Source: http://unidaddemocrata.blogspot.com/2017/06/
Timestamp: 2017-08-21 12:05:09+00:00

Document:
Unidad Demócrata: June 2017
Caso bolivianos sentenciados Piden explicación a Ferreira y Ardaya
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, y la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, serán convocados por la bancada de Unidad Demócrata para que esclarezcan y detallen el operativo de lucha contra el contrabando que se realizaba en la frontera con Chile cuando fueron detenidos por carabineros del vecino país.
“Se convocará al Ministro de Defensa (Reymi Ferreira) para que explique esta situación y a la Presidenta de la Aduana Nacional (Marlene Ardaya), las Fuerzas Armadas tiene un canal sumario donde los uniformados deberán informar que es lo que pasó, cómo se trasladaron, el plan de operaciones que debían seguir, quien instruyó el operativo; lo mismo debe realizar la Aduana”, explicó la senadora Jeanine Añez.
Durante los últimos días, los asambleístas de oposición indicaron que es necesario que se realice una investigación por la vía administrativa contra los nueve connacionales debido a que existen algunas irregularidades, por ejemplo, se presume que tres de ellos no son funcionarios de la Aduana Nacional porque sus nombres no están registrados en la Contraloría General en la Declaración Jurada de Bienes.
Ante esto el diputado oficialista Lino Cárdenas criticó la postura de la oposición y afirmó que lo único que pretenden es “generar dudas respecto a la actuación y la denuncia por la violación de sus derechos humanos”.
Por su parte, Santamaría aclaró que la investigación que se realice en el país permitirá a las autoridades del Gobierno continuar con la denuncia ante instancias internacionales con un fundamento sólido.
UD exige auditar la compra de seguros para aeronaves
El senador de Unidad Demócrata, Pablo Klinsky, denunció la existencia de un sobreprecio de Bs 200 millones en la compra de seguros a la empresa Conesa Kieffer & Asociados Corredores de Reaseguros S.A. para aeronaves del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de defensa, por lo que exigen a la Contraloría General del Estado realizar un auditoria a la adquisición de estos seguros.
“Estamos solicitando a la Contraloría General del Estado que realice una auditoria por la compra irregular de estos seguros a la empresa Conesa Kieffer & Asociados Corredores de Reaseguros S.A, a la vez una Petición de Informe Escrito a La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS)”, indicó Klinsky.
Por su parte, el senador del Movimiento al Socialismo (MAS), René Joaquino, indicó que en caso de que estas irregularidades sean comprobadas se debe impulsar una investigación por parte de las autoridades competentes de justicia para dar con los responsables y cuantificar el daño económico al Estado.
“En caso de que fuera real lo que corresponde es actuar de manera inmediata a las entidades competentes, el Ministerio Público y los que conozcan este hecho tienen la obligación de hacer la denuncia”, resaltó.
Según la denuncia, el Transporte Aéreo Boliviano adquirió un seguro en Londres con un monto de $us 795.602, sin embargo el Estado compró una póliza de seguro de la empresa mencionada en la suma de $us 795.602, generando un daño económico de más del 50 por ciento.
Otro caso irregular se presentó en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico (Uelin), donde adquirió una póliza en $us 21,4 millones, en Londres. Este seguro tiene un costo de $us 8 millones, en consecuencia se registró un sobreprecio de más del 200 por ciento.
Klinsky señaló que esta empresa aseguradora tiene monopolizado el mercado de los seguros en el país, puesto que el 99 por ciento de las pólizas que requiere el Gobierno es adjudicado a la empresa.
Sobre estas irregularidades Joaquino señaló que estas acciones generan desconfianza, rabia e impotencia en la población, puesto que estos presuntos casos de corrupción no se deben generar en instancias del estado.
“Estos temas generan rabia, impotencia porque se habla de un daño económico al estado de millones de bolivianos. Muchos ciudadanos confían en las autoridades y estas acciones generan desconfianza, rechazo y duda sobre todo las conductas que adoptan algunas autoridades quienes deben ser sancionados”, resaltó el oficialista.
El jefe de bancada de Unidad Democrática (UD), Edwin Rodríguez, señaló este sábado que la convocatoria para elegir a los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional es “un engaño” y exigió que todo el proceso judicial sea declarado desierto para iniciar de cero.
“Esto es un engaño, es hacerse la burla del país. Todos los postulantes se van a mantener y lo único que hará es recibir nuevos candidatos con nuevas reglas y más ventajas, por tanto lo único que se ha hecho es ganar tiempo para tener mayores postulantes. Hoy lo estamos haciendo patente y pedimos que se declare desierto este proceso judicial y comencemos de nuevo con un nuevo reglamento que garantice la independencia de la justicia”, indicó.
Rodríguez señaló que al final del proceso serán los diputados y senadores del MAS quienes pondrán la nota final a los postulantes y por ello aseguró que debe crearse una comisión independiente integrado por universidades, abogados y juristas indígenas que evalué previamente a los candidatos, para luego seleccionar a los profesionales idóneos.
“Al final, el MAS va a calificar a los postulantes y por supuesto van a favorecer al 80% de exfuncionarios y trabajadores públicos, la mitad viene de esa justicia podrida, esa justicia vapuleada y si alguno de ellos, funcionarios de Evo Morales, resulta electo, qué garantías va ofrecer al pueblo boliviano”, sostuvo.
Un día antes, el senador Rodríguez denunció que en el actual reglamento, en el caso del criterio de género se establece que el 50 por ciento de participación de mujeres será tomado en cuenta a nivel nacional y no así por cada departamento.
“Solo se toma en cuenta la participación de las mujeres a nivel nacional, ya no será a nivel departamental como está señalado en el anterior precepto”, indicó el senador de unidad demócrata Edwin Rodríguez.
El artículo 25 de reglamento de preselección fue modificado, ahora señala que la “Asamblea Legislativa garantizará que el 50 por ciento de las personas preseleccionadas en las listas de las instituciones serán mujeres, así como la inclusión de postulantes de origen indígena originario”.
