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Timestamp: 2014-07-25 00:38:32+00:00

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Fallo del día: efectos de la oposición del Ministerio Público al otorgamiento de la probation | Thomson Reuters Latam
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Publicado el 14 junio, 2012 por Thomson Reuters	PROBATION
Efectos de la oposición del Ministerio Público a la suspensión del proceso a prueba.
Hechos: El Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la decisión de aquella que suspendió el proceso a prueba a favor de 3 imputados, pese a la oposición de la fiscalía. El Tribunal Superior revocó la sentencia impugnada.
1. La razón por la cual la suspensión del juicio a prueba está sometida a resolución del juez no es para controlar la decisión del fiscal de impulsar o no la acción —lo que es de incumbencia privativa del Ministerio Publico Fiscal—, sino para asegurar que un acuerdo que genera cargas para el procesado e impedimento de impulsar la acción para el fiscal sea celebrado cuando se den ciertas condiciones cuya concurrencia la ley hace examinar al juez. (Del voto del Doctor Lozano según su voto en “Benavidez, Carlos Maximiliano” —08/09/2010; LLO— a la cual remite).
2. La inclusión de la palabra “fundamentada” en la letra del art. 205 del Cód. Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, en relación al consentimiento del fiscal para el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, no significa la voluntad de conferir al juez una potestad de control sobre el fiscal que se aparte del reparto propio del esquema acusatorio, sino que opera como sinónimo de “asentada” o “basada”, considerando que de poco sirve exigir fundamentos a dicha oposición, si aún frente a su ausencia, el juez no podría tomar en su poder el ejercicio de la acción. (Del voto del Doctor Lozano según su voto en “Benavidez, Carlos Maximiliano” —08/09/2010; LLO— a la cual remite).
3. La sentencia por la cual se suspendió el juicio a prueba pese a la oposición del representante del Ministerio Público Fiscal debe ser dejada sin efecto, en tanto los jueces han reemplazado con su propio criterio el juicio de oportunidad del Ministerio Publico Fiscal sobre la conveniencia político-criminal de llevar adelante el proceso, haciendo suyo el ámbito de discreción atribuido al titular del ejercicio de la acción penal y avasallando su autonomía funcional y las reglas básicas del debido proceso. (Del voto del Doctor Casás según su voto en “Benavidez, Carlos Maximiliano” —08/09/2010; LLO— a la cual remite). [1]
4. Cualquiera que sea el acierto o desacierto de la hipótesis de investigación seguida por el Ministerio Público Fiscal o de las estrategias probatorias que no pudo desplegar como consecuencia de la suspensión del juicio a prueba resuelta contra su expresa voluntad, esos motivos constituyen un obstáculo serio, razonado y suficiente para no otorgar el beneficio, toda vez que importan una valoración procesal global de los imputados y de las características del delito que se les atribuye, a partir de un minucioso estudio del caso, que, aun en el supuesto de que finalmente resulte incorrecto o exagerado, deberá ser validado o no por los jueces de la causa a la hora de dictar la sentencia que se expida sobre su mérito. (Del voto de la Doctora Conde).
5. Es equiparable a definitiva, a los fines del recurso de inconstitucionalidad, la sentencia por la cual se suspendió el juicio a prueba pese a la oposición del representante del Ministerio Público Fiscal, pues, el Ministerio Publico ha puesto de manifiesto tener un “razonable interés” en que el proceso continúe y se sustancie el juicio. (Del voto de la Doctora Conde).
6. No procede el recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia que, pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal, suspendió el proceso a prueba respecto de los imputados, pues, cotejando los argumentos esgrimidos por la Cámara con los expresados por el recurrente, no se advierten contradicciones constitucionales, sobre todo cuando se le reconoció a los imputados de la causa penal el beneficio con sólidos argumentos tanto en primera como en segunda instancia, sin que se demuestre que lo decidido le produciría al recurrente un daño que merezca reparación inmediata. (Del voto en disidencia de la Doctora Ruiz).
#NroFallo# — TS Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2012/02/15. – Rodrigo, Cristian y otros s/infr. art. 3 de la ley 23592 s/recurso de inconstitucionalidad concedido.
[Cita on line: AR/JUR/1547/2012]
[1] Tribunal Superior de la Provincia: El Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en “Benítez, Sergio David”, 23/05/2007, —LLO— sostuvo que la suspensión del juicio a prueba queda sometida al consentimiento del fiscal, al ser dicha facultad de naturaleza no jurisdiccional, por lo que no incumbe al juez suplir la voluntad del órgano competente. (Del voto del doctor Lozano)
[2] Tribunal Superior de la Provincia: El Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en “Alegre de Alvarenga, Ramona”, 22/06/2009, —LLCABA 2009 (agosto), 425— sostuvo que debe rechazarse la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, interpuesta por el Fiscal de Cámara contra la sentencia que hizo lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba del imputado, pues, el quejoso no logró conmover los fundamentos de la decisión denegatoria ni dio razones que permitan comprender por qué el caso le produciría un daño que merezca reparación inmediata. (Del voto de la Dra. Ruiz)
Buenos Aires, febrero 15 de 2012
Resulta: 1. El titular de la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1 interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la decisión de la Sala II, que al resolver el recurso de apelación intentado por el Ministerio Público Fiscal, confirmó la resolución de la jueza de grado de suspender el proceso a prueba a favor de Luis Fernando Pereira, Javier Roberto Artaza y Hernán Carlos Carrol —pese a, en lo que aquí importa, la oposición de la fiscalía—.
