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Timestamp: 2019-04-25 23:45:57+00:00

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El Derecho Constitucional a La Prueba Judicial
Transféré par Lisbeth Perez Gonzalez
Dcho Contitucional
Análisis del Exp. 612-2005-PA EXP. N.º 6612-2005-PA/TC ICA ONOFRE VILCARIMA PALOMINO SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
20141210120700731
Sentencia Dennise nj Segunda Instancia
Excepción de Incapacidad Del Demandante o de Su Representante
HUMBERTO ENRIQUE TERCERO BELLO TABARES
“El arte del proceso, es el arte de probar”. Jeremías BENTHAM.
1. Introducción. –Derechos Constitucionales Procesales.
Derechos Constitucionales Procesales. 1.2. El Derecho Constitucional a la Tutela
Judicial Efectiva. Aspectos que comprende. 1.3. El Derecho al Debido Proceso
Constitucional. El derecho a la prueba judicial. 1.3.1. La Prueba Judicial.
Definición. 1.4. Regulación Constitucional al Derecho a la Prueba Judicial. 1.5.
Conclusión. 2. DESDOBLAMIENTO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA
PRUEBA JUDICIAL. 2.1. Introducción. 2.2. Desdoblamiento del Derecho
Constitucional del Derecho a la Prueba Judicial. 2.2.1. Derecho a la anticipación,
preconstitución y aseguramiento de la prueba judicial. 2.2.1.1. Afectación del
derecho de contradicción y control en la actividad probatoria anticipada. Derecho a
la defensa. 2.2.1.2. Actividades probatorias que pueden anticiparse. 2.2.1.3. Leyes
que no regulan la anticipación, preconstitución y aseguramiento de la prueba.
2.2.2. Derecho a la apertura del lapso probatorio. 2.2.3. Derecho a la proposición
de la prueba judicial. 2.2.4. Derecho a la contradicción a la prueba judicial. 2.2.5.
Derecho a la providenciación de la prueba judicial. 2.2.6. Derecho a la
recurribilidad a la providenciación de la prueba judicial. 2.2.7. Derecho a la
materialización de la prueba judicial. 2.2.8. Derecho al control de la prueba judicial.
2.2.9. Derecho a la apreciación de la prueba judicial. 3. Reflexiones finales y
Conclusiones. 4. Bibliografía.
1. Introducción. –Derechos Constitucionales Procesales1.1.
Derechos Constitucionales Procesales.
1. Introducción. –Derechos Constitucionales Procesales1.2.
El proceso judicial, es concebido como un conjunto concatenado y coordinado de actos
procesales realizados por los órganos jurisdiccionales, que tienen como fin último la
solución de conflictos mediante la aplicación de la Ley al caso concreto o específico, de
manera pacífica y coactiva, encontrándose informado por un conjunto de principios que
orientan no solo su tramitación, sino la forma de actuar o conducta de las partes,
representantes judiciales y operadores de justicia.
De esta manera, como expresa el maestro COUTURE, el proceso tiene con fin la
búsqueda de la verdad, mediante la exposición de la tesis –demanda contentiva de la
pretensión- de la antítesis –contestación contentiva de la excepción- y de la síntesis –
sentencia que resuelve el conflicto subjetivo sometido al conocimiento del órgano
jurisdiccional- vale decir, en el ejercicio de la acción mediante la demanda contentiva de la
pretensión, donde el actor puede exponer hechos de naturaleza constitutiva, extintiva,
impeditiva o modificativa; en el ejercicio del derecho a la defensa mediante la
presentación de la contestación de la demanda donde el demandado puede exponer los
hechos exceptivos, bien de naturaleza constitutiva, extintiva, impeditiva o modificativa
para enervar los efectos de los hechos narrados por el pretensionante; y en el resultado
del cuestionamiento judicial o problemática judicial, traducido en sentencia, donde el
operador de justicia debe atenerse a lo alegado y probado en autos –principio de
congruencia- resolviendo el conflicto y declarando la voluntad de la ley en el caso
concreto, que involucra su ejecución, bien de manera voluntaria o mediante la
intervención forzosa del imperio de la ley, por demás de manera pacífica.2
Bajo el esquema del texto Constitucional de 1.999, específicamente conforme a lo
previsto en el artículo 257, el proceso judicial, tiene como finalidad la realización de la
justicia, la cual, a tenor de los preceptuado en el artículo 26 Constitucional, debe ser
responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos, elemento
éste último que equivale a que la justicia debe prevalecer frente a las formas, tal como lo
preceptúa el artículo 2° Ibidem.
Pero sin bien el proceso se encuentra revestido de informalidad o ausencia de
formalidades, circunstancia ésta indefinida por el Constituyente y que ha ocasionado el
relajamiento de normas procesales, pues el artículo 26 de la Constitución de 1.999,
contempla la ausencia de formalismos, en tanto que la norma contenida en el artículo 257
Ejusdem, establece la ausencia de “formalidades no esenciales”, de lo cual se infiere una
clara contradicción de las normas Constitucionales, dado que siendo la informalidad la
ausencia de formalismos innecesarios que entorpezcan el fin del proceso, es decir, la
realización de la justicia, el constituyente además de no sentar posición en cuanto a lo
que debe entenderse por un formalismo, indistintamente se refirió a la ausencia de
formalismos y a la ausencia de formalidades inútiles, hecho éste que ha traído como
consecuencia, el relajamiento de los principio, normas y lapsos procesales, que de una u
otra manera destruyen la institución del proceso, la cual en puridad de verdad, no es sino
un conjunto de formalidades procesales creadas por el operador legislativo, que tienen
por fin último el pronunciamiento del órgano jurisdiccional que dirima en conflicto sometido
a la jurisdicción, el cual ha sido considerado como el apto e idóneo para la tramitación de
En este sentido, el proceso, considerado como el conjunto de actos cuyo fin último es la
obtención del pronunciamiento dirimidor del conflicto inter-subjetivo sometido al
conocimiento del Estado por conducto del órgano jurisdiccional, no es otra cosa que el
agrupamiento de un conjunto de circunstancias que delimitan, delinean y guían la forma
como se desenvuelve en estrados el conflicto judicial, circunstancias éstas que
constituyen las formalidades o formalismos que garantizan el cumplimiento de los
derechos constitucionales –garantías- procesales y el buen trámite del proceso, lo cual no
es otra cosa que las formalidades que rigen al proceso y sin las cuales, no pudiera
hablarse del debido proceso, garantías o derechos constitucionales procesales que
adoptan la forma de principios procesales puros, específicos de cada procedimiento o
generales.3
Los principios –como se ha expresado en otra oportunidad- son los criterios, directrices,
reglas y orientaciones que rigen tanto las diversas situaciones que pueden surgir en el
proceso, como la actuación de las partes, sus representantes judiciales y operadores de
justicia, los cuales –como se viene expresando- no solo son de carácter procesal puro,4
generales y específicos de cada procedimiento, sino de carácter constitucional –garantías
o derechos constitucionales procesales- que permiten el buen funcionamiento y
desenvolvimiento del proceso, garantizando los derechos fundamentales de los
De esta manera, el sistema constitucional vigente, ha constitucionalizado los principios
fundamentales o básicos que deben prevalecer en los procesos, no solo jurisdiccionales –
a donde se dirige nuestro estudio- sino administrativos, que garantizan los derechos o
garantías básicas que deben conocerse, acatarse, respetarse y no vulnerarse en el marco
de los procedimientos jurisdiccionales, so pena de violación o vulneración del texto
constitucional, principios que además son el reflejo de los pactos internacionales sobre
derechos humanos y fundamentales suscritos por Venezuela. Luego, estos principios que
se enmarcan en los derechos o garantías constitucionales procesales, de manera general,
pero no limitativa ni restrictiva se ubican en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, que recogen los derechos mínimos que deben ser
garantizados a los justiciables en los estrados judiciales, que deben ser conocidos por el
operador de justicia, acatados, aplicados y no vulnerados, so pena de activar el derecho
del ciudadano, de poner el funcionamiento el aparato jurisdiccional, pero esta vez en sede
constitucional, para obtener la protección de los derechos constitucionales procesales
vulnerados, para que le sean restituidos, bien mediante el ejercicio de los recursos
ordinarios o mediante el ejercicio de los recursos o acciones constitucionales especiales,
extraordinarias, excepcionales, pues el juzgador en el ejercicio de la vía ordinaria y no
constitucional, también es un garante del texto fundamental, es sujeto obligado a
garantizar y proteger, mas aún, amparar al ciudadano en el pleno goce de sus derechos
constitucionales procesales.
Estos derechos constitucionales procesales que en definitiva se manifiestan como
principios constitucionales procesales básicamente pueden resumirse en el derecho a la
tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y en el debido proceso legal recogido en el artículo 49 ejusdem,
aún cuando su previsión no es taxativa como lo expondremos, siendo que en las
presentes líneas trataremos de desarrollar el tema de estos principios que deben regir en
toda clase de procesos.
Siguiendo con el estudio que abordamos, el proceso jurisdiccional se encuentra informado
de principios procesales generales, puros, específicos y sobre todo constitucionales, éstos
últimos que rigen para toda clase de proceso jurisdiccional y que de manera expresa pero
no limitativa son recogidos por nuestro constituyente en el texto fundamental de 1.999,
principios que no son otra cosa que el envoltorio o manifestación de los derechos o
garantías constitucionales procesales, mas por tecnicismo que podríamos catalogar de
necio, debemos precisar si estos principios obedecen o representan realmente los
derechos constitucionales procesales o las garantías constitucionales procesales, vale
decir, si se trata de derechos constitucionales o garantías constitucionales.
Al respecto, como lo expresáramos en otra oportunidad,5 el derecho constitucional, se
trata de la potestad o facultad, poder de defender los intereses patrimoniales o morales
que ostentan las personas -naturales o jurídicas- vale decir, que el derecho implica el
poder que tienen los sujetos de ejercitar las atribuciones que le otorga el ordenamiento
jurídico, específicamente la Constitución –lo que no descarta todo lo que sea calificable
como ley que desarrollen los derechos constitucionales- para defender la integridad de su
patrimonio físico, moral o económico, de manera que ese poder en cabeza de lo sujetos
que nace de si mismo, puede materializarse en el derecho a la huelga, el derecho a la
libertad de expresión, a la defensa, al libre tránsito, a la propiedad, a la salud, a la
maternidad, donde para su ejercicio bastará en cada caso, realizar los actos de huelga en
la medida de lo legal, expresarse, defenderse, transitar, ejercer los elementos de la
propiedad –uso-goce, disposición- en el marco de la constitucionalidad y legalidad y con
la limitaciones legales y así sucesivamente, y que como tal, vale decir, como derecho,
puede ser objeto de vulneración, en otras palabras –como se viene señalando- se trata de
un poder o facultad para la defensa de intereses patrimoniales o morales, incluso
económicos, como derecho que nace para su ejercicio.
La garantía constitucional, se considera como la fuerza que la constitución da a las
normas constitucionales, con la finalidad de asegurar que sean acatadas por los órganos
del Estado y personas de derecho privado, siendo que se trata del mecanismo por medio
del cual se puede obtener el restablecimiento de los derechos constitucionales cuando
son desconocidos o vulnerados; en este sentido, la garantía constitucional, es el
mecanismo que se activa y que puede utilizarse cuando se vulneran derecho
constitucional por parte del Estado o particulares, con la finalidad de obtener su
reparación o restablecimiento, tal como sucede con el amparo constitucional, el habeas
corpus o el habeas data, la revisión constitucional, las acciones de nulidad por
inconstitucionalidad, inconstitucionalidad por omisión legislativa, colisión de normas
constitucionales entre otras.
En el caso de los denominados principios constitucionales procesales, específicamente
los previstos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, a nuestro juicio, se tratan de derechos constitucionales procesales, de
poderes o facultades en cabeza de los sujetos para ejercitar las atribuciones que le otorga
el ordenamiento jurídico constitucional y las leyes que desarrollen los derechos
constitucionales, defendiendo la integridad de su patrimonio físico, moral o económico,
poder que nace de si mismo, pues son susceptibles no solo de ejercicio sino de
vulneración, capaces de ser restituidos, amparados, reparados por el ejercicio de las
acciones o recursos previstos en la ley fundamental u otras leyes de menor categoría,
éstos últimos que se enmarcan dentro de las garantías constitucionales que como
expresáramos, tienden a proteger los derechos fundamentales ante su vulneración o
En este orden de ideas, es nuestro criterio que lo recogido bajo la denominación de
principios constitucionales procesales, no son mas que derechos constitucionales
garantías y principios constitucionales procesales. todo ello no obstante a que hay quienes consideran que se tratan de garantías y no de derechos o derechosgarantías. con fiscales de países aleados. constitucionalistas o adminitrativistas. que las garantías hacen posible los derechos constitucionales. Rudolf HÖSS entre otros. los paradójico de la historia y en cuanto a los principios constitucionales procesales se refiere. seres inferiores y que no formaban parte de una raza superior –aria. Hermann GÖRING. como valor superior del ordenamiento jurídico. a lo largo del presente trabajo. que se caracterizaron por la vulneración e irrespeto de los derechos humanos. Wilhelm FRISCK. según los exponen algunos autores. donde el no respeto de los principios y garantías –o derechosconstitucionales de los seres humanos. en la Alemania hitleriana eran consideramos como enemigos. Rusia. que como cuenta la historia de los victoriosos de la guerra. donde insistimos.4 procesales amparables mediante el ejercicio de las garantías. siendo que las garantías constitucionales procesales. crímenes contra la humanidad y otros cargos.949. donde la función de los abogados . Sepp DIETRICH. paradójicamente –a nuestro juicio. es que se vulneró el derecho a ser juzgados por jueces naturales e imparciales. especialmente en las ordenes de muerte a los comunistas.sino que dentro de éstos fue establecido y reconocido el derecho a la tutela de las garantías o derechos mínimos que debía reunir todo proceso judicial o jurisdiccional. por lo que el fin de la constitucionalización de las garantías procesales no es otro que la realización de la justicia.donde no solo se reconocen derechos fundamentales de los ciudadanos – derechos humanos. se expresa que como consecuencia de los procesos Nazis ordenados por el reich. Hans FRANK. sin previo juicio legal y justo. garantías o principios constitucionales procesales. nos referiremos a principios como derecho o garantías constitucionales procesales. fue que nació en Europa el reconocimiento de éstos derechos y principios en los textos fundamentales – Constituciones. esto es.pareciera irrelevante en la práctica la distinción entre derechos.7 luego de terminación de la segunda guerra mundial que marcó la caída del tercer reich alemán. El español PICÓ I JONOY. Pero este fenómeno de constitucionalización de derechos fundamentales. consecuencia de lo cual de manera indistinta.6 Hecha la anterior precisión técnica y por demás necia. En este sentido. por crímenes de guerra. ordenó la ejecución o muerte por ahorca.8 lo que motivó y originó la inclusión de los derechos fundamentales tradicionales y procesales dentro de la Ley fundamental de la República Federal Alemana del 23 de mayo de 1. son medios procesales a través de los cuales se hace posible la realización y eficacia de los derechos constitucionales.mínimas que debía reunir todo proceso judicial. Gran Bretaña.también se produjo en los procesos que los aleados siguieron a los altos dirigentes del tercer reich en los llamados juicios de Núremberg donde fueron juzgados altos oficiales y miembros del gobierno Nazi tales como Kart DÖNITZ. para referirnos al llamado fenómeno de constitucionalización de los derechos. de las ejecuciones sin proceso. que dio paso en aquella Alemania al régimen comunista que como hizo metástasis como régimen del terror en diversos continentes del mundo. del régimen nacional socialista o nazista que liderizó Adolf HITLER. Rudolf HESS. sin derecho a la defensa. en los países del viejo continente se produjo el llamado fenómeno de la constitucionalización de las garantías –o derechos. Franz Von PAPEN. fue el elemento característico del sistema Alemán. de garantías o derechos mínimos en los procesos jurisdiciconales producido en Europa luego de la terminación del período hitleriano en el año de 1945. sin un previo proceso debido y legal. judíos y gitanos. gitanos y sobre todo judíos. Joachim Von RIBBENTROP. Estados Unidos.a quienes se sumaban todos aquellos que de alguna manera se opusieran al sistema catalogándose como conspiradores. donde se garantizaran los derechos no solo humanos sino procesales. ello como consecuencia –expresan autores europeos. donde la sentencia condenatoria en sus casos. Wilhelm KEITEL. expresa que una cosa son los derechos del hombre y otra cosa sus garantías.del régimen político totalitario nazista. que según los ganadores se justificó o fue el producto de la violación de derechos humanos por parte de los Nazi. especialmente comunistas. como expresa un autor español. al referirse al tema. pero que en definitiva –apartándonos del tecnicismo necio y del lenguaje correcto según procesalistas. por jueces representantes de los países aleados.
