Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-31-de-mayo-2-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_8873922b5e604e799f37c5c539ddd971&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-21 02:01:38+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA C-31 DE MAYO 2 DE 2018
SENTENCIA C-31 DE 02 DE MAYO DE 2018
CONTENIDO:OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA AL NO INCLUIR A LAS VÍCTIMAS ENTRE QUIENES PUEDEN SOLICITAR EL CAMBIO DE RADICACIÓN ANTES DE INICIARSE LA AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL. SE RECUERDA QUE LA JURISPRUDENCIA SE HA PRONUNCIADO BÁSICAMENTE SOBRE LA OPORTUNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS (I) DE SER INFORMADAS Y ESCUCHADAS EN RELACIÓN CON LA SUERTE DE LAS INVESTIGACIONES, LA ACCIÓN PENAL Y LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO(II) DE SOLICITAR MEDIDAS ORIENTADAS A SU PROTECCIÓN Y AL AMPARO DE SUS DERECHOS, (III) DE EJERCER FACULTADES PROBATORIAS, (IV) DE SER ESCUCHADAS RESPECTO DE LOS TÉRMINOS DE LA ACUSACIÓN, Y (VI) DE PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL. LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS HA ESTADO LIGADA A LA CONEXIDAD DE SU INTERVENCIÓN EN CADA MOMENTO PROCESAL CON SUS DERECHOS A LA VERDAD, A LA JUSTICIA, A LA REPARACIÓN Y A LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN, ASÍ COMO CON EL ACCESO A LA JUSTICIA EN GENERAL. EN CONCORDANCIA, SE CONSTATA QUE EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 906 DE 2004, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 1453 DE 2011, CONTIENEN UNA OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA AL NO CONCEDER A LAS VÍCTIMAS LA FACULTAD DE SOLICITAR EL CAMBIO DE RADICACIÓN DEL PROCESO. EN CONCLUSIÓN, SE DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD, LAS EXPRESIONES “LAS PARTES O EL MINISTERIO PÚBLICO”, CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 906 DE 2004, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 1453 DE 2011, EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS VÍCTIMAS TAMBIÉN PUEDEN SOLICITAR DIRECTAMENTE EL CAMBIO DE RADICACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PARTICIPACIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL, INTERVENCIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL, CAMBIO DE RADICACIÓN DEL PROCESO, SOLICITUD DE CAMBIO DE RADICACIÓN DEL PROCESO, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL, OMISIÓN LEGISLATIVA
Sentencia C-31 de mayo 2 de 2018
Ref.: Expediente D-11906
Bogotá, D. C., dos de mayo de dos mil dieciocho.
A continuación se transcribe el artículo demandado, subrayado en las expresiones objeto de impugnación(1).
Diario Oficial Nº 45.658 de 1 de septiembre de 2004
Antes de identificar el problema jurídico que habrá de ser resuelto, la Sala debe precisar el alcance de la impugnación. Los demandantes señalan como censuradas las expresiones “las partes”, “el Ministerio Público” y el “Gobierno Nacional”, no por ser en sí mismas inconstitucionales, sino en tanto presuntamente muestran que el legislador, al prever los legitimados para solicitar en igualdad de condiciones el cambio de radicación del proceso, sin justificación omitió incluir a la víctima. Debe notarse, sin embargo, que en el contexto de la norma, el “Gobierno Nacional” no se halla en la misma situación que los demás facultados para promover el trámite y que la regulación de su atribución es también distinta, tanto en la versión original del artículo 47 del C.P.P., como en la modificada por el artículo 71 de la Ley 1453 de 2011(2).
Así, las partes y el Ministerio Público, antes y en la actualidad, como sujetos naturales del proceso pueden solicitar el cambio de radicación con base en las causales comunes previstas en el artículo 46 del C.P.P(3). En cambio, las razones por las cuales el Gobierno Nacional puede promover el traslado de las diligencias son menores, tienen carácter restrictivo y siempre han estado previstas en el parágrafo del artículo 47 demandado, tanto en la versión anterior como en la modificada por la Ley 1453 de 2011(4). Además, en esta última norma se indicó que el Gobierno ese encuentra autorizado para solicitar el cambio de radicación por directrices de política criminal, motivo que no puede ser invocado por la Fiscalía, la defensa ni por el Ministerio Público.
1. La figura del cambio de radicación es una importante excepción a la garantía del juez natural(5). El derecho a un juez natural implica que todo ciudadano debe ser juzgado o su causa sustanciada por el juez constitucional o legalmente competente, independiente e imparcial para adelantar el trámite y adoptar la decisión de fondo (arts. 29, 228 y 230 C.P.)(6). La salvaguarda del juez natural se encuentra orientada a garantizar la rectitud en la administración de justicia y a servir de límite frente a eventuales arbitrariedades de los poderes estatales en perjuicio de los ciudadanos(7). Supone, sin embargo, también una defensa de la jurisdicción y de su independencia en el marco del Estado de derecho(8).
