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Timestamp: 2018-08-14 17:33:56+00:00

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La Víctima: uno de los pilares del proceso penal acusatorio y oral.
“La verdad no penetra en el entendimiento rebelde”
Jorge Luis Borges en el Aleph
I.- Introducción. II. Aspectos generales en torno a la víctima. III. Aspectos generales en torno a la criminología. IV. Aspectos generales en torno a la reparación del daño. V. Conclusiones.
Edward C. A. Worrall González[1]
Armando Juárez Bribiesca[2]
A efectos de entender la relevancia que tiene hoy la víctima en el nuevo sistema de justicia penal, resulta indispensable analizar lo que la historia nos cuenta respecto de las primeras formas asumidas para la resolución de conflictos entre los hombres (autotutela, autocomposición y heterocomposición). Éstas, como sea, no fueron más que el producto de las propias decisiones de los hombres, algunas veces al aplicar la ley del más fuerte, otras sólo por convenir el acercamiento para evitar el conflicto[3]. Y es precisamente con base en esta perspectiva del conflicto, que habremos de considerar que el papel de la víctima en tiempos pasados, fue más bien, una plena exclusión en el proceso penal.
Con sano criterio y asumiendo sin conceder, es que debemos considerar que ya fuere por desconocimiento o quizás mediando algún tipo de temor para los ofendidos (víctimas), éstos no acudían con la autoridad en busca de asesoría o ayuda, o bien para denunciar a aquel que les hubiere causado algún tipo de afectación, lo cual, de ninguna manera resultaba positivo para la seguridad pública, ni tampoco para la percepción de seguridad colectiva. En razón de ello, si la víctima no reclamaba por sí misma misma, o al menos a través de algún familiar o “persona de confianza”, el proceso penal no tenía manera de activarse o ponerse en marcha.
Es preciso referir, no obstante, que ya durante la época romana la denuncia ciertamente podía ser formulada por cualquier persona, sin que ello significara que ésta tuviera que implicarse en el proceso. Ello trajo como consecuencia un sensible incremento en el número de falsos delatores, razón por la que el modelo inquisitivo en realidad se encargó de alejar plenamente a las víctimas de la persecución penal[4].
En virtud de lo dicho hasta ahora, retomaremos los planteamientos orientados a precisar que las personas, así como los grupos sociales, las organizaciones y las colectividades, interactúan de diversas formas, siendo precisamente el conflicto una de las vías para hacerlo. En este sentido y de acuerdo a Fisas, el conflicto “(…) es una construcción social, una creación humana (…)”[5].
Los conflictos pueden ser distinguidos sobre la base de su dimensión, intensidad y objetivos, aunque se ha especificado que la distinción basada en los objetivos no es fácil, toda vez que esto implica la referencia a una autentica teoría propia del conflicto“[6].
A la vez, es necesario procurar que todas las autoridades Estatales -sin importar la manera como hayan logrado acceder al poder- respeten los derechos de los gobernados, sin actuar con despotismo y de manera arbitraria, llegando al exceso con opresión al pueblo[7].
Si a esto se le adicionan los resultados del anterior modelo de política criminal[8] (previo a la reforma de 18 de Junio de 2008) y ello se vincula con las restantes políticas públicas de gestión de la conflictividad que existían, podremos entender por qué se actualiza un tema relevante denominado la crisis externa al sistema penal.
En el fondo, se deriva de la debilidad, ineficacia o hasta ausencia de los restantes medios de intervención de la conflictividad, lo que a su vez produce un efecto de congestión endémica de la justicia penal[9].
Y es precisamente cuando se actualiza la referida crisis externa del sistema penal, que resulta prudente reflexionar en torno de la aplicación de la teoría del conflicto en el ámbito procesal penal, un tema que es de reciente data y se debe a la persistencia en aplicar un paradigma del Estado racional, el cual se halla en contraposición con el paradigma de la gestión del conflicto de intereses, en el sentido de focalizar la atención del proceso punitivo, ya sea en el ius puniendi del Estado, o bien en las expectativas jurídicas de aquellos sujetos involucrados en el drama penal[10].
Lo expuesto comenzó a ser abordado de forma seria en nuestro país casi al final del siglo pasado. Desde entonces se dio la pauta a un profundo debate en torno al conjunto de principios, instituciones y de todos aquéllos que están vinculados con el nuevo sistema de justicia penal.
