Source: https://elblogdelabogadoblog.com/2020/03/24/covid-19-y-abogacia/
Timestamp: 2020-03-31 16:25:33+00:00

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COVID-19 y abogacía – El blog del abogado blog
La situación creada por la nueva pandemia provocada por el COVID-19 ha generado la paralización de toda la actividad económica y la adopción, aunque mucho retraso, de medidas para paliar el impacto en la actividad económica. El presente artículo tiene por objeto dar a conocer cómo afecta esta pandemia al mundo de la abogacía
Hay que destacar en primer lugar que “el art. 22.1 del RDL 8/2020 describe dos tipos de situaciones que se consideran justificativas de la existencia de fuerza mayor. Las muy prolijas que derivan de la declaración del estado de alarma, a consecuencia del Covid-19, o las más concretas que derivan de medidas adoptadas por las autoridades sanitarias. A ambas se les otorga el mismo tratamiento de situaciones de fuerza mayor, lo que supone remitir al art. 47.2 Estatuto de los Trabajadores (ET), y no a la totalidad del art. 47 ET como consta en el RDL 8/20. Resulta que ni esta nueva norma, ni el art. 47.2 ET, ni el art. 51 ET, ni el reglamento que desarrolla todos esos preceptos legales, distingue entre fuerza mayor y factum principis, que es un supuesto específico de fuerza mayor, cuyos efectos son todavía más ajenos a la voluntad de la empresa solicitante de la suspensión o de la reducción de la jornada, pues entonces las situaciones por las que puede atravesar la empresa se deben a una decisión de la autoridad constituida, se exteriorice ésta por una disposición legal o por un acto administrativo. En todo caso debe quedar claro que lo que la empresa debe acreditar en el ERTE es la situación efectiva derivada de la decisión de la autoridad, y no la existencia de fuerza mayor, puesto que el art. 22.1 la presume iuris et de iure.
Las especialidades que fija el art. 22.2, sobre la normativa anterior para el trámite de estos expedientes, plantean algunas dudas interpretativas. El informe exigible no excede el plano de las alegaciones, sin requerirse necesariamente prueba de las mismas, habida cuenta que en la mayor parte de los casos se trata de hechos notorios de general conocimiento, por ejemplo el cierre del centro de trabajo ordenado por ley o por acto singular. Sería excesivo que la autoridad que ordena ese cierre, o paraliza la actividad productiva, o impone reducciones de la misma, exigiera demostración de las decisiones adoptadas. Pero aún en el caso de que la notoriedad no sea manifiesta, la autoridad está obligada a actuar flexiblemente, sin exigencias burocráticas excesivas, si no quiere traicionar los criterios inspiradores del RDL 8/20, que reiteran la conclusión de evitar a toda costa la extinción de los contratos de trabajo. Por lo demás, la constatación de la situación de la empresa, a cargo de la autoridad laboral, impone a ésta en su caso la obligación de comprobarlo por sí misma, si con ello se compensa la dificultad empresarial de acreditarla.
Es poco razonable el probable retraso de la resolución en cinco días, debido al establecimiento de un plazo igual de cinco días para que la Inspección emita un informe que, por cierto, no es ni preceptivo ni vinculante para la autoridad administrativa laboral.
Son aplicables las reglas generales en cuanto a la reclamación judicial contra las resoluciones denegatorias. Pero la autoridad laboral no debería ignorar que el principal criterio inspirador del RDL 8/20 es la evitación de los despidos, los que quizá tengan lugar irremisiblemente si pasan meses y aún años para contar con una sentencia firme, sufriendo entre tanto la empresa los efectos de la fuerza mayor.
En todo caso, las mayores dudas que plantea este art. 22 son las relativas a la necesidad de aportar otras alegaciones distintas de las anteriores en las solicitudes de ERTE de suspensión o de reducción. Dudas que plantean los arts. 5, por un lado, y la Disposición Adicional (DA) 6ª, por otro. Si el trabajo a distancia es prioritario frente a la cesación temporal o reducción de la actividad (art. 5, párrafo segundo, in fine), podría ocurrir que ante la avalancha de ERTE que se ha producido y que ha de ir en aumento día a día, la autoridad administrativa laboral exija justificar que la empresa no ha podido organizar esa modalidad de trabajo, lo que a su vez plantea la duda de si es conveniente que la empresa incluya alguna manifestación al respecto en su solicitud, sobre todo si ha podido organizar, para ciertos puestos o centros de trabajo, la prestación laboral on line.
Y en cuanto a la DA 6ª, la duda consiste en decidir si, como quiera que el compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, es requisito sine qua non para la aplicación de las medidas extraordinarias reguladas en el RDL 8/20, podrá exigirse por la autoridad administrativa que en las solicitudes de ERTE por fuerza mayor figure ya la asunción de ese compromiso, método más seguro de garantizar su cumplimiento. El argumento literalista de que las medidas “extraordinarias” a que alude la DA 6ª, no son por su propio las medidas “excepcionales” de los arts. 22 y 23, sino las de otros preceptos como los arts. 24, 25 y 27 ,se antoja poco consistente. Primero porque la diferencia semántica entre lo excepcional y lo extraordinario no ha sido nunca diáfana, y en todo caso no es unívoca. Y, en segundo lugar, porque los tribunales tienden a equiparar conceptos próximos entre sí, como ha ocurrido, valga la comparación, con los efectos de las huelgas “ilícitas” y las “ilegales”, equiparadas en cuanto huelgas infractoras del ordenamiento jurídico”.
Es cierto que la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia ha sido facilitado por la Ley 18/2011 y el Real Decreto 1065/2015, pero el ejercicio de la abogacía puede quedar afectado en cuanto a la forma de entrevistarse con su representado y de la manera de ejercer su profesión de manera telemática.
Un poco en cuanto a las respuestas para contestar a las preguntas que puedan surgir en este punto, cabe señalar que “
Tras los últimos sucesos ocurridos en nuestro país, relativos al aumento de casos de infección del virus COVID-19, más conocido como coronavirus, muchos servicios, tanto privados como públicos, han sido suspendidos o cancelados, lo que nos impide realizar muchos trámites
necesarios de nuestro día a día.
