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Timestamp: 2016-12-05 14:35:48+00:00

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2009/024 * VIGILANCIA PRIVADA EN INTERIOR DE AUTOBUSES
2009/024 * VIGILANCIA PRIVADA EN INTERIOR DE AUTOBUSESFORO DE VIGILANTES DE SEGURIDAD Y NOTICIAS www.forodevigilantes.com :: SEGURIDAD PRIVADA :: INFORMES USPTweetPágina 1 de 1. • Comparte • 2009/024 * VIGILANCIA PRIVADA EN INTERIOR DE AUTOBUSES por 38435-6718 el Jue 17 Nov 2016, 12:43INFORME UCSP Nº: 2009/024FECHA 23/10/2009ASUNTO VIGILANCIA PRIVADA EN INTERIOR DE AUTOBUSESANTECEDENTESAnte la consulta por parte de una Unidad Territorial de Seguridad Privada a estaUnidad Central relativa a la posibilidad de que un Ayuntamiento instaure un servicio deautobús, con paradas en distintos puntos de la ciudad, e incluso de la provincia, para eltraslado de jóvenes a zonas de ocio, con la intención de evitar, en lo posible,accidentes de tráfico, dotando al autobús de un vigilante de seguridad, esta UnidadCentral de Seguridad Privada emite el siguiente informe:CONSIDERACIONESCon carácter previo, ha de señalarse que los informes o respuestas que emiteesta Unidad tienen un carácter informativo y orientativo –nunca vinculante- para quienlos emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos efectos oaplicaciones distintos al mero cumplimiento del deber de servicio al ciudadano.Para dar cumplida respuesta a la cuestión planteada, se ha procedido haefectuar un detenido análisis de la normativa de Seguridad Privada, pudiéndoseobservar lo siguiente:El artículo 11 de la Ley de Seguridad Privada, y el artículo 71 del Reglamentoque la desarrolla, establecen, como funciones de los vigilantes de seguridad: ejercer lavigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de laspersonas que puedan encontrarse en los mismos y evitar la comisión de actosdelictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección.Por su parte, el artículo 13 de la Ley, dispone que los vigilantes de seguridadejercerán sus funciones exclusivamente en el interior de los edificios o en laspropiedades de cuya vigilancia estuvieren encargados, sin que tales funciones sepuedan desarrollar en las vías públicas, si bien, el propio artículo, en su inicio, exceptúade esta regla general la función de protección del transporte de fondos, a las que sesuman otras excepciones expresamente contempladas en la normativa.Respecto a los supuestos de actuación en el exterior de los inmuebles, elartículo 79.1 del Reglamento de Seguridad Privada, contempla, como régimen generalde actividad de las funciones de los vigilantes de seguridad, el que se presten en elinterior de los edificios. No obstante, el propio artículo 79 y el 80 del Reglamento,establecen una enumeración de excepciones a ésta regla genérica de desempeñar susfunciones en el interior de los edificios o de los inmuebles de cuya vigilancia yseguridad estuvieran encargados (transporte de moneda, protección de bienesdepositados en la vía pública, servicios de acuda y verificación de alarmas, persecuciónde delincuentes, servicios humanitarios, servicios en cajeros, desplazamientoscomplementarios, servicios en polígonos industriales y en urbanizaciones), yconcretamente, en el apartado segundo del artículo 79, textualmente se dice: “Laslimitaciones previstas en el apartado precedente (es decir, no prestar las funciones enel exterior de los inmuebles), no serán aplicables (esto es, podrán ejercer sus funcionesen el exterior de los inmuebles) a los servicios de vigilancia y protección de seguridadprivada de los medios de transporte y de sus infraestructuras que tengan víasespecíficas y exclusivas de circulación, coordinados, cuando proceda, con los serviciosde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.De ésta importante excepción, prevista en el apartado segundo del artículo 79del Reglamento, por la que se admite reglamentariamente el que los vigilantes puedanejercer sus funciones en el exterior de los inmuebles o edificios, se han efectuadodiferentes interpretaciones, tanto positivas, tendentes a admitir la prestación