En semejante lógica, Luigi Ferragoli nos precisa que el Derecho penal, o bien cumple con la exigencia de dotarse de una cimentación axiológica -y por ello filosófico-politica-, o corre el riesgo, en un momento dado, de quedar reducido a pura técnica de control social y policial. Del mismo modo, o bien la filosofía jurídica se compromete con los grandes temas de las libertades y de la fundamentación y la crítica ético-política del Derecho y de las instituciones existentes -comenzando por las instituciones represivas del Derecho Penal y procesal- o bien pudiera quedar en una estéril evasión teórico-práctica.
Actualmente, la nueva lógica constitucional le otorga al conflicto un lugar prevalente, y éste deviene en la base primigenia que, entre otras vertientes, da la pauta a una nueva reflexión jurídico-penal, la que por supuesto se concatena con la modificación substancial realizada a los Derechos Humanos, lo que por supuesto incidirá y determinará progresivamente al nuevo sistema de justicia penal al grado de definirlo. Lo que se concatena plenamente con la tesis de jurisprudencia emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de rubro:
“DERECHOS HUMANOS. LOS TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN DEBEN PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZARLOS, ASÍ COMO INTERPRETAR Y APLICAR RETROACTIVAMENTE LA NORMATIVA CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL EXPEDIDA CON ANTERIORIDAD A LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO GENERAL 11/2012 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, NO SÓLO EN FAVOR DEL SUJETO ACTIVO DEL DELITO, SINO TAMBIÉN DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO.
Acorde con el artículo primero del Acuerdo General 11/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sobre la normativa y actuación de órganos jurisdiccionales y administrativos en términos del quinto párrafo del artículo 1o. constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil doce, en vigor al día siguiente, los tribunales de la Federación deberán interpretar y aplicar retroactivamente la normativa constitucional y convencional expedida con anterioridad a la publicación de ese acuerdo, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, previstos en el tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once. Lo anterior a fin de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y reparar sus violaciones en los términos que establezca la ley, no sólo en favor del sujeto activo del delito, sino también de la víctima u ofendido.”
En México, la teoría del conflicto que acertadamente refiere el Dr. Hesbert Benavente Chorres, impactó en el objeto del proceso que en el 2008 el Constituyente Permanente instaurara en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20, inciso A, fracción primera, al grado de definir sus finalidades[11]. En este sentido, es oportuno considerar la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito de rubro:
“GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL PROCESO PENAL EN FAVOR DE LA VÍCTIMA Y DEL PROCESADO. SU APLICACIÓN Y RESPETO DEBEN PROCURARSE SIMULTÁNEAMENTE CONFORME A LOS FINES DEL DEBIDO PROCESO Y NO CON BASE EN UN ORDEN DE PRELACIÓN.
Resulta infundado el concepto de violación en el que se sostiene que la garantía en cuanto a la duración del proceso debe prevalecer ante los posibles derechos de la víctima, pues bajo el argumento de que las prerrogativas establecidas en favor del procesado son de orden preferente tratándose del proceso penal, en tanto que los derechos de la víctima deben hacerse valer, en su caso, dentro de los plazos legales, ya que no se trata de establecer un orden de preferencia, puesto que al tener el mismo rango de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, es obvio que el órgano judicial debe prever lo necesario para respetar ambas prerrogativas dentro de los cauces y límites legales a fin de lograr el desarrollo de un debido proceso en el que se cumpla con los principios de equidad y equilibrio procedimental, sin desconocer el fin procesal de búsqueda de la verdad histórica de los hechos, para lo cual el juzgador, como rector del proceso, tiene la facultad incluso de ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer. Esto es, que los fines del proceso no giren exclusivamente en torno a la conveniencia e intereses particulares del procesado y su defensa, sino también a un fin de interés público. De modo que si el procesado renunció expresamente a la garantía prevista en la fracción VIII del apartado A del artículo 20 constitucional y derivado de ello se producen diversos medios convictivos para ambas partes y se advierte la necesidad de dar oportunidad al desahogo de otras probanzas más, es evidente que la ulterior manifestación del procesado y su defensa, en el sentido de acogerse a la mencionada garantía de duración del proceso, no puede atenderse de manera tal que se traduzca en un cierre inmediato del periodo de instrucción que impida el derecho al desahogo de pruebas por parte de la contraria, incluso de aquellas que el propio juzgador estimara indispensables para la resolución de la causa, pues el hecho de haber renunciado previamente a dicha garantía, no puede entenderse como una facultad discrecional o caprichosa de retractación en cuanto a su observancia, máxime cuando ello repercutiría en perjuicio de los derechos de la víctima, del equilibrio y equidad procesal entre las partes y los propios fines del proceso.”