especialmente. insistimos. por lo general en países latinoamericanos representados por cámaras. sin que. todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley. violar o modificar. que involucra un proceso mas complejo que el dictado de una ley por mayoría política. derechos de los cuales gozan los justiciables en el marco de los procesos seguidos ante los órganos jurisdiccionales –así como administrativos. es el proceso de incorporación en la ley suprema o fundamental de normas de derecho que limitan el poder del Estado y que establecen parámetros superiores a las leyes. modifique o derogue los derechos constitucionales procesales. que aún con la constitucionalización de derechos procesales.suscritos por la República referidos a derechos humanos y fundamentales. Consecuencia de lo anterior. 2. luego de culminar el llamado régimen del terror hitleriano y que dio paso en Europa a la constitucionalización de derechos fundamentales procesales. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. los derechos procesales mínimos no limitativos ni taxativos que deben garantizárseles y respetárseles a los justiciables en el marco de procesos judiciales. En la legislación comparada. de principios constitucionales procesales. respetarse y no violarse en el proceso jurisdiccional. su constitucionalización. pueda producirse indefensión. orientaciones y doctrina del régimen gubernamental de turno. congresos o asambleas marcadamente políticas que siguen corrientes trazadas por el gobernante o partido de gobierna de moda y de turno. afirma la doctrina patria. según el tendencia.9 Pero ¿qué es la constitucionalización de los derechos fundamentales? La constitucionalización de los derechos constitucionales. a ser informado de la acusación formulada contra ellos. luego de la caída del tercer reich. que desconozca. no pudiera futuramente desconocer. Pero ¿por qué constitucionalizar los derechos o principios constitucionales procesales? La respuesta a la interrogante planteada va dirigida al hecho que el reconocimiento por la Constitución de los derechos o garantías procesales mínimas. que deben existir. pues su establecimiento es enunciativo y no taxativo ni limitativo. los derechos y garantías que tienen los ciudadanos en los procesos judiciales y administrativos. a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. que el legislador ordinario.10 de manera que simplemente se trata d la inclusión en el texto fundamental.5 defensores se ceñía no a la búsqueda de la inculpabilidad. que tienen igualmente categoría constitucional. un cáncer peor sobrevivió y se extendió. especialmente en la legislación española. de aquellos derechos o garantías englobados en principios. disputas de poder y falta de líder real. derechos o garantías constitucionales. la constitucionalización de las garantías procesales mínimas. es que cuando el texto fundamental incluye los derechos mínimos que deben reunir los procesos jurisdiccionales. en ningún caso.considerados como mínimos pero no exclusivos o únicos. como lo fue el comunismo de la Unión Soviética Stalinista. a la defensa y a la asistencia de letrado. a propósito de juzgamiento de altos oficiales y dirigentes Nazi por jueces no imparciales y naturales constituidos por miembros de países aliados gananciosos de la guerra y afectados por la misma. a la ley procesal para que sea efectiva la realización de las libertades y la tutela de los derechos de las personas. liderizado por Josif STALIN. protegiéndose en todo caso mediante un sistema de reforma o enmienda constitucional. tuvo y tiene como fin y justificación. garantizarse. Asimismo. se presenta el llamado fenómeno de constitucionalización de principios. se encuentra regulado en el artículo 24 de la Ley fundamental que expresa: 1. derechos o garantías que también se encuentra recogidos en textos internacionales –acuerdos o pactos. sino a la disminución de la voluntad de delinquir. a utilizar los medios . Pero por otro lado. también forma parte de otra época mas lamentable y atroz del llamado “régimen del terror” de los ganadores de la guerra. mediante la argumentación de caos administrativo. vale decir.
motiva. Los derechos procesales constitucionales objetivamente se caracterizan por estar contenidas en el texto fundamental –Constitución. para los Poderes Públicos y para funcionarios públicos. Ubicadas en el artículo 49 Constitucional. Ubicadas en el artículo 26 Constitucional. . De esta manera. Derecho a un proceso con todas las garantías. pudiendo en todo momento renunciar al ejercicio de la garantía. Derecho a la defensa y a la no indefensión. respetarlas. es al ciudadano o sujeto –particular. circunstancia esta de la cual se desprende. Derecho a la asistencia letrada. 3. a no declarar contra sí mismos. contenidos o regulados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que pueden resumirse de la siguiente manera: a. no así su ejercicio. no así al contenido del derecho constitucional. a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. 2. 6. acatarlas y no lesionarlas. 4. que sea el resultado de un conjunto coordinado y concatenado de actos procesales donde se hayan cumplido con el mínimo de derechos o garantías constitucionales procesales. 7. cuando los derechos fundamentales procesales son lesionados o amenazados. congruente y que no sea jurídicamente errónea. Derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales. Derecho a ser informado de la acusación o cargos que se le imputan. Derecho al juez natural predeterminado por la ley. insistimos que éste tiene como finalidad la solución de conflictos mediante el dictado de una decisión justa. 9. 8. 4. 5. quienes deben conocerlas.son irrenunciables no así el ejercicio de los mismos y las garantías. incluso del mismo derecho como consecuencia del consentimiento de la vulneración o amenaza del derecho constitucional procesal o de la falta de ejercicio de la garantía. b. las cuales depende de la voluntad de los sujetos. el ejercicio de las garantías constitucionales procesales.lo que las hace vinculantes y obligatorias para todos los ciudadanos. 3.. Pero volviendo al proceso jurisdiccional. subjetivamente se caracterizan por ser los sujetos o ciudadanos quienes tienen el derecho o poder de ejercitarlos y reclamar su protección. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.. Derecho a recurrir de las decisiones perjuidiciales. referido al denominado “debido proceso legal” encontramos los siguientes principios constitucionales procesales: 1. Los derechos constitucionales – en su contenido. Derecho a un intérprete. 2. referido al denominado “derecho a la tutela judicial efectiva” encontramos los siguientes principios constitucionales procesales: 1.6 de prueba pertinentes para su defensa. que los derechos o principios constitucionales procesales no son relajables ni por las partes ni por los funcionarios públicos. esto es. Derecho de Obtener una sentencia razonada. Derecho a igualdad de armas procesales. Derecho a un proceso público. Derecho a ejecutar las decisiones judiciales una vez que hayan quedado definitivamente firme.a quien le corresponde ejercitar las garantías constitucional. las cuales quedan a la voluntad de los ciudadanos –derecho subjetivo-.
cierta. tiende a proteger en el proceso jurisdiccional.11 el enunciado “tutela judicial efectiva” involucra un conjunto de derechos o garantías. respetados o garantizados y no vulnerados por los operadores de justicia. bien sean de carácter procesal o de carácter constitucional. como valor superior del ordenamiento jurídico venezolano. mediante la aplicación de la Ley en formas coactiva y pacífica. garantías o simplemente principios constitucionales procesales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.7 10. 14. de ahí que hay quienes prefieran referirse a la tutela efectiva judicial. que se trata de un derecho constitucional procesal de carácter jurisdiccional. Derecho a utilizar medios de pruebas legales y pertinentes. de la protección efectiva o cierta de los derechos peticionados y regulados en el estamento jurídico. incluso de carácter sustantivo. segura y seria. pues la tutela judicial efectiva involucra un conjunto de derecho constitucionales procesales que de manera conjunta o individual. mas aún principios constitucionales procesales que de manera efectiva. tienden a permitir al ciudadano acceder a los órganos . pasamos de seguidas a desarrollar los derechos. puede llevar a establecer. poco técnica de lo que debe entenderse como el derecho a la tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 11. 1.2. Luego. 16. En este sentido y con base hasta lo aquí expuesto. Una simple apreciación por demás general y poco técnica del título. protegen lo judicialmente los derechos de los justiciables. Luego. que ha tenido como finalidad. 12. siendo esta una definición o noción vaga e insistimos. la realización de la justicia. todo proceso jurisdiccional debe garantizar como mínimo la protección de los derechos constitucionales procesales contenidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. se encuentran ubicados o regulados en los artículos 26 y 49 Constitucionales. 17. Principio de Igualdad ante la Ley. que ostenta todo sujeto de obtener por parte de los órganos del estado. los cuales deben ser conocidos. referido al derecho al debido proceso constitucional. pues en definitiva es proteger judicialmente y de manera efectiva los derechos del ciudadano. Responsabilidad del Estado por error judicial. para poderse considerar que estamos ante un proceso que ha respetado los derechos constitucionales procesales mínimos. pues si en puridad de verdad lo que se constitucionalizó es la protección judicial efectiva de los derechos. no solo fundamental sino de menor categoría. Principio de informalidad. 15. 13. acatados. Estos derechos Constitucionales procesales. retardo u omisión injustificada. especialmente del judicial en el marco de procesos jurisdiccionales. Aspectos que comprende. El Derecho Constitucional a la Tutela Judicial Efectiva. Principio de la legalidad.999. el primero referido al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y el segundo. enunciativa y no limitativa. según lo prevé el artículo 2º Ejusdem. Principio nom bis in idem. los derechos que se ventilan en el proceso judicial. se dio rango constitucional o se constitucionalizaron los derechos procesales mínimos que deben regir en todo proceso jurisdiccional. Derecho a la presunción de inocencia. en el marco de la Constitución de 1. Derecho a no declararse culpable y a no declarar contra sí mismo. Pero destacamos que la noción es poco técnica.
unitaria. derecho al debido proceso. que en línea general permita decirse que se estuvo en un proceso judicial donde prevaleció la garantía de los justiciables a un proceso con los derechos mínimos. pues en relación a lo que significa. La primera corriente que pretende entender la noción de Tutela judicial efectiva. sólida y que ampare o comprende todos sus elementos. idónea. independiente e imparcial. responsable. a obtener del estado un pronunciamiento judicial. sus defensas.El derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales. derecho a una justicia gratuita. como un conjunto de derechos constitucionalizados que permiten obtener una justicia tutelada por el estado de manera efectiva. derecho a exigir responsabilidad al Estado y a los jueces por errores judiciales. a lo que es o a lo que debe entenderse por tutela judicial efectiva. de manera general pretende proteger los derechos constitucionales procesales en el proceso. derecho a la presunción de inocencia. b. el derecho a materializar el pronunciamiento del estado en el caso concreto. entre otros. es lo que debe entenderse por tutela judicial efectiva. el derecho a defenderse o ensayar defensas. Tutela judicial efectiva como algo diferente a la suma de todos los derechos constitucionales procesales. sin dilaciones indebidas. expedita. derecho a ser notificados de los cargos que se imputan. . derecho a la no valoración de pruebas ilícitas. circunstancias éstas que nos permiten afirmar. equitativa. accesible. se inclina por considerarla como la suma de todos los derechos constitucionales procesales plasmados en los artículos 26 y 49 Constitucional. Dicho lo anterior. que comprende únicamente: . derecho a intérprete. Tutela judicial efectiva como suma de todos los derechos constitucionales procesales. encontramos aquella otra que considera que el derecho a la tutela judicial efectiva es algo diferente a la suma de los derechos y garantías procesales constitucionales. retardos. presenciar y garantizar un debate judicial protegido o tutelado de manera segura y efectiva. Al lado de esta corriente que consideran a la tutela judicial efectiva como la suma de los derechos y garantías constitucionales procesales. - El derecho a obtener una sentencia fundada. funcionamiento normal o anormal de la justicia. transparente. derecho a la defensa. derecho de acceso a las pruebas. medios de ataque entre otras figuras. derecho a no ser juzgada por actos u omisiones no previstos en la ley como delitos. donde cada uno de los sujetos que intervinieron en el mismo. autónoma. de manera que resulta mas fácil referirse a la noción de tutela judicial efectiva. mediante el dictado de sentencias que sean el producto de un proceso limpio o inmaculado.8 jurisdiccionales y a obtener de él un pronunciamiento judicial que resuelva sus conflictos judiciales. donde se permitió el derecho a acceso a los órganos jurisdiccionales. el derecho a revelarse contra aquella decisión adversa y en definitiva. derecho a no ser juzgado por los mismos hechos que hubiese sido juzgado anteriormente. derecho a ser oída en toda clase de procesos. La noción de tutela judicial efectiva. que la noción de la denominada “Tutela Judicial Efectiva” no permite ofrecer un concepto o definición única. tuvieron la posibilidad de ejercitar sus derechos . derecho a un tribunal competente. omisiones injustificadas. comprendiendo el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia. razonable o razonada y que no sea errónea o errática. imparcial. debemos previamente aclarar qué debe entenderse por tutela judicial efectiva. el derecho a producir la prueba de los hechos. derecho a ser juzgado por jueces naturales. donde se hayan garantizado los derechos constitucionales mínimos que permitan expresar que se han respatado las reglas del juego constitucional procesal. derecho a no confesarse culpable. independiente. faltas o infracciones. sin formalismos. de manera voluntaria o forzosa. motivada. existen dos corrientes a saber: a. sin reposiciones inútiles. pues precisamente la amplitud de sus elementos componentes.
hasta el punto de considerar. no involucra debido proceso.12 Este criterio evidencia una clara distinción del derecho o garantía constitucional procesal del debido proceso. Derecho de toda persona a dirigirse a los órganos jurisdiccionales con la pretensión de que actúan. en palabras del Tribunal Constitucional. c. el proceso sin formalismos inútiles. b.13 De igual manera -señala el profesor RIVERA MORALES. a cualquier persona venezolana o extranjera. un contenido complejo que incluye los siguientes aspectos:  El derecho de acceso a los tribunales. expresa que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende. en respeto del derecho constitucional a la igualdad prevista en el artículo 21 de la Constitución de 1999. Libre acceso a los juzgados y tribunales. de lo anterior observamos. mas no al contrario. correspondiéndole la titularidad del derecho a la tutela judicial efectiva. ello no obstante a que en sintonía con la corriente anterior. el juez natural.  El derecho a obtener una sentencia fundada en derecho congruente.y el derecho o garantía a la tutela judicial efectiva. que la tutela judicial efectiva. que el derecho a la tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. se encuentra el derecho o garantía a la tutela judicial efectiva. la tutela judicial efectiva.9 - El derecho a recurrir de la decisión o sentencia. la transparencia. - El derecho a ejecutar la decisión o sentencia. que es considerado por el autor como la suma de los derechos o garantías constitucionales procesales –derecho constitucional procesal. pues como analizaremos mas adelante. la presunción de inocencia. no involucra la suma de los demás derechos o garantías procesales constitucionales contenidos en el artículo 49 Ejusdem. que le permiten al justiciable obtener una justicia pronta y efectiva. la congruencia. En la doctrina patria. Obtener un fallo de Tribunales sobre el fondo de la cuestión debatida y ateniéndose a lo establecido en la Ley. el principio de publicidad y otros similares. para quien la tutela judicial efectiva no solo supone el derecho de acceso a la justicia y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. sino que comporta también –señala el citado profesor. la motivación. criterio éste que nos parece correcto.está integrado por una serie de principios dentro de los cuales se destacan: a. que dentro del derecho al debido proceso. señala que el mismo es el concepto aglutinador de los que se ha llamado el derecho constitucional procesal. Luego. También parece partidario de esta corriente el profesor Rodrigo RIVERA MORALES. que como principio constitucional alude a la suma de los derechos y garantías procesales consagrados en la Constitución. el español PICÓ I JUNOY. pues la tutela judicial efectiva es una garantía constitucional procesal que se suma al debido proceso. cuyo contenido no debe cerrarse sino que debe atender a un elenco de garantías procesales como son.el derecho a la tutela comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses en los términos y condiciones establecidos por la ley. la celeridad procesal. se trata de una noción compleja que no puede definirse de manera uniforme. se inscriben en esta última corriente el profesor Ramón ESCOVAR LEÓN. el derecho a la defensa. tutela judicial efectiva y debido proceso son garantías constitucionales procesales diferentes.14 En la doctrina extranjera. quien al comentar el principio del debido proceso. decidir una controversia de una manera imparcial y equitativa. Este derecho de tutela judicial efectiva –expresa. . pues comprende varios aspectos que se agrupan para dar forma y llegar a lo que puede concebirse como “tutela judicial efectiva”.  El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. es decir.la obligación que tiene la administración de justicia.
autónoma. que expresa: 1. responsable. la tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. congruente y que no sea jurídicamente errónea. equitativa y expedita. Dicha norma expresa: Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses.. el derecho a hacer efectiva dicho fallo y el derecho de ejecutar el mismo. para quien la tutela judicial efectiva garantiza: a) La posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales.1 de la Constitución Española. sin que. Luego. correcta.10  El derecho al recurso legalmente previsto. y d) La posibilidad de solicitar y obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia. pues éstas se encuentran contenidas en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. motivada.16 Para nosotros. el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra consagrado en la primera parte del artículo 24. se encuentra regulado en el artículo 26 Constitucional. a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. como el derecho de todas las personas a tener acceso al sistema de justicia y a obtener una resolución fundada en derecho –y por lo tanto motivada. no es la suma de las mínimas garantías o derechos que debe reunir todo proceso jurisdiccional. para nosotros la tutela judicial efectiva es el derecho o la garantía constitucional que involucra y comprende: - El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia. el profesor español GARCÍA MORILLO analizando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. define el derecho a la tutela judicial efectiva. El Estado garantizará una justicia gratuita.la cual puede ser de inadmisión cuando concurre una causa legalmente prevista. el cual se haya ubicado en el capítulo referente a los Derecho Humanos y Garantías. c) La posibilidad de las partes de poder interponer los recursos que la Ley provea. contra las decisiones perjudiciales. Como se viene señalando el derecho o garantía a la tutela judicial efectiva. sin formalismos o reposiciones inútiles. accesible. el cual haya su ubicación en el capítulo referido a los derechos civiles. - El derecho a ejercer los recursos previstos en la Ley. según lo expresa el artículo 49 ejusdem por el contrario. para el Tribunal Constitucional Español involucra el derecho de acceso a los jueces y tribunal. razonada. esto es.. es decir. Igual criterio sostiene el profesor Alex CAROCCA PÉREZ. idónea.15 En la legislación Española. - El derecho a obtener una sentencia fundada. - El derecho a ejecutar las decisiones judiciales. justa. incluso los colectivos o difusos. transparente. b) La obtención de una sentencia motivada que declare el derecho de cada una de las partes. El derecho o garantía constitucional a la tutela judicial efectiva. independiente. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. pueda producirse indefensión. dando inicio a un proceso. el derecho a obtener una decisión judicial. no es la suma de los derechos o garantías constitucionales procesales. sin dilaciones indebidas. imparcial. no involucra el conjunto de derechos o garantías mínimas que debe reunir todo procesos judicial. circunstancia esta de suma importancia para determinar que las garantías o derechos . en ningún caso.1 de la Constitución Española. no constituye ni involucra la suma de todos los derechos constitucionales procesales. La tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 24.
