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Timestamp: 2019-08-17 14:58:34+00:00

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LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU PROTECCIÓN NO IMPLICA LA INOBSERVANCIA DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO. – Poder Judicial del Estado de Veracruz
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Sistema de Precedentes
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU PROTECCIÓN NO IMPLICA LA INOBSERVANCIA DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.
Los artículos 92 fracción X, 109 fracción II y 122 del Código Civil del Estado, no atentan contra el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pues dicho derecho no es una patente para violar las disposiciones legales, para violentar las instituciones o para hacer todo aquello que venga en gana al individuo independientemente del daño o perjuicio que pueda causar a otras personas. Debe rechazarse la opinión de que una persona pueda decidir cómo realizar su proyecto de vida de manera autónoma cuando se ha comprometido previamente en un matrimonio sujeto a disposiciones legales perfectamente establecidas, por virtud de las cuales es incompatible con otra unión matrimonial y la regulación de dicha institución no constituye una injerencia arbitraria del Estado. Además de los razonamientos expuestos, la vinculación del texto constitucional local en su artículo primero y la legislación del Estado, con las disposiciones de la Constitución federal que en su artículo 121 garantiza la validez de los actos del estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa, permite afirmar que el legislador local actúa dentro del marco constitucional federal vinculado al que rige en las entidades federativas, de modo que las regulaciones en materia de nulidad del matrimonio contraído sin la disolución de un vínculo matrimonial anterior, se encuentran protegidos por la Constitución Federal y no podría argumentarse que el artículo 6º de la Constitución local abre la puerta a la validez de matrimonios contraídos sucesivamente sin haberse disuelto un vínculo matrimonial anterior. Que una conducta no esté expresamente prohibida por la Constitución o los Tratados Internacionales no significa que esté permitida. La Constitución no prohíbe expresamente engañar a alguien para obtener un lucro indebido; tampoco prohíbe expresamente conducir un vehículo sin la licencia correspondiente. Se entiende que lo que no está jurídicamente prohibido, está permitido en tanto el adverbio jurídicamente implica a todo el orden jurídico en diferentes niveles de normatividad. Eventualmente una prohibición irracional, desproporcionada o injustificada puede resultar inconstitucional; pero a la luz de los argumentos que hemos expuesto el hecho de que la celebración de un matrimonio por una misma persona que se encuentra vinculada previamente a otro matrimonio no disuelto, dé lugar a las consecuencias jurídicas previstas en el Código Civil, no constituye una injerencia arbitraria del Estado. Estas consecuencias no parten de una prohibición explícita de la celebración de un segundo matrimonio por el Código Civil, es más, podría decirse que en el ejercicio de una libertad entendida en una dimensión excesivamente amplia, la persona que contrae el segundo matrimonio ejerce la mencionada libertad pero no puede eludir las consecuencias jurídicas de su ejercicio ilícito; tal consecuencia es la anulación del segundo matrimonio.
Ejecutoria: Toca Duda de Ley 1DL/2018 | Magistrado Ponente: Justino Eduardo Andrade Sánchez | Ver
Localización. - Núm. de Registro: 09-018001 | Precedente no obligatorio | Sala Constitucional | Constitucional | Núm. de Boletín Judicial: 003/2018 | Fecha de publicación: 6 de marzo de 2018 | 8:50 am
Av. Lázaro Cárdenas No. 373, Colonia El Mirador. Xalapa, Veracruz. C.P. 91170
Son impedimentos para celebrar el matrimonio:
X.-El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se pretenda contraer.
Son causas de nulidad de un matrimonio:
II.-Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo alguno de los impedimentos enumerados en el artículo 92;
El vínculo de un matrimonio anterior, existente al tiempo de contraerse el segundo, anula éste aunque se contraiga de buena fe, creyéndose fundadamente que el consorte anterior había muerto. La acción que nace de esta causa de nulidad, puede deducirse por el cónyuge del primer matrimonio, por sus hijos o herederos, y por los cónyuges que contrajeron el segundo. No deduciéndola ninguna de las personas mencionadas, la deducirá el Ministerio Público.
(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016)
Artículo 6. Las autoridades del Estado promoverán las condiciones necesarias para el pleno goce de la libertad, igualdad, seguridad y la no discriminación de las personas; asimismo, garantizarán el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y al libre desarrollo de la personalidad, dando especial atención a la integración de las personas con discapacidad.
(ADICIONADO, G.O. 29 DE ENERO DE 2007)
La ley garantizará que la mujer no sea objeto de discriminación y que tenga los mismos derechos y obligaciones que el varón en la vida política, social, económica y cultural del Estado. Asimismo, promoverá que la igualdad entre hombres y mujeres se regule también en las denominaciones correspondientes a los cargos públicos.
(ADICIONADO, G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016)
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, protección y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en todas las decisiones y actuaciones del Estado, quien respetará y garantizará de manera plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos y principios reconocidos a las niñas, niños y adolescentes. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
(ADICIONADO, G.O. 29 DE AGOSTO DE 2013)
El Estado promoverá, en la medida de los recursos presupuestales disponibles, el acceso universal a internet y otras tecnologías de la información y las comunicaciones emergentes, con un enfoque prioritario a la población con rezago social.
(REFORMADO, G.O. 27 DE ABRIL DE 2016)
Toda persona gozará del derecho a la información, así como al de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, frente a los sujetos obligados.
(ADICIONADO, PÁRRADO QUINTO; 27 DE ABRIL DE 2016)
En el Estado, los poderes públicos, organismos autónomos, ayuntamientos o concejos municipales, entidades paraestatales y paramunicipales creadas por uno o más ayuntamientos, organizaciones políticas; los fideicomisos, fondos públicos y sindicatos de cualquiera de éstos, además de toda persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, así como aquellas que realicen actos de autoridad o que desempeñen funciones o servicios públicos, son sujetos obligados en materia de acceso a la información y de protección de datos personales que obren en su posesión, en los términos de esta Constitución y la ley.
(ADICIONADO, PÁRRAFO SEXTO; 27 DE ABRIL DE 2016)
La información o documentación que los sujetos obligados generen o posean por cualquier título es pública. Éstos permitirán a las personas acceder a ella y reproducirla, de manera proactiva, en atención a los lineamientos generales definidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, diseñados para incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la ley, teniendo por objeto promover la reutilización de la información que generen los sujetos obligados, sin mayor restricción que la protección a los datos personales y el interés público. En todo momento deberá prevalecer, para el ejercicio libre de este derecho, su interpretación con sujeción al principio de máxima publicidad.
Artículo 121. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:
Párrafo reformado DOF 29-01-2016
I. Las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.
Fracción reformada DOF 29-01-2016
II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación.
III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de una entidad federativa sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federativa, sólo tendrán fuerza ejecutoria en ésta, cuando así lo dispongan sus propias leyes.
Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otra entidad federativa, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio.
IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa, tendrán validez en las otras.
V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de una entidad federativa con sujeción a sus leyes, serán respetados en las otras.

References: artículo 6
 artículo 121
 artículo 6
 artículo 92

Artículo 6

Artículo 121