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Timestamp: 2019-06-18 06:02:06+00:00

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Avenida Carrera 60 No. 24-09 P. 9 • PBX: 6477000 • Bogotá, D. C. • Colombia •
Original Title: Procesos de Cobros Coactivos Son Acumulables Por La Similitud de Las Normas Que Los Rigen No Por Su Naturaleza de Origen
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CAPÍTULO IV -CADUCIDAD
SUNAFIL EJECUCION
RG-N0104-2011-GR-MDSA
00047246
2002-330 GRANJA DON HUMBERTO fund CTS y otros
Derecho de Peticion Retiro de Centrales Riesgo Prescripcion
Doctora FRANCY DEL PILAR BAHAMÓN BUENDIA Gerente Departamental del Chocó Calle 24 No. 3-03 Quibdó Chocó
PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA. Prescripción y Acumulación. SUSTANCIACIÓN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL. Funcionarios Competentes.
Respetada Doctora Francy del Pilar:
Esta Oficina conoce su petición contenida en oficio radicado con el no. ER0023894 de 15 de marzo de 2013, mediante el cual presenta inquietudes relacionadas con la prescripción en los Procesos de Jurisdicción Coactiva, la acumulación de procesos y la competencia de los funcionarios que sustancian los Procesos de Responsabilidad Fiscal en el nivel desconcentrado, así:
1. La acción ejecutiva de los Procesos de Jurisdicción Coactiva son objeto del
acaecimiento del fenómeno de prescripción?. En caso cierto cual es el término para computar dicha prescripción? Desde qué acto procesal o hecho generador se debe iniciar la contabilización de los términos para la ocurrencia de la prescripción?
2. Los Procesos de Jurisdicción Coactiva son susceptibles de acumulación?. Para proceder a acumular los coactivos se requieren que sean de la misma naturaleza jurídica, esto es que sólo se pueden acumular entre procesos administrativos sancionatorios o entre procesos de Responsabilidad Fiscal? o es permisible acumular estos dos procesos de naturaleza diferente.
3. Los funcionarios integrantes del Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, que sustancias en la Gerencia proceso de Responsabilidad fiscal, pueden simultáneamente llevar procesos coactivos?”.
Avenida Carrera 60 No. 24-09 P. 9 • PBX: 6477000 • Bogotá, D. C. • Colombia • www.contraloriagen.gov.co
2.1. Le recordamos que los conceptos emitidos por la Oficina Jurídica de la
Contraloría General de la República, son orientaciones de carácter general que no comprenden la solución directa de problemas específicos, ni el análisis de actuaciones particulares. En cuanto a su alcance no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, según los términos del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, ni tienen el carácter de fuente normativa y sólo pueden ser utilizados para
facilitar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas en materia de control fiscal.
2.2. No obstante lo anterior, precisamos los aspectos que consideramos
determinantes en el análisis que debe realizar esa Gerencia, en cada uno de los casos de su competencia acerca del tema de la prescripción y los efectos que la interrupción de ésta produce en los Procesos de Jurisdicción Coactiva, adelantados por la Contraloría General de la República, esta Oficina Jurídica ha emitido numerosos conceptos en los que aborda el tema de la aplicación de las distintas normas sobre la materia, dependiendo de la fecha en que se inicie el proceso coactivo.
La Prescripción Extintiva, de conformidad con el artículo 2535 del Código Civil, es un modo de extinguir los derechos y acciones por el transcurso del tiempo definido en la ley, sin que el titular de los mismos los haya ejercido.
El artículo 2536, ibídem, modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002, señaló que la acción ejecutiva prescribe en cinco años y una vez interrumpida o renunciada, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término.
El Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 01 de 1984, definió en el artículo 66 el concepto de Pérdida de Fuerza Ejecutoria, modificado por el Artículo 9 del Decreto 2304 de 1989, que señaló:
“Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.
La Sección Quinta del Consejo de Estado precisó que tratándose de títulos contenidos en actos administrativos, es necesario llevar a cabo la verificación sobre la pérdida de fuerza ejecutoria en los términos del artículo 66 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 9 del Decreto 2304 de 1989, pero también verificar el término de la prescripción del artículo 2536 del C.C. modificado por el art. 8 de la Ley 791 de 2002.
Las distintas sentencias producidas por el Consejo de Estado, (las cuales se encuentran indicadas en el concepto EE27886 de 7 de mayo de 2012, ver página de la CGR), señalaron que en razón a que en el proceso de Jurisdicción Coactiva no hay lugar a demanda, el término de la prescripción se interrumpe desde que se dicta el mandamiento de pago, siempre que se notifique al interesado dentro del término establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 41 del artículo 1 del Decreto 2282 de 1989 y luego por el artículo 10 de la Ley 794 de 2003, “por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones”, que preceptúa:
"Artículo 90. Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al
demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado.
De acuerdo a las anteriores disposiciones, dos son los elementos a tener en cuenta para contar el término de la prescripción: Que el título no haya perdido su fuerza ejecutoria y, que no hayan transcurrido más de cinco años, contados a partir de la notificación del Mandamiento de Pago, siempre y cuando se haya notificado al demandado dentro del año siguiente a la fecha de notificación del demandante, en los términos del C. de P.C.
