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Timestamp: 2018-12-14 05:48:58+00:00

Document:
INCORPORACIÓN DE DESFIBRILADORES EN CENTROS COMERCIALES Y OTROS LUGARES DE IMPORTANTE AFLUENCIA DE PÚBLICO
CONVENIO ENTRE CHILE Y ECUADOR PARA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTITUCIÓN DE BIENES DE PATRIMONIO CULTURAL
SEGUNDO PROTOCOLO MODIFICATORIO DE PROTOCOLO ADICIONAL A ACUERDO MARCO DE ALIANZA DEL PACÍFICO
Sesión 21ª, en martes 5 de junio de 2018
(De 16:20 a 17:50)
Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade.
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor MONTES (Presidente).- Las actas de las sesiones 18ª, ordinaria, en 29 de mayo de 2018; 19ª, especial, y 20ª, ordinaria, ambas en 30 de mayo de 2018, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
Con los dos primeros retira las urgencias que había hecho presentes para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1) La que regula la competencia en el mercado de los medios de pago electrónicos (boletín N° 9.201-03).
2) La que moderniza la legislación bancaria (boletín N° 11.269-05).
1) El que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal (boletín N° 11.704-21).
2) El que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género (boletín N° 8. 924-07).
3) El que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (boletín Nº 10.739-07).
De Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar Ministra de la Excelentísima Corte Suprema a la señora Ángela Vivanco Martínez, haciendo presente la urgencia en los términos del párrafo segundo del N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental (boletín N° S 1.984-05).
Con el primero comunica que ha aprobado el proyecto que modifica la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, para exigir la mantención y actualización de mecanismos e infraestructura de uso público, en favor de las personas con discapacidad (boletín N° 11.085-31).
Con el segundo informa que ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (boletín N° 11.101-19) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 73 de la Carta Fundamental.
Expide copia de diversas sentencias definitivas pronunciadas en requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes normas:
-Artículo 1° de la ley N° 18.216, y artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798.
-Inciso primero de artículo 196 ter de la ley N° 18.290.
El señor MONTES (Presidente).- Sugiero que también se les hagan llegar copias de estas sentencias a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para que tenga conocimiento de ellas.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Asimismo, el Excelentísimo Tribunal Constitucional adjunta resoluciones dictadas en requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad relativas a las siguientes disposiciones:
-Artículo 4° de la ley N° 19.886.
Da respuesta a solicitud, enviada en nombre del Senador señor Navarro, para informar sobre diversos aspectos relativos a la reparación y pavimentación de aceras en el país.
Consigna informe sobre los estudios realizados por la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción, que determinarían que la comuna de San Pedro de La Paz sería rentable para la implementación de un sistema de energía distrital; consulta efectuada en nombre del Senador señor De Urresti.
Atiende preocupación, manifestada en nombre del Senador señor Durana, relativa al programa de recambio del alumbrado público en la Región de Arica y Parinacota.
Remite respuesta a requerimiento, expedido en nombre del Senador señor Latorre, acerca de los proyectos mineros implementados por la empresa que se indica, en el valle de Putaendo, Región de Valparaíso.
Adjunta información de los recursos destinados por los gobiernos regionales para suplementar el subsidio de construcción de viviendas, en el período señalado; consulta efectuada en nombre del Senador señor Sandoval.
Responde requerimiento, formulado en nombre del ex Senador señor Tuma, relativo a la resolución de la concesión marítima menor que individualiza.
Aporta antecedentes sobre la iniciativa que permite a estudiantes bolivianos ingresar diariamente a nuestro país para educarse en establecimientos escolares de la localidad de Colchane, Región de Tarapacá; materia consultada en nombre del Senador señor De Urresti.
Informa acerca de la extracción de aguas interiores en la Región de Aisén y del programa de tecnificación estructural para la flota artesanal de esta zona; petición expedida en nombre del Senador señor Sandoval.
Contesta requerimiento, realizado en nombre de la Senadora señora Allende, relativo a las emanaciones de gases tóxicos y cenizas producidas en las instalaciones de la empresa Aes Gener, en la comuna de Quintero.
Responde inquietud, expresada en nombre del Senador señor De Urresti, referida a las faenas de exploración minera del "Proyecto Caliente", en la ciudad de Los Andes.
Comunica informe sobre la situación previsional de la persona que individualiza; solicitado en nombre del Senador señor García.
Del señor Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario:
Anexa datos del Programa Piloto de Innovación Indígena que señala; consultado en nombre del Senador señor De Urresti.
De la señora Secretaria Ejecutiva del Sistema Elige Vivir Sano:
Informa sobre el programa de alimentación de adultos mayores; requerido en nombre del Senador señor Bianchi.
Del señor Secretario Regional Ministerial (S) de Salud de la Región de Los Ríos:
Incluye información relativa a las condiciones de funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas ubicada en la localidad de Niebla, comuna de Valdivia; materia solicitada en nombre del Senador señor De Urresti.
Del señor Rector de la Universidad de Santiago de Chile:
Consigna datos del proyecto "BIO islas depurativas en Laboratorio a Cielo Abierto en el Humedal El Loto de la comuna de Llanquihue"; consultado en nombre del Senador señor De Urresti.
De los Senadores señor Moreira, señora Van Rysselberghe y señor Pérez Varela, con el que inician un proyecto que modifica la ley N° 20.537, sobre uso e izamiento del pabellón patrio (boletín N° 11.770-06).
De los Senadores señor Ossandón, señora Provoste y señores García y Latorre, con la que inician un proyecto de ley que obliga a los sostenedores de los establecimientos educacionales particulares pagados y particulares subvencionados a requerir el acuerdo del Centro de Padres y Apoderados para renovar los textos escolares que utilizan los estudiantes (boletín N° 11.778-04).
De los Senadores señor Sandoval, señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Von Baer y señores Bianchi, Castro, Chahuán, Durana, Galilea, García-Huidobro, Huenchumilla, Insulza, Kast, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Quintana, por medio del cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, envíe a tramitación legislativa un proyecto de ley que establezca incentivos para la titulación de médicos geriatras y adopte medidas para agilizar el reconocimiento de títulos de médicos extranjeros radicados en Chile (boletín N° S 1.983-12).
De la Senadora señora Allende, por medio de la cual solicita el desarchivo del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para establecer la representación de género en los directorios de las empresas públicas (boletín N° 9.858-03).
--Se accede a lo solicitado, volviendo el proyecto al estado en que se encontraba al momento de archivarse, en conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 36 bis del Reglamento del Senado.
Del señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por medio de la cual propone que los siguientes proyectos de ley sean conocidos por la Comisión de Seguridad Pública:
1. El que regula la inscripción y porte de armas respecto de personas que han sido imputadas o condenadas (boletín N° 9.130-07).
2. El que fortalece la protección de los miembros de Carabineros y de la Policía de Investigaciones frente a las agresiones de que son objeto en el cumplimiento de su deber de resguardar a la ciudadanía (boletín N° 9.350-07).
3. El que aumenta la protección de la ciudadanía frente a la delincuencia (boletín N° 9.823-07).
4. El que modifica el artículo 9° del decreto N° 400, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, en materia de posesión, tenencia o porte de armas (boletín N° 10.658-07).
5. El que modifica el decreto ley N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, para que en el interior de los establecimientos penitenciarios pueda implementarse un sistema que inhiba las señales de telefonía móvil, en las condiciones que indica (boletín N° 10.874-07).
6. El que incorpora un artículo 69 bis, nuevo, en el decreto ley N° 1.094, del año 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile, para sancionar la facilitación de ingreso ilegal de extranjeros al país (boletín N° 11.646-07).
7. El que modifica diversos artículos de la ley Nº 19.327, de violencia en los estadios (boletines N°s 5.877-07, 6.205-25, 7.251-07, 7.509-07, 7.718-25, 7.600-25, 7.721-25, 6.055-25, refundidos).
8. El que sanciona con mayor rigor las falsas alarmas públicas (boletín N° 7.018-25).
9. El que establece normas especiales sobre publicidad y reserva de las actuaciones procesales tratándose de ciertos delitos y un reforzamiento de las sanciones en materia de delito contra los miembros de las Policías (boletín N° 7.217-07).
10. El que agrava las penas de los delitos de daños en cámaras de televigilancia, vehículos motorizados u otros bienes destinados a implementar planes de seguridad pública (boletín N° 7.290-25).
11. El que modifica la ley N° 19.327, que fija normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, tipificando los delitos de lesiones y amenazas en contra de las personas que indica (boletín N° 9.058-29).
12. El que modifica el Código Penal en relación con la figura del secuestro exprés (boletín N° 9.167-25).
El señor MONTES (Presidente).- Quiero felicitar a la Comisión de Constitución por esta transferencia de doce proyectos a la Comisión de Seguridad Pública. Es algo que estábamos esperando y creo que va a ser un aporte porque esta última va a trabajar rápidamente.
Si le parece a la Sala, se procederá conforme a lo propuesto.
De la Senadora señora Goic, para ausentarse del país a contar del día de hoy.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, simplemente quiero agradecer al Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento por la premura con que se ha trabajado.
Espero que tengamos la posibilidad de despachar muy pronto parte importante de los proyectos de ley que ha leído el señor Prosecretario.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, la Comisión de Vivienda y Urbanismo solicita abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta el viernes 15 de este mes, a las 12, respecto del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 8.946, que fija texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal, en materia de ejecución de obra provisoria de emergencia por parte de los municipios.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Le parece a la Sala acceder a lo solicitado?