Lo cierto es que a partir de esa fecha tan paradigmática, en los diversos ámbitos, lentamente se han comenzado a materializar las normas jurídicas orientadas, por un lado, a pretender superar la lógica inquisitiva, y del otro, a materializar el nuevo modelo procesal penal acusatorio y oral con un débil matiz adversarial.
Por último, a efectos de realizar adecuadamente esta primera aproximación, habremos de retomar la premisa conductora planteada por Alfredo Gozaíni, en torno al acceso a la justicia, y que éste es una parte del Derecho que tiene toda persona al debido proceso. Se trata de una garantía judicial y un hecho individual de carácter constitucional (subjetivo público) que no admite limitaciones. No obstante, no es un pórtico tan amplio que pueda traspasarse sin necesidad de abrir puertas; éstas son requeridas como presupuestos formales de admisión, pero jamás podrán tener tantos cerrojos que obliguen a superar con esfuerzo aquello que, en realidad, es la bienvenida a los que piden justicia, y aún para aquellos que, abusando en el derecho de petición, puedan requerir la intervención de los jueces. En todo caso, es una cuestión de análisis particular, así como una muestra de la confianza a depositar en el Poder Judicial para que éste sea quien resuelva el derecho a estar en el proceso[12].
II.- Aspectos generales en torno a la víctima
Es necesario identificar que desde finales del siglo pasado, la victimología adquirió, progresivamente, una mayor dimensión como disciplina científica, tanto en el ámbito nacional así como en el internacional. Lo que por supuesto impactó de forma positiva en la forma de asimilar y diseñar la política criminal Estatal (mega política criminal -incluso entendida ésta como política pública.), que se concatena en mayor o menor medida con los planteamientos del Dr. Sergio García Ramírez, el cual identificó que en la evolución del crimen –la historia natural de la conducta delictiva- ha aparecido, o se ha fortalecido, una nueva fenomenología victimal. La sociedad de masas en la que vivimos –o de la que somos parte-, la intensa comunicación de ideas, objetos y personas, la interdependencia que de aquí resulta, el desarrollo tecnológico y la organización delincuencial, entre otros procesos, han puesto en la escena nuevos agentes del delito y nuevos sujetos pasivos, ofendidos, víctimas del hecho criminal[13].
Desde esta perspectiva resulta indispensable considerar los planteamientos del maestro Luis Rodríguez Manzanera, en el sentido de analizar la investigación y los estudios sobre la victimización criminal, considerando que sus estudios se han centrado en tres áreas, a saber:
Identificación del hecho victimal y sus principales características;
Estudio de la víctima y su relación con la autoridad;
Consecuencias de la victimización.
El profesor Rodríguez consideró, en su momento, que la Victimología llenaba un estado notable en la Criminología tradicional, rebasando sus límites originales para convertirse en una verdadera síntesis de aspecto biopsicosocial del fenómeno victimal, además de iniciar cambios en la prevención del delito. Pero el debate fue más allá, al grado de que ahora también nos planteamos si una persona jurídica puede ser considerada víctima o sujeto de responsabilidad jurídica.
El maestro en cita, igualmente identificó las modalidades que adquieren las víctimas, es decir, denominó como víctimas directas a todas aquellas personas que sufren el daño o perpetración por el infractor en una interacción entre ambas partes, de forma personal e inmediata. De manera personal significa toda afectación en torno a su integridad física, psicológica o social, así como de sus bienes y sus derechos. Por otra parte, las víctimas indirectas son todas aquellas personas que no sufren una transgresión personal a su integridad, que suele ser mediato o inmediato, y que además puede sufrir una afectación en contra de sus bienes y en contra de su patrimonio y su familia, por lo que la afectación directa es en contra de su estado normal de tranquilidad social, psíquico o moral. De hecho, actualmente existen diversas clasificaciones en torno a la víctima[14].
Si bien es cierto que los aportes de la victimología resultan sumamente importantes, debemos ir más allá, y como bien advierte Zagrevelsky, “para que la coexistencia de los principios y valores pierdan su carácter absoluto”, esto es, la condición que eventualmente permitiría construir un sistema formal cerrado a partir de uno sólo de ellos.
