Source: http://boletinlegalve.blogspot.com/2014/08/
Timestamp: 2018-07-16 23:37:39+00:00

Document:
Boletín Legal Venezuela: agosto 2014
Territorialidad y actos dictados por las Inspectorías del Trabajo
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/agosto/167702-1009-4814-2014-14-0511.HTML
Mediante sentencia N° 1009 del 04 de agosto de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se refirió a la causal de nulidad contenida en el artículo 19.4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos referida a la incompetencia manifiesta de las autoridades al dictar un acto administrativo. En la decisión se afirmó que no existe ese vicio en razón de la competencia territorial de la Inspectoría de Trabajo que resuelva un procedimiento sobre las competencias que le atribuyen la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. En efecto, se señaló que:
“En atención a lo anterior, tenemos que la competencia en materia administrativa consiste en la esfera de atribuciones y facultades que la constitución o la ley le otorga al órgano o ente de la Administración Pública dentro de las cuales el funcionario público respectivo debe manifestar su voluntad y desarrollar su actividad administrativa. Por su parte, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos sanciona con nulidad absoluta el acto administrativo viciado de incompetencia, precisando ésta como la producida por autoridades manifiestamente incompetentes, es decir, por aquellas personas (investidos con autoridad o no) a quienes el ordenamiento jurídico no les hubiese otorgado la facultad o atribución en que fundamenten su actividad.
En el caso de autos, tal y como se señaló ut supra, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara declaró sin lugar la apelación contra la decisión del a quo de ese proceso contencioso y, por ende, confirmó la declaración de nulidad del acto administrativo ordenante del reenganche y pagos de salarios caídos de requirente que había dictado la Inspectoría del Trabajo del estado Lara Pedro Pascual Abarca del 18 de agosto de 2010, con fundamento en el referido artículo 19.4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por cuanto, a su decir, existía una incompetencia territorial por parte de dicho órgano administrativo, derivada de la resolución n.° 3833 que emitió el Ministerio del Poder Popular Para el Trabajo y la Seguridad Social el 2 de julio de 2005, donde fijó la competencia territorial de las Inspectorías del Trabajo ubicadas en el estado Lara, es decir, que circunscribió el ejercicio de las atribuciones y facultades de dichos órganos a un determinado ámbito espacial.
Ahora bien, la actividad administrativa que desarrollan las Inspectorías del Trabajo en los casos como el de autos, se producen en el marco de una relación jurídica triangular, donde el ente administrativo persigue la resolución de conflictos intersubjetivos de intereses en desarrollo de la atribución otorgada mediante la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, es decir, como si desarrollasen una actividad jurisdiccional, por lo tanto la atribución, facultad o poder jurídico le proviene por ley, de allí que no puede deducirse que exista una incompetencia manifiesta por el sólo hecho de que, por vía de resolución, se hubiese fijado un marco territorial dentro del cual debía realizar tal función, máxime cuando ni siquiera en el desarrollo de un proceso donde sí se realiza una verdadera actividad jurisdiccional, la competencia por el territorio no es considerada de orden público (a excepción de lo dispuesto en el artículo 47 del CPC), lo que quiere decir que tal irregularidad, de existir, no puede viciar de nulidad absoluta el acto administrativo por no ser manifiesta en el sentido y alcance que se le confiere el referido artículo 19.4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
En contribución a lo anterior debe considerarse además que el acto administrativo cumplió con el fin al cual estaba destinado (resolución de conflicto), en claro respeto a los derechos constitucionales de los intervinientes, por cuanto la sociedad mercantil involucrada fue notificada del procedimiento seguido en su contra y ejerció plenamente su derecho a la defensa, la cual dirigió a la sola alegación y comprobación de la supuesta incompetencia del órgano administrativo, lo cual fue debidamente respondido por la autoridad administrativa, por lo tanto no cabía desde ningún sentido racional y jurídico la subsunción de dicha incompetencia en la causal de nulidad absoluta que contiene el artículo 19.4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”.
