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Timestamp: 2019-07-18 11:31:11+00:00

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Acuerdo y Sentencia 0009/2018 Tribunales de Apelaci�n
ACUERDO Y SENTENCIA T.A. CIVIL Y COMERCIAL 1ª SALA Nº 9/18
EXPTE: “PUERTO SEGURO FLUVIAL S.A. C/ SANCOR SEGUROS DEL PY S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.”.
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, estando reunidos en la sala de Acuerdos del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala, los Señores Magistrados, Dres. OSCAR A. PAIVA VALDOVINOS, JUAN CARLOS PAREDES BORDÓN (interina a la Magistrada Valentina Núñez González por Resolución N° 396 de fecha 21 de marzo de 2018 de la Excma. Corte Suprema de Justicia) y EUSEBIO MELGAREJO CORONEL (quien integra la Sala por inhibición de uno de los Miembros naturales de este Tribunal), bajo la presidencia del primero de los nombrados, por ante mi el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado “PUERTO SEGURO FLUVIAL S.A. C/ SANCOR SEGUROS DEL PY S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”, a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos, contra la S.D. N° 273 de fecha 29 de Mayo de 2.017, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Octavo Turno de la capital.
Practicado el sorteo de Ley, dio el siguiente resultado: Dres. OSCAR A. PAIVA VALDOVINOS, JUAN CARLOS PAREDES BORDÓN y EUSEBIO MELGAREJO CORONEL.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MAGISTRADO Dr. OSCAR A. PAIVA VALDOVINOS, dijo: El recurrente ha desistido expresamente del presente recurso. Por lo demás, no se observan vicios o defectos en la resolución recurrida que ameriten la declaración de nulidad de oficio por parte del Tribunal, en consecuencia corresponde tener por desistido el recurso de nulidad. Así voto.
A SUS RESPECTIVOS TURNOS LOS MIEMBROS Dres. JUAN CARLOS PAREDES BORDÓN y EUSEBIO MELGAREJO CORONEL, manifiestan que se adhieren al voto que antecede, por compartir los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MAGISTRADO PREOPINANTE Dr. OSCAR A. PAIVA VALDOVINOS, prosiguió diciendo:
Por la Sentencia recurrida el Juez A-quo resolvió- “...1) "NO HACER LUGAR, con costas, a la demanda de cumplimiento de contrato de seguros e indemnización de daños y perjuicios promovida por PUERTO SEGURO S.A. contra SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A., por los motivos señalados en el exordio de esta resolución”. 2) “ANOTAR, registrar...”.
A fs. 338/353, rola el escrito de expresión de agravios presentado por el recurrente. En lo medular, el apelante cuestiona el fallo en revisión aduciendo que el A-quo incurrió en un error de sesgo al analizar las constancias procesales y, además, atribuyó un mérito impropio a las pruebas que se ocupó analizar. Sostiene que el inferior se ha equivocado al considerar que la cobertura del seguro fue rechazada dentro del plazo previsto en el artículo 1.597 del Código Civil, afirmación que la sostiene en dos órdenes de ideas, la primera en que la designación de un liquidador no era necesaria en este caso, a lo que se le suma que no medió comunicación de tal designación y la segunda en que no existe requisitoria de información complementaria que interrumpa el plazo previsto en la norma citada. En cuanto a la cobertura del siniestro, propiamente, aduce que el A-quo no efectuó un análisis de todos los elementos de interpretación que el sistema le establece y que la conclusión de que el monto indemnizatorio no fue probado no se condice con las constancias procesales. Con estos argumentos solicita la revocación del fallo apelado con imposición de costas.
Por su parte, el abogado Marcos Juan Peroni, representante convencional de la Firma SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A., contestó y controvirtió los agravios expuestos por el recurrente, en los términos del escrito glosado a fs. 359/367 de autos.
