Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920808.html
Timestamp: 2019-11-12 08:57:56+00:00

Document:
as201920808
Auto Supremo: 808/2019
Expediente: LP – 55 – 19 - S
Partes: Reynaldo Paredes Núñez del Prado c/ Grover Tambo Beltrán y Guadalupe Ledezma López.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 251 a 252 vta., interpuesto por Reynaldo Paredes Núñez del Prado representado legalmente por Víctor Erik Arteaga Onofre y Ramón Andrés Arteaga Onofre contra el Auto de Vista Nº S-338/2018 de 16 de noviembre, cursante de fs. 247 a 249, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso sobre reivindicación y resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por el recurrente contra Grover Tambo Beltrán y Guadalupe Ledezma López; el Auto de Concesión de 28 de febrero de 2019 visible a fs. 255, Auto Supremo de Admisión N° 407/2019 – RA, cursante de fs. 261 a 262 vta., todo lo inherente; y:
1. Reynaldo Paredes Núñez del Prado mediante memorial cursante de fs. 48 a 50 vta., reiterado de fs. 56 a 59, subsanado a fs. 63 y vta., inició demanda de reivindicación más resarcimiento de daños y perjuicios contra Grover Tambo Beltrán y Guadalupe Ledezma López, señalando que acreditó su derecho propietario sobre el bien inmueble ubicado en la urbanización Tilata, UVD lote N° 8, manzana “D-23” de 306,25 m2,de la localidad de Viacha, debidamente registrado en la oficina de Derechos Reales con la matrícula N° 2.08.1.01.0031206, además de contar con planos aprobados del terreno, sin embargo, los demandados ocupando su bien inmueble impidieron que ingrese restringiendo el ejercicio de sus derechos de uso, goce y disfrute de su propiedad. Citados ambos demandados por escrito de fs. 95 a 97, contestaron a la demanda negando todos los extremos y reconvinieron por usucapión decenal o extraordinaria cuya contrademanda fue observada y subsanada a fs. 100 y vta.
2. Tramitándose el proceso se dictó la Sentencia Nº 119/2016 de 14 de octubre, cursante de fs. 216 a 220 vta., donde la Juez Público Civil, Comercial y Familiar Nº 1 de la localidad de Viacha del departamento de La Paz, declaró PROBADA la demanda de reivindicación; IMPROBADA con relación a la pretensión de daños y perjuicios e IMPROBADA la demanda reconvencional de usucapión, disponiendo que los demandados en el plazo de 30 días de ejecutoriado el fallo, efectúen la entrega del bien inmueble objeto de la litis bajo conminatoria de expedirse mandamiento de desapoderamiento, sin costas por ser juicio doble.
3. Resolución de primera instancia que al ser apelado por Grover Tambo Beltrán y Guadalupe Ledezma López, mereció el Auto de Vista Nº S-338/2018 de 16 de noviembre cursante de fs. 247 a 249, que resolvió ANULAR obrados hasta fs. 215 vta., de conformidad al art. 218.II núm. 4 del Código Procesal Civil, disponiendo la Juez A quo sin espera de turno pronuncie nuevo fallo de acuerdo a los datos del proceso y conforme a los fundamentos explanados.
El Tribunal Ad quem sostuvo que la Sentencia N° 119/2016, omitió la valoración y el análisis fundamentado de la prueba testifical con relación a las pruebas literales de fs. 72, 73, 74, 75, 84 a 86, 88, 177 y 178, confesión provocada e inspección ocular con relación a la demanda reconvencional por usucapión, careciendo la Sentencia de exposición motivada que vulnera el art. 213.II núm. 3) del Código Procesal Civil, en cuanto a la motivación y los medios de prueba que confirman o no lo alegado por las partes litigantes en la presente causa. Asimismo, no haberse pronunciado la A quo, sobre determinadas pruebas que fueron producidas en el desarrollo de la causa, conforme al principio de comunidad de la prueba vulnera el art. 145 del Código Procesal Civil. Por otra parte, la juez A quo incumplió el art. 213 del adjetivo civil.
