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Timestamp: 2019-09-17 01:08:13+00:00

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SuperContable.com - Sociedad Anónima Laboral: Concepto y características principales de su régimen jurídico.
Sociedad Anónima Laboral: Concepto y características principales de su régimen jurídico.
SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE SU RÉGIMEN JURÍDICO
Antes de analizar el régimen jurídico de la Sociedad Anónima Laboral es importante señalar que este tipo de sociedad es, en primer lugar, una Sociedad Anónima y, por lo tanto, la Sociedad Anónima Laboral va a tener las características propias de la Sociedad Anónima; con las peculiaridades que se exponen a continuación.
Dicho esto, por Sociedad Anónima Laboral debemos entender aquella sociedad capitalista y de carácter mercantil, cuyo capital social pertenece en su mayoría a los/as socios/as trabajadores que presten en ella servicios retribuidos en forma personal y directa, y cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido, debiendo ser éstos propietarios de al menos del 51% del capital social.
El capital está dividido en acciones nominativas. En la "Sociedad Anónima Laboral" el desembolso de los dividendos pasivos deberá efectuarse dentro del plazo que señalen los estatutos sociales.
Las acciones de las sociedades laborales serán de dos clases: las que sean propiedad de los trabajadores cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido y las restantes. A la primera clase se la denominará "clase laboral" y a la segunda "clase general". Las acciones estarán representadas necesariamente por medio de títulos, individuales o múltiples, numerados correlativamente en los que además de las menciones exigidas con carácter general, se indicará la clase a la que pertenezcan.
Ningún socio/a podrá tener acciones que supongan más de la tercera parte del capital social, salvo que:
Como se trata, en definitiva, de una Sociedad Anónima, debemos señalar, por tanto, que su capital está dividido en acciones integradas por las aportaciones de los/as socios/as, los cuales no responderán personalmente de las deudas sociales contraídas frente a terceros, sino que lo harán con el capital aportado por cada uno de ellos para constituir la Sociedad.
Se regulan por la Ley 44/2015, de 14 de Octubre, de Sociedades Laborales y Participadas. Además, y hasta ahora, como es lógico, se regulan también por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital , que entendemos que se aplica subsidiariamente.
El número mínimo de socios para constituir una Sociedad Laboral es de 2 socios trabajadores, al 50% cada uno, con la obligación de incluir por lo menos a un tercer socio, ya sea trabajador o capitalista, en los tres años siguientes a su constitución, para cumplir el límite impuesto por la ley de que ningún socio posea más del 33% del capital social.
En cuanto a la constitución, los requisitos y trámites serán los mismos que para constituir una Sociedad Anónima porque, como hemos señalado, la condición de "laboral" la atribuye una calificación administrativa si se cumplen unos requisitos legalmente previstos. En consecuencia, la Sociedad Anónima Laboral se constituye mediante escritura pública, que contendrá los Estatutos de la Sociedad, y que deberá ser inscrita en el Registro Mercantil. Con la inscripción adquirirá la Sociedad Anónima su personalidad jurídica.
La actividad de la Sociedad, salvo disposición contraria de los Estatutos de la Sociedad, dará comienzo en la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución. No obstante, los Estatutos no podrán fijar una fecha de inicio anterior a la del otorgamiento de la escritura. Si se fijase un plazo para el inicio de las actividades de la Sociedad y no se indicase cuándo comienza, éste se contará desde la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución.
El capital inicial mínimo para constituir la Sociedad Anónima Laboral es de 60.000 Euros. El capital está dividido en acciones nominativas. En la "Sociedad Anónima Laboral" el desembolso de los dividendos pasivos deberá efectuarse dentro del plazo que señalen los estatutos sociales.
Ningún socio/a podrá tener acciones que supongan más de la tercera parte del capital social, salvo:
- cuando la sociedad laboral se constituya inicialmente por dos socios trabajadores con contrato por tiempo indefinido, al 50% cada uno, con la obligación de que en el plazo de 36 meses se ajusten al límite anterior.
