Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-10-D-335.CODI.%29
Timestamp: 2020-08-15 09:06:52+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 335, de 04/10/2013
cve: BOCG-10-D-335
299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios del Congreso. Nombramiento... (Página3)
299/000004 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Presidentes de Comisión. Cese... (Página3)
162/000727 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre copago farmacéutico en el ámbito hospitalario... (Página4)
162/000728 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la conectividad aérea entre Canarias y la Península... (Página4)
162/000729 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa al desarrollo del Título II de la Constitución sobre la Corona... (Página5)
162/000730 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la financiación de las innovaciones farmacoterapéuticas... (Página9)
162/000731 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre rechazo del nuevo copago de medicamentos que se dispensan en los hospitales de manera ambulatoria... (Página9)
173/000105 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre cumplimiento del artículo 50 de la Constitución española que mandata a los poderes públicos garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas... (Página10)
173/000106 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la devaluación de las pensiones que se va a producir como consecuencia de las medidas anunciadas por el Gobierno... (Página12)
173/000107 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la modificación del Código Penal para tipificar como delito la banalización del holocausto o del nazismo, sea a través de la utilización de símbolos nazis y totalitarios, sea mediante la adjetivación de líderes, entidades e instituciones demócratas con el calificativo de "nazi", "nazista" o "nazismo"... (Página14)
292/000029 Acuerdo de 23 de septiembre de 2013, de la Mesa del Congreso de los Diputados, de convocatoria de cuatro becas individuales para la realización de estudios y trabajos sobre comunicación institucional, tanto en sus aspectos de comunicación interna como externa, relacionados con el Parlamento.
Convocatoria... (Página16)
Designación de los miembros del Jurado... (Página19)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 26 de septiembre de 2013 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña María Martínez Villares, a propuesta del Excmo. Sr. don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 27 de septiembre de 2013 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 26 de septiembre de 2013 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, con efectos de 26 de septiembre de 2013, de doña María Martínez Villares, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Interior.
162/000727
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre copago farmacéutico en el ámbito hospitalario, para su debate en Pleno.
La aprobación por sorpresa (al día siguiente de la comparecencia de la ministra en que la ocultó) y sin ningún tipo de evaluación del copago-repago farmacéutico, del repago en el ámbito hospitalario ha provocado un escándalo justificado.
Las consecuencias del copago farmacéutico, lejos de cualquier disuasión y de escasa relevancia recaudatoria, pueden ser dramáticas al ensañarse con los más enfermos y los más crónicos.
1. Paralizar el copago farmacéutico en hospitales.
2. Realizar el estudio preceptivo de impacto en salud de la medida de repago farmacéutico en hospitales.
3. Evaluar el impacto del copago y del Real Decreto-ley 16/2012, paralizando entre tanto su aplicación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000728
Doña Ana M.ª Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta para su debate en Pleno la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la conectividad aérea entre Canarias y la Península.
El Pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2012, aprobó una moción en la que insta al Gobierno del Estado a "continuar los esfuerzos necesarios para profundizar en la conectividad aérea y marítima de las regiones no peninsulares con el resto del territorio, en estrecha colaboración con los representantes de estas regiones, mediante la puesta en marcha de todas las medidas y mecanismos de seguimiento necesarios para conseguir este objetivo, fundamental y estratégico para estas regiones y para el resto de España".
La moción planteaba al Ministerio de Fomento que impulsase "una ley de financiación del transporte que, entre otros objetivos, establezca un marco claro y estable para la declaración de obligaciones de servicio público en todos los medios de transporte, implantando criterios objetivos y uniformes para su concesión y financiación, encaminados a garantizar la conectividad y la cohesión territorial, con especial atención a aquellos territorios que, debido a su insularidad, y especialmente a las situaciones de doble o triple insularidad, presentan limitaciones en alguno de los modos de transporte".
Otro punto que incluía dicha moción era el siguiente: "mantener, siempre que sea compatible con las disponibilidades presupuestarias, el régimen de bonificaciones a los billetes de avión de los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, avanzando en la mejora de la eficiencia de dichas subvenciones".
Y, como séptimo punto, se instaba al Ministerio de Fomento que impulsase "un observatorio del transporte como herramienta para el análisis de la situación del transporte en España desde una visión completa e integradora de todos los modos de transporte para todo el territorio. Dicho observatorio
analizará, entre otros, indicadores de volumen de tráfico o de evolución de las tarifas en todos los medios de transporte, de manera que servirá como punto de referencia a reguladores y gestores, contribuyendo a objetivar las nuevas medidas a introducir para garantizar la conectividad de todo el territorio".
El Gobierno emitió el pasado día 22 de marzo de 2013 un informe en el que enumera las medidas que está llevando a cabo para dar cumplimiento a los puntos incluidos en la moción aprobada por el Senado.
Sin embargo, pese a los esfuerzos que el Gobierno asegura que está llevando a cabo, las cifras revelan que la conectividad aérea entre Canarias y la Península es hoy mucho peor que hace cinco años. La frecuencia media de vuelos semanales entre ambos territorios ha pasado de 534, en 2008, a 311, en 2013. El número de ciudades peninsulares con conexión directa a las Islas ha caído de 20, en el año 2008, a 13. Y, por último, el número de compañías que operan en dichos trayectos ha pasado en el mismo periodo de 9 a 6.
