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Timestamp: 2020-01-17 13:06:23+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 131, de 08/05/2001
Año 2001 VII Legislatura Comisiones. Núm. 131
COMISION DE ECONOMIA, COMERCIO Y TURISMO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE SEGUI DIAZ
celebrada el martes, 8 de mayo de 2001
Elección del Vicepresidente Primero de la Comisión (Número de expediente 541/000011).
Designar Ponencia o, en su caso, dictaminar el Proyecto de ley por el que se modifica la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (procedente del Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero) (Número de expediente 621/000023).
Debate y votación de las siguientes mociones:
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que financie y ejecute la construcción de un Parador de Turismo en Almonaster la Real (Huelva) (Número de expediente 661/000073).
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que financie y ejecute la construcción de un Parador de Turismo en la aldea de El Rocío, en el municipio de Almonte (Huelva) (Número de expediente 661/000074).
--ELECCION DEL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA COMISION (541/000011).
El señor PRESIDENTE: El primer punto del orden del día es la elección del Vicepresidente Primero de la Comisión como consecuencia de la renuncia formulada por el Senador Gil-Ortega Rincón. Se ha facilitado a esta Presidencia una propuesta del Grupo Parlamentario Popular para que sea designado el Senador don Carlos Daniel Murria Climent. ¿Puede aprobarse esta propuesta por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada la propuesta por asentimiento y, en consecuencia, ruego al Senador Murria que suba a ocupar su nuevo lugar en esta Comisión.
--DESIGNAR PONENCIA O, EN SU CASO, DICTAMINAR EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 54/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR ELECTRICO, Y DETERMINADOS ARTICULOS DE LA LEY 16/1989, DE 17 DE JULIO, DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 2/2001, DE 2 DE FEBRERO) (621/000023).
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es la designación de la Ponencia que ha de informar el proyecto de ley por el que se modifica la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (procedente del Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero), o en su caso dictaminar dicho proyecto de ley.
La propuesta de esta Presidencia es que, tras el nombramiento de la Ponencia, el proyecto de ley se dictamine hoy mismo en Comisión dada la brevedad de los plazos derivados de su tramitación por el procedimiento de urgencia.
¿Se acepta esta propuesta por parte de los grupos parlamentarios? (Asentimiento.) ¿Tienen los diversos grupos parlamentarios los nombres de los integrantes de la Ponencia? (Asentimiento.) ¿Por parte del Grupo Parlamentario Popular?
El señor COLSA BUENO: Por parte del Grupo Parlamentario Popular serán don José Fernández Otaño y don Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco.
El señor PRESIDENTE: ¿Por parte del Grupo Parlamentario Socialista?
El señor BRU PARRA: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista serán don José María Romero Calero y don Antonio Callado García.
El señor PRESIDENTE: ¿Por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
El señor SIMO I BURGUES: En este caso yo mismo, es decir, Joan Horaci Simó i Burgués.
El señor PRESIDENTE: No hay representantes del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ni del de Senadores Nacionalistas Vascos ni del de Senadores de Coalición Canaria, por lo que pasamos al Grupo Parlamentario Mixto.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Yo mismo, Manuel Cámara.
Pasamos a debatir la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
En turno a favor, en nombre de dicho Grupo Parlamentario, tiene la palabra el Senador José María Romero.
Intervengo para consumir un turno a favor del veto que el Grupo Parlamentario Socialista presenta al proyecto de ley que estamos debatiendo en este trámite.
En realidad, tal y como lo considera el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, en España no existe un modelo competitivo en el sector eléctrico; antes al contrario, se ha producido una concentración empresarial que ha supuesto que en un sector en el que operaban más de doce empresas actualmente operen cuatro, y, de ellas, prácticamente dos en régimen de duopolio.
El sistema que se ha venido implantando a lo largo de los últimos años ha tenido como consecuencia que sólo una mínima parte de los clientes llamados elegibles hayan optado por cambiar de suministrador de compañía.
