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Timestamp: 2018-08-15 16:25:07+00:00

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RECHAZO DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS, SOCIALES Y AMBIENTALES
A LEY DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD DE LAS TRANSNACIONALES DE LA SEMILLA (LEY QUE REGULA DERECHOS DE OBTENTOR)
Nos oponemos a la propuesta de ley por las siguientes razones:
La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida.
Abre las puertas a la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Chile. Contrario a lo que se dice en la fundamentación de la ley, el proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Chile al expandir los llamados derechos de obtentor a todas las especies vegetales.
Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo -incluso reconocida por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO- que además fue central en crear la diversidad y riqueza genética que hoy usan las mismas empresas semilleras que buscan prohibirla.
Crea condiciones para la introducción y expansión de los cultivos transgénicos, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter.
No garantiza mayor acceso a variedades de mayor calidad. La aplicación de la ley 19.342, junto a otras políticas agrícolas ha llevado a una menor disponibilidades de variedades agrícolas, y el proyecto de ley agrava esta tendencia.
Crea condiciones para expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país, en desmedro del desarrollo nacional de variedades vegetales. La ley 19.342 ya produjo un proceso de concentración de la variedades en uso en manos de empresas transnacionales, y el articulado del proyecto de ley aumenta las ventajas de tales empresas sobre los mejoradores genéticos nacionales.
Sí garantiza que las empresas extranjeras podrán definir qué se utilizará en el país y qué no, al entregarles el derecho a controlar la comercialización, importación o exportación del material de propagación (semillas, esquejes, etc).
Da a la empresas semilleras el poder de hacer de policías, ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente
Permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley. Esto se puede traducir en la destrucción de cultivos y plantaciones frutales, en el decomiso de productos ya a la venta, e incluso en el embargo de exportaciones chilenas.
La ley adquiere efecto retroactivo a través del Art. 6 y sus disposiciones transitorias, infringiendo principios jurídicos básicos.
La fundamentación de la ley utiliza lenguaje y fundamentos engañosos. No da a conocer el origen de este proyecto e introduce justificaciones de tecnologías que no guardan relación directa con el proyecto de ley. La introducción permite deducir que la ley intenta crear condiciones para la introducción de los llamados farmocultivos, o cultivos que producen drogas. Si tales cultivos llegan a introducirse en el país, no sólo crearán problemas graves de salud pública, sino que además llevarán a la ruina a la producción de alimentos y a las exportaciones agrícolas chilenas.
La ley ni siquiera responde a un deseo de los agricultores, ya que -contrario a lo que indica la introducción- los datos presentados indican que sólo una minoría de ellos espera mejorar su producción en base a nuevas variedades.
FUNDAMENTACION DE LOS ENUNCIADOS ANTERIORES
La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma, expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida. La ley es parte de un conjunto de normas e iniciativas políticas que fomentan la privatización de los conocimientos y de las formas de vida, como las leyes de patentes, la privatización de los sistema de investigación, la privatización de la educación, etc. Este tipo de normas concentra un poder creciente en manos de unas pocas empresas transnacionales, expropia y privatiza el patrimonio biológico nacional, arruina los sistemas nacionales de investigación, dificulta el intercambio de información -fundamento del avance científico-, agrede e impide el normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de relacionarse y hacer agricultura, y violenta principios éticos fundamentales, como son el libre acceso al conocimiento. Al permitir la privatización de las semillas, esta ley y su antecesora además ponen el lucro por sobre el derecho fundamental a la alimentación.
Abre las puertas a la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Chile. Contrario a lo que se dice en la fundamentación de la ley, el proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Chile al expandir los llamados derechos de obtentor a todas las especies vegetales. Al expandir el ámbito de la ley a todas las especies vegetales, el proyecto de ley permite que toda especie nativa pueda quedar como propiedad de empresas nacionales o extranjeras. Lo único que se requerirá es hacer un trabajo simple de selección para lograr una población o grupo de plantas relativamente homogéneas. La nueva ley no impedirá casos aberrantes como el de la alstromeria, el pepino dulce, el boldo, el quillay o el avellano, sino que obliga a Chile a aceptarlos como legítimos y a restringir aún más el uso de estas especies en el país. Adicionalmente, el proyecto de ley facilita que cualquier empresa se apropie de las variedades campesinas e indígenas, al considerar como “nuevo” cualquier variedad que no haya sido comercializada ampliamente o inscrita en registros de propiedad intelectual (Artículos 5, 6 y 7).
Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo -incluso reconocida por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO- que además fue central en crear la diversidad y riqueza genética que hoy usan las mismas empresas semilleras que buscan prohibirla. A través del Artículo 48, el proyecto de ley impedirá que las comunidades campesinas e indígenas experimenten, mejoren e intercambien libremente las semillas, proceso a través del cual generaron toda la diversidad que hoy sustenta la agricultura. Peor aún, la combinación de esta ley con la ley de propiedad industrial harán posible que los agricultores cuyas variedades hayan sido contaminadas por cultivos transgénicos sean penalizados y sus variedades sean confiscadas. Se crea así una clásica situación del ladrón detrás del juez. De esta manera, el proyecto de ley entra en conflicto con el Tratado de Recursos Genéticos de la FAO, de la que Chile es signatario.
Crea condiciones para la introducción y expansión de los cultivos transgénicos, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter. La definición de los requisitos para otorgar propiedad en el Artículo 6 no exige que una variedad sea efectivamente mejor que las ya existentes, ni siquiera exige que sea útil o inocua. Al definir que basta la diferenciación de un carácter (Art. 7), facilita significativamente la práctica común de las empresas biotecnológicas de utilizar variedades antiguas para adicionar transgenes o genes cosméticos (sin valor productivo, pero capaces de provocar una diferencia visible) y luego registrarlas como “nuevas”. La no exigencia de mejorías comprobables o de inocuidad facilita además la introducción de cultivos tóxicos (véase más adelante).
Se hace notar que el Art. 7 permite el registro de variedades “esencialmente derivadas” siempre y cuando quien las registre sea el dueño de la variedad original, dando así facilidades crecientes para el uso y reuso de variedades antiguas y la introducción de variedades de menor calidad pero sobre las cuales se puede ejercer un control monopólico.
La ley además no garantiza mayor acceso a variedades. La aplicación de la ley 19.342, junto a otras políticas agrícolas ha llevado a una menor disponibilidades de variedades agrícolas, y el proyecto de ley agrava esta tendencia. La experiencia mundial ha demostrado que las leyes de propiedad industrial sobre las plantas han provocado un proceso de concentración extrema de la producción de semillas a nivel mundial, restringiendo así el acceso a nuevas variedades. Al no permitir el libre uso de las variedades existentes para crear nuevas variedades (Art. 39) -base de los grandes avances en mejoramiento genético- la nueva ley hace muy difícil el ingreso de nuevos actores a los procesos de mejoramiento genético, reduciendo así la oferta tecnológica.
Crea condiciones para expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país, en desmedro del desarrollo nacional de variedades vegetales. La ley 19.342 ya produjo un proceso de concentración de la variedades en uso en manos de empresas transnacionales, y el articulado del proyecto de ley aumenta las ventajas de tales empresas sobre los mejoradores genéticos nacionales. A través de su Artículo 16, la ley da ventajas significativas a las empresas extranjeras, ya que ellas podrán registrar sus variedades por simple proceso de homologación, mientras las empresas nacionales deberán demostrar que cumplen con los requisitos de novedad, homogeneidad y estabilidad. Si se aprueba el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (actualmente en tramitación), estas ventajas serán aún mayores.
Garantiza que las empresas extranjeras podrán definir qué se utilizará en el país y qué no, al entregarles el derecho a controlar la comercialización, importación o exportación del material de propagación (semillas, esquejes, etc.) (Art. 39). Los derechos otorgados por esta ley permiten a las empresas decidir qué se podrá o NO podrá cultivar en el país. Más aún, la ley posibilita que una empresa registre una variedad con el fin específico de no permitir su uso en el país.
