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Timestamp: 2019-10-23 21:22:57+00:00

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Sentencia del TOF 3 dictada en el caso del atentado contra la AMIA el 29 de octubre de 2004 (15) - Wikisource
Sentencia del TOF 3 dictada en el caso del atentado contra la AMIA el 29 de octubre de 2004 (15)
Al efectuar su alegato, el Dr. José Manuel Ubeira, defensor de confianza de Juan José Ribelli, entendió que era necesario valorar la prueba para terminar de desenmascarar a quienes, encubriéndose tras los muertos inocentes, hicieron carreras políticas y profesionales, estafaron ética y moralmente a su propia colectividad encubriendo la verdad y se enriquecieron en forma directa o indirecta con esta tragedia.
Sostuvo que el método utilizado fue el encubrimiento y el engaño, fabricando un grupo de culpables que sirvieran como medio para mantener lo que denominó la “historia oficial”.
Consideró que en este proceso hubo cuestiones verdaderamente llamativas; la primera de ellas se produjo cuando el juez Galeano, al regreso de Venezuela después de interrogar a quien aparentemente era una fuente del terrorismo y del conocimiento de la inteligencia iraní, en lugar de dirigirse a su juzgado, concurrió a la quinta de Olivos, violando así la primera regla, que es la independencia del Poder Judicial.
Dijo que a partir de entonces, fueron claras las directivas que se le dieron al juez instructor y si bien hasta ese momento, 25 de julio, todas las sospechas y las intervenciones telefónicas por parte de la S.I.D.E. estaban dirigidas a iraníes, después de ese día se dejaron sin efecto esas intervenciones relacionadas con la embajada de Irán y las personas vinculadas al entorno de Rabbani y se siguió con la pista Telleldín, que finalmente vinculó a Ribelli a esta causa.
También mencionó al secretario de Inteligencia de Estado, Hugo Anzorreguy, como participante de este cambio de rumbo en el proceso. Hizo referencia a Carlos Corach y sus vinculaciones con la camarista federal Luisa Riva Aramayo, considerándolos verdaderos mentores de la “historia oficial”.
En el mismo sentido, señaló los dichos del ministro del Interior de la época, Carlos Ruckauf, de Andrés Antonietti -a cargo de la Secretaría de Seguridad- y del Director Nacional de Migraciones Hugo Franco, quienes, desde sus funciones, no aportaron absolutamente nada para el esclarecimiento del hecho.
Comentó que los ex jefes de policía Jorge Luis Passero y Adrián Juan Pelacchi expusieron que la Policía Federal, mas allá de su participación en las tareas relacionadas con bomberos y explosivos, se mantuvo prácticamente inmóvil frente a la posibilidad de la reiteración de un atentado, ya que nunca tuvo ningún contacto con la S.I.D.E.
Consideró que todos los sectores de poder y operadores políticos se disciplinaron para entregar a su defendido. Que el juez Galeano, Luis Ernesto Vicat, Guillermo Federico Domínguez, Eduardo Néstor De Lazzari y Adolfo Hugo Vitelli fueron la demostración clara de cómo se pergeñó un sumario sólo direccionado para sacar a Ribelli fuera de la fuerza. Lamentó no poder contar con la declaración del fallecido Klodczyk y mencionó los dichos de Armando Antonio Calabró, quien, teniendo la mejor opinión de su defendido, al momento de declarar en el debate contó cómo había sido la verdad de la forma en que se llegó al arresto de Ribelli y que todos trabajaron para entregarlo como prenda de cambio del problema A.M.I.A.
Indicó que tampoco estuvo ausente el poder legislativo, ya que los integrantes de la Comisión Bicameral, a excepción de Cristina Fernández de Kirchner, una vez que tomaron conocimiento del episodio del video fueron responsables de encubrir las actividades del juez Galeano.
En ese sentido, hizo mención de varias declaraciones testimoniales. Así, se refirió a los dichos de Carlos Ernesto Soria quien dijo que no quería escuchar otras palabras que las relacionadas con lo sucedido con la camioneta y la participación de “ellos” en el atentado, aclarando que no le interesaba “el verso” de las defensas. El letrado sostuvo que a Soria no le importó la verdad de la causa, sino el mantenimiento de la “verdad oficial”, prestando al efecto su aporte político.
Luego, destacó que Marcelo Stubrin no estuvo presente en oportunidad de llevarse a cabo la video conferencia para tomarle declaración testimonial al testigo “C”, pese a que el diputado, en reiteradas oportunidades previas, manifestó su interés en viajar a la ciudad de Berlín para presenciar el interrogatorio de este testigo. El letrado indicó que dicho testimonio sólo le interesaba a Stubrin en la medida en que parte de ese viaje a Alemania implicara un poco de turismo.
También reseñó la actuación de Melchor René Cruchaga y Juan Pablo Cafiero con relación a estas actuaciones.
Asimismo, criticó la actuación de los Representantes del Ministerio Público Fiscal en la etapa instructoria, Dres. Mullen y Barbaccia, quienes, a su criterio, no cumplieron con los mandatos constitucionales –art. 120- ni con la ley que reglamenta su actividad –art. 25-. Así, aludió a la declaración indagatoria del imputado Ariel Nitzcaner y el episodio de las empanadas, y al intercalado de la resolución de sobreseimiento de Miriam Salinas, circunstancia que consideró irregular y que actualmente se sigue investigando. Explicó que a lo largo del proceso estos fiscales mintieron de todas las formas posibles, tuvieron actitudes personales incorrectas, pactaron con algunos imputados y dieron golpes bajos.
Sostuvo que la única querella que veló por la independencia y la verdad fue la que representa el Dr. Jacoby, aún no coincidiendo en muchos aspectos.
Contrariamente, consideró que la querella A.M.I.A. y D.A.I.A. tuvo la actitud de apuntalar la “historia oficial” a cualquier precio. Hizo mención de la actitud del ex presidente de la mutual judía, Dr. Rubén Beraja, a quien tildó de traidor de su comunidad. Desaprobó la actuación de la Dra. Nercellas en el transcurso del proceso, considerando que su conducta –en alusión al grabado en forma subrepticia y clandestina a uno de los imputados- debe ser valorada por un tribunal de ética del Colegio Público de Abogados; agregó que su actividad demostró la complicidad de los abogados de la mutual judía con el juez instructor.
También explicó que el Dr. Juan José Galeano prevaricó, rompió las reglas de imparcialidad por ser esclavo del Poder Ejecutivo y de los que, a su criterio, “mandan” en esta causa, sumándose a lo que llamó una verdadera estafa procesal, que tuvo como resultado engañar a los jueces del proceso. Censuró la actuación del resto de los jueces federales de instrucción de esta ciudad.
Señaló que no se puede comparar o tratar de vincular este proceso con la causa nº 13, el juicio de Nüremberg o el caso Eichmann. Criticó el dictamen elaborado por los Dres. Zaffaroni, Gil Lavedra, Arslanian y D´Alessio. Sostuvo que la independencia periodística fue vendida al mejor postor, encargándose de propagar y afirmar la “historia oficial” y transformando a los chivos expiatorios de esta causa en los responsables de la explosión.
Consideró que era necesario reflexionar sobre la actuación del Estado argentino antes y después del atentado a la A.M.I.A.
Indicó que en esta causa se sostuvo que el atentado fue un acto terrorista, dirigido y pergeñado por potencias o grupos extranjeros que aún hoy no se sabe quiénes son, aunque las sospechas recaen sobre el Estado de Irán, y que evidentemente hubo una conexión local, imputándose a su defendido formar parte de ella.
