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Timestamp: 2019-01-22 19:57:01+00:00

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﻿ Sentencia 2003-01648 de febrero 21 de 2007
SENTENCIA 2003-01648 DE 21 DE FEBRERO DE 2007
CONTENIDO:EL FUNCIONARIO JUDICIAL DEBE TENER UN TRATO CORTÉS AL INTERIOR DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOBRE TODO EL RESPETO PARA CON QUIENES PRESTAN SU COLABORACIÓN FRENTE A LA ARDUA Y COMPLEJA LABOR DE ADMINISTRAR JUSTICIA. SI BIEN ES CIERTO, EL JUEZ COMO AUTORIDAD DEL DESPACHO ESTÁ OBLIGADO A VELAR POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO Y POR ENDE, SE HALLA FACULTADO PARA CORREGIR LOS ERRORES DE SUS SUBALTERNOS, PERO NO POR ELLO DEBE PROPINAR TRATOS HUMILLANTES, GRITOS Y AIRADAS RECLAMACIONES POR FUERA DE LOS PARÁMETROS DE LA CORTESÍA Y EL COMEDIMIENTO, ACTOS COMO LOS DESCRITOS CONFIGURAN EL ACOSO LABORAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACOSO LABORAL, SUSPENSIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO, PROCESO DISCIPLINARIO, RAMA JUDICIAL, JUEZ
Sentencia 2003-01648 de febrero 21 de 2007
Radicación: 050011102000200301648 (183.III.06)
Se pronuncia la Sala sobre el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 27 de julio de 2006 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual fue declarada responsable disciplinariamente la doctora Gloria Patricia Loaiza Guerra, en calidad de Juez Promiscuo Municipal de Santo Domingo (Ant.) por incumplir el deber previsto en el numeral 3º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, y se le impuso sanción de suspensión en el ejercicio de la cargo por el término de treinta (30) días e inhabilidad especial por el mismo lapso.
En esa sentencia se decretó la prescripción de la acción disciplinaria en cuanto al cargo imputado por desconocimiento del deber previsto en el numeral 2º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996.
1. Hechos. Fueron sintetizados en el fallo objeto de impugnación de la siguiente forma:
“La presente investigación disciplinaria tuvo origen a partir del escrito de queja que el doctor Ramiro de Jesús Gallego García, dirigiera a esta corporación, abogado que la dirige en nombre y representación de Piedad Elena Gallego García, denunciando el obrar de la funcionaria judicial que regenta el Juzgado Promiscuo Municipal de Santo Domingo (Ant.), doctora Gloria Patricia Loaiza Guerra, donde es secretaria su hermana Gallego García.
Narró el quejoso, mediante escrito del 24 de noviembre de 2003, que denuncia a la doctora Gloria Patricia Loaiza Guerra, en condición de Juez Promiscuo Municipal de Santo Domingo, toda vez que la secretaria del despacho, Piedad Elena Gallego García, viene siendo objeto de acoso psíquico laboral u hostigamiento laboral.
Precisa el quejoso que el juzgado promiscuo municipal, consta de tres cargos, el de la juez, desempeñado por la doctora Gloria Patricia Loaiza Guerra; el cargo de secretaria, ocupado por Piedad Elena Gallego García, quien es hermana del denunciante y la citadora, cargo que desempeña actualmente la señora Flor Yaneth Ríos.
La secretaria, labora en dicho despacho desde hace 24.5 años, sin tener llamados de atención o procesos disciplinarios y su labor hasta hace poco tiempo había sido impecable, con calificación satisfactoria, incluyendo el período laborado con la juez actual, con excepción de los dos últimos años.
Puntualiza, que la doctora Gloria Patricia Loaiza Guerra, labora hace once años aproximadamente en el municipio, jamás había tenido reparos por el trabajo desempeñado por la secretaria, sin embargo, el trato de la juez con la secretaria desde hace tres años pasó de la cordialidad al mal trato psíquico laboral, problemas que eran esporádicos y que pasaban desapercibidos para convertirse en los últimos dos (2) años en una persecución y hostigamiento, buscando su desvinculación por medio de todo tipo de mecanismo de presión psicológica para lograr su cometido. Además rechazaba cualquier trabajo u oficio, hasta terminar por relegarla del cargo totalmente.
Cuenta que los desdenes y las ofensas se vienen realizando desde 1998, 1999 y el 2000. En diciembre de 2001 a la funcionaria le iniciaron un proceso disciplinaria el cual culminó en sanción, razón por la cual culpó a la secretaria, iniciándole una persecución de lleno y en marzo de 2002, cuando la H. Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le impusiera una sanción, por lo cual exigió a la secretaria cancelar la mitad (medio millón de pesos), la cual Piedad Elena pagó temerosa. La sentencia fue apelada por la juez ante el Consejo Superior de la Judicatura, esta fue confirmada en el tercer trimestre del año 2003, sancionando a la funcionaria con 10 días de sueldo.
Así mismo le inició el consejo seccional de la judicatura, dos procesos disciplinarios, uno por solicitud del Tribunal Superior de Antioquia, por no declararse impedida para calificar a Piedad Elena y otro, por haber suspendido a la secretaria de sus funciones, hecho que está generando la persecución sistemática contra Piedad Elena en todos los aspectos” (fls. 420-422, cdno. o.).
El quejoso aportó copia de los siguientes documentos:
a) Fotocopia de la carta enviada el 30 de mayo de 2003 a la doctora María Teresa Holguín Sánchez, Presidenta del Tribunal Superior de Antioquia, por la señora Piedad Elena Gallego García; informando que la juez nombró a la citadora Marcela Vergara como secretaria del despacho y a ella le impidió el acceso a los expedientes.
b) Fotocopia del informe terapéutico psicológico rendido por la doctora Olga Lucía Román Usura a la procuraduría delegada de Antioquia; informa que la paciente le fue remitida por su jefe inmediato y en el cual diagnostica que la empleada no presenta ningún tipo de enfermedad mental que le impida desempeñar su trabajo de manera normal y eficiente siempre y cuando no se siga presentando la presión psicológica por parte de su superior.
c) Carta de la procuraduría provincial del Valle de Aburrá, con fecha 23 de mayo de 2003, dirigida al viceprocurador general de la Nación, solicitando se ordene asumir conocimiento de la investigación disciplinaria que se adelantaba contra la empleada.
d) Fotocopia de la cartilla “Factores de riesgos psicosociales organización y condiciones de trabajo” de la administración de riesgos profesionales del Seguro Social (fls. 49-93, cdno. o.).
2. Diligencias preliminares. Recibida la queja presentada por el hermano de la señora Piedad Elena Gallego García, se dispuso escucharla en declaración (fl. 94, cdno. o.) y se allegó copia de la providencia proferida por la Sala Plena del Tribunal Superior de Antioquia, a través del cual fue admitida la recusación presentada por dicha empleada contra la doctora Gloria Patricia Loaiza Guerra, para su calificación de servicios por el período correspondiente al año 2002, asignándose el conocimiento de la misma, al titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Cisneros (Ant.) (fls. 97-100).