Por ello, mucha gente se encuentra inmersa en procedimientos judiciales o tiene la intención u obligación de iniciar o personarse en causas judiciales y, dada la situación actual se pregunta qué va a ocurrir con la tramitación de los mismos y la postura que los diferentes organismos
han adoptado ante esta especial situación.
En este sentido, y tras la incertidumbre que en un principio generó la respuesta otorgada por el Ministerio de Justicia al señalar que no suspendía la actuación judicial, sino que dejaba en las manos de los jueces y magistrados la decisión en cuanto a cada uno de los casos en
particular, en el día de ayer el Consejo General del Poder Judicial emitió, por medio de su Comisión Permanente, en sesión extraordinaria una instrucción de actuaciones judiciales cuyo objetivo es garantizar el servicio público judicial, y ello adaptado a las recomendaciones de las
La instrucción consta de dos partes, la primera informativa con recomendaciones de protección individual y colectiva frente a la enfermedad y otra que establece directrices para la actuación judicial en base a dos posibles escenarios: el primero general para el territorio nacional y el segundo para los territorios en los que se han establecido medidas más intensas para limitar la propagación y contagio del virus.
Bajo la dirección de la Comisión Permanente antes expuesta se ha constituido una Comisión de Coordinación y Seguimiento, integrada por el Secretario General, el Gabinete de la Presidencia, el Gabinete Técnico, el Servicio de Inspección, la Oficina de Comunicación, el Servicio de
Personal Judicial y la Sección de Prevención de Riesgos de la Carrera Judicial.
En base a las instrucciones y recomendaciones que vayan dictando las autoridades sanitarias y de las incidencias que comuniquen los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, podrán adoptarse nuevas medidas por la Comisión Permanente si así lo estiman necesarias.
Los objetivos que se persiguen con las instrucciones acordadas en el día de ayer son, por un lado, minimizar los contactos interpersonales que favorezcan la transmisión del COVID-19 en sede judicial o con ocasión del servicio público judicial, así como ajustar la prestación de este
servicio a las indicaciones emitidas por las autoridades sanitarias, promoviendo la coordinación de las diferentes instancias que tienen competencias en el ámbito de la Administración de Justicia; y por otro lado evitar actuaciones unilaterales y descoordinadas, como en un principio se dictaron.
En cuanto a las medidas de protección tomadas, la instrucción recoge las medidas individuales frente a la enfermedad, recomendadas por las autoridades sanitarias, como puede ser desinfección de manos frecuente, evitar el contacto con personas que muestren signos de
afección respiratoria o mantener una distancia de un metro con las mismas.
Además, y para el ámbito de la Administración de Justicia se recomiendan la aplicación de medidas de conciliación entre la vida personal y laboral (permisos y autorizaciones), el fomento del teletrabajo para las miembros de la Carrera Judicial que en función de sus características personales o estado biológico conocido puedan ser consideradas como de riesgo; o la dispensa del uso de la toga para los abogados en los actos procesales en los que este sea preceptivo.
En lo que respecta al primer escenario, esto es, el general, incluyen la realización de los señalamientos con tiempo suficiente entre ellos para que no haya una gran afluencia de partes y de profesionales esperando la celebración de vistas en un espacio común; la restricción temporal de la asistencia de público a los actos procesales y la utilización en la medida de lo posible del sistema de videoconferencia. Así mismo la instrucción identifica un catálogo de actividades o situaciones de riesgo con las correspondientes recomendaciones.
El segundo de los escenarios expuestos comprende los territorios en los que se hayan establecido medidas especialmente intensas para limitar la propagación y el contagio por el virus.
La determinación de los territorios en los que hayan de adoptarse las medidas contempladas en este escenario será competencia de la Comisión Permanente del Congreso General del Poder Judicial, de conformidad con las decisiones que en cada momento adopten las autoridades sanitarias.
Además de las medidas incluidas en el primer escenario, se contempla para este segundo la posibilidad de que los jueces acuerden la suspensión de plazos procesales y de actuaciones procesales ya acordadas por razones sanitarias. Estos casos precisarán de la autorización del presidente del tribunal correspondiente y de la ratificación posterior de la Comisión Permanente, sin perjuicio de su ejecución inmediata.
Por otra parte, el Congreso General del Poder Judicial ha acordado suspender desde ayer y hasta el próximo 13 de abril las actividades programadas por el Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial. Estas actividades, consistentes en la celebración de más de
veinte cursos de formación, implicaban el desplazamiento de miembros de la Carrera Judicial destinados en otros territorios hasta Madrid.
Por todo ello, el CGPJ ha instruido una serie de criterios que en todo caso llevarán a efecto los diferentes órganos judiciales que, en primer término respetan lo máximo posible las directrices emanadas por el Ministerio de Sanidad y sus diferentes secciones, pues lo primero es guardar la integridad y salud de los ciudadanos, pero por otro lado sin que dichas medidas frenen los servicios judiciales que, si ya de por sí se encuentran atorados, si se decidiera una suspensión total de los mismos podría ocasionar grandes perjuicios a los ciudadanos”.
Tambien cabe señalar que “
12. El/la Presidente/a del Tribunal Superior de Justicia, el/la Presidente/la de la Audiencia Provincial y el/la Juez/a Decano/a adoptarán las medidas que procedan relativas al cese de actividad en las dependencias judiciales en que se encuentren sus respectivas sedes, y cierre y/o desalojo de las mismas en caso de que procediera, poniéndolo en conocimiento y en coordinación con la Comisión de Seguimiento competente”.
Por último, siguiendo a Expansión, cabe destacar lo siguiente:
¿Están las empresas obligadas a adoptar medidas por el coronavirus?
¿Cuándo se entiende que existe una causa de fuerza mayor?
Según el Estatuto de los Trabajadores, un contrato puede suspenderse o la jornada reducirse a iniciativa del empresario por causa derivada de fuerza mayor temporal, es decir, de una situación externa al círculo de la empresa, y como tal extraordinario e independiente de la voluntad del empresario. “En el caso de que la interrupción de la actividad se entienda ocasionada por fuerza mayor, será necesario el permiso previo de la autoridad laboral, aplicándose las peculiaridades previstas respecto de tal causa”, según el Ministerio de Trabajo.