pues en definitiva se trata de derechos que deben ser garantizados en el marco del proceso jurisdiccional respetuoso de la tutela judicial efectiva y del debido proceso legal. la lesión o violación al derecho de la tutela judicial efectiva contenida en el artículo 26 Constitucional. derecho a recurrir de la decisión. al haber el constituyente regulado las garantías o derechos constitucionales procesales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso legal en normas separadas.la garantía o el derecho a la tutela judicial efectiva no puede confundirse con la garantía o derecho al debido proceso legal y viceversa. independiente y diferente a cualquiera de las garantías o derechos constitucionales procesales a que se refiere el debido proceso contenido en el citado artículo 49 Constitucional. e igualmente. igualmente. la regulación constitucional de las garantías constitucionales procesales en cuestión. derecho a ser juzgado por jueces naturales. razonada. es claro que no quiso ligarlas ni confundirlas. tomando en consideración la ubicación de las normas constitucionales – artículos 26 y 49. incluso se les permite incurrir en el error de delatar como vulnerados o amenazados los derechos a que se refiere el artículo 26 Constitucional. derecho a no ser juzgado por los mismos hechos que hubiese sido juzgado . y el hecho que se haya lesionado alguno de los aspectos que involucra el derecho o garantía al debido proceso legal. se refiere a las demás garantías procesales constitucionales diferente a la tutela judicial efectiva. de donde inferimos. circunstancias éstas que deben ser comprendidas por los operadores de justicia para la aplicación correcta de la norma de derecho al caso concreto. se vulnerará la tutela judicial efectiva y consecuencialmente el artículo 26 Constitucional. referidos al derecho a la defensa. derecho a no ser juzgada por actos u omisiones no previstos en la ley como delitos. independiente e imparcial. derecho a la no valoración de pruebas ilícitas. hasta el punto de poderse ubicar uno dentro del otro. derecho a obtener una decisión motivada. se ubicó en normas separas. conlleva o produce la lesión o violación del debido proceso legal. el primero que puede ubicarse dentro del segundo. no así el artículo 49. son total y absolutamente diferentes de las contenidas en el artículo 49. faltas o infracciones. sino que por el contrario estableció su separación y autonomía. derecho a un tribunal competente. por lo que si se amenazan o violan en el proceso judicial algunas de estas garantías o derechos. y derecho a ejecutar la decisión. no involucra. derecho a ser notificados de los cargos que se imputan. De esta manera. cuando realmente se trata de la vulneración o amenaza de los derechos recogidos en el artículo 49 Ejusdem. pues en relación a los justiciables. congruente y que no sea jurídicamente errónea. aún cuando guardan estrecha vinculación el uno con el otro.2. la tutela judicial efectiva como modalidad específica del debido proceso legal. vale decir. derecho a ser oída en toda clase de procesos. ello no obstante –insistimos. derecho a la presunción de inocencia. lo que marca su autonomía como garantías o derechos constitucionales procesales.11 constitucionales procesales del artículo 26. resulta de vital importancia para el momento de denunciar en sede constitucional –ordinaria por vía recursiva o por vía de acción judicial autónoma. el derecho o garantía a la tutela judicial efectiva comprende derecho de acceso a los órganos de administración de justicia. tal como sucede en la legislación Española. referida bien al debido proceso. más aún. en tanto que el artículo 24. El criterio que se viene manejando. En definitiva. que la lesión a los derechos mínimas que debe contener todo proceso judicial que se ubican en el debido proceso. la tutela judicial efectiva es un derecho o garantía constitucional autónoma.a encontrarse relacionados o vinculados. pues el hecho que se haya lesionado el derecho o garantía a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 26 Constitucional. aún cuando guardan estrecha relación o vinculación.1 Constitucional se refiere a la tutela judicial efectiva.la lesión de derechos o garantías constitucionales. donde el artículo 24. incluso referidas al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de manera unísona. derecho a no confesarse culpable. no conlleva a la lesión del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. derecho de acceso a las pruebas. no involucrará la lesión al debido proceso legal contenido en el artículo 49 ejusdem. justa. no conlleva a la lesión o violación de la tutela judicial efectiva. estos son libres de expresar o delatar la violación de ambos derechos al unísono aunque realmente se trata solo de uno de ellos. En este sentido. pues una intención contraria no justificaría su división sino la unión en una misma norma procesal. contenidas en capítulos que desarrollan derechos diferentes. bien a la tutela judicial efectiva. el cual establece los derechos o garantías constitucionales procesales del debido proceso legal. derecho a intérprete.
existe una marcada diferencia.961 no era ajeno a estos conceptos. el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no se identifica con nuestro criterio –por ahora. ya la Constitución de 1. De esta manera las referidas normas de la Constitución de 1.12 anteriormente. publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela .el derecho a la defensa en todo estado y grado del proceso y el derecho a ser juzgados por jueces naturales que hoy constituyen parte del debido proceso legal –artículos 68 y 69 Constitucionales. Así observamos. la cual fijará normas que aseguren el ejercicio de este derecho a quienes no dispongan de medios suficientes.pues a su entender. en los términos y condiciones establecidos por la ley. pues de no ser como le hemos entendido y como lo explicamos. por lo que ante la lesión al derecho al debido proceso. entre otros. la lesión o violación de la tutela judicial efectiva.961 expresaban: Artículo 67º Todos tienen el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier entidad o funcionario público. que si bien el constituyente de 1. involucra una lesión o violación al derecho a la tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 26 ejusdem. hacía referencia –insistimos vagamente. Incluso. nos preguntamos entonces ¿por qué existen dos normas al respecto? Pero si bien el estudio de los derechos o garantías constitucionales procesales que abordamos se hace la vigencia de la Constitución de 1. el constituyente de 1. es perfectamente viable la denuncia de lesión de la tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 26. Artículo 68º Todos pueden utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. aún cuando no las haya considerado o calificado como tales. no tratándose de una conquista y novedad cuya titular sea la de la llamada “Revolución” como se ha pretendido.999. sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos y a obtener oportuna respuesta.999 fue mas explícito y bondadoso en cuando a la precisión de lo comprenden los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso legal. no da derecho a denunciar la lesión o violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y viceversa. pues si bien no se precisó que se trataba de los derechos o garantías a la tutela judicial efectiva al debido procesal legal. derecho a exigir responsabilidad al Estado y a los jueces por errores judiciales. a nuestro juicio. de manera sencilla y por demás incompleta. Artículo 69º Nadie podrá ser juzgado sino por sus jueces naturales ni condenado a sufrir pena que no esté establecida por ley preexistente. Siendo esto así. omisiones injustificadas. 17 la lesión a cualquiera de los derechos o garantías constitucionales procesales a que se refiere el artículo 49 Constitucional. funcionamiento normal o anormal de la justicia.a los derechos constitucionales procesales. al derecho a la tutela judicial efectiva o al debido proceso. No obstante a lo señalado. La defensa es derecho inviolable en todo estado y grado del proceso. criterio este contrario a la doctrina nacional y extranjera que marcadamente diferencian los derecho o garantías de la tutela judicial efectiva y del debido proceso.961. retardos. Luego. la Ley Aprobatoria de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. reguló el derecho al acceso a los órganos jurisdiccionales y de obtener pronunciamientos jurisdiccionales que hoy forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva –artículo 67 de la Constitucional.
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. 4. salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.256 de fecha 14 de Junio de 1. si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado. con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. que conforme al artículo 23 de la vigente Constitución -1999. Durante el proceso. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. fiscal o de cualquier otro carácter. b) a desarrollar las posibilidades de recuso judicial. independiente e imparcial. establecido con anterioridad por la ley. d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. El proceso penal debe ser público.tiene jerarquía constitucional. 1.13 N° 31. de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. en su artículo 8° se refiere a las “Garantías Judiciales”. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia. en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. 2. 2. b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. la ley o la presente Convención. a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete. 3. Toda persona tiene derecho a ser oída.977. remunerado o no según la legislación interna. aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. el referido artículo expresa lo siguiente: Garantías Judiciales 1. si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. como testigos o peritos. y . Igualmente el artículo 25 referido a la protección judicial expresa: Protección Judicial. toda persona tiene derecho. Luego. o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil. 5. por un juez o tribunal competente. laboral. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. en plena igualdad.
presunción de inocencia. Hemos señalado que principios procesales han sido constitucionalizados. de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. razonable. derecho a igualdad de normas procesales. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.Derecho a recurrir del fallo perjudicial. De esta manera el artículo 8° expresa: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. . El Derecho al Debido Proceso Constitucional. 2. derecho a un proceso con todas las garantías. los cuales encuentran su ubicación en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. entre otros. por las autoridades competentes. derecho a no declararse culpable y a no declarar contra sí . derecho a un intérprete. que a su vez conlleva al derecho de jurisdicción. Por su parte el artículo 11 expresa: 1. derecho a ser informado de la acusación o cargos que se le imputan. independiente. 1. racional. . El artículo 10 dispone: Toda persona tiene derecho. referido al debido proceso legal. derecho a un proceso público. lógica. para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. desarrollado en el título primero de este trabajo y el segundo. a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. no contradictoria. como son: Derecho al Debido proceso. El derecho a la prueba judicial. derecho a la defensa y a la no indefensión. en condiciones de plena igualdad. . En definitiva.Derecho a ejecutar la sentencia o acto procesal equivalente. Igualmente. el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. el derecho a la protección de los derechos fundamentales.14 c) a garantizar el cumplimiento. no errónea o falsa. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.Derecho a obtener una sentencia motivada o razonada. derecho a utilizar medios de pruebas legales y pertinentes. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. derecho a la asistencia letrada. derecho a un juez natural e imparcial. el primero referido a la tutela judicial efectiva. conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. derecho a conocer la acusación.Derecho de acceso a los órganos de administración de justicia. la Declaración Universal de Derechos Humanos regula el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia. el derecho a la tutela judicial efectiva comprende: . Doble grado de jurisdicción. donde se ubica el derecho de pretensión y excepción que implica el derecho de demostración o prueba.3. derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. derecho o principios constitucionales procesales diferentes a la tutela judicial efectiva.
que de manera efectiva aseguran el derecho material de los ciudadanos frente a los órganos de administración de justicia. derechos y garantías éstas definidas en el artículo 49 Constitucionales que consagra: 1) El derecho a la defensa (ordinal 1º). estableciéndole limitaciones al poder ejercido por el Estado por conducto de los tribunales para afectar a los ciudadanos. en que en todo proceso judicial. razonable y confiable. el cual encuentra sus bases en la garantía que tiene el individuo por parte del Estado. para ser justo. y principio nom bis in idem. a lo previsto en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y el artículo 8 de la Convención Americana de Derecho Humanos. al tratar el tema en estudio en uno de sus trabajos referidos al tema de “derecho procesal constitucional”. bienes y derechos. que como principio constitucional alude a la suma de los derechos y garantías procesales consagradas en la Constitución que le permite al justiciable obtener una justicia pronta y efectiva. Con ocasión al debido proceso el profesor Rodrigo RIVERA MORALES. al comenzar el siglo XXI. Derecho a obtener reparación del Estado por los errores judiciales (ordinal 8º). es el instrumento mas importante del ser humano en defensa de su vida. la presunción de inocencia. no podría calificarse como proceso debido. independiente e imparcial establecido con anterioridad (ordinal 3º). expresa que el debido proceso . sino que el mismo debe atender a un elenco de garantías procesales. la nueva cultura jurídica engloba. la motivación. entre otros. Derecho al juez natural (ordinal 4º). Principio nulla crimen nulla poena sine lege (ordinal 7º). el juez natural. es aquel integrado por un conjunto de derechos o garantías constitucionales procesales mínimas. la tutela judicial efectiva. por lo que el debido proceso al juicio imparcial. que permiten su efectividad. diferentes a la tutela judicial efectiva. derecho a la presunción de inocencia. El debido proceso es el concepto aglutinador de lo que ha llamado derecho constitucional procesal. que el debido proceso es la suma de las garantías constitucionales mínimas que debe reunir todo proceso. siendo que los demás elementos del debido proceso se extraen del artículo 26 Constitucional y que conforman la tutela judicial efectiva. Derecho a ser oído por el Tribunal competente. el derecho a la defensa. pero al Estado debe limitársele el poder de afectación a los ciudadanos. valores. 2) La presunción de inocencia (ordinal 2º). la transparencia. todo lo cual se traduce. libertad. de un proceso justo. transparente e idóneo. de manera que no puede cerrarse el contenido del debido proceso. Derecho a no ser constreñido a confesarse culpable contra sí mismo (ordinal 5º). el conjunto de garantías que aseguran los derechos del ciudadano frente al poder judicial y que establecen los límites al poder jurisdiccional del Estado para afectar los derechos de las personas. proceso sin formalismos inútiles. debe existir un conjunto mínimo de garantías o derechos constitucionales procesales que eviten lesionar los derechos de los ciudadanos. son precisamente las demás garantías o derechos constitucionales procesales contenidos o recogidos en el artículo 49 Constitucional. señala que bajo la denominación de debido proceso. tales como la celeridad procesal. la congruencia. conforme a lo previsto 49 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela. no sólo se aplica en forma exclusiva a las actuaciones judiciales. Principio de validez de la confesión solo si se ha hecho sin coacción (ordinal 6º). garantías éstas que permiten la efectividad de la justicia. Luego. al momento de la actuación de los órganos jurisdiccionales o administrativos. De esta manera al ciudadano debe garantizársele la efectividad de su derecho material. el cual. Este conjunto de garantías mínimas. mas aún. sino también a las administrativas. el respeto a los derechos en el marco del proceso jurisdiccional. como derecho individual de carácter fundamental. de donde podemos afirmar. razonable y confiable. para que pueda calificársele de justo. razonable y confiable. el Estado debe garantizar al ciudadano el conjunto mínimos de garantías o derechos constitucionales procesales sin lo cual el proceso judicial no será justo. El profesor Osvaldo Alfredo GOZAÍNI. el principio de publicidad y otros similares. que garantice al ciudadano la efectividad de su derecho material.15 mismo. principio de la legalidad. sea o no judicial. razonable y confiable.18 Debido proceso.
que con la aparición de de los derechos humanos es que se fomentó una evolución del concepto de debido proceso. . En el sistema constitucional venezolano. El derecho a un plazo razonable. carácter bifronte –agrega. En cuanto al debido proceso constitucional. agrega el profesor argentino Osvaldo Alfredo GOZAÍNI. d. declarado como principio de razonabilidad. principios y valores del derecho de la Constitución.” Luego. aún cuando. que se fracciona en puntualizaciones como las garantías de alegación. encontramos que la institución del proceso se encuentra constitucionalizado en el artículo 257 que expresa: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. adjetivo o formal. el derecho procesal civil. sino también el proceso.16 obedece o responde en el constitucionalismo. pasó a ser constitucional con el agregado de principios y presupuestos que conciliaban en el argumento de que sin garantías procesales efectivas y certeras. independiente e imparcial. especialmente en las instituciones fundamentales a partir de las cuales se construye el derecho del proceso. al concepto formal de cómo debe sustanciarse un procedimiento.  El debido proceso sustantivo o principio de razonabilidad. dando soluciones apropiadas a la pretensión deducida. no habría posiblidad alguna de desarrollar los derechos fundamentales. el contenido del debido proceso enumero los siguientes aspectos o principios: a.que tiene su fuente en el derecho anglosajón a través de la frase due process of law que es una variación de la carta magna inglesa de 1215. que como consecuencia de su constitucionalización. como en el tránsito por las distintas etapas judiciales. siendo los jueces quienes deben preservar las garantías del debido proceso y aplicar ese principio de razonabilidad en cada una de las decisiones que adopten. en la teoría general del proceso. de manera que éste –el proceso. especialmente de la jurisprudencia americana. a través de un abogado idóneo y de confianza.19 Sigue expresando GOZAÍNI. dentro de un esquema confiable y que le garantice seguridad personal y jurídica. la trilogía estructural del derecho procesal.de ser legal. El derecho a un juez natural. que el concepto del debido proceso. vale decir. a partir del texto constitucional. referido a la reserva de ley y conforme con ella en la materia procesal. no solo se ubica o haya la jurisdicción y la acción. para pasar a ser una herramienta más para la realización de la justicia. amparado en la publicidad del proceso.  El debido proceso constitucional o debido proceso a secas. entendido como proceso judicial justo. donde se produzca una decisión que pueda ser cumplida dentro de un plazo razonable. e. ya sea en el tiempo para ser oído. acordándose al efecto un derecho indemnizatorio cuando se acrediten los perjuicios producidos o sufridos por la demora injustificada de los tiempos del proceso. siendo que en resumen. todavía como adjetivo de formal o procesal. al mismo tiempo. El derecho al proceso. prueba y defensa de los derechos. El derecho a la utilidad de las sentencias. donde se establezca el derecho a una sentencia motivada y razonable. b. El derecho a ser oído. lo que implica el acceso a la justicia sin restricciones personales ni económicas. que a su vez sea competente. c. reconozca un aspecto sustancial. ha perdido su fin en sí mismo. entendido como la concordancia de todas las leyes y normas de cualquier categoría o contenido y de los actos de la autoridad pública con las normas. se ha desarrollado en tres grandes sentidos como son:  El debido proceso legal.
