Source: http://afectadosleydecostas.blogspot.com.es/2009/
Timestamp: 2017-07-27 22:52:27+00:00

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Muy Sr/a Mio/a,El informe Auken sobre el impacto de la extensiva urbanizacion en Espana, adoptado en marzo por el Parlamento Europeo, pidio que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, tambien pudiera decidir el apartar los fondos para politica de cohesion en la reserva si lo considera importante para persuadir a un estado miembro a finalizar infracciones serias de las reglas y principios que debe respetar como Tratado o como resultado de la aplicación de ley Europea, hasta que se de el momento en el que el problema este resuelto.Los Verdes / Grupo EFA en el Parlamento Europeo ha decidido listar una enmienda para el presupuesto de 2010 a este efecto. La enmienda fue rechazada en el Comite Presupuestario. No obstante, ahora ha sido reformulada para el voto pleno sobre el presupuesto del 22 de octubre en Estrasburgo. Por favor, vote a favor de la enmienda.Un saludo cordial.MARGRETE AUKENPor favor, accede a http://www.facebook.com/l/f0947;auken.pnalc.com pon tu nombre y correo-e y envia la carta. En menos de medio minuto puedes apoyar a los afectados/perjudicados por la ley de costas.(Hay que firmar hoy día 21, ya que la votación de Estrasburgo es el 22).El ayudante de la PNALCPara los que tengan más tiempo lean el artículo de Margrete Auken (aprox 5 min.)...El Parlamento Europeo reitera su posición:"la obligación de ceder propiedad privada adquirida legítimamente, sin el debido proceso y una compensación adecuada, ......., constituyen una violación de los derechos fundamentales de la persona en la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ".El Parlamento Europeo pide a España y sus Regiones:? revisar a fondo toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios individuales como resultado de la urbanización masiva;? la abolición de los agentes de la urbanización;? de suspender y revisar los nuevos planes de urbanización que no respetan los estrictos criterios de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social y que no garantizan el respeto a la propiedad legítima de la propiedad legítimamente adquirida;? el cese de todos los desarrollos existentes en los criterios establecidos por la legislación de la UE no se están aplicando o respetado;? la creación de funcionamiento de los mecanismos judiciales y administrativos que afectan a defensores del pueblo regionales para acelerar la reparación y medidas de compensación para las víctimas de abusos urbanísticos.Observaciones del Parlamento Europeo:? la aparente incapacidad de las autoridades judiciales para proporcionar una reparación efectiva de los ciudadanos que han sufrido de la excesiva urbanización, y la falta de confianza de los ciudadanos en el sistema judicial;? creciente evidencia de que jueces están empezando a tomar más en serio los abusos urbanísticos;? si autoridades locales saben que planes urbanísticos no se habían establecido con respecto a la legislación de la UE y de los derechos fundamentales de los ciudadanos, son justificados de cancelar dichos planes;? la laxitud en el proceso judicial no sólo ha agravado el problema, pero generó también una forma endémica de la corrupción;Sobre la Ley de Costas:El Parlamento Europeo apoya los objetivos españoles a proteger el medio ambiente costero para promover la biodiversidad y la regeneración de las especies autóctonas de la fauna y la flora, sin embargo, no puede apoyar los aspectos de esta ley con carácter retroactivo.Tampoco apoya a los especuladores y los promotores que han construido complejos turísticos masivos con la complicidad de las autoridades locales.Sobre el Presupuesto: reservar 185 millones?El Parlamento Europeo recuerda que, como autoridad presupuestaria, tiene la potestad de poner los fondos en la reserva, si lo considera necesario, a fin de convencer a un Estado miembro a fin violaciones de la ley de la comunidad y los principios básicos de la Unión Europea.Como no hemos visto ninguna señal clara de una auténtica voluntad y esfuerzo para resolver los problemas señalados en la Resolución del Parlamento Europeo, los Verdes / Alianza Libre Europea ha presentado una enmienda al proyecto de presupuesto de la Unión.Si se aprueba, la enmienda se establece 185 millones de euros en reserva para demostrar la determinación del Parlamento a las comunidades autónomas en España que de forma persistente y grave violación de sus obligaciones de respetar los principios sobre los que se fundamenta la Unión, ......Mas sobre el Presupuesto: reservar 185 millones?Ese dinero se quedaría en la reserva hasta que el Parlamento Europeo ha recibido garantías de que tales planes