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Timestamp: 2020-01-26 23:30:23+00:00

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Entre enero y julio del 2019 se registraron nueve mil 634 denuncias por violencia familiar.
El 15.5 % de lambayecanos ha sido víctima de un hecho delictivo.
Según el Índice de Ley y Orden, reporte elaborado por la encuestadora estadounidense Gallup, que mide la percepción de inseguridad en 142 países, el Perú ocupa el puesto 121 con 64 puntos, situándose dentro de las 20 naciones más inseguras. Pese a dicha realidad, a nivel departamental Lambayeque ha mostrado un pequeño progreso, el cual es detallado en el Informe Técnico sobre Seguridad Ciudadana que realiza anualmente el Instituto Nacional de Estadística e Información – INEI.
El órgano rector de los sistemas nacionales de estadística precisa que entre mayo y octubre del 2018 la percepción de inseguridad ciudadana era de 90.8 %, cifra que contrasta con el 82.9 % registrado en el mismo período del 2019. Similar situación es la de La Libertad, que muestra un descenso del 88.8 % al 82.8 % y Piura del 81.3 % al 77.1 %.
Asimismo, el reporte detalla que Lambayeque es el tercer departamento con menos personas mayores de 15 años que han sido víctimas de un hecho delictivo con el 15.5 %, pese al aumento de 2.1 %, respecto del 2018. En tanto, en La Libertad el índice es de 23.9 % y en Piura de 16.2 %.
De este grupo de personas, el 10.5 % sufrió el robo de dinero, cartera o celular; mientras que el 1.4 % fue víctima del robo de su vehículo. En tanto, sufrieron intento de robo el 2.4 % y el 0.5 %, respectivamente.
Del mismo modo, el INEI recoge del Sistema de Denuncias Policiales – SIDPOL, que de enero a julio del 2019 registró 16 mil 230 denuncias, de las cuales 11 mil 321 fueron contra el patrimonio; mil 580 contra la vida, el cuerpo y la salud; mil 260 contra la seguridad pública, mil 67 contra la libertad y mil dos de otro tipo.
En ese período se detuvo a cuatro mil 661 personas: mil 735 por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; mil 338 contra el patrimonio, 975 contra la seguridad pública, 186 contra la libertad, 22 contra la familia y 405 por otro tipo de delitos.
Respecto a las denuncias por faltas cometidas, Lambayeque registró en total dos mil 146 de enero a septiembre del 2019, lo cual representa el 16.6 % por cada 10 mil habitantes, siendo los meses de enero a marzo los de mayor número (785), respecto al trimestre de abril a junio (737) y julio a septiembre (624).
Asimismo, hubo 31 denuncias por homicidio culposo, cifra menor a las 163 de La Libertad y las 128 de Piura. En contraste, hubo 499 denuncias por personas desaparecidas, estadística mayor que las 188 de Piura y las 272 de La Libertad.
De igual forma, se reportó 791 denuncias por robo de vehículos, de los cuales solo se recuperaron 204. Por su parte, La Libertad registró 791 denuncias y Piura 611, siendo recuperados 700 y 319, respectivamente.
Igualmente, hubo 33 denuncias de enero a septiembre por el delito de trata de personas, cifra mayor a las registradas en La Libertad y Piura (cinco y nueve). De estas, los fines fueron explotación sexual (18), explotación laboral (seis) y no identificado (nueve).
La forma de captación fue, en 23 casos, bajo la modalidad de oferta de trabajo y en 10 de estudio. En todos los casos se trató de mujeres, de las cuales nueve fueron menores de 18 años, 12 de 18 a 29 y otros 12 de 30 a más.
No obstante, el Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines – RETA, consignó solo una denuncia entre enero y noviembre del 2019 en Lambayeque, a diferencia del 2018 en que hubo cinco y el 2017 que hubo dos; mientras que este año en La Libertad el RETA registró 30 denuncias y en Piura 24.
Por su parte, del Ministerio Público el INEI recoge que hubo un total de 111 denuncias registradas por trata de personas entre el 2012 y el 2018, siendo el 2015 el año con el pico más alto (25), seguido del 2018 (24). Por su parte, La Libertad arroja 163 casos y Piura 227.
Sobre los accidentes de tránsito, hubo dos mil 811 de enero a septiembre del 2019, lo cual representa el 3.9 % del total nacional y ubica a Lambayeque en el sexto lugar, debajo de Piura con tres mil cuatro (cuarto lugar) y La Libertad con cuatro mil 726 (segundo lugar).
Del total de accidentes, mil 207 se produjeron por exceso de velocidad, mil 88 por la imprudencia o ebriedad del conductor y 45 por la del peatón, 24 por falla mecánica u falta de luces, y 422 por otros motivos. Además, se registraron 522 accidentes por atropello y mil 544 por choque.
