Source: http://espanito.com/tribunal-de-justicia-de-la-comunidad-andina-v9.html
Timestamp: 2019-05-25 11:40:10+00:00

Document:
Interpretación prejudicial de los artículos 1, 13, 52 y 53 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; y, de oficio, de los artículos 4 literal a), 5, 6, 7, 11 y 57 de la misma Decisión. Caso: Derechos de autor. Proceso interno Nº 1910-2005.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil siete.
La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta Doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa a los artículos 1, 3, 13, 52 y 53 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 1910-2005;
El auto de 21 de marzo de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,
a) Partes en el proceso interno
Demandante: PROMOCIÓN EDITORIAL INCA S.A. PEISA Y LEONIDAS YEROVI DÍAZ. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI y Alberto Álvarez Calderón Wells.
1. El 24 de diciembre de 1998, PROMOCIÓN EDITORIAL INCA S.A. PEISA Y LEONIDAS YEROVI DÍAZ interpusieron denuncia por infracción a los derechos de autor contra Alberto Álvarez Calderón Wells, “al haber éste reproducido, comercializado y modificado la obra ‘MAS ALLA DEL AROMA’ (sic) sin la autorización previa y por escrito del autor de la misma” y al haber “reproducido y modificado sin la autorización del autor, una fotografía publicada en la página 45 de la obra denominada ‘ALBUM DE ARENA’ (sic)”. La Oficina de Derechos de Autor admitió a trámite la denuncia bajo el número 1272-1998/ODA. El 30 de diciembre de 1998, se efectuó la incautación de los ejemplares de la obra denunciada encontrados en los talleres de Editorial e Imprenta DESA S.A. El 6 de enero de 1999, Alberto Álvarez Calderón Wells absolvió el traslado de la denuncia.
El 22 de enero de 1999, PROMOCIÓN EDITORIAL INCA S.A. PEISA Y LEONIDAS YEROVI DÍAZ señalaron que nunca suscribieron convenio de coautoria con el señor Alberto Álvarez Calderón Wells.
El 5 de febrero de 1999 se realizó diligencia de conciliación. Posteriormente el demandado solicitó que se realice una pericia literaria. Alberto Álvarez Calderón Wells señaló ser el único autor de la obra originaria inédita constituida por la biografía y anecdotario de su tío bisabuelo Andrés Álvarez Calderón y Olaechea.
2. El 1 de marzo de 1999, Alberto Álvarez Calderón Wells, solicitó la cancelación de la Partida Registral Nº 0433-1998 correspondiente a la novela “Más allá del aroma” registrada a favor de Leonidas Yerovi Díaz, indicando que “fue otorgada en base a datos falsos o inexactos, en la medida que no tiene la condición de obra originaria ni exclusiva de Leonidas Yerovi Díaz”, una vez admitida a trámite la denuncia la Oficina de Derechos de Autor bajo el expediente número 000227-1999/ODA, acumuló la solicitud de cancelación de la Partida Registral y la denuncia de infracción contra derechos de autor, con el número 1272-1998/ODA.
PROMOCIÓN EDITORIAL INCA S.A. PEISA Y LEONIDAS YEROVI DÍAZ, solicitaron una pericia literaria y un análisis grafotécnico, ya que los “folios mecanografiados presentados (…) no pueden ser considerados como una novela o cualquier otro tipo de obra literaria, debido a su falta de estructura, la inexistencia de personajes, la ausencia de trama y de buena ortografía, así como la pobreza de la prosa”. Mientras que Alberto Álvarez Calderón Wells indicó que se incurrió en plagio “porque para elaborar su novela utilizó parte de los textos inéditos de su exclusiva autoría y que él mismo le proporcionó”.
3. El 18 de mayo de 1999, Alberto Álvarez Calderón Wells interpuso denuncia de infracción a los derechos de autor en la modalidad de plagio contra Leonidas Yerovi, por la utilización de “sus textos mecanografiados inéditos, los que constituyen una obra desde la perspectiva del Derecho de Autor, adaptándolos al género de novela”, aceptada la denuncia por la Oficina de Derechos de Autor, fue signada con el número 000524-1999/ODA, la cual fue acumulada a los procesos ya acumulados con el número 1272-1998/ODA.