Al otorgar poderes monopólicos sobre las semillas, dificultar los procesos de mejoramiento genético independiente, impedir que los agricultores produzcan sus propias semillas y facilitar los procesos de concentración de las empresas semilleras, provocará inevitablemente el alza de los precios de las semillas, encareciendo la producción agrícola en general y la de alimentos en particular. El proyecto de ley crea las condiciones para un control monopólico del primer eslabón (las semillas) de la cadena de producción de los alimentos, quedando gran parte de la población expuesta a esta vulnerabilidad. Esta situación a la fecha no ha sido posible dado que la producción de semillas se encuentra de muchos y muchas agricultoras.
Da a la empresas semilleras el poder de hacer de policías, ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente (Art. 48). Es conocido que empresas como Monsanto y Syngenta han creado verdaderos cuerpos policiales para controlar que los agricultores y campesinos no utilicen lo que ellos consideran su propiedad. El Art. 48 crea una norma que obligará al país a dar poderes policíacos a las empresas semilleras. Al definir que tales poderes son “exclusivos” los deja incluso fuera de la supervisión pública. De no otorgar lo anterior, el país quedará sujeto a demandas por no cumplir con normas aprobadas. Se violan así incluso normas fundamentales del país, como el que los cuerpos policiales están bajo el control y mando del Estado y los poderes fiscalizadores dependen o son supervisados por éste.
Permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley. Esto se puede traducir en la destrucción de cultivos y plantaciones frutales, en el decomiso de productos ya a la venta, e incluso en el embargo de exportaciones chilenas. (Art. 52). Al establecer procedimientos sumarios (Art. 53) y no establecer compensación en caso de desecharse la demanda, la ley facilita demandas sin fundamento y limita el derecho a defensa de los demandados.
La ley adquiere efecto retroactivo a través del Art. 6 y sus disposiciones transitorias, infringiendo principios jurídicos básicos. Podría darse la situación de una persona que haya adquirido legalmente material reproductivo de alguna variedad en el extranjero y lo haya multiplicado y utilizado legalmente en Chile por una o más estaciones y que de pronto se enfrente a la obligación de arrancar sus cultivos o plantaciones y/o pagar royalties por ellos.
La fundamentación de la ley utiliza lenguaje y fundamentos engañosos. No da a conocer el origen de este proyecto e introduce justificaciones tecnológicas que no guardan relación directa con el proyecto de ley. Algunos ejemplos ya se indicaron anteriormente. Un ejemplo adicional es que la ley propuesta se presenta como un facilitador de la adopción de nuevas tecnologías (semillas y material reproductivo) cuando en realidad restringe el acceso a ellas. La razón real de esta ley es que es parte de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y otro TLCs, y debiera identificarse como tal a fin de permitir una discusión relevante.
El lenguaje de la fundamentación es también engañoso al decir que una mayoría de los agricultores espera/desea poder utilizar nuevas variedades en los próximos años, aunque los datos presentados en la misma fundamentación muestran que tal deseo fue expresado por sólo alrededor de un tercio de los agricultores encuestados. Por lo mismo, el proyecto de ley ni siquiera responde a las expectativas de la mayoría de los agricultores.
La introducción permite deducir que la ley intenta justificar o crear condiciones para la introducción de los llamados farmocultivos, o cultivos que producen drogas. Si tales cultivos llegan a introducirse en el país, no sólo crearán problemas graves de salud pública, sino que además llevarán a la ruina a la producción de alimentos y a las exportaciones agrícolas chilenas. La introducción de la ley da por sentado que se introducirán al país los farmocultivos y los presenta como un avance, dando así sustento político a quienes exijan su introducción en el futuro. Es alarmante que la fundamentación de la ley presente la introducción de farmocultivos como conveniente y necesario para la agricultura chilena, dada su naturaleza inevitablemente tóxica, incluso si producen sustancias supuestamente benéficas, y que ni siquiera mencione los problemas de salud pública que ellos pudieran crear.