2. La garantía del juez natural se encuentra intrínsecamente ligada a las nociones de jurisdicción y competencia. La primera ha sido comprendida como la potestad oficial, única e indivisible, ejercida a nombre de la soberanía del Estado, para administrar justicia, y la segunda como la porción, la cantidad, la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que debe conocer, atendidos determinados factores (materia, cuantía, lugar, etc.)(9). Los factores empleados por el legislador para definir el juez que ha de conocer, tramitar y decidir, con preferencia o exclusión de los demás, la causa de la que se trate, han sido ordinariamente (i) la materia del proceso y la cuantía (factor objetivo); (ii) las condiciones especiales de las partes que concurren al proceso (factor subjetivo); (iii) la naturaleza de la función que desempeña la autoridad que tiene a su cargo la resolución del proceso (factor funcional); (iv) el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial); y (v) la competencia previamente asignada para otro proceso (factor de conexidad o de atracción)(10).
5. La Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que el diseño del sistema procesal penal introducido mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 y desarrollado en la Ley 906 de 2004 se caracteriza por dos elementos básicos. De una parte, se trata de un modelo con rasgos acentuadamente acusatorios en la medida en que se introduce un sistema de partes y el trámite se edifica sobre la rígida separación entre la fase de investigación y la etapa del juicio. En un extremo, la acusación encabezada por la Fiscalía y, en el otro, el procesado junto con su defensor, protagonizan la actuación, se ubican tendencialmente en el mismo plano y disponen de igualdad de armas, especialmente en el escenario del juicio oral. En concordancia, la Fiscalía aparece desprovista prácticamente de todo poder jurisdiccional y como regla general el juez asume en desarrollo del proceso un rol arbitral, destinado a conducir el debate y salvaguardar el cumplimiento de los principios y garantías procesales(11).
6. De otra parte, la Corte ha recalcado que el proceso no es rigurosamente acusatorio con arreglo a un determinado modelo teórico o a sistemas normativos de ordenamientos jurídicos comparados. Por el contrario, ha precisado que se trata de un diseño de ascendencia adversarial, pero con características especiales propias y particulares(12). En este sentido, si bien el juez no actúa ordinariamente de manera oficiosa y representa la posición de un tercero imparcial que dirige y modera la controversia, en el ejercicio de las funciones de control de garantías, de preclusión y de juzgamiento, debe orientarse por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia (art. 5º C.P.P.) y es también su deber hacer prevalecer el derecho sustancial (art. 10 C.P.P.).
Según lo ha indicado la Corte, conforme al artículo 250.7 C.P., la víctima no tiene el carácter de parte sino que detenta la posición de interviniente dentro del proceso penal adversarial colombiano. Pese a esto, sus facultades de intervención se ejercen de manera autónoma a las funciones del Fiscal(13) y poseen unas características propias y especiales. La Sala Plena ha señalado que corresponde al Legislador en ejercicio del margen de configuración que le reconoce la Constitución Política determinar la forma en que hará efectivo el derecho de las víctimas a intervenir dentro del proceso, teniendo en cuenta que esta facultad de intervención difiere de la de cualquier otro interviniente, en la medida en que aquellas pueden actuar no solo en una etapa sino “en el proceso penal”. En este sentido, ha precisado que el artículo 250 C.P. no prevé que la participación de las víctimas esté limitada a alguna de las etapas de la actuación, a un trámite, fase o incidente, sino que consagra su intervención en todo el proceso, no obstante lo cual, sus atribuciones deben ser armónicas con la estructura del sistema de tendencia acusatoria, su lógica propia y su proyección en cada trámite(14).
10. En la Sentencia C-454 de 2006(15), este Tribunal analizó si el artículo 135 del C.P.P., sobre garantías de comunicación a las víctimas, había incurrido en omisiones legislativas relativas al no establecer el contenido y alcance concretos de dicha garantía ni el momento a partir del cual los órganos de investigación (Fiscalía y Policía Judicial) deben informar a las víctimas acerca de sus derechos. Una vez analizada la demanda, la Sala llegó a la conclusión de que se configuraban las omisiones alegadas, por cuanto la norma atacada dejaba de prever la garantía de comunicación a las víctimas en fases preliminares de la actuación y respecto de todos los derechos de los que son titulares, sin una justificación objetiva y suficiente. Así mismo, indicó que de tal manera se limitaban sus derechos a la sola pretensión indemnizatoria y el legislador incumplía el deber constitucional de garantizarles el acceso a la justicia, así como la tutela judicial efectiva. En consecuencia, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 135 de la Ley 906 de 2004, “en el entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que éstos entran en contacto con las autoridades, y que se refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación”.
