Source: https://es.scribd.com/doc/75287450/el-control-de-convencionalidad-en-mexico
Timestamp: 2016-02-06 18:45:24+00:00

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ya que en una sentencia surgen y luego se van complementando o perfeccionando en posteriores o subsecuentes fallos que admiten o implican reiterar esos criterios. Todo Estado Parte puede. 5 (Derecho a la Integridad Personal). Una peculiaridad es que los criterios. en cuanto sus normas tutelan intereses de carácter público o general. La obligatoriedad de las normas sobre derechos humanos. 4 (Derecho a la Vida). 12 (Libertad de Conciencia y de Religión). 17 (Protección a la Familia). 4
En el artículo 27. el cual puede ser sustituido o excluido por la voluntad de los sujetos a los que se dirige.htm 2. Por tanto para entender adecuada y contextualmente los fallos dictados en los casos Castañeda y Radilla.II. que se aprecia también en fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). amplían y perfeccionan. 19 (Derechos del Niño). 18 (Derecho al Nombre). por contraposición al Derecho dispositivo o supletivo.biz14. declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial. y 23 (Derechos Políticos). incluyendo el derecho a la legalidad y a garantías judiciales. se requiere apreciar otros anteriores donde se fueron gestando paulatinamente criterios que luego se reiteran. en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención. El artículo 62 de la CADH establece tanto la facultad interpretativa de la Corte IDH respecto a la Convención como la obligatoriedad y vinculatoriedad de su jurisprudencia en los términos siguientes: Artículo 62 1. tiene su fundamento en el principio de ius cogens. 5 4
. al versar sobre la protección esencial de las personas. Marco regulatorio La jurisprudencia de la Corte IDH es la interpretación original y natural de la CADH. 20 (Derecho a la Nacionalidad).enciclopedia-juridica. 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre). o en cualquier momento posterior. es lo peculiar del derecho pretoriano de esta época. Con esta expresión se designa al Derecho impositivo o taxativo que no puede ser excluido por la voluntad de los obligados a cumplirlo. usualmente. ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.2 5 de la CADH se prevé un bloque o núcleo duro de protección constitucional. se desarrollan de manera secuencial o por capas. 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad). la http://www. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica). El Derecho impositivo o ius cogens se debe observar necesariamente.com/d/ius-cogens/ius-cogens.
3. but the Constitution is what the judges say it is”. Interamericano y Africano) operan en dos planos distintos de manera simultánea: por un lado. En el caso Almonacid Arellano y otros contra Chile. http://www. En esta tarea. 2. por ello. ora por convención especial. resuelven controversias concretas sobre derechos y libertades. sus jueces. Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización. 7 Por analogía podemos señalar que la CADH dice. y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. Retomando la frase célebre –en una paráfrasis– del justice 6 Warren. siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana.worldofquotes. quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados Miembros de la Organización y al Secretario de la Corte. la propia Corte IDH ha dicho que: 124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y. Ferrer y Silva (2009: 15) comentan en relación con el caso Castañeda lo siguiente: Ahora bien. el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado. ora por declaración especial. el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. como se indica en los incisos anteriores. En otras palabras. lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin.com/topic/Constitution/index. La Constitución es o dice lo que los jueces o la Corte dicen que la Constitución es o dice. están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. por un plazo determinado o para casos específicos. o bajo condición de reciprocidad.competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. los tribunales regionales sobre derechos humanos (Europeo. intérprete última de la Convención Americana. lo que la Corte IDH dice que dice. La declaración puede ser hecha incondicionalmente. principalmente 6 7
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América. también están sometidos a ella. Esta idea fue expuesta originalmente por el justice Hughes quien dijo: “we are under a Constitution. sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido. como parte del aparato del Estado.html 4
ratio decidendi. en la definición de los niveles y del contenido concreto de los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales respectivos. conceptos que la Corte IDH ha desarrollado en diferentes fallos. o jueces entendidos: Fondo y valores. • Ejecución y eficacia de lo decidido. el derecho a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución. armas iguales. derivando en las razones siguientes: Asimismo. el derecho a la tutela judicial efectiva implica. por otro lado. el derecho de acceso a la jurisdicción.entre individuos y Estados miembros. en tercer lugar. Amparo en revisión 139/2010 interpuesto por Autoensambles y Logística. sociedad anónima de capital variable. contradictorio. por ende resultan así incluidos los principios y aspectos siguientes: • Acceso sin restricciones a la jurisdicción: o Todo derecho o interés legítimo puede ser planteado. resuelto el primero de julio de 2010 por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. • Resolución de fondo conforme a Derecho: o Motivación congruente y razonable. establecen criterios generales de validez que deben respetar dichos sujetos. • Recursos y Medidas cautelares (Tutela cautelar efectiva). por tanto excluye laberintos o formalismos enervantes. el derecho a que en tal proceso se sigan las formalidades esenciales a fin de no dejar al justiciable en estado de indefensión y. Estas ideas han sido recogidas por la jurisprudencia mexicana en un caso donde se enjuician prácticas del TFJFA al aplicar la LFPCA 8 . es decir. • Formalidades esenciales del procedimiento: o No indefensión. Inspirados en estas ideas. o Pro actione. 8
. en un segundo momento. en primer término. dando con ello inicio a la función de los órganos jurisdiccionales. Tutela judicial efectiva Los artículos 8 y 25 de la CADH prevén el principio de tutela judicial y acceso a la justicia. algunos sectores de la doctrina consideran incorporados el derecho a interponer recursos y la tutela cautelar efectiva. a que el gobernado pueda ser parte en un proceso judicial.
