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Timestamp: 2019-07-20 14:53:58+00:00

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¿Cómo distinguir el régimen de los obreros municipales de los servidores públicos? El caso de los operadores de cámara de videovigilancia de municipalidades | Legis.pe
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¿Cómo distinguir el régimen de los obreros municipales de los servidores públicos? El caso de los operadores de cámara de videovigilancia de municipalidades
Fundamento destacado.- Noveno: Ahora, si bien es verdad que en el caso de los operadores de cámara de videovigilancia no existe un pronunciamiento concreto, a nivel jurisdiccional, por el cual se precise si son obreros municipales o servidores públicos, tampoco se deberá dejar de analizar con criterio de conciencia el impacto progresivo que ha tenido la aplicación del derecho a la igualdad y no discriminación al momento de determinar el régimen laboral municipal por cada trabajador, pues en la actualidad (a falta de una regulación clara en la Ley General de Municipalidades) ya que los serenos, personal de seguridad, lo policías municipales, han sido considerados obreros municipales adscritos al régimen laboral de la actividad privada previsto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR.
De esta forma, este Despacho considera que la diferencia entre el régimen de los obreros municipales con los servidores públicos se deberá sustentar en criterios razonables, tal como lo desarrollado en la posibilidad del trabajador de ascenso dentro de la carrera pública administrativa, y no en la sola diferencia entre las actividades manuales o mentales (el cual se parte de la interpretación del 37° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades), pues -de la diferencia en base a la posibilidad de acceder al ascenso dentro de la propia carrera administrativa- se podrá tener una mayor certeza de cuál será el régimen aplicable en el presente caso, pues -si se advierte una posibilidad real de acceso por concurso público y ascenso por los méritos otorgados-será admisible la aplicación del régimen laboral público normado por la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado por el Decreto Legislativo N° 276 y su reglamento.
Sumilla: Actualmente, el artículo 37° de la Ley General de Municipalidades N° 27972 establece que los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades serán considerados como servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen.
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EXP. Nº 27966-2017
veinticinco de junio del dos mil diecinueve.-
VISTOS: Observando las formalidades previstas por el artículo 131° del Texto Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, interviene como ponente el señor Juez Superior Yangali Iparraguirre, esta Octava Sala Laboral emite resolución con base en lo siguiente:
Viene en revisión a ésta instancia el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO, contra la Sentencia N° 400-2018-38° JETP-ZAL expedida mediante Resolución N°04, de fecha 14 de diciembre de 2018, en el cual se declaró fundada en parte la demanda, reconociendo: i) La demandada registre al accionante en la planilla de trabajadores a plazo indeterminado, tomando como fecha de ingreso el 01 de julio de 2016; ii) Se ordene que la entidad municipal cumpla con pagar la suma de S/.5,600.00 por los conceptos de gratificaciones y vacaciones, mas intereses legales; iii) Se abone, en la ejecución de sentencia, la compensación por tiempo de servicios del periodo julio de 2016, noviembre 2016 y abril 2017 por la suma de S/.1,283.33; iv) Ordenar que la entidad pague la cantidad S/. 34,850.00 por concepto de beneficios sindicales otorgados mediante Laudo Arbitral 2016; v) Se disponga el pago de costos procesales y sin costas; declarando infundados los extremos a los demás conceptos montos dinerarios.
La parte demandada, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO, en su apelación, alega que la sentencia apelada incurrió en error de sostener:
i. Existe un error y una indebida motivación al momento de haberse declarado la improcedencia de la excepción de incompetencia por razón de la materia. (Agravio N° 01)
ii. La sentencia materia de grado incurre en error al declarar la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado, pues -de las funciones desempeñadas como operador de cámara de video vigilancia- las actividades realizadas eran administrativas, mas no manuales. (Agravio N° 02)
SEGUNDO: Sobre la Motivación de las Resoluciones Judiciales.-
Con tal finalidad, mediante los Expedientes N° 4215-2010-PA/TC , N° 01230- 2002-HC/TC y N° 08125-2005-HC/TC, el citado colegiado constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que “La jurisprudencia de este Tribunal ha sido constante al establecer que la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas “garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables…De este modo, la motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, así como un derecho constitucional que asiste a todos los justiciables”… “el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista: a) fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y, c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión”.
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TERCERO: Del derecho constitucional a la Igualdad y No Discriminación.-
El Derecho a la Igualdad ante la Ley (consagrado en el inciso 2) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú) aparte de ser un derecho fundamental, también es un principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos; pues se trata de un reconocimiento por el cual todo ciudadano no podrá ser discriminado por razones proscritas por la propia Constitución (esto es: origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o por otras (“motivo” o “de cualquier otra índole”) que, jurídicamente, resulten relevantes; asimismo, dentro del presente derecho, también se ha precisado que no toda desigualdad constituirá necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales, sino un trato desigual el cual carezca de una justificación objetiva y razonable[3].
En efecto, la aplicación del principio de igualdad no excluirá un tratamiento desigual; por ello, no se vulnerará dicho principio cuando se establezca una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables, en donde una parte no podrá modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. Por tal razón, a través de las sentencias recaídas en los Exp. N° 2537-2002-AA/TC y N° 02861-2010- PA/TC, el propio TC ha concluido pues que “(…)La igualdad, como derecho fundamental, está consagrada por el artículo 2.2° de la Constitución de 1993, de acuerdo al cual: “(…) toda persona tiene derecho (…) a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”. Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, se trata de un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino de que sean tratadas de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación. (…) Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable(…) Sin embargo, la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables”.
[1] LANDA ARROYO CESAR, “La Constitucionalización del Derecho, El Caso del Perú”, Edit. PALESTRA, Lima, 2018, Pág. N° 532.
[3] En el Exp. N°2537-2002-AA/TC, el propio Tribunal Constitucional precisó que “La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. Así, también el artículo 14 dice que la educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad”.
Caso Edwin Oviedo: consideran de interés casacional control de colaboración eficaz...
Sandra Gutierrez Iquise - mayo 8, 2019

References: artículo 37
 artículo 131
 resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 14