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Timestamp: 2020-02-26 18:29:29+00:00

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1 mayo, 2017 a las 10:24 am #13254
Acorde a lo solicitado, a continuación envío mi opinión respecto a los interrogantes:
¿Considera que la Ley 11.723 requiere actualización?La necesidad de la reforma se impone necesariamente por el paso del tiempo en combinación con el cambio de circunstancias socio-económicas, que deben ser abordadas legislativamente, comprendiendo no solo los fenómenos actuales, sino también efectuar una adecuada proyección de las cuestiones problemáticas que se asoman, básicamente impulsadas por las nuevas tecnologías.
¿Cuáles son los mayores inconvenientes que percibe en el funcionamiento del sistema de derecho de autor?Las problemáticas son varias y responden a un conjunto de causas y en forma individual o conjugadas afectan en forma global al sistema de derechos de autor. Podría ordenarlas, didácticamente, pero sólo ejemplificativamente ya que muchas problemáticas aparecen en momentos posteriores pero sus causa son profundas
1- Desarrollarase una adecuada fundamentación teórica, que definitivamente aleje del imaginario popular la idea de que originariamente los derechos intelectuales fueron establecidos como privilegios para un determinado grupo ( imprenteros- editoriales etc)
2- Proporcionar o difundir un sistema de enseñanza profundizado que muestre la relación adecuada de las tecnologías de la comunicación y la información, la velocidad de difusión de determinadas obras y la implementación de un cambio de paradigma.
3- La definición y clasificación de derechos tanto morales como materiales y sus efectos.
4- Las dificultades concretas de los titulares de derechos para hacerlos valer, en forma eficiente.
5- La utilización de un sistema procesal diseñado para cuestiones civiles y comerciales, que no tiene en cuenta las particularidades y dificultades que generan las cuestiones probatorias relativas a los derechos de autor, en especial con la transacionalidad.
3-En caso de una eventual puesta al día, ¿cuáles serían los principales elementos, aspectos o capítulos a tener en cuenta?
Considero que la reforma debería ser total, estableciendo un sistema acorde a una moderna técnica legislativa, que en forma ordenada y sistemática establezca una sistema coherente y completo.
Deberá incluir entre otros capítulos:
a- Disposiciones sobre los DERECHOS MORALES.
b- Reglas para cada tipo de derechos.INCORPORACIÓN LEGISLATIVA DE NUEVOS DERECHOS.
c- Referencia obras en entornos DIGITAL.
d- Regulación y responsabilidades en la GESTIÓN COLECTIVA.
e- Agilización y simplificación de la REGISTRACION.
f- LIMITACIONES Y EXCEPCIONES. Vinculación con derechos de imagen y la intimidad.
g- Articulación de derechos conexos- Derechos de los Actores-
h-Re adecuación procesal- Establecimiento de la carga dinámica de la prueba.
i-Modificación profunda de la cuestión penal- definición de tipos, descripción de conductas, verificación de sanciones, sujetos obligados. Medidas cautelares.
j-PROFUNDIZAR aplicación procesal Penal Federal. Para homogeneizar tanto la prevención especial como la prevención general el todo territorio nacional, reafirmando los derechos.
k- Establecimientos de sistemas alternativos de resolución de conflictos. Sistemas breves y rapidos Extrajudiciales tales como la mediación.
l- Adecuarse con el reconocimiento a obras o bienes de importancia cultural. Garantizando la diversidad, en especial con pueblos originarios.
ll- Tratamiento de los menores de edad, que crean obras artísticas.
m- Adecuación o articulación de las normas como motor del desarrollo local y regional.
n- Tratamiento y regulación de industrias culturales.
La visión y filosofía originaria del establecimiento de un sistema legal protectorio en favor del autor, que sirva para motivar a los creadores a que sean valorados y reconocidos.
Cada respuesta contiene ideas preliminares, que he ampliado y profundizado en distintas obras y artículos publicados. estas cuestiones se vienen trabajando en el marco de distintos proyectos de investigación d ela Universidad Nacional de La Plata, como asimísismo en distintos cursos, seminarios y conferencias. El desarrollo de un nuevo sistema legal propio de los Derechos de Autor, debe estructurarse mediante la armonización de muchos y variados intereses económicos que normalmente predominan por su poder de lobby, ello no debe impedir que el norte de todo sistema tuitivo debe garantizar una tutela y reconocimiento efectivo a los autores, por el reconocimiento debido al acto de creación en sí, independientemente de sus proyecciones comerciales. Que posibilite un acercamiento de toda la sociedad con las obras artísticas, en el mismo marco de respeto y reconocimiento a dicha tarea. El ordenamiento jurídico a establecer debe cuidarse de no aparecer como un sistema impuesto sólo por su poder de imperio positivista, al servicio de intereses coorporativos, sino como el resultado de un proceso de regulación de algunos aspectos importantes de la vida de todas las personas que interaccionan.
