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Timestamp: 2019-09-23 20:25:15+00:00

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﻿ Sentencia 19917 de julio 24 de 2003
SENTENCIA 19917 DE 24 DE JULIO DE 2003
CONTENIDO:PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. LA SALA EN MÚLTIPLES OPORTUNIDADES HA SOSTENIDO QUE EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 100 DE 1993 Y EL ARÍCULO 53 DE LA CONSTITUCIÓN NO PERMITEN QUE UNA PERSONA SE LE DESCONOZCA SU DERECHO PENSIONAL, ASÍ HAYA FALLECIDO EN VIGENCIA DE LA NUEVA LEY Y NO HAYA COTIZADO 26 SEMANAS EN EL ÚLTIMO AÑO DE SU VIDA, LAS SEMANAS PREVIAMENTE APORTADAS, SI CON ELLAS HUBIERA PODIDO OBTENER UNA PENSIÓN DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS DEL I.S.S.
TEMAS ESPECÍFICOS:BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, PÉRDIDA DEL DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, CALIDADES DEL BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
Sentencia 19917 de julio 24 de 2003
Radicación 19917
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el Instituto de Seguros Sociales, seccional Valle del Cauca, contra la sentencia del 30 de julio de 2002, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso promovido por Blanca Yaneth Osorio Libreros al recurrente.
Blanca Yaneth Osorio Libreros demandó al ISS en busca de que le sea reconocida la pensión de sobrevivientes a la que dice tener derecho por el fallecimiento de su esposo Iván de Jesús Ramírez Gallego.
Como fundamento de esta pretensión expuso: que Iván de Jesús Ramírez Gallego nació el 26 de agosto de 1946 y murió el 23 de febrero de 1996; que contrajo matrimonio con aquel el 19 de junio de 1976; que el causante cotizó al ISS un total de 829 semanas para los riesgos IVM; que el 27 de mayo de 1997 solicitó pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su esposo, la cual le fue negada por el ente demandado a través de la resolución 009722 del 25 de noviembre del mismo año, con el argumento de que el causante no cotizó un mínimo de 26 semanas al momento de su muerte o en el año anterior a ella; que contra esta resolución interpuso los recursos de ley; que el ISS nada ha respondido y se configura un silencio administrativo negativo, con lo cual queda agotada la vía gubernativa (flos 12 - 26).
La entidad de seguridad social convocada al proceso contestó la demanda con oposición a las pretensiones, y relación con sus hechos admitió como ciertos unos y de otros dijo que no le constan o que deben probarse. Propuso la excepciones de inexistencia de la obligación y prescripción (flos 43 – 45).
Con sentencia del 29 de noviembre de 2002 el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cali dirimió el conflicto en primera instancia, y condenó a la demandada a reconocer y pagar a la actora, en forma vitalicia, pensión de sobrevivientes, en cuantía no inferior al salario mínimo, desde el 23 de febrero de 1996, en su condición de cónyuge de Iván de J Ramírez Gallego (flos 69 – 76). Decisión que apelada por la parte demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con fallo del 30 de abril de 2002, la confirmó (flos. 6 - 13 cdno 2ª inst).
En su proveído, argumentó el Tribunal: que la demandada negó a la accionante la pensión de sobrevivientes porque su cónyuge no cotizó 26 semanas durante el año anterior a su fallecimiento, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 100 de 1993; que a pesar de que el fallecimiento del causante acaeció el 23 de febrero de 1996, bajo la vigencia de esta última normatividad, de acuerdo con criterio reiterado de la Corte, no se debe aplicar esta ley, sino el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, pues aquel cumplió los requisitos necesarios, según estas disposiciones, para que sus beneficiarios pudieran adquirir el derecho a la pensión de sobrevivientes, toda vez que registra más de 300 semanas de cotización con anterioridad al 31 de marzo de 1994, como lo exigen los artículos 6 y 25 del acuerdo mencionado; que por ello la demandante tiene derecho a la prestación que reclama, pues además debe tenerse en cuenta que estas normas son más favorables y deben servir para resolver el debate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la C.N y en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993; que en este sentido se pronunció la Corte en la sentencia del 5 de septiembre de 2001, a la cual se remite.
