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Timestamp: 2020-01-25 01:16:03+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 36, de 06/04/2016
cve: DSCD-11-CO-36
Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 36
- Sobre situación en el sector lechero. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000026) ... (Página2)
- Sobre modificación de los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico del Ebro correspondiente al segundo ciclo de planificación hidrológica 2015-2021. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat). (Número de expediente 161/000041) ... (Página9)
- Sobre anulación de la prórroga de la concesión otorgada a ENCE Energía y Celulosa. Presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000142) ... (Página9)
- Sobre medidas para luchar contra el desperdicio de alimentos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000164) ... (Página13)
- Sobre la prohibición de tirar alimentos aptos para el consumo humano y la reducción del despilfarro alimentario. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/000168) ... (Página13)
- Sobre la disminución del desperdicio de alimentos en el sector de la distribución. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000223) ... (Página14)
- Sobre el reparto de la cuota de atún rojo a la Comunidad Autónoma de Canarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000214) ... (Página21)
Damos comienzo a la segunda sesión de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con el orden del día que conocen todos ustedes, haciéndoles las advertencias de que el punto 3.º del orden del día, que es la proposición de no ley sobre modificación de los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico del Ebro, ha sido retirada por su autor, por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).
Como saben ustedes, el punto 1.º es el acuerdo de delegación habitual en todas las comisiones y el siguiente el de proposiciones no de ley. También les comunico que por acuerdo de los portavoces las tres proposiciones no de ley correspondientes a lo que es el despilfarro alimentario se van a debatir en un único turno.
El trámite que vamos a seguir es el acordado por la Mesa de la Comisión cuando se fijó el orden del día, que es de cinco minutos para el grupo parlamentario proponente, cinco minutos para los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas y tres minutos para el resto de los grupos para fijación de posiciones, en todo caso siempre de grupo parlamentario menor a grupo parlamentario mayor.
El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en el punto 1.º del orden del día, que es la delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, que es el que se refiere a las comparecencias. Leo el acuerdo que se ha aprobado en el resto de las comisiones.
Primero, de conformidad con lo establecido en la resolución de la Presidencia del Congreso, de 2 de noviembre de 1983, se delegan en la Mesa de la Comisión las facultades a que se refiere el artículo 44 del Reglamento del Congreso.
Segundo, el rechazo de solicitudes de comparecencia exigirá el acuerdo unánime de los miembros de la Mesa, quedando avocada por la Comisión la decisión en caso contrario. ¿Se puede aprobar por asentimiento de todos los grupos? (Asentimiento).
- SOBRE SITUACIÓN EN EL SECTOR LECHERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000026).
El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces al punto 2.º del orden del día: Proposición no de ley sobre situación del sector lechero, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la proposición no de ley tiene la palabra su portavoz doña Margarita Pérez Herraiz.
El sector lácteo está en una muy grave situación con caída de precios continua y dificultades para vender toda la producción. Esto afecta de forma muy especial a Galicia. En febrero de 2016 había en
Galicia 9.044 explotaciones. Seguro que en estos momentos ya no llegan a las 9.000. Entre noviembre y febrero 932 explotaciones cerraron. Cada día que pasa la situación del sector lácteo empeora. Las cuestiones que solicitábamos en nuestra iniciativa eran planteamientos de mínimos y de urgencia para dar un mínimo de estabilidad al sector y relacionados con el acuerdo que se firmó a finales de septiembre entre el ministerio, algunas organizaciones de productores, industria y distribución. Son ya evidentes varias cuestiones: que un acuerdo que no lleva aparejado un régimen sancionador sirve de poco, porque no habrá diferencias entre que se cumpla o no, y la falta de compromiso real del Gobierno que seis meses después sigue sin cumplir la única parte concreta del acuerdo: la publicidad de los precios de transmisión, y ahora anuncian que el decreto se aprobará esta semana, pero es una situación de urgencia y pasaron seis meses.
Nuestra iniciativa quería mejorar ese acuerdo, hoy ya no es suficiente. Son necesarias acciones inmediatas como las que proponíamos y a las que habrá que subir el precio de intervención y elaborar un plan de inspecciones claro y con seguimiento periódico, porque no es el acuerdo lo único que no se cumple, tampoco se cumple la ley de cadena alimentaria que tiene entre sus objetivos aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español, y que se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, dicho literalmente. Claramente los objetivos de esta ley no se están cumpliendo.
En España solo producimos el 70 % de lo que consumimos. Por tanto no necesitamos estrategias complejas que abran terrenos a la exportación. Necesitamos que el Gobierno de España lidere una estrategia en colaboración con las comunidades autónomas para que esa diferencia entre producción y consumo, que es fundamentalmente de productos elaborados, se cubra con productos nacionales. Es posible respetar las normas de competencias europeas con una estrategia nacional que incentive la producción y consumo de productos elaborados españoles. La situación de los productores de leche es dramática, especialmente en Galicia donde se produce el 37,5 % del total de leche de España, porcentaje que está bajando. En enero del año pasado era el 38,67 %. Parece que la industria tiene la intención de aproximar los puntos de producción a los puntos de consumo donde está concentrada más población. Acaba de anunciar una de las industrias que deja de recoger a 64 productores en la provincia de Lugo. Galicia no puede permitir esa deslocalización. Galicia sin vacas difícilmente sería Galicia. En Galicia es fundamental el sector primario y especialmente el vacuno. Es posible que sea necesario concentrar más la producción gallega, pero no reducirla para que la incrementen otros territorios menos vinculados a esta producción.
El producto interior bruto de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca representa el 2,3 % del producto interior bruto de España y el 4,6 % del de Galicia. El PIB total de España subió el 3,8 % el año pasado y el de Galicia el 3,4 %, pero en el sector primario en España subió el 3,2 % y en Galicia bajó el 3,4 %, una diferencia de 6,4 puntos. Es muy importante estudiar estos datos y analizar si Galicia se puede permitir que, mientras el crecimiento del sector primario en España es similar al crecimiento total, en Galicia la diferencia es de más de 6 puntos. También es Galicia quien más sufre los precios, porque según los últimos datos publicados por el ministerio la media que se paga en España es 30,6 céntimos y en Galicia 28,5. Y ahora aproximadamente un 20 % de la producción en Galicia se vende a precios de intervención, 17 céntimos, lo que supone pérdidas imposibles de asumir para la mayoría de los productores.
Hay que presionar en la Unión Europea para que incremente el precio de intervención: 17 céntimos, muy lejos de los costes de producción. Ahora anuncia además la Unión Europea que se cambiará el sistema de intervención para que el precio se fije en subasta. Los Gobiernos, tanto de España como de Galicia, no están cumpliendo su obligación respecto al sector lácteo. El Grupo Socialista presentó iniciativas en este mismo sentido la pasada legislatura, pero fueron rechazadas por el Partido Popular, que interpretaba que ya todo estaba encauzado y no había que tomar decisiones. Unos meses después la situación se agravó y por tanto también las protestas, y cuando los tractores ya llevaban tiempo alrededor de la muralla de Lugo el ministerio firmó un acuerdo que, como se demostró, no servía para nada: no recogía sanciones por incumplimiento y la única parte concreta no la cumplía. Ahora la conselleira de Agricultura de Galicia dice que es necesario que haya transparencia en todos los eslabones de la cadena, pero desde septiembre, en que se firmó el acuerdo, aún no hubo ningún avance en ese sentido. También dice ahora que hay que regular el mercado y evitar la venta a pérdidas, y que la interprofesional láctea tenga más competencias. Nosotros lo pedimos en varias ocasiones en la legislatura pasada y seguimos en esa situación.
Termino ahora mismo, señor presidente. La teórica solución de reducir la producción difícilmente tendrá alguna utilidad si no se aplica en todos los países. De poco sirve que en España reduzcamos la producción si no lo hace Francia; seguiremos absorbiendo sus excedentes. Las administraciones gallega y estatal tienen que colaborar con los ganaderos para diseñar las estrategias que hagan posible la supervivencia del sector lácteo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Entiendo que en la defensa que ha hecho de la proposición no de ley ha incorporado la defensa de la autoenmienda que ha realizado el Grupo Parlamentario Socialista. (Asentimiento).
Pasamos al turno de defensa de las enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, Foro, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente; buenas tardes.
Tras leer en esta iniciativa socialista que los nombres de Asturias y León solo eran utilizados a modo de floreros decorativos en el texto de la exposición de motivos, hemos querido enriquecer esta proposición, que ha defendido la diputada Pérez Herraiz, con una enmienda que pone énfasis en determinados aspectos cruciales para los ganaderos de todo el sector lácteo español -repito, todo-, que están sufriendo desde hace años unas decisiones europeas que han arrastrado a la desaparición de muchas explotaciones y a la destrucción de miles de puestos de trabajo. Los ganaderos españoles necesitan medidas efectivas que frenen el desplome continuado que viene sufriendo el precio del litro de leche, ya que las que se han tomado hasta ahora son insuficientes para cubrir los altos costes de producción. Esto penaliza a todo el sector, pero especialmente a los ganaderos de las explotaciones de montaña de la cornisa cantábrica, que tienen además muchas dificultades añadidas para poder competir en régimen de igualdad con los productores europeos, cuya climatología, orografía y comunicaciones son más favorables que las de nuestra ganadería de montaña, como reconoce la propia Unión Europea en las bases de la PAC.
Los acuerdos, muy titubeantes, propiciados por diferentes ministros de Agricultura no han dado protección adecuada a nuestros ganaderos lácteos, que desde hace años están sufriendo unas decisiones europeas que han arrastrado a la desaparición de muchas explotaciones y a la destrucción de empleo. Por eso instamos a cumplir el compromiso de la ministra de Agricultura de revisar inmediatamente los reales decretos sobre la aplicación, a partir de 2015, de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, con objeto de aplicar una discriminación positiva a nuestros ganaderos de montaña.
La enmienda de Foro también va en la línea de evitar las deslocalizaciones del sector lácteo hacia otros países europeos; de ahí que tomemos como referencia las medidas de los que plantean y hacen bien sus deberes. Tal es el caso de Irlanda, que con su programa de desarrollo rural 2014-2020 adoptó medidas para potenciar la expansión de sus ganaderías a través de inversión en investigación, formación, transferencia de conocimiento, mejora genética, comercialización, marketing y potenciación de la producción en sus ganaderías. ¿Y cuál fue su objetivo? Aumentar para el año 2020 su producción lechera en un 50 % con el fin de aprovechar la demanda mundial de leche y productos lácteos, que aumenta a una tasa de un 2 % anual. Por eso proponemos la revisión de los programas de desarrollo rural 2014-2020 de las comunidades autónomas afectadas, con objeto de introducir medidas para potenciar la consolidación de nuestras ganaderías. Asimismo queremos que España deje de someterse a las imposiciones de los países centroeuropeos, como Francia y Alemania, y requerimos que, tanto la leche como los productos lácteos, especifiquen en su etiquetado en España el origen de la leche para que así el consumidor pueda tener más elementos de información para decidir. No olvidemos que el nuestro es un país deficitario en producción de leche, con 6,34 millones de toneladas frente a un consumo interior de 9 millones de toneladas, lo que obliga a importar grandes cantidades de producto, por lo que no es de recibo que se esté limitando sin especificar el origen, la producción de los ganaderos españoles. Teniendo en cuenta también la importancia de la producción láctea en nuestro país -séptimo productor europeo por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia y Polonia- es necesario promover campañas comerciales a países como China, donde existe un gran potencial de consumo a corto y medio plazo.
Concluyo, señor presidente. Creemos en la fuerza del sector lácteo español, pero necesitamos adoptar con urgencia medidas como las que acabo de describir, y vencer definitivamente los corsés y los obstáculos que impiden que nuestros ganaderos puedan competir en régimen de igualdad, mantengan abiertas sus
explotaciones, y generen trabajo y desarrollo en el entorno rural español, que además tanto necesita rejuvenecer y fijar la población. De ahí nuestra enmienda, que pretende añadir seis apartados a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Molinary.
El señor MOLINARY MALO: Con permiso del presidente diré que el sector vacuno de leche es importantísimo en la economía agraria española. Solamente cuatro regiones -Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria- representan el 80 % de la producción de leche de España. Producimos menos leche de la que consumimos por lo que en teoría no deberíamos tener ningún problema a nivel de precios, pero curiosamente no es así. Con la suspensión de las cuotas lácteas hace ahora prácticamente un año, el 1 de abril de 2015, el precio de la leche se ha hundido. El precio de la leche que venden nuestros ganaderos está un 10 % por debajo del precio de coste, con lo cual nuestros ganaderos están sufriendo un gran perjuicio económico que lleva al cierre de muchas explotaciones de tamaño medio y familiar. Al mismo tiempo se está produciendo algo que no se había producido nunca en España, que es la reducción de las rutas de recogida de leche por parte de las industrias lácteas, con lo cual esos ganaderos ineludiblemente van a tener que cerrar si no se toman medidas y medios.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos hemos hecho una serie de propuestas, y si son aceptadas no tendríamos ningún inconveniente en apoyar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Quiero decirles que a grandes rasgos lo que queremos es realizar fundamentalmente campañas de promoción de productos lácteos, no solamente de leche fresca, sino de yogures, helados, batidos, quesos, etcétera. Hemos de tener en cuenta que para producir un kilo de queso de leche de vaca se necesitan 10 litros de leche, y que si se trata de queso de oveja necesitamos 5 litros de leche. Por tanto tenemos que ser capaces de promocionar y de poner en valor nuestros productos, de manera que el valor añadido quede en nuestro país y que al mismo tiempo generemos una importante masa de puestos de trabajo en dichas industrias de transformación. Creo que el camino va por ahí. Estamos importando mucho queso de países foráneos. El pasado año 2015 la importación de queso estuvo en torno al 25 %, frente a lo que ocurrió en el año 2014, y por ello tenemos que potenciar nuestros productos y poner en valor esa producción tan importante que supone el vacuno de leche en nuestra España.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra doña Sofía Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidente.