Concebidos en términos absolutos, los principios se convertirían en enemigos entre sí. Al final, uno se erigiría en soberano sobre todos los demás y sólo perseguiría desarrollos consecuentes con él. Pero en el constitucionalismo pluralista, no cabe que esto sea así. Los principios (directrices) y los valores, deben ser controlados para evitar que, adquiriendo carácter absoluto, se conviertan en tiranos (para superar dicha problemática es importante asimilar y aplicar adecuadamente la subsuncion o la ponderación).
III.- Aspectos generales en torno a la criminología
Sandra Walklate, nos explica ampliamente que el surgimiento y el desarrollo de la Victimología es paralelo al de la Criminología, de la que incluso se le considera una subdisciplina, aún con su aparición tardía. Pero al final, prevaleció el interés victimológico[15]. Lo relevante para ambas disciplinas es el tratamiento y protección de las víctimas primarias y secundarías del delito. Sin embargo, hacerlo no es tarea sencilla, en realidad requiere llevarlo a cabo a través de un abordaje de alta complejidad, con intervenciones de diversas disciplinas, técnicas y ciencias forenses aplicadas parea cada caso, según la envergadura del mismo.
La Criminalística, por su parte, es y debe ser considerada una disciplina auxiliar del Derecho penal, teniendo como objetivo primordial el descubrimiento, explicación y recabación de medios de prueba de los delitos, así como la verificación de sus autores y víctimas, para dar cuenta ante la sociedad de los hechos delictivos que la afectan. Incluso tiene por función principal demostrar la concordancia entre las fuentes, medios de prueba y los hechos, explicando de manera lógica el desarrollo de éstos, basándose en los medios de prueba que de aquellos desprende.
En tal tesitura, el saber criminalístico adquiere una renovada dimensión en la búsqueda de la verdad histórica de los hechos criminales, con la teleología de determinar, para el caso que ocupa al presente artículo, quién es el probable responsable y en su caso, quién la víctima, lo que brinda en todo su peso una inestimable contribución al proceso penal acusatorio y oral para que los delitos no queden impunes.
En virtud de lo mismo, no debemos olvidar que la víctima es sujeto y objeto de prueba, tanto al modo neutro, como pasivo y activo. Así, la víctima es sujeto activo de prueba cuando denuncia o querella el hecho ilícito. Es testigo principal del hecho y por consiguiente puede aportar, a la vez, medios de prueba para demostrar los hechos en que se basa su denuncia.
En el mismo contexto, la víctima es sujeto pasivo de prueba cuando el inculpado ha actuado en su cuerpo, casa de habitación, vehículo, etc. De hecho, la víctima está obligada a facilitar que los órganos de prueba accedan a esos lugares para obtener los indicios necesarios que sirvan para identificar al autor o el objeto punible. Esta realidad sólo admite excepción cuando la acción ilícita es delito de acción pública, perseguible únicamente a petición de instancia privada y mientras la víctima no haya querellado.
Por otra parte, la víctima como sujeto neutro, desdice o verifica la realidad de los objetos y sus manifestaciones, ya que, del mismo modo que el autor del delito deja rastros o huellas en la víctima, lugar y objeto, la víctima misma -en igual medida pero en sentido recíproco- permanece en el lugar, en el imputado o en el objeto.
Como sujeto activo, la víctima querella o denuncia ante el Fiscal y declara ante el Juez, rindiendo su declaración testimonial, como sujeto de prueba, procediendo en estos casos, los expertos forenses (policías o peritos), los que, al obtener los indicios, han de procesarlos cuidadosamente y según la experticia requerida, respetando siempre y a todas luces el protocolo de la cadena de custodia, para cuando llegue el momento en que deban desahogar públicamente el indicio, dato de prueba, dato fundado de prueba o medio de prueba con la teleología de confeccionar plenamente la prueba buscada[16].
IV.- Aspectos generales en torno a la reparación del daño
Resulta evidente que en el ámbito penal, ya no es posible, ni viable tampoco, abordar este tópico con base en la perspectiva civil, o bien, pretendiendo analizarlo omitiendo el actual modelo de política criminal o el sistema internacional de Derechos Humanos. Ello es así habida cuenta que resulta relevante identificar aquellas corrientes que hasta ahora han prevalecido. Por una parte tenemos a quienes, desde la teoría del delito tradicional, han desplazado a las víctimas, al grado que éstas se ven obligadas a resolver su controversia (en cuanto a la reparación del daño) por la vía civil. Y por otra parte, están quienes pugnan porque la víctima particípe en la solución del conflicto originado por el delito, dentro del proceso penal, al ser esta una de sus finalidades con base en una renovada teoría del delito.
