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﻿ SENTENCIA C-829 DE AGOSTO 8 DE 2001
SENTENCIA C-829 DE 08 DE AGOSTO DE 2001
CONTENIDO:PROCESO DE SEPARACIÓN DE BIENES. TANTO LA MUJER COMO EL HOMBRE PUEDEN SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES. LA CORTE SE DECLARA INHIBIDA PARA EMITIR PRONUNCIAMIENTO DE FONDO POR CARENCIA DE OBJETO CON RESPECTO AL ARTÍCULO 201 EL CÓDIGO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DE SEPARACIÓN DE BIENES, SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO DE SEPARACIÓN DE BIENES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:358 DE OCTUBRE DE 2001, PÁG.1990
Sentencia C-829 de agosto 8 de 2001
TANTO LA MUJER COMO EL HOMBRE PUEDEN SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES
SENTENCIA NÚMERO C-829 DE 2001
Ref.: Expediente D-3348
Demanda de inconstitucionalidad parcial en contra del artículo 201 del Código Civil
Actor: Mauro Antonio Higuita Correa.
A continuación se transcribe el texto de la disposición objeto de proceso, resaltando el objeto de la demanda:
ART. 201.—Medidas cautelares. Demandada la separación de bienes, podrá el juez, a petición de la mujer, tomar las providencias que estime conducentes a la seguridad de los intereses de ésta mientras dure el juicio”.
1. Competencia y fundamento de la decisión.
Por dirigirse la demanda contra disposiciones que forman parte de una ley de la República, en principio sería competente la Corte Constitucional para decidir sobre su constitucionalidad, según lo prescriben el numeral 4º del artículo 241 de la Carta Fundamental. Sin embargo, como quiera que dentro del proceso de constitucionalidad se ha planteado que el artículo demandado ha perdido vigencia en razón a lo previsto en los artículos 445 y 691 del Código de Procedimiento Civil, es necesario establecer si el mismo es una norma vigente, de tal manera que la Corte deba emitir juicio de mérito, o si por el contrario, ha desaparecido del ordenamiento, lo cual impondría un fallo inhibitorio. Sobre este punto, frente a un caso análogo al que se debate, dijo esta corporación:
“Por lo tanto, conforme a los principios según los cuales el juez debe conocer el derecho —iura novit curia—, y tiene la competencia para determinar su propia competencia —competance de la competance—, esta corporación debe analizar la vigencia de una disposición, para determinar su propia competencia, cuando dentro del desarrollo del proceso surjan razones para creer que, debido a la falta de vigencia de una disposición, la Corte carece de competencia para proferir un pronunciamiento de fondo” (1) .
(1) Corte Constitucional, Sentencia C-329 del 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Y más adelante, consideró, respecto de la competencia asignada a esta corporación por el artículo 241 inciso primero y numerales 4º y 5º de la Constitución Política:
“El ejercicio de esta dos funciones presupone dos condiciones: En primer lugar, que exista una demanda ciudadana contra alguna de tales disposiciones (C.P., art. 40, num. 6º), que contenga cargos referidos a su contenido material o vicios de procedimiento en su formación; y en segundo lugar, que las disposiciones demandadas hagan parte del ordenamiento jurídico vigente o que se encuentre produciendo efectos jurídicos actuales, al momento en que la Corte profiera su decisión. La ausencia de cualquiera de las condiciones anteriores supone una carencia de competencia de la Corte para proferir una decisión, la cual, conforme al mandato constitucional contenido en el mismo artículo 241, ha de ejercerse “en los estrictos y precisos términos de este artículo” (2) .
1.1. La norma acusada hace parte de las disposiciones que le daban a la mujer una especial protección, en razón a que antes de la expedición de la Ley 28 de 1932, el Código Civil tenía establecida la incapacidad civil de las mujeres casadas (3) y la jefatura única de la sociedad conyugal por parte del marido (4) . Tal situación significaba para las mujeres una situación de desventaja frente a la posibilidad de que durante el trámite de la separación, el marido dispusiese de los bienes conyugales, o los mismos fuesen perseguidos por los acreedores de éste. De ahí que el artículo 201 del Código Civil, permitía a la mujer que iniciaba la separación de bienes, solicitarle al juez, que tomara las medidas cautelares necesarias para proteger sus intereses. Igualmente el Código Judicial, Ley 105 de 1931, tenía establecidas normas especiales de protección a la mujer en el proceso de separación de bienes (5) .
