Source: https://contratapapopular.blogspot.com/2008/
Timestamp: 2020-08-10 01:38:16+00:00

Document:
Ser Aguila: 2008
NO SE EQUIVOCÓ ANTES...SE EQUIVOCA AHORA
En Montevideo Portal, el publicista Esteban Valenti manifiesta que se equivocó y feo. Dice Valenti: “Hace dos semanas escribí que “Tenía confianza” que, finalmente, los frenteamplistas encontraríamos el camino para buscar la mejor fórmula para ganar las elecciones en octubre del 2009”. Yo creo que el publicista no se equivocó, porque efectivamente eso fue lo que sucedió: los frenteamplistas, en uso de nuestra soberanía y en un clima de unidad, iniciamos el camino para elegir la mejor fórmula (y el mejor programa) que nos permita ganar en primera vuelta las próximas elecciones. En cambio sí se equivoca ahora. Dice ahora que -luego del Congreso- “ha quedado demostrado un divorcio extremadamente peligroso entre las estructuras y la sociedad...”. No es así. En todo caso, el divorcio que quedó patente en el Congreso es el de algunos integrantes de nuestro gobierno con las estructuras del FA. Y eso por cierto que no nos alegra. Es algo que tendremos que tratar de evitar en nuestro próximo gobierno. Dice Valenti que “...ninguna de las propuestas de las “minorías” fueron tomadas en cuenta, ni en las negociaciones, ni en la plenaria...”. Y se equivoca nuevamente. Si no se hubieran aceptado las propuestas de la minoría, entre otras cosas no habría otros candidatos para competir en las internas en igualdad de condiciones, por ejemplo. Dice Valenti que “Había un derrotero trazado, acordado y negociado por tres grupos del FA y sus aparatos y no hubo nada, ni la mínima flexibilidad”. Se sigue equivocando el publicista. Hubo mucha flexibilidad, máxime si se tiene en cuenta las posiciones previas de quienes decían: “Soy yo o nada”. Pero además, parecería ser que –como siempre- la culpa la tienen los comunistas. En el pasado Congreso “Líber Seregni” se nos acusó de falta de flexibilidad para llegar a un acuerdo con el MPP y elegir a Constanza Moreira como presidenta del FA. Ahora se nos acusa de lo contrario, de haber llegado a un acuerdo con el MPP, pero parece que eso también es falta de flexibilidad. ¿Qué sería tener flexibilidad para algunos? ¿acceder a todo lo que ellos pretenden y dejar por el camino nuestras propias convicciones? ¿está mal que los grupos del FA negocien y hagan acuerdos? ¿o sólo está mal cuando esos acuerdos incluyen a los comunistas? Valenti dice también que se llegó a eso porque “se sabía perfectamente que del otro lado lo que había eran fuerzas y sentimientos auténticamente frenteamplistas y que nadie pondría en duda ni en peligro la unidad”. Ahora se equivoca aún más feo (llamémosle equivocación). El planteo de Valenti es divisionista: de un lado los auténticamente frenteamplistas y unitarios; del otro los malos (comunistas y tupamaros). En fin...patético...que se haga cargo de lo que escribe. Luego dice Valenti: “...pero lo más importante no es eso...lo más importante es que no le tienen confianza a la gente, creen que de esa manera impondrán su voluntad a los electores en junio. A puro aparato”. Se equivoca nuevamente. Tanta confianza le tenemos a la gente que no tenemos ningún problema en acceder a que otros compañeros se presenten a las internas en igualdad de condiciones. Por supuesto que no se le puede imponer nada a los electores, pero algunos (Valenti entre ellos) habrán tomado debida nota de que tampoco los grandes medios de comunicación, ni los politólogos ni las encuestas, pueden imponerle un candidato a los frenteamplistas. Luego dice Valenti: “Si aprobaron el pasaje de los cinco candidatos a las internas es porque no tenían ninguna otra posibilidad, porque no tenían potestades constitucionales para decidir otra cosa”. Se equivocó el publicista. El Congreso del FA es su máxima autoridad, y entre sus potestades está el elegir al candidato a presidente y vicepresidente. Por lo tanto, el Congreso sí podía decidir otra cosa. Quienes luego quisieran presentarse a las internas, estarían constitucionalmente facultados para hacerlo, pero sabiendo que lo harían por fuera de las instancias de la interna frenteamplista, con lo que ello implica.
Le molesta también a Valenti que se hubiera podido votar por más de un candidato (en realidad lo que le molesta es que eso haya dejado en tercer lugar a su candidato, pero no lo dice). Mi punto de vista es que eso permitió cosas positivas, como por ejemplo que los delegados pudieran votar por quien estaban mandatados a hacerlo por su Comité o grupo político, pero también por el que personalmente les resultaba más adecuado. A vía de ejemplo, en nuestro Comité fuimos con diez delegados y teníamos la decisión de votar por quién en el momento apareciera como el que tenía más votos (de esa manera colaborábamos a tomar una decisión en el Congreso). El acuerdo alcanzado por la Mesa Política, que permitía votar por más de un candidato, hizo que nuestros delegados votaran, además de por Mujica, por Astori, Carámbula y Daniel Martínez. Es decir, esa posibilidad también hubiera permitido que el candidato de Valenti obtuviera más votos (el publicista, que también es un analista político, tendrá que analizar por qué razón eso no sucedió). Dice Valenti que “...es fácil mantener la unidad y proclamarla desde las tribunas cuando no se deja ni siquiera pasar un aviso en un congreso y es absolutamente copado por la mayoría”. No se de cual Congreso habla Valenti, en el que yo estuve el único (único) sector que pudo exponer su posición sobre candidaturas ante todo el mundo fue Asamblea Uruguay. Ningún otro pudo hacerlo.
