Source: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-26398
Timestamp: 2019-10-14 12:47:08+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-1985-26398
Documento BOE-A-1985-26398
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 302, de 18 de diciembre de 1985, páginas 39982 a 39990 (9 págs.)
https://www.boe.es/eli/es-an/l/1985/11/28/6
1. La presente Ley de Ordenación de la Función Pública Andaluza pertenece a la categoría que un lenguaje político usual denomina leyes institucionales, concepto que intenta evocar una función vertebradora y configuradora de los medios básicos para el ejercicio del poder político.
2. La Ley se sitúa claramente en un contexto integrado por la Constitución, el Estatuto de Autonomía para Andalucía y la existencia de unas bases legislativas establecidas por las Cortes Generales al amparo de la reserva del artículo 149.1.18 de la Constitución, parcialmente desarrollada por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
3. Consolidar y modernizar la Administración son exigencias de la reciente historia de nuestra Comunidad Autónoma. Las circunstancias políticas y administrativas de la época de la preautonomía y de los primeros años de vigencia de la Constitución han provocado la transferencia de medios personales, que arrastraban consigo un régimen, ya que no incompatible con las peculiaridades autonómicas, manifiestamente inadecuado a las mismas. Las necesidades del servicio han obligado, por otra parte, a la Junta de Andalucía a reclutar un personal especializado que completara de alguna manera los vacíos producidos por el automatismo de las transferencias estatales, pero es claro que se trataba de remedios coyunturales, como provisional ha sido también, por naturaleza, el fragmentario régimen que al respecto se ha ido dictando en materia de Función Pública.
4. La indicada perspectiva se expresa en la estructura de la Ley y vivifica cada uno de sus artículos. Los rasgos más notables del sistema que se introduce pueden resumirse en los siguientes términos:
a) El sistema se apoya en la relación de puestos de trabajo que se recoge en la Ley de 2 de agosto de 1984. La relación de puestos no debe ser un documento formal en el que se recojan los puestos heredados a lo largo de una tradición no siempre racional, sino la expresión de las necesidades reales, presentes y futuras, de la Junta de Andalucía; o sea, el repertorio de los medios personales que se consideran adecuados para la realización de las tareas que la Junta asume. Concebida así la relación, como un punto de partida dinámico y no como una consagración de lo existente, a partir de ella se estructura la Función Pública y se determina los derechos y obligaciones del personal, cualquiera que sea la naturaleza de las categorías en que se encuentra jurídicamente dividida: funcionarios, laborales y eventuales.
b) La eficacia nucleadora de la relación de puestos de trabajo encuentra, como es lógico, dos dificultades iniciales: por un lado, las limitaciones presupuestarias, que establecen un techo que, por razones obvias, no puede ser desbordado, y por otro, el desajuste entre los efectivos hoy existentes y las necesidades definidas. A tal propósito y con intención de lograr un reajuste de estas contradicciones, en la Ley se establecen diferentes mecanismos, cuya novedad merece resaltarse.
c) El segundo eje de carácter complementario de la Ley está constituido por los Cuerpos de funcionarios. La Junta de Andalucía integrará a sus funcionarios en los Cuerpos propios de la Comunidad que se especifican en una adicional del texto normativo. La Ley se preocupa de precisar el papel que tales Cuerpos van a cumplir dentro de la Función Pública de Andalucía para reducirlos estrictamente a un mejor servicio de los intereses generales, sin dar margen a la influencia de intereses corporativos inadmisibles y de tal forma que complementen, y no sustituyan, a lo que constituye la médula del sistema, es decir, la relación de puestos de trabajo.
d) Los funcionarios están, como se ha repetido, al servicio de la Administración, postulado que no obsta al convencimiento de que los individuos precisan de un estímulo permanente para excitar su diligencia. El mejor estímulo es la carrera que se abre a los más capacitados y celosos, una carrera que se instrumenta a través del reconocimiento del grado personal y de sus efectos de todo orden y a través también de la posibilidad de acceder a otros puestos de trabajo más gratificantes. A lo cual hay que añadir los estímulos derivados de un acceso saltuario a otros grados y a otros Cuerpos de los que, en principio, son accesibles por el procedimiento ordinario.
e) La Ley, como su mismo título indica, es una Ley de la Función Pública y no solamente de una categoría de ellos, es decir, de los funcionarios. Los eventuales y los laborales encuentran por tanto acogida también en su articulado. A la Junta de Andalucía se puede servir por medio de una relación de Derecho Laboral. Salvo el caso límite de las actividades administrativas que impliquen ejercicio de autoridad, que han de ser reservadas a los funcionarios, para preservar un principio de jerarquía que, siempre operante en la Administración, adquiere en estos casos caracteres más absolutos.
f) Particular atención se dedica a los sistemas de provisión de puestos de trabajo y de selección del personal. Producida una vacante, habrá de proveerse de acuerdo con las técnicas de provisión entre los efectivos del personal existentes en la Junta de Andalucía, y las vacantes resultantes se ofertarán al público mediante los correspondientes sistemas de selección. Tales son las líneas fundamentales que en el articulado de la Ley se especifican a través de una casuística muy matizada. El acceso tiene lugar de ordinario a través de los niveles básicos de cada Grupo o Cuerpo, que será el escalón inicial de la carrera posterior de cada funcionario, y, por otro lado, se conceden facilidades especiales al acceso de quienes no siendo funcionarios de la Junta de Andalucía (por cuya razón no pueden participar en los concursos internos previos) son funcionarios de otras Administraciones Públicas y, en cuanto tales, disfrutan presumiblemente de unos conocimientos y de una experiencia que interesa captar a la Función Pública de Andalucía.
g) La unidad de régimen que establece la Ley no implica desconocimiento de las peculiaridades de determinados grupos de funcionarios, que quedan salvadas de forma expresa y que en su día habrán de desarrollarse reglamentariamente de acuerdo con los criterios legalmente establecidos.
5. La Ley es perfectamente consciente de que la nueva planta de la Función Pública no se logra con la mera publicación de un texto legal. Con él se abre sencillamente un proceso, cuyos eslabones reglamentarios, junto con la aparición de la relación de puestos de trabajo, irán completando la obra que ahora se inicia y que exige una atención constante y tenaz del Ejecutivo. En definitiva, no se gobierna mediante leyes sino por la voluntad política cotidiana del Gobierno. Pero a partir de este momento, la Administración de la Junta de Andalucía va a contar con unas pautas normativas inequívocas y con una tarea que el legislador le ha marcado. Existe, pues, un sistema de Función Pública y una orden al Ejecutivo de que lo cumpla con eficacia, iniciativa y escrupulosidad.
1. La Función Pública de la Junta de Andalucía es el instrumento de que ésta dispone para la realización de los intereses públicos expresados en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en las leyes, a los que se subordinan los intereses individuales y colectivos de sus miembros.