De las constancias de autos puede observarse que la firma Puerto Seguro Fluvial S.A. ha promovido la presente demanda sobre cumplimiento de contrato contra la firma SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A., específicamente lo que demanda el actor es el cumplimiento de las pólizas N° 57-1101-104 y N° 57-1099-28 en razón de haber sufrido un perjuicio por el hurto agravado de mercaderías. El apelante centra sus agravios en la extemporaneidad del pronunciamiento por parte de la aseguradora para el rechazo de su reclamo, señalando una posible mala fe ante la innecesaria dilación de su pronunciamiento respecto al caso, solicitando en ese sentido que se tenga como aceptada la obligación de indemnizar al asegurado (Art. 1.597 del C.C.). Agrega que el siniestro, contrariamente a lo sostenido por la aseguradora, estaba cubierto.
Antes de realizar el estudio respecto a la procedencia -o no- de la negativa por parte de la aseguradora de cubrir el siniestro denunciado por el actor, corresponde analizar si el citado rechazo por parte de la aseguradora ha sido realizado de conformidad al Art. 1.597 del C.C., es decir si se ha pronunciado dentro de los treinta días de recibida la denuncia, resultando crucial el cumplimiento de dicha normativa para proceder, posteriormente, en su caso, al estudio de los presupuestos señalados por SANCOR SEGUROS PY S.A. para el rechazo de la indemnización.
En tal sentido pasaremos a relatar cronológicamente las comunicaciones realizadas entre la firma asegurada y la aseguradora a fin de dilucidar si el rechazo de esta fue realizada dentro del plazo establecido en el Art. 1.597 del C.C. Se tiene así que, en fecha 17 de julio de 2013 (fs. 68) obra la comunicación del siniestro sufrido (hurto agravado) por parte de la Firma Puerto Seguro Fluvial S.A. a la aseguradora SANCOR SEGUROS PY S.A. Seguidamente, en fecha 24 de julio de 2013, el perito Romulo Filippini, presuntamente designado por la aseguradora, solicita a la firma Puerto Seguro Fluvial S.A. informes complementarios respecto al siniestro sufrido (fs. 70/72), el cual fue contestado por la firma asegurada en fecha 12 de agosto de 2013. Finalmente en fecha 28 de agosto de 2013 comunica a la firma asegurada que el hecho denunciado se halla expresamente excluido en la póliza de seguro, rechazando en consecuencia la cobertura del siniestro.
Planteada así la cuestión, surge evidente que la discusión gira en torno a la interpretación del Art. 1597 del Código Civil, que a los efectos de la determinación de la indemnización, establece: "el Asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado, dentro de los treinta días de recibida la información complementaria prevista para la denuncia del siniestro. La omisión de pronunciarse importa aceptación. En caso de negativa, deberá enunciar todos los hechos en que se funde".
La norma resulta bastante genérica en cuanto a la forma en que debe empezar a computarse el plazo de los 30 días a que hace alusión, por lo que al efecto propuesto resulta necesario remitirnos a la Resolución N° 14/96 de la Superintendencia de Seguros, que en su sección IV establece el procedimiento para la liquidación del siniestro.
El Art. 18 de la mencionada Resolución 14/96, dice: "denunciado un siniestro y cuantificada la pérdida, la compañía dispondrá el pago de la indemnización en los términos convenidos en la póliza y, en caso de requerirse mayores antecedentes sobre su procedencia y monto, dispondrá su liquidación. La liquidación podrá practicarla directamente, o bien, designar a un liquidador de siniestro, comunicándole a este cuando corresponda, o al asegurado la decisión que se adopte, dentro del plazo de 3 (tres) días de la fecha de la denuncia, con indicación del nombre, domicilio y teléfono del encargado de practicarla en la compañía o del liquidador, cuando corresponda, en dicha comunicación, la compañía en caso de optar por liquidar directamente el siniestro, deberá informar al asegurado el derecho que le asiste a solicitar que la liquidación sea practicada por un liquidador y el plazo que tiene para ello, si no lo hubiere hecho al momento de la denuncia del siniestro". Concordantemente, el Art. 20 de la misma reglamentación en su párrafo 2 dice: "el liquidador o la compañía en su caso, deberá informar por escrito al asegurado, dentro del plazo de 3 (tres) días de iniciada la liquidación, sobre las gestiones que a este le compete realizar y de todos los antecedentes que requerirá para proceder a liquidar su siniestro, sin perjuicio de aquellos que las circunstancias posteriormente lo exijan”.