En 2008 se ofertaron 9.379.058 plazas entre Canarias y la Península (y viceversa), mientras que en 2012 se redujo a 7.558.352. La tendencia a la baja se mantiene en 2013. Este año la media mensual de plazas es de 517.793, según los datos correspondientes al periodo entre enero y abril, mientras que en 2008 era de 781.588.
En el caso del mercado interinsular, Binter Canarias ha vuelto a recuperar el monopolio tras el precipitado cierre de Islas Airways. Y la consecuencia inmediata ha sido el aumento de precios: un 12,7 % entre 2011 y 2012. La tarifa media ha pasado de 55,5 a 62,6 por ciento.
Por todo ello, se insta al Gobierno del Estado a que:
"1. Dé pleno cumplimiento a la moción aprobada por el Senado el pasado día 13 de septiembre de 2012, en la que se insta al Gobierno a "continuar los esfuerzos necesarios para profundizar en la conectividad aérea y marítima de las regiones no peninsulares con el resto del territorio, en estrecha colaboración con los representantes de estas regiones, mediante la puesta en marcha de todas las medidas y mecanismos de seguimiento necesarios para conseguir este objetivo, fundamental y estratégico para estas regiones y para el resto de España".
2. Realice un especial seguimiento de la evolución de las tarifas en los vuelos interinsulares en Canarias para evitar que el monopolio de la compañía Binter Canarias acentúe el aumento de la tarifa media.
3. Que impulse nuevos estímulos y un ajuste de las tasas aeroportuarias para fomentar e impulsar el tráfico aéreo entre Canarias y la Península."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2013.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000729
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo del Título II de la Constitución sobre la Corona, para su debate en Pleno.
El diseño que la Constitución hizo de la Corona y del titular de ese órgano, el Rey, adolece de cierta ambigüedad y recoge, junto a elementos propios de las monarquías parlamentarias típicas, otros más propios de las monarquías limitadas y elementos subliminales de carácter carismático, como señala el Catedrático de Derecho Administrativo Juan Alfonso Santamaría Pastor. Esta indeterminación jurídico- política posibilita varias interpretaciones sobre la Corona, que dejan a la acción política lo que esa institución haya de ser. Por ahora, ha sido esencialmente el propio Rey quien con sus actos ha ido llenado de contenido esa institución. En el Estado constitucional todos los poderes del Estado son poderes constituidos, incluido el Jefe del Estada y, por tanto, limitados. Por ello, y dada la importancia de las funciones que tiene atribuidas el Rey y las consecuencias que para el sistema constitucional podría tener
una crisis en la jefatura del Estado, entre las que puede estar la sucesión, es necesario que, más allá de las posibles reformas constitucionales, se desarrolle el Titulo II de la Constitución para definir mejor la institución monárquica dentro de las pautas propias de las monarquías parlamentarias.
Esta regulación debe orientarse a garantizar el mejor cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas la Corona, con la mayor dignidad institucional y neutralidad, al tiempo que le permite ejercitar su valor simbólico y su obligación de representar la unidad de España. Para lograr esos objetivos, la normativa sobre la Corona debe abarcar varias de las cuestiones que la Constitución ha dejado abiertas y ayudar a que tenga una "auctoritas" que trascienda la persona que la encarne en cada momento y sirva para legitimarla. Esto requiere tender hacia una mayor parlamentarización para perfeccionar su institucionalización y limitar esas ambigüedades, que pueden ser suplidas por un Rey carismático, pero que son lesivas para la definición de una institución que tiene voluntad de permanencia en el marco de un régimen democrático.
A la hora de realizar el desarrollo del Título II es preciso tener en cuenta que el mismo diferencia la naturaleza jurídica de varios de los acuerdos que deben ser adoptados por las Cortes Generales en relación a la Corona. Hay algunas decisiones, como la abdicación, la renuncia y la resolución de las dudas de hecho o de derecho que ocurran en el orden de sucesión a la Corona que expresamente requieren de la aprobación de una Ley Orgánica. Sin embargo, otras decisiones no exigen expresamente ser resueltas por ley y su naturaleza jurídica está más indefinida a nivel constitucional. Según determinados constitucionalistas podrían desarrollarse mediante ley ordinaria y según otros mediante un acto parlamentario de naturaleza no legislativa, aunque con "valor de ley", que debe ser aprobado en sesión conjunta por las Cortes Generales (artículo 74.1).
Entre las decisiones que se encontrarían en este segundo supuesto se hallan, entre otras, Ias siguientes: 1) El reconocimiento de la inhabilitación del Rey para ejercer su autoridad (artículo 59.2); 2) El nombramiento de Regente o Regentes (artículo 59.3); 3) El nombramiento del tutor del Rey menor (artículo 60.1); 4) La provisión de la sucesión a la Corona en el caso de que se hubieren extinguido todas las líneas llamadas en derecho (artículo 57.3); 5) La autorización del Rey para declarar la guerra y la paz (artículo 63.3); 6) Y los diferentes juramentos que han de prestar el Rey, el Príncipe de Asturias y los Regentes (artículo 61).