Sin embargo en el anterior reglamento, en el artículo 25, parágrafo I, establece que para el Tribunal Constitucional Plurinacional se debe garantizar hasta cuatro postulantes por cada departamento, donde el 50 por ciento de los preseleccionados deben ser mujeres y al menos una persona de origen indígena.
En el parágrafo II, el Legislativo debe garantizar al menos la postulación de cuatro representantes, el 50 por ciento debe ser mujer y al menos un representante indígena.
“Esto es una trampa, es decir, lo van a juntar los nueve departamentos y ahí debe cumplirse con el principio del 50 por ciento de participación de mujeres. Es una vulneración y un engaño al país”, precisó Rodríguez.
"No corresponde una condecoración" declaró el diputado Barrientos al expresar su rechazo porque Chile vulneró los derechos de los ciudadanos bolivianos, pero también criticó al Gobierno por usar de manera "demagógica" y "política" la situación de los detenidos.
"Condecorarlos por lo que ellos han ido a confesar que han robado y con violencia, por eso les han sentenciado y mucho más decir que son mártires. Lo han politizado a tal punto que el MAS, parece que como cortinas de humo quiere seguir manteniendo el tema", sostuvo.
Para el legislador no está totalmente claro las circunstancias en que se produjo los hechos aquel 19 de marzo. "O estaban cumpliendo su trabajo o estaban cometiendo un delito", sostuvo, al proponer que una vez que lleguen al país deberían ser sometidos a un sumario investigativo.
El diputado Lino Cárdenas (MAS) en respuesta a Barral le dijo que no tiene moral para cuestionar a los nueve detenidos, porque fue sancionado por "extorsionar" a uno de sus funcionarios. "Su voz y su palabra no es creíble", sostuvo.
Otra es la opinión del diputado Lino Cárdenas (MAS) quien cree que los nueve ciudadanos merecen "un reconocimiento" por el pueblo y Gobierno boliviano, porque fueron objeto de atropellos por el Gobierno y la Justicia chilena.
Reiteró que la sentencia de Chile es "política" una "venganza" porque Bolivia llevó a ese país al más alto tribunal de justicia de la Organización de Naciones Unidas, para que resuelva el diferendo marítimo.
Cárdenas dijo que las afirmaciones de los opositores es la "voz de un sector ultraconservador que no representa a toda la oposición. Aparte que han sido sancionados y torturados se pretenda seguir imponiendo castigos, no puede ser", afirmó.
El 19 de marzo, el Gobierno boliviano denunció el hecho como "secuestro" y que fueron "torturados" que no habían pasado la frontera y que fundamentalmente eran inocentes de los cargos, porque cumplían una labor de lucha contra el contrabando. Pero Chile además de acusarlos de los tres delitos, la presidenta Michel Bachelet los acusó de delincuentes porque querían robarse nueve camiones, una declaración que no fue sustentada ni demostrada.
La bancada de Unidad Demócrata presentó 77 impugnaciones de un total de 96 postulantes al Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. El 80 por ciento de los postulantes a estas instancias tiene afinidad política con el Movimiento al Socialismo (MAS), informó el senador de esa tienda política, Edwin Rodríguez.
“De los 96 postulantes que suman ambas instancias hemos impugnado a 77 de los candidatos porque están ligados al Movimiento al Socialismo. Ejercer un cargo público implica un aval político del oficialismo, por lo tanto estas autoridades no garantizarían imparcialidad en la administración de justicia”, indicó el legislador.
La Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa debe resolver las impugnaciones, hoy se publicará la lista de los habilitados a la fase de calificación de méritos, donde participarán los delegados del Sistema Universitario.
Rodríguez indicó que los 77 impugnados representan al 80 por ciento de candidatos, 37 de ellos están ligados al Órgano Ejecutivo, ministerios, gobernaciones. La misma cantidad son funcionarios públicos del Órgano Judicial. Los otros tres aspirantes cuestionados provienen de entidades territoriales autónomas a cargo del Movimiento al Socialismo (MAS).
Solamente el 20 por ciento de los candidatos inscritos para ambas instancias del Órgano Judicial son profesionales independientes, además que entre los postulantes habilitados no se hallaron personas que trabajen en gobiernos autónomos controlados por la oposición.
Con relación a estas observaciones, el vicepresidente Álvaro García afirmó que es normal que los abogados trabajen en la judicatura y sean funcionarios públicos. “¿Dónde quiere que trabajen, que sean ingenieros, que tengan una empresa privada?, cuestionó.
Para el segundo mandatario, los opositores tienen un “cerebro muy pequeño”, puesto que un abogado al recibirse de la Carrera de Derecho puede ejercer su profesión como juez o fiscal o en algún ámbito de la judicatura.
Rodríguez precisó que entre los postulantes más cuestionados está Pablo Valeriano, candidato al Tribunal Agroambiental, porque en el 2015 firmó un acta del Órgano Electoral en Tarija como delegado del MAS.
A la vez, señala a Jhonny Cordero, también postulante al Tribunal Agroambiental, quien fue exdirector del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) hasta marzo de 2017 y exviceministro de Tierras (2014-2016).
Jorge Barahona también fue impugnado, era exjefe jurídico del Fondo Indígena y exviceministro de Tierras, el cual fue nombrado por la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo, que al momento se encuentra con detención preventiva por el desfalcado al ex Fondioc.
También se mencionó a Jhonny Heredia, quien aspira al Consejo de la Magistratura, según la oposición se declaró militante del MAS en su cuenta de red social de Facebook.
Denuncia de UD Gobierno usó avión presidencial para trasladar a Rafael Correa a Tiquipaya
El Gobierno empleó el avión presidencial para trasladar al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, hacia Cochabamba, para que participe de La Conferencia Mundial de los Pueblos, que se realizó en la localidad de Tiquipaya, denunció ayer el senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo.
“Aquí está el reporte de la salida del vuelo para ir a recoger al expresidente de Ecuador Rafael Correa. ¿Cómo es posible que el presidente (Evo Morales) haga un mal uso de los bienes del Estado para recoger a su amigo?; que vengan con su dinero”, protestó el legislador.
Según el reporte militar de ese país, establece la autorización de aterrizaje de la aeronave FAB 047 al aeropuerto internacional de Mariscal Sucre de Quito, el itinerario de vuelo es Bolivia- Ecuador -Bolivia. Correa llegó la madrugada del pasado martes al Aeropuerto Internacional de Cochabamba, para posteriormente participar de la conferencia mundial de los pueblos.
