Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as2015201094.html
Timestamp: 2019-03-20 05:18:23+00:00

Document:
as2015201094
Auto Supremo: 1094/2015
Sucre: 23 de noviembre 2015
Expediente: SC-121-13-S
Partes: Félix Martínez Salgueiro y Norah Blanca Santa Cruz de Martínez. c/
NinhoskaSaldías Pérez.
Proceso: Acción Reivindicatoria y negatoria, mejor derecho de propiedad,
restituciónde posesión, inexistencia, inoponibilidad e ineficacia de
derecho propietario, cancelación de la partida de derecho propietario y
VISTOS: La Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0222/2014-S2 de fecha 5 de Diciembre de 2014 que revocó en todo la Resolución 259/2014 de 20 de mayo, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca constituido en Tribunal de Garantías, y en consecuencia concedió la acción de Amparo Constitucional interpuesta por NinhoskaSaldías Pérez contra los Magistrados de la Sala Civil, del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.
Los Recursos de Casación en el fondo y en la forma cursante de fs. 1073 a 1084 y vlta., interpuesto por NinhoskaSaldías Pérez; y en el fondo interpuesto por Luis Reynaldo Rojas Calvi en representación de Félix Martínez Salgueiro cursante de fs. 1101 a 1102 y vlta., contra el Auto de Vista Nº 307 cursante de fs. 1069 a 1071, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en fecha 04 de septiembre de 2013, en el proceso ordinario sobre Acción reivindicatoria y negatoria, mejor derecho de propiedad, restitución de posesión, inexistencia, inoponibilidad e ineficacia de derecho propietario, cancelación de la partida de derecho propietario y daños y perjuicios, seguido por Félix Martínez Salguero y Norah Blanca Santa Cruz de Martínez en contra de la recurrente, contestación de fs. 1091 a 1094; 1105 a 1107 y 1109 y vlta.; concesión de fs. 1100 y 1110; los antecedentes del proceso; y:
Tramitado el proceso, el Juez Treceavo de Partido en lo Civil y Comercial de Santa Cruz de la Sierra, pronunció Sentencia Nº 38 de 29 de junio de 2012, cursante de fs. 793 a 797, declarando improbada la demanda interpuesta por Félix Martínez Salgueiro y Nora Blanca Santa Cruz de Martínez, contra NinhoskaSaldías Pérez, sobre reivindicación, acción negatoria, mejor derecho de propiedad, restitución de posesión, inexistencia inoponibilidad e ineficacia de derecho propietario, cancelación de partida de derecho propietario y daños y perjuicios.
Sentencia contra la cual, por un lado Eneida Caballero Chávez por Félix Martínez Salgueiro y Nora Blanca Santa Cruz de Martínez; y por otro, Daniel Edwin Montaño Torrico por el Tercerista Banco de Crédito de Bolivia S.A., interpusieron Recurso de Apelación cursantes de fs. 807 a 812 y vlta. y 831 a 835 respectivamente.
Antecedentes en virtud de los cuales, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (mediando un primer Auto de Vista y Auto Supremo anulatorio de obrados), emitió el Auto de Vista N°307 de 04 de Septiembre de 2013 cursante de fs. 1069 a 1071, por el que revoca totalmente la Sentencia objeto de la Apelación y consiguientemente declaróprobada la demanda en lo pertinente al mejor derecho de propiedad, acción reivindicatoria, inexistencia, inoponibilidad e ineficacia del derecho de la demandada, y la cancelación de la partida de inscripción de derecho propietario de la demandada; e improbada respecto a la pretensión de daños y perjuicios por no haberse acreditado los mismos. Consiguientemente, como consecuencia de lo resuelto dispuso: 1). Reconocer el mejor derecho propietario de Félix Martínez SalgueIro y Nora Blanca Santa Cruz, sobre el inmueble ubicado en el km. 8 de la carretera Santa Cruz- Warnes con una superficie de 20.000 m2, adquirido mediante compra del Banco de Crédito S. A. e inscrito en la oficina de Derechos Reales en fecha 10 de septiembre de 2003, asiento A-3 de la Matrícula No. 7011060026021. 2). Como efecto de la acción reivindicatoria, ordenó a la demandada NinhoskaSaldías Pérez, la desocupación y entrega del inmueble objeto del litigio a favor de los demandantes Félix Martínez Salgueiro y/o Nora Blanca Santa Cruz de Martínez, dentro del término de diez días computables a partir de la ejecutoria de esa Resolución, bajo prevenciones de desapoderamiento. 3) Ordenó la cancelación en la oficina de Derechos Reales, de la partida de derecho propietario registrada a nombre de NinhoskaSaldías Pérez bajo la Matrícula No. 7011060040427, asiento A-4, en fecha 10 de Julio de 2004.