desconocidos o no certeros. oral y público que se adopte.donde cada parte expone sus argumentos de hecho y de derecho que obedecen a su verdad o interés. un instrumento utilizable para alcanzar uno de los valores fundamentales y superiores del ordenamiento jurídico constitucional. además de constituir la máxima expresión de las garantías constitucionales por excelencia. uno referido al derecho a la tutela judicial efectiva y otro al debido proceso constitucional. tampoco es un mero procedimiento. acreditable por vía de los medios de prueba que se aporten al proceso. como lo es. la justicia. oral y público que se adopte. esta última –que como valor superior del ordenamiento jurídicoque se logra o alcance mediante la solución de controversias subjetivas sometidas al imperio del estado –jurisdicción. constituye conforme al artículo 257 Constitucional. un derecho o garantía esencial que forma parte de los derecho humanos. ha sido recogido en el título III referido a los derechos humano. todo lo cual discurre en un conjunto de actos que van desde la presentación de la demanda contentiva de la pretensión hasta la materialización o ejecución de la sentencia que llegue a dictarse en un plazo razonable. derechos éstos que nuestro sistema constitucional recoge en los artículos 26 y 49 Constitucionales. constituye una herramienta. el respeto de los derechos constitucionales. conforme a lo previsto en el artículo 2° ejudem. dentro del marco del procedimiento breve. se trata de un verdadero derecho o mas específicamente de una garantía constitucional. especialmente los procesales. insistimos que el proceso judicial no es un fin en sí mismo. producto de su constitucionalización. ambas contentivas de derechos o garantías mínimas diferentes pero que de suyo. no solo es de carácter tradicional ubicada en la trilogía estructural del derecho procesal –acción. se ubican o forman parte tanto del derecho a la tutela judicial efectiva como del debido proceso. el respeto de los derechos constitucionales. debe contener o comprender a su vez. el proceso no es un fin en sí mismo. proceso y jurisdicción. debemos insistir. por el contrario. producto de su constitucionalización. dentro del marco del procedimiento breve. es un derecjo que a su vez debe contener o comprender. lo que no es otra cosa que el procedimiento o trámite del proceso que conforme al texto constitucional. no es un conjunto de actos que tienen función y finalidad propia. de la decisión judicial que llegue a dictarse o acto equivalente. debe estar simplificado y debe adoptar un carácter breve.17 De esta manera. producto de su constitucionalización. en este sentido. debe ser “debido”. específicamente en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. referido a los derechos civiles. El debido proceso constitucional. En definitiva. oral y público. todo lo que al final demuestra la verdad procesal que será vertida en una decisión judicial que contendrá o expresará la voluntad de la ley en el caso concreto. que van desde el ejercicio de la acción hasta la ejecución efectiva y dentro del plazo razonable. como lo son el primero. esto es. como lo es la justicia. garantías y deberes. En cuanto al derecho a un proceso judicial debido como garantía constitucional. por medio de la cual. un instrumento utilizable para alcanzar uno de los valores . en dos capítulos diferentes. no es un conjunto de actos que tienen función y finalidad propia. por el contrario. especialmente los procesales. que las reglas del debido proceso constitucional. como lo señaláramos en el título primero de este trabajo. a partir del cual se construye el texto constitucional contentivo de los derechos y garantías fundamentales. se pueden reclamar el reconocimiento de los derechos legales o constitucionales vulnerados. constituye una herramienta. que van desde el ejercicio de la acción hasta la ejecución efectiva y dentro del plazo razonable. en definitiva forman parte de los derechos fundamentales y humanos que tienen todas las personas en el marco de un proceso judicial. alcanzándose así la justicia negada extraprocesalmente y reconocida judicialmente. Pero el proceso. circunstancias éstas que nos permiten afirman. cuya interpretación. un conjunto de condiciones mínimas que permitan. referido a las disposiciones generales y el tercero. el proceso no es un fin en sí mismo. un conjunto de condiciones mínimas que permitan.sino fundamentalmente constitucional. pero éstos derechos constitucionales en nuestro actual sistema de derechos fundamentales. el proceso sirve como instrumento para alcanzar el valor superior del ordenamiento jurídico. referidos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso legal o más bien constitucional. de la decisión judicial que llegue a dictarse o acto equivalente. como instrumento para alcanzar la justicia como valor superior del ordenamiento constitucional.
acreditable por vía de los medios de prueba que se aporten al proceso.donde cada parte expone sus argumentos de hecho y de derecho que obedecen a su verdad o interés. tendientes a formar la convicción judicial. a recurrir de la sentencia perjudicial. todos tienen derecho a […] utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. a ser juzgado por un juez natural e imparcial. Definición. debe estar simplificado y debe adoptar un carácter breve. el derecho a la prueba judicial.Para nosotros. La Prueba Judicial. se trata del derecho susbjetivo a proponer y materializar los medios de prueba.3. de que sea admitida y materializada. tampoco es un mero procedimiento. a partir del cual se construye el texto constitucional contentivo de los derechos y garantías fundamentales. un derecho o garantía esencial que forma parte de los derecho humanos. Luego. acatados.Para Joan PICÓ I JUNOY. oral y público. en el marco del mismo. a contar con asistencia letradas. constitucionalmente sea debido. en este sentido. acerca de lo discutido en el proceso. que conlleva a su vez el derecho de cuestionar su admisibilidad. Luego. que permiten al ciudadano que utiliza la institucional procesal del “proceso” para ventilar sus controversias y obtener del estado u pronunciamiento judicial que reconozca sus derechos y que sea capaz de ser ejecutad. utilizar y proponer todos los medios de prueba legales y lícitos. es el derecho de la parte de emplear toda la prueba de que dispone con el fin de demostrar la verdad de los hechos en que se fundamenta su pretensión. se trata de un verdadero derecho o mas específicamente de una garantía constitucional.1. regulados o no. así como la verdad o no de las afirmaciones o negaciones que sean objeto de la pretensión o . lo que no es otra cosa que el procedimiento o trámite del proceso que conforme al texto constitucional. . como elenco constitucional de los derechos o garantías de carácter humano. tanto en sede judicial como administrativa.que permite a las partes. todo lo cual discurre en un conjunto de actos que van desde la presentación de la demanda contentiva de la pretensión hasta la materialización o ejecución de la sentencia que llegue a dictarse en un plazo razonable. constituye conforme al artículo 257 Constitucional.sino fundamentalmente constitucional. proceso y jurisdicción. especialmente. naturales y humanos que deben ser conocidos. señala que el derecho a probar. desconocidos o no certeros.20 . el proceso sirve como instrumento para alcanzar el valor superior del ordenamiento jurídico. es aquel que posee el litigante. 1. Si bien el proceso es la garantía procesal por excelencia.2 de la Constitución Española. no solo es de carácter tradicional ubicada en la trilogía estructural del derecho procesal –acción. donde señala “Asimismo. por medio de la cual. como lo es la justicia. consistente en la utilización de los medios de probatorios necesarios para formar del órgano jurisdiccional. como lo es. se trata de un derecho constitucional que se ubica de manera directa en el debido proceso constitucional y de manera indirecta o refleja en el derecho a la tutela judicial efectiva –en los términos que explicaremos de seguidas. respetados y no vulnerados. cuya interpretación.18 fundamentales y superiores del ordenamiento jurídico constitucional. la justicia. el proceso no es un fin en sí mismo. el cual encuentra ubicación en el artículo 24.21 . como instrumento para alcanzar la justicia como valor superior del ordenamiento constitucional. que es precisamente el tema central de nuestro estudio.Para TARUFFO. para que sus resultas permitan allegar las fuentes o los hechos demostrativos de la ocurrencia o no de los mismos. se pueden reclamar el reconocimiento de los derechos legales o constitucionales vulnerados. alcanzándose así la justicia negada extraprocesalmente y reconocida judicialmente. lo que involucra o comprende un conjunto de derechos mínimos. el derecho de alegar. a defenderse. esta última –que como valor superior del ordenamiento jurídicoque se logra o alcance mediante la solución de controversias subjetivas sometidas al imperio del estado –jurisdicción. conforme a lo previsto en el artículo 2° ejudem. todo lo que al final demuestra la verdad procesal que será vertida en una decisión judicial que contendrá o expresará la voluntad de la ley en el caso concreto. se ubica el derecho a que ese proceso judicial.
deja huellas. La fuente de la prueba.tiene varias acepciones o nociones -polisemia. siendo el fenómeno psicológico producido en la mente y espíritu del decidor. 1. para pasar a formar o constituir un derecho de rango constitucional. no es de rango legal sino constitucional.lugares o cosa – objetos. ocurrencia o no del hecho controvertido que quiere demostrarse. más aún.] de acceder a las pruebas…” Esta frase utilizada por el constituyente en el marco de la regulación del debido proceso constitucional. siendo la persona. natural o artificial. donde el fin último y esencial es crear convicción judicial –incluso en sede administrativamediante la creación de la prueba que se obtuvo de la fuente allegada por el medio. son un actividad jurídica y procesal. de providenciación.19 excepción. solo se refiere al acceso a la prueba. los medios de prueba. cosa u objeto que recoge o contiene la impresión o estampación del hecho que quiere acreditarse en el proceso. b. como puede ser la persona –testigos o partes. tiene impresionabilidad y de alguna manera queda registrado. que el derecho a la prueba judicial. recursivo. que la fuente de la prueba son los hechos como tal. estampado o registro. de crear prueba. ello no obstante a lo poco feliz o infeliz de la redacción utilizado en el texto fundamental. es decir. que se trata de un concepto complejo. se considera prueba el resultado de la actividad probatoria y del razonamiento judicial. c. sino que involucra otros aspectos –que analizaremos mas adelante. deja de ser un derecho de rango legal. se lleva al proceso por conducto de los medios de prueba. pues el derecho a la prueba judicial no se limita a la sola aportación o proposición de los medios.22 Por su parte. al referirse al tema. herramienta o instrumento por conducto de los cuales se llega al proceso las fuentes de prueba. plasmado o estampado. específicamente “constitucional procesal”. control y apreciación. Luego.como el derecho de contradicción. esto es. ocurrencia o no de los hechos. RIVERA MORALES señala al respecto. tratándose de un concepto extra-jurídico. constituyendo el vehículo. a diferencia de la Constitución de 1. Del contenido de los artículos 26 y 49.961.que se lleva al proceso mediante el medio de prueba. con el fin de crear convicción judicial o administrativa. expresa que todo hecho. . Regulación Constitucional al Derecho a la Prueba Judicial. MUÑOZ SABATÉ. Luego. Como argumento de convencimiento judicial. convicción o certeza acerca de la verdad o falsedad de las afirmaciones de las partes. la ocurrencia o no de los hechos. nos permite afirmar. que el derecho a la prueba judicial. el lugar. Como acción de probar –carga probatoria-. “…Toda persona tiene el derecho [. con el objeto de reconstruir los hechos. de materialización. vestigios. el hecho que se obtiene de su fuente. Como medio de prueba. es un concepto extrajurídico y antes del proceso. de verificar las afirmaciones o negaciones de las partes y conducir al convencimiento judicial. donde el operador de justicia da por demostrado o no las afirmaciones o negaciones de las partes contenidas en sus escritos de demando o contestación. estableciendo así la cuestión fáctica cierta y acredita en el proceso –hechos controvertidos-. pues conforme a lo normado en el artículo 49. se ha constitucionalizado. lugar. produciendo prueba. siendo que donde queda esa impresionabilidad.1 Constitucionales. Como razón o argumento que le demuestra o convence al juez de la verdad o falsedad de las afirmaciones. el objeto que contiene la impresión del hecho luego de ocurrido. de lo anterior se destaca.. del sujeto. se desprende que el derecho a la prueba judicial.4.a saber: a.es la fuente de la prueba. y d.23 Luego. estampado el hecho.. se trata del hecho como tal. En cuanto a la prueba –la voz prueba. siendo aquello donde queda plasmado o impresionado.1 ejusdem. hecho que es antes del proceso –de ahí su calificación como concepto extra-jurídico. señas. luego de ocurrido. donde da la apariencia.
a su vez produce un profundo e importante impacto en el sistema probatorio venezolano. Por otro lado. conectado con los artículos 2° y 257° ejusdem. de manera indirecta conduce a un error de derecho.sino que también forma parte del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 26 Constitucional y. que resulta una frase poco feliz y pobre en cuanto a su redacción constitucional –como estamos acostumbrados. racional.para referirse al aspecto vital del proceso como expresara en su momento BELLO MARQUEZ. no absurda. . entre los aspectos que comprende el derecho a la tutela judicial.24 La circunstancia anotada nos remite al contenido del artículo 257 Constitucional.1.25 1. congruente y que no sea jurídicamente errónea o falsa” motivación que debe ser lógica. dándose un criterio amplio. no solo forma parte del derecho al debido proceso constitucional –según lo hemos anotado. razonable. ni errónea o falsa. que es uno de sus aspectos.para la fijación de los hechos –establecimiento de los hechos. también es parte del derecho a la tutela judicial efectiva. de pretensión y excepción. aperturista o garantista a las pruebas reguladas legalmente.legales deben ser analizadas bajo el prisma constitucional. el derecho a la prueba judicial. no contradictoria. De todo lo anterior. que siendo la actividad apreciativa de la prueba una cuestión que se conecta con el derecho constitucional a la prueba judicial.5. se conecta con el contenido de los artículo 2° y 257 Constitucionales. la cual demuestra la verdad para alcanzar o llegar a la justicia. Introducción. circunstancia esta que nos permite afirmar. Luego. conforme a la expresión infeliz utilizado por el constituyente en el artículo 49 Constitucional. la constitucionalización de la prueba judicial.20 Pero la constitucionalización de la prueba judicial. es pertinente precisar. sino que se desglosa o desdobla en otros aspectos que son precisamente los que pretendemos desarrollar de seguidas. que produce una falencia en la sentencia que puede conducir a la demolición del fallo judicial. pues la realización de la justicia –ius litigatoris o función dikelógica como señalan los casacionistas. que en el sistema actual constitucional. da la idea que el mismo solo se refiere al derecho a su acceso. lo que nos permite afirmar nuevamente. el derecho a la prueba judicial.El jurista panameño FÁBREGA.y aplicación de la norma jurídica o de derecho. referido al aspecto de la motivación del fallo judicial. pues sus institucionales –de la prueba. el error en la apreciación probatoria. circunstancias éstas que también serán objeto de análisis. se ha elevado al rango constitucional. Conclusión.se logra mediante la prueba. . pues como se ha señalado. sino no se da el derecho a probar. 2. DESDOBLAMIENTO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PRUEBA JUDICIAL.1 Constitucionales. el derecho a la prueba judicial. la prueba constituye un derecho constitucional ubicado en el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. pues su constitucionalización no solo se refiere a su acceso. encontrándose regulado en los artículos 26 y 49. que sea el producto de la apreciación del material probatoria llevado a los autos –por las partes u oficiosamente por el juez. Como hemos venido expresando. se ubica el “derecho a obtener una sentencia motivada o razonada. 2. expresando que de nada sirve el derecho de acción y contradicción. bien por falsa aplicación y falta de aplicación.fin último y esencial del proceso judicial como instrumento que permite cumplir uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico –artículo 2° Constitucional. tal como lo es la “prueba judicial”.