De estos accidentes se reportaron dos mil 201 heridos, de los cuales mil 499 fueron varones y 702 mujeres. El grueso de afectados estuvo entre las personas de 30 a 59 años (992), seguido de 18-29 años (829). En tanto, 249 heridos fueron menores de 18 años y 131 de 60 a más.
Asimismo, hubo 50 fallecidos producto de los accidentes de tránsito (41 varones y nueve mujeres), entre los que se encontraron cuatro menores de edad y 16 mayores de 60 años.
El estudio también recoge información sobre el Censo Nacional de Comisarías del que se señala que entre el 2012 y septiembre del 2019 hubo un total de cuatro mil 363 accidentes de tránsito, estadística menor a la de Piura (cinco mil 740) y La Libertad (seis mil 182).
Por otro lado, se registraron en Lambayeque nueve mil 634 denuncias por violencia familiar, 514 más que en La Libertad y cuatro mil 457 menos que Piura. De estas, mil 300 fueron de víctimas varones y ocho mil 334 mujeres, dentro de las cuales hubo 158 menores de 12 años y 294 de 12 a 17.
Del total de estas denuncias, en cuatro mil 384 el agresor fue el esposo o conviviente de la víctima, en dos mil 714 la expareja, en 469 el padre; en 809 el hijo, abuelo u otros familiares; y en mil 258 personas con otro parentesco.
Además, 588 personas menores de 18 años afectadas por violencia familiar fueron atendidas por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. De estas, cinco sufrieron violencia económica o patrimonial, 366 psicológica y 217 física.
Asimismo, hubo 296 denuncias por violencia sexual frente a las 312 de La Libertad y las 157 de Piura. Del total, 288 fueron víctimas mujeres, de las cuales el 9 % eran menores de 12 años, el 60.8 % entre 12 y 17 años y el 30.2 % de 18 a más.
De las 296 víctimas, 169 fueron atendidas por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, todas menores de 18 años. Dicha cifra fue superior a las 113 atendidas el 2018.
El consolidado del 2012 a septiembre del 2019 arroja que hubo un total de 258 denuncias por violencia sexual en Lambayeque, mientras que en Piura hubo 185 y en La Libertad 305. De estas, 242 fueron formuladas por mujeres.
En tanto, el estudio de INEI arroja que entre enero y junio del 2019 hubo 131 protestas sociales y 26 mil 913 manifestantes. En contraste, durante todo el 2018 hubo 165 protestas y 34 mil 185 manifestantes.
Además, se registraron en el departamento 45 conflictos sociales, a diferencia de La Libertad que tuvo 32 y Piura 102.
Asimismo, se reportaron entre enero y septiembre del 2019 tres ml 203 casos de niños y adolescentes expuestos a circunstancias difíciles, entre los que destacan 89 casos de peligro de abandono, 18 sin hogar y 15 con visitas frecuencia a los bares. En tanto, Piura y La Libertad registraron solo 35 y cuatro, respectivamente.
De los menores expuestos, 111 fueron derivados a padres tutores, 29 a la Fiscalía de Familia, 22 a establecimientos tutelares, 15 a juzgados y uno a centros de prevención.
Del mismo modo, se consignan 334 niños y adolescentes infractores de la ley penal, cuyos delitos en 215 de los casos fueron contra el patrimonio, en 50 de tráfico ilícito de drogas, en 15 por lesiones, dos por homicidios y otros casos 56.
Igualmente, se decomisó, entre enero y septiembre del 2019, 74.3 kilogramos de droga, mientras que en el 2018 se hizo lo mismo con 233.8 y en el 2017 con 181.4. De la sustancia ilícita decomisada, 30 kilos fueron de Pasta Básica de Cocaína – PBC, 11.5 de Clorhidrato de Cocaína y 32.9 de marihuana.
Respecto a las personas detenidas por drogas, se reportaron 106 en total, de las cuales dos fueron por consumo, 67 por tráfico y 37 por microcomercialización. En tanto, en La Libertad hubo 258 detenidos y en Piura 276.
Trabajos valorizados en más de cinco millones de soles se contrataron en gestión de exalcalde Juan Tafur Escobar.
La Municipalidad Distrital de Cayaltí, en la gestión del exalcalde Juan Tafur Escobar, contrató la obra: “Rehabilitación y mejoramiento de las principales avenidas” del distrito, valorizada en cinco millones 458 mil 922.39 soles, incurriendo en una serie de vicios que afectaron la transparencia del proceso, trasgrediendo la Ley de Contrataciones del Estado.
Esa es una de las conclusiones a las que arriba la Gerencia Regional de Control en el Informe N° 3983-2019-CG/GRLA-AC.
Las irregularidades detectadas configuran, en opinión de la Contraloría General de la República, responsabilidad penal en los exfuncionarios Richard Llontop Puicon y Alfonso Ortiz Villalobos.