La verdad es que disentimos de ambas posturas, toda vez que en la actualidad las víctimas requieren un trato diferenciado, así como una mayor atención y protección, incluso para sus familiares, amigos y conocidos. Lo anterior, con una doble finalidad: de un lado, se pretende atender y proteger a las víctimas, y del otro, tiene como propósito que las víctimas obtengan justicia y la reparación integral del daño sufrido, ambos conforme al objeto del proceso penal acusatorio y oral, puesto que las víctimas directas o indirectas, sufren un daño tanto físico, moral, patrimonial y social a consecuencia de la comisión del hecho delictivo. Lo anterior se concatena plenamente con la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:
“REPARACIÓN DEL DAÑO. COMPRENDE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS DE MANERA DIRECTA POR LA COMISIÓN DEL DELITO.
En los artículos 33, fracción II, del Código Penal para el Estado de Baja California, y 27, fracción II, del Código Penal del Estado de Campeche, se regula la figura de la reparación del daño, referida también a los perjuicios sufridos por la víctima; por lo que, conforme a estos dispositivos, al resolver sobre dicha reparación, de ser procedente, el Juez deberá sentenciar al sujeto activo a la indemnización de los perjuicios causados de manera directa a la víctima por la comisión del delito; pues de considerarse que dicha indemnización debe ser reclamada en la vía civil, se limitaría la interpretación de los mencionados preceptos legales en perjuicio de la víctima, dejándose de lado la amplia protección que el legislador pretendió darle en el proceso penal; consecuentemente, si en el delito de lesiones las infligidas al sujeto pasivo fueron de tal magnitud que impidieron el desarrollo de su actividad laboral cotidiana, dejando de percibir la remuneración correspondiente, este perjuicio resulta ser un efecto directo de la comisión del ilícito, a cuya reparación debe sentenciarse al procesado, independientemente de que en la legislación ordinaria civil de esos Estados se regulen las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, toda vez que tal regulación se dirige a una relación jurídica caracterizada por exigencias entre particulares, que podrán demandarse por la víctima cuando no desee formular querella, pero tampoco se encuentre dispuesta a absorber los daños y perjuicios derivados de la conducta ilícita; o bien, en contra de terceros que tengan el carácter de subsidiarios responsables del sujeto activo; pero que de ningún modo puede ser excluyente de la obligación que en materia penal el legislador impone al Juez y al Ministerio Público. Corrobora lo anterior, el texto vigente del artículo 20, apartado A, fracción I, y apartado B, fracción IV, de la Constitución Federal, en el que se ha elevado a rango de garantía individual el derecho que tiene la víctima a que le sea reparado el daño causado por la comisión del delito, obligando al Ministerio Público a actuar en el proceso para obtener el cumplimiento de esa garantía; y lograr así que en todo proceso penal la víctima tenga derecho a una reparación pecuniaria, tanto por los daños, como por los perjuicios ocasionados por la comisión del delito; debiéndose considerar, además, que fue el propio Constituyente el que reguló, con estrecha vinculación, los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de daños y perjuicios, lo cual confirma que, actualmente, en todo procedimiento penal se debe tutelar como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, con lo cual se logra reconocer una importancia del mismo rango a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito.”
Al respecto de esto, Stanciu[17] refiere que la víctima es un ser que sufre de una manera injusta [siendo] los dos rasgos característicos de la víctima el sufrimiento y la injusticia, aclarando que lo injusto no es necesariamente lo ilegal. Es por lo mismo que el lugar de la víctima sigue siendo precario desde el ámbito fáctico, ya que se han minimizando, por parte de los operadores jurídicos, los aportes que se podrían obtener a partir de las propias víctimas. Y con dicha omisión se transgrede lo establecido en el artículo 20 de la Carta Magna, respecto del confeccionamiento de métodos, disciplinas y ciencias que permitan mejorar la atención, tratamiento y protección de las víctimas en nuestro sistema jurídico.
