente en su perjuicio. El tribunal pidió a España “la puesta en libertad de la demandante” y que indemnizase a Inés del Río con 30.000 euros en concepto de daños. El TEDH declaró que España vulneró el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en cuanto establece que “nadie puede recibir una pena más elevada que la que le era aplicable al delito en el momento de su comisión”. También declaró la violación del artículo 5.1 del Convenio, en el sentido de que la prórroga de la prisión fue “irregular”. El TEDH condenó a España a indemnizar a Inés del Río con 30.000 euros por daños morales y abonarle 1.500 más de costas. Además, declaró que la etarra debería ser excarcelada inmediatamente. España, sin embargo, ha hecho caso omiso del fallo y en su lugar, ha anunciado que, en septiembre, recurrirá a la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, integrada por 17 jueces. Y mientras no se pronuncie este tribunal, la sentencia del caso de Inés del Río no es firme. Y ese pudiera ser uno de los argumentos que baraje el Constitucional en su pronunciamiento de mañana: que al no ser firme todavía la sentencia del caso Inés del Río, habrá que esperar al pronunciamiento de la Gran Sala de Estrasburgo antes de aplicarla a una veintena de etarras. Aunque no ha trascendido la relación de casos que examinará el Constitucional, entre los recurrentes que están pendientes de resolución figuran algunos muy conocidos como José Antonio López Ruiz, Kubati, condenado por el asesinato de la dirigente etarra Yoyes, y Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros. También puede estar en la relación la propia Inés del Río que tiene pendiente en el Constitucional un recurso por aplicación de la doctrina Parot. Y es que su primer recurso fue inadmitido por el Constitucional por falta de contenido, lo que le abrió la vía a Estrasburgo en la sentencia que ahora le ha dado la razón. Pero mientras el TEDH se pronunciaba, la etarra volvió a impugnar la aplicación de la doctrina Parot ante la Audiencia Nacional, en un recurso que fue rechazado, por lo que Del Río acudió de nuevo al Constitucional que, esta vez sí, lo admitió a trámite…
Mucha jurisprudencia, como se ve, en materia de terrorismo y terroristas, que llega este lunes a grandes titulares de prensa: El Gobierno aprobará la prisión perpetua para terroristas en septiembre, cuenta La Razón… En El País: El Constitucional delibera si 20 etarras quedan libres tras el fallo de Estrasburgo. El PSOE apoya el plan para terroristas huidos. Dice El Mundo que Interior usa un plan de Patxi López parta que los huido de ETA vuelvan al país. Y que Interior y Fiscalía clasifican a los etarras huidos para su reinserción. También en La Vanguardia: Interior prepara un plan para facilitar el retorno de etarras fugados. Unos 300 podrían beneficiarse. Según La Gaceta, la reinserción de etarras huidos dejará sin resolver 314 crímenes. Y en ABC, se asegura que víctimas de ETA ponen en cuestión los informes médicos de Bolinaga y cuestionan que los análisis a los presos se hagan siempre en el País Vasco.
PROTESTAN LOS ABERTZALES Y LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
Caso Bolinaga, o Uribetxeberria, suma y sigue
El Caso Bolinaga, como los medios prefieren llamar a caso que protagoniza el etarra recluso con cáncer terminal José Uribetxeberria, se sospecha que supondrá un antecedente para otros casos, y se da por supuesto que dará mucho que discutir. Ya lo está haciendo. Los diarios de este domingo siguen ocupándose del caso, o de circunstancias similares o asimilables. Asegura El País que el Gobierno prepara medidas de reinserción para etarras huidos, y que esta iniciativa podría alcanzar a unos 300 miembros de ETA fugados. Según El Mundo, cada tres días muere en la cárcel un reo enfermo como Bolinaza. Y da cuenta del desafío a la Justicia y humillación a las víctimas que supuso la reunión en Bilbao, este sábado, de la izquierda abertzale para aplaudir al carcelero Bolinaga. En ABC se asegura que Interior argumenta que sería arbitrario dejar preso al etarra, y se pregunta Hermann Tertsch ”qué problema tendría Rajoy con que el miserable Uribetxeberria pasara unos meses más siendo tratado en el hospital penitenciario. E Ignacio Camacho concluye que “si el preso tiene derecho a salir, que salga, pero ni un minuto antes del plazo legal y sin el más mínimo margen de indulgencia. Cuenta La Razón que “los palmetros de ERTA se van de fiesta, y que la izquierda abertzale se burla de nuevo de la Justicia y aplaude a Bolinaga pese a la orden de no ensalzar al etarra. Y destaca La Gaceta que la candidata de Bildu alas elecciones vascas enaltece al terrorist, y que los batasunos burlan la prohibición del juez de celebrar la libertad del secuestrador…
