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Timestamp: 2019-10-22 14:38:27+00:00

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El marco legal para la rendición de cuentas se encuentra principalmente en la Constitución Política de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (Decreto Nro. 1429 de 1977) la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal de 2002, y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado de 2002 y sus correspondientes reglamentos.
La reforma de la Constitución Política del Ecuador del 20 de Octubre de 2008 establece, en el Artículo No. 100, que “En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos.” entre otras funciones, para “Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social”.
La Función de Transparencia y Control Social, establecida por la nueva Constitución de la República de Ecuador, en su Artículo 204, “promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del Sector Público, y de las personas naturales o jurídicas del Sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; Fomentará e incentivará la participación ciudadana; Protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; Prevendrá y combatirá la corrupción.
Estará conformada por El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y las Superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.”
De acuerdo con el Artículo 206 de la Constitución, Los titulares de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social conformarán una instancia de coordinación, cuyas atribuciones y deberes serán, además de las que establezca la ley, las siguientes:
1. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la
participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción.
4. Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en el ámbito de
5. Informar anualmente a la Asamblea Nacional de las actividades relativas al cumplimiento de
sus funciones, o cuando ésta lo requiera.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es una entidad con personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa, que de acuerdo con el Artículo 207 de la Constitución “promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones”.
Las autoridades cuya designación está bajo su cargo son: la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias, la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura. Además de estas, al CPCCS le han sido asignadas otras funciones como: promover la participación ciudadana; establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social; Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción; emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan; actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones; coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción; organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales.
La Contraloría General del Estado, como establece el Artículo 211 de la Constitución, “es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.” Entre sus funciones están entre otras, la de “Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoria interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos” y también, la de “Determinar responsabilidades, administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que esa materia sean propias de la Fiscalía General del Estado” entre otras.
La Contraloría General realiza auditorías administrativas, financieras, de desempeño y ambientales, así como exámenes y auditorías especiales de obras públicas y obras de ingeniería. En este sentido, las actividades de la Contraloría incluyen los siguientes ámbitos prioritarios: aplicación del sistema de control de calidad, descentralización y delegación de atribuciones a oficinas regionales y provinciales, desarrollo profesional, fortalecimiento del marco de control interno, definición de mecanismos de coordinación con las unidades de auditoría interna, consolidación de actividades con las de otras entidades de control, y actualización de normas.
El control interno y externo se rige por la Constitución Política y en particular por la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. En virtud de la Ley Orgánica se ha ampliado el papel de la Contraloría, confiándosele la aplicación del Sistema Nacional de Control y la auditoría y el control del funcionamiento de las entidades públicas Asimismo, esta ley le confiere a la Contraloría independencia operacional, autonomía financiera y acceso a todo el conjunto de organismos estatales. Ello le permite realizar auditorías financieras externas de la ejecución presupuestaria y de los estados financieros consolidados.
El Artículo 213 de la Constitución establece que las Superintendencias “son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención, y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, la auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley.”
La Defensoría del Pueblo, por su parte, de acuerdo con los Artículos 214 y 215 de la Constitución “será un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior. Tendrán como funciones la protección y tutela de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país…” Entre otras funciones, la Defensoría del Pueblo deberá “Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos”.
Además de lo anterior, en el marco de los controles internos y externos, también vale la pena resaltar los avances en el desarrollo de nuevas tecnologías. En este sentido, el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF), perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas, apoya la gestión operativa de presupuesto, tesorería y la contabilidad.
Cabe señalar, que un punto importante en el mejoramiento del sistema de control recae en la supervisión legislativa del gasto público ya que esta función promueve la transparencia y una mejor gestión pública a través del seguimiento de las actividades de la Contraloría General y la evaluación de su impacto en el sistema de integridad del gobierno. El Congreso tiene la potestad de conferir al poder ejecutivo la facultad de realización de gastos, y la ejerce a través de la sanción anual de la ley del presupuesto.
El mejoramiento de los sistemas electrónicos de gestión han coadyuvado al buen manejo y registro del flujo de ingresos y transferencias de los recursos públicos de manera transparente, eficiente, moderna e integrada y en línea; así como a resolver adecuadamente en lo operativo, los requerimientos sustentados y legítimos de las autoridades y de la sociedad.