En consecuencia, antes de regular las cuestiones concretas que hemos referido, es preciso resolver cuál va a ser el instrumento jurídico que se va a utilizar para cada una de ellas. Resulta peligroso esperar a que acontezca una situación de crisis institucional de la monarquía, por la consumación de alguno de los supuestos citados, para tomar las decisiones que correspondan. En ese sentido, será necesario decidir qué debe regularse por una ley y qué por el Reglamento de las Cortes Generales. En este último supuesto, será necesario establecer qué mayorías se requieren para la adopción de los acuerdos parlamentarios con "valor de ley" -que pueden ser similares a las de la ley orgánica o incluso superiores- y, cómo se distribuyen entre senadores y diputados; un asunto que tiene mucha trascendencia para garantizar el pluralismo político en un asunto institucional de enorme relevancia para el país.
Asimismo, junto a las cuestiones de tipo formal planteadas, es preciso regular el contenido de los aspectos citados de la Corona que están pendientes de desarrollo o son ambiguos en la Constitución. Entre las cuestiones más relevantes, pendientes de desarrollo están las siguientes:
I. La inhabilitación, regencia y tutela del Rey.
El Titulo II de la Constitución dice que la regencia entrará en funcionamiento si el Rey fuera menor de edad o se le inhabilitara. Estas situaciones no son tan claras como pudiera parecer. En la tradición jurídica constitucional española, la mayoría de edad del Rey no ha sido siempre la civil ordinaria -por ejemplo en la de 1876 eran los dieciséis años-, por lo que podría optarse legalmente por fijar una diferente de los dieciocho años. En su momento, para el actual Príncipe de Asturias, se adoptó un Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 1985, que usó como mayoría de edad la común de dieciocho años, pero sería mejor dejarlo claro en la ley. Tampoco es evidente en la Constitución cuales son los supuestos que han de determinar la inhabilitación del Rey. En relación con esta figura se plantean cuestiones arduas: (i) quién o quiénes tienen legitimación para iniciar ese proceso: el Gobierno, las Cortes Generales, la familia, o todos ellos; (ii) cuál ha de ser el procedimiento para llevar a cabo la inhabilitación: basta el acuerdo de las Cortes Generales, a las que el artículo 59.2 solo atribuye una función de "reconocimiento", hace falta una declaración judicial previa de incapacitación, o bien hay otras soluciones -lo razonable es que sean las Cortes Generales las que declaren la inhabilitación, pero hay que preverlo-; (iii), qué criterios
determinan la inhabilitación, los puramente iuscivilistas o, los más lógicos, asociados al ejercicio de un cargo público. Un cargo público exige cierta idoneidad y aptitud para su desarrollo. Su ausencia debería poder ser apreciada por el Gobierno y las Cortes Generales, para iniciar un proceso de inhabilitación del Rey, aunque no tenga una situación de incapacidad civil. Entre esos criterios habría que incluir también ciertas situaciones anómalas, como el supuesto de dejación de funciones.
Otro problema que plantea la inhabilitación, si se hiciera por Ley, es a quién corresponde su sanción, algo no previsto en la Constitución. Parece difícil admitir que la sancione el propio Rey que es incapaz de ejercer su cargo y se opone a su inhabilitación.
En relación con la regencia, en principio está claro que al Regente le correspondería ejercer las funciones del Rey. Sin embargo, plantea problemas de regulación la regencia electiva y la posibilidad o no de revocación de la regencia. Otra cuestión es si cabe o no la posibilidad de una Regencia temporal para cubrir una incapacidad no permanente del Rey.
La tutela suscita aparentemente menos problemas, pero también exigiría de un desarrollo legal.
II. La abdicación y renuncia.
La abdicación genera, entre otras cuestiones, la duda entre los constitucionalistas sobre si exige una ley orgánica para cada caso o basta una regulación general por ley orgánica y luego, para cada supuesto específico, la emanación de sendos acuerdos del Congreso y del Senado confirmándola. La renuncia plantea problemas similares.
III. El refrendo de los actos del Rey y la inviolabilidad.
La Constitución exige en su artículo 56.3 el refrendo de todos los actos del Rey para su validez salvo los relativos al nombramiento de los miembros civiles y militares de su Casa (artículo 65.2). Esta exclusión no implica que el refrendo esté "proscrito" por la Constitución, simplemente que sin él este acto libre del Rey tiene validez. Ahora bien, dado que la Constitución no impide que se pueda exigir el refrendo, con el objetivo de lograr parlamentarizar más la monarquía y conciliar la libertad de esos nombramientos con la inviolabilidad del Rey y su no sujeción a responsabilidad, sería razonable que la ley que desarrolle el Título II exija el refrendo de los nombramientos de los miembros de la Casa del Rey. De esta forma el Gobierno podría impedir el nombrarniento de personas incompetentes o políticamente incorrectas y se facilitaría el trabajo entre esa institución y el Gobierno. De hecho, sin esa cobertura legal ya se están aprobando por Real Decreto esos nombramientos, pero lo lógico es que sea la Ley la que lo regule por las profundas implicaciones que conllevan.
