Source: https://tc.vlex.es/vid/stc-488268942
Timestamp: 2018-12-16 20:14:15+00:00

Document:
STC 216/2013, 19 de Diciembre de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 488268942
Número de Recurso: Recurso de amparo 10846-2009
Sentencia citada en: 193 sentencias, 6 artículos doctrinales
STC 216/2013
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciadoEN NOMBRE DEL REY
En el recurso de amparo núm. 10846-2009, promovido por la asociación Colectivo Cuadernos del Sureste y por don Jorge Antonio Jiménez Marsá, representados por el Procurador de los Tribunales don Eduardo Muñoz Barona y asistidos por el Abogado don Jacinto J. Lara Bonilla, contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 24 de septiembre de 2009, estimatoria del recurso de casación núm. 1752-2005 interpuesto contra la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria, de 16 de mayo de 2005, estimatoria del recurso de apelación 597-2004 interpuesto por los ahora recurrentes en amparo contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Arrecife, de 2 de diciembre de 2003, que declaró la intromisión ilegítima en el derecho al honor del Sr. Fernández Camero. Ha comparecido don Felipe Fernández Camero representado por el Procurador de los Tribunales don José Carlos Caballero Ballesteros y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Enrique López y López, quien expresa el parecer del Tribunal.I. ANTECEDENTES
Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 30 de diciembre de 2009, don Eduardo Muñoz Barona, en nombre y representación de la Asociación Colectivo Cuadernos del Sureste y de don Jorge Antonio Jiménez Marsá, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia del Tribunal Supremo mencionada en el encabezamiento, que casa y anula la recaída en apelación y confirma la del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Arrecife.
Por la representación procesal de don Felipe Fernández Camero se promovió demanda de juicio ordinario ante los Juzgados de Primera Instancia de Arrecife contra doña Carlota Gutiérrez, don Jorge Jiménez Marsá y la asociación Colectivo de Cuadernos del Sureste por intromisión ilegítima en su derecho al honor como consecuencia de la publicación de un artículo titulado “El secretario: quinto poder” en el núm. 11 de la revista “Cuadernos del Sureste” y las posteriores declaraciones al respecto, en rueda de prensa y en una entrevista en un medio local. En dicho artículo, Carlota Gutiérrez (en realidad pseudónimo del consejo de redacción de la revista) aludía expresamente al Sr. Fernández Camero (entonces Secretario del Ayuntamiento de Arrecife) en relación con el desempeño de su cargo y su compatibilización con el trabajo como Abogado en la defensa de intereses particulares, así como su presencia en determinadas empresas privadas. El artículo se ubicaba en una carpeta o dossier dedicado al análisis de la corrupción que incluía otros artículos: “El flujo de la corrupción”, por “Cuadernos del Sureste” (que analizaba este fenómeno en la isla de Lanzarote); “Ciudadanía y Corrupción”, de Carlos Espino Angulo y “La democracia corrompida”, de Alejandro Nieto (en realidad fragmento de un libro publicado anteriormente). Por su parte, el periódico “La Voz de Lanzarote” se hizo eco del acto de presentación del nuevo número de la revista, en el transcurso del cual don Jorge Jiménez Marsá (colaborador de la publicación y miembro de la asociación) explicó que se había querido sacar a la luz pública “a un personaje clave en las tramas corruptas de la isla, como es el Secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, porque nos parece que la corrupción no es sólo de políticos y empresarios, sino que también altos cargos de la Administración y funcionarios pueden estar inmersos en ella”. Al día siguiente, el mismo periódico publicó una entrevista a don Jorge Jiménez Marsá, como portavoz de la revista “Cuadernos del Sureste”, en la que a la pregunta de si se denunciaba al Sr. Fernández Camero por cobrar por “ciertas actividades oscuras”, el entrevistado alude a la implicación de técnicos y altos cargos de la Administración “en tramas y prácticas muy raras”, diciendo concretamente del Sr. Fernández Camero que “nosotros no decimos que lo haga por dinero. Simplemente, afirmamos que es una actitud corrupta, aparte de que sea legal o ilegal. Su dedicación exclusiva se aprobó por el Ayuntamiento con carácter retroactivo y de una forma muy extraña. No se concibe que alguien por la mañana trabaje para intereses públicos y por la tarde trabaje en contra de esos intereses”.