PROFESOR MAURO FERNANDO LETURIA
3 mayo, 2017 a las 11:52 pm #13322
Celebramos la iniciativa de participación con miras a la reforma de la Ley 11.723. Respondo en nombre de un colectivo integrado por traductores editoriales que con distinta trayectoria y formación traducimos obras sujetas a derechos de propiedad intelectual de distintos idiomas al español.
Sí, consideramos que es fundamental adecuar la ley para proteger efectivamente los derechos de los traductores en tanto autores.
La Ley 11.723, en su artículo 4, reconoce al traductor como autor de obra derivada. Sin embargo, en sus artículos 2, 38 y 51 abre la puerta para que este derecho no se cumpla, que es lo que sucede en la práctica en la abrumadora mayoría de los casos, porque el traductor es la parte débil en la negociación con el editor.
Reproducimos las partes de dichos artículos que urgen ser modificadas:
Art. 2 — El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística, comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma.
Art. 38 — El titular conserva su derecho de propiedad intelectual, salvo que lo renunciare por el contrato de edición.
Art. 51 — El autor o sus derechohabientes pueden enajenar o ceder total o parcialmente su obra….
Nos parece fundamental establecer un plazo máximo de autorización de uso de la traducción de 10 años.
Adjuntamos el proyecto de ley que perdió estado parlamentario a fines del 2016, pero que servirá de base a la elaboración de una tercera versión, para quienes quieran ver con detenimiento nuestros reclamos.
http://leytraduccionautoral.wixsite.com/traduccionautoral
LEY-DE-DERECHOS-DE-LOS-TRADUCTORES.docx
ADHESIONES-AL-PROYECTO-DE-LEY-DE-DERECHOS-DE-LOS-T.docx
LEY-DE-DERECHOS-DE-LOS-TRADUCTORES-1.docx
ADHESIONES-AL-PROYECTO-DE-LEY-DE-DERECHOS-DE-LOS-T-1.docx
9 mayo, 2017 a las 3:45 pm #13381
Gracias Mauro y Federico por los aportes. Ya son varios los que hicieron referencia a la necesidad de considerar mejor los derechos morales de los autores. Es un tema importante que no había sido tenido en cuenta por la DNDA en su análisis preliminar. Respecto del derecho de los traductores, se enmarca en un tema más amplio, referido al contenido de los contratos.
En algunas legislaciones se establecen disposiciones sustantivas que limitan la libertad contractual en protección de la parte débil, en este caso el autor persona humana. Es un asunto que requiere un análisis profundo. Hasta el momento no he visto un estudio que verifique cómo impacta la regulación de las cláusulas abusivas del nuevo Código Civil y Comercial en la práctica negocial entre autores y empresas de las distintas industrias culturales. Sería interesante escuchar opiniones en este sentido.
Respecto del plazo máximo de los contratos, algunas legislaciones lo establecen, como es el caso del Paraguay, o Panamá que supletoriamente aplica el plazo de 5 años.
16 mayo, 2017 a las 1:06 pm #13441
Me desempeño en el Museo del Cine Pablo C. Ducrós Hickens y les escribo para acercarles, en carácter institucional, las reflexiones y opinión del museo (que funciona también como archivo audiovisual y biblioteca) en relación a las preguntas que realizan y a los fines de su análisis y consideración.
MC.-Consulta-DNDA.-2017.05.16.pdf
18 mayo, 2017 a las 10:13 am #13456
Mi nombre es Evelin Heidel y soy miembro de Creative Commons, una organización internacional sin ánimo de lucro que provee licencias gratuitas que les permite a los creadores una forma simple y estandarizada de retener sus derechos de autor, a la vez que permite ciertos usos de su obra —un enfoque de “ciertos derechos reservados”. Creative Commons fue fundada como respuesta a un sistema de derecho de autor que no servía a los intereses de muchos nuevos autores, usuarios e instituciones en la era digital. En otras palabras, CC es una solución privada a un problema de interés público. Apoyamos un sistema de derecho de autor que provea un balance más adecuado entre los derechos de los creadores y los derechos de los usuarios y del público en general. Creemos que la ley de derecho de autor debería proteger y expandir derechos fundamentales de los usuarios y ciudadanos, tales como excepciones y limitaciones flexibles al derecho de autor. Este tipo de derechos deberían ser defendidos más allá de los permisos otorgados a través del uso de licencias abiertas, como las que provee CC.
