Source: http://www.impo.com.uy/bases/decretos-ley/14294-1974
Timestamp: 2017-11-23 18:22:55+00:00

Document:
Será monopolio del Estado la importación y exportación de las
sustancias contenidas en las listas I y II de la Convención Unica de
Nueva York de 1961, ratificada por la ley 14.222 de 11 de julio de 1974, así como de las sustancias contenidas en la lista I del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas realizado en Viena, Austria, en febrero de 1971,
y aquellas que conforme a los estudios o dictámenes de la autoridad sanitaria nacional o recomendaciones de Organismos Internacionales, el Poder Ejecutivo resuelva incluir, excluir o trasladar en las mismas. (*)
Ver: Texto/imagen (Listas de la Convención Unica de 1961).
Ver:  Decreto Nº 310/015 de 24/11/2015 artículos 1, 2 y 3.
Ver: Decreto Nº 320/016 de 03/10/2016 artículos 1, 2, 3, 4 y 5.
Quedan prohibidos la plantación, el cultivo, la cosecha y la comercialización de cualquier planta de la que puedan extraerse
estupefacientes y otras sustancias que determinen dependencia física
o psíquica, con las siguientes excepciones:
A) Cuando se realicen con exclusivos fines de investigación
científica o para la elaboración de productos terapéuticos de
utilización médica. Las plantaciones o cultivos, en tal caso,
deberán ser autorizados previamente por el Ministerio de Salud
Pública y quedarán bajo su control directo.
Tratándose específicamente de cannabis, las plantaciones o
cultivos deberán ser autorizados previamente por el Instituto
de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA), y quedarán bajo su
control directo, sin perjuicio de los contralores que la
legislación vigente otorga a los organismos correspondientes en
B) La plantación, el cultivo y la cosecha así como la
industrialización y expendio de cannabis psicoactivo con otros
fines, siempre que se realice en el marco de la legislación
vigente y con autorización previa del IRCCA, quedando bajo su
Se entiende por cannabis psicoactivo a las sumidades floridas
con o sin fruto de la planta hembra del cannabis, exceptuando
las semillas y las hojas separadas del tallo, incluidos sus
aceites, extractos, preparaciones de potencial uso farmacéutico,
jarabes y similares, cuyo contenido de tetrahidrocannabinol
(THC) natural, sea igual o superior al 1% (uno por ciento) de su
C) La plantación, el cultivo y la cosecha así como la
industrialización y comercialización de cannabis de uso no
psicoactivo (cáñamo). Las plantaciones o cultivos, en tal caso,
deberán ser autorizados previamente por el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca y quedarán bajo su control
Se entiende por cannabis de uso no psicoactivo (cáñamo) a las
plantas o piezas de la planta de los géneros cannabis, las hojas
y las puntas floridas, que no contengan más de 1% (uno por
ciento) de THC, incluyendo los derivados de tales plantas y
piezas de las plantas.
Las semillas de variedades de cáñamo no psicoactivo a utilizar
no podrán superar el 0,5% (cero con cinco por ciento) de THC.
D) La plantación, el cultivo, la cosecha, el acopio para fines de
investigación así como la industrialización para uso
farmacéutico, siempre que se realice en el marco de la
legislación vigente y acorde a lo que establezca la
reglamentación, debiendo contar con autorización previa del
IRCCA quedando bajo su control directo.
E) La plantación, el cultivo y la cosecha domésticos de plantas de
cannabis de efecto psicoactivo destinados para consumo personal
o compartido en el hogar. Sin perjuicio de ello se entiende
destinados al consumo personal o compartido en el hogar, la
plantación, el cultivo y la cosecha domésticos de hasta seis
plantas de cannabis de efecto psicoactivo y el producto de la
recolección de la plantación precedente hasta un máximo de 480
gramos anuales.
F) La plantación, el cultivo y la cosecha de plantas de cannabis de
efecto psicoactivo realizados por clubes de membresía, los que
serán controlados por el IRCCA. Dichos clubes deberán ser
autorizados por el Poder Ejecutivo de acuerdo a la legislación
vigente, y en la forma y condiciones que establecerá la
reglamentación que se dicte al respecto.