Con carácter previo a la interposición de la demanda de juicio ordinario, la representación procesal de don Felipe Fernández Camero interesó la adopción de medidas cautelares consistentes en el secuestro de los ejemplares correspondientes de la revista “Cuadernos del Sureste” y la orden de prohibición de nueva publicación y difusión por cualquier medio o soporte, lo que fue acordado de forma inicial, levantándose dicha medida por Auto de fecha de 5 de mayo de 2003.
En fecha de 2 de diciembre de 2003, el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Arrecife dictó Sentencia estimando parcialmente la demanda al considerar que se había producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante, pero acordando una indemnización inferior a la solicitada. Mediante Auto de 16 de diciembre de 2003 se procedió a la aclaración del fallo.
Contra dicha Sentencia los hoy recurrentes en amparo interpusieron recurso de apelación que fue resuelto por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en Sentencia de 16 de mayo de 2005. La Audiencia estimó íntegramente el recurso, señalando, en primer lugar, que las informaciones referidas a la actividad profesional del Sr. Fernández Camero como Secretario de Ayuntamiento y como Abogado en ejercicio que ha prestado sus servicios tanto a diversos Ayuntamientos de las islas como a entidades privadas, se consideran veraces y suficientemente contrastadas, tanto por la documentación obrante en las actuaciones como por el propio testimonio del actor. Recuerda, a continuación, que los casos en los que entran en conflicto los derechos fundamentales de libertad de expresión e información, por un lado, y el derecho al honor, por otro, deben resolverse casuísticamente, teniendo en cuenta en dicha “tarea de ponderación o proporcionalidad”, la prevalencia del derecho a la libertad de expresión e información sobre los denominados derechos de la personalidad, siempre que: se constate la relevancia e interés general de la información divulgada; el carácter público de la persona sobre la que versa la información y la veracidad de la información, entendiendo por tal la información comprobada y contrastada según los cánones de la profesionalidad informativa. Por todo ello, la Sentencia recaída en apelación, tras apreciar que en este caso existía un interés general en la información transmitida y que, además, se refería a un funcionario público que desempeñaba un cargo de relevancia, concluyó que la utilización del término corrupción se efectuaba en un sentido coloquial que, al guardar relación con la información que se comunicaba (veraz y de relevancia pública), no estaba guiada por “una mera y pura animadversión de índole personal”, lo que impedía apreciar la intromisión ilegítima aducida.
La representación procesal de don Felipe Fernández Camero formuló, entonces, recurso por infracción procesal (que fue inadmitido) y recurso de casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que lo estimó, en Sentencia de 24 de septiembre de 2009, casando la Sentencia de la Audiencia Provincial “y tal y como dice el artículo 487.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, asumiendo la instancia y, tal como se desprende de lo expuesto hasta ahora, debe estimarse la demanda en la forma que lo ha hecho la sentencia de primera instancia” (fundamento de Derecho tercero). En consecuencia, el fallo estima el recurso y declara que “confirmamos y hacemos nuestra en todos sus pronunciamientos la sentencia dictada en primera instancia”. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo considera en tal sentido que “se ha producido una difamación y ofensa al demandante, que alcanza la categoría de atentado al honor, ya que la imputación de corrupción así lo implica” (mismo fundamento de Derecho).
Por lo que respecta a la fundamentación jurídica del recurso de amparo, los recurrentes solicitan la anulación de las resoluciones judiciales antes reseñadas invocando el derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] y a la libertad de información [20.1 d) CE]. Entienden que la Sentencia dictada en casación, que asume la Sentencia dictada en primera instancia, no ha realizado una adecuada ponderación de los derechos fundamentales concernidos desde un punto de vista constitucional. En la demanda de amparo se aduce que el objetivo editorial de la revista “Cuadernos del Sureste” no es otro que el de participar en la vida pública de una forma deliberadamente crítica, inscribiéndose las declaraciones y el texto discutido en un determinado contexto político y social que ha sido ignorado por el Tribunal Supremo. La representación de los recurrentes subraya la concurrencia de determinados hechos que tanto el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Arrecife como la Audiencia Provincial de Las Palmas consideraron probados y que, a su entender, resultan de especial transcendencia para la resolución de este recurso de amparo: a) que las informaciones vertidas en el artículo “El secretario: el quinto poder” son absolutamente veraces; b) que el demandante don Felipe Fernández Camero era, en el momento de editarse la revista y de realizarse las declaraciones cuestionadas, Secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Abogado en ejercicio, y ocupaba diversos cargos en entidades privadas y c) que los datos y la información contenida en el artículo habían sido ya objeto de publicación por diferentes medios de comunicación social. Junto a ello señalan también que el objeto del recurso de casación debe limitarse al examen de las concretas infracciones del ordenamiento jurídico aducidas y no puede combatirse la valoración de la prueba realizada en la instancia.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de julio de 2010, acordó admitir a trámite la demanda y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir al Tribunal Supremo, a la Audiencia Provincial de las Palmas y al Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Arrecife para que en el plazo de diez días remitieran, respectivamente, testimonio del recurso núm. 1752-2005; rollo 597-2004 y del juicio ordinario núm. 116-2003, interesándose al propio tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepción de la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional.
