Source: http://www.udc.es/normativa/xestion_economica/lei_4_1988.html
Timestamp: 2017-10-23 11:48:01+00:00

Document:
Ley 4/1988 de 26 de mayo
De la Función Pública de Galicia, modificada por la Ley 4/1991, do 8 de marzo y por la Ley 3/1995 de 10 de abril
Producida en gran parte la transferencia de medios y servicios a la Comunidad Autónoma de Galicia , de acuerdo con el nuevo concepto de la organización territorial del Estado contenida en el Título VIII de la Constitución (RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875), se hacía sentir la necesidad imperiosa de organizar y estructurar la Función Pública de Galicia.
Esta estructura había que llevarla a cabo dentro del marco señalado por la Ley 30/1984, de 2 de agosto (RCL 1984, 2000, 2317, 2427 y ApNDL 6595), de acuerdo con el artículo 149.1.18º de la Constitución y respetando el espíritu del artículo 103 de la misma, y siempre de acuerdo con la capacidad y competencia autoorganizativa de la Comunidad expresada en el artículo 28.1 de su Estatuto de Autonomía (LG 1981, 631).
Como se deduce fácilmente, la legislación estatal no deja un margen muy amplio en este aspecto concreto a la autonomía de la Comunidad, que lógicamente ha de respetar inexcusablemente por imperativo legal. Por otra parte en caso de duda o conflicto con la legislación estatal habrá que estar a lo dispuesto por esta de acuerdo con el artículo 149.3 «in fine», de la Constitución (citada) y con la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de junio de 1987 (RTC 1987, 99).
Dentro de este contexto y sin renunciar a la herencia recibida-Estatuto de Bravo Murillo de 1852, Estatuto de Maura de 1918, Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 (RCL 1964, 348 y NDL 14563), entre otros- se intentó estructurar una Ley de la Función Pública desde las perspectivas de los intereses de la Administración que deben coincidir con el bien común, sin por ello desequilibrar el estatus personal de sus servidores y buscando su optimización, en base a los principios generales que rigen la ciencia de la organización, los de racionalidad, eficiencia y economía.
Todo lo anterior debe llevarse a cabo sin olvidar la homogeneidad con el resto de los funcionarios públicos y teniendo en cuenta que la misma Ley 30/ 1984, de 2 de agosto (citada), de medidas para la reforma de la Función Pública, declara el carácter provisional de sus preceptos en tanto no se desarrolle en su integridad el mandato constitucional, que en cumplimiento del Título VIII, puede ser prácticamente indefinido en el tiempo. Es imprescindible, por tanto, la voluntad política de llevar a feliz término el cumplimiento de esta Ley para, en definitiva, dar cumplimiento al objetivo supremo del bien común.
En el Título I se define el objeto y el ámbito de aplicación de la Ley, que respeta las peculiaridades del personal docente, investigador y sanitario y será de aplicación supletoria para el personal al servicio del Parlamento de Galicia; respeta también las peculiaridades del personal laboral, que se regulará por su legislación específica, y tiene en cuenta la Ley 7/1985 (RCL 1985, 799, 1372 y ApNDL 205) y el resto de la legislación del Estado para el personal de la Administración Local, sin olvidar en ningún caso la independencia del Tribunal Superior de Justicia.
En el Título II se enumera y define el personal al servicio de la Comunidad, que se estructura, de acuerdo con la legislación vigente y con una ya larga tradición, en funcionarios, personal eventual, personal interino y personal laboral. Es fin primordial de la Ley la complementariedad de sus funciones para alcanzar los objetivos en ella marcados.
En el Título III se crean los órganos superiores competentes en materia de Función Pública. Dentro de estos órganos, al Conselleiro competente en materia de Función Pública se le ofrecen las suficientes garantías para llevar a cabo su labor de coordinación, sin olvidar las competencias específicas de los demás Conselleiros, al objeto de que la Administración no pierda flexibilidad.
En todas las medidas tomadas o que en el futuro se adopten se da gran importancia a los órganos colegiados, para conseguir así acierto en las decisiones. En ellos se da entrada , por otra parte, a los representantes del personal en el marco básico de la Ley 9/87, de 12 de junio (RCL 1987, 1450).
En el Título IV se estructura la organización de la Función Pública, Se intenta en este Título, y de acuerdo con las bases de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (citada), romper con la rigidez de los antiguos cuerpos y escalas combinándolo con las relaciones de los puestos de trabajo. Todo ello es posible mediante la organización del Registro de Personal, que estará coordinado con el resto de las Administraciones Públicas. Todo lo anterior facilitará el acceso a la Función Pública, la movilidad de los funcionarios y una deseable objetividad en la provisión de los puestos de trabajo.
En el Título V se regula el régimen jurídico de la Función Pública, abordando desde la adquisición y pérdida de la condición de funcionario hasta el régimen de la Seguridad Social. Se regula también la carrera administrativa. En este punto es de destacar que convirtiéndose las relaciones de puestos de trabajo en el mecanismo clave para racionalizar los efectivos de la Administración Pública, será de suma importancia la agrupación de las condiciones de título, mérito y grado, a las que irán asimismo unidas determinadas condiciones retributivas. Por último, y teniendo en cuenta, por una parte, el compromiso asumido por el Gobierno del Estado en el párrafo segundo de la Exposición de Motivos de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y por otra, el fundamento 3. b) y c) de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de junio de 1987 (citada), se difiere la regulación autonómica de los derechos, deberes, responsabilidad y régimen disciplinario a un momento legislativo posterior.
Título I.-Objeto y ámbito de aplicación.
Título II.-Personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Título III.-Organización de la Función Pública.
Título IV.-Organización de la Función Pública.
Capítulo I.-Cuerpos de funcionarios.
Capítulo II.-El Registro de Personal.
Capítulo III.- Relación de puestos de trabajo, provisión y oferta de empleo publico.
Capítulo IV.-El acceso de la Función Pública.
Capítulo V.-Movilidad de los funcionarios de las diversas Administraciones Públicas.
Título V.-Régimen jurídico de la Función Pública.
Capítulo I.-Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Capítulo II.-Situaciones administrativas.
Capítulo III.-La carrera administrativa.
Capítulo IV.-Régimen retributivo.
Capítulo V.-Licencias, vacaciones y permisos.
Capítulo VI.-Seguridad Social.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2 del Estatuto de Galicia (citado) y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero (LG 1983, 451), reguladora de la Xunta y de su Presidente, promulgo, en nombre del Rey, la Ley de la Función Pública de Galicia.
La presente Ley tiene por objeto ordenar y regular a todo el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, en desarrollo de su Estatuto de Autonomía y en el marco de la legislación básica del Estado.
Podrán dictarse normas especiales para adaptar esta Ley a las peculiaridades del personal docente, investigador y sanitario.
La Función Pública de Galicia se desarrollará con sujección al ordenamiento jurídico de acuerdo con los principios de legalidad y eficacia.
El personal de la Administración Autónoma desempeñará sus funciones al servicio de los ciudadanos y de los intereses generales de Galicia con criterios de objetividad, profesionalidad e imparcialidad.
Esta Ley es de aplicación a todo el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia y de sus organismos autónomos.
En lo que no está reservado a la legislación del Estado será de aplicación esta Ley al personal de la Administración Local.
El personal laboral se regirá por la legislación laboral y por los preceptos de esta Ley que le sean aplicables.
Al personal al servicio del Parlamento de Galicia, regulado por su Estatuto de Personal previsto en el Reglamento de la Cámara, le será de aplicación con carácter supletorio la presente Ley.
Queda excluido de su ámbito de aplicación el personal del Tribunal Superior de Justicia.
ersonal interino.
Es personal eventual aquel que en virtud de libre nombramiento de los Conselleiros y con carácter no permanente ocupa un puesto de trabajo considerado de confianza o de asesoramiento especial no reservado a funcionarios, y que con dicho carácter figura en la relación de puestos de trabajo.
