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Timestamp: 2019-01-21 22:28:41+00:00

Document:
Art�culo 3 �Requisitos generales de los traslados
Art�culo 4 �Vigilancia, control, inspecci�n y r�gimen sancionador
CAP�TULO II.� Requisitos comunes a todos los traslados
Art�culo 5 �Contenido del contrato de tratamiento de residuos
Art�culo 6 �Documento de identificaci�n
Art�culo 7 �Rechazo de los residuos
CAP�TULO III.� Requisitos espec�ficos
Art�culo 8 �Notificaci�n previa de traslado
Art�culo 9 �Oposici�n al traslado
Disposici�n adicional primera �Tramitaci�n electr�nica
Disposici�n adicional segunda �Movimientos de residuos en el interior de una comunidad aut�noma
Disposici�n adicional tercera �Situaciones de emergencia
Disposici�n adicional cuarta �Traslados de residuos con tr�nsito por otro pa�s
Disposici�n final primera �Modificaci�n del anexo VIII de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
Disposici�n final tercera �Autorizaci�n para la actualizaci�n de los anexos
ANEXO I .�Contenido del documento de identificaci�n
ANEXO II .�Contenido de la notificaci�n previa de traslado
El Convenio de Basilea de 22 de marzo de 1989 sobre el control de los movimientos transfronterizos de los residuos peligrosos y su eliminaci�n –�Convenio de Basilea� en adelante– supuso la respuesta de la comunidad internacional a los problemas generados por los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos derivados del incesante aumento de la producci�n mundial de estos residuos.
El tratado internacional, ratificado por un n�mero importante de pa�ses, pretende b�sicamente controlar los movimientos de residuos peligrosos y prevenir su tr�fico il�cito, reconociendo que la forma m�s efectiva de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los da�os producidos por los residuos es la reducci�n de su generaci�n en cantidad y en peligrosidad.
Los principios sobre los que se inspira el Convenio de Basilea son la gesti�n adecuada de los residuos que reduzca al m�nimo los traslados, el tratamiento y eliminaci�n de los residuos lo m�s cerca posible de la fuente de su generaci�n as� como la reducci�n y minimizaci�n de la generaci�n de residuos peligrosos en su origen.
Mediante la Decisi�n 93/98/CEE del Consejo, de 1 de febrero de 1993, se autoriz� la firma en nombre de la entonces Comunidad Europea del Convenio de Basilea. Con la adopci�n del Reglamento (CEE) n.o 259/93, del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea, se establecieron normas para que el sistema comunitario de supervisi�n y control de los movimientos de residuos cumpliera los requisitos del Convenio de Basilea.
El Reglamento (CEE) n.o 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, fue sustituido por el Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos (�el reglamento comunitario� en adelante), con la finalidad de adaptarlo a las sucesivas modificaciones del Convenio de Basilea.
Este reglamento comunitario pretende garantizar que los residuos que se trasladen dentro de la Comunidad, as� como los que se importen desde terceros pa�ses a la Comunidad, se gestionen de modo que durante todo el traslado y cuando se valoricen o eliminen en el pa�s de destino, no se ponga en peligro la salud humana y no se utilicen procesos o m�todos que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente.
En lo que respecta a las exportaciones hacia terceros pa�ses desde la Comunidad que no est�n prohibidas, el reglamento comunitario pretende garantizar que la gesti�n del residuo se lleve a cabo de manera ambientalmente correcta durante todo el transcurso del traslado e incluyendo la valorizaci�n o eliminaci�n en el pa�s tercero de destino. Para ello se requiere que la instalaci�n receptora de residuos cumpla normas de protecci�n de la salud humana y del medio ambiente equivalentes a las normas establecidas en la legislaci�n comunitaria.
La vigilancia y el control de los traslados de residuos dentro de un Estado miembro, como el propio reglamento comunitario reconoce en su parte expositiva, es un asunto que compete al Estado miembro en cuesti�n; no obstante, como igualmente se recoge en el reglamento, los reg�menes nacionales de traslados de residuos deben tener en cuenta la necesidad de mantener la coherencia con el sistema comunitario, a fin de garantizar un elevado nivel de protecci�n del medio ambiente y de la salud humana en todo el territorio de la Uni�n.
Por este motivo el art�culo 33 del reglamento comunitario obliga a cada Estado miembro a establecer un r�gimen adecuado de vigilancia y control de los traslados de residuos realizados exclusivamente dentro de su jurisdicci�n. Dicho r�gimen deber� tener en cuenta la necesidad de garantizar la coherencia con el r�gimen comunitario establecido por los t�tulos II y VII del propio reglamento comunitario (que regulan respectivamente los traslados en el interior de la comunidad con o sin tr�nsito por terceros pa�ses y las disposiciones adicionales relativas a la protecci�n del medio ambiente, a las inspecciones de establecimientos y empresas, as� como las infracciones y sanciones).
Para dar cumplimiento al mandato contenido en el citado art�culo 33 del reglamento comunitario, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, ha establecido un r�gimen jur�dico para regular los traslados de los residuos en el interior del territorio del Estado, basado en los principios del derecho internacional y comunitario.
Debe se�alarse que no es esta la primera vez que se aborda la materia en nuestro ordenamiento jur�dico. El Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecuci�n de la Ley 20/1986, B�sica de Residuos T�xicos y Peligrosos, ya regul� las obligaciones relativas al traslado de residuos, si bien circunscritas a los entonces denominados �residuos t�xicos y peligrosos� –�residuos peligrosos� en la actual terminolog�a–, en consonancia con la norma comunitaria entonces en vigor: la Directiva 84/631/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1984, relativa al seguimiento y al control en la Comunidad de los traslados transfronterizos de residuos peligrosos. La nueva regulaci�n contenida en el presente real decreto, por el contrario, se aplicar�, a semejanza de lo que establece el reglamento comunitario, a todos los residuos, ampli�ndose de este modo las garant�as de su control y trazabilidad.
En el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, quedaron ya establecidos los tres elementos b�sicos que configuran el r�gimen de los traslados de residuos: en primer lugar, la existencia de un compromiso previo entre el productor de los residuos y el gestor, que garantice que los residuos trasladados ser�n aceptados y adecuadamente gestionados; en segundo lugar, la necesidad de que los residuos vayan acompa�ados de un documento de identificaci�n que constituye el instrumento para el seguimiento del residuo desde su origen hasta su tratamiento final y, en tercer lugar, la obligaci�n de notificar los traslados regulados en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.
La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos incluy� un art�culo relativo al �Traslado de residuos dentro del territorio del Estado�, en el que se regulaban los motivos de oposici�n de las comunidades aut�nomas a la entrada y salida de residuos de su territorio. Este mismo art�culo estableci� que el Gobierno regular�a los traslados entre comunidades aut�nomas.
Dado que esa regulaci�n no se llev� a cabo, en la pr�ctica los traslados de residuos se han efectuado, desde el a�o 1988 hasta el momento actual, de conformidad con el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, si bien limitando su �mbito a los traslados de residuos peligrosos.