Fue propuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal respectivo, admitido por esta Corporación, que procede a resolverlo, previo estudio de la demanda que lo sustenta y su réplica.
“Pretende el recurso que la Honorable Corte Suprema de Justicia CASE totalmente la sentencia impugnada en cuanto confirmó la decisión de primer grado, para que en sede de instancia, revoque en todas y cada una de sus partes la sentencia de primer grado y en su lugar absuelva al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones de la demanda inicial. Sobre costas decidirá lo pertinente.”
Con fundamento en la causal primera de casación, el recurrente dirige contra la sentencia de segunda instancia, el siguiente:
Dice que viola por vía directa, por infracción directa (en la modalidad de falta de aplicación), los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 16 y 21 del C.S. del T y 53 de la C.N., lo que conllevó a la aplicación indebida de los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
Con tal finalidad alega el censor: que según el artículo 16 del CST, las normas sobre el trabajo humano son de orden público y producen efecto general inmediato, por lo que una nueva ley puede modificar o gravar hacia el futuro los requisitos para adquirir derechos subjetivos; que, incluso, también puede extinguir situaciones abstractas o no consolidadas; que según la jurisprudencia constitucional, la condición más beneficiosa para el trabajador se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en materia laboral, no solo a nivel constitucional, sino también legal; que de acuerdo con el artículo 21 del CST, el principio de favorabilidad opera en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, dando prevalencia a la más favorable al trabajador; que en este contexto se tiene que los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, establecían como requisitos para que una persona adquiriera el derecho a una pensión de sobrevivientes de origen común, que el asegurado hubiere cotizado por lo menos 150 semanas durante los 6 años anteriores al momento de su deceso o 300 semanas en cualquier tiempo; que estas normas fueron derogadas por la Ley 100 de 1993, según se colige de su artículo 289; que por lo anterior debe entenderse que esta ley, en sus artículos 46 y 47, reguló en su integridad lo atinente a la pensión de sobrevivientes, cambiando los requisitos de causación, por lo que se considera que los artículos 6 y 25 del acuerdo citado no se encuentran vigentes y no se pueden aplicar.
Así mismo, el censor, sostiene: que es así porque al entrar en vigencia la nueva ley de seguridad social se modificaron considerablemente los requisitos de causación de la prestación para sobrevivientes en situaciones aún no consolidadas o que no tuvieran el carácter de derechos adquiridos; que lo anterior es coherente con el hecho de que en materia de pensión de sobrevivientes, la Ley 100 de 1993 no estableció un régimen de transición, como lo hizo en forma expresa con la pensión de vejez en el artículo 36; que con apegó a la C.N. y a la ley, el ISS aplicó en el caso los artículos 46 y 47 de la Ley 100, vigentes al momento de morir el asegurado; que a pesar de que antes de fallecer este ya había cotizado más de las 300 semanas requeridas por la ley anterior para conceder la pensión de sobrevivientes, la prestación pendía de un hecho futuro e incierto: la muerte del causante, la que sucedió en vigencia del actual estatuto; que de ello surge la equivocación del ad quem al aplicar unas normas derogadas; que la Sentencia C-168 de 1995, de la Corte Constitucional, la cual tiene efecto de cosa juzgada constitucional, establece que para aplicar tanto el principio de favorabilidad como el de la condición más beneficiosa, se debe partir del supuesto necesario de la existencia de dos normas vigentes que regulan el caso.
Finalmente, el impugnante, argumenta: que no siendo concurrentes los regímenes del Acuerdo 049 de 1990 y de la Ley 100 de 1993, debe observarse el hecho que determina la aplicación de alguno y en este caso el riesgo asegurado era la muerte, la cual sucedió en vigencia de la última normativa; que por ello no procede correctamente la aplicación de los dos principios en comento y por ello el caso está regulado por la nueva ley de seguridad social; que al morir, el causante ni era pensionado, ni tenía derechos adquiridos, ni estaba dentro del régimen de transición para la pensión de vejez, por lo que no se puede afirmar que al momento de su deceso había configurado un derecho a su núcleo familiar, según los requisitos de la ley anterior; que no se pueden dejar de lado poderosas razones sociales y económicas que impiden el hecho de reconocer prestaciones con sustento en normas no vigentes y respetar situaciones de eficacia diferida o no consolidadas, pues de ello depende la viabilidad y eficacia del fondo de pensiones y la efectiva realización de los derechos del total de afiliados que se avienen a los requisitos establecidos en la ley, y de los que ya son pensionados.
