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Timestamp: 2019-09-20 18:28:38+00:00

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Acuerdo y Sentencia 40/2011 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 40/11
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintiun días del mes de febrero del año dos mil once estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, por ante mí, el Secretario autorizante, se trajo el expediente caratulado: "OSCAR JAVIER RAMIREZ SILVA S/ ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA", a fin de resolver el recurso extraordinario de casación planteado contra el Acuerdo y Sentencia N° 63 de fecha 15 de Setiembre de 2009, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Tercera Sala de Capital.
¿Es admisible para su estudio el Recurso Extraordinario de Casación interpuesto puesto?
A los efectos de establecer el orden de votación se realizó el sorteo de ley que arrojó el siguiente: PUCHETA DE CORREA, BLANCO y BENÍTEZ RIERA.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA DOCTORA PUCHETA DE CORREA DIJO: Los abogados Leticia Ramos y José Rojas interponen Recurso Extraordinario de Casación contra el fallo más arriba individualizado, confirmatorio del fallo dictado en primera instancia.
Por SD N° 9 del 26 de Mayo de 2009, el Tribunal de Sentencias dispuso en su parte resolutiva pertinente tener por comprobada la existencia del tipo penal de robo agravado en grado de tentativa, la autoría del recurrente y su condena a la pena privativa de libertad de nueve años.
En primer término corresponde efectuar el ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD del pedido de casación: En cuanto a la impugnabilidad objetiva: Los recurrentes plantean su recurso de casación en fecha 2 de Noviembre de 2009, estando dentro del plazo para hacerlo según cédula de notificación realizada al condenado en autos, de fecha 23 de Octubre de 2009, por lo cual el recurso se halla dentro del plazo establecido por el artículo 468 del Código Procesal Penal. La resolución recurrida es un Auto Interlocutorio, emanado del Tribunal de Apelación; esta resolución pone fin al procedimiento, por lo que el objeto de la Casación contenido en el Art. 477 del Código Procesal Penal se haya cumplido. Los recurrentes invocaron expresamente como motivo de su reclamo el inciso 3o del artículo 478 del Código Ritual (falta de fundamentación).
En cuanto al motivo invocado, el mismo debe ser admitido porque para ello debe analizarse ya el fondo de la cuestión.
Con relación a la impugnabilidad subjetiva, los recurrentes son defensores del condenado, se hallan debidamente legitimados a recurrir en casación, por lo dispuesto en el artículo 449 del Código Procesal Penal, segundo párrafo.
Por último, en lo que hace al escrito de interposición: La , forma del mismo se rige por lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, al cual remite el artículo 480 del mismo cuerpo legal. A la luz de esta norma, se puede ver que el escrito de la recurrente se halla fundado y precisados sus motivos, con los argumentos y la solución que se pretende, cumpliendo así los requisitos legales. En consecuencia, al hallarse verificadas todas las exigencias formales, corresponde DECLARAR ADMISIBLE para su estudio el recurso deducido. ES MI VOTO.
A su turno, los Doctores BLANCO y BENITEZ RIERA manifiestan que se adhieren al voto de la Ministra preopinante, por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada la Doctora PUCHETA DE CORREA prosigue diciendo: En el presente caso, el tema de análisis se halla claramente definido. Se agravian los recurrentes porque la Cámara de Apelación no ha respondido agravio alguno, elevados en la apelación especial.
Respondiendo así al único agravio planteado, esta Corte Suprema de Justicia observa que el fallo de Cámara confirmó una condena en autos, pero el fallo que así lo declara, hoy sometido a estudio, ha cometido el error de no contestar a todos los agravios que le fueron elevados en su oportunidad.
En ya suficiente y constante jurisprudencia, la Corte Suprema ha rechazado los fallos de alzada que basen su resolución solamente en citas de la sentencia definitiva de primera instancia, o de transcripciones legales.
En el caso que nos ocupa, la resolución consta de veinte y dos carillas, pero las respuestas de los magistrados solo se intentan plasmar en escasas tres carillas, de muy pocas líneas, sin contar que en estas tres carillas responden además otras apelaciones especiales. No sería de importancia la cantidad de espacio dedicado a las respuestas si es que responde todos los agravios y plasma claramente las razones de la sentencia, pero en el caso que nos ocupa las respuestas se pueden centrar en una sola, cual era no poder analizar nuevamente las pruebas, siendo el resto expresiones del tribunal de méritos o trascripciones completas de los escritos de las partes intervinientes.
En este juicio, la parte recurrente ha alegado ante la Cámara cuestiones pertinentes que, no necesariamente, eran cuestiones fácticas o probatorias que no podían ser analizadas en alzada, sino que se referían a tópicos de derecho exclusivo, como ser por ejemplo, la no aplicación de la Duda a Favor del Reo.