La Sala decidió con efectos ex nunc que la competencia para el conocimiento de las acciones de nulidad contra los actos administrativos dictados por alguna Inspectoría del Trabajo, cuando existieran varios Juzgados con competencia en la misma Circunscripción Judicial, pero ubicadas en distintas ciudades, será aquel que tenga competencia territorial en el lugar de la sede de la Inspectoría del Trabajo que emita el acto.
“Ahora bien, para evitar futuras confusiones que pudiese suscitarse en situaciones como la presente, para el supuesto de que existiesen varios juzgados con competencia en la misma circunscripción judicial pero ubicados en distintas ciudades, debe precisarse que la competencia para el conocimiento de las pretensiones de nulidad contra los actos administrativos que hubiesen sido dictados por Inspectorías del Trabajo en supuesta incompetencia territorial, la poseen los Juzgados de Juicio del Trabajo con competencia territorial en lugar donde éstas tenga su sede, en atención a la noción de territorialidad del respectivo ente administrativo”.
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Recurso de nulidad y providencias administrativas que ordenan el reenganche de un trabajador
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/agosto/167800-1063-5814-2014-13-0669.HTML
Mediante sentencia N° 1063 del 05 de agosto de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, destacó que la condición establecida en el artículo 425.9 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras relacionada con que los tribunales del trabajo solo le darán curso a los recursos contenciosos administrativos de nulidad, cuando la autoridad administrativa del trabajo certifique el cumplimiento efectivo de la orden de reenganche, se trata de una condición para el trámite de los recursos contenciosos administrativos de nulidad y no para su admisión, con lo cual se garantiza la tutela judicial efectiva y el principio pro actione a favor del recurrente. En concreto, se señaló que:
“Por tanto, debe destacarse que dentro del alcance del principio pro actione, las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la acción a través de la cual se deduce la pretensión, toda vez que “(…) el propio derecho a la tutela judicial efectiva garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia” (Vid. sentencia de la Sala Constitucional n.º 1.064/2000, del 19 de septiembre).
En ese sentido, esta Sala debe señalar que el objetivo del legislador al señalar que “en caso de reenganche, los tribunales del trabajo competentes no le darán curso alguno a los recursos contenciosos administrativos de nulidad, hasta tanto la autoridad administrativa del trabajo no certifique el cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida”, es el de salvaguardar el derecho al trabajo, al salario y a la estabilidad del trabajador que cuenten con una orden de reenganche a su favor, como factor esencial del derecho social, durante la tramitación del procedimiento de nulidad de la providencia administrativa impugnada por el patrono, hasta tanto se produzca una sentencia definitivamente firme; sin embargo, no puede considerarse que la referida disposición establezca una causal de inadmisibilidad para la interposición de la demanda, por cuanto la certificación del cumplimiento efectivo de la orden de reenganche no depende del patrono sino de la autoridad administrativa, a la cual no se le ha impuesto un tiempo para otorgarla o como sucede en el presente caso, en el cual el incumplimiento del reenganche es atribuible al trabajador y no al patrono.
En ese sentido, debe destacar esta Sala en un Estado Social de Derecho y de Justicia como el previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no pueden salvaguardarse derechos de unos y condicionar otros, en virtud de supeditar la admisibilidad de la demanda de nulidad de una providencia administrativa por una causa no establecida en la Ley, ya que se vulnera el derecho de acceso a la justicia, y de tutela judicial efectiva, más aun cuando la interposición de la pretensión ya se encuentra limitada por un lapso de caducidad, razón por lo que esta Sala encuentra que lo ajustado a derecho es que la condición consagrada en el numeral 9, del artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, debe ser aplicada para el trámite de la demanda de nulidad y no para su admisión, para de esta manera garantizar la tutela judicial efectiva y el principio pro actione, sin trastocar el espíritu de la norma, el cual, como anteriormente se señaló, no es otro que la protección de los derechos a la estabilidad del trabajador, toda vez que, si bien es el débil jurídico en este proceso, dicha protección no puede convertirse en la limitación del derecho a la justicia del patrono.