Asimismo por providencia, dictada también el 19 de julio de 2010, se acordó la formación de la correspondiente pieza separada para la tramitación del incidente de suspensión de la resolución impugnada y, de conformidad con lo previsto en el art. 56 LOTC, la concesión de un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y a la parte recurrente para que alegasen lo que estimaran pertinente sobre dicha petición de suspensión.
Mediante escrito registrado el 20 de diciembre de 2010 el Procurador de los Tribunales don José Carlos Caballero Ballesteros se personó en este proceso constitucional, en nombre y representación de don Felipe Fernández Camero.
Por diligencia de ordenación, de 7 de febrero de 2011, se tienen por recibidas las actuaciones solicitadas, por personado y parte en el procedimiento al Procurador don José Carlos Caballero Ballesteros en nombre y representación de don Felipe Fernández Camero, y se acuerda dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que, en el plazo común de veinte días, formulen las alegaciones que a su derecho convengan.
El 8 de marzo de 2011 la representación procesal de los recurrentes en amparo presentó su escrito de alegaciones solicitando el otorgamiento del amparo. Se ratifica íntegramente en la demanda de amparo interpuesta en su día, destacando los siguientes extremos: a) que el recurso de amparo se presentó dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la Sentencia dictada por la Sala Civil del Tribunal Supremo a través del Juzgado núm. 2 de Arrecife, al no haberse personado ante la Sala de lo Civil; b) que en las actuaciones seguidas ante la Audiencia Provincial de Las Palmas obra copia de la Sentencia dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 que ratifica la sanción administrativa impuesta por el Secretario de Estado de Organización Territorial al Sr. Fernández Camero como responsable de una falta muy grave de incumplimiento de las normas en materia de incompatibilidades; c) que durante la tramitación del recurso de casación el Ministerio Fiscal emitió un informe, con fecha de 11 de septiembre de 2008, interesando la desestimación del mismo, por cuanto, como refiere la Audiencia, “los hechos relatados se refieren a una información veraz y de gran relevancia pública, como es el de las actividades profesionales o empresariales de un funcionario público, desempeñando un cargo de gran relevancia como es el de Secretario General de un Ayuntamiento” sin que en casación pueda discutirse la valoración de la prueba realizada por la Audiencia; d) que el incidente de nulidad de actuaciones es improcedente pues “los motivos específicos de impugnación ya fueron esgrimidos por esta parte en su recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia y, por tanto, fueron sobradamente conocidos y valorados por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por lo que el incidente de nulidad de actuaciones carecía, en este caso concreto, de objeto de cognición, propio, autónomo y limitado”.
Mediante escrito registrado el 10 de marzo de 2011, presentó sus alegaciones la representación de don Felipe Fernández Camero solicitando la inadmisión del recurso de amparo por incurrir en diversas causas que debieron determinar su inadmisibilidad y, subsidiariamente, su desestimación, al considerar que no se han vulnerado los derechos a la libertad de expresión e información invocados por los recurrentes.
El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones mediante escrito registrado en fecha de 14 de marzo de 2011, en el que, tras resumir los hechos y los razonamientos jurídicos contenidos en cada una de las resoluciones judiciales que se impugnan, solicita que se dicte Sentencia estimatoria del amparo.
Por providencia de 7 de junio de 2011, el Pleno, conforme a lo establecido en el art. 10 n) LOTC, a propuesta de la Sala Primera, acordó recabar para sí el conocimiento del presente recurso de amparo.
