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Timestamp: 2019-11-19 07:39:45+00:00

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200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020012903CC-SENTENCIAC157201321/03/2013CC-SENTENCIA_C_157__2013_21/03/2013200129032013Sentencia C-157/13 (Bogotá DC., marzo 21 de 2013) SANCION POR FALTA DE DEMOSTRACION DE PERJUICIOS EN JURAMENTO ESTIMATORIO - Exequibilidad condicionada Si bien el legislador goza de una amplia libertad para configurar los procedimientos, no puede prever sanciones para una persona, a partir de un resultado, como el de que se nieguen las pretensiones por no haber demostrado los perjuicios, cuya causa sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA NORMA SOBRE JURAMENTO ESTIMATORIO EN CODIGO GENERAL DEL PROCESO- Procedencia por cumplimiento de requisitos CODIGO GENERAL DEL PROCESO- Juramento estimatorio en reconocimiento de indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD - Requisitos mínimos DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD - Requisitos mínimos argumentativos de claridad, certeza y suficiencia JURAMENTO ESTIMATORIO- Desarrollo normativo JURAMENTO ESTIMATORIO- Alcance normativo EJERCICIO DE DERECHOS PROCESALES- Deberes de las partes y apoderados JURAMENTO ESTIMATORIO - Presupuesto necesario para el trámite del proceso CODIGO GENERAL DEL PROCESO- Condena en costas La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra . CONDENA EN COSTAS -Reglas CONDENA EN COSTAS -Liquidación CODIGO GENERAL DEL PROCESO - Incorporación y desarrollo del principio constitucional de la buena fe JURAMENTO ESTIMATORIO - Objeto/ JURAMENTO ESTIMATORIO- Adición de disposiciones para evitar posibles maniobras que conlleven a evadir o eludir el pago de arancel judicial NEGACION DE PRETENSIONES POR FALTA DE DEMOSTRACION DE PERJUICIOS- Causas LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL - Jurisprudencia constitucional/ LEGISLADOR - Asegura la efectividad de derechos constitucionales al acceso a la justicia y debido proceso, consolida la seguridad jurídica, racionalidad, equilibrio, la finalidad de los procesos y desarrolla el principio de legalidad Al interpretar el artículo 150.2 de la Carta, la Corte ha puesto de presente que, con base en la competencia del Congreso de la República para "expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones", éste goza de "una amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial". En ejercicio de esta libertad puede "evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial". Al regular el procedimiento en los procesos judiciales, el Legislador asegura la efectividad de los derechos constitucionales a acceder a la justicia y a un debido proceso, consolida la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y la finalidad de los procesos y desarrolla el principio de legalidad. En ejercicio de su competencia constitucional, según el recuento que se hace en la Sentencia C-738 de 2006 y que se reitera en la Sentencia C-203 de 2011, el legislador puede: (i) fijar las etapas de los procesos y establecer los términos y las formalidades que se deben cumplir; (ii) definir las competencias entre los entes u órganos del Estado, cuando no las haya establecido la Constitución de manera explícita; (iii) regular los medios de prueba; (iv) definir los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, los poderes y deberes del juez, y las exigencias aplicables a los terceros, sea para asegurar la celeridad y eficacia del proceso, sea para proteger a las partes o intervinientes, o sea para prevenir situaciones que impliquen daño o perjuicio injustificado a éstos ; ( v) establecer los recursos y medios de defensa disponibles contra los actos de las autoridades . CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE MEDIOS DE PRUEBA - Finalidad En materia de medios de prueba, el legislador puede regular el ejercicio de presentar y solicitar pruebas; el ejercicio de controvertir las pruebas que se presenten; la publicidad de la prueba, para garantizar su posible contradicción; la regularidad de la prueba, es decir, la obtención de ésta conforme al debido proceso; el decreto y práctica de pruebas de oficio, cuando sea necesario para asegurar la realización y efectividad de los derechos; y la valoración de los medios de prueba por el juez . CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL- Límites/ DEBERES, OBLIGACIONES Y CARGAS PROCESALES - Potestad legislativa para establecer requisitos, señalar plazos u oportunidades para su cumplimiento y fijar consecuencias jurídicas de su incumplimiento/ LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL- Reglas/ POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL- Criterios de razonabilidad y proporcionalidad como límites constitucionales En materia de deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, el legislador puede establecer requisitos, señalar plazos u oportunidades para cumplirlos, y fijar consecuencias jurídicas en caso de que no se cumplan en su correspondiente oportunidad. Si bien el Legislador goza de una amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, ésta está sujeta a unos límites, dados por los valores, los principios y las reglas constitucionales. La competencia del Congreso de la República y, con ella, el principio democrático, debe examinarse a la luz de otros principios, como el de primacía del derecho sustancial, el de la buena fe y el de imparcialidad, y con algunos derechos como el de acceder a la administración de justicia y a un debido proceso. Para establecer si el ejercicio de la Libertad del legislador desborda los límites a los cuales se encuentra sometida, la Corte ha decantado una serie de criterios. En la Sentencia C-227 de 2009, se los precisa así: En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar derechos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13, 29 y 229 C.P.); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas y iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.). Es menester, entonces, que en todo caso exista un principio de razón suficiente que justifique el mandato contenido en la norma legal. La existencia de este principio de razón suficiente debe establecerse a partir de un juicio de proporcionalidad y razonabilidad, conforme a los criterios antedichos. DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA- Alcance CARGA PROCESAL -Responsabilidad de las partes en el proceso/ CARGA PROCESAL- Desconocimiento de la Constitución cuando resulta desproporcionada, irrazonable o injusta La Ley puede asignar a las personas unas cargas para el ejercicio de sus derechos en el ámbito procesal, y se precisa que éstas "son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables " . Se advierte igualmente que la Corte, entre otras en la Sentencia C-1104 de 2001, "se ha apartado explícitamente de avalar un criterio de desconocimiento de las responsabilidades de las partes en el proceso, lo cual, ha estimado, atentaría contra los mismos derechos que dentro de él se pretenden proteger, y llevaría al efecto contrario: a la inmovilización del aparato encargado de administrar justicia, o al menos a la afectación significativa de su debido funcionamiento, lo que revertiría a la postre en un perjuicio al interés general". No obstante, se afirma que es posible que una carga, pese a ser pertinente para un proceso, no sea acorde con la Carta. Esta situación se configuraría cuando la carga resulta ser desproporcionada, irrazonable o injusta. Para examinar si la carga demandada no vulnera la Constitución, conforme a los parámetros de la Sentencia C-662 de 2004, la Corte pasa a constatar si la norma persigue una finalidad acorde con el orden superior, si la configuración de la norma es adecuada para cumplir con esta finalidad y si hay proporcionalidad entre la finalidad y la norma. En su análisis la Corte encuentra que la norma es adecuada respecto con el demandante que abandona o descuida las cargas que le corresponde asumir, pero no lo es respecto del demandante diligente, a cuya conducta no se puede atribuir la declaración de nulidad, ya que esta puede ocurrir por otras causas, pues el error en la selección de la jurisdicción o de el juez competente puede ser resultado de factores que escapan a su control, como es el caso de "las incongruencias de todo el engranaje jurídico, o las divergencias doctrinarias y jurisprudenciales existentes en materia de competencia y jurisdicción". En vista de la anterior circunstancia, la Corte encuentra que la redacción indiscriminada y genérica de la norma demandada termina por imponer una carga y, por ende, una sanción por no satisfacerla, "al demandante diligente que ha ejercido su acción en tiempo y que no ha dado lugar a la declaratoria de nulidad". Por tanto, concluye que en este escenario hipotético la norma resulta desproporcionada respecto del acceso a la justicia. NORMA SOBRE SANCIONES IMPUESTAS POR FALTA DE DEMOSTRACION DE PERJUICIOS- Escenarios hipotéticos NORMA SOBRE SANCIONES IMPUESTAS POR FALTA DE DEMOSTRACION DE PERJUICIOS- No se refiere a sanciones impuestas por sobrestimación/ NORMA ACUSADA- Finalidad de desestimular la presentación de pretensiones temerarias no es contraria a la Carta TEMERIDAD Y MALA FE- Desconoce las cargas procesales