La necesidad de mantener la unidad de mercado dentro de la estricta observancia de las normas sobre protecci�n del medio ambiente, y de respetar el principio de la libre circulaci�n de mercanc�as –si bien muy matizado cuando se trata de residuos y especialmente si son peligrosos– aconseja la adopci�n de criterios comunes, aplicables a todos los traslados que se realicen en el territorio del Estado; criterios, debe resaltarse, que han sido demandados en numerosas ocasiones por las propias comunidades aut�nomas, que ostentan la competencia de la vigilancia y control de los movimientos de residuos en su territorio. La Ley 22/2011, de 28 de julio, adem�s de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del derecho de la Uni�n aludidas anteriormente, ha sentado las bases para la determinaci�n de esos criterios rectores del r�gimen de traslados. Procede ahora, mediante la aprobaci�n de este real decreto, el desarrollo de los mismos.
Una de las cuestiones que hab�a suscitado dudas en la aplicaci�n del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, era la del propio �mbito de aplicaci�n del r�gimen de traslados, dudas que se extend�an hasta el mismo concepto de �traslado� y a la diferencia entre el traslado y el transporte de los residuos.
Pues bien, esta cuesti�n se aborda en el art�culo 25 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, que define el traslado de residuos en el interior del Estado –siguiendo la definici�n de traslado ofrecida por el reglamento comunitario– como �el transporte de residuos desde una comunidad aut�noma a otra, para su valorizaci�n o eliminaci�n�. De este modo queda acotado el �mbito de aplicaci�n de este r�gimen jur�dico, que solamente ser� de obligada aplicaci�n cuando los residuos se transporten de una comunidad aut�noma a otra y cuando el destino de los residuos sea su valorizaci�n o eliminaci�n.
No obstante, para garantizar el adecuado cumplimiento de lo establecido en el art�culo 33 del reglamento comunitario las comunidades aut�nomas regular�n los movimientos de residuos que se realicen exclusivamente dentro de su territorio, de forma coherente con el r�gimen establecido en este real decreto.
El presente real decreto tiene su fundamento en la disposici�n final tercera, apartado 1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, que habilita al Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicaci�n de la misma, y su finalidad es desarrollar lo previsto en el art�culo 25 de la ley sobre los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado.
La norma se estructura en tres cap�tulos: el primero contiene las disposiciones de car�cter general, el segundo los requisitos comunes a todos los traslados y el tercero se refiere al caso espec�fico de los traslados que requieren que se efect�e una notificaci�n previa a los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas.
El cap�tulo I comienza con la determinaci�n del objeto, el �mbito de aplicaci�n, definiciones y requisitos generales de los traslados. En relaci�n con el �mbito de aplicaci�n resulta relevante aclarar que este real decreto resulta de aplicaci�n en el �mbito del transporte profesional de residuos tal como se deriva del art�culo 26 de la Directiva, 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, que queda reflejado en el art�culo 29.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
En el �mbito de aplicaci�n se mencionan de manera expresa los traslados destinados a valorizaci�n o eliminaci�n �intermedias�, t�rminos definidos en este mismo cap�tulo y que proceden del reglamento comunitario. Esta inclusi�n resulta crucial para la cabal comprensi�n de la norma, ya que permite aplicar el r�gimen jur�dico de los traslados a los movimientos de residuos entre comunidades aut�nomas cuyo destino sea una instalaci�n de almacenamiento.
Este almacenamiento vinculado a una instalaci�n autorizada –instalaci�n diferente de aqu�lla en la que se produjeron los residuos– debe considerarse, de conformidad con la Ley 22/2011, de 28 de julio, una operaci�n de tratamiento –eliminaci�n D15 del anexo I o valorizaci�n R13 del anexo II.
Adem�s de las mencionadas definiciones, se ha introducido en este cap�tulo la de �operador del traslado� como la persona f�sica o jur�dica que pretende trasladar o hacer trasladar residuos a otra comunidad aut�noma para su tratamiento. El operador ser�, como regla general, el productor de los residuos y, en caso de que intervengan en el traslado, el negociante, o el agente podr�n ser los operadores del traslado en lugar del productor. La determinaci�n del operador es importante a los efectos del control administrativo de los traslados y de la aplicaci�n del r�gimen de vigilancia y sanci�n previstos en la Ley 22/2011, de 28 de julio. Por ello el real decreto incorpora una cl�usula de cierre que establece que en caso de que todas las personas anteriores sean desconocidas se considerar� operador del traslado la persona f�sica o jur�dica que est� en posesi�n de los residuos. El real decreto contempla una excepci�n a la consideraci�n del productor como operador: cuando se trate de la recogida a diferentes productores, que se realizan en un mismo veh�culo, de residuos que se trasladan de una sola vez a una instalaci�n de almacenamiento o a otro tipo de instalaci�n situada en otra comunidad aut�noma; en este caso se contempla la posibilidad de que sea el recogedor autorizado o en su caso el gestor de la instalaci�n el que act�e como operador y notifique previamente el traslado desde cada lugar de producci�n al almac�n. Un ejemplo de esta situaci�n ser�a la recogida de aceites industriales usados procedentes de talleres de reparaci�n situados en una o varias comunidades aut�nomas, que se llevan temporalmente a un almac�n situado en otra comunidad aut�noma distinta, a la espera de su traslado a una instalaci�n de regeneraci�n situada en una tercera, en este caso el operador del traslado desde cada taller al almac�n ser� el recogedor autorizado.
Se incluyen tambi�n las definiciones de �documento de identificaci�n�, que acompa�a e identifica a los residuos en todo tipo de traslado, y el �contrato de tratamiento� que en t�rminos generales es el acuerdo entre el operador y el destinatario del traslado que establece, al menos, las especificaciones de los residuos, las condiciones del traslado y las obligaciones de las partes cuando se presenten incidencias –equivalente al denominado �documento de aceptaci�n� en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio–. La raz�n de este cambio de denominaci�n est� en la confusi�n que se ha producido en el pasado entre la �aceptaci�n� como documento que plasma el acuerdo entre productor y gestor de los residuos que garantiza que los residuos ser�n tratados adecuadamente y la �aceptaci�n� como el hecho f�sico de admitir en la planta de tratamiento los residuos entregados por el transportista que ha efectuado en traslado.
Este primer cap�tulo enumera tambi�n los requisitos generales de los traslados. Como ya se ha mencionado anteriormente, existen unos requisitos comunes para todos los traslados –la existencia previa de un �contrato de tratamiento�, el �documento de identificaci�n�– y un tercer requisito adicional, la notificaci�n previa, aplicable exclusivamente a los traslados de residuos destinados a la eliminaci�n y a los traslados de residuos dom�sticos mezclados, residuos peligrosos y los que reglamentariamente se determinen, cuando se destinen, en los tres supuestos, a valorizaci�n.
Este primer cap�tulo concluye con la remisi�n al r�gimen de vigilancia, inspecci�n y sanci�n contenido en el t�tulo VII de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
El cap�tulo II desarrolla los requisitos comunes a todos los traslados, es decir el �contrato de tratamiento� y el �documento de identificaci�n�.