La representación procesal del Sr. Fernández Camero, por escrito registrado en este Tribunal el 30 de septiembre de 2011, solicitó al Tribunal que le hiciera entrega de una copia de los escritos presentados en el trámite común de alegaciones del art. 52.1 LOTC y del documento que acredite que quien actúa en representación procesal de la asociación Colectivo Cuadernos del Sureste ostenta la referida representación.
Por providencia de 17 de diciembre de 2013, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 19 del mismo mes y año.
La presente demanda tiene por objeto la impugnación de la Sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que, estimando el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria, la revoca y declara la conformidad a derecho de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Arrecife que condenaba a los hoy demandantes de amparo por intromisión ilegítima en el honor de don Felipe Fernández Camero.
Con carácter previo al análisis de la vulneración denunciada en este recurso de amparo debemos dar respuesta a las alegaciones que, sobre la concurrencia de diversas causas de inadmisibilidad, se han formulado por la representación procesal del Sr. Fernández Camero.
En primer lugar, y por lo que respecta a la pretendida falta de acreditación de la fecha de notificación de la Sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de septiembre de 2009, y sus efectos en el plazo de interposición del recurso de amparo, obra en las actuaciones certificado emitido por el Secretario de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre la notificación de la Sentencia, en fecha de 5 de octubre de 2009, a la única parte personada. Consta asimismo en las actuaciones providencia de la titular del Juzgado núm. 2 de Arrecife, de 24 de febrero de 2010, en la que se afirma que el Juzgado “desconoce la fecha en que se ha notificado la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, habiéndose notificado a las partes la llegada de los autos mediante resolución dictada con fecha de 12 de noviembre”, que fue notificada a los recurrentes en amparo el 17 de noviembre de 2009. Resulta, por tanto, que al no constar en las actuaciones que el Tribunal Supremo notificara a los ahora recurrentes la Sentencia recaída en el recurso de casación, el momento que debemos tomar en consideración para determinar si el recurso de amparo fue interpuesto dentro del plazo legalmente establecido es el de la comunicación a las partes, por el Juzgado núm. 2 de Arrecife, de la llegada de los autos, lo que, como se acaba de indicar, tuvo lugar el 17 de noviembre de 2009. Puesto que el recurso de amparo fue presentado en el Registro General de este Tribunal el 30 de diciembre de 2009, hay que concluir que se interpuso en plazo.
Se aduce, en segundo lugar, que la falta de personación de los recurrentes en la casación, a pesar de haber sido debidamente emplazados, comporta su falta de legitimación para promover el presente recurso de amparo. En este punto conviene recordar que los criterios que sirven para determinar si se ostenta, o no, legitimación para acudir ante este Tribunal se encuentran en los arts. 162.1 b) CE y 46.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) —que la reconocen, respectivamente, a toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo y a quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente—, preceptos de los que hemos realizado una interpretación integradora en el sentido de entender que la fórmula del art. 46.1 b) LOTC complementa a la del art. 162.1 b) del texto constitucional, sin que se deba considerar limitativa o restrictiva de ella (SSTC 106/1984, de 16 de noviembre, FJ 1; 235/1997, de 19 de diciembre, FJ 2; y 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 2), efectuando asimismo una interpretación muy amplia y flexible de la noción de interés legítimo, a los efectos de reconocer legitimación para recurrir en amparo (SSTC 221/2002, de 25 de noviembre, FJ 2, 176/2005, de 4 de julio, FJ 2 y 208/2009, de 26 de noviembre, FJ 2). La aplicación al caso de esta doctrina impide apreciar la falta de legitimación alegada, pues no hay duda de que la Asociación Colectivo Cuadernos del Sureste y el Sr. Jiménez Marsá cuentan con un interés legítimo para recurrir la Sentencia dictada por la Sala del Tribunal Supremo en el recurso de casación, toda vez que en su momento impugnaron la Sentencia dictada en primera instancia (que ahora, tras la estimación del recurso de casación, despliega todos sus efectos). Como sostuvimos en la mencionada Sentencia 208/2009 de 26 de noviembre, FJ 2, con cita de la STC 43/1990, de 15 de marzo, FJ 3, en un supuesto similar al que se plantea este recurso, dicho interés no desaparece por el mero hecho de no haberse personado en el recurso de casación.