de esteservicio de seguridad, como negativas, rechazando su posibilidad.La tesis favorable a la admisión de este tipo de servicios en los transportes, ymás concretamente en los autobuses urbanos o interurbanos, ha interpretado que lavigilancia en el interior de autobuses está dentro de las competencias ordinarias de losvigilantes de seguridad (vigilancia y protección de personas y bienes), y que estasfunciones las pueden realizar, por disposición legal y reglamentaria, tanto en bienesmuebles (autobuses, barcos, etc.) como en inmuebles (edificios), sin que exista, en lanormativa de seguridad privada, prohibición específica alguna que impida la prestaciónde este tipo de servicio, que ha de considerarse ajustado a la norma y útil para laseguridad, sino tan solo una regla genérica (que el servicio se preste en el interior delos inmuebles y no en la vía pública), que, a su vez, presenta excepciones favorables asu admisibilidad (las contempladas en los artículos 79 y 80 del Reglamento), y que parael caso de los transportes únicamente se condiciona su prestación a que estos tengan“vías específicas y exclusivas” de circulación, sin más restricción y sin que la propianormativa (artículo 79.2 del Reglamento) ofrezca un contenido concreto que permitaestablecer el alcance legal de dicha fórmula jurídica indeterminada.Por el contrario, la tesis opuesta a su admisibilidad, ha sostenido que estaposibilidad está excluida de la actividad de los vigilantes, alegando, para ello, queresulta obvio que las vías por donde circulan los autobuses urbanos, ya sean detitularidad pública o privada, son de uso común y que, en consecuencia, el vigilante deseguridad de un servicio público de autobuses desarrollaría su función en un espaciopúblico, concluyendo que sólo las vías de transporte por ferrocarril, ya sean terrestres osubterráneas (RENFE u otras Compañías similares y las redes del METRO), a las quehabría que añadir otras no citadas en dichos informes (tales como suburbano, tranvía,tren ligero, funicular, teleférico, etc.), tienen tales tipos de vías a las que se refiere lanorma; es decir, que sólo pueden ser utilizadas por ellos (exclusivas) y que secaracterizan o distinguen de otras (específicas).Conjugadas las dos posiciones anteriores, y con base en el texto del propioartículo 79 del Reglamento, cabe hacer una primera conclusión jurídico-operativa: lanormativa de seguridad privada admite, abiertamente, la prestación de servicios deseguridad privada, por vigilantes de seguridad, en los medios de transporte y susinfraestructuras, con la única condición de que estos tengan “vías específicas yexclusivas de circulación”.En este sentido, cabría recordar, en cuanto al tipo de vías y de medios detransporte a considerar, que no es dado distinguir allí donde la Ley no distingue, que nocabe imponer, al margen de la norma, requisitos, impedimentos o limitaciones que,aunque pudieran parecer adecuadas, no se contemplan expresamente, ni se deducenlógicamente del contenido de la norma. Esto es, si el Reglamento no alude ni mencionaningún tipo concreto de vía (raíl, carretera, camino, etc.) ni de medio de transporte(tren, metro, suburbano, tranvía, autobús, automóvil, camión), sino que imponeúnicamente como condición, para que se pueda prestar el servicio de vigilancia, quedicho transporte, el que sea, “tenga vías específicas y exclusivas de circulación”, no sepuede afirmar, por vía de interpretación restrictiva, que solo el trasporte por ferrocarrilqueda incluido en el concepto, excluyendo, en consecuencia, otros medios detransporte que también cumplan con el doble condicionante de tener que circular porvías “específicas y exclusivas”.En consecuencia, el fondo de la cuestión estriba en la interpretación que se dé alos términos ”específicas” y “exclusivas”, referidas a la vías de circulación, con el fin dedeterminar el sentido de la norma en cuanto a la admisibilidad o no de que se prestenservicios de seguridad privada en dichos medios de transporte.A falta de una interpretación auténtica, es decir, una interpretación del propiolegislador contenida en la norma, y