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﻿ Sentencia 2009-00088 de marzo 25 de 2010
SENTENCIA 2009-00088 DE 25 DE MARZO DE 2010
CONTENIDO:EL ORIGEN DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO. LOS ASUNTOS TRIBUTARIOS NO SON SUSCEPTIBLES DE CONCILIACIÓN Y POR ENDE NO ES DABLE EXIGIR COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA ACUDIR A LA JURISDICCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO TRIBUTARIO, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, CONCILIACIÓN, PROCEDENCIA DE LA CONCILIACIÓN, JURISDICCIÓN, ORDENAMIENTO JURÍDICO
Sentencia 2009-00088 de marzo 25 de 2010
Ref.: Expediente 2009-00088
Actora: Empresa Colombiana de Gas, Ecogas
Recurso de apelación contra el auto de 23 de abril de 2009, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
ART. 70.—Asuntos susceptibles de conciliación. El artículo 59 de la Ley 23 de 1991, quedara así:
“ART. 59.—Podrán conciliar, total parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.
Solo fue a partir de la entrada en vigencia del artículo 37 de la Ley 640 de 2001, tal como fue publicada en el Diario Oficial 44.303 de 24 de enero de 2001 en cumplimiento del Decreto 131 de 2001 y según la corrección que le hizo el artículo 2º de este, que se dispuso la conciliación como requisito de procedibilidad en algunas acciones previstas en el Código Contencioso Administrativo. Allí se estableció:
Por su parte, el artículo 28 de la Ley 1285 dispone que dicha exigencia rige a partir de su promulgación y al ser una norma procesal es de aplicación inmediata, según lo dispone el artículo 6º del Código de Procedimiento Civil.
De acuerdo con lo anterior, se concluye que para el caso objeto de estudio, es menester antes de admitirse la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, verificar si el asunto era conciliable, y en consecuencia, si era obligación de la parte actora, aportar constancia del intento de conciliación.
Los asuntos conciliables en las acciones de nulidad restablecimiento del derecho, están entonces, guiados por la disposición que tenga la persona del bien jurídico, presuntamente afectado por el acto administrativo, es decir, al tenor de la Ley 446 de 1998, en los que sean susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley.
Resalta la Sala que los actos acusados guardan relación con asuntos tributarios, pues en nuestro sistema jurídico “… los tributos son considerados como aquellas prestaciones pecuniarias establecidas por la autoridad estatal, en ejercicio de su poder de imperio, para el cumplimiento de sus fines. Los tributos consisten en impuestos, contribuciones y tasas, según la intensidad del poder de coacción y el deber de contribución implícito en cada modalidad…”(3) (negrilla fuera de texto).
La consideración según la cual los impuestos, tasas y contribuciones son clases del género de los tributos, ha sido reiterada por la Corte Constitucional de Colombia, como en efecto se observa en las sentencias C-040 de 1993, C-1179 de 2001, C-475 de 2004, C-1171 de 2005 y C-134 de 2009.
De igual forma, la doctrina(4) ha considerado que si bien es cierto que el tributo más tradicional es el impuesto, también son definidos como tales, las tasas y las contribuciones.
En este sentido, la Corte Constitucional ha definido los impuestos como “… prestaciones pecuniarias de carácter unilateral en cuanto no constituyen remuneración por prestaciones determinadas, son de carácter obligatorio, carecen de destinación específica, su tarifa es definida por la autoridad de representación popular que las impone, hacen parte del presupuesto, se someten a control fiscal, su cuantía es la necesaria para el cubrimiento de los gastos públicos y son administrados por el Estado”(5).
De igual forma, se ha expresado que las tasas son “... prestaciones pecuniarias que constituyen remuneraciones de los particulares por los servicios prestados por el Estado en desarrollo de su actividad, sus tarifas son fijadas por autoridades administrativas, ellas no necesariamente comprenden el valor total del servicio prestado, hacen parte del presupuesto, se someten a control fiscal, su cuantía es proporcional al costo del servicio y son administrados por el Estado”.
