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Timestamp: 2019-03-18 14:04:32+00:00

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Derecho Deportivo | MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ - Page 3 Derecho Deportivo | MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ - Page 3
La licencia versus contrato privado
El caso Emiliano Salas: imperfección del traspaso
Exención fiscal por la UEFA Champions League 2019
AFE y su razón legal (Comentario a la Sentencia de la AN de 26 de diciembre de 2018)
El dopaje en todo el mundo: juzgado desde los tribunales de EEUU
El profesionalismo como reto: la precariedad laboral contractual de la mujer deportista
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https://iusport.com/not/61508/el-profesionalismo-como-reto-la-precariedad-laboral-contractual-de-la-mujer-deportista
La Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino- AJFSF, liderada por su presidenta Natalia Orive- de nuestro país ha realizado un amplio informe, con detalle, del estado actual de sus deportistas, en las ligas de máxima categoría. Asunto este que siempre se demanda a la hora de establecer ese concepto de falta de profesionalización en el deporte –de máxima competición- en España; y, en especial, en las denominadas ligas femeninas.
Este proyecto está enmarcado dentro del concepto SWAFE, liderado por la Asociación Europea de Deportistas de élite “EU ATHLETES“ y co-financiado por la Comisión Europea, mediante el programa Erasmus Plus.
La finalidad de SWAFE, en este contexto, era conocer la situación y percepción actual de las jugadoras de distintos deportes, concretamente juegos gaélicos en Irlanda, voleibol en Grecia y fútbol sala en España- con el objetivo de atender a la situación real de esas organizaciones y jugadoras, a fin de mejorar la situación de las mismas. Para lo cual se confeccionó un cuestionario.
Y de este cuestionario se extraen conclusiones muy significativas y desde luego esclarecedoras de la situación real del fútbol sala femenino de nuestro país, siendo una de las ligas más destacadas a nivel internacional. Una prueba más del talento y la capacidad de las deportistas, a las que no les acompañan ni las estructuras profesionalizadas, ni siquiera la legislación deportiva. De un total de trece cuestiones con las que se incide de forma especial en aspectos socio-laborales.
La primera cuestión tiene que ver y muy de destacar con el hecho de que sólo el 3,4% de jugadoras se dedica exclusivamente al fútbol sala femenino, como ejerciente en exclusiva de esta actividad, y un 90% de jugadoras compagina la práctica deportiva con estudios y trabajo, siendo practicado mayoritariamente a tiempo parcial. Lo que significa que su reconocimiento como trabajadora es mínimo, y lo que conlleva de realizar una actividad profesional que no es vista así, y repercute en temas tan destacados como las relaciones contractuales en cubierta.
Y que se observa cuando reconocen que sólo cobra un 51,3 por ciento, y contrato por escrito sólo 30 por ciento, frente al 70 por cien. Y esto, insisto, hablamos de una liga de máxima categoría, que, y que en el caso de las jugadoras extranjeras, sí que están obligados los clubes a hacerles contrato, para el tema del permiso de residencia. Y de las que tienen contrato – el treinta por ciento – solo por escrito el 15 por ciento, y que sea laboral ese porcentaje igual.
Ante todo ello, sienten que no se les considera como tales deportistas de alto nivel, y de hecho, el 68% de jugadoras de fútbol sala de primera división no se sienten valoradas como deportistas de alto nivel y únicamente se sienten valoradas un 9,5%.
Lo que detrae, como mínimo, esas referencias que, a veces, se llevan a cabo de por qué no están en otras estructuras deportivas, y, parece evidente, ante esta respuesta que, de alguna manera, viene a ratificar que no se sienten identificadas en el marco deportivo en el que actúan.
Otro tema que salta, como evidente, en este informe tiene que ver con el tema del acoso y en esta dirección se señala que un 60,3% no reconoce haber sufrido o conocer algún tipo de acoso o abuso sexual o violencia de género como jugadora de fútbol sala, pero, aún así, se da un porcentaje alto -un 40%- de jugadoras conoce o ha sufrido violencia de género.
En ese informe se les pregunta, además, acerca de sus percepciones de su actividad en relación a su condición de deportista de élite; y señalan las constantes que se vienen denunciando de forma reiterada por las deportistas, como son:
Desigualdad respecto al deporte masculino •
No retribución económica y social
Poca visibilidad y difusión
Infravaloración personal como jugadoras y falta de responsabilidad federativa y de clubes para la profesionalización del fútbol sala
Por lo que resulta evidente, y ya con datos, y gracias al trabajo de esta Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino- AJFSF-, que no se puede seguir en nuestro país, dejando que las deportistas sigan marcando campo, bajo estricto talento- que lo tienen y constancia-.
Toca en una sociedad moderna, que predica la igualdad, también en el deporte, que derogue este marco normativo que las lastra, y se pongan las pilas los poderes públicos para que el reclamo de estas jugadoras, merezca en justicia una respuesta adecuada al siglo xxi, y contribuya a dignificar, en igualdad, la presencia de la deportista en el deporte profesional en nuestro país.