En la práctica estamos asistiendo a que el mercado eléctrico, en gran parte, sigue siendo un mercado cautivo. Por otra parte, la coincidencia de los grupos empresariales en la explotación tanto en los ámbitos de generación como en los ámbitos de distribución hace que realmente no se esté desarrollando una situación de transición a la competencia. En consecuencia, como no se produce en España un mercado realmente competitivo, nos parece que no se pueden establecer unos costes de transición a la competencia de manera generalizada.
Ha quedado puesto de manifiesto en los últimos años que el conocimiento de unos pretendidos costes de transición a la competencia de una forma generalizada para todo el sector eléctrico de manera indiscriminada, y muy particularmente con el proceso frustrado de fusión entre Endesa e Iberdrola, no se sostiene. Es una realidad que no se está produciendo esta situación de mercado y, por lo tanto, lo que sí necesita el sector es una regulación que liberalice efectivamente y de una manera eficaz tanto las actividades de generación como las de distribución.
En realidad, el proyecto de ley nos viene a plantear una simple modificación de la disposición transitoria sexta de
la Ley del Sector Eléctrico, que lo único que hace es retrotraernos a la situación anterior suprimiendo la posibilidad de que las compañías titulicen los CTC, es decir, los costes de transición a la competencia, pero no se profundiza en lo que, a nuestro juicio, ha ocurrido, y es que la realidad no se corresponde con la pretensión o con la idea que quizá hubo en su día de que se produjera una verdadera liberalización y una verdadera competencia. Por el contrario, se están produciendo paradojas como, por ejemplo, que se ha pasado de doce empresas presentes en el sector a una concentración.
Hoy mismo el Vicepresidente del Gobierno ha manifestado de manera pública su no disposición a autorizar la compra de una de estas compañías o de una participación importante de esta compañía por otras europeas. Por tanto, la liberalización no se está produciendo. El reconocimiento de unos costes de manera genérica, como hemos visto que en estos últimos meses, y los activos que en su día tuvieron adscritos importantes costes de transición a la competencia, originaría en una posible fusión una venta de estos activos y que afloraran plusvalías importantes, y eso es una manifiesta contradicción. Por tanto, nosotros consideramos que en su momento se debe abordar un marco genérico y competitivo en el sector, que no es lo que nos plantea el proyecto de ley, y por eso justificamos nuestro veto.
En lo que se refiere a las modificaciones que se pretenden introducir en la Ley de Defensa de la Competencia, en realidad lo que han puesto de manifiesto las autoridades comunitarias es que en España hay un gran déficit de una adecuada tutela de la competencia porque se produce una injerencia desde el Ejecutivo en los órganos que deben velar por la defensa de la competencia a nivel genérico, y lo que hoy se nos plantea en este proyecto de ley es un mínimo maquillaje de la Ley de Defensa de la Competencia que no entra a profundizar en lo que en un Estado moderno y en la situación actual en la que nos desenvolvemos en Europa se puede exigir de una normativa que regule la defensa de la competencia.
En base a estas dos consideraciones en un sentido amplio es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista plantea esta propuesta de veto al proyecto de ley que se nos remite.
¿En el turno en contra, algún grupo quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Fernández.
El señor FERNANDEZ OTAÑO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me corresponde hacer uso de la palabra para plantear la oposición al veto del Grupo Parlamentario Socialista a la modificación que se propone en la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, y a determinados artículos de la Ley de Defensa de la Competencia.
Como acabamos de escuchar, y así se recoge en la justificación del veto, el Grupo Parlamentario Socialista justifica su propuesta de veto porque no se resuelven los problemas más importantes y concretos del sector, como son la supuesta falta de competencia en el mismo, el mantenimiento de los costes de transición a la competencia en perjuicio de los consumidores y, en algún caso, la atribución de un exceso de intervención que mantiene el Gobierno.
