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Timestamp: 2017-09-25 10:41:15+00:00

Document:
Elena San Segundo Ortiz de Zárate
2 Derecho procesal civil Materiales docentes Juan Luis Gómez Colomer Andrea Planchadell Gargallo M.ª Ángeles Pérez Cebadera Ana Beltrán Montoliu Ana Montesinos García Departament de Dret Públic Codi d assignatura rb-19
3 Edita: Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions Campus del Riu Sec. Edifici Rectorat i Serveis Centrals Castelló de la Plana Col lecció Sapientia, 60 Primera edició, 2011 ISBN: Publicacions de la Universitat Jaume I és una editorial membre de l une, cosa que en garanteix la difusió de les obres en els àmbits nacional i internacional. Aquest text està subjecte a una llicència Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual de Creative Commons, que permet copiar, distribuir i comunicar públicament l obra sempre que especifique l autor i el nom de la publicació i sense objectius comercials, i també permet crear obres derivades, sempre que siguen distribuïdes amb aquesta mateixa llicència.
4 ÍNDICE CONSIDERACIONES GENERALES I. MATERIALES DOCENTES Lección 1.ª Historia y principios constitucionales Caso docente núm. 1. Lectura de artículo doctrinal: Gómez Colomer, J. L. (2000): «Principios y características esenciales del nuevo proceso civil (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil)», Revista General del Derecho, 675, págs Lección 2.ª La competencia civil Caso docente núm. 2. Prejudicialidad penal (Auto Audiencia Provincial de Pontevedra núm. 225/2010 (Sección 6), de 13 de octubre. Lección 3.ª Las partes y su capacidad Caso docente núm. 3. A) Falta de capacidad para ser parte: persona fallecida (Sentencia Audiencia Provincial A Coruña núm. 231/2007 (Sección 5), de 15 de mayo; B) Capacidad procesal (Sentencia Audiencia Provincial de Castellón núm. 76/2008 (Sección 2), de 15 de mayo. Lección 4.ª La legitimación Caso docente núm. 4. A) Litisconsorcio pasivo necesario (Sentencia Tribunal Supremo núm. 459/2008 (Sala de lo Civil, Sección 1), de 30 de mayo); B) Intervención litisconsorcial e intervención adhesiva simple: diferencias (Sentencia Audiencia Provincial Las Palmas núm. 604/2005 (Sección 5), de 24 de noviembre; C) Intervención provocada: concepto y supuestos (Sentencia Audiencia Provincial Pontevedra núm. 74/2008 (Sección 1), de 31 de enero. Lección 5.ª La postulación Caso docente núm. 5. Contravención del art. 32 leciv/2000 (Sentencia Audiencia Provincial Bizkaia núm. 302/2009, de 15 de julio). Lección 6.ª La pretensión y sus elementos Caso docente núm. 6. Lectura de artículo doctrinal: Pérez Cebadera, M. A. (2010): «La admisión y acumulación de acciones en el proceso civil», Práctica de Tribunales. Revista de Derecho Procesal Civil y Mercantil, año VII, núm. 72, págs
5 Lección 7.ª Actos previos Caso docente núm. 7. Diligencias preliminares (Auto Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 20/2002, de 11 de noviembre). Lección 8.ª Disposiciones comunes a los procesos ordinarios Caso docente núm. 8. Caso práctico: Tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Lección 9.ª Demanda Caso docente núm. 9. Litispendencia, efecto preclusivo (Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 456/2010, de 14 de julio). Lección 10.ª Contestación a la demanda Caso docente núm. 10. Demandado, rebeldía (Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª) núm. 491/2010, de 25 de noviembre). Lección 11.ª Audiencia previa y Juicio Caso docente núm. 11. Lectura de artículo: Tasende Calvo, J. J. y Varela Agrelo, J. A. (2009): «Estudio práctico sobre la audiencia previa». Lección 12.ª Conceptos generales probatorios Caso docente núm. 12. Licitud de las fuentes (Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 114/1984, de 29 de noviembre). Lección 13.ª Medios de prueba Caso docente núm. 13. Las tachas de los testigos (Sentencia del Tribunal Supremo núm. 44/2004, de 10 de febrero). Lección 14.ª Finalización Caso docente núm. 14. Alcance de la motivación y de la congruencia de las sentencias (Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 77/2000, de 27 de marzo). Lección 15.ª El juicio verbal Caso docente núm. 15. Inasistencia de la parte demandante al acto de la Vista (Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia núm. 707/2005, de 8 de febrero). Lección 16.ª Los recursos. Conceptos generales, remedios y queja Caso docente núm. 16. Recurso de queja. Objeto y alcance (Auto del Tribunal Supremo, de 7 diciembre de 2004). Lección 17.ª Apelación Caso docente núm. 17. El recurso de apelación. Objeto (Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 869/2009, de 18 de enero). Lección 18.ª Infracción procesal y casación Caso docente núm. 18. El recurso de casación. Naturaleza y alcance. Resoluciones recurribles. Motivo del recurso (Auto del Tribunal Superior de Justicia de Navarra Sala de lo Civil y Penal núm. 15/2006, de 12 de diciembre)