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, me alegro de que se haya aprobado la solicitud de desarchivo de la iniciativa que modifica diversos cuerpos legales para establecer la representación de género en los directorios de las empresas públicas.
Nos hemos puesto de acuerdo con el Senador Elizalde -no recuerdo quiénes son los otros autores de la otra moción- para que los dos proyectos sobre la materia se trabajen en conjunto, ya que son muy similares.
El señor MONTES (Presidente).- La idea es, entiendo, que el proyecto que fue enviado a la Comisión de Constitución para que se revisara su admisibilidad sea visto en conjunto con este.
El señor COLOMA.- ¿Pero no fue declarado inadmisible?
El señor MONTES (Presidente).- No. La Senadora señora Allende había presentado antes un proyecto en el mismo sentido.
La señora ALLENDE.- El año 2015, para ser precisa.
El señor MONTES (Presidente).- Hace bastante tiempo...
La señora ALLENDE.- Por cierto, y es exactamente igual a la iniciativa que se acaba de presentar.
El señor MONTES (Presidente).- Acordemos que lo vea también la Comisión de Constitución.
La señora ALLENDE.- Perfecto, que pase a la Comisión de Constitución y que se estudien ambas iniciativas en conjunto. Los autores estamos de acuerdo.
El señor COLOMA.- ¿Pero no había sido declarado inadmisible, señor Presidente?
El señor MONTES (Presidente).- El anterior fue declarado admisible. Lo que pasa es que se mandó a archivar y la señora Senadora pidió que se desarchivara. Al aprobarse esto último, queda en tabla para la Comisión respectiva.
Pero ya se había pedido un informe a la Comisión de Constitución respecto de la iniciativa que se presentó la semana pasada, por lo que Su Señoría solicita que ese órgano técnico también se pronuncie sobre el primer proyecto, que se puede empezar a analizar.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, me alegro de que se haya acogido la solicitud formulada por la Senadora Isabel Allende, porque efectivamente el proyecto que ella presentó el año 2015 fue declarado admisible y el nuestro fue considerado inadmisible por la misma Secretaría. Pienso que eso obliga a revisar algunos de nuestros procedimientos internos.
Por otra parte, quiero señalar que el día de ayer las Comisiones unidas de Educación y Cultura y de Salud acordaron solicitar a la Sala que se abra un nuevo plazo a fin de presentar indicaciones al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, para estimular la actividad física y el deporte en los establecimientos educacionales.
Proponemos, para estos efectos, el próximo lunes 11 de junio, a las 12.
El señor MONTES (Presidente).- Solicito autorización para que pueda ingresar a la Sala el Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado.
El señor MONTES (Presidente).- Quiero saludar a los alumnos del 1° medio del Colegio San Andrés, de Colina, quienes están en las tribunas. Vienen a cargo del profesor Boris Sánchez.
Y saludo cordialmente también a otro grupo de alumnos, del mismo colegio, que viene encabezado por la señora Verónica Riquelme.
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Ecuador para la Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes de Patrimonio Cultural, que hayan sido materia de robo, hurto, saqueo, transporte, receptación, tráfico y/o comercialización ilícitos, suscrito en Santiago, República de Chile, el 26 de julio de 2012 (boletín N° 10.273-10).
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y Certificado de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito entre la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú", en Puerto Varas, Chile, el 1 de julio de 2016 (boletín N° 11.172-10).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión del día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
-Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Ecuador para la Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes de Patrimonio Cultural, que hayan sido materia de robo, hurto, saqueo, transporte, receptación, tráfico y/o comercialización ilícitos, suscrito en Santiago, República de Chile, el 26 de julio de 2012 (boletín Nº 10.273-10).
-Proyecto de acuerdo que aprueba el Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito entre la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, en Puerto Varas, Chile, el 1 de julio de 2016 (boletín Nº 11.172-10).
2.- Tratar en primer y en segundo lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 6, los siguientes asuntos:
-Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Educación, para establecer la obligación de que todos los establecimientos educacionales con financiamiento público sean de carácter mixto (boletín Nº 11.743-04).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (boletín Nº 11.245-17).
3.- Crear una Comisión especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género.
4.- Definir como prioritarios los proyectos de ley relativos a copropiedad inmobiliaria, migraciones, Ley de Pesca, reforma a la salud y reforma previsional.
Boletín N° 9014-03
El señor MONTES (Presidente).- En el primer lugar del Orden del Día tenemos el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Chahuán y Girardi, y de los entonces Senadores señores Rossi y Uriarte, en primer trámite constitucional, que incorpora en la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, la obligación de disponer en los centros comerciales de desfibriladores externos portátiles, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.014-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite: sesión 38ª, en 3 de julio de 2013 (se da cuenta).
Salud: sesión 20ª, en 30 de mayo de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de la iniciativa es incorporar en la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, un precepto que obliga a los centros comerciales a contar, como parte de su sistema de atención sanitaria de emergencia, con desfibriladores aptos para su funcionamiento inmediato.
El texto aprobado por la Comisión de Salud extiende la obligación a terminales de buses, puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y estadios, pues también son lugares de importante afluencia de público.
La Comisión discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único. Aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Van Rysselberghe y señores Chahuán, Girardi y Rossi. Y lo aprobó en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Goic y señores Chahuán, Girardi y Navarro, con la enmienda que consigna.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 7 del informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, después de casi cinco años desde que presentamos esta moción, hemos logrado por fin debatirla y aprobarla en la Comisión de Salud de la Corporación. Hoy se somete a la consideración de la Sala, y nos asiste la seguridad de que será aprobada.
Tal como se señala en la exposición de motivos del proyecto, el desfibrilador externo, en cuanto constituye un aparato electrónico portátil que diagnostica paros cardiorrespiratorios cuando ellos se originan en fibrilación ventricular, es sumamente efectivo en caso de emergencias de la naturaleza descrita, ya que permite recuperar el ritmo cardíaco adecuado.
Por otra parte, cabe destacar que la operación de tales aparatos es bastante simple, sin que sea necesario tener la calidad de paramédico o auxiliar de enfermería para hacerlos funcionar.
Y lo que resulta más relevante es que los desfibriladores externos, como se ha comprobado en los diversos países con normativa sanitaria que obliga a contar con estos instrumentos, permiten salvar vidas a personas que sufran paros cardiorrespiratorios en los que el corazón cuenta con actividad eléctrica pero sin acción mecánica, o una taquicardia ventricular, que se produce cuando la irrigación sanguínea no resulta suficiente.
Dada su importancia, consideramos que debe ser obligatorio disponer de estos aparatos en los establecimientos comerciales a que se refiere el artículo 15 de la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores.
No obstante ello, en la Comisión presentamos una indicación -se aprobó por unanimidad- que extiende esta obligación a todos los lugares y recintos que puedan registrar una alta concentración de personas, como terminales de buses, puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y estadios, de modo que los desfibriladores sean utilizados en las emergencias de paros cardiorrespiratorios que les sobrevengan a quienes allí se encuentren.
La práctica internacional indica que contar con uno de estos dispositivos permite rehabilitar a una persona con infarto cardiorrespiratorio en el 70 por ciento de los casos.
Hemos visto que frecuentemente se han producido, en estadios o recintos similares, paros cardiorrespiratorios de algún futbolista u otro deportista, sin que se haya dispuesto en el lugar de uno de estos aparatos.
En lo que a mí respecta, el proyecto de ley se basa también en una experiencia personal. Fue justamente un desfibrilador lo que le salvó la vida a mi padre cuando sufrió un infarto cardiorrespiratorio, y fue la ausencia del mismo instrumento lo que le significó su muerte en un evento posterior.
En consecuencia, un desfibrilador puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y es por eso que nosotros pedimos generar una política pública al respecto. En países como Estados Unidos existe incluso la obligación de emplazar uno de estos dispositivos cada cierto metraje lineal en los centros con alto tráfico de personas.
Pues bien, nosotros queremos proceder en la forma que indica la iniciativa para los efectos de hacer la diferencia entre la vida y la muerte de un ser humano.
En su oportunidad, hicimos el ejercicio de ver si este Congreso Nacional poseía o no un desfibrilador. Y efectivamente tenía uno, pero, por desgracia, no contaba con todas y cada una de las adecuaciones necesarias para hacerlo operativo. Y uno de estos aparatos -vuelvo a insistir- hace la diferencia entre la vida y la muerte de una persona.
Por lo tanto, esperamos que la Sala del Senado apruebe esta iniciativa, tanto en general como en particular, por tratarse de aquellas de artículo único.
Agradecemos la buena disposición que ha habido, fundamentalmente en el Ministerio de Salud, para empujar este proyecto, que esperó cinco años para ser finalmente visto en la Comisión. Y agradecemos también al Ejecutivo por haberle puesto la urgencia legislativa que se requería.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, como se ha expresado, este es un proyecto muy importante y muy simple.
Hoy en día las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte: el 30 por ciento de los fallecimientos en nuestro país se debe a enfermedades cardiovasculares. Aquí, cada hora fallece una persona por infarto. Y la mayoría de esas muertes es evitable.
Si uno mira los antecedentes epidemiológicos de Chile, verá que son desastrosos.
Hoy, personas cada vez más jóvenes sufren infartos. De hecho, está aumentando la cantidad de muertes de chilenos menores de 40 años por esta causa, lo cual era una situación extremadamente rara en el pasado.