En relación a lo anterior, resultaría conveniente clarificar el significado y alcance de la inviolabilidad, pues entre los constitucionalistas no existe unanimidad respecto a si la misma afecta tan solo a aquellas responsabilidades contraídas en el ejercicio de sus funciones de Jefe de Estado o a todas, incluidas las de carácter exclusivamente personal y privado, y si dichas prerrogativas serían o no renunciables. También se especula sobre si dicha responsabilidad sería o no exigible en el caso de perder la condición de Rey por alguna de las causas antes indicadas.
IV. El Príncipe de Asturias.
En la Constitución el Príncipe de Asturias no es un órgano del Estado en sentido propio -el Rey es el único titular de la Corona-. La Constitución no atribuye al Príncipe funciones expresas y parece impedirle ejercer las del Rey en cualquier supuesto, salvo algunas de naturaleza representativa. Sobre todo aquellas más esenciales para el funcionamiento del Estado: la Jefatura del Estado, las de arbitraje y moderación, y las previstas en sus artículos 62 y 63. Esta falta de atribución de funciones al Príncipe en la Constitución asienta su lógica en la evitación de una especie de diarquía que podría generar graves disfunciones institucionales en la Corona.
Estas consideraciones hacen difícil, que más allá de la regulación de ciertas labores de representación y algunos otros aspectos menores, se pueda aprobar una ley que le atribuya funciones regias, ya que podría ser inconstitucional. Por ello, para resolver el problema de una posible situación de incapacidad temporal del Rey, es preferible establecer en el desarrollo legislativo de la regencia la existencia de una regencia temporal, reversible, para ese caso. De esa forma se evitaría una situación de posible diarquía y se permitiría al Príncipe de Asturias, como Regente, que ejerciera todas las funciones que le corresponden
al Rey. De esta forma se eliminaría el vacío institucional provocado por esa incapacidad temporal. La reversión de la regencia requeriría los mismos requisitos que su declaración.
Otra cuestión a desarrollar es la posible inhabilitación del Príncipe de Asturias y el estatus jurídico de ciertos derechos y deberes que derivan de su condición de miembro de la Corona, aunque no titular de ese órgano.
V. La Reina o el consorte de la Reina y la Familia Real.
La Reina o el consorte de la Reina y los demás miembros de la Familia Real, aunque forman parte de la Corona, tampoco son titulares de un órgano del Estado ni tienen funciones constitucionales. Eso no quiere decir que no tengan ciertas obligaciones y derechos y que estos deban ser convenientemente regulados por Ley.
La Familia Real aparece, junto a su Casa, en el artículo 65.1 de la Constitución, a propósito de los fondos recibidos del presupuesto nacional para su sostenimiento. Hoy, treinta y cinco años después, seguimos sin saber con seguridad quiénes integran la Familia Real. Ni el Real Decreto 2917/1981, relativo al Registro Civil de las personas de la Familia Real, ni el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, tiene por objeto fijar la composición de la Familia Real, aunque reconozcan indirectamente que son miembros de la misma la mayoría de las personas a las que afectan de algún modo. Una adecuada regulación ayudaría a evitar situaciones como las que está actualmente viviendo la Familia Real.
VI. La Casa del Rey.
Actualmente la Casa del Rey -que es esencial para el correcto desempeño de sus funciones- se regula por el Real Decreto 434/1988 y sus modificaciones, algunas de las cuales se han realizado de facto por decisiones libres del Rey. Una cuestión que plantea problemas acerca sobre la capacidad y responsabilidad del monarca, ya que este no tiene competencias reglamentarias, y sus decisiones en relación con la Casa pueden sin estar sometidos a control acabar afectando al Gobierno. Es conveniente que por ley se clarifiquen todos estos elementos, definiendo con precisión en qué marco ha de moverse la libertad del monarca en relación con las decisiones de su Casa y quién ha de asumir las responsabilidades de sus decisiones. Es conveniente un mayor control del que actualmente hay hoy.
También es preciso que se regule más adecuadamente la dotación de la Casa del Rey y el control de la forma en la que se usa. Hace falta que se establezcan instrumentos de control externo, que eviten posibles irregularidades de los miembros de la Casa que acaben salpicando al Rey y al Gobierno.
Junto a todas estas cuestiones, entre otras de menor alcance, hay que regular además cómo se ha de desarrollar la proclamación y juramento del Rey, así como el juramento del Príncipe de Asturias y del Regente.
Atendiendo a lo expuesto se ve la necesidad urgente de acometer un desarrollo legislativo que lleva demorándose más de tres décadas. Un desarrollo que debe servir para incardinar mejor a la monarquía en nuestro régimen democrático, previo un sereno y profundo debate parlamentario, que no puede ni debe esperar a que se consume una situación de crisis institucional.
"En su virtud, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo de seis meses, presente un Proyecto de Ley que desarrolle el Título II de la Constitución relativo a la Corona."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000730
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante el Pleno del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley sobre la Financiación de las Innovaciones Farmacoterapéuticas.