de las partes REGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Y APODERADOS CUANDO SU CONDUCTA SE ALEJA DE LA PROBIDAD Y DE LA BUENA FE- Contribuye a depurar el proceso judicial La existencia de un completo régimen de responsabilidad, aplicable a las partes y a sus apoderados, cuando su conducta se aleje de la probidad y de la buena fe, del cual la norma demandada hace parte, contribuye a depurar el proceso judicial, pues tiene la capacidad potencial de desestimular, por la vía de la responsabilidad y de las sanciones, el obrar descuidado y descomedido que asume el proceso como una apuesta abierta, en el cual el azar, y no la justicia, debe ser la guía. SANCION POR FALTA DE DEMOSTRACION DE PERJUICIOS EN JURAMENTO ESTIMATORIO - No procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente o esmerado, lo cual resulta desproporcionado La Corte ratifica que el Legislador goza de una amplia libertad de configuración en materia de procedimientos; recordó los límites a los que está sujeta esta libertad; admitió que dentro de estos límites, el legislador puede imponer a la partes cargas para ejercer sus derechos y acceder a la administración de justicia; analizó, a partir de escenarios hipotéticos, las posibles causas de que se profiera una decisión que niegue las pretensiones por no haberse demostrado los perjuicios. En el análisis precedente, encontró que existe un escenario hipotético, relativo a una interpretación posible de la norma en el cual se podría sancionar a la parte pese a que su obrar haya sido diligente, cuando la decisión de negar las pretensiones obedece a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado, lo cual resulta desproporcionado. Estima la Corte que, pese a esta circunstancia, la norma no resulta desproporcionada en los restantes escenarios hipotéticos, por lo cual optó por proferir una decisión de exequibilidad condicionada. Al aplicar los parámetros dados la Sentencia C-662 de 2004, empleados también en la Sentencia C-227 de 2009, para establecer si la norma demandada preveía una sanción excesiva o desproporcionada, la Corte pudo establecer que la finalidad de desestimular la presentación de pretensiones sobreestimadas o temerarias es acorde con el ordenamiento constitucional; que esta norma es potencialmente adecuada para cumplir dicha finalidad; y que sólo en uno de los escenarios hipotéticos planteados -en el de que la causa de no satisfacer la carga de la prueba sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado-, la sanción resulta excesiva o desproporcionada frente al principio de la buena fe y a los derechos a acceder a la justicia y a un debido proceso. Referencia: expediente D-9263. Actor: Jhon Armando Gartner López.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVOD9263CONSTITUCIONALIDADJhon Armando Gartner LópezDemanda de inconstitucionalidad: Ley 1564 de 2012, artículo 206, Parágrafo único.Identificadores20020012904true25529Versión original20012904Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad: Ley 1564 de 2012, artículo 206, Parágrafo único.
SentenciaC-157/13
Al interpretar el artículo 150.2 de la Carta, la Corte ha puesto de presente que, con base en la competencia del Congreso de la República para "expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones", éste goza de "una amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial". En ejercicio de esta libertad puede "evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial". Al regular el procedimiento en los procesos judiciales, el Legislador asegura la efectividad de los derechos constitucionales a acceder a la justicia y a un debido proceso, consolida la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y la finalidad de los procesos y desarrolla el principio de legalidad. En ejercicio de su competencia constitucional, según el recuento que se hace en la Sentencia C-738 de 2006 y que se reitera en la Sentencia C-203 de 2011, el legislador puede: (i) fijar las etapas de los procesos y establecer los términos y las formalidades que se deben cumplir; (ii) definir las competencias entre los entes u órganos del Estado, cuando no las haya establecido la Constitución de manera explícita; (iii) regular los medios de prueba; (iv) definir los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, los poderes y deberes del juez, y las exigencias aplicables a los terceros, sea para asegurar la celeridad y eficacia del proceso, sea para proteger a las partes o intervinientes, o sea para prevenir situaciones que impliquen daño o perjuicio injustificado a éstos; (v) establecer los recursos y medios de defensa disponibles contra los actos de las autoridades.