2.3. La Ley 1066 de 2006, por la cual se dictan normas para la normalización de
la cartera pública y se dictan otras disposiciones, estableció en los artículos 5,
816 y 817, su orden:
“Artículo 5°. FACULTAD DE COBRO COACTIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Las entidades públicas que de manera permanente
tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.
“Artículo 816. TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN. La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. Los mayores valores u obligaciones determinados en actos administrativos, en el mismo término, contado a partir de la fecha de su ejecutoria.
“Artículo 817. INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN. El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, y por el otorgamiento de prórrogas u otras facilidades para el pago. Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista el término principiará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento o del vencimiento del plazo otorgado para el pago.
La Contraloría General de la República, expidió la Resolución Orgánica No. 5844 de 17 de abril de 2007, “Por la cual se establece el reglamento interno de recaudo de cartera en aplicación del artículo 2º. de la Ley 1066 de 2006, se compila el procedimiento para el cobro coactivo y las competencias para su ejecución”, y en los artículos 22 y 23 estableció:
“Prescripción de la Acción de Cobro por Jurisdicción Coactiva. La Acción de Cobro por Jurisdicción Coactiva de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de firmeza y ejecutoria de los títulos ejecutivos”.(negrillas nuestras).
“Interrupción y Suspensión del Término de Prescripción. El término de la
Prescripción de la Acción de Cobro por Jurisdicción Coactiva se interrumpe por: la
notificación del mandamiento de Pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago o celebración de acuerdos de pago….
Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a
correr de nuevo desde el día siguiente a: la notificación del mandamiento de
Así entonces, a partir de la entrada en vigencia del Estatuto Tributario, publicado en el Diario Oficial No. 46344 de 29 de Julio de 2006, no quedó duda acerca de la normatividad aplicable a los procesos de cobro coactivo que adelante la Contraloría General de la República, recogidos en la Resolución Orgánica No.
5844 de 2007.
2.4. La Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de la Contencioso Administrativo”, que entró en vigencia el 12 de
julio de 2012, señala en el Parágrafo del artículo 100:
“Artículo 100. Reglas de procedimiento. Para los procedimientos de cobro coactivo se aplicarán las siguientes reglas:
1. Los que tengan reglas especiales se regirán por ellas. 2. Los que no tengan reglas especiales se regirán por lo dispuesto en este título y en el Estatuto Tributario. 3. A aquellos relativos al cobro de obligaciones de carácter tributario se aplicarán las disposiciones del Estatuto Tributario.
En todo caso, para los aspectos no previstos en el Estatuto Tributario o en las respectivas normas especiales, en cuanto fueren compatibles con esos regímenes, se aplicarán las reglas de procedimiento establecidas en la Parte Primera de este Código y, en su defecto, el Código de Procedimiento Civil en lo
relativo al proceso ejecutivo singular”.
De conformidad con la norma anterior, la Contraloría General de la República, deberá en los procesos que iniciaron a partir del 12 de julio de 2012, aplicar en sus procesos de cobro coactivo, las disposiciones de la Ley 42 de 1993, la Ley 610 de
2000 y en los vacios de éstas, las disposiciones de la Parte Primera del Decreto
1437 de 2011 y el Código de Procedimiento Civil, en su orden.
“acumulación”
Jurisdicción Coactiva, habrá que revisar, de acuerdo a la fecha de iniciación del proceso de cobro coactivo, qué normatividad le es aplicable, pues como lo explicamos en el numeral anterior, dependiendo de la fecha en que se inicia el proceso de cobro coactivo, se aplica una normatividad diferente, siempre y cuando
se trate de los mismos fundamentos de hecho y derecho que den origen a la acumulación de procesos.
Si a los procesos coactivos de que se trata, se les aplican normas similares, por ejemplo, las del estatuto Tributario, pues será posible acumularlos en tanto el trámite ejecutivo es igual y entonces deberá darse prioridad al principio de economía procesal.
En otras palabras, no es la naturaleza de los procesos que dieron origen a los títulos lo que determina si los cobros coactivos son acumulables, sino la similitud de las normas que rigen los cobros coactivos; así entonces, aun cuando se trate de una resolución de multa y un fallo de responsabilidad fiscal, lo determinante es el procedimiento de cobro coactivo, que le sea aplicable a cada uno para que sea viable la acumulación.
2.6. Respecto a la competencia de los funcionarios para sustanciar los procesos
de cobro coactivo, en el nivel desconcentrado, le informamos que esta inquietud
fue atendida mediante concepto EE0026668 de 12 de abril de 2013.
3. CONCLUSIÓNES.
3.1. La fecha en que se inicia el proceso de cobro coactivo es la que señala las
disposiciones que le son aplicables, y por consiguiente la fecha en que comienza a
correr la prescripción y el momento en que éste se interrumpe.
3.2. Para aplicar la figura de la acumulación de procesos en la Jurisdicción
Coactiva, es indispensable que las normas que rigen tales procedimientos sean las mismas para los procesos que se busca acumular, es decir que tengan los mismos fundamentos de derecho, independientemente de la naturaleza de los procesos que dieron origen a los títulos que se ejecutan a través del cobro coactivo.
ALBA DE LA CRUZ BERRÍO BAQUERO Directora Oficina Jurídica
2013ER0023894.
Gloria Leonor Torres Gutiérrez.
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