Reseñó que en el año 2000 el comisario Jorge Alberto Palacios publicó un libro titulado “Terrorismo en la Aldea Global”, en el que narró lo acontecido con relación al atentado de la A.M.I.A., pero no mencionó la llamada conexión local.
Sostuvo que, en base a lo expuesto por los agentes de la S.I.D.E., el Estado argentino no hizo absolutamente nada para tratar de prevenir el atentado.
Refirió que una vez producido el ataque, la tesis del Estado, según lo planteado por los acusadores, fue que el 18 de julio de 1994, alrededor de las 10.00, ingresó por la calle Pasteur una camioneta Trafic, color “blanco chapelco”, con un conductor suicida a bordo -que pudo haber muerto en el momento del atentado- y cargada con una determinada cantidad de explosivos –300 kg de amonal- con un atraque determinado para direccionar la explosión, colocando dos de sus gomas delanteras sobre el cordón de la vereda de la calle referida para explotar sobre el edificio y provocar los muertos y heridos ya conocidos.
Remarcó que esa defensa tenía muchas dudas respecto a dicha tesis.
En ese sentido, señaló que fue llamativo que ningún testigo visualizó la existencia de una Trafic blanca, esa mañana, en la calle Pasteur. Al respecto, contra el testimonio único de Nicolasa Romero que dijo haber visto una Trafic de color beige, el letrado hizo alusión a los dichos de Adelina Filomena Romero, Daniel Eduardo Joffe, Gabriel Alberto Villalba, Leonor Marina Fuster, Juan Carlos Álvarez, Jorge Eduardo Bordón, Adriana Inés Mena, Daniel Osvaldo Saravia, María Josefa Vicente, Omar Corsetti y Juan Canale, quienes, destacó, fueron coincidentes en declarar no haber visto, escuchado o advertido la presencia de una Trafic en el lugar.
Hizo referencia a que en la causa hay una serie de peritajes que determinaron en forma clara y concreta que los elementos que hacían a la prueba de que existió una Trafic estaban contaminados de amonal; que incluso el amortiguador incrustado en el cuerpo de Díaz fue la prueba más clara, evidente y definitiva que demostraba que hubo una Trafic, hasta que se hizo la autopsia del cuerpo del nombrado y la experticia de la pieza referida.
Consideró que no había dudas de que el encargado Ramón Norberto Díaz se encontraba en las inmediaciones de la A.M.I.A. ese 18 de julio y fue víctima de la explosión, y que tampoco había dudas que su cuerpo sin vida fue manipulado por un grupo de personas no identificadas.
Sostuvo que no se supo dónde estuvo el cuerpo de Díaz ni quién lo tuvo, pero sí que nunca pasó por la Comisaría 5ª ni por ningún hospital o sanatorio de la zona. Explicó que los cuerpos que estaban sobre la vereda fueron llevados inmediatamente a la mencionada seccional, donde los fotografiaron. Luego, dijo, el juez dispuso que se remitieran a la morgue judicial y que los que se encontraran a partir de ese momento entre los escombros también se enviaran a ese lugar, sin pasar por la dependencia policial referida. Agregó que los cuerpos que estuvieron en la comisaría fueron once -ninguno de ellos el de Díaz- e ingresaron a la morgue a las 15.00, conforme surge del listado de registro de expediente de fs. 1312 del legajo de instrucción suplementaria.
Explicó que en el patio de esa seccional se obtuvieron fotografías de los once cadáveres –anexos 1 y 6 que corren por cuerda- y ninguna correspondía a Díaz. Consideró que por el lugar donde estaba trabajando Díaz y el bajo nivel de escombros que había en la vereda de su edificio debió necesariamente ser uno de los primeros cuerpos hallados, pese a lo cual nunca fue llevado a la comisaría referida.
En ese sentido, mencionó los testimonios del jefe de judiciales de la Comisaría 5ª, Ángel Eduardo Pignato, y del oficial Miguel Ángel Castro -encargado de recibir los cuerpos en la morgue- quienes confirmaron enfáticamente que Díaz nunca pasó por esa seccional, así como también el de Hilda Ester Delescabe, esposa del portero Díaz, quien declaró haber concurrido varias veces a la dependencia policial, donde nunca encontró el cuerpo.
Sostuvo, conforme los testimonios reseñados y demás constancias de la causa, que el cuerpo de Díaz ingresó a la morgue recién a las 17.00, sin poder determinarse de qué forma lo hizo. Consideró fuera de toda lógica suponer que el cadáver fue encontrado cerca de ese horario entre los escombros y de allí remitido directamente a la morgue, porque el edificio donde él trabajaba no se derrumbó; según las fotos y videos el nivel de escombros existente en esa zona no era suficiente como para ocultar un cuerpo sin vida e impedir identificarlo rápidamente. Agregó que varios habitantes de Pasteur 632 evacuaron el edificio inmediatamente después de la explosión y no vieron el cuerpo del portero, su mujer llegó al lugar a los pocos minutos de la explosión y tampoco lo encontró y ninguna de las personas que llegaron al lugar inmediatamente, como el personal del S.A.M.E., bomberos, policías y socorristas, vieron el cuerpo, pese a que supuestamente presentaba las particulares características descriptas en párrafos anteriores.
Alegó que lo relacionado con el amortiguador era verdaderamente llamativo, destacando una circunstancia inadvertida tanto para la fiscalía como para las querellas: en el peritaje obrante a fs. 58 del informe preliminar de bomberos, el perito Marcelo Leguizamón, a diferencia de otras pruebas periciales, determinó que en esa pieza no se detectó la presencia de sustancias constitutivas de bajos explosivos, como así tampoco vestigios de altos explosivos.
Señaló que ese fue el único peritaje practicado sobre supuestas piezas pertenecientes a la Trafic cuyo resultado dio negativo, concluyendo que ese amortiguador nunca formó parte del contenedor explosivo utilizado porque, evidentemente, si hubiera pertenecido tendría que estar impregnado de alguna sustancia explosiva. En el mismo sentido, agregó que varios testigos dijeron que por la composición molecular y una serie de explicaciones era prácticamente imposible despegar el amonal de los cuerpos metálicos, ya que como consecuencia de una altísima explosión el calor funde el metal con el componente explosivo.
Argumentó que nunca el amortiguador pudo haber ingresado al cuerpo de Díaz de esa manera si se encontraba barriendo la vereda y la camioneta explotó en la forma en que lo explicó el cuerpo de explosivos de bomberos. Asimismo, consideró probado que para que el amortiguador ingresase en el cuerpo de Díaz se necesitaba una fuerza determinada y la explosión no es la única forma de generar esa fuerza, concluyendo que quien colocó una bomba para matar a ochenta y cinco personas inocentes y trata de justificar el hecho, no tendría problemas en cometer cualquier hecho de carácter aberrante, tal como introducir un amortiguador en el cuerpo de un muerto.
Seguidamente hizo referencia a los secuestros de piezas y confección de actas. Al respecto consideró que estos procedimientos deberían haberse hecho de acuerdo a las prescripciones del código de forma, pero, ante la falta de instrucciones claras y precisas al respecto por parte del juez instructor, quienes confeccionaron dichas actas hicieron lo que les pareció.
Dedujo que luego de los primeros momentos después de la explosión, una vez que se implantó el orden en el lugar, los secuestros de elementos debieron haberse realizado de la forma en que lo especificaba el Código Procesal Penal y, de hecho, muchísimos secuestros fueron hechos en lugares supuestamente peligrosos o altamente peligrosos y con testigos.