6 Lección 19.ª Cosa juzgada e impugnación Caso docente núm. 19. La revisión. Motivo: maquinaciones fraudulentas (Sentencia del Tribunal Supremo núm. 557/2009, de 28 de julio). Lección 20.ª El proceso de ejecución: Principios y elementos Caso docente núm. 20. Lectura de artículo doctrinal: Montero Aroca, J. (2004): «Problemas generales de la ejecución forzosa», Estudios de Derecho Judicial, 53 (ejemplar dedicado a «La ejecución civil», coord. por Moreno Catena, V. M.), págs Lección 21.ª El título ejecutivo Caso docente núm. 21. Título ejecutivo (Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 7) núm. 271/2003, de 17 de septiembre). Lección 22.ª Ejecución de sentencias no firmes Caso docente núm. 22. Ejecución provisional (Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de 24 de diciembre de 2002, ac\2003\393). Lección 23.ª La ejecución definitiva Caso docente núm. 23. Oposición a la ejecución (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 1 de octubre de 2004, ac 2004\2215). Lección 24.ª Ejecución dineraria. Liquidez del título y embargo Caso docente núm. 24. Ámbito y extensión del embargo (Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén núm. 75/2008, de 25 de marzo). Lección 25.ª Afección y garantías Caso docente núm. 25. Tercería de dominio (Sentencia del Tribunal Supremo núm. 806/2005, de 18 de octubre). Lección 26.ª Finalización de la ejecución dineraria Caso docente núm. 26. La subasta judicial (Sentencia del Tribunal Supremo núm. 952/2002, de 14 de octubre). Lección 27.ª Ejecuciones no dinerarias. Otras ejecuciones Caso docente núm. 27. Ejecución en sus propios términos (Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 240/1998, de 15 de diciembre). Lección 28.ª El proceso cautelar. Conceptos generales y medidas concretas Caso docente núm. 28. Instrumentalidad; necesidad; temporalidad; provisionalidad y variabilidad (Audiencia Provincial de Las Palmas (Sección 4ª), auto núm. 192/2010, de 5 de julio). Lección 29.ª Procedimiento cautelar Caso docente núm. 29. A) Procedimiento cautelar: caso práctico; B) Solicitud de adopción de medidas cautelares (Auto Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 19 febrero de 2009)
7 Lección 30.ª Pretensiones dispositivas y no dispositivas Caso docente núm. 30. Caso práctico de procesos matrimoniales. Lección 31.ª Tutela privilegiada del crédito: Proceso monitorio, cambiario e hipotecario Caso docente núm. 31. A) Caso práctico de proceso monitorio; B) Caso práctico deejecución hipotecaria. Lección 32.ª El proceso concursal Caso docente núm. 32. Audiencia Provincial de Castellón (Sección 3ª), auto núm. 243/2009, de 25 de noviembre. Lección 33.ª Arbitraje Caso docente núm. 33. Validez del convenio arbitral. Materias susceptibles de arbitraje. Procedimiento y formalidades (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 13ª) núm. 498/2006, de 30 de octubre de 2006). Lección 34.ª Jurisdicción voluntaria Caso docente núm. 34. Sentencia Audiencia Provincial de Madrid (Sección 24ª), auto núm. 455/2010, de 15 de abril. II. GUÍA DE ESTUDIO III. BIBLIOGRAFÍA
8 CONSIDERACIONES GENERALES 7
9 Derecho Procesal I (rb-19) es una asignatura troncal perteneciente al tercer curso, anual de 9 créditos (7 teóricos, 2 prácticos), de la Licenciatura en Derecho. Esta asignatura corresponde al estudio del proceso civil. Estamos ante una asignatura en la que se analizan los aspectos fundamentales de esta materia. Al implantar un nuevo grado en Derecho y ante la reforma metodológica que implica la adaptación de nuestras titulaciones al ees, pensamos que este es el momento idóneo para introducir cambios o presentar nuevos enfoques. Los objetivos comunes perseguidos con la elaboración de estos materiales docentes son: En primer lugar, mostrar una visión teórica del Derecho Procesal en el ámbito civil, resaltando los aspectos prácticos del mismo mediante el comentario en clase de recortes de prensa, debates televisivos, casos prácticos reales y críticas a las lecturas recomendadas. En segundo lugar, analizar los aspectos teóricos a través de comentarios de sentencia o caso práctico. Como resultado se obtiene un mayor aprendizaje, más profundo e interdisciplinar, que logra que esta asignatura sea algo distinto de las demás, y se cambia el esquema clásico de clases magistrales con el que tradicionalmente se imparten las asignaturas de Derecho, mediante la aportación de una visión más actual y cercana al estudiante. Como matización final, quisiéramos señalar un aspecto terminológico y formal referente a la utilización de las mayúsculas en estos materiales, indicando que la práctica habitual en el contexto jurídico, si bien no cumple estrictamente con las exigencias lingüísticas del lenguaje cotidiano, es consecuencia de una larga tradición en este ámbito y, por consiguiente, se ha optado por mantener esta alternativa. 8
10 I. MATERIALES DOCENTES 9
11 Lección 1.ª Historia y principios constitucionales Antes de la recepción del Derecho común en el siglo xiii, la situación políticojurídica de Castilla se caracterizaba por lo que se ha llamado «localismo jurídico» o «dispersión normativa», con predominio del derecho consuetudinario y la paulatina aplicación de los fueros, entendidos como derecho local. A partir del siglo xiii con la finalidad de poner fin a esta dispersión, se atribuye a varias ciudades un mismo fuero o derecho local, y posteriormente se redactan las Partidas (1265), que pretenden ser un texto de aplicación general. Las Partidas han tenido un incuestionable valor jurídico, pues han tenido seis siglos de persistencia en nuestra historia. Se atribuye la redacción de la Partida III a Jacobo de las Leyes. En la recepción del Derecho común, las partes son «las dueñas de los pleitos». Tuvieron una gran aceptación por parte de los juristas profesionales, y al mismo tiempo implicaron un rechazo del hombre no letrado que seguía aferrándose a sus fueros y costumbres. El proceso ordinario es único y no existen procesos especiales. Hasta la codificación coexistieron dos sistemas procedimentales dispares: por un lado, el proceso ordinario por excelencia y, por otro, fueron apareciendo procesos en los que se pretendía simplificar el anterior. En el solemnis ordo iudiciarius, las partes disponían con toda amplitud de los medios de ataque y defensa que consideraban necesarios, y planteaban sin limitaciones la cuestión controvertida que les llevaba ante el tribunal. La aparición de los procesos plenarios rápidos se produce ante la ineficacia del solemnis ordo iudiciarius para hacer frente a las necesidades diarias y urgentes de los ciudadanos. Básicamente, estos nuevos procesos, sin dejar de ser ordinarios y plenarios, suponen la supresión de formalidadades. En el siglo xix se produce la codificación en el ámbito mercantil y civil, sin que ello suponga una unificación. En el ámbito civil podemos destacar como etapa fundamental la que comprende desde la Novísima Recopilación de 1805 hasta la lec de A finales del siglo xix nació la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, en la que se mantuvieron los mismos principios del proceso y del procedimiento de la lec de 1855, aunque como novedades hay que resaltar la introducción de la publicidad general de los actos procesales y un aumento de la contradicción en la prueba. Se inspiró en los principios propios de la ideología liberal de la época. Debido a la existencia de relevantes lagunas en distintos ámbitos, como por ejemplo la no regulación de los actos de disposición, el proceso monitorio, 10
12 oposición a la ejecución del ejecutado o ejecución provisional, entre otros, y la deficiente regulación en otros aspectos, como puede ser el beneficio de justicia gratuita, forma de las sentencias y autos, regulación de las costas, etc., se produjo lo que se conoce como fenómeno de huida. En este sentido, se intentó evitar el juicio de mayor cuantía, y además esto impuso simultáneamente la proliferación de procesos especiales. Como reformas parciales más relevantes se pueden indicar la Ley 34/1984, de 6 de agosto, de reforma urgente de la lec, y la Ley 10/1992, de 30 de abril, de medidas urgentes de reforma procesal hasta la lec 1/2000, de 7 de enero. La Ley de Enjuciamiento Civil de 2000 se caracteriza principalmente por establecer la primacía del interés del justiciable («ley pensada para los litigantes»); otorga una respuesta eficaz a las demandas sin una sumariedad excesiva, incrementa la eficacia de la primera instancia, concede una mayor protección al crédito a través del proceso monitorio y el proceso de ejecución, y en el juicio ordinario se apuesta por la oralidad. Caso docente núm. 1 Lectura de artículo: Gómez Colomer, J. L. (2000): «Principios y características esenciales del nuevo proceso civil (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil)», Revista General del Derecho, 675, págs Cuestiones 1. Principios del proceso civil contemplado en la lec 1/ Características esenciales del proceso civil previsto en la lec 1/
13 Lección 2.ª La competencia civil La potestad jurisdiccional es indivisible; sin embargo, no es suficiente para que un órgano conozca de una pretensión determinada, sino que se precisa una norma que le atribuya su conocimiento. La competencia es el conjunto de reglas que determinan la atribución de un asunto concreto a un órgano jurisdiccional particularizado. Se trata de un presupuesto procesal relativo al juez. Cuándo conocerán los tribunales españoles del orden jurisdiccional civil? Los tribunales españoles conocerán de los juicios civiles suscitados en España entre españoles, extranjeros o españoles y extranjeros, si la pretensión planteada tiene como objeto alguno de los bienes enumerados en el art. 22 lopj, atendiendo también a los posibles tratados internacionales ratificados por España. Los criterios de atribución de la jurisdicción son: a) Exclusividad: Situación del bien en España; domicilio de la persona en España; españolidad del registro; depósito o registro en España; petición a España del exequátur (Art lopj); b) Generales: Sumisión expresa, sumisión tácita y domicilio del demandado en España (art lopj); c) Subsidiariedad o especialidad: En defecto de los dos anteriores, se establecen puntos de conexión como el domicilio, la residencia habitual, la nacionalidad española, etc. (art lopj). Los actos de realización con falta de jurisdicción son nulos de pleno derecho (art. 238 lopj). La competencia civil genérica Los tribunales españoles civiles concocerán de las materias que les son propias (actuación del derecho privado) y aquellas que no estén expresamente atribuidas a otro orden jurisdiccional distinto (art. 9.2 lopj). Los criterios de atribución de la competencia son el criterio objetivo, funcional y territorial. Criterio objetivo: Determina, en razón del objeto del proceso propuesto por el actor en la demanda, cuál es el órgano que debe conocer de la primera instancia con exclusión de cualquier otro. Los criterios (arts. 56 y 73 lopj) se refieren a la persona del demandado, a la materia (o naturaleza de la pretensión) y a la cuantía (o cantidad objeto del litigio) (art. 47 lec). Los criterios de la persona del demandado y de la materia a que se refiere el litigio son preferentes, primando en todo caso sobre el criterio de la cuantía, de modo que habrá de estarse a lo que resulte de ellos, con independencia de a cuánto ascienda el valor de la demanda. 12
14 Criterio funcional: Determina cuáles han de ser en concreto los órganos jurisdiccionales que han de conocer a lo largo de un proceso civil en curso (dualidad de instancias). Distribuye entre esos órganos jurisdiccionales según las diversas fases procedimentales. Atribución concreta de la competencia objetiva y funcional de los siguientes órganos: Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de lo Mercantil, Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Audiencia Provincial, Sala Civil y Penal tsj, Sala Civil ts. Criterio territorial: Atribución del conocimiento del proceso a un determinado tribunal de un lugar determinado entre los varios existentes del mismo tipo. Los fueros son los criterios que se utilizan para fijar las reglas de competencia territorial. Clases de fueros: A) Fueros convencionales: Se trata de acuerdos establecidos por la voluntad de las partes entre el actor y el demandado. La forma en la que se pueden adoptar estos fueros es: 1) Expresa: A través de un pacto extra y preprocesal, pero que sólo surte efectos cuando se produce el litigio) (art. 55 lec); 2) Tácita: Consiste en una ficción legal de reconocimiento implícito de la competencia del Juzgado, que la norma jurídica une a ciertas actuaciones de las partes procesales y que tiene como consecuencia inmediata impedirles plantear con éxito la declinatoria (art. 56 lec). B) Fueros legales: Aparecen en defecto de la sumisión expresa o tácita, y es entonces el legislador el que establece el lugar en donde presentar la demanda. 