Aclaro amigablemente, por aquello de la importancia de los nombres, que el Grupo Parlamentario es Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Diputadas, diputados y ciudadanía que esté siguiendo esta sesión, la situación del sector lácteo es preocupante. Desde que el pasado mes de septiembre el Gobierno del PP firmara el acuerdo para la sostenibilidad del lácteo, se han celebrado ya seis reuniones que no han servido para solucionar la crisis del sector. La caída del precio de la leche alrededor de un 20 % de media en el conjunto del Estado ha obligado a echar el cierre a 1.544 productoras ganaderas en los últimos dos años, lo que ha reducido la cifra total a 16.490 explotaciones. El propio ministerio reconoce que en los próximos cinco años cerrarán otras 5.000 ganaderías, casi un tercio de las que hay. Ante este panorama desolador, con cientos de ganaderos viendo cómo se pierde la leche sin recoger en sus explotaciones -como ocurre en Galicia- o cómo se recoge con precios por debajo del coste de producción, el propio sector considera que en cinco años quizá tan solo quedarán 5.000 ganaderías. Son la incapacidad y la falta de voluntad política de este Gobierno las que están llevando nuestro a sector lácteo al borde del precipicio.
El problema del lácteo en España no es de nuestros productores, es un problema de falta de voluntad política, de una completa ausencia de un modelo de país. El problema reside en unos políticos que no han pensado en nuestros recursos ni defendido nuestra ganadería, ya que no supieron prever la necesidad de proteger a los productores para afrontar el fin de la cuota láctea en un mercado libre, en el que compiten en desiguales condiciones frente a otros países. Un gobierno responsable debe anteponer la vida con dignidad y los derechos de nuestros productores y productoras, de nuestro rural, así como la capacidad
de anteponer la alimentación de nuestro pueblo al interés especulativo de aquellos que solo ven el rural como mero campo de ganancias en clave especulativa.
Defendemos la articulación del sector ganadero basado en criterios de diversificación, sostenibilidad, economía social y familiar, orientando la producción extensiva con una apuesta estratégica por la soberanía alimentaria. Esta es una tarea inexcusable de un gobierno para las mayorías sociales de este país. Por esto solicitamos la inclusión de los siguientes puntos en la proposición no de ley: garantizar la trazabilidad del producto lácteo desde origen hasta el consumidor final. Necesitamos máxima transparencia en todo el proceso y corresponsabilidad de todas las partes, para que el consumidor sepa qué está comprando realmente. Garantizar el control efectivo y transparente de toda la leche que se importe, controles específicos de calidad, precio de compra en destino, muelle de fábricas y cantidad importada por cada industria. Crear un observatorio de precios por territorio con especificidades productivas, porque no son iguales unos territorios que otros a la hora de producir, y un análisis de evolución de costes con los territorios específicos. Bonificación de buenas prácticas de la industria que fomenten la sostenibilidad del sector. Implementación de un código de buenas prácticas entre productores, distribución e industria que sea la base para las relaciones contractuales del propio sector. La petición de un régimen sancionador, que aunque es correcto para poder corregir desviaciones a buenas prácticas, nos parece poco efectiva de cara a la industria. Un marco de bonificaciones a las buenas prácticas nos parece mucho más atractivo para el buen funcionamiento del sector. Crear marcas protegidas que certifiquen el origen de la leche de las ganaderías ubicadas en España de cara a los consumidores. Promover el consumo de los productos lácteos de proximidad en los procesos de contratación en entidades de titularidad pública -comedores de hospitales, colegios, instituciones penitenciarias- y evitar la especulación -e insisto en este punto- con un producto perecedero de primera necesidad, regulando la figura de los primeros compradores que no sean cooperativas, organizaciones de productores o de grupos ganaderos, exigiendo un proceso de transformación de la leche para que puedan actuar como operadores en el mercado lácteo.
Está en nuestras manos -y con esto cierro- la responsabilidad de hacer que nuestro sector lácteo, de una calidad y riqueza productiva incuestionables, no quede en una mera anécdota. Está en nuestras manos el futuro no solo de esas 5.000 ganaderías que parecemos asumir sin sonrojo que cerrarán en los próximos cinco años, sino de muchos miles de familias de nuestro mundo rural, de nuestros pueblos, y el futuro también -fíjense- de nuestras criaturas, que queremos que estén alimentadas con leche de calidad, como sin duda es la de nuestras productoras. No quisiera yo decirle a mi hijo que se ha convertido en un lujo tomar la leche que mi "agüelu", que era ganadero, me daba a mí de pequeña, y que es responsable de la buena salud que tengo hoy. Así que hagamos que no sea un lujo, cuidando y protegiendo a nuestros productores lácteos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Castañón. Le pido disculpas y la próxima vez diré completo el nombre del grupo parlamentario.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra para la defensa de sus enmiendas don Miguel Ángel Viso.
Quiero comenzar mi primera intervención agradeciendo al Grupo Popular que me dé la posibilidad de defender un sector tan importante como es el sector lácteo, un sector importante para el rural, y un sector importante para el desarrollo de una comunidad como es a la que yo pertenezco, la gallega. Es muy importante también para mí hablar del sector lácteo porque si algo puede fijar población rural va a ser el sector lácteo. Tomando nota del documento presentado por el Grupo Socialista, en el primer punto nos hablaba de incorporar garantía de cumplimiento del acuerdo lácteo, a través de un régimen sancionador. Tenemos que recordar que la Administración solo puede sancionar por ley, no se puede sancionar a través de un acuerdo. Por tanto el acuerdo lácteo impulsado por el Gobierno no puede incluir en ningún momento un régimen sancionador. Es preciso señalar esto, tal y como establece la ley, la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, y cito: La potestad sancionadora de las administraciones públicas reconocida por la Constitución se ejercerá cuando haya sido expresamente atribuida por una norma con rango de ley, lo que supone que en su ausencia de ley formal la Administración no puede sancionar. Cualquier régimen sancionador adoptado por la Administración tiene reserva de ley y no puede ser establecido a través de un acuerdo.
En el segundo punto presentado en el documento nos habla de definir un precio sostenible para cada eslabón de la cadena de valor. Cuando hablamos de definir un precio o de fijar un precio me gustaría saber dónde está la diferencia. Tenemos que recordar que la fijación de precios directa o indirecta está prohibida en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y así lo confirman la legislación española y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Señorías, recordemos, si cuando hablamos de fijar, hablamos de fijar una cosa y si cuando hablamos de definir, hablamos de decir algo de manera exacta, estaremos hablando de lo mismo. Tenemos que pensar que en un mercado libre de competencia no se pueden fijar precios. La fijación directa o indirecta de precios es una prohibición establecida en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y consecuentemente en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, del Tribunal de Defensa de la Competencia. Insisto en que en el acuerdo sí se establecen compromisos que hacen referencia a la necesidad de mantener el valor del producto a lo largo de la cadena; a la publicación de precios de cesión; a la eliminación de la banalización, o al estudio de la cadena de valor que encarga el Observatorio de la cadena alimentaria del ministerio. En este caso nosotros habíamos presentado, cómo no, una modificación a esa propuesta no de ley. En la modificación incluíamos tres puntos. Primero, instábamos al Gobierno a continuar realizando un seguimiento del acuerdo para la estabilización de la cadena de valor del sector vacuno de leche, suscrito el pasado 23 de septiembre, y a evaluar el grado de implantación de los compromisos asumidos por cada una de las partes firmantes. Tenemos que recordar que ese acuerdo del pasado 23 de septiembre es de carácter voluntario, es decir, no todas las asociaciones lo han firmado. Y tenemos que recordar igualmente que ese acuerdo de carácter voluntario compromete a los firmantes a revalorizar la leche y los productos lácteos, a impulsarlos -algo que se comentó aquí-, a promoverlos -algo de lo que también se habló-, y a aplicar precios y volúmenes de compra que contribuyan a la sostenibilidad de las explotaciones. Repito: aplicar precios y volúmenes de compra que contribuyan a la sostenibilidad de las explotaciones. Insisto en que no hablamos de fijación de precios. Precisamente para asegurar el cumplimiento del acuerdo las empresas y organizaciones encomendaron al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que asumiera la función de garante del mismo. El ministerio está realizando con carácter mensual, junto con asociaciones representativas, un seguimiento del acuerdo. Además el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó a principios de diciembre el primero de los informes trimestrales, quedando reflejado paulatinamente el grado de cumplimiento del acuerdo; el segundo de estos informes será publicado en el mes de abril.
Otro de los puntos de esa enmienda que nosotros hacíamos era dotar de la máxima transparencia al sector del vacuno de leche, a través de herramientas que permitan disponer de información sobre el mercado -sus señorías también comentaron algo sobre esto-, que faciliten la toma de decisiones tendentes a lograr una cadena de valor más equilibrada, y que garanticen la sostenibilidad y el futuro del conjunto de operadores del sector lácteo. Por supuesto que nosotros, el Grupo Popular, estamos también involucrados en la sostenibilidad del sector lácteo. Da la sensación, cuando escuchamos otras cosas, que vamos por otro camino. Para realizar este compromiso el ministerio ha elaborado un proyecto de real decreto que se encuentra en las últimas fases de su tramitación. Mientras se completa la tramitación establecida en ese procedimiento extraordinario se podrá remitir de forma voluntaria, hasta la entrada en vigor de la citada norma, que a partir de ese momento será obligatoria y a través del Fega, Fondo español de garantía agraria.
El último punto -y con esto termino, presidente- impulsa la adhesión de operadores y asociaciones al código de buenas prácticas mercantiles de la contratación alimentaria. De esto también -lo comentamos aquí- se sigue hablando; en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, se incluye la mediación y el sistema de resolución de conflictos. El código incorpora -y termino- una de las cosas más importantes: el sistema de resolución de conflictos, así como también la figura del mediador.
Quiero terminar diciendo que soy de rural, vivo en el rural, tomé leche de pequeño, como algunos compañeros, y que gracias a Dios en el Partido Popular seguimos queriendo tomar leche de vaca.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Viso.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, ¿por el Partido Nacionalista Vasco? No hay ningún portavoz presente. Por el Grupo Democràcia i Llibertat, tiene la palabra el señor Postius.
En primer lugar, quiero hacer un comentario respecto a la exposición de motivos de la proposición no de ley. Dicha exposición de motivos se plantea sobre la base de una situación que padece el sector lechero en las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias y especialmente Galicia, y resulta obvio que estas comunidades autónomas acaparan el mayor porcentaje de censo, producción y explotaciones del conjunto del Estado español, pero ello menoscaba la importancia que el sector lechero puede tener no solamente desde el punto de vista social y territorial, sino también del económico en otros sitios del Estado.
Cataluña, por ejemplo, representa el 4 % de las explotaciones lecheras de todo el Estado español, el 11 % del censo de vacas lecheras y el 11 % de la producción de leche estatal, con una significación especial que es la de ostentar una de las medias más elevadas de producción por explotación a nivel de todo el Estado, lo cual sugiere que son unas explotaciones que han efectuado importantes inversiones, se han tecnificado y son competitivas y altamente productivas. Es decir, la afectación de la situación actual del sector lácteo para los productores catalanes es, como mínimo, igual de acuciante que para el resto de productores, y no solamente españoles, sino también de muchos otros países de Europa.
Por otro lado, el desequilibrio tan importante que se observa entre la oferta y la demanda, el cual se caracteriza por una oferta muy disgregada y la concentración de la demanda en unas pocas empresas distribuidoras, es quizá una de las cuestiones más influyentes de la situación actual de crisis del sector lácteo en España. La concentración de la oferta y la mejora de la misma a través de estructuras fuertes y capaces de ofrecer a la distribución volúmenes a precios dignos para ganaderos es posiblemente uno de los mayores retos del sector productor. Entendemos que la propuesta podría resumirse con la creación de una plataforma de comercialización dotada de profesionales de la venta y el marquetin, en la que se pudieran incluir los particulares productores de leche, las cooperativas, la SAT o cualquier otra forma asociativa capaz de aportar oferta y de agrupar esta con el fin de establecer un trato comercial de igualdad con la industria y la distribución. Por todo ello votaremos a favor de esta propuesta, aunque compartimos algunas dudas que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular.
A continuación, por último, por Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra don Xavier Eritja.
