Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-091-18.htm
Timestamp: 2019-01-17 12:34:05+00:00

Document:
C-091-18
1. En virtud de lo dispuesto por el artículo 241.4 de la Constitución Política, este tribunal es competente para conocer de la presente demanda, por dirigirse contra preceptos contenidos en normas con fuerza y rango de ley: la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso y el Código Civil.
2. En su concepto, el Procurador General de la Nación sostiene que la demanda carece de especificidad porque, a la luz de la jurisprudencia constitucional, los juicios de igualdad sólo resultan posibles cuando la comparación se realiza entre personas, no entre procedimientos. Agrega entonces, que no existe patrón de comparación entre los procesos que se desarrollan ante la Jurisdicción Ordinaria y ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
3. Justamente la necesidad de identificar quiénes serían los sujetos comparables, destinatarios del trato posiblemente contrario al principio de igualdad, fue lo que condujo al Magistrado Ponente a inadmitir inicialmente la demanda, lo que permitió a los accionantes, en el escrito de corrección de la demanda, sostener que la comparación planteada no se establece entre normas procesales, sino respecto del trato que las mismas profieren a la categoría común de los justiciables los que, a su juicio, requieren un trato respetuoso del principio de igualdad, independientemente de la jurisdicción competente para tramitar y resolver el asunto. Sostuvieron también que no existen razones de fondo que justifiquen dejar desprotegido los intereses de los justiciables en la Jurisdicción Ordinaria, por la imposibilidad de reconocer de oficio la ocurrencia de la prescripción, a diferencia de lo que ocurre ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, donde los intereses del demandado sí resultan amparados por las atribuciones oficiosas del juez. Esta nueva argumentación permitió la admisión de la demanda al considerar “Que la jurisprudencia constitucional ha realizado juicios de constitucionalidad por vulneración al principio de igualdad, en razón de las diferencias de la regulación de los procesos adelantados ante las distintas jurisdicciones, a partir del análisis del trato proferido dentro del grupo de los justiciables (…)”[7].
4. En efecto, más allá de que la comparación se estableciera a partir de regímenes procesales diferentes, para acudir a jurisdicciones distintas, la Corte Constitucional examinó si la determinación para las víctimas, de términos diferentes de prescripción de la acción civil derivada del delito, cuando ésta se ejerciera autónomamente, o dentro del proceso penal, vulneraba el principio de igualdad. Así, en la sentencia C-570 de 2003, concluyó la Corte que la diferencia de trato no es inconstitucional y que el legislador no había desbordado el margen de configuración atribuido a él en materia procesal, ya que la diferencia de trato es razonable y proporcionada. Concluyó la Corte que “dado que el fin de la prescripción es sustraer al sindicado del poder punitivo del Estado, no sería razonable que el juez penal dictara la condena en perjuicios si la acción penal ya ha sido prescrita. La coherencia interna exigida por el proceso penal obligan a que la pretensión adyacente de naturaleza civil siga la suerte de la pretensión principal y que si esta desaparece, desaparezca la primera como su consecuencia lógica. Ello no obsta, sin embargo, para reconocer que cuando el juez penal dicta una sentencia absolutoria o establece que la conducta desplegada es atípica, el afectado patrimonialmente por la conducta conserva la facultad de acudir a la jurisdicción civil para solicitar la indemnización correspondiente”[8].
5. Posteriormente, en la sentencia C-492 de 2016 decidió la Corte si la previsión de multas a los abogados que interponen el recurso de casación contra la sentencia, pero posteriormente no presentan la demanda, en materia laboral, constituía una vulneración al principio de igualdad, ya que dicha sanción no está prevista para los litigantes que incurren en la misma conducta ante la Sala Civil y Agraria o ante la Sala Penal, cuyos recursos de casación se encuentran regidos por codificaciones diferentes. Para la accionante, dicho trato implicaba “una vulneración del derecho a la igualdad que afecta de manera irrazonable a los profesionales del derecho”. En dicha oportunidad este tribunal halló apta la demanda[9] y al examinar su constitucionalidad sostuvo que sí se encontraba afectado “el derecho a la igualdad, pues el derecho positivo asigna consecuencias distintas a una misma conducta realizada por los apoderados judiciales en el marco de los trámites de casación, en función de la instancia jurisdiccional ante la cual actúan. La conducta objeto de la diferenciación es la falta de presentación de la demanda de casación, después de que el recurso ha sido presentado y admitido. Frente a esta misma conducta omisiva, el ordenamiento atribuye un efecto diferenciado, según la instancia ante la cual se litiga: cuando se trata de la Sala Laboral, el efecto jurídico consiste en declarar desierto el recurso, y en imponer al apoderado judicial una multa entre cinco y diez salarios mínimos mensuales; cuando se trata de la Sala Penal o de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el efecto es meramente procesal, porque se circunscribe a la declaratoria de desierta del recurso” (negrillas no originales) [10]. En dicha oportunidad, la Corte fue más allá e identificó que el trato contrario al principio de igualdad no sólo afectaba a los abogados, sino en últimas, a sus clientes: “Aunque el derecho positivo radica en el apoderado judicial la obligación de pagar la multa cuando no se presenta en tiempo la demanda de casación, de manera consecuencial e indirecta la medida legislativa establece una diferenciación entre los clientes o poderdantes que actúan en las instancias jurisdiccionales laborales, y quienes actúan en las instancias jurisdiccionales civil y penal, porque en últimas, es en estos sujetos en que se radican las consecuencias y los efectos de la diferenciación” (negrillas no originales)[11]. Frente a lo anterior, no encontró la Corte que el trato diferente fuera constitucional, porque a más de la indeterminación reprochable de la norma sancionatoria, la medida se evidenciaba inidónea para alcanzar el fin de descongestión judicial alegado en defensa de la norma.
6. Posteriormente, la sentencia C-493 de 2016 examinó si la exigencia de interposición y sustentación del recurso de apelación, en materia laboral, vulneraba el principio de igualdad ya que, en materia penal, los justiciables tienen la posibilidad de sustentar el recurso dentro de los cinco días siguientes a su interposición. Consideró la Corte que la diferencia de trato entre los justiciables era razonable, ya que el proceso laboral es oral, lo que implica una preparación permanente y adecuada de las partes y justifica la exigencia de sustentación inmediata del recurso, teniendo en cuenta que las mismas “han intervenido en varias etapas previas del proceso y en armonía con los principios de inmediación y debido proceso las partes no son sorprendidas con la decisión, ni en la preparación de la apelación”. En dicha oportunidad, la norma fue declarada exequible porque se trata de una “regulación que garantiza el cumplimiento de los fines de la apelación y a la vez armoniza los principios de celeridad y oralidad, sin dilaciones injustificadas, con la garantía del derecho de defensa y acceso real, no formal, a una segunda instancia”[12].
