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Timestamp: 2019-12-10 17:14:09+00:00

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Actas de la Asamblea Constituyente de Costa Rica 1949 - Actas 181 a 183
Actas 181 a 183 / Ir a Lista de Actas y Documentos relacionados
Presentación de la Edición Digital 2005
Es indudable el enorme valor interpretativo que ofrecen las actas de la Asamblea Nacional Constituyente que, entre el 15 de enero y el 7 de noviembre de 1949, elaboró la Constitución Política que nos rige en la actualidad. Las hilvanadas intervenciones de los representantes populares denotan un grado de cultura y preparación que 56 años después continúan generando admiración y respeto. Igual de admirable fue el trabajo titánico desplegado por las personas que tuvieron a su cargo la trascripción de las actas de esa prolífica Asamblea Constituyente. En el proceso de revisión de las cerca de un millón de palabras que componen estas actas en su versión digital, se corrigieron algunos errores evidentes de trascripción. Se asume la responsabilidad plena de esas correcciones, ya que se consideró que la inmensa mayoría de ellas eran producto de las dificultades y apuros que enfrentaron quienes preparaban las actas, y antes que repetir los errores de la versión impresa y hacerlos perdurar en la versión digital, se optó por asumir que viniendo de personas con el grado de lucidez que caracterizó a esa Constituyente, se les hacía mejor homenaje efectuando esos ajustes y corrigiendo nombres de autores y palabras que fonéticamente pudieron haber confundido a quienes taquigráficamente levantaban las minutas.
Rodolfo Saborío Valverde, abril de 2005
ACTA No. 181
No. 181.- Centésima octogésima primera acta de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente a las catorce horas y treinta minutos del día tres de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia del Dr. Marcial Rodríguez. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz Martín, Secretarios; Vargas Vargas, Vargas Castro, Acosta Piepper, Monge Ramírez, Montiel, Jiménez Núñez, Chacón, Gamboa, Volio Jiménez, Baudrit Solera, Fournier, Facio, Esquivel, Brenes Mata, González Flores, Morúa, Guido, Madrigal, Rojas Espinosa, Castaing, González Luján, Trejos, Montealegre, Pinto, Herrero, Gómez, Volio Sancho, Leiva, Ruiz, Desanti, y los suplentes Castro Sibaja, Rojas Vargas, Lee Cruz, Lobo y Venegas.
Artículo 2º.- La Secretaría dio lectura al siguiente telegrama enviado por el señor Ministro de Agricultura:
San José, 2 de noviembre de 1949.
Honorable Asamblea Constituyente:
En vista de que las labores de la Honorable Constituyente están a punto de finalizar, me permito solicitar de usted se sirva informarme si antes de clausurarse, esa Honorable Asamblea podrá conocer del contrato bananero publicado en “La Gaceta” Nº 297 de 31 de diciembre de 1948.
Del señor Secretario con toda consideración muy atento y seguro servidor.
Bruce Masís D.,
Ministro de Agricultura e Industrias.
Se acordó contestar el telegrama del señor Ministro de Agricultura manifestándole que la Asamblea, próxima a clausurar sus sesiones, no dispondrá del tiempo necesario para conocer la mencionada contratación.
Artículo 3º.- Se continuó en la discusión de las mociones de revisión en cuanto a la forma.
El Representante VOLIO SANCHO presentó moción de orden “para que en las sesiones de hoy y de mañana se concluya la revisión de forma del proyecto constitucional, debiendo hacerse cada día la mitad del trabajo pendiente. Con ese objeto ambas sesiones serán permanentes”.
Fueron aprobados los artículos 104 a 146, con las modificaciones correspondientes.
Los artículos 104 y 110 y los incisos 7), 8), 14) y aparte c) del artículo 121 fueron aprobados por una votación mayor de los dos tercios de votos de los miembros presentes, por cuanto se alegó que los mismos variaban, en cierto modo, el fondo de las respectivas disposiciones.
Los artículos aprobados definitivamente, son los siguientes:
2º.- Resolver las solicitudes para adquirir y recuperar la calidad de costarricenses, así como los casos de pérdida de nacionalidad; ejecutar las sentencias judiciales que suspendan la ciudadanía y resolver las gestiones para recobrarla. Las resoluciones que dicte el Registro Civil de conformidad con las atribuciones a que se refiere este inciso, son apelables ante el Tribunal Supremo de Elecciones;
4º.- Las demás atribuciones que le señale esta Constitución y las leyes.
