Source: http://suontraj-merida.blogspot.com/2010/02/
Timestamp: 2017-06-27 12:17:44+00:00

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SUONTRAJ SECCIONAL MÉRIDA: febrero 2010
LA REDUCCION DE MEDICINAS EN LOS TRABAJADORES JUDICIALES
En los últimos lineamientos de la DEM en cuanto a las farmacias incorporadas a la red para el otorgamiento de medicamentos a los trabajadores judiciales, bajó más del 75% del monto asignado para la adqusición de medicinas, esto quiere decir que anteriormente a los Trabajadores se les ortogaba un monto dinerario suficiente para adquirir medicinas; ahora resulta que se han mermado los mismos, es claro que es una irregularidad y que no se observa ni el fin ni ninguna justicia social en el poder judicial, fíjense en el caso de la cra. Maribel Capdeville, Trabajadora Judicialjubilada del Estado Yaracuy, quien presenta una enfermad crónica desde hace años, le fue otorgada la incapacitación por la misma enfermedad, el cuadro que presenta no es fácil cuando está en casa en sillas de rueda sin nadie que le escuche, en medio de la soledad después de haber servido como funcionario público, el poco consuelo que recibe, es que sus medicinas fueron mermadas, la cra. Maribel, presenta 3 enfermedades de tipo “inmunológico” y toma esteoirdes, anticogualentes para la sangre, y (6) medicamentos mas y si deja de tomar los mismos presenta descompensación en sus órganos internos, presentando cuadro de lupus eritemastoso, síndrome de sjogren y síndrome antifosfolipido….” Nos preguntamos cuando hay casos especiales de este tipo, donde está la fulana justicia social ? Debe otorgársele la dotación completa en lo que respecta a medicinas a esta cra. Jubilada, llamado que se le hace a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, ya que se ha agotado todo tipo de instancias.
733 egresados de la UBV aspiran a ingresar al Poder Judicial La corrupción y el retardo procesal, dos de los principales flagelos que azotan a la Justicia venezolana sólo podrán ser superados mediante la incorporación de nuevos funcionarios formados de manera distinta. Al menos así lo considera la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales, quien anunció que a finales del año pasado suscribió un acuerdo con la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) para que profesionales formados en esa casa de estudios ingresen al Poder Judicial. Ayer, durante el acto de apertura del año judicial, la funcionaria informó que los 733 abogados que egresaron de la primera promoción de la institución ingresarán a la Escuela Nacional de la Magistratura, donde se someterán a unos cursos, y de superarlos ingresarán al máximo juzgado, la Defensa Pública o los demás tribunales del país. "Una nueva gesta de abogados preparados para plenar de jueces y funcionarios honestos, capaces y formados en el nuevo constitucionalismo y probados en lo moral y ético". Así calificó Morales a los aspirantes, muchos de los cuales se encontraban presentes en la sede del máximo juzgado presenciando el evento. El anuncio de la presidenta del TSJ parece confirmar los temores de los sindicatos sobre los motivos de la reestructuración del Poder Judicial que en marzo pasado decretó la Sala Plena del máximo juzgado. Desde el Sindicato Unitario Organizado de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj) se denunció que la medida, que en esta oportunidad no afectaba a jueces solamente sino también a funcionarios administrativos, buscaba abrir mil puestos para sustituirlos por egresados de la UBV. Con carga política Durante su discurso, Morales abogó por dejar de utilizar los tribunales como campo de batalla política. "Uno de los males que tiene que erradicar el Poder Judicial es, tomando en consideración el costo de la sentencia, es el uso abusivo que se hace del aparato judicial solamente con la intención de politizar algunos casos, recargando de acciones que a veces ni siquiera son revisadas por quienes las intentan al sistema", afirmó. No obstante, esta exigencia la presidenta del TSJ dedicó un porcentaje importante de los más de 50 minutos que duró su discurso en fijar su punto de vista político frente a determinados hechos como la intervención militar en Haití. La magistrada se sumó al presidente Hugo Chávez, quien asistió al acto, y acusó a Estados Unidos de querer "adueñarse" de la devastada isla "bajo el engaño de la ayuda" para superar las secuelas del terremoto del 12 de enero. Asimismo insistió en criticar, aunque sin mencionarla expresamente, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que dijo está "dominada por centros de poder" que buscan intervenir en los asuntos internos de los países de la región. Balance del año En su discurso, Morales exhibió como un logro de su gestión el hecho de que haya ejecutado 99% del presupuesto asignado para 2009, el cual superó los 4 millardos de bolívares fuertes. No obstante, no detalló en qué se invirtieron los recursos. Sólo informó que el año pasado se abrieron 4 nuevos tribunales y que se inició la mudanza de los juzgados civiles y mercantiles de Caracas desde el vetusto edificio José María Vargas a las torres de El Silencio y tampoco no se refirió al hecho de que los trabajadores del Poder Judicial no hayan terminado de recibir sus utilidades.Juan Francisco AlonsoEL UNIVERSAL
MARIANO MEJIASinforme.marianomejias@gmail.comJusticia bolivariana. No amiga y amigo lector, no es un error. Lo de “bolivariana”, así en “b” pequeña. Y es que tal pequeñez fue lo que se percibió en la llamada Apertura del Año Judicial que se celebró el miércoles 10 de febrero pasado en el Tribunal Supremo de Justicia. Y es que tras 3 años de inasistencia del presidente Chávez a tan protocolar acto de inicio de lo judicial en el país, el de este año significó un cúmulo de paradojas, bajezas, equivocaciones, pero sobre todo, la entrega y sumisión total del Poder Judicial venezolano a los designios del ex propiante Comandante. Lo que faltó fue una transmisión en vivo desde Dos Pilitas, con el Comandante al lado de la presidenta Morales, con los vitrales del “Máximo Tribunal” (¿¿¿¿????) como fondo, y que éste dijera: “Exprópienlo”. Pero ya para qué, preguntaran los sarcásticos, si la “Utilidad Pública” de tal Tribunal se limita al famoso juego del Monopolio Judicial que regalaron a los jueces.Pero, sin más, comentemos lo acontecido en ese magno acto anual de lo judicial en el país:En el Auditórium del TSJ se congregaron dos grupos de personas, los magistrados, los invitados protocolares (presidentes de los Poderes Públicos, embajadores, diputados, etc.) y un grueso número de “abogados” graduados en la primera promoción de la Universidad Bolivariana, en sus diferentes núcleos. Ahora bien, todo el discurso tanto de la presidenta del TSJ y de su Sala Constitucional, como el de la oradora de orden, la magistrada Evelyn Marrero, estuvo plagado de constantes referencias a esos “abogados”, como “la sangre nueva” que ingresará al Sistema de Justicia, sustituyendo a la justicia burguesa, capitalista, que ha tenido el país hasta ahora. Y es que tales referencias eran, para observar siempre por el rabito del ojo, como el asunto era apreciado no sólo por los egresados bolivarianistas, todos emboinados, sino por el Numero 1, que ante esas expresiones de beneplácitos frente a los bisoños “juristas”, aplaudía a rabiar, lo cual era secundado por las presidentas de los Poderes Públicos que allí se encontraban.Desde esta columna no cuestionamos que la colectividad, los humildes, el pueblo, pueda ingresar a cualquier universidad, llámese bolivariana, católica o central, y superarse. Y graduarse de abogado, de médico, de economista, en fin (por ello, la expresión del Comandante frente a lo “pata en el suelo” que fue antes uno de sus ministros, era poco feliz). Pero para poder realizar una mínima labor de eficiencia dentro del Sistema de Justicia (llámese jueces, secretarios, defensores públicos, o fiscales) el aspirante debe haber visto en una escuela de derecho, al menos, los rudimentos básicos del Derecho Procesal, del Derecho Civil, del Derecho Penal, del Derecho Administrativo. Y es que todo ello está ausente en el pénsum de dicha Universidad Bolivariana, limitándose la carrera en graduar en 4 años a bachilleres que provienen de la Misión Sucre impartiéndole un cúmulo de materias ideológicas, políticas, de entorno social (lo cual en sí mismo no pudiera ser criticable si ese es el contexto político de la universidad y de sus cursantes) pero con una ausencia supina del andamiaje jurídico exigido a cualquier abogado aquí, en Nueva York, en La Habana, en Seúl, en Teherán o en Beijín.Se dijo en tal acto, que dichos egresados irían a estudiar en la Escuela de la Judicatura del TSJ, pero ello no es un barnizaje mínimamente adecuado, cuando constantemente los egresados de tal Escuela, en el llamado Programa de Formación Inicial (o PFI), y que eran abogados si egresados de escuelas de derecho reconocidas, nos atiborran de mensajes en nuestro e-mail, relatándonos que, en primer lugar, buena parte de los profesores que allí impartieron (salvo honrosas excepciones) no instruían más que el mismo componente