7. También, en la reciente sentencia C-053 de 2018, esta Corte juzgó la constitucionalidad de la existencia del grado administrativo de consulta previsto en el artículo 146 de la Ley 836 de 2003, “por la cual se expide el reglamento disciplinario de las Fuerzas Militares” para los fallos disciplinarios absolutorios por faltas gravísimas y graves. El accionante consideraba que dicha norma desconocía el mandato de igualdad que, en el caso concreto, se predicaba del grupo de los servidores públicos, teniendo en cuenta que dicho mecanismo de revisión automática de estos actos administrativos, no está previsto respecto del resto de los mismos: ni en el régimen del Código Disciplinario Único, ni respecto del régimen disciplinario de la Policía Nacional, ni de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. Así, aunque la Corte encontró que sí existe un patrón de comparación relativo a los servidores públicos y un trato diferente en materia procesal[13], no lo halló contrario al principio constitucional de igualdad y, por lo tanto, declaró la exequibilidad de la norma demandada.
8. De lo anterior se colige que en precedentes ocasiones, esta Corte ha examinado de fondo la constitucionalidad de tratos diferentes en materia procesal, a pesar de que el asunto se encuentre regulado en codificaciones diferentes y deba ser tramitado ante autoridades jurisdiccionales o administrativas distintas, por encontrar, más allá de la autoridad pública competente para decidir el asunto, un patrón de comparación, relativo a los sujetos involucrados[14]. Así, ha juzgado la posible vulneración del principio de igualdad en el trato proferido en distintas jurisdicciones respecto de las víctimas del delito (sentencia C-570 de 2003), de los abogados y sus clientes (sentencia C-492 de 2016) y respecto del grupo de los justiciables (sentencia C-493 de 2016) o en lo que respecta al trato proferido por distintas autoridades administrativas, en procedimientos disciplinarios diferentes, al grupo de los servidores públicos (sentencia C-053 de 2018). De estos precedentes subyace así la idea constitucional según la cual la diversidad de regímenes procesales o de autoridades competentes no constituye, en sí misma, una razón que excluya el examen de la constitucionalidad del trato y que impida la realización de un juicio de constitucionalidad de fondo en materia del derecho a la igualdad.
9. En atención a lo anterior, la demanda que ahora examina la Corte Constitucional sí plantea un cargo apto, teniendo en cuenta que los accionantes argumentaron que el patrón de igualdad se establece dentro del grupo de los justiciables, en el que pusieron de presente que existe un trato diferente, ya que quienes son demandados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo pueden no alegar la prescripción y, en todo caso, el juez la reconocerá oficiosamente, mientras que si son demandados ante la Jurisdicción Ordinaria, el juez no podrá declarar de oficio dicho fenómeno extintivo. Finalmente, los accionantes aducen que el trato diferente no encuentra razón válida alguna, ya que, a su juicio, la protección del patrimonio y los intereses de los sujetos, sean éstos públicos o privados, debe ser una responsabilidad de los jueces, en cualquier jurisdicción. Así, la prohibición de reconocimiento oficioso de la prescripción, prevista en las normas demandadas del Código Civil y del Código General del Proceso carecería, en el concepto de los demandantes, de razonabilidad, al no perseguir un fin legítimo, ni fundarse en criterios objetivos que le den sustento al trato diferente.
10. En vista de lo anterior, se concluye que es posible proferir un pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional.
11. El artículo 282 del Código General del Proceso prevé que en los procesos regidos por dicha codificación, el juez no podrá, de oficio, reconocer la ocurrencia de la prescripción y que, por lo tanto, dicho fenómeno deberá ser alegado en la contestación de la demanda, a título de excepción. La norma agrega que la no formulación oportuna de la excepción de prescripción, hará entender que se ha renunciado a la misma. Por su parte, y de manera congruente con la regulación procesal, el artículo 2513 del Código Civil dispone que el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla y que el juez no puede declararla de oficio. Para los demandantes, estas dos normas desconocen el principio de igualdad predicable de todos los justiciables, porque en virtud del numeral 6 del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, en adelante CPACA, quienes acudan como demandados a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no tienen la carga de alegar la prescripción extintiva, ya que, en dicha jurisdicción, el juez la deberá reconocer de oficio. Para el demandante no existe justificación constitucional para dicha diferencia de trato y, en virtud del principio de igualdad, en los procesos regidos por el Código General del Proceso el juez también debería reconocer de oficio la prescripción, para tutelar adecuadamente los derechos patrimoniales de los justiciables, lo que resultaría de la inexequibilidad de los apartes cuestionados de las normas demandadas. Contrario al concepto de los accionantes, los intervinientes y el Procurador General de la Nación consideran que las normas resultan constitucionales, ya que la diferencia de trato resulta razonable.
12. En estos términos, el problema jurídico que debe resolver la Corte Constitucional en el presente caso es el siguiente: ¿Al impedir el reconocimiento oficioso de la prescripción extintiva por parte del juez, a diferencia de lo que ocurre en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los artículos 282 del Código General del Proceso y 2513 del Código Civil desconocen el principio de igualdad respecto de los justiciables?
13. Para responder a este problema jurídico y, determinar por esta vía la constitucionalidad de las normas demandadas, esta Corte precisará, por una parte, (i) el concepto y fundamento de la prescripción en el ordenamiento jurídico colombiano y examinará, por otra parte, (ii) la constitucionalidad de la diferencia de trato en lo relativo al reconocimiento oficioso de la prescripción, en virtud del principio de igualdad. Para esto, recurrirá al desarrollo de un juicio o test de igualdad.
14. En el sistema jurídico colombiano, la prescripción es una institución jurídica que corresponde a dos figuras diferentes[15]: por una parte, la adquisitiva, también conocida como usucapión (adquisición o apropiación por el uso, por su etimología latina usucapionem, de usus-uso- y capere –tomar-), que es un título originario de adquisición de derechos reales, por la posesión ejercida durante el tiempo y bajo las condiciones exigidas por la ley[16] y la prescripción extintiva o liberatoria, que es un modo de extinguir derechos u obligaciones[17], como resultado de su no reclamación, alegación o defensa durante el tiempo determinado por la ley, por cualquier razón subjetiva que motive la inacción de su titular[18], dejando salvas las suspensiones determinadas por la ley en favor de ciertas personas[19].
