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Timestamp: 2019-08-18 22:03:16+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 572, de 20/05/2014
cve: DSCD-10-CO-572
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 572
De los señores diputados don Juan Luis Gordo Pérez y don Félix Lavilla Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:
- Conocimiento por el Gobierno de si el presidente de la Corporación de RTVE ha recibido algún email o comunicación, en la que haya recibido informes o informaciones con el "sesgo ideológico" de los profesionales de RTVE (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/020831). (Número de expediente 181/001083) ... (Página3)
- Investigación de las causas que han motivado la dimisión en la Corporación de RTVE de la subdirectora de programación y gestión de los Servicios Informativos, tras elaborar un informe en el que descalifica a profesionales de RTVE (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/020833). (Número de expediente 181/001084) ... (Página3)
- Previsiones acerca del cese de la dirección de informativos de RTVE tras la publicación del informe elaborado por la subdirectora de programación y gestión de los Servicios Informativos de RTVE con el epígrafe "Consejo de Informativos de TVE para Charo", sobre el sesgo político de los profesionales de Informativos de RTVE (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/020834). (Número de expediente 181/001085) ... (Página3)
- Conocimiento por el Gobierno del informe redactado por la subdirectora general de programación y gestión de los Servicios Informativos de RTVE en la que se descalifica a profesionales del ente que no coinciden con la ideología del partido que los soporta (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/020835). (Número de expediente 181/001086) ... (Página3)
De las señoras diputadas doña Patricia Hernández Gutiérrez, doña Leire Iglesias Santiago y del señor diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:
- Trabajo de los altos cargos y asesores del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mediante consultoría o asistencia para la multinacional cementera Cemex (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/045220). (Número de expediente 181/001714) ... (Página4)
- Acceso al expediente de sanción a la cementera Cemex y al recurso de reposición presentado por la misma por los altos cargos y asesores del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/045221). (Número de expediente 181/001715) ... (Página4)
- Número de expedientes sancionadores a grandes contribuyentes que han rebajado la sanción inicial propuesta por los inspectores de la Agencia Tributaria (AEAT) tras su revisión por otras instancias (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/045222). (Número de expediente 181/001716) ... (Página4)
- Cuantía de las sanciones impuestas a grandes contribuyentes en el año 2013 y número de sanciones producidas (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/045223). (Número de expediente 181/001717) ... (Página5)
- Número de reuniones mantenidas por altos cargos del Gobierno con responsables de la empresa Cemex durante el año 2014 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/045224). (Número de expediente 181/001718) ... (Página5)
- Planes de implantación de la empresa Cemex en España (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/045225). (Número de expediente181/001719) ... (Página5)
De la diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas acerca de las conclusiones de la comisión de investigación de la Diputación Provincial de Ourense sobre el uso de fondos europeos (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/046029). (Número de expediente 181/001857) ... (Página8)
- Proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. (Número de expediente 121/000079) ... (Página10)
- Proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. (Número de expediente 121/000079) ... (Página11)
- CONOCIMIENTO POR EL GOBIERNO DE SI EL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN DE RTVE HA RECIBIDO ALGÚN EMAIL O COMUNICACIÓN, EN LA QUE HAYA RECIBIDO INFORMES O INFORMACIONES CON EL "SESGO IDEOLÓGICO" DE LOS PROFESIONALES DE RTVE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/020831). (Número de expediente 181/001083).
- INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS QUE HAN MOTIVADO LA DIMISIÓN EN LA CORPORACIÓN DE RTVE DE LA SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMATIVOS, TRAS ELABORAR UN INFORME EN EL QUE DESCALIFICA A PROFESIONALES DE RTVE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/020833). (Número de expediente 181/001084).
- PREVISIONES ACERCA DEL CESE DE LA DIRECCIÓN DE INFORMATIVOS DE RTVE TRAS LA PUBLICACIÓN DEL INFORME ELABORADO POR LA SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DE RTVE CON EL EPÍGRAFE "CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE PARA CHARO", SOBRE EL SESGO POLÍTICO DE LOS PROFESIONALES DE INFORMATIVOS DE RTVE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/020834). (Número de expediente 181/001085).
- CONOCIMIENTO POR EL GOBIERNO DEL INFORME REDACTADO POR LA SUBDIRECTORA GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DE RTVE EN LA QUE SE DESCALIFICA A PROFESIONALES DEL ENTE QUE NO COINCIDEN CON LA IDEOLOGÍA DEL PARTIDO QUE LOS SOPORTA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/020835). (Número de expediente 181/001086).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Antes de empezar quiero hacer un par de consideraciones previas. En primer lugar, dado que las votaciones del proyecto de ley que hoy debatiremos pueden alargarse, facilitaría mucho el trabajo y la votación posterior a todos los grupos que nos adelantasen, en la medida de lo posible, los cuadernos de votación de cada grupo; o sea, que si a lo largo de la sesión nos pueden ir facilitando el sentido del voto, eso que adelantaremos al final para la votación. En segundo lugar, tenemos en la primera parte del orden del día la contestación a un conjunto de preguntas escritas, que se transformaron en orales por no haber sido respondidas en plazo. Sobre estas tengo que hacer dos consideraciones: una es que las que figuran en el orden del día como números 11.º y 12.º quedan aplazadas y serán incluidas en el orden del día de la próxima sesión que mantengamos en el mes de junio. Otra es que, como es habitual, acumularemos las que tienen un sentido similar o un patrón común y, lógicamente, abriremos los tiempos tanto como sea necesario para que dé tiempo a tratar todas. Hay -para entendernos- tres bloques de temas. Hay cuatro preguntas referidas a la empresa Cemex; hay dos preguntas -que acumularemos- referidas al funcionamiento del área de grandes contribuyentes de la Agencia Tributaria, que veremos juntas; y hay una referida a una actuación de la Diputación Provincial de Orense. Finalmente, las que vamos a ver en primer lugar están referidas a Radiotelevisión Española.
Tenemos con nosotros a la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda para dar respuesta a las preguntas. En primer lugar, para plantear una observación en relación con las preguntas referidas a Radiotelevisión Española tiene la palabra su portavoz.
El señor GORDO PÉREZ: Señor presidente, me pidió que retirarse las preguntas y permítame que de una manera sintética, en tres o cuatro minutos, haga una valoración política, no sin antes dar la bienvenida a la señora secretaria general, creo que con rango de subsecretaria.
Nosotros hemos reconvertido cuatro preguntas escritas en preguntas orales dirigidas al Gobierno. El Gobierno no nos ha dado respuesta, lo cual nos parece una falta de respeto al control de la acción
democrática del Parlamento. Por lo tanto, lo que queremos es exigir la responsabilidad política del Gobierno, porque las cuatro preguntas giran en torno a un asunto que se conoció como listas negras de trabajadores en Radiotelevisión Española. Estas no son ni más ni menos que un listado de trabajadores catalogados y clasificados en función de su posición ideológica, que elaboró la subdirectora de Programación y Coordinación, es decir, la número dos de la directora de Informativos. Desde el punto de vista democrático, esto nos parece impresentable, porque es la vuelta a tiempos pasados. Hemos pedido información en la Comisión Mixta de Control de Radiotelevisión Española y, dado que no se dio respuesta, hemos formulado cuatro preguntas: una sobre si tenía conocimiento el Gobierno del informe; dos, las previsiones del cese del director de informativos, que entendíamos que políticamente era obligado y había una responsabilidad clara; tres, las causas por las cuales al final presentó la dimisión la subdirectora; y, cuatro, si el presidente de Radiotelevisión había recibido alguna respuesta. Nos parecía y nos parece que este asunto sobre todo descalifica a los profesionales porque la lista era de periodistas profesionales; incluso se los catalogaba, se hablaba del comando Rubalcaba. ¡Qué barbaridad! Comando Rubalcaba, esa es la visión que tiene la dirección de Informativos. Este texto hacía una valoración política y era un ataque claramente contra la dignidad profesional, pero sobre todo también contra la imagen de una Radiotelevisión Española que en su día, en la etapa del Gobierno socialista, fue plural y neutral. Por eso, pedimos responsabilidades corporativas.
Para concluir, este no es un hecho aislado porque lo que pone de manifiesto es la existencia de una cultura antidemocrática, de manipulación, de utilización de medios, tal y como estamos comprobando estos días en las elecciones europeas. Es la misma cultura y lo estamos comprobando: instrucciones a los centros territoriales para que no saquen la agenda ni seguimiento de la campaña; así, nos encontramos con que en Andalucía el presidente del Partido Popular estos días tiene el doble de tiempo que la presidenta de la Junta. ¿Esto qué es? Manipulación, una televisión pública y una radiotelevisión pública al servicio de los intereses del partido del Gobierno. Nos parece que esto es un descrédito y conlleva hundir la credibilidad de los medios públicos y, sobre todo, de los políticos españoles. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Obviamente no me corresponde polemizar, pero quiero hacer unas manifestaciones solo para que quede claro en el "Diario de Sesiones", aunque los miembros que forman parte de la Mesa y portavoces de la Comisión ya lo saben. Estas preguntas fueron formuladas hace más de un año y cuando entraron en la Comisión de Hacienda y de Administraciones Públicas este presidente consideró que no correspondía debatirlas en esta Comisión; por lo tanto, formuló ante la Mesa del Congreso la petición de que fuesen reconsideradas y adscritas a otra Comisión que pudiese responder más correctamente, dado que el Ministerio de Hacienda, aunque es el tenedor de las acciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y a través de ella de Radiotelevisión Española, como es sobradamente conocido, no tiene nada que ver con la actividad a la que hacían referencia las preguntas. Esta solicitud fue denegada por la Mesa superior y esta es la razón por la que finalmente y con tanto retraso habían ingresado en el orden del día de la Comisión. Digo esto simplemente a efectos de que conste.
- TRABAJO DE LOS ALTOS CARGOS Y ASESORES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MEDIANTE CONSULTORÍA O ASISTENCIA PARA LA MULTINACIONAL CEMENTERA CEMEX (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/045220). (Número de expediente 181/001714).
- ACCESO AL EXPEDIENTE DE SANCIÓN A LA CEMENTERA CEMEX Y AL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR LA MISMA POR LOS ALTOS CARGOS Y ASESORES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/045221). (Número de expediente 181/001715).
- NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES A GRANDES CONTRIBUYENTES QUE HAN REBAJADO LA SANCIÓN INICIAL PROPUESTA POR LOS INSPECTORES DE LA AGENCIA
TRIBUTARIA (AEAT) TRAS SU REVISIÓN POR OTRAS INSTANCIAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/045222). (Número de expediente 181/001716).
- CUANTÍA DE LAS SANCIONES IMPUESTAS A GRANDES CONTRIBUYENTES EN EL AÑO 2013 Y NÚMERO DE SANCIONES PRODUCIDAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/045223). (Número de expediente 181/001717).
- NÚMERO DE REUNIONES MANTENIDAS POR ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO CON RESPONSABLES DE LA EMPRESA CEMEX DURANTE EL AÑO 2014 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/045224). (Número de expediente 181/001718).
- PLANES DE IMPLANTACIÓN DE LA EMPRESA CEMEX EN ESPAÑA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/045225). (Número de expediente 181/001719).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo bloque de preguntas, que son las referidas a la empresa Cemex, las que llevan en el orden del día el número 5.º, 6.º, 9.º y 10..º Para formularlas tiene la palabra la señora Iglesias.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Señor presidente, ¿las preguntas 7.º y 8.º no se incorporan? (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Como le resulte más fácil hacerlo. Por los títulos, había puesto unas por un lado y otras por otro, pero realmente se pueden agrupar todas, porque también la cuestión de los grandes contribuyentes va referida a Cemex. La idea es que sin límite de plazo formule las cuestiones.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Son todas referidas a la misma cuestión. La diferencia entre unas y otras es que unas han sido contestadas por escrito y las otras no.
El señor PRESIDENTE: Si resulta más coherente para la comprensión del debate, acumulamos todas con el tiempo que necesite tanto ahora como en el turno posterior de réplica.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Aclarado esto, en primer lugar, quiero poner de manifiesto la falta de transparencia que se está produciendo una vez tras otra en esta Cámara. No es tanto una intervención o un reproche a la compareciente, aunque sí a su ministerio y a la estructura general del Gobierno, como a los responsables de las distintas mesas en las distintas comisiones. Estamos viendo cómo una vez tras otra a las preguntas que hacemos los diputados y las diputadas no se nos contesta en los plazos adecuados, o se nos da una respuesta que omite buena parte del contenido de la pregunta, con lo cual tenemos que volver a repetirla y perdemos el tiempo de reacción, de respuesta y de actuación en ese sentido. Se está convirtiendo quizá en una práctica demasiado habitual en esta legislatura. Es el caso de las preguntas que nos ocupan. Cuatro de ellas finalmente han sido respondidas por escrito, aunque faltándoles gran parte de la información, y a las otras dos preguntas aún falta por entregar la respuesta por el Ministerio de Hacienda, no tenemos ninguna información sobre su contenido.