de una interpretación judicial contrastada, hay queacudir a una interpretación doctrinal, si la hubiere, o, en caso contrario, a realizar unainterpretación nueva, con o sin antecedente interpretativo conocido.Los supuestos conocidos y hasta ahora analizados, obedecen a unainterpretación nueva y diferenciada de los términos en cuestión. En un caso, dándoleun sentido restrictivo, se afirma la voluntad del legislador de no autorizar la extensiónde la actividad regulada, es decir, de la vigilancia, a otros ámbitos ajenos a las víasférreas, introduciendo este elemento novedoso, la referencia a las vías férreas, que noaparece expresamente recogido en la norma, ni sugerido o deducido directamente desu redacción. En otros casos, en una interpretación más amplia, se entiende la“exclusividad y especificidad” como no referida a la vía, sino al “conjunto vía-medio detransporte”, y se considera, en consecuencia, que sí está comprendida la vigilanciaprivada en los casos de medios de transporte colectivos que utilicen una vía fija.Aunque la interpretación restrictiva de los términos en cuestión puede,ciertamente, tener cabida, se observan, no obstante, una serie de razones, que cabríaconsiderar de mayor peso argumentativo jurídico, que inclinan a pensar en laconveniencia de realizar una interpretación más amplia o extensiva de dichos términos.Esta postura favorable a lo que podríamos denominar como una interpretaciónintegrativa del verdadero alcance de los términos aludidos, encuentra su fundamento,además de en la propia interpretación literal y gramatical del precepto y del significadode sus términos, en la completa aplicación del conjunto de reglas de interpretaciónnormativa contempladas en el artículo 3.1 del Código Civil: literal, sistemática,teleológica y contemporánea.En primer lugar, desde el punto de vista de la interpretación literal, y apoyadosen la semántica o significado de las palabras, el legislador habla de “medios detransporte y de sus infraestructuras que tengan vías específicas y exclusivas”.Analizados los términos, resulta que, si bien cuando hablamos de “especifico” lohacemos de algo que caracteriza y distingue una especie de otra, esto es, algo propio odistinto de otro, aplicado al caso concreto, solo podemos entenderlo como algo que serefiere al sujeto del que estamos hablando o predicando, es decir, algo propio de la víapor la que circula el medio de transporte. Por otro lado, el término “exclusivas”, referidoa las vías por las que circulan los medios de transporte, parece indicar que hablamosde algo único, que excluye a cualquier otro, de un privilegio o derecho, en virtud delcual, y aplicado al caso concreto, cabría entender que, por esa vía no puede circularningún otro medio de transporte, es decir, que ese transporte puede hacer algo nopermitido, de forma genérica, a los demás transportes, como es el circular por esa vía.Ahora bien, el legislador, cuando redactó la norma en cuestión, reguló medios detransporte, en su concepto genérico y en plural, y no trenes o ferrocarriles, que es algoconcreto y conceptualmente específico; y reguló vías (calles, calzadas o carreteras), yno el término específico de raíles de tren o de ferrocarril, y todo ello pudiendo haberlohecho. Esto es, no restringió, de forma específica y deliberada, ni el tipo concreto demedio de transporte (terrestre, aéreo o marítimo), ni el tipo concreto de vía por el quecircular (autopista, carretera, camino, calle, raíl), y, ciertamente, hemos de admitir quenada se lo impedía, sino que, muy al contrario, lo hizo de forma abierta y genérica,tanto para el medio de trasporte como para el tipo de vía, dando únicamente un criterioorientador (“vía específica y exclusiva de circulación”) para la correcta aplicación de lalimitación, llegado el caso, a la prestación de servicios de vigilancia privada en losmismos.En apoyo de esta misma línea argumentativa, cabe traer a colación, como otroargumento favorable a la integración en el concepto del precepto de otros medios detransporte distintos al ferrocarril, la notoria ausencia en el mismo, y no parece que porolvido, del término “excluyente”, para calificar a la vía o al medio de trasporte, términoéste que la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada utilizan, en otros artículos, paraenfatizar la nota de exclusividad propia de la actividad y servicios de seguridad privada,y que, sin embargo, no es usado en el ámbito normativo del precepto analizado.Avanzando sobre esta línea de comprensión semántica, y refiriéndola a lapresencia del término “exclusiva” y a la ausencia del término “excluyente”, connotadosambos con la “vía” o, en su caso, con el medio de transporte, se ha de concluir que elartículo 79. 