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Timestamp: 2014-03-12 15:20:40+00:00

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Dfensor Astrid Puentes Riaño, Elementos de discusión acerca de la exigibilidad y justiciabilidad del ambiente como derecho humano
Elementos de discusión acerca de la exigibilidad y justiciabilidad del ambiente como derecho humano**
Una de las consecuencias de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos es que su efectividad real depende del reconocimiento y la eficacia de cada uno de ellos. Es claro que no puede hablarse del disfrute de la dignidad humana si, por ejemplo, una persona es sometida a torturas y tratos degradantes. De manera similar, el disfrute de los derechos a la vida, la salud y la dignidad no son reales en un sitio donde el aire y el agua que consume están altamente contaminados, o cuando una persona o un grupo de personas deben forzosamente abandonar su casa por causa de un derrame de residuos peligrosos en las inmediaciones.
La vinculación del ambiente con el disfrute de los derechos humanos es clara y ha sido ampliamente reconocida.1 Sin embargo, este reconocimiento en ocasiones ha sido más político y formal, que material. Si bien el derecho humano al ambiente sano está reconocido en múltiples constituciones del mundo y la jurisprudencia internacional lo ha tutelado de diversas maneras, no existen mecanismos de exigibilidad internacional directa aplicables para éste.
Lo anterior no implica que la exigibilidad del derecho al ambiente sano y derechos ambientales conexos no exista. La exigibilidad del ambiente como derecho humano ha sido posible a través de la estrecha vinculación con otros derechos humanos. Judicialmente, se ha recurrido a este vínculo para protegerlo mediante los mecanismos de protección de los derechos civiles y políticos tradicionales.
La exigibilidad de los derechos ambientales mediante este mecanismo es una protección inicial, que deberá evolucionar para adecuarse a todas las particularidades que los derechos ambientales implican. De la misma manera que por la desaparición forzada sólo puede ser responsabilizado el Estado, para el caso de derechos ambientales hay ciertas particularidades que deben tenerse en cuenta para determinar los instrumentos idóneos de exigibilidad. El daño, la comprobación y responsable de las violaciones a derechos humanos, así como las víctimas y maneras de reparación son algunos de los elementos que diferencian los derechos ambientales de los demás derechos humanos. Por ende, la descripción y reflexión acerca de estos elementos es necesaria para la protección adecuada de estos derechos. Adicionalmente, permiten tener herramientas adicionales de reflexión que motiven el desarrollo hacia la exigibilidad más eficiente de los derechos humanos, para su protección universal.
Reconocimiento de derecho humano al ambiente sano
Las discusiones acerca de la definición y fundamentación de los derechos humanos, sus categorías, jerarquías y conceptualización son muy amplias, y exceden la intención del presente escrito. Por lo tanto, es relevante aclarar, que asumimos el concepto de derechos humanos en este artículo como una universalidad integrada por los derechos civiles y políticos y por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dentro de los cuales se incluyen los derechos ambientales. En esta medida, las diferencias de los derechos no son sustanciales sino derivadas del grado de obligatoriedad que los Estados tienen para su reconocimiento, exigibilidad y eficacia.2 Consideramos que la división es doctrinaria y responde al origen del reconocimiento de cada uno de estos derechos.3
El reconocimiento del derecho al ambiente sano es reciente en comparación con otros derechos humanos. A
nivel global, la Declaración de Estocolmo de 1972 reconoció que las personas tienen derecho “a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal, que les permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”.4 Posteriormente, en la Declaración de Río de 1992 se reconoce el derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,5 incluyendo, a su vez, elementos procedimentales esenciales en materia ambiental, como el derecho al acceso a la información, a la participación y al acceso a la justicia.6 Regionalmente, vale la pena resaltar que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos reconoció “la necesidad de promover la protección del medio ambiente y el pleno goce de todos los derechos humanos”.7
Sin embargo, éstas son sólo Declaraciones de los Estados que no son vinculantes. De esta manera, si bien evidencian una tendencia internacional, no son constitutivos de obligaciones para los Estados y, por lo tanto, su exigibilidad no pasa del ámbito político. A pesar de ello, y como se explicará posteriormente, estos instrumentos son útiles para la interpretación de los derechos y la aplicabilidad de los mismos en casos concretos.