Los gastos para la realización de esta cumbre, en la localidad de Tiquipaya, Cochabamba, el 20 y 21 del mes en curso, ascendieron a Bs 4.5 millones, en la que participaron diplomáticos de al menos 30 países, además de 1.500 representantes indígenas del país.
Según el legislador opositor, para trasladar a Correa desde su país a Bolivia y llevarlo de retorno al Ecuador se gastó al menos $us 80 mil. “Este hecho puede derivar en un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales”, expresó.
“No solamente se gastaron Bs 4.5 millones en la cumbre, la hora de vuelo de ese avión es de $us 5 mil, en cuatros horas de ida y cuatro de vuelta se gastaron $us 80 mil para ese viaje. Insistió en que “este es un uso indebido de bienes del Estado, lo cual puede llevar al Presidente a un juicio de responsabilidades”.
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, dijo desconocer este tema, pero que si creen que es oportuno y vulnera alguna norma, debe realizarse la denuncia respectiva a la entidad correspondiente y no ser cómplice de estas irregularidades.
“Pero si alguna persona considera que por el hecho de haberse actuado de esa manera se estaría violentando alguna normativa tiene todas las posibilidades de realizar las denuncias respectivas, más allá de salir en los medios o de hacer un escándalo, sino uno se hace cómplice”, precisó.
Murillo señaló que en UD esperarán a que la administración de la justicia en el país mejore para realizar la denuncia contra el presidente Evo Morales, por daño económico al Estado.
La conferencia concluyó con un decálogo, que debe ser difundido por los sectores que asistieron a este evento. Entre las resoluciones más importantes están: La eliminación de los centros de detención de migrantes, crear una defensoría de los pueblos por los derechos de las personas migrantes, demandar que los gastos que son destinados a la guerra y criminalización de migrantes sean utilizados para la implementación de programas de integración.
El evento contó con la participación de 4.000 representantes y activistas sociales de 43 países, de cuatro continentes, que demandaron una salida soberana al mar para Bolivia. Con su decálogo final busca consagrar “en plenitud los mismos derechos, para el vivir bien de la humanidad”.
Murillo reiteró que esta cumbre no traerá ningún beneficio al país, más bien fue un encuentro político partidario a un cuantioso gasto de recursos fiscales.
Tras la aprehensión del expresidente de YPFB, Guillermo Achá, por el caso taladros el senador opositor, Óscar Ortiz, afirmó este martes que tal situación es una prueba de la gravedad de los hechos de corrupción al interior de la empresa estatal.
"Esto ratifica la gravedad de este caso de corrupción y las denuncias que formulamos inicialmente de que los superiores de YPFB, en este caso el señor Achá, conocía lo que pasaban en este proceso de contratación. Por lo tanto deben ser procesados para que en la justicia se establezcan las responsabilidades y las sanciones correspondientes", manifestó Ortiz en conferencia de prensa.
La pasada jornada Achá llegó hasta la Fiscalía en La Paz para brindar declaraciones acerca de la licitación y adjudicación irregular de la empresa italiana Drillmec para la adquisición de tres taladros a favor de la estatal petrolera.
Luego de más de seis horas de declaración, el Ministerio Público decidió ordenar su aprehensión e imputarlo por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Esta jornada, la audiencia del acusado fue suspendido por una mala notificación al viceministerio de Trasparencia.
Para Ortiz, las cosas no deben quedar con la simple revisión de contratos hecha por la misma YPFB, sino profundizar el tema para encontrar mayores indicios de corrupción por este caso y muchos otros.
"Yo insisto en que el presidente Evo Morales le debe pedir al contralor del Estado que pueda disponer una auditoria especial a todos los contratos por montos mayores realizados durante la gestión Achá", dijo.
El senador lamentó que este pedido no sea escuchado hasta el momento y por ello informó que solicitó que se le envíen las copias de los contratos que superen el millón de dólares en la gestión del expresidente de YPFB, esto para someter dichos documentos a un escrutinio desarrollado por un equipo jurídico y auditor particular.
"Hoy los jueces y fiscales tiene la responsabilidad de saber diferenciar cuales son responsables, cual es el grado de responsabilidad y en función a eso aplicar las sanciones correspondientes", añadió.
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, participó el domingo de la celebración de los 77 años de fundación de Puerto Quijarro y aprovechó la ocasión para inaugurar la pavimentación de la avenida Virgen de Cotoca, obra forma parte del proyecto Construcción de pavimento rígido en barrios de Puerto Quijarro y Arroyo Concepción.
Este proyecto contempla la pavimentación de 21 cuadras con una inversión total de Bs 7.082.081, recursos que provienen de las regalías departamentales.
Costas dijo que, pese a la crisis económica, la Gobernación de Santa Cruz estirará los recursos para que se pueda seguir haciendo obras y cumplir con la población porteña.
Ibar Antelo, alcalde municipal agradeció a la Gobernación por las más de 150 cuadradas pavimentadas.
El gobernador también entregó tres Resoluciones de Autorización de Transporte de Operadores Interprovinciales, que darán seguridad jurídica a las asociaciones Pantanal, Perla Chiquitana y Mixto 2 de Mayo Concepción.
"YPFB ya no necesita parche, YPFB necesita una cirugía mayor, y eso se llama institucionalización, ya no queremos más presidentes interinos, queremos un nuevo presidente de YPFB, elegido de acuerdo con la Constitución, por ternas de la Asamblea Legislativa y nombrado por el Presidente de forma definitiva", manifestó el senador Óscar Ortiz.
Ortiz fue el primero en dar a conocer una posible manipulación de los precios referenciales y de la oferta de tres taladros hecha por la firma italiana Drillmec, durante los dos procesos de licitación que se realizaron.
En su denuncia, Ortiz pide investigar presuntos favorecimientos a la empresa Drillmec, a los responsables de la firma del contrato irregular y a la supuesta manipulación injustificada de los precios.