Sobre estos también existiría responsabilidad administrativa para ser tratada por la entidad, situación que comprende, además, al exservidor Tito Ríos Azañedo.
Durante la gestión de Tafur Escobar, la municipalidad distrital, con la Resolución de Alcaldía N° 410-2018/MDC-A, del 20 de junio del 2018, aprobó el Expediente Técnico de la obra, con Código Único de Inversiones N° 2424647, denominada “Rehabilitación y mejoramiento de las principales avenidas de la localidad de Cayaltí”, con un presupuesto total de cinco millones 458 mil 922.39 soles, de los cuales cinco millones 171 mil 535.5 se destinarían para la ejecución y lo restante, 287 mil 387.33 a la supervisión.
El 17 de septiembre del 2018 se lanzó el proceso de contratación de la obra. El Comité de Selección fue presidido por Tito Ríos Azañedo (experto independiente), en tanto Richard Llontop Puicon (jefe de DIDUR) y Alfonso Ortiz Villalobos (jefe de Abastecimiento), se desempeñaron como primer y segundo miembro titular, respectivamente.
El 3 de octubre de ese año se procedió a la apertura de sobres, evaluación, calificación y otorgamiento de buena pro, siendo el único postor el Consorcio Avenidas 2018, conformado por Montalvo Asociados SAC, Las Palmas Contratistas Generales EIRL y Flogaing Contratistas Generales SAC, empresa que se adjudicó la contratación.
Así, el 16 de octubre se suscribió el Contrato N° 03-OBRAS-MDC/2018, estableciéndose un plazo contractual de 150 días calendario y regido por el sistema de contratación de precios unitarios.
En paralelo, la municipalidad convocó la contratación de la supervisión, la misma que fue adjudicada al Consorcio Victoria, integrado por Julio César Quiroz Ayasta y Pasco Asociados SAC.
El contrato de la supervisión se firmó el 18 de octubre, otorgándose 150 días calendario para la supervisión y 30 para la liquidación, recepción de obra, informe final, levantamiento de observaciones y remisión de liquidación.
Tras la realización de la auditoría de cumplimiento, Contraloría ha determinado que la aprobación de las bases administrativas que rigieron el proceso se realizó fuera del plazo establecido en la normativa vigente.
“De la revisión al expediente de contratación del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 002-2018-MDC/CS, convocado para la ejecución de la obra, se ha evidenciado que las bases administrativas fueron aprobadas cuatro días hábiles después de la designación del Comité de Selección responsable del desarrollo del procedimiento y que tres días después se emitió la resolución de aprobación, pese a que debía realizarse al segundo día de haberse efectuado dicha designación”, indica el informe.
En otro extremo, el documento de Contraloría menciona que el horario registrado en el calendario del procedimiento de contratación de las bases administrativas y de las bases integradas en comparación con la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, resultan disímiles.
“Igualmente, tanto en el procedimiento de contratación en mención, así como en el Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 004-2018-MDC/CS, convocado para la supervisión de la obra, se ha evidenciado que las fechas establecidas en las bases para la formulación de consultas no corresponde a los plazos establecidos en la normativa de la contratación pública especial”, reza el informe.
Con ello se trasgredió lo dispuesto en el comentario 01 del numeral 3.9, así como en el comentario 01 del numeral 4.1 de las Normas de Control Interno, vigente desde el 2006, que regulan la revisión de procesos, actividades y tareas, al igual que las funciones y características de la información respectivamente.
“La situación expuesta generó riesgo de afectación a la precisión, confiabilidad y transparencia de la información y desarrollo de los procedimientos de contratación, y fue suscitada por la falta de mecanismos de control que permitan garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa que rige la contratación pública especial para la Reconstrucción con Cambios para la aprobación de las bases administrativas, con énfasis en la elaboración de bases y calendario del procedimiento de selección correspondiente”, expone el informe.
PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA
Contraloría ha establecido también que el consentimiento de la buena pro y su publicación fue extemporánea en el portal web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, no se presentó informes que sustenten la admisión de ofertas, evaluación y el otorgamiento de puntajes ante los órganos del Sistema Nacional de Control y tampoco se realizó la publicación en dicho portal.
Con ello se afectó el principio de publicidad y se generó riesgo de afectación al correcto funcionamiento de la administración pública.
“De la revisión al expediente de contratación de los Procedimientos de Contratación Pública Especial N° 002 y 004-2018-MDC/CS, convocados para la ejecución y supervisión de la obra, se ha evidenciado que el consentimiento de la buena pro de los procedimientos de contratación y su publicación a través del portal web del SEACE, se realizaron de manera extemporánea (Ejecución: 9 de octubre, y Supervisión: 15 de octubre del 2018)”, se indica.
Se detectó también modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2018 de la municipalidad, aprobadas con las Resoluciones de Alcaldía N° 595 y 619-2018-MDC-A, del 7 y 18 de septiembre de ese año, respectivamente, las mismas que no fueron publicadas en el portal del SEACE.