Respecto a estas consideraciones y centrándonos en los argumentos que sirven de base al Grupo Parlamentario Socialista para justificar su propuesta de veto por la supuesta falta de competencia en el sector, ya que los costes de transición perjudican a los consumidores, debemos decir, en primer lugar, respecto a los costes de transición, que no se aporta ninguna solución alternativa a lo que han planteado el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular, y en segundo lugar, le recuerdo al Senador Romero que los costes de transición no son en ningún caso subvenciones, ayudas o caprichos que tiene el Gobierno, sino que son compromisos derivados de la regulación anterior, de cumplimiento ineludible para el Gobierno, por ser un derecho reconocido en las instalaciones de generación de las diferentes tecnologías la percepción de una compensación por el paso a un sistema competitivo en el que rigen las reglas del mercado. Por tanto, los costes de transición al régimen de mercado competitivo, como digo, no son ni una ayuda ni una subvención, son algo que el Gobierno debe cumplir ineludiblemente.
Respecto a la falta de competencia que afirma que se está produciendo en el sector, en primer lugar hemos de decirle que desde la aprobación de la ley que regula el sector eléctrico los precios se han reducido en términos nominales un 12 por ciento, y respecto a las pequeñas y medianas empresas y al uso doméstico se ha reducido un 15 por ciento. Eso ha venido motivado por las medidas liberalizadoras que ha adoptado el Gobierno en esta materia. Además, el plan de liberalización del sector trazado por el Gobierno ha ocasionado que empresas que hasta la fecha ni siquiera se habían planteado la posibilidad de implantarse en España estén interesadas en participar en la apertura del mercado del suministro de electricidad, lo que sin duda hará que aumente la competencia en el sector más todavía y que los primeros beneficiarios de dicha competencia sean los usuarios.
Respecto a la reclamación que hacen de un mayor poder de intervención al Gobierno, dicha pretensión va en contra de la voluntad liberalizadora de economía que preside la actuación del Gobierno y que tan buenos resultados ha dado en los últimos años.
La segunda parte del veto hace referencia a la Ley de la Defensa de la Competencia, y lo justifican por entender que dichas modificaciones van dirigidas a potenciar las competencias del Gobierno en detrimento de las del Tribunal de Defensa de la Competencia, y por considerar que permiten modificarla mediante acuerdos y obligaciones contenidas en normas sectoriales.
Respecto a la primera de las cuestiones, no es cierto que el Tribunal de la Defensa de la Competencia vea mermadas sus atribuciones, ya que no se ha atentado en absoluto
contra las competencias que tiene establecidas el Tribunal de Defensa de la Competencia y que le vienen atribuidas en el artículo 25 de la Ley 16/1989. Más bien al contrario, parece que por el Grupo Parlamentario Socialista se pretende incorporar a dichos organismos funciones de fijación y objetivos de política económica que constitucionalmente no le corresponden, por cuanto el control de las concentraciones se enmarca dentro de la política económica y constituye un elemento más de la misma y, como tal, su diseño y ejecución compete al Gobierno.
En cuanto al pretendido control por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia de las concentraciones que pudieran producirse, deberíamos decir que parece poco razonable que, siendo un órgano consultivo, se quiera que además lleve a cabo labores de vigilancia y control, cuando esas funciones le corresponden a otro órgano, que es el Servicio de Defensa de la Competencia.
Por último, y respecto a que las modificaciones propuestas permitan modificar obligaciones contenidas en las normas sectoriales, ello no significa que mediante acuerdo del Consejo de Ministros se modifique la legislación sectorial. Lo que se pretende es establecer con claridad la posibilidad de imponer a las empresas que se concentran, en los casos de que pudieran producirse riesgos para la competencia y en consecuencia para el interés público, condiciones excepcionales respecto a las que rigen para el resto del sector.
Entiendo que hemos rebatido los argumentos que esgrime el Grupo Parlamentario Socialista para plantear este veto a las propuestas de modificación que se plantean a la Ley del Sector Eléctrico y a la Ley de Defensa de la Competencia, y, en consecuencia, el Grupo Parlamentario Popular se va a oponer a esa propuesta de veto que plantea el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, seis; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto.
Pasamos ahora al debate del articulado.