La prestación de servicios en calidad de personal eventual nunca podrá ser considerada como mérito para el acceso a la condición de funcionario, de personal interino o laboral ni tampoco para la promoción interna.
El Consello de la Xunta de Galicia determinará el número de puestos reservados al personal eventual, con las características y retribuciones de cada uno de ellos, dentro de los correspondientes créditos presupuestarios consignados al efecto.
Es personal interino aquel que, con carácter transitorio, por razones de necesidad o de urgencia, debidamente justificada e informada preceptivamente por la Comisión de Personal, es nombrado para prestar servicios en plazas y puestos de trabajo vacantes reservados a los funcionarios y dotados presupuestariamente, en tanto no sean ocupados por aquéllos.
La selección de este personal habrá de efectuarse observando los principios de publicidad, mérito y capacidad, a favor de personas que reúnan las condiciones, los requisitos de titulación y demás exigidos legalmente para participar en convocatoria pública en las correspondientes pruebas selectivas.
El personal interino cesará en su puesto cuando su plaza sea cubierta por un funcionario en propiedad.
Los puestos de trabajo ocupados por personal interino habrán de figurar en los procedimientos de provisión y en la primera y sucesivas ofertas públicas de empleo, excepto los supuestos de sustitución de funcionarios con derecho a reserva de plaza.
Es personal laboral aquel que en virtud de contrato de naturaleza laboral, que habrá de formalizarse, en todo caso, por escrito, ocupe puestos de trabajo clasificados como tales en la relación de puestos de trabajo.
La selección del personal laboral se efectuará de acuerdo con su oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso o de concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Para la realización de trabajos de carácter temporal y coyuntural, en puestos de esta naturaleza señalados en el artículo 25.2, y por razones de necesidad o urgencia que deberán ser debidamente motivadas, se podrá contratar personal laboral de carácter no permanente en conformidad con la legislación laboral vigente. El contrato habrá de formalizarse necesariamente por escrito. La Administración no podrá convertir en fija o indefinida una relación laboral de carácter temporal.
La contratación de este personal no amparado por lo dispuesto en los apartados anteriores dará lugar a la responsabilidad personal de la autoridad o dei funcionario que la hubiera autorizado.
Ni la prestación de servicios en régimen interino ni la contratación laboral temporal constituirán mérito preferente para el acceso a la condición de funcionarios o de personal laboral con carácter indefinido, respectivamente. No obstante, el tiempo de servicios prestados podrá ser computado en los supuestos de concurso-oposición y siempre que los servicios correspondan a las plazas convocadas.
Órganos de la Función Pública
El Consello de la Xunta de Galicia.
El Conselleiro competente en materia de Función Pública.
El Consejo Gallego de la Función Pública.
Establecer los criterios de la política de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia para su coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas.
Aprobar los proyectos de Ley en materia de Función Pública y su remisión al Parlamento.
Determinar las instrucciones a las que deberán atenerse los representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia en la negociación con la representación sindical de los funcionarios públicos de sus condiciones de trabajo, así como dar validez y eficacia a los acuerdos alcanzados mediante su aprobación expresa y formal, estableciendo las condiciones de trabajo para los casos en que no se produzca acuerdo en la negociación.
Establecer las instrucciones a las que deberá atenerse la representación de la Administración de la Comunidad en la negociación colectiva con el personal laboral.
Establecer anualmente los criterios para la aplicación del régimen retributivo de los funcionarios públicos y del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Determinar los intervalos de los niveles de puesto de trabajo que corresponderán a los cuerpos o escalas de funcionarios.
Aprobar las normas de clasificación y las relaciones de puestos de trabajo de la Administración, y acordar su publicación.
Aprobar la adscripción de cuerpos o escalas a una determinada Consellería, a propuesta del Conselleiro competente en materia de Función Pública, así como la adscripción de puestos de trabajo a un cuerpo o escala.
Determinar los requisitos objetivos para la adquisición de los grados superiores dentro de cada cuerpo o escala, que se fundarán exclusivamente en criterios de mérito y capacidad.
Establecer pruebas selectivas para fomento de la promoción interna en conformidad con los términos previstos en los artículos 60 y 61 de la presente Ley.
Aprobar, cuando proceda, las medidas para garantizar los servicios mínimos en los casos de ejercicio del derecho de huelga por el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Aprobar el plan de normalización lingüística de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
Decidir las propuestas de resolución de los expedientes disciplinarios que supongan separación del servicio, previos informes y dictámenes preceptivos.
Ejercer la potestad reglamentaria y todas las atribuciones en materia de personal que le atribuya la legislación vigente.
Corresponde al Conselleiro competente en materia de Función Pública el desarrollo general, la coordinación y el control de la ejecución de la política de personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
2.4. Proponer al Consello de la Xunta de Galicia los proyectos de normas de general aplicación a la Función Pública. Cuando se trate de proyectos normativos referentes a funcionarios sujetos a un régimen singular o especial, la propuesta será a iniciativa conjunta con el Conselleiro sectorialmente competente.
2.6. La convocatoria y resolución de los concursos de traslados.
2.7. Proponer la oferta anual de empleo público.
2.8. La convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en los cuerpos o escalas de la Administración de la Comunidad, excepto personal docente, investigador o sanitario.
2.9. El nombramiento de funcionarios y del personal interino, así como la expedición de los correspondientes títulos, excepto personal docente, investigador o sanitario.
2.10. La presidencia del Consejo Gallego de la Función Pública.
2.12. La autorización para la adscripción en comisión de servicio a puestos de trabajo por tiempo superior a tres meses o que suponga cambio de Consellería o localidad.
2.13. Autorizar las pruebas selectivas para personal laboral fijo y la firma de los correspondientes contratos.
2.15. Informar, conjuntamente con la Consellería de Economía y Hacienda y con carácter previo a su firma, los convenios colectivos, acuerdos de extensión y adhesión a otros vigentes, retribuciones salariales y, en general, cualquier autorización de mejoras retributivas individuales o colectivas.
2.16. Ejercer las demás competencias que en materia de personal le atribuye la legislación vigente.
Es competencia del Conselleiro de Economía y Hacienda.
Proponer al Consello de la Xunta de Galicia, dentro de la política general, económica y presupuestaria, las directrices a que habrán de ajustarse los gastos de personal de la Administración Autónoma, y de forma específica la valoración, a sus efectos retributivos, de los puestos de trabajo previamente clasificados.
Autorizar cualquier medida relativa al personal que pueda suponer modificaciones en el gasto.
Corresponde a los Conselleiros:
Ejercer la jefatura del personal de su departamento y su inspección.
El ejercicio de las potestades disciplinarias, excepto la separación del servicio, con arreglo a las disposiciones vigentes.
Informar la adscripción de los cuerpos y escalas a su Consellería.
La provisión de puestos de trabajo clasificados como de libre designación, previa convocatoria pública.
La propuesta de la relación de puestos de trabajo.
Autorizar la asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento.
La concesión de comisión de servicios de duración inferior a tres meses, dentro de su Consellería.
En relación con los funcionarios pertenecientes a cuerpos o escalas adscritos a su departamento:
El nombramiento del personal interino.
El Consejo Gallego de la Función Pública es el órgano superior colegiado de asesoramiento y participación en cuestiones comunes de Función Pública de las distintas Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Galicia.
El Conselleiro competente en materia de Función Pública, que será el presidente.
El Conselleiro de Economía y Hacienda, que será el vicepresidente.
El Director General que tenga a su cargo la Función Pública, que será el secretario.
El Director de la Escuela Gallega de Administración Pública.
El Director General que tenga atribuida el área de la Administración Local.
Los Secretarios Generales Técnicos de las Consellerías.