Asimismo, dicho Tribunal ante las solicitudes de explicación y complementación interpuesta por Daniel Edwin Montaño Torrico en representación del Banco de Crédito de Bolivia S.A. como tercerista; así como por el memorial interpuesto por Luis Reynaldo Rojas Calvi en representación de Félix Martínez Salgueiro y Nora Blanca Santa Cruz de Martínez, emitió los Autos de fecha 23 de septiembre de 2013 cursante a fs. 1088 y 1090 respectivamente, declarando no ha lugar a dichas solicitudes.
Resoluciones que dieron lugar alos Recursos de Casación; interpuestosen el fondo y en la forma por NinhoskaSaldías Pérez cursante de fs. 1073 a 1084, y en el fondo por Luis Reynaldo Rojas Calvi por Félix Martínez Salgueiro y Nora Blanca Santa Cruz de Martínez, cursante de fs. 1101 a 1102 vta., en cuyo mérito se pronunció el Auto Supremo Nº 32/2014 de fecha 17 de febrero de 2014, cursante de fs. 1120 a 1125, que declaró infundado el recurso de casación en la forma y en el fondo formulado porNinhoskaSaldías Pérez, e improcedente el Recurso de Casación en el fondo interpuesto por Félix Martínez Salgueiro y Nora Blanca Santa Cruz de Martínez por intermedio de su apoderado Luis Reynaldo Rojas Calvi. Sin costas por ser ambas partes recurrentes. Del mismo modo, ante la solicitud de complementación y enmienda de NinoshkaSaldías Pérez, se emitió el Auto de fecha 21 de febrero de 2014 cursante a fs. 1135 y vta., resolviendo que no corresponde efectuarcomplementación ni enmienda alguna.
Contra este Auto Supremo, NinhoskaSaldías Pérez interpuso Acción de Amparo Constitucional, en mérito al cual, la Sala Social del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de Garantías Constitucionales, pronunció el Auto Nº 259/2014 de fecha 20 de mayo de 2014, denegando la tutela impetrada; resolución que fue revocada en todo por el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 0222/2014-S2 de fecha 5 de diciembre de 2014, en consecuencia concedió la Acción de Amparo Constitucional, dejando sin efecto el Auto Supremo 32/2014 de 17 de febrero, en relación al Recurso de Casación presentado por NinhoskaSaldías Pérez, en la forma y fondo, disponiendo que la emisión de una nueva Resolucion que respete el principio de congruencia.
Recurso de Casación de NinhoskaSaldías Pérez:
En el fondo: Q ue de acuerdo al art. 253inc. 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil el Auto de Vista efectúa una valoración errada de las pruebas aportadas en el proceso, que provocaría inseguridad jurídica.
Refiere a memorial de fecha 30 de agosto de 2013, señalándolo como fotocopia simple, asimismo a otras fotocopias simples de testimonio de partida de dominio propietario, valores de coordenadas, de tradición de Catastro rural que mostraría la colindancia con la Carretera Santa Cruz Warnes, con apreciaciones subjetivas, insinuando en la actuación del Vocal Relator el papel de Juez en lo Penal.
