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Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses. (Vigente hasta el 24 de julio de 2005)
Publicado en BOE n�m. 53 de 1 de marzo de 1996
Vigencia desde 1 de marzo de 1996. Esta revisi�n vigente desde 27 de diciembre de 1999hasta 24 de julio de 2005.
CAPÍTULO III. REGISTRO CENTRAL DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y ESCALAFÓN
2. El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado .
En el supuesto de que la publicación no se produzca de forma simultánea, los términos y plazos establecidos en la convocatoria se contarán a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado .
Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona y cumplir los deberes de mi cargo frente a todos .
4. El plazo para tomar posesión es el de veinte días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de la publicación del respectivo nombramiento en el Boletín Oficial del Estado .
Los nombramientos serán publicados, simultáneamente, además, en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia. En el supuesto de que la publicación simultánea no fuera posible, el plazo posesorio comenzará a contar a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado .
Condena a pena privativa de libertad por razón de delito doloso, relacionado con el servicio o que cause daño a la Administración de Justicia. En los casos en que la pena no fuera superior a seis meses, el Ministerio de Justicia, previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podrá sustituir la pérdida de la condición de médico forense por la sanción prevista en el artículo 80.1.c) de este Reglamento.
Posteriormente, se publicará el escalafón en el Boletín de Información del Departamento, adquiriendo el mismo carácter oficial mediante la inserción de la oportuna resolución en el Boletín Oficial del Estado .
2. La publicación en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas se realizará de forma simultánea con la publicación en el Boletín Oficial del Estado . En el supuesto de que dicha simultaneidad no fuera posible, los plazos se computarán a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado .
4. Las solicitudes deberán tener entrada en el Registro General del Ministerio de Justicia, en el de la Comunidad Autónoma correspondiente, o en los órganos que se determinan en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de diez días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del concurso en el Boletín Oficial del Estado .
Las resoluciones de los distintos concursos convocados se publicarán de forma simultánea en el Boletín Oficial del Estado y, en su caso, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. En el supuesto de que dicha simultaneidad no fuera posible, los plazos se computarán a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado .
1. Cuando, en atención a la naturaleza de los puestos a cubrir, así se determine en las convocatorias, los concursos podrán constar de dos fases. En la primera, se valorarán los méritos enunciados en los párrafos b), c) y d) del apartado 1 del artículo anterior, conforme a los criterios establecidos en el mismo. La segunda fase consistirá en la comprobación y valoración de los méritos específicos adecuados a las características de cada puesto. A tal fin podrá establecerse la elaboración de memorias o la celebración de entrevistas, que deberán especificarse necesariamente en la convocatoria.
2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de las resoluciones del concurso o de la convocatoria de libre designación en el Boletín Oficial del Estado , y, en su caso, en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.
2. La declaración de las situaciones administrativas comprendidas en los párrafos b) a h) del apartado anterior, se efectuará por el Ministerio de Justicia o, en su caso, por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
La suspensión provisional establecida en el artículo 64, apartado 3, párrafos a) y b), se acordará por el Ministerio de Justicia o por el órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y en el supuesto del párrafo c), se procederá en la forma prevista en el artículo 86 de este Reglamento.
2. El tiempo de suspensión provisional prevista en el artículo 64, apartado 3, párrafo c), como consecuencia de expediente disciplinario, no podrá exceder de seis meses, salvo en el caso de que la paralización del mismo sea imputable al interesado. La concurrencia de esta circunstancia determinará la pérdida de toda retribución hasta que el expediente sea resuelto.
4. Formulada la solicitud, los funcionarios suspensos deberán participar en el primer concurso de traslado que se convoque, cuyos requisitos de desempeño reúnan, con objeto de obtener un puesto de trabajo. De no participar en este concurso o no obtener el puesto de trabajo solicitado, se les destinará, en su caso, a cualquiera de los no adjudicados a los otros concursantes. En el caso previsto en el artículo 58.1.b) de este Reglamento, será declarado en situación de excedencia forzosa.
1. El régimen disciplinario a que quedan sujetos los médicos forenses es el que se establece en los artículos 464 y siguientes de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y en el presente Reglamento.