2.1. Declaración de la señora Piedad Elena Gallego García. Señala la declarante que labora en el Juzgado Promiscuo Municipal de Santo Domingo desde el mes de octubre de 1979 y con la juez, la relación laboral data desde hace 11 años; los problemas entre ellas comenzaron en el año de 1999, a raíz de una boleta de libertad que ella elaboró para la firma de la juez, pues en virtud de ese hecho se dio inicio a un proceso disciplinario en contra de esta, por lo cual se vio compelida a entregarle parte del valor de los honorarios cobrados por el abogado que asumió la defensa de la funcionaria.
Afirma que ha debido soportar desde ese momento malos tratos por parte de la juez y agrega que si se han presentado algunos errores en las labores propias del despacho, ello es producto de sus gritos y carácter voluble, en tanto ello genera un ambiente de trabajo poco adecuado para el ejercicio de sus labores.
Seguidamente precisa que en el mes de septiembre de 2002, visitó al psicólogo en vista de su estado de ansiedad y nerviosismo, por cuanto la juez la amenazó con que ese año saldría de la Rama Judicial y le ordenó además hacerse evaluar de un neurólogo, el galeno Luis Alfredo Villa, quien le recetó la toma de tranquilizantes, pero cuando su hermano y el resto de su familia se enteraron de la situación, la hicieron examinar de un psicólogo particular y de esta forma fue atendida mediante terapia de relajación.
Manifiesta que en adelante la situación fue empeorando pues la trataba con gritos y en el mes de diciembre de ese mismo año, le anunció que la iba a despedir, lo cual ocurrió el 14 de enero de 2003, día en el que le dio a conocer su calificación de servicios con 50 puntos, sin entender las razones por las cuales su trabajo ya no era considerado satisfactorio; en febrero de ese año, indica, la juez no le permitió continuar ejerciendo las funciones de secretaria, debido a presuntas irregularidades en las que había incurrido en el trámite de un despacho comisorio, la despidió y le ordenó que saliera de la oficina y al día siguiente, le quitaron las llaves y le informaron que sus funciones en adelante, serían las de citadora, prohibiéndole además el acceso a los expedientes y ni siquiera le permitía utilizar la máquina de escribir, “me quitaron la luz, entonces yo leía como hasta las cuatro y media o cinco (...) yo nunca volví a atender a los abogados ni a los usuarios, ni a pasar al teléfono” (fl. 113).
De igual manera señala que los procesos disciplinarios en su contra —cinco en total— fueron asumidos por la Procuraduría General de la Nación para brindarle mayores garantías, encontrándose que había sido víctima de maltratos. Posteriormente los problemas se agravaron y su salud se deterioró notablemente y el 26 de mayo de 2003, la juez la acusó de ser la autora de una llamada amenazante; el Tribunal Superior de Antioquia aceptó la recusación por ella formulada contra la funcionaria para que efectuara su calificación de servicios y ordenó que esta fuera realizada por el Juez Promiscuo de Cisneros, quien le otorgó 70 puntos, situación esta frente a la cual la doctora Loaiza Guerra le manifestó: “no sé de qué medios se valió usted para que la calificara esa juez, yo si(sic) sé que voy a hacer, a donde la voy a llevar y llamó al Consejo Superior de la Judicatura y me llevó ante el Doctor Márquez, allí estuvimos en una reunión (...) lo que se nos dijo fue que nos tratáramos dentro de la oficina, así en la calle nos desconociéramos (...) yo siempre he puesto de mi parte pero la situación es la misma (...)” (fl. 117).
En el mes de junio de ese año, fue incapacitada por depresión y cansancio y en diciembre siguiente, de nuevo cayó enferma siendo diagnosticada con arritmia cardíaca y la psiquiatra le señaló que padecía de depresión severa.
A raíz de unas liquidaciones por ella elaboradas con algunos errores, la juez continuó gritándola, razón por la cual su estado de nervios aumentó considerablemente, máxime cuando delante de los usuarios la acusaba de no saber hacer su trabajo. Finalmente acotó que en alguna oportunidad la juez la increpó diciéndole: “que yo me estaba robando el sueldo a la Rama Judicial (...) sentía como pánico, como miedo, ella me decía que ese juzgado no necesitaba secretaria, que prefería trabajar con un negrito de Acandí mal oliente y descalzo que trabajar conmigo” (fls. 107-127).
La declarante aportó dos cuadernos en los cuales consignaba además de las actividades diarias del despacho, los encuentros, reclamos y la descripción de los gritos que le propinaba la juez, durante el período comprendido entre los años 2002 y 2003. Aclara que tales cuadernos fueron llevados por orden de la funcionaria.
3. Investigación disciplinaria. Se dispuso su apertura mediante auto del 25 de mayo de 2004, al tiempo que se ordenó la práctica de algunas pruebas (fls. 129-131), el cual se le notificó personalmente a la disciplinada (fl. 175).
3.2. Durante esta fase procesal se aportaron al plenario las siguientes pruebas:
3.2.1. Copia de la calificación de origen efectuada por Saludcoop EPS el 11 de mayo de 2004, a la señora Piedad Elena Gallego García, conforme a la cual, “existe nexo de causalidad entre el factor de riesgo ocupacional de tipo psicosocial (relaciones laborales inadecuadas con nivel superior; y estructura y atmósfera intrainstitucional) a que ha estado expuesta en su ambiente laboral y el diagnóstico trastorno depresivo mayor que presenta actualmente, por lo cual se encuentra en tratamiento médico y apoyo psicoterapéutico por M. psiquiatra (...). En razón a la anterior, existen criterios suficientes para calificar en primera instancia la patología en mención como de origen profesional (trastorno depresivo mayor de origen ocupacional/ estrés ocupacional) (fl. 141).
3.2.2. Oficio suscrito por el doctor Alberto Ceballos Velásquez, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, al cual anexa copia del acta de reunión del 17 de julio de 2003, con ocasión de las dificultades y diferencias suscitadas entre la doctora Loaiza Guerra y la secretaria del despacho, señora Gallego García, dentro de la cual ambas partes se comprometieron a esforzarse por mejorar su actitud y su relación (fls. 164-167).
3.2.3. Declaración de la señora Flor Yaneth Ríos Mejía, citadora del Juzgado Promiscuo de Santo Domingo. Esta diligencia se llevó a cabo el 24 de junio de 2004 y en ella la deponente manifiesta prestar sus servicios al juzgado desde hace poco más de un año. Sobre la relación de la juez y la secretaria indicó que no se presentaron malos tratos, sino llamados de atención por errores cometidos por la empleada, “los maltratos psicológicos los crea la persona cuando no tiene suficiente capacidad de asumir lo que para mí pueden ser regaños (...) es lógico que se llame la atención por lo que está al mando de la doctora, puesto que en la mayoría de las veces son situaciones que atrasan el trámite de los procesos” (fl. 183).