Dicha suspensión se mantendrá hasta que el Tribunal Laboral que esté conociendo de la causa, una vez admitida, requiera la certificación con la Inspectoría del Trabajo respecto al cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida por parte del patrono, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y teniendo en consideración que dicha suspensión no debe exceder del lapso de caducidad establecido en el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En tal sentido, en resguardo de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala, en aras de garantizar la supremacía y efectividad de normas y principios constitucionales, así como su uniforme interpretación y aplicación, y en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 335 Constitucional, declara como criterio vinculante para todos los Tribunales de la República a partir de la publicación del presente fallo, que el numeral 9, del artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, establece una condición para el trámite de los recursos contenciosos administrativos de nulidad y no para su admisión, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva, el principio pro actione, consagrados en el artículo 26 y 257 de la Constitución, en virtud de la vulneración del orden público constitucional que produce una limitación indebida del acceso a la justicia. Igualmente, esta Sala ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República, y en la página web del Tribunal Supremo de Justicia”.
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 16:56 No hay comentarios:
Gaceta Oficial: http://www.tsj.gov.ve/gaceta/octubre/17102013/17102013-3819.pdf#page=31
En la Gaceta oficial Nº 40.274 del 17 de octubre de 2013, se publicó la Ley de Infogobierno, la cual entró en vigencia el 17 de agosto de 2014, en virtud de la vacatio legis establecida en la disposición final tercera de esa Ley. Los aspectos más resaltantes de esa Ley, son los siguientes:
a. El objeto de esa Ley es, entre otros, establecer los principios, bases y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de información en el Poder Público y el Poder Popular, para mejorar la gestión pública y los servicios que se prestan a las personas; impulsando la transparencia del sector público; así como promover el desarrollo de las tecnologías de información libres en el Estado (art. 1).
b. El ámbito de aplicación de la Ley son todos los órganos y entes que ejercen el Poder Público (Nacional, Estadal y Municipal); Distritos Metropolitanos; Banco Central de Venezuela; Universidades Públicas; personas de derecho público nacionales, estadales, distritales y municipales; las sociedades de cualquier naturaleza, las fundaciones, empresas, asociaciones civiles y las demás creadas con fondos públicos; entre otros (art. 2).
c. Son de interés público y estratégico las tecnologías de información, en especial las tecnologías de información libres, como instrumento para garantizar la efectividad, transparencia, eficacia y eficiencia de la gestión pública (art. 4).
d. Se establece como obligatoriedad el uso de las tecnologías de información por parte del Poder Público, en el ejercicio de sus competencias, debe utilizar las tecnologías de información en su gestión interna, en las relaciones que mantengan entre los órganos y entes del Estado que lo conforman, en sus relaciones con las personas y con el Poder Popular (art. 6).
e. Son derechos de las personas:
1. Dirigir peticiones de cualquier tipo haciendo uso de las tecnologías de información, quedando el Poder Público y el Poder Popular obligados a responder y resolver las mismas de igual forma que si se hubiesen realizado por los medios tradicionales.
3. Recibir notificaciones por medios electrónicos en los términos y condiciones establecidos en la ley que rige la materia de mensajes de datos.
4. Acceder electrónicamente a los expedientes que se tramiten en el estado en que éstos se encuentren.
5. Obtener copias de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los cuales se tenga la condición de interesado o interesada. (art. 8).
f. Se establece el principio de conservación documental de las comunicaciones, documentos y actuaciones electrónicas que realicen el Poder Público y el Poder Popular se conservarán de conformidad con las condiciones que determine la Ley (art. 10).
g. El Poder Público debe contar con repositorios digitales en los cuales se almacene la información que manejen, así como los documentos que conformen el expediente electrónico, a fin de que sean accesibles, conservados o archivados (art. 11).
h. Se contemplan los principios de transparencia (art. 13); principio de accesibilidad (art. 14); y se garantizan las condiciones de accesibilidad y usabilidad por aquellas personas que, por razones de discapacidad, edad, o cualquier otra condición de vulnerabilidad, requieran de diferentes tipos de soportes o canales de información (art. 15); de igual forma el Poder Público debe garantizar a través del sistema educativo el fomento de conocimiento de las tecnologías e información (art. 16); principio de proporcionalidad en la exigencia en medidas de seguridad (art. 22); principio de seguridad (art. 23); principio de coordinación al uso de las tecnologías y principio de colaboración (arts. 28 y 29, respectivamente).