4. Por Resolución Nº 0199-1999/ODA-INDECOPI, de 17 de septiembre de 1999, la Oficina de Derechos de Autor decidió: “PRIMERO.- DECLARAR FUNDADA la denuncia presentada por PROMOCIÓN EDITORIAL INCA S.A. PEISA Y LEONIDAS YEROVI DÍAZ (…) por infracción al derecho de divulgación, integridad y reproducción, en consecuencia, sanciónese a ALBERTO ALVAREZ CALDERON WELLS (sic) con una multa de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (…). SEGUNDO.- DECLARAR FUNDADA la denuncia presentada (sic) ALBERTO ALVAREZ CALDERON WELLS (sic) en contra de LEONIDAS YEROVI DIAZ (sic) por plagio, en consecuencia, sanciónese a LEONIDAS YEROVI DIAZ (sic) con una multa de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (…) y prohíbase a LEONIDAS YEROVI DIAZ (sic), la producción, divulgación, publicación, distribución, comercialización o cualquier forma (sic) explotación o uso de la obra ‘MAS ALLA DEL AROMA’ (sic), hasta tanto no haya extraído los párrafos plagiados de los manuscritos de ALBERTO ALVAREZ CALDERON WELLS (sic) (…). TERCERO.- DECLARAR FUNDADA LA SOLICITUD DE CANCELACION (sic) A LA PARTIDA REGISTRAL Nº 0433-1998, presentada por ALBERTO ALVAREZ CALDERON WELLS (sic), al haberse acreditado que LEONIDAS YEROVI DIAZ (sic) ha plagiado en parte, la obra de ALBERTO ALVAREZ CALDERON WELLS (sic) (…). CUARTO.- ORDENAR LA INCAUTACION (sic) DEFINITIVA Y POSTERIOR DESTRUCCIONES DE LOS MATERIALES INCAUTADOS (…)”.
5. Contra dicha Resolución, tanto, ALBERTO ÁLVAREZ CALDERÓN WELLS, como, LEONIDAS YEROVI DÍAZ, presentaron recurso de apelación, reiterando sus argumentos, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, que por Resolución Nº 1641-2000/TPI-INDECOPI, de 15 de diciembre de 2000, decidió: “CONFIRMAR la Resolución Nº 199-1999/ODA-INDECOPI (…)” agregando “Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Promoción Editorial Inca S.A.-PEISA en contra de Alberto Álvarez Calderón Wells por infracción a la Ley de Derechos de Autor, en atención a la supuesta reproducción ilícita de una fotografía de titularidad de Alejandro Balaguer Saliman (…)”.
6. LEONIDAS YEROVI DÍAZ y PROMOCIÓN EDITORIAL INCA S.A. PEISA interpusieron demanda contencioso administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; el INDECOPI al contestar la demanda interpone NULIDAD contra la Resolución que admitió la demanda contencioso administrativa, la cual se declaró infundada. El 9 de febrero de 2005, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema emite sentencia en la que declara “INFUNDADA la demanda contencioso administrativa (…) interpuesta por don Leónidas Yerovi Díaz (…)”. Contra dicha sentencia el señor LEONIDAS YEROVI DÍAZ presentó recurso de apelación, el cual fue concedido y remitido a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que por providencia de 15 de septiembre de 2006, consideró que: “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación de los artículos 1, 3, 13, 52 y 53 (…) que regulan el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos; y, cuál es la debida aplicación al caso sublitis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia (…). Razones por las que SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)” y, además, remitió a este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial.
La parte actora, en su escrito de demanda, solicita que se declare la invalidez de la Resolución Nº 1641-2000/TPI-INDECOPI, también solicita que “Se declare concluido por transacción extrajudicial el proceso administrativo iniciado con nuestra denuncia (…)”.