Transitorio.- Dentro del término de tres meses, a partir de las elecciones de mil novecientos cuarenta y nueve, el Tribunal Supremo de Elecciones establecerá, mediante la refundición del Registro del Estado Civil y del Registro Electoral, el organismo único que contempla el artículo 104 de esta Constitución, denominado Registro Civil.
La Asamblea se compone de cuarenta y cinco Diputados; sin embargo, cuando la población pase de un millón trescientos cincuenta mil habitantes, se elegirá un nuevo Diputado por cada treinta mil o residuo mayor de quince mil por provincia. Los suplentes se nombrarán uno por cada tres Diputados propietarios.
Cuando se elijan dos propietarios, también se elegirá un suplente.
Transitorio.- Mientras no se realice un censo general de la población, las diputaciones se distribuirán entre las provincias en la forma en que estuvo integrado el Congreso Constitucional en 1945.
1º.- Ser ciudadano en ejercicio.
2º.- Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad.
3º.- Haber cumplido veintiún años de edad.
1º.- El Presidente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de la Presidencia al tiempo de la elección;
2º.- Los Ministros de Gobierno;
3º.- Los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia;
4º.- Los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones y el Director del Registro Civil;
5º.- Los Militares en servicio activo;
6º.- Los que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o de policía, extensiva a una provincia;
7º.- Los Gerentes de las Instituciones Autónomas; y
8º.- Los parientes de quien ejerza la Presidencia de la República, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, inclusive.
Desde que sea declarado electo propietario o suplente, hasta que termine su período legal, no podrá ser privado de su libertad por motivo penal, sin que previamente haya sido suspendido por la Asamblea.
Esta inmunidad no surte efecto en el caso de flagrante delito, ni cuando el Diputado la renuncie. Sin embargo, el Diputado que haya sido detenido por flagrante delito, será puesto en libertad si la Asamblea lo ordenare.
Transitorio.- La Asamblea Legislativa que se elija en las elecciones que habrán de verificarse en el mes de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve, de acuerdo con la convocatoria que al efecto hará el Tribunal Supremo de Elecciones, se instalará el ocho de noviembre de ese año, y cesará en sus funciones el treinta y uno de octubre de mil novecientos cincuenta y tres.
1º.- Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;
2º.- Designar el recinto de sus sesiones, abrir y cerrar éstas, suspenderlas y continuar cuando así lo acordare;
3º.- Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia;
4º.- Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos;
5º.- Dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos;
6º.- Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar el estado de defensa nacional y para concertar la paz;
7º.- Suspender por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, en caso de evidente necesidad pública, los derechos y garantías individuales consignados en los artículos 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 37 de esta Constitución. Esta suspensión podrá ser de todos o algunos derechos y garantías, para el total o parte del territorio, y hasta por 30 días, durante ella y respecto de las personas, el Poder Ejecutivo sólo podrá ordenar su detención en establecimientos no destinados a reos comunes o decretar su confinamiento en lugares habitados. Deberá también dar cuenta a la Asamblea en su próxima reunión de las medidas tomadas para salvar el orden público o mantener la seguridad del Estado.
8º.- Recibir el juramento de ley y conocer de las renuncias de los miembros de los Supremos Poderes, con excepción de los Ministros de Gobierno: resolver las dudas que ocurran en caso de incapacidad física o mental de quien ejerza la Presidencia de la República, y declarar si debe llamarse al ejercicio del Poder a quien deba sustituirlo;
9º.- Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros Diplomáticos, declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento;
10.- Decretar la suspensión de cualquiera de los funcionarios que se mencionan en el inciso anterior, cuando haya de procederse contra ellos por delitos comunes;
11.- Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República;
12.- Nombrar al Contralor y Subcontralor generales de la República;
13.- Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales;
14.- Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación.
b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio nacional; y
Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c), anteriores, sólo podrán ser explotados por la administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa. Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales -estos últimos mientras se encuentren en servicio- no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma alguna del dominio y control del Estado.
15.- Autorizar al Poder Ejecutivo para negociar empréstitos y celebrar otros convenios similares que se relacionen con el crédito público, así como aprobar o improbar los que hubieren sido concertados.
