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Ley 7/1988, de 5 de abril	17 Sep 2007 05:34	Categoría: ROOT	Visitas: 4681	Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
TÍTULO I. FISCALIZACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y JURISDICCIÓN CONTABLE.
CAPÍTULO I. EL TRIBUNAL DE CUENTAS, COMPETENCIAS Y FUNCIONES.
Artículo Uno. Artículo Dos. Artículo Tres. Artículo Cuatro. Artículo Cinco. Artículo Seis. Artículo Siete. Artículo Ocho. CAPÍTULO II. LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DEL TRIBUNAL.
Artículo Nueve. Artículo Diez. Artículo Once. Artículo Doce. Artículo Trece. Artículo Catorce. CAPÍTULO III. EL ENJUICIAMIENTO CONTABLE.
Artículo Quince. Artículo Dieciséis. Artículo Diecisiete. Artículo Dieciocho. TÍTULO II. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
CAPÍTULO PRIMERO. ÓRGANOS DEL TRIBUNAL.
Artículo Diecinueve. CAPÍTULO II. EL PRESIDENTE, EL PLENO Y LA COMISIÓN DE GOBIERNO.
Artículo Veinte. Artículo Veintiuno. Artículo Veintidós. CAPÍTULO III. LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN.
Artículo Veintitrés. CAPÍTULO IV. LA SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO.
Artículo Veinticuatro. Artículo Veinticinco. Artículo Veintiséis. CAPÍTULO V. LA FISCALÍA.
Artículo Veintisiete. CAPÍTULO VI. LA SECRETARÍA GENERAL.
Artículo Veintiocho. TÍTULO III. LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL Y EL PERSONAL A SU SERVICIO.
CAPÍTULO PRIMERO. LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL.
Artículo Veintinueve. Artículo Treinta. Artículo Treinta y uno. Artículo Treinta y dos. Artículo Treinta y tres. Artículo Treinta y cuatro. Artículo Treinta y cinco. Artículo Treinta y seis. CAPÍTULO II. EL PERSONAL AL SERVICIO DEL TRIBUNAL.
Artículo Treinta y siete. TÍTULO IV. LA RESPONSABILIDAD CONTABLE.
CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES COMUNES.
Artículo Treinta y ocho. Artículo Treinta y nueve. Artículo Cuarenta. Artículo Cuarenta y uno. CAPÍTULO II. LA RESPONSABILIDAD DIRECTA.
Artículo Cuarenta y dos. CAPÍTULO III. LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA.
Artículo Cuarenta y tres. TÍTULO V. FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.
CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIÓN COMÚN.
Artículo Cuarenta y cuatro. CAPÍTULO II. LOS PROCEDIMIENTOS FISCALIZADORES.
Artículo Cuarenta y cinco. CAPÍTULO III. LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES.
Artículo Cuarenta y seis. Artículo Cuarenta y siete. Artículo Cuarenta y ocho. Artículo Cuarenta y nueve. DISPOSICIONES FINALES. Primera. Segunda. Tercera. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Sexta. Don Juan Carlos I,
FISCALIZACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y JURISDICCIÓN CONTABLE.
1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia jurisdicción, de acuerdo con la Constitución y la presente Ley Orgánica.
1. Integran el sector público:
2. Al Tribunal de Cuentas corresponde la fiscalización de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas del sector público percibidas por personas físicas o jurídicas.
1. El Tribunal de Cuentas podrá exigir la colaboración de todas las Entidades a que se refiere el artículo 4 de esta Ley Orgánica, que estarán obligadas a suministrarle cuantos datos, estados, documentos, antecedentes o informes solicite relacionados con el ejercicio de sus funciones fiscalizadora o jurisdiccional.
4. Asimismo el Tribunal podrá comisionar a expertos que tengan titulación adecuada al objeto de inspeccionar, revisar y comprobar la documentación, libros, metálico, valores, bienes y existencias de las Entidades integrantes del sector público o a los supuestos a los que se refiere el artículo 4.2, y, en general, para comprobar la realidad de las operaciones reflejadas en sus cuentas y emitir los informes correspondientes.
LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DEL TRIBUNAL.
2. El Tribunal de Cuentas ejercerá su función en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos.
1. El resultado de la fiscalización se expondrá por medio de informes o memorias ordinarias o extraordinarias y de mociones o notas que se elevarán a las Cortes Generales y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.
2. El Tribunal de Cuentas hará constar cuantas infracciones, abusos o prácticas irregulares haya observado, con indicación de la responsabilidad en que, a su juicio se hubiere incurrido y de las medidas para exigirla.
1. El Informe o Memoria anual que el Tribunal debe remitir a las Cortes Generales en virtud del artículo 136.2, de la Constitución, comprenderá el análisis de la Cuenta General del Estado y de las demás del sector público. Se extenderá, además, a la fiscalización de la gestión económica del Estado y del sector público y entre otros, a los extremos siguientes:
EL ENJUICIAMIENTO CONTABLE.
1. El enjuiciamiento contable, como jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas se ejerce respecto de las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos.
2. Se extenderá, a los solos efectos del ejercicio de su función, al conocimiento y decisión en las cuestiones prejudiciales e incidentales, salvo las de carácter penal, que constituyan elemento previo necesario para la declaración de responsabilidad contable y estén con ella relacionadas directamente.
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
ÓRGANOS DEL TRIBUNAL.
EL PRESIDENTE, EL PLENO Y LA COMISIÓN DE GOBIERNO.
2. El quórum para la válida constitución del Pleno será el de dos tercios de sus componentes y sus acuerdos serán adoptados por mayoría de asistentes.
2. La Sección de Fiscalización se organizará en departamentos sectoriales y territoriales al frente de cada uno de los cuales estará un Consejero de Cuentas.