11. En la Sentencia C-209 de 2007(16), entre otros problemas jurídicos, la Sala examinó si el artículo 327 de la Ley 906 de 2004 era inconstitucional, al no exigir que la aplicación del principio de oportunidad a favor del procesado dependiera de la satisfacción razonable de los derechos de la víctima a la verdad, a la justicia y a la reparación y, en específico, al no fijar un medio de control o recurso contra la decisión judicial que dispusiera la aplicación de dicha figura. Al resolver, la Corte consideró que debido a la trascendencia de la utilización del principio de oportunidad para los derechos de los afectados, impedirles impugnar la renuncia del Estado a la persecución penal los dejaba desprotegidos. Afirmó que si bien la satisfacción de los derechos de la víctima no sólo se logra a través de una condena, su efectividad sí depende de que tenga la oportunidad de impugnar las decisiones fundamentales que afectan sus derechos, de modo que no permitir recurrir la decisión en este evento resultaba incompatible con la Constitución. En consecuencia, declaró la inexequibilidad de la expresión “y contra esa determinación no cabe recurso alguno”, del artículo 327 de la Ley 906 de 2004, señaló que procedía la apelación y que el trámite debía llevarse a cabo, en lo aplicable, de acuerdo con lo previsto en los artículos 176, 177, 178 y 179 de la Ley 906 de 2004.
12. Mediante la Sentencia C-516 de 2007(17), la corporación analizó si los artículos 348, 350, 351 y 352 contenían omisiones legislativas relativas, por no establecer que las víctimas del injusto pudieran pronunciarse negativa o positivamente frente a los preacuerdos y acuerdos que se lleven a cabo entre la Fiscalía y el imputado o acusado. La Corte sostuvo que las normas demandadas, en efecto, no contemplaban un mecanismo de participación de las víctimas en estas instancias procesales y ni siquiera un papel pasivo o una intervención mediada por el fiscal. Por otro lado, la Sala señaló que no existía una razón objetiva y suficiente que justificara la aludida omisión, dado que se trata de actuaciones que se desarrollan en una fase previa al juicio oral, justamente con el propósito de evitar esa etapa mediante una sentencia anticipada.
13. Por medio de la Sentencia C-782 de 2012(18), este Tribunal examinó si el artículo 90 del C.P.P. contenía una omisión legislativa relativa, al prever que la defensa, el fiscal y el Ministerio Público, pero no la víctima, pueden solicitar la adición de la sentencia o la decisión con efectos equivalentes, que omita un pronunciamiento definitivo sobre los bienes afectados con fines de comiso.
14. En la Sentencia C-839 de 2013(19), este Tribunal analizó el problema de si en el inciso 1º del artículo 101 del C.P.P., al conferir antes de la acusación exclusivamente a la Fiscalía, no a las víctimas, la facultad de solicitar la suspensión provisional del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro, el Legislador había incurrido en una omisión legislativa relativa, violatoria de los derechos de aquellas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Analizada la impugnación, la Corte sostuvo que la norma impugnada efectivamente generaba la referida exclusión y que tenía este efecto pese a que, en primer lugar, el papel asignado a la Fiscalía no excluye el derecho de las víctimas a intervenir en el proceso; en segundo lugar, a que la medida analizada está relacionada con derechos como la reparación y, en tercer lugar, el restablecimiento del derecho no tiene vínculo alguno con la responsabilidad penal del procesado y tampoco proyecta ninguna influencia directa en el juicio oral.
Por último, la Corte indicó que la omisión implicaba el incumplimiento de la obligación del Legislador, de protección de los derechos de las víctimas, lo cual constituye un pilar fundamental reconocido por esta Corporación y constituido por el compromiso del Estado Social y Democrático de Derecho de respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas, tal como requieren la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Preámbulo de la Constitución y especialmente sus artículos 1º, 2º, 5º, 86, 87, 88 y 241-1, 93, 94, 229 y 215-2.
15. En la Sentencia C-603 de 2016(20), la Sala Plena analizó si en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004, el Legislador había incurrió en una omisión legislativa relativa, violatoria de los derechos constitucionales a la igualdad (art. 13 C.P.), a la defensa (art. 29 C.P.) y al acceso a una justicia efectiva (arts. 2º, 228 y 229 C.P.), al autorizar a la Fiscalía para solicitar, bajo ciertas condiciones previstas en la ley, en cualquier momento y antes de la acusación, la suspensión de la personería jurídica o el cierre de locales o establecimientos abiertos al público, y no incluir una facultad equivalente para las víctimas, en un contexto en el cual estas medidas podrían dictarse en beneficio de la sociedad en general y, por su impacto, incidir en el derecho al debido proceso de los afectados con el delito.
La Corte constató que, en efecto, se producía la citada exclusión de la víctima, pues la norma demandada establece que la Fiscalía está legitimada para solicitar medidas de suspensión de la personería jurídica y el cierre temporal de establecimientos o locales abiertos al público, bajo las condiciones normativas en ella previstas, y no les reconocía la misma facultad a las víctimas. De otra parte, señaló que lo anterior carecía de un principio de razón suficiente, pues la jurisprudencia constitucional ha precisado que aquellas no están excluidas por completo de ninguna de las etapas del proceso penal, en la medida en que la Constitución precisamente establece que “la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal”, sin que el ordenamiento superior circunscriba sus derechos de participación únicamente a algunas de sus fases (art. 250.7 C.P.).