16.- Conceder la ciudadanía honorífica por servicios notables prestados a la República, y decretar honores a la memoria de las personas cuyas actuaciones eminentes las hubieren hecho acreedoras a estas distinciones;
17.- Determinar la ley de la unidad monetaria y legislar sobre la moneda, el crédito, las pesas y medidas. Para determinar la ley de la unidad monetaria, la Asamblea deberá recabar previamente la opinión del organismo técnico encargado de la regulación monetaria;
18.- Promover el progreso de las ciencias y de las artes, y asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras en invenciones;
19.- Crear establecimientos para la enseñanza y progreso de las ciencias y de las artes, señalándoles rentas para su sostenimiento y especialmente procurar la generalización de la enseñanza primaria;
20.- Crear los tribunales de justicia y los demás organismos para el servicio nacional;
21.- Otorgar por votación no menor de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, amnistía e indulto generales por delitos políticos con excepción de los electores, respecto de los cuales no cabe ninguna gracia;
22.- Darse el Reglamento para su régimen interior, el cual, una vez adoptado, no se podrá modificar sino por votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros;
23.- Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende, y rinda el informe correspondiente.
Las Comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzguen necesarios.
Podrán recibir todo clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla;
24.- Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y además por dos tercios de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos.
Se exceptúan en ambos casos los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a operaciones militares pendientes.
Artículo 126.- Dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha en que hubiere recibido un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo podrá objetarlo porque lo juzgue inconveniente o crea necesario hacerle reformas; en este último caso las propondrá al devolver el proyecto.
Si no lo objeta dentro de ese plazo no podrá el Poder Ejecutivo dejar de sancionarlo y publicarlo.
2) Ser del estado seglar; y
1º.- El que hubiera servido la Presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores al período para cuyo ejercicio se verifique la elección, ni el Vicepresidente o quien lo sustituya, que la hubiere servido durante la mayor parte de cualquiera de los períodos que comprenden los expresados ocho años;
2º.- El Vicepresidente que hubiera conservado esa calidad en los doce meses anteriores a la elección, y quien en su lugar hubiese ejercido la Presidencia por cualquier lapso dentro de ese término;
3º.- El que sea por consanguinidad o afinidad ascendiente, descendiente, o hermano de quien ocupare la Presidencia de la República al efectuarse la elección, o del que la hubiera desempeñado en cualquier lapso dentro de los seis meses anteriores a esa fecha;
4º.- El que haya sido Ministro de Gobierno durante los doce meses anteriores a la fecha de la elección; y
5º.- Los Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados propietarios y Suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, el Director del Registro Civil, los directores o gerentes de las Instituciones autónomas, el Contralor y Subcontralor Generales de la República. Esta incompatibilidad comprenderá a las personas que hubieren desempeñado los cargos indicados dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.
Transitorio.- Para las elecciones presidenciales del año 1953, no se aplicará al Presidente de la actual Junta de Gobierno, lo que dispone el inciso 1) del artículo 132 de esta Constitución.
Artículo 137.- El Presidente y los Vicepresidente prestarán juramento ante la Asamblea Legislativa; pero si no pudieren hacerlo ante ella, lo harán ante la Corte Suprema de Justicia.
Los candidatos a Presidente y Vicepresidente de un partido, deben figurar para su elección en una misma nómina, con exclusión de cualquier otro funcionario a elegir.
1º.- Nombrar y remover libremente a los Ministros de Gobierno;
2º.- Representar a la Nación en los actos de carácter oficial;
3º.- Ejercer el mando supremo de la fuerza pública;
4º.- Presentar a la Asamblea Legislativa, al iniciarse el primer período anual de sesiones, un mensaje escrito relativo a los diversos asuntos de la Administración y al estado político de la República, en el cual deberá además, proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del Gobierno, y el progreso y bienestar de la Nación; y
5º.- Solicitar permiso a la Asamblea Legislativa cuando necesite salir del país, mientras ejerza su cargo y hasta un año después de haber dejado el mando.
1º.- Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, a los empleados y funcionarios que sirvan cargos de confianza, y a los demás que determine, en casos muy calificados, la Ley de Servicio Civil; y
2º.- Nombrar y remover, con sujeción a los requisitos prevenidos por la ley de Servicio Civil, a los restantes servidores de su dependencia.
Transitorio.- La Ley de Servicio Civil no entrará en vigencia antes del ocho de noviembre de mil novecientos cincuenta, ni después del primero de junio de mil novecientos cincuenta y tres, según lo acuerde la Asamblea Legislativa. Esa ley podrá, además, disponer que sus normas se apliquen gradualmente a los diversos departamentos de la Administración Pública; en todo caso, dicha ley deberá proteger a la totalidad de los servidores públicos incluidos en el inciso 2) de este artículo, a más tardar el ocho de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve.