Según antecedentes epidemiológicos, sobre el 70 por ciento de nuestros compatriotas es obeso o sufre sobrepeso; el 30 por ciento es hipertenso -el 70 por ciento si uno toma como medida a los mayores de 50 años-; el 13 por ciento es diabético; el 30 por ciento tiene el colesterol alto; el 35 por ciento registra triglicéridos elevados, y cerca del 50 por ciento presenta riesgo cardiovascular moderado o severo.
¿Qué quiere decir esto? Que en Chile se avecina -y esta es la punta del iceberg- una verdadera cascada de enfermedades cardiovasculares y un enorme número de personas con infarto agudo al corazón.
¿Por qué es tan relevante el proyecto, entonces? Porque lo primero es prevenir. Por eso hemos dictado leyes de etiquetado y estamos discutiendo, con la Senadora Provoste, iniciativas que promuevan la actividad física en los niños y que también debieran hacerse extensivas a los adultos. Una sociedad podría evitar el 70 por ciento de todas las muertes por infarto cambiando el estilo de vida y estimulando una alimentación saludable.
Por consiguiente, estamos ante un desafío mayor.
Pero ¿qué hacer cuando una persona sufre un infarto, cuando ya no logramos detenerlo y anticiparnos a través de una vida saludable, la actividad física, no fumar?
Como indiqué, el infarto al corazón está entre las primeras causas de muerte. Y las personas lo sufren por una situación de arterioesclerosis, ateromatosis, trombosis. Pero ellas no mueren por uno de estos motivos, sino porque se produce una lesión que genera una alteración de los mecanismos eléctricos del corazón; por lo tanto, mueren, no por la obstrucción de la arteria coronaria, sino a consecuencia de que ello origina una fibrilación o una taquicardia ventricular. Las personas fallecen teniendo actividad eléctrica en el corazón, pero sin que este tenga acción útil para bombear sangre.
¿Qué se hace en tales circunstancias? Maniobras asistidas. Lo que se haga en los primeros minutos -masajes cardiacos y respiración asistida- resulta esencial. Pero, sin lugar a dudas, un elemento muy sencillo que puede salvar muchas vidas es el desfibrilador, que debiera estar ubicado en todos los lugares donde eventualmente haya adultos -es decir, personas mayores de 30 o 35 años, pues ya estamos teniendo infartos a edades muy prematuras-, y que es un aparato manejable por cualquiera: hasta un niño o una niña puede asistir a alguien con uno de ellos.
Estos dispositivos, aplicados de manera correcta -son muy sencillos-, producen una cardioversión, que hace que un corazón infartado (con una trombosis, con una obstrucción de la arteria coronaria que puede llevar eventualmente a la muerte por fibrilación o taquicardia ventricular) vuelva a funcionar. Han salvado cientos de miles de vidas en el planeta.
En Chile -insisto- se produce un infarto cada una hora. Entonces, si no logramos que las personas realicen acciones preventivas, por lo menos que existan medidas de rescate frente al riesgo inminente o la ocurrencia de un infarto. Si hubiese una comunidad experimentada o adiestrada (de niños, de niñas, de dueñas de casa, de quienes sean) en el uso de estos dispositivos y estos se hallaran dispuestos en cada lugar, se evitarían muchas muertes.
Para nosotros, es una prioridad. Es algo que existe en casi todos los países desarrollados. Y si queremos que Chile lo sea, son justamente medidas como esta -muy sencilla, por lo demás- las que debemos implementar. ¿Cuánto vale un desfibrilador? Alrededor de un millón de pesos, pero, si se hacen compras masivas, evidentemente que su costo baja. Aunque sirvan para salvar la vida de un solo infartado, la idea es adquirir cerca de cien desfibriladores para el país, independiente de que sean pagados por el sector público o el sector privado.
Por lo tanto, nos parece una medida fundamental.
Insisto en que lo que estamos viendo hoy es el inicio de una cascada de enfermedades. Les quiero recordar que el 26 por ciento de nuestros niños padecen obesidad a los seis años. Cuando nosotros teníamos esa edad, la prevalencia de obesidad no sobrepasaba el 5 por ciento. Y nuestra generación, que ya supera los 50 años, está sufriendo una inmensa cantidad de infartos. Por ende, cuando esos niños lleguen a la cincuentena, lamentablemente van a ser hipertensos, diabéticos, obesos -cuando se es obeso en la niñez, lo más probable es que el problema aumente en la edad adulta- y van a experimentar gran cantidad de infartos.
Como esta realidad sigue en aumento, creo que debemos reaccionar y generar políticas públicas como esta, que -reitero- es muy sencilla: cualquier ciudadano, con una mínima destreza y preparación, puede aplicar un desfibrilador, asumiendo, además, una conducta de solidaridad.
No hay situación más angustiante que estar ante una persona que sufre un infarto y no poder hacer nada. Le puede ocurrir a cualquiera: a un padre, a una madre, a un hijo, a una hija, en fin. A mí me tocó vivir una experiencia muy dramática en pleno desarrollo del Congreso del Futuro: mientras estaba interviniendo, el premio nobel Claude Allègre, ex ministro de Educación francés, hizo un infarto y no teníamos desfibrilador en el recinto. Menos mal que habíamos varios médicos y logramos practicarle masaje cardiaco y respiración asistida. La ambulancia demoró 33 minutos en llegar y el señor Allègre, yo diría que casi por milagro, se salvó. Si hubiéramos contado con un desfibrilador, tal vez hubiera sido más fácil recuperarlo.
Pero no podemos volver a vivir situaciones de estrés como aquella. Muchas otras personas no tienen la suerte, la posibilidad de recibir asistencia, de contar con equipos capacitados, y fallecen.
Además, tener desfibriladores ayudaría a enseñar a manejarlos en los colegios. Pero no sacamos nada con educar a los niños en maniobras asistidas frente a un infarto si estos aparatos no están en los lugares adecuados.
Por lo tanto, considero que este tipo de política -insisto- es fundamental. Nos parece muy bien que haya un apoyo transversal, pero mucho más importante es que el Gobierno nos ayude a implementarla y que ello involucre a todos los actores, en todos los sectores de nuestra sociedad, incluido el mundo rural, donde es más importante todavía. Llegar desde una zona rural a un centro asistencial puede tomar horas. Y un desfibrilador puede cambiar la historia y salvar la vida de una persona.
En consecuencia, señor Presidente, estoy muy contento de ser uno de los autores e impulsores de este proyecto, que creo que le hace bien a Chile.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, la Organización Mundial de la Salud indica que desde los primeros síntomas de un infarto dos tercios de los pacientes fallece antes de llegar a un hospital. En Chile, de acuerdo con un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, cada hora muere un chileno por un infarto al corazón.
Y es que, como ya se ha dicho en la Sala, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. En nuestro país provocaron el 27 por ciento de las defunciones en 2012. Según el Departamento de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud, se ubicaron en primer lugar las enfermedades cerebrovasculares, seguidas por el infarto agudo al miocardio.
Ante estos antecedentes, no cabe duda de la necesidad de asumir conductas preventivas que hagan frente a los factores de riesgo que nos están devastando como sociedad -ya lo mencionaba el Senador Girardi hace pocos momentos-, pues, desde luego, este no es un problema local, sino una urgencia a la que debemos atender como ciudadanos del siglo XXI. Por lo tanto, legislar para que se dispongan desfibriladores automáticos en centros comerciales y otros espacios públicos significa un avance que salvará vidas.
En tal sentido, no deja de llamar la atención que haya sido un proyecto presentado para reformar la ley de protección al consumidor y no una medida de salud pública la que hoy nos convoque a legislar sobre tan importante iniciativa. De hecho, como se lee en los antecedentes de este proyecto de ley, Francia estudia una reforma a su Código Sanitario que abarca todos los espacios públicos. Y, honestamente, creo que nosotros debiéramos tomar ese ejemplo y avanzar hacia allá.
Ahora bien, justo es reconocer que esta normativa robustece la protección al consumidor en un ámbito bastante más amplio que aquel meramente comercial, pues considera todos los alcances e implicancias que puede conllevar la presencia del consumidor de un producto o servicio al interior de un recinto de alta afluencia.
Por lo expuesto, señor Presidente, votaré a favor del proyecto, que creo que va en el camino más importante, que es el de salvar vidas.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, este es un proyecto de ley de artículo único que vamos a votar a favor.
Solo quiero llamar la atención en cuanto a que el artículo 15 D -es el que se incorpora- establece la obligación de que haya desfibriladores en estadios y centros comerciales. La pregunta es: ¿en qué tipo de estadios? Porque hay estadios para deporte amateur. ¿Y en qué tipo de centros comerciales? ¿Están incluidas igualmente las galerías? En la Región del Biobío, la plaza de Concepción está rodeada de galerías comerciales. Y serán exigibles también en las estaciones ferroviarias. Ahí tenemos el Biotrén.
En tal sentido, deberá existir un reglamento que regule la localización de los desfibriladores, primero para que no se pierdan, sobrevivan y estén disponibles para cumplir su función.
En los aeropuertos no habrá problema. Muchos de los terminales aéreos internacionales los tienen a la vista.
Pero, en particular, valdría la pena que alguien aclarara de manera responsable en qué tipo de estadios será obligatoria la instalación de estos aparatos. Lo mismo respecto del tipo de centros comerciales. ¿Hablamos de los pequeños, los medianos, los grandes? En los grandes, por supuesto que se deben exigir. Mi duda se refiere a las galerías. En muchas galerías, que son centros comerciales, es posible que se instalen.
