Source: https://www.lexureditorial.com/legislacion/20140820/modificacion-de-la-ley-balear-de-puertos/
Timestamp: 2017-11-21 17:37:58+00:00

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Modificación de la Ley balear de puertos | Lexur Editorial
Modificación de la Ley balear de puertos
Ley 6/2014, de 18 de julio, de modificación de la Ley 10/2005, de 21 de junio, de Puertos de las Islas Baleares.
Desde la aprobación, en el año 2005, de la Ley 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Islas Baleares, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ha contado con una legislación propia que regula los puertos de competencia autonómica, a la que se ha sumado recientemente la disposición de desarrollo reglamentario aprobada mediante el Decreto 11/2011, de 18 de febrero, de aprobación del reglamento de desarrollo y ejecución de determinados aspectos de la Ley 10/2005.
Ya en el año 1983, el primer Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares recogía como competencia exclusiva los puertos no calificados como de interés general por el Estado, así como los puertos deportivos y de refugio.
Como no podía ser de otro modo, la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, impulsada hace unos cuantos años y aprobada mediante la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, recoge igualmente entre las competencias exclusivas de la comunidad autónoma –referidas en su artículo 30– los puertos no calificados de interés general y los puertos deportivos y de refugio, así como la delimitación de sus zonas de servicio.
En efecto, el nuevo artículo 23 de nuestro Estatuto de Autonomía proclama que las administraciones públicas de las Islas Baleares ejercerán sus competencias desde una óptica de preservación del medio ambiente, garante esta de los principios de equidad y de equilibrio territorial, y necesaria para que estos principios prevalezcan.
Desde esta nueva realidad legal que marca nuestro nuevo Estatuto de Autonomía de 2007, parece lógico pensar que esos principios generales estatutarios a los que aludimos, ese equilibrio territorial y sostenible entre todas las zonas de nuestro territorio –también entre nuestros territorios costeros y de interior– aplicado a la materia específica de puertos hace más conveniente la existencia de una figura de ordenación general de los puertos de las Islas Baleares, pues solo desde ese tipo de planificación general puede plantearse una distribución de los puertos y de los servicios portuarios necesarios de ofertar para satisfacer las demandas al respecto, todo ello desde una óptica de protección del medio ambiente, de la naturaleza y del paisaje, que debe conjugarse con otras consideraciones derivadas de la evolución económica y social, tal como se expresa en nuestro texto estatutario, pero que, al mismo tiempo, debe entenderse como límite de las reglas de juego que nos hemos dado.
Por todas estas razones, la principal modificación que recoge el presente texto legal llena ese vacío de ordenación territorial portuaria, introduciendo una nueva sección que se refiere a la figura del Plan general de puertos de las Islas Baleares.
La tercera modificación afecta a la estructura organizativa del ente público Puertos de las Islas Baleares, concretamente a uno de sus órganos de gobierno, la figura de la vicepresidencia ejecutiva, que desaparece al asumir sus funciones la dirección general del Gobierno de las Islas Baleares competente en la materia. Desaparecen también las delegaciones territoriales como órganos de gestión, al entender que sus funciones pueden asumirse por la gerencia del ente público.
Esta modificación alcanza también al régimen de personal, que se ve necesitado de diversas modificaciones en el articulado así como en disposiciones adicionales y de la adición de otra disposición transitoria, todo ello como consecuencia de la obligada adaptación de este texto legal a la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
No obstante, a esta mayor participación inicial de la iniciativa privada le corresponden las imprescindibles supervisión, tramitación y aprobación pública de ambos documentos que garanticen la necesaria participación de Puertos de las Islas Baleares en el proceso a fin de conseguir la total adaptación de este a la política portuaria que marque el Plan general de puertos.
Se modifica la Ley 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Islas Baleares, incorporando nuevos artículos, modificando la redacción de otros y renumerándolos en la medida que resulta necesario, en los términos que se expresan en los apartados siguientes:
«2. El Plan general de puertos de las Islas Baleares establecerá la clasificación de los tipos de puertos y de instalaciones portuarias y marítimas, así como las características y los servicios que corresponden a cada categoría.»