En efecto, era previsible lo que sucedió este sábado en Bilbao, donde los partidos y colectivos firmantes del Acuerdo de Gernika exigieron la inmediata excarcelación del preso de ETA Iosu Uribetxebarria y de los otros 13 reclusos etarras con enfermedades graves en una concentración en la que también han intervenido miembros de la plataforma Herrira. La concentración se había convocado después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz hubiera acordado la prohibición de una manifestación convocada al mediodía, también en Bilbao, por Herrira, plataforma de apoyo a los presos de ETA, al considerar que su fin era no sólo "ensalzar" a un etarra sino la lucha armada. En el inicio del acto tomaron la palabra en nombre de los firmantes del Acuerdo de Gernika Iosu Murgia y Sonia González, quienes solicitaron al Gobierno que finalice con una política penitenciaria que, en su opinión, se ejerce como "herramienta" de "venganza" contra los presos de ETA. Se han referido en concreto a la situación de Uribetxebarria, condenado por el secuestro de José Antonio Ortega Lara y que se encuentra enfermo de cáncer e ingresado en el Hospital Donostia de San Sebastián, donde desde hace once días está en huelga de hambre. Y solicitaron su inmediata excarcelación después de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidiera concederle el tercer grado por enfermedad grave. Después han subido a la tribuna un grupo de personas con camisetas de la plataforma Herrira, quienes han denunciado que, a pesar de la situación límite de Uribetxebarria, se sigue "alargando su puesta en libertad" y han pedido al Gobierno que finalice con las "excepcionalidades". Han afirmado que Uribetxeberria se encuentra bien y decidido en su actitud. Durante el acto se produjeron gritos de Iosu askatu (libertad para Iosu) o (presos a la calle, amnistía total). La Asociación de Víctimas del Terrorismo había pedido al juez a Pedraz la prohibición de esta concentración al considerar que tenía "idéntica similitud" a la convocada por Herrira. Sin embargo y ante la falta de tiempo para atender a dicha petición, el magistrado solicitó, a instancias de la fiscalía, un informe urgente a la Policía Autónoma Vasca para determinar si el acto tenía el fin de "ensalzar" al etarra Iosu Uribetxeberia, en cuyo caso ha pedido identificar a los responsables. Finalmente, los miembros de Herrira en huelga de hambre leyeron un mensaje de Uribetxeberria, que asegura que mantendrá su ayuno hasta que sea puesto en libertad definitivamente. El etarra agradeció la “ola” de solidaridad: “El proceso está bien encaminado. Tenemos que seguir así para lograr la solución que necesita este país”. El departamento de Interior del País Vasco ha señalado que no se ha producido "ningún tipo de incidente" en la concentración convocada en Bilbao para pedir la excarcelación de Iosu Uribetxebarria.
De otro lado, cuenta El País, que el Ministerio del Interior quiere ofrecer a los miembros huidos de la banda terrorista ETA la posibilidad de volver a España, siempre y cuando se desvinculen de la organización. Aún no están cerrados todos los puntos de la iniciativa, señálale diario, pero hay unas líneas generales sobre las que ya está trabajando el ministerio. En principio, aquellos reclusos sin procedimientos judiciales abiertos, sobre los que no exista una orden de busca y captura, si dieran el paso de alejarse de ETA, podrían volver sin temer que se les impute un delito de pertenencia a banda armada, según fuentes conocedoras del proyecto. Estas fuentes aseguran que se cumplirá la ley, en todo caso, y que se verificará cuidadosamente si la persona tiene delitos por los que debe ser juzgado o cumplir condena. Aún no está claro cómo deberá comprobarse la desvinculación de la banda. Los que tengan cuentas pendientes con la justicia seguirán teniéndolas. En estos casos, si tras regresar a España son condenados o tenían ya una sentencia que cumplir, si se desvincularan de ETA podrían incorporarse de inmediato al plan de reinserción de presos anunciado el pasado abril por Interior. De esta forma, podrían ingresar directamente en una prisión vasca y tener acceso a beneficios penitenciarios si cumplen con todos los requisitos que contempla el Código Penal. Calcula el Ministerio del Interior que los huidos etarras son unos 300. La asociación de víctimas Dignidad y Justicia, sin embargo, cifra en 184 el número de miembros de la banda terrorista que se encuentran en distintos países de Europa, África y América. Afirma que hay 141 con orden de busca y captura dictada por la Audiencia Nacional y otros 43 sobre los que no pesa ningún requerimiento judicial, aunque la asociación plantea que deberían ser imputados. En principio, y salvo que se abran nuevos procedimientos, estos últimos podrían volver sin problema, pero siempre existe la duda, porque lo que muy pocos tienen es información precisa. Muchos de ellos no saben con seguridad si tienen alguna causa pendiente, porque se haya interrumpido el plazo de prescripción o alguien les haya involucrado en algún