Source: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l33202
Timestamp: 2015-08-02 22:47:39+00:00

Document:
La Unión Europea (UE) fomenta la ejecución directa de resoluciones de decomiso del producto del delito fijando procedimientos simplificados para el reconocimiento de dichas resoluciones entre los países de la UE. Establece asimismo normas que permiten el reparto de los haberes decomisados entre el país que pide el decomiso y el que lo realiza.
Decisión marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso [Véanse los actos modificativos].
Esta Decisión marco se propone reforzar la cooperación entre países de la Unión Europea (UE), al permitir el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales de decomiso con arreglo a unos plazos estrictos (principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales).
A efectos de la decisión, cada país de la UE transmitirá a la Secretaría General del Consejo de la Unión los datos de las autoridades judiciales de emisión y ejecución competentes en aplicación de su legislación interna. Estos datos se pondrán a disposición de todos los países de la UE.
Transmisión, reconocimiento y ejecución de una resolución de decomiso
La resolución de decomiso va acompañada de un certificado, cuyo modelo se adjunta a la Decisión marco, que deberá haberse traducido al idioma oficial del país de ejecución o a otro idioma oficial de la Unión que indique tal país, y se enviará directamente a la autoridad competente del país de la UE en donde la persona (física o moral):
posea bienes o rentas;tenga su residencia habitual o su sede.
Si la autoridad de emisión no consiguiere averiguar la autoridad del país competente para el reconocimiento y ejecución de la resolución, procederá a las investigaciones pertinentes, incluso recurriendo a la Red Judicial Europea.
Una prueba escrita de la transmisión de la resolución debe permanecer a disposición del país de ejecución para el control de su autenticidad.
La transmisión de una resolución de decomiso no limita el derecho del país emisor a ejecutar él mismo la resolución. Llegado el caso, la autoridad competente del país de ejecución deberá ser informada de ello.
El país de ejecución reconoce y ejecuta la resolución sin demora y sin que sea precisa ninguna otra formalidad. La resolución se ejecutará con arreglo a la Ley del país de ejecución y según las modalidades que sus autoridades decidan. Las resoluciones de decomiso dictadas contra personas jurídicas deberán ser ejecutadas aunque el país de ejecución no haya previsto la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Si varias solicitudes de ejecución se refieren a la misma persona, el país de ejecución deberá decidir el orden de ejecución habida cuenta de la gravedad de los delitos y de cualquier otra circunstancia pertinente.
Las cantidades decomisadas quedarán a disposición del país de ejecución del modo siguiente:
si la cantidad es inferior a 10 000 euros, el importe corresponderá al país de ejecución;si la cantidad recaudada fuera superior, el país de ejecución deberá transferir la mitad de su importe al Estado emisor.
El país de ejecución, así como el de emisión, pueden conceder el indulto o la amnistía, pero sólo el país emisor es competente en lo que respecta a las solicitudes de revisión del fondo de la resolución.
Abolición parcial de la doble tipificación
En términos generales, las resoluciones de decomiso son de aplicación para todos los delitos. Paralelamente, y con el fin de facilitar el procedimiento, el control de la doble tipificación se ha suprimido para una lista de 32 delitos, siempre que éstos sean punibles en el país de emisión por medio de una pena privativa de libertad de un mínimo de tres años. Ello impide al país de ejecución renunciar a reconocer y ejecutar una resolución del país emisor relativa a un delito que no esté contemplado en su ordenamiento jurídico.
Para todos los delitos distintos de los recogidos en la Decisión marco, el país de ejecución podrá seguir aplicando el principio de doble tipificación - es decir, que podrá supeditar el reconocimiento y la ejecución de la resolución a que los hechos que hubieren dado lugar a dicha resolución de decomiso constituyan una infracción de conformidad con su legislación.