ideológico-socialista; pero que, a fin de cuenta, los hasta ahora 600 graduados de tal Programa, no han sido siquiera incorporados al Sistema de Justicia, con lo cual, sería una falacia, o por lo menos una injusticia (tipo oferta engañosa) lo que se estaría haciendo con los bolivarianistas. Dicho en otras palabras: que con las enseñanzas del “Manifiesto Comunista” o el “Dass Kapital” tales abogados revolucionarios como jueces (¡Dios nos libre!) no podrán resolver un interdicto posesorio, o declarar la nulidad de un acto administrativo de efectos particulares, o resolver un sobreseimiento en un intrincado caso de estafa.En tal apertura, los embobinados gritaban a los entogados jueces: “Aquí viene la Justicia Revolucionaria”, “Ahora llegamos los hijos de la Revolución”, “Aquí estamos los hijos de la Patria”, ante el desconcierto, terror y angustia de los jueces que han sudado la gota gorda por mantenerse con trabajo y constancia en sus cargos, después de un sin fin de concursos y exámenes. Todo ello respaldado con la presencia del tal Julio Latan, miembro de la Comisión Interventora del Colegio de Abogados de Caracas, y presidente de los abogados bolivarianos, que hacía lo suyo y se desparramaba en saludos ante quien se hallaba, para ver si se reconsideraba su exclusión para ser coordinador de la Defensa Pública Penal;Con respecto al Discurso de Orden, de parte de la Dra. Marrero, diletando sobre el manido tema de la distinción entre Derecho y Justicia, dicha expositora no sólo tercamente, interrumpió el acto exigiendo que se le nombrara una comisión de magistrados que la acompañara antes y después de su diletancia, sino que, inconcebiblemente, dos veces traspapeló el discurso y así se detuvo, para sorpresa de hasta el propio Chávez que no tuvo más que ponerse a aplaudir para enmendar el desaguisado. Nada feliz tal discurso, rematando que la unión de Derecho con Justicia se resolvía solamente “...con el socialismo”...; con los consiguientes rabiosos aplausos de la concurrencia revolucionaria;Por cierto que en la integración de la Sala Plena en el protocolar acto, sólo se veían a 31 magistrados, en lugar de los 32 que integran el Tribunal, con la notoria ausencia del magistrado Cabrera, que jubilado, aún no se ha designado su reemplazo. Pero, por otra parte, y esta vez como “Magistrado Emérito”, se encontraba el jubilado magistrado Iván Rincón, quien se vino para el acto desde el Vaticano, y fue tan o más saludado que hasta el propio Chávez; En el saludo protocolar del Presidente con los 31 magistrados, ciertamente hubo bastante cercanía de éste con los magistrados: Morales, Mora, Aponte y Jaimes. Respeto con el Dr. Zerpa. Frialdad absoluta con el Dr. Dugarte. Y a pesar de las diferencias con los magistrados Mármol, Ramírez y Rondón, las conversaciones con ellos fue calida y plena de chanza sobre las jubilaciones y años en el TSJ;El caso es que, se comentó que Águila 1, tanto fuera del acto como en el mismo, sacó cuenta con la presidenta Morales, de cuándo se le vencía el periodo a cada uno de los magistrados y de cuantas plazas de jubilados había. Pero se habló, lo peor fue la exigencia de cifra de cuantos tribunales hay en el país, con miras a ponderar una reducción de ellos como solución para paliar la crisis energética y fiscal; lo que luce contradictorio frente a la inminente incorporación de los egresados de la bolivariana. Se dice que durando tanto el acto, por encima de la 1 pm, Chávez miró las lamparas encendidas en la Sala, y le comento a la Dra. Luisa Estela, que se estaba incumpliendo con la reducción energética.En fin, un acto bien significativo en donde lo más destacable es la lectura entre líneas de lo que allí pasó.Revuelo en el Supremo.- Se comenta que en la Asamblea Nacional sólo se espera la inminente desincorporación del magistrado Ortiz, de la Sala de Casación Civil, por problemas con la Contraloría General (y una segura imputación fiscal), por parte del Poder Ciudadano; y la salida (¿vía renuncia?) del magistrado Dugarte, de la Constitucional (cuyo hermano, el diputado, ha caído en desgracia ante los ojos revolucionarios, por más que se desgañite en los programas matutinos de Televen, y no tendrá posición salidora en los próximos comicios parlamentarios, lo pondrán en un municipio opositor de Caracas), para iniciar el Concurso con miras al ingreso de magistrados, en cuatro plazas de la Constitucional, una en la Civil y otra en la Penal. Se comenta que, con respecto a esta última, si se jubilare la Dra. Mármol, hasta el propio Comandante quiere que esa posición se reemplace