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Timestamp: 2020-02-16 21:21:01+00:00

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STC 76/1996, 30 de Abril de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 15355349
STC 76/1996, 30 de Abril de 1996
Número de Recurso: Cuestiones de Inconstitucionalidad nº 1.410/1995, 1.884/1995, 1.919/1995, 3.374/1995 y 3.806/1995 (acumulados)
1. El principio de interpretación conforme a la Constitución de todo el ordenamiento jurídico reclama, en lo que ahora importa, la necesidad de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 90/1986), muy especialmente cuando está en juego no el acceso a los recursos sino el acceso a la jurisdicción (SSTC 37/1995 y 55/1995), para permitir así un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto, contenido propio y normal de aquel derecho (STC 40/1996), que aquí, al proyectarse sobre los actos de la Administración, integra más específicamente el «derecho de los administrados a que el Juez enjuicie los actos administrativos que les afectan (art. 24.1 C.E.), controlando la legalidad de la actuación administrativa (art. 106.1 C.E.), esto es, su sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (art. 103.1 C.E.)», lo que «constituye la culminación del sistema de derechos y garantías característico del Estado de Derecho» (STC 294/1994). De todo ello deriva, en suma, que de entre las distintas interpretaciones posibles de las normas cuestionadas ha de prevalecer no la que sostienen los Autos de planteamiento de las cuestiones aquí acumuladas y que determina la inadmisión del recurso contencioso-administrativo, impidiendo la resolución jurisdiccional de fondo, sino la que viene a hacer viable esta resolución con plena efectividad del derecho a la tutela judicial que recoge el art. 24.1 C.E. y que se traduce en una configuración de la omisión de la comunicación previa como defecto subsanable [F.J. 7].
Sentencia citada en: 486 sentencias, 28 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Alvaro Rodríguez Bereijo, Presidente, don José Gabaldón López, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Julio Diego González Campos, don Pedro Cruz Villalón, don Carles Viver Pi-Sunyer, don Enrique Ruiz Vadillo, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Javier Delgado Barrio y don Tomás S. Vives Antón, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY
En las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas núms. 1.410/95, 1.884/95, 1.919/95, 3.374/95 y 3.806/95 planteadas por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en relación con el art. 57.2 f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y con el art. 110.3 y la Disposición adicional undécima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Han comparecido el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, y el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer del Pleno.
1. Por escrito registrado el 20 de abril de 1995 tuvo entrada la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con el art. 57.2 f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y, en su caso, con el art. 110.3 y la Disposición adicional undécima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Para la Sala proponente, habida cuenta del trámite en el que se planteó la cuestión de la falta de comunicación previa, habría que declarar inadmisible el recurso contencioso-administrativo de no ser porque la Sección entiende que tanto el art. 110.3 de la Ley 30/1992, como el art. 57.2 f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son inconstitucionales, en virtud de los argumentos que a continuación se exponen en forma resumida:
B) A modo de premisa menor, el Auto considera, tras el examen de los preceptos cuestionados, que la comunicación previa carece de utilidad práctica o efectiva, que viene a ser un obstáculo al ejercicio de la acción contencioso-administrativa sin justificación alguna, pues queda claro que no puede variar la situación creada por la denegación de la pretensión del recurrente, al no ser factible a la Administración volver sobre su anterior decisión, sin que en ningún caso pueda evitarse la vía jurisdiccional, a diferencia de lo que sucede con la reclamación previa a la vía jurisdiccional civil o laboral. A este propósito, recuerda la STC 4/1988 (fundamento jurídico 5.) en el sentido de la incompatibilidad de aquellos requisitos meramente formales para acceder al proceso que carecen de finalidad alguna.
3. Por escrito registrado el 9 de junio de 1995, el Abogado del Estado presentó sus alegaciones, solicitando que se desestime totalmente la cuestión planteada. Comienza por afirmar que el art. 57.2 f) L.J.C.A. es un apartado introducido por la Disposición adicional undécima de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (L.R.J.P.A.C.), la cual agota su contenido preceptivo en la adición de la letra f) al art. 57.2 L.J.C.A. No hay lugar, pues, a distinguir entre el art. 57.2 f) L.J.C.A. y Disposición adicional undécima L.R.J.P.A.C.: la inconstitucionalidad del primero acarrea necesariamente la inconstitucionalidad de la segunda y a la inversa.
