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Timestamp: 2019-09-17 11:08:53+00:00

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STC 4/1984, 23 de Enero de 1984 - Jurisprudencia - VLEX 15034694
STC 4/1984, 23 de Enero de 1984
Fecha de Resolución: 23 de Enero de 1984
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 295/1983
1. El problema que se plantea es el de determinar si el emplazamiento que se efectúa en el «Boletín Oficial del Estado», en aplicación de lo dispuesto en los arts. 60 y 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en un proceso iniciado y desarrollado con anterioridad a la Constitución, vulnera el derecho fundamental contenido en el art. 24.1 de la Constitución al no haberse emplazado directa y personalmente a los titulares de derechos o intereses legítimos que resultan individualizados en el escrito de interposición, y lo que se nos pide es que declaremos la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo con anterioridad a la Constitución, en virtud de normas procesales válidas en aquel momento, nulidad que se traduciría en la de las Sentencias impugnadas, que lo son precisamente en virtud del defecto de emplazamiento directo y personal producido en la primera instancia. 2. En el presente caso, aplicando la doctrina de la Sentencia 9/1981, es claro que la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» produjo la publicidad del recurso y el emplazamiento de la actora, de acuerdo con la legalidad entonces aplicable, por lo que no puede sostenerse que se produjera su indefensión, sin que sea de aplicación retroactiva la Constitución a un momento procesal anterior a la misma cuando el acceso a la justicia pudo producirse observando la diligencia exigida en aquel momento, anterior a la Constitución, por la Ley, sin que el hecho de que la Administración requiriera a la actora para el pago de la multa sobre la base de la firmeza de la resolución administrativa sancionadora le releve de esta carga, dado que existían terceros -la Comunidad de Propietarios- que podían interponer -como interpusieron- el recurso contencioso-administrativo. 3. En consecuencia, habiéndose producido el emplazamiento con anterioridad a la Constitución, en la forma prevista por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y estando el proceso en un grado de desarrollo posterior en el momento de su promulgación, no procede la aplicación retroactiva de la misma cuando la actora pudo tener acceso al proceso si hubiera observado la especial diligencia que le era exigible en aquel momento preconstitucional. 4. Dado que la Sentencia de la Audiencia Nacional se dicta en 2 de octubre de 1980, es decir, con posterioridad a la Constitución, es claro que el derecho fundamental a la segunda instancia, cuando ésta se encuentra prevista por la Ley, puede haber sido vulnerado si la interpretación de la misma no se ha efectuado de acuerdo con la Constitución, es decir, de conformidad con el mandato implícito en la misma de promover la defensa de los derechos e intereses legítimos, que obliga a interpretar la legalidad aplicable en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental. Por ello, el problema que se plantea es si la Sentencia de la Audiencia Nacional debió ser notificada personalmente con objeto de hacer posible la defensa en la segunda instancia de los derechos e intereses legítimos que estimara corresponderle, teniendo en cuenta que la entidad recurrente aparece perfectamente individualizada no sólo en las actuaciones, sino en la propia Sentencia y en el fallo de la misma. 5. La Sentencia de la Audiencia Nacional debió ser notificada personalmente a la Entidad «Viviendas de Vizcaya, E.C.B.», dadas las circunstancias concurrentes en el presente caso, y al no hacerlo así se vulneró el art. 24.1 de la Constitución, puesto que la falta de notificación, en este caso, imposibilitó el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la segunda instancia, prevista por la Ley.