Destacó que para determinar las irregularidades de estas actuaciones habría que remontarse al inicio de la causa. En este sentido, consideró que este expediente es falso ideológicamente desde el acta de fs. 1, ya que si bien tiene fecha del 18 de julio de 1994, debió haberse confeccionado entre el 21 ó 22 de ese mismo mes y año. Sustentó dicha afirmación en los testimonios de José Antonio Daniel Portaluri, quien dijo que había trabajado en la confección de ese instrumento pero no firmaba por hallarse bajo sumario administrativo, y Carlos Alejandro Heise, quien manifestó que tres o cuatro días después de ocurrido el atentado fue destinado al Departamento Protección del Orden Constitucional para redactar el acta en cuestión.
Luego cuestionó el hallazgo del motor basándose para ello en el análisis de los testimonios de Carlos Alberto Bianco, Héctor Omar Rago, Roberto Omar Corsetti, Alberto Szwarc, Horacio Ángel Lopardo, Oscar Alberto Urgu, Daniel Roberto Seara, Daniel Carlos Capra, Guillermo Pedro Scartascini, Zeev Livne, Dani Dror, Nahum Frenkel y del acta de fs. 226 del Informe Preliminar de Bomberos.
Así, sostuvo que el testigo Bianco narró que a pocos minutos de producido el atentado entrevistó a un sujeto que recogía restos de elementos de aluminio, como un bloque de motor. Respecto de Rago y Corsetti, indicó que ambos señalaron que el hallazgo del motor se produjo con anterioridad al sábado 23 de julio de 1994.
El letrado también indicó que Szwarc, al prestar declaración testimonial en el año 1996 ante el juez instructor, relató que el equipo de rescate israelí arribó al lugar de los hechos el 20 de julio de 1994 y el sábado siguiente, es decir el 23, presenció cuando se halló el motor cerca de los baños de la planta baja del edificio derrumbado, siendo trasladado a la carpa de esa fuerza extranjera, donde se le pasó una tiza para identificar el número de motor y se le sacaron fotografías, agregando que ese motor tenía bujías y fue trasladado desde el lugar del hallazgo por cuatro o cinco personas, incluido él.
El defensor refirió que cuando Szwarc declaró durante el debate, manifestó que el hallazgo había sido un día lunes y, al ser confrontado con su declaración prestada en la etapa del sumario, dio una serie de explicaciones y detalles al respecto.
Así, el letrado manifestó que le llamaba la atención que el testigo no hubiera narrado esos pormenores ante la instrucción para ubicar efectivamente la fecha del hallazgo del motor.
Finalmente, hizo alusión a que el testigo de referencia dijo que cuando se encontró el motor había dos o tres bomberos y un civil de explosivos, circunstancia que, a criterio del abogado, no fue corroborada por ninguno de los bomberos que declararon en la audiencia. Por otra parte, señaló que, respecto al traslado del motor, Lopardo declaró que lo levantó él solo y lo llevó hasta el negocio de Moragues. Ante ello, el letrado se preguntó si era tan pesado para trasladarlo entre cuatro o cinco como dijo Szwarc o si se trataba de otro motor.
También mencionó el testimonio de Urgu, señalando que, si bien estuvo en el lugar de los hechos desde el 18 de julio, dijo que no presenció el hallazgo del motor.
Apuntó que Seara declaró que el día del hallazgo del motor fue el 25 de julio de 1994, recordando que mientras se encontraba en Pasteur entre Tucumán y Viamonte junto al subcomisario Capra observaron un grupo de personas del ejército israelí reunidos alrededor de algo que, al acercarse, observaron que se trataba de un motor, a lo que el declarante les dijo que no se lo podían llevar, observando que los rescatistas no lo entendían por lo que solicitó a los gritos un intérprete, acercándose al lugar Szwarc para oficiar como traductor.
El letrado consideró que dicha circunstancia demostraba que si Szwarc hubiera estado atento a lo que ocurría o junto al motor, tal como lo relatara, se hubiera percatado de la situación violenta narrada por Seara.
Luego mencionó los testimonios de Capra, quien manifestó se enteró del hallazgo del motor sin saber dónde se encontró, ya que no participó de dicha operación, aclarando que este testigo en ningún momento narró la circunstancia relatada por Seara, Lopardo o Szwarc respecto a la discusión por la posesión de la pieza entre la policía y los rescatistas israelíes; y de Scartascini, señalando que relató que próximo a una carpa frente a la A.M.I.A. estaban los restos de un motor de una sola pieza, con polvo, y restos de mampostería adosados, y que se suscitó una discusión entre el personal israelí y el de explosivos, agregando que no sabía ni quién ni dónde fue hallado ese motor que estaba muy dañado, era casi un trozo de hierro cilíndrico. Ante ello, el Dr. Ubeira se preguntó cómo hizo Szwarc para ver las bujías si era todo una masa uniforme de hierro.
Seguidamente hizo referencia a los dichos de Livne quien refirió que el personal de rescate israelí encontró el motor a las 18.30 del 25 de julio de 1994, y de Dror, quien manifestó que cuando se halló el motor estaba dentro de un comercio cercano al edificio derrumbado, aclarando que no le fue entregado a él, sino que lo vio por primera vez en el piso; agregó que el motor lo encontró Frenkel.
También valoró el testimonio de este último, quien oportunamente relató que una vez ubicado el motor procedió a llamar a unos soldados israelíes para que lo extrajeran de debajo de una viga, para lo que utilizaron una máquina tractor pequeña, detallando que el motor tenía barro y estaba todo sucio.
Al respecto, el letrado concluyó que este relato se contradecía con los dichos de Szwarc, Lopardo y Seara y se preguntó cuál era la verdad de las circunstancias relatadas por los testigos presenciales de ese hecho y si el motor exhibido en la audiencia sería mismo que el secuestrado entre los escombros de la A.M.I.A.
Asimismo, el Dr. Ubeira planteó el siguiente interrogante: ¿por qué el juez instructor no pudo darle instrucciones al jefe de los bomberos de la Policía Federal que estuviera en el lugar, para que cuando apareciera el motor que supuestamente estaba colocado en el cochebomba, nadie tocara absolutamente nada hasta que él personalmente, sus secretarios, alguna autoridad judicial o un fiscal se hiciera presente?
Respecto del acta de secuestro del motor obrante a fs. 224 del Informe Preliminar de la Superintendencia de Bomberos, narró que fue confeccionada por Lopardo en presencia de los testigos Gustavo Hernán Moragues y Pablo Marcelo Garris. Cuestionó su validez, manifestando no coincidir con lo expresado por el Dr. Jacoby en su alegato, en cuanto a que si bien el acta no es válida, el secuestro se podría probar con los dichos de los testigos, circunstancia que, a su criterio, tampoco sería válida conforme el análisis de las declaraciones testimoniales referido en los párrafos anteriores.
El abogado se preguntó por qué en este caso los testigos servían y no cuando descartaban haber visto una Trafic.
Sostuvo que el acta en cuestión no reflejaba la verdad de lo acontecido. Basó dicha afirmación en los dichos de Moragues y Garris, quienes fueron contestes en declarar que vieron el motor por primera vez en el interior del comercio del primero de ellos, y también valoró los testimonios de Corsetti, Szwarc y Scartascini, quienes, a su criterio, si bien hablaron de un motor, cada uno describió tres motores completamente diferentes.
Agregó que obran en la causa otras actas firmadas por Moragues y Garris, quienes a pesar de ello nunca presenciaron el secuestro de las piezas que daban cuenta, tal como lo explicara el último de los nombrados, citando como ejemplo la de fs. 209 del Informe Preliminar de Bomberos.
También cuestionó que si bien el mismo día fueron labradas muchas actas, algunas se confeccionaron en presencia de testigos y otras no con la excusa del peligro inminente de derrumbes, la ausencia de civiles en la zona y las extremas medidas de seguridad. Al respecto, mencionó las actas de fs. 26, 37, 62, 65 y 66 del Informe Preliminar de Bomberos y las fs. 1044, 1046, 1057 y 1096.
