Source: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122014000100016
Timestamp: 2019-12-07 22:15:18+00:00

Document:
Sobre la conducta procesal de algunos jueces: De vuelta con la unidimensionalidad de la eficiencia y la potestad conciliatoria como excusas
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122014000100016
Sobre la conducta procesal de algunos jueces. De vuelta con la unidimensionalidad de la eficiencia y la potestad conciliatoria como excusas*
** Profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Talca, Chile. Magíster y Doctor en Derecho (Universidad Complutense de Madrid, España). Correo electrónico: dpalomo@utalca.cl.
Sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso
Valparaíso, 14 de marzo de 2013.
Visto y teniendo presente: Primero: Que la abogada doña Carolina Guzmán Bustos interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia dictada por el Magistrado don Wilfredo Orellana Fuentealba del Juzgado de Letras de Casablanca, de fecha siete de diciembre de dos mil doce, en los autos sobre juicio monitorio del trabajo "Arriagada Meza, Ana con Inmobiliaria e inversiones F.M.C. Limitada" en procedimiento monitorio, que rechazó la demanda sin costas. Sustenta su recurso en la causal contenida en el artículo 477 inciso primero del Código del Trabajo, esto es, haber infringido sustancialmente, tanto en el procedimiento como en la dictación de la sentencia derechos o garantías constitucionales. Reproduce el libelo, lo acontecido en la audiencia única en que la demandada desconoció que la trabajadora se hubiera desempeñado para ella después del 30 de noviembre de 2011 y alegando la caducidad de la acción de despido injustificado y prescrita la acción de nulidad y ambas alegaciones el Juez las acogió como se señala en el reproducido considerando cuarto de la sentencia impugnada. En concepto de la recurrente, se infringe la garantía constitucional contenida en el inciso 60 del artículo 19 3 de la Constitución Política de la República, toda vez que el Magistrado formuló expresiones que revelaban una opinión anticipada de lo que sería su decisión en la sentencia, puesto que en la audiencia de conciliación la única prueba que consideró pertinente era el contrato de trabajo acompañado por la propia actora, sin tomar en cuenta el claro tenor de la demanda en el sentido que el contrato a plazo fijo se había transformado en uno indefinido de pleno derecho de acuerdo con lo dispuesto en artículo 159 N° 4 inciso cuarto del Código del Trabajo, para lo cual reproduce las expresiones del Juez en la etapa del llamado a conciliación y por las que la defensora solicitó que el Juez se inhabilitara. Define el debido proceso o proceso justo citando a don José Luis Cea Egaña en relación con las causales de implicancia o recusación contenidas en el Código Orgánico de Tribunales, estimando que las expresiones del Juez en dicha audiencia constituyeron una decisión anticipada del juicio, todo lo cual afectó "sustancialmente la imparcialidad del juzgador" vulnerando la garantía que le asiste a su parte de ser juzgada en un debido proceso. Agrega que de no incurrirse en dicha vulneración la demanda debió ser acogida y concluyendo indica que "la causa fue fallada por un Juez que había perdido su imparcialidad" por lo que pide no sólo la anulación de la sentencia sino que también el procedimiento y ordene realizar una nueva audiencia de juicio, ante el Tribunal no inhabilitado que corresponda.
Segundo: Que en el acta que da cuenta de la audiencia celebrada el siete de diciembre pasado, se dejó constancia que luego de la contestación de la demanda se llamó a las partes a conciliación, la que no se produjo y en los puntos de prueba se indicó como primer hecho sustancial pertinente y controvertido la "fecha de inicio y término de la relación laboral". También consta en ella que la parte demandante "solicita al Juez que se inhabilite por considerar que está emitiendo pronunciamiento en esta etapa de la audiencia", a lo que el Juez no accedió.
Tercero: Que en su libelo la recurrente reproduce el audio en que el Magistrado habría expresado, en la etapa de conciliación, "las posibilidades que usted tiene son bien pocas señora... son bien poquitas....yo creo que debería aceptar, esto está en el minuto 13:07 y luego "...para mí basta el contrato, para mí rige el contrato" minuto 13:44, en el minuto 14:00 señaló "para mí vale el contrato", y en el minuto 14:10 "...yo señora realmente le sugiero que llegue a un acuerdo". Y luego asevera que en el minuto 26:57 el Juez habría aseverado "usted acompaña un contrato, ella firmó un contrato y ese es el contrato que vale... punto". Que esta Corte al reproducir el audio constata que efectivamente el Magistrado expresó lo antes consignado y además en el curso de la audiencia se produjo un diálogo que es conveniente consignar en esta sentencia:
Abogado Sr. Cuello: ... pero como no demanda remuneraciones la verdad es que noviembre y diciembre....
Abogado Sra. Guzmán: no pero como aquí hay informalidad laboral que es lo que sostenemos nosotros y ustedes sostiene que no, entonces eso es lo importante acá.
Sr. Cuello, yo no vi que sostuvieran informalidad laboral acá
Sr. Juez: No si no se ha sostenido informalidad laboral
Sr. Cuello, hay un contrato firmado
Sra. Guzmán, no pero para ellos si, para ellos dicen que la Sra. no tenía contrato escrito en ese tiempo
Sr. Cuello, no si hay un contrato lo reconocimos expresamente al contestar
Sra. Guzmán, pero no hasta agosto del 2012
Sr. Juez, eso es lo que dice, que no existe contrato, existe contrato hasta el 30 de noviembre
Sra. Guzmán, por eso desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre y aquí no está octubre, no está acreditado octubre por ninguna parte su Señoría
Sr. Cuello, pero no demandan pago de remuneraciones
Sr. Juez, usted niega que trabajó en octubre
Sra. Guzmán, no su Señoría, lo que estoy diciendo es que si octubre que ellos dicen que trabajó no está pagado lo más bien que podría haber trabajado diciembre y enero que no está pagado, eso es lo que estoy diciendo que justamente es la teoría de esta parte
Sr. Cuello, parece una conclusión un poco acelerada
Sra. Guzmán, está sólo pagado noviembre su Señoría, sólo noviembre no octubre
Sr. Cuello, pero Uds. no reclaman el pago de octubre poh, a mi no me parece que sea un hecho controvertido la remuneración
Sra. Guzmán, reclamamos hasta agosto del 2012, no lo tiene entonces
Sr. Juez, ya bueno no discutamos más, yo voy a analizar, para mí él tiene clara la película, ella tiene un contrato a plazo fijo y eso es lo que Ud. tiene que desvirtuar, tiene un plazo fijo y terminó el 30 de noviembre
Sra. Guzmán, cuando Ud. me dice que tiene clara la película, quiere decir que le da lo mismo lo que esta parte rinda?
Sr. Juez, eso es lo que dice su contrato, esto es lo que dice este contrato, Ud. Señorita Ud. presentó este contrato
Sra. Guzmán, por eso
Sr. Juez, Ud. presentó este contrato y este es el contrato que firmó ella
Sra. Guzmán, por eso pero Ud. está emitiendo pronunciamiento su Señoría?
