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Timestamp: 2017-06-27 10:42:51+00:00

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Actualidad Normativa N.º 19 (Abril 2017) - Lexology
Abril 2017 N.o 19 Coordinadora: Rosana Hallett Of counsel de Gómez-Acebo & Pombo © Gómez-Acebo & Pombo Abogados, 2017. Todos los derechos reservados Advertencia legal: Este boletín sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna. N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayús- culas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto. Diseño y maquetación: José Ángel Rodríguez León  Edición y corrección: Cristina Sierra de Grado Actualidad Normativa Sumario I. Medio ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 II. Agroalimentario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 III. Tributos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 IV. Contabilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 V. Inmobiliario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 VI. Laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 VII. Telecomunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 VIII. Energía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 IX. Propiedad industrial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 X. Ferroviario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 XI. Reclamaciones de deuda en Europa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2 Abril 2017 Actualidad Normativa I. Medio ambiente En esta materia consideramos de interés las siguientes nuevas normas: 1. El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Con esta norma se incorporan en un único texto las diversas normas con rango legal que han modificado la Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, desde su aprobación. Como aspecto más relevante de la norma, destaca en el título II la regulación de distintos mecanismos de intercambio de información entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y las comunidades autó- nomas, así como el régimen jurídico de la autorización ambiental integrada —incluido en el título III—, que se otorga mediante un procedimiento administrativo complejo que integra todas las autorizaciones ambientales existentes y en el que se coordinan otros mecanismos de intervención ambiental. 2. El Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los Vehículos al Final de su Vida Útil. Por un lado, mantiene algunos elementos de la normativa anterior, pero, por otro, introduce importantes novedades: su ámbito de aplicación recaerá sobre los vehículos al final de su vida útil, mientras que los residuos generados durante la vida útil se regirán por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, y por los reales decretos específicos de cada tipo de residuo. Asimismo, se adoptan medidas para evitar que se produzca una doble financiación de la gestión de los vehículos o de sus componentes. Finalmente, se completan algunas previsiones sobre las obligaciones a las que quedan sometidos los productores y otros agentes económicos; se incluye la preparación para la reutilización como tratamiento y se adaptan los sistemas de responsabilidad ampliada del productor del producto a lo previsto en la Ley 22/2011. 3. Finalmente, de entre la normativa aprobada por las comunidades autónomas en materia de medio ambiente se debe subrayar la Ley 5/2017, de 10 de febrero, de Pesca Marítima y Acuicultura de la Comunitat Valenciana. Esta norma pretende, de un lado, unificar la regulación autonómica en materia de pesca marítima y, de otro, promover la defensa de los recursos pesqueros adaptando la regulación autonómica a las exigencias del derecho comunitario e incorporando las determinaciones de la política pesquera común. Ignacio Álvarez Serrano y María Pascual Núñez II. Agroalimentario Destacamos, por su especial interés, el Real Decreto 72/2017, de 10 de febrero, por el que se aprueba la norma de calidad de las diferentes categorías de la sidra natural y de la sidra. Además de recoger algunas definiciones de carácter general, esta norma 3 Abril 2017 Actualidad Normativa distingue las distintas categorías de mostos de manzana, sidra y sidra natural. Asimismo, establece cuáles son las prácticas prohibidas y permitidas respecto de cada una de tales bebidas. A este respecto conviene destacar que, por petición expresa del sector, el real decreto restringe el uso de los aditivos y aromas permitidos con carácter general por la normativa europea en la elaboración de la sidra natural. Por último, regula las características de los productos terminados, la información que obligatoria o voluntariamente debe facilitarse al consumidor y los métodos analíticos para la comprobación de las características de las distintas bebidas reguladas en la norma. José Luis Palma Fernández y Yago Fernández Darna III. Tributos También se han aprobado nuevas normas de bastante relevancia en el ámbito tributario: 1. Por su relevancia, destacamos el Real Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, que introduce una nueva disposición adicional cuadragésima quinta en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, relativa al tratamiento fiscal atribuible a las cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos. 2. Asimismo, reseñamos la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de información país por país, que será de aplicación por primera vez para los periodos impositivos comenzados a partir del 1 de enero del 2016 y mediante la cual las entidades residentes en territorio español que tengan la condición de dominantes de un grupo y que no sean al mismo tiempo dependientes de otra entidad estarán obligadas a presentar la información país por país; la Resolución de 3 de enero del 2017, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 