Para la Contraloría, tal situación también afectó el principio de publicidad y generó riesgo de afectación al correcto funcionamiento de la administración pública y fue suscitada por la falta de mecanismos de control que permitan garantizar la oportuna publicación de los documentos resolutivos emitidos por la municipalidad en el portal web del SEACE.
“De la revisión a los expedientes de contratación (para la ejecución y supervisión) se ha evidenciado que el primero se encuentra incompleto, toda vez que carece de documentación que sustente el incremento de años del plantel profesional clave requerido en los términos de referencia en comparación con las bases administrativas, la determinación del número máximo de consorciados, documentación que sustente la postergación de la fecha prevista para el término de las inscripciones de los participantes y de la fecha de absolución de consultas y observaciones administrativas e integración de bases y documentación relacionada con los cargos de ingeniero asistente del residente de obra; ingeniero residente; especialista en seguridad y señalización; y especialista en impacto ambiental; así como la ampliación de la definición de obras similares”, es otro de los hallazgos de la Contraloría.
A ello se suma que el expediente de la supervisión también se encuentra incompleto, debido a que carece de documentación que sustente lo siguiente: el cambio de fecha del término de la “Formulación de consultas y observaciones administrativas”, y de la fecha de “Absolución de consultas y observaciones administrativas e integradas de bases”, y del incremento de los años de experiencia exigida para el jefe de supervisión y para el asistente de supervisión.
Del mismo modo, se identificó imprecisiones en el plazo de vigencia del contrato y ejecución de la obra en los Términos de Referencia y las bases administrativas, generando riesgo de afectación a la calidad, precisión y certidumbre de la información.
También hubo modificación de criterios para la acreditación de experiencia del postor y diferencias en la experiencia requerida para personal especialista no acorde con lo dispuesto en la normativa que rige las contrataciones públicas especiales, afectando la transparencia, precisión y actualización de la información contenida en las bases.
Otro hallazgo es que la elaboración del expediente técnico y las bases administrativas carecen de fórmula de reajuste (fórmula polinómica) establecida en la normativa que rige el procedimiento de contratación pública especial para la Reconstrucción con Cambios.
Por lo detectado, Contraloría ha dispuesto a su Procuraduría Pública el inicio de las acciones legales contra los funcionarios comprendidos en el informe, y que la municipalidad inicie los procedimientos correspondientes para el deslinde de responsabilidades.
Ministerio Público emitió informe pericial sobre audios que sirvieron para atribuir hechos delictivos contra el letrado.
El 3 de diciembre, con el Oficio N° 006536-2019-MP-FN-GG-OPERIT, el fiscal Germán Montero Ugaz, de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, y responsable del caso “Hermandad del norte”, recibió de la Oficina de Peritajes de la Fiscalía de la Nación el Informe Pericial Fonético – Acústico Forense N° 253-2019, con los resultados de las pruebas realizadas a los audios en los que supuestamente el abogado Jorge Pérez Cerdán negociaba con uno de los involucrados en la investigación para que acuse de los hechos delictivos a los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano a cambio de dinero.
El informe fue elaborado por el perito fonetista forense Jhon Jiménez Peña, el perito lingüista forense Carlos Faucet Pareja, el perito acústico forense Erick Cervantes Peralta y la analista físico acústica fonrense Yosselyn Ccasani Guillén.
Estos analizaron el contenido del CD marca Princo CD-R 2X-56X, rotulado con el nombre “Audio Mario – Pérez Cerdán 5’11’’”, el disco marca Princo 2X-56X, sin ninguna inscripción y el CD denominado “Audio Audiencia 27/07/17 6to JIP”, con su respectiva cadena de custodia.
De acuerdo al informe, fue el propio fiscal Germán Montero quien solicitó a la Oficina de Peritajes de la Fiscalía de la Nación realizar los exámenes forenses correspondientes a fin de determinar si uno de los interlocutores era, en efecto, el abogado Jorge Pérez Cerdán. Para ello debía realizarse una pericia de homologación de voz.
A efectos de la homologación se utilizaron dos archivos de audio, uno de ellos correspondiente a la diligencia de muestra de voz realizada el 8 de noviembre del año pasado para obtener el registro de Pérez Cerdán, la misma que fue ejecutada por la operadora lingüística del Área de Fonética y Acústica Forense de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público.
La otra muestra corresponde a una audiencia en la que participó el abogado, la misma que fue remitida por la fiscalía.
De acuerdo a los forenses, la homologación de voz permite establecer el nivel de similitud entre el habla de dos locutores. Esta se basa en el análisis acústico, así como en las características lingüísticas y extralingüísticas que acompañan la voz.
