Source: http://www.egarsat.es/Utilidades/Actualidad-laboral/Resumen-de-Prensa-Semanal-Semana-8
Timestamp: 2017-03-25 01:54:35+00:00

Document:
18/02/2013 al 24/02/2013
cincodias.com, 18/02/2013
abc.es, 19/02/2013
cincodias.com, 20/02/2013
eleconomista.es, 20/02/2013
expansion.com, 21/02/2013
cincodias.com, 21/02/2012
abc.es, 21/02/2013
El pasado año se crearon 87.066 nuevas sociedades pero se destruyeron 22.568Las nuevas iniciativas empresariales crecieron un 2,7% y los proyectos fracasados, un 14% La nueva actividad empresarial empieza a recuperarse levemente. El pasado año, se crearon en España 87.066 sociedades mercantiles, la cifra más alta de los últimos cuatro años. Esto supuso, además, un 2,7% más que en 2011. Sin embargo, al mismo tiempo, el volumen de sociedades disueltas también fue el mayor de los últimos cinco años, con 22.568 cierres, un 14,1% más que el año anterior, según datos facilitados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) Esto arrojó un saldo neto de 64.948 nuevas sociedades mercantiles el pasado año, lo que reflejó un pequeño descenso del 0,8%. Además, el capital medio suscrito por las nuevas sociedades también descendió considerablemente en 2012, con una caída del 65,4%, pasando de 252.148 euros de media a 87.167. En cuanto a las empresas que ampliaron capital, éstas se estancaron prácticamente el pasado año, sumando 36.534. En este punto, el capital medio suscito en las ampliaciones también descendió un 23% hasta los 1.623.813 euros. Las actividades que crearon más empresas y, a la vez, también destruyeron más sociedades fueron el comercio que generó un 22,5% más y disolvió un 20,6% más de negocios; y la construcción, donde el pasado año se crearon un 19,6% más de empresas y desaparecieron un 21,2% más. Así, según estos datos, la actividad empresarial con mayor saldo neto de empresas (las que se crearon menos las que se destruyeron) fue el comercio, con 14.918 nuevos negocios en 2012. Por lo que respecta a las regiones, Madrid fue la comunidad con un mayor número de nuevas iniciativas empresariales (18.191) pero también la que más disoluciones de negocios registró (4.790)	Arriba
La medida llegará en abril y prevé endurecer las condiciones de acceso a la pensión antes de los 67 años Los mayores de 50 años son los más afectados por las reformas de las pensiones: se les cambian las reglas del juego cuando están a punto de cruzar la puerta de la jubilación o en los años más importantes para calcular su futura pensión. Así ocurrió con la Ley de la Seguridad Social de 2011; y así sucederá con los cambios que prepara el Gobierno para acotar, de nuevo, la jubilación anticipada. Las modificaciones son significativas, porque muchas empresas están recurriendo a esta fórmula para reducir plantilla. Pero ni quienes ya se encuentren incluidos en esos planes de reestructuración, ni quienes vayan a estarlo a partir de ahora podrán librarse de los cambios, que llegarán previsiblemente a partir de abril y que implicarán una prejubilación más exigente, más avanzada en edad y con un coste para el ciudadano superior al actual. Hasta el año pasado, podían acceder a la jubilación anticipada los trabajadores de 61 años que tuvieran cotizados, al menos, 30 años. Ahora pueden hacerlo quienes tengan 63 años, con, al menos, 33 ejercicios cotizados; o ciudadanos de 61 años, siempre que sea como consecuencia de un despido objetivo. A este régimen de reciente aplicación le queda poco tiempo de vida. Más tiempo y más años cotizadosAsí lo estiman los expertos jurídicos consultados por FINANZAS.COM. «Se prevé un endurecimiento de las condiciones y se espera que la edad mínima para la jubilación pase de 63 a 64 o 65 años», explica Juan Antonio Balmaseda, experto de Optima Financial Planners. «Además, es posible que frente a los 33 años requeridos actualmente se exija más tiempo cotizado», puntualiza. Balmaseda apunta que, en cualquier caso, «los cambios se aplicarían poco a poco, y no de forma repentina». Es decir, que se podría aprobar un calendario de adaptación a lo largo de varios años, como ha ocurrido con la prolongación de la vida laboral hasta 2027. «Sería necesario aplicarlo desde el primer momento, aunque sea antipopular y posiblemente se prolongará a lo largo del tiempo», afirma Luis Sáez de Jáuregui, director de Vida, Pensiones y Servicios Financieros en AXA España. Estos cambios complican los planes que tenían hasta ahora muchos trabajadores. Por ejemplo, quienes se encuentran inmersos en los programas de despidos de empresas, por los que las compañías cotizaban por ellos, a través de convenios especiales con la Seguridad Social, hasta los 61 o 63 años. «La norma afectará a todos los trabajadores acogidos a estos planes, ya se hayan firmado antes o después de la reforma de abril», explica Juan Antonio Balmaseda. «Es posible que tengan que esperar algunos meses más para poder acceder a la jubilación anticipada», explica. Arriba