1) Especiales (art lec): Son preferentes a los generales; 2) Generales (el domicilio, arts. 50, 51 y 53 lec). Tratamiento procesal de la competencia: a) De oficio por el tribunal, normalmente después de la presentación de la demanda y antes de su admisión; b) Declinatoria (art. 59 lec). Reparto de asuntos (arts lec): Todos los asuntos civiles serán repartidos entre los Juzgados de Primera Instancia cuando haya más de uno en el partido judicial. Las cuestiones prejudiciales: Son aquellas cuestiones conexas con la cuestión de fondo planteada en el proceso civil, que por su naturaleza están atribuidas al conocimiento de juzgados y tribunales de distinto orden jurisdiccional, en el que pueden dar lugar a un proceso y resolución propia. Existen diversas clases de prejudicialidad: civil (art. 43 lec), que en realidad debe entenderse como una cuestión incidental (arts. 387 y ss. lec); laboral y administrativa, penal, constitucional y comunitaria. 13
15 Caso docente núm. 2. Prejudicialidad penal (Auto Audiencia Provincial de Pontevedra núm. 225/2010 (Sección 6), de 13 de octubre Auto Audiencia Provincial de Pontevedra núm. 225/2010 (Sección 6), de 13 de octubre. Jurisdicción: Civil Recurso de Apelación núm. 4013/2009. Ponente: Ilmo. Sr. D. Eugenio Francisco Miguez Tabares. Ejecución forzosa (leciv/2000): Suspensión de la ejecución: Supuestos: Prejudicialidad penal: Procedencia: existencia de diligencias penales sobre posible falsedad documental relativa a una escritura de préstamo hipotecario: en caso de estimarse la existencia de un delito de falsedad documental en el otorgamiento de la esctitura, la ejecución hipotecaria se vería afectada de forma directa, por lo que procede la prejudicialidad penal. AUD. PROVINCIAL SECCION N. 6 PONTEVEDRA AUTO: 00225/2010 En Vigo (Pontevedra), a trece de Octubre de dos mil diez. visto en grado de apelación ante esta Sección 006 de la Audiencia Provincial de pontevedra, sede Vigo, los Autos de ejecucion hipotecaria /2007, procedentes del jdo. primera instancia n. 2 de vigo, a los que ha correspondido el Rollo de apelación /2009, es parte apelante-demandante: «caja ahorros y monte piedad de madrid», representado por el procurador d. andres gallego martin-esperanza y asistido por el Letrado d. miguel lorenzo torres, y como apelados-demandados: D.Carlos Alberto representado por el procurador d. susana arca veloso y asistido por el Letrado d. manuel gonzalez gonzalez; don Jose Francisco, representado por el procurador d. emilio álvarez pazos y asistido por la Letrada Dª Mª carmen iglesias gómez; DªFelicisima ; DªIrene y el ministerio fiscal. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado d. eugenio francisco míguez tabarés, quien expresa el parecer de la Sala. ANTECEDENTES DE HECHOS primero.- Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Vigo, con fecha , se dictó auto cuya parte dispositiva expresa: «Se acuerda la suspensión del presente procedimiento por prejudicialidad penal, en tanto en cuanto no resulte acreditada, en debida forma, la terminación, por resolución firme del proceso penal pendiente; procediéndose una vez efectuada tal acreditación a la continuación de su tramitación.». segundo.- Notificada dicha resolución a las partes, por el Procurador Sr. Gallego Martín-Esperanza, en nombre y representación de caja de ahorros y monte de piedad 14
16 municipal de madrid, se preparó y formalizó recurso de apelación, que fue admitido a trámite y, conferido el oportuno traslado, se formuló oposición por la parte contraria. Elevadas las actuaciones a la Audiencia Provincial de Pontevedra, se repartieron a esta Sección Sexta, sede Vigo, abriéndose el oportuno rollo bajo el núm. 4013/09, siguiendo el recurso los trámites de rigor y señalándose para su deliberación y fallo el día RAZONAMIENTOS JURIDICOS primero Se recurre por la parte ejecutante el Auto dictado en la instancia en el que se acuerda la suspensión del procedimiento por existir cuestión prejudicial penal al alegarse que la querella que dio lugar al procedimiento penal no se dirige contra dicha entidad en calidad de querellado. Se afirma asimismo por la parte recurrente la plena validez del contrato de préstamo hipotecario al haber sido otorgado ante notario. La Exposición de Motivos de la lec alude a que, en lo que lo que respecta a la prejudicialidad penal, se sienta la regla general de la no suspensión del proceso civil, salvo que exista causa criminal en la que se estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que cabalmente fundamentan las pretensiones de las partes en el proceso civil y ocurra, además, que la sentencia que en este haya de dictarse pueda verse decisivamente influida por la que recaiga en el penal. La regulación legalmente prevista acerca de la suspensión por prejudicialidad penal en la ejecución sobre bienes hipotecados se contiene en elart. 