con un magistrado cercano a la oposición, para así mantener la apariencia de independencia del Máximo Tribunal, en una de las Salas más emblemáticas por lo que representa. De operarse tal jubilación, se da por descontado que un actual juez superior penal de Caracas, reemplazará a la Dra. Mármol en tales lides.Presos parlamentarios. Es casi un hecho que variadas víctimas de la llamada justicia parcializada se lanzarán al ruedo electoral con miras a curules en la Asamblea Nacional, los nombres: María Lourdes Afiuni, Patricia y Rafael Poleo, y otros, suenan con o sin apoyo de la llamada Mesa de la Unidad o de los partidos mayoritarios. El movimiento se llamaría: “Justicia Libre”.LAS VERDADES DE MIGUEL
Mérida (CDS) Desde el SUONTRAJ seccional Mérida hemos visto con suma preocupación como se anteponen intereses particulares sobre intereses colectivos. Vemos con asombro la manera discrecional de aplica, a su justa medida, que violan derechos colectivos tanto de trabajadores judiciales como de la sociedad en general. Últimamente la aplicación de normas y leyes se hace de manera discrecional. La función de la administración de justicia, enseñan en las Facultades de Derecho de las Universidades no es otra cosa que la aplicación de leyes que resguarde el estado de derecho y la paz social siempre en el más estricto cumplimiento y vigilancia de los derechos humanos que asisten y protegen a aquellos quienes son procesados y/o investigados en un “estado democrático de derecho y de justicia”. Decimos esto por cuanto vemos como el Tribunal Supremo de Justicia en el uso discrecional de la ley aplica a su particular entender la misma. Sólo basta con observar la Resolución 2009-0008 de fecha 18 de marzo de 2009 donde en sus considerandos señalan “Que el Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República son el soporte fundamental de la vigencia plena de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes de la República” “Que es un deber impostergable garantizar al pueblo venezolano el ejercicio pleno y soberano de los derechos y garantías consagrados en nuestro ordenamiento jurídico”. Igualmente en la Resolución 2010-0001 en sus considerandos se establece “Que de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 49, cardinal 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el servicio público de administración de justicia, debe estar regido por los principios de transparencia, autonomía, gratuidad, imparcialidad, independencia, responsabilidad y celeridad, a cuyo efecto los Tribunales de la República deben estar integrados sólo por el personal necesario y acreditado para la materialización de tales principios” “Que la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.262, de fecha 11 de septiembre de 1998, en su artículo 31, establece que los Jueces están obligados a cumplir un horario de trabajo de ocho horas diarias cinco días a la semana y que, de conformidad con lo convenido en la Cláusula N° 9-B de la II Convención Colectiva de los Empleados de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y Poder Judicial, fue reconocida la jornada de servicio de siete horas diarias de lunes a viernes, con horario de 8:30 a.m, a 3:30 p.m” y “Que por mandato constitucional corresponde al Poder Judicial y, a su máxima instancia, velar por la no interrupción del servicio gratuito de Administración de Justicia, aún ante situaciones de fuerza mayor como las que nos ocupa; de manera que es su deber insoslayable la implementación de medidas o mecanismos que hagan compatible a tales restricciones de energía con el libre acceso, atención y seguridad de los justiciables ante sus instalaciones”. Ahora bien, como todos sabemos la administración de justicia es un servicio público indispensable, tal y como la misma Resolución 2010-0001 lo establece que no debería paralizarse por cuanto pone en riesgo “una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” por lo menos en lo que respecta a la justicia penal, ello en virtud de que los procesados y penados, quienes también son seres humanos y deberían gozar del respeto a sus derechos humanos más básicos, mínimos e indispensables, también garantizados en la Constitución Nacional están actualmente siendo objeto de violación del “principio de celeridad” garantizado en nuestra Carta Magna. Y ello es así por cuanto los traslados que se hacen desde los diferentes penales tardan entre 4 y 5 horas para llegar a los Circuitos Judiciales, es decir, que si unos procesados o penados que son trasladados desde Rodeo I, Rodeo II, Los Teques, Yare I o Yare II para una