Agrega que la titular del juzgado es una persona idónea para el cargo, amable y en lo personal es bastante sociable. Finalmente atribuye las dificultades presentadas a errores por parte de la secretaria, quien en varias ocasiones se siente angustiada y deprimida.
3.2.4. Testimonio de la señora Claudia Marcela Vergara. Ingresó al juzgado en el año de 1999 y laboró hasta el mes de marzo de 2003, en el cargo de citadora. Afirma que las relaciones entre la juez y la secretaria eran excelentes y nunca se enteró de la existencia de los procesos disciplinarios contra la funcionaria. Señala no haber sido testigo de malos tratos ni de hostigamiento laboral y sobre el desempeño de la señora Piedad Gallego, precisa que cometió algunos errores los cuales en ocasiones eran bastante serios. Con respecto a las labores que ella desempeñaba, indica que durante un período fungió como secretaria mas nunca se le dio posesión en ese cargo.
En relación con el hecho según el cual, a la secretaria se le impidió tener acceso a los expedientes, adujo que en efecto, estos se guardaron bajo llave, pero aclara que ello obedece a que la mayoría eran manejados directamente por la juez, quien le manifestó en una ocasión a la señora Piedad Gallego que, “con la actitud que ella estaba tomando y con los errores que estaba cometiendo la estaba perjudicando (...) porque era ella quien tenía que responder por todo lo de la oficina, que entonces le dejara más bien los expedientes quietos que ella hacía esas funciones porque no podía confiar en ella” (fl. 199).
Al ser preguntada sobre el grado de amistad con la juez precisó que ocasionalmente se encontraban fuera del despacho y la relación cercana era con una de sus tías, pues ellas dos sí eran bastante unidas. Finalmente negó que la funcionaria gritara a la señora Piedad Gallego (fls. 192-202).
3.2.5. Testimonio de la señora Juana María Arismendy Cardona. Se trata de la Notaria del municipio de Santo Domingo y sobre los hechos materia de investigación indica que desde hace muchos años conoce a la doctora Gloria Patricia Loaiza y sabe que lleva bastante tiempo al servicio de la Rama Judicial. Agrega que su cónyuge (q.e.p.d.), en el año 2003, asistió a una diligencia en el juzgado y le comentó que presenció el maltrato brindado por la funcionaria a la secretaria, por cuanto le propinó un fuerte regaño en presencia de varias personas. Recuerda que en varias ocasiones vio que Piedad Gallego se encontraba muy deprimida y al preguntarle por las razones de ese estado, ella le hizo saber que tenía serias dificultades en el despacho con la juez.
Seguidamente indica que por tratarse de una población pequeña en la cual residen, ha escuchado comentarios sobre la existencia de problemas entre la señora Piedad con la doctora Gloria Patricia, incluso que esta rechazaba todo el trabajo de su empleada.
Al ser preguntada sobre el cambio de funciones al interior del despacho manifestó que en alguna ocasión Piedad entró a su despacho a hacer una diligencia y ella le comentó que “la tenían como citadora” y por esa razón se hallaba de mal ánimo. En relación con el comportamiento de la empleada, afirma que su conducta es intachable, excelente y se trata de una persona de grandes virtudes y añade que a su juicio es preocupante la forma en la cual se ha visto desmejorada su salud, máxime cuando el pueblo es conocedor de que su ambiente familiar es armonioso y sin dificultades (fls. 203-208).
3.2.6. Acta de reunión de interrelaciones organizacionales efectuada por Suratep de fecha 20 de junio de 2004. Conforme a este documento, la paciente Piedad Gallego García ha presentado un cuadro de insomnio, preocupación por su trabajo, angustia e inquietud por el futuro y como conclusión se señaló: “sufrió un trastorno depresivo ansioso, que en el momento se encuentra en remisión, debe continuar en tratamiento (...) existe una asociación de síntomas y situación laboral que hace que le genere ansiedad los acontecimientos laborales” (fls. 214-221).
3.2.7. Oficio suscrito por el Fiscal 94 seccional de Cisneros, quien indica que ante esa delegada se adelantó investigación previa contra Piedad Elena Gallego por un “delito por determinar”, habiéndose proferido resolución inhibitoria a su favor. De igual manera, informa que la juez presentó denuncia en contra de esta en el mes de abril de 2003, por el presunto delito de abuso de la función pública, disponiéndose la preclusión de la investigación en marzo de 2004 y se ordenó compulsar copias para investigar disciplinariamente a la sindicada (fls. 222-262).
3.2.8. Declaración de Gloria Elena Cifuentes Agudelo. Laboró en el juzgado durante un lapso de seis años (de 1992 a 1998) y durante el tiempo que allí permaneció nunca presenció ningún tipo de problemas entre la juez y la secretaria. No le consta nada acerca del origen de las desavenencias entre ellas dos (fls. 302-305).
3.2.9. Declaración del señor César Vergara Agudelo. Hizo referencia a que debió suscribir en dos oportunidades un acta de compromiso en un proceso por el delito de lesiones personales y ello obedeció a un error en el que incurrió la secretaria, tal como se lo hizo saber la juez y agregó no haber presenciado altercados entre esta y la empleada (fls. 310-312).
3.2.10. Declaraciones de Leonora Monsalve Arias y Amanda Builes Osorio. Se trata de personas que conocieron a la juez debido a que a ella correspondió el conocimiento de algunos procesos en los cuales actuaban como partes y ambas coinciden en que no se enteraron de las diferencias entre la funcionaria y la empleada (fls. 313-316).
3.2.11. Declaración de la doctora Ángela María Uribe Londoño, jefe de recursos humanos de la dirección seccional de administración judicial. Señala esta deponente que a petición del doctor Alberto Ceballos, Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, debió atender a la doctora Loaiza Guerra con el fin de orientarla en el manejo del personal de su despacho. Tuvo conocimiento de la existencia de una incapacidad otorgada de manera irregular a la señora Gallego García, por parte de Saludcoop EPS, por cuanto iniciaba cuando ella terminaba su período de vacaciones colectivas. Precisa que ha visto a la titular del despacho preocupada por el desempeño de la secretaria, mas nunca que se haya referido ella en términos desobligantes (fl. 337).
4. La calidad de sujeto disciplinable. La doctora Gloria Patricia Loaiza Guerra, para la época de los hechos se desempeñó como Juez Promiscuo Municipal de Santo Domingo (Ant.) nombrada mediante Acuerdo 6 del 10 de marzo de 1993 por el Tribunal Superior de Antioquia (fl. 162). Tomó posesión del cargo el 18 de marzo de 1993 (fl. 163).
5. Se allegó certificado de antecedentes disciplinarios, conforme al cual la funcionaria registra una sanción de multa de 11 días, de acuerdo con la sentencia proferida por esta colegiatura que cobró ejecutoria el 1º de septiembre de 2003 (fl. 212).
