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Timestamp: 2020-06-05 13:18:45+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/4089/1995, 11-02-1999 | Iberley
Fecha: 11 de Febrero de 1999
Núm. Resolución: 00/4089/1995
La indemnización por cesar como gerente, se halla sujeta y no exenta en virtud de la doctrina del Tribunal Supremo, siendo irrelevante el hecho de que el interesado fuera reintegrado al puesto que ocupaba en la plantilla antes de acceder a la condición de alto directivo. No obstante y para evitar la "reformatio in peius", ha de respetarse el criterio de la Inspección al determinar la cantidad sometida a retención a cuenta.
SEGUNDO: En cuanto a la indemnización por despido del Sr. en 1990, dice que ingresó en 1977 y no hay constancia de que haya realizado otra labor que la de Director-Gerente, obrando en la carpeta fiscal diligencia de la Inspección de 13.6.80 de que ya actúa como tal; el 18-9-90 recibe acta notarial comunicándole su cese en dicho cargo y que a partir de ese momento se reanudaba la relación laboral común que había regulado su contrato de trabajo con la entidad hasta su nombramiento de Director-Gerente, se le asigna el puesto de adjunto al Director de Recursos Humanos; el 1.10, y también por vía notarial, requiere el Sr. ,para que le reponga en su anterior puesto de trabajo, puesto que el nuevo "no corresponde a su categoría personal", y al no ser atendido, el día 11 siguiente presenta papeleta de demanda al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Valencia, terminando la conciliación con avenencia y fijándose una indemnización de . FUNDAMENTOS DE DERECHOSEGUNDO: La única cuestión planteada se refiere a si la indemnización abonada por la Sociedad reclamante a un empleado corresponde a una relación laboral común a otra especial de alta dirección y, en consecuencia, si constituye o no renta sujeta al Impuesto y al sistema de retenciones del mismoTERCERO: Que para resolverla ha de tenerse en cuenta, como acertadamente señala el acuerdo de liquidación, que el Sr. ). decidió rescindir el contrato laboral con en base a una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, es decir, las que disfrutaba cuando era Director gerente, y aplica la causa de extinción del apartado a) del artículo 10.3 del Decreto 1382/85, de 1 de agosto; en concreto, según se señala en el Acuerdo de liquidación, en la demanda presentada por el interesado se dice: "Esta decisión del Consejo (la revocación de poderes y el cese como director-gerente) supone un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales que regían las relaciones laborales hasta el 18 de septiembre. En definitiva, se alega la modificación de la relación laboral de alta dirección, y ello con independencia de que se invoque el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. Este precepto es perfectamente aplicable al personal de alta dirección, después de regular los supuestos de extinción de la relación laboral, establece en su articulo 12 que, dejando a salvo las especialidades contenidas en los artículos anteriores, la relación laboral especial podrá extinguirse por las causas y procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores. Además, resulta irrelevante la objeción de la empresa de que "cuando cesa" el Sr. ).ya no es alto directivo, porque, en todo caso, la indemnización correspondería en su práctica totalidad al tiempo en que el Sr. estuvo de Gerente, que es lo que fue, prácticamente desde que entró hasta su salida de la entidad.CUARTO: Calificada la relación laboral debe plantearse cuál es el tratamiento que procede dar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a las indemnizaciones percibidas por el personal de alta dirección. El citado Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, prevé y regula, en lo que aquí interesa, dos posibilidades extintivas del contrato del alto directivo: la extinción unilateral por voluntad del alto directivo en el articulo 10, que distingue, a su vez, entre el desistimiento sin causa, sin derecho a indemnización alguna, y la resolución causal recogida en el apartado 3, que reconoce el alto directivo el derecho a las indemnizaciones fijadas para el caso de extinción por desistimiento del empresario; y la extinción unilateral por voluntad del empresario, en el artículo 11 el cual contempla igualmente dos supuestos: el primero se refiere a la extinción del contrato por desistimiento del empresario, en cuyo caso procederá la indemnización pactada en el citado contrato y a falta de pacto, será equivalente a siete días de salario en metálico por año de servicio, con el límite de seis mensualidades; el segundo supuesto se refiere al despido por incumplimiento grave y culpable que, si fuera declarado improcedente, da lugar, igualmente, a la indemnización pactada en el contrato o, en defecto de pacto, a una cuantía equivalente a 20 días de salario en metálico por año de servicio y hasta un máximo de 12 mensualidades. La integración de esta normativa laboral con la de carácter tributario contenida en los artículos 3.4 de la Ley 4471978 y 10 del Reglamento de 1981, que trataban de delimitar los supuestos de indemnizaciones que no constituían renta gravable, ha dado lugar a posiciones encontradas, suscitadas principalmente con ocasión del supuesto previsto en el articulo 11 del mencionado Real Decreto 1382/1985. Tras diversas resoluciones de los Tribunales, finalmente ha quedado resuelta por la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 1995, que, entiende que el citado Real Decreto no establece ningún límite de carácter obligatorio, ni máximo ni mínimo, respecto de las indemnizaciones del personal de alta dirección, toda vez que las señaladas en el artículo 11 lo son a falta de pacto y en su defecto, este Tribunal Central ha acogido ya los razonamientos y la conclusión del Alto Tribunal, en Resolución de 11 de julio de 1997, entre otras. Y asimismo, en Resolución de 19 de diciembre de 1997, ha considerado que los razonamientos de dicha Sentencia son perfectamente trasladables al supuesto de desistimiento causal contemplado en el artículo 10.3 de aquel Real Decreto, por lo que la conclusión respecto de la indemnización satisfecha en este caso debería ser la misma, es decir, la sujeción al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a su sistema de retenciones del total importe obtenido por el alto directivo como consecuencia de la extinción del contrato. Ahora bien, para evitar incurrir en la "reformatio in peius" de la situación del recurrente, entiende este Tribunal que ha de confirmarse la cuantía de la retención acordada por la Inspección, sin incrementar su importe, como en otro caso hubiera sido procedente en aplicación del mencionado criterio.EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA,ACUERDA: Desestimarla y confirmar el acto recurrido.

References: artículo 10
 artículo 50
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 11
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 11
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 10