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Timestamp: 2019-12-08 21:45:08+00:00

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Corte suprema de justicia sala de casación civil fernando giraldo guiérrez magistrado ponente ahc1134-2015 Radicación n°. 05001-22-03-000-2015-00120-01
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R epública de Colombia
FERNANDO GIRALDO GUIÉRREZ
AHC1134-2015
Radicación n°. 05001-22-03-000-2015-00120-01
Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil quince (2015).
Decide la Corte la apelación del pronunciamiento de 21 de febrero de 2015 de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que negó el hábeas corpus promovido por Jorge León Arango Arango y Alejandro Decastro González, como agentes oficiosos de Mauricio Vélez Arboleda, contra el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, siendo vinculados el Séptimo Penal Municipal de Control de Garantías y la Fiscalía Primera Especializada de la misma ciudad.
1.- Los solicitantes piden la protección del derecho fundamental a la libertad de su representado.
2.- Fundan la pretensión en los términos que a continuación se compendian:
Contra Vélez Arboleda se sigue una investigación penal por secuestro simple, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, a la cual está vinculado otro ciudadano no detenido.
Si bien el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Control de Garantías se abstuvo de imponer medida de aseguramiento, el Primero Penal del Circuito revocó la decisión y ordenó su captura (14 mar. 2014), momento desde que está privado de la libertad.
Un juez de garantías negó la búsqueda selectiva en bases de datos solicitada, lo que apelaron (22 abr. 2014).
Se celebró la audiencia de formulación de acusación (16 may. 2014), empezando a contabilizarse el tiempo para solicitar la libertad por vencimiento de términos (artículo 317-5 Código de Procedimiento Penal).
Programadas dos fechas para la audiencia preparatoria (13 jun. y 18 jul. 2014), no se llevó a cabo a solicitud de la defensa, por estar pendiente la alzada.
En vista de la confirmación en segunda instancia (10 sep. 2014), se continuó el trámite (18 y «22» (sic) sep. 2014) y ante la negativa a decretar algunas pruebas la Fiscalía impugnó, sin que la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira admitiera los planteamientos elevados por el ente investigador (16 dic. 2014).
El Juzgado Séptimo Penal Municipal de Control de Garantías negó la liberación por vencimiento de términos (9 en. 2015), lo que mantuvo el Quinto Penal del Circuito (29 en. 2015).
El Sexto Penal del Circuito programó juicio oral para el 25 de marzo de 2015.
Desde la formulación de acusación (16 may. 2014), hasta la presentación de la acción constitucional (20 feb. 2015), pasaron más de ciento veinte (120) días.
A nombre el procesado han radicado tres (3) solicitudes de libertad por vencimiento de términos que han sido adversas.
En la última providencia se incurrió en un error al descontar del 22 de septiembre al 16 de diciembre de 2014, siendo esa demora imputable a la Fiscalía, no a la parte que representa y al aplicar el parágrafo 1º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal a una situación no regulada en esta, toda vez que la impugnación del acusador, «no comprende un supuesto de “causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia”».
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y CONVOCADOS
El Juez Quinto Penal del Circuito expresó que confirmó la decisión del Juzgado Séptimo Penal Municipal de Control de Garantías, que negó la libertad del promotor, en razón de que desde la formulación de acusación a la fecha, hubo dos solicitudes de aplazamiento, una apelación de la Fiscalía y la vacancia judicial, por lo que hasta el 21 de febrero de 2015 sólo transcurrieron setenta y seis (76) días.
No hubo más intervenciones.
Denegó la acción, porque en contra del procesado existe una medida de aseguramiento legalmente decretada, y han sido justificadas las suspensiones de los términos desde la formulación de acusación a la fecha, sin que por ello pueda concluirse que sean actos indebidos o arbitrarios atribuibles al juez de conocimiento, ni constitutivos de una «vía de hecho por defecto fáctico» (folios 60 a 67).
Manifiestan que no era aplicable al caso la reforma introducida al artículo 317 del Código de Procedimiento Penal por la Ley 1442 de 2007, que se refiere a una «causa razonable» para justificar no iniciar la audiencia de juicio oral, como lo hizo el a quo; sino, la modificación de la Ley 1453 de 2011 que exige «causas razonables fundadas en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia», reiterando los demás argumentos esgrimidos (folios 82 a 91).