2. incluso.2.1.7.1. 2. 2. Derecho a la anticipación.2.2. excepción o procesos judiciales determinados. Luego. ante el temor fundado de que las fuentes propias del mismo se pierdan o modifique. cuando exista el temor fundado que los hechos relacionados y pertinentes a una controversia judicial o las pruebas. es un derecho que no es exclusivo o absoluto del accionante. preconstitución y aseguramiento de la prueba judicial. pues el mismo.30 podrá ordenarse la realización de actividades probatorias judiciales de manera anticipada. 2.2. Anticipación de la prueba. incluso mediante “juicios apriorísticos o prima facie”29 inspirados en criterios de urgencia. o que el transcurso del tiempo alteren las circunstancias del hecho que ha de .2. Derecho a la proposición de la prueba judicial. sino que desde el prisma garantista. de preconstitución y de aseguramiento. 2.2. existente o no.2. la prueba anticipada busca materializar la misma antes del proceso o de la etapa probatoria de existir proceso. de que los hechos o las pruebas puedan desaparecer. 2. por la acción u omisión de sujetos u objetos. 2. a. Constituye una actividad procesal donde la prueba judicial puede realizarse de manera anterior al proceso judicial o a la etapa probatoria pertinente. guardan relación o se conectan con una pretensión.6. por el transcurso del tiempo. 2. puedan desaparecer o alterarse. Luego.4. donde por lo general. necesidad e inmediatez. garantiza el derecho de pretensión del accionante o excepción del demandado. es precisamente el aseguramiento de la prueba –en sentido general. a través de máximas de experiencia. preconstitución y aseguramiento de la prueba judicial. Preconstitución de la prueba. se presenta el derecho de anticipación de la prueba. probabilidad. Desdoblamiento del Derecho Constitucional del Derecho a la Prueba Judicial. también se extiende al demandado en el proceso judicial. Derecho a la contradicción a la prueba judicial. c.2. Aseguramiento de la prueba.5. Derecho a la recurribilidad a la providenciación de la prueba judicial. enjuiciamiento prima facie o mediante indicios judiciales. “elementos de verosimilitud”27.2. Derecho a la apreciación de la prueba judicial. Derecho a la anticipación. para la demostración de las afirmaciones o negaciones que son el objeto de la pretensión o excepción.9.8.2. Derecho a la providenciación de la prueba judicial. cuando ya existe un proceso judicial.21 2.2.derecho que mas que garantizar el derecho a la prueba.26 2.3. Derecho al control de la prueba judicial.o antes de la audiencia probatoria o de juicio. se alteren o modifiquen por el transcurso del tiempo o por causa de sujetos u objetos. Derecho a la apertura del lapso probatorio. El primer aspecto que comprende el derecho constitucional a la prueba judicial. por conducto de: a. en todos aquellos casos que exista “temor fundado”. la prueba o los hechos que quieren ser acreditados. haciéndose imposible su aportación al proceso. oral o escrito. “probabilidad”28. b. como parte del derecho constitucional a la prueba judicial.2. Su finalidad es impedir que la prueba se desvirtúe o pierda. Anticipación de la prueba. 2. Derecho a la materialización de la prueba judicial. de manera que se pretende realizar la actividad probatoria. De esta manera. Se dice que se trata de la práctica de la prueba en un momento anterior al proceso – ordinario o especial. materializar el medio de prueba para que se vierta la fuente que conducirá a la convicción judicial. elementos éstos que deben ser analizados mediante el auxilio de la verosimilitud.
afecta la fuente probatoria. puede afectar el derecho a la defensa de aquel sujeto contra quien pueda dirigirse. ante el temor que el tiempo. que no conlleva a su materialización. las personas o las cosas. criterio que también sostienen CALAMANDREI y LIEBMAN. Luego. conforme al artículos 49.en principio y conforme a nuestro sistema procesal. tenga o no regulación legal. De esta manera. pues salvo el caso del retardo perjudicial a que se refiere el artículo 813 del Código de Procedimiento Civil. El derecho constitucional a la anticipación de la prueba judicial –en general. Derecho a la defensa. así como su derecho de oponerse a la misma.32 en el Código de Procedimiento Civil Colombia. prueba extrajudicial. Igualmente constituye una actividad mediante la cual. esto último referido al aseguramiento o conservación de la fuente de prueba.¿Cómo queda el derecho a la defensa de la parte contra quien pueda dirigirse la prueba? . aduce que el aseguramiento también puede obtenerse por medio de medidas cautelares de carácter probatoria.no de la prueba. la prueba judicial puede anticiparse. se dificulte su reconocimiento. anticipada y asegurativa. la encontramos en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española.33 en el Código de Processo Civil Portugués. pues además de no existir proceso judicial.35 c. Preconstitución de la prueba.1 Constitucional en concordancia con el artículo 26 ejusdem. no se busca demostrar o acreditar un hecho o materializar una prueba para un proceso determinado o concreto. o bien. de manera que se trata de una medida probatoria anticipada y asegurativa. nos preguntamos: .¿Cómo queda el derecho de contradicción y control? . FÁBREGA expresa que se trata de una manifestación del derecho constitucional a la prueba judicial. cualquiera de esta actividades probatorias anticipadas.36 Respecto al aseguramiento de la prueba. son perfectamente viables en nuestro sistema procesal.o mediante su aseguramiento. todo ello sin perjuicio de criterios que señalan que las medidas cautelares no pueden tener fines probatorios.34 b. Afectación del derecho de contradicción y control en la actividad probatoria anticipada. con basamento a derechos fundamentales. que también ha sido denominado como probatio ad perpetuam rei memoriam. pues ellas tienden al aseguramiento de la ejecución -se insiste. 2.37 En el marco del derecho constitucional a la prueba judicial.1. prueba anticipada. Aseguramiento de la prueba o prueba asegurada –medida probatoria anticipada y asegurativa-. la actividad probatoria anticipada se realiza a espaldas del contendor o futuro contendor judicial.1.22 probarse. incluso para conservar los lugares o las cosas que posteriormente serán demostradas en el proceso por ser el objeto de las afirmaciones de las partes. tratándose la prueba anticipada –sin que exista un proceso pendientepreconstituida –sin la utilización del procedimiento de retardo perjudicial.31 La figura de anticipación de la prueba en materia de legislación comparada. Es la actividad dirigida al aseguramiento de la fuente de la prueba. solo su resguardo judicial o conservación por el temor que pueda desaparecer o alterarse. sino para cualquier eventual proceso –eventualidad-.2. pero que es diferente a la anticipación como tal.
¿Cómo quedan los principios procesales. reconstrucciones. tales como los principios de inmediación.2. manifieste o solicite en el proceso judicial. motivación que dependerá incluso de la argumentación de la solicitud. pues el análisis judicial debe hacerse en función a los pedimentos y sus motivaciones. estando el derecho a la prueba judicial constitucionalizado. que también se conecta con el derecho a la prueba e igualmente con los principios de inmediación. racional. . a lo que agregamos. probabilidad. pensamos que pueden anticiparse cualquier clase de prueba legal o libre. partiendo de elementos de verosimilitud. al momento del juicio o proceso judicial a donde esté dirigida la prueba anticipada –en sentido general. contradicción e inmediación.23 . bien con la intervención o no del futuro contendor judicial. que involucra el derecho de pretensión y de excepción. experimentos científicos o pericia científica. concentración. cualquier actividad probatoria puede ser objeto de anticipación. como por ejemplo sucede con la prueba de testigos. esto es. entre otros medios probatorios. que la anticipación de la prueba se encuentra revestida de un conjunto de requisitos que hacen permeable. acción u omisión de sujetos u objetos. que debiera ser desaplica por control difuso. reproducciones. - Que la prueba sea tratada mediante la lectura. lógico. contradicción y concentración. siendo que el elemento esencial será. pero es el caso. el deseo y necesidad de controlar la prueba. la debida motivación a que está obligado el operador de justicia al momento de acordar la actividad probatoria anticipada. so pena de incurrir en extralimitación –adición ilegal. razonado. actividades realizadas sin presencia del contendor o futuro contendor judicial. de congruencia y de aportación de parte. por el hecho. que los conduzcan a acordar la actividad probatoria dada la urgencia y necesidad. enjuiciamiento prima facie o indicios. Indistintamente del contenido de las leyes y códigos procesales. preconstitución o aseguramiento. que sea necesario. incluso la confesión provocada. puede atenuarse la falta de cumplimiento del derecho de contradicción y control. justifique o demuestre la existencia del temor fundando de que los hechos o las pruebas pueden desaparecer o alterarse por el transcurso del tiempo. que como se señalará. 2. experticia tradicional. razonable. oralidad.2. si se trata de proceso orales. especialmente en juicios de corte oral. mediante el cumplimiento de los requisitos señalados. se requiere de la concurrencia de los siguientes extremos: - Que el proponente de la actividad probatoria alegue. donde han cesado todos los inconveniente u obstáculos para declarar en juicio. Actividades probatorias que pueden anticiparse. desactivan o atenúan el derecho a la defensa. observamos que se trata de dos derechos constitucionales en juego. el derecho a la prueba judicial. preconstituida o asegurada. Por un lado. conforme a lo términos antes señalados. y congruente. no se ve lesionado –proporcionalidad y necesidad. que la parte no presente en la actividad probatoria. incluso de los principios de contradicción.los hechos o las pruebas objeto de la actividad probatoria. declaración de partes.1.38 testimoniales. - Que exista un análisis motivado. De esta manera. De esta manera. la petición de la parte que no estuvo presente en la práctica de la prueba y que así lo considere el tribunal. contradicción y publicidad? Al respecto.pues para la procedencia. del derecho a la defensa. validez y eficacia en eventuales procesos judiciales de la prueba anticipada. ello no obstante a la limitación contenida del artículo 816 del Código de Procedimiento Civil. por parte del operador de justicia. y por otro el derecho a la defensa. - Que efectivamente.de actividad jurisdiccional que lesionaría el principio dispositivo. oralidad. exhibición de documentos. hayan desaparecido o se hayan modificado.
debiéndose analizar bajo el prisma aperturista y garantista que dota la Constitución. Código Civil. Leyes que no regulan la anticipación. Designación de un defensor judicial o público. art. para el acto que se señale. tenemos: - Exigencia del cumplimiento de los requisitos legales analizados mediante el prisma de necesidad y proporcionalidad. Existen leyes que prevén o regulan la posibilidad de la anticipación de la prueba.debe abrirse por auto expreso el proceso a pruebas a los efectos que las partes puedan proponer las pruebas. donde se convocará a las partes. 868. que no es otra cosa que su discusión en la audiencia oral o lapso probatorio. Derecho a la apertura del lapso probatorio. como emanación del derecho a la defensa. haya habido o no petición expresa de apertura del lapso probatorio por las partes –como ocurre en el señalado contencioso funcionarial. como ocurre: - - - Código de Procedimiento Civil. que garantizara el derecho a la defensa del ausente o no presente en la anticipación. Art.sería la designación de un defensor judicial o público. 9 y 12. Código Orgánico Procesal Penal. 2.3. artículo 476 primer párrafo. producto del desconocimiento supino de sus creadores-.1. Niña y Adolescente. como sucede en materia del procedimiento ORAL del Código de Procedimiento Civil. Luego. referido a las diligencias para dejar constancia de las cosas. referido al justificativos de perpetua memoria. preconstituido o asegurado. Art. referido a la anticipación de la experticia e inspección judicial en el juicio oral. cuando lo considere necesario. art. no es de carácter legal. preconstitución o aseguramiento de la prueba. Intervención judicial que garantice la legalidad y constitucionalidad del acto probatorio anticipado.1. es precisamente el derecho a que se abra el lapso probatorio. Art.2. sino constitucional. pues como hemos expresado. se sepa o no contra quien pueda dirigirse la prueba. Art. En tanto que existen leyes que no prevén o regulan tal posibilidad. Intervención del Ministerio Público.329. Ley de Procedimiento Marítimo. así como en materia contencioso funcionarial. . 938 y 1. como sucede en el procedimiento ordinario civil escrito. 307. 936.2. según la complejidad de la prueba. una fórmula que permitiría garantizar el derecho constitucional a la defensa. para aquellos casos donde hay necesidad de tal apertura y donde no se produce de pleno derecho. Ley Orgánica para la Protección del Niño. en nada afecta este derecho.39 Resumiendo y en cuanto a las soluciones al problema de la limitación al derecho a la defensa. en caso de no considerarse pertinente el criterio antes sostenido –punto 2. regula la posiblidad de preparación de los medios probatorios que requieran materialización previa a la audiencia de juicio. el tribunal. Otro de los elementos comprendidos en el derecho constitucional a la prueba judicial. el punto determinante es que la falta de regulación.2. el derecho a la prueba judicial está constitucionalizado y su regulación. 813 referido al retardo perjudicial.2. 2. preconstitución y aseguramiento de la prueba. Diferimiento de la defensa al momento del proceso judicial. bien existiendo proceso sin citación del demandado.1. donde las partes “ofrecen” las pruebas.40 Luego. antes del debate oral. preconstitución o aseguramiento. bien sin que exista proceso.24 En cuanto al procedimiento de la anticipación. como ocurre en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo –como era de esperarse. Bajo el título de preparación de pruebas.
70 LOPT. decadencia de la prueba-. razonable y justificada. como lo es: ¿Resultan constitucionales las limitaciones legales a la prueba judicial? Las limitaciones a la prueba judicial comprenden todos aquellos obstáculos que impiden allegar al proceso las pruebas –rectius: medios de prueba para traer las fuentes y crear convicción judicial. Pero lo anterior nos coloca frente a una interrogante interesante. Luego. como pudiera suceder en materia laboral en cuanto a la inadmisibilidad de las posiciones juradas –art. es la proposición de la prueba.pues de lo contrario debe proceder la declaratoria de inconstitucionalidad de la limitación. pues se encuentra regulado por un conjunto de principios propios de la actividad probatoria. Derecho a la proposición de la prueba judicial. incluso.2. - A su prohibición o no por la ley. conforme al artículo 103 LOPT-. - A la declaración de parte que solo puede ser solicitada a petición de la parte contraria –no así en materia laboral. estableciéndose la preeminencia del principio de libertad probatoria –artículo 395 del Código de Procedimiento Civil. obstáculo que deben analizarse en cada caso concreto con criterio lógicos de racionalidad. pueden utilizar para la demostración de sus extremos de hecho controvertido.donde las partes. - La conducencia o idoneidad. - A la naturaleza del asunto –conducencia o idoneidad-. cualquier medio de prueba no prohibido expresamente. que procede de oficio. - Al estado del proceso –apelación y casación-.25 2.o de pruebas en segunda instancia cuando fueran de data posterior a la oportunidad de pruebas o siendo de data anterior.41 . - A su regulación o no en la ley. como por ejemplo para proteger otros derecho constitucionales –caso de la prueba ilícita. Otro de los aspectos que comprende el derecho a la prueba judicial. ante la prohibición. Luego. - A la obtención –prueba ilícita lesiva de derechos humanos o sin posibilidad de contradicción-.y que por lo general tienden a proteger otros derecho también de rango constitucional. en el marco del sistema procesal y probatorio venezolano. el tema de la prueba tarifada o tasada quedó atrás. - La regularidad en la proposición.3. - La pertinencia. como lo son: - La legalidad. derecho que no es irrestricto o ilimitado. a través del control difuso. dentro de los límites legales y constitucionales. tempestividad. en cada caso concreto el juzgador debe analizar si la misma es proporcional. - La tempestividad. proporcionalidad y necesidad. - La licitud. que se desconocía su existencia. estas limitaciones pueden obedecer: - Al tiempo procesal –preclusión. - La relevancia.
la existencia o no de los hechos. pues la actividad probatoria es propia de la jurisdicción –sin descartar la actividad administrativa en el marco del debido proceso constitucional. aperturista. regulación legal. profesión y condiciones del testigo. el parentesco. Consecuencia de lo anterior. proporcionalidad y razonabilidad. está expresamente prohibida la prueba de posiciones juradas. indistintamente de la ley que las contemple y lo mas importante. En materia civil. al haber sido supuestamente sustituida por la declaración de parte. es la sana crítica o libre convicción razonada. de manera que esta limitación legal del sistema tarifado debe ser superada por conducto del control difuso de la constitucionalidad –art. que le permitan establecer los hechos y crear convicción judicial para la correcta aplicación del derecho y solución del conflicto judicial o aplicación de la sanción pertinente. dependencia. razonables. privilegiándose al derecho a la prueba judicial y dejándose al operador de justicia en la libertad. entre otras. - Prueba de Posiciones juradas. realizando una desaplicación de la norma legal por vía de control difuso. que de manera anticipada y predeterminada le indica al juzgador el grado de convicción o convencimiento. salvo las excepciones legalmente previstas.26 - Al sistema de apreciación de la prueba. racionales. garantista. de manera que debe haber una atenuación de estas limitaciones. ello a propósito de la limitación en cuanto a la edad. siendo que: - En cuanto a las pruebas no permitidas o ilegales. esto es.la producción de pruebas en grado de alzada. para los casos de procesos punitivos o disciplinarios. ello bajo el prisma de la necesidad. van dirigidas al operador de justicia para demostrarle las afirmaciones o negaciones de los hechos controvertidos. el grado de certeza y eficacia de la prueba judicial. no se reguló –tampoco prohibió. En general las limitaciones probatorias se refieren a la pertinencia.42 - Prueba en segunda instancia. enemistad. En relación a este último escenario de limitación probatoria. - Prueba de testigos. atendiendo a la proporcionalidad y razonabilidad. En cuanto a las limitaciones referidas a la “legalidad” y tempestividad”. afinidad. consaguinidad. idoneidad o conducencia. profesión que en general se instituyen como causas de inhabilidad del testigo que pueden conducir a su eventual tacha. mas aún. donde se le permita al operador de justicia a través de análisis lógicos. no se permiten pruebas diferentes a los instrumentos públicos no fundamentales. tempestividad. 2000. resulta una verdadera limitación al derecho constitucional a la prueba judicial. la interpretación de las normas legales debe ser extensa. subordinación. mediante la sana crítica. Deben ser admitidas. referidas a la “legalidad” y la “tempestividad”. licitud de la prueba. en materia civil. se observa que el establecimiento legal de la tarifa legal como sistema de apreciación judicial. congruentes y motivados determinar el grado de convicción de la prueba aportada al proceso. la certeza judicial de los hechos que de debaten. sistema cerrado de pruebas y de apreciación tarifada. existen las limitaciones en relación a la edad. de establecimiento de los hechos y convicción judicial. En materia laboral. flexible. 20 CPC y 19 COPP. la amistad. En materia laboral nada se dice al respecto. Igualmente. es que el verdadero sistema de apreciación de la prueba. 442 Constitucional. legalidad. pensamos que al constitucionalizarse la prueba judicial. no se permite demostrar con testigos obligaciones mayores de Bs. Igualmente. Pero analicemos algunas limitaciones a la prueba judicial. posiciones juradas y juramento decisorio.sus normas son de naturaleza procesal. de evaluar y apreciar la prueba. . ni lo contrario a lo contenido en documentos públicos ni lo que se haya dicho antes o después.para dar paso al correcto entendimiento humano.