audiencia o un juicio al Palacio de Justicia de Caracas estos llegaran entre 10:00 am y 11:00 am por lo que lejos de contribuir a hacer la justicia más expedita la reducción del horario de labores en el poder judicial pone en estado de indefensión a quienes aspiran un juicio justo y rápido de conformidad con los principios de transparencia y celeridad constitucionales. No entendemos de ninguna manera que se trate de justificar un “horario restringido de labores” en el poder judicial cuando este “horario restringido de labores” vulnera derechos tanto de los integrantes del poder judicial (llámense empleados) como de la comunidad procesada y penada y de sus familiares. Y vulnera derechos de los empleados judiciales por cuanto la instauración de un “horario restringido de labores temporal” ha sido una decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia de manera unilateral, es decir, ha sido una decisión impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia sin consultar a los sindicatos que hacen vida dentro del poder judicial tal y como lo manda la II Convención Colectiva de Empleados del Poder Judicial. Todos sabemos y estamos conscientes que lamentablemente el “problema de energía eléctrica” por el cual transita nuestro país no es “temporal” y que depende de condiciones atmosféricas y meteorológicas para que tenga pronta resolución por lo que llamarlo temporal (como alguna vez se llamó a una categoría de jueces suplentes y que duraban años en sus funciones) es un desacierto por cuanto no sabemos que tiempo durará. Tal temporalidad puede durar poco (es lo deseado) pero si esa temporalidad al no resolverse prontamente el problema energético dura años y años la misma se convertirá de temporal en perenne. Esta “temporalidad” nos preocupa sobremanera por cuanto con la reciente “resolución de ahorro energético” impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia sin consultar a nadie en la actualidad se han suspendidos todos los permisos contenidos en la cláusula 22 de la vigente Convención Colectiva de Empleados del Poder Judicial, es decir, se viola el derecho al estudio de los empleados judiciales (que es un derecho constitucional) y con elloo lo que se pretende es que los empleados judiciales no estudien en la aplicación de una especie de “OBSCURANTISMO JUDICIAL” como en la edad media; se pretende que no se asista a las exequias fúnebres de una familiar; se pretende que los empleados judiciales no contraigan nupcias; se pretende que los empleados judiciales no tengan estirpe y en consecuencia no tengan hijos; se pretende que las madres no amamanten a sus hijos (que es un plan del ejecutivo nacional que las madres le den leche materna a sus pequeños hijos) en fin se pretende en el uso discrecional administrativo que tiene el Tribunal Supremo de Justicia de aplicar normas en vez de aplicarlas a favor de los empleados judiciales hace todo lo contrario las vulnera y no se detiene ni se conforma con ello sino que pone en estado de indefensión a los procesados y penados al no cumplir con los postulados y principios constitucionales contenidos en el artículo 26. En este país que amanece antes de salir el sol, de gente pobre y de almidón, en este país en el que nacimos y al que siempre queremos regresar, que amamos y defendemos con pasión, en el poder judicial de nuestro país, se violan derechos constitucionales. Solo esperemos con esperanza que es lo último que se pierde, por el bien del sistema de justicia y de su composición constituido “por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio” que se pudiera revisarse en favor de hacer “justicia social” la injusta Resolución 2010-0001 en favor de los afectados. Publicadas por
Introducen recurso de amparo ante el TSJ por recorte de horarios que ‘afecta a 22 mil reclusos’
Humberto Prado, miembro del Observatorio Venezolano de Prisiones, acudió la mañana de este lunes al Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso de amparo por la reducción de la jornada laboral en los tribunales. “Esto afecta el derecho a la tutela efectiva en lo que tiene que ver con un juicio expedito, inmediato”, dijo Prado. Explicó que debido a este recorte en los horarios, se ven afectados unos 22 mil reclusos. Este recurso de amparo ha sido introducido por el OVP, respaldado por Provea y Acción Solidaria, así como por otras organizaciones y profesionales. Según Prado, para trasladar a un preso desde un tribunal “cuesta Dios y su ayuda”, especialmente si los circuitos penales y los tribunales quedan alejados de los sitios de reclusión, encontrándose además con audiencias diferidas debido a los nuevos horarios, implantados como parte de un plan para ahorrar electricidad en las instituciones públicas. “Se afecta el acceso a la justicia”, dijo el miembro del Observatorio Venezolano de Prisiones. “Es grave lo que esta sucediendo en nuestro país, la justicia no se puede recortar”, concluyó. fuente: Noticias24.com Publicadas por