al interpretar los requisitos procesales legalmente previstos.En efecto. el principio effet utile. siendo suficiente el conocimiento de los hechos básicos para determinar el derecho aplicable al caso. resolver los conflictos que les plantearen las partes de manera integral y completa. excluyendo cualquier interpretación o aplicación del derecho que anule o prive de eficacia de los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. en el artículo 50 de la ley en cita 9 se recogen los principios pro actione y de tutela judicial efectiva. Efectivamente. deben entenderse y aplicarse las normas de la manera más idónea para facilitar la solución de conflictos y el acceso a tribunales en aras de otorgar tutela judicial efectiva donde se apliquen los principios pro actione. implica excluir cualquier interpretación que anule o prive de eficacia a algún precepto constitucional. effet utile y iura novit curia. Entendiendo que la CADH es derecho nacional de jerarquía inmediatamente inferior a la Constitución. del cual se desprende que es obligación de las Salas que integran el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por su parte. además de que ésta no debe hacerse en función de la intención de las partes. sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables u ociosas que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. es utilizado en derecho para referirse al principio de derecho procesal según el cual el juez conoce el derecho aplicable y. 6
. Finalmente. aunado al criterio que los derechos fundamentales previstos en el Pacto se entienden como una ampliación o complementación de los previstos en la Carta Magna. previstos en el artículo 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. resulta que el cuadro de principios que rigen la función jurisdiccional es el siguiente: 9
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. por tanto. también conocido como principio de efectividad. Así. exige que los órganos judiciales. que significa literalmente “el juez conoce el derecho". el principio pro actione. “Pacto de San José de Costa Rica”. sino a partir de la necesidad de producir un efecto útil en el momento de su aplicación. no es necesario que las partes prueben en un litigio lo que dicen las normas. tengan presente la ratio de la norma con el fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no razonables de las normas procesales impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. el principio iura novit curia.
Año 7. Pacto de San José. 109‐128. Procurar la formación y actualización de funcionarios 12 Reducir y aprovechar la curva de aprendizaje 13 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. N° 2. creado por las cortes internacionales. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. profesionalismo. Naciones Unidas. ISSN 0718‐0195. no laberintos o formalismos enervantes (25 CADH) Empleo adecuado de recursos con resultados de calidad (17) Completa. solución real de problemas (17) Tutela judicial efectiva y Effet utile (17 y 25 CADH) Decisiones de fondo sobre conflicto (14-3) Principios Eficacia Cumplimiento o acatamiento de fallos (17-6 y 25 CADH) Tutela cautelar (107-X) Excelencia. Armas iguales (14) Debido proceso legal Legalidad formal y material (14 y 16) Contradictorio y audiencia previa (14 y 20) Publicidad de procesos (20)
Control de convencionalidad Comenta Hitters 14 que el control de convencionalidad 15 es una institución o mecanismo depurativo. pp. con el fin de que tribunales nacionales Convención Americana sobre Derechos Humanos. independencia (100-7) Inamovilidad y carrera judicial 11 para aprovechar experiencia 12 Evitar influencias ilegítimas (17 y 8 CADH) Imparcialidad Alegaciones con ambas partes (20-A-VI) No interferencias al tomar decisiones (14 PIDCP 13 ) No indefensión. Gratuita (17) Acceso Expedita (17) Pro actione (25 CADH 10 ) Trámites sencillos y próximos (25 CADH) Prontitud. objetividad. 2009. Universidad de Talca. “Control de constitucionalidad y control de 11 10
. tiempos breves (17 y 8 CADH) Eficiencia Economía procesal. respuestas rápidas. 14 Estudios Constitucionales.
mutatis mutandi. Juan Carlos Hitters. pues deben tratar de suprimir.evalúen y comparen el derecho local con el supranacional para velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales. voto concurrente razonado del Juez Sergio García Ramírez. (Criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos). como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C. Lo anterior adquiere relevancia para aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales. como órganos de cierre del sistema de “Amparo Transnacional”. No. como en este caso México. Es análogo. 18 convencionalidad.074 / Tesis aislada / Materia(s):Común / Novena Época / Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta / Tomo: XXXI. prácticas que tiendan a denegar o delimitar el derecho de acceso a la justicia. Registro: 165. el ius cogens y la vinculatoriedad de la jurisprudencia de órganos como la Corte IDH. Su fundamento es la jerarquía de los tratados. 16 El objetivo es que tribunales nacionales garanticen la eficacia de los instrumentos internacionales y sólo por excepción deban actuar las cortes internacionales.4o. Sólo cuando en sede nacional se violentan los instrumentos supranacionales. de manera supletoria o subsidiaria y complementaria. ejerciendo un control ex officio. lo que obviamente significa una comparación entre las convenciones sobre derechos humanos y las disposiciones del derecho interno de las naciones adheridas al modelo. ha ratificado un tratado internacional. A FIN DE VERIFICAR QUE LA LEGISLACIÓN INTERNA NO CONTRAVENGA EL OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. tomando en cuenta para ello no sólo el tratado.A. es que las cortes internacionales. Comparación. deben velar porque las disposiciones ahí contenidas no se vean mermadas o limitadas por disposiciones internas que contraríen su objeto y fin. 17 En este sentido Ferrer y Silva (2009: 15) 18 No. DEBE SER EJERCIDO POR LOS JUECES DEL ESTADO MEXICANO EN LOS ASUNTOS SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN. entre las normas internas y la CADH. Guatemala. en todo momento. 17 La recepción que este principio ha tenido en la jurisprudencia mexicana se aprecia del contenido de las tesis siguientes: CONTROL DE CONVENCIONALIDAD.91 K / Página: 2927 8
. por lo que se debe ejercer un "control de convencionalidad" entre las normas de derecho interno y la propia convención. sus Jueces. 16 deben declarar que se violó la norma supranacional y condenar a reparar y restituir. 15 La Corte IDH a partir del Caso Myrna Mack Chang Vs. ha usado la connotación de “Control de Convencionalidad”.‐ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios en el sentido de que. como parte del aparato estatal. al control de constitucionalidad. cuando un Estado. sino también la interpretación que de él se ha realizado. 101. Marzo de 2010 / Tesis: I.