La siguiente postura ha sido elaborada con la ayuda de Timothy Vollmer, Manager of Public Policy de Creative Commons.
Adjuntamos nuestra postura.
posicion_CC_reforma.pdf
19 mayo, 2017 a las 5:43 pm #13496
Muchas gracias Karina y Evelin por los aportes del Museo del Cine Pablo C. Ducrós Hickens y de Creative Commons, respectivamente. En ambos hay elementos que merecen mucha consideración.
El caso de la cita audiovisual ha sido considerado en nuestro estudio preliminar, así como la obra huérfana y la ampliación del depósito legal a nuevos tipos de obras. En este último aspecto también consideramos el rol del CINAIN. La idea era conservar los ejemplares de la Biblioteca Nacional (tres ejemplares) y la del Congreso de la Nación, y un quinto ejemplar a decisión del Ministerio de Cultura, dependiendo del tipo de obra y de la materia. Así, la Biblioteca del Maestro podría recibir los libros referidos a Educación, la Corte Suprema los jurídicos, etc. También habíamos considerado las copias de resguardo o de ejemplares fuera del comercio.
Por parte de las propuestas de Creative Commons, también hemos considerado las copias técnicas o meramente incidentales. Un tema que deberíamos evaluar es el linking, para evitar las incertidumbres que se están produciendo en el contexto de la UE y otros países. Es más difícil la implementación local de una cláusula de “uso justo”, pensada para contextos jurídicos diferentes, propios del common law. Esto no significa que no pueda ser analizada.
Respecto de la convivencia de un régimen de derecho de autor con otras garantías constitucionales, como la libertad de expresión, entendemos que no es una contradicción ni un juego de “suma cero”, ya que cada una tiene su propio ámbito, como se resolvió jurisprudencialmente en el caso “Quetepashaclarin.com” (aunque aquí fuera un tema marcario). Otros supuestos, como el del caso “El Aleph Engordado”, la incertidumbre se genera por la deficiente legislación en la delimitación de cada uno de los derechos, tema que pretendemos abordar en la propuesta de reforma. Sin perjuicio de ello, ninguna ley puede considerar la variada riqueza que presenta la realidad y siempre habrá margen para que los jueces resuelvan los casos limítrofes.
La posibilidad de que los autores puedan excluirse de la representación de la gestión colectiva presenta varios problemas. Por una lado, se podría debilitar la unidad del repertorio y se generaría incertidumbre para los usuarios. Luego, la gestión colectiva tiene un componente de solidaridad, para facilitar la gestión de los autores más débiles, que no cuentan con medios individuales para la gestión o defensa de sus derechos. Lo que sí podría ser útil, es determinar con mayor claridad qué derechos son de gestión individual y cuáles de gestión colectiva, de modo general.
22 mayo, 2017 a las 10:10 am #13508
Me interesaría poner en discusión la cuestión de las entidades de gestión colectiva.
Gustavo decía, respecto de la propuesta de Creative Commons que “La posibilidad de que los autores puedan excluirse de la representación de la gestión colectiva presenta varios problemas. Por una lado, se podría debilitar la unidad del repertorio y se generaría incertidumbre para los usuarios. Luego, la gestión colectiva tiene un componente de solidaridad, para facilitar la gestión de los autores más débiles, que no cuentan con medios individuales para la gestión o defensa de sus derechos. Lo que sí podría ser útil, es determinar con mayor claridad qué derechos son de gestión individual y cuáles de gestión colectiva, de modo general.”
Me parece que se da por sentado que la gestión colectiva es una buena idea, y no estoy tan seguro: suponer que el mundo del libro y la palabra es igual al de la música, por ejemplo, es un problema. También es un problema obligar a los autores a participar de una entidad que en muchos casos es neutra respecto de sus intereses, cuando no negativa en tanto impone restricciones a quien no las desea ni necesita.
Mis objeciones –como bibliotecario– son muchas, pero la principal es que la enorme mayoría de las obras que una biblioteca necesita reproducir no están en el universo de las protegidas por entidades como CADRA: artículos en publicaciones periódicas, obras con algunos años de antigüedad. El canon resulta en muchos casos una transferencia de recursos de la biblioteca a la entidad de gestión sin que los autores efectivamente reproducidos reciban nada a cambio.