Sr. Juez, no, no, lo único objetivo aquí es que en este contrato que Ud. acompañó, ella ingresó a trabajar el 1º de octubre y terminó el 30 de noviembre
Sra. Guzmán, y aquí no está por ninguna parte acreditado el pago de octubre
Sr. Juez, bueno pero eso es otra cosa, en eso no me voy a pronunciar ahora, me voy a pronunciar en la sentencia, pero lo que Ud. tiene que desvirtuar es esto... no esto
Sra. Guzmán, su Señoría estamos en un juicio laboral, por lo tanto el derecho laboral tiene principios distintos no es esta parte la que tiene que desvirtuar nada es la contraria la que tiene que probar....su Señoría atendido sus dichos en esta audiencia yo le voy a solicitar que se inhabilite
Sr. Juez, no....no
Sra. Guzmán, porque Ud. claramente está emitiendo pronunciamiento al respecto
Sr. Juez, no... estoy diciendo.
Sra. Guzmán, que significa esto...que no tiene ningún sentido...
Sr. Juez, estoy diciendo que el contrato que Ud. acompañó dice que empezó a trabajar el 1º de octubre...
Sra. Guzmán, su Señoría esta parte insiste en que se inhabilite para seguir conociendo del presente juicio
Sr. Juez, no me inhabilito
Sra. Guzmán, lo dejo expreso en audio
Sr. Juez, no si no me voy a inhabilitar, por qué me voy a inhabilitar...
Sra. Guzmán, porque Ud. emitió pronunciamiento su Señoría
Sr. Juez, porque Ud. está... un contrato clarito y eso es lo que Ud. tiene que desvirtuar.
Sra. Guzmán, lo que esta parte está diciendo es que la relación se volvió indefinida su Señoría y al respecto quedó claro que Ud. no conoce la norma, porque el 159 señala que cuando al trabajador....continúa....
Sr. Juez, le pediría que no me ofendiera...porque no tiene....
Sra. Guzmán,... continúa prestando servicios... el contrato se vuelve indefinido
Sr. Juez, oiga!!, cállese por favor
Sra. Guzmán, eso es lo que le estaba diciendo
Sr. Juez, cállese por favor!!, no me haga molestar, porque me ofende, de que tiene razón, porque me va a ofender de que soy un ignorante
Sra. Guzmán, su Señoría el 162 dice deberá comunicarlo por escrito
Sr. Juez, pero eso, pero no tiene ninguna sanción
Sra. Guzmán, dice deberá
Sr. Juez, pero no dice sanción
Sra. Guzmán, prescribe no es una sugerencia....con mayor razón le voy a solicitar que se inhabilite para seguir conociendo del presente juicio, porque ha manifestado animadversión a la litigante que está hablando
Sr. Juez, no... no porque ni la conozco. Si no tengo nada que ver con ella. Ud. acompaña un contrato. Ella firmó un contrato y ese es el contrato que vale....punto.
Cuarto: Que la garantía constitucional que se dice vulnerada en la contenída en el artículo 19 N°3 inciso sexto de la Carta Fundamental que alude a las garantías de un procedimiento y una investigación "racionales y justos" y que responde al principio denominado debido proceso, una de cuyas características esenciales es que el juicio se desarrolle ante un Juez imparcial. Que la imparcialidad debe, obviamente, reflejarse por hechos o actuaciones de quien representa al ente jurisdiccional, de lo que se sigue la constatación en las audiencias que se celebran en los respectivos tribunales orales -y en todas las materias- la dirección que haga el Juez en las audiencias que dirige. Si, como acontece en la especie, el Magistrado frente a una demanda laboral en que se presenta un contrato a plazo fijo y se señala en el libelo que la relación laboral prosiguió, resulta inadecuado y parcial que el Juez de la causa señale que "para mí basta el contrato, para mí rige el contrato, para mí vale el contrato, "usted acompaña un contrato, ella firmó un contrato y ese es el contrato que vale punto" a lo cual debe unirse el comentario que señala de manera coloquial -lo que no procede- las posibilidades que usted tiene son bien pocas señora... son bien poquitas.
Quinto: Que lo anterior se vio reflejado en la sentencia que se dictó a continuación de la audiencia celebrada el día siete de diciembre pasado en que acogió las excepciones de la demandada, ex empleadora de la actora, de caducidad de la acción de despido injustificado y que se encuentra prescrita la acción de nulidad de despido, como se lee en el considerando cuarto de la sentencia impugnada en que alude al "mérito del contrato de trabajo suscrito por las partes" y en la experiencia del sentenciador por más de 20 años en juicios de la misma índole.
Sexto: Que el proceder cuestionado y que por este recurso se revisa excede las atribuciones que cuenta el Juez Laboral de conformidad a lo prevenido en el artículo 501 en relación con el 453 del Código del Trabajo, en cuanto el llamado a conciliación supone una proposición de bases para un posible acuerdo y que las opiniones que emita el Juez no causarán su inhabilidad en cuanto se refieran a prestaciones y montos reclamados, la que no comprende una apreciación de los antecedentes probatorios que se acompañan.
Séptimo: Las antes reproducidas expresiones del Juez a quo vulneran la garantía del debido proceso que se encuentra resguardada en el artículo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución Política de la República, en cuyo caso deberá acogerse el recurso de nulidad por la causal prevista en el artículo 477 inciso primero del Código del Trabajo, disponiendo lo que corresponda en derecho de conformidad al artículo 478 inciso segundo del Código Laboral. Por las anteriores consideraciones y de conformidad con lo prevenido en el artículo 482 del Código del Trabajo, se acoge el recurso de nulidad interpuesto por doña Carolina Guzmán Bustos, en representación de la demandante doña Ana Arriagada Meza, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de Casablanca el pasado siete de diciembre, en procedimiento monitorio del trabajo, anulándose dicho fallo y retrotrayéndose el procedimiento al estado de citar a una nueva audiencia de contestación, conciliación y prueba ante Juez no inhabilitado de acuerdo a lo prevenido en el artículo 501 del Código del Trabajo.
Redacción del Ministro señor Mario Gómez Montoya. Devuélvanse los antecedentes tenidos a la vista. N° Reforma Laboral-5-2013.-
Pronunciada por la Cuarta Sala Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sra. Dinorah Cameratti Ramos, Sr. Mario Gómez Montoya y Sra. María del Rosario Lavín Valdés.
En Valparaíso, catorce de marzo de dos mil trece, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.
Como resultado de una investigación realizada sobre la reforma procesal laboral debimos consultar numerosas sentencias emanadas de los tribunales con competencia en la jurisdicción laboral. Varios de estos fallos confirman nuestra hipótesis, cual es que la introducción de la oralidad y sus reglas asociadas, en especial la inmediación judicial y el mayor protagonismo de los jueces, ha sido concebida y está siendo aplicada bajo una fórmula que, más allá de cualquier otra consideración, ha privilegiado desequilibradamente la celeridad en el procedimiento, sacrificando postulados elementales del derecho fundamental al debido proceso. En efecto, son varios los fallos que ponen en evidencia las dificultades que han debido corregirse, aunque generalmente sólo en los casos más absurdos y groseros, por los tribunales de alzada, para evitar la consolidación de arbitrariedades mayúsculas o la conculcación definitiva de principios o postulados sin los cuales no puede hablarse de un verdadero proceso.