Conforme lo expuesto, puede concluirse que la designación del liquidador por parte de la aseguradora no puede ser admitida como causal de suspensión del plazo de 30 días, ni mucho menos su consecuente pedido de información complementaria. Para ser más claros debemos señalar que la denuncia fue realizada en fecha 17 de julio de 2013, sin embargo la comunicación de la designación del perito fue realizada al asegurado recién en fecha 24 de julio de 2013, es decir cinco días hábiles después de realizada la denuncia cuando que el plazo que tenia para hacerlo era de tres días (Art. 18 y 20 Resolución 14/96). La solicitud hecha por los liquidadores, que fueron designados por la aseguradora, fue realizada extemporáneamente, por tanto sin valor a dichos efectos (rechazo del pago). Es decir, a los accionantes les fue requerida la información por quien no había consolidado su condición de liquidadora, sin alegarse, en su momento, algún impedimento que le haya imposibilitado realizar la comunicación de designación de liquidador en el término legal estatuido y por tanto, habiendo la empresa, a través de los liquidadores, peticionado de forma extemporánea información a los asegurados, resultando en consecuencia, la obligación de indemnizar por parte de la empresa de conformidad a lo dispuesto por el art. 1597 del C.C. No está demás mencionar que la liquidación realizada no ha tenido relación alguna con el motivo del rechazo del pedido de cobertura realizado por la firma asegurada, siendo ésta, una cuestión exclusivamente contractual que se hallaba expresada en la póliza, pudiendo haberse expedido únicamente en base a dicha documentación, por lo que la información complementaria solicitada, no era necesaria para verificar el núcleo del siniestro.
Resulta evidente que ni la Compañía Aseguradora ni la firma liquidadora contratada a tal efecto (VERITA INTERNATIONAL ADJUSTERS), notificaron al asegurado en plazo del inicio del procedimiento de liquidación de siniestro (imperativo que surge de las normativas de la Res. N° 14/96 del Consejo de Superintendencia de Seguros, citadas párrafos arriba), por lo que evidentemente el plazo de los 30 días a que hace alusión el Art. 1597 del C.C. empezó a correr a partir del día de la denuncia, es decir, desde el 17 de julio de 2013, venciendo el día 17 de agosto del mismo año. De ahí que la comunicación cursada al asegurado en fecha 28 de agosto de 2013 (fs. 95), evidentemente deviene a todas luces extemporánea y carente de fuerza a los efectos de evitar la aplicación de la segunda parte del Art. 1597 C.C., que sanciona: "La omisión de pronunciarse importa aceptación".
Ahora bien, la parte demandada alega que al tratarse de un evento excluido en la póliza, las consecuencias prevista en el Art. 1597 del C.C. no le resultan aplicables. Conclusión a la cual se opone la parte actora, alegando que los términos de la póliza no fueron debidamente interpretados.
Al respecto, se advierte que los términos de la póliza incluye el texto LSW 1514 "Consorcio de puertos y terminales Wavelength. Anexo sobre la violación de los derechos personales (responsabilidad civil)”, en virtud del cual todo daño derivado de cualquier omisión o acto delictivo o ilícito se encuentra excluido.
Interpretada tal disposición contractual en forma laxa, no podría más que acogerse la tesis de la parte demandada en el sentido de que el evento denunciado se encontraba expresamente excluido, puesto que se trataba de un hurto agravado que, a todas luces, no podría más que encuadrarse en la categoría de acto delictivo.
Sin embargo, se advierte que dicha cláusula de exclusión fue interpretada en forma extensiva por la aseguradora, dándole un valor más extenso del que tiene en el marco del contrato de seguro celebrado con el actor.
