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Timestamp: 2018-08-19 10:37:46+00:00

Document:
Ley 1/1998, de 10 de marzo, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. TITULO III. De la actuación administrativa para la protección de los consumidores y usuarios
De la actuación administrativa para la protección de los consumidores y usuarios
a) Colaborar y cooperar en la protección a los consumidores y usuarios, coordinando sus actuaciones a fin de hacer efectivo el principio de eficacia en la actividad administrativa.
b) Intervenir como mediadoras en la resolución de los conflictos entre los consumidores y empresarios.
c) Fomentar el Sistema Arbitral de Consumo.
d) Proporcionar a los consumidores y usuarios toda clase de información sobre sus derechos y otras cuestiones que les afecten como tales.
e) Promover la educación y formación de los consumidores y usuarios.
f) Fomentar el asociacionismo de los consumidores y usuarios.
g) Colaborar con las asociaciones de consumidores y las organizaciones empresariales en campañas de información y sensibilización de consumidores y empresarios en materia de consumo.
h) Programar y realizar actuaciones de control e inspección de los productos, bienes y servicios.
i) Citación de los ciudadanos para su comparecencia en las oficinas públicas cuando sea necesario para esclarecer las actuaciones de control e inspección o las reclamaciones, siempre que se hubiere intentado por los medios habituales, y éstos no hubieran resultado suficientes.
j) Adoptar las medidas cautelares y preventivas oportunas para la protección de los consumidores y usuarios frente a cada clase de riesgo, y otras circunstancias que puedan afectar o perjudicar a la generalidad de aquéllos.
k) Sancionar las conductas que constituyan infracción a las normas de consumo.
Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para conseguir que los productos y servicios objeto de la presente Ley dispongan de las especificaciones que determinen su calidad, se ajusten a ellas y mantengan la adecuación a las expectativas de uso o consumo que ofrezcan, y garantizarán:
a) Que de conformidad con la legislación aplicable, el consumidor disponga de la garantía y del servicio correspondiente postventa para los bienes de consumo duradero. La garantía formalizada por escrito necesariamente expresará:
1. El fiador.
b) La exactitud en el peso y medida de los productos y el correcto suministro de los servicios.
c) La correcta y transparente información sobre los precios de los productos y servicios adquiridos al contado o a plazos.
d) Legalidad de los precios de los recambios de los bienes al aplicarlos en las reparaciones y mano de obra, traslados y visitas.
Las Administraciones Públicas fomentarán y procurarán:
a) La obtención individual de una mejor relación de calidad para los bienes y servicios suministrados.
b) La prevención del despilfarro, en particular en lo referente a:
El acondicionamiento de los productos.
La duración del uso de los bienes.
El problema de reciclaje de los materiales.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento administrativo de mediación en la atención de las denuncias y reclamaciones de los consumidores y usuarios, presentadas contra empresas, profesionales o administraciones, sin perjuicio de las actuaciones de inspección y sanción que correspondan.
El procedimiento deberá contener, al menos, una fase de alegaciones del reclamado y otra de información para el reclamante.
La Consejería de Sanidad y Consumo promoverá, en el marco de la legislación vigente, el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo y la adhesión al mismo de las empresas, los profesionales y sus organizaciones, así como de las asociaciones de consumidores y usuarios de toda la Comunidad Autónoma.
Las Administraciones Públicas radicadas en las islas Baleares propiciarán en sus respectivos ámbitos que las entidades y empresas públicas que dependan de ellas y las entidades o empresas privadas que gestionen servicios públicos o reciban recursos de aquéllas, se adhieran al Sistema Arbitral de Consumo.
Actuaciones administrativas en materia de información a los consumidores y usuarios
1. Se promoverá la existencia de oficinas y departamentos de titularidad pública, como órganos de información y asesoramiento a los consumidores y usuarios, cuyo ámbito podrá ser autonómico, insular, municipal o supramunicipal, atendiendo a los criterios de eficacia y eficiencia.
2. Estas oficinas podrán tener un carácter específico, cuando estén especializadas en una materia concreta que pueda afectar a los ciudadanos como consumidores o usuarios.
1. Son funciones de las oficinas de información al consumidor y usuario:
a) Informar y orientar a los consumidores y usuarios para el adecuado ejercicio de sus derechos.
b) La recepción y registro de denuncias y reclamaciones de los consumidores y usuarios, y su remisión a las entidades y organismos correspondientes.
c) Mediar en la resolución de conflictos y fomentar el Sistema Arbitral de Consumo, como cauce de resolución de los mismos; sirviendo, en su caso, de sede de los arbitrajes de consumo.
d) Suministrar la información requerida por las Administraciones Públicas a efectos estadísticos y de colaboración en la actuación de defensa de los consumidores y usuarios.
e) Realizar campañas informativas y actividades de formación y educación de los consumidores y usuarios.
La Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares concertará con las entidades locales de su territorio fórmulas de participación activa en los programas conjuntos de protección de los consumidores y de cooperación en materia de consumo con las Administraciones Locales de toda la Unión Europea.
Actuaciones administrativas para la educación y formación de los consumidores y usuarios
Al objeto de hacer efectivo el derecho a la educación en materia de consumo, el Gobierno de la Comunidad Autónoma adoptará las medidas oportunas para:
a) Establecer la colaboración precisa con los órganos competentes, a fin de incluir la educación del consumidor dentro del currículum ordinario de los centros de enseñanza, en todos los ciclos y niveles de la educación obligatoria.
c) Garantizar la formación permanente en materia de consumo del personal que ejerza funciones de información y orientación a los consumidores.
e) Promover la edición y difusión de vocabularios especializados y otros materiales que faciliten el uso de la lengua propia de las islas Baleares en los contratos y, en general, en las actividades comerciales y profesionales.