Si las entidades de gestión colectiva se incorporan a la ley, creo que esa incorporación debe ir acompañada con claras y amplias excepciones para las bibliotecas y para usos educativos, y con la posibilidad de que los autores puedan elegir qué régimen utilizar.
Para no extenderme, voy a cometer el impudor de citar un artículo sobre las entidades de gestión que escribí para unas jornadas en la Universidad Nacional de La Plata. Aunque tiene ya unos años, creo que sus conclusiones siguen vigentes.
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=eventos&d=Jev514
Reggiani_LasMalasIdeas.pdf
22 mayo, 2017 a las 4:27 pm #13524
Con mucho respeto creo que esbozar un cuestionamiento semejante a la existencia de las administradoras de derechos de autor y conexos es peligroso. La gestión colectiva es una institución que forma parte de la esencia mas profunda de los derechos de autor y los derechos conexos. Recordemos que hablamos de derechos individuales de ejercicio colectivo precisamente por la dificultad practica de lograr el efectivo cumplimiento. De igual forma estas son vitales en términos de observancia y seguimiento del cumplimiento de lo estipulado por el ordenamiento jurídico. En algunos casos podríamos cuestionar el funcionamiento pero nunca poner en tela de juicio su existencia. Por el contrario, la norma debe potenciar el sistema para ampliar la capacidad de respuesta en términos de aseguramiento del derecho, siempre con el objetivo de beneficiar a los legítimos titulares. Esta impronta colectiva logra superar muchas veces la hiposuficiencia negocial a la que se enfrenta los autores, lo que permite igual las capacidades de negociación en el mercado.
En una aproximación conceptual cuando hablamos de gestión colectiva nos referimos al conjunto de actividades tendientes al efectivo ejercicio de los derechos de autor y los derechos conexos por parte de entidades que, superando la individualidad propia de los titulares de esos derechos y gracias a las autorizaciones legales que estos oportunamente otorgan, realizan tareas de administración, contralor, otorgamiento de licencias, recaudación y distribución, asesoramiento, entre otras; todo esto en beneficio de los autores y titulares de derechos de autor y derechos conexos.
La historia de nuestro país consagro la labor de estas organizaciones puntualmente por las grandes conquistas dogmáticas que posibilitaron, en un contexto de desconocimiento y desigualdad. Solo basta con repasar los fundamentos de los textos normativos que les dieron origen para observar su necesidad. Repito: me parece peligroso cuestionar su existencia.
22 mayo, 2017 a las 6:05 pm #13533
Le agradezco desde ya el inicio de este debate.
Creo que nunca es peligroso cuestionar ideas o instituciones. Y en todo caso, me temo que no me quedó claro cuál sería el peligro.
Sí tengo claro cuál es el peligro de potenciar este tipo de entidades: se les da a una organización un incentivo fuerte para restringir todo lo posible la necesaria circulación de las ideas y el conocimiento, aún en aquellos casos en que esa difusión no tiene costos para nadie. Basta ver el mecanismo de distribución propuesto por CADRA, que sólo entrega dinero a un minúsculo conjunto de autores y editores que no necesariamente representa la actividad real de las bibliotecas. (Otra cuestión es el canon que se cobra a fotocopiadoras comerciales, tema sobre el cual no tengo objeciones).
Desde ya que no me opongo a que existan las administradoras, en la medida en que asociarse sea una libre elección de autores y editores –bastantes regulaciones hay ya en el mundo– y que no interfieran en la tarea de las bibliotecas, ni le quiten parte de sus por lo general limitados recursos (que luego podrán utilizar para comprar libros y suscripciones que benefician a autores y editores sin intermediación alguna).
15 junio, 2017 a las 12:02 pm #13812
Verán a continuación el aporte de la Asociación por los Derechos Civiles. Adjuntamos también archivo en pdf con el mismo posicionamiento.
<u>APORTES PRELIMINARES DE LA ASOCIACION POR LOS DERECHOS CIVILES</u>
<u>REFORMA LEY 11.723</u>
<u>JUNIO 2017</u>
Sí. Las restricciones actualmente existentes en materia de derecho de autor imponen cargas excesivas tanto sobre los usuarios y las instituciones públicas que quieren hacer utilización de las obras protegidas como sobre los propios productores de contenidos (que son también usuarios intensivos de contenido protegido por la propiedad intelectual) y sobre emprendedores de todo tipo. En otras palabras, un sistema más flexible de derecho de autor debería apuntar a reducir los costos de transacción para la utilización de obras protegidas y facilitar los usos legítimos.