En el mismo sentido, la Corte indicó que la pretensión de que los citados intervinientes sean legitimados para solicitar directamente la suspensión de la personería jurídica o el cierre de establecimientos o de locales abiertos al público no afecta la estructura del proceso penal, su carácter adversarial ni el principio de igualdad de armas, así como tampoco los principios del debido proceso del imputado. Afirmó también que la exclusión analizada generaba para las víctimas una desprotección ante omisiones de la Fiscalía o circunstancias que requieran una actuación urgente y directa en las cuales no sea posible acudir ante la entidad, sino inmediatamente ante el juez. A este propósito, la Corte puntualizó que no se trataba de privar a las víctimas de una facultad procesal, “sino del hecho de restringirles el acceso directo a medidas que pueden servir –como antes se indicó– para la protección de sus derechos y bienes jurídicos sustanciales, o de los de sus familiares o allegados en un grado jurídicamente relevante”.
Finalmente, la Corte indicó que la omisión era el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador, pues la Constitución establece que la ley debe fijar los términos en que las víctimas podrán intervenir en el proceso penal (art. 250.7 C.P.), sin que le sea dado al Congreso establecer términos de intervención directa que las excluyan injustificadamente de ciertos recursos procesales importantes para su protección. Indicó, además, que esta es también una obligación derivada de sus derechos al debido proceso (art. 29 C.P.) y a acceder a la administración de justicia (art. 229 C.P.). En consecuencia, la Sala decidió que la norma demanda es exequible siempre que se entienda que la solicitud a la que ella se refiere puede ser presentada también por la víctima(21).
16. En la Sentencia C-471 de 2016(22), este Tribunal examinó si el artículo 51 de la Ley 906 de 2004, al otorgar a la Fiscalía (en la formulación de la acusación) y a la defensa (en la audiencia preparatoria), pero no a la víctima, la posibilidad de solicitar al juez la declaratoria de la conexidad procesal, contenía una omisión legislativa relativa, que implicaba el desconocimiento del deber constitucional de asegurar la participación de las víctimas en el proceso penal, de conformidad con lo previsto en los artículos 2º, 13, 29, 229 y 250.7 C.P.
La Corte determinó que la disposición demandada, en efecto, no previó que la víctima podía solicitar disponer la conexidad procesal, lo cual suponía un trato desigualitario, en relación con el conferido a la Fiscalía y a la defensa, a quienes la misma disposición les otorga tal atribución. En segundo lugar, señaló que la omisión carecía de justificación, pues no existe una prohibición constitucional de asignar a las víctimas tal facultad y, en cambio, la Ley 906 de 2004 reconoce –como derecho derivado del acceso a la administración de justicia– la garantía de las víctimas a ser oídas (art. 11 del C.P.P.). En el mismo sentido, argumentó que el reconocimiento de esta facultad preserva las competencias o atribuciones de los otros sujetos procesales, dado que no priva a la Fiscalía de su función de formular la acusación en la oportunidad que corresponde y tampoco impide a la defensa elevar la referida solicitud en la audiencia preparatoria.
17. Este Tribunal estudió en la Sentencia C-209 de 2007(23) si los artículos 306, 316 y 342 de la Ley 906 de 2004 contenían omisiones legislativas relativas, al excluir a la víctima de la posibilidad de solicitar directamente medidas de aseguramiento y medidas de protección ante el juez de control de garantías o ante el juez de conocimiento, según el caso, y al impedirle obtener protección contra posibles amenazas y obligarle a depender de la actuación del Fiscal o del Ministerio Público en la solicitud de tales medidas.
18. Mediante la Sentencia C-454 de 2006(24), la Corte examinó si el artículo 357 C.P.P., al no contemplar a las víctimas dentro de los actores procesales que podían hacer solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, contenía una omisión legislativa relativa. Analizada la demanda, la Corte sostuvo que, en efecto, le asistía razón al actor, pues la norma contenía una omisión que transgredía los derechos de la víctima, al obstruir sus posibilidades para la efectiva realización de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, y la colocaba, de manera injustificada, en una posición de desventaja en relación con otros actores e intervinientes procesales.
A este respecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que como el debate probatorio en el juicio oral se desenvuelve fundamentalmente entre la acusación y la defensa, es obligación de la Fiscalía, en la audiencia de formulación de acusación, al hacer el descubrimiento de las evidencias que se practicarán, incluir los elementos de convicción que la víctima pretenda luego solicitar(25).