Al igual que en la Sociedad Anónima ordinaria, las aportaciones de los/as socios/as para constituir el capital podrán ser en metálico, en bienes o en derechos valorables económicamente. En ningún caso podrán ser objeto de aportación el trabajo o los servicios; puesto que el trabajo de los socios trabajadores ya se presta en la empresa mediante un contrato laboral por cuenta ajena de carácter indefinido que los víncula con la sociedad.
En cuanto a la denominación, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Sociedades Laborales y Participadas, la denominación de la Sociedad deberá contener la indicación de "Sociedad Anónima Laboral", o su abreviatura "S.A.L.".
Asimismo, y como se trata de una Sociedad Anónima, no podrá adoptarse una denominación idéntica a la de otra Sociedad preexistente; por lo que el Registro Mercantil Central tendrá que certificar que la denominación elegida no coíncide con la de otra Sociedad ya existente.
Por lo que se refiere a la administración de la Sociedad, será de plena aplicación el régimen jurídico previsto para las Sociedades Anónimas, al que nos remitimos expresamente.
En este sentido, si la sociedad laboral estuviera administrada por un Consejo de Administración, los titulares de acciones de la clase general podrán agrupar sus acciones para nombrar a sus miembros conforme al sistema de representación proporcional previsto en el artículo 243 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde a los administradores en la forma determinada por los estatutos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 233.2 de la Ley de Sociedades de Capital, de tal forma que la atribución del poder de representación se regirá por las siguientes reglas:
- En el caso de consejo de administración, el poder de representación corresponde al propio consejo, que actuará colegiadamente. No obstante, los estatutos podrán atribuir el poder de representación a uno o varios miembros del consejo a título individual o conjunto.
El nombramiento de los administradores se realizará por la Junta General que, en defecto de disposición estatutaria, podrá fijar las garantías que los administradores deberán prestar o relevarlos de esta prestación.
El procedimiento de impugnación seguirá los cauces propios de la Sociedad Anónima, con la única matización de que si el acuerdo impugnado afecta a la composición del capital o al cambio de domicilio fuera del término municipal, el Juez que conozca del procedimiento pondrá en conocimiento del Registro de Sociedades laborales la existencia de la demanda y las causas de impugnación, así como la sentencia que estime o que desestime la demanda.
En cuanto al régimen de transmisión de acciones, hay que diferenciar, en primer lugar, si se trata de una transmisión inter-vivos o de una transmisión mortis-causa.
En las transmisiones inter-vivos, existe total libertad si los destinatarios son los socios trabajadores o trabajadores no socios con contrato por tiempo indefinido, en cuyo caso el transmitente deberá comunicar a los administradores de la sociedad por escrito y de modo que asegure su recepción, el número y características participaciones que se proponga transmitir y la identidad del adquiriente. Para el resto de casos el propietario de las participaciones comunicará a la sociedad el número, características y precio de las acciones que se proponga transmitir para que ésta traslade la propuesta en el plazo máximo de diez días simultáneamente a todos los posibles interesados, que deberán manifestar su voluntad de adquisición en un plazo máximo de 20 días.
Si por el contrario, no se presentasen ofertas de compra en dicho plazo, el propietario de las acciones podrá transmitirlas libremente, pero si el socio no procediera a la transmisión de las mismas en el plazo de dos meses, deberá iniciar de nuevo los trámites indicados.
Por último, sólo podrá prohibirse la transmisión voluntaria de las acciones por actos "inter-vivos" si los estatutos reconocen al socio el derecho a separarse de la sociedad en cualquier momento. La incorporación de estas cláusulas a los estatutos sociales exigirá el consentimiento de todos los socios.
No obstante lo anterior, los estatutos podrán impedir la transmisión voluntaria de las acciones por actos "inter-vivos" o el ejercicio del derecho de separación durante un período de tiempo no superior a cinco años a contar desde la constitución de la sociedad.
Además, en el caso de extinción de su relación laboral, el socio trabajador está obligado a ofrecer la adquisición de sus acciones en el plazo de un mes conforme al procedimiento que hemos analizado y, si nadie ejercita su derecho de adquisición preferente, el socio pasasá a ostentar la condición de socio de clase general.