La sentencia que antecede a nuestro comentario renueva la oportunidad para realizar algunos planteamientos críticos a la forma como algunos jueces vienen entendiendo la aplicación de las normas y principios sobre los cuales se levanta el nuevo sistema procesal laboral, comprensión que desde la identificación de sus principales problemas nos ha permitido venir advirtiendo respecto a la necesidad de implementar ajustes, correctivos y límites en el diseño procesal que eviten que sigan proliferando actuaciones judiciales como la que acá se comenta. Nos permite volver sobre los siguientes puntos, al menos brevemente: - la unidimensionalidad y el eficientismo en la autocomprensión de la nueva Justicia laboral; - la apuesta por los jueces como pilares protagonistas de toda la reforma; - la excesiva confianza en los jueces a la hora de estimular acuerdos que se traduzcan en conciliaciones; - y la necesidad de volver a una fórmula respetuosa de los principios del debido proceso.
b) La unidimensionalidad y el eficientismo en la autocomprensión de la nueva Justicia laboral
El eficientismo procesal1 se ha "tomado" las reformas procesales en Latinoamérica y también en nuestro país, en parte por imitación y en parte por lo que pareciera permitir en el terreno de las estadísticas. Cada reforma ha sido estrechamente ligada con la consecución de una mejora en los tiempos de duración de los juicios, por ello, el eslogan principal de reforma a la Justicia laboral chilena2 no innovó y estuvo centrado en enfrentar la búsqueda de una mayor celeridad para una Justicia secuestrada por un modelo que ponía muchas dificultades a la posibilidad de acortar el horizonte temporal de la respuesta jurisdiccional. También ha sido la tendencia en el resto de los países de la Región, asociando estrechamente esta mayor celeridad en la respuesta con la meta de la modernización de la Justicia laboral3.
El proceso laboral chileno fue reformado asumiendo la regla de la oralidad en el nuevo modelo de enjuiciamiento4, asumiendo que ello generaría una serie de cambios positivos en la imagen y el desempeño de este orden jurisdiccional, permitiendo la tutela pronta y efectiva de los derechos. Ya en el documento denominado "Propuestas de bases para la reforma procesal laboral y previsional" se consignaba "la necesidad de producir profundas transformaciones en el proceso y en la orgánica procesal laboral y previsional, que las instituciones del proceso y éste en su unidad, respondan a los requerimientos de acceso a la justicia pronta y eficaz"5.
Con todo, más allá de las buenas intenciones declaradas, la aplicación de la reforma procesal laboral ha puesto de relieve aspectos que deben ser cuestionados, y sobre ellos volvemos en esta ocasión, especialmente desde la reivindicación de las exigencias objetivas que impone el derecho al debido proceso que, según advertimos, parece haber registrado un peligroso retroceso de las garantías procesales siendo necesaria una revisión crítica que ha sido invisibilizada en la comunidad ius laboralista local6. Esta situación no debe perderse de vista por las consecuencias que hoy ya se aprecian en este orden jurisdiccional, pero también porque se viene sosteniendo desde hace un tiempo que las reformas en sede procesal laboral deben erigirse en inspiradoras de las reformas de otros órdenes jurisdiccionales, como acontece con la reforma a la Justicia civil, lo que nos expone al riesgo de repetir en dicha sede los problemas que acá estamos exponiendo.
La búsqueda de una Justicia laboral más eficaz, basada exclusiva y unidimensionalmente en la mayor velocidad en la tramitación de la respuesta jurisdiccional, debe ser revisada cuando se aprecia que, bajo la excusa de la aceleración de los tiempos de la Justicia, se termina pasando a llevar principios jurídicos superiores, de anclaje constitucional, que sirven de sustento a la idea misma de proceso7. En gran medida, a partir de esta búsqueda de la celeridad, se ha impuesto entre nosotros una visión unidimensional de la eficiencia, vinculada con más mitos que realidad a la primacía del modelo procesal inquisitivo, descuidando muchas veces, por las prisas y por las estadísticas, la vigencia de valores que consideramos superiores, que sirven de base para la construcción de una justicia no sólo más rápida sino que de mayor calidad. Así lo ha puesto en evidencia una investigación de Ramos Romeu a sistemas inquisitoriales y adversariales, señalando: "En las sociedades que lo han elegido como modelo de proceso, ello no parece haber redundado en una mejor calidad de Justicia, más justa, más consistente, más honesta, sino que en general se asocia a una Justicia peor. Si la verdad, la igualdad y la justicia poco tenían que ver con la atribución de mayores poderes al juez, también está claro que dichos poderes no resuelven el problema, ni hacen que la Justicia sea más prístina y pura. Al fin y al cabo la solución de atribuir mayor poder y responsabilidad al Estado sólo puede funcionar en la medida en que las personas que deban gestionar ese poder sean mejores o puedan hacerlo mejor, lo que es muy dudoso que los procesos de selección consigan"8.
Es nuestro parecer que la búsqueda de una mayor eficiencia en la Justicia no debe agotarse en mejorar los índices o las estadísticas del factor tiempo, pues muchas veces la mayor prisa puede esconder un deficitario desempeño en el respeto a los derechos y garantías de las partes (cualquiera de ellas)9, instalándose un modus operandi que no puede sino afectar al núcleo de la función jurisdiccional. No se puede permanecer indiferente con estudios realizados a la aplicación y funcionamiento de la reforma procesal laboral chilena que señalan que el aspecto peor considerado y evaluado por los entrevistados (abogados, usuarios y jueces) es la esencia de la función judicial10, la imparcialidad, que es una garantía tan esencial de la función jurisdiccional que condiciona su existencia misma11, la del concepto mismo de juez según reza una famosa sentencia del Tribunal Constitucional (de 5 de abril de 1988, autos Rol N°53), y es uno de los postulados elementales sobre los cuales se construye todo proceso12. Del fallo en comento pareciera ser que la conducta de algunos jueces de esta jurisdicción va poniendo serios problemas al objetivo de "conservar una imagen apariencial de imparcialidad en el juzgador"13, en donde el deficitario desempeño en el respeto a los derechos y garantías de las partes ha afectado también a la parte en principio más débil, como queda a la vista en la sentencia que sirve de excusa a estas líneas.
c) La apuesta por los jueces como pilares protagonistas del nuevo modelo de Justicia laboral
Buena parte de la crítica que se formuló al sistema procesal anterior incidió en la "excesiva" amplitud que tenían los derechos y garantías de las partes que con sus abogados, se decía, terminaban secuestrando el proceso y al juez, que permanecía inmóvil y ausente hasta el final del trayecto procesal. La solución entonces implicó, bajo la fórmula procesal publicista que finalmente se asumió, cambiar este "paradigma liberal" depositando gran parte de la clave del funcionamiento del nuevo sistema en el reforzamiento del papel activo del juez ya desde una fase temprana del proceso, nutriéndolo de mayores poderes, no sólo poderes procedimentales sino también materiales.
Se asumen los postulados propios de la corriente procesal publicista que desde hace más de un siglo busca ser reconocida como la "moderna" tendencia de la disciplina a partir de la cual (se repite) se impondría para los nuevos modelos contar con jueces más "proactivos, pensantes, creativos y directores del proceso", para permitir, como corolario natural, la plena realización del derecho individual y una tutela jurisdiccional efectiva. Se dota a los jueces de mayores poderes y mayor margen de discrecionalidad para conseguir una respuesta jurisdiccional "justa", a la vez que se le encarga acelerar significativamente los tiempos de resolución de los conflictos.