Los clubes de membresía deberán tener un mínimo de quince y un
máximo de cuarenta y cinco socios. Podrán plantar hasta noventa
y nueve plantas de cannabis de uso psicoactivo y obtener como
producto de la recolección de la plantación un máximo de acopio
anual proporcional al número de socios y conforme a la cantidad
que se estableciere para el uso no medicinal de cannabis
G) El IRCCA otorgará licencias de expendio de cannabis psicoactivo
a las farmacias (de acuerdo con el Decreto-Ley N° 15.703, de 11
de enero de 1985 y sus leyes modificativas) conforme las
condiciones establecidas en la legislación vigente y el
procedimiento y requisitos que estableciere la reglamentación.
El expendio de cannabis psicoactivo para consumo personal requerirá que se acredite en el registro correspondiente según lo establecido en el artículo 8° de la presente ley, conforme a las estipulaciones legales, en tanto el expendio para uso medicinal requerirá receta médica.
El expendio de cannabis psicoactivo para uso no medicinal no podrá
superar los 40 gramos mensuales por usuario.
Toda plantación no autorizada deberá ser destruida con intervención
del Juez competente. El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de los literales precedentes, inclusive los mecanismos de acceso a las semillas, el que siendo destinado a plantaciones de cannabis psicoactivo para consumo personal en el marco de la legislación vigente, se considerará en todos los casos como actividad lícita. Dicha reglamentación es sin perjuicio de los contralores que la legislación vigente establece para toda plantación o cultivo que se realice en territorio nacional, en lo que resultare aplicable. Asimismo, la reglamentación establecerá los
estándares de seguridad y las condiciones de uso de las licencias de
cultivos para los fines previstos en los literales precedentes.
La marihuana resultante de la cosecha y el cultivo de las plantaciones referidas en los literales B), D) y E) del presente artículo no podrá estar prensada.(*)
Redacción dada por: Ley Nº 19.172 de 20/12/2013 artículo 5.
Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 17.016 de 22/10/1998 artículo 1.
Ver en esta norma, artículos: 30 y 31.
Ley Nº 17.016 de 22/10/1998 artículo 1,
Decreto Ley Nº 14.294 de 31/10/1974 artículo 3.
Las sustancias que entren en tránsito en el territorio nacional deberán ir acompañadas de una autorización de exportación.
por el Ministerio de Salud Pública los que deberán documentar su venta
Las droguerías, farmacias y laboratorios que empleen las sustancias contenidas en las listas I y II de la Convención Unica de Nueva York de 1961, en sus preparaciones y específicos destinados a conservarse, en depósito o para la venta, anotarán en un libro rubricado y sellado por las autoridades de Salud Pública, la compra de esas sustancias, la clase y cantidad empleada en sus elaboraciones y las operaciones de venta de estas sustancias, así como de las preparaciones y de los específicos efectuados con ellas.
La droguerías solamente podrán expender esas sustancias y preparaciones a
directores técnicos. (*)
médicos veterinarios y odontólogos, con sus nombres, domicilios,
teléfonos particulares y de consultorio y con una copia autenticada de
Este folleto será revisado anualmente en el mes de enero y distribuido
en las mismas condiciones del párrafo anterior antes de la terminación
del referido mes. El uso del recetario por parte de los técnicos
recibidos con posterioridad a la última publicación del registro de profesionales se regirá, hasta el momento de la siguiente publicación por el Reglamento que al efecto dicte el Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo podrá modificar o ampliar el contenido de las listas y tablas a que refiere la presente ley, incluyendo o excluyendo sustancias o trasladándolas de una a otra, con los asesoramientos previos que en ella se determinan.
Las listas y tablas a que refiere la presente ley, se consideran
partes integrantes de la misma. (*)
Redacción dada por: Ley Nº 17.016 de 22/10/1998 artículo 2.
TEXTO ORIGINAL: Decreto Ley Nº 14.294 de 31/10/1974 artículo 15.
B)La prevención secundaria mediante la detención precoz de la
procesado en los laboratorios, comercialización en droguerías y
su definitiva venta al público consumidor.
por un siquiatra de la Dirección de Salud Mental, un epidemiólogo de
La Comisión se dictará su propio Reglamento y contará con una Secretaria
Salud Pública, serán ejecutados por las dependencias del mismo,
de acuerdo a sus respectivas competencias técnicas.
E)Asegurar el tratamiento reservado de todo toxicómano que lo
solicitare. Cuando éste se efectúe en los establecimientos de
Administración de los Servicios de Salud del Estado, el mismo se
regulará por las disposiciones que rigen a dicho órgano para el
resto de las prestaciones.
