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Timestamp: 2019-06-17 17:46:51+00:00

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APÉNDICE - III
LEY 22192 - EJERCICIO DE LA ABOGACÍA
Sancionada y promulgada: 14-III-1980
B.O.: 24-III-1980
(En la Capital Federal, esta ley ha sido derogada por la 23187)
TÍTULO I - Ámbito de aplicación y requisitos
ARTÍCULO 1.- El ejercicio de la abogacía en cualquiera de sus formas en la Capital Federal, y asimismo, en el ámbito de la Justicia federal, se regirá por la presente ley.
Nota complementaria: Se ha suprimido Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en razón de su provincialización.
ARTÍCULO 2.- Para ejercer la abogacía se requiere:
TÍTULO II - Ejercicio de la abogacía
CAPÍTULO I - De la matrícula de abogados
ARTÍCULO 3.- La matrícula estará a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que reglamentará su organización y funcionamiento.
ARTÍCULO 4.- Para ser inscripto en la matrícula se requiere:
ARTÍCULO 5.- No podrán inscribirse en la matrícula:
b) Los incapaces absolutos y los inhabilitados judicialmente por las causales previstas en el artículo 152 bis del Código Civil;
ARTÍCULO 6.- En los casos del inciso d) del artículo anterior el solicitante podrá ser inscripto cuando hubieren transcurrido cinco (5) años desde el cumplimiento de la pena.
Trámite de la inscripción
ARTÍCULO 7.- El pedido de inscripción en la matrícula tramitará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que decidirá sobre su procedencia.
En la reglamentación prevista en el artículo 3º de esta ley podrá establecerse que el trámite de matriculación se sustanciará ante la cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias.
ARTÍCULO 8.- Cuando un abogado inscripto en la matrícula sea alcanzado por algunas de las inhabilidades establecidas en el artículo 5º de la presente ley, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo suspenderá provisionalmente mientras dure la inhabilidad.
ARTÍCULO 9.- Los jueces y registros nacionales deberán comunicar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación los hechos y resoluciones definitivas referentes a los abogados cuando se tratare de:
ARTÍCULO 10.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación publicará antes del 31 de marzo de cada año la nómina de abogados incorporados, sancionados, suspendidos y excluidos de la matrícula en el curso de año anterior, y cada tres (3) años publicará la nómina actualizada de los abogados matriculados.
ARTÍCULO 11.- La inscripción en la matrícula de abogados habilitará para el ejercicio de la procuración.
CAPÍTULO II - Derechos, deberes, prohibiciones e incompatibilidades
ARTÍCULO 12.- En el ejercicio de su profesión el abogado estará asimilado a los magistrados judiciales en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele.
ARTÍCULO 13.- Son derechos y funciones de los abogados:
ARTÍCULO 14.- Son deberes de los abogados, sin perjuicio de los que determinen las leyes especiales, los siguientes:
e) Informar, antes de tomar intervención o inmediatamente después si las circunstancias no le permiten hacerlo antes de su representación, patrocinio o defensa en juicio, al abogado que lo hubiere precedido en estos actos. El informe aludido no es necesario cuando el letrado anterior hubiera renunciado expresamente al patrocinio o mandato, o se le hubiera notificado su revocación;
ARTÍCULO 15.- Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales a los abogados les está prohibido:
a) Patrocinar, representar o defender, en forma simultánea o sucesiva, a personas que tengan intereses contrarios en una cuestión litigiosa, ya sea en proceso judicial o fuera del él, extendiéndose esta prohibición a los abogados integrantes de un mismo estudio;
c) Intervenir en procesos judiciales que tramiten ante el tribunal en que se hayan desempeñado como magistrados o funcionarios, antes de haber transcurrido dos (2) años desde que cesaron en el cargo. En tal supuesto, el tribunal, a pedido del profesional alcanzado por la prohibición, deberá remitir las actuaciones al que le sigue en orden de turno;
ARTÍCULO 16.- No pueden ejercer la profesión de abogados, por incompatibilidad:
b) Los gobernadores, vicegobernadores, ministros, secretarios y subsecretarios de las provincias, el fiscal de Estado, el asesor de gobierno, los miembros de las legislaturas provinciales y los abogados que ocupen cargos similares en el Territorio Nacional (hoy: provincia) de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
e) Los abogados que con motivo del cargo o función que desempeñen, no puedan ejercer la profesión por disposición de la ley o reglamento que los regulen.
