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Timestamp: 2018-02-21 07:55:54+00:00

Document:
Los Tribunales de honor conocerán y sancionarán los actos deshonrosos cometidos por funcionarios pertenecientes a la Carrera Fiscal, que no teniendo sanción expresa en las Leyes penales, los haga desmerecer en el concepto público o indignos de continuar desempeñando las funciones del cargo, o que causen el desprestigio del Cuerpo.
Pueden ser sometidos al Tribunal de honor todos los funcionarios de la Carrera Fiscal que se hallen en servicio activo, excedentes o suspensos.
Podrán promover la formación del Tribunal de honor:
El Fiscal del Tribunal Supremo o el Consejo Fiscal, bien por orden del Ministro de Justicia, bien por el resultado de los expedientes de que conozcan o de las causas criminales, o juicios de responsabilidad civil, que contra aquellos funcionarios se sigan, los que le serán remitidos para tal efecto por el Tribunal correspondiente, una vez terminados, aunque la sentencia recaída haya sido absolutoria, o se haya acordado el sobreseimiento.
Las mismas autoridades por denuncia concreta y firmada de un número de funcionarios de la Carrera no inferior a 10 y, a ser posible de la misma categoría y mayor antigüedad que el inculpado.
En todo caso antes de la iniciación del procedimiento se comunicará al Ministro de Justicia.
La disposición que acuerde la formación del Tribunal de honor fijará los plazos para la designación de los componentes del mismo, el lugar en que ha de funcionar y el término durante el cual haya de tener su actuación y haya de dictarse la resolución procedente.
El Tribunal de honor lo constituirán siete funcionarios y dos suplentes, todos pertenecientes a la Carrera y en servicio activo, designados por sorteo entre los que tengan la misma categoría que el inculpado y sean de mayor antigüedad que éste. Si el funcionario residenciado fuere el más antiguo de su categoría, o no tuviere delante en la respectiva escala un número suficiente de funcionarios para formar el Tribunal, se completará éste con los pertenecientes a la categoría inmediata superior. Si el inculpado perteneciere a la categoría segunda u ocupare uno de los primeros números de la categoría tercera y no hubiere por ello siete funcionarios que reúnan aquellas condiciones, se completará el número de Vocales del Tribunal, tomándolos de la escala en que él figure y de la inmediata inferior por orden de antigüedad.
La misma regla se observará cuando por recusación, incapacidad o excusa, debidamente fundada de alguno de los funcionarios llamados a formar el Tribunal, no haya en él número suficiente de ellos que reúnan aquellas preferentes condiciones.
No podrán formar parte del Tribunal de honor los funcionarios que tengan nota desfavorable en su expediente personal.
Los dos de menor categoría o de menor antigüedad, en su caso, serán los suplentes.
Será el Presidente del Tribunal el funcionario de mayor categoría y antigüedad dentro de ella, y si hubiere varios con iguales condiciones, el de más edad. Actuará de Secretario el Vocal de menor categoría o el de menor antigüedad, si todos pertenecieren a la misma y, en su caso, el de menor edad.
Cuando alguno de ellos no pueda actuar por enfermedad u otro impedimento legítimo, será sustituido por el que le siga o preceda en antigüedad o edad, conforme a las mismas normas.
El Tribunal de Honor se constituirá y actuará en el lugar que determine la disposición que acuerde su formación, teniendo en cuenta las conveniencias del servicio a la vista de la distribución del personal, del destino del inculpado y del sitio en que se supongan cometidos los hechos objeto del procedimiento.
El cargo de Vocal del Tribunal de honor es irrenunciable y obligatorio para su desempeño, pero podrán excusarse de actuar o ser recusados los elegidos en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:
Parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad con el funcionario que haya de ser juzgado, o con algún otro Vocal.
Amistad intima o enemistad manifiesta con el inculpado.
Tener interés personal en el asunto que motive la actuación del Tribunal.
Las excusas y las recusaciones se formularán ante el Consejo Fiscal con las debidas justificaciones dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de los nombramientos y serán admitidas o rechazadas por el mismo Consejo, previas las diligencias de prueba que estime precisas, sin que contra su acuerdo se dé recurso alguno.
La alegación infundada de alguna excusa se considerará como falta grave y será sancionado disciplinariamente el funcionario que la haya producido.