Hay un total de 17 enmiendas presentadas por tres grupos parlamentarios.
El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado las números 1 a 6 y 7 a 9; el Grupo Parlamentario Socialista las números 10 a 15, y el Grupo Parlamentario Popular las números 16 y 17.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Cámara para la defensa de las enmiendas números 1 a 6.
Antes de defender mis enmiendas quiero decir que la transición a esa competencia nos va a costar un billón setecientos treinta y seis mil millones de pesetas. El modelo no es nada competitivo. Yo, tanto como ciudadano como representante político, veo un aligeramiento en las plantillas de las empresas mediante incentivos y acuerdos individuales; que existe en las empresas una externalización de actividades hacia la competencia, hacia otras compañías a través de contratas de mantenimiento por tanto del oligopolio, en este caso privado. No se dan soluciones a los problemas de inversión y déficit importantes que hay en los servicios para los consumidores. En el caso de la Comunidad Autónoma a la que pertenezco, el oligopolio es clarísimo pues sólo hay una compañía, y es difícil que se instale alguna otra, y por cierto con problemas de inversión y otras cuestiones que se agravan más por ser un archipiélago.
Presento, efectivamente, seis enmiendas. La primera se refiere a que en ningún momento se ha reconocido que exista el derecho a percibir las compensaciones por coste de transición a la competencia. Se ha reconocido que existen coste de transición, de entrada. Por tanto, planteamos la supresión de esa frase del artículo 1.1, porque no es lo mismo que se reconozcan unos costes de entrada, con el derecho a percibir una compensación, y con un ejemplo lo dejaré más claro. Aunque en un año, por ejemplo el 2002, se analizara que no existen para ese ejercicio costes de transición, las empresas eléctricas tendrían derecho a percibirlo, porque así se les reconoce en esta propuesta que se nos presenta.
La segunda enmienda es de modificación, y se refiere a que los costes de transición, como derecho a la competencia, que reconocemos, deben ser sólo y exclusivamente con los incentivos al consumo del carbón autóctono y a la aplicación de las tecnologías.
La tercera enmienda se refiere a las fechas. Antes aparecía el año 2007, y ahora se amplía el plazo hasta el 2010. Si nos parecía excesivo el 2007, mucho más el 2010 para percibir dichos costes. Desde que se aprobó la Ley de Modificación del Sector Eléctrico no se ha producido, como decía antes, tal competencia, y hemos pasado de lo que yo denominaba antes oligopolio estatal a un oligopolio privado. No hacen falta por tanto tres años más para que se adapten a la competencia estas compañías eléctricas. Nos parece un plazo excesivo.
La cuarta enmienda se refiere al cálculo de las plusvalías reales originadas por la venta, para que sean éstas las que se descuenten del saldo pendiente de los derechos de los costes de transición a la competencia de la sociedad vendedora. Esta enmienda tiene que ver con los costes a la hora de fijar la venta de las instalaciones; normalmente las valoraciones que se hacen en la venta suelen estar por encima de aquellas que constan en las contabilidades de las empresas, y por tanto nos parece prudente esta enmienda.
Las dos últimas enmiendas, la quinta y la sexta, tienden a limitar las posibilidades de maniobra de los acuerdos del Consejo de Ministros.
Creemos que al menos se tiene que respetar un estándar mínimo y que la flexibilidad del Gobierno tiene que ser para subir o bajar, pero nunca por debajo de unos estándares mínimos sectoriales, que son precisamente los que garantizan un mínimo general para todo el mundo; esto es lo que se denomina bien común e interés general. El actual texto permite al Consejo de Ministros hacer prácticamente lo que estime oportuno en relación a
las condiciones impuestas por la legislación sectorial, pudiendo respetarlas como tales, superarlas o hacerlas menos restrictivas, por un acuerdo empresarial concreto, y nos parece que es conveniente limitar esas posibilidades tan grandes que puede tener el Consejo de Ministros y situarlo en ese marco de media sectorial.
Esas son nuestras seis enmiendas, que sometemos a la consideración de los demás grupos.