haciendo una ‘comparación’ entre el derecho local y el supranacional. que la inspección de ‘compatibilidad’ con la convención se efectúe sobre todo el material normativo del país. lo que implica. 19 Hitters (2009: 123‐124) en las conclusiones de su artículo.1o. ver si tales decisorios se acomodan con las convenciones internacionales ratificadas por la Argentina (arts. porque éste implica acatar y aplicar en su ámbito competencial. Aunque la terminología aludida.‐ Tratándose de los derechos humanos. los tribunales del Estado mexicano como no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales. 1. Registro: 164. sea que surja de los tratados. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO. del ius cogens o de la jurisprudencia de la Corte IDH. y luego esa tarea debe ser ejercida por el Tribunal regional si es que el caso llega a sus estrados. incluyendo las legislativas. administrativas y de cualquier otro carácter. con mucho acierto. a fin de velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales. convenciones o acuerdos celebrados por México.47 K / Página: 1932 19
. esto es ‘control de convencionalidad’ ha sido utilizada en los últimos tiempos a partir de los asuntos que ya hemos citado. Mayo de 2010 / Tesis: XI. medidas de cualquier orden para asegurar el respeto de los derechos y garantías. No será ocioso repetir que el Tribunal Interamericano desde siempre viene haciendo esta revisión. Con respecto al contralor de marras la Corte del Pacto de San José hace referencia a las reglas legislativas. a través de políticas y leyes que los garanticen. pactos. Ha establecido ese cuerpo que los pronunciamientos locales tienen que ser acatados y sólo en circunstancias excepcionales puede la Corte IDH ocuparse de examinar los respectivos procesos internos habida cuenta que ella no No.CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. Lo cierto es que los organismos judiciales internos antes que nada –y esto es obvio– deben cumplir una inspección de constitucionalidad. los tratados o convenciones internacionales conforme a la jurisprudencia emitida por cualesquiera de los tribunales internacionales que realicen la interpretación de los tratados. como vimos. para evitar que en sus fallos se infrinja la carta suprema del país y en paralelo. primero por los cuerpos judiciales domésticos.611 / Tesis aislada / Materia(s):Común / Novena Época / Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta / Tomo: XXXI. lo cual obliga a ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales. sino también la Constitución.1 y 2 CAHD). lo que se ha dado en llamar en los últimos tiempos ‘control de convencionalidad’ mecanismo que debe ser llevado a cabo. aporta como colofón de lo expuesto lo siguiente: Hemos tratado de esbozar en forma sintética.T.A.
Sentencia de 28 de noviembre de 2003. 291 La Corte ha señalado que el artículo 25. supra nota 40. un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales 20 . Corte IDH: Caso Radilla En el caso citado. Caso Velásquez Rodríguez Vs. el involucramiento de autoridades militares y que. Caso Herrera Ulloa Vs. 91. párr. 72. a la postre. 104. En la sentencia respectiva. 145. Costa Rica. pero cuando el Estado ha ratificado un tratado como el Pacto de San José ‘sus jueces’ como parte del aparato estatal. que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas 21 . la Corte ha señalado que los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes. párr. Reparaciones y Costas. supra nota 139. 107. 295 Al respecto. párr. Generalidades 290 Tanto la Comisión como los representantes de las presuntas víctimas alegaron que el artículo 25. párr. sin perjuicio de la postrera intervención de la Corte Interamericana. también están sometidos a él. Sentencia de 2 de julio de 2004. Caso Acevedo Buendía y otros Vs. Esta verificación de convencionalidad tiene un carácter difuso ya que cada uno de los magistrados locales puede y debe cumplir la tarea. y Caso Kawas Fernández Vs.1 de la Convención contempla la obligación de los Estados Partes de garantizar. Cfr.
