Source: https://www.scribd.com/document/356111695/Brewer-Sobre-Las-Sentencias-Del-Caso-de-Los-Alcaldes-de-San-Diego-y-San-Cristobal-EL-FALLIDO-INTENTO-de-JUSTIFICAR-LO-INJUS
Timestamp: 2018-12-15 09:04:27+00:00

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Brewer. Sobre Las Sentencias Del Caso de Los Alcal...
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EL FALLIDO INTENTO DE LA SALA CONSTIUCIONAL DE
JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE: LA VIOLACIÓN MASIVA DE
TODOS LOS PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO EN EL CASO DE
LAS SENTENCIAS No. 245 Y 263 DE 9 Y 11 DE ABRIL DE 2014, DE
REVOCACIÓN DEL MANDATO DE LOS ALCALDES DEL
MUNICIPIO SAN DIEGO, VICENCIO SCARANO SPISSO, Y DEL
MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL, DANIEL CEBALLOS
La anunciada y esperada sentencia en el caso de Vicencio Scarano Spisso, Alcalde del
Municipio San Diego del estado Carabobo y de Salvatore Lucchese Scaletta Director
General de la Policía Municipal de San Diego del Estado Carabobo, que se adoptó en la
audiencia de fecha 19 de marzo de 2014, y que fue publicada con el No. 245 el día 9 de
abril de 2014,1 enjuiciándolos, condenándolos penalmente y encarcelándolos, y en cuanto al
Alcalde Scarano, revocándole su mandato popular, es un compendio de violaciones al
debido proceso que está garantizado en el artículo 49 de la Constitución, y que el “máximo
garante de la misma” simplemente violó impunemente.
Igualmente repite el compendio de dichas violaciones, la sentencia adoptada en la
audiencia del día 25 de marzo de 2014, y publicada con el No. 263 el 11 de abril de 20142
dictada en contra del Alcalde del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, Daniel
Ceballos, en la cual se aplicó la “doctrina vinculante” que se estableció
inconstitucionalmente en la primera, e igualmente, se lo enjuició, condenó penalmente,
encarceló y se le revocó su mandato popular en contra de todos los principios del debido
En las líneas que siguen nos referiremos básicamente a la primera de dichas sentencias,
en el entendido que todos los razonamientos y críticas que formulamos a la misma se
aplican también a la segunda, pues tienen idéntico contenido.
En efecto, la garantía constitucional al debido proceso3 que se ha desarrollado
detalladamente en el artículo 49 de la Constitución, ha sido analizada extensamente por el
Tribunal Supremo de Justicia, siendo calificada por la Sala Constitucional como una
Véase en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/abril/162860-245-9414-2014-14-0205.HTML Véase
también en Gaceta Oficial No. 40.391 de 10 de abril de 2014.
Véase en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/abril/162992-263-10414-2014-14-0194.HTML .
Véase en general, Antonieta Garrido de Cárdenas, “La naturaleza del debido proceso en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela de 1999”, en Revista de Derecho Constitucional, Nº 5 (julio-
diciembre), Editorial Sherwood, Caracas, 2001, pp. 89-116; Antonieta Garrido de Cárdenas, “El debido
proceso como derecho fundamental en la Constitución de 1999 y sus medios de protección”, en Bases y
principios del sistema constitucional venezolano (Ponencias del VII Congreso Venezolano de Derecho
Constitucional realizado en San Cristóbal del 21 al 23 de Noviembre de 2001), Volumen I, pp. 127-144.
por omisión de acciones tendentes a prevenir desórdenes públicos dentro del Municipio San Diego” 4 Véase sentencia Nº 123 de la Sala Constitucional (Caso: Sergio J. dictada a raíz de una la “acción autónoma de amparo constitucional para la defensa de derechos e intereses colectivos y difusos de la población venezolana”. 97 de 15 de marzo de 2000 (Caso: Agropecuaria Los Tres Rebeldes. MRI). en Revista de Derecho Público. N° 82. p. las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva. Nº 81. es decir.A. (Caso: Juan C.” condenado y encarcelado a los mismos por el “delito” de desacato de una decisión cautelar de amparo. Tránsito. Nº 81. violándose el derecho al juez natural. 143. conforme lo ha decidido Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Editorial Jurídica Venezolana. Alcalde del Municipio San Diego del estado Carabobo y de Salvatore Lucchese Scaletta Director General de la Policía Municipal de San Diego del estado Carabobo. Penal. 5 Por tanto. Caracas 2000. violándose el derecho a la presunción de inocencia. en sentencia No.” de manera que “cualquiera sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos. en la antes mencionada sentencia en el caso de Vicencio Scarano Spisso. configurada por un conjunto de derechos como son: el derecho al Juez natural (numeral 4 del artículo 49). el derecho a la presunción de inocencia (numeral 2 del artículo 49). intentada el 7 de marzo de 2014 por varias asociaciones y organizaciones contra dichos ciudadanos. 2000. el mismo derecho a la defensa. La inconstitucional “presunción” de desacato al mandamiento de amparo y su declaración final” Esas violaciones ocurrieron en particular. Editorial Jurídica Venezolana.“garantía suprema dentro de un Estado de Derecho”4. es precisamente un caso de violación flagrante del debido proceso. el derecho a ser oído (numeral 3 del artículo 49). a los Alcaldes de los Municipios San Diego del Estado Carabobo y San Cristóbal del Estado Táchira. vs. por ejemplo. sin proceso penal alguno cuando al tratarse de un hecho punible de acción pública se requería de la iniciativa del Ministerio Público. 5 Véase sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo en sentencia Nº 157 de 17 de febrero de 2000. Editorial Jurídica Venezolana. 136 ss 6 Véase en Revista de Derecho Público. el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (numeral 8 del artículo 49). el derecho a no confesarse culpable y no declarar contra sí misma (numeral 5 del artículo 49). p. Editorial Jurídica Venezolana. al haberse a “juzgado. Agrario. C.”6 En el caso del enjuiciamiento y condena sin proceso. y además. el derecho a la defensa y a ser informado de los cargos formulados (numeral 1 del artículo 49). Trabajo. Juzgado de Primera Instancia en lo Civil. Caracas 2000. el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa (numeral 1 del artículo 49). Pareja P. por un tribunal incompetente por no ser parte de la Jurisdicción penal. vs. de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas). en Revista de Derecho Público. Meléndez) de 17 de marzo de 2000. y el derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses del procesado (artículo 26 de la Constitución). (enero-marzo). 2 . Mercantil. “se denomina debido proceso a aquél proceso que reúna las garantías indispensables para que exista una tutela judicial efectiva. Caracas. mediante un procedimiento sumarísimo en el cual la Sala Constitucional actuó como juez y parte. al presumir la culpabilidad de los encausados. invirtiendo la carga de la prueba.