Esta apuesta necesariamente tiene y ha tenido en la experiencia reformadora chilena una incidencia directa en el débil papel que los abogados de las partes no pocas veces terminan cumpliendo en el marco de las realidades forenses concretas que se dan al alero de este nuevo modelo. Y esto, digámoslo con toda claridad, no deja de ser preocupante. En época de reformas el legislador debiera evitar abrir espacios a la consolidación de la arbitrariedad judicial, asegurando la eficacia en los controles intraprocesales. Añadidamente, y en lo que liga con la situación de los nuevos modelos procesales orales y los abogados, el legislador siempre debiera saber plantear una regulación que se levante sobre la constatación (por evidente que resulte decirlo) de estar ante una "Justicia con abogados", como ha descrito De la Oliva, "en un país en que habitualmente, los procesos se inician y desarrollan con intervención de abogados"14. Pero más allá del reconocimiento formal que se hace respecto del patrocinio, faltaría más (después del descalabro en la fase inicial de la reforma a la Justicia de familia), se viene constatando un debilitamiento del papel asignado a los abogados en las reformas judiciales, en beneficio de un reforzamiento desbordado del rol asignado al juez.
Incluso más, se viene asociando el reforzamiento del protagonismo de los jueces con la vía para lograr un perfilamiento ético de la noción de lo que se quiere sea plenamente un proceso justo, referido especialmente al desarrollo del deber de cooperación de las partes del proceso y su obligación de información recíproca, lo que incidiría en la dimensión ética del comportamiento de las partes y del proceso mismo15. En este esquema de la colaboración, la buena fe, la lealtad procesal, la moralización del proceso16 mucho se ha dicho y escrito sobre las eventuales inconductas de los abogados de las partes, que concurrirían con una cuota importante al triunfo de la injusticia y la ineficiencia de los procesos, instándose a partir de allí por una ampliación y una redefinición publicista de los contenidos del principio de buena fe.
En esta dirección, se ha depositado toda la confianza en la adecuada conducta procesal de los jueces, lo que ha facilitado que -sumado a otros estímulos explícitos e implícitos que existen en el sistema reformado en general- algunos jueces hayan sobrepasado los límites que impone el correcto entendimiento del proceso laboral como lo que finalmente es, un proceso. Se ha olvidado que los jueces (laborales) son tan humanos como los abogados de las partes, demasiado humanos quizás, como ha recordado Palavecino, subrayando que están sujetos a pasiones como cualquier mortal, y en consecuencia no están inmunes a caer en excesos y arbitrariedades como las que, de hecho, se han verificado en varios procesos llevados bajo la nueva regulación procesal. "En Chile y en toda Latinoamérica, la ley procesal está dejando de ser garantía y límite frente a la arbitrariedad y el abuso de poder de los jueces y, muy por el contrario, fortalece cada vez más sus prerrogativas, lo que aumenta exponencialmente las posibilidades de la arbitrariedad judicial. En lugar de hallar protección en la ley, las partes y sus abogados quedan entregados a la idiosincrasia de cada juez y deben implorar o cruzar los dedos para que les toque uno prudente"17.
Ahora bien, no se trata de reivindicar la decimonónica fórmula de la pasividad judicial absoluta, inmovilista, o retrógrada, como se han preocupado de plantear torcidamente varios autores interesados en llevar sus particulares concepciones hasta las últimas consecuencias. Somos de la opinión que en la actualidad ya nadie controvierte seriamente la necesidad de dotar a los jueces de mayores poderes que resulten razonables, pero se olvida que más allá de esta disputa dogmática el propósito de las reformas procesales debe estar siempre centrado en la mejora efectiva de la Justicia a partir del diseño de sistemas procesales que no sólo sean nuevos, sino viables y mejores.
A esta altura y con la experiencia práctica acumulada con las reformas procesales en general y la reforma procesal laboral en particular (experiencia que debiera importar tanto o más como que los ríos de tinta emanados de una literatura procesal a veces muy poco interesada del funcionamiento real de las instituciones) parece más razonable dejar de lado los enfrentamientos ideológicos que, en buena medida, han desatendido la prudencia de comenzar por considerar aspectos tan básicos como importantes, vinculados sobre todo al factor humano que tiene a su cargo el funcionamiento del sistema18, y la conveniencia de poner de relieve la relevancia de una mayor responsabilidad en los intervinientes a la hora de definir equilibradamente la distribución del espacio del juicio, "favoreciendo la dialéctica del contradictorio y, por ende, la posibilidad de obtener, por este medio, a través de la confrontación de/sobre las hipótesis en presencia" un mejor conocimiento de los hechos.
La consecuencia de concretar un modelo que materialice o al menos facilite en los hechos un déficit de garantías procesales esenciales, o simplemente limite el contradictorio, afecta negativamente el método de proceder jurisdiccional al punto de reducir las posibilidades de acierto de la decisión, lo que en Chile resulta más complejo aún, si cabe, cuando se constata que la opción del legislador no sólo ha sido una regulación a la baja de las garantías procesales elementales, generando el escenario antes descrito, sino que ha diseñado y previsto un sistema recursivo especialmente restringido favoreciendo y destacando el protagonismo de lo que en el primer grado se resuelve. En otras palabras, no puede tener mucho valor, en el caso de nuestra reforma procesal laboral, la réplica que suele esgrimirse desde un sector cuando se le plantea la existencia de estos serios problemas, donde no se tarda en señalar que para eso está el régimen de recursos, en circunstancias que es conocida la restricción que ha experimentado entre nosotros, traduciéndose en dificultades de acceso (por interpretaciones excesivamente restrictivas de parte de las Cortes) y en una reducción importante de lo que pueden llegar a conocer por la vía del nuevo recurso de nulidad laboral que ha venido a reemplazar al tradicional recurso de apelación previsto por nuestro legislador.
En efecto, siendo fiel a su apego por una Justicia eficiente (acelerada) y a las buenas estadísticas que deben ser resguardadas, el legislador procesal laboral ha prescindido de la apelación, reemplazándola por un recurso de nulidad regulado y generalmente interpretado como un recurso extraordinario, excepcional y de derecho estricto, y se ha circunscrito, tras la Ley Núm. 20.260 de 29 de marzo de 2008 (que en este punto sigue a una reforma al proceso laboral español de 1990), a un recurso de unificación de jurisprudencia, mucho más excepcional que el anterior y único recurso procedente contra las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones en materia laboral, el acceso al máximo tribunal del país, lo que ha terminado por materializar un escenario problemático para los justiciables, todo en el afán de ser "más coherente" con los "principios" de oralidad, inmediación y centralidad del juicio recogidos en el nuevo modelo, no considerándose compatible la casación y un máximo tribunal diseñado como un "servicio de resolución de conflictos particulares".
d) Excesiva confianza en la capacidad de los jueces para "estimular acuerdos" que se traduzcan en conciliaciones
En el contexto de la apuesta del nuevo modelo por los jueces, presentes y activos, una muestra palmaria la constituye la confianza que se deposita en ellos a propósito de una revitalizada función conciliadora, la que está muy de la mano con una nueva política de estímulo y fomento de las fórmulas autocompositivas que se postulan -oficialmente- como una ventana hacia una nueva forma de concebir la Justicia, menos confrontacional y mucho más colaborativa. Decimos oficialmente dado que más allá de lo que en esta materia se ha declarado desde el Estado, lo cierto es que junto con este propósito lleno de buenas intenciones, hay también objetivos menos inspiradores, como puede ser el desahogo lo más temprano posible de la presión de un volumen creciente de causas19.