La Comisión Anticorrupción fue creada en 1997 como un organismo autónomo e independiente de control del Estado que tendría bajo su responsabilidad “la investigación y prevención de casos de corrupción y el monitoreo de los procesos administrativos penales para sancionar estos casos”.
Desde su creación, la Comisión Anticorrupción, funcionó bajo los Decretos Ejecutivos D 107-A y 506 y posteriormente, en 1998, esta entidad fue institucionalizada en la Asamblea Nacional Constituyente con un nuevo nombre: “Comisión de Control Cívico de la Corrupción” conocida por sus siglas C.C.C.C.
Comisión de Control Cívico de la Corrupción (C.C.C.C)
La Comisión de Control Cívico de la Corrupción (C.C.C.C.) fue creada en 1998 para sustituir a la Comisión Anticorrupción y sus fundamentos se encuentran en los Artículos 2020 y 221 de la Constitución de la República.
La C.C.C.C. actuaba como uno de los Órganos de Control del Estado, con autonomía e independencia económica, política y administrativa y tenia bajo su responsabilidad la coordinación de las actividades dirigidas al control de la corrupción y el diseño de una política permanente con lineamientos claros para promover la transparencia en la gestión pública.
Durante el tiempo en el que la CCCC estuvo vigente, uno de los logros más importantes de esta Comisión fue la aprobación de la Ley Orgánica de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, el 5 de agosto de 1999
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se crea a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República del Ecuador, adoptada en noviembre de 2008, como el ente que sustituiría a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción.
En el artículo 208 de la nueva Carta Magna, se designa al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como el principal ente responsable por “promover el ejercicio de los derechos de participación y control social de lo público, establecer mecanismos y políticas anticorrupción y designar a las autoridades que le corresponda, de acuerdo con la Constitución y la Ley.”
Para asumir las funciones de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, inicialmente se formó un con un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio tal y como lo establecen los artículos 207 y 208 de la Constitución de la República
El CPCCS coordina actividades para la prevención y lucha contra la corrupción enfocándose en tres áreas de acción:
• La participación y el Control Social
• Transparencia y Lucha contra la corrupción
• Designación de Autoridades
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social fue publicada el 9 de septiembre de 2009 y contó para su aprobación con 68 votos a favor 2 votos en blanco y 39 abstenciones. Esta normativa contiene los lineamientos referentes a la organización, funcionamiento y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
En esta ley además se y reafirman “los principios de coordinación, complementariedad y trabajo articulado entre los diferentes organismos de la Función de Transparencia y Control Social, las demás funciones del Estado y el régimen autónomo.”
La Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión fue creada mediante el Decreto Presidencial No. 1511 del 29 de diciembre de 2008, y posteriormente este Decreto fue modificado por el Decreto ejecutivo Nro. 2.
La Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión es el ente encargado, según la nueva Constitución Política de septiembre de 2008, de asumir las funciones que hasta entonces ejercía la Secretaría Nacional Anticorrupción.
La función principal de esta Secretaría, adscrita a la Presidencia de la República, es verificar que se implementen las políticas dirigidas a promover la transparencia y la probidad en la administración pública, utilizando estrategias para la prevención de la corrupción y la investigación eficaz de los casos de corrupción, tomando en cuenta la promoción de la participación ciudadana en el monitoreo de la gestión publica.
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El Sistema Nacional de Contratación Pública se crea con el objetivo fundamental de implementar de forma integral , la política de transparencia y compra electrónica o subasta en línea, el mismo que en la actualidad rige para las contrataciones de todo el sector público, en virtud de la vigencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 395 de el 4 de agosto de 2008.
Con el fin de alcanzar los objetivos prioritarios del Sistema Nacional de Contratación Pública, se creó además el Instituto Nacional de Contratación Pública –INCOP- como el ente rector, administrador y regulador del Sistema Nacional de Contratación Pública.
El INCOP ha hecho importantes avances en materia de control, a través de la firma de importantes convenios con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Contraloría General del Estado, y la Secretaria de Gestión de Transparencia y organizaciones de la sociedad civil.