Que otro aspecto mal valorado en el Auto de Vista fuera sostener que su derecho propietario no tiene título ejecutorial, pero ello no fuera evidente conforme a la prueba de fs. 968 y que en verdad los que no tuvieran ese respaldo fueran los demandantes, que esa cadena de transmisión de dominio ahora la cuestionaría ella. Remite a que se verifique actuados del proceso señalando fs. que fueran demostrativas de su registro de derecho propietario. Que la Sentencia fuera emitida guardando los mínimos detalles de prueba y hacer lo contrario fuera recaer en las previsiones contenidas en la Ley 004.
Refiere a fs. 969 de obrados, que pese al registro no constaría tenga título de origen o génesis de su derecho, que además estuviera observado por relatividad del lugar. Señala que cuando se hace inspección es el lugar donde señalan las partes y no llevan instrumentos de medición para el peritaje.Que cuando se haría referencia a matrícula no vigente, fuera cuando aquella pertenecía a Pura Sánchez Roca y era fundo rústico y se procedió a dotación agraria.
Acusa de marcadamente confuso el Auto de Vista, en las que las inspecciones se habrían realizado en el km. 8 que fuera de su propiedad, confundiendo a uno ubicado en el km. 8 y ½ que correspondería a otro inmueble que reclamaran los demandantes que dice estuvieran acreditados por documentos.
Que el Auto de Vista restaría valor probatorio a sus testigos, que fuera por lo mismo emitido equivocadamente y de mala fe, pues no estarían dentro de las prohibiciones del art. 1328 inc. 2 del Código Civil. Otro aspecto señala, es que en el punto 4 aduciría en forma amplia basándose en una fotocopia simple sin valor que acredite, vulnerando los arts. 399 y 400 del Código de Procedimiento Civil lo que haría no haberse valorado la prueba, y se encontraría viciado en toda su integridad.
Se haría referencia asimismo a la diferencia de precios entre los pagados por los demandantes y su persona, pero no se habría tomado en cuenta que no se trataría de una demanda de lesión en el precio. Que los Vocales presumieron la prefabricación de documentos, al haber referido a los antecedentes, atribuyéndose funciones de Fiscales y Jueces de materia Penal, vulnerando principio de inocencia y con base a presunciones revocar la Sentencia, cuestionando la utilización de términos que dice un Abogado y menos un Juez de esa talla de responsabilidad debería hacerlo.
Se cuestiona el hecho dice de sí para la procedencia de una demanda como la formulada, el inmueble no tenía que ser el mismo, misma ubicación. Pruebas que dice no fueron valoradas por el Tribunal de Alzada.
Que si se hubiera valorado correctamente todas las pruebas, se hubiera producido un Auto de Vista diferente, cuidando el debido proceso y los derecho y garantías de las partes, y se detalla las fojas en las que estuvieran insertas pruebas no valoradas. Todo esto tendería a mostrar la diferencia entre la ubicación de la propiedad de los demandantes en el km 8 y ½ de la carretera Santa Cruz –Montero y no así el km. 8, continua describiendo antecedentes y refiere que los actores nunca estuvieron en posesión natural o física del inmueble o que su derecho lo estuviera ejerciendo por intermedio de tercera persona.
Finalizado lo anterior refiere como ley o leyes violadas o aplicación falsa o errada de las mismas, nombrando los arts. 1283 y 1286 del Código Civil, y 397, 399, 400 y 476 del Código de Procedimiento Civil, transcribiéndolos textualmente, culminando en la última parte de su exposición refiriendo que los señores Vocales además de no brindar el valor legal que le otorga la ley a las pruebas señaladas, desconocerían otras que debían ser tomadas en cuenta, que al no valorar las declaraciones de sus testigos infringirían el art. 476 del Código de Procedimiento Civil y por otro lado el hecho de que se haya presentado documentación en simples fotocopias, remitiéndose al art. 400 que le otorgare valor legal siempre y cuando estuvieran legalizados o autenticados por funcionario tenedor, que los testimonios correspondientes de fs. 1 a 4 y de 5 a 16 respaldos del derecho propietario de los demandantes fueran fotocopias simples.