El contrato de tratamiento es una de las piezas esenciales de este r�gimen jur�dico. Como se ha puesto de manifiesto anteriormente equivale al denominado �documento de aceptaci�n� del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. Se trata de un documento de naturaleza contractual jur�dico-privada, suscrito entre el operador del traslado y la entidad o empresa que efectuar� el tratamiento, ya sea intermedio, ya sea final. Se contempla tambi�n en la definici�n del contrato de tratamiento que este pueda ser suscrito entre el productor o poseedor de los residuos en el supuesto de que el operador sea el gestor que recoge residuos de distintos or�genes. En este contrato deber� estipularse, como m�nimo, la cantidad estimada de residuos que se van a trasladar, su identificaci�n mediante codificaci�n LER, la periodicidad estimada de los traslados, el tratamiento al que se va a someter los residuos, cualquier otra informaci�n que sea relevante para el adecuado tratamiento de los residuos y las consecuencias jur�dicas de la no conformidad del traslado con lo establecido en el propio contrato de tratamiento.
La existencia de este acuerdo, que es previo a la realizaci�n de cualquier traslado y que, por regla general, dar� cobertura a todos los traslados que se prevea realizar en un determinado periodo de tiempo, supone una garant�a de que los residuos solamente se trasladar�n si se destinan a una planta de tratamiento en la que ser�n tratados; adem�s dicho contrato garantiza, en caso de incidencias o de incumplimiento del mismo, la existencia de un protocolo de actuaci�n acordado entre el operador y la empresa que va a recibir los residuos para su tratamiento. Para aquellas situaciones que pudieran producirse durante un traslado que no estuvieran previstas en el contrato de tratamiento, el real decreto remite a lo establecido en el reglamento comunitario.
No menor es la importancia del �documento de identificaci�n�, denominado en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, �documento de control y seguimiento� (�DCS�). Su contenido, detallado en el anexo I, permite conocer en todo momento el tipo de residuo, su origen y destino, el operador del traslado, los datos del transportista y cualquier otra circunstancia inherente al movimiento de los residuos. Posee, por tanto, un papel esencial para la adecuada trazabilidad y para facilitar a las administraciones sus funciones de control, vigilancia e inspecci�n.
Este cap�tulo regula finalmente el supuesto del rechazo de los residuos en la planta de tratamiento a la que se han trasladado. Este real decreto contempla dos posibles supuestos: la devoluci�n del residuo al lugar de origen acompa�ado del mismo documento de identificaci�n, y el almacenamiento del residuo de forma temporal previamente a su env�o a otra instalaci�n de tratamiento, acompa�ado de un nuevo documento de identificaci�n. En este �ltimo caso obliga a efectuar una nueva notificaci�n de traslado cuando los residuos no sean devueltos a su lugar de origen sino que se trasladan a otra planta, ya sea en la comunidad aut�noma de destino, ya sea en otra diferente.
El cap�tulo III y �ltimo desarrolla el requisito adicional de la �notificaci�n previa� a la que se someten determinados tipos de traslados, que, por la naturaleza de los residuos o por el tratamiento al que se someter�n, deben ser previamente puestos en conocimiento de las administraciones afectadas, con el fin de que puedan, si hay razones que lo justifican, oponerse a los mismos.
De este modo, todo traslado de residuos destinado a eliminaci�n debe notificarse previamente, ya que este tipo de tratamiento ocupa el �ltimo lugar en la jerarqu�a de residuos, consagrada en el art�culo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, y por tanto, debe proporcionarse a la Administraci�n la ocasi�n de que valore si existe una alternativa al traslado de residuos a otra comunidad aut�noma para su eliminaci�n, de acuerdo con los principios de autosuficiencia y proximidad, sentados tambi�n en la ley.
Tambi�n se someten a notificaci�n previa determinados residuos que, a�n destinados a valorizaci�n, pueden tener efectos que deben ser analizados por las Administraciones: se trata de los residuos dom�sticos mezclados, de los peligrosos y de aqu�llos que reglamentariamente se determine.
El procedimiento de notificaci�n previa se ha dise�ado teniendo presente la necesidad de simplificar y facilitar a los operadores los tr�mites administrativos, y para ello el plazo que se otorga a las Administraciones para manifestarse –diez d�as– es muy breve, y el silencio administrativo tiene car�cter positivo, de manera que si en dicho plazo no hubiese pronunciamiento el operador podr� efectuar el traslado.
Asimismo, y con el objetivo tambi�n de simplificaci�n, se prev� que el operador pueda efectuar una notificaci�n general con una vigencia de tres a�os para residuos de similares caracter�sticas f�sicas y qu�micas que vayan a un mismo destinatario e instalaci�n.
Los motivos de oposici�n a los traslados se han recogido �ntegramente en este cap�tulo para facilitar la labor de aplicaci�n de la norma, evitando las remisiones en cascada a la Ley 22/2011, de 28 de julio, y al reglamento comunitario, al que la ley a su vez se remit�a para determinar dichos motivos de oposici�n. En aplicaci�n de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garant�a de la unidad de mercado, no podr� ser causa de oposici�n al traslado que determinados servicios est�n declarados, en el territorio de destino, servicio p�blico al amparo del art�culo 14.6 de la Ley 22/2011,de 28 de julio.
La parte final de la norma est� integrada por dos disposiciones adicionales, una disposici�n transitoria que permite que se sigan utilizando los documentos existentes en tanto no est�n disponibles los formatos adaptados a la nueva regulaci�n, y una disposici�n derogatoria que deroga expresamente determinados art�culos del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y cuatro disposiciones finales sobre modificaci�n del anexo VIII de la Ley 22/2011, de 28 de julio, t�tulos competenciales, autorizaci�n para la actualizaci�n de los anexos y entrada en vigor.
La disposici�n adicional primera establece que los tr�mites previstos en la misma se efectuar�n por v�a electr�nica. A estos efectos est� previsto que todos los documentos de traslados est�n disponibles en formato electr�nico y �nico para todo el territorio del Estado. Estos documentos se adecuar�n a las situaciones previstas en este real decreto.
Mediante la disposici�n adicional segunda se regulan los movimientos de residuos en el interior del territorio de las comunidades aut�nomas que deber�n establecer su propio r�gimen de vigilancia y control de los movimientos de residuos realizados exclusivamente dentro de su territorio. La finalidad de esta disposici�n es completar la regulaci�n de todos los movimientos de residuos que se realicen en el interior del territorio nacional –y no solamente los que se realizan entre comunidades aut�nomas– garantiz�ndose as� el completo y correcto cumplimiento del art�culo 33 del Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, seg�n el cual los Estados miembros deben regular los traslados dentro de su jurisdicci�n.
El r�gimen de los traslados en el interior de cada comunidad aut�noma deber� tener en cuenta la necesidad de garantizar la coherencia con el r�gimen de traslados entre comunidades aut�nomas y en particular, la exigencia de un documento de identificaci�n que acompa�e a los residuos en sus movimientos, la notificaci�n previa y la existencia de un contrato de tratamiento.
