Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/200380-470-27617-2017-17-0665.HTML
Timestamp: 2019-12-09 11:41:07+00:00

Document:
Exp.17-0665
Mediante escrito suscrito por los ciudadanos LUISA ORTEGA DÍAZ, RAFAEL GONZÁLEZ ARIAS y ZAIR MUNDARAY, titulares de las cédulas de identidad n° V-4.555.631, V-4.927.468 y V-11.689.798, e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 39.906, 28.006 y 100.668, respectivamente, quienes indicaron actuar en su carácter de Fiscal General de la República, Vicefiscal General de la República y Director General de Actuación Procesal, y presentado a la Secretaría de esta Sala por los dos últimos nombrados, se interpuso recurso de nulidad por inconstitucionalidad del Decreto emanado del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela número 2.878, del 23 de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 41.156 de la misma fecha en el que se establece las Bases Comiciales para la Asamblea Nacional.
El 19 de junio de 2017, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover.
En el escrito, los referidos ciudadanos fundamentaron su solicitud de nulidad en lo siguiente:
Que, mediante Decreto número 2.878 del 23 de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 41.156, de la misma fecha dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, antes identificado, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República declaró: Con la bendición de Dios Todopoderoso, e inspirado en la grandiosa herencia histórica de nuestros antepasados aborígenes, héroes y heroínas independentistas, en cuya cúspide está el Padre de la Patria El Libertador Simón Bolívar, y con la finalidad primordial de garantizar la preservación de la paz del país ante las circunstancias sociales, políticas y económicas actuales, en las que severas amenazas internas y externas de factores antidemocráticos y de marcada postura antipatria se ciernen sobre su orden constitucional (…) Y en consecuencia, DECRETA: LAS BASES COMICIALES PARA LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, CONVOCADA SEGÚN EL DECRETO N° 2.830 DE FECHA 1° DE MAYO DE 2017, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 6.295 EXTRAORDINARIO DE LA MISMA FECHA (…)”.
Que, la Ley Orgánica del Ministerio Público en su artículo 2 establece la naturaleza jurídica del Ministerio Público.
Que, el Ministerio Público es un garante del orden público, esto es, en la obligación de proteger y preservar el pleno goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, en procura del respeto de estos, en el obrar de todos los entes y poderes públicos en cualquiera de sus instancias y manifestaciones.
Que, la Sala Político-Administrativa se pronunció en cuanto a la posibilidad que tiene el Ministerio Público de intentar demandas de nulidad contra actos del Poder Público (Nacional, Estadal o Municipal), ver sentencia número 697 del 19 de junio de 2013.
Que, es competencia de la Sala Constitucional conocer de la presente demanda de nulidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 336, numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con el artículo 25, numeral 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Que, el 01 de mayo de 2017, el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en Consejo de Ministros, emitió el acto administrativo en forma de decreto identificado con el número 2.830, fundamentado en el artículo 348 en concordancia con los artículos 70, 236 numeral 1 y 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual convoca a una Asamblea Nacional Constituyente.
Que, en ese mismo acto el máximo representante del Poder Ejecutivo Nacional también decide que: “…los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente Originaria serán elegidos o elegidas en los ámbitos sectoriales y territoriales, bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral, mediante el voto universal, directo y secreto…”.
Que, el acto administrativo dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución, por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, es consecuencia de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente decretada por el mismo funcionario, a través del Decreto número 2.830, de fecha 01 de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.295 Extraordinario.
Que, conforme a la teoría general de las nulidades, todo acto producto de una decisión viciada de nulidad absoluta porque menoscabe principios y derechos constitucionales o el orden público, se encuentra igualmente impregnado del mismo vicio, pues ningún acto válido puede emanar de un acto ilegítimo.
Que, cualquier decisión que se produzca como consecuencia o en ejecución de un acto viciado de nulidad absoluta, surte su misma suerte y debe ser reputado como ilegítimo e ineficaz.