Desde el Grupo de Esquerra pasaremos a dar nuestra opinión sobre cada una de las medidas que se han ido planteando. Respecto a la primera medida sobre incorporar garantías de cumplimiento del acuerdo lácteo a través de un régimen sancionador, entendemos que se trata de una iniciativa difícilmente asumible, puesto que el acuerdo para la sostenibilidad del sector lácteo no vincula jurídicamente ninguna obligatoriedad a las partes. Se trata de un documento de voluntariedades fruto de un proceso de negociación en un momento en el que el sector se encontraba inmerso en una de las peores crisis en los últimos tiempos. Ciertamente la situación del sector es hoy por hoy muy grave y el acuerdo no ha servido en la mayoría de sus cláusulas para dar salida a tal situación. No obstante, tales medidas no pueden sujetarse a ningún régimen sancionador, ya que por otra parte este régimen ya está previsto en la normativa sectorial que regula cada una de las actuaciones que contempla el propio acuerdo.
El segundo punto, el concepto sostenible, entendemos que tiene un muy difícil encaje en términos económicos si lo que pretende es equiparar sostenible con un precio que todas las partes de la cadena se avengan a pactar. Lógicamente eso está fuera de la ley, tanto estatal como comunitaria. Si hubiere cualquier otro mecanismo que la normativa vigente permita adoptar para poder establecer un precio sostenible, la propuesta sería lógicamente aceptable, pero cabe recordar que antes de pretender establecer un precio de estas características, es decir, un precio que cubra costes para todos, los actores de la cadena quizás deban pensarse primero en establecer el instrumento o instrumentos adecuados, y lógicamente también consensuados, que permitan llegar a dicha referencia, siempre manteniendo la conveniente equidistancia con cualquier actuación que pueda aparentar un pacto al respecto entre partes.
Respecto al tercer punto, en estos momentos ya existe encima de la mesa un proyecto de real decreto en estado muy avanzado que contempla la cesión obligatoria de Magrama de los precios a los que compra la industria láctea. Dado que los precios a los que compran los primeros compradores ya son de declaración obligatoria, entendemos que, si se publica de inmediato el citado real decreto, ya se cumplirá con la propuesta.
En el cuarto punto, publicar un nuevo contrato tipo para poder establecer baremos en cuanto a calidades iguales para todas las industrias, entendemos que puede parecer positivo, pero se debe tener
en cuenta que, por un lado, no se permite establecer baremos en los contratos tipo, y mucho menos, si a esto es a lo que se está refiriendo la propuesta, establecer precios diferenciados, tal y como establece la normativa de la competencia. Por otro lado, establecer baremos para determinadas calidades a nivel de la industria conllevaría la readaptación de los precios a los que está pagando la leche actualmente. Lógicamente el productor debe siempre tender a producir con el máximo de calidad, pero una diferenciación de las calidades causaría un efecto dominó en los precios que paga la industria, es decir, que un incremento para los precios de mayor calidad supondría automáticamente una rebaja de los precios de la leche de menor calidad. Si esta redefinición de precios a nivel de la industria no tiene un posterior reflejo a nivel de la distribución para conseguir unos precios de venta más elevados para las leches de mayor calidad, la medida puede suponer un factor limitante únicamente para productores e industria.
Respecto al último punto, crear una figura obligatoria de mediador, actualmente ya se prevé la conciliación en el marco de la comisión de seguimiento constituida en el seno de la Organización Interprofesional Láctea, Inlac, siempre que se den diferencias en la interpretación o ejecución del contrato, pero no para la negociación. Por tanto, siempre que jurídicamente la figura del mediador sea posible y no se sujete a la imposibilidad que la propia norma ya establece en la negociación de precios, podría ser una figura interesante si es que todas las partes implicadas están de acuerdo. A pesar de ello, se trata de una medida de muy difícil puesta en marcha, puesto que la posición de dominio de la industria frente al productor no invita a que este quiera dirimir diferencias.
En todo caso, votaremos a favor teniendo presentes, eso sí, estos pequeños incisos que hemos ido presentando.
Tengo que preguntar a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Margarita Pérez Herráiz, qué enmiendas acepta o si han llegado a una transaccional.
La señora PÉREZ HERRÁIZ: Intentaremos llegar ahora a un acuerdo, que casi seguro que conseguiremos mientras continúa la Comisión, si le parece bien, y pasamos después a la Mesa la transacción.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, y no solo a la Mesa, sino también a los portavoces de los grupos parlamentarios, para que sepan exactamente lo que votan.
- SOBRE MODIFICACIÓN DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN HIDROLÓGICO DEL EBRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 2015-2021. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (DEMOCRÀCIA I LLIBETAD). (Número de expediente 161/000041).
El señor PRESIDENTE: Como había anunciado, la proposición no de ley sobre modificación de los caudales ecológicos ha sido retirada.
- SOBRE ANULACIÓN DE LA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN OTORGADA A ENCE ENERGÍA Y CELULOSA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000142).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º, proposición no de ley sobre anulación de la prórroga de la concesión otorgada ENCE Energía y Celulosa, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para su defensa tiene la palabra don Antón Gómez-Reino.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Gracias, señor presidente, por citar correctamente el nombre y hacer ese esfuerzo
Señor presidente, diputados y diputadas, ciudadanos y ciudadanas, especialmente por lo que vamos a hablar aquí de Galicia, concretamente de Pontevedra. Hoy, por fin, hacemos lo que tendríamos que haber hecho en su día, hace ya tiempo: debatir sobre la permanencia de ENCE en la ría de Pontevedra. La extensión del permiso a ENCE para mantenerse en la ría de Pontevedra es fruto de una concesión otorgada por un Gobierno en funciones que ni siquiera tuvo la decencia de someter a ningún órgano de esta Cámara una decisión de tal trascendencia. Como saben, ENCE es una fábrica de papel blanqueado conocida en Galicia por sus efectos contaminantes y, sí, también por su hedor. La empresa se instaló en
el año 1958, gracias a una concesión del Gobierno de Franco que fue inmediatamente respondida por los vecinos y las vecinas. Desde entonces, pocas cosas han cambiado para quienes sufren cada día los vapores nocivos de la fábrica, cuyos efectos sobre la salud de los pontevedreses y pontevedresas están sobradamente comprobados. Los daños que ENCE produce y ha producido no son, señorías, motivos de controversia alguna, sino que han sido sobradamente probados. Hace pocos años, la Audiencia Provincial declaró a la empresa culpable de un delito ecológico de contaminación atmosférica e hídrica. A esto hay que sumar dos delitos por daños continuados a viviendas y cultivos. No cabe, pues, la menor duda de que se trata de una factoría perjudicial, tanto para el medio ambiente como para las personas. Lo prueban los casos de irritabilidad en los ojos, de insuficiencias respiratorias, la cantidad de enfermos de cáncer, pero también la presencia misma de la fábrica, sus malos olores continuados, como decíamos, que perjudican la proyección exterior de la ciudad con las consiguientes pérdidas económicas que eso supone.
Si hablamos de ENCE tenemos que hablar de monocultivo. Se sabe lo agresivo que para el territorio es el crecimiento del eucalipto. Al hilo de esto, cabe recordar que ENCE tiene una gran responsabilidad en que Galicia sea, nada más y nada menos que por detrás de Australia, el segundo productor de eucaliptos del planeta. Si hablamos de ENCE, además, tenemos que hablar de cómo afecta al consumo de agua en la comarca. Apenas dos datos. ENCE consume anualmente doce millones de metros cúbicos de agua. Los ayuntamientos de toda la zona de la ría consumen ocho millones de metros cúbicos. Sólo ENCE consume más de cuatro millones de metros cúbicos por encima de la población, y, además, para sorpresa paga menos del 10 % de lo que le correspondería por ese consumo. Además, ENCE ha cesado como centro de producción de empleo. Su factoría ya solo constituye el uno por ciento del empleo del total de la ciudad. No crea empleo y cabe recordar, además, que la empresa presentó un ERE hace unos años para despedir a 144 trabajadores e impide que otros sectores que podrían alcanzar el carácter de estratégicos para la ciudad, como el turismo, el medio ambiente o el marisqueo, vean esta posibilidad de desarrollar empleo. No genera riqueza en la ría, no genera nuevos puestos de trabajo de calidad, por no generar no genera ni riqueza fiscal pues está domiciliada en el paseo de la Castellana de Madrid.
La reconversión es, en consecuencia, posible y necesaria. En la actualidad, los beneficios de explotar el terreno público en el que se ubica ENCE se reparten únicamente entre los accionistas de la compañía, de tal modo que si se devolviera ese espacio a los pontevedreses y pontevedresas, los beneficios estarían socialmente mejor repartidos.
Lamentamos tener que defender hoy esto aquí por las decisiones de un gobierno en funciones; un Gobierno que no ejecuta medidas para detener desahucios, para detener la pobreza energética o para consolidar al Estado español como lugar de acogida para los refugiados y que, sin embargo, sí aprueba contra un enorme consenso social en la ciudad de Pontevedra y contra el criterio de la mayor parte de la ciudadanía gallega, la prórroga de una empresa privatizada, poblada de ex altos cargos del Partido Popular y que se destaca por su nivel de agresividad a un ecosistema -el de la ría de Pontevedra y las demás rías gallegas- que dan sentido y naturaleza a nuestro territorio.
Decía que lamentamos tener que defender hoy esto aquí pero, por desgracia, la prosperidad y el futuro de Pontevedra están en juego. Solicitamos apoyo a esta PNL pero exigimos coherencia, exigimos coherencia al señor Feijóo y a su partido porque parece que las convocatorias electorales les sientan mal. Sucesivas declaraciones, mociones apoyadas con el voto del PP, son diversas formas en las que el PP ha mostrado puntualmente su rechazo a la continuidad de la fábrica en la ría pero, por arte de magia, parece que se les ha olvidado. Pues no, con elecciones o sin ellas nos tendrán enfrente. Sean coherentes, por favor, y apoyen esta proposición no de ley. Sobre todo, busquemos un nuevo futuro para la ría de Pontevedra.
Por todas estas razones, solicitamos anular inmediatamente la prórroga de la concesión otorgada a ENCE. Recordemos en esta Comisión que hay decisiones que se toman simplemente en quince minutos pero que pueden tener o tendrían consecuencias durante siglos. Termino ya con una cita y con un breve resumen de mi exposición. La cita es de Galeano, un uruguayo que también se posicionó claramente contra las papeleras en Uruguay. Decía: Las celulosas, ah, sí, los monstruos que generan bosques artificiales industriales que resecan la tierra y que la gente llama a partir de ahí, razón de más, bosques mudos porque en ellos no cantan ya ni los pájaros. El resumen: Galicia no se vende, señor Feijóo, no se vende, señor Rajoy. (Termina su intervención en gallego).
A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, va a intervenir el Grupo Parlamentario Ciudadanos y lo hace su portavoz don Marcial Gómez Balsera.
Al ser esta mi primera intervención y como es costumbre entre los togados cuando actuamos por primera vez ante un tribunal, me gustaría saludar expresamente a la Mesa, a los letrados, al personal técnico, a los ujieres y a todos los diputados y diputadas que componen la Comisión, en la que seguro que será un honor trabajar. Esta es mi primera intervención y me ha tocado una iniciativa polémica, de las que generan posicionamientos muy polarizados. Esto ocurre, como muy bien saben sus señorías, cuando nos encontramos ante intereses contrapuestos y ambos son intereses dignos de protección y de respeto. A Ciudadanos no le gusta cómo el Partido Popular ha prorrogado esta concesión solicitada en 2013 y acordada en último término por un Gobierno en funciones. Mucho más cuando hemos comprobado esta misma tarde el criterio restrictivo que tiene este Gobierno respecto a sus funciones y respecto a sus obligaciones. Tampoco nos gusta nada que esto se haya hecho respecto a una empresa que, como he podido leer en la prensa, tiene en su consejo de dirección a tres antiguos cargos medioambientales del Partido Popular. Pero no voy a emplear el tiempo de mi intervención hablando de puertas giratorias dado que, como he dicho al principio, hay intereses que debemos atender y proteger.