2. Se organiza de acuerdo con los fines administrativos generales como parte integrante de la estructura de la Administración de la Junta de Andalucía.
3. Su ordenación y gestión estarán presididas por los principios de objetividad, economía y eficacia, que inspirarán el desarrollo reglamentario de la Ley y los actos administrativos de su ejecución. La Junta de Andalucía velará por que su personal desarrolle sus actividades concretadas conforme a los intereses del servicio y actúe siempre con objetividad, diligencia, profesionalidad, imparcialidad, sometimiento pleno a la Ley y atención a los administrados.
4. Las potestades autoorganizatorias de la Junta de Andalucía facultan a ésta para estructurar su Función Pública, regular su régimen jurídico y dirigir la actuación de todo su personal de acuerdo con los intereses del servicio público.
1. La Función Pública de la Junta de Andalucía está constituida por las personas integradas en la Administración de la misma y de sus Organismos Autónomos, por una relación de servicios profesionales y retribuidos, en los términos en que esta Ley se señalan, con independencia de la Administración Pública de donde, en su caso, procedan.
2. No forman parte de ella los titulares de cargos que sean nombrados por Decreto.
1. El Consejo de Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en materia de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
2. Corresponde en particular al Consejo de Gobierno:
a) Aprobar las directrices conforme a las cuales ejercerán su competencia en materia de personal los distintos órganos de la Administración.
b) Determinar las instrucciones a que deberán atenerse los representantes de la Administración cuando proceda la negociación con la representación sindical del personal funcionario de sus condiciones de empleo, así como dar validez y eficacia a los acuerdos alcanzados, mediante su aprobación expresa y formal, y establecer las condiciones de empleo para los casos en que no se produzca acuerdo en la negociación.
c) Establecer las instrucciones a que deberán atenerse los representantes de la Administración en la negociación colectiva con el personal sujeto al Derecho Laboral.
d) Fijar anualmente las normas y directrices para la aplicación del régimen retributivo del personal a que esta Ley se refiere.
e) Aprobar los criterios para coordinar la programación, a medio y largo plazo, de las necesidades de personal a que esta Ley se refiere.
f) Aprobar la oferta de empleo público.
g) Aprobar la relación de puestos de trabajo con su correspondiente clasificación de niveles, así como los intervalos asignados a cada Cuerpo.
h) Aprobar los criterios generales de promoción de personal.
i) Imponer la sanción disciplinaria de separación del servicio.
j) Aprobar la jornada de trabajo.
k) Aprobar el baremo general a que se refiere el artículo 26 de la presente Ley.
l) El ejercicio de las otras competencias que le estén legalmente atribuidas.
1. Compete al Consejero de la Presidencia el desarrollo general, la coordinación y el control de la ejecución de la política del Consejo de Gobierno en materia de la Función Pública, dirigiendo la política de personal y ejerciendo la potestad reglamentaria en los supuestos de autorización del mismo.
2. Se le atribuye, en general, el conocimiento y resolución de los aspectos de la relación de empleo anteriores y posteriores a la ocupación de un puesto de trabajo concreto.
3. Le corresponde en particular:
a) Proponer al Consejo de Gobierno la aprobación de los acuerdos, tanto normativos como ejecutivos, que éste haya de aprobar en materia de Función Pública.
b) Impulsar, coordinar y, en su caso, establecer y ejecutar los planes, medidas y actividades tendentes a mejorar el rendimiento en el servicio, la formación y la promoción del personal.
c) Cuidar el cumplimiento de las normas generales en materia de personal, asegurando que la organización y funcionamiento de la Función Pública se atengan a los principios establecidos en el artículo 2 de la presente Ley.
d) Inspeccionar la actuación de los órganos competentes en esta materia y del personal, de acuerdo con la Ley.
e) Proponer al Consejo de Gobierno la imposición de sanciones disciplinarias de separación del servicio.
f) Nombrar a los funcionarios y contratar al personal laboral fijo.
g) Adoptar, a propuesta de la Consejería correspondiente, las resoluciones que procedan sobre las situaciones administrativas de los funcionarios.
h) Ejercer las competencias que en las normas generales se le atribuyan y las que en materia de personal no estén atribuidas a otros órganos.
4. Podrá delegar o desconcentrar competencias en cualquier otro órgano de la Consejería de la Presidencia, así como ceder temporalmente su ejercicio en los Consejeros de los demás Departamentos, o en otros órganos inferiores de cada Consejería, en lo que a la gestión del personal de cada una de ellas se refiere, previo acuerdo con el titular de la misma.
1. Corresponde a cada Consejero dictar las instrucciones de servicio y dirigir la actividad del personal integrado en su Departamento, adoptando las resoluciones que procedan sobre los aspectos de la relación de empleo derivados de la ocupación de un puesto de trabajo concreto, tales como las licencias, permisos y sanciones disciplinarias que no impliquen separación del servicio.
2. Estas competencias serán ejercidas de acuerdo con los reglamentos de organización y sin perjuicio de las facultades genéricas y específicas de delegación y avocación que cada Consejería tenga atribuidas.
3. Corresponderá, igualmente, a cada Consejero el establecimiento de los servicios mínimos de la competencia de su Departamento.
1. El Consejo de la Función Pública, adscrito a la Consejería de la Presidencia, es el órgano superior colegiado de consulta y asesoramiento de la política de Función Pública.
2. En particular le corresponde:
a) Informar en el plazo de dos meses los anteproyectos de Ley referentes a la Función Pública.
b) Informar en el plazo de dos meses sobre los proyectos de disposiciones y de decisiones relevantes en materia de personal, que le sean consultados por el Consejo de Gobierno o el Consejero de la Presidencia.
c) Por iniciativa propia, tomar conocimiento, debatir y, en su caso, recomendar a los órganos competentes la adopción de medidas dirigidas a mejorar la organización, las condiciones de trabajo y el rendimiento del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.
d) Elaborar sus normas de organización y funcionamiento.
3. Integran el Consejo de la Función Pública:
a) Por parte de la Administración: El Consejero de la Presidencia, que será su Presidente; los Viceconsejeros de todas las Consejerías, y un Secretario, con voz y sin voto.
b) Los representantes del personal, que, en número igual al de Viceconsejeros, serán designados por los sindicatos en proporción a su representatividad respectiva.
4. La participación en el Consejo de la Función Pública no dará derecho a retribución específica.
1. De la Consejería de la Presidencia dependerán la Comisión Técnica de Personal y el Instituto Andaluz de Administración Pública.
2. La Comisión Técnica de Personal es un órgano técnico colegiado de coordinación, documentación y asesoramiento para la elaboración y ejecución de la política de la Función Pública. Su composición, funcionamiento y atribuciones serán reguladas reglamentariamente.