Que, habiendo sido constatado los vicios anteriores que afectan al Decreto número 2.830 del 01 de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.295, Extraordinario, de la misma fecha, es forzoso concluir por vía de consecuencia la subsiguiente nulidad del Decreto número 2.878, del 23 de mayo de 2017, que decreta las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente convocada según el Decreto 2.830 del 01 de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.295, al haberse efectuado convocatoria a dicha Asamblea por uno de los órganos del poder constituido en forma ilegítima e inconstitucional.
Que, el principio de Supremacía Constitucional establecido en el artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es modificada a través de mecanismos no previstos en su propio texto o ejecutados en forma fraudulenta o con inobservancia de los principios y normas contenidos en la misma.
Que, es así como el Decreto número 2.878 del 23 de mayo de 2017, que nace producto de una convocatoria ilegítima al no haber emanado del Pueblo, al dictar las bases comiciales para esa Asamblea, vulnera el principio de supremacía constitucional, previsto en el referido artículo 7 de nuestra Carta Magna.
Que, se produjo la violación del principio de progresividad de los derechos así como en detrimento del principio de soberanía popular y del derecho a la participación con este proceso constituyente planteado por el Máximo Representante del Ejecutivo Nacional cuando pretende reducir la participación popular para la “aprobación” de las decisiones trascendentales relacionadas con este proceso al mínimo.
Que, resulta inaceptable la justificación que en la experiencia pasada o existía regulación expresa y en la vigente si está regulado “taxativamente” el proceso para la Asamblea Nacional Constituyente, pues como se indicó anteriormente, la interpretación en materia de derechos humanos jamás debe ser regresiva sino siempre a favor de su más efectivo ejercicio, más aún en un Estado democrático en el que la participación protagónica y el ejercicio democrático de la voluntad popular constituyen unos de sus fines esenciales y así se solicita sea declarado.
Que, no existe norma constitucional alguna que confiera al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela la atribución para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, así como tampoco para decretar las bases comiciales para la misma, sin que haya mediado aprobación del único Poder Originario que reconoce la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Que, ante la ausencia de una norma legal que sustente la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de decretar “BASES COMICIALES PARA LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE CONVOCADA SEGÚN EL DECRETO N° 2.830, DE FECHA 01 DE MAYO DE 2017, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, este acto deviene en nulo y así se solicita sea declarado”.
Que, en jurisprudencia reiterada de este Máximo Tribunal de la República se ha establecido que el vicio de falso supuesto de hecho “se patentiza cuando la Administración, al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión [ver sentencia Nro. 1.117 de la Sala Político Administrativa, de fecha 19 de septiembre de 2002, cuyo criterio es ratificado en las sentencias Nro. 189 del 15 de julio de 2003 y 1.310 del 26 de julio de 2007 de la misma Sala y en sentencia de (sic) Nro. 1216 de la Sala Constitucional, de fecha 17 de noviembre de 2016).
Que, la convocatoria es inconstitucional e ilegítima, por lo que el Decreto Nro. 2.878, de fecha 23 de mayo de 2017, mediante el cual se dictan las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente, resulta afectado en su causa pues partió de un hecho falso (la cualidad de convocante), toda vez que no está constitucionalmente previsto que el Presidente de la República ni ningún otro órgano del poder constituido, pueda convocar una Asamblea Nacional Constituyente y así se solicita sea declarado.
Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales ratifica el postulado constitucional que consagra el principio de la representación popular, al declarar que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce a través de los órganos del poder público, siendo ello extensivo a la selección de los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente, de ser el caso, por tratarse de un cuerpo colegiado de elección popular.
Que, el artículo 8 de la referida normativa establece los mecanismos electorales a que se debe acudir, para la elección popular de los miembros de los cuerpos deliberantes.
Que, la referida norma:
Que “con la metodología que se pretende emplear en este proceso constituyente, se estaría derribando la regla de ‘una persona un voto’.