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría Nacional de Transparencia y el Instituto de Contratación Pública
A través de este Convenio, la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión y el Instituto Nacional de Contratación Pública, se comprometen a trabajar mancomunadamente para promover la transparencia, estableciendo canales efectivos de coordinación interinstitucional. Para el efectivo cumplimiento de los objetivos del convenio, las dos instituciones se hacen responsables de organizar actividades dirigidas a la promoción de una conducta ética en la gestión pública, algunas de estas actividades incluyen: capacitación a funcionarios públicos, implementación de mecanismos para la rendición de cuentas, investigación de casos de corrupción, entre otras.
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo surge como resultado de la fusión entre el Consejo Nacional de Modernización del Estado (CONAM) y la Secretaría Nacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (SODEM), mediante Decreto Ejecutivo No. 103 de febrero de 2007.
La Senplades esta orientada a administrar el Sistema Nacional de Planificación a nivel sectorial y territorial y sus funciones están dirigidas a: 1. Establecer objetivos y políticas nacionales; 2. Orientar la inversión pública; 3. Promover una reforma sostenida, integral y democrática del Estado, por medio de una participación ciudadana en pro de una gestión pública transparente y eficiente, e impulsar el desarrollo humano sostenible. De la misma manera, se establece dentro de los seis grandes objetivos de la Senplades el de “promover la gestión por resultados, la rendición de cuentas a través del monitoreo y la evaluación de la gestión del sector público en relación con sus objetivos y metas planeadas”.
El “Plan Nacional para el Buen Vivir 20009-2013”es el Plan Nacional de Desarrollo diseñado por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, SENPLADES, a través del Decreto Ejecutivo 1577 de febrero de 2009.
El Plan, aprobado por el Consejo Nacional de Planificación el 5 de noviembre de 2009, mediante la resolución No. CNP-001-2009, tiene el principal objetivo de “articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública”.
En este plan se plantean “revoluciones” en cinco áreas concretas de las cuales, una se refiere específicamente a la “promoción de la ética, la transparencia, la rendición de cuentas y el control social como los pilares para la construcción de relaciones sociales que posibiliten el reconocimiento mutuo entre las personas y la confianza colectiva (…)”.
Para ver el Plan completo haga clic aquí
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP-
Ley No. 24 de 2004
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública surge en virtud del Artículo 81 de la Constitución Política del Ecuador, en el cual se garantiza el acceso a la información, como mecanismo para ejercer la participación democrática, y como obligación por parte de las entidades del Estado y de sus funcionarios.
Esta Ley garantiza y regula el derecho fundamental a la información pública y establece como principios rectores los de publicidad, favorabilidad y transparencia. Igualmente, busca: 1. Efectivizar el control fiscal; 2. “Garantizar la protección de la información personal en poder del sector público y/o privado”; 3. Democratizar a la sociedad, a través del acceso a la información pública; y 4. Facilitar la participación ciudadana en cuanto a la toma de decisiones de interés general.
Como órgano encargado de la promoción, vigilancia y defensa de las garantías establecidas en esta Ley se designa, en el Artículo 11 de la misma, a la Defensoría del Pueblo.
Las Veedurías Ciudadanas son mecanismos de control social de carácter temporal que permiten a los ciudadanos ejercer su derecho de contribuir en el control y monitoreo de la gestión pública.
Estas iniciativas han sido apoyadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y algunas de sus atribuciones son:
Solicitar información sobre le desempeño de la actividad de cualquier funcionario público.
Vigilar los procesos de planificación, diseño, e implementación de cualquier entidad pública.
Monitorear el proceso de implementación de programas, proyectos y políticas públicas.
Verificar que los procesos de selección de personal a través de concursos públicos sigan los requisitos legales.
Informar al CPCCS sobre cualquier irregularidad detectada en el proceso de monitoreo y evaluación de los funcionaros y entidades del Estado.
El CPCCS financia y acompaña los procesos de veedurías y facilita la asesoría técnica y acompañamiento en el proceso antes y después de la veeduría.
Los “observatorios ciudadanos” son “espacios técnicos intersectoriales e interdisciplinarios” integrados por personas u organizaciones que tienen bajo su responsabilidad la elaboración de diagnósticos, informes y reportes destinados a evaluar los resultados de la implementación de políticas públicas. El proceso de observación, también permite emitir sugerencias para incidir en la planificación y diseño de las políticas públicas.
