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Timestamp: 2018-07-17 09:31:43+00:00

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ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 1.753/17
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete , estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO, por ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: “JULIO FEDERICO GODOY AYALA SOBRE CALUMNIA, DIFAMACIÓN Y OTROS”, a fin de resolver el recurso extraordinario de casación planteado contra el Acuerdo y Sentencia N° 23 de fecha 27 de mayo de 2016, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala.
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BENÍTEZ RIERA Y BLANCO.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA DOCTORA PUCHETA DIJO: El abogado Julio Federico Godoy Ayala, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado, interpone Recurso Extraordinario de Casación contra el fallo más arriba individualizado, que CONFIRMÓ la Sentencia Definitiva N° 54 del 25 de noviembre de 2015, en virtud a la cual el Tribunal de Sentencia a cargo de la Jueza Gloria Hermosa de Correa (CONDENÓ al acusado JULIO FEDERICO GODOY AYALA a 1 (un) año de pena privativa de libertad con suspensión a prueba de la ejecución de la condena, según los artículos: 150 inc. 1, 2 y 3, 152 inc. 1 Num. 2 inc. 2 e inc. 4 y art. 70 inc. 1° en concordancia con el art. 29 Inc. 1 y 59 del Código penal y a la pena de composición consistente en el pago de la suma de GUARANÍES CINCUENTA MILLONES.
ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD del recurso planteado. En cuanto a la impugnabilidad objetiva: La resolución recurrida es una Sentencia Definitiva de un Tribunal de Apelación, por lo que el objeto de la Casación al cual hace alusión el Art. 477 del Código Procesal Penal se halla cumplido.
Con relación a la impugnabilidad subjetiva, se tiene que, quien interpone el presente recurso es el propio acusado Julio Federico Godoy Ayala, quien ejerce su defensa técnica. Conforme al Art. 449 segundo párrafo del C.P.P. el mismo se halla debidamente legitimado a recurrir en casación.
Por último, el recurso fue presentado en plazo de ley (10 días por mandato del Art. 468 en concordancia con el Art. 480 del Código Ritual), ya que la sentencia recurrida fue notificada a la defensa técnica en fecha 31 de mayo de 2015 (fs. 449), y el acusado Julio Federico Godoy Ayala ha sido notificado en fecha 09 de junio de 2016: siendo interpuesto el Recurso Extraordinario de Casación en fecha 23 de junio de 2016, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Además, el escrito de interposición se halla debidamente fundado, precisando los motivos, con sus argumentos y la solución que se pretende, en cumplimiento de los requisitos impuestos por los artículos mencionados (468 y 480). En consecuencia, al hallarse cumplidos todos los recaudos formales pertinentes, corresponde DECLARAR ADMISIBLE para su estudio los Recursos de Casación interpuestos. ES MI VOTO.
A su turno, el Dr. BENÍTEZ RIERA manifiesta que se adhiere al voto que antecede por sus mismos fundamentos.
A Su turno el Dr. BLANCO expuso cuanto sigue: QUE, se presenta el Abog. JULIO FEDERICO GODOY AYALA, por sus propios derechos, a interponer recurso de casación contra el Acuerdo y Sentencia N° 23 de fecha 27 de mayo de 2016, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital, que resolvió entre otras cosas: 1) DECLARAR la competencia de este Tribunal...///...; 2) DECLARAR admisible el recurso de Apelación Especial...///...; 3) CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia recurrida, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución...///...; 4)IMPONER las costas en esta instancia al condenado...///...; 5) ANOTAR...///...;.
Que, según escrito obrante en autos (fs. 545/556), el recurrente interpone el recurso extraordinario de casación, manifestando sus agravios en lo siguiente:...///...; 1.VIOLACION DE LOS DERECHOS PERSONALES POR ABUSO DE LA FIGURA DEL AUXILIO JUDICIAL PREVISTO EN EL ART. 423 DEL C.P.P....///...; 2. VIOLACION DEL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ 3. APELACIÓN EN SUBSIDIO PENDIENTE DE RESOLUCIÓN...///...; 4. VIOLACION DEL PRINCIPIO DE INMEDIACION, CONCENTRACION E INMEDIATEZ DURANTE EL JUICIO ORAL Y PUBLICO...///...; 5. VICIOS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA N° 54...///...; Que, se presenta JUAN FRANCISCO VILLALBA IDOYAGA, en representación del Sr. JOSÉ LUIS CHILAVERT, a contestar traslado corridole, y solicita cuanto sigue;...///...; 1. Tenga por constituido el nuevo domicilio procesal denunciado en este acto...///...; 2. Tenga por contestado, en tiempo y forma, el traslado que me fuera corrido en el presente Recurso de Casación, en virtud a la cédula de notificación de fecha 02 de noviembre de 2016...///...; 3. Dictar sin más trámites Resolución declarando inadmisible el presente Recurso Extraordinario de Casación, o en su defecto la Desestimación o Rechazo de la Casación interpuesta por el condenado JULIO FEDERICO GODOY AY ALA contra el Acuerdo y Sentencia N° 23 de fecha 27 de mayo de 2016, dictado por el Tribunal de Apelaciones Tercera Sala de la Capital, que confírme la Sentencia Definitiva N° 54 de fecha 25 de noviembre de 2015, emanada del Tribunal Unipersonal presidida por la Juez Gloria Hermosa de Correa, con la correspondiente imposición de Costas...///...; (sic).
