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Timestamp: 2020-05-25 05:24:56+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 369, de 30/11/1994
CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1994 V Legislatura Núm. 369 JUSTICIA E INTERIOR PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ Sesión núm. 40 celebrada el miércoles, 30 de noviembre de 1994
ORDEN DEL DIA: Comparecencias: --Del señor Director General de Tráfico (Muñoz Medina), para informar sobre las relaciones contractuales mantenidas en el ámbito de sus responsabilidades con la empresa Control y Aplicaciones (CAE). A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/001241.) (Página 11422) --Del señor Director General de Instituciones Penitenciarias (Beldrán Catalá), para informar sobre las relaciones contractuales mantenidas en el ámbito de sus responsabilidades con la empresa Control y Aplicaciones (CAE). A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/001242.) (Página 11430)
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-- DEL DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO (MUÑOZ MEDINA), PARA INFORMAR SOBRE LAS RELACIONES CONTRACTUALES MANTENIDAS EN EL AMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES CON LA EMPRESA CONTROL Y APLICACIONES (CAE), A PETICION DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/001241.)
El orden del día de la sesión de hoy de esta Comisión tiene dos puntos para el debate, ambos a solicitud del Gobierno. El primero de ellos es la comparecencia del Director General de Tráfico ante la Comisión de Justicia e Interior para informar sobre las relaciones contractuales mantenidas en el ámbito de sus responsabilidades con la empresa Control y Aplicaciones (CAE). Don Miguel Muñoz, Director General de Tráfico, está con nosotros, por lo que le damos la bienvenida una vez más a esta Comisión. Reglamentariamente el debate lo haremos mediante el trámite del artículo 202 del Reglamento.
Tiene la palabra el Director General de Tráfico.
El señor DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO (Muñoz Medina): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como bien ha dicho el Presidente de la Comisión, comparezco hoy a instancia del Gobierno para hablar de las relaciones contractuales entre la Dirección General de Tráfico y la empresa Control y Aplicaciones (CAE).
Si nos ciñéramos estrictamente al tenor literal de la petición de comparecencia, ésta sería brevísima, porque las relaciones con CAE como tal empresa --relaciones de tipo contractual, evidentemente-- han sido escasísimas. De hecho, la Dirección General sólo ha suscrito cuatro contratos con Control y Aplicaciones desde el año 1984, año que podemos considerar el punto de partida en el inicio de los trabajos de la Dirección General de Tráfico en materia de control y gestión electrónica del tráfico. Esos cuatro contratos fueron: En 1985, un contrato por 57 millones de pesetas para la centralización semafórica de Huesca, que iba, además, en unión temporal al 50 por ciento con otra empresa denominada MASA. Este volumen supuso el 2,87 por ciento de la contratación de aquel año. En 1986 hay un contrato, también en unión temporal CAE, para la regulación de la travesía de Trujillo, por un importe de 14 millones de pesetas, que fue el 0,48 por ciento del total de la contratación. En 1987, y también en unión temporal con Control Tráfico y con MASA, en la travesía de Guardo, obtuvo CAE una adjudicación de 7 millones de pesetas, que era un 0,26 por ciento. Todos estos contratos que les he referido lo fueron por concurso. Y en 1989 recibió por adjudicación directa dos pequeños contratos, para la regulación de las travesías de Monzón y Alcañiz, por unos importes de 5 y 4 millones de pesetas, respectivamente, lo cual da un 0,5 por ciento del total de contratación.
Como verán, señorías, el volumen de contratación directa de la Dirección General de Tráfico con CAE es virtualmente insignificante. Pero cometería un grave error, sobre todo en aras a la transparencia que quiero imprimir a esta comparecencia mía, si no diera un dato que es fundamental, y es que, a partir de 1986, CAE se hace con el cien por ciento del capital social de SICE (Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas), que era una de las empresas ya muy asentadas, más potentes de España, en este terreno del control del tráfico al que nos estamos refiriendo. Y a continuación, en un proceso de concentración, SICE compró o absorbió, por distintos procedimientos mercantiles, una serie de empresas que les voy a mencionar, y que son: Autrón, Codelan, Control Tráfico, Vitra, Eserma, Masa y Ticsa. Es posible que haya alguna otra más, pero, en definitiva, de la a veces azarosa vida de las empresas unas con otras, no siempre nuestra información es muy exacta. Pero creo que no me he dejado ninguna, al menos ninguna que haya tenido contratación mínimamente relevante con nosotros.
Durante un tiempo, tal vez un par de años, estas empresas siguieron compitiendo, incluso entre sí, pese a pertenecer al mismo grupo empresarial. Poco a poco se fueron especializando dentro del grupo y en la actualidad es SICE, de todo este conglomerado de empresas, quizá la única que contrata de una manera regular con nosotros, al menos en proyectos de una mínima importancia, sin perjuicio de que quedan algunas adjudicaciones a favor de empresas más pequeñas del grupo, siempre en función de que son empresas de ámbito regional y nuestros pequeños contratos se hacen dentro de su ámbito territorial de actividad.
Quizá haya que hacer una precisión previa, y es que el trabajo del que estamos hablando, que realiza la Dirección General de Tráfico con toda esta serie de empresas, se refiere al control y gestión del tráfico, basado en la aplicación de las nuevas tecnologías, fundamentalmente el tratamiento de la información y la telemática.
Como les decía, en estos momentos podemos considerar a SICE como la suma de las otras empresas y así, si a lo largo de mi exposición unas veces hablo de SICE y otras de CAE, pueden tomarlo como términos unívocos, porque prácticamente, como les decía, la situación es virtualmente la misma.
Si tuviéramos que definir de alguna manera las relaciones de la Dirección General de Tráfico con SICE, como empresa más concreta, yo creo que podríamos hacerlo bajo el denominador común de la normalidad, en el sentido de que son relaciones que se remontan, como les decía antes, de manera estable y continuada, al año 1984, que fue cuando la Dirección General de Tráfico comenzó con estos trabajos de control y gestión a los que me he referido. Pero es que, incluso si nos remontáramos un poquito más en el tiempo, nos encontraríamos con que realmente mantenemos relaciones con SICE probablemente desde los años sesenta o setenta, porque los semáforos de los parques infantiles de tráfico nos los suministraba SICE. Estamos hablando, por lo tanto, de una de las empresas más consolidadas
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en este sector desde siempre. Y yo creo, si me permiten la coloquialidad del término, que en Madrid basta con mirar a cualquier tapa metálica de un registro o arqueta en el suelo para ver el anagrama de SICE, ya que es una empresa muy consolidada en este terreno, forma parte de un sector empresarial que, dicho sea de paso, se ha consolidado en gran medida gracias a las inversiones de la Dirección General de Tráfico en esta materia y ha acabado configurando un sector industrial fuerte, potente y de un alto grado de refinamiento tecnológico.
Como les decía, dentro de este carácter de empresa fuerte que le podemos atribuir a SICE, ella ha estado normalmente, no me atrevería a decir en la cabeza, pero sí en el grupo de cabeza de las empresas adjudicatarias de la Dirección General de Tráfico, con los lógicos vaivenes y los lógicos altibajos propios de la aleatoriedad del proceso de contratación administrativa.
Pongo a disposición de la Comisión todo ese voluminoso montón de documentación que está sobre la mesa y que contiene la información fundamental de todos los contratos que ha suscrito la Dirección General de Tráfico con CAE, o con las empresas del Grupo CAE, fundamentalmente, desde 1988 hasta los días últimos de 1994. El año 1994, por razones obvias, no está completo. Es una documentación que comprendo que es extensa y que puede requerir un cierto tiempo de estudio, pero desde luego, como es natural, obvio es que me pongo a disposición de la Cámara para cualquier aclaración o ampliación de documentación, o incluso si SS.
SS. lo estimaran necesario para comparecer nuevamente y tratar de aclarar o de completar cualquier clase de información.
Del estudio de esta documentación, que espero que puedan hacer SS. SS.
con el sosiego que el caso requiere, podrán observar que por parte de la Dirección General de Tráfico se han respetado escrupulosamente los procedimientos de contratación previstos en la Ley de Contratos del Estado. De acuerdo con ello, y de acuerdo en concreto con el artículo 117 del Reglamento General de Contratación del Estado, hemos seguido los criterios de adjudicación directa o de concurso en función de las cuantías. Permítanme recordarles que hasta 1986 la cuantía, a partir de la cual ya es preceptivo el concurso, eran 5 millones. Hasta 1990 eran 25 millones. Y desde 1990 hasta acá son 50 millones de pesetas. Es decir, que todos los que están por debajo de estas cuantías se han celebrado por adjudicación directa; y los que son superiores a estas cuantías, según los respectivos momentos, están todos ellos hechos por concurso, sin que en ningún momento se haya hecho uso de la habilitación que confiere el artículo 117 del Reglamento para obviar el proceso de contratación por concurso público, aun en los casos justificados de dificultad de promover la concurrencia, razones de urgencia, etc., sino que se han hecho regularmente por el procedimiento de concurso.
Para terminar esta primera exposición, quisiera insistir en la ya apuntada idea de normalidad en la contratación de la Dirección General de Tráfico con las empresas que forman lo que hoy pudiéramos llamar, no la empresa ya, sino el Grupo CAE. De hecho, si tomamos los datos de estos once años, es decir, desde 1984, en que comenzamos a trabajar, hasta 1994, aunque, como les decía, no esté completo, nos encontramos con que la empresa o el grupo de empresas que ha sido más frecuente adjudicataria ha sido el Grupo Etra, con un 21,82 de la contratación --les ahorraré las centésimas--, casi un 22 por ciento; seguido del Grupo CAE, con un 19 por ciento de contratación. Me permito resaltar, para matizar adecuadamente estos datos, que el tercer adjudicatario, en cuanto a volumen, es Fomento de Construcciones y Contratas, con un 16 por ciento, es decir, a sólo 3 puntos del Grupo CAE, pero con la peculiaridad de que en realidad, de los once años que estamos contemplando, Construcciones y Contratas sólo ha sido licitadora de nuestros concursos en siete años, y de éstos de manera decidida, digamos constante y permanente, sólo a partir de 1990. Es decir, si desde 1990 ha tenido un 16 por ciento de los que quedan matizados, esa segunda posición que ocupa el Grupo CAE sería muy discutible que le correspondiera de esta forma.
En principio no tengo mucho más que decir. Quedo, como es natural, a la espera de lo que SS. SS. consideren conveniente plantearme. Si es necesaria alguna aclaración más, con mucho gusto la haré.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General de Tráfico.
¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Casas tiene la palabra.
El señor CASAS I BEDOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Director General de Tráfico, por su comparecencia.
Nos parece interesante porque trae una documentación que podrá ayudar a los Grupos parlamentarios que deseen estudiar a fondo las contrataciones que ha habido con el Grupo CAE.
Solamente quisiera hacer una pequeña observación. Si la norma habitual de las contrataciones que efectúa su Dirección General de Tráfico es coherente con los informes técnicos que hay previos a la adjudicación de las obras. Si hubiera habido algún caso en que hubiera discrepancia entre el informe técnico y la definitiva adjudicación, nos gustaría que nos lo resaltara. Es el único tema que nos interesa en este momento.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Casas.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Para agradecer los datos que nos acaba de suministrar el Director General de Tráfico. Se trata de una comparecencia, a solicitud del Gobierno, para explicar las relaciones de diversas administraciones con la empresa CAE.
Usted ha dado una serie de datos desde 1985 hasta 1989, hablando de contratos pequeños --en realidad hay cinco contratos
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muy pequeños-- con CAE. Luego habla de una agrupación de empresas, SICE, donde se empieza a trabajar de manera más general. Y termina con un resumen, diciendo que tres grupos empresariales, entre ellos CAE con un 19 por ciento, Fomento de Construcciones y Contratas con un 16 por ciento y Etra con un 21 por ciento, representan el cuerpo general de la contratación y de la adjudicación.
Nuestro grupo parlamentario va a estudiar con detenimiento la información, que quedará a disposición de la Comisión para nuestras consultas. Deseo hacerle dos preguntas. Una, la formulada por el representante de Convergència i Unió, en el sentido de si hubo modificaciones sobre la marcha, si se elevaron al alza algunos contratos inicialmente adjudicados y sufrió variación su cuantía. Y otra pregunta está relacionada con el hecho de si usted o alguno de sus colaboradores en la Dirección General de Tráfico conocía que el señor Palomino era directivo de la empresa CAE, una vez que ésta compra Talleres Palomino y la incorpora a su núcleo de dirección. Si usted recibió alguna llamada del señor Palomino, si tuvo algún contacto directo con él o recibió alguna llamada de algún otro miembro del Gobierno en relación con este hecho, y lo tuvo usted en cuenta a la hora de adjudicar estos contratos de semáforos, de electrificación, de travesías, etcétera, a la empresa CAE.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.
Señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Muchas gracias, señor Presidente...
(Los ruidos originados por las obras impiden oír con claridad al orador.)
El señor PRESIDENTE: Señor Trocóniz, si no está en condiciones de hacer una intervención correcta como consecuencia del ruido, podíamos esperar, si usted quiere, cinco minutos, y así solventamos el problema. Vamos a suspender la sesión durante cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: El señor Trocóniz tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Muchas gracias, don Miguel Muñoz, por la comparecencia ante esta Comisión.
Señor Presidente, antes de nada quiero manifestar a la Comisión que no tenemos ninguna intención de utilizar el artículo 202 del Reglamento, en el sentido de pedir la suspensión por 45 minutos para examinar la documentación que nos ha proporcionado don Miguel Muñoz. Por dos razones básicamente. Por una parte, porque creo sinceramente que alargaría innecesariamente la duración de la Comisión. Y por otra parte, porque en 45 minutos no habría tiempo material ni suficiente para poder examinar estos voluminosos documentos que nos ha incorporado, tan voluminosos que antes de comenzar esta comparecencia el Director General de Tráfico los puso delante de sí y fue preciso retirarlos para que los pudiera examinar, porque si no seguidamente se hubiera tenido que levantar para ver a estos diputados en sus intervenciones.
Dicho esto, he de manifestar que, lógicamente, estudiaremos con profundidad la documentación que se nos ha proporcionado. En este sentido le ruego, señor Presidente, que a la mayor brevedad posible nos haga llegar la copia correspondiente de esa documentación. Lógicamente, nos va a llevar un tiempo largo el realizarlo. A partir de entonces será el momento oportuno de poder, en su caso, pedir más comparecencias, como antes ha anunciado y se ha brindado a venir el señor Director General de Tráfico.
En definitiva, si a lo que vamos a estar presentes es a un desfile de todos los órganos de la Administración, todos sus diferentes organismos, todas las empresas públicas, para que nos expliquen su contratación con Control y Aplicaciones, S. A., o su grupo de empresas, realmente podemos estar durante años, a menos que nos decidamos a investigar en profundidad toda la contratación administrativa, cosa que en absoluto creo que es deseo de la Comisión, ni es absolutamente necesario.
En este sentido, de la necesidad-no necesidad, he de advertirles algo que me parece importante. Todo esto surge en razón del posible trato de favor dado a Control y Aplicaciones por parte del sector público estatal como consecuencia de la incorporación a su plantilla de trabajadores directivos de don Francisco Palomino Romera, cuñado o hermano político del Presidente del Gobierno. Este supuesto incremento en la contratación del sector público se refiere básicamente, de acuerdo con la propia Memoria de Control y Aplicaciones, dentro del sector de la seguridad y la administración del Estado, a la Empresa Nacional Santa Bárbara, al Ministerio de Defensa y a instituciones penitenciarias, no a la Dirección General de Tráfico. Y, por otra parte, y también en materia de obras civiles, se refiere básicamente al acontecimiento olímpico de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla 92, tampoco a la Dirección General de Tráfico.
Nos parece muy loable, por consiguiente, que se trate aquí, que se traiga, toda la contratación llevada a efecto por la Dirección General de Tráfico y SICE, integrada en el Grupo CAE. Pero realmente no era necesario, por cuanto que entendemos, porque así está en los papeles escritos y en la Memoria que dice que se incrementa su contratación con el sector público, que este aumento de contratación no se refiere precisamente a la Dirección General de Tráfico.
Por consiguiente, y de antemano, he de decirles que, en principio, no creo que se pueda encontrar nada anormal en la contratación de la Dirección General de Tráfico con el Grupo CAE. Sencillamente porque nosotros, desde luego, no lo hemos pedido, y no nos parece que haya ningún tipo de documentación que ni siquiera indiciariamente exprese que pueda haber existido un trato de favor por parte de la Dirección General de Tráfico a CAE. Y tampoco existe ningún indicio racional del cual pueda deducirse que ha
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existido un incremento de la contratación de SICE o de CAE en relación con la Dirección General de Tráfico en el período comprendido entre 1989 y 1992 en relación a los períodos anteriores. Sin perjuicio de lo cual, lógicamente, examinaremos con detenimiento la documentación, por si acaso. Aunque realmente he de decirle que este por si acaso dudo tal vez que ocurra en ninguna ocasión. Porque, ya le digo, en materia de seguridad se refiere básicamente el posible incremento en la contratación con el sector público a instituciones penitenciarias, Ministerio de Defensa, Empresa Nacional Santa Bárbara, porque es lo que dice la propia Memoria de Control y Aplicaciones, S. A.
Entrando en esta materia, quiero reiterar las preguntas que le han sido realizadas con anterioridad. Si en relación con los artículos 36 y 37 de la Ley de Contratos del Estado, de 8 de abril de 1975, se ha variado la adjudicación llevada a efecto por la Dirección General de Tráfico de la propuesta realizada por la mesa de contratación correspondiente en los casos de concurso; si en los casos de adjudicación directa se ha guardado la petición de tres ofertas previas antes de la adjudicación de la obra; y también, como ha manifestado el señor Romero, si el señor Palomino se ha interesado, directa o indirectamente cerca de la Dirección General de Tráfico por algún tipo, bien de adjudicación de contratos, bien de seguimiento de contratos llevados a efectos, bien con SICE, bien dentro de las demás empresas integradas en el Grupo.
Y nada más, señor Presidente; nada más, señor Director General de Tráfico. Le agradecemos nuevamente su comparecencia, y a lo mejor nos volvemos a ver como consecuencia del estudio de la documentación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trocóniz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Aguiriano tiene la palabra.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Gracias, señor Presidente.
Quiero empezar agradeciendo al Director General de Tráfico su comparecencia ante esta Comisión para explicarnos las relaciones contractuales que la Dirección General de Tráfico haya podido tener con la empresa CAE. Y quiero también felicitar al Gobierno por la idea que ha tenido de que todos los directores o directores generales de empresas públicas u organismos del Estado que han tenido relaciones con CAE pasen por las comisiones correspondientes a explicar cuáles han sido esas relaciones contractuales. Porque el Presidente del Gobierno y el Gobierno han sido acusados de realizar un trato de favor con una determinada empresa debido a unas relaciones familiares de algún director de este tipo, de esta empresa, con el Presidente del Gobierno.