A través de estos observatorios, los ciudadanos evalúan políticas, proyectos y planes del sector público y se difunden los resultados de estas evaluaciones para el diseño de estrategias de intervención a nivel local y regional.
Este proceso de “observación” permite avanzar en la identificación de mecanismos técnicos que contribuyan a promover la transparencia en la gestión pública y cuenta con el apoyo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Sistema SIGOB Ecuador-Sistema de Seguimiento de Metas del Gobierno de la Revolución Ciudadana
El objetivo principal del “Sistema de Seguimiento de Metas del Gobierno de la Revolución Ciudadana,” SIGOB es servir de apoyo y referencia para el cumplimiento de las metas de gestión establecidas por el presidente Rafael Correa. A través del sistema SIGOB, se ofrece al público información a cerca de los avances en el cumplimiento de las metas del gobierno, y se incluye información sobre el rol de cada una de las instituciones encargadas de la gestión pública.
A través de este programa se busca garantizar que cualquier persona interesada tenga acceso a la información sobre el desempeño de las instituciones del Estado y el status en el cumplimiento de las metas trazadas para el país en Plan de Gobierno.
El sistema SIGOB proporciona información a cerca de:
Los Ejes de Gobierno
NET Sistema de Obras Públicas del Estado Ecuatoriano
La Comisión de Control Cívico de la Corrupción, CCCC inició CONTRATANET en el 2001 como un proyecto de prevención de la corrupción para transparentar las compras públicas, contando con el auspicio financiero de la Cooperación Suiza para el Desarrollo CONSUDE. Esta iniciativa comenzó como el sistema de e-government procurement (e-GP) del Ecuador, en el cual los contenidos eran generados por las instituciones adquirientes en las diferentes etapas del proceso.
CONTRATANET publicaba, transparentaba, agilizaba, optimizaba, y democratizaba los procesos de contratación pública, a través del Internet. Se considera que esta herramienta permitió al Estado lograr significativos ahorros en su presupuesto de compras y transparentar su gestión al permitirse a la sociedad conocer más fácilmente el destino de sus recursos y vigilar la función pública.
El 23 de enero de 2008, La Comisión de Control Cívico de la Corrupción CCCC transfirió al Gobierno Nacional, los recursos materiales y tecnológicos del Sistema Oficial de Información de Contratación Pública del Ecuador CONTRATANET, para su implementación como política pública, por parte del Estado ecuatoriano, teniendo como antecedente el Decreto Ejecutivo Nro. 744 publicado en el registro oficial Nro. 221 de 28 de noviembre de 2007, por el cual, el Presidente de la República dispuso la Creación del Sistema Oficial de Compras Públicas y de Consultaría del Ecuador, bajo la competencia y responsabilidad de la Secretaría de Innovación Tecnológica y Compras Públicas, como dependencia del Ministerio de Industrias y Competitividad.
Sistema Oficial de Compras Públicas
El Sistema de Compras Públicas se crea con el objetivo fundamental de implementar en forma integral, la política de transparencia y compra electrónica o subasta en línea, el mismo que en la actualidad rige para las contrataciones de todo el sector público, en virtud de la vigencia de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, publicada en el Registro Oficial Suplemento Nro. 395, de 4 e agosto de 2008.
Denuncias a través de la página Web de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión
La Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión cuenta con un espacio en su página Web a través del cual cualquier persona interesada puede llenar un formato electrónico para someter una denuncia sobre cualquier acto de corrupción. El formulario puede ser anónimo y es enviado electrónicamente para ser revisado y procesado por la autoridad correspondiere.
Portal de Compras Públicas-Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP)
Este portal es el vehículo principal del Sistema Nacional de Contratación Pública (establecido a través de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación. En este espacio se publica toda la información relacionada con las contrataciones por parte del Estado, permitiendo de esta manera hacer más transparentes los procesos de contratación.
El portal además facilita el acceso a la información pública al permitir que personas interesadas puedan obtener información sobre las contrataciones estatales, y al mismo agiliza los procesos de contratación.
Para obtener más información sobre este portal haga clic aquí
Formulario de Declaración en la Web-Contraloría General del Estado
Dentro de su página Web, la Contraloría General del Estado ofrece a los funcionarios públicos la posibilidad de descargar formularios para la declaración juramentada de bienes vía Internet. Este formulario contiene una serie de rubros referentes al patrimonio de los servidores públicos.