G)Evaluar el resultado de los programas que se ejecutaron. (*)
Literal E) redacción dada por: Ley Nº 16.736 de 05/01/1996 artículo 401.
TEXTO ORIGINAL: Decreto Ley Nº 14.294 de 31/10/1974 artículo 19.
se consumieren sin que figure en ningún paso el nombre de los
A)La prevención control y represión de todas aquellas acciones que
constituyan una importación, exportación, producción,
fabricación tráfico comercialización o uso ilegal de las
sustancias reguladas por la presente ley.
eficacia de una acción solidaria en la lucha contra la
del Tráfico Ilícito de Drogas que dependerán del Ministerio del
propuesta fundada del Ministerio del Interior. Deberá ser ratificado en su cargo cada dos años previa consulta a la Comisión Honoraria.
El que sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo alguna de las materias primas, sustancias, precursores químicos y otros productos químicos mencionados en el artículo 30 de la presente ley y de acuerdo con lo dispuesto en este, será castigado con pena de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría.
Quedará exento de responsabilidad el que transportare, tuviere en su    poder, fuere depositario, almacenare o poseyere una cantidad destinada a su consumo personal, lo que será valorado por el juez conforme a las reglas de la sana crítica.
Sin perjuicio de ello, se entenderá como cantidad destinada al consumo    personal hasta 40 gramos de marihuana. Asimismo, tampoco se verá alcanzado por lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo el que en su hogar tuviere en su poder, fuere depositario, almacenare o poseyere la cosecha de hasta seis plantas de cannabis de efecto psicoactivo obtenidas de acuerdo con lo dispuesto en el literal E) del artículo 3° de la presente ley, o se tratare de la cosecha correspondiente a los integrantes de un club de membresía conforme con lo previsto por el literal F) del artículo 3° de la presente ley y la reglamentación respectiva.
La pena será de dos a diez años de penitenciaría cuando las acciones    descriptas en el inciso primero sean cometidas por un grupo delictivo    organizado.
Se entiende por grupo delictivo organizado un conjunto estructurado de    tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe   concertadamente con el propósito de cometer dichos delitos, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro  beneficio de orden material (artículo 414 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008). (*)
Redacción dada por: Ley Nº 19.513 de 14/07/2017 artículo 13.
Ley Nº 19.172 de 20/12/2013 artículo 7,
Ver en esta norma, artículo: 35 - BIS.
Decreto Ley Nº 14.294 de 31/10/1974 artículo 31.
El que organizare o financiare alguna de las actividades delictivas descriptas en la presente ley, aun cuando estas no se cumplieran en el territorio nacional, será castigado con pena de dos a dieciocho años de penitenciaría. (*)
Redacción dada por: Ley Nº 19.513 de 14/07/2017 artículo 14.
Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 17.016 de 22/10/1998 artículo 3.
Decreto Ley Nº 14.294 de 31/10/1974 artículo 32.
El que, desde el territorio nacional, realizare actos tendientes a la introducción ilegal a países extranjeros de las sustancias mencionadas
en la presente ley, será castigado con pena de veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría. (*)
Redacción dada por: Ley Nº 17.016 de 22/10/1998 artículo 3.
TEXTO ORIGINAL: Decreto Ley Nº 14.294 de 31/10/1974 artículo 33.
El que sin autorización legal, a título oneroso o gratuito, suministrare, aplicare o entregare las sustancias mencionadas en la presente ley, o promoviere, indujere o facilitare su consumo, será castigado con pena de veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría. (*)
TEXTO ORIGINAL: Decreto Ley Nº 14.294 de 31/10/1974 artículo 34.
El que violare las disposiciones de la presente ley en  materia de importación, exportación, producción, elaboración, comercialización o suministro de las sustancias y preparados contenidos en las Listas III de la Convención Unica de Nueva York de 1961, así como las comprendidas en las Listas II, III y IV del Convenio de Viena, será castigado con pena de doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. (*)
TEXTO ORIGINAL: Decreto Ley Nº 14.294 de 31/10/1974 artículo 35.
interior de un establecimiento de enseñanza o sanitaria de hospitales,
medidas de seguridad curativas que se cumplirán en un establecimiento público o privado o en forma ambulatoria, pero siempre bajo el control de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías, la que deberá ser oída a los efectos de régimen del cese de las medidas.
