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Timestamp: 2019-10-20 21:06:29+00:00

Document:
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 16 de Mayo de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 651880785
Ponente: Cecilio Cedalise Riquelme
El resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, conocen la apelación interpuesta por el Procurador de la Administración contra la Resolución de 14 de diciembre de 2015, y la Providencia de 4 de enero de 2016, mediante las cuales el Magistrado Sustanciador admitió la demanda como Proceso Sumario de Indemnización, presentado por Leon E. Halphen A., a través de apoderada judicial, por razón del presunto despido injustificado contenido en el Decreto de Personal No.360 de 28 de julio de 2015, emitido por el Ministerio de Obras Públicas.
ARGUMENTOS DEL APELANTE:
El Procurador de la Administración a través de la Vista No. 081 de 26 de enero de 2016, objeta la Resolución de 14 de diciembre de 2015, y la Providencia de 4 de enero de 2016, por medio de las cuales el Magistrado Sustanciador admitió la presente acción, por las razones que seguidamente pasamos a exponer de manera sucinta:
Que el actor ha comparecido ante la Sala tercera con el objeto de presentar una Demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal el Decreto de Personal 360 del 28 de julio de 2015, emitido por el Ministerio de Obras Públicas, en la cual solicita: "el pago de la prima de antigüedad y la indemnización; vacaciones adeudadas y cualquier otro emolumento que corresponda."
Que según criterio sostenido por la Sala Tercera al pronunciarse recientemente en torno a la existencia de un vacío en el procedimiento aplicable a las demandas contencioso administrativa en las que se reclame el pago de una prima de antigüedad en las leyes 39 y 127 de 2013, indicó que las mismas se tramitarán de conformidad con lo establecido en la ley 135 de 1943, por tratarse de reclamo de derechos particulares. En relación con las acciones en las que el demandante reclame el pago de prestaciones laborales; es decir reintegro o la indemnización, se tramitarán mediante proceso sumario.
Que como quiera que en este caso se solicita el pago de la prima de antigüedad, por una parte, y la indemnización, por la otra, son del criterio que deben ser tramitados bajos procesos distintos, tal como lo ha expresado la Sala Tercera al señalar que dichas prestaciones laborales deben solicitarse en demandas separadas, porque de lo contrario se produciría un obstáculo procesal que impediría decidir ambas pretensiones en un mismo negocio jurídico y cuando ello sea requerido en un mismo libelo, la demanda no debe ser admitida, situación que se da en la acción que nos ocupa.
La parte actora en escrito de oposición solicita al resto de esta Sala rechace la apelación presentada por el Procurador de la Administración, y en su defecto se ordene la continuación del proceso sumario, y se condene al Estado al pago de prestaciones laborales a que tendría derecho.
Señala que al existir normas legales claras y precisas que establecen ante quién se debe presentar el proceso sumario; cuáles son los derechos que se pueden reclamar dentro de este proceso, y que la suma de dinero que se reconozca en la sentencia que se dicte, se desvirtúa en su totalidad el criterio utilizado por el Procurador de la Administración para sustentar su apelación quien basándose en el pronunciamiento de la Sala Tercera, puesto que según su opinión no existe tal vacío en el procedimiento aplicable, ya que la Ley No. 39 de 2013, modificada por la Ley No. 127 de 2013, establece que los derechos a reclamar como son el reintegro, la indemnización por despido injustificado y la prima de antigüedad, se tienen que hacer a través de un solo proceso especial sumario, y no de manera individual y mucho menos contempla la figura del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción regulado por la Ley No. 135 de 1943, modificada por la Ley No. 33 de 1946.
Que la propia Sala ha reconocido en diversos fallos el hecho de que cuando una ley especial regula una materia en específico, aplicar una norma supletoria desnaturaliza el proceso especial regulado. Es por ello, que en el caso de su representado al estar claramente establecido el procedimiento para el reclamo de las prestaciones laborales por parte del servidor público injustamente destituido, no le es aplicable el procedimiento de la Ley No. 135 de 1943, modificada por la Ley No. 33 de 1946, como norma supletoria.
Resalta que tomando en cuenta sus argumentos no existe laguna procedimental para el cobro del derecho de prima de antigüedad, razón por la que la misma debe ser solicitada dentro del libelo de la demanda del proceso sumario y no en cuadernillo diferente como se ha sostenido en criterios anteriores a través de un proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción y que sirvió de sustento de la apelación del representante del Ministerio Público.
Vistos los argumentos de la apelación, el resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera proceden a decidir el recurso, previa las siguientes consideraciones:
La Ley 39 de 11 de junio de 2013, modificada por la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013, establece un régimen de estabilidad laboral para todos aquellos funcionarios que ingresen al servicio público y tengan dos (2) años o más, siempre y cuando no pertenezcan a las carreras que regula el artículo 305 de la Constitución Política. La citada norma establece que no podrán ser removidos de sus cargos salvo causa justificada prevista por la Ley y según las formalidades de ésta.
Con estas nuevas disposiciones se modifica el concepto de libre discrecionalidad que ejercía la autoridad nominadora para remover de sus cargos a todos aquellos servidores públicos en funciones, siendo éstos los que se encuentran ocupando en forma permanente un cargo público definido como de carrera administrativa, hasta que adquieran la condición de servidores públicos de Carrera Administrativa mediante el procedimiento ordinario de ingreso.