Recurre dice alternativamente en casación en la forma, pues a la Resolución de los recursos de Apelación presentados por los demandantes y tercerista en la parte dispositiva resolvería por la desocupación y entrega del inmueble objeto del litigio, este aspecto no hubiera sido solicitado por los apelantes, de manera extra petita, deviniendo en un Auto de vista incongruente e impertinente que infringiría el debido proceso.
Señala que toda Sentencia debe pronunciarse en sujeción a lo previsto por el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, lo contrario seria uno extra petita, y en el caso estaríamos frente a uno, pues al no haber sido solicitado el desapoderamiento y la cancelación de la partida en Derechos Reales, se adecuaría a lo anterior.
Tomando en cuenta los argumentos expuestos en el recurso, pide que resolviendo el recurso de casación en el fondo se case totalmente el Auto de Vista de acuerdo a los arts. 271.4 y 274 del Código de Procedimiento Civil y deliberando en el fondo declare improbada la demanda. O en su caso resolviendo el recurso en la forma Anule el Auto de Vista.
Recurso de Casación de Luis Reynaldo Rojas Calvi por Félix Martínez Salgueiro y Nora Blanca Santa Cruz de Martínez.
Que ante la negativa de enmienda y complementación interpone recurso de casación en el fondo solo en cuanto a esa denegación de enmendar la mención del km. 8 por km 8½, refiriendo para ello prueba documental preconstituida acompañada a la demanda que señalarían la ubicación correcta del inmueble, que sin embargo de estar reconocida esa ubicación correcta, y al negar la enmienda y complementación solicitada, habría incurrido en falsa y errónea aplicación de los arts. 1287, 1296, 1297, 1309 a 1311 y 1334 del Código Civil, así como los arts. 397, 399 y 400 del Código de Procedimiento Civil, en ese antecedente pide que declarando infundado el recurso de casación en cuanto a lo principal del Auto de Vista, case en el fondo en cuanto se refiere a la complementación y enmienda, señalando que el inmueble se halla ubicado en el km 8½ de la Carretera al Norte (Santa Cruz-Montero).
La Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0222/2014-S2 de 5 de diciembre de 2014, pronunciada dentro de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por NinhoskaSaldías Pérez contra los Magistrados de la Sala Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, revocó en todo la Resolución Nº 259/2014 de 20 de mayo, pronunciada por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituido en Tribunal de Garantías, y en consecuencia concedió la Acción de Amparo Constitucional, dejando sin efecto el Auto Supremo Nº 32/2014 de fecha 17 de febrero, en relación al Recurso de Casación presentado por NinhoskaSaldías Pérez, en la forma y en el fondo; y, disponiendo se emita una nueva resolución que respete el principio de congruencia.
De esta manera, remitiéndonos alo establecido en la citada Sentencia Constitucional, respecto al reclamo realizado por la accionante con relación a la vulneración del debido proceso en su componente de incorrecta valoración de la prueba e interpretación de las normas ordinarias, tutela judicial efectiva, respecto a la falta de motivación y fundamentación, derecho a la defensa, congruencia de la resolución y del derecho a la propiedad; se estableció que el Auto Supremo citado supra, llega hacer incongruenteen su parte considerativa y por ende luego en la parte dispositiva, ya que no podía declararse infundado un recurso de casación por incumplimiento de los requisitos formales de procedencia, por lo que dispuso se emita otro Auto Supremo que respete dicho componente, con razonamientos claros y precisos, que conlleven a una acorde determinación final.
Bajo eso antecedente y dando cumplimiento a la Sentencia Constitucional citada anteriormente, a continuación corresponde referirnos al Recurso de Casación interpuesto por NinhoskaSaldías Pérez, del cual se considerará previamente el Recurso de Casación en la forma, en razón a que si los reclamos expuestos en el mismo fueren evidentes, corresponderá emitir una resolución anulatoria, imposibilitando a este Tribunal ingresar a considerar los reclamos vertidos en el Recurso de Casación en el fondo.