Como consecuencia de los aportes que surgen de la doctrina y, por supuesto, de las reformas de 18 de Junio de 2008, así como las de 06 y 10 de Junio de 2011, es posible aseverar que el Derecho Penal Nacional actualmente se encuentra inmerso en un proceso de transformación substancial que deviene en la materialización de los intereses de la víctima a través de diversos mecanismos jurídicos, entre los cuales cabe referir:
La reparación del daño;
Mayores derechos de participación, tanto formal como material, de la víctima en el procedimiento penal, incluso mediante los abogados victimales; y
Derechos reconocidos a la víctima, independientemente de su intervención formal y material en el procedimiento.
No óbice de esto, hay que advertir que con ellos, se revierte aquélla reiterada exigencia de la Dra. María de la Luz Lima Malvido, al plantear que la víctima sufría un despojo por parte del sistema penal, ya que éste ha despojado a la verdadera víctima de su calidad de tal para investir de esa calidad a la sociedad.
El sistema penal inquisitivo mixto llegó al extremo de sustituir a la víctima real y concreta, por una víctima simbólica y abstracta en la sociedad.
Dicho planteamiento de la doctora Lima Malvido se concatena plenamente por lo aseverado por Raúl Zaffaroni, quien precisa que el modelo penal -desde que la víctima desaparece por efecto de la expropiación del conflicto por el soberano o por el Estado- ha dejado de ser un modelo de solución de conflictos, precisamente por la supresión de una de las partes en el conflicto. Esto explica la multiplicación increíble de teoría de la pena y la errabunda peregrinación filosófica del saber penal.
Con esto en mente nos resultará posible apuntar que tenemos como base la dignidad humana de las víctimas (en su doble ámbito: nacional e internacional), y a partir de esta, habremos de considerarla como principio rector, el cual pretenderemos procurar en todo momento a efecto de no someter a las personas a una revictimización.
Respecto de la revictimización, es necesario acotar que resultará indispensable, por un lado, evitar realizar un análisis teórico inadecuado y alejado de la lógica de los Derechos Humanos, y por el otro, excluir, formular o plantear cualquier diseño que resulte distante o contrario a las víctimas mediante los mecanismos y programas que deben contener las políticas públicas. Si se observa detenidamente, lo anterior resulta sumamente complejo, por la naturaleza e impacto del delito que nos ocupa, y dado que en la mayoría de las ocasiones el factor humano será determinante para evitar cualquier revictimización, toda vez que sólo mediante la adecuada capacitación resultará posible prever el actuar negligente de cualquier autoridad.
Ahora bien, si consideramos lo dicho hasta aquí, nos daremos cuenta que resulta esencial adoptar un enfoque diferenciado y especializado para atender a las víctimas como personas que son sujetos de derechos, y con la perspectiva de pretender favorecer con base en actuaciones específicas y concretas la superación de los daños producidos por la realización del hecho delictivo, huelga decir que mediante la realización de éste delito se actualizan una diversidad de violaciones a derechos humanos.
Consecuentemente, estamos en condiciones de identificar, como una primera aproximación, la relevancia de incluir a la persona en su calidad de víctima en todo momento, tanto para definir el trato que requiere la misma, como en la investigación correspondiente respecto del delito. Esto es así en virtud de que, en el fondo, estamos considerándola como una persona cuya protección y atención está sujeta al derecho a la verdad, al derecho a la justicia, al derecho a la reparación integral y el derecho fundamental de no repetición.
En igual medida, es preciso prestar atención también a los daños sufridos por la víctima del hecho delictivo, lo cual desde luego puede resultar complejo. No obstante, tenemos que asumir dicho análisis de forma focalizada, es decir, considerando el ámbito nacional e internacional de los Derechos humanos, a través de:
a) Lesión física temporal o permanente;
c) Muerte;
d) Daño psicológico (al desconocer el destino de su familiar);
e) Daño o pérdida de propiedades;
f) Desplazamiento;
g) Exilio;
h) Pérdida de ingresos;
i) Pérdida de la libertad personal;
j) Pérdida de derechos;
k) Pérdida de la vida familiar;
l) Pérdida o detrimento de los proyectos personales o familiares;
m) Afectaciones o daños sociales, y
n) Afectaciones o daños culturales.
A lo anteriormente enlistado debe agregársele: la transgresión de su dignidad. Con la finalidad de dimensionar adecuadamente lo anterior, habremos de considerar los siguientes criterios:
a) DIGNIDAD HUMANA. DEFINICIÓN.
b) DIGNIDAD HUMANA. SU NATURALEZA Y CONCEPTO.
c) DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA.
