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Timestamp: 2019-02-15 22:59:04+00:00

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Test 112 220527
La Constitución Española se compone de: 1 Título Preliminar y otros 9 Títulos numerados 1 Título Preliminar y otros 10 Títulos numerados 12 Títulos numerados Un Preámbulo y 9 Títulos numerados.
De acuerdo con el artículo 17.2 de la Constitución la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso: En el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial En el plazo máximo de 48 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial Transcurridas 48 horas, el detenido deberá ser sometido a un procedimiento de habeas corpus Transcurridas 24 horas, el detenido deberá ser sometido a un procedimiento de habeas corpus.
De acuerdo con el artículo 20 de la Constitución el ejercicio del derecho a la libertad de cátedra: Puede restringirse mediante censura previa No puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa No está sometido a ningún límite Tiene como único límite el respeto a la propia imagen.
La Constitución garantiza: La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales La arbitrariedad de los poderes públicos La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables.
A los efectos del Estatuto de Autonomía de Galicia, y según su artículo 3.1, gozan de la condición política de gallegos: Los ciudadanos españoles que hayan nacido en Galicia Los ciudadanos extranjeros que hayan tenido vecindad administrativa en Galicia, de acuerdo con las leyes generales del Estado Los ciudadanos extranjeros que hayan nacido en Galicia Los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los Municipios de Galicia.
Según el artículo 13 del Estatuto de Autonomía, las leyes de Galicia: Serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de la Xunta y publicadas en el Diario Oficial de Galicia y en el Boletín Oficial del Estado Serán promulgadas por el Rey y publicadas en el Diario Oficial de Galicia y en el Boletín Oficial del Estado Serán promulgadas en nombre del Rey por el Consello de la Xunta y publicadas en el Diario Oficial de Galicia y en Boletín Oficial del Estado Serán promulgadas por el Consello de la Xunta y publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
Según el artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, los actos de la Administración pública que incurran en desviación de poder: Son nulos de pleno derecho Son anulables Nunca serán objeto de convalidación Son nulos siempre y cuando así lo determine el superior jerárquico del órgano que los dictó.
Según el artículo 82 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, instruidos los procedimientos administrativos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes: Por un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, en que podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes Por un plazo de 30 días en que podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes Por un plazo de 20 días en que podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes Por un plazo no inferior a 20 días ni superior a 30, en que podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Según la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común (art. 83) cuando el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento acuerde la apertura de un período de información pública, el plazo para la formulación de alegaciones: En ningún caso podrá ser inferior a 15 días En ningún caso podrá ser inferior a 20 días En ningún caso podrá ser inferior a 30 días En ningún caso podrá ser inferior a 10 días ni superior a 15.
La incomparecencia en el trámite de información pública, según la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común (art. 83): No impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento Impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento Impedirá obtener la condición de interesado en el procedimiento Todas las respuestas son incorrectas.
Según el artículo 95 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que: Transcurridos 6 meses, acordará el archivo de las actuaciones Transcurridos 3 meses, se producirá la caducidad del procedimiento Transcurridos 6 meses, se producirá la caducidad del procedimiento Transcurridos 15 días, acordará el archivo de las actuaciones.
Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para notificar la resolución expresa: Éste será de 1 año Éste será de 3 meses Éste será de 6 meses Éste será de 6 meses solo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, de Procedimiento administrativo común, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas el silencio administrativo tendrá efecto: Desestimatorio Estimatorio Estimatorio, siempre y cuando el dictamen del Consello Consultivo fuese favorable a dicha estimación Estimatorio, siempre que concurra alguno de los requisitos exigibles para declarar la responsabilidad de la Administración.
De acuerdo con el artículo 41.7 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, cuando el interesado en un procedimiento fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación: La de la notificación electrónica, si se trata de un interesado obligado a recibirla por esta vía La de aquélla que se hubiera producido en primer lugar La de aquélla que se hubiera producido en último lugar La de la notificación electrónica, en todo caso.
De acuerdo con el artículo 43.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido: 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido 15 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido 15 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará, según la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común (art. 44): Por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado Por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma Por medio de un anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado Por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.
Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos, según el artículo 123 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común: En alzada, ante el órgano superior jerárquico del que los dictó Potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado Potestativamente en reposición ante el órgano superior jerárquico del que los dictó En alzada, ante el mismo órgano que los dictó.