6. Pliego de cargos. En virtud del auto proferido el 10 de junio de 2005, la Sala a quo formuló cargos a la doctora Gloria Patricia Loaiza Guerra, en tanto su conducta pudo ser constitutiva de vulneración de los deberes previstos en los numerales 2º y 3º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en cuanto que corresponde a los funcionarios judiciales “desempeñar con, honorabilidad ... las funciones de su cargo” y “... dar un tratamiento cortés a sus compañeros...”, de manera tal que también habría desconocido los deberes previstos en los numerales 2º y 6º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 e incurrido en la prohibición descrita por el numeral 1º del artículo 41 de la Ley 200 de 1995 consistente en “solicitar o recibir dádivas, o cualquier otra clase de lucro proveniente directa o indirectamente del usuario (...), empleado de su dependencia (...)”.
Lo anterior, debido a que presuntamente se habría extralimitado en el ejercicio del poder al desligar temporalmente a la secretaria adscrita a su despacho de las labores propias de su cargo, además de propinarle un trato desobligante y de otra parte, por haber solicitado y recibido de manos de dicha empleada, dinero para cancelar los honorarios del abogado que asumió su defensa en un proceso disciplinario adelantado por el a quo en el año 2001 (fls. 270-280).
7. Descargos de la disciplinada y pruebas. Debidamente notificada de los cargos, la disciplinable presentó un memorial a través del cual aduce que los hechos expuestos en el escrito de queja no corresponden a la realidad, razón por la cual solicitó la práctica de los testimonios a los cuales se hizo referencia en acápites anteriores (3.2.4 a 3.2.11) (fls. 283-284).
7.1. La Sala a quo accedió a la ampliación del testimonio del doctor Alberto Ceballos Velásquez, magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, quien luego de señalar que conoce a la disciplinada desde hace más de 20 años, por haber sido su profesor en la universidad y luego, por razón de sus funciones en la magistratura ha tenido contacto con ella, indica que desde el mes de julio de 2003 y debido a una reunión que en su despacho se efectuó, tuvo conocimiento de los severos problemas existentes entre esta y su empleada Gallego García, de manera tal que una vez que escuchó a las partes en conflicto, pudo determinar la necesidad de intervenir en la situación, pues además entre ellas dos existían denuncias recíprocas, una recusación relacionada con el proceso de calificación de la empleada y aunado a ello, debido a algunos errores cometidos por esta última, advirtió que la juez no confiaba en ella.
Respecto al hecho de que la juez ordenó guardar bajo llave todos los procesos y cambió las funciones de su empleada indicó: “sí recuerdo que la doctora Loaiza indagó sobre la posibilidad de guardar expedientes. Mi opinión fue (...) que no era posible retirar funciones a una empleada sin que hubiera debido soporte o un acto disciplinario, o en su caso, en un acto administrativo, u otro amparado en el estatuto disciplinario, o, en su caso, en las normas que regulan el sistema de carrera” (fls. 359 y 360 vto.).
7.2. Se aportaron copias de los formularios de consolidación de la calificación integral de servicios de la doctora Loaiza Guerra, correspondientes a los años 2000, 2002, 2003 y 2004, los cuales arrojan como resultado una calificación satisfactoria (nivel excelente) (fls. 376-395).
8. Del traslado para alegaciones previas al fallo de primera instancia. Se corrió a través del auto del 29 de abril de 2006 (fl. 397).
En esta etapa intervino únicamente la procuradora 125 judicial II como agente del Ministerio Público. La disciplinada guardó silencio.
8.1. En su concepto, la señora procuradora en resumen, considera que no es necesario hacer muchas disquisiciones para estimar que la funcionaria incurrió en desconocimiento de los deberes de obrar con honorabilidad y de tratar de manera comedida a sus subalternos.
Señala que aun admitiendo que la secretaria cometía muchos errores en el desempeño de sus funciones, los métodos correctivos utilizados por la funcionaria no fueron los más ortodoxos, pues el trato indigno proporcionado a su empleada no es propio de la forma en la cual se deben desarrollar las relaciones de trabajo, independientemente del grado de jerarquía que se ejerza. Finaliza deprecando sancionarla (fls. 401-416).
9. La sentencia sancionatoria. Fue proferida el 27 de julio de 2006. El seccional de instancia analizó los cargos formulados a la funcionaria, para concluir, como se dejó dicho en precedencia, que respecto de la conducta consistente en solicitar a su subalterna, dinero para cancelar los honorarios del abogado que la representó en un proceso disciplinario, la acción de hallaba prescrita.
Frente a la infracción al deber previsto en el numeral 3º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, consideró el seccional que se hallaba plenamente demostrada, sin que se encuentre justificación alguna predicable de la conducta irrespetuosa de la inculpada hacia su secretaria, la cual venía desplegándose desde el año 1999, cuando se presentó un problema relacionado con una boleta de libertad elaborada por la empleada y que le valió un disciplinario a la juez, momento este a partir del cual, empezó el maltrato no solo verbal sino psicológico, prologándose hasta el año 2003.
A juicio del a quo, los malos tratos afectaron la salud de la secretaria, quien debió acudir a la ayuda de un profesional médico por padecer de estrés severo y aunado a ello, la apartó de las labores propias de su cargo, impidiéndole el acceso a los expedientes, por la presunta desconfianza que la señora Piedad Gallego le despertaba.
Así mismo se tuvo en cuenta que tal situación influyó en la disminución de su rendimiento laboral, “pues fue la misma funcionaria quien la llevó a esa situación tan lamentable; ya que Piedad Elena Gallego, se sentía incapaz de realizar bien cualquier tarea por sencilla que fuera, por el temor de recibir el rechazo o la reprimenda” (fl. 433).
Consideró que las frases con las cuales la funcionaria se refería a su subalterna se muestran por completo ofensivas y sumadas a las amenazas de despedirla, comportan una conducta que compromete la dignidad de la administración de justicia.
Luego de desestimar los testimonios rendidos por las citadoras del despacho debido a que se muestran parcializados, los cuales “solo encuentran justificación por el temor reverencial a su jefe jerárquico, o también, se pudieron sentir intimidadas al estar presente ella en algunas de las declaraciones dadas en esta investigación”, y de valorar las demás declaraciones aportadas al plenario, concluye que la funcionaria vulneró el deber de respetar a su subordinada, al darle un trato inadecuado con gritos, humillaciones y tonos amenazantes, sin que se conozcan causas que lleven a exonerarla de responsabilidad porque, “así haya existido motivos (sic) para llamarle la atención a su subordinada, debió hacerlo de manera cortés y con respeto; por lo cual no hay prueba razonable que la excuse de su deber legal de cumplir con los deberes (sic) que como jefe le impone la norma (...) conducta que opera a título de dolo, pues se vislumbra la intención de la funcionaria por transgredir la ley (...)”, siendo ello razón suficiente para imponerle sanción disciplinaria consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos meses e inhabilidad especial por el mismo lapso (fls. 420-440).