Tiene la palabra el Senador Quintana, también por el Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de las enmiendas números 7 a 9.
Desde el Bloque Nacionalista Galego ya anunciamos en su día nuestra consideración respecto a las subvenciones establecidas para el supuesto tránsito a la competencia y los costes de ella derivados, calificando, desde nuestra perspectiva, de injustas y desproporcionadas estas subvenciones. Nosotros consideramos además que se comete un error, no sólo por esa transmisión financiera, sino por el hecho de que se produzca y no vaya acompañada al mismo tiempo de una exigencia a las operadoras del sector de mejorar su infraestructura, y por tanto su servicio.
Fundamentadas en este análisis, hemos presentado tres enmiendas al articulado del proyecto, que se sustancian en dos enmiendas de adición al artículo 1, y una enmienda de supresión al artículo 2.
Las enmiendas de adición al artículo 1 proponen la introducción de nuevos artículos que permitirían, en el caso de la enmienda número 7, la obligatoriedad de inversiones en mejora medioambiental de las empresas beneficiadas por el tránsito financiero al que antes hacíamos referencia, y con la enmienda número 8, y en la misma perspectiva de lo que antes decíamos, incluiríamos un nuevo artículo que obligaría a la mejora de las redes de distribución a estas mismas empresas. Hay que tener en cuenta que alguna de ellas genera su negocio eléctrico en Comunidades como la gallega, que soporta en su territorio una importante producción eléctrica, y al mismo tiempo sufre una infraestructura eléctrica a veces deficiente. Parece lógico que ésta sea una buena oportunidad para intentar subsanar tales deficiencias.
Por último, en la enmienda número 9 manifestamos, con esta petición de supresión, nuestro desacuerdo con el hecho de atribuir al Consejo de Ministros la posibilidad de modificación de la legislación sectorial. No consideramos lógico que las decisiones del Consejo de Ministros puedan estar por encima de la propia tramitación legal, y por ello consideramos que éste no sería un procedimiento adecuado ni transparente ni democrático.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Quintana.
Para la defensa de las enmiendas números 10 a 15, tiene la palabra el Senador Romero, por el Grupo Parlamentario Socialista.
La enmienda número 10, que es al preámbulo, se corresponde lógicamente con el nuevo enfoque que, caso de que se aprobara nuestras enmiendas, tendría el proyecto de ley; por tanto, el preámbulo cambiaría sustancialmente en el sentido que proponemos.
En cuanto a las enmiendas sustantivas, la número 11 es precisamente la alternativa del Grupo Parlamentario Socialista a los costes de transición a la competencia, que se han manifestado como un elemento no positivo para el conjunto del sector, para los consumidores, para la ciudadanía, y no se puede en modo alguno plantear una modificación de los CTCs sólo desde la perspectiva de que se suprima la posibilidad de titulización. La posibilidad de titulización la utilizaron las empresas al amparo de la normativa aplicable en su momento. Por imperativo de la normativa comunitaria se ha tenido que suprimir y, a nuestro entender, esto debería tenerse en cuenta para abordar en más profundidad un ajuste real hacia un modelo verdaderamente competitivo. La enmienda número 11, insisto, plantea que el Gobierno pueda aprobar, a propuesta de la Comisión Nacional de la Energía, un plan de adecuación a la competencia, y en ese plan es en el que se deberían considerar los posibles costes en que determinados activos muy concretos, en determinados procesos también muy concretos, pueden incurrir como consecuencia de pasar de la situación del marco legal estable a la situación de un mercado competitivo.
Se nos dice que, gracias a la pretendida liberalización del sector y a que se han introducido mecanismos de esta naturaleza, determinadas empresas o algunas empresas que nunca habían pensado instalarse en España ahora se lo están planteando; lo que ocurre es que lo están haciendo de una manera pausada. La realidad incuestionable, la realidad objetiva y tangible es que se ha producido el efecto contrario; se ha producido un gran efecto de concentración empresarial; ésa es la realidad. Teníamos más de doce empresas operando en el sector, como antes decía, y ahora sólo tenemos cuatro, y de ellas dos son las que realmente establecen las características del mercado. Eso debería hacernos pensar que el modelo quizá no es el más adecuado.
