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Timestamp: 2020-08-06 19:41:02+00:00

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DEBIÓ SER PARA RESTAURANTE-KARAOKE: BL. TRIBAL RESPONSABILIZA A MPCH POR EMITIR MAL SU LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Chiclayo habría equivocado el giro comercial del establecimiento.
Representantes legales de BL. Tribal señalan que el cambio de zonificación no les alcanza, pues su documentación es anterior a la modificatoria del Plan de Acondicionamiento Territorial.
Ante la denuncia hecha en la edición 1141 por Alfonso Montoya Rosas sobre la presunta incompatibilidad de uso del local BL. Tribal con el área donde está ubicada (esquina de la Calle Las Diamelas con la Avenida La Libertad), y los ruidos molestos que este ocasionaría, los representantes legales del establecimiento, Libia Barrueto Medianero y Esteban Díaz Delgado, ofrecieron sus descargos aludiendo que este problema tendría su origen en un error cometido por funcionarios de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Chiclayo - MPCH.
Según el Informe Nº 348-2019-MPCH/GDU/SGOP/EU, del 13 de mayo de este año, emitido por el Departamento de Estudios Urbanos de la Subgerencia de Obras Privadas de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MPCH, el corredor comercial de la Avenida La Libertad, que comprende el tramo de la Avenida Terrones con la Avenida Chinchaysuyo es, según el cuadro de compatibilidades de uso, incompatible con locales de ocio y diversión, tal como es BL. Tribal.
Barrueto Medianero señala que BL. Tribal cuenta con 10 años de funcionamiento, pero hace cuatro decidieron cambiar de ubicación a la calle Las Diamelas Nº 555, para lo cual en mayo del 2015 iniciaron el procedimiento administrativo ante la Municipalidad de Chiclayo para obtener su licencia. Es así que el 6 de agosto del 2015 la Gerencia de Desarrollo Urbano emitió el Certificado Nº 0077-2015, mediante el cual acreditó que la ubicación de LB Tribal era compatible con el giro de restaurante – karaoke, según el cuadro de compatibilidades de uso de suelos del Plan Director Chiclayo 2020, aprobado por Acuerdo Municipal Nº 056-92-MPCH/A.
“A partir de ese momento fuimos al municipio, pagamos las tasas correspondientes, solicitamos la inspección de la Oficina de Defensa Civil y cuando llegaron les dijimos que nuestro giro comercial era de restaurante-karaoke. Tras pasar la inspección, la municipalidad nos dio un documento provisional para trabajar en lo que se tramitaba la licencia. Sin embargo, en mayo del 2016 nos llegó un documento del ayuntamiento en el que se nos señalaba que no podían darnos la licencia porque el giro que pedíamos no coincidía con el señalado por Defensa Civil”, explica.
Efectivamente, según el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones Básicas Ex Ante Nº 0181-2016, del 6 de mayo del 2016, el giro o actividad de la edificación no es restaurante-karaoke, sino pub.
Barrueto Medianero manifiesta que ante la llegada de esta misiva se acercaron a la Oficina de Defensa Civil de la MPCH, entonces a cargo del arquitecto José Bezzolo Sokolich, para averiguar cuál era el inconveniente, pues el giro comercial para el que tenían la compatibilidad era el de restaurante-karaoke, sin embargo, les habían consignado el de pub.
“El arquitecto Bezzolo Sokolich cometió un grave error porque colocó en nuestro giro comercial que éramos un pub, cuando habíamos indicado que éramos restaurante-karaoke. Él en un inicio sacó el expediente aludiendo que nosotros así lo habíamos consignado, pero verificamos que esa no era nuestra letra. Nos dijo entonces que iba a hacer una rectificación”, sostiene.