La disposici�n adicional cuarta regula los traslados de residuos entre comunidades aut�nomas, cuando existe un pa�s de tr�nsito perteneciente a la Uni�n Europea y cuando el pa�s de tr�nsito es un tercer pa�s, en cuanto a las competencias relativas a las autorizaciones y tramitaciones de acuerdo con el Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006.
La disposici�n final primera introduce una modificaci�n del apartado f) del anexo VIII de la Ley 22/2011, de 28 de julio, sobre el contenido de la comunicaci�n de los productores y gestores de residuos, con el fin de adaptarlo a la nueva denominaci�n del documento de aceptaci�n, que en virtud de este real decreto pasa a denominarse contrato de tratamiento.
Si bien la disposici�n final tercera de la Ley 22/2011, de 28 de julio, establece que �la actualizaci�n y modificaci�n de los anexos de esta ley, se llevar� a cabo mediante orden del Ministro de Agricultura, Alimentaci�n y Medio Ambiente�, razones de seguridad jur�dica han conducido a la opci�n de hacer esta ligera modificaci�n a trav�s de esta norma.
Los t�tulos competenciales en los que se fundamenta este real decreto son el art�culo 149.1.13.� de la Constituci�n, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica, y el art�culo 149.1.23.�, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en legislaci�n b�sica sobre protecci�n del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades aut�nomas de establecer normas adicionales de protecci�n.
Sobre el primero de los t�tulos competenciales mencionados debe se�alarse que los traslados de residuos tienen una gran importancia en la econom�a. Los residuos son mercanc�as –si bien es cierto que como tales presentan algunas singularidades– por lo que est�n sometidos a las reglas de la libre circulaci�n y al principio de unidad de mercado. La regulaci�n de los traslados de residuos, por tanto, debe fundamentarse en este t�tulo. Ahora bien, como mercanc�as con caracter�sticas espec�ficas deben quedar tambi�n sometidas a las normas sobre protecci�n del medio ambiente, por lo que resulta tambi�n imprescindible mencionar el t�tulo competencial del art�culo 149.1.23.� de la Constituci�n.
Son dos los anexos que acompa�an al real decreto: uno relativo al contenido del documento de identificaci�n y otro al de la notificaci�n de traslado.
En la elaboraci�n de este real decreto se ha consultado a las comunidades aut�nomas y ciudades de Ceuta y Melilla, y a los sectores m�s representativos potencialmente afectados. Adem�s se ha sometido al Consejo Asesor del Medio Ambiente, a la Comisi�n de coordinaci�n en materia de residuos y al tr�mite de participaci�n p�blica de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci�n, de participaci�n p�blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentaci�n y Medio Ambiente, con la aprobaci�n previa del Ministro de Hacienda y Administraciones P�blicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros, en su reuni�n del d�a 13 de marzo de 2015,
1. El presente real decreto tiene por objeto desarrollar el r�gimen jur�dico de los traslados de residuos que se realizan en el interior del territorio del Estado, regulado en el art�culo 25 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
2. Este real decreto se aplica a los traslados de residuos entre comunidades aut�nomas para su valorizaci�n o eliminaci�n, incluidos los traslados que se producen a instalaciones que realizan operaciones de valorizaci�n o eliminaci�n intermedias.
Adem�s de las definiciones contenidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, a los efectos de este real decreto se entender� por:
a) �Operador del traslado�: la persona f�sica o jur�dica que pretende trasladar o hacer trasladar residuos para su tratamiento, y en quien recae la obligaci�n de notificar el traslado. El operador es alguna de las personas f�sicas o jur�dicas de la siguiente lista, elegidas de acuerdo con el orden establecido en ella:
1.� El productor del residuo de acuerdo con la definici�n del art�culo 3.i) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, con car�cter general y siempre que el origen del traslado sea el lugar de producci�n del residuo.
2.� El gestor del almac�n o de la instalaci�n de tratamiento, en el caso de que se recojan residuos procedentes de distintos productores o poseedores en un �nico veh�culo y se trasladen a un almac�n o a una instalaci�n de tratamiento de residuos.
3.� El gestor del almac�n, en el caso de que el traslado se realice desde un almac�n autorizado.
4.� El negociante, previsto en la definici�n del art�culo 3.k) de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
5.� El agente, previsto en el art�culo 3.l) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, autorizado por escrito por el tercero que le encarg� la gesti�n de los residuos.
6.� El poseedor del residuo, en los casos en que los sujetos anteriores sean desconocidos.
Los reales decretos que regulen los flujos espec�ficos de residuos podr�n determinar qui�n es el operador del traslado en cada caso.
b) �Destinatario del traslado�: la entidad o empresa que va a realizar el tratamiento de los residuos en la instalaci�n de destino.
c) �Almacenamiento�: las operaciones R13 y D15 de los anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
d) �Tratamiento intermedio�: las operaciones R12, D13 y D14 de los anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
e) �Origen del traslado�: el lugar desde el que se inicia el traslado de residuos.
f) �Destino del traslado�: el lugar donde finaliza el traslado de residuos.
g) �Documento de identificaci�n�: el documento que identifica y acompa�a al residuo durante su traslado. Su contenido ser� el establecido en el anexo I.
h) �Contrato de tratamiento de residuos�: el acuerdo entre el operador y el destinatario del traslado que establece, al menos, las especificaciones de los residuos, las condiciones del traslado y las obligaciones de las partes cuando se presenten incidencias. Para el caso de los traslados previstos en el art�culo 2.a).2.�, en el que se prev� que se recojan residuos procedentes de distintos or�genes, el contrato de tratamiento se establecer� entre el productor o poseedor del residuo y el gestor de la instalaci�n de destino.
En los casos en que la norma de un determinado flujo de residuos, as� lo establezca, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor que organicen la gesti�n de los residuos, podr�n ser los que suscriban el contrato de tratamiento.
Art�culo 3 Requisitos generales de los traslados
a) Disponer con car�cter previo al inicio de un traslado de un contrato de tratamiento seg�n se establece en el art�culo 2.h). En el caso de los residuos que se trasladen entre dos instalaciones de tratamiento que sean gestionadas por la misma entidad jur�dica, este contrato se podr� sustituir por una declaraci�n de la entidad en cuesti�n que incluya al menos el contenido especificado en el art�culo 5.
b) Que los residuos vayan acompa�ados de un documento de identificaci�n desde el origen hasta su recepci�n en la instalaci�n de destino.
2. Adem�s de los requisitos establecidos en el apartado anterior, quedan sometidos al requisito de notificaci�n previa al traslado:
b) Los traslados de residuos destinados a eliminaci�n;
c) Los traslados de residuos destinados a instalaciones de incineraci�n clasificadas como valorizaci�n, seg�n lo previsto en la operaci�n R1 del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, en lo relativo al cumplimiento de la formula de eficiencia energ�tica;
d) Los traslados que se destinen a valorizaci�n de residuos dom�sticos mezclados identificados con el c�digo LER 20 03 01 y de los residuos que reglamentariamente se establezcan.