Que, la circunstancia de elección dual, por votación uninominal y por voto lista, en la elección de los representantes de los cuerpos deliberantes colegiados de elección popular y su consagración como un derecho del elector se encuentra estipulado en el artículo 16 eiusdem.
Que, la Ley Orgánica de Procesos Electorales regula “la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional, de los concejos legislativos de los estados, de los concejos municipales”, sino también de los “DEMÁS CUERPOS COLEGIADOS DE ELECCIÓN POPULAR”.
Que, del contenido de la normativa de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en cuanto a la forma y presupuestos para la elección de los candidatos nominales y por lista, se generan los supuestos fácticos que dan sustento al presente Recurso Contencioso Electoral y que justifican la nulidad absoluta de las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral en fecha 25 de mayo de 2017.
Que, el número de Constituyentes por lista a ser seleccionados en los municipios capitales (2 en los municipios capitales y 7 en el Municipio Libertador del Distrito Capital), no se calculó en la Bases Comiciales, de conformidad con lo estatuido en los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
La circunstancia descrita, relativa a que se elegirá de manera nominal (por nombre y apellido) un Constituyente por cada municipio del país (salvo los municipios capitales), con independencia del índice poblacional de cada municipio, deviene en la práctica en una desigualdad importante en el voto, ya que municipios con poca densidad poblacional y por ende, con pocos votantes, elegirán la misma cantidad de Constituyentes, que aquellos municipios de alta densidad poblacional y con mayor número de votantes, no existiendo en lo absoluto correlación entre el número de votantes y el número de representantes seleccionados.
Que, se lesiona al principio de la igualdad del voto, el de legalidad administrativa y la violación de la garantía de la reserva legal.
Que, la delimitación del territorio electoral en función del índice poblacional y el número de electores, tal como prevé el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la no exclusión arbitraria de sectores de votantes, en virtud de la sectorización o fragmentación en la elección de candidatos, estipulándose el derecho al voto en función de características o condiciones especiales o particulares, es una cuestión central para la existencia de elecciones competitivas, las que a su vez, son la piedra angular que sostiene el edificio de las instituciones de la democracia representativa.
Que, “la democracia representativa contemporánea, se sustenta en el llamado principio de igualdad del voto, que consiste en que el voto de una persona emitido en una elección debe tener un valor semejante, similar o equivalente al voto emitido por cualquier otro integrante de la comunidad política de que se trate, sin distinciones fundadas en el índice poblacional de los entes territoriales o sustentadas en características especiales producto de la sectorización o fragmentación de la elección de rubros o categoría”.
Que, en “síntesis, dado que el acto impugnado no observó la regulación sobre los demás cuerpos colegiados de elección popular [término que abarca a la Asamblea Nacional Constituyente por reunir tales características], establecen de manera expresa los artículos 6, 8, 14, 15, 16 y 19 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales de aplicación directa e inmediata en el presente caso por tratarse de materia reservada a la ley [reserva legal en materia electoral], incurrió no solo en la transgresión de la garantía de la reserva legal (…) sino que infringió el principio de legalidad administrativa, que establece las obligaciones que tienen las autoridades administrativas, de actuar única y exclusivamente en cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales, tal como lo establecen los artículos 137 y 141 ejusdem (sic)”.
Que, el acto impugnado estableció diferencias en el valor del voto fundadas en el número de electores y Constituyentes a elegir y en la exclusión arbitraria de sectores de votantes.
Que, cualquier sectorización implica la restricción del derecho constitucional a la participación, así como a la igualdad y no discriminación, resultando contrario a principios democráticos en particular al contenido del artículo 63 de la Constitución.
Que, se agrava más aún cuando hasta el momento se desconocen las condiciones en las que se llevará a cabo esa elección sectorial, existiendo una inseguridad jurídica en cuanto a la conformación de los registros electorales sectoriales.