Según el artículo 124 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, el plazo para la interposición del recurso de reposición contra un acto no expreso será: De 1 mes De 3 meses En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica se produzca el acto presunto De 2 meses.
Según el Estatuto de Autonomía de Galicia, los poderes de la Comunidad Autónoma de Galicia: Emanan de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Galicia y del pueblo Emanan del Estatuto de Autonomía de Galicia y del pueblo Emanan de la Constitución y del pueblo En el Estatuto de Autonomía de Galicia no se recoge nada al respecto.
Según el artículo 11 del Estatuto de Autonomía una ley de Parlamento de Galicia fijará el número de sus miembros: Entre 300 y 400 diputados Entre 70 y 90 diputados Entre 60 y 80 diputados Ninguna es correcta.
La ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo común (artigo 7) señala que cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán: En todo caso, con la persona que figure en primer término Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y en su defecto, con el que figure en primer término En todo caso, con todos los interesados que figuren en la solicitud Ninguna es correcta.
Según el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en: Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual Exclusivamente funcionarios de carrera Exclusivamente funcionarios de carrera y funcionarios interinos Exclusivamente funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual.
Según el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal eventual: Podrá realizar, entre otras, funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial Solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial No cesará de forma automática cuando se produzca el cese de la autoridad que efectuó el nombramiento Podrá realizar funciones que impliquen el ejercicio de autoridad.
En aplicación del art. 21 del Real Decreto Legislativo 5/2015, del Estatuto Básico del Empleado Público, la cuantía de las retribuciones básicas de los funcionarios que integran la Administración Local, será determinada por: La Ley de Presupuestos Generales del Estado El pleno de la Corporación Local por mayoría simple El pleno de la Corporación Local por mayoría absoluta La Junta de Gobierno Local.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 111 de la Ley 2/2015, de Empleo Público en Galicia, el personal funcionario para concurrir a exámenes finales u otras pruebas definitivas de aptitud, tiene derecho a un permiso cuya duración será: El tiempo de su celebración Los días de su celebración La Ley de empleo público de Galicia no recoge este derecho El personal funcionario deberá utilizar un día por asuntos particulares para acudir a la celebración de exámenes finales o pruebas definitivas de aptitud.
La Ley 2/2015, de Empleo Público de Galicia (artículo 121) dispone que, en los casos de parto, la madre funcionaria tiene derecho a un permiso retribuido con una duración de: 16 semanas 22 semanas 20 semanas 18 semanas.
Según el art. 127 de la Ley 2/2015, del Empleo Público de Galicia, la licencia por asuntos propios: Será de 6 días al año No podrá exceder de 3 meses cada 2 años y estará subordinada a las necesidades del servicio Será de 6 días al año, que se pueden incrementar en función de la antigüedad del funcionario solicitante No podrá exceder de 3 meses cada 3 años y no podrá ser denegada por necesidades del servicio.
Según el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de Haciendas Locales, la bonificación del impuesto sobre bienes inmuebles a los titulares de familia numerosa: Es una bonificación obligatoria en todos los municipios Podrá alcanzar hasta el 90 % de la cuota íntegra del impuesto Tendrá una duración máxima de 3 años desde la fecha de adquisición del inmueble No es una bonificación sino un supuesto de no sujeción al impuesto.
El artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de Haciendas Locales, no recoge como recurso de la hacienda de las entidades locales: Las subvenciones Los ingresos procedentes de su patrimonio El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias El importe de los premios obtenidos en sorteos estatales.
Según el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de Haciendas Locales, el acuerdo provisional de aprobación de las ordenanzas fiscales se expondrá en el tablón de anuncios de la Entidad por un periodo, como mínimo, de: 15 días 30 días 1 mes 2 meses.
Conforme al artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de Haciendas Locales, indique qué tipo de ingreso puede establecer el Ayuntamiento para el cobro de una ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas: Impuesto Tasa Precio público Contribución especial.
Conforme al artículo 21 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de Haciendas Locales, no podrán exigirse tasas por: Servicios de prevención y extinción de incendios Servicios de alcantarillado Instalación de quioscos en la vía pública Limpieza de la vía pública.
Indique, conforme al artículo 59 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de Haciendas Locales, cuál de los siguientes no es un impuesto obligatorio en los Ayuntamientos: El impuesto sobre bienes inmuebles El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras El impuesto sobre actividades económicas El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Conforme al artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de Haciendas Locales, indique cuál de los siguentes derechos no constituye el hecho imponible del impuesto sobre bienes inmuebles: Arrendamiento Propiedad Superficie Usufructo.
