Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2006/05/registro-oficial-8-de-mayo-del-2006-suplemento
Timestamp: 2020-07-13 20:48:39+00:00

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Registro Oficial. 8 de MAYO del 2006 Suplemento
0024-04-TC Acéptanse las demandas de inconstitucionalidad planteadas por el señor Lautaro Aspiazu Wright y otro y decláranse la inconstitucionalidad del Acuerdo No. 0176 expedido por el Subsecretario de Gobierno y de la Ordenanza del H. Consejo Provincial de Pichincha que crea el "Sistema de apuestas permanentes".
0033-04-TC 0042-04-TC y 0043-04-TC Acéptanse parcialmente las demandas de inconstitucionalidad formuladas por los señores Alberto Dassum Aivas, Patricio Alfonso Egüez Páez y Wilson Gerardo Ramos Medina y otro.
0038-04-TC Deséchase la demanda de inconstitucionalidad presentada por el señor Franklin Jacinto Calderón Moneada y otros.
0039-04-TC Deséchase la demanda propuesta por el profesor Gustavo Terán Acosta, Director Nacional del Movimiento Popular Democrático..
0946-04-RA Revócase la resolución pronunciada por el Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha que acepta la acción de amparo e inadmítese el amparo constitucional presentado por César Chiluisa Guanoluisa, representante de la Cooperativa de Taxis "El Salto No 10".
0977-04-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por la doctora Blanca Lida Buenaño Pérez.
0005-05-TC Deséchase la demanda de inconstitucionalidad propuesta por el señor Luis Antonio Gaibor Secaira y otros, en contra de la resolución dictada por el Consejo Consultivo de Aguas.
0010-2005-TC Declárase la inconstitucionalidad en la demanda presentada por el ingeniero José Mariano Santos Narváez. Presidente del Comité de Empresa de los Trabajadores de PETROPRODUCCION - CENAPRO.
0913-2004-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por Cristiam Renné Albán Galeas, representante de 1% Compañía Inmobiliaria Credeavia S. A., por ser improcedente.
0018-20C5-HD Confírmase la resolución venida en grado y niégale el babeas data propuesto por Juan Andrés Martínez Arreaga.
0021-2005-RA Concédese el amparo solicitado por el señor Francisco Javier González Sánchez.
0073-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional propuesto por el señor José Enrique Guanín Alomoto, por ser procedente.
0099-2005-RA Niégase la acción de amparo presentada por el señor Ignacio Gualberto Noboa Vargas.
0138 2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por el ingeniero Aníbal Roberto Córdova Albán y otros, por ser improcedente..
0180-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitada por la señora Gloria Leonor Quiroz Mora.
0201-2005-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Ángel Simón Paca Tenesaca.
0206-2005-RA Revócase la resolución del Tribunal de instancia y concédese el amparo solicitado por la señora Yolanda Magdalena Romero Pazmiño.
0213-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia e inadmítese la acción de amparo propuesta por el señor Walter Patricio Ulloa Guillen, Gerente de la Empresa de Transportes Express Gualaceo.
0227 2005-RA Revócase la decisión del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por la licenciada Cecilia Azucena Cruz Huilcapi.
0241 2005-RA Niégase la acción de amparo propuesta por el señor Ángel Guillermo Chuqui Yamasqui.
0249-2005-RA Niégase la acción de amparo propuesta por e! señor Galo Miguel Duran Martínez.
0280-2005-RA Concédese el amparo solicitado por la señora Zoila Luz Galán Soto y otras.
- Gobierno Municipal de Chone: Sustitutiva que norma las sesiones del Concejo y el pago de dietas a los concejales..
- Cantón Chambo: Para la administración del cementerio municipal.
No. 0024-04-TC
En el caso No. 0024-04-TC
ANTECEDENTES: Los señores Lautaro Aspiazu Wright y\n Raúl Gómez Ordeñana, Director y Procurador\n Principal, respectivamente de la H. Junta de Beneficencia de\n Guayaquil, con informes favorables del Defensor del Pueblo, presentan\n demanda de inconstitucionalidad de la Ordenanza del Consejo Provincial\n de Pichincha que crea el "sistema de apuestas permanentes",\n aprobada en sesiones ordinarias de los días 17 y 24 de\n abril del 2002, promulgada en el Registro Oficial No. 204 del\n día miércoles 5 de noviembre de 2003; así\n como también del Acuerdo No. 0176, emitido el 3 de junio\n de 2002, por el señor Maximiliano Donoso Vallejo, entonces\n Subsecretario de Gobierno, por el que aprueba la Ordenanza del\n Consejo Provincial de Pichincha que crea el "sistema de\n apuestas permanentes"; acuerdo que conjuntamente con la\n Ordenanza, fue promulgado en el Registro Oficial No. 204 del\n día miércoles 5 de noviembre de 2003.
Señalan los accionantes que, en el Registro Oficial\n No. 204 del día miércoles 5 de noviembre de 2003,\n fueron promulgados, el Acuerdo No. 0176, emitido el 3 de junio\n de 2002, por el señor Maximiliano Donoso Vallejo, entonces\n Subsecretario de Gobierno, sancionó la Ordenanza del Consejo\n Provincial de Pichincha que crea el sistema de apuestas permanentes,\n aprobada en sesiones ordinarias de los días 17 y 24 de\n abril de 2002; y dispuso que una copia de la mencionada Ordenanza\n Provincial, se adjunte a ese mismo Acuerdo Ministerial; y la\n Ordenanza Provincial, señalada en el Acuerdo Ministerial\n antes referido, expedida por Resolución del H. Consejo\n Provincial de Pichincha en sesión ordinaria del día\n 24 de abril de 2002 que creó "el sistema de apuestas\n permanentes como fuente adicional de financiamiento de proyectos\n sociales de salud y educación en la Provincia de Pichincha"\n y sería regulado de conformidad con la misma ordenanza.,\n estableció el destino y administración de los recursos\n económicos obtenidos por el sistema; integró para\n la supervisión y control del sistema, una comisión\n conformada por miembros y funcionarios del Consejo; autofacultó\n al Consejo para "concesionar al sector privado mediante\n una de las modalidades reguladas en la Ley de Modernización\n del Estado y su reglamento, la operación del sistema";\n y, estableció la vigencia de la Ordenanza desde su publicación.