En los casos de este artículo los abogados deberán informar la incompatibilidad a la Corte Suprema de Justicia de la Nación dentro de los treinta (30) días de haber asumido el cargo o de la entrada en vigencia de la norma que les impida ejercer la profesión.
CAPÍTULO III - Sanciones disciplinarias
ARTÍCULO 17.- Las sanciones disciplinarias que podrá aplicar el Tribunal de Ética Forense por las infracciones a las normas establecidas por esta ley, serán las siguientes:
b) Multa de hasta $a 200.236 (acordada 2/85, CSJN);
ARTÍCULO 18.- Serán sancionados con apercibimiento o multa los abogados que infrinjan las normas establecidas por los artículos 14, 15 y 16 de esta ley, salvo que por la gravedad de la infracción o los antecedentes del infractor corresponda aplicar las sanciones de suspensión o cancelación de la matrícula.
ARTÍCULO 19.- Serán suspendidos los abogados que:
b) Hayan sido condenados por la comisión de un delito que afecte el decoro, dignidad y probidad profesionales, salvo que por la gravedad del hecho el Tribunal de Ética Forense considere que corresponde aplicar la sanción prevista en el artículo 20 de la presente ley;
c) Ejecuten algún acto que, a criterio del Tribunal de Ética Forense, afecte gravemente el decoro, dignidad y probidad profesionales.
ARTÍCULO 20.- Será cancelada la matrícula de los abogados que:
c) Hayan sido condenados por la comisión de un delito que a criterio del Tribunal de Ética Forense, afecte gravemente el decoro, dignidad y probidad profesionales.
ARTÍCULO 21.- El abogado cuya matrícula hubiere sido cancelada podrá solicitar la reinscripción una vez transcurridos cinco (5) años desde la fecha de la sanción o del cumplimiento de la condena penal si ésta fuere mayor, y siempre que no se hallare comprendido en alguno de los casos previstos en el artículo 5º de esta ley.
La reinscripción que podrá ser acordada una sola vez, tramitará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resolverá sobre su procedencia teniendo en cuenta los antecedentes del caso.
TÍTULO III - Tribunal de Ética Forense
ARTÍCULO 22.- Será competencia del Tribunal de Ética Forense el juzgamiento de la conducta de los abogados inscriptos en la matrícula y la aplicación de las sanciones correspondientes, aun cuando el abogado se encuentre sometido a juzgamiento por un tribunal judicial o a la potestad disciplinaria del juez de la causa en cuya tramitación se produjeron los hechos.
ARTÍCULO 23.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación reglamentará el funcionamiento del Tribunal de Ética Forense.
ARTÍCULO 24.- (Inaplicable por acordada 4/84 de la CSJN). El Tribunal de Ética Forense en la Capital Federal estará compuesto por nueve (9) miembros designados anualmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre los integrantes de la lista de abogados inscriptos en la matrícula, con no menos de veinte (20) años de ejercicio de la profesión.
ARTÍCULO 25.- (Texto según ley 22.340). Si el hecho que motiva el sometimiento del abogado al Tribunal de Ética Forense se produjere fuera de la Capital Federal y estuviere vinculado con el ejercicio profesional en el ámbito de la Justicia federal, será juzgado por el Tribunal de Ética Forense del distrito correspondiente.
Las cámaras federales de apelaciones con asiento de las provincias designarán anualmente de su lista de conjueces a los tres (3) miembros que integrarán el respectivo Tribunal de Ética Forense.
Quedan excluidos de la competencia atribuida a los tribunales de ética forense cuyos miembros son designados por las cámaras federales, los distritos judiciales en los que las leyes provinciales dispongan el sometimiento obligatorio de los abogados a la jurisdicción de tribunales de ética o disciplinarios locales.
ARTÍCULO 26.- Los miembros del Tribunal de Ética Forense durarán un (1) año en sus funciones pero continuarán en el ejercicio de éstas para la decisión de las causas que estuvieran en trámite al finalizar el período para el que fueron designados.
ARTÍCULO 27.- Los miembros del Tribunal de Ética Forense podrán ser recusados y deberán excusarse por las causales establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En los casos de recusación o excusación de los miembros de Tribunal de Ética Forense, la Corte Suprema de Justicia de la Nación o las cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias los reemplazarán con otros integrantes de la lista de abogados o conjueces, según corresponda.
ARTÍCULO 28.- Las causas de competencia del Tribunal de Ética Forense se iniciarán por:
ARTÍCULO 29.- Iniciada la causa el Tribunal de Ética Forense, previa citación al abogado de cuya conducta se tratare, designará a uno de sus miembros para la investigación, el que podrá disponer la comparecencia de testigos, inspecciones, el libramiento de exhortos y oficios, requerir el auxilio de la fuerza pública y realizar todas las demás diligencias instructorias que considere conducentes.
ARTÍCULO 30.- Dentro de los sesenta (60) días de iniciada la causa, el Tribunal de Ética Forense resolverá si corresponde su prosecución.
ARTÍCULO 31.- Si el Tribunal de Ética Forense resuelve que no corresponde la prosecución de la causa dispondrá su archivo y podrá aplicar al denunciante una multa de $a 20.024 a $a 200.236 (acordada 2/85, CSJN). De lo contrario correrá vista de las actuaciones al denunciante por diez (10) días para que fundamente su petición y ofrezca pruebas.
El Tribunal de Ética Forense dispondrá la prosecución de las actuaciones de oficio cuando el denunciante desista de su presentación y omita fundamentarla.
De la denuncia y pruebas ofrecidas o de la resolución del Tribunal de Ética Forense disponiendo la prosecución de las actuaciones de oficio, se correrá vista al denunciante por diez (10) días para que fundamente su defensa y ofrezca prueba.
ARTÍCULO 32.- Las causas tramitarán conforme al procedimiento establecidos por el Libro I, Título IV, Capítulo I del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y las disposiciones de este último serán de aplicación supletoria.
El Tribunal de Ética Forense, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, podrá ejercer las facultades ordenatorias e instructorias establecidas por el artículo 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y ampliar el número de testigos previsto en el artículo 183 del citado cuerpo legal.
ARTÍCULO 33.- Producida la prueba o vencido el término para su producción se correrá traslado de las actuaciones al denunciante y al denunciado por cinco (5) días para que presente un escrito alegando sobre el mérito de la prueba.
Presentados los alegatos o vencido el término para su presentación el Tribunal de Ética Forense dictará resolución dentro de los treinta (30) días.
ARTÍCULO 34.- Solamente serán apelables las resoluciones que dispongan la aplicación de sanciones disciplinarias y la multa establecida por el artículo 31 de la presente ley.
ARTÍCULO 35.- Las acciones disciplinarias emergentes de esta ley prescribirán a los tres (3) años de producido el hecho en que se funde su ejercicio o de dictada sentencia firme en sede penal.
TÍTULO IV - Disposiciones generales y complementarias
ARTÍCULO 36.- El cobro de las multas que aplique el Tribunal de Ética Forense se sustanciará por el procedimiento de la ejecución fiscal. Será título suficiente el testimonio de la resolución definitiva.
ARTÍCULO 37.- Los fondos que se recauden con motivo de la aplicación de las multas establecidas en la presente ley ingresarán a la cuenta creada por el artículo 19 de la ley 21.859.
ARTÍCULO 38.- Los montos de las multas establecidas en esta ley serán actualizados anualmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con arreglo al índice oficial de los precios al por mayor nivel general.
39.- Dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de esta ley será transferida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la matrícula de abogados que tiene a su cargo la Cámara Nacional de Apelación en lo Civil.
Regulación de la matrícula
ARTÍCULO 40.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinará el plazo dentro del cual los abogados matriculados deberán gestionar su inscripción en la matrícula creada por esta ley, para lo cual no se requerirá el cumplimiento de los recaudos exigidos por los incisos b) y d) del artículo 4º.
ARTÍCULO 41.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se imputarán a la cuenta creada por el artículo 19 de la ley 21.859.
ARTÍCULO 42.- Deróganse las leyes 19.649, 19.768 y 20.009.
ARTÍCULO 43.- La presente ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación.

References: ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5
 artículo 152

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7
 artículo 3

ARTÍCULO 8
 artículo 5

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19
 artículo 20

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21
 artículo 5

ARTÍCULO 22

ARTÍCULO 23

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 25

ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 27

ARTÍCULO 28

ARTÍCULO 29

ARTÍCULO 30

ARTÍCULO 31
 resolución 

ARTÍCULO 32
 artículo 36
 artículo 183

ARTÍCULO 33
 resolución 

ARTÍCULO 34
 artículo 31

ARTÍCULO 35

ARTÍCULO 36
 resolución 

ARTÍCULO 37
 artículo 19

ARTÍCULO 38

ARTÍCULO 40
 artículo 4

ARTÍCULO 41
 artículo 19

ARTÍCULO 42

ARTÍCULO 43