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Timestamp: 2019-09-22 22:43:37+00:00

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Sentencia C-894/09
Si bien en principio, es en el Auto admisorio donde se define si la demanda cumple o no con los requisitos mínimos de procedibilidad, ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la acción, llevada a cabo únicamente por cuenta del Magistrado Ponente, razón por la cual, la misma no compromete ni define la competencia del Pleno de la Corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley, de donde resulta, como la propia jurisprudencia ha dejado claro, que la Corte se encuentra habilitada para adelantar un nuevo estudio de procedibilidad de la demanda en la Sentencia, cuando de la valoración de los elementos fácticos allegados al proceso, se infiere una inobservancia de los requisitos mínimos de procedibilidad en la acusación, que a su vez no permite delimitar el ámbito de competencia de la Corte para pronunciarse, siendo en esa instancia procesal, en la que el análisis resulta de mayor relevancia, teniendo en cuenta que para ese momento, “además del contenido de la demanda, la Corte cuenta con la opinión expresada por los distintos intervinientes y con el concepto del Ministerio Público, quienes de acuerdo con el régimen legal aplicable al proceso de inconstitucionalidad, [sólo] participan en el juicio con posterioridad al auto admisorio.
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1° de la Ley 1289 de 2009 “por la cual se modifica el artículo 4o. de la Ley 30 de 1971 y se dictan otras disposiciones”.
Juan Carlos Arango Rodríguez.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Juan Carlos Arango Rodríguez, demandó el artículo 1° de la Ley 1289 de 2009, “por la cual se modifica el artículo 4o. de la Ley 30 de 1971 y se dictan otras disposiciones”.
Mediante Auto del veintinueve (29) de mayo de dos mil nueve (2009), el Magistrado Sustanciador resolvió rechazar la demanda contra el artículo 1° de la Ley 1289 de 2009, en lo relacionado con la modificación del parágrafo 2° de la ley 30 de 1971, por haber operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, toda vez que tal modificación fue objeto de pronunciamiento por la Corte en la Sentencia C-1183 de 2008. En la misma providencia, decidió admitir la demanda contra los apartes restantes del artículo 1° de la Ley 1289 de 2009. En relación con esta última decisión, dispuso su fijación en lista y, simultáneamente, corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. Ordenó, además, comunicar la demanda al Ministerio del Interior y de Justicia, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Administrativo de Planeación Nacional, al Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, a la Federación Nacional de Departamentos, a la Federación Colombiana de Municipios y, finalmente, a los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades del Rosario, Nacional, del Atlántico, Libre y Simón Bolívar, para que, si lo estimaban conveniente, intervinieran dentro del proceso con el propósito de impugnar o defender la constitucionalidad de la disposición acusada.
“LEY 1289 DE 2009
“por la cual se modifica el artículo 4° de la Ley 30 de 1971 y se dictan otras disposiciones”
Considera que la reforma legal demandada “es altamente inconveniente para la Nación, toda vez, que es claramente excluyente para la mayoría de los departamentos; impide que el Instituto Colombiano del Deporte –Coldeportes, pueda desarrollar en mejores y mayores condiciones, inversiones en las regiones más pobres, determinando un crecimiento inequitativo y desequilibrado en los programas y proyectos correspondientes al sector del deporte”.
2.5. En relación con la vulneración de los artículos 52 y 363 de la Carta. Menciona que la norma acusada atenta contra los principios del sistema tributario y el derecho a la recreación y el deporte, “al desconocer el concepto de equidad que generaba la norma reformada, en la cual se brindaba un beneficio a las regiones de menores ingresos, con lo cual se generaba equidad social en los recursos que constituyen gasto público social en consonancia con el artículo 52 de la carta magna”.
2. Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Afirma también, “que una manera de predeterminar el destino de los recaudos es, precisamente, la aplicación del principio de territorialidad según el cual las fuentes de financiación tributaria deben servir a las entidades territoriales en cuyo territorio se realiza el recaudo. De hecho, tal es el principio que subyace en toda la tributación local. Sin embargo, en el caso objeto de debate, el principio de territorialidad únicamente puede predicarse del Departamento que recauda el tributo, por cuanto el tributo es departamental y no municipal. En otros términos, si los municipios se hacen acreedores de parte del recaudo, ello tiene que ver más con la disposición del legislador al respecto, que con la estructura del tributo”.
