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Timestamp: 2020-07-06 05:38:40+00:00

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Redacción | viernes, 15 de junio de 2018, 17:24
Isabel Celáa, ministra portavoz del Gobierno de Sánchez. Fuente: Europa Press
El Gobierno español aprobará en 6 semanas un real decreto para recuperar la universalidad en la sanidad pública y eliminar así el aprobado en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy que suprimió dicha universalidad. Así lo ha relatado la ministra portavoz Isabel Celáa en la rueda posterior al Consejo de Ministros.
“Vamos a devolver el derecho a la salud a todas las personas. Tenemos que actuar con otro real decreto para proceder a la eliminación del Real Decreto 16/2012 y devolver a todas las personas su derecho a la protección a la salud”, ha recalcado la también ministra de Educación y Formación Profesional.
Según ha explicado Celáa el plazo marcado por el Gobierno de Pedro Sánchez para devolver la universalidad al Sistema Nacional de Salud (SNS) es de 6 semanas para llevar el nuevo real decreto al Consejo de Ministros y 30 días para su convalidación en el Congreso. Se trata de una medida que los socialistas han venido reclamando desde que se aprobó su eliminación y que, tal y como ha recordado la portavoz, han reclamado organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea o el Defensor del Pueblo.
Celáa ha asegurado que la iniciativa se ha adoptado por “decencia política” y ha destacado que “todas las comunidades están actuando para solucionar los problemas que este real decreto han planteado, excepto Ceuta y Melilla”. En cuanto a las autonomías ha afirmado que no habrá ninguna que vaya a incumplir esta nueva medida porque, ha dicho, incluso regiones que seguían sin atender a los inmigrantes se sentían “incómodas” con la situación, por lo que “seguro” que cumplirán la normativa de los socialistas “en todos sus términos”.
El Real Decreto 16/2012 fue aprobado durante el mandato de Ana Mato, condenada como partícipe a título lucrativo por la primera etapa dela trama Gürtel, y originó un fuerte rechazo entre diferentes sectores al retirar la asistencia sanitaria para inmigrantes en situación irregular, excepto en los servicios de Urgencias y a embarazas y menores de edad. Además contemplaba otras medidas como el copago de medicamentos en función de la renta de cada ciudadano y fijó nuevas condiciones de uso para ser titular de una tarjeta sanitaria.
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