Trescientos sesenta y seis presos murieron en el 2009 La cifra que dejó como resultado la violencia en las cárceles venezolanas, fue presentada por el coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones, abogado Humberto Prado Caracas, (Especial/AA). El año 2009 cerró con un saldo de trescientos sesenta y seis presos muertos, además de 635 heridos en las cárceles del país, según el informe anual presentado este martes por el Obervatorio Venezolano de Prisiones. Aunque el balance registró una baja, en comparación con los dos años anteriores, el tema del retardo Procesal, sumado a las carencias que padecen los centros penitenciarios en el país, mantienen viva la crisis carcelaria. La cifra que dejó como resultado la violencia en las cárceles venezolanas, fue presentada por el coordinador general del OVP, abogado Humberto Prado, quien estuvo acompañado por el abogado Wilmer Linero. Prado anunció que actualmente, en el país existe una población carcelaria de 32. 624 internos, de los cuales sólo 9.287 son penados, 1.512 gozan de medidas de destacamento de trabajo, mientras que 21.825 se mantienen en situación procesal. Durante el 2009, los penales con mayor incidencia de violencia, por la cifra de muertos y heridos en conflictos internos, fueron la cárcel Tocuyito con 53 fallecidos, la cárcel de Maracaibo con 35 decesos por violencia, Uribana con 28, Aragua con 26 y Yare I con 24 reclusos muertos. Así mismo, en el informe del OVP se incluyen otras muertes producidas en comandancias policiales de retención preventiva y que no son destinadas como centro de reclusión. En esta lista figuran el “Sepinami” (Centro de detencion de adolescentes, Ubicado en los Teques, estado Miranda, la Comandancia General de Polianzoátegui, la Policía Municipal de El Tigre, PoliBaruta, la zona 7 de la Policía Metropolitana en Caracas y el Palacio de Justicia del Distrito Capital. Se mantiene retardo procesal Humberto Prado señaló que además de los hechos de violencia que han cobrado la vida de un considerable número de internos en cárceles, se mantiene la grave situación de salud, hacinamiento y el retardo procesal que ha desatado dos huelgas en prisión en el primer mes del año en curso. A esta situación, el abogado acotó el agravante de la reducción en el horario para la administración pública, como medida implantada por el Gobierno para el razonamiento eléctrico que redujo a cuatro horas, la atención en el sistema judicial, en lo concerniente a la celebración de audiencias. Indicó que en lugar de agudizar el retardo procesal existente en el sistema penitenciario del país, el Gobierno debería instar al Ministerio de Interior y Justicia, para la instalación de salas de audiencias dentro de los penales. Por otro lado, hizo referencia al proceso de descentralización en las cárceles venezolanas, contemplado en el artículo 272 de la Constitución Nacional Vigente y al cual no se ha dado cumplimiento en los once años que lleva el Gobierno de turno. Según el informe del OVP, en la actual gestión gubernamental que se inició en el año 1999 hasta la fecha, han sido asesinados 4.030 presos en el país y 12.036 han resultado heridos. CIDH extienden medidas provisionales al abogado. La Corte Interamericana de Derecho Humanos, emitió medidas provisionales de protección, sobre el abogado Humberto Prado, en su carácter de defensor de Derecho Humanos en materia carcelaria en el país. Prado dio a conocer la decisión del ente internacional, este martes durante la presentación del informe anual de la violencia en prisión para el año 2009. El abogado explicó que las medidas obedecen a las constantes y reiteradas amenazas en contra de su persona, como director del OVP, organización no gubernamental que monitorea la situación en los penales y que ha activado los mecanismos internacionales para denunciar públicamente las violaciones a los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en el país. Fuente: Diario La Voz http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=VEN&pagina=http://www.diariolavoz.net 27-01-10 Publicadas por

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 31
 Resolución 
 resolución 
 artículo 26
 Resolución 
 artículo 272