En segundo lugar, el principio de autonomía de las entidades territoriales comporta una serie de derechos para las mismas (artículo 287 del C.P), dentro de los cuales se encuentra “el ejercicio de la competencia que les correspondan”. Por su parte, dentro de las competencias de los municipios (artículo 311 de C.P) está, precisamente, la promoción y participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes (artículo 311 de la C.P), todo lo cual está íntimamente relacionado con la política que fomente el deporte. Desde esta perspectiva, la medida tomada no promueve, y por el contrario, limita estas reglas constitucionales, debido a que algunos municipios del país reciben mayores recursos para la atención del deporte en perjuicio de otros que se encuentran privados de estos recursos, dada la naturaleza “excluyente” de la norma que se encarga de definir las reglas del reparto de la renta.
Señaló, que es claro que con la entrada en vigencia de la norma demandada, desaparece la posibilidad de que los departamentos con menores ingresos, cuenten con una inversión siquiera significativa en materia deportiva y recreativa, lo que pasaría, por ejemplo, con departamentos como Vaupés, Guainía y Putumayo.
El Director de Desarrollo Territorial Sostenible, intervino en el proceso en representación del Departamento Nacional de Planeación. El interviniente no se pronuncia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma acusada, limitándose tan solo a “sugerir a la Corte Constitucional tener en cuenta los siguientes aspectos”:
Sostiene que el artículo 1 de la Ley 1289 de 2009, establece unas funciones a las regiones, sin que quede claro si se está refiriendo precisamente a los departamentos, teniendo en cuenta que según el artículo 286 del C.P., “son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas”, facultándose a la ley para darles el carácter de entidades territoriales a las regiones, lo que todavía no se ha hecho.
6. Universidad del Atlántico
Dentro de la oportunidad legal prevista, el Señor Procurador General de la Nación rindió el concepto de su competencia, en el cual le solicita a esta Corporación que se inhiba para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 1° de la Ley 1289 de 2009, por ineptitud sustancial de la demanda. Subsidiariamente, le solicita a la Corte que declare la exequibilidad de la norma impugnada.
Para la Agencia Fiscal, la acusación reseñada se sustenta principalmente en que dicha disposición legal: “(…) Antepone los intereses particulares de los departamentos más desarrollados en detrimento de los departamentos menos favorecidos, generando inequidad en las oportunidades de desarrollo que puede brindar el Estado a través de Coldeportes, a los municipios menos favorecidos”. Tal argumento, que es reiterado por el actor a lo largo de toda la demanda, pone de presente que su acción obedece a una mera inconformidad subjetiva con los efectos que produce la norma acusada, la cual, además, sustenta en apreciaciones no jurídicas.
Aduce que también se destaca en el texto de la demanda, la intención recurrente del demandante, de atribuir a la Ley 30 de 1971, el estatus de parámetro de control de constitucionalidad, lo cual se ve reflejado claramente en afirmaciones como: “el concepto de equidad que generaba la norma reformada”, de manera que lo que se está defendiendo no es la supremacía e integridad del Estatuto Superior, sino la del artículo 4º de la cita Ley 30, que es también una ley ordinaria como la demandada que no alcanza jerarquía supralegal, y menos aún constitucional.
Aduce que, según la jurisprudencia constitucional, la distinción entre recursos endógenos y recursos exógenos no es suficiente, per sé, para delimitar el alcance de la autonomía financiera de las entidades territoriales, por lo cual, inclusive, en casos excepcionales, la Constitución autoriza la intervención del legislador en la destinación de los recursos propios de las entidades territoriales en salvaguarda de la estabilidad económica de la Nación.
Por dirigirse la demanda contra una norma que hace parte de una ley de la República, el artículo 1° de la Ley 1289 de 2009, “por medio de la cual se modifica el artículo 4º. de la Ley 30 de 1971 y se dictan otras disposiciones”, esta Corporación es competente para decidir sobre su constitucionalidad, tal y como lo prescribe el artículo 241-4 de la Constitución Política.