en su criterio.”y que “aun después de dictado el mandamiento de amparo cautelar se ha mantenido la abstención u omisión de los prenombrados ciudadanos en ejercer las competencias que por la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela le han sido atribuidas. si el mismo había sido desmentido por las personas implicadas en el hecho. ignorando sin embargo que en las mismas la propia Sala dispuso que la figura del “hecho público comunicacional” no podía invocarse como medio para eludir la carga probatoria.” Sobre el “hecho probado” la Sala Constitucional de nuevo ratificó que su sentencia No 138 de 17 de marzo de 2014. al final de la cual la Sala declaró “el desacato y sancionó a los nombrados ciudadanos a cumplir diez (10) meses y quince (15) días de prisión. la Sala concluyó que “quedó demostrada la falta de acatamiento del amparo cautelar dictado por esta Sala. en su recuento de las pruebas que hizo. en violación al derecho a la presunción de inocencia. tal como se expresa en esas sentencias. mediante sentencia N° 138. partiendo del contenido y de las órdenes impartidas en su “mandamiento de amparo constitucional cautelar” considerando que “en la audiencia de autos quedó demostrado que los demás cuerpos de seguridad del Estado no 3 . el cese en el ejercicio de los cargos públicos que ostentaban ambos ciudadanos. declarando que las pruebas apreciadas que “acreditaban” el “hecho notorio comunicacional”.”limitándose sólo a solicitar de “la Sala que haga lo conducente para que se cumpla el amparo.” promoviendo sin embargo los testimonios de cinco oficiales de la Guardia Nacional. eran los “imputados” quienes debían desvirtuarla. entre ellos de la representante del Ministerio Público (Roxana Orihuela) quien aclaró que ella no había venido a la misma “a imputar o acusar sino a que se restituya la situación jurídica infringida. “le dan certeza y convencimiento de que los ciudadanos Vicencio Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta son responsables del desacato al amparo cautelar decretado en sentencia dictada el 12 de marzo de 2014.” de manera que con base en ello. lo que apreció fue que las aportadas. no desvirtuaban esa ilegítima e inconstitucional “presunción” de culpabilidad que ella misma había construido y que a su juicio. con base en ello. declaró en la sentencia que fue “el hecho notorio comunicacional [el] que generó la presunción del desacato del fallo dictado por esta Sala Constitucional. del 17 de marzo de 2014.” de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. de las pruebas y de las exposiciones de los intervinientes en la misma. ratificada en la sentencia N° 280 del 28 de febrero de 2008 (caso: Laritza Marcano Gómez). la Sala advirtió el posible desacato del amparo cautelar impuesto. acordando además. había apelado a lo que “… por la prensa se ha difundido información de la que pudiera denotarse el presunto incumplimiento del mandato constitucional librado” lo que calificó como “un hecho notorio y comunicacional” en los términos expuestos en su de sus sentencias sentencia N° 98 del 15 de marzo de 2000 (caso: “Oscar Silva Hernández”). De ello concluyó entonces la Sala. quienes incumplieron las órdenes contenidas en el mismo.” Luego pasó la Sala a analizar “el derecho”. como estaba ya previsto. por parte de los encartados de autos. “en consecuencia. en las partes que la sala omitió transcribir.” Posteriormente. convocando a los demandados a audiencia pública que se efectuó el 19 de marzo de 2014. del 12 de marzo de 2014.” Después de hacer un recuento de la audiencia y su objeto. La Sala. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 136.” De todo ello.” pero no sin antes afirmar “Que todas estas acciones desestabilizadoras lo que persiguen es un golpe de estado. había admitido la acción y acordado una medida de “amparo constitucional cautelar.
además de poner en riesgo los derechos de la comunidad cuya protección motiva la presente sentencia. 253). la jurisdicción perdería la fuerza suficiente para cumplir las atribuciones que le asigna la Constitución y el resto del orden jurídico. de aplicar tal sanción en protección no sólo de los derechos que persigue tutelar mediante la misma y el proceso que la contiene. omitieron cumplir el mandamiento de amparo cautelar dictado por esta Sala mediante sentencia N° 136.” En razón de todo lo expuesto. con el revestimiento “a la jurisdicción de la fuerza coercitiva necesaria para que ello pueda materializarse de manera efectiva.” como resulta del citado artículo 31 de la Ley de Amparo. luego de constatar que el artículo 28 de la Ley de Amparo le atribuye potestad sancionatoria de arresto al juez de amparo . finalmente. […] ello no es determinante para privar al juzgador de amparo. en el sentido de que: “si bien no hace referencia expresa “al tribunal” como ente sancionador. en materia de prevención y control de acciones violentas. sin base legal alguna. del 12 de marzo de 2014. lo que pudo estimarse innecesario por parte del legislador.” ni de “evitar. para lo cual el ordenamiento jurídico dispone de mecanismos “expeditos y eficaces”.inconstitucional por lo demás – en casos de amparos temerarios. autoridad y adecuado acatamiento y funcionamiento.” De allí pasó la Sala. en los términos ordenados por este Máximo Tribunal de la República. la Sala consideró “de manera definitiva” que la conducta de los ciudadanos Vicencio Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta “encuadra en el supuesto de hecho del precepto establecido en el artículo 31 de la referida Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Sobre esta norma. 131. según la ley y el mandato de esta Sala. todo conforme a “lo previsto en los artículos 34. pues si no hubiere una reivindicación inmediata de la decisión adoptada. una sanción penal tipificada como delito con pena de prisión para quienes desacaten decisiones de amparo.” La consecuencia del desacato y la usurpación de la competencia de la jurisdicción penal por la Sala Constitucional Luego de declarar el desacato al mandamiento de amparo.tuvieron respuesta de la Policía y de la Alcaldía del Municipio San Diego. 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. como se ha visto. dejando 4 . después de considerar que los mencionados ciudadanos violaron los artículos 2. que sólo puede aplicarse por la Jurisdicción Penal. la obstrucción total y parcial de vías públicas en el territorio de ese Municipio. pasó a hacer una afirmación insólita. 132 de la Constitución. a constatar que la Constitución dispone que corresponde al poder Judicial “ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias” (art. artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia). la sala estimó “demostrado que los ciudadanos Vicencio Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta. contraviniendo lo resuelto por el más alto nivel de la administración de justicia (vid. sino también de la labor del juez y del sistema de administración de justicia. cuya decisión ha sido desacatada […].” y que “el Alcalde del Municipio San Diego del estado Carabobo no cumplió cabalmente con la inmediata remoción de los obstáculos ubicados en varias vías públicas que se encuentran en el Municipio. que prevé.” considerando en definitiva como co-responsable en esos hechos al ciudadano Salvatore Lucchese Scaletta. atentando contra su imagen.
se erige a sí misma. incluso. implicaría en si mismo “un desacato a la ley. el simple razonamiento en el cual cayó la Sala Constitucional. La pena accesoria de inhabilitación política. pasos a otras formas de control de los conflictos e interacciones sociales. 5 . al disponer que es una pena accesoria a la de prisión “la inhabilitación política durante el tiempo de la condena. necesita tener el poder de hacerlo que sólo la Ley le puede atribuir.” Lo cierto es que buenas intenciones o buenos deseos no pueden ser la premisa para que un juez de impartir justicia. su dimensión dogmática: valores. ante la Ley y la Constitución. derechos y garantías. razón simple por la cual concluyó imponiendo directamente a los mencionados ciudadanos la sanción de prisión en su término medio de diez (10) meses y quince (15) días. en la suprema hacedora de leyes.” representada por la propia Sala Constitucional. sino y sobre todo. la cual concluyó que “para garantizar los artículos 31 de la referida Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 253 de la Constitución. aún existiendo una norma como la del artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo. siendo que la misma obligatoria para todos. prevista en el mencionado artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo.” Pero es que el tema no es de buenos deseos o de buenas intenciones. por su propia voluntad. a la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional que había determinado que la imposición de dicha sanción es de la exclusiva competencia de los tribunales penales. aplicar una sanción penal por nincgún motivo ni siquiera por el desacato a sus decisiones.!! La Sala Constitucional en Venezuela. para lo cual no tenía competencia. y le impedía a la Sala aplicarla. Por ello. Ahora bien. la Sala pasó a pronunciarse “respecto de las accesorias de ley. y las Salas del Tribuna Supremo no son ni pueden ser la excepción. si lo estima iniciase la acción penal correspondiente. siendo que la sanción que impuso con usurpación de funciones. hecho que sin embargo no tuvo en cuenta la misma Sala Constitucional al imponer la pena principal. Ello por supuesto era totalmente contrario a la Constitución y a la ley e. que precisamente el legislador la reserva a la Jurisdicción penal. lo que podría hacer “completamente ilusorio el cumplimiento del mandamiento de amparo. Pero por lo visto eso no le importó a la Sala Constitucional: lo que el legislador disponía si era bueno para imponer una pena accesoria de inhabilitación política. sino que es de lo que la ley efectivamente establece. partiendo de lo dispuesto en el artículo 16 del Código Penal. por supuesto no le importó a la Sala Constitucional.” Para imponer esta pena accesoria sí se refirió la Sala Constitucional. en su argumentación. fue una de prisión. “subvirtieron la autoridad y el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. y a juicio de la Sala. Pero no.” reiteró en su sentencia que los ciudadanos Vicenso Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta “efectivamente incurrieron en desacato del mandamiento de amparo constitucional decretado” por ella misma. a que ello debía ser así porque su determinación “sólo le corresponde al legislador”.” como también lo sería el tener que dirigirse al Ministerio Público para que este. que no sólo pudieran contrariar la parte orgánica de la Constitución. al afirmar que el hecho de que la misma no tenga la posibilidad de sancionar los desacatos a sus mandamientos.” como si fuera un tribunal penal. pero de nada valía para impedir que pudiera imponer la pena principal. incluso para la Sala Constitucional. además de ello. y no hay ley alguna en Venezuela que permita a juez alguno distinto a los de la jurisdicción penal. principios. Pero ello.