15. La usucapión y la prescripción extintiva corresponden a una decisión de política legislativa contraria a la idea de perpetuidad de los derechos[20], que busca hacer coincidir la realidad (la posesión continua o la inacción prolongada), con el ordenamiento jurídico[21] para, por una parte, premiar a quien explota los derechos reales, a pesar de no ser su titular, pero que desarrolla la función social de la propiedad (artículo 58 de la Constitución), en el caso de la usucapión y, por otra parte, conminar a la definición pronta y oportuna de las situaciones jurídicas, so pena de exponerse a perder el derecho o la acreencia, en el caso de la prescripción extintiva[22]. En este sentido, para imprimir certeza en el tráfico jurídico y sanear situaciones de hecho, la prescripción materializa la seguridad jurídica, principio de valor constitucional que podría resultar comprometido por la indefinición latente y prolongada de los problemas jurídicos surgidos de hechos jurídicos relevantes[23]: la posesión del derecho real ajeno o la inacción en la reclamación de los derechos u obligaciones[24]. Al otorgar una respuesta jurídica a situaciones de hecho prolongadas, la prescripción también responde a necesidades sociales y busca implementar un orden justo, establecido como fin esencial del Estado en el artículo 2 de la Constitución. Así, la prescripción, en sus dos formas, apunta en últimas a materializar el fin, valor, derecho y deber de la paz (artículos 2, 6.6 y 22 de la Constitución), al regular un aspecto esencial de la solución pacífica de los litigios y controversias y, buscar, por esta vía, la convivencia social[25]. Como reflejo de este fundamento constitucional, es posible identificar en la prescripción una parte de interés general de por medio (convivencia pacífica, seguridad jurídica y orden justo), el que se entremezcla con el interés particular de aquel puede beneficiarse de la misma[26].
16. A pesar de las dificultades teóricas para diferenciar la caducidad de la prescripción extintiva, ya que ambas figuras conducen a resultados prácticos equivalentes, por la imposibilidad de hacer efectiva la obligación o el derecho[27], esta Corte ha establecido que la prescripción extintiva se diferencia de la caducidad por su naturaleza y por sus efectos. La caducidad es un fenómeno de orden público que extingue la acción correspondiente, cierra la posibilidad de acceder a la justicia y genera, por consiguiente, el rechazo de la demanda, en razón de su no presentación oportuna[28] o, si no fue preliminarmente advertida, la adopción de una sentencia inhibitoria, por tratarse de un defecto insaneable del proceso. Por su parte, la prescripción extintiva suprime los derechos o las obligaciones[29] y, por lo tanto, no cierra el acceso al juez, no impide que el mismo profiera una sentencia de fondo, respecto de las pretensiones formuladas ya que, al lado del pago, son asuntos relativos al objeto mismo de la litis.
17. En suma, la prescripción en general es una institución compatible con el ordenamiento constitucional colombiano, pero su configuración concreta, relativa a los plazos y las condiciones para su configuración y reconocimiento, es una materia de competencia del legislador, por lo que su constitucionalidad debe ser analizada caso por caso.
18. El problema jurídico bajo estudio consiste en determinar si la diferencia de trato puesta de presente por los accionantes, respecto del reconocimiento oficioso de la ocurrencia de la prescripción, consulta o no el principio constitucional de igualdad. Para resolver esta problemática y determinar la constitucionalidad de las normas demandadas, se recurrirá al desarrollo de un test o juicio integrado de igualdad[30], en el que se desarrollarán tres etapas: En un primer término se determinará el patrón de comparación o tertium comparationis, es decir, se identificará si la situación planteada por los accionantes resulta comparable. En segundo lugar se identificará si realmente existe un trato jurídica o fácticamente diferente y, en tercer lugar, se examinará la razonabilidad de la diferencia de trato[31]. Para esto último, se recurrirá al examen o juicio de razonabilidad.
19. Al tratarse de un modo de extinción de derechos y obligaciones, por su no presentación, reclamación o exigencia oportuna, o de adquisición de derechos por su posesión en los términos de la ley, que requiere necesariamente de una sentencia judicial para su configuración, la prescripción es una figura comunicante del derecho sustancial, con implicaciones en el derecho procesal y determinada por el mismo[32], a tal punto que la norma demandada del Código Civil, norma eminentemente sustancial, establece un mandato dirigido a los jueces en los procesos: “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”[33]. Lo anterior implica que es el legislador a quien le corresponde configurar el régimen concreto de la prescripción: las hipótesis en las que se predica, los términos para su ocurrencia y el tratamiento procesal relativo a su alegación y reconocimiento judicial.
20. El fundamento constitucional de dicha atribución se encuentra en el numeral 2 del artículo 150 de la Constitución según el cual, le corresponde al Congreso de la República “Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”. Es por esta razón que, de manera consistente, esta Corte ha identificado la existencia de un amplio margen de configuración del legislador en lo relativo a las materias procesales[34], como el caso bajo revisión, para determinar, entre otros asuntos[35], los términos para presentar las demandas, las reglas de competencia, las cargas procesales, las etapas del proceso, los poderes del juez, el contenido y congruencia de la sentencia, así como los recursos procedentes contra las providencias judiciales[36], siempre y cuando en dicha configuración normativa, la ley no vulnere los principios, valores, derechos y garantías constitucionales, en particular, las derivadas del derecho al debido proceso[37]; las formas procesales sean razonables y proporcionadas y en ellas se dé prevalencia al derecho sustancial, sobre el adjetivo (artículo 228 de la Constitución). Pero también esta amplitud de juicio ha sido reconocida en lo que concierne específicamente a la prescripción[38], con el límite de no desconocer la intangibilidad, intemporalidad y carácter irrenunciable de ciertos derechos, como aquellos laborales y de la seguridad social, sin perjuicio de la prescripción extintiva concreta no del derecho, sino de las mesadas o prestaciones económicas periódicas, no oportunamente reclamadas[39].
21. En virtud de la deferencia al juicio del legislador respecto de las normas aquí cuestionadas, el examen de la razonabilidad de la diferencia de trato se realizará en su menor intensidad. Este rigor se confirma, en el caso concreto, porque (i) las normas demandadas recurren a la jurisdicción competente como criterio para establecer la diferencia de trato[40], dicho criterio no se encuentra constitucionalmente prohibido[41] y no es sospechoso de discriminación negativa; (ii) las normas no materializan la afectación o limitación al goce de un derecho fundamental y (iii) no existe un mandato constitucional específicamente dirigido a la igualdad de los justiciables en los diferentes procesos y ante las diferentes jurisdicciones establecidas en nuestro ordenamiento jurídico.
22. Respecto del juicio débil, la Corte Constitucional reiteró y unificó las etapas o elementos del juicio de razonabilidad y de proporcionalidad en las sentencias C-114 y C-115 de 2017. En dichas providencias precisó la Corte que: “(…) en función de su intensidad el juicio de proporcionalidad puede ser débil, intermedio o estricto. La intensidad incide, o bien en lo que exige la aplicación de cada uno de los pasos que componen el juicio, o bien en la relevancia de algunos de sus pasos. (…) El juicio de proporcionalidad de intensidad débil impone determinar, inicialmente, si la medida (i) persigue una finalidad constitucional legítima o no prohibida por la Constitución. En caso de ser ello así, se requiere además establecer si (ii) el medio puede considerarse, al menos prima facie, como idóneo para alcanzar la finalidad identificada”[42].
