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Timestamp: 2020-03-29 06:05:14+00:00

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DECRETO 208/1997 DE 9 DE SETIEMBRE, REGLAMENTO FORESTAL DE ANDALUCÍA.
BOJA 117/1997, de 7 de octubre.
b) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas, entendiendo por tales las superficies cubiertas de vegetación arbórea, arbustiva, de matorral o herbácea, que reúnan la dimensión y las características suficientes para cumplir alguna de las funciones citadas en el párrafo anterior de acuerdo con lo previsto, en su caso, por los Planes de Ordenación de Recursos Naturales.
En defecto de previsión expresa tendrán la consideración de enclaves forestales los terrenos de cabida superior a 5 has. que se hallen cubiertos de arbolado en, al menos, un 20% de su superficie o de matorral en el 50%.
4. La pérdida total o parcial de cubierta vegetal como consecuencia de un incendio no alterará la calificación jurídica de dicha superficie como terreno forestal (artículo 50.2 Ley[1]).
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada. Cuando el procedimiento se haya iniciado de oficio, se entenderá caducado en los términos que se establecen en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre[2].
2. Los informes previstos en los artículos 6.2 y 8.2 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, en relación con los instrumentos de planificación y planeamiento urbanístico, se integrarán en la Declaración de Impacto Ambiental, cuando ésta sea exigible de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental[3].
4. Las posibles discrepancias en relación con la clasificación urbanística de terrenos forestales se formularán por el órgano a quien competa la aprobación definitiva del planeamiento y se resolverán por el Consejo de Gobierno con arreglo a lo previsto en el procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental establecido en el Decreto 292/95, de 12 de diciembre[4].
1. El Plan recogerá para el ámbito del mismo o recursos ordenados la definición de los objetivos de producción, ecológicos, científicos, recreativos o similares que resulten aplicables, estableciendo criterios de prioridad y compatibilidad entre los mismos, así como especificando, en su caso, los objetivos territoriales a conseguir en función tanto de las necesidades forestales como de los criterios derivados de los instrumentos de ordenación del territorio, previstos en el artículo 17 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio[5].
3. Visto el resultado de las alegaciones recibidas durante el trámite de información pública y de audiencia, la Administración Forestal elaborará el Proyecto de Plan y lo remitirá a las Corporaciones Locales incluidas total o parcialmente en el ámbito del mismo, al órgano competente en ordenación del territorio para el informe de incidencia previsto en el artículo 18 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio[6], y al Consejo Provincial de Medio Ambiente, Forestal y de Caza correspondiente para que formulen las observaciones que consideren necesarias en el plazo de dos meses.
La Administración forestal y las entidades en que se integren los voluntarios velarán porque las personas que participen en tareas de voluntariado ambiental en el ámbito forestal vean reconocidos los derechos y cumplan los deberes contenidos en el Decreto 45/1993, de 20 de abril[7].
6. La afectación tácita y por silencio de terrenos de titularidad autonómica se regirán por lo previsto en los artículos 50 y 51 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía[8], y sus disposiciones de desarrollo.
2. La inscripción en el Catálogo de Montes de Andalucía determinará, en todo caso, la aplicación de los principios que se enumeran a continuación en los términos establecidos por la Ley de Montes de 8 de junio de 1957[9], su Reglamento, aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero[10], y demás normas que la desarrollan en materia de montes del Catálogo de Utilidad Pública:
1. La Administración Forestal podrá adquirir, por cualquier título admitido en derecho, tanto intervivos como mortis causa, terrenos que puedan considerarse como forestales en aplicación del artículo 2.1 de este Reglamento o derechos reales sobre los mismos, pudiendo utilizarse el procedimiento de adquisición directa, en los términos que se establecen en el artículo 77 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía[11].
El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en relación con terrenos forestales incluidos dentro de espacios naturales protegidos se regirá por lo previsto en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos y se establecen medidas adicionales de protección[12].
7. En todo lo no previsto en este artículo el expediente se tramitará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado mediante Decreto 276/1987, de 11 de noviembre[13], correspondiendo al Consejero de Medio Ambiente la resolución del mismo.
4. El procedimiento ordinario de deslinde se tramitará en la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de Medio Ambiente y se desarrollará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 37 a 43 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, la legislación de reguladora del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, supletoriamente, los Títulos III y IV del Reglamento de Montes aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero[14], correspondiendo al Consejero de Medio Ambiente la resolución del mismo dentro del plazo de dos años contados a partir de la iniciación del procedimiento.
2. Las solicitudes para ocupaciones de interés particular en montes de titularidad autonómica o cuya gestión esté encomendada a la Administración Forestal se tramitarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de este Reglamento y la legislación reguladora del patrimonio de la Comunidad Autónoma[15], con las particularidades que se establecen en los párrafos siguientes.
La realización de cambios de cultivo, usos y aprovechamientos forestales en montes particulares se someterán al régimen de autorización administrativa previa o notificación regulado en Título VI de este Reglamento, sin perjuicio de la aplicación del régimen de prevención ambiental previsto en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía[16].