A dicha conclusión arribamos al observar que en la póliza se establecieron, expresamente, riesgos cubiertos que también son actos delictivos. Tal es así que a fojas 11 de autos, en la propuesta de seguro se refiere expresamente la cobertura por “ROBO EN CAJA FUERTE Y MOSTRADOR O VENTANILLA”, lo que se observa, posteriormente, como riesgo cubierto en la póliza (fs. 30). Es decir, si la aseguradora reconocía como riesgo cubierto el robo, no es posible validar, para todos los eventos, una cláusula de exclusión que con la que se refiera que “cualquier” acto u omisión delictiva o ilícita carece de cobertura.
Tanto el robo (con violencia hacia el sujeto), como el hurto agravado (con violencia hacia el objeto), son hechos punibles tipificados en el Código Penal y, por lo mismo, ingresan a la categoría de actos u omisiones delictivas. Entonces, si la cláusula de exclusión LSW 1514 se validara para todos los eventos estaríamos ante una contradicción en los términos del contrato de seguro.
Al observar el texto LSW 1514, presentado por la parte demandada a fojas 202/203 de autos, se puede arribar a la conclusión de que la mentada cláusula de exclusión es aplicable a la cobertura especial establecida en dicho texto, más no a otras coberturas y, menos aún, en forma genérica para todos los demás eventos cubiertos por la póliza.
En efecto, en dicho texto se contemplan coberturas especiales, se cita: “Como contraprestación del pago de una prima adicional que será acordada por los Aseguradores, esta Póliza será aplicada para indemnizar las responsabilidades legales del Asegurado: 1. Ocasionadas por arrestos ilegales, detención o encarcelamiento de las personas. 2. Ocasionadas por la publicación o expresión de una injuria o calumnia o de cualquier otro material difamatorio o despreciativo, o una publicación o expresión que viole los derechos de la privacidad de las personas. 3. Ocasionadas por la entrada ilegal o desalojo, u otra invasión de los derechos de ocupación privada”. A continuación se establecen las exclusiones, de lo que se infieren que dichas exclusiones están dadas en función a la cobertura especial, más no a la cobertura general. Interpretación que permite comprender la cobertura expresa del robo agravado.
Tampoco puede afirmarse que el evento denunciado carecía de cobertura por la exclusión del hurto, en razón de que el siniestro se trató de un hurto agravado, que se encuentra legislado en forma independiente en el Código Penal. En efecto, el artículo 161 del Código Penal legisla el hurto como un delito, y el 162 del mismo cuerpo legal tipifica el hurto agravado como un crimen, de lo que se infiere que son tipos penales distintos y no una mera modalidad agravada de un tipo penal específico.
En suma, consideramos que el siniestro denunciado se encontraba dentro de los eventos indemnizables a tenor de la póliza emitida por la firma demandada.
Como colofón, incluso si el evento carecía de cobertura, el mismo debió debe ser indemnizado en virtud de lo dispuesto en el artículo 1597 del Código Civil.
En efecto, conviene distinguir entre “falta de cobertura” y “no seguro”. Disquisición que reconoce hondas consecuencias en la cuestión analizada.
Existe falta de cobertura cuando, aún constatándose una vinculación contractual, el asegurador se encuentra eximido del pago del siniestro (exempli gratia: supuesto de mora en el pago de la prima y suspensión de la póliza); lo que difiere del caso de no seguro, en donde no se constata póliza vigente que vincule contractualmente al asegurado con el asegurador (exempli gratia: cuando la propuesta de seguro no fue aceptada o la póliza se encuentra vencida).
Nótese que cuando se presenta el supuesto de falta de cobertura el contrato de seguro se encuentra vigente en todos sus aspectos, excepto en la obligación de abonar el siniestro; por lo que se aplica el Art. 1597 del C.C., que obliga al asegurador a pronunciarse sobre el derecho del asegurado; y, naturalmente, se encuentra vigente la sanción ante la falta de pronunciamiento. Por el contrario, en el supuesto del no seguro, la aseguradora no está obligada a responder, por lo que la falta de respuesta no implica consecuencias negativas a sus intereses.