La industria farmacéutica constituye un sector estratégico de suma Importancia, por ser generador de un gran número de puestos de trabajo y contribuir notablemente a la capacidad productiva del país. Es también un sector líder de la economía española en investigación, desarrollo e innovación, un sector que además contribuye a mejorar la salud de los ciudadanos, redundando así en mayor bienestar y calidad de vida.
El principal cliente de la industria farmacéutica es el Sistema Nacional de Salud, este dedica elevados recursos a la financiación de medicamentos; recursos que en las últimas décadas han tenido crecimientos notables a causa de la incorporación de nuevos tratamientos de coste generalmente elevado.
En un contexto de crisis como el actual, resulta de vital importancia conjugar la necesaria promoción de un sector estratégico altamente innovador con la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público, que dispone de unos recursos cada vez más limitados.
Además, la distribución competencial hace que la decisión sobre la financiación de nuevos tratamientos con cargo al Sistema Nacional de Salud corresponda al Gobierno central, mientras que la financiación de dichos tratamientos corre a cargo de las Comunidades Autónomas. Así, entre las administraciones públicas, son las comunidades autónomas las que están obligadas a afrontar el grueso del ajuste de la administración, lo cual limita e impide su capacidad de asunción del superior coste de los nuevos tratamientos. Sin embargo, este condicionante no debiera ser obstáculo para que las novedades farmacológicas que aporten realmente un valor terapéutico puedan incorporarse al catálogo de medicamentos financiados públicamente.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear un Fondo Sanitario específico para la financiación de las innovaciones farmacoterapéuticas, aprobadas por el Ministerio de Sanidad e incluidas en el catálogo de medicamentos de financiación pública. Dicho fondo será finalista y adicional a cualquier otro fondo o dotación destinada a prestaciones de bienes o servicios sanitarios y será distribuido entre Comunidades Autónomas, por los criterios que se determinen en la Conferencia Sectorial, con la finalidad de que las administraciones autonómicas puedan asumir la financiación de los costes de las innovaciones."
162/000731
En nombre del Grupo Parlarnentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para rechazar el nuevo copago de medicamentos que se dispensan en los hospitales de manera ambulatoria, para su debate en Pleno.
El "Boletín Oficial del Estado" de 19 de septiembre de 2013 publicó la Resolución de 10 de septiembre, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario.
La mencionada Resolución regula, en una lista de medicamentos de dispensación ambulatoria en los hospitales, el cálculo de aportación del 10 % del PVP, con un máximo de 4,20 euros.
Diversas Comunidades Autónomas, entre ellas varias gobernadas por el Partido Popular, incluidos sus presidentes, como el de Castilla y León, han mostrado su oposición a la citada normativa sobre la base de que para estos casos no puede resultar de aplicación el criterio de la racionalización del LISO, por cuanto no pueden establecerse nuevas pautas de conducta en la utilización de medicamentos de dispensación ambulatoria en hospitales, que necesariamente tienen que disponer estos enfermos. Además de criterios de justicia y coherencia, tendría una escasa repercusión en términos de ahorro de gasto público y añadiría una gran complejidad en la gestión de las aportaciones correspondientes.
"El Congreso de los Diputados apoya la posición manifestada por diversas Comunidades Autónomas y sus presidentes en relación con la Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, y el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, y, en consecuencia, insta al Gobierno de la Nación a que deje sin efecto la mencionada Resolución por la que se procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario, relativa a la dispensación ambulatoria de medicamentos en hospitales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2013.-José Martínez Olmos y Pilar Grande Pesquero, Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
173/000105
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre cumplimiento del artículo 50 de la Constitución española que mandata a los poderes públicos garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas.
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el acuerdo aI Gobierno y al Grupo proponente, así corno publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente para que el Gobierno explicite cómo piensa dar cumplimiento al artículo 50 de la Constitución Española que mandata a los poderes públicos a garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, para su debate en el Pleno.
El pasado 13 de septiembre el Gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
Se trata de una reforma que, de aprobarse, acaba con el derecho de los pensionistas a la revalorización y les condena a la pérdida del poder adquisitivo de sus pensiones y, en consecuencia, constituye una flagrante vulneración del derecho reconocido por el artículo 50 de la Constitución Española. Con el objetivo de ocultar los efectos reales de su reforma, el Gobierno insiste en explicar que las pensiones subirán siempre como mínimo un 0,25 por 100. Pero no explica que este incremento supone una importante pérdida de poder adquisitivo y, por tanto, el consecuente empobrecimiento de las persona mayores.
El impacto negativo que la crisis está provocando en el terreno de los ingresos, y la agravación que provocan las políticas de ajuste interno del Gobierno y de falta de crédito a las empresas, hace que incluso en situaciones de bonanza económica y crecimiento en ningún caso está garantizada la recuperación del poder adquisitivo durante los años de crisis y por tanto tampoco su mantenimiento y actualización, como exige el citado artículo 50 de la Constitución Española.
El anteproyecto establece una fórmula opaca en su diseño y funcionamiento, arbitraria en la fijación de sus componentes y por ende de la cuantía de la revalorización resultante e injusta en sus consecuencias de pérdida asegurada del poder adquisitivo de las pensiones.