Las compañías podrán solicitar la suspensión de los contratos, lo que implicará que los asalariados pasarán a cobrar la prestación por desempleo. Para evitar la suspensión de los contratos en los casos en que la paralización de la actividad fuera breve o muy breve, se podrían instar medidas alternativas (lo recomendable sería que fueran acordadas) como el disfrute de vacaciones, la ausencia al trabajo recuperando después esas horas o aplicando otras similares, apunta Ignacio Hidalgo, socio del área de laboral de Auren Abogados.
¿Es posible oponerse a un ERTE de forma individual?
No. Si es una medida colectiva y el trabajador está incluido en el grupo de afectados, debe cumplir con la medida de suspensión. La oposición sólo podrá producirse si la medida no está justificada. “En caso de que el periodo de consultas finalice sin acuerdo, puede impugnarse la suspensión mediante una acción colectiva ejercitada por los representantes legales de los trabajadores”, asegura David Isaac Tobía, socio director de Sagardoy Abogados en Barcelona.
¿Qué efecto tiene un expediente temporal para la plantilla?
Tobía aclara que, “con la normativa actual, la suspensión exonera de trabajar pero implica pérdida de la retribución. Es situación legal de desempleo y el trabajador consumirá prestación por desempleo. Durante la suspensión se mantiene la obligación de la empresa de cotizar por contingencias comunes. La cuota obrera será ingresada por el SEPE”.
¿Cómo puede un trabajador afrontar el cuidado de los hijos por el cierre de los colegios?
Entre otras medidas “se pueden reconducir estas situaciones hacia permisos sin sueldo, excedencias por cuidado de hijos y consumo anticipado de vacaciones. Pero, obviamente, las empresas pueden tomar medidas más favorables, como teletrabajo o permisos con sueldos, como se está realizando en algunos casos, dependiendo del proceso productivo de cada compañía y sus necesidades”, recomiendan desde Sagardoy.
¿Se pierde algún derecho por teletrabajar?
El hecho de que el empleado no esté físicamente en la oficina no hace que se vean modificados ni reducidos sus derechos profesionales, como el salario o la duración de la jornada. Además, hay que garantizar la gratuidad de los medios tecnológicos que sean imprescindibles para el desarrollo de sus funciones, tal y como explica Fernando Bazán, socio de laboral de Deloitte Legal.
¿Puede la empresa obligar a la plantilla a someterse a pruebas médicas?
La vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. No obstante, la ley prevé supuestos excepcionales en los que el consentimiento del trabajador cede frente a otros intereses igualmente tutelables y, por tanto, no puede oponerse al control sanitario, como podría ser en un situación de emergencia sanitaria. En todos los casos, se exige el previo informe de los representantes de los trabajadores, aunque éste no es vinculante, según Uría Menéndez.
¿Qué ocurre si el trabajador oculta que está enfermo?
En la medida en que no esté seguro de que los síntomas que padece se corresponden con los del coronavirus, éste no tendría la obligación de comunicarlo a la compañía. “Hipotéticamente, en caso de que el empleado, siendo consciente de que padece los síntomas, decida poner en riesgo a sus compañeros y oculte esta información a la empresa, podría ser sancionado por su mala fe. En la práctica, no obstante, es muy difícil que la compañía pueda probar que la persona tenía conocimiento de tener síntomas relativos al coronavirus y haya decidido, de forma intencional, ocultar esta información”, asegura Ignacio Campos, socio responsable de laboral de Gómez-Acebo & Pombo (GA_P).
¿Y si alguien muere tras contagiarse en su puesto de trabajo?
El experto de GA_P hace hincapié en que “para que sea considerado accidente de trabajo, debe probarse que la enfermedad se ha contraído con ocasión y como consecuencia única del trabajo”. Por tanto, será necesario demostrar que el contagio se ha producido como consecuencia de la actividad laboral, aunque “existe una presunción de que las enfermedades y accidentes acaecidos en tiempo lugar de trabajo deben ser considerados como enfermedades profesionales o accidentes de trabajo”.
Qué dice el Ministerio de Trabajo
El Ministerio de Trabajo ha publicado una guía de actuación, que recoge que “las empresas pueden adoptar medidas organizativas o preventivas que, de manera temporal, eviten situaciones de contacto social, sin necesidad de paralizar su actividad”.
Sin embargo, cuando esto no es posible, el documento recoge que “cuando las personas trabajadoras estén o puedan estar expuestas a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, la empresa estará obligada a informar lo antes posible acerca de la existencia de dicho riesgo y a adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, las personas trabajadoras puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo”.
El departamento liderado por Yolanda Diaz (en la foto) va más allá y recuerda que “por decisión mayoritaria, la representación unitaria o las delegadas y delegados de prevención, podrán acordar la paralización de la actividad de las personas trabajadoras afectadas por el riesgo de contagio grave e inminente por coronavirus. Los empleados y sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de estas medidas, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave”.
Además, el Gobierno ha aprobado un real decreto para que los aislados y los enfermos se les considere en situación de incapacidad temporal asimilada a una baja laboral por accidente de trabajo.
Cómo actuar en cada caso
¿Qué pasos debe dar la empresa para poner en marcha un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)? “Con la normativa actual, y a la espera de si se dicta alguna regulación extraordinaria, los tres pasos fundamentales son: constitución de la comisión negociadora; desarrollo del periodo de consultas y negociación (15 días), y aplicación de la medida de suspensión de contratos”, asegura David Isaac Tobía, socio director de Sagardoy Abogados en Barcelona.
¿Cómo se cubren los puestos si una parte importante de la plantilla está de baja? A los empleados en situación de cuarentena o enfermos (que se encontrarán legalmente en situación de incapacidad temporal) se les podrá sustituir por trabajadores con contratos de interinidad (vigentes sólo durante el periodo de incapacidad del trabajador sustituido). “Los costes de los contratos los soportará la empresa y las prestaciones por incapacidad temporal correrán a cargo de la Seguridad Social”, asegura Ignacio Hidalgo, socio del área de laboral de Auren. Este experto añade que si el número de trabajadores ausentes fuera excesivo e impidiera desarrollar la actividad, la empresa podría plantearse solicitar la declaración de fuerza mayor de cara a suspender los contratos y paralizar la actividad. Los trabajadores que estén de baja permanecen en esa situación y los no afectados por la enfermedad pasarían al desempleo.