Motivos de no reconocimiento, no ejecución y suspensión
El país de ejecución podrá negarse a reconocer la resolución y a dar curso en una serie de casos:
si faltase el certificado, estuviese incompleto o no se ajustase a la resolución;en aplicación del principio ne bis in idem (ya se dictó una resolución de decomiso contra la misma persona por los mismos hechos);si el país de ejecución prevé inmunidades o privilegios que impiden la ejecución;si los derechos de todas las partes interesadas y los de terceros de buena fe hicieran imposible la ejecución de la resolución en virtud de la legislación del país de ejecución;si la sentencia se dictó en ausencia de la persona en cuestión, a menos que se le haya informado de la fecha y del lugar del juicio y que se haya dictado sentencia independientemente de su presencia, o si la persona ha estado representada por un asesor jurídico, o no ha impugnado la resolución, no ha solicitado revisión de la causa ni ha presentado recurso dentro del plazo establecido;si las infracciones se hubieren cometido en parte o en su totalidad en el territorio del país de ejecución o fuera del territorio del país emisor y en la normativa del país de ejecución no figure un procedimiento legal contra dichas infracciones;si en aplicación del Derecho nacional del país de ejecución, la resolución de decomiso ha prescrito, siempre que los hechos se encuentren bajo la jurisdicción de tal país de acuerdo con su código penal.
La Decisión marco establece también el aplazamiento de la ejecución de la resolución por los siguientes motivos:
si la ejecución de la resolución de decomiso puede resultar perjudicial para una investigación o un procedimiento penal en curso en el país de ejecución;si se considera necesaria la traducción de la resolución de decomiso.
Los países de la UE deben adoptar las medidas necesarias para garantizar:
la posibilidad para la persona interesada y los terceros que actúan de buena fe de presentar recurso ante un tribunal del país de ejecución. Si la normativa nacional del Estado de ejecución así lo establece, el recurso legal puede tener efecto suspensivo de la resolución de decomiso;que quepa interponer un recurso en el país de emisión contra los motivos de fondo en los que se basa la resolución de decomiso.
En octubre de 1999, el Consejo Europeo de Tampere definió el principio de reconocimiento mutuo como principio fundamental de la cooperación judicial en materia civil y penal. El mismo principio debería poder aplicarse tanto a los autos anteriores al juicio como a la resolución final.
El Consejo aprobó el programa de medidas destinadas a aplicar el principio de reconocimiento mutuo en materia penal en noviembre de 2000. La medida 19 de dicho programa se propone mejorar el reconocimiento y la ejecución inmediata de una resolución de decomiso procedente de un país de la UE. Esta Decisión marco constituye la plasmación de tal medida.
Decisión marco 2006/783/JAI
Las modificaciones y correcciones posteriores a la Directiva 2006/783/JAI se han incorporado al texto de base. Esta versión consolidada tiene un valor meramente documental.
Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 23 de agosto de 2010, basado en el artículo 22 de la Decisión marco 2006/783/JAI del Consejo de 6 de octubre de 2006 relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso [COM(2010) 428 final – no publicado en el Diario Oficial].
En la fecha prevista inicialmente en la Decisión marco, el 24 de noviembre de 2008, sólo unos pocos países de la UE habían notificado a la Comisión sus medidas de transposición nacional. Por consiguiente, la elaboración del presente informe sufrió un importante retraso.
La mayoría de los trece países de la UE que habían ejecutado la Decisión marco a finales de febrero de 2010, llevaron a cabo la transposición de las disposiciones de manera satisfactoria, a excepción del Artículo 8 sobre motivos de no reconocimiento o no ejecución. Estos países dispusieron motivos adicionales de no reconocimiento y no ejecución de las resoluciones de decomiso que no se ajustaban a lo estipulado por la Decisión marco, y algunos transpusieron sólo parte de la misma. Los distintos países de la UE eligieron diversos métodos para transponer las disposiciones.
Las disposiciones nacionales de transposición son en general satisfactorias y se ajustan a la Decisión marco, especialmente en lo que respecta a la supresión de los controles de la doble tipificación de los actos que den lugar a resoluciones de decomiso y al reconocimiento de tales resoluciones sin que sea preciso trámite adicional alguno. No obstante, debido al escaso número de notificaciones, el grado de aplicación general no puede calificarse de satisfactorio.

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 artículo 22
 Artículo 8