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Timestamp: 2018-08-19 13:02:38+00:00

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EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. Su regulación en el proceso civil actual y en el Proyecto de Ley del CPC. | LexWeb
Autor: Ignacio Avendaño Leyton
Para lograr que el proceso cumpla con su función de un tratamiento útil de la administración de justicia son necesarios ciertos principios que se basen en postulados elementales de justicia, estos son los llamados Principios Procesales, son las grandes directrices que van a permitir que el proceso pueda operar eficazmente.
En este entendido, el principio de congruencia constituye, junto a otros, uno de los pilares en base a los cuales se estructura el proceso para un avance coordinado y eficaz hacia la solución jurisdiccional del asunto.
En relación con la congruencia, el derecho romano expresaba lo siguiente: “sententia debet esse conformis, libello; ne eat judex, ultra, extra aut citra petita partium; tantum legatum quantum judicatum; judex judicare debet secundum allegata et probatia parlium” (la sentencia debe estar conforme con la reclamación escrita, para que el juez no vaya más allá, fuera o más acá de las demandas de las partes; tanto lo imputado como lo sentenciado; el juez debe juzgar de acuerdo con las razones alegadas y probadas por las partes).[1]
Ahora bien, para efectos de entender este trascendental principio, debemos comenzar señalando que la palabra congruencia proviene del latín congruentĭa[2] que significa coherencia o relación lógica y que, en su sentido natural y obvio, la concebimos como la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio.[3]
Doctrinariamente la congruencia se ha definido como “un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y en relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico”.[4]
A su vez, DEVIS ECHANDÍA la define como “el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas”.[5] Entiende este autor que “los derechos de acción y de contradicción imponen al Estado el deber de proveer mediante un proceso y por una sentencia, cuyo alcance y contenido están delimitados por las pretensiones y las excepciones que complementan el ejercicio de aquellos derechos”.[6]
En síntesis, se puede sostener que la congruencia es la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. Para nuestra jurisprudencia, el principio conforme al cual debe existir conformidad entre todos los actos del procedimiento, aisladamente considerados, que componen el proceso. Si bien se pone énfasis por la doctrina en resaltar los nexos entre las pretensiones sostenidas por el actor y la sentencia, no se puede desconocer que tiene igualmente aplicación en relación con la oposición, la prueba y los recursos, teniendo su mayor limitación en cuanto a los hechos de la causa, ya que en lo referente al derecho aplicable, al juez le vincula al principio iura novit curiat, en el sentido que el juez conoce y aplica el derecho.[7]
Ahora bien, podremos sostener y con razón, que en nuestro derecho no existe un conjunto de disposiciones que regulen explícitamente este principio, que lo estructure en sus presupuestos, requisitos y efectos, pero no por ello ha sido desconocido en nuestro ordenamiento, por cuanto se refieren a la congruencia directa o indirectamente distintas normas, entre las que se cuentan aquellas que regulan el contenido de las sentencias, incluyendo –por supuesto- el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la forma de las sentencias del 30 septiembre de 1.920, a las cuales debemos agregar aquellas normas que sancionan formalmente su inobservancia, siendo este último tema el que será principalmente abordado en el presente artículo.
Manifestaciones del principio de congruencia en el proceso civil actual.
Tal como se dijo anteriormente, en nuestro sistema procesal civil este principio no se encuentra expresamente reglado,[8] pero sabemos que es necesaria su aplicación al momento de resolver el tribunal sobre el fondo del asunto. A través de ese acto jurídico procesal, éste principio se manifiesta como una limitante a las facultades del sentenciador, lo cual en caso de su contravención acarrea la nulidad del fallo, ya sea, mediante la interposición del recurso de casación formal o de oficio por parte del Tribunal Superior cuando verifique dicha anomalía en la sentencia (artículo 775 del Código de Procedimiento Civil).
En efecto, según dispone el artículo 768 del Código adjetivo “El recurso de casación en la forma ha de fundarse precisamente en alguna de las causas siguientes: 4ª En haber sido dada la sentencia ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o extendiéndola a puntos no sometidos a la consideración del tribunal, sin perjuicio de la facultad que éste tenga para fallar de oficio en los casos determinados por la ley“.