Sin embargo, Barrueto Medianero refiere que cuando iniciaron el proceso para la rectificación les informaron que existía una nueva zonificación correspondiente a la ordenanza, la 004-2016-MPCH, según la cual le informaron ya no podían darle una licencia con el giro de restaurante-karaoke, sino como bar, motivo por el cual tanto el 22 de noviembre del 2016 como el 28 del mismo mes enviaron dos documentos a la Oficina de Defensa Civil de la MPCH solicitando la rectificación de giro comercial de pub a bar.
Barrueto Medianero alcanzó a Expresión ambos documentos, aunque carecen de firma de la remitente y del sello de mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
“Hicimos todo el procedimiento para que nos rectifiquen porque ya teníamos la construcción hecha y toda nuestra documentación era del 2015, fecha anterior al cambio de zonificación del 2016. Nos dijeron que con el certificado de compatibilidad que nosotros teníamos podíamos trabajar y así lo hemos hecho”, señala.
Así, el 15 de diciembre del 2016, mediante la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano Nº 461-2016-MPCH/GDU, se le otorgó a BL Tribal la licencia de funcionamiento con el Certificado Nº 000461 para el giro de bar.
En ese sentido, Díaz Delgado refiere que el Artículo 14 de la Ordenanza Municipal Nº 007-2014-MPCH señala que “el cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia de funcionamiento dentro de los primeros cinco años de producido dicho cambio”, el cual señala tampoco se les ha notificado formalmente.
Al respecto, el 17 de mayo de este año BL Tribal envió un oficio a la Gerencia de Urbanismo de la MPCH, solicitando la actualización de compatibilidad de usos para su establecimiento. De la misiva se lee lo siguiente: “Debemos señalar que la licencia de funcionamiento nos fue otorgada el 15 de diciembre del 2016, a raíz del Expediente Nº 80757, es decir, con la normativa y la zonificación anterior, por lo que cualquier modificación a la zonificación no es oponible a nosotros hasta después de cinco años de adoptada la misma”.
La copia de la solicitud presentada por los representantes del establecimiento a este medio también carece de firmas y sellos.
Por otro lado, Díaz Delgado manifiesta que si bien en el quinto párrafo de la resolución en la que se les entrega la licencia de funcionamiento se señala que no está permitido el uso de orquestas en vivo, a ellos los respalda para presentar bandas de rock la Ordenanza Municipal Nº 007-2014-MPCH, la cual menciona que club nocturno es “todo centro de reunión acústicamente aislado para tal efecto, con música en vivo o discos, cintas magnetofónicas, CDS, disco versátil digital, en el cual se presentan números artísticos y que cuentan con servicio de bar y/o restaurante”.
Al respecto, Díaz Delgado apunta que ellos implementaron durante la construcción de BL. Tribal un sistema de aislamiento acústico que ha sido verificado por “arquitectos de su entorno”, en virtud del cual en la última inspección que hizo la Subgerencia de Sanidad y Vigilancia Sanitaria de la MPCH la medición hecha con el sonómetro arrojó que el ruido proveniente de BL. Tribal estaba por debajo de los decibeles permitidos.
Según la Ordenanza Municipal Nº 012-2019-MPCH/A, en las zonas mixtas (residencial – comercial) se consideran como ruidos molestos y nocivos aquellos que superen 60 decibeles desde las 7:01 de la mañana hasta las 10:00 de la noche y los 50 desde las 10:01 de la noche hasta las 7:00 de la mañana.
Tal como obra en el acta de supervisión ambiental, desde el interior de la vivienda de Montoya Rosas se realizaron dos mediciones, una con las ventanas y puertas abiertas la cual arrojó 48.9 decibeles y otra con las mismas cerradas, la cual arrojó 46.1 decibeles.
“Nosotros le hemos solicitado al vecino Alfonso Montoya que nos permita ingresar a su domicilio para saber por qué parte ingresa el ruido que él denuncia, pero no nos permite. Ahora el escenario tiene cuatro techos y doble pared acústica, pero cómo puedo saber dónde está la bulla que ellos dicen si no nos permiten entrar”, menciona.