11 de julio del 2014, en la que se recogen las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA); la Instrucción 1/2017, de 17 de enero, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se procede a dejar sin efecto la Instrucción 6/2006, de 23 de noviembre del 2006, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago; y la Orden ETU/78/2017, de 31 de enero, por la que se regulan determinados aspectos relacionados con el impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados y con los perímetros de referencia para la determinación de los pagos a propietarios de terrenos suprayacentes a concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos. 4 Abril 2017 Actualidad Normativa 3. En el ámbito internacional, el pasado 17 de febrero del 2017 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal y su protocolo, hecho en Madrid el 24 de julio de 1992. De los dos, el protocolo más reciente fue hecho en Madrid el 17 de diciembre del 2015. 4. En el territorio histórico de Álava/Araba se han publicado el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2017, de 24 de enero, del territorio histórico de Álava/Araba, del Consejo de Diputados, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones introducidas en el ámbito de los impuestos especiales; y el Decreto Foral 3/2017, de 14 de febrero, del territorio histórico de Álava/Araba, del Consejo de Diputados, que modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades. Entre las medidas más destacadas en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se introduce un nuevo supuesto de retención e ingreso a cuenta para las ganancias patrimoniales procedentes de transmisión de derechos de suscripción en el reglamento alavés de dicho impuesto y se establece que la falta de ingreso en plazo de la primera parte del fraccionamiento determinará la recaudación de la totalidad de la deuda en vía ejecutiva. Por su parte, en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades se incorpora el desarrollo reglamentario respecto de la obligación de información país por país. 5. En la Comunidad Foral de Navarra destacan la Ley Foral 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias; la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades; la Ley Foral 27/2016, de 28 de diciembre, por la que se regulan los Tributos sobre el Juego en la Comunidad Foral de Navarra; la Ley Foral 28/2016, de 28 de diciembre, por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y la Ley Foral 29/2016, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. Asimismo, es de mencionar el Decreto Foral Legislativo 1/2016, de 28 de diciembre, de la Comunidad Foral de Navarra, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, a través del cual se incrementa un 5 % la fiscalidad que grava el consumo de productos intermedios y del alcohol y bebidas derivadas en el impuesto sobre productos intermedios y en el impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. Mariana Díaz-Moro Paraja y Enrique Santos Fresco 5 Abril 2017 Actualidad Normativa IV. Contabilidad En materia de derecho contable resaltamos la siguiente normativa: 1. La Resolución, de 23 de diciembre del 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la modificación de determinadas normas técnicas de auditoría y del glosario de términos. 2. La Resolución, de 9 de febrero del 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la de 1 de julio del 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 3. La Resolución de 27 de febrero del 2017, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a la Consulta 1 sobre el tratamiento contable de las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 3/2016, de 2 de diciembre, en el régimen fiscal de las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades, que afectan a su reversión y a la deducibilidad fiscal de los deterioros. Establece que el adecuado tratamiento contable consiste en considerar la quinta parte del deterioro fiscal a revertir como un ajuste permanente positivo en la base imponible del ejercicio que afectará al impuesto corriente y que, por tanto, no generará el registro de ningún pasivo por impuesto diferido. Enrique Santos Fresco y Mariana Díaz-Moro V. Inmobiliario Tiene especial importancia la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero del 2017 sobre la plusvalía, que declara inconstitucionales y nulos los artículos previstos en la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana del territorio histórico de Gipuzkoa, relativos a la determinación de la base imponible en supuestos en que se someten a tributación situaciones de inexistencia de un verdadero incremento de valor del terreno de naturaleza urbana. El Tribunal Constitucional opina que esta tributación carece de toda justificación razonable y es totalmente contraria al principio de capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución española en el caso de que no se produzca un incremento de valor del terreno urbano —o incluso que tenga lugar una disminución—, puesto que se estaría obligando al sujeto pasivo a tributar por una riqueza inexistente y a soportar la misma carga tributaria que cuando hubiera tenido lugar un verdadero aumento de valor por el paso de tiempo. Marina Martínez Plaza 6 Abril 2017 Actualidad Normativa VI. Laboral Tenemos también interesantes novedades en el ámbito laboral: 1. El Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el 2017. El Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, fija el salario mínimo interprofesional para el 2017 en 707,70 euros al mes (un 8 % más que el año anterior). No obstante, se mantiene el salario mínimo interprofesional del 2016 (655,20 euros) para los convenios colectivos vigentes que lo utilicen como referencia, salvo que las partes legitimadas acuerden la aplicación de las nuevas cuantías. 