10. Recurso de apelación. Trámite. Efectuados los trámites de notificación personal a los sujetos procesales (fl. 440 y vto.), la funcionaria inculpada interpuso recurso de alzada contra la sentencia del a quo. Solicita a esta superioridad la revocatoria del fallo sancionatorio y como sustento de esa petición aduce que la única prueba que servía de apoyo para el mismo, es la declaración de la señora Juana Arismendy —Notaria del municipio de Santo Domingo—, quien ratifica el dicho de la señora Piedad Elena Gallego García, y al respecto seguidamente indica, “quienes mejor podían establecer la real ocurrencia de los hechos, en especial del ambiente laboral y la conducta laboral de la titular del despacho frente a sus subalternos, eran la señora Gloria Elena Cifuentes Agudelo, Claudia Marcela Vergara Vergara y Flor Yaneth Ríos Mejía, quienes se desempeñaron sucesivamente en el tiempo en calidad de citadoras del juzgado (...). Sin embargo, la versión de estas, que en forma uniforme y conteste llevan a colegir que la forma (sic) de asumir la dirección del despacho por parte de la titular y en especial el trato dado a la secretaria (...) y a los demás empleados, en momento alguno coincide con el que se afirma” (fls. 442 vto. y 443).
Censura también la recurrente el hecho de que el a quo no hubiese especificado cuáles de las personas que se desempeñaron como citadoras, rindieron testimonio de manera parcializada y agrega que por el hecho de haber suministrado una información seria y coherente sobre el ambiente laboral del juzgado, no pueden ser desestimados, máxime cuando a su juicio, no se evidenció la forma en la cual pudieron ser intimidadas como lo indicó el seccional de instancia.
Aduce que la “filosofía” de desechar los testimonios de las empleadas debe predicarse también de los demás testigos: “se escuchó a quien era testigo presencia de una situación de maltrato al decir de la afectada, el señor Cesar Vergara. Se escucha su testimonio en la misma Sala Disciplinaria y sin embargo el contenido del medio de prueba no se valora ni considera. No obstante que el testigo indicó que no era cierto lo que ella indicaba (...) en similares circunstancias declara la señora Socorro Builes, Nora Monsalve, (sic) quienes han tenido asuntos varios en el despacho y no observaron nada. Sin embargo la Sala parte de que en el pueblo era de conocimiento público —o vox populi— que se maltrataba a la secretaria, lo cual deduce del testimonio de la notaria (...) sin embargo esta no es testigo presencial y es una testigo de oídas, que narra al comisionado afirmaciones hechas por la misma señorita Gallego García” (fl. 444).
Considera que el juez de primera instancia procuró por todos los medios “acomodar la prueba” al fraccionar tanto los testimonios vertidos al interior del proceso, como la prueba documental.
Afirma que en efecto existían dificultades en el entorno laboral, empero, agrega, ello es propio de las dinámica misma del funcionamiento administrativo del personal y ello motivó justamente la intervención de la Sala Administrativa, sin que ello implique necesariamente su incursión en faltas disciplinarias.
Seguidamente descalifica la forma en la cual fue valorado el testimonio rendido por la jefe de recursos humanos de la dirección seccional de administración judicial, quien brindó un buen concepto suyo. De igual manera plantea que debió tenerse en cuenta que según la valoración médica, la enfermedad de la secretaria no es de origen profesional, hecho que no fue debidamente analizado por el a quo. Se refiere igualmente a que no se hubiese precisado la fecha en la cual ocurrieron los hechos materia de investigación, desconociéndose además la actitud de la empleada y finaliza aduciendo que en cumplimiento de su función como titular del despacho judicial, debía velar porque sus empleados cumplieran sus deberes, con miras a predicar la unidad de propósito y el espíritu de solidaridad y ello, “se plasma en los llamados de atención y requerimientos, todos justos, todos causados, todos y cada uno de ellos realizados en términos respetuosos. (...) Con la decisión de la Sala se premia a quien no cumple con el deber y se sanciona a quien debe permanentemente buscar en los empleados de que dé de sí lo mejor en pro de la administración de justicia (...) como ninguna prueba existe, entonces se acude a las suposiciones, se supone entonces que se intimidó a los testigos (...) la verdad en este caso, no se acercó a la verdad real ni en forma mínima”, por lo cual considera que en este caso se afectó su garantía de presunción de inocencia (fl. 445).
11. En el trámite de la segunda instancia intervino el defensor de confianza de la disciplinada (a quien se le confirió poder para tales efectos) quien deprecó la absolución de su prohijada señalando que de acuerdo con el reporte efectuado por Suratep regional Antioquia, la señora Gallego García lamentablemente padece una enfermedad mental denominada depresión, de ninguna manera provocada por la juez, en tanto su causa es multifactorial y si bien es cierto, afirma, la empleada ha realizado una asociación entre sus síntomas depresivos y la situación laboral, “no cabe dar por sentado que la situación laboral a que alude el concepto médico consiste en el mal trato que infiere el fallo de primer grado” (fl. 17, cdno. 2ª instancia).
Sostiene el letrado que las afirmaciones de la presunta afectada, según las cuales recibía un trato insultante por parte de la juez, carecen de respaldo probatorio y sobre este punto señala que la queja fue presentada por el hermano de la señora Gallego García, quien directamente no percibió los supuestos malos tratos.
Coincide con la funcionaria disciplinada en cuanto al valor que merece el testimonio rendido por la notaria del municipio, pues en forma alguna, aduce, este puede ser tenido como prueba de cargo en tanto se trata de un testigo de oídas, que se ha percatado de algunos comentarios de los pobladores de Santo Domingo y agrega, “los comentarios callejeros apuntan solo a que la juez ‘de pronto sí ha sido un tanto fuerte con ella’, y que de un tiempo para acá ‘ha venido rechazando’ el trabajo de la secretaria, pero esa conducta, así fuera cierta, no implica el ‘tratamiento descortés’ que exige el tipo disciplinario (...)” (fl. 18, cdno. 2ª instancia).
Destaca entonces que el funcionario está obligado a examinar y corregir el trabajo de los empleados de su despacho y desde luego puede rechazar sus proyectos y demás actividades cuando no correspondan a sus lineamientos, ante el evidente desmejoramiento, en este caso, del rendimiento laboral de la secretaria.
Por último censura, al igual que su prohijada, que se hubiesen desestimado por el a quo los testimonios de la jefe de recursos humanos de la dirección seccional de administración judicial y de las señoras Gloria Elena Cifuentes, Claudia Marcela Vergara Vergara y Flor Yaneth Ríos Mejía, los cuales demuestran un buen trato de la funcionaria hacia su empleada.