Que, la Ordenanza que creó el "sistema de apuestas\n permanentes", aprobada por el Consejo Provincial de Pichincha,\n contraría lo dispuesto en la Ley de Régimen Provincial,\n en cuanto a las atribuciones y responsabilidades del Consejo\n Provincial, y artículo 1509 del Código Civil, que\n hace relación al objeto ilícito, de la misma forma\n indican lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Supremo\n No. 130 de 30 de diciembre de 1937, que establece que "quedan\n prohibidos los juegos de azar, o sea aquellos en que hay envite\n o se arriesga dinero o algo que lo valga, y la ganancia o pérdida\n dependa única y exclusivamente de la suerte", el\n artículo 2 exceptúa de la prohibición a\n la lotería organizada por la Junta de Beneficencia de\n Guayaquil y otras rifas menores, con motivo de fiestas cívicas,\n navidad y año nuevo.
Que, de la misma forma, el acto normativo aprobado por el\n Subsecretario de Gobierno, mediante el Acuerdo No. 0176, de 3\n de junio de 2002, es esencialmente ilegal e inconstitucional,\n por cuanto no existe en el ordenamiento jurídico, atribución\n que faculte a los Consejos Provinciales u otros organismos seccionales,\n la creación de sistemas de apuestas, loterías,\n sorteos o juegos de cualquier índole, más aún,\n la Ordenanza Provincial, sancionada por el Gobernador de Manabí,\n como constitucional, legal y legítima, violenta flagrantemente\n el ordenamiento jurídico vigente pues, se contrapone al\n Decreto No. 130 de 30 de diciembre de 1937, que prohíbe\n expresamente los juegos de azar y al artículo 1509 del\n Código Civil en relación al objeto ilícito,\n y señalan que, en consecuencia resulta inconstitucional\n también el Acuerdo que sancionó la Ordenanza, al\n violar la seguridad jurídica garantizada en el numeral\n 26 del artículo 23 de la Constitución de la República,\n además del artículo 119 ibídem.
Que, con los antecedentes señalados, solicitan expresamente\n se declare la inconstitucionalidad y se deje sin efecto la Ordenanza\n del Consejo Provincial de Pichincha que crea el denominado "sistema\n de apuestas permanentes", aprobada en sesiones ordinarias\n de los días 17 y 24 de abril de 2002 y el Acuerdo No.\n 0176, emitido el 3 de junio del 2002, por el señor Maximiliano\n Donoso Vallejo, publicados en el Registro Oficial No. 204 de\n miércoles 5 de noviembre de 2003.
Los señores Economista Ramiro González Jaramillo\n y Dr. Héctor Rodríguez Dalgo, en sus calidades\n de Prefecto Provincial de Pichincha y Procurador Síndico,\n respectivamente, en contestación a la demanda, alegan,\n en primer término, que el H. Consejo Provincial de Pichincha,\n con la facultad que le otorga la Constitución en el artículo\n 228, en concordancia con el artículo 29 de la Ley Orgánica\n de Régimen Provincial, en sesiones ordinarias de 17 y\n 24 de abril de 2002, dictó la Ordenanza que crea el sistema\n de apuestas permanentes, cuyo objeto en el artículo 1\n es generar una fuente adicional de financiamiento para proyectos\n sociales en la salud y educación de la Provincia de Pichincha,\n Ordenanza legalmente sancionada por el Subsecretario de Gobierno\n Doctor Maximiliano Donoso Vallejo, mediante Acuerdo Ministerial\n No. 0176 de 3 de junio del 2002 y publicada en el Registro Oficial\n No. 204 de 5 de noviembre de 2003; que el H. Consejo Provincial\n de Pichincha, es un cuerpo colegiado con autonomía y facultad\n legislativa para dictar Ordenanzas, reglamentos, crear o suprimir\n tasas y contribución especial de mejoras, facultad plasmada\n en el artículo 228 de la Constitución, en concordancia\n con el artículo 29 de la Ley de Régimen Provincial,\n así, la Ordenanza impugnada por los actores fue legítimamente\n dictada y aprobada por el Consejo Provincial de Pichincha, siguiendo\n el procedimiento reglamentado por la Ley Orgánica de Régimen\n Provincial, artículos 56 y 57; por lo que, el H. Consejo\n Provincial de Pichincha ha actuado al amparo de la Constitución\n y la Ley, no se ha extralimitado en las facultades expresamente\n señaladas en el ordenamiento jurídico para que\n se considere una violación a la Constitución, la\n Carta Magna faculta a los gobiernos seccionales para que generen\n sus propios recursos y no dependan sólo de las rentas\n que por ley le otorga el Gobierno Central, capacidad de autogestión\n plasmada en los artículos 231 y 232 de la Constitución;\n que, el objeto de la Ordenanza Provincial que crea el sistema\n de apuestas permanentes y genera recursos, tiene un fin social,\n responde a los principios de solidaridad, asegura a los administrados\n de la jurisdicción de Pichincha el acceso a los bienes\n y servicios a través de programas de educación\n y salud, lo cual es el fin de la ordenanza, en ninguno de sus\n articulados, vulnera derechos de terceros, no habiéndose\n realizado más de lo que la ley les permite; que el Decreto\n Supremo No. 130 de 30 de diciembre de 1937, de jerarquía\n inferior a la constitucional, dictado en el Gobierno de facto\n del Gral. Enríquez Gallo, viabilizó a la Junta\n de Beneficencia de Guayaquil los juegos de azar como exclusividad,\n fomentando el monopolio, dado el momento político que\n se vivía a esa fecha. En una sociedad democrática,\n con un gobierno constitucional, no se puede aceptar que se pretenda\n mantener un monopolio prohibido por la Constitución en\n el numeral 3 del artículo 244, en concordancia con el\n artículo 47 de la Ley de Modernización del Estado.\n Que la ordenanza impugnada no pone en riesgo los derechos de\n los administrados, es de aplicación inmediata en beneficio\n de la colectividad de la jurisdicción de Pichincha, guarda\n conformidad con la Carta Magna y leyes del país, se siguieron\n todos los procedimientos contemplados en la ley, en consecuencia,\n su sanción fue con apego a la misma.
