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Timestamp: 2019-08-26 03:07:46+00:00

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CONTENIDO:RÉGIMEN DE INSOLVENCIA. ESTABLECE EL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA PARA LAS PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES Y EL PROCEDIMIENTO LEGAL DE INSOLVENCIA PARA EL ACUERDO DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS, CON EL TRÁMITE DE NEGOCIACIÓN DE DEUDAS EN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PERSONA NATURAL, PAGO AL ACREEDOR, INTERVINIENTES EN EL DERECHO PROCESAL, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, ATRIBUCIONES DEL CONCILIADOR, SOLVENCIA DEL DEUDOR, RÉGIMEN DE INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1377 DE FEBRERO 28 DE 2010, PG.226
DIARIO OFICIAL N°:47603 DE ENERO 25 DE 2010
VIGENCIA:DECLARADA INEXEQUIBLE POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SALA PLENA EN SENTENCIA C-685 DE 2011, M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
“Por la cual se establece el régimen de insolvencia para la persona natural no comerciante”.
(Nota: Declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-685 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)
ART. 1º—Finalidad del régimen de insolvencia económica para la persona natural no comerciante. El régimen de insolvencia regulado en la presente ley tiene por objeto permitirle al deudor persona natural no comerciante, acogerse a un procedimiento legal que le permita mediante un trámite de negociación de deudas en audiencia de conciliación extrajudicial celebrar un acuerdo de pago con sus acreedores y cumplir así con sus obligaciones pecuniarias pendientes sin importar su naturaleza, salvo las originadas en obligaciones alimentarias, ni los procesos ejecutivos correspondientes a las mismas.
ART. 2º—Ámbito de aplicación. Estarán sometidas al régimen de insolvencia contemplado en la presente ley las personas naturales no comerciantes que tengan su domicilio en el país.
ART. 3º—Principios del régimen de insolvencia para las personas naturales no comerciantes. El régimen de insolvencia está orientado por los siguientes principios:
ART. 4º—Supuestos de insolvencia económica. Para los fines previstos en esta ley, se entenderá que la persona natural no comerciante podrá acogerse al procedimiento de insolvencia contemplado en esta ley, cuando como deudor se encuentre en situación de cesación de pagos.
PAR. 1º—En cualquier caso, el valor porcentual de las obligaciones con cesación de pagos o reclamadas judicial o coactivamente, deberán representar no menos del cincuenta (50%) por ciento del pasivo total a cargo del deudor a la fecha de los estados financieros de la solicitud, de conformidad con lo establecido para el efecto en la presente ley.
PAR. 2º—Para todos los efectos de esta ley, se excluyen del cómputo del derecho de voto y del porcentaje para determinar la cesación de pagos, los créditos a favor del cónyuge o compañero permanente del deudor o sus parientes en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, así como también los créditos a favor de sociedades controladas por cualquiera de estos.
ART. 5º—Competencia de los conciliadores. Tratándose de deudores personas naturales no comerciantes, la solicitud para dar inicio al procedimiento de insolvencia podrá ser presentada ante cualquiera de los centros de conciliación del lugar del domicilio del deudor, que se encuentren debidamente autorizados por el Ministerio del Interior y de Justicia, incluidas las notarías y estos operarán en los términos fijados por la Ley 640 de 2001 y demás normas que la modifiquen o adicionen.
Los conciliadores en uso de las facultades conferidas por el inciso 3º del artículo 116 de la Constitución Política, conocerán de los procedimientos de insolvencia. No obstante cuando en el desarrollo del procedimiento de insolvencia se presenten situaciones que superen las atribuciones o la competencia conferida legalmente al conciliador, dicha situación será resuelta mediante el trámite de proceso verbal sumario de única instancia ante el juez civil municipal del domicilio del deudor.
ART. 6º—Competencia de la jurisdicción civil. Conocerá, en única instancia de las controversias contenciosas previstas en esta ley, el juez civil municipal del domicilio del deudor, a través del proceso verbal sumario en los siguientes casos:
a) Cuando así lo disponga la presente ley por presentarse situaciones en desarrollo del procedimiento de insolvencia que superen las atribuciones o la competencia conferida legalmente al conciliador.
b) Cuando el acuerdo de pagos que resulte del procedimiento de insolvencia sea impugnado. Los jueces civiles deberán dar prelación a los procedimientos de insolvencia que les sean dados a conocer, sobre los demás procesos que en materia civil les competen.