Nosotros mantenemos con esta enmienda número 11 la necesidad de que este plan de adecuación a la competencia no reconozca de manera genérica e indiscriminada que se puedan producir en general unos costes de transición a la competencia, sino que tiene que ser de una manera muy concreta y muy selectiva, y sí reconozca de una forma expresa los costes que se derivan del uso del carbón nacional, de acuerdo con el Plan Nacional del Carbón, que es una realidad en nuestra economía y en nuestra producción, y tenga en cuenta, a la hora de las compensaciones a las compañías eléctricas, el grado de salvaguarda de determinadas medidas de mantenimiento del medio ambiente. Es decir, que a la hora de las competencias se tienen que tener en cuenta los costes derivados del uso del carbón nacional y las medidas concretas, efectivas y eficaces para salvaguardar el medio ambiente. A nuestro juicio, esa situación nos llevaría a una alternativa más racional que la que vivimos
actualmente porque, aunque efectivamente se ha producido una disminución en las tarifas eléctricas --menor en los usos domésticos que en los industriales--, desde luego es una bajada bastante inferior a la media que se ha producido en los países de nuestro entorno. El descenso del precio de la electricidad es una tendencia generalizada que, a nuestro juicio, no se ha producido porque se haya establecido un sistema competitivo; con toda seguridad, todos los que estamos aquí mantenemos el contrato con la misma compañía con la que teníamos hace seis u ocho años, pero no somos sólo nosotros, sino que sólo el cinco por ciento de los grandes consumidores, de los clientes elegibles, han cambiado de compañía, pero aunque hayan cambiado de compañía los kilovatios les tienen que llegar por una determinada red. El sistema no sirve y, como la realidad es muy tozuda, nos daremos cuenta en el futuro.
Por otra parte, el que no se establezcan mecanismos que diferencien, de manera clara y rotunda, los sistemas de generación de los sistemas de distribución nos está llevando a paradojas tremendas. De hecho, en el sector existe la sensación de que el precio de la electricidad --como ustedes saben bien, se fija el último kilovatio marginal en función de la tecnología que se use--, depende de que una persona en una determinada empresa que lo fije en un sentido o en otro. En realidad, no hay un sistema competitivo y, precisamente, lo que planteamos en nuestra enmienda es que se pueda establecer.
La enmienda número 12 viene a llenar un vacío que se ha puesto de manifiesto, de manera meridiana, en el momento en que se ha abordado el frustrado proceso de fusión entre las dos grandes empresas del sector, Endesa e Iberdrola. Se podían haber producido situaciones no deseadas de reconocimientos de costes de transición a la competencia más que como una realidad como una expectativa de derecho, y que determinados grupos industriales o financieros pudieran estar adquiriendo más esas expectativas de derechos que centros productivos; y, por otro lado, hay que salvaguardar también la necesaria seguridad jurídica de los posibles compradores. Hace falta una regulación específica que aborde los posibles procesos de compra-venta de determinados activos en el sector, cuando tengan adscritos esos posibles costes de transición a un sistema competitivo.
Las enmiendas números 13 y 14 se refieren a las posibles modificaciones de la Ley de Defensa de la Competencia. Como bien saben ustedes, el Real Decreto 6/2000, deja en manos del Gobierno, de manera prácticamente exclusiva, la posibilidad de regular las concentraciones empresariales.
Sin menoscabo de cuál sea la decisión del Gobierno y sin querer quitar autoridad al mismo --nosotros no planteamos la subordinación del Gobierno al Tribunal de Defensa de la Competencia--, proponemos que cuando el Gobierno adopte una decisión diferente de la propuesta del Tribunal de Defensa de la Competencia, tenga que ser una decisión motivada y justificada en el interés general, de una manera expresa y explícita; es necesario que el Gobierno facilite una explicación motivada de por qué no sigue los criterios del Tribunal de Defensa de la Competencia. Como antes tuve ocasión de decir, hay que tener en cuenta que las autoridades comunitarias han señalado --y creo recordar que el señor Vicepresidente del Gobierno se ha manifestado de acuerdo con esa afirmación-- la excesiva dependencia que hay en España de los órganos de defensa de la competencia en relación con el Poder Ejecutivo.