1.- El hábeas corpus, consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política y reglamentado por la Ley 1095 de 2006, fue instituido para proteger el derecho fundamental a la libertad personal de quien ha sido privado de ella mediante violación de las prerrogativas constitucionales o legales, o cuando se le prolongue de manera ilegítima. El artículo 1º de la Ley 1095 de 2006 lo define como «un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal», y que «únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine».
2.- En el plenario están demostrados los siguientes hechos relevantes, con incidencia en la resolución a tomar:
Que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, en segunda instancia (14 mar. 2014), impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión a José Manuel García Vélez y a Mauricio Vélez Arboleda (folio 58, cuaderno1).
Que el Segundo Penal Municipal de Control de Garantías, legalizó la captura del encartado (15 mar. 2014), en cumplimiento de la orden del Primero Penal del Circuito (folios 55 y 56, cuaderno 1).
Que ante el Sexto Penal del Circuito de la misma localidad, se formuló la acusación en contra del interesado, por el punible de secuestro simple (16 may. 2014), y fijó el 13 de junio de 2014 para desarrollar la audiencia preparatoria del juicio oral (folio 49, cuaderno 1).
Que la defensa solicitó dos aplazamientos de la mencionada diligencia (10 jun. y 18 jul. 2014), al no haberse resuelto la apelación contra la decisión que negó la búsqueda selectiva en bases de datos (folio 48, cuaderno 1).
Que el Juzgado Segundo Penal del Circuito resolvió la impugnación pendiente (10 sep. 2014).
Que el despacho de conocimiento celebró la audiencia preparatoria (18 y 23 de sep. de 2014), excluyendo algunas pruebas, lo que apeló la Fiscalía (folios 43 al 47, cuaderno 1).
Que el Tribunal Superior de Pereira (16 dic. 2014) confirmó parcialmente y revocó parte de esa decisión (folios 41 y 42, cuaderno 1).
Que el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Control de Garantías no accedió a la libertad de Vélez Arboleda por vencimiento de términos (9 en. 2015), lo que convalidó (29 en. 2015) el Quinto Penal del Circuito (folios 39 al 40, cuaderno 1).
Que la defensa pidió nueva audiencia preliminar por vencimiento de términos, correspondiendo al Juzgado Sexto Penal Municipal de Control de Garantías y, estando pendiente su realización (16 feb. 2015), desistió de ello (folios 37 y 38, cuaderno 1).
Que está programado juicio oral para el 25 de marzo de 2015 a las 8:30 a.m. (folio 4).
3.- Se desestimará la impugnación por las razones que pasan a mencionarse:
La detención de Mauricio Vélez Arboleda no fue contraria a la normativa ni arbitraria, sino que obedeció a orden escrita de autoridad competente, como se hizo constar en diligencia de captura y en su legalización (folios 4 y 5, cuaderno 2, y 55 y 56, cuaderno 1, respectivamente).
Cualquier petición de libertad del acusado debe agotarse ante el funcionario de control de garantías correspondiente, ya que, esta vía constitucional no puede ser utilizada para reemplazar las facultades que la ley confiere al juez natural o su superior.
En efecto, como uniforme y reiteradamente lo tiene dicho la jurisprudencia, «en casos como éste el funcionario facultado para pronunciarse sobre el derecho a la libertad de quien estuviese privado de ella es el juez de control de garantías» (CSJ 13 jun 2011, rad 2011-01854-01), de donde, es aquél quien tiene competencia para definir el tema, puesto que «el sentenciador constitucional está desprovisto de atribuciones para decidir en torno al presunto vencimiento del plazo legal en orden a adelantar el trámite del juicio oral, así como sobre los efectos de esa demora, si la hubo» (CSJ, 5 de agosto de 2011, rad. 00098-01, reiterada AHC294-2015, 28 en., rad. 00023-01).
Como quiera que es al interior del proceso donde debe discutirse el desconocimiento de los términos perentorios para cada etapa, no puede suplirse por este medio los previstos para lograr ese cometido.