Mientras no entre en vigencia la Ley de Servicio Civil, el Presidente de la República y el respectivo Ministro de Gobierno podrán nombrar y remover libremente a todos los funcionarios de su dependencia, incluso a los Directores y Gerentes de las Instituciones Autónomas y a los integrantes de las Juntas u organismos oficiales, cuyos nombramientos hubieren sido hechos con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Constitución, aun cuando tales designaciones lo fueren por período fijo.
3º.- Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas, y velar por su exacto cumplimiento;
4º.- En los recesos de la Asamblea Legislativa, decretar la suspensión de derechos y garantías a que se refiere el inciso 7) del artículo 121 en los mismos casos y con las mismas limitaciones que allí se establecen y dar cuenta inmediatamente a la Asamblea. El decreto de suspensión de garantías equivale, ipso facto, a la convocatoria de la Asamblea a sesiones, la cual deberá reunirse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. Si la Asamblea no confirmare la medida por dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, se tendrán por restablecidas las garantías.
5º.- Ejercer iniciativa en la formación de las leyes, y el derecho de veto;
6º.- Mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, tomar las providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas;
7º.- Disponer la recaudación e inversión de las rentas nacionales de acuerdo con las leyes;
8º.- Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas;
9º.- Ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelvan o dispongan en los asuntos de su competencia los tribunales de justicia y los organismos electorales, a solicitud de los mismos;
10.- Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, promulgarlos y ejecutarlos una vez aprobados y ratificados por la Asamblea Legislativa, o si fuere del caso por una Asamblea Constituyente, según lo dispuesto en esta Constitución;
11.- Rendir a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le solicite en uso de sus atribuciones;
12.- Dirigir las relaciones internacionales de la República;
13.- Recibir a los Jefes de Estado, así como a los Representantes Diplomáticos, y admitir a los Cónsules de otras naciones;
14.- Convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones ordinarias y extraordinarias;
15.- Enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Presupuesto Nacional, en la oportunidad y con los requisitos determinados en esta Constitución;
16.- Disponer de la fuerza pública para preservar el orden, defensa y seguridad del país;
17.- Expedir patentes de navegación;
18.- Darse el Reglamento que convenga para el régimen interior de sus despachos, y expedir los demás reglamentos y ordenanzas necesarias para la pronta ejecución de las leyes;
19.- Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 14) del artículo 121 de esta Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa, cuando estipulen exención de impuestos o tasas, o tengan por objeto la explotación de servicios públicos, recursos o riquezas naturales del Estado. Exceptúanse los casos regidos por leyes especiales; y
20.- Cumplir los demás deberes y ejercer las otras atribuciones que le confieren esta Constitución y las leyes.
Transitorio.- Los Ministros de Gobierno que se nombren al iniciarse el próximo período presidencial tendrán las funciones determinadas en las leyes existentes sobre Secretarías de Estado, mientras no se legisle sobre la materia.
1º.- Ser ciudadano en ejercicio;
2º.- Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad;
Artículo 143.- La función de Ministro es incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público, sea o no de elección popular, salvo el caso de que leyes especiales les recarguen funciones. Son aplicables a los Ministros las reglas, prohibiciones y sanciones establecidas en los artículos 110, 111 y 112 de esta Constitución, en lo conducente.
Por lo avanzado de la hora el señor Presidente suspendió la sesión a las once de la noche.- Marcial Rodríguez Conejo, Presidente.- Fernando Vargas Fernández, Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz Martín, Segundo Secretario.
No. 182.- Centésima octogésima segunda acta de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente a las catorce horas y treinta minutos del día cuatro de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia del Doctor Rodríguez, Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz Martín, Secretarios; Vargas Vargas, Vargas Castro, Acosta Piepper, Monge Ramírez, Montiel, Jiménez Núñez, Gamboa, Volio Jiménez, Baudrit González, Brenes Gutiérrez, Arias Bonilla, Jiménez Quesada, González Herrán, Baudrit Solera, Fournier, Facio, Esquivel, Chacón, Acosta Jiménez, Brenes Mata, Oreamuno, González Flores, Morúa, Guido, Madrigal, Rojas Espinosa, Castaing, González Luján, Trejos, Montealegre, Pinto, Herrero Gómez, Volio Sancho, Leiva, Ruiz, Desanti, y los Suplentes: Castro Sibaja, Lobo, García, Lee Cruz, Vengas y Rojas Vargas.