1. El Plan general de puertos es el documento que recoge la ubicación y la clasificación de todas las instalaciones portuarias de las Islas Baleares, con criterios de sostenibilidad medioambiental y de equilibrio territorial entre todas las zonas del territorio de las Islas Baleares, cuidando las interrelaciones de las zonas costeras con las de interior, coordinando estas instalaciones con las redes de transporte terrestre y dando respuesta a las necesidades comerciales, industriales, pesqueras y deportivas del sistema portuario de las Islas Baleares.
En este sentido, desarrollará y potenciará las bases para la implantación de un sistema de transporte marítimo de personas y mercancías que garanticen, por un lado, una correcta vertebración del territorio de la comunidad autónoma, y, por otro, una óptima posición para el transporte marítimo entre las Islas Baleares y el continente, mediante una distribución territorial de las instalaciones adecuada para ambos fines.
El Plan general de puertos de las Islas Baleares se divide en cuatro secciones: la sección de Mallorca, la de Menorca, la de Ibiza y la de Formentera. Cada sección recogerá todas las instalaciones portuarias, dársenas e instalaciones marítimas de las cuatro islas principales y, si corresponde, de las islas o los islotes adyacentes.
1. La elaboración y la tramitación del Plan general de puertos le corresponde a Puertos de las Islas Baleares, de acuerdo con el procedimiento y el contenido que reglamentariamente se determinen, y con independencia de la administración de la que dependan los puertos que en dicho plan general se incluyan.
3. El proyecto de Plan general de puertos que elabore Puertos de las Islas Baleares deberá someterse a información pública por un plazo no inferior a un mes así como a la tramitación medioambiental recogida por la legislación sectorial vigente, mediante la evaluación de los impactos que se prevean.
1. Las directrices sobre el uso y la gestión de los puertos y de las instalaciones marítimas reguladas en esta ley se reserva a los planes de uso y gestión de los puertos, en el marco del Plan general de puertos de las Islas Baleares. La asignación de los usos portuarios en el litoral que establezcan estos planes prevalecerá sobre cualquier otra norma o instrumento urbanístico o de ordenación territorial.
2. La elaboración de los planes de uso y gestión en los restantes supuestos corresponde a Puertos de las Islas Baleares.
3. La tramitación y la aprobación inicial de los planes corresponden, en todos los casos, a Puertos de las Islas Baleares, de acuerdo con el procedimiento reglamentario, que tiene que garantizar la intervención suficiente de las administraciones públicas con competencias afectadas y, en particular, la del ministerio con competencia en materia de costas, así como el trámite de información pública por un plazo no inferior a un mes y el de la evaluación adecuada del impacto medioambiental.
3. La iniciativa particular ha de llevarse a cabo mediante una solicitud dirigida a Puertos de las Islas Baleares que deberá ir acompañada, en los términos que reglamentariamente se determinen, de la propuesta de Plan de uso y gestión de la instalación resultante, de una memoria y de un proyecto básico en el que se describan el emplazamiento y las características esenciales de las nuevas infraestructuras o instalaciones.»
1. En el caso de que Puertos de las Islas Baleares considere conveniente la instalación que se presente, revisará y modificará, si procede, la propuesta de Plan de uso y gestión presentada, velando por su correcta adaptación a lo dispuesto por el Plan general de puertos, y la someterá acto seguido a la tramitación que corresponda conforme a la presente ley.
2. Aprobado definitivamente el Plan de uso y gestión, si el proyecto básico se considera adecuado por Puertos de las Islas Baleares, se someterá este, antes de su aprobación, a informe del ministerio con competencia en materia de costas, a los efectos previstos en el artículo 49.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, y a informe del órgano competente del consejo insular correspondiente, de carácter vinculante cuando se refiera a la promoción de nuevos puertos, informe que deberá emitirse en el plazo de un mes. Transcurrido dicho plazo sin que el consejo insular lo haya remitido, se considerará favorable. Asimismo, se solicitará informe del ayuntamiento correspondiente, que no tendrá carácter vinculante y que deberá igualmente emitirse en el plazo de un mes.