El Gobierno, a pesar de sus compromisos vacíos, no ha sentado las bases para poder debatir sobre alternativas a corto y largo plazo, factibles y con gran apoyo entre los técnicos conocedores del sistema de seguridad social. Que además cuentan con el soporte de los interlocutores sociales
El sistema público de pensiones goza de gran legitimidad social entre la ciudadanía que lo considera una conquista social. Legitimidad adquirida, entre otras cosas, por hacer de la concertación social y el acuerdo político los ejes del comportamiento de las organizaciones sindicales y empresariales y de las fuerzas políticas en el marco del Pacto de Toledo. En este caso, y por más que el Gobierno insista en sus llamamientos al debate y al diálogo la decisión se ha tomado unilateralmente, igual que en el recorte de las pensiones del año 2012, que han supuesto un pérdida del poder adquisitivo del 1,9 %.
Además, el Gobierno sigue instigando irresponsablemente el conflicto intergeneracional, utilizando como recurso retórico que para que los jóvenes de hoy tengan pensión, sus padres y abuelos deben verlas fuertemente recortadas. Ese planteamiento ignora que el futuro de la Seguridad Social no depende únicamente de factores demográficos como el aumento de la esperanza de vida, sino también de la evolución del volumen de población ocupada y de la cualidad de este empleo. Y para ello es clave abandonar las políticas de ajuste económico drástico y rápido y de empleo precario y bajos salarios que ejemplifica la Reforma Laboral. En estas políticas está el motivo de la caída de ingresos, fruto de la pérdida de cotizantes, en el sistema. Esta pérdida de ingresos por la rebaja de cotizantes es la responsable del déficit coyuntural de la Seguridad Social, que en ningún caso viene de un exceso de gasto en pensiones.
Hay que tener en cuenta que el Estado español aún esta por debajo de la medía de la UE en gasto de pensiones. Según los datos comparables más recientes a nivel comunitario, los de 2009, España gasta un 29 % menos en pensiones que la media de la UE 27. El gasto está situado de forma muy estable alrededor del 10 % del PIB, siendo la medía de la UE de más del 13 %, cifra que superan países como Italia, Austria, Francia, Italia, Portugal, Grecia, los países nórdicos y Alemania.
1. Retirar el Anteproyecto de Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del índice de revalorización del Sistema de Seguridad Social.
2. Iniciar un proceso de dialogo social con las organizaciones sindicales y empresariales y de dialogo político en la Comisión del Pacto de Toledo.
3. Abordar los desequilibrios financieros provocados por la caída de los ingresos generada por la crisis, a partir de las siguientes medidas:
a) Utilización de manera ordenada el Fondo de Reserva de la Seguridad.
b) Incremento progresivo de las bases de cotización máxima y de las bases de cotización mínima, de manera acorde con la subida del salario mínimo lnterprofesional.
c) Inclusión en la base de cotización de todos los conceptos hoy excluidos de las bases de cotización.
d) Conversión de las reducciones de cotización en bonificaciones a cargo del presupuesto de políticas activas de empleo.
e) Creación de una contribución solidaria que de manera transitoria permita complementar la función del Fondo de Reserva.
f) Asunción por el Estado de los gastos de gestión y personal de la Administración de la Seguridad Social.
4. Culminar el proceso de separación de fuentes de financiación, aumentando las aportaciones fiscales para avanzar progresivamente en el gasto en pensiones hasta situarlo en la media de gasto de la UE."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
173/000106
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la devaluación de las pensiones que se va a producir como consecuencia de las medidas anunciadas por el Gobierno.
El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa para, al amparo del artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la devaluación de las pensiones que se va a producir corno consecuencia de las medidas anunciadas por el Gobierno.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con el fin de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y reforzar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social en un contexto de continuidad y profundización de crisis económica, adopte las siguientes medidas:
1. Retirar el Proyecto de Ley reguladora de los factores de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social.
2. Revalorizar las pensiones de conformidad con el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
3. Actualizar las pensiones de 2012. A tal efecto, a los pensionistas cuyas pensiones hubieran sido objeto de revalorización en el ejercicio anterior se les abonará en un pago único el diferencial entre el IPC de noviembre de 2012 y el incremento inicial aplicado en los Presupuestos Generales del 2012, en los términos establecidos en el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social. Este pago único también deberá incluir la cantidad resultante de haber aplicado este diferencial en el incremento de las pensiones en 2013, que debía haberse sumado al incremento inicial de las pensiones previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2013.
4. Actualizar las pensiones del 2013 en la cantidad resultante del diferencial entre el IPC de noviembre de 2013 y el incremento inicial previsto en los Presupuestos Generales para 2013, abonando en un pago único dicho diferencial, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social, e incorporar dicho diferencial en el incremento de las pensiones de 2014, sumándolo al incremento inicial previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2014.
5. Separar los efectos cíclicos o coyunturales de los originados por tendencias económicas o demográficas de largo plazo, reservando el Fondo de Reserva para atenuar los efectos de los ciclos económicos adversos, sin acudir a incremento de cotizaciones ni a la devaluación de las pensiones del sistema.