El caso es que ya es reconocido por todos que se ha instalado una generalizada tolerancia a la utilización extorsiva o coactiva del mecanismo de la conciliación como una forma de presionar indebidamente a las partes para llegar a un acuerdo, ya sea para ahorrarse el trabajo de continuar con el juicio o por la consecución de ciertas metas institucionales20. Este problema, aunque no constituye ningún consuelo, no es exclusivo del caso chileno, como bien lo han expresado estudios que han denunciado la situación en otros países, como Colombia21. Para algunos jueces se trata de una presión necesaria y justificada para el éxito del mecanismo y plenamente coherente con el espíritu que marca el quehacer judicial en el marco de un modelo procesal gobernado formalmente desde la oralidad y la inmediación judicial.
Así las cosas, no debe sorprender que la mayor eficiencia de la nueva Justicia laboral, que se muestra con orgullo a través del recuento estadístico, encuentre su explicación fundamental en que, finalmente, gracias a este reforzado estímulo de los acuerdos conciliatorios se está resolviendo sobre menos y allí, no en otra cosa, radica gran parte de la fórmula del "éxito". Basta aludir a un solo dato, paradójicamente estadístico: "La conciliación actualmente es el tipo de término con mayor relevancia, tanto a nivel del procedimiento monitorio como en el de aplicación general", llegando a constituir la conciliación, en promedio, más de un 40% de los términos aplicados en ambos procedimientos22. Si bien la oportunidad procesal prevista para que este llamado a conciliación se verifique es en la audiencia preparatoria del procedimiento laboral, es común que cuando ésta ha fracasado en dicho estadio los jueces insistan en un llamado a conciliación extraordinario, ahora en la audiencia de juicio23, comprometiendo, por cierto, severamente la imparcialidad judicial, que queda indefectiblemente contaminada.
Si a lo anterior se agrega que en un estudio empírico los entrevistados en general denunciaron como un serio problema la falta de un límite más claro en el ejercicio de esta facultad por parte del juez, lo que permite que muchas veces termine por forzar a las partes a lograr acuerdos bajo un esquema de práctica coercitiva general que, en algunos casos, llega a ser grosero y escandaloso24, y que por lo mismo, cuando la parte afectada ha decidido denunciar y no tolerar esta situación, y supera las barreras de un modelo recursivo extraordinario y excepcional, ha obligado a las Cortes a pronunciarse sobre esta práctica, anulando. Como se puede apreciar, justo lo que aconteció en el caso de la sentencia que hemos traído a colación, donde el actuar judicial indebido fue patente, la profesional planteó el reclamo respectivo y el juez, incluso, se negó reiteradamente a declararse inhabilitado, en un diálogo que, reproducido en la sentencia de alzada, francamente no se encuentra a la altura de la importante función desempeñada.
Pero este caso no ha sido el único, ni aun en su gravedad, lamentablemente. Son varios los casos que pueden equipararse al ahora escogido, verificados a lo largo de todo el periodo que lleva en vigor la reforma procesal laboral. Para muestra recordamos otro botón, que ya nos adelantaba la muy mala utilización del mecanismo de conciliación por parte de muchos jueces laborales que, aprovechando la enorme libertad de acción que se les ha asignado y las escasísimas restricciones en el ejercicio de sus potestades públicas oficiosas y amparados en un errónea comprensión de la norma que dispone que las opiniones que emitan en esta sede no constituirán causal de inhabilidad25, derechamente pierden la "actitud imparcial" respecto de los intereses de las partes en conflicto. En un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 11 de noviembre de 2011, se recogen los siguientes párrafos que confirman lo que venimos señalando:
1°) Que se ha deducido recurso de nulidad por la trabajadora demandante en procedimiento monitorio, fundado en lo principal en la causal del artículo 478 letra a) del Código del Trabajo, esto es, haberse dictado la sentencia por juez legalmente implicado, al tenor del motivo de inhabilidad del artículo 195 numeral 8° del Código Orgánico de Tribunales, es decir, por haber manifestado anticipadamente su dictamen sobre la cuestión pendiente, con conocimiento de los antecedentes necesarios para dictar sentencia.
En subsidio, por la causal del artículo 477 del mismo cuerpo legal, por haberse infringido -en la tramitación del procedimiento- la garantía o derecho constitucional a un proceso legalmente tramitado, racional y justo.
En subsidio, por la causal genérica del mismo artículo 477, en cuanto se habría incurrido en infracción del artículo 183-A el mismo cuerpo legal, la que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
2°) Que a guisa de explicación y antecedentes del recurso, la recurrente ha expresado: A) Que fue despedida con fecha 31 de Octubre de 2010, no obstante hallarse protegida con el fuero de maternidad establecido por el artículo 201 del Código Laboral, luego del nacimiento de su hija, acaecido el día 5 de Febrero de 2010. B) Que en el contexto del procedimiento monitorio respectivo -obligatorio por mandato del artículo 496 del mismo cuerpo legal- habiendo deducido la reclamación del inciso segundo de su artículo 500, se fijó audiencia única de conciliación, contestación y prueba, para el día 21 de Febrero de 2011, en el transcurso de la cual se habría incurrido por el sentenciador a quo en las conductas inhabilitantes que señala, analizadas en el Considerando siguiente.
3°) Que a lo largo de toda la audiencia referida, el juez a quo habría mantenido una actitud agresiva, intimidante y carente de ecuanimidad, comprometedora de la necesaria imparcialidad exigible a su cometido jurisdiccional, tomando partido anticipada y arbitrariamente en la litis.
Dice, en efecto: A) Que durante todo el curso de la audiencia, y no sólo en la fase de conciliación, instó reiterativamente a su parte a desistirse de su reclamación; B) Que para ello, adujo que él ya había fallado varias veces en la misma materia, en cuanto consideraba improcedente la dicha reclamación, porque el trabajo de la actora como administradora de contratos de la demandada principal, con facultades de dirigir, contratar y despedir personal, excluía absolutamente un eventual vínculo laboral de subcontratación con las otras demandadas, razón por la cual iba a rechazar la demanda a sus respectos; C) Que incluso habría expresado de viva voz que "no le temblaría la mano para condenar en costas a la demandante"; D) Que, además, se habría jactado de la inutilidad de un eventual recurso de nulidad, atendida la claridad de sus fallos, y la circunstancia de no tener que hacerse cargo de la prueba rendida en este procedimiento monitorio; E) Que todo lo anterior habría sido dicho en tono agresivo, hostil e intimidatorio; F) Que nada o casi nada de todo lo dicho se refleja en la grabación del sistema de audio, desconectado precisamente en los pasajes mencionados26.
4°) Que en la vista de la causa, el propio letrado que alegó por las demandadas recurridas, si bien negó que el juez a quo hubiere anticipado su resolución del juicio, reconoce que el magistrado se expresaba "a lo mejor en forma violenta".