Empezamos a utilizar el lenguaje de una manera que nos indica ya por dónde van las cosas. No se presenta ningún tipo de pruebas reales de ese trato de favor, pero ya se habla de que existe un posible trato de favor.
Yo creo que no hay ningún trato de favor, en absoluto. Aquí tenemos una Dirección General que ha contratado con numerosas empresas, o con determinadas empresas, durante bastantes años, entre ellas está la empresa CAE. El director general nos aporta todos los contratos que se han realizado en los últimos años con este tipo de empresas, y es conveniente e interesante que los grupos parlamentarios puedan revisar todos estos contratos para ver si realmente hay no ya alguna irregularidad, pero sí alguna sombra, alguna duda o alguna cosa que aclarar. Normalmente, lo que se dice es que se estudiará, pero a pesar de todo se sigue pidiendo una comisión de investigación. ¡Qué mejor comisión de investigación que esta misma Comisión que tiene ahí todos los contratos, que los puede revisar y que, si tiene alguna duda, puede pedir nueva comparecencia del director general para aclararla! Y si encuentran algo irregular, no hay que pedir una comisión de investigación, hay que ir directamente al juez. Pero ahí están las pruebas, que se revisen, que se vean, a ver si realmente existe algo.
Como digo, no hay pruebas. Se están buscando pruebas prácticamente en la comparecencia y se está acusando sin ningún tipo de pruebas. La cuestión es decir lo que haya que decir, acusar, si es necesario sin pruebas, que siempre quedará alguna duda entre el ciudadano de que realmente ha existido un trato de favor. Al final, cuando todo quede perfectamente claro de que no ha habido ningún trato de favor, alguna sombra de duda siempre quedará entre el ciudadano. Y eso es lo que realmente interesa, y eso es lo que realmente importa. Lo fundamental no es encontrar, no es buscar la verdad; lo fundamental es buscar como sea que ha habido trato de favor. Y si no existe, se pide una comisión de investigación para que tengamos ese tema sobre la mesa durante varios meses dándole vueltas y vueltas.
En cualquier caso, es de agradecer que se haya dicho que no hay ni la más mínima sombra de duda --por lo menos eso consta en el «Diario de Sesiones»-- contra la Dirección General de Tráfico, sobre que haya podido haber un trato de favor. Si realmente ha existido una voluntad de trato de favor hacia un determinado grupo de empresas por el parentesco con el Presidente del Gobierno, me extrañaría por qué ese trato de favor, que se ha debido de hacer en otras esferas de la administración, no se ha hecho con la Dirección General de Tráfico, que tiene un volumen de presupuesto y de inversiones en algunos años pasados realmente importante. ¿Por qué hacer ese trato de favor en seguridad o en Fuerzas Armadas y no en la Dirección General de Tráfico? ¿Es que el trato de favor es discriminatorio? Si se hace trato de favor, se puede y se debería haber hecho exactamente en todo tipo de esferas administrativas en que CAE ha contratado, por qué dejar fuera la Dirección General de Tráfico. En fin, parece que eso ha sido así. Yo no entiendo esos tratos de favor tan extraordinarios que se hacen, pero no está mal en cualquier caso que se reconozca que por lo menos en la esfera de la Dirección General de Tráfico no ha habido ningún trato de favor.
De todas maneras sí quisiera hacerle alguna pregunta, señor director general, usted nos ha hablado de cuál ha sido el porcentaje de contratación de tres empresas diferentes desde el año 1984 hasta 1994. Yo quería que nos diese esa misma información referida a 1989-1992, que
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parece que son los años en que el señor Palomino tiene algún tipo de responsabilidad dentro del Grupo CAE. Me gustaría que me diese una referencia especial con respecto a 1990 que, si no me equivoco, fue el año de principales contrataciones, debido a las actuaciones que la Dirección General de Tráfico hizo en las tres capitales importantes durante 1992, como fueron Sevilla con la Exposición Universal, Barcelona con la Olimpiada y Madrid Cultural. Si no me equivoco, hubo un presupuesto de inversiones de la Dirección General de Tráfico de aproximadamente 20.000 millones, y podía haber sido una ocasión magnífica para que existiese ese trato de favor que algunos medios de comunicación y algunos partidos políticos están buscando como locos y que, por desgracia, todavía no han aportado ni una sola prueba.
También quisiera preguntarle cuáles son las razones por las que la Dirección General de Tráfico decide una contratación. ¿Se basa exclusivamente la decisión en el precio? ¿Hasta qué punto tienen influencia las condiciones técnicas? ¿Las posibles condiciones técnicas o el plazo de realización de la obra a veces tienen más importancia incluso que el precio? ¿Cuál de esos tres factores es el preponderante? Y en el caso de que no haya sido el precio, sino que hayan sido condiciones técnicas o el plazo, ¿existen los informes técnicos correspondientes que avalan la necesidad de contratar a una empresa que a lo mejor tiene un precio superior, pero que presenta mejores condiciones técnicas o mejor plazo de entrega? Muchas gracias, de todas maneras, señor director general. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguiriano.
El señor Director General de Tráfico tiene la palabra.
Quisiera contestar una a una las preguntas que me han formulado SS. SS. y a continuación hacer un par de comentarios que quizá no han quedado suficientemente claros en mi intervención previa y, por lo tanto, puede resultar conveniente para mayor nitidez.
En primer lugar, al señor Casas quiero aclararle con toda rotundidad que nunca, desde que yo soy Director General de Tráfico, se ha producido una adjudicación que no venga respaldada por el correspondiente informe técnico, cuando ha sido por concurso, y por un criterio mucho más sencillo, que es el de la oferta más barata, siempre la oferta más barata, cuando era por adjudicación directa. Hablo del tiempo en el que yo he sido director general, es decir, desde septiembre de 1988, pero me atrevería a extenderlo también a los años inmediatamente anteriores, porque durante ese tiempo fui yo subdirector general y no recuerdo ningún caso en el que se haya producido una adjudicación distinta del informe que yo, en aquel caso como técnico, había suscrito. No lo recuerdo y, desde luego, puedo dar garantías absolutas de que en mi tiempo de director general jamás se ha hecho nada semejante.
Al señor Romero quiero agradecerle el interés que manifiesta por el estudio de nuestra documentación. Y quiero, puesto que hacía la misma pregunta del señor Casas, repetirle la contestación: nunca ha habido ninguna variación. Ha hecho una pregunta, que no sé si interpreto bien, en cuanto a si ha habido variaciones de precio. Quiero hacer dos precisiones. En algunos casos, desde que se produce la adjudicación hasta que se firma el contrato, ha habido variación en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Recuerdo ahora mismo de memoria --y puede que haya más casos--, por ejemplo, la regulación de los accesos a Valencia y a Zaragoza, que se adjudicaron en 1993, pero los actos previos de presentación de ofertas habían sido en 1992. Sin embargo, desde que se formula la oferta hasta que esa oferta se acepta y se formaliza el contrato hay una pequeña variación como consecuencia del aumento del IVA.
Por lo demás, no hay ninguna variación. Sí es cierto, sin embargo, que en algunos expedientes, a lo largo de su tramitación, se ve la necesidad de complementarlos de alguna forma, y haciendo uso de los mecanismos que permite la Ley de Contratos del Estado ha podido haber proyectos complementarios, modificados o reformados. Eso es una práctica que se ha podido dar, pero no en el sentido en que yo creo interpretar la pregunta de su señoría. Si se ha dado alguna desviación entre la adjudicación y el contrato, solamente ha sido en esas pequeñas variaciones como consecuencia de la variación en el IVA.
En cuanto al señor Palomino, tengo que decirle que no sólo no le conocía, sino que tengo que decir --y empeño solemnemente mi palabra en ello-- que es una persona de la que yo no recuerdo haber oído hablar siquiera antes de que saltara al aire todo este asunto que hoy nos convoca en esta Comisión. He tratado de hacer memoria porque suponía que esta pregunta me la formularía alguno de los señores Diputados. Muy vagamente recuerdo alguna vez haber oído hablar de un cuñado del Presidente del Gobierno, casado con una hermana, pero sin tener la menor idea ni de su actividad comercial, empresarial ni nada parecido. Desde luego, nunca he recibido una llamada, una visita del señor Palomino, una indicación, ni por parte de otros órganos del Ministerio, ni ajenos al Ministerio, para que hubiera cualquier desviación de los criterios de contratación. Ni siquiera cuando me han visitado por distintas razones los directivos de las empresas me han hecho mención a que entre su personal estaba un cuñado del Presidente del Gobierno. Yo la primera información que he tenido de todo ello ha sido reciente, repito, cuando ha surgido todo esto. Puedo tranquilizar rotundamente a SS. SS. en el sentido de que no ha habido nunca la menor indicación para que yo, como órgano de contratación de la Dirección General de Tráfico, pudiera otorgar ninguna clase de trato de favor al señor Palomino o a las empresas en las que él tenía alguna participación, algún interés, o simplemente prestaba sus servicios.
Al señor Fernández de Trocóniz le agradezco también el interés que manifiesta por la documentación que he aportado, y especialmente ese cierto acto de confianza que hace sobre la forma de contratación de la Dirección General de Tráfico y el hecho de que él mismo no vea indicios
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de trato de favor por nuestra parte a favor de CAE o de ninguna de sus empresas participadas. Tengo que decirle, como he dicho a los señores Diputados que le precedieron en el uso de la palabra, que no ha habido ninguna variación en la propuesta en relación con los informes técnicos.
En este sentido quiero también dejar absolutamente claro --podrán deducirlo perfectamente de la documentación que aporto-- que en todos los expedientes que se han adjudicado directamente por el procedimiento admitido por el artículo 117 del Reglamento General de Contratación se han pedido no ya tres, sino normalmente bastantes más ofertas. Es decir, se han pedido a la práctica totalidad de las empresas que trabajan en el sector. Cuando hablamos de proyectos pequeños, que son los que van por adjudicación directa, nos encontramos con que ya no son los cinco grupos de empresas importantes que son adjudicatarios de los proyectos grandes, sino que estamos hablando a lo mejor de nueve, diez, o incluso más peticiones de oferta. Distinto es que luego, por las razones que sea (porque a una empresa no le interesa un determinado trabajo, porque no es un territorio en el que le interese trabajar, porque está sobrecargada de trabajo o por las razones que sean), se hayan formulado menos ofertas, pero se han pedido varias sistemáticamente. Desde luego, tres es un número bajo para lo que se hace normalmente. En todo caso, no creo que aparezca entre la documentación (la verdad es que ha habido poco tiempo para prepararla), ningún expediente en el que haya menos de tres ofertas presentadas y, si las hay, estará documentado el porqué no se han formulado más ofertas pese a haber sido pedidas. Pero repito que lo más probable es que no haya ninguna en la que aparezcan menos de tres ofertas.
Y nuevamente, tal como le acabo de referir al señor Romero, tengo que decir rotundamente (con la misma rotundidad que lo he expresado hace unos segundos) que nunca he tenido el menor conocimiento de la existencia del señor Palomino hasta estas fechas en las que ha surgido todo este asunto.
Nunca, y quiero repetirlo porque me parece importante, he recibido ninguna indicación, ni por parte de algún órgano del Gobierno, ni siquiera del Ministerio en este sentido. Y recalco --perdón por la insistencia, pero me parece importante-- que en mis tratos, digamos relativamente frecuentes, con las empresas que son adjudicatarias de nuestros contratos ninguno de sus directivos me hizo saber de la existencia en la compañía, en CAE, del señor Palomino.
Al señor Aguiriano, aparte de agradecerle también la confianza que exterioriza en sus palabras, quiero darle alguna información que me ha pedido en relación con el período concreto 1989-1992, que es el que en definitiva está en cuestión. Y la verdad, no sé por qué no lo he dicho yo en mi primera intervención, porque son datos que tengo y que me parece que puede ser importante ponerlos en conocimiento de sus señorías.
El período 1989-1992 ha sido especialmente fructífero, digámoslo así, en la contratación de la Dirección General de Tráfico. Y respecto del peso relativo de la contratación de las empresas a las que nos estamos refiriendo, tengo que decir que la primera empresa que ha contratado con nosotros durante dicho período es Fomento de Construcciones y Contratas, con un 28 por ciento. La segunda es el Grupo Etra, con un 22 por ciento.
La tercera, el Grupo Abengoa Sahínco, con un casi 17 por ciento. Y la cuarta es CAE, con un 7,97 por ciento. Es decir, desde este 8 por ciento, prácticamente, hasta el 28 que tiene como contratación la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, yo creo que hay una diferencia suficientemente importante como para ver hasta qué extremo la presencia del señor Palomino en el Grupo CAE ha sido absolutamente irrelevante durante este período.
Además, me pregunta el señor Aguiriano por el año 1990, porque también ha sido importante. En alguna de las informaciones de prensa surgidas alrededor de todo este asunto, se ha hablado de un año crucial en las relaciones o en los posibles tratos de favor que pudo sufrir o experimentar la empresa del señor Palomino. Pues bien, quiero aclarar que para nosotros 1990 fue un año, como bien ha intuido el señor Aguiriano, especialmente importante, porque adjudicamos los tres grandes proyectos ligados a los acontecimientos del 92, y que era un proyecto de 10.000 millones de pesetas, en el caso de Sevilla; de 5.000 millones, en el de Barcelona, y otros 5.000 millones, en el de Madrid. A este año podemos añadirle la contratación normal, además de esta que fue ciertamente excepción en la vida de la Dirección General de Tráfico, y nos encontramos con que (doy cifras redondas, como es natural, para no cansar la atención de sus señorías) en el año 1990 en concreto el Grupo Etra fue adjudicatario de alrededor de 6.000 millones de pesetas; Fomento de Construcciones y Contratas, 5.000 millones; el Grupo Abengoa Sahínco, 4.500 millones; el Grupo INI (que es fundamentalmente la empresa Disel, pero como ha cambiado varias veces de nombre le llamamos entre nosotros coloquialmente el Grupo INI), con 3.000 millones de pesetas, y en quinta posición aparece SICE, con 2.200 millones de pesetas. Son años en los que justamente no cabe hablar bajo ningún concepto de trato de favor ni nada parecido. Son datos objetivos que someto a la consideración de sus señorías. Pero también les digo que estos años los subrayo porque son los que están sometidos a cuestión. Porque ha habido otros años, como 1993, por ejemplo, donde el Grupo SICE sí ha tenido contrataciones muy altas, incluso que lo destacan con relación a otros grupos; todo ello absolutamente soportado por los informes técnicos correspondientes.
Además, quiero enlazar esta afirmación con la contestación a otra cuestión que me ha planteado el señor Aguiriano, y es cuáles son los criterios de contratación que sigue la Dirección General de Tráfico.
En la adjudicación directa, obviamente, es la oferta más baja, siempre la más baja. Yo creo que es un criterio absolutamente irreprochable, poco imaginativo, ciertamente, pero es el que venimos aplicando sistemáticamente. En cuanto a las adjudicaciones por concurso, en mi época de director general, repito, desde finales de 1988 (mientras cambiamos los criterios tal vez pudo ser desde 1989), el criterio fundamental que estamos siguiendo es el de la baja económica, nos guiamos por encima de todo por la baja económica. Y únicamente se produce una alteración en la
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contratación, es decir, no se adjudica a la oferta más baja cuando hay razones tecnológicas de mucho peso que aconsejen variar la contratación.
Pero hay que tener en cuenta que tampoco queremos transformar el proceso del concurso en un proceso de subasta en el que preceptivamente es la oferta más barata. Pero sí queremos que sea el motivo fundamental de adjudicación. Cuando hay empresas que ofertan mejoras, lo primero que tratamos de hacer es valorarlas económicamente y ver si suponen una mejora económica respecto de la más baja. Ahora me viene a la memoria, por ejemplo, un contrato de instalación de estaciones de visión artificial en el que no lo adjudicamos a la empresa que hacía la oferta más baja, pero sí a la que resultaba más económica porque aportaba mayor número de esas estaciones. Al final, el precio unitario por cada estación de visión artificial resultaba más bajo, más económico que la oferta más baja. Luego hay otros casos, y recuerdo también otro contrato en el que la oferta más baja contenía importantes errores de medición. Es decir, si tenía que haber puesto 15 kilómetros de cable o de canalización, figuraban 10, por lo que era una oferta inviable. Pese a ser la más económica no se pudo aceptar. Repito que éstos son los criterios que seguimos normalmente y que son objeto de crítica en algunas ocasiones por las empresas, que preferirían criterios más ligados a la calidad de la empresa, al historial de la propia empresa y su nivel de innovación tecnológica. Creemos que las empresas fundamentales, esos grupos a los que me he ido refiriendo anteriormente, están en unas condiciones, en unos niveles de refinamiento tecnológico suficientemente parecidos como para que consideremos que estos criterios, que son mucho más objetivos, son más adecuados a la realidad.
Lamento extenderme, pero hay una cuestión que quizá debía haber dicho en la primera intervención, y es con la finalidad de facilitarles el estudio y la comprensión de la documentación que les aporto. Quiero decirles que en esa documentación que dejo a disposición de la Comisión están los contratos suscritos con el Grupo CAE y con todas sus empresas desde el año 1988. Lo anterior a 1988 fue expurgado y destruido, previa consulta con la Intervención General del Estado y con el Tribunal de Cuentas del Reino. Como es natural, esas cuentas habían sido aprobadas por el Tribunal de Cuentas sin ninguna censura, cosa que me parece importante.
En toda la documentación que aparece aquí, en el informe que rinde el Tribunal de Cuentas a las Cortes Generales, no hay ni un solo caso en el que se haya producido ninguna censura ni ningún comentario de irregularidad por parte del Tribunal de Cuentas. Están encuadernados por años y cada año está precedido por un resumen en el que aparecen algunas precisiones. Hay algún pequeño error en esta documentación porque es exactamente la misma que hemos puesto a disposición de la Intervención General del Estado, a solicitud del Ministerio de la Presidencia. Como aquella documentación hubo que presentarla con una premura enorme, hemos preferido tener la seguridad de que la que aportábamos a la Cámara es la misma que hemos entregado en la Intervención General para que no haya discrepancias. Por eso hay salvados algunos pequeños errores, tales como que existe una adjudicación que corresponde a otra empresa y no a una del Grupo CAE, o en algún caso se ha puesto como si fuera adjudicación del año una anualidad de un proyecto adjudicado anteriormente. Son pequeñas precisiones que me parece conveniente hacer.