23. Así las cosas, en el presente caso se examinará (i) el patrón de comparación o tertium comparationis. Si se concluye que se trata de situaciones comparables, (ii) se identificará la existencia de un trato jurídica o fácticamente diferente y, en este caso, (iii) se juzgará la razonabilidad de la diferencia de trato por la (a) legitimidad del fin perseguido por las normas y (b) la idoneidad prima facie de la medida.
24. La determinación del patrón de comparación, parámetro de comparación o tertium comparationis es el primer paso en el examen del respeto del principio constitucional de igualdad, teniendo en cuenta que dicho mandato de optimización sólo resulta predicable de situaciones comparables y, en este caso, implica “(i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común, (iii) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias y, (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes.”[43].
25. En el caso bajo estudio, las normas demandadas del Código Civil y del Código General del Proceso impiden el reconocimiento oficioso de la ocurrencia de la prescripción en los asuntos regidos por dichas codificaciones, mientras que el CPACA lo permite, en los asuntos por él regulados. El criterio a partir del cual se establece la diferencia es, a la vez, el régimen jurídico aplicable al asunto y la jurisdicción competente para resolver el litigio. A este respecto podría pensarse prima facie que no se trata de situaciones comparables ya que, estas diferencias serían suficientes para excluir el cotejo, al no encontrarse en la misma situación. Sin embargo, como quedó establecido en el análisis de la aptitud de la demanda, más allá de este tipo de diferencias, la comparación a la luz del principio de igualdad resulta posible por el reconocimiento del justiciable[44], como sujeto del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (artículo 228 de la Constitución), usuario del servicio público esencial de la administración de justicia (artículo 125 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, 270 de 1996) y titular de una serie de derechos y garantías reconocidas transversalmente, independientemente del cuerpo normativo que se ocupe del asunto, de la especialidad de la materia o de la jurisdicción competente (artículo 29 de la Constitución[45]). Estas características comunes predicables del grupo de los justiciables le otorga fundamento a la tendencia a la unidad del derecho procesal que pretende la simplificación en el acceso a la justicia y propende por una tutela judicial efectiva, con prevalencia del fondo, sobre las formas procesales. Si bastara con el establecimiento de diferentes jurisdicciones para excluir el examen del respeto del principio de igualdad en el grupo de los justiciables, se estaría entonces dando una autorización incondicional al legislador para establecer diferencias de trato irrazonables o caprichosas y el principio de igualdad quedaría desdibujado por un examen de primer nivel del criterio o patrón de comparación.
26. Debe advertirse, además, que la comparación en este asunto no se establece a partir de diferencias claras entre sujetos diferentes: entre particulares, por una parte, y entidades públicas, por la otra, ya que ambos sujetos procesales acuden tanto a la Jurisdicción Ordinaria, como a la de lo Contencioso Administrativo. Así, por ejemplo, las entidades públicas acuden en calidad de demandadas ante la Jurisdicción Ordinaria, en lo que concierne a la responsabilidad contractual y extracontractual cuando pertenecen al sector financiero, bursátil y asegurador y la causa litis corresponde al giro ordinario de sus negocios (numeral 1 del artículo 105 del CPACA); también son demandadas ante esta jurisdicción las entidades públicas en lo que concierne a los litigios laborales y de la seguridad social de los trabajadores oficiales (numeral 4 común de los artículos 104 y 105 del CPACA); igualmente son demandadas ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral y de la Seguridad Social las entidades públicas que pertenezcan al Sistema Integral de Seguridad Social (numeral 4 del artículo 2 del Código Procesal Laboral). Por su parte, los particulares también pueden ser demandados o llamados en garantía ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en calidad de agentes del Estado, para efectos de la repetición, cuando ejerzan funciones públicas (artículos 1, 2 y 7 de la Ley 678 de 2001); también, en aplicación de un fuero de atracción, es posible que particulares que coparticiparon con entidades públicas en la causación de daños, su responsabilidad civil sea demandada ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo[46].
27. En consideración de lo anterior, se concluye que en el presente caso sí existe materia de comparación, a la luz del principio de igualdad.
28. Respecto de los sujetos de la administración de justicia, mientras que los artículos 282 del CGP y 2513 del CC imponen a quien pretenda beneficiarse de la prescripción, la carga de alegarla en el proceso y, por consiguiente, prohíben al juez su reconocimiento oficioso, el artículo 180 del CPACA impone en el juez la obligación de reconocer la ocurrencia de la prescripción extintiva, incluso si ésta no fue alegada en la contestación de la demanda. De esta descripción surge un trato jurídicamente diferente otorgado por el ordenamiento jurídico a los justiciables, en lo que respecta a la tutela judicial de la prescripción, por el establecimiento de diferentes reglas técnicas al respecto: por una parte, la dispositiva, en lo que concierne a los asuntos regidos por el Código General del Proceso y la inquisitiva, en los asuntos de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
29. Ahora bien, dicha diferencia de trato sólo es predicable de la prescripción extintiva o liberatoria, teniendo en cuenta que (i) las normas demandadas del Código Civil y del Código General del Proceso se refieren genéricamente a la prescripción, la que, como se explicó precedentemente, se refiere tanto a la usucapión o prescripción adquisitiva y a la prescripción extintiva o liberatoria, mientras que el CPACA se limita a lo relativo a la prescripción extintiva, teniendo en cuenta que ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no se tramita la declaración de pertenencia por usucapión (artículo 104 del CPACA). Por consiguiente, el examen de la razonabilidad del trato diferente se limitará a lo relativo a la prescripción extintiva.
30. Para determinar la razonabilidad del trato diferente, a la luz del principio de igualdad, en el presente caso se examinará si la finalidad perseguida es legítima o constitucional y, en ese caso, si la medida es potencialmente idónea para lograr dicho fin.
31. Al establecer las normas demandadas que la prescripción debe ser alegada por quien pretenda beneficiarse de ella y que, en consecuencia, al juez le está vedado su reconocimiento oficioso, las mismas configuran la prescripción como una excepción propia, es decir, un argumento en contra de la prosperidad de las pretensiones del demandante, que debe ser puesto de presente por el demandado y aunque se encuentren probados en el proceso los hechos que la configurarían, el juez no dispone del poder para sustituir a la parte en cuanto a su alegación. De esta manera, las normas en cuestión establecen la formulación procesal de la prescripción, como una carga procesal en cabeza de aquel que pretenda beneficiarse de ella[47]. Así, a diferencia de las obligaciones, las cargas son deberes establecidos en interés del sujeto sobre pesan las mismas, lo que implica que su cumplimiento trae aparejados beneficios para quien las realiza; consecuencias adversas para quien no las cumple y no existen medios jurídicos para forzar, coactivamente, su realización[48]. Esto implica que en el presente asunto se juzga la constitucionalidad de una carga procesal establecida por el legislador respecto de ciertos justiciables, a diferencia de otros.