2.4. Sostiene el demandante, que el cambio de destinación del 30% del recaudo del citado tributo, produce efectos “altamente inconveniente para la Nación”, en razón a que la medida busca favorecer a los departamentos más desarrollados, en perjuicio de los menos desarrollados, quienes ya no van a poder realizar proyectos sostenibles en materia deportiva y de recreación, al no recibir los recursos adicionales inicialmente previstos en el artículo 4° de la Ley 30 de 1971.
3. Las demandas de inconstitucionalidad. Requisitos de procedibilidad de las mismas y oportunidad para su verificación
3.1. La hermenéutica constitucional ha sido consistente en sostener, que esta Corporación solo es competente para proferir decisión de fondo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley sometida a juicio a través de demandada ciudadana, cuando quien la promueve ha cumplido con los requisitos mínimos de procedibilidad previstos en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, “Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deben surtirse ante la Corte Constitucional”.
3.2. Ha recordado la Corte, que tratándose de las leyes y los decretos con fuerza de ley, la Constitución no ha previsto un sistema de control constitucional oficioso sino rogado, que sólo se activa mediante el ejercicio ciudadano de la acción pública de inconstitucionalidad (C.P. arts. 40-6 y 241-4 y 5), con lo cual, la posibilidad de que la Corte pueda ejercer su función general de “guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”, depende, para esos casos, de que se delimite previamente su ámbito de competencia en la respectiva demanda, lo cual solo es posible cuando se observan los requisitos mínimos de procedibilidad previstos en la ley.
3.3. Recientemente, en la Sentencia C-623 de 2008, la Corporación aclaró que, “aun cuando en principio, es en el Auto admisorio donde se define si la demanda cumple o no con los requisitos mínimos de procedibilidad, ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la acción, llevada a cabo únicamente por cuenta del Magistrado Ponente, razón por la cual, la misma no compromete ni define la competencia del Pleno de la Corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley (C.P. art. 241-4-5)”.
Apoyada en tales razonamientos, la propia jurisprudencia ha dejado claro, que la Corte se encuentra habilitada para adelantar un nuevo estudio de procedibilidad de la demanda en la Sentencia, cuando de la valoración de los elementos fácticos allegados al proceso, se infiere una inobservancia de los requisitos mínimos de procedibilidad en la acusación, que a su vez no permite delimitar el ámbito de competencia de la Corte para pronunciarse. Se ha explicado al respecto, que en esa instancia procesal, el análisis resulta de mayor relevancia, si se tiene en cuenta que para ese momento, “además del contenido de la demanda, la Corte cuenta con la opinión expresada por los distintos intervinientes y con el concepto del Ministerio Público, quienes de acuerdo con el régimen legal aplicable al proceso de inconstitucionalidad, [sólo] participan en el juicio con posterioridad al auto admisorio”.
3.5. En relación con los dos primeros requisitos, la Corte ha señalado que a través de ellos se busca un doble propósito. Por una parte, (i) la indispensable determinación del objeto sobre el que versa la acusación, esto es, la identificación precisa de las normas que se demandan como inconstitucionales, lo que se cumple con la transcripción literal de las mismas por cualquier medio, o con la inclusión en la demanda de un ejemplar de la publicación oficial. Por la otra, (ii) que se determine y señale de manera relativamente clara, las disposiciones constitucionales que a juicio del actor resulten vulneradas por las normas acusadas y que son relevantes para el juicio, sin perjuicio de que la Corte pueda extender su pronunciamiento a otras preceptivas superiores.
3.6. Frente al último de los citados presupuestos, lo que se persigue con éste, es que el particular concrete la acusación que esgrime contra la disposición o disposiciones acusadas, exponiendo las razones en las que la soporta. En punto a este requisito, la jurisprudencia ha expresado que, por su intermedio, se le impone a quien presenta la demanda “una carga de contenido material y no simplemente formal”, en el sentido de que no basta que el cargo formulado contra las normas legales se estructure a partir de cualquier tipo de razones o motivos, sino que se requiere que las razones invocadas sean “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”.