PAR. 1º—El juez civil municipal que conozca la primera de las controversias que se susciten en el trámite previsto en esta ley, conocerá de manera privativa de todas las demás controversias que se presenten durante el trámite o ejecución del acuerdo. En estos eventos no habrá lugar a reparto.
PAR. 2º—El Ministerio Público podrá hacerse presente a lo largo de todo el procedimiento de insolvencia, debiendo hacerlo en los casos en que se discutan obligaciones de jurisdicción coactiva o reclamación de alimentos.
ART. 7º—Gratuidad. Los trámites inherentes a los procedimientos de insolvencia que se celebren ante funcionarios públicos facultados para conciliar, ante centros de conciliación de consultorios jurídicos de facultades de derecho y de las entidades públicas serán gratuitos. Los notarios y los centros de conciliación privados podrán cobrar por sus servicios de conformidad con el marco tarifario que establezca el Gobierno Nacional.
ART. 8º—Tarifa para centros de conciliación remunerados. El Gobierno Nacional reglamentará el marco dentro del cual los centros de conciliación remunerados, los abogados inscritos en estos y los notarios, fijarán las tarifas para la prestación del servicio de conciliación. En todo caso, para el cálculo de costos se tendrá en cuenta el monto total de las obligaciones por concepto de capital así como los ingresos del deudor.
ART. 9º—Facultades y atribuciones del conciliador. Para los efectos de la presente ley, el conciliador, tendrá las siguientes facultades y atribuciones, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones:
PAR.—Es deber del conciliador velar por que no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles protegidos constitucionalmente.
ART. 10.—Requisitos de la solicitud de trámite de negociación de deudas. La solicitud de trámite de negociación de deudas podrá ser presentada directamente por el deudor o a través de apoderado, la cual se entiende hecha bajo la gravedad del juramento y a ella se deberá anexar los siguientes documentos:
10. Información relativa a si tiene o no sociedad conyugal vigente. En el evento en que haya existido sociedad conyugal, deberá informar cuándo inició y cuándo terminó y si ocurrió dentro de los dos (2) años anteriores a la solicitud de insolvencia deberá adjuntar copia de la escritura pública de la liquidación sociedad conyugal o en su defecto copia de la sentencia judicial proferida en el proceso de liquidación de la sociedad conyugal adelantada ante autoridad judicial. En caso que se haya dado separación de bienes sin liquidación de la sociedad conyugal, igualmente dentro de los dos (2) años anteriores a la solicitud de insolvencia, deberá informar la fecha en que se dio y adjuntar la relación de bienes con el valor comercial estimado que fueron objeto de entrega.
PAR. 1º—Los formatos necesarios para diligenciar la información correspondiente a los anteriores literales podrán ser descargados por vía electrónica de manera gratuita en la página web del Ministerio del Interior y de Justicia y de los centros de conciliación de todo el país.
PAR. 2º—La relación de acreedores y de activos deberá hacerse con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a aquel en que se presente la solicitud.
PAR. 3º—Las declaraciones hechas por el deudor en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se entenderán rendidas bajo la gravedad del juramento y en la solicitud deberá incluirse expresamente la manifestación de que no se ha incurrido en omisiones, imprecisiones o errores que impidan conocer su verdadera situación financiera y su capacidad de pago.
ART. 11.—Intercambio de activos. El deudor podrá incluir dentro de su propuesta de negociación de deudas el intercambio de activos propios como fórmula de pago parcial o total de una o varias de sus obligaciones. En tal caso el conciliador designará un perito idóneo para avaluar el bien que el deudor entrega en dación en pago para que dentro del término máximo de cinco (5) días hábiles emita su peritaje sobre el bien propuesto. Cuando el avalúo del bien supere el valor de las obligaciones del deudor, este podrá solicitar por vía judicial el remate del mismo, caso en el cual podrá recibir a su favor, el saldo o remanente en dinero o en especie, según sea el caso, en este último caso igualmente debe mediar avalúo de un perito idóneo.