es la forma como se materializa el principio de contradicción de la prueba. oportunidad. irregularidad en la proposición o extemporaneidad. la cual se manifiesta a través de dos figuras.43 2. las partes pueden impugnar o atacar las resultas de los medios probatorios que hayan sido evacuados en el proceso. es la forma genérica de atacar. en materia probatoria constituye una emanación del derecho a la defensa constitucional. por ser manifiestamente ilegal. bajo criterios de proporcionalidad.2. la primera de ellas. ilícita. la parte no promovente o proponente de la prueba. que el derecho constitucional de la defensa en materia probatoria. consiste en el legítimo derecho que tienen las partes en el proceso. tal como sucede en el caso de la prueba instrumental pública. inidónea. en cuanto a la prueba en segunda instancia. enervar o contradecir los medios probatorios que han sido previamente admitidos. esto es. En este sentido. todo con el objeto que las mismas no puedan legalmente ingresar al proceso y producir sus efectos procesales. para el proceso civil. con el objeto de despojar al medio de la apariencia de prueba. el contradecir y controlar los medios probatorios aportados al proceso. Por su parte la impugnación. encuentra su basamento en el principio de contradicción de la prueba. la figura de la oposición es de carácter preventivo. lo que se traduce. haya habido o no oposición. ilicitud. de atacar u oponerse a la admisiblidad de las pruebas promovidas por la parte contraria. la oposición. con motivo de las actividades de las partes. tal como sucede con la prueba de informes o las copias aportadas al proceso conforme a lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. debe permitirse una amplia gama de recursos probatorios sin limitación. necesidad y razonabilidad-. Así. inidoneidad o inconducencia. para enervar sus efectos y evitar de esta manera que puedan ser apreciadas por el operador de justicia. objetar o impugnar el resultado de las pruebas que se hayan materializado en el proceso. entre otras.27 - En cuanto a la tempestividad. en el lapso de tres días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de promoción de pruebas. o bien atacar. podrá impedir que la prueba ingrese legalmente al proceso. Derecho a la contradicción a la prueba judicial. irrelevancia. por causas de ilegalidad. inconducente. extemporánea o por estar irregularmente promovida. todo con el objeto de fiscalizar o controlar su evacuación o materialización en el proceso. para que éstos no produzcan efectos procesales. se encuentra regulado o se materializa a través de los principios de contradicción y control de la prueba. una vez que la prueba ha ingresado al proceso como consecuencia de haber sido admitida.4. impertinente. conforme a la cual. de tratarse de la prueba instrumental privada. el cual debe ser interpretado bajo el prisma constitucional. para que no influyan en el ánimo del decidor. puede ser impugnada mediante la tacha de falsedad cuando se refiere a su contenido o puede utilizarse la figura del desconocimiento cuando se trata de la firma. Este derecho que tienen las partes en el proceso de objetar las pruebas aportadas por la contraparte. conforme a lo previsto en el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil. La impugnación es la forma o modo general de impugnar medios probatorios cuando la ley no regula en forma alguna su forma de cuestionamiento. al no . impertintencia. es decir. De esta manera el principio de contradicción de las pruebas judiciales en materia probatoria. la oposición y la impugnación. Debe igualmente privilegiarse la aportación de la prueba anticipada –no así la tardía.de cualquier medio de pruebas. aperturista y garantista. esto es. luego de admitidas.interpretación flexible. ello no obstante a reconocer que el debate probatorio se ubica en la instancia y no en la fase recursiva y de revisión. que tiene como objeto que el medio de prueba promovido no ingrese al proceso y sea inadmitido por el operador de justicia in limini litis. las pruebas libres. todo lo que nos permite sugerir la atenuación del artículo 520 del Código de Procedimiento Civil. Luego. a través de la correspondiente oposición. Se trata del derecho a oponerse a la admisión de la prueba propuesta por el contendor judicial. pues en algunos casos existen medios determinados para cuestionar o enervar los efectos de determinados medios probatorios. que se tratarse de falsedad material del funcionario público puede impugnarse a través de la tacha de falsedad.
el juez debe analizar aspectos como la relevancia. lo que implica que debe ser respetado por los operadores de justicia y ante la ausencia de lapso legal. lo cual incluye el derecho a contradecirla. Luego.47 Luego. por lo que se rechaza el principio de la prueba secreta. al igual que en el proceso de protección de niñas niños y adolescentes. especialmente en cuando a su protección. Pero no obstante a que la contradicción un aspecto del derecho a la prueba judicial que también se conecta con el derecho a la defensa. Así. pueden las partes desvirtuar esa apariencia de legalidad y pertinencia. tempestividad. en el proceso laboral en cuestión. También y como parte del derecho a la prueba judicial. 2. escondidas o a espaldas de la contraparte. es decir.2. como parte del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. ya que al proceso no pueden ingresar pruebas subrepticias. de aquella practicada a espaldas de las partes o de una de ellas. existen leyes que no regulan la oportunidad de ejercer este derecho.28 ser manifiestamente ilegal o impertinente. licitud. sino que de oficio. se opone o aporta una prueba.5. que aún cuando la ley establezca que la inadmisión solo se refiere a la manifiesta “ilegalidad” e “impertinencia”. así como a su debida admisión. debe conocerla. de manera que el derecho a la oposición a la admisión de las pruebas puede ejercitarse en cualquier momento antes que se produzca su admisión o providenciación.no se puede apreciar sino se ha celebrado con audiencia o con conocimiento de esa parte. Mediación o Ejecución o ante el juez de Juicio. pues como hemos venido indicando. producto de la constitucionalización del derecho a la prueba judicial. siendo el derecho que se analiza de rango constitucional. sino de un derecho constitucional. no se trata de un derecho legal. de conocerla y discutirla. como ocurre con la supina Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la infeliz reforma de la Ley Orgánica para la Protección del Niño. debe advertirse que ante la falta de regulación de la posibilidad de recurrir a la providenciación de las pruebas o de recurrir solo ante la inadmisibilidad de las mismas. 46 Luego. Derecho a la providenciación de la prueba judicial. cuando cumpla con los requisitos legales en la forma que se ha analizado. consiste en el derecho a que la prueba propuesta sea objeto de pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional. se ubica el derecho a recurrir de la providencia que provea o resuelva la admisión o no de la prueba judicial.las partes pueden oponerse a su admisión en cualquier momento. bien ante el juez de Sustanciación.2. 2.6. antes de que se produzca su admisión. el hecho de la falta de regulación legal de la oportunidad de contradicción. señala que consiste en el derecho que tiene la parte a quien se le opone una prueba. . lo que se conecta con el derecho a la defensa y al derecho a la tutela judicial efectiva. Derecho a la recurribilidad a la providenciación de la prueba judicial. Es otro de los aspectos que comprende el derecho a la prueba judicial. y ella -la prueba. debe advertirse que la providenciación de la prueba judicial debe ser motivado. en nada afecta su ejercicio. garantista y aperturista de las normas legales que tratan la prueba judicial. Niña y Adolescente. DEVIS ECHANDÍA44 al referirse a la contradicción. los cuales se refieren a la admisión de la prueba y que en nada afecta ni se conecta con su eficacia o apreciación que inhabilitaria al juzgador a pronunciarse antes de la sentencia sobre estos aspectos. que permite la interpretación extensiva. conducencia. Es pertinente destacar. no solo las partes. luego de promovidas las pruebas e incorporadas a las actas del proceso –artículo 74 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. que la parte contra la cual se postula la prueba. PARRA QUIJANO45 expresa. siendo esto un derecho constitucionalizado. a través de la impugnación. circunstancia ésta que materializa el derecho constitucional de la defensa a través de la contradicción de la prueba. regularidad en su proposición.
la tacha de falsedad puede plantearse en cualquier momento del proceso artículo 440 del Código de Procedimiento Civil-. Se refiere al derecho efectivo –carga procesal. Resulta interesante destacar. si se trata de instrumentos públicos. lugar y hora en que tendrá lugar la materialización de la prueba. así como impugnación en sentido general.48 2. si se trata de pruebas propuestas en el lapso de promoción de pruebas.29 como supina e infelizmente ocurre en material procesal laboral –Ley Orgánica Procesal Laboral. a través de las preguntas que se le formulan a los terceros que vienen al proceso a ratificar el contenido de instrumentos emanado de ellos –artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. donde no ha existido una vigilancia y fiscalización de los medios. a través de las observaciones que pueden realizarse al momento de materializar una inspección judicial. sea evacuada en tiempo procesal oportuno. se requiere que su evacuación se realice de manera anticipada y que sus resultad consten en las actas del proceso. Luego. en caso que la prueba no se evacue en el lapso legal por causas no imputables a ellas. lo que involucra el derecho a conocer de manera anticipada.debe privar el derecho constitucional. de manera que las partes tienen derecho de conocer las pruebas antes de su evacuación. de proponerse la prueba instrumental privada o pública. puede realizarse la tacha de falsedad y eventualmente el desconocimiento artículos 440. En este sentido. antes del momento procesal de su discusión en el proceso. Se trata del derecho a que la prueba luego de admitida. Derecho a la materialización de la prueba judicial. pues cuando se aportan al libelo de la demanda instrumentos privados fundamentales. así como el momento señalado para su recepción en autos. bien en forma oral o escrito. el derecho de control de la prueba se manifiesta por ejemplo. Derecho al control de la prueba judicial. Este derecho también involucra lo referido al derecho que tienen las partes. trátese de pruebas aportadas por las partes o traídas oficiosamente por el operador de justicia. de tratarse de las pruebas que oficiosamente puede realizar el juzgador.2. en la contestación de la demanda puede impugnarse mediante la tacha o eventualmente el desconocimiento – artículos 443 y 444 del Código de Procedimiento Civil-.y de tratarse de autos para mejor proveer. según su posición procesal e igualmente. ya que el principio en cuestión tiene por fin evitar que se incorporen a los autos hechos traídos por medios probatorios realizados a espaldas de las partes. para hacer las observaciones y reclamos que consideren necesario.de estar presente al momento de la materialización de la prueba judicial y de hacer las observaciones. 2.7. que existen prueba que por su naturaleza. permitiéndose el derecho recursivo. las partes tienen el derecho de hacer sus observaciones e impugnaciones en los informes –artículo 401 del Código de Procedimiento Civil. a fin de realizar las actividades asignadas a ellas por la ley. de concurrir a los actos de evacuación de los medios probatorios promovidos y admitidos.2. a que las mismas sean ordenadas y practicadas de oficio por el tribunal.8. el control de la prueba. a través de las observaciones que pueden realizar a los expertos. a través de la repregunta a os testigos. al medio de prueba o sus resultas. como ocurren con la experticia en los procesos orales por audiencia. el día. todo con el fin de que puedan asistir a su evacuación y hagan uso de los derechos que permitan una cabal incorporación a la causa de los hechos que traen los medios. en materia civil encontramos que la contradicción y el control de las pruebas pueden realizarse en oportunidades procesales diferentes. planteamientos o cualquier consideración. igualmente las partes . para que sean conocidas y analizadas por las partes. Luego. es el derecho que tienen las partes en el proceso. las partes tienen el derecho a contradecir las mismas en la oportunidad de oposición a las pruebas a que se refiere el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil e igualmente. 443 y 444 del Código de Procedimiento Civil.
La falta de apreciación de la prueba –silencio o supresión probatoria. verificar si las afirmaciones o negaciones hechas por las partes como fundamento de sus pretensiones o excepciones. de contradecir las pruebas permisibles en esa oportunidad. constituyen en definitiva una anomalía o falencia en la apreciación probatoria o error en la apreciación probatoria que puede ser censurada por la vía recursiva ordinaria o extraordinaria. los criterios seguidos para la apreciación individual y conjunta de las pruebas aportadas al proceso. de tratarse de prueba de posiciones juradas propuestas en la demanda.9. para poder concluir si los hechos han sido o no demostrados. Derecho a la apreciación de la prueba judicial.la inexactitud en su apreciación –suposición errónea. el derecho la prueba judicial involucra o se desdobla en el derecho a que la prueba sea objeto del análisis judicial en la sentencia. falsa. irracionales. como sucede con la inspección judicial. así como en base a la constitucionalización de la prueba judicial. racionales y que no sean jurídicamente errónea.la adición –suposición probatoria. Luego. de manera que el juez debe explicar cual es el grado de convicción que en su mente ha generado la prueba. se ubica el derecho de obtener decisiones motivas. que sea apreciada por el operador de justicia al momento de dictar el fallo definitivo.la apreciación mediante razonamiento ilógicos. luego de constatar o verificar su verdad o falsedad. todo a propósito que en segunda instancia las partes tienen el derecho y debe respetársele. función esta que se realizará mediante la congruencia que debe existir entre los argumentos de hecho expuestos por las partes en sus escrito de alegaciones –demanda y contestación. racionales. testimonial. para establecer o fijar los hechos en función de las pruebas aportadas y apreciadas. incongruentes. De esta manera. esto es. En cuanto a nuestro estudio. absurdos. si son verdaderos o falsos.y las pruebas aportadas por estos –carga. todo lo que será producto de la apreciación de las pruebas judiciales –rectius: fuentes-. el juez debe explicar mediante argumentos lógicos. experticia. libres. por tratarse de una apreciación apriorística del legislador que priva de la libertad de criterios y razonamiento judicial.30 tienen derecho a realizar las observaciones antes de producirse la decisión judicial – artículo 514 del Código de Procedimiento Civil. todo lo que permite ejercer el debido control sobre las decisiones judiciales y elimina toda vestigio de arbitrariedad judicial. congruentes.49 todo lo que debe ser sustituido por el sistema de sana crítica. equivocada o tergiversada. el tema de la prueba judicial recae en concreto sobre los hechos controvertidos en el proceso.apreciación parcial – desnaturalización o tergiversación. todo lo que puede derivarse y controlarse a través de la debida motivación que de la prueba debe realizar el operador de justicia.2. de tratarse de pruebas propuestas en el lapso probatorio y admitidas. las partes tienen el derecho de intervenir en su materialización. si ocurrieron o no. prueba de posiciones juradas. Por último. libre convicción razonada o reglas del correcto . pero con mayor importancia en el estudio que abordamos. razonadas.En cuanto al control de la prueba. debiendo el juez establecerlos o fijarlos en su decisión judicial. las partes tienen el derecho de controlarlas al momento de su materialización. irrazonables. lógicas. que no sean contrarios a las máximas de experiencia. En esta actividad compleja. existencia o inexistencia. 2. resulta una limitación al derecho el sistema de la tarifa legal. razonables. entre otras.o allegada al proceso mediante la actividad probatoria oficiosa –verificación-. congruentes. que permita a los justiciable y a la comunidad o sociedad en general saber el criterio que utilizó el operador de justicia para dictar su fallo y producir un determinado resultado. Pero hemos dicho que dentro de las corrientes modernas en materia probatoria. como parte del derecho a la tutela judicial efectiva. decisión que debe ser el producto de un análisis tanto de complejo tanto de la cuestión de hecho como de derecho. el análisis debe referirse a la cuestión de hecho.mas aún. donde el operador de justicia debe establecer o verificar los hechos controvertidos y concretos del proceso –tema de la prueba judicial. contrarios a máximas de experiencia. así como las pruebas de posiciones juradas y juramento decisorio que se propongan en segunda instancia conforme a lo previsto en el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil. volitiva y de ciencia.
absurdida. los cuales deben estar debidamente motivados en el fallo. vale decir. contrarios a la buena fe procesal y al debido proceso constitucional y legal. es que el operador de justicia debe asumir. El operador de justicia en el marco de la sana crítica. Reflexiones finales y Conclusiones. el carácter de autor de la prueba. El estudio que hemos realizado ha sido con fines meramente explicativos de la constitucionalización de la prueba judicial y los aspectos que comprende. En este sentido. pues la motivación sobre la apreciación de las pruebas. será la que permita ejercer el pertinente control legal y social sobre el grado de convicción de la prueba y el criterio utilizado por el juzgador. los datos que sirven de prueba. pues de una simple lectura se observará que analizamos la institución probatoria a través del prisma constitucional.31 entendimiento humano. todo lo que ha sido el producto de aspectos que hemos desarrollado en ponencia dictadas en diversos estados del país. racionales. ya que esta actividad apreciativa de la prueba.50 todo lo que debe estar debidamente sostenido en la decisión mediante los argumentos o motivaciones pertinentes para cada caso. solo tiene tintes de meras enunciaciones y someras explicaciones para abrir el debate sobre el tema.que no es otra cosa que el descubrimiento de los hechos. verdad o falsedad de las afirmaciones sobre hechos controvertidos realizados por las partes y le permitió o no fijar los hechos concretos del caso como premisa menor silogística. apreciación que como acto complejo debe hacerse mediante argumentos motivados o razonados. no es mas que un acto de razonamiento fundado en reglas lógicas y de experiencia. Como parte del derecho constitucional a la prueba judicial. permitirá a litigantes y juzgadores relajar el sistema probatorio en perjuicio de los justiciables con fines perversos. máximas de experiencia. debe precisarse que si bien la regla a seguir para la apreciación de las pruebas en el marco de los derechos constitucionales. estableciéndolo como parte integral de la cuestión fáctica sentencial. razonabilidad. no contradictorios. siendo que el desconocimiento de estos aspectos así como de los señalados en el párrafo anterior. De esta manera. especialmente del derecho a la prueba judicial. dolosos y fraudulentos. lógicos.con el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa. no absurdos. que deja libertad al juez para crear su convicción. si las fuentes de prueba lograr crear la convicción judicial necesario para inclinar la balanza jurisdiccional a favor de alguno de los sujetos procesales. para fijar los hechos que han de encontrar ubicación en la norma de derecho para la producción de la consecuencia jurídica que se traduzca en dispositivo del fallo dirimidor de conflictos. esta libertad se ubica dentro de aspectos como la debida y correcta motivación sobre el criterio del juez respecto de la prueba producida en autos. dejando plasmado en el fallo. libertad que no es absoluta. mucho menos cerrar el debate al respecto. donde si bien el juzgador es libre de apreciar la prueba. es la sana crítica. que de manera alguna tiende a constituir un estudio enjundioso del asunto. si la misma lo convenció de la existencia o inexistencia. si la misma logró demostrar o no los hechos controvertidos. que nos permite hacer una flexibilización radical de la forma como se trata la prueba en el proceso judicial. todo lo que se conecta –como hemos explicado.51 3. o entendida con fines chicaneros. razonables. la verosimilitud de su contenido. precisar si el hecho ha quedado probado o no. . las reglas de la lógica y de la experiencia. una actividad epistémico –como expone RIVERA MORALES. todo lo que permite su control a través de los recurso. la actuación de las partes. no podemos dejar de expresar nuestra preocupación sobre el tema y las opiniones que hemos vertido. suficientes y congruentes. pues se limita por la lógicidad. a la debida motivación sino al derecho a la prueba judicial como derecho que goza de autonomía en los términos que hemos analizado. no solo lesiona el derecho a la defensa. de manera que éste debe realizar en el proceso de conocimiento. la cohesión o conexión entre los distintos medios o fuentes de prueba. consecuencia de todo lo anterior. debe analizar la fuente de la prueba. que mal entendida. para a partir de la misma. interpretar y apreciar razonadamente la prueba aportada a los autos. racionalidad.