i. Los órganos y entes del Poder Público y el Poder Popular, en el ejercicio de sus competencias, deben contar con un portal de internet bajo su control y administración. La integridad, veracidad y actualización de la información publicada y los servicios públicos que se presten a través de los portales es responsabilidad del titular del portal (art. 18).
j. El Poder Público y el Poder Popular están obligados a garantizar en sus portales de internet el ejercicio del derecho de las personas a participar, colaborar y promover el uso de las tecnologías de información libres, creación de nuevos servicios electrónicos o mejoramiento de los ya existentes (art. 20).
k. La Ley establece que el Poder Público a través de sus servicios debe contener mecanismos que permitan la promoción, desarrollo y consolidación de la contraloría social (art. 21).
l. El Poder Público debe garantizar la integridad, confidencialidad, autenticidad y disponibilidad de la información, a través del uso de certificados y firmas electrónicas (art. 24).
m. En lo que respecta a la protección de datos personales, el uso de las tecnologías de información por el Poder Público y el Poder Popular comprende la protección del honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación de las personas (art. 25).
n. En caso de recopilarse datos de niños, niñas y adolescentes, esa información no puede ser divulgada, cedida, traspasada, ni compartida con ninguna persona natural o jurídica, sin el previo consentimiento de su representante legal, salvo cuando el menor de edad sea emancipado, en la investigación de hechos punibles, por una orden judicial, o cuando así lo determine la ley. El consentimiento expreso que se haya dado sobre la información del niño, niña o adolescente siempre puede ser revocado (art. 79).
o. Los archivos y documentos electrónicos que emitan el Poder Público y el Poder Popular, que contengan certificaciones y firmas electrónicas tienen la misma validez jurídica y eficacia probatoria que los archivos y documentos que consten en físico (art. 26).
p. Cuando la Ley exija que un documento debe ser presentado en formato impreso y se encuentre en formato electrónico, tal requisito queda satisfecho cuando éste se presente en formato impreso y contenga un código unívoco que lo identifique y permita su recuperación en el repositorio digital institucional correspondiente (art. 27).
q. El Poder Público tiene la obligación de compartir entre sí la información pública que conste en sus archivos y repositorios digitales, de conformidad con lo establecido en la ley que regule la materia sobre el intercambio electrónico de datos, información y documentos, salvo las excepciones establecidas en la Constitución de la República y la normativa aplicable.
El Poder Popular deberá compartir información pública sobre la gestión de los servicios públicos que se le hayan transferido, en los términos establecidos en el presente artículo y demás normativa aplicable (art. 32).
r. Consagra la Ley de Infogobierno una organización para el uso de Tecnologías de la Información (TI), donde se encuentra el Consejo Nacional para el uso de TI como órgano colegiado y de carácter consultivo; la Comisión Nacional de las TI como instituto público de carácter operativo; y el Centro Nacional de TI y la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, como unidades de apoyo (arts. 37 y 40).
s. Todas aquellas personas en el ejercicio de una función pública, incurren en responsabilidad y serán sancionadas por la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, según el procedimiento previsto establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con multa comprendida entre cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.) y quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.), por las siguientes infracciones:
9. Cuando niegue, obstaculice o retrase la prestación de un servicio de información. 10. Cuando niegue o suministre en forma completa o inexacta información sobre el uso de las tecnologías de información, seguridad informática o interoperabilidad.
13. Celebrar, por sí o por intermedio de terceros, acuerdos que tengan por objeto, el intercambio electrónico de datos, información o documentos con otros órganos o entes del Estado, sin la autorización previa de la autoridad competente (art.81).
t. Sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan, la Contraloría General de la República, de manera exclusiva y excluyente, inhabilitará al servidor público o servidora pública, de conformidad al procedimiento correspondiente en los siguientes casos:
2. Cuando adquiera un software privativo sin haber sido autorizado expresamente por la autoridad competente (art. 83).
u. La Comisión Nacional de las Tecnologías de Información revocará las acreditaciones de las unidades de servicios de verificación y certificación, así como las certificaciones que se otorguen conforme a la presente Ley, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por las causas siguientes:
4. Cuando haya certificado un programa informático, equipo de computación o servicio de información sin cumplir las disposiciones de la presente ley y demás normativa aplicable (art. 84).