19. Ratificando el precedente anterior, la Corte se pronunció en la Sentencia C-209 de 2007(26). La Sala analizó si contenían omisiones legislativas relativas los artículos (i) 284.2 del C.P.P. que otorgaba solamente a la Fiscalía, a la defensa y al Ministerio Público la facultad de solicitar y practicar pruebas anticipadas, durante la investigación y antes de la instalación de la audiencia de juicio oral; (ii) 344 del C.P.P. que confería la posibilidad, únicamente a la defensa, de solicitar al juez que ordenara al fiscal el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física, en la audiencia de formulación de la acusación; y (iii) 356, 358 y 359 del C.P.P. que concedían exclusivamente a las partes y, la última disposición también al Ministerio Público, la atribución de solicitar al juez en la audiencia preparatoria el descubrimiento y la exhibición de un elemento material probatorio específico o de evidencia física específica y la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba.
20. En la Sentencia C-209 de 2007(27), la Corte analizó si los artículos 339 C.P.P., sobre el trámite de la audiencia de formulación de la acusación, y 337 ídem, que establece la entrega del escrito de acusación a la víctima “con fines únicos de información”, al excluir la posibilidad para esta de hacer observaciones y fijar su posición frente al pliego acusatorio, manifestar oralmente causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades que pudieran existir, cercenaba sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
21. Mediante la Sentencia C-209 de 2007(28), la Corte analizó si contenían omisiones legislativas relativas los artículos: (i) 378 del C.P.P. al no prever para la víctima la posibilidad de controvertir los elementos materiales probatorios y la evidencia física presentados en el juicio oral; (ii) 391 del C.P.P., por no otorgar a los afectados con el delito la facultad de interrogar testigos; (iii) 395 del C.P.P, en tanto no conceden a las víctimas la prerrogativa de oponerse a las preguntas; y (iv) 371 del C.P.P., que excluye a los citados intervinientes de presentar una teoría del caso diferente o contraria a la de la defensa, que pueda discrepar de la del fiscal. A juicio de la Corte, en estas disposiciones el legislador no incurrió en omisiones relativas. Esto, fundamentalmente debido al momento procesal en el que tienen lugar las facultades procesales debatidas.
22. En el mismo sentido, en la Sentencia C-473 de 2016(29), este Tribunal analizó si el artículo 362 del C.P.P., al excluir a la víctima de la posibilidad de ofrecer pruebas de refutación, destinadas a controvertir el mérito de otras evidencias en el escenario del juicio oral, incurría en una omisión legislativa relativa, que desconocía sus derechos a probar y de acceso a la justicia. Al analizar el cargo, la Sala concluyó que en la norma impugnada el Legislador no había incurrido en tal omisión, por cuanto, si bien el precepto no permitía a la víctima ofrecer la citada clase de pruebas, su posición no era equivalente a la de las partes en sus aspectos relevantes, considerado el preciso momento procesal al que se refiere la regla demandada. Resaltó que la medida cuenta con una justificación constitucional amplia y suficiente, dado que se trata de evidencias comprendidas dentro de las armas estratégicas de las que disponen esencialmente las partes y, por lo tanto, es una herramienta propia del debate probatorio que se desarrolla en el juicio público y oral, cuyo uso solo puede recaer en el acusador y el acusado, como garantía del principio de igualdad de armas.
23. En la Sentencia C-260 de 2011(30) este Tribunal analizó si el artículo 397 del C.P.P., en tanto permite al Juez y al Ministerio Público hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso una vez concluidos los interrogatorios de las partes, pero excluye a la víctima de esa facultad, configuraba una omisión legislativa relativa, que vulneraba sus derechos al debido proceso y acceso efectivo a la justicia.
24. Mediante la Sentencia C-616 de 2014(31), este Tribunal examinó si el inciso 3º del artículo 443 de la Ley 906 de 2004, al no permitir a las víctimas presentar réplicas a los alegatos de conclusión de la defensa, contenía una omisión legislativa relativa, violatoria de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
25. En contraste, en la Sentencia C-250 de 2011(32) la Corte analizó si el artículo 100 de la Ley 1395 de 2010, que excluía a las víctimas de ser oídas en la etapa de individualización de la pena y sentencia, había incurrido en una omisión legislativa relativa, contraria a sus derechos a la participación en las decisiones que le afectan, a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la justicia.
26. Las víctimas son intervinientes especiales en el proceso penal y les asiste el derecho de acceder y participar de todas las actuaciones, con el fin de que sean satisfechos eficazmente, a su vez, sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y el aseguramiento de condiciones de no repetición. Sin embargo, dado el carácter tendencialmente acusatorio del trámite, las formas de su intervención varían en función de la incidencia para la eficacia de sus derechos, del momento procesal en cuestión, de las posibles afectaciones a la estructura constitucional del proceso y de la posibilidad de que se desconozcan competencias, facultades o derechos exclusivos de los otros sujetos, así como mandatos constitucionales expresos(33). Las reglas que se siguen de los precedentes reseñados pueden ser expresadas de la siguiente forma(34):
28. En criterio de la Sala y, en concordancia con los demandantes y la mayoría de intervinientes, la disposición referida contiene, en efecto, una omisión legislativa relativa, al no conceder a la víctima legitimidad para solicitar el cambio de radicación de la actuación. A luz de las reglas reseñadas con anterioridad, particularmente de aquella según la cual las víctimas tienen derecho a promover diligencias orientadas a la adopción de medidas de protección a su favor y de las que dependa la eficacia de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, resulta claro que la regulación analizada es incompatible con la Carta, al excluir a la víctima de la posibilidad de solicitar de manera directa al juez el cambio de radicación del proceso. La estructuración de la omisión legislativa relativa se produce en los términos que se muestran a continuación(35).