Realiza un recuento de los hechos, donde dice que, en septiembre de 1996, Leonidas Yerovi, empezó la redacción de la novela “Más allá del aroma”, en enero de 1997, conoció al señor Alberto Álvarez Calderón Wells, con quien tuvo varias conversaciones y “le proporcionaba informaciones sobre la vida de un antepasado suyo, que coincidió con la época recreada en la obra y cuyo nombre lleva, a solicitud del propio señor Álvarez Calderón y como deferencia del autor, uno de los personajes de la obra”, en enero de 1998, terminó la versión definitiva de la novela y le obsequió un ejemplar al señor Álvarez Calderón en agradecimiento, el 3 de junio de 1998, registró la novela en el Registro de Obras del INDECOPI y contrató con PROMOCIÓN EDITORIAL INCA S.A. – PEISA la edición de la novela, en diciembre de 1998 “tomó conocimiento por el propio señor Álvarez Calderón de que éste había impreso y publicado la obra, colocándose como coautor, con dos capítulos menos, uno mutilado, dos dispuestos en orden invertido, el final cercenado y hasta la dedicatoria cambiada (…) violando así los derechos morales (…). En la carátula de esa edición ilegal (…) hizo colocar una fotografía de Alejandro Balaguer, que pertenece al libro ‘Álbum de la Arena’, editado por PROMOCIÓN EDITORIAL INCA-PEISA-, cometiendo así un doble plagio”.
Entre los hechos, la parte actora, narra que en la segunda Audiencia Conciliatoria, “las partes arribaron a un ACUERDO CONCILIATORIO, QUE TIENE LA CALIDAD DE TRANSACCIÓN EXTRACONTRACTUAL (…)” en el que: “A. EL DENUNCIADO RECONOCE QUE EL SEÑOR LEONIDAS YEROVI DÍAZ ES AUTOR DE LA NOVELA ‘MÁS ALLÁ DEL AROMA’. B. EL DENUNCIADO SE COMPROMETE A NO PUBLICAR NI COMERCIALIZAR LA OBRA OBJETO DE LA DENUNCIA”. Posteriormente, el señor Álvarez Calderón, solicitó la cancelación de la Partida Registral. Lo que continúa en la narración de los hechos son los indicados precedentemente.
La parte actora, señala como errores de hecho de la Resolución impugnada: “1. Considerar que la ‘obra’ inédita del señor Alberto Álvarez Calderón (61 páginas) fue elaborada con anterioridad a la novela ‘Más allá del aroma’, cuya autoría corresponde al señor Leonidas Yerovi Díaz (Nicolas Yerovi) (…)”, ya que en dicha conclusión se tomó en cuenta un peritaje de parte que “no fue debidamente sustentado (…) ni se permitió el trámite de las observaciones presentada por nuestra parte, violando así nuestro derecho de contradicción (…)” y “lo que falsamente se nos atribuye haber reconocido, es decir, que el señor Yerovi recibió la ‘obra’ del señor Álvarez Calderón (…). 2. Considerar que, debido a que existen coincidencias de detalle en siete párrafos en la ‘obra’ de 61 folios del señor Alberto Álvarez Calderón y la novela ‘Más allá del aroma’ del señor Yerovi, éste utilizó, tomó e incorporó partes de la ‘obra del señor Álvarez Calderón”.
En cuanto a los errores de derecho, la parte actora, dice que éstos fueron: “1. Omitir las consecuencias legales de la transacción extrajudicial (…) y que el procedimiento sólo puede continuar si hay afectación de intereses de terceros (…). Así la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI debió haber dado por concluido dicho procedimiento y no admitir a trámite una posterior denuncia (…) en la que el denunciado original se convertía en denunciante. 2. Omitir la aplicación de los artículos 3, 10, 21 y 30 de la Ley sobre el Derecho de Autor, relacionados con la titularidad del derecho objeto de protección y de los derechos patrimoniales y morales respectivos (…). 3. Dejar de aplicar el principio de legalidad objetiva (…). 4. violar el derecho al debido proceso del señor Leonidas Yerovi Díaz (…). 5. Utilizar el procedimiento administrativo como un instrumento de poder para coactar (sic) la libertad de expresión del señor Leonidas Yerovi Díaz (…). 6. Omitir la aplicación del artículo 171 de la Ley sobre el Derecho de Autor, que otorga a la inscripción en el Registro del Derecho de Autor la calidad de ‘prueba de anterioridad’ al registro. Es importante recalcar que el señor Leonidas Yerovi Díaz registró su novela ‘Más allá del aroma’ y la ‘obra’ sin título del señor Álvarez Calderón nunca fue registrada”.
d) Contestación a la demanda y audiencia de conciliación
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda “negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”. Realiza un recuento de los hechos y después expone las consideraciones por las que la presente demanda debe ser desestimada, indicando la “Improcedencia de la presente demanda por haberse producido una indebida acumulación de pretensiones (…) es pues evidente que la demanda contiene una serie de pretensiones acumuladas las mismas que no pueden resultar pretensiones principales (…) los demandantes tampoco han precisado si dichas pretensiones resultan alternativas, subordinadas o accesorias (…) esta precisión respecto a la naturaleza de las pretensiones de su escrito de demanda resulta absolutamente necesaria porque, de lo contrario, la Sala se vería en la imposibilidad de determinar los alcances de su pronunciamiento final (…) la pretensión de invalidez sólo es acumulable con la pretensión de ineficacia de manera alternativa. En efecto, la acumulación planteada hace que las pretensiones sean incompatibles entre sí”.