3. La estructura y composición del Instituto Andaluz de Administración Pública se determinarán reglamentariamente, dando entrada en las mismas a la participación de las Centrales Sindicales. Asimismo, las normas de desarrollo de la presente Ley determinarán sus atribuciones, correspondiéndole, en general, la formación del personal al servicio de la Administración, la gestión de las pruebas de selección y, en su caso, cursos de selección que se le encomienden, así como el estudio y la investigación teórica y práctica de la Administración y de sus técnicas, en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública y otras instituciones similares.
1. Los puestos de trabajo figurarán en una relación, en la que individualmente aparezca cada una o de ellos con las siguientes circunstancias mínimas: a) denominación; b) características esenciales; c) ente, departamento y centro directivo en que orgánicamente esté integrado; d) adscripción a funcionarios o laborales en atención a la naturaleza de su contenido; e) requisitos exigidos para su desempeño; y, además, tratándose de funcionarios; f) indicación de si el puesto de trabajo es de libre designación; g) nivel en que ha sido clasificado, y h) complemento específico, con indicación de los factores que se retribuyen con el mismo y su valoración resultante.
2. A los efectos previstos en la letra d) del apartado anterior, se adscribirán en todo caso a funcionarios los puestos de trabajo que supongan necesariamente la adopción de decisiones que puedan ser objeto de recursos en vía administrativa o contencioso-administrativa.
3. Para confeccionar la relación se partirá de los efectivos existentes, rectificando lo procedente con objeto de suprimir los puestos que no se consideren necesarios y de añadir los que lo sean para el mejor funcionamiento de los servicios, con independencia de que no puedan ser ocupados de inmediato por falta de consignación presupuestaria.
4. La relación de puestos de trabajo, que es pública, será aprobada por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero de la Presidencia, de acuerdo con las normas y directrices dictadas a tenor de lo establecido en el artículo 6.º de esta Ley.
1. En los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía se determinarán las plantillas presupuestarias o relación de plazas que correspondan a cada una de las categorías de personal y, tratándose de funcionarios, ordenadas por Grupos.
2. Independientemente de lo anterior, podrá establecerse una dotación global para retribuir los trabajos ocasionales o urgentes que no correspondan a puestos de trabajo incluidos en la relación, en razón a su falta de permanencia o de previsibilidad, así como para satisfacer el importe de los contratos de servicios.
3. A efectos de esta Ley se entiende por plaza el puesto de trabajo con dotación presupuestaria.
1. Las dotaciones presupuestarias del personal funcionario se distribuirán en los siguientes conceptos: a) retribuciones básicas correspondientes a cada uno de los Grupos; b) complemento de destino asignado a los puestos de trabajo de cada nivel; c) complemento específico correspondiente a los puestos de trabajo que lo tengan asignado; d) complemento de productividad, globalmente dotado, con pormenorización, en su caso, por Departamentos, servicios o programas; e) gratificaciones, globalmente dotadas, y f) indemnizaciones, globalmente dotadas.
2. Las dotaciones presupuestarias del personal eventual consistirán en una cantidad global que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 30/1984, el Consejo de Gobierno aplicará y distribuirá en su caso.
1. En la Consejería de la Presidencia existirá un Registro General de Personal, en el que, en coordinación con el Registro Central a que se refiere el artículo 13 de la Ley 30/1984, se inscribirá todo el personal y en el que se anotarán todos los actos que afecten a la vida administrativa del mismo, que reglamentariamente se determinen, pero sin que pueda figurar dato alguno relativo a raza, religión u opinión. La utilización de los datos del Registro estará sometida a las limitaciones previstas en el artículo 18.4 de la Constitución.
2. Los derechos individuales reconocidos al personal no serán efectivos sin la previa inscripción en el Registro.
3. El personal tiene derecho a conocer su propio expediente y a obtener certificados del mismo.
1. El personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía se clasifica en las siguientes categorías:
a) Funcionarios.
b) Eventuales.
c) Interinos, y
d) Laborales.
2. Son funcionarios quienes han sido nombrados con tal carácter de acuerdo con la legislación vigente. Son eventuales quienes ocupan puestos de trabajo expresamente calificados como de confianza o asesoramiento especial. Son interinos quienes ocupan, con carácter provisional, puestos de trabajo que puedan ser desempeñados por funcionarios. La relación jurídica de todos ellos está regulada íntegramente por el Derecho Administrativo.
3. El personal laboral es el contratado con tal carácter. Su régimen jurídico está sometido al Derecho Laboral, pero en todo caso le será de aplicación los principios del artículo segundo de la presente Ley.
Sección Primera. Funcionarios
1. El régimen de los funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía es igual para todos ellos, con independencia de los derechos que, en su caso, conserven en su Administración de origen los que procedan de otras Administraciones Públicas.
2. Los funcionarios propios de las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se integren en la Función Pública de ésta permanecerán, por lo que se refiere a su Corporación Local, en la situación administrativa especial de servicios en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que les permite mantener, respecto de aquélla, todos sus derechos como si se hallaran en servicio activo.
1. Los Cuerpos complementan los objetivos ordenadores de la relación de puestos de trabajo a efectos de la racionalización de las pruebas comunes de acceso, de la determinación de la carrera administrativa y de la promoción interna.
2. Los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Junta de Andalucía se agruparán, de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso en los Grupos previstos en el artículo 25 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en los términos que figuran en la disposición adicional quinta de la presente Ley.
3. La determinación de los intervalos de niveles que corresponden a los Cuerpos de cada Grupo se realizará mediante Decreto del Consejo de Gobierno.
1. La creación de nuevos Cuerpos y las especialidades de los mismos o la supresión y refundición de cualesquiera de los previstos en la disposición adicional quinta deberá hacerse por Ley, en la que, como mínimo, se determinará: a) su denominación; b) titulación exigida para el ingreso; c) características funcionales, y d) regulación, o establecimiento de directrices para la regulación reglamentaria de las cuestiones que necesiten de un tratamiento especial separado de las normas generales de la presente Ley.
2. La creación y mantenimiento de un Cuerpo o Especialidad se justifica por la existencia, apreciada por el Consejo de Gobierno, de una serie de puestos de trabajo que en la relación aparezcan con características homogéneas y que, en general, faciliten la consecución de los objetivos señalados a los Cuerpos por esta Ley.
Sección Segunda. Carrera administrativa de los funcionarios
1. El grado consolidado constituye un derecho del funcionario. Ningún funcionario podrá ser designado para un puesto de trabajo inferior o superior en más de dos niveles al correspondiente a su grado personal.
2. El Consejo de Gobierno podrá establecer, mediante la superación de cursos de formación u otros requisitos objetivos, los procedimientos que habiliten a los funcionarios para la adquisición de los grados superiores del intervalo que a su Cuerpo corresponda. Dicha habilitación permitirá al funcionario participar en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo correspondientes a dicho grado.