PAR.—El Gobierno Nacional determinará los parámetros que deberán tenerse en cuenta para la valoración de los activos, en tal sentido integrará listas de peritos avaluadores orientados a prestar sus servicios dentro de los procedimientos de insolvencia.
ART. 12.—Decisión de la solicitud de trámite de negociación de deudas. Presentada la solicitud de trámite de negociación de deudas y verificado el cumplimiento de los requisitos por parte del conciliador, o si es corregida por el solicitante dentro del término legal, en cuanto a los defectos señalados por el conciliador y sufragados previamente los costos del trámite cuando sea del caso, a más tardar al día hábil siguiente de la presentación de la solicitud, el conciliador la aceptará y dará inicio al trámite de negociación de deudas.
ART. 13.—Incidente de revisión. Cuando el conciliador o cualquiera de los acreedores advierta que el deudor omitió relacionar obligaciones o bienes, el conciliador oficiará al juez civil municipal de conocimiento de conformidad con el artículo 6º de la presente ley para que dentro del trámite del proceso verbal sumario revise el expediente y, si es del caso, resuelva declarar fracasado el trámite de negociación de deudas o declare incumplido el acuerdo, caso en el cual procederá a actuar de conformidad con lo establecido en la presente ley. En este caso, los procesos ejecutivos que cursen contra el deudor, continuarán inmediatamente su trámite.
ART. 14.—Aceptación de la solicitud de trámite de negociación de deudas. Una vez el conciliador verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley en la solicitud del trámite de negociación de deudas y el deudor haya sufragado los costos cuando sea del caso, el conciliador designado por el centro de conciliación la aceptará y dará inicio al trámite de negociación de deudas.
ART. 15.—Término del trámite de negociación de deudas. El término para llevar a cabo el trámite de negociación de deudas es de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la aceptación de la solicitud prorrogable hasta por treinta (30) días más siempre que así lo soliciten el deudor y siquiera uno de los acreedores de los créditos incluidos en la relación definitiva de acreencias.
ART. 16.—Efectos de la iniciación del trámite de negociación de deudas. A partir de la aceptación de la solicitud del trámite de negociación de deudas se suspende el cobro de cualquier tipo de interés sobre las obligaciones objeto del procedimiento de insolvencia, así como de cuotas de administración, manejo o cobros similares que de cualquier modo el acreedor pretenda hacer exigible al deudor.
Las personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos domiciliarios al deudor admitido al trámite de negociación de deudas, no podrán suspender la prestación de aquellos por causa de tener créditos insolutos a su favor. Si la prestación estuviera suspendida, estarán obligadas a restablecerla, so pena de responder por los perjuicios que se ocasionen. El valor de los nuevos servicios que se presten a partir de aceptación del trámite de negociación de deudas, se pagarán de manera preferente.
PAR.—Los gastos necesarios para la subsistencia del deudor y de las personas a su cargo, así como las obligaciones que este debe continuar pagando durante el procedimiento de insolvencia serán pagados de preferencia y no estarán sujetos al sistema que en el acuerdo de pago se establezca para las demás acreencias. El desconocimiento de esta disposición conllevará al fracaso del procedimiento de insolvencia.
ART. 17.—Procesos ejecutivos alimentarios en curso. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los procesos ejecutivos alimentarios que se encuentren en curso al momento de aceptarse la solicitud del trámite de negociación de deudas, los cuales continuarán adelantándose conforme al procedimiento previsto en la ley, sin que sea procedente decretar la suspensión o levantamiento de las medidas cautelares decretadas en razón al inicio del trámite de negociación de deudas.
ART. 18.—Notificación del inicio del trámite de negociación de deudas. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la aceptación del tramite de negociación de deudas, el conciliador, dejando constancia de ello, informará por escrito enviado mediante correo certificado y publicado en la página web del centro de conciliación a todos los acreedores relacionados por el deudor acerca de la aceptación de la solicitud, indicándoles el monto por el que fueron relacionados y la fecha en que se llevará a cabo la audiencia de negociación de deudas.