Y que no se quede solo en el efecto de las bambalinas de apostar por el deporte femenino, como reclamo de una política de efectos mediáticos, y lo haga con cambios normativos reales y con financiación adecuada. No podemos dejar al albur de las partes la existencia o no de ligas profesionales, la inexistencia de convenios colectivos, las cláusulas antiembarazos, o la brecha salarial per se, o que existan normativas bajo las referencias del deporte masculino, mimetizando, sin avanzar en esa igualdad real.
Definir el modelo deportivo para aplicar el marco normativo adecuado
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http://aedd.org/noticias-derecho-deportivo/comentarios-de-actualidad-sobre-derecho-deportivo/item/787-definir-el-modelo-deportivo-para-aplicar-el-marco-normativo-adecuado
Se ha abierto en la sociedad, y en el escenario de las Cortes –Congreso y Senado– el debate sobre un necesario nuevo marco normativo, pues el que hay se ha quedado absolutamente rezagado, en relación a las expectativas y demandas del mundo del deporte. Una Ley del Deporte de 1990 que se ha ido esquilmando, trasladando y emigrando mucho de su contenido a otras normas –que marcan la especificad del tratamiento de la materia regulada–, tales como el dopaje, el tema disciplinario, la violencia, la salud, entre otros. Y al mismo tiempo, ha simulado parapetar un sustento del deportista, que no lo es, ni mucho menos, en el Real Decreto 1006 del año 1985 que regula la relación de los deportistas profesionales, y que ya resulta desaventajado y, desde luego nada innovador en el escenario del siglo XXI.
Parece adivinarse en estos debates y en otros que está habiendo que el marco normativo es tan urgente, como la capacidad que esta sociedad tenga de diseñar un deporte moderno, en lo que a las estructuras se refiere. Y más, cuando de nuestro país se predica un éxito exponencial del deportista, que no guarda relación con la capacidad económica del mismo. Este tema deberá ser traído con interés, en la incorporación de dinero privado, que vaya más allá de las subvenciones nominativas al deporte. Así como todo lo que tiene que ver con la fiscalidad, en el marco del deportista de élite, y no siempre, circunscrito a los denominados escándalos de sociedades opacas, parapetadas en el mundo del fútbol como componente económico de magnitudes nada comunes.
Pues bien, resultará obvio, que antes de dedicarnos a dibujar un articulado en una norma estatal, debamos plantearnos acerca de cuál es el modelo del deporte de alto nivel y profesional de nuestro país, y qué papel han de jugar las Administraciones Públicas –locales, autonómicas y estatal– en ese deporte que deberíamos denominar, sin epítetos profesional. Pues bien, la Constitución Española –en su artículo 43.3– mandata a los poderes públicos el fomento del deporte, y lo hace en el contexto global de la salud. Señalándolo, pues, como un bien de interés general y que las Administraciones Públicas deben incentivar. Y, en otro orden, nos encontramos el artículo 148.19 de la Constitución Española, que reconoce el hecho de la asunción de competencias por parte de las Comunidades Autónomas en la promoción del deporte; mientras que, por otro lado, el artículo 149 del referido texto legal reconoce las materias exclusivas del Estado en temas que inciden directamente en el deporte profesional: legislación mercantil, relaciones internacionales, legislación laboral, seguridad pública, medio ambiente, etc. Y es ahí donde afinando esas materias, y disponiendo un modelo del deporte profesional y de élite ha de emerger el texto articulado de la nueva Ley del Deporte. Que quizás, sería acertado, desde mi punto de vista, denominar Ley del Deporte Profesional y de Elite deportiva. Siendo conscientes, y ese análisis parece estar hecho que cada vez más la sociedad practica deporte, no sólo en el contexto de las Federaciones deportivas. De ahí, que esta realidad juegue un papel destacado en relación al texto articulado, ya señalando como referentes al deportista en sus derechos y deberes como tal, en su escenario profesional y de máximo nivel.
La otra cuestión, sobre la que contextualizar esa Ley tendría que ver con el acompañamiento del ámbito económico, desde un modelo de financiación mixto público y privado, en la generación de modelos de financiación económica de un sector que ya representa un porcentaje en el PIB, tanto desde el punto de vista del empleo, como del sector productivo. Y más en relación a factores, tan consustanciales en nuestro país como es el turismo.
Otra cuestión de fondo, tiene que ver con el papel que representan las federaciones, en el marco de dirección y organización de las competiciones deportivas, y su papel en la definición de su naturaleza jurídica, que en el momento actual está siendo como un traje, algo encorsetado, generador de fuentes de conflictos. En esta definición se mueven, por lo que representan en el contexto internacional las influencias más o menos determinantes en asimilarlas a figuras independientes, sometidas a un cierto control, por ser destinatarias de dinero público, pero con un papel de autonomía, que dependiendo del país, se estructura entre un mero colaborador público, o un verdadero impulsor del modelo deportivo. Y en esto, sí que habrá que definir su status, y hacerlo teniendo en cuenta lo que antes he comentado acerca de la realidad deportiva en España, que va situándose en escenarios extra Federativos, con incidencia también.