“Nuestra recomendación pasa por la implantación de un protocolo, idealmente negociado con los representantes de los trabajadores, para minimizar los posibles daños derivados del contagio del Covid-19”, señalan desde Deloitte Legal. Este plan debe contener seis aspectos básicos:
Reforzar el control higiénico-sanitario en el centro (limpieza exhaustiva y continuada de las instalaciones, pomos de puertas…).
Prohibir viajes y llevar un control de aquellos que en las últimas dos semanas hayan viajado a zona de riesgo o hayan tenido contacto estrecho con personas que hayan estado en esas regiones, estableciendo el teletrabajo obligatorio de 14 días.
En el caso de que cualquier empleado presente síntomas, teletrabajo obligatorio durante 14 días.
Evitar desplazamientos en medios de transporte masivos.
Establecer reuniones por teleconferencia.
Recomendación de trabajo en remoto para aquellos profesionales que tengan necesidades especiales, como embarazos o patologías médicas crónicas”.
En cuanto a las medidas adoptadas por los Colegios de Abogados, cabe señalar que “
COVID-19: LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA TOMA MEDIDAS
Colegios de la Abogacía como los de Bizkaia, Madrid, Murcia, Barcelona, Málaga o Albacete, entre otros, han suspendido congresos o jornadas, programas de posgrado que se imparten en sus Centros Estudios o diferentes eventos multitudinarios. En la mayoría de las corporaciones colegiales se han aplazado las fechas de celebración de sus eventos y actividades. En Colegios como los de Ciudad Real, Cantabria,Pontevedra, Valladolid, Baleares, Granada, Málaga, La Rioja, Zamora, A Coruña, Oviedo o León se ha suspendido como medida preventiva el servicio de préstamo de toga y su uso como medida de contención en las comparecencias en las distintas salas de vistas de los respectivos órganos judiciales, todos con carácter excepcional.
En los centros penitenciarios de Madrid, Álava y LaRioja, con una vigencia inicial de 14 días se restringirán las visitas de los letrados y estos solo podrán comunicarse con los presos a través del locutorio.
La Junta de Gobierno ha acordado el martes 17 de marzo que la Fundación Cortina canalice y, en la medida de sus posibilidades económicas, atienda aquellas solicitudes de ayuda debidamente justificadas de los colegiados y colegiadas que, como consecuencia de la crisis provocada por el Covid-19, puedan verse en una situación de necesidad. COMUNICADO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
La Junta de Gobierno Colegio de Abogados de Madrid, ha adoptado por unanimidad el siguiente acuerdo:
Ante la situación epidemiológica de Covid-19 (coronavirus) por todos conocida y que ha desembocado en la declaración del estado de alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con las consecuencias que dicha declaración conlleva y que reseña el citado Real Decreto, la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid acuerda suspender la Junta General Ordinaria a que se refiere el artículo 37.1 de los Estatutos del Colegio y prevista para el día 23 de marzo de 2020, que será nuevamente convocada por la Junta de Gobierno cuando su celebración sea posible en atención a la evolución epidemiológica.
El Colegio de Madrid y para evitar crear riesgos innecesarios, recomienda que todas las consultas dirigidas al ICAM se intenten solucionar por vía telefónica salvo que sea estrictamente necesario el desplazamiento. La Junta de Gobierno ha indicado en un comunicado:
El Colegio ha solicitado a todos los jueces y juezas decanas de la comunidad de Madrid la suspensión de todas las vistas, señalamientos, plazos procesales y diligencias que no resulten urgentes.
Se va a solicitar de la Delegación del Gobierno en Madrid que todas las actuaciones por parte de los abogados y abogadas en las comisarías y dependencias policiales se realicen, si así lo piden, por línea telefónica o por videoconferencia.
Se va a requerir igualmente de la Delegación del Gobierno que instruya a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que provean de mascarillas y guantes a los abogados y abogadas que realicen actuaciones ante ellos.
El Colegio amparará a sus colegiados y colegiadas en caso de que se produzca cualquier conflicto, no justificado, entre la protección de la salud y requerimientos que reciban de las autoridades judiciales o policiales para la realización de cualquier actividad que implique presencia física.
Las Juntas de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona y del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona y el Consell de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña acuerdan por unanimidad elevar a los Jueces Decanos, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Sala de Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial la solicitud de suspensión de todas las vistas y señalamientos previstos en los órganos judiciales, así como de los plazos procesales desde el viernes 13 de marzo hasta el viernes 27 de marzo de 2020, inclusive, sin perjuicio de que las actuales circunstancias aconsejen solicitar posteriormente la prórroga de esta medida. COMUNICADO COMPLETO
Ante la situación sanitaria existente en España, que ha llevado al Gobierno a anunciar el Estado de Alarma y en concordancia con el acuerdo del CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía respecto a los servicios esenciales en la Administración de Justicia durante la fase de contención de la pandemia del Covid-19 de fecha 13 de marzo de 2020, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga, en sesión urgente, celebrada telemáticamente el día 14 de marzo de 2020 ha acordado en relación con los servicios de guardia lo siguiente:
Asistir en los Juzgados de Guardia únicamente en aquellas causas en las que se convoque a la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Asistir en todas las actuaciones de guardia ante los Juzgados de Violencia sobre Mujer o Juzgados de Instrucción que legalmente le sustituyan, en aquellas actuaciones urgentes e inaplazables para las que sean requeridos los letrados de guardia.
Asistir ante la Fiscalía y Juzgado de Menores en aquellas actuaciones urgentes e inaplazables para las que sean requeridos los letrados de guardia.
Asistir únicamente a las entradas y registros acordadas judicialmente en las que esté presente el Letrado de la Administración de Justicia y se facilite a los abogados las mismas medidas de protección que al resto de los intervinientes.