Sobre las declaraciones de quienes se han desempeñado como citadoras del juzgado, considera que no es una regla de valoración de las mismas, que cuando se trata de empleados testificando en casos en los cuales sus jefes están involucrados, necesariamente sean parcializadas y por ello no ofrecen credibilidad alguna, máxime si se observa que para la fecha en la cual fueron llamadas a declarar, ninguna se hallaba como subordinada de su representada y agrega: “estos testimonios ni siquiera pueden ser considerados sospechosos. Antes que dignos de rechazo, son prueba fehaciente de la inexistencia de la conducta atribuida a la doctora Gloria Patricia Loaiza Guerra”. Por estas razones cuestiona la existencia del temor reverencial por parte de las deponentes al cual hizo alusión el a quo.
Echa de menos la valoración de la declaración rendida por la personera municipal de Santo Domingo, quien afirmó que jamás conoció de la existencia de problemas entre la juez y su secretaria (fls. 14-22, cdno. 2ª instancia).
1. Competencia de la Sala. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conocer los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones dictadas en primera instancia por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, conforme lo previsto en los artículos 256, numeral 3º de la Constitución Política, 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, artículos 3º y 194 de la Ley 734 de 2002.
2. Asunto a resolver. Se desata el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 27 de julio de 2006 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual fue declarada responsable disciplinariamente la doctora Gloria Patricia Loaiza Guerra, en calidad de Juez Promiscuo Municipal de Santo Domingo (Ant.), por vulnerar el deber previsto en el numeral 3º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, y se le impuso sanción de suspensión de dos (2) meses en el ejercicio del cargo, e inhabilidad especial por el mismo lapso.
3. Descripción típica de la falta endilgada. Conforme a lo dispuesto por el artículo 153 de la ley estatutaria de administración de justicia:
3. Obedecer y respetar a sus superiores, dar un tratamiento cortés a sus compañeros y subordinados y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito”.
4. Solución del caso. Competencia en segunda instancia. Conforme a lo dispuesto por parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.
Pues bien, para el análisis del presente caso se estudiarán una a una las argumentaciones de los recurrentes y tomando como punto de partida la disposición en cita, desde ya anuncia la Sala que el fallo materia del recurso de alzada será confirmado en su integridad por las razones que a continuación se exponen:
Tanto la funcionaria disciplinada como su defensor de confianza plantearon que el fallo de primer grado se halla sustentado únicamente en el dicho de la secretaria, ratificado por la testigo Juana Arismendy - Notaria del municipio de Santo Domingo (Ant.) y en la queja elevada por el hermano de la primera, quien no presenció de forma directa los hechos materia de investigación.
Frente a esta censura debe indicar la Sala que si bien es cierto, el a quo otorga credibilidad a la declaración de la señora Piedad Gallego García, tal circunstancia en forma alguna implica que sea esta la “única prueba de cargo”, pues nótese que la forma en la cual esta rindió su declaración, comporta un recuento detallado, preciso, ponderado y coherente de las desavenencias existentes con su superior y tiene respaldo no solo en prueba documental —que contrario a lo afirmado por la recurrente, fue valorada de manera integral y de cara a las reglas de la sana crítica— sino además en el testimonio de la notaria del municipio.
En el asunto que ocupa la atención de la Sala, aparece demostrado que las diferencias entre la juez y la secretaria adscrita a su despacho, surgieron a raíz de una boleta de libertad que esta última elaboró para la firma de la funcionaria sin el lleno de las formalidades en el año de 1999, lo cual ocasionó que en contra de la juez se adelantara un proceso disciplinario.
A partir de ese momento comenzaron a presentarse entre ellas dos serios problemas (que se acentuaron en el año 2003 y obviamente incidieron en la salud mental y por ende, en el rendimiento laboral de la empleada) al punto que la doctora Gloria Patricia Loaiza Guerra la denunció ante la fiscalía en dos oportunidades (habiéndose proferido en la primera, resolución inhibitoria a su favor y en la segunda —por el presunto delito de abuso de la función pública—, se ordenó preclusión de la investigación en marzo de 2004) y por su parte, la secretaria la recusó en el mes de diciembre de 2002, con miras a garantizar una evaluación objetiva frente a su desempeño en el despacho. Valga aclarar que mediante providencia del 2 de abril de 2003, la Sala Plena del Tribunal Superior de Antioquia aceptó los argumentos de la empleada y le asignó el conocimiento de la calificación a la titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Cisneros (Ant.), por cuanto se encontró demostrado que la funcionaria omitió imprimir el trámite de ley a la recusación y procedió a calificar a la secretaria de manera insatisfactoria el 14 de enero de 2003 no obstante que desde el 11 de diciembre de 2002, la doctora Loaiza Guerra dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra su subalterna, con lo cual además de la calidad de quejosa, era también investigadora (fls. 97-100).
Ahora bien, el testimonio rendido por la notaria del municipio, a juicio de la Sala se muestra por completo desprovisto de interés en favorecer a la empleada del juzgado y contrario sensu debe ser tenido como imparcial y frente al mismo, dígase que no le asiste razón al apoderado de la disciplinada cuando señala que las afirmaciones de la declarante no demostraban el uso de palabras y actuaciones desobligantes, pues no solamente escuchó de su cónyuge que en presencia suya la secretaria fue increpada de manera exagerada, sino que le constaba que debido a las dificultades con su superior, ella se hallaba deprimida (así se lo manifestó directamente) y además varios pobladores de la localidad habían hecho alusión al trato fuerte propinado por la juez y al rechazo de su trabajo, de manera que lejos de pretender edificar la responsabilidad de la disciplinada en esta sola prueba —como lo adujo el censor—, la Sala no puede desconocer el valor de este testimonio de oídas(1), porque además aparece respaldado con otras pruebas allegadas al plenario, como se analizará posteriormente.
En este punto debe precisar la Sala que contrario a lo afirmado por la defensa, los comentarios escuchados por la notaria del municipio según los cuales se habría presentado “un trato fuerte” por parte de la juez a su empleada, implican de suyo descortesía, y no de otra forma pueden entenderse, porque si se tratara de llamados de atención efectuados dentro de parámetros del respeto que debe reinar en las relaciones laborales y que contribuyen al buen desempeño de la labor judicial, seguramente no habrían trascendido el ámbito del despacho.
Así, sin pretender afirmar que los funcionarios no están en la obligación de corregir las acciones de sus empleados, lo cierto es que tales actuaciones deben desplegarse con comedimiento y sobre todo, de forma considerada, todo ello, en pro de la unidad de propósito, enmarcada dentro del espíritu de solidaridad, lo cual en el presente caso, evidentemente no ocurrió.