PRIMERO.- El Pleno del Tribunal Constitucional es competente\n para conocer y resolver el presente caso de conformidad con los\n artículos 276 número 1 de la Constitución,\n 12 número 1 y 62 de la Ley del Control Constitucional.
SEGUNDO.- El artículo 276 número 1 de la Constitución\n Política prevé el control de la Constitucionalidad,\n de actos normativos, tales como leyes, decretos- leyes, decretos,\n ordenanzas, estatutos, reglamentos y resoluciones, cuyos efectos\n tienen carácter general, en tanto que el número\n 2 del mismo artículo establece el control constitucional\n de actos administrativos de autoridad pública de efectos\n particulares y concretos.
TERCERO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que\n pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que\n se declara su validez.
CUARTO.- La Ley Orgánica de Régimen Provincial\n en su artículo 57 establece lo siguiente: "El gobernador\n de la provincia sancionará las ordenanzas provinciales,\n dentro de los ocho días hábiles posteriores a la\n fecha de recepción, cuando se haya observado el trámite\n legal, y estén de acuerdo con la Constitución y\n las leyes. En la provincia de Pichincha, las sancionará\n el Ministro de Gobierno".
QUINTO.- Que, conforme consta en el artículo 1 del\n Acuerdo número 0176 expedido por el Subsecretario de Gobierno\n el 3 de junio de 2002 y publicado en el Registro Oficial número\n 204 del 5 de noviembre de 2003, dicho funcionario sancionó\n la Ordenanza Provincial que crea el Sistema de Apuestas Permanentes,\n en virtud de una supuesta delegación provenida por el\n Ministro de Gobierno, Policía y Municipalidades mediante\n Acuerdo Ministerial número 1403 del 3 de octubre de 2000,\n cumpliendo de esta manera, aparentemente, con el proceso de formación\n del acto legislativo emanado del H. Consejo Provincial de Pichincha.
SEXTO.- Sin embargo, el Ministro de Gobierno y Policía,\n mediante Acuerdo Ministerial número 0671 expedido el 21\n de diciembre de 2004 y publicado en el Registro Oficial número\n 496 del 4 de enero de 2005, declaró la nulidad en todas\n sus partes del Acuerdo Ministerial número 0176 antes aludido,\n dejando sin efecto la sanción ministerial de la Ordenanza\n cuya inconstitucionalidad se acusa en la presente causa.
SÉPTIMO.- Entre las motivaciones del acto declarativo\n de nulidad emanado del Ministro de Gobierno y Policía,\n consta que el Acuerdo Ministerial número 0176 del 3 de\n junio de 2002 librado por el Subsecretario de Gobierno, fue expedido\n sin que tal autoridad tenga suficiente delegación para\n sancionar todo tipo de ordenanzas provinciales expedidas por\n el Consejo Provincial de Pichincha.
OCTAVO.- Sin perjuicio de la declaratoria de nulidad del acuerdo\n ministerial que contiene la sanción de la ordenanza impugnada,\n vale decir que este acto legislativo del H. Consejo Provincial\n de Pichincha no entró en vigencia por el ministerio de\n la Ley, toda vez que la autoridad competente para disponer la\n sanción u objeción del mismo, esto es, el Ministro\n de Gobierno y Policía, conforme lo establecen los artículos\n 57 y 59 de la Ley Orgánica de Régimen Provincial,\n jamás tuvo conocimiento de la solicitud formulada por\n el Prefecto Provincial de Pichincha para su respectiva sanción,\n petición que fue remitida directamente al Subsecretario\n de Gobierno, tal como se colige de la lectura del primer considerando\n del Acuerdo Ministerial número 0176 del 3 de junio de\n 2002. Es decir, que el término de ocho días contemplado\n en las normas legales antes invocadas que debió haberse\n contado a partir de la presentación de la solicitud formulada\n por el titular del H. Consejo Provincial de Pichincha para la\n sanción de la Ordenanza que crea el Sistema de Apuestas\n Permanentes, no discurrió en estricto sentido jurídico,\n pues la autoridad competente para tal efecto, esto es, el Ministro\n de Gobierno y Policía, no tuvo conocimiento de la misma.
NOVENO.- De la lectura de los artículos 57, 58 y 59\n de la Ley Orgánica de Régimen Provincial se puede\n claramente colegir que es requisito previo y obligatorio para\n la publicación de las ordenanzas que expida el Consejo\n Provincial de Pichincha, la sanción respectiva por parte\n del Ministro de Gobierno y Policía; y, solo en caso de\n que no exista un pronunciamiento de dicha autoridad en el término\n pertinente, ya sea sancionando u objetando tales actos legislativos,\n se debe considerar que estos están sancionados por el\n Ministerio de la Ley.
DECIMO.- Que, el Acuerdo Ministerial No. 0176, emitido el\n 3 de junio de 2002, por el señor Maximiliano Donoso Vallejo,\n entonces Subsecretario de Gobierno, Acuerdo que sancionó\n la Ordenanza del Consejo Provincial de Pichincha que crea el\n Sistema de Apuestas Permanentes, no contiene delegación\n expresa para sancionar este tipo de ordenanza, por lo que el\n acto del Subsecretario de Gobierno fue ilegítimo e inconstitucional\n por contravenir lo dispuesto en el artículo 119 de la\n Constitución Política
DECIMO PRIMERO.- Con vista de los elementos antes señalados\n y atentos a la naturaleza de la presente causa, es pertinente\n desde el punto de vista jurídico que este Tribunal se\n pronuncie sobre el fondo de un acto, esto es la Ordenanza que\n crea el Sistema de Apuestas Permanentes.