Otro podría ser el caso del art. 110.3 L.R.J.P.A.C. El art. 57.2 f) L.J.C.A./Disposición adicional undécima L.R.J.P.A.C. hacen del «acreditamiento» de la comunicación previa un documento que preceptivamente ha de acompañar al escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo. Con otras palabras: el art. 110.3 L.R.J.P.A.C. se contrae a establecer un deber, pero no precisa su alcance, su modo procesal de cumplimiento y las consecuencias procesales de su infracción. Si, por tanto, resultara inconstitucional el art. 57.2 f) L.J.C.A./Disposición adicional undécima L.R.J.P.A.C., de ahí no se seguiría forzosamente la inconstitucionalidad del art. 110.3 L.R.J.P.A.C., que podría subsistir perfectamente como lex imperfecta, es decir, como un precepto que establece un deber sin sancionar su incumplimiento, al menos hasta que el legislador procesal contencioso-administrativo estableciera un régimen ajustado a la norma fundamental.
En nuestro caso, resulta manifiesto que la norma de la que depende realmente un posible fallo de inadmisibilidad es el art. 57.2 f) L.J.C.A./Disposición adicional undécima L.R.J.P.A.C., no el art. 110.3 L.R.J.P.A.C. La hipotética invalidación del primer precepto por contrario al art. 24.1 C.E. no tendría por qué afectar al segundo por las razones indicadas. En consecuencia, y sin perjuicio de que se tenga muy en cuenta el art. 110.3 L.R.J.P.A.C., parece razonable entender que la cuestión tiene por objeto el art. 57.2 f) L.J.C.A. y la Disposición adicional undécima L.R.J.P.A.C. que lo introdujo dejando fuera de ella al art. 110.3 L.R.J.P.A.C.
Considera que el art. 57.2 f) L.J.C.A. no es contrario al art. 24.1 C.E. en virtud de los siguientes argumentos:
El Auto de planteamiento resume correctamente la doctrina constitucional pertinente para decidir la cuestión. Por reducir las citas a una sola, se remite al resumen doctrinal que puede leerse en la STC 48/1995, fundamento jurídico 2.: la libertad de configuración del legislador no autoriza a imponer los obstáculos en el acceso al proceso que sean innecesarios y excesivos, o carezcan de razonabilidad o proporcionalidad; las exigencias formales han de adecuarse a la naturaleza del proceso y tener finalidades discernibles y suficiente justificación; aun si la exigencia formal supera el control de razonabilidad intrínseca, no puede conducir a consecuencias desproporcionadas, sino que ha de atemperarse a la gravedad de la infracción y al grado de frustración de la finalidad legítima perseguida.
En definitiva, pues, en su opinión se trata de efectuar un juicio constitucional de razonabilidad y de proporcionalidad. Ha de indagarse, primero, la razonabilidad del fundamento en que pretenda apoyarse el requisito restrictivo del acceso a la jurisdicción (exigencia de comunicación previa), y ponderar después la dificultad que su satisfacción supone para el recurrente en vía contencioso-administrativa y las consecuencias de su omisión. Hemos de tener en cuenta que las exigencias constitucionales pro actione dimanantes de los arts. 24.1 y 106.1 C.E. han de ser más intensas cuando se trata de denegar el examen de fondo de un asunto (inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo) cerrando el acceso al control jurisdiccional de la actividad administrativa, que cuando, por ejemplo, está en juego solamente la impugnación mediante recurso de una resolución judicial previa (SSTC 37/1995, fundamento jurídico 5., 55/1995, fundamentos jurídicos 2. y 3., y 58/1995, fundamento jurídico 2.; especialmente importante para este asunto es también a su juicio, la STC 55/1995, relativa a una inadmisibilidad contencioso-administrativa). Como ha afirmado la STC 294/1994, fundamento jurídico 3., doctrina confirmada por la STC 8/1995, los administrados tienen «derecho (...) a que el Juez enjuicie los actos administrativos que les afectan (art. 24.1.C.E.), controlando la legalidad de la actuación administrativa (art. 106.1 C.E.), esto es, su sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (art. 103.1 C.E.)».
a) La finalidad de la comunicación previa. Alega que la finalidad inmediata de la comunicación previa es poner en conocimiento de la Administración el propósito de interponer recurso contencioso-administrativo contra un determinado acto. La finalidad mediata o de segundo grado no es única (v. gr., ejercicio de las potestades de revisión de oficio y revocación) sino que puede ser plural (por ejemplo: además del posible ejercicio de las potestades de revisión de oficio y revocación, la preparación del expediente administrativo que habrá de ser remitido; los contactos entre la Administración activa y su abogado para la defensa jurisdiccional del asunto; la fijación de la línea a seguir en casos análogos ante la litigiosidad desencadenada). Ocurre, sin embargo, que estas finalidades -y otras similares que acaso pudieran sugerirse- tienen un valor sólo relativo.