Por último, la Sección Cuarta del Consejo de Estado(6), en un proceso donde se estudiaba la contribución especial de vigilancia que efectuaba la Superintendencia de Puertos y Transporte definió las contribuciones como “… una especie de tributo, y por tanto, una erogación de carácter obligatorio por cuanto emana del poder de imposición del Estado, a cargo de un grupo o sector determinado de personas, que tiene una destinación específica a la obra pública, función pública o servicio que le sirve de causa y cuyos beneficiarios son los mismos contribuyentes...” (negrilla fuera de texto).
El artículo 85 de la Ley 142 de 1994, que establece el cobro cuestionado en los actos acusados, es del siguiente tenor:
85.3. Numeral modificado por el parágrafo del artículo 132 de la Ley 812 de 2003. El nuevo texto es el siguiente: “Si en algún momento las comisiones de regulación o la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tuvieren excedentes, deberán transferirlos al fondo empresarial de que trata el presente artículo ‘se refiere al artículo 132 de la Ley 812 de 2003’”.
85.4. El cálculo de la suma a cargo de cada contribuyente, en cuanto a los costos de regulación, se harán teniendo en cuenta los costos de la comisión que regula el sector en el cual se desempeña; y el de los costos de vigilancia, atendiendo a los de la superintendencia.
Concluye la Sala que el recaudo establecido en los actos acusados por la actora, hace referencia, de acuerdo con lo precisado por la Corte Constitucional y por esta jurisdicción(7), a asuntos tributarios.
En efecto, el cobro recaudado por medio de los actos acusados, constituye una clase de contribución que cobra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a las empresas prestadores de dichos servicios pues está destinado a recuperar los costos de los servicios de inspección, vigilancia y control que presta la superintendencia a los sujetos contribuyentes, por lo tanto es una contribución especial y no una tasa, toda vez que implica “la realización de obras públicas o actividades estatales, en donde necesariamente debe existir un beneficio para un individuo o grupo de individuos. La contribución se paga proporcionalmente al beneficio obtenido y su producto está destinado a la financiación de las obras o actividades”(8) (negrilla y subrayado fuera de texto).
Lo anterior, permite concluir a la Sala que el asunto estudiado no es de aquellos que sea conciliable por tratarse de un asunto tributario, y por tanto, no le era dable al juez de primera instancia, exigir el cumplimiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad.
REVÓCASE el proveído recurrido, y en su lugar se dispone que el tribunal provea sobre la admisión de la demanda.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de marzo de 2010».
(1) Expediente 2002-00493, Consejero Ponente: Dr. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta.
(2) El motivo de la corrección reseñada se presentó en la parte considerativa del citado Decreto 131 de 2001, así: “Que en el artículo 37 de la Ley 640 de 2001 se incluyó una referencia al artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, la cual es errada toda vez que el legislador solo aprobó referenciar los artículos 86 y 87 del mismo código, tal como consta en el texto aprobado en segundo debate por la Cámara de Representantes y en el texto de la Comisión Accidental de Conciliación aprobado por las plenarias de las cámaras, ambos el 12 de diciembre de 2000”. El artículo 2º del mismo, que dispuso tal corrección, fue encontrado ajustado a derecho por esta Sala, en sentencia de 30 de enero de 2004, expediente 6914, Consejero Ponente: Dr. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad que se interpuso contra el mismo.
(3) Sentencia C-134 de 2009 de la Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
(4) Plazas Vega, Mauricio, Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. Tomo II, Segunda Edición, Editorial Temis, 2005. Páginas 53, 61 y 175.
(5) Sentencia C-1179 de 2001 de la Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
(6) Sentencia de 21 de noviembre de 2007 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Magistrado Ponente: Ligia López Díaz. Expediente 15851.
(7) Sentencia de 4 de octubre de 2007, Sección Primera del Consejo de Estado. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Expediente 2001-00257. Actor: Superintendencia Bancaria de Colombia.
Sentencia de 31 de agosto de 2006, Sección Primera del Consejo de Estado. Consejera Ponente: Martha Sofía Sanz Tobón. Expediente. 2002-00106. Actora: Asocajas y otro.
(8) Consejo de Estado, sentencia de 24 de octubre de 2002, Magistrada Ponente: Ligia López Díaz. Expediente 13408.

References: artículo 59
 artículo 37
 artículo 2
 artículo 28
 artículo 6
 artículo 85
 artículo 132
 artículo 132
 artículo 37
 artículo 85
 artículo 2