. Fondo. Honduras. supra nota 24. la Corte IDH en diversos parágrafos. Honduras. Excepciones Preliminares. 79. lo que les obliga a velar para que sus efectos no sean mermados por la aplicación de normas jurídicas contrarios a su objeto y fin. Perú. elabora argumentos genéricos sobre el control de convencionalidad y otros específicos o de aplicación al caso concreto. supra nota 139. 110. párr. 21 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros. Serie C No. la Corte IDH estudió la desaparición del señor Radilla.1 de la Convención ha sido también vulnerado porque los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco no pudieron impugnar la remisión de la causa a la jurisdicción militar (supra párrs. a todas las personas bajo su jurisdicción. En ese aspecto ha sostenido que los jueces y tribunales domésticos están sujetos al imperio de la ley y obligados a aplicarla. Perú. párr. Competencia. 266 a 267). 69.lleva a cabo una tercera o cuarta instancia. fueron juzgados por tribunales militares en detrimento de la justicia común. Serie C No. y Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs.
de conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico 25 . 117. párr. lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. Brasil. y Caso Escher Vs. Chile. 23 Cfr. párr. Chile. La Corte ha reiterado que dicha obligación implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente 23 . 339 En relación con las prácticas judiciales. como parte del aparato del Estado. Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación. Caso Claude Reyes y otros Vs. párr. el Tribunal ha establecido que para que el Estado cumpla lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención. párr. párr. supra nota 64. Serie C No. 124. Brasil. evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. 151. supra nota 290. Brasil. párr. Excepción Preliminar. supra nota 51. no sólo la supresión o expedición de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana. Guatemala. 118. 83. la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. párr. 173. 131. 338 Para este Tribunal. 196.
. 139. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. y Caso La Cantuta Vs. 196. no basta con que los recursos existan formalmente. Reparaciones y Costas. En términos prácticos. contenidos en el artículo 8. Perú. 25 Cfr. párr. en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal. también están sometidos a ella. En consecuencia. Serie C No. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Caso Maritza Urrutia Vs. supra nota 64. 207. supra nota 51. párr. En otras palabras. 131. sus jueces. se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención 24 .296 En este sentido. que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. Caso Ximenes Lopez Vs. sino que es preciso que tengan efectividad en los términos de aquel precepto 22 . la interpretación del artículo 13 de la Constitución Política mexicana debe ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia. párr. el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana. Caso Claude Reyes y otros Vs. Sentencia de 30 de noviembre de 2005. y Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana. Chile. y Caso Escher Vs. 4. párr. 149. Fondo. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Fondo. por ello. Serie C No. En esta tarea. el Poder Judicial debe tener en cuenta 22 Cfr. este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y. Chile. Brasil. supra nota 19. 24 Cfr.1 de la Convención Americana y las normas pertinentes de la Constitución mexicana. Reparaciones y Costas. Caso Ximenes Lopes Vs. Sentencia de 4 de julio de 2006. Perú. supra nota 19. supra nota 54. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma.
Finalmente. 173.”. Serie C No. como lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación […]”. y Caso Boyce y otros Vs. Caso La Cantuta Vs.no solamente el tratado. que el control de convencionalidad. Amparo Directo Administrativo 1060/2008. que puede haber infracción al Pacto de Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Como se aprecia. al sostener la Corte IDH en el caso Suárez Rosero y posteriormente en Castillo Petruzzi entre otros. En una segunda etapa –como puntualiza Rey Cantor– se muestra un cierto cambio en la jurisprudencia aludida. Cfr. 169.. aún en abstracto. en la medida que le impone a cada juez. debe ejercerse no sólo cuando frente a violaciones concretas sino lo extiende a supuestos en abstracto e incluso a potenciales acosos... Empero últimamente el órgano aludido cambió de tornas destacando su potestad de controlar la convencionalidad de las normas locales. intérprete última de la Convención Americana 26 . quien abriendo una brecha en la sólida jurisprudencia precedente. 124. Barbados. dejó en claro que la infracción convencional se produce por el solo hecho de que la norma doméstica esté vigente (aunque no haya sido aplicada). sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. en el caso. Sentencia de 20 de noviembre de 2007.no me parece necesario esperar la ocurrencia de un daño. Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. 78. lo equipara al control difuso de constitucionalidad. abstenerse de prácticas o aplicación de leyes que vean mermado el efecto útil.. entre otros organismos. supra nota 19. añadiendo luego en el caso “El Amparo” que para que exista maltrato a la CADH “. Chile. la Corte IDH cuando se refiera al control de convencionalidad de oficio. incluso dejar de aplicar leyes vigentes pero que trastoquen la normativa supranacional.. párr. párr. objeto y fin de las disposiciones de la CADH y la interpretación que de ellas hace la propia Corte. sentencia de 2 de julio de 2009. En este sentido Hitters (2009: 118) dice: Conviene poner de resalto que en los primeros tiempos tal Tribunal Interamericano sostenía que era improcedente la revisión supranacional si el precepto atacado no había sido aplicado. Tal pauta fue criticada en estas últimas actuaciones por el entonces Juez Cançado Trindade en su Voto Disidente.
. supra nota 51. En tal decisión se estableció que: “los tribunales locales del Estado Mexicano no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales sino que quedan también obligados a aplicar la Constitución. párr. Excepción Preliminar. la Corte IDH parece consolidar su criterio. El Tribunal observa que el control de convencionalidad ya ha sido ejercido en el ámbito judicial interno de México. Reparaciones y Costas. lo cual los obliga a ejercer un control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales. La reparación ahora también toma el cariz de modificar leyes y prácticas judiciales y administrativas. los tratados o convenciones internacionales y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fondo. Perú.