Finalmente quiero decir, respecto de la adjudicación directa, que cada expediente contiene la siguiente documentación: el pliego de condiciones administrativas, lo que llamamos el informe comercial, que es la relación de empresas que han ofertado con el importe de su respectiva oferta; el informe del órgano de la Dirección General proponente (aparece en algunos casos, cuando es necesaria alguna aclaración, no siempre, pero lo hemos puesto entendiendo que suponía mayor claridad), la resolución del director general de adjudicación del contrato, y finalmente el contrato firmado por ambas partes. En los expedientes que se han adjudicado por concurso aparece el pliego de condiciones administrativas, el informe técnico, que es por el que se han interesado algunas de sus señorías y que me parece muy importante que lo puedan examinar y poner en concordancia con el texto de la resolución de adjudicación; luego tenemos la resolución de selección del contratista, si procede, es decir, cuando el concurso se ha convocado por concurso de proyecto y ejecución, y la aprobación del proyecto en este mismo caso; en caso de que haya sido con proyecto redactado por técnicos de la dirección general, esta documentación --como es natural-- no aparece; finalmente el contrato, y en caso de uniones temporales de empresas, en caso de UTE, el porcentaje de participación de cada una de ellas.
Estos son los datos que les doy para que les sea más fácil el examen de la documentación. Por mi parte, señorías, no tengo nada más. Espero que haya sido suficientemente esclarecedora mi intervención. Y nada más. Les agradezco su atención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general.
Señor Aguiriano, muy breve por favor.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Muy breve porque al hilo de la intervención del director general quiero preguntarle alguna cosa.
Ha hecho referencia al control que ejerce el Tribunal de Cuentas. Me supongo que me podrá decir hasta qué año las gestiones de la Dirección General de Tráfico han pasado por el Tribunal de Cuentas. Y por mi experiencia en alguna otra empresa pública quería preguntarle si existe una Intervención Delegada del Ministerio de Hacienda dentro de la propia Dirección General de Tráfico, y cuál es en realidad el mecanismo de control que la Administración en general ejerce sobre la Dirección General de Tráfico.
También quiero preguntarle algo que no sé si usted al final me podrá contestar, pero es que este portavoz está en un mar de dudas. Porque resulta que determinada prensa amarilla y determinados partidos, fundamentalmente la derecha y sus compañeros de viaje, están empeñados en decir que existe un trato de favor de la Administración hacia una empresa porque está dirigida por un cuñado del Presidente
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del Gobierno. Resulta, como se ha dicho, que ese trato de favor se debe hacer en todo tipo de empresas menos en la Dirección General de Tráfico.
Usted realmente nos ha dicho que la contratación media con la empresa CAE desde 1984 a 1994 es del 19 por ciento, siendo CAE la segunda empresa en importancia en contratar con la Dirección General de Tráfico. Y que los años 1989-1992, que es cuando el señor Palomino tiene alguna responsabilidad en el Grupo de empresas CAE, en esos cuatro o cinco años la contratación de la Dirección General de Tráfico con la empresa CAE baja al 7,97 por ciento, es decir, baja del 19 al 8 por ciento. O sea, que cuando existe trato de favor de la Administración, o cuando algunos dicen que existe trato de favor de la Administración con el señor Palomino, es el momento en que la Dirección General de Tráfico disminuye a menos de la mitad la contratación con la empresa CAE. ¡Es que esto no hay quien lo entienda! Una de dos. O esto es una pura falacia, que es lo que creo que realmente ocurre, porque si se hace trato de favor se hace, pienso yo, con todo tipo de empresas y con todo tipo de administraciones (puestos a hacer tratos de favor, por qué vamos a dejar fuera a la Dirección General de Tráfico). O resulta que es solamente ahora, porque estamos hablando de la Dirección General de Tráfico y los datos son tan incontestables que nadie puede decir absolutamente nada. O esto es una falacia o esto es una maniobra descarada de pura y exclusiva erosión del Gobierno y del Presidente del Gobierno, que eso es lo que realmente sucede.
Señor Trocóniz, muy breve también, por favor.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, no tengo que preguntarle nada al señor Director General de Tráfico, pero es que estamos ante una comparecencia y el señor Aguiriano quiere plantear una discusión y un debate. Y una de dos, señor Presidente, o llama a la cuestión al señor Aguiriano o nos veremos obligados a entrar ya en un debate. Seriamente he de decirle que a palabras necias, oídos sordos.
El señor PRESIDENTE: Señor Trocóniz, ¿su señoría se ha sentido aludido en algún momento por la intervención del señor Aguiriano? En ese caso, puede S. S. tener la posibilidad de intervenir. Pero no me ha parecido a mí que le aludieran a S. S. de manera personal, ni a su grupo.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, entiendo que ha aludido a mi grupo político en la medida que se ha referido a la derecha, y entiendo también que en esta Cámara la derecha somos nosotros. Y es que ha aludido a las posiciones que mantenemos en esta comparecencia. En la medida en que entiendo que no estamos aquí para hacer un debate y entablar un debate acerca de la Comisión de investigación que hemos pedido en torno al caso Palomino, entiendo, también, señor Presidente, que no estamos aquí para preguntar las opiniones al Director General de Tráfico sobre lo que opina...
El señor PRESIDENTE: Estará conmigo, señor Trocóniz, en que quien debe moderar, dirigir y calificar las intervenciones es la Presidencia.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Sin lugar a dudas.
El señor PRESIDENTE: En ese sentido, si se siente aludido por esa especie de concepto tan corrosivo de la derecha, tiene S. S. tres minutos. Si no es así, que yo creo que no tiene por qué tener ninguna alusión crítica por el hecho de que conceptúen a su señoría como la derecha, no tendrá los tres minutos. Si usted considera que es un concepto corrosivo, los tiene. No tiene mayor problema este tema, señor Trocóniz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, yo cuando dice derecha no me siento aludido corrosivamente, o no me siento aludido en un tono, llamémosle insultante, en absoluto, porque es un término normal de dirigirse a un tipo de formaciones políticas y debe ser asumido de igual manera. De igual manera que si nos referimos al Grupo Socialista hablamos de la izquierda, o si nos dirigimos al Grupo de Izquierda Unida hablamos de la izquierda. Y no pasa nada por hacerlo así, y no creo, ni mucho menos, que pueda entenderse en un sentido corrosivo.
Se trata simplemente, señor Presidente, de que se están introduciendo, y por alusión, motivaciones que no obstan esta comparecencia ni que dan lugar a esta comparecencia. En este sentido intervenimos simplemente para llevar las aguas a lo que entendemos su justo término del debate. Es decir, que no estamos en un debate acerca del tema, por decirlo así, básico del momento, cual es el caso Palomino en su conjunto, sino en la comparecencia del señor Director General de Tráfico.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Trocóniz. Después de este paréntesis semilúdico, estará usted conmigo, porque estoy seguro de que no hemos entendido casi nadie nada. Tiene la palabra el señor Director General de Tráfico.
El señor DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO (Muñoz Medina): Gracias, señor Presidente.
Quiero satisfacer las preguntas que me formula el señor Aguiriano, aclarando que el Tribunal de Cuentas normalmente nos va pidiendo la documentación referente a las cuentas del año y que el informe suele salir con unos dos años de retraso. Es decir, en estos momentos se estará fiscalizando por parte del Tribunal de Cuentas el año 1992; pero no tengo constancia de que se haya producido ya el informe de este año. En segundo lugar, quiero aclarar que, efectivamente, la Dirección General de Tráfico tiene Interventor Delegado propio; es una especie, digamos, de delegado
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del Interventor Delegado del Ministerio del Interior, del cual depende, pero está instalado en nuestras dependencias y funciona en plena dedicación respecto de la Dirección General de Tráfico.
Tengo que decirle que los mecanismos de control son los normales. Es decir, todo expediente se somete a la fiscalización previa de la Intervención Delegada, salvo que por su cuantía tenga que ir a la Intervención General del Estado, pero dentro de la más absoluta normalidad y del más absoluto sosiego, digámoslo así, en el planteamiento de la función interventora.
Hace S. S. referencia a los porcentajes, poniendo en comparación los correspondientes a los períodos 1984-1994 y 1989-1992. Efectivamente, se da el caso de que durante este período ha sido cuando más bajó la contratación del Grupo CAE. Luego, en 1993, tiene un repunte importante.
Pero tiene razón S. S., en el sentido de que durante este período es justamente cuando resulta más baja. De todas maneras, cualquier opinión sobre todo esto prefiero no exteriorizarla, sino dejarlo a criterio de SS. SS. después del examen de la documentación, en la confianza de que les satisfará, como espero que así sea.
La documentación del señor Director General de Tráfico quedará bajo la custodia de esta Presidencia en la sede de la Comisión, donde podrán SS.
SS. estudiarla, investigar sobre ella, etcétera. Se suspende la sesión durante cinco minutos.
--DEL DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Beltrán Catalá), PARA INFORMAR SOBRE LAS RELACIONES CONTRACTUALES MANTENIDAS EN EL AMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES CON LA EMPRESA CONTROL Y APLICACIONES, CAE.
(Número de expediente 212/001242.)
El señor PRESIDENTE: A instancias también del Gobierno, comparece hoy, para cubrir el último punto del orden del día de la sesión de esta Comisión, el Director General de Administración Penitenciaria --a quien en nombre de la Comisión doy la bienvenida--, para informar sobre las relaciones contractuales mantenidas en el ámbito de sus responsabilidades con la empresa Control y Aplicaciones.
Señor Director General de la Administración Penitenciaria, tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Beltrán Catalá): Muchas gracias, señor Presidente.
Si me permiten SS. SS., voy a dividir mi información en tres grandes apartados. Primero, referente a contratos de seguridad financiados con cargo al subconcepto presupuestario 221.09, otros suministros; segundo, contratos de mantenimiento financiados con cargo al concepto 212, mantenimiento de edificios y otras construcciones; por último, la construcción de nuevos centros, bien con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia, que como saben ustedes Instituciones Penitenciarias empezó a gestionar ella propiamente el aspecto económico a partir de mediados de 1991, me parece que fue. Como decía, bien con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia, bien con cargo al presupuesto de Instituciones Penitenciarias, inclusive con cargo a la Sociedad de Infraestructura de Equipamiento Penitenciario, SIEP.
En el primer apartado, en el año 1990 se decidió implantar un sistema de seguridad activo en los centros penitenciarios. A tal fin, se tramitaron 75 expedientes de contratación. La participación que tuvo en el conjunto de todas estas contrataciones la empresa Control y Aplicaciones, S. A., CAE (llamaré de aquí en adelante CAE), fue la adjudicación de dos contratos: uno en Santa Cruz de Tenerife, por importe de adjudicación de 7.930.701 pesetas; y otro en Santa Cruz de la Palma, por importe de 8.539.525 pesetas; es decir, el conjunto de estas dos adjudicaciones se eleva a 16.470.000 pesetas (si me permiten, ya las pesetas las voy a citar de aquí en adelante), para ser más exacto, 16.470.226 pesetas.
El total de los contratos citados, es decir, de los 75 expedientes de contratación, incluidos por supuesto todos, los que acabo de citar, se realizó al amparo del apartado 4.º del art. 87 de la Ley de Contratos del Estado que, como SS. SS. conocen, permiten la contratación directa para los supuestos de medidas de seguridad. Los 75 expedientes afectaron a 69 centros penitenciarios y el importe total de estos 75 expedientes fue de 2.182.755.622 pesetas. El número de empresas que han participado en estos 75 expedientes fue de 24, y el tanto por ciento de participación de CAE en el montaje económico supuso el 0,75 por ciento.
Respecto al segundo apartado citado anteriormente, contratos de mantenimiento, diré que durante los años 1991 y 1992, los contratos de mantenimiento en los temas de seguridad, uno de ellos, el Centro de Sevilla-2, fue adjudicado a la empresa CAE, por unos importes de 7.466.200 pesetas en 1991; y 7.988.843 pesetas en 1992, respectivamente; es decir, el conjunto de los dos años supuso 15.455.034 pesetas. La forma de contratación se realizó al amparo del Decreto 1005/1974, de 4 de abril, por el que se regulan los contratos de asistencia, aplicándosele el apartado a) del artículo 9, ya que ninguna de las dos cuantías superaba los diez millones de pesetas.
Para tener puntos de referencia, en este año 1991 se celebraron contratos de mantenimiento en Sevilla, Madrid-1, Madrid-2, Valencia-2, Madrid-3 y Madrid-4. El importe de todos estos contratos de mantenimiento supuso 53.117.000 pesetas. El montante de CAE, por el contrato de mantenimiento adjudicado a Sevilla-2 se eleva al 14,05 por ciento del montante total económico. Las demás empresas contratadas para estos mantenimientos citados fueron Esabe Express; Servisegur; Seguridad, Ingeniería y Control; y Penta 3, S. A.
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Respecto al año 1992, entraron más centros en el planteamiento de este mantenimiento de sistemas de seguridad. El montante total se elevó a 188.743.590 pesetas en la contratación de todos estos centros; y respecto a la adjudicación a CAE, dicha anteriormente de 7.888.000 pesetas, supone el 4,23 por ciento. A partir del año 1993, CAE, en mantenimiento, no tuvo ninguna contratación y Sevilla-2 se incluyó en un lote, el lote n.º 7, que se adjudicó a la empresa Ferrovial.
Con relación al tercer apartado, la construcción de centros, diré que a partir del año 1983 la Secretaría General de Administración Penitenciaria tiene en este momento conocimiento de que la empresa CAE ha participado en las siguientes subcontratas: En agosto de 1984 se adjudicó por concurso subasta la construcción del Centro Penitenciario Sevilla-2 a la empresa Dragados y Construcciones, por importe de 2.499 millones de pesetas aproximadamente. Esta empresa, ya digo, según noticias que tiene en este momento la Secretaría de Estado, subcontrató con la empresa CAE el capítulo de seguridad, por un importe aproximado de 120 millones de pesetas. Como después me preguntarán, ya se lo voy a adelantar, en esta empresa también participó, en una subcontrata, Talleres Palomino, por aproximadamente 180 millones de pesetas. Que tengamos conocimiento, Talleres Palomino no participó en la construcción de ningún otro centro.
El 3 de octubre de 1985 se adjudicó por concurso subasta la construcción del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, en la provincia de Málaga, a la empresa Entrecanales y Távora, por importe de 1.785 millones de pesetas. Esta empresa subcontrató el capítulo de seguridad con CAE, por un importe aproximado de 115,8 millones de pesetas.
El 21 de julio de 1989 se adjudicó por concurso la construcción de la primera fase del Centro Penitenciario de Villabona, por importe de 2.311 millones de pesetas aproximadamente; y en septiembre de 1992 se adjudicó la segunda fase, por unos 1.579,8 millones de pesetas, por concurso restringido. La empresa adjudicataria fue Dragados y Construcciones, quien subcontrató a CAE el capítulo de electricidad y calefacción por un importe aproximado, en total, de 108,6 millones de pesetas.
En julio de 1993, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamiento Penitenciario, SIEP, adjudicó la construcción del Centro Penitenciario de Topas a la UTE, formada por Dragados y Construcciones y Auxini, por importe de unos 5.287,8 millones de pesetas. Estas empresas subcontrataron con CAE la parte de instalación eléctrica y la climatización, por un importe aproximado de 200 millones de pesetas.
Recapitulando, a partir del año 1983 hasta la fecha, que tenga conocimiento la Secretaría de Estado, en la construcción de aproximadamente, yo creo que son 16 centros penitenciarios, con una inversión que supone más de 43.000 millones de pesetas, la subcontratación con CAE puede rondar los 515 millones de pesetas.
Por mi parte, Presidente, nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General de la Administración Penitenciaria.
¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.) El señor Casas, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra.
El señor CASAS I BEDOS: Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor director general, por su comparecencia.
Estamos ante una comparecencia a petición del Gobierno, no a petición de los grupos parlamentarios de la Cámara. Entiendo que es una comparecencia en la cual el objetivo fundamental que entiendo persigue el Gobierno, es aportar información. Ha habido una serie de informaciones de prensa que han insinuado o han hablado de algunas relaciones especiales de determinada persona con parentesco con el presidente del Gobierno, ante lo cual el Gobierno responde haciendo comparecer en la Cámara a altos cargos de la Administración para que ponga en claro la limpieza de la relación que puede haber habido, relación que puede ser muy lícita, entre determinada empresa vinculada con esta persona y la Administración pública. Por tanto, el sentido fundamental de esta comparecencia es información. Agradezco lo que usted nos ha dicho de forma verbal; creo que sería más oportuno que hubiera un soporte documental, como ha hecho el Director General de Tráfico, a fin y efecto de que los grupos parlamentarios, y no porque dudemos de su palabra, todo lo contrario --no estoy ni mucho menos insinuando esto--, sino porque creo que requiere un estudio riguroso por parte de los grupos parlamentarios que tengan interés en conocer exactamente cómo se han producido estas contrataciones y estas subcontrataciones, requiere un estudio documental riguroso.
Estudio documental riguroso, porque en algunas informaciones periodísticas (no son afirmaciones que haga yo, sí que se han leído en alguna prensa), parece que en algunos casos estas adjudicaciones han sido contrarias al informe técnico preceptivo de la administración actuante; por tanto, habría que ver por qué razones en algunos casos, no sé si en el caso de la Administración penitenciaria, no lo sé, ha habido alguna contratación que no haya sido coherente con el informe técnico preceptivo. En todo caso, para poderlo saber con conocimiento de causa, entiendo que la mejor fórmula es poder hacer un análisis de toda la documentación que sea preceptiva para estudiar la relación comercial entre este grupo empresarial y la Administración del Estado.
Por tanto, mi grupo parlamentario no está en condiciones de emitir ningún tipo de opinión al respecto hasta que no pueda examinar documentalmente la información verbal, que agradecemos mucho, por parte del director general.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Aguilar tiene la palabra.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
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En primer lugar, decir que, efectivamente, la comparecencia se hace a petición del Gobierno. Es una operación, por tanto, que ha diseñado el propio Gobierno y que, desde nuestro punto de vista, lo importante, a pesar del énfasis que ponen los comparecientes, no está en las cantidades o en el porcentaje de participación total, sino en conocer la forma en que se ha llevado a efecto la contratación, cuáles han sido los criterios que han prevalecido en la misma, qué estado de uso tienen las instalaciones que en ese momento intervino la empresa en cuestión; cuáles han sido, en el ámbito de Instituciones Penitenciarias, los criterios que han prevalecido en todo momento para la adjudicación; cómo se ha controlado el tema de la subcontratación, porque el Director General de Administración penitenciaria hacía alusión a la seguridad como un elemento importante dentro, precisamente, de la Administración penitenciaria, qué control ha ejercido la Administración penitenciaria sobre las subcontrataciones que hayan permitido un seguimiento exhaustivo de las mismas y de los trabajos realizados por las distintas empresas, en este caso por la empresa de la que hablamos, trabajadores que han estado a su cargo, etcétera; es decir, las medidas que se han arbitrado o que se han tomado.