Más adelante Valenti sangra por una herida que se auto inflige: “Es posible que yo siga siendo muy ortodoxo, que siga recordando las épocas en que un solo partido tenía más del 65% de los delegados a un congreso y sacaba el 47% de los votos en las elecciones nacionales y nunca quiso imponer sus candidatos a los cargos comunes”. Se sigue equivocando. Eso no se llama ortodoxia; se llama grandeza. Pero no hay que confundir. Que se pueda tener ese tipo de actitudes, no quiere decir que necesariamente haya que tenerlas. No tiene ningún sentido que por el sólo hecho de tener la mayoría algún sector resigne cargos, para que no sea considerado una imposición. Por cierto, tampoco aceptamos la utilización de la mayoría como único argumento, pero no es este el caso.
Valenti dice que todo esto “...fue posible por el lento resecamiento de las estructuras del Frente, porque se creyó equivocadamente que con el gobierno y desde el gobierno se podía manejar la política”. Grueso error. Si algo demuestra el Congreso “Zelmar Michelini” es que las estructuras del Frente están más vivas que nunca. Numerosísimas asambleas analizando el documento -lo que dio como resultado infinidad de propuestas que lo mejoran sustancialmente y nos permiten ver el futuro gobierno con optimismo- y un clima de unidad en la toma de decisiones como hace tiempo no se veía, no es precisamente un resecamiento. Aunque le concedo razón a Valenti en la segunda parte de su afirmación. Es verdad, y esperamos que hayan tomado debida nota algunos compañeros: quien crea que desde el gobierno se puede manejar la política se equivoca. La política en el Frente Amplio se hace en los Comités de Base. Entre otras cosas, porque somos coalición y movimiento, y el movimiento no está en las estructuras de gobierno. Muchos apostaron a hacer política desde el gobierno, y ahora pagan las consecuencias. Valenti lo sabe y más adelante lo dice claramente, en la que quizá sea la única frase que comparto: “...fue posible por nuestra desidia...cuando miles y miles nos miramos el ombligo en nuestras casas. Tuvimos nuestro premio. Y si no nos despertamos a tiempo tendremos el premio mayor: una buena derrota en octubre, porque las elecciones no se ganan a publicidad y discursos, se ganan con gente movilizada, organizada y trabajando en serio. Y si no, a llorar al cuartito”. Ahí están los Comités de Base, son para eso, y allí son bienvenidos todos los frenteamplistas para trabajar por un nuevo gobierno del FA.
NO HAY OTRA: EL CONGRESO DEBE DECIDIR
En pocas horas más dará comienzo el Congreso Extraordinario “Cro.Zelmar Michelini”. Dos son los temas que se definen en este Congreso: 1) el Programa que llevaremos adelante en nuestro próximo gobierno, y 2) los candidatos comunes que ocuparán la presidencia y vicepresidencia en ese próximo proceso.
Si bien el artículo 18 establece que “Como norma general se agotarán los esfuerzos políticos para lograr acuerdo en todos los temas que no sean de simple procedimiento.”, en el caso de que ese consenso no se logre, el artículo siguiente establece las diferentes mayorías por las que pueden tomarse las resoluciones (relativa, calificada, especial, de reconsideración).
Sobre el segundo punto, el Estatuto del Frente Amplio es muy claro, y sus disposiciones están contenidas en el artículo 84: luego de una serie de votaciones (que en esta oportunidad se obviaron), el Plenario Nacional elevará al Congreso la nómina de candidatos propuestos y los fundamentos de su propuesta. El Congreso tomará resolución por 2/3 de sus miembros.
Quiere decir entonces que desde el punto de vista estatutario la cuestión es muy clara: el Plenario Nacional propone los nombres al Congreso, y es este quien decide las candidaturas, por 2/3.
Ahora bien, desde que por vía de la reforma constitucional se estableció de forma obligatoria las elecciones internas en los partidos políticos, al menos una vez sucedió que a esas internas el Frente Amplio concurrió con dos candidatos (Tabaré y Danilo), con la salvedad de que uno de ellos (Tabaré) era el candidato “oficial”, y al otro se lo “habilitaba” a presentarse. De manera que esta es una situación que podría volver a plantearse en esta ocasión. Es decir, el Congreso podría llegar a aprobar una fórmula por 2/3 de votos (no descartamos el consenso, hay que seguir buscándolo hasta el último instante), y luego podría habilitar a otros candidatos que quieran presentarse en las internas. Hasta aquí, nada es extraño, estas cosas han sucedido y no tienen que preocuparnos, están dentro de las reglas de juego que nuestra fuerza política ha definido y que la ciudadanía toda se ha dado. Pero otras propuestas que andan en la vuelta sí nos preocupan.
EL PAPEL DE LOS COMITÉS DE BASE
El propio compañero Tabaré Vázquez ha planteado reiteradas veces lo que para las fuerzas de izquierda es algo esencial: un nuevo concepto de ciudadanía. “Para nosotros la ciudadanía es también participación –ha dicho–, es protagonismo de la gente en las cosas que hacen a la vida cotidiana. La democracia misma exige una dimensión consensuada y más participativa.” Y por otra parte, estos puntos de vista (que tienen que ver con ir más allá de la democracia representativa) el Frente Amplio los ha asumido desde su propia Declaración Constitutiva del año 71, en la que destacábamos “la necesidad de actuar coordinadamente en todos los campos de la acción política sobre la base de que atribuimos al pueblo, organizado democráticamente, el papel protagónico en el proceso histórico”. No hace mucho, el compañero Chiflet recordaba al general Arturo Baliñas –para citar una opinión entre otras de gran prestigio– que dijo: “El Frente será una fuerza popular organizada. Todos tenemos presente la necesidad de que el centro de gravedad se debe desplazar de las dirigencias a las bases, sin romper la relación que debe haber entre ambos sectores”. Y a quien le da nombre a este Congreso, a Zelmar Michelini, que habló del FA como un arma de lucha “con amplia participación popular: con bases organizadas y cuerpos opinando”.