SCC/TSJ Condenó el pago en divisas calculado a la tasa SICAD II
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/julio/167292-RC.000469-28714-2014-13-738.HTML
Mediante sentencia N° 469 del 28 de julio de 2014, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, condenó -en un juicio de cobro de bolívares- al pago de dólares americanos en su equivalente en moneda nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, tomando como referencia el “tipo de cambio promedio ponderado del sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)”. Al respecto, se observa que la condenatoria de la sentencia fue la siguiente:
“… condena a la demandada a pagar a la actora las siguientes cantidades: 1) La suma de veinticuatro mil novecientos cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 24.904,30), por concepto de gastos producidos en el centro Médico “Dr. Rafael Guerra Méndez” en la ciudad de Valencia. 2) La cantidad de ciento sesenta mil seiscientos treinta y ocho dólares americanos con setenta céntimos (US $ 160.638,70) por concepto de gastos generados con ocasión a la hospitalización del asegurado fallecido Carlos Enrique Lozada Morales, en “The Cleveland Clinic Fundation”, o su equivalente en moneda nacional, conforme a lo previsto en el artículo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el cual deberá calcularse con base en el “Tipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)”, emanado del Banco Central de Venezuela, según lo reglado en los Convenios Cambiarios números 27 y 28, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.368 y 40.387, en fechas 10 de marzo y 4 de abril de 2014, respectivamente, convenios éstos que autorizan que personas jurídicas de carácter privado, similares a la condenada a pagar, puedan realizar operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo así como de títulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos por la República, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente público o privado, nacional o extranjero, que estén inscritos y tengan cotización en los mercados internacionales; 3) Los intereses moratorios que se generen tomando como base la suma de veinticuatro mil novecientos cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 24.904,30), calculados a la tasa del uno por ciento (1%) mensual, -doce por ciento (12%) anual- según lo dispuesto en el artículo 108 del Código de Comercio, y sobre la base de ciento sesenta mil seiscientos treinta y ocho dólares americanos con setenta céntimos (US $ 160.638,70), en su equivalente en moneda nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 117 de la Ley del Banco Central de Venezuela, intereses éstos que deberán calcularse mediante experticia complementaria realizada por expertos señalados o designados por el tribunal a quo, conforme a lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, quienes efectuarán dicho cálculo tomando como base el referido “Tipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)”, en el período comprendido desde el 2 de octubre de 2001, inclusive, hasta el día 26 de junio de 2002, fecha en la que se interpuso la demanda; 4) Se acuerda la indexación de la cantidad de veinticuatro mil novecientos cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 24.904,30), de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, contados a partir de la fecha 10 de julio de 2001 en la que se admitió la demanda, hasta la fecha en que el fallo quede definitivamente firme”.
Dicha decisión contó con el voto salvado del Magistrado Luis Antonio Ortíz Hernández, quien expone que conforme a la Ley del Banco Central de Venezuela y el Convenio Cambiario Nro. 1, al aplicarse una indexación judicial sobre las cantidades condenadas al pago en dólares americanos, estarían siendo doblemente ajustadas (al realizarse el cambio a la moneda nacional y al indexarse el monto). En el voto salvado, se expresó lo siguiente:
“Ahora bien, conforme a lo preceptuado en la Ley del Banco Central de Venezuela, en la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios, y el convenio cambiario N° 1, decretado por el Ejecutivo Nacional, y su reforma, existe un régimen legal especial de control cambiario en la República, que constituye materia de orden público, y en consecuencia no puede ser desconocido por ninguna autoridad de la República, ya sea administrativa o judicial, ni por ninguno de sus ciudadanos, y por ende, si el demandante pidió la aplicación de la indexación sobre todas las cantidades demandadas, incluyendo los intereses reclamados, dicha indexación, a mi criterio es improcedente, dado que la indexación es un mecanismo de ajuste del valor de la obligación para la oportunidad de pago, a diferencia de los intereses legales cuya naturaleza es resarcitoria, por lo que al tener la misma causa y fin, la aplicación de uno excluye al otro, y de no ser así se estaría aplicando una indexación judicial, que viola claramente el régimen legal de control cambiario, pues se estaría aplicando un doble ajuste como método de indexación, que claramente viola la regulación y el control legal del estado en esta materia, traspasando los límites de la regulación cambiaria de orden público”.