En concreto, respecto de la empresa Cemex, se preguntaba sobre la relación laboral directa o indirecta que el Ministerio de Hacienda, sus altos cargos y asesores -personal de confianza en el Ministerio de Hacienda-, había tenido con una empresa sometida a un control de expedientes, a un control de sus cuentas por fraude a la Administración pública española. Resalto lo de los asesores, porque en la respuesta escrita que nos ha enviado el ministerio nos remiten a las declaraciones de altos cargos, como si nosotros necesitáramos esa respuesta escrita para conocer las declaraciones de los altos cargos. Lo que no está publicado por el Ministerio de Hacienda son las declaraciones laborales de los asesores y si estos, los que trabajan directamente en el ministerio, han tenido o no han tenido alguna relación directa o indirecta mediante trabajos de consultoría con la empresa Cemex. Luego hay una parte de la pregunta que está sin contestar mediante la fórmula escrita y que nos gustaría que ahora -si pudiera ser- fuera contestada oralmente en esta sesión para no tener que repetirla. Igualmente sucede respecto de las reuniones mantenidas.
Afirma el Gobierno en su respuesta escrita que no ha habido ningún tipo de reunión entre el Gobierno en su conjunto y la empresa Cemex. Nos sorprende, aunque damos por cierta esa afirmación. Entiendo que corroboran aquí que, pese a haber una empresa del volumen de Cemex que el pasado verano anunciara que se iba a aumentar su presencia en nuestro país hasta convertir España en su sede para la distribución de cemento en el sur de Europa y el norte de África, el Gobierno no ha mantenido ningún tipo de contacto con esta cementera, a pesar de lo que eso pueda suponer de creación de empleo, de dinamización económica, de impacto en el sector; que, pese a ese tipo de anuncios, y más allá de los expedientes sancionadores, no ha habido ningún tipo de contacto, reunión formal o informal con esta empresa. Especialmente tenemos interés en que hoy aquí se nos contesten las dos preguntas que están sin responder: cuál es el número de expedientes que pasan por la Oficina de gestión de grandes contribuyentes que, pese a las recomendaciones iniciales que hacen los inspectores encargados de tramitarlos, rebaja la cuantía propuesta por estos inspectores con algunos criterios establecidos por la dirección, así como, si puede saberse, cuáles son esos criterios; y, sobre todo, teniendo en cuenta que los inspectores de Hacienda hablan de un fraude aproximado o equivalente en nuestro país al 25% de nuestro producto interior bruto y que el 72% de ese fraude no se produce por los pequeños contribuyentes, a los que el Ministerio de Hacienda ha anunciado importantes controles, sino por grandes contribuyentes, a los que no se hace nunca anuncios de importantes controles, cuál es la cuantía de las sanciones que se ha impuesto a estos grandes contribuyentes y cuál es el número de sanciones que se han producido. Estas son dos preguntas muy concretas cuya respuesta necesitamos conocer y que, hasta ahora, pese a haberse remitido en tiempo y en forma, seguimos a la espera de la respuesta escrita. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (Navarro Heras): En relación con las preguntas que su señoría ha formulado, le puedo contestar que, respecto a si cabe señalar por el Gobierno que le conste alguna reunión con responsables de la empresa Cemex, la respuesta es que no consta al Gobierno que haya habido ninguna reunión con responsables de esta empresa. Por otro lado, y en relación con los planes de implantación, de acuerdo con la información que tenemos disponible en la página web de la empresa, esta se halla presente en España desde 1992. También por lo que se refiere a altos cargos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y sus posibles contactos con esta empresa, se informa de que, según los datos que obran en el registro de altos cargos de la Oficina de conflictos de intereses, ninguno de ellos ha trabajado ni directa ni indirectamente mediante consultoría o asistencia para la multinacional cementera Cemex.
Centrándome ya en las sanciones de los grandes contribuyentes, en primer lugar, por acotar qué se entiende por grandes contribuyentes, entendemos por tales los que están adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que extiende su competencia sobre todo el territorio nacional, con independencia del domicilio fiscal que tengan estos obligados tributarios así como de los lugares donde ellos ejerzan sus actividades económicas. Lo importante es que estén adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Le podemos informar de que esta Delegación Central de Grandes Contribuyentes ha incoado 1.838 expedientes sancionadores durante 2013 por una cuantía global de 656 millones de euros. Quiero precisar que estos datos incluyen los expedientes sancionadores incoados por las áreas de gestión e inspección financiera y tributaria de la agencia estatal, y no incluye, como es de suponer, todos los expedientes de delito contra la Hacienda pública.
En el procedimiento sancionador en materia tributaria -que se encuentra regulado, como saben, en los artículos 207 y siguientes de la Ley General Tributaria, 58/2003, de 17 de diciembre, y se desarrolla en los artículos 20 y siguientes del Reglamento del Régimen Sancionador Tributario, aprobado mediante Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre- está tasado este procedimiento. Para poder modificar las sanciones se debe seguir un procedimiento muy concreto. A grandes rasgos y de conformidad con estos preceptos, una vez que se aprecia la existencia de infracciones susceptibles de sanción, el órgano competente para instruir el procedimiento sancionador formula una propuesta de resolución que será notificada al interesado, al objeto de que este alegue lo que estime oportuno. A la vista de las alegaciones presentadas, si en su caso las hubiera, el órgano instructor remite al órgano competente para imponer la sanción. Creo que es importante destacar que el órgano instructor es diferente al órgano competente para imponer la sanción, el cual puede rectificar la propuesta de resolución si concurre cualquiera de las causas que están taxativamente reguladas y previstas en el artículo 24.2 del Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario. Por lo tanto, ese es el marco al que se limitan las acciones que pueden llevar a
una modificación en un procedimiento sancionador. Como digo, es importante destacar que hay dos órganos diferenciados, uno instructor y otro competente para sancionar.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Señor presidente, le pediría amparo a la Mesa ante la falta de concreción en la respuesta. Le he preguntado a la secretaria general específicamente, he hecho constar lo que nos había contestado por escrito y qué faltaba en esa respuesta, y ha insistido en la respuesta que ya teníamos por escrito. ¿Ha habido o no alguna relación de asesores que trabajen para el ministerio de Hacienda directa o indirectamente mediante trabajos de consultoría con la cementera Cemex? Esa es la pregunta, la respuesta es sí o no. No hace falta que me dirija al registro de altos cargos del Gobierno y sus declaraciones porque eso ya lo conocemos. De la misma manera, ¿cuántas veces se han producido este tipo de circunstancias en las que un inspector o inspectora propone una sanción y en la continuación del procedimiento esa cuantía es minorada? Aquí está gran parte de la cuestión. Que haya una cierta falta de transparencia en el control parlamentario es grave; que haya falta de transparencia en el control del fraude directamente por quienes son responsables de la gestión del control del fraude es gravísimo, y es lo que estamos viendo justamente en lo que ha pasado en este momento. La pregunta sería, ¿qué es lo que está pasando en la Agencia Tributaria?
Hoy somos conscientes de que finalmente la sanción a Cemex fue la cuantía propuesta por la inspectora, 450 millones de euros; pero eso ha costado el cese de la inspectora responsable del expediente, la dimisión del jefe del departamento y la dimisión del número dos de la propia agencia, Luis Jones, quien en su carta de despedida aludió a criterios de la dirección que impedían que él pudiera hacerse cargo del control del fraude tal como lo estaban planteando los inspectores. ¿Cuáles son esos criterios que establece la dirección que impiden hoy que los inspectores puedan hacer su trabajo y sobre todo en cuántas circunstancias se está haciendo esto? No sería muy razonable pensar que para que un inspector lleve a buen término su excelente gestión, como la que han estado estableciendo los funcionarios públicos hasta la fecha, tenga que haber una serie de dimisiones en cadena. Vamos por más de trescientas sustituciones en la Agencia Tributaria, por no hablar también de otros espacios en los que se está produciendo un tremendo oscurantismo, como puede ser la propia ONIF, en la que la directora general nombra a su hermana para la gestión de algunos expedientes, en la que de número dos se pone a una persona que tiene unos antecedentes por todos conocidos, en la que no sabemos si finalmente para que una empresa pueda ser sancionada tiene que ser a costa de las cabezas de los inspectores, a costa del personal, de los profesionales que trabajan en la Agencia Tributaria, habiendo además amenazas y señalándose por parte del ministro de Hacienda, del propio ministro Montoro, las supuestas vinculaciones políticas de todo el cuerpo de inspectores de la Agencia Tributaria.
Sabemos, podemos constatar hoy aquí que hasta ahora no existían esos escándalos, y que desde que el señor Montoro volvió al Ministerio de Hacienda no deja de haber oscurantismo y escándalos en la gestión de sanciones a la Oficina de grandes contribuyentes, mientras que en los periodos de declaración que estamos viviendo hasta la fecha los ciudadanos no parece que estemos exentos de nuestras obligaciones tributarias. Queremos saber qué está pasando con las obligaciones tributarias de las grandes corporaciones en nuestro país.
La señora SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (Navarro Heras): Frente al oscurantismo, el Gobierno está luchando por llevar a cabo una actitud y una normativa de transparencia. Garantiza el cumplimiento de todas las normas cuyo ámbito le corresponde; no solo eso sino que también creo que está trabajando para mejorar las leyes, para evitar la dispersión normativa y para mejorar la eficacia. Ese es el propósito que tenemos desde el Gobierno. Otorgamos una gran importancia a que los altos cargos actúen con una total honradez y ejemplaridad y también a que exista, por supuesto, un marco claro y legal en el que se desenvuelva esa actitud responsable y honorífica que corresponde a los altos cargos y que garantice el cumplimiento correcto de sus obligaciones, responsabilidades y también límites en sus actuaciones.
Le voy a nombrar simplemente dos normas: una ya aprobada, la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y otra, que está actualmente en tramitación, el proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Por cierto, quiero
recordar que en estos dos proyectos de ley ha habido un plazo de comparecencia propuesto por todos los grupos parlamentarios para que los expertos en la materia puedan aportar sus conocimientos y sus ideas con el fin de obtener unos textos normativos que cuenten con el mayor consenso posible. La Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno señala las obligaciones del buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos y las consecuencias jurídicas que se derivan de un posible incumplimiento. Esta norma incide, como saben, en la obligación que tienen los altos cargos para cumplir con la normativa que regula las incompatibilidades y los conflictos de intereses y les insta a no implicarse en situaciones o actividades que son incompatibles con sus funciones o en asuntos que puedan afectar o poner en peligro su objetividad.
En cuanto al proyecto de ley del ejercicio del alto cargo -actualmente en tramitación- es mucho más exigente que la ley que se aprobó en 2006, y les puedo dar cinco motivos de mayor refuerzo y exigencia. Por una parte, en lo personal, si la actual ley establece que la relación de determinados allegados al cargo público con algunas empresas obligaría a estos a abstenerse en actuaciones que afectan a esas empresas, en la nueva norma amplía esa relación a un círculo mucho más amplio de personas tanto en su ámbito familiar, personal, como profesional. En segundo lugar, respecto al ámbito temporal, si la actual ley limita el deber de abstención a los intereses que hayan existido durante solo los dos años anteriores a la toma de posesión del alto cargo, la nueva norma no establece limitación temporal alguna con carácter general; solo marca estos dos años para los casos en que deba abstenerse porque las empresas afectadas hayan tenido relación con personas jurídicas o entidades privadas con las que el alto cargo haya tenido un vínculo laboral o profesional. Además, respecto del punto de vista laboral, esta futura ley exige a los órganos donde presten servicios los altos cargos que apliquen procedimientos para detectar posibles conflictos de intereses. También, y en cuarto lugar, refuerza el papel de la Oficina de conflictos de intereses porque lo eleva de rango administrativo y porque le da un control parlamentario del candidato elegido para el nombramiento. Se aclaran además las funciones que desempeñe la oficina, potenciando una colaboración tanto con la Agencia Tributaria como con la Tesorería de la Seguridad Social, el Registro Mercantil o el Registro de Fundaciones. Quiero recordar que este era uno de los puntos en los que insistía el informe de la Comisión Europea para que España refuerce esta oficina y su actuación dentro del Gobierno, y así lo estará llevando a cabo esta ley.
Finalmente, desde el punto de vista patrimonial, otra importante novedad que introducirá la ley es el procedimiento de examen de la situación patrimonial del alto cargo una vez que ha cesado en sus funciones como tal. A este respecto se regula un informe que, a través de un procedimiento contradictorio con el propio interesado, debe elaborar esta oficina de conflictos de intereses y en el que se va a analizar la situación patrimonial del alto cargo entre su nombramiento y su cese para que así se pueda detectar toda clase de posibles irregularidades.
DE LA DIPUTADA DOÑA LAURA CARMEN SEARA SOBRADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS ACERCA DE LAS CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE SOBRE EL USO DE FONDOS EUROPEOS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/046029). (Número de expediente 181/001857).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 13.º del orden del día, pregunta referida a unas conclusiones de la Comisión de Investigación de la Diputación Provincial de Ourense. Para su formulación, tiene la palabra la diputada Seara.
La señora SEARA SOBRADO: Doy por formulada la pregunta y espero la respuesta del alto cargo del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Secretaria General.