El opositor cuestiona el ataque con estos argumentos: que la controversia planteada la tiene resuelta la Sala, inclinándose por la aplicación de las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, el Acuerdo 049 de 1990, siempre y cuando el afiliado que fallece hubiera cumplido los requisitos exigidos por dicho acuerdo para la “pensión de invalidez”, específicamente en cuanto a las semanas de cotización, requisito que se cumple a cabalidad en el sub lite; que la posición quieta, reiterada y pacífica de la Corporación está plasmada en la sentencia de casación del 5 de septiembre de 2001.
La censura se duele de que el Tribunal, con apego a reiterada jurisprudencia de la Corte, haya condenado a la entidad de seguridad social demandada a pagar a la de demandante, como cónyuge supérstite de Iván de Jesús Ramírez Gallego, una pensión de sobrevivientes, a pesar que durante el año anterior a la muerte del causante, que acaeció el 23 de febrero de 1996, este no había cotizado 26 semanas, como lo requiere el artículo 46 de la Ley 100 de 1993.
Para resolver el ataque es importante destacar que no es objeto de controversia que el esposo de la demandante estuvo afiliado al ISS para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, para lo cual aportó al sistema de seguridad social pensional un total de 829 semanas, ninguna de las cuales lo fue durante el año anterior a su deceso.
Ahora bien, el recurrente, con fundamento en los artículos 16 y 21 del C.S. del T, así como en la Sentencia C-168 de 1995 de la Corte Constitucional, aduce que el juzgador ad quem incurrió en desafuero jurídico al resolver el caso al tenor de los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, en lugar de dirimir el litigio en perspectiva de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, que eran los preceptos vigentes al momento de la muerte del asegurado.
En relación con la aludida acusación, la Sala en múltiples oportunidades ha sostenido que con sujeción a los artículos 13 de la ley que entronizó el sistema de seguridad social integral y 53 de la Carta Política, no es posible desconocer a una persona, así haya fallecido en vigencia de la nueva ley y no haya cotizado 26 semanas en el último año de su vida, las semanas previamente aportadas, si con ellas hubiera podido obtener una pensión de acuerdo con los reglamentos del ISS
Como el aludido planteamiento no hay razón para modificarlo, es pertinente traer a colación para rebatir la argumentación del cargo, lo que la Corte expone al respecto en fallo 17121 del 10 de abril de 2002, memorado en la posterior sentencia 18845 del 26 de noviembre del mismo año, a saber:
“Precisamente, el criterio que antecede se ha fundamentado de tiempo atrás por la Corte, no solo en lo que al efecto prevé el inciso cuarto del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, en cuanto garantiza el derecho de optar por una pensión de sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del ISS, que regía con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley, sino, además, en los principios rectores de la seguridad social, el artículo 53 de la Constitución Política y el postulado de la condición más beneficiosa.”
Como puede verse, las reflexiones antes transcritas son perfectamente aplicables al caso que se examina, más aún si, como antes se dijo, no existe debate en torno a que el causante Iván de Jesús Ramírez Gallego, cónyuge de la reclamante, tenía cotizadas al ISS, a la fecha de su deceso, 829 semanas, circunstancia que ubica su situación en los supuestos de hecho de los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, como acertadamente lo dedujo el Tribunal.
Las costas en el recurso extraordinario se impondrán a la demandada que recurrió, pues su acusación no salió avante y fue replicada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 30 de julio de 2002, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso seguido por Blanca Yaneth Osorio Libreros al Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle.
Costas en casación a cargo de la parte demandada impugnante
Magistrados: Fernando Vásquez Botero—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López— Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Isaura Vargas Díaz.

References: ARTÍCULO 13
 resolución 
 resolución 
 artículo 46
 artículo 53
 artículo 13
 artículo 16
 artículo 21
 artículo 289
 artículo 36
 artículo 46
 artículo 48
 artículo 53