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Timestamp: 2019-11-21 12:44:32+00:00

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STC 30/2003, 13 de Febrero de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 178714
STC 30/2003, 13 de Febrero de 2003
Número de Recurso: 2988/1998
Recurso de amparo 2988/98. Promovido por don Francisco y don Carlos E. M. frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya que desestimó su recurso de apelación en pleito sobre arrendamiento de una industria de bar-cafetería. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: Sentencia de apelación civil que debe resolver el fondo de una pretensión sobre error en la determinación de los hechos y en la valoración de la prueba por el fallo de instancia, que no podía ser corregido en aclaración de éste.
Sentencia citada en: 94 sentencias, 4 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 2988/98, promovido por don Francisco y don Carlos E. M., representados por la Procuradora doña Paloma Ortiz-Cañavate Levenfeld y asistidos por el Letrado don Juan Carlos Verdeal Pinto, contra la Sentencia de 19 de mayo de 1998 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, dictada en el rollo de apelación civil 761/95. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido parte don Luciano G. V., representado por el Procurador don Isacio Calleja García y asistido por la Letrada doña Araceli Carreras Ramírez. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo García Manzano, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito registrado en este Tribunal el 1 de julio de 1998, presentado en el Juzgado de guardia el 29 de junio, se interpuso el recurso de amparo que se deja mencionado en el encabezamiento y que se fundamenta en los siguientes hechos:
Don Francisco y don Carlos E. M., en su condición de arrendadores de una industria de bar-cafetería sita en Baracaldo, fueron demandados por su arrendatario, don Luciano G. V., en juicio de menor cuantía, en solicitud de que se declarase la resolución del contrato de arrendamiento existente entre las partes por incumplimiento de los arrendadores demandados, y se condenase a éstos a abonar al actor, en concepto de daños y perjuicios la cantidad de 2.928.887 pesetas, a que ascendían, entre otros, la fianza prestada en su día y el importe de las mejoras y reparaciones efectuadas por el demandante en la industria arrendada.
Los demandados contestaron a la demanda oponiéndose a ella y formularon, a su vez, reconvención en la que, en síntesis, se solicitaba la resolución del contrato de arrendamiento litigioso por incumplimiento imputable al actor, y se condenase a éste a la pérdida de la fianza de 2.000.000 de pesetas en su día prestada, en concepto de pago parcial para cubrir los daños y perjuicios derivados del incumplimiento, así como al pago a los demandados de 2.920.000 pesetas en concepto de daños y perjuicios, más los intereses legales y moratorios.
Seguido el procedimiento y tras la oportuna tramitación, el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Barakaldo (autos 676/94), dictó Sentencia el 29 de septiembre de 1995 en la que estimó parcialmente la demanda y declaró resuelto el contrato de arrendamiento de industria existente entre las partes, condenando a los demandados a abonar al demandante la suma de 271.333 pesetas, con los intereses señalados en el art. 921 LEC y, asimismo, estimó parcialmente la reconvención, y declaró la resolución del citado contrato, no habiendo lugar al resto de las pretensiones, pagando cada parte sus costas y las comunes por mitad.
Los demandados interpusieron recurso de apelación contra la Sentencia de primera instancia que, admitido a trámite, dio lugar al rollo de apelación 761/95 seguido ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya. En este rollo, consta un escrito, integrado por trece folios, en el que los apelantes, a los efectos de los arts. 709 y 876 LEC, expusieron los motivos del recurso que, en lo que ahora interesa, fundaron en las siguientes alegaciones:
"También incurre, dicho sea de nuevo con todos los respetos, el Juzgador a quo en un error al interpretar el contrato de arrendamiento de negocio suscrito, al calcular las cantidades debidas por el arrendatario a los ahora apelantes. Y no sólo error en la apreciación de esa prueba, sino también infracción de Ley. Tiene ello su explicación. Dice el Juez que `siendo la renta pactada 100.000 pesetas mensuales el demandante deberá pagar 1.800.000 pesetas¿, en base a los 18 meses transcurridos. Pues bien: la renta pactada en el contrato de arrendamiento fue de 100.000 pesetas mensuales del 01/03/1994 al 30/05/1994 y de 140.000 pesetas mensuales del 01/06/1994 al 28/02/1997, fecha en la que finalizaba el mismo. Siguiendo el razonamiento del Juez a quo, no compartido por esta parte, de imputar el pago de las rentas al arrendatario solo hasta la fecha de la resolución apelada (29/09/1995) no son 18 meses los transcurridos, sino 19 meses, y no a razón de 100.000 pesetas mensuales, sino (estipulación 3ª del contrato) a razón de :
En atención a estas alegaciones se terminaba suplicando la estimación del recurso, "y en consecuencia dictar Sentencia revocando en todas sus partes la de primera instancia apelada, absolviendo a esta parte de la demanda planteada por don Luciano G. V., y con plena estimación de la demanda reconvencional planteada por los Hermanos E. M., con todos los efectos contenidos en la misma y en el cuerpo de este escrito, subsidiariamente, con revocación parcial de la Sentencia apelada declarase que la cantidad resultante de las compensaciones establecidas por el Juzgador de instancia sería a favor de los apelantes en la cuantía de 468.667 ptas., y no de 271.333 ptas. a favor de los apelados por los motivos expuestos en el cuerpo de este escrito".