De un lado, tenemos la protección de la ría, la recuperación de los recursos naturales y la lógica preocupación de los vecinos por un medio ambiente libre de contaminación y, de otro, tenemos unos intereses empresariales con una fuerte inversión en la zona y, lo más importante, 370 empleos directos, 800 indirectos en una comarca especialmente castigada por el desempleo y se calcula que un total de unos 5.000 puestos de trabajo indirectos en toda Galicia. Considerando, como digo, ambos intereses muy loables y dignos de protección, el análisis de las tres propuestas en que se concreta esta PNL ha motivado que el Grupo Ciudadanos haya presentado su enmienda. En primer lugar, en esta PNL se solicita la derogación con carácter retroactivo de la Ley 2/2013. A este respecto pensamos que la retroactividad aplicada a la regulación de requisitos y normativas medioambientales de cumplimiento exigible genera una inseguridad jurídica que acaba por ahuyentar la inversión y ya sabemos señorías que sin inversión no hay empleo ni riqueza. Por este motivo hemos propuesto modificar dicha ley al objeto de recuperar los plazos de protección inicialmente previstos en la redacción original de la Ley de Costas, tal y como se recoge, por cierto, en nuestro acuerdo suscrito con el Partido Socialista y que coincide sustancialmente con el primer punto de la enmienda presentada por mi grupo. En segundo lugar y como consecuencia de esa pretendida retroactividad, se solicita en la PNL la anulación de la prórroga de la concesión otorgada a ENCE. Señorías, esta solución solo atendería uno de los intereses en conflicto, el medioambiental, y Ciudadanos no quiere olvidarse de los empleos y las familias que se verían gravemente perjudicados con esta decisión que acabaría siendo tan radical y arbitraria como la propia concesión de la prórroga. Por ello, hemos propuesto una redacción alternativa en pro del diálogo para alcanzar una solución responsable que contemple no solo las garantías para la salud y el medio ambiente, sino que también tenga como objetivo alternativas para el mantenimiento del empleo. En este punto pongo a sus señorías como ejemplo la mesa de diálogo abierta en Córdoba, mi circunscripción de procedencia, para tratar un caso muy similar respecto a la incineradora de residuos Cosmos. En esta mesa de diálogo tiene participación el ministerio, la junta, urbanismo, la universidad de Córdoba, la propia empresa, sus trabajadores, así como las asociaciones y colectivos vecinales implicados. Este es un buen ejemplo a seguir, señorías. Finalmente y en tercer lugar, la PNL insta a garantizar que una ejecución de sentencia no vaya contra el fallo de la misma, lo cual ya está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico y, además, solicita que se garantice en nuestra Constitución. Señorías, ¿no les parece excesivo que acabemos instando una reforma constitucional a través de esta PNL? Nosotros así lo consideramos.
Por todo ello, no podemos apoyar esta iniciativa en sus términos y hemos propuesto la redacción alternativa que contiene nuestra enmienda, que sometemos a su consideración por las razones que acabo de expresarles y que de no admitirse motivaría nuestra abstención.
A continuación, para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz don Guillermo Meijón.
El emplazamiento de ENCE en la ría de Pontevedra fue un gran error histórico del franquismo. Afectó y produjo un impacto visual y, en el paisaje, impresionante, un auténtico mazazo. Afectó a los ecosistemas marinos, a la biodiversidad y también afectó de manera notable y notoria a la calidad de vida de los ciudadanos de Pontevedra y de su comarca. No son mis palabras, señorías, son palabras del Partido Popular expresadas en el Parlamento de Galicia donde, por unanimidad de la Cámara, se aprobaba el 8 de junio de 2010, gobernando ya Núñez Feijóo: Impulsar una solución concertada con todos los agentes implicados que llevase a la factoría de ENCE fuera de la ría de Pontevedra antes de 2018 y el cierre del ciclo productivo del papel en nuestro país. ENCE solo está interesada en hacer negocio pero no en el empleo. El argumento de que el traslado de ENCE es inviable es una argucia sensiblera de la compañía. ENCE está aprovechando la crisis para perpetuarse en la ría, pero atiendan: La dignidad de Pontevedra no está en venta. Tampoco son frases mías, son declaraciones del portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pontevedra y, recordemos, diputado en la anterior legislatura en este Congreso, realizadas el 14 de diciembre de 2011. Así de rotundo era el mensaje del Partido Popular con Rajoy presidiendo un Gobierno con mayoría absoluta, el Gobierno de la crisis y de los recortes. Pocos días antes, el conselleiro de Industria del Partido Popular manifestaba: ENCE no podrá seguir su actividad empresarial en la ría de Pontevedra más allá de 2018 bajo ningún concepto. Más allá del año 2018 el Gobierno gallego, el de Núñez Feijóo, no considera ningún escenario que no pase por el abandono de la actividad en las marismas de Lourizán. Repito, palabras del conselleiro de Industria del Partido Popular también en ese mismo año. Ahora nos encontramos con un presidente, señor Rajoy, que desde un Gobierno en funciones ni más ni menos que le concede a ENCE una prórroga de concesión por sesenta años. Una cadena perpetua para la ciudad, eso sí con la necesaria complicidad del presidente de la Xunta, Núñez Feijóo. Los socialistas apoyamos rotundamente la revocación de la referida prórroga por sesenta años a ENCE; prórroga otorgada con nocturnidad y alevosía por ese Gobierno en funciones y poco después de presentarse a unas elecciones en las que Rajoy ocultaba a la ciudadanía pontevedresa, por obvias razones de cálculo electoral, la postura que iba a tomar pocos días después estando en funciones.
Coincidiendo con el fondo de la cuestión de la iniciativa presentada por el señor Gómez-Reino, presentamos una enmienda que creemos que mejora el texto inicial. Respecto al primer punto es necesario un proyecto de ley que recupere el texto de la Ley de Costas de 1988 y quede así derogado el articulado de la modificación propiciada por el PP en 2013. Con la redacción propuesta -que entendemos que no quiere decir eso- solicitar la derogación sin más significaría que no existiría ninguna ley. Por eso queremos dejar claro que coincidimos con el fondo de la cuestión de ese primer punto.
En cuanto al segundo punto, queremos precisar que instamos al Gobierno a la revocación de la prórroga de sesenta años sí o sí, con independencia de que pudiera tomarse en consideración el vicio de nulidad radical que se indica en el segundo punto de iniciativa. El tercer punto de la propia redacción creemos que responde más a una línea argumentativa explicitada en la justificación de la iniciativa, ya que como texto propositivo creemos que no tiene lugar, por lo que pediríamos la retirada. De todas formas, contemplamos la posibilidad de dejar un texto transaccional.
Finalizo diciendo que la postura de los socialistas se resume en una frase y dos palabras. La frase: ENCE sí, pero no ahí. Las palabras: diálogo con la empresa y firmeza en el necesario cambio de ubicación. Y sí, claro que sabemos que los tiempos actuales son duros para el empleo en Pontevedra y comarca, algo que sabía también en el año 2011 el conselleiro de Industria cuando decía: Empieza la cuenta atrás para el desmantelamiento de ENCE. Finalizo insistiendo en nuestra actitud de diálogo y firmeza con la empresa y las administraciones, que se traduce en la disposición del Partido Socialista en la búsqueda de alternativas para la continuidad de la actividad industrial fuera del emplazamiento actual y a ser posible en la comarca de Pontevedra. Estamos convencidos de que si se quiere, se puede.
No van a intervenir ni el Grupo Parlamentario Mixto ni el Grupo Vasco ni Democràcia i Llibertat ni Esquerra Republicana. Por lo tanto pasamos a la fijación de posiciones por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, doña Teresa de Lara.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará no a la proposición no de ley que hoy debatimos, cuyo objetivo es la derogación de la Ley de Costas de 2013 y el desmantelamiento de la empresa ENCE Energía y Celulosa en 2018. Y, señorías, votará no por distintas razones.
Primera. La reforma de la Ley de Costas que todas sus señorías quieren derogar plantea tres grandes objetivos que es necesario conciliar: la protección del medio ambiente litoral, la solución de situaciones sociales consolidadas otorgando seguridad jurídica a los titulares de derechos legítimos en la costa y el impulso de las actividades económicas sostenibles en el litoral. Segunda. La seguridad jurídica a la que me he referido, desarrollada entre otros preceptos en el artículo 2 de la Ley de 2013, al que han aludido los grupos parlamentarios, se refiere al derecho de los particulares para poder dar continuidad a sus ocupaciones en el dominio público marítimo terrestre cuando se cumplan los requisitos para ellos establecidos vinculados a un control administrativo ambiental. Tercera. Respecto a la prórroga de la concesión, unos breves apuntes, señorías. La autorización ambiental integrada a la empresa fue renovada en el año 2008 por el entonces Gobierno de la Junta de Galicia, integrado por el Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego, ya que la factoría cumplía al cien por cien la legislación ambiental, europea, española y gallega. Ya en el año 2008 cumplía toda la normativa ambiental. La autorización ambiental integrada, es decir el informe determinante del órgano ambiental de la Junta de Galicia, previo a la concesión de la prórroga, fue emitido de nuevo por la Junta en noviembre de 2015 en sentido favorable por los mismos motivos que en el año 2008 por el entonces Gobierno de la Junta, formado por el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego. Es decir, porque la empresa cumplía la normativa citada anteriormente, toda la normativa ambiental. Por ello, señorías, otorgar la prórroga a ENCE ha sido el resultado de la tramitación ordinaria de un expediente, uno más, abierto desde finales de 2013 y cuyo origen se halla en la reforma de la legislación de costas, que reconoce el derecho de los titulares de las concesiones en vigor a solicitar una prórroga. Por ello, señorías, la prórroga de la concesión a favor de ENCE, les guste o no es el resultado de la tramitación ordinaria de un expediente, no es una decisión política, señorías, por mucho que ustedes lo repitan. Cuarta. Aspectos ambientales. Como conocen sus señorías, los datos ambientales de la empresa son públicos y cumplen toda la normativa en vigor. La playa situada enfrente de la factoría dispone de la bandera azul de la Unión Europea. La Comisión Europea ha reconocido su modelo de gestión y su compromiso con la mejora ambiental. La pasta de celulosa que ENCE produce nuevamente en Galicia fija más de 1.800.000 toneladas de dióxido de carbono y produce 230.000 kilowatios hora de energía renovable para combatir el cambio climático, señorías. Y la actividad de ENCE genera en Galicia más de 4.000 empleos forestales y otros 1.140 industriales; empleos, señorías, que ustedes quieren destruir. En definitiva, lo que ustedes llaman una nueva política es, señorías, una mala política. Negar la calidad ambiental de la empresa ENCE es una mala política. Pretender dejar sin trabajo a miles de gallegos es, señorías, una mala política. Despreciar las inversiones ambientales comprometidas por la empresa en la provincia de Pontevedra es una mala política. Y declarar persona non grata en la provincia de Pontevedra a un ciudadano ejemplar como el presidente Mariano Rajoy, no es ya una mala política sino que es una mezquindad.
Pregunto al señor Gómez-Reino qué enmiendas son las que aceptan o si han llegado a una transaccional.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Sí, al igual que en la anterior Comisión, estamos en ello, vamos a ver si conseguimos tener una redacción final transaccionada.
- SOBRE MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000164).
- SOBRE LA PROHIBICIÓN DE TIRAR ALIMENTOS APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO Y LA REDUCCIÓN DEL DESPILFARRO ALIMENTARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000168).
- SOBRE LA DISMINUCIÓN DEL DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000223).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate conjunto de los puntos del orden del día 5.º, 6.º y 8.º que son tres proposiciones no de ley sobre el mismo tema. Se van a tramitar conjuntamente. En primer lugar, la proposición no de ley sobre medidas para luchar contra el desperdicio de alimentos, del Grupo Parlamentario Socialista. En segundo lugar, la proposición no de ley sobre la prohibición de tirar alimentos aptos para el consumo humano y la reducción del despilfarro alimentario, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Por último, la proposición no de ley sobre la disminución del desperdicio de alimentos en el sector de la distribución, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Van a intervenir en primer lugar los tres portavoces de los grupos parlamentarios proponentes. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Gonzalo Palacín.
El hecho de que se hayan registrado tres iniciativas sobre el mismo asunto y en la misma línea es una señal de la importancia de esta cuestión. Una cuestión que no afecta únicamente a nuestro país, sino que afecta al conjunto de países desarrollados y a una situación que es del todo inaceptable.
Según datos de varias organizaciones internacionales, el 12 % de la población mundial, unos 800 millones de personas, padece hambre o desnutrición y en España, según informe de Cáritas, un total de 9 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza. Estos datos contrastan con informes de organizaciones internacionales como la FAO que nos indican que un tercio de los alimentos producidos se pierde. Si nos centramos en Europa, cada año se malgastan cien millones de toneladas; si seguimos con esta tendencia, alcanzaremos los 126 millones en el año 2020. Y dentro de Europa, España es el octavo país que más desperdicia de la Unión Europea. Los datos arrojan una realidad demoledora para nuestras sociedades y esta es una situación que no es ni ética ni moral. En un mundo donde se producen alimentos suficientes no podemos permitir que tantas personas pasen hambre o que incluso mueran por esta causa. Esta problemática no solo tiene efectos sociales sino que también tiene efectos económicos. Un informe de la Comisión global sobre economía y clima, estima que 275.000 millones de euros al año se malgastan en el despilfarro alimentario, y la FAO eleva esa cifra a más de 750.000 millones. Pero si trasladamos esas cifras a nuestro país y traducimos las cantidades, supone que 250 euros/año/persona se malgastan en alimentos despilfarrados.
Además, el despilfarro de alimentos también contribuye de una manera importante a la contaminación. Los millones de kilos de alimentos que no se utilizan y se descomponen emiten metano, un gas de efecto invernadero que contamina 23 veces más que el CO2, a lo que hay que añadir el CO2 emitido en su producción y distribución. Este mismo informe cifra en el 7 % la emisión de gases de efecto invernadero debido al malgasto de comida, y es que estamos destinando una cantidad ingente de recursos en producir basura con el consiguiente perjuicio para el medio ambiente así como para la economía. En los países desarrollados el malgasto se produce en mayor medida en la fase de distribución y de consumo. ¿Y cómo podemos luchar contra este problema? Pues todos y cada uno de los actores de la cadena alimentaria (productores, transformadores, incluso los consumidores) tienen un papel que jugar con el objetivo común de prevenir y reducir el desperdicio de alimentos. Desde el año 2011 en la Unión Europea se han venido elaborando estudios para prevenir este fenómeno. Las conclusiones se han traducido en forma de programas de buenas prácticas, material didáctico e informativo y dirigido principalmente a los consumidores. En el año 2014 la Comisión Europea también ha elaborado una hoja de ruta hacia una Europa eficiente en materia de recursos que incluye un programa de cero residuos para el continente y que ha identificado al sector alimentario como un sector clave en la eficiencia que debe ser mejorada.