¿Por qué decimos esto? Porque algunos compañeros vienen planteando con insistencia la idea de que el Congreso defina pasar a todos los candidatos en igualdad de condiciones a las elecciones internas. Es decir, que no haya un candidato oficial elegido por el Congreso. Y esto nos parece de todo punto de vista -y con el mayor de los respetos- un verdadero disparate. En primer lugar, porque no es estatutario. El artículo 94 define las competencias del Congreso, y el mismo establece en su literal b) Designar los candidatos únicos del FA a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, a propuesta del PN. Si el congreso estableciera que los candidatos no se designan allí, sino en las internas, estaría yendo contra el Estatuto. Pero fundamentalmente, las razones de mayor peso son políticas, y –desde nuestro punto de vista- tienen que ver con el papel de los Comités de Base en la estructura del Frente Amplio. Si las negociaciones en torno a las candidaturas han sido llevadas a cabo por los sectores políticos (y está bien que así sea), y luego la elección definitiva se hace en una elección interna abierta -en la que pueden votar incluso los no frenteamplistas- ¿qué papel estarían jugando en este tema los Comités de Base? Absolutamente ninguno. Y recordemos que el Congreso es la autoridad máxima de la fuerza política, y que fundamentalmente se trata de un Congreso de Comités de Base. Lo que significa que la autoridad máxima de la fuerza política estaría resignando nada menos que su facultad de elegir a quien llevará como candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República.
Pero imaginemos por un instante que la propuesta tiene andamiento, y que todos los candidatos pasan a las internas en igualdad de condiciones. ¿Qué hacen los Comités de Base de aquí a junio del 2009? ¿Apoyan a todos los candidatos? ¿Hoy le dicen a la vecina que vote por fulano y mañana le dicen que no, que mejor por sutano, y pasado le dice que no, que vote por perengano? ¿o por el contrario, cada comité se pronuncia por uno de los candidatos? Estaría en su derecho, ¿no? De esa manera, podríamos llegar a tener a cien comités haciendo campaña por un candidato, cien por otro, cien por otro, y así sucesivamente. Lo que seguramente llevaría al descalabro total del Frente Amplio; grupos políticos haciendo campañas por separado, cada uno por un candidato diferente, y comités de base en lo mismo, todos contra todos. Un verdadero disparate. ¿O tal vez se pretenda una tercera opción? Tal vez lo que se pretenda es que los comités de base ni apoyen a todos ni tomen partido por ninguno, es decir, que pasen a una inacción total de aquí a junio de 2009, que la miren por TV. Un absurdo total, el adiós definitivo a lo que algunos consideran el pilar fundamental de la fuerza política, como el Gral. Licandro, que refiriéndose a los comités de base decía: “hay que crecer desde la base, la base es el fundamento, por algo se dice que es la base, el basamento, el fundamento de toda edificación, bueno la edificación política aparece afirmada en los comités de base que son los diferentes y conjuntamente los pilares del edificio que estamos edificando”. O como lo decía el compañero Wladimir Turiansky: “Si el movimiento desaparece, si se debilita, si deja de ser una parte activa y fermental del FA, éste sólo será un acuerdo de partidos, unidos en torno a un lema, todo lo fuerte que se quiera, con sustento en un “sentimiento” frenteamplista construido en un pasado “que ya fue”, pero correrá los peligros de los otros partidos, los tradicionales, también apoyados en un sentimiento “que ya fue” pero despojados de la argamasa democrática que sólo se genera en la base. Entonces seremos una fuerza de izquierda por su programa, es probable, pero no por la práctica de participación democrática sustancial a ese pensamiento.” De manera que, desde nuestro punto de vista, del Congreso debemos salir con una fórmula oficial, como mandan los Estatutos, si es por consenso mejor, si no, por mayoría. Y si otros compañeros quieren ir a las internas, habilitarlos, pero sabiendo que hay una fórmula oficial del FA, por la que trabajarán de aquí en mas todos los comités de base haciendo carne en la práctica aquello de “el pueblo unido jamás será vencido”, y no como consigna pintada en el frente de un comité.
(carta abierta al compañero presidente)
Debo ser sincero, hubiera apostado que usted no iba a vetar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. No era una simple intuición, me basaba en la experiencia. Usted había demostrado ser sensible a la opinión del pueblo. Por poner solo un ejemplo, recuerdo el del TLC. Usted estaba decidido a llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, pero se dio cuenta que eso hubiera significado ir en contra de la opinión mayoritaria dentro de nuestra fuerza política, el Frente Amplio, y de la mayoría del pueblo uruguayo, y usted dio marcha atrás. No fue la única vez. También se dio cuenta que iba contra la opinión mayoritaria su propuesta de llevar adelante el proyecto del Nunca Más de García Pintos, y lo dejó de lado, no volvió a insistir en el tema. Cosas como estas me hacían pensar que finalmente, aunque usted no estaba de acuerdo con la Ley, la promulgaría, para así dar paso a que quienes no estuvieran de acuerdo (usted incluido) pudieran someterla a referéndum y que todo el pueblo se expresara. Pero me equivoqué. Finalmente usted, compañero presidente, hizo uso de ese instrumento absolutista que es el veto, y con ese solo acto impuso su propia opinión sobre la de todos los demás uruguayos. El miércoles pasado, un diario de nuestro país publicaba en tapa una foto tomada en la marcha en el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la foto, una niña sostenía un cartel que decía: ES VIOLENCIA CUANDO NO TE PERMITEN OPINAR. Seguramente usted estará de acuerdo con esa frase. Y seguramente usted reconocerá que a no permitir que la población se exprese sobre si quiere o no una Ley de Salud Sexual y Reproductiva, usted de alguna manera ejerció violencia sobre todo el pueblo uruguayo. Más allá de que también es violencia contra la mujer el no dejarla decidir sobre lo que hacer con su propio cuerpo. Usted tiene sus razones para no estar de acuerdo con la ley, y nadie discute su derecho a expresarlas. Pero compañero presidente, usted debería aceptar que su opinión es tan válida como la de cualquier uruguayo. Usted comprenderá que con su actitud lo que ha hecho es barrer de un plumazo con la lucha de décadas de las fuerzas de izquierda por la legalización del aborto, pero también ha barrido de un plumazo con la opinión mayoritaria del Parlamento electo democráticamente por el pueblo uruguayo, y con la opinión del propio pueblo uruguayo que las encuestas recogen como apoyando mayoritariamente la legalización del aborto.