30. (ii) En segundo lugar, la anterior exclusión carece de una justificación constitucional suficiente. La Corte ha sostenido que las víctimas no están de entrada excluidas de participar en los trámites y, al contrario, la Constitución prevé que “la ley fijará los términos en que podrán intervenir… en el proceso penal”. Así mismo, ningún mandato superior indica que sus derechos de participación se limitan a algunas de sus fases (art. 250.7 del C.P.P.)(36). En este entendido, no se observa fundamento alguno que justifique por qué las víctimas no deben tener la posibilidad de solicitar el cambio de radicación del proceso, en pie de igualdad con las partes y el Ministerio Público.
32. Conforme a lo anterior, el cambio de radicación no es un procedimiento al que deba ser consustancial una especie de legitimación especial ni se trata de una prerrogativa propia y única de las partes o de uno u otro de los intervinientes, debido a su lugar o a su posición dentro del proceso o en los momentos previos a la audiencia de juicio oral. Si una de las partes o el Ministerio Público desea impulsarlo debe invocar las causales comunes previstas en la Ley, seguir el mismo procedimiento fijado en el artículo 48 del C.P.P. y la decisión tiene efectos para todos los sujetos que concurren al proceso. Por otra parte, es posible que cuando uno de los referidos actores presente la petición correspondiente los demás no consideren configurado el supuesto que lo motiva o no estimen conveniente el traslado de la actuación. No obstante lo anterior, el hecho de tener la posibilidad de solicitar el cambio de radicación al juez no significa que en efecto este lo decretará, máxime porque la Ley exige que la petición sea debidamente sustentada y acompañada de los elementos cognoscitivos pertinentes y, de no cumplirse, será rechazada de plano(37).
37. (iv) Por último, dada la intrínseca relación ilustrada entre la facultad para la víctima de solicitar al juez el cambio de radicación del trámite y sus derechos a la seguridad y la integridad personal, al acceso a un recurso judicial efectivo, a la justicia y a la no repetición, el Legislador incumplió su deber constitucional de brindarles mecanismos y oportunidades procesales para la defensa de tales bienes superiores. Por un lado, el Constituyente estableció que al Legislador corresponde fijar los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal (art. 250.7. C.P.) y no existen reglas supralegales que limiten su participación a algunas fases del trámite o que las excluyan de ciertos recursos procesales importantes para la protección de sus derechos. Esto, sin perjuicio de la conservación del carácter adversarial del juicio oral y el principio de igualdad de armas que gobierna este escenario, en los términos explicados en esta Sentencia. En el marco constitucional, se trata de un deber que se sigue también de los derechos al debido proceso (art. 29 C.P.) y a disponer de un recurso judicial efectivo (art. 229 C.P.)(38).
Por otro lado, el citado deber del Legislador se deriva del derecho internacional de los derechos humanos, como lo ha mostrado reiteradamente la jurisprudencia de la Corte. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el derecho a un recurso judicial efectivo y la obligación para los Estados de adoptar medidas legislativas o de otro carácter a fin de garantizar la eficacia de los derechos reconocidos en este Instrumento (arts. 2º y 3º)(39). Prevé también la igualdad de todas las personas ante los tribunales y Cortes de Justicia (art. 14)(40). Así mismo, la Convención Americana sobre de Derechos Humanos consagró los derechos de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (art. 8.1)(41); a la igualdad ante la ley (art. 24)(42) y a un recurso judicial efectivo (art. 25)(43). Además, en su artículo 1º, la CADH fijó la obligación de los Estados de respetar y garantizar los derechos y libertades reconocidos en ella(44).
38. En este orden de ideas, la Corte constata que el artículo 47 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 71 de la Ley 1453 de 2011, contienen una omisión legislativa relativa al no conceder a las víctimas la facultad de solicitar el cambio de radicación del proceso. En consecuencia, en reiteración de la forma de decisión adoptada en el precedente a que se ha hecho referencia a lo largo de esta Sentencia(45), la Corte declarará la exequibilidad de las expresiones “las partes o el Ministerio Público”, bajo el entendido de que las víctimas también pueden solicitar directamente ante el juez el cambio de radicación de la actuación.
1. Levantar la suspensión de términos decretada dentro del presente proceso mediante el Auto 305 de 21 de junio de 2017.
2. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en esta sentencia, las expresiones “las partes o el Ministerio Público”, contenidas en el artículo 47 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 71 de la Ley 1453 de 2011, en el entendido de que las víctimas también pueden solicitar directamente el cambio de radicación.