3. Quedan excluidos del requisito de notificaci�n previa:
a) Los traslados de residuos no peligrosos indicados en los apartados c y d del punto 2, destinados a valorizaci�n, si la cantidad de residuos trasladados no sobrepasa los 20 kg.
b) Los traslados de residuos destinados a an�lisis de laboratorio para evaluar sus caracter�sticas f�sicas o qu�micas o para determinar su idoneidad para operaciones de valorizaci�n o eliminaci�n. La cantidad de tales residuos, salvo cuando sean expresamente destinados a an�lisis de laboratorio, se determinar� en funci�n de la cantidad m�nima que sea razonablemente necesaria para hacer el an�lisis en cada caso, y no superar� los 25 kg.
Art�culo 4 Vigilancia, control, inspecci�n y r�gimen sancionador
La vigilancia, control e inspecci�n de los traslados de residuos, as� como la sanci�n de las infracciones de lo establecido en este real decreto se efectuar� de conformidad con lo dispuesto en el t�tulo VII de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
Art�culo 5 Contenido del contrato de tratamiento de residuos
El contrato de tratamiento de residuos contendr�, al menos, los siguientes aspectos:
b) Identificaci�n de los residuos mediante su codificaci�n LER.
d) Cualquier otra informaci�n que sea relevante para el adecuado tratamiento de los residuos.
f) Obligaciones de las partes en relaci�n con la posibilidad de rechazo de los residuos por parte del destinatario.
Art�culo 6 Documento de identificaci�n
1. Antes de iniciar un traslado de residuos el operador cumplimentar� el documento de identificaci�n, con el contenido del anexo I, que entregar� al transportista para la identificaci�n de los residuos durante el traslado. Los documentos de identificaci�n ser�n coherentes con las previsiones del contrato de tratamiento.
2. Una vez efectuado el traslado, el transportista entregar� el documento de identificaci�n al destinatario de los residuos. Tanto el transportista como el destinatario incorporar�n la informaci�n a su archivo cronol�gico y conservar�n una copia del documento de identificaci�n firmada por el destinatario en el que conste la entrega de los residuos.
3. El destinatario dispondr� de un plazo de treinta d�as desde la recepci�n de los residuos para efectuar las comprobaciones necesarias y para remitir al operador el documento de identificaci�n, indicando la aceptaci�n o rechazo de los residuos, de conformidad con lo previsto en el contrato de tratamiento. El documento de identificaci�n recibido por el operador permitir� la acreditaci�n documental de la entrega de residuos prevista en el art�culo 17 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
4. En el caso de residuos sometidos a notificaci�n previa, el destinatario del traslado de residuos remitir�, en el plazo de treinta d�as desde la entrega de los residuos, el documento de identificaci�n al �rgano competente de la comunidad aut�noma de origen y de destino, a efectos de control, seguimiento, inspecci�n y estad�stica, salvo en los supuestos de aplicaci�n del apartado 8.
5. En el caso de traslados de residuos no sometidos al procedimiento de notificaci�n previa podr� hacer la funci�n de documento de identificaci�n un albar�n, una factura u otra documentaci�n prevista en la legislaci�n aplicable como una carta de porte o documento de control, siempre que recoja la informaci�n del anexo I relativo al contenido del documento de identificaci�n.
6. La acreditaci�n documental del tratamiento completo de los residuos por parte del negociante a la persona f�sica o jur�dica que le entreg� los residuos prevista en el art�culo 20.3 segundo p�rrafo de la Ley 22/2011, de 28 de julio, la llevar� a cabo el negociante mediante la entrega de:
a) El documento de identificaci�n con la aceptaci�n de los residuos por el destinatario. En el plazo de treinta d�as desde que el negociante recibi� el documento de identificaci�n con la aceptaci�n de los residuos, o
b) Una declaraci�n de entrega de los residuos a un gestor autorizado y de aceptaci�n por parte de dicho gestor autorizadopara su tratamiento completo, cuando el negociante as� lo acuerde con la persona f�sica o jur�dica que entreg� los residuos. La declaraci�n de entrega podr� ser para un traslado o para varios traslados, relativos a un periodo m�ximo de tiempo de un a�o. Esta declaraci�n se entregar� en el plazo de treinta d�as desde que el negociante recibi� el documento de identificaci�n del traslado con la aceptaci�n de los residuos, o en el plazo de treinta d�as desde que se recibi� el documento de identificaci�n del �ltimo traslado con la aceptaci�n de los residuos, en el caso de declaraciones para varios traslados.
El negociante, cuando se trate de residuos no peligrosos, podr� excluir de la declaraci�n la informaci�n del punto 6 del anexo I, relativa al destino del residuo, con excepci�n de la operaci�n de tratamiento a la que se ha sometido el residuo y del n�mero de identificaci�n medioambiental (NIMA) de la instalaci�n de destino. Cuando en las declaraciones mencionadas se omitan los datos previstos en el p�rrafo anterior, el negociante presentar� una memoria resumen de la informaci�n contenida en el archivo cronol�gico a las comunidades aut�nomas de origen y de destino de los traslados, prevista en el art�culo 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, a efectos de control, seguimiento, inspecci�n y estad�stica.
En todo caso, el negociante mantendr� los documentos de identificaci�n de los traslados realizados a disposici�n de las autoridades competentes durante el plazo de tres a�os previsto en el art�culo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
7. En el caso de residuos gestionados por las entidades locales de manera directa o indirecta, el operador podr� emitir un documento de identificaci�n para varios traslados con una vigencia m�xima de un a�o, siempre que coincidan los tipos de residuos, as� como el origen y el destino del traslado. Este documento deber� modificarse cuando cambie alguna de las circunstancias mencionadas. Cada veh�culo dispondr� de su propio documento de identificaci�n. La informaci�n relativa a las cantidades de residuos que se trasladan se incorporar� al documento de identificaci�n cuando los residuos se pesen en cada una de las entregas a la instalaci�n de destino. Estos documentos de identificaci�n se remitir�n anualmente por la instalaci�n de destino a las comunidades aut�nomas de origen y destino.
8. En el caso de los traslados de residuos que reglamentariamente se establezca, la normativa que regule estos residuos determinar� en qu� casos podr� hacer la funci�n de documento de identificaci�n cualquier documento comercial, como albar�n, factura u otra documentaci�n prevista en la legislaci�n aplicable.
Art�culo 7 Rechazo de los residuos
1. Efectuado el traslado, si los residuos no son aceptados por el destinatario, �ste enviar� al operador del traslado el documento de identificaci�n se�alando la no aceptaci�n de los residuos y, de acuerdo con lo establecido en el contrato de tratamiento, podr� optar por:
a) Devolver el residuo al lugar de origen acompa�ado documento de identificaci�n con la indicaci�n de la devoluci�n del residuo.
b) Enviar los residuos a otra instalaci�n de tratamiento. Este traslado deber� ir acompa�ado de un nuevo documento de identificaci�n. El operador de este nuevo traslado ser� el operador del traslado inicial.