El artículo transcrito es indicativo del doble cariz que presenta el defecto en caso de verificarse, esto es: otorgar más de lo pedido, que es la ultra petita propiamente tal y, el extender el fallo a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, aspecto que conforma la denominada extra petita.
Tanto en nuestro país como en el derecho comparado, se ve en la denominada ultra petita -más allá de lo pedido-, un vicio que conculca un principio de la congruencia, rector de la actividad procesal y que se ve atacado, precisamente, con la “incongruencia” que pueda presentar una decisión con respecto al asunto controvertido. Así, v.gr., la Corte Suprema del Perú en un caso contra una empresa chilena señaló que: “el principio de congruencia procesal implica por un lado que el juez no pueda ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes y por otro lado la obligación de los magistrados es de pronunciarse respecto a todos los puntos controvertidos establecidos en el proceso, a todas las alegaciones efectuadas por las partes en sus actos postulatorios o medios impugnatorios”.[9]
Este principio, según nuestra Jurisprudencia, se basa en diversos fundamentos, ámbitos de aplicación y objetivos. Primeramente, busca vincular a las partes y al juez al debate y, por tanto, conspira en su contra la falta del necesario encadenamiento de los actos que lo conforman, a los que pretende dotar de eficacia. Por consiguiente, se trata de un principio que enlaza la pretensión, la oposición, la prueba, la sentencia y los recursos, al mismo tiempo que cautela la conformidad que debe existir entre todos los actos del procedimiento que componen el proceso. Si bien, son de vital importancia los nexos que han de concurrir entre las pretensiones sostenidas por el actor, las excepciones del demandado, la prueba y los recursos y sentencia que en definitiva se dicte, lo cierto es que el órgano jurisdiccional no queda circunscrito a los razonamientos jurídicos expresados por las partes, siendo de su cargo conocer y decir el derecho en lo que concierne al caso concreto –iura novit curia-, siempre, como se ha dicho, enlazando a las acciones y excepciones, alegaciones y defensas que las partes hayan sostenido en el pleito. [10]
En cuanto a los efectos que genera la transgresión de la congruencia, estos se sitúan, tal como se enunció, en la teoría de la nulidad procesal, que permite invalidar los actos que la contravienen. Es decir, se sanciona la transgresión de la congruencia porque constituye una garantía para las partes, un límite para el juez, que otorga seguridad y certeza a las partes e interviene la posible arbitrariedad judicial.
Ahora bien, la clasificación clásica que se hace de la incongruencia es la siguiente:
a) Incongruencia por ultra petita (ne eat judex ultra petita partium), que se produce al otorgar más de lo pedido, circunstancia que puede darse tanto respecto de la pretensión como de la oposición.
b) Incongruencia por extra petita (ne eat extra petita partium), al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del tribunal, que puede incluso estar referida a negar lo que no ha sido solicitado sea por vía de pretensión u oposición.
c) Incongruencia por infra petita (ne eat judex infra petita partium), defecto cuantitativo cuando se decide sobre una pretensión en extensión menor que lo solicitado, sea que se conceda o niegue y en el entendido que se ha requerido una cantidad determinada y no otra. También concurre si se otorga menos de lo reconocido por el demandado, y
d) Incongruencia por citra petita (ne eat judex citra petita partium), llamada también omisiva o ex silentio, que se produce al omitir la decisión de un asunto cuya resolución formó parte de la contienda y no existir autorización legal que permita así decidirlo, falta de pronunciamiento que puede ser total o parcial; igualmente al expresar que no se decide una acción o excepción por incompatibilidad, la cual resulta inexistente o se reservar el pronunciamiento para otra etapa u otro juicio, en circunstancias que no fue solicitado en tales condiciones y no lo ordena la ley.[11]
En este entendido, para efectos de verificar la presencia de esta infracción –la incongruencia-, nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que debe analizarse la cuestión controvertida en el pleito en su integridad, en comparación con la parte dispositiva de la sentencia, sea que ésta se encuentre en los considerandos decisorios, como en la resolución del fallo propiamente tal.[12]
Ahora bien, la “incongruencia”, según el profesor español Manuel SERRA, puede ser considerada “como la falta de adecuación entre las pretensiones de las partes formuladas oportunamente y la parte dispositiva de la resolución judicial”.[13] En similar sentido, el Tribunal Constitucional español ha sostenido que la incongruencia es “un desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado sus pretensiones que constituyen el objeto del proceso en los escritos esenciales del mismo. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido”.[14]
En consecuencia y más allá de lo sostenido, podemos concluir que en nuestro sistema procesal este principio se ha regulado mayormente vía doctrinal y jurisprudencial, dejando solo reglamentada en el texto legal su contravención, sin embargo, aun cuando no se manifieste expresamente y con la nitidez necesaria en el Código adjetivo, sabemos que el alma y vigor de todo ordenamiento jurídico, se encuentra también en sus principios, los que, además, conllevan naturalmente a la idea del justo, racional y debido proceso.