DECIMO SEGUNDO.- El Art. 230 de la Constitución Política\n del Estado dice: "Sin perjuicio de lo prescrito en esta\n Constitución, la ley determinará la estructura,\n integración, deberes y atribuciones de los consejos provinciales\n y concejos municipales" (Lo subrayado es nuestro)
DECIMO TERCERO.- El Art. 90 de la Ley de Régimen Provincial\n dice: "Son ingresos del Consejo Provincial: a) Las asignaciones\n y subvenciones del Estado; b) Las tasas por servicios; c) Las\n multas que imponga el Consejo o el Prefecto, en su caso; d) Las\n herencias, legados y donaciones; e) Los impuestos creados o que\n se crearen especialmente en su favor; f) Las rentas provenientes\n de sus bienes propios; y, g) Las transferencias que hicieren\n en su favor otras entidades".(Lo subrayado es nuestro)
DECIMO CUARTO.- En general, no se deduce como atribución\n específica de los Consejos Provinciales establecer juegos\n de azar o aquellos que tengan que ver con el ramo de lotería;\n y, específicamente en referencia al literal f) del Art.\n 90 ídem, a los Consejos Provinciales les está permitido\n solamente generar recursos propios a través de sus propios\n bienes, lo que es incompatible con el objetivo cierto de la ordenanza\n de crear un sistema de apuestas concesionado a un particular,\n y que tampoco es acorde a las disposiciones de la Ley de Modernización\n que permite concesionar las obras y servicios públicos,\n no siendo éste el caso; por lo que se observa una clara\n violación al contenido del Art. 119 de la Constitución\n que indica que las instituciones del Estado no podrán\n ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución\n y en la ley, y en consecuencia, al Art. 230 ídem, ya citado;\n y,
1.- Aceptar las demandas de inconstitucionalidad planteadas\n y declarar la inconstitucionalidad por la forma del Acuerdo No.\n 0176 expedido por el Subsecretario de Gobierno el 3 de junio\n de 2002, publicado en el Registro Oficial No. 204 del 5 de noviembre\n de 2003; y, por el fondo, la Ordenanza del H. Consejo Provincial\n de Pichincha que crea el "Sistema de apuestas permanentes",\n aprobada en sesiones ordinarias de 17 y 24 de abril de 2002,\n publicada en el Registro Oficial 204 del día miércoles\n 5 de noviembre de 2003, por contravenir los artículos\n 119 y 230 de la Constitución Política y el artículo\n 90 de la Ley de Régimen Provincial.
2.- Publicar la presente resolución en el Registro\n Oficial.- Notifíquese".
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con seis\n votos a favor correspondientes a los doctores Jorge Alvear Macías,\n Jacinto Loaiza Mateus, Juan Montalvo Malo, Carlos Soria Zeas,\n Enrique Tamariz Baquerizo y Santiago Velázquez Coello\n y tres votos salvados de los doctores José García\n Falconí, Tarquino Orellana Serrano y Manuel Viteri Olvera,\n en sesión del día martes once de abril de dos mil\n seis.- Lo certifico.
VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES JOSE GARCIA FALCONI, TARQUINO\n ORELLANA SERRANO Y MANUEL VITERI OLVERA EN EL CASO SIGNADO CON\n EL No. 0024-04-TC y 025-04-TC (ACUMULADOS)
Quito D. M., 11 de abril del 2006.
1. Que, el Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen\n los artículos 276 numerales 1 y 2 de la Constitución\n Política de la República en concordancia con el\n artículo 62 de la Ley Orgánica de Control Constitucional;
2. Que, el artículo 276 número 1 de la Constitución\n Política prevé el control de la Constitucionalidad,\n de actos normativos, tales como leyes, decretos- leyes, decretos,\n ordenanzas, estatutos, reglamentos y resoluciones, cuyos efectos\n tienen carácter general, en tanto que el número\n 2 del mismo artículo establece el control constitucional\n de actos administrativos de autoridad pública de efectos\n particulares y concretos;
3. Que aunque impropiamente se han acumulado causas de naturaleza\n diferente que para su más adecuado tratamiento debieron\n tratarse de modo independiente, sin que haya nulidades que declarar,\n pues no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda\n incidir en la resolución de la causa, se declara la validez\n del trámite;
4. Consideramos prudente efectuar un prolijo análisis\n sobre las leyes que han sido enunciadas por las partes procesales\n a efectos de conocer sus alcances y sentido, así: la Constitución\n Política de la República de 1929, en su artículo\n 156 establecía: Quedan prohibidos los juegos de azar.\n La ley los determinará; esta prohibición fue regulada\n por el Decreto Supremo 130, de 30 de diciembre de 1937 que determina\n que los juegos de azar son prohibidos. Por su parte, la Constitución\n Política de la República de 1945 no recoge la prohibición\n constante en la anterior (1929), y las Constituciones de 1946,\n 1967, 1978, ninguna vuelve a introducir la prohibición\n constante en la de 1929;
5. Por su parte, la Ley de Régimen Provincial, de 10\n de febrero de 1969, establece: Art. 29.- Son atribuciones y deberes\n del Consejo Provincial: a) Dictar ordenanzas, acuerdos y resoluciones\n para la buena organización administrativa y económica\n de los servicios provinciales que le incumben y que se proponga\n realizar, así como los reglamentos necesarios para su\n funcionamiento interno; y Art. 90.- Son ingresos del Consejo\n Provincial: a) Las asignaciones y subvenciones del Estado; b)\n Las tasas por servicios; c) Las multas que imponga el Consejo\n o el Prefecto, en su caso; d) Las herencias, legados y donaciones;\n e) Los impuestos creados o que se crearen especialmente en su\n favor; f) Las rentas provenientes de sus bienes propios; y, g)\n Las transferencias que hicieren en su favor otras entidades.\n Los artículos citados dejan de manifiesto la capacidad\n legal de los Consejos Provinciales de autofinanciar sus gestiones\n a través de la expedición de Ordenanzas que generen\n los recursos para financiar el funcionamiento de cada Consejo;
6. A su vez, la Ley de Modernización del Estado, de\n 31 de diciembre de 1993 indica: "Art. 47.- MONOPOLIOS.-\n Prohíbese la existencia de monopolios en cualesquiera\n de sus formas y en consecuencia, se autoriza a terceros el establecimiento\n de actividades o la prestación de servicios de igual o\n similar naturaleza. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso\n anterior para el caso de concesiones, licencias o permisos, éstas\n se podrán otorgar en condiciones de exclusividad regulada,\n solo por un período determinado, con la autorización,\n mediante Decreto Ejecutivo, del Presidente de la República\n o del organismo competente en el caso de los gobiernos seccionales";