serán aprobados y adoptados, y derogada y sustituida por los planes que respetar el derecho fundamental a la propiedad privada protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así que el Derecho comunitario en los aspectos esenciales mencionados en la resolución del Parlamento Europeo del 26 de marzo de 2009.Nota:(Soy muy consciente del hecho de que la economía española se encuentra en una profunda recesión, y que el desempleo es un problema grave en España en este momento. En este contexto, la congelación de fondos europeos puede parecer un planteamiento muy duro. Sin embargo, estoy convencido de que tratar de seguir adelante con negocios como antes, que continúa con los numerosos proyectos de urbanización a gran escala sólo sería una receta para el retorno de una crisis más profunda.Sencillamente, no es una perspectiva realista para la economía! Por ello, quiero señalar que la Unión Europea podría ofrecer financiación para otras actividades económicas, como la mejora de la eficiencia energética de los edificios y viviendas.Esto podría ofrecer un alivio relativamente rápido de la grave situación del empleo en el sector de la construcción, mientras que al mismo tiempo que permite el ahorro privado y público, y una mayor independencia energética en el futuro.Mejor gestión del agua es una de las prioridades de los Fondos de Cohesión, que podría utilizarse para mejorar y restaurar la infraestructura existente para la transmisión de agua.Con los informes, alrededor del 40% del agua en la región está "perdida en la transmisión", estas medidas podrían hacer mucho para mejorar la disponibilidad de agua para consumo humano y la agricultura -, mientras que al mismo tiempo, crear puestos de trabajo.Sin embargo, si el gobierno regional, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Valencia, persiste en sus políticas y violaciones de los principios básicos de la las leyes de la UE, ¿por qué debería ayudar la UE para esto, con sus fondos?¿Qué más se puede hacer?Por las autoridades españolas, por supuesto, mucho hay que hacer y rápidamente, a respetar las opiniones del Parlamento Europeo sobre esta cuestión. El Parlamento, a través de la Comisión de Peticiones, seguirá hablando en el apoyo de todos ustedes y garantizar un adecuado seguimiento de la resolución se da.----------MARGRETE AUKEN----------To reply to this message, follow the link below:http://www.facebook.com/n/?inbox/readmessage.php&t=1053739679395&mid=148d1f2G21ce43c3G2f2b2fcG0___
1) La declaración constituye un reconocimiento de las denuncias contenidas en el Informe sobre aplicación abusiva, arbitraria y retroactiva de la ley de costas, elaborado para la Plataforma y presentado ante el Parlamento Europeo como queja contra España.2) Resulta especialmente significativo que la Directora General reconozca la práctica abusiva seguida durante veinte años, y denunciada repetidamente por la Plataforma: ignorar el derecho de los afectados a la concesión administrativa prevista como indemnización por la pérdida de su propiedad y al mismo tiempo otorgar dicha concesión, para inmediatamente rescatarla, solo en los casos en los que había prevista una obra pública.Esto significa dos cosas:a) dar plenamente la razón a la Plataforma, cuando denunció en la sesión ante el Parlamento Europeo de 20.01.09 que se estaba produciendo un mecanismo de expropiación sin indemnización ....b) pervertir el ordenamiento jurídico, transformando la concesión en un motivo de intranquilidad y miedo, al ser sinónimo de derribo, en lugar de significar seguridad jurídica y estabilidad, tal como prevé la ley de costas......3)No es cierto que se vaya a reconocer derechos de concesión a todos los propietarios de casas sobre la arena, tal como publica el País. Desafortunadamente, son muchos los casos en los que la ley no reconoce este derecho. Por ejemplo, cuando los bienes ya habían sido declarados dominio público por un deslinde anterior o cuando el deslinde en cuestión es el primero que se tramita, incluso cuando la vivienda fuera de principios de siglo y estuviera inscrita en el registro de la propiedad. Es incalculable el número de ciudadanos que se encuentran en esta situación, y para los cuáles sigue siendo cierto que en España se practica la expropiación sin indemnización. Precisamente para resolver esos problemas presentamos a los partidos políticos una enmienda a la ley de navegación marítima orientada a que estos ciudadanos pudieran beneficiarse también del derecho de concesión. La iniciativa tenía por objeto evitar los derribos masivos que planeaba el Ministerio de poblados litorales tradicionales y humildes en Canarias, Galicia y otras partes del litoral. La enmienda fue presentada por Coalición Canaria y está en trámite.4) El