Suspender los servicios de guardia específicos que se prestan en los juzgados de instrucción que no se encuentran en funciones de guardia en los partidos judiciales de Málaga, Fuengirola y Marbella.
Las guardias no serán presenciales, sino que se prestarán a requerimiento del Juzgado a través de llamada telefónica a la centralita de guardias del Colegio de Abogados.
En un ejercicio de prudencia y responsabilidad ante la propagación del coronavirus, la Abogacía granadina ha decidido:
Aplazar todos los actos programados en la sede del Colegio
Aplazar la celebración de la Junta General Ordinaria convocada para el próximo día 27 de marzo
Recomendar a todos los colegiados que, en la medida de lo posible, eviten la visita a las instalaciones colegiales
Se suspenden las clases presenciales que se imparten en su sede colegial de Cárcel Alta a través de la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas
Instar a las autoridades judiciales, tanto de la capital como de la provincia y comunidad autónoma, para que procedan a la suspensión de forma inmediata de todas las actuaciones judiciales (incluidos juicios y vistas) que no tengan el carácter de urgente, en aras a preservar la seguridad y la integridad física de todos los operadores jurídicos y la ciudadanía. Desde la Corporación se traslada igualmente a las autoridades judiciales toda la ayuda y cooperación que sea necesaria para la adopción, por parte de éstas, de las medidas que la grave situación generada requiere.
COLEGIO DE ELCHE
Desde el 12 de marzo, el Colegio de Elche altera el funcionamiento de las sedes del Colegio, en los términos siguientes:
Sede principal: permanecerá cerrada para público y colegiados. El personal estará trabajando en el interior y se evitará cualquier contacto con terceros. Las comunicaciones se realizarán por vía telefónica o correo electrónico, y cualquier documento que haya que presentarse se depositará en el buzón existente junto a la puerta de secretaría.
Las actividades de formación y las reuniones de las secciones quedan suspendidas
Oficina del SOJ: Se establecerá una señal horizontal de separación del público con el mostrador
Aconsejan especial prudencia en todo lo que se refiere a desplazamientos, y la conveniencia de que los colegiados soliciten la suspensión de aquellos señalamientos a los que deban asistir en zonas afectadas gravemente por el Covid-19 MÁS INFORMACIÓN
Desde el día 16 de marzo queda suspendido el Servicio de Orientación Jurídica que se viene prestando en el Palacio de Justicia de Sevilla. Esta suspensión se mantendrá en tanto dure el estado de alarma decretado por el Presidente del Gobierno.
El cierre de las instalaciones del Colegio de Abogados de Sevilla y atención al público del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) implica la imposibilidad de presentar solicitudes de asistencia jurídica gratuita por parte de los ciudadanos durante el período mencionado.
Quedan por ello suspendidas todas las tramitaciones de los expedientes de asistencia jurídica gratuita hasta que termine el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación, y por tanto no se efectuaran designaciones en virtud de las Disposiciones Adicionales Segunda, Tercera y Cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
El Colegio de Abogados de Sevilla garantiza su compromiso de asistencia manteniendo activo el Servicio de Guardia a detenidos en todos los partidos judiciales de la provincia, y ello para garantizar el derecho constitucional a la asistencia letrada. Igualmente se garantiza el derecho de las víctimas, especialmente las de género, que contarán con asistencia letrada garantizando su protección desde el primer momento.
MÁS INFORMACIÓN DEL COLEGIO DE SEVILLA
Asimismo, la Junta de Gobierno del Colegio de Sevilla ha decidido, con el objeto de evitar la propagación del virus Covid-19 tomar medidas como:
Suspender todos aquellos actos y eventos formativos o de cualquier índole
Suspender el servicio de préstamo de togas y su uso para las comparecencias en los diversos actos procesales
Reclamar e instar a las autoridades judiciales y administrativas para que provean todas las medidas necesarias para que la actuación e intervención de los colegiados se preste en las óptimas condiciones de salubridad e higiene COMUNICADO DEL ICAS
Ante la situación creada por el COVID-19, en atención a las orientaciones que vienen impartiéndose por las autoridades sanitarias, y en aras a evitar la posible afectación a la vida personal de los profesionales de la Abogacía de la Provincia de León y de los trabajadores del Colegio de Abogados de León, desde el Colegio han decidido suspender el uso de togas y se han aplazado las jornadas de formación previstas para el mes de marzo. MÁS INFORMACIÓN
COLEGIO DE ALBACETE
Los Colegios de Abogados y Procuradores de Albacete han solicitado al presidente el TSJ de C-LM la suspensión de todas las vistas, señalamientos, plazos procesales y diligencias que no sean urgentes. También se ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno en Albacete que todas las actuaciones de abogados y abogadas en comisarías y dependencias policiales se realicen por línea telefónica o videoconferencia. MÁS INFORMACIÓN
La Junta de Gobierno del Colegio de Albacete ha acordado medidas como cerrar las salas de reunión excepto para atención a víctimas de violencia en servicio de guardia ni mantener reuniones en las zonas comunes del Colegio, reducir el número de ordenadores a disposición de los colegiados manteniendo operativos un mínimo de dos ubicados a una distancia prudente, retirar la fuente de agua común, realizar atención al colegiado vía telefónica o telemática, entre otras muchas. MÁS INFORMACIÓN
COLEGIO DE CÁCERES
Ante la situación generada por la pandemia de Coronavirus (COVID-19), la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Cáceres, ha acordado, entre otras medidas:
Se acuerda suspender el servicio de préstamo de togas del ICAC en toda la provincia hasta que las circunstancias socio sanitarias permitan su reanudación. Así mismo, se recomienda a los colegiados que tengan toga de su propiedad y a fin de mantener la igualdad de los Letrados de las partes en el proceso, se abstengan de hacer uso de las mismas. Igualmente, se acuerda dar traslado del presente acuerdo a los efectos de la oportuna dispensa de la toga a la TSJEX, al Presidente de la A.P. de Cáceres y a los Jueces Decano de Cáceres, Plasencia Navalmoral de la Mata, Trujillo y Coria y a los Jueces de Primera Instancia de Trujillo, Logrosán, y Valencia de Alcántara.