Formulada esta aclaración, cabe plantearse: ¿es posible que la aseguradora sea obligada al pago de un siniestro no cubierto por el mero hecho de un pronunciamiento extemporáneo?. La respuesta es afirmativa desde el plano normológico y axiológico.
A priori el Art. 1597 del C.C. impone al asegurador la carga de pronunciarse dentro de los 30 días respecto al derecho del asegurado y tal amplitud en el objeto sobre el que recae la carga no permite distinciones apoyadas en la diversa naturaleza del incumplimiento. La norma, al establecer: “...La omisión de pronunciarse importa aceptación...” no formula distinciones (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus) por lo que no resulta posible discriminar su aplicación solo para aquellos supuestos no afectados por alguna cláusula de exclusión. La cuestión no es meramente formal, sino sustancial puesto que la forma de redacción del Art. 1597 del C.C. posibilita la aplicación del Art. 282 del mismo cuerpo legal, que dispone: “...El silencio será juzgado como asentimiento a un acto o a una pregunta, cuando exista deber legal de explicarse,...”. Se trata, pues, de una genuina manifestación tácita de voluntad a la cual la ley le atribuye consecuencias específicas. Lo relevante en el caso radica en la existencia de la obligación de “pronunciamiento”.
No es posible esbozar una interpretación del Art. 1597 del C.C. que limite las consecuencias de la omisión del pronunciamiento sólo a aquellos supuestos en los que el siniestro denunciado debe ser admitido por la aseguradora, puesto qué tal distinción no subyace de la norma. Basta, como ya se expuesto, que no se trate de una hipótesis de no seguro, puesto que, como quedó visto, en tal caso no se activaría la obligación de pronunciamiento.
Doctrinaria y jurisprudencialmente se acoge la tesis expuesta: “Una vez denunciado el siniestro, el asegurador tiene la obligación de pronunciarse sobre el derecho del asegurado dentro del un plazo cuyo computo solo puede interrumpirse mediante el pedido de información complementaria; si no lo hace, dicha omisión constituye, por un lado, el “reconocimiento” implícito de la garantía a la vez que funciona como “impedimento” para invocar defensas en orden a obtener su liberación de la obligación de indemnizar. La regla que atribuye al silencio del asegurador, ante la obligación de pronunciarse sobre el derecho del asegurado, el efecto de la aceptación o reconocimiento del mismo, es aplicable aún de oficio; pues no corresponde siquiera ingresar en la consideración de las razones invocadas para rechazar la responsabilidad, si no se desconoció su procedencia en el plazo legal (es decir 30 días) cuyo transcurso configura aceptación” (El Comercio Compañía de Seguros a Prima Fija S.A. C/ Nieto Hnos. S.A. CN Com, Sala B, 18 VIII -1992, E.D. 149-469).
“...Vencido el plazo del artículo 56 (se refiere a la ley argentina, que corresponde a nuestro artículo 1597 del C.C.) sin que la aseguradora haya rechazado el siniestro -o pedido de indemnización del asegurado- queda total e inevitablemente reconocido y aceptado el derecho del asegurado, de modo que la indemnización prometida es indiscutiblemente debida por la aseguradora -salvo claro la hipótesis de no seguro- (Palacio Ospina, Augusto c/ Sol de Buenos Aires CIA. De Seguros S.A. S/ Ord” CN Com, Sala D, 6-VII- 1992-” SIC. (Hassel AGUILAR SOSA. El contrato de seguro y la aceptación tácita del siniestro. Comentario del artículo 1587 del Código Civil. Asunción Paraguay. Año 2005. Pág. 28-30).