6. Construir un factor de sostenibilidad de acuerdo con lo previsto en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que atienda exclusivamente a los cambios demográficos derivados del incremento en la esperanza de vida, vinculado exclusivamente con los parámetros fundamentales del sistema, esto es, los ingresos (tipo de cotización, fuentes tributarias), la edad de jubilación y el periodo de cálculo, y no necesariamente sobre el cálculo de la pensión inicial.
7. Reestructurar los ingresos del sistema, en el marco de las Recomendaciones del Pacto de Toledo, avanzando en su financiación complementaria a través de la imposición general.
8. Posibilitar un mayor equilibrio entre los ingresos y los gastos, garantizando una mejora de la protección y la cobertura. A tal efecto, se desarrollarán, entre otros, los mandatos que al respecto contiene la Ley 27/2011, especialmente los referidos a:
a) Reformar la incapacidad permanente, con atención a los diferentes regímenes fiscales en función del grado reconocido.
b) Suprimir las singularidades económicas de los riesgos profesionales, unificando las fórmulas de cálculo y remitiendo a la negociación colectiva las posibles mejoras de la protección.
c) Elevar los topes de cotización para acercarlos al nivel de los salarios realmente percibidos.
d) Reformar la cotización de los trabajadores por cuenta propia para adecuar bases y rendimientos profesionales.
e) Derivar progresivamente hacia la financiación mediante impuestos de todas las medidas que tienen carácter social y no contributivo.
f) Culminar la unificación de los regímenes, de tal forma que solo exista un régimen general que englobe a los trabajadores por cuenta ajena, y otro para los trabajadores por cuenta propia.
g) Incorporar a los profesionales colegiados al Régimen Especial de los Trabajadores por cuenta propia o autónomos, reservando a las mutualidades un carácter complementario.
h) Establecer la cobertura obligatoria de todo el sistema protector del Régimen Especial de los Trabajadores por cuenta propia o autónomos.
i) Intensificar el control y la lucha contra el fraude en material laboral, fiscal y de seguridad social, fortaleciendo la actuación inspectora.
j) Reordenar las Mutuas de Accidentes de Trabajo.
9. Adoptar las medidas que permitan garantizar la suficiencia y adecuación de la acción protectora de la Seguridad Social. A tal efecto, el Gobierno, y entre otras medidas, deberá:
a) Mejorar las pensiones mínimas como instrumento clave en la lucha contra la pobreza.
b) Recuperar las bonificaciones para el mantenimiento del empleo y la igualdad de oportunidades, derogadas por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, dirigidas al fomento del empleo indefinido de los trabajadores de 50 o más años, así como a la reincorporación de las mujeres trabajadoras que hubieran suspendido su contrato por maternidad o por excedencia por cuidado de hijo.
c) Continuar la senda iniciada por la Ley 27/2011, en relación a las medidas que tratan de compensar el perjuicio causado en la carrera de seguro de las mujeres que interrumpen su actividad laboral por maternidad o cuidado de hijo o familiares.
d) Financiar, con fondos presupuestarios, un complemento para aquellos pensionistas que asuman la financiación del conjunto de las necesidades familiares.
10. Impulsar las políticas dirigidas al fomento de la natalidad, la conciliación y corresponsabilidad, con especial atención a la escolarización de cero a tres años.
11. Adoptar políticas activas que permitan el incremento del empleo, dotando suficientemente las partidas destinadas a este fin y articulando programas de formación y de recualificación profesionales, especialmente dirigidos a jóvenes, mayores de cincuenta años y parados de larga duración.
12. Desarrollar toda la política de reforma del sistema de Seguridad Social en el marco del Pacto de Toledo y diálogo social, a través de consenso con los interlocutores sociales y las fuerzas políticas, como el único instrumento que permite avanzar en la consolidación del sistema y que otorga complicidad social y ciudadana en la fortaleza de su sistema de pensiones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2013.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Moción consecuencia de interpelación urgente relativa a la modificación del Código Penal para tipificar como delito la banalización del holocausto o del nazismo, sea a través de la utilización de símbolos nazis y totalitarios, sea mediante la adjetivación de líderes, entidades e instituciones demócratas con el calificativo de "nazi", "nazista" o "nazismo".
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, entendiendo que en sus puntos 1, 2 y 3 se insta al Gobierno a ejercer su iniciativa política o legislativa en la materia, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una Moción consecuencia de la interpelación urgente relativa a la modificación del Código Penal para tipificar como delito la banalización del holocausto o del nazismo, sea a través de la utilización de símbolos nazis y totalitarios, sea mediante la adjetivación de líderes, entidades e instituciones demócratas con el calificativo de "nazi", "nazista" o "nazismo.
1. Trabajar con los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales durante la tramitación del Proyecto de Ley de modificación del Código Penal para acordar una reforma en lo referente a los tipos penales de los delitos de odio y que, en cualquier caso, incorpore:
a) Los motivos de "por su origen territorial" y "por su situación de personas sin hogar" entre los motivos de agravante del artículo 22.4 del proyecto de reforma.
b) El concepto de "asociaciones" entre las víctimas del tipo penal del artículo 510 del proyecto de reforma.
2. Incorporar, en los tipos penales de los delitos de odio, la punición por la utilización de las expresiones "nazi", "nazista" o "nazismo" en lo referente a la adjetivación de ciudadanos, representantes democráticos, organizaciones políticas democráticas, entidades e instituciones como explícitamente se produce en otros sistemas penales de nuestro entorno jurídico europeo.