Ministerio reconoce que es imposible cuantificar el número de afectados con derecho a la concesión que no son titulares de la misma. Esto es lo mismo que reconocer el impresionante caos administrativo acumulado en la Dirección General de Costas durante estos veinte años, y desde luego se vuelve a dar la razón a la Plataforma cuando denunciaba que los ingenieros de costas solo están interesados en poner la línea, y todo lo demás se lo dejan sin hacer. Este todo lo demás incluye no solo el reconocimiento de las concesiones, cuando proceda, sino también la regularización de los inmuebles en el registro de la propiedad y el catastro. La increíble desidia de los responsables ha dado lugar a una bomba de relojería con la que las viviendas se están comprando y vendiendo, y las ventas se están inscribiendo en el registro de la propiedad, incluso cuando esas propiedades ya no existen por haber pasado al dominio público. El desbarajuste organizado por la propia Administración con su negligencia puede tener unas consecuencias impredecibles cuando los adquirentes se den cuenta de que los derechos que han comprado y pagado no existen. Todo esto obedece a la obsesión de los ingenieros de costas por deslindar a toda velocidad, dejando todo lo demás sin hacer y no reparando en las consecuencias.5) Las discrepancias sobre el inicio del cómputo para empezar a contar el plazo de la concesión son otra consecuencia de la negligencia de la Dirección General de Costas. El reglamento de costas manda que si los interesados no la reclaman, la Administración otorgará la concesión de oficio, y ellos no han hecho nada en estos veinte años, es decir, no han otorgado ninguna concesión de oficio, excepto las que eran necesarias para proceder a una inmediata demolición. El problema que plantea el diario El País (si el plazo empieza a contarse desde el otorgamiento, los pocos propietarios diligentes, que pidieron y obtuvieron la concesión, se verán comparativamente perjudicados respecto a quienes no hicieron nada, que siguieron y siguen disfrutando de la vivienda sin título durante unos años que no cuentan) nunca se habría originado si la Dirección General de Costas hubiera cumplido con sus obligaciones de otorgar la concesión de oficio después de pasado un año de la aprobación del deslinde. Los responsables se olvidaron total y absolutamente de este aspecto de la cuestión y aquí vemos las consecuencias.6) La orden de Narbona de 2007 no guarda mucha relación con la sentencia del Tribunal Constitucional 149/91, que tanto respeto mostró por la concesión de la Disposición Transitoria primera, apartado primero, de la ley de costas. Dijo le tribunal que la concesión era el pago en especie por una expropiación, y es razonable pensar que sus términos y condiciones deberían parecerse lo más posible al de la propiedad. Al contrario, Narbona aplicó a estos propietarios privados de sus bienes el régimen general de concesiones del reglamento de costas, es decir, las mismas normas que se aplican a quienes solicitan un espacio público en la arena para, por ejemplo, vender paellas. Entre otras limitaciones carentes de sentido se cuenta la de prohibir la transmisión inter vivos, que puede ser muy apropiada para los chiringuitos pero que resulta humillante para los propietarios desposeídos. Precisamente se dice por ahí que esta prohibición era una herramienta encubierta para que las concesiones así otorgadas carecieran de valor en mercado y de esta manera la Administración pudiera rescatarlas a precios ridículos.7) El reportaje del País, aún queriendo dar a conocer innegables mejoras adoptadas por el Ministerio de Medio Ambiente, no deja de ser una confesión de caos, irresponsabilidad e ineptitud acumulados en veinte años por los sucesivos responsables de la Dirección General de Costas, unos ingenieros de caminos, canales y puertos, depositarios de altas responsabilidades jurídicas, que demostraron que lo único que les interesaba era poner la línea y que nos han dejado en herencia una catástrofe legal de complicada solución. Sospechamos que el gobierno lo ignoraba todo y que por eso la bola de nieve ha ido creciendo y creciendo. Consideramos que el Ministerio debería hacer una confesión pública expresa y pedir perdón a la sociedad por la negligencia y el desbarajuste, pero también parece clara la necesidad de una reforma muy profunda y severa en la propia Dirección General de Costas, dejando entrar a titulados universitarios dispuestos a respetar los derechos civiles.8) El mecanismo de las concesiones administrativas como reparación por la pérdida de la propiedad es el testimonio de un país que intenta vivir por encima de sus posibilidades y un fracaso social, político y jurídico. España desea limpiar