En relación con los Actos de la Festividad de la Patrona que estaban programados para su celebración el día 27 de marzo, a la vista de la situación socio sanitaria existente, dado que se trata de la celebración con mayor número de asistentes, y a la vista de las recomendaciones que se vienen realizando en los supuestos de aglomeración como la que ella comporta, se acuerda suspender su celebración y se aplaza la misma hasta el momento que la Junta de Gobierno acuerde lo pertinente.
Se acuerda la suspensión de la celebración de reuniones de Comisiones, Subcomisiones, Secciones o Grupos de Trabajo del ICAC. Caso de celebrarse las mismas únicamente podrán tener lugar por vía telemática.
Se acuerda la suspensión de toda actividad formativa, cultural y deportiva del ICAC.
En relación con el Servicio de Orientación Jurídica, y dado el reducido espacio del que se dispone en el Palacio de Justicia para la atención de los usuarios del SOJ y a fin de mantener la recomendación general de carácter sanitario de separación entre unos y otros, se acuerda reducir el número de usuarios que se atienden diariamente a ocho (8) y todo ello hasta que las circunstancias permitan volver a la normalidad.
Se acuerda recomendar a todos los Colegiados que las consultas al ICAC se intenten solucionar vía telefónica.
En relación con la celebración de vistas y actuaciones judiciales, se acuerda interesar del TSJEX que se adopten por el mismo las medidas oportunas para la suspensión de todos aquellos juicios que no tengan el carácter de urgentes.
En relación con la seguridad sanitaria de los Centros de Detención, se acuerda solicitar a la Delegación del Gobierno de Extremadura y a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres establezcan las medidas de seguridad sanitaria en los Centros de Detención.MÁS INFORMACIÓN
En nombre del Colegio de Abogados de Zaragoza y ante la declaración de Estado de Alarma por parte del Gobierno Central, os envío una nota con las afecciones que tiene a algunos de los servicios que se prestan a la ciudadanía. Algunos de los servicios son:
Asistencia al Detenido y la Guardia de Asistencia a las Víctimas de Violencia a la Mujer: se mantienen y por tanto deberán ser atendidas tal y como se encuentran fijadas. Desde el REICAZ se han puesto en contacto con las diferentes administraciones para que proporcionen todos los instrumentos y medios necesarios para garantizar la protección de la salud de los letrados a fin de evitar contagios y propagación del COVID-19.
Servicio de Atención a las Víctimas de Delitos Violentos: igualmente se mantienen, si bien se va a intentar que se evacuen las consultas mediante atención telefónica.
Servicio de Orientación Jurídica (SOJ): ha quedado cerrado al público y se suspende su actividad.
Servicio de Atención a la Mujer (SAM): se mantiene la Guardia específica de este Servicio. Respecto a las asesorías se hará por teléfono en Zaragoza.
SAOJI, Servicio de asistencia y orientación jurídica al inmigrante: se suspende el servicio. A través de la Casa de las Culturas se dará comunicación telefónica al letrado consultor quien, como es habitual, dará paso a la intervención del tramitador del expediente cuando se trate de asuntos urgentes.
Servicio de Orientación Penitenciaria (SOP): se está a la espera de acordar con los centros penitenciarios la forma de seguir con este servicio, limitando la intervención letrada solo a casos urgentes y graves.
Desde el Colegio de Abogados de Zaragoza, así como desde el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, se está en permanente contacto con las autoridades judiciales y de Justicia que, a su vez, mantienen su relación constante con las autoridades sanitarias para hacer un seguimiento de la propagación del virus Covid-19. Ambas instituciones han tomado medidas para evitar la propagación del virus. MÁS INFORMACIÓN
Desde la Junta de gobierno del ICA Oviedo se ha decidio esta mañana la suspensión de todas actividades programadas como medida de prevención ante la situación epidemiológica, entre ellas, la entrega del IV Premio a la Igualdad “Alicia Salcedo”, hasta nuevo aviso. Además el Colegio de Oviedo también se encuentra entre aquellos que han decidido suspender el préstamo de togas que ofrece la Corporación.
Al margen de las medidas tomadas, desde el Colegio informan de que la sede permanecerá abierta mientras no se adopten nuevas pautas de actuación.
La Junta de Gobierno del Colegio de Baleares también ha tomado medidas como consecuencia de la crisis sociosanitaria provocada por el virus Covid-19
Sin perjuicio de las nuevas medidas que pueda adoptar, en función de la evolución de los acontecimientos, Aumenta hasta 70.000 euros el presupuesto destinado a la línea de ayuda económica para colegiados en situación de vulnerabilidad especial y suspende la cuota colegial del mes de abril.
Habilita un número de teléfono operativo las 24 horas para que los colegiados puedan comunicar incidencias y/o realizar consultas en relación a las medidas frente al coronavirus.
Priorización de las comunicaciones telemáticas o telefónicas entre profesionales en servicio esencial y sus defendidos.
Sustituye la atención presencial a los ciudadanos que solicitan justicia gratuita por la asistencia telemática.
Mantiene activo el servicio de confirming para los letrados del turno de oficio que quieran solicitar el pago de las cantidades que tienen pendientes de cobro por el ministerio de Justicia.
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La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba, en reunión extraordinaria celebrada el día 11 de marzo de 2020, para tratar y, en su caso, adoptar medidas para evitar en lo posible la propagación del coronavirus Covid-19, teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias, ha acordado aplazar todas las actividades formativas, culturales y sociales programadas hasta el día 12 de abril, procediéndose a señalar nueva fecha para la realización de las mismas una vez se haya verificado oficialmente el control de la enfermedad. MÁS INFORMACIÓN
COLEGIO DE CIUDAD REAL
En Ciudad Real, su Junta Directiva ha acordado además de la supresión del servicio de togas:
La no utilización desde el 11 de marzo de los teléfonos móviles de guardia específicos en los dos partidos judiciales que los utilizan actualmente: Ciudad Real y Almagro
Desde el jueves a las 13 h, el Colegio mantiene cerrada la atención de colegiados y público como medida preventiva provisional. Toda solicitud, escrito o consulta habrá de remitirse al correo electrónico o por correo ordinario o bien llamando al por teléfono.