Señores Diputados: Ningún homenaje más justiciero y deseado por los cultores de la historia nacional y por los que anhelamos la veneración de los hombres de ayer, como este de hoy que la Asamblea Nacional Constituyente dedica a la memoria de uno de los más preclaros costarricenses, el modesto hijo de Ujarrás que llegó, gracias al respeto por su sabiduría y por la inextinguible admiración de sus virtudes que su vida austera inspiraba, a presidir en 1813, las Cortés Generales de Cádiz, en cuyo seno había más de trescientos representantes de España y América.
En efecto, el Diputado por Costa Rica participó con frecuencia en los debates sobre el proyecto de Constitución y otros muchos asuntos de índole muy diversa, haciendo gala de muy buen juicio, y sobre todo de la amplitud de sus ideas y nobleza de sus sentimientos, al defender con ahínco los derechos de las clases infortunadas en América. Orador menos brillante que el ecuatoriano Mejía Lequerica, rival de Argüelles, convencía al auditorio por la fuerza y la verdad de sus razones. En otra parte de su libro dice Labra: “Entre las grandes autoridades y verdaderas eminencias parlamentarias doceñistas, están los americanos Morales, Duarez Castillo y Godoa. No hubo parlamentario superior a Guido Alcocer”. Más adelante dice: “Por otro lado, el costarricense Don Florencio del Castillo, sacerdote y catedrático, elocuentísimo y afortunado defensor de la ley de Libertad completa de los indios por la abolición de las Mitas, las Encomiendas y los Repartimientos y que, con Guido representa la nota cosmopolita”.
Termina el historiador Labra el juicio sobre el padre del Castillo así: “Seguramente no hay en el Diario de Sesiones de 1810 a 1813, discursos más sólidos y fundamentales que los de Castillo. Diputado por Costa Rica, y que con el bondadoso y venerable Laidazabal (Sacerdote queridísimo y Diputado por Guatemala, la primera abolicionista de América) llevó en términos insuperables la alta representación moral e intelectual de Centro América siempre (y aún hoy) eminentemente española. Los discursos del Castillo sobre todo los relativos a las cuestiones y la libertad de los indios, respecto de los cuales, la campaña del Diputado americano fue decidida con gran honor para España, se leen hoy como piezas magistrales. La Constitución de la Monarquía Española, emitida el 19 de marzo de 1812, que fue firmada por nuestro diputado el padre del Castillo, consta de 184 artículos y algunos de ellos tienen gran analogía con la que pronto habremos de promulgar para nuestro país. He aquí algunos de ellos. “Artículo segundo.- La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona”. Artículo tercero.- La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Artículo cuarto.- La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas, la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Artículo trece.- El objeto del gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otra que el bienestar de todos los individuos que la componen. Artículo diecisiete.- La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los Tribunales establecidos por la ley. Artículo veintisiete.- Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la Nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá”. La Constitución de la Monarquía española de 1812 en la que tan activamente participó en sus debates el padre Florencio del Castillo, contiene según el historiador Labra afirmaciones que se han impuesto definitivamente al liberalismo y a la legislación de España. Por ejemplo la división de los Poderes Públicos, la inviolabilidad de los diputados, la intervención necesaria de los Ministros en los decretos reales, la responsabilidad ministerial, los ahora llamados derechos individuales y las libertades públicas, la igualdad y proporcionalidad de las contribuciones, el Tribunal Supremo de Justicia, la abolición de previa censura, el servicio general de las armas, etc.”. Además, la Constitución de 1812 fue la bandera del liberalismo europeo en todo el primer tercio del siglo diecinueve. Disueltas las Cortes y declarados nulos todos sus actos por Fernando VII a su regreso de Francia en mayo de 1814, don Florencio del Castillo presentó el 12 de julio del mismo año una exposición al Ministerio Universal de Indias para que se revalidaran los decretos emitidos por la Asamblea en favor de la provincia de Costa Rica y poco después de embarcó con destino a Nueva España a instancia de los diputados mexicanos, quienes aseguraban a su ya ilustre colega un brillante porvenir en el Virreinato. En México el padre del Castillo tuvo muy distinguidos y merecidos honores. Fue electo diputado suplente al Primer Congreso Constituyente por los electores centroamericanos y su nombre figuró a poco por los postulados a Consejeros de Estado del Imperio. Poco después aparecía en la Comisión nombrada por el Augusto Cuerpo para acompañar a la Emperatriz Ana a la Catedral el día de su coronación. Diputado a la segunda legislatura del Estado de Oaxaca, lo eligieron Presidente a los pocos días y fue nombrado individuo de la Junta directiva de estudios para la cátedra de derecho público que debería formar el cuerpo académico del Instituto de Ciencias y Artes del cual fue después su Presidente.