La señora SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (Navarro Heras): Contestando a la pregunta de la diputada Seara, diré que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no tiene competencias para tomar medidas respecto a las conclusiones de las investigaciones que han realizado instituciones como la Diputación Provincial de Ourense, o bien sus comisiones de investigación. Lo que sí hace el ministerio es continuar con la instrucción legal en el ámbito de sus competencias de gestión de fondos.
La señora SEARA SOBRADO: Señora secretaria general, sabe usted que la OLAF reclamó a la Diputación de Ourense, a través del Ministerio de Administraciones Públicas, más de 10 millones de euros por fraude en la construcción de ciento tres depuradoras financiadas con fondos europeos. Eran los proyectos denominados Daredo y Deputrans. Usted me dice que no tienen competencias, pero hace unos meses yo pregunté al señor Montoro en la sesión de control del Pleno del Congreso qué iba a hacer el Gobierno en relación con los informes de la OLAF sobre la Diputación de Ourense, un informe demoledor contra el organismo provincial. En su respuesta el ministro no se inhibió, que es lo que acaba de hacer usted. El ministro reconoció que el informe de la OLAF concluía que los procedimientos de contratación de las plantas depuradoras eran irregulares por diferentes razones y que respecto a los contratos de asistencia técnica la diputación incurrió en procedimientos irregulares de contratación. Esta fue la respuesta del señor Montoro. Es más, él mismo me dijo que había iniciado los expedientes de reintegro de los fondos. Por eso me sorprende su respuesta tan aséptica. Mi pregunta es si lo ha iniciado ya.
El señor Montoro en esa respuesta también me apuntó que, al considerar el informe de la OLAF que los hechos podrían ser constitutivos de ilícitos penales, el Gobierno había remitido dicho informe al fiscal general del Estado. Parece que no es una cosa tan menor, que no se inhibió el ministerio al que usted está representando hoy aquí, porque el señor Montoro, como decía, fue muy claro en esa respuesta en el Pleno del Congreso. Lo que le pregunto es si tienen algún dato ya sobre alguna actuación de la fiscalía, si realmente se remitió por parte del Ministerio de Administraciones Públicas ese informe de la OLAF al fiscal general del Estado, que fue lo que él dijo en el Pleno del Congreso. Además, le quiero apuntar que en octubre de 2013 -como hago referencia en la pregunta- la diputación creó una comisión de investigación en la que no participó ningún partido de la oposición, en la que quince diputados del Partido Popular se reunieron seis veces y llegaron a la conclusión de que el informe de la OLAF se basa -cito textualmente- en apriorismos y presunciones y rechaza absolutamente lo que la propia OLAF ha investigado. Estamos hablando de una mala gestión de fondos europeos en estos proyectos Daredo y Deputrans, de la devolución de más de 10 millones de euros de fondos europeos, que son competencia suya, de su ministerio, que se reclama que sean devueltos a la Unión Europea. Es un informe muy claro. La diputación desacredita absolutamente, desde el inicio al fin de este informe y de estas conclusiones de la comisión de investigación, a la Oficina contra el Fraude de la Unión Europea, que no fue el camino ni la intervención del ministro de su propio ministerio. Por tanto, la diputación mantiene una discrepancia total con la OLAF. Mi pregunta es la siguiente: ¿están ustedes de acuerdo con las conclusiones de la comisión de investigación de la Diputación Provincial de Ourense, donde se desacredita a la OLAF? Es muy sencillo: ¿están de acuerdo con las conclusiones de la comisión o con el informe de la OLAF? ¿Cuál es la postura del Gobierno y de su ministerio, el ministerio que vela por el buen uso de los fondos públicos, en este caso de los fondos europeos? ¿Están de acuerdo en que no hay responsabilidades políticas ni administrativas ni de otro tipo en los órganos políticos que autorizaron este expediente de contratación? Según el informe de investigación no se dieron instrucciones ni recomendaciones o insinuaciones para que los técnicos establecieran unas condiciones determinadas que favoreciesen la adjudicación a una empresa determinada. Todo esto lo rebate la OLAF. Yo quiero que sean claros porque el señor Beteta puso hace muy poco a la Diputación Provincial de Ourense, conocida por casi todos los que estamos aquí, como ejemplo de buena gestión. A mí me gustaría que se aclarara porque el señor Montoro dice una cosa en el Pleno, el señor Beteta dice otra cuando visita la Diputación Provincial de Ourense y hoy aquí usted, en esta primera intervención, con todo el respeto, no me ha dicho nada. Creo que es un tema serio, un tema que está en los tribunales, donde estamos hablando de la devolución de 10 millones de euros, que es su ministerio el que los tiene que reintegrar. A mí me gustaría que me dejara esta mañana claro si están con ese informe de la diputación o con el informe de la OLAF, que dice que ha habido fraude y donde se apunta que hay que devolver más de 10 millones de euros.
También hay algunos rumores -se han hecho preguntas al respecto en la Diputación Provincial de Ourense en estos últimos meses- sobre otros expedientes que está investigando la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude en la Diputación Provincial de Ourense. Me gustaría saber si ustedes tienen conocimiento de alguna investigación nueva al respecto. Le pido que no miren para otro lado. Es un tema serio que afecta a una provincia como la mía, porque 10 millones de euros de fondos europeos, cofinanciados con dinero del Estado, con dinero de su Gobierno y con dinero del propio ente provincial, es una cantidad importante, cuando además estamos hablando de un tema tan serio como es la depuración de aguas, que en este caso es obra pública, pero podría haber sido para otro tipo de programas.
Yo le pido que me conteste si están de acuerdo con la OLAF o están de acuerdo con el informe de la comisión de investigación que ha desacredito de arriba abajo lo dicho por una oficina tan seria con una muy buena reputación en este país y en el conjunto de la Unión, que dice absolutamente todo lo contrario, que hay que devolver ese dinero. El señor Montoro, insisto, dijo que había puesto el caso en manos de la Fiscalía General del Estado. Quiero saber si lo ha hecho y quiero saber también si ha hablado de la reposición, si ha llevado a cabo ya todos los mecanismos para que se reponga esta cantidad, más de 10 millones de euros, que según la OLAF tienen que ser devueltos por mala gestión y fraude en el uso de estos fondos de la Unión Europea.
La señora SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (Navarro Heras): Le voy a informar de la actuación que ha llevado a cabo el ministerio. Con fecha 8 de agosto de 2013 tuvo entrada en la Dirección General de Fondos Comunitarios el informe final sobre la investigación abierta por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, a los proyectos Daredo y Deputrans. En este informe, la OLAF recomienda proceder a la descertificación de la totalidad de las cantidades declaradas por la Diputación Provincial de Ourense por estos proyectos. El proyecto Deputrans fue aprobado con un coste total de 1.666.667 euros y una ayuda Feder de 1.250.025 euros. En el caso del proyecto Daredo, fue aprobado con un coste total de 11.889.600 euros y una ayuda Feder de 8.917.200 euros. En cumplimiento de estas recomendaciones de la OLAF, con fecha 6 de septiembre de 2013 la Dirección General de Fondos Comunitarios inició un expediente de reintegro para la recuperación de la ayuda Feder recibida por la Diputación Provincial de Ourense, con las cuantías que antes les he expuesto. Con fecha 3 de octubre y, posteriormente, 27 de febrero, la Diputación Provincial de Ourense envió alegaciones al respecto, alegaciones que están ahora mismo pendientes de resolución por la Dirección General de Fondos Comunitarios. Con fecha 23 de abril de 2014, el abogado del Estado ha remitido este informe sobre uno de los temas planteados en las alegaciones de la Diputación Provincial de Ourense, en concreto si había que dejar en suspenso la vía administrativa a expensas del resultado de la posible vía penal. En esa fecha el abogado del Estado Ha remitido este informe, y en función del mismo, de las alegaciones presentadas y del expediente del reintegro inicial, la Dirección General de Fondos Comunitarios va a emitir en un breve plazo su resolución sobre este asunto, que contendrá las posibles vías de recurso que están previstas en la ley. Por otra parte, como ha comentado la señora diputada, al considerar la OLAF que los hechos anteriormente descritos podían ser constitutivos de ilícitos penales previstos en el Código Penal español, remitió directamente el informe final a la Fiscalía General del Estado para su consideración, que en uso de sus competencias realizará las investigaciones pertinentes. No hay noticias por el momento del curso de las investigaciones que ha llevado a cabo la fiscalía y sobre la resolución que ha dado a este expediente. Pero sí quiero, para terminar, recordar lo que dijo el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en el Pleno del Congreso, el pasado mes de noviembre, a una pregunta formulada por la señora Seara. La conclusión que tenemos que sacar es que España es un país cuyas instituciones funcionan. A partir de ese funcionamiento, tenemos que reforzar y regenerar el tejido de estas instituciones. En concreto, en el ámbito de las corporaciones locales, hay una nueva ley, como sabemos todos. Esta ley arbitra procedimientos que son el refuerzo del papel de las intervenciones de las corporaciones locales, dándoles el título de habilitación nacional. Eso es lo que está haciendo este Gobierno al impulsar esas reformas para evitar que se produzca ningún tipo de caso en nuestro país, caso que pueda derivar también de la gran dispersión de unidades administrativas de gestión que tiene España.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria general.
Suspendemos un minuto la sesión para que se ausente la compareciente y continuamos con el siguiente punto del orden del día. (Pausa.)
- PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA. (Número de expediente 121/000079).
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, tenemos que ratificar la ponencia del proyecto de ley que, como saben todos los portavoces, la ratificamos en los mismos términos en los que se recibió el proyecto
puesto que no fue incorporada ninguna enmienda en ponencia. Si a todo el mundo le parece bien, la damos por ratificada. (Asentimiento.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.
Las votaciones se producirán no antes de las dos. No sé si tenemos ya el sentido de los votos, pero si los van formulando permitirá que la votación discurra con más agilidad. El turno de intervenciones, como siempre hacemos, será de menor a mayor. Por lo tanto, en primer lugar, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Doy por defendidas las enmiendas del resto del Grupo Mixto, que creo que son de Esquerra Republicana, y voy a defender aquellas que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego a este proyecto de ley. En la enmienda de devolución que presentamos manifestábamos que encajaba muy mal su título, pues su objetivo está muy lejos de perseguir la racionalización de la estructura de las administraciones públicas. Más bien su contenido, aunque diverso, indica claramente que su verdadera intencionalidad es reforzar aún más la capacidad del poder central, recentralizar competencias y considerar como prescindible la actividad que desarrollan las administraciones de las comunidades autónomas. Lo que obvia tanto ese afán centralizador plasmado en el texto de este proyecto de ley como el informe CORA, en el cual se inspira el Gobierno para hacer estas modificaciones, es que la real racionalización del sector público supondría revisar a fondo precisamente el papel de la Administración General del Estado, que ha mantenido en muchos casos órganos y organismos públicos sin funciones al haberse asumido competencias por las comunidades autónomas. Además, señorías, tampoco se ha realizado una revisión crítica de su estructura a la luz del proceso autonómico, al tiempo que ha avanzado la descentralización administrativa al condicionar sobre todo la estructura periférica del Estado, que aún mantiene un presupuesto en 2014 de 275 millones de euros.
Asimismo, señorías, se refleja la obsesión por el control y supervisión del Estado de la actividad de los gobiernos y administraciones autonómicas y locales. Han mantenido intactas estructuras administrativas centrales que más que ejercer o desarrollar servicios y actividades al ciudadano están enfocadas al marcaje interadministrativo, lo que en momentos de dificultades de financiación del sector público debería ser más prescindible. Proponemos por lo tanto una serie de enmiendas en la medida en que también se mantienen indemnes a la racionalización instituciones cuya utilidad está cuestionada ampliamente, como es el caso del Senado, señorías, que supone para las arcas públicas 51 millones de euros, o las diputaciones provinciales, que gestionan una parte significativa del gasto de las administraciones locales en funciones y competencias que podrían ser asumidas sin problemas tanto por la Administración local como por la autonómica, e incluso se podrían crear entidades asociativas locales con menor burocracia y gasto público que proporcionasen los servicios de apoyo que hoy de forma gravosa prestan las corporaciones provinciales.
Por otro lado, señorías, también tenemos que destacar que desde el punto de vista de la simplificación burocrática, este proyecto de ley refleja ese espíritu de motivación grandilocuente cuya concreción a la hora de la regulación se transforma en selectivas medidas recentralizadoras, como es el caso de la implantación de una licencia deportiva única que, más allá de ser discutible que su unificación a nivel estatal facilite la gestión deportiva, no ha sido consensuada con las federaciones deportivas y ha cosechado un amplio rechazo absoluto por parte de las federaciones deportivas de todas las comunidades autónomas, independientemente del peso ideológico que en cada una de ellas pudiera tener cualquier posicionamiento político en el Estado español. Por eso presentamos nuestra enmienda 23, a fin de que se mantenga el texto actual del apartado 4 del artículo 33 de la Ley 10/1990, General del Deporte. Presentamos también la enmienda 63, en la que planteamos que en el plazo de tres meses se cree una comisión para desarrollar tanto el análisis como un proyecto o una propuesta de modelo organizativo provincial en aras de eliminar las diputaciones provinciales. En nuestra enmienda 64 proponemos que en el plazo de seis meses se elabore por parte del Gobierno un proyecto de ley para su tramitación parlamentaria para la reforma de la
Ley 6/1997, de 14 abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado con el objetivo de adoptar la estructura periférica de la Administración General del Estado.