El sistema facilita el descargo, vía Internet, de la Declaración Patrimonial Juramentada.
La entrega del documento requiere presentación personal.
Sistema Nacional de Información (SIN)
El objetivo principal del sistema Nacional de Información es “satisfacer las necesidades de información de los distintos niveles de Gobierno y transparentar la gestión pública.”
Varias entidades forman parte del SIN: La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y dos comités:
El Comité de Contenidos
Los Comités de Información Sectorial.
Para ver más información haga clic
Sistema de Registro Único de las Organizaciones de la Sociedad Civil SRUOSC- del Gobierno Nacional de la República del Ecuador
Esta iniciativa del gobierno nacional consiste en una página Web que contiene una base de datos pública con información de las organizaciones de la sociedad civil que cumplen los requisitos legales para su constitución y acreditación.
A través de esta iniciativa, el gobierno nacional facilita información sobre las organizaciones de la sociedad civil que operan en el país, permitiendo de esta manera identificar coyunturas entre el trabajo de estas organizaciones y las instituciones del Estado, con el fin de lograr un acercamiento entre el Estado y la sociedad civil, que permita integrar esfuerzos para coordinar acciones en el área social.
Otra función importante de este portal, es el cumplimiento con uno de los requisitos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece que “las Organizaciones no gubernamentales (ONGs) están sometidas al principio de publicidad.”
Corporación Latinoamericana para el Desarrollo –CLD-
La Corporación Latinoamericana para el Desarrollo, es el Capítulo Ecuador de Transparencia Internacional (CLD-TI), creada en 1989. Es una organización sin ánimo de lucro cuya finalidad es contribuir al fortalecimiento de la vida democrática, procurando la formación de una sociedad civil que lidere la transformación jurídica e institucional del Estado, en las áreas de Justicia y Estado de Derecho, Transparencia y Anticorrupción, Sistema Político Democrático y Desarrollo Sostenible.
Esta Organización participó en la Primera y Segunda Ronda de Evaluación del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción –MESICIC-.
1º Parte, 1º Ronda
2º Parte, 1º Ronda
La Corporación Participación Ciudadana es una organización que propicia la participación informada de la ciudadanía, el debate y la búsqueda de acuerdos en temas de trascendencia para el país, desarrolla actividades cívicas a través de la deliberación y la observación de procesos políticos bajo los principios de liderazgo democrático y transparencia.
Auditoria Democrática Andina – ADA
La Auditoría Democrática Andina -ADA- es una institución académica sin ánimo de lucro, cuya finalidad es proporcionar a los líderes de opinión información para la toma de decisiones y brindar a la ciudadanía la posibilidad de influir en sus condiciones de vida. Los principios bajo los cuales desarrolla su actividad son: Transparencia y Rendición de Cuentas, Creencia en la Dignidad y Libertad del Ser Humano, Independencia, Calidad en la Investigación Social de Opinión, Compromiso con el Desarrollo del Liderazgo y el Talento Humano, innovación, diálogo y concertación, lucha contra la pobreza y trabajo en equipo.
Redes Cívicas Anticorrupción de adultos y jóvenes
En Ecuador, se han creado Redes Cívicas Anticorrupción de adultos y jóvenes que nacieron con la creación de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción como parte del proyecto “Redes Cívicas”. Estas redes han fortalecido su trabajo y hoy en día forman parte del Plan Nacionalbajo el programa “Redes Ciudadanas por la Transparencia y la Honestidad” que incluye dos proyectos: las Redes Cívicas Anticorrupción y las redes Juveniles ambas con la función de “ impulsar la movilización social y fortalecer la construcción de la democracia, reforzando la organización de la sociedad civil, fomentando el liderazgo y compartido (…)”
Estas importantes iniciativas agrupan a jóvenes y adultos que trabajan en diferentes municipios de todo el país organizando actividades dirigidas a la prevención de la corrupción. Algunas de las actividades que llevan a cabo estas redes son: talleres de capacitación, foros, y eventos públicos, encuentros juveniles, marchas estudiantiles, etc.
Las redes juveniles también tienen su propia revista titulada “Enrédate”. Para ver información completa sobre los antecedentes de estas redes haga clic aquí.