En la enmienda número 15 pretendemos dejar constancia de nuestro desacuerdo en cuanto a que la modificación de la renovación de los vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia deba hacerse en un proyecto de ley de esta naturaleza. Pensamos que debe abordarse en el contexto de las leyes que regulan la competencia y los órganos que se ocupan de velar por la misma y, por tanto, no es éste el proyecto de ley adecuado.
Si me lo permite, señor Presidente, cuando explique el sentido de nuestro voto, me referiré a alguna de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que se han propuesto en este trámite.
Para la defensa de las enmiendas números 16 y 17, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Ferrández.
El señor FERRANDEZ OTAÑO: Gracias, señor Presidente.
Antes de entrar a defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, quiero dejar constancia de una modificación «in voce» respecto a que en nuestra enmienda 16 se incorpore el texto propuesto como punto número seis del artículo 1, en lugar de como apartado dos. Es una cuestión estrictamente técnica por razones de sistemática.
Respecto a la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, he de decir que son estrictamente técnicas.
Entendemos que la enmienda número 17 mejora técnicamente la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, y pretende evitar que se produzcan solapamientos en dos tramos consecutivos. Así, se incrementa en un céntimo de euro el extremo inferior del tramo superior para que se diferencien con nitidez los distintos tramos de las escalas. Esa es la razón por la cual entendemos que debe incluirse esta enmienda.
Con la enmienda número 16, que también es estrictamente técnica, pretendemos la adición de un punto seis, al artículo 1, para retrotraer la aplicación del sistema de cobros de los CTCs a lo dispuesto en la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico. La disposición adicional 45, de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, dispuso un tratamiento contable de las pérdidas de las empresas del sector eléctrico como consecuencia del tránsito a la competencia durante los ejercicios de 1997 y 1998. Con este apartado se permite esta aplicación, ampliándose igualmente la misma al último ejercicio cerrado con anterioridad a la presente disposición.
En cuanto a la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a las enmiendas presentadas por el resto de los Grupos, voy a hacer una intervención por artículos en lugar
de por el orden de intervención de los portavoces. En consecuencia, en primer lugar, voy a comentar la enmienda al preámbulo que formula el Grupo Parlamentario Socialista. En este sentido, entendemos que la motivación se resume básicamente en la necesidad de que los acuerdos del Gobierno se motiven suficientemente cuando se separen de las propuestas del Tribunal de Defensa de la Competencia. He de señalar que ya el artículo 50 de la Ley 16/1989 establece expresamente la supletoriedad de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que introdujo la necesidad de motivar los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. Por todo ello, los acuerdos del Consejo de Ministros, tanto los que afectan a las sugerencias o propuestas del Tribunal de Defensa de la Competencia como las que se separan de las mismas, vienen siempre suficientemente motivadas. Por lo tanto, entendemos que la argumentación que se hace para justificar las razones por las cuales se oponen a esta modificación queda totalmente desvirtuada.
También se plantea que las enmiendas que se han introducido están intentando atribuir al Tribunal de Defensa de la Competencia funciones de fijación de objetivos de política económica que constitucionalmente no le corresponden, como ya dije antes cuando hice la alusión a la posición al veto. Entendemos que esa situación no le corresponde al Tribunal de Defensa de la Competencia, es el Gobierno el que tiene que fijar las políticas económicas y, por lo tanto, no debe ser el Tribunal de Defensa de la Competencia el que dicte en cada momento lo que se debe hacer.