ART. 19.—Restricciones a la solicitud de trámite de negociación de deudas. El juez a solicitud del conciliador declarará fracasado el trámite de negociación de deudas una vez verifique que se cumple alguna de las siguientes causales y obrará de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la presente ley:
ART. 20.—Fecha de fijación de la audiencia de negociación de deudas. La audiencia de negociación de deudas deberá celebrarse dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la aceptación de la solicitud y su notificación se realizará en los mismos términos del artículo 18 de la presente ley.
ART. 21.—Desarrollo de la audiencia de negociación de deudas.
ART. 22.—Suspensión de la audiencia de negociación de deudas. La audiencia de negociación de deudas podrá suspenderse las veces que sea necesario en los eventos previstos en el artículo anterior. En todo caso, el trámite de negociación de deudas no podrá extenderse más allá del término previsto en el artículo 15 de esta ley.
La audiencia se reanudará a más tardar el décimo (10) día hábil siguiente para aportar los documentos y adelantar nuevas deliberaciones.
ART. 23.—Decisión sobre objeciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suspensión de la audiencia por la existencia de objeciones no conciliadas, el deudor o el acreedor objetantes podrán demandar, ante el juez civil municipal de conocimiento, la resolución de la correspondiente objeción. Dicha demanda se adelantará a través del trámite del proceso verbal sumario, de única instancia, en el cual será procedente la acumulación de otra u otras objeciones que se hubieren presentado con ocasión del trámite de negociación de deudas del mismo deudor, correspondiéndole al juez civil municipal que haya conocido de la primera objeción presentada, conocer de las restantes.
ART. 24.—Acuerdo de pago. El acuerdo de pago estará sujeto a las siguientes reglas:
Los intereses de plazo o de mora que se causen serán objeto de negociación por parte de los acreedores y el deudor, y se pagarán por este según se pacte en el acuerdo. Sin embargo, cuando el acuerdo de pagos sea suscrito dentro de los 60 días siguientes a la aceptación de la solicitud al trámite de negociación de deudas, no se cobraran los intereses de mora causados durante este período
PAR.—El acuerdo celebrado podrá ser objeto de reformas posteriores a solicitud del deudor y de los acreedores que representen no menos de una cuarta parte de los créditos insolutos, solicitud que deberá formularse ante el centro de conciliación que conoció del trámite inicial, acompañada de la actualización de la relación definitiva de acreedores junto con la información relativa a las fechas y condiciones en que se hubieren realizado pagos a los créditos que fueron materia del acuerdo de pago. Aceptada dicha solicitud se procederá por parte del conciliador que designe el centro a convocar a audiencia de modificación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes y en ella se indagará en primer término a los acreedores sobre la conformidad en torno a la indicada actualización presentada y posteriormente se someterá a consideración la propuesta de modificación que presente el deudor, cuya aprobación y características se sujetará a las reglas previstas en el presente artículo. Si no se logra dicha aprobación, continuará vigente el acuerdo anterior.
ART. 25.—Efectos de la celebración del acuerdo de pago. El acuerdo de pago podrá versar sobre cualquier tipo de obligación pecuniaria contraída por la persona natural no comerciante, incluidas aquellas en las que el Estado sea acreedor.
ART. 26.—Efectos en materia fiscal.
a) En ningún caso la tasa de interés efectiva de las obligaciones fiscales podrá ser inferior a la tasa de interés efectiva más alta pactada a favor de cualquiera de los otros acreedores, ni inferior al IPC correspondiente a los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la fecha en la cual se realicen los respectivos pagos.
PAR.—Sin perjuicio de la causación de intereses y de la actualización de que trata el artículo 867-1 del estatuto tributario, para la realización de pagos de las obligaciones fiscales se podrá acordar período de gracia hasta por un plazo máximo de dos (2) años, que se graduará en atención al monto de la deuda, de la situación financiera del deudor y de la viabilidad de la misma, siempre que los demás acreedores acuerden un período de gracia igual o superior al de las obligaciones fiscales, sin perjuicio de la prelación legal de los créditos.
ART. 27.—Fracaso de la negociación. Si transcurrido el término previsto en el numeral 10 del artículo 22 no se celebra el acuerdo de pago, el conciliador deberá informar de tal circunstancia, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquel en que se declare el fracaso del acuerdo, a los jueces de conocimiento de los procesos judiciales indicados en la solicitud, así como a cualquier otro que indique el deudor o los acreedores, a fin de que continúen las acciones ejecutivas, de restitución y de jurisdicción coactiva que cursen en contra del deudor.
ART. 28.—Incumplimiento del acuerdo de pago por parte del deudor. Si el deudor no cumple las obligaciones contraídas en el acuerdo de pago, a solicitud de cualquiera de los acreedores o a solicitud del mismo deudor, el conciliador citará a nueva audiencia dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de tal solicitud a fin de revisar y estudiar por una sola vez la modificación del acuerdo original.
En caso de que existieren diferencias en torno a la ocurrencia de eventos de incumplimiento del acuerdo, el acreedor que alegue el incumplimiento podrá demandar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la celebración de la respectiva audiencia, la declaratoria de incumplimiento por parte del juez civil correspondiente al domicilio del deudor. Dicha demanda se adelantará a través del trámite del proceso verbal sumario, en el cual procederá la acumulación de otras demandas de incumplimiento que se presenten en relación con el mismo acuerdo. A la demanda correspondiente se acompañará una copia del acta correspondiente a la audiencia firmada por el respectivo conciliador así como una copia del acta que contenga el acuerdo. Contra la decisión que profiera el juez civil municipal de conocimiento, solo procederá el recurso de apelación. Declarado el incumplimiento, el juez comunicará dicha decisión al centro de conciliación en el que se adelantó el trámite de negociación, a efectos de que se proceda en los términos indicados en el artículo 27 de esta ley.
ART. 29.—Impugnación del acuerdo de pago. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la celebración del acuerdo, cualquier acreedor anterior a la iniciación del trámite de negociación de deudas podrá impugnar el acuerdo de pago, a efectos de que se declare su nulidad, la cual procederá cuando se determine cualquiera de las siguientes causales:
Decretada la nulidad, el juez pondrá en conocimiento esa decisión del centro de conciliación que hubiere conocido del trámite de negociación de deudas con el fin de que se proceda conforme a lo previsto para el caso de fracaso de la negociación. Cuando la causal de nulidad corresponda a cualquiera de las causales previstas en los numerales 1º a 3º, el deudor no podrá solicitar ni iniciar nuevos trámites de negociación de deudas dentro de los seis (6) años siguientes a la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia correspondiente.
ART. 30.—El acuerdo de pago para la persona natural no comerciante que sea productor agropecuario y/o pesquero estará sujeto a las siguientes disposiciones especiales:
PAR.—Se entiende por productor agropecuario y/o pesquero, aquella persona natural que tiene como actividad principal la actividad agropecuaria y/o pesquera, de la cual deriva su sustento y el de su familia. Dicha calidad será certificada por el Ministerio de Agricultura.
ART. 31.—(Modificado).* Programa de reactivación agropecuaria nacional, PRAN. Los deudores del programa de reactivación agropecuaria nacional, PRAN agropecuario, de que trata los decretos 967 de 2000, 1257 de 2001, 931 de 2002, 1623 de 2002, 11 de 2004, 2795 de 2004, 3749 de 2004 y 2841 de 2006 así como de las reestructuraciones efectuadas mediante los decretos 4222 de 2005, 3363 de 2007 y 4678 de 2007, podrán extinguir las obligaciones a su cargo, mediante el pago de contado dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley, del valor que resulte mayor entre el treinta por ciento (30%) del saldo inicial de la obligación a su cargo con los referidos programas, en el momento de su compra, y el valor que Finagro pagó al momento de adquisición de la respectiva obligación.
PAR. 1º—Sin perjuicio de lo anterior, aquellos deudores que hayan realizado abonos a capital, podrá extinguir sus obligaciones cancelando la diferencia entre los abonos previamente efectuados y el valor antes indicado.