7. Por su parte, la Constitución vigente a partir del\n 10 de agosto de 1998 en su artículo 231, inciso primero\n indica que: "Los gobiernos seccionales autónomos\n generarán sus propios recursos financieros y participarán\n de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de\n solidaridad y equidad" y, el artículo 232 señala\n que: "Los recursos para el funcionamiento de los organismos\n del gobierno seccional autónomo estarán conformados\n por: 1. Las rentas generadas por ordenanzas propias; 2. Las transferencias\n y participaciones que les corresponden. Estas asignaciones a\n los organismos del régimen seccional autónomo no\n podrán ser inferiores al quince por ciento de los ingresos\n corrientes totales del presupuesto del gobierno central; 3. Los\n recursos que perciben y los que les asigne la Ley; 4. Los recursos\n que reciban en virtud de la transferencia de competencias";
8. Se analiza que las restricciones para que opere otro sistema\n de juegos de azar distinto a los regentados por la Junta de Beneficencia\n de Guayaquil constó exclusivamente en la disposición\n contenida en el artículo 156 de la Constitución\n de 1929, siendo que dicha disposición era genérica\n se incluyó la acotación del texto constitucional\n de 1929, de que "La ley los determinará.", lo\n cual dejó abierta la posibilidad y necesidad de que una\n norma secundaria especifique lo que debe entenderse por juegos\n de azar, y en qué términos se debió ejecutar\n la prohibición constitucional. Esta norma secundaria no\n se dio, sino hasta 1937 en que, mediante Decreto Supremo 130,\n se regula tal prohibición, y se determina que juegos de\n azar son aquellos en que hay envite o se arriesga dinero o algo\n que lo valga, y la ganancia o pérdida depende única\n y exclusivamente de la suerte; exceptuándose expresamente\n a la Lotería de Beneficencia Municipal de Guayaquil. Sin\n embargo, esta excepción se plantea así, no por\n ser la Lotería de Guayaquil, sino por ser la única\n que funcionaba en ese momento. Por tal motivo, el espíritu\n del Decreto en mención, en el cual la Junta de Beneficencia\n de Guayaquil se basa para arrogarse la exclusividad de organizar\n lotería en el país era exceptuar de la prohibición\n constitucional de los juegos de azar a "las loterías";\n pero, en todo caso, debe resaltarse que no es el Decreto Supremo\n de 1937 el que establece la prohibición de los juegos\n de azar, sino la Constitución de 1929;
Este Decreto, jurídicamente, tan sólo regulaba\n la disposición constitucional y siendo que la Constitución\n de 1929 no está vigente y las Cartas Supremas posteriores\n de 1945, 1946, 1967 y 1978, incluida la vigente de 1998; no recogen\n la prohibición de los juegos de azar, por lo tanto, eliminada\n la norma Constitucional por el único mecanismo posible\n de hacerlo en un Estado Social de Derecho, esto es a través\n de una nueva Constitución, quedó habilitada la\n existencia de juegos de azar en el país;
9. Tal criterio jurídico nos lleva a colegir, además,\n que si una disposición constitucional no está vigente,\n la norma secundaria que la regulaba, tampoco. Por lo tanto, se\n establece que el Decreto Supremo 130, de 30 de diciembre de 1937\n contraviene la actual Constitución Política. Sostener\n lo contrario nos llevaría al absurdo jurídico de\n que una norma secundaria puede mantener la vigencia de una norma\n Constitucional derogada por una Constitución posterior.\n En otras palabras, la Constitución que nos rige actualmente\n estaría compuesta no sólo por el texto codificado,\n sino por todas las normas que han permanecido supuestamente vigentes\n por no haberse derogado expresamente las normas secundarias que\n las operativizaban. Lo cual es jurídicamente inaceptable.\n Fruto de este análisis, no existe norma jurídica\n vigente en el ordenamiento ecuatoriano que prohíba la\n organización de loterías, y menos aún, que\n conceda la exclusividad de las mismas a una sola entidad como\n la Junta de Beneficencia de Guayaquil.
10. Adicionalmente, por sobre el Decreto Supremo 130 de 1937,\n incluso a la fecha no vigente de conformidad con el artículo\n 272 de la Constitución Política del Estado rigen\n las normas expresas de la actual Constitución, en los\n artículos citados en la primera parte de este análisis\n (Art. 231, 232, 244, 245), referentes a la facultad constitucional\n de los gobiernos seccionales autónomos de generar sus\n propias rentas, y a la prohibición, ésta sí\n vigente, de realizar prácticas monopólicas. Lo\n mismo sucede con las normas citadas de la Ley de Modernización\n del Estado; y, especialmente la facultad de los Consejos Provinciales,\n contenida en la Ley Orgánica de Régimen Provincial,\n para dictar las ordenanzas necesarias para la buena organización\n administrativa y económica de sus servicios.
11. Que, respecto a la inconstitucionalidad del Acuerdo Ministerial\n N. 0176 de 3 de junio de 2002, en virtud del cual se sanciona\n la Ordenanza, es del caso puntualizar que lo señalado\n sobre la delegación por el Ministro de Gobierno al Subsecretario\n de dicho Portafolio, no puede ni debe ser sustento de inconstitucionalidad\n por la forma, puesto que el Reglamento Orgánico Funcional\n del Ministerio de Gobierno faculta, expresamente, la sanción\n de esta clase de Ordenanzas al Subsecretario y, sin perjuicio\n de ello, según el procedimiento establecido en los artículos\n 56 y 57 de la Ley Orgánica de Régimen Provincial,\n es indiscutible que la Ordenanza entró en vigencia por\n el Ministerio de la Ley, cumplido el término señalado\n en la normativa vigente para sancionarla, sin que en nada afecte,\n y menos de naturaleza inconstitucional, la sanción por\n el expresado funcionario gubernamental.
Por lo expuesto, somos del criterio que el Pleno debe::
1. Desechar las demandas acumuladas de inconstitucionalidad\n presentadas por Lautaro Aspiazu Wright y Raúl Gómez\n Ordeñana, Director y Procurador Principal respectivamente\n de la Junta de Beneficencia de Guayaquil en contra del Acuerdo\n Ministerial 0176 espedido por el Ministerio de Gobierno y de\n la Ordenanza del H. Consejo Provincial de Pichincha que crea\n el "Sistema de apuestas permanentes", aprobada en sesiones\n ordinarias de los días 17 y 24 de abril de 2002, promulgada\n en el Registro Oficial 204 del día miércoles 5\n de noviembre de 2003, por improcedentes.