Otro hecho relevante, y, sin duda, posibilista y voluntarista tiene que ver con todo el desarrollo del marco del deportista, un estatuto propio, con capacidad para de forma definitiva definir su iter antes, durante, y después de la vida de su vida deportiva. Y más teniendo en cuenta, que ni siquiera está definido en la actualidad el deportista autónomo, más allá del asalariado en el viejo reducto del 1006. Y ante ello hay que ir a posiciones de máximos y de reconocimiento real del papel central en el deporte; que tiene que ver con cuestiones como definición, contratos dentro y fuera de las federaciones, salud dentro o fuera del sistema público sanitario, indemnizaciones por accidentes, maternidad, incapacidades laborales, tributaciones, etc. A lo que habría que añadir, y de lo que adolece la ley actual es a la definición de los operadores deportivos que no están, ni se les esperaba, al margen de ligas, federaciones y clubes, y es el caso del iter profesional de deportistas, técnicos, árbitros, entre otros.
Lo que parece evidenciar todo ello es el hecho consustancial de llevar a cabo una nueva ley, que no reproduzca modelos del pasado, y que sea capaz, al milímetro, de estatalizar lo que de competencias estatales se predica, y figurar el escenario del profesionalismo como máxima expresión de este nuevo articulado.
Comments Off on ¿Estatuto o capítulo del deportista?
https://iusport.com/not/59199/-estatuto-o-capitulo-del-deportista-
Recientemente el Gobierno Central, a través del Consejo Superior de Deportes, ha abierto un plazo de alegaciones, acerca de la necesidad de cambiar el régimen jurídico del deporte en nuestro país, atendiendo a lo estipulado en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que señala, entre otras cosas:
“Artículo 133 Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos
1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de …”
Pues bien, siendo conocedores de la existencia de un borrador, entendemos que este trámite es la obviedad a una celeridad, a pesar de que ya existe un instrumento normativo del que discutir, en forma de primer borrador de discusión.
Me gustaría, en este caso, poner el acento, -además de discutir entre el hecho de una Ley de Armonización, una Ley del Deporte nueva, o una Ley del Deporte profesional, respetando el marco de los ámbitos competenciales de nuestro Estado de las Autonomías, y de cara a obtener el mayor consenso de los grupos parlamentarios-, en el hecho de la figura del deportista, que, aunque parezca extraño afirmar, es la que menos ha sido estructurada jurídicamente desde el marco jurídico actual.
Reflexionaba María Zambrano en su libro Persona y Democracia en torno a ese concepto de este país nuestro, donde unos pocos lo protagonizan y el resto lo sufren. Y sobre esto me gustaría traer la reflexión acerca de si el deportista, como persona de derechos y deberes en el deporte, tiene consagrada una personalidad jurídicamente definida. Y no es así, resueltamente observamos en el día a día que siguen sin definirse la figura del deportista no asalariado – y son miles- que se encuentran en un limbo jurídico; o aquellos otros tantos y tantas deportistas, full – time dedicada a su federación que no conceptúan como trabajadores de la misma, en lo que se resuelve situación laboral alguna.
¿Qué ocurre con los derechos de imagen, frente a la inexistencia de contrato o convenio colectivo, como estipula el Real Decreto 1006?, frente a la habitualidad de cesiones de derechos, habituales y sin expreso consentimiento. Para cuándo el diseño de la carrera del deportista y ex deportista. Todo lo que tiene que ver con la habilitación.
El deportista no figura en el marco actual como un operador- interlocutor de su propia actividad deportiva. Si observamos, los clubes, las ligas y las federaciones tienen determinados rangos normativos definidos en la Ley del Deporte, el deportista no.
Ni siquiera se le define, y esto tiene incidencia, por ejemplo, a la hora de ser considerado como sujeto de derechos y deberes frente a hechos tan consustanciales como financiación pública directa, actor principal cuando se negocian venta de derechos de ligas profesionales o semiprofesionales, destinatarios directos, sobre los que debiera repercutir económicamente lo relacionado con la Ley del Juego. Actor de referencia en relación a todo lo que tiene que ver con nombramientos afectos al deporte, caso del TAD – por ejemplo-, o comités institucionales y de representación en el ámbito deportivo, en general.
Los deportistas son básicamente los actores de un deporte, que jurídicamente, no les tiene en cuenta, a pesar de todo. Y menos aún, a ese concepto de asociacionismo, que un futuro marco normativo debiera poner en lugar destacado. Como movimiento social, que ayuda a democratizar las estructuras del deporte en nuestro país. Creo, sinceramente, que es premura y hecho fundamental definir el estatutos del deportista y hacerlo en el rango jurídico más preeminente, y dentro de la Ley como capítulo específico en todo lo que tiene que ver sus relaciones en el marco del deporte, y con apoyo a la vinculación de normas tan definitorias, como el caso del Estatuto de los Trabajadores, en los desarrollos de derechos, consagrados en el marco de la OIT.
Comments Off on El infame decreto del seguro del deportista y su falta de actualización
https://iusport.com/not/58596/el-infame-real-decreto-del-seguro-del-deportista-y-su-falta-de-actualizacion
También el Defensor del Pueblo recoge la queja del infame Real Decreto del Seguro del deportista y su falta de actualización
El próximo miércoles, día 21 de marzo, el Congreso de los Diputados- en su comisión de Educación y Deporte-, va a votar una PNL (Proposición No de Ley) a propuesta del PSOE en relación al tema del seguro obligatorio del deportista. Una normativa, Real Decreto Real Decreto 849/1993, cuya disposición final primera fija una primera actualización de las cuantías indemnizatorias en un plazo de tres años. Esto es, en el año 1996, y que nunca ha tenido lugar.