1. Producida la vacante de un puesto de trabajo, la Consejería de la Presidencia acordará su provisión a traves de los procedimientos señalados en el artículo siguiente y sin perjuicio de los mecanismos de traslado y de desempeño provisional previstos en los artículos 27 y 30.
2. Excepcionalmente, la Consejería de la Presidencia, de acuerdo con los Departamentos en su caso afectados, podrá acordar, por razones de preferencia en la atención de los servicios, la provisión de otro u otros puestos de entre los que figuren en la relación y no estén ocupados por falta de dotación presupuestaria. En este caso se precisará si el puesto vacante que no sale a provisión debe ser dado de baja en la relación, por considerarse que ya no es necesario para el servicio, o si debe seguir figurando en ella en espera de su ocupación posterior cuando las dotaciones presupuestarias lo permitan.
3. Las retribuciones de los puestos de trabajo ocupados al amparo del número anterior no podrán exceder de las dotaciones presupuestarias.
1. La provisión de los puestos de trabajo que vayan a ser desempeñados por funcionarios se efectuará mediante los procedimientos de concurso o de libre designación con convocatoria pública, de acuerdo con lo que figure en la relación.
2. Como excepción, la Consejería de la Presidencia, a propuesta de la Consejería en cuyo Departamento se encuentre el puesto vacante podrá disponer que éste se cubra mediante los sistemas de selección para acceso a la Función Pública, debiendo precisarse el Cuerpo en que, en tal caso, se integrará el seleccionado. En ningún caso se entenderá que la ocupación del puesto de trabajo constituye un derecho adquirido para el funcionario.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 30/1984, a la provisión prevista en el número uno podrán postularse únicamente los funcionarios ya existentes al servicio de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
4. Con independencia de lo previsto en el párrafo anterior, a fin de lograr una mejor utilización de los recursos humanos, los puestos de trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía podrán ser desempeñados por funcionarios de las Administraciones del Estado, de otras Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, los funcionarios de la Junta de Andalucía podrán desempeñar puestos de trabajo en otras Administraciones.
a) A los funcionarios de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales de Andalucía, que pasen a desempeñar puestos de trabajo en la Administración de la Junta de Andalucía, mientras permanezcan en ésta, les será de aplicación la presente Ley.
b) Los funcionarios de la Junta de Andalucía en situación de servicios en otras Administraciones Públicas continuarán perteneciendo a sus Cuerpos de origen, y en tanto se hallen destinados en otra Administración Pública les será de aplicación la legislación de la misma.
c) Los funcionarios transferidos a la Junta de Andalucía, que en virtud de los procedimientos de concurso o libre designación pasen a desempeñar puestos de trabajo en otras Administraciones Públicas, continuarán conservando su condición de funcionarios del Estado y de la Comunidad Autónoma y se encontrarán en la situación administrativa de servicios en otras Administraciones Públicas.
1. El concurso es el sistema normal de provisión de puestos de trabajo y en él se tendrán en cuenta únicamente los méritos previstos en las bases de la correspondiente convocatoria, de acuerdo con la reglamentación que en su día se apruebe, y en la que se considerarán como méritos preferentes la valoración del trabajo desarrollado en los puestos anteriores, los cursos de formación y perfeccionamiento, las titulaciones académicas directamente relacionadas con el puesto que se trata de proveer y la antigüedad.
2. Los puestos de trabajo de libre designación y, por tanto, de libre remoción se proveerán mediante convocatoria pública anunciada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», indicando la denominación, nivel, localización y retribución, así como los requisitos mínimos exigibles a los funcionarios que aspiren a desempeñarlos, concediéndose un plazo no inferior a quince días hábiles para la presentación de solicitudes.
1. Si no se han presentado candidatos idóneos de acuerdo con lo previsto en el artículo 25, la Consejería de la Presidencia, a propuesta de la Consejería o Consejerías afectadas, podrá disponer el destino provisional de un funcionario a un puesto de trabajo desocupado del mismo nivel o de los dos superiores al de su grado consolidado y que reúna los requisitos exigidos para su desempeño.
2. Al margen de los procedimientos de concurso de provisión de puestos de trabajo, el Consejero del Departamento puede en cualquier momento disponer, en resolución motivada en necesidades del servicio, el traslado provisional de un funcionario a cualquier puesto de trabajo situado en la misma localidad que el que ocupaba anteriormente, del mismo nivel o de los dos superiores al de su grado consolidado y que reúna los requisitos exigidos para su desempeño.
3. Si por resolución motivada y con audiencia del interesado, resultare que un funcionario no desempeña eficazmente su puesto de trabajo, podrá ser trasladado por el Consejero de su Departamento a cualquier otro para el que reúna los requisitos exigidos, situado en la misma localidad que el que ocupaba anteriormente y con sujeción a lo previsto en el artículo 23.1.
4. Sin perjuicio de la vigencia de lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964, suprimido un puesto de trabajo, su ocupante podrá ser destinado provisionalmente a otro de igual o diferente nivel, dentro de los límites señalados en esta Ley.
Sección Tercera. Eventuales
1. Los eventuales ocuparán los puestos de trabajo a ellos reservados por su carácter de confianza o asesoramiento especial. Serán nombrados y cesados libremente por el Presidente de la Junta de Andalucía o por el Consejero en cuyo Departamento se encuentre integrado el puesto. Cesarán automáticamente, en todo caso, cuando cese la autoridad que los haya nombrado.
2. El cese no genera, en ningún caso, derecho a indemnización.
3. El desempeño de estos puestos no constituye mérito alguno para el acceso a la Función Pública ni para la promoción interna.
4. Los funcionarios que ocupen puestos de naturaleza eventual pasarán a la situación de servicios especiales.
Sección Cuarta. Interinos y situaciones de interinidad
1. Desocupado un puesto de trabajo por inexistencia o ausencia de su titular, si razones de oportunidad o urgencia así lo aconsejasen, podrá ser ocupado de manera provisional, y hasta tanto no se proceda al nombramiento ordinario de su titular o tenga lugar la reintegración de éste a sus funciones, por cualquier persona ajena a la Función Pública que reúna la titulación y requisitos funcionales exigidos para el mismo.
2. La designación, previa autorización de la Consejería de la Presidencia, será realizada por la Consejería en cuyo Departamento se halle integrado el puesto, pudiendo prescindirse, motivadamente, del trámite de la convocatoria pública.
3. Podrán ser cesados en cualquier momento por la autoridad que los haya nombrado, y deberán serlo en el momento de la toma de posesión o de la reincorporación del titular ordinario, en ambos casos sin derecho a indemnización y sin que el haber desempeñado un puesto con este carácter constituya mérito especial para el acceso a la Función Pública.