La Comisión de Control Cívico de la Corrupción busca promover la transparencia en la administración pública a través de la prevención, investigación de actos de corrupción, y la vigilancia para el juzgamiento y sanción de los responsables. Impulsa igualmente, valores de honestidad con el fin de mejorar la convivencia democrática.
La Constitución de la República del Ecuador establece las normas fundamentales que amparan los derechos y libertades, organizan el Estado y las Instituciones democráticas e impulsan el desarrollo económico y social. Crea la quinta Función del Estado denominada de Transparencia y Control Social, integrando como Órganos encargados para su implementación, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y las Superintendencias. y en su Artículo 3º, contempla los deberes del Estado y establece en su numeral 4, el deber de “garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico”, entre otros.
La Constitución es de aplicación Nacional.
EL Código Penal del Ecuador establece las normas rectoras del sistema penal ecuatoriano. Tipifica en su Titulo III del Libro II, los Delitos contra la Administración Pública.
Ley 50 de 1993 (Ley de Modernización del Estado)
La Ley No. 50, sobre Modernización del Estado, regula el Proceso de Modernización del Estado teniendo como fin, incrementar los niveles de eficiencia, agilidad y productividad en la administración de las funciones a cargo del Estado; así como promover, facilitar y fortalecer la participación del sector privado y de los sectores comunitarios o de autogestión en las áreas de explotación económica. Los procesos de modernización se ejecutarán bajo los principios de eficiencia, agilidad, transparencia, coparticipación en la gestión pública y la solidaridad social.
La ley es de aplicación Nacional.
Ley No. 73 de 2002 (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado)
La Ley No. 73, Orgánica de la Contraloría General del Estado tiene como fin, establecer y mantener bajo la dirección de la Contraloría General del Estado el sistema de control, fiscalización y auditoria del Estado, y regular su funcionamiento. Lo anterior tiene como finalidad examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las instituciones del Estado, y la utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos.
Ley No. 24 de 2004 (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Publica)
La Ley Orgánica No. 24, busca garantizar el derecho a la información pública y establece como principios rectores para esto los de publicidad, favorabilidad y transparencia.
Ley Orgánica del Ministerio Público de 2006
La Ley Orgánica del Ministerio Público establece las normas reguladoras del Ministerio Público en cabeza del Ministro Fiscal General, el cual tiene como función, entre otras, coordinar y dirigir la lucha contra la corrupción, y velar por la protección de victimas y testigos y de quien participe en el juicio penal.
Codificación de la Ley No. 015 de 2004 (Orgánica de la Procuraduría General del Estado)
La codificación de la Ley No. 015, Orgánica de la Procuraduría General del Estado, establece las normas reguladoras de la Procuraduría General, encabezada por el Procurador General, el cual supervisa, entre otras funciones, los juicios que involucran aquellas entidades del sector público que manejan recursos públicos en defensa del patrimonio del Estado y del interés público.
Ley No.1 de 2001. Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo
La Ley Orgánica No.1, crea "La Defensoría del Pueblo, cuyo titular es el Defensor del Pueblo," que "es un organismo público, con autonomía funcional, económica y administrativa y con jurisdicción nacional." Sus principales funciones son: "a) Promover o patrocinar los recursos de Hábeas Corpus, Hábeas Data y de Amparo de las personas que lo requieran y b) Defender y ejercitar, de oficio o a petición de parte, cuando fuere procedente, la observancia de los derechos fundamentales individuales o colectivos que la Constitución Política de la República, las leyes, los convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador garanticen." Así mismo, se definen las atribuciones, la organización, deberes y atribuciones y procedimientos de la institución.
La ley es de aplicación Nacional
El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva contempla en su Artículo 1º, el objeto de establecer la estructura general, el funcionamiento, el procedimiento administrativo común y las normas sobre responsabilidad de los órganos y entidades que integran la Administración Pública Central e Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva.
Este Estatuto se aplica a la Función Ejecutiva y a todos aquellos que este contempla en su Artículo 2º.
Código de Conducta para los Servidores Públicos de la Función Ejecutiva
El Código de Conducta para los Servidores Públicos de la Función Ejecutiva regula las conductas de los servidores públicos de la función ejecutiva bajo los principios de Integridad, responsabilidad, probidad, Transparencia, justicia, igualdad, prudencia, orden, perseverancia, dignidad, iniciativa y eficiencia.