Por otro lado, todo lo planteado en su oportunidad, eran cuestiones importantes que indefectiblemente debían recibir una respuesta por parte del órgano de alzada, ya que era su deber controlar el razonamiento del inferior y devolver lo peticionado.
La Corte Suprema de Justicia, en su fallo 1297 de fecha 13 de Setiembre de 2004 ha dicho: "El Tribunal de Alzada, está obligado a controlar el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento, y al expresar su conclusión sobre dicha verificación, es su deber, expresar la correlación lógica de argumentos o de razones suficientes que demuestren su conclusión, lo cual, no significa necesariamente incursión del Tribunal en el terreno de los hechos".
Por tanto, corresponde hacer lugar al recurso de casación I impetrado contra el Acuerdo y Sentencia N° 63 de fecha 15 de Setiembre de 2009, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Tercera Sala de Capital.
Ahora bien, atendiendo a la facilitad legal que otorga la Ley a los órganos de alzada, y visto que el presente caso puede ser incursada en ella, corresponde aplicar la decisión directa a este juicio.
De esta manera, se puede ver, en el escrito de apelación especial de los recurrentes, que los mismos han establecido, aunque no de manera muy ordenada, tres agravios claros, cuales son: 1) mala valoración probatoria del tribunal de méritos y 2) desconocimiento del principio In Dubio Pro Reo.
Atendiendo así al primer agravio, se puede responder que el tribunal de sentencias llegó a su decisión de manera acorde y resuelta, en base a un cúmulo probatorio. Si bien es verdad que algunos de los elementos vertidos aparecerían como contrarios a otros elementos, es también verdad que de la orientación general de las pruebas se puede encontrar una dirección exacta que permite llegar a las mismas conclusiones llegadas por el tribunal de sentencias.
El resto de los argumentos de las partes, en relación a este punto consiste en intentar una nueva evaluación de las evidencias, lo cual está prohibido por nuestra legislación a los órganos de alzada, pero además, el razonamiento del tribunal de méritos es acorde con la Sana Crítica, es decir, que la evaluación de los elementos probatorios por dicho órgano realizada, se ajusta a la lógica de los acontecimientos y al Derecho, por lo que este agravio es rechazado.
En cuanto al segundo agravio, los recurrentes indican que el tribunal de méritos debió usar el principio del In Dubio Pro Reo, a la luz de las evidencias presentadas. La respuesta a este agravio queda conexa con la anterior, porque este principio solo puede ser usado por el tribunal de sentencias, cuando el mismo entiende que posee una duda clara sobre determinada situación, y que los elementos probatorios no le permiten salvarla, pero este caso no es el de autos, debido a que de la lectura de la sentencia, se puede colegir claramente que los jueces nunca tuvieron una sola duda sobre la materia estudiada y por ello este principio no cabe en su aplicación; los jueces no han dejado aristas sin observar y no puede indicarse que en la estructura racional, quedo una duda que invalide la construcción fáctica y jurídica del caso, por lo que este agravio también debe ser rechazado.
Corresponde así confirmar la S.D. N° 9 de fecha 26 de Mayo de 2009, dictado por el tribunal de Sentencias de esta circunscripción.
A su turno los Doctores BLANCO y BENITEZ RIERA manifiestan que se adhiere al voto que antecede por los mismos fundamentos.
SENTENCIA NÚMERO: 40/11.-
Asunción, 23 de febrero de 2011.
1.- DECLARAR LA ADMISIBILIDAD, del Recurso Extraordinario de Casación planteado contra el Acuerdo y Sentencia N° 63 de fecha 15 de Setiembre de 2009, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Tercera Sala de Capital.
2.- HACER LUGAR, al Recurso Extraordinario de Casación planteado contra el Acuerdo y Sentencia N° 63 de fecha 15 de Setiembre de 2009, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Tercera Sala de Capital.
3.- CONFIRMAR, la S.D. N° 9 de fecha 26 de Mayo de 2009, dictado por el tribunal de Sentencias de esta circunscripción, por lo razonamientos vertidos en esta resolución.
4.- IMPONER, las costas a la perdidosa.
5.- REMITIR, estos autos al Juzgado penal competente a sus efectos.
6.- ANOTAR, registrar y notificar.
Luis María Benítez.
Karina Penoni de Bellassai.

References: artículo 468
 resolución 
 resolución 
 artículo 478
 artículo 449
 artículo 468
 artículo 480
 resolución 
 resolución 
In Dubio
In Dubio