Y quiero hacer mención también, señorías, a la enmienda 65, en la que planteamos que se adopten las medidas necesarias para transferir a las comunidades autónomas las competencias completas en materia de demarcación y planta judicial, las competencias completas en Administración de Justicia, porque, como ustedes saben, en estos momentos se está suscitando un gravísimo problema, no sé si en todo el territorio del Estado es el mismo, pero en Galicia la propuesta del Gobierno de reducir las demarcaciones provinciales de la Administración de Justicia está generando no solo una gran controversia sino un posicionamiento contrario todos los estamentos que concurren en la Administración de Justicia y también de las administraciones locales, del propio Gobierno autonómico y de la sociedad en general. De ahí que entendamos que para hacer una real y adecuada implantación en relación con la demarcación y planta judicial lo más coherente sería que fuesen las propias comunidades autónomas quienes la hicieran. En esta enmienda 65 planteamos, aprovechando el debate que pretende el Gobierno que denomina de racionalización de la Administración General del Estado, la transferencia de estas competencias a las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Como saben sus señorías, nuestro grupo presentó una enmienda de totalidad a este proyecto de ley porque entendíamos que había una vulneración clara del sistema de distribución competencial, y para nuestro grupo esta cuestión era una cuestión realmente importante. El proyecto comprende toda una serie de medidas de reorganización, modificaciones normativas que desbordan ampliamente el marco de actuaciones de la Administración del Estado, afectando directamente a la potestad de autoorganización de las administraciones territoriales. Esto para nuestro grupo es algo que no se debería producir. El Gobierno es verdad que dice que quiere limitar su actuación o la actuación de esta ley a la de la Administración Central del Estado, pero después se mete en ámbitos que no le corresponden en nuestro opinión y cuando planteamos las enmiendas para clarificar esta cuestión de una forma nítida no lo hace, con lo cual, debo interpretar que el ánimo del Gobierno en este proyecto es no solo ser respetuoso sino adentrarse en los ámbitos competenciales de otras administraciones públicas. Hemos intentado pactar, transaccionar o hablar de nuestras enmiendas con el Gobierno, pero al margen de la voluntad de la diputada del Grupo Popular presente que ha puesto todo su empeño en la cuestión, la verdad es que el Gobierno no ha estado en este sentido a la altura, nos ha tenido durante mucho tiempo pendientes de unas propuestas y luego nos las ha planteado como las lentejas, si quieres las comes y si no, las dejas, pero no como un elemento de negociación, y creo que esto es importante decirlo. Además, según el Grupo Vasco, no valdría exclusivamente con resolver una o dos cuestiones puntuales, habría que resolver todas aquellas cuestiones competenciales dudosas para que pudiéramos votar a favor de este proyecto. Por lo tanto, como hay elementos clave que van a estar en duda y el Gobierno va a poder entrometerse en ámbitos que no le corresponden, nuestro grupo va a votar en contra del dictamen de este proyecto de ley.
Ahora bien, me gustaría hacer una referencia a las enmiendas que nuestro grupo ha planteado, algunas han sido objeto de transacción, unas transacciones menores que no satisfacen suficientemente pero que vamos a aceptar, si le parece bien al Grupo Popular, la transaccional a las enmiendas 13, 14, 16 y 17, pero voy a referirme amén de estas al final a otra enmienda que nos parece realmente importante y a la que no ha habido ninguna respuesta por parte del Gobierno ni del grupo parlamentario. Me refiero a la enmienda número 20, relativa a la modificación recogida en el artículo 25 de este proyecto de ley que modifica el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, al establecer en el Boletín Oficial del Estado un tablón edictal único para el conjunto de las administraciones públicas existentes en el Estado.
Creemos que este establecimiento colisiona con los principios de jerarquía y descentralización de las administraciones públicas y con el principio de territorialidad de las administraciones competentes en los procedimientos administrativos que se tramiten en razón a sus competencias. Para nosotros, insisto, esta es una cuestión fundamental y creemos que no se debería quebrar la relación jerárquica y tampoco se debería lesionar el principio de territorialidad de las actuaciones de las administraciones públicas. Argumenté más detenidamente esta cuestión en el debate de totalidad, por lo que creo que no procede seguir haciendo más hincapié en esta cuestión que, insisto, es absolutamente fundamental.
Donde sí ha habido un acuerdo en la transaccional ha sido en lo referente a las federaciones deportivas. Esta transaccional de alguna forma venía obligada por un compromiso adquirido en la Comisión sobre la base de una proposición no de ley del Grupo Vasco. En ese sentido, se ha trabajado intensamente para llegar a un acuerdo respecto de esta cuestión. La redacción original por la que se establece la denominada licencia deportiva única suponía una invasión plena de las competencias para la emisión de una licencia deportiva por parte de las comunidades autónomas y la fulminación de las federaciones deportivas en el ámbito autonómico. Como saben sus señorías, la Constitución no reserva ninguna competencia al Estado en esta materia, sino que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, por lo que consideramos que el Gobierno no debería entrar a regularla, máxime cuando la redación inicial colisionaba frontalmente con lo previsto en la Ley vasca del deporte, llegando a generar un problema de inseguridad jurídica. Ante esta situación queremos destacar, como decía anteriormente, que fue el Grupo Vasco el que presentó una proposición no de ley para tratar de buscar un consenso que finalmente se ha producido. El texto que se ha acordado finalmente, después de muchas idas y venidas y creo que un costoso trabajo, mejora sustancialmente el original. No es el ideal, pero ante la tesitura en la que nos encontramos, con un Gobierno con una mayoría absoluta que legisla a golpe de real decreto-ley y aplicando el rodillo, es un mal menor.
Queremos agradecer la predisposición del señor Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes y nos alegramos, al menos parcialmente, de que se reconozca que la emisión de las licencias seguirá en manos de las federaciones deportivas autonómicas, si bien se reconoce que debe existir una coordinación en la medida en que hay competiciones de distinto ámbito territorial, al igual que nos alegramos de que también se reconozca y se respete la normativa autonómica en materia de lucha contra el dopaje. Además, con el texto final se garantiza la representación de las comunidades autónomas en un órgano independiente que dirimirá sobre la determinación del reparto económico de la cuantía de la licencia en una clara apuesta por el equilibrio y las decisiones democráticas, aspectos no contemplados en la primera redacción. Por tanto, insisto, apoyaremos esta enmienda transaccional aunque lo hagamos de manera crítica.
El resto de las enmiendas para nuestro grupo son importantes, cuestiones competenciales todas ellas relativas a temas educativos, de empleo, de discriminación, de mujer, de juventud... En nuestra opinión, son cuestiones cuyas políticas corresponden básicamente a las comunidades autónomas. Aceptamos en todo caso las transaccionales que nos proponen, pero insisto en que no nos satisfacen suficientemente. De hecho, hay otras enmiendas de nuestro grupo que ni siquiera han sido consideradas. En definitiva, tal y como he avanzado antes, vamos a votar en contra del dictamen de este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el señor Anchuelo, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
El señor ANCHUELO CREGO: Me veo obligado a comenzar lamentando el procedimiento que ha llevado a convocar hoy la Comisión. Como ustedes saben, esta Comisión estaba convocada hace una semana. A nosotros se nos avisó la noche antes de que se iba a cambiar para facilitar acuerdos entre los grupos, y aunque no estábamos entre esos grupos con los que se querían facilitar acuerdos, porque nadie se ha dirigido a nosotros para lograr ningún acuerdo, dijimos que nos parecía bien el cambio siempre que se buscase una fecha que viniese bien al resto de grupos. El señor presidente, sin nuevas explicaciones ni convocar a la Mesa y portavoces, decidió unilateralmente que la Comisión se celebrase hoy, a pesar de las dificultades que le expresamos que eso suponía para el trabajo de nuestro grupo. Lamentamos que se facilite el trabajo de unos grupos y se dificulte sin ninguna consideración el trabajo de otros. Esto no es una anécdota. Esto tiene también un sentido político que se relaciona con el proyecto de ley que hoy discutimos. Unión Progreso y Democracia es un partido que propone reformas profundas en las administraciones públicas. Saben que proponemos la supresión de las diputaciones provinciales, la fusión de ayuntamientos, la reducción de entes superfluos, y resulta muy significativo y muy revelador que el partido mayoritario no tengan nada que negociar con nosotros, no tenga que dirigirse a nosotros -incluso si no podemos venir a las comisiones, mejor todavía- y que, sin embargo, tenga tanto que pactar con los partidos nacionalistas, partidos que defienden, legítimamente, que haya los mínimos cambios, el mantenimiento del statu quo, porque cualquier reforma de la Administración tienden a interpretarla como una invasión competencial.
Este hecho explica mucho mejor que nada de lo que pueda decir a continuación el escaso alcance de esta mal llamada reforma del sector público que hoy debatimos, que en realidad tiene un contenido mínimo
y, en gran medida, cosmético. Este proyecto de ley logra unos ahorros mínimos -me remito a la propia memoria económica donde se detallan- en proporción al gasto público que hay en nuestro país, aunque no sean desdeñables en términos absolutos. Se centra en la Administración General del Estado y apenas afecta al resto de administraciones, tan solo si voluntariamente se quieren incorporar a unos mecanismos de cooperación. Y no tiene un modelo final de administraciones públicas al que quiera llegar, simplemente suma una serie de medidas inconexas, en su mayor parte de muy escasa relevancia, como por ejemplo, y tal vez la más llamativa, la reforma de la Obra Pía de los Santos Lugares, que se suma a este conjunto de medidas que aquí nos trae el grupo mayoritario. En el fondo, este enfoque mínimo es lógico, porque el señor presidente del Gobierno ha señalado en más de una ocasión que él no considera que haya un problema de gasto público en España, que solo hay un problema de falta de ingresos, y eso quiere decir que él niega que en los años de la burbuja inmobiliaria haya habido también una burbuja administrativa y que, al calor de esos ingresos extraordinarios, las administraciones hayan creado unas entidades superfluas cuya reducción todavía está pendiente. Su enfoque es que hay que lograr los ingresos de antes de la burbuja subiendo los impuestos a los ciudadanos. Es cierto que, aunque este sea el enfoque real, a veces conviene disimular, sobre todo si estamos cerca de unas elecciones. Y en ese ejercicio de disimulo creemos que hay que encuadrar este proyecto de ley. Hay que aparentar que se reforman las administraciones públicas, hay que aparentar que se van a bajar los impuestos a los ciudadanos, aunque solo sea algo del IRPF que se compense con otras subidas mayores en otros impuestos.
En nuestras veinticuatro enmiendas, que sé que serán rechazadas y sobre las que no ha habido ninguna transacción, intentamos indicar cómo se podría transformar este proyecto de ley en una verdadera reforma profunda del conjunto de las administraciones públicas de nuestro país. En primer lugar, cuestionamos el título, como hace el propio Consejo de Estado. En su formulación actual, no es una reforma del sector público, es una reforma de la Administración General del Estado. En segundo lugar, señalamos que, en lo que sí se trata en este proyecto de ley, ni siquiera se incorpora todo lo que proponía el informe CORA. Por ejemplo, en el informe CORA se pide que la evaluación de las titulaciones y el profesorado se concentren en un único organismo, la Aneca, y aquí lo que se hace es avanzar tímidamente en esa dirección, pero manteniendo los organismos autonómicos que colaboren con la Aneca, no que se integren en la Aneca. En el informe CORA también se pide que toda la formación interna de los empleados públicos se concentre en un único organismo, el INAP. Aquí se avanza en esa dirección, pero tampoco se llega a concluir, no se llega al fondo de esa concentración. Pero no solo tenemos críticas a la cortedad de lo que se propone. Como en tantos otros proyectos de ley, lo que más nos sorprende es todo lo que falta. En nuestra enmienda 32 nos ocupamos de los entes públicos no administrativos de las diferentes administraciones territoriales, que suman más de tres mil; cerca de cuatro mil. Creemos que habría que hacer un catálogo riguroso -digo más de tres mil, menos de cuatro mil, porque ni siquiera está muy claro cuántos son- y establecer objetivos de reducción de estos entes públicos no administrativos y, muy particularmente, de las fundaciones públicas.
En las enmiendas 34 a 43 señalamos, en concreto, algunos de estos organismos superfluos que han ido creando las diferentes comunidades y que, en realidad, están realizando funciones duplicadas con organismos estatales que pueden realizar la misma función con la misma o mayor calidad y menor coste. La lista es muy larga y me limitaré a citarla. Institutos cartográficos: ¿necesitan las comunidades elaborar sus propios mapas? Consejos económicos y sociales: hay un Consejo Económico y Social nacional. Institutos estadísticos: ¿El Instituto Nacional de Estadística no puede elaborar también estadísticas regionales? Mi favorito personal, se lo confieso, las agencias meteorológicas: ¿Las nubes entienden también de fronteras administrativas? ¿No se puede hacer un mapa del tiempo de cada comunidad con una foto de satélite de la agencia estatal? Agencias energéticas, defensores del pueblo, tribunales de cuentas, consejos consultivos, agencias de protección de datos, aeropuertos infrautilizados. Estas son las verdaderas duplicidades que en el proyecto de ley ni siquiera se tratan.