Regulación del principio de congruencia en el Proyecto de Ley del CPC.
Al igual que en nuestro Código adjetivo actual, el Proyecto de Ley del nuevo Código Procesal Civil[15] (en adelante PdCPC) no regula íntegramente éste principio, sin embargo, encontramos en él varias disposiciones que de forma expresa se refieren a la congruencia –lo que es un gran avance- por lo que nos referiremos únicamente a estas:
En el Libro I “Disposiciones generales”, Título XIII “De las resoluciones judiciales y su eficacia”, Capítulo 1° “De las resoluciones judiciales”:
“Artículo 201. Congruencia. Las resoluciones judiciales se pronunciarán conforme al mérito del proceso, y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido expresamente sometidos a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio”.
En este sentido, el PdCPC reitera lo expuesto en el artículo 160 del Código Procedimental, insistiéndose en la íntima correlación que debe existir entre la resolución, el decurso del proceso y las peticiones de las partes.
Ahora bien, sabemos que toda resolución judicial siempre debe pronunciarse conforme al mérito del proceso, no obstante, en la práctica encontramos una serie de resoluciones de carácter ambiguo y que no se condicen necesariamente con el íter procesal, careciendo además de toda fundamentación lógica. Este es el caso cuando un tribunal resuelve alguna presentación señalando “Estése al mérito de autos” o simplemente “No ha lugar”.
No obstante, es menester destacar que la situación planteada en el párrafo anterior no debiese suceder con la aplicación de la Reforma Procesal Civil, por cuanto, de conformidad a lo expuesto en el artículo 205 del PdCPC será obligación del tribunal fundamentar todas las resoluciones que dictare, expresando sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y de derecho en que se basaren las decisiones tomadas. Añadiendo, que la simple relación de actuaciones o piezas del registro desmaterializado (carpeta digital) no sustituirá en caso alguno la fundamentación.
Todo lo cual significa un gran avance en lo relativo a la motivación de las resoluciones judiciales, requisito esencial de todo debido proceso. En este entendido, el PdCPC viene a proscribir el viejo y arbitrario aforismo que señala: “si cautus sit iudex, nullam causam exprimet” (si el juez es cauto, no expresará la causa de su decisión).[16]
En el Libro III “Los Recursos Procesales”, Título I, Capítulo 1° “Disposiciones comunes a todo recurso”:
“Artículo 362. Congruencia. El tribunal que conociere de un recurso sólo podrá pronunciarse sobre las peticiones concretas formuladas por los recurrentes, quedándole vedado extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellos o más allá de los límites de lo solicitado, salvo en los casos en que la ley le facultare para proceder de oficio”.
Podemos vislumbrar del artículo transcrito, la importancia de realizar “peticiones concretas” en cada recurso, es decir, de efectuar peticiones precisas, claras y sin contradicciones, radicando su exigencia e importancia en que ellas fijan el ámbito de la competencia del tribunal llamado a conocer del recurso. En este entendido, su carencia o falta de prolijidad en su planteamiento, conllevaría necesariamente la inadmisibilidad del recurso.