Que, resulta deber ineludible de esta Sala Constitucional declarar la nulidad de las decisiones impugnadas y restablecer al propio tiempo la integridad de la Constitución.
Que, a través de las decisiones impugnadas se pretende modificar el texto constitucional sin seguirse los pasos que están previstos como mecanismo legítimo.
Asimismo, los recurrentes solicitaron la inhibición de los magistrados integrantes de esta Sala Constitucional por haber adelantado opinión sobre los principios y derechos constitucionales, al estar comprometidos en la emisión de unas sentencias alejadas del Estado Social de Derecho y de Justicia.
Que, la falta de legitimidad compromete de manera ostensible la “imparcialidad”, infringiendo con ello el contenido de los artículos 264 de la Constitución, 71 y 74 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 13, 14 y 15 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.
1) Que la presente demanda sea admitida y sustanciada conforme a derecho.
2) Que la presente Demanda de Nulidad sea declarada Con Lugar, y en consecuencia se declare la Nulidad Absoluta del Decreto emanado del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 2.878 de fecha 23 de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 41.156, de la misma fecha, en el que se establece las Bases Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente.
3) Se acuerde la medida cautelar innominada de suspensión de efectos solicitada.
Expuesto lo anterior, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de la admisibilidad de la presente acción, para lo cual observa lo siguiente:
El escrito contentivo del recurso de nulidad ejercido aparece suscrito por los ciudadanos Luisa Ortega Díaz, Rafael González Arias y Zair Mundaray (véase, folio 23 del expediente); sin embargo, se observa que sólo lo presentaron ante la Secretaría de esta Sala los dos últimos ciudadanos nombrados, por lo cual respecto a éstos se examinará la legitimación para actuar, para lo cual se observa:
Que en la página 1 del escrito (folio 1 del expediente), se indicaron las Gacetas Oficiales donde constan los nombramientos de los ciudadanos recurrentes con los cargos bajo los cuales indican actúan en la presente causa; sin embargo, no se acompañó al escrito contentivo de la pretensión de nulidad, copia de las Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela donde constan tales nombramientos, siendo que si se acompañó la referida al acto impugnado.
No obstante, esta Sala en virtud del principio iura novit curia, al cual se ha hecho expresa mención entre otras, en sentencias nros. 1393 del 7 de agosto de 2001 y 2144 del 13 de noviembre de 2007, conoce que en Gaceta Oficial de la República N° 40.830 del 18 de enero de 2016, aparece publicada la Resolución N° 030 de fecha 15 de enero de 2016, en la cual la ciudadana Luisa Ortega Díaz, en su carácter de Fiscal General de la República designó al ciudadano abogado Zair Mundaray Rodríguez, titular de la cédula de identidad n° 11.689.798, como Director General de Actuación Procesal, adscrito a la Vicefiscalía, en la cual se indicó expresamente que:
(…) conforme a lo establecido en los numerales 12 y 20 del artículo 25 de la citada Ley Orgánica, el mencionado ciudadano podrá intervenir como representante del Ministerio Público en los asuntos de la Institución, en cualquier lugar del territorio nacional. Asimismo, le delego la firma de los asuntos rutinarios o de mera tramitación.
En consecuencia, entrará a examinar el recurso presentado al ostentar el abogado Zair Mundaray legitimación activa, mas no así el abogado Rafael González Arias, pues por aplicación del principio iura novit curia y de la jurisprudencia de esta Sala antes mencionada respecto a dicho principio en lo que respecta a las publicaciones de actos en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, se advierte que tal y como se indicó en la página 1 del escrito (folio 1 del expediente), en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 41.132 de fecha 17 de abril de 2017, aparece la Resolución n° 651 de esa misma fecha donde la ciudadana Luisa Ortega Díaz, en su condición de Fiscal General de la República, designó al prenombrado abogado como Vicefiscal General de la República (Encargado).