Respecto al reclamo de que el Auto de Vista hubiera pronunciado una resolución incongruente e impertinente, porque al margen de declarar probada la demanda principal también dispuso el desapoderamiento y cancelación de partida en Derechos Reales; sobre este aspecto corresponde señalar que de la revisión de obrados, específicamente de la demanda (fs. 80 a 84), se advierte que entre las pretensiones de la parte actora esta la acción reivindicatoria, así como la cancelación de la Partida de derecho propietario registrada a nombre de la demandada; pretensiones entre otras, que fueron puestas a conocimiento de la parte recurrente quien no presente objeción alguna sobre estas, pues si bien el Juez A quo en Primera Instancia al declarar improbada la demanda, no acogió las pretensiones deducidas por la parte actora, empero el Tribunal de Apelación al revocar la Resolución de Primera Instancia, naturalmente se pronunció sobre los puntos demandados, ello en virtud a los alcances del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, situación que de ninguna manera puede ser considerado como extra petita, pues no puede la recurrente pretender que se analice únicamente la pretensión de la parte actora desde la interposición del Recurso de Apelación, más aun si los hechos cuestionados fueron objeto del proceso desde la interposición de la demanda.
En ese sentido, se establece que cuando el Tribunal Ad quem a tiempo de pronunciar el Auto de Vista dispuso el desapoderamiento y la cancelación de la Matricula de Derechos Reales, estos aspectos deben ser considerados como consecuencia lógica de lo resuelto por dicho Tribunal y de esta manera lograr la efectividad de la Resolución, es decir asegurar la aplicación eficaz del derecho a la propiedad, por lo que se concluye que dicho extremo no puede ser subsumido en los alcances de lo dispuesto en el art. 254 núm. 4) del Código de Procedimiento Civil, resultando consecuentemente este reclamo carente de fundamento.
En virtud del análisis de los reclamos expuestos en el Recurso de Casación en el fondo, corresponde realizar las siguientes consideraciones:
Respecto a que el Tribunal de Alzada en el Auto de Vista recurrido hubiera realizado una valoración errada de las pruebas aportadas en el proceso; debemos señalar que el Tribunal de Alzada basó su decisión en el análisis que realizó de la tradición dominial de cada una de las partes, así como en el hecho de que la recurrente durante el proceso no llegó a demostrar la existencia del título ejecutorial y del número del proceso agrario, razones por las cuales concluyó que la cadena de transmisión de dominio de la demanda no existe, y que al contrario, la de los demandantes tiene base sólida acreditada con documentación idónea; del mismo modo, dicho Tribunal se basó en las inspecciones judiciales en las cuales se habría dejado constancia que el inmueble objeto de la litis se encuentra en el Km.8 y ½, por lo que no se trataría de inmuebles diferentes; otro aspecto que sirvió de sustentó para la decisión de los Jueces de Alzada fue que el fundo “La pampa” de propiedad de Pura Sánchez Roca, de donde emerge el tracto sucesivo de la recurrente, el cual constaba de 80.000 mts2., no tenía como colindancia la carretera al Norte, empero en las transferencias posteriores aparece incluida inexplicablemente dicha colindancia, así como el hecho de que el documento de venta por el cual la recurrente adquirió el inmueble es de fecha 28 de junio de 2004 y contradictoriamente el reconocimiento de firmas del mismo, es de fecha 28 de marzo de 2004 y el precio de dicha transferencia que según la apreciación del Tribunal resulta inverosímil.
De lo manifestado, se tiene que as pruebas citados, conforme lo establecido en el art. 1286 del Código Civil en relación al art. 397 del Adjetivo Civil, fueron valoradas por el Tribunal de Segunda Instancia al momento de emitir Resolución, pues dicha valoración no se encuentra sujeta únicamente al valor legal de la prueba, pues puede, con la finalidad de tener mayor convencimiento, aplicar la sana critica, valorando aquellas pruebas esenciales y decisivas en forma conjunta y de esta manera emitir resolución, tal como ocurrió en el presente caso, razón por la cual lo reclamado por la recurrente carece de sustento.