Respecto a las tres papeletas de infracción de las que dio cuenta Expresiónen la edición 1141 y que obran en el Informe Legal Nº 160-2019 en el que la Gerencia de Desarrollo Urbano no da lugar a la solicitud de revocatoria definitiva de la licencia de funcionamiento otorgada a BL. Tribal, Barrueto Medianero señala que las tres han sido fruto de “operativos irregulares” que constituyen una muestra de “hostigamiento”.
Sobre la Papeleta de Infracción Nº 01849E-2017, emitida por no cumplir con los horarios autorizados para la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas, señala que si bien el reglamento indica que el expendio de bebidas debe ser hasta las 2:00 de la mañana, hay un espacio prudente de tiempo que tiene el cliente desde que pide su último trago para poder terminarlo.
“Estos señores nunca ingresaron a Tribal, no tienen pruebas ni nada de que nos hayan encontrado vendiendo. Además, en el afiche que pegan en la puerta pusieron que eran las 3:05 de la mañana cuando en el video que yo tengo sale que eran las 2:36”, refiere.
Manifiesta que este año les realizaron otra inspección en la que les clausuraron el local alegando que no contaban con elementos como extintores de cocina cuando ellos no cuentan con este espacio. Además, manifiesta que no les dejaron el acta con las observaciones, por lo cual tuvieron que ir a la Oficina de Defensa Civil para efectuar el reclamo.
En cuanto al tercer operativo, el cual refiere ocurrió una semana después del segundo, señala que llegaron policías, fiscalizadores, personal de serenazgo e incluso la prefecta regional, quienes refirieron haberlos hallados expendiendo bebidas alcohólicas más allá del horario permitido.
“Ese día mi barra ya estaba apagada, el barman estaba limpiado, yo que soy la administradora estaba sentada afuera esperando que mi personal termine con su limpieza, quedaban algunas mesas con clientes que estaban terminando sus bebidas e incluso los músicos ya estaban descansando. Pese a ello nos impusieron una multa de 10 UIT, entiendo que con tamaña magnitud lo que buscan es que la empresa quiebre”, refiere.
Por otro lado, Barrueto Medianero afirma que mantienen un diálogo fluido con los vecinos de la zona, quienes le han dado distintas sugerencias como evitar que los carros se estacionen obstaculizando la entrada de las casas, entre otras, pero nunca se han quejado por la bulla.
“Queremos dejar claro de BL. Tribal siempre se ha regido por normas. No permitimos que la gente fume ni que ingrese en estado etílico, pues tratamos de darles la mayor tranquilidad posible a nuestros vecinos, quienes nos comprenden, pero con la familia Montoya ya no sabemos qué más hacer. Ellos dicen que el municipio no les ha hecho caso, pero sí lo ha hecho porque hasta hoy nos hostiga”, sentencia.
SERVIR LE DIO LA RAZÓN: ARQUEÓLOGO LUIS CHERO VOLVIÓ A LA DIRECCIÓN DEL MUSEO DE HUACA RAJADA
Ministerio de Cultura vulneró el debido proceso al sancionarlo con suspensión de 270 días sin goce de remuneración.
El 5 de noviembre el Proyecto Especial Naylamp – Lambayeque, Unidad Ejecutora 005, del Ministerio de Cultura, emitió la Resolución Directoral N° 211-2019 con la que reincorporó en sus funciones al arqueólogo Luis Chero Zurita como director del Museo de Sitio de Huaca Rajada – Sipán.
La restitución de Chero Zurita como director del recinto museográfico se dio en atención a la Resolución N° 002010-2019-SERVIR/TSC, emitida por la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil, la misma que declaró nulo el acto administrativo contenido en la Carta N° 088-2018-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC, del 23 de octubre del año pasado, emitida por la Unidad Ejecutora Naylamp, y la Resolución Directoral N° 251-2019 de la Dirección General de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura.