La denuncia, luego de que fue formalizada ante el Ministerio Público por el ministro de Justicia, Héctor Arce, desencadenó en la designación de un nuevo presidente interino en YPFB y la separación del cargo de Guillermo Achá, citado por varios de los coimputados en el caso de la irregular compra de las perforadoras.
El legislador dijo que espera que el nuevo presidente interino dure 90 días en el cargo, como dice la ley, y que "posteriormente se nombre un presidente elegido de acuerdo a la Constitución Política del Estado, de forma definitiva y ya no más interinos".
Ortiz también demandó la institucionalización por méritos profesionales de todas las direcciones, gerencias, vicepresidencias y cargos técnicos de YPFB.
Demandó al presidente Evo Morales "no quedarse corto" y de una vez "ir a la raíz de las cosas" con una auditoría por la Contraloría General del Estado "a todos los procesos de contratación, por montos mayores, desarrollados durante la gestión del señor Guillermo Achá".
El asambleísta departamental de Sol.bo, Edwin "cacho" Herrera, por medio de su cuenta de Twitter, manifestó que el nuevo presidente de YPFB no extirpará la "corrupción, ineficiencia e improvisación" en la estatal petrolera.
El diputado de Unidad Demócrata, Tomás Monasterio, pidió iniciar un proceso penal a Guillermo Achá y a todos los implicados en el caso de la adquisición de los tres taladros, porque la sola sustitución de la presidencia de YPFB "no basta".
El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, lamentó el manejo administrativo de la estatal petrolera, que desde ayer cuenta con un nuevo presidente interino. (ANF)
Asambleísta Bravo interpone denuncia por acoso político
Claudia Bravo, asambleísta departamental por Unidad Demócrata en el departamento de La Paz, formalizó una denuncia en contra del asambleísta del Movimiento al Socialismo (MAS) Gustavo Torrico, por violencia y acoso político.
En ese marco, Bravo se apersonó ante la Fiscalía Departamental para presentar la denuncia formal que incluye videos como pruebas de la agresión y esperará 48 horas para averiguar a qué fiscal pasó la denuncia. Ella espera que el Ministerio Publico inicie una investigación, se llamará a testigo y en última instancia el caso llegará ante un juez; que determinará la sanción en contra del agresor.
“Estoy esperando ante el Ministerio Público que se llegue a una sanción porque la Ley 348 nos protege como mujeres para poder ejercer nuestro derecho libre de violencia —agregó— mi persona es constantemente agredida, amedrentada por la bancada del MAS y no podemos permitir que habiendo una ley, existan autoridades, que no sólo insulten sino que además se jacten de ello”, dijo.
En pasados días, el asambleísta Gustavo Torrico señaló a la red ATB que no daría ninguna disculpa, debido a que esos calificativos se habrían presentado ante un griterío que armó la propia señora Bravo, “pueden ver todo el video de la sesión (…) no tengo nada que ocultar (…)”, señaló al momento de manifestar que presentaría ningún descargo al respecto.
Labels: Asambleistas, La Paz
Ley transitoria para judiciales Oposición anuncia recurso de inconstitucionalidad
El partido Unidad Demócrata (UD) presentará ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso de inconstitucionalidad a la ley transitoria que reduce la participación de mujeres e indígenas en el proceso de selección de postulantes al Órgano Judicial, informó ayer el jefe de bancada de esa tienda política, Wilson Santamaría.
“Estamos esperando a que presenten el proyecto para conocer la fundamentación que tiene, está claro que el principio de irretroactividad y el de igualdad jurídica no pueden ser pisoteados, el Tribunal Constitucional Plurinacional será nuestra próxima parada, presentaremos una acción de inconstitucionalidad”, indicó Santamaría.
La bancada de oposición insiste en que el proceso debe ser anulado por los vicios e irregularidades que se produjeron. La Asamblea Legislativa debe emitir una nueva convocatoria, en la que se cumpla con los requisitos mínimos para garantizar que se elegirán a los mejores profesionales para la administración de justicia.
Los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores anunciaron el martes la aprobación de una ley transitoria que flexibiliza el criterio de género y plurinacionalidad en el proceso de preselección de autoridades al Órgano Judicial. Con esto, se pretende reducir la participación de estos sectores, lo cual está establecido en la Ley Nº 025 del Órgano Judicial.
Sobre este tema, la presidenta de la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo, Susana Rivero, manifestó que la meritocracia y la idoneidad de los postulantes son innegociables, por lo tanto no serán sacrificados por una formalidad en el cumplimiento del cupo de género y plurinacionalidad.
“Se ha garantizado que hombres y mujeres se presenten, pero en esta etapa tienen que llegar los mejores, no por una formalidad de cumplimiento de un cupo se va a sacrificar lo que la gente necesita: las mejores autoridades para impartir justicia”, resaltó la diputada.
Por su parte, la diputada de Unidad Demócrata Jeanine Añez manifestó que reducir la participación de la mujer en este proceso es retroceder en los avances que se dio por la equidad de género. Aseguró que no permitirán que esta norma restrinja la participación de la mujer en estos nombramientos.
“No pueden dejar de lado nuestra lucha de más de 20 años para obtener el 50 por ciento de participación. Nos llenamos la boca del avance que tuvimos en el país, este es un tema de principios, de responsabilidad, no puede ser que por culpa del mal reglamento del MAS se quiera forzar el proceso”, añadió.
El diputado del Movimiento al Socialismo David Ramos indicó que la próxima semana se reunirá el pleno de la Asamblea para aprobar esta norma; sin embargo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, indicó anteriormente que esta norma será aprobada en la plenaria de cada cámara del Legislativo, por separado, y se modificará el reglamento en la plenaria del legislativo.
La ley transitoria que plantea el Legislativo pretende modificar el artículo 34 de la Ley 025, del Órgano Judicial, donde se establece que “la Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionará hasta seis postulantes para cada departamento, en dos listas separadas de mujeres y hombres. La Asamblea Legislativa Plurinacional garantizará que el 50 por ciento de las personas preseleccionadas sean mujeres”.
Según oposición Despilfarro de millones en reuniones estériles
El senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, y el secretario ejecutivo del municipio de Cochabamba, Alex Contreras, cuestionaron, por separado, el destino de millonarias cifras de recursos públicos para la realización de cumbres en el país, mientras otros problemas, como el tema de la salud, continúan sin resolverse.