sus playas pero no tiene dinero para pagar las expropiaciones, así que se inventa ese mecanismo de la concesión, que a muchísimos propietarios no se les reconoce y a otros, aunque se les reconoce, no se les otorga. Incluso en el mejor de los casos, si la Administración hubiera cumplido su propia ley y cada ciudadano estuviera gozando de su concesión, incluso así la fórmula sería pobre, torpe e inadecuada. Aunque el Tribunal Constitucional haya declarado que la concesión es hábil como indemnización, nadie lo entiende, porque toda expropiación exige un justiprecio, esto es, un precio justo, y la concesión será un precio, pero ni es ni puede ser justo porque, por definición, es mucho menos que la propiedad. Por lo tanto, la medida que anuncia hoy el País, siendo simpática, no hace gracia a nadie ya que no hay un solo propietario que se sienta pagado con la concesión. Este es el motivo de que en el proyecto de reforma de la ley de costas elaborado por la Plataforma, se sustituya la concesión por un precio en dinero, como sucede en todas las expropiaciones.9) De la misma forma que los ingenieros de costas han sembrado durante veinte años el caos administrativo, el Ministerio está ahora dedicándose a poner parches en lugar de proceder a una reforma meditada, prudente y responsable, pero clara, de la ley de costas, que ha demostrado ser una ley confiscatoria que promueve la expropiación sin indemnización o con indemnización notoriamente insuficiente. El próximo día 1 de enero José Luis Rodríguez Zapatero será presidente de turno de Europa. De esa misma Europa que, a través de su Parlamento, le ha pedido a España que cambie la ley de costas para, entre otras cosas, establecer una compensación suficiente a favor de quienes pierden la propiedad. Esto es lo que tiene que hacer el gobierno. Enfrentarse al problema y resolverlo.10) La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas es consciente de que estos cambios y reformas se han originado como consecuencia del informe sobre aplicación abusiva, arbitraria y retroactiva de la ley de costas, su queja ante el Parlamento Europeo y el resto de su actividad de denuncia de los abusos. De no ser por estas denuncias e iniciativas, lo más seguro es que en el Ministerio no hubiera cambiado nada. La actividad de la Plataforma es un buen ejemplo de la necesidad de mantener una conciencia crítica y sobre todo de que los ciudadanos ejerzan sus derechos.José OrtegaPortavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas
EL PAIS 27 de Agosto de 2009El Ministerio de Medio Ambiente ha lanzado un programa de reconocimiento de derechos de los propietarios con casas construidas legalmente en la playa antes de 1988, cuando se aprobó la Ley de Costas. Por mucho que cueste explicarlo y más entenderlo, la Administración pretende así cumplir 20 años después la norma y otorgar a los dueños de las casas la concesión para utilizar sus propiedades en dominio público durante 30 años (ampliables a 60). Como el plazo sólo empieza a contar desde que se otorga la concesión, eso implica que, de facto, la mayoría de los dueños de casas sobre la arena podrán disfrutarlas más de 80 años después de la entrada en vigor de la ley.La aplicación de la Ley de Costas sigue siendo una utopía más de 20 años después de su aprobación. La norma daba cinco años para completar el deslinde de los 10.191 kilómetros de litoral.Con el trámite de deslinde, Costas delimita qué es terreno público y cuál puede quedar en manos privadas. Como se basa en criterios geográficos y hay mucho en juego -casi siempre acaba en la Audiencia Nacional- el deslinde se eterniza. Además, en los ocho años del Gobierno del PP apenas avanzaron los deslindes. El resultado es que hoy están deslindados 8.850 kilómetros (el 87%) y de lo que queda el 74% están en proceso, según Medio Ambiente. Sin ese trámite no se puede sancionar a un propietario ni se sabe cuánta gente tiene derecho a una concesión en dominio público.Ahora, con los deslindes avanzados, Costas pasa a la siguiente etapa: reconocer derechos a los dueños de propiedades en la arena. La ley establece que la playa es pública pero permite a quien tenga una casa construida legalmente antes de la norma que la utilice con una concesión durante 30 años (ampliables a 60 en muchos casos). Ese uso durante décadas era el pago del Estado por la expropiación. Cumplido el plazo, la propiedad pasa a ser pública y, previsiblemente, demolida para recuperar el uso público. Sin embargo, como explica la directora general de Costas, Alicia Paz, "el otorgamiento de las concesiones se ha trabajado poco". Las demarcaciones de Costas sí daban una concesión antes de expropiarla para construir un paseo marítimo o cuando había un proyecto para recuperar