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Timestamp: 2019-01-17 17:49:22+00:00

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﻿ SENTENCIA C-82 DE FEBRERO 17 DE 1999
SENTENCIA C-82 DE 17 DE FEBRERO DE 1999
CONTENIDO:MATRIMONIO DE LA MUJER ADULTERA Y SU CÓMPLICE. SE DECLARA INEXEQUIBLE EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO, MUJER, CÓDIGO CIVIL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:328 DE ABRIL DE 1999, PÁG.601
Sentencia C-82 de febrero 17 de 1999
INEXEQUIBLE UNA CAUSAL QUE DISCRIMINABA A LA MUJER
EXTRACTOS: «Texto de la norma acusada:
ART. 140.—El matrimonio es nulo y sin efectos en los siguientes casos: (...).
7. Cuando se ha celebrado entre la mujer adúltera y su cómplice, siempre que antes de efectuarse el matrimonio se hubiere declarado, en juicio, probado el adulterio”.
1. El problema que la Corte debe resolver.
El numeral 7º del artículo 140 del Código Civil establece que el matrimonio es nulo y sin efectos “cuando se ha celebrado entre la mujer adúltera y su cómplice, siempre que antes de efectuarse el matrimonio se hubiere declarado, en juicio, probado el adulterio”. Tal como atrás se anotó, para el demandante esta disposición viola el derecho a la igualdad, pues consagra una distinción “odiosa” e “injusta” entre hombres y mujeres. Considera que las causales de nulidad del matrimonio deben predicarse por igual de ambos sexos, más aún cuando la Constitución reconoce que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja. Así mismo, señala que la norma impugnada viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues impide que la mujer pueda iniciar una nueva relación afectiva con quien desee.
De acuerdo con los términos de la demanda, la Corte deberá analizar si la disposición acusada contiene una discriminación en razón del sexo, y si ésta se constituye en un límite injustificado al libre desarrollo de la personalidad y al derecho a la intimidad. Pasa la Corte a ocuparse de ello.
3. Sobre la construcción jurídica de la igualdad de los sexos.
Tras una lenta evolución, el camino que han recorrido las mujeres en defensa de sus derechos, y principalmente en el reconocimiento de su igualdad jurídica, se ha visto plasmado en numerosas normas e instrumentos internacionales. A manera de ejemplo, en nuestro ordenamiento, pueden citarse la Ley 28 de 1932 que consagró la libre administración y disposición de los bienes de cada uno de los cónyuges; el Decreto 1972 de 1933 que abrió las puertas de las universidades a las mujeres; la reforma de 1954 que les permitió ejercer el derecho al sufragio; el Decreto 1260 de 1970 que eliminó la obligación de llevar el apellido del esposo; el Decreto 2820 de 1974 que acabó con la potestad marital, figura que convertía a la mujer en incapaz relativo al momento de contraer matrimonio; o el Decreto 1398 de 1990 que reglamentó la convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, suscrita por Colombia en 1981.
Ahora bien: Uno de los mayores logros en la construcción de la igualdad jurídica de la mujer es sin duda la Constitución de 1991. Nuestra Carta Política no sólo reconoce la igualdad de derechos para todas las personas, sino que de manera explícita consagra la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la prohibición expresa de discriminar a la mujer(4).
(4) Además de lo anterior la Constitución contempló acciones afirmativas concretas a nivel constitucional para la protección efectiva de la mujer. Ejemplo de ello es la especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, después del parto y el subsidio alimentario si estuviere desempleada o desamparada. Igualmente en el artículo 42 se consagró la igualdad de derechos y deberes entre los cónyuges (C.P., art. 42). En el ámbito de los derechos políticos se estableció un mandato a las autoridades para garantizar la participación adecuada y efectiva de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública (C.P., art. 40).
Dice el artículo 13 de la Constitución:
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familia, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
Y el artículo 43 de la Carta expresa:
“La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación...”.