El objetivo final del ambicioso proceso de auditoría, saneamiento y reestructuración al que se ha sometido a la banca española es el de reactivar la concesión de créditos, fundamentalmente a pymes, que constituyen más del 90% del tejido productivo y tienen en sus manos el crecimiento y el empleo del país. Encauzada la reforma financiera hacia su etapa final, el Gobierno pretende ahora demostrar la eficacia de esta medida y aportar vías alternativas de financiación que insuflen vida a las empresas mientras se normaliza la banca. Mariano Rajoy prevé aprovechar el debate del estado de la nación, que se celebra hoy en el Congreso, para anunciar las líneas maestras de su plan. Estas, o al menos buena parte de ellas, han sido consensuadas en los últimos días con las entidades, a las que el Ministerio de Economía ha venido solicitando propuestas concretas para reactivar el crédito, según revelan fuentes del sector. La negociación ha afectado particularmente al plan del Gobierno para potenciar las líneas de préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que este año ha dispuesto 22.000 millones de euros, especialmente destinados a pymes y a su internalización. La banca reclama que el Estado soporte la mayor parte del riesgo en estas líneas y que rebaje el interés del 2% para permitirles obtener más margen al comercializar sus créditos, lo que podría fundamentar algunos de los anuncios de hoy. Otro de los interlocutores que ha tenido estos días el Gobierno es el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ya viene colaborando con el ICO en líneas de financiación y se prevé que tenga un papel destacado en el nuevo plan de apoyo a pymes, tras desembolsar 500 millones en diciembre para este fin. Con todo, asociaciones empresariales y de autónomos, como Cepyme o UPTA, vienen advirtiendo que "el ICO no tiene sentido si se convierte en una entidad financiera más, que utiliza los mismos criterios en las concesiones que la banca privada", haciendo de las condiciones de solvencia y patrimonio requeridas una "barrera infranqueable para la mayoría de las empresas". Atendiendo a este reclamo, el Gobierno ha reservado este año 200 millones del ICO a préstamos avalados por sociedades de garantía recíproca, aunque podría no ser suficiente. Por eso, y porque así lo impone el memorando de entendimiento (MoU) -el pliego de condiciones que puso la troika a la concesión del rescate bancario-, el Gobierno también ultima vías de financiación alternativas a la banca, como es el caso del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Se trata de una plataforma de pagarés cotizados que debe permitir a las pymes un acceso directo a financiación en los mercados. Aunque esta medida no está madura, fuentes cercanas al proyecto señalan que debería estar diseñada entre marzo y abril para su lanzamiento operativo en junio. Plazos ajustados teniendo en cuenta que el mecanismo requeriría algunos cambios normativos, como flexibilizar la capacidad de las sociedades anónimas para emitir títulos de renta fija, o un procedimiento de rating para las pymes participantes, para el que se postulan compañías como Axesor. En paralelo a los esfuerzos del Gobierno, y apremiados por este, las distintas entidades financieras han ido poniendo en marcha algunas iniciativas privadas para facilitar el crédito a las pymes. Así lo hacían Popular, Bankia y Sabadell esta misma semana. No en vano, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, recordaba hace unos días en el Congreso español que la banca ya está en condiciones de dar crédito y dijo que espera ver una reactivación en la segunda parte del año. El responsable económico y vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, advirtió, a su vez, en su última visita a Madrid, que un crédito escaso y caro es "el cuello de botella" que impide respirar a España, señaló. Aunque la corrupción o el paro prometen acaparar buena parte del debate de hoy, Rajoy pretende que su remedio a este embudo sea protagonista.