PAR. 2º—Para acogerse a las condiciones establecidas en la presente ley, los deudores deberán presentar paz y salvo por concepto de seguro de vida, honorarios, gastos, costas judiciales, estos últimos cuando se hubiere iniciado contra ellos el cobro de las obligaciones.
PAR. 3º—Finagro, o el administrador o acreedor de todas las obligaciones de los programas PRAN, deberán abstenerse de adelantar su cobro judicial por el término de un (1) año contado a partir de la vigencia de la presente ley, término este dentro del cual se entiende también suspendidos los procesos que se hubieren iniciado, así como la prescripción de dichas obligaciones, conforme a la ley civil. Lo anterior sin perjuicio del trámite de los procesos concursales.
ART. 32.—Facultades de los apoderados y representantes. En los casos en que el deudor o el acreedor concurra al trámite de negociación de deudas mediante apoderado, este deberá ser abogado debidamente acreditado y se entenderá facultado para tomar toda clase de decisiones que corresponda a su mandante.
ART. 33.—Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados con prisión de uno (1) a seis (6) años, quienes dentro de un procedimiento de insolvencia, a sabiendas:
ART. 34.—Control y registro. El Ministerio del Interior y Justicia como entidad encargada de llevar el control y registro de los centros de conciliación, auspiciará y dispondrá la creación de una página web en la que todos los centros de conciliación registren los trámites de negociación de deudas que sean admitidos por el respectivo centro, informando fecha de inicio, estado del trámite, fecha de celebración del acuerdo y un resumen o síntesis del mismo.
ART. 35.—Información crediticia. El conciliador deberá reportar en forma inmediata ante las centrales de información financiera, la aceptación del trámite de negociación de deudas, así como el cumplimiento o no del acuerdo de pago pactado entre el deudor y sus acreedores. El manejo de dicha información se hará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008 o ley de hábeas data.
ART. 36.—Capacitación. El Gobierno Nacional dispondrá lo necesario para garantizar que todos los conciliadores del país reciban capacitación permanente sobre el procedimiento de insolvencia para persona natural no comerciante.
ART. 37.—Divulgación. El Gobierno Nacional a través de los programas institucionales de televisión y las páginas web oficiales de las entidades públicas que lo integran divulgará permanentemente sobre el régimen de insolvencia económica para la persona natural no comerciante, la manera de acogerse, sus beneficios y efectos.
ART. 38.—Remisión normativa. En caso de duda o vacío normativo se podrá acudir a las disposiciones que en materia civil y de procedimiento civil se encuentran vigentes. Las normas establecidas en la presente ley prevalecerán sobre cualquier otra norma de carácter ordinario, incluso de carácter tributario que le sea contraria.
ART. 39.—El artículo 67 de la Ley 1116 quedará, así:
ART. 67.—Promotores o liquidadores. Al iniciar el proceso de insolvencia, el juez del concurso, según sea el caso, designará al promotor o liquidador, en calidad de auxiliar de la justicia, escogido de la lista elaborada para el efecto por la Superintendencia de Sociedades.
PAR. 1º—La lista de promotores y liquidadores de la Superintendencia de Sociedades será abierta y a ella ingresarán todas las personas que cumplan con los requisitos mínimos de experiencia e idoneidad profesional que para el efecto establezca el gobierno.
PAR. 2º—Salvo en los casos en los cuales la empresa carezca de activos suficientes y se requiere un pago mínimo, la remuneración de liquidadores no podrá exceder del seis por ciento (6%) del valor de los activos de la empresa insolvente. Para los promotores el valor de los honorarios no podrá exceder del punto dos por ciento (0.2%) del valor de los activos de la empresa insolvente, por cada mes de negociación.
ART. 40.—Suprímase el numeral 1º del artículo 19 de la Ley 1116.
ART. 41.—Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Las normas del régimen establecido en la presente ley prevalecerán sobre cualquier otra norma de carácter ordinario, incluso de carácter tributario que le sean contrarias.
Dada en Bogotá, D.C. a 25 de enero de 2010.

References: artículo 116
 artículo 6
 artículo 33
 artículo 18
 artículo 15
 resolución 
 artículo 867
 artículo 22
 artículo 27
 artículo 67
 artículo 19