Nos parece fundamental además destacar que la modificación a la Ley de Derechos de Autor para facilitar el acceso público a las obras protegidas necesariamente debería basarse en el derecho a la información en su aspecto “público”. Esto es, entender la libertad de expresión en sus “dos dimensiones”, de enviar información pero también como “el derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”, tal como fue manifestado en la Opinión Consultiva 5/85 de la Corte IDH (“El caso de la Colegiación Obligatoria de Periodistas”). En este sentido, las modificaciones, limitaciones y excepciones deberían tener en cuenta las dos dimensiones de este derecho.
1) Gestión colectiva
En comparación con el resto del mundo, el sistema de la gestión colectiva en Argentina es muy particular, en la medida en que las sociedades de gestión tienen un carácter monopólico y gestionan por catálogo y no por membresía. Pero fundamentalmente la principal problemática es que en la medida en que la ley de propiedad intelectual es una ley de orden público, esto permite a las sociedades de gestión colectiva recaudar y/o exigir el pago por derechos de manera independiente de lo que dos partes hayan acordado entre sí de manera contractual. Esta situación coarta la libertad de los concurrentes en el mercado de obras artísticas, aumenta los riesgos de litigiosidad, expande el efecto disuasorio para la utilización de obras de terceros y eleva los costos de transacción en situaciones donde un simple acuerdo entre las partes podría ser más efectivo que los mecanismos de la gestión colectiva, perjudicando paradójicamente a los autores que debería beneficiar. En otro orden, perjudica a aquellos autores cuya voluntad expresa es la de permitir la circulación irrestricta de su obra y/o bajo ciertas restricciones específicas, que operan con mecanismos de licenciamiento contractuales. Esta es una situación que debería ser subsanada, permitiendo a los autores la renuncia voluntaria de sus derechos (en todo o en parte) y la exclusión voluntaria de las sociedades de gestión colectiva.
A esta situación particular, se le suma la falta de transparencia de las sociedades de gestión colectiva. Si bien deben someterse a auditorías por parte del Estado, es poco claro su rol en la gestión de derechos como el dominio público pagante, cuyo carácter de “gravamen” lo posiciona en un lugar particularmente extraño al ordenamiento jurídico en materia impositiva. Nuevamente, en la medida en que las sociedades de gestión colectiva operan en base a leyes de orden público, les cabe la responsabilidad de ser transparentes y hacer públicas sus cuentas, auditorías y balances, sus formas de recaudación y las bases de datos que utilizan para gestionar los repertorios. En efecto, se han producido situaciones donde esta falta de transparencia afecta los intereses legítimos de los autores, que deberían estar en capacidad de conocer este tipo de información, mediante mecanismos claros y expeditos, aún cuando no estén asociados a la gestión colectiva.
2) Limitaciones y excepciones, cláusulas de uso justo y disposiciones especiales de la ley 11.723
Actualmente, la ley argentina prevé limitaciones y excepciones muy escasas que no contemplan una variedad de usos legítimos, que no deberían requerir ni autorización de los titulares ni mecanismos de compensación. Aunque el respeto a la voluntad histórica del legislador debería primar para zanjar ciertas interpretaciones restrictivas del derecho de autor en materia de usos tales como el fotocopiado de porciones de obras protegidas, lo cierto es que una reforma de la ley debería incluir limitaciones y excepciones claras para instituciones públicas cuya misión sea la de proveer acceso a la información (tales como bibliotecas, archivos y museos). Estas instituciones deberían poder realizar una serie de tareas tales como copias (en cualquier formato) con fines de preservación, préstamo público, acceso, puesta a disposición del público, préstamo interbibliotecario, entre otros, sin necesidad de pedir autorización ni compensar a los titulares de derechos. Estos derechos no deberían estar limitados por la imposición de cantidad de copias o porcentajes de reproducción.
Las instituciones educativas y establecimientos de enseñanza, sean de carácter público o privado, deberían gozar de los mismos derechos que las instituciones anteriormente mencionadas, incluyendo además la reproducción y distribución de obras protegidas, en todo o en partes, en entornos LMS (Learning Management System) para la enseñanza virtual y/o a distancia, sin necesidad de pedir autorización ni compensar a los titulares de derechos.