32. La carga procesal de alegar la prescripción en su beneficio, actualmente prevista en el Código Civil y en el Código General del Proceso, consulta el origen mismo de la figura en el derecho romano, al tratarse de una advertencia, aviso o praescriptio – escrito antes o de manera previa - que debía ponerse de presente al juez en el encabezado de la fórmula que delimitaba la Litis[49]. En el derecho colombiano, la carga de la alegación de la prescripción responde a una larga tradición procesal. Así, el Código Judicial de 1931, Ley 105, establecía en el artículo 343 que “Cuando el Juez halle justificados los hechos que constituyen una excepción perentoria, aunque ésta no se haya propuesto ni alegado, debe reconocerla en la sentencia y fallar el pleito en consonancia con la excepción reconocida, salvo la de prescripción, que debe siempre proponerse o alegarse”. En igual sentido, el Código de Procedimiento Civil de 1970, Decreto Ley 1400, disponía en su artículo 306 que “Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”. En la materia, la legislación colombiana resulta concordante con algunas referencias importantes en el derecho comparado[50].
33. La razón de ser de que en los asuntos regidos por el derecho privado y, en este caso, por el Código General del Proceso, la prescripción deba ser alegada como una carga procesal, radica en que con el transcurso del tiempo necesario para la prescripción del derecho o de la obligación, surge para el deudor la posibilidad, mas no la obligación, de oponerse al cobro[51], como una medida pensada en su interés particular, razón por la cual, una vez cumplido el tiempo[52], quien puede beneficiarse de ella pueda renunciar de manera expresa o tácita a la misma, sin comprometer el interés general (artículo 2514 del Código Civil) y aceptar voluntariamente, por esta vía, la ejecución de la obligación. En otras palabras, la no oposición de la excepción de prescripción en el proceso, constituye un acto dispositivo de renuncia o abandono de la misma[53], frente a la cual, es necesario concluir que el legislador, al prohibir el reconocimiento oficioso de la prescripción, en las normas demandadas, buscó justamente amparar la autonomía de la voluntad privada, limitada por la posibilidad de que la misma pueda ser alegada por terceros con interés en subrogación del deudor[54]. La prescripción extintiva ante la Jurisdicción Ordinaria requiere, para su configuración, la participación de tres sujetos: el acreedor o titular del derecho que no exigió su cumplimiento o ejecución a tiempo, el deudor o sujeto pasivo de la relación jurídica que alegó la ocurrencia de la prescripción como excepción[55] y así se opuso a su realización[56] y el juez que la declaró en la sentencia[57]. La falta de la participación de cualquiera de los tres sujetos, impide la configuración de la prescripción.
34. Siendo entonces renunciable la prescripción por parte de los sujetos que acuden como demandados ante la Jurisdicción Ordinaria, resultaría desconocida la autonomía de la voluntad privada el otorgamiento al juez del poder de suplantar a quien podría beneficiarse de la prescripción para reconocerla oficiosamente y tomar la decisión en su lugar. Es por lo anterior, que hay autores que refieren que en los sistemas jurídicos en los que no se reconoce la autonomía de la voluntad privada, como en los antiguos países del bloque comunista, el juez reconoce de oficio la ocurrencia de la prescripción y se priva así al particular de la facultad de aceptar la demanda y renunciar a la prescripción[58].
35. Fue justamente el reconocimiento de la autonomía de la voluntad privada, que funda el carácter renunciable de la prescripción y explica la carga procesal de la alegación, lo que condujo al Congreso de la República a rechazar un artículo incluido en un proyecto de ley presentado en los años 1999 y 2000, que buscaba justamente otorgar esta facultad a los jueces en todos los asuntos[59]. La exposición de motivos de dicho proyecto argumentaba que se trataba de (i) una unificación en la materia, ya que si el juez de lo contencioso administrativo tenía la facultad de reconocer de oficio la prescripción, no había razón para que no lo hiciera el juez civil, que (ii) descongestionaría los despachos judiciales y (iii) que pondría a tono el derecho colombiano, con las “actuales tendencias en la materia”[60]. La ponencia para primer debate reiteró los mismos argumentos[61] y la ponencia para segundo debate los confirmó[62]. Dicho proyecto fue defendido en la Cámara de Representantes por el profesor Hernán Fabio López[63]. Sin embargo, desde la ponencia para el primer debate, esta propuesta fue rechazada por el Senado de la República, al considerar que “no es de recibo el contenido del artículo 3 de la iniciativa, cuando establece que la prescripción puede ser decretada de oficio, por cuanto la prescripción es un derecho potestativo, que el interesado utiliza o no, según su conveniencia y conciencia, por lo mismo es una ventaja patrimonial, cuya adquisición no se le puede imponer al interesado. La oficiosidad en la declaración de la prescripción en materia penal, obedece a razones de favorabilidad de la ley penal para el reo, principio constitucional fundamental, en tanto que en el derecho fiscal, es una decisión política del Estado acreedor y la caducidad, que no la prescripción, de las accionantes contra el Estado, es una protección especial que este se otorga. Nada de lo cual ocurre con la prescripción en materia de obligaciones y de otras acciones. ǁ En todas las legislaciones, desde cuando existe la figura de la prescripción, su declaración ha exigido alegación de parte, y por lo mismo siempre se le ha prohibido al juez decretarla de oficio. Y en cuanto a que con esa oficiosidad se produciría una considerable descongestión judicial esa manifestación carece de sustento y seriedad. No hay ningún estudio que demuestre cuántos son los procesos en los que se ventila o se ha ventilado una excepción de prescripción. Y la declaración oficiosa de la prescripción al rechazar preventivamente o in limine la demanda, además de ser producto de una confusión con la figura de la caducidad lejos de aminorar la oportunidad de debate y la prolongación del proceso, la aumentaría, fuera de que implicaría una restricción, por no decir una supresión de las posibilidades de defensa del demandante”[64]. Para decidir al respecto, en Comisión fueron escuchados varios expertos, quienes defendieron el rechazo de la propuesta relativa al reconocimiento oficioso de la prescripción: el profesor Ramiro Bejarano[65]; el entonces Presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Ignacio Jaramillo[66] y el profesor Fernando Hinestrosa[67], quienes unánimemente criticaron el proyecto relativo a la declaración oficiosa de la prescripción. En consideración de estos argumentos, este poder no le fue finalmente atribuido al juez en la Ley 791 de 2002.