Chile. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana. están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. de ejercer ante cualquier caso futuro.San José aun cuando el dispositivo normativo doméstico no haya sido aplicado en un asunto concreto. 298 En consecuencia. (Caso Almonacid Arellano y otros Vs. aplicación Las generalidades expuestas son el marco para que la Corte IDH. intérprete última de la Convención Americana. por ello. La tendencia apuntada parece verse consolidada en el caso Radilla donde la Corte IDH 27 anticipa y previene a los jueces. esta Corte ha establecido que “[s]egún el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno”. el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. también están sometidos a ella. En otras palabras. el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado. Específico. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. a la manera que el TEDH lo ha también establecido. el control de convencionalidad de oficio. el señor Rosendo Radilla Pacheco. a nivel interno. sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. luego se debe dejar a la Corte una intervención apenas subsidiaria. la participación de la víctima en procesos penales no está limitada a la mera reparación del daño sino. como parte del aparato del Estado. Ello implica necesariamente que. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y. a hacer efectivos sus derechos a conocer la verdad y a la justicia ante tribunales competentes. deben existir recursos adecuados y efectivos a través de los cuales la víctima esté en posibilidad de impugnar la competencia de las autoridades judiciales que eventualmente ejerzan jurisdicción sobre asuntos respecto de los cuales se considere que no tienen competencia. en el presente caso el recurso de amparo no fue efectivo para permitir a la señora Tita Radilla Martínez impugnar el conocimiento de la detención y posterior desaparición forzada de su padre. 125. y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. Siempre es importante partir del caso Almonacid Arellano donde se encomienda ya a los jueces locales ejercer el control de convencionalidad como intérpretes de la CADH y aplicadores de la jurisprudencia de la CIDH. sus jueces. válidamente. por la jurisdicción militar. como señaló anteriormente en esta Sentencia (supra párrs. lo cual constituye una violación del artículo 25. CIDH) 27
. 124. preponderantemente.1 de la Convención. 247 y 275). En esta tarea. pueda construir razonamientos particulares como son los siguientes: 297 La Corte resalta que. En esta misma línea de ideas. Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin.
org/biblioteca/pdf/3758. los cuales han sido reiterados en el presente caso (supra párrs. Argumentos de la sentencia. La necesidad de asegurar que este tipo de casos sean investigados ante las instancias competentes de conformidad con las obligaciones internacionales. En la decisión adoptada por el 4TCMA se pueden advertir claramente dos cuestiones diversas que dan origen a sendas líneas argumentativas: Cfr. puntos Resolutivos 7.oas.ohchr.doc.org/documents/S/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-66. en http://ap. Resolución sobre las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares. en society. puntos Resolutivos segundo a cuarto. 2003/38.311 Tal como ha sido formulada. 272 a 277).d y 5.ohchr.civilde junio de 2006. III. 2231 (XXXVI-O/06). Resolución sobre la cuestión de las desapariciones forzadas o involuntarias. 7. 340 De tal manera. 2005/66. reflejada en el claro y creciente interés de toda la sociedad y de todo Estado democrático de Derecho en fortalecer los mecanismos internacionales de protección en esta materia. aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 20 de abril de 2005. AG/RES. reconocido en el artículo IX de esta Convención. aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de marzo de 2005.pdf. en http://www2.c. en http://www.acnur. 2513 (XXXIXO/09).
.d. aprobada por la Comisión de Derechos Humanos el 23 de abril de 2003. la reserva al artículo IX de la CIDFP implica el desconocimiento del derecho humano al juez natural en la debida investigación y eventual sanción de los responsables de la comisión de desaparición forzada de personas. 59/200. Resolución sobre desapariciones Forzadas o Involuntarias. punto Resolutivo 4. es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México. 2004/40.doc.org/spanish/issues/disappear/docs/E-CN_4-RES-2003-38. puntos Resolutivos tercero y séptimo. A continuación se desglosan los argumentos que conformaron la decisión adoptada. Resolución sobre las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares.c y 7.org/General%20Assembly%20Resolutions/Sto%20Domingo/Esp/AG%20RES%202231%20spani sh. La Corte estima que el derecho al juez natural. aprobada por la Comisión de Derechos Humanos el 19 de abril de 2004.org/dil/esp/AG-RES_2513-2009. aprobada por la Asamblea General de la OEA el 4 de junio de 2009. Resolución sobre el derecho a la verdad.d. La erradicación de la impunidad de las violaciones graves de derechos humanos 28 .oas. como la ocurrida en el presente caso.doc. AG/RES. puntos Resolutivos 5. se adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal.doc. es indispensable para la consecución de los fines propuestos en la misma.ohchr. 5.doc. cuenta con una garantía colectiva. puntos Resolutivos cuarto y sexto. trasciende los intereses de los Estados.org/spanish/issues/disappear/docs/E-CN_4-RES-2004-40. En este contexto y conforme a éste marco normativo es que se sometió al conocimiento del 4TCMA la demanda de amparo promovida por la quejosa. aprobada por la Asamblea General de la OEA el 6 http://www. en http://www.b. Resolución sobre la cuestión de las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. en http://www2.