“Ya hemos tenido varias cumbres, como el de la comunicación de indígenas, el del cambio climático o el encuentro antiimperialista, entre otros, ahora tendremos otra cumbre, con el destino de 4,5 millones de bolivianos, cuando con ese dinero podríamos salvar vidas de niños que no tienen medicamentos en los hospitales y podríamos generar ítems de salud”, lamentó Murillo.
Según el Decreto Supremo 3190, que fue publicada en la Gaceta Oficial, el Gobierno destinará Bs 4,5 millones para la organización de la Conferencia Mundial de los Pueblos titulada: “Por un mundo sin muros hacia la ciudadanía universal”.
Sobre la designación de estos recursos, el legislador criticó enfáticamente el despilfarró de los mismos, sin tomar en cuenta que hace falta insumos médicos en diferentes nosocomios del país, tal es el caso del Materno Infantil, donde se denunció la escasez de al menos 12 medicamentos oncológicos.
Esta falta de insumos ocasionó la suspensión de las sesiones de quimioterapia que reciben los enfermos con cáncer.
“Preocupémonos por los bolivianos, cómo es posible que agilicemos un decreto para gastar millones, con el fin de hablar mal de los ‘gringos’ y no nos preocupemos de la salud de nuestra población”, expresó el senador.
De manera paralela, se denunció que la escasez de 12 medicamentos oncológicos en las farmacias del Materno Infantil de La Paz provocó que se suspendan las sesiones de quimioterapia que reciben los pacientes con cáncer. Asimismo, la pasada semana se interrumpieron varias cirugías por falta de anestesia y otros fármacos.
Por tanto, “esto realmente es condenable. A los bolivianos no nos interesa el hecho de que los amigos del MAS (Movimiento al Socialismo) vayan a farrear y hacer fiesta en esa cumbre, preocupémonos por los bolivianos, cómo es posible que agilicemos un decreto para gastar millones, con el fin de hablar mal de los gringos y no nos preocupemos de la salud de nuestra población”, aseveró Murillo.
En tanto, el secretario ejecutivo del municipio de Cochabamba, Alex Contreras, agregó que en el país no sólo se gasta dinero en cumbres, sino también se “derrocha” recursos en obras que los bolivianos no necesitan con prioridad.
“Creo que en las políticas que impuso el Gobierno no se priorizaron las necesidades básicas de la población, creo que antes de construir edificios, antes de tener alfombras mágicas, satélites e incluso antes de realizar cumbres, deberían ver las necesidades básicas que tiene la mayoría de los bolivianos. Se realizan cumbres y se gastan aproximadamente 4,5 millones de bolivianos cuando hay personas en los centros médicos que hacen filas, que necesitan quimioterapia”, apuntó Contreras.
Según el Decreto 3190, “se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), transferir un monto de hasta Bs 4.451.848, que será destinado exclusivamente para la organización, celebración y cierre del evento”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores manejará Bs 2,8 millones; el Ministerio de la Presidencia Bs 312.360; el Ministerio de Gobierno Bs 334.488; el Ministerio de Defensa Bs 47.280; el Ministerio de Salud Bs 42.590; el Ministerio de Medio Ambiente Bs 109.750 y el Ministerio de Turismo y Culturas 805.380.
La diputada de Unidad Demócrata (UD), Fernanda San Martín, acusó al defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, y a la Policía Boliviana de ser cómplices de los “loteadores”.
Estamos “sitiados por el paro masista. Defensor del Pueblo y la policía cómplices para mantener privilegios de los loteadores”, dijo la legisladora a través de su cuenta en Twitter.
Esta expresión surge mientras la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), afín al Gobierno nacional, realizó entre el lunes y martes el anunciado bloqueo de 48 horas en contra de la Ley 233 de Fiscalización Técnica Territorial, que regula las construcciones.
El bloqueo que afectó en especial a las zonas y barrios alejados del centro paceño mantuvo algunas vías inaccesibles a las movilidades del transporte público, ambulancias y autos particulares.
En contraste con los enfrentamientos y violencia con que los policías desbloquearon a los manifestantes en la localidad de Camiri (Santa Cruz) en la ciudad de La Paz, los encargados del orden y seguridad ciudadana resguardaron a los bloqueadores.
Este hecho fue corroborado por las autoridades de Gobierno. la ministra de Comunicación, Gisela Lopez, afirmó que en Bolivia la protesta está garantizada porque estamos en un Estado de derecho.
“Recordemos que en el país vivimos en un estado de derecho en el que la protesta está garantizada”, dijo la autoridad.
Por su parte, el concejal Fabián Siñani calificó a la nueva medida de presión, impulsada por la Fejuve de Jesús Vera, de arbitraria, abusiva y política partidaria.
Condenan el destino de millonarios recursos para cumbres, mientras faltan medicamentos
"Preocupémonos por los bolivianos, cómo es posible que agilicemos un decreto para gastar millones con el fin de hablar mal de los gringos y no nos preocupemos de la salud de nuestra población", aseveró Murillo.
Ayer ANF informó que el Gobierno destinará 4,5 millones de bolivianos para la organización de la Conferencia Mundial de los Pueblos “por un mundo sin muros hacia la ciudadanía universal”, después de conocer que se emitió el Decreto Supremo 3190 para ese cometido.
De manera paralela se denunció que la escasez de 12 medicamentos oncológicos en las farmacias del Materno Infantil de La Paz provocó que se suspendan las sesiones de quimioterapia que reciben los pacientes con cáncer. Asimismo la pasada semana se interrumpieron varias cirugías por falta de anestesia y otros fármacos.
Por tanto “esto realmente es condenable. A los bolivianos no nos interesa el hecho de que los amigos del MAS (Movimiento Al Socialismo) vayan a farrear y hacer fiesta en esa cumbre, preocupémonos por los bolivianos, cómo es posible que agilicemos un decreto para gastar millones con el fin de hablar mal de los gringos y no nos preocupemos de la salud de nuestra población”, aseveró Murillo.