Hay otros instrumentos internacionales que reconocen el derecho al ambiente sano y que, además, son vinculantes para los Estados. La Carta Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos que entró en vigor en 1986 es uno de ellos.8 Un reconocimiento más explícito se consagra en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.9 El Sistema Europeo de Derechos Humanos no hace un reconocimiento expreso de este derecho, aunque se ha pronunciado en algunos casos relacionados con afectaciones ambientales, protegiendo los derechos humanos afectados en dichas circunstancias.10 A nivel nacional, el reconocimiento del derecho al medio ambiente sano también es extenso. De aproximadamente 193 naciones en el mundo, 117 constituciones mencionan la protección al ambiente y a los recursos naturales, 109 reconocen el derecho al medio ambiente sano y/o la obligación del Estado a prevenir los daños y 56 constitucionesreconocen explícitamente el derecho al ambiente sano y saludable.11
Ahora bien, el derecho humano al ambiente sano tiene diferentes componentes cuya garantía determina a su vez, la protección de éste. El acceso y adecuada calidad del agua, el aire limpio de contaminantes que afecten la salud, un suelo libre de contaminantes que podrían afectar el disfrute de la vivienda, el equilibrio ecológico, la protección de la diversidad biológica, relacionada por ejemplo con la disponibilidad y calidad de los alimentos, medicinas y actividades tradicionales, y la prevención y remediación de los daños al ambiente, son elementos esenciales del derecho al ambiente sano. Adicionalmente, existen otros elementos procedimentales que garantizan también la efectividad del derecho a un ambiente sano, como el derecho a la información, a la participación y al acceso a la justicia. Estos elementos son en sí mismos derechos humanos, por lo cual su exigibilidad y justiciabilidad, recordando el concepto de universalidad e interdependencia, también son vitales.
A pesar de la importancia del ambiente para la humanidad y de inclusión en diversos instrumentos internacionales, regionales y nacionales, el reconocimiento del derecho no ha implicado la efectividad del mismo. Por lo tanto, es útil evaluar la situación actual e identificar algunos elementos de su exigibilidad presentes y necesarios a desarrollar en el futuro.
Exigibilidad del derecho al ambiente sano
La búsqueda de mecanismos para lograr la justiciabilidad del derecho humano al ambiente sano se fundamenta más en razones pragmáticas que académicas o filosóficas, aunque puedan estar relacionadas. La necesidad de una efectiva protección del ambiente, como derecho humano, obedece al incremento, en cantidad y magnitud, de los riesgos que la explotación de los recursos naturales y la degradación ambiental implican para la humanidad.12
A pesar de los riesgos de estas actividades, el funcionamiento de los mecanismos de derechos humanos existentes no brinda las soluciones requeridas para los casos ambientales. Por ende, es necesario adecuarlos a los requerimientos particulares que los casos de degradación ambiental presentan. De la misma manera que para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y para la protección de los derechos de las mujeres,13 la protección de los derechos ambientales requiere el desarrollo de estándares particulares que aseguren su exigibilidad.