para lo cual no tenía competencia alguna. Actuación que se desplegaba aun a pesar de haber podido comprobar el hecho del desacato por notoriedad comunicacional o por medios de prueba que constaban en la causa. todo el argumento subsiguiente de la Sala Constitucional en su sentencia. y que la misma había dictado conforme a dicha Ley. pues sus decisiones no tienen a nadie que las controle).” Frente a ello. 673 del 26 de marzo de 2002. implicaba que los mismos “están privados y cesaron en el ejercicio del cargo Alcalde del Municipio San Diego del estado Carabobo. en su defecto. respectivamente. a partir del día en que emitió el dispositivo de la sentencia. representante de la voluntad popular”. el día 19 de marzo de 2014. que es la que origina la accesoria. solicitara el sobreseimiento de la causa o archivara el expediente.” aplicando en consecuencia dichos efectos a los señores Vicenso Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta. al advertir el desacato. afirmó la Sala. se redujo a una rebuscado intento de ignorar su propia jurisprudencia. si así lo estimare. obtener otros cargos públicos o políticos y gozar del derecho activo y pasivo del sufragio. indicando que en este caso. ordenaba oficiar al Ministerio Público para que investigara si se cometió o no el desacato y. una medida de amparo cautelar. le había dado correctamente el tratamiento que se le da a los ilícitos penales. pasó entonces la Sala a referirse al artículo 24 del Código Penal que se refiere a los efectos de la inhabilitación política como pena accesoria a la de prisión. y Director de la Policía de ese Municipio. “en el sentido de que. entonces. que llevó a la misma Sala a afirmar que en este caso. De allí de este doble estándar del valor de la ley. en el sentido de que ”produce como efecto la privación de los cargos o empleos públicos o políticos. argumentando sobre la competencia para imponer dicha pena principal. acusara ante la jurisdicción penal o. que tenga el penado y la incapacidad durante la condena. 74 del 24 de enero de 2002 y No. la inhabilitación política que decretaba en contra de Vicenso Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta. que lo haga arbitrariamente. que la misma Sala “en algunas decisiones” citando las No. que su propia doctrina “no puede permanecer estática” cuando la Ley Orgánica de Amparo no establece “procedimiento alguno para la valoración preliminar del posible 6 . conforme a las previsiones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010. durante el cumplimiento de la sanción. Para imponer esta pena accesoria si lo basó la Sala Constitucional en “el irrevocable mandato de Ley” vinculado a “la voluntad del legislador. la demanda de amparo había sido intentada ante la propia Sala Constitucional en protección de derechos e intereses colectivos. y no podrán. lo cual sin embargo ignoró totalmente al imponer la pena principal. la llevó a tratar de justificar lo injustificable. para obtener otros y para el goce del derecho activo y pasivo del sufragio..” El intento de justificar lo injustificable: que un delito no es un delito y que una pena de prisión no es una pena “penal” La decisión de la Sala Constitucional en este caso. Así se decide. de aplicar estrictamente la Ley para imponer una pena accesoria pero ignorando lo que la ley dispone para aplicar la pena principal. que la Sala aplica sólo cuando le conviene (y nada importa. Por ello. Partiendo de esta premisa acomodaticia.
por más que la Sala la considere anacrónica. al contrario.. es totalmente inconsistente con el régimen de protección de la libertad individual. apeló entonces inconstitucionalmente a la previsión del artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo para “determinar el presunto incumplimiento al mandamiento de amparo cautelar decretado.incumplimiento de un mandamiento de amparo a efectos de su remisión al órgano competente. que garantiza que sólo mediante decisión de un juez penal se puede imponer una pena privativa de libertad como la de prisión.” citando así a los “encausados” a una audiencia oral en la cual no se garantizaron en forma alguna los principios del debido proceso legal. al no ser una pena. se aplicará el que exclusivamente las Salas de este Alto Tribunal juzguen más conveniente para la realización de la justicia. no era el “tratamiento jurídico que debe dársele al referido ilícito” penal. se le olvidó a la Sala que el arresto. “cuando en el ordenamiento jurídico no se preceptúe un proceso especial a seguir. y todo para tratar de tratar de justificar que en esos casos es el propio juez que lleva el proceso el que debe aplicar la sanción. que son entre otras. en tutela de intereses y derechos constitucionales. por más que la Sala pretenda decir que “que hoy día. tratando de justificar que la norma sancionatoria del artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo. siempre que tenga fundamento legal.a juicio de la Sala - cuando se trate de decisiones que “dicte este Máximo Tribunal de la República. es decir. fue que la Sala en su sentencia N° 138 del 17 de marzo de 2014. supuestamente. materialmente hablando. el Código Orgánico Procesal Penal. lo que por tanto no amerita aplicar las garantías del debido proceso. [el arresto] no reporta mayores diferencias con la prisión. considerando que la Ley del Tribunal Supremo era de 2010 y que aplicar la ley. por lo que la pena de “prisión” impuesta por desacato de una medida de amparo. sí hay diferencia.” Ello es cierto.” A la luz de toda la doctrina citada y copiada en la sentencia.” pasando luego a apelar al expediente de que conforme al articulo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010.” O sea que de acuerdo con la Sala. y a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.” Todo ello. una tipificación de una conducta en una norma legal como “delito. condenarlos y encarcelarlos ipso facto. máxime . como se lo exigía el poder político. En este marco de ignorancia deliberada de lo que la ley establecía. no conlleva la pena accesoria de inhabilitación 7 .” ignorando por supuesto.” Por lo demás. que en materia de aplicación de una pena de prisión como pena principal. “carece de carácter penal” porque ninguna norma la califica como “ilícito penal. a declarar su culpabilidad. sí hay un procedimiento establecido que es el del Código Orgánico Procesal Penal a ser desarrollado exclusivamente por los tribunales de la Jurisdicción penal.” Y todo ello.” no sería un “delito. tiene carácter penal.” sino quién sabe qué otra cosa. siendo absolutamente falaz la argumentación que hizo la Sala Constitucional en su sentencia de que “no toda norma que contenga sanciones restrictivas de la libertad es necesariamente una norma penal.” pues no es una simple sanción a una “desobediencia o conducta indebida ante un tribunal. por supuesto. para proceder de inmediato. siempre. sólo referido a las sanciones de “arresto” establecida como sanción administrativa (incluso la impuesta por autoridades judiciales) - de dudosa constitucionalidad por cierto . en un solo acto y momento en el cual supuestamente podían exponer “los argumentos que a bien tuvieren en su defensa. el derecho al juez natural (jurisdicción penal).” sancionado con pena de “prisión.” que siempre. sí es una sanción que pertenece “al derecho penal” y no simplemente “al derecho público. a pesar de que fija un tipo delictivo de desacato y una sanción penal de prisión. pero simplemente no es cierto si se refiere a la pena de “prisión.