Mi otra consulta apunta a quién asumirá el costo de la instalación. ¿Será de costo de los privados, del colectivo o de quien administre el centro comercial, lo mismo que en los estadios?
Entiendo que va a ocurrir lo que siempre sucede con las leyes: se establece una obligación y luego se ve cómo se resuelve.
Yo estimo que en los estadios deberá haber desfibriladores. Habrá que combinar la seguridad de los aparatos con su utilidad y alcance.
Planteo estas dos observaciones, señor Presidente.
Por mi parte, incluiría además a los centros que aglomeren a muchas personas, es decir, donde se efectúen eventos. Hay locales en que se realizan espectáculos artísticos y ahí también se reúne bastante público. Debiera darse por sentado que en lugares donde se llevan a cabo presentaciones artísticas y hay gran concurrencia de espectadores es menester colocar desfibriladores.
Como ya pasaría a ser decisión de un particular, todo quien administre un lugar donde se consideren convenientes para la seguridad de quienes asisten o participan podría instalarlos. Lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es hacer obligatoria su implementación en aeropuertos, estadios, estaciones ferroviarias, centros comerciales, lo cual no excluye su instalación, para que cumplan igual objetivo, en muchos otros centros, de distinta naturaleza, por iniciativa propia de los administradores de los recintos.
Anuncio mi voto a favor, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Me han solicitado abrir la votación.
¿Habría acuerdo para ello, manteniendo los tiempos?
La señora RINCÓN.- No, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No hay acuerdo.
La señora RINCÓN.- Me gustaría explicar por qué me opongo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Le corresponde intervenir a continuación al Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- No tengo inconveniente en que lo haga primero la Senadora Rincón, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Entonces, tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, como el colega Navarro acaba de mencionar a los centros comerciales y va a quedar en la historia de la ley, antes de votar sería bueno que nos informaran a qué se refiere dicha acepción, de tal manera que no quedara amplia, porque el artículo 15 habla de "establecimientos comerciales", y el 15 D, de "centros comerciales".
Yo supongo que los autores del proyecto pueden precisar el alcance de la norma, para que no haya errores y no queden dudas en esta materia.
Por eso, pido despejar el tema antes de votar.
Vamos a pedirles a los autores, Senadores señores Chahuán y Girardi, que tengan a bien responder su consulta.
Mientras tanto, y antes de abrir la votación, puede intervenir el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, como la consulta de la Senadora Rincón es muy importante, me gustaría que el Senador Chahuán o el Senador Girardi explicara la distinción, con el fin de poder seguir la tramitación del proyecto.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Así se hará, señor Senador.
Está inscrito a continuación el Senador señor Pugh.
El señor PUGH.- Señor Presidente, la cultura de la prevención y la seguridad debe ser la norma permanente entre todos nosotros.
Efectivamente, concordando con los Senadores que me precedieron, los problemas cardiacos están afectando cada vez más a nuestra población. Por lo tanto, aquí se deben considerar acciones preventivas que no solo sean estas medidas técnicas, electrónicas, sino también otras sencillas y simples, como la reanimación cardiopulmonar, esencial para poder iniciar cualquier proceso y, si efectivamente se requiere, la instalación de estos dispositivos.
El artículo que se incorpora emplea el plural y habla de "desfibriladores". No señala cuántos. El problema es que en estos casos el tiempo corre. Por cada minuto que se pierde en una desfibrilación, aumenta en 10 por ciento la probabilidad de que una persona no tenga sobrevida. En consecuencia, cualquier demora en esta materia juega en contra, lo que ha llevado básicamente a que existan normas prácticas para ubicar los desfibriladores. Esto lo dice la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés): una persona que debe transportar a mano un desfibrilador, dado el peso del aparato, demora un minuto y medio en recorrer cien metros. Estos dispositivos portátiles se tienen que mover hacia donde esté el individuo afectado; si bien son livianos, se debe considerar el tiempo que transcurre desde que se toma el aparato del lugar en que se encuentra hasta que llega donde está la persona.
Lo anterior lleva, en la práctica, a definir una cantidad mínima por distancia. En consecuencia, debiera existir un reglamento asociado que indicara cada cuánto espacio ubicar los dispositivos portátiles, dependiendo del tamaño del centro comercial, ya que los hay de distintas dimensiones.
Lo segundo dice relación con la certificación. Homologando esto con el reglamento de los extintores, que requieren supervisión anual, también el fabricante emite recomendaciones de pruebas y de mantenimiento para los desfibriladores. En este sentido, tal como está redactado el artículo, indica de forma clara que deben estar aptos para su funcionamiento inmediato. Por lo tanto, podemos concluir que existe un mantenimiento y pruebas rutinarias asociados; porque, si no fuera así, esta ley en proyecto sería letra muerta, como ocurriría, por ejemplo, de dejarse un par de desfibriladores en lugares lejanos para cumplir con la normativa sin tener la capacidad para transportarlos en el tiempo requerido ni tampoco contar con un mantenimiento adecuado.
Creo que sería necesario precisar, tal vez dentro del mismo artículo único, el distanciamiento aceptado o algún criterio similar, para orientar a quienes deban ejecutar lo dispuesto en este acápite del artículo 15 D.
En lo personal, considero muy importante que exista esta cultura de prevención y de seguridad; que se estimule en los colegios la práctica de la reanimación cardiopulmonar, que es lo básico y lo esencial; que se disponga de estos elementos, pero en cantidades suficientes y ubicados a las distancias adecuadas, a fin de que se pueda atender dentro de los tres minutos vitales a quien lo necesite.
Esa es la regla esencial: tres minutos es el tiempo máximo que puede transcurrir desde que se saca un desfibrilador hasta que se comienza a socorrer a la persona que así lo requiera.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Los Senadores señora Rincón y señor García-Huidobro solicitaron que los autores de este proyecto pudieran responder la consulta que se ha formulado.
Antes de otorgar la palabra a quien le corresponde, el Senador Lagos, le vamos a pedir al Honorable señor Chahuán que intervenga para poder responder las dudas planteadas. Posteriormente, volveré a preguntar a la Sala si es posible abrir o no la votación.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, para los efectos de poder aprobar el proyecto con las observaciones que han señalado tanto la Senadora Rincón como el Senador Navarro, por su intermedio, basta con eliminar del artículo único la frase "mencionados en el artículo 15 precedente". Eso sería suficiente para clarificar todos y cada uno de los temas, y permitiría finalmente despachar la iniciativa para su segundo trámite constitucional, si así lo dispone la Sala.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- De todas maneras, señor Senador, pasaría a la Comisión para segundo informe.
El señor CHAHUÁN.- Así es, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Vamos a acoger el planteamiento que hace Su Señoría.
El Honorable señor García-Huidobro consultó sobre la misma materia, pero no ha intervenido.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, creo que lo clarificado por el "doctor Chahuán" es muy importante para que no exista ningún error en la ley. ¡Tenemos aquí "dos doctores" exponiendo respecto de los desfibriladores...!
Este proyecto, tal como lo han manifestado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, propone incorporar en la ley N° 19.469, sobre protección a los derechos de los consumidores, un precepto que obliga a los centros comerciales a contar con desfibriladores externos portátiles aptos para su funcionamiento inmediato como parte de su sistema de atención sanitario de emergencia.
Esta iniciativa fue presentada -eso hay que recordarlo, señor Presidente- por los Senadores Chahuán, Girardi, y los ex Senadores Rossi y Uriarte, en el año 2013; después, se formuló una indicación sustitutiva por parte de los dos primeros, que consta de un artículo único -el que estamos debatiendo-, y que incorpora un nuevo artículo 15 D a la Ley del Consumidor.
"Los centros comerciales mencionados en el artículo 15 precedente, los terminales de buses, puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y estadios, deberán contar en forma obligatoria, como parte de su sistema de atención sanitaria de emergencia, con desfibriladores que estén aptos para su funcionamiento inmediato.".
Tal como lo han manifestado diversos Senadores, se debe entender que un desfibrilador es un aparato electrónico portátil que diagnostica paros cardiorrespiratorios cuando ellos se originan en fibrilación ventricular. Vale decir, en los casos en que el corazón cuente con actividad eléctrica, pero sin acción mecánica; o una taquicardia ventricular, que se produce cuando la irrigación sanguínea no es suficiente.
Su finalidad es devolver el ritmo al corazón ante un paro cardíaco solo cuando este se origine en fibrilación ventricular; o sea, cuando el corazón tiene actividad eléctrica pero no presenta efectividad mecánica.
En muchos países, señor Presidente, han sido colocados en lugares de alta concurrencia, ya que permiten evitar episodios como la muerte súbita, dada su efectividad en los momentos próximos al ataque cardíaco.
Es importante señalar que la moción original solo contemplaba la obligación de contar con estos desfibriladores en los centros comerciales, y la indicación sustitutiva amplió esta obligación a terminales de buses -como ya señalé-, puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y estadios.
En el fondo, se trata de lugares de alta concurrencia en que la presencia de dichos aparatos podría ser de utilidad para salvar vidas.
Es más, en el caso de los estadios de fútbol, estos podrían ayudar a los mismos jugadores. Conocido es el caso de España, donde la Liga de Fútbol Profesional, luego de la muerte en la cancha del jugador del Sevilla, Antonio Puerta, en agosto de 2007, obligó a los clubes a contar con estos aparatos en los estadios mientras se jugaran los partidos. Ello ayudó a salvar la vida, por ejemplo, de Miguel García en el año 2010, cuando sufrió un paro cardíaco en pleno partido.