1. Las Administraciones Públicas de las islas Baleares en sus respectivos ámbitos competenciales desarrollarán actuaciones de control e inspección de modo coordinado sobre los bienes, productos y servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios, a fin de comprobar su adecuación a las normas vigentes en materia de protección del consumidor y usuario.
2. En especial, se adoptarán las medidas de vigilancia prioritaria y continuada para asegurar el cumplimiento de la normativa reguladora sobre:
a) La calidad de los alimentos y bebidas y la idoneidad de los establecimientos donde se elaboren, manipulen, envasen, almacenen o expendan.
b) El origen, distribución y utilización de los productos tóxicos; sustancias, preparados y productos peligrosos.
c) La calidad y seguridad de las viviendas y las instalaciones de los servicios comunitarios, tales como fluido eléctrico, gas, agua, saneamiento y aparatos elevadores, así como la idoneidad de los sistemas de prevención y extinción de incendios.
d) La calidad en los medios de transporte público o colectivo y, en particular, la seguridad de los menores en el transporte escolar.
e) La seguridad en establecimientos de hostelería y restauración, establecimientos públicos y demás lugares de uso o disfrute comunitario, de recreo o de prácticas deportivas.
f) La composición, grado de inflamabilidad, toxicidad y normas de uso de los productos, así como la seguridad, salubridad y calidad de los juguetes y otros productos destinados a la infancia y a las gestantes.
3. La Administración Autonómica actuará coordinadamente con las Administraciones Locales en la realización de las actividades de inspección y control.
4. Las actuaciones de inspección tendrán por objeto, preferentemente el control de aquellos bienes, productos y servicios considerados como de uso o consumo común, ordinario y generalizado.
5. La actuación inspectora se ajustará a las prescripciones establecidas legalmente en Leyes y Reglamentos.
La detección por parte de la Inspección de Consumo de acciones u omisiones que no causan un perjuicio directo a los consumidores o usuarios, que suponen simples irregularidades subsanables a requerimiento de la inspección, podrán dar lugar a la apertura de un procedimiento de vigilancia y, eventualmente, a una amonestación al responsable de las mismas.
Los Inspectores de Consumo tendrán carácter de autoridad en el ejercicio de sus funciones. Para el desarrollo de su actuación inspectora podrán solicitar la ayuda que resulte precisa de cualquier otra autoridad o de sus agentes, que deberán prestársela.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los hechos constatados por los Inspectores de Consumo que se realicen en acta, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.
1. Las personas físicas y jurídicas titulares de los establecimientos, sus representantes o personas a cargo del establecimiento en el momento de la inspección están obligadas a:
a) Consentir y facilitar las visitas de inspección, y acceso a las dependencias del establecimiento, incluso fuera del horario de apertura, cuando sea necesario para el control de la actividad desarrollada.
b) Suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos o servicios, así como las autorizaciones, permisos y licencias necesarios para el ejercicio de la actividad, permitiendo que el personal inspector compruebe directamente los datos aportados.
c) Tener a disposición de la Inspección la documentación que sirva de justificación de las transacciones efectuadas, tales como los contratos, facturas, albaranes y demás documentos exigidos legalmente, así como aquéllos que sean necesarios para determinar las responsabilidades pertinentes.
2. Las personas físicas o jurídicas y, en su caso, sus representantes, titulares de empresas intervinientes en la fabricación, comercialización y venta de bienes o prestación de servicios, están obligadas a informar o presentar la documentación que les sea requerida por los órganos competentes en materia de consumo, a efectos del control de productos y servicios.
3. Será obligatoria la comparecencia de los ciudadanos en las oficinas públicas en los términos previstos en el artículo 27 i).
El Gobierno de las islas Baleares establecerá reglamentariamente el procedimiento de registro y acreditación de los laboratorios habilitados para la realización de pruebas periciales analíticas de los productos de uso y consumo.
De las medidas cautelares y preventivas
La autoridad competente adoptará las medidas cautelares o preventivas que se consideren oportunas en aquellos supuestos en que existan claros indicios de vulneración de los derechos reconocidos a los consumidores; y, en todo caso, en los siguientes supuestos:
a) Cuando existan claros indicios de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores y usuarios.
b) Cuando se vulneren de forma generalizada los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios.
c) Cuando se comercialicen productos carentes de etiquetado obligatorio o éste figure en una lengua no oficial en la Comunidad Autónoma.
1. Las medidas cautelares podrán consistir en:
e) La información pública en la forma reglamentariamente establecida.
2. Las medidas cautelares y preventivas deberán ser proporcionadas a la irregularidad detectada y mantenerse el tiempo estrictamente necesario para la realización de los oportunos controles y verificaciones en los centros cualificados para ello, o el tiempo que los interesados inviertan en la subsanación del problema o completa eliminación del riesgo, lo que habrá de ser convenientemente verificado por la autoridad que ordenó la medida.
De adoptarse estas medidas antes de la iniciación del procedimiento sancionador, en el acto de notificación de las mismas se fijará un plazo máximo de audiencia al interesado de cinco días hábiles, debiendo dictar resolución sobre las medidas adoptadas, la autoridad competente, en el término de diez días hábiles.
Si el riesgo sobrepasara el ámbito de las islas Baleares, la autoridad competente lo pondrá en conocimiento de la Administración General del Estado y del resto de las Administraciones cuyos territorios se podrían ver afectados mediante las vías y procedimientos establecidos.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 137
 artículo 27
 resolución