En todo caso, la declaración de hechos probados contenida en la resolución que ponga término al procedimiento penal vinculará a la resolución que se dicte en el expediente disciplinario, sin perjuicio de la distinta calificación jurídica que puedan merecer en una y otra vía.
1. Las faltas que cometan los médicos forenses en el ejercicio de sus cargos podrán ser leves, graves y muy graves.
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde la fecha de su comisión, salvo cuando el procedimiento disciplinario para enjuiciarlas quedare en suspenso como consecuencia de la incoación de causa penal por los mismos hechos, en cuyo caso el plazo de prescripción se reanudará desde la conclusión de la causa penal.
3. El plazo de prescripción se interrumpirá desde la fecha de notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario o, en su caso, de las diligencias informativas relacionadas con la conducta investigada al médico forense.
El cómputo del plazo de prescripción se reanudará si las diligencias o el procedimiento permanecieran paralizados durante seis meses por causa no imputable al médico forense sujeto a procedimiento.
a. El incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de sus funciones.
b. El ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el ejercicio de la profesión de médico forense, establecidas en el artículo 50 de este Reglamento, salvo los que puedan constituir falta grave con arreglo a lo dispuesto en el artículo 78.i).
c. La inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas.
d. La emisión de informes irregulares que cause perjuicio grave a la Administración de Justicia o a los ciudadanos.
e. La desatención o el retraso injustificado y reiterado en el despacho de los asuntos que les estén confiados.
f. La ausencia injustificada por más de diez días del lugar en que presten sus servicios.
g. La revelación por el médico forense de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona.
h. Toda actuación que suponga discriminación por razón de sexo, raza, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
i. El incumplimiento de la obligación de organizar y atender los servicios esenciales en caso de huelga.
j. La violación del secreto profesional.
k. La violación de la neutralidad o independencia política, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
l. La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
n. La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
ñ. La comisión de una falta grave cuando hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos graves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido canceladas o procedido la cancelación de las anotaciones correspondientes.
La falta de respeto ostensible a los superiores en su presencia, en escrito que se les dirija o con publicidad.
El abuso de autoridad respecto a abogados, procuradores, funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y particulares.
Dejar de promover la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que proceda respecto del personal subordinado, cuando conocieren o debieren conocer el incumplimiento grave de los deberes que correspondan a dicho personal.
Revelar hechos o datos por el médico forense, conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta, cuando no constituya falta muy grave prevista en el párrafo g) del artículo 77 de este Reglamento.
La ausencia injustificada por más de tres días naturales del lugar en que presten sus servicios, en un mismo mes.
La inasistencia injustificada a las diligencias judiciales, cuando no constituya falta muy grave.
La negligencia o retraso injustificado en el despacho de los asuntos que les estén confiados, cuando no puedan calificarse como faltas muy graves.
La falta de rendimiento que afecte al mal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave.
El ejercicio de cualquier actividad de las consideradas compatibilizables a que se refiere el artículo 50 del presente Reglamento, sin obtener cuando esté prevista la pertinente autorización o habiéndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.
La grave falta de consideración con los ciudadanos o con los compañeros o subordinados.
Causar daño grave en los locales, material o documentos de los servicios.
La comisión de una falta de carácter leve habiendo sido sancionado anteriormente por resolución firme por otras dos leves, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelación de las correspondientes anotaciones.
La falta de respeto a los superiores que no constituya falta grave.
La desconsideración con el personal que preste servicios en el Instituto correspondiente.
Las infracciones o negligencias en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo establecidas en la Ley y en este Reglamento, cuando no constituyan infracción más grave.
El retraso leve o injustificado en el despacho de los asuntos, cuando no constituya falta más grave.
La ausencia injustificada por tres días o menos.
El incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada.
1. Las sanciones que se pueden imponer a los médicos forenses por las faltas cometidas en el ejercicio de su cargo son:
Multa de hasta 300.000 pesetas.
2. Las faltas leves sólo podrán sancionarse con advertencia o multa de hasta 25.000 pesetas o con ambas; las graves con multa de 25.001 a 300.000 pesetas, y las muy graves con suspensión, traslado forzoso o separación.