La oposición critica que el Gobierno del presidente Evo Morales invierta 4,5 millones de bolivianos para la Conferencia Mundial de los Pueblos "Por un mundo sin muros hacia la ciudadanía universal", contra las políticas de Donald Trump.
"Tenemos la cumbre anti Trump, la cumbre contra del presidente de Estados Unidos, donde nos vamos a gastar 4,5 millones de bolivianos, con eso podríamos salvar a niños que están en hospitales", señaló el senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo.
Según un decreto supremo, "se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación-TGN, transferir un monto de hasta 4.451.848 de bolivianos, destinados exclusivamente para la organización, celebración y cierre del evento"
"Cuanto dinero vamos a seguir gastando para que el presidente Evo Morales, el MAS, sus huestes y sus amigos que vienen de otros países, estén haciendo turismo de alto nivel (...) En qué nos beneficia la cumbre anti Trump, ¿acaso somos vecinos de los gringos? ", increpó el opositor.
Observó que la disposición autorice "efectuar la contratación directa de bienes y servicios generales, destinados exclusivamente para la organización, celebración y cierre del evento".
"Este es un carnaval, como el de Yacimientos, todo mediante contrataciones directas, sin licitación, para darles negocio a sus amigos y para que sus amigos pasen una fiesta", concluyó Murillo, anticipando que hará varias solicitudes de informe sobre los gastos.
Por ausencia de mujeres e indígenas UD pide que se declare desierta convocatoria de preselección
a alianza opositora Unidad Demócrata (UD) pidió que se declare desierta la convocatoria de preselección de candidatos al Órgano Judicial en cumplimiento del Reglamento porque no existen aspirantes indígenas en tres departamentos y en otros dos la presencia de la mujer es mínima.
El senador Edwin Rodríguez precisó que en los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Pando no existen aspirantes al Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia que se autoidentifiquen como indígenas.
“El último reporte del Senado establece que en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no existen postulantes en representación de los pueblos indígenas en los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Pando, por tanto, esta convocatoria debe declararse desierta porque no se cumple con lo establecido en el reglamento de preselección”, precisó Rodríguez.
El artículo 25 del Reglamento de Preselección de Candidatos establece que las postulaciones en las cuatro instancias del Órgano Judicial debe contar con el 50 por ciento de participación de mujeres, además una persona de origen indígena originario campesino.
Ahora bien, el artículo 22 del mismo reglamento indica que en caso que no se cumpla con lo establecido en la enumeración mencionada la convocatoria se debe declarar desierta y emitir una nueva convocatoria.
Evidenciando que no existen postulaciones mujeres y representes indígenas en algunas instancias del Órgano Judicial la declaratoria de desierta es necesaria.
Según el reglamento, en el caso de declararse desierta la convocatoria en esas instancias la Asamblea Legislativa debe convocar a una nueva y mientras tanto el proceso de preselección en las instancias que no fueron observadas debe continuar.
Otra de las instancias que no cuenta con representantes indígenas es el Tribunal Supremo de Justicia, por la jurisdicción de Cochabamba, donde no se registró ni un solo candidato con esa identificación.
Revisando las listas de los inscritos se pudo constatar que no se cuenta con los postulantes de representación indígena por el Tribunal Constitucional Plurinacional en Tarija Pando y Chuquisaca, además de los postulantes en presentación de los indígenas para el Tribunal Supremo de Justicia por el departamento de Cochabamba.
Por otra parte, otra de las observaciones que se realizó a las postulaciones es la falta de candidatas mujeres para el Tribunal Supremo de Justicia por el departamento de La Paz, donde solo se registraron tres, Elena Huanca Choque identificada como indígena originaria, Magdalena Teodora Alanoca Condori y Ninfa Cutily Quelca, las dos primeras fueron inhabilitadas.
“Según los reportes oficiales, para el Tribunal Constitucional Plurinacional en el departamento de La Paz solo existen tres representantes mujeres, de las cuales dos fueron inhabilitadas y no se cuenta con el 50 por ciento de la participación de este sector”, indicó la senadora de Unidad Demócrata, Jeanine Añez.
Por otra parte, en el caso del departamento de Pando la única postulante mujer, para el Tribunal Constitucional Plurinacional, era la exsenadora del Movimiento al Socialismo, Mirtha Da Costa Ferreira, quien pidió el cambio de su postulación para el Tribunal Supremo de Justicia, la cual fue aceptada.
“Ahora bien, con la evidencia de todos estos antecedentes, estamos exigiendo al partido en Gobierno que lleve a cabo un proceso transparente, para cambiar el poder judicial y que los mejores estén en los cargos”, expresó la legisladora.
Después de la fase de inscripción de los aspirantes al Órgano Judicial con 492 inscritos, comienza la fase de verificación de requisitos con la revisión de la documentación y, al mismo tiempo, la oposición anuncia una campaña por el voto nulo y la impugnación de más de 250 postulantes.
Desde ayer, las comisiones de Constitución y de justicia trabajan por tiempo y materia en la apertura de los sobres de los aspirantes para verificar los requisitos de los postulantes.
Esta fase tendrá el plazo de seis días, el séptimo día se publicará la lista de los habilitados para la fase del examen escrito.
A la vez, se tendrá un plazo de cinco días para que las organizaciones sociales, personas y otras instancias puedan impugnar las postulaciones.
En ese punto, parlamentarios de Unidad Demócrata adelantaron que están elaborando una lista que hasta el momento cuenta con alrededor de 250 aspirantes a ser candidatos mismos que serán impugnados, es decir, que objetará su participación por tratarse de exfuncionarios o funcionarios públicos, afines al Movimiento al Socialismo.
En ese marco, el diputado suspendido de UD, Rafael Quispe, comenzó desde el viernes su particular campaña por el voto nulo para demostrar el rechazo de la población a la estrategia del MAS por la toma del poder.
Quispe portó un cartel en el que se ve a Morales de la mano de la justicia, representada en una mujer con rasgos sexualizados.
“Debemos decirle no a esta comedia barata y no al juego sucio del gobierno de Evo Morales”, dijo el legislador.
Dentro de los inscritos figuran algunos nombres que dan razón a las susceptibilidades de la oposición como la exsenadora oficialista Mirtha da Costa o el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, quien se declaró este año “admirador del liderazgo de Evo Morales” y que ahora postula al Tribunal Constitucional.