2. Publicar la presente Resolución en el Registro Oficial.-\n Notifíquese.-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito,\n a 21 de abril del 2006.- f.) El Secretario General.
No.\n 0033-04-TC, 0042-04-TC y 0043-04-TC
En los casos Nos. 0033-04-TC. 0042-04-TC\n y 0043-04-TC
ANTECEDENTES: En el caso Nº 0033-2004-TC, ingresado al\n Tribunal Constitucional el 24 de noviembre de 2004, el señor\n Alberto Dassum Aivas, por sus propios derechos y en su calidad\n de Presidente y representante legal de la Federación Nacional\n de Cámaras de Industrias del Ecuador, con el informe de\n procedencia del Defensor del Pueblo, manifiesta:
Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 2185, publicado en\n el Registro Oficial Nº 443 de 15 de octubre de 2004, el\n Presidente de la República expidió el Reglamento\n para la Integración del Consejo Directivo del Instituto\n Ecuatoriano de Seguridad Social, que en su artículo 3\n señala: "Del Funcionamiento del Consejo Directivo.-\n El Consejo Directivo del IESS funcionará siempre y cuando\n se mantenga la presencia de por lo menos dos de sus miembros\n uno de los cuales, deberá ser el representante de la Función\n Ejecutiva designado por el Presidente de la República\n o su alterno". Que el artículo 3 del Reglamento objetado\n quebranta los principios señalados en el artículo\n 58 de la Constitución. Que se excede la capacidad de tratamiento\n normativo de un reglamento, en razón a que se introducen\n aspectos regulatorios no contemplados en las disposiciones de\n la Ley de Seguridad Social, alterando su sentido. Que se interpreta\n y altera la disposición legal que supuestamente está\n reglamentada y vulnera los principios constitucionales de unidad\n y razonabilidad del sistema normativo y garantía de seguridad\n jurídica de las personas, al establecer disposiciones\n que pueden conducir a que el Consejo Directivo no funcione ni\n tome decisiones en la práctica. Que los artículos\n 28 y 29 de la Ley de Seguridad Social, señalan que el\n Consejo Directivo del IESS debe funcionar con la presencia de\n los tres miembros que lo integran. Que el artículo 55\n de la Constitución, establece que la seguridad social\n es un deber del Estado y un derecho irrenunciable de todos sus\n habitantes y su prestación se debe efectuar con la participación\n de los sectores público y privado. Que es necesaria la\n participación de los tres sectores: el Estado, los empleadores\n y los asegurados, los que deben forzosamente participar en la\n conformación y funcionamiento del organismo que dirige\n dicho sistema o régimen, sin que se pueda excluir, segregar\n o limitar a ninguno de ellos. Que no se puede permitir el funcionamiento\n del cuerpo colegiado únicamente con dos de sus miembros,\n en desmedro del sector representado por el miembro ausente, pues\n la ley al contemplar la existencia de los representantes alternos,\n ha otorgado el mecanismo que permite solventar las dificultades\n que podrían suscitarse en todos los casos de ausencias\n o impedimentos temporales o definitivos de los delegados o representantes\n principales. Que en el Consejo Directivo del IESS deben estar\n permanentemente representados los tres sectores directamente\n involucrados en el sistema de seguridad social, lo que responde\n a que el texto constitucional obliga a considerar a los representantes\n de los tres sectores como de igual importancia e iguales derechos\n en el funcionamiento del régimen. Que el artículo\n 3 objetado confiere una insólita preponderancia al representante\n de la Función Ejecutiva, por encima de los miembros que\n representen a los restantes sectores. Que los reglamentos tienen\n la característica de ser normas secundarias, de naturaleza\n y carácter esencialmente operativo, que deben encuadrarse\n en la implementación de los mecanismos necesarios para\n la efectiva aplicación de la Ley. Que la atribución\n reglamentaria del Ejecutivo no es absoluta y está limitada\n por la Constitución y por el contexto general del Ordenamiento\n Jurídico y en el caso del artículo 3 del Decreto\n Ejecutivo Nº 2185, excede el ámbito que debería\n corresponder a una norma de dicha naturaleza, al vulnerar las\n limitaciones constitucionales relativas a la restricción\n respecto de las materias susceptibles de tratamiento reglamentario\n y materias reservadas a la Ley y la prohibición de contravenir\n o alterar las disposiciones de la Ley reglamentada. Que hay determinadas\n materias que no admiten regulación o tratamiento a través\n de un simple reglamento, sino que necesariamente deben ser normadas\n mediante una Ley. Que a través de la norma reglamentaria\n impugnada, se están estableciendo situaciones jurídicas\n no vinculadas con el texto legal que se pretende reglamentar,\n produciéndose una innovación normativa, que al\n ser de primer grado, excede el ámbito reglamentario. Que\n el Decreto Ejecutivo ha sido dictado por el Presidente de la\n República en ejercicio de la potestad o atribución\n reglamentaria contemplada en el número 5 del artículo\n 171 de la Constitución. Que un reglamento autónomo,\n al ser concebido como necesario para la buena marcha de la Administración,\n únicamente puede ser expedido por el Presidente respecto\n de las entidades, órganos o unidades administrativas que\n estén bajo su dirección y no respecto de personas\n jurídicas u otras entidades que pertenezcan a otras Administraciones\n Públicas, como en el caso del IESS, que es según\n el artículo 16 de la Ley de Seguridad Social, una entidad\n pública descentralizada. Que el artículo 3 del\n Reglamento altera lo dispuesto en los artículos 28 y 29\n de la Ley de Seguridad Social al permitir el funcionamiento del\n Consejo Directivo con dos de sus miembros, cuando dicha disposición\n no tiene asidero o fundamento legal expreso. Que fundamenta su\n demanda en lo sustantivo, en los artículos 18, 23, números\n 4, parte final, 18 y 26, 141, números 1, 2 y 7, 171, número\n 5, 244, 256 y 257 de la Constitución, 28, 29 y la décimo\n cuarta disposición transitoria de la Ley de Seguridad\n Social; y, en lo adjetivo en los artículos 276, 277 y\n 278 de la Constitución, 12, 18, 19, 20, 21 y 22 de la\n Ley del Control Constitucional, 10 del Reglamento Orgánico\n Funcional del Tribunal Constitucional, 16, 17, 18, 19, 20, 21,\n 22 y 23 del Reglamento de Trámite de Quejas, recursos\n constitucionales y demandas de inconstitucionalidad de competencia\n del Defensor del Pueblo. Que solicita se declare la inconstitucionalidad\n por el fondo del artículo 3 del Reglamento para la Integración\n del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad\n Social, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nº 2185, publicado\n en el Registro Oficial Nº 443 de 15 de octubre de 2004.