La Junta de Gobierno del Colegio de Cantabria ha decidido suspender temporalmente la atención personalizada en el SOJ a los beneficiarios del Servicio. A fin de no causar ningún tipo de perjuicio a los ciudadanos, el Servicio seguirá prestándose de forma presencial tanto por el letrado designado como por el personal del Colegio a efectos de las paralizaciones de procesos en marcha y para situaciones excepcionales. Se adoptarán, a tal efecto, medidas que eviten contactos y se informará a los usuarios mediante cartelería, de la forma en que se realizarán las solicitudes del beneficio.
Debido a la situación sanitaria por el Covid19, el Colegio de Abogados de Huelva ha decidido no celebrar la Asamblea General el 31 de marzo. Igualmente, suspenderá todos los actos formativos, el uso de las instalaciones colegiales, el préstamo de togas y la atención al público de forma presencial, que se hará de manera telemática.
Su Junta de Gobierno a la vista de las últimas informaciones conocidas y en sintonía con las decisiones que se están adoptando tanto por el Consejo General de la Abogacía, Mutualidad General de la Abogacía y otras Instituciones, en el intento de minimizar los riesgos de contagio entre los colegiados, empleados y usuarios, acuerda:
Cerrar la atención al público en las oficinas colegiales.
Recomendar a todos los colegiados que, en la medida de lo posible, eviten la visita a las instalaciones colegiales y que realicen su operativa a través de nuestros diferentes canales de comunicación (mail, teléfono…).
Aplazar todos los actos programados en la sede del Colegio. No obstante, se informará de aquellas jornadas que sean retransmitidas on-line.
Queda aplazada la celebración de la Junta General Ordinaria, convocada para el próximo día 27 de marzo.
Suspende el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria que se presta en la Prisión Málaga II ubicada en la localidad de Archidona, así como el asesoramiento en los centros de adultos de Antequera y Teba.
La Junta de Gobierno, lamenta profundamente los posibles inconvenientes que estas medidas puedan causar e informará de las nuevas fechas de los eventos afectados cuando las circunstancias epidemiológicas permitan su realización, agradeciendo la comprensión y colaboración de todos los colegiados.
El Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI), conjuntamente con los Colegios de Abogados de Alcoy, Elche y Orihuela han exigido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que se suspendan todas las actuaciones judiciales que no tengan declarado por la autoridad judicial expresamente el carácter de urgente hasta el próximo día 1 de abril ante la pandemia del coronavirus Covid-19 MÁS INFORMACIÓN
COLEGIO DE BIZKAIA
La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, dada la emergencia sanitaria y con el objeto de evitar en la
medida de lo posible la rápida propagación del virus Covid- 19 ha adoptado las siguientes medidas:
Cerrar todas las dependencias de la sede colegial, excepto la oficina de la 1ª planta, para la realización de gestiones.
Las sedes del Colegio en los Palacios de Justicia se mantendrán abiertas mientras lo estén las dependencias judiciales.
La Junta de Gobierno del Colegio de Salamanca acordó instar al CGPJ la paralización de declaraciones, vistas, plazos, nuevos señalamientos y en definitiva, cualquier actuación letrada, a partir de hoy y por un plazo de quince días, prorrogables en función del desarrollo de la situación de la enfermedad.
Además y en atención a la actual situación socio-sanitaria de expansión del COVID-19 y de cara a la protección de compañeros, personal y ciudadanos en general, la Junta de Gobierno en reunión celebrada en el día de hoy, 12 de marzo de 2020, ha acordado adoptar una serie de medidas que pueden consultarse aquí
A la vista de la emergencia sanitaria y con el objeto de evitar en la medida de lo posible la rápida propagación y contagios por el virus Covid-19 la Junta de Gobierno del Colegio de las Palmas, con la finalidad de garantizar la operatividad de la actividad colegial, ha adoptado también una serie de medidas:
Quedan suspendidos todos los actos y eventos formativos de cualquier índole que se celebren en el salón del acto de la sede colegial
Se suspende provisionalmente el servicio de préstamo de togas .
La Junta de Gobierno ha instado a las autoridades judiciales y administrativas a fin de que se adopten las medidas necesarias para que las actuaciones de nuestros letrados se presten en óptimas condiciones de salubridad e higiene, especialmente en las asistencias policiales y judiciales.
Se instará a los organismos judiciales para que las medidas que se adopten sean consensuadas con los diversos operadores jurídicos, ofreciendo la cooperación del Colegio.
CONSULTA MÁS MEDIDAS AQUÍ
El Colegio de Tenerife también ha elaborado una serie de recomendaciones y han tomado medidas para prevenir la propagación del Covid-19. Sus colegiados pueden ver el comunicado aquí.
Algunas de las medidas adoptadas por el ICATF son la suspensión de actos, clases del Curso de Acceso y Especialización del Turno de Oficio y la atención vía telefónica, entre otras.
COLEGIO DE LORCA
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Lorca ha tomado medidas como la suspensión de vistas y plazos procesales, el cierre de la sede colegial, donde sus empleados trabajarán a puerta cerrada. También desde el Colegio han instado a las autoridades responsables a que adpoten las medidas necesarias para quienes ejerzan tareas de guardia en el Turno de Oficio, han suspendido el máster y todos los cursos de formación y han acordado la suspensión del préstamo de togas, entre otras medidas que pueden consultarse aquí.
COLEGIO DE CARTAGENA
El Colegio de Cartagena ha tomado una serie de medidas para contener la propagación del virus, pueden consultarse aquí.
COLEGIO DE VIC
Desde el Colegio de Abogados de Vic dadas las últimas noticias con respecto a la propagación de la enfermedad del Covidien-19, y respecto a las que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se han realizado diferentes acciones en defensa y protección de la salud de sus colegiados y se han adherido al comunicado del Consejo de la Abogacía Catalana
Solicitud de suspensión de los actos judiciales en el partido judicial de Vic
Circular informativa dirigida a los colegiados
Comunicación sobre protocolo a seguir en las dependencias Judiciales MÁS INFORMACIÓN
COLEGIO DE ÁVILA
La Junta de Gobierno del Colegio de Ávila ha publicado una serie de medidas como la suspensión en el servicio de préstamo de togas, la suspensión de todas las actividades formativas, medidas relativas a la suspensión del Servicio de Orientación Jurídica y otras muchas que pueden consultarse aquí.