La tramitación de todas las diligencias necesarias para la constitución del Tribunal de honor será llevada por el Consejo Fiscal, que designará para ello un Ponente, al que auxiliará como Secretario el de este Organismo. Las actuaciones se practicarán sin pérdida de día y el mismo Consejo podrá sancionar en vía disciplinaria de plano cualquier demora injustificada, si la falta hubiere sido cometida por funcionario que le esté subordinado. En otro caso, acudirá con la oportuna queja al superior jerárquico del moroso, para que le sancione.
El Consejo procederá a la designación del Presidente y los Vocales que hayan de formar el Tribunal de honor con arreglo a las precedentes reglas, y una vez firmes los nombramientos, trasladará al Presidente la denuncia original con cuantos antecedentes obren en su poder en relación con los hechos o asuntos de que se trate y con el inculpado que puedan servir de elementos de juicio.
En seguida que el Presidente reciba los documentos mencionados en el artículo anterior se constituirá el Tribunal en el lugar que se le haya designado y comenzará su actuación, que se acomodará a las sucintas reglas contenidas en el párrafo quinto de la Base III de la Ley de 17 de octubre de 1941, y en cuanto al término para dictar el fallo a lo que se haya dispuesto al ordenar su constitución o, en su defecto, a lo que acuerde en la reunión que tenga para este fin y para los demás que se señalan en ese precepto.
Todas las actuaciones del Tribunal serán reservadas y de cada sesión se extenderá acta por duplicado, que autorizarán el Presidente y el Secretario, salvo la en que se acuerde la resolución final, que deberá ser firmada por todos los miembros del Tribunal. Esta resolución absolutoria o condenatoria será adoptada en conciencia y honor por mayoría de votos, debiendo concurrir a la sesión en que se haya de adoptar, todos los Vocales. Para las demás sesiones y actuaciones del Tribunal bastará la asistencia de cinco. En uno y otro caso, los propietarios que falten serán reemplazados por los suplentes hasta completar el número exigido. La asistencia a sesiones es obligatoria, a menos de impedirla causa legítima debidamente justificada y ningún Vocal podrá abstenerse de votar en sentido concreto.
Un ejemplar de cada acta se archivará en el Consejo Fiscal.
La resolución del Tribunal de Honor deberá contener uno de estos pronunciamientos.
Separación del servicio con reserva del derecho a la pensión que corresponda al funcionario por el tiempo de sus servicios.
Contra la resolución del Tribunal no se dará recurso alguno.
La resolución absolutoria será inmediatamente cumplida, alzándose la suspensión impuesta al acusado, reintegrándole a su destino y ordenando el abono de los haberes que hubiere dejado de percibir.
Si la resolución fuere condenatoria se remitirá el expediente al Consejo de Estado al solo efecto de que dictamine sobre el cumplimiento de los preceptos que regulan este procedimiento, y una vez devuelto el informe que deberá emitir el Alto Cuerpo en el plazo más breve posible, se elevará al Ministro de Justicia, para que, en término de 8 días, dicte la disposición, separando del servicio al funcionario condenado, si aquel dictamen fuere afirmativo de la regularidad y observancia de las normas procesales. Si acusase algún quebrantamiento de forma, dictará el Ministerio resolución anulando lo actuado desde el trámite en que se hubiere cometido la falta y ordenado la formación de nuevo Tribunal de Honor. En uno y otro caso se archivará en el Consejo Fiscal copia certificada de la resolución.
Por el Ministerio de Justicia se publicará el escalafón de miembros de la Carrera Fiscal relacionados por el orden en que lo están en el vigente, con las modificaciones operadas con posterioridad, sin perjuicio de revisar el tiempo de servicios prestados por cada funcionario a partir de la fecha de posesión en el primer destino, que servirá de base para el cómputo de trienios.
La antigüedad de 7 años a que se refiere el artículo 23.1, no será exigible a quienes, conforme a la legislación anterior, reunieran, a la publicación de este Reglamento las condiciones necesarias para servir los cargos de Abogado Fiscal del Tribunal Supremo, Teniente Inspector Fiscal y Tenientes Fiscales de las Audiencias Territoriales de Madrid y Barcelona.
En tanto no se dicte el Reglamento a que se refiere la disposición final primera de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal seguirá aplicándose en lo que no se oponga a dicha Ley.
Redacción según Real Decreto 1377/1980, de 30 de junio, por el que se modifica el artículo 24.1 del Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal sobre promoción a la categoría segunda de Fiscal General.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 23
 Real Decreto 
 artículo 24