ve/decisiones/scon/julio/1013- 11712-2012-2011-1466. el carácter delictual del mismo. al considerar que es dicha jurisdicción. hacer referencia y copiar su más reciente sentencia en la materia que fue la N° 1013 de 11 de julio de de 2012. considerándolo como “una intervención jurisdiccional absolutamente legítima. ha señalado este Alto Tribunal que dado. en relación con el desacato.” y pretender “asimilar” la sanción penal al desacato en materia de amparo y la sanción penal de prisión. la calificación que de este delito se haga “le compete al Tribunal Penal. Así lo ha ratificado la jurisprudencia. y esto es propio de la jurisdicción penal.”. en la cual “expresamente se estableció lo siguiente sobre lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: “ha sido criterio de la Sala que lo señalado en el artículo anteriormente transcrito se trata de una pena corporal que se prescribe para toda aquella persona que incurra en el supuesto de desacato del contenido de un mandamiento de amparo. conforme al artículo 31 ejusdem.. Después de estos argumentos contradictorios.tsj. En sentencia del 31 de mayo de 2001 (Caso: Aracelis del Valle Urdaneta) la Sala dijo: “(. la encargada de conocer las causas iniciadas por incumplimiento de mandamiento de amparo. en http://www. la jurisprudencia citada dispuso que: “al alegarse el incumplimiento del mandamiento de amparo constitucional dictado por el Juez. sin seguir el debido proceso penal.gov. a las que se refirió la sentencia de la Sala No. Sentencias de la Sala Político-Administrativa del 7 de noviembre de 1995: Caso Rafael A.7 7 Véase Caso Ramón Isidro Nava Aponcio. en cambio la pena de prisión sí la conlleva. no es el competente para realizar la calificación jurídica del mencionado incumplimiento. a las simples sanciones administrativas y jurisdiccionales de arresto que prevén muchas normas del ordenamiento procesal aplicables por los propios jueces. de derecho penal. Se le olvidó a la Sala Constitucional.) Ahora bien. Por esta razón. 1184 del 22 de septiembre de 2009.” y sobre “la presencia de tal ilícito en una ley no penal” como la Ley Orgánica de Amparo. a la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo. No se entiende entonces cómo la Sala puede empeñarse en negarle el carácter de pena. la argumentación de la Sala se quedó en rumiar sobre lo ineficaz que sería “la intervención penal en el caso del desacato de amparo. sin embargo. Rivas Ostos y del 11 de marzo de 1999: Caso Angel Ramón Navas).política. en la cual cita a su vez la sentencia N° 341 de 1º de marzo de 2007 y otras decisiones anteriores.” como la de prisión.. en el contexto del debido proceso con la garantía del derecho a la defensa (artículo 68 de la Constitución)” (Vid. como la propia Sala lo ha aplicado en este caso. y todo para justificar el inconstitucional procedimiento establecido en su decisión para juzgar y condenar por tal delito de desacato.HTML 8 . que la Sala copió extensamente (diez páginas) en su sentencia. el Tribunal que actuó en la causa. pero a la vez empeñarse en aplicarle la pena accesoria de inhabilitación política que sólo procede cuando hay una “pena (penal) principal.
concluyó afirmando que con la decisión ahora adoptada por ella misma de condenar y encarcelar a un Alcalde y a un alto funcionario municipal por el “delito” de desacato de una sentencia de amparo que según su propia calificación es un delito “de acción pública.HTML 9 . la única forma de quitarle el carácter penal al supuesto “ilícito judicial constitucional de desacato” que no es nada más que en palabras de la corte “un hecho punible de acción pública” es mediante una reforma de la ley.tsj. impone una sanción penal como pena principal (pena de prisión). concluye que ello lo ha hecho “en ejercicio de la potestad sancionatoria de la jurisdicción constitucional. la ley (artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo). en http://www. Por tanto.” imponerles una “pena de prisión” como “pena principal.gov. en estos casos. juzga un ilícito penal sin proceso penal alguno. es decir. Y además. y con toda desfachatez. y ordena remitir copia certificada del mencionado escrito a la Fiscalía General de la República a los fines de que se inicie la investigación correspondiente.” y además la “pena accesoria” de inhabilitación política. para justificar la inconstitucionalidad cometida. tipifica un “hecho punible de acción pública.” se requiere texto legal expreso que la regule." 8 Por todo ello.con ello dijo. y no mediante una sentencia de la Sala Constitucional. esta Sala se declara incompetente para conocer del mismo.: “la Sala no pretende juzgar ilícito penal alguno vinculado a esta causa.” decidió en el caso que conocía en apelación. al contrario de su propia doctrina. y. que la Corte de Apelaciones que había actuado aplicando la mencionada norma. e inhabilita políticamente a los condenados (pena accesoria a la principal). pues lo que está siendo objeto de decisión es si hubo o no desacato a la decisión que dictó. “no es el competente para realizar la calificación jurídica del mencionado incumplimiento” del mandamiento de amparo constitucional. de la policía de investigación penal y de la jurisdicción penal (stricto sensu). igualmente decidió: “en aplicación de la jurisprudencia precedente y por cuanto en el escrito contentivo de la solicitud que dio origen al recurso de apelación la solicitante imputó la comisión de un hecho punible de acción pública como lo es el desacato.” O sea que la Sala Constitucional sin garantizar en forma alguna el debido proceso. dice que no se está juzgando ilícito penal alguno vinculado a la causa.” Aparte de que para que exista una “potestad sancionatoria de la jurisdicción constitucional. previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. . la jurisprudencia constante de la Sala Constitucional había sido la de considerar que como el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo prevé un delito sancionado con pena de prisión. razón por la cual. no puede sino causar asombro cómo la Sala Constitucional en la sentencia que comentamos del caso del Alcalde de san Diego. dijo la Sala.” que supuestamente “no se contrapone a la competencia penal del Ministerio Público. imponer la consecuencia jurídica que le obliga atribuir. 8 Véase Caso Ramón Isidro Nava Aponcio.ve/decisiones/scon/julio/1013- 11712-2012-2011-1466. al haberlo corroborado. la cual no se extiende hasta este ilícito judicial constitucional de desacato.