2. La fiscalía, en su recurso de inconstitucionalidad, afirmó que se encontraba legitimada para acceder a la vía extraordinaria y expuso las razones por las que entiende que la decisión impugnada constituye un auto que por sus implicancias debe ser equiparado a una sentencia definitiva. Sostuvo que la imposición al Ministerio Público Fiscal de la suspensión del juicio a prueba en contra de su expresa voluntad de continuar ejerciendo la acción penal, en el caso, constituye un avasallamiento de las competencias constitucionales del órgano que representa e importa la vulneración del debido proceso y del sistema acusatorio y sus principios rectores. En similar sentido, denunció que los camaristas se habrían apartado, sin ningún fundamento, de ciertos precedentes del Tribunal que consideró aplicables al caso.
3. El Fiscal General Adjunto, al tomar intervención en este legajo, sostuvo el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Fiscal de Cámara. Además, solicitó que se haga lugar a lo peticionado, se deje sin efecto el fallo recurrido y se dejen sin efecto las suspensiones del proceso a prueba concedidas a fin de poder continuar con el trámite del proceso (fs. 149/157).
Los jueces Luis Francisco Lozano y José Osvaldo Casás dijeron:
La cuestión que se debate en esta causa resulta análoga a la resuelta por el Tribunal in re “Ministerio Público —Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Benavídez, Carlos Maximiliano s/ inf. art. 189 bis CP’”, expte. nº 6454/09, resolución del 08/09/2010.
En consecuencia, nos remitimos, en lo pertinente, a los argumentos y a la solución expresados en el precedente citado, del que se agregará copia para que forme parte de este pronunciamiento.
Suscribo la solución propuesta por mis colegas Luis Francisco Lozano y José Osvaldo Casás. Las mismas razones que desarrollé en el precedente “Benavídez” (08/09/10) me conducen —como en esa ocasión— a equiparar a “definitiva” la decisión objetada mediante el recurso de inconstitucionalidad denegado por el tribunal a quo, pues advierto que en este caso el Ministerio Publico Fiscal ha puesto de manifiesto tener un “razonable interés” en que el proceso continúe y se sustancie el juicio.
En el caso, la fiscal de primera instancia que intervino en la audiencia reiteró —en líneas generales— los mismos motivos de oposición que fueron considerados en las causas nº 6896 y 7358, también correspondientes a los autos principales en “Rodrigo” (15/11/10 y 27/04/11, respectivamente).
En resumen, cualquiera que sea el acierto o desacierto de la hipótesis de investigación seguida por el Ministerio Público Fiscal o de las estrategias probatorias que no pudo desplegar, como consecuencia de esta suspensión del juicio a prueba resuelta contra su expresa voluntad, lo concreto es que esos motivos pueden ser calificados como “opinables” (“Benítez”, 23/05/07) según criterios particulares, pero no pueden ser tachados de inexistentes o desvinculados con este caso y “constituyen ‘un obstáculo serio, razonado y suficiente’ como para no otorgar el beneficio que se solicita, toda vez que importan una valoración procesal global del imputado y de las características del delito (concreto) que aquí se le atribuye, valoración surgida a partir de un minucioso estudio del caso por parte del representante del Ministerio Público Fiscal” (“Toledo”, 28/10/09); minucioso estudio, que, aun en el supuesto de que finalmente resulte incorrecto o exagerado, deberá ser validado o no por los jueces de la causa a la hora de dictar la sentencia que se expida sobre su mérito.
Sólo a mayor abundamiento, frente a la afirmación de los jueces de la Cámara en cuanto a “que la cuestión que aquí se suscita puede llegar a ser definida en última instancia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y que por esa razón eligen mantener la postura que esa Sala “ha consolidado y precisado a través de numerosos precedentes” (fs. 102 vta.), corresponde señalar que la CSJN ya se ha expedido de manera desfavorable respecto a esta “cuestión” (art. 280, CPCyC) y que no ha sido descalificada la exégesis contraria que ha sustentado la mayoría de este Tribunal en los precedentes que he citado en este voto —con excepción de los dos últimos, uno porque fue desistido y el otro porque no fue apelado directamente ante la CSJN— y, en consecuencia, ellos han pasado en autoridad de cosa juzgada [consultar: recursos de hecho interpuestos por los Defensores Oficiales en los autos “Benavidez, Carlos Maximiliano s/ inf. art. 189 bis del CP —causa nº 6454/09—” (B.111.XLVII, 06/09/11); “Rodrigo, Cristian y otro s/ causa 6896” (R.149.XLVII, 05/07/11); “Rodrigo, Cristian y otro s/ infracción art. 3 de la ley 23.592 —causa nº 7358/10—” (R.248.XLVII, 06/09/11)].