En su decisión del 28 de agosto, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil confirma que se vulneró el procedimiento administrativo en perjuicio de Chero Zurita cuando se le impuso la suspensión sin goce de haber por 270 días en el cargo del director del Museo de Sitio de Huaca Rajada – Sipán.
El 16 de octubre del año pasado la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Ministerio de Cultura recomendó instaurar el procedimiento contra Chero Zurita, por presunta responsabilidad administrativa.
Así, en marzo de este año, sobre la base de lo recomendado en el Informe de Precalificación N° 900190-2018/ST/OGRH/SG/MC, la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Naylamp, instauró el procedimiento. La razón fue que supuestamente Chero Zurita había alterado de manera grave el área intangible del Complejo Arqueológico Huaca Rajada – Sipán.
Según el informe, con la remoción de superficie y excavaciones se habría alterado evidencias arqueológicas.
A Luis Chero se le imputó el incumplimiento de lo dispuesto en el literal a) de la Cláusula Octava del Contrato Administrativo de Servicios – CAS N° 02-2015-D-PENL-VMPCIC/MC, y en el numeral 22.1 del Artículo 22 de la Ley N° 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, incurriendo supuestamente en la falta prevista en el literal d) del Artículo 85 de la Ley N° 30054 – Ley del Servicio Civil.
Al respecto, Chero Zurita presentó sus descargos alegando que se había vulnerado el principio de ‘non bis in ídem’, toda vez que los hechos imputados habían sido investigados en sede fiscal. Además, que el informe técnico que sustentaba la determinación de su supuesta responsabilidad en los hechos es la prueba actuada bajo los requerimientos probatorios y motivación de otro proceso a nivel penal, siendo que el órgano que actuó aún no emite conclusiones que tengan calidad de consentida o ejecutoriada sobre su valor legal.
Chero Zurita también alegó que en la vía penal se dispuso el archivamiento del caso, el mismo que fue de conocimiento de la Unidad Ejecutora Naylamp, la misma que consintió la resolución, lo que significa que compartió la verdad legal e histórica.
Aun así, el 21 de junio de este año, la Dirección General de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura resolvió imponer en contra del arqueólogo la suspensión por 270 días sin goce de remuneraciones.
Luis Chero apeló el 17 de julio los efectos de la resolución argumentando que la facultad del Ministerio de Cultura para sancionarlo había prescrito, puesto que los hechos supuestamente ocurrieron el 23 de mayo del 2014.
Expuso que la Ley N° 26282 señala que los linderos específicos serán establecidos por el Instituto Nacional de Cultura – hoy Ministerio de Cultura – y no por cualquier instancia subordinada, que no se había precisado si su conducta configuraba acción, omisión o acción y omisión a la vez, que se había sancionado en mérito a una resolución que carece de valor legal y que el ministerio no había evaluado la aplicación del principio ‘non bis in ídem’.
Tras analizar el caso, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil arribó a la conclusión que la autoridad administrativa que actuó como órgano sancionador fue la Dirección General de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, pese a que dicha actuación le correspondía a la Oficina de Recursos Humanos del Proyecto Especial Naylamp o a quien haga sus veces.
“En consecuencia, esta sala considera que en el presente caso se ha vulnerado el principio de legalidad y, consecuentemente, el debido procedimiento administrativo, siendo que se ha inobservado el ordenamiento jurídico vigente para sancionar al impugnante, incurriéndose en una causal de nulidad de acuerdo a lo prevista en el numeral 1 del Artículo 10 del Texto Único Ordenado – TUO, de la Ley N° 27444”, señala la resolución.
Siendo así, el 6 de noviembre, Luis Chero fue restituido como director del Museo de Sitio de Huaca Rajada.