A fines de octubre pasado, el director del diario La Verdad, Carlos Cabrejos Vega, fue entrevistado en el programa del periodista José Rocha Arista, en Exitosa Televisión, ocasión en la que expuso un audio en el que los interlocutores, supuestamente, eran Epifanio Sánchez Coronel, investigado por el caso “Hermandad del norte” y el abogado Pérez Cerdán.
La conversación – según explicó Cabrejos Vega – tenía por objeto proteger al empresario Ernesto Flores Vílchez, a fin que este no sea involucrado en el asesinato del exauditor de la SUNAT, Luis Cieza Herrera, ocurrido en diciembre del 2015.
A cambio de que Sánchez Coronel mantenga su versión e impute a los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano del crimen, el abogado ofrecía 500 mil soles.
Cabrejos Vega señaló que la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR, no había valorado la existencia de los audios y, por lo tanto, deslizaba la posibilidad de una aparente protección fiscal a favor de Flores Vílchez.
Esas mismas declaraciones fueron recogidas por el diario Expreso, de circulación nacional.
Realizadas las pruebas forenses, los expertos de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público han arribado a la conclusión de que la voz existente en los audios, atribuida a Jorge Pérez Cerdán, no le corresponde a este.
“A nivel cuantitativo, referido a las características acústicas de la voz del modelado automático se han establecido valores divergentes en torno a las características de las muestras analizadas”, señalan los peritos.
Estos añaden que de los resultados objetivos en los análisis cuantitativos efectuados a las muestras indubitadas (archivos informáticos de audio ‘JORGE_ENRIQUE_PEREZ_CERCAN-C.wav’ y Audio-C.waw’) y a las muestras de voz dubitadas (archivos informáticos de audio ‘Track01-C.wav’ y ‘AUD-20170802-WA0008-C.wav’), se puede afirmar que tienen valores convergentes en los valores cuantitativos de los formantes vocálicos 3 y 4.
“A nivel cualitativo, no existe similitud lingüística entre las voces de las muestras analizadas”, señala el informe de los forenses, quienes precisan que de la complementación de todos los métodos de análisis en la homologación de voz se llega a la conclusión de que existe baja probabilidad de que la voz contenida en los audios indubitados y la voz incriminada contenido en los audios dubitados (discos) correspondan al mismo hablante.
“En ese sentido, la primera conclusión, con un peso porcentual del 60 %, aunada a la conclusión derivada del análisis lingüístico, con un peso porcentual del 20 %, permiten arribar a la conclusión de que existe baja probabilidad (convergencia del 20 % en los valores de los formatos vocálicos) de que las voces analizadas pertenezcan a un mismo hablante, o lo que es lo mismo, existe una alta probabilidad (80 %) de que la voz masculina incriminada presente en los audios y la voz del señor Jorge Enrique Pérez Cerdán pertenezcan a locutores distintos”, se indica en el informe pericial.
El 6 de marzo se instala el juicio oral contra el empresario azucarero por la muerte de Percy Farro Vitte.
El 31 de diciembre se cumplió un año desde que el mandato de prisión preventiva por el caso “Wachiturros de Tumán” fue ratificado contra el empresario Edwin Oviedo Picchotito. Durante este tiempo su defensa ha buscado los mecanismos legales que le permitan enfrentar el proceso el libertad, pero hasta el momento han sido vanos. En tanto, la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR, lo acusó por los asesinatos de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Vitte, y el Poder Judicial ha decidido que – en efecto – el ex hombre fuerte de la Federación Peruana de Fútbol debe ir a juicio.
La prisión preventiva por 18 meses, contra Oviedo Picchotito, fue dispuesta el 7 de diciembre del 2018 por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, que despacha el juez Carlos Chanamé Chumán, quien aceptó el requerimiento presentado por el fiscal coordinador de la FECOR Lambayeque, Juan Manuel Carrasco Millones, el que desde el 2015 investiga el caso “Wachiturros de Tumán”.
La tesis fiscal es que la organización criminal se dedicó a realizar acciones con el propósito de silenciar a los opositores a la administración judicial que el Grupo Oviedo mantenía, por mandato del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, en la agroindustrial Tumán.
En consecuencia, a Edwin Oviedo se le sindica de ser el cabecilla de la organización criminal que se formó para mantener el control de la Empresa Agroindustrial Tumán, la misma que incurrió en una serie de ilícitos que van desde la tenencia ilegal de armas hasta el homicidio calificado.
Precisamente, al empresario se le señala como autor mediato del asesinato del exdirigente de la azucarera Manuel Rimarachín Cascos y del trabajador de Construcción Civil Percy Farro Vitte.
La decisión de Chanamé Chumán fue ratificada el último día del 2018 por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque.
La fiscalía considera que el accionar de “Los Wachiturros de Tumán” se vio fortalecido con el apoyo político que recibieron de varios excongresistas, entre ellos Javier Velásquez Quesquén, Héctor Becerril Rodríguez y Marisol Espinoza Cruz.
Tras la confirmación de la prisión preventiva, los abogados de Oviedo Picchotito presentaron un hábeas corpus, cuya resolución fue adversa a su excarcelación en primera y segunda instancia. El asunto está aún pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque ratificó la improcedencia del hábeas corpus presentado por la defensa del empresario contra el mandato de prisión preliminar por 18 meses, confirmado el 31 de diciembre del año pasado en el marco de las investigaciones del caso “Los Wachiturros de Tumán”.
Con la Resolución N° 5, del 15 de marzo, los jueces superiores Quispe Díaz, Sánchez Dejo y Rodríguez Llontop, confirmaron en todos sus extremos la resolución del 18 de febrero emitida por el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, que declaró liminarmente improcedente la demanda de hábeas corpus a favor de Oviedo Picchotito.
El expresidente de la Federación Peruana de Fútbol presentó el hábeas corpus contra el juez Carlos Chanamé Chumán, y contra las integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, conformada por las jueces Ana Salés del Castillo, Margarita Zapata Cruz y Marisol Vásquez Ruiz, quienes confirmaron el mandato de prisión.
Para ratificar la negación del hábeas corpus, el Poder Judicial tomó el fundamento del juez de primera instancia, quien rechazó el recurso considerando que Oviedo Picchotito había presentado una casación contra la resolución que confirmó la prisión preventiva.
La sala señaló en su resolución que por la existencia del recurso de casación, la resolución que confirmó la prisión preventiva contra Oviedo Picchotito carecía de firmeza y, por lo tanto, no podía aplicar las excepciones señaladas por el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del investigado, debido a que se trata de una medida de prisión provisoria y variable.
Además, argumentó que como el plazo de prisión dispuesto es de 18 meses, existía tiempo suficiente para que la Corte Suprema de la República se pronuncie respecto a la casación en un plazo razonable.
A mediados del 2019 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República declaró infundada la casación que presentó la defensa de Edwin Oviedo.
El tribunal, presidido por el juez supremo César San Martín Castro, convocó a las partes procesales a la audiencia que se realizó en Palacio de Justicia, en Lima.
En la sesión, realizada el pasado 6 de junio, el abogado del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, César Nakazaki Servigón, solicitó declarar fundado el pedido de casación, debido a que la medida cautelar de prisión preventiva habría sido dictada contra su defendido cuando este ya no era parte del proceso de investigación.
También alegó la presunta violación del derecho al proceso predeterminado por la ley y falta de control de legalidad de la prueba, al sostener que los cargos contra Oviedo Picchotito se basan en declaraciones de un colaborador eficaz y de un testigo anónimo.
Empero, la sala presidida por San Martín Castro determinó que se no encontró contradicciones entre los testimonios de los colaboradores eficaces que vinculan al empresario azucarero con los hechos imputados a la supuesta organización denominada “Wachiturros de Tumán”.
En mayo del 2019, la FECOR formalizó la acusación contra Oviedo Picchotito como autor mediato del asesinato de Manuel Rimarachín, solicitando al Poder Judicial que se le imponga una condena de 26 años de prisión, además del pago de una reparación civil ascendente a dos millones de soles.
Similar requerimiento, pero con una reparación de un millón de soles, solicitó el fiscal Juan Manuel Carrasco Millones por la muerte de Percy Farro Vitte.
Junto a Oviedo Picchotito han sido acusados exfuncionarios y extrabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán, para quienes se pide condenas de entre 26 y 29 años de cárcel.
Pasado el control de acusación, el 23 de diciembre pasado, el Poder Judicial dispuso que Edwin Oviedo vaya a juicio oral el 6 de marzo de este año por la muerte de Percy Farro.
La decisión del juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, Carlos Chanamé Chumán, es que el proceso de juzgamiento se realice en la sala de audiencias ubicada en el establecimiento penitenciario donde el empresario cumple el mandato de prisión preventiva.
Sus coprocesados son Segundo Ordinola Zapata, Pablo Arce Benites, Wilfredo Rodríguez Ortiz, Ismael Campos Effio y Feljud Castro Banda, quienes se encuentran en libertad.
El mismo magistrado deberá pronunciarse sobre el requerimiento acusatorio por la muerte de Manuel Rimarachín Cascos, para – en función de ello – resolver si admite o no el juicio oral.
Procesos no fueron adjudicados y en Ferreñafe se paralizó millonaria obra de pavimentación
Ineficiencia total. El reflejo de gestiones ineptas se hace más evidente cuando los gobiernos locales, teniendo en sus manos recursos para reconstruir colegios, calles, caminos, entre otras actividades, no los gasta por la inadecuada administración y la falta de transparencia en los procesos selectivos.
Precisamente varios de estos últimos son declarados nulos, desiertos o postergados, todo ello por la insuficiente capacidad de los comités al momento de la tramitación de los mismos, los cuales incluso son sometidos a procesos impugnativos, con el consecuente atraso procesal y de su adjudicación, lo que no permite su ejecución en el tiempo previsto.