Cepyme pide vías de financiación no bancarias"Sin acceso a crédito, las pymes y los autónomos ya no están en condiciones de resistir más". Así reza el encabezamiento del comunicado emitido ayer por la patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme. Un mensaje de socorro que la hermana menor de CEOE lanzó consciente de la importancia que puede tener para su sector el grado de contundencia del plan de reactivación del crédito que prevé anunciar hoy el Gobierno. Cepyme denuncia "la situación de extrema gravedad por la que atraviesan" sus asociados "como consecuencia de la prolongada restricción del crédito bancario" que "explica en buena medida la importante disminución del tejido empresarial experimentada durante los últimos cinco años _(-18%)", acabando con 250.000 pymes y 300.000 autónomos". La patronal reclama al Gobierno y al Congreso que adopten hoy mismo "medidas que permitan la inmediata normalización del mercado crediticio y el fortalecimiento de los mecanismos de financiación no bancarios". Arriba
Una de las incógnitas que genera la reforma laboral del pasado año se encuentra en si es posible o no que los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) impugnen de forma individual la decisión extintiva de la empresa, atendiendo al proceso que describe el artículo 124 de la Ley de la Jurisdicción Social (LRJS) para los despidos colectivos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor. A esta cuestión da respuesta una reciente sentencia, que permite la intervención en el proceso a algunos empleados afectados por un ERE a pesar de que la ley no prevé su intervención en la impugnación de despidos colectivos. Se trata de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, con fecha de 26 de septiembre de 2012, en la que se interpreta extensivamente el procedimiento que establece la LRJS. El fallo estudia el artículo 124, del que se desprende que los trabajadores, individualmente, no están legitimados para impugnar la decisión empresarial. Dicho artículo establece, en concreto, que "la decisión empresarial podrá impugnarse por los representantes legales de los trabajadores (...)", y que "cuando la decisión extintiva no se haya impugnado", bien por esos sujetos, bien por la Autoridad Laboral, "el empresario (...) podrá interponer demanda con la finalidad de que se declare ajustada a derecho su decisión extintiva". Circunstancias especialesLa sentencia considera que, a pesar de la literalidad de la norma, en este caso "han de tomarse en consideración las concretas circunstancias concurrentes". En especial, que la demanda se formula por la empresa tras el acuerdo con la representación de los trabajadores y también que la medida no fue impugnada por los no firmantes, lo que determina que deba considerarse que los trabajadores que han solicitado personarse en la causa son "terceros para los que no está expresamente prevista una intervención principal, pero que, sin embargo, ostentan un interés legítimo, en los términos del artículo 17.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS)". La sentencia, de la que es ponente la magistrada Pérez Pérez, entiende que el fallo que se dicte va a producir el efecto de cosa juzgada en las impugnaciones individuales, lo que puede provocar indefensión material desde la perspectiva de la eventual falta de contradicción. Por ello, se entiende que los trabajadores que han solicitado la intervención voluntaria en el proceso ostentan un interés legítimo, de modo que, en base al artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) -aplicable al procedimiento laboral-, podrán impugnar la decisión. Así, se admite el personamiento de varios trabajadores junto a los restantes que sí lo solicitaron, y ello porque "aunque el artículo 124 de la LRJS no regula expresamente la participación de los trabajadores afectados por la medida, en el proceso, más allá de practicar las oportunas notificaciones (...), lo cierto es que cabe admitir su intervención por la vía prevista en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil". Eso sí, el fallo no entra en consideraciones generales, relativas a la posible legitimación activa o pasiva de los trabajadores, individualmente considerados, en todos los supuestos de reclamación que admite la modalidad procesal del artículo 124. Arriba