El letrado defensor se preguntó cómo era posible que los bomberos no convocaran testigos cuando había una gran cantidad de personas de Defensa Civil, colaboradores y gente de la colectividad judía que trabajó entre los escombros, al momento del secuestro y hallazgo de elementos.
Hizo referencia al cráter que dejó la explosión, alegando que hubo muchas dudas respecto a su dimensión, ubicación e incluso a su existencia misma.
Agregó que también dudó con relación al tema de la Trafic, respecto de la que se sostuvo que la carrocería que contenía el motor hallado entre los escombros de la A.M.I.A. pertenecería a Sarapura. Si bien esta Trafic no tenía puerta lateral, señaló que todo indicaba que el rodado que explotó sí la tenía, ya que se encontró la cajonera “U” correspondiente a esa pieza.
Respecto a la identificación de la Trafic, refirió que para el año 2000 no se sabía claramente cual había sido la carrocería que conformó el coche bomba, calificando dicha circunstancia como vergonzosa. Para ello se basó en los dichos de Horacio Antonio Stiuso, quien manifestó que no se había podido determinar efectivamente qué camioneta fue la que utilizó Telleldín para colocar el motor quemado, y en el oficio de fs. 5483/5485 obrante en la causa nº 9789/00 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 11, Secretaría nº 22, del 9 de mayo de 2000, remitido por los fiscales Mullen y Barbaccia al ministro del Interior, en el que se solicitó profundizar la investigación relacionada con el derrotero seguido por la Trafic desde que fuera recibida por su asistido y su grupo, como así también el destino que éstos le habrían dado a dicha camioneta.
Si bien el letrado destacó el informe pericial confeccionado por miembros de la Universidad de Tucumán, también hizo referencia a la opinión de uno de los expertos del F.B.I. en cuanto a que la tecnología utilizada por aquellos no tenía absolutamente ninguna entidad para poder determinar la forma en que pudo producirse la explosión, concluyendo que de esa forma se estableció la duda respecto de ese peritaje. Resaltó que no era intención de esa defensa cuestionar la existencia de una Trafic o si la explosión se produjo con amonal u otro explosivo.
Reseñó tener dudas sobre si esa camioneta, o los restos hallados entre los escombros, eran exactamente el fiel reflejo de un cochebomba. Destacó la experiencia de la explosión llevada a cabo en Azul y la similitud de unos restos con los otros, lo que no significaba que la explosión hubiera ocurrido de la manera en que el Estado argentino consideró que ocurrió, sino que por el contrario, a criterio de esa defensa, las dudas eran cada vez mayores.
Señaló la actividad desplegada por la S.I.D.E. con posterioridad al atentado, considerando llamativa la visita de sus agentes a la playa de estacionamiento del Sanatorio Otamendi y la circunstancia de no haber secuestrado la cinta de video que pudo registrar la Trafic del atentado, tal como lo relató el testigo Fabián Alfredo Bustos.
Agregó que también fue llamativo el tema Kanoore Edul, preguntándose cómo era posible que el 25 de julio de 1994 el juez Galeano firmara la solicitud de intervención telefónica del celular del nombrado si todavía no había aparecido el bloque del motor y, por ende, el contacto telefónico por celular del 10 de ese mes con Telleldín. Con relación a los oficios de fecha 25 y 26 de julio ese año, sostuvo que existía la posibilidad de comisión del delito de falsificación de documento público y encubrimiento por parte del juez instructor y sus secretarios, considerando necesario que se investigase para determinar si lo que ocurrió fue real. En ese sentido, mencionó los testimonios del jefe de Observaciones Judiciales, Carlos María Pablo Lavie, quien explicó que el 9 de febrero de 2003 remitió un oficio a este Tribunal diciendo que su igual del 25 de julio se había traspapelado, indicando el letrado que este testigo no tuvo en cuenta que su predecesor ya había enviado el original en el 2001. También valoró los dichos de María Susana Spina, quien declaró que era imposible que el 25 de julio de 1994 hubiera firmado ese oficio porque en esa fecha estaba en Venezuela, y de Horacio Antonio Stiuso, que explicó la forma en que se obtuvo información de las compañías de telefonía celular.
Indicó que personal de la S.I.D.E. también estuvo en el Hotel Las Américas y solicitó la documentación del 10 de julio en adelante, fecha que coincidía con aquella en que supuestamente se vendió la Trafic. Consideró que la S.I.D.E. se manejó con total impunidad durante la investigación, no aportando nunca las escuchas de los teléfonos que figuran en la foja 114. Agregó que ese organismo de inteligencia del Estado, por lo menos durante cuarenta días antes de la explosión, estuvo monitoreando los movimientos de quien, según dijo, hoy aparece como responsable directo del atentado: Moshen Rabbani.
Sostuvo que no surge de la causa ninguna constancia de algún acto realizado por Rabbani que lo vincule concretamente con actos de terrorismo, y menos aún surge una vinculación entre éste y Ribelli.
Aseguró que tanto su defendido como el resto de los policías no tenían nada que ver con la Trafic ni con la conexión local del atentado.
Respecto de la materialidad del hecho, concluyó que por la prueba reunida no hay ninguna certeza de que los hechos hayan ocurrido según la versión oficial, ya sea por la ausencia de una prueba testimonial sólida que determine la existencia de una camioneta Trafic, o porque el amortiguador quedó controvertido por las propias pericias, o por el labrado de las actas; que tampoco hay certeza respecto al chasis del cochebomba que supuestamente explotó. Agregó que la reconstrucción del hecho según los peritajes tampoco demostró la realidad de cómo ocurrió la explosión porque también fueron controvertidos. Así, concluyó que sólo hay dudas que, sumadas al comportamiento del servicio de inteligencia de Estado antes y después del atentado, la conducta del juez Galeano cuando llegó de Venezuela, lo relacionado con las intervenciones telefónicas de fs. 114 y el resultado de fs. 2818, hacían imposible llegar a algo concreto en esta causa. Añadió que esa responsabilidad no era de su defendido Ribelli, sino del Estado argentino - incluyendo a jueces, fiscales y servicio de inteligencia- y de las querellas.
Seguidamente planteó que la falta de imparcialidad del juez instructor afectó el desarrollo de la causa desde el 25 de julio de 1994, fecha en la que el juez violó dicha regla porque decidió no seguir el análisis de la investigación conforme a las pruebas objetivas, sino que lo hizo de acuerdo a las indicaciones del Poder Ejecutivo.
Sostuvo que una prueba de la violación de la regla de imparcialidad fue la resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Capital Federal de diciembre del 2003, en la que se hizo lugar a la recusación del Dr. Galeano siendo apartado de la causa.
Consideró que la declaración de Telleldín del 5 de julio de 1996 era un colofón de una actividad iniciada con la visita del juez instructor a la quinta de Olivos al regresar de Venezuela.
El abogado indicó que la prisión preventiva cumplida por su defendido fue una forma de evitar que, a través de su defensa, pudiera cuestionar al juez; incluso, agregó, lo privó de ejercer el derecho de defensa, ya que Ribelli no tenía acceso a la totalidad de la causa pues le negaban conocer la prueba a su favor, los legajos de intervenciones telefónicas y los videos, no le entregaban fotocopias de la causa y le negaban la entrega de los registros de las empresas telefónicas. Agregó que se utilizó la “monstruosidad” de la causa para ocultar prueba y así perjudicar a su defendido, puesto que no podía tener todos los elementos a su disposición para conocer las actuaciones.
Añadió que en el auto de procesamiento de Ribelli, el Dr. Galeano volcó datos inexactos y falsos.