Al no exigir inocuidad, la nueva ley permite efectivamente obtener propiedad sobre cultivos productores de drogas o sustancias químicas de uso industrial. Si se otorga propiedad sobre este tipo de cultivos en Chile, habrá presiones crecientes de parte de empresas transnacionales para convertir a Chile en una de sus zonas de cultivo. Si esto ocurre, será imposible proteger a la producción alimentaria y agrícola en general de los procesos de contaminación con genes tóxicos. El país deberá asignar recursos significativos para asegurar que no estemos consumiendo alimentos tóxicos y una vez que nuestro país adquiera fama de país contaminado, la exportación agrícola se verá arruinada. Llama la atención que la justificación de este tipo de tecnología haya sido incluída sin necesidad alguna y en momentos en que Syngenta gestionaba la instalación de una estación experimental en el norte de Chile. ¿Está Syngenta experimentando con farmocultivos en el norte? ¿Influyó Syngenta en la redacción de este proyecto de ley?
Estamos rechazando un proyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de Chile a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es un suicidio como país y constituye el mayor contrasentido respecto del objetivo oficial de convertirnos en potencia agroalimentaria.
Valparaíso, 14 de julio de 2009
RAP-AL Chile, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina
OLCA Observatorio de Conflictos Ambientales
CETSUR Centro de Educación y Tecnología para el Desarrollo del Sur
Y Consejo de Soberanía Alimentaria
Comentarios específicos al articulado del Proyecto de Ley sobre Derechos Sobre Obtenciones Vegetales y deroga Ley 19.342 (Oficio 8570)
ANAMURI - GRAIN
Contenidos Proyecto de Ley
Oficio Nº 8570
pog/pvw
S. 124ª
VALPARAÍSO, 9 de marzo de 2010
Con motivo del Mensaje, Informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
A pesar de que en este momento los representantes de las empresas semilleras afirmen una y otra vez que esta ley no tiene nada que ver con la introducción de cultivos transgénicos en Chile, casi la totalidad del mensaje que precede el proyecto de ley ley es acerca de la necesidad de aprobarla para hacer posible y comercialmente rentable la introducción de tales cultivos. Las empresas no desean que ocurra en Chile lo que ha ocurrido en Argentina, país que a pesar de tener una de las mayores superficies de transgénicos a nivel mundial no ha entregado a las grandes empresas semilleras las ganancias que ellos esperaban, ya que los a gricultores pueden reproducir la semilla.
Esta ley garantiza que la protección conferida en virtud de ella se concederá salvaguardando y respetando, tanto el patrimonio biológico y genético, como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Esta es una declaración vacía. No hay nada en el texto de la ley que entregue tal garantía. Tampoco hay otra legislación nacional que lo garantice.
La observancia de este derecho se regirá por las normas de esta ley y por aquellas contenidas en el Título X de la ley N° 19.039.
Se refiere a la Ley de Propiedad Industrial
1°Otorgar propiedad intelectual sobre un descubrimiento es un contrasentido, ya que por definición ésta se otorga a una creación o invención 2° Es imposible descubrir una variedad vegetal, ya que toda variedad ha sido creada por personas y comunidades, independientemente del método utilizado o las características de la variedad. Por tanto, al permitir reclamar como propia una variedad “descubierta”, se está legalizando el robo del trabajo ajeno.
d) Variedad vegetal: un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para el otorgamiento de un derecho de obtentor, pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos y considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración;
Definición extremadamente amplia y abierta, que hace que casi cualquier población vegetal pueda llamarse “variedad” sin haber pasado realmente por algún proceso de mejoramiento. Esta amplitud más la vaguedad y subjetividad del artículo 8 facilitará gravemente la privatización de la biodiversidad silvestre.
Es además una definición con varios errores y omisiones No dice que se distingue de otra “variedad de la misma especie” , ni tampoco dice que aquel “cualquier otro conjunto” (que podría no ser una variedad) ha de ser de la misma especie o taxón.