5°) Que en la vista del recurso, el mismo letrado admite que "hay partes de la audiencia que no aparecen en el audio... nada de esto aparece"; y que el juez llamó a la actora a desistirse, razón por la cual, a su juicio, la demandante habría debido solicitar en el acto la inhabilitación del magistrado.
6°) Que la conducta magisterial descrita, así reconocida incluso por la contraparte de la recurrente, amén de configurar la causal de implicancia del numeral 8° del citado artículo 195 del Código Orgánico de Tribunales, resulta del todo impropia e inaceptable, porque además de ser lesiva de los principios de inmediación y transparencia del procedimiento laboral vigente, vulnera la garantía de mesura, prudencia, racionalidad y -por sobre todo- imparcialidad del juzgador, esto es, la del proceso justo y racional a que se refiere el numeral 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental.
Por estas consideraciones, normas legales citadas y demás pertinentes del Código Laboral, se acoge el recurso de nulidad deducido por la parte de doña Maribel Andrea Venegas Guzmán, anulándose todo lo obrado en el procedimiento monitorio RIT M-71- 2011 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, a partir de la audiencia de 21 de Febrero de 2011, debiendo quedar dichos autos en estado de fijarse día y hora para la celebración de la audiencia única de conciliación, contestación y prueba, por el juez no inhabilitado que corresponda.
Atendida la gravedad de los hechos enunciados, pasen los antecedentes al Pleno de esta Corte de Apelaciones de Santiago, para los fines a que haya lugar"27.
e) Es hora de imponer una fórmula que sea respetuosa de los principios esenciales de todo proceso
Corresponde cerrar estas breves líneas, partiendo por señalar que la confianza depositada en los jueces debe ir siempre acompañada de límites explícitos que eviten que este mayor protagonismo judicial se traduzca en arbitrariedad, capricho o irracionalidad. La actuación judicial nunca debe dejar de estar sostenida en la razón, la madurez, el buen sentido y el sano juicio, que deben ser el soporte de una función jurisdiccional controlada, razonada, responsable y debidamente motivada. Cuando así no sea, la respuesta de los abogados no puede ser la tolerancia, que favorece que este tipo de conductas se incrusten en el sistema, se repliquen con mayor o menor escándalo, y terminen volviéndose "normales".
El caso de la sentencia en comento nos muestra el camino correcto. Tanto la abogada como la Corte respectiva tuvieron muy claro que el desborde en la actuación de los jueces en el ejercicio de sus potestades públicas oficiosas puede convertirse en un atentado a caros principios o valores sobre los cuales se levanta el instrumento de la jurisdicción, arriesgando transformar el proceso en un mero simulacro de juicio que depende de la voluntad del juez de turno y no de la voluntad de la ley. Es que la instalación de una visión idealizada de la inmediación judicial efectiva que propician los modelos orales, como acontece con la nueva Justicia laboral, ha terminado consolidando un problema de degradación del ejercicio jurisdiccional por parte de algunos jueces que han caído en excesos que resultan intolerables en cualquier interviniente del proceso y, con mayores razones, en el propio magistrado, vaciándose de contenido o afectándose seriamente una de las condiciones esenciales y factor fundamental del proceso como garantía: la imparcialidad28.
Es tiempo de corregir la causa de estos excesos, de ocuparnos tanto de establecer más claramente los límites a la actuación judicial oficiosa como de la formación y capacitación de nuestros jueces, más allá de la reacción de las Cortes frente a casos groseros como los que hemos traído a colación en este trabajo. Debe reflexionarse sobre la necesidad de encontrar un punto de equilibrio razonable entre las soluciones impuestas a propósito de los problemas de la Justicia laboral chilena, fundamentalmente la sobrecarga de asuntos y la lentitud de la respuesta jurisdiccional, y el peligroso retroceso que se puede apreciar en el plano del respeto a determinados postulados elementales de Justicia sin los cuales el proceso (también el laboral) se hace irreconocible. Por cierto, ya no basta con un llamado a confiar en la prudencia de los jueces, ni con una mirada unidimensional a la eficiencia en la Justicia, y se hace necesario sostener con mayor convicción si cabe que si bien el factor tiempo es un elemento importante de la Justicia, la búsqueda de una mejora en las estadísticas temporales no puede terminar significando un claro retroceso del respeto a derechos, principios y garantías procesales esenciales. Junto al salto cuantitativo (ligado a los mejores números asociados a la reforma), debe propiciarse no sólo no degradar la función jurisdiccional sino también buscar un salto cualitativo.
Creemos que es perfectamente posible compatibilizar una mejor Justicia y el cabal respeto de postulados esenciales de cualquier proceso. La esencia del proceso, como garantía, incluso en el ámbito laboral, es ineludible e imprescindible para el legislador y para el juez. No se trata de una cuestión opcional, como pudiera considerarse por algunos so pretexto de la apuesta por la oralidad, sino que nos encontramos en presencia de principios fundamentales que se concretan en exigencias comunes a todos los procesos (imparcialidad, igualdad, dualidad de posiciones y contradicción), también el laboral, como una consecuencia de la vigencia del Estado Constitucional de Derecho y del propósito de la permanente vocación que debe existir en relación a lograr una justicia de mayor calidad.
A estas alturas ya debiéramos saber que no siempre se trata de llenar de halagos la autocomprensión chilena hacia la fórmula de la oralidad. Tras una fase inicial de instalación en la cual lo más relevante ha estado en lograr dejar atrás las evidentes y numerosas deficiencias que exhibe un sistema procesal fundamentalmente escriturado, y ya con la oralidad operando en diversos órdenes jurisdiccionales, incluido el laboral, comienzan a surgir planteamientos críticos, los que junto con denunciar problemas en el funcionamiento, evidencian una notable distancia entre las aspiraciones teóricas y lo que termina ocurriendo en la realidad práctica con nuestros jueces y abogados, de lo cual cabe hacerse cargo responsablemente.
Sea cual sea la razón que está detrás de este mal proceder de algunos jueces de la jurisdicción laboral, se debe reconocer con preocupación que apareja unas consecuencias que resultan dañosas para el sistema en general. Lo reiteramos: un modelo procesal oral impone también respetar un puñado de elementos que se reconocen como fundamentales a la hora de evitar terminar involucrados en un simulacro de proceso. Bien se había prevenido hace ya casi un siglo por Carnelutti, advirtiendo la importancia de la capacidad y prudencia del factor humano para el buen funcionamiento del modelo oral: la oralidad es el más perfecto mecanismo; pero de qué sirve tan delicado instrumento en manos de quien no tiene la capacidad o no tiene el cuidado necesario para hacerlo funcionar bien. Es sobre todo un "problema de hombres", por eso, en este asunto, debemos ser especialmente cuidadosos para no transformar la reforma hacia la oralidad en algo perjudicial o degradante para la función jurisdiccional.
Una mayor y mejor regulación de los límites que debe respetar la actuación judicial oficiosa, incluida la que se desarrolle a propósito de la función conciliatoria, aparece como un desafío que debe abordarse si no se quiere consolidar la (mala) costumbre de unos jueces que poco demuestran entender la tremenda importancia de la función jurisdiccional que están desarrollando, aun cuando estén recayendo en estas inconductas procesales so pretexto de las razones que sean. No entenderlo así es consolidar una mirada en buena medida miope de lo que debe ser una Justicia moderna que sepa integrar en todos los intervinientes la denominada dimensión ética del proceso, y que bajo la (mala) excusa de que la oralidad y sus reglas conexas así lo impondrían (inmediación judicial y concentración especialmente) seguirá seguramente secuestrada por lo que a nuestro parecer es la trampa de las estadísticas y la retórica unidimensional de la búsqueda de la eficiencia29, sacrificando de paso elementos que son esenciales para brindar, a todos, sin distinción, una Justicia objetivamente de calidad.