En los términos expuestos, la Corte es competente para proferir decisión de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y decretos con fuerza de ley, sólo cuando el actor identifica en forma clara y precisa la norma objeto de la acusación, señala las preceptivas superiores que se estima violadas y, finalmente, formula por lo menos un cargo concreto de inconstitucionalidad, respaldado en razones “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”. Según lo ha sostenido esta Corporación, si “la demanda no cumple las señaladas condiciones de procedibilidad, la misma es sustancialmente inepta, estando obligado el juez constitucional a abstenerse de fallar de fondo y, en su lugar, a proferir decisión inhibitoria”.
4. Contexto normativo en el que se inscribe la disposición acusada
- El impuesto adicional sobre el consumo de cigarrillos con destino al deporte, fue creado por el artículo 2° de la Ley 30 de 1971, “por la cual la Nación contribuyó a la realización de los Primeros Juegos Deportivos de los Territorios Nacionales y de los X y XI Juegos Deportivos Nacionales…”, instituyéndose con una tarifa del 10%, sobre el valor de cada una de las cajetillas de cigarrillos de producción nacional.
- Mediante el artículo 79 de la Ley 14 de 1983, “por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”, el impuesto adicional sobre el consumo de cigarrillos nacionales con destino al deporte, se hizo extensivo con la misma tarifa del 10% a los cigarrillos de producción extranjera.
- Posteriormente, el artículo 15 del Decreto-Ley 1280 de 1994, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 98, numeral 3° de la Ley 101 de 1993, dispuso eliminar el referido impuesto. Sin embargo, en la Sentencia C-246 de 1995, la Corte Constitucional declaró inexequible el citado Decreto 1280 de 1994, con lo cual, el impuesto adicional sobre el consumo de cigarrillos con destino al deporte, recobró plena vigencia.
- Por expreso mandato del artículo 78 de la Ley 181 de 1995, dicho tributo, que de acuerdo con la Ley 30 de 1971 era recaudado por “los Tesoreros o Recaudadores de las Entidades Territoriales”, pasó a ser recaudado por las “tesorerías departamentales”.
- En ese mismo año, se expidió la Ley 223 de 1995, “Por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones”. Tal ordenamiento, en el Parágrafo Único de su artículo 223, ordenó reducir la tarifa del impuesto adicional sobre el consumo de cigarrillos con destino al deporte, a un 5%; reducción que debía operar hasta el 1° de enero de 1998, fecha a partir de la cual dicho tributo volvería a la tarifa del 10%. En la misma disposición, se previó que, a partir del 1° de enero de 1996, el recaudo del impuesto debía ser entregado a los departamentos y al Distrito Capital, con destino a cumplir el objetivo propuesto en la Ley 30 de 1971.
- Con la entrada en vigencia del artículo 76 de la Ley 1111 de 2006, “por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la dirección de impuestos y aduanas nacionales”, se modificó la tarifa del impuesto adicional sobre el consumo de cigarrillo con destino al deporte. Conforme con el parágrafo 1° de dicha norma, la tarifa pasó del 10% al 16%. Del mismo modo, el parágrafo 2° de la norma en cita, dispuso que la tarifa señalada se actualizará anualmente en el porcentaje de crecimiento del precio al consumidor final de estos productos, certificados por el DANE, para lo cual, la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, certificará y publicará antes del 1 de enero de cada año, las tarifas actualizadas, sin que, en todo caso, el incremento sea inferior a la inflación causada.
5. Existe ineptitud sustancial de la demanda en el presente caso
En efecto, por fuera de las citas de jurisprudencia que acompaña a la demanda, referidas concretamente al contenido de los principios que orientan el concepto de Estado Social, la acusación que formula el actor se limita a destacar lo “inconveniente” y “poco ecuánime” que resulta para el Estado, el que la norma acusada haya modificado la destinación del 30% del recaudo del impuesto adicional sobre el consumo de cigarrillo con destino al deporte, pero sin presentar argumentos persuasivos de constitucionalidad, que permitan por lo menos generar una duda o sospecha razonable sobre la validez de la medida. Calificar como inconstitucional, la decisión del legislador de permitir que el 100% de los recursos del gravamen sean en adelante ejecutados directamente por los Departamentos y no por una autoridad nacional (Coldeportes), bajo la consideración de que el ente central sí es “ecuánime al redistribuir los recursos”, no deja de responder a una simple apreciación personal del actor, que parte de considerar que los entes territoriales no están en capacidad de administrar, distribuir e invertir adecuadamente los recursos de que disponen; afirmación que, además de no estar debidamente sustentada en la demanda, en principio, no puede considerarse constitucionalmente admisible, pues pugna con postulados que hacen parte de la estructura del Estado Social de Derecho, como la descentralización, desconcentración y autonomía de las entidades territoriales, que, precisamente, la norma acusada pretende promover.