1. En los mismos supuestos y con los mismos límites temporales del artículo anterior, también podrá destinarse, con consentimiento del interesado, al puesto de trabajo desocupado cualquier funcionario de la Junta de Andalucía que reúna las condiciones de titulación y requisitos funcionales exigidos para el puesto.
2. La designación será realizada, previa autorización, en su caso, de la Consejería en cuyo Departamento se encuentre el puesto que anteriormente ocupaba, por la Consejería en cuyo Departamento se halle integrado el puesto desocupado.
3. Durante su situación de provisionalidad percibirá las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe.
4. El cese se producirá por las mismas causas señaladas en el número tres del artículo anterior, regresando el funcionario con destino provisional a su puesto de origen, que le habrá sido reservado.
5. El desempeño del puesto de trabajo con carácter provisional no se computa a efectos de consolidación del grado personal, para el que únicamente se tendrá en cuenta el nivel del puesto de trabajo de origen.
1. Previo acuerdo con las Administraciones Públicas afectadas, podrá autorizarse que funcionarios de la Junta de Andalucía puedan pasar en comisión al servicio provisional de otras Administraciones Públicas, y de éstas a la de la Junta de Andalucía, para la realización de programas o trabajos determinados.
3. La duración será fijada de antemano en atención a la naturaleza de los trabajos a desarrollar, pero sólo implicará reserva de puesto de trabajo si es por tiempo no superior a un año. Al extinguirse una comisión de servicios concedida por tiempo superior a un año sin que el funcionario haya sido adscrito provisional, interino o definitivamente a un puesto de trabajo, éste será considerado en la situación de excedencia que le corresponda.
4. Al personal de la Función Pública de la Junta de Andalucía se le computarán en ésta, a todos los efectos, los servicios prestados en comisión en otras Administraciones Públicas; no obstante, y con independencia del puesto que esté ocupando en comisión, para la consolidación del grado únicamente se tendrá en cuenta el nivel del puesto de origen.
5. Con independencia de lo previsto en el párrafo 3.º, el Consejo de Gobierno podrá autorizar comisión de servicios, con reserva de plazas por tiempo superior a un año, por razones de interés público.
Sección Quinta. Laborales
1. Los puestos de trabajo que vayan a ser desempeñados por personal laboral serán ocupados mediante contrato indefinido de tal carácter, con período de prueba que marque la legislación general, y formalizado necesariamente por escrito. Su inscripción en el Registro General de Personal es el momento en el que la Junta de Andalucía manifiesta su voluntad de contratar.
2. El contenido y efectos de esta relación de empleo estarán regulados por el Derecho Laboral y los actos preparatorios a su constitución, sin perjuicio de las normas eventualmente fijadas al respecto en el ordenamiento laboral por el Derecho Administrativo. En todo caso, la Administración contratante conserva sus potestades organizatorias en razón a los intereses del servicio.
La prestación de servicios laborales no puede ser considerada con mérito especial para la adquisición de la condición de funcionario ni, tratándose de un contrato temporal, para su conservación en un contrato permanente.
Sección Primera. Oferta de empleo público y pruebas selectivas
1. Dentro del mes siguiente a la aprobación de la Ley de Presupuestos se publicará la oferta de empleo público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que se relacionarán las vacantes, presupuestariamente dotadas, que no hayan podido ser cubiertas por los efectivos de personal existentes en la Administración de la Junta de Andalucía de acuerdo con los procedimientos señalados en los artículos anteriores, precisándose las que vayan a ser objeto de provisión durante el año en curso y las que se reservan para ejercicios posteriores. A tal efecto se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 44.
2. No obstante lo anterior, el Consejo de Gobierno puede incluir para su provisión en la oferta las plazas que hayan quedado vacantes o sustituirlas por otra u otras de igual o diferentes Grupos, que figuren igualmente en la relación de puestos de trabajo, pero sin que en ningún caso el montante global de las retribuciones de las plazas ofertadas pueda superar las cuantías presupuestariamente señaladas para este concepto. Estas alteraciones se reflejarán en las plantillas presupuestarias del ejercicio siguiente.
3. Las plazas ofertadas habrán de mantenerse en plantilla hasta que se resuelva la oportuna convocatoria.
1. Las convocatorias serán realizadas por la Consejería de la Presidencia, a la vista de la oferta de empleo público y de las propuestas realizadas por las Consejerías afectadas, dentro del primer trimestre de cada año natural. En ellas se agruparán los puestos que puedan considerarse homogéneos por los requisitos exigidos para su provisión y similitud de las pruebas que deban superarse.
2. Con objeto de facilitar la promoción interna y la carrera administrativa de los funcionarios, en las convocatorias podrán reservarse para funcionarios de Cuerpos de Grupo igual o inferior al que corresponda a las plazas convocadas, y que cumplan el requisito de titulación y demás exigidos en la convocatoria, hasta un 50 por 100 de las vacantes ofertadas.
En este supuesto las pruebas habrán de ser comunes para todos los candidatos, y las plazas no previstas en el turno reservado se acumularán automáticamente a las vacantes del turno libre.
Las convocatorias serán publicadas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», sin perjuicio de que pueda difundirse un extracto de las mismas en otros medios de comunicación. En ellas se harán constar, como mínimo, los siguientes datos: a) número y características de las vacantes; b) requisitos exigidos para presentarse a las pruebas; c) sistema selectivo y formas de desarrollo de las pruebas y de su calificación; d) programas, si es que se trata de oposición o concurso-oposición; e) baremos de valoración, si es que se trata de oposición o concurso-oposición; f) composición del órgano de selección; g) calendario para la realización de las pruebas, que habrá de concluir en todo caso antes del 1 de octubre del año en curso, y h) indicación de la oficina pública donde estarán de manifiesto las sucesivas comunicaciones, sin perjuicio de que puedan publicarse en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» o notificarse directamente a los interesados.
1. Reglamentariamente se regularán los diversos sistemas de selección del personal, tanto funcionarial como laboral fijo, en los que han de quedar siempre garantizados los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La adecuación entre las condiciones personales de los titulares a las funciones propias de los puestos de trabajo que puedan ser ocupados se asegurará por el contenido de las pruebas de selección y, en su caso, por las prácticas o cursos de formación. A tal efecto, los procedimientos de selección podrán incluir pruebas de conocimientos generales o específicos, pruebas prácticas, tests psicotécnicos y cualesquiera otros sistemas que resulten adecuados para asegurar la objetividad, racionalidad y funcionalidad del proceso de selección.
2. Tratándose de funcionarios se dará preferencia al sistema de oposición, salvo cuando por la naturaleza de las funciones a desempeñar, sea más adecuada la utilización del sistema de concurso-oposición o, excepcionalmente, el de concurso.
3. La selección del personal laboral fijo, previa a la contratación, se realizará por el sistema de concurso, salvo cuando por la naturaleza de las tareas a realizar o por el número de aspirantes, resulte más adecuado el de concurso-oposición o el de oposición.