Cinco representantes de las Corporaciones Locales.
Siete representantes del personal designados por las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad respectiva.
Informar en el plazo que reglamentariamente se determine, y no superior, en todo caso, a dos meses, los anteproyectos de ley y proyectos de reglamento relativos a la Función Publica, a petición de las diferentes Administraciones Públicas.
Informar en el plazo que reglamentariamente se determine, y no superior, en todo caso, a dos meses, aquellas disposiciones o decisiones que tengan relevancia en materia de personal y que le sean consultadas por las distintas Administraciones Públicas de Galicia.
Deliberar, previa consulta, sobre las medidas necesarias para la coordinación de la política de personal y aconsejar la adopción de aquellas dirigidas a mejorar la organización, las condiciones de trabajo, el rendimiento y la consideración social del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Galicia.
Estudiar y proponer medidas de homologación de los sistemas de selección, formación y perfeccionamiento para facilitar la movilidad entre las distintas Administraciones Públicas de Galicia.
Estudiar y proponer medidas de homologación de los programas de perfeccionamiento de los funcionarios de la Escuela de Administración Pública de Galicia.
Estudiar medidas sobre valoración de puestos de trabajo, niveles y retribuciones.
Estudiar y proponer medidas referentes al establecimiento, funcionamiento y coordinación de los registros de personal de las Administraciones Públicas de Galicia.
Estudiar y proponer medidas tendentes a la coordinación de la Administración Pública de Galicia con otras Administraciones Públicas.
Estudiar y proponer medidas tendentes a la coordinación de la oferta pública de empleo de las distintas Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Conocer e informar cualesquiera otros asuntos que le sean sometidos a iniciativas de las Administraciones Públicas de Galicia.
La Comisión de Personal se configura como un órgano colegiado de coordinación, asesoramiento y documentación para la elaboración de la política de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma gallega.
Tendrá la composición que el Gobierno gallego establezca por Decreto y ejercerá las siguientes funciones:
Como órgano de coordinación, fijar criterios generales en las siguientes materias:
Clasificación, valoración y relación de puestos de trabajo.
Aplicación del régimen de retribuciones previstas en la Ley 30/84, de 2 de agosto (citada).
Bases de concesión de complementos de productividad y gratificaciones.
Condiciones de trabajo y promoción del personal.
Como órgano de asesoramiento, informar previamente con carácter preceptivo, en el plazo máximo de un mes:
Los expedientes disciplinarios que impliquen separación del servicio de funcionarios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
La modificación de la estructura, organización y composición del personal al servicio de la Xunta.
Como órgano de documentación, ser oído y prestar su apoyo en la elaboración de:
Proyectos de disposiciones y actos de carácter general referentes al personal dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Bases generales de las convocatorias de pruebas selectivas de acceso para plazas vacantes y concursos de méritos para provisión de puestos de trabajo
Emitir cualquier otro informe en materia de personal exigido por la normativa vigente o a petición de los órganos superiores de la Función Pública.
Los funcionarios se integran en cuerpos y escalas que, de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso, se agrupan de la siguiente forma:
Grupo A.-Título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente.
Grupo B.-Título de ingeniero técnico, diplomado universitario, arquitecto técnico, Formación Profesional de tercer grado o equivalente.
Grupo C.-Título de bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.
Por cada grupo existirá un único cuerpo de administración general, en el que se podrán establecer diferentes escalas, si así fuese necesario por razones de especialización.
La creación, refundición, modificación o supresión de los cuerpos y escalas deberá hacerse por Ley.
La Ley de creación habrá de contener los siguientes elementos:
Denominación del cuerpo y escalas de que, en su caso, se componga.
Grupo en el que se clasifica, titulación exigida para el ingreso y sistema de selección aplicable.
Funciones que hayan de desempeñar sus componentes, que no se podrán corresponder con las atribuciones a los órganos de la Administración.
No se podrán crear nuevos cuerpos y escalas cuando su titulación y funciones sean idénticas a las de otros que ya existan.
Los cuerpos de funcionarios dependerán orgánicamente de la Consellería competente en materia de Función Pública, sin perjuicio de la que funcionalmente les corresponda.
En la Consellería competente en materia de Función Pública habrá un Registro en el que se inscribirá a todo el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y en el que se anotarán preceptivamente todos los actos que afecten a la vida administrativa del mismo.
No se podrán incluir en nómina nuevas remuneraciones sin comunicar previamente al Registro de Personal la resolución o acto por el que se han reconocido.
El funcionamiento del Registro de Personal estará coordinado con el de las demás Administraciones Públicas.
La utilización de los datos que consten en el Registro de Personal estará sometida a las limitaciones previstas en el artículo 18.4, de la Constitución (citada). Todo funcionario podrá acceder libremente a su expediente personal, en el cual no podrá figurar dato alguno relativo a su raza, religión u opinión.
El Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta del Conselleiro competente en materia de Función Pública, dictará las normas adecuadas para la organización v funcionamiento del Registro de Personal.
La Xunta cooperará con las entidades locales en la constitución de sus Registros de Personal cuando aquéllas carezcan de suficiente capacidad financiera, pudiendo delegar esta función en las Diputaciones Provinciales.
En la Ley de Presupuestos de la Comunidad figurarán las plantillas de todo el personal. La plantilla estará formada por las plazas que figuran dotadas en los Presupuestos, clasificadas en grupos de cuerpos y, dentro de ellos, de acuerdo con las escalas de cada cuerpo. Incluirá también al personal eventual y laboral.
Los programas de gasto de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma incluirán el coste de todos los puestos de trabajo asignados a cada una de las Consellerías y por cada uno de los centros gestores.
Las plantillas de los diferentes cuerpos y escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma serán las que resulten de los créditos establecidos en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma (LG 1988, 46).
Las Consellerías remitirán a la Consellería competente en materia de Función Pública las relaciones de puestos de trabajo correspondientes a su estructura orgánica, que contendrán necesariamente los siguientes datos de cada puesto:
Órgano o dependencia a qué se adscribe.
Denominación y características esenciales, con indicación de si está o no vacante.
Nivel y retribuciones complementarias del personal funcionario y categoría profesional y régimen jurídico aplicable a los puestos a desempeñar por el personal laboral.
Los puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos de carácter administrativo serán desempeñados por funcionarios públicos.
Se exceptúan de la regla anterior y se reservan a personal laboral:
Los puestos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos e instalaciones y artes gráficas, así como los puestos de las áreas de expresión artística.
Los puestos de trabajo de organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo, salvo aquellos que impliquen ejercicio de la autoridad, inspección o control correspondiente a la Consellería a que estén adscritos, que se reservan a funcionarios.
Dichas relaciones serán públicas.
Los puestos de trabajo serán de adscripción indistinta para todos los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley.
La adscripción con carácter exclusivo de determinados puestos a funcionarios de un cuerpo concreto únicamente se podrá realizar cuando se derive necesariamente de la naturaleza del puesto y de las funciones asignadas al mismo para su desempeño. Será acordada por el Consello de la Xunta de Galicia a propuesta del Conselleiro competente en materia de Función Pública.
Los puestos de trabajo vacantes se proveerán por los siguientes procedimientos:
Concurso: constituye el sistema normal de provisión y en él se tendrán en cuenta únicamente los méritos exigidos en la convocatoria.
Se considerarán méritos preferentes, conforme se determine reglamentariamente, la valoración del trabajo desarrollado en anteriores puestos, los cursos de promoción y perfeccionamiento superados en Escuelas de Administración Pública o que sean homologados por la propia Administración Autonómica, las titulaciones académicas y la antigüedad.
Libre designación con convocatoria pública: por ese sistema se cubrirán aquellos puestos que así se clasifiquen en la relación de puestos de trabajo.
Serán anunciados en el «Diario Oficial de Galicia» por la autoridad competente para nombrarlos, indicando todos los datos contenidos en la relación de puestos de trabajo con referencia al mismo, la localidad donde se encuentra el centro de trabajo y los requisitos mínimos exigidos a los aspirantes.
Se concederá un plazo mínimo de 15 días para presentar solicitudes.
Anualmente, antes de proceder a la oferta de empleo público se realizará una convocatoria de los puestos de trabajo vacantes, que podrán ser cubiertos por funcionarios de todas las Administraciones Públicas, a tenor de lo dispuesto en la presente Ley.
Los puestos de trabajo dotados presupuestariamente incluidos en la relación que no puedan ser cubiertos con los efectivos de personal existentes constituyen la oferta de empleo público de la Comunidad Autónoma.
La oferta de empleo habrá de contener necesariamente todas las plazas dotadas presupuestariamente y que estén vacantes. Indicará también de entre ellas las que deben ser objeto de provisión en el correspondiente ejercicio presupuestario y las previsiones temporales para la provisión de las restantes.
Aprobada la Ley de Presupuestos de la Comunidad, la Xunta publicará la oferta anual de empleo público y procederá, dentro del primer trimestre siguiente a dicha aprobación, a convocar las pruebas selectivas de acceso a las plazas vacantes. En las convocatorias se indicará el calendario preciso de realización de las pruebas, que no habrán de tener una duración superior a los seis meses.
La publicación de la oferta obliga a los órganos competentes a proceder a la convocatoria de las pruebas selectivas de acceso para las plazas vacantes comprometidas en la misma y hasta un 10% adicional.
Ser español, de conformidad con las Leyes vigentes.
Estar en posesión de la titulación suficiente o estar en condiciones de obtenerla en la fecha en que termina el plazo de presentación de las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas.
Haber cumplido los 18 años de edad, o tener la edad que la convocatoria establezca como mínima antes de, que finalice el plazo de presentación de instancias, y no exceder de la edad establecida como máxima para el ingreso en un cuerpo o escala.
Cumplir los requisitos para ejercer las funciones que dentro del cuerpo o escala le puedan ser encomendadas, con arreglo a lo previsto reglamentariamente.
Todas las convocatorias de pruebas selectivas se publicarán en el «Diario Oficial de Galicia», debiendo, en todo caso, sus bases, que vinculan al órgano convocante y al tribunal, contener los siguientes elementos:
Condiciones y requisitos que han de concurrir en los aspirantes.
Pruebas y programas de procedimiento selectivo, así como sistemas y formas de clasificación de los ejercicios o baremos de puntuación.
Composición del tribunal calificador o, en su caso de la comisión de selección.
Modelo de solicitud e importe de los derechos de examen.
Características, efectos y duración de los cursos o períodos de prácticas, o ambos, que hayan de realizar, en su caso, los seleccionados.
Las pruebas selectivas serán teóricas y prácticas, debiendo adecuarse a los puestos de trabajo a ocupar.
El Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta del Conselleiro competente en materia de Función Pública, establecerá las bases y contenidos mínimos obligatorios de los programas para acceso a los distintos cuerpos y escalas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
Para garantizar el derecho de los administrados al uso del gallego en sus relaciones con la Administración Pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma, en las pruebas selectivas que se realicen para el acceso a las plazas de la Administración Autónoma se tendrá en cuenta el conocimiento de la lengua gallega.
La oposición consistirá en la superación de pruebas teóricas y prácticas exigidas en la convocatoria pública, adecuadas al ejercicio de la función, así como, en su caso, en la superación de un curso selectivo de formación.
Las pruebas de selección habrán de establecerse de manera que puedan manifestarse las condiciones de aptitud y conocimiento que se consideren necesarias según la naturaleza de la función y permitan fijar un orden de prelación de los aspirantes seleccionados.
Los programas de las pruebas de selección y, en su caso, de los cursos de formación deberán procurar especialmente que las materias exigidas se correspondan con el desarrollo posterior de las tareas a cumplir.
En casos determinados y justificados, los aspirantes podrán ser sometidos a un período de prácticas, con arreglo a la convocatoria.
La selección por concurso-oposición consistirá en la superación de las pruebas correspondientes y, en su caso, del curso selectivo de formación, así como en la posesión previa, debidamente valorada, de determinadas condiciones de formación, méritos o niveles de experiencia.
La valoración de dichos méritos o nivel de experiencia no supondrá, con relación a las pruebas selectivas, mas de un 40% de la puntuación máxima alcanzable en la fase de la oposición. A fin de asegurar la debida idoneidad de los aspirantes, éstos habrán de superar, en la fase de oposición, la puntuación mínima establecida para las respectivas pruebas selectivas.
En la fase de oposición serán de aplicación los criterios establecidos en el artículo 35.
Cuando la convocatoria lo establezca y una vez aprobadas las pruebas selectivas, los aspirantes al ingreso en la Función Pública habrán de superar un curso de selección o formación en la Escuela Gallega de Administración Pública adaptado a la naturaleza de cada cuerpo o escala o un período de prácticas en una unidad administrativa.
Durante este período serán nombrados funcionarios en prácticas con los derechos económicos que se señalen, computándoseles el tiempo que permanezcan en esta situación a todos los efectos.
Se garantizará en el ámbito de la presente Ley y de acuerdo con la legislación básica del Estado el derecho a la movilidad de los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas de conformidad con las condiciones y requisitos que se determinen previamente por la Xunta de Galicia en las relaciones de puestos de trabajo.
A los funcionarios de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y a los funcionarios de las Corporaciones Locales, comprendidos dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma gallega, que mediante los procedimientos legalmente establecidos, pasen a ocupar puestos de trabajo en la Administración Pública de esta Comunidad Autónoma les será de aplicación la legislación de la Función Pública de la misma.
Superar las pruebas selectivas y los cursos de selección o formación que sean procedentes.
Nombramiento conferido por la autoridad competente y publicado en el «Diario Oficial de Galicia».
Jurar o prometer fidelidad a la Constitución, al Estatuto de Autonomía de Galicia y obediencia a las Leyes, así como desempeñar con imparcialidad el ejercicio de la Función Pública.
Tomar posesión en el plazo de un mes a partir de la publicación del nombramiento.
Renuncia expresa, que no inhabilita para nuevo ingreso en la Función Pública.
Permanencia de más de diez años seguidos en la situación de excedencia voluntaria por interés del propio funcionario si no se solicitó previamente el reingreso.
Separación del servicio, por resolución firme recaída en expediente disciplinario, o inhabilitación absoluta o especial para cargo público acordada como pena principal o accesoria en sentencia judicial de carácter definitivo.
La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario la edad de 65 años.
Procederá también su jubilación, previa instrucción de expediente, que podrá iniciarse de oficio o a instancia del funcionario interesado, cuando se declare la incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones bien por inutilidad física o psíquica o por disminución apreciable de sus facultades.
La jubilación voluntaria se declarará a instancia del funcionario con arreglo a la legislación vigente.
Los funcionarios pueden estar en alguna de las siguientes situaciones:
Cuando ocupan una plaza dotada presupuestariamente de un cuerpo o escala y desempeñan un puesto de trabajo, en virtud de su pertenencia a los mismos.
Cuando están en comisión de servicios de carácter temporal, conferida por su Consellería, si ésta se produce dentro del propio departamento, o bien por la Consellería competente en materia de Función Pública, si se concede para otra Consellería, o para ser desempeñada en otra Administración Pública, y, en todo caso, si su duración es superior a tres meses.
Cuando quedan a disposición del órgano que reglamentariamente se determine de acuerdo con lo establecido en el artículo 62.5.
En los supuestos previstos en el artículo 52 en que el funcionario opte por permanecer en esta situación.