36. En suma, la prohibición contenida en las normas demandadas, para que el juez reconozca de oficio la ocurrencia de la prescripción, independientemente de que este argumento haya sido o no presentado por el demandado, a título de excepción, tiene por finalidad amparar la autonomía de la voluntad privada de quien podría resultar beneficiado con esta institución y permitirle, si lo considera pertinente, renunciar a la prescripción mediante un acto jurídico abdicativo, cuya voluntad se manifiesta a través del silencio; no oponer así la excepción de prescripción, constituye una renuncia a la misma, teniendo en cuenta que el transcurso del tiempo no configura la prescripción, sino crea en el sujeto, el derecho a alegarla. Se trata de una ponderación realizada por el legislador, entre el interés general presente en la figura de la prescripción, relativo a la seguridad jurídica y el interés particular de quien podría beneficiarse de la misma. En estos términos, la finalidad es legítima desde el punto de vista constitucional, teniendo en cuenta que la autonomía de la voluntad privada que la norma busca amparar, es una manifestación del principio de dignidad humana[68] que desarrolla los derechos y libertades públicas que fundamentan el poder de autodeterminación de las personas en el tráfico jurídico[69], con las limitaciones razonables y proporcionadas que establezca el orden jurídico[70]. En sentido parecido, esta Corte declaró la constitucionalidad de los apartes de los artículos 1743 del Código Civil y 900 del Código de Comercio que disponen que la nulidad relativa no puede ser declarada de oficio por el juez, al considerar que se trata de medidas que amparan la autonomía de la voluntad privada[71] y permiten, por la no alegación, como un acto de renuncia, la convalidación del vicio frente a un negocio jurídico que a pesar del error, la fuerza o el dolo, pudo resultar benéfico para el sujeto, por lo que, en dicha materia, no existen razones de interés general que fundamenten un reconocimiento oficioso del juez[72].
37. Es cierto que en precedentes ocasiones, la Corte Constitucional ha incluido la imposibilidad del reconocimiento oficioso de la prescripción, como un elemento de su esencia o definición[73]; sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el presente caso en el que el accionante plantea la posible vulneración del principio de igualdad y para esto, pone de presente el trato otorgado a quien podría beneficiarse de la prescripción ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en anteriores ocasiones la Corte no ha tomado en consideración la regulación propia del CPACA, que es aquí puesta como referente del principio de igualdad.
38. El reconocimiento oficioso de la prescripción en los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no es una creación de la Ley 1437 de 2011, ya que fue introducida al ordenamiento jurídico por el artículo 111 de la Ley 167 de 1941, segundo código de lo Contencioso Administrativo que derogó la Ley 130 de 1913 y dispuso que “Las excepciones se deciden en la sentencia definitiva. ǁ Pueden ser declaradas sin instancia de parte, cuando se encuentren justificados los hechos u omisiones que las constituyen”. A pesar de no hacer mención expresa a la excepción de prescripción, la norma es general y desde la exposición de motivos de la ley, se refirió concretamente la prescripción como una de las excepciones que podrían ser reconocidas de oficio por parte del juez[74]. Esta diferencia respecto de la regulación del procedimiento civil fue confirmada por el artículo 164 del Decreto Ley 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo que dispuso, en su inciso segundo que “En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada”. En este sentido, el numeral 6 del artículo 180 del CPACA, aquí utilizado como referente de igualdad, se inserta en esta tradición al disponer que durante la audiencia inicial del proceso ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo “El Juez o Magistrado Ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva”.
39. De esta manera, la norma del CPACA, heredera de la tradición expuesta, excepciona las reglas propias del derecho privado y constituye, por lo tanto, una típica norma de derecho administrativo que, en materia de prescripción extintiva, busca amparar el interés general que subyace en la protección del patrimonio público que resulta salvaguardado, en los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en razón de la oficiosidad del reconocimiento de este fenómeno.
40. Así, mientras las normas demandadas del Código Civil y del Código General del Proceso tienen por finalidad amparar la autonomía de la voluntad privada y permitir la libre disposición de los sujetos para permitirles hacer valer o renunciar a la prescripción, la norma del CPACA tiene una finalidad diferente, de interés general, que consiste en el amparo del patrimonio público, cuya protección también goza de respaldo constitucional, al tratarse de un interés colectivo y su protección, un principio constitucional[75]. Igualmente, ya que la renuncia a la prescripción es un acto dispositivo, el ordenamiento jurídico exige que quien pretende renunciar disponga de capacidad para ello, algo de lo que gozan en principio quienes acuden a la Jurisdicción Ordinaria[76], mientras en la materia no es predicable la autonomía de la voluntad de las entidades públicas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo[77], ya que ante ésta, existen una serie de limitaciones a la disposición de los recursos públicos, tales como las autorizaciones previas para allanarse a las pretensiones de la demanda[78]. De esta manera es posible sostener que el reconocimiento oficioso de la prescripción, por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es una norma de derecho público, característica propia del Contencioso Administrativo, que persigue finalidades de interés general[79] y hace parte de otra serie de normas propias del Derecho Administrativo, que lo hacen especial, frente al derecho privado, tales como la invalidez de la confesión de los representantes de las entidades públicas[80] y las condiciones especiales para la validez de la conciliación de las entidades públicas[81]. No obstante, estas normas que caucionan el patrimonio público, no pueden ser entendidas como un mandato general a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que permita concluir que su función jurisdiccional consiste en la protección del erario en favor de la administración pública, ya que esto atentaría contra el principio de imparcialidad, como garantía esencial exigible de cualquier juez de la República. En realidad, se trata de normas precisas que incluyen garantías particulares de protección del patrimonio público o que le otorgan funciones concretas al juez, como la de reconocer de oficio la ocurrencia de la prescripción extintiva, sin afectar su imparcialidad al momento de fallar el asunto.
41. Ahora bien, debe advertirse que el reconocimiento oficioso de la prescripción no persigue una protección del patrimonio público a partir de un criterio orgánico o subjetivo, en beneficio de todas las entidades públicas, independientemente de la jurisdicción a la que acudan, lo que constituiría un privilegio procesal orgánico. Se trata de una garantía que materialmente el legislador limitó a los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (artículo 104 del CPACA y las normas especiales que determinan el objeto de esta jurisdicción), razón por la cual la decisión legislativa de distribución de competencias entre ésta y la Jurisdicción Ordinaria, determina la presencia o no de estas garantías procesales especiales, en consideración de razones de fondo tales como la naturaleza de la actividad en la que participan las entidades públicas, la naturaleza del vínculo o la actividad sometida a la libre competencia, en la que participan las entidades públicas, lo que determina, para el caso concreto, que cuando resulten demandadas ante los jueces ordinarios, deban someterse, en igualdad de condiciones, a las mismas reglas procesales que los particulares, incluidas las relativas a la carga de alegar la prescripción. En otras palabras, las cautelas especiales al patrimonio público son predicables de las materias o los asuntos que, en ejercicio del amplio margen de configuración del que dispone el legislador en la materia[82], decidió confiar a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
42. Ya que en los asuntos que se rigen por el Código Civil y por el Código General del Proceso, las normas demandadas persiguen la finalidad constitucionalmente legítima de proteger la autonomía de la voluntad privada, ¿La imposibilidad del juez de declarar de oficio la ocurrencia de la prescripción extintiva, es una medida idónea para alcanzar dicho fin?