que acaba de hacerlo o portando estupefacientes para su uso personal,
deberá ser puesto a disposición del Juzgado Letrado de Instrucción de Turno, a fin de que éste ordene un examen del detenido por el médico de
la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías y por el médico forense, quienes deberán producir su informe dentro de las veinticuatro horas. Si del examen resultare tratarse de un drogadicto, el Juez
impondrá el tratamiento en un establecimiento público o privado o en
forma ambulatoria, pero siempre sujeto a los controles médicos que establezca la referida Comisión Nacional.
sistema de garantías establecido en la ley 9.581, de 8 de agosto de 1936. (*)
Ver: Ley Nº 19.529 de 24/08/2017 artículo 48.
labor terapia científicamente encarada con la producción manual, intelectual, o artística de elementos susceptibles de procurar ingresos monetarios, de los cuales un tercio se verterá a beneficio del servicio asistencial, un tercio para gastos personales del enfermo y un tercio
será entregado a la familia a su cargo o, si no la tuviera, depositado en una cuenta personal que se abrirá especialmente a esos efectos.
dinero proveniente de las acciones descritas por los artículos 30 a 37 de la presente ley, siempre que no hayan sido legalmente enajenados a terceros de buena fe y sin perjuicio de los gravámenes legítimos que pudieran afectarles.
El internamiento voluntario y el que se realiza a solicitud de parientes, y aun el compulsivo, previsto en el artículo 40, quedarán
sometidos a los requisitos y garantías que establece la ley 9.581, de 8
de agosto de 1936. (*)
Considérase peligroso para la salud síquica la difusión de términos
que sirvan para designar directa o indirectamente a las drogas especificadas en el artículo 1º de la presente ley.
Farmacias, podrán penetrar en cualquier momento en los locales abiertos
al público, en casas de comercio, café, bares, casas de huéspedes u otras análogas y ambientes comunes de pensiones y hoteles, a fin de comprobar
si existen, ilegítimamente, sustancias reguladas por la presente ley.
de difusión hasta por treinta días. Dicha medida la podrá imponer el
Toda autoridad pública que proceda a incautar sustancias estupefacientes o psicotrópicas y preparados que hayan constituido el objeto material de alguno de los delitos previstos en la presente ley deberá, sin perjuicio del cumplimiento de las funciones propias de su competencia y cometidos:
A) Levantar un acta con la comparecencia de dos testigos y en la que
1) Fecha, lugar y circunstancias en que se produjo la incautación.
2) Nombre completo, cargos y dependencias de los funcionarios actuantes;
nombre completo, nacionalidad, sexo, edad y número de documento de
identidad y del pasaporte de los detenidos.
3) Una descripción de las sustancias incautadas con indicación de la
cantidad, peso, tipo de envase que las contiene y de cualquier otra
especificación que sirva para su adecuada individualización.
B) Introducir las sustancias incautadas en un nuevo envase que se
precintará e inmediatamente deberá enviarse al Instituto Técnico
Forense, a la Dirección Nacional de Policía Científica o a cualquier
otro organismo estatal o paraestatal que cuente con idoneidad
técnico-científica para realizar el análisis de sustancias
estupefacientes o psicotrópicas. A esos efectos, el Instituto Técnico
Forense y el Ministerio del Interior establecerán protocolos de
actuación a los que deberán ajustarse los organismos e institutos que
procesen las referidas sustancias.
Al envase que contenga la sustancia incautada se le anexará una copia
autenticada del acta referida en el literal precedente, para la
pericia técnica y su posterior remisión a la autoridad competente.
C) Remitir a la justicia competente el acta prevista en el literal A)
dentro de las veinticuatro horas de ocurrido el hecho.
D) Dejar debida constancia de todas las actuaciones en que haya tomado
intervención, así como del recibo detallado y fiel del envío de las
sustancias remitidas al instituto u organismo encargado del análisis
El juzgado actuante en cuanto determine que las sustancias incautadas no son necesarias para el esclarecimiento del delito, así lo hará saber a la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías, a los efectos que esta disponga según el caso, su destino si tuvieren uso terapéutico o de investigación científica; o, disponer en vez, su destrucción. De disponerse la destrucción de tales sustancias, la misma se efectuará en la sede del instituto u organismo en que se encuentre, en presencia de un funcionario de la citada Comisión y de un escribano público del Ministerio de Salud Pública, debiéndose labrar el acta correspondiente. (*)
Redacción dada por: Ley Nº 19.513 de 14/07/2017 artículo 11.
Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 17.016 de 22/10/1998 artículo 4.
Ley Nº 17.016 de 22/10/1998 artículo 4,
Decreto Ley Nº 14.294 de 31/10/1974 artículo 50.
El que convierta o transfiera bienes, productos o instrumentos que procedan de cualquiera de los delitos tipificados por la presente ley o delitos conexos, será castigado con pena de veinte meses de prisión a
diez años de penitenciaría. (*)
Agregado/s por: Ley Nº 17.016 de 22/10/1998 artículo 5.
TEXTO ORIGINAL: Decreto Ley Nº 14.294 de 31/10/1974 artículo 54.
El que adquiera, posea, utilice, tenga en su poder o realice cualquier tipo de transacción sobre bienes, productos o instrumentos que procedan
de cualquiera de los delitos tipificados por la presente ley o de delitos conexos, o que sean el producto de tales delitos, será castigado con una pena de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría. (*)
El que oculte, suprima, altere los indicios o impida la determinación
real de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de tales bienes, o productos u otros derechos relativos a los mismos que procedan de cualquiera de los delitos
tipificados por la presente ley o delitos conexos, será castigado con una
pena de doce meses de prisión a seis años de penitenciaría. (*)
El que asista al o a los agentes de la actividad delictiva en los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos, ya sea para asegurar el beneficio o el resultado de tal actividad, para obstaculizar las acciones de la Justicia o para eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones, o le prestare cualquier ayuda, asistencia o asesoramiento, será castigado con una pena de doce meses de prisión a seis años de penitenciaría. (*)
La finalidad de obtener un provecho o lucro para sí o para un tercero,
de los delitos previstos en los artículos 56 y 57 de la presente ley,
será considerada una circunstancia agravante y en tal caso, la pena
podrá ser elevada en un tercio. (*)
Cuando la comisión de cualquiera de los delitos previstos por la presente ley se hubiere consumado mediante la participación en el o en
los delitos de una asociación o de un grupo delictivo organizado o mediante el recurso a la violencia o el empleo de armas o con utilización
de menores de edad o incapaces, la pena será aumentada hasta la mitad.
Son circunstancias agravantes especiales de los delitos previstos en
1) Que alguna de la o las víctimas de los delitos tipificados en la
presente ley fuere menor de dieciocho años, fuere incapaz o
estuviere privada de discernimiento o voluntad.
2) Cuando la sustancia fuere suministrada o aplicada sin el
3) Cuando el delito se cometiere mediante el ejercicio abusivo,
fraudulento o ilegal de una profesión sanitaria.
4) Cuando el delito se cometiere en el interior o a la entrada de un
establecimiento de enseñanza o sanitario, o de hospitales, cárceles,
sedes e instalaciones de instituciones deportivas, culturales o
sociales o de un recinto o lugar donde se realicen espectáculos o
reuniones de carácter público cualquiera sea su finalidad.
5) Cuando del hecho resultaren lesiones o la muerte de la víctima. (*)
El Juez interviniente deberá fundamentar la convicción moral que se ha
formado al respecto, tanto en el auto de procesamiento como en el que no
lo decrete, así como en la sentencia sea ésta o no condenatoria. (*)
(Medidas cautelares).-
a) apreciar la necesidad de la medida, pudiendo disponer otra si la entiende más eficiente;
b) establecer su alcance y término de duración; y
En estos casos, el tribunal penal competente podrá disponer su remate y depositar el producto en unidades indexadas u otra unidad de medida que permita asegurar la preservación del valor, a la orden del tribunal y bajo el rubro de autos. (*)
62.7. La autoridad judicial competente para conocer en los delitos
previstos en el presente Decreto-Ley, podrá autorizar mientras se sustancia el procedimiento, el uso de los bienes, productos e instrumentos que hayan sido incautados en favor de las instituciones que puedan ser beneficiarias del Fondo de Bienes Decomisado-Decreto N° 339/2010, de 18 de noviembre de 2010.
Previamente se le deberá dar vista a la Junta Nacional de Drogas como
destinatarios finales de los mismos en caso de decomiso. La concesión del uso debe recaer en bienes que, por su naturaleza, sea conveniente mantenerlos en funcionamiento, corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse o cuya conservación irrogue perjuicios o gastos desproporcionados a su valor. (*)
Redacción dada por: Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 2.