Respecto a las enmiendas al artículo 1, comenzaré contestando a las presentadas por los señores Cámara y Cabrero en la primera de las cuales se propone suprimir el primer párrafo del artículo número 1. Entendemos que no es posible admitir la enmienda por cuanto ese párrafo es consecuencia del anterior y, además, el reconocimiento de los CTCs justifica el párrafo siguiente y, en consecuencia, quedarían absolutamente descoordinados y sería absurdo admitir el segundo párrafo sin tener en cuenta lo que se pretende sustituir.
En cuanto a la enmienda número 2 entendemos que no es muy coherente la redacción de la propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y no tendría razón de ser con el primer párrafo del artículo 1, ya que los costes de transición a la competencia tecnológicos son la consecuencia de reconocimiento y de unos costes de transición al régimen de mercado competitivo de las sociedades titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica que a 31 de diciembre de 1997 estuvieran incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1538/1987. En consecuencia, los costes de transición al régimen del mercado competitivo, como he dicho antes también, no son en ningún caso subvenciones o ayudas, sino que son compromisos derivados de regulaciones anteriores ineludibles para el Gobierno y siendo un derecho de las instalaciones de generación de las diferentes tecnologías la percepción de una compensación, aunque sea parcial, por el paso a un sistema competitivo en el que rigen las reglas de mercado.
En la tercera de las enmiendas se propone sustituir la referencia contenida en el punto segundo del artículo primero «Hasta el 31 de diciembre del 2010...» por «Hasta el 31 de diciembre del 2007...». Si admitiéramos esa enmienda sería perjudicial para los consumidores por cuanto, por una parte, el plazo hasta el 31 de diciembre del 2010 tiene la finalidad de acomodar la partida de los costes permanentes del sistema de la senda de tarifas hasta dicho año, de manera que el porcentaje a cubrir en la tarifa de cada año sea más reducido. Por otro lado, al prolongar necesariamente hasta el 31 de diciembre del 2010 la limitación de las pesetas por kilovatio/hora se actuará de efectivo control de los precios de mercado, beneficiando directamente a todos los consumidores de energía eléctrica.
En la cuarta enmienda se propone sustituir el texto del párrafo segundo del punto 5 del artículo primero, y tampoco podemos admitirla ya que de hacerlo se entraría en incoherencia con el sistema de cálculo de los costes de transición al régimen del mercado competitivo que establece la memoria económica de la Ley 54/1997, dado que el anterior sistema retributivo no consideraba los valores contables de las instalaciones, sino los valores estándares. Por tanto, tendrá que ser a esos valores estándares a los que tengamos que referirnos y los que tendrán que ser actualizados, no como se pretende por los señores Cámara y Cabrero.
Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego formaliza una enmienda en la que se pretende añadir un nuevo apartado al artículo 1, en el sentido de condicionar la percepción de los costes de transición a la competencia a la realización de inversiones para la reducción del impacto medioambiental de las centrales. Tampoco puede ser admitida la enmienda porque entendemos que representa un paso atrás en la filosofía de la Ley 54/1997, toda vez que parece dotar a la propuesta de disposición transitoria sexta de un alto grado de intervencionismo al condicionar el hipotético cobro de costes de transición a la competencia a la realización de inversiones para la reducción del impacto medioambiental de las centrales. El Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, parece entender que eso es un regalo a las empresas eléctricas y, sin embargo y como ya hemos dicho también antes, el Gobierno no considera que los costes de transición a la competencia sean regalo alguno, sino compromisos derivados de las regulaciones anteriores de obligado cumplimiento para el Gobierno.
En cuanto a las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista, en la primera de ellas se propone sustituir los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 1, y entendemos que no puede ser aceptada porque, como he dicho ahora mismo, representa un paso atrás respecto a la filosofía de la Ley 54/1997 porque parece dotar a la propuesta de disposición transitoria sexta de un alto grado de arbitrariedad e intervencionismo al condicionar el hipotético cobro de costes de transición a la competencia a su aplicación para saneamientos financieros.
Tampoco podemos admitir la enmienda por la que se pretende sustituir el apartado 5 del artículo 1, pues se asigna en ella unas atribuciones a la Comisión Nacional de Energía que sobrