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Timestamp: 2019-05-25 17:10:18+00:00

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Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Fregenal de la Sierra a inscribir un decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas dictado en un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados. | Iberley
Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Fregenal de la Sierra a inscribir un decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas dictado en un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados., - Boletín Oficial del Estado, de 09 de Octubre de 2018
Se presenta testimonio de decreto de adjudicación dictado en procedimiento de ejecución hipotecaria a instancia de Don E. M. V. frente a Don D. S. S., reclamando la cantidad de 16.882,43 euros, importe correspondiente al crédito que exige, más 5.064,72 euros fijados prudencialmente para intereses y costas, ejercitando su acción contra la finca registral número 8448 de Fregenal de la Sierra. En el referido decreto se aprueba el remate del inmueble a favor de Doña M. R. S. S. por la cantidad de 26.000 euros, no superando el 50% del valor de tasación de la finca a efectos de subasta -que se fija en 58.332,81 euros como resulta de la inscripción 4 de hipoteca de la referida finca- pero cubriendo la totalidad de las cantidades reclamadas. Se ordena entregar al ejecutante la suma de 20.780,97 euros en concepto de pago de principal reclamado, intereses y costas aprobados, y el que sobrante de 5.219,03 euros se transfiera a la cuenta de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Delegación especial de Extremadura, Dependencia regional de recaudación de Zafra, como acreedor posterior. Igualmente se acompaña al referido testimonio el mandamiento de cancelación de la hipoteca ejecutada y de cualquier otra anotación que se hubiese verificado después de expedida la certificación de dominio y cargas a que se refiere el artículo 656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El documento fue objeto de calificación desfavorable, entre otros motivos, por no hacerse constar en el decreto de adjudicación si la finca adjudicada es o no la vivienda habitual del ejecutado, advirtiéndose en el Fundamento de Derecho segundo que, de tratarse de la vivienda habitual, las costas exigidas al deudor exceden del 5% de la cantidad reclamada en la demanda ejecutiva, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 575.1 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para subsanar este y otros defectos señalados en la nota de calificación aludida, se presentó en este Registro testimonio de diligencia de ordenación del letrado de la Administración de Justicia L. V. F., en que, tras afirmar que la finca hipotecada es la vivienda habitual del ejecutado, manifiesta que en la tasación de costas se ha tenido en cuenta el límite del artículo 575.1 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tasación que ascendía a 1.097,36 euros, ''pero a la que hay luego que sumar el 21% de IVA más los suplidos del procurador por un importe de 77,60 euros de publicación de edicto en el BOE''. La tasación de costas causadas reclamadas al deudor asciende a 1.405,41 euros como resulta del testimonio del decreto de adjudicación.
1.Siendo la finca hipotecada la vivienda habitual del ejecutado ha de tenerse presente la limitación del importe de las costas repercutible al demandado conforme a lo dispuesto en el artículo 575.1 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil: ''En todo caso, en el supuesto de ejecución de vivienda habitual las costas exigibles al deudor ejecutado no podrán superar el 5 por cien de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva''. En el caso que nos ocupa excede de dicho límite, ya que en la demanda se reclaman 16.882,43 euros más 5.064,72 de intereses y costas, y las costas causadas se tasan en 1.405.41 euros. De acuerdo con el concepto que de costas da el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su apartado primero, se considerarán costas la parte de los gastos del proceso que se refieran al pago de los siguientes conceptos: (...) ''2.º Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso''. Por su parte, el artículo 243 apartado segundo del mismo texto legal en su último párrafo dispone que ''En las tasaciones de costas, los honorarios de abogado y derechos de procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido de conformidad con lo dispuesto en la ley que lo regula (...)''. Por tanto, ambos conceptos, suplidos del procurador por publicación de edicto en el BOE, e impuesto sobre el valor añadido, deben estar incluidos en el importe de las costas exigidas al deudor, y dicho importe no puede vulnerar lo dispuesto en el artículo 575.1 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, no puede exceder del 5% de la cantidad reclamada en la demanda ejecutiva. Además, el artículo 244 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que ''1. Practicada por el Secretario Judicial la tasación de costas se dará traslado de ella a las partes por plazo común de diez días. 2. Una vez acordado el traslado a que se refiere el apartado anterior no se admitirá la inclusión o adición de partida alguna, reservando al interesado su derecho para reclamarla de quien y como corresponda. 3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado primero sin haber sido impugnada la tasación de costas practicada, el Secretario judicial la aprobará mediante decreto. Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, y contra el auto resolviendo el recurso de revisión no cabe recurso alguno''. Del tenor literal de este artículo se desprende por tanto que no cabe añadir importe alguno a la tasación de costas efectuada una vez realizado el traslado a las partes y que dicho importe será el que se apruebe mediante decreto. Luego la cantidad que debe reclamarse en concepto de costas al deudor es la de 1097,36 euros, lo que el propio Letrado de la Administración de Justicia reconoce ser el importe tasado y del que se ha dado traslado a las partes y que consiste en el 5% de la cantidad reclamada en la demanda ejecutiva.
Fregenal de la Sierra, a treinta de mayo del año dos mil dieciocho.-La Registradora (firma ilegible), Carlota Rodríguez Núñez.»
1.Como ha quedado reflejado en los hechos, en el referido procedimiento de ejecución hipotecaria se dictó decreto de adjudicación de la finca ejecutada. Según resulta de dicho decreto y de la diligencia de ordenación que lo complementa, de los 26.000 euros por los que se verificó la adjudicación, se entregaron al ejecutante las siguientes cantidades: 15.935 euros por el principal adeudado; 805,40 euros por los intereses ordinarios; 22,03 euros por los intereses de demora devengados al cierre de la cuenta; 120 euros por gastos de penalización por el cierre de la cuenta; 2.493,13 euros por los intereses de demora devengados hasta el cierre de la subasta, y 1.405,41 euros por el concepto de costas, que se desglosan en 1.097,36 euros de costas causadas, el 21% de IVA de dicha cantidad y 77,60 euros de los suplidos del procurador por la publicación de edicto en el «Boletín Oficial del Estado». En la demanda inicial se reclamaron 16.882,43 euros como crédito resultante al cierre de la cuenta y 5.064,72 euros como cantidad fijada prudencialmente para costas y gastos.
2.En cuanto a la competencia del registrador para calificar si se ha respetado o no lo establecido en el artículo 575.1 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es doctrina de este Centro Directivo que los registradores tienen el deber de colaborar con jueces y tribunales en su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y de cumplir sus resoluciones firmes (cfr. artículo 118 de la Constitución), pero no por ello ha de quedar excluida la calificación registral de aquellas que pretendan su acceso al Registro; las exigencias constitucionales derivadas del principio de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y de exclusión de la indefensión (cfr. artículo 24 de la Constitución), que tiene su específica aplicación en el ámbito registral en el criterio de salvaguardia judicial de los asientos registrales (cfr. artículo 1 de la Ley Hipotecaria), determinara la supeditación de la inscripción de las resoluciones judiciales firmes, a la previa comprobación de los extremos aludidos en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario.
3.La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, como ha señalado este Centro Directivo, despliega un sistema de protección de los deudores hipotecarios de carácter gradual, estableciendo distintos grados de protección a través de diversas medidas (de diferente intensidad) para diferentes supuestos: a) en un primer nivel de protección, la norma protectora es de carácter universal (con independencia de que la finca gravada sea o no una vivienda). Por ejemplo, en la nueva regulación del vencimiento anticipado por impago de tres mensualidades del artículo 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o en el caso de la imposición del límite mínimo del 75% de la tasación para el tipo de subasta (artículo 682.2.1.º de la misma Ley); b) en un segundo nivel de protección, la norma se aplica solo si la finca hipotecada es la vivienda habitual (con independencia de la finalidad del préstamo). Por ejemplo, los supuestos de los artículos 21.3 de la Ley Hipotecaria y 671 de la Ley Procesal Civil, y c) finalmente, en un tercer nivel de protección, la norma exige no solo que la finca hipotecada sea la vivienda habitual del deudor, sino que además el préstamo o crédito garantizado debe tener como destino o finalidad financiar la adquisición de la misma vivienda habitual hipotecada. Este es el caso del artículo 114.3.º de la Ley Hipotecaria (límite de los intereses de demora), y de los demás citados anteriormente.
4.La tasación de costas en el seno de los procedimientos civiles viene regulada en el Título VII del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 241 de dicha ley define los conceptos que pueden tener la consideración de costas procesales. Entre ellos se recogen dos de los que se han causado en el caso objeto de este expediente: honorarios de defensa y representación técnica, e inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso.