Inciso 7º) agregado/s por: Ley Nº 19.149 de 24/10/2013 artículo 48.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 17.016 de 22/10/1998 artículo 5.
(Decomiso).-
a) los estupefacientes y sustancias psicotrópicas prohibidas que fueran incautadas en el proceso;
b) los bienes o instrumentos utilizados para cometer el delito o la actividad preparatoria punible;
c) los bienes y productos que procedan del delito;
d) los bienes y productos que procedan de la aplicación de los provenientes del delito, comprendiendo: los bienes y productos en los que se hayan transformado o convertido los provenientes del delito y los bienes y productos con los que se hayan mezclado los provenientes del delito hasta llegar al valor estimado de éstos;
e) los ingresos u otros beneficios derivados de los bienes y productos provenientes del delito.
La determinación y el alcance objetivo y subjetivo del decomiso serán resueltos por el tribunal penal competente. (*)
63.6. En los casos de fallecimiento del procesado, los bienes que hayan sido incautados serán decomisados cuando se pudiera comprobar la ilicitud de su origen o del hecho material al que estuvieran vinculados, sin necesidad de condena penal. (*)
Inciso 6º) agregado/s por: Ley Nº 19.149 de 24/10/2013 artículo 47.
Incisos 4º) y 5º) redacción dada anteriormente por: Ley Nº 17.930 de
19/12/2005 artículo 67 .
Ley Nº 17.930 de 19/12/2005 artículo 67,
Ley Nº 17.016 de 22/10/1998 artículo 5.
Lo dispuesto en los artículos 62 y 63 regirá sin perjuicio de los
derechos de los terceros de buena fe. (*)
Todos los que alegaren tener un interés legítimo sobre los bienes, productos o instrumentos, podrán comparecer ante el Juez de la causa, el que los escuchará en audiencia de conformidad con los principios
del debido proceso legal, con noticia de la defensa en su caso, y del
Ministerio Público, los que podrán comparecer en ese acto. (*)
El Juez deberá disponer la devolución al tercerista, de los bienes, productos o instrumentos correspondientes, cuando, a su juicio, resulte acreditada su buena fe. (*)
Toda vez que se confisquen bienes, productos o instrumentos, conforme con lo dispuesto en la presente ley, que no deban ser destruidos ni resulten perjudiciales para la población, el Juez de la causa los pondrá a disposición de la Junta Nacional de Drogas, que tendrá la titularidad y disponibilidad de los mismos. Dicho organismo determinará el destino, pudiendo optar según las características de los bienes, productos o instrumentos por lo que sea más conveniente y oportuno al caso concreto:
B) Transferir los mismos o el producido de su enajenación, a cualquier entidad pública que haya participado directa o indirectamente en
su incautación o en la coordinación de programas de prevención o represión
en materia de drogas y de prevención de lavado de activos. (*)
C) Transferir esos bienes, productos o instrumentos, o el producto de
su venta, a cualquier entidad pública o privada dedicada a la prevención
del uso indebido de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y la
reinserción social de los afectados por el consumo.
La Secretaría Nacional de Drogas solicitará al Ministerio de Economía y
Finanzas el refuerzo de los créditos presupuestales asignados, en función
de las recaudaciones reales producidas por estos conceptos. Los refuerzos
solicitados podrán tener destino tanto para gastos de funcionamiento como
de inversión. (*)
dada por Ley 17.930 artículo 68).
Literal B) redacción dada por: Ley Nº 18.719 de 27/12/2010 artículo 95.
Ley Nº 17.930 de 19/12/2005 artículo 68,
El Poder Ejecutivo creará un registro en el que obligatoriamente deberán inscribirse quienes produzcan, fabriquen, preparen, importen, exporten, distribuyan, usen, tengan en su poder, sean depositarios, almacenen, ofrezcan en venta o negocien de cualquier modo precursores químicos y otros productos químicos incluidos en las Tablas 1 y 2.
Sólo podrán efectuar las operaciones y actividades previstas en el
inciso precedente con precursores químicos y otros productos químicos
incluidos en las Tablas a que refiere dicho inciso precedente, quienes
hayan obtenido la correspondiente autorización del Poder Ejecutivo. (*)
Ver: Decreto Nº 413/009 de 31/08/2009 artículo 1 (Modificación, Tabla I
A los efectos de la presente ley se consideran precursores químicos
las sustancias que pueden utilizarse en la producción, fabricación y preparación de estupefacientes o sustancias psicotrópicas incorporables
en su estructura molecular al producto final, resultando fundamentales para dichos procesos.