43. En razón del carácter renunciable de la prescripción en los asuntos regidos por el Código Civil y por el Código General del Proceso, la no formulación de la excepción correspondiente constituye un negocio jurídico cuya voluntad se expresa mediante el silencio, razón por la cual, las normas demandadas dirigidas al juez, responden adecuadamente a esta naturaleza y evitan, lógicamente, que el mismo cercene la posibilidad de quien podría beneficiarse de la prescripción, por cualquier razón, de no oponer el medio exceptivo correspondiente y reconocer, a pesar del paso del tiempo, la existencia de una obligación con causa jurídica válida y justa. Lo anterior indica que la medida demandada es idónea para proteger la autonomía de la voluntad, porque evita que el juez suplante la decisión libre del demandado de hacer valer o no la ocurrencia de la prescripción, incluso si se trata de una entidad pública que acude a la Jurisdicción Ordinaria.
44. En estos términos, al prohibir al juez el reconocimiento oficioso de la prescripción, a diferencia de lo previsto en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los artículos 282 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso y 2513 del Código Civil no vulneran el principio constitucional de igualdad, ya que a pesar de que se evidencia un trato diferente respecto de los justiciables, usuarios del servicio público de administración de justicia, dicha diferencia resulta razonable, ya que las normas demandadas persiguen la finalidad constitucionalmente legítima de amparar la autonomía de la voluntad y el medio utilizado es idóneo para alcanzar dicho fin, mientras que la norma del CPACA persigue el fin de interés general, de amparar el patrimonio público en los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin comprometer, no obstante, su imparcialidad en la decisión del asunto.
45. Le correspondió a la Corte Constitucional resolver el siguiente problema jurídico: ¿Al impedir el reconocimiento oficioso de la prescripción extintiva por parte del juez, a diferencia de lo que ocurre en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los artículos 282 del Código General del Proceso y 2513 del Código Civil desconocen el principio de igualdad respecto de los justiciables?
46. Para responder a este problema jurídico y, determinar por esta vía la constitucionalidad de las normas demandadas, esta Corte precisó, por una parte, (i) el concepto y fundamento de la prescripción en el ordenamiento jurídico colombiano y examinó, por otra parte, (ii) la constitucionalidad de la diferencia de trato en lo relativo al reconocimiento oficioso de la prescripción, en virtud del principio de igualdad. Para esto, se desarrolló de un juicio o test de igualdad.
47. Concluyó la Corte que al prohibir al juez el reconocimiento oficioso de la prescripción, a diferencia de lo previsto en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los artículos 282 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso y 2513 del Código Civil no desconocieron el principio constitucional de igualdad, ya que a pesar de existir un trato diferente respecto de los justiciables, encontró la Corte que dicha diferencia es razonable, teniendo en cuenta que las normas demandadas persiguen la finalidad constitucionalmente legítima de amparar la autonomía de la voluntad privada, al permitir la renuncia a la prescripción y el medio utilizado es idóneo para alcanzar dicho fin, mientras que la norma del CPACA persigue el fin, también legítimo, de proteger el patrimonio público, en los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
48. Por las anteriores consideraciones, las normas demandadas serán declaradas exequibles.
[17] El artículo 1527 del Código Civil dispone que “Las obligaciones son civiles o meramente naturales. ǁ Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. ǁ Naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado, en razón de ellas. ǁ (…) 2a.) Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción”. De manera más técnica, sin recurrir a la expresión “obligación natural”, el artículo 2940 del Código Civil italiano dispone: “Pago de la deuda prescrita. No se admite repetición de aquello pagado espontáneamente en cumplimiento de una deuda prescrita”.
[19] El artículo 2530 del Código Civil, modificado por el artículo 3 de la Ley 791 de 2002, dispone: “La prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse; en ese caso, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno hubo. ǁ La prescripción se suspende a favor de los incapaces y, en general, de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría. ǁ Se suspende la prescripción entre el heredero beneficiario y la herencia. ǁ Igualmente se suspende entre quienes administran patrimonios ajenos como tutores, curadores, albaceas o representantes de personas jurídicas, y los titulares de aquellos. ǁ No se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha imposibilidad subsista”.
[25] “3- Los derechos constitucionales como tales en general no prescriben, puesto que emanan del reconocimiento de la dignidad de la persona humana y configuran valores superiores del ordenamiento jurídico colombiano (CP arts 1º y 5º). Sin embargo, esto no significa que la prescripción extintiva como tal vulnere el orden constitucional, ya que ésta cumple funciones sociales y jurídicas invaluables, por cuanto contribuye a la seguridad jurídica y a la paz social, al fijar límites temporales para adelantar controversias y ejercer acciones judiciales”: Corte Constitucional, sentencia C-198/99.
[30] “El juicio integrado de igualdad se compone entonces de dos etapas de análisis. En la primera, (i) se establece el criterio de comparación, patrón de igualdad o tertium comparationis, es decir, se precisa si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se confrontan sujetos o situaciones de la misma naturaleza. En esta parte, asimismo, (ii) se define si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales. ǁ Una vez establecida (iii) la diferencia de trato entre situaciones o personas que resulten comparables, se procede, como segunda parte de este juicio, a determinar si dicha diferencia está constitucionalmente justificada”: Corte Constitucional, sentencia C-106/16.
[32] “(…) es claro que no invade el derecho procesal una esfera ajena, cuando reglamenta asuntos atinentes a la prescripción, que ocurren dentro del proceso. Pues, como se ve, la prescripción es institución que no puede encuadrarse exclusivamente en uno de estos dos campos: el correspondiente al derecho sustancial y el del derecho procesal.”: Corte Constitucional, sentencia C-543/93.
[35] “(…) corresponde a ese órgano político evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos integrantes de los procedimientos mediante los cuales se adelanten los procesos judiciales”: Corte Constitucional, sentencia C-135/99.
[47] “Reclamar a tiempo es carga; Alegar en el proceso, excepcionar, también es entonces una carga procesal ““la prescripción es una de las cargas procesales que el presunto titular del derecho debe soportar. Esta carga consiste en tener que acudir oportunamente al aparato judicial, antes de perder el derecho. Lo anterior bajo el supuesto de que son los ciudadanos los primeros llamados a actuar diligentemente, mucho más, si se tiene en cuenta que son sus derechos los que están en juego”: Corte Constitucional, sentencia T-662/13.
[48] “(…) las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso. De allí que la posibilidad de las partes de acudir a la jurisdicción para hacer efectiva la demanda de sus derechos en un término procesal específico, son cargas procesales que puede válidamente determinar el legislador en los términos señalados”: Corte Constitucional, sentencia C-227/09.