Que, antes de entrar al análisis del fondo de la impugnación interpuesta, es facultad de esta Sala Penal realizar el análisis de admisibilidad del recurso interpuesto. Los requisitos de admisibilidad para ser atendidos por esta Sala, se acrecientan sensiblemente, ya que el Recurso de Casación, constituye un recurso extraordinario y por ende limitado y restrictivo.
En tal sentido, se advierte que los requisitos formales de interposición se hallan previstos en la ley de formas, Art. 477 Objeto, que dispone: “Solo podrá deducirse recurso extraordinario de casación contra las sentencias definitivas del tribunal de apelaciones o contra aquellas decisiones de ese tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena”, en concordancia con el Art. 478 Motivos que dispone: “El recurso extraordinario de casación procederá, exclusivamente... 1) cuando en la sentencia de condena se imponga una pena privativa de libertad mayor a diez años, y se alegue inobservancia o errónea aplicación de un precepto constitucional; 2) cuando la sentencia o acto impugnado sea contradictorio con un fallo anterior de un Tribunal de Apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia; o 3) cuando la sentencia o el auto sean manifiestamente infundados... ambos del Código Procesal Penal.
En este sentido, es obligación del casacionista consignar uno o varios de los MOTIVOS previstos en el artículo trascripto ya que debe puntualizarse que el recurso Extraordinario de Casación es un medio de impugnación de rigor formal, cuyos motivos están tasados, vale decir, que los mismos están expresamente establecidos en la ley, y que deben ser objeto de argumentación jurídica por las partes, puesto que a través de esa operación intelectual llegan a conocimiento del Tribunal los agravios de ¡as partes y se determina, el ámbito de control del órgano revisor. Tanto es así, que si el escrito está debidamente fundado y de la lectura de sus argumentos jurídicos se desprende el objeto impugnado de la parte resolutiva, aún cuando la petición final no lo sea en términos claros, hace viable el estudio del Recurso.
A este respecto debemos señalar que el casacionista no ha dado cumplimiento a esta requisitoria, ya que no ha fundamentado convenientemente el motivo de la casación (Art. 478), es decir, ni siquiera hace cita en su escrito de interposición.
Finalmente, debe quedar claro que el recurso de casación constituye un instituto estrictamente jurídico, de carácter extraordinario, investido de rigurosos requisitos, entre los cuales se encuentran la obligación de mínimamente mencionar en que inciso del Art. 478 en la cual se basará el estudio de la casación. Dicho requisito de presentación debe ser observado con extrema seriedad por el recurrente y, no es ocioso puntualizar, que esta Sala controla celosamente el cumplimiento de tal extremo, a fin de precautelar la correcta utilización de la Institución.
Por lo expuesto, se evidencia que el planteamiento en estudio, adolece de los requisitos indispensables que hacen admisible la casación de la Sentencia condenatoria, debido a la falta de acreditación y mención de los “motivos” que hacen que la casación sea estudiada y a la vez sea justificado el reclamo planteado por el recurrente. Por lo antes dicho el recurso de casación es notoriamente inadmisible y debe ser declarado en tal sentido. ES MI VOTO.