En materia de food waste está previsto que los Estados miembros reduzcan el desperdicio de alimentos un 30 % de aquí al año 2025. Y este tipo de campañas divulgativas y de concienciación también existen en países de nuestro entorno así como en organizaciones mundiales como la FAO, que tiene la campaña Piensa.Aliméntate. Ahorra. Reduce tu huella. Y en nuestro propio país, desde el año 2013 el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente puso en marcha la estrategia Más alimento, menos desperdicio, con cinco líneas de actuación. La línea número 1 era Estudios para ver cómo, dónde y por qué se produce el desperdicio. 2, la elaboración de guías de buenas prácticas y campañas de sensibilización. 3, la revisión de la normativa que incide sobre el malgasto. 4, la colaboración con agentes de la cadena alimentaria, y el punto número 5, nuevas tecnologías para reducir el desperdicio. Esta es una estrategia que sigue en
marcha. También encontramos en nuestro país ejemplos de donación voluntaria de alimentos que, estando en perfecto estado, las cadenas de distribución no consideran comercializables. Pero hay países, como nuestro país vecino, Francia, que van un poco más allá y han optado por una política más ambiciosa en la lucha contra el desperdicio de alimentos, que pasa por establecer la obligación legal de proceder a la donación de excedentes alimentarios e incluso por sancionar el incumplimiento de esta obligación. Hasta la fecha, en nuestro país todas las medidas adoptadas han ido dirigidas a la elaboración de estudios y sensibilización de los actores de la cadena, pero, viendo la magnitud del problema y su evolución, desde nuestro partido entendemos que debemos dar un paso más. Seguir sensibilizando al consumidor final es fundamental, ya que una parte importante del desperdicio se produce en los propios hogares, pero también es necesario adoptar las medidas necesarias para establecer un marco normativo para que los distribuidores del sector alimentario procedan, siempre que estos alimentos estén en buenas condiciones, a la donación a organizaciones benéficas autorizadas. Asimismo, consideramos necesario establecer el correspondiente régimen sancionador aplicable en caso de incumplimiento, y como lamentablemente hay alimentos que no se pueden reutilizar, es necesario crear un marco para que estos residuos se puedan transformar y aprovechar.
Por todo lo expuesto, solicitamos el mayor apoyo para esta iniciativa; estamos trabajando, nos hemos esforzado y creo que lo podremos lograr.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra su portavoz, don Xavier Eritja.
La Asamblea Nacional francesa ha aprobado por unanimidad una ley que prohíbe a las grandes superficies tirar o destruir los productos alimentarios aptos para el consumo humano, debiendo ceder gratuitamente esa comida a las ONG que asistan a personas en situación de necesidad. Contrariamente a la Asamblea Nacional francesa, el Parlamento español rechazó una enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya a la tramitación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en la que se reclamaba la prohibición de tirar productos aptos para el consumo humano y la obligatoriedad de donarlos a bancos de alimentos, comedores sociales o entidades sin ánimo de lucro que atiendan a población necesitada. En esencia, el Parlamento español rechazó lo mismo que en Francia se había aprobado por unanimidad. En junio de 2015, el Grupo Parlamentario de Esquerra presentó la misma proposición no de ley que presentamos hoy en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. No obstante, la propuesta no despertó precisamente el mismo interés que parece despertar hoy; hoy, en cambio, parece que la sensibilidad ha variado y vemos en esta sala que hay tres propuestas, lo que significa un avance en ese sentido. En un contexto socioeconómico como el actual, donde se desperdician 1.300 millones de toneladas de comida al año, no se puede permitir que un tercio de todos los alimentos que producimos se pierda o desperdicie. En el Estado español, 2 millones de personas pasan hambre hoy en día como consecuencia de la crisis económica y se calcula que en la Unión Europea 43 millones están en peligro de pobreza alimenticia; en el global, más de 870 millones de personas pasan hambre cada día. De hecho, un manifiesto impulsado por una quincena de entidades y empresas del sector alimentario, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Plataforma Aprofitem els Aliments recoge en las conclusiones que solo con la mitad de las pérdidas alimentarias actuales se podría alimentar a toda la población que pasa hambre en el mundo. Por tanto, toda esta dinámica de recuperación -ya no abaratamiento sino recuperación- de la alimentación que se tira es importante y puede tener realmente una repercusión muy grande en la gente que pasa hambre. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 54 % del desperdicio de alimentos en el mundo se produce en las etapas iniciales de la producción, manipulación y almacenamiento poscosecha; el 46 % restante ocurre en las etapas de procesamiento, distribución y consumo de alimentos. En España, los índices de pérdida de alimentos distan mucho de ser los óptimos y, de hecho, es el séptimo país de la Unión Europea donde más alimentos se malbaratan, 7,7 millones de toneladas. Lo importante es la distribución del malbaratamiento en función de los sectores, sobre todo porque eso dibuja exactamente en qué puntos habría que incidir: un 39 % en la industria alimentaria, un 42 % en usos domésticos, el 14 % en restauración y otros servicios alimentarios y el 5 % en comercios y distribución alimentaria. Por tanto, el malbarato alimentario tiene una dimensión compleja que necesita de la implicación de todos los agentes y requiere además diferentes
niveles y estrategias de actuación. La mala praxis de algunas empresas y la falta clara de voluntad política para regular ese derroche, sumadas a los malos hábitos de la ciudadanía, han creado una atmósfera en la que cuesta encontrar el modo de romper esa rutina. Debemos dar respuesta a un problema endémico y de difícil solución. Las personas tenemos el poder para producir los cambios necesarios si convertimos el desperdicio de comida en algo socialmente inaceptable.
Los puntos que marcamos inicialmente en nuestra proposición no de ley configuran dos grandes bloques. El primero es el control a grandes empresas. Una de las propuestas que hacemos en nuestra iniciativa es la de obligar a que los supermercados y grandes superficies sean transparentes y hagan público el destino de los alimentos que ya no son aptos para su venta; de hecho, en países como Noruega existe este nivel de transparencia y en empresas como la británica Tesco también. En nuestro país, como mucho es Eroski quien asegura haber alcanzado el nivel cero de pérdida de alimentos. Este nivel de transparencia es necesario, como también lo es la garantía de que ese tipo de empresas están intentando evitar el derroche y el desperdicio de alimentación. Pero, fíjense, en los hogares, que representan el 42 % del desperdicio alimentario, se ha de incidir igualmente; es el otro gran bloque donde es necesario incidir con estrategias diferentes y la estrategia es fundamentalmente una campaña de sensibilización. Es un ejemplo para que veamos que en cada caso y en cada sector se necesitan procesos y estrategias diferentes para intentar llegar al final de toda la complejidad de este proyecto.
Es fundamental también -y hay otra parte de los puntos que inciden en esto- dar un sentido positivo a la propuesta y no verlo tanto como un derroche sino también como una oportunidad. De hecho, el propio Grupo Socialista ha presentado en el Parlament de Catalunya una proposición de ley sobre el aprovechamiento del excedente alimentario. Aquí estamos hablando ya de aprovechamiento del excedente alimentario, y ello quiere decir que a partir de aquí puede aparecer una gestión de oportunidades que permita la redirección de un alimento que, en principio, se desecharía. Limitar el despilfarro no solo es una forma de mejorar la eficiencia sino también de acabar con la malnutrición de parte de la población más necesitada. Este excedente alimentario es imperante darlo a miembros vulnerables de la sociedad -ONG u otras entidades- o buscar un mercado secundario donde poder dar salida a esos productos. En un segundo nivel, en el caso de que no fueran aptos para el consumo humano, la mejor opción podría ser desviarlos para el consumo del ganado, conservando de ese modo recursos que, por otra parte, serían usados para la creación de pienso comercial. Incluso en el caso de que no fuera posible la reutilización, debería intentarse el reciclaje y la recuperación; el reciclaje de subproductos, la digestión anaeróbica, el compostaje y la incineración con recuperación de energía permitirían recuperar energía y nutrientes de los residuos de los alimentos, lo que representaría una ventaja significativa sobre tirarlos a los vertederos, teniendo en cuenta que los alimentos no consumidos terminan pudriéndose en ellos y son grandes productores de metano, gas de efecto invernadero especialmente perjudicial. Fíjense que ya no hablamos de un perjuicio, de derroche, sino que estamos hablando de oportunidades de reciclaje de la alimentación excedente, como se ha comentado aquí. Nosotros somos partidarios no solo de penalizar o de regular sobre unas empresas o incluso de actuar a través de campañas de sensibilización, sino también de trabajar y gestionar esos excedentes de cara a recuperarlos y revertirlos a la misma sociedad. Por tanto, entendemos que esta proposición no se refiere simplemente a temas de sanción y de control, sino que lleva detrás un proyecto mucho más amplio y complejo, que necesita realmente un estudio y la propuesta de una ley que pueda ejecutarse y que contemple toda la complejidad y toda la dificultad de este trabajo.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra su portavoz, el señor Cantó.
Señorías, el Grupo Parlamentario Ciudadanos trae hoy aquí, a la Comisión de Agricultura, una propuesta que quiere acabar con el desperdicio de alimentos. Este es un tema muy grave; es obvio que lo es, en la medida en que han sido varios los grupos parlamentarios que han traído propuestas parecidas. Nos alegramos de esa coincidencia, pero nos alegramos más todavía de haber conseguido, mediante el diálogo y el trabajo, un texto, que enseguida aportaremos al señor presidente, en el que nos hemos puesto de acuerdo la mayoría de los grupos parlamentarios presentes aquí, en la Cámara.
Hoy traemos una propuesta que quiere limitar el desperdicio de alimentos por varias razones fundamentales. Hay una primera que yo creo que es obvia, que es ética, que es moral, y es que a nadie se le escapa el sinsentido de que mientras hay demasiadas personas que tienen dificultades reales para
sobrevivir, dificultades para llegar a fin de mes aunque estén trabajando, dificultades -y esto también es importante señalarlo- para alimentarse de forma saludable -porque esa es otra historia de la que se ha hablado alguna vez, la diferencia que hay entre los alimentos que pueden llevar a la obesidad más rápidamente y otros de mayor calidad que desgraciadamente muchas veces tienen un precio mayor que otros-, se tire a la basura la cantidad de alimento que hoy en día se desperdicia. Pero es que además hay otra razón complementaria que nos parece especialmente importante, y es que cada alimento que tiramos a la basura es un derroche en recursos que son necesarios para crear ese alimento; un derroche en agua, en materia orgánica, en plantas, en animales; un derroche en controles, en esfuerzo humano, en envasado; un derroche que, señorías, no nos podemos permitir y un derroche que deja en nuestro medio ambiente una huella hídrica, una huella de carbono o una huella, como ya se ha dicho aquí antes, de metano. Hay que insistir y hay que instar a la distribución, a las superficies, a los comercios y a los productores a que se conciencien sobre este tema, para que acaben con ese despilfarro y reutilicen los recursos que desechan. Ahora bien, también hay que recordar que el agujero negro que tenemos en nuestro país con todo esto -y ahora explicaré algunas cifras- está realmente en nuestros hogares, que son responsables del 46 % del desperdicio, ni más ni menos que 76 kilos por cada hogar. Hay cadenas que ya están haciendo cosas sin que hayamos tenido que ponernos a legislar. Hay cadenas que están mejorando su distribución, olvidando esa cultura de tener las tiendas repletas de alimentos y dedicándose a hacer una reposición más rápida y a crear ofertas con esos alimentos que están a punto de caducar. Hay que hacer campañas en ese sentido. Nosotros no queremos comprar simplemente por razones estéticas, porque los productos tienen una mancha, tienen una arruga o tienen cualquier pequeño defecto que realmente no afecta a la calidad del alimento en sí.
Señorías, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, la Comisión Europea estima que en la Unión Europea se desaprovechan actualmente 89 millones de toneladas de alimentos en buen estado. Señala textualmente que el desperdicio alimentario alcanza en los hogares el 42 % del total; en la fase de fabricación, el 39 %; en la restauración, el 14 %, y en la distribución, el 5 %. España, señorías, es el séptimo país que más comidas desperdicia, 7,7 millones de toneladas, tras Reino Unido, que está en 14,4 millones, y Alemania, Holanda, Francia, Polonia e Italia, que está en unos 8,8 millones de toneladas.