Por necesidad del servicio debidamente justificada y de acuerdo con los criterios y condiciones que se determinen reglamentariamente, oída la Comisión de Personal, los órganos competentes podrán destinar al funcionario en comisión de servicios de carácter forzoso y por tiempo no superior a tres meses a un puesto de trabajo distinto del de destino, y, si supusiese cambio de localidad, el funcionario tendrá derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente.
Cuando sean autorizados para realizar una misión por período superior a seis meses en organismos internacionales, Gobierno o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.
Cuando sean nombrados miembros del Gobierno o de los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas o altos cargos de los mismos que no deban ser provistos necesariamente por funcionarios públicos.
Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o Defensor del Pueblo.
Cuando accedan a la condición de miembros de las Asambleas legislativas a las Comunidades Autónomas, si perciben retribuciones periódicas por el desempeño de la función.
Cuando no perciban tales retribuciones podrán optar entre permanecer en la situación de servicio activo o pasar a la de servicios especiales, sin perjuicio a la normativa que dicten las Comunidades Autónomas sobre incompatibilidades de los miembros de Asambleas legislativas.
Cuando presten servicio en los gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros y de los Secretarios de Estado y no opten por permanecer en la situación de servicio activo en su Administración de origen.
Cuando presten servicio en los gabinetes de la Presidencia de la Xunta o de los Conselleiros y no opten por permanecer en la situación de servicio activo en su Administración de origen.
Cuando desempeñen puestos de trabajo de carácter directivo en el gabinete del Presidente del Parlamento.
Cuando sean adscritos a los servicios del Valedor del Pueblo.
A los funcionarios en situación de servicios especiales se les computará el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos y tendrán derecho a la reserva de plaza y destino que ocupasen, que podrá ser desempeñado mientras el funcionario esté en situación de servicios especiales bien en comisión de servicios, bien por un funcionario interino. En todos los casos recibirán las retribuciones del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no las que les corresponden como funcionarios, sin perjuicio del derecho a la percepción de trienios, que pudieran tener reconocidos como funcionarios.
Los Diputados, Senadores y miembros de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas que pierdan tal condición por disolución de las correspondientes Cámaras o finalización del mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución.
Los funcionarios de la Comunidad que, por medio de los sistemas de concurso o de libre designación o transferencia, en su caso, pasen a ocupar puestos de trabajo en otras Administraciones Públicas se someterán al régimen estatutario vigente en la Administración en la que estén destinados, siéndoles de aplicación la legislación en materia de Función Pública de la misma, pero conservarán su condición de funcionarios de, la Comunidad en situación de servicio en otras Administraciones Públicas.
Procederá declarar, de oficio o a instancia de parte, en situación de excedencia voluntaria a los funcionarios cuando estén en situación de servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las Administraciones Públicas, a no ser que obtuviesen la oportuna compatibilidad, o pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público y no les corresponda quedar en otra situación.
Los funcionarios tendrán derecho a un periodo de excedencia voluntaria, no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, a contar desde la fecha de nacimiento de éste. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.
Podrán concederse igualmente la excedencia voluntaria a los funcionarios cuando lo soliciten por interés particular y no lo impidan las necesidades del servicio.
La situación prevista en este punto no podrá declararse antes de haber completado tres anos de servicios efectivos desde que se accedió al cuerpo o escala o desde el reingreso y en ella no se podrá permanecer más de diez años continuados ni menos de dos años.
Pasarán también a la situación de excedencia voluntaria los funcionarios que cesasen en la situación de servicios especiales y no solicitasen el reingreso en el servicio activo en el plazo de 30 días desde tal cese, salvo en el supuesto previsto en el párrafo «in fine» del artículo 53.
Los funcionarios excedentes voluntarios no devengarán retribuciones ni les será computable el tiempo permanecido en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos.
No se podrá conceder la excedencia voluntaria cuando el funcionario esté sometido a expediente disciplinario o pendiente del cumplimiento de una sanción.
El excedente voluntario por interés particular al que, solicitado su reingreso no se le conceda por falta de puesto vacante con dotación presupuestaria continuará en la situación de excedencia voluntaria hasta que se produzca el mismo.
Aquellos que estén en la situación
tendrán derecho a percibir sus retribuciones básicas y el complemento de destino inferior en dos niveles a su grado personal, así como al pago del tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de trienios y derechos pasivos.
Aquéllos que estén en las situaciones b) y c) no tendrán derecho al complemento de destino, pero el tiempo que permanezcan en tal situación les será abonado a efectos de trienios y derechos pasivos.
La suspensión de funciones puede tener carácter provisional o firme. El funcionario declarado en tal situación quedará privado temporalmente del ejercicio de sus funciones y de los derechos inherentes a su condición.
La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente, por un período no superior a seis meses, durante la tramitación del procedimiento judicial o expediente disciplinario, por posible comisión de faltas graves, que instruya al funcionario la autoridad competente.
Durante el tiempo de suspensión provisional el funcionario percibirá las retribuciones básicas que le correspondan.
Si el funcionario resultase absuelto en el procedimiento criminal o expediente disciplinario, o si la sanción que se le impusiese fuese inferior a la suspensión, el tiempo de duración de ésta se le computará como servicio activo, debiendo reincorporarse inmediatamente a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de efectividad de la suspensión.
A los funcionarios en situación de suspenso de funciones con carácter firme no se les reservará la plaza ni el destino.
El reingreso al servicio activo de aquellos que no tengan reservada su plaza y destino se verificará con ocasión de vacante y respetando el siguiente orden de prelación:
Aquellos que estén en situación de excedencia forzosa o de suspensión de funciones en firme, en este caso, al haber cumplido el tiempo de suspensión, están obligados a solicitar el reingreso, debiendo participar en cuantos concursos se anuncien para la provisión de puestos de trabajo, siendo declarados, si no lo hiciesen, en situación de excedencia voluntaria por interés particular.
Gozarán, por una vez, de preferencia para ocupar alguno de los puestos de trabajo vacantes existentes en la localidad donde prestaban servicio cuando se produjo su cese en el servicio activo.
A los excedentes forzosos y suspensos se les concederá el reingreso al servicio activo, si existiesen vacantes, con carácter provisional, hasta que obtengan destino con carácter definitivo, a través de concurso de traslados.
Los reingresos provisionales tienen la obligación de participar en el primer concurso de traslados, siendo declarados de oficio, si no lo hacen, en situación de excedentes voluntarios.
La carrera administrativa consiste en la promoción desde un cuerpo o escala de un determinado grupo a los de otro inmediatamente superior, o en el ascenso dentro de los grados asignados al mismo cuerpo o escala, o en el acceso a otro cuerpo o escala del mismo grupo.
En las convocatorias de las pruebas selectivas se reservará entre un mínimo de un 25% y un máximo de un 50% de las vacantes convocadas para funcionarios pertenecientes a cuerpos o escalas de grupo inmediatamente inferior que posean la titulación exigida y demás requisitos inherentes a las vacantes a cubrir y que hayan prestado tres años de servicio en la Administración de la Comunidad Autónoma.
Los funcionarios podrán acceder a otros cuerpos o escalas encuadradas en el mismo grupo que tengan asignadas funciones sustancialmente coincidentes en su contenido profesional y en su nivel técnico, siempre que estén en posesión de la titulación exigida en cada caso y superen las pruebas selectivas
Todo funcionario posee un grado personal que corresponderá a uno de los 30 niveles en que se clasifiquen los puestos de trabajo.
El grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o durante tres con interrupción. Si durante el tiempo en que el funcionario desempeña un puesto se modificase el nivel del mismo, el tiempo de desempeño se computará con el nivel más alto con que tal puesto estuviese clasificado.
Los funcionarios de nuevo ingreso comenzarán a consolidar el grado correspondiente al nivel del puesto de trabajo al que sean destinados.