[49] “(…) la praescriptio era una cláusula con la que se planteaban de manera preliminar las reservas pro actione y pro reo, de modo de limitar el ámbito de las acciones”: Antonio Guarino, Profilo del diritto romano, editorial Jovene, Nápoles, 1994, p. 107, citado por Fernando Hinestrosa, La prescripción extintiva, ob. Cit, p. 23-24.
[56] La prescripción “No opera por el simple paso del tiempo, sino que tiene en consideración elementos subjetivos como el ejercicio o inactividad de un derecho subjetivo. ǁ De la definición anterior se desprende su carácter renunciable y la necesidad de ser alegada por quien busca beneficiarse de ella”: Corte Constitucional, sentencia C-832/01
[65] “La idea de volver o tornar posible que se decrete la prescripción extintiva por vía de oficio, sí nos parece que es inconveniente. Que desvertebra por completo la institución del Código Civil. ǁ La prescripción es una institución que a pesar de que es renunciable por el ciudadano, es una institución de orden público y sobre esa figura centenaria del Código Civil hemos cabalgado durante casi ya 200 años de vida republicana y no me parece que haya motivos válidos para que eso pueda abrirse camino. (…) convertir la prescripción extintiva para que pueda ser declarada de oficio por el juez, plantearía un problema de desequilibrio gigantesco en los procesos. Y es que aquel demandante que pueda formular una demanda con base en un derecho prescrito, se sometería de pronto a que el juez de entrada le dijera, usted no tiene derecho a venir a formular esa demanda aquí, porque su derecho está prescrito. ǁ Y de entrada le cercenaría el derecho de acceso a la justicia, le impediría en un eventual proceso demostrar, por ejemplo, si a pesar de la prescripción operó o no un fenómeno de interrupción de la prescripción. De suerte que no se trata solamente de decirle a los honorables Senadores que mantengamos una arqueología jurídica, sino es que además hay una postulación ética y política y es la que el demandante que tiene un derecho prescrito pueda demandar a pesar de eso, y tiene además el derecho en un proceso a demostrarle al demandado que a pesar de la prescripción operó el fenómeno de la interrupción de la prescripción y que por lo tanto el derecho sigue vivo. ǁ De suerte que desde ese punto de vista celebro que se haya advertido esa circunstancia y que se recoja en el proyecto del Senado” (negrillas no originales): Ramiro Bejarano Guzmán, en “Acta de Comisión”, n. 31, del 5 de junio de 2001, Gaceta del Congreso del 26 de septiembre de 2001.
[67] La exigencia de alegación es un deber “obvio y universal” “las razones que se aducen para la prescripción de oficio, no son atendibles. ǁ En ese sentido habiéndole seguido de cerca el recorrido al proyecto, celebro y digo a boca llena, que este proyecto una parte enmiende lo que a mi modo de ver y respetuosamente lo digo, son yerros graves”: Fernando Hinestrosa, intervención en sesión del 22 de agosto de 2001 en Senado, Gaceta del Congreso, n. 102, 12 de abril de 2002. En su obra relativa a la materia, agregó el profesor Hinestrosa que “La posibilidad de alegarla o no es “una demostración palmaria de que la prescripción no pertenece, en rigor, al “orden público”, y que el “interés general” en sus efectos y proyecciones no alcanza a penetrar en la órbita del ius cogens. De la misma manera que la inercia es potestativa del titular del derecho, y que la alegación de la prescripción pertenece al arbitrio de su contradictor, es de la absoluta autonomía del prescribiente el prescindir de la prescripción (renuncia), sin otro límite, en los distintos casos, que el de la subrogación (acción oblicua) y la revocación en favor de terceros cuya relación jurídica con el respectivo sujeto se vería afectada por la conducta remisa o abdicativa de este”: Fernando Hinestrosa, La prescripción extintiva, ob. Cit., p. 179.
[73] “La prescripción requiere, al contrario de la caducidad, alegación de parte y, en tal virtud, no puede ser declarada de oficio por el juez. (…) La prescripción es renunciable una vez ocurrida, mientras que el juez no podría jamás aceptar tal determinación de las partes con relación a la caducidad.”: Corte Constitucional, sentencia C-574/98.
[80] El artículo 217 del CPACA dispone: “Declaración de representantes de las entidades públicas. No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas. ǁ Sin embargo, podrá pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud. El Juez ordenará rendir informe dentro del término que señale, con la advertencia de que si no se remite en oportunidad sin motivo justificado o no se rinde en forma explícita, se impondrá al responsable una multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.
[81] “En materia contencioso administrativa, el legislador estableció unas condiciones particulares que reducen la posibilidad de afectación del derecho de acceso a la justicia en esta materia. ǁ En primer lugar, con el fin de proteger la legalidad y los intereses patrimoniales del Estado, la conciliación administrativa debe ser aprobada judicialmente. ǁ En segundo lugar, la conciliación administrativa sólo puede ser adelantada ante los agentes del Ministerio Público asignados a la jurisdicción contencioso administrativa. Ello implica una intervención mayor del conciliador con el fin de proteger el interés general, la legalidad del proceso y los derechos fundamentales. Además, el conciliador puede solicitar pruebas adicionales a las presentadas por las partes para la sustentación del acuerdo conciliatorio y si tales pruebas no son aportadas, puede decidir que no se logró el acuerdo. ǁ En tercer lugar, la conciliación administrativa impone a los representantes de las entidades públicas no sólo la obligación de concurrir a la audiencia de conciliación, sino además la obligación de discutir las propuestas de solución que se hagan, salvo que exista justificación para ello, y de proponer fórmulas de solución”: Corte Constitucional, sentencia C-1195/01.
[82] “La identificación de las materias sobre las que recae la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que justifican, a la vez, su existencia como jurisdicción constitucionalmente especializada, es un ejercicio normativo de orden constitucional y legal, pues aun cuando el Constituyente de 1991 constitucionalizó la existencia de misma, algo ya presente en la Constitución anterior, no le otorgó, con rango constitucional, un objeto determinado. El único asunto que se atribuyó en su conjunto a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la suspensión de actos administrativos (artículo 238 de la CP). ǁ Excepto los pocos asuntos en los que el Constituyente atribuyó competencia al Consejo de Estado, máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo, la determinación del objeto de esta jurisdicción fue un asunto confiado al legislador”: Corte Constitucional, sentencia T-686/17.

References: artículo 241
e contrario
 artículo 146
 artículo 282
 artículo 2513
 artículo 180
 artículo 2
 artículo 150
 artículo 105
 artículo 2
 artículo 180
 artículo 343
 artículo 306
 artículo 3
 artículo 111
 artículo 164
 artículo 180
 artículo 180
 artículo 180
 artículo 1527
 artículo 2940
 artículo 2530
 artículo 3
 artículo 217