El decano del Colegio de Abogados de Jaén, Javier Pulido, ha mandado a los colegiados un mensaje de tranquilidad y serenidad en este contexto ocasionado por la crisis del coronavirus (Covid-19), que está afectando a toda la sociedad. En este sentido, Pulido, se ha dirigido en un vídeo al colectivo de la Abogacía en la provincia y les ha informado de las gestiones realizadas desde su toma de posesión, el pasado viernes 13 de marzo.
“En relación a la asistencia al detenido no va a ser necesario desplazarse a ningún centro de detención. He hablado con los responsables de la Policía y la Guardia Civil y se va a poder practicar la asistencia mediante vía telefónica”, ha expuesto.
CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS (CADECA)
La Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha decidido, entre otras medidas:
Respaldar las decisiones de las Juntas de Gobierno de los distintos Colegios de Abogados de Andalucía de suspender los actos colegiales y eventos formativos de cualquier índole, así como las medidas de prevención que se hayan adoptado o puedan adoptarse en los próximos días, incluida la exención en el uso de togas. En este sentido, este Consejo Andaluz ha decidido suspender el Encuentro Andaluz sobre Violencia de Género que tenía previsto celebrar el próximo mes de abril en Huelva.
Dirigir comunicación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla
para que proceda a acordar o autorizar la suspensión de todos los juicios, vistas, comparecencias y declaraciones de los diferentes Juzgados y Tribunales de Andalucía, con excepción de las causas con presos o asistencia a detenidos.
Instar a las autoridades que adopten todas las medidas higiénico sanitarias necesarias
CONSEJO DE LA ABOGACÍA CATALANA
En relación a la declaración del estado de alarma decretado este sábado por el Gobierno español, a los decretos impulsados por el gobierno de la Generalitat y a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la pandemia del Covid-19, el Consell de l’Advocacia Catalana ha comunicado a la población en general que:
La abogacía garantiza las 24 horas del día la defensa y asistencia a toda persona detenida o privada de libertad por cualquier otra causa
Se sigue garantizando el derecho fundamental de defensa a toda persona y se exige que la administración facilite las medidas de protección necesarias para la prestación de este servicio fundamental
Se pide que, en caso de que no se pueda contar con mascarillas y guantes el servicio se preste telefónicamente desde la propia comisaría
La asistencia del letrado a la lectura de derechos y el acto de la declaración se llevará a cabo a través de manos libres y la visualización por cámara
También se garantiza la prestación del Servicio de Orientación Jurídica, si bien se realizará por medios digitales y/o telefónicos, al igual que el Servicio de Orientación a la Mediación
Los abogados del Consejo de la Abogacía de Castilla y León exigen la suspensión de señalamientos cuando alguno de los letrados se vea implicado en una situación de aislamiento por un posible caso de contagio – aunque todavía no se conozca el resultado del test de presencia vírica- , así como cuando alguno de los abogados involucrados en el proceso pertenezca a los grupos de riesgo: embarazadas, personas con enfermedades graves, insuficiencias cardíacas severas o diabetes, entre otras. Los colegios de abogados de Castilla y León han acordado distintas medidas para evitar la propagación del virus como la supresión del requisito de vestir toga en cualquier acto procesal. MÁS INFORMACIÓN
Los Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana afirman que el derecho de defensa letrada es un derecho fundamental que debe prestarse con total garantía tanto para los abogados y abogadas como para los defendidos
MEDIDAS DE OTROS COLEGIOS
COLEGIO DE A CORUÑA
COLEGIO DE ÁLAVA
COLEGIO DE ALCALÁ
COLEGIO DE ALZIRA
COLEGIO DE BURGOS
CONSEJO DE CASTILLA LA MANCHA
COLEGIO DE ESTELLA
COLEGIO DE FERROL
CONSELLO GALICIA
COLEGIOS DE GIRONA Y FIGUERES
COLEGIO DE GIPUZKOA
COLEGIO DE GRANOLLERS
COLEGIO DE JEREZ
COLEGIO DE LANZAROTE
COLEGIO DE MANRESA
COLEGIO DE MATARÓ
COLEGIO DE ORIHUELA
COLEGIO DE PALENCIA
COLEGIO DE PAMPLONA
COLEGIO DE REUS
COLEGIO DE SABADELL
COLEGIO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA
COLEGIO DE SANT FELIÚ
COLEGIO DE SUECA
COLEGIO DE TARRAGONA
COLEGIO DE TERRASSA
COLEGIO DE TORTOSA
COLEGIO DE VIGO“
EXPANSIÓN: https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/03/17/5e6fa556468aeb0d308b45db.html
MARÍA LUISA BAUTISTA ABOGADOS: http://marialuisabautistaabogados.com/como-afecta-el-coronavirus-covid-19-a-la-tramitacion-judicial/
EL DERECHO: https://elderecho.com/medidas-adoptar-respecto-los-funcionarios-justicia-motivo-del-coronavirus
PODER JUDICIAL: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ–el-Ministerio-de-Justicia-y-la-Fiscalia-acuerdan-los-servicios-esenciales-en-la-Administracion-de-Justicia-durante-la-fase-de-contencion-de-la-pandemia-del-COVID-19
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA: https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/los-profesionales-de-la-abogacia-cubiertos-en-caso-de-incapacidad-temporal-por-el-coronavirus/
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 2: https://www.abogacia.es/actualidad/especial-coronavirus/
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 3: https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/estado-de-alarma-el-centro-de-estudios-juridicos-suspende-temporalmente-las-practicas-de-la-58a-promocion-de-la-carrera-fiscal/
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 4: https://www.abogacia.es/actualidad/opinion-y-analisis/medidas-de-ajuste-temporal-de-empleo-durante-el-estado-de-alarma-para-evitar-despidos/
CONSEJO GENRAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 5: https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/guia-practica-para-abogados-y-ultimas-novedades-normativas-sobre-el-estado-de-alarma/
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References: resolución 
in fine
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 37
 artículo 505
 Real Decreto