También verá que todas sus opiniones en contra de la ley, fueron vertidas y analizadas en el largo proceso de discusión de la misma. Usted no ha aportado, en el texto del veto, nada nuevo, nada que ya no haya sido discutido en el ámbito parlamentario. Por lo tanto, si esos argumentos fueron debatidos en el Parlamento, y a pesar de ello la ley fue aprobada por una amplia mayoría, su veto lo que está diciendo es lo siguiente: está bien, el Parlamento podrá pensar lo que quiera, pero el que tengo la razón soy yo. Disculpe la dureza compañero Tabaré, pero lo haya querido o no, lo que usted hizo fue avasallar la opinión de la mayoría de los uruguayos. Y no estoy discutiendo la potestad constitucional de hacerlo. Estoy si planteando el profundo error en el que ha incurrido. Error como presidente, error como dirigente de izquierda, error como demócrata probado. Error que además seguramente tendrá repercusiones para nuestra fuerza política en lo electoral, aunque no sería lo más importante, puesto que fundamentalmente se trata de un problema humano.
No voy a entrar a analizar sus argumentos para vetar la ley uno por uno. A esta altura de la cuestión, ya no vale la pena. Ya el veto está firme y no hay ley. Pero si quiero referirme al menos a uno de ellos. Usted aduce que la ley iría en contra del Pacto de San José de Costa Rica -convertido además en ley interna como manera de reafirmar su adhesión a la protección y vigencia de los derechos humanos-. Dice también que si bien una ley puede ser derogada por otra ley no sucede lo mismo con los tratados internacionales, los que no pueden ser derogados por una ley interna posterior. Si Uruguay quiere seguir una línea jurídico política diferente a la que establece la Convención Americana de Derechos Humanos debería denunciar la mencionada Convención (Art. 78 de la referida Convención). Yo comparto lo que usted afirma, compañero Tabaré. Pero quiero recordarle que hace pocos días estuvo sesionando en nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) y que la misma instó al Estado uruguayo a que investigue la desaparición de María Claudia García, nuera del escritor argentino Juan Gelman, ocurrida durante la dictadura. La resolución fija un plazo de dos meses para que el Estado uruguayo cumpla con las recomendaciones del organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), y si ello no ocurre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede imponer una condena al Estado uruguayo que puede llegar hasta la expulsión de la OEA. Recordemos que en 1992 la CIDH ya había realizado un pronunciamiento en contra de la ley de impunidad votada en 1986 que amnistió a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura en Uruguay, pero la norma se ha mantenido vigente hasta hoy. Como sabemos, en el informe 29/92 (hace ya 16 años), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que la ley de caducidad es incompatible con el artículo XVIII (derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, los sucesivos períodos de gobierno hasta ahora han mantenido vigente la ley. Por cierto, no podíamos esperar otra cosa de los gobiernos blancos y colorados que nos precedieron con sus mayorías parlamentarias. Ellos fueron los gestores de la impunidad y los encargados de evitar de cualquier manera que hubiera un mínimo de verdad y de justicia. Pero el reclamo también ha sido hecho a nuestro gobierno. El que usted encabeza, compañero Tabaré. Y su preocupación por los Tratados Internacionales está además reforzada por nuestro programa de gobierno: “El gobierno progresista reafirma la posición clara que las normas de tratados internacionales sobre derechos humanos, tienen igual valor que las leyes nacionales. Al respecto se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”. La única forma de adecuar la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país, en materia de derechos humanos, es anulando la ley de impunidad. No hay otra forma de hacerlo. Compañero Tabaré: cuanto me gustaría ver en usted una preocupación por cumplir con los Tratados semejante a la demostrada en el veto a la legalización del aborto, también en este caso. De cualquier manera, usted sabe que tarde o temprano los pueblos hacen lo que tienen que hacer. Más allá de su actitud, su propio Partido, el Partido Socialista, acaba de mandatar a sus legisladores a presentar la ley en el próximo período de gobierno. No me cabe duda que en el Congreso del Frente Amplio esa propuesta estará como un clamor de los Comités de Base. Así como la de anular la ley de impunidad. Más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas…¿recuerda compañero presidente¿
El compañero presidente, Tabaré Vázquez ha sido claro desde siempre en cuanto a su posición respecto del aborto, y es bueno que así sea. Tiene además todo el derecho del mundo a pensar como se le ocurra, respecto de ese como de cualquier otro tema. Pero lo que también es indudable es que se equivoca de cabo a rabo y que adopta una actitud autoritaria y que no dudo en calificar como lindante con el abuso de autoridad.
Ya en marzo de 2006, nuestro vicepresidente, Rodolfo Nin Novoa efectuaba declaraciones al diario El Observador, en las que afirmaba que Vázquez vetaría la ley de despenalización del aborto si esta era aprobada, y que “podría llegar a disolver las Cámaras si el veto fuese levantado por la Asamblea General”. Algo parecido afirmó hace exactamente un año en Tomás Gomensoro, en el marco de la gira pueblo a pueblo, cuando ante la pregunta de un periodista Tabaré respondía: “La ley de salud reproductiva, es una muy buena ley, que contiene elementos muy positivos, que hay que rescatar. Pero hay otros elementos que ustedes ya conocen y usted me lo pregunta sabiendo lo que me esta preguntando, que filosóficamente, biológicamente, yo no comparto por tanto si vienen incluidos los voy a vetar”. El mismo periodista le pregunta si estaría dispuesto a aceptar un referéndum para que la ciudadanía hable de este tema, y Tabaré responde: “Yo voy a dar mi palabra cuando llegue el momento, en lo que me corresponde para tranquilidad de mi conciencia, la ciudadanía sabrá lo que tiene que hacer”.
Recientemente, la Comisión Nacional de Seguimiento, Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía se habría reunido con Tabaré Vázquez y este les habría dicho que “No puedo aceptar la legislación del aborto por una cuestión de conciencia”.
Reitero, el compañero presidente se equivoca. Y se equivoca porque confunde al Poder Ejecutivo con su propia persona. Algo similar a Luis XIV aquel monarca conocido como el «rey Sol» por la brillantez de su corte, y que fuera el máximo representante del absolutismo monárquico, que resumió en la frase «el Estado soy yo». Tabaré no puede decir “yo” no comparto y por tanto “los voy a vetar”.