Para esta Corporación, el demandante pretende sustentar la acusación con apreciaciones de conveniencia y no de estricto orden constitucional, a través de las cuales incurre en claras imprecisiones, como es la de confudir los intereses legítimos de las entidades territoriales y de sus habitantes, con intereses particulares, sin precisar de quienes, ni porqué serían opuestos al interés general y colectivo. De la misma manera, para sustentar la acusación, el actor utiliza conceptos que no tienen soporte jurídico, que no son comprobables objetivamente, y que difícilmente pueden ser valorados cualitativa y cuantitativamente. Este es el caso de la clasificación que hace entre departamentos “más desarrollados” y municipios “poco desarrollados”.
b- En plena concordancia con el punto anterior, tampoco encuentra la Corporación que, en la presenta causa, se hayan observado los requisitos de claridad y certeza, pues los cargos en los que el actor funda su acusación no son predicables del texto demandado, y se inscriben más en una proposición jurídica deducida por aquél que carece de claridad y coherencia argumentativa. Como ya ha sido explicado, la demanda se estructura a partir de cuestionar la decisión legislativa de modificar la destinación del 30% del impuesto adicional sobre el consumo de cigarrillo con destino al deporte, en cuanto éstos pasan de ser entregados a Coldeportes para repartir entre las regiones de menos ingresos, a ser distribuido directamente entre los municipios que pertenezcan al departamento donde se efectúe el respectivo recaudo. De ello deduce el actor una consecuencia “altamente inconveniente” y “poco ecuánime”, materializada en un presunto favorecimiento para los departamentos más desarrollados en perjuicio de los menos desarrollados. Pues bien, a partir de las propias afirmaciones de la demanda, se advierte que la acusación no se dirige directamente contra el contenido, general y abstracto, de la norma acusada, sino contra uno de sus posibles efectos: el que de manera particular y concreta le atribuye el actor, apoyado en algunas estadísticas, lo que en principio desborda el marco del juicio de control abstracto de inconstitucionalidad, que propugna por una confrontación objetiva y directa entre la norma acusada y la Constitución Política.
Además, la acusación tampoco resulta de fácil comprensión, en cuanto la misma hace pensar que los recursos para el deporte y la recreación, concretamente a nivel de las entidades territoriales, tienen como única fuente de ingreso el impuesto adicional sobre el consumo de cigarrillo de que trata la Ley 30 de 1971, con lo cual, cualquier alteración en su distribución, causaría el efecto alegado por el actor. Sobre el particular, basta con mencionar que mediante la Ley 181 de 1995, se creó el Sistema Nacional del Deporte, del cual forman parte el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes) y los entes departamentales, municipales y distritales que ejerzan las funciones de fomento, desarrollo y práctica del deporte (art. 50). La misma ley, al tiempo que le asigna a Coldeportes, la condición de “máximo organismo planificador, rector, director y coordinador del Sistema Nacional del Deporte…” (art. 61), regula, en concordancia con otras disposiciones del ordenamiento, lo referente al financiamiento del sistema y a los recursos financieros estatales con que éste cuenta, tanto a nivel nacional como territorial. En lo que corresponde a los departamentos y municipios, la citada ley dispone que éstos contarán para la ejecución de los planes y programas en la materia, con recursos provenientes de: (i) donaciones para el deporte, las cuales serán deducibles de la renta líquida, en los términos de los artículos 125 y siguientes del Estatuto Tributario; (ii) rentas que creen las Asambleas y Consejos con destino al deporte; (iii) recursos que Coldeportes asigne, de acuerdo con los planes y programas de estímulo y fomento del sector deportivo y las políticas del Gobierno Nacional; (iv) recursos que destine la Nación para los gastos de inversión de Coldeportes; (v) recursos que, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 60 de 1993, correspondan al deporte por asignación de la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación; (vi) recursos de la participación de propósito general de que trata la Ley 715 de 2001 (arts. 76 y sig); (vii) recursos provenientes del impuesto a los espectáculos públicos; y, entre otros, (viii) el impuesto adicional sobre el consumo de cigarrillo de que trata la Ley 30 de 1971, cuya tarifa actualmente se aumentó al 16%. De este modo, no se le puede atribuir al cambio en la distribución del impuesto adicional sobre el cigarrillo, propuesto por la norma acusada, y por ese sólo hecho, un efecto inconstitucional en perjuicio de las finanzas de algunas entidades territoriales, pues ello sólo puede ser valorado a partir de un análisis fáctico e integral del sistema tributario en la materia; con mayor razón, si se tiene en cuenta que el citado tributo se mantiene en cabeza de las propias entidades territoriales.