al sentar jurisprudencia. no eran de estimarse. no en el arbitrio del Juez. que era la 155/2004 emitida por la Segunda Sala del alto tribunal. sino que integran a la norma los alcances que. en cuanto a posibles visos de retroactividad y la pretendida subsistencia de un criterio anterior. creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas. “JURISPRUDENCIA. En consecuencia. tal y como se reconoce en el artículo 94.145/2000. no sólo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó. sin embargo. Cabe abundar que tal pronunciamiento. sino en el espíritu de otras disposiciones legales. emitida por la misma Sala y en la cual se sostiene el criterio de que los tribunales especializados en materia laboral son los competentes para conocer de los conflictos surgidos con motivo de la aplicación del ya citado programa. • ¿el pronunciamiento de sobreseimiento con apoyo en la legislación aplicable implicaba una denegación de acceso a la justicia?
Respecto del primer argumento a resolver. emitida por el Pleno de la SCJN. sin estar contemplados claramente en ella. párrafo sexto. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. pues la jurisprudencia que el quejoso pretendía se le aplicara y que otorgaba competencia al TFJFA. las interrogantes resueltas por el 4TCMA fueron las siguientes: • ¿es competente el TFJFA para conocer de los conflictos derivados del Programa de Separación Voluntaria de la Administración Pública Federal?. aunque en ocasiones llene las lagunas de ésta. en términos de la jurisprudencia 155/2004 de la Segunda Sala de la SCJN. en razón del contenido de la jurisprudencia P. había sido superada por la diversa 35/2007. se contestó el planteamiento de si con la determinación adoptada por la Sala de origen se dejaba de impartir justicia. era competente para decidir el conflicto propuesto. de acuerdo a los principios generales del derecho. es el ulterior criterio el que debe prevalecer al momento de decidir. y. fundándose para ello. que estructuran (como unidad) situaciones jurídicas. tal como la Sala responsable concluyó. • En segundo término. de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional. en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia.
Por tanto. Ahora bien. se desestimó por infundado. de la Constitución Federal. se producen en una determinada situación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito. esta "conformación o integración judicial" no constituye una norma jurídica de carácter general./J.• En primer lugar se resolvió sobre la pretensión de que el TFJFA. así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo. tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales 15
ya que no cumple con las características de generalidad. su nueva interpretación. debido a que. ello a efecto de no violar el principio de acceso a la justicia y dar cumplimiento a un criterio jurisprudencial que se fundamenta en la prevalencia del principio citado 29 . en términos del primero de los numerales citados.hacen de la ley.1°./J. se estimó que para no hacer nugatoria la prerrogativa de acceso a la justicia. y que aquélla no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley. no viola el principio de irretroactividad. surgidos o iniciados bajo un criterio jurisprudencial y que durante la secuela cambiara. En esta parte considerativa se citó como apoyo el criterio contenido en la tesis aislada XIX./ J. principios y derechos que puedan resultar afectados o incididos. si bien es cierto se actualizó la improcedencia del juicio.A. Era evidente que el cambio de criterio de la SCJN no se acompañó de una solución para los casos en trámite. contenida en el artículo 17 constitucional. emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito. la que preserve. Se consideró que el actuar de la Sala responsable. VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA PRONTA. IMPARCIAL Y GRATUITA. En efecto cuando hay un abrupto cambio en normas procesales parece obvio que debe existir una regla de transición que a manera de disposición conflictual aporte una adecuada solución al caso problema. apoyándose en las consideraciones esenciales siguientes. atribuía competencia en la materia de conflicto a los tribunales especializados en materia laboral.A. relativo a que con la determinación adoptada se había dejado de administrar justicia a la quejosa. publicada en el tomo XXVIII. el 4TCMA estimó suficiente el mismo para conceder el amparo. agosto de 2008 del Semanario Judicial de la Federación de rubro “SEPARACIÓN VOLUNTARIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. No obstante.35/2007.38. obligatoriedad y abstracción. imparcial y gratuita. PUES DEBIÓ DECLINAR EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO A FAVOR DE LA DE LA AUTORIDAD LABORAL CORRESPONDIENTE (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2ª. entendiendo por adecuada.35/2007). también lo es que dicha incompetencia derivó del abandono de un criterio inicialmente sostenido por la SCJN y.” Por lo que hace al segundo de los argumentos. al sobreseer en el juicio con apoyo en la fracción II del artículo 8° de la LFPCA. SI LA SALA FISCAL SE DECLARA INCOMPETENTE PARA CONOCER DE UN JUICIO CONTRA LA APLICACIÓN DE LA NORMA QUE REGULA EL PROGRAMA RELATIVO Y SOBRESEE EN EL JUICIO. completa. violaba la prerrogativa de acceso a la justicia pronta. consagrado en el artículo 14 constitucional. es inconcuso que al aplicarse. la Sala del conocimiento debió declinar el conocimiento del asunto en favor de la autoridad judicial laboral competente y no sobreseer en el juicio. estableciendo fueros distintos.C. reflejada en la jurisprudencia 2ª. COMPLETA. promueva y tutela los intereses.” 29
llevando al punto de ponderar: • la inaplicación del artículo 8. el 7 de mayo de 1981. Debe privilegiarse la funcionalidad y eficacia de la norma con mayor jerarquía. • violentar el fin y eficacia de normas de rango constitucional y de la CADH que establecen los principios de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. 30
. de conformidad con el artículo 74. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. mismos que pueden estar positivizados tanto en la legislación interna como en la propia Convención. o. “ARTÍCULO 25. 31 La convención fue suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. incluso. fueron las siguientes. la ley o la presente Convención.”. sino que los mismos deben ser efectivos. que para la satisfacción del derecho fundamental de acceso a la justicia.‐‐‐1. aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. sino también del artículo 25 de la CADH 30 . deben ser capaces de producir resultados o respuestas al problema planteado y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada. compromiso internacional del que México forma parte 31 y que en términos del artículo 133 constitucional. resulta que el artículo 25 de la CADH o “Pacto de San José” prescribe la obligación por parte del Estado de conceder a toda persona bajo su jurisdicción.‐‐‐2. entrando en vigor el 18 de julio de 1978. fracción II. aún ante la carencia de regla. Chile. es decir. de la LFPCA que prevé el sobreseimiento. dispone que el juez debe. Los Estados parte se comprometen:‐‐‐a) a garantizar que la autoridad competente prevista en el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. Caso Ximenes López vs Brasil.