De las exposiciones descritas por el demandante, se extraen de manera ordenada y en calidad de resumen, las siguientes:
1. Acusó que el Tribunal Ad quem no consideró el art. 377 del Código de Procedimiento Civil, debido a que vencido la etapa de prueba conforme al Auto de fs. 182 vta., se clausuró el término probatorio correspondiendo que todas las pruebas sean rechazadas de oficio, asimismo, considerando que las declaraciones testificales cursantes de fs. 211 a 214 no han sido producidas en previsión del art. 378 del Código de Procedimiento Civil, no genera obligación de valorar, ni considerar la prueba testifical, en consecuencia, existe indebida aplicación descrita del art. 377 del mencionado cuerpo legal, al pretender valorar prueba extemporánea que debió ser rechazada de oficio.
2. Denunció que la Sentencia no tomó en cuenta las reglas del nuevo orden procesal, en previsión a la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Nº 439 y además que la aplicación del Código de Procedimiento Civil fue consentida y convalidada por ambas partes. En ese sentido, las causales de nulidad advertidas en el Auto de Vista no pueden ser aplicadas a la Sentencia por el principio de legalidad y seguridad jurídica. En caso de haber omisión en la valoración de prueba las partes podrían haber pedido la complementación o aclaración oportuna por lo que al no haber efectuado reclamo ante la supuesta falta de valoración fue consentida, siendo incensurable en casación. Al haber anulado la sentencia por supuesta omisión de valoración de prueba se hizo una indebida aplicación del art. 213.II núm. 3 de la Ley Nº 439.
Solicitó casar y mantener la sentencia de primera instancia, que declara probada la demanda e improbada la demanda reconvencional.
Al respecto el art. 108 del Código Procesal Civil, señala: “I. El tribunal de segunda instancia que deba pronunciarse sobre un recurso de apelación, apreciará si se planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos de la primera instancia, conforme a lo dispuesto en el presente Código.
II. Si la reclamación de nulidad hubiere sido planteada a tiempo de la apelación, se resolverá sobre ella, y sólo en caso de rechazarla, se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si se opta por la declaración de nulidad se dispondrá la devolución de obrados al inferior para que se tramite la causa a partir de los actos válidos, con responsabilidad al inferior de acuerdo a Ley.”, de la norma en cuestión se establece que el Tribunal de segunda instancia al momento de aplicar esta medida de anular obrados, deberá advertir si la misma ha sido reclamada en el recurso de apelación, y en caso de ser reclamada dicha solicitud deberá ser resuelta con prioridad a los reclamos de fondo, empero, como se expuso supra es viable disponer la misma, cuando se trate de un hecho que por su trascendencia vulnere el debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa.
En principio corresponde precisar que en su sentido restringido la congruencia es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto conforme orientaba el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, actualmente contenido en el art. 213.I del Código Procesal Civil, y en caso de no respetarse este parámetro la resolución a ser emitida peca de ser ultra, extra o citra petita, en su sentido amplio la congruencia también debe entenderse en la correlación interna que debe existir en la misma resolución y con el proceso en sí.
Tomando como parámetro lo referido, ante la existencia de una resolución de primera instancia incongruente que hubiese sido reclamada oportunamente, si bien en un primer momento este aspecto puede dar lugar a una nulidad procesal, empero, debe tenerse presente que bajo un nuevo modelo constitucional este instituto procesal resulta aplicable en determinados casos bajo un criterio de juridicidad, siempre y cuando ese acto no pueda ser suplido en la instancia superior, en aplicación del principio de protección de actuados con la finalidad de que el proceso alcance el fin esperado de solución al conflicto jurídico por su calidad de teleológico, bajo esta premisa el Tribunal de apelación en aplicación de sus prerrogativas deberá resolver en el fondo este aspecto o en su caso de no ser posible enmendarlo, corresponderá en aplicación del art. 109 del Código Procesal Civil disponer la nulidad parcial, sin afectar otros actuados no inherentes a esa pretensión, bajo una correcta aplicación del principio de causalidad que ya fue esbozado en el AS Nº 370/2016 de 19 de abril, con base en lo explicado no resulta viable disponer una nulidad total de esa resolución.
