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Timestamp: 2018-05-26 09:45:45+00:00

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Resolución de TEAC, 00/957/2005, 10-10-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/957/2005 de 10 de Octubre de 2006
Núm. Resolución: 00/957/2005
Es correcta la diligencia de embargo de bienes inmuebles impugnada, ya que las correspondientes providencias de apremio y el acuerdo de alcance de responsabilidad se han notificado por edictos en el B.O. de la Comunidad Autónoma y en el tablón de anuncios de la Delegación de la AEAT, después de dos intentos frustrados de notificación personal. No existe prescripción para exigir el pago de las deudas liquidadas puesto que las providencias de apremio fueron válidamente notificadas y cuando fue dictada la diligencia de embargo de referencia no había transcurrido el plazo preceptivo de cuatro años previstos en los artículos 64.b) y 66 de la LGT (Ley 230/1963). Una vez firme el acuerdo de declaración de responsabilidad subsidiaria del interesado, las cuestiones que se refieren al origen y demás vicisitudes de dicha responsabilidad, no pueden ser objeto de nueva revisión. La responsabilidad subsidiaria de los administradores de las sociedades, contemplada en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 40 de la LGT (Ley 230/1963) es personal y solidaria entre sí, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.6 de dicha LGT, redactado por la Ley 25/1995. La posibilidad de interponer recursos (administrativos y posterior judicial) contra actos de gestión recaudatorios, no significa que esté abierta indefinidamente una vía para plantear cualquier tipo de cuestiones, sino únicamente las relativas a la congruencia del acto impugnado con el fin a que se encamina y, lógicamente las relativas a los presupuestos formales que condicionan todo acto administrativo. También correcto el acuerdo de alcance de responsabilidad subsidiaria del reclamante del pago de deudas tributarias contraidas por una sociedad declarada fallida en base a lo dispuesto en el artículo 40 del LGT (Ley 230/1963), por haber sido administrador el reclamante de dicha sociedad.
En la Villa de Madrid, a 10 de octubre de 2006 en la reclamación económico-administrativa que, en recurso de alzada, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesto por D. ..., y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de fecha 22 de diciembre de 2004 (Reclamación ...), en asunto relativo a Diligencia de embargo. Importe 1.715.376,15 €.
PRIMERO: En el procedimiento ejecutivo seguido contra D. ..., la Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Dependencia Regional de Recaudación) el 21 de octubre de 2002 dicta Diligencia de embargo de bienes inmuebles (del inmueble y derecho sobre el mismo que se detalla) -nº ... en garantía del pago de una deuda por importe total de 1.715.376,15 €.
Contra esta Diligencia de embargo, confirmada en recurso de reposición, se interpone reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., alegando la falta de notificación de la correspondiente Providencia de apremio, y que la deuda proviene de una derivación de responsabilidad por administrador de la Sociedad deudora. Este Tribunal Regional, en resolución a esta reclamación, dicta acuerdo de fecha 4 de febrero de 2005 (Reclamación ...) por el que la desestima, "confirmando el acto impugnado", de conformidad con el artículo 110 y siguiente del Reglamento General de Recaudación, y al tener en cuenta que la derivación de responsabilidad le fue notificada, así como la correspondiente Providencia de apremio.
SEGUNDO: Contra el citado acuerdo del Tribunal Regional de 24 de febrero de 2005 (Reclamación ...), notificado el 15 de febrero de 2005, se interpone el presente recurso de alzada, para ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, por escrito que tiene entrada en el Registro de dicho Tribunal Regional el día 14 de marzo del mismo año, reiterando las alegaciones expuestas tanto en vía administrativa como en primera instancia, consistentes en notificaciones defectuosas, impugnación de las Actas, prescripción y responsabilidad mancomunada; solicitando "se anule el acto administrativo de derivación de responsabilidad contra D. ...".