697 lec, el cual establece que «Fuera de los casos a que se refieren los dos artículos anteriores (oposición a la ejecución y tercería de dominio), los procedimientos a que se refiere este capítulo sólo se suspenderán por prejudicialidad penal, cuando se acredite, conforme a lo dispuesto en elart. 569 de esta Ley, la existencia de causa criminal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva que determine la falsedad del título, la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecución». Por su parte el citadoart. 569 lec en su apartado 1 distingue dos supuestos: en primer lugar se indica que «La presentación de denuncia o la interposición de querella en que se expongan hechos de apariencia delictiva relacionados con el título ejecutivo o con el despacho de la ejecución forzosa no determinarán, por sí solas, que se decrete la suspensión de ésta»; pero en segundo lugar se precisa que «Sin embargo, si se encontrase pendiente causa criminal en que se investiguen hechos de apariencia delictiva que, de ser ciertos, determinarían la falsedad o nulidad del título o la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecución, el tribunal que conozca de ella, oídas las partes y el Ministerio Fiscal, acordará la suspensión de la ejecución. Sin embargo, si se encontrase pendiente causa criminal en que se investiguen hechos de apariencia delictiva que, de ser ciertos, determinarían la falsedad o nulidad del título o la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecución, el Tribunal que la autorizó, oídas las partes y el Ministerio Fiscal, acordará la suspensión de la ejecución». Este segundo supuesto exige tanto la presentación de la denuncia o querella y su admisión a trámite como que los hechos de apariencia delictiva puedan determinar (entre otros supuestos) la nulidad del título, presupuestos ambos que concurren en este caso. Dichos preceptos deben asimismo ponerse en relación con lo establecido en elart lec (incluido en el Libro I lec), conforme al cual «la suspensión que venga motivada por la posible existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos aportados se acordará, sin esperar a la conclusión del procedimiento, tan pronto como se acredite que se sigue causa criminal sobre aquel delito, cuando, a juicio del tribunal, el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto». Respecto a la suspensión por prejudicialidad penal la sts, Sala 1ª, de 20 de septiembre de 2007 afirma que «Se concretan de este modo los parámetros del art de la Ley Orgánica 15
17 del Poder Judicial cuando señala que la suspensión del procedimiento procederá por razón de la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el contenido de esta. Con todo la suspensión ha de ser medida excepcional pues como ahora dice la Exposición de Motivos de la lec se sienta la regla general de la no suspensión del proceso civil y se exige algo más que una querella o una denuncia no archivada en tanto que alguna autorizada opinión doctrinal ha calificado como funesta e inaceptable practica la de proceder a la suspensión de la tramitación de un proceso civil porque algún hecho con relevancia en el mismo pueda ser delictivo. Ha de tratarse pues de causa criminal sobre hechos que fundamenten las pretensiones de las partes y ha de darse el carácter decisivo de su influencia en la decisión civil...en la interpretación de los art. 362, 515 y 1084 lec 1881, las sentencias de 11 de junio de 1992 y7 de julio de 1995,en doctrina que confirma la de 30 de mayo de 2007 pusieron de relieve que ha de darse la dependencia de la resolución civil respecto de la penal para que proceda la suspensión». En el mismo sentido se pronuncian las ssts, Sala 1ª, de 31 de marzo de 1992 y de 25 de septiembre de En el presente supuesto las diligencias penales pueden tener influencia decisiva en la resolución que ha de dictarse en los presentes autos, ya que en el caso de estimarse la existencia de la falsedad documental denunciada