En este proceso de evaluación que ya comenzó ayer por tiempo y materia, se prevé la participación de dos representantes del Consejo Universitario, luego de la salida de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) que observó la presencia de algunos exfuncionarios estatales que se encargarán de revisar los documentos de los inscritos.
En tanto, el oficialismo argumentó que el proceso fue legal y público, registrado por un notario, ante las distintas observaciones por ejemplo, por la admisión de sobres pasadas las 19.00 horas del viernes que era el tiempo límite de la convocatoria ampliada.
La diputada Susana Rivero señaló, a través de sus cuentas de redes sociales, que el proceso logró superar y “alejar el pesimismo de la oposición”, que creía que no iba a existir convocatoria para los profesionales en derecho.
Sin embargo, desde la oposición se considera el proceso como una estrategia política del oficialismo para “volver a someter a la justicia” y sobre todo, ir al plan mayor que es la habilitación por interpretación constitucional del mandatario Evo Morales a las elecciones de 2019.
El gobernador Rubén Costas enfrenta un nuevo juicio, esta vez por la compra supuestamente irregular de ocho camionetas para ser usadas en la emergencia sanitaria de 2009 cuando la epidemia del dengue azotó Santa Cruz.
Al terminar la audiencia cautelar, donde la jueza Albania Caballero otorgó medidas sustitutivas, como el depósito de una fianza de Bs 5.000 y la presentación ante el Ministerio Público una vez al mes, Costas dijo que este proceso es más de lo mismo, dando a entender que el partido oficialista, el Movimiento Al Socialismo busca inhabilitarlo y matarlo políticamente, pensando en los comicios de 2019, donde el Movimiento Demócratas es firme candidato al triunfo.
“Con estos juicios buscan ponerme nervioso, o alterarme, es una guerra sicológica; pero en todo momento solo actué para atender la emergencia, para prevenir a mi pueblo del dengue”, manifestó el gobernador.
Pero Costas no está solo en este juicio, en la misma audiencia cautelar la jueza Caballero decidió imponer fianza de Bs 5.000 al secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera, que, como los nueve procesados debe presentarse una vez al mes ante la Fiscalía.
Aguilera es el único arraigado, aunque pidió que la medida sea diferida luego del 3 de julio, cuando regrese de un viaje. Los demás procesados deben pagar fianza de Bs 3.000 y son José Luis Parada, Lilian Roig, Francisco Cirbián, Rubén Ardaya, Cintia Barrero, Délmar Méndez y Juan Carlos Ibáñez.
Ejecutivo deberá explicar sobre presencia militar boliviano en Venezuela
La periodista Dalia Gutiérrez denunció, a través de las redes sociales, una presunta acción de un “mercenario boliviano” que participó de las protestas agresivas de Venezuela, hace meses.
Al respecto, el diputado de Unidad Demócrata (UD) Amilcar Barral exigió al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, una explicación sobre la presencia del militar boliviano en suelo venezolano.
“Lo que nosotros queremos saber es qué están haciendo militares bolivianos en los días de conflicto en Venezuela. Dios no quiera que nuestro Ejército esté metido en casos de genocidio de más de 50 personas, que hasta ahora se ha estado viendo en la república de Venezuela ”, declaró Barral.
En la publicación de Gutiérrez (periodista venezolana), se evidencian documentos del militar boliviano como el credencial del Ejército de Bolivia, credencial de abogado del Ministerio de Justicia, licencia de conducir y tarjeta de crédito.
“¿Mercenario boliviano? este hombre vestido de PNB, de nombre Edmundo Sánchez Zurita, ‘dejó’ sus papeles en Chacao en la protesta”, cuestiona Gutiérrez.
Lo que llamó la atención al diputado Barral fue evidenciar en las fotografías difundidas por Gutiérrez una credencial otorgada por el Gobierno venezolano al militar boliviano. “No entendemos los motivos”, aseveró.
De ese modo, solicitó al ministro Ferreira un informe explicativo sobre los motivos por los cuales fue enviado el boliviano hasta suelo venezolano.
Señaló que si bien, anteriormente el presidente Evo Morales expresó su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro, este no se lo debe hacer con militares bolivianos.
GOBIERNO CONFIRMA
El ministro de Defensa, en conferencia de prensa brindada en Santa Cruz, confirmó la presencia del militar boliviano en Venezuela; sin embargo, aseguró que no participó de las represiones violentas.
“Hemos invitado a esta conferencia de prensa para desmentir algunas afirmaciones que faltan a la verdad, pero absolutamente, respecto a la posible participación de un efectivo militar boliviano en una represión, en una acción de represión en la ciudad de Caracas”, dijo Ferreira.
Según publicación de ANF, Ferreira aclaró que el militar es un diplomático acreditado y sufrió un robo de sus documentos el pasado 3 de junio, habiendo denunciado el hecho dos días después. Agregó que los presuntos actos de represión recién se registraron el 6 de junio.
“Ahora ¿cómo aparece en esa marcha (su documentación)? De acuerdo con lo que telefónicamente nos informó, al parecer la policía que tomó conocimiento (del robo) había detenido o tendría ya un policía se le habría caído (al suelo) esta documentación (personal) ”, explicó Ferreira.
El ministro lamentó que con estas informaciones se pretenda implicar a militares bolivianos en actos de violencia en Venezuela y se quiera hacer ver que el Gobierno boliviano estaría interviniendo en asuntos internos de otros países.
Medidas sustitutivas para Costas en caso camionetas
El gobernador Rubén Costas recibió medidas sustitutivas en el caso de la compra de 8 camionetas que fueron adquiridas para encarar la emergencia departamental por el dengue, en 2008.
La jueza Albania Caballero ordenó una fianza de 5.000 bolivianos y presentarse una vez al mes ante la Fiscalía; cabe destacar que la autoridad departamental no fue arraigada.
Mientras que para Roly Aguilera, que también formaba parte del proceso, se le dieron las mismas medidas que a Rubén Costas, salvo que al secretario de la Gobernación, sí se le dio arraigo.