Dicha designación es contraria a la Constitución (artículo 187, numeral 24) y a la Ley Orgánica del Ministerio Público (véase, artículo 25 numeral 3), por cuanto la misma requiere la previa autorización de la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional, órgano que para el momento en que se efectuó la designación se encontraba y aun se mantiene en una situación fáctica consistente en el desacato en el cual permanece la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional frente a las decisiones de este Máximo Tribunal, lo cual ha incidido en la imposibilidad material de ejercer legalmente sus funciones mientras dure tal circunstancia, tal como lo ha señalado esta Sala en las decisiones: N.° 808 y 810 del 21 de septiembre de 2016, N.° 952 del 21 de noviembre de 2016, Nos. 1012, 1013 y 1014 del 25 de noviembre de 2016 y N.° 1 del 06 de enero de 2017, así como las sentencias de la Sala Electoral N.° 260 del 30 de diciembre 2015, N.°1 del 11 de enero de 2016 y 108 del 01 de agosto de 2016, lo cual hacía imperativo a la ciudadana Fiscal General de la República, acudir a esta Sala Constitucional como máxima garante de la constitucionalidad, ante la situación de anormalidad institucional, a formular como lo han efectuado otros órganos del Poder Público, una interpretación conforme lo dispuesto en los artículos 335 y 336 constitucionales, para el ejercicio de sus competencias dentro del marco de la Constitución y las leyes.
De allí, que al haber designado en la forma en que lo hizo al margen de lo establecido en la Constitución y en la Ley que rige las funciones del órgano que representa, incurrió en un error inexcusable en los términos establecidos en el artículo 22 numerales 8 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, siendo además relevante señalar que se trata de un funcionario de los considerados por la Contraloría General de la República como de Alto Nivel, por lo que resulta evidente la falta de legitimación del ciudadano abogado Rafael González Arias, para actuar en algún proceso administrativo o judicial como Vicefiscal General de la República, pues tal designación debe contar con la previa autorización de la mayoría de los integrantes del órgano legislativo nacional, y al estar y mantenerse éste en desacato, lo conducente dentro del Estado de Derecho y de Justicia, era acudir a esta Sala Constitucional, dada la situación de anormalidad institucional existente que choca con el Estado de Derecho, para el debido aval constitucional como consta de otras competencias atribuidas a la Asamblea Nacional, y que por la actitud de la mayoría en desacato, debe resguardar esta máxima instancia judicial para asegurar el orden constitucional, la institucionalidad, la democracia y la justicia (véanse sentencias nros. 06 del 20 de enero de 2017, 90 del 24 de febrero de 2017, entre otras), razón por la cual esta Sala como garante de la constitucionalidad y del Estado de Derecho, declara nula por ser contraria al Texto Constitucional y a la Ley que rige las funciones del Ministerio Público, la Resolución n° 651 de fecha 17 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 41.132 de esa misma fecha, donde la ciudadana Luisa Ortega Díaz, en su condición de Fiscal General de la República, designó al prenombrado abogado como Vicefiscal General de la República (Encargado).
Al adolecer de nulidad absoluta tal designación, los actos y actuaciones realizadas por el prenombrado ciudadano, en las cuales haya fungido como “Vicefiscal General de la República” son nulos de nulidad absoluta y no tienen por tanto efectos jurídicos. Así se decide.
Declarado lo anterior, y dado que esta Sala Constitucional está llamada a garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, visto que la designación efectuada por la Fiscal General de la República no contó con la previa autorización del órgano legislativo nacional, el cual hasta la presente se mantiene en desacato frente a las decisiones de este Alto Tribunal y ha omitido dar cumplimiento a lo ordenado en los fallos identificados supra, es por lo que en atención a lo establecido en el artículo 335 constitucional en concordancia con el numeral 7 del artículo 336 eiusdem, esta Sala por auto separado designará de manera temporal un Vicefiscal General de la República. Así se decide.
Establecido lo anterior, se observa que se solicitó la nulidad del Decreto emanado del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 2.878 de fecha 23 de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 41.156, en esa misma fecha.