De otra parte, frente a los testimonios rendidos por quienes se desempeñaron en el cargo de citadoras en el Juzgado Promiscuo de Santo Domingo, la Sala a quo consideró que se mostraban parcializados y que se hallan justificados en el temor reverencial o en la intimidación que pudieron sentir ante la presencia de la disciplinada, y a este respecto oportuno se ofrece precisar que si bien es cierto, podría en principio desestimarse la presencia de ese “temor” hacia la juez, tal como lo arguyó el recurrente, no lo es menos que existen otras razones para considerar que en efecto esas declaraciones carecen de objetividad, o simplemente —como en el caso de la señora Gloria Elena Cifuentes— no aportaron ninguna luz frente a los hechos, imputados, por lo cual no son de recibo por la Sala, las argumentaciones defensivas en este concreto aspecto, veamos:
Nótese en primer lugar que la señora Gloria Elena Cifuentes declaró haber laborado en el juzgado durante un lapso de seis años, desde 1992 a 1998 y durante el tiempo que allí permaneció nunca presenció ningún tipo de problemas entre la juez y la secretaria y agregó que no le consta nada acerca del origen de las desavenencias entre ellas dos.
Y es que nada podía constarle al respecto a la declarante, simple y llanamente porque para la época en que prestó sus servicios al despacho judicial tantas veces citado, aún no habían comenzado los problemas entre la juez y la secretaria, pues tal como se planteó en precedencia, los hechos se desencadenaron a partir del año de 1999, luego razón asistió al a quo al desatender la declaración de esta exempleada.
Frente a la declaración de la señora Claudia Marcela Vergara debe precisarse que tal como ella misma lo aseveró, en algunas ocasiones se encontraba con la juez en casa de su tía —con quien la funcionaria mantenía una cercana relación de amistad—, de manera que obviamente su testimonio frente al trato propinado por la doctora Loaiza Guerra hacia su subalterna se muestra a todas luces parcializado y ello aparece corroborado por esta última, quien afirmó que aquella ingresó a laborar al despacho justamente en virtud de dicha amistad. No obstante ello, no puede perderse de vista que esta deponente admitió haber ejercido las funciones propias de la secretaria —sin haber sido nombrada en ese cargo—, durante algún tiempo y en un momento en que la relación de la juez con la señora Piedad Gallego, se encontraba bastante deteriorada, al punto que la funcionaria había perdido la confianza en ella, según sus propias palabras (fl. 199).
Así las cosas, si bien es cierto, para el momento en que vertió su testimonio, ya no se hallaba laborando bajo las órdenes de la disciplinada, tal circunstancia en forma alguna desdibuja la parcialidad de su dicho y por el contrario, sí tiene connotación de sospechoso, al menos, como se dijo, en lo referente a la “inexistencia” de malos tratos y de hostigamiento laboral hacia la señora Piedad Gallego.
En relación con la declaración de la señora Flor Yaneth Ríos Mejía, quien en la primera oportunidad que fue escuchada (jun. 24/2004) se hallaba laborando en el despacho, dígase que su versión es interesada puesto que justamente en virtud de dicha circunstancia, señaló no poder referirse con exactitud a la existencia de malos tratos, admitiendo solamente que la juez realizaba llamados de atención frente a los errores en los cuales incurría la empleada (fl. 182). Ahora bien, si al momento de ampliar su declaración (sep. 19/2005) ya no era subalterna de la juez, no se puede descartar de plano que se hubiera sentido intimidada por la presencia de su exjefe, quien también la interrogó, independientemente de que tal facultad para la disciplinada sea una manifestación del ejercicio de su derecho de defensa y contradicción.
En síntesis, el hecho de que los testimonios de estas dos últimas personas se muestren interesados y sospechosos, como lo dedujo el a quo, no implica que contra la funcionaria no existan pruebas que comprometan su responsabilidad.
Frente a la declaración vertida por la jefe de recursos humanos de la dirección seccional de administración judicial, en forma alguna puede aceptarse que la Sala a quo lo hubiese “manipulado”, como lo indicó la funcionaria recurrente, pues sin desconocerse la buena valoración que sobre su conducta realizó dicha servidora, se descartó que sirviera como prueba de buen comportamiento prodigado a la secretaria y ello obedece a que no fue testigo de los hechos, pues solamente le constaba la preocupación de la doctora Loaiza Guerra por el desempeño laboral de la empleada.
Y es que ello resulta lógico si se tiene en cuenta, tal como lo señaló la Sala de primer grado, que las afrentas y malos tratos padecidos por la secretaria del juzgado, influyeron de manera negativa en el desempeño de sus funciones, pues debido al tratamiento descortés y desobligante, obviamente era proclive a cometer cada vez más errores, en tanto su estado de nervios y ansiedad no le permitieron analizar de manera cuidadosa algunos de los asuntos sometidos a su conocimiento, pese a que se esforzaba por hacerlo.
Así las cosas, las apreciaciones del seccional a este respecto, no comportan menoscabo al principio de presunción de inocencia como lo pretende hacer ver la juez disciplinada.
En relación con los testimonios de los señores César Vergara, Socorro Builes y Nora Monsalve, debe indicar la Sala que se trata de personas que acudían al juzgado de manera esporádica, en razón al interés que tenían en algunos procesos por ser parte en los mismos y lógicamente no podían efectuar afirmaciones distintas a no haber presenciado malos tratos de la doctora Loaiza Guerra frente a su subalterna. Sobre este punto cabe aclarar que no se avizora por parte del a quo un “fraccionamiento” de las pruebas con miras a desconocer la garantía de presunción de inocencia en cabeza de la disciplinada, tal como equivocadamente ella lo plantea, pues como se deduce de lo expuesto en precedencia, el ejercicio valorativo efectuado en el fallo, en forma alguna se muestra contrario a los principios que informan el análisis probatorio.
En cuanto a la documentación relacionada con las valoraciones médicas efectuadas a la señora Piedad Gallego García, dígase que según el acta de reunión de interrelaciones organizacionales, efectuada por Suratep, se descarta que la etiología (origen) de la depresión padecida por la paciente sea su situación laboral, empero tal concepto médico no puede ser analizado aisladamente, en tanto las conclusiones del mismo apuntan a que esta ha presentado un cuadro de insomnio, preocupación por su trabajo y angustia y por ello “sufrió un trastorno depresivo ansioso, que en el momento se encuentra en remisión, debe continuar en tratamiento (...) existe una asociación de síntomas y situación laboral que hace que le genere ansiedad los acontecimientos laborales” (fls. 214-221).
Así las cosas, se tiene que son varios factores los que han influido en el estado de ánimo de la señora Piedad Gallego García, siendo uno de ellos (demostrado dentro del plenario), precisamente la forma en la cual durante los últimos años, se desarrolló la relación con su superior, en medio de malos tratos, descortesías y hostigamiento laboral —este último manifestado en el hecho de haberla relevado de sus funciones de secretaria— y demostrado a través de los testimonios de la señora Flor Yaneth Ríos Mejía y del doctor Alberto Ceballos, Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, quien debió intervenir entre la doctora Loaiza Guerra y la señora Piedad Gallego, debido a que se percató de las graves diferencias que entre ellas dos existían, al punto que la misma juez le indagó acerca de la posibilidad de guardar los expedientes, frente a lo cual le respondió, “Mi opinión fue (...) que no era posible retirar funciones a una empleada sin que hubiera debido soporte o un acto disciplinario, o en su caso, en un acto administrativo, u otro amparado en el estatuto disciplinario, o, en su caso, en las normas que regulan el sistema de carrera” (fls. 359 y 360 vto.).