No hay reales exigencias de representatividad, ni se determina forma de fiscalizar que la muestra sea realmente representativa. Queda por tanto sujeta al nivel de transparencia y honestidad que quien demanda la propiedad esté dispuesto a respetar.
g) Variedad esencialmente derivada: aquella que se derive principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que resultan del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial que se distingue claramente de la variedad inicial y que, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial;
Definición extremadamente amplia y subjetiva (¿qué es “derivar principalmente” o qué es un “carácter esencial”?) que que se incluye para dificultar o impedir que un mejorador utilice variedades privatizadas como fuente de nuevas variedades (práctica común y universal en los procesos de mejoramiento genético) o que si lo hace deba pedir permiso y pagar un royalty.
A través del artículo 39 esta definición dificultará fuertemente el trabajo de mejoradores no asociados a grandes empresas e institutos y/o permitirá que las grandes empresas lucren del trabajo de otros mejoradores, ya que: a) hará muy difícil o caro usar diversas fuentes de mejoramiento, porque siempre estará la posibilidad de ser demandado por lo dueños de variedades registradas anteriormente o verse obligado a pagar un royalty por ese uso b) da pie a que las empresas demanden aún sabiendo que no tienen razón de hacerlo, porque la amplitud y subjetividad de las definiciones utilizadas permitirá iniciar procesos largos y engorrosos que muchas veces hacen que la contraparte acusada se de por vencida por cansancio.
El derecho del obtentor se puede constituir sobre variedades de cualquier género o especie vegetal y sus híbridos.
Este artículo, combinado con la definición de lo que es una variedad permitirá que se pueda reclamar propiedad sobre amplias poblaciones de la flora silvestre y plantas medicinales de Chile.
Artículo 5º.-Para constituir el derecho de obtentor sobre una variedad, ésta deberá ser nueva, distinta, homogénea y estable, y poseer una denominación que la identifique, la que deberá ser propuesta en la solicitud de inscripción. El solicitante deberá cumplir, además, con las formalidades establecidas en el artículo 15 de la presente ley.
Nótese que en ningún momento se exige que la variedad sea de buena calidad o que sea mejor que las ya existentes. En ninguna parte se exige tampoco que se hagan pruebas para al menos poder describir la calidad de la variedad a ser registrada. De hecho, se podrá registrar variedades que sean peores que las ya existentes.
Artículo 6º.- Se considerará nueva una variedad si, a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción en Chile, el material de propagación o un producto de la cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, para la explotación de la variedad o, habiéndolo sido, no han transcurrido los siguientes plazos:
Nótese que la venta, uso o intercambio de una variedad por parte de familas campesinas o indígenas no hace que una variedad deje der ser “nueva”. Este artículo confirma y refuerza la posibilidad de las empresas o de institutos de investigación de apropiarse de variedades campesinas. Es decir si un mejorador, un instituto o una empresa encuentran una variedad campesina de interés, pueden apropiarse de ella sólo si tienen la precaución de no comenzar a comercializarla antes de reclamarla como propia.
Esto no impide, sino que confirma la posibilidad de apropiarse de variedades campesinas, ya que ellas normalmente no están en listados ni en registros nacionales y por lo tanto no serán consideradas al determinar si son distintas o no. Asimismo, este tipo de artículo ha sido utilizado (por ejemplo, en Europa y en el actual proyecto en Argentina) como excusa para exigir el registro de toda variedad que vaya a ser utilizada y luego prohibir el uso de variedades que no se registren, empeorando los efectos de la ley, pues los campesinos quedan imposibilitados de utilizar su propias variedades y se ven obligados a utilizar variedades privatizadas.
Nuevamente, es una definición muy amplia y subjetiva (¿qué es “suficientemente uniforme”?, ¿qué es un “carácter pertinente”?, ¿qué es una “variación previsible”?). Junto al Art. 2 d) (definición de variedad) permitirá simultáneamente aplicar definiciones sumamente amplias y sumamente estrechas de qué es una variedad. Qué se aplique en un caso u otro dependerá de la habilidad de los abogados y de los intereses de quienes pueden pagar los mejores abogados. Lo esperable es que se utilizará la vaguedad y amplitud para obtener derechos de propiedad amplios (especialmente pero no exclusivamente en el caso de la biodiversidad silvestre) o para acusar a los agricultores de no respetar un derecho de obtentor, y se apelará a las interpretaciones más estrictas cuando se quiera cuestionar la propiedad de alguien que se quiere mantener fuera del mercado.