3. igualmente. HUMBERTO y BELLO LOZANO MARQUEZ.ABREU BURELLI. 6. 2002.es el objeto de nuestro estudio.004. se conecta indirectamente con el proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia a que se refiere el artículo 257 Constitucional y con la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico a que se refiere el artículo 2° Constitucional. pues la forma de alcanzar la justicia será a través de la verdad que se vierta en el proceso a través de la prueba debidamente apreciada por el juzgador de manera razonada. El derecho a la prueba judicial comprende: 1. . Corolario de lo anterior y sin perder de vista la esencia de este último punto conclusivo. . Tribunal Supremo de Justicia. Derecho a la anticipación. Derecho a la apreciación de la prueba judicial. a la institución del proceso y de la prueba. podemos resumir lo siguiente: a. . Derecho a la contradicción a la prueba judicial. 9. de manera indirecta. no puede pasar de inadvertido. La constitucionalización de la prueba judicial permite interpretar las normas sobre prueba de manera garantista. motivada. Teoría General del Proceso.BELLO LOZANO. El derecho a la prueba judicial se encuentra constitucionalizado de manera directa en el artículo 49. . Análisis Crítico del Régimen Probatorio en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. c. pero con autonomía propia. preconstitución y aseguramiento de la prueba judicial. se conviertan en una perisología o habilitación constitucional desastrosa y chicanera de la prueba judicial. así como en función del derecho correlativo de prueba que emana del derecho de acceso a la justicia. 4. La Carga de la Prueba. conecta. Derecho a la proposición de la prueba judicial. Alirio y MEJÍA ARNAL. Ensayos. aperturista y flexible. Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Livrosca. 2004. . Caracas. racional y razonable. Caracas. Humberto Enrique Tercero. Derecho a la materialización de la prueba judicial. Tribunal Supremo de Justicia. que estos criterios. Bibliografía.BELLO TABARES. Caracas 1987. lógica. .BELLO TABARES. 2005. Mobilibros. Caracas. Humberto. 7. La Prueba y Su Técnica. 4. Luis Aquiles. que permita el debate y no cierre espacios de discusión.003.BELLO TABARES. Lejos de este fin –no descartable. 8. pues como académicos y estudiosos del tema.BELLO TABARES.1 Constitucional. . 2. Caracas. 1991. Humberto Enrique Tercero. Humberto. Volumen II. Derecho al control de la prueba judicial. el derecho a la prueba judicial se conecta con el derecho a la tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 26 Constitucional. en pro del derecho a la prueba. Humberto Enrique. Tratamientos de los Medios de Prueba en el Nuevo Código de Procedimiento Civil. . Mobilibros. Derecho a la apertura del lapso probatorio. Nuevas Tendencias. b. 5.BELLO TABARES. Ediciones Homero. Livrosca. Derecho a la providenciación de la prueba judicial. 2. 2004. eliminado toda traba que permite su libre ejercicio y materialización. La Casación Civil. 2. Humberto Enrique Tercero. Derecho a la recurribilidad a la providenciación de la prueba judicial. 2da Edición. Análisis Crítico del Régimen Probatorio Previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo: Un Enfoque Procesal. concretamente en cuanto a la apreciación de la prueba y establecimiento de los hechos debatidos. Nuevos Estudios de Derecho Procesal. . Tribunal Supremo de Justicia.BELLO LOZANO. Humberto Enrique Tercero. en cuanto a la motivación de las decisiones judiciales. Caracas. lejos de constituir una contribución a la ciencia procesal y probatoria. Análisis de las Pruebas en los Procedimientos Orales Contenidos en las Diversas Leyes de la República. Caracas.32 Es precisamente en este aspecto donde radica nuestra preocupación. Serie Normativa N° 4. Libro Homenaje a José Andrés FUENMAYOR. ubicado dentro del debido y conectado con el derecho a la defensa. Caracas.
Caracas. . Pruebas en Materia Civil.COUTURE. De la Prueba en Particular. Tomo I. Tratado de Pruebas Judiciales. La Casación Penal. Hernando.ESCOVAR LEÓN. El Testimonio de la Parte en el Sistema de la Oralidad. 1974. 1981 . . La Casación. 1973. El Precedente y la Interpretación Constitucional.CALAMANDREI. 1995. Tomo II. Jeremías. 2005. Humberto Enrique Tercero. Depalma. 2000. Ediciones Paredes. Sergi. Hernando. 1988. . Bosch. . . Vadell Hermanos Editores. 2000. 2da Edición. Ángel. Bosch. Livrosca. Piero. . Bogotá. Madrid. . Curso de Casación Civil. Hernando. . Ramón. Livrosca. 1978.CUENCA. Mauro. . Ediciones de la Biblioteca. Jorge. Depalma. Buenos Aires.DEVIS ECHANDIA. Ediciones Paredes. Humberto Enrique Tercero. La Casación sin Reenvío y Temas Afines. 2006. 2000. Serie Normativa N° 4. 2001. Ramón. Tomo I. Fernando. . BENTHAM. Contribución a la Teoría de la Utilización probatoria del saber de las partes en el Proceso Civil. .DE LA RÚA. .BONET NAVARRO. Ramón.33 . Tomo I. Piero. 1990. Buenos Aires.BELLO TABARES. Tratado de Derecho Probatorio. Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.GUASP DELGADO. El Recurso de Casación Penal en el Nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Teoría General de la Prueba Judicial. Volumen II. Jaime.FIGUERUELO BURRIEZA. Universidad Central de Venezuela. Rubinzal-Culzoni Editores. . 2eda.ESCOVAR LEÓN. Derecho Procesal Civil. Ediciones Gustavo Ibáñez. Editorial Plata. Tratado de Derecho Probatorio. Editorial Tecnos. Humberto. Buenos Aires. Buenos Aires. Caracas. 2000. . Caracas.M. Tomo II. Las Pruebas en el Proceso Laboral. 2eda Edición. . . El Hecho y el Derecho en la Casación Civil.M.FÁGREGA. La Nueva Casación Laboral. . 2001.CALAMANDREI. La Ley. Estudios de Derecho Procesal Civil.COUTURE. Ediciones Sherwood. Caracas. Bogotá. Desalma. Caracas. Eduardo J.BELLO TABARES.ESPARZA LEIBAR. Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Ramón. De la Prueba en los Procedimientos Orales. Barcelona. Segunda edición. Bogotá. Tratado de Derecho Probatorio. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. . Madrid. Bogotá. Buenos Aires. Estudios Sobre Casación Civil. . . Ensayos. . Ediciones Nueva Jurídica. Ramón.BELLO TABARES. De Zabalía Editor. Tribunal Supremo de Justicia.ESCOVAR LEÓN. La Demanda. Gladis. Editorial Civitas. 1998. 1998. La Motivación de la Sentencia y su Relación con la Argumentación Jurídica. 2004. Ediciones Homero.ESCOVAR LEÓN. 2005. Iñaki. Humberto Enrique Tercero y JIMÉNEZ AMOS. 2006. Barcelona. Buenos Aires.CAPPELLETTI. 2006. El Principio del Proceso Debido.GUASCH FERNÁNDEZ. Madrid. . . Eduardo J.DE MIDÓN. Buenos Aires. La Argentina.GOZAINI. Caracas. . Caracas. 2002. Compendio de Pruebas Judiciales. Livrosca.BELLO TABARES. 2004. Humberto Enrique Tercero. Casación Civil. Caracas.BELLO TABARES. Tribunal Supremo de Justicia. . Caracas. Dorgi. Los Recursos en el Proceso Civil.DEVIS ECHANDIA. 2000. Edición. . 2003. J. 1981.ESCOVAR LEÓN. Editorial Temis. Tomo III. Caracas. Buenos Aires. J. Ediciones Jurídicas Europa.DEVIS ECHANDIA. Derecho Procesal Civil. . Caracas. 1959. Caracas. El Debido Proceso. Osvaldo Alfredo. Ángela. De la Prueba en General. Teoría General de la Prueba. 2006. Victor D. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Teoría General del Proceso. . Ramón. 1969. Rubinzal-Culzono Editores. Ediciones Jurídicas Europa-América. 1997. Humberto Enrique Tercero. Control del Juicio de Hecho. Tutela Judicial Efectiva y Otras Garantías Constitucionales Procesales.ESCOVAR LEÓN.
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Caracas. AZULA CAMACHO los conceptúa como los criterios o reglas que rigen o regulan las diferentes actuaciones que integran el procedimiento. tales como el derecho a ser oído dentro de un plazo prudencial -derecho a la defensa. ya que el debido procesal legal. que es otra garantía constitucional de mayor rango que los formalismos.SANTANA ROMERO. Eduardo J. Profesor de Postgrado. no quiere decir que el proceso pueda relajarse a voluntad de las partes o del operador de justicia. Tribunal Supremo de Justicia. Manual de Derecho Procesal Civil. 4 Con ocasión a los principios del procedimiento. Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Fundamentos del Derecho Procesal Civil.STEIN. Caracas. COUTURE. no puede concebirse como una herramienta ajena a las formas procesales. Caracas. . Rango 1/52. Aníbal José y PERETTI DE PARADA.SARMIENTO NUÑEZ. el proceso si bien es un instrumento para la realización de la justicia. Repertorio de Jurisprudencia.RUEDA. Caracas. La Acción de Amparo Constitucional y sus Modalidades Judiciales. el derecho a producir pruebas pertinentes en las oportunidades establecidas en la ley. P. Buenos Aires. y que son desarrollados por una serie de principios que sustentan y rigen su buen desenvolvimiento. Ob. 2002 . . y el derecho a ser juzgado por los jueces naturales. Friedrich. Caracas. 2002. publicidad y ausencia de formalismos. 2005. 1996. Derecho Procesal Constitucional. Ilustre Colegio de Abogados del Distrito Capital. Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Volumen II. Tomo I. P. Volumen II. José Gabriel. ya que precisamente en él debe garantizarse el derecho constitucional al “debido proceso”. . 2002.VESCOVI. 49 y siguientes. . Editorial Temis. Doctrina de la Sala de Casación Social. tomando como bandera la “ausencia de formalismos”. oralidad. Conocimiento Privado del Juez. Abogado. Jefe de Cátedra de Derecho Probatorio. Ensayos. Comisión de Defensores Judiciales. p. Especialista en Derecho Procesal Civil. 6 Joan PICÓ I JUNOY. Profesor de Postgrado. Magaly. Enrique. Livrosca. Doctrina de la Sala de Casación Civil. Magíster Scientiarum en Ciencias Jurídicas mención Derecho Procesal Civil. En este sentido. pues no puede concebirse un proceso totalmente alejado de las formas. 21 7 Joan PICÓ I JUNOY. . Autor de varias obras y artículos jurídicos. 2004. 2005. caracterizado por su brevedad. Colección Doctrina Judicial N° 1. Serie Normativa N° 4.lo cual implica la formalidad de la citación. 1999. Caracas.TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Recursos Revisables Ante la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil. Colección Estudios Jurídicos N° 15. Tribunal Supremo de Justicia.TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Profesor de Postgrado. . Los Recursos Judiciales y Demás Medios de Impugnación en Iberoamérica.SARMIENTO NUÑEZ. La Casación de Oficio. Depalma. . . constituyen formalismos tendentes a garantizar una tutela judicial efectiva. La Prueba de los Hechos. La Confesión y las Posiciones Juradas en materia Laboral. debe cumplir con una serie de aspectos fundamentales o elementos que en puridad de verdad. Doctrina de la Sala de Casación Civil.TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. . Las Garantías Constitucionales del Proceso. José Vicente. . 3era Edición. 17 2 .TARUFFO. Teoría General del proceso. Universidad José María Vargas (UJMV). Tratado de las Pruebas Judiciales. Michele. Doctrina de la Sala de Casación Civil. 2004. Temas de Derecho Procesal. el cual se encuentra conformado por un conjunto de formalidades que garantizan una tutela judicial efectiva.35 . Caracas. 3 El hecho que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela coloque a las formalidades en un segundo plano. 2006. Caracas. Colección Doctrina Judicial N° 4. Profesor de Amparo Constitucional. 1 Jeremías BENTHAM. 1988. Universidad Arturo Michelena (UAM). José Gabriel. Colección Doctrina Judicial N° 9. Doctor en Ciencias Jurídicas. Cit. 2006. Bogotá.SANTANA OSUNA. 1998. . José Vicente. Editorial Trotta. La Tacha y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. 1998. P. 181. el cual se materializa mediante el pronunciamiento que emita el órgano jurisdiccional. Casación Civil. Colección Doctrina Judicial N° 20. Caracas. 70 5 Humberto Enrique Tercero BELLO TABARES y Dorgi Doralys JIMÉNEZ RAMOS.TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Colección Doctrina Judicial N° 11. p. Vadell Hermanos. Universidad de Margarita (UNIMAR).TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.
comprende el derecho de alegación o de afirmación de los hechos y su necesidad o carga de probarlos. 89 y 413. quien identifica el concepto de prueba –como razón o argumento tendiente a demostrar las afirmaciones o negaciones de las partes. de fecha 10 de Mayo de 2001. que el derecho a la prueba judicial se conecta de manera indirecta con la tutela judicial efectiva. P. tal como es el caso del testigo. 46. 26 RIVERA MORALES. p. Nº 708. p. Así. 83.36 8 Debe recordarse que la historia y la “verdad de los hechos” son escritas por los ganadores de la guerra.con el concepto de fuente. aún cuando las afirmaciones por lo general son de hechos. El Debido Proceso Legal. Ob. Ob. que puede ser ejercido por cualquiera. ello implica el derecho a producir la prueba de las afirmaciones o negaciones. También son partidarios de la prueba judicial como derecho constitucional. p. José Manuel RODRIGUEZ. Ob.por Ángela FIGUERUELO BURRIEZA. El Derecho a la Prueba en el Proceso Civil. del cual forma parte. todo lo que recae sobre las afirmaciones de las partes. siendo un derecho constitucional y humano el ser oído. pp. lo que en definitiva se traduce. la ocurrencia o no de los hechos debatidos en el proceso. Señala que el derecho de acceso a la justicia debe ser entendido como la facultad de todos lo habitantes del país. Derecho y Deberes del Ciudadano. donde la fuente es el testigo como tal y la declaración el medio. Esta corriente es seguida –como señaláramos. pues goza de autonomía. Tribunal Supremo de Justicia. 50 10 Rodrigo RIVERA MORALES. Cit. quienes deben averiguar los hechos. señaló: Los rusos le causarán problemas. La Motivación de la Sentencia y su Relación con la Argumentación Jurídica. Derecho Constitucional. lo que se traduce en el derecho del justiciable a la jurisdicción y el deber del estado de su ofrecimiento. p. derecho que no tiene limitación. Ob.que de suyo conduce al derecho a probar. 135 y 135. 302. El Ordenamiento Constitucional. 99. 2. Cit. en su trabajo titulado “El Debido Proceso” y Ángela FIGUERUELO BURRIEZA. nombrado como sucesor por HITLER y sentenciado a diez años de cárcel. p.003. Tomo II. Tomo II. aportarlas mediante los medios para que el juez verifique las afirmaciones y establezca –establecimiento. las fuentes. que la actividad de juez es verificadora y establecedora de los hechos –rectius: afirmaciones. que la fuente es concepto metajurídico. Que los medios de prueba válidamente propuestos sean admitidos.para hacer valer derechos e intereses en condiciones de igualdad. 11 Conversaciones con el profesor Dr. p. 354 17 Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.su convencimiento judicial traducido en sentencia. esta función y el derecho solo se logrará mediante el ejercicio de la defensa –derecho a ser oído. almirante y comandante en jefe de la marina alemana. Aspectos Constitucionales del Proceso. 43. Que sean valorados. quien manifiesta que el derecho a la prueba. 23 Esta última es la posición que asume SENTIS MELENDO. Luego. recabar las fuentes. de manera que el derecho a la prueba judicial se relaciona íntimamente con el derecho a la defensa. 20 Joan PICÓ I JUNOY. con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo CABRERA ROMERO. 12 Ramón ESCOVAR LEÓN. a la prueba judicial. 287. p.lo que se hace a través de las pruebas y los medios aportados al proceso para crear la convicción judicial. Libro Homenaje a José Andrés Fuenmayor. Volumen I. para que el ciudadano haga valer sus derechos e intereses. 25 y siguientes. Libro Homenaje a José Andrés Fuenmayor. 341. 19 Osvaldo Alfredo GOZAÍNI. Estado Nueva Esparta en el año 2.p. Que las partes puedan proponer los medios de prueba. ya lo verán. en tanto que la averiguación. que consiste en la búsqueda de la verdad. Agrega. Que la causa se abra a pruebas. 15 Alex CARROCA PÉREZ. El Derecho a la Prueba en el Proceso Civil. señala que son: 1. 18 y 19. pp. Nuevos Estudios de Derecho Procesal. Tribunal Supremo de Justicia. Que los medios de prueba sean líticos. mas no se confunde. en entrevista hecha en Núremberg. y 379. Aspectos Constitucionales del Proceso. Pp. pp. 3. pp 77 y 78. sin formalidad. 305. mediante el derecho de acceso a la jurisdicción. en tanto que el medio es una actividad procesal de como llega al proceso la fuente. lo que corresponde a las partes. considera que el derecho a la prueba se conecta con el derecho a la tutela judicial efectiva. Garantía Constitucional de la Defensa Procesal. no los hechos. de lo anterior observamos que el derecho a la jurisdicción como parte del derecho a la tutela judicial efectiva. 9 . p. 5. sostenidas en Margarita. al referido al tema de la constitucionalización de la prueba judicial. en su trabajo titulado “El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva”. Que los medios de prueba sean practicados. No obstante señal el citado autor. 25 Jorge FÁBREGA. Exp. Teoría General de la Prueba. 24 Rodrigo RIVERA MORALES. 18 Rodrigo RIVERA MORALES. Kart DÖNITZ. afirmarlos en sus pretensiones o excepciones por conducto del envoltorio del alegato. extra-jurídico. 4. pp. Las Entrevistas de Núremberg. P. 13 Rodrigo RIVERA MORALES. 14 Rodrigo RIVERA MORALES. Arturo HOYOS. se conecta con el derecho a la tutela judicial efectiva. el 14 de Julio de 1. LA PRUEBA. Nº 00-1683. Cit. 16 Joaquín GARCÍA MORRILLO. es negar o impedir el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. 125 a la 133. es una actividad ajena al juzgador. siendo que lo que se verifica son las afirmaciones. 22 Rodrigo RIVERA MORALES. Conozco a esos rusos (sic)…Extenderán el comunismo… León GOLDENSONHN. ya que desdoblándose el mismo o comprendiendo el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia. al tratar el tema de los aspectos que comprende la constitucionalización de la prueba judicial. un elemento que existe en realidad. como ingresa. p. Actos de Investigación y Prueba en el Proceso Penal. por lo que negar o impedir el derecho a probar. 60 y ss. a dirigir peticiones o dirigirse a las autoridades judiciales competentes –y administrativas agregamos. p. que la prueba es la verificación.946. Cit. búsqueda de los hechos. pero pueden ser de derecho. 6. 21 Michele TARUFFO. Santiago SENTIS MELENDO.