daría lugar al sobreseimiento del procedimiento de ejecución respecto a DonCarlos Alberto. segundo En la querella presentada por DonCarlos Alberto contra Don Jose Francisco y DoñaFelicisima se imputa a estos querellados los delitos de estafa y falsedad documental en relación con el otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario que dio origen al presente proceso de ejecución. En dicha escritura intervino DonCarlos Alberto como deudor no hipotecante, razón por la cual ha sido traído como ejecutado a esta litis. La querella fue admitida a trámite porauto de fecha 28 de abril de 2008 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Vigo dando lugar a la incoación de Diligencias Previas nº 1172/08. Obviamente si se estimase la existencia de un delito de falsedad documental en el otorgamiento de la escritura tal hecho afectaría de forma directa a la presente ejecución hipotecaria. La parte recurrente alega que no perjudica al deudor no hipotecario que se lleve a cabo la subasta pública de un bien que no es de su propiedad y que cabría posponer la suspensión del procedimiento a un momento ulterior si el importe obtenido en la subasta no cubre el total de la deuda. Este supuesto al que se refiere el recurrente es el contemplado en elart. 579 lec que dispone que «Cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra bienes hipotecados o pignorados en garantía de una deuda dineraria se estará a lo dispuesto en el capítulo V de este Título. Si, subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el embargo por la cantidad que falte y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda ejecución». Es decir, si la suma obtenida tras la celebración de la subasta fuese insuficiente en relación con el crédito reclamado podría entonces el ejecutante continuar el proceso de ejecución, por la diferencia, contra los bienes de los ejecutados conforme a las normas contenidas en losarts. 571 y sig. lec, lo que indudablemente sería aplicable al ejecutado DonCarlos Alberto. Al no haber desistido la parte ejecutante de la acción respecto al ejecutado querellante, pues es deudor contemplado en el título que ejecuta, debemos estar a lo establecido en losarts. 697 y 569 lec, sin que los tribunales civiles puedan entrar a valorar la prosperabilidad o no de la existencia de un delito de falsedad documental, al tratarse de cuestión ajena a esta litis y que está siendo debatida en un proceso penal, y sin que quepa, precisamente por la preexistencia del proceso penal, entrar a analizar la invalidez o ilicitud del título aportado. Debemos por ello desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución dictada por la juez a quo. 16
18 tercero De conformidad con lo prevenido en losarts. 394 y 398 lec cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación se impondrán las costas a la parte apelante, salvo que presentase serias dudas de hecho o de derecho. Vistos los artículos legales y de general y pertinente aplicación, y en atención a todo lo expuesto, PARTE DISPOSITIVA la sala acuerda: Desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Don Andrés Gallego Martín- Esperanza en nombre y representación de la entidad «caja de ahorros y monte de piedad de madrid», contra elauto de fecha 9 de septiembre de 2008 dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Vigo, confirmamos el mismo, con imposición a la parte apelante de las costas procesales del recurso. Así por este nuestro Auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Cuestiones 1. Qué es una cuestión prejudicial? 2. Requisitos que deben concurrir para que se suspendan las actuaciones del proceso civil por prejudicialidad penal. 3. Qué forma adoptará la resolución que suspenda el proceso? 4. Cuándo se alzará la suspensión y por quién? 17
19 Lección 3.