4. Cualquiera que sea el sistema selectivo, podrá preverse que el acceso esté condicionado, en una fase posterior, a la celebración de la oposición, concurso-oposición o concurso, a la realización de unos cursos de formación o especialización, o a las de unas prácticas por un período determinado. En la convocatoria se precisará en todo caso si la admisión a tales cursos o prácticas da derecho al acceso posterior a la Función Pública o si, por el contrario, éste se encuentra condicionado por la superación de dichos cursos o período de prácticas.
1. La Comisión de selección designada en la convocatoria estará integrada por personas, funcionarios o no, idóneas para enjuiciar los conocimientos y aptitudes exigidos, y que, en todo caso, habrán de poseer titulación académica igual o superior a la exigida a los candidatos y que sea del área de conocimiento necesaria para poder enjuiciarlos.
2. Las Comisiones de selección podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, que son la única base de su colaboración con el órgano de decisión.
3. Los miembros de las Comisiones de selección son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de sus resultados.
1. Las Comisiones de selección no podrán aprobar ni declarar que han superado las pruebas respectivas un número superior de aspirantes al de vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan este límite serán nulas de pleno derecho.
2. No obstante lo anterior, cuando el proceso de selección conste de las dos fases aludidas en el número cuatro del artículo 39, podrá admitirse a los cursos complementarios mayor número de asistentes que el de plazas convocadas. En este caso, la limitación de los aprobados se refiere a los resultados definitivos del curso o prácticas, que serán valorados, bien por la Comisión inicial o por otra que reglamentariamente se determine, de acuerdo con la convocatoria.
Sección Segunda. Pruebas selectivas y provisión de puestos de trabajo
1. En las convocatorias de acceso se relacionarán los puestos de trabajo disponibles, que serán las vacantes dotadas que no hayan sido cubiertas por los sistemas de provisión para funcionarios en esta ley.
2. Quienes no tengan previamente la condición de funcionarios únicamente podrán acceder a la Función Pública de la Junta de Andalucía en puestos de trabajo de nivel básico, entendiendo por tal el inferior del intervalo atribuido al Cuerpo, con la excepción regulada en el artículo 25.2.
3. En consecuencia, los puestos de trabajo de nivel no básico, incluidos en las convocatorias de acceso, podrán ser provistos por quienes, habiendo superado las pruebas generales de selección, sean funcionarios de la Junta de Andalucía, que hayan acudido a las pruebas al amparo de lo dispuesto en el artículo 37.2, o bien, sean funcionarios de otras Administraciones Públicas que hayan acudido a las pruebas al amparo de lo dispuesto en el artículo 44, o desempeñen puestos de trabajo en la Administración de la Junta de Andalucía conforme a lo previsto en el artículo 25.4, siempre que, en estos supuestos, el grado consolidado les permita acceder a los referidos puestos.
4. Aquellos puestos de trabajo no correspondientes al nivel básico que no hayan podido ser cubiertos mediante la selección prevista en el artículo 25.2, o por los funcionarios referidos en el párrafo anterior, quedarán excluidos de los resultados de las pruebas generales de selección y podrán ser ocupados con carácter provisional con arreglo a los sistemas extraordinarios de provisión previstos, para interinos, en el artículo 29, para funcionarios de la Junta de Andalucía con destino provisional, en el artículo 30, y por traslado forzoso, en el artículo 27.1. Todos estos puestos figurarán de nuevo, necesariamente, en la siguiente convocatoria de provisión interna.
1. Una vez terminado el proceso de selección, los aprobados pasarán a ocupar los puestos de trabajo relacionados en la respectiva convocatoria, conforme a lo previsto en el artículo 43, pudiendo escoger entre ellos por orden del resultado que hayan obtenido en las pruebas y, en su caso, en el curso o período de prácticas posteriores.
2. La condición de funcionario se adquiere en el momento de la toma de posesión, que produce la integración en el Cuerpo y Grupo que corresponda, y, salvo las excepciones previstas en los artículos 25.2 y 43 de la presente Ley, empezarán a consolidar el grado personal inicial correspondiente al nivel inferior del intervalo propio del Cuerpo en el que han ingresado.
1. Las retribuciones de los funcionarios son básicas y complementarias.
2. Son retribuciones básicas.
a) El sueldo, que corresponde al índice de proporcionalidad asignado a cada uno de los grupos.
b) Los trienios, consistentes en una cantidad igual para cada uno de los grupos por cada tres años de servicios. En el supuesto de que los tres años de servicios lo sean en grupos distintos, se computará para todo el período el correspondiente al grupo superior.
c) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año por un importe mínimo cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios se devengarán en los meses de junio y diciembre.
a) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que desempeñe. En los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía se fijará anualmente la cuantía que por este complemento corresponde a cada nivel.
b) El complemento específico destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo.
c) El complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo. Su cuantía, que no podrá exceder de un porcentaje sobre los costes totales de personal de cada programa y de cada órgano, aparecerá determinada globalmente en los Presupuestos por Departamentos, servicios o programas. Corresponde al Consejero o jefe de la Unidad a la que se haya asignado la cuota global la concreción individual de las cuantías y de los funcionarios que hayan merecido su percepción, de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo de Gobierno, sin que en ningún caso esta percepción implique derecho alguno a su mantenimiento. Las cantidades percibidas por cada funcionario serán de conocimiento público del resto del personal del Departamento u Organismo interesados así como de los representantes sindicales. Reglamentariamente se determinarán criterios objetivos técnicos para la valoración de este complemento.
d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios que se presten fuera de la jornada normal, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. Su cuantía aparecerá determinada globalmente en los Presupuestos y su individualización tendrá lugar una vez que se haya acreditado la realización de los servicios extraordinarios, mediante el cálculo de lo que a cada hora corresponda conforme a lo que reglamentariamente se determine. La cuantía de las cantidades percibidas en tal concepto por los funcionarios se pondrá en conocimiento de las Centrales Sindicales.
4. Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio.
1. Los interinos percibirán las retribuciones que se deriven del puesto de trabajo que ocupen, sin que en ningún caso tengan derecho a la consolidación ni percepción de trienios.
2. Los funcionarios con destino provisional a los que se refieren los artículos 27 y 30 percibirán las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que realmente estén ocupando. En los casos en que legalmente sea posible ocupar provisionalmente puestos de trabajo cuyo sueldo no coincida, en más o en menos, con el correspondiente al del Grupo a que pertenece el funcionario, éste percibirá un complemento personal por la diferencia.
1. Las retribuciones del personal laboral serán las que se determinen en el convenio o acuerdo aplicable.
2. En la negociación de estas retribuciones se procurará, dentro de las disponibilidades presupuestarias, su homogeneidad con las del sector privado, en consideración al entorno social y, eventualmente, al territorial.