Con relación a las acusaciones de que, en el procesomediamente memorial de fecha 30 de agosto de 2013, la parte actora habría adjuntando fotocopias simples, las cuales influyeron en el Vocal Relator; de dicho aspecto debemos señalar que el Tribunal de Alzada, conforme a lo desarrollado precedentemente, basó su decisión en los ya referidos medios probatorios, en virtud de los cuales llegó a la conclusión de revocar la Sentencia de primera instancia, pruebas que de manera explícita el Tribunal de Alzada señaló las fojas en la cuales se encuentran en el proceso y no así en las documentales que adjuntó la parte actora en el citado memorial, consecuentemente este punto de su recurso de casación en el fondo, no resulta evidente.
Sobre el hecho de que el Auto de Vista hubiese sostenido que su derecho propietario no tiene título ejecutorial y que dicho extremo no resultaría evidente conforme a la documental de fs. 968, es menester señalar que de la revisión del Auto de Vista recurrido, se advierte que el Tribunal Ad quem, señaló que la recurrente si bien adjuntó documental referente a su tradición dominial, empero lo que no llegó a demostrar fue la existencia del título ejecutorial y del número del proceso agrario; es decir que, lo que el Tribunal observó y cuestionó no fue en sí, que el derecho propietario de la recurrente este o no inscrito en Derechos Reales, como consta en la certificación de fs. 968, la cual hace referencia la recurrente, sino lo que cuestionó fue el origen de dicho derecho Propietario, toda vez que la recurrente refirió tener ese derecho sobre el bien inmueble objeto de la litis como emergencia de una supuesta dotación agraria a favor de la beneficiaria del fundo denominado “La pampa”; de esta manera lo acusado por la recurrente no resulta evidente.
Ahora bien, en lo que corresponde a las inspecciones judiciales, las cuales se hubieran realizado en el Km. 8 que es de su propiedad; al respecto debemos señalar que de la revisión de las actas de las audiencias de inspección judicial que cursan en obrados (fs. 99 a 100, 146 y 682 a 683), mismas que fueron valoradas por el Tribunal de Alzada, se advierte queal momento de ser instaladas (las audiencias de inspección judicial), el Juez señaló que las mismas eran realizadas en el inmueble ubicado en el Km. 8 y ½ sobre la carretera Santa Cruz-Warnes, que consta con una superficie de 20.000 mts2., y no así en el Km. 8 como refiere la recurrente, extremos que fueron de su conocimiento, estando presente en todas las audiencias; al margen debemos señalar que la producción de estos medios probatorios no estuvieron destinados precisamente a determinar la ubicación exacta del bien inmueble, pues las mismas fueron realizadas con otras finalidades, en principio dentro de un interdicto de recobrar la posesión, en una medida precautoria de prohibición de innovar y el último fue realizado con el objetivo de verificar la o las personas que se encuentran en posesión del inmueble objeto del litigio además de las mejoras; asimismo, debemos hacer notar que en las inspecciones se registraron los mismos objetos dentro del inmueble objeto de la litis (containers, pequeña habitación o caseta con techo laminado, entre otros), extremos por los cuales se desvirtúa lo acusado por la recurrente.
En lo referente al reclamo de que el Tribunal de Alzada habría restado valor probatorio a sus testigos, las cuales tendrían plena eficacia conforme a lo establecido en el art. 1330 del Código Civil, de esta acusación corresponde señalar que el fallo en cuestión no se sustenta únicamente en las referidas declaraciones, sino fundamentalmente en las pruebas documentales y en otros actuados procesales como ser las inspecciones, por lo tanto este agravio carece de relevancia.
Siguiendo con el análisis de los reclamos acusados, tenemos el hecho de que el Tribunal de Alzada en el punto 4 de la resolución recurrida en casación, se hubiera basado en una fotocopia simple sin valor alguno, de lo acusado se tiene que en si bien de manera expresa no refiere la recurrente la prueba a la cual se estaría haciendo referencia, empero de la revisión de las documentales señaladas en dicho punto de la Resolución de Alzada, si bien resulta evidente que la cursante a fs. 73 resulta ser fotocopia simple, empero esta documental, al haber sido puesta en conocimiento dela recurrente, esta no presentó objeción alguna ni fue desconocida, razón por la cual dicha documental hace plena fe, conforme a lo establecido en el art. 1311 del Sustantivo Civil con relación al art. 346 inc. 2) del código de Procedimiento Civil, no existiendo consecuentemente vulneración de los arts. 399 y 400 del Código Adjetivo de la Materia.
Con referencia a la diferencia de precios pagados tanto por la parte actora como por la recurrente sobre el bien inmueble en cuestión, a la cual hubiera hecho referencia el Tribunal de Alzada, al respecto se debe señalar que el razonamiento del Tribunal de segunda instancia en relación a la compra del terreno en cuestión que realizaron ambas partes, deviene el análisis de los antecedentes domíniales de ambas partes, es decir, otorgaron mayor credibilidad a la compra realizada por Félix Martínez Salgueiro al Banco de Crédito S.A., por el precio de $us. 180.000.- antecedente dominial claramente acreditado que en contrastación con el antecedente dominial de la demandada NinhoskaSaldías Pérez no resulta claro toda vez que no existe prueba concreta que genere convicción, ya que habría adquirido dicho bien de una persona desconocida, concluyendo que el tracto sucesivo de la demandada resulta dudoso, por lo que no generó convicción en los de Alzada en favor de esta última; sin embargo se debe tener presente que dicha contrastación de pruebas no fue realizada en forma aislada, sino que fue integrada con la prueba expuesta supra en aplicación de lo establecido en el art. 397.II de CPC.
El reclamo de falta de valoración de pruebas que detalla la recurrente, las cuales si hubiesen sido tomadas en cuenta por el Tribunal de Alzada, el resultado sería diferente, sobre dicho reclamo resulta pertinente aclarar que la falta y omisión de valoración de medios probatorios, es un aspecto que debe ser cuestionado en un recurso de casación en la forma y no en el fondo, pues respecto a la valoración de las pruebas, el recurso de casación en el fondo solo procede cuando se acusa error de hecho o de derecho en la valoración de las mismas, aspecto por lo cual no corresponde ingresar a considerar dicho extremo.
Otro aspecto que reclama la recurrente es que los demandantes nunca estuvieron en posesión natural o física del inmueble o que su derecho lo hubiesen ejercido por intermedio de una tercera persona, sobre el particular diremos que al margen de que la recurrente debió ser quien demuestre tal extremo conforme a lo dispuesto en los arts. 1383 del Código Civil y art. 375 del Adjetivo Civil, no menos cierto es el hecho de que la reivindicación como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al propietario que ha perdido la posesión de una cosa, y que este derecho propietario, por su naturaleza, conlleva la posesión, que emerge del derecho mismo, consiguientemente, quien pretende dicha acción no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que tiene la "posesión civil" que está integrada en sus elementos "corpus y animus", por cuanto, el hecho de que los actores principales hayan estado o no en posesión física del inmueble, en lo que respecta a la reivindicación, no resulta ser un requisito que haga viable dicha pretensión.
Finalmente, la recurrente transcribió todas aquellas normas que creyó vulneradas, refiriendo nuevamente los aspectos que ya fueron respondidos de manera puntual en este acápite.
Consecuentemente, por las razones expuestas, respecto al Recurso de Casación en la forma y en el fondo interpuesto por NinhoskaSaldías Pérez, corresponde emitir resolución conforme a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
Recurso de Casación en el fondo de Luis Reynaldo Rojas Calvi por Félix Martínez Salgueiro y Nora Blanca Santa Cruz de Martínez.
El reclamo esencialmente radica en el hecho de haberse consignado una dirección diferente en cuanto se refiere la ubicación del lote de terreno, encontrando incongruencia entre la parte considerativa y la dispositiva, que refiere Km. 8 en lugar de Km. 8 y ½, que estaría respaldado por la prueba producida en obrados y que ante la petición de enmienda y complementación se habría incurrido en la transgresión de las normas que se señala.