Como cuestión previa ilustra “brevemente a la Sala acerca del marco legal que regula los derechos de autor en el Perú”, para luego referirse a la inconsistencia de la demanda, en lo referente a los errores de la Resolución dice que “quedó plenamente acreditado (…) que la obra inédita del señor Alberto Alvarez (sic) Calderón Wells (…) fue creada con anterioridad a la novela ‘MAS ALLA DEL AROMA’ (sic) que escribiría luego Leonidas Yerovi Díaz” y que también “ha quedado demostrado que la autoridad administrativa no vulneró el derecho de contradicción de los ahora demandantes por haber desestimado las observaciones, que EXTEMPORANEAMENTE (sic) estos formularon. Por tanto, este extremo de la demanda también resulta infundado (…)”. Sobre el “acuerdo conciliatorio” dice que “dicho acuerdo sólo representó un acuerdo parcial, razón por la cual la Oficina no podía disponer el archivamiento (sic) del procedimiento, por cuanto el archivo del procedimiento únicamente procede cuando existe un acuerdo total respecto de todos los puntos controvertidos. Con relación al registro de la obra “Más allá del aroma”, sostiene que el goce y ejercicio de los derechos no se encuentra sujeto al cumplimiento de ninguna formalidad, “preceptos contenidos en los artículos 52 y 53 de la Decisión 351 (…) la inscripción de las obras y demás bienes intelectuales protegidos por la ley es simplemente declarativa y facultativa, y no constitutiva de derechos (…) la no inscripción de la obra del señor Alvarez (sic) Calderón, en el registro de derechos de autor, no legitima al ahora demandante (…) para infringir, tal como quedó acreditado, los derechos de autor en la modalidad de plagio ‘inteligente’ de aquella obra, no obstante haber procedido a la inscripción de la novela ‘Más Allá del Aroma’ en el mencionado registro”.
Alberto Jorge Álvarez Calderón Wells, tercero interesado en el proceso, contestó la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos. Dice que “en el Expediente Administrativo que dio origen a dicha Resolución se acreditó a plenitud los ilícitos cometidos por el PLAGIARIO LEONIDAS YEROVI DIAZ (sic) alias Nicolás Yerovi”. Desvirtuando los argumentos esgrimidos por la parte actora, respecto al plagio, dice: “que la trama de la obra coincide con las anécdotas contenidas en los textos mecanografiados de mi exclusiva autoría que (…) le fueron entregados al mentado YEROVI los cuales han sido objeto de PLAGIO” y que el señor Yerovi “RECIBIO (sic) LOS TEXTOS MECANOGRAFIADOS DE MI EXCLUSIVA AUTORIA (sic) ANTES DE ELABORAR LA NOVELA MAS ALLA DEL AROMA (sic) (…)” y que no autorizó a Yerovi “en forma incondicional a utilizar mis textos mecanografiados, transformarlos al género literario de una Novela y presentarlos como si fueran suyos” y que la obra Más allá del aroma “no era una obra originaria sino una ‘obra derivada’ de mis textos (…) los mismos que fueron PLAGIADOS por YEROVI (…). Insiste en que Yerovi plagió sus textos “actuando de Mala Fe y con toda premeditación y alevosía utiliza los textos (…) de mi autoría referidos a la vida de mi tío ANDRES ALVAREZ CALDERON Y OLAECHEA (sic), los aprovecha en su beneficio personal y los transforma en una ‘novela’”, además dice que se trata de un plagio “burdo, literal y objetivo” y cita ejemplos del plagio.