En definitiva, señor Presidente, por lo anteriormente expuesto, creemos que debiéramos aprobar el proyecto por unanimidad, haciendo hincapié en que los desfibriladores que se instalen sean aquellos de fácil maniobra para personas que no tienen mayores conocimientos médicos. Estoy convencido de que la normativa en estudio va a salvar muchas vidas, considerando que en Chile casi 30 por ciento de las muertes están asociadas a enfermedades cardiovasculares.
Por eso, la UDI va a apoyar esta iniciativa y felicitamos a los autores de la moción.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Solicito nuevamente el asentimiento de la Sala para abrir la votación, manteniendo los tiempos para los demás señores Senadores inscritos.
El señor LAGOS.- ¡Todavía no, señor Presidente!
El señor LAGOS.- Señor Presidente, no me opuse a abrir la votación para que me escucharan -como creen algunos de mis colegas, que me lo hicieron saber por interno-, sino porque una vez que lo hagamos va a ser difícil dar pie atrás sobre un tema que quiero plantear.
Me parece que el proyecto está muy bien encaminado; si se vota, lo haré favorablemente. Sin embargo, de las intervenciones de varios Senadores surgen dudas e inquietudes respecto de la implementación y aplicación de su texto.
Hay algunas sugerencias, como eliminar referencias para hacerlo consistente con el artículo 15, etcétera. Pero siento que esta iniciativa persigue básicamente lo siguiente: que en lugares de gran afluencia de público tengamos estos dispositivos para hacer frente a una eventual falla cardíaca. La propuesta comenzó considerando solo a los centros comerciales; se extendió a los puertos, los aeropuertos, los estadios, etcétera.
Yo les hago la pregunta, ¿qué sucede en los servicios públicos, en los ministerios? ¿Hoy día cuentan con desfibriladores? Yo tengo mis dudas. Creo que tal vez no.
No sé cuántos desfibriladores tenemos en el Senado. Me imagino que habrá uno en la enfermería y...
El señor CHAHUÁN.- ¡Está malo!
El señor LAGOS.- Me dice el Senador Chahuán que está malo.
Entonces, lo que quiero consultar -por eso no di mi acuerdo para abrir la votación- es si existe disposición para que los autores del proyecto, que son miembros de la Comisión de Salud -entendemos que ella se encuentra extremadamente recargada-, revisen estos temas y vean la posibilidad de alcanzar algo más amplio, porque esta propuesta legislativa se enmarca en una modificación a la Ley del Consumidor.
Por ello, dado que hay un número importante de chilenos y chilenas que asisten a Ministerios, servicios u otras entidades, me parece conveniente tener presente dicho aspecto.
En segundo término, en la discusión general y particular del proyecto en la Comisión de Salud se mencionó lo relacionado con el uso de estos desfibriladores.
Es cierto que existen algunos aparatos que son automáticos, más fáciles de usar, y que funcionan con un monitor.
Sin embargo, si estamos hablando de centros comerciales, de Ministerios, de estadios, pienso que podría hacerse exigible que algún funcionario que trabaje en esas dependencias tenga una capacitación mínima para utilizar un instrumento de esta naturaleza.
Opino que todo eso habría que regularlo antes de votar en general y en particular.
El señor CHAHUÁN.- Puede presentar indicaciones, colega.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Señor Senador, lo que pasa es que estamos votando únicamente la idea de legislar, no en general y en particular.
Por lo tanto, el proyecto irá a un segundo informe, vamos a proponer una fecha para presentar las indicaciones que corresponden y...
El señor LAGOS.- Es que es de artículo único, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Sí, está bien.
Pero se va a votar solamente en general...
El señor LAGOS.- Okay.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ... para que después vaya a segundo informe.
El señor LAGOS.- O sea, ¿va a volver a la Comisión de Salud y se fijará un plazo para presentar indicaciones?
El señor LAGOS.- ¡Muy bien!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Fijaremos un plazo para formular indicaciones.
¡Y ahí usted podrá incorporar todas las brillantes ideas que nos expuso en su intervención...!
El señor LAGOS.- ¡No sé si son brillantes, señor Presidente...! Son de sentido común nomás.
El señor GIRARDI.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor ARAYA.- Sí, ábrala.
¿Podemos ahora, con la venia del Senador señor Lagos, abrir la votación?
El señor LAGOS.- ¡Nunca he sido obstáculo para ello, señor Presidente...!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Perfecto.
En consecuencia, se abrirá la votación, manteniendo los tiempos de intervención.
El señor DURANA.- Señor Presidente, solo quiero manifestar que nadie podría estar en contra de un proyecto de estas características, que tiene un buen fin como es contar con un instrumento de gran utilidad para salvar vidas.
Las estadísticas demuestran que por cada minuto que pasa en un ataque cardiorrespiratorio disminuyen en diez por ciento las probabilidades de salvar una vida y aumentan las secuelas del hecho.
Por ello, este tipo de instrumentos tiene gran importancia.
Una medida de esta naturaleza -y concuerdo con lo que han dicho los señores Senadores- debe ser parte de una política nacional de prevención en materia de primeros auxilios que implique la capacitación al personal de atención de emergencias dentro de establecimientos públicos y privados, y el involucramiento de diversos actores, sobre todo en los lugares que supongan una alta concentración de personas.
Lo que a mí me preocupa -y espero que en la discusión particular podamos definirlo- es que el proyecto no contiene información acerca de cuántos proveedores debidamente certificados existen en nuestro país, y no es correcto que la señal que dé la ley en proyecto apunte a un instrumento específico, cosa que, incluso, puede ser interpretada como un favorecimiento a proveedores determinados.
Voto a favor del proyecto, con la esperanza de que en la discusión particular podamos subsanar tales aspectos.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No hay más inscritos.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos favorables).
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Navarro, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.
El señor DE URRESTI.- ¿Puede agregar mi voto a favor, señor Presidente?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Ningún problema, Su Señoría.
Se deja constancia de la intención de voto afirmativo del Senador señor De Urresti.
Propongo a los autores del proyecto, como plazo para presentación de indicaciones, el lunes 18 de junio.
¿Le parece, Senador señor Chahuán?
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, a mí me gustaría que fuese el próximo lunes 11, de manera que podamos abocarnos al análisis del proyecto en la sesión que la Comisión de Salud llevará a cabo el día martes.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En consecuencia, si le parece a la Sala, se fijará el lunes 11 de junio como plazo para la presentación de indicaciones.
Boletín N° 10273-10
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Según lo acordado anteriormente por los Comités, corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Ecuador para la Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes de Patrimonio Cultural, que hayan sido materia de robo, hurto, saqueo, transporte, receptación, tráfico y/o comercialización ilícitos", suscrito en Santiago, República de Chile, el 26 de julio de 2012, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.273-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 92ª, en 13 de enero de 2016 (se da cuenta).
Relaciones Exteriores: sesión 21ª, en 5 de junio de 2018.
Hacienda: sesión 21ª, en 5 de junio de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal del proyecto es establecer bases y procedimientos de cooperación en materia de protección, conservación, recuperación y restitución de los bienes protegidos que hayan sido objeto de prácticas ilícitas.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán, Larraín, Letelier y Pizarro.
Por su parte, la Comisión de Hacienda adoptó igual resolución por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Coloma, García y Lagos.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Sugiero a la Sala abrir inmediatamente la votación.
En votación general y particular.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Algún miembro de las Comisiones hará uso de la palabra?
El señor COLOMA.- Yo, señor Presidente.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, siempre he sido partidario de que se dé una explicación respecto de las iniciativas que se someten a nuestra consideración. Por eso pedí hacer uso de la palabra.
El proyecto que nos ocupa pasó previamente por la Comisión de Relaciones Exteriores y por la de Hacienda en el día de hoy.
Su objetivo es hacer posible que el acuerdo existente entre las Repúblicas de Chile y de Ecuador para proteger, conservar, recuperar, restituir bienes del patrimonio cultural que hayan sido robados, saqueados, transportados, receptados, traficados o comercializados ilícitamente pueda llevarse a buen destino.
Hoy día existe una Convención sobre el particular y se trata, por esta vía, de hacerla práctica para establecer procedimientos sobre los cuales ambos países puedan cooperar en materia de protección y cómo hacer posible la identificación de organismos que se preocupen de que los patrimonios culturales de distintas naciones no sean traficados ilícitamente entre ellas.
Esta es una aspiración mucho mayor, que no solo puede entenderse entre Chile y Ecuador, pues son numerosos los países que están asociados a este tipo de convenios.
Sin embargo, aquí nosotros estamos concretando un avance adicional, entregándole en este caso a la DIBAM -hablamos del nuevo Ministerio de las Culturas y las Artes; así es el nombre que ahora lleva- el rol de definir la participación de Chile en cuanto al intercambio de información y al ocuparse de la devolución de bienes.
El motivo por el cual el proyecto entró a la Comisión de Hacienda es que establece una exención de impuestos en caso de la restitución, pues cualquier obra que se exporte desde nuestro país al extranjero debe pagar el tributo correspondiente.
En este caso, la situación es qué pasa al momento de restituir un objeto que ha sido robado o hurtado y ha entrado ilícitamente al país.
Es por ello que se estableció, particularmente en el artículo 9, una exención a este tipo de impuestos, toda vez que entendemos que este cobro es uno de los elementos que tradicionalmente conspira contra el buen funcionamiento de este tipo de iniciativas.