En el caso de embargo de las acciones de la sociedad o de ejecución de la prenda constituida sobre las mismas, se actuará conforme al artículo 109 de la Ley de Sociedades de Capital pero incluyendo también en las notificaciones a los trabajadores no socios con contrato indefinido, de tal forma que el derecho de subrogación se ejercite en el mismo orden indicado anteriormente para la transmisión de participaciones inter-vivos.
En las transmisiones mortis-causa la Ley señala que la adquisición hereditaria de acciones confiere al adquirente, ya sea heredero o legatario del fallecido, la condición de socio.
No obstante lo anterior, los estatutos sociales, en caso de muerte del socio trabajador, podrán reconocer un derecho de adquisición preferente sobre las acciones de clase laboral, por el procedimiento previsto para la transmisión inter-vivos, por el valor razonable que las acciones tuviesen el día del fallecimiento del socio, que se pagará al contado, y que se ejercitará en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la comunicación a la sociedad de la adquisición hereditaria.
Asimismo, la Ley también reconoce un derecho de adquisición preferente a los titulares de acciones pertenecientes a cada una de las clases en toda ampliación de capital con emisión de nuevas acciones, para suscribir o asumir las nuevas acciones pertenecientes a la clase respectiva.
En toda ampliación de capital deberá respetarse la proporción existente entre las acciones pertenecientes a las distintas clases con que cuenta la sociedad, salvo si la ampliación tuviera como objeto la acomodación del capital a los límites establecidos legalmente para las sociedades laborales.
Además, las acciones no suscritas o asumidas por los socios de la clase respectiva, salvo acuerdo contrario de la Junta General que adopte el aumento del capital social, se ofrecerán a los trabajadores con contrato indefinido, sean o no socios, en la forma prevista para la transmisión de acciones.
La exclusión del derecho de suscripción preferente se regirá por la Ley de Sociedades de Capital, pero cuando la exclusión afecte a las acciones de la clase laboral la prima será fijada libremente por la Junta General siempre que la misma apruebe un Plan de adquisición de acciones por los trabajadores de la sociedad, y que las nuevas acciones se destinen al cumplimiento del Plan e imponga la prohibición de enajenación en un plazo de cinco años.
Cuando sea la Sociedad Laboral quien adquiera sus propias acciones, siempre con cargo a beneficios, a la reserva especial o a otras reservas disponibles, éstas deberán ser enajenadas a favor de los trabajadores de la sociedad con contrato de trabajo indefinido en el plazo máximo de tres años, conforme al procedimiento establecido para la transmisiones inter-vivos. Una vez transcurrido este plazo, si el total de las acciones propias supera el 20% del capital social, las acciones no enajenadas deberán ser amortizadas mediante reducción del capital social.
En este sentido, se les permite a las sociedades laborales anticipar fondos, conceder créditos o préstamos, prestar garantías o facilitar asistencia financiera para la adquisición de sus propias acciones por los trabajadores de la sociedad con contrato indefinido que no sean socios.
El régimen aplicable a las acciones propias será el previsto en la Ley de Sociedades de Capital, sin que se computen a los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos sobre participación en el capital social establecidos para la consideración de sociedad laboral.
Como ya hemos señalado al analizar la Sociedad Anónima ordinaria, de la condición de socio/a se derivan una serie de de derechos y obligaciones en relación con la Sociedad; tal y como prevé el artículo 91 de la Ley de Sociedades de Capital. Nos remitimos a lo indicado al respecto en el apartado correspondiente a la Sociedad Anónima en todo aquello que no es objeto de estudio en este apartado, por presentar especialidades propias de las Sociedades Laborales.
Por otro lado, la Ley reconoce el derecho de los socios a separarse de la sociedad en el caso de que no hayan votado a favor de determinados acuerdos tales como el cambio del objeto social, el traslado del domicilio social al extranjero, la modificación del régimen de transmisión de las acciones, la prórroga o reactivación de la Sociedad o la transformación de la sociedad en otro tipo de sociedad, entre otros.
Asimismo, la Sociedad Anónima Laboral, al igual que la Sociedad Anónima ordinaria, podrá excluir al socio que incumpla la obligación de realizar prestaciones accesorias, así como al socio administrador que infrinja la prohibición de competencia o hubiera sido condenado por sentencia firme a indemnizar a la sociedad los daños y perjuicios causados por actos contrarios a esta Ley o a los estatutos o realizados sin la debida diligencia. Los estatutos, con el consentimiento de todos los socios, podrán incorporar otras causas de exclusión de los socios.