Sin embargo que de manera general se cita las disposiciones legales como vulneradas, no habrá que perder de vista que los fallos que se emiten por los administradores de justicia, deben estar enmarcados dentro de la legalidad y congruencia necesarias, revistiendo trascendencia el hecho de que la determinación adoptada en la parte dispositiva, sea el reflejo del razonamiento expuesto en la parte considerativa bajo el entendimiento de lo determinado por el art. 190 del Código de Procedimiento Civil y en Apelación bajo la pertinencia exigida por el art. 236 de la misma norma procesal.
En una Sentencia constitutiva o Auto de vista revocatorio que modifica una situación jurídica existente, estableciendo una nueva, debe estar justificada la decisión de manera razonada debiendo existir coherencia entre la exposición de antecedentes con relación a la decisión a adoptar. Desde la perspectiva enfocada, el principio de congruencia y el derecho a la defensa están vinculados de manera esencial, en razón de la necesidad de la seguridad que deba darse a las partes.
En el caso de Autos, se verifica que la resolución de segunda instancia analiza los antecedentes, encontrando cierta la pretensión de los demandantes, estableciendo en la parte considerativa que el bien inmueble objeto de litigio estuviera ubicado en el Km. 8 ½ sobre la Carretera al Norte de Santa Cruz, sin embargo de manera incongruente a momento de pronunciar la parte dispositiva del Auto de Vista, reconoce el mejor derecho propietario a favor de los demandantes sobre el bien inmueble ubicado en el km. 8 de la carretera Santa Cruz Warnes, esa situación irregular fue oportunamente reclamada por memorial de fs. 1089 de obrados en la que se solicita la complementación por la ubicación correcta, empero de manera sesgada el Auto complementario de fs. 1090 hace alusión al segundo considerando del Auto de vista y no así a la dispositiva, señalando que simplemente es una relación de lo resuelto por el Juez A quo y no una conclusión del Tribunal de Alzada, para finalmente disponer no haber lugar a la explicación y complementación solicitada.
Lo anterior en definitiva ingresa al campo de la incongruencia, pues de la revisión del Auto de Vista, se verifica que no es evidente que se hubiera solicitado la complementación o aclaración de lo referido en el segundo considerando, sino de la parte dispositiva, siendo que la misma es una conclusión a la que arribaron los de segunda instancia conforme a todo lo analizado en la parte considerativa, por lo que correspondía efectuar la complementación o aclaración pertinente, existiendo por lo mismo vulneración al principio de congruencia, este aspecto sin embargo debió ser reclamado en la forma y no en el fondo como lo hizo de manera errada la parte actora, impidiendo a este Tribunal Supremo ingresar a considerar el recurso como tal para dar viabilidad a su petición.Sin embargo, será prudente dejar aclarado que todo fallo, en este caso el de segunda instancia debe ser entendido en su integridad, en ese sentido todo lo razonado es conducente a establecer que la petición de los demandantes tiene asidero, eso se entiende de la exposición de la parte considerativa, que da lugar a la pretensión de la ubicación del bien inmueble de los actores esta en el km 8 ½ sobre la carretera Santa Cruz-Warnes, consecuentemente la omisión de señalar en el punto uno de la parte dispositiva del Auto de Vista de manera correcta la dirección de la ubicación, entendemos se trata de un error numérico, susceptible de ser corregido incluso en ejecución de Sentencia, cual manda la última parte del num. 1) del art. 196 del Código de Procedimiento Civil.
Consecuentemente al estar formulado el recurso de casación en el fondo de manera errada cuando correspondió efectuarlo en la forma, amerita dar aplicación a lo determinado por los arts. 271num.1) y 272 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.Inum. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo formulado por NinhoskaSaldías Pérez por memorial de fs. 1073 a 1084 vta., y en sujeción a lo previsto por los arts. 271 num. 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo interpuesto por Félix Martínez Salgueiro y Nora Blanca Santa Cruz de Martínez por intermedio de su apoderado Luis Reynaldo Rojas Calvi, -ambos recursos- contra el Auto de Vista Nº 307de 04 de septiembre de 2013 cursante de fs. 1069 a 1071 y su Auto complementario de fs. 1090 de obrados. Sin costas por ser recurrentes ambas partes.

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