Cabe destacar, que sobre el tema debatido, esta Sala en sentencia número 455, del 12 de junio de 2017, caso: Emilio José Urbina Mendoza, se pronunció declarando: “SIN LUGAR el presente recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad del Decreto Presidencial Nº 2.878, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 41.156 del 23 de mayo de 2017, interpuesto por el abogado Emilio José Urbina Mendoza”, al estimar que el Decreto impugnado no incurre en violación alguna al modelo federal venezolano.
Ello fue así, cuando textualmente en la referida decisión se señaló lo siguiente:
(…) a) En relación con el Primer Considerando del Decreto N° 2.878, esta Sala debe advertir que si bien los considerandos pueden servir como base axiológica de un acto normalmente de naturaleza administrativa o de una declaración de principios, no forma parte del texto de tal acto. La parte normativa y vinculante del acto en cuestión está en el propio Decreto o en la Resolución.
Por otra parte, es digno de destacar que la escogencia de los constituyentistas deberá hacerse “en el ámbito territorial y sectorial, mediante el voto universal, directo y secreto” (artículo Primero del Decreto. Extracto y subrayado de este fallo). En consecuencia, esta Sala no advierte violación alguna del principio constitucional del sufragio. Así se declara (Subrayado propio del fallo).
De lo expuesto, se desprende que esta Sala ya juzgó sobre la constitucionalidad del Decreto emanado del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 2.878 de fecha 23 de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 41.156, en esa misma fecha, por lo que existe cosa juzgada sobre dicho asunto, como lo ha declarado en otras oportunidades esta Sala, entre otras, en sentencia número 1344, caso “Virginia Yvonne Rojas Nuñez”, dictada el 10 de octubre de 2012, en la cual se señaló lo siguiente:
En el caso bajo análisis, existe cosa juzgada respecto del acto que se pretende impugnar, tal como esta Sala Constitucional expresó en la sentencia que antes fue citada. En consecuencia, se declara inadmisible la presente acción de nulidad de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, al haber operado la cosa juzgada de conformidad con la norma citada y el criterio asentado en la jurisprudencia reiterada de esta Sala. Así se declara.
En virtud de la decisión anterior, resulta inoficioso pronunciarse sobre la medida cautelar innominada solicitada por el recurrente. Así se decide.
Finalmente, respecto de la alegada incompetencia subjetiva de los Magistrados Fanny Beatriz Márquez y Christian Tyrone Zerpa señalado en el escrito recursivo y que -en su criterio- están incursos en la causal prevista en el numeral 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala estima necesario advertir que el presente recurso de nulidad ha sido declarado inadmisible, pues existe cosa juzgada respecto del asunto de fondo planteado, esto es, en cuanto a la constitucionalidad del decreto impugnado, siendo incongruente y más aun resulta alejado totalmente de la verdad procesal, que los Magistrados identificados en el escrito al folio 22, adolezcan de la incompetencia subjetiva requerida, pues los mismos no forman parte como Magistrados de esta Sala Constitucional sino de otras Salas de este Alto Tribunal, por lo cual resulta evidente que los mismos no han emitido opinión respecto del asunto planteado.
De tal manera, que resulta improcedente el alegato esgrimido en cuanto a la incompetencia subjetiva y manifiestamente grave e inexcusable, por ser contrario a la verdad procesal lo gravemente afirmado por quien actúan en nombre de la Fiscal General de la República, siendo que entre sus funciones constitucionales está la de garantizar la buena marcha de la administración de justicia, el debido proceso y la ética pública.
Exp. 17-0665

References: artículo 2
 artículo 336
 artículo 25
 artículo 348
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 16
 artículo 19
 artículo 63
 Resolución 
 artículo 25
 Resolución 
 artículo 25
 artículo 22
 Resolución 
 artículo 335
 artículo 336
 artículo 133
 artículo 82