En cuanto a las cláusulas de uso justo, la ley argentina es particularmente restrictiva en términos de libertad de expresión, en la medida en que existen restricciones muy concretas a las posibilidades de realizar parodias y/o readaptaciones. Las restricciones en relación a las parodias deberían ser eliminadas, permitiendo usos paródicos y/o transformativos de obras protegidas sin requerir autorización del titular de derechos. La aplicación de la ley penal para usos transformativos de las obras es una aplicación desproporcionada y debería ser eliminada como vía de reclamo judicial, admitiendo solamente la posibilidad de iniciar acciones por vía civil. La aplicación de la ley penal para este tipo de usos de las obras ocasiona un efecto disuasorio, limitando prácticas fundamentales para la libertad de expresión, como la parodia, pero también limitando prácticas que son propias a la creación artística, como el remix o el mashup.
En estos casos, está claro que la jurisprudencia ha tendido a ser más amable respecto de la interpretación estricta de la ley, pero creemos que esto tiene efectos limitados y debería quedar asentado de manera clara las posibilidades que tienen los productores culturales y artísticos. Por supuesto, la creación artística busca siempre desafiar los límites conceptuales de las nociones de autor, autoría y obra, más allá de lo que estas categorías establezcan como nociones jurídicas. En todo caso, esa experimentación debería estar por fuera del ámbito de la ley penal.
La ley 11.723 contempla una sección de “Disposiciones especiales”. Toda esta sección de cita periodística debería ser revisada a la luz de las nuevas plataformas de retransmisión de contenidos audiovisuales. En particular, los arts. 27 al 29 se refieren a las excepciones periodísticas y a la cita de medios periodísticos. Aunque la excepción del art. 28 contempla la posibilidad de que las “noticias de interés general” sean “utilizadas, transmitidas o retransmitidas”, contemplando parcialmente la situación de la “retransmisión” de fragmentos televisivos, esta excepción debería ampliarse de manera tal que despeje dudas sobre prácticas habituales en el medio televisivo y en sitios de retransmisión de contenidos audiovisuales, tales como YouTube. En particular, debería ampliarse la noción de “noticia de interés general” e incluir actos discursivos tales como las declaraciones periodísticas o las conferencias de prensa, entre otros.
Dentro de los usos justos, es necesario contemplar una amplia excepción para prácticas de ingeniería inversa con fines de investigación.
3) Ejercicio abusivo de la titularidad de los derechos
Existen numerosas instancias en las que los titulares de derechos hacen un ejercicio abusivo de su titularidad, muchas veces facilitado por los sistemas de denuncia de contenidos que ofrecen las plataformas tecnológicas. Por ejemplo, la plataforma YouTube admite que los titulares de derechos hagan utilización de los sistemas de “notice & takedown” (notificación y baja) para denunciar contenidos. Ha habido situaciones donde estos mecanismos de baja de contenidos han lesionado derechos legítimos de los usuarios, que se encontraban cubiertos por excepciones contempladas en la ley 11.723 pero que no eran tenidas en cuenta por la plataforma YouTube. En estos casos, si bien se trata de una plataforma privada sujeta a términos y condiciones de uso específicos, debería existir un mecanismo de resolución de controversias público que se encargue del resguardo de los derechos que asisten a los usuarios, de manera simple y expedita.
En la misma línea, es necesario también implementar algún tipo de sanción contra la práctica conocida como copyright trolling (denunciar contenidos sobre los cuales no se tiene derechos) y sobre la aplicación de restricciones tecnológicas sobre obras culturales que o bien ya se encuentran en el dominio público o bien están amparadas por el ejercicio de algún derecho reconocido en la ley (por ejemplo, el acceso para personas ciegas o limitaciones y excepciones para bibliotecas).
En relación con todo lo anterior, una buena forma de ampliar las oportunidades que ofrecen las limitaciones y excepciones también es ampliar el espectro de obras y materiales que se encuentran disponibles para el público. En este sentido, sería importante que todas las obras producidas con fondos públicos (obtenidos mediante subsidios, contrato de locación de servicios, licitación, entre otros mecanismos) sean puestas a disposición del público permitiendo el acceso, la reutilización y la distribución, sin solicitar autorización del titular y sin compensación.