por conexión con otros derechos
Si bien a nivel internacional no existen mecanismos de exigibilidad directa para el derecho al ambiente sano, esto no implica que el derecho no pueda protegerse. Existen varios casos ante la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que protegen el derecho al ambiente sano, a través de la vinculación de éste con otros derechos humanos. De esta manera, mientras se desarrollan en el sistema elementos y parámetros de exigibilidad directa, los derechos ambientales pueden protegerse a través de la vinculación con otros derechos cuya exigibilidad es directa.14
Como resultado de esta estrategia implementada en las peticiones, la Comisión específicamente reconoció el derecho al ambiente sano en conexión con el derecho a la vida y a la preservación de la salud y el bienestar.15 Adicionalmente, ha reiterado otros elementos útiles para la protección del ambiente, como considerar que la construcción de una carretera sin la implementación de medidas necesarias de protección a las comunidades afectadas, desconoce el derecho a la salud, a la vida y a la cultura de estas comunidades.16 Asimismo, que el derecho a la propiedad también implica la obligación de proteger y demarcar las tierras de las comunidades, particularmente cuando éstas puedan verse afectadas por proyectos de explotación de recursos naturales como las concesiones forestales o actividades petroleras.17 Es claro, entonces, para la Comisión, que “cuando la contaminación y la degradación del medioambiente constituyen una amenaza persistente a la vida y la salud del ser humano, se comprometen dichos derechos [a la vida y la salud]”.18
La Corte Interamericana también ha reconocido, específicamente, que las afectaciones ambientales implican la vulneración de derechos humanos. En la sentencia del caso de la Comunidad Awas Tingni en Nicaragua, la Corte concluyó que las concesiones y talas forestales en territorios de la comunidad desconoció el derecho a la propiedad, que para el caso específico de los indígenas, tiene una dimensión particular por la relación espiritual y la dependencia de su cultura con sus tierras.19 En el mismo sentido, en el caso Yakye Axa contra Paraguay, la Corte reiteró la importancia que para la comunidad indígena tiene la tierra, en relación con los demás derechos humanos.20
Adicionalmente, la Corte reconoce y protege el derecho a la vida afectado por la degradación ambiental, pues considera que el derecho a la vida contempla “no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se generen condiciones que le impidan o dificulten el acceso a una existencia digna”.21
Además de los derechos a la vida, a la dignidad y a la propiedad privada referidos anteriormente, también es posible alegar en algunos casos la degradación ambiental, la vulneración de otros derechos como la violación al derecho al acceso a la justicia y la inexistencia de mecanismos idóneos de protección.22 Esto es particularmente importante en el sistema internacional que hace más complicada la protección de derechos humanos que afectan a colectividades.
Las decisiones, tanto de la Corte, como de la Comisión abren la posibilidad para que a través de la vinculación del ambiente con los demás derechos humanos, pueda obtenerse la protección de este derecho. Vale la pena resaltar que hasta el momento los casos de reconocimiento de la afectación al ambiente con el derecho a la vida y a la propiedad se han referido fundamentalmente a comunidades indígenas que habitan zonas rurales. Queda pendiente el desarrollo de estos derechos para otras comunidades, como afrodescendientes o campesinos, cuya vida y cultura también depende de los recursos naturales y de condiciones adecuadas ambientales.
Otro aspecto a desarrollar en el Sistema Interamericano es la protección del ambiente en relación con la contaminación industrial. No exclusivamente para comunidades indígenas, sino también para el resto de las personas. Al respecto, es pertinente hacer referencia a la jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, que aporta avances importantes en este sentido.
Las decisiones del Tribunal Europeo se desarrollan también a partir de la vinculación del ambiente con los demás derechos humanos, por cuanto que este sistema no protege explícitamente este derecho. En virtud de este vínculo, el Tribunal ha reconocido por ejemplo que la contaminación industrial severa causada por olores y humos contaminantes,23 el ruido excesivo24 o cambios importantes en el entorno, pueden afectar el derecho de las personas al disfrute de su propiedad y de su vida privada. Este Tribunal considera, además, que los Estados tienen la obligación de implementar acciones con el fin de proteger el derecho a la vida de las personas bajo su jurisdicción, obligación que en materia ambiental se aplica a cualquier actividad pública o privada que pueda amenazar el derecho a la vida, como son las actividades industriales que por su misma naturaleza, son actividades riesgosas.25
Es posible incorporar las decisiones anteriormente citadas del Tribunal Europeo, así como otros tratados internacionales que puedan contribuir para el desarrollo de la protección del derecho al ambiente sano como derecho humano, en el Sistema Interamericano. De hecho, el Sistema reconoce que los tratados y los sistemas de protección son dinámicos, por lo cual acepta la necesidad de recurrir a otros instrumentos para la interpretación, aun cuando éstos no sean parte del Sistema.26