A la segunda cuestión planteada la Doctora ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA prosigue diciendo: El hecho definitivamente fijado por el Tribunal Unipersonal de Sentencia es el siguiente: “(...) En fecha 5 de enero de 2012, el acusado JULIO FEDERICO GODOY AYALA, a través de su cuenta de Facebook, realizó el siguiente comentario Soy abogado JULIO GODOY, para conocimiento de todos, el señor JOSÉ LUIS CHILAVERT nunca fue condenado a pagar los siete millones de guaraníes en concepto de cuota alimentaria, sino todo lo contrario, él fue quien ofreció acordar esa suma de dinero, es decir dentro del juicio de asistencia alimentaria se llegó a un acuerdo de partes, el cual fue homologado por el juzgado, esto quiere decir que el poco hombre de CHILAVERT ofreció una suma de dinero acorde de sus posibilidades, y a la fecha de hoy el incumple una obligación que el mismo había ofrecido, entonces nos encontramos ante una conducta incoherente del mismo, lo cual lo hace un vulgar sinvergüenza y chanta. El acuerdo homologado se debe cumplir como la ley misma, y este señor incumplió la ley al no pagar varios meses la cuota alimentaria a favor de la menor y por ello merece ser denunciado, pues su conducta fue desleal para con su propia sangre, mientras que para los propios y extraños es un ejemplo de persona (...).
La Sentencia Definitiva N° 54 del 25 de noviembre de 2015, dictada por el Tribunal Unipersonal de Sentencia conformado por la Jueza Gloria Hermosa de Correa, resolvió: CONDENAR a JULIO FEDERICO GODOY AYALA a la pena privativa de libertad de UN AÑO y suspender a prueba su ejecución por el periodo de dos años, por la comisión de los hechos punibles de calumnia e injuria en calidad de autor (fs. 374 y vlto). También impuso la pena adicional de COMPOSICIÓN a favor del querellante JOSÉ LUIS FÉLIX CHILAVERT GONZÁLEZ en la suma de Guaraníes CINCUENTA MILLONES.
El Tribunal de Apelación, por Acuerdo y Sentencia N° 23 de fecha 27 de mayo de 2016 confirmó la sentencia dictada en el juicio oral.
Fundamentos del Casacionista. (fs. 55/556) Señala vicios y nulidades que, a su criterio, afectan tanto la sentencia del tribunal de apelación como la dictada como consecuencia del juicio oral: A la primera ataca por confirmar una sentencia resultante de un proceso penal plagado de vicios e irregularidades. No contiene una secuencia lógica valorativa de los argumentos que fundan la sentencia de grado. El argumento esbozado por la mayoría es escueto pues se limita a concluir que todo se halla correcto en la sentencia de mérito. Vicios específicos de la sentencia de primera instancia avalados por el tribunal de alzada: 1. violación de los derechos personales por abuso de la figura del auxilio judicial previo previsto en el Art. 423 del Código Procesal Civil por la obtención de datos de su persona invocando erróneamente el Art. 423 del C.P.P; 2. violación del principio de inmediatez debido a que luego de la audiencia de conciliación la jueza dictó resolución recién en fecha 30 de agosto de 2013 elevando a juicio oral ante la falta de avenimiento entre las partes; 3. sostiene que existe una apelación en subsidio pendiente de resolución contra la fijación de la fecha de audiencia de juicio oral y público; 4. violación del principio de inmediación, concentración e inmediatez durante el juicio oral y público, debido a que la audiencia del juicio se inició el 19 de mayo de 2015, siendo suspendida por motivos de salud del acusado y se reanudó en fecha 26 de mayo de 2015, fecha en que se suspendió nuevamente por una recusación contra la magistrada. Resuelta la recusación la audiencia prosiguió recién en fecha 14 de setiembre de 2015, luego de más de 3 meses, fecha en que nuevamente se suspendió y prosiguió el 18 de noviembre de 2015. Finalmente en fecha 24 y 25 de noviembre llegó a la conclusión el juicio, habiendo superado en exceso el plazo máximo de diez días establecido por el Art. 373 del C.P.P; 5. La sentencia de primera instancia se halla infundada sin conexión entre las pruebas que formaron la certeza de la juzgadora. No argumentó la existencia del tipo penal de calumnia, tampoco la injuria. La jueza no motivó la imposición de la composición. Alega además la errónea aplicación del Art. 65 del Código Penal.
ANÁLISIS DE PROCEDENCIA:
Con respecto a lo denunciado en los numerales 1, 2 y 3 se constata que no fueron reclamados los vicios alegados por la defensa en el momento procesal oportuno. Con relación a lo asentado en el punto 4 cabe aclarar que no hubo tal violación al principio de inmediación que debe primar en el juicio oral debido a que nunca transcurrió el tiempo previsto en el Art. 373 del Código Procesal Penal (10 días de suspensión del juicio) porque en las fechas individualizadas por el casacionista ni siquiera se tuvo por iniciado el juicio oral y público.
A los efectos de analizar el punto 5 y concretamente el desempeño del Tribunal de Alzada al momento de resolver el recurso se exponen los agravios planteados en apelación: 1°. pedido de extinción por prescripción; 2° falta de determinación del hecho objeto del juicio; 3° errónea aplicación del derecho para la constanciación de la existencia de los tipos penales de calumnia e injuria. 4° falta de fundamentación de la sentencia de primera instancia; 5° errónea valoración de las pruebas; 6° deficiente medición de la pena principal y también imposición arbitraria de la composción; 7° imposición de costas de manera infundada.