Así se tiene cómo la Municipalidad Distrital de Túcume, a cargo del alcalde Otto Santamaría Baldera, convocó a una serie de procedimientos de selección para ejecutar y contratar la supervisión de algunos proyectos reconstructivos, entre ellos cuatro convocados para la reparación de caminos vecinales y su respectiva supervisión por un monto que supera los dos millones 200 mil soles, los cuales, a pocos días de terminar el 2019, fueron postergados por cuanto el Comité de Selección cometió un error injustificable, en este caso no haber integrado las bases de cada proceso como paso previo a su adjudicación.
REQUE Y PÁTAPO
También se puede advertir, cómo es que en los distritos de Pátapo y Reque dos procesos convocados por ambas comunas, con un presupuesto que supera los ocho millones de soles, cuyo objeto, en ambos casos, consiste en el mejoramiento de dos instituciones educativas, en los últimos días fueron declarados nulos por la autoridad edil correspondiente.
En el caso de la obra de Reque debido a la Orientación de Oficio emitida por la Oficina Regional de la Contraloría General de la República, mediante la cual evidenció problemas insubsanables en el expediente técnico, que dieron lugar a la declaración de nulidad del proceso convocado, programándose una nueva convocatoria el 24 del mes de diciembre y el otorgamiento de la buena pro para el 7 de enero de este año.
Respecto a la obra en el distrito de Pátapo, cuyo presupuesto supera los cuatro millones 300 mil soles, el proceso primigenio fue convocado en octubre del año pasado, declarándose su nulidad en diciembre hasta en dos oportunidades, para luego el 27 de diciembre pasado volver a activarlo programando su adjudicación para el 9 de enero de este año.
En iguales condiciones de atrasos significativos se tiene el Proceso Especial de Contratación N° 07-2019 convocado por la Municipalidad Distrital de Jayanca, con el objeto de ejecutar la obra de “Rehabilitación del Local Escolar N° 11177 Santos Chocano del C.P. Cahuide”, cuyo presupuesto asignado asciende a los cuatro millones de soles.
Dicho proyecto actualmente se encuentra en pleno proceso de apelación interpuesto por el Consorcio Sapi, quien luego de que su oferta no fuera admitida por el comité de selección, arguyendo el inadecuado accionar por parte de este colegiado, decidió plantear su oposición ente el Tribunal de Contrataciones del Estado, el mismo que en el plazo perentorio deberá emitir su pronunciamiento al respecto, generándose de esta manera el recurrente atraso en la ejecución de un nuevo proyecto de reconstrucción.
SALAS Y OLMOS
También se tiene también la obra del mejoramiento de un centro educativo en el distrito de Salas, proyecto que ha sido cuantificado en tres millones 500 mil soles, cuyo proceso convocado desde abril de 2019 tuvo hasta dos declaratorias de nulidad, habiéndose realizado el 24 de diciembre una nueva convocatoria, programando su adjudicación para el 7 de enero del presente año, trayendo como consecuencia, que una vez más, una de las tantas obras de reconstrucción se vean postergadas en su ejecución y su puesta en valor en el tiempo previsto.
En el distrito de Olmos los acontecimientos judiciales, con encarcelamiento de sus autoridades y funcionarios, han conllevado a que dos obras de pavimentación, con valores que superan los dos millones 700 mil soles, estén paralizadas, debido a que en el caso de uno de ellas, a pesar de haberse adjudicado la buena pro, es materia de un recurso de apelación que tendría que se resuelto por el titular de la entidad, que a la fecha no ha sido designado, mientras un segundo se encuentra suspendido por haberse desactivado el comité que realizó la convocatoria.
Como corolario se muestra el abandono total de la ejecución de pavimentación de calles en la provincia de Ferreñafe, anunciada como un logro importante por la alcaldesa Violeta Muro Mesones, quien a voz en cuello ha manifestado el reinicio de los trabajos que quedaron pendientes de ejecución por la empresa Murgisa Servicios Generales SRL, que abarca solo el 40 % del total de la obra, quedando un saldo pendiente del 60 % , el cual hasta la fecha no han sido materia de análisis técnico y convocatorias para contratar al nuevo ejecutor que pueda culminar los trabajos del mejoramiento de pistas y veredas en el cercado urbano y unidades vecinales.
El proyecto inicial fue presupuestado sobre los nueve millones 300 mil soles, de los cuales se encuentran pendiente de ejecutar aproximadamente cinco millones de soles.
IDELFONSO HERNÁNDEZ CÉSPEDES: “EL 50 % DE LAS MUERTES EN EL MUNDO SON DE ORIGEN EMOCIONAL”
Médico cubano, especialista en Biodescodificación, explica cómo los problemas emocionales originan enfermedades.