Precisamente, recurriendo a esta posibilidad, la Comisión hizo referencia a un caso en que la Comisión Africana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad del Estado nigeriano por el grave daño a la propiedad y al estilo de vida de la comunidad Ogoni y sus miembros, afectados por el desarrollo irresponsable de actividades petroleras.27
La Comisión consideró por primera vez un caso general o colectivo en relación con la denuncia de torturas, vejaciones y malos tratos contra personas detenidas por parte del Estado de Brasil.28 De acuerdo con la Comisión, un caso es general cuando: las víctimas constituyen un grupo identificable con base en una situación circunstancial o de otro tipo, las víctimas constituyen un grupo identificable con base en una situación circunstancial o de otro tipo, las violaciones surgen de un incidente particular, o de un hecho común, y las violaciones se refieren al mismo derecho o a derechos relacionados.29 Determinó, además, la Comisión, que considerando las particularidades del caso general, no requería del agotamiento de recursos internos para la admisibilidad de la petición.30
La posibilidad de proteger los derechos de grupos de personas y comunidades ha evolucionado en el SIDH a partir de la decisión de este caso. La Comisión ha admitido repetidamente casos por violaciones a derechos humanos de comunidades cuyos miembros sean identificables.31 En el mismo sentido, la Corte ha “ordenado la protección de una pluralidad de personas que no han sido previamente nominadas, pero que sí son identificables y determinables”.32
Diferencias en la titularidad y la legitimación
El derecho al ambiente sano tiene un doble carácter, como derecho individual y como derecho colectivo.33 El reconocimiento del derecho al ambiente sano individual, como se explicó anteriormente, responde a la vinculación con las condiciones que las personas necesitan para existir. La titularidad del derecho al ambiente como derecho humano colectivo responde a la concepción del interés público que protege y que es compartido por la colectividad que disfruta el ambiente.
Esta doble titularidad del derecho subjetivo se reconoce en varias constituciones de los Estados americanos como Brasil, Costa Rica, Perú y Venezuela.34 Vía jurisprudencia, Argentina35 y Chile36 han adoptado también el reconocimiento en su doble acepción. Colombia reconoce el derecho al ambiente sano únicamente como derecho humano colectivo,37 mientras que en México su carácter es meramente individual.38
La titularidad del derecho desde la doble concepción individual y colectiva implica, de la misma manera, el establecimiento de mecanismos que permitan su exigibilidad. De esta forma, a nivel nacional la acción de amparo o de tutela es la herramienta idónea de protección del derecho humano al ambiente sano, al igual que se establece para el resto de derechos humanos. Para la protección de derechos colectivos, como el ambiente, existen los amparos colectivos —Argentina,39 Costa Rica,40 y Perú41— o las acciones populares, de clase o de grupo —Brasil, Colombia, Estados Unidos.42
Sin embargo, estas posibilidades de protección de derechos humanos colectivos no son posibles en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los derechos humanosregionalmente se reconocen en la Convención Americana a las personas, entendidas como todo ser humano.43 En el mismo sentido, el sistema de peticiones se consagra también con carácter individual o en cabeza de grupos de personas, siempre y cuando sus miembros sean individualizados o puedan serlo, según se hizo referencia anteriormente.
En este orden de ideas, al no brindar el Sistema Interamericano mecanismos de exigibilidad para derechos colectivos como el ambiente, cuando los sistemas nacionales no son eficientes en la protección de derechos humanos colectivos, no existe una herramienta subsidiaria a la cual recurrir. La Comisión Interamericana se pronunció al respecto en el caso del Parque Natural Metropolitano de Panamá, cuya admisión fue rechazada por la Comisión por no identificar una víctima concreta, individualizada y determinada, argumentando que no podía asumir un caso en abstracto.44
Esto no implica que la protección no sea posible del todo. Significa que para casos de violaciones al derecho colectivo al ambiente, cuya judicialización se haya intentado a nivel nacional mediante acciones colectivas y éstas no hayan sido efectivas para remediar la violación, deberá necesariamente individualizarse la o las víctimas de la violación, entonces, para acudir al Sistema Interamericano. De lo contrario, los casos serán rechazados por la Comisión, argumentando la improcedencia por lo abstracto de las violaciones. Estos casos podrían ser viables incluso interponiendo las peticiones en nombre, por ejemplo, de un habitante de la zona afectada por la degradación ambiental, o del representante de una organización de personas que directamente sufran por estos impactos, v. gr. asociaciones de vecinos, grupos de comunidades indígenas o grupos de consumidores o usuarios.
Diferencias de temporalidad y magnitud de impactos
Otra de las particularidades de los casos ambientales en la afectación de derechos humanos son los daños que se causan y el margen de tiempo en el que las violaciones a los derechos humanos se manifiestan. Así, un caso de desaparición forzada se identifica inmediatamente, igual que casos de tortura ejercida por un Estado. Hay casos de degradación ambiental cuyos daños pueden determinarse también inmediatamente, por ejemplo, en accidentes con transporte de residuos peligrosos, la explosión de una fábrica de sustancias químicas o un derrame de petróleo masivo.
Sin embargo, también hay casos ambientales en donde los daños se demoran mucho más tiempo en evidenciarse. Piénsese en el uso de un plaguicida cuyos impactos en la salud o el ambiente son acumulativos, por lo cual sus impactos requieren años en manifestarse.
El factor del tiempo tiene otra dimensión en relación con el ambiente y el impacto que puede causar en las personas y en los ecosistemas. En el caso de emisiones de sustancias contaminantes al ambiente como el dióxido de azufre, los impactos dependen de la concentración de la sustancia en el aire y el tiempo de estas exposiciones. Así, pueden ocasionarse impactos derivados de concentraciones muy altas en momentos determinados de tiempo, y otros daños por la exposición a concentraciones bajas pero que sean constantes en el ambiente.
Estos aspectos deberán ser tenidos en cuenta tanto por las víctimas, como por los Jueces, nacionales e internacionales, al estudiar los casos presentados. Las víctimas y sus representantes tienen una responsabilidad particular en estos casos, en la determinación del nexo causal entre el daño y los impactos que se denuncian. Adicionalmente, deberán argumentar claramente respecto del tiempo en que se enteraron de los impactos y las acciones u omisiones del Estado, para ser tenido en cuenta en la evaluación del plazo dentro del cual los recursos se presentan.
Los elementos anteriormente descritos evidencian que los casos de degradación ambiental tienen ciertas particularidades que deben considerarse para lograr su exigibilidad. La estrecha vinculación del ambiente con los demás derechos humanos permite su protección mediante el uso de los mecanismos tradicionales para la protección de derechos humanos. Se requiere, además, del desarrollo de estándares de exigibilidad particulares para casos ambientales en los sistemas de derechos humanos, para alcanzar la verdadera protección de los derechos humanos de manera universal.
* Legal Director de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
**Este texto fue publicado en Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos México-Comisión Europea, Secretaría de Relaciones Exteriores, primera edición, México, 2005, págs. 441-452.
1 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, AG/RES. 1819 (XXXI-O/01), 2 de junio, 2001, Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, AG/RES. 1896 (XXXII-O/02), 4 de junio 2002, Reunión de Expertos en Derechos Humanos y Ambiente, Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Texto Final, Enero 16, 2002, Núm. 12, véase también Dinah Shelton, “Environmental Rights in Multilateral Treaties Adopted between 1991 and 2001”, Joint UNEP-OHCHR Expert Seminar on Human Rights and the Environment, Ginebra, enero de 2002. 2 Víctor Abramovich, “Líneas de Trabajo en Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Herramientas y Aliados”, SUR Revista Internacional de Derechos Humanos, Red Universitaria de Derechos Humanos, Año 2, Núm. 2, 2005, pp. 195-232, p. 197.
3 Victoria Camps, Evolución y características de los derechos humanos, los fundamentos de los derechos humanos desde la filosofía y el derecho, Colectivo EDAI, 1998, p. 18.
4 Conferencia de las Naciones Unidas para el Ambiente y Desarrollo, Declaración de Río, UN A/Conf.48/14/rev.1, Río de Janeiro, 1992.
5 Declaración de Río de Janeiro, Principio 1. UN A/CONF.151/26 (Vol. I).
6 Ibídem, Principio 10.
7 OEA/Ser.P, AG/RES. 1819 (XXXI-O/01), 5 de junio de 2001. Disponible en http:// www.oas.org/juridico/spanish/ag01/agres_1819.htm.
8 Carta Africana de Derechos de Humanos y de los Pueblos, Artículo 24. XVIII Asamblea de la Organización de la Unidad Africana, Nairobi, Kenia, 27 de julio de 1981.
9 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). Artículo 11. El Protocolo fue adoptado en noviembre de 1998, entró en vigor el 16 de noviembre de 1999 y cuenta en la actualidad con 19 Estados signatarios miembros de la OEA (http://www.cidh.org/Basicos/basic6.htm).
10 Véase, por ejemplo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Fadeyeva vs. Rusia, Sentencia, junio 9, de 2005; Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso de Öneryildiz vs. Turquía, Sentencia, noviembre 30 de 2004.
11 Earthjustice, Environmental Rights Report, Human Rights and the Environment- Materials for the 61st Session of the United Nations Commission on Human Rights, Ginebra, abril de 2005, p. 37. Disponible en http://www. earthjustice. org/regional/international/2005_ENVIRONMENTAL_RIGHTS_REPORTrev.pdf.
12 De acuerdo con el doctor Rodolfo Arango, la naturaleza de los derechos humanos se puede fundamentar en la teoría del daño y del riesgo, en virtud de la cual habría una corresponsabilidad de la sociedad para su protección. Presentación en Seminario Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, México, D.F., agosto de 2005.
13 Ana Elena Badilla e Isabel Torres, “La protección de los derechos de las mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, en El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y de los derechos de las poblaciones migrantes y las mujeres, los pueblos indígenas y los niños, las niñas y los adolescentes, San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 2004, pp. 91-190, p. 108.
14 Víctor Abramovich, “Líneas de trabajo en Derechos Económicos, Sociales y Culturales: herramientas y aliados”, SUR Revista Internacional de Derechos Humanos, Año 2, Núm. 2, Red Universitaria de Derechos Humanos, 2005, pp. 195- 232, p. 199.
15 CIDH, Informe Núm. 40/04, Caso 12.053, Informe de Méritos, Comunidades Indígenas Maya del Distrito de Toledo, párr. 46.
16 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución Núm. 12/85, Caso Núm. 7615, Yanomami vs. Brasil, 5 de marzo de 1985.
17 Véase, por ejemplo, CIDH, Informe Núm. 40/04, Caso 12.053, párr. 5; CIDH, Informe Núm. 62/04, Admisibilidad de Caso Pueblo Indígena Kiwcha de Sarayacu y sus Miembros.
18 CIDH, Informe Anual 1997, Capítulo VIII.
19 Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Sentencia 31 de agosto, 2001, párrs. 148 y 149.
20 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia 17 de junio de 2005. párrs. 51, 124, 131.
21 Ibídem, párr. 161.
22 CIDH, Informe Núm. 40/04, Caso 12.053, Informe de Méritos, Comunidades Indígenas Maya del Distrito de Toledo, párr. 175.
23 EDH, Caso López Ostra vs. España, Sentencia, Caso Núm. 303, 9 de diciembre de 1994.
24 TEDH, Caso Hatton y otros vs. Reino Unido, TEDH 2001\567, 2 de octubre de 2001.
25 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso de Öneryildiz vs. Turquía, noviembre 30 de 2004, párr. 71. Véase, también, Guerra y Otros.
26 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia 17 de junio de 2005, párrs. 125, 127; Corte IDH, “Otros Tratados” Objeto de la Función Consultiva de la Corte, Opinión Consultiva OC-1/82 24 de septiembre de 1982, párr. 43.