EN EL INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS: OCI DETECTA IRREGULARIDADES EN COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS
Con el Informe de Visita de Control N° 024-2019-OCI/5343-SVC, el Órgano de Control Institucional – OCI, del Gobierno Regional de Lambayeque da cuenta de los hallazgos en el Instituto Superior Pedagógico “Sagrado Corazón de Jesús”, referidos al manejo de los recursos económicos que este recauda y las compras que se realizan.
El documento, denominado “Recaudación y destino de ingresos propios y mantenimiento de infraestructura educativa – período 2019”, fue remitido por el jefe encargado del OCI del gobierno regional, Miguel Estrella Gil, al gobernador Anselmo Lozano Centurión el 29 de noviembre último, con el Oficio N° 000996-2019-GR.LAMB/OCI, a fin de que se adopten las medidas correctivas y se informe al ente de control del plan de acciones en un plazo máximo de diez días.
La visita de control se realizó a la sede del instituto con la finalidad de determinar si la recaudación y destino de ingresos propios se realiza en conformidad con la normativa aplicable y para establecer si el mantenimiento preventivo de la infraestructura educativa también se condice con lo establecidos en las normas técnicas.
En los últimos meses la situación al interior de la institución superior se ha tornado tensa debido a las denuncias presentadas por estudiantes y docentes ante la directora María Angélica Vásquez Vásquez, cuya atención no ha sido la esperada, ameritando que se formulen quejas ante el Ministerio de Educación.
En el Instituto Superior Pedagógico “Sangrado Corazón de Jesús” la recaudación de ingresos se inicia en el área de Tesorería, debido a los pagos en efectivo por concepto de servicios educativos (matrículas, certificados, constancias, entre otros), que realizan los estudiantes, así como por el servicio de alquiler del auditorio a terceros, recursos que posteriormente son depositados en el Banco de la Nación. Estos recursos se utilizan para la adquisición de bienes y servicios relacionados a la función educativa.
En tanto, la asignación del presupuesto preventivo de la infraestructura se inicia con el depósito directo que realiza el Ministerio de Educación para la directora del instituto a través del Banco de la Nacional, para que luego sean utilizados en el precitado mantenimiento, según criterios prestablecidos por dicho ministerio. La rendición del presupuesto asignado se hace a través del aplicativo informático “Mi Mantenimiento” y la documentación sustentatoria es remitida a la Gerencia Regional de Educación.
AFECTACIÓN EN EL MANTENIMIENTO
OCI ha establecido, tras su visita de control, que se ejecutaron trabajos de mantenimiento del local educativo en el marco del Decreto de Urgencia N° 001-2019 fuera del plazo establecido, habiéndose efectuado trabajos distintos a los consignados en la ficha de acciones. Asimismo, el instituto se encuentra omiso de la presentación de su respectiva declaración de gastos, afectando la oportunidad y cumplimiento del programa de mantenimiento que asegure la prestación del servicio público ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados.
En el informe se explica que con el Decreto de Urgencia N° 001-2019, publicado el 5 de marzo de este año, el gobierno nacional establecido medidas para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de intensas precipitaciones pluviales, indicando en el Artículo 9 las acciones excepcionales a adoptar para la continuidad del servicio educativo, autorizando al Ministerio de Educación a financiar el mantenimiento de la infraestructura y mobiliario y a aprobar mediante resolución ministerial las disposiciones que resulten necesarias y pertinentes.
Siendo así, el 30 de abril, con la Resolución Directoral Ejecutiva N° 045-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, se aprobó la transferencia de tres mil 330 soles al instituto. El 14 de junio se estableció en la ficha de acciones de mantenimiento que el dinero recibido se emplearía en el mantenimiento de ventanas, tuberías de instalaciones sanitarias y la adquisición de herramientas.
El 24 de octubre se suscribieron los contratos con el proveedor a cargo del servicio de mantenimiento y el 26 de octubre de adquirieron los bienes.