2. El plazo de prescripción se computará a partir del día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución en que se imponga la sanción.
Para la de advertencia, el Juez o Presidente respectivo.
Para las de multa y suspensión, la correspondiente Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
Para las de traslado forzoso, el Ministro de Justicia. La sanción de traslado forzoso a una Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, requerirá el informe previo de la misma.
Para la de separación del servicio, el Consejo de Ministros.
1. La sanción de advertencia se impondrá sin más trámite que la audiencia del interesado, previa una sumaria información.
2. Las restantes sanciones habrán de imponerse siguiendo los trámites establecidos en los artículos siguientes.
3. El procedimiento disciplinario se impulsará de oficio en todas sus actuaciones.
1. El procedimiento disciplinario se iniciará siempre de oficio, mediante acuerdo de las autoridades competentes previstas en el artículo 82 del presente Reglamento, ya sea por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a iniciativa del Ministerio Fiscal o del Director del Instituto de Medicina Legal correspondiente, o a instancia del perjudicado.
2. En la resolución por la que se incoe el procedimiento disciplinario se nombrará instructor, que deberá ser un Juez, Magistrado, secretario o, en su caso, un miembro del Ministerio Fiscal.
3. El instructor designará un secretario de la misma o superior categoría que el expedientado.
4. Serán de aplicación al instructor y al secretario las causas de abstención y recusación recogidas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. El órgano competente para iniciar el procedimiento podrá acordar previamente la realización de una información reservada, en la que se decida la incoación del expediente o, en su caso, el archivo de las actuaciones.
1. El instructor practicará cuantas pruebas y actuaciones sean necesarias para la determinación y comprobación de los hechos y responsabilidades susceptibles de sanción, con intervención del Ministerio Fiscal y del interesado, que podrá valerse de abogado desde el inicio del expediente.
2. A la vista de las pruebas y actuaciones practicadas, el instructor formulará, si procediere, pliego de cargos, en el que se expondrán los hechos imputados con expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida y de las sanciones que puedan ser de aplicación.
El pliego de cargos se notificará al expedientado para que, en el plazo de ocho días, pueda contestarlo y proponer la prueba que precise, cuya pertinencia será calificada por el instructor. La denegación de la prueba será siempre motivada y contra la misma no cabe recurso alguno.
3. Cumplimentadas las precedentes diligencias y, en su caso, practicadas las pruebas propuestas por el expedientado y declaradas pertinentes, el instructor dará vista del expediente al interesado con carácter inmediato, para que en el plazo de diez días alegue lo que estime pertinente a su defensa y aporte cuantos documentos considere de interés. Se facilitará copia completa del expediente al interesado cuando éste así lo solicite.
4. Cumplido lo anterior, el instructor, previa audiencia del Ministerio Fiscal, formulará propuesta de resolución en la que fijará con precisión los hechos, hará la valoración jurídica de los mismos e indicará la sanción que estime procedente al interesado, para que en el plazo de ocho días alegue lo que a su derecho convenga.
5. Evacuado dicho trámite o transcurrido el plazo para ello, se remitirá lo actuado a la autoridad que hubiere ordenado la iniciación del procedimiento para la decisión que proceda. Cuando esta autoridad entienda procedente una sanción de mayor gravedad que las que están dentro de su competencia, elevará el procedimiento con su propuesta a la que sea competente.
6. Podrán las autoridades competentes devolver el expediente al instructor para que, con retroacción del mismo al momento procedimental oportuno, formule un nuevo pliego de cargos en el que se incluyan nuevos hechos o se modifiquen los anteriores, o con el fin de completar la instrucción con la práctica de nuevas diligencias o pruebas.
En este caso, antes de remitir de nuevo el expediente a la autoridad competente para imponer la sanción, deberá darse vista al inculpado de las actuaciones efectuadas a fin de que, en el plazo de diez días, alegue lo que crea conveniente.
7. La duración del procedimiento sancionador no excederá de seis meses. Cuando, por razones excepcionales, se prolongare por mayor plazo, el instructor deberá dar cuenta, cada diez días, del estado de tramitación y de las circunstancias que impida su conclusión, a la autoridad que hubiere mandado proceder.