Desarrollada la apelación por escrito, la Sala dictó Sentencia el 19 de mayo de 1998, notificada el 5 de junio de 1998, por la que se desestimó el recurso y se confirmó la Sentencia apelada en su integridad.
"Una primera cuestión estriba en que el recurrente solicita aclaración de Sentencia en esta apelación. Funda esta extemporánea petición en que la Sentencia apelada sufre un error de cuenta consistente en que estima en 100.000 pesetas mensuales la renta pactada cuando esta suma se corresponde con la de las tres primeras mensualidades, siendo las de las siguientes 140.000 pesetas mensuales. Si la Sentencia incurre en tal error de cuenta tiempo tuvo el hoy recurrente de solicitar su rectificación para, así, colocar al contrario en una posición procesal clara para, en su caso, interponer recurso de apelación por cuanto la suma reclamada mediante la `aclaración¿ que se dice ejercitar es de 740.000 pesetas, cantidad estimable y apreciable por la parte en el mismo momento de dictarse la Sentencia. Por ello estimamos que no es éste el momento procesal oportuno para aclarar la Sentencia" (FJ 1).
La demanda denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que, a juicio de los recurrentes, se produce porque la Audiencia no resuelve una de las pretensiones formuladas en el recurso de apelación planteado en tiempo y forma.
Por providencia de 23 de noviembre de 1998 la Sección Segunda acordó tener por parte a la Procuradora Sra. Ortiz-Cañavate Levenfeld interponiendo el recurso de amparo en nombre de los recurrentes, y de conformidad con el art. 50.5 LOTC, conceder a los demandantes un plazo de diez días para que aportasen testimonio del escrito de alegaciones de la apelación y de la Sentencia apelada.
Por providencia de 28 de junio de 1999 se acordó admitir a trámite el presente recurso y, de conformidad con el art. 51 LOTC, se requirió al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Barakaldo y a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya para que remitiesen testimonio de los autos del juicio de menor cuantía 676/94 y del rollo de apelación 761/95; interesando al propio tiempo el emplazamiento de cuantos fueron parte en el proceso judicial antecedentes, con excepción de los recurrentes, para que pudieran comparecer en este proceso constitucional en el plazo de diez días.
Por providencia de 13 de septiembre de 1999 se acordó tener por recibidas las actuaciones solicitadas, tener por parte al Procurador Sr. Calleja García, en nombre de don Luciano G. V. y dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común de veinte días pudieran presentar las alegaciones que estimasen procedentes.
Mediante escrito registrado el 14 de octubre de 1999, la representación procesal de don Luciano G. V. presentó sus alegaciones en las que interesa la denegación del amparo. La Sentencia de la Audiencia sostiene que no cabe aclaración de Sentencia en el trámite de apelación y lo hace acertadamente. La aclaración de Sentencia está regulada como un "recurso" extraordinario que se debe ejercitar ante el órgano que dictó la resolución objeto de aclaración y de su propia naturaleza y finalidad (corrección de errores aritméticos o aclaración de algún punto oscuro o de alguna omisión involuntaria) se desprende que tan sólo puede ser resuelta por el órgano que dicta la Sentencia objeto de aclaración. Por consiguiente, siempre que se entienda que la pretensión subsidiaria ejercitada por los apelantes consistía en una petición de aclaración, la negativa de la Audiencia a resolver sobre la misma debe considerarse ajustada al derecho a la tutela judicial efectiva. Por otra parte, para el caso de que la petición subsidiaria objeto de controversia no se considere como una petición de aclaración de Sentencia, como así parece desprenderse del escrito de interposición del amparo, fallaría el presupuesto básico para considerar lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva: la falta de pronunciamiento de la Audiencia sobre alguna de las pretensiones ejercitadas en la apelación, ya que la Sala resolvió todas las cuestiones planteadas por los apelantes.