El artículo 168 de nuestra Constitución (esa con la que se comprometió nuestro presidente a gobernar con ella bajo el brazo) en su numeral 6º establece como una de las potestades del Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, “Poner objeciones o hacer observaciones a los proyectos de ley que le remita el Poder Legislativo, y suspender u oponerse a su promulgación, en la forma prevista en la Sección VII”.
Es decir, es una potestad no del Dr. Tabaré Vázquez o de quien esté ejerciendo la Presidencia de la República, sino de la Institución Presidente de la República, y además actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, que tampoco actúan de acuerdo a sus caprichos personales, sino como instituciones.
Y las instituciones no tienen que compartir “filosóficamente o biológicamente” elementos de una ley, sino que tienen que actuar políticamente. Da lo mismo que la razón esgrimida por el presidente sea una “cuestión de conciencia” o que se levantó de mal humor. Esas son cuestiones que tienen que ver con el fuero interno de cada individuo, y que por cierto que son muy respetables, pero que no tienen por qué incidir en la marcha de un país. Parece ser que al presidente no le importa demasiado lo que piensa u opina su fuerza política, la que lo llevó al sitial que ocupa, y que por amplia mayoría aprueba la ley del aborto. Por encima de eso está su conciencia. Tampoco parece importarle lo que opina la población en general, los uruguayos y uruguayas –como gusta decir el mismo-. Cuando dice que “la ciudadanía sabrá lo que tiene que hacer”, está soslayando nada menos que, si el veto se produce, ya la ciudadanía no tendrá nada que hacer, aunque quiera, porque no habrá ley a la que oponerse. Una encuesta realizada recientemente por Interconsult (y que difundiera el diario Ultimas Noticias) da cuenta de que el 60% de los uruguayos apoya la despenalización del aborto, y el 63% desaprueba un eventual veto presidencial. Puede ser que nada de eso conmueva al compañero Tabaré Vázquez, aunque si debería conmover al Presidente de la República.
Y la Constitución es aún más clara respecto de lo que decimos, cuando en el artículo 165 establece que: “Las resoluciones que originariamente hubieran sido acordadas por el Presidente de la República con el Ministro o Ministros respectivos, podrán ser revocadas por el Consejo, por mayoría absoluta de presentes”. Es decir, las resoluciones no pueden ser nunca del Dr. Tabaré Vázquez, sino que son del Poder Ejecutivo. Y también la Sección VII (que establece la forma en que puede oponerse el Ejecutivo a una Ley) es muy clara cuando en sus artículos se refiere siempre al Poder Ejecutivo, y nunca a la figura del Presidente:
El compañero Tabaré dijo en su momento que gobernaría con dos Biblias: la Constitución de la República y el Programa del Frente Amplio. La Constitución dice lo que he explicado más arriba. Pero también el Programa del Frente Amplio dice cosas aplicables a este caso en cuestión. Por ejemplo, allí decimos que: “Los acuerdos sociales marcarán el estilo nuevo de gobierno, es la respuesta de la política, en clave política, hacia una sociedad que necesita y debe ser escuchada. Es el compromiso con el desarrollo de una ciudadanía nueva, activa, participativa y responsable”. Y no hay dudas de que el veto a una ley votada mayoritariamente en el Parlamento y que tiene el apoyo mayoritario de la ciudadanía, no es justamente la respuesta política a una sociedad que “necesita y debe ser escuchada”. Y también decimos en nuestro Programa, emanado del Congreso Héctor Rodríguez: “Democratizar el Estado es devolver al Parlamento su carácter de foro crítico. Es necesario redefinir la democracia uruguaya como realización del paradigma representativo y de la participación popular”. ¿Cree acaso el compañero Tabaré, que con el instituto del veto está devolviendo al Parlamento su carácter de foro crítico?, ¿o tal vez realizando el paradigma representativo y de la participación popular? El compañero presidente debería analizar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva con los elementos que prometió: la Constitución y el Programa del FA, pero por si no alcanzara, tal vez deba echar mano a otro PPS: Pensar en el Pueblo Soberano.
Los análisis que tienen que ver con los pasos que el Frente Amplio debe dar de aquí en adelante, (lo que resta de gobierno, la elaboración del programa para el próximo período, los candidatos para las próximas elecciones, etc.) necesariamente deben hacerse desde una perspectiva más amplia y profunda, que integre la situación actual del capitalismo, las perspectivas mundiales y de la región y nuestra propia realidad.
Nuestro Partido ha venido planteando desde hace mucho tiempo –desde que la crisis asomaba en el horizonte- los problemas de la crisis capitalista y su incidencia en los países de la periferia. Hoy ya son muchos los analistas económicos y políticos que a nivel mundial sostienen que esta crisis vino para quedarse por un buen tiempo y que exhibe síntomas que la diferencian de crisis anteriores. Parecería ser que la actual no tiene las apariencias de esas crisis cíclicas que suele desatar el modo de producción capitalista y para las cuales el sistema ha encontrado formas más o menos rápidas de salida, y haciendo pagar los costos a los países menos desarrollados. Los analistas coinciden en que, aún en el caso de que se lograse evitar un desplome de características brutales, el mundo recorrerá un largo período de dificultades muy serias. Gracias a los adelantos tecnológicos y científicos del último medio siglo, el capitalismo es capaz de producir hoy en día mucho más bienes en menos tiempo y con menos trabajo humano (aumento de la producción y la productividad). Y eso, que podría servir para que el hombre mejore su calidad de vida, solo ha traído una alta concentración económica y consecuencias sociales terribles que no se van a solucionar por los mecanismos tradicionales. La crisis actual nos está señalando claramente que, para salir de esta fase decisiva que sacude al capitalismo, habrá que tomar medidas diferentes y drásticas, que vayan contra la esencia misma del sistema, antes de que el mundo se sumerja en la barbarie. Hablamos de medidas que tienen que ver con el control del capital financiero especulativo, de una redefinición del papel del Estado, de medidas concretas de redistribución y de un papel preponderante de la integración regional.