El empleo a tiempo parcial se incentivará con rebajas de cuotas de hasta el 100%. Las ETT podrán hacer contratos de formación y aprendizajeEl Gobierno ya tiene el respaldo de patronal y sindicatos que quería a toda costa para sacar adelante la Estrategia para el Emprendimiento y el Empleo Joven. Por eso, el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy durante el Debate del Estado de la Nación, que una parte de ese plan será aprobado el viernes próximo en un decreto ley por el Consejo de Ministros. La mayoría de estas iniciativas ya se conocían y van destinadas, sobre todo, a fomentar la ocupación de los menores de 30 años;si bien en las modalidades de contratación de menor calidad. Así, hasta que la tasa de paro no baje del actual 26% al 15%, se incentivará la contratación a tiempo parcial de los jóvenes menores de 30 años, siempre y cuando trabajen un máximo del 50% de la jornada y el resto asistan a un curso formativo. En este caso, el incentivo consistirá en una reducción del 75% de las cotizaciones si la empresa que contrata tiene más del 250 trabajadores y del 100% si tiene menos. Además se otorgarán otras ayudas, que Rajoy no precisó, “al contrato en prácticas para el primer empleo”. Y se creará una nueva modalidad de contrato temporal, “primer empleo joven” -para aquellos que tengan su primera relación laboral con una empresa- que sólo recibirá ayudas si se convierte en indefinido. No obstante, el líder del Ejecutivo tampoco precisó a qué salario estará vinculado, si al mínimo de convenio, como dicta la ley o al salario mínimo, como quería la patronal. Igualmente, anunció como novedad que el Gobierno permitirá a las empresas de trabajo temporal (ETT) formalizar contratos para la formación y el aprendizaje, algo que hasta ahora no podían hacer y que, según algunos expertos, podría devolver un mayor grado de precariedad a la contratación a través de estas compañías. De hecho, el líder del Ejecutivo referenció el éxito de la reforma laboral en la consecución de 55.000 contratos de formación y 73.000 de emprendedores (con despido gratuito el primer año). Rajoy recordó también otras iniciativas como la tarifa plana de 50 euros en cotizaciones a la seguridad social para menores de 30 años que se hagan autónomos, durante los primeros seis meses de actividad. También avanzó que estos jóvenes podrá capitalizar hasta el 100% de la prestación por desempleo y cobrarla de una sola vez para iniciar una actividad por cuenta propia. Y, en la misma línea, este colectivo de menor edad podrá compatibilizar el cobro del seguro de paro con la puesta en marcha de un proyecto empresarial, durante un tiempo que no dijo. Y se creará una nueva figura societaria denominada “emprendedor de responsabilidad limitada”, que probablemente limitará los bienes embargables al emprendedor; o el impulso de nuevas fórmulas concursales “más flexibles” para favorecer una segunda oportunidad emprendedora tras un primer fracaso. El plan de empleo juvenil se financiará con 3.500 millones. Dentro de estos, Rajoy recordó que están los 920 millones del fondo comunitario de 6.000 millones para empleo juvenil. Y detalló una ayuda especial para parados de Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Canarias y Melilla, consistente en 1.100 euros anuales por parado. En general, Rajoy se felicitó por el incremento de los Fondos de Cohesión en 3.724 millones de euros. Arriba
La Seguridad Social perdió 45.495 cotizantes extranjeros en enero, un 2,76% en relación a diciembre, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.600.355 ocupados, informó este jueves el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Con el descenso de enero, la afiliación de extranjeros suma su sexta caída mensual consecutiva tras las bajas de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado (-16.517, -19.579, -26.961, -38.201 y -17.823 cotizantes, respectivamente). Del total de inmigrantes en alta al finalizar el pasado mes de enero, 1.382.711 cotizaban al Régimen General; 213.435 al de Autónomos; 3.764 al del Mar, y 445 al del Carbón. En términos interanuales, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social bajó en 89.831 cotizantes, un 5,31%, tasa que contrasta con el -4,59% del conjunto del sistema. Según Empleo, estos datos constatan que se mantiene la tendencia ya apuntada en los meses anteriores de que la pérdida de empleo está afectando con mayor intensidad a los trabajadores extranjeros que a los nacionales. El Ministerio ha destacado además que la campaña de recogida de la aceituna en la provincia de Jaén se ha producido en enero y no en el mes de diciembre, lo que hace que la comparación interanual no sea homogénea y arroje una tasa inusual (-50%). Arriba