En materia de deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, el legislador puede establecer requisitos, señalar plazos u oportunidades para cumplirlos, y fijar consecuencias jurídicas en caso de que no se cumplan en su correspondiente oportunidad.Si bien el Legislador goza de una amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, ésta está sujeta a unos límites, dados por los valores, los principios y las reglas constitucionales. La competencia del Congreso de la República y, con ella, el principio democrático, debe examinarse a la luz de otros principios, como el de primacía del derecho sustancial, el de la buena fe y el de imparcialidad, y con algunos derechos como el de acceder a la administración de justicia y a un debido proceso. Para establecer si el ejercicio de la Libertad del legislador desborda los límites a los cuales se encuentra sometida, la Corte ha decantado una serie de criterios. En la Sentencia C-227 de 2009, se los precisa así: En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar derechos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13, 29 y 229 C.P.); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas y iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.). Es menester, entonces, que en todo caso exista un principio de razón suficiente que justifique el mandato contenido en la norma legal. La existencia de este principio de razón suficiente debe establecerse a partir de un juicio de proporcionalidad y razonabilidad, conforme a los criterios antedichos.
La Ley puede asignar a las personas unas cargas para el ejercicio de sus derechos en el ámbito procesal, y se precisa que éstas "son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables". Se advierte igualmente que la Corte, entre otras en la Sentencia C-1104 de 2001, "se ha apartado explícitamente de avalar un criterio de desconocimiento de las responsabilidades de las partes en el proceso, lo cual, ha estimado, atentaría contra los mismos derechos que dentro de él se pretenden proteger, y llevaría al efecto contrario: a la inmovilización del aparato encargado de administrar justicia, o al menos a la afectación significativa de su debido funcionamiento, lo que revertiría a la postre en un perjuicio al interés general". No obstante, se afirma que es posible que una carga, pese a ser pertinente para un proceso, no sea acorde con la Carta. Esta situación se configuraría cuando la carga resulta ser desproporcionada, irrazonable o injusta. Para examinar si la carga demandada no vulnera la Constitución, conforme a los parámetros de la Sentencia C-662 de 2004, la Corte pasa a constatar si la norma persigue una finalidad acorde con el orden superior, si la configuración de la norma es adecuada para cumplir con esta finalidad y si hay proporcionalidad entre la finalidad y la norma. En su análisis la Corte encuentra que la norma es adecuada respecto con el demandante que abandona o descuida las cargas que le corresponde asumir, pero no lo es respecto del demandante diligente, a cuya conducta no se puede atribuir la declaración de nulidad, ya que esta puede ocurrir por otras causas, pues el error en la selección de la jurisdicción o de el juez competente puede ser resultado de factores que escapan a su control, como es el caso de "las incongruencias de todo el engranaje jurídico, o las divergencias doctrinarias y jurisprudenciales existentes en materia de competencia y jurisdicción". En vista de la anterior circunstancia, la Corte encuentra que la redacción indiscriminada y genérica de la norma demandada termina por imponer una carga y, por ende, una sanción por no satisfacerla, "al demandante diligente que ha ejercido su acción en tiempo y que no ha dado lugar a la declaratoria de nulidad". Por tanto, concluye que en este escenario hipotético la norma resulta desproporcionada respecto del acceso a la justicia.
Demandade inconstitucionalidad: Ley 1564 de 2012, artículo 206, Parágrafo único.