(3) El parágrafo tercero del artículo 1504 del Código Civil, ponía a las mujeres casadas dentro del grupo de los incapaces relativos, y el artículo 62 del Código Civil, le daba al marido la representación de su mujer.
(4) De conformidad con el artículo 1805 del Código Civil, “el marido es jefe de la sociedad conyugal y como tal administra libremente los bienes sociales y los de su mujer”. A su vez el artículo 1806 consideraba al marido, respecto de terceros, como dueño de los bienes sociales.
(5) El artículo 792 del código judicial determinaba: “Antes de iniciarse el juicio de nulidad del matrimonio, o el de divorcio, o durante él, debe el juez tomar las medidas preventivas autorizadas en la ley. Tales providencias se pueden tomar de una vez, o a medida que vayan siendo menester, y el juez, al hacerlo, ha de tener en cuenta que ellas están consagradas especialmente por la ley para proteger a la mujer”. El artículo 802 del código judicial establecía que eran aplicables al juicio de separación de bienes los artículos 792, 793 y 795. Las medidas preventivas que permiten tomar las normas transcritas estaban autorizadas por los artículos 3º de la Ley 95 de 1890, 157 y 201 del Código Civil y 3º de la Ley 8ª de 1922. El artículo 3º de la Ley 95 de 1890 determina: “Podrá el Juez dictar, a petición de la mujer, las medidas provisionales que estime convenientes para que el marido, como administrador de los bienes de la mujer, no cause perjuicio a ésta en dichos bienes, ni en lo que corresponda en los gananciales de la sociedad conyugal”. La Ley 8ª de 1922 en su artículo 3º preceptuaba: “El juez competente dictará las medidas preventivas de que trata el artículo 201 del Código Civil, a petición de cualquiera de las personas que pueden demandar la separación de bienes, de plano, sin exigir prueba alguna y en el término de veinticuatro (24) horas, aún antes de propuesta la demanda dicha de separación de bienes. En ese último caso se propondrá, ante el mismo juez, la demanda de separación de bienes dentro de los diez (10) días siguientes en que se haya cumplido las medidas preventivas decretadas por el juez. Si la demanda no se propusiere dentro del término indicado de diez (10) días, por ese sólo hecho caducarán las medidas preventivas.
1.2. La Ley 28 de 1932, concedió plena capacidad civil a la mujer casada mayor de edad, permitiéndole la libre administración de sus bienes y suprimió la jefatura de la sociedad conyugal en cabeza del marido, razón por la cual la norma perdió su razón de ser. Sin embargo, sólo hasta 1970, con la expedición del Decreto-Ley 1400 del mismo año, “por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil”, se suprimió la prerrogativa exclusiva de la mujer para pedir las medidas cautelares dentro del proceso de separación de bienes y la restricción según la cual, las mismas sólo podían decretarse para la protección de los intereses de ésta. En efecto, en el artículo 422 de ese decreto se establecía cuáles eran las medidas cautelares que podían decretarse en los procesos de separación de bienes, mediante la remisión a las “autorizadas en el artículo 691”. Ese artículo, a su vez, establecía que cualquiera de las partes dentro del proceso de separación de bienes podía solicitar las medidas cautelares allí previstas. Dicha disposición, fue luego ratificada por el Decreto 2282 de 1989 “por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil”. A su vez, este último decreto, en el numeral 249 de su artículo primero, adicionó lo previsto en el artículo 422 del Decreto 1400 de 1970, al disponer que dicho artículo, ahora con el número 445, quedaría así: “Cualquiera de los cónyuges podrá pedir la separación de bienes. En estos procesos se podrá decretar las medidas cautelares autorizadas en el artículo 691”.
Por las anteriores consideraciones, es claro que la norma acusada es tan sólo un dato histórico, pues lleva más de treinta años sin producir efectos, dado que al amparo de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, tanto el hombre como la mujer pueden pedir las medidas cautelares que la ley ha previsto dentro de los procesos de separación de bienes.
En estas condiciones, estima la Corte que respecto de la disposición acusada ha operado el fenómeno de la derogatoria, bien sea tácita o por regulación integral de la materia, tal como pasa a establecerse.
1.3. La Ley 153 de 1887, de acuerdo con su artículo 1º, tiene entre sus objetivos el de fijar las reglas que habrán de tenerse en cuenta “siempre que se advierta incongruencia en las leyes, u ocurra oposición entre ley anterior y ley posterior...”, circunstancia que es precisamente la que se presenta en el caso que ahora es objeto de estudio por la Corte.
La Ley 153 de 1887, en su artículo 2º dispone que “la ley posterior prevalece sobre la ley anterior” y en su artículo 3º establece: “Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería”.
La Corte Suprema de Justicia, en providencia que resulta particularmente ilustrativa para el presente caso, distinguió entre derogación expresa, tácita y orgánica, en los siguientes términos:
“Poniendo en relación los artículos 71 y 72 del Código Civil con el 3º de la Ley 153 de 1887, por la forma en que ella se produce, la derogación de una ley puede ser expresa, tácita y orgánica. Es de la primera especie cuando la nueva ley suprime formalmente la anterior; es de la segunda, cuando la norma posterior contiene disposiciones incompatibles con las de la antigua; y es de la tercera, cuando una ley nueva regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería.
(...). La derogación orgánica, que para no pocos autores no pasa de ser un faz de la derogatoria tácita, sólo se da es verdad cuando la nueva ley “regule íntegramente la materia” que la anterior normación positiva disciplinaba. Empero, el determinar si una materia está o no enteramente regulada por la ley posterior, depende, no tanto del mayor o menor número de disposiciones que contenga en relación con la antigua, sino de la intención revelada por el legislador de abarcar con la nueva disposición o disposiciones toda una materia, aunque en realidad no haya incompatibilidad alguna entre éstas y las de la ley anterior.
Sea de ello lo que fuere, lo evidente es que hay que suponer que la nueva ley realiza una mejora en relación con la ley antigua; que aquella es más adecuada a la vida social de la época y que por tanto responde mejor al ideal de justicia, ideal y necesidad éstos que tornan en urgente la aplicación de la nueva ley; aplicación que por lo mismo debe ser lo más amplia posible para que desaparezcan las situaciones que el propio legislador ha querido condenar y evidentemente arrasó con la ley nueva. Es un principio universalmente reconocido que cuando un legislador emite dos voluntades diversas, la más reciente prevalece” (6) .
(6) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia marzo 28 de 1984.
En el mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-634 de 1996 (M.P. Fabio Morón Díaz): “La derogatoria puede ser expresa, tácita o por reglamentación integral (orgánica) de la materia, sucediendo la primera cuando la nueva ley suprime formal y específicamente la anterior; la segunda, cuando la ley nueva contiene disposiciones incompatibles o contrarias a las de la antigua, y la tercera, cuando una ley reglamenta toda la materia regulada por una o varias normas precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre las disposiciones de éstas y las de la ley nueva”.
Por su parte, las normas relativas a aplicación de la ley, que por disposición de la Ley 57 de 1887, hacen parte del Código Civil, establecen el criterio de especialidad, conforme al cual prevalece la norma especial, bien sea por razón de la materia o del cuerpo normativo en el que se encuentre.
1.4. La disposición acusada, en cuanto establece una limitación en el sentido de que sólo la mujer está legitimada para solicitar el decreto de medidas cautelares dentro del proceso de separación de bienes y en la medida en que habilita al juez para que, con base en esa solicitud, tome las providencias que estime conducentes a la seguridad de los intereses de ésta, es claramente incompatible con las normas que en la actualidad regulan el proceso de separación de bienes.
En efecto, hoy, conforme a lo dispuesto en los artículos 445 y 691 del Código de Procedimiento Civil, tanto la mujer como el hombre están legitimados para solicitar el decreto de medidas cautelares dentro del proceso de separación de bienes. Y, de la lectura conjunta de esas dos disposiciones se desprende que las medidas cautelares que es posible tomar dentro del proceso de separación de bienes, para la protección de los intereses de ambos cónyuges, son las previstas en el artículo 691 del Código de Procedimiento Civil. Esta nueva regulación resulta claramente contraria a todos los contenidos normativos del artículo 201 del Código Civil.
La evidencia en la contradicción de los contenidos normativos hace que ellos resulten incompatibles en un mismo ordenamiento jurídico. No pueden pertenecer a él de modo simultáneo y por consiguiente debe entenderse que el artículo 201 del Código Civil ha sido derogado de manera tácita.
2.5. A la misma conclusión se arriba si se aplica en todo su rigor el criterio de la derogatoria por regulación integral de una materia.
En desarrollo del principio de legalidad del proceso, todos los elementos de éste deben estar íntegra y sistemáticamente incorporados en la ley, de manera que no pueden, ni las partes, ni el juez, pretender que el mismo discurra por cauce distinto al previsto en la ley.
Como elemento de seguridad jurídica y de garantía del debido proceso, cuando la ley que regula los procedimientos lo hace de manera íntegra, excluye la aplicación de otras normas que, sin esa pretensión, versen sobre las mismas materias. Dicha exclusión es radical cuando esas otras normas, o contradicen las que de manera completa regulan un procedimiento o le introducen ambigüedades.
En el presente caso, el legislador en los artículos 445 y 691 del Código de Procedimiento Civil, ha regulado de manera completa lo relativo a las medidas cautelares que es posible pedir en los procesos de separación de bienes.
En cuanto que se trata de la regulación de aspectos de un proceso, es claro que las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil son especiales con respecto a las que están contenidas en el Código Civil. Por ello la distinción que hace la norma demandada, en el sentido de que sólo la mujer podía solicitarle al juez medidas cautelares para proteger sus bienes, carece hoy de toda eficacia y sentido normativo.
Por otra parte de acuerdo con la disposición demandada, si bien el juez sólo podía decretar las medidas cautelares a solicitud de la mujer y para la protección de los intereses de ésta, tenía plena libertad para determinar qué tipo de medidas resultaban adecuadas a ese efecto (7) . Dicha regulación también debe entenderse derogada por cuanto el Código de Procedimiento Civil, regula de manera íntegra el proceso de separación de bienes y ello comprende el señalamiento de las medidas que pueden adoptarse por el juez a solicitud de las partes, sin que sea posible pensar que el juez pudiese adoptar una medida distinta de las prescritas en los artículos 645 y 691 del Código de Procedimiento Civil.
(7) Al respecto, el tratadista Fernando Vélez, en el libro Derecho Civil, tomo I, señala que dentro de las providencias que estimaba el juez para proteger la seguridad de los intereses de la mujer mientras duraba el juicio, estaban la de “prohibir al marido celebrar contrato alguno sobre los bienes de la mujer, o que dé en arrendamiento, venda o hipoteque los de la sociedad conyugal o los suyos propios; nombrar un interventor para que fiscalice sus actos; depositar los bienes de la mujer; hacer inventario de éstos; exigir del marido una caución provisional”, etc.
El concepto de integralidad en la regulación del proceso, impone que las conductas tanto de las partes como del juez dentro del mismo, solamente pueden desarrollarse en los términos de la ley que lo regula de manera completa.
Los mencionados artículos del Código de Procedimiento Civil, regulan íntegramente la manera como hombres y mujeres, dentro de los procesos judiciales contenciosos en materia de familia pueden proteger los bienes objeto de reparto a través de las medidas cautelares del embargo y el secuestro. Por esta razón, la norma demandada, en cuanto que regulaba, de manera diversa y parcial dichos temas, debe entenderse derogada por norma posterior que regula de manera integral una materia.
2.6. Por todo lo anterior concluye la Corte que la disposición acusada ha sido derogada, que carece hoy de vigencia y que por consiguiente no puede ser objeto de un pronunciamiento de constitucionalidad y esta corporación habrá de declararse inhibida para fallar.
1. INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo por carencia de objeto con respecto al artículo 201 del Código Civil.

References: ARTÍCULO 201
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 artículo 241
 artículo 241
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 artículo 201
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 artículo 62
 artículo 1805
 artículo 1806
 artículo 792
 artículo 802
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 201
 artículo 422
 artículo 691
 artículo 422
 artículo 691
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 artículo 201
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