2 del Reglamento, no afirma que “por esa vía” solo ha de poder circular undeterminado medio de transporte, como ocurre con el raíl del tren o el metro (víaexclusiva por la que no es físicamente posible que circule cualquier otro medio detrasporte), y tampoco afirma que dicho medio de transporte no pueda circular porningún otro tipo de vía, exclusiva o no, o que por esa vía no pueda físicamente circularotro medio de trasporte (vía excluyente), al contrario de lo que sucede con autobuses oautocares, que pueden utilizar un carril único, reservado, exclusivo o preferente de lacalzada o circular discrecionalmente sobre el resto de carriles.Por otra parte, profundizando un poco más en la interpretación sistemática de lanorma, se ha de resaltar que, en contra de lo que sostiene la tesis restrictiva, lavigilancia no se realiza propiamente en la vía pública; ésta no es, en ningún caso, elobjeto de la protección, sino que lo vigilado y protegido es el bien y las personas que seencuentran en su interior, en este caso el autobús, argumento que refuerza la favorableaceptación de la interpretación amplia o extensiva que se viene manteniendo delsupuesto en cuestión, esto es, de la posibilidad de que se presten servicios deseguridad privada en los autobuses.Incidiendo en este argumento lógico y gramatical, resulta muy ilustrativoconstatar que el fundamento de lo que podríamos considerar como prohibición generalde la Ley de que las funciones de vigilancia se realicen “en” la vía pública, pero no“sobre” la vía pública, que ha de entenderse generalmente permitido, no se da en elcaso de los autobuses, y esta es precisamente la razón de que las excepcionesreglamentarias a la prestación del servicio en el interior de los inmuebles (artículos 79 y80 del Reglamento), tengan todas ellas en común el que la función, es decir, laprestación del servicio de seguridad por los vigilantes, se realiza no “sobre” la víapública (caso de los autobuses que por ella circulan), sino “en” la propia vía pública,bien poniendo pie a tierra el vigilante o, además de esto, utilizando la vía pública conlos propios medios de seguridad con los que se realiza el servicio, como ocurre en elcaso de los vehículos de transporte de fondos o de servicios de acuda.Estas circunstancias, se ha de reconocer, no se dan en el supuesto de vigilanciaen autobuses, pues el servicio se realiza no “en” la vía pública sino en el interior deeste bien inmueble, el autobús, que “sobre” ella circula, pero sin que el vigilantedescienda del mismo o lo abandone y pase a prestar su servicio, entonces sí, “en” lavía pública, ya que este espacio vedado a su función, salvo las excepcionescontempladas en la norma, no es el bien que debe proteger y para el que han sidocontratados sus servicios de seguridad.En este sentido, y haciendo uso de los propios argumentos de la tesis negativa,parece oportuno recordar que, así como dicha tesis asume, de forma incuestionable, laficción que equipara, para la prestación de servicios de vigilancia, la protección de uninmueble con el caso de un tren o ferrocarril, debe aceptarse también, aplicando lamisma lógica argumentativa, que un bien mueble, como es autobús de pasajeros, esequiparable, a los efectos del servicio de vigilancia, con un buque, pues ambos tienenla consideración jurídica de bienes muebles, razón por la cual, si se admite y acepta laprestación de servicios de vigilancia privada a bordo de barcos, ha de admitirsetambién para el caso de los autobuses.Abundando