En términos de lo que se viene exponiendo. Las razones que se tuvieron en cuenta. Caso Claude Reyes vs Chile y Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. constitucional. Caso Baldeón García vs Perú. En ese contexto. ha sido criterio sostenido en diversos casos 32 . En la interpretación que se ha hecho de este numeral por parte de la Corte IDH.O. in fine. crear la regla pertinente apoyándose en textos. constituye ley suprema de toda la Unión. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. interpretaciones o aplicando principios. y ‐‐‐c) a garantizar el cumplimiento. sino que el artículo 14.‐ Protección Judicial. por las autoridades competentes. La Convención se tornó vinculante para México a partir del 24 de marzo de 1981 (publicación en el D. un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos. no basta con la existencia formal de un recurso. se resolvió que la determinación de la Sala era violatoria no sólo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.2 de la Convención. 32 Caso López Álvarez vs Honduras.‐‐‐b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial. dentro de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.En estos casos el conflicto subyacente no puede dejar de resolverse.F.
se concluyó que aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales deben tratar de suprimir. no sólo de la CADH citada. prácticas que tiendan a denegar o delimitar el referido derecho de acceso a la justicia.). la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso. garantizar el efectivo acceso a la justicia del gobernado a fin resolver. como en este caso México. como parte del aparato estatal. en el sentido de que la aplicación de la ley al pie de la letra a veces puede convertirse en la mayor forma de injusticia. son preferentes en su aplicación y eficacia. siendo que la existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos. Con base en lo anterior. en la sentencia del Tribunal se plasmó como ratio decidendi. de manera efectiva. sus jueces. Puede decirse que se planteó un supuesto de infracción al principio summum ius summa iniuria 33 . esto es.wikipedia. en todo momento. la controversia planteada. el control de constitucionalidad sugiere la confrontación de las leyes secundarias con la Constitución a efecto de verificar la adecuación del contenido de las primeras con la segunda. la protección judicial requerida. sino de todo Estado de Derecho en una sociedad democrática. pues so pretexto de aplicar una ley procesal. si se quiere formalmente vinculatoria. Por último. por lo que se estimó que la Sala debió apegarse y buscar en su resolución. C. criterios de la Corte IDH que se hicieron propios. se incurre en una violación manifiesta y flagrante de normas constitucionales y convencionales de mucho mayor entidad y que. en su caso. como en el caso lo es la CADH. por lo que se debe ejercer un “control de convencionalidad” 34 entre las normas de derecho interno y la propia Convención. no ilusoria. sino también la interpretación que de el se ha realizado 35 . se impida el acceso a un tribunal que dirima la controversia o pretensiones planteadas. suma injusticia". suma injusticia". http://es. "a mayor justicia.org/wiki/Summum_ius_summa_iniuria. tomando en cuenta para ello no sólo el tratado. deben velar porque las disposiciones ahí contenidas no se vean mermadas o limitadas por disposiciones internas que contraríen su objeto y fin. en el sentido de que. sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real. que fue usada después por otros muchos autores pues se hizo proverbial. 35 Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos y Caso Almonacid Arellano vs Chile. 34 Por control de convencionalidad debe entenderse el examen de confrontación normativo que se realiza entre las normas de derecho interno y la Convención internacional.En otras palabras. de lo que se sigue que el control de convencionalidad implica una confrontación normativa para verificar la adecuación de las normas de derecho interno con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Summum ius summa iniuria es un aforismo latino que se puede traducir por "sumo derecho. de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar. en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos. por ende. A manera de ejemplo.. mayor daño" o "suma justicia. 33
. II a. cuando un Estado. ha ratificado un tratado internacional. Es una cita original del comediógrafo Terencio (s. evitar que por meros formalismos o tecnicismos no razonables.