La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que ladignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad detodo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada.
d) DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES.
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana,es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad.
e) VÍCTIMA. ALCANCE DEL CONCEPTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.
Conforme al artículo 4, primer párrafo, de la Ley General de Víctimas, se denominan “víctimas directas” aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, de una interpretación sistemática de dicho precepto se colige que existen dos connotaciones del carácter señalado: una que surge de un acto delictivo y otra que se produce con la violación a uno o más derechos humanos. Por tanto, toda persona a la que se le concede el amparo y protección de la Justicia Federal adquiere la calidad de víctima directa, para efectos de la ley mencionada, al haberse demostrado la violación a sus derechos humanos.
Con todo lo anterior en mente, no debemos soslayar los aspectos victimológicos y criminológicos de forma integral, a efecto de que, al final, estemos en posibilidades de formular una humilde pero sentida propuesta, mediante la cual se le otorgue la atención y el tratamiento adecuado a los familiares, amigos y conocidos de la víctima del hecho delictivo, ya que lo contrario genera una grave omisión que equivale a la imposición de una sanción trascendental, y ésta, a su vez, destruye el tejido social de nuestro querido país. Por consiguiente, resulta indispensable definir a su vez:
a) El riesgo victimal y su medición;
b) Las medidas de protección y su función;
c) Los indicadores de violencia y su función;
d) El mecanismo que define las alertas tempranas y su función;
e) Definir el concepto de proyecto de vida;
f) Definir el concepto de reparación integral del daño;
g) Definir el concepto reparación del daño que contienen los códigos penales;
h) Definir la función de los relatores temáticos de ONU y de la OEA;
i) Definir el concepto de casa de justicia y su función, y,
j) Definir el concepto y función de los modelos de atención.
El reconocimiento a las víctimas en nuestro país, no sólo se encuentra vinculado a un marco normativo nacional, sino que de igual forma comprende una diversidad de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. Por lo mismo, resulta claro que materializar dichos derechos y la protección de las víctimas, deviene en un proceso sumamente complejo e incluso contradictorio, en virtud de los recursos y de la capacitación adecuada que se requiere otorgar a todos los funcionarios públicos intervinientes.
Para poder concluir adecuadamente el tema que nos ocupa, de inicio habremos de comprender los límites y alcances de los Derechos fundamentales y Humanos con base en, por un lado la subsunción (reglas), por el otro la ponderación (principios), comprendidos éstos modelos de interpretación en los criterios que impone nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana.
Así, estaremos en condiciones de afirmar si los planteamientos que tradicionalmente surgían desde la perspectiva civil y de la teoría del delito, devienen en una lógica arcaica, que al parecer pugna por hacer fracasar los intereses de la víctima, a pesar de la apariencia “racional” de sus argumentos, claro, al ser analizados estos desde el punto de vista de la solución de la controversia o del conflicto, con base y desde la perspectiva que entraña la justicia restaurativa y la lógica acusatoria formal o pura.
El amable lector podrá darse cuenta que en la presente reflexión, lejos de realizar un análisis en torno a las estadísticas y/o de las normas emitidas a favor de las víctimas, nos enfocamos en orientar nuestra atención a la realidad. Desde ésta, resulta posible advertir el divorcio que existe entre los procedimientos de atención y protección de las víctimas y el sistema de justicia penal. De hecho, pareciera que la protección y atención a víctimas es más un procedimiento administrativo que se aleja plenamente de la postura victimológica e incluso del Sistema Internacional de Derechos Humanos, que en este sentido impone como derechos mínimos de la víctima: la verdad, la justicia, la reparación integral, la garantía de no repetición, y/o de no revictimización, etcétera.
Es preciso tener presente que los operadores del nuevo sistema penal no realizan de oficio un estudio técnico de amenaza y de riesgo real a la que puede verse sujeto la víctima, por lo que actualmente llegamos al extremo de que en caso de requerirse una medida de protección y/o de riesgo y/o de amenaza real y/o de conocimiento, se debe de proceder sólo si existe una petición formal de la misma víctima (Comisión Nacional de Víctimas).
Consideramos, entonces, que es el momento oportuno para que con base en la perspectiva que deriva del acceso a la justicia y la justicia restaurativa, el Estado focalice su atención para considerar el tratamiento y atención para las víctimas de la delincuencia ordinaria, sin perder de vista la perspectiva norteamericana y europea del principio de oportunidad, que en general subyacen en el planteamiento de justificación de que el Estado no puede hacerle frente a toda la criminalidad que se presenta en un país, ya que ello implicaría sobrecargar el sistema de justicia o invertir presupuestos exorbitantes para tal finalidad.