El Consejo de Ministros da hoy luz verde a más incentivos a la contratación.Cada menor de 30 años podrá optar a más de una ayuda. El Gobierno tiene previsto aprobar hoy en el Consejo de Ministros un nuevo paquete de estímulos a la economía entre los que destaca el plan de empleo juvenil, tal y como se comprometió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El Ejecutivo calcula poner en marcha más de dos millones de actuaciones, que no tienen por qué corresponder con el número de perceptores, ya que cada joven podrá optar a más de una ayuda. Varios departamentos ministeriales preparaban ayer los últimos flecos de lo que han denominado como Decreto ómnibus, porque incluye un buen número de medidas, en su mayoría de carácter económico, que afectan a diversas materias. Todas fueron esbozadas el miércoles por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate sobre el estado de la nación. Entre las novedades, destacan las ayudas a los empresarios por la contratación de menores de 30 años y las destinadas a que los jóvenes se hagan autónomos, con las que el Ejecutivo planea movilizar dos millones de actuaciones (“acciones” de incentivos al empleo o formación). Esta cifra no tiene por qué corresponder al número de perceptores, ya que cada joven podrá optar a más de una ayuda. Estos incentivos afectan a todos los tipos de contratación. En primer lugar, se impulsa la modalidad del tiempo parcial. Se reducirán las cotizaciones de estos contratos, siempre y cuando estén vinculados a la realización de un curso de formación del Servicio Público de Empleo (SPE) o relacionado con el aprendizaje de idiomas o tecnología. Esta reducción será del 75% de las cuotas por contingencias comunes para las empresas de más de 250 trabajadores y del 100% en las que tengan menos empleados. La reducción de la jornada deberá ser como máximo del 50%. También habrá ayudas a los contratos temporales. Bajo la denominación de nuevo empleo joven, se incluirá una nueva causa de temporalidad (ser menor de 30 años) para aquellos jóvenes que no hayan trabajado nunca. Estos contratos durarán seis meses y, pasado ese tiempo, estará bonificada su conversión en indefinidos con 500 euros si el contratado es hombre y 700 si es mujer. Habrá también incentivos a la contratación indefinida, pero solo podrán beneficiarse de ellos los autónomos y las empresas de menos de nueve trabajadores que contraten un asalariado. Este contrato fijo a menores de 30 años (solo uno por empresa) tendrá una reducción del 100% de la cotización por contingencias comunes durante un año. Un segundo bloque de iniciativas está destinado al fomento del empleo autónomo entre los menores de 30 años. Aquellos que se den de alta como trabajadores por cuenta propia por primera vez y no tengan asalariados a su cargo tendrán una tarifa reducida de 50 euros durante los primeros seis meses de actividad. Los siguientes seis meses se aplicará una reducción del 50% de la cuota; y los seis siguientes, del 30%. Las mujeres se beneficiarán hasta los 35 años. Los jóvenes podrán capitalizar hasta el 100% de la prestación por desempleo si ésta se destina al inicio de una nueva actividad. Toda esta prestación quedará exenta de tributar por IRPF (ahora están exentos 15.500 euros). Y los nuevos autónomos podrán compatibilizar durante nueve meses el cobro de la prestación por desempleo con el inicio de una nueva actividad por cuenta propia. Además, los autónomos menores de 30 años podrán unir estas ayudas a otra bonificación si contratan un asalariado que sea parado mayor de 45 años. Algunos expertos han llamado la atención sobre la posibilidad de fraudes familiares al poder juntar ambos incentivos.