En cualquiera de los casos de separación o exclusión enumerados, el socio separado o excluido tendrá derecho a obtener en el plazo máximo de cuatro meses el valor de sus acciones, transmitidas o amortizadas.
Por lo que se refiere al derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales que se decidan repartir (lo que se conoce como el derecho al dividendo), y a percibir cantidades a cuenta de los dividendos, la Ley señala que se realizará en proporción al capital que cada uno de ellos haya desembolsado; siendo la Junta General la que determinará el momento de su realización y la forma de pago.
Además de lo anterior, y directamente relacionado con el reparto de beneficios, hay que señalar que la Ley de Sociedades Laborales y Participadas obliga a estas sociedades, además de a dotar las reservas legales o estatutarias que procedan, a constituir Reserva Especial, que se dotará con el 10% del beneficio líquido de cada ejercicio, hasta que alcance al menos una cifra superior al doble del capital social. La Reserva Especial sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
En cuanto a la responsabilidad, en la sociedad anónima laboral, al igual que en la anónima ordinaria, los socios no responderán personalmente y con sus propios bienes de las deudas sociales, ya que la responsabilidad de los socios se circunscribe exclusivamente al capital aportado por cada uno para constituir la Sociedad, es decir, a los bienes y patrimonio de la Sociedad.
- Cuando se excedan los límites establecidos legalmente en relación con el número de horas a prestar por los trabajadores no-socios y sobre la titularidad de participaciones que superen la tercera parte del capital social, salvo en las excepciones comentadas.
Si, transcurrido dicho plazo de seis meses, la sociedad no hubiera eliminado la causa legal de pérdida de la calificación, el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma dictará una resolución acordando la descalificación de la sociedad como sociedad laboral y ordenando su baja en el Registro Administrativo de Sociedades Laborales. Una vez se efectue el correspondiente asiento en dicho Registro Administrativo se remitirá certificación de la resolución y de la baja al Registro Mercantil correspondiente para la práctica de nota marginal en la hoja abierta a la sociedad.
Si la descalificación se produce antes de cinco años desde su constitución o transformación, conllevará además la pérdida de los beneficios tributarios que corresponden a la Sociedad Laboral.
En cuanto a la disolución, las Sociedades Laborales se disolverán por las causas establecidas en las normas correspondientes a las sociedades anónimas, a las cuales nos remitimos, con la única salvedad de que los estatutos sociales podrán establecer también como causa de disolución la pérdida de la condición de "sociedad laboral".
En consecuencia, las sociedades anónimas laborales se disuelven por las causas siguientes:
7º) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.
La disolución de la sociedad debe hacerse constar en escritura pública que se presentará para su inscripción en el Registro Mercantil y se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, así como en uno de los diarios de mayor circulación en el lugar del domicilio social.
Por último, y por cuanto se refiere al reparto, se procederá a la adjudicación entre los accionistas del haber social existente, de conformidad con lo que resulte del balance final.
En este punto, hay que tener en cuenta que si todas las acciones no se hubiesen liberado en la misma proporción, se restituirá en primer término a los accionistas que hubiesen desembolsado mayores cantidades el exceso sobre la aportación del que hubiese desembolsado menos y el resto se distribuirá entre los accionistas en proporción al importe nominal de sus acciones.
Ocurre así cuando el patrimonio de la sociedad consiste únicamente en metálico y no existen deudas. También se pueden realizar ambos actos conjuntamente cuando sí que existen bienes pero no deudas y se acuerda repartir dichos bienes en proporción a la participación en la sociedad. Lo mismo es aplicable cuando además de bienes existan derechos que igualmente se reparten. Y el caso más simple, sociedades sin deudas y sin ningún patrimonio donde no procede reparto alguno; en esos casos igualmente se pueden hacer a la vez la disolución y la liquidación.
Siguiente: Sociedad Anónima Laboral: Responsabilidad.

References: Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 243
 Real Decreto 
 artículo 233
 artículo 109
 artículo 91
 resolución 
 resolución