MagistradoPonente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
2.1. Principio de proporcionalidad de la sanción. Se vulnera al prever una consecuencia jurídica excesiva, como es la de una condena equivalente al cinco por ciento de lo pretendido, para la persona que presenta una demanda cuyas pretensiones se niegan por falta de demostración de los perjuicios. Y se afirma que la sanción es excesiva por cuanto el mero hecho de presentar una demanda de estas características y, con ella, dar origen a un proceso judicial, es una "actuación procesal que implícitamente no perjudica ni a la contraparte ni mucho menos a terceros dentro de la relación jurídico procesal". Agrega que el exceso es más notorio cuando se aprecia que la sanción se aplica también a aquellos casos cuya cuantía sea muy baja e incluso "irrisoria".
2.2. El principio de la buena fe. Se afecta en la medida en que la norma demandada se basa en la desconfianza respecto de la conducta de los demandantes, a quienes se impone una serie de requisitos formales excesivos, al punto de atemorizar de manera injustificada, a quien no duda en calificar como "la parte más débil dentro de la relación procesal".
2.3. Acceso a la justicia y el debido proceso. Al castigar de forma desproporcionada el incumplimiento de una serie de meros requisitos formales; valga decir, que la sanción fijada como consecuencia "de una simple afirmación subjetiva que depende más de un formalismo procesal, que de un derecho sustancial propiamente dicho", amedrenta a las personas para acceder a la justicia y desconoce su derecho a un debido proceso.
3.1.3. Asume que la sanción prevista en la norma demandada es necesaria para fortalecer la efectividad del juramento estimatorio, en la medida en que contribuye a "desestimular la presentación de pretensiones sobreestimadas o temerarias", lo cual encuentra apoyo en los derechos constitucionales a acceder a la justicia, a un debido proceso y a la igualdad de las partes en el proceso.
3.2.2. Destaca que el proceso judicial no es ajeno al principio de la buena fe, pues dentro de él las personas deben abstenerse de conductas como mentir, engañar o manipular a los demás sujetos procesales o al juez. La conducta de magnificar el objeto del reclamo ante la justicia, de manera "desleal y torticera", se inscribe dentro de estas conductas.
3.4.2. Asume que la norma demandada prevé una sanción objetiva frente a la circunstancia de que se nieguen las pretensiones por falta de prueba de los perjuicios, lo cual crea "un insalvable escollo para los justiciables que, con incertidumbre, acuden a la jurisdicción para que resuelva su situación".
3.4.3. Señala como relevante el precedente contenido en la Sentencia C-203 de 2011, en la cual la Corte declaró inexequible la expresión "no reúne los requisitos, o", contenida en el inciso 3 del artículo 49 de la Ley 1395 de 2010. Para llegar a esta conclusión, la Corte consideró que sancionar la conducta de no presentar una demanda de casación en materia laboral con el lleno de los requisitos, con la declaración de desierto del recurso y con una multa de cinco a diez salarios mínimos mensuales al apoderado judicial, era contrario a la Carta, ya que "el ejercicio antitécnico de las facultades procesales, no puede convertirse en un hecho reputado como ilícito, merecedor de sanciones de cualquier índole".
3.5.2. La ineptitud de la demanda se presenta porque ésta: (i) no es clara, en tanto existen "secciones que son oscuras en su redacción o absolutamente generales"; (ii) carece de certeza, en la medida en que no examina el supuesto de hecho objeto de reproche y, por el contrario, sostiene que el artículo se ocupa de la debida o indebida estimación de los perjuicios, no obstante que la disposición se refiere a la falta de prueba de los mismos; y (iii) la acusación no consigue presentar un argumento que resulte relevante desde una perspectiva constitucional y, en consecuencia, carece de suficiencia.
3.5.3. De manera subsidiaria se solicita que se declare la exequibilidad de la norma demandada, bajo el entendido de que sólo procede la sanción cuando "quien realizó el juramento estimatorio no discriminó cada uno de los conceptos de la estimación y es renuente a la práctica de pruebas solicitadas por la contraparte y decretadas por el juez y/o las decretadas de manera oficiosa por el juez".
4.6. Por lo tanto, las hipótesis que pueden dar cuenta de la circunstancia de no haber demostrado los perjuicios ponen en evidencia el descuido e irresponsabilidad del actor, y en algunos casos su dolo. En este contexto, "existe una razón suficiente para la sanción que prevé el parágrafo demandado, dado el desgaste injustificado que la conducta culpable del demandante genera al demandado, a los terceros que intervengan en el proceso y a la propia administración de justicia".
5.Algunas precisiones sobre el alcance normativo del precepto acusado.
5.3.3. El parágrafo objeto de la demanda se incorpora al artículo 206 del proyecto de ley, en el primer debate en el Senado de la República. En el informe ponencia correspondiente, que aparece en la Gaceta del Congreso 114 de 2012[15], se justifica la inclusión del parágrafo en la necesidad de regular la hipótesis de que las pretensiones sean desestimadas, valga decir, aquellos casos en los cuales el juramento no es fabuloso en sí mismo, sino que son las pretensiones las que son fabulosas. La razón de esta norma es, pues, "desestimular la presentación de pretensiones sobreestimadas o temerarias".
5.3.4. El discurso sobre la necesidad y la justificación de la regla culmina con la redacción del texto del parágrafo, en los siguientes términos: "También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas".
6.2.1. Es evidente que la norma no hace ninguna distinción respecto de la circunstancia determinante de la sanción, esto es, respecto de que se "nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios". Como lo anota el Ministerio Público, son diversas las causas por las cuales puede ocurrir la falta de demostración de los perjuicios. Dos son los escenarios hipotéticos iniciales que dan cuenta del fenómeno sub examine: (i) los perjuicios no se demostraron porque no existieron; y (ii) los perjuicios no se demostraron, pese a existir, porque no se satisfizo la carga de la prueba.
6.3.1. Al interpretar el artículo 150.2 de la Carta[16], la Corte ha puesto de presente que, con base en la competencia del Congreso de la República para "expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones", éste goza de "una amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial"[17]. En ejercicio de esta libertad puede "evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial"[18].
6.3.8.2. Allí también se recuerda que la ley puede asignar a las personas unas cargas para el ejercicio de sus derechos en el ámbito procesal[29], y se precisa que éstas "son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables"[30].
6.3.8.3. Se advierte igualmente que la Corte, entre otras en la Sentencia C-1104 de 2001, "se ha apartado explícitamente de avalar un criterio de desconocimiento de las responsabilidades de las partes en el proceso, lo cual, ha estimado, atentaría contra los mismos derechos que dentro de él se pretenden proteger, y llevaría al efecto contrario: a la inmovilización del aparato encargado de administrar justicia, o al menos a la afectación significativa de su debido funcionamiento, lo que revertiría a la postre en un perjuicio al interés general". No obstante, se afirma que es posible que una carga, pese a ser pertinente para un proceso, no sea acorde con la Carta. Esta situación se configuraría cuando la carga resulta ser desproporcionada, irrazonable o injusta. Para examinar si la carga demandada no vulnera la Constitución, conforme a los parámetros de la Sentencia C-662 de 2004, la Corte pasa a constatar si la norma persigue una finalidad acorde con el orden superior, si la configuración de la norma es adecuada para cumplir con esta finalidad y si hay proporcionalidad entre la finalidad y la norma.
6.3..8.4. En su análisis la Corte encuentra que la norma es adecuada respecto con el demandante que abandona o descuida las cargas que le corresponde asumir, pero no lo es respecto del demandante diligente, a cuya conducta no se puede atribuir la declaración de nulidad, ya que esta puede ocurrir por otras causas, pues el error en la selección de la jurisdicción o de el juez competente puede ser resultado de factores que escapan a su control, como es el caso de "las incongruencias de todo el engranaje jurídico, o las divergencias doctrinarias y jurisprudenciales existentes en materia de competencia y jurisdicción".