En el recurso de amparo núm. 295/1983, formulado por el Procurador don Adolfo M. V., en representación de «Viviendas de Vizcaya, E.C.B.», bajo la dirección del Letrado don Víctor G. C., contra las Sentencias de la Audiencia Nacional de 2 de octubre de 1980 y del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1982, confirmatoria de la anterior, con la súplica de que se declare su nulidad y se ordene retrotraer las actuaciones en la forma que precisa. En el recurso han comparecido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado y ha sido Ponente el Magistrado don Rafael G. F. M., quien expresa el parecer de la Sala
1. En 4 de mayo de 1983, el Procurador don Adolfo M. V., en representación de la entidad «Viviendas de Vizcaya, E. C. B.», entidad domiciliada en Bilbao, calle Gran Vía, núm. 19, formula recurso de amparo contra Sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de octubre de 1980, recurso núm. 10.647, y contra Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1982, dictada en recurso de apelación núm. 49.177, que confirmó la anterior, con la súplica de que se declare su nulidad y se ordene retrotraer las actuaciones al momento inmediato posterior al de interposición del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, para que ésta emplace directa y personalmente a «Viviendas de Vizcaya, E. C. B.», ordenando cuantas medidas y providencias sean necesarias para el pleno restablecimiento del derecho lesionado, con expresa imposición de costas a aquella parte que temerariamente se opusiere al recurso. Por otrosí solicita la suspensión de la ejecución de la Sentencia de la Audiencia Nacional, a cuyo efecto ofrece constituir caución suficiente.
2. En la demanda se parte de los siguientes hechos: a) por escrito de 10 de junio de 1971, el Presidente de la Junta de Propietarios del Grupo Alonso , de Portugalete, solicitó del Ministerio de la Vivienda se declarase que las cantidades ingresadas por cada comprador de viviendas, en concepto de mejoras, suponía un sobreprecio y constituía falta muy grave, como también lo era el percibo de cantidades a cuenta del precio durante la construcción de viviendas; asimismo, pedía se condenase a «Viviendas de Vizcaya, E. C. B.», a la devolución de las cantidades que presuntamente constituían sobreprecio y no mejoras; b) por resolución de 21 de junio de 1976 de la Dirección General de la Vivienda, recaída en el expediente sancionador núm. 329 del año 1972, se impusieron a la actora dos multas de 25.000 y 100.000 pesetas, respectivamente, sin declarar la obligación de reintegrar cantidad alguna; c) contra dicha resolución interpuso recurso de alzada la mencionada Comunidad de Propietarios, el cual fue declarado inadmisible por haberse interpuesto fuera de plazo, por resolución de 31 de diciembre de 1977, d) entendiendo el Ministerio de la Vivienda que era firme la resolución de 21 de junio de 1976, requirió a la solicitante del amparo para el pago de las cantidades a que había sido condenada, requerimiento que se cumplimentó mediante el ingreso correspondiente; acompaña fotocopia del requerimiento practicado; e) la actora, que estaba convencida de la terminación del expediente, ha tenido conocimiento extraoficial en 19 de abril de 1983 de que la Comunidad de Propietarios había interpuesto recurso contencioso-administrativo núm. 10.647 ante la Audiencia Nacional (Sección Primera) contra la resolución del Ministerio de la Vivienda de 31 de diciembre de 1977, en el que recayó Sentencia en 2 de octubre de 1980, estimatoria del recurso, por la que declaraba que la Administración debe imponer, como accesoria a la sanción de multa que se mantiene, la de reintegro a todos los adquirientes demandantes de las viviendas del Grupo Alonso , de Repélaga (Portugalete), de las cantidades estimadas como sobreprecio por la entidad «Viviendas de Vizcaya, S. A.», en cuantía total de 13.004.655 pesetas, en la porción en que a cada uno de aquéllos individualmente le corresponda; f) interpuesto recurso de apelación por el Abogado del Estado, núm. 49.127, fue desestimado mediante Sentencia de 20 de diciembre de 1982; g) se hace constar en la demanda que la recurrente no tuvo conocimiento en ningún momento de la existencia del recurso contencioso-administrativo, habiéndolo tenido hace pocas fechas, de forma incidental y con carácter totalmente extraoficial; h) asimismo señala que a pesar de que la recurrente fue parte en el expediente administrativo y de que contra la misma se solicitaba la petición específica de reintegro de la cantidad de 13.004.655 pesetas, al promoverse el recurso de amparo ante la Audiencia Nacional, ésta no notificó personal y directamente a «Viviendas de Vizcaya, E. C. B.» la existencia de procedimiento, limitándose a formular el emplazamiento en la forma prevista en el art. 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a través del «Boletín Oficial del Estado».