la protección judicial requerida. no ilusoria. así como el diverso artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. como lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real. pues a fin de garantizar el pleno acceso a la administración de justicia de los gobernados en lugar de sobreseer con apoyo en tal precepto. deben ser capaces de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada. LA IMPROCEDENCIA DE LA VÍA ELEGIDA POR EL ACCIONANTE. NO DEBE TRASCENDER EN DENEGAR UNA SOLUCIÓN JUDICIAL EFECTIVA. sino que los mismos deben ser efectivos. por considerar que a diverso órgano compete el conocimiento del asunto. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. como en la propia convención. y a fin de satisfacer efectivamente el derecho fundamental aludido. Uno de los criterios jurisprudenciales que fundan la decisión se consigna en la tesis siguiente: ACCESO A LA JUSTICIA. declarar su legal incompetencia para conocer del asunto y remitir los autos al tribunal especializado en materia laboral competente. debe acudirse al último de los numerales citados. la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso. es decir. mismos que pueden estar reconocidos tanto en la legislación interna. 19
.Sentados los anteriores razonamientos. se debe enviar el asunto al órgano competente a fin de que sea éste quien resuelva sobre la pretensión planteada. En este contexto. esto es. de conceder a toda persona bajo su jurisdicción. sino de todo estado de derecho. estime procedente el sobreseimiento del juicio con fundamento en la fracción II del artículo 8o. para la satisfacción de dicha prerrogativa. en su lugar.‐ En caso de que un órgano jurisdiccional. de la LFPCA que en el caso provocaba la disfunción y oposición con lo previsto en los artículos 17 constitucional y 25 de la CADH que consagran los principios de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. no basta con la existencia formal de un recurso. ello pasa por alto el contenido del artículo 17 constitucional. de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar. fracción II. De lo anterior puede concluirse. En la interpretación que se ha hecho de este numeral por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. inaplicando el artículo 8º. mismo que prescribe la obligación por parte del Estado. para su conocimiento y resolución. ha sido criterio sostenido que. un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos. DEBIDO A LA INCOMPETENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL INSTADO. en otras palabras. no sólo de la Convención Americana citada. se estimó procedente conceder el amparo a la quejosa para el efecto de que la Sala de origen dejase sin efectos la resolución combatida y. en su caso. La existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos. emitiera otra atendiendo a los lineamientos plasmados en la sentencia.
la Sala competente del TFJFA había dado ya cabal cumplimiento a la sentencia protectora. a pesar de lo que dispone el artículo 133 de la Constitución mexicana. porque transgredía la prerrogativa fundamental de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 constitucional. de la LFPCA. esto es. contenidos en el artículo 25 de la CADH. que aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales deben tratar de suprimir. con apoyo en la ley que rige su actuar. se utilizó como fundamento de la decisión no sólo el derecho interno. estableció una directriz en la actuación de los órganos jurisdiccionales basada en la que fue sentada por la Corte IDH como condena al Estado Mexicano en el Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos. como en este caso lo fue el TFJFA. Conclusiones.121 / Tesis aislada / Materia(s):Administrativa / Novena Época / Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta / Tomo: XXXI. con lo cual. consistente en la aplicación por parte de los jueces mexicanos de un control de convencionalidad a fin de verificar que las normas de derecho interno no contravengan el contenido y finalidad de la CADH. Registro: 165. prácticas que tiendan a denegar o delimitar el referido derecho de acceso a la justicia. fracción II. Cabe resaltar que a la fecha de elaboración del presente artículo. Además de lo anterior.A. inaplicando lo dispuesto en el artículo 8. al sobreseer en un juicio por incompetencia.705 A / Página: 2853 36
. sino también un tratado internacional del que México es parte como lo es el Pacto de San José y la interpretación jurisprudencial de la Corte IDH. práctica que no es utilizada por todos los órganos que realizan funciones de índole jurisdiccional.válidamente. razonó que no solo se contravenía dicha norma de jerarquía constitucional. No.4o. 36
IV. haciendo efectivas las prerrogativas de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Lo destacable en esta sentencia es que el tribunal colegiado elaboró una interpretación en la que desestimó la actuación de un tribunal administrativo. Marzo de 2010 / Tesis: I. dejando insubsistente la sentencia reclamada y emitiendo otra en su lugar en la que se declaró incompetente para conocer del asunto y envió los autos al tribunal especializado en materia laboral competente a fin de que resolviera lo que en derecho estimara conveniente. en todo momento. pero además. sino también los principios de “tutela judicial efectiva” y “acceso a la justicia”. la parte quejosa tuvo acceso a un Tribunal en el que se resolviera la pretensión deducida.
.................................................................... Antecedentes del caso...................................................................................................................docx 21
. 10 III... Control de constitucionalidad y control de convencionalidad........... 3 Tutela judicial efectiva................................ .... 21 Control Convencionalidad México.................... 1 Introducción .. Contenido El control de convencionalidad en México ... 14 IV..................................... 109‐128.............. Año 7...................................................... Centro de Estudios Constitucionales de Chile.................. México............. 20 Bibliografía ..................................................... 1 I................................................................................ Porrúa...................................... Comparación............... 2 II.................... Marco regulatorio .................................. N° 2.................................................................................................. en Estudios Constitucionales....................... pp................................Bibliografía Ferrer Mac‐Gregor Eduardo y Silva García Fernando.... Hitters Juan Carlos.. 7 Corte IDH: Caso Radilla.... 2009......... El caso Castañeda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos............... 5 Control de convencionalidad............... 2009..... Conclusiones........................................................................................................................................................ Argumentos de la sentencia.. Universidad de Talca................ (Criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)........
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