Por otro lado, mi grupo cree que no solo hay que reordenar el sector público, también hay que modernizarlo, también hay que aumentar su eficiencia. Por eso, hay otro bloque de enmiendas, números 23, 24, 25, 26, 28 y 44, que hacen propuestas en esa línea de modernización de las administraciones públicas, de un mayor uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, promoviendo la oficina sin papeles, la oficina electrónica o promoviendo las licitaciones electrónicas, así como una mayor profesionalización de la figura del directivo público.
El cuarto y último bloque de enmiendas tiene que ver con otra cuestión fundamental, que es el aumento de la transparencia y de la rendición de cuentas. Es lo que proponemos en las enmiendas 29 y 30, mayor
transparencia, mayor rendición de cuentas incluyendo las remuneraciones públicas. Nada de esto le ha interesado al Partido Popular; nada de esto se incluye en su supuesta reforma del sector público; un proyecto de ley con mucha música y muy poca letra. Por eso, así como presentamos una enmienda de devolución, votaremos no al conjunto del texto.
El señor PRESIDENTE: Solo para dejar constancia de la referencia directa que se hacía a este presidente, como todos ustedes conocen, el artículo 42 del Reglamento de la Cámara atribuye al presidente de la Comisión la capacidad de convocatoria, a iniciativa propia o por instancia de los grupos parlamentarios, de esta Comisión. En el ejercicio de esta competencia -y como todos saben- fue convocada la semana pasada y posteriormente desconvocada. En aplicación del sentido común, desde mi punto de vista, de las pocas funciones de ordenación de los debates que tiene un presidente de Comisión, me parece que casi la más importante es favorecer con su actuación la búsqueda de acuerdos y el diálogo entre los grupos parlamentarios. Es decir, que nuestra labor de debate y discusión en esta Comisión permita, en la medida de lo posible, aproximar posiciones y hacer fructífero nuestro trabajo. Dado que algunos grupos parlamentarios, no todos -evidentemente, el suyo no-, se dirigieron a esta Presidencia anunciándole que existía la posibilidad de aproximar posiciones y encontrar acuerdos transaccionales, como parece que efectivamente se está produciendo, esa fue la prioridad que esta Presidencia ponderó a la hora de convocar hoy. Y les recuerdo, como por otro lado es notorio, que abierto el periodo de sesiones, cualquier fecha es hábil para el trabajo de esta Cámara. Yo comprendo que los grupos parlamentarios tienen distinto número de miembros en función de la decisión de los electores, pero eso otorga a cada uno unas responsabilidades y unas competencias que no pueden ser obviadas. Insisto, lamento siempre causar alguna dificultad al buen trabajo de cualquier grupo parlamentario y de cualquier diputado de esta Comisión, pero creo que, al menos en este caso, he actuado con plena consecuencia de las funciones que se me atribuyen.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Desde La Izquierda Plural presentamos una enmienda a la totalidad de una ley que pretende, según dice, racionalizar para hacer eficiente y sostenible el sector público, pero que en realidad lo único que va a conseguir, porque es lo que realmente creemos que persigue, es recortar el sector público con criterios puramente ideológicos y economicistas, olvidándose de la utilidad social y centrándose en el principio desregulador, recentralizador y de adelgazamiento del Estado que siguen y guían todas las reformas legislativas que está llevando a cabo el Partido Popular. Bajo esas premisas nos encontramos ante una ley que, lejos de aumentar los rendimientos y servicios públicos necesarios reduciendo costes y esfuerzos, o sea, lo que es racionalizar, eliminará organismos que para el Gobierno del Partido Popular son incómodos, a la vez que impulsa o favorece la reducción de empleo público. Estos son los motivos fundamentales que ya dijimos en nuestra enmienda a la totalidad y por los cuales la presentamos.
No obstante, hemos presentado una serie de enmiendas encaminadas a subsanar lo que creemos que son estas graves deficiencias, enmiendas que yo doy por defendidas, no sin antes mencionar algunas. Hemos presentado una enmienda de adición al artículo 2, donde se integran en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el Cehipar y el ITM, ya que no se garantiza presupuestariamente el mantenimiento del empleo público, poniendo en peligro su continuidad y su calidad. Por eso, hemos propuesto con nuestras enmiendas 46 y 47 que se habiliten las partidas presupuestarias oportunas que garanticen en el proceso de integración de estos organismos los puestos de trabajo. Proponemos un cambio en los artículos con los que el Partido Popular demuestra claramente lo poco que le importan las políticas de igualdad, modificando los fines del Instituto de la Mujer y sus funciones. Estas modificaciones desvirtúan de manera gravísima todo lo relativo a cuestiones específicas y propias del instituto que se centran en la mujer, con el fin de conseguir la igualdad entre ambos sexos. Por ello, hemos presentado una serie de enmiendas, que son las números 48, 49, 50, 51 y 52, con las que pretendemos devolver al Instituto de la Mujer las funciones que, según la ley que fundó el instituto en el año 1983, tenía asignadas. Pretendemos garantizar también que se mantengan los recursos necesarios a través de los Presupuestos Generales del Estado para llevar a cabo políticas activas de igualdad entre hombres y mujeres, así como proponemos la trasversalidad de la perspectiva de género en todas las administraciones públicas, anclando el Instituto de la Mujer al Ministerio de la Presidencia. Ya que el Partido Socialista cuando gobernó creó el Ministerio de Igualdad y automáticamente después fue lo primero que eliminó cuando se inició la crisis, creemos que
es el Ministerio de la Presidencia el que debe asumir estas competencias para darle garantía de continuidad y cumplimiento a las diferentes directivas europeas que así lo aconsejan.
Por último, quiero referirme a la enmienda 55, con la que proponemos suprimir el artículo 21, que elimina el Consejo de la Juventud de España. Se trata de una plataforma formada por entidades y organizaciones juveniles de ámbito estatal que se elimina a favor del Injuve. Es decir, eliminan un organismo de participación que representa a la juventud asociada de nuestro país por un organismo como el Injuve, gubernamental y dirigido por el Gobierno. Con esto lo que están haciendo es eliminar cauces de expresión democrática por parte de los jóvenes, algo que les resulta muy incómodo en estos momentos en que la juventud necesita expresión, hacer informes y ser escuchada por el Gobierno. Por tanto, creemos que aquí no se trata de eliminar duplicidades sino que, una vez más, la reforma tiene un marcado carácter ideológico y, como digo, no se trata de eliminar duplicidades sino de eliminar libertades democráticas, por lo que pedimos la supresión de este artículo. En consecuencia, tenemos motivos suficientes como para votar en contra de esta ley.
El señor PICÓ I AZANZA: El Gobierno nos remite un proyecto de ley titulado: de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, con unos objetivos manifestados en su exposición de motivos, que son, a grandes líneas, la reordenación de organismos públicos, la racionalización de estructuras públicas y la simplificación de procedimientos. Una primera observación es que si tras dos años y medio de legislatura se llega a la conclusión de que deben tomarse medidas de racionalización en el ámbito de la Administración General del Estado cuando el resto de administraciones públicas hace tiempo que están haciendo esfuerzos en esta línea, llegan un poco tarde. Pero, además, si las medidas de racionalización de la Administración General del Estado que el Gobierno cree que deben adoptarse son las previstas en este proyecto de ley, hay que decir que nos parecen escasas y poco conexas, porque podemos convenir que es necesaria una reforma de la Administración General del Estado en profundidad y de calado, pero este proyecto de ley ni se acerca a la superficie.
La racionalización del sector público se enuncia por parte del Gobierno, pero se obliga a practicarla al resto de las administraciones públicas, comunidades autónomas y entes locales. Además, el nivel de intromisión del proyecto de ley en las competencias autonómicas es tal que el Gobierno en el mismo solo ha podido justificar títulos competenciales para las medidas correspondientes a la sección 2.ª, del capítulo II, y de los artículos 24, 25 y 26. Para el resto de medidas contempladas -diecinueve artículos, once disposiciones adicionales y cinco transitorias- el proyecto de ley no contempla el título competencial del Estado que habilita los cambios que realiza el proyecto de ley. La voluntad de mi grupo es acompañar al Gobierno en una verdadera modernización y racionalización administrativa, pero cuando esta racionalización además de ser muy superficial conculca competencias asumidas por las comunidades autónomas, según el bloque competencial previsto en la Constitución y según las disposiciones de los diferentes estatutos de autonomía, no nos pueden pedir que cerremos los ojos y nos quedemos de brazos cruzados.
Hay cuatro aspectos de este proyecto de ley que nos preocupan muy especialmente. El portavoz de mi grupo en materia de administraciones públicas ya se refirió a ellos en el debate de totalidad del proyecto de ley. Al primero de ellos se refieren las enmiendas 66 y 70 formuladas por mi grupo parlamentario. La nueva redacción de artículo 32 de la Ley Orgánica de Universidades centraliza las funciones que vienen desarrollando los organismos autonómicos sobre evaluación de las enseñanzas en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, Aneca. El proyecto de ley para realizar la modificación confunde la competencia exclusiva del Estado de regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales con las competencias sobre evaluación de las enseñanzas, competencia compartida con las comunidades autónomas para realizar la modificación que se hace sobre las competencias de la Aneca. Esa modificación centraliza la calidad y las garantías en la Aneca, sin recordar -como digo- que es una competencia compartida, asumida en el caso concreto por Cataluña, de acuerdo con el artículo 172 del Estatuto de Autonomía, y concretada con la creación de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
Al segundo aspecto que nos preocupa se refieren las enmiendas 69, 78 y 79 formuladas por mi grupo parlamentario. El proyecto de ley contempla la publicación en el BOE de las notificaciones a los interesados en procedimientos administrativos cuando sean desconocidos, se ignore el lugar de notificación o no se
haya podido practicar la notificación, sin perjuicio -dice- de cualquier otra publicación adicional o complementaria de que quisiera disponerse por el órgano competente. Es decir, se convierte el BOE, como se dice, en el tablón edictal único, ignorando no únicamente los boletines oficiales de la provincia sino también los diarios oficiales de las comunidades autónomas. Esta disposición choca frontalmente, en el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña, con el artículo 68.5, que dispone que los actos, las disposiciones generales y las normas que emanen del Govern o de la Administración de la Generalitat han de ser publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Por tanto, alguna solución debemos encontrar a este choque competencial entre considerar el BOE como tablón edictal único y la obligación de las administraciones autonómicas de publicar sus actos en los respectivos boletines. La propuesta que hace mi grupo parlamentario es que la notificación se realice en el correspondiente boletín, según la Administración a la que le corresponda proceder a la notificación del acto, y mediante una sindicación de estos contenidos en el respectivo boletín -ya sea autonómico, ya sea provincial- se publiquen en el BOE. Creemos que esta fórmula permite garantizar la mayor seguridad al ciudadano, ahorrar medios y respetar las competencias de todas las administraciones.
Tercer aspecto que nos preocupa muy especialmente, al que se refieren las enmiendas números 68 y 76 formuladas por mi grupo parlamentario. El proyecto de ley -ya se han referido a ello muchos grupos parlamentarios- concreta la llamada licencia única deportiva. Otras comisiones han tenido oportunidad de debatir sobre ello y el portavoz del Grupo Vasco nos ha anunciado en su intervención que se ha alcanzado un acuerdo con el grupo mayoritario. De nuevo nos encontramos ante un problema competencial pero además con la adopción de una decisión por parte del Gobierno ante un problema que no existía. El sistema de licencias deportivas funcionaba correctamente, no existía ninguna reclamación al respecto ni por parte de los deportistas ni por parte de las federaciones. Hasta ahora las federaciones autonómicas expiden las licencias para participar en competiciones de ámbito autonómico y prestan los servicios a los deportistas. Para competir en el ámbito del Estado las federaciones autonómicas piden la homologación a la federación estatal con el pago de una tasa. En otros casos, las federaciones estatales han asumido la expedición de la licencia de acuerdo con las federaciones autonómicas respectivas, que permite participar en competiciones autonómicas, estatales e internacionales. Por tanto, ningún problema se había puesto de manifiesto, nadie había reclamado ningún cambio del modelo. Pero debe leerse atentamente la exposición de motivos del proyecto de ley para entender las razones de la regulación que contiene el proyecto de ley. Leo textualmente la primera: Esta medida contribuye decisivamente a la extensión del principio de unidad de mercado al ámbito del deporte no profesional. La segunda: Con la introducción -y esta no es literal- del modelo de licencia deportiva única las federaciones estatales podrían dejar de percibir ingresos por la expedición u homologación de las licencias de ámbito estatal. Por ello se establece que serán compensadas por las federaciones autonómicas. Es decir, nos encontramos solucionando un problema que no existía, que nadie reclamaba, nos encontramos con que se vulneran las competencias autonómicas, que desaparece como tal la licencia deportiva autonómica, ya que ahora el texto mediante el que se aprobará la licencia deportiva no podrá tener únicamente carácter autonómico, que no se beneficia al deportista en ningún aspecto y todo ello en aras, por un lado, de la extensión del principio de unidad de mercado, que defiende el Gobierno en su constante actividad recentralizadora y, por otro lado, de la financiación de las federaciones estatales.