1. Queda prohibida la celebración de contratos de colaboración temporal en régimen de Derecho Administrativo.
2. Los contratos para la realización de trabajos específicos y concretos no habituales, cuyo objetivo sea la entrega de una obra o de un resultado, se someterán a la legislación administrativa de contratos, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de la normativa civil o mercantil, y no serán retribuidos con cargo al capítulo presupuestario de personal.
3. La celebración de los contratos previstos en el número anterior se acordará por el Consejo interesado mediante resolución en que se especifique su objeto, se justifique su oportunidad por insuficiencia o falta de adecuación o conveniencia de no utilización de los medios con que cuenta el Departamento correspondiente, y se precise si va a adjudicarse directamente o por concurso. Procederá la adjudicación directa cuando no sea posible promover concurrencia en la oferta o se den en el contratante elegido circunstancias de particular idoneidad. La ejecución del contrato se ajustará a las condiciones señaladas en el pliego de cláusulas administrativas que en cada caso ha de redactarse con carácter previo a la oferta.
1. En el marco de lo previsto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, y de acuerdo con los principios que se inducen de la presente Ley, el Consejo de Gobierno regulará las peculiaridades relativas al grado personal, promoción profesional y provisión de puestos de trabajo del personal docente.
2. Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá regular las peculiaridades relativas al personal sanitario e investigador.
A.1 Cuerpo Superior de Administradores.
A.1.1 Administradores Generales.
A.1.2 Administradores de Gestión Financiera.
A.2 Cuerpo Superior Facultativo.
B.1 Cuerpos de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía.
B.1.1 Administración General.
B.1.2 Gestión Financiera.
B.2 Cuerpo de Técnicos de Grado Medio de la Junta de Andalucía.
C.1 Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía.
C.2 Cuerpo de Ayudantes Técnicos de la Junta de Andalucía.
D.1 Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía.
D.2 Cuerpo de Auxiliares Técnicos de la Junta de Andalucía.
E.1 Cuerpo de Subalternos.
E.2 Cuerpo de Oficios varios.
1. Con objeto de acomodar los efectivos existentes a las necesidades del servicio deducidas de la relación de puestos de trabajo, durante el año siguiente al momento de la aprobación de ésta, el Consejo de Gobierno podrá destinar a los funcionarios y laborales a otros puestos de trabajo de la misma población, con tal de que cumplan las exigencias de titulación y demás requisitos previstos en la relación.
2. Los funcionarios que como consecuencia de la aprobación de la relación de puestos de trabajo y de su adscripción a los mismos, o por aplicación del régimen retributivo establecido en la presente Ley, experimenten una disminución en el total de sus retribuciones anuales, con exclusión del actual concepto retributivo de dedicación exclusiva y de aquellos otros que dependen exclusivamente de las características de los puestos de trabajo o del nivel de rendimiento o de productividad, tendrán derecho a un complemento personal y transitorio por la diferencia, que será absorbido por cualquier futura mejora retributiva según los criterios que establezcan las sucesivas leyes de Presupuestos.
1. Los funcionarios integrantes de los Cuerpos Técnicos Sanitarios al servicio de la Sanidad Local mantendrán un régimen retributivo específico en tanto se proceda a la regulación definitiva de su régimen retributivo.
2. El personal de la Seguridad Social regulado en el Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social, en el Estatuto de Personal Auxiliar Sanitario titulado y Auxiliar de Clínica de la Seguridad Social, en el Estatuto de Personal no Sanitario al servicio de Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, así como en el de los Cuerpos y Escalas de Sanitarios y de Asesores Médicos, se regirá, hasta que se produzca la regulación de la organización de los Servicios de Salud, por sus disposiciones específicas.
1. El artículo 22 de la presente Ley entrará en vigor, con carácter retroactivo, el 1 de enero de 1985, pero a los efectos previstos en dicho artículo, sólo será computable el nivel en que el puesto de trabajo haya sido clasificado conforme a lo previsto en el artículo 12.1 de la presente Ley, cualquiera que sea la fecha de la aprobación de la relación de puestos de trabajo regulada en dicho artículo y una vez que el funcionario haya sido destinado a dicho puesto o confirmado en el que ocupe.
2. Hasta el momento de la consolidación de este grado, los procedimientos de provisión de puestos de trabajo se resolverán sin consideración a grado personal alguno.
3. En ningún caso se puede consolidar un grado que no corresponda a uno de los niveles propios del intervalo asignado al Cuerpo del funcionario. No obstante, si un funcionario desempeñase un puesto o puestos de trabajo distintos de los que corresponden al intervalo de su Cuerpo durante el tiempo exigible para consolidar un grado, se entenderá que ha consolidado el nivel máximo o el nivel mínimo del intervalo del Cuerpo, según que los puestos de referencia se encuentren clasificados por encima o por debajo del intervalo.
1. En el plazo de seis meses, contados a partir de la publicación de la presente Ley, se aprobará un Reglamento de selección de personal y provisión de puestos de trabajo, en el que se regularán los distintos sistemas de selección mediante un procedimiento abreviado que, sin merma de los intereses públicos y de las garantías personales de los afectados, permita que las pruebas finalicen antes de los seis meses posteriores a la convocatoria.
2. Mientras se aprueba este Reglamento, las oposiciones y concursos que hayan de celebrarse se ajustarán al vigente Reglamento de 19 de diciembre de 1984, en cuanto no se opongan a esta Ley, con las siguientes precisiones: a) únicamente será precisa la publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de la convocatoria, en la que aparecerá la Comisión que ha de resolver las pruebas, pudiendo comunicarse directamente a los interesados las demás resoluciones individuales o mediante anuncio en los tablones de una oficina pública, especificados en la convocatoria; b) las Comisiones empezarán a actuar dentro de los quince días siguientes a la aprobación definitiva de las listas de aspirantes admitidos; c) los Presidentes serán personalmente responsables del cumplimiento de los plazos; d) no se interrumpirán las actuaciones por inasistencia de los vocales, con tal que exista mayoría en la Comisión; e) no se interrumpirán las actuaciones por inasistencia del Presidente que será sustituido automáticamente por el suplente, cualquiera que sea el estado del procedimiento, y f) en los tribunales tendrán representación las Centrales Sindicales de mayor implantación y representatividad en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
1. El personal contratado administrativo que esté ocupando puestos de trabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma a la entrada en vigor de la presente Ley adquirirá automáticamente, la condición de interino. En dicha situación permanecerá, como máximo, hasta que el puesto sea provisto por funcionario de carrera o suprimida en la relación de puestos de trabajo, sin más derechos que los que se le reconocen en los apartados siguientes.