2. En defecto de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, la Administración Forestal elaborará las correspondientes propuestas con arreglo a lo previsto en el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes[17] y las someterá al Consejo de Gobierno para su aprobación mediante Decreto.
3. Las actuaciones de repoblación forestal se someterán al procedimiento de prevención ambiental que, en su caso, resulte aplicable con arreglo a la Ley 7/1994, de Protección Ambiental de Andalucía[18], siendo también de aplicación lo dispuesto en el Título Sexto de este Reglamento.
1. Será necesaria la previa obtención de autorización administrativa para la realización de los usos y aprovechamientos que se enumeran a continuación, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos exigibles, en su caso, con arreglo a la Ley 7/1994, de Protección Ambiental de Andalucía[19], y otras normativas, tales como las relativas a la caza y pesca y de las normas específicas establecidas en aplicación del artículo 64.3 de la Ley 2/1992, de 15 de junio:
f) Corta, quema, arranque o inutilización de las especies arbóreas y arbustivas enumeradas en el Anexo del presente Reglamento. Se exceptúa la necesidad de autorización para las labores de limpieza de matorral, en dehesas con pendientes inferiores al 20%, siempre que no afecten a especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Flora Silvestre Amenazada, aprobado por Decreto 104/1994, de 10 de mayo[20].
4. La adjudicación o enajenación de usos o aprovechamientos forestales en montes públicos se realizará mediante contrato, o en su caso, concesión, adjudicado y celebrado con arreglo a lo dispuesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas[21].
La imposición de sanciones y exigencia de responsabilidades a los infractores en materia forestal exigirá la apertura y tramitación del correspondiente expediente sancionador con arreglo a los principios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común[22].
2. El acuerdo de iniciación contendrá las menciones establecidas en el artículo 13.1 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y será objeto de notificación a las personas establecidas en el párrafo 2 del mencionado artículo[23].
Quedan expresamente derogados el Decreto 145/1992, de 4 de agosto, por el que se regulan determinados aspectos contenidos en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía[24], y el Decreto 146/1993, de 21 de septiembre, por el que se estima el ciclo vegetativo de las especies forestales y se clasifican las mismas a los efectos de lo establecido en el Título VII de la citada Ley[25].
CHOPOS O ALAMOS BLANCOS
QUEJIGO – ROBLE ANDALUZ
ENCINA – CARRASCA
MELOJO – REBOLLO
SERBALES O MOSTAJOS
CIPRES RAMOSO
DURILLOS – ESPINOS
SANGUINO – DURILLO
ESPINOS, MAJOLETOS O MAJUELOS
SIDERTITIS SP.
ESPLIEGOS O LAVANDAS
LIMONIUM INSIGNIS
THIMUS SP.
[1] El artículo 50.2 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, ha sido derogado por la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.
[2] BOE 285/1992, de 27 de noviembre; corrección en BOE 311/1992 y 23/1993. El artículo 43 ha sido modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 12/1999, de 14 de enero), la nueva regulación de la falta de resolución se encuentra en el modificado artículo 44 de la Ley 30/1992:
[3] BOJA 79/1994, de 31 de mayo.
[4] BOJA 166/1995, de 28 de diciembre.
[5] El artículo 17 de la Ley 1/1994 (BOJA 8/1994, de 22 de enero; corrección BOJA 54/1994, de 23 de abril) establece:
[6] “Artículo 18.
[7] Decreto 45/1993, de 20 de abril, por el que se regula la colaboración del voluntariado social a través de entidades colaboradoras sin ánimo de lucro (BOJA 55/1993, de 25 de mayo). El artículo 6 recoge los Deberes a que se refiere el art. 39 del Decreto 208/1997:
[8] “Artículo 50.
[9] BOE 151/1957, de 10 de junio.
[10] BOE 61/1962, de 12 de marzo.
[11] “Artículo 77.
[12] BOJA 60/1989, de 27 de julio.
[13] BOJA 2/1988, de 1 de enero.
[14] BOE 61/1962, de 12 de marzo.
[15] Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 40/1986, de 9 de mayo) y Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 2/1988, de 8 de enero).
[16] BOJA 79/1994, de 31 de mayo.
[17] BOE 61/1962, de 12 de marzo.
[18] BOJA 79/1994, de 31 de mayo.
[19] BOJA 79/1994, de 31 de mayo.
[20] BOJA 107/1994, de 14 de julio.
[21] En la actualidad la normativa que rige la contratación pública es el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE 148/2000, de 21 de junio) que deroga expresamente la Ley 13/1995 citada.
[22] Véase el Título IX de la 30/1992 y, en su desarrollo, el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora (BOE 189/1993, de 9 de agosto).
[23] El Real Decreto 1398/1993 (BOE 189/1993, de 9 de agosto) establece lo siguiente en su artículo 13.1:
[24] BOJA 81/1992, de 20 de agosto.
[25] BOJA 104/1993, de 25 de septiembre.
Demetrio Merino A. 2016/2019

References: resolución 
 artículo 43
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 2
 artículo 77
 resolución 
 resolución 
 artículo 68
 artículo 64
 artículo 13
 Real Decreto 
 artículo 50
 artículo 43
 resolución 
 artículo 44
 artículo 17
 artículo 6
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 13