2. Cuando los traslados est�n sometidos al procedimiento de notificaci�n previa, en el caso del apartado 1b), el operador del traslado inicial deber� presentar a las comunidades aut�nomas de origen y destino una nueva notificaci�n correspondiente al nuevo traslado. En el caso de los apartados 1 a) y b) el operador del traslado inicial remitir� a las comunidades de origen y destino el documento de identificaci�n.
Art�culo 8 Notificaci�n previa de traslado
1. Los operadores de los traslados mencionados en el art�culo 3.2 presentar�n ante el �rgano competente de la comunidad aut�noma de origen y de destino una notificaci�n previa con el contenido especificado en el anexo II al menos diez d�as antes de que se lleve a cabo el traslado.
La notificaci�n podr� servir para m�ltiples traslados siempre que los residuos tengan caracter�sticas f�sicas y qu�micas similares, y los residuos se trasladen al mismo destinatario y a la misma instalaci�n. Esta notificaci�n se denominar� notificaci�n general, y se presentar�, al menos diez d�as antes del primer traslado y tendr� un plazo de vigencia m�ximo de tres a�os.
2. Deber� efectuarse una nueva notificaci�n cuando se haya trasladado la cantidad de residuos notificada, cuando se produzca alg�n cambio en los aspectos mencionados en el apartado 1, o cuando haya transcurrido el plazo de vigencia previsto.
3. Cuando los residuos tengan como destino una instalaci�n de tratamiento intermedio en la notificaci�n previa deber�n constar las posibles instalaciones de tratamiento a las que se destinar�n finalmente los residuos, hasta un m�ximo de tres. Esta informaci�n la cumplimentar� el operador, salvo que, por razones de confidencialidad, el gestor de la instalaci�n intermedia opte por incorporar dicha informaci�n �l mismo en la notificaci�n, en cuyo caso la notificaci�n se remitir� por el operador al gestor de la instalaci�n intermedia, y por �ste a las comunidades aut�nomas de origen y de destino.
4. El operador podr� efectuar el traslado si transcurridos diez d�as desde la presentaci�n de la notificaci�n previa los �rganos competente de las comunidades aut�nomas de origen y de destino no hubieran solicitado informaci�n o documentaci�n complementaria, subsanaci�n de errores, o no hubieran manifestado su oposici�n al traslado, de conformidad con lo establecido en el art�culo siguiente.
Art�culo 9 Oposici�n al traslado
1. En el plazo m�ximo de diez d�as desde la fecha de la presentaci�n de la notificaci�n de traslado, el �rgano competente de las comunidades aut�nomas de origen y destino podr� oponerse al traslado, alegando alguna de las causas previstas en el art�culo 25 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, y desarrolladas en los siguientes apartados 2 y 3, motivando esta decisi�n.
El plazo de diez d�as quedar� interrumpido si las Administraciones solicitan informaci�n, documentaci�n complementaria o subsanaci�n de errores, con los efectos previstos en el art�culo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n. La Administraci�n solicitante informar� sobre ello al �rgano competente de la otra comunidad aut�noma afectada.
Si alguno de los �rganos competentes se opone al traslado, comunicar� su decisi�n al operador del traslado y al �rgano competente de la otra comunidad aut�noma afectada.
2. La autoridad competente de las comunidades aut�nomas podr� oponerse a los traslados de residuos destinados a eliminaci�n cuando:
a) El traslado o la eliminaci�n previstos no se ajusten a las disposiciones nacionales vigentes en materia de protecci�n del medio ambiente, de orden p�blico, de seguridad p�blica o de protecci�n de la salud.
b) El traslado o la eliminaci�n previstos no se ajusten a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, especialmente en su art�culo 9, relativo al principio de autosuficiencia y proximidad, y en el art�culo 14, sobre planes y programas de gesti�n de residuos, teniendo en cuenta las circunstancias geogr�ficas o la necesidad de contar con instalaciones especializadas para determinados tipos de residuos porque:
1.� La instalaci�n de la red integrada estatal de instalaciones de eliminaci�n, prevista en el art�culo 9 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, no sea la m�s pr�xima al lugar donde se gener� el residuo.
2.� El residuo deba eliminarse en una instalaci�n especializada, y en esta instalaci�n tengan que eliminarse residuos procedentes de una fuente m�s pr�xima y la Administraci�n competente haya dado prioridad a dichos residuos.
3.� Los traslados, en caso de producirse, no se ajustar�an a los planes de gesti�n de residuos.
c) Los residuos sean tratados en instalaciones contempladas en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevenci�n y Control Integrados de la Contaminaci�n, pero que no aplican las mejores t�cnicas disponibles definidas en el art�culo 3.15 dicha ley, de conformidad con la autorizaci�n ambiental integrada de que disponga la instalaci�n.
d) Se trate de residuos dom�sticos mezclados procedentes de hogares.
3. La autoridad competente de las comunidades aut�nomas podr� oponerse a los traslados de residuos destinados a valorizaci�n de los residuos indicados en el art�culo 3.2 apartados a), c) y d), cuando:
a) El traslado o la valorizaci�n previstos no se ajusten a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, en particular a su art�culo 7 sobre protecci�n de la salud humana y el medio ambiente, al art�culo 8 sobre jerarqu�a de residuos, al art�culo 14 sobre planes y programas de gesti�n de residuos, y al art�culo 27 sobre autorizaci�n de las operaciones de valorizaci�n de los residuos.
b) El traslado o la valorizaci�n previstos no se ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias nacionales en materia de protecci�n del medio ambiente, orden p�blico, seguridad p�blica o protecci�n de la salud.
c) Los residuos en cuesti�n no sean tratados de acuerdo con los planes de gesti�n de residuos elaborados en virtud del art�culo 14 sobre planes y programas de gesti�n de residuos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en materia de valorizaci�n o reciclado en la legislaci�n comunitaria y nacional.
d) Asimismo, en el caso de residuos municipales destinados a instalaciones de incineraci�n clasificadas como valorizaci�n, de acuerdo con el art�culo 3.2.c) podr� alegarse como causa de oposici�n:
1.� Que los traslados, en caso de producirse, tendr�an como consecuencia que los residuos producidos en la comunidad aut�noma de destino tuvieran que ser eliminados.
2.� Que los traslados, en caso de producirse, tendr�an como consecuencia que los residuos de la comunidad aut�noma de destino tuvieran que ser tratados de manera que no fuera compatible con sus planes de gesti�n de residuos.
4. Cuando se produzcan traslados de residuos a instalaciones de tratamiento intermedio, los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas de origen y destino valorar�n su posible oposici�n al traslado por los motivos recogidos en los apartados 2 y 3 de este art�culo, en relaci�n con las operaciones e instalaciones de tratamiento intermedio, as� como en relaci�n con las operaciones e instalaciones de tratamiento posteriores.