Lo que ha conllevado, además, de mostrar una total falta de sensibilidad por los deportistas federados con graves lesiones, muchas irrecuperables, incluso con resultado de muerte; darnos de bruce con unas indemnizaciones que no permiten atender, con una mínima dignidad, los efectos con consecuencias patrimoniales y de otro tipo que tienen lugar en el ejercicio de la práctica, en este caso, en la propia persona del deportista, dentro del contexto del riesgo de la práctica del deporte. La Constitución Española, ya menciona en su artículo 43.3 la vinculación clara entre la salud y la educación física; la propia Ley del Deporte de 1990, de 15 de octubre, señala, efectivamente, en su artículo 59 que todos los deportistas federados deben tener un seguro obligatorio que cubra los riesgos para la salud derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente.
A pesar del tiempo trascurrido desde el año 1993 nunca se ha procedido, hasta la fecha, a la revisión de las citadas cuantías o su adaptación a las distintas modalidades deportivas, de tal forma que ha quedado prácticamente desvirtuado el sentido que deben de tener este tipos de seguros, y más en lo que denominamos el deporte federado. Lo que hay que lamentar y más cuando siempre se habla de la correspondencia entre deporte y salud. De ahí que esa Proposición No de Ley, que se votará el próximo día 21 de marzo, incida en cuestiones, entre otras, tales como:
1.- Adaptar a las distintas modalidades deportivas y actualizar las cuantías indemnizatorias del Seguro Obligatorio Deportivo para equipararnos al resto de países de la Unión Europea en cuanto a baremos en materia de seguros obligatorios y tomando como referencia la previsión de estudios y riesgos recogida en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.
Pues bien, como este tema ha sido y está siendo demandado por la sociedad, en general, a través de su sociedad civil. Algunas de esas organizaciones, caso del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), por indicación de algún deportista federado, con graves secuelas físicas. Lo denunció al Defensor del Pueblo, que en su informe anual de 2017, lo ha recogido y valorado la propuesta del CERMI, de ese urgente cambio, en relación a actualización de esas cuantías indemnizatorias. Se recoge la situación de injusticia de estos deportistas federados que adquieren una incapacidad permanente, y que resultan afectos a un sistema insuficiente de la cobertura aseguradora, limitada ante la inacción de la administración pública competente – en este caso el Consejo Superior de Deportes – . El referido informe alude a la obsolescencia del cuadro indemnizatorio del referido Real Decreto. Solicitando al CSD de forma urgente que proceda.
Lo extraño de todo ello, es que un tema tan capital para el deportista federado como es la salud se siga encontrando en una situación que raya la desidia, y más, si tenemos en cuenta la comparativa entre el resto de países de nuestro entorno.
TEXTO ÍNTEGRO DEL INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
Comments Off on Un nuevo marco jurídico del deporte
https://iusport.com/not/58103/un-nuevo-marco-juridico-del-deporte
Recientemente la Comisión de Educación y Deporte del Senado acordó crear una ponencia de estudio sobre un nuevo marco jurídico para el deporte, a propuesta del grupo socialista, apoyada y secundada por el resto de fuerzas políticas. Siempre son positivas estas iniciativas y, especialmente, si se cuenta con todos los colectivos que conforman el mundo del deporte, que son tan dispares, como de naturalezas distintas.
La cuestión y la clave en este asunto es la voluntad de las fuerzas políticas, como legisladores, y el hecho de tener reconocido y apostar por un modelo de sistema deportivo, teniendo en cuenta que nuestra legislación obedece a un ya superado, con más de treinta años de vigencia. Existen referentes a los que asomarse, desde el modelo finlandés, el italiano o el propio estadounidense. Aunque la primera cuestión que habría que tener en cuenta es la de nuestro marco competencial, residenciado en los artículos 148.19 y artículo 149 de la Constitución Española:
Artículo 148.19
Y el artículo 149, en relación a materias vinculadas a ese deporte profesional, en cuestiones como, cuando señala que el Estado tiene competencias exclusivas sobre las siguientes materias:
Legislación de propiedad intelectual e industrial
Pues bien, teniendo en cuenta esta regla de juego, que es clave para diseñar ese modelo normativo sobre el que poner las bases de una legislación moderna en deportes, tendríamos que marcar esa hoja de ruta sobre una Ley del Deporte – similar a lo que podríamos decir Ley de Armonización-, o una Ley del Deporte Profesional, que quizás sería acertada en estos tiempos, y en la demanda que, de forma vertiginosa, se hace desde el deporte. Una vez, contextualizado el marco jurídico, trabajar sobre lo que podríamos denominar los puntos clave de esa ley moderna e innovadora, en cuestiones tan definitorias como el papel de las Federaciones, el COE y el CPE, los clubes, las Ligas, así como las asociaciones de deportistas – darles el rango que se merecen en una estructura democrática-, y con la que se les debe reconocer la interlocución de agentes directos de los deportistas.