Voy a poner números a la cuestión para que lo entiendan. En Cataluña solo un 20% de las licencias emitidas por las 67 federaciones deportivas existentes se habilitan para competiciones fuera del territorio de la comunidad. Por tanto, el 80% de las licencias deportivas, la gran mayoría del deporte base, únicamente compiten en el ámbito autonómico. Ahora, con la redacción que hoy se aprobará, todas deberán tener carácter estatal -aunque no compitan nunca fuera del territorio de la comunidad autónoma-, habrá más burocracia y además habrá que pagar una compensación a las federaciones estatales. Con las cuotas que paga el deporte base de las federaciones autonómicas se pretende financiar a las federaciones estatales, un despropósito innecesario desde nuestro punto de vista. Créanme que mi grupo parlamentario ha propuesto fórmulas para no caer en este despropósito, para establecer un régimen que fuera aplicable únicamente a las licencias federativas para competir en el ámbito del Estado, pero no ha sido posible alcanzar un acuerdo. Por ello no podemos dar nuestro apoyo a una medida que no era necesaria, el mundo federativo funcionaba correctamente basándose en acuerdos entre instituciones autonómicas y estatales. Tenemos un sistema que garantiza la atención del deportista y que se cambia por un sistema obligatorio, que nadie ha pedido -como he dicho- y que afectará a todas las licencias deportivas -autonómicas y estatales-, todo ello para satisfacer unos intereses muy concretos.
El cuarto aspecto que a mi grupo parlamentario le preocupa se recoge en bastantes de las enmiendas formuladas, números 67, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 84, 85, 86 y 88. Como verán, el número de enmiendas justifica la preocupación. Tiene que ver con la nueva regulación sobre disolución de los consorcios, que afecta directamente a la capacidad de autoorganización de las administraciones. Nos dicen que la medida va destinada a extinguir aquellos consorcios que ya no tienen actividad alguna, pero la regulación que nos propone el Gobierno contiene más riesgos conexos que soluciones. Se avala el derecho de separación, a pesar de que el consorcio tenga pactada una duración determinada sin comunicar intención o la oportunidad de rectificar un presunto incumplimiento; no se prevé la posibilidad de que el resto de administraciones que quieran mantener el consorcio puedan hacerlo, o se habilita el incumplimiento de obligaciones asumidas estatutariamente. Es decir, la regulación propuesta excederá en mucho la satisfacción de ese manifiesto interés de extinguir consorcios sin actividad y se pone la primera piedra para situaciones que, sin lugar a dudas, mi grupo no desea, pero estamos convencidos de que tampoco el grupo mayoritario las quiere. Los consorcios son un buen ejemplo de trabajo conjunto de las administraciones para desarrollar actividades y servicios de forma más eficiente y racional, y en la mayoría de casos contribuyendo a la contención del gasto público en ámbitos de interés general, como puede ser el sanitario, el cultural y el de la investigación y desarrollo, entre otros muchos.
Hemos alcanzado un acuerdo sobre algunas de las enmiendas formuladas por el grupo mayoritario en temas colaterales de la regulación del derecho de separación pero que no alcanzan al núcleo de la regulación, y agradezco en este punto a la ponente del grupo mayoritario el esfuerzo que ha realizado para alcanzar acuerdos. Un supuesto muy concreto al que quiero referirme y que hemos puesto de manifiesto con la presentación de la enmienda número 87 es el de la disposición final segunda de la Ley 27/2013, que incorpora una disposición adicional, la vigésima, a la Ley 30/1992, que regula muy exhaustivamente el régimen jurídico de los consorcios. Esta disposición en el ámbito de los consorcios sanitarios comporta una modificación radical de la organización de los mismos, afectando, en el caso concreto de Cataluña -que conozco-, a doce consorcios y a más de 14.000 trabajadores, en un sector en cuyo régimen de funcionamiento difícilmente tienen cabida las peculiaridades del personal. La enmienda propuesta incorpora una nueva disposición final a la Ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que reconoce la figura de los consorcios sanitarios. Dicha disposición final intenta preservar las características diferenciales de los consorcios sanitarios como formas de gestión del sistema de sanidad. En ningún caso la enmienda propuesta supone un mayor coste para el sistema ni supone renunciar a un mayor control del déficit público, sino todo lo contrario: simplemente permite adecuar la norma a la realidad de una de las fórmulas de gestión del Sistema Nacional de Salud y evita generar un elevado grado de conflictividad que puede afectar al funcionamiento de los servicios sanitarios, preservando en todo caso los mecanismos necesarios para ajustar el gasto público y el control del déficit público.
En resumen, señorías, mi grupo parlamentario es muy crítico con este proyecto, un proyecto de ley que no avanza en la línea de su título, la racionalización del sector público, y que conculca las competencias autonómicas de su autoorganización en materia de calidad universitaria y también de deportes, entre otras. Capacidad de la Administración General del Estado para racionalizar existe, y mucha. Hace años que les pedimos, por ejemplo, la supresión de ministerios que duplican el trabajo de las comunidades autónomas en el ejercicio de las competencias asumidas por estas, que simplifiquen los trámites administrativos que afectan a los ciudadanos y a las empresas, entre otras, y no se ha hecho. El título del proyecto de ley no concuerda con el contenido del mismo: no se hace un verdadero esfuerzo de racionalización en la Administración General del Estado; se continúa cargando al resto de las administraciones públicas la ejecución de las medidas de austeridad y además, en esa línea de recentralización que mantiene el Gobierno, se conculcan las competencias autonómicas. Por ello, mi grupo no podrá dar su apoyo al dictamen que se vote hoy en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Señorías, mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, ha venido siendo muy crítico con este proyecto de ley. Ya lo fue presentando una enmienda a la totalidad y, si cabe, nuestra posición respecto a esa enmienda a la totalidad ha empeorado porque éramos críticos con el contenido y ahora tenemos que ser críticos con el contenido del proyecto de ley, con las enmiendas
del Grupo Popular -que han añadido sin que la mayoría de ellas tenga ninguna conexión con el contenido previo del proyecto de ley- y con las formas procedimentales a la hora de tramitar este proyecto de ley.
La gran reforma de las administraciones públicas anunciada por el Gobierno popular -lo han dicho otros intervinientes antes que yo- ha quedado en la modificación de puros flecos. No hay reforma, no hay racionalización, no hay nuevo modelo ni modelo alternativo a las administraciones públicas existentes, no hay ni un solo cambio en profundidad, no hay ni se aporta ningún planteamiento innovador, no hay nuevos objetivos, no hay modernidad o mejora de eficiencia, a no ser que apliquemos los conceptos de modernidad y eficiencia simplemente a conceptos homologables a temas económicos, es decir, economicismo puro y duro. Por tanto, ya que no podemos cambiar el contenido de este proyecto de ley, no podemos admitir tampoco el título del propio proyecto de ley, por eso una de nuestras enmiendas, la 123 -y pedimos un poco de honestidad al Grupo Parlamentario Popular-, propone la modificación del título de este proyecto de ley y que se llame ley de supresión y reorganización de determinados organismos públicos y otras medidas de orden administrativo, porque desde luego no es una ley de racionalización.
El Gobierno ha presentado este proyecto de ley, como otras iniciativas legislativas o parlamentarias, como decía, bajo el manto economicista, es decir, para ahorrar dinero, pero en lo que llevan gobernando no han conseguido reducir el déficit como se habían propuesto -por tanto, estas medidas no han cumplido ese objetivo-, han recurrido al endeudamiento público -en 2011 estábamos en el 70% y ahora, en 2014, en el 96%- y han reducido gasto donde era posible por fácil e impulsados por razones ideológicas, pero no donde era necesario, y durante dos años y medio y ocho en la oposición reclamando al anterior Gobierno que hiciera algo, me parece que han tenido tiempo suficiente como para detectar y estudiar de manera más rigurosa dónde es realmente necesario reducir el gasto, no aplicarlo de manera lineal, como están haciendo, y atacando solo cuestiones fáciles. ¿Dónde está el trabajo de fondo, me pregunto yo, del Gobierno, por supuesto, y del Grupo Parlamentario Popular?
En segundo lugar, el proyecto incluye un ataque directo a la participación de los ciudadanos, a órganos que el propio Gobierno no controla. Eso se ve muy claro en dos casos, y podemos ejemplificarlo, con la eliminación del Consejo de la Juventud y del Instituto de la Mujer. Creo que con esto también se demuestra la ideología de la que hablaba al principio. Una síntesis de este proyecto de ley podría ser que acaba con el Consejo de la Juventud y refuerza la obra pía de los santos lugares. Es decir, que tendremos una mejor interlocución con el patriarca de Jerusalén, pero con los jóvenes de este país no interesa les en absoluto la interlocución ni al Gobierno ni al Grupo Parlamentario Popular.
En tercer lugar, el proyecto incluye -eso también lo han dicho anteriores intervinientes- elementos de recentralización. Yo, más que elementos de recentralización, lo que creo que denota este proyecto de ley, como tantas otras iniciativas del Gobierno, es que hay una falta auténtica de interiorización del Estado autonómico. Es decir, no se ha acabado de entender por parte del Gobierno qué representa el Estado autonómico, qué significa y cómo hay que articular y trabajar para mejorarlo. Si ustedes realmente creen que hay un fallo, que hay una ineficiencia, que falta cooperación entre las distintas administraciones, yo les propongo que arreglen el fallo, busquen cómo mejorar esa ineficiencia o establezcan mecanismos de cooperación, pero la solución no puede ser que papá Estado venga y lo haga, porque lisa y llanamente eso es inconstitucional. Nuestra Constitución no permite eso, tenemos otros instrumentos para articular soluciones -si es que hubiese algún problema- y ofrecérselas a los ciudadanos. Dos ejemplos -y no me voy a entretener mucho en ellos porque el señor Picó, de Convergència i Unió, ha expuesto largamente los dos temas-, el Boletín Oficial del Estado, con la regulación que ustedes proponen, y la licencia única deportiva. En el caso de la licencia única deportiva, además, es que ni siquiera había ese fallo, esa ineficiencia o esa falta de cooperación, es decir, no había un problema que hubiese detectado ninguno de los participantes ni de los actores que son sujetos pasivos o activos de esas licencias deportivas. Por tanto, me gustaría saber exactamente a qué responde esa propuesta y cómo es que no han sido capaces de proponer algo de acuerdo con las comunidades autónomas, porque es una competencia que les afecta muy directamente, y de acuerdo también, por supuesto, con el resto de grupos parlamentarios de esta Cámara.
En cuarto lugar, este proyecto de ley incluye la modificación -y esto sí que me parece algo de trascendencia sustantiva- de la regulación de los consorcios, de la extinción de los consorcios y de alguna otra regulación adicional en materia de consorcios. Esa redacción -lo dije en mi intervención en el Pleno cuando presenté la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista- vulnera, desde nuestro punto de vista, los principios generales del derecho. Leo literalmente la disposición adicional sexta del proyecto de ley, porque no pude hacerlo en la tribuna por falta de tiempo y ahora sí creo que es
pertinente para que sepamos exactamente de lo que estamos hablando. Se propone en la disposición adicional del proyecto de ley: "Cuando la Administración General del Estado o cualquiera de sus entidades u organismos vinculados o dependientes sean miembros de un consorcio, no estarán obligados a efectuar la aportación al fondo patrimonial o la financiación a la que se hayan comprometido para el ejercicio corriente si alguno de los demás miembros del consorcio no hubiera realizado la totalidad de sus aportaciones dinerarias correspondientes a ejercicios anteriores a las que estén obligados". Es decir, se plantea la exoneración de responsabilidad por parte del Estado si algún otro miembro del consorcio, por las razones que sean, no cumple con sus obligaciones. Esto vulnera los principios generales del derecho; el incumplimiento de un tercero no te puede exonerar de responsabilidad. Lo decía en mi intervención en el Pleno, es como si decidimos dejar de pagar la comunidad de vecinos porque hay otro vecino que no paga, o decidimos no pagar impuestos porque hay alguien que no paga impuestos. No, usted tiene una obligación con ese consorcio y seguramente con un servicio que está detrás de ese consorcio, porque el consorcio no es algo abstracto; están los consorcios sanitarios, están los consorcios culturales. Estamos hablando de instituciones fundamentales de nuestro país en las que el Estado, mediante esta regulación, queda exento del cumplimiento de sus responsabilidades. Me parece absolutamente inadmisible y apelo al Grupo Parlamentario Popular a que se plantee esta regulación, que la dejemos para más adelante. Si hay que replantearse una nueva regulación para los consorcios, hagámoslo en un proyecto de ley de manera meditada, con diálogo con las comunidades autónomas y con las entidades locales, porque los consorcios normalmente son participados por distintas administraciones públicas. Creo que no es de recibo -y lo digo con dolor en el alma- que en un proyecto de ley donde estamos viendo que hay un batiburrillo de medidas inconexas se incorpore algo de la trascendencia de la que estamos hablando en estos momentos. En este sentido, mi grupo parlamentario ha presentado varias enmiendas.