Las características salientes de este capitalismo en crisis son, por un lado la alta concentración del ingreso y de la propiedad, y por otro una gran especulación a nivel mundial. El gran capital huye de los países desarrollados escapando de los altos salarios y los controles, se refugia en la especulación financiera y se traslada a los países menos desarrollados en donde las exigencias y las regulaciones son menores o inexistentes y en donde los salarios son más bajos. Y desde luego, esas inversiones tienen una gran incidencia en el crecimiento y hacen que las cifras macroeconómicas luzcan brillantes. Eso es lo que ha sucedido con las “maquilas” en México, por ejemplo, en donde se crearon miles y miles de puestos de trabajo con salarios miserables, y luego estos capitales huyeron hacia China, en donde los salarios son más bajos. Un ejemplo tal vez más apabullante sea el de Adidas, que desde China ahora se iría a la India en busca de salarios aún más bajos. Pero estos fenómenos no sólo están provocando desastres en los países en donde se instalan, sino que por añadidura llevan la crisis a los países de origen, dado que generan desocupación y un aumento de las desigualdades. Sin ir más lejos, en Alemania se supo recientemente, por documentos oficiales, que ha venido aumentado la riqueza, en forma simultanea a un aumento de la pobreza. En la Alemania de hoy día el 13 por ciento de la población está bajo el nivel de pobreza, y otro 13 por ciento no cae en la pobreza porque cobra un subsidio del Estado. El traslado del capital productivo desde los países desarrollados (junto a otras causas) produce allí un desempleo estructural y una caída de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional. Y ya no producen en los países subdesarrollados en donde se instalan, beneficios sociales o aumento de salarios ni mejoras en el nivel de vida de la gente, aunque si inflan las cifras “macro”. Es lo que señala muy claramente Carlos Gabetta: “…los países subdesarrollados que hoy se benefician con el arribo de inversiones y empresas y el aumento del precio de sus materias primas, no deben confiar demasiado en que la situación vaya a prolongarse y mucho menos en que este ciclo vaya a concluir en su propio desarrollo durable” (*).
Seguramente en pocos años más ya no habrá un lugar del planeta en donde ir a buscar salarios más bajos, y la lucha entre la tasa de ganancia del capitalista y el precio del trabajo será a escala planetaria y permanente. El pasaje que se viene dando desde una economía productiva a una esencialmente especulativa nos ha sumergido en un profundo deterioro social e institucional que no hace otra cosa que favorecer a los capitales más concentrados. Por lo tanto, de lo que se trata es de modificar radicalmente las relaciones de producción capitalistas, de generar formas de distribución del ingreso y de reducir las desigualdades. Los comunistas venimos planteando en ese sentido fundamentalmente tres cuestiones centrales: 1) un papel preponderante del Estado como agente del desarrollo; regulando y controlando, pero también participando directamente en la producción; 2) un impulso vigoroso al mercado interno, en contraposición a la apuesta a la inversión extranjera directa; y 3) un énfasis en el fortalecimiento de la integración regional (MERCOSUR, UNASUR, ALBA). Y para ello las condiciones son reales e inmejorables. Para nuestra América Latina es vital, hoy por hoy, frenar la lógica de explotación del sistema, mientras se resuelven los problemas del desarrollo y el enorme atraso social. Pero se hace absolutamente necesario para que eso sea posible, una orientación económica, política y social que sea radicalmente diferente al rumbo que el capitalismo le imprimió a la región en los años de plomo y en los años del neoliberalismo rampante. Y radicalmente diferente del rumbo actual de catástrofe del capitalismo mundial. Esto pasa naturalmente por superar las dificultades que los gobiernos progresistas de la región enfrentan para llevar a cabo una verdadera integración. América Latina tiene recursos materiales y humanos, culturales y políticos inmejorables para afrontar esta peculiar circunstancia histórica de crisis mundial. En ese sentido, todo lo que nuestro Frente Amplio haga hacia un futuro gobierno, deberá tener en cuenta esas cuestiones. En lo programático no es posible dejar de lado un papel central del Estado, la limitación del mercado como árbitro, hay que hincarle el diente a la propiedad social sobre los bienes comunes como la tierra, el agua y la energía, y también sobre la educación, la salud, la cultura, y fundamentalmente no es posible dejar de lado una distribución real de la riqueza generada por la gente que nos lleve en los plazos más breves a una mayor igualdad. La decisión sobre cual es el candidato apropiado para llevar adelante ese programa, tampoco es ajena a estas cuestiones.
(*) Carlos Gabetta/el Dipló/setiembre 2008
en septiembre 18, 2008 1 comentario:
El compañero Rafael Michelini tiene razón; en los próximos 90 días, los frenteamplistas tendremos que elaborar y construir nuestros acuerdos y decisiones, para que tanto el Plenario Nacional del 6 de diciembre próximo, como el Congreso fijado para los días 12 y 13, sean una verdadera fiesta de unidad y entusiasmo militante. Son instancias decisivas para determinar los contenidos de nuestro programa y los candidatos que integrarán la fórmula electoral del Frente Amplio en octubre de 2009 para llevar adelante ese programa. Hasta aquí estamos de acuerdo con lo escrito por Rafael en la contratapa de La República del sábado pasado.
Pero luego, el compañero se hace una serie de preguntas: “¿Tendremos la visión y la claridad de objetivos necesaria? ¿Existirá hoy la capacidad de liderazgo para construir un consenso estratégico que nos conduzca a una nueva victoria electoral? ¿El Partido Socialista, la Alianza, la Vertiente, el Partido Comunista y el Nuevo Espacio estaremos a la altura de las circunstancias para facilitar los acuerdos? ¿Los compañeros "Pepe" Mujica y Danilo Astori son concientes de toda la responsabilidad que tienen sobre sus hombros?”
Como vemos, ya desde las propias preguntas Michelini establece dos papeles diferentes: por un lado, al PS, a la AP, a la VA, al PC y al NE les correspondería facilitar los acuerdos, mientras que a los compañeros “Pepe” Mujica y Danilo Astori les adjudica otra responsabilidad. Es decir: Astori y Mujica son los candidatos “cantados”, y los demás grupos políticos tienen el papel de facilitar que esa fórmula se concrete.