Que la norma acusada genere cambios en el manejo y ejecución de un porcentaje de los recursos proveniente del impuesto adicional al consumo de cigarrillo, en relación con lo previsto en una ley anterior, no es elemento de juicio suficiente para tildar de inconstitucional la ley reformatoria, y menos para atribuirle efectos que no se sustentan debidamente. Según lo ha señalado esta Corporación, la Carta Política faculta al legislador para intervenir en la destinación de los recursos propios de las entidades territoriales, particularmente tratándose de recursos exógenos cedidos por la nación, como es el caso del tributo bajo análisis, gozando para el efecto de un amplio margen de configuración política. Dicha competencia comprende, por supuesto, la facultad de modificar leyes existentes, sin que por ese solo hecho pueda cuestionarse el ejercicio de tal competencia.
Concretamente, en la Sentencia C-958 de 1999, la Corte tuvo oportunidad de precisar que, tratándose del impuesto adicional sobre el consumo de cigarrillo con destino al deporte, de que trata la Ley 30 de 1971, el mismo es una renta nacional cedida a los departamentos y, por tanto, “es considerada una fuente exógena de financiamiento sobre la que el legislador puede señalar su destino e inversión”. En este sentido, la decisión legislativa de modificar la manera como el impuesto se ejecuta, no puede ser motivo de cuestionamiento de inconstitucionalidad. Esto último solo es posible, cuando objetivamente se demuestre que el legislador excedió el ámbito de sus competencias con violación de la Constitución.
c- Para concluir, debe destacarse igualmente, que la presente demanda no satisface el requisito de pertinencia, el cual exige que el reproche formulado por el actor, deba ser de naturaleza constitucional, esto es, basado en la apreciación objetiva entre el contenido de una norma Constitucional y el precepto legal demandado. En la causa bajo examen, coincidiendo con lo dicho por el señor Procurador General de la Nación, la Corte encuentra que, prima face, la confrontación que plantea la demanda se suscita entre dos normas que tienen la misma jerarquía jurídica, en tanto corresponden a leyes ordinarias; con lo cual, no es la integridad y supremacía de la Constitución lo que en realidad se pretende proteger, sino un precepto que no tiene naturaleza supralegal. Tal y como se ha mencionado insistentemente, el cuestionamiento que el demandante formula contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley 1289 de 2009, se basa exclusivamente en la modificación a la distribución del 30% del impuesto adicional al consumo de cigarrillo, por considerar que el mismo desconoce el concepto de equidad prodigado en la ley reformada. En consecuencia, el parámetro de constitucionalidad que se propone no está en la Carta Política sino en el contenido de la Ley 30 de 1971, que para el actor no podía ser reformada.
En virtud de lo expuesto, un detenido análisis de la demanda lleva a la Corte a concluir que la misma es sustancialmente inepta. En ella no se estructuró un verdadero cargo de inconstitucionalidad, ni se expresaron razones “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”, como lo exigen la ley y la jurisprudencia constitucional, para que el órgano de control constitucional pueda realizar el análisis material de la norma acusada. Por lo tanto, esta Corporación se inhibirá de emitir pronunciamiento de fondo sobre la demanda formulada contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley 1289 de 2009.

References: artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 52
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 artículo 286
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
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 artículo 241
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 2
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 artículo 98
 artículo 78
 artículo 223
 artículo 76
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 1