A lo que habría que añadir y debiera ser necesario, el concepto de deportista profesional, el papel y la transversalidad del género, para evitar situaciones de clara discriminación, que rompen el principio de igualdad. Y esto desde luego no se solventa con programas, que no ahondan en el fondo de la discriminación, y se quedan en el esquema de la imagen, acumulando los agravios, en una actividad que es mediática y en la que las mujeres están teniendo un protagonismo clave en el desarrollo del mismo.
Otro tema, sin duda de interés, tiene que ver con ese estatuto del deportista, capaz de dar evolución táctica y técnica al que comienza su trayectoria deportiva, la desarrolla y deja de serlo, ¿cómo definir esa carrera del y de la deportista?; además de todo lo que tiene que ver con la financiación, porque la realidad nos habla que subvenciones finalistas públicas quedan ya ralentizadas en favor de otro tipo de financiación, que pudiera ser encaminada a través de los temas de mecenazgo, si, como sigue siendo el caso, el gobierno se resiste a desarrollar la Ley del Juego de 2011, como forma de financiación indirecta, o buscar líneas de incorporación de fondos privados al deporte.
Por lo que queda claro que el debate incluye temas cruciales en relación a los actores del deporte, su definición y papel, todo lo que tiene que ver con la financiación, derechos de imagen, y como no, lo relacionado con la trasparencia y la democracia interna de las estructuras deportivas. Un debate que esperemos que se abra, sea sincero, y obtenga el mayor de los consensos desde el deporte, y desde los grupos políticos, en su papel de legisladores.
Comments Off on El seguro del deportista: ¿su no publicidad incumple la Ley de Transparencia?
https://iusport.com/not/57332/el-seguro-del-deportista-su-no-publicidad-incumple-la-ley-de-transparencia-
La Ley 10/1990, concretamente en su artículo 59.2 establece la obligatoriedad, para todos los deportistas federados, que participan en competiciones oficiales de ámbito estatal, de estar en posesión de un seguro que cubra los riesgos para la salud derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente. Al mismo tiempo, el Real Decreto 849/1993 de 4 de junio, determina las prestaciones mínimas a cubrir por ese seguro obligatorio.
Pues bien, permítanme que haga una reflexión en torno a este tema, porque la publicitación del mismo es clave para garantizar, en un estadio raquítico en el que está este Real Decreto, la obtención y defensa de esas prestaciones, por mor de esta normativa que regula las prestaciones a las que tienen derecho los deportistas federados en este país. Muchos deportistas no son conscientes de las pólizas que firman las Federaciones Deportivas, en su nombre, y aún más, no se les da, por parte de las mismas el documento que contiene las condiciones de ese aseguramiento pactado, suscrito como tomador por parte de la Federación, y como beneficiario, del deportista, previo pago de la cuota correspondiente. Para en un segundo momento, dar traslado al Consejo Superior de Deportes, en garantía y conocimiento de publicidad de las mismas.
Pues bien, como por lo que la praxis nos indica, en general, se desconoce todo en torno a este tema, y no se cumple con ese mandato claro de publicidad, a los efectos. Lo que se debería exigir, en este caso al CSD, en aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno- desarrollo del artículo 105 de la Constitución Española en lo relativo a la acceso de los ciudadanos a su derecho a información de actos públicos de las administraciones-, que de la publicidad oportuna, para garantizar la defensa de sus derechos de estos deportistas federados, en nombre de los que se contrata, pero que permanecen en la más absoluta de las ignorancias, respecto a las condiciones contratadas en esas pólizas. Y estamos hablando de un tema de tal calado, que trasciende lo deportivo para asentarse en el ámbito de la salud del deportista y los efectos, que pudieran derivarse ante graves lesiones para el resto de su familia.
Pues bien, y siguiendo con la afectación del principio de publicidad – Artículo 5 Principios generales
Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 – administración general del Estado – publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.
Bajo este mandato de obligada transparencia, nos acercamos al Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determina las prestaciones mínimas del seguro obligatorio deportivo, que también incide en lo mismo, en ese intento de ofrecer garantías a los federados, respecto a unas pólizas que pagan, pero sobre la que no son informados, como debiera, ni siquiera han formado parte de ese ejercicio de autonomía de la voluntad. El artículo cuatro dice lo siguiente:
Pues bien, a pesar de la entrada en vigor de esta norma, que desarrolla el mandato constitucional de derecho de información de los ciudadanos sobre los asuntos públicos, y de incidencia pública, se sigue esquivando y parece que siempre con la reiteración inoportuna de todo aquello que tiene que ver con garantizar derechos de los, en este caso, deportistas en un tema tan capital como conocer el acuerdo del que emana las prestaciones y sus consecuencias en todo lo que tiene que ver con la salud del deportista.
Comments Off on Sindicatos, financiación y deporte femenino
http://www.aedd.org/noticias-derecho-deportivo/comentarios-de-actualidad-sobre-derecho-deportivo/item/735-sindicatos-financiacion-y-deporte-femenino
La Constitución española en su artículo 7.º –Título Preliminar– señala que los sindicatos de trabajadores –en el deporte son trabajadores y trabajadoras también los y las deportistas– y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley.