27 CIDH, Informe Núm. 40/04, Caso 12.053, Informe de Méritos, Comunidades Indígenas Maya del Distrito de Toledo, párr. 149.
28 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 1973, Sección Primera, Parte III Brasil (c), Caso Núm. 1684.
29 Robert E. Norris, “The Individual Petition of the Inter-American System for the Protection of Human Rights”, en Guide to International Human Rights Practice, Philadelfia, edited for The International Human Rights Group by Hurst Hannum, University of Pennsylvania Press, 1991, pp. 108-132; p. 131.
30 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 1973, Sección Primera, Parte III Brasil (c), Caso Núm. 1684.
31 Cfr. Caso San Mateo Huanchor y sus miembros. Informe de Admisibilidad, Informe Núm. 69/04, 15 de octubre de 2004, párr. 41.
32 Cfr. Caso Pueblo Indígena de Sarayacu. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 6 de julio de 2004, considerando noveno; Caso Pueblo Indígena Kankuamo. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de julio de 2004, considerando noveno; Caso de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 6 de marzo de 2003, considerando noveno; Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 18 de junio de 2002, considerando octavo; Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de noviembre de 2000, considerando séptimo. Además, Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia del 31 de agosto de 2001, Serie C, Núm. 79, párr. 2.
33 Germán Sarmiento, Las acciones populares en el derecho privado colombiano, Bogotá, Banco de la República, 1988.
34 Constituição da República Federativa do Brasil, Art. 225; Constitución Política de la República de Costa Rica, Artículo 50, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San José, Costa Rica, Res. 2002-02486, 8 Marzo 2002; Constitución Política de la República de Ecuador, Artículos 23.6 y 86; Sala de Derecho Constitucional y Social, Exp. Núm. 383-95, Lima, 26 Octubre 1995; Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, art. 127.
35 “Kattan, Alberto y otro”, c/Gobierno Nacional (poder ejecutivo argentino) s/amparo nulidad de las resoluciones s.s.p. 1942 del 13 de diciembre de 1982 y 50 s.s.p. del 3 de febrero de 1983 (ed, 105-245, ll 1983 –d-575). Juzgado de 1ra. instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de Argentina Núm. 2 fecha 10/5/83.
36 Poder Judicial, 19 de marzo de 1997, Núm. 2.732-96, [Caso Trillium]. Párr. 13, vistos.
37 Constitución Política de Colombia, 1991, artículo 79.
38 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4.
39 “Kattan, Alberto y otro”, c/Gobierno Nacional (poder ejecutivo argentino) s/amparo nulidad de las resoluciones s.s.p. 1942 del 13 de diciembre de 1982 y 50 s.s.p. del 3 de febrero de 1983 (ed, 105-245 , ll 1983 –d-575). Juzgado de 1ra. instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de Argentina Núm. 2 fecha 10/5/83.
40 Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 50; Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto Núm. 3705-93, julio 30 de 1993, Considerando VI, y Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Res. 2002-02486, Marzo 8 de 2002. Considerando I.
41 Constitución Política del Perú, 1993, artículo 2, párr. 22.
42 Congreso Nacional de Brasil, Ley Núm. 7.347, 24 de julio de 1985, Congreso de la República de Colombia, Ley 472, 1997; Efraín Pérez, Derecho Ambiental, Bogotá, McGraw-Hill, Serie Jurídica, 2000, p. 111. 43 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1.2.
44 Faúndez Ledesma, Héctor, “Los derechos económicos, sociales y culturales en el Sistema Interamericano”, en El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: su jurisprudencia sobre debido proceso, DESC, libertad personal y libertad de expresión, t. II, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004. Cfr. Informe Núm. 88/93, Petición 11.533, Inadmisibilidad PM, Panamá, 22 de octubre de 2003, párrs. 1, 12-15, 28-34, p. 133. Agradecemos al Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos México-Comisión Europea su autorización para la publicación de este ensayo.

References: Artículo 24
 Artículo 11
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 50
 artículo 79
 artículo 4
 artículo 50
 artículo 2
 artículo 1