Conforme al artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de Haciendas Locales, están exentos del impuesto sobre actividades económicas los sujetos pasivos que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a: 100.000 € 10.000 € 1.000.000 € 10.000.000 €.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 92 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de Haciendas Locales, no están sujetos al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: Los tractores Los vehículos de transporte público Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos Las ambulancias.
Conforme al artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de Haciendas Locales, las ordenanzas fiscales podrán establecer una bonificación de la cuota del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en función de las características de los motores y su incidencia en el medio ambiente de hasta: El 90% El 50% El 75% El 100%.
Conforme al artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, el instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados: En cualquier caso Cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias Cuando excedan de 5 En ningún caso.
Conforme al artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que tiene carácter: Preceptivo Facultativo Vinculante No vinculante.
Conforme al artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, el plazo para la interposición de un recurso de alzada contra un acto expreso es de: 1 mes 30 días 2 meses 3 meses.
La Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales (artículo 2) tiene por objeto: Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo Mejorar la productividad de las empresas por medio de la disminución de los accidentes de trabajo Eliminar todos los riesgos para la salud de los trabajadores Impedir que los empresarios puedan poner a los trabajadores en situaciones de riesgo laboral.
La Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales (art. 3.4) no será de aplicación a: Los miembros de la carrera judicial Los funcionarios públicos Los empleados del hogar familiar Los trabajadores que desempeñen puestos de confianza.
La Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales define riesgo laboral como (artículo 4): Los daños que se materializan en el entorno laboral, aunque no sean consecuencia directa del mismo La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo Los daños que se producen como consecuencia del trabajo Los accidentes y enfermedades que son producidos o causados en el trabajo.
Según la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales para determinar la gravedad de un riesgo laboral se valorará (artículo 4): La gravedad del daño El número de ocasiones en que se produjo un accidente con anterioridad El importe económico del daño causado y el deterioro de la salud que produce La probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.
Según la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales (art. 4) se considera riesgo laboral grave e inminente: Todo riesgo de accidente que pueda provocar la muerte o una enfermedad incapacitante a un trabajador Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores Aquel que pueda afectar a una pluralidad de trabajadores Todo riesgo de accidente que pueda provocar la muerte o una enfermedad incapacitante a más de un trabajador.
Es un principio de actuación de la Comunidad Autónoma en materia de igualdad recogido en el Decreto legislativo 2/2015, de igualdad (art. 1): La búsqueda y la eliminación absoluta de las discriminaciones por razones de sexo, sean directas o indirectas El fomento de las medidas para evitar las discriminaciones directas La sanción de los patrones socioculturales de conducta que favorezcan la discriminación y la creación de unidades específicas La reducción de los comportamientos discriminatorios a niveles socialmente aceptables.
Una medida de conciliación y corresponsabilidad en el empleo público prevista en el Decreto legislativo 2/2015, de igualdad (art.91) es: El derecho de las trabajadoras con responsabilidades familiares a elegir el período de vacaciones La preferencia de las mujeres gestantes para elegir los días de asuntos propios El derecho de las mujeres gestantes a elegir el periodo de vacaciones El derecho de las mujeres gestantes y de sus parejas a elegir el período de vacaciones.
Dentro de la promoción autonómica de las medidas municipales de conciliación establecida en el Decreto legislativo 2/2015, de igualdad (articulo 96) se incluyen: Los bancos municipales de tiempo Los préstamos de tiempo para colectivos desfavorecidos Las acciones municipales descentralizadas para combatir la violencia de género Los planes de promoción de ocio igualitario.
Según la Instrucción de transversalidad del Ayuntamiento de A Coruña de 11/03/2016, la responsabilidad en materia de transversalidad dentro del ámbito municipal reside en: La Concejalía de Igualdad y Diversidad en colaboración con la Concejalía de Participación e Innovación Democrática El Alcalde La Junta de Gobierno Local El Pleno.
Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (art. 3) a los efectos de dicha Ley, las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social: Se considera que forman parte del sector público Se considera que forman parte del sector público siempre que se constituyan con una participación mayoritaria de una entidad integrada en el sector público Se considera que no forman parte del sector público Se considera que no forman parte del sector público salvo que su patrimonio esté integrado en más de un 50% por bienes aportados por sujetos integrantes del sector público.
Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (art. 102) en el precio del contrato, el Impuesto sobre el Valor Añadido: No se entenderá incluido Se entenderá incluido salvo que el precio sea satisfecho en moneda distinta del euro Se entenderá incluido Se entenderá incluido salvo que el contrato esté formulado en términos de precios unitarios.
Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (art. 16) son contratos de suministro los que tienen por objeto: La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles, salvo los equipos y sistemas de telecomunicaciones La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes inmuebles Prestaciones consistentes en el desarrollo de una actividad La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
Según la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (art. 124) ¿quién ostenta la máxima representación del municipio? La Junta de Gobierno Local El alcalde El Pleno Los tenientes de alcalde.
Según la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (art. 123) en los Municipios de gran población, el planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades locales y otras Administraciones públicas es atribución: Del Pleno De la Junta de Gobierno Local Del Consejo Social de la Ciudad Del alcalde.
Según la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (art. 126) en los Municipios de gran población el número de miembros de la Junta de Gobierno Local no podrá exceder de: Un tercio del número legal de miembros del Pleno, además de los tenientes de alcalde Un quinto del número legal de miembros del Pleno, además del alcalde Un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del alcalde Un quinto del número legal de miembros del Pleno, además de los tenientes de alcalde.
Indique cuál de las siguientes no es función del alcalde en los Municipios de gran población según la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (art. 124): La Jefatura de la Policía Municipal Dictar bandos, decretos e instrucciones Ejercer la superior dirección del personal al servicio de la Administración Municipal La separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento.
Según la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (art. 127) no es atribución de la Junta de Gobierno Local: El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia La aprobación del proyecto de presupuesto La aprobación del número y régimen del personal eventual Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los órganos ejecutivos del Ayuntamiento.
Indique cuál de las siguientes no es competencia propia del Municipio (art. 25 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local): Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria Protección de la salubridad pública La autorización y acreditación de centros de servicios sociales La gestión de los residuos sólidos urbanos.
La gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: Es una competencia propia del Municipio Es una de las competencias que la Ley prevé que podrá ser delegada en los Municipios por la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas Es competencia exclusiva de los Municipios que funcionan en régimen de Concejo Abierto Es competencia propia de las Diputaciones Provinciales.
Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el alcantarillado es un servicio que: Deberán prestar en todo caso todos los Municipios Deberán prestar exclusivamente los Municipios con población superior a 20.000 habitantes Deberán prestar exclusivamente los Municipios de gran población Deberán prestar exclusivamente los Municipios con población superior a 5.000 habitantes.
El Estatuto de Autonomía de Galicia: Considera el gallego y el castellano como lenguas propias de Galicia Establece el derecho y el deber de conocer el gallego y el castellano Considera el gallego como lengua propia de Galicia, pero no oficial Considera el gallego como lengua propia y oficial de Galicia y el castellano como lengua oficial.
Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, la eficacia del acto administrativo quedará demorada: Cuando así lo exija el contenido del acto Cuando esté supeditada a su notificación o publicación Cuando esté supeditada a aprobación superior Todas las respuestas son correctas.
El art. 36 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, señala que la forma en que se producirán los actos administrativos será: Por escrito a través de medios electrónicos, no pudiendo los órganos administrativos ejercer su competencia de forma verbal Por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que por su naturaleza exija otra forma más adecuada De manera verbal, dejando constancia con la firma del titular del órgano superior Deberán ser individualizados y en ningún caso podrán refundirse.
Según el art. 57 de la Ley 2/2015, de Empleo Público de Galicia, el personal funcionario de carrera se seleccionará: Ordinariamente por el sistema de oposición y excepcionalmente por el sistema de concurso-oposición Ordinariamente por el sistema de oposición, concurso-oposición y concurso Ordinariamente por el sistema de oposición o concurso-oposición y, con carácter excepcional, solo en virtud de ley, por concurso Ordinariamente por el sistema de oposición y excepcionalmente, solo en virtud de ley, por el sistema de concurso-oposición y concurso.

References: artículo 17
 artículo 20
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 48
 artículo 82
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 95
 artículo 21
 resolución 
 artículo 24
 artículo 41
 artículo 43
 artículo 123
 artículo 124
 artículo 11
 artículo 8
 Real Decreto 
 artículo 12
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 111
 artículo 74
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 17
 Real Decreto 
 artículo 20
 Real Decreto 
 artículo 21
 Real Decreto 
 artículo 59
 Real Decreto 
 artículo 61
 Real Decreto 
 artículo 82
 Real Decreto 
 artículo 92
 Real Decreto 
 artículo 95
 Real Decreto 
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 122
 artículo 39