una playa. Fuera de eso, miles de propietarios que fueron incluidos en un deslinde nunca solicitaron ni obtuvieron una concesión. Costas afirma que es imposible cuantificarlos y que tiene que ir buscando en cada tramo de litoral a cuánta gente afecta.Costas se encuentra con el problema sobre cuándo debe entrar a contar el plazo, ya que hay sentencias contradictorias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo aún no ha unificado doctrina. La Abogacía del Estado, a una consulta de Costas, consideró que el plazo debe empezar cuando se otorga la concesión, lo que supone el criterio más favorable para el ciudadano. Pero esto tiene un reverso: quien cumplió, pidió y obtuvo una concesión disfrutará mucho menos tiempo de su propiedad que quien no hizo nada. En general, los negocios sí han pedido la concesión, ya que lo necesitaban para invertir. Muchos particulares no tienen el papel.La concesión se otorgará de acuerdo a una orden ministerial de 2007, en la que deja claro que para hacer grandes reformas hay que pedir permiso a Costas y que el Estado puede en cualquier momento rescatar la concesión a cambio de una indemnización. La orden, aprobada en la legislatura de Narbona, reafirma que las concesiones no se pueden comprar ni vender, sólo heredar. El equipo de Elena Espinosa, sin embargo, envió al Congreso en diciembre pasado una reforma de la ley para permitir la compra, pero la reforma ha encallado en el Congreso. El cambio también agiliza el otorgamiento de las concesiones "ya que no es discrecional, tienen derecho, así que evitábamos trámites como la información pública", explica Paz.El ministerio espera repartir las concesiones sin que se incendie la costa, pero algunos propietarios descubrirán que compraron propiedades que creían suyas y que en realidad son una concesión. Esto es así porque en la práctica el Registro de la Propiedad y el Catastro no informan de las servidumbres de la Ley de Costas. Paz explica que espera tener listo antes de fin de año un convenio con el Catastro para que incorpore la ley. Cuando alguien adquiere un chalé, el notario d el catastro y alertar al comprador.Otro previsible problema será el que tienen terrenos baldíos en primera línea. En esos casos, Medio Ambiente considera que no tienen derecho a concesión, ya que no tienen ningún aprovechamiento y pasarán inmediatamente a ser propiedad pública.http://www.elpais.com/articulo/espana/retraso/ley/eleva/anos/uso/privado/playa/elpepunac/20090827elpepinac_13/Tes
Muchos sabéis que en muchos casos, la última llamada de un ciudadano desesperado porque va a perder la vivienda es la que me hacen a mí. ... Y yo, como George de la Jungla, tengo suerte y detengo esos derribos ... Parte de ese éxito viene porque no me creo nada. Ni de la resolución de los expedientes, ni de las sentencias judiciales, ni de la apariencia, ni de nada. Cuando me preguntan si aún hay algo que se pueda hacer, primero pido ver el expediente. Me da igual que sea un expediente archivado con todas las presunciones del mundo de que el tema está ya resuelto y es definitivo. A esas presunciones no les tengo ningún respeto porque cuando abro una carpeta suelo encontrarme sapos y culebras. Unos sapos y culebras que por lo visto se vuelven estacionalmente invisibles, porque antes que yo no los había visto nadie....Se trata de una vivienda construida al parecer ilegalmente dentro de la servidumbre de protección, un asunto feo y difícil. ... Pero tomo el tren y me voy a la Dirección General de Costas para examinar el expediente....... la funcionaria, me atiende tan excelentemente como lo viene haciendo desde hace ya años. Con solo pedirlo, en cinco minutos tengo sobre la mesa los papeles. Yo tengo el ojo muy avisado, no para las puntas de flecha, sino para los sapos y culebras que permanecen invisibles para la mayoría.Y allí estaban mis sapos y culebras.La zona es un acantilado. La casa se estaba construyendo cuando se iniciaron las operaciones de deslinde. Hay en los papeles una nota más que reveladora que dice que por allí la señora X estaba edificando, pero fuera de la servidumbre de protección. Estupendo: la casa NO estaba en la servidumbre de protección. . Cogen y dicen que como han medido el acantilado y tiene menos de sesenta grados, no procede poner el dominio público marítimo terrestre por su coronación, sino situarlo abajo, junto a la ribera del mar, coincidiendo con el alcance de los temporales (esto puede ser un poco técnico, lo siento. Ved el art. 4 de la ley de costas y su equivalente del reglamento).. En lugar de bajar el dominio público marítimo terrestre al pie del acantilado, suben la ribera del mar hasta su coronación.. Al subir erróneamente la ribera del mar a la coronación del acantilado, la servidumbre de protección se movió hacia el interior, ya que se cuenta justamente desde la ribera del mar. Con esto la casa quedó dentro de la servidumbre de protección.Y luego, claro, vino el gobierno de Canarias, muy digno, y dijo: oiga usted, que ha construido ilegalmente en servidumbre de protección, pues ahora le tiro la casa abajo, hale.La metedura de pata de los ingenieros de costas es doble:-Por una parte no notificar a los propietarios que la casa había pasado a estar incluida dentro de la servidumbre de protección -La vivienda NO está y NUNCA estuvo en servidumbre de protección.