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Timestamp: 2019-06-27 13:16:47+00:00

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Intervención en el primer pleno de la legislatura | DIARIO
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Presentación de la propuesta de resolución sobre el diálogo y la reconciliación →
Intervención de Miquel Iceta en el primer pleno de la XII Legislatura
Palau del Parlament, 1 de marzo de 2018
La primera reflexión que quiero compartir con todo ustedes gira sobre la idea del respeto.
Desde nuestro Grupo Parlamentario queremos afirmar desde el primer momento nuestro respeto hacia todas las opciones políticas representadas en el Parlament.
Entre todos representamos al pueblo de Cataluña, y Socialistes y Units per Avançar respetamos, por tanto, todas las expresiones políticas presentes en el Parlament. A ninguna de ellas le negamos ni catalanidad ni carácter democrático. A todas ellas ofrecemos respeto y diálogo.
Creo que respeto por las personas, respeto por las ideas, respeto a las instituciones y respeto a la ley tendrían que ser el mejor punto de partida para una legislatura que tendría que ser bien diferente a la anterior.
El respeto no implica condescendencia, ni pretende disimular discrepancias. Las tenemos y son profundas. Nosotros no solo no compartimos el proyecto independentista, sino que creemos que perjudica a nuestro país. Pero respetamos profundamente lo que piensan de otra forma.
Un respeto que tienen que observar especialmente los que tienen responsabilidades institucionales a cualquier nivel. Sin olvidar nunca que, sea cual sea su posición política personal, tienen que hacer un esfuerzo para representar a todo el mundo, para que no se dañe la imagen de las instituciones que son de todos.
Me dirijo a la Cámara desde la responsabilidad y la conciencia compartida de que no estamos haciendo nuestro trabajo.
Hemos sido elegidos como diputados y diputadas y cobramos por ejercer esta función, pero llevamos ya un mes de retraso en la investidura de un nuevo President. Se sigue aplicando el artículo 155 de la Constitución Española porque no hay gobierno, a la espera de acuerdo entre los independentistas.
Y ni siquiera corren los plazos.
Y son muchas las personas que esperan nuestra respuesta, nuestras propuestas, nuestro trabajo de impulso y control al gobierno.
Nos esperan 162.742 menores que viven en lugares con privación material severa. Niños tutelados que han pasado noches en los calabozos de la Ciudad de la Justicia, en el Anatómico Forense, y ahora duermen en los pasillos de un Centro residencial de Acción Educativa. 20.000 familias que esperan cita para acogerse a la Renta Garantizada de Ciudadanía. Miles de personas sin vivienda; un 25% de los desahucios que se producen en España tienen lugar en Cataluña. Alguien tiene que rendir cuentas de la chapuza del concurso de la ATLL, y alguien tendría que suspender el incremento del 11,8% del precio del agua para este año. Muchos estudiantes esperan que aprobemos una moratoria en la exigencia del conocimiento de una tercera lengua, mientras no se pongan los medios efectivos para hacerlo posible. Somos la Comunidad Autónoma con las listas de espera más largas para las intervenciones quirúrgicas, los servicios de urgencias de los hospitales están colapsados, tenemos personas atendidas en los pasillos. Son problemas de los que se habla poco. Y no tenemos un gobierno que los aborde y al que instar a la acción.
La ausencia de gobierno perjudica a la economía. Y la parálisis política genera inestabilidad, desigualdad, erosión de los derechos sociales y pobreza. Los más débiles son finalmente los más perjudicados.
7 millones y medio de catalanes y catalanas desean que nos pongamos en marcha. Necesitamos un gobierno. Un gobierno que se haga cargo de los problemas, que gobierne para los siete millones y medio de catalanes. Y la última reunión de gobierno de Cataluña se produjo el 24 de octubre del año pasado. Hace demasiado tiempo.
Es hora de que un nuevo gobierno, piense lo que piense sobre el futuro de Cataluña, se cuide de los problemas y los anhelos del conjunto de los catalanes, no solo de una parte.
Estoy pensando en los ciudadanos que siguen con inquietud y estupor las negociaciones a puerta cerrada por parte de aquellos que se llenan la boca de democracia, de participación y de transparencia.
A día de hoy no sabemos cuántos presidentes tendremos, cuántos de verdad o cuántos de broma. Y a veces hemos visto más dificultades para decidir sobre quién tiene que mandar en TV3 que sobre quién tiene que presidir la Generalitat.
Siete millones y medio de catalanes tienen derecho a que el Parlament se disuelva si en un plazo razonable no se pone en marcha la legislatura.
Creo que nadie se merece lo que está pasando, haya votado lo que haya votado.
Como mínimo tenemos que poner en marcha el reloj. Y por eso hemos presentado una propuesta de resolución que, sin atribuir responsabilidades a nadie, pretende proporcionar certezas a todos.
También hemos presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en defensa de nuestros derechos como diputados y diputadas, que son también los derechos de la ciudadanía a la que representamos. Lo haremos siempre que haga falta.
Pero nos gustaría más que fuese una decisión del Pleno del Parlament la que desbloqueara la situación, acogiéndonos a lo que los letrados de la Cámara decían cuando apuntaban a un “acto equivalente a la primera votación de investidura” como mecanismo para poner en marcha el reloj, ya que la votación de investidura no se ha producido, como dice nuestra ley, diez días después de constituido el Parlament.
Desde el primer día afirmamos nuestra posición política en este inicio de legislatura: En primer lugar, Parlament y Gobierno tendrían que actuar permanentemente en el marco constitucional y estatutario vigente, respetando los mecanismos legales y las mayorías necesarias para reformarlo.
En segundo lugar, parece conveniente no elegir a personas que no puedan ejercer en plenitud sus responsabilidades, como forma de evitar que la legislatura quede hipotecada por los procedimientos judiciales en curso.
Finalmente, en tercer lugar, hay que constituir un gobierno estable capaz de asegurar una gestión eficiente de las competencias y los recursos de la Generalitat y de abrir una negociación con las instituciones del Estado.
Nuestra propuesta de resolución recoge estos criterios.
Hemos tenido que combatir la peregrina idea de una investidura a distancia o por delegación, y también la broma de un gobierno telemático.
Aprovecho para decir que consideramos inapropiadas las candidaturas a President o para ser miembros del gobierno de personas que estén inmersas en un procedimiento judicial abierto, estén o no en prisión preventiva.
Respetamos la presunción de inocencia, pero no creemos que estas personas puedan dedicarse en plenitud a los trabajos que se les pretende encomendar, que exigen una total disponibilidad y la máxima libertad de acción. Lógicamente los afectados tienen que concentrarse en la preparación de su defensa y eso, por muchos motivos, limita su capacidad de actuación. Y nuestra obligación como diputados es dotar a nuestro país de instituciones lo máximo de eficaces posible.
Además, la decisión de encomendar trabajos de gobierno a personas afectadas por un proceso judicial, se quiera o no, señalará una continuidad o una discontinuidad con respecto a la anterior legislatura. Y en eso queremos ser especialmente claros: desde nuestro punto de vista no tiene ningún sentido reeditar, ni que sea simbólicamente, una vía que ha fracasado.
De hecho, si consideramos que el proceso comienza con la elecciones de 2012 es difícil rebatir que en estos años no se ha producido ningún avance en materia de autogobierno ni de financiación. Ninguna nueva competencia, ni más recursos, ni más inversiones, ni ningún gran proyecto.
Y hacemos el balance de la anterior legislatura, es obvio que la vía unilateral e ilegal ha fracasado. No tiene sentido hablar de recuperar una república que no nació y que nos ha dejado un país más dividido y más pobre, con unas instituciones intervenidas y con el prestigio gravemente erosionado.
Se prometieron cosas que no se pudieron cumplir. Y que se sabía que no se podrían cumplir. Eso se llama engaño. Y algunos se han visto obligados a reconocerlo, bien ante el juez, bien ante un micrófono.
No había nada preparado, no hay apoyos internacionales. La decisión de hacer un referéndum, que después de escuchar declaraciones en sede judicial ya no sabemos si era real o simbólico. Y de hacer una declaración unilateral de independencia, que después de escuchar declaraciones en sede judicial ya no sabemos si era real o simbólica, ha tenido enormes costes políticos, económicos, sociales y personales.
Les pedimos que respeten el principio de realidad. La única legitimidad democrática, y no reconocemos ninguna otra, emanada de este Parlament y está amparada por el Estatuto y la Constitución, como muchos han reconocido y asumido ante el juez. Ni Consejos de la República, ni asambleas de electos, ni actos simbólicos en Bruselas no pueden substituir este Parlament y el President y el gobierno surgidos de la Cámara. No creen órganos que solo les representan a ustedes mismos, como si en su República solo cupiesen ustedes.
Es más, el desdoblamiento institucional que algunos parecen pretender no puede hacer otra cosa que erosionar nuestras instituciones de verdad: las instituciones de autogobierno amparadas por el Estatuto y la Constitución. Hay que ser claros al respecto. Cualquier intento de construir una legitimidad paralela, aunque se pretenda simbólica, que sería reconocida por una parte de la ciudadanía catalana y sería negada por las leyes y por otra parte de la ciudadanía, está abocada al fracaso y nos adentra todavía más en el conflicto. Para superarlo, lo que hace falta es reconstruir el consenso democrático sobre las instituciones de toda la ciudadanía catalana, y construir y el futuro juntos a partir de aquí. Comenzando por el respeto y siguiendo por la reconciliación, para abrir un camino de reformas. Respeto, reconciliación y reformas tendrían que presidir esta nueva legislatura.