De la información allegada se extrae que el actor pidió ante un juez de control de garantías la citada prerrogativa, lo que le fue adverso (9 en. 2015), y confirmó el superior (29 en. 2015), por cuanto no había transcurrido el plazo para acceder.
Sin embargo, acudió nuevamente con igual fin y, a pesar de tener fecha programada, uno de los defensores desistió (16 feb. 2015) y, simultáneamente, promovió este reclamo, renunciando al medio idóneo, con aras de agotar el constitucional, desconociendo su carácter excepcional.
La declinación impidió que el juez natural revisara nuevamente la situación y, de ser el caso, replanteara el análisis previo, lo que no es propio de la vía escogida, ya que como dijo la Sala en AHC de 4 feb. 2011, rad. 2011-00048-01,
Los requerimientos hechos ante los respectivos jueces de control de garantías fueron decididos oportunamente, encontrando que los cuatro fueron presentados en un lapso de 20 días y en dos casos cuando se encontraban en curso segundas instancias, razón por la cual no es constitutivo de vía de hecho el que las decisiones de los funcionarios se hubieran basado en el proceder de los solicitantes, quienes, se reitera, desistieron de los recursos con los cuales hubieran podido obtener un pronunciamiento esclarecedor de sus inconformidades y sin que sea posible acudir a una especie de tercera instancia, para así revocar una decisión que solamente compete a los jueces ordinarios del proceso adoptar.
Y es que como lo resalto la Corte en AHC7910-2014,
(…) el Hábeas Corpus no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades (…) i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; iii) desplazar al funcionario judicial competente; y iv) obtener una opinión diversa –a manera de instancia adicional- de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas.” (CSJ SC AHC 28 abr 2010, rad 34044; AHC 27 mar 2012, rad. 00131-01 y AHC 11 feb 2014, rad 00029-01).
Tampoco se advierte la existencia de un defecto sustantivo en la aplicación de las normas por parte del a quo, al considerar que la apelación de la decisión que le negó a la Fiscalía unos elementos materiales probatorios para llevar al juicio oral es una «causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia».
Lo dicho porque, tanto las solicitudes de suspensión del procesado como la opugnación de la Fiscalía, así como el lapso para resolverla, son ajenos al querer del funcionario de conocimiento, quien es el responsable de hacer cumplir el término del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal.
Además, de conformidad con el artículo 177 ibidem, en los ataques contra los autos que niegan pruebas en el juicio oral «la competencia de quien profirió la decisión objeto de recurso se suspenderá desde ese momento hasta cuando la apelación se resuelva», sin que dicho lapso corra en contra del funcionario de impulso.
Por lo anterior, a pesar de que el juicio oral no se ha celebrado, obedece a dilaciones propias del trámite, no atribuibles al juez cognoscente, sin que la tardanza del superior pueda ser analizada por esta prerrogativa.
La Corporación en AHC6041-2014, refiriéndose a la irrelevancia en estas acciones del tiempo tomado en segunda instancia para desatar la alzada contra los pronunciamientos que niegan pruebas, señaló que
Recuérdese, que el habeas corpus no fue consagrado para interferir en las decisiones adoptadas por los funcionarios competentes, quienes están investidos por la Constitución y por la ley para resolver los conflictos dejados a su consideración (…) Aunque se evidencia que, en efecto, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, ha tardado en responder a la censura planteada por el actor contra la decisión adversa a su petición de libertad, así como también hay mora en la Sala Penal del Tribunal Superior accionado, en desatar la censura propuesta contra el auto que decretó pruebas en la audiencia preparatoria, valorar los motivos por los que dichos funcionarios no han respondido, es un asunto que escapa a la finalidad de la presente acción y excede las facultades otorgadas al juez constitucional.
4.- Consecuentemente, se desestimará la alzada, ratificando el pronunciamiento revisado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA, por las razones expuestas, la providencia de la procedencia y fecha conocidas.
Comuníquese lo aquí dispuesto a las partes y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

References: artículo 317
 artículo 317
 artículo 30
 artículo 1
 resolución 
 artículo 317
 artículo 177