Si nos centramos en el sector de la distribución, según datos del Barómetro del clima de confianza del sector agroalimentario, realizado por el Magrama en el año 2012, el 78,8 % de los distribuidores retira productos de sus estanterías por superar la fecha de caducidad, siendo el porcentaje medio de productos retirados el 5,6 %; esto quiere decir que un 79,5 %, casi un 80 % de los distribuidores, no entrega esos productos a los bancos de alimentos o a las ONG. Ante esa magnitud, en otros países de nuestro entorno -ya se ha dicho, Francia era el ejemplo- se ha decidido buscar una solución. Por ejemplo, gracias a la iniciativa de un concejal se consiguió reunir centenares de miles de firmas para poner coto al desperdicio de alimentos en la distribución y, a través de una enmienda a la Ley de transición energética, se aprobaron por unanimidad una serie de medidas con el objetivo de llegar al año 2025 con la mitad del actual desperdicio. Entre las disposiciones destaca la obligación a las superficies mayores de 400 metros de donar comida descartada y la prohibición de estropear deliberadamente los productos que se van a extraer de las estanterías.
Queremos trabajar en esto y por eso nos hemos puesto en contacto con el resto de grupos proponentes y hemos llegado a un texto transaccional que haremos llegar a la Mesa. Estamos realmente orgullosos de que la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios de esta Comisión la vaya a apoyar y de que se termine aprobando hoy, porque creemos que va a ser una herramienta válida y -debo añadir- necesaria para acabar con un sinsentido como este, con el desperdicio de algo tan valioso como los alimentos que producimos, ya sea en nuestro país o en otros países de nuestro entorno.
Pasamos a la defensa de las enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán de Democràcia i Llibertad, tiene la palabra el señor Postius.
Intervengo de una forma muy breve para decir que el Grupo Parlamentario Catalán está de acuerdo con las proposiciones que se han planteado. En este sentido, la propuesta que finalmente se ha consensuado nos parece bien. Nosotros queríamos implantar una medida concreta que hacía referencia
al etiquetado de los productos alimenticios. Queríamos que incluyera una doble fecha: la fecha límite para la venta y la fecha límite de consumo. Asimismo, queríamos posibilitar las ventas con descuentos de alimentos próximos a la fecha de caducidad. Se ha podido transaccionar la primera parte y no la segunda, pero en aras del consenso y dado que en este caso creemos que el texto que finalmente se ha propuesto es bueno, vamos a votar a favor.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Pastor.
Miembros de esta Comisión, yo llegaba ayer aquí muy satisfecha, feliz casi, pensando que estas tres proposiciones no de ley sobre derroche y desperdicios de alimentos iban a ser transaccionadas por los tres grupos que las habían presentado: el Partido Socialista, Ciudadanos y Esquerra Republicana de Catalunya. Nosotros habíamos presentado unas enmiendas que completaban y ampliaban la última proposición no de ley, la de Esquerra Republicana de Catalunya. Los compañeros que habíamos trabajado en ellas nos sentíamos contentos al ver que hoy íbamos a aprobar en esta Comisión algo de lo que estamos completamente convencidos y que es fundamental e importante, pero resulta que en el día de hoy y después de largas y aplazamientos nos hemos ido dando cuenta de que no había una verdadera voluntad de integrar las enmiendas que habíamos presentado y de que esas enmiendas se veían ninguneadas, bloqueadas desde el día de ayer. Hasta hace un momento no he sabido cuál iba a ser el texto definitivo, con lo cual, entiendo que verdaderamente no hay voluntad alguna de que esta sea una proposición no de ley que vaya más allá del mero brindis al sol. Discúlpenme si me equivoco, pero no veo -y me gustaría verlo, porque creo que es urgente en esta Comisión- la necesidad de aprobar y de comprometerse con una proposición no de ley y de intentar que vaya más allá de una simple proposición para acabar con las pérdidas y desperdicios de alimentos.
Dicho esto, quiero leerles algunas notas que había tomado para ilustrar nuestras enmiendas. Estas enmiendas querían incidir sobre normativas que regulasen los procedimientos de gestión y donación. Todos ustedes saben que sin normativa es imposible implementar alguna medida. Querían incidir también sobre la recogida selectiva y el reciclaje de los productos orgánicos no aptos para el consumo, sobre el tratamiento de los residuos para la obtención de compost y biogás y sobre un plan de implantación preceptiva y progresiva para el tratamiento de los residuos orgánicos de las grandes superficies para evitar su destino en vertederos. Nuestras enmiendas querían incidir sobre la transparencia en las políticas de incentivos a la reducción de pérdidas y sobre posibles sanciones por incumplimientos; sin una sanción nadie se va a preocupar por cumplir la normativa, que tampoco estamos dispuestos a poner en marcha. Hablábamos también en nuestras enmiendas de la importancia de la información, de la sensibilización y de la necesaria educación desde edades tempranas. Por último, hablábamos de concertar acciones con todos los actores, desde la gobernanza a lo largo de todo el proceso, y de ajustar e innovar en la oferta y la demanda, en la manipulación y la reutilización.
El grupo al que represento considera que, si de verdad estamos interesados en acabar con el despilfarro y sus consecuencias, tenemos que dotarnos de una verdadera voluntad política, voluntad política para enfrentar problemas como el que hoy nos ocupa, que redundan sobre el hambre y la desnutrición, hambre y desnutrición que han dejado de ser un problema más allá de nuestras fronteras para afectar a un número cada vez más escandaloso de personas en nuestro país. En España, el 29 % de la población está en riesgo de exclusión. Necesitamos voluntad política, señoras y señores; necesitamos medidas para la construcción de una sociedad más justa y sostenible, que pueda enfrentar situaciones de emergencia y que no caiga en la autocomplacencia que podría suponer apoyar hoy medidas como esta sin articular los mecanismos para hacerla posible mientras se sigue permitiendo recortar en políticas y recursos sociales.
Alertados ya sobre este punto, les digo que cada día se destruyen en nuestro país 21.000 toneladas de comida y solo mil son responsabilidad del sector de la distribución comercial. Esa destrucción tiene graves efectos económicos y medioambientales derivados de la producción de unos alimentos que no van a ser consumidos. Les doy algunos datos de informes destacados y actualizados. En todo el mundo se producen aproximadamente 1.300 millones de toneladas de pérdidas y desperdicios alimentarios al año, lo que conlleva pérdidas económicas asociadas, que incorporando las externalidades y los costes sociales
y ambientales pueden cifrarse en torno a los 2 billones de euros al año. Esto equivale a un 3,5 % del producto interior bruto mundial, no estamos hablando de una broma. Estas pérdidas y este derroche de productos alimentarios son los responsables del 10 % de los gases de efecto invernadero que producen el cambio climático. La producción de los alimentos que se pierden sin llegar a la boca del consumidor utiliza casi 1.400 millones de hectáreas de tierra, lo que representa cerca del 30 % de la superficie de tierra agrícola mundial. El desperdicio de los recursos hídricos superficiales y subterráneos implícitos en las pérdidas y desperdicios de alimentos es más de una cuarta parte del uso total de los recursos, limitados y vulnerables, de agua dulce del planeta. La energía que se utiliza en las distintas fases de la cadena alimentaria para producir aquello que no va a ser consumido supone un desperdicio de más de 300 millones de barriles de petróleo al año. Este despilfarro, señoras y señores, es inasumible y no podemos seguir brindando al sol buenas palabras mientras permitimos que eso siga sucediendo y no hacemos uso de nuestra responsabilidad como miembros de esta Comisión para poner medidas para atajarlo y defenderlas para que no se queden en un cajón. Hay que tener la valentía y el coraje de defenderlas y no atribuirlo a que no hay espacio, a que llegamos tarde o a que algunos grupos no querrán. Es muy valorable el acuerdo, pero si el acuerdo es un acuerdo de mínimos, pierde su valor, más todavía si está destinado a quedarse en un cajón. Las causas de las PDA están estudiadas. Simplemente con poner en funcionamiento algunos de los estudios que este Ministerio de Agricultura tiene ya elaborados sería suficiente.
Votaremos a favor de esta PNL por responsabilidad política y porque pensamos que cualquier pequeño paso para erradicar las pérdidas y desperdicios de alimentos es necesario, pero lo haremos con una gran sensación de dolor y de haber perdido una oportunidad para ser más audaces y ambiciosos en esta materia. Verdaderamente es una pena que dejemos perder esto.
En el último Foro mundial de acceso a la tierra, que tuvo lugar en Valencia los pasados 31 marzo, 1 y 2 de abril, es decir, la semana pasada, tuve ocasión de escuchar a personal experto en la materia, proveniente de la FAO y de distintas partes del mundo. También tuve la oportunidad de escuchar a una campesina guatemalteca que citó a Benito Juárez y clamó: Un pueblo con hambre es un pueblo sin paz. Tomemos nota, señoras y señores de esta Comisión. Poner fin a la destrucción de recursos naturales que empobrecen a todos los países es urgente; poner fin a la pobreza es posible y es urgente.
Anuncio a los portavoces de los grupos parlamentarios que la votación, tal como va la Comisión, se celebrará aproximadamente sobre las seis y cuarto.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz el señor Del Río.
Para el Partido Popular la reducción del desperdicio alimentario es, desde luego, un objetivo, no solamente en la fijación de objetivos políticos, sino también en el desarrollo de la acción política. Por eso, compartiendo la sensibilidad que sobre este tema se registra en la sociedad y siendo conscientes -no me voy a detener en ello- de las implicaciones que se han mencionado ya -éticas, sociales, medioambientales y económicas- que supone que una cantidad considerable de alimentos aptos para el consumo se desaproveche cada día, el Gobierno del Partido Popular, en esta legislatura, a través del Ministerio de Cultura, aprobó en 2013 la estrategia Más alimento menos desperdicio, con el objetivo de reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario. Es una estrategia que el portavoz del Grupo Socialista ha mencionado ya y que está organizada en cinco grandes áreas de actuación: la generación de conocimiento e información sobre el problema; la sensibilización y el establecimiento de buenas prácticas; los aspectos normativos; la colaboración con otros agentes y el fomento y desarrollo de nuevas tecnologías que ayuden a minimizar el problema.
Frente a algunos que parece que tienen la varita mágica para solucionar los problemas de un día para otro, en el Grupo Popular creemos que para solucionar un problema hay que identificarlo. Como decía Voltaire, en su diccionario de tópicos: Duda; plantearla es resolverla. Identificado este problema y cuantificado además -ya se han mencionado las cifras del desperdicio en los hogares, 42 % del total; en la fabricación, 39 %; en la restauración, 14 %, y en la distribución, 5 %; somos el séptimo país que más desperdicia de toda la Unión Europea-, tenemos que seguir avanzando en esta dirección. Las pérdidas y el desperdicio de alimentos se producen a lo largo de todos los eslabones de la cadena alimentaria, no solamente en la distribución, sino también en el campo, en las industrias de transformación, en los
comedores y restaurantes y, sobre todo, como se ha mencionado ya, en las casas de los españoles. Por eso el Grupo Popular ha presentado una enmienda a esta propuesta, que se ha aceptado por los grupos proponentes, que suscribimos y que se entregará después. Se trata de seguir avanzando en esta materia, en esta estrategia que puso en su momento en marcha el Gobierno del Partido Popular. Una vez diagnosticado el problema y conocida su magnitud real, se pusieron en marcha varias líneas de actuación para cuantificar la generación del desperdicio alimentario en la cadena de suministros y para reducirlo. Es una estrategia que tiene un enfoque horizontal, multisectorial, que está basada en la colaboración con otras entidades y que está abierta para incorporar nuevas medidas. Es una estrategia que tiene que ser precisamente renovada en el año 2016, año en el que estamos, siendo una de las líneas de actuación la revisión de los aspectos normativos y la adopción de todas aquellas medidas que contribuyan a maximizar la redistribución de los alimentos desechados, promoviendo la colaboración con los bancos de alimentos y otras entidades. En todo el tiempo que lleva vigente esta estrategia Más alimento menos desperdicio, se ha contado con la buena disposición de todos los agentes de la cadena alimentaria. Ahora se trata de seguir intensificando la colaboración entre todos los sectores, desde la producción y la distribución hasta los consumidores, con el fin de lograr un funcionamiento más eficiente de los procesos que intervienen en la cadena alimentaria y conseguir así una reducción más efectiva de los alimentos que son desechados, no solamente por cuestiones medioambientales y económicas, sino sobre todo por cuestiones sociales y éticas. Mi abuelo no era ganadero, era pastor, y en su modestia decía que comer era algo moral. Aunque solo sea por esto tenemos que seguir trabajando y esforzándonos en esta dirección.
Aunque me han pasado la enmienda transaccional, tengo que preguntar a los portavoces, señor Palacín, señor Eritja y señor Cantó, si aceptan las enmiendas. (Asentimiento).
Para fijar posición tiene la palabra el señor Baldoví.