2. El Real Decreto Ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que busca favorecer el acceso y la inscripción de jóvenes al Sistema Nacional y mejorar su gestión y eficacia. Con estas medidas se pretende contribuir a hacer un uso pleno y óptimo de los instrumentos de financiación de la política de empleo. 3. Finalmente, el Congreso no ha convalidado el Real Decreto Ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre del 2014, recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052). La modificación suponía suprimir la relación laboral de carácter especial en la estiba y desestiba de buques en puertos de interés general para posibilitar la libertad de contratación de los estibadores e incorporar los Centros Portuarios de Empleo al objeto de posibilitar el empleo regular de los estibadores a empresas titulares de licencia de prestación operando como empresas de trabajo temporal específicas. Aunque el contenido de la norma se mantendrá parcialmente, en la actualidad se halla pendiente de aprobación parlamentaria. 4. Por acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 18 de octubre del 2016, ratificado el 20 de diciembre del 2016 y publicado el 22 de febrero del 2017, y rechazando la disconformidad expresada por el Gobierno, se toma en consideración para su tramitación por el Pleno la Proposición de Ley de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 5. El Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de clases pasivas y sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017. Se incrementan en un 0,25 % las cuantías en relación con el ejercicio del 2016. 7 Abril 2017 Actualidad Normativa 6. La Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2017, establece una base mínima de cotización mensual de 825,60 euros y una base máxima de 3751,20 euros, con carácter general y con un incremento del 3 % respecto de las cuantías vigentes en el año anterior. Lourdes López Cumbre VII. Telecomunicaciones En el sector de las telecomunicaciones también hay nuevas normas de gran interés: 1. El Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2286 de la Comisión, de 15 de diciembre del 2016, por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la política de utilización razonable y a la metodología para evaluar la sostenibilidad de la supresión de los recargos por itinerancia al por menor, así como sobre la solicitud que debe presentar un proveedor de itinerancia a efectos de tal evaluación, completa el Reglamento (UE) núm. 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio del 2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión, y conlleva el fin de las tarifas de roaming en el ámbito de la Unión Europea tal y como son conocidas hasta ahora, pero no supone el adiós definitivo a la aplicación de recargos por el uso del móvil fuera del Estado en el que se ha contratado el servicio. El nuevo reglamento acoge el principio denominado «roaming como en casa». Así, a partir del 15 de junio del 2017, los operadores no podrán cobrar un recargo por el uso de los servicios de telefonía móvil fuera del país de origen con el que el cliente tiene un «vínculo estable». Pero el principio «roaming como en casa» no permite un uso ilimitado de los servicios en roaming. La denominada «política de uso razonable», que los proveedores de itinerancia deben incluir en los contratos, justifica ciertas restricciones a dicho principio. 2. Declarados desiertos los concursos convocados al efecto, se ha designado a Telefónica de España, S. A. U., como empresa encargada de prestar los diversos servicios que configuran el servicio universal de telecomunicaciones por vía de las correspondientes órdenes ministeriales: la Orden ETU/1972/2016, de 23 de diciembre, por la que se designa a Telefónica de España, S. A. U., como empresa encargada de la prestación del elemento de servicio universal de telecomunicaciones relativo a la elaboración y entrega a los abonados al servicio telefónico disponible al público de la guía telefónica; la Orden ETU/1973/2016, de 23 de diciembre, por la que se designa a Telefónica de España, S. A. U., como operador encargado de la prestación de los elementos de servicio universal de telecomunicaciones relativos al suministro 8 Abril 2017 Actualidad Normativa de la conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas y a la prestación del servicio telefónico disponible al público; y la Orden ETU/1974/2016, de 23 de diciembre, por la que se designa a Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S. A. U., como operador encargado de la prestación del elemento de servicio universal de telecomunicaciones relativo al suministro de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago. 3. En este primer trimestre del 2017 se han revisado los precios y condiciones del servicio NEBA (acceso a redes de fibra óptica) de Telefónica por medio de sendas resoluciones: Resolución de 10 de enero del 2017, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se acuerda la publicación de la resolución relativa a la aprobación de la oferta de referencia del servicio mayorista NEBA local, y la Resolución, de 10 de enero del 2017, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se acuerda la publicación de la resolución relativa a la revisión del precio de la capacidad en PAI del servicio de banda ancha mayorista NEBA. 4. La Resolución de 17 de enero del 2017, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se publica la resolución relativa a la definición y análisis del mercado minorista de acceso a la red telefónica pública en una ubicación fija (mercado 1/2007) y del mercado mayorista de acceso y originación de llamadas en redes fijas (mercado 2/2007) y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas. En esta resolución se