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Timestamp: 2019-03-18 23:29:10+00:00

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II DE LA SENTENCIA ACCIONADA: …deben concurrir tres requisitos para la procedencia de la acción de desalojo, los cuales son: a) La existencia de una relación arrendaticia de naturaleza indeterminada, es decir, a tiempo indefinido) La cualidad de propietario del inmueble objeto de la convención arrendaticia) La necesidad que pudiere caracterizarle como motivo que justifica el desalojo en beneficio del dueño o del pariente consanguíneo. Con vista a lo anterior, esta Alzada observa que se verifican perfectamente los dos primeros requisitos,…Ahora bien, en cuanto al tercer requisito para la procedencia de la acción que reclama el demandante, cabe efectuar la siguiente observación: Respecto a la causal invocada, prevista en el literal “b” del artículo antes citado, referido a la necesidad que tenga el propietario de ocupar el inmueble o alguno de sus parientes consanguíneos dentro del segundo grado, o el hijo adoptivo, negada por el demandado, corresponde al actor la carga de la prueba y al efecto trajo a los autos el contrato de arrendamiento por el cual su hijo, R…recibe en arrendamiento un inmueble propiedad del ciudadano C…,en el cual se previó un lapso fijo e improrrogable de un año de arrendamiento, sin que conste la fecha de inicio de dicha convención contractual, sólo se aprecia al folio 25 del expediente, identificado como A 80882, hoja de autenticación del contrato, de fecha 16 de junio de 2010, debidamente suscrita por la Notario…Observa esta Alzada…se puede verificar que dicho contrato fue debidamente autenticado en fecha 16 de junio de 2010, es decir, solo 07 días antes de que se interpusiera la demanda fue suscrita la convención arrendaticia, cuyo tiempo de duración fue establecido en 1 año fijo e improrrogable, así consta de la cláusula tercera de dicho contrato, sin que consten datos ciertos del inicio de la relación arrendaticia, por lo que se toma como fecha de inicio la del otorgamiento del documento autenticado. Y ASÍ SE DECIDE. Así las cosas, a criterio de quien decide, para el momento de incoada (sic) la demanda de desalojo, mal pudo alegar el demandante, ciudadano E… la evidente necesidad de ocupación del inmueble por parte su hijo, puesto que estaba recientemente suscrito el contrato de arrendamiento entre su hijo…la evidente necesidad de ocupación del inmueble alegada para el momento de la interposición de la demanda no es tal, por cuanto el hijo del demandante fungía recientemente como arrendatario de dicho inmueble. Y ASÍ SE DECIDE….este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial declara…PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por…A…SEGUNDO: SE REVOCA la decisión dictada…por el Juzgado de Municipio del Municipio...TERCERO: SIN LUGAR la demanda por DESALOJO…CUARTO: De conformidad con el artículo 274 del CPC…se condena en costas a la parte demandante por haber sido totalmente vencida en la litis…
III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:…dado que en el presente caso la falta de actuación de la parte accionante excedió de 6 meses, no hay lugar a dudas de que se configuró el abandono del trámite en los términos previstos en la doctrina jurisprudencial transcrita supra, por lo que, de conformidad con lo establecido en el único aparte del artículo 25 de la LOA, se declara la terminación del proceso por abandono de trámite y se impone a la parte accionante una multa...Ahora bien, pese al pronunciamiento anterior efectuado por esta Sala, resulta importante destacar que, como quedó apuntado en la primera parte del presente fallo, la acción de desalojo tramitada por el juicio breve donde se dictó el acto denunciado como lesivo, fue estimada en Bs. 2.000,00 que equivalía para esa oportunidad a 30,77 UT. Dicha circunstancia da lugar a que, por orden público constitucional, se declare de oficio la nulidad de la sentencia emitida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial…, pues, al no ser la cuantía del asunto mayor a 500 unidades tributarias, el fallo dictado por el juzgado de municipio no era apelable de conformidad con la interpretación que ha venido dando esta Sala Constitucional al artículo 891 del CPC, respecto al recurso de apelación en el procedimiento breve, que establece que “De la sentencia se oirá apelación en ambos efectos si ésta se propone dentro de los tres días siguientes y la cuantía del asunto fuere mayor a cinco mil bolívares”. Cantidad ésta que fue modificada mediante Resolución n.° 2009-0006 del 18 de marzo de 2009, dictada por la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien…Mediante sentencia n.° 328, dictada el 9 de marzo de 2001 (Caso: Giovanni Selvaggio), estableció esta Sala, que en el caso concreto, debía inaplicarse el artículo 891 del CPC, al resultar éste incompatible con el artículo 8, numerales 1 y 2, literal h de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual es de aplicación inmediata y directa, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la CRBV. En sentencia n.