Los días 6 y 7 de septiembre se rompieron en este hemiciclo demasiadas cosas. La imposición de criterios de parte por encima de reglamentos y de leyes, pisoteando el derecho de las minorías, fue el preludio de un desastre que no podía acabar sino en intervención de las instituciones de autogobierno por parte del Estado. Muchos lo habíamos advertido. Y por eso esta legislatura tiene que emprender un camino bien diferente.
Romper con la legalidad nos ha llevado al 155. Y tampoco queremos dejar de señalar la responsabilidad de los que no han sido capaces de abrir una vía de diálogo y negociación, de los que solo han sabido trasladar el problema a la justicia y no han sabido dar otra respuesta que la represión policial. Pero vuelvo a reclamar la aceptación del principio de realidad: el reconocimiento de la primacía del Estatuto y la Constitución por parte de los dirigentes políticos que han declarado ante el juez tendría que ser un buen punto de partida para asegurar que esta legislatura será bien diferente de la anterior.
Creemos que esta legislatura se tendría que iniciar pensando en el conjunto de los ciudadanos y no solo de una parte, por numerosa que sea. Desde nuestro punto de vista no podemos abordar la cuestión de las relaciones entre Cataluña y el resto de España sin reconocer que primero hay que promover un gran acuerdo al respecto entre los catalanes. Un acuerdo que hoy por hoy no existe.
No cabe duda de que las fuerzas independentistas tienen un mayoría parlamentaria que les habilita a gobernar si acuerdan un gobierno, un presidente y quién manda sobre TV3, pero en cambio no hay un mandato democrático para la independencia. Un mandato que, por otro lado, nunca podría tener éxito de forma unilateral e ilegal como ya se ha comprobado.
De hecho, si lo que se quiere es cambiar el marco institucional, algo bien legítimo, hay que hacerlo a través de mecanismos de reforma que pasan necesariamente por las Cortes Generales en un proceso que hay que iniciar en el Parlament contando con una mayoría de al menos dos tercios de la Cámara. Y no hay dos tercios del Parlament ni de la sociedad catalana dispuestos a avanzar en un proceso constituyente ni en la redacción de la Constitución de la República Catalana. Lo saben ustedes y nos los acaba de recordar el último estudio del CEO. No hace falta insistir más.
La tradición catalanista que compartimos con muchos se basa en la defensa de la unidad civil y de la cohesión social. Y no está de más recordar que, a veces, querer acelerar rompiendo consensos lo que provoca son reacciones en sentido contrario. Y la polarización que ha provocado el debate sobre la independencia es una buena muestra. Hagan el favor de leer bien los resultados electorales, no es tan difícil.
Aprovecho para reiterar nuestra convicción de que la división de la sociedad catalana en dos bloques enfrentados, incapaces de dialogar entre ellos, no solo no nos hará avanzar sino que nos está haciendo retroceder. Por este motivo intentaremos no caer en ninguna tentación frentista y nos comprometemos a colaborar con todos aquellos que compartan esta convicción.
Creemos que Cataluña está en condiciones de conseguir mayores cotas de autogobierno, una mejor financiación, y un papel activo en la transformación de España y de Europa. Todo ello a través de un camino de diálogo, negociación y pacto. Pero como les decía eso requiere antes que nada de un acuerdo entre los catalanes.
Y estamos escuchando hablar mucho de candidatos a la Presidencia, de candidatos a ser consejeros y consejeras, de quién quiere mandar sobre TV3, pero no estamos escuchando hablar nada sobre qué política se quiere hacer.
Y la primera pregunta a hacernos es bien sencilla: se acepta el marco legal vigente o no. Habría que acabar con esta situación tan peculiar en la que demasiadas personas dicen una cosa en público y otra en privado. Del mismo hecho corren demasiadas versiones: la del whatsapp de los convencidos, la de los medios de comunicación, la que se hace ante el juez y la que se confiesa en privado.
Quizás las enmiendas presentadas por la CUP tenían la virtud de esclarecer las verdaderas intenciones de todo el mundo. ¿Eso va de continuar la lógica de la anterior legislatura? ¿O buscamos entre todos otra salida después de ver el fracaso, los enormes costes y los riesgos de la República virtual, unilateral e ilegal?
Después lógicamente vendrán las preguntas sobre prioridades y orientaciones concretas de las diversas políticas sobre la que la Generalitat tiene competencias.
Y también sobre la disposición a abrir un diálogo dentro de Cataluña primero y fuera de Cataluña después.
Nuestro Grupo está dispuesto a cualquier esfuerzo, a cualquier sacrificio en beneficio de la necesaria reconciliación. Pero queremos ser muy claros: solo el respeto a la legalidad proporciona la base sobre la que construir y ampliar consensos.
En este sentido votaremos a favor de las propuesta de resolución del resto de grupo a excepción de la de Junts per Catalunya que contiene demasiados elementos de continuidad con la anterior legislatura que querríamos bien pronto olvidar y superar.
Publicado el Jueves 1 marzo 2018 en Política. Añade a favoritos el enlace permanente.	Deja un comentario.

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