declara que los mercados minoristas de acceso a la red telefónica pública en una ubicación fija no constituyen ya mercados de referencia cuyas características justifiquen la imposición de obligaciones específicas y por ello no son susceptibles de regulación ex ante, de conformidad con lo dispuesto en la directiva marco y en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley General de Telecomunicaciones. Correlativamente, se suprimen las obligaciones de Telefónica de España, S. A. U., en relación con la provisión de servicios minoristas de acceso a la red telefónica pública en una ubicación fija. Por el contrario, considerando que el mercado mayorista de acceso y originación de llamadas en redes fijas es un mercado de referencia susceptible de regulación ex ante en el que Telefónica de España, S. A. U., tiene poder significativo, se imponen a este operador las obligaciones específicas enumeradas en el anexo I de la resolución de referencia. 5. El Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico. La principal novedad es que se establece como principio general, y salvo excepciones tasadas, la posibilidad de uso de cualquier banda de frecuencia para cualquier servicio de radiocomunicaciones y con cualquier tecnología, flexibilizando al máximo su explotación. Resulta así reforzado el principio de neutralidad tecnológica y de servicios. 9 Abril 2017 Actualidad Normativa Se aclaran los diferentes tipos de uso (común, especial o privativo) y los distintos tí- tulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico necesarios para cada uno de dichos usos; se introduce la figura de la autorización general para el uso especial, que habilita a su titular para el uso compartido sin limitación de número de operadores o usuarios de determinadas bandas de frecuencias. En relación con el mercado secundario de espectro, se regulan cuatro negocios jurídicos: la transferencia de títulos habilitantes de uso privativo del espectro, la cesión, la mutualización o puesta en común de derechos de uso privativo y la provisión de servicios mayoristas relevantes. Ana I. Mendoza Losana VIII. Energía 1. En primer lugar debemos destacar la aprobación de las nuevas normas reguladoras de los precios de retribución de las diversas actividades y servicios del sector eléctrico: ― La Orden ETU/1948/2016, de 22 de diciembre, por la que se fijan determinados valores de los costes de comercialización de las comercializadoras de referencia a incluir en el cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor de energía eléctrica en el periodo 2014‑2018. ― La Orden ETU/1976/2016, de 23 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para el 2017. ― La Resolución de 28 de diciembre del 2016, de la Dirección General de Polí- tica Energética y Minas, por la que se aprueba para el año 2017 el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de liquidación de energía, aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de consumo, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de Puntos de Medida del Sistema Eléctrico. ― La Resolución de 23 de enero del 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad ofrecido por los consumidores de los sistemas eléctricos no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el primer trimestre del 2017. ― La Orden ETU/130/2017, de 17 de febrero, por la que se actualizan los pará- metros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 10 Abril 2017 Actualidad Normativa renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al semiperiodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero del 2017. ― La Circular 1/2017, de 8 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que regula la solicitud de información y el procedimiento de liquidación, facturación y pago del régimen retributivo específico de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 2. Ofrece también interés la Orden ETU/35/2017, de 23 de enero, por la que se establecen los suplementos territoriales en las comunidades autónomas de Catalu- ña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana, en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013. 3. Mención especial merecen las medidas en materia de pobreza energética. Se ha de destacar el Real Decreto Ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, convalidado por la Resolución del Congreso de los Diputados de 31 de enero del 2017. El nuevo real decreto ley modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (LSE) con dos finalidades: la de establecer un régimen de financiación del bono social acorde con el derecho comunitario y la de dar cobertura a la regulación mediante reglamento de ciertas medidas tendentes a proteger a los consumidores de energía eléctrica más vulnerables. En materia de pobreza energética, se adoptan principalmente dos medidas: a) la calificación como esencial del suministro a consumidores vulnerables de grado severo con la correlativa prohibición de interrumpir el suministro por impago y, b) para el resto de las categorías de consumidores vulnerables, la ampliación a cuatro meses del periodo para efectuar el pago desde el primer requerimiento por impago y hasta la efectiva interrupción del suministro. Sin embargo, el sistema de protección de consumidores vulnerables está vacío de gran parte de su contenido por cuanto la norma difiere al desarrollo reglamentario la definición de los consumidores beneficiarios de las dos medidas adoptadas. 