Pues bien, asentado este principio, me gustaría trasladarlo al ámbito deportivo, en el contexto de ámbito laboral. Lo primero que hay que decir y continuando con el sarcástico término –por el déficit de derechos que supone, en ocasiones, de carácter personal y como colectivo– que no existen sindicatos al uso en el deporte femenino, y son sus asociaciones sin interlocutor, ante la inexistencia de una patronal las que derivan su papel de exigencia a la nada. Y, por otro lado, los de los deportistas, salvo excepciones, también demandan referencias, con relación a otros sectores económicos del país, ser amparados por lo que este artículo siete señala. La realidad es que la actividad de los sindicatos y asociaciones de mujeres deportistas no son reportados desde el punto de vista de la dinámica de otros sindicatos en poco o nada, encubriendo esa mal denostada especificidad –que se predica del deporte– en un verdadero déficit cualitativo y cuantitativo en el papel real de interlocución de estas organizaciones.
Me gustaría, porque la comparativa no lo aguanta, atraer a esta reflexión todo lo relacionado con la financiación de los sindicatos. Sobre el papel tenemos sus cuotas, subvenciones por delegados –presupuestos públicos–, donaciones, actividades, y subvenciones finalistas. Esta última tiene que ver con el papel social que representan. Con ese concepto de elementos de democratización del propio sistema económico.
Pues bien, si observamos el gasto público del Estado a los sindicatos a lo largo de los años 2000 a 2016 las cifras señalan que más de doscientos millones de euros han sido destinados a los llamados sindicatos de clases o tradicionales, de todo tipo. Sin pretender matizar nada de esto, no quiere decir que una no entienda bien por qué en el deporte no existen conceptos nominativos de subvenciones y más en una materia en la que la precariedad laboral en la inmensa mayoría de los deportes es tan real, como que no existen mesas de negociaciones, convenios colectivos, mínimos salariales, rescisiones unilaterales de contratos por embarazos, o por lesiones, en general. Todo ello aplicable al deporte femenino, en particular, y al resto de deportes, exceptuando al masculino ya standarizado. De ahí que se siga insistiendo como al deporte femenino, la fuente de la relación laboral no declarada o en precario. Lo que provoca, además, ese no reconocimiento desde la propia financiación, una falta de estructura, además de incidir en el concepto de falta de interlocución real con las administraciones.
Poca excusa cabe ante la inexistencia de esta financiación, si se solicita la aplicación del referido artículo constitucional, que parece que en el deporte, por eso de la especificidad no se aplica; y mientras los legisladores y el ejecutivo no dejan pasar la ocasión, por ley y bien está, de seguir financiando a las estructuras de los partidos políticos y sus fundaciones, entendiendo que esto significa apoyo a los representantes del sistema democrático. Yo no lo cuestiono, lo que cuestiono es por qué al deporte, y por ende, a la precariedad de la estructura del femenino se les excluye. Por lo que no se trata de demandar de lo público una financiación, como de reclamar nuestro derecho a estar en la defensa de los deportistas, con organizaciones que también entran dentro de ese artículo 7.º de la Constitución; y por lo tanto merecen ser reconocidas como tales, desde el punto de vista de los presupuestos públicos. Y hablamos de la inmensa mayoría de esos deportistas que son profesionales y que necesitan que sus derechos sean reivindicados y aceptados tales como: contratos por escrito, derecho a la huelga, cotización de la Seguridad Social, derecho a vacaciones, derecho a que le sean reconocidos sus derechos de imagen, derecho a ser madre, derecho a que le cubran sus incapacidades laborales, derecho a un horario negociado, derecho a un convenio colectivo, entre otros –como se puede intuir– muchas de estas reivindicaciones están circunscritas al deporte femenino, coto aún en el que persiste la inequidad real de estas profesionales.
Comments Off on La discriminación laboral por sexo: impunidad en el deporte
https://iusport.com/not/56081/la-discriminacion-laboral-por-sexo-impunidad-en-el-deporte
Recientemente he tenido la oportunidad de leer un buen reportaje en el Periódico el País de don Manuel V. Gómez, en el que ha puesto el punto de mira en la Inspección de Trabajo, a la hora de la detección de esa discriminación en el ámbito laboral entre hombres y mujeres, señalando que: apenas, el 0,1% de todas las sanciones laborales que pone.
Y hace una reflexión, y así parece también hacerlo la administración, en relación al hecho de por qué es cifra tan baja, señalando que tiene mucho que ver con lo que se denominan discriminaciones indirectas.
Al hilo de esto, y en la praxis de mi día a día, observo, efectivamente, en el ámbito del deporte, y más ante la falta de marco de protección, ante la inexistencia de ligas profesionales, esa discriminación real de las deportistas, con respecto a sus colegas, en temas tales como: salarios, convenios colectivos, cláusulas de negación de vacaciones, no reconocimiento de los derechos de imagen, no cotización a las seguridad social – de hecho, en algún que otro contrato he observado que llega a señalar el club que la incorporación a la seguridad social es cosa de la deportista o cuando ella quiera, contraviendo el artículo 26.4 del estatuto de los trabajadores:
Y el artículo 19 del propio Estatuto de los Trabajadores:
A tenor de lo expuesto, se podría afirmar que en este campo abonado a la discriminación, que es el laboral deportivo, no es que haya discriminación indirecta, sino directa.