Este Código se aplica a todos los servidores públicos que conforman la Administración pública central y aquellos mencionados en el Artículo 1º de la norma.
Ley No. 131 de 1983 (Ley Orgánica de la Función Judicial)
La Ley No. 131, Orgánica de la Función Judicial establece la regulación de las normas relativas a los Órganos de la Función Judicial y establece sus funciones.
Esta Ley es de aplicación Nacional.
El Código de Ética de la Legislatura establece las normas reguladoras de los Diputados de la República como mandatarios del pueblo ante la Función legislativa, los cuales deberán observar en su actuación los principios justicia, respeto y probidad administrativa, entre otros, contemplados dentro de su Artículo 1º. Este código fue reformado por la Ley Orgánica Reformatoria del Código de Ética de la Legislatura, en el año 2007.
Este Código se aplica a los Diputados de la República.
Ley de Contratación Pública de 2001
La Ley de Contratación Pública establece las normas para la contratación pública, referente a la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios no regulados por la Ley de Consultoría.
Decreto Ejecutivo No. 122 de 2003
El Decreto Ejecutivo No. 122, declara la Anticorrupción como Política de Estado, y se diseñan mecanismos dirigidos a impulsar los esfuerzos en este ámbito.
Ley 39, Registro Oficial No. 253 (Comisión de Control Cívico de la Corrupción -CCCC-)
La Ley No. 253, en su preámbulo señala que "La Constitución Política de la República crea la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, como una persona jurídica de derecho público, con autonomía e independencia económica, política y administrativa." La ley establece las naturalezas, atribuciones, facultades y obligaciones que deben cumplir la comisión. Asimismo, se definen los procedimientos de investigación, juzgamiento y destitución de los miembros de la comisión.
Esta Ley es de aplicación Nacional
Para una información detallada, visitar los informes presentados por Ecuador en la Primera y Segunda Ronda del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción - MESICIC-
1o Ronda »
2o Ronda »
A. Instrumentos e Iniciativas Internacionales suscritos por Ecuador
Ecuador ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1997 y es Estado parte del Mecanismo de Seguimiento de La Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) desde el 2001.
Ratificado por Ecuador en el 2005, los objetivos de la Convención son los siguientes:
B.Programas de Cooperación con Colombia financiados por Organismos Internacionales
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – Ecuador
Anteproyecto del programa país: Ecuador (2004-2008) (PNUD)
Este Programa apoya a los nuevos esfuerzos del Gobierno, en cuanto al refuerzo de la participación ciudadana y del diálogo democrático, al combate de la corrupción, la reducción de la pobreza y de la exclusión, y la reactivación de la economía para la generación de trabajo y salud; así como, el mejoramiento de la seguridad ambiental.
Estrategia del Banco con Ecuador (2008-2011) (BID)
La Estrategia del Banco Interamericano de Desarrollo con el Ecuador para el período 2008-2011, propone apoyar al país en las siguientes áreas: (i) desarrollo de infraestructura productiva (petróleo, energía y transporte); (ii) desarrollo productivo y acceso a financiamiento e (iii) inclusión económica y social.
Estrategia Operacional Ecuador (2004-2006) (BID)
Esta Estrategia tiene dos finalidades, la de ayudar a cimentar las fundaciones con para el impulso de una estructural productiva y la de promover el desarrollo social y la protección de los más vulnerables.
Mejora, Calidad de Gasto: Modernización, Sistema de Info de Inversión Pública (2005) (BID)
Este Programa tiene como finalidad, la de apoyar al país en la modernización del sistema de información, para la inversión pública, con el fin de facilitar el acceso de información a la ciudadanía, y la transparencia, conforme a la Ley de Responsabilidad, estabilidad y transparencia fiscal.
BID: Otros proyectos aprobados en materia de anticorrupción y transparencia se pueden ver aquí.
Estrategia de Asistencia al País Ecuador (2003-2007) (BM)
Esta Estrategia tiene como fines: 1. Consolidar el marco macroeconómico y construir bases para un crecimiento económico diversificado y sostenible; 2. Aumentar las oportunidades y el acceso a los recursos económicos y proteger a los pobres de los impactos de las reformas estructurales; 3. Ayudar a las autoridades a crear un gobierno eficiente y responsable.