En septiembre de 2012, Compromís presentó una proposición no de ley al Pleno que luego convirtió en interpelación al ministro. En esa PNL ya nos hacíamos eco de lo que van diciendo los diversos informes que se publican, por ejemplo, el de Cáritas, que es un informe tozudo, que año a año indica que aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad, que cada vez hay más familias en el umbral de la pobreza y que además esta pobreza se está cronificando. Contrastan las cifras de destrucción de alimentos, que se han dado de manera abundante tanto en el Estado español como en Europa y en el mundo. Por tanto, en aquella moción urgíamos a que se promoviera una legislación que prohibiera la destrucción sistemática de alimentos. En concreto, ya propusimos entonces que se aprobaran propuestas legislativas urgentes -varias, aunque no tuvieron mucho éxito- para que se prohibiera la destrucción sistemática de alimentos en buen estado para el consumo; para que se implementaran medidas de tratamiento para los residuos alimentarios con el principio de que quien contamine sea el que pague; para la creación de un foro permanente para buscar medidas innovadoras en contra de la destrucción de alimentos y donde se contara con todos los agentes implicados en la cadena agroalimentaria; para que se implementara la obligación de vender toda una serie de productos a granel y no se obligara a los consumidores a consumir más de lo que necesitan, porque esa es una fuente importante de desperdicio de alimentos; para que se estudiara la reforma de la Ley de Contratos del Estado para que la contratación pública priorizara la adjudicación a aquellas empresas que hacen una redistribución gratuita de los alimentos sobrantes, a aquellas empresas que promuevan acciones contra el despilfarro y a aquellas que muestren preferencia por los productos que se produzcan cerca; para que se implementaran también medidas para el etiquetado a doble fecha, por una parte con el límite de venta y, por otra parte, con el límite de consumo; para que se optimizaran los envases; para que se promovieran campañas de sensibilización del valor de los alimentos y de los productos agrícolas para abordar las causas y las consecuencias del despilfarro y los modos de reducirlo; para que se aplicara la cultura científica y los principios de sostenibilidad y sensibilidad, y para que se incrementara la financiación y el fomento de la estabilidad del sector primario, incentivando la venta directa en los mercados locales y la promoción en la cadena de suministro corto o cadena de kilómetro cero. Desgraciadamente no tuvieron demasiada suerte todas esta medidas que propuso Compromís hace ya tres años y medio. Esperemos que arranque finalmente esta legislatura y que estas medidas que se han
consensuado entre tantos grupos parlamentarios se puedan implementar de verdad. Desde Compromís anunciamos nuestro voto afirmativo a esta medida.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea.
Intervendré muy brevemente solo para fijar la posición. Los argumentos han sido claros y desde las distintas formaciones se han expuesto motivos suficientes para aprobar una proposición no de ley de esta índole. No sabemos el alcance que va a poder tener esta proposición no de ley ni si el compromiso que se va a adquirir tanto por el Gobierno existente como por el futuro que pueda venir y por los partidos políticos va a ser serio y verdadero. (El señor vicepresidente, Campos Arteseros, ocupa la Presidencia). En cualquier caso, nuestra posición va a ser favorable a esta proposición no de ley. Verdaderamente en este mundo de la opulencia, la moral en torno al despilfarro de algo tan fundamental como es la comida debería ser tenida en cuenta por todos. Por tanto, vamos a apoyar esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Campos Arteseros): Gracias.
- SOBRE EL REPARTO DE LA CUOTA DE ATÚN ROJO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000214).
El señor VICEPRESIDENTE (Campos Arteseros): Pasamos al siguiente punto del orden del día, el punto 7.º, que es la proposición no de ley sobre el reparto de la cuota de atún rojo a la Comunidad Autónoma de Canarias, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra doña Ana Oramas.
Hoy es un día de emoción y alegría para mí después de nueve años de diputada. Llevo nueve años presentando el tema de la cuota del atún rojo. Hoy agradecemos el compromiso político y personal que adquirieron todos los grupos parlamentarios -en concreto, Podemos, el Grupo Parlamentario Socialista, Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular- en la reunión que se mantuvo aquí en el Congreso con todas las cofradías de pescadores de Canarias para intentar hacer un esfuerzo y apoyar a una flota artesanal que, por circunstancias achacables a muchísimas cosas -pero en los últimos años a una incomprensión absoluta-, se ha visto abocada a una situación absurda y rocambolesca. Hoy Canarias está inundada de atún rojo. Tenemos 300 barcos y 1.200 familias que pueden vivir dignamente de la pesca del atún. Para que ustedes lo sepan, en los años setenta toda la cuota que tiene ahora España la tenía solo la flota artesanal canaria, pero hoy Canarias tiene solo 140 toneladas, que es la que tiene un solo barco cerquero en Andalucía o en el Mediterráneo. Ya les digo que llevamos cientos de años pescando y este año con 140 toneladas se sale a pescar y al tercer día dice la Delegación del Gobierno que se para la pesca porque creían que se había llegado a las 140 toneladas. ¿Saben lo que se hizo? Se pesó, faltaban 6 toneladas por pescar y lo que hizo el delegado del Gobierno fue un sorteo. No voy a entrar a valorar este tema. Creo que hay que darle vida a una tierra en la que la distancia entre El Hierro y Lanzarote -mucha gente no lo sabe- son 20 kilómetros más que entre Madrid y Barcelona. A veces la gente todavía se cree que Canarias está encima de Ceuta y Melilla y que las islas están cerquita. No es así. ¿Por qué lo digo? Para que ustedes vean la importancia del argumento. Una de las condiciones que se ponen a los barcos para pescar es que el año anterior hayan pescado. Resulta que los atunes no se están quietos; unas veces están por La Gomera y otras por Lanzarote. Resulta que este año los de La Gomera no pescan y, si el año que viene los atunes están por La Gomera, los pescadores de La Gomera no podrán pescar; tendrán que ser los de Lanzarote porque pescaron el año anterior. He estado cuatro años intentando que la fecha de la pesca del atún coincida con la fecha en que los atunes están en Canarias, porque pusieron la misma de la Península y entonces los atunes ya no estaban.
Los atunes en Canarias se pescan uno a uno y no saben qué emoción y con qué fotos abren los periódicos de los primeros atunes, pero fueron 48 horas. Sin perjudicar a ninguna flota, lo que hoy pedimos aquí es que se modifique la orden que regula la cuota sobre la base de los criterios europeos. La flota artesanal canaria reúne todos los requisitos y es sostenible. Los canarios consideramos que el mar es
nuestra vida porque es nuestro sustento, con un sentimiento de ida y vuelta. Toda la gente humilde de esa flota vino con dignidad aquí al Congreso de los Diputados a pedir que se resolviera este asunto y necesita que se resuelva de una vez. Este no es un problema del PSOE ni del PP. Esto ha pasado con Gobiernos del PSOE y del PP en Madrid y en coalición con nosotros. También ha habido errores por parte del sector de pesca canario al apuntar en determinados momentos históricos cuánto estaban cogiendo, pero después ha habido una incomprensión por parte de los Gobiernos de España. No competimos con los vascos ni con los andaluces ni con los arrastreros. Lo único que quiere la gente en ese mar inundando como lo está ahora del mejor atún del mundo, el atún rojo que se pesca en el entorno de Canarias, es que se les deje pescar para que a 1.200 familias se les permita vivir dignamente. Cada barco coge dos o tres atunes, porque cada uno pesa 300 kilos. Son una maravilla.
Hoy quiero decirles que agradezco muchísimo el esfuerzo de los portavoces de los grupos parlamentarios que he citado para que podamos por primera vez, después de nueve años, llegar a un acuerdo para que haya un compromiso, gobierne quien gobierne en este país, para recuperar la dignidad de unos pescadores que protegen el medio ambiente y que además suministran al mundo los mejores atunes que existen en este planeta.
El señor VICEPRESIDENTE (Campos Arteseros): Gracias, diputada Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Quiero recordar que hay una transaccional que ya está presentada en la Mesa.
El señor VICEPRESIDENTE (Campos Arteseros): De acuerdo.
Tienen la palabra los portavoces de los grupos que han presentado enmiendas. Por el Grupo Ciudadanos, doña Melisa Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Señor presidente, miembros de la Mesa, diputados, es necesario decir que en Canarias siempre se ha pescado atún, no solamente el atún rojo, que es sobre el que hoy venimos a debatir, sino también otros tipos de túnidos como son los templados y los tropicales. Hablar de la dependencia de la flota pesquera de Canarias del atún es hablar de una realidad y de una necesidad que entendemos que no se ha contemplado por una concatenación de distintos puntos de vista y de distintos errores que se han ido acometiendo durante mucho tiempo. Queremos citar desde Ciudadanos una parte de un dictamen europeo para entender por qué se tiene que llegar a un acuerdo en este sentido. En los artículos 38 a 43 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de 11 de diciembre de 2013, se establece promover métodos que favorezcan la pesca sostenible. Además, en el informe sobre la nueva política pesquera de 11 enero de 2014 se define la pesca sostenible como la pesca que se encuentre dentro de unos niveles que no pongan en peligro la capacidad de reproducción de las poblaciones. Sobra decir que la manera de pesca de la flota canaria es artesanal, no tenemos ningún tipo de barco cerquero ni que tenga ningún tipo de pesca depredadora. Y quiero hablar también de la ruta migratoria, como decía la señora Oramas. Cuando los ejemplares llegan al archipiélago canario y se pescan allí son ejemplares que se encuentran en fase adulta. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen como mínimo cuatro años y medio, que ya han pasado varios ciclos reproductivos y cuyo peso -discúlpame que te corrija en un dato, Ana- es de media de 109 kilogramos por ejemplar. El caladero canario no pone en riesgo la especie, simplemente la está manteniendo y, con una pesca sostenible y con técnicas artesanales, entendemos que no debería haber ningún tipo de discriminación.
Presentamos diferentes enmiendas, algunas han sido aceptadas y otras no, pero querría leerlas. Una es la de incluir a la flota canaria en el grupo general de reparto para que (Rumores)... Si me permiten los compañeros, que creo que están más interesados en otro tema que en el atún...
El señor VICEPRESIDENTE (Campos Arteseros): Por favor, mantengan silencio.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Lo que quería decir es que se incluya a la flota canaria en el grupo general de reparto para que tenga una asignación proporcional, igual que la tienen otros tipos de flota artesanal como la del Estrecho, la del Cantábrico o también la del Mediterráneo. Esta enmienda ha sido desestimada, desafortunadamente. Creemos que es importante -y así lo presentamos, aunque luego no se ha aceptado- que se controlen los caladeros de cerco. ¿Por qué? Porque los caladeros de cerco o barcos arrastreros, como se conocen también comúnmente, no discriminan el tamaño de la
especie que capturan, con lo cual no se está realizando ningún tipo de sostenibilidad o de mantenimiento del control de qué tipo de especie o de qué tamaño se está pescando.
Por último, quiero decirles que nosotros realmente creíamos conveniente -y creo que todas las fuerzas políticas, excepto el Partido Popular, así lo consideraban también- prohibir la venta de cuotas de pesca de atún rojo a los barcos cerqueros, de arrastre, si existen flotas de pesca artesanales que puedan asumir dichas cuotas, como mecanismo para proteger e impulsar las flotas artesanales de acuerdo con la normativa europea. Desafortunadamente no se ha considerado tal y como mi grupo la había transcrito porque entendían que no era adecuada y al final, en pro de conseguir una resolución unánime y de que todas las fuerzas políticas la apoyásemos, hemos acabado con una redacción un tanto más suave en la cual se regulan esos procesos de venta.
Creo que hoy se ha dado un gran paso para el Archipiélago y sobre todo para la comunidad de pescadores y agradezco la generosidad por parte de todos los partidos políticos de haber apoyado y generado una transaccional común.
El señor VICEPRESIDENTE (Campos Arteseros): Gracias, señora Rodríguez.
Tiene la palabra, por el Grupo Podemos, el señor López de Uralde.
Ya adelanto que, como no podía ser de otra manera, nuestro grupo apoyará y votará a favor de esta enmienda transaccional. No obstante, nos gustaría hacer algunas reflexiones que se ponen de manifiesto a raíz de esta proposición no de ley y en relación con la situación del atún rojo.
Después de más de 3.000 años de explotación, el atún rojo del Atlántico Oriental y del Mediterráneo llegó al borde de su extinción comercial a causa del comercio internacional y un exceso de capturas, buena parte de ellas, por cierto, ilegales. Este tema, el de la pesca ilegal, todavía no ha sido resuelto. Según los científicos, su población de reproductores descendió en más de un 85 %. En poco más de una década, el desarrollo descontrolado de la industria de la pesca al cerco y engorde de atún en el Mediterráneo llevó a esta especie al borde del colapso. Una especie que había sido capturada a lo largo de 3.000 años, en unos pocos años estuvo a punto de desaparecer. Gracias al esfuerzo de las organizaciones ecologistas, de Los Verdes en Europa y de muchas personas se consiguieron medidas que han permitido que se vaya recuperando la población del atún rojo. Esas medidas contaron siempre con la oposición -y hay que recordarlo, en ocasiones fiera- de países como España y precisamente de la industria de engorde de atún, o sea de esos cerqueros que reciben tanta cuota. La cooperación, también hay que recordarlo, no es definitiva y, por tanto, es muy importante actuar con precaución. Debe atenderse esta lección en otros conflictos, que son sociales, económicos y también fundamentalmente ecológicos.