8. La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario deberá determinar con toda precisión la falta que se estime cometida, señalando los preceptos en que aparezca recogida la clase de falta, el funcionario responsable y la sanción que se impone, haciendo expresa declaración en orden a las medidas provisionales adoptadas durante la tramitación del procedimiento.
9. La resolución será notificada al interesado y al Ministerio Fiscal con expresión del recurso o recursos que quepan contra la misma, el órgano ante el que han de presentarse y plazos para interponerlo.
Asimismo, la resolución será comunicada, en su caso, al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, para constancia en el expediente personal del funcionario.
10. De las resoluciones por faltas muy graves han de ser informadas las Juntas o Delegados de Personal correspondientes.
1. El instructor podrá proponer al Ministerio de Justicia la suspensión provisional del funcionario sometido a expediente disciplinario, con audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal. La propuesta sólo podrá acordarse cuando aparezcan indicios racionales de la comisión de una falta muy grave.
1. Las sanciones, con exclusión de la de advertencia, contra la que sólo cabrá súplica ante el propio órgano que la dictó, serán susceptibles de recurso ante el Ministro de Justicia, cuando hubieran sido impuestas por las Salas de Gobierno previo informe, en su caso, de la Comunidad Autónoma.
2. Las resoluciones del Ministro de Justicia resolviendo el recurso anterior o, en su caso, imponiendo el traslado forzoso, así como las del Consejo de Ministros, en todo caso, agotarán la vía administrativa.
3. Las resoluciones sancionadoras que decidan definitivamente en vía gubernativa serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora de la misma.
1. Las sanciones disciplinarias, una vez agotada la vía administrativa, se ejecutarán según los términos de la resolución en que se impongan y en el plazo máximo de un mes, salvo que cuando por causas justificadas se establezca otro distinto en dicha resolución.
2. El Ministro de Justicia, previo informe, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, cuando se trate de las sanciones enumeradas en el artículo 82.2 de este Reglamento, podrá acordar la inejecución de la sanción y, a propuesta del órgano competente para resolver, podrá acordar la suspensión temporal por tiempo inferior al de su prescripción. Si la sanción fuera de separación del servicio, el acuerdo de su inejecución y suspensión corresponderá al Consejo de Ministros. Ambos acuerdos podrán adoptarse de oficio o a instancia del interesado, siempre que mediará causa fundada para ello.
1. La autoridad competente para sancionar, lo es también para decretar la cancelación.
2. La anotación de la sanción de advertencia quedará cancelada por el transcurso del plazo de seis meses desde que adquirió firmeza, si durante ese tiempo no hubiere dado lugar el sancionado a otro procedimiento disciplinario que termine con la imposición de sanción.
3. La anotación de las restantes sanciones, con excepción de la de separación, podrá cancelarse, a instancia del interesado y oído el Ministerio Fiscal, cuando hayan transcurrido, al menos, uno, dos o cuatro años desde la imposición firme de la sanción, según que se trate de falta leve, grave o muy grave, y durante este tiempo no hubiere dado lugar el sancionado a nuevo procedimiento disciplinario que termine con imposición de sanción.
La responsabilidad disciplinaria se extingue por el cumplimiento de la sanción, muerte o prescripción de la falta o de la sanción.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 224/1989, de 17 de octubre, por el que se regula la planificación de la normalización del uso del euskera en las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco ( Boletín Oficial del País Vasco de 27 de octubre) y demás disposiciones de desarrollo derivadas de los planes de normalización del euskera que puedan dictarse en el ámbito de la citada Comunidad Autónoma, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Vigente hasta el 24 de julio de 2005, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de r�gimen disciplinario del personal al servicio de la Administraci�n de Justicia. (BOE. núm. 175, de 23 de julio de 2005).
Artículo 50.1.c);

References: Real Decreto 
 artículo 80
 resolución 
 artículo 38
 resolución 
 artículo 64
 artículo 86
 artículo 64
 artículo 58
 resolución 
 resolución 
 artículo 50
 artículo 78
 artículo 77
 artículo 50
 resolución 
 resolución 
 artículo 82
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 82
 Real Decreto 

Artículo 50