Por otro lado, Michelini hace otra afirmación con la que volvemos a coincidir. El compañero dice que, de no alcanzar un consenso, el candidato se deberá resolver en las elecciones internas de junio de 2009, y que ese es un camino poco indicado. “Una competencia interna abre las puertas a distanciamientos, diferencias, enojos, heridas, pérdida de energías y entusiasmo militante, que perfectamente podríamos ahorrarnos” -dice Rafael-, y estamos de acuerdo. Y luego agrega que “El Frente Amplio es una construcción política basada en el consenso, que determina un gran respeto por las minorías, sin el cual no es posible entender una organización de tal magnitud. El consenso da garantías a todos. Las dio en 1971 y las brinda en 2008” y luego se pregunta: “pero ¿es posible definir nuestros candidatos por consenso?”
La conclusión a la que llega Michelini es que debería ser fácil llegar al consenso, si partimos del mismo diagnóstico y tenemos el mismo objetivo: ganar en primera vuelta con más del 50%. Y luego agrega otro elemento por el cual deberíamos alcanzar rápidamente el consenso: “Pero si además sabemos que hay dos candidatos cantados, que junto a nuestro Presidente son los dirigentes más destacados por la opinión pública de nuestro país, y que juntos, los dos, representan el poder de convocatoria electoral capaz de conseguir el objetivo principal, entonces, ese consenso debería construirse con total decisión”.
Por cierto, para el compañero Michelini los candidatos “cantados” son Astori y Mujica (en ese orden) y más adelante da sus razones para apoyar la fórmula: 1) simboliza la unidad; 2) convoca como ninguna otra; 3) mantiene los equilibrios internos; 4) asegura gobernabilidad, y 5) es la que mejor expresa la popularidad del gobierno.
1) Construir un consenso estratégico que nos conduzca a una nueva victoria electoral es una responsabilidad de todos. También de Asamblea Uruguay y del Movimiento de Participación Popular.
2) El Frente Amplio es una construcción política basada en el consenso y en el respeto de las minorías. Sin embargo, eso ni por asomo significa hacer lo que las minorías desean, sino por el contrario, que las minorías se avengan a los planteos de las mayorías como forma de permitir avanzar. Y en este caso concreto (el de las candidaturas) es por lo menos temerario afirmar que esa fórmula sea la que apoya la mayoría de los sectores del Frente Amplio. Por lo que se puede ver, hay un solo sector que ha adoptado una actitud militante a favor de dicha fórmula, y es precisamente el Nuevo Espacio.
3) Decir que hay candidatos cantados, no tiene demasiado rigor político. Se lo presenta como una especie de axioma, como algo que no tiene que ser demostrado. Habría que analizar al menos de donde surge la fórmula (quienes la “cantaron”). Hasta donde sabemos, nadie ha hecho un planteo concreto en los organismos del FA proponiendo esa fórmula, y muy por el contrario, la misma surge de la prensa y se ha mantenido en el tapete gracias a ella.
4) Cualquier fórmula a la que llegue el FA en sus instancias orgánicas será el “símbolo de la unidad” y no solo la que hasta ahora ha manejado la prensa y algunos compañeros. La unidad y sus símbolos siempre los hemos construido dentro del FA, y no es bueno que permitamos que se nos impongan desde afuera.
5) Decir que esa fórmula convoca como “ninguna otra”, puede ser verdadero o falso. Para saberlo, habrá que confrontar esa con otras que puedan surgir y analizar los criterios con los que vamos a medir el poder de convocatoria. Hasta ahora, la prensa no ha manejado otras, y por lo tanto la afirmación no tiene forma de ser comprobada.
6) No queda muy claro cuál es la razón por la que esa fórmula garantiza la gobernabilidad, definida por Michelini como “el trabajo unitario de todos los sectores, sin que nadie se sienta ajeno, ignorado o desplazado, en la conducción y en el ejercicio de la gestión”.
7) El compañero dice que “Tabaré Vázquez registra la mayor aprobación de opinión pública conocida en nuestro país, para un presidente de la República en su cuarto año de mandato”. Y luego agrega que “el reconocimiento a su gestión ronda el 60%, un guarismo superior al porcentaje de ciudadanos que votaron por él, en octubre de 2004”. Está bien, esos son hechos, pero… ¿como llega Michelini a la conclusión de que “la fórmula Astori - Mujica es la que mejor expresa esa aprobación y ese sentimiento”? Si eso fuera así, la fórmula concitaría la adhesión del 60%, y sin embargo, las últimas encuestas le dan poco más del 40. Salvo que lo que Michelini quiera decir es que Tabaré es tan popular gracias a la gestión de los compañeros Astori y Mujica, lo cual sería por lo menos discutible. Creemos que los hechos que hacen popular a nuestro gobierno y a Tabaré son aquellos que fundamentalmente han favorecido a las capas más necesitadas de nuestra población (plan de emergencia y equidad, reforma de la salud, consejos de salarios, etc.) y que la gente no identifica precisamente al compañero Astori con estas reformas sino con la más controvertida: la reforma tributaria.
Otra afirmación de Michelini –la de que el FA necesita captar los votos del centro para ganar en primera vuelta- merece un análisis más detenido que excede este espacio. Tal vez lo hagamos en la próxima.
en septiembre 11, 2008 No hay comentarios:
En los últimos días, y por variadas circunstancias, el tema de la anulación de la ley de caducidad ha estado en el tapete. Recordemos que estuvo sesionando en nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) y que la misma instó al Estado uruguayo a que investigue la desaparición de María Claudia García, nuera del escritor argentino Juan Gelman, ocurrida durante la dictadura. La decisión de la CIDH, responde a una petición presentada por Gelman y su nieta y fue notificada formalmente a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. La resolución fija un plazo de dos meses para que el Estado uruguayo cumpla con las recomendaciones del organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), y si ello no ocurre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede imponer una condena al Estado uruguayo que puede llegar hasta la expulsión de la OEA. Recordemos que en 1992 la CIDH ya había realizado un pronunciamiento en contra de la ley votada en 1986 que amnistió a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura en Uruguay (1972-1985), pero la norma se ha mantenido vigente hasta hoy.