El quinto elemento de crítica que anunciaba también al inicio de mi intervención es la nefasta técnica jurídico-legislativa que se está utilizando y que ha utilizado el Gobierno en la tramitación de este proyecto de ley. Aquí me voy a centrar en tres elementos básicamente. El primero es que las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular son de contenido material ajeno absolutamente al proyecto de ley. Por eso imagino que han ido ampliando el plazo de enmiendas, para darse tiempo a ustedes mismos a preparar estas enmiendas que no tienen nada que ver con el proyecto de ley. Esa es una actitud ya no solo de maltrato o de menosprecio a los grupos parlamentarios que nos están usurpando la posibilidad de, a su vez, enmendar estas enmiendas, sino que me parece un maltrato a la institución y al parlamentarismo en toda su dimensión. No podemos plantearnos debates serios sobre cuestiones trascendentales que ustedes introducen mediante enmienda a un proyecto de ley. Es un maltrato al procedimiento y también a la técnica legislativa, esa técnica legislativa de la que ustedes presumían constantemente y de la que se han olvidado totalmente cuando les ha tocado gobernar. Además, tienen mayoría absoluta, pueden traer a la Cámara tantos proyectos de ley como quieran para modificar aquello que quieran estando seguros de la aprobación de estos proyectos de ley porque tienen los votos para hacerlo. ¿Por qué no lo pueden hacer de manera más ordenada? ¿Por qué no nos pueden permitir a los grupos parlamentarios que tengamos la posibilidad de debatir en profundidad sobre todas las cuestiones? ¿Por qué esta mezcla, por qué este afán de introducir aquí temas diversos que no vienen al caso? El menosprecio al parlamentarismo, a la deliberación, a ese debate deliberativo que es la esencia de la democracia, no me parece tampoco admisible. Y no me digan que muchas de las enmiendas que presentan responden al cumplimiento de sentencias, porque son sentencias de febrero de 2013, por tanto, ha habido mucho tiempo para hacerlo, ni que responde a la trasposición de directivas, porque también estamos hablando de directivas de 2012. Por tanto, tiempo ha habido. No es una urgencia ni hay que cumplir con sentencias o directivas recién aprobadas y que la Unión Europea nos reclama. Sobre el contenido de algunas de estas enmiendas entraré inmediatamente.
En segundo lugar, otro elemento de la nefasta técnica jurídico-legislativa que señalaba es que es un proyecto de ley excesivamente reglamentista en muchos aspectos y, por tanto, se están congelando de rango aspectos que no necesitarían que fueran regulados por una ley. ¿Será, a lo mejor, para darle contenido a una ley que si no no lo tendría? ¿Será porque la pobreza del texto sin estos elementos reglamentistas pasaba a miserable, de pobreza a miseria? No lo sé.
En tercer lugar, hay otro elemento que planteamos en ponencia y que es una cuestión muy técnica, pero nosotros continuamos pensando que el Gobierno debería replanteárselo -el grupo parlamentario en este caso, porque el Gobierno ya no lo puede hacer, el proyecto de ley ya está en esta Cámara-, y es
que el artículo 22.2 del proyecto de ley, desde nuestro punto de vista, debería tener carácter orgánico, de acuerdo con el artículo 136.4 de la Constitución. Dicho artículo dice: "Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas". Mediante el artículo 22.2 se introduce una nueva función del Tribunal de Cuentas que es emitir informes previos a proyectos de ley o disposiciones reglamentarias que tramite el Gobierno. La medida nos parece razonable, sería interesante que el Tribunal de Cuentas pudiera pronunciarse sobre normas que le afectan de manera previa y que, por tanto, emitiera estos informes, pero claramente es una nueva función que no tiene en estos momentos el tribunal de Cuentas. Insisto, en la Comisión Constitucional en estos momentos hay otro proyecto de ley en el que se modifica, a su vez, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas porque también introduce nuevas funciones. Remitamos este artículo a ese proyecto de ley, hagámoslo bien y démosle el carácter orgánico que requiere por mandato constitucional, artículo 136.4, porque no creo que sea la ley de funcionamiento, como propone el proyecto de ley, la que tenga que modificarse.
Sobre las nuevas enmiendas del Grupo Popular, que requerirían varios debates específicos, el propio presidente tuvo a bien proponernos en Mesa y portavoces fragmentar el tiempo para que intervinieran distintos portavoces, reconociendo, por tanto, que era tal la diversidad de materias a las que iban referidas que sería pertinente que cada portavoz especialista pudiera hacer referencia a ellas, por eso yo voy a centrarme básicamente en tres enmiendas concretas de las que proponen. En primer lugar, la enmienda 12, del Partido Popular, apela a la recuperación de un día para asuntos particulares de los empleados públicos. Con esta enmienda parece que lo que ustedes hacen es caridad, parece que hagan caridad o dar migajas a los empleados públicos, previo recorte de derechos de estos empleados públicos, por supuesto. Lo que nosotros les pedimos mediante una transaccional, que hemos mandado con tiempo a todos los grupos parlamentarios para que la pudiesen ver, es que recuperemos todos los derechos que fueron usurpados a los empleados públicos, todos los derechos. Aprobaron el Decreto-ley 20/2012 en el que no solo tocaban los días de asuntos propios sino que tocaban muchos otros aspectos, y nosotros en esta transaccional proponemos precisamente que se recuperen todos esos derechos. Primero, porque ustedes mismos dicen que estamos en plena recuperación; por tanto, si esas medidas respondían a una situación coyuntural y ahora ya no tenemos esa situación coyuntural, recuperemos todos los derechos para los empleados públicos. En segundo lugar, porque se ha demostrado efectivamente que la inmensa mayoría de esos recortes de derechos no han ahorrado nada; por tanto, la medida no respondía a cuestiones económicas, en el fondo, sino que respondía a pura ideología y, sobre todo y lamentablemente, a puro prejuicio con respecto a los empleados públicos. En la justificación de su enmienda 12 tienen la indecencia de decir que proponen esta medida por el incremento de la eficiencia de los empleados públicos. ¿Es que antes no eran eficientes los empleados públicos? ¿Ustedes les dan un día más de asuntos propios porque ha mejorado la eficiencia de estos empleados públicos? Son cosas que chocan mucho. El Grupo Parlamentario Socialista ha pensado siempre, y sigue pensándolo, que eran eficientes y siguen siendo eficientes. Por tanto, recuperemos todos los derechos que les han sido usurpados.
Con un segundo bloque de enmiendas que ustedes proponen, que incluye dos básicamente, la 93 y la 94, lo que plantean es la modificación del Estatuto básico del empleado público en materia de movilidad e interinaje de los empleados públicos, nada más y nada menos. Nosotros, puesto que están tocando elementos trascendentales del EBEP, del Estatuto básico del empleado público, una norma que gozó del máximo consenso con sindicatos, con todos los sectores afectados y con la inmensa mayoría del los grupos parlamentarios de esta Cámara, les pedimos por favor que si pretenden modificar el Estatuto básico del empleado público lo hagan mediante un debate específico, pero no mediante una enmienda, como decía, en un proyecto de ley que ya está en tramitación.
Con esta enmienda va conectada otra que es de modificación de la Ley de la Carrera Militar. Yo no sé si saben que en esta Cámara hay una subcomisión que está analizando la modificación de la Ley de la Carrera Militar. Me parece que tampoco es muy respetuoso haber creado una subcomisión para modificar una ley y que luego ustedes, mediante enmienda a un proyecto de ley suyo, modifiquen la Ley de la Carrera Militar. Es que no entiendo muy bien esta técnica legislativa tan selecta que ustedes utilizan, porque desde luego para los grupos parlamentarios esto, como decía, no es de recibo, no es admisible.
Finalmente, hay una enmienda, la 104, de modificación de la Ley del Sector Ferroviario. Este artículo se modifica por cuarta vez en pocos meses en esta Cámara. El Decreto-ley 1/2014 tenía la misma redacción que propone la enmienda del Grupo Popular. En ese mismo momento, en el momento en el que se tramitaba el Decreto-ley 1/2014, se modificaban esos mismos artículos en otro proyecto de ley que estaba en el Senado, y una semana después se aprobó definitivamente en el Congreso con otra redacción
distinta y contradictoria. El señor Simancas lo puso de manifiesto en la tribuna, señaló esa contradicción en la redacción del decreto-ley respecto al proyecto de ley que se estaba tramitando, y absolutamente nadie le hizo caso; y no solo no se le hizo caso, sino que el portavoz popular intentó ridiculizar al señor Simancas cuando lo denunció en tribuna porque estaba poniendo de manifiesto la aprobación de dos normas simultáneamente que entraban en contradicción entre ellas. Desde luego, coordinación, seguimiento del procedimiento legislativo, rigor, técnica legislativa y claridad de ideas, pocas, ni en el Gobierno ni en el grupo parlamentario. Ahora vuelven a corregir esa redacción mala que acabaron aprobando en el proyecto de ley y lo hacen en un proyecto de ley que, como digo, nada tiene que ver evidentemente con el sector ferroviario.
Como decía -y con esto acabo, señor presidente-, nuestra posición sobre las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular es prácticamente de no entrar en el fondo, porque nos parece que desde el punto de vista procedimental y de formas no es admisible, nos parece un fraude procedimental y, por tanto, vamos a utilizar nuestro voto para abstenernos y para manifestar -y acabo con esto mi intervención- una posición frontalmente en contra de este proyecto de ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Señoras y señores diputados, el proyecto de ley que debatimos parte del objetivo del Gobierno de reformar la Administración para prestar mejores servicios a los ciudadanos. La reforma de la Administración es un proceso dinámico y continuado en el que está implicado todo el Gobierno, no se trata de una reforma estática ni que se pueda abarcar en un solo cuerpo legal como el que estamos analizando. En este proyecto de ley se contemplan algunas de las reformas organizativas y de procedimiento de gestión que se contienen en el informe de la Comisión para la reforma de las administraciones públicas, que se elevó al Consejo de Ministros en junio de 2013. Se han adoptado ya otras medidas, entre ellas se encuentra el Real Decreto-ley de 26 de septiembre de 2013, que llevó a cabo medidas de racionalización del sector público reordenando entidades públicas. Se trata de corregir ineficiencias, evitar duplicidades y solapamiento de actuaciones, sin incrementar las cargas burocráticas a los ciudadanos, de suprimir los organismos ineficientes e innecesarios.
Como ya he manifestado, no se puede hacer una reforma de la Administración pública en una sola ley, como se ha dicho desde algunos grupos. Esta ley no es una ley única, sino que es un proceso continuado, y el Grupo Socialista debería de saberlo muy bien, porque allí donde gobiernan -y pretenden dar clases de técnica legislativa-, en mi tierra, en Andalucía, se reordenó al sector público por decreto, conocido en Andalucía como el decretazo (Rumores), conocido por los funcionarios a los que recortaron sus derechos como el decretazo del enchufismo, y lo hicieron tan bien que al año siguiente tuvieron que hacer otra ley para hacerlo también muy bien, con lo cual, con un solo texto no se puede hacer. (Aplausos.) Tampoco estuvieron muy pendientes de los temas sociales, porque de diecinueve artículos dedicaron a todos los organismos, instituciones, fundaciones y entidades que se dedican a asuntos sociales, a la igualdad, a la mujer, a la sanidad en Andalucía solo dos artículos. Por cierto, se ha hablado aquí mucho del Instituto de la Mujer, que si tiene que tener carácter transversal. Infórmese en la legislación comparada: ¿depende de Presidencia o depende de la Consejería de Igualdad en Andalucía?, ¿quién lo nombra, Presidencia o Igualdad? Apliquen lo que exigen al Gobierno -y también me dirijo a la Izquierda Plural, que gobierna en Andalucía- a lo que hacen cuando gobiernan.
Esto es un proceso continuo, baste recordar que el Gobierno, desde su toma de posesión, procedió a reducir tanto el número de ministerios como el de direcciones generales; asimismo, se suprimieron ochenta sociedades mercantiles, desaparecieron hasta ciento cincuenta y cuatro consejeros que nos costaban a los españoles más de un millón de euros, y se ha apostado por la reforma de las administraciones locales. Este Gobierno ha reformado la Administración local. El Gobierno anterior prometió muchas actuaciones, entre ellas la reforma de la Administración local y la de la financiación local, pero ha sido el Gobierno del Partido Popular el que lo ha llevado a cabo.
El Gobierno de España ha tomado desde luego muchas medidas para mejorar la Administración: se ha luchado para erradicar la morosidad del sector público, para mejorar el control de su deuda comercial, por la factura electrónica. ¿O es que no mejora la Administración el que las pymes y los autónomos puedan recibir el dinero de los servicios que han prestado y que no tengan que despedir a sus trabajadores,
como ocurría anteriormente, y mandar a la gente al paro porque no cobraban, cuando ahora las administraciones tienen que pagar en tiempo y forma, como debería haber ocurrido antes?