que lo que quería era que “se restituya la situación jurídica infringida. al iniciar de oficio un proceso penal de un delito de acción pública.” para que allí expusieran “los argumentos que a bien tuvieren en su defensa. actuando por tanto como “juez y parte”. sin que haya habido proceso iniciado por el Ministerio Público quien tiene el monopolio de iniciar los procesos penales en estos casos. por la comisión de un hecho punible de acción pública. hasta el momento inmediatamente anterior al pronunciamiento del dispositivo. lo que por supuesto no podía hacer sino ante la Jurisdicción Penal con las debidas garantías en aplicación del Código Orgánico Procesal Penal. en realidad. violó abiertamente todos los principios del debido proceso que regula el artículo 49 de la Constitución: violó el derecho a la defensa al desarrollar un procedimiento sumario “presumiendo la culpabilidad” de los funcionarios por unas informaciones de prensa.” La decisión de la Sala Constitucional. lo que antes había dicho era lo contrario. respetando en todo instante. sin percatarse que era ella precisamente la representante del Ministerio Público . como para poder defenderse. que en la misma sentencia. sin aportar prueba alguna contra ellos.” a nadie.” Con eso. aún cuando la presencia pasiva de la representante del Ministerio Público en la audiencia pública avaló el inconstitucional procedimiento. violó la garantía del juez natural. Para tratar de justificar estas violaciones. violó abiertamente la garantía de la presunción de inocencia. al usurpar con su decisión las competencias exclusivas de los tribunales de la Jurisdicción penal. “que haga lo conducente para que se cumpla el amparo. y en fin violó la esencia misma de la justicia. Como se indicó en la propia sentencia. la Sala Constitucional se limitó a afirmar que los “encausados” sabían del “contenido de este ilícito judicial” porque se los había convocado a una audiencia. Pero en lugar de denunciar la inconstitucionalidad que la Sala estaba en proceso de cometer.” del “presunto incumplimiento del mandato constitucional librado en la sentencia N° 136 de 12 de marzo de 2014.” No se percató la Sala. lo que simplemente expresó – como cualquier ciudadano. y que en materia penal se produce entre el Ministerio Público y los acusados. en este caso. que sólo un juez penal puede juzgar. violó la garantía de imparcialidad de la justicia.Las violaciones a las garantías del debido proceso: violación al derecho a la presunción de inocencia No es más que una flagrante violación del debido proceso la que cometió en este caso la Sala Constitucional. se actuó: “en garantía a los derechos a ser oídos y al debido proceso que les asisten. simplemente informándoles que se había obtenido “información por notoriedad comunicacional. aplicándoles una pena de prisión prevista en la Ley Orgánica de Amparo y una pena accesoria de inhabilitación política prevista en el Código Penal.” limitándose a solicitarle a la Sala. quienes sin embargo. en el cual procedió a condenar y encarcelar a unos funcionarios públicos. al “presumir” más buen la culpabilidad de los encausados. y condenar y encarcelar por un hecho punible a unos funcionarios públicos. la misma se cuidó de precisar que ella no había ido a la misma “a imputar o acusar. dijo la Sala. violó la garantía de la doble instancia que tofo proceso penal en el cual se condene a alguien. el derecho a la presunción de inocencia. pero sin haber “acusado” a nadie de delito. al erigirse en parte “acusadora” de una parodia de “proceso penal” que ella misma juzgó. no habían sido “imputadas” o “ acusadas” formalmente. y sin haber desarrollado un verdadero proceso judicial entre partes. con las garantías del contradictorio. que un “el hecho notorio comunicacional” era el que había generado “la 10 .
Las violaciones a las garantías del debido proceso: violación al derecho a la presunción de inocencia Otra violación flagrante al debido proceso en este caso. lo que apreció fue que las mismas no desvirtuaban esa ilegítima e inconstitucional “presunción” de culpabilidad que ella misma había construido y que a su juicio. pp.A. Revista de Derecho Público. fue la violación de la garantía al juez natural. 10 Véase TSJ-SPA (2189) 5-10-2006.presunción del desacato del fallo dictado por esta Sala Constitucional.” afirmando que “en ambos procesos el único interés 9 Véase TSJ-SPA (5907) 13-10-2005. N° 104. Caracas 2006. como ha ocurrido en este caso del Alcalde del Municipio San Diego. Sin embargo. Caso: Sociedad Williams Enbeidge & Compañía (SWEC) vs. Ministerio de Finanzas. N° 108. en el recuento de las pruebas presentadas que hizo la propia sala en el texto de la sentencia. que en este caso. vs. la “Sala no sólo es el juez natural de la causa en la que dictó el amparo cautelar sino también en la presente incidencia. Caso: Seguros Altamira. eran los “imputados” quienes debían desvirtuarla. al haberse dictado una sentencia de condena penal por un tribunal incompetente para ello como lo es la Sala Constitucional. es una violación flagrante de dicho derecho.”9 lo que implica el “derecho a no sufrir sanción que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad. Editorial Jurídica Venezolana . de derecho y de la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo. Afirmar por tanto en la sentencia que a los encausados supuestamente se les respetó el derecho a la presunción de inocencia “hasta el momento inmediatamente anterior al pronunciamiento del dispositivo. la oportunidad de utilizar todos los elementos probatorios que respalden las defensas que considere pertinente esgrimir. Ministerio de Energía y Minas. Revista de Derecho Público. 81-82. Revista de Derecho Público. Debe recordársele a la Sala Constitucional. Ministerio de la Producción y el Comercio. p. Caracas 2005. Editorial Jurídica Venezolana.” de manera que con base en ello. que como lo precisó la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo.”10 En otros términos. “la presunción de inocencia debe abarcar todas las etapas del procedimiento sancionatorio. y ello implica que se de al investigado la posibilidad de conocer los hechos que se le imputan. en otro intento de justificar las violaciones cometidas al debido proceso. “la presunción de inocencia es el derecho que tiene toda persona de ser considerada inocente mientras no se pruebe lo contrario. se le garantice la existencia de un contradictorio.. sin pudor alguno. sin actividad probatoria previa y sin competencia jurisdiccional para ello.”11 Por tanto. presumiéndolo desde el inicio como culpable. 11 Véase TSJ-SPA (2673) 28-11-2006. 90-91. la Sala Constitucional afirmó en la sentencia que comentamos. vs. en efecto.” no es más que una burla que la Sala se hace de sí misma. en violación al derecho a la presunción de inocencia. Editorial Jurídica Venezolana. principios y garantías que son inmanentes al debido proceso. el cual formando parte de los derechos. y una resolución precedida de la correspondiente actividad probatoria a partir de la cual pueda el órgano competente fundamentar un juicio razonable de culpabilidad. C.A. 91. pp. N° 108. Caso: Administradora Convida C. 11 . Caracas 2006. condenar a alguien por un delito.