5. Las decisiones que adopten las comunidades aut�nomas en aplicaci�n de los apartados 2 y 3 ser�n motivadas, notificadas a la Comisi�n de coordinaci�n en materia de residuos, y no podr�n ser contrarias al Plan Nacional marco de gesti�n de residuos.
La Comisi�n de coordinaci�n en materia de residuos prestar� especial atenci�n a una interpretaci�n y aplicaci�n coherentes en todo el territorio nacional de los motivos de oposici�n al traslado y propondr�, en su caso, la adopci�n de acuerdos que garanticen este objetivo.
6. La oposici�n al traslado del �rgano competente ser� recurrible en los t�rminos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Disposici�n adicional primera Tramitaci�n electr�nica
Los tr�mites regulados en este real decreto se realizar�n por v�a electr�nica en el plazo m�ximo de un a�o desde su entrada en vigor, mediante documentos estandarizados para todo el territorio del Estado que estar�n disponibles en los portales web o sedes electr�nicas de las Administraciones p�blicas competentes. El formato de los documentos se adecuar� a los contenidos previstos en este real decreto.
Lapresentaci�n de los documentos electr�nicos objeto de este real decreto ante los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas podr� efectuarse por las personas o entidades habilitadas para la presentaci�n electr�nica de documentos en representaci�n de terceros, en los t�rminos establecidos en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr�nico de los ciudadanos a los servicios p�blicos.
Disposici�n adicional segunda Movimientos de residuos en el interior de una comunidad aut�noma
Para garantizar el adecuado cumplimiento de lo establecido en el art�culo 33 del Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, las comunidades aut�nomas establecer�n un r�gimen adecuado de vigilancia y control de los movimientos de residuos realizados exclusivamente dentro de su territorio en el plazo m�ximo de un a�o desde la entrada en vigor de este real decreto o bien podr�n optar por aplicar directamente en su territorio este real decreto. Las comunidades aut�nomas informar�n a la Comisi�n de coordinaci�n en materia de residuos del r�gimen de vigilancia y control que establezcan en su territorio.
Este r�gimen deber� tener en cuenta la coherencia con el r�gimen de traslados establecido en este real decreto. En particular, el r�gimen aplicable a los movimientos de residuos en el interior de una comunidad aut�noma incluir�, al menos, la exigencia para todos los movimientos de residuos de: un documento de identificaci�n que acompa�e a estos, un contrato de tratamiento de residuos, as� como una notificaci�n previa en los supuestos del art�culo 3.2 del presente real decreto a los efectos de la oposici�n a su tratamiento en la comunidad aut�noma cuando carezca de instalaciones adecuadas en su territorio o se haya previsto en sus planes de residuos una soluci�n alternativa a su tratamiento en el mismo.
Disposici�n adicional tercera Situaciones de emergencia
Los traslados urgentes de residuos motivados por razones de fuerza mayor, accidentes, derrames, u otras situaciones de emergencia, estar�n exentos de los requisitos de este real decreto. Los operadores de estos traslados informar�n de su realizaci�n lo antes posible a las comunidades aut�nomas afectadas y, en todo caso, inmediatamente despu�s de su realizaci�n.
Disposici�n adicional cuarta Traslados de residuos con tr�nsito por otro pa�s
1. Los traslados de residuos entre comunidades aut�nomas con tr�nsito por otro pa�s comunitario o por un tercer pa�s, se regir�n por lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos.
2. Las competencias para la autorizaci�n y tramitaci�n de estos traslados corresponder�n al Ministerio competente en materia de medio ambiente, en aplicaci�n del art�culo 12.3.c) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, cuando el pa�s de tr�nsito no pertenezca a la Uni�n Europea, y corresponder�n a las comunidades aut�nomas, en aplicaci�n del art�culo 12.4.d) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, cuando el pa�s de tr�nsito pertenezca a la Uni�n Europea.
1. Las Administraciones p�blicas competentes adaptar�n el procedimiento y los documentos de traslado a lo previsto en este real decreto en el plazo de un a�o desde su entrada en vigor. En tanto se produce esta adaptaci�n se seguir�n utilizando los documentos de traslado existentes, que deber�n estar disponibles en las p�ginas web de las Administraciones p�blicas competentes.
2. No obstante lo previsto en el art�culo 8.1, los operadores podr�n optar por remitir la notificaci�n previa, �nicamente a la autoridad competente de la comunidad aut�noma de origen, si as� lo indican en la notificaci�n previa. No obstante lo previsto en el art�culo 6.4, los destinatarios de los traslados de residuos, podr�n optar por remitir el documento de identificaci�n �nicamente a la autoridad competente de la comunidad aut�noma de destino.
En estos casos, la autoridad receptora enviar� los documentos electr�nicamente a la otra comunidad aut�noma en el plazo de tres d�as y, a efectos del c�mputo de los plazos previstos en el art�culo 8, comunicar� al operador la fecha de recepci�n de la notificaci�n previa por la autoridad de destino.
3. En tanto no se lleve a cabo la tramitaci�n electr�nica prevista en la disposici�n adicional primera, los plazos previstos en el art�culo 8 se computar�n desde la fecha de recepci�n de la notificaci�n previa por los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas de origen y de destino; cuando las fechas de recepci�n no coincidan, el plazo se computar� a partir de la m�s tard�a. A estos efectos, los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas remitir�n un acuse de recibo al operador en el que constar� la fecha de recepci�n.
4. En tanto no se modifiquen los reales decretos de flujos espec�ficos de residuos, en aquellos residuos en que los sistemas de responsabilidad ampliada del productor estuvieran suscribiendo contratos de tratamiento, podr�n seguir haci�ndolo para el cumplimiento del art�culo 3.1.a), hasta que se incluyan previsiones espec�ficas sobre esta cuesti�n en los reales decretos de los flujos de residuos.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en este real decreto, y en particular los siguientes art�culos del Reglamento para la ejecuci�n de la Ley 20/1986, B�sica de Residuos T�xicos y Peligrosos, aprobado por Real Decreto 833/1988, de 20 de julio: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.2, 22.3, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, disposici�n adicional y disposici�n adicional segunda.
Disposici�n final primera Modificaci�n del anexo VIII de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
�f) Las operaciones de tratamiento previstas para los residuos, el contrato de tratamiento con el gestor de los residuos, cuando disponga del mismo, o en su defecto declaraci�n responsable del productor en la que haga constar su compromiso de celebrar con el gestor el correspondiente contrato de tratamiento.�
Este real decreto tiene el car�cter de legislaci�n b�sica de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 149.1.13.� de la Constituci�n Espa�ola, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica, y en el art�culo 149.1.23.� de la Constituci�n, que atribuye al Estado la legislaci�n b�sica sobre protecci�n del medio ambiente.
Disposici�n final tercera Autorizaci�n para la actualizaci�n de los anexos
Se autoriza al Ministro de Agricultura, Alimentaci�n y Medio Ambiente, para actualizar los anexos de este real decreto mediante orden ministerial.
El presente real decreto entrar� en vigor en un plazo de un mes a contar desde su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.