Por otro lado, se han producido algunos hechos muy notorios, como la firma de la papeleta por la anulación de la ley por parte de un connotado dirigente de nuestra fuerza política como lo es sin duda el Pepe Mujica, hecho que se dio con afirmaciones suyas que generaron polémica. Asimismo hemos asistido a declaraciones públicas del ministro José Bayardi, del vicepresidente Nin Novoa y del propio Jorge Brovetto que motivaron duras reacciones de parte de las bases de Montevideo en la Mesa Política Nacional.
Creemos que es bueno que este tema se discuta y que se lo haga a la luz pública, porque no se trata de un tema interno del Frente Amplio sino de un problema de Estado, de un problema nacional, y hasta si se quiere, por su relevancia, de un problema internacional.
Como sabemos, en el informe 29/92 (hace ya 16 años), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) declaró que la ley de caducidad es incompatible con el artículo XVIII (derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, los sucesivos períodos de gobierno hasta ahora se ha mantenido vigente la ley. Por cierto, no podíamos esperar otra cosa de los gobiernos blancos y colorados que nos precedieron con sus mayorías parlamentarias. Ellos fueron los gestores de la impunidad y los encargados de evitar de cualquier manera que hubiera un mínimo de verdad y de justicia. Pero la pregunta es: ¿qué podía esperar el ciudadano uruguayo común y corriente de un gobierno del Frente Amplio? Un ciudadano común, basado en los antecedentes de la izquierda uruguaya, no dudaría en afirmar que, de llegar el Frente Amplio al gobierno, eliminaría de un saque la ley de impunidad. Porque desde el mismo momento en que la ley fue creada, la izquierda uruguaya luchó por su eliminación. Y porque durante todos estos años no ha cejado en su reclamo de verdad y justicia. Reclamo que justamente impide cumplir esa ley. Porque ese mismo sentido tienen las marchas del 20 de mayo que año a año vienen sumando más y más apoyo popular. Pero si ese ciudadano además está bien informado, y conoce el Programa del Frente Amplio, no dudará ni un instante que la suerte de la ley está echada. Bastaría con que hubiese leído el párrafo del Programa que dice: “El gobierno progresista reafirma la posición clara que las normas de tratados internacionales sobre derechos humanos, tienen igual valor que las leyes nacionales. Al respecto se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”. La única forma de adecuar la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país, en materia de derechos humanos, es anulando la ley de impunidad. No hay otra forma de hacerlo. El derecho internacional se ha desarrollado mucho desde aquel informe de la CIDH de 1992, y ahora es aun más claro que la ley de caducidad es incompatible con los principios internacionales a los que ha adherido Uruguay como país soberano. Recordemos lo que decía el año pasado Paolo Carozza, el encargado de supervisar los casos de Uruguay en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Hay casos en los que se ha establecido la violación, y en otros se deberá investigar. Pero si hay una ley que prohíbe o pone obstáculos graves para la investigación y derivación de los hechos, hay que adoptar medidas. En ese sentido, la Corte Interamericana afirmó muy claramente que cualquier obstáculo de derecho interno debe ser eliminado”.
Para el compañero Mujica, "No es posible para muchos ni olvido ni perdón, pero menos cabe cultivar la imagen de verdugos sobre quienes nos 'verduguearon' hace más de 30 años", y por ello propone que, a quienes "asuman las responsabilidades jurídicas y morales que les correspondan, sus eventuales penalidades carcelarias les deberían ser conmutadas". No lo compartimos. Un verdugo (para Wikipedia) es la persona encargada de llevar a cabo la ejecución de un reo condenado a la pena de muerte o penas corporales por la justicia civil o eclesiástica. Y ese no es el papel que asumiría ni el gobierno ni el pueblo anulando la ley de impunidad. Lo que permite la anulación de la ley es un abanico de cosas. Entre otras, cumplir con los tratados internacionales. Pero también cumplir con la Constitución, y por añadidura cumplir con un compromiso moral de la ciudadanía de nuestro país al eliminar de su ordenamiento jurídico una ley inmoral. Pero fundamentalmente, lo que significa anular la ley de impunidad es abrir un ancho cauce a la justicia. De ninguna manera se trata de “veduguear”.
En cuanto a lo manifestado por el ministro Bayardi, respetamos su posición, pero realmente no la comprendemos y nos preocupa. Bayardi reconoce que “La fuerza política del Frente Amplio ha definido una posición en su plenario nacional” (la posición es del Congreso, y lo que hizo el Plenario fue instrumentarla, aclaremos), pero agrega que “como miembro del Poder Ejecutivo- voy a seguir defendiendo los criterios que el Poder Ejecutivo ha mantenido que es el de mantener la Ley de Caducidad durante este período de gobierno”. Lo que esta forma de razonar trasunta, al parecer, es que cuando un militante político del Frente Amplio pasa a integrar el Poder Ejecutivo ya no responde más a la fuerza política que lo puso en ese lugar. Pero además parece ignorar que esta es una decisión que de ninguna manera corresponde al Poder Ejecutivo. Quien elabora las leyes, las anula, las deroga, las vota, en nuestro ordenamiento jurídico es el Parlamento y no el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, las posiciones que pueda haber en cuanto a anular o no la ley de impunidad en el Poder Ejecutivo son posiciones personales –muy respetables todas ellas- pero nunca pueden ser una posición del Poder Ejecutivo como tal. Cuando se es partidario de sacar la ley de caducidad de nuestro ordenamiento jurídico (como dice serlo el compañero Bayardi), lo que hay que hacer es trabajar en ese sentido. Y con más razón cuando se pertenece a una fuerza política que ha decidido hacerlo y lo ha hecho en sus instancias democráticas superiores.
en septiembre 04, 2008 1 comentario:

References: artículo 18
 artículo 84
 resolución 
 artículo 94
 resolución 
 artículo 168
 artículo 165
 resolución