Lo expuesto tiene su sustento en la búsqueda del fin principal de la administración de justicia que es la solución del conflicto jurídico, y en la normativa establecida del art. 218.III de la Ley Nº 439, que de forma textual determina: “Si se hubiera otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo.”, criterio que ya ha sido exteriorizado en el AS Nº 304/2016 de 06 de abril, donde se ha delineado en sentido que: “los Tribunales de segunda instancia deberán tener presente que a partir de un nuevo entendimiento procedimental establecido por la Ley 439 la falta de congruencia, (ultra, extra o citra petita) no son causales para disponer nulidad alguna, sino que ante la evidente falta de congruencia, deberán fallar en el fondo de la causa, debido a que la norma en su art. 218 (Ley 439) de forma textual expresa: “III Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, norma que reconoce la amplitud y que el Tribunal de apelación al ser otra instancia posee las mismas facultades del Juez de Primera instancia, esto con la finalidad de resolver el conflicto jurídico”.
De principio corresponde examinar en los antecedentes de la presente causa si los fundamentos vertidos en el Auto de Vista recurrido resultan correctos o no, a ese efecto se advierte que en el caso de autos, los apelantes indican en su impugnación cursante a fs. 227 a 232, contra la Sentencia N° 119/2016 de 14 de octubre, la falta de valoración de las pruebas literales cursante de fs. 72, 73, 74, 75, 84 a 86, 88, 89 a 94, 177 y 178, por otra, la confesión provocada de fs. 142 a 146, inspección ocular de fs. 138 a 141, las declaraciones de testigos de fs. 211 a 214 y llegan a la conclusión de que con todas estas pruebas acreditan la posesión conforme establece el art. 138 del Código Civil, por lo que en su petitorio señalan que: “REVOQUE, deje sin efecto o anule la infundada (…) sentencia recurrida, y haciendo prevalecer la verdad material (…) declarar improbada la demanda de reivindicación y probada la demanda de usucapión decenal o extraordinaria”.
Por su parte, el Auto de Vista en el punto tercero refleja el contenido del recurso de apelación llegando a concluir que: “En la especie, se ha omitido la valoración a la prueba testifical respecto a la demanda reconvencional por usucapión, sin que exista motivación o fundamento alguno que la Jueza de instancia haga conocer al justiciable las razones o motivos por los cuales emite la resolución impugnada haciendo abstracción de la prueba testifical producida dentro del proceso, sin considerar que la sentencia como aquel acto jurisdiccional, que pone fin al litigio en primera instancia, tiene el deber de recaer sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieren sido demandadas, extremo alcanzado por la verdad material que surja de los medios de prueba aportados al desarrollo de una determinada causa (Art. 213 par.I del Código Procesal Civil)”. Además, se incide en que la Juez A quo no da cumplimiento al art. 213.II núm. 3 del Código Procesal Civil.
En este contexto, se debe tener presente que el Tribunal de alzada dispone que la Juez A quo emita nueva sentencia ante el incumplimiento de los arts. 145 y 213.II núm. 3 del Código Procesal Civil, basándose en la falta de valoración y análisis fundamentado de la prueba testifical con relación a la prueba literal, confesión provocada e inspección ocular en función a la demanda reconvencional de usucapión. Sin embargo, el Tribunal de Ad quem soslaya considerar el principio de economía procesal, celeridad y de una justicia pronta y oportuna, lo que no implica que obligatoriamente sea el operador judicial de primera instancia quien efectúe la valoración y fundamentación de los medios de prueba omitidos.