5.Más dudosa puede resultar la cuestión de si el importe del IVA de los honorarios de abogado y procurador ha de ser tenido en cuenta para calcular el referido límite del 5% Ha de partirse del artículo 243.2, párrafo cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone: «En las tasaciones de costas, los honorarios de abogado y derechos de procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido de conformidad con lo dispuesto en la ley que lo regula. No se computará el importe de dicho impuesto a los efectos del apartado 3 del artículo 394».
a)La regla general para determinar qué conceptos integran las costas procesales correspondientes a los honorarios de abogado y procurador la recoge el primer inciso del artículo 243.2, párrafo cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone: «En las tasaciones de costas, los honorarios de abogado y derechos de procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido de conformidad con lo dispuesto en la ley que lo regula». Y cuando la ley quiere establecer una excepción, la cita clara y expresamente en el segundo inciso: «No se computará el importe de dicho impuesto a los efectos del apartado 3 del artículo 394».
b)El mencionado párrafo cuarto del artículo 243.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil fue introducido por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Antes nada se expresaba respecto del IVA de los honorarios de los abogados y procuradores. Cuando se aprueba la Ley 42/2015 ya tenía el artículo 575.1 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil la redacción actual, con lo que el legislador bien pudo haber contemplado en el inciso segundo del párrafo cuarto del artículo 243.2 una segunda excepción relativa al caso del artículo 575.1 bis. Si no lo hizo, hay que entender que prefirió que se mantuviera la regla general, y que se incluyera el importe del IVA de los honorarios de abogado y procurador para calcular el límite del 5% a que alude el artículo 575.1 bis.
c)Como ya se ha señalado antes, el Preámbulo de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que redactó el artículo 575.1 bis, reconocía que las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil tienen como finalidad «garantizar que la ejecución hipotecaria se realiza de manera que los derechos e intereses del deudor hipotecario sean protegidos de manera adecuada». Es por tanto este criterio finalista el que ha de presidir cualquier interpretación de las normas que dicha Ley incorporó a nuestro ordenamiento. Y es evidente que los intereses del deudor ejecutado quedan mejor protegidos si se entiende que el límite del 5% de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva, que el artículo 575.1 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil fija para las costas exigibles en caso de ejecución sobre la vivienda habitual del deudor, incluye también el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que se devenga en las facturas de honorarios de los abogados y procuradores que hayan intervenido en el procedimiento.
Madrid, 19 de septiembre de 2018.-El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro.
Auto CIVIL Nº 1562/2016, AP - Valencia, Sec. 9, Rec 1851/2016, 02-11-2016
Orden: Civil Fecha: 02/11/2016 Tribunal: Ap - Valencia Ponente: Mompo Castañeda, Juan Carlos Num. Sentencia: 1562/2016 Num. Recurso: 1851/2016
Auto Contencioso-Administrativo Nº 412/2016, AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 7/2016, 14-10-2016
Orden: Administrativo Fecha: 14/10/2016 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: De La Cueva Aleu, Ignacio Num. Sentencia: 412/2016 Num. Recurso: 7/2016
Sentencia Constitucional Nº 232/2005, TC, Sección Tercera, Rec Recurso de amparo 7017-2002, 06-06-2005
Orden: Constitucional Fecha: 06/06/2005 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 232/2005 Num. Recurso: Recurso de amparo 7017-2002
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 1061/2017, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 519/2015, 31-05-2017
Orden: Administrativo Fecha: 31/05/2017 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: Sanchez Vallejo, Maria Belen Num. Sentencia: 1061/2017 Num. Recurso: 519/2015
El recurso de apelación en el orden civil
Orden: Civil Fecha última revisión: 28/11/2018
Son apelables las sentencias dictadas en toda clase de juicio, los autos definitivos y aquéllos otros que la ley expresamente señale, con excepción de las sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando no sea superior...
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA [NÚMERO]Procedimiento [DESCRIPCION]Autos [NUMERO]/[NUMERO] D./Dña. [NOMBRE], Procurador de los Tribunales, Colegiado número [NUMERO], ICA [LOCALIDAD], en nombre y representación de D./Dña. [NOMBRE], tal y com...
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PLANTEAMIENTOCabe incluir los gastos de perito, de un informe que se acompaña a la contestación a la demanda en procedimiento ordinario ?RESPUESTABuenos días,Los gastos periciales pueden incluirse en la tasación de costas siempre que se haya prod...
Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Córdoba n.º 3 a inscribir un testimonio de un decreto de adjudicación dictado en un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados.
Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 06/09/2018
Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Lora del Río, por la que se suspende la cancelación de una inscripción de hipoteca, así como de la nota acreditativa de haberse expedido certificación de cargas.
Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 21/05/2012
Órgano: Direccion General De Los Registros Y Del Notariado Fecha: 22/02/2019

References: Resolución 
 artículo 656
 artículo 575
 artículo 575
 artículo 575
 artículo 241
 artículo 243
 artículo 575
 artículo 244
 resolución 
 artículo 575
 artículo 118
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 100
 artículo 693
 artículo 114
 artículo 241
 artículo 243
 artículo 394
 artículo 243
 artículo 394
 artículo 243
 artículo 575
 artículo 243
 artículo 575
 artículo 575
 artículo 575
 artículo 575

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