¿Os dais cuenta del despropósito? ¿No veis cómo estamos conducidos y administrados por unos burros? Y lo principal ¿Os dais cuenta de lo importante que es que DEJEN VER LOS EXPEDIENTES? Es patético pensar que si me hubiera retrasado solo dos meses en consultar el expediente de este señor, su casa se vendría abajo y todos estos desalmados tan contentos y tan convencidos de haber cumplido con su deber y de que se hubiera hecho justicia.Pues bien, esto es lo que quieren impedir: La claridad, la verdad y la justicia. Quieren ocultar sus miserias, sus vergüenzas y sus errores.El otro día he descubierto otra igual. Hace unos meses se derribaron dos viviendas en la isla del Hierro. Era el mismo caso, unas viviendas en servidumbre de protección. Fui otra vez a Madrid a ver el expediente y me quedé a cuadros cuando leí un informe del Ayuntamiento de Valverde que decía que los terrenos ya eran urbanos antes de 1988, lo que significa que la servidumbre de protección tendría que haber tenido una anchura de 20 metros, no de 100, y que por tanto esas dos viviendas tampoco estaban en la servidumbre, sino en t,errenos hábiles para construir. Ahora ya no puedo revisar estos abusos y estos errores. Ni yo ni ningún otro abogado o afectado.Ya sabéis lo que dicen. Por un clavo se perdió una herradura, por una herradura un caballo, por un caballo un general y por un general una guerra.En todos estos años los funcionarios no sabían cómo me llamaba (no solo no pedían poderes, ni siquiera te preguntaban quién eras, lo que hasta a mí me sorprendía). En la siguiente visita empezaron los problemas. Tienen la resolución del Parlamento Europeo sentada en la boca del estómago y son incapaces de digerirla. Y saben quién es el culpable.Esto que están haciendo con la prohibición de acceso a los expedientes es un crimen. Hay muchas familias que van a llorar viendo cómo les echan abajo las casas solo porque los ingenieros de costas han decidido impedir todo derecho de defensa. El Estado no puede permitirse esta lacra. Debería quitar de en medio a los responsables, sean quienes fueren, de estas prácticas propias de la mafia.Sabéis que han publicado una nota de prensa metiéndose conmigo y diciendo, los cachondos, que cuando pido que me dejen ver los procedimientos pretendo un trato de favor. También dicen que los expedientes no se pueden ver íntegros para preservar el derecho a la intimidad de las personas que aparecen ahí, y ponen como ejemplo la dirección y el teléfono. Esto no vale ni siquiera como chiste, solo como evidencia de que carecen de argumentos, están contra las cuerdas y de su boca solo salen idioteces. Cuando leí estas razones, me fui a buscar por Internet, en las páginas blancas de telefónica, la dirección y el teléfono de la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y de su jefe, el Secretario General del Mar. Tardé segundos en obtener los datos. Esta es la pretendida intimidad que quieren preservar.Podéis hacer la prueba: Id a páginas blancas de telefónica y escribir ALICIA PAZ ANTOLÍN y en la provincia MADRID. Y luego lo mismo con JUAN CARLOS MARTÍN FRAGUEIRO. No pongo aquí sus datos , pero son del dominio público.En fin. Yo pongo un contencioso administrativo, la Sala reclama el expediente, y lo tengo en mi despacho durante un mes para hacer con él lo que quiera, incluyendo anotar los nombres, direcciones y teléfonos de todo Quisque. Al tribunal por lo visto esto no le preocupa. Pero el mismo expediente no puedo verlo en las oficinas de la Administración por culpa de que ahí hay teléfonos y direcciones. Nada tiene sentido y desde luego que esta batalla la van a perder, porque no pueden ir contra toda una cultura y toda una civilización. Esto que están haciendo son como fuegos fatuos de fascismo que aparece en forma de llamarada pero que se extingue en seguida.Fuerza para todos.José Ortegahttp://costasmaritimas.wordpress.com/2009/08/02/para-que-sirve-ver-los-expedientes/