En ese sentido, de manera específica, en relación a la instalación de las cámaras de circuito interno del Centro Penitenciario Sevilla-2, nos gustaría conocer la forma de adjudicación, el coste inicial y el coste final, las empresas que se presentaron --si es que las hubo-- para dicha adjudicación, el estado actual del circuito, las subcontratas que hubo en esa obra y si hubo algún proyecto adicional, y la razón, en todo caso, de por qué lo hubo.
En cualquier caso, de todas y cada una de las obras a las que ha hecho mención el director general, nos gustaría conocer el precio inicial y el precio final, en las que ha participado CAE, y cuál ha sido la evolución del incremento, por qué se han producido incrementos, si acaso los ha habido, entre el precio inicial de adjudicación y el precio de finalización de la obra.
En ese sentido, también nos gustaría conocer específicamente sobre la contrata de cerrajería del Centro Penitenciario Sevilla-2 y Hospital psiquiátrico penitenciario de Sevilla, para saber también el precio inicial y final, la forma de contratación, el criterio de adjudicación y la situación actual de la instalación. Digamos que hay tres elementos fundamentales que a nosotros nos gustaría conocer, además de contar, lógicamente, con el soporte de la información suficiente a nivel de documentación, que son los costes iniciales de la obra y la finalización; las subcontratas que han participado en ella; el estado actual de las instalaciones que se han llevado a efecto; los criterios que han prevalecido a la hora de la adjudicación. Son, digamos, elementos para nosotros fundamentales a la hora de tener una información amplia y exhaustiva, de saber cómo se ha operado. Insisto nosotros no creemos que el trato de favor a una empresa haya que medirlo por el volumen de adjudicación sino por la forma en que se ha hecho dicha adjudicación, si ha supuesto o no un trato de favor en relación a otras empresas que se han podido presentar a la licitación o al concurso que se haya podido realizar.
En ese sentido, también nos gustaría conocer, en todas y cada una de las obras a que ha hecho mención el Director General de Administración Penitenciaria, cuál ha sido, específicamente si ha habido una contratación directa en todas y cada una de ellas y el volumen de participación, llamémosle así de CAE antes de 1989, y a partir de 1989 hasta 1993. Qué volumen de obras se le adjudicó a esta empresa antes de 1989 y qué volumen se le ha adjudicado con posterioridad a esa fecha y hasta 1993, y también si durante el año en curso ha habido alguna contratación o adjudicación a la empresa de la que estamos hablando.
Nosotros esperamos que se incremente la información concreta y puntual, que ha dado el Director General de Administración Penitenciaria, para luego poder adentrarnos en temas más específicos que nos pueden parecer importantes a la hora de que se vierta aquí, en esta Comisión, la información, pero también absolutamente imprescindible es que se nos remita o que se nos dé la oportunidad a los grupos parlamentarios de estudiar la información que tenga Administraciones Penitenciarias, porque si no es a todas luces imposible llegar a una conclusión concreta, clara y exhaustiva en relación a lo que estamos hablando. Por eso decía en el inicio de mi intervención que consideramos que es una operación de imagen diseñada por el Gobierno de todo un rosario de comparecencias, donde lo único que se pretende demostrar, por quienes comparecen, es que ha habido una escasa participación en cuanto a volumen de adjudicación, de una empresa concreta, que es CAE. A nosotros nos interesa conocer cómo se ha operado con esa empresa, independientemente del volumen de adjudicación que haya tenido o no. Por eso son las cuestiones específicas y concretas que planteamos al director general para tener mayor volumen de información, que es nuestro objetivo con estas comparecencias, para «a posteriori» poder llevar a efecto un estudio riguroso y amplio, en la medida que la documentación que nos aporte lo permita, y llegar a conclusiones lógicamente concretas y puntuales y a iniciativas parlamentarias que creamos convenientes por parte de nuestro grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aguilar.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Director General de Administración Penitenciaria, evidentemente, como han recordado algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, este asunto parte de una iniciativa del Gobierno en lo que parece ser, en todos sus contenidos, una clarísima operación de imagen, en este caso exculpatoria sobre culpas presuntas que nadie le ha atribuido ni prejuzgado en un planteamiento inicial.
Sin embargo, de su intervención de hoy tengo que decirle, en primer lugar, que no se agota la cuestión aquí; que nosotros, a partir de su comparecencia y de sus palabras
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--especialmente por lo que han sido sus palabras--, vamos a continuar profundizando en este asunto, y lo vamos a hacer, en segundo lugar, señor director general, porque ciertamente de sus palabras, que han sido muy medidas, que han sido incluso breves, surgen muchas cuestiones, a tenor de los antecedentes documentales que obran en nuestro poder. Surgen muchas incógnitas, y esas incógnitas, señor director general, sin lugar a duda, no sólo la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, sino ya directamente el propio titular del departamento de Justicia e Interior va a tener que aclararlas.
Mire usted, nosotros tenemos que poner en cuestión la información que S.
S. esta mañana nos ha proporcionado, porque creemos que hay mucho más; pero sobre todo porque, en el trasfondo de lo que se nos ha dicho en relación con algunas de las cuestiones que vamos a citarle a continuación, surgen, si usted me lo permite, cuanto menos una hipótesis de trabajo, de duda, o una cierta duda metodológica.
En primer lugar, en los antecedentes documentales de que disponemos en relación con las preguntas que hemos ido formulando al Gobierno y la solicitud de informe por la vía del artículo 7.º, apareciendo consignadas numerosas obras de naturaleza eléctrica o de seguridad, no aparecen consignadas ni una sola de las que S. S. ha citado.
En segundo lugar, en cuanto al procedimiento. Nosotros creemos que en este momento la Administración penitenciaria no está en disposición de podernos decir exactamente cuál ha sido la participación de la empresa en cuestión en la relación contractual directa o indirecta con esa administración. No lo está porque obra en nuestro poder el texto de un informe de la Intervención general de la Administración del Estado, con fecha 27 de noviembre de 1992, relativo precisamente a la fiscalización de la adjudicación de obras e instalaciones de seguridad, que es muy explícito en sus conclusiones y sin embargo no nos consta que, a partir de este informe de la Intervención General, por parte de la Administración penitenciaria se adoptara ningún tipo de elemento corrector en función de los criterios explicitados en este informe. No voy a leérselo en toda su extensión, pero sí voy a decirle algunas de las conclusiones más llamativas.
Mire usted, en este informe, la Intervención dice que se desprende que en el procedimiento de contratación de suministros de sistemas de seguridad se han producido diversas infracciones de la normativa de contratación, derivadas, primero, de la incompetencia de los directores de prisiones para celebrar contratos en nombre del Estado; segundo, de la ejecución de modificaciones en los contratos sin la tramitación de los oportunos expedientes; y tercero, de la inobservancia de los límites establecidos por la Ley de Contratos del Estado y el Reglamento General de Contratación para adjudicar las nuevas prescripciones al contratista originario, tanto si se califica el contrato de obras como de suministro.
Es en este informe cuando se cita explícitamente que prácticamente en todos estos contratos se han producido modificaciones sustanciales en la prestación concertada inicialmente, llegando en algunos casos a afectar hasta el 74 por ciento del presupuesto primitivo. Y dice: Según se desprende de la documentación aportada, y por manifestaciones de funcionarios dependientes del órgano gestor, parte de los cambios eran propuestos por la contrata y autorizados por el propio director del centro, órgano sin competencia para ello.
El señor Director General de Administración Penitenciaria nos ha citado hoy el caso concreto de unas obras realizadas en los centros penitenciarios canarios. Yo quiero recordar que en la interpelación que tuve el honor de plantear ante el Pleno de la Cámara el pasado 16 de noviembre, esa pregunta la formulé y quedó en el aire, sin ninguna respuesta por parte del señor ministro. Sin embargo. Sin embargo, según nuestros propios datos, las cifras que ha dado el señor director general no constan o no cuadran con lo que son algunas de las cifras de la propia Administración penitenciaria. No voy a hacer detenimiento de todo ello, pero sí decirle que, en cuanto a la empresa Control y Aplicaciones, el cuadro resumen de las obras efectuadas en los Centros Penitenciarios canarios es el siguiente: Centro Penitenciario de Santa Cruz de la Palma: adjudicado, 13.502.102 pesetas; pliego de bases no instalado, 5.076.462; modificaciones, 334.242 pesetas; variaciones, 3.133.122. Tenerife: adjudicado, 7.080.929 pesetas; pliego de bases no instalado, 2.093.604 pesetas; modificaciones, cero; variaciones, 1.722.333 pesetas.
Por tanto sobre los aproximadamente 16 millones de que nos hablaba el señor director general en cuanto a estas obras canarias, el cuadro resumen dice que el total de lo adjudicado por las obras en ambos centros es de 20.583.031 pesetas; que el total del pliego de bases no instalado es de 7.170.066 pesetas; que el total de las modificaciones es 334.242 pesetas; y que el conjunto de las variaciones entre lo adjudicado y finalmente no instalado, corresponde a un montante de 4.855.455 pesetas.
Pero siendo esto muy llamativo, lo es mucho más alguna de las valoraciones que, en relación con esta intervención de la empresa CAE en los centros penitenciarios canarios, se hace. Según nuestras notas, se pudieron detectar errores de facturación a favor de la empresa, que en aquel momento se consignaron por importe de 252.000 pesetas. La instalación de un solo mueble en centralización por el precio de dos, que eran los que correspondían al pliego de bases, 149.666 pesetas. La falta de instalación de un importante número de metros en materia de cable sensor, lo que puede suponer una diferencia --siempre, naturalmente, a favor de la empresa-- de 1.282.500 pesetas. Y, desde luego, se dice que el sistema de circuito cerrado de televisión instalado se había revelado ineficaz. Algunos de estos errores coinciden en su planteamiento con las afirmaciones hechas por un antiguo responsable de la empresa, hechas públicamente en los periódicos --nosotros no prejuzgamos si son ciertas o no son ciertas--, pero, en todo caso, decimos que algunas de las anomalías detectadas coinciden sustancialmente con las manifestaciones efectuadas por este antiguo responsable.
Lo más llamativo, si me permite, de todo lo que S. S. hoy ha dicho es que deja entrever con rotundidad que el señor Ministro de Justicia e Interior, en la comparecencia del pasado 16 de noviembre, ante el Pleno del Congreso,
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intentó evidentemente confundir a la Cámara o, en todo caso, señor director general, no aportar a la Cámara los datos completos. Me voy a remitir al «Diario de Sesiones», para hacer ver al señor director general que lo que estoy diciendo no forma parte de meras impresiones u opiniones personales, sino del dictado literal de lo dicho por el señor ministro.
En el planteamiento de nuestra interpelación, nosotros preguntamos al señor Ministro de Justicia e Interior en estos solos términos: ¿Está el señor ministro en condiciones razonables de ilustrar a la Cámara acerca de si ha existido o no relación contractual directa entre la Administración penitenciaria y las empresas Talleres Palomino y CAE, o si éstas han realizado o no trabajos en centros a través de subcontratas de obras? Antes de entrar en la contestación del señor ministro, quiero recordar que no nos sirve de excusa que la Administración Penitenciaria pueda hacer referencia, en cuanto a la matización de los volúmenes de contratación, a la posibilidad de que las empresas adjudicatarias acudieran a las subcontratas porque, como el propio señor Ministro de Justicia e Interior reconoce en la interpelación, el art. 185 del Reglamento de Contratación del Estado es explícito en cuanto al deber de las adjudicatarias de poner en conocimiento de la Administración para que ésta vise previamente aquellos contratos, aquellas subcontratas, que tengan que realizar en la ejecución de la obra. El propio señor Ministro de Justicia e Interior, en esa interpelación, reconoce efectivamente (él dice que en ciertos casos, nosotros pensamos que casi en la generalidad de los casos) el precepto del 185 no se ha cumplido.
Pero el señor Ministro de Justicia e Interior, en respuesta a esa pregunta que literalmente he leído, dice: Respecto del tema CAE, tres aclaraciones. Picassent, según los datos de que disponemos, la empresa adjudicataria fue Ginés y Navarro; no se realizó ninguna subcontratación con CAE ni tampoco con Talleres Palomino, siendo otra empresa la que realizó la seguridad, concretamente Clamer. Eso es simplemente una falsedad integral; nos adjudica el señor ministro una falsedad integral cuando no le habíamos formulado ninguna referencia geográfica concreta. Y continúa el señor ministro: Alhaurín de la Torre (subrayo lo dicho, señor director general), Alhaurín de la Torre: la seguridad activa fue subcontratada con CAE, en 1985, por Entrecanales y Távora, por tanto cuatro años antes de que CAE adquiriera Talleres Palomino. Termina el señor ministro diciendo: Tercera falsedad, Sevilla-2 fue construida por Dragados y Construcciones y las obras se realizaron en 1984, en definitiva, como cada vez que plantean algún tema (se refiere a nosotros, naturalmente), simplemente de oídas, incurren en errores de bulto.
Pues bien, hoy el señor director general nos ha dicho que, efectivamente, CAE trabajó en Sevilla-2 y Talleres Palomino trabajó en Sevilla-2 y el señor Ministro de Justicia e Interior hurtó esa información a la Cámara.
Pero lo que es más grave, el señor Ministro de Justicia e Interior nos dice que Alhaurín de la Torre la seguridad fue subcontratada con CAE en el año 1985 por Entrecanales y Távora, por tanto cuatro años antes de que CAE adquiriera Talleres Palomino.
Muy bien, señor director de Administración Penitenciaria. En fecha 13 de febrero de 1992 (¡13 de febrero de 1992!), el Director del Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre se dirige al señor Director General de Administración Penitenciaria y, entre otros extremos, le dice: Adjunto remito varios informes relativos a temas de electricidad, fontanería y seguridad del nuevo Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre. No obstante, conviene recalcar los siguientes extremos y dice: seguridad, está sin terminar, tal y como se refleja en los informes, sin que haya un acuerdo entre la empresa subcontratista CAE y Entrecanales a causa de la pérdida de material que, según CAE, ha instalado y que en la actualidad no está, tal y como 39 emisores, 15 transformadores, etcétera, motivo por el cual no funcionan los llamadores de celda, alguna de las cámaras de televisión de la Guardia Civil, la megafonía, etcétera.
El 17 de febrero de 1992, desde un determinado servicio del propio centro penitenciario se dirigen al administrador del centro en los siguientes términos literales: Señor administrador, se le informa a usted en relación al fax enviado por CAE, el día 12 de febrero de 1992, lo que sigue. Primero, que el suministro de las 39 emisoras no se había entregado anteriormente, como ellos alegaban, aunque con fecha 4 de febrero de 1992 fueron expedidas desde Barcelona, pero no pueden entrar en funcionamiento porque el circuito no está activado por la empresa de seguridad CAE. Segundo, independientemente del suministro de 15 transformadores de consola, llamada de celdas, le comunico que dicho sistema no ha sido puesto en funcionamiento por la empresa en ninguna celda de la prisión. Tercero, en relación al equipo de antenas de televisión de las salas de día de los módulos, le comunico que nunca la empresa ha puesto en funcionamiento las televisiones por su sistema, sino de manera provisional, conectando las antenas a nuestras antenas de celda, con el perjuicio que conlleva de tener las luces de las celdas encendidas. Cuarto, al día siguiente de marcharse el instalador de CAE, hay pantallas de televisión en el cuerpo de guardia que no funcionan.
Quinto, según contrato, el detector de rayos X para el departamento de comunicaciones no cumple las condiciones exigidas y no poseemos ningún tipo de indicaciones técnicas ni de seguridad en el manejo.
El 21 de febrero de 1992, la Comisión de Seguridad del Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre manifiesta lo siguiente: Esta Comisión de Seguridad, reunida en su sesión ordinaria del día 13 de febrero de 1992, acuerda por unanimidad elevar informe a la Comisión Nacional de Seguridad sobre el estado actual del establecimiento, ante las gravísimas anomalías apreciadas desde su inauguración en materia de seguridad activa y pasiva, que provocan el malestar y quejas de los trabajadores de este centro, de los que se hacen portavoces sus representantes sindicales, constituyentes de esta comisión.
El 14 de julio de 1992, el Director del Centro Penitenciario de Alhaurín se dirige nuevamente al señor Director general de Administración Penitenciaria y, en un largo informe, entre otros extremos, le dice: Asimismo, le participo que transcurridos más de cinco meses desde la apertura del centro, siguen subsistiendo una serie de graves
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problemas sin solucionar, tales como: sigue sin funcionar y sin ser entregada formalmente la seguridad del establecimiento, por lo que ya empiezan a fallar algunas cámaras; los internos no pueden llamar al funcionario a través de los pulsadores de celda; las televisiones de las salas de día no van, etcétera. La empresa con que subcontrató Entrecanales y Távora, S. A., tal cometido, CAE, hace más de quince días que no aparece por el establecimiento.
El 10 de diciembre de 1992, nuevamente el director del centro penitenciario se dirige al señor Secretario general de Asuntos Penitenciarios y le dice: Que en relación con las diversas reuniones mantenidas con la empresa constructura Entrecanales y Távora para la entrega de los sistemas de seguridad del establecimiento penitenciario de Alhaurín de la Torre, aun sin poder especificar con exactitud cada una de las fechas y los asistentes a las mismas, se puede estimar lo que sigue.
Primero, la empresa constructora Entrecanales y Távora, S. A., subcontrató dichos sistemas de seguridad a la empresa CAE, con sede central en Barcelona. Segundo, en dichas reuniones han participado representantes de Entrecanales y Távora, CAE, Centro Penitenciario, Unidad técnica de proyectos y obras, y en dos de ellas el Interventor de la Delegación de Hacienda de Málaga. Tercero, las fechas aproximadas de dichas reuniones fueron: 29 de enero de 1992; mayo y 28 de octubre de 1992. En resumen, en la primera de dichas reuniones se realizó un acta de recepción negativa, ya que faltaban elementos o no funcionaban muchos de ellos. En mayo no se procedió a la recepción, ya que faltaba el detector de rayos X que figuraba en proyecto, así como algunos de los elementos de la consola de control. En octubre, el problema fundamental radicaba en que la mayoría de los componentes de los sistemas de seguridad no estaban operativos, ya que CAE desde hacía varios meses no ha vuelto por el centro. Se concretó que en unos quince días la empresa constructora resolvería el tema, sin que en la actualidad haya dado respuesta.