Se produjo también una discusión -y esto lo dejo simplemente para la historia de la ley- en cuanto a si este Acuerdo va a significar un mayor costo fiscal para el Estado, porque, si bien es cierto en el ámbito impositivo el no pagar este impuesto no puede considerarse como una disminución de ingresos por tratarse de cosas hurtadas o robadas, sí hay una cierta distancia entre lo que sostiene la DIBAM y la Dirección de Presupuestos en cuanto a si la aplicación de este Convenio implicará o no mayores costos para el Estado. Sin perjuicio de ello, llegó hoy día un informe del Director de la DIPRES que señala que aquel no generará mayor gasto fiscal.
Ahora, como consideración política de fondo, hay que entender que el patrimonio cultural es una expresión de la riqueza de los pueblos.
Por eso, ambos países debemos tener especial cuidado para protegerlo.
Probablemente, en el caso de Ecuador esto es más sensible, pues -según nos explicaban- han sido objeto de mucho saqueo de bienes patrimoniales. Ellos, en general, forman parte del eje interesado en instaurar este tipo de acuerdos.
Pero nosotros también tenemos patrimonio cultural que resguardar. Adicionalmente, debemos ser responsables de que, tal como ocurre respecto de otras materias, se produzcan alianzas relevantes con otras naciones al objeto de impedir el tráfico ilícito de este tipo de bienes, como el vinculado con el narcotráfico, o con el terrorismo.
La idea es establecer un espacio de protección especial respecto de los bienes culturales de los distintos países, y generar la obligación (en este caso, la entidad encargada será la sucesora de la DIBAM) de realizar un seguimiento de las obras a fin de velar que sean bien habidas. Así habrá un resguardo mutuo de los patrimonios culturales, que son parte esencial del alma de cada nación.
Esta materia fue bastante discutida, puesto que se trata de un concepto nuevo. Pero el proyecto de acuerdo respectivo fue aprobado por unanimidad tanto por la Comisión de Relaciones Exteriores cuanto por la de Hacienda, y se propone su aprobación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (25 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Quintana y Sandoval.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo de la Senadora señora Aravena.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, solicito ampliar, hasta el lunes 18 de junio, el plazo para presentar indicaciones al proyecto que regula la protección y el tratamiento de los datos personales (boletín N° 11.144-07), que se encuentra en la Comisión de Constitución.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Les parece a Sus Señorías?
Boletín N° 11172-10
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito entre la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República de Perú en Puerto Varas, Chile, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y certificado de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.172-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 10ª, en 18 de abril de 2017 (se da cuenta).
Hacienda (certificado): sesión 21ª, en 5 de junio de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal que se persigue es otorgar a la Comisión de Libre Comercio la función de aprobar los anexos de implementación referidos en el artículo 7.11.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió este proyecto en general y en particular, por ser de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Insulza, Lagos, Moreira y Ossandón.
La Comisión de Hacienda, por su parte, adoptó igual resolución por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Coloma, García y Lagos.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, ¿puede abrir la votación?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Sí, Su Señoría, luego de que el Senador señor Lagos informe el proyecto de acuerdo.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, en el contexto de la Alianza del Pacífico, está vigente el llamado "Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico", que en castellano significa acuerdo de libre comercio entre los cuatro países que la integran: Perú, Estados Unidos Mexicanos, Colombia y Chile.
El referido Acuerdo faculta a su Comisión de Libre Comercio para que, en el proceso de implementación de dicho instrumento entre los cuatro países miembros, tome decisiones desde el punto de vista reglamentario al objeto de implementar y llevar a la práctica determinaciones que no requieren aprobación legal.
Dicho de otra forma, el mencionado Acuerdo, en general, rebaja aranceles -es lo más conocido-; liberaliza el intercambio comercial de bienes y servicios; consigna reglas para los efectos de las inversiones; prevé mecanismos para la solución de controversias.
También facilita el comercio en aquellas áreas en que se requiere reglamentación. Por ejemplo, reglas de origen, compras públicas, materias sanitarias y/o trabas técnicas al comercio.
Ahora bien, cuando se negoció el Acuerdo y lo suscribieron las respectivas naciones, se incorporó a su Comisión de Libre Comercio la facultad para tomar decisiones a nivel de ministros en la implementación de aquellas materias, salvo en lo tocante a obstáculos técnicos al comercio.
Lo que hace el Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, que se halla referido solo a los obstáculos técnicos al comercio, es darle a la Comisión de Libre Comercio, compuesta por los ministros de los cuatro países miembros, la función de aprobar la mencionada implementación.
Los Estados y los sectores privados de esas cuatro naciones han llegado a convenios, por ejemplo, en materia de cosméticos. Esto requiere ponerse de acuerdo en ciertos estándares técnicos.
Aquello se halla acordado. Pero como quedó excluido del Acuerdo pertinente -por un trabajo tal vez no perfecto-, hoy día eso se encuentra paralizado, salvo que fuera materia de ley y que se tramitara el proyecto respectivo en cada uno de los parlamentos de los cuatro países que conforman la Alianza del Pacífico.
Si se ratificara el Segundo Protocolo -creo que así va a ocurrir-, se le otorgaría a la Comisión de Libre Comercio la facultad de aprobar los anexos o reglamentos propios para áreas específicas de comercio, que en nada implican una derogación de nuestras facultades.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En votación general y particular el proyecto de acuerdo.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, sin duda, el intercambio comercial mundial tiene a Chile a la cabeza de los tratados de libre comercio.
Ojalá tuviéramos la posibilidad de escuchar de parte de la Cancillería o del Ministerio de Hacienda información mucho más detallada acerca de si tales convenios benefician a todos los chilenos o solo a los empresarios que hacen el comercio. Así uno podría determinar si al aprobar dichos tratados le hizo bien a nuestro país, o solo a unos pocos ciudadanos.
¿En qué nos ha servido el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, iniciativa que nació en 2011? ¿Cuáles son los efectos económicos concretos? ¿Ha afectado el empleo? ¿Chile ha tenido la posibilidad de ingresar con productos que desarrollan a las regiones?
En definitiva, ¿qué significa que tengamos una alianza con Perú?
Con esa nación mantenemos una disputa marítima.
Alan García, fundador de la referida Alianza -el Senador Pugh lo debe de saber muy bien-, ha señalado: "Hoy día no hay que hablar de `guerra del Pacífico', sino de `guerra por el Pacífico'".
Señor Presidente, Perú nos lleva una enorme enorme distancia en la "guerra por el Pacífico".
Entonces, los tratados de libre comercio dan cuenta de acciones comerciales, cuestión esencial de la vida entre países.
Sin embargo, acá echo de menos un análisis político.
La Alianza del Pacífico hace retroceder a UNASUR (la Unión de Naciones Suramericanas).
Chile presidió la primera CELAC, comunidad que agrupa a todos los países de América Latina y el Caribe y cuya creación se llevó a efecto en Caracas. Su primer Presidente fue Sebastián Piñera Echenique, el Primer Mandatario de Chile.
La CELAC también desaparece del escenario.
En el hecho, la Alianza del Pacífico ha devenido no solo en un acuerdo comercial, sino además en una alianza política.
Que el Senador Insulza, quien fue Secretario General de la OEA y Ministro de Relaciones Exteriores, me diga cuál es la alianza política que tenemos con México, con Perú, con Colombia; qué tipo de alianza; en desmedro de qué otra clase de alianza.
Yo estoy por la integración de América Latina, de la totalidad de los países. Y ese es un ánimo que debiera reinar de manera permanente con todos. Pero aquí la tenemos solo con algunos.
No me cabe ninguna duda de que hoy la Alianza del Pacífico representa no solo una alternativa de integración comercial, sino también un frente político que se opone a otros países, los cuales quedan fuera de ella y que conforman, para algunos, las llamadas "fuerzas del mal": por ejemplo, Nicaragua, Venezuela.
Entonces, uno pregunta: "¿Nos impide esta alianza con México denunciar que con motivo de las elecciones presidenciales de ese país, que se realizarán el 1° de julio próximo, van 117 asesinatos de candidatos?". No de otra clase de personas: ¡de candidatos!
¿Impide crear opinión política tener un tratado de libre comercio? Yo creo que no.
Pero no es solo una alianza económica: hay asimismo acción política. Y esta se expresa en el Grupo de Lima, donde los países que lo integran se juntan y toman determinaciones políticas.
A mi entender, señor Presidente, sería recomendable que tanto el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores -hoy, el Senador Ricardo Lagos Weber- cuanto el Ministro del ramo estuvieran en la Sala cuando aprobamos tratados de libre comercio.
Yo quiero saber cómo el tratado pertinente va a incidir en mi Región: ¿Se beneficia a la Región del Biobío? ¿Tendremos más actividad portuaria? ¿Habrá en ella más embarques o desembarques de frutas? ¿Se generan más empleos?
¿Ganan las regiones con los tratados de libre comercio? ¿Se distribuyen adecuadamente los ingresos por importaciones e impuestos?
Al respecto, tengo dudas, señor Presidente.
Por eso, me gustaría tener información.
Como la conducción de las relaciones exteriores es una atribución exclusiva del Presidente de la República, valoro que tengamos la posibilidad de discutir sobre estos asuntos. Pero echo de menos la presencia del Canciller, y también la del Ministro de Economía. Porque no todos los Senadores somos expertos en relaciones internacionales, y menos aún en vínculos comerciales.