Medio Ambiente litigará contra dos mil propietarios de pisos e inmuebles situados en primera línea de litoral por la aplicación del dominio marítimo-terrestre IGNACIO MARTÍNSANTA POLALa ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, ha expresado su intención de acelerar la apertura de los diversos expedientes de deslinde pendientes de resolver en la Comunidad Valenciana, que es la franja de costa del país donde restan más kilómetros de terreno por recuperar para el Dominio Público. Pero esta determinación del gobierno de Zapatero por aplicar una interpretación de la Ley de Costas, que muchos consideran retroactiva, choca con las múltiples reacciones de oposición que ha suscitado, tanto a nivel nacional como internacional.El propósito del Ministerio de Medio Ambiente es, el de resolver el espinoso asunto «antes de que finalice este año». Lo que convierte a la provincia de Alicante en el ojo del huracán de una disputa sobre la que están abiertos varios centenares de procesos judiciales en instancias nacionales e internacionales, por la gran cantidad, y variedad de condición, de los afectados por la aplicación de esta ley que pueden contarse diseminados por todo el litoral español. Un conflicto entre el derecho constitucional a la propiedad y el único debilitamiento de este mismo derecho que la Carta Magna contempla. Es decir, frente al principio del «interés social colectivo». Un interés general que, para la Dirección General de Sostenibilidad del Mar, estaría representado por su obligación «de garantizar la sostenibilidad de las costas». En la provincia de Alicante, y en todo el territorio insular y peninsular del litoral español.Pero, para el caso de nuestra provincia, el tiralíneas expropiatorio de Costas, va a tener mucho más trabajo que desplegar. Contando con que las cifras de personas que se declaran víctimas de esta ley, podrían convertir el programa del gobierno para recuperar la propiedad de la costa, en una batalla legal contra miles de pequeños propietarios de Alicante. De consecuencias impredecibles. LA APLICACIÓN DE LA LEY 247 kilómetros que vuelven al Estado......................EL CASO DE SANTA POLATres décadas después con los papeles.....................ARENALES DEL SOLLa raya deja fuera 800 viviendas....................Las cifras presentan un panorama en el que hará falta mucho más que una buena calculadora, para medir las consecuencias sociales de este conflicto que afecta a miles de familias propietarias de negocios o viviendas en nuestra provincia....................La condena, con todos los votos del Parlamento Europeo (PE) -excepto los europarlamentarios españoles del PSOE y el PP-, ha motivado preguntas de consulados o embajadas sobre «el estado del derecho a la propiedad en el Reino de España»; y cierto desconcierto entre los sectores económicos vinculados al turismo residencial de extranjeros de la Costa Blanca.............se han escuchado algunas voces de alarma, sobre las consecuencias de «inseguridad jurídica» que puede acarrear, el redibujo que los ingenieros de Costas, quieren imponer sobre los derechos de propiedad adquiridos con anterioridad a la aprobación de la actual Ley de Costas.ARTICULO COMPLETOhttp://www.laverdad.es/alicante/20090727/provincia/costas-barrera-provincia-antes-20090727.html
LA (SANTA) INQUISICIÓN HA RESUCITADOJulio 20, 2009Ved lo que publica hoy LA VERDAD de Alicante. A tres columnas en la portada y a página completa en el interior.Nos encotramos ante un proceso de descomposición democrática que requiere una intervención urgente. Tenéis que saber que por el momento la queja de nueve folios que presenté, razonada y fundamnetada, ante la Inspección General de Servicios, no está dando resultado hasta el extremo de que el jueves me llamaron para decirme que habían pasado el asunto al servicio de quejas y sugerencias de los ciudadanos, que es como el buzón de sugerencias donde puedes pedir más papeleras, yque me contestarían con la respuesta que diera la Directora General del ramo. No deja de ser cachondo, cuando es esta misma señora la que ha dado al parecer la orden de prohibición de ver los expedientes.Lo he denunciado de nuevo ante el Parlamento Europeo, pero como todo eso es lento y la familias que necesitan la consulta precisan una solución ya, nuestor único apoyo es la prensa, como suele suceder. Os tengo que pedir que vayáis a la página digital de LA VERDAD, busquéis este artículo y dejéis allí un comentario. ES MUY IMPORTANTE QUE DEJÉIS EL COMENTARIO, porque esto demostrará al ´periódico que el asunto interesa y puede que sigan investigándolo en llugar de dejarlo morir y con esto dejarnos morir a nosotros.Por favor, acudid a la edición digital del periódico, dejad el comentario, y reproducid esta petición a vuestros amigos y contactos para que lo hagan también. Ni siquiera hace falta que sean comentarios favorables. Es suficiente con que se vea que hay muchas persoans interesadas en el reportaje.Vínculo: Denuncian «por coacciones» a la Dirección de Costas por ocultar el deslinde de Jávea Hoy expira el plazo concedido por el Ministerio de Medio Ambiente para que los propietarios de unos 100 chalés emplazados en el Cabo de la Nao, en el término municipal de Jávea, puedan presentar alegaciones a la modificación de la línea del Dominio Público Marítimo Terrestre (DMPT).Los propietarios de estas viviendas, pertenecen, en su mayoría, a familias acomodadas de procedencia alemana, que residen o tienen su segunda residencia en este municipio de Alicante. La noticia de que la Dirección Provincial de Costas en Alicante ha negado el acceso a parte de la información del expediente de deslinde generaba un gran malestar entre los vecinos residentes en la zona. Una inquietud que les ha mantenido en vilo durante el fin de semana, dado que hoy, lunes finaliza el plazo para que los propietarios afectados puedan presentar alegaciones, tras cumplirse los 15 días posteriores al acto de apeo del pasado 2 de julio.El asesor jurídico de la Plataforma Nacional de Afectado por la Ley de Costas, José Ortega, presentó el pasado jueves una denuncia en el Juzgado número cuatro de Instrucción de Alicante, dirigida contra el funcionario responsable de los expedientes de deslinde de la Jefatura Provincial de Costas, ubicada en la alicantina Plaza de la Montañeta, por un «delito de coacción contra mi representado».Sin notificaciónOrtega afirma que uno de los pocos afectados españoles de este deslinde al que representa, «no ha recibido ningún tipo de notificación» y, además, «le niegan el acceso al expediente completo que le afecta para impedir el ejercicio de la defensa a su representante legal».El abogado alega en su denuncia que esta actitud de Costas «vulnera el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo». Una Ley promulgada para garantizar, según argumenta Ortega, «el acceso sin restricción por parte de los ciudadanos afectados, al estado de tramitación de los expedientes en curso».El representante legal de la Plataforma Nacional ha enviado ya un escrito al Ministerio de Medio Rural y Marino, dirigido por Elena Espinosa, protestando por la misma situación de bloqueo informativo.Además, Ortega ha dirigido otra protesta por la misma situación respecto a la negación de parte de los documentos que contiene el expediente del deslinde de Playa Lisa, en la localidad de Santa Pola. En este último texto, de un folio de extensión y dirigido a la Dirección Provincial de Costas, José Ortega denuncia «la misma indefensión para los vecinos de Playa Lisa».Según ha declarado a este diario José Ortega, el abogado tiene previsto trasladar esta situación de indefensión hacia los compatriotas alemanes, ante el cónsul general de este país, en Madrid. El letrado ha enviado este sábado un escrito al titular del consulado, adelantándole «lo perentorio de la situación por el abuso grave que se está produciendo en Jávea contra estas viviendas de ciudadanos alemanes».El abogado de la Plataforma Nacional explica en esta comunicación al cónsul de Alemania lo que él considera «una reacción de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa a la resolución del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2009». En referencia a la condena «por prácticas abusivas en relación con la Ley de Costas» que contó con la de la mayoría de los votos del Parlamento Europeo (PE).La reacción del Gobierno Español ante dicha condena del Parlamento Europeo, consistiría, según la denuncia manifestada por el representante legal de la mayoría de los afectados en nuestra provincia «en bloquear la posibilidad de conocer el expediente a los defensores de los ciudadanos afectados».«Hasta ahora nunca se había producido un problema así», añade José Ortega, después de una semana de peleas administrativas con los funcionarios de Costas de la Plaza de La Montañeta. «Las restricciones del acceso a los expedientes comenzaron en el pasado mes de mayo; y son totalmente contrarias a la Constitución, a la ley y a las directivas de la UE», añade.«Propio de Torquemada»El abogado, que está litigando en todos los frentes de la costa española contra los expedientes de expropiación y derribo de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, ha declarado a este diario «no haber visto nunca, desde que ejerzo el Derecho ninguna situación tan parecida al código de justicia del inquisidor Torquemada, en la cual las víctimas eran condenadas sin poder conocer ni si quiera los motivos y las argumentaciones de las acusaciones que se dirigían contra ellos».IGNACIO MARTÍN SANTA POLA 20 de Julio de 2009 foto JOSE IGLESIAS

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 artículo 35
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