2. Las Salas conocerán de las apelaciones contra las resoluciones en primera instancia dictadas por los Consejeros de Cuentas en los juicios de cuentas, los procedimientos de reintegro por alcance y los expedientes de cancelación de fianzas; y en instancia o por vía de recurso, de los asuntos que determine la Ley de Funcionamiento del Tribunal.
LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL Y EL PERSONAL A SU SERVICIO.
4. Las personas comprendidas en alguno de los supuestos del párrafo anterior tampoco podrán ser comisionadas por el Tribunal de Cuentas para el desempeño de las funciones a que se refiere el artículo 7.4, de esta Ley.
EL PERSONAL AL SERVICIO DEL TRIBUNAL.
1. Quedarán exentos de responsabilidad quienes actuaren en virtud de obediencia debida, siempre que hubieren advertido por escrito la imprudencia o legalidad de la correspondiente orden, con las razones en que se funden.
2. Tampoco se exigirá responsabilidad cuando el retraso en la rendición, justificación o examen de las cuentas y en la solvencia de los reparos sea debido al incumplimiento por otros de sus obligaciones específicas, siempre que el responsable así lo haya hecho constar por escrito.
1. No habrá lugar a la exigencia de responsabilidad subsidiaria cuando se pruebe que el presunto responsable no pudo cumplir las obligaciones, cuya omisión es causa de aquélla, con los medios personales y materiales que tuviere a su disposición en el momento de producirse los hechos.
2. Cuando no existiere imposibilidad material para el cumplimiento de tales obligaciones, pero el esfuerzo que hubiera de exigirse al funcionario para ello resultara desproporcionado por el correspondiente a la naturaleza de su cargo, podrá atenuarse la responsabilidad conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de esta Ley.
1. En los casos en que las responsabilidades a que se refiere el artículo 38 sean exigibles con arreglo a normas específicas en vía administrativa, la autoridad que acuerde la incoación del expediente la comunicará al Tribunal de Cuentas, que podrá en cualquier momento recabar el conocimiento del asunto.
2. Las resoluciones que se dicten por la Administración en que se declaren responsabilidades contables serán recurribles ante el Tribunal de Cuentas y resueltas por la Sala correspondiente.
1. Serán responsables directos quienes hayan ejecutado, forzado o inducido a ejecutar o cooperado en la comisión de los hechos o participado con posterioridad para ocultarlos o impedir su persecución.
2. Toda persona sujeta a obligación de rendir, justificar, intervenir o aprobar cuentas que dejare de hacerlo en el plazo marcado o lo hiciere con graves defectos o no solventara sus reparos, será compelido a ello mediante requerimiento conminatorio del Tribunal de Cuentas.
3. Si el requerimiento no fuere atendido en el improrrogable plazo señalado al efecto, el Tribunal de Cuentas podrá aplicar las medidas siguientes:
4. El Tribunal de Cuentas, en su caso, pasará el tanto de culpa al Fiscal General del Estado por el delito de desobediencia.
1. Son responsables subsidiarios quienes por negligencia o demora en el cumplimiento de obligaciones atribuidas de modo expreso por las Leyes o Reglamentos hayan dado ocasión directa o indirecta a que los caudales públicos resulten menoscabados o a que no pueda conseguirse el resarcimiento total o parcial del importe de las responsabilidades directas.
2. La exigencia de responsabilidades subsidiarias sólo procede cuando no hayan podido hacerse efectivas las directas.
LOS PROCEDIMIENTOS FISCALIZADORES.
3. Será pública la acción para la exigencia de la responsabilidad contable en cualquiera de los procedimientos jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas.
En ningún caso se exigirá la prestación de fianza o caución, sin perjuicio de la responsabilidad criminal y civil en que pudiera incurrir el que ejercite la acción indebidamente.
Primera. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en la presente Ley Orgánica.
Segunda. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en la presente Ley Orgánica.
1. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común será supletoria de las normas reguladoras de los procedimientos fiscalizadores.
2. Para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas, en cuanto no esté previsto en la presente Ley o en la de su funcionamiento se aplicarán supletoriamente la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y las de Enjuiciamiento Civil y Criminal, por este mismo orden de prelación.
Tercera. Para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas, en cuanto no esté previsto en la presente Ley o en la de su funcionamiento se aplicarán supletoriamente la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y las de Enjuiciamiento Civil y Criminal, por este mismo orden de prelación.
Primera. 1. En los términos que regulen la materia los Reglamentos de las Cortes Generales se constituirá una Comisión Mixta de ambas Cámaras encargada de las relaciones con el Tribunal de Cuentas, así como de estudiar y proponer a los respectivos Plenos las medidas y normas oportunas.
Segunda. A las reuniones de dicha Comisión podrá asistir, si fuera convocado al efecto, el Presidente del Tribunal de Cuentas.
Tercera. A las reuniones de dicha Comisión podrá asistir, si fuera convocado al efecto, el Presidente del Tribunal de Cuentas.
Cuarta. A las reuniones de dicha Comisión podrá asistir, si fuera convocado al efecto, el Presidente del Tribunal de Cuentas.
Quinta. La resolución de dichos asuntos en primera instancia corresponderá al Tribunal de Cuentas y los recursos serán enjuiciados por sus Secciones.
Sexta. La resolución de dichos asuntos en primera instancia corresponderá al Tribunal de Cuentas y los recursos serán enjuiciados por sus Secciones.
Las Cortes Generales nombrarán, en el plazo máximo de dos meses, a los Consejeros de Cuentas del Tribunal en la forma establecida en el apartado 1 del artículo 30 de esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a doce de mayo de mil novecientos ochenta y dos
Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo. < Previo

References: artículo 4
 artículo 4
 artículo 136
 artículo 7
 artículo 38
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
 artículo 30