En primer término, no se comunica la interposición del recurso, sino sólo el propósito de presentarlo, por lo mismo que la comunicación ha de ser «previa» (art. 110.3 L.R.J.P.A.C.) o hacerse «con carácter previo» [art. 57.2 f) L.J.C.A.]; se entiende naturalmente previa a la interposición -iniciación- del recurso contencioso-administrativo. En segundo lugar, la comunicación previa se ciñe a los actos, dejando claramente fuera los recursos directos contra disposiciones generales. En tercer término, y sobre todo, la inexistencia de comunicación previa no es óbice para que la Administración pueda alcanzar los fines enunciados.
c) Las consecuencias del incumplimiento del art. 57.2 f) L.J.C.A. El punto esencial de la presente cuestión -y su fundamental discrepancia con el Auto de planteamiento- es el de las consecuencias procesales del incumplimiento de la comunicación previa. Lo que exige considerar previamente el problema de su subsanabilidad.
Alega que sería absolutamente contraria a los arts. 24.1 y 106.1 C.E., además de contradecir los arts. 57.3 y 129 (1 y 2) de la L.J.C.A., una interpretación que defendiera la insubsanabilidad de la falta de acreditamiento de la comunicación previa, interpretación que carecería manifiestamente de proporcionalidad con los modestos fines que el legislador pretende alcanzar con la expresada comunicación.
Restrictivo sería, a su juicio, considerar que lo subsanable fuera solamente la falta de acreditamiento, y no la falta de la comunicación, esto es: que fuera subsanable el no haber acompañado el acreditamiento de una comunicación realmente hecha antes de interponer el recurso contencioso administrativo, pero no lo fuera la ausencia de comunicación anterior a la interposición. En consecuencia, la falta de comunicación previa a la interposición -no simplemente el no haber acompañado el acreditamiento de la comunicación hecha- determinaría la inadmisibilidad del recurso al amparo del art. 82 f) L.J.C.A. (presentación del escrito inicial en forma defectuosa). Considera que esta doctrina carece de toda base constitucional y es contraria a la recta interpretación de los arts. 57.3 y 129 1 y 2 L.J.C.A. hecha a la luz de los arts. 24.1 y 106.1 C.E. y 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.P.J.).
Es cierto que el legislador ha calificado de previa la comunicación (art. 110.3 L.R.J.P.A.C.) y ha insistido en el carácter previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo [art. 57.2 f) L.J.C.A.]. Con todo, no puede entenderse a su juicio que los fines que discerniblemente persigue la comunicación queden totalmente frustrados por su realización posterior a la interposición del recurso. La Administración sigue pudiendo ejercitar sus potestades revisoras y revocatorias mientras penda el proceso; y la reclamación del expediente surte parejos efectos informativos a los de la comunicación previa.
Se dice que, al admitir la subsanación con semejante amplitud, se priva de transcendencia jurídica a la comunicación previa y hacemos prácticamente imposible fundamentar una resolución de inadmisibilidad en el incumplimiento del requisito. Pero no es así: su tesis, afirma, simplemente se ajusta a la extensísima doctrina constitucional sobre la subsanación y hace uso consecuentemente del criterio pro actione cuando se trata de facilitar el acceso a la jurisdicción. La falta de comunicación previa podría ser determinante de la inadmisibilidad en virtud del art. 82 f) L.J.C.A. sencillamente cuando se le diera la oportunidad de subsanar al recurrente y éste, por deliberada voluntad o por negligencia, la dejara sin utilizar.
En conclusión: los fines que el legislador pretende alcanzar con la comunicación previa son razonables y ajustados a la Constitución. La comunicación previa es carga sencillísima de levantar. La L.J.C.A., interpretada de conformidad con el art. 24.1 C.E., da amplio margen a la subsanación de omisiones y defectos en la comunicación, hasta el punto de relegar la consecuencia más grave (inadmisibilidad) a la hipótesis de no atender a la subsanación requerida. Con ello, hay muy buenas razones para sostener que el art. 57.2 f) L.J.C.A./Disposición adicional undécima L.R.J.P.A.C. superan el juicio constitucional de razonabilidad y proporcionalidad.
4. El Fiscal General del Estado, por escrito registrado el 15 de junio, interesa se dicte Sentencia declarando la incompatibilidad del art. 57.2 f) L.J.C.A., en su inciso «con carácter previo» y del art. 110.3 de la Ley 30/1992, en el adjetivo «previa», con el art. 24.1) C.E.
Ante todo hace referencia a la tesis del Abogado del Estado que entiende -en el trámite de audiencia del art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional- que nos encontramos ante un supuesto legal que pretende permitir la revisión de oficio del acto administrativo que va a ser impugnado en vía judicial. El Ministerio Fiscal coincide con la apreciación de la Sala que ha suscitado la cuestión, que niega tal posibilidad dado que «de facto» los plazos previstos para la revisión de oficio en los arts. 102 a 106 de la Ley 30/1992, exceden de los previstos para la satisfacción extraprocesal.
Por otra parte, una interpretación sistemática de la Ley 30/1992 podría llevarnos quizá a entender que el «preaviso» del art. 110.3 está pensado para posibilitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo, prevista en el artículo siguiente, 111 de la misma Ley. Pese a que la rúbrica del capítulo que alberga tales preceptos habla de los «recursos administrativos», lo cierto es que dentro del mismo se contiene el anuncio del recurso jurisdiccional, y nada obsta a que -por idéntica imprecisión legislativa- pueda entenderse que es el beneficio del recurrente en vía judicial lo que hace prever la posibilidad de suspender administrativamente el acto que se sabe va a ser impugnado.
Las anteriores consideraciones llevan al Fiscal a entender que en algunos supuestos podría encontrarse una cierta justificación a la obligación impuesta por el art. 110.3 de la Ley 30/1992. Ahora bien, el núcleo del problema radica en dilucidar si tales finalidades son suficientes para fundamentar una medida tan drástica como la prevista en el art. 57.2 f) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a cuyo tenor al escrito de interposición del recurso Contencioso-Administrativo se acompañará imperativamente el escrito que acredite el cumplimiento, con carácter previo, del requisito previsto en el art. 110.3 de la Ley 30/1992.
No cabe duda que de lege data la severidad del texto legal debe verse atemperada por una interpretación pro actione, concorde con las exigencias del art. 24.1 de la Constitución. Ahora bien, lo que aquí se discute es si de lege ferenda el tenor literal del precepto facilita tal interpretación, o si más bien la dificulta. No se olvide que este Tribunal no puede añadir nada al texto de la ley, pero -en su función de «legislador negativo» sí que debe expulsar del ordenamiento jurídico aquellos términos que se reputen incompatibles con la Norma suprema. Pues bien, son ya varios los recursos de amparo que han sido admitidos a trámite por las Salas de este Tribunal ante interpretaciones judiciales literales de la exigencia del art. 57.2 f) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La realidad nos demuestra que -efectivamente- los preceptos aquí dubitados facilitan consecuencias como las denunciadas por la Sala cuestionante.
Tal ocurre en el caso que nos ocupa, a juicio del Ministerio Fiscal. El carácter imperativo de la necesidad de acreditar el cumplimiento con carácter previo del requisito previsto en el art. 110.3 de la Ley 30/1992 exigido por el art. 57.2 f) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa lo convierte en -una interpretación literal- en un defecto insubsanable, pues la comunicación posterior a la Administración es contradictoria con la antelación que la propia ley prevé. En puridad, no se puede subsanar a posteriori el cumplimiento de un requisito que la ley exige que se realice a priori.
Para convertirlo en un defecto subsanable, y siguiendo el principio de mínima intervención en la declaración de inconstitucionalidad de preceptos con rango legal, entiende el Fiscal que sobra el inciso «con carácter previo» del art. 57.2 f) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y en consecuencia, también el adjetivo «previa» del art. 110.3 de la Ley 39/1992 debe reputarse contrario a la efectividad de la tutela judicial exigida por el art. 24.1 de la Constitución.
A) Art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo, L.R.J.P.A.C.): «La interposición de recurso contencioso-administrativo contra actos que ponen fin a la vía administrativa requerirá comunicación previa al órgano que dictó el acto impugnado».
B) Art. 57.2 f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956 (apartado introducido por la Disposición adicional undécima de la citada Ley 30/1992): al escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo se acompañará «acreditación de haber efectuado al órgano administrativo autor del acto impugnado, con carácter previo, la comunicación a que se refiere el art. 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común».
Así las cosas, ha de entenderse que aunque el objeto fundamental de este proceso queda integrado por el art. 57.2 f) L.J.C.A., ello no implica la exclusión del art. 110.3 L.R.J.P.A.C.: si bien es cierto, como alega el Abogado del Estado, que este último precepto se limita a establecer un deber abstracto -la exigencia de la comunicación previa, es decir, anterior a la interposición del recurso-, sin determinar su alcance, regulación procesal y consecuencias de su incumplimiento [extremos estos a cubrir por el art. 57.2 f) L.J.C.A.], no puede olvidarse que las cuestiones que ahora se deciden han traído a debate no sólo la insubsanabilidad de la omisión de la comunicación previa, sino también los fines a que obedece ésta, lo que al afectar al art. 110.3 L.R.J.P.A.C. viene a justificar su inclusión en el proceso.
En consecuencia, el control ha de ir dirigido a concretar y valorar los fines que pretenden alcanzarse con la comunicación previa, para después apreciar si la regulación de esta figura y, más concretamente, la consecuencia que se atribuye a su omisión, resulta proporcionada «por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto» (STC 66/1995).
Los Autos de planteamiento de estas cuestiones distinguen entre el hecho de la comunicación previa, por un lado, y la acreditación de su realización, por otro. Sobre esta base, la Sala de lo Contencioso de Aragón entiende que si bien la falta de acreditación es subsanable no lo es en cambio la falta de la comunicación misma, pues si ésta se hiciera con posterioridad a la iniciación del proceso ya no sería «previa», tal como exigen los arts. 110.3 L.R.J.P.A.C. y 57.2 f) L.J.C.A. Y esta calificación de la comunicación previa como requisito cuya omisión no permite la subsanación, determinando por tanto la inadmisión del recurso, significa, entiende la Sala, que los preceptos cuestionados erigen un obstáculo para la tutela judicial efectiva absolutamente desproporcionado, dada la muy escasa entidad de los fines que se persiguen. En esta línea se mantiene también el Fiscal que estima que la falta de comunicación previa supone un vicio insubsanable -«no se puede subsanar a posteriori el cumplimiento de un requisito que la Ley exige que se realice a priori»- determinante de un pronunciamiento de inadmisión, que carece de justificación.
Siendo, finalmente, de subrayar la diferencia que separa la normativa que aquí se examina del art. 45 L.P.L. al que se refería la STC 48/1995: ésta contemplaba un proceso, el laboral, en el que la «celeridad sigue siendo un rasgo distintivo» para cuyo logro se imponen «al ciudadano deberes de cooperación con la oficina judicial», y un precepto, el ya citado art. 45 L.P.L., «que lejos de ser una medida restrictiva del derecho del justiciable al acceso a la jurisdicción, constituye una excepción flexibilizadora de la norma general sobre el lugar de la presentación de documentos», en tanto que los preceptos que aquí se examinan integran la imposición al ciudadano de una carga previa al acceso al proceso administrativo y que sería inconstitucional entendida en el sentido indicado en los Autos de planteamiento de las cuestiones que ahora se deciden.
5. Ahora bien, «es doctrina constante de este Tribunal que la validez de la Ley ha de ser preservada cuando su texto no impide una interpretación adecuada a la Constitución» (STC 108/1986). Será pues necesario explorar las posibilidades interpretativas de los preceptos cuestionados, ya que si hubiera alguna que permitiera salvar la primacía de la Constitución, más concretamente, la integridad del derecho a la tutela judicial efectiva, resultaría procedente un pronunciamiento interpretativo de acuerdo con las exigencias del principio de conservación de la Ley (STC 341/1993).
Pero la interpretación literal es siempre un punto de partida, imprescindible, sí, pero necesitado de la colaboración de otros criterios hermenéuticos que vengan a corroborar o corregir los resultados de un puro entendimiento literal de las normas «según el sentido propio de sus palabras» -art. 3.1 del Título Preliminar del Código Civil.