La adjudicación, a solicitud voluntaria del funcionario, de un puesto de trabajo de nivel inferior al correspondiente a su grado personal determinará la percepción de las retribuciones complementarias del puesto de trabajo realmente desempeñado.
Ningún funcionario podrá ser destinado a un puesto en más de dos niveles inferior o superior al correspondiente a su grado personal.
Excepcionalmente, y en tanto no se cumpla lo establecido en el número anterior, el funcionario quedará a disposición del órgano que se determine reglamentariamente y que le atribuirá el desempeño provisional de puestos de nivel inferior, dentro de la localidad, siempre en su cuerpo o escala. El funcionario tiene derecho al complemento de destino correspondiente a un puesto inferior en dos niveles a su grado personal.
El tiempo de permanencia en situación de servicios especiales será computado, a efectos de consolidación del grado personal, como prestado en el último puesto desempeñado en situación de servicio activo o en el que posteriormente se obtuviese por concurso.
La adquisición y los cambios de grado se inscribirán en el Registro de Personal previo reconocimiento por el órgano competente.
Los grados superiores de los cuerpos o escalas podrán coincidir con los inferiores del cuerpo o escala inmediatamente superior.
La adquisición de los grados superiores por los funcionarios de los cuerpos y escalas de cada grupo podrá realizarse también mediante la superación de cursos de formación u otros requisitos objetivos que determine la Xunta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, apartado 10.
El sueldo, que se fijará en función del índice de proporcionalidad que se asigne a cada uno de los grupos en que se organizan los cuerpos y escalas de funcionarios de la Comunidad.
Los trienios, consistentes en una cantidad igual para cada grupo, por cada tres años de servicios en el cuerpo o escala.
Las pagas extraordinarias, que serán de dos al año por un importe mínimo cada una de ellas de una mensualidad de sueldo y trienios, se devengarán los meses de junio y diciembre.
El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que desempeñe. Este complemento figurará en las relaciones de puestos de trabajo y será igual para todos los puestos del mismo nivel.
El complemento específico, destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo.
El complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo.
Su cuantía global no podrá exceder de un porcentaje sobre los costes totales de personal de cada programa y de cada órgano que se determinará en la Ley de Presupuestos.
El responsable de la gestión de cada programa de gasto, dentro de las correspondientes dotaciones presupuestarias, determinará de acuerdo con la normativa establecida en la Ley de Presupuestos, la cuantía individual que corresponda, en su caso, a cada funcionario.
Su asignación se realizará con arreglo a criterios objetivos establecidos reglamentariamente con la necesaria información y participación de los miembros representantes del personal.
Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón de servicio.
Las cuantías de las retribuciones básicas serán iguales para cada uno de los grupos en que se clasifican los cuerpos o escalas. El sueldo de los funcionarios del grupo A no podrá exceder en más de tres veces el sueldo de los funcionarios del grupo E.
La cuantía de las retribuciones básicas, de los complementos de destino asignados a cada puesto de trabajo y de los complementos específicos y de productividad, en su caso, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
El personal laboral será retribuido con arreglo a lo previsto en su normativa y en los convenios colectivos, procurándose mediante un convenio marco u otros instrumentos la igualdad de retribuciones para las tareas que supongan unas mismas condiciones de preparación y unas mismas funciones.
Por matrimonio, el funcionario tendrá derecho a una licencia retribuida de quince días naturales ininterrumpidos.
Por embarazo, en las condiciones y duración previstas en la legislación general.
Por asuntos propios podrán concederse licencias sin retribución de una duración acumulada que no podrá exceder de tres meses cada dos años, la concesión de licencias por asuntos propios se subordinará, en todo caso, a las necesidades del servicio.
Las licencias por enfermedad se fijarán de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social a que pertenezca el funcionario.
Podrán concederse licencias para la realización de estudios sobre materias directamente relacionadas con la Administración Pública, previo informe favorable del superior jerárquico, devengando el funcionario las retribuciones básicas y el complemento familiar.
Los funcionarios tendrán derecho a disfrutar, durante cada año completo de servicio activo, una vacación retribuida de un mes, o los días que en proporción les correspondan si el tiempo de servicio ha sido menor.
El calendario de vacaciones se elaborará anualmente, teniendo en cuenta, en todo caso, para su disfrute las necesidades del servicio, oídos los órganos de representación de los funcionarios.
Por el nacimiento de un hijo y por la muerte o enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, dos días cuando el suceso se produzca en la misma localidad y cuatro días cuando sea en localidad distinta.
Para realizar funciones sindicales, de formación sindical o de representación del personal, en los términos legalmente establecidos.
El funcionario con un hijo menor de nueve meses tendrá derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo. Este período de tiempo se podrá dividir en dos fracciones o sustituirse por una reducción de jornada de media hora.
Quien, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o a un disminuido psíquico o físico que no desempeñe actividad retribuida tendrá derecho a una disminución de un tercio o un medio de la jornada de trabajo con la reducción proporcional de sus retribuciones.
Podrá concederse permiso por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.
Podrá disponerse de hasta nueve días al año, como máximo, de permiso para asuntos personales sin justificación, atendiendo siempre a las necesidades de servicio.
De administración general:
Cuerpo superior de administración de la Xunta del grupo A, que desempeñará funciones de naturaleza administrativa, de dirección, estudio, coordinación, inspección, control y programación.
Cuerpo de gestión de administración de la Xunta, del grupo B, que realizará funciones de colaboración en actividades administrativas de nivel superior, así como tareas propias de gestión administrativa que no correspondan al nivel superior y sean propias de la titulación del grupo B.
Cuerpo administrativo de la Xunta, del grupo C, que desarrollará actividades administrativas de gestión, tramitación y colaboración preparatorias, complementarias y derivadas de las funciones superiores.
Cuerpo auxiliar de la Xunta, del grupo D, que realizará tareas de taquigrafía, mecanografía, registro y despacho de correspondencia, cálculo, manejo de máquinas y otras funciones semejantes.
Cuerpo subalterno de la Xunta, del grupo E, que desempeñará funciones ordinarias de vigilancia, custodia. reparto de correspondencia y documentación, transporte manual, centralita, reprografía y otras semejantes.
De administración especial:
Cuerpo facultativo superior de la Xunta, del grupo A, que realizará actividades profesionales para cuyo desempeño se precise una titulación específica de índole superior.
Cuerpo facultativo de grado medio de la Xunta, del grupo B, que ejercerá funciones profesionales para cuyo desempeño se requiera una titulación específica de grado medio.
Cuerpo de ayudantes facultativos de la Xunta, del grupo C, que desempeñará funciones de ejecución, colaboración y apoyo a los cuerpos facultativos de grado superior y medio, en el ejercicio de su específica titulación académica o profesional.
Cuerpo de auxiliares técnicos de la Xunta, del grupo D, que realizará funciones específicas correspondientes a su nivel de titulación que no tengan carácter general o común.
Los funcionarios transferidos del Estado a la Comunidad se integrarán, por acuerdo de la Xunta, en los cuerpos y escalas relacionados en la Disposición Adicional primera de acuerdo con las siguientes normas:
En los cuerpos de administración general:
En el cuerpo superior de administración de la Xunta, los funcionarios pertenecientes a aquellos cuerpos y escalas para cuyo ingreso les fue exigida la titulación académica requerida en esta Ley para el ingreso en el grupo A y que tienen o han tenido atribuidas funciones semejantes o equiparables a las del citado cuerpo.
En el cuerpo de gestión de administración de la Xunta, los funcionarios pertenecientes a aquellos cuerpos o escalas para cuyo ingreso les fue exigida la titulación académica requerida en esta Ley para el ingreso en el grupo B y que tienen o han tenido atribuidas funciones semejantes o equiparables a las del citado cuerpo.