6.3.8.5. En vista de la anterior circunstancia, la Corte encuentra que la redacción indiscriminada y genérica de la norma demandada termina por imponer una carga y, por ende, una sanción por no satisfacerla, "al demandante diligente que ha ejercido su acción en tiempo y que no ha dado lugar a la declaratoria de nulidad". Por tanto, concluye que en este escenario hipotético la norma resulta desproporcionada respecto del acceso a la justicia. Esta conclusión se plasma en la siguiente decisión:
PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el numeral 3° del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, tal como fue modificado por la Ley 794 de 2003, en cuanto se refiere a las causales de nulidad previstas en los numerales 1° y 2° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, "en el entendido que la no interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad sólo aplica cuando la nulidad se produce por culpa del demandante".
6.4.1. Conforme a los parámetros dados en la Sentencia C-662 de 2004, aplicados también en la Sentencia C-227 de 2009, corresponde establecer, en primer lugar, si la norma demandada persigue una finalidad que resulte acorde con el ordenamiento constitucional. Para este menester es necesario considerar el propósito de la norma, valga decir, su razón de ser: "desestimular la presentación de pretensiones sobreestimadas o temerarias".
Exequible en el entendido ... (parágrafo único- bajo el entendido de que tal sanción -por falta de demostración de los perjuicios-, no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado. ) Artículo 206 LEY_1564_2012_12/07/2012
Estoy de acuerdo con la sentencia en cuanto consideró que el aparte demandado no desconoce los contenidos constitucionales que el actor estima vulnerados. La disposición normativa, correctamente entendida, no vulnera el principio de la buena fe, el acceso a la justicia o el derecho al debido proceso; tampoco afecta el principio de legalidad en términos de proporcionalidad de la sanción. Por el contrario, como la decisión lo resalta en varios apartes, la norma está orientada a proteger contenidos constitucionales como la buena fe y persigue una finalidad acorde con el ordenamiento constitucional, que consiste en desestimular la presentación de demandas con pretensiones temerarias. Así mismo, comparto la argumentación que demuestra que la norma demandada es adecuada para la consecución de la mencionada finalidad "en la medida en que comporta una sanción a la parte que ha actuado de manera indebida y al margen del ordenamiento constitucional y legal".
También considero acertado el fundamento del análisis de proporcionalidad en donde se concluye a partir del examen de la finalidad de la norma demandada que esta "no es manifiestamente innecesaria o claramente desproporcionada".
En efecto, luego de plantear varios escenarios hipotéticos, referidos a la forma como las pretensiones de una demanda pueden ser negadas por falta de demostración de los perjuicios, la decisión concluye que una de las interpretaciones posibles de la norma permite sancionar a la parte, incluso bajo hipótesis en las cuales ésta ha obrado diligentemente, lo cual resulta excesivo y desproporcionado. Con fundamento en esta posibilidad o escenario posible, la decisión declara la exequibilidad condicionada de la norma demandada por considerar que el legislador no puede prever sanciones a partir de un resultado cuya causa "sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado".
En primer lugar, el parámetro para determinar que la sanción no es aplicable por "hechos o motivos ajenos a la voluntad", tal y como quedó consagrado en el condicionamiento, puede resultar ambiguo e impreciso. El fallo no establece los criterios para identificar qué constituye una "causa ajena a la voluntad" ni ofrece elementos objetivos para que ésta pueda ser precisada. En segundo lugar, el requisito de acuerdo con el cual dichos hechos ajenos a la voluntad deben ocurrir "a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado" podría eventualmente entenderse por los intérpretes como un estándar de responsabilidad más alto que aquel buscado por la norma. En efecto, la decisión no sólo excluye de la sanción a quien no ha obrado temerariamente o negligentemente, conductas que la norma busca disuadir, sino que exige a quien acude a la administración de justicia obrar de manera excesivamente diligente y esmerada, hasta el punto que sólo en los casos fáciles, donde exista absoluta certeza sobre las pretensiones, sería posible evitar el riesgo a la sanción. En cierta forma, se impediría el acceso a la justicia de procesos que la teoría jurídica denomina "casos difíciles", en donde precisamente la tarea del juez y de las partes es precisar la verdad de los hechos o el alcance normativo de una disposición.