Manifiesta que la pericia presentada por Yerovi es irrelevante ya que en gran parte se basa “en hechos subjetivos como su frondoso currículum y mi limitada experiencia literaria”; indica que no niega que Yerovi es el escritor de la novela “Más allá del aroma”, pero insiste en que se reconozca que dicha novela se basó en sus textos mecanografiados y que en muchas partes de la indicada novela se plagiaron sus textos, lo que constituye una violación a su derecho de autor. También manifiesta que Yerovi hace “INTERPRETACION (sic) FALAZ DEL ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO” y que “procesalmente hablando las partes no habíamos llegado a una conciliación ya que los temas en discusión no se habían agotado durantes las Audiencias convocadas para tal efecto”.
Argumenta que sus escritos “constituyen una ‘obra’ desde la perspectiva del Derecho de Autor, por tratarse de una creación intelectual propia de mi autoría, de carácter original y susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma conocida o por conocer (…) independientemente de la calidad de redacción”.
Indica que el registro de la novela “fue realizada en forma FRAUDULENTA” y, además dice “Sin perjuicio de lo expuesto debo señalar que las inscripciones en el Registro Nacional de Derechos de Autor no crean derechos tal como lo dispone el art. 171 de la Ley del Derecho de Autor”.
Finalmente, sostiene la validez de la Resolución objeto de la impugnación.
Que las normas contenidas en los artículos 1, 3, 13, 52 y 53 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, conforme a lo, expresamente, solicitado por el Tribunal consultante y, aplicable al caso concreto, se interpretarán los artículos 1, 13, 52 y 53 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En ejercicio de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, no se interpretará el artículo 3 solicitado y, de oficio, se interpretarán los artículos 4 literal a), 5, 6, 7, 11 y 57 de la misma Decisión por ser aplicables dentro del presente proceso; y,
Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación:
Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
“Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino.
Del objeto de la protección de los derechos de autor. Del alcance de la protección
El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.
Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino donde este derecho se regula por la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En palabras de Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia. Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21).
Al referirse al objeto de la protección que brinda el derecho de autor es importante mencionar que se entiende por “autor”, por “obra” y por “publicación” en la legislación andina, los cuales a voces del artículo 3 de la Decisión 351, son definidos como “Autor: Persona física que realiza la creación intelectual”; “Obra: toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”; y, “Publicación: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra”.
El Tribunal ha sostenido “También doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo que es obra intelectual, entre otras, las que consideran que es: ‘una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación (…). Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos (...) expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral. (EMERY, Miguel Ángel. ‘PROPIEDAD INTELECTUAL’. Editorial Astrea. Argentina. 2003. Pág. 11)’. (Proceso Nº 139-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1057, de 21 de abril de 2004).
La doctrina menciona así mismo, algunas características de la “obra” como objeto del Derecho de Autor, entre las que se destaca:
“1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario artístico o científico.
2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión mérito o destino.
3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”. (Antequera Parilli, Ricardo. “El Nuevo Regimen del Derecho de Autor en Venezuela” Autoralex. Venezuela. 1994. Pág. 32).
En similar sentido, Baylos Corroza enfatiza sobre el elemento o característica de originalidad como supuesto necesario para que pueda hablarse de obra y de derecho de autor al exponer que: "la originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro. Porque en la propiedad intelectual la creación no se contempla como aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la obra habría de representar ser nueva”. (Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. 2ª edición. 1993).
La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.
El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios y, hace una enumeración ejemplificativa de las obras protegidas mencionando en el literal a) las obras expresadas por escrito, aunque omite dar el concepto de ellas. Sin embargo, se puede decir que éstas son creaciones que se materializan a través del empleo de signos gráficos que permiten su lectura y comprensión. Es decir, el artículo 4 establece que la protección recae sobre la obra que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Se entiende por reproducción la fijación de la obra, es decir, la incorporación de sus signos, sonidos o imágenes en una base material que permita su percepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte de ella, y por divulgación el acto de acceso de la obra al público, por cualquier medio o procedimiento (artículos 3 y 14 de la Decisión citada).
Dentro del Capítulo II de la Decisión 351, ahora analizado, también, se consideran obras, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, siempre y cuando, se cumpla con el requisito esencial de contar con la autorización del autor original, cuyos derechos de autor seguirán siendo protegidos (artículo 5). La norma comunitaria protege los derechos de autor independientemente de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra. Además, la Decisión 351 reconoce que el objeto específico y exclusivo de protección no son directamente las ideas del autor, sino la forma a través de la cual tales ideas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra literaria, artística o científica (artículo 7).