El debate que tenemos hoy es precisamente el debate sobre el futuro del atún y cuál debe ser nuestra apuesta. En esta, como en tantas otras pesquerías, unos pocos barcos se llevan una parte desproporcionada del total de la cuota. Invitamos al Gobierno a que, en lugar de presionar de forma irresponsable por un aumento de la cuota, reconsidere la injusta distribución de las posibilidades de pesca actuales. La nueva política pesquera común europea llama a los Estados a utilizar con transparencia criterios sociales y ambientales para otorgar acceso a los recursos pesqueros. El atún rojo es un sector evidente por el que empezar a aplicarlos. En los dos últimos boletines oficiales del Estado, más recientes que los que se mencionan en la proposición no de ley del Grupo Coalición Canaria, con el reparto de cuotas para 2015 y 2016 puede verse que la asignación a la flota canaria se mantiene en el 1,21 %, lo que podemos calificar de una miseria. Pasan de 34 toneladas de cuota a 40,64, como resultado del aumento de la cuota para España, desde 2.956 toneladas a 3.534 toneladas, de 2015 a 2016. En los boletines oficiales puede verse que en el reparto de 2016 los barcos de cerco reciben cuotas de -y leo textualmente-: Gepus, 3,91 %, La Frau Dos, 5,47 %; Leonardo Brull Segon, 4,54 %; Nuevo Elorz, 4,8 %; Nuevo Panchilleta, 4,88 %; Tio Gel Segon, 4,72. Es decir, hablamos de que estos barcos reciben del orden de las 140 a 180 toneladas por barco. El La Frau Dos, un solo barco, recibe 183 toneladas, más de 4,5 veces más que los 143 barcos artesanales canarios del anexo II, que según la proposición no de ley dan de comer a 1.200 familias canarias. Para más inri, estos cerqueros fueron construidos con ayudas públicas a principios de los 2000, entre 2000 y 2003. Según diversas ONG ecologistas, recibieron 1,3 millones de euros de ayudas a la construcción. Si no me equivoco, las fechas coinciden con el momento en que a los canarios les dejan sin cuota. Por contra, la flota canaria es artesanal.
Déjenme hablarles de la pesca artesanal. La pesca artesanal es aquella pesquería que se preocupa y que cuida el medio ambiente marino y terrestre. Las artes pesqueras que utilizan son pasivas, por lo que sus impactos en el medio marino son mínimos y sin embargo tienen una elevada selectividad, no produciendo descartes. Esta es diaria, genera beneficios para las comunidades locales y, al pescar cerca de la costa, no consumen tanto gasóleo, por lo que no emiten tanto CO2. Al pescar diariamente su pescado es de mayor calidad y frescura. La pesca artesanal ha de estar involucrada en la gestión de los caladeros, una pesquería ha de ser cogestionada; la pesca artesanal es aquella donde las personas que la realizan tienen una responsabilidad y un compromiso con el medio marino. Es, en definitiva, la modalidad pesquera que mayor beneficio económico, social y ecológico deja en las poblaciones costeras. Pretendemos, por tanto, a través de nuestro apoyo a esta proposición no de ley que se pongan las cosas en su sitio y que se adjudique una cuota justa a la flota artesanal canaria sobre la base de una ratio de cuota por barco/tripulante no transferible. En este sentido, coincidimos con la intervención de la representante de Ciudadanos en ser favorables a la prohibición de la venta de cuotas a los cerqueros. Sin embargo, en aras del consenso, hemos decidido apoyar y votar favorablemente esta enmienda transaccional. Con ello, creemos que se hace una lectura adecuada de los criterios establecidos en el artículo 17 del reglamento de la política pesquera común. Por todo ello, como he dicho, votaremos a favor, una vez consideradas las enmiendas que hemos presentado.
El señor VICEPRESIDENTE (Campos Arteseros): Gracias, señor López de Uralde.
Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, como se ha dicho y como consecuencia de una sobreexplotación insostenible de la pesca de atún rojo, la Comisión Internacional para la conservación del atún atlántico decide regular y ordenar esta pesquería. Se le asignan a cada Estado unas cuotas, unas posibilidades de pesca, y es el Gobierno del Estado el que tiene que repartirlas entre las distintas comunidades autónomas que tienen su flota pesquera para actuar y para pescar. Aunque la señora Oramas ha dicho que este no es un problema del Gobierno del Partido Popular ni del Gobierno del PSOE y que ella no iba a valorarlo -pero habló de incomprensión absoluta-, yo le hubiera agradecido que lo hubiera valorado y que hubiera dicho cómo se ha actuado en los últimos años. En 2008 y producto de la cuota asignada a España, se decide asignar, a través de una orden ministerial, el 1,21 % del total de la cuota, como ha dicho el señor López de Uralde, aproximadamente unas 24 toneladas. Se permitía a la flota canaria realizar esta pesca solo de forma accidental y se establecía una temporada de veda incompatible, como se ha recordado, con las temporadas de pesca en el archipiélago canario. Estas tres cuestiones estuvieron hasta el año 2013.
¿Qué hace el Gobierno del Partido Popular? En principio, modifica la temporada de veda permitiendo a la flota canaria pescar el atún en los meses en los cuales pasa el atún por Canarias y se permite que se haga como pesca dirigida y no como pesca accidental. Luego hace otra cosa, que es utilizar el fondo de maniobra que se le permite, la asignación de cuotas que tiene, para ir asignando una gran parte a Canarias y paliar el roto que le había hecho la orden anterior. ¿Cuántas toneladas adicionales ha significado la utilización de ese fondo de maniobra? Nada menos que 87 toneladas más en 2013 de las que le corresponderían por la orden; en 2014, 81,5 toneladas más; en 2015, 66 toneladas más, y en 2016, 100 toneladas más. Esto significa que en el año 2016 la flota canaria puede alcanzar las 140,8 toneladas. Es decir, se ha pasado de 29 toneladas que se podían pescar en el año 2013 a 140. Por tanto, hay que reconocer que el esfuerzo que se ha hecho por parte del Gobierno, comprendiendo que la asignación de cuotas no estaba utilizando los criterios que se deberían aplicar, ha sido ir compensando esta situación.
Por eso el Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda en la cual hacía una referencia al reglamento 1.380 y solicitaba que, una vez constatado que se ha alcanzado el stock suficiente para garantizar la sostenibilidad de la especie, se revisara la orden ministerial aplicando los criterios de carácter medioambiental, social y económico que establece el reglamento de la política pesquera común. Además creíamos conveniente que en la proposición no de ley se dijera exactamente cuáles eran esos criterios que con un carácter no limitativo establece el propio reglamento, que son asignar las cuotas teniendo en cuenta la contribución a la economía local, los niveles históricos de captura y sobre todo el impacto de la pesca en el medio ambiente. Como se ha dicho aquí -solamente quiero recordarlo-, la flota canaria tiene más capacidades de la que en estos momentos puede utilizar, su carácter es artesanal y más respetuoso con el medio ambiente y además, tal como incorpora la proposición no de ley, yo creo que
también se debería tener en cuenta, porque es una decisión y un paraguas transversal, la condición de región ultraperiférica en la Comunidad Autónoma canaria.
Aunque no es íntegramente nuestra proposición no de ley, y en aras a que salga aprobada con el mayor respaldo posible, el Grupo Parlamentario Popular ha firmado la enmienda transaccional que se ha presentado a la Mesa.
El señor VICEPRESIDENTE (Campos Arteseros): Gracias, señor Matos.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Intervengo muy brevemente para fijar la posición.
Sin duda alguna estar a favor de que se regulen las cuotas y que el tema del atún rojo haya sido un elemento controvertido y que requiere la mayor de las protecciones -en las cuales yo creo que los organismos internacionales también han participado y que se ha hecho una gran labor-, no es óbice para que, existiendo un reparto, una pesquería y una tradición del mismo, no se esté del todo de acuerdo con esta proposición no de ley que se ha presentado hoy. Sin duda alguna -intento defender los intereses de la flota vasca también-, todos podemos pedir más cuotas, pero el reparto también ha de hacerse en base a ciertos criterios con los cuales creo que, si se da más a alguien, se quita a algún otro también. En este caso, por los motivos que he expuesto, no creo que sea la mejor solución la que se plantea en esta proposición no de ley. En cualquier caso, no creo en ese afán de hacer como que se defiende más la vida del atún rojo y su sostenibilidad por el mero hecho de que se prohíba o se regule la venta, aunque en el fondo lo que se quiere es prohibir la venta de cuota según a quién se venda. Por ejemplo, la flota vasca ha vendido su cuota a otra pesquería artesanal, a otra flota artesanal, como puede ser la de almadraba, por ejemplo, porque en ese momento no podía pescar pero seguía siendo dueña de esa cuota. Yo creo que el concepto de flota artesanal que tanto se ha tratado y desarrollado no es solo el que se indica. Hay otras flotas artesanales, porque la flota artesanal no se mide por el tamaño del barco, sino por las artes que utiliza, por la tradición que tiene, por la sostenibilidad, por los usos que hace, aunque el barco tenga más metros que una pequeña barquita que pueda operar en algunos sitios. El ejemplo más claro es la flota de bajura del País Vasco.
Por tanto, sintiéndolo mucho, no vamos a apoyar esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Campos Arteseros): Gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Postius.
Con relación a la proposición no de ley de Coalición Canaria, el Grupo Catalán entiende que debe haber una regulación global de la cuota de pesca y de atún rojo en todo el Estado y, aunque comprendemos los motivos de esta proposición no de ley, consideramos que antes de modificar la orden ministerial se debería hacer un debate en profundidad de la situación del atún rojo. Por tanto, esta propuesta no va a contar con nuestro apoyo.
El señor VICEPRESIDENTE (Campos Arteseros): Gracias, señor Postius.
Señorías, hoy disponemos de una magnífica oportunidad para desmontar esa crítica que se nos formula de manera sistemática y que nos culpa de una probada incapacidad para alcanzar puntos de entendimiento. El problema que hoy intentamos zanjar en esta Comisión y que afecta a la pesca artesanal de Canarias no puede encontrar una puerta de salida distinta a la reparación de una situación de injusticia y de claro ejemplo de agravio comparativo, como se ha puesto de manifiesto con los datos que hemos escuchado en el transcurso de esta Comisión. Por tanto, este punto que abordamos nos brinda la oportunidad de poner punto y final a una situación incomprensible para los profesionales de la mar en Canarias y constituye una extraordinaria oportunidad para recuperar un término tan escaso como muy valorado en política como es el consenso. Pero a los dos aspectos anteriormente señalados se les une la
singular ocasión de concretar, con la resolución del problema que hoy tratamos, un gesto que alcanza la condición de guiño político cargado de sensibilidad con una tierra que, por su condición de región ultraperiférica, requiere de hechos que en esta legislatura demuestren una comprensión fehaciente de sus singularidades y peculiaridades, porque los indicadores sociales y económicos de Canarias se han visto agravados con la envestida de la crisis y, como ya se ha dicho, más de 1.200 familias viven de esta actividad en Canarias. En otras palabras, señorías, con la solución de la cuestión que nos ocupa comenzaremos a avanzar en el camino para que la ciudadanía canaria perciba y comparta la sensación de que estamos cerca del centro de las preocupaciones de las distintas formaciones con representación en esta Cámara y, especialmente, en esta Comisión. Por tanto, el Partido Socialista apoyará, como no podía ser de otra manera, esta enmienda transaccional.
El señor VICEPRESIDENTE (Campos Arteseros): Gracias, señora Raya.
Damos por concluido este último punto y el señor presidente ocupará de nuevo la Presidencia para ordenar las votaciones. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
El señor PRESIDENTE: Suspendemos un minuto para ordenar las transaccionales. (Pausa).
Señorías, comenzamos la votación.
La delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia del artículo 44 ya fue votada por asentimiento por lo que pasamos a votar, en primer lugar, el punto 2.º del orden del día, que es la proposición no de ley sobre la situación del sector lechero. Se va a votar en los términos de la enmienda transaccional que ha sido presentada y que me imagino todos los portavoces tienen en su poder.
El punto 3.º del orden del día fue retirado, por tanto, pasamos a votar el punto 4.º, que es la proposición no de ley sobre la anulación de la prórroga de la concesión otorgada a ENCE Energía y Celulosa, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se vota en los términos de la transaccional que también ha sido presentada a la Mesa y que me imagino tendrán todos los portavoces.
Ahora pasamos a votar un solo texto correspondiente al punto 5.º, proposición no de ley sobre medidas para luchar contra el desperdicio de alimentos, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista; punto 6.º, proposición no de ley sobre la prohibición de tirar alimentos aptos para el consumo humano y la reducción del despilfarro alimentario, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y punto 8.º, proposición no de ley sobre la disminución del desperdicio de alimentos en el sector de la distribución, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se va a votar el texto conjunto presentado por los grupos parlamentarios autores de las iniciativas con las enmiendas que han sido incorporadas, es decir, un texto único transaccional.
Por último, votamos el punto 7.º del orden del día, proposición no de ley sobre el reparto de la cuota de atún rojo a la Comunidad Autónoma de Canarias, a iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto de Coalición Canaria. Se va a votar la enmienda transaccional presentada a la Mesa y que conocen todos los portavoces.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; en contra, 1; abstenciones, 2.
Recuerdo a los portavoces que ya recibirán la convocatoria para la reunión de la Mesa de la Comisión, que se celebrará el martes o el miércoles.

References: artículo 44
 resolución 
 artículo 44
 artículo 101
 artículo 1
 real decreto 
 resolución 
 resolución 
 real decreto 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 17
 resolución 
 artículo 44