Ahora, toda vez que la decisión sustenta en varios apartes la razonabilidad de la norma en términos de su finalidad, es decir disuadir conductas temerarias o negligentes mediante la sanción a la parte que "ha actuado de manera indebida y al margen del ordenamiento constitucional y legal", considero que el condicionamiento que hace la Corte debe entenderse en el sentido de que no existe lugar a la sanción sino en los casos de probada negligencia, temeridad o deliberado ánimo de incumplir las cargas procesales.
Aunado a lo anterior, en un aparte de la sentencia parece afirmarse de manera fragmentaria que la decisión judicial que niega las pretensiones por falta de demostración de perjuicios, constituye una evidencia objetiva de una conducta temeraria. Además de que tal sugerencia contradice las razones que la misma sentencia aduce para sustentar el condicionamiento y en particular la ratio de esa misma decisión, de conformidad con la cual una sanción no puede fundamentarse en un mero resultado - la negación de las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios -, la decisión no suministra las razones que justificarían esta excepción a la proscripción general de la responsabilidad objetiva. Ese aparte de la sentencia corresponde entonces a un obiter, sin fuerza vinculante y sin relación con la parte resolutiva de la decisión.
"DeclararEXEQUIBLE el parágrafo único del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, bajo el entendido de que tal sanción por falta de demostración de los perjuicios, solo procede cuando la causa de la misma sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte".
[3]Artículo 8. Iniciación e impulso de los procesos. Los procesos sólo podrán iniciarse a petición de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio.
[4]Artículo 26. Determinación de la cuantía. La cuantía se determinará así:
[5]Artículo 78. Deberes de las partes y sus apoderados. Son deberes de las partes y sus apoderados:
[6]Artículo 79. Temeridad o mala fe. Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos:
[7]Artículo 80. Responsabilidad patrimonial de las partes. Cada una de las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe cause a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida. Si no le fuere posible fijar allí su monto, ordenará que se liquide por incidente.
[8]Artículo 81. Responsabilidad patrimonial de apoderados y poderdantes. Al apoderado que actúe con temeridad o mala fe se le impondrá la condena de que trata el artículo anterior, la de pagar las costas del proceso, incidente o recurso y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. Dicha condena será solidaria si el poderdante también obró con temeridad o mala fe.
[9]Artículo 82. Requisitos de la demanda. Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos:
[10]Artículo 86. Sanciones en caso de informaciones falsas. Si se probare que el demandante o su apoderado, o ambos, faltaron a la verdad en la información suministrada, además de remitir las copias necesarias para las investigaciones penal y disciplinaria a que hubiere lugar, se impondrá a aquellos, mediante incidente, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales y se les condenará a indemnizar los perjuicios que hayan podido ocasionar, sin perjuicio de las demás consecuencias previstas en este código.
[11]Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
[12]Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[13]Artículo 206.Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Sólo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación.
[14]Artículo 206.Juramento estimatorio. Se introducen varias modificaciones importantes en la norma. En primer lugar, se indica en el inciso primero que el juramento estimatorio deberá hacerse discriminando cada uno de los conceptos que comprenda.
[15]Artículo 206.Juramento estimatorio. En primer lugar, en el inciso 3° se precisa la redacción sin modificar el sentido de la norma, salvo para una causal genérica de sospecha.

References: artículo 365
 artículo 366
 artículo 150
 artículo 206
 artículo 206
 artículo 150
 artículo 206
 artículo 49
 artículo 206
 artículo 150
 artículo 91
 artículo 140
 Artículo 206
 artículo 206