“Todo malestar está causado por algún tipo de sentimiento que no se manifiesta como tal y, por eso, se proyecta en el plano físico del cuerpo”, explica el especialista cubano en Biodescodificación, Idelfonso Hernández Céspedes.
La Biodescodificación es una propuesta de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen emocional de las enfermedades para buscar, a partir de allí, la forma de sanarlas.
El especialista comenta que enfermedades como el cáncer, la diabetes, la gastritis o la fibromialgia son generalmente ocasionadas por estados emocionales negativos. “El estrés contenido, la ansiedad y la depresión ocasionan graves consecuencias físicas en el ser humano”, refiere.
“Las emociones dañinas acumuladas en nuestra mente si no son liberadas de forma adecuada del inconsciente biológico, comienzan a repercutir en nuestros órganos vitales, por ello, es necesario expulsar la causa emocional que produce desvalorizaciones y baja autoestima en las personas”, afirma.
En consecuencia, enfatiza que se debe impulsar el desarrollo de la medicina psicosomática. “Es necesario darle la importancia debida a la Biodescodificación porque el 50 % de las muertes en el mundo son de origen emocional. Mayormente son los estados emocionales negativos los que conllevan a las personas a tener enfermedades degenerativas”, cuenta.
No obstante, el especialista resalta que este tipo de medicina no reemplaza a las terapias o los tratamientos, sino más bien los complementa. “La Biodescodificación es una manera de abordar las emociones que nos enferman. Es el complemento de un todo, pues se debe ver al ser humano de manera integral, teniendo en cuenta su estado físico y emocional”, sostiene.
Lamentablemente, como declara Idelfonso Hernández, el desarrollo de la medicina alopática, que soluciona las enfermedades solo por medio de drogas, ha dejado de lado el sentir del paciente y no se preocupa por su estado emocional.
“Exhorto a todos los médicos a que vayan más allá, abran su paradigma mental y que al momento de entrevistar al paciente le consulten sobre su situación emocional y sus traducciones en el cuerpo físico”, asevera.
En ese sentido, el experto cuenta que existe una altísima responsabilidad en la relación médico-paciente, pues esta deber crear un estado de confianza, bienestar y seguridad. “Es necesario que los galenos den ánimos y generen pensamientos positivos en sus clientes porque eso es fundamental para lograr su sanación”, opina.
Así, los médicos deben explicarles a sus pacientes que tienen un sistema inmunológico responsable de salvarlo de esa enfermedad y, por tanto, no deben sentirse solos ni deprimirse por tener un padecimiento, ya que eso solo hará que empeoren. “Cuando tenemos una herida así no se suture al final termina cerrándose. El cuerpo humano está diseñado para sanarse”, afirma.
TRAYECTORIA TRANSGENERACIONAL
Por otro lado, respecto a la violencia familiar, Hernández Céspedes resalta que es preciso reflexionar y educar a la sociedad en la solución de sus problemas de manera tranquila. “En el Perú existe una tendencia al feminicidio, que es una consecuencia de una mala relación intrafamiliar. Los padres deben enseñar a sus hijos a controlar sus emociones y no expresarlas de forma violenta”, expone.
Además, el especialista comenta que en la etapa gestal la madre traspasa emociones al feto en un proceso catalogado como transgeneracional. “Si la madre ha sufrido violencia física o psicológica en su embarazo, su hijo tendrá códigos biológicos con predisposición a la violencia. Asimismo, si en sus siete primeros años de vida el niño observa que la solución a los problemas es el abuso físico, estructurará su pensamiento de esa forma y se convertirá en una persona violenta”, enfatiza.
En esa línea, Hernández Céspedes menciona que una trayectoria trasnsgeneracional de constantes desvalorizaciones y maltratos ocasiona estados anémicos. “No vamos a decir que todas las personas que tienen anemia es por problemas emocionales, pero casi todos los que tienen problemas emocionales tienen altas probabilidades de padecerla”, resalta.
En consecuencia, sostiene que además de centrar la atención en la alimentación, se debería buscar la solución en el entorno emocional familiar.
“Los padres deben tomar conciencia y formar a sus hijos con acciones positivas para estructurar un cerebro sano y feliz, considerando que forjar una salud mental adecuada desde la infancia ocasiona menos enfermedades crónicas”, resalta.
Y es que tal como menciona Idelfonso Hernández, la mente juega un rol fundamental en los seres humanos. “Si cambiamos nuestro pensamiento, cambian nuestras emociones y así cambia nuestro sistema fisiológico. Todos los científicos sabemos que un estado mental positivo hace que a la enfermedad le resulte difícil vivir en el cuerpo”, sostiene.
El especialista comenta que se están dando todas las condiciones para crear una escuela profesional cubana de Biodescodificación en Chiclayo, para que así las personas puedan cambiar su paradigma mental y puedan vivir un estado de felicidad sin importar las condiciones económicas y sociales que tengan.

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