El Tribunal de Apelación respondió a casi todos los agravios expuestos por el apelante pero omitió pronunciarse sobre la imposición de la composición cuyo análisis fue reclamado por la defensa en el punto 6°. Así sobre el primer agravio responde el tribunal: que el plazo para la prescripción había sido interrumpido con la elevación a juicio oral y público. Sobre el segundo agravio manifiesta que el tribunal unipersonal ha enunciado correctamente el hecho objeto del juicio conforme se desprende del Acta de Juicio Oral y Público. Ante el tercer agravio sostiene que tiene por correctamente acreditados los tipos penales de calumnia e injuria. En cuanto al cuarto agravio considera que el tribunal de sentencia ha realizado una fundamentación suficiente según los parámetros del Art. 125 del C.P.P así como el 397 del mismo cuerpo legal. Con respecto al quinto agravio expresa que el Tribunal unipersonal de sentencia a su criterio sopesó y valoró las pruebas en forma conjunta y armónica para concluir en la configuración de los hechos punibles de difamación e injuria. Con relación al sexto agravio que se refiere a la errónea y deficiente medición de la pena principal responde el tribunal de alzada que el tribunal sentenciador fundó la sanción principal al condenado en lo preceptuado por el Art. 65 del Código Penal, modificado por Ley 3440/08 que establece similares parámetros orientadores que deben tenerse en cuenta para la imposición del monto de la pena. Sobre la composición NADA consta. Con respecto al séptimo agravio el aquo ha argumentado su postura con respecto a las costas procesales impuestas al condenado conforme al Art. 264 del C.P.P.
Esa situación torna, en ese punto, inmotivado el fallo del Tribunal de Alzada según el Art. 478 inc. 3ero del Código Procesal Penal porque el Tribunal de Apelación no cumplió con su obligación constitucional (Art. 256) y legal (125 del Código Procesal penal) de fundamentar correctamente su fallo desde el momento que no respondió el punto 3 del 6to agravio (planteado por el casacionista en apelación especial) que alude a la composición calculada arbitrariamente contraviniendo de está manera el principio de congruencia plasmado en el Art. 456 del Código Procesal Penal que establece la competencia del tribunal revisor para resolver todos los puntos impugnados de la resolución. La congruencia exige la identidad jurídica entre lo resuelto, en cualquier sentido, por el juez y las pretensiones planteadas por las partes. Así, por la falta de análisis y respuesta a este cuestionamiento específico de la defensa, a través del recurso de Apelación Especial, se concluye que el tribunal de segundo grado dictó una resolución que padece del vicio de incongruencia omisiva, por lo que corresponde ANULAR PARCIALMENTE la decisión del Tribunal de Alzada en mayoría con la consecuencia de, por decisión directa autorizada por el Art. 474 en concordancia con el Art. 480 del Código Procesal Penal, proceder al estudio de la composición impuesta en la sentencia de primera instancia.
La composición es una pena prevista por la ley penal paraguaya como adicional, lo que no implica que no requiera estar fundada para su vigencia positiva. La norma (Art. 125 del C.P.P.) exige que las decisiones judiciales tengan una clara y precisa fundamentación. Esto no se aplica exclusivamente al veredicto de punibilidad de la conducta sino también y especialmente a la sanción a ser impuesta al condenado.
El Código Penal (Art. 59) prevé la COMPOSICIÓN para los casos que la ley contempla y la describe como un pago a la víctima de una determinada suma de dinero por parte del autor, cuando sirva para el restablecimiento de la paz social. En el inciso 2° dispone que el monto del pago será determinado por el tribunal, atendiendo a las consecuencias que el ilícito haya ocasionado a la víctima y a la situación económica del autor.
El tribunal unipersonal de sentencia, al resolver imponer CINCUENTA MILLONES DE GUARANÍES (50.000.000 Gs.) en calidad de composición, expuso literalmente cuanto sigue: "... este tribunal cree viable la aplicación del mismo, ya que fueron probadas en juicio las circunstancia y la manera en que el hecho causó un quebrantamiento a la paz social y que la imposición de la composición puede devolver la paz perturbada. El Código Penal establece dos condiciones para el pago de la composición a la víctima. Una que esté especialmente previsto en la Ley, en efecto, los artículos 150 y 152 del C.P. remiten a la aplicación del Art. 59 del C.P. autoriza al tribunal a aplicar esta pena, ya sea en vez de las otras penas o conjuntamente con ellas, a condición de que dicha pena sirva al restablecimiento de la paz social. Por tanto el Tribunal Unipersonal fija una suma determinada para este fin y condena al acusado a una pena adicional de GUARANÍES CINCUENTA MILLONES (GS. 50.000.000)’’.