Contenido del documento de identificaci�n
1. N�mero de documento de identificaci�n1.
2. N�mero de notificaci�n previa1.
4. Informaci�n relativa al operador del traslado:
c) Direcci�n: calle, municipio, provincia, comunidad aut�noma, pa�s.
d) Datos de contacto: tel�fono, fax, correo electr�nico.
e) N�mero de inscripci�n en el registro de Producci�n y Gesti�n de Residuos2.
g) N�mero de identificaci�n medioambiental (NIMA)2.
5. Informaci�n relativa al origen del traslado4:
a) Informaci�n del centro productor o poseedor de residuos o de la instalaci�n origen del traslado:
1.� Nombre o raz�n social del centro o instalaci�n.
2.� NIF5.
3.� Direcci�n: calle, municipio, provincia, comunidad aut�noma, pa�s.
4.� N�mero de inscripci�n en el Registro de Producci�n y Gesti�n de Residuos2.
5.� N�mero de identificaci�n medioambiental (NIMA)2 del centro productor o de la instalaci�n.
6.� C�digo de actividades econ�micas (CNAE).
b) Informaci�n de la empresa autorizada para realizar operaciones de tratamiento de residuos, incluido el almacenamiento, en caso de que el origen del traslado sea una instalaci�n de tratamiento de residuos:
1.� Nombre o raz�n social.
2.� NIF.
4.� Datos de contacto: tel�fono, fax, e-mail.
5.� N�mero de inscripci�n en el Registro de Producci�n y Gesti�n de Residuos2.
6.� N�mero de identificaci�n medioambiental (NIMA)2.
6. Informaci�n relativa al destino del traslado:
a) Informaci�n de la instalaci�n destino:
1.� Nombre o raz�n social de la instalaci�n.
2.� NIF del titular de la autorizaci�n.
5.� N�mero de identificaci�n medioambiental (NIMA)2 de la instalaci�n de tratamiento.
6.� Operaci�n de tratamiento a la que se van a someter los residuos de acuerdo con los anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados6.
b) Informaci�n de la empresa autorizada para realizar operaciones de tratamiento de residuos, incluido el almacenamiento en la instalaci�n de destino:
3.� Direcci�n del domicilio social: calle, municipio, provincia, comunidad aut�noma, pa�s.
7. Caracter�sticas del residuo que se traslada:
a) C�digo del residuo de acuerdo con la lista europea de residuos (LER), establecida en la Decisi�n 2000/532/CE de la Comisi�n, de 3 de mayo de 2000.
b) Descripci�n del residuo.
d) En el caso de residuos peligrosos indicaci�n de las caracter�sticas de peligrosidad de acuerdo con el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
8. Informaci�n relativa a los transportistas que intervienen en el traslado:
b) Direcci�ndel domicilio social: calle, municipio, provincia, comunidad aut�noma, pa�s.
d) Datos de contacto: tel�fono, fax, e-mail.
f) N�mero de identificaci�n medioambiental (NIMA)2.
c) Informaci�n fechada sobre la aceptaci�n o el rechazo de los residuos.
d) En caso de rechazo de los residuos, si se opta por la devoluci�n a la instalaci�n de origen, se indicar� con la fecha del nuevo traslado.
e) Identificaci�n del Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor que, en su caso, organiza el traslado.
10. Indicar si se opta por que sea la autoridad competente de la comunidad aut�noma ante la que se presenta el documento de identificaci�n la que remita dicho documento, a la autoridad competente de la comunidad aut�noma de origen del traslado.
Contenido de la notificaci�n previa de traslado
1. N�mero de notificaci�n1.
2. Tipo de notificaci�n:
b) M�ltiple.
4. Periodo que abarca la notificaci�n.
5. Frecuencia con que se realizar�n los traslados.
6. Informaci�n relativa al operador del traslado:
7. Informaci�n relativa al origen del traslado4:
4.� C�digo de actividades econ�micas (CNAE).
6.� N�mero de identificaci�n medioambiental (NIMA)2 del centro productor o de la instalaci�n.
b) Informaci�n de la empresa autorizada para realizar operaciones de tratamiento de residuos, incluido el almacenamiento, en el caso de que el origen del traslado sea una instalaci�n de tratamiento de residuos:
3.� Direcci�ndel domicilio social: calle, municipio, provincia, comunidad aut�noma, pa�s.
8. Informaci�n relativa al destino del traslado:
2.� NIF del titular de la autorizaci�n de la instalaci�n.
5.� N�mero de identificaci�n medioambiental (NIMA)2 de la instalaci�n de tratamiento
2.� Direcci�ndel domicilio social: calle, municipio, provincia, comunidad aut�noma, pa�s.
9. Informaci�n sobre el residuo que se traslada:
a) Codificaci�n del residuo de acuerdo con la lista europea de residuos (LER), establecida en la Decisi�n 2000/532/CE de la Comisi�n, de 3 de mayo de 2000.
c) Cantidad total de residuos que se prev� transportar en kg.
d) En el caso de residuos peligrosos indicaci�n de las caracter�sticas de peligrosidad, de acuerdo con el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
10. Informaci�n relativa a los tratamientos posteriores, en caso de que el destino sea una operaci�n de almacenamiento o de tratamiento intermedio6:
1.� Nombre o raz�n social de la instalaci�n de tratamiento de residuos incluido el almacenamiento.
6.� Operaci�n de tratamiento a la que se destinara el residuo, de acuerdo con los anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados5.
b) Informaci�n de la empresa autorizada para realizar operaciones de tratamiento de residuos, incluido el almacenamiento en la instalaci�n de destino.
2.� Direcci�n del domicilio social: calle, municipio, provincia, comunidad aut�noma, pa�s.
5.� N�mero de de inscripci�n en el Registro de Producci�n y Gesti�n de residuos2.
11. Indicar si se opta por que sea la autoridad competente de la comunidad aut�noma ante la que se presenta la notificaci�n previa, la que remita dicho documento a la autoridad competente de la comunidad aut�noma de destino del traslado.
1. N.o de documento de identificaci�n y n.o de notificaci�n previa: Datos obligatorio para los traslados sometidos al requisito de notificaci�n previa de traslado.
2. Datos obligatorios para las personas f�sicas o jur�dicas inscritas en el Registro de producci�n y Gesti�n de Residuos.
3. Tipo de operador de acuerdo con lo previsto en el art�culo 2.a).
4. Informaci�n relativa al origen del traslado: Cuando los traslados se refieran a residuos recogidos directa o indirectamente por la entidad local, la informaci�n relativa al origen ser� los datos de la entidad local.
5. NIF del productor, del poseedor o del titular de la autorizaci�n de la instalaci�n de tratamiento.
6. Operaci�n de tratamiento: Se indicar� con la codificaci�n asignada en la inscripci�n en el Registro de Producci�n y Gesti�n de Residuos.
7. En caso de que en el momento de cumplimentar la notificaci�n previa de traslados existan varias alternativas posibles, respecto al destino final del residuo, se incorporar� la informaci�n de tres posibles destinos como m�ximo.

References: Real Decreto 
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