con citación de la parte contraria. o cuando deba recibirse una declaración que. siendo un grado de sospecha. Por “verosimilitud” como expresa Michele TARUFFO. que requiere de medios de prueba para su demostración. Friedrich STEIN en su obra “El Conocimiento Privado del Juez” las define como definiciones o juicios hipotéticos de contenido general e independiente del caso que se examina en el proceso concreto y de los que la componen. Art. 44. Jordi NIEVA FENOLL. expresando que habiendo justo recelo de tornarse imposible o muy difícil la declaración de ciertas personas. siendo lo opuesto al enjuiciamiento pleno. exponiendo las razones en que se apoye la petición… (resaltado nuestro). con o sin inspección judicial y periciales 34 Los artículos 520 al 522 del Código de Proceso Civil Portugués. el Ministerio Público o cualquier de las partes podrá requerir al Juez de control que lo realice. El Juez practicará el acto. sino que las máximas de experiencia. P. se trata de apariencia de verdadero. Derecho a numerus apertus en cuanto a los medios de prueba. Prohibición de anticipación de los resultados de la prueba. Cit. SENTIS MELENDO. es la referida con las primeras impresiones. sin que sea admisible la declinatoria… Art. inspecciones judiciales cuando exista el temor fundado que el transcurso del tiempo pueda alterar su situación o dificultar su reconocimiento. Cit. el que la haya solicitado designará la persona o personas a las que se proponga demandar en su día y será citados. en una situación no probada. Cit. Para SENTIS MELENDO. FÁBREGA. “probable” se refiere a la posibilidad de acreditamiento probatorio cuando hay elementos para probarlo. de manera que se prescinde de la prueba y se acomoda en las máximas de experiencia. 21 y ss. Cuando la prueba anticipada se solicite y acuerde practicar antes del inicio del proceso. Derecho a aportar pruebas. se dirigirá al tribunal que se considere competente para el asunto principal. 1. 29 Por “enjuciamiento prima facie” se entiende como aquel juicio jurisdiccional que producto de la necesidad de rapidez en la toma de la decisión. Ob. 2. y por ellos válidos para todos. NIEVA FENOLL. 2. P. que cuando sea necesario practicar un reconocimiento. 4. o cualquiera de las partes durante el curso el curso del mismo. que por su naturaleza y características deban ser consideradas como actos definitivos e irreproductibles. Ob. posibilidad. se presuma que no podrán hacerse durante el juicio. por causa de las personas o por el estado de las cosas. citando a TARUFFO. Luego. Luego. si lo considera admisible. no probada. 1. 5. Ob. quienes tendrán derecho de asistir con las facultades y obligaciones previstas en el Código. p. 7. el reconocimiento espontáneo o a solicitud de documentos. La prueba practicada anticipadamente podrá realizarse de nuevo si. el testimonio con fines judiciales. “1. señala que prueba prima facie. posible. regulan la prueba anticipada. 3. por su parte. 191. con al menos cinco días de antelación.37 Por su parte PICÓ I JUNOY. siendo que la prima facie y la verosimilitud se conectan con la cantidad de prueba. La proposición de pruebas anticipadas se realizará conforme a lo dispuesto en esta Ley para cada una de ellas. que no ofrece carácter de duda. en el capítulo IX titulado “PRUEBA ANTICIPADA” artículos 294 al 301. señalando al efecvto. la persona deberá concurrir a prestar su declaración. en tanto que “verosimilitud” no guarda relación o se conecta con la prueba. al margen de su credibilidad. es permitida la anticipación del interrogatorio de partes. Derecho a obtener pruebas. Ob. para que puedan tener en la práctica de la actuación probatoria intervención… […] 4. pp. la mecánica de exhibición de documentos. 3. cuando una persona pretenda demandar o tema que se le demande. se hace con las primeras impresiones. 5. Derecho a la apertura del proceso a pruebas. P. 294 LEC. 33 El Código de Procedimiento Civil Colombiano regula la anticipación de la prueba. que según el orden normal de las cosas. p. cuando exista el temor fundado de que. pero que ciertamente no es verdadero. 4. Derecho a la valoración. expresa que es “probable” cuando pueden existir elementos para probarlo. Cit. Por su parte RIVERA MORALES. En tal caso. Derecho de admisión dentro de los límites legales. La petición de actuaciones anticipadas de prueba. fuere posible llevarla a cabo y alguna de las partes así lo solicitara. TARUFFO. salvo que se jure desconocer su destino para citarlo. Previamente a la iniciación de cualquier proceso. 95. creíble. 188. apariencia de verdad. el que pretenda incoarlo. que se formule antes de la iniciación del proceso. derecho a que se reciba y asuma la prueba. en su artículo 307 regula la anticipación de la prueba. 40. así como la territorial que se fundase en normas imperativas. el hecho se considera como sucedido. Cit. debe entenderse como una hipótesis plausible. Derecho que se permita al demandado contumaz proponer pruebas. expresa que los aspectos que comprende la constitucionalización de la prueba judicial son: 1. dichos actos no puedan realizarse en el momento procesal generalmente previsto. citando a todas las partes incluyendo a la víctima aunque no se hubiese querellado. Si el obstáculo no existiere para la fecha del debate. 31 El Código Orgánico Procesal Penal. podrá solicitar del tribunal la práctica anticipada de algún acto de prueba. de manera que no obstante a la falta de prueba. Este tribunal vigilará de oficio su jurisdicción y competencia objetiva. en el momento de la proposición de la prueba. 2. por algún obstáculo difícil de superar. Derecho a la práctica de la prueba. pero no vinculados con los hechos singulares de cuya observación se inducen. Ob. 93. Derecho al control. que se conecta con la verosimilitud y con las máximas de experiencia. aquello que no es falso. el tribunal admitirá que se practique la prueba de que se trate y valorará según las reglas de la sana crítica tanto la realizada anticipadamente como la efectuada con posterioridad. señala que los aspectos que comprende la prueba judicial son: 1. inspección o experticia. Ob. p. expresa que se trata de la suposición de la verdad. la verificación de ciertos hechos por medio de arbitramento o inspección puede realizarse anticipadamente antes . Luego. Cit. 295 LEC. 6. 27 30 Por “máximas de experiencia” debe entenderse juicios hipotéticos y empíricos de la vida. de personas gravemente enfermas. La Prueba de los Hechos. Derecho a que se valore. obtenidos de la experiencia o de la ciencia. 32 Art. 293 LEC. así como el dictamen pericial. 28 Por “probabilidad” debe entenderse todo aquello que puede ser demostrado por conducto de medios probatorios. en su trabajo titulado “Enjuciamiento Prima Facie”. 59. P. “probable” –agrega el autor.es igualdad de motivos al conocimiento afirmativo o negativo.
3. MIRANDA ESTRAMPES. siendo sus características: 1. debe existir un auto expreso y motivado que por demás en recurrible de manera inmediata y cuyo recurso deberá ser oído libremente. no son las únicas formas de hacer ingresar al proceso la declaración y versión de las partes. se hable de un “defensor legal”. 36 En este sentido el artículo 297 de la LEC. mediante la sana . siendo que la prueba preconstituida es una figura exclusiva del proceso civil. p. Luego. pertinente y útil al tiempo de proponer su aseguramiento. Ob. Derecho a la Prueba en el Proceso Civil. oralidad. estas medidas consistirán en las disposiciones que. que la prueba que se pretende asegurar sea posible. con el fin de llevarlas al proceso oral a través de los medios de prueba y que forme la convicción del juzgador. señala el autor. que deben ser debatidas en juicio oral para que se forma prueba auténtica. la preconstitución de la prueba en el proceso penal. Tienen como finalidad el aseguramiento de las fuentes de prueba. con posibilidad de interrogatorio de los demás sujetos procesales y del juez. 54. es desconocer el derecho constitucional a la prueba judicial. pues toda limitación al respecto lesiona el derecho a la prueba judicial. agrega el jurista panameño. Son actos de investigación. contradictorio e inmediación. publicidad. Cit. 298 y 299. con un abogado nombrado por el tribunal cuando se trate de ausentes …em parte certa… 35 RIVERA MORALES. en cuyo caso debe justificarse sumariamente la necesidad de anticipación. a los efectos del contradictorios. No requieren de intervención del órgano jurisdiccional. pp. a fin de que sea notificada personalmente. 40 En caso de no apertura del lapso probatorio en los términos del artículo 389 del Código de Procedimiento Civil. solo diferida. en caso de infringirlos. señala FABREGA.incluso cuando solo procede de oficio por el juez. como sucede en la tarifa legal. concentración. como sucede en materia del Código de Procedimiento Civil – artículo 403. por desobediencia a la autoridad. resulte imposible en su momento practicar una prueba relevante o incluso carezca de sentido proponerla. es de la fuente de la prueba. Cit. La valoración de la prueba no puede realizarse mediante criterios apriorísticos. de medidas de aseguramiento útiles para evitar que. 5. En Italia y Alemania. Ob Cit. mencionando con precisión los hechos sobre lo que a de recaer e identificar las personas que han de ser oídas. Ob. publicidad y contradicción. 377 y 381. el jurista panameño Jorge FÁBREGA. 3. que la negativa de un testigo a declarar por sospecha lesiona el derecho constitucional a la prueba judicial. expresa que debe ser admitido en el tribunal. en cuyo caso. siendo que para lo fines del aseguramiento de la prueba. incluso aquellas que le favorezcan. Eliminación de restricciones injustificadas como inhabilidades de testigos. 162 y ss. pueda resultar imposible en el futuro la práctica de dicha prueba.así como la validez de la declaración de parte hecha en su propio favor –pro se declaratio. En cuanto a los requisitos para la práctica de las medidas asegurativas. no siendo prueba sino actos de investigación que forman elementos de convicción y sustento de la acusación. p. 33. Cit. el artículo 298 de la LEC señala entre otros. 37 Jorge FÁBREGA. por conductas humanas o acontecimientos naturales que puedan destruir o alterar objetos materiales o estados de cosas. 6. señala que más que la preconstitución de la prueba. pp. debiéndose permitir su admisión para que sea el operador de justicia quien aprecie su credibilidad. siendo en la solicitud anticipación. que haya razones o motivos para temer que. no siendo pruebas formales. salvo que haya imposibilidad de notificar. Luego. Luego. en su trabajo titulado “La Mínima Actividad probatoria en el Proceso Penal” señala al respecto. cuando se trate de declaración de parte o de testimonios. por medio de la sana crítica o convencimiento racional. que no se trata de actos de prueba. 4. es mas preconstitución de fuentes. de no adoptarse las medidas de aseguramiento. podrán también dirigirse mandatos de hacer o no hacer. p. debe indicarse de manera sucinta el pedido y los fundamentos de la demanda e identificar a las personas contra quien se pretenda hacer uso de la prueba. 42 Al referirse a las limitaciones en materia de prueba por testimonios. Cit. sin tener casación inmediata. señala que antes de la iniciación de cualquier proceso el que pretende incoarlo o cualquiera de los litigantes durante el curso del mismo. podrá pedir del tribunal la adopción. como sucede en materia laboral -artículo 103 de la LOPT. que dentro de las nuevas tendencias en materia de pruebas se ubican: 1. Es preexistente al proceso o juicio oral. no teniendo cabida en el proceso penal. que se crea intencionalmente para acreditar el hecho sobre el que recae. Sistema de medios abiertos –numerus apertus-. No requieren para su formación la inmediación. 25. Requiere documentarse y asegurarse la fuente de donde quedó grabado o impreso el dato o información. cuya tarea fundamental es la localización y el aseguramiento de las fuentes de prueba. permitan conservar cosas o situaciones o hacer constar fehacientemente su realidad y características.38 de ser propuesta la acción. 2. al referirse al tema. especialmente en cuanto a la limitación que solo procede previo pedimento de la parte contraria.para que la parte pueda establecerle al juez su versión de los hechos debatidos. En iguales términos Jeremias BENTHAM. que solo es prueba la realizada en juicio oral con las garantías de publicidad. este criterio pudiera tener cabida por conducto del artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. sino de actos de investigación. pp. al tratar la prueba en el proceso penal. 2. bajo el título de “Medidas Asegurativas de la Prueba”. Ob. será notificado el Ministerio Público. bajo apercibimiento de proceder. conforme a las reglas de la razonabilidad y logicidad. 38 Jorge FÁBREGA. 293 y ss. mediante providencia. siendo en consecuencia inconstitucional. Ob. Luego. Luego. Joan PICÓ I JUNOY. De esta manera las posiciones juradas y la declaración de parte. a juicio del tribunal. 39 41 En relación a la declaración de las partes en el proceso. Cit. Ob. 182. debiéndose dejar al juicio razonado del operador de justicia. Pp. así como cuando se trate de personas inciertas o ausentes. quien expresa que considerar que solo las posiciones juradas y la declaración de las partes es la forma de allegar al proceso la propia declaración. oralidad.
p. 4. 50 Jorge FÁBREGA. 190. 16. producto de una eventual falsa aplicación que se conecta con la falta de aplicación consecuencial. 49 Recordemos con SENTIS MELENDO. pues la tarifa legal es un sucedáneo de pruebas. Cit. 48 FÁBREGA sostiene que esta situación no solo limita el control de la legalidad de la decisión sobre la prueba en alzada. Debe sustituirse la confesión provocada por la declaración de partes. Cuando la prueba se propuso oportunamente y fue indebidamente negada. Ob. Manual de Derecho Probatorio. p. 3. Cit. Cit. 2. pág. pudiéramos aplicar el criterio utilizado por el legislador procesal penal. Ampliar las facultades del juez para realizar pruebas oficioas. producto del desconocimiento sobre el tema probatorio. no hay tal prueba. 5. 43 Para la viabilidad de las pruebas en segunda instancia. Cit. 342 51 Rodrigo RIVERA MORALES. Tomo I. Ob. . La prueba no se produjo en primer grado de jurisdicción por ser posterior a la oportunidad de promoción.39 crítica. con la permisología del careo de partes y testigos. quien permite pruebas en este grado del proceso. sino en casación. siempre que las mismas fueran necesarias para la solución de la causa. que siendo de fecha anterior. 490. Cuando fueran propuestas oportunamente y por causas no imputables a las partes no se materializaron. 33. cuando: 1. p. quien nos tiene acostumbrados a la poca calidad del material legal que sale de sus propuestas. 47 Situación esta que a diario se observa en los Tribunales de la República. como lo es la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Ob. Teoría General de la Prueba Judicial. se desconocía su existencia. 46 Leyes éstas que por demás tienen un mismo origen. p. así como de ellos entre sí. Igual criterio mantiene RIVERA MORALES. que si no hay libertad de apreciación de la prueba. 45 Jairo PARRA QUIJANO. 252. Cit. 44 Hernando DEVIS ECHANDÍA. incluso. Artículo 453 del COPP. para quien el análisi de elementos de admisión no tocan el fondo del asunto debatido ni hacen análisis sobre la eficacia de la prueba. lo que en definitiva se traduce en una lesión al derecho a la prueba judicial y una inadmisión tácita de la prueba. Ob. de los errores probatorios que de manera indirecta lesionan la ley. p. Ob.
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 resolución 
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 artículo 49
 Artículo 67
 artículo 26
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 artículo 49
 Artículo 69
 artículo 49
e contrario
 artículo 23
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 49
 artículo 14
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