En atención a la decisión adoptada por la Sala Plena el día 2 de mayo de 2018, referida al Expediente D-11906, me permito presentar, con el acostumbrado respeto por la decisión mayoritaria, este Salvamento de Voto. Las consideraciones que lo sustentan son las siguientes:
Respecto de los cargos por omisión legislativa relativa, la Corte tiene, como lo ha reconocido su jurisprudencia, una competencia limitada. La procedencia de cargos por omisión legislativa relativa es, por tanto, excepcional. La carga de argumentación del demandante en casos como estos tiene que ser, por ello mismo, muchísimo mayor(46).
En conexión estrecha con lo anterior, la Sala Mayoritaria no analizó los argumentos de los actores a la luz de los requisitos específicos para la procedencia de cargos de omisión legislativa relativa(47).
Nótese cómo desde la propia Constitución (art. 250.7) se refuerza la tesis de que el impulso del juicio corresponde, por excelencia, a las partes, en tanto que “la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal”, de donde se concluye que estas, por no ser parte, solo pueden actuar en los términos y condiciones señaladas por la ley procesal penal.
Por lo demás, ante una supuesta negativa, el afectado está habilitado para acudir a otros órganos, como el Ministerio Público y/o el Gobierno Nacional, para que, con los elementos de juicio pertinentes, estos hagan el pedido de que se trata. (Énfasis fuera del texto)”(48).
1 Los demandantes atacan el artículo 47 de la Ley 906 de 2004 y anuncian que la disposición fue modificada por el artículo 71 de la Ley 1453 de 2011. Sin embargo, al precisar los apartes acusados transcriben el texto original del artículo 47 de la Ley 906 de 2004, no el precepto modificado (la versión original del artículo 47 de la Ley 906 de 2004, resaltado en las expresiones demandadas, establecía: “[a]ntes de iniciarse la audiencia del juicio oral, las partes, el Ministerio Público o el Gobierno Nacional, oralmente o por escrito, podrán solicitar el cambio de radicación ante el juez que esté conociendo del proceso, quien informará al superior competente para decidir. // El juez que esté conociendo de la actuación también podrá solicitar el cambio de radicación ante el funcionario competente para resolverla. // PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional solo podrá solicitar el cambio de radicación por razones de orden público o de seguridad de los intervinientes, en especial de las víctimas, o de los servidores públicos). Con todo, debido a que el contenido normativo censurado se encuentra expresado tanto en la versión original como en la modificada y casi con idéntica redacción, la Sala asume que la demanda versa sobre esta última. En su intervención, el Ministerio de Justicia advierte la misma discordancia anotada y afirma pronunciarse sobre la versión subrogada de la norma, en consideración, así mismo, a que el Legislador confirió de nuevo la legitimidad para solicitar el cambio de radicación a las partes, el Ministerio Público y el Gobierno Nacional.
2 Ver la claridad realizada en la nota 1.
3 “ARTÍCULO 46. Finalidad y procedencia. El cambio de radicación podrá disponerse excepcionalmente cuando en el territorio donde se esté adelantando la actuación procesal existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad o integridad personal de los intervinientes, en especial de las víctimas, o de los servidores públicos”.
4 En la versión original del artículo 47 del C.P.P. se señalaba: “… PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional solo podrá solicitar el cambio de radicación por razones de orden público o de seguridad de los intervinientes, en especial de las víctimas, o de los servidores públicos”. En el artículo modificado se establece: “… PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional podrá solicitar el cambio de radicación por razones de orden público, de interés general, de seguridad nacional o de seguridad de los intervinientes, en especial de las víctimas, o de los servidores públicos y testigos, así como por directrices de política criminal. // Los cambios de radicación solicitados por el Gobierno Nacional, serán presentados ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien resolverá de plano la solicitud. Contra la providencia que resuelva la solicitud de cambio de radicación no procede recurso alguno. // Lo previsto en este artículo también se aplicará a los procesos que se tramitan bajo la Ley 600 de 2000”.
5 El juez natural es consustancial al debido proceso. Conforme al artículo 29 C.P. “(…) [n]adie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (negrillas fuera de texto).
6 Corte Constitucional. Sentencias C-328 de 2015. M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y C-755 de 2013. M. P. María Victoria Calle Correa.