En relación a los defectos de postulación, representación y capacidad procesal de los recurrentes, que pone de manifiesto la representación del Sr. Fernández, debe señalarse, en primer lugar, que tanto el Sr. Jiménez Marsá como la asociación Colectivo Cuadernos del Sureste comparecen debidamente representados por Procurador, tal como se acredita con la aportación de las correspondientes escrituras de poder general para pleitos otorgadas por los recurrentes a favor del Procurador y Letrado, autorizadas por Notario, por lo que se cumple con lo preceptuado en el art. 49.2 a) LOTC. Por lo que respecta a la voluntad de promover este recurso de amparo, debe considerarse suficiente el poder para actuar ante el Tribunal Constitucional, así como el acuerdo adoptado en sesión extraordinaria por la asociación Cuadernos del Sureste para personarse ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Arrecife en el procedimiento de medidas cautelares instado por el Sr. Fernández Camero, que muestra ya, de forma material, la voluntad de defender el derecho a la libre expresión e información.
En cuarto lugar y tal como se ha indicado antes, la parte demandada en este proceso de amparo opone como vicio procesal la falta de agotamiento de la vía judicial previa, en concreto por no haberse interpuesto incidente de nulidad de actuaciones contra la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, con base tal exigencia en la doctrina del ATC 200/2010, de 21 de diciembre.
Se alega también por la representación procesal del Sr. Fernández Camero que la demanda debe ser declarada inadmisible pues ni ha justificado debidamente la especial transcendencia constitucional del recurso ni, de hecho, concurre esa especial trascendencia de acuerdo con los parámetros establecidos en el art. 50.1 b) LOTC. Este óbice procesal también debe ser rechazado. En el escrito de demanda los recurrentes en amparo destinan un apartado específico a la “Especial Trascendencia Constitucional del presente recurso”, en el que exponen los motivos por los que consideran que su resolución es importante para la interpretación de la Constitución y para la determinación del contenido de los derechos fundamentales. Señalan, en primer lugar, que existen resoluciones judiciales contradictorias sobre los derechos fundamentales en conflicto, que interpretan de manera distinta la doctrina constitucional, por lo que, citando la STC 155/2009, de 25 de junio estiman necesario un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Argumentan, además, que la trascendencia constitucional del recurso deriva del hecho de que en supuestos como éste, en los que se efectúa una crítica de marcado carácter político sobre la realidad político-social, la vulneración del derecho a la libertad de expresión y de información conlleva un menoscabo sustancial “del principio de pluralidad que debe informar cualquier actuación en un Estado democrático”. Y por último, señalan que la Sentencia impugnada ha efectuado la ponderación entre los derechos fundamentales en conflicto “ignorando absolutamente la doctrina constitucional”. Por todo ello sostienen que la obtención de un pronunciamiento sobre el fondo por parte de este Tribunal es de evidente importancia para la interpretación de la Constitución y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales involucrados.
Finalmente, debemos señalar que, como sostiene la representación procesal del Sr, Fernández Camero, los hechos acaecidos con posterioridad a los que aquí se debaten así como los documentos aportados con posterioridad por los recurrentes en amparo, no deben ser tenidos en cuenta para la resolución del presente recurso, pues este Tribunal ha de ceñirse a los hechos enjuiciados y declarados probados en la vía judicial previa, que sustentaron el conflicto entre el derecho al honor del Sr. Fernández y el derecho a la libertad de expresión y/o a comunicar información veraz de los hoy recurrentes en amparo.
Entrando ya en el fondo de la cuestión controvertida, esto es, si el Tribunal Supremo (y antes el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Arrecife) ha realizado una adecuada ponderación de los derechos fundamentales implicados, no resulta ocioso recordar que, en estos casos de colisión de derechos sustantivos, la naturaleza de nuestro juicio o ponderación no versa sobre la razonabilidad o la suficiente motivación de las valoraciones efectuadas por Jueces y Tribunales, sino que “hemos de aplicar inmediatamente a los hechos probados las exigencias dimanantes de la Constitución Española para determinar si, al enjuiciarlos, han sido o no respetados” (por todas, STC 110/2000, de 5 de mayo, FJ 3), aunque para ello sea necesario “utilizar criterios distintos de los aplicados por los órganos judiciales, ya que sus razones no vinculan a este Tribunal ni reducen su jurisdicción a la simple revisión de la motivación de las resoluciones que hayan pronunciado” (STC 50/2010, de 4 de octubre, FJ 3).