el que entonces tendría competencia para juzgar y condenar al presunto delincuente por la misma. 188-189. aplicando la misma fraseología que usó la Sala Constitucional en su sentencia.por la jurisdicción. conforme a lo decidido por la sala. simplemente después de presumirlos culpables. declarando falsamente o excusándose de comparecer sin motivo justificado en el proceso civil y su incidencia.”12 Es decir.de esta Sala estriba en la Administración de Justicia. imparcial y competente […] y tutela judicial efectiva). “debidamente ejecutada –como toda sanción judicial. por supuesto. y un testigo o uno expertos llamados por la autoridad judicial comete un delito contra la administración de justicia. y ante una sanción impuesta por la jurisdicción. en primer lugar. aquél al que le corresponde el conocimiento según las normas vigentes con anterioridad. en segundo lugar. conforme a la norma vigente y válida prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo.” siendo supuestamente por ello. conforme al absurdo criterio de la Sala Constitucional sería el propio el juez civil como supuesto “juez natural de la causa” en la cual se dictó la medida cautelar. sería una aberración jurídica. En ese absurdo ejemplo. 239 y 243). N° 69-70.” afirmando pura y simplemente que los “atributos en general de las garantías constitucionales del juez natural se mantienen incólumes (artículo 49. en el hipotético caso. entonces. entonces se estaría “ante un ilícito judicial” cuya “conducta típica y sanción están descritas con precisión en la ley (principios de legalidad y reserva de ley). Ello. Esto supone.” y todo ello “a partir de una interpretación garantista” (en la absurda hipótesis de los artículos 239 o 243 del Código Penal) . que son delitos tipificados y penados en el Código Penal (arts. que “es el Tribunal que debe declarar el desacato a la decisión que dictó y sancionar la conducta contraria a esta última. ello es lo mismo que decir que si en el curso de un proceso civil ante un juez de instancia surge una incidencia con motivo de una medida cautelar por ejemplo de prohibición de enajenar y gravar una propiedad. a juicio de la propia Sala Constitucional. básicamente en la necesidad de que el proceso sea decidido por el juez ordinario predeterminado en la ley. Caracas 1997 pp.” concretamente. que no son culpables. al cual ésta le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial. que esta lo haya investido de autoridad con 12 Así lo estableció desde hace lustros la antigua CSJ-SPA (234) 8-5-97. 12 . Esto es. quizás la Sala pudiera llegar a afirmar que en ese hipotético caso. el que luego de interpretar que la pena por dichos delitos de falso testimonio o excusa sin justificación en el curso de un juicio sería una “sanción judicial”. Revista de Derecho Público.” O sea. como la falsificación se habría cometido en el curso de un proceso civil. llamándolos a una audiencia para que pruebe. sin embargo. pues el juez natural para juzgar cualquier delito es el juez penal preexistente en la Jurisdicción penal. juez natural –preexistente al hecho. que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica. sin proceso.” Este ejemplo muestra en realidad que la argumentación de la Sala parece no haber tomado en cuenta que juez natural es el “órgano judicial creado por la Ley. ante un proceso con todas las garantías orientado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos (principios de exclusividad procesal y debido proceso). supuestamente. Editorial Jurídica Venezolana .4 del Texto Fundamental). por la Jurisdicción Civil “(principios de exclusividad judicial. “el derecho al juez natural consiste.
N° 89-90/ 91-92. territorial y funcional. Editorial Jurídica Venezolana. Revista de Derecho Público. que la garantía exige que “se asegure la presencia de un juez competente de acuerdo a factores preestablecidos por la ley. al usurpar la competencia del juez natural y aplicar una sanción penal a u hecho punible de acción pública. pp. la garantía del juez natural puede expresarse diciendo que es la garantía de que la causa sea resuelta por el juez competente o por quien funcionalmente haga sus veces. de orden material. que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional para el caso. Caracas 2000.”13 Por tanto. 14 Véase TSJ-SC (144) 24-3-2000. 150 y ss. en otra sentencia. en cuanto a la competencia por la materia. que el Tribunal esté correctamente constituido. como lo resolvió la Sala Político Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia. Caso: Interpretación del artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Editorial Jurídica Venezolana . en tercer lugar. pp. vs. 265 y ss. Revista de Derecho Público. siguiéndose en cada caso concretó el procedimiento legalmente establecido para la designación de sus miembros. 15 Véase TSJ-SC (3167)9-12-2002. Revista de Derecho Público. 13 . 87-88. vale decir. N° 47. pp. Caracas 2000. que la composición del órgano jurisdiccional sea determinado en la Ley. es que “la infracción a un factor de competencia de orden absoluto como lo son la competencia por la materia y la funcional – inderogables por las partes – acarrea la nulidad absoluta de lo actuado. En síntesis.A. en cuarto lugar. plantea el problema de las consecuencias que tiene en la sentencia dictada. Caso: Mercantil Internacional.” De lo anterior concluyó la propia Sala Constitucional que “esta garantía judicial es una de las claves de la convivencia social y por ello confluyen en ella la condición de derecho humano de jerarquía constitucional y de disposición de orden público. sin proceso ni competencia para ello. Caracas 2002. Caso: Universidad Pedagógica Experimental Libertador vs.” de manera que “el órgano que ejerce la jurisdicción. Editorial Jurídica Venezolana. pp.” 14 insistiendo. Decisión Juzgado Superior. La consecuencia de ello. Revista de Derecho Público. y. N° 81. 16 Véase CSJ-SPA (332) 04-07-91. la violación del orden público constitucional.”16 En otras palabras. Decisión Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. como la propia Sala Constitucional lo ha argumentado: “La infracción de la garantía del Juez Natural. C. 123 y ss. en todo caso. constatar que no intervinieron en su formación los jueces predeterminados en la Ley o dictado en un 13 Véase TSJ-SC (520) 7-6-2000.”15 Y ha sido precisamente esa garantía la que ha sido violada por la propia Sala en este caso. es por excelencia el juez natural de las personas que tengan que ventilar litigios relativos a esas materias”. anterioridad al hecho motivador de la actuación y proceso judicial. sobre la garantía del juez natural ha sido en la propia doctrina jurisprudencial de la Sala donde ha establecido que son jueces naturales sólo “los jueces a quienes la ley ha facultado para juzgar a las personas en los asuntos correspondientes a las actividades que legalmente pueden conocer. entendido el orden público como un valor destinado a mantener la armonía necesaria y básica para el desarrollo e integración de la sociedad. pues constituye violación a un presupuesto esencial del acto procesal (artículo 206 del Código de Procedimiento Civil). N° 82. Es decir. el cual “debe existir como órgano jurisdiccional con anterioridad a los hechos litigiosos sin que pueda crearse un órgano jurisdiccional para conocer únicamente dichos hechos después de ocurridos. 1991. qué efectos produce en el fallo proferido.
hace inexistente la actividad jurisdiccional. como los previstos en el artículo 266.” Efectivamente. procedimiento en el cual no se siguieron las reglas previstas en la ley. Esta declaración. con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley”. accidentales o temporales. Revista de Derecho Público.3 de la Constitución y en el artículo24. en el que se declara que no se considerará como sentencia ni se ejecutará. 265 y ss. en aquellos casos en los cuales la Constitución o la ley atribuyan expresamente al Tribunal Supremo. […] pone de relieve que el incumplimiento de la garantía del juez predeterminado en la Ley lo que incluye su legítima constitución. y la garantía constitucional de las personas que ratifica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el sentido del 17 Véase TSJ-SC (520) 7-6-2000. La forma de evadir esta limitación constitucional. a los dos artículos citados. y no otro. No otra cosa resulta de la norma. o sus Salas. siendo engañosa la referencia que hizo la Sala en su sentencia. Editorial Jurídica Venezolana.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo. la sala Constitucional se refirió al “principio de la doble instancia. los artículos 335 Constitucional y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia). citando lo decidido por la Sala Plena en sentencia N° 1684 del 4 de noviembre de 2008). luego de realizado el correspondiente antejuicio de mérito (A ello incluso se refirió la Sala. Ello lo único que implica es que habría una excepción al derecho a la doble instancia. vs. para efectuar la sustitución de los jueces por sus ausencias absolutas. 14 .”17 Y ese. siguiendo en su fallido intento de justificar lo injustificable en materia de violación de las garantías al debido proceso.” afirmando simplemente que el mismo “al igual que la gran mayoría de los axiomas jurídicos.. N° 82. que comentamos. establece el parámetro exacto de la posible limitación a dicho derecho constitucional. pp. en los cuales habría supuestas excepciones al principio. C. dentro de la propia Constitución (vid. la potestad jurisdiccional de condenar a alguien por algún delito. al disponer el artículo 49. que la Sala cita.1 de la Constitución. pues en los mismos lo único que se dice es que las decisiones del Tribunal Supremo no está sujetas a recurso alguno pues no hay tribunal superior al mismo. y es que en la propia Constitución o en la Ley establezcan expresamente la excepción. que como la propia Sala Constitucional lo ha argumentado en su doctrina jurisprudencial. Caso: Mercantil Internacional. Las violaciones a las garantías del debido proceso: violación al derecho a la doble instancia Por último. Decisión Juzgado Superior. es el vicio que acompaña a la sentencia de condena y encarcelamiento del Alcalde de San Diego. La respuesta se encuentra en el artículo 246 del Código de Procedimiento Civil.A. inclusive. la decisión a cuyo pronunciamiento aparezca que no han concurrido todos los jueces llamados por la ley. entre otros. que “Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo. no son absolutos y encuentran excepciones. Caracas 2000. pues sólo puede dictar la sentencia quien tiene en la normativa vigente y de acuerdo a las reglas establecidas en ella la responsabilidad de administrar justicia. simplemente debe considerarse como inexistente.