Entonces, al confrontar el acto imputado frente a la descripción típica resulta el encuadramiento pleno del comportamiento en el tipo, satisfaciéndose así, como lo consideró la Sala a quo, la tipicidad de la conducta, en tanto la funcionaria utilizó palabras desobligantes para con su subalterna y además en varias ocasiones la trató de manera humillante, pues tal como lo indicó la secretaria en cierta ocasión la increpó diciendo, “hay veces entiende más un mongólico que lo que entiende usted, para qué explico (...) que yo me estaba robando el sueldo a la Rama Judicial (...) sentía como pánico, como miedo, ella me decía que ese juzgado no necesitaba secretaria, que prefería trabajar con un negrito de Acandí mal oliente y descalzo que trabajar conmigo” (fls. 116-118). Incluso la amenazó con despedirla a fines del año 2003, lo que obviamente incidió en su estado depresivo y se trata de un hecho que no se compadece con el deber de actuar de manera comedida frente a sus subalternos.
Ahora bien, en el ámbito de la antijuridicidad, la disciplinable planteó inicialmente que los hechos narrados en la queja y por la señora Piedad Gallego eran inexistentes y por lo tanto debe tenerse en cuenta que los testimonios por ella solicitados no fueron directos en relación con los problemas suscitados entre ellas, empero las pruebas documentales y las declaraciones imparciales obrantes en el proceso, tal como lo consideró el a quo, permiten establecer no solamente que la conducta de la funcionaria se halla enmarcada en el desconocimiento del deber de dar un tratamiento cortés a sus empleados, sino que también se muestra constitutiva de ilicitud sustancial, por carecer de justificación alguna.
Lo anterior, porque si bien es cierto, el juez como autoridad del despacho está obligado a velar por el buen funcionamiento del mismo y por ende, se halla facultado para corregir los errores de sus subalternos, no por ello debe propinar tratos humillantes, gritos y airadas reclamaciones por fuera de los parámetros de la cortesía y el comedimiento, como ocurrió en el presente caso, así que para la Sala, sin perjuicio de la adopción de medidas correctivas, no resulta admisible que se presenten situaciones como la analizada en esta oportunidad, con implicaciones para la salud mental y física de una persona que presta sus servicios a la rama judicial desde hace más de 20 años y cuyo trabajo jamás había sido cuestionado.
En este punto conviene precisar que la Ley 734 de 2002 consagra en su artículo 28, las causales de exclusión de la responsabilidad, empero, la valoración de los presupuestos fácticos frente a las pruebas allegadas al proceso, impiden a la Sala admitir la configuración de alguna de estas, por lo cual no es de recibo el argumento de la recurrente según el cual, con miras a propender porque los subalternos cumplan su función en dinámica que permita predicar la unidad de propósito, hubiera efectuado “llamados de atención y requerimientos, todos justos, todos y cada uno de ellos realizados en términos respetuosos”, porque en los términos ya descritos, las amenazas y humillaciones recibidas por la secretaria se muestran por completo ajenos al concepto de cortesía y respeto.
Así, contrario a lo señalado por la doctora Gloria Patricia Loaiza Guerra, en este caso no se pretende “premiar” a quien no cumple con sus deberes, pues la cuestión debe ser analizada de manera más profunda, en tanto no se descartó dentro del plenario que la presencia de errores en las labores efectuadas por la secretaria obedecieran a su estado de ánimo alterado notablemente por las presiones e indebidos tratos recibidos por parte de su superior.
Es precisamente lo que se le exige al funcionario judicial, la ponderación, el trato cortés al interior de las relaciones laborales y sobre todo el respeto para con quienes prestan su colaboración frente a la ardua y compleja labor de administrar justicia.
Por lo tanto, así hubiesen existido motivos para llamar la atención de la empleada (sin desconocer que los errores se presentaban más a menudo debido a la alteración en su estado de ánimo provocada por las causas ya descritas) los términos utilizados por la funcionaria fueron descomedidos e irrespetuosos.
Siendo ello así, la justificación pregonada por la disciplinada, debe ser desestimada, tal como lo hizo acertadamente la Sala de instancia y su comportamiento declarado como antijurídico.
Por último, dada la formación profesional de la doctora Gloria Patricia Loaiza Guerra, versada en derecho, su experiencia laboral en la Rama Judicial, no hay duda alguna de su conocimiento jurídico y comprensión de la ilicitud, por lo que al comportarse en la forma como lo hizo, actuó con plena conciencia tanto del acto como de las implicaciones jurídicas del mismo. Por tanto, comprendía la actuación ilícita y no obstante tal comprensión, pudiendo y debiendo comportarse conforme a derecho, prefirió libre y voluntariamente vulnerar el ordenamiento jurídico. Ello hace reprochable su conducta, a título de dolo. Tal como se le hizo la imputación subjetiva en los cargos y el fallo sancionatorio.
5. Dosimetría de la sanción. Con relación a la sanción aplicada, a juicio de la Sala deviene ajustada a las regulaciones legales en tanto se trata de la prevista en la ley disciplinaria para el tipo de falta imputada, calificada como grave, a título doloso, atendiendo a las varias circunstancias agravantes, tales como la trascendencia social, la afectación de la estima de la empleada atacada y la ofensa al respeto debido a quienes colaboran en la labor de administrar justicia, así como también, por el conocimiento de la funcionaria de los deberes asumidos como miembro de la Rama Judicial, donde se sabe de la obligación de dar un trato respetuoso y cortés a los demás funcionarios judiciales y subordinados, y, por último, por haber actuado de manera dolosa.
Basten las anteriores consideraciones para impartir confirmación al fallo apelado.
1. CONFIRMAR la sentencia apelada proferida el 27 de julio de 2006, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual fue declarada responsable disciplinariamente la doctora Gloria Patricia Loaiza Guerra, en calidad de Juez Promiscuo Municipal de Santo Domingo (Ant.) por vulnerar el deber previsto en el numeral 3º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, y le impuso sanción de suspensión en el ejercicio de la cargo por el término de treinta (30) días e inhabilidad especial por el mismo lapso, acorde con los hechos y lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.
Notifíquese y cúmplase. Vuelva el expediente a la corporación de origen para lo de su cargo.
(1) Por lo menos en lo que atañe a las afirmaciones efectuadas por el cónyuge (fdo.) de la deponente y sobre los comentarios de residentes en el municipio de Santo Domingo.

References: artículo 153
 artículo 153
 resolución 
 artículo 153
 artículo 34
 artículo 41
 artículo 153
 artículo 153
 artículo 153
 artículo 171
e contrario
 resolución 
e contrario
 artículo 28
 artículo 153