Los cambios en las tasas judiciales serán retroactivosCarlos CapaEl Consejo de Ministros aprobará hoy un Real Decreto Ley modificando la Ley de Tasas apenas dos meses después del inicio de su aplicación el pasado 17 de diciembre. Según fuentes del Ministerio de Justicia, la nueva norma, atendiendo a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, reducirá para las personas físicas en un 80% la tasa variable con un tope de 2.000 euros, reducirá la tasa en procesos sancionadores contencioso-administrativos a un tope del 50% de la sanción recurrida en primera instancia, exime de su pago al acreedor vencido en procesos de ejecución hipotecaria y la suprime en procesos derivados de incumplimientos de arbitraje de consumo, entre otras medidas, como la exención en los procesos de divorcio. También, según las mismas fuentes, se adelantan en este Decreto Ley las medidas de ampliación de la justicia gratuita actualmente incorporadas al anteproyecto de Ley que sobre la materia remitió el Gobierno a las Cortes. Quienes cumplan ahora los requisitos para acogerse a este beneficio y que hubieran pagado tasas podrán pedir su devolución, aplicándose la nueva norma con efectos retroactivos. Es decir, que los cambios en las tasas serán aplicados al día siguiente de la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sin necesidad de esperar a los nuevos formularios que el Ministerio de Hacienda entregará en las próximas semanas. Para el Consejo de la Abogacía la medida continúa siendo “insuficiente”. El sindicato de secretarios judiciales calificó de “teatral” el anuncio de la rebaja de tasas y atribuyó la rectificación “a la presión social, sindical, colectiva, profesional y ciudadana” contra la primera reforma planteada. Arriba
El Tribunal de Justicia de la UE denuncia que la normativa española no se ajusta a la ley europea al no sumar los años de cotización en otros países europeos El Tribunal de Justicia de la UE ha establecido este jueves que la normativa española sobre el cálculo de la pensión de jubilación no se ajusta a la ley europea, ya que no tiene en cuenta en la misma medida los períodos en los que los trabajadores hayan cotizado en otros estados miembros. La Corte de Luxemburgo se ha pronunciado así sobre el litigio iniciado por una trabajadora autónoma española que cotizó en España entre 1989 y 1999, y en Portugal entre 2000 y 2005, en una sentencia publicada este jueves. La trabajadora solicitó una pensión de jubilación en España que le fue reconocida por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), y a la hora de calcularle una base reguladora o prestación mensual, esta institución sumó solo sus cotizaciones en España durante los quince años anteriores a su último pago en el país. Al considerar que también debían integrarse en el cálculo de su pensión de jubilación las cuotas que abonó en Portugal, la trabajadora presentó una reclamación ante el INSS que fue rechazada, y posteriormente interpuso un recurso. El caso llegó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que a su vez remitió una pregunta a la Corte de Luxemburgo para aclarar si la normativa española, que no permite adaptar ni la duración del período de cotización ni el divisor utilizados para tener en cuenta el hecho de que el trabajador ha cotizado en otros estados miembros, es conforme con el derecho de la Unión. En su sentencia de hoy, la máxima instancia judicial europea recuerda que la organización de los sistemas de seguridad social es competencia de los estados miembros, aunque señala que éstos deben respetar los principios del derecho comunitario, y en concreto, la libertad de todo ciudadano para circular y residir en toda la UE. Por tanto, los trabajadores inmigrantes "no deben sufrir una reducción de la cuantía de las prestaciones de seguridad social por el hecho de haber ejercido su derecho a la libre circulación", subraya el Tribunal. En el caso de países como España, donde el cálculo de las prestaciones se efectúa atendiendo a una base de cotización media, el Derecho de la Unión establece que el cálculo de tal base de cotización media "debe basarse únicamente en el importe de las cuotas efectivamente satisfechas". Arriba

References: artículo 124
 artículo 124
 artículo 17
 artículo 13
 artículo 124
 artículo 13
 artículo 124
 Real Decreto 
 Real Decreto