* Este trabajo forma parte de Proyecto Fondecyt Regular 2012 N° 1120409, "Estudio crítico del nuevo proceso laboral chileno a la luz de las exigencias del derecho al debido proceso". El autor agradece especialmente a sus ayudantes Diego Valdés y Giovanni Ocaranza por su colaboración.
1 De "eficientismo procesal" se habla desde la dogmática argentina. Véase Peyranü, Jorge (2010): "Acerca de los <ismos> en materia procesal civil". Disponible en: http://elateneo.org/documents/trabajosBajar/ISMO.pdf [visitado el 15/12/2013] [ Links ].
2 Así se ha destacado en algunos informes: "Las reformas procesales y orgánicas al sistema jurídico chileno en los últimos 15 años como las actuales en curso tuvieron (tienen) como fin una justicia más rápida, eficiente, cercana a la gente, y transparente. Ello se plasma en la tutela adecuada de los intereses y derechos de los involucrados en cada uno de los conflictos. Las radicales reformas a la justicia penal, de familia y laboral son una evidencia de aquello", en: VVAA (2012): "Diseño de un modelo de Oficial de ejecución", Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p. 8. Disponible en: http://rpc.minjusticia.gob.cl/media/2013/04/Estudio-Diseno-de-un-Modelo-Of¡cial-de-Ejecucion.pdf visitado el 05/12/2013. [ Links ]
3 Ciudad, Adolfo (2010): "La modernización de la Justicia laboral en América Latina", en: Revista Justicia (N°s. 3-4), pp. 287-335. [ Links ]
4 Valenzuela, Andrés (2008): "La reforma procesal laboral: de la <cultura expediente> a la sala de audiencias", en: Revista Laboral Chilena (N° 170), pp. 73 y ss. [ Links ]
5 Foro para la reforma procesal laboral chilena, Propuesta de bases para la reforma procesal laboral y previsional, inédito, p. 20. Véase también, como texto contemporáneo a la puesta en marcha del proceso de reforma procesal laboral: Flores, Álvaro (2005): "La reforma a la Justicia del trabajo", en: Revista de Estudios de la Justicia (N° 6), pp. 149 y ss. [ Links ]
6 Salvo excepciones: Palavecino, Claudio (2011): "El retorno del inquisidor. Las potestades judiciales en materia probatoria en el proceso laboral chileno". Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlads/cont/13/art/art9.pdf [visitado el 20/12/2013] [ Links ].
7 Ya se ha debido advertir, también a propósito de otras legislaciones, la plena vigencia de estos postulados o principios elementales, como lo son la contradicción y la igualdad. "De hecho, aquel expediente formal en el que no se respeten los tales principios (es decir, aquel en que alguna de las partes pueda ver impedido su derecho de defensa, o no disponga de alguna posibilidad de ataque o defensa con la que sí cuente su rival" podrá constituir, justamente, un expediente, o un procedimiento incluso; pero nunca un verdadero proceso, y mucho menos el proceso debido, justo o equitativo que se consagra constitucionalmente(...)" Garberi, José (2011): El nuevo proceso laboral. Comentarios a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción social (Navarra, Ed. Civitas), p. 52. [ Links ]
8 Ramos, Francisco (2008): "Proceso inquisitorial y proceso adversarial: orígenes y funcionamiento en 109 países", en: Revista Justicia (N°s. 3-4), pp. 375-376. [ Links ]
9 Lo advierte Taruffo, entre otros, en lo que siendo una evidente perogrullada ha tenido que ser explicitado hasta este nivel para intentar poner freno a excesos que terminan desdibujando al proceso como mecanismo de garantía: "Un proceso sencillo y rápido en el que sin embargo se vulneran derechos de las partes no es ciertamente un <buen proceso>", agregando que "la pretendida <economía procesal> (ahora muy de moda) no puede ser aplicada afectando garantías de las partes". Véase: Taruffo, Michele (2010): "Rifiessioni su garantismi e garanzie", en: Leonardo López (Editor), Garantismo y crisis de la Justicia (Medellín, Universidad de Medellín, Fundación universitaria Tecnológico Comfenalco, Universidad Simón Bolívar), p. 331.
10 Véase en este punto: Lillo, Ricardo y Alcaino, Eduardo (2013): Reporte sobre el funcionamiento a la reforma a la Justicia laboral en Chile (Santiago, Centro de Estudios de la Justicia de las Américas), pp. 22 y 34. Disponible en: http://www.cejamericas.org/index.php/new-justice-dialogue/documentation-center.html?download=33:reporte-sobre-el-funcionamiento-de-la-reforma-a-la-justicia-laboral-en-chile&start=20 [visitado el 11/12/2013] [ Links ].
11 "De ahí que se haya afirmado que <es el presupuesto sobre el que descansan el resto de las garantías que definen el debido proceso>(...) y que <sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso jurisdiccional>". Siguenza, Julio (2011): "Sospechas de parcialidad: Un nuevo enfoque", en: Revista Justicia, (N°s. 1-2), p. 27. [ Links ]
12 Véase, entre otros: Montero, Juan (2009): "Derecho a un juez independiente e imparcial", en: M. Pía Calderón; J. Luis Iglesias (Coordinadores), El espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: avances y derechos fundamentales en materia procesal (Navarra, Ed. Aranzadi), pp. 101 y ss.; Monteleone, Girolamo (2012): "L'imparzialitá del giudice e la prova nel proceso", en: Rivista Il Giusto Processo Civile (N° 2), pp. 323 y ss.; Andrés, Perfecto (2008): "Imparcialidad judicial e independencia judicial", en: Estudios de derecho Judicial: La imparcialidad judicial (N° 151), pp. 43 y ss. [ Links ]
13 Véase: Nieva, Jordi (2011): "Ideología e imparcialidad judicial", en: Revista Justicia (N°s. 1-2), p. 25. [ Links ]
14 De la Oliva, Andrés (2012): El papel del juez en el proceso civil: Frente a ideología, prudentia iuris (Madrid, Ed. Civitas), pp. 74 y ss.
15 Así se destaca especialmente en: Trocker, Nicolo (2012): "La concezione del processo di Franz Klein e Tattuale evoluzione del diritto processuale civile europeo", en: Rivista Il Giusto Processo Civile (Vol. I), pp. 55 y ss. [ Links ]
16 Cappelletti, Mauro (1969): "Le grandi tendenze evolutive del proceso civile nel diritto comparato", en: Mauro Cappelletti, Processo e ideologie (Bolonia, Ed. Il Mulino), p. 169. [ Links ]
17 Palavecino, Claudio (2011): "Sistemas procesales e ideología", en: Revista Derecho y Humanidades (N° 17), pp. 13 y ss. Disponible en: http://www.derechoyhumanidades.uchile.cl/index.php/RDH/article/viewFile/16973/17699 [visitado el 20/12/2013] [ Links ].