En ese orden de ideas, es menester tomar en cuenta que conforme la explicación efectuada en la doctrina aplicable en el acápite III.2 del presente Auto Supremo, la falta de congruencia o ausencia de motivación y fundamentación en la sentencia, actualmente no es considerada como una causal de nulidad de la sentencia o de obrados, ya que tales presupuestos al ser reclamados oportunamente por expresa determinación de los arts. 218.III y 265.III de la Ley Nº 439 establecen la obligación del Tribunal de apelación de fallar y resolver en el fondo en cuanto a la incongruencia u omisión detectadas. Las citadas normas conforme a una interpretación sistemática desde y conforme a la Constitución Política del Estado tienen por esencia que el proceso por su carácter teleológico alcance el fin esperado que es la solución a la controversia, máxime si el Tribunal de apelación al ser otra instancia y poseer las mismas facultades y prerrogativas que el Juez de la causa puede resolver en el fondo la incongruencia o, en su caso, fundamentar en defecto de la Juez de primera instancia, en caso de considerarse insuficiente la motivación, sin necesidad de acudir a la nulidad procesal que es una medida de última ratio.
En ese sentido se establece que si el Tribunal de segunda instancia considera insuficiente el análisis (operación lógica-jurídica) y fundamentos de la Juez A quo, puede suplir dicha fundamentación y no anular obrados, pues en atención al principio de verdad material y de comunidad de la prueba, y en apego de sus facultades y prerrogativas tiene la potestad de revaluar los hechos y las pruebas, e incluso en caso de considerar que existe omisión en la valoración de la prueba, tiene la posibilidad de enmendar ello, así como el de disponer la producción de prueba, revocar el fallo y emitir uno nuevo en el fondo con el criterio que corresponda, pero en ningún caso y sin el suficiente sustento legal concluir por anular obrados, solo a efectos de que sea la juez de primera instancia quien deba rever la prueba, como sucedió en el presente proceso, al disponer la anulación de obrados, aspecto que incumbe una total inobservancia del principio de eficacia.
En relación a la valoración de la prueba en general compete a los jueces de grado, siendo soberanos para decidir la causa tomando en cuenta las pruebas esenciales y decisivas, tal como se infiere de los arts. 1286 del Código Civil y 145 de su Procedimiento, valoración del A quo que el Tribunal de alzada puede revisar respecto a los agravios deducidos en la apelación, ya sea para confirmar o concluir de manera distinta al juez de primera instancia.
En consecuencia, el Ad quem en el marco de los agravios apelados, tiene la potestad de rever la prueba y valorarla en segunda instancia, incluso la facultad de aperturar un período probatorio y disponer de oficio la producción de prueba, tal como establece el art. 264.I del Código Procesal Civil (art. 233.II del Código de Procedimiento Civil) por consiguiente, el Tribunal Ad quem, deberá proceder a valorar toda la prueba omitida por la Juez A quo en relación a la demanda de reivindicación y especialmente en cuanto a la reconvención de usucapión, tal cual se manifiesta en el Auto de Vista impugnado, no siendo correcto que sobre la crítica efectuada a la valoración de prueba el Ad quem, determine la nulidad de obrados porque esa consideración debe dar lugar a un pronunciamiento de fondo a los fines de resolver de la manera más justa la causa sujeta a su competencia y además, tomando en cuenta que dicha facultad le asiste al Tribunal de segunda instancia, en conformidad con el art. 265.III del mismo adjetivo civil.
En cuanto a los reclamos planteados en el recurso de casación consistentes en la indebida aplicación del art. 377 del Código de Procedimiento Civil y la valoración de la prueba testifical de fs. 211 a 214, y como también del art. 213.II núm. 3) de la Ley Nº 439, no es pertinente considerar porque dichos agravios tienen incidencia en la decisión de fondo de la presente causa, no pudiendo ser analizados al ser el Auto de Vista anulatorio.
En conclusión, señalar que el Tribunal Ad quem al disponer la nulidad de obrados, ha vulnerado los arts. 265.I y 218.III del Código Procesal Civil, y con ello, el principio del debido proceso en su elemento al derecho a la defensa de los recurrentes, por lo que es pertinente enmendar dicha infracción.
Por todo lo expuesto, corresponde emitir Resolución conforme a lo establecido en el art. 220.III del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.III del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº S-338/2018 de 16 de noviembre, cursante de fs. 247 a 249, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo que previo sorteo y sin espera de turno, el Tribunal de Alzada emita nuevo Auto de Vista, con base en los fundamentos precedentemente expuestos, dentro el marco establecido por el art. 265.III de la Ley Nº 439.

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