La primera cuestión que se nos plantea, para poder realizar la ponderación constitucional adecuada, es la de discernir si nos encontramos en el ámbito de la libertad de expresión o en el del derecho a la libertad de información, puesto que, a pesar de que los recurrentes en amparo invocan conjuntamente ambos derechos, “los parámetros que han de presidir nuestro análisis serán diferentes según nos hallemos ante uno u otro derecho” (STC 50/2010, de 4 de octubre, FJ 4). En efecto, hemos insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de distinguir entre “los derechos que garantizan la libertad de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones, incluyendo las apreciaciones y los juicios de valor, y el derecho a comunicar información, que se refiere a la difusión de hechos que merecen ser considerados noticiables” (SSTC 50/2010, de 4 de octubre, FJ 4; y también 41/2011, de 11 de abril, FJ 2). La distinción no es baladí pues la veracidad, entendida como diligencia en la averiguación de los hechos, condiciona la legitimidad del derecho a la información, requisito que, sin embargo, no es exigible cuando lo que se ejercita es la libertad de expresión, pues las opiniones y juicios de valor no se prestan a una demostración de su exactitud, como sí ocurre con los hechos (SSTC 9/2007, de 15 de enero, FJ 4; 50/2010, de 4 de octubre y 41/2011, de 11 de abril). Todo ello sin perjuicio de que, en muchos casos, no sea fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos (entre otras, SSTC 110/2000, de 5 de mayo, FJ 6; 29/2009, de 26 de enero, FJ 2 y 50/2010, de 4 de octubre, FJ 4).
Ubicados, pues, en el ámbito de la libertad de expresión, conviene destacar que, como hemos afirmado entre otras muchas en la STC 77/2009, de 23 de marzo, FJ 4, “el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión, al igual que el de información, garantiza un interés constitucional relevante como es ‘la formación y existencia de una opinión pública libre, que es una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, que encuentra un límite, constitucionalmente reconocido, en el derecho al honor de las personas, lo que no excluye la crítica de la conducta de otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática’ (STC 9/2007, de 15 de enero, FJ 4)”. De igual modo hemos sostenido que el derecho al honor, que garantiza “la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que lo hagan desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio o que sean tenidas en el concepto público por afrentosas” (por todas, SSTC 180/1999, de 11 de octubre, FJ 4 y 9/2007, de 15 de enero, FJ 3), protege también frente aquellas críticas o informaciones acerca de la conducta profesional o laboral de una persona que pueden constituir “un auténtico ataque a su honor personal, incluso de especial gravedad, ya que ‘la actividad profesional suele ser una de las formas más destacadas de manifestación externa de la personalidad y de la relación del individuo con el resto de la colectividad, de forma que la descalificación injuriosa o innecesaria de ese comportamiento tiene un especial e intenso efecto sobre dicha relación y sobre lo que los demás puedan pensar de una persona, repercutiendo tanto en los resultados patrimoniales de su actividad como en la imagen personal que de ella se tenga’ (STC 180/1999, FJ 5). A este respecto, hemos concretado que la protección del art. 18.1 CE sólo alcanza ‘a aquellas críticas que, pese a estar formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, constituyen en el fondo una descalificación personal, al repercutir directamente en su consideración y dignidad individuales, poseyendo un especial relieve aquellas infamias que pongan en duda o menosprecien su probidad o su ética en el desempeño de aquella actividad; lo que, obviamente, dependerá de las circunstancias del caso, de quién, cómo, cuándo y de qué forma se ha cuestionado la valía profesional del ofendido’ (STC 180/1999, FJ 5)” (STC 9/2007, de 15 de enero, FJ 3).
Partiendo de la doctrina constitucional que se acaba de resumir nos corresponde ahora analizar el contenido del artículo “El secretario: el quinto poder” así como las declaraciones realizadas con posterioridad por el Sr. Jiménez Marsá en rueda de prensa, para determinar si los juicios de valor formulados sobre el Sr. Fernández Camero están amparados por el derecho a la libertad de expresión.
Procede, en definitiva, otorgar el amparo solicitado, pues tanto los juicios de valor emitidos en el artículo “El secretario: el quinto poder” como las posteriores declaraciones del Sr. Jiménez Marsá al respecto, se realizaron en el legítimo ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión.
Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de los demandantes a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE].
Restablecerlos en la integridad de su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia dictada por la Sala Civil del Tribunal Supremo, de 24 de septiembre de 2009.
STS, 24 de Abril de 2013

References: artículo 487
 resolución 
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