y que la Sala estaba obligada a interpretar conforme al principio de la progresividad como se lo imponía el artículo 19 de la Constitución. según las cuales un ciudadano debe ser notificado de lo que se le investiga. y por tanto “no existe” el derecho humano garantizado en la Constitución respecto de la Sala. estableciendo “con criterio vinculante”: “el carácter jurisdiccional constitucional de la norma establecida en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. pues el desacato de un amparo no es un delito. es absolutamente evidente la imposibilidad constitucional y legal de recurrir de la sanción de la jurisdicción constitucional. ello para garantizar el objeto y la finalidad de esa norma y. Por lo tanto. el periodista Juan Francisco Alonso. las reglas del proceso penal y de la ejecución penal no tienen cabida en este ámbito (fijación de la competencia territorial respecto de la ejecución. el orden jurídico y social. junto a los demás valores e intereses constitucionales vinculados a éstos. porque supuestamente. se le debe garantizar el derecho a la defensa y a que una eventual condena sea revisada por una instancia de alzada? No. el funcionamiento del Estado. que esta Sala debe imponer a los responsables de autos. según el fallo redactado y firmado por los magistrados Gladys Gutiérrez (presidenta).” En definitiva. Francisco Carrasquero. por tanto.” “reformando” ilegítimamente el texto de la ley Orgánica. la convivencia ciudadana pacífica y el bienestar del Pueblo. / Asimismo dejaron en claro que el criterio que durante 12 años vinieron manteniendo. después de todos estos argumentos para justificar lo injustificable. Luisa Estella Morales.derecho de “toda persona declarada culpable de un delito […] a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior” (art. la ética.com/nacional-y-politica/140410/sala-constitucional- tambien-puede-enviar-gente-a-la-carcel 15 .18 De allí concluyó la Sala olímpicamente que como “el caso de autos no es penal. Así se declara.” Y de allí la lapidaria conclusión a la que llegó la Sala Constitucional al barrer de un plumazo el derecho constitucional a la doble instancia. es "anacrónica" e "ineficaz". se preguntó: “¿Pero esto no viola las normas básicas del proceso penal. sino una infracción judicial y el procedimiento para determinar que uno incurrió en esta infracción no es un juicio. Véase El Universal.” y sólo en los casos penales existe la garantía de la doble instancia. con razón. 14. la administración pública. como ocurre en este asunto.eluniversal. intervención 18 Por ello. en la reseña hecha en el diario El Universal sobre lo decidido por la Sala Constitucional. y poner fin a cualquier discusión en la materia. resolviendo que: “En razón de lo antes expuesto. no vulneraría el principio de la doble instancia. según el cual un eventual incumplimiento de un mandato de amparo debía ser analizado por el Ministerio Público para que éste decidiera acusaba o no su presunto ejecutor. “cuando ejerciere su potestad sancionatoria constitucional.” como ella mismo lo había decidido anteriormente. el respeto a la administración de justicia. de nuevo fue simplemente ignorar que lo que establece el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo es un delito” de acción pública” cuyo juzgamiento correspondía a la “jurisdicción penal. y convertirlo en una simple “sanción judicial. al decidir esto la Sala Constitucional entonces “no existe” un tribunal superior. Caracas 10 de abril de 2014. Marco Tulio Dugarte y Juan José Mendoza. para proteger los valores que ella persigue tutelar: los derechos y garantías constitucionales.5). Arcadio Delgado. la Sala Constitucional procedió a “reformar” lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo. en http://www. y en virtud de la necesidad que tenía de enjuiciar y encarcelar a dos alcaldes de oposición en un momento particular de crisis política y manifestaciones callejeras. Carmen Zuleta.
Así se decide. policial y de la jurisdicción penal –la cual. el cual en esencia para lo que interesa respecto del fallo. para obtener otros y para el goce del derecho activo y pasivo del sufragio. Pero ello por lo visto tampoco le importa a la Sala Constitucional. ignorando que ya había impuesto al Alcalde una “pena accesoria” a una “pena principal” conforme al Código Penal. finalizó con unas consideraciones sobre los efectos de la misma al argumentar sobre “la ausencia absoluta. en el sentido de que ”produce como efecto la privación de los cargos o empleos públicos o políticos. que al establecer una que interpretación vinculante de una norma legal. Para ello. así ello sea inconstitucional. La inhabilitación política. que sólo está facultada para establecer interpretaciones “vinculantes” respecto de normas y principios constitucionales (art. entre ellas. suspensión condicional de la pena. Vincencio Scarano. y el cese de funciones públicas y consecuencias Por último. que se refiere a las ausencias temporales y absolutas de los alcaldes. valga insistir. la Sala Constitucional en su sentencia.” pasando a referirse al artículo 24 del Código Penal que establece los efectos de la misma. encuentra su último control constitucional en esta Sala-. a partir del día en que emitió el dispositivo de la sentencia. la renuncia. simplemente puede hacer lo que políticamente le venga en ganas. “la inhabilitación política durante el tiempo de la condena. y segundo. fiscal. fórmulas alternas de cumplimiento de la pena. Sin embargo. certificada por una junta médica. la incapacidad física o mental permanente. como Alcalde del Municipio San Diego del estado Carabobo a partir de la fecha “en que se celebró la presente audiencia y se dictó el dispositivo de esta sentencia firme. que también ignoró la Sala. Como sus decisiones no pueden ser controladas y no hay nadie que las controle.” aplicando en consecuencia dichos efectos a los señores Vicenso Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta. que tenga el penado y la incapacidad durante la condena. por sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República y por revocatoria del 16 . más allá de lo que estime racionalmente esta Sala. al implicar una reforma de la norma. la misma. se dispone que las “faltas absolutas” sólo pueden ocurrir por “la muerte.” ¿Que más se puede decir frente a una decisión tan inconstitucional como voluntarísta? Nada más que el juez constitucional en Venezuela perdió la brújula en su misión de ser el máximo interprete de la Constitución. aplicándole los efectos dispuestos en el mismo. procedió a aplicarle “las accesorias de ley” conforme al artículo 16 del Código Penal. 335). de caras al cumplimiento del carácter retributivo. sobre todo al habérsele olvidado. entre otras tantas). la ausencia absoluta. reflexivo y preventivo de la misma y cualquier otra circunstancia que encuentre sustento en el texto fundamental. pasó a hacer caso omiso a sus propias consideraciones. y el cese de funciones públicas y consecuencias” en relación con el Sr. hizo caso omiso al hecho de que como si hubiera sido un tribunal penal (que luego negó). sin embargo. y al final de su sentencia se fue a analizar el artículo 87 de la Ley Orgánica de Poder Público Municipal. ignorando lo que antes había decidido en el texto de la misma sentencia. el día 19 de marzo de 2014. luego de haberle impuesto al Alcalde una “pena principal” (prisión). y sólo se podría aplicar hacia el futuro. primero. no podría tener nunca efectos retroactivos conforme a la garantía del artículo 24 de la Constitución. respecto de desacatos futuros de mandamientos de amparo.