3. Incorporar una categoría específica que cuantifique los delitos de odio en los informes estadísticos anuales sobre delincuencia.
4. Impulsar programas específicos de formación y capacitación de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para hacer frente de forma más eficaz a la persecución de las personas y organizaciones que fomentan, sustentan o promueven ideas o programas políticos basados en la negación de la democracia y el fomento del odio."
292/000029
ACUERDO DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, DE CONVOCATORIA DE CUATRO BECAS INDIVIDUALES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, TANTO EN SUS ASPECTOS DE COMUNICACIÓN INTERNA COMO EXTERNA, RELACIONADOS CON EL PARLAMENTO
En el ámbito de sus actividades destinadas a difundir el mejor conocimiento de la Institución Parlamentaria y las informaciones que en ella se generan, el Congreso de los Diputados, por acuerdo de la Mesa de la Cámara de 23 de septiembre de 2013, convoca el presente concurso con el fin de adjudicar cuatro becas individuales para la realización de estudios y trabajos sobre comunicación institucional, tanto en sus aspectos de comunicación interna como externa, relacionados con el Parlamento, de acuerdo con las bases que figuran a continuación.
1. Cada una de las cuatro becas tendrá una duración de doce meses, y su cuantía total será de 12.900 euros íntegros cada año que se percibirán finalizado cada mes a razón de 1.075 euros. Los beneficiarios de la beca contarán con la cobertura otorgada por la Seguridad Social, según la normativa vigente en cada momento, y dentro de los requisitos y condiciones propios de este tipo de becas. Las becas, que serán indivisibles e improrrogables, serán incompatibles con cualquier otra concedida para el mismo periodo o con cualquier otro trabajo remunerado.
2. La concesión y disfrute de la beca no supondrá vinculación laboral o funcionarial entre el becario y la Cámara no es aplicable a estas becas el Estatuto del personal investigador en formación.
2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Jurado se reunirá para examinarlas y elevar la propuesta a la Mesa antes del día 14 de diciembre de 2013.
3. La concesión de las becas se propondrá por el Jurado por mayoría de votos y se otorgarán por la Mesa, igualmente, por mayoría de votos, pero también podrán declararse desiertas. El Jurado propondrá asimismo ocho suplentes para el caso de renuncia o no justificación de requisitos y méritos de los adjudicatarios.
1. Los solicitantes de las becas deben presentar una instancia dirigida al Secretario General del Congreso de los Diputados dentro de los diez días hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado", en la Secretaría de la Dirección de Comunicación (calle Floridablanca, s/n., Edificio Ampliación II, planta baja, Congreso de los Diputados, 28071 Madrid), en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, de lunes a viernes, o remitirla en la forma prevista en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La solicitud deberá ir acompañada del currículum vítae, fotocopia del documento nacional de identidad, dos fotografías recientes de tamaño carné y el formulario que se publica como anexo a la presente convocatoria.
6. En todo caso, los candidatos preseleccionados deberán poner a disposición del Jurado el día de la entrevista, las certificaciones de los méritos alegados.
8. Aquellos solicitantes que no hayan obtenido beca ni como titular ni como suplente dispondrán de un plazo de dos meses para recoger la documentación presentada, finalizado este plazo será destruida.
1;Apellidos y nombre. Dirección y teléfono:
2;Licenciatura en: Mes y año de obtención del título:
3;Títulos de postgrado, diplomas y estudios sobre comunicación: N.º horas lectivas:
4;Idiomas: Habla: Traduce:
5;Otros estudios:
6;Experiencia profesional relacionada con la comunicación: N.º de meses:
7;Conocimientos/diplomas en informática:
8;Turno de reserva para personas discapacitadas:
? El aspirante no se acoge al turno de reserva para personas discapacitadas.
? El aspirante se acoge al turno de reserva para personas discapacitadas, comprometiéndose a acreditar en el plazo previsto en el apartado 7 de la base quinta de la convocatoria el grado de discapacidad establecido para este turno y la compatibilidad para el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día 23 de septiembre de 2013, acordó autorizar la convocatoria de cuatro becas para la realización de estudios y trabajos sobre comunicación institucional, tanto en sus aspectos de comunicación interna como externa, relacionados con el Parlamento, de acuerdo con las bases que figuran como anexo I al acta de dicha reunión, así como, de conformidad con la cláusula tercera de dicha convocatoria, que el Jurado esté integrado por las siguientes personas:
- Excmo. Sr. D. Javier Barrero López, Vicepresidente Segundo del Congreso de los Diputados, que lo presidirá.
- Excmo. Sr. D. Ignacio Gil Lázaro, Secretario Primero del Congreso de los Diputados.
- El Excmo. Sr. Secretario General del Congreso de los Diputados, o Secretario General Adjunto en quien delegue.

References: artículo 50
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 193
 resolución 
 artículo 59
 artículo 56
 Real Decreto 
 artículo 65
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 50
 artículo 184
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 184
 artículo 48
 Real Decreto 
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 22
 artículo 510
 artículo 38