7 Corte Constitucional. Sentencia C-328 de 2015, Cit.
8 En la Sentencia C-208 de 1993. M. P. Hernando Herrera Vergara, la Corte indicó que el principio del juez natural “comprende una doble garantía en el sentido de que asegura en primer término al sindicado el derecho a no ser juzgado por un juez distinto a los que integran la jurisdicción, evitándose la posibilidad de crear nuevas competencias distintas de las que comprende la organización de los jueces. Además, en segundo lugar, significa una garantía para la Rama Judicial en cuanto impide la violación de principios de independencia, unidad y "monopolio" de la jurisdicción ante las modificaciones que podrían intentarse para alterar el funcionamiento ordinario”. Este criterio ha sido reiterado, entre otras, en las Sentencias C-200 de 2002. M. P. Álvaro Tafur Galvis; C-594 de 2014, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y C-328 de 2015. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
9 Sentencias C-111 de 2000. M. P. Álvaro Tafur Galvis y C-154 de 2004. M. P. Álvaro Tafur Galvis.
10 Sentencia C-328 de 2015. Cit.
11 Corte Constitucional. Sentencia C-473 de 2016. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-591 de 2005 y C-1260 de 2005. M. P. Clara Inés Vargas Hernández; C-454 de 2006, Cit.; C-396 de 2007. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-782 de 2012. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; y C-473 de 2016. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13 Sentencia C-209 de 2007. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. En la misma decisión, indicó: “[s]i bien el Acto Legislativo 03 de 2002 radicó en cabeza del Fiscal la función de acusar, no supedita la intervención de la víctima a la actuación del Fiscal”.
15 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
16 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
17 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
18 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
19 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
20 M. P. María Victoria Calle Correa.
21 La Corte también precisó que tal facultad de la víctima solo podría ser ejercida luego de la formulación de la imputación, con el fin de no interponer obstáculos significativos a la función investigativa de la Fiscalía, al desarrollo de su programa metodológico y de la investigación criminal. La Corte decidió entonces: “Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, la expresión “En cualquier momento y antes de presentarse la acusación de la Fiscalía” contenida en el artículo 91 (parcial) de la Ley 906 de 2004 y 34 (parcial) de la Ley 1474 de 2011 EN EL ENTENDIDO de que las víctimas pueden solicitar directamente las medidas provisionales allí consignadas cuando acrediten ante el juez un interés específico para obrar, después de la formulación de imputación”.
22 M. P. Alejandro Linares Cantillo.
23 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
24 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
25 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencias del 7 diciembre 2011 (Rad. 37596) y del 20 de mayo de 2015 (Rad. 45667).
26 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
27 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
28 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
29 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
30 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
31 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
32 M. P. Mauricio González Cuervo.
33 Corte Constitucional. Sentencia C-471 de 2016. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
34 Ver Corte Constitucional. Sentencia C-473 de 2016, Cit.
35 Para la identificación de una omisión legislativa relativa se requiere: (i) que exista una norma sobre la cual se predique la omisión; (ii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iii) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad injustificada frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (iv) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador. Cfr., entre otras, las sentencias C-471 de 2016. M. P. Alejandro Linares Cantillo; C-260 de 2011. M. P. Jorge Iván Palacio Palacio; C-209 de 2007. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-454 de 2006. M. P. Jaime Córdoba Triviño.
36 Corte Constitucional. Sentencia C-603 de 2016. M. P. María Victoria Calle Correa.
37 Cfr. Sentencia C-471 de 2016, Cit.
38 Sentencia C-601 de 2016. M. P. María Victoria Calle Correa.
39 “Artículo 2. 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto… // 2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. // 3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; // b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; // c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. // “Artículo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”.
40 “Artículo 14. 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”.
41 “Artículo 8º. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter…”
42 “Artículo 24. Igualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
43 “Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. // 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.
44 “Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción…” Cfr. por todas, la Sentencia C-471 de 2016. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
45 Sentencias C-209 de 2007. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-516 de 2007. M. P. Jaime Córdoba Triviño; C-603 de 2016. M. P. María Victoria Calle Correa; C-782 de 2012. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; y C-839 de 2013. M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
46 Al respecto, por ejemplo: Corte Constitucional, Sentencia C-942/2010.
47 Estos requisitos son, según la jurisprudencia de esta Corte: (i) la existencia de una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con el Texto Superior, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que en los casos de exclusión la falta de justificación y objetividad genere una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el Constituyente al legislador. Entre otras: Corte Constitucional, sentencias C-100/2011 y C-083/2013.
48 Entre otras: CSJ Penal, 2 ago. 2017, Rad. 50737, 21 jun. 2017, Rad. 50513, 25 may. 2016, Rad. 48161, 15 abr. 2015, Rad. 45767, 7 abr. 2015, Rad. 45418, 10 dic. 2014, Rad. 44868, 12 nov. 2014, Rad. 44901, 7 abr. 2014, Rad. 43535, 5 mar. 2014, Rad. 43308, 24 jul. 2013, Rad. 41718, 2 oct. 2012, Rad. 39962 y 5 sep. 2012, Rad. 39740.

References: ARTÍCULO 47
 ARTÍCULO 71
 ARTÍCULO 47
 ARTÍCULO 71
 artículo 47
 artículo 71
 artículo 46
 artículo 47
 resolución 
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 327
 artículo 327
 artículo 90
 artículo 101
 artículo 91
 artículo 51
 artículo 357
 artículo 362
 artículo 397
 artículo 443
 artículo 100
 artículo 48
 artículo 1
 artículo 47
 artículo 71
 artículo 47
 artículo 71
 artículo 47
 artículo 71
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 29
 artículo 91