Por escrito registrado el 15 de octubre de 1999 los recurrentes formulan sus alegaciones en las que interesan el otorgamiento del amparo solicitado. La Sentencia impugnada, resolvía un recurso de apelación que se basaba fundamentalmente en dos motivos. El primero lo era con carácter principal, que contenía asimismo diversos motivos de apelación, y cuya finalidad era que se dictara por la Audiencia Provincial nueva Sentencia revocando en todas sus partes la de primera instancia, absolviendo a los apelantes de la demanda planteada de adverso y con plena estimación de la demanda reconvencional planteada por esta parte. El otro motivo lo era con carácter subsidiario, y su finalidad era la revocación parcial de la Sentencia apelada, al objeto de que se declarase que la cantidad resultante de las bases indemnizatorias y de las compensaciones establecidas por el Juzgador a quo, interpretadas correctamente a tenor de la prueba practicada, sería a favor de los apelantes en la cuantía de 468.667 pesetas, y no de 271.333 pesetas a favor de los apelados. El primer motivo de los alegados por esta parte en el citado recurso de apelación, planteado con carácter principal y basado en error del Juzgador de instancia en la apreciación de la prueba, así como en infracción de precepto legal, fue desestimado por la Audiencia y no es, ni pudiera serlo, objeto de la presente demanda de amparo. Sí lo es, en cambio, la desestimación de la petición subsidiaria planteada por esta parte, pues la negativa de la Sala a pronunciarse sobre el fondo del posible error en la apreciación de la prueba cometido por el Juzgador de instancia, a pesar de ser una de las peticiones que expresamente los apelantes formularon en el recurso a través de su escrito de alegaciones, vulnera, a nuestro juicio, el derecho constitucional de los recurrentes a obtener la tutela judicial efectiva, pues habiendo ejercitado una pretensión legítima, por la Sala se ha omitido pronunciamiento alguno al respecto, en base a un defecto procesal inexistente, provocando la indefensión de esta parte.
Mediante escrito registrado el 25 de octubre de 1999, el Fiscal formula sus alegaciones interesando que se otorgue el amparo. Tras descartar que nos hallemos ante un supuesto de incongruencia omisiva, lo que exigiría el planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones del art. 240.3 LOPJ, entiende que la respuesta dada por la Audiencia no resulta aceptable y vulnera el art. 24.1 CE. En la Sentencia recurrida se omite el pronunciamiento al motivo de apelación alegado como subsidiario puesto que se aborda como "primera cuestión" (FJ 1), lo que se llama extemporánea petición que, se dice debió interesarse en un recurso de aclaración y no de apelación, arguyéndose como elemento de apoyo la posible indefensión de la contraparte que podía haber apelado la Sentencia, una vez aclarada. Tales argumentos no parecen sin embargo convincentes por tres razones: a) No parece claro que el error de la Sentencia en cuanto a la suma pueda remediarse a través de un recurso de aclaración. No se trata de un simple error de cuenta o un mero desajuste entre fundamentación jurídica y fallo, supuestos que permite la Ley (art. 267 LOPJ) o la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional. La modificación que los apelantes pretendían tenía un mayor alcance, como lo era y así se dijo, que se considerara una distinta renta en los alquileres para casi toda la duración del contrato, que se invirtieran las posiciones de acreedor y deudor y se modificara el fallo, modificaciones que debían operarse a través de un recurso de apelación y que exceden del estrecho cauce de la aclaración. b) Que la presunta indefensión del apelado no existe en un recurso de apelación en el que por imperativo legal se le da traslado del mismo para que lo impugne, como efectivamente ocurrió. c) Que no es desdeñable el argumento empleado en la demanda de amparo en el sentido de que "quien puede lo más puede lo menos". Si el recurso de apelación según el común de la doctrina, supone un novum iudicium en donde se pueden revisar de modo total los hechos y el derecho por el Tribunal superior, no se ve la razón por la que no se permite rectificar una Sentencia corrigiendo las cifras que llevaron, según los apelantes, a un fallo equivocado y de signo diferente. Lo contrario supondría limitar a motivos tasados (como en casación o revisión) un recurso abierto como es la apelación.
Por providencia de 11 de febrero de 2003 se fijó para la deliberación y fallo del presente recurso el día 13 del mismo mes y año.
El recurso de amparo se formula por quienes, como los ahora demandantes de amparo Sres. E. M., interpusieron recurso de apelación contra Sentencia que les fue desfavorable, ejercitando en él una pretensión subsidiaria de revocación parcial de la Sentencia apelada, al amparo de una errónea determinación de los hechos y una inadecuada valoración del material probatorio, sin que tal pretensión fuese examinada en cuanto al fondo, por entender la Audiencia Provincial de Vizcaya, como Tribunal ad quem, que tal pretensión entrañaba en rigor una mera aclaración o rectificación de errores materiales o de cuenta que debió ser planteada en su día mediante el remedio procesal de la aclaración frente a la Sentencia de instancia impugnada.
Se opone a que prospere la pretensión de amparo la representación procesal del comparecido don Luciano G. V., demandante apelado en el juicio de menor cuantía al que puso fin la Sentencia aquí impugnada (dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya el 19 de mayo de 1998). Por su parte, el Ministerio Fiscal interesa el otorgamiento del amparo, no sin antes rechazar que hubiera debido agotarse la vía judicial mediante la utilización del incidente de nulidad de actuaciones del art. 240.3 LOPJ.