A los efectos de la presente ley se consideran otros productos químicos
las sustancias que, no siendo precursores químicos -tales como solventes,
reactivos o catalizadores- pueden utilizarse en la producción, fabricación, extracción o preparación de estupefacientes o sustancias
psicotrópicas. (*)
Las personas físicas o jurídicas que deban cumplir con la obligación prevista en el artículo 68 deberán llevar y conservar registros de inventario, producción, fabricación, adquisición y distribución de las
sustancias y productos incluidos en las Tablas 1 y 2 del anexo en la
forma que determine la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.
Dicha reglamentación establecerá las cantidades máximas de cada uno de
los productos incluidos en la Tabla 2 que en cada actividad estarán
exceptuados del régimen que se regula en la presente ley. (*)
Las instituciones o empresas que realicen actividades de
intermediación financiera comprendidas en el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, los Bancos regulados por la Ley Nº 16.131, de 12 de setiembre de 1990, las Casas de Cambio a que refiere el artículo 56 de la Ley Nº 16.696, de 30 de marzo de 1995, y en general las personas físicas
o jurídicas sujetas a control del Banco Central del Uruguay deberán
ajustarse a las reglamentaciones que dicten el Poder Ejecutivo o el
mencionado Banco Central con la finalidad de prevenir la conversión,
transferencia u ocultación de bienes, productos o instrumentos procedentes
de cualesquiera de las actividades previstas como delitos por la presente
Las transgresiones de los preceptos contenidos en dichas reglamentaciones podrán determinar, según los casos y cuando correspondiera, la aplicación de las sanciones o medidas administrativas
previstas en el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con la
redacción dada por la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992.
Lo anterior es sin perjuicio de la facultad del Juez de apreciar,
cuando pudiera corresponder, de acuerdo con los criterios y
procedimientos previstos en la presente ley, la eventual responsabilidad penal que pudiera caber a los directores, gerentes, administradores, mandatarios, síndicos o fiscales de las referidas instituciones, empresas o sociedades a que refiere el inciso primero. (*)
De conformidad con la reglamentación que dicte el Banco Central del Uruguay, las instituciones de intermediación financiera y las que no siéndolo -y en lo pertinente- desarrollen actividad financiera, no
podrán mantener cuentas sin la debida identificación de sus titulares.
Las instituciones a las que refiere el inciso precedente deberán
registrar y verificar por medios eficaces la identidad, representación,
domicilio, capacidad legal, ocupación u objeto social -según los casos-
de las personas físicas y jurídicas que sean titulares de cuentas en las
mismas, de conformidad con la reglamentación que dicte el Banco Central
del Uruguay. (*)
Las instituciones a que refiere el artículo anterior deberán llevar y mantener, en las condiciones que establezca la reglamentación del Banco Central del Uruguay, registros y correspondencia comercial que permitan
la reconstrucción de las transacciones financieras que superen el monto que establezca dicha reglamentación y una base de datos que permita acceder rápidamente a la información sobre operaciones financieras. (*)
Uruguay, coordinará programas de capacitación del personal que corresponda, relacionados con las actividades a que refiere la presente ley en el Capítulo XII y, en lo que refiere a las materias de que se
ocupa el Capítulo XIII, coordinará programas de capacitación en materia
de cooperación jurídica internacional con el asesoramiento de la
Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia del Ministerio de Educación y Cultura.(*)
Las solicitudes de cooperación jurídica penal internacional
provenientes de autoridades extranjeras competentes de acuerdo a la ley del Estado requirente para la investigación o enjuiciamiento de los delitos previstos en la presente ley o de delitos conexos, que refieran
al auxilio jurídico de mero trámite, probatorio, cautelar o de inmovilización, confiscación, decomiso o transferencia de bienes, se
recibirán y darán curso por la Dirección de Cooperación Jurídica
Internacional y de Justicia del Ministerio de Educación y Cultura. Dicha
Dirección, de conformidad con los respectivos Tratados Internacionales
vigentes y normas de fuente nacional en la materia, remitirá directamente
y sin demoras las respectivas solicitudes de cooperación penal
internacional a las autoridades jurisdiccionales o administrativas con
función jurisdiccional nacionales competentes, según los casos, para su
diligenciamiento, de acuerdo al ordenamiento jurídico de la República.