Artículo 25.- El Comité, si lo estimare pertinente, dispondrá que se realicen las inspecciones, pruebas y ensayos correspondientes, destinadas a obtener la inscripción en el Registro, o bien podrá, para estos efectos, considerar las inspecciones, pruebas o ensayos ya realizados.
Abre la posibilidad a que en caso de cuestionamiento o litigación, se acepten los resultados de ensayos entregados por las empresas, permitiéndoles ser juez y parte
ALCANCE DE LOS DERECHOS DEL OBTENTOR
Artículo 39.- El derecho del obtentor permite a su titular, causahabiente o cesionario, realizar los siguientes actos sobre el material de propagación de la variedad protegida:
Los dueños de las variedades tienen el monopolio absoluto para importar o exportar una variedad. Si una empresa así lo desea por motivos comerciales, puede prohibir que una determinada variedad entre al país
Se requerirá también la autorización del titular de la variedad protegida para realizar los actos señalados anteriormente sobre:
a) El producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, cuando haya sido obtenido por utilización no autorizada del material de propagación de la variedad protegida, a menos que el titular haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material;
Este artículo implica que quienes sean acusados de utilizar una variedad privatizada sin habérsela comprado a los dueños podrán ver su cultivo y/o cosecha embargados, confiscados o destruidos, o sus árboles arrancados. Como más adelante se determina procedimientos sumarios para estos casos, lo que se verá es que las medidas “precautorias” se aplicarán antes incluso de que haya un veredicto final. Aunque la ley contempla compensaciones en caso que el demandante pierda, tales compensaciones llegarán luego de procesos largos y engorrosos y cuando el daño ya haya sido hecho.
b) Variedades derivadas esencialmente de una ya protegida, a menos que esta última no sea, a su vez, una esencialmente derivada, y
Producto de la amplia y vaga definición de “variedad derivada” que se hace en el Art. 2, este párrafo dificultará fuertemente el trabajo de mejoradores no asociados a grandes empresas o permitirá que las grandes empresas lucren del trabajo de otros mejoradores, ya que:
a) hará muy difícil o caro usar diversas fuentes de mejoramiento, porque siempre estará la posibilidad de ser demandado por lo dueños de variedades registradas anteriormente o verse obligado a pagar un royalty por ese uso
b) da pie a que las empresas demanden aún sabiendo que no tienen razón de hacerlo, porque la amplitud y subjetividad de las definiciones utilizadas permitirá iniciar procesos largos y engorrosos que muchas veces hacen que la contraparte acusada se de por vencida por cansancio.
c) Variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, según el criterio de distintividad establecido en el artículo 7º de la presente ley.
Artículo que agrava seriamente todos los impactos de la ley. Dada la amplitud y vaguedad de la definición de “distinta” (art. 7), así como la ambigüedad y subjetividad de lo que signifique “distinguirse claramente”, los agricultores podrán ser fácilmente demandados para que no usen sus propias semillas -así las lleven usando por generaciones- bajo el supuesto de que se “parecen” a una variedad privatizada. Cabe mencionar que este tipo de cláusula ha sido utilizada enotros países de manera muy dañina. Un caso cercano es el de Colombia, en donde toneladas de semilla de arroz fue confiscada bajo la acusación de que se parecía a una variedad privatizada, a pesar de que la variedad confiscada había sido utilizada por años.
Artículo 41.- El derecho del obtentor tendrá vigencia por un periodo de 25 años si la variedad corresponde a especies de árboles y vides, y de 20 años en el caso de las demás especies. Dicho período de vigencia se contará desde la fecha de la inscripción de la variedad.
