Source: https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-14080
Timestamp: 2019-08-25 06:48:43+00:00

Document:
BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2002-14080
Documento consolidado BOE-A-2002-14080
«DOGC» núm. 3665, de 27/06/2002, «BOE» núm. 169, de 16/07/2002.
BOE-A-2002-14080
https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2002/06/14/12/con
Texto inicial publicado el 27/06/2002
El transporte por cable es un medio de transporte que se distingue de los demás por el sistema de tracción mediante un cable o más. Cataluña dispone actualmente de ciento cincuenta y unas instalaciones de transporte por cable que sirven para satisfacer necesidades de transporte de naturaleza diversa.
El capítulo II establece el régimen de las instalaciones que tienen la condición de servicio público, que son las destinadas a satisfacer las necesidades de desplazamiento de las personas y, en consecuencia, prestan el servicio de forma continuada, así como un procedimiento general y otro específico para las instalaciones de transporte por cable urbano de titularidad de un ayuntamiento. En la regulación del procedimiento general a seguir en relación con estas instalaciones se ha previsto, previamente a la aprobación del proyecto, los trámites de información pública y de informe de los órganos o entes afectados, de evaluación de impacto ambiental y dictamen de la Comisión Consultiva del Transporte por Cable. Asimismo, se prevé que la construcción y la explotación puedan ser realizadas por la propia Administración, o bien que la construcción y la explotación o solo la explotación se puedan encargar a una persona natural o jurídica. Finalmente, se prevén las causas de extinción. Con relación a las instalaciones de servicio público y titularidad municipal, se han fijado los rasgos básicos que ha de contener el procedimiento que se establezca por reglamento.
a) Garantizar el más alto nivel de seguridad y de accesibilidad de las instalaciones de transporte por cable.
1. El proyecto de construcción a que hace referencia el artículo 5 ha de delimitar una zona de influencia de la instalación, para garantizar la seguridad de los usuarios y de terceras personas.
Se modifica el apartado 2.a) por el art. 159 de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-547.
Texto original, publicado el 27/06/2002, en vigor a partir del 28/07/2002.
1. Las personas físicas o jurídicas explotadoras de una instalación de transporte por cable han de tener a disposición de los usuarios libros u hojas de reclamaciones, para que puedan formular cualquier reclamación sobre la instalación o el servicio de transporte, y han de exhibir un rótulo visible para los usuarios de la instalación que lo ponga en conocimiento de estos. Los modelos de las reclamaciones y el procedimiento para tramitarlas han de determinarse por reglamento.
1. Durante el procedimiento para la aprobación del proyecto a que se refiere el artículo 14 deben realizarse los estudios técnicos necesarios y abrirse un periodo de información pública, por el plazo de un mes.
2. Simultáneamente al periodo de información pública a que se refiere el apartado 1, el proyecto ha de someterse al informe de los entes locales competentes en el ámbito territorial en el que se proyecta construir la instalación, del órgano competente en materia de protección civil en relación con el plan para situaciones de emergencia y de las demás entidades o administraciones públicas que puedan estar afectadas por la instalación. Si en el plazo de un mes no se han recibido los informes solicitados, puede continuarse la tramitación del procedimiento.
3. Los terrenos de propiedad privada afectados por el trazado de una instalación de transporte público por cable considerada de servicio público que no hayan de ser expropiados quedan sujetos a una servidumbre legal de construcción y conservación de la instalación y de salvamento de personas. La extensión de la zona que ha de soportar la servidumbre ha de ser solo la imprescindible, considerando la naturaleza de la instalación y la configuración de los terrenos. Los propietarios de los terrenos afectados por la servidumbre tienen derecho a ser indemnizados por los titulares de la explotación de la instalación por los daños que les puedan ocasionar.
a) Construcción y explotación a cargo de la Administración.
b) Construcción a cargo de la Administración y explotación a cargo de una persona física o jurídica.
c) Construcción y explotación a cargo de una persona física o jurídica.
2. Se considera que la construcción y la explotación van a cargo de la Administración si se efectúan mediante una entidad de derecho público creada con esta finalidad o si se atribuyen a una sociedad de derecho privado en cuyo capital sea exclusiva la participación de la Administración o de un ente público que dependa de esta.
1. Los contratos, tanto si son de construcción y explotación como si son solo de explotación, de las instalaciones de transporte público por cable consideradas de servicio público han de fijar las condiciones que rigen la contratación y los derechos y las obligaciones de las partes, de acuerdo con lo que se determine por reglamento, y han de adecuarse, en cualquier caso, a lo que establece la legislación sobre contratación administrativa aplicable a la Generalidad.
b) La declaración de quiebra, la suspensión de pagos, el concurso de acreedores por insolvencia fallida en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.
d) La falta de prestación por los contratistas de la garantía definitiva o de las garantías especiales o complementarias o la falta de formalización del contrato.
e) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales.
f) Las demás causas que se determinen por reglamento, de acuerdo con la legislación sobre contratación administrativa aplicable a la Generalidad, y las que establezca el contrato.
a) La memoria justificativa del interés y la conveniencia de la instalación.
b) El proyecto de construcción de la instalación, redactado por un facultativo o facultativa competente y visado por el colegio profesional que corresponda, que debe incluir un análisis de seguridad y el informe de seguridad correspondiente, de acuerdo con lo que establece la normativa dictada por las instituciones de la Unión Europea y las demás normas que sean de aplicación.
d) La memoria explicativa sobre la adecuación de la instalación a las determinaciones urbanísticas vigentes en el municipio, que debe incluir los planos de los terrenos afectados y los títulos de disponibilidad.
e) Las tarifas que se proponen para el uso de la instalación, salvo que el precio incluya, además del servicio de transporte por cable, otras prestaciones complementarias.
f) La declaración de impacto ambiental, si esta ya se ha formulado en relación con la instalación que se proyecta construir, o, de lo contrario, un estudio de impacto ambiental o un certificado del órgano competente en materia de medio ambiente que acredite que no es procedente someter la instalación de que se trate al trámite de evaluación de impacto ambiental, en cuyo caso ha de aportarse una memoria sobre los efectos que puede tener en el medio ambiente y las medidas específicas de protección.
g) Los justificantes de no tener deuda alguna con la Generalidad y de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y de la seguridad social.
h) Cualquier otro documento que se determine por reglamento.
2. En caso de ser exigible la presentación del estudio de impacto ambiental, de acuerdo con lo que prescribe la letra f del artículo 27, ha de remitirse al órgano competente en materia de medio ambiente para que formule la declaración de impacto ambiental y no puede otorgarse la autorización hasta que no se resuelva este trámite con carácter favorable.
Instalaciones de transporte privado
a) Los departamentos que tengan competencias relativas a las instalaciones de transporte por cable.
i) Otras entidades que puedan tener un interés legítimo en las instalaciones de transporte por cable, de acuerdo con lo que se determine por reglamento.
Inspección y control de las instalaciones
a) Prestar el servicio de transporte sin disponer del título habilitante preceptivo.
b) Prestar el servicio de transporte en condiciones que puedan afectar la seguridad de las personas, en la medida en que comporten un peligro grave y directo, y, especialmente:
e) Reincidir en cualquiera de las infracciones graves, si no ha concluido el plazo de prescripción de la infracción anterior.
a) No cumplir las condiciones esenciales del título habilitante, salvo que haya de calificarse como infracción muy grave, de acuerdo con lo que establece el artículo 39.b), considerando esenciales las condiciones que configuran la naturaleza del servicio y el mantenimiento de los requisitos exigidos para autorizarlo, y, en cualquier caso, las que consten expresamente en el pliego de condiciones del título habilitante.
b) No haber efectuado las revisiones obligatorias, salvo que, de acuerdo con lo que establece el artículo 39.b), haya de calificarse como infracción muy grave.
e) Negarse a la actuación de los servicios de inspección, u obstruirla, salvo que, de acuerdo con lo que establece el artículo 39.c), haya de calificarse como infracción muy grave.
f) No cumplir la obligación de comunicar al departamento competente las averías o los incidentes en la instalación o los daños causados a los usuarios o a terceras personas, de acuerdo con lo que se establezca por las normas reglamentarias.
b) No tener en un lugar visible de la instalación el rótulo identificativo que prescribe el artículo 4.2.
c) No tener a disposición de los usuarios las normas de utilización de la instalación.
d) No tener al corriente los libros, los registros o las estadísticas de carácter obligatorio, de acuerdo con lo que determinan las normas aplicables.
a) A los titulares de las instalaciones, en el caso de instalaciones que dispongan del título habilitante preceptivo.
c) A los usuarios de las instalaciones, en el caso de las infracciones tipificadas por el artículo 41.a).
1. Una vez incoado un expediente sancionador en virtud de la presente Ley, el director o directora general competente en materia de transportes puede adoptar, mediante resolución motivada, a propuesta del instructor o instructora del expediente, las medidas provisionales que sean precisas para asegurar la eficacia de la resolución que pueda dictarse, para preservar los intereses generales o para evitar la continuidad de los efectos de la infracción.
2. Las medidas provisionales a que se refiere el apartado 1 pueden consistir, en el supuesto de las infracciones tipificadas por las letras a) y b) del artículo 39, en la clausura de la instalación, caso en el que hay que adoptar las medidas necesarias para que los usuarios sufran la menor perturbación posible.
Los procedimientos para el otorgamiento de la concesión administrativa a instalaciones de transporte público por cable que se hayan iniciado antes de la entrada en vigor de la presente Ley han de someterse al régimen jurídico que esta determina, y ha de continuar en todo caso la tramitación del título habilitante que corresponda.
1. Se faculta al Gobierno y al consejero o consejera competente en materia de transportes para que adopten las disposiciones necesarias para desarrollar y aplicar la presente Ley.
Palacio de la Generalidad, 14 de junio de 2002.

References: artículo 5
 artículo 14
 artículo 27
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 4
 artículo 41
 resolución 
 resolución 
 artículo 39