Por lo dicho, voto por hacer lugar al recurso deducido por el titular de la acción —que, en este caso, ha demostrado tener un razonable interés en que el proceso no sea suspendido—, revocar la decisión en crisis en cuanto fue materia de agravio y ordenar la continuación del trámite.
1. El recurso de inconstitucionalidad, admitido por la Sala II, si bien fue interpuesto en tiempo y forma, y quien lo planteó se encontraba legitimado para hacerlo, debe ser rechazado por falta de agravio constitucional suficiente (cf. art. 30, ley nº 402).
2. Los argumentos utilizados por el Ministerio Público Fiscal en su recurso de inconstitucionalidad no acreditan un caso constitucional porque no se advierte que, a consecuencia de lo resuelto por la Sala II al confirmar la decisión de la jueza de primera instancia, se estuvieran vulnerando garantías o preceptos constitucionales.
La Sala II al hacerlo, consideró que (i) “‘los motivos de política criminal’ o los relativos a la ‘necesidad de que el caso sea resuelto en juicio’ en los que ha de basarse la oposición fiscal según el art. 205 CPPCABA, para poder conciliarse con la estructuración del instituto en el orden nacional, han de redundar, en definitiva, en una evaluación del caso concreto que permita justificar razonablemente la posibilidad de imponer al procesado una condena de cumplimiento efectivo…” (fs. 102 vta./103); (ii) “la oposición (de la fiscal) no obedece a criterios de política criminal sino que responde a una concepción de la fiscal acerca de la gravedad del ilícito, es decir, un criterio sustantivo que ya fue decidido por el legislador y no integra el ámbito de discrecionalidad del fiscal” (fs. 103 vta.) y (iii) “el control ejercido por la magistrada en el momento de conceder la suspensión se ha dado en el marco de su competencia, puesto que no ha sustituido la opinión de la fiscal aparentemente fundada en motivos de política criminal para el hecho concreto, sino que se ha limitado a una revisión de la legalidad del acto y de la racionalidad de la oposición” (fs. 103 vuelta).
Por su parte, el órgano fiscal sostuvo que “lo resuelto en autos por los Sres. Camaristas violenta el principio constitucional que prevé la vigencia del sistema acusatorio (Artículo 13 inciso 3° y 125° inc. 1° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el art. 120 de la Constitución Nacional), reglamentado por el Artículo 4 del Código Procesal Penal, que establece que el ejercicio de la acción penal está en cabeza del Ministerio Público Fiscal” (fs. 117 vuelta). Previo a ello, indicó que “… para la concesión de la suspensión del proceso a prueba el consentimiento del fiscal adquiere un carácter imperativo e insoslayable, y ello resulta una consecuencia lógica de la naturaleza del rol que desempeña dentro del proceso y opera respecto de la concesión o denegatoria del beneficio. …Este entorpecimiento de los alcances y funciones del Ministerio Público Fiscal genera un agravio constitucional que no es menor, porque al discutir las facultades de éste y resolver en contra de sus competencias constitucionalmente asignadas, se está generando un gravamen constitucional” (fs.117).
Cotejando los argumentos esgrimidos por la Cámara con los expresados por el recurrente, no advierto contradicciones constitucionales, sobre todo cuando se le ha reconocido a los imputados de la causa penal el derecho a la suspensión del proceso a prueba con sólidos argumentos tanto en primera como en segunda instancia. No hay en todo esto, demostración de que lo decidido le produciría al recurrente un daño que merezca reparación inmediata. Tal como sostuve en el expte. n° 6454/09 “Ministerio Público —Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Benavidez, Carlos Maximiliano s/ inf. art. 189 bis CP”, “las garantías del procedimiento penal no están concebidas para proteger al Estado de sí mismo, sino para y en favor de los imputados.”
3. En consecuencia, voto por rechazar el recurso de inconstitucionalidad.
Por ello, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia, resuelve: 1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad de fs. 114/118, revocar la resolución de Cámara del 19/04/11 y dejar sin efecto las suspensiones del juicio a prueba, debiendo continuar el trámite de las actuaciones según el impulso que recibieren.
2. Agregar a este expediente copia de la resolución dictada por este Tribunal el día 08/09/2010 en los autos “Ministerio Público —Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Benavídez, Carlos Máximo s/ inf. art. 189 bis CP’”, expte. nº 6454/09.
3. Mandar que se registre, se notifique con copia de la resolución indicada en el punto anterior y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas. — Luis Francisco Lozano. — José Osvaldo Casás. — Alicia E. C. Ruiz.

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 Artículo 4
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