La obra protegida debe ser original con características propias que la hagan diferente; cabe mencionar, que las ideas son universales y pueden divulgarse sin restricción alguna; la doctrina señala que “Una simple idea, cualquiera sea su valor, no está protegida, lo cual permite decir que la ley tiene en consideración la forma del derecho de autor y no el fondo”. (Pachón Muñoz, Manuel. Manual de Derechos de Autor. Editorial Temis. Colombia. 1998. Pág. 12); esto significa que se protege la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas.
Sobre el tema se agrega que: “Con reconocer al autor el derecho de propiedad, no se le declara propietario de las ideas en si mismas, sino de la forma enteramente original e individual que les ha dado, cosa suya y de que debe disponer, en atención a la propiedad que sobre ella tiene y al servicio que, poniéndola en circulación presta”. (Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Tomo III. Editado por Francisco Seix. Barcelona. 1951. Pág. 137).
El Tribunal, también ha dicho “De los textos citados se desprende que, a los efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original. Por tanto, la protección no depende del mérito de la obra o de su destino (Lipszyc, Delia: “Derecho de autor y derechos conexos”. Ediciones Unesco-Cerlalc-Zavalia, 1993, p. 61), ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla (Antequera Parilli, Ricardo: “Derecho de Autor”. Tomo 1, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1999, p.127), sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso”. (Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1195, de 11 de mayo de 2005).
El artículo 11 de la Decisión 351, se refiere al derecho moral que tiene un autor sobre su obra, cuyas características son su imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad e irrenunciabilidad; el goce de este derecho faculta al autor para:
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, inédito significa un texto “escrito y no publicado”. Es el autor de la obra el que tiene la facultad de mantener la obra inédita o darla a conocer al público en el momento y en la forma que lo estime conveniente.
Sobre el tema la doctrina considera que: “En cuanto desaparece el deseo de mantener la obra inédita, surgen los derechos patrimoniales, pues mientras la obra se mantenga inédita ésta forma parte de la personalidad del autor.” Y que: “las ventajas económicas para el autor, sólo aparecen una vez que se haya resuelto terminar con el inédito.” (Pachón Muñoz, Manuel. Ob. Cit. Pág. 57).
El Tribunal ha sostenido al respecto: “El autor es el gestor de la creación intelectual, por lo cual tiene el derecho de que cuando la obra se de a conocer al público, a través de cualquier medio, ésta contenga su nombre, derecho que se conoce como de ‘paternidad de la obra’”. (Proceso 139-IP-2003, ya citado).
Con base en la doctrina, este Tribunal, también ha indicado que “La paternidad es pues una potestad jurídica inherente a la personalidad del autor, que le atribuye el poder de hacerse reconocer en todo momento como tal y hacer figurar sobre la obra su propio nombre, en su condición de creador que no nace, precisamente, de la inscripción de la misma en el Registro respectivo, sino cuando el autor la materializa como suya...”. (Ledesma, Guillermo. DERECHO PENAL INTELECTUAL. Editorial Universidad. Primera Edición. 1992. Argentina. Pág. 113). “En tanto que para MANUEL PACHÓN, ‘La facultad de reivindicar la obra, busca impedir que otra persona quiera pasar por autor de la obra, y le permite al verdadero autor obtener que se reemplace el nombre del falso autor por el suyo propio’”. (Pachón Muñoz, Manuel. Ob. Cit. Pág. 54). (Proceso 139-IP-2003, ya citado).
Sobre el particular, la doctrina enseña que “El derecho a la intangibilidad consiste en impedir que se altere, se modifique, se deteriore, se mutile o se destruya la obra, a fin de evitar grave e injusto perjuicio a los intereses morales del autor, independientemente de los derechos patrimoniales. A través del citado derecho se logra respetar la integridad de la obra...”. (Ledesma, Guillermo. Ob.Cit. Pág. 118). Sin embargo, el autor tiene la facultad para modificar su propia creación, la cual subsiste incluso después de haber cedido sus derechos patrimoniales.
Finalmente este artículo prevé que, a la muerte del autor, el ejercicio de sus derechos morales pasará a depender de sus derechohabientes hasta 50 años después de la muerte del autor.