delito, o si podría haberla. No saben si nada más llegar a Euskadi van a ser acusados de formar parte de una organización que, aunque ya no mata, todavía está activa. Por eso, el plan se centra también en la información, en establecer algún canal para que los huidos puedan conocer su situación y lo que les espera si regresan. Se trata de un programa que tendrá que contar también con el apoyo de las embajadas españolas en determinados países. Según el reportaje de El País, la casuística de los huidos es muy diversa. Los hay que siguen activos como miembros de ETA, en Francia o en otros países europeos como Reino Unido o Italia, adonde se están marchando para evitar la presión policial francesa. Otros ya no colaboran activamente con la banda, con la que tienen una mayor o menor vinculación según los casos. Algunos llevan poco tiempo fuera. Otros, décadas, como los deportados en los años 80 a través de acuerdos entre los Gobiernos de Felipe González y algunos países de acogida en África y América. Algunos viven escondidos o con documentación falsa. Otros, residen y trabajan tranquilamente en sus casas, como los que viven en Venezuela. La inminencia de la iniciativa sobre el retorno y reinserción de huidos la anunció veladamente el pasado 9 de agosto el ministro del Interior, Jorge Fernández. El ministro apostaba por un modelo de disolución de la organización terrorista similar al desarrollado en Italia en los años 80 con las Brigadas Rojas, y señalaba que iría acompañado por medidas de reinserción individualizada de los presos y, en su caso de “los refugiados y huidos que tengan cuentas pendientes con la Justicia”. “Siempre en el marco de la Ley”, añadía. Fernández aseguraba en esa entrevista que el cese de la violencia de ETA es “irreversible”; que su aparato militar está “inactivo”; y que su diezmada estructura logística se limita a mantener la comunicación entre sus “escasos” militantes y de custodiar la red de zulos donde la banda conserva su armamento.
Dedica también su atención El País al director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste de quien cuenta que las víctimas le acusan de haber cedido al chantaje, mientras él insiste en que solo ha aplicado los principios humanitarios de la ley. “Hemos aplicado la ley como lo hicieron otras administraciones penitenciarias antes. Y la decisión final la tomará el juez de vigilancia. De alguna manera, al legislador le repugna que, cuando no tenemos pena de muerte, alguien desahuciado para la vida, si no es un peligro para la sociedad, no pueda morir con humanidad. Estamos aplicando los principios humanitarios de nuestras leyes y de la jurisprudencia constitucional. Pero nosotros no estamos haciendo un juicio ético de la catadura moral de Uribetxeberria. Aplicamos la ley. El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, en una providencia del 16 de agosto, nos obligaba a pronunciarnos. El informe médico prácticamente desahucia a este preso, le da un pronóstico muy sombrío. La discrecionalidad de la administración queda matizada por estas dos premisas y porque es difícil que, por la enfermedad y por la coyuntura de este recluso, vaya a reincidir. La ley sí nos obliga a manejar estas variables para tomar una decisión. El artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario y el 92 del Código Penal señalan que, cuando hay un peligro que compromete la vida del preso, se aplicarán los criterios de los que antes hemos hablado con independencia de otras variables que sí se tienen en cuenta con los reclusos sanos. No parece que la teatralización de las huelgas de hambre de algunos reclusos, con niveles de compromiso muy escasos, tenga la entidad suficiente, y menos ahora, con ETA derrotada policialmente, para generar una coacción que puedan ganar. Si los gobiernos han resistido coacciones cuando había vidas en juego, como la de Miguel Ángel Blanco, insinuar ahora que hemos cedido a un chantaje sólo sirve a los que conectan con los intereses de ETA y de la izquierda abertzale. Estos últimos, insistiendo en la connivencia siniestra que han tenido en el pasado con ETA, se han retratado. Podían haber aprovechado la ocasión para haber colaborado en la resolución del asunto en vez de agitar este espantajo. Pero no lo han hecho. En cuanto a la izquierda abertzale no necesita excusas para lanzar su mensaje victimista. Y la actuación de la Administración no puede especular sobre intereses políticos. Otra cosa es que no desconozca los intereses de los terroristas y del mundo que les jalea”.
Todo sigue siendo muy previsible: El aprovechamiento del “éxito” por los abertzales, y las reacciones de protesta estaban cantados…
Publicado por El blog de José Cavero en 10:44 No hay comentarios:
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References: real decreto 
 artículo 7
 artículo 5
 resolución 
 artículo 104
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