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Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/julio/167455-RC.000483-30714-2014-14-158.HTML
Mediante sentencia N° 483 del 30 de julio de 2014, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, destacó que no se puede declarar la perención breve a la cual hace referencia el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil, en aquellos casos en que exista un litisconsorcio pasivo y que uno de los sujetos integrantes de éste haya sido citado efectivamente. De igual forma, la perención breve no será aplicable en aquellos casos a los que se refiere el artículo 228 eiusdem. En concreto, se afirmó lo siguiente:
“De acuerdo con el criterio supra transcrito, en los casos en que sean varias las personas demandadas, no podrá decretarse la perención de la instancia al estar citado uno de los codemandados, pues, para que opere la perención breve, es necesario que no se haya logrado citar a todos los codemandados en el lapso de 30 días después de admitida o reformada la demanda por la inactividad de la parte interesada en su consecución, ya que si uno de los codemandados ha quedado citado, el juez no puede decretarla, por cuanto la misma estaría referida a la falta de citación de uno solo de los codemandados, y el efecto de la declaratoria de perención no es susceptible de fraccionamiento, pues, no puede decretarse la perención con respecto a la falta de citación de un codemandado y seguirse el proceso con respecto al otro codemandado que sí había sido citado, ya que la perención de la instancia tiene como efecto procesal el de extinguir el proceso.
Conforme con el criterio jurisprudencial supra transcrito, el hecho de quedar sin efecto las citaciones de los demandados, por cumplirse el supuesto contenido en el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, en modo alguno supone la aplicación de los ordinales 1° y 2° del artículo 267 eiusdem, pues, su interpretación restrictiva no permite subsumirlo en otro supuesto de hecho, sino que deben aplicarse estrictamente a los supuestos de hecho en ellas contemplados por no encontrarse el procedimiento en la etapa de admisión o reforma de la demanda.
Conforme con el criterio jurisprudencial supra transcrito, el cual comparte esta Sala, la falta de citación en el lapso de suspensión previsto en el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, no origina la sanción de perención, ya que la perención constituye una sanción en el procedimiento por la inactividad de las partes, pues, su interpretación debe ser restrictiva y no extensiva o análoga a otras disposiciones legales, además la norma prevista en el artículo 228 eiusdem, no establece sanción alguna que conduzca a la extinción del proceso, lo cual impide que se origine la perención breve del proceso, salvo que opere el lapso de un año establecido en el encabezamiento del artículo 267 eiusdem, por haber transcurrido dentro del lapso de suspensión el transcurso de un año sin haberse manifestado interés en la continuidad de la causa.
También, la referida norma establece la extinción de la suspensión, ya que prevé que la suspensión tendrá su duración hasta que el demandante solicite nuevamente la citación de todos los demandados, asimismo, establece una excepción en cuanto a la citación por carteles, en la cual el lapso de suspensión no se origina si la primera publicación del cartel ha sido realizada dentro del lapso de sesenta días, por tanto, los trámites subsiguientes de la citación por carteles -luego de haberse publicado el primer cartel-, deben considerarse como validos aún cuando los mismos hayan sido realizados en los días siguientes a los sesenta días que señala la norma”.

References: artículo 19
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 artículo 47
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 425
 artículo 425
 artículo 39
 artículo 41
 artículo 335
 artículo 425
 artículo 26
 artículo 117
 artículo 117
 artículo 108
 artículo 117
 artículo 249
 artículo 249
 artículo 267
 artículo 228
 artículo 228
 artículo 267
 artículo 228
 artículo 228
 artículo 267