De los derechos patrimoniales. Derechos exclusivos de los autores o sus derechohabientes
El Capítulo V de la Decisión 351 se refiere a los derechos patrimoniales y el artículo 13 establece el derecho al uso exclusivo que confiere el mismo. Esta exclusividad en favor del autor, también, está consagrada en el artículo 11 bis numeral 1) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, es así que los derechos patrimoniales se refieren al beneficio o utilidad económica que se obtendrá por la publicación y difusión de la obra; tienen la particularidad de ser transferibles, renunciables y temporales.
De conformidad con el artículo citado, el autor o sus causahabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir, la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento, alquiler o cualquier otro contrato; la importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas y la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. Para aclarar, se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.
Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 351, reconoce que la protección de los derechos previstos en la norma andina sobre derechos de autor, no será inferior a la vida del autor y cincuenta años después de su muerte. Cuando la titularidad le corresponda a una persona jurídica, el plazo de protección no será inferior a cincuenta años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, dependiendo del caso.
La protección del derecho de autor sin necesidad de formalidad alguna. Registro voluntario y obligatorio
Los derechos de autor abarcan el conjunto de potestades que al autor se le concede sobre su obra intelectual; la tutela de sus derechos nace con la creación expresada con originalidad. Es decir, que la ley protege la obra desde que existe. Al respecto se precisa que: “La protección legal nace en principio, de la creación, sean cuales fueren el mérito y el destino de la obra creada. Si hay creación en el dominio literario, científico o didáctico, hay obra intelectual”. (Ledesma, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 78).
El Convenio de Berna en su artículo 15 señala que para que se reconozca al autor como tal y para que goce de los derechos que le confiere la ley es suficiente con que su nombre aparezca en la obra “de la forma usual”.
Sobre el tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Se trata de un registro facultativo y no necesario que, por lo mismo, en manera alguna puede hacerse obligatorio, menos como condición para el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su protección por parte de la autoridad pública.
En resumen, la ley andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos los ordenamientos jurídicos en el sentido de que la protección de los derechos autorales se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el del registro por ejemplo. De esta manera, siendo el registro meramente declarativo, tal como se define por el artículo 53 interpretado, su utilización o no por el autor constituye una opción de éste que, por supuesto, no puede ser desconocida por la administración ni aún con el pretexto de brindarle una mayor o más efectiva protección de sus derechos”. (Proceso 64-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 602, de 21 de septiembre del 2000, marca: “CAVELIER”).
Facultades de la autoridad nacional competente en caso de infracción a los derechos de autor
Conforme al artículo 57 de la Decisión 351, de incurrirse en infracción de los derechos de autor, el ilícito y su reparación deberán demandarse ante el órgano administrativo o jurisdiccional competente designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia. La admisión de la demanda dará lugar a la apertura del procedimiento establecido por la legislación del País Miembro, en el cual deberán observarse, entre otros, los principios del debido proceso y, en particular, los de igualdad de las partes, imparcialidad del órgano competente, eficacia, economía procesal y celeridad. Los procedimientos, se sujetarán a las normas del derecho nacional, en aplicación del principio de ‘complementariedad’ entre el derecho comunitario y el derecho nacional, ya que la norma comunitaria se hace efectiva a través de órganos y procedimientos internos del País Miembro de que se trate. Todo proceso llevado a cabo por la autoridad nacional, se reitera, deberá además observar los principios referidos.
Frente al ilícito citado, la tutela resarcitoria persigue la compensación económica de la víctima de la lesión patrimonial, a través de la restitución del objeto y, en su defecto, de la reparación o de la indemnización. El daño es pues el presupuesto de la tutela judicial efectiva, ésta consiste en su resarcimiento, que es el montante económico por la falta de ejercicio del derecho infringido y, éste se encuentra gobernado por el principio de la reparación integral, según el cual, la víctima del daño no debe recibir ni más ni menos que la pérdida que, susceptible de valoración económica, haya efectivamente sufrido.
En este contexto, el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, constituye el objeto de la decisión de mérito y, por tanto, de la tutela definitiva del derecho de autor.