El principio de tratamiento igual reconocido constitucionalmente se configura, entonces, en un derecho fundamental de cuyo respeto depende la dignidad y la realización de la persona humana. En consecuencia, cualquier acto que pretenda “anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales”(5), como puede serlo el sexo, es un acto discriminatorio proscrito por la Constitución.
(5) Sobre el concepto de acto discriminatorio, véase la sentencia T-098 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sobre las distinciones que se fundan exclusivamente en la pertenencia a un determinado sexo, vale la pena recordar lo expuesto en la sentencia C-588 de 1992. Dijo la Corte:
“El legislador está obligado a instituir normas objetivas de aplicación común a los destinatarios de las leyes sin concebir criterios de distinción que representen concesiones inmerecidas a favor de algunos o trato peyorativo respecto de otros. Las diferencias que se introduzcan deben estar inspiradas bien en la realización del propósito constitucional de la igualdad real (C.N., art. 13) o en el desarrollo de los postulados de la justicia distributiva. (...).
La pertenencia al sexo masculino o al femenino tampoco debe implicar, por sí misma, una razón para obtener beneficios de la ley o para hallarse ante sus normas en inferioridad de condiciones. De allí que sean inconstitucionales las disposiciones que plasman distinciones soportadas única y exclusivamente en ese factor”(6).
(6) Sentencia C-588 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Claro está, que la igualdad de derechos que se reconoce al hombre y a la mujer no es simplemente de carácter formal, pues en algunos eventos se justifican diferenciaciones en aras de terminar con la histórica discriminación que ha sufrido la población femenina. En este sentido se “autoriza, dentro de un principio de protección, la toma de medidas positivas, dirigidas a corregir desigualdades de facto, a compensar la relegación sufrida y a promover la igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes económicos y sociales”(7). Es decir, que no siempre que se utilicen criterios distintivos como el sexo, existe un tratamiento discriminatorio; sin embargo, para que estas diferenciaciones sean constitucionalmente válidas, deben sustentarse en criterios razonables y objetivos que así las justifiquen.
(7) Corte Constitucional. Sentencia C-410 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
4. Sobre la norma impugnada: La inconstitucionalidad del numeral 7º del artículo 140 del Código Civil.
Antes de entrar a examinar los cargos del actor, es preciso advertir que la determinación sobre las causales de nulidad del matrimonio corresponde al legislador, en ejercicio de la libre configuración normativa que le asiste, y aquellas son aplicables a todo tipo de matrimonio, ya sea civil o religioso, en virtud de lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución, cuyos incisos pertinentes se transcriben a continuación:
“Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil.
No obstante, como lo ha expresado la Corte en decisiones anteriores, la competencia que la misma Constitución confiere al Congreso para regular los aspectos relativos al estado civil de las personas, debe estar enmarcada dentro de límites razonables, acordes con los preceptos constitucionales. En ese contexto se analizará la norma impugnada.
4.1. La violación del derecho a la igualdad.
Estima el demandante que la disposición acusada, al anular el matrimonio celebrado entre la mujer adúltera y su “cómplice”, establece un trato discriminatorio en razón del sexo en contra del derecho a la igualdad, consagrado en los artículos 13, 42 y 43 de la Constitución. Criterio que la Corte comparte por lo siguiente:
En primer lugar, como ya se anotó, la Carta reconoce la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. Si bien, no se trata de una igualdad matemática, que pretenda anular las diferencias que puedan existir entre ellos, sí es un principio que limita la competencia del legislador para establecer distinciones en el trato cuando no medie para ello una justificación objetiva y razonable o, en otros términos, cuando no se persiga una finalidad constitucionalmente plausible(8). ¿Es razonable, entonces, anular el matrimonio entre la mujer adúltera y la persona con quien sostuvo relaciones adulterinas, y no predicar las mismas consecuencias civiles respecto del matrimonio celebrado, en idénticas circunstancias, por el hombre adúltero?
(8) Ver, entre otras, las sentencias C-530 de 1993, T-230 de 1994, C-318 y C-445 de 1995, C-017 de 1996 y C-155 de 1997.