Los demandantes en este caso fueron la Contraloría departamental y el representante de la Procuraduría General del Estado que acusan a los imputados por resoluciones contrarias a las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros.
Ortiz acusa al Gobierno de no implicar a altas autoridades
El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, cree que entre las autoridades del Gobierno se repite un mismo patrón de conducta en las presuntas irregularidades que se comenten en sus fuentes laborales, que busca implicar solo a mandos medios.
El Asambleísta declaró de esta manera, en referencia al caso que el Ministerio Público investiga, sobre posibles irregularidades en la licitación y adquisición de tres taladros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a la empresa italiana Drillmec Spa.
“Me preocupa que no se esté incluyendo al conjunto de la cadena de autoridad administrativa que existe en YPFB y que nuevamente se busque repetir ese patrón de conducta donde se busca concentrar toda responsabilidad en algunas personas, detenerlas para que no hagan declaraciones a los medios ni digan su verdad. Y mientras tanto, le siguen dando tiempo, esperando que las cosas se diluyan para que las personas de más alto rango, se puedan librar del proceso correspondiente”, manifestó Ortiz.
De igual manera, detectó que lo que se está haciendo es deja solo dos delitos como incumplimiento de deberes y uso indebido de influencia y sacar del proceso los presuntos delitos de firma de contratos lesivos al estado y conducta antieconómica.
“Hemos sido testigos del caso Zapata cuando hicieron un show con los delitos y sacaron del proceso los delitos que podrían involucrar a otras personas. Con esta acción, pasará que el presunto sobreprecio que en mi forma de ver es evidente, estaría siendo dejado de lado, cuando es el principal problema por el que se hizo la denuncia porque se iban a pagar casi $us 30 millones más a la empresa más cara (Drillmec) que se adjudicó la adquisición”, mencionó el cruceño.
Ortiz cree el presidente de YPFB, Guillermo Achá debe ser incluido en las investigaciones porque ser la autoridad que definió el aumento del precio de los taladros entre la primera y segunda licitación (2015-2016). La Comisión de Fiscales aún no ha definido citarlo.
Mientras tanto, cinco funcionarios de bajo nivel de la petrolera estatal ya se encuentran guardando detención preventiva en las cárceles de Palmasola en Santa Cruz y San Pedro en La Paz.
Elección judicial Diputado Rafael Quispe anuncia campaña por voto nulo o blanco
Mientras el diputado, Rafael Quispe (UD), anunció que realizará campaña por el voto nulo o blanco en las elecciones judiciales; su colega Fernanda San Martín dijo que es prematuro anunciar un plan y que su primera labor será fiscalizar el proceso de preselección de candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional.
“Hermanas y hermanos bolivianos hemos creado cuenta de Facebook y Twitter para coordinar acciones de campaña para decir No a la elección de magistrados el 22 de octubre”, escribió el diputado Quispe en su cuenta de Facebook.
“Vamos por el voto nulo o blanco en las elecciones judiciales”, añadió el legislador de Unidad Demócrata (UD) y que ha cuestionado el proceso que ha iniciado el Movimiento al Socialismo para la preselección de candidatos a las elecciones judiciales.
"Santa Cruz se integra al mundo; sabemos que este convenio es el inicio de un gran acuerdo de trabajo en beneficio de ambas regiones", dijo el gobernador Rubén Costas ayer desde Rusia, donde participa del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Allí, firmó un convenio para la cooperación en ciencias y educación superior, cultura, deporte, turismo, tecnología de información y comunicación, farmacéutica y biotecnología, transporte y seguridad urbana.
UD pedirá informe a canciller por designaciones diplomáticas
El diputado de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, denunció que funcionarios de Gobierno que aún permanecen en sus cargos y son militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) son designados como representantes diplomáticos en el exterior, por tal motivo anunció que pedirá un informe oral al canciller Fernando Huanacuni, por presunta vulneración a la Ley Nº 465 de Servicio de Relaciones Exteriores del Estado boliviano.
“Se ha pisoteado el servicio exterior para privilegiar a sus funcionarios de partido, como en el pasado iban al exilio dorado para premiar a quienes tienen que escapar como el exministro Juan Ramón Quintana y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Gonzalo Durán”, afirmó el diputado Wilson Santamaría.
Según el informe de las 33 embajadas 25 están ocupadas por exministros y exfuncionarios de gobierno. De un total de 37 consulados, 24 están copados por exfuncionarios y excandidatos que perdieron en elecciones.
Santamaría demostró con documentación en mano la designación de exministros, técnicos del Fondo Indígena, dirigentes, diputados, concejales en cargos del servicio exterior, como en el caso de las 33 embajadas que tiene Bolivia, de las cuales 25 están ocupadas por esas personas.
Según la Ley Nº 465 de Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 41, establece que para ser designado como autoridad diplomática debe cumplir ciertos requisitos, entre ellos:
“Vencer satisfactoriamente el concurso de méritos y/o examen de competencia cuando corresponda. Para el ingreso a un rango diplomático se deberá acreditar la conclusión del Curso de Capacitación de la Academia Diplomática Plurinacional o su equivalente, o haber recibido invitación expresa del Ministro de Relaciones Exteriores por su condición profesional, experticia o técnica de reconocida trayectoria o compromiso social”.
En las últimas semanas, el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, fue posesionado como embajador de Bolivia en Cuba, ante esto se generaron críticas por parte de la oposición que calificó el nombramiento como “un premio a sus actos de corrupción en los que estaba implicado”.
Por otra parte el excomandante de las Fuerzas Armadas Gonzalo Durán Flores fue designado como embajador extraordinario plenipotenciario ante la Republica de Francia, sin embargo, este no obtuvo el pleno respaldo del Senado para ocupar este cargo, por lo que se realizó una segunda votación.
Ante estas irregularidades, el opositor manifestó que se convocará al ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni, para que presente un informe oral sobre estas designaciones de diplomáticos.
“Vamos a convocar al Canciller del Estado para que venga a dar una explicación sobre las designaciones diplomáticas de gente vinculada al Movimiento al Socialismo”, indicó.

References: artículo 25
 artículo 25
 artículo 34
 artículo 25
 artículo 22
 artículo 41