Yo solo quiero recordar que hemos votado tratados de libre comercio a paquete cerrado y sin debate previo.
El TPP, por ejemplo, que fue suspendido y perdió vigencia porque Trump renunció a él.
Me habría gustado preguntarle al Canciller o al Ministro de Economía qué pasa con aquello, si vamos a insistir o no.
Yo y muchas otras personas éramos contrarios a dicho tratado.
Ignoro si Chile desechó tal opción.
No sé si este es el hermano chico del TPP. Porque algunos países lo integraban y son los mismos.
Entonces, cuando discutimos estas materias relacionadas con cuestiones económicas, que sí tienen importancia -por eso están en el Senado-, uno quisiera escuchar la opinión del Gobierno.
Al parecer, la presencia del Canciller, Roberto Ampuero, es solo para los temas políticos, únicamente cuando se trata de Venezuela: ¡ahí viene y entrega opinión política!
Ahí existe acción política.
Y tenemos al Presidente de la República haciendo peticiones a la Corte Penal Internacional, invocando el Estatuto de Roma, respecto del cual muchos de los partidarios del Gobierno de Derecha, entre ellos el Senador Coloma, se abstuvieron.
El referido Tribunal condena a los dictadores, persigue los crímenes de lesa humanidad.
Cuando debatimos el proyecto pertinente, muchos se abstuvieron. Y hoy día este Gobierno, de Derecha, pide que un Presidente de América Latina sea convocado a la referida instancia.
En México, país que integra la Alianza del Pacífico, ¡117 candidatos asesinados con motivo de los comicios presidenciales!
¡Ni pío! ¡Nada!
Políticamente, el Presidente de la República y el Canciller guardan cómplice silencio.
Si aquello hubiera ocurrido en otras naciones de América Latina, ¡existiría un escándalo!
Pero sucedió en México. Y, como tenemos un tratado de libre comercio con este país, parece que la vida no importa.
Parece que a la OEA tampoco le interesa que hoy día en México asesinen a candidatos en medio de un proceso electoral.
Por eso, señor Presidente, me voy a abstener.
¡Nuevo Constitución, ahora!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Nos visita una delegación de los séptimos y octavos años básicos del Colegio Alfarero, de Maipú.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senador señor Ricardo Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, voy a fundamentar mi voto estimulado por la intervención del colega Navarro. Y me quedaré con el aspecto positivo de su exposición.
Yo soy partidario de que en el Parlamento exista una instancia para saber cuáles son los impactos que tienen los acuerdos que hemos suscrito en muchos planos (si se quiere, los acuerdos de integración comercial que tenemos con distintos países; o continentes, a estas alturas, o conglomerados): en el ámbito nacional, en el plano regional; tal vez (como se planteaba) en lo sectorial, por área de producción o industrias.
Asimismo, es muy importante contar con un estudio sobre los impactos relativos de nuestros tratados con respecto a naciones que no los han suscrito. Porque no somos únicos en el mundo.
Quizás todos los impactos no son positivos. Pero tal vez nosotros, producto de los acuerdos firmados, hemos logrado protegernos de mejor manera con relación al ciclo económico o a los ímpetus proteccionistas que hemos visto últimamente.
Entonces, señor Presidente, yo estaría más que encantado de coordinarnos con los señores parlamentarios; tener instancias formales de Comisiones -Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Hacienda o de Economía-, y organizarnos de manera más sistemática en torno a esta materia.
Entiendo que en otros Congresos las autoridades comerciales deben informar de forma periódica en cuanto a la marcha de los acuerdos, de los sectores tocados por ellos, ya sea positiva o negativamente.
Algunos Parlamentos tienen aún más atribuciones que el nuestro en lo relativo a la discusión de estos acuerdos.
Por intermedio de la Mesa, le recuerdo al Senador Navarro que nosotros tenemos la posibilidad de aprobar o desechar un tratado de libre comercio o de integración económica, sin perjuicio de que es factible debatirlo largamente. Pero, como está estructurado nuestro sistema, no podemos entrar a interiorizarnos o votar por partes.
Sin embargo, nada obsta a la existencia de un mecanismo que nos permita proceder como lo hacen otros países -léase Estados Unidos-, donde el Congreso le dice al Ejecutivo: "Mire, yo le voy a dar la posibilidad de presentarme un proyecto que aprobaré o rechazaré en la medida que usted siga estos parámetros" -o sea, le raya la cancha- "y me informe periódicamente sobre la marcha de la negociación, de modo que cuando llegue el tratado final firmado por ambos gobiernos yo ya sepa qué está comprometido".
Dicho eso, debo señalar que soy de los convencidos de que los acuerdos que hemos suscrito son tremendamente relevantes para nuestra economía.
Considero que hoy día no hay ningún sector de la economía chilena o de la vida diaria de nuestros compatriotas que no esté vinculado con el comercio internacional, y, a mi juicio, para bien.
Y una reflexión final.
En América Latina ha habido muchos procesos de integración, a mi entender bastantes de ellos fallidos, por una razón -pueden existir varias- muy importante: en muchos de estos procesos los países miembros no tuvieron la voluntad de colocar sobre la mesa de negociación la soberanía. Esto es, cuando yo negocie apertura económica, cuando consiga una preferencia en la otra parte, me voy a sujetar a las reglas vinculantes, con mecanismos de solución de controversias que me obligarán y con un esquema de integración distinto del deseado por algunos.
Entonces, yo siento que hubo esfuerzos genuinos en América Latina, pero que no prosperaron como consecuencia de esa falta de voluntad. Así, esfuerzos serios, como el MERCOSUR al comienzo, fueron perdiendo vigor -no voy a emitir ningún concepto negativo- porque al final los ministros y los presidentes, a través del teléfono, terminaron resolviendo o dejando de resolver situaciones de integración.
Y siento que la Alianza del Pacífico, que tiene una mirada (lo admito), no un componente ideológico, pone la soberanía sobre la mesa. De modo que, si alguno de los Estados miembros cree que no es de su conveniencia, va a tener que someterse también a las reglas que ponemos.
Eso que aplicamos a nivel de la Alianza del Pacífico es lo que debe motivar también, a mi juicio, a los organismos multilaterales para generar normas vinculantes.
Cuando todo queda como voluntario o es solo por consenso, llegamos a un statu quo que no nos deja avanzar o nos permite hacerlo muy lentamente con el mínimo común denominador.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, no voy a repetir los argumentos económicos que dio el Senador Lagos, quien conoce bien las modalidades de los acuerdos económicos y ha sido protagonista de varios de ellos.
Solo quiero decir un par de cosas sobre algunos de los planteamientos entregados aquí.
En primer lugar, se trata de un segundo protocolo modificatorio que únicamente complementa al que ya existe. En concreto, pone aspectos que estaban fuera del Protocolo anterior, y lo hace en la misma condición en que se encuentra la mayor parte de las materias contenidas en el Acuerdo Marco.
Por lo tanto, el nuevo Protocolo no reviste gran importancia económica ni comercial, como lo ha certificado por lo demás el Ministerio de Hacienda.
Se trata, sin embargo, de parte de un esfuerzo significativo por fortalecer cada vez más la Alianza del Pacífico.
Aquí se mencionó a la UNASUR, organismo que desde hace casi dos años no tiene Secretario General por la incapacidad de los países miembros para ponerse de acuerdo en su nombramiento. Esa carencia motiva que no pueda funcionar. Entonces, algunas de las naciones que la conforman, entre ellas Chile, consideran que la presidencia de UNASUR en manos de Bolivia podría ser un problema mayor, por lo cual han decidido suspender su participación en el referido ente.
Con respecto a la CELAC, debo recordar que en la última Cumbre de Jefes de Estado casi no hubo Jefes de Estado ni Cancilleres: simplemente, asistieron representantes de los países.
Ello da cuenta de la realidad de los procesos de integración, que, de cierta manera, son conducidos solo con contenido político y, naturalmente, se hallan sujetos a las contingencias políticas de la región.
La gracia de la Alianza del Pacífico es que la decisión de crearla correspondió a la presidencia de los gobiernos de países bastante disímiles en sus opiniones políticas pero que en su totalidad estaban de acuerdo en algo muy fundamental: la necesidad de fortalecer la política comercial. Y ello ha beneficiado a las diversas naciones, entre ellas Chile.
No se trata, pues, de una gran innovación en materia de contenido de tratados. Al contrario.
La Alianza del Pacífico nació como una forma de superar lo que se llamaba "el plato de espaguetis", es decir la cantidad de acuerdos entremezclados que había, con plazos distintos, normas de origen diversas, en fin. Y posteriormente fue adquiriendo un volumen algo mayor, hasta llegar a ser la pieza fundamental que va quedando en materia de integración en la región, incluso -me atrevo a decirlo- con más fuerza que el MERCOSUR, que todavía está ahí, y que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que, como todos sabemos, ha estado harto tambaleante en los últimos días.
Tal vez por esa razón tantos países (Canadá, Nueva Zelandia y otros) han querido hacerse miembros observadores de la Alianza del Pacífico.
Eso tiene algún contenido político en determinado sentido. Pero todos deben estar de acuerdo en la política que van a seguir.
Las integraciones en que no hay un acuerdo básico respecto de lo que se quiere; las integraciones en que participan países proteccionistas que aceptan solo ciertas normas, etcétera, no funcionan mucho.