La Comisión de Recepción y Calificación\n del Tribunal Constitucional, mediante providencia de 10 de diciembre\n de 2004, las 09h10, admite la demanda a trámite y mediante\n providencia de 29 de diciembre de 2004, las 9h40, el Pleno del\n Tribunal Constitucional avoca conocimiento y dispone que, luego\n del sorteo correspondiente, el expediente pase a la Primera Sala\n para que informe como Comisión.
La Primera Comisión del Tribunal Constitucional con\n providencia de 5 de enero de 2005, avoca conocimiento de la causa\n y dispone que se corra traslado con el contenido de la demanda\n al Presidente de la República y al Procurador General\n del Estado.
\n La Comisión de Recepción y Calificación\n del Tribunal Constitucional, mediante providencia de 7 de enero\n de 2005, las 12h00, de conformidad con lo establecido en el artículo\n 55 del Reglamento de Trámite de Expedientes dispone la\n acumulación de los casos Nº 0042-2004-TC y 0043-2004-TC\n al caso Nº 0033-2004-TC.
En el Caso Nº 0042-2004-TC, el señor Patricio\n Alfonso Egüez Páez, por sus propios derechos y en\n su calidad de Presidente y representante legal de la Federación\n Nacional de Cámaras de la Pequeña Industria, FENAPI,\n con el informe de procedibilidad del Defensor del Pueblo, impugna\n por inconstitucional el artículo 3 del Reglamento para\n la Integración del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano\n de Seguridad Social, publicado en el Registro Oficial Nº\n 443 de 15 de octubre de 2004. Que el 13 de octubre de 2004, mediante\n Decreto Ejecutivo Nº 2185 el Presidente de la República,\n expidió el Reglamento para la Integración del Consejo\n Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Que\n el artículo 3 del Reglamento dispone que el Consejo Directivo\n del IESS funcionará siempre y cuando se mantenga la presencia\n de por lo menos dos de sus miembros, uno de los cuales, deberá\n ser el representante de la Función Ejecutiva designado\n por el Presidente de la República o su alterno. Que el\n artículo 28 de la Ley de Seguridad Social vigente, dispone\n que el Consejo Directivo estará integrado en forma tripartita\n y paritaria con un representante de los asegurados, uno de los\n empleadores y uno de la Función Ejecutiva, quien lo presidirá.\n Cada uno de los miembros del Consejo Directivo tendrá\n un alterno que subrogará al titular en caso de ausencia\n temporal o definitiva y el artículo 58 de la Constitución,\n dispone que la prestación del seguro general obligatorio\n será responsabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad\n Social, entidad autónoma dirigida tripartita y paritariamente\n por representantes de asegurados, empleadores y Estado, quienes\n serán designados de acuerdo con la ley. Que constituye\n un derecho inalienable e individual de cada uno de sus tres integrantes\n participar en forma tripartita y paritaria en la toma de decisiones\n del Consejo Directivo del IESS, el que ha sido violentado por\n el artículo 3 del Reglamento para la Integración\n del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad\n Social e igualmente se está contrariando la norma constitucional\n contenida en el artículo 58 de la Constitución.\n Que si la norma constitucional dispone que el IESS debe ser dirigido\n en forma tripartita y paritaria por tres integrantes, el quórum\n no puede establecerse sino con la presencia de los tres miembros,\n lo que rige tanto para el caso de que el Consejo Directivo no\n esté integrado porque falta por ser designado uno de sus\n miembros, cuanto para el caso de que ya esté integrado.\n Que el artículo 3 del Reglamento es inconstitucional porque\n violenta el artículo 23, número 26, de la Constitución.\n Que la expedición del Reglamento coincide con un momento\n en que el Consejo Directivo no se halla integrado con los tres\n representantes que se prevé en la Constitución\n y la Ley, lo que da lugar para que el Consejo Directivo tome\n decisiones sin la presencia del tercer miembro y daría\n lugar también para que cuando ya esté integrado\n el Consejo Directivo, dos miembros del Directorio puedan tomar\n decisiones a espaldas y con desconocimiento del tercero. Que\n con fundamento en el artículo 272 de la Constitución,\n demanda que se declare la inconstitucionalidad por el fondo y\n se deje sin efecto el artículo 3 del Reglamento para la\n Integración del Consejo Directivo del IESS.
En el caso Nº 0043-2004-TC, los señores Wilson\n Gerardo Ramos Medina y Angel Leonardo Villavicencio Santos, en\n sus calidades de Secretario General y Secretario de Actas y Comunicaciones\n de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas\n de Montepío del Ecuador, con informe de procedencia del\n Defensor del Pueblo, expresan que en el Registro Oficial Nº\n 443 de 15 de octubre de 2004, se publica el Decreto Ejecutivo\n Nº 2185 expedido por el Presidente de la República\n el 13 de los mismos mes y año. Que el artículo\n 3 del Decreto Ejecutivo dispone que el Consejo Directivo del\n Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, funcionará\n siempre y cuando se mantenga la presencia de por lo menos dos\n de sus miembros, uno de los cuales deberá ser el representante\n de la Función Ejecutiva designado por el Presidente de\n la República o su alterno, disposición que está\n en contradicción de la norma que consta en el artículo\n 58 de la Constitución. Que los organismos colegiados en\n el Estado Ecuatoriano no están integrados, es decir no\n tienen existencia jurídica, mientras la totalidad de sus\n miembros no han sido nombrados o designados. Que el principio\n del tripartismo que consagra el artículo 58 de la Constitución,\n consiste en que los órganos en los que se toma decisiones\n que conciernen a los actores de la producción económica\n han de estar integrados con representantes del Estado, de los\n empleadores y de los trabajadores, artículo 1 del Convenio\n Constitutivo de la Organización Internacional del Trabajo,\n OIT. Que según el Convenio referido y la doctrina de la\n OIT, cuando uno de los representantes del sector no gubernamental\n no es designado, el otro no puede votar hasta cuando se nombre\n al que no ha sido designado. (artículo 4.2 del Convenio).\n Que el pretender que el delegado de los afiliados vote en las\n decisiones del Consejo Directivo, sin estar aún designado\n el delegado de los empleadores, es contrario al principio del\n tripartismo consagrado por la OIT y recogido en el artículo\n 58 de la Constitución. Que fundamentados en los artículos\n 276, número 1, y 277, número 5, de la Constitución,\n demandan la inconstitucionalidad del artículo 3 del Decreto\n Ejecutivo Nº 2185, expedido por el Presidente de la República.