Las solicitudes de cooperación jurídica penal internacional y documentación anexa recibidas por la citada Dirección vía diplomática,
consular o directamente, quedarán eximidas del requisito de legalización
y deberán ser acompañadas, en su caso, de la respectiva traducción al idioma español. (*)
1. Los Tribunales nacionales competentes para la prestación de la cooperación penal internacional solicitada, la diligenciarán de oficio
con intervención del Ministerio Público de acuerdo a las leyes de la República y verificarán: a) que la solicitud sea presentada debidamente fundada, b) que la misma identifique la autoridad extranjera competente requirente proporcionando nombre y dirección de la misma, y c) que,
cuando corresponda, sea acompañada de traducción al idioma español de acuerdo a la legislación nacional en la materia.
2. En los casos de cooperación penal internacional, la misma se
prestará por los Tribunales nacionales, debiéndose examinar por el Juez,
si la conducta que motiva la investigación, enjuiciamiento o procedimiento, en el Estado requirente, constituye o no delito, conforme
al Derecho nacional.
3.- En los casos de solicitudes de cooperación penal relativas a
registros, levantamiento del secreto bancario, embargo, secuestro y
entrega de cualquier objeto, comprendidos, entre otros, documentos,
antecedentes o efectos, el Tribunal nacional actuante diligenciará la
solicitud si determinara que la misma contiene toda la información que
justifique la medida solicitada. Dicha medida se someterá a la ley
4. Las solicitudes de cooperación penal internacional podrán ser
rechazadas por los Tribunales nacionales encargados de su
diligenciamiento, cuando concluyan que las mismas afectan en forma grave,
concreta y manifiesta el orden público, así como la seguridad u otros
intereses esenciales de la República. (*)
Las autoridades o particulares pertenecientes a los Estados
requirentes de cooperación no podrán llevar a cabo en el territorio de la República actuaciones que, conforme a la legislación nacional, sean de competencia de las autoridades del país. (*)
Cuando los datos necesarios para el cumplimiento de la solicitud de cooperación penal internacional sean insuficientes o confusos, el
Tribunal actuante podrá requerir la ampliación o aclaración de los mismos a la autoridad extranjera requirente vía Dirección de Cooperación
Jurídica Internacional y de Justicia, la que trasmitirá de forma urgente la solicitud de ampliación o aclaración. En los casos en que la solicitud
de cooperación penal internacional no se cumpla en todo o en parte, este hecho, así como las razones que motivaran su incumplimiento, serán comunicadas de inmediato por el Tribunal actuante a la autoridad
extranjera requirente a través de la precitada Dirección del Ministerio
de Educación y Cultura. (*)
La legislación interna de la República será la encargada de regular eventuales responsabilidades por daños que pudieran emerger de actos de sus autoridades en ocasión de la prestación de cooperación penal internacional requerida por autoridades extranjeras.
La República Oriental del Uruguay se reserva el derecho de repetir
contra los Estados requirentes por eventuales indemnizaciones que
pudieren emanar del diligenciamiento de solicitud de cooperación jurídica
El pedido de cooperación penal internacional formulado por una autoridad extranjera importará el conocimiento y aceptación por dicha autoridad de los principios enunciados en los incisos precedentes, todo
lo cual se hará saber a la requirente, por la mencionada Dirección de Cooperación del Ministerio de Educación y Cultura, una vez recepcionado por esta última el respectivo pedido de cooperación. (*)
Redacción derogada por: Ley Nº 17.835 de 23/09/2004 artículo 22.
Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 17.343  de 25/05/2001 artículo 1.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 17.343 de 25/05/2001 artículo 1.
BORDABERRY - JUSTO M. ALONSO LEGUISAMO - JUAN CARLOS BLANCO - HUGO LINARES BRUM - CARLOS ALBERTO ROCA

References: artículo 8
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 15
 artículo 401
 artículo 19
 artículo 30
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 7
 artículo 31
 artículo 14
 artículo 3
 artículo 32
 artículo 3
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 48
 artículo 40
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 4
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 artículo 50
 artículo 5
 artículo 54
 artículo 2
 artículo 48
 artículo 5
 artículo 47
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 5
 artículo 68
 artículo 95
 artículo 68
 artículo 1
 artículo 68
 artículo 56
 artículo 22
 artículo 1
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