Nos parece fundamental indicar que de considerarse cualquier aspecto de regulación de responsabilidad de intermediarios sobre contenidos de terceros, debe guiarse bajo los Principios de Manila, de los cuales ADC es signatario. Estos principios son:
Los intermediarios deberían estar protegidos por ley de la responsabilidad por contenido de terceros;
no debe requerirse la restricción de contenidos sin una orden emitida por una autoridad judicial;
las solicitudes de restricción de contenidos deben ser claras, inequívocas y respetar el debido proceso;
las leyes, órdenes y prácticas de restricción de contenidos deben cumplir con los tests de necesidad y proporcionalidad;
las leyes, políticas y prácticas de restricción de contenido deben respetar el debido proceso; y
Por último, además de todos los aspectos ya mencionados, queremos señalar que creemos que en este proceso debería haber más actores que los involucrados actualmente. Si bien las respectivas cámaras que agrupan a los sectores empresariales tienen cierto nivel de representatividad, lo cierto es que estos sectores son también heterogéneos y tienen diferentes miradas sobre las necesidades específicas en materia de propiedad intelectual. En particular, no sólo nos preocupa la transparencia del proceso (cuya publicidad creemos ha sido limitada), sino también la necesidad de considerar a los productores de propiedad intelectual no sólo en su condición de productores, sino también como usuarios intensivos de propiedad intelectual. Reformar la ley para hacerla más abierta y menos restrictiva es también abrir las oportunidades de negocios para estos sectores.
Seguimos atentos el debate, saludos cordiales.
APORTES-PRELIMINARES-DE-LA-ASOCIACION-POR-LOS-DERECHOS-CIVILES.pdf
15 junio, 2017 a las 2:01 pm #13814
Estimado Federico gracias por el intercambio. Lo peligroso del planteo no es la intención sino sus consecuencias. La gestión colectiva en Argentina garantiza el efectivo cumplimiento del principio protectorio del Derecho de Autor y por vía de consecuencia armoniza la innegable hiposuficiencia negocial de los sistemas de contratación. Por otro lado me parece muy importante que se defiendan los intereses de un sector. Pero esta defensa no puede basarse poniendo la mirada solamente en los beneficios o perjuicios soportados por un grupo de usuarios. El derecho de autor garantiza la existencia de facultades individuales de los legítimos creadores y la gestión colectiva asegura el efectivo cumplimiento de esos derechos. El carácter monopólico de la misma no solo se relaciona con la necesidad de evitar lo que en una falsa analogía tributarista se consideraría una “doble imposición por rama” sino que además otorga fidedigna información a los usuarios de quienes son las partes involucradas en una utilización especifica de obras. Obviamente no discuto la necesidad de debatir sistemas e instituciones, pero basar esos intercambios en los supuestos derechos que tiene el público en acceder a la cultura sin tener en cuenta uno de los axiomas imprescindibles del sistema de derecho de autor continental “la persona física que crea la obra es la que decide el destino de la misma por estar reflejada su impronta personal” me parece ingresar en un cuestionamiento sensible del sistema de derecho de autor y no en una necesaria aplicación del libre juego de los arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional. El camino de la creación es arduo y requiere esfuerzos majestuosos siempre merecedores de la dispensa normativa.
Abog. Rodrigo J. Gozalbez
17 junio, 2017 a las 7:45 pm #13825
Gracias Federico y también Valeria de la Asociación de Derechos Civiles.
Personalmente, entiendo que algunos de los defectos que se achacan a la gestión colectiva no son estructurales. La gestión colectiva en sí misma es totalmente necesaria, más aún en un mundo de 7500 millones de habitantes, donde cualquiera puede utilizar una obra en cualquier lugar del planeta. La reciente Directiva de la Unión Europea sobre portabilidad es una clara muestra de ello (cfr. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0224+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES#BKMD-8 )
No es posible la remuneración de ciertos usos, como la comunicación al público, sin la gestión colectiva local interactuando con sus sociedades recíprocas de otros lugares del mundo. El principio de trato nacional requiere que exista ese mecanismo de compensación recíproca por los pagos de los distintos usuarios. Y más aún si queremos que cualquier usuario pueda hacer uso del más amplio repertorio posible. La autogestión solo es posible para los grandes titulares de derechos, en su mayoría corporaciones internacionales. Si hay altos costos de gestión o deficiencias en la distribución, son elementos que se pueden corregir con el uso de tecnologías hoy disponibles.
Otros derechos y otros usos serán siempre de gestión individual.
Comentarios aparte merece la responsabilidad de los intermediarios. Un adecuado balance de derechos entre usuarios, creadores y distribuidores requiere mayor colaboración de las plataformas, que no pueden ser consideradas como terceros neutrales, en la medida que tienen el control y la capacidad técnica de identificar repertorio y diferenciar (y direccionar y recaudar) entre usos legítimos e ilegítimos.
19 junio, 2017 a las 2:55 pm #13855
Hemos accedido al texto del proyecto de decreto que legitimará a CADRA como Centro de Administración de Derechos Reprográficos.