De estos antecedentes documentales, y algunos más que podríamos citar pero que en este caso vamos a reservarnos, entre otras cosas por no hacer excesivamente larga esta intervención, nosotros tenemos que plantearnos: Primero, por qué el señor Ministro de Justicia e Interior (si nos constan a nosotros estos antecedentes, igualmente le tienen que constar a él) dijo que no había habido esos trabajos en Sevilla-2 y ahora resulta que el señor Director General de Administración Penitenciaria confiesa que ha habido esos trabajos con Talleres Palomino y CAE en Sevilla-2. Segundo, por qué el señor Ministro de Justicia e Interior ante el Pleno de la Cámara quiso establecer un planteamiento en relación con los trabajos de Alhaurín de la Torre como si fuera una cosa lejana y pasada del año 1985, cuando estamos viendo que la Administración penitenciaria hasta el año 1992, cuanto menos, ha estado dándole vueltas al asunto CAE-Alhaurín de la Torre. Y tercero, señor Director General de Administración Penitenciaria, y si me permite la pregunta coloquial, ésas dos podrían ser las preguntas del millón: ¿por qué el señor Ministro de Justicia e Interior hace ese tipo de intervención ante el Pleno?, y sobre todo, ¿por qué, constando --y no son opiniones, he hecho cita literal-- los datos de Canarias y constando los datos de Alhaurín de la Torre, nuevamente en el año 1993, como S. S. hoy ha manifestado, se atribuye a la empresa? Decimos se atribuye, porque, aunque sea por la vía de la subcontrata, en virtud del principio ya antes citado del art. 185 del Reglamento de Contratación del Estado, tenemos que entender que la Administración da la venia a que se produzca esa subcontrata en relación con las obras de Topas.
Creemos, señor Director General de Administración Penitenciaria, que hay, por tanto, muchas más cosas que explicar, de trasfondo político y de detalle. Creemos que la moción que ayer aprobó el Pleno de esta Cámara va a contribuir, sin duda, al esclarecimiento de algunas de las cuestiones; pero nosotros, sin duda también, en este aspecto concreto, en lo que afecta al asunto CAE, vamos a continuar con nuestras líneas de investigación, porque no hemos pedido nosotros su comparecencia, ha sido el propio Gobierno el que la ha explicitado. Sin embargo, en la interconexión entre lo dicho el pasado 16 de noviembre por el señor Ministro de Justicia e Interior en el Pleno, lo dicho hoy por S. S. ante esta Comisión, y algunos de los antecedentes que hemos citado, quedan sin duda algunas sombras que habrá que resolver.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Rodríguez, tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias también al Director General de la Administración Penitenciaria por esta información y por la comparecencia que se ha producido en este acto para informar del conjunto de relaciones contractuales que ha tenido en los casi últimos diez años la Administración penitenciaria con la empresa CAE.
Sorprende un tanto, y queríamos partir de esta consideración, lo manifestado por el portavoz de algún grupo parlamentario. Sorprende de manera destacada que se considere esta comparecencia como una operación de imagen, como alguna otra que el Gobierno está intentando y desarrollando en esta Cámara. Sobre todo sorprende mucho más que cuando se comparece aquí a informar por parte de la Administración, resulta que no se prejuzga nada, resulta que no se atribuye ningún tipo de presunto trato de favor, sino simplemente se da vueltas y vueltas, como hemos estado durante más de diez minutos, hablando de la seguridad o de los problemas, en todo caso, que hubiera habido de la seguridad.
Señorías, después de haber escuchado lo que han dicho algunos portavoces durante estos últimos días, lo que se dijo en el Pleno de la Cámara en una sesión de control, yo me atrevería a preguntar, simplemente a preguntar, aquello ¿qué era? Si esto se considera una operación de imagen, aquellas posiciones políticas, dentro y fuera de la Cámara, no son más que una operación política de naturaleza poco
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calificable, cuando después se comparece y se entra en los datos concretos de cada una de las situaciones, como estamos analizando hoy aquí.
Puede preocupar mucho al Grupo Popular, y al señor Gil Lázaro con especial fruición, porque le caracteriza ese tipo de actividad parlamentaria, los problemas que se han generado en el centro de Alhaurín de la Torre, en Málaga, con la adjudicación y el desarrollo por la empresa CAE; pero yo creo que el sentido político de lo que aquí se está informando y de lo que corresponde valorar a los grupos parlamentarios, es muy distinto. Las conclusiones a que se puede llegar con nitidez de la información que ha aportado el Director General de Administración Penitenciaria son dos. Primero, que la empresa CAE ha tenido una relación contractual de prestación de servicios a través, fundamentalmente, de subcontratas por parte de grandes empresas constructoras en los años 1984, 1985, 1989 y 1993, justamente en momentos o en períodos de los que este episodio político, este intento de montaje que se ha producido, resultan escasamente críticos desde el punto de vista de la relación que se ha querido mantener o vincular de la participación en la empresa del cuñado del presidente del Gobierno.
Realmente, podríamos estar hablando de la información, que ha sido un poco objeto de atención por parte de algún grupo parlamentario, de lo sucedido con esas adjudicaciones a CAE en el año 1991, en el año 1992, en el Centro Penitenciario Sevilla-2; o en el año 1992 la adjudicación a CAE en Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de la Palma. Estamos hablando, señorías, quiero recordarlo, de un montante económico que se elevó a 15 millones de pesetas en el Centro Penitenciario Sevilla-2 durante los años 1991 y 1992; y, en el año 1990, de una adjudicación para seguridad de 16 millones de pesetas, lo cual representa en su conjunto un porcentaje extraordinariamente escaso de este tipo de proyectos y de conceptos presupuestarios que desarrolló la Administración penitenciaria. En consecuencia, señorías, más allá del análisis, ya sin entrar, porque aquí no ha habido ni una sola presunción, ni una sola afirmación, sino un exhaustivo análisis de la empresa CAE, que seguramente pasará a la Historia de España como la empresa cuya actividad mercantil ha sido más analizada, sin duda alguna, yo creo que fruto de la miopía política en muchas ocasiones de algún grupo parlamentario, y en otro caso que algún grupo parlamentario actúa, a mi juicio, con una intención que yo creo que la Historia situará en su sitio. Esa es la ventaja que existe en un debate político de esta naturaleza; que la perspectiva y el tiempo pondrá las cosas cada una en su lugar.
En conclusión, señorías, desde la posición del Grupo Socialista, conoce muy bien el Grupo Popular que hemos apoyado toda la solicitud de información que se pueda producir por parte de la Administración penitenciaria, aunque sean volúmenes ingentes, aunque sean cientos de documentos a analizar, porque creo que ésa es la voluntad clara del Grupo Socialista; pero, desde luego, lo que parece poco serio, poco riguroso, políticamente poco presentable, es que cuando se comparece por parte del responsable de la Administración, en este caso de la Administración penitenciaria, que ha sido considerada una de las que teóricamente, presunta hipotéticamente, había tenido algún mínimo o trato de favor, ningún grupo político haya tenido la capacidad política ni siquiera de aproximarse de lejos a insinuar esa posibilidad, porque, señorías, coincidirán conmigo que analizar cuál fue el desarrollo o la prestación del servicio de instalación de un sistema de seguridad en uno de los centros penitenciarios poco tiene que ver con la finalidad política que aquí nos ocupa.
Seguramente por ello algunos grupos consideran que esto es una operación de imagen, porque les interesa escasamente que la imagen del Gobierno quede donde tiene que quedar, que es, desde nuestro punto de vista, el punto de vista del Grupo Socialista, en la transparencia, en la información exhaustiva, en el contraste de todos los datos y en la demostración palmaria y clara de que quien ha afirmado trato de favor ha podido incurrir en una grave irresponsabilidad política; lo malo es que eso normalmente tiene una escasa sanción en el marco de la opinión pública. Sólo nos queda, seguramente, esperar que con el desarrollo último de todas las informaciones, de todas las presunciones y de la contrastación, algún grupo político tenga la valentía de decir que no había o que no ha habido trato de favor donde se quería ver, donde se deseaba ver que lo hubiera o que se hubiera producido. Mucho me temo que esa valentía no forma parte de las características de algún grupo político, sin identificar cuál, pero en todo caso, como antes reflexionaba, seguramente, en términos históricos, las cosas quedarán en su sitio, y algún grupo, y algún portavoz especialmente, habrá quedado ante sus propios ciudadanos en un lugar poco deseable.
Tiene la palabra el Director General de Administraciones Penitenciarias.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que me han expuesto ustedes, sobre todo el señor Gil Lázaro, un montón de preguntas, y le rogaría que si me olvido de alguna me la recuerden, porque es muy difícil de tomar notas.
Empezando por la primera, efectivamente, podemos aportar el soporte documental que el Grupo de CiU ha solicitado. Es difícil aportar lo que no tenemos. Yo recalqué, cuando hablaba de obras, según información que consta, no según expedientes que constan; según información que consta en esta Secretaría de Estado. Es muy difícil aportar los expedientes de subcontratación porque las grandes obras fueron adjudicadas a las grandes empresas. Y nosotros, o el equipo que anteriormente estuviese, recepcionaba esas obras, bien fuesen de seguridad, bien fuesen de carpintería metálica, bien fuesen obras eléctricas, cualquier tipo de obra la recepcionaba con la empresa adjudicataria. No hay expedientes de subcontratación en la Secretaría de Estado.
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¿Se puede incumplir el artículo 185 de la Ley de Contratos del Estado? Mire, señor Gil Lázaro --me adelanto ya--, la obligación es de las empresas si subcontratan. A no ser que vaya en el propio contrato, a no ser que se ponga en el propio contrato, es obligación de las empresas, si subcontratan, comunicarlo a la Administración. Sinceramente, le diría también que es un tema que se da en todas las grandes obras, no en la Administración central, sino en la periférica. No es quizá el momento, pero podía ponerle a lo mejor otros ejemplos en los cuales no he entrado.
En este momento, la Administración penitenciaria se tiene que limitar a ser responsable de las cuatro subcontrataciones que ella ha hecho y que les expliqué con anterioridad, y de esas cuatro contrataciones, pueden tener SS. SS. toda la información que crean conveniente.
Siguiendo con S. S., pregunta la forma en que se ha llevado a efecto la contratación. Bueno, más o menos, antes, en mi explicación, intenté un poco, sobre estas cuatro, explicar cómo se había realizado la subcontratación. Es decir, en los contratos de seguridad dije que había sido con cargo al concepto 221.09, que es otros suministros, y la contratación se llevó a cabo amparándose en el apartado 4 del artículo 87, que rige para suministros como contratación directa, y por ser supuestos de medidas de seguridad. Si me permite su señoría, le voy a ampliar un poco la información.
Había dicho que el monto total eran 2.184.819.085 pesetas y que habían participado 24 empresas. Así, por encima, las empresas, si quiere se las leo: Nutrónica, Montinsa, Bedinsa, Servicios de Seguridad, Ferlan, Protecsa o Protección y Custodia, Seguriter, THM, Page Ibérica, Fichet, Esabe, Ingeniería de Seguridad, Servisegur, Hisprosa, Icusi, Aisa, Mecaninsa, Grupo Cuatro, Seguritas, Segur Balear, Prosegur, Compelet, Sintel, Ipre, Deinselect, Clippe Técnicos, Control y Aplicaciones y Dasa.
Control y Aplicaciones había tenido 16.470.226 pesetas.
Con respecto a la seguridad, efectivamente, son instalaciones muy delicadas. Me pregunta también su señoría cómo están ahora esas instalaciones. En este momento, de las que ha hecho CAE no tengo información, pero, por supuesto la pondremos a disposición de la Cámara.
Son instalaciones muy delicadas y que se estropean con seguridad, sobre todo las cámaras exteriores. Como ejemplo, que yo ayer leía en los recortes de prensa, cuando se escapó el grapo de Granada, hubo una gran disputa entre la empresa que había realizado estas obras de seguridad, entre su presidente, José Mayor Oreja, con Instituciones Penitenciarias.
La empresa decía que ella había realizado estas obras perfectamente e Instituciones Penitenciarias decía que fallaba el sistema perimetral. A esta empresa, de estos suministros, se le adjudicaron más de 176 millones de pesetas.
Siguiente pregunta, criterios de adjudicación. Yo le he comentado los suministros, y los mantenimientos fueron a tenor del Decreto 1.005/1974, que ya se lo dije antes.
Precio inicial y final en que ha participado CAE. Al ser subcontratas, no tenemos absolutamente idea, porque no ha sido contratado por la Administración. La obra total, sí. La obra total, CAE, Alhaurín de la Torre, que fue por concurso subasta y fue adjudicado a Entrecanales y Távora, la construcción del centro, tuvo un presupuesto de adjudicación de 1.785 millones de pesetas y un presupuesto final de 2.694 millones de pesetas. Hubo un modificado de 353 millones y una liquidación de 253.
Sevilla II: un presupuesto de adjudicación de 2.499.460.384 pesetas y un presupuesto final de 2.966.155.166 pesetas. Hubo un reformado de 198.688.000 pesetas y una liquidación definitiva de 268.006.573 pesetas.
Topas, como su señoría sabe, está sin inaugurar; posiblemente se inaugure en el primer trimestre del año que viene. Y Villabona, la primera fase, un presupuesto de adjudicación de 2.311.298.548 pesetas y un presupuesto final de 3.126.818.962 pesetas. Y la segunda fase, un presupuesto de adjudicación de 1.579.865.433 pesetas y un presupuesto final de 1.594.881.000 pesetas.
Volumen de contratación de CAE 1989-1993. Si nos limitamos a lo que podemos afirmar, porque tenemos los expedientes, es muy sencillo, otros suministros y mantenimiento. Otros suministros por un total, como le había dicho antes, de 16.470.226 pesetas la adjudicación, y mantenimiento por un total de 15.455.034 pesetas. Vienen a salir unos 31.900.000 pesetas, aproximadamente, adjudicado directamente por la Administración.
Si nos fijamos en la información que tenemos de subcontratas, antes le dije que eran unos 515 millones aproximadamente en subcontratas en la construcción de centros.
No sé si me olvidaré de alguna pregunta de su señoría, pero, si es así, por favor, recuérdemela.
Con respecto al señor Gil Lázaro, dice que surgen muchas incógnitas.
Acepto que puedan surgir incógnitas, porque es una primera exposición, y además reconozco que el señor Gil Lázaro está al tanto perfectamente de todo lo que pasa en Instituciones Penitenciarias, ya que prácticamente me tiene a la Subdirección de Servicios paralizada para darle información, todo dicho sea de paso, si me lo permite.
No aparece consignada en la contestación de las preguntas ninguna obra de electrificación. La respuesta está muy clara, señor Gil Lázaro, son obras realizadas en la construcción de centros. Como acabo de decir, no tenemos esos expedientes, no se lo podemos decir. Nosotros le podemos decir que tal centro fue asignado a Dragados, a Entrecanales, a ETCC, o a una UTE entre Dragados y Auximi, porque es a quien se le adjudica. No sabemos, en principio, nada más sobre las subcontrataciones.
Me comenta usted un informe provisional del 27 de noviembre de 1992, relativo a infracciones de contratos, creí entender de contratos de mantenimiento. (El señor Gil Lázaro: De seguridad.) De seguridad. En contratos de seguridad, si se refiere a aquéllos de los que yo he estado hablando hasta ahora, del plan de seguridad que se ha puesto en marcha --no conozco este informe de 1992, porque como sabe usted no estaba yo en aquella época; ni siquiera lo conocía--, a lo mejor puede referirse, me imagino, a alguno de los expedientes que se habían iniciado y que se han paralizado. Se barajaba por ahí que se había gastado en seguridad 2.800 millones. Como ven ustedes, fueron dos mil ciento y pico millones de pesetas. No se andaba equivocado,
porque posiblemente la iniciación de expedientes haya supuesto 2.800 millones de pesetas. Pero se ha anulado. En Herrera abierto se ha anulado un expediente. En Madrid II se ha anulado un expediente. En Madrid Jóvenes se han anulado dos expedientes. En Madrid y Sevilla se han anulado dos expedientes. En Madrid Hospital se ha anulado un expediente.
En Madrid Central de Observación se ha anulado un expediente. En Málaga se ha anulado un expediente. En Melilla se ha anulado un expediente. En Murcia se ha anulado un expediente. En Segovia Cumplimiento se ha anulado un expediente. En Segovia se ha anulado un expediente.
Me imagino que puede ser por ahí. Porque lo que está claro es que, excepto dos expedientes pendientes de pago en la actualidad, que es Badajoz con Esabe, por el problema que tuvo Esabe y que posiblemente su señoría ya conozca, y Murcia, Ingeniería y Protección Eléctrica, todos los demás están pagados. Alguno de ellos, inclusive, venía de la deuda histórica de la que en otro momento, y en la Comisión de Presupuestos, ya le informó mi Secretaria de Estado. Había seiscientos y pico millones de pesetas de todo esto. Todos los demás están pagados. Y al estar pagados, como su señoría sabe, un expediente pasa Intervención previa, Intervención de pago, etcétera. Es decir, que no hay ningún problema con estos expedientes, que yo conozca.
Yo, si quiere, le puedo dar datos de los dos en los cuales estamos centrados; que se ha recepcionado el material, que se ha realizado el contrato el 23 de enero de 1991, que se ha intervenido el contrato, que ha pasado el pliego de bases a informe del servicio jurídico el 10 de agosto de 1990, que este pliego de bases fue aprobado por el servicio jurídico el 11 de septiembre de 1990... Son todos los datos normales en un expediente y, al final, como le digo, no se puede pagar si no está intervenido, lógicamente.
Cifras de suministros pagados. Errores de facturación de CAE. Señor Gil Lázaro, en la cifra que yo le he dado aún he sido demasiado benévolo, porque eso no fue lo pagado. Lo pagado fue menos de esa cantidad adjudicada. Por una razón muy sencilla, porque cuando se adjudicó ese contrato estaba en vigor el ITE y en el momento de pagarlo estaba en vigor el impuesto canario, y la empresa facturó por el impuesto canario que, como muy bien sabe su señoría, es un 4 por ciento, y creo que el ITE andaba por un 12 o una cosa así. Le voy a dar la cifra de lo realmente pagado en estos dos contratos. La cifra pagada --y si quiere también se le manda documentación-- es, en Santa Cruz de la Palma, 7.929.559 pesetas. Y lo que se le había adjudicado a esta empresa eran 8.539.525 pesetas. La diferencia está en este cambio de impuestos, del ITE al impuesto canario. Y en Santa Cruz de Tenerife lo pagado es 7.364.222 pesetas y lo adjudicado era 7.930.701 pesetas. Como ve usted, no hubo errores de facturación; fue cumplir la normativa que estaba en vigor en cada momento.
Me comentaba usted la frase: El ministro intenta confundir a la Cámara.