Si el informe fuera desfavorable, Puertos de las Islas Baleares abrirá un período de consultas con los representantes de esa institución por un plazo mínimo de un mes.
Una vez transcurrido el trámite sin acuerdo, Puertos de las Islas Baleares podrá aprobar el proyecto básico, el cual servirá de base al procedimiento para el otorgamiento de la concesión por concurso, de conformidad con lo establecido en el capítulo IV del título IV de esta ley.
4. Cuando la iniciativa sea de Puertos de las Islas Baleares, el proyecto básico deberá someterse a las mismas tramitación y aprobación.
1. Puertos de las Islas Baleares se organiza, en los términos que prevean los estatutos de la entidad, de acuerdo con la estructura básica siguiente:
1. La Presidencia de Puertos de las Islas Baleares la ocupa la persona titular de la consejería competente en materia de puertos, a la cual corresponden la representación y la dirección superior de la entidad.
1. El personal de Puertos de las Islas Baleares puede ser:
c) Personal funcionario de cualquier administración pública que se incorpore por cualquier procedimiento de provisión u ocupación de puestos de trabajo, de acuerdo con la normativa de función pública de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.
2. El personal laboral propio del ente se rige, además de por las disposiciones contenidas en el Estatuto básico del empleado público que le sean de aplicación y por el resto de las normas laborales y convencionales aplicables al personal de esta naturaleza, por las normas del sector público y por las normas de ocupación pública de la comunidad autónoma de las Islas Baleares que lo dispongan expresamente.
3. El personal funcionario del ente Puertos de las Islas Baleares se rige por la normativa de función pública de la comunidad autónoma.
a) Bajo la dependencia del órgano superior de dirección del ente, puede haber puestos de trabajo de personal directivo profesional, con funciones de dirección técnica, programación, coordinación, impulso y evaluación de las actuaciones propias del ente Puertos de las Islas Baleares.
d) El personal directivo profesional se regirá, además de por las disposiciones contenidas en el Estatuto básico del empleado público que le sean de aplicación y por el resto de normas laborales y convencionales aplicables al personal de esta naturaleza, por las normas del sector público y por las normas de ocupación pública de la comunidad autónoma de las Islas Baleares que lo dispongan expresamente.»
«4. No obstante lo dispuesto en el punto 1 del presente artículo, los titulares de autorizaciones de uso de amarres tienen la obligación de comunicar a Puertos de las Islas Baleares las ausencias de la embarcación autorizada superiores a cuarenta y ocho horas, durante las cuales el referido amarre quedará asignado a la oferta de amarres para embarcaciones transeúntes regulada en el artículo anterior.»
1. El Consejo de Administración de Puertos de las Islas Baleares decide libremente sobre la aprobación de los proyectos de obras, instalaciones y explotación, sin perjuicio de lo que se prevé en los 21 y 22 de esta ley y en el marco del Plan general de puertos.
3. Una vez resuelto el concurso, el ganador redactará el proyecto de ejecución, que deberá ser sometido a la aprobación de Puertos de las Islas Baleares. Esta aprobación determinará la formalización del título concesional.»
«9. Todas aquellas concesiones de explotación o de obra pública referidas a instalaciones que, con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, fueran objeto de transferencia desde la Administración del Estado a la comunidad autónoma de las Islas Baleares podrán acogerse a esta modalidad, rigiéndose dichos casos por el procedimiento regulado en el presente artículo.
a) Se incoará de oficio o a instancias del concesionario por acuerdo de la Vicepresidencia Ejecutiva de Puertos de las Islas Baleares.