Como Presidente de la Subcomisión de Propiedad Intelectual, Acceso a la Información y Libertad de Expresión de ABGRA me preocupa la premura de la DNDA en reconocer oficialmente a CADRA cuando todavía no se han concretado temas de alto impacto para la sociedad como lo son la implementación del Tratado de Marrakech y las excepciones a favor de las bibliotecas, las cuales deben estar libres de todo pago y sin mediar autorización del titular del derecho de acuerdo a la regla de los tres pasos.
Se cita al PIDESC en la fundamentación del potencial decreto dejando de lado que en el mismo Pacto se garantiza como derecho humano el acceso a la información. En noviembre de 2001, el Comité del PIDESC reunido en Ginebra elaboró un documento sobre “Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación de pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, documento que aborda las medidas a adoptar en relación al apartado c) del párrafo 1 del artículo 15, en especial, a la relación entre los Derechos humanos y las cuestiones relativas a la propiedad intelectual. Y cito:
“En contraste con los derechos humanos, los derechos de propiedad intelectual son generalmente de índole temporal y es posible revocarlos, autorizar su ejercicio o cederlos a terceros. Mientras que en la mayoría de los sistemas de propiedad intelectual los derechos de propiedad intelectual, a menudo con excepción de los derechos morales, pueden ser transmitidos y son de alcance y duración limitados y susceptibles de transacción, enmienda e incluso renuncia, los derechos humanos son la expresión imperecedera de un título fundamental de la persona humana”.. “Es importante pues no equiparar los derechos de propiedad intelectual con el derecho humano reconocido en el apartado c) del párrafo 1 del artículo 15 (Green, M. (2000). El proceso de elaboración del apartado c) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales E/C.12/2000/15 – 9 de octubre de 2000 . Disponible en:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/9c6adf9909fa53f5c1256999005c7395/$FILE/G0044902.doc).
​El sistema de propiedad intelectual no debe interpretarse como un fin en sí mismo sino como un medio para garantizar que los incentivos apunten al bien común equilibrando los intereses de las partes.
Me despido solicitando que no se pierda el norte y finalmente se incluya en la Ley 11.723 el derecho humano de acceso a la información, el conocimiento y el goce de la cultura​
Mg. Lucia Pelaya
19 junio, 2017 a las 3:19 pm #13856
Veo por el correo de Lucía que el mencionado borrador está circulando por diferentes vías. Lamento profundamente que una de esas vías no sea este espacio de debate donde supuestamente estamos para tratar de avanzar de forma conjunta y consensuada un proyecto que permita establecer una política pública de propiedad intelectual que cumpla con el fin social que debe ser el principio rector de una política de esta naturaleza.
Me preocupa especialmente, y en relación a lo que menciona Lucía, que el borrador que ha llegado a nuestras manos contempla el pago a CADRA de las organizaciones, instituciones educativas o bibliotecas que presten el servicio de copiado o digitalización en beneficio de sus alumnos,¨
Estamos en pleno debate sobre un sistema de flexibilidades y este proyecto de decreto lo cierra completamente. ¿De qué limitación al ddaa podemos hablar si por decreto, de forma apresurada, se pretende cerrar el debate abierto en este espacio? Esta fórmula, integrada al artículo 3ro. de la norma que tengo a la vista cierra cualquier expectativa positiva que pudiéramos tener quienes bregamos por la integración del derecho a la educación y el acceso en este proceso. Es ciertamente frustrante, pero más allá de eso, espero que a partir de esta discusión se pueda recapacitar en la propuesta.
Como siempre, agradecemos el espacio de debate, esperamos que se reconsidere la propuesta y se someta a una discusión realmente más amplia y con todos los actores interesados.
19 junio, 2017 a las 3:43 pm #13857
Quiero agregar a lo ya expresado por Lucía y Beatríz un motivo más de alarma: mientras las modificaciones a la ley 11.723 se discuten no solo en foros como éste, sino con la presencia y la opinión de todos los actores, el texto al que hemos accedido por diferentes vías, parece ser destinado a la exclusiva atención y mirada de CADRA, dejándonos al resto de los involucrados en el tema sin posibilidad de opinar y hacer oír nuestra postura, seguramente, muy diferente al espíritu que trasunta dicho proyecto.
Nuevamente el planteo es ¿por qué no abrir el debate y discutirlo de manera pública?
Marita Balbi
Esta respuesta fue modificada hace 2 años, 8 meses por Maria Balbi.

References: resolución 
 artículo 4
 resolución 
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 3