ª Las partes y su capacidad La capacidad en general obliga a distinguir entre: 1) Capacidad para ser parte (quién puede ser parte en general); 2) Legitimación (quién debe o puede ser parte en un proceso concreto). Parte es quien asume la titularidad de las relaciones procesales, con las cargas, obligaciones, expectativas y responsabilidades inherentes a su posición. Tercero es quien no es parte, no existiendo posiciones intermedias: se es parte o se es tercero y puede verse afectado por el proceso, sin que ello suponga que adquiera automáticamente la condición de parte. La capacidad para ser parte es la aptitud para ser titular de derechos, cargas y obligaciones que se derivan del proceso. Indica quién puede ser parte en todo tipo de proceso. Hay que distinguir entre la capacidad de las personas físicas y la de las personas jurídicas (art. 6 lec). La capacidad procesal es la aptitud para realizar válidamente actos procesales, en palabras de la ley, «para comparecer en juicio» (art. 7 lec). La regla general es la existencia de capacidad, es decir, que quien tiene capacidad para ser parte, la tiene para realizar válidamente en el proceso actos procesales, siendo su falta una excepción. Actuación de las personas físicas: El art. 7.1 lec establece que pueden comparecer en juicio (tienen capacidad para ser parte) los que estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles, remitiendo, por tanto, al cc, que determina quien tiene tal condición. En general, tienen esta capacidad los mayores de edad en los que no concurra una causa de incapacidad declarada judicialmente. En aquellos supuestos en los que no se produzca esta circunstancia, las personas físicas deberán comparecer mediante la representación o con la asistencia, la autorización, la habilitación o el defensor exigidos por la ley (art. 7.2 lec), y para la situación del concebido y no nacido, comparecerán las personas que legítimamente los representarían si ya hubieren nacido (art. 7.3 lec). Actuación de las personas jurídicas: El art. 7.4 lec contempla que «por las personas jurídicas comparecerán las personas que legalmente las representen». Estamos ante una representación necesaria, en la que no hay dos voluntades, sino una sola, la del órgano de representación, por medio del cual la persona actúa. Supuestos especiales: Son aquellos intermedios en los que se sobrepasa la existencia de una persona física y no se llega a configurar una persona jurídica. Estos son la comunidad de bienes, uniones sin personalidad, sociedades irregulares y patrimonios autónomos. Respecto al Ministerio Fiscal, hay que señalar que tiene legitimación en los procesos en que va a intervenir como parte. 18
20 Tratamiento procesal: En la lec, las capacidades se entienden como un auténtico presupuesto procesal. En principio, la ley no exige a las personas físicas que justifiquen su capacidad para ser parte ni la capacidad procesal, cuando litigan por sí mismas. En cambio, cuando existe representación legal (de las personas físicas) o cuando actúa una persona jurídica, sí que debe justificarse (art º lec). Es controlable de oficio por el tribunal (art. 9 lec) y las partes. El juez lo puede poner de manifiesto: 1) En el momento de admisión de la demanda, inadmitiéndola cuando se constate la falta de capacidad para ser parte o procesal (arts. 9 y lec) o esta no se acredite suficientemente (ya que no puede admitir la demanda si no se presentan dichos documentos, art lec). Hay que tener en cuenta que la falta de acreditación de la representación es subsanable, por lo que se debe conceder un plazo para subsanarla. 2) En la audiencia previa del juicio ordinario y en la vista del juicio verbal. 3) En cualquier otro momento, incluido el de la sentencia (art. 9 lec). En cuanto a las partes: 1) El demandante en la audiencia previa o vista podrá poner de manifiesto la falta de representación adecuada del demandado; otras alegaciones serían absurdas, puesto que ha sido él quien le ha demandado, y supondrían ir contra sus propios actos. 2) El demandado podrá alegar en la contestación a la demanda la falta de capacidad y representación del demandante, e incluso la suya propia, respecto a la capacidad y representación con la que se le demande (art lec). Efectos que produce su falta: 1) La falta de capacidad para ser parte y procesal son insubsanables, pues se es capaz o no. 2) La falta de representación también es insubsanable. 3) La falta de acreditamiento de la representación sí que es subsanable, pudiéndose subsanar en cualquier momento, presentando el documento correspondiente, sin que deban reponerse las actuaciones a un trámite anterior y concediéndose a las partes un plazo para subsanarlo; si no se hace así, hay que distinguir: a) Si falta la acreditación de la representación del demandante, el proceso no puede continuar, dictándose auto y poniendo fin al proceso; b) Si falta la acreditación de la representación del demandado, el proceso seguirá, pero declarándosele rebelde y excluyendo sus actuaciones en autos. 19

References: resolución 
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