Sin lugar a duda, la respuesta tiene que ser negativa pues se trata de una situación jurídica equiparable, en la que incurren personas que la Constitución reconoce como iguales. Como bien lo ha sostenido esta corporación, “el principio de igualdad se traduce en el derecho a que no se consagren excepciones o privilegios que “exceptúen” a unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, de donde se infiere que la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los acontecimientos según las diferencias constitutivas de ellos”. Bajo esta perspectiva, en el asunto sub-examine, no puede ser admisible establecer una causal de nulidad del matrimonio aplicable solamente a la población femenina(9), pues ello no encuentra asidero en los principios y valores constitucionales. Si las relaciones de la familia se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja, es decir, en la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres que la conforman, no es equitativo ni razonable imponer una carga a uno de los miembros y eximir al otro, por su simple pertenencia a un determinado sexo.
(9) Esta Corte ya ha sostenido que las distinciones fundadas en la pertenencia a un determinado sexo, están enmarcadas en una clasificación sospechosa, es decir, en un criterio que ha estado asociado tradicionalmente a prácticas discriminatorias, lo que exige del legislador sobradas justificaciones sobre la necesidad de la diferenciación. Así mismo ha sostenido que, en estos eventos, el análisis de igualdad que realice el juez constitucional debe ser estricto y, por consiguiente, “sólo podrá considerar admisibles aquellas clasificaciones que sean necesarias para alcanzar objetivos imperiosos para la sociedad”. Véase, al respecto la sentencia C-445 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
En este sentido, encuentra la Corte que la distinción que introduce el numeral 7º del artículo 140 del Código Civil, lejos de perseguir una finalidad aceptada constitucionalmente, perpetúa la histórica discriminación que ha sufrido la mujer, al reproducir un esquema patriarcal en el que el hombre debía gozar de mayores prerrogativas y reconocimiento. Ello es evidente si se tiene en cuenta lo que la norma implícitamente prescribe: la mujer adúltera debe ser “sancionada” si se casa con su “cómplice”; el hombre, por el contrario, no tiene límite a su voluntad y a su sexualidad.
Esta concepción, como se ha insistido, no es compatible con los postulados superiores que reconocen la igualdad de derechos y deberes de todo ser humano, tal y como se desprende de los artículos 13, 42 y 43 de la Carta.
4.2. La violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
El segundo cargo que el demandante expone, es la violación de los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad pues, en su opinión, la norma impugnada prohíbe arbitrariamente que la mujer se case nuevamente con quien ella elija.
a) En primer lugar, adviértase que el numeral 7º del artículo 140 del Código Civil, establece que el matrimonio es nulo y sin efectos, “cuando se ha celebrado entre la mujer adúltera y su cómplice siempre que antes de efectuarse el matrimonio se hubiere declarado, en juicio, probado el adulterio” (resalta la Corte). Surge entonces un interrogante: ¿Cuál puede ser el proceso previo en el que se pruebe el adulterio?
Al respecto, el Procurador General de la Nación señala que con la expedición del Código Penal de 1936 el adulterio dejó de ser un delito y, por ello, en la actualidad “se trata de un hecho que no genera reproche por parte del Estado. Por tanto, al no existir una sentencia penal que declare probada esta conducta resulta imposible cuestionar posteriormente la validez del matrimonio entre mujer adúltera y su cómplice”.