‘‘...Pronunciarse en torno al derecho de asegurado constituye una carga a observa en el plazo legal (art. 56 L.S.), que opera como deber a ejecutarse en el marco de un contrato de seguro en etapa de ejecución y ante la denuncia de un siniestro. Lo expuesto significa que, en principio, el asegurador debe pronunciarse siempre que haya una denuncia de siniestro y aun cuando considere que ha sido efectuada tardíamente, pues si no se pronuncia por el rechazo, su omisión “importa aceptación”, en los términos del artículo 56, in fine, Ley de Seguros, la que es factible de ser aplicada de oficio, pues el silencio presupone, entre otras razones, la falta de objeción en el plazo legal. Por lo demás, hace a la buena fe debida en el vínculo obligacional que el asegurador decida en un sentido o en otro en el plazo legal. Y que por añadidura informe su pronunciamiento adverso al asegurado para favorecer el avance de la etapa funcional del contrato” SIC. (Opinión de Stiglitz citado por el Ministro de la Corte Suprema de Justicia Cesar Antonio Garay en el Ac. y Sent. Nro. 855 del 24/07/12 “SEBASTIAN PABLO ANASTASIA C/ MAPFRE DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA S/INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS).
“...El silencio, o la falta de pronunciamiento diferente al siniestro acaecido se traduce como una aceptación ficta en los términos del art. 1597 del CC.” (Opinión en mayoría. “ITAIPU BINACIONAL c/ ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO” IJ-XCVI- 909).
En abono de la tesis, cabe referir que la existencia de un evento que importe la eximición de la obligación de indemnizar no surte sus efectos ipso iure, sino que lo hace cuando se la valida dentro del plazo previsto en el Art. 1597 del C.C. De lo que se infiere que las razones que motivarían el rechazo del siniestro deben ser expuestas dentro de los 30 días de la denuncia del siniestro, al no observarse dicho plazo, las mismas caducan de pleno derecho, por imperio de la norma citada.
Nótese que poco debate generaría la eximición de la obligación de la aseguradora si el asegurado denunciara el siniestro fuera del término establecido en el Art. 1589 del C.C. (tres días) en un supuesto en el cual el evento acaecido se encuentre dentro del ámbito de cobertura de la póliza. Esto es así por el valor que al silencio le atribuye el Art. 282 del C.C., en consonancia con la norma antes citada. En este supuesto carece de relevancia si el evento debía ser indemnizado, puesto que el factor que prima en el desenlace es la caducidad del derecho de denunciar el siniestro.
En idéntico sentido opera el Art. 1597 C.C., puesto que al transcurrir los treinta días sin el pronunciamiento de la aseguradora, el derecho de la misma caducó.
En otro orden de ideas, entre las cuestiones de orden axiológico, se deben tener en cuenta dos circunstancias, la primera que la aseguradora es comerciante profesional especializado, de quien se espera una diligencia superior a la del buen padre de familia; la segunda, porque este comerciante tiene como función nada menos que resguardar el patrimonio de sus asegurados, y por tanto es de aplicación al caso el principio según el cual mientras mayor sea del deber de actuar con prudencia, mayores serán las consecuencias de sus actos. En estas condiciones a las aseguradoras se le exige el mayor celo para responder en término a las denuncias de siniestro.
En suma, como no es posible hacer distingos en los casos en donde la ley no lo hace, y como el Art. 1597 del C.C. no discrimina que tipo de eventos se interpretan aceptados ante la ocurrencia de un siniestro, no cabe mas que concluir que las consecuencias establecidas en la misma motivan la admisión de esta demanda.
En las condiciones apuntadas, como no estamos ante un caso de no seguro, y al evidenciarse una aceptación tácita por pronunciamiento extemporáneo de la aseguradora respecto al derecho del asegurado, a lo que se le suma que se interpreta que el siniestro no estaba afectado por una cláusula de exclusión, se encuentra que el fallo en revisión debe ser revocado y, consiguientemente, corresponde la admisión de la pretensión de la parte actora en esta demanda.