Con base en todo lo anterior, deseamos ser muy enfáticos al precisar lo siguiente:
Sin importar la nueva perspectiva que deriva de analizar la relevancia que adquiere la víctima como pilar de cualquier sistema jurídico, pero, ésta no debe servir de base o pretexto para pretender justificar las trasgresiones a derechos fundamentales y humanos que se actualicen en la esfera jurídica de los imputados, en aras de argumentar que se protegen los de aquella. Esto es así, porque todo esfuerzo en dicha dirección, en el fondo, deviene en un grave obstáculo para materializar la finalidad de construir una plena igualdad de armas en el ámbito procesal penal como elemento esencial del debido proceso y conforme al objeto y finalidades del proceso instaurados en la Carta Magna.
[1] Doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
[2] Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Quienes escribimos la presente reflexión, agradecemos profundamente las prestezas otorgadas por la distinguida pintora Xóchitl Azuara Monter por permitirnos agregar la imagen de su obra: Luz de esperanza, técnica: mixta sobre tela y con medidas: 120 X 90 cm.
[3] Fairén Guillén, Víctor, “Doctrina general del Derecho procesal”, Bosch, España, 1990, p. 25.
[4] Nieva Fenoll, Jordi, “Fundamentos de derecho procesal penal”, EDISOFER-B de F, España, 2012, p. 70.
[5] Fisas, Vicenç, “Cultura de paz y gestión de conflictos” , Ed. Icaria, Barcelona (2006: 30)
[6] Pasquino, Gianfranco: Diccionario de Política, bajo la dirección de Norberto Bobbio, Nicola Matteuci y Gianfranco Pasquino, Siglo XXI, 1997, Madrid, pp. 298 a 302.
[7] Del Castillo Del Valle, Alberto, “Garantías en Tratados Internacionales. Comentarios a Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos (garantías)”, EJA, 2ª ed., 2013, México, p.13.
[8] Respecto de este tema, ya en otra ocasión hemos reflexionado sobre aspectos tan básicos como son: el poder, el conflicto y la violencia, a efecto de establecer las bases de una auténtica política criminal (una megapolítica que comprenda adecuadamente la gestión de la conflictividad). Véase: Juárez, Bribiesca, Armando y Medina Ramírez, Marco, “Política Criminal (México y Chile)”, Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, México, 2011, IIJ-UNAM, Julio-Diciembre, Núm. 18, pp. 163-214.
[9] Binder, Alberto, “Introducción al derecho procesal penal”, INDEPAC, México, 2012, p. 300.
[10] Benavente Chorres, Hesbert, “La aplicación de la teoría del caso y la teoría del delito en el proceso penal acusatorio y oral” 2ª ed., Flores Editores, México, 2012, p. 6
[11] Se recomienda analizar de forma integral los planteamientos formulados por el distinguido Pfr. Dr. Carlos Faustino Natarén Nandayapa. Véase: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3227/3.pdf
[12] Gozaíni, Osvaldo Alfredo, “Derecho procesal constitucional. El debido proceso”, Rubinzal-Culzoni, Argentina, 2004, pp. 90-91.
[13] García Ramírez, Sergio, “Panorama del Proceso Penal”, Porrúa, México, 2004, p. 119.
[14] Rodríguez Mazanera, Luis, “Victimología. Estudio de la víctima”, 3ª ed., Porrúa, México, 1996.
[15] Walklate, Sandra, “Victimology. The victim and the criminal justice process”, EEUU, Routledge, 2013.
[16] Hidalgo Murillo, José Daniel, “Investigación Policial y teoría del caso”, Flores Editores-Universidad Panamericana, 2011, México, pp. 193-194.
[17] Stanciu, Vasile V., Etat Victimal et Civilisation, Etudes Internationales de Psychosociologie CrimineIle. Núms. 26-28. París, Francia, 1975, citado por Luis Rodríguez Manzanera.
Tags: Asesor de la víctima, Derecho victimal, Derechos Humanos de la víctima, Ley General de víctimas, Víctima coadyuvante, Víctimas
By Armando Juárez Bribiesca in Tópicos on 22 febrero, 2015 .
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 artículo 1
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 ARTÍCULO 4
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