Por su parte, debemos señalar que el PdCPC establece una novedad en el ámbito procesal civil al consagrar y prohibir la denominada reformatio in peius (artículo 363), es decir, que el tribunal que conoce de un recurso no podrá reformar la resolución en perjuicio del recurrente. Con esto se pretende lograr que nadie se abstenga de interponer un recurso por el temor de verse desfavorecido de un modo más severo en la instancia siguiente.[17]
Para el profesor DE LA RÚA, la prohibición de la reformatio in peius es una consecuencia del principio de congruencia, según el cual la sentencia debe limitarse a las pretensiones que forman el objeto del proceso, que tiene en segunda instancia manifestaciones más específicas, más limitantes y rigurosas, ya que esta instancia tiene un objeto propio, que son las pretensiones impugnativas de los recurrentes, y la voluntad de éstos limita o condiciona más al juez del recurso. Por ello, sostiene que la competencia funcional del tribunal de alzada está determinada por los motivos indicados por el recurrente en función de los agravios ocasionados por el fallo.[18]
En consecuencia, de lo expresado anteriormente se puede vislumbrar un interesante aporte a la reglamentación del sistema recursivo civil.
En el Libro III “Los Recursos Procesales”, Título III “El Recurso de Apelación”:
“Artículo 381. Causales específicas del recurso. Cuando el recurso de apelación se fundamente en la infracción a las normas que consagren derechos o garantías procesales cometidas en el primer grado jurisdiccional, deberá alegarse y configurarse una o más de las siguientes causales:
d) Que la sentencia se hubiere dictado ultrapetita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o extrapetita, esto es, extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de la facultad que éste tenga para fallar de oficio en los casos determinados por la ley”.
Como podemos apreciar, el PdCPC reitera la causal de nulidad formal establecida en el Código Procedimental y que fue tratado supra, pero con la salvedad que el recurso por el cual se denuncia dicha infracción es el de apelación.
En este entendido, el PdCPC elimina el recurso de casación en la forma, reuniendo sus causales en la regulación del nuevo recurso de apelación que pierde su tradicional condición de recurso de enmienda, para asumir, simultáneamente, la condición de recurso de nulidad.
En otras palabras, la apelación, a diferencia de la contemplada en el actual Código de Procedimiento Civil, tendrá un objeto mucho más amplio, no limitado a la modificación o revocación de la sentencia, sino que podrá incluir la declaración de nulidad, ya sea del procedimiento o de la propia sentencia.
Así, se señala que el objeto del recurso de apelación será obtener del tribunal superior respectivo, que enmiende o revoque, conforme a derecho, la resolución del inferior, total o parcialmente, con base precisa en las pretensiones, excepciones o defensas formuladas en su caso, ante el tribunal inferior, pudiendo alegarse además, o bien exclusivamente, la infracción a normas que consagren derechos o garantías procesales cometidas en el primer grado jurisdiccional, para obtener la invalidación del juicio y de la resolución respectiva o solamente de ésta, y ello por las causales específicas señaladas en este Título.[19]
Ahora bien, respecto del carácter ecléctico que se pretende dar a la apelación, nos parece bastante discutible dicha innovación, toda vez que el nuevo sistema recursivo debiera separar las aguas en lo tocante al objeto del nuevo recurso, esto con el fin de evitar complejidades al momento de su interposición, admisibilidad y posterior pronunciamiento por parte de los tribunales intervinientes. En efecto, se podría seguir la misma línea de lo acontecido en materia procesal laboral, ya que en dicha área el recurso de apelación coexiste con el de nulidad, diferenciándose ambos recursos del objeto y tipo de resoluciones que son impugnables a través de ellos, eso sí, mejorando el modelo del recurso de nulidad laboral, ya que éste no es del todo fructífero para el recurrente atendido el alto porcentaje de su rechazo y ni hablar del denominado recurso de unificación de jurisprudencia.
En este sentido, nuestro sentido común nos indica que para implementar un nuevo sistema procesal no es necesario ser tan radical y abolir completamente el sistema imperante, es más, resulta completamente útil rescatar lo positivo del sistema vigente y mejorarlo, así se construye sobre cimientos sólidos. No se trata de rechazar la implementación tendencias modernas o de negarse a las técnicas que han resultado efectivas en el derecho comparado, al contrario, se trata de mejorar el sistema en base a lo empírico y, en lo posible, adecuar dichas tendencias a nuestra tradición jurídica nacional, respetando –ciertamente- los principios que inspiran la reforma procesal civil.