la independencia nacional.” el mismo no tiene competencia para condenar penalmente en única instancia a un Alcalde. por los posibles atentados penalmente relevantes contra el libre tránsito.” blandiendo la “espada de Damocles” de un sumarísimo enjuiciamiento. Con una sentencia firme sancionatoria dictada usurpando la jurisdicción penal.” conforme alo dispuesto en el mencionado artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. en la fecha que fije el organismo electoral competente. el 9 de abril de 2014. se debía encargar de la Alcaldía el Presidente del Concejo Municipal del Municipio. es que ello podría producir los efectos del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. el patrimonio público y privado. antes de que la sala Constitucional modificara la ley con esta sentencia.” lo que casual y coordinadamente fijó el Consejo nacional Electoral el mismo día de publicarse la sentencia. en grado de co-intervención o co-participación. entre otros que también han podido lesionar o poner en peligro pequeños grupos de personas. pero para que persiguiera las conductas que pudieran haber vulnerado los intereses tutelados por el Código Penal y otras leyes penales. y. que en algunos Municipios del país han venido generando hechos de violencia que. En este caso. entre otros tantos) sino también colectivos. conforme a las normas que regulan ambos casos: por un tribunal penal “competente” para dictar la sentencia firme en un proceso penal con las debidas garantías. inclusive. simplemente no se puede producir “la materialización jurídica de la falta absoluta del Alcalde del Municipio San Diego del Estado Carabobo. cuando se trata de que quien decide es el “máximo intérprete y garante” de la Constitución. Eso es lo que precisamente implica “contrariar tanto la Constitución como la propia jurisprudencia de la Sala. y menos que la misma Sala disponga que en el caso decidido. Y por si no fuera poco. finalizó la Sala remitiendo los autos al Ministerio Público. por lo menos. procedió a “extenderle” al mismo “el amparo cautelar dictado en la presente causa.” Llegando incluso a afirmar que esos atentados 17 . en algunos casos. por cuanto el Alcalde Vincencio Scarano no habría cumplido la mitad de su período legal. han generado terror en la población. al considerar que como consecuencia de su inconstitucional decisión. esas minucias del principio de legalidad parecen no importar. la Sala Constitucional. condena y encarcelamiento como el ya ocurrido con el Alcalde electo. Sólo en esos casos es que puede haber falta absoluta de un alcalde electo. Solo una sentencia dictada por un tribunal penal competente. a pesar de que la sentencia firme haya sido decretada por “el más alto tribunal de la República.mandato. así la distorsione. respecto de: “los ciudadanos aquí sancionados y a otras personas. inclusive en comisión por omisión.” como en nuestro criterio ha ocurrido en este caso. el medioambiente. inclusive. Pero de nuevo.” las dos últimas. a juicio de la Sala. De paso. no sólo han vulnerado derechos humanos individuales (incluyendo la vida. y sólo en esos casos es que se pueden aplicar los efectos de convocar una nueva elección si la ausencia absoluta se produce antes de cumplir la mitad de su período legal. e. la seguridad de la Nación. e imponerle una pena de prisión y una pena accesoria de inhabilitación política. entonces “debe procederse a una nueva elección para proclamar al nuevo Alcalde. la paz social e. y conforme al procedimiento de referendo de revocación de mandatos populares que prevé la Constitución. en especial ciertos voceros. el orden público. ahora sí. cuando aparezcan noticias de prensa que hagan presumir un desacato. por más que sea dictada por la Sala Constitucional. los Poderes Públicos.
despojándolos inconstitucionalmente del mismo. “probablemente.”19 Quizás por ello. por lo que no es de extrañar las palabras que dijo el Alcalde Ceballos de San Cristóbal en la propia audiencia ante la Sala Constitucional el 25 de marzo de 2014. y todo porque el máximo intérprete y garante de la Constitución no tiene quien lo controle. porque a su ver y entender no respeta ninguna regla constitucional ni derecho a la defensa. Todo parece responder a un libreto predeterminado de con un golpe más. contra el ejercicio de la libertad de expresión del pensamiento por parte del Alcalde.” Como se dijo. sin debido proceso.” de esa Sala. Quizás fue producto de una reacción mezquina de un cuerpo en el cual ya nadie cree. mediante inducción y otras formas de participación criminal. revocándole el mandato al Alcalde Daniel Ceballo. con razón. en algunos casos. revocándole su mandato popular al Alcalde Vicencio Scarano Spisso. la República Bolivariana de Venezuela tiene jurisdicción para su enjuiciamiento. sin ningún razonamiento en el texto de la sentencia que lo justificara. siendo ambas – ya que tienen igual contenido . también han podido provenir. se publicó la sentencia No. de personas que se han encontrado o se encuentran fuera del espacio geográfico de la República. aplicada retroactivamente. 245 el día 9 de abril de 2014. Comentario final Y así concluyó esta primera fase de la arremetida de la Sala Constitucional contra el mandato popular de Alcaldes. estando sin embargo “preparado para recibir una sentencia de unos verdugos que están a punto de consumar un Golpe de Estado contra el Pueblo de San Cristóbal. sin acusación por delante. la pena de prisión que la Sala Constitucional le impuso al Alcalde de San Cristóbal. Así se decide.com/2014/03/28/alcalde-daniel-ceballos-le-da-hasta-por-la-cedula-a- los-magistrados-del-tsj/ 18 . en rueda de prensa transmitida por el canal de internet de El Nacional. contempladas en el artículo 4 del Código Penal y en otras normas previstas en otras leyes y normas penales de la República. fue mayor a la impuesta al Alcalde de San Diego – lo que le agrega un vicio más –. en el sentido de que estaba allí “porque no existe estado de derecho y justicia.wordpress. mediante una “reforma” de la Ley Orgánica de Amparo. los profesores Alonso Medina. dos días después de publicada la sentencia No. Alberto Arteaga y José Luis Tamayo expresaron. y que.” y que por tanto” no esperaba justicia.idénticos compendio de las masivas violaciones a las garantías del debido proceso y al principio democrático que hemos comentado anteriormente. con la consecuencia de permitir condenar penalmente a funcionarios. en “juicios” sumarísimos. 263 el 11 de abril de 2014. en la cual se la aplicó el criterio “vinculante” sentado en la primera. por haberla ejercido ante los propios magistrados. al conocerse la sentencia. actuando como juez de instrucción (no vigente en el ordenamiento jurídico 19 http://cifrasonlinecomve. Coinciden en señalar que en este día el Tribunal Constitucional abre una nueva etapa en la administración de la justicia en Venezuela al asumir ilegalmente una parodia de juicio penal. conforme a las reglas de extraterritorialidad de la ley penal venezolana. continuar demoliendo el Estado de Derecho y la democracia. Por ello. ENtv: “su estupor frente a un acto de la Sala Constitucional que consideran “incalificable”. violando todas las garantía del debido proceso.
”20 New York. que es de materia de orden público.veneconomia. y (4) el principio del Debido Proceso. Además de que viola completamente el Código Orgánico Procesal Penal. (3) el Principio del Derecho a la Defensa. 11 de abril de 2014 20 Véase en “La anti justicia”. en http://www. indican que se viola todo principio constitucional comenzando (1) por el Principio fundamental de la Competencia.com. 10 de abril de 2014.com/site/modulos/m_visor. VenEconomia.asp?pub=4228 19 . y dictando una condena que viola flagrantemente normas procesales y el principio de libertad. En este acto sin nombre. venezolano actual). y pasando por (2) el Principio de Juez Natural.
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e contrario
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 artículo 26
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 artículo 49
 resolución 
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