Sobre el proceso ante la autoridad nacional, el Tribunal ha sostenido “Ahora bien, en el proceso ante la jurisdicción es inevitable la distantia temporis entre el momento de la lesión del derecho y el momento de su resarcimiento, lo que hace posible el riesgo de que, en el intervalo, se materialice o se consolide el daño. Hay pues la necesidad de la prevención de este riesgo, a través de la tutela cautelar, sin perjuicio del principio del contradictorio y del derecho a la defensa. Se trata de una tutela instrumental y provisional cuyo otorgamiento viene a ser el resultado de la valoración, en términos de probabilidad, del derecho invocado y de su lesión (…). La tutela en referencia debe apoyarse en el cumplimiento de los requisitos del fumus boni iuris, el cual implica un juicio favorable de probabilidad sobre el derecho cuya lesión se quiere prevenir, y del periculum in mora, es decir, del riesgo de que, en el curso del proceso y mientras se dicta la decisión definitiva, se produzca la materialización o la consolidación de la lesión, o de que se vea impedida la efectividad de la tutela de mérito”. (Proceso 165-IP-2004, ya citado).
La norma comunitaria atribuye potestad cautelar a la autoridad nacional competente para ordenar el cese inmediato de la actividad ilícita, el embargo o el secuestro preventivo de los ejemplares de la obra producidos ilícitamente y de los aparatos o medios utilizados para ello, así como su incautación o decomiso (artículo 56 de la indicada Decisión 351). El cese de la actividad ilícita puede alcanzarse a través de medidas cautelares como la suspensión de la producción o el retiro del comercio de los ejemplares ilícitos.
Sin embargo, el Tribunal ha aclarado que “la autoridad nacional competente está facultada para adoptar las medidas respectivas cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley, con la salvedad de que éstas no podrán recaer respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para exclusivo uso de un solo individuo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de la misma Decisión. La buena fe en el uso de los programas de ordenador comprende los llamados usos honrados y el uso personal que tal como los describe el artículo 3, in fine de la Decisión 351 son los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan perjuicios irrazonables a los intereses legítimos del autor o se trata de una forma de utilización de la obra exclusivamente para uso propio y en casos como de investigación y esparcimiento personal”. (Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 428, de 16 de abril de 1999).
En el caso de la tutela de mérito, cuyo objeto, como se indicó, es el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, la norma comunitaria atribuye potestad a la autoridad nacional competente para disponer el pago de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos, así como el pago por el infractor de las costas del proceso y el retiro definitivo del comercio de los ejemplares ilícitos.
En cuanto a los aspectos no disciplinados por la norma comunitaria, el Tribunal ratifica la aplicabilidad del régimen procesal establecido en la legislación nacional correspondiente, por virtud de la regla del complemento indispensable.
La Decisión 351, en su artículo 57, establece las medidas que podrá ordenar la autoridad nacional competente de los Países Miembros de la Comunidad Andina cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley, al disponer:
Ante la infracción comprobada de los derechos de autor, la autoridad nacional competente podrá ordenar:
d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud”.
PRIMERO: La normativa sobre derechos de autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual, aunque ésta se mantenga inédita; la existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.
La obra protegida debe ser original, con características propias que la hagan diferente; lo que se protege es la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas.
SEGUNDO: El autor es la persona natural o física que ha generado la obra a través de su esfuerzo y trabajo creativo, obteniendo como resultado una obra individual y original de la que es titular. La normativa sobre derechos de autor también contempla una presunción de autoría y se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, u otro signo que la identifica, aparezca indicado en la obra.
TERCERO: También, se consideran obras, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, siempre y cuando, se cumpla con el requisito esencial de contar con la autorización del autor original, cuyos derechos de autor seguirán siendo protegidos.
CUARTO: El autor tiene el derecho de: conservar la obra inédita o divulgarla; reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y, oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor. A su muerte, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus derechohabientes.
QUINTO: El autor o sus causahabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento, alquiler o cualquier otro contrato; la importación al territorio de cualquier País Miembro de copias y la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. Para aclarar, se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.
SEXTO: La protección que se otorga a los derechos de autor no está sujeta al cumplimiento de la formalidad del registro, es decir, que se tutelan los intereses del autor sin esa modalidad.
SÉPTIMO: La Decisión 351, en su artículo 57, establece las medidas que podrá ordenar la autoridad nacional competente de los Países Miembros de la Comunidad Andina cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley.
Entre estas medidas se encuentran previstas: el pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; el retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; o, las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.
La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 1910-2005, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 171
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 34
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 11
 artículo 18
 artículo 15
 artículo 53
 artículo 57
 artículo 25
 artículo 3
in fine
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 35
 artículo 128