en la interpretación integradora del concepto que se vienemanteniendo, y tomando en consideración la finalidad y el tiempo actual en que seaplica la norma, conviene resaltar la realidad de la seguridad privada del siglo XXI, queha superado con creces la perspectiva que la norma pudiera haber concebido en la yalejana fecha de su redacción, hace ya casi veinte años, por lo que muy bien pudieraentenderse, máxime en un sector tan dinámico y cambiante como es el de la seguridad,que las notas condicionantes del precepto analizado (vías específicas y exclusivas), yque da soporte al servicio en cuestión (artículo 79. 2 del Reglamento), vienen referidashoy, si es que no fue así siempre, a un medio de transporte con una ruta prefijada, conhorarios definidos y predeterminados, incluso con carriles exclusivos o preferentes decirculación, señalizados y acotados con diferentes sistemas fijos o móviles, comoocurre con los denominados “carril-bus” o “carril-vao”, por poner dos ejemplos, quecuentan, incluso, con sistemas de separación mediante vallas de hormigón,adosamientos plásticos o pintura en la calzada, pero no con vías de circulación únicasni totalmente excluyentes, y menos aún vinculadas únicamente a raíles ferroviarios, yasea de tren, metro o similar.En cuanto a la admisibilidad o no del servicio, es preciso recordar que, la laborinterpretativa del ajuste de los contratos, que son preceptivamente comunicados por lasempresas de seguridad, a la normativa reguladora de la seguridad privada,corresponde hacerla a los Delegados o Subdelegados del Gobierno, órganocompetente para determinar, a la vista de un contrato de esta naturaleza, si el mismose ajusta o no a las prescripciones legales y reglamentarias, pudiendo aplicar, enconsecuencia, las medidas previstas en los artículos 21 y 22 del Reglamento, esto es,ordenar la subsanación de los defectos de los mismos y supervisar la suspensión de laactividad a nivel provincial, en el caso de observar anomalías o deficiencias.Por todo ello, y con fundamento en las reglas de interpretación jurídica, seestima que resulta más adecuado y acorde con el espíritu y la finalidad de la norma,hacer una interpretación amplia e integradora del artículo 79. 2 del Reglamento deSeguridad Privada.CONCLUSIONEn razón de cuanto antecede, cabe concluir que la prestación de servicios deseguridad en autobuses urbanos e interurbanos, por parte de vigilantes de seguridadhabilitados, integrados en empresas de seguridad inscritas en el registro de empresasde seguridad, se considera acorde con la normativa de seguridad privada analizada,siempre que los mismos circulen, de forma regular, por algún tipo de carril único,reservado, exclusivo o preferente de la vía, o lo hagan cumpliendo una línea, ruta otrayecto predeterminado, con paradas fijas previamente establecidas.En consecuencia, y dado que el servicio de vigilancia en cuestión (autobusesurbanos del Ayuntamiento), se realizará en el interior de un bien mueble, el autobús,que tiene un trayecto preestablecido, con una ruta y horarios definidos, y que esteservicio es solicitado por el Ayuntamiento para la protección del bien y de las personasque hay en su interior, en consonancia con todo lo anteriormente expuesto, se puedeentender que la vigilancia y protección en el interior de dichos autobuses urbanos ointerurbanos, por parte de vigilantes de seguridad, es acorde con el contenido, alcancey límites de la normativa actual de seguridad privada.UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADADESCARGA: AQUÍ38435-6718ColaboradorMensajes : 1813Fecha de inscripción : 14/06/2015Edad : 54Localización : Madrid FORO DE VIGILANTES DE SEGURIDAD Y NOTICIAS www.forodevigilantes.com :: SEGURIDAD PRIVADA :: INFORMES USPPágina 1 de 1.Cambiar a: Seleccionar un foro||--ESPACIO PARA LA ADMINISTRACION Y MODERACION DEL FORO| |--OPINION Y CONSULTAS SOBRE EL FORO| | |--COMPARTIENDO EN REDES SOCIALES| | | |--NORMAS DEL FORO| |--PRESENTACIONES NUEVOS MIEMBROS| |--ENTRA Y PRESENTATE| |--FORO PATRIOTA , DE PATRIOTAS QUE AMAMOS ESPAÑA| 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