Hemos de confirmar, ante todo, este criterio del Fiscal, adverso a la procedencia en este caso del incidente de nulidad referido. En efecto, no nos hallamos ante un caso de incongruencia omisiva en estricto sentido, pues la Sentencia de apelación no ha dejado de considerar el objeto procesal planteado por los apelantes (revisión del error de prueba cometido por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Barakaldo), es decir, no ha omitido en este sentido el examen de la pretensión subsidiaria ejercitada con dicho respaldo argumental, sino que ha considerado dicho objeto procesal y le ha dado expresa respuesta, tal como la contenida en el fundamento jurídico primero de la Sentencia, si bien aquella ha consistido en calificar dicha pretensión subsidiaria como una mera solicitud de aclaración o rectificación de la Sentencia apelada, para la que, aparte de considerarla extemporánea, se declaraba incompetente el Tribunal de apelación, dejándola así imprejuzgada en cuanto a su fondo o contenido.
Se ha de comenzar el examen de fondo recordando, pues se aduce por los demandantes de amparo la vulneración del art. 24.1 CE, las líneas esenciales de la jurisprudencia constitucional recaída al respecto, y en lo que a este caso concierne.
En el presente caso, los demandantes del amparo ante la Sentencia de primera instancia que estimó sólo parcialmente sus pretensiones interpusieron, en tiempo y forma, el oportuno recurso de apelación que, como se deduce de las alegaciones escritas presentadas al amparo de los arts. 709 y 876 LEC, y que se han dejado parcialmente transcritas en los antecedentes de esta resolución, fundaron, entre otros, en el argumento principal de que el Juez a quo había incurrido en un error en la apreciación de los hechos debatidos en el pleito, y en concreto, que el Juzgador no había tenido en cuenta que según la cláusula 3 del contrato, la renta inicial de 100.000 pesetas mensuales pasaba a convertirse a partir del 1 de junio de 1994 en 140.000 pesetas. Asimismo, se alegaba un error en el cómputo de los meses a tener en cuenta, que eran diecinueve en lugar de dieciocho. Todo ello determinaba que las rentas devengadas y adeudadas por el arrendatario demandante a los demandados apelantes pasase de 1.800.000 pesetas, que era la cantidad fijada por el Juez, a la suma de 2.540.000 pesetas, lo que produciría una evidente modificación del fallo, ya que de ser los demandados los que tendrían que pagar al actor la cantidad de 271.333 pesetas (que es la cantidad establecida en el fallo de la Sentencia apelada), sería el actor el que tendría que abonar a los demandados la cantidad resultante de restar a las citadas 2.540.000 pesetas, la cantidad reconocida a aquel de 2.071.333 pesetas, esto es, 468.667 pesetas.
Por lo expuesto, no puede aceptarse el fundamento que se utiliza por la Audiencia para dejar de examinar la pretensión que era objeto del recurso; esto es, que estamos ante un "error de cuenta" que podía ser subsanado en el trámite de aclaración, por lo que resulta extemporánea su formulación en el recurso de apelación.
Lo expuesto evidencia, sin necesidad de más detenida consideración, que la Sentencia impugnada, al dejar de pronunciarse sobre el fondo del motivo oportunamente articulado por los apelantes en su recurso de apelación, en el que imputaban a la Sentencia apelada un error en la apreciación de la prueba que, de estimarse, obligaría a modificar el fallo judicial de la resolución de primera instancia, al entender que esta petición era extemporánea dado que tenía que haber sido canalizada a través de la aclaración de Sentencia, ha fundado su decisión en una aplicación del art. 267 LOPJ que resulta manifiestamente irrazonable y contraria a la jurisprudencia constitucional que proscribe la utilización del procedimiento de la aclaración de Sentencias cuando ello entrañe una modificación del fallo judicial, con lo que se ha vulnerado el derecho de los recurrentes a obtener una resolución de fondo sobre la pretensión impugnatoria planteada en el recurso de apelación, y con ello su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, lo que obliga a otorgar el amparo que se solicita.
Otorgar el amparo solicitado por don Francisco y don Carlos E. M., y en consecuencia :
Reconocer el derecho de los demandantes a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
Declarar la nulidad de la Sentencia dictada el 19 de mayo de 1998 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, en el rollo de apelación núm. 761/95.
Retrotraer las actuaciones al momento procesal inmediato anterior al de pronunciarse la referida Sentencia de apelación, a fin de que se vuelva a dictar otra en la que, con plenitud de jurisdicción, la Audiencia Provincial se pronuncie sobre la pretensión subsidiaria basada en el error en la apreciación de la prueba imputado a la Sentencia de primera instancia.
AAP Sevilla 65/2007, 21 de Marzo de 2007
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