2. Quienes estén prestando o hayan prestado servicios como contratados administrativos de colaboración temporal o como funcionario de empleo interino en la Función Pública de la Junta de Andalucía, y participen en las correspondientes pruebas de acceso, tendrán derecho a que se les tenga en cuenta, como méritos específicos del baremo de la convocatoria, los servicios efectivos prestados en la Administración Pública, siempre que el nombramiento de los funcionarios de empleo interinos se hubiera producido con anterioridad al día 23 de agosto de 1984, o como consecuencia de contratación administrativa de colaboración temporal.
3. El Consejo de Gobierno podrá convocar pruebas específicas de acceso a la Función Pública de la Junta de Andalucía, para el personal al que sea de aplicación lo previsto en el Decreto 153/1982, de 22 de diciembre, así como para el que habiendo superado las pruebas selectivas, celebradas en virtud de convocatorias publicadas por la Comunidad Autónoma con anterioridad al día 23 de agosto de 1984, esté ocupando puestos de trabajo con contratos administrativos de colaboración temporal, sin perjuicio de que, al amparo de lo previsto en el apartado 1, hubiese adquirido la condición de interino.
1. Los funcionarios propios de las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que a la entrada en vigor de la presente Ley estuviesen desempeñando puestos de trabajo en la Administración de la misma, adquirirán la condición de funcionarios de la Junta de Andalucía, integrándose plenamente en la organización de su Función Pública y agrupándose en los Cuerpos que proceda, y en todo caso en los grupos establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984.
Dichos funcionarios permanecerán en su Corporación Local de origen en la situación administrativa especial de servicios en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que les permite mantener respecto de aquélla todos sus derechos commo si se hallaran en servicio activo.
2. Asimismo, los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas que, a la entrada en vigor de la presente Ley, estuviesen desempeñando puestos de trabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en situación administrativa de supernumerario o cualquier otra situación similar, así como en comisión de servicio, respecto a su Administración de origen, podrán solicitar la regularización de su situación en el plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigor de la misma, integrándose plenamente en la organización de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 112, de 28 de noviembre de 1985)
Fecha de publicación: 18/12/1985
Fecha de entrada en vigor: 18/12/1985
Publicada en el BOJA núm. 112, de 28 de noviembre de 1985.
el art. 29, por Ley 3/2019, de 22 de julio (Ref. BOE-A-2019-12122).
los arts. 26 y 37, por Ley 2/2016, de 11 de mayo (Ref. BOE-A-2016-5051).
SE DEJA SIN EFECTO la modificación de los arts. 26 y 37, en la redacción dada por el Decreto-ley 4/2015, de 27 de agosto, por Resolución de 28 de septiembre de 2015 (Ref. BOJA-b-2015-90689).
SE MODIFICA los arts. 26 y 37, por Decreto-ley 4/2015, de 27 de agosto (Ref. BOJA-b-2015-90540).
SE DEROGA el apartado 3 del artículo 9, por Ley 9/2007, de 22 de octubre (Ref. BOE-A-2007-19819).
el art. 50.1 y 2, por Ley 18/2003, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2004-1739).
la disposición adicional 5, por Ley 1/2003, de 10 de abril (Ref. BOE-A-2003-10292).
el art. 4.2.g) y la disposición adicional 5, por Ley 10/2002, de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-992).
el art. 28 y la disposición adicional 5 y se añade la disposición adicional 7, por Ley 15/2001, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-1221).
el art. 35 y la disposición adicional 5 y se añade la 6, por Ley 17/1999, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2000-1973).
SE SUSPENDE la vigencia de los arts. 35 y 36 durante 1999, por Ley 11/1998, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1999-2942).
SE MODIFICA los arts. 19.1, 34, 37 y disposición adicional quinta y Suspende durante 1998 la vigencia de los arts. 35 y 36, por Ley 8/1997, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-2572).
SE AÑADE un art. 50, por Ley 7/1997, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-2571).
la disposición adicional quinta y se Suspende durante 1997 la vigencia de los arts. 35 a 37, por Ley 9/1996, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-1997-3701).
los arts. 29.3, 39.2 y se Suspende la vigencia de los arts. 35, 36 y 37, por Ley 7/1996, de 31 de julio (Ref. BOE-A-1996-20268).
el art. 46.2.6 y se Suspenden durante 1994 los arts. 35 a 37, por Ley 9/1993, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1994-5192).
SE DECLARA en los Recursos 38 y 39/1989, inconstitucional y nula la disposición tansitoria 6.2.2 y 3, en la redacción dada por la Ley 6/1988, de 17 de octubre y 7/1988, de 2 de noviembre, por Sentencia 302/1993, de 21 de octubre (Ref. BOE-T-1993-26834).
SE SUSPENDE durante 1993 los arts. 35 a 37, por Ley 4/1992, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1993-6761).
SE MODIFICA los arts. 12.2, 27, 37 y 43, por Ley 3/1991, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1992-5523).
en la CUESTION 1359/1986, la desestimación de la misma en relación con la disposición transitoria 6.3, por Sentencia 27/1991, de 14 de febrero (Ref. BOE-T-1991-7038).
en el Recurso 39/1989, el mantenimiento de la suspensión de vigencia de la disposición transitoria 6.2.2, en la redacción dada por el art. 1 de la Ley 7/1988, de 2 de noviembre, por Auto de 4 de julio de 1989 (Ref. BOE-A-1989-16436).
en el Recurso 38/1989, el mantenimiento de la suspensión de vigencia de la disposición transitoriai 6.2.3, en la redacción dada por el art. único de la Ley 7/1988, de 2 de noviembre, por Auto de 4 de julio de 1989 (Ref. BOE-A-1989-16435).
39/1989 planteado en relación con la disposición transitoria 6.2.2, en la redacción dada por el art. único de la Ley 6/1988, de 17 de octubre, con suspensión, desde el 5 de enero de 1989, de vigencia y aplicación de los preceptos impugnados (Ref. BOE-A-1989-2140).
38/1989 planteado en relación con la disposición transitoria 6.2.3, en la redacción dada por el art. 1 de la Ley 7/1988, de 2 de noviembre, con suspensión, desde el 5 de enero de 1989, de vigencia y aplicación de los preceptos impugnados (Ref. BOE-A-1989-1968).
el apartado 2 de la disposición transitoria sexta, por Ley 7/1988, de 2 de noviembre (Ref. BOE-A-1988-26755).
el apartado 2 de la disposición transitoria sexta, por Ley 6/1988, de 17 de octubre (Ref. BOE-A-1988-25432).
arts. 13.1 y 15.1 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1982-633).

References: artículo 149
 artículo 26
 resolución 
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 20
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 25
 artículo 18
 artículo 25
 resolución 
 resolución 
 artículo 23
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 39
 artículo 25
 artículo 37
 artículo 44
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 29
 artículo 30
 artículo 27
 artículo 43
 resolución 
 artículo 22
 artículo 12
 artículo 25
 Resolución 
 artículo 9