TERCERO: Analizadas estas actuaciones, constan los siguientes datos y documentos: 1).- La Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por resolución de 13 de agosto de 2001 declara responsable subsidiario a D. ... del pago de las deudas tributarias contraídas por ..., S.A., declarada fallida en 16 de febrero de 2001, con fundamento en el artículo 40.1. párrafo primero de la Ley General Tributaria, por haber sido administrador de dicha Sociedad, y por importe total de 1.135.241,34 € según el siguiente desglose:
Ingresos a cuenta del expediente ................................. 859,38 € (142.989 pesetas)
Sanción suspendida (Artículo 35 Ley 1/98)......... 89.955,77 € (14.967.381 pesetas)
Recargo de apremio ........................................ 157.370,78 € (26.184.295 pesetas)
TOTAL ALCANCE RESPONSABILIDAD. 1.135.241,34 € (188.888.266 pesetas)
Este acuerdo fue notificado por edictos publicados en el B.O..... el ... de 2001 y en el tablón de anuncios de la Delegación de la Agencia Tributaria en ..., después de dos intentos frustrados de notificación personal el 26 de septiembre de 2001.
2).- Las correspondientes Providencias de apremio se notifican por edictos en el B.O. ... el ... de 2002 y en el tablón de anuncios de la Delegación de la Agencia Tributaria en ..., después de dos intentos frustrados de notificación personal el 21 de noviembre de 2001.
3).- Diligencia de embargo de bienes inmuebles de 21 de octubre de 2002, objeto de la presente reclamación.
SEGUNDO: La cuestión que se plantea en este recurso de alzada consiste en decidir si es o no ajustado a Derecho el acuerdo recurrido y, en consecuencia la Diligencia de embargo de bienes inmuebles impugnada.
TERCERO: A tales efectos, si bien el interesado en defensa de su derecho se limita a reiterar lo ya expuesto anteriormente, sin argumentar contra las consideraciones señaladas por el Tribunal de primera instancia, ni presentar documento alguno que desvirtúe los hechos, entendiendo este Tribunal Económico-Administrativo Central que dichas alegaciones reiteradas han sido suficiente y adecuadamente rebatidas por el Tribunal Económico-Administrativo Regional en el acuerdo ahora recurrido, cabría añadir lo siguiente:
a) Respecto a la notificaciones.- La aplicable Ley General Tributaria -Ley 230/1963, de 28 de diciembre, dispone que "el régimen de las notificaciones en el procedimiento administrativo de recaudación será el establecido en el artículo 105 de esta Ley (artículo 126.4); y dicho artículo 105.6 establece que "Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria, y una vez intentado por dos veces, se hará constar esta circunstancia en el expediente con expresión de las circunstancias de los intentos de notificación. En estos casos, se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia, por medio de anuncios que se publicarán por una sola vez para cada interesado en el "Boletín Oficial del Estado", o en los boletines de las Comunidades Autónomas o de las provincias, según la Administración de la que proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dicte. Estas notificaciones se publicarán asimismo en los lugares destinados al efecto en las Delegaciones y Administraciones de la correspondiente al último domicilio conocido".
De conformidad con el artículo 103.3 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, "la notificación deberá ser cursada en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado y se practicará conforme a lo establecido en los artículos 59 a 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".
Por otro lado, el artículo 59.2 de la citada Ley 30/1992, establece que, "Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes".
En el presente caso, consta que el acto de derivación de responsabilidad/liquidación fue intentada su notificación en dos ocasiones y posteriormente su publicación en edictos y en el correspondiente tablón de anuncios, si bien los intentos repetidos de notificación lo fueran a distinta hora y en el mismo día, al entender este Tribunal Central, según tiene declarado en acuerdo dictado en unificación de criterio, que la inobservancia del plazo de los tres días establecido en el citado artículo 59.2 de la Ley 30/1992, redactado por Ley 4/1999, no acarrea la invalidez del segundo intento de notificación, y por ende, tampoco la invalidez de la posterior notificación edictal; lo que conlleva, de conformidad con las disposiciones expuestas que la misma fue conforme a derecho.
b) Prescripción.- El apartado 2 del artículo 99.1 del citado Reglamento General de Recaudación establece que "la falta de Providencia de apremio podrá ser motivo de impugnación de las actuaciones ejecutivas sobre el patrimonio del deudor". A la vista de lo anterior, seria preciso examinar si en el presente caso las Providencias de Apremio que dieron lugar a la Diligencia de Embargo impugnada fueron o no correctamente notificadas.