En Oaxaca fue elevado a la dignidad de Canónigo de la Iglesia de ese Estado, donde murió el 26 de noviembre de 1834. El catedrático Heliodoro Valle, dice a propósito de la muerte del padre del Castillo: “Está vacante aún la sede intelectual que don Florencio ocupó en múltiples escenarios, Figura hispanoamericana que impone sus relieves precisos, ella es un testimonio de que los hombres de aquel siglo en albor, por lo mismo que eran contemporáneos de una aurora, tenía la visión atónitamente clavada en los confines ilusorios de la América nueva que los sería siempre por virtud de su unidad plena de dones por la serenidad de su grandeza. Por eso tiene derechos privativos para sentarse con el padre Mier, con Rocafuerte, con don José del Valle, en la anfictionía moral que preside Bolívar”.
Título XI.- El Poder Judicial, Capítulo único.-
Artículo 186.- La Tesorería está a cargo de un Tesorero Nacional y de un Subtesorero.
Ambos funcionarios gozan de independencia en el ejercicio de sus atribuciones, las cuales serán reguladas por la ley. Los nombramientos se harán en Consejo de Gobierno, por períodos de cuatro años, y sólo podrán ser removidos estos funcionarios por justa causa.
Quinta: Acordado que procede la reforma, la Asamblea preparará el correspondiente proyecto, por medio de una Comisión, bastando en este caso la mayoría absoluta para aprobarlo;
Del inciso 5, artículo 159, se acordó suprimir la frase “o la judicatura”, que resulta innecesaria, ya que el inciso es bien claro. Dentro del ejercicio de la profesión de abogado está la judicatura.
El Diputado GONZALEZ HERRAN indicó la necesidad de incorporar una nueva disposición transitoria al artículo ciento setenta y tres, que diga así:
Transitorio.- Mientras no se dicte la ley a que se refiere este artículo, el conocimiento de la apelación de los acuerdos municipales seguirá a cargo del Ministerio de Gobernación. Dicha ley deberá dictarse a más tardar el 8 de noviembre de 1951.
ACTA No. 183
No. 183.- Centésima octogésima tercera acta de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente, a las catorce horas y treinta minutos del día siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia del Dr. Rodríguez. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz Martín Secretarios; Vargas Vargas, Vargas Castro, Acosta Piepper, Arroyo, Monge Ramírez, Montiel, Jiménez, Núñez, Chacón Jinesta, Gamboa, Volio Jiménez, Baudrit González, Brenes Gutiérrez, Arias Bonilla, Jiménez Quesada, González Herrán, Baudrit Solera, Fournier, Facio, Morúa, Esquivel, Acosta Jiménez, Brenes Mata, Oreamuno, González Flores, Sotela, Guido, Madrigal, Rojas Espinosa, Castaing, González Luján, Trejos, Montealegre, Pinto, Herrero, Gómez, Guzmán, Volio Sancho, Leiva, Castro, Desanti, y los suplentes: Elizondo y Venegas.
Artículo 2º.- La Asamblea procedió a integrar el Directorio provisional para que presidiera la sesión de instalación de la Asamblea Legislativa. El Directorio quedó integrado del modo siguiente: Presidente, Doctor don Marcial Rodríguez; Primer Secretario, Profesor Fernando Vargas F.; Segundo Secretario, Licenciado Gonzalo Ortiz M.
Artículo 4º.- El Representante GOMEZ ROJAS presentó moción “para que el Directorio cubra los gastos de todo orden sin limitación de suma, causados por la Asamblea en ejercicio de sus funciones, incluyendo los gastos extraordinarios del personal, quedando firme”. La moción anterior fue aprobada por más de dos tercios de votos.
* Aunque se ha explicado ya en otras oportunidades que los textos que en esta Memoria aparecen en bastardilla no figuran propiamente en el Libro de Actas, creemos acertado llamar la atención sobre las disposiciones del artículo 157 y las del artículo 158 que están en dicho libro confundidas formando un solo artículo, 157 (N. de la C.)
©2005 Saborío & Coto Abogados, Costa Rica. / Ir a Lista de Actas y Documentos relacionados

References: Artículo 2

Artículo 3
 artículo 121
 artículo 104

Artículo 126
 artículo 132

Artículo 137
 artículo 121
 artículo 121

Artículo 143

Artículo 186
 artículo 159

Artículo 2

Artículo 4
 artículo 157
 artículo 158