Señorías, antes de la reforma un expediente de evaluación ambiental requería tres años y medio, ahora son cuatro meses. Muchos nos piden más inversión. ¿Es que una inversión o una infraestructura no requieren de un expediente de evaluación ambiental? Lo que ocurre es que es muy fácil pintar inversiones en el presupuesto, no ejecutarlas y luego echar la culpa a los trámites burocráticos. Esta es otra de las medidas tomadas por el Gobierno, al igual que la Ley de garantías de unidad de mercado.
Se han adoptado medidas que contemplan la reordenación de determinados entes y organismos públicos, englobando funciones de otros organismos, como es el caso de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación o de organismos autónomos, de programas educativos, así como del ICE. Se pretende con esta ley fomentar la colaboración para mejorar el servicio y la coordinación internacional de las artes escénicas y de la música, centrar los recursos y la gestión de programas dispersos en distintas entidades públicas que provocaban intercomunicación y desconocimiento, como es el caso de la Agencia de Consumo y Seguridad Alimentaria, reforzar el Instituto Nacional de la Mujer para centralizar y evitar la dispersión de actuaciones y facilitar, a través de la creación de una comisión interministerial, que la igualdad forme parte de todos los ministerios. Eso sí que es integración y eso sí que es igualdad y horizontalidad hacia la mujer. Asímismo, se simplifican los trámites de los ciudadanos, por ejemplo, con el tablón edictal único, para que los ciudadanos puedan consultar telemáticamente, vía DNI, todas sus relaciones con la Administración. Igualmente se atiende a la simplificación de la regulación de la licencia deportiva única, que permite al titular participar en todas las competiciones deportivas con independencia de su ámbito territorial. En este sentido, quiero agradecer el trabajo realizado desde el Grupo del PNV, así como de CiU, para lograr un consenso; también el apoyo que hemos tenido por parte del PNV a la transaccional que hemos presentado, y agradecemos la labor que se ha realizado desde la Secretaría de Estado de Deporte para que este texto salga adelante con el consenso de las federaciones y de los grupos parlamentarios que se han unido, porque esta enmienda se ha trasladado a todos y cada uno de los grupos, por lo menos por mi parte.
Asímismo, se han simplificado estructuras y procedimientos, como la centralización de cuentas que los distintos organismos públicos tienen abiertas con el Banco de España. Se opera una modificación en la regulación del régimen de consorcio porque había lagunas jurídicas en torno a la forma de liquidación. Aquí quiero dejar claro que inseguridad jurídica es disolver el consorcio, despedir a los trabajadores, no liquidarlos y ante el Tribunal Supremo tener que reconocer que esos 800 trabajadores tengan que volver a entrar. Eso ha pasado con las unidades territoriales de empleo de mi tierra y con las agencias locales de promoción y empleo. Aquí se habla de seguridad jurídica, pero no se cumple en los consorcios y se deja al personal en la calle y en el aire. (Un señor diputado: ¡Madre mía!-Rumores.-Aplausos.)
Se unifican actuaciones en materia de juventud y de asociacionismo juvenil. Con las enmiendas del Grupo Popular se opera la trasposición de la Directiva 2012/27 en materia de medidas de eficiencia energética en las administraciones públicas. Se establece una nueva regulación para que las administraciones públicas integradas en el sector público estatal solo puedan adquirir bienes y servicios y edificios con alto rendimiento energético. Se modifica el artículo 76 de la Ley del Sector Ferroviario para adaptar la Directiva del Parlamento y del Consejo Europeo de 26 de febrero.
En materia de Función pública, el Grupo Popular introduce enmiendas para facilitar la movilidad geográfica de los funcionarios. Se concretan tanto los plazos temporales del personal interino como el tiempo y la duración de los programas, introduciendo a su vez la movilidad funcional de los mismos, así como los días de libre disposición. Señorías, hablo de Andalucía porque aquí se ha dicho que el modelo que se iba a exportar a Europa por los socialistas era el andaluz, por lo que supongo que lo quieren también para España, y quiero poner en claro cuál es el ejemplo de lo que se dice aquí, en las enmiendas, lo que se pretende por el grupo y lo que se hace cuando se gobierna. Menos predicar y más dar trigo.
Voy a manifestar nuestra posición con respecto a las enmiendas presentadas por los distintos grupos. El Grupo Mixto presenta un conjunto de enmiendas que pretende suprimir el contenido de la ley y añade una disposición adicional en la que pretenden desde suprimir diputaciones, delegaciones del Gobierno y transferir competencias de demarcación y planta judicial, entre otras, a las comunidades autónomas. Lo que pretenden es incorporar su modelo, que, como no es el nuestro, como comprenderán no podemos compartir.
El Grupo de UPyD realiza algunas enmiendas que operan modificaciones en lo que estiman ellos que es técnica de redacción. La mayoría van en el sentido de retirar competencias a las comunidades
autónomas para centralizar estas en las del Estado. Asimismo, realizan algunas, como obligaciones contables en los organismos autónomos, que ya están previstas en la Ley presupuestaria, materias que ya se están analizando en la Ley de Transparencia y materias ya previstas en el informe CORA y que se están tramitando en dos proyectos de ley. Por tanto, parece que se están apuntando el tanto antes de unirse y de traer el Gobierno esos proyectos que se están debatiendo. Les pido que se unan al consenso y que dejen esa especie de ensoñación preautonómica del Estado que creen que les da muchos réditos electorales pero que no atienden a la realidad de un Estado complejo, como respeta nuestro título VIII de la Constitución, con el que desde luego el Grupo Popular está muy a gusto.
Al PNV le agradecemos la voluntad de consenso y de diálogo en torno a las enmiendas transaccionales que hemos pactado. En materia de notificaciones en el BOE el texto no obvia la competencia autonómica, simplemente es una garantía extensible en toda España. De hecho, la publicación de actos, convocatorias y anuncios de las comunidades autónomas y corporaciones locales en el BOE es una práctica habitual y no se ha puesto hasta la fecha en cuestión ningún principio de descentralización.
Al Grupo de Convergència i Unió también le hemos trasladado algunas transaccionales. La tasa de reposición del personal docente e investigador, que meten como enmienda, se rechaza porque la propia Ley 22/2013 ya la regula. La relativa al acceso electrónico a los ciudadanos a los servicios públicos en materia de lista de confianza también se rechaza, porque es trasposición de una normativa y el texto se contradice con lo previsto en la Ley Sectorial.
La Izquierda Plural realiza enmiendas en torno al INTA, que ya se contemplan en la propia Ley del régimen jurídico y de las administraciones públicas y en la Lofage en materia de financiación; nos remitimos a lo que hemos dicho anteriormente con respecto al Instituto de la Mujer. Para nosotros, el texto en materia del Consejo de la Juventud va en sentido contrario a lo que interpretan y, precisamente, pretendemos asegurar la existencia y la canalización de la voz del asociacionismo juvenil. En cuanto a la gratuidad de inserción de anuncios que hayan de publicarse obligatoriamente en el BOE, se prevé en el apartado 3 de la disposición adicional 21 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, con lo cual introducirlo también en la Ley General Tributaria carece de sentido. La regulación de un plazo de permanencia de las notificaciones a disposición de los destinatarios en la Oficina del operador postal habría de realizarse por vía reglamentaria y no en el proyecto de ley.
Finalmente, al Grupo Socialista quisiera decirle que no ha habido voluntad de consenso por su parte, y se demuestra en que la mayoría de las enmiendas, en lugar de texto alternativo o de modificaciones, eran de supresión de todos los artículos. Está claro que bien suprimen o modifican el proyecto, pero no ofrecen un proyecto alternativo. Lo quieren eliminar y no plantean cuál es su modelo de reforma de la Administración, si es que lo tienen, porque estuvieron muchos años gobernando y nunca lo plantearon. Un grupo en la oposición del tamaño del PSOE, que ha estado en el Gobierno y con aspiraciones de estarlo, debería haber traído algunos textos alternativos y algunas modificaciones, como han hecho otros grupos, que manifestaran cuál es su modelo, en vez de dar el no por respuesta. Han presentado una transaccional nueva en torno a los funcionarios. En este sentido quisiera recordar que tanto la propia Safja como el propio sindicato CSIF están pidiendo tanto los moscosos como derechos de permisos para asuntos propios y cobrar la paga extra en 2014; en Andalucía son los únicos funcionarios que no la van a cobrar en 2014. Por tanto, no sé a qué viene hablar aquí de que están siempre al lado de los funcionarios.
En definitiva, con este proyecto de ley se implementan algunas de las reformas que está poniendo en marcha el Gobierno y se pretende tener en España una administración pública que sea tan dinámica, eficaz y actual como la propia sociedad a la que sirve, todo ello con responsabilidad y realismo, para que los fondos públicos, que son de todos, sirvan para mejorar la calidad y la cantidad de los servicios públicos. Quiero recordar al respecto que estas medidas, unidas a las previstas en la CORA, supondrán un ahorro de 37.620 millones de euros en los cuatro años de Gobierno; un dinero que servirá para mejorar, tanto vía fiscal como en prestaciones públicas, la calidad de vida de todos los españoles, que es para lo que estamos sus representantes públicos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Suspendemos unos instantes la sesión para verificar los cuadernos de votación y a continuación votaremos. (Pausa.)
Vamos a dar comienzo a las votaciones; son un poco largas, pero lo tenemos bien ordenado.
En primer lugar, vamos a votar las enmiendas transaccionales y a continuación votaremos por orden las enmiendas de los grupos parlamentarios que las han formulado. Antes votaremos una enmienda
transaccional, que no figura en el cuaderno de votación que tienen ustedes, pero todos que conocen, y que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda 12 del Grupo Parlamentario Popular.
Votamos ahora la enmienda transaccional número 1 -si hay alguna dificultad de identificación díganmelo, pero creo que tienen todos el orden- referida a la enmienda número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 1; abstenciones, 13.
Votamos la enmienda transaccional número 2, referida a la enmienda número 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 1; abstenciones, 15.
Enmienda transaccional número 3, referida a la enmienda 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; abstenciones, 16.
Enmienda transaccional número 4, referida a la enmienda 71.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 14.
Enmienda transaccional número 5, referida a la enmienda 74.
Enmienda transaccional número 6, referida a la enmienda 75.
Enmienda transaccional número 7 a las enmiendas 19, 90 y 98.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 18.
Enmienda transaccional número 8, referida a la enmienda 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 1; abstenciones, 15.
Votamos ahora las enmiendas. En primer lugar, enmiendas del Grupo Mixto, las correspondientes al señor Baldoví. Enmienda número 9.
Resto de enmiendas del señor Baldoví, enmiendas 8 y 10.
Votamos ahora las enmiendas de la señora Fernández Davila. Enmienda número 62.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 35; abstenciones, 3.
Resto de enmiendas de la señora Fernández Davila, enmiendas 64 y 65.
Votamos ahora las enmiendas de la señora Jordà. En primer lugar, conjuntamente las números 111 a 114 y la 119.
Votamos ahora conjuntamente la 121 y la 122.
Ahora votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. En primer lugar, la número 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24; abstenciones, 2.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, la número 43.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 26; abstenciones, 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 40; abstenciones, 2.
Votamos conjuntamente las enmiendas 24 a 26.
Enmienda 29.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 5.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que son la 22, 23, 27, 28, 31 a 42 y 44.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 40.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. En primer lugar, conjuntamente las 46, 47, 57 y 58.
Enmiendas números 51 y 52.
Enmiendas números 53, 54 y 56.
Resto de enmiendas de La Izquierda Plural, que son la 45, 49, 50, 55, 59 y 61.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. En primer lugar, conjuntamente las números 67, 72 y 80 a 83.
Enmienda número 73.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 38; abstenciones, 1.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán, que son la 66, 68 a 70, 76, 78, 79, 84 a 86 y 88.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24; abstenciones, 2.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, conjuntamente la 124, 125, 145 y 148.
Votamos a continuación las números 126, 127, 138 a 140, 153 y 155.
PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas de la 128 a la 132.
Votamos ahora las enmiendas 133, 142 y 143.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 24.
Votamos la enmienda número 136.
Pasamos a votar ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, conjuntamente, las números 12, 99 y 106.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 6; abstenciones, 13.
En segundo lugar, votamos las enmiendas números 89, 95 a 96, 102 y 107.
Enmiendas números 92 y 97.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 19; abstenciones, 1.
Enmienda número 103.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 7; abstenciones, 13.
Resto de enmiendas, que son la 91, 93, 94, 100, 101, 104, 105, 108; la 93 incluye una corrección técnica que conocen.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 6; abstenciones, 14.
Votamos ahora el texto del informe de la ponencia con las enmiendas que han obtenido el voto favorable en esta Comisión con competencia legislativa plena.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado y se remitirá al Senado para su tramitación.

References: Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 33
 artículo 25
 artículo 59
 artículo 42
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 32
 artículo 172
 artículo 68
 artículo 22
 artículo 136
 artículo 22
 artículo 136
 artículo 76