Y yo me pregunto: ¿son las deportistas de este país ciudadanas con los mismos derechos, ejerciendo la misma actividad laboral que sus colegas masculinos? Desde luego si nos atenemos al Estatuto de los Trabajadores, a la Ley de Igualdad, y al Real Decreto 1006 que regula las relaciones de los deportistas profesionales; y por último al sentido común, hay que decir que sí. Y si ya nos metemos en esos pronunciamientos, que podrían ser bienintencionados, aunque ineficaces, como la Declaración de Brigthon y de Helsinki, deberíamos decir que no cabe esa discriminación por el hecho de ser mujer, en el mismo ámbito laboral.
Pero como el deporte parece ser especial, y todo lo aguanta. Somos conscientes, sin duda, que ha habido muchas disciplinas deportivas practicadas por mujeres que se fueron incorporando a los JJOO en fechas posteriores a los chicos. Caso del boxeo femenino en Londres 2012. Pero esto es un tema, y otra cuestión es la discriminación en un ámbito laboral- como es el deporte- que no puede seguir siendo soportada por esta sociedad, en pleno siglo XXI. A veces oigo eso de la brecha salarial, y yo digo que en el deporte, no hay brecha, pero como consecuencia de no haber salario. Esto es lo preocupante.
Pues bien, al hilo de esa necesaria intervención de las administraciones, como pudiera ser la inspección de trabajo, sería interesante, que se pusiera el acento en esas situaciones que están lastrando ese derecho de las deportistas, en esos deportes colectivos, en especial, con respecto a sus colegas masculinos. Y partiendo del hecho de que son ciudadanas y gozan de lo que dice nuestra Constitución de su protección en principio de Legalidad. Me gustaría, en esas hipotéticas inspecciones de trabajo, que pudieran ser de oficio, dada la situación de indefensión en la que están muchas de esas deportistas. E hicieran referencia, al Estatuto de los Trabajadores, norma de carácter supletorio del Real Decreto 1006 del año 1985 que regula las relaciones de los deportistas profesionales – como así establece en su artículo
Artículo 21 Derecho supletorio
Desde luego y esto sí que se puede afirmar, es el hecho de que en el deporte los salarios entre colegas de la misma profesión son diferentes, es un hecho. El propio estatuto de los trabajadores – insisto supletorio- establece derechos en su artículos 4, que dada esta especificidad y deporte, que algunas denunciamos, no son aplicables a las chicas en hechos tales como:
Artículo 4 Derechos laborales
f) A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida
Así pues, en este campo, seguro que la inspección de trabajo encuentra materia abonada hacia esa real discriminación que ya empieza a resultar intolerable. Intolerable por la burla a nuestro derecho laboral común, y por la ineficacia de nuestras administraciones, en este caso, el Consejo Superior de Deportes, en seguir manteniendo esta situación, sin que por ello se tomen medidas, de todo tipo desde luego las jurídicas, que ya venimos demandando hace años algunas que nos dedicamos a esto del derecho deportivo.
Aquí se sigue dando lo que el propio estatuto de los trabajadores señala como el imperativo de no discriminar por sexo, según su artículo 17 e interpela a las administraciones a ello:
Artículo 17 No discriminación en las relaciones laborales
En relación al salario, qué decir, aquí hay la costumbre está en firmar, una especie de acuerdos previos, no dar de altas en demasía, y desde luego obligar a reclamar a las jugadoras, en una especie de reconocimiento de deudas con quitas de escándalo. Y esto desde luego no se sostiene si nos ajustamos a lo señalado en el artículo 26 del propio Estatuto de los Trabajadores:
Artículo 26 Del salario
O lo estipulado en el artículo referido a la igualdad de remuneración
Artículo 28 Igualdad de remuneración por razón de sexo
Y qué decir sobre el tema de la jornada laboral, ni se sabe, ni se espera, y se juega sin que se haya pactado previamente, como ocurre con los chicos, vía convenio colectivo, y esto se desentiende también en relación, por convenio o contrato, como aquí no hay ni lo uno ni lo otro, allá que se la vean las mujeres deportistas, contraviniendo lo establecido en el artículo
Artículo 34 Jornada
8. El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los términos que se establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo previsto en aquella.
Esto último ya es para nota, y tiene que ver con lo que ya hemos denunciado de la falta de conciliación, vía convenio, como sí tienen los chicos, en relación a la conciliación vida familiar y profesional. Y si no que se observe en toda la problemática de la maternidad en las deportistas. Un tema de amplio desarrollo en la legislación laboral común, y que de nuevo discrimina a la mujer, a pesar de lo establecido en lo relativo a la suspensión del contrato de trabajo, como así se reconoce en el artículo 45 E.T.
Artículo 45 Causas y efectos de la suspensión
• d) Maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, de menores de seis años o de menores de edad que sean mayores de seis años cuando se trate de menores con discapacidad o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes.