En conclusión, encontramos un avance en el PdCPC al manifestar expresamente la congruencia en su articulado lo cual, además, nos proporciona cierta seguridad jurídica de que cada resolución deberá pronunciarse motivada y de acuerdo al mérito del proceso. Acto seguido, no debiesen existir decisiones inconciliables con el objeto del juicio y que perjudiquen los legítimos intereses de alguna de las partes, lo que no es óbice –en el caso de producirse- para la presentación de los recursos establecidos en la nueva ley procesal.
Por último, debemos tener presente que este principio es un pilar básico de todo proceso y, como tal, resulta imperioso que se vea reflejado en toda resolución, por cuanto, lo lógico y natural es que un fallo sea coherente con lo peticionado por las partes. Esta exigencia no sólo dice relación con un asunto exclusivamente procesal –que importa la idea del racional, justo y debido proceso que debe alcanzarse en la sentencia– sino porque, además, se relaciona con un tema externo a la procesabilidad indicada, que se enmarca en la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo manifestado por el juez y que hace posible, asimismo, el convencimiento de las partes en el pleito, evitando la impresión de arbitrariedad al tomar éstas conocimiento del porqué de una determinación judicial.
[1] Botto, Hugo, La Congruencia Procesal (Editorial de Derecho, 2007), p 151.
[2] Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima segunda edición, disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=congruencia [última consulta: 11 agosto 2012].
[4] Ayarragaray, Carlos, Lecciones de Derecho Procesal (Editorial Perrot, Argentina, 1962), p. 83.
[5] Devis Echandía, Hernando, Teoría General del Proceso, II (Editorial Universidad, Argentina, 1985), p.533.
[7] En este sentido, sentencia Corte Suprema, 24 junio 2011, rol N° 1716-2009.
[8] En el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil encontramos una referencia a este principio, al señalar la norma en comento, que las sentencias deberán pronunciarse conforme al mérito del proceso y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido expresamente sometidos a juicio por las partes.
[9] Caso contra Compañía Chilena de Navegación Interoceánica S. A., Corte Suprema de la República del Perú, casación Nº 1308-2001, Lima, 07 septiembre 2001 (Publicada el 02 de enero del 2002).
[10] En este sentido, sentencia Corte Suprema, 07 junio 2011, rol N° 430-2010.
[11] La citra petita se regula en la causal N° 5 del artículo 768, en relación con el N° 6 del artículo 170, ambos del Código de Procedimiento Civil.
[12] Sentencia, cit. supra (N° 7).
[13] Serra, Manuel, Derecho Procesal Civil (Editorial Ariel Barcelona, España) p. 395.
[14] Vid STC 124/2000; STC 174/2004 y STC 130/2004.
[15] Vid Mensaje N° 004-360 enviado el 12 de marzo de 2.012, disponible en: http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=8596&prmBL=8197-07 [última visita 14 agosto 2012].
[16] Salas, Minor, ¿Qué significa fundamentar una sentencia? O del arte de redactar fallos judiciales sin engañarse a sí mismo y a la comunidad jurídica, disponible en: http://www.uv.es/CEFD/13/minor.pdf [última visita 28 de agosto de 2012], p. 4.
[17] La excepción a esta regla se produce cuando la otra parte también hubiere recurrido en contra de la misma resolución, o hubiere adherido al recurso entablado por la primera, en los casos permitidos por la ley.
[18] De La Rúa, Fernando, “Límites de los recursos. La prohibición de reformatio in peius en materia penal y civil”, en Teoría General del Proceso (Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1991) p. 214.
[19] Vid Mensaje N° 004-360, cit. supra (N°15), p.37.
CARGAS PROBATORIAS DINÁMICAS EN EL PROYECTO DEL CPC.EL RECURSO EXTRAORDINARIO. La cuestionada innovación del Proyecto de Ley del nuevo CPC.
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References: artículo 768
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 160
 resolución 
 artículo 205
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 artículo 768
 artículo 170