Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2015/as201532189.html
Timestamp: 2019-03-20 05:10:59+00:00

Document:
auto 189 exp 02
Auto Supremo Nº 189/2015.
Expediente: SSA.II-LP.02/2015.
VISTOS: El recursos de casación en el fondo de fs. 399 a 404, interpuesto por la Fundación Contra el Hambre/Bolivia (Food for the Hungry International/Bolivia), a través de su representante legal Oscar Ramiro Montes Mollo, contra el Auto de Vista Nº 154/12 de 21 de diciembre de 2012 de fs. 210, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso contencioso tributario seguido por la entidad recurrente, contra la Administración de Aduana Interior de la Gerencia de Aduana La Paz, la respuesta de la institución demandada de fs. 409 a 413, el auto de fs. 415 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;
CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso contencioso tributario, la Juez Segundo de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 04/2011 de 8 de abril de 2011, cursante de fs. 96 a 101, declarando probada en parte la demanda de fs. 36 a 42, improbadas las nulidades invocadas en la misma y probada la excepción de prescripción de la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento Nº AN-GRLPZ-LAPLI Nº 0022-10 de 12 de enero de 2010, declarando extinguida la obligación tributaria, al tenor de todo lo expuesto en el numeral 4 del último considerando.
En grado de apelación de fs. 102 a 106, interpuesto por la Aduana interior La Paz de la Gerencia Regional de Aduana La Paz, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 11/12 de 1 de febrero de 2012, cursante de fs. 124, revocó en parte la sentencia apelada, confirmando en cuanto a las nulidades aducidas y resueltas en el punto primero de la misma y revocando el segundo punto de la sentencia, disponiendo la plena vigencia de la Resolución Sancionatoria Unificada de Procedimiento AN-GRLPZ-PLI/00022-10 de 12 de enero de 2010, y declarando improbada la excepción de prescripción aducida por la entidad actora.
Contra la resolución de alzada, la Fundación contra el Hambre/Bolivia, formuló recurso de casación de fs. 180 a 187, siendo resuelto mediante Auto Supremo Nº 376 de 26 de septiembre de 2012 (fs. 201 a 206), que anuló obrados hasta el sorteo de fs. 122 vta., inclusive, disponiendo que el tribunal ad quem, sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa, previo sorteo, emita nueva resolución pronunciándose sobre la fuerza mayor demandada y fundamentada, expresando la debida motivación sobre dicho extremo.
En cumplimiento del citado auto supremo, fue emitido el nuevo Auto de Vista Nº 154/12 de 21 de diciembre de 2012, que revocó en parte la Sentencia Nº 04 de 8 de abril de 2011, confirmando en cuanto a las nulidades aducidas y resueltas en el punto primero de la sentencia y revoca en el segundo punto de la sentencia, disponiendo la plena vigencia de la Resolución Sancionatoria Unificada de Procedimiento AN-GRLPZ-PLI/00022-10 de 12 de enero de 2010, declarando improbada la excepción de prescripción alegada por la institución demandante.
Este fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 399 a 404, interpuesto por la Fundación contra el Hambre/Bolivia, representada por Oscar Ramiro Montes, manifestando lo que se sintetiza a continuación:
Alega error de hecho y derecho en la interpretación y aplicación indebida de los arts. 59 y 61 de la Ley Nº 2492, pues para la Administración Tributaria, tal cual se evidencia en la resolución sancionatoria como del contenido del recurso de apelación, el plazo para la prescripción es de 7 años en lugar de 4, de acuerdo a lo dispuesto en la última parte del art. 59 del Código Tributario Boliviano (CTB), Ley Nº 2492, entonces, correspondía al tribunal de alzada revisar el pronunciamiento del juez a quo, que declaró probada la demanda por prescripción, manifestando si era o no correcto dicha posición; sin embargo, señala, que del razonamiento expresado por el tribunal de alzada respecto a la prescripción, se evidencian las siguientes violaciones:
Errada interpretación de la institución jurídica de la prescripción prevista en el art. 59.I de la Ley Nº 2492.