Se expande significativamente el período de privatización. Si lo que se quiere es fomentar es la innovación comercial, los períodos de privatización debieran ACORTARSE, a fin de fomentar una renovación más acelerada de las variedades comerciales
Este artículo es esgrimido por las empresas semilleras como muestra de que los agricultores no serán afectados. Sin embargo es un artículo extremadamente limitado, que cubre sólo algunas especies, requiere que los agricultores se sometan a un sistema de control, y no los protege contra las acusaciones por utilizar variedades “parecidas”. Su efecto más probable es que se establecerá un sistema de control a los agricultores que facilitará la vigilancia por parte de las empresas.
DE LA OBSERVANCIA DEL DERECHO DEL OBTENTOR Artículo 52.- Sin perjuicio de las acciones que procedan de conformidad al Código Penal, el titular cuyo derecho de obtentor sea lesionado o vulnerado podrá demandar civilmente:
Algunos representantes del INIA y de empresas semilleras han dicho que esta ley es menos dura que la actual, porque se despenalizan las sanciones. En realidad, lo que hace es dejar en libertad de acción a las empresas para que emprendan acusaciones penales.
Artículo 56.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo tercero transitorio de esta ley, derógase la ley Nº 19.342, como asimismo, toda disposición legal o reglamentaria que fuere contraria a la presente ley.
Significa eso dejar sin aplicación otras disposiciones, como las que se deriven del Convenio 169 de la OIT?
INVITACIÓN SEMINARIO AMBIENTAL
El agua es el elemento fundamental para cualquier forma de vida que existe en nuestro planeta. A nivel local, la zona centro-norte de Chile presenta una condición de sequía recurrente, con procesos de desertificación en un contexto de incertidumbre por el cada vez más evidente cambio climático. Estos elementos se vuelven cada vez más trascendentales ya que avanzan presionando las fronteras agrícolas y poniendo a prueba la capacidad de almacenamiento y gestión de agua para riego y para consumo humano; dos actividades que debiesen ser prioritarias para el desarrollo. Por otra parte el uso del agua en el rubro minero y en los monocultivos agrícolas de gran escala (cultivos de paltas) es intensivo y tensiona la búsqueda de soluciones en las políticas públicas que si se consideran como posibilidad real entran a colisionar los límites de la institucionalidad vigente en nuestro país y los intereses económicos de los grandes grupos de poder.
En zonas como la cuarta región (Canela, Combarbalá, Los Vilos) estos últimos años, estos procesos han colocado al sector rural en jaque y a las comunidades humanas en una posición que amenaza la posibilidad de su existencia como tal. Los camiones repartidores de agua (aljibes) se han vuelto una constante, y si bien es cierto estos últimos meses se han producido algunas lluvias que mitigan los impactos más severos, los problemas de sequía seguirán.
El marco legal y normativo que ordena y regula los regímenes y derechos de usos del agua dulce en nuestro país representa un tema complejo y tecnificado. Por lo tanto es una necesidad urgente el que la gente se pronuncie sobre el uso de los recursos naturales, y hoy más que nunca cuando los marcos de referencia de la política en Chile están trasuntando hacia una mayor participación y apertura, es que debemos colocar al centro, el debate de este líquido esencial para la existencia. Nada mejor entonces que discutir hoy con los actores del territorio, con los gobiernos locales, con los parlamentarios realmente interesados, con los afectados por la sequía, con los movimientos sociales y los partidos políticos. Se debe forzar la agenda hacia los temas fundamentales que mejoren la calidad de vida de la gente y del cuidado por el medio ambiente.
Leer más:INVITACIÓN SEMINARIO AMBIENTAL
¡NO MÁS MUERTES Y BASTA DE REPRESIÓN!
VIVAN LAS TRABAJADORAS ASALARIADAS AGRÍCOLAS DE LA AGROEXPORTACIÓN

References: Artículo 48
 Artículo 6
 Artículo 16
 artículo 8
 artículo 39

Artículo 5
 artículo 15

Artículo 6

Artículo 25

Artículo 39
 artículo 7

Artículo 41
 Artículo 52

Artículo 56