Sin embargo, el artículo 1 de la Ley 39 de 2013, modificada por la Ley 127 de 2013, va más allá y extiende la estabilidad a aquellos servidores públicos que tengan dos (2) años o más de estar laborando en forma continúa en una posición eventual o transitoria, que son aquellas cuya formalidad de nombramiento es un Contrato cuyo máximo de duración es el año fiscal por disposición presupuestaria.
El artículo 2 de la Ley 39 de 2013, modificado por el artículo 4 de la Ley 127 de 2013, establece que el servidor público destituido de su cargo sin que medie alguna causa justificada de despido prevista en la Ley y según las formalidades de ésta, tendrá derecho a solicitar el reintegro a su cargo o, en su defecto, el pago de una indemnización que será calculada tomando en cuenta el último salario devengado y conforme a la escala contenida en el artículo 225 del Código de Trabajo.
El término de prescripción para solicitar el reintegro es de cinco (5) días hábiles y para la indemnización de sesenta (60) días calendario, ambos términos contados a partir de la notificación del despido.
En el caso que nos ocupa, el demandante si bien solicitó en el recurso de reconsideración el reintegro al cargo que ocupaba en la entidad demandada, también es cierto que solicitó el pago de la prima de antigüedad y la indemnización correspondiente de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39 de 11 de junio de 2013, modificada por la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013. (f. 28 del expediente).
Coinciden el resto de los Magistrados con la posición vertida por el Procurador de la Administración de que las demandas de indemnización, así como de prima de antigüedad deben tramitarse en forma separada para evitar obstáculos procesales que imposibiliten decidir las pretensiones laborales en un mismo proceso. También es necesario aclarar que el término para solicitar la indemnización es de sesenta (60) días y el de la prima de antigüedad no contempla plazo de prescripción.
Los servidores públicos también tienen la obligación de agotar la vía gubernativa para acceder a esta Sala Tercera, pues como se ha indicado previamente, deben cumplir con las formalidades contenidas en la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, ya que la naturaleza de las prestaciones laborales contenidas en la Ley 39 de 2013, modificada por la Ley 127 de 2013 es el reconocimiento de derechos subjetivos. Veamos lo expresado por esta Sala:
"Por otro lado, es importante señalar que para el tema de las demandas que promuevan los servidores públicos destituidos injustificadamente, el proceso será sumario, tal y como lo establece el artículo 3 de la Ley 39 de 2013. Sin embargo, en cuanto al proceso que deban seguir los servidores públicos, una vez agotada la vía gubernativa para reclamar el pago de la prima de antigüedad, la ley en mención no establece cuál será el procedimiento a seguir; por lo que ante este vacío, debe entenderse que se seguirá el proceso que la Ley 135 de 1943 establece para las acciones contenciosas administrativas de plena jurisdicción, ya que dicha reclamación se realiza sobre un derecho de carácter particular.
De lo anterior se concluye que para las reclamaciones de reintegro o indemnización, se seguirá proceso sumario, mientras que para las reclamaciones de prima de antigüedad, el procedimiento será en base a lo estipulado en la Ley 135 de 1943.
En base a los fundamentos jurídicos aquí planteados, esta Magistratura encuentra que los reclamos de prima de antigüedad y las demandas de indemnización deben tramitarse en demandas separadas, por ser procedimientos distintos y para evitar obstáculos procesales que imposibiliten decidir ambas pretensiones laborales en un mismo proceso." (Fallo de 13 de enero de 2015)
En el caso que nos ocupa, es importante indicar que estamos ante un proceso sumario de indemnización en el cual se solicitan dos pretensiones: que se reconozca el pago de la indemnización, y el pago de la prima de antigüedad.
Es importante aclarar que si bien, tanto el derecho al pago de la indemnización, así como el pago de la prima de antigüedad se encuentran consagrados en la Ley 39 de 2013, modificada por la Ley 127 de 2013, cuando un servidor público es destituido injustificadamente, ello no significa que puedan reclamarse tales derechos en un solo libelo, pues produciría un obstáculo procesal que imposibilitaría decidir tales pretensiones laborales en un mismo proceso, como ya lo ha reiterado esta Sala.
Así las cosas, solo resta a este Tribunal de Apelación acoger la apelación interpuesta por el señor Procurador de la Administración y proceder a la revocatoria de la Providencia que admitió el presente proceso sumario de indemnización, pues como lo hemos indicado el recurrente debió presentar las demandas de plena jurisdicción en forma individualizada de indemnización y prima de antigüedad, en forma separada, pero no en forma conjunta, tal como lo ha sostenido la Sala al pronunciarse sobre la admisibilidad de este tipo de procesos.
En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PREVIA REVOCATORIA de la Resolución de 14 de diciembre de 2015 y la Providencia de 4 de enero de 2016, NO ADMITE el Proceso Sumario de Indemnización interpuesto por la Licenciada Vilma de Luca Diez, en nombre y representación de Leon E. Halphen A., en contra del Decreto de Personal No. 360 de 28 de julio de 2015, emitido por el Ministerio de Obras Públicas, su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.
CECILIO CEDALISE RIQUELME.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 305
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 225
 artículo 3
 Resolución