Manifiesta que, de acuerdo a la fundamentación contenida en el auto de vista recurrido, la prescripción opera antes de los cuatro años, pues expresamente resaltó que en el caso ya habían transcurrido “más” de seis años, y sin embargo concluyen señalando que no opera la prescripción de cuatro años prevista en el art. 59.I del CTB, razonamiento a criterio suyo, desnaturaliza completamente el instituto de la prescripción que tiene fundamento a partir de doctrina (de la que transcribe fragmentos), señalando finalmente que, el propósito que persigue la prescripción es el de resguardar el orden social a través de la seguridad jurídica y se encuentra previsto en el art. 9 de la Constitución Política del Estado (CPE), y que de los antecedentes doctrinarios y constitucionales citados, concluye que la prescripción opera por el transcurso del tiempo, cuando se sobrepasa el límite establecido en la ley para ejercer el derecho, en este caso, de acuerdo al parágrafo I del art. 59 de la Ley Nº 2492, el límite fijado es cuatro años, y mientras más años sobrepasen a los 4 años establecidos, menor es la duda sobre la extinción de la obligación, contrariamente, el auto de vista recurrido, incurriendo en error de hecho y derecho en la interpretación de la ley y en aplicación indebida del parágrafo I del art. 59 de la Ley Nº 2492, señaló que por haber transcurrido más de seis años, no operó la prescripción de 4 años, asumiendo que la prescripción debe oponerse antes de los cuatro años, y es errónea interpretación porque la propia Administración Aduanera que confiesa tanto en la resolución sancionatoria como en su recurso de apelación, que la mercancía ingresó a territorio aduanero, en fecha 17 de abril de 2003, por lo que el hecho generador de la obligación, se hizo exigible 60 días después de esa fecha, tal como prescribe el art. 131 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, es decir el 17 de junio de 2003 y siendo que de acuerdo al art. 60 del CTB, el plazo de la prescripción se computa a partir del 1 de enero del año siguiente, en este caso, a partir del 1 de enero de 2004, la fecha en que operó la prescripción extintiva de la obligación sería el 1º de enero de 2008, cumpliendo los cuatro años señalados, debiendo considerarse además que recién el día 27 de enero de 2010, se notificó con la Resolución Sancionatoria que determina el presunto omitido, es decir, después de más de cuatro años.
Error de hecho y de derecho en la interpretación y aplicación del inc. a) del art. 61 de la Ley Nº 2492.
El art. 60 de la Ley Nº 2492, dispone que el término de la prescripción se computará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo y que dicha norma debe ser aplicada, considerando la interrupción de la prescripción prevista en el art. 61 del mismo cuerpo legal, pues para el inicio del cómputo de los cuatro años, se requiere de un inicio, y un acto de la administración que establezca la interrupción del transcurso del tiempo, siendo que según lo prescrito por el art. 61 del CTB, solo existen dos formas de interrumpir el tiempo de la prescripción , es decir, la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago; sin embargo, incurriendo en error de hecho y derecho en la aplicación del art. 61 de la citada norma, el auto de vista señaló que el plazo para la prescripción se interrumpió a partir de la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento de fecha 12-01-2010, siendo que dicha resolución se notificó recién el 27 de enero de 2010, lo que demuestra la violación del art. 61 mencionado por interpretación errónea y aplicación indebida del mismo, al considerar que el acto que interrumpió la prescripción es la fecha de la resolución sancionatoria y no así la fecha de notificación con la misma.
Error de hecho y derecho en la aplicación e interpretación del parágrafo II del art. 59 del CTB.
Manifiesta que, el auto de vista omitió pronunciarse sobre ciertos aspectos planteados en apelación, por ejemplo, la ampliación del plazo de la prescripción de 4 a 7 años, se hace necesario señalar que respecto a la prescripción, la institución apelante resalta el parágrafo II del art. 59 del CTB, siendo que este establece como regla general para la prescripción, el tiempo de 4 años, ampliando el plazo a 7 años como excepción a la regla, únicamente en dos circunstancias, alegado por la Administración Tributaria en la resolución sancionatoria, es decir, la ampliación del plazo de la prescripción a 7 años, por falta de inscripción en los registros pertinente, por lo que correspondía verificar si se aplica al caso, la obligación de inscribirse en los registros pertinentes; sin embargo, la aduana, a la fecha del hecho generador, el 17 de abril de 2003, no habilitó registro alguno, es decir que cualquier persona natural o jurídica, hasta antes del empadronamiento de importadores aprobado por la RD Nº 01-019-08 de 18 de diciembre de 2008, tenía derecho a someter las mercancías a importación bajo cualquier régimen aduanero, por lo tanto la inscripción en los registros pertinentes, a la que hace referencia el parágrafo II del art. 59 del CTB, que establece la ampliación del plazo de la prescripción de 4 a 7 años, es inaplicable en materia aduanera, sin embargo la Resolución Sancionatoria, no señala cuales son los registros en los que la Fundación que representa, no se hubiera inscrito.
Refiere que los presupuestos señalados en el art. 59 del CTB, que hace posible la ampliación del plazo para la prescripción, no se adecuan al caso presente, toda vez que en la presunta obligación perseguida en la Resolución Sancionatoria, primero porque en materia aduanera, no existían registros habilitados para importadores, ni norma que así lo disponga y segundo porque las Vistas de Cargo, fueron generadas a partir del registro informático emitido por el sistema SIDUNEA, de los partes de recepción que registraron y certificaron la llegada de la mercadería el 17 de abril de 2003, como señala la Resolución impugnada de la Aduana, en el que constan todos los datos del consignatario, nombre, número de NIT, etc., lo que demuestra que no es evidente la ausencia de los registros de la operación aduanera alegada por la administración aduanera, pues con esos datos declarados y puestos a disposición de la Administración Aduanera, se permitió el ingreso de la mercancía el 17 de abril de 2003, momento que la Aduana consideró como fecha del hecho generados de la obligación de pago, por lo que al no existir ninguna norma que reglamente la inscripción del sujeto pasivo en registros pertinentes, y al estar demostrado que la Administración Aduanera contaba con el registro de la operación aduanera, es inaplicable el parágrafo II del art. 59 del CTB.
Por otra parte, aduce que la Administración Aduanera, asumió que no se solicitó o inició el trámite de exención, por tanto, al no haber registro, se ampliaría la prescripción a 7 años, sin embargo la solicitud de exención tributaria no es más que una mera solicitud que no constituye registro alguno, siendo claro que la Aduana, lo que pretende es justificar su negligencia castigada por ley con la prescripción de la acción de la acción o el derecho de la Administración, que se funda en el principio de la seguridad jurídica, por ello resulta falso e ilegal el afirmar que la prescripción debe ampliarse a 7 años por falta de registro, y no existe causa para su aplicación.
Finalmente solicita que se tome en cuenta lo resuelto en el Auto Supremo Nº 419 de 17 de julio de 2013, de características similares, dictado dentro del proceso seguido por la Fundación a la que representa contra la Administración Aduanera.
Por todo lo expuesto, solicita se admita el recurso, y una vez remitido al Tribunal Supremo de Justicia, case el auto de Vista Nº 154/12 de 21 de diciembre y su auto complementario de 27 de octubre de 2012, y deliberando en el fondo, declare prescrita la obligación tributaria establecida en la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI/00022/2010 de 12 de enero de 2010, y respecto al recurso de nulidad en la forma, anule obrados hasta que se pronuncie nuevo auto de vista sobre las demás pretensiones deducidas en el proceso que no fueron resueltas ni consideradas en primera instancia, sobre el derecho de exención de tributos en favor de la empresas que representa, y de la errada sanción por falta de regularización de la DUI, que está prevista únicamente para el despachante de aduana.
A su vez, la institución demandada, a través de su representante Michael Leonardo Cotillo Poma, respondió al recurso formulado por la fundación demandante, en base a los argumentos expuestos por memorial de fs. 409 a 413, solicitando se declare improcedente e infundado el recurso de casación.
CONSIDERANDO II: Para resolver este recurso, es preciso responder en conjunto a los puntos expresados por el recurrente, por cuanto los mismos, guardan relación y de ellos se identificó la problemática planteada, razón por la cual, para un mejor entendimiento se analiza de manera global y se establece lo siguiente:
En el caso presente, la entidad recurrente a través de su representante legal, cuestiona el fallo del tribunal de segunda instancia, por haber revocado en parte la sentencia y disponer la plena vigencia de la Resolución Sancionatoria Unificada de Procedimiento AN-GRLPZ-PLI/00022-10 de 12 de enero de 2010, declarando improbada la excepción de prescripción demandada, incurriendo con la emisión de dicho fallo en error de hecho y de derecho en la interpretación y aplicación indebida de los arts. 59 y 61 de la Ley Nº 2492, ya que según afirma, habría operado la prescripción de las acciones de la Administración, por haber transcurrido más de 4 años desde comisión del hecho generador de la obligación, rechazando el criterio de la Administración Aduanera y del tribunal de alzada, que sostiene que en el presente caso, la prescripción se operaría recién después de transcurridos 7 años, según el parágrafo II del art. 59 de la Ley Nº 2492.
Lo esgrimido por el recurrente, respecto a la prescripción y el entendimiento efectuado por el tribunal de alzada en el auto de vista, nos permite vislumbrar que, existe desconocimiento de la vigencia de los institutos establecidos como formas de extinción de la obligación tributaria, siendo la prescripción una categoría jurídica por la que, se le atribuye la función de ser una causa extintiva de la obligación tributaria, necesaria para el orden social, que responde a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica, y no -como sustentan otros- en la equidad y la justicia. La falta del análisis interpretativo y carente de criterio razonado hizo hincapié en un forzado e irracional intento de ampliar a 7 años el término de la prescripción, aplicando indebidamente el parágrafo II del art. 59 de la Ley Nº 2492 parafraseándolo desatinadamente al afirmar que, los alcances para ampliar a 7 años el término de la prescripción es: “cuando el interesado no haya cumplido con la formalidad de solicitar la exención de tributos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto dentro del plazo de 60 días contados a partir de la llegada de la mercancía, … (sic)”, cuando dicha norma establece textualmente que: “II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.” Es decir, refiere a la obligación o deber formal de inscribirse en los registros pertinentes, dentro el régimen correspondiente, aspecto cumplido por el sujeto pasivo que tiene el NIT 1020369022 emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, entonces, no entendemos cómo es que, el deber formal de inscripción al padrón de contribuyentes (NIT), se puede asimilar a la formalidad de solicitar exención de tributos.
De los datos del proceso se tiene que, la Administración de Aduana Interior de la Gerencia Regional de Aduana La Paz, al amparo del art. 69 del CTB, realizó la determinación por unificación de procedimiento, respecto a la mercancía ingresada al país en calidad de donación, amparado en el documento de embarque JACFH107, que no fue regularizado con la presentación de la Resolución Bi-Ministerial para la autorización de la exención de pago de tributos por parte del sujeto pasivo, hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria Nº 22/2010 de 12 de enero de 2010, que resolvió las Vistas de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 065/08 de 11 de diciembre y Nº 082/08 de 15 de diciembre de 2008, con un reparo de UFV´s.1.206.161,33.-, concluyendo con la emisión de la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI/ 00022-10 de 12 de enero de 2010, que fue notificada al sujeto pasivo mediante cédula, el 27 de enero de 2010.
De la atenta revisión de los antecedentes se tiene que, la recepción de la mercancía, se produjo el 17 de abril de 2003, tal como se evidencia de la documental de fs. 48; según lo establecido en el art. 131 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, el sujeto pasivo Fundación contra el Hambre/Bolivia, tenía 60 días para regularizarán los trámites de despacho inmediato dentro del plazo con la presentación de la declaración de mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la Resolución Ministerial de exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; es decir, el plazo del último Parte de Recepción de Mercancía venció el 17 de junio de 2003, que es la fecha de la última conducta contraventora tributaria, por lo tanto, el cómputo de la prescripción comenzó a correr del 1 de enero de 2004, en estricta en sujeción de lo dispuesto por el art. 60.I del Código Tributario (Ley Nº 2492) que establece: “Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo…”; y de acuerdo a lo establecido en el art. 59.3 del actual Código Tributario (Ley Nº 2492), la sanción por contravención tributaria prescribió el 31 de diciembre de 2007 a horas 24:00, de lo que se advierte que la Administración Tributaria Aduanera, pese a que tuvo cuatro años para poder imponer sanción sin impedimento alguno, recién notificó al sujeto pasivo Fundación contra el Hambre/Bolivia con la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI/00022-10 de 12 de enero de 2010 - siendo este el actuado que interrumpe la prescripción conforme lo establece el art. 61.a) de la Ley Nº 2492, en el caso de examen el contribuyente fue notificado en fecha 27 de enero de 2010, conforme consta de la diligencia de fs. 31, aspecto debidamente compulsado por el a quo, en su sentencia, que concluyó acertadamente, al determinar que no se suspendió ni interrumpió el curso de la prescripción, consiguientemente, la sanción tributaria del contribuyente prescribió.
Por otro lado, es preciso referir que si bien la entidad ahora recurrente, tenía el deber de cumplir con los requisitos y formalidades que determina la ley para la exención de los tributos por la importación de alimentos en base a los convenios de asistencia económica y acuerdos internacionales suscritos entre Bolivia y Estados Unidos, la Administración Aduanera también tenía obligaciones, es decir, contaba con el periodo de 4 años conforme lo señala el art. 59.I de la Ley Nº 2492, con las facultades descritas en los artículos precitados, para efectivizar el cobro por deudas tributarias y la consiguiente omisión de pago y no así a los 7 años como se estableció en Segunda Instancia, porque si bien resulta evidente que, conforme al art. 70.2 de la Ley Nº 2492, se constituye como una obligación del sujeto pasivo: “…inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria…” y la omisión de dicha inscripción en los registros tributarios se configura como contravención tal cual lo prescribe el art. 160.1 del Código precitado, sin embargo, el Reglamento de Registro y Empadronamiento de Importadores recién fue aprobado por Resolución Nº RD 01-019-08 de 18 de diciembre de 2008, fecha posterior a la recepción de la donación de alimentos en el presente caso.
En ese entendido y ratificando el criterio anterior, la prescripción se opera más bien en contra de la negligencia en favor de quien prescribe, la inacción de la Administración Tributaria para imponer sanciones, no puede atribuírsele al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, puesto que éste, con su poder y la norma vigente otorgan a la Administración Tributaria, los medios necesarios para efectivizar la sanción y posterior cobro en un determinado tiempo. El instituto de la prescripción contemplado en la Ley Nº 2492 Código Tributario (actual), en la Subsección V, de la Sección VII, dedicada a las formas de extinción de la obligación tributaria, es una categoría jurídica por la que, se atribuye la función de ser una causa extintiva de la obligación tributaria, es necesaria para el orden social, además responde a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica, y no en la equidad y la justicia; y es precisamente para impedir el autoritarismo del Estado en ejercicio de su poder, por la hegemonía política, que la Constitución contempla una cláusula abierta para perfeccionar un sistema de protección del estante y habitante del territorio nacional, así su art. 13.II, amplía el catálogo de derechos a los previstos en instrumentos internacionales, que además de ser fuente de derecho, conforman el bloque de constitucionalidad (art. 410.II CPE). En esa medida, el art. 8.I de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, (Ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993), al otorgar las garantías judiciales exigibles por cualquier persona, especifica que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial…” Sustrayendo de la norma que antecede la garantía del plazo razonable, que excluye cualquier posibilidad de incertidumbre en la determinación de un derecho u obligación de orden civil, laboral, fiscal o de otra índole; enunciado, del que a contrario sensu, se extrae el derecho a la prescripción de toda obligación para el caso del tipo fiscal; lo que nos permite concluir que la normativa supra nacional que forma parte de nuestra legislación establece como derecho humano la prescripción.
Por todo lo expuesto, se concluye que, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al revocar en parte la Sentencia Nº 04 de 8 de abril de 2011 y declarar improbada la excepción de prescripción demandada por la entidad actora, ha obrado incorrectamente; por todo ello, al ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, corresponde aplicar los arts. 271.4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 214 y 297.II de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y 74.2 de la Ley Nº 2492 Código Tributario de 2 de agosto de 2003.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en ejercicio de la potestad de juzgar que emana del pueblo boliviano, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 154/2012 de 21 de diciembre de 2012, cursante de fs. 210 a 211, y se declara probada la excepción de prescripción de la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento Nº AN-GRLPZ-LAPI Nº 00022-10 de 12 de enero de 2010, por lo tanto extinguida la obligación tributaria por prescripción de la facultad de la Administración Tributaria Aduanera para imponer sanción administrativa, manteniendo firme y subsistente el fallo respecto a los demás puntos.

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