Así las cosas, ante todo, ha de destacarse que la exigencia de la comunicación previa se inserta dentro del art. 57 L.J.C.A., más concretamente en su apartado 2, al que sigue el 3 con el siguiente texto: «si con el escrito de interposición no se acompañan los documentos anteriormente expresados o los presentados son incompletos, y en general, siempre que el Tribunal estime que no concurren los requisitos exigidos por esta Ley para la validez de la comparecencia, señalará un plazo de diez días para que el recurrente pueda subsanar el defecto, y si no lo hace ordenará el archivo de las actuaciones». Resulta pues evidente que el incumplimiento de lo previsto en el art. 57.2 f) L.J.C.A. es perfectamente subsanable, aunque, desde luego, puede dudarse si la subsanación va referida sólo al supuesto de que, habiéndose producido la comunicación previa, no se haya presentado la «acreditación» de ello o si también comprende la inexistencia misma de la comunicación previa. A este respecto es de subrayar que el art. 57.3 L.J.C.A. contempla un doble supuesto: a) Por un lado incluye dentro del campo de la posibilidad de subsanación la no presentación de los documentos exigidos y el carácter incompleto de éstos; b) Pero, por otra parte, comprende también los casos de no concurrencia de «los requisitos exigidos por esta Ley», expresión esta que contrapuesta a la anterior -falta de documentos o su carácter incompleto- evidencia la inclusión en el campo de la subsanabilidad de otros requisitos distintos de los meramente documentales, como es el caso no ya de la falta de acreditación de la comunicación previa, sino de la omisión de la propia comunicación.
A) En el terreno de los antecedentes legislativos, es de indicar que la nueva figura de la comunicación previa ha venido a sustituir al recurso de reposición: la Disposición derogatoria 2 c) de la Ley 30/1992 suprime la reposición, derogando algunos de los preceptos que la regulaban -otros los olvida-, e introduce la comunicación previa precisamente con las normas aquí cuestionadas. Pues bien, el recurso de reposición también tenía carácter previo, como expresamente señalaban los arts. 52.1 -«como requisito previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo deberá formularse recurso de reposición»- y 82 e) L.J.C.A. -causa de inadmisibilidad: «que no se hubiere interpuesto... el recurso previo de reposición»-. Y lo que ahora se subraya es que la falta de la previa reposición era subsanable en los términos establecidos por el art. 129.3 L.J.C.A.: «si el defecto consistiera en no haberse interpuesto el recurso de reposición, siendo éste preceptivo, y se hubiera denunciado esta omisión por la Administración demandada, el Tribunal requerirá al demandante para que lo formule en el plazo de diez días...». Así pues, aunque la reposición operaba como «requisito previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo», su omisión podía subsanarse con posterioridad a la iniciación del proceso. Podría pues pensarse que una análoga solución sería aplicable a la comunicación previa que ha sustituido al recurso de reposición, incluso con mayor fundamento dado que los fines de aquélla revisten menor entidad que los de éste.
B) En la misma línea, ha de recordarse el muy escaso relieve de los fines a los que atiende la comunicación previa. Y en estos términos, sin salir del terreno de la legalidad ordinaria y más aún dentro del sentido general de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, una solución de insubsanabilidad, con la inadmisión del recurso contencioso-administrativo, vendría a contradecir abiertamente el espíritu de dicha Ley, cuya magistral Exposición de Motivos anunciaba claramente un principio favorable al enjuiciamiento del fondo del asunto -apartado V, 2 b), párrafo último.
7. El principio de interpretación conforme a la Constitución de todo el ordenamiento jurídico, reclama, en lo que ahora importa, la necesidad de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 90/1986), muy especialmente cuando está en juego no el acceso a los recursos sino el acceso a la jurisdicción (SSTC 37/1995 y 55/1995), para permitir así un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto, contenido propio y normal de aquel derecho (STC 40/1996), que aquí, al proyectarse sobre los actos de la Administración, integra más específicamente el «derecho de los administrados a que el Juez enjuicie los actos administrativos que les afectan (art. 24.1 C.E.), controlando la legalidad de la actuación administrativa (art. 106.1 C.E.), esto es, su sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (art. 103.1 C.E.)», lo que «constituye la culminación del sistema de derechos y garantías característico del Estado de Derecho» (STC 294/1994).
Declarar que los arts. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 57.2 f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, no son inconstitucionales interpretados en el sentido que señala el párrafo segundo del fundamento jurídico 7. de esta Sentencia.
STSJ Cataluña 8347/2005, 3 de Noviembre de 2005
STSJ La Rioja 619/2005, 9 de Noviembre de 2005

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
de lege ferenda
e contrario