c) El acuerdo se notificará al propietario titular, al armador o al consignatario o, si procede, se publicará en el ‟Butlletí Oficial de les Islas Baleares” y el tablón de anuncios del puerto, la dársena o la instalación marítima. En este acuerdo se indicará al interesado que dispone de un plazo de quince días para efectuar alegaciones y proponer la práctica de todas las pruebas que considere conveniente.
d) El órgano instructor del procedimiento de Puertos de las Islas Baleares podrá solicitar los informes que considere necesarios para la resolución del procedimiento.
e) La resolución del procedimiento de declaración de abandono de embarcaciones, vehículos y objetos, tanto en los puertos de gestión directa como en los concesionados, corresponderá al vicepresidente ejecutivo de Puertos de las Islas Baleares.
f) De la resolución de inicio del procedimiento y de la resolución de la declaración de abandono se informará al Consejo de Administración de Puertos de las Islas Baleares.»
«Disposición adicional quinta. Adaptación en materia de personal a las previsiones de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
1. En cumplimiento de lo que disponen los artículos 23.3 y 44 de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, el ente Puertos de las Islas Baleares debe elaborar y aprobar sus relaciones de puestos de trabajo, ya sea de personal laboral o de personal funcionario, en las cuales deberán figurar todos los puestos de trabajo del ente.
2. La selección del personal de Puertos de las Islas Baleares se ajustará a los sistemas y procedimientos que se establecen en la Ley de función pública de las Islas Baleares.
4. El personal funcionario adscrito, que continua bajo la dependencia orgánica del consejero competente en materia de función pública, debe prestar servicios bajo la dependencia funcional del titular de la consejería donde esté adscrito el ente Puertos de las Islas Baleares y debe desarrollar sus funciones de acuerdo con las directrices establecidas por el director del ente, así como otros superiores jerárquicos que consten en la relación de puestos de trabajo, según establezcan las normas fijadas por el Consejo de Administración respecto de las funciones de cada puesto de trabajo.»
La exoneración deberá ser motivada en todos los casos y se acordará por el Consejo de Administración de Puertos de las Islas Baleares.
En aquellos supuestos en que convivan varias instalaciones de gestión indirecta dentro de un mismo puerto o instalación marítima, el coste de la elaboración del correspondiente plan de uso y gestión se repartirá entre estas proporcionalmente al tamaño de ocupación de cada una, bajo la coordinación de Puertos de las Islas Baleares.»
1. Los concesionarios de concesiones para la construcción o la explotación de puertos, dársenas, marinas e instalaciones náutico-deportivas y recreativas que, a la entrada en vigor de la Ley 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Islas Baleares, se hubieran adaptado, en virtud de lo establecido en su disposición transitoria cuarta, podrán solicitar, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta disposición adicional, que su plazo de concesión sea de hasta treinta y cinco años a contar desde el otorgamiento de la nueva concesión ya adaptada.
5. Puertos de las Islas Baleares sólo podrá denegar las solicitudes de los apartados anteriores por razones de interés público debidamente motivadas.»
42. Se modifica la disposición transitoria segunda en el sentido de substituir «Mientras no entren en vigor los planes directores de los puertos, …» por «Mientras no entre en vigor el Plan general de puertos de las Islas Baleares, …».
«5. Todas aquellas concesiones de construcción o de explotación de puertos, dársenas o instalaciones marítimas o portuarias que, con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, fueran objeto de transferencia desde la Administración del Estado a la comunidad autónoma de las Islas Baleares podrán acogerse a lo dispuesto en la presente disposición transitoria. En este caso el plazo de un año de opción de los titulares de las concesiones regulado en el punto 2 lo será a contar desde la fecha en que la transferencia entre ambas administraciones sea efectiva.»
Se autoriza al Gobierno de las Islas Baleares para, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, elaborar un texto refundido de la Ley 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Islas Baleares, al que se incorporarán las disposiciones contenidas en la presente ley y en cualquier otra norma autonómica de rango legal vigente aplicable en materia de puertos, con autorización para regularizar, aclarar y armonizar las disposiciones objeto de refundición.

References: artículo 30
 artículo 23
 artículo 49
 resolución 
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