° 1897 del 9 de octubre de 2001 (Caso: José Manuel De Sousa), esta Sala apuntó que no se podía inferir que el artículo 891 del CPC, negara la posibilidad de apelar de las sentencias definitivas dictadas en los juicios cuya cuantía no exceda de Bs. 5.000–hoy 500 UT-, y que sólo se infería, que para que pudiera oírse la apelación en ambos efectos era necesario que concurrieran dos elementos, a saber, que se realizara la apelación en tiempo hábil y, que el asunto tuviera una cuantía mayor a Bs. 5000–hoy 500 UT-, por lo que se concluyó que en los procedimientos cuya cuantía fuese menor, existía apelación, pero se tramitaría en un solo efecto….Dispone el artículo 891 del CPC, lo siguiente: “De la sentencia se oirá apelación en ambos efectos si ésta se propone dentro de los tres días siguientes y la cuantía del asunto fuere mayor a 5000Bs.”. Dicha norma regula lo concerniente a la apelación como medio de impugnación de las sentencias definitivas dictadas en los juicios llevados por el procedimiento breve (cuya cuantía fuere mayor de Bs. 5000, la cual fue modificada a -500 U.T.-) en atención de la Resolución N° 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 2009, emanada del TSJ en Sala Plena, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.152 del 02 de abril de 2009); en virtud de lo cual se afecta la apelación en ambos efectos contra las sentencias definitivas inherentes a los juicios cuya cuantía sea inferior a 500 U.T entre los cuales se puede mencionar, además de las demandas por desalojo, las demandas por cumplimiento o resolución de un contrato de arrendamiento y cualquier otra acción derivada de una relación arrendaticia sobre inmuebles urbanos o sub urbanos intentadas bajo la vigencia de la LAI (G.O. n.° 36.845 del 7/12/99). Al respecto, como antes se indicó la Resolución n.° 2009-0006 del 18 de marzo de 2009, dictada por la Sala Plena de este TSJ, actualizó las cuantías dispuestas en los artículos 881 y siguientes del CPC, disponiendo en su artículo 2 que “… Se tramitarán por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, y cualquier otra que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de 1.500 U.T.; asimismo, las cuantías que aparecen en los artículos 882 y 891 del mismo CPC, respecto al procedimiento breve, expresados en bolívares, se fijan en 500 U.T.”. En tal sentido, si bien no existen dudas respecto a que todas aquellas causas cuya cuantía no exceda de 1.500 U.T. deben ser tramitadas por el juicio breve y oída su apelación en el doble efecto, no obstante, respecto a la recurribilidad de los fallos que no superen las 500 U.T. conforme lo dispone el artículo 891 del CPC, podrían efectuarse interpretaciones antagónicas…la circunstancia de que el artículo en comento establezca de manera expresa la posibilidad de ejercer recurso de apelación en aquellos juicios breves que tengan una cuantía superior a las 500 unidades tributarias y guarde silencio respecto a las causas que tengan una cuantía inferior, dio cabida a interpretaciones distintas: (I) la primera de ellas se inclinó por la inapelabilidad de la sentencia para aquellas causas cuya cuantía sea inferior a la indicada, por considerar que no devienen en inconstitucional aquellas normas de procedimiento (distintos al ámbito penal) que dispongan que contra la sentencia definitiva no cabe el recurso de apelación, pues la doble instancia no constituye una garantía absoluta. (II) La segunda, según la cual la falta de regulación expresa debe entenderse como que la norma sólo limita el alcance de la apelación, en el sentido de que ésta se oye en un solo efecto y no en ambos, más no en lo que atañe a la admisibilidad del recurso. Así, tenemos que en diversos fallos se ha pronunciado esta Sala negando el carácter absoluto del principio de la doble instancia en los procedimientos Civiles, Mercantiles, Laborales Tributarios, entre otros, que no sean de carácter penal (Vide. Sentencias nros. 87/2000 y 2667/2002)…La insuficiencia o falta de previsión para regular la situación en comento no se equipara a la oscuridad o ambigüedad de la norma, sino que constituye una laguna de la ley cuya solución debe apoyarse con disposiciones que regulan casos semejantes, materias análogas o principios generales del derecho. Esta tarea se denomina integración y tiene fundamento jurídico en el artículo 4 del CC, que establece “…cuando no hubiere disposición precisa en la Ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas, y si hubiere todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho...”…Ahora bien, en materia de los recursos, la norma civil adjetiva fundamental, sostiene en su artículo 288 que “de toda sentencia definitiva dictada en primera instancia se da apelación, salvo disposición en contrario”. Esa es la regla general para la impugnación de los fallos con carácter definitivo y conforme a ella, en principio, toda sentencia –que ponga fin al juicio- tiene apelación, salvo que de manera expresa la ley disponga otra cosa. Siendo ello así, si el artículo 891 del CPC no prohíbe de manera taxativa la impugnación de los fallos cuya cuantía es inferior a 500 U.T., si el artículo 4 del Código Civil establece que cuando no haya disposición expresa de la ley, deben tomarse en consideración las disposiciones que regulan materias análogas. si los artículos 288 y 290 del mismo código, establecen como regla general en materia de recursos que de toda sentencia definitiva se oirá apelación en ambos efectos, salvo disposición especial en contrario, considera esta Sala que el silencio del artículo en comento, en lo que respecta a la procedencia o no del medio de impugnación de la sentencia definitiva, debe suplirse mediante la aplicación analógica de las normas que regulan lo concerniente al recurso de apelación de las sentencias definitivas contenido en los artículo 288 y 290 del CPC, cuyo tenor es el siguiente: Artículo 288. De toda sentencia definitiva dictada en primera instancia se da apelación, salvo disposición especial en contrario. Artículo 290. La apelación de la sentencia definitiva se oirá en ambos efectos, salvo disposición especial en contrario. De modo tal que no se trata de una interpretación de la norma contenida en el artículo 891 del CPC, ni que la misma sea inconstitucional. Se trata de atribuir a un caso no regulado las mismas consecuencias jurídicas del caso regulado, y evitar así tratos desiguales. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se considera que el criterio actual respecto al alcance del artículo 891 del CPC, limita indebidamente el ejercicio de los recursos de impugnación de aquellas personas con menos capacidad económica, razón por la cual, abandona tal criterio en lo que atañe a la inapelabilidad de las sentencias dictadas en las causas tramitadas por el juicio breve cuya cuantía sea inferior a las 500 unidades tributarias y, a tal efecto, establece que a partir de la presente fecha, contra la sentencia definitiva que se dicte en aquellas causas tramitadas por el procedimiento breve independientemente de su cuantía, debe observarse lo dispuesto en los artículos 288 y 290 del CPC, es decir, que la misma es impugnable mediante el recurso de apelación el cual se oirá en ambos efectos. Así se establece….Ahora bien, respecto de la sentencia aquí accionada en amparo dictada por el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial…, que se pronunció en torno al recurso de apelación ejercido por la parte demandada contra la decisión dictada por el Juzgado del Municipio…debe esta Sala por orden público constitucional y en aras de preservar la seguridad jurídica y la expectativa plausible, proceder a declarar de oficio que conforme al criterio interpretativo del artículo 891 del CPC vigente para la fecha en que se dictó dicho fallo, el recurso de apelación contra la referida decisión del juzgado municipal resultaba inadmisible, en razón de lo cual la misma debe anularse de oficio. Y así se decide…
CONSIDERACIONES: La impugnabilidad de las decisiones judiciales constituye una circunstancia que sabiamente reconoce la falibilidad del ser humano, y que, por de ende, da lugar a la posibilidad de corrección de la misma, por parte de otro juzgador. Tal posibilidad no es absoluta, pues también es necesaria la debida ponderación entre mayores grados de precisión en el acto de juzgar, por una parte, y, por otro, la celeridad procesal, es decir, una justicia oportuna que permita, además, atender los demás asuntos y conflictos sociales sometidos al conocimiento de la jurisdicción….En razón de ello la recurribilidad ha sido estimada desde diversas ópticas jurídicas, entre otras: cómo una institución, un principio, un derecho, una garantía y un valor. Así, desde cierta perspectiva, esa recurribilidad ha sido apreciada como un derecho humano que integra el debido proceso y, a su vez, una garantía constitucional que conforma esa expresión de la justicia y de la tutela judicial efectiva, como postulado cardinal de la jurisdicción…En este orden de ideas, el artículo 21 de nuestra Carta Magna dispone uno de los principios que más caracterizan al Estado Social y que más la inspira y transversaliza, en fin, una de las normas de mayor relevancia para la sociedad y para la dignidad del ser humano, a saber, el postulado general de la igualdad: Todas las personas son iguales ante la ley…Ante cavilaciones como esas, en consonancia con el postulado constitucional relativo al Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia establecido en nuestra Carta Magna, fue dictado, por ejemplo, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas (G.O. de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.668 del 6/5/2011), así como también la nueva Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (G.O N° 6.053 del 12/11/2011); observándose en este último texto normativo, que la materia de arrendamiento y el derecho al acceso a la vivienda han sido objeto de atención prioritaria por parte del Estado, y, además, que el legislador prescindió, expresamente, de la cuantía, como criterio determinador de la recurribilidad de las sentencias definitivas producidas en los procesos de arrendamiento tramitados bajo la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, la cuales tienen, expresamente, apelación, independientemente de su cuantía, conforme lo dispone el artículo 123 de la mencionada… Finalmente, se fija con carácter vinculante el contenido del presente fallo a partir de su publicación íntegra en la Gaceta Judicial, el criterio en relación a la integración de la norma contenida en el artículo 891 del CPC con los artículos 288 y 290 eiusdem, a los fines de establecer el recurso de apelación en ambos efectos de las causas tramitadas bajo el juicio breve cuya cuantía sea inferior a 500 unidades tributarias, criterio éste que deberá ser aplicado en las causas donde aún no haya sido dictada sentencia definitiva...”
@asantandero

References: artículo 274
 artículo 25
 artículo 891
 Resolución 
 artículo 891
 artículo 8
 artículo 23
 artículo 891
 artículo 891
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 881
 artículo 891
 artículo 4
 artículo 288
 artículo 891
 artículo 4
 artículo 288
 Artículo 288
 Artículo 290
 artículo 891
 artículo 891
 artículo 891
 artículo 21
 artículo 123
 artículo 891