4. Por providencia de 25 de mayo de 1983, la Sala acordó admitir a trámite la demanda formulada por «Viviendas de Vizcaya, E. C. B.», sin perjuicio de lo que resultase de los antecedentes, y por personado y parte al Procurador señor M. V. en nombre y representación de la citada entidad, así como requerir la remisión de las actuaciones o testimonio de las mismas al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional y el emplazamiento por dichos órganos judiciales a quienes fueron parte de los correspondientes procedimientos para que pudieran comparecer en este proceso constitucional.
5. Por providencia de 22 de septiembre pasado, la Sala acordó tener por recibidas las actuaciones reclamadas y por personado y parte al Abogado del Estado, y dar vista de tales actuaciones a la recurrente, al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado, no habiendo comparecido la Comunidad de Propietarios del Grupo Alonso , de Repélaga, en Portugalete. Asimismo se acordó formar la correspondiente pieza separada para la sustanciación del incidente de suspensión.
7. El Abogado del Estado, por su parte, solicita igualmente que se conceda el amparo, ordenando la nulidad de lo actuado en vía contenciosoadministrativa y retrotrayendo el procedimiento al momento inmediato posterior al de la interposición del recurso, pero haciendo uso, en cuanto fuese posible, del art. 127.2 de la L. J. C. A.
e) En el primer resultando de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Primera) de 2 de octubre de 1980, recaída en el recurso núm. 10.647, aquí impugnado, se hace constar que fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el anuncio preceptivo de la interposición del recurso. No consta en las actuaciones que se efectuaron emplazamiento personal alguno a la entidad «Viviendas de Vizcaya, E. C. B.», ni tampoco que le fuera notificada la Sentencia de la Audiencia Nacional, habiendo sido parte en el proceso la Comunidad de Propietarios del Grupo de Viviendas Alonso -Portugalete, Vizcaya-, como demandante, y la Administración General del Estado como demandada.
f) En el fallo de la mencionada Sentencia de la Audiencia Nacional, se declara la nulidad de las resoluciones administrativas impugnadas, si bien manteniendo la resolución de la Dirección General de la Vivienda de 21 de junio de 1976 en los extremos no controvertidos; y, asimismo, se declara que la Administración demandada debe imponer, como accesoria a la sanción de multa que se mantiene, la de reintegro a todos los adquirientesdemandantes de las viviendas del Grupo Alonso -Portugalete, Vizcaya- que la demanda se refiere, de las cantidades indebidamente percibidas como sobreprecio, por la entidad «Viviendas de Vizcaya, E. C. B.», en cuantía de 13.004.655 pesetas y en la porción que a cada uno de ellos individualmente le corresponda.
«Se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieran intereses directos en el mantenimiento del mismo, que por la comunidad de propietarios del grupo '' Alonso '', de Repélaga, Portugalete, se ha formulado recurso contencioso-administrativo contra resolución de la Dirección General de la Vivienda, recaída en expediente sancionador 329/1972, y desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto contra dicha resolución sobre sanción impuesta en dicho expediente a la entidad constructora «Viviendas de Vizcaya, E. C. B.», de Bilbao; recurso al que ha correspondido el núm. 10.647 de la Sección Primera.
«Se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieran intereses directos en el mantenimiento del mismo, que por ''Comunidad de Propietarios del Grupo Alonso '', de Repélaga, Portugalete, se ha formulado recurso contencioso-administrativo contra resolución del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de fecha 31 de diciembre de 1977, que declara inadmisible el recurso de alzada interpuesto contra la de 23 de junio de 1976, de la Dirección General de la Vivienda, recaída en el expediente sancionador 329/1972, dirigido contra la entidad constructora benéfica ''Viviendas de Vizcaya, E. C. B.», de Bilbao; recurso al que ha correspondido el núm. 10.647 de la Sección Primera.
a) Anular la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Cuarta) de 20 de diciembre de 1982, recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación (núm. 49.127), retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 22 de octubre de 1980, por la que se admitió el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado, emplazándose al recurrente y demás partes personadas, contra la Sentencia de la misma de 2 de octubre de 1980 (Sección Primera), recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 10.647, interpuesto por la Comunidad de Propietarios del Grupo de Viviendas de Alonso -Portugalete, Vizcayafrente a la Administración General del Estado.
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