Gestión financiera del sector público (2002-2009) (BM)
El proyecto Gestión de las Finanzas Públicas tiene como finalidad mejorar la efectividad y la transparencia en la gestión de la finanzas públicas en el sector del Gobierno de Ecuador, y la de contribuir a un mejor gobierno a través de la transparencia y la integridad del gobierno en sus reportes financieros.
Reporte de Información sobre Ecuador, 1996-2009 (Country Data Report for Ecuador, 1996-2009) (Banco Mundial)
Estudio Diagnostico sobre Gobernabilidad y Anti-Corrupción (Banco Mundial)
Por solicitud del Gobierno de Ecuador, el Banco Mundial inició, en 1998, un estudio empírico sobre la situación de gobernabilidad y anticorrupción en el país, con el fin de avanzar en la formulación e implementación de una estrategia y programa de acción. Una parte fundamental de dicho estudio fue la encuesta de diagnóstico a partir de la cual se utilizaron como dimensiones claves para el análisis, la desagregación de la corrupción por tipo (administrativa, captura del Estado, ofertas, robo de bienes y servicios públicos, compra de licencias y regulaciones); la identificación de instituciones débiles e instituciones fuertes, con el fin de reconocer aquellas ejemplo de buena gobernabilidad y aquellas que requieren reforma; la evaluación del costo de las distintas formas de corrupción sobre diferentes grupos de interés, identificar determinantes claves de buena gobernabilidad y el desarrollo de recomendaciones de política.
La Encuesta sobre Gobernabilidad y Anticorrupción estuvo dirigida a hogares, empresas y funcionarios públicos. El reporte correspondiente se concluyó en 2003. Este tipo de estudio, que se realizó en distintos países alrededor del mundo, en lo que se refiere a los países que se han incluido en esta parte de la guía, se llevó a cabo también en Colombia, Perú y Bolivia.
La metodología utilizada en este proyecto fue diseñada en el año 2000 y aplicada en 2001 en varios países de del hemisferio Americano. En lo que se refiere a los países que se han incluido en esta parte de la guía, el estudio comprende también a Chile Colombia y Perú.
Cultura Política de la Democracia en Ecuador: 2008 (Proyecto de Opinión Pública en América Latina, LAPOP por sus siglas en inglés)
El estudio forma parte de Barómetro de las Américas y está hecho a base de cuestionarios sobre corrupción, percepción de la democracia, gobernabilidad en Ecuador, entre otros. La investigación sobre Ecuador se basa en una encuesta nacional con 1.500 entrevistados, sobre valores, actitudes, opiniones. La investigación nos permite examinar temas como legitimidad política, tolerancia política, apoyo a una democracia estable, participación de la sociedad civil y capital social, el estado de derecho, evaluación de los gobiernos locales y la participación en ellos, victimización por el delito, victimización por la corrupción y comportamiento electoral. El estudio contiene un análisis de las áreas relacionadas con los valores y comportamientos democráticos.
De los 180 países incluidos en el estudio, Ecuador ocupa el lugar 146 y tiene una puntuación de 2,2. Nueva Zelandia queda en primer lugar con 9,4 y Somalia tiene la percepción más baja con 1,1.
En cuanto a la corrupción, la percepción de Ecuador del progreso en la reducción de la corrupción queda 1 punto más alto que el promedio de 39. En primer lugar se ubica Uruguay con una puntuación de 56 y Argentina con la menor puntuación de 13. Frente a la pregunta de conocer algún pariente involucrado en algún acto de corrupción en los últimos doce meses, Ecuador tuvo el promedio de 13 puntos. Brasil quedó con la puntuación más alta de 34 y El Salvador tuvo la puntuación más baja de 5 puntos.
Con base en lo anterior, el ranking significa que Ecuador, en términos de democracia, mercado y transparencia, es el país ubicado en el puesto 102º de los 168 países en el índice.

References: Artículo 204
 Artículo 206
 Artículo 207
 Artículo 211
 Artículo 213
 artículo 208
 resolución 
 Artículo 81
 Artículo 11
 Artículo 3
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 1
 Artículo 1