18 Estamos con quienes postulan que es fundamental insistir en el tema de la formación de los jueces. "Un juez, antes de serlo, tiene que haber sido preparado para ejercer su cargo con conocimientos jurídicos sólidos y con formación práctica consolidada desde el primer día, sin que pueda confiarse en que ya vaya adquiriendo dichas formaciones en el desempeño de su cargo, como si fuera un simple aprendiz de cualquier oficio artesanal. Deben reformarse absolutamente los programas de estudios de acceso a la carrera judicial, en orden a que no se privilegie -aunque sin dejarlo de lado- el aprendizaje memorístico, y se favorezca la formación tanto general como especializada de los jueces, también en el terreno práctico, pero de manera auténticamente evaluable, de modo que cualquier juzgador, cuando dicte su primera sentencia, no sea en realidad una primera sentencia, sino una más de las que ya aprendió a realizar durante el periodo de formación(...) De Io contrario, el justiciable va a percibir a un juez con una imagen de evidente desorientación, o que trata de mantener una falsa apariencia de formación y experiencia a través de actitudes prepotentes, situaciones ambas que, sin duda, deshumanizan el servicio de la Justicia". Nieva, Jordi (2010): "La humanización de la Justicia", en: Revista Academia y Derecho (Año 1, N° 1), p. 40. [ Links ]
19 Lo hemos señalado antes. El "cuadro idílico" de la justicia coexistencial y no conflictual que se propugna parece no estar inmunizado frente a problemas de diversa naturaleza, a pesar que algunos no tomen nota de aquello. Si a eso sumamos el hecho que muchas veces el desarrollo y fomento de estos mecanismos no responde tanto a la declarada búsqueda de una modificación en la costumbre o posición cultural adversarial de un país, sino que al propósito (las más de las veces inconfesado) de liberar a los tribunales de unos asuntos que son considerados de modesto valor económico o mirados como poco útiles para el progreso de la ciencia jurídica a través de un "efecto filtro" puede considerarse que existen razones para no plegarse automáticamente a los benevolentes comentarios y hasta alabanzas que suelen rodear el tratamiento de las fórmulas autocompositivas en general.
20 Sobre estos problemas detectados con mayor frecuencia de la deseada en el tema de la conciliación laboral, véase también: Ríos, Erick (2013): "La oralidad en los procesos civiles en América Latina. Reflexiones a partir de una observación práctica", en: VVAA, Aportes para un diálogo sobre el acceso a la Justicia y reforma procesal civil en América Latina (Santiago, Centro de Estudios de Justicia de las Américas), p. 151. [ Links ]
21 En el caso colombiano, véase una crítica a la relación entre la conciliación, el modelo oral y las metas y políticas de productividad: piedrahíta, Camilo (2010): "Conciliación, descongestión y oralidad laboral: entre la tutela judicial efectiva y la crisis de la justicia", en: Leonardo López (Editor), Garantismo y crisis de la Justicia (Medellín, Universidad de Medellín, Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, Universidad Simón Bolívar), pp. 249-252, y 256-257.
22 Lillo, Ricardo y Algaíno, Eduardo (2013): Reporte sobre el funcionamiento a la reforma a la Justicia laboral en Chile (Santiago, Centro de Estudios de la Justicia de las Américas), p. 63. [ Links ]
23 Lillo, Ricardo y Algaíno, Eduardo (2013): Reporte sobre el funcionamiento a la reforma a la Justicia laboral en Chile (Santiago, Centro de Estudios de la Justicia de las Américas), p. 65.
24 Lillo, Ricardo y Algaíno, Eduardo (2013): Reporte sobre el funcionamiento a la reforma a la Justicia laboral en Chile (Santiago, Centro de Estudios de la Justicia de las Américas), p. 64.
25 Así se ha dicho: "Si bien es cierto que las opiniones que en principio emitan las juezas o jueces no lo inhabilitan a seguir conociendo un determinado caso, ello no quiere decir que puedan emitir <cualquier tipo de opinión>. ¿Podría una jueza <opinar> que es mejor que el empleador acepte el acuerdo porque de lo contrario lo va a condenar al máximo posible?". Ríos, Erick (2013): "La oralidad en los procesos civiles en América Latina. Reflexiones a partir de una observación práctica", en: VVAA, Aportes para un diálogo sobre el acceso a la Justicia y reforma procesal civil en América Latina (Santiago, Centro de Estudios de Justicia de las Américas), p. 152. [ Links ]
26 Se ha señalado sobre el tópico del registro de las audiencias: "es necesario además contar con un sistema de registro idóneo como sucede con los sistemas de video o audio. Pero no basta con eso. Se requiere también que dichos sistemas sean utilizados correctamente. Se ha señalado como un problema que en ocasiones las juezas y jueces detienen la grabación del registro para indicar a los litigantes y a las partes aquellas cuestiones que desean queden exentas de cualquier tipo de control. Otra práctica execrable es la de conducir informalmente la conciliación y activar el registro únicamente cuando se ha llegado a un acuerdo de manera que en este solo queden grabados sus resultados, mas no la manera en que se llegó a ellos". Ríos, Erick (2013): "La oralidad en los procesos civiles en América Latina. Reflexiones a partir de una observación práctica", en: VVAA, Aportes para un diálogo sobre el acceso a la Justicia y reforma procesal civil en América Latina (Santiago, Centro de Estudios de Justicia de las Américas), p. 151.
27 Palomo, Diego y Matamala, Pedro (2012): "Los problemas de los poderes ex officio del juez laboral. Ahora a propósito de la facultad conciliatoria", en: Revista Ius et Praxis (Año 18, N° 1), pp. 439-456. [ Links ]
28 No pocos pronunciamientos de las Cortes en el último tiempo han debido incidir en aspectos directamente ligados a este principio, debiendo por ejemplo recordar obviedades tales como que el juez a quo no puede subsidiar las falencias o errores de los intervinientes, que en todo caso se trata de letrados, de abogados, a quienes se supone necesariamente también conocedores del derecho, de otra forma no podrían representar ni defender los derechos de sus mandantes. "El juez no puede, como se ha dicho, subsidiar a una de las partes en el proceso, no puede suplir las falencias de uno en desmedro de otro, para eso están los letrados que intervienen en él. La a quo como conocedora del derecho aplicable al caso resolvió el asunto sometido a su decisión, no de la forma querida o deseada por la recurrente, justamente por su yerro en la fundamentación de derecho de su acción". Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol N° 194-12, 3 de enero de 2013.
29 Meroi, Andrea (2012): "Principios procesales, ¿ocaso o nueva fortaleza?", en: Juan-Luis Gómez; Silvia Barona; M. Pía Calderón (Coordinadores), El Derecho procesal español del siglo XX a golpe de tango (Valencia, Ed. Tirant lo Blanch), p. 396. [ Links ]
Colaboración recibida el 3 de marzo y aprobada el 10 de abril de 2014.

References: artículo 477
 artículo 19
 artículo 159
 artículo 19
 artículo 501
 artículo 19
 artículo 477
 artículo 478
 artículo 482
 artículo 501
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 478
 artículo 195
 artículo 477
 artículo 477
 artículo 183
 artículo 201
 artículo 496
 artículo 500
 resolución 
 artículo 195
 artículo 19