Durante la visita del 21 de noviembre, María Vásquez Vásquez informó a la comisión del OCI encargada de la visita de control que con el dinero “se pagaron trabajos de limpieza de ventanas de 14 ambientes del tercer pabellón (…), la limpieza de 150 metros lineales de tubería del tercer pabellón, así como se adquirieron bienes para ser utilizados en la jardinería y proyectos de los estudiantes (dos carretillas, dos palanas, un rastrillo, un pico, tres machetes, dos tijeras y cinco macetas de plástico)”.
Sin embargo, los inspectores del OCI encontraron ventanas sucias, rotas, a punto de desprenderse, una caja de registro ubicada cerca de los servicios higiénicos del primer piso del tercer pabellón colmatada de arena gruesa y la tubería de desagüe proveniente del cafetín obstruida.
“Lo citado anteriormente afecta la oportunidad y cumplimiento del programa de mantenimiento que asegure la prestación del servicio público ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados”, señala el informe de OCI.
De la revisión de los recibos de ingresos, boletas de venta y facturas del período de enero a octubre del 2019 se ha identificado duplicidad en el registro de los ingresos.
De acuerdo a OCI, el instituto suscribió el Convenio N° 004-2019-IESP “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Piura y el Instituto de Educación Superior Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús”, en el que se comprometió – entre otros – a conceder la utilización de un aula debidamente equipada para la realización del evento denominado “Programa de fortalecimiento de capacidades para la evaluación ordinaria de permanencia en la carrera pública del docente de educación superior pedagógica”, del 9 de marzo al 31 de mayo del 2019, habiéndose establecido que se realizaría dos pagos de dos mil 400 soles cada uno.
“En ese contexto se emitieron los Recibos de Ingresos N° 98 y 135, del 8 de junio y el 31 de agosto del 2019, respectivamente, por los importes de dos mil 400 soles cada uno. Sin embargo, en los documentos sustentatorios del precitado recibo se advierte que se emitieron en forma duplicada – por el mismo concepto e importe de dos mil 400 soles – la Factura N° 001-109 y 110, así como las Boletas de Venta N° 001-61554 y 62622 del 8 de junio del 2019 y del 31 de agosto, respectivamente”, se indica en el informe.
Para el Órgano de Control Institucional la situación adversa afecta la integridad del registro de la información, así como la razonabilidad de la situación financiera y el rendimiento financiero del instituto.
COMPRAS SIN REQUERIMIENTOS
OCI del Gobierno Regional de Lambayeque concluye que otro de los hallazgos son las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios que no cuentan con requerimientos y cotizaciones, generando el riesgo de que los bienes y servicios contratados no cumplan con las necesidades requeridas de las áreas usuarias, que la entidad no contrate en las mejores condiciones económicas y que se limite el control posterior a la trazabilidad de los procesos.
“Se advierte que el período enero a octubre del 2019, la entidad solo elaboró cinco cuadros comparativos y solicitó cotizaciones para cinco adquisiciones de bienes y ninguna cotización para la contratación de servicios, inobservando la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado en cuanto a la implantación, funcionamiento del control interno y las obligaciones del titular y funcionarios, así como las Normas de Control Interno, en cuanto a su funcionamiento”, se lee en el informe.
En conclusión, durante la ejecución del servicio de Visita de Control a la recaudación y destino de ingresos propios y al mantenimiento de infraestructura educativa – período 2019 del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús, se han advertido tres situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del referido instituto, las cuales han sido detalladas en el informe.
El informe lleva las firmas de Olga Ignacio Alarcón, supervisora de la Comisión de Control; Wilhelm Bustamante Coronel, jefe de la Comisión de Control, y Miguel Estrella Gil, jefe del OCI del Gobierno Regional de Lambayeque.

References: Resolución 
 Artículo 14
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 22
 Artículo 85
 resolución 
 resolución 
 Artículo 10
 Artículo 9
 resolución 
 Resolución