El ministro, señor Gil Lázaro, dijo textualmente, igual que le estoy diciendo yo, según datos de los que disponemos. Lo dijo textualmente.
Como muy bien sabe, y sigo insistiendo, de las subcontrataciones, en principio, nosotros no disponemos de datos; fuimos disponiendo un poco para facilitar a sus señorías toda la información posible. Y si ve usted, en mi intervención sigo diciendo lo mismo, yo creo, casi que el ministro, me atrevería a decir, aunque no me acuerdo textualmente, según datos de que dispone la Secretaría de Estado. Si queremos saber exactamente, habrá que preguntar a las empresas que he citado: ¿Usted subcontrató con alguien?, ¿por cuánto? Nosotros tenemos esos datos, ya le digo, si usted me permite, casi diría de manera informal. Y el señor ministro tampoco mintió ni desvió la conversación cuando dijo lo de Alhaurín y lo de Sevilla; es lo mismo que he dicho yo, señoría. ¿A quién se le adjudicó Alhaurín? Alhaurín se le adjudicó a Entrecanales y Távora, que fue lo que dijo el señor ministro. ¿A quién se le adjudicó Sevilla? Sevilla se le adjudicó a Dragados y Construcciones, que es lo que dijo el señor ministro. Pienso que en este caso quizá sus afirmaciones son demasiado alegres y no sé, inclusive, si pretende otro estilo demagógico, si me lo permite.
Dice usted, Alhaurín de la Torre, 13 de febrero de 1992. ¿Pero qué pasa, señor Gil Lázaro, que todas las empresas van a tener que hacer las obras perfectamente? ¿No pueden tener fallos las empresas? Yo creo que las empresas en muchas obras cometen fallos y no me atrevería a decir más cosas, pero posiblemente más cosas. ¿Cuáles son las armas que la Administración tiene? Las que le permite la normativa vigente. Usted me ha dicho una retahíla de cosas de Alhaurín de la Torre. Posiblemente haya más cosas de las que me ha dicho usted, no sé, como mínimo, seguro que las que ha dicho usted. Pero ¿qué pasa? Que Alhaurín de la Torre no está recepcionado? Y no está recepcionado ¿por qué? Porque a quien se le adjudicó y a quien se le va a recepcionar es a Entrecanales y Távora. Y cuando, siguiendo el procedimiento establecido, el interventor del Estado, acompañado de un arquitecto de Hacienda y de un técnico arquitecto de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, va a recepcionar esa obra y no coincide con los encargos que le habían hecho, no a CAE ni a otra empresa, a Entrecanales y Távora, no recepcionan la obra. Y es lo que pasa ahí. ¿Qué sucedió en Alhaurín? Al ir allí y no recepcionar la obra, le dieron un plazo para que la empresa Entrecanales y Távora, que es con quien la recepcionan, cambiase aquello que estaba mal hecho. Y ahora están en espera de ese plazo.
Pero tenga usted la seguridad de que si la Intervención delegada, el arquitecto de Hacienda que es el asesor técnico de la Intervención, porque es una obra de cuantía mayor y la recepcionan ellos y nuestro técnico no ven que las obras se acomodan a lo establecido en el proyecto, no la van a recepcionar, porque, por supuesto, señoría, sabe usted muy bien, porque es abogado, que eso incurriría en tema penal, lógicamente.
No me hace falta que me explique usted toda la retahíla de cosas. Es el procedimiento normal que se sigue con una empresa que no cumple con el contrato y con los pliegos de cláusulas administrativas que se le han adjudicado. No tiene más misterio.
Después me hacía usted una pregunta del millón. ¿Por qué el Ministro de Interior dijo esto? Creo que antes ya se la contesté y no tiene tampoco más vueltas.
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Si me lo permite, para terminar, y ya que usted insiste tanto en el tema de la contratación directa, yo le diría una cosa: Conoce usted muy bien la Institución Penitenciaria. La Institución Penitenciaria es un sitio francamente difícil de gestionar, es un sitio cuyo entorno es muy dinámico y cuyas demandas externas, bien por parte de sus señorías, por parte del Defensor del Pueblo, por parte de los jueces de vigilancia, por parte de los sindicatos, por parte de los propios internos, etcétera, son muchas veces difíciles de cumplir. Inclusive yo le diría que, muchas de ellas, aun persiguiendo el mismo objetivo, que es el de la calidad de los servicios penitenciarios, son contradictorias. Y si su señoría quiere le pongo algún ejemplo. Desde este aspecto, como decía, es francamente difícil de gestionar. En muchos momentos hay que tomar decisiones o cambiar los rumbos de acción de algunas decisiones, según sea una situación determinada. Para juzgar esas decisiones tomadas en ciertos momentos, pienso que lo tenemos que hacer despacio, meditándolo mucho y teniendo en cuenta los parámetros que han influido en esa toma de decisiones.
Y si me permiten que salga un poco del contexto de lo que estamos hablando, por ejemplo, en el año 1981, hay un acuerdo del Consejo de Ministros que posibilita la construcción de centros penitenciarios por pura y absoluta contratación directa, pura y absoluta contratación directa, a tenor del art. 37.2. Cosa que a partir de 1983 no se ha hecho nunca. Se ha hecho por concurso, o por concurso subasta, etcétera. Que yo conozca en este momento, en 1981-1982 se empezaron a construir tres centros por ese sistema: Logroño, Daroca y Almería. Y eso supuso 4.400 millones de pesetas. Pero no por eso, porque se permita la contratación directa de un centro penitenciario, podemos en estos momentos decir ¡qué barbaridad, qué burrada!, no. En el año 1981 lo pasó muy mal Instituciones Penitenciarias. Y como usted sabe también, en el año 1989, 1990, 1991, sobre todo 1990, 1991, 1992, en Instituciones Penitenciarias hubo grandes problemas de motines, rebeliones de presos, etcétera. Yo pediría a todas sus señorías que reflexionemos un poco antes de empezar a juzgar ciertas actuaciones con, si me permiten, cierta frivolidad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General de Administraciones Penitenciarias.
Señor Casas, muy breve, por favor.
El señor CASAS I BEDOS: Simplemente quería precisar algunas cosas que se han dicho a lo largo del debate de esta mañana, que creo que deben ser matizadas. Me refiero a la intervención del señor Rodríguez Zapatero.
Sobre todo para que quede muy clara cuál es la posición del Grupo Parlamentario Catalán y que no haya ningún error.
El señor Rodríguez Zapatero ha dicho literalmente que ningún grupo político ha tenido ni siquiera capacidad esta mañana de insinuar.
Entiendo que él ha querido decir otra cosa. Por lo que respecta a mi Grupo parlamentario, nunca ha insinuado nada y nunca en el futuro va a insinuar absolutamente nada; éste no es el estilo parlamentario nuestro.
Entiendo que no se me estaba requiriendo para que insinuara, sino todo lo contrario. A veces ocurre en un debate parlamentario que la literalidad de una afirmación no coincide exactamente con lo que uno quiere expresar, es normal y así ocurre. Pero valía la pena precisarlo.
Y también decía el señor Rodríguez Zapatero que ningún grupo parlamentario ha tenido la valentía de afirmar que no ha habido trato de favor con la empresa CAE. Yo lo afirmo. Mi Grupo parlamentario en este momento no tiene ningún elemento de juicio para afirmar que haya habido trato de favor en la relación que ha habido entre la Administración y CAE. Pero inmediatamente después digo lo siguiente: si a instancias del Gobierno comparecen altos cargos de la Administración para que podamos sustentar documentalmente esta afirmación que yo he hecho anteriormente, a mi juicio lo procedente es hacer lo que ha hecho el director general de Tráfico, que ha venido con un gran volumen de documentación que nos permitirá a todos los grupos parlamentarios profundizar documentalmente en esta relación que ha habido entre Administración y el grupo empresarial CAE para disipar cualquier tipo de duda.
Si ayer usted hubiese estado en el debate de la moción que hubo sobre temas penitenciarios, hubiese escuchado cuál fue la intervención de mi Grupo parlamentario, que hice yo mismo. Dije que el debate penitenciario no es éste ni es saber si se ha contratado bien o se ha contratado mal.
Es otro de mucho más alcance. Es que entre todos generemos el consenso necesario para que se pueda cumplir la Ley General Penitenciaria en el aspecto, a nuestro juicio, más fundamental, que es la rehabilitación del preso. Este es el gran tema del debate penitenciario. Incluso entendemos que la práctica de la adjudicación directa haya sido un poco habitual en este campo por una razón, porque ha habido una situación especialmente delicada en la administración penitenciaria de un incremento de la población reclusa que ha exigido una respuesta rapidísima por parte de la administración actuante, que ha justificado el uso de la práctica de la contratación directa. Y lo dije. Y además dije que el Gobierno de la Generalitat, competente en la materia, único Gobierno autonómico competente en la materia, ha tenido también que dar respuesta a esta especial situación penitenciaria actuando con mucha diligencia.
A partir de aquí, es necesario restablecer el consenso que permita implicar a todas las administraciones. Porque luego ocurre que, cuando se planifica la construcción de un centro penitenciario, te sale el ayuntamiento de turno con unas críticas tremendas, que además, en muchos casos, son manifestaciones públicas. Y ocurre también que en el Parlamento de Cataluña hemos de soportar nosotros, como Gobierno, intervenciones parlamentarias, del mismo tono que el PP hace al Gobierno central, hechas por el Partido Socialista de Cataluña. Por lo tanto, hace falta elevar el tono del debate penitenciario a lo que realmente nos preocupa, al menos a nosotros, que es la rehabilitación del recluso.
Dicho esto, y a la vista de la especial situación que hay en este momento de sospecha --no sé si es la palabra adecuada-- de que pueda haber trato de favor entre una empresa determinada con una persona cercana al Presidente
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del Gobierno, insinuaciones que dice el Grupo Socialista que hay en algunos medios de comunicación, en democracia la respuesta a la sospecha es la información y la documentación. En este sentido, yo pido que se me deje ver toda la documentación que me permita decir a la opinión pública lo que yo pienso, que es que no ha habido trato de favor. Pero déjenme documentalmente confirmar esta afirmación que, ya he dicho, no tengo ningún problema en hacer.
Por tanto, pregunto al señor director general si aportará documentación a la Cámara, como ha hecho el director general de Tráfico, que nos permita, no creernos lo que usted ha dicho, comprobar que no ha habido ningún trato de favor.
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: En primer lugar, quiero decir que mi Grupo Parlamentario se reafirma absolutamente en todo lo dicho y en una frase concreta, que es que el Gobierno y el partido que le sustenta son los responsables políticos directos de una cultura instalada en la administración pública que creemos que ha perjudicado gravemente la imagen de lo público, de la vida política y de las propias instituciones.
En ese sentido, nosotros, en el inicio de nuestra intervención, hemos dicho que esto era una operación de imagen. Y lo reiteramos ahora por una razón fundamental y es que, si hubiera habido voluntad política de informar, lo primero que se tenía que haber hecho es haber mandado a los grupos parlamentarios la información suficiente --¡que la hemos solicitado!-- para poder estudiarla con tranquilidad, con rigor y seriedad, y después que se hubieran practicado las comparecencias que ahora se están dando. Se ha invertido el orden porque sí que altera el producto de los factores. Y, en ese sentido, nosotros sí que queremos dejar esto meridianamente claro.
Nuestro Grupo Parlamentario ha pedido información de todo tipo. Se debiera haber dado esa información, no sólo a nuestro Grupo Parlamentario, sino al resto de los grupos; y después de un estudio riguroso de la misma, haber hecho las comparecencias, para que pudiéramos estar en igualdad de condiciones a partir de un conocimiento previo de datos exhaustivos, de información y de toda una serie de elementos que creemos que son importantes para una valoración global. Por tanto, sí que nos reiteramos en la afirmación de que esto es una mera operación de imagen que nos obliga a posteriori a los grupos políticos a examinar la documentación que se nos deje en estas comparecencias y a demandar toda aquella que creamos necesaria para seguir el estudio y la investigación.
Y después, lógicamente, a entablar toda una serie de iniciativas parlamentarias para llegar o para intentar llegar a una conclusión definitiva. Se está intentando posponer en el tiempo la acción parlamentaria, teniendo en cuenta incluso que ahora viene un período en el que no va a haber sesiones y tendrá que ser en el próximo período de sesiones donde sigamos demandando documentación, que esperamos que se nos mande completa para poder llegar a una conclusión, insisto, cierta.
Nosotros hemos dicho con absoluta claridad y rotundidad en estas comparecencias que venimos a conocer la información que se nos dé. Pero, señores del Grupo Socialista, no nos pidan que hagamos ningún acto de fe.
Primero queremos ver la documentación, queremos estudiarla y queremos analizarla, reitero. Y después sacaremos las conclusiones a que haya lugar y demandaremos toda la información que creamos absolutamente imprescindible para llegar hasta el final. Nosotros estamos objetivamente interesados en que se llegue hasta el final, que se dé transparencia y que se dé claridad al tema del ámbito de la Administración Penitenciaria y al resto de los temas, también al de FEVE.
En ese sentido, nosotros en nuestra primera intervención solicitamos, y ahora la reiteramos y demandamos, el soporte documental suficiente de todo cuanto aquí ha dicho el director general, y algunos otros elementos que los grupos parlamentarios le tenemos requerido como información necesaria para su estudio.
Hay una cuestión que sí nos llama poderosamente la atención, y es cuando el director general dice que no sabe las empresas que son subcontratadas, porque esto lo hacen las empresas adjudicatarias y no hay ningún control por parte de la administración de la subcontratación. Esta afirmación nos parece extremadamente grave, máxime cuando hemos de tener en cuenta el elemento de la seguridad en el ámbito de Instituciones Penitenciarias, que se nos diga por parte del director general que no hay control de la subcontratación. ¿Quiere esto decir, señor director general, que la información que usted ha ofrecido en esta comisión parlamentaria sobre la subcontratación se la han dado las empresas adjudicatarias y que no la tenía la dirección general? Nosotros queremos que esto se nos diga. Y que se aclare si es que usted aquí ha venido a darnos los datos que le ha suministrado Dragados o Entrecanales, o nos ha dado los datos que tiene la Administración penitenciaria. Creemos que es importante, lógicamente, quién suministra el dato, en qué medida lo suministra y qué obligación tiene de suministrarlo. Nosotros entendemos que lo lógico es que cualquier nivel de subcontratación, máxime en un centro penitenciario donde el elemento de seguridad está permanentemente presente, hubiera estado convenientemente comunicado a la Administración penitenciaria y, por tanto, se hubiera conocido en todo momento de manera fehaciente quiénes eran las empresas subcontratadas por las empresas adjudicatarias de cualquier tipo de obra que se haya llevado a efecto en el ámbito de la Administración penitenciaria.
En ese sentido, usted nos decía también que con facilidad se estropean las instalaciones, y nos ponía algún caso, como el de Granada. Pero es que además hay algunas otras que no han llegado nunca a funcionar. O sea, hay más casuísticas donde se ven envueltas algunas empresas concretas y no otras, que también han efectuado instalaciones en el ámbito de la Administración penitenciaria. Entonces, es casual que no funcionen o se estropeen casi siempre las
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que instalan determinadas empresas y con carácter general, con carácter general, insisto, no haya problemas con otras empresas a las que se les han adjudicado obras de la misma naturaleza. También nos gustaría que esta sombra que ha quedado a lo largo de la intervención usted la aclarara, porque me parece que al conjunto de la Comisión beneficiaría conocerla, y a la propia comparecencia.
Cuando yo planteaba, señor director general, cuáles eran los criterios que habían prevalecido en el ámbito de Instituciones Penitenciarias a la hora de la contratación, no se lo planteaba en cuanto al modelo o a la forma legal en que se han materializado las contrataciones, sino si el criterio seguido por la Administración penitenciaria ha sido la oferta más barata, o ha habido algunos otros elementos que han incidido a la hora de la adjudicación. En ese sentido, sí nos gustaría que se aclarara qué criterios han prevalecido. ¿Hay alguna unidad de criterio en el ámbito de la Administración? ¿Hay alguna coordinación al respecto? ¿Cada sector o ámbito de la Administración actúa con los criterios que cree convenientes y oportunos a la hora de la selección, y en unos prevalecen unos, y en otros prevalecen otros? Nos gustaría conocer, al menos, los criterios con que se ha actuado, con que se ha operado en el ámbito de Administraciones Penitenciarias.
Hay dos cuestiones, que yo le planteé al principio de mi intervención, en relación al centro Sevilla-2. Uno es la instalación de cámaras de circuito interno, para que un poco desbrozara todo lo ocurrido en torno a esa instalación, en cuanto a la forma de adjudicación, el coste inicial, el coste final, las empresas que se presentaron, el estado actual del circuito, las subcontratas que hubo, si es que las hubo, las adicionales, etcétera; y en cuanto a lo que es la contrata de cerrajería también del Centro Penitenciario Sevilla-2 en la misma medida que le he referido de la instalación de cámaras de circuito.
Por último, conocer un dato que también nos parece importante, y es si en 1993-1994 ha habido alguna contratación con la empresa CAE. Si no la ha habido, por qué razón; o si es que acaso no ha ocurrido en ninguna de las obras, y qué obras son las que se le han adjudicado durante 1993 y 1994, que también nos parece es bueno conocerlo.
Reitero que nos parece esencial a nuestro Grupo Parlamentario que nos diga si los datos que ha ofrecido en esta comparecencia en relación a la subcontratación, son datos que le han suministrado las empresas adjudicatarias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
Señor Director General de Administración Penitenciaria, créame que, con toda cordialidad, comprendo de alguna forma que hoy estamos planteando a S. S. unas cuestiones, indudablemente graves, que no afectan a la gestión personal de S. S., pero que le afectan en función del principio de continuidad de la acción de Gobierno. Esa es una descripción que nosotros damos por obvia y que no hemos explicitado porque, evidentemente, basta acudir al «Boletín Oficial del Estado» para ver fechas de ceses y de nombramientos.
Pero el problema fundamental con que S. S. se encuentra hoy, a la hora de comparecer ante esta Comisión, es que hay una desconexión absoluta entre lo que ha querido ser el planteamiento inicial de S. S., básicamente diciendo ha habido un escasísimo volumen de relación económica con la empresa CAE, y lo que la propia empresa explicita en su Memoria cuando señala que ha habido un importante volumen de contratación con la Administración penitenciaria en materias eléctricas y de seguridad. Por cierto, me permitirá que recuerde, simplemente a título incidental, que el tono que suele emplear el PP en todo este tipo de iniciativas parlamentarias referentes a la Administración penitenciaria, es siempre el tono documental que nace de datos y documentos oficiales, y ésa ha sido, sin lugar a dudas, también la referencia esencial de las afirmaciones que hoy hemos realizado.
Sigo insistiendo en que hay un punto básico en todo el planteamiento que no podemos compartir y que --si me permite decirlo con todo respeto-- es un planteamiento capcioso por parte de la Administración. No sirve una interpretación cómoda --entre comillas--, hecha por la Administración de lo imperado en el artículo 185 del Reglamento General de Contratación; no sirve que la Administración diga: No; son las empresas las que tienen el deber de comunicarlo. Ahí, en función del principio del uso debido de los fondos públicos y en función del principio del control adecuado del destino de esos fondos públicos hay una relación de deber, sin duda, que afecta a la propia Administración. Lo que acabo de decir ustedes mismos son conscientes de que es así, debe ser así y debería haber sido así, porque el señor ministro, en la contestación a la interpelación de la pasada semana dice: Efectivamente, ha habido este incumplimiento, vamos a adoptar medidas para que esto no se vuelva a producir, y vamos a establecer la obligación de que las empresas adjudicatarias que vayan a realizar subcontrataciones por valor superior a 10 millones de pesetas tengan que comunicarlo previamente a la Administración. Eso no es más que tratar de reinterpretar ahora lo que tiene de principio una interpretación clarísima, nacida del propio sentido finalista del precepto contenido en el artículo 185 del Reglamento General de Contratación. Por tanto, ahí no sirve excusa, señor director general, no sirve excusa en modo alguno, máxime cuando estamos hablando de algunas subcontrataciones por importes muy significativos, como alguna que ha citado S. S. cercana a los 200 millones de pesetas.
Ha hecho también S. S. una referencia en la que podría tener razón, pero que sin embargo no la tiene, señor director general, porque es cierto que este diputado pidió, es cierto que pidió la referencia de las obras de reparación, conservación y mantenimiento efectuadas en los centros penitenciarios, y que ésa es sola mi petición. El problema, señor director general, es que ustedes en la contestación a mi requerimiento, amplían ese requerimiento e introducen también obras de naturaleza eléctrica y de seguridad. Están a disposición del señor director general, subrayadas. Sin embargo, a pesar de que ustedes mismos incluyen las de
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naturaleza eléctrica y de seguridad, no citan, como yo he señalado anteriormente, algunas de las que ahora S. S. ha reconocido.
En tercer lugar, no admito que quiera hacer un planteamiento equívoco en cuanto a los errores de facturación, o a la facturación real abonada a esta empresa en las obras realizadas en los centros penitenciarios canarios en función de deducciones de naturaleza fiscal. No es eso, señor director general; no es eso. Se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir: los errores de facturación afectan, primero, a una suma aritmética a favor de la empresa, de 252.000 pesetas; segundo, a una discordancia entre el cable enterrado que se tenía que haber instalado y el instalado realmente, que supone, si mis datos no son erróneos, un volumen de algo más de 1.300.000 pesetas a favor de la empresa, y, en tercer lugar, a la instalación, por parte de la empresa, de una sola consola centralizada de seguridad, una sola cuando en el pliego de adjudicación figuraban dos, pero que la empresa factura las dos, por un total, ese error, de algo más de 200.000 pesetas. No hay solamente una cuestión fiscal, hay una cuestión expresa de facturación que corresponde --no digo que sean ciertas las manifestaciones hechas públicas por un ex directivo o empleado de esta empresa--, en el diseño a lo que ha dicho este señor, sin prejuzgar por mi parte que lo dicho por este señor sea cierto.
Mire usted, el quid de la cuestión en relación con la intervención del señor ministro es que no es entendible que el señor ministro diga según los datos de que disponemos y que este modesto portavoz de la oposición tenga más datos oficiales que el propio titular del departamento; eso no es justificable, eso no es de sentido común. Y como no es de sentido común, hay que pensar que hay alguna otra razón. Mire usted, de la intervención del señor ministro ante el Pleno se deduce que en el caso de Alhaurín de la Torre quiso dejar como una referencia lejana la relación contractual que podía haber existido con la empresa CAE del año 1985, pero no citó, como yo le he citado, todos los documentos que he leído literalmente, que establecen que todavía continúa habiendo esa relación en función precisamente de lo que S. S. ha reconocido, es decir, de que no se han hecho las recepciones de las obras precisamente por los errores apreciados en la obra. En segundo lugar, el señor ministro fue explícito cuando dijo: tercera falsedad, Sevilla-2 fue construido por Dragados y Construcciones y las obras se realizaron en 1984. Punto final. Como siempre, cada vez que plantean ustedes algún tema hablan de oídas e incurren en errores de bulto. Pero es que S. S. hoy no ha tenido más remedio que reconocer, porque S. S. suponía, desde la inteligencia que le caracteriza (y lo digo en tono absolutamente riguroso, sin ningún tipo de ironía), tenía que suponer que yo tenía esos datos, y no ha tenido más remedio que reconocer que hubo unas relaciones por valor de varios millones de pesetas con ambas empresas, y el señor ministro, esos datos, tanto en el contexto de Alhaurín como en el contexto de Sevilla, no los incluyó.
No nos sirve que se invoquen las razones de urgencia en un ámbito tan especial como el de Administración penitenciaria, porque desde un punto de vista del más elemental sentido común nosotros podemos comprender, naturalmente, que sí, que hay determinadas obras que por su naturaleza --por ejemplo, reparación urgente de daños ocasionados por un motín-- exigen de un procedimiento de urgencia, pero lo que no podemos aceptar, señor director general, porque es sospechoso, es que se generalice el procedimiento de adjudicación durante todo un período en función del procedimiento de adjudicación directa por muchos miles de millones de pesetas, y no podemos aceptar que obras como, por ejemplo, la instalación de una cocina o el levantamiento de una red metálica para cubrir un invernadero sea una obra de estricta urgencia que exija procedimiento de adjudicación directa. Y lo que ya no entendemos, por ejemplo, permítame que le señale una referencia concreta --podría hacer muchas más, pero solamente ésta--, es que levantar una valla metálica, modesta valla metálica, de separación de dos invernaderos cueste más, según sus propios datos, que la construcción de una piscina en un centro penitenciario.
Esto podrían ser en todo caso anécdotas; lo que nos importa señalar en relación con el tema que nos ocupa es básicamente, primero, que ustedes no han aportado ninguna documentación, y no la han podido aportar en algunos casos porque las conclusiones de esa documentación, tal y como yo he señalado, no les son convenientes, y en otros casos porque no disponen de esa documentación, y no disponen de esa documentación porque se generalizó un procedimiento de incumplimiento de la reglamentación vigente en materia de contratación y de subcontratación, especialmente de subcontratación. Segundo, lo que nos importa señalar es que de alguna forma, no he dicho jamás que mintiera, pero sí que el señor Ministro de Justicia e Interior, en el Pleno, intentó desviar la cuestión. Tercero, lo que nos importa señalar es que no podemos comprender cómo después de los antecedentes documentales que tienen que constar en sus archivos, porque son documentos oficiales, que yo he señalado en relación a las disfuncionalidades apreciadas, por ejemplo, en los centros canarios, o al caso manifiesto de Alhaurín de la Torre, donde ni siquiera se ha recepcionado la obra, cómo después de eso la Administración acepta que en el año 1993 se conceda a esta empresa la subcontrata de las instalaciones de seguridad de un centro nuevo que exige de una inversión milmillonaria.
En su consecuencia le decimos, señor director general, que evidentemente vamos a seguir hablando de esto, le anunciamos que por la vía del artículo 7.º le vamos a pedir documentación específica y concreta en relación con si hubo o no subcontratación, y algunas otras cuestiones de interés añadido, al menos, al menos en relación con medio centenar de obras concretas, obras concretas de naturaleza eléctrica o de seguridad que se han producido en todos estos años.
Nosotros no entendemos, señor director general, y con esto concluyo, cómo después de que la Memoria de la empresa dice lo que dice, usted ha querido hoy casi, casi rememorar al poeta compareciendo ante nosotros muy ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar.
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Señor Rodríguez, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Sí, muchas gracias, señor Presidente.
Para matizar algunas consideraciones que se han realizado en unos casos de forma explícita y en otras implícita hacia la posición fijada por el Grupo Socialista.
Es evidente, por referirme al portavoz del Convergència i Unió, que la trasposición literal que ha hecho de mis palabras iba referida a aquellos grupos, lógicamente, que fuera del ámbito de esta Comisión, en el ámbito de algún órgano de esta Cámara, y por supuesto mucho más en los medios de comunicación, habían proferido notorias y evidentes insinuaciones y, sin embargo, hoy aquí no hay más que vueltas y vueltas a temas que poco tienen que ver con el fondo político de lo que estamos debatiendo.
En segundo lugar, es justo reconocer la valentía de la afirmación que ha hecho el portavoz de Convergència i Unió de que tiene el convencimiento, hasta que no haya lógicamente prueba en contrario, de que no ha habido trato de favor y, desde luego, que existe una coincidencia yo creo que de todos los grupos, todavía manifestada ayer con una rotundidad que supongo va casi a bloquear la Dirección de Administración Penitenciaria de que toda la documentación de todos los centros penitenciarios que se han hecho desde 1983, de todo lo que se ha hecho en prisiones esté en esta Cámara y la analicemos conjuntamente.
Por tanto, parece bastante pobre el argumento de que hay reticencias hacia la documentación cuando hemos aprobado ayer una moción que desborda, en fin, lo propio y lo razonable de lo que debería de ser un debate político en materia de instituciones penitenciarias.
En relación con lo que ha manifestado la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, la señora Aguilar, he de decir que su valoración puede ser que estemos ante una operación de imagen, la mía desde luego es que ustedes están ante una operación fallida en términos políticos que el tiempo aclarará, que el Gobierno, en efecto, responde de lo que existe, de lo que se ha producido, pero que el Gobierno no responde de lo que gustaría que existiera o de lo que gustaría se hubiera producido. Creo que es llegar hasta el límite del sentido común tener que reafirmar estas cosas de una manera tan clara. Por consiguiente, a no ser que uno no sea capaz de salir de una incoherencia lógica manifiesta como la que ha creado aquí, es sorprendente que se ratifiquen en lo que se ha dicho, porque yo, como todos los Diputados de esta Cámara y como seguramente muchos ciudadanos, escuchamos lo que escuchamos --y constará y seguramente sería bueno que se releyera--, lo que en su momento se dijo, precisamente a una pregunta parlamentaria, por el Presidente del Gobierno, hecha por la misma portavoz que está aquí. Si eso tiene algo de coherencia con venir aquí ahora a decir que cuando tengamos la información, tengamos la documentación, emitiremos un juicio, señorías, estamos ante un auténtico disfraz político que, desde luego, me parece poco sostenible, mucho más cuando todavía se dice aquí insistentemente: Señor Director General, usted ha venido sin papeles y cuando veamos los papeles diremos. Señora portavoz, cuando usted hizo la pregunta al Presidente del Gobierno ni siquiera había habido comparecencias, ni papeles, y usted hizo allí un prejuicio notorio, un conjunto de insinuaciones evidentes y una valoración política durísima al Presidente del Gobierno, que desde luego debería al menos ejercitar un esfuerzo de reflexión autocrítica, si es posible, desde la fe o desde el auto de fe, desde donde usted quiera, señora Aguilar, pero sí sería bueno yo creo para el propio buen funcionamiento de la institución parlamentaria.
No se altera ningún producto porque haya primero comparecencia, información verbal, después documentación y luego volveremos a hablar de la documentación. No tengan ninguna duda; vamos a hablar de esto mucho tiempo porque evidentemente ya lo ha anunciado algún portavoz y porque en términos políticos tiene bastante interés, resulta interesante en términos políticos. Para eso estamos aquí todos los grupos parlamentarios y para eso está lógicamente el Gobierno. Por tanto, no hay ninguna alteración del resultado en este caso, porque va a haber todos los documentos, va a haber toda la información, ha habido ahora una primera aproximación, yo creo que con agilidad por parte del Gobierno, en lo que estamos, en lo que nos ocupa en este tema.
Desde luego alguna cosa sí tengo que intentar matizar al portavoz del Grupo Popular porque me parece importante, sobre todo en lo que afecta y ayer ya había alguna consideración en el debate de la moción. Mire usted, es yo creo poco seria toda la argumentación construida aquí sobre lo que el ministro contesta en la interpelación, porque esa interpelación planteada por el grupo Popular, que ayer tuvo su oportuna moción, fue una interpelación con una carga de trampa política notoria. Se interpelaba textualmente qué medidas va a adoptar el Gobierno para una gestión económico-administrativa adecuada en el marco de las instituciones penitenciarias, algo así decía, y se sube a la tribuna a hacer un repertorio de análisis crítico, teóricamente o supuestamente documentado, de las cosas que podían haber pasado o habían pasado desde el año 1983, exigiendo al señor ministro que, sin saber qué era lo que se quería interrogar, inquirir o interpelar, contestara de prácticamente todo lo que había sido la gestión económico-administrativa.
Reconózcase, téngase la valentía de reconocer que eso es una trampa parlamentaria en el método utilizado por el propio texto literal de la interpelación, y lo que luego se produce, lo que se requiere al propio Gobierno. Eso genera sencillamente indefensión parlamentaria; indefensión parlamentaria, porque a nadie le es exigido, cuando se plantea un acto de esa naturaleza (ni al Gobierno ni a nadie se le puede exigir), que pueda responder absolutamente de todo lo que se plantea, cuando además nada tiene que ver con el texto literal de la interpelación. La mejor prueba es el resultado político de la moción y de que toda la información va a estar a su disposición.
El señor Gil Lázaro ayer también me dio la oportunidad de hacer alguna alusión a otro ámbito de Gobierno, pero es
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que hoy (iba a utilizar una expresión coloquial que no parece decorosa para la Cámara) me la da mucho más. Si usted considera sospechosas las adjudicaciones directas que se han producido en el ámbito de instituciones penitenciarias por estar más o menos generalizadas, en un ámbito de actuación de un servicio público que tiene connotaciones de seguridad, connotaciones que todos hemos valorado aquí y que todos reconocemos, repase usted la gestión de alguno de sus gobiernos autónomos porque entonces no es la sospecha, sería ya algo terrorífico: la inmensa mayoría de la adjudicación en el Gobierno de Castilla y León es por adjudicación directa y ni una sola competencia en materia de seguridad, en materia de interior, nada, de nada, de nada. Por tanto, he querido entender, la deducción política es que está usted sospechando, a lo mejor con razón, de alguna de sus responsabilidades de gobierno.
Para terminar, por tanto, he de decir que el Grupo Socialista también coincide en que esté toda la documentación que se ha requerido aquí, más la de la moción de ayer, que es inmensa, si es posible en los tiempos que hemos previsto, que va a ser ciertamente complejo para la Administración penitenciaria, la analizaremos gustosamente y, desde luego, estamos dispuestos incluso a determinar si es verdad o no es verdad que hay una consola centralizada o dos de las que se habían presupuestado y si eso tiene algo que ver con el trato de favor presunto al cuñado del Presidente del Gobierno.
El señor Director General de Administración Penitenciaria tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, perdone, para una cuestión de orden.
Simplemente señalar que en la anterior intervención, no ésta, sino en la anterior del portavoz del Grupo Socialista, ha tenido la amabilidad de hacer referencias y alusiones constantes. Yo las he querido obviar precisamente para no distraer el debate, pero habida cuenta que en esta segunda intervención las referencias ya son únicas y exclusivas, como el señor Presidente lo considere más oportuno, ahora o después de la intervención del señor director general, debería tener un mínimo turno por alusiones.
El señor PRESIDENTE: Siempre que sea mínimo turno por alusiones, señoría, lo tiene, pero tan mínimo como de un minuto, señor Gil Lázaro.
Simplemente señalar que mi buen amigo y sin duda brillante parlamentario, insisto, con la misma rigurosidad que antes lo refería a la inteligencia del señor director general, sin ningún tipo de ironía, el señor Rodríguez Zapatero hoy yo comprendo que tiene que desarrollar el papel que tiene que desarrollar.
Es muy poco serio que diga que es poco serio lo que yo estoy diciendo, porque lo que yo estoy diciendo, al fin y al cabo, no es más que transcripción literal de lo que el señor ministro, yo no sé si con poca o mucha seriedad, dijo ante el Pleno de la Cámara. No es de recibo, señor Rodríguez Zapatero, y usted lo sabe. Yo comprendo que S. S. tenga que hacer uso de esa argumentación o de ese recurso dialéctico, pero no es de recibo que diga que nuestra interpelación fue tramposa porque de la fundamentación de esa interpelación se desprendía claramente la orientación de la misma. Y no es de recibo que diga que el Gobierno quedó indefenso ante esa interpelación cuando por puro sentido común, como antes yo señalaba, el Gobierno debe disponer, dispone sin lugar a duda, de mayor anclaje documental del que pueda disponer este modesto diputado, pero sobre todo cuando el Gobierno viene a la Cámara a darnos en esa interpelación, por boca del señor ministro, unos datos que no le habíamos solicitado, los relativos a la empresa CAE, y que de la intervención hoy del señor director general se han demostrado que, por lo menos, no eran exactos en las referencias hechas por el titular del departamento.
Comprendo también que S. S., porque eso forma parte de los recursos dialécticos, en la posición que hoy tiene que estar, traiga a colación lo hecho en otras administraciones. Mire usted, yo tengo una ventaja personalmente, a mí lo que está bien, está bien, y lo que está mal, está mal. No tengo una doble moral o un doble criterio de interpretación: las cosas son blancas o negras, no blancas o negras en función de quien las haga; lo que pasa es que nos da la sensación que éste no ha sido el planteamiento que durante estos últimos doce años ha llevado adelante el Gobierno socialista a la hora de valorar e interpretar sus propios actos y valorar e interpretar los actos ajenos.
Y concluyo, señor Presidente, simplemente diciendo que valoro la valentía del Grupo Socialista, sin lugar a dudas, al apoyar ayer una moción de las características de ésa, porque ya lo dije ayer y lo repito hoy: es interés de todos, y principalmente del Gobierno en función de su responsabilidad ejecutiva, poner claridad sobre lo que pueda estar en una cierta sensación de sombra.
En cuanto a los plazos, yo creo que no son plazos tan perentorios, porque si ha habido una previa ordenada y clara administración, en un mes hay tiempo de sobra simplemente para hacer las fotocopias correspondientes.
Por eso, como decía ayer, y al señor Director General de Administración Penitenciaria me permito decírselo ahora, porque le afecta, nosotros ayer pedíamos simplemente 48 horas para que se nos remitiera desde ahí detrás, desde la calle Alcalá, hasta la Cámara, el plan de gestión, el nuevo plan de gestión económico-administrativa que el señor ministro en el transcurso de la interpelación nos dijo que ya estaba dispuesto. Cuarenta y ocho horas para cruzar una calle parece tiempo suficiente. No hemos tenido, sin embargo, inconveniente alguno en prolongar ese plazo durante una semana, y no es que pensemos que al pedirnos una semana se va a hacer en esa semana el plan porque no estaba hecho en el momento que se anunció como tal; no sospechamos en modo alguno eso.