El argumento transcripto en su totalidad permite colegir que la jueza se limitó a determinar la necesidad del restablecimiento de la paz social, pero no tuvo en cuenta para la imposición de esta pena en particular los presupuestos exigidos por el inciso segundo del Art. 59 del C.P.: Así no mencionó qué consecuencias ocasionó el hecho punible a la víctima: el sr. JOSÉ LUIS CHILAVERT GONZÁLEZ, y tampoco argumentó el monto de la pena, esto es en qué se basaba para ordenar el pago de ciencuenta millones y no cinco millones o quinientos, lo que la convierte en una pena totalmente arbitraria porque como se expuso no se tuvo en cuenta el caudal económico de JULIO FEDERICO GODOY AYALA, se estableció la suma de manera totalmente antojadiza sin ningún respaldo táctico y mucho menos probatorio de su solvencia, sus ingresos, sus egresos, su nivel de vida, no se adjuntó ni se mencionó una constancia de sus bienes. Por todo esto se constata la falta de fundamentación en la imposición de esta pena adicional y atendiendo a la imposibilidad de retrotraer el procedimiento a una etapa anterior (juicio oral) sobre la base de la violación de un principio (derecho a tener una resolución fundada en la ley) previsto a favor del imputado, por imperio del Art. 12 del Código Procesal Penal, en concordancia con el Art. 125 y el Art. 403 numeral 4 primer supuesto y el Art. 478 inc. 3 del citado cuerpo de leyes, corresponde ANULAR EL PUNTO 9 de la Sentencia Definitiva N° 54 del 25 de noviembre de 2015 dictada por la Jueza Gloria Hermosa de Correa en cuanto ordena la composición a favor del querellante JOSÉ LUIS FÉLIX CHILAVERT GONZÁLEZ.
Jurisprudencia. Esta magistratura ya expuso esta posición en el Acuerdo y Sentencia 1251 del 28 de diciembre de 2005 en la causa caratulada Juan Carlos Galaverna contra Aldo Zucolillo Moscarda sobre calumnia, difamación e injuria en la Capital.
En conclusión: corresponde ANULAR parcialmente el PUNTO 3 del Acuerdo y Sentencia N° 23 del 27 de mayo del 2016 del Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala en cuanto confirmaba “en todas sus partes” la sentencia de grado y, por imperio del Art. 474 del Código Procesal Penal analizar la sentencia de primera instancia y resolver directamente la cuestión. En tal sentido, procede ANULAR el punto 9 del fallo del tribunal de sentencia y en consecuencia dejar sin efecto la pena de composición por los motivos tácticos y jurídicos expuestos más arriba.
Las costas en esta instancia, por imperio de los artículos 261 y 269 del Código Procesal Penal, serán impuestas por su orden atendiendo a lo resuelto por esta Sala Penal, en el sentido de que el casacionista ha logrado un resultado parcialmente favorable a sus pretensiones. ES MI VOTO.
A su turno los Doctores BENÍTEZ RIERA manifiesta que se adhiere al voto que antecede por sus mismos fundamentos.
Por la manera como votó la primera cuestión el MINISTRO BLANCO ya no se expide sobre la segunda.
1.- DECLARAR LA ADMISIBILIDAD del Recurso Extraordinario de Casación articulado por el señor JULIO FEDERICO GODOY AYALA por derecho propio contra el Acuerdo y Sentencia n° 23 del 27 de mayo de 2016 del Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala.
2.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al Recurso Extraordinario de Casación planteado y por decisión directa ANULAR el punto 9 de la Sentencia Definitiva N° 54 del 25 de noviembre de 2015 dictada por la Jueza Gloria Hermosa de Correa en cuanto dispone la composición a favor del querellante JOSÉ LUIS FÉLIX CHILAVERT GONZÁLEZ, por imperio de los artículos: 403 inc. 4 primer supuesto y 478 inc. 3 del Código Procesal Penal;
3.- IMPONER las costas en el orden causado por imperio del Art. 261 y 269 del Código Procesal Penal.
4.- REMITIR estos autos Juzgado competente a los efectos legales pertinentes.
Dra. Alicia Pucheta de Correa. Ministra
Luis Maria Benítez Riera. Ministro
Abg. Karina Penoni. Secretaria

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