El Director Nacional de Patrocinio, encargado, delegado del\n Procurador General del Estado, en su contestación manifiesta\n que impugna por improcedentes las demandas deducidas por la Federación\n Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, Federación\n de Cámaras de la Pequeña Industria y Confederación\n Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador.\n Que en las demandas se hace referencia a un supuesto informe\n del Defensor del Pueblo, el que no ha sido trasladado a la Procuraduría.\n Que el Decreto Ejecutivo que establece un reglamento, basado\n en los principios constitucionales y legales del tripartismo\n y paritarismo, lo que hace es desarrollar la norma para permitir\n el funcionamiento del Consejo Directivo en ausencia de uno de\n los tres integrantes, por lo que no existe inconstitucionalidad\n alguna que declarar. Que la referencia al tripartismo tiene que\n ver con las consultas sobre políticas institucionales\n de la OIT, pero de ninguna manera pueden ser consideradas como\n regla para la administración de un órgano colegiado.\n Por lo señalado solicita se desechen las demandas planteadas.
El Presidente de la República, en relación a\n las causas signadas con los Nº 033-2004-TC, 0042-2004-TC\n y 0043-2004-TC, expresa que según lo señalado en\n el artículo 58 de la Constitución, el IESS es una\n entidad autónoma dirigida por un organismo técnico\n administrativo, integrado tripartita y paritariamente por representantes\n de los asegurados, empleadores y el Estado, quienes serán\n designados por la ley. Que era necesario la expedición\n de normas que regulen el funcionamiento del Consejo Directivo,\n máximo organismo de gobierno del IESS, en uso de las atribuciones\n establecidas en el artículo 171, número 5, de la\n Norma Suprema y en la décimo cuarta disposición\n transitoria de la Ley de Seguridad Social, se expidió\n el Decreto Ejecutivo Nº 2185, publicado en el Registro Oficial\n Nº 443 de 15 de octubre de 2004, considerando que el Consejo\n Directivo del IESS, es un órgano colegiado regido por\n las normas del Estatuto del Régimen Jurídico de\n la Función Ejecutiva, como disponen los artículos\n 44 y 50, su procedibilidad y funcionamiento se lo realiza a través\n de una mayoría simple. Que el Decreto 2185 y el artículo\n 3 del Reglamento para la Integración del Consejo Directivo\n del IESS no contraría ninguna norma de la Ley de Seguridad\n Social ni de la Constitución. Que el Reglamento debe aplicarse\n en su conjunto, siendo el artículo 3 el que determina\n claramente sobre el funcionamiento del Consejo Directivo del\n IESS. Que no se está reformando, innovando y tampoco interpretando\n con carácter obligatorio ninguna ley, por lo que no se\n requiere de la expedición de una ley conforme lo dispuesto\n en los artículos 141 y 130, número 5, de la Constitución.\n Que el Decreto Nº 2185 y el artículo 3 del Reglamento\n han sido motivados, sin violación al debido proceso. Que\n la expedición del Reglamento impugnado no ha afectado\n el derecho de representación de los empleadores o trabajadores\n y que al contrario estimula la ágil, oportuna y responsable\n participación de estos estamentos en el seno de Consejo\n Directivo. Que la demanda de inconstitucionalidad, no llena los\n requisitos de fondo y de forma, al no haberse demostrado que\n el artículo 3 del Reglamento para la Integración\n del Consejo Directivo del IESS sea inconstitucional. Por lo señalado\n solicita se rechace la demanda de inconstitucionalidad propuesta,\n por ilegal, improcedente e inadmisible.
PRIMERO.- El Pleno del Tribunal Constitucional es competente\n para conocer y resolver el presente caso, de conformidad con\n los artículos 276, número 1, de la Constitución,\n 62 de la Ley del Control Constitucional y 1 y siguientes del\n Reglamento de Trámite de Expedientes en el Tribunal Constitucional;
SEGUNDO.- Los peticionarios en las tres causas acumuladas\n se encuentran legitimados para interponer esta acción\n constitucional, de conformidad con los artículos 277,\n número 5, de la Constitución y 18, letra e) de\n la Ley del Control Constitucional, al contar con el informe de\n procedencia del Defensor del Pueblo, los que corren a fojas 52\n a 55 del expediente Nº 0033-2004-TC, 45 a 47 del 0042-2004-TC\n y 38 y 39 del Nº 0043-2004-TC;
TERCERO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que\n pueda incidir en la resolución de las causas, por lo que\n se declara su validez;
CUARTO.- En los tres casos acumulados se demanda la inconstitucionalidad,\n por el fondo, del artículo 3 del Reglamento para la Integración\n del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad\n Social, contenido en el Decreto Ejecutivo Nº 2185 de 13\n de octubre de 2004, publicado en el Registro Oficial Nº\n 443 de 15 de octubre de

References: resolución 
 resolución 
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 resolución 
 Resolución 
 artículo 1509
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1509
 artículo 23
 artículo 119
 artículo 29
 artículo 1
 artículo 228
 artículo 29
 artículo 244
 artículo 47
 artículo 276
 resolución 
 artículo 57
 artículo 1
 artículo 119
 resolución 
 resolución 
 artículo 62
 artículo 276
 resolución 
 artículo 231
 artículo 232
 artículo 156
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 55
 artículo 3
 artículo 16
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 28
 artículo 58
 artículo 3
 artículo 58
 artículo 3
 artículo 23
 artículo 272
 artículo 3
 artículo 58
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 58
 artículo 171
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 resolución 
 artículo 3