4. En el ámbito autonómico, se ha aprobado la Ley 3/2017, de 3 de febrero, para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en la Comunitat Valenciana. La situación de pobreza energética va asociada a la de vulnerabilidad social y por ello serán los servicios sociales de la Comunitat Valenciana los que decidan la concurrencia de esta situación en los términos que se definan reglamentariamente. En caso de que una empresa comercializadora de agua, electricidad, gas u otros quiera cortar el suministro por razones de impago, deberá comunicarlo previamente a los servicios sociales municipales. Los suministros que hayan sido declarados en situación de pobreza energética podrán beneficiarse de ayudas que anualmente convocarán los departamentos autonómicos responsables de la aplicación de las políticas sociales. Ana I. Mendoza Losana 11 Abril 2017 Actualidad Normativa IX. Propiedad industrial En esta materia debemos destacar lo siguiente: 1. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión celebrada el 21 de diciembre del 2016, ha adoptado el Acuerdo de atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes; de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a determinados juzgados. El acuerdo ha sido actualizado por la Comisión Permanente del 2 de febrero del 2017, quedando así la atribución: Tribunal Superior de Justicia Juzgado/s designado/s Cataluña Juzgados de lo Mercantil números 1, 4 y 5 de Barcelona: litigios civiles derivados de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y litigios civiles derivados de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Juzgados de lo Mercantil números 2, 6, 8 y 9 de Barcelona: litigios civiles derivados de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Madrid Juzgados de lo Mercantil números 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Madrid: litigios civiles derivados de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes; litigios civiles derivados de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y litigios civiles derivados de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Comunidad Valenciana Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia: litigios civiles derivados de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Juzgados de lo Mercantil números 1 y 3 de Valencia: litigios civiles derivados de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y litigios civiles derivados de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Este acuerdo, que producirá efectos desde el 1 de abril del 2017. 2. La Comunicación de la Comisión sobre determinados artículos de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (2016/C 411/03) manifiesta que, aunque las decisiones de la Oficina Europea de Patentes sobre la patentabilidad de los productos obtenidos de procedimientos esencialmente biológicos «están en línea con las intenciones de los autores del CPE [Convenio sobre la Patente Europea], es discutible que se hubiera alcanzado el mismo resultado en el contexto de la UE». Porque «la intención del legislador 12 Abril 2017 Actualidad Normativa de la UE al adoptar la Directiva 98/44/CE era excluir de la patentabilidad los productos (vegetales/animales y partes de vegetales/animales) obtenidos por medio de procedimientos esencialmente biológicos». A raíz de esta comunicación, la Oficina Europea de Patentes ha decidido paralizar todos los procedimientos de examen y de oposición referentes a invenciones consistentes en una planta o un animal obtenidos por un procedimiento esencialmente biológico. Ángel García Vidal X. Ferroviario En el sector ferroviario debe resaltarse la aprobación del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/6 de la Comisión, de 5 de enero del 2017, sobre el plan de despliegue europeo del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), que establece el calendario de despliegue de este sistema en los corredores de la red básica y obliga a los gestores de infraestructuras ferroviarias de los diversos Estados miembros a equipar los corredores de la red básica con tal sistema y ponerlo en servicio en dichos corredores, incluidas las estaciones e intersecciones ferroviarias, a más tardar en las fechas indicadas en el anexo I del reglamento. Ana I. Mendoza Losana XI. Reclamaciones de deuda en Europa El pasado 8 de enero comenzó a ser aplicable el Reglamento 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil. El objetivo del reglamento es establecer un procedimiento que permita a un acreedor obtener una orden europea de retención de cuentas para evitar que la transferencia o retirada de fondos (hasta la cuantía especificada en la orden) que el deudor u otra persona por cuenta de éste posean en una cuenta bancaria mantenida en un Estado miembro ponga en peligro la ejecución de su crédito. Este texto se aplica únicamente a asuntos transfronterizos, definidos como aquellos en los que las cuentas bancarias que deban retenerse mediante la orden se mantengan en un Estado miembro que no sea el del órgano jurisdiccional al que se solicite la orden de retención ni el del domicilio del acreedor y, si bien respecto del acreedor se exige que esté domiciliado en un Estado miembro, no se establece la misma exigencia para el deudor. 13 Abril 2017 Actualidad Normativa El Reino Unido y Dinamarca no participaron en la adopción del reglamento y no quedan vinculados por él ni sujetos a su aplicación. Lo más relevante de esta orden de retención creada por el reglamento es su fuerza ejecutiva en todos los Estados miembros de la Unión Europea (excepto en el Reino Unido y Dinamarca) sin necesidad del previo exequatur. Elisa Torralba Mendiola
Mariana Díaz-Moro Paraja, Ángel García Vidal, Lourdes López Cumbre, Marina Martínez Plaza, Ana I. Mendoza Losana, José Luis Palma Fernández, Enrique Santos Fresco, Elisa Torralba Mendiola, Ignacio Álvarez Serrano, María Pascual Núñez and Yago Fernández Darna Back

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 artículo 31
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 artículo 42
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 artículo 13
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