Es evidente que el Procurador General está errado en su apreciación, pues si bien el adulterio fue despenalizado, en el campo civil genera consecuencias jurídicas. Específicamente, de acuerdo con el Decreto 2820 de 1974 “por el cual se otorgan iguales derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones” y la Ley 1ª de 1976 “por la cual se establece el matrimonio civil, se regulan la separación de cuerpos y de bienes en el matrimonio civil y en el canónico, y se modifican algunas de las disposiciones del Código Civil y de Procedimiento Civil en materia de Derecho de Familia”, este comportamiento es causal de divorcio (que disuelve el vínculo civil en toda clase de matrimonios), de separación de cuerpos y de bienes, aplicable tanto a la mujer como al hombre. Es decir, que en los procesos que se sigan por esta causal, se puede probar el adulterio y, de acuerdo con ello, “cuestionar posteriormente la validez del matrimonio entre la mujer adúltera y su cómplice”.
b) Ahora bien, lo que sí comparte la Corte es el argumento respecto de la violación de los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, reconocidos en los artículos 15 y 16 del estatuto superior. En efecto, como lo ha reiterado esta corporación, la decisión de contraer nuevas nupcias corresponde al fuero interno del individuo y, en consecuencia, es arbitraria toda injerencia que limite esa opción individual. Sobre este particular, vale la pena insistir que la doctrina de la Corte ha sido la siguiente:
“La decisión de optar entre el estado civil de casado, separado o divorciado, así como la relativa a la escogencia entre la opción matrimonial y la unión permanente, corresponde única y exclusivamente a la pareja, tal como resulta del artículo 42 de la Carta Política. Ni el Estado ni los particulares pueden interferir en las determinaciones que las personas adopten en esa materia, según sus propias necesidades y conveniencias.
En este campo, como en todos los que conciernen a la vida privada, ninguna institución, ni pública ni particular, puede erigirse en autoridad para desestimar o desconocer las decisiones autónomas de un individuo respecto de la unión amorosa, sentimental, matrimonial o de convivencia familiar que desee establecer.
Lo anterior significa que, si una persona casada decide libremente acogerse a la normatividad para poner fin al vínculo establecido con otra y, también en ejercicio de su libertad, resuelve establecer un nuevo lazo afectivo, bien sea matrimonial o de unión permanente, nadie extraño a los interesados puede legítimamente controvertir esa decisión, ni descalificarla. La nueva esposa o compañera, o el nuevo esposo o compañero, tienen derecho a su condición mientras el establecimiento del nuevo vínculo no vulnere las normas legales pertinentes y, en caso de que esto último acontezca, queda en manos del juez competente la imposición de las sanciones a que haya lugar, según las reglas que la legislación tiene previstas para sancionar conductas como la bigamia.
La ausencia de este respeto a la autonomía vulnera no solamente el libre desarrollo de la personalidad sino el derecho a la intimidad”(10).
(10) Sentencia T-543 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. A este respecto también se pueden consultar entre otras, las sentencias C-588 de 1992, C-182 de 1997 y C-480 de 1998.
Al tenor de lo expuesto, no cabe duda de que la disposición acusada establece una injerencia indebida en el ámbito de la libertad individual. Tal vez cuando el adulterio era penalizado, se podía concebir que, en función del delito, se limitara el libre desarrollo de la personalidad; sin embargo, hoy en día, a la luz de la Carta de 1991, no es razonable desestimar u obstaculizar la decisión del sujeto respecto a su unión marital y mucho menos hacerlo en razón del sexo al que pertenece.
Finalmente, a este respecto, vale la pena reiterar uno de los argumentos del Procurador General de la Nación, que la Corte comparte totalmente:
“Si la Constitución Política reconoce los vínculos naturales como medio para la conformación de la familia, resulta un contrasentido consagrar como causal de nulidad del matrimonio un comportamiento que libremente pueden llevar a cabo quienes aspiran a integrar una nueva familia. De nada sirve prohibir el matrimonio entre dos personas, cuando ellas pueden optar por conformar una familia mediante vínculos naturales, encontrándose el Estado y la sociedad, según el artículo 42 de la Carta, en la obligación de protegerlos”.
Así pues, de acuerdo con lo dicho, es preciso concluir que el numeral 7º del artículo 140 del Código Civil viola los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad y, por tanto, será declarado inexequible.
Declarar INEXEQUIBLE el numeral 7º del artículo 140 del Código Civil.
Notifíquese, comuníquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».
(Sentencia C-082 de febrero 17 de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

References: ARTÍCULO 140
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