En el cuerpo administrativo de la Xunta, los funcionarios pertenecientes a aquellos cuerpos o escalas para cuyo ingreso les fue exigida la titulación académica requerida en esta Ley para el ingreso en el grupo C y que tienen o han tenido atribuidas funciones semejantes o equiparables a las del citado cuerpo.
En el cuerpo auxiliar de la Xunta, los funcionarios pertenecientes a aquellos cuerpos y escalas para cuyo ingreso les fue exigida la titulación requerida en esta Ley para el ingreso en el grupo D y que tienen o han tenido funciones semejantes o equiparables a las del citado cuerpo.
En el cuerpo subalterno de la Xunta, los funcionarios pertenecientes a aquellos cuerpos y escalas para cuyo ingreso les fue exigida la titulación académica requerida en esta Ley para el ingreso en el grupo E y que tienen o han tenido atribuidas funciones semejantes o equiparables a las del citado cuerpo.
En los cuerpos de administración especial:
En el cuerpo facultativo superior de la Xunta, los funcionarios a los que les fue exigida, para ingresar en el cuerpo o escala de procedencia, la titulación académica requerida en esta Ley para el ingreso en el grupo A y que desempeñen funciones objeto de su profesión específica.
En el cuerpo facultativo de grado medio de la Xunta, los funcionarios a los que les fue exigida, para ingresar en el cuerpo o escala de procedencia, la titulación académica requerida en esta Ley para el ingreso en el grupo B y que desempeñen funciones objeto de su profesión específica.
En el cuerpo de ayudantes facultativos de la Xunta, los funcionarios a los que les fue exigida, para ingresar en el cuerpo o escala de procedencia, la titulación académica requerida en esta Ley para el ingreso en el grupo C y que desempeñen funciones objeto de su profesión específica.
En el cuerpo de auxiliares técnicos de la Xunta, los funcionarios a los que les fue exigida, para ingresar en el cuerpo o escala de procedencia, la titulación académica requerida en esta Ley para el ingreso en el grupo D y que desempeñen funciones objeto de su profesión u oficio específico.
Se declaran a extinguir todas las plazas transferidas no escalafonadas de funcionarios. El Consello de la Xunta de Galicia procederá a integrarlas en los cuerpos o escalas que exijan igual titulación académica y tengan las mismas funciones, previo informe del Consejo Gallego de la Función Pública.
El personal transferido como varios sin clasificar será clasificado mediante Decreto que determinará, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones y titulación académica exigida, su integración en cuerpos o escalas de funcionarios de la Comunidad Autónoma o en plantillas de personal laboral, con reconocimiento de su antigüedad.
Los funcionarios transferidos ala Comunidad Autónoma o procedentes de otras Administraciones Públicas incorporados a la misma en virtud de oferta de empleo público o de concursos permanentes de traslado que, al entrar en vigor esta Ley tengan asignado por su Administración de origen un índice de proporcionalidad correspondiente a un determinado grupo de los establecidos en el artículo 19 y carezcan de la titulación académica exigida para ello se integrarán en la escala a extinguir que para cada cuerpo, en su caso, se cree al efecto.
En lo no previsto en esta Ley, el personal funcionario transferido de la Administración de la Seguridad Social determinado en la Disposición Adicional dieciséis de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (RCL 2000, 2317, 2427 y ApNDL 6595), se seguirá rigiendo por sus normas estatutarias, hasta que se establezca el sistema de homologación con el resto de los funcionarios.
El personal de la Seguridad Social regulado en el estatuto jurídico del personal médico de la Seguridad Social, en el estatuto del personal auxiliar sanitario titular y auxiliar de clínica de la Seguridad Social, en el estatuto del personal no sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, así como el de los cuerpos y escalas sanitarias y de asesores médicos a que se refiere la Disposición Adicional dieciséis de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se regirán por sus estatutos respectivos en tanto no se dicte la correspondiente legislación específica para adaptarlos a esta Ley, pudiendo ocupar los puestos de trabajo de ámbito sanitario de conformidad con lo que se determina en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (citada), los funcionarios de las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Galicia que, a la entrada en vigor de la presente Ley, estuviesen desempeñando puestos de trabajo en la Administración de esta Comunidad deberán optar, en el plazo de tres meses desde su vigencia, por integrarse plenamente en la organización de la Función Pública autonómica, agrupándose en los cuerpos que proceda y, en todo caso, en los grupos establecidos en el artículo 19 de la presente Ley. Si tuviesen la condición de funcionarios con habilitación de carácter nacional, les será de aplicación la legislación vigente.
En el plazo de seis meses el Consello de la Xunta de Galicia procederá a la clasificación y valoración de todos los puestos de trabajo de la Comunidad Autónoma, determinando cuáles deben ser desempeñados por funcionarios y cuáles por personal eventual o laboral. Tal clasificación habrá de someterse a la consulta de la Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma.
1. El personal contratado laboral fijo que ocupe puestos de trabajo que, por la naturaleza de sus funciones, deban ser desempeñados por funcionarios podrá acceder a la condición de funcionario, si voluntariamente optase por ello, a través de la superación de un concurso-oposición libre, en el que se valorarán los servicios efectivos prestados, teniendo en cuenta los criterios de mérito y capacidad.
2. La valoración de los servicios prestados se aplicará consuntivamente en tres convocatorias consecutivas y durante el tiempo de tramitación de las mismas así como después de la última en caso de no superarla dicho personal mantendrá con la Administración vínculo laboral que le otorga el derecho al desempeño de un puesto de trabajo de análogas condiciones y en la misma localidad donde venga prestando sus servicios.
El personal transferido por el Estado, tanto en régimen de contratación administrativa como interino, y el personal interino seleccionado a través de las oportunas pruebas convocadas por la Xunta, así como los contratados administrativos en situación de expectativa de acceso a la Función Pública en conformidad con el Decreto 57/1983, de 6 de abril (LG 1983, 586), que estén al servicio de esta Comunidad Autónoma a la entrada en vigor de la presente Ley podrán acceder a la condición de funcionario mediante la participación y superación de un concurso-oposicion libre, cuya convocatoria habrá de respetar los criterios de mérito y capacidad y en el que se valorarán los servicios efectivos prestados.
El personal que no supere dicha prueba selectiva tendrá derecho a la valoración de los servicios prestados en otras dos convocatorias consecutivas, y a continuar prestando, mientras no se celebren, servicios en calidad de interino. Tal situación no condicionará la consideración de vacante del puesto de trabajo que viniese desempeñando.
Los funcionarios de la Comunidad Autónoma que reúnan los requisitos necesarios podrán participar igualmente en la misma prueba, valorándoseles los servicios prestados y otros méritos hasta un 45% del máximo alcanzable, que será aplicable consuntivamente y en el mismo número de convocatorias señalado en el párrafo anterior.
La puntuación obtenida en la valoración de los servicios prestados por el personal a que se refieren las Disposiciones Transitorias segunda y tercera en ningún caso podrá exceder del 45% del máximo alcanzable en las pruebas selectivas correspondientes, a razón de 10,75% por mes de servicios, siendo aplicable consuntivamente por el tribunal.
A dicho personal, en el supuesto de acceder a la condición de funcionario, le serán reconocidos, a efectos de trienios y antigüedad, los servicios prestados con anterioridad en cualquier Administración Pública.
El propio personal, al superar las pruebas selectivas, accederá a la condición de funcionario en puestos base dentro del grupo en que se integre.
A estos efectos, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27.3 de esta Ley, con posterioridad a la celebración de la primera prueba de acceso, se convocará un concurso interno de traslados en el que se ofertarán todas las jefaturas, niveles de destino sintularizados y demás puestos de trabajo que resultasen vacantes.
En evitación de una movilidad contraria a los intereses del servicio en tanto no se resuelva el concurso a que alude el apartado anterior, el personal que acceda a la condición de funcionario, así como el que se mantenga en la situación de interino a tenor de lo establecido en la Disposición Transitoria tercera, párrafo segundo, continuará prestando servicio en la misma localidad y departamento en que lo venía haciendo.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, se creará una escala específica adscrita a la Consellería de Pesca para la realización de las funciones encomendadas a ésta
en el ámbito de las corporaciones de derecho público que tiene tuteladas.
El personal funcionario adquirirá el grado personal previsto por esta Ley a partir del 1 de enero de 1985.
Aquellos funcionarios que desempeñen durante un plazo de dos años un puesto de nivel superior al del que se les asigne en su cuerpo o escala adquirirán como grado personal el superior de los que correspondan a su cuerpo o escala.
Cuando un puesto de trabajo resultase clasificado con un nivel superior a aquél con el que fue transferido el funcionario que lo venía desempeñando desde el 1 de enero de 1985, éste adquirirá el grado con el que se clasifique el citado puesto de trabajo.
El funcionario que se considere perjudicado en la asignación de su grado personal podrá solicitar la revisión de tal asignación con arreglo a criterios objetivos basados en el tiempo de servicios efectivos prestados en su cuerpo o escala y en el nivel de los puestos desempeñados. A tal efecto el órgano competente resolverá en un plazo máximo de dos meses, previo informe de la Comisión de Personal.
La primera oferta de empleo público, en la que se incluirán las pruebas de acceso a la condición de funcionario previstas en las Disposiciones Transitorias anteriores segunda y tercera, se convocará en el plazo máximo de tres meses a partir de la publicación de la relación de puestos de trabajo a que se alude en la Disposición Transitoria primera.
Con anterioridad a la realización de dicha oferta de empleo público, se convocará un concurso de provisión de todos los puestos de trabajo que, de acuerdo con la relación de los mismos, no estén ocupados por funcionarios, valorándose especialmente los servicios prestados en la Administración Autonómica.
Ley 5/2003, de 27 octubre (LG 2003\324)
art. 1: suprime disp. tranit. 5ª
Ley 7/2002, de 27 diciembre (LG 2002\374)
art. 10: modifica art. 55.4
art. 11: modifica art. 65.1
art. 12: añade disp. adic. 14
art. 6: modifica art. 13.2.12
art. 7: modifica art. 13 bis
art. 8: modifica art. 15.8
art. 9: modifica art. 54
Ley 3/2002, de 29 abril (LG 2002\141)
art. 10: modifica art. 62.2
art. 11: añade disp. adic. 12ª
art. 12: añade disp. adic. 13ª
art. 6: añade art. 13 bis
art. 7: modifica art. 20.2
art. 8: modifica art. 27.1
art. 9: modifica art. 42.2
disp. derog. 2ª: deroga art. 13.2.17
Decreto 289/2001, de 15 noviembre (LG 2001\333)
desarrolla disp. transit. 11ª
Ley 2/2000, de 21 diciembre (LG 2000\375)
art. 1: afecta art. 20
Ley 8/1999, de 30 diciembre (LG 1999\426)
art. 10: modifica art. 47.1
art. 11: modifica art. 50.3
art. 12: añade art. 53.3
art. 13: modifica art. 55.2 a)
art. 14: modifica disp. adic. 1ª Ap A) punto 4
art. 9: modifica art. 10
Ley 7/1998, de 30 diciembre (LG 1998\423)
art. 10.1: modifica art. 13 punto 2.12
art. 10.2: modifica art. 50 punto 2
disp. derog. única: deroga art. 15.7
Ley 2/1998, de 8 abril (LG 1998\134)
art. 7º: modifica art. 52.15
art. 8º: modifica art. 70.1.f)
Decreto 115/1997, de 2 mayo (LG 1997\185)
desarrolla art. 63 bis
Ley 11/1996, de 30 diciembre (LG 1996\405)
disp. adic. 10ª: modifica disp. adic. 11ª
disp. adic. 9ª: añade art. 52.16
Ley 3/1995, de 10 abril (LG 1995\117)
art. 1: modifica art. 3
art. 10: modifica art. 46
art. 11: modifica art. 48
art. 12: modifica art. 49
art. 13: modifica art. 52
art. 14: modifica art. 53
art. 15: modifica art. 55
art. 16: modifica art. 56
art. 17: añade art. 56 bis
art. 18: modifica art. 58
art. 19: modifica art. 59
art. 2: modifica art. 6
art. 20: modifica art. 60
art. 21: añade art. 63 bis
art. 22: modifica art. 64
art. 23: modifica art. 70
art. 24: modifica disp. adic. 3ª
art. 25: añade disp. adic. 8ª
art. 26: añade disp. adic. 9ª
art. 27: añade disp. adic. 10ª
art. 28: añade disp. adic. 11ª
art. 29: modifica disp. transit. 4ª
art. 3: modifica art. 7
art. 30: añade disp. transit. 15ª
art. 31: añade disp. transit. 16ª
art. 4: modifica art. 12
art. 5: modifica art. 13
art. 6: modifica art. 27
art. 7: modifica art. 29
art. 8: modifica art. 30
art. 9: modifica art. 42
Ley 1/1994, de 30 marzo (LG 1994\80)
disp. adic. 5ª: modifica art. 64.2.e)
Decreto 264/1994, de 29 julio (LG 1994\268)
Anexo II: modifica art. 55. a)
Anexo II: modifica art. 55 c)
Anexo II: modifica.
Ley 8/1992, de 24 julio (LG 1992\205)
art. único: modifica art. 33
Decreto 95/1991, de 20 marzo (LG 1991\86)
desarrolla art. 31
desarrolla art. 32
desarrolla art. 34
desarrolla art. 33
desarrolla art. 36
desarrolla art. 40
desarrolla art. 38
desarrolla art. 41
desarrolla art. 39
desarrolla art. 30
desarrolla art. 37
desarrolla art. 35
Decreto 94/1991, de 20 marzo (LG 1991\85)
desarrolla art. 73.
Decreto 93/1991, de 20 marzo (LG 1991\84)
desarrolla art. 27.
Decreto 92/1991, de 20 marzo (LG 1991\83)
desarrolla art. 50
desarrolla art. 51
desarrolla art. 52
desarrolla art. 55
desarrolla art. 54
desarrolla art. 53
desarrolla art. 56
desarrolla art. 58
desarrolla art. 49
desarrolla art. 59
desarrolla art. 57
Decreto 91/1991, de 20 marzo (LG 1991\82)
desarrolla art. 19.
Ley 4/1991, de 8 marzo (LG 1991\68)
art. 1: modifica art. 25
art. 1: modifica art. 27
art. 1: modifica art. 60
art. 1: modifica art. 62
art. 1: modifica art. 50
art. 2: añade disp. transit. 10ª
art. 2: añade disp. transit. 11ª
art. 2: añade disp. transit. 12ª
art. 2: añade art. 73
art. 3: suprime disp. transit. 3ª
art. 3: suprime disp. transit. 4ª
art. 3: suprime disp. transit. 8ª
art. 3º: añade disp. transit. 13ª
art. 3º: añade disp. transit. 14ª
art. 3º: añade disp. transit. 9ª
art. 3º: suprime disp. transit. 2ª
art. 4º: añade disp. adic. 7ª
Decreto 109/1989, de 1 junio (LG 1989\145)
desarrolla disp. transit. 5ª
Decreto 262/1988, de 8 septiembre (LG 1988\191)
afecta art. 27.1
Decreto 195/1988, de 28 julio (LG 1988\164)
afecta art. 16.
Decreto 57/1983, de 6 abril (LG 1983\586)

References: artículo 149
 artículo 103
 artículo 28
 artículo 149
in fine
 artículo 13
 artículo 24
 artículo 25
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 18
 artículo 35
 resolución 
 artículo 62
 artículo 52
in fine
 artículo 53
 artículo 12
 artículo 19
 artículo 17
 artículo 19
 artículo 27