Por otra parte, los artículos 64.b) y 66 de la Ley General Tributaria establecen que prescribirá a los cuatro años la acción para exigir el pago de las deudas liquidadas y que se interrumpirá por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regulación, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del tributo devengado por cada hecho imponible.
Al respecto, según se ha expuesto en el apartado anterior, las Providencias de apremio fueron válidamente notificadas de conformidad con el apartado 4 del artículo 105 de la Ley General Tributaria, y que cuando fue dictada la Diligencia de embargo de referencia no había transcurrido el plazo preceptivo de los cuatro años, por lo que no se había producido la prescripción alegada.
c) Impugnación de Actas y la consiguiente improcedencia de la derivación de responsabilidad, es de señalar que una vez firme el acuerdo de declaración de responsabilidad subsidiaria del interesado, las cuestiones que se refieren al origen y demás vicisitudes de dicha responsabilidad, no pueden ser objeto de nueva revisión, de forma que salvo en el caso de que el ahora recurrente hubiera impugnado el mencionado acuerdo, y de que dicha impugnación hubiera sido o llegue a ser estimada, las cuestiones alegadas no son susceptibles de ser nuevamente examinadas ni resueltas.
d) La responsabilidad subsidiaria de los administradores de las sociedades, contemplada en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 40 de la Ley General Tributaria, es personal y solidaria entre sí, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.6 de la Ley General Tributaria (Ley 230/1963), redactado por la Ley 25/1995, de 20 de julio, en vigor desde el siguiente día 23, al establecer que "cuando sean dos o mas los responsables solidarios o subsidiarios de una misma deuda, ésta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos".
CUARTO: Por último, señalar que según doctrina del Tribunal Supremo, la posibilidad de interponer recursos (administrativos y posterior judicial) contra un acuerdo de embargo, como de otros actos de gestión recaudatorios, no significa que por este medio esté abierta indefinidamente una vía para plantear cualquier tipo de cuestiones, sino únicamente las relativas a la congruencia del acto impugnado con el fin a que se encamina y, lógicamente las relativas a los presupuestos formales que condicionan todo acto administrativo, para lo cual la actuación de la Administración Pública se ha ajustado a lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990), tal y como se deduce de los documentos incorporados en estas actuaciones, al no haber sido abonada la deuda apremiada en el plazo del artículo 108 del citado Reglamento.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en resolución al recurso de alzada interpuesto por D. ..., contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de fecha 22 de diciembre de 2004 (Reclamación ...), en asunto relativo a Diligencia de embargo. Importe 1.715. 376,15 €. ACUERDA: Desestimarlo, confirmando el acuerdo y Diligencia de embargo impugnada.
Sentencia Administrativo Nº 782/2010, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 745/2008, 17-06-2010
Orden: Administrativo Fecha: 17/06/2010 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Gallego Laguna, Jose Alberto Num. Sentencia: 782/2010 Num. Recurso: 745/2008
Sentencia Administrativo Nº 1661/2006, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 935/2003, 22-11-2006
Orden: Administrativo Fecha: 22/11/2006 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Gallego Laguna, Jose Alberto Num. Sentencia: 1661/2006 Num. Recurso: 935/2003

References: Resolución 
 artículo 40
 artículo 37
 artículo 40
 resolución 
 resolución 
 artículo 110
 resolución 
 artículo 40
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 103
 Real Decreto 
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 99
 artículo 105
 artículo 40
 artículo 37
 artículo 108
 resolución