Siendo así, se debe pasar al estudio del monto de la indemnización debida por la demandada en cumplimiento del contrato de seguro.
La parte actora estimó la obligación de indemnizar de la accionada en la suma de U$D 424.038, más intereses. Dicho monto se compone de los siguientes rubros: devolución de los montos abonados por dos pólizas; y montos que fueron abonados a los propietarios de las mercaderías sustraídas.
Dada la naturaleza de esta demanda, cuyo objeto pretendí constituye el cumplimiento de un contrato de seguro, deviene improcedente el rubro tendiente a la devolución de los importes abonados en el marco de la celebración del contrato de seguros. No se presenta en autos una pretensión de resolución de contrato, sino la del cumplimiento de un contrato. Siendo así, no cabe más que rechazar el rubro referente a la devolución de sumas de dinero abonadas para la contratación de un seguro.
En cuanto a las erogaciones efectuadas a terceros, la cuestión resulta distinta.
En rigor, la demanda en análisis versa sobre el cumplimiento de un contrato de seguro, ante el acaecimiento de un siniestro consistente en el hurto agravado e infidelidad del personal. Dice la actora, en síntesis, que fueron sustraídas mercaderías que se encontraban dentro de contenedores y que las mismas, al ser cuantificadas y ante la reticencia de la aseguradora al pago correspondiente, la parte actora procedió a abonar a los consignatarios el monto de las mismas.
Revisadas las constancias obrantes en autos, se constata que existe consistencia en tal afirmación, puesto que fueron presentadas facturas legales y recibos de dinero que la consolidan de las siguientes firmas: CHACOMER S.A.E.C.A.; TECNOMYL S.A.; MATRISOJA S.A.; y NEUPAR S.R.L.
Los montos que se consignan ascienden a la suma de U$D 368.290 (DOLARES AMERICANOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA), lo que representa el monto que la aseguradora debió pagar por la ocurrencia del siniestro.
En consecuencia, el cumplimiento del contrato debe ceñirse al pago de la suma de U$D 368.290 (DOLARES AMERICANOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA), más intereses desde la promoción de esta demanda, el que se fija en una tasa mensual del 2%.
Por todo lo expuesto precedentemente corresponde que la resolución recurrida sea revocada, y en consecuencia se declare procedente la presente demanda, condenando a la firma SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A. a pagar a la actora, PUERTO SEGURO FLUVIAL S.A. la suma de U$D 368.290 (DOLARES AMERICANOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA), más intereses desde la promoción de esta demanda, el que se fija en una tasa mensual del 2%. En cuanto a las costas del juicio, de conformidad a lo que dispone el artículo 203, inc. “b” del Código Procesal Civil, las mismas deben ser impuestas a la parte demandada, en ambas instancias.
Con lo que se dio por terminado el acto, previa lectura y ratificación de su contenido, firmando los Señores Magistrados, por ante mi la Secretaria Autorizante de que certifico, quedando acordada la Sentencia que sigue:
Asunción, 22 de Marzo de 2.018.
VISTO: Lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo precedentemente, y sus fundamentos, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial; Primera Sala;
TENER por desistido el recurso de nulidad.
REVOCAR en todas sus partes la S.D. N° 273 de fecha 29 de mayo de 2017 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Octavo Turno y en consecuencia HACER LUGAR a la demanda de cumplimiento de contrato planteada por la firma PUERTO SEGURO FLUVIAL S.A., contra SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A., condenando a ésta última al pago a la actora de la suma de U$D 368.290 (DOLARES AMERICANOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA), más intereses desde la promoción de esta demanda, el que se fija en una tasa mensual del 2%; de conformidad a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución.
COSTAS a la perdidosa en ambas instancias.
ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.
Dr. Oscar Augusto Paiva. Miembro
Dr. Juan C. Paredes B. Miembro
Abg. Viviana Cabrera. Actuaria

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 161
 artículo 1597
 artículo 56
 artículo 1597
 artículo 1587
 artículo 56
in fine
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 resolución 
 artículo 203