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Finalmente, vuelvo a insistir en lo que he dicho, en lo que llevo diciendo durante meses y en lo que será siempre mi nota constante de actuación, porque lo ha sido siempre en los ya muchos años que llevo en la vida parlamentaria. Yo, cuando hago una afirmación, la hago con base documental, y cuando no tengo esa base documental cierta, rotunda y clara, planteo interrogantes. Eso es cumplir con mi deber como parlamentario. Porque es muy importante --y lo decía algún otro portavoz en la sesión de hoy--, es muy importante hablar de esos principios de reeducación y de reinserción. Sabe perfectamente el señor Rodríguez Zapatero que hemos planteado alternativas propias y concretas, algunas de ellas, y lo celebramos, apoyadas por el Grupo Socialista, en ese ámbito de cosas, pero es muy importante también saber cómo y por qué se han utilizado los recursos públicos, y eso es algo sobre lo que ni en el ámbito de la administración penitenciaria, ni en ningún ámbito, sea quien sea quien gobierne, hoy unos, mañana otros, esta Cámara puede pretender correr un tupido velo. Aquí, cuando pedimos información, lo único que estamos haciendo es cumplir con nuestro deber, y ese deber es, en definitiva, la razón de ser por la que el pueblo español nos ha sentado a todos en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, muy breve también, por favor.
La señora AGUILAR RIVERO: Con absoluta brevedad, señor Presidente.
El portavoz del Grupo Socialista, con la intervención que ha realizado, ha conseguido aclarar una cosa, desde nuestro punto de vista muy importante, que nos da la razón cuando hemos manifestado en el ámbito de esta comparecencia que esto obedecía a una operación de imagen con carácter de urgencia y por razones de necesidad. Y es que ha planteado que esto era una mera primera aproximación. Nosotros nos damos por enterados con esa información, nuestro Grupo parlamentario, y concretamos que el Gobierno, con estas comparecencias, simplemente quería aproximarse en un primer momento a la situación que ha podido concurrir con CAE y que lógicamente de esas palabras se deduce que seguiremos discutiendo y esperamos tener la suficiente documentación. Nosotros creíamos que estábamos ante comparecencias donde se iba a dar toda la información y estamos antes una primera aproximación. Pues bien, cogemos ese trapo lanzado por el portavoz socialista en la seguridad de que vamos a continuar hablando de esto a partir de la información que se nos suministre. En las actas se podrá comprobar perfectamente lo que estoy manifestando, eso es justamente lo que el portavoz socialista ha afirmado y ha aseverado; nosotros nos damos por enterados y sacamos la conclusión de que el Gobierno, con estas comparecencias, simplemente pretendía aproximarse al problema.
El señor PRESIDENTE: Señor Director General de Administraciones Penitenciarias, tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: Yo creo que quizá se está, si me permiten la expresión, desmadrando un poco el tema.
El señor Gil Lázaro ha dicho que venía ligero de equipaje y, por otra parte, ha dicho inteligente; si fuese inteligente no vendría ligero de equipaje... De todas formas, le agradezco lo de inteligente porque me anima mucho. Yo pensaba que con la información que les estoy facilitando era suficiente. Porque el problema se circunscribe, y quizá lo podamos dividir en dos partes, no en tres como yo antes indicaba, a cuatro contratos por valores inferiores a 10 millones de pesetas, que permite contratar la legislación actual perfectísimamente, con tres ofertas, como hubo en estos casos, y después una serie de subcontratos, que son los de obras. Fíjense ustedes que yo empecé mi intervención diferenciando con qué se financiaba cada una de estas partidas. Y los cuatro contratos se financiaban con cargo al capítulo II. Me parece que en alguna intervención se ha confundido capítulo II y capítulo VI, inversiones reales. No es eso.
Son cuatro contratos, de cientos que ha hecho la Administración Penitenciaria, y cuyo peso específico es significadamente bajo; antes hablábamos de que significaban un 0,75 por ciento de la partida de suministros, que el capítulo II lleva mucho más que eso, y capítulo VI, que son obras. Por supuesto, quiero decirles que se remitirá a la Comisión toda la información que ustedes necesiten. Lo de los cuatro contratos, no hay ningún problema porque es un tochito y no hay problema.
Pero si ustedes piden que se remita a la Comisión todos los papeles que implica la contratación, no estoy hablando de subcontratación, simplemente la contratación de un centro penitenciario, nos podemos encontrar..., 16 centros por 4 maletas cada centro, sesenta y tantas maletas; es decir, que ni en un mes ni en tres meses. Lo que sí podemos remitir a la Comisión es los cuatro contratos, clarísimo, y, si quieren ustedes, los expedientes administrativos de las obras realizadas con cargo al capítulo VI, bien del Ministerio, bien de Instituciones Penitenciarias o de Siep. Los expedientes administrativos, pero no todo el conjunto de planos. De esos expedientes administrativos yo me imaginaba que daba información cuando leía todos los pasos, por concurso, por concurso subasta, fecha en que se han iniciado la obras... Tengo todos los datos por si quieren saber alguno más, no hay problema.
Su señoría decía que la Administración no ejerce ningún control sobre los temas de seguridad. Todo lo contrario. Sobre las subcontratas de seguridad. Todo lo contrario. Lo que comentaba antes al señor Gil Lázaro: la Administración contrata con Entrecanales y Távora, con Dragados y Construcciones, con quien sea, y la empresa responsable ante la Administración es esa empresa que contrata. Y cuando se van a recepcionar esas obras, bien en la fase provisional o bien en la fase definitiva, la que responde, como en el caso de Alhaurín, de esa contrata, independientemente de quien lo haya subcontratado, es esa empresa.
Imagínese usted que Dragados no hace bien o no subcontrata el tema de seguridad, Dragados es la que responde ante la Administración, como en el caso de Alhaurín, Entrecanales, de que eso no se puede recepcionar. Claro que se ejerce un control, y se ejerce un control no por parte de Instituciones Penitenciarias, sino por órganos ajenos a la
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misma, como es la Intervención General de la Administración del Estado, a la que acompaña un técnico, que es el arquitecto de Hacienda. Existe ese control y la prueba la tenemos en el caso de Alhaurín.
Decía usted que algunos elementos no han llegado a funcionar y qué forma de adjudicación teníamos. Yo aquí tengo la de Santa Cruz de la Palma. Y el contenido principal eran cuatro cámaras, cuatro microondas, una impresora, una central de alarma, una central interna de comunicación, dieciséis focos y cuatro extintores. El contenido principal de Santa Cruz de Tenerife eran cerraduras, tres cámaras de televisión, dos infrarrojos, dos microondas, una impresora, una central de alarma. De todas formas aportaremos la documentación a la Comisión, pero no veo de momento ninguna observación; a lo mejor hay algún informe más actualizado. Veo que la tubería permitía el acceso al recinto vallado, es decir, que a lo mejor hay que desviar la tubería; que las nieblas afectan en ciertos momentos a la visibilidad de las cámaras, esto sucede. Con los temas de seguridad puede suceder esto, se monta una cámara en un sitio determinado y después, al realizar otro trabajo, se ve que esa cámara no está en el sitio idóneo y se cambia de lugar. Y se pide también una canalización por todo el barranco. Más o menos, se puede comentar esta documentación.
¿Cuáles son los criterios? En estos dos expedientes, en todos estos cuatro expedientes de CAE, hablando ya de suministros y de mantenimiento, es la oferta más barata. En las contrataciones directas, y, como su señoría sabe, son necesarias tres ofertas, normalmente se adjudica a la oferta más barata, a no ser que esa empresa haya tenido grandes pegas con la Administración o qué sé yo. Normalmente es la oferta más barata por adjudicación directa.
¿La cerrajería de Sevilla II? Me parece que su Grupo parlamentario ha pedido algo más que el expediente administrativo o no sé si el expediente administrativo nada más, no me acuerdo en este momento. Pero se le enviará, lógicamente.
Y ¿durante 1993-1994 ha habido contrataciones con CAE? Las únicas contrataciones directas que la Administración ha realizado con CAE son las cuatro que le he comentado. Estamos enterados de que efectivamente, en 1993, el tema de Topas, que empezó, creo recordar, en 1993, se adjudicó en julio de 1993, lo adjudicó Siep ya a la UTE que antes le decía, Dragados y ConstruccionesAuxini. Ahí estamos enterados de que CAE lleva parte de la instalación eléctrica y de climatización y que eran 200 millones.
Me decía usted que aclarase si efectivamente nosotros tenemos algo que ver con las subcontrataciones. Le he dicho que no, que nosotros lo que hemos hecho es contratarlo. Lo que le comentaba antes también de 1981, de Daroca, etcétera, se hace lo mismo. Se contrata con una empresa y la empresa tiene obligación, no es cuestión de desvirtuar el artículo 185, y si su señoría quiere lo podemos leer, tengo la Ley de Contratos y el Reglamento, es que la empresa es la que puede tener obligación de comunicar a la Administración las subcontratas. Ahora, díganme ustedes en una obra de dos, tres, cuatro, cinco mil millones, que no haya ninguna subcontrata. Eso es yo creo que bastante difícil. Pero como la que va a responder ante la Administración y la que va a responder ante la intervención y la que va a responder ante el arquitecto de Hacienda es la empresa contratada, no hay menoscabo de control en absoluto.
Ya me parece que contesté a todas sus preguntas, no sé si me quedará alguna. (La señora Aguilar: Los datos de las subcontratas.) Los datos de las subcontratas se los he comentado... (La señora Aguilar: ¿Se lo han dado a empresas adjudicatarias?) ¿A empresas adjudicatarias? No, no. La Administración ha dado contratas.
La señora AGUILAR RIVERO: Si me lo permite, señor Presidente.
La señora AGUILAR RIVERO: Lo que le preguntábamos, señor director general, es si los datos que usted nos ha ofrecido aquí, en la comparecencia, en relación a subcontratas en Dragados, Entrecanales, etcétera, se los ha suministrado Dragados o Entrecanales, si los han conocido a través de esas empresas.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: Efectivamente.
Sí. Eso ha quedado aclarado antes, cuando insistía en los datos de que se dispone en la Administración, en Asuntos Penitenciarios.
Con respecto a lo que indica el señor Gil Lázaro, el tema de subcontratación ya está. Medidas para que esto no vuelva a producirse, las medidas que dice que expuso el ministro en su comparecencia.
No es que se pretenda que esto no se vuelva a producir, no hay irregularidades que no se vuelvan a producir, lo que se pretende cada vez más es ir perfeccionando la gestión. Pero es que eso pasa en cualquier organización. Si nosotros mantenemos siempre los principios de transparencia, de concurrencia, me imagino que será bueno que Administraciones Penitenciarias tenga una base de datos con todas las empresas que puedan concurrir a un determinado servicio o suministro; me imagino que inclusive con esas empresas sobre actuaciones que hayan realizado en la Administración; me imagino que aunque la Ley de Contratos exija tres contratos para una adjudicación directa... Porque fíjese que estamos hablando aquí de cosas grandilocuentes. Si la mayoría de las adjudicaciones directas son por un millón, lo que pasa es que es una multitud de expedientes, pero son cifras insignificantes. La mayoría de las adjudicaciones son cifras insignificantes y después pasaré a comentárselo a revisar un poco el tema desde 1994, excepto en casos graves, por supuesto, casos puntuales, pero graves.
Es bueno en vez de tener tres ofertas poder tener seis o poder tener diez. Siempre se dará y siempre se profundizará en conseguir mayores ahorros, mayor conocimiento del mercado, etc. Pero es muy loable, aunque no lo exija la ley, y hacia eso se tiende. Y, señor Gil Lázaro, sí está, lo
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que pasa es que falta pasarlo a limpio, pero está definido y yo lo tenía preparado, no para ahora, sino para la comparecencia que usted me pidió hace varios meses, el plan de gestión de la Dirección General de Administración Penitenciaria. Por supuesto que lo tenemos definido y lo tenemos claro. Quizás, a lo mejor, durante el transcurso del año aparezcan nuevos proyectos. Quiero decir que es un intento de ir avanzando cada vez más en una mejor gestión; no creo que a nadie le repugne la idea.
Dice usted: la reparación, conservación y mantenimiento --que yo le acabo de dar-- no se cita en las partidas que se le han entregado, en la información que se le ha entregado a usted. A lo mejor es que cogí mal la nota. Yo tengo aquí apuntado reparación, conservación y mantenimiento, orden de instalación eléctrica, seguridad, no se citan algunas de las que usted haya reconocido.
El señor GIL LAZARO: Si me permite, para precisar la duda que tiene el señor director general.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: El señor director general en su intervención me ha dicho: No, es que las obras que yo he citado son de naturaleza eléctrica y de seguridad, y su señoría lo que nos pidió fue obras de reparación, conservación y mantenimiento.
Y yo lo que le he dicho es: Tendría razón su señoría en ese planteamiento si no fuera porque ustedes mismos, a pesar de yo haber pedido sólo obras de reparación, conservación y mantenimiento, me introducen más de medio centenar de obras eléctricas y de seguridad en las que no figuran en ninguno de los casos las que hoy ha señalado su señoría. Esa era la precisión.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: Perfecto. Pues ahí me permitirá el señor Gil Lázaro que le diga que está usted confundiendo las churras con las merinas. Y se lo explico otra vez: una cosa es el capítulo II y otra cosa es el capítulo VI. Las obras que yo le estoy citando como subcontratas de electricidad van con cargo al capítulo VI, de inversiones, construcción de centros. Y lo que usted está pidiendo, lo que nos ha pedido, se lo hemos dado. Y voy a ir un poco más allá, posiblemente algún dato que le hemos dado, alguna relación no coincide con otra, porque su señoría me parece que pidió dos relaciones de la misma cosa, me imagino que sería para comparar; a lo mejor una no coincide con otra. Su señoría una vez la pidió con respecto a centros penitenciarios y otra vez con respecto a la Administración Penitenciaria.
Cuando usted pide con respecto a centros penitenciarios, no se incluye servicios centrales y cuando usted lo pide con respecto a la Administración Penitenciaria sí se incluyen. En el caso que nos ocupa (por si tiene pensado hacerme otra pregunta, se lo aclaro con anterioridad), las obras que yo le estaba diciendo de electricidad, calefacción, etcétera, van en construcción de centros nuevos, que bien se financian con capítulo VI, de inversiones reales, o bien con el presupuesto de la sociedad anónima Siep. Por eso nosotros no se las podemos poner, porque las obras de conservación, reparación y mantenimiento que usted pide son el 212 del presupuesto de gastos del Estado.
La facturación equívoca. Le comenté antes un poco. No obstante, por supuesto, le remitiré la información que antes decía.
Sigue usted insistiendo en lo del ministro. Yo creo que queda claro ya, a partir de que le he dicho que la información de las subcontratas la hemos obtenido de esa forma.
Comentaba usted como caso puntual el tema de cocinas. Una instalación de una cocina puede ser urgentísima, me perdonará usted. Porque si usted a los presos no les da de comer un día, el motín que se organiza es bueno.
Y si usted tiene un catering contratado hasta el 31 de diciembre y no le da tiempo a sacar la siguiente contrata, a lo mejor tiene que poner un módulo, pero contratado directamente para el tema de cocinas.
El señor PRESIENTE: Señor Gil Lázaro, recupere el sosiego, por favor.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: Aportar documentación. Yo cro que el señor ministro no intentó desviar la gestión, está clarísimo, antes lo expliqué; es un tema que no veo por qué vamos a seguir dándole más vueltas.
Y para terminar (yo creo que ya he contestado a todas sus preguntas), la contratación. Verá usted que los años peores que pasó la Administración Penitenciaria es efectivamente cuando se contrataba más con contratación directa. El año 1994, ciñéndome a lo que a usted siempre le interesa, que son las obras de conservación, reparación y mantenimiento, en lo que va de año está, por subasta, un 69,28 por 100, y por contratación directa un 30,72. Más aún, fíjese usted que aquí no se ha dicho, creo que en ninguna comparecencia, pero en contratación directa está el organismo autónomo al cual Administración Penitenciaria le compra muchas cosas. Siempre salimos perjudicados cuando se analiza esto. Porque dicen: Tienes un 30 por 100 de contratación directa. No, no es un 30 por 100 de contratación directa, porque está metido el organismo autónomo. En el año 1993, fíjese usted que también hay un porcentaje muy bueno. Hay, por concurso, un 60,41, y por contratación directa un 39,59, si mis datos no me fallan, siguiendo siempre con el 212. ¿Cuándo empieza un poco a bajar? Cuando hubo grandes conflictos en la Administración Penitenciaria. En el año 1992 ya empieza a bajar un poco, porque hay un cinco y pico por ciento de subasta y ya empieza contratación directa. En el año 1991 lo mismo, ya pasamos a contratación directa. En el año 1990, igual. Es decir que, como antes le pedía, cuando analicemos un dato, no seamos fríos--porque ésta yo considero que es una organización especial en muchos aspectos--, diciendo «tal cifra, tal cifra», sino que vayamos acompañándolo un poco de qué es lo que sucede en cada momento y qué obliga en cada momento a tomar una serie de decisiones.
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El señor GIL LAZARO: Sería un minuto solamente.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, estoy seguro de que toda la Comisión sentiría un enorme placer en poder escuchar a su señoría una vez más...
El señor GIL LAZARO: Sería un minuto sólo, una frase.
El señor PRESIDENTE: No, señor Gil Lázaro. Hemos ido incluso más allá de lo que es propio de la comparecencia, que se limitaba a las relaciones contractuales con CAE. Se ha entrado incluso en debates que no tienen nada que ver con esta sesión y, en consecuencia con ello, esta presidencia da por terminado el debate y da como suficientemente debatido todo el asunto que nos ha traído aquí. Gracias, señor Gil Lázaro por la comprensión.
Agradezco al señor director general, también en nombre de la Comisión, que haya comparecido en la misma y la información que ha dado. Esperamos, por lo tanto, desde esta presidencia que se remita lo antes posible la documentación a que se ha obligado usted, documentación que, como he comentado en la otra comparecencia, bajo la custodia de esta Mesa estará para su estudio y su investigación en la sede de la Comisión de Justicia e Interior.
Señorías, la mesa y portavoces inmediatamente se reunirán en la Sala Argüelles.

References: artículo 202
 artículo 117
 artículo 117
 artículo 202
 artículo 117
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 185
 artículo 87
 artículo 185
 artículo 185
 artículo 7
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