Pueden funcionar en alguna medida si hay un esfuerzo como el que estamos haciendo entre el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico, pero en el entendido de que esos instrumentos pueden tener un propósito de coordinación, pero nunca serán acuerdos de libre comercio, porque se trata de esquemas comerciales distintos. Nosotros y los demás países de la Alianza del Pacífico tendríamos que retroceder en la liberación aduanera -ya se resolvió, hace mucho tiempo-, o los miembros del MERCOSUR, que cambiar su política comercial.
Por lo tanto, reitero que este Protocolo Modificatorio es quizá lo único importante que estamos haciendo en este período, con una salvedad. Y aquí me permitiré corregir a mi Honorable colega Navarro, quien se refirió al TPP.
Efectivamente, Estados Unidos retiró su firma de dicho Tratado. Sin embargo, el llamado "TPP-11" se firmó aquí, después de la reunión que se efectuó en Santiago de Chile. Y entiendo que ya está en la Cámara de Diputados para su ratificación.
Entonces, creo que estamos en un buen camino.
La verdad es que la retórica no ayuda mucho para lo que queremos decir.
No alcanzo a hablar sobre Venezuela y Nicaragua, que, desgraciadamente, aparecen todos los días en la prensa por malas razones. Yo espero que se puedan resolver realmente los problemas de ambas naciones, los cuales constituyen una amenaza seria no solo para la unidad del continente sino también para la vida de sus propios ciudadanos.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Finalmente, tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, los Senadores Lagos e Insulza, cada uno en lo suyo, han sido muy consistentes en las razones de fondo por las cuales hay que no solo aprobar este Segundo Protocolo Modificatorio sino también transitar por el camino de los acuerdos, que han resultado vitales para Chile.
Hemos analizado el punto en más de una ocasión, y no me cabe duda de que el gran candado para la demagogia ha sido el establecimiento de normas precisas de funcionamiento, lo que nos ha permitido destacar entre los restantes países.
Explicaron bien ese aspecto los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra: se trata de implementar un Acuerdo ya ratificado por nuestro Parlamento; o sea, no estamos innovando; sino mejorando un instrumento que ya existe.
En tal sentido -quiero dejarlo claro para la historia de la ley-, en la Comisión de Relaciones Exteriores -lo leí en su informe- y en la de Hacienda uno debe velar por que no se traspasen facultades legislativas. Eso es muy importante. Yo no aceptaría una delegación de ese tipo, porque aquello es parte de la función parlamentaria.
Distinto es que lo acordado se implemente de mejor manera, como lo plantea el Segundo Protocolo Modificatorio, que es lo que estamos votando hoy día.
Señor Presidente, quiero hacer un pequeño análisis final a propósito de las palabras del Senador Navarro.
Yo entiendo que a veces la obsesión bolivariana nuble a Su Señoría. Pero lo que no entiendo es que busque un argumento para no aprobar este proyecto de acuerdo sobre la base de que nuestro país no estaría tratando bien a Venezuela.
Esa es la conclusión final que nace si se es coherente con la argumentación que se entregó aquí.
Poco tiene que ver con aquello el hecho de que exista una situación dramática de violencia en algunos países que pueden suscribir tratados -el Senador Navarro planteó el caso de México- y donde no hay una responsabilidad activa del gobierno, sino una situación política muy compleja.
Aquí estamos discutiendo una cosa completamente distinta.
Entonces, pareciera haber una especie de chantaje político que a uno lo inhibe para decir la verdad con relación a otros acuerdos adoptados aquí.
Acá se discutió la Carta Política de la OEA. Y también -tiene razón el Senador Insulza- se debatió -el colega Navarro, según recuerdo, lo hizo con pasión- en torno a la importancia de instalar una Carta en la UNASUR. Fue algo muy discutido en este Parlamento. Y se habló de la necesidad de estar activos y vigilantes con respecto a la democracia en los países suscriptores.
¡Por algo hay una Carta Democrática!
Aquí se trata de una innovación en cuanto a lo que pudo haber sido acuerdo de libre comercio entre países.
Eso fue lo que se instaló en su momento en la OEA.
Entonces, se intenta generar una política vengativa debido a que el Canciller chileno -y aprovecho la ocasión para señalarlo- actuó en forma valiente y certera para denunciar la agresión de que había sido objeto nuestro país por parte de Venezuela y decir lo que se plantea no solo aquí sino en todos los foros del orbe.
Yo insto al Senador Navarro a que lea los medios de todo el mundo y conozca las condenas transversales que se han hecho. Porque no se trata de la forma como actúa un sector político de un país con el que ojalá tuviéramos buenas relaciones. Pero no las tenemos por la falta total de respeto a las reglas del juego, como sucedió con la invención e instalación de una Cámara, en remplazo de la que se había elegido, a efectos simplemente de seguir la lógica de mantenerse en el poder.
Yo invito al Senador Navarro -y lo hago porque, más allá de nuestras discrepancias políticas, con Su Señoría tenemos una relación civilizada- a ver las cosas en su mérito.
A mi juicio, el Segundo Protocolo Modificatorio ayuda a Chile.
En el ámbito internacional, señor Presidente, uno siempre debe anteponer a cualquier visión, sea cual fuere, los intereses de su país: en nuestro caso, lo que les conviene a las gentes del Biobío, del Maule, de Chile entero.
A mí no me cabe duda de que lo que se nos propone va en la línea correcta.
No resulta admisible tratar de chantajear diciendo "Yo no daré mi respaldo si ustedes no cambian su política hacia Venezuela, si ustedes no dejan de actuar en forma tan severa contra el Régimen de ese país", del cual nuestro colega no solo ha sido partidario. En efecto, yo lo vi en un acto de proclamación de Maduro: de riguroso negro, el Senador Navarro estaba hablando en una asamblea.
Claro: Su Señoría está comprometido con dicho Régimen; quizá es parte del ADN del Gobierno de Maduro.
Sin embargo, yo quiero pedirle que actúe conforme a los intereses de nuestro país y no según los intereses de Venezuela.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (22 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz y Van Rysselberghe y los señores Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Ossandón, Prohens, Pugh y Sandoval.
Se abstuvieron la señora Órdenes y el señor Navarro.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Habiendo concluido el Orden del Día, procederé a levantar la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Director Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, pidiéndole explicar ENMIENDAS A NORMAS REGULATORIAS PARA EJECUCIÓN DE PROGRAMA "PLANES DE APRENDICES". Y al señor Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, al objeto de plantearle DIFICULTADES DE VECINOS DE SECTOR VILLA LAS ACACIAS, COMUNA DE VILLA ALEMANA, EN MATERIA DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA Y CONGESTIÓN VEHICULAR.
Al señor Contralor General de la República, solicitándole PRONUNCIAMIENTO SOBRE APLICACIÓN DE MULTAS E INTERESES POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES IMPAGAS; INSTRUCCIÓN DE SUMARIO, E INICIO DE FISCALIZACIÓN POR USO DE DINEROS PÚBLICOS RECIBIDOS POR CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS. Y al señor Superintendente de Seguridad Social, para que señale MOTIVO DE NUEVO SALDO DE DEUDA HABITACIONAL DE DOÑA SOLEDAD ANDRADE MENÉNDEZ CON CAJA DE COMPENSACIÓN LA ARAUCANA.
A la señora Subsecretaria de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, requiriéndole informe en cuanto a ESTADO DE TRÁMITE DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE VILLARRICA.
Al señor Tesorero General de la República, con el objeto de que proporcione antecedentes acerca de PAGO DE BONIFICACIÓN A MANO DE OBRA EN REGIÓN DE AISÉN DURANTE PERÍODO 2010-2018.
Al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, pidiéndole que informe sobre GRADO DE AVANCE DE UNIDAD DE SEXOLOGÍA EN SERVICIO MÉDICO LEGAL DE COPIAPÓ, ESTIMACIÓN DE COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y ESTÁNDARES TÉCNICOS DE FUNCIONAMIENTO.
A los señores Ministro de Salud y Secretario Regional Ministerial de Salud de Atacama, formulándole consultas en torno a PROGRAMAS "MI HOSPITAL SE PONE A PUNTO" Y "MI CONSULTORIO SE PONE A PUNTO".
A los señores Ministro de Salud y Director del Servicio de Salud de Atacama, para solicitarles AUDITORÍA MÉDICA POR NACIMIENTO DE HIJO DE DOÑA GIULIANA ROCA EN SU HOGAR Y NO EN HOSPITAL DE COPIAPÓ.
Al señor Fiscal Nacional Económico, requiriéndole INVESTIGACIÓN, SEGÚN PROCEDIMIENTO DE TÍTULO IV DEL DECRETO LEY Nº 211, SOBRE OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN QUE INVOLUCREN A PARTES RELACIONADAS DE AGUAS CHAÑAR S.A.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, para que se informe acerca de SITUACIÓN DE TERRENOS DE 15 CONCESIONES EN REGIÓN DE AISÉN Y CUMPLIMIENTO DE SUMARIOS Y ACCIONES CONFORME A DETERMINACIÓN DE CONTRALORÍA. Y al señor Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aisén, a fin de que se proporcionen antecedentes con respecto a SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO EN SECTOR EL ENGAÑO, PUEBLO VIEJO, BAHÍA MURTA, POR FAMILIA DE SEÑORA MERCEDES SILVA VEGA Y PROBLEMAS PARA REGULARIZACIÓN.
--Se levantó a las 17:50.

References: artículo 53
 artículo 73
 artículo 17
 artículo 196
 resolución 
 artículo 36
 artículo 9
 artículo 69
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 resolución 
 artículo 9
 artículo 7
 resolución