Y mientras todo esto ocurre, una observa que poco o nada se mueven las estructuras gubernativas y federativas. Unas porque miran para el otro lado, a pesar de decirse comprometidas, yo diría que impelidas, como es el caso del Consejo Superior de Deportes. Las Federaciones implicadas en las ligas sitúan el escenario de su no responsabilidad porque no son patronal; aunque mantienen y señalan su política de apoyo al deporte femenino, y captan financiación a cuenta de ello.
Además persisten programas que se predican de apoyo y obtienen esas empresas desgravaciones fiscales, a costa de derechos de imagen no cedidos por decisión de las deportistas; y permaneciendo en situaciones de discriminación que no deberían ser muy eficaces para esas empresas patrocinadoras, ser conscientes de que sus stakeholders mantienen de facto situaciones de discriminación. Algún accionista podría preguntar por ello.
El convenio colectivo de baloncesto: intimidación versus razón jurídica y legítima
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https://iusport.com/not/54595/el-convenio-colectivo-de-baloncesto-intimidacion-versus-razon-juridica-y-legitima
Los convenios colectivos del deporte son como la asignatura pendiente, haciendo denotar de los mismos – en las disciplinas que existen-, la falta de profesionalización y de sensibilidad de las estructuras del deporte de nuestro país, hacia el reconocimiento y los derechos laborales de los deportistas. Menos mal que siempre estará el régimen proveniente del Estatuto de los Trabajadores.
Recientemente ha salido a la luz pública las divergencias que mantienen la ABP – Asociación de Baloncestistas Profesionales – y la patronal ACB – Asociación de Clubes de Baloncesto- en relación a la firma de un nuevo convenio. Una firma que ha sido abruptamente apartada del consenso porque, según manifiesta la ABP la ACB está pidiendo la libertad de contratación de jugadores.
Lo que supondría, según manifiesta el sindicato de jugadores de baloncesto, unas plantillas formadas por cuatro cupos de formación y ocho jugadores del resto del mundo, que supone ir contra los derechos de los intereses del baloncesto español, de los jugadores de formación y sobre todo de los jugadores comunitarios. Y en esa postura proponen como contraposición si no se acepta utilizar el Fondos Social como elemento de intimidación; una espada de Damocles que va en detrimento de mantener actividades, recursos y personal de la propia ABP. Algo que para el sindicato es un auténtico chantaje.
Lo que primero le interpela a una es el hecho del escaso apoyo que tiene el sindicato para seguir defendiendo la excelencia y el potencial del jugador de nuestro país, que es quién en su inmensa mayoría está dando a este país los mejores resultados deportivos del mismo. Observado el referido documento manifiesto que es curioso, porque dicen A CAMBIO, vamos que está claro que o se acepta ese ejercicio de liberalización de las plantillas o verán ustedes mermados este fondo, que se supone conforma un reconocimiento histórico de la trayectoria de una organización – ABP- que ha sido acreedora del respeto por su compromiso con el jugador de baloncesto.
En este sentido, resulta extraño ver este tipo de pronunciamientos escritos, si no fuera porque, una vez más, España parece ser diferente. Como el hecho de apoyar más contratar al extranjero, antes que al de su país; y más en un tema como el deportivo en el que la especificidad se ha armado frente al concepto estatutario del mercado laboral común. Y además decir, si no nos lo aceptas – entiendo que la ACB- es la patronal española, entonces serás interpelado con la bajada de tus recursos para el fondo social, que entiendo es el logro de años para el fomento del desarrollo del sindicalismo deportivo.
Parte de cualquier sociedad democrática, que desarrolla derechos civiles en favor, en este caso del jugador de baloncesto. Algo extraña de todo ello. Como si la rivalidad patronal- sindicato tuviera más que ver con una confrontación de tintes belicista que con una satisfacción de derechos laborales, conseguidos a lo largo de años; y con una naturaleza pacífica para su consecución. De hecho, la ABP insiste en el hecho que el Fondo Social es el elemento de piedra de toque, de semáforo en rojo, y que reconocen es la base y garantía de la existencia de la perseverancia de la propia ABP, desde hace casi treinta años.
Parece una evidencia que las posturas están encontradas, y que las partes tratan de posicionarse en relación a su papel en una mesa de negociación. Que, por encima de todo, se deberían asumir determinadas conquistas del pasado, aceptarlas; y lo que preocupa aquí por lo manifestado por la ABP es el hecho de mostrar puntos de negociación, que tienen que ver con derechos y conquistas laborales, con estrategias de carácter mercantil y de fines netamente económicos. Cuesta entender a estas alturas del club siglo xxi que se sigan subrogando intereses meramente económicos, y de retroacción de conquistas ya asumidas; frente a lo que significa una negociación colectiva, que conlleva la relevancia de derechos sociales y colectivos.
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References: Real Decreto 
 artículo 43
 artículo 148
 artículo 149
 artículo 133
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 43
 artículo 59
 artículo 149

Artículo 148
 artículo 149
 artículo 59
 Real Decreto 
 artículo 105
 Artículo 5
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 26
 artículo 19
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 21

Artículo 4
 artículo 17

Artículo 17
 artículo 26

Artículo 26

Artículo 28

Artículo 34
 artículo 45

Artículo 45