Sostuvo que la violación de la regla de imparcialidad afectó gravemente la instrucción, base sobre la que se sustenta el proceso oral. El letrado defensor consideró que durante esa etapa su defendido no estuvo amparado por las garantías del art. 18 de la Constitución Nacional, art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 7, inc. 3º, y 8, inc. 1º, de la Convención Americana de Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, y arts. 9, inc. 3º, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Alegó que la prisión preventiva de Ribelli era la secuela natural de un acto totalmente ilegítimo que fue su detención, ordenada el 12 de julio de 1996, auto que, a su entender, estaba afectado gravemente porque era a su vez la secuela de la declaración indagatoria de Telleldín del 5 de julio de ese año.
Planteó la nulidad de todo el proceso vinculado a su defendido y no sólo a partir del 5 de julio de 1996, considerando que en esa fecha finalizó una secuencia de actos preparatorios que se inició en mayo de 1995. Indicó que surgía claramente de este proceso que se violaron todos los principios y garantías de su defendido, vulnerándose el principio de defensa en juicio, el debido proceso y la garantía de juez imparcial.
En el mismo sentido, hizo referencia a los dichos de María Susana Spina y al alegato de la Dra. Nercellas, respecto a que como éste era un proceso extraordinario, era necesario adoptar medidas extraordinarias. Consideró que si bien el Tribunal tomó este tipo de medidas fue en cuanto a plazos prorrogables e interpretación de algunas normas del código, pero en lo esencial no fueron abandonadas las formas, circunstancia que sí ocurrió en el juzgado instructor, donde incluso esas reglas fueron quebrantadas.
Indicó que ese quebrantamiento fue justificado por la cantidad de muertos y heridos, la conmoción de la seguridad nacional y el rescate de víctimas y, si bien ello era comprensible en las primeras veinticuatro o cuarenta y ocho horas de acaecida la explosión, luego continuaron abandonando las reglas del procedimiento.
Sostuvo que el Dr. Galeano prevaricó durante todo el proceso, pues no respetó ninguna de las garantías ni formas del código de procedimientos.
Seguidamente, el letrado defensor hizo una extensa y detallada reseña cronológica de cómo se fue gestando la causa “Brigadas" a partir de mayo de 1995, hasta marzo de 1998.
Resaltó que esa reseña tendía a apuntalar la motivación de la nulidad sostenida, indicando que el perjuicio a su defendido era que llevaba siete años y algunos meses detenido como consecuencia de una causa armada por un juez parcial que prevaricó, coaccionó, creó testigos de identidad reservada y gestionó políticamente el pago de una suma de dinero para que se imputara a Ribelli.
Sostuvo que a la actividad del juez debía sumarse la de los fiscales, quienes actuaron fuera de los límites marcados por la ley para que su defendido estuviese en las condiciones que se encontraba al momento del alegato.
Señaló que se conculcó el derecho de defensa en juicio, el debido proceso y el art. 18 de la Constitución Nacional y, por lo tanto, a partir de mayo de 1995 todo el proceso era insanablemente nulo.
Hizo referencia a la falsedad del reconocimiento fotográfico efectuado por Guillermo Cotoras, sindicando a Ibarra como uno de los policías que retiró la Trafic el 10 de julio de 1994 de la casa de Telleldín. Para tal afirmación, más allá de los dichos de Telleldín, se basó en que el testigo mencionado era del entorno directo de Telleldín y fue diseñado para brindar una versión determinada en estas actuaciones.
También hizo alusión al video del 1º de julio, donde se registró claramente al juez Galeano y el secretario De Gamas negociando con Telleldín la suma de los USD 400.000 y consensuando la declaración para imputar a su defendido y al resto de los policías, a la vez que mostró cómo Telleldín coordinaba con el juzgado el reconocimiento fotográfico de Ibarra.
Consideró	que	hubo	otros	testimonios	que	avalaron	la	falsedad	del reconocimiento, como ser el del periodista Román Lejtman y su alusión a la entrevista mantenida con Telleldín y el de Claudio Adrián Lifschitz, ex prosecretario del juzgado instructor, ante la Comisión Bicameral. También hizo mención del informe pericial de la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional obrante a fs. 5095/5126 del legajo de instrucción suplementaria, que determinó que en las fotografías de los imputados, entre las que se encontraba la nº 6 correspondiente a Ibarra, las firmas habían sido estampadas con posterioridad a la imposición del número, circunstancia que, a criterio del letrado defensor, demostraba que sin dudas en el juzgado instructor se colocaron los números en dichas vistas fotográficas.
Destacó algunos puntos para probar cómo esta causa fue toda una maniobra para perjudicar a Ribelli.
Así, hizo mención de la relación entre la ex camarista Riva Aramayo, el Dr. Beraja y Hugo Anzorreguy.
Señaló que a criterio de esa defensa existían en la causa distintos elementos objetivos que permitían pensar que una decisión del mas alto nivel político del país fue instrumentada por diferentes funcionarios y partes con el fin de que, cumpliendo diferentes roles, se llevara adelante una maniobra ilícita, que consistía en imputar falsamente a su defendido, generándose todo lo relacionado con la extorsión mediante la cual los policías se apoderaron de una camioneta que, supuestamente, según los acusadores, explotó en la A.M.I.A.
El abogado consideró que después de que la Dra. Riva Aramayo, el ministro Corach y el secretario de la S.I.D.E. previnieron al juez instructor sobre lo que iba a hacer en estas actuaciones, se advirtió un cambio radical en la instrucción del proceso. Remarcó como llamativo que el Dr. Galeano no le tomara declaración a la ex camarista, sino que siempre extendiera notas sobre lo que ésta le manifestaba. También subrayó como sugestivo el plano a mano alzada supuestamente realizado por Telleldín, aportado por la nombrada y que resultó no corresponder al puño y letra del primero. Destacó la presión de la opinión pública nacional e internacional ante la falta de resultados en la causa A.M.I.A.
Señaló que todo ello implicó que los factores de poder político y judicial se unieran buscando interlocutores y medios para plasmar, en pruebas fraguadas, la solución deseada. Así, sostuvo que cada personaje desempeñaba un rol: la Dra. Riva Aramayo cumplía la tarea de “ablandamiento y confianza” con Telleldín, siendo directa interlocutora entre las instrucciones emanadas del poder ejecutivo y sus colegas de la cámara del fuero y el Dr. Galeano; Anzorreguy, que fue el mentor del juez instructor, en ese momento necesitaba de sus servicios para cumplimentar el plan ideado con el presidente de la Nación, colocando los medios económicos y desplazando dentro de la S.I.D.E. a cualquier opositor al plan maestro; Beraja, a cambio de determinados beneficios económicos a sus emprendimientos privados, se comprometía y lograba disciplinar a la comunidad judía; Corach, amigo de Beraja y de Riva Aramayo, sirvió como medio para implementar políticamente no tener resistencia en su propio partido, en la colectividad e incluso en la oposición.
Consideró que se violaron las disposiciones del art. 120 de la Constitución Nacional y el 25, inc. “h”, de la ley orgánica del Ministerio Público, ya que los fiscales Mullen y Barbaccia no hicieron nada de lo que expresan dichas normas, sino que por el contrario se asociaron a esta trama, participando y conociendo todos los pormenores relacionados con el pago de Telleldín.
En el mismo sentido, hizo alusión a la declaración de Miriam Salinas y a la manera vergonzosa en que se usaron figuras como la de los testigos con identidad protegida.
Resaltó lo promiscuo de las relaciones entre el juez Galeano, los fiscales y los agentes de la S.I.D.E. durante toda la instrucción de la causa.
Remarcó que los fiscales Mullen y Barbaccia conocían sobre el pago a Telleldín, circunstancia que fue ratificada por los dichos de Lifschitz, Stiuso y De Gamas.
Señaló que el Dr. Barbaccia estuvo presente en la indagatoria de Telleldín y cuando ingresó un funcionario de la S.I.D.E. con un celular a la audiencia, al que llamó Boragni para avisarle a su marido que ya había cobrado el pago convenido, el fiscal, garante de la legalidad del proceso, no hizo dejar constancia de lo ocurrido en el acta, concluyendo la defensa que el nombrado era partícipe del delito de falsedad ideológica de instrumento público. En consecuencia, solicitó se extraigan testimonios de las piezas procesales respectivas y se remitan al Consejo de la Magistratura y al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 11 cargo del Dr. Bonadío, a sus efectos.
Insistió con lo vergonzosa que fue la actuación de los fiscales Mullen y Barbaccia, haciendo referencia al oficio del 9 de mayo de 2000, remitido por éstos al ministro del Interior de esa época, Federico Storani, solicitando la realización de una serie de medidas investigativas a seis años de producido el atentado, a criterio del defensor, inoportunas.
Seguidamente el Dr. Ubeira hizo una nueva reseña cronológica relacionada con la forma en que fue incorporado su defendido a estas actuaciones, a partir de junio de 1995 en adelante. Al respecto, hizo hincapié en el sumario administrativo nº 266.506/96.
Hizo mención del decreto de fs. 4 de la causa “Brigadas”, obrante a fs. 37.104, firmado por el comisario mayor Ramón Oreste Verón, de la actuación de José Carlos Bretschneider y Graciela Gómez en el marco de ese sumario.
Al respecto, el letrado ilustró que Bretschneider imputó falsamente a Petrucci y Telleldín, ya que el informe firmado por Gómez no decía que no habían ingresado sus fichas, sino que con un “juego de palabras” se agregó copia de las fichas de la nombrada y con los mismos datos de Teccedin se encontró un prontuario a nombre de Telleldín, quien registraba varias órdenes de captura vigentes.
El Dr. Ubeira narró que quedó probado en el transcurso del debate que Teccedin fue fichado junto con Petrucci y ambas fichas fueron entregadas, mediante correo policial, a la División Antecedentes, dependencia que, después de cinco días, contestó que carecían de antecedentes.
Al respecto, hizo mérito de los testimonios de Enrique Luis Filipponi, Liliana Beatriz Guerrero, Heraldo Ezequiel Gullino, Jorge Luis García, Juan Carlos Negrón, Marcelo José Ariz, Luis Ariel Rodríguez Rithaud, Rubén Alberto Vertúa y Jorge Daniel Acuña.
Así, el letrado subrayó que Filipponi dijo que enviaba correspondencia a otras jurisdicciones por intermedio de correos de otras brigadas y aclaró que en el libro de correo de la Brigada de Lanús estaba asentada la entrega de las fichas de Petrucci y Teccedin, con fecha 6 de abril de 1994, agregando que a los dos o tres días se pasaba a buscar la respuesta.
Luego narró como Guerrero explicó la forma en que recibía la correspondencia; con relación al informe que carecía de antecedentes, hizo referencia al adelanto telefónico de Vertúa, como así también al correo electrónico transmitido por Gullino, quien contó que se encargaba de copiar en forma textual el despacho que recibía de la división antecedentes y retransmitirlo a la jurisidicción que correspondiera.
También hizo mención de los dichos de García cuando explicó que al examinar las fichas dactiloscópicas le asignaba un número de prontuario y los de Petrucci y Teccedin salieron sin antecedentes.
Finalmente dijo que los policías Negrón, Rodríguez Rithaud, Acuña y Ariz fueron coincidentes en cómo las fichas de Teccedin y Petrucci ingresaron el 6 de abril de 1994 a la División Antecedentes y la respuesta fue enviada por correo electrónico el 12 del mismo mes y año.
Señaló que la ineficacia de la Policía Bonaerense en su departamento de antecedentes causó un gran perjuicio a su defendido, agregando que todos los informes falsos confeccionados por Bretschneider, sumado a la incapacidad de esa división, fueron utilizados como elementos cargosos para crear sospechas sobre el accionar de la Brigada de Lanús y, por ello, su asistido estaba preso.
Consideró que se perpetraron delitos de acción pública, por lo que solicitó la extracción de testimonios para que se desinsaculase un juzgado para investigar la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica en instrumento público y encubrimiento, sin perjuicio de que los ilícitos fueran alcanzados por otras figuras contempladas en el Código Penal, respecto de Bretschneider por su actuación en el sumario administrativo nº 266.506/96 y de Graciela Gómez o de quienes surgieran de la correspondiente investigación.
Señaló que las casualidades o causalidades referidas por el Dr. Ávila sólo tenían importancia como tales. Marcó como casualidad la circunstancia de que el Dr. Cortelezzi –ex camarista que intervino en la causa- trabaja en el estudio del Dr. Dobniewski –ex querellante en estas actuaciones- y la pregunta que se hizo la defensa fue cómo se sentiría un preso al ver que aquel juez que le dictó la prisión preventiva, luego se desempeña como abogado en el estudio del que era querellante.
También hizo mención de algunas circunstancias que, si bien el letrado consideró no hacer mérito de ellas, dijo que era necesario que los jueces las conocieran, tales como la pista falsa arrimada a la causa por Dobniewsky, relacionada con el comisario mayor García y Kesseler; la relación del ex querellante con el letrado defensor de Telleldín, Stinfale, y el llamado desde un celular del estudio de Dobniewski a la casa de Telleldín días antes del atentado; la relación de los doctores Riva Aramayo y Cortelezzi con la S.I.D.E.; la circunstancia de que Beraja, Corach y Riva Aramayo habitaran en el mismo “country”; los llamados de Cichowolsky del 5 de julio de 1996 cuando se efectuó el pago a Telleldín y el 20 de agosto de 1997 cuando Stinfale le fue a mentir al Dr. Cavallo en favor del juez Galeano diciendo que jamás hubo un pago; la relación de Beraja con Kian Gorbani, un iraní citado por el juez instructor en la resolución del 5 de marzo de 2003 como integrante de la conexión internacional; la detención del Dr. De Gamas por falso testimonio después de la audiencia en la que prestó declaración y su posterior y rápido sobreseimiento; el rol de Beraja en los medios de comunicación pregonando en el discurso del 18 de julio de 1995 que ya había personal de la Policía Bonaerense vinculado al atentado; la actuación de los periodistas Raúl Kollmann y Román Lejtman, que para ese entonces escribían en “Página 12”, desde donde transmitían, aún antes de que se volcara en el expediente, la estructura futura de la “historia oficial”.
Seguidamente trató lo relacionado con la empresa Movicom y las celdas, señalando que cuando se procesó a su defendido por ser partícipe del atentado, el juez instructor utilizó como elemento principal para imputarle responsabilidad la información suministrada por esa compañía telefónica, de la que surgía que varios celulares de Ribelli habían operado en la celda del domicilio de Telleldín en Villa Ballester el día de la supuesta entrega de la Trafic y en los diez días anteriores. Con el transcurso del tiempo, con la totalidad de la información que daba cuenta de las ubicaciones de celdas en que operaban los celulares en el período cuestionado, el letrado sostuvo que se determinó que era imposible que su defendido pudiera estar en dos lugares al mismo tiempo. Ejemplificó que el 4 de julio de 1994 el celular 440-6746 operó en celda 13 de Villa Ballester, a las 8:06:25, y el mismo día ese mismo celular, a las 8:15:29, o sea nueve minutos después, operaba en la celda de Wilde.
Al respecto, el Dr. Ubeira consideró que cuando el juez instructor dictó el auto de procesamiento pudieron darse dos situaciones: que obrando de buena fe confió en los informes de Movicom, lo que demostraría que el personal que investigaba carecía de la mínima idoneidad requerida para trabajar en la instrucción de una causa, o que el Dr. Galeano utilizaba todo elemento falso, dudoso o erróneo que pudiera perjudicar a Ribelli, incluso sin importar si el mismo era obtenido en forma ilegal, como lo fueron algunos testimonios.
Agregó que se había deslizado que su defendido había manipulado los elementos relacionados con Movicom. Incluso, acotó, cuando dicha empresa remitió nuevos informes diferentes, el juez Galeano, con el solo fin de seguir causando perjuicio a Ribelli, tejió otro manto de sospecha pretendiendo que los registros de esa compañía de telefonía celular pudieron haber sido alterados por el accionar de personas vinculadas a su asistido y envió testimonios al juzgado del Dr. Bonadío, formándose actuaciones en las que en septiembre de 2002 se dictó una resolución que decía que todo lo actuado lo llevaba a considerar que se encontraba ante un error material, grave por la implicancia que tenía en una causa de extrema importancia política, social y humana, como era la que llevara adelante el Dr. Galeano.
En el mismo sentido, hizo mención de los testimonios del técnico de Movicom Enrique Javier Fernández, el apoderado de la empresa Gustavo Gache Pirán y su presidente Mauricio Elías Wior, quienes coincidieron en que hubo un error en la información brindada por esa firma. También se refirió a los dichos de Claudio Adrián Lifschitz, quien declaró que junto con el empleado Gamboa advirtieron el error de los datos telefónicos al momento de redactar el auto de procesamiento.
Seguidamente hizo referencia al papel relevante de la S.I.D.E. en el desarrollo de la investigación, calificando a dicho organismo como nefasto para la política nacional y la vida de los ciudadanos. También mencionó lo relacionado con la titularidad de los bienes inmuebles donde funcionaban las distintas dependencias de ese organismo, la participación de sus agentes en lo relacionado con las intervenciones telefónicas y su colaboración en el pago a Telleldín y la mujer iraní traída a la Argentina desde Suiza, a la que vincularon al proceso sin ninguna utilidad para la investigación, tal como surgió de los dichos de Luis González.
Con relación al pago de los USD 400.000 a Telleldín, el letrado defensor relató los pormenores de la intervención de los agentes de la S.I.D.E. en ese hecho, resaltando que Alejandro Brousson, Patricio Finnen, el mencionado González y Héctor Salvador Maiolo negaron el pago en sus declaraciones prestadas en el sumario administrativo llevado adelante por ese organismo y con ello favorecieron al Dr. Galeano e intentaron no dejar al descubierto un pago oculto e ilegal llevado a cabo por ellos mismos, pero por expreso mandato de Hugo Anzorreguy.
Sostuvo que en esta causa la Secretaría de Inteligencia de Estado no solamente no prestó ninguna colaboración para descubrir la verdad, sino que se plegó a una maniobra política.
Concluyó que si bien los agentes de ese organismo que declararon en la audiencia eran simplemente ejecutores y siguieron expresas instrucciones -por lo que sus responsabilidades estaban absolutamente limitadas- lo cierto era que quien pensó esta maniobra de dejar a su defendido de por vida en la cárcel lo hizo con mucha precisión y razonándolo como realmente lo hace un criminal. Agregó que la única forma de que un pago nunca se pudiera llegar a conocer era hacerlo a través de un organismo que por una ley nacional estuviera impedido de informar a cualquier autoridad y sobre todo a la autoridad judicial.
Agregó que después de que se levantó el secreto de la S.I.D.E. se pudo conocer la totalidad de la historia, considerando que fue verdaderamente llamativo que la fiscalía, que supuestamente era la que tendría que haber estado más interesada en que el secreto se levantara para garantizar la seguridad del Estado, al igual que la Dra. Nercellas como representante de la D.A.I.A., fueron las dos únicas partes que se negaron.
Señaló	que	estas	actuaciones	fueron	usadas	por	el	Dr.	Galeano	para satisfacción de intereses personales y de allegados. A modo de ejemplo, el letrado hizo referencia al legajo nº 161 del que surge, a su criterio, que el juez instructor preconstituyó prueba para defenderse de la denuncia que para ese momento radicó Lifschitz en su contra; el nº 148, utilizado por Galeano para encubrir el accionar ilegal de Vicat; el nº 292 iniciado para que el comisario Palacios, con conocimiento del juez Galeano, se valiera de la causa A.M.I.A. para detener a un prófugo sin ninguna vinculación con dichas actuaciones; el nº 220 utilizado para proteger al entonces diputado Soria ante cualquier dato comprometedor que surgiera del entrecruzamiento de unas escuchas telefónicas; el nº 39 A iniciado para beneficiar a un suboficial bonaerense a cambio de su ofrecimiento de contactos con relación a la causa A.M.I.A.. Finalmente, hizo una breve referencia a los legajos nº 38 A, 36 A, 16 A y 144 bis, que a criterio del letrado, también fueron utilizados por el Dr. Galeano para su conveniencia.
Resaltó la actuación de los fiscales instructores y el juez Galeano en el desarrollo de la causa “Maisú”.
En otro orden, calificó al incidente de pedido de recompensa promovido por el Dr. Stinfale que corre por cuerda como una “fantochada”, una farsa, una simple maniobra de ocultamiento, por lo que consideró que ese pedido debía ser rechazado.
Sostuvo que los representantes del ministerio público siempre intentaron complicar la situación de su defendido y por ello acudieron a su familia, haciendo referencia al respecto a la solicitud de reconocimiento de personas del hermano de Ribelli, Juan Carlos, por parte de Telleldín, Boragni y demás personas que estaban en los alrededores de República 107. Agregó que para el año 1999 la estrategia de los fiscales era incriminar también al hermano de su defendido, quien actualmente goza de una falta de mérito en estas actuaciones, circunstancia que servía para seguir presionando a su asistido. En el mismo sentido, refirieron que los fiscales acercaron al proceso la línea investigativa relacionada con los testigos de identidad reservada 11 y 12 –detenidos en Caseros junto con Ribelli-, quienes, sin saber con qué promesas, prestaron testimonios cargados de sospecha en contra del hermano de su asistido. Señaló que se dio una situación similar cuando el juez Galeano involucró a Ana María Ribelli en la resolución de la conexión internacional.
Con relación a la imputación fiscal del delito de instigación a Huici a manifestarse con falsedad con respecto a la inclusión de Telleldín dentro de un proceso que tramitaba en la localidad de Quilmes, hizo referencia a la resolución obrante a fs. 80.263/80.264.
Sostuvo que en el decisorio referido el tribunal recurrió a la cuestión de la “inconsecuencia”, la que no está regulada en el código de forma, por lo que la solución a adoptarse debería haber sido declarar la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y reenviar las actuaciones al juzgado instructor para que volviese a instruir lo pertinente, cumpliendo así con todas las formalidades garantizadas a su defendido.
Agregó que ello incluso presentaba un gran inconveniente, como ser lo relacionado con los principios de progresividad y de preclusión, ya que de ninguna manera se podía reenviar la causa al juzgado instructor para que a su defendido se le ampliara su declaración indagatoria, todo por la negligencia o impericia previa de los acusadores. Citó en este sentido el fallo “Mattei”, resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Consideró que en oportunidad de prestar declaración indagatoria, Ribelli nunca fue intimado por el delito de instigación al falso testimonio, ni siquiera con posterioridad al reenvío de las actuaciones al juzgado instructor.
En este punto, reiteró el tema relacionado con la violación a la regla de imparcialidad del juez instructor. La defensa sostuvo que al no ser indagado su defendido conforme a las especificaciones del código de procedimientos se violó la regla constitucional del art. 18 referida a la defensa en juicio y debido proceso.
Seguidamente, trató el fondo de la cuestión, desarrollando brevemente los hechos que causaron la imputación de referencia.
Sostuvo que con la declaración inicial del 14 de marzo de 1994 de Huici se llegó a Telleldín, pero luego modificó su versión, motivada dicha conducta por su situación de detención. Hizo mención de las declaraciones de Javier Roberto Smurro y Oscar Lorenzo Díaz, que avalaban los dichos de Huici.
Señaló que en agosto de 1996 el juez Zukop de Lomas de Zamora remitió al Dr. Galeano una serie de escuchas telefónicas sobre el abonado 246-3006, en el marco de la causa nº 40.607, teléfono que pertenecería a Huici. El letrado consideró que si bien no podía asegurar que dichas escuchas tuvieron incidencia en el cambio de actitud de Huici, después que se ordenó un inmediato análisis de las mismas, el nombrado señaló que todo lo que había dicho era mentira, que Buján y Ambrosi no habían manifestado nada y que esa declaración falsa fue hecha con motivo de la presión de Ribelli sobre su persona.
Agregó que sin poder afirmar si realmente esas escuchas fueron determinantes o no para que Huici cambiara su testimonio, lo cierto fue que el juez instructor las mantuvo en la caja fuerte de la secretaría y ni siquiera las agregó a la causa, mientras que su actitud fue diferente respecto a escuchas de su defendido y otros imputados.
Aseguró que del análisis de esas escuchas telefónicas se desprendería la posible comisión de delitos, como así también una íntima relación entre Huici y Smurro, quien mintió para favorecer la actuación del primero. Seguidamente hizo referencia al sumario administrativo nº 266.505/96, señalando que Huici hizo su descargo manteniendo su primigenia declaración prestada en sede judicial, ello a pesar de que tres meses antes había dicho lo contrario frente al Dr. Galeano. El letrado concluyó que mantenía la imputación a su defendido ante el juez porque era la única forma de seguir alojado en una dependencia segura y agregó que si bien meses más tarde Huici fue modificando sus declaraciones, circunstancias en las que intervinieron el juez de casación Dr. Domínguez, la Dra. Parascándolo, la Dra. Nercellas, Luis Vicat, se retractó de algunos indicios pero siempre mantuvo la imputación a su defendido.
Señaló que Huici también mintió cuando dijo que su declaración fue tomada por Bacigalupo el 14 ó 15 de marzo, ya que se probó que en esas fechas este último estaba gozando de licencia y se encontraba de vacaciones en Carlos Paz, provincia de Córdoba, e incluso fue víctima de un robo durante esos días. En ese sentido, hizo referencia a las fs. 249/250 del libro de guardia de la Brigada de Lanús y al informe del Hotel “Molino de Oro” de la ciudad mencionada.
Con relación a la modificación de las indagatorias de Huici, narró que éste dijo que había sido presionado por los Dres. Domínguez y Parascándolo para declarar diferentes mentiras e incorporar cuestiones que desconocía, como las referidas a Burguete, a negocios espurios en los que estaba involucrado su defendido, la relación entre Ribelli y los jueces Llermanos y González Elicabe.
Concluyó que Huici, al igual que Burguete, no fue libre al hacer sus manifestaciones. Asimismo, consideró dificultoso defenderse de un acto de instigación porque se analizan dichos contra dichos. El letrado afirmó que se basó en todas las constancias de la causa para demostrar concretamente que nada de lo que pretendió Huici posteriormente podía ser cierto y que realmente todas sus manifestaciones le fueron inducidas con diferentes grados coacción, no solamente por parte del juzgado, sino también por sus secuaces. Destacó finalmente como relevantes los dichos de Huici en el sumario administrativo referenciado, resaltando que cuando el nombrado declaró sin la presencia del juez no lo hizo ampliamente en contra de Ribelli.
Seguidamente, consideró que las circunstancias alegadas por los acusadores respecto a su defendido sobre el hecho del 15 de marzo de 1994, se encontraban íntimamente relacionadas con lo expuesto sobre la instigación al falso testimonio, por lo que se remitió a lo expresado oportunamente.
Narró algunos detalles del hecho en cuestión, como cuando Telleldín chocó al taxista Héctor Sexto, resaltando que si la Brigada de Lanús hubiera accionado clandestinamente, Ibarra no hubiera labrado un acta circunstanciada para que este hombre se quedara tranquilo y supiera que su auto sería reparado por los daños causados. Afirmó que una brigada no procede así cuando intentan extorsionar o producir algún acto verdaderamente dañoso.
Agregó que los dichos del taxista Sexto fueron incorporados por lectura, pese a su oposición, con sustento en el fallo “Abasto”, rescatando que en su deposición se advierte que nada dice sobre la presencia de una mujer en el Renault 18 en que se fugara Telleldín; no pudo haber pasado desapercibido ante sus ojos que una “rubia llamativa” ascendiera a ese rodado inmediatamente antes que se produjera el incidente, lo que, a su entender, permitió considerar que Boragni no iba en ese rodado.
Con relación a estos incidentes, consideró que el fiscal Nisman adujo como indicio cargoso que no era cierto que Ibarra hubiera hecho tareas de inteligencia en República 107 de Villa Ballester antes de ir a Olivos, porque “...se hubiera dado cuenta que no hubiera encontrado nunca a Telleldín. Telleldín ya hacía tiempo que no vivía ahí, porque estaba viviendo en Santa María, Sandra María Petrucci en la localidad de Tortuguitas...”, concluyendo que dicho funcionario mintió, ya que lo contrario surgía de la declaración testimonial de Ibarra del 15 de marzo de 1994, prestada a fs. 233 de la causa 5681 del juzgado de Quilmes.
Subrayó que era clarísimo que la única misión de su defendido en este hecho fue nada más que dar una instrucción para determinar si una persona vivía o existía en esa localidad.
Señaló, con relación al hecho del 4 de abril de 1994, que si bien los fiscales consideraron que había uniformados en la brigada de investigaciones, dicha circunstancia quedó desvirtuada con el testimonio de Marcelo Antonio Bressi.
Insistió en que tampoco durante el juicio el Ministerio Público Fiscal hizo saber a Ribelli, en las indagatorias prestadas, que a su criterio había obtenido este nuevo elemento de cargo para que el nombrado tomara conocimiento y pudiera tener la oportunidad de dar explicaciones. Agregó que no puede alegarse a su favor que no lo hicieron porque Ribelli no respondía preguntas, ya que la obligación de los acusadores era solicitar que su defendido pasase al estrado para hacerle conocer los nuevos elementos de cargo y luego Ribelli les respondería o no según lo decidiera en ese momento. Finalmente, refirió que el fiscal hizo alusión a cruces telefónicos entre el celular de Semorile y Ribelli, pero del testimonio del letrado mencionado y del resto de las probanzas producidas durante el debate no surgió, a su criterio, con la certeza necesaria que exige una sentencia definitiva, que el celular en cuestión haya sido utilizado efectivamente por el primero de los nombrados.
Hizo un análisis de esta cuestión relacionándola con Alí, invocando para ello el oficio de la S.I.D.E. obrante a fs. 72.615, los dichos de Patricio Miguel Finnen y la declaración indagatoria de Mario Bareiro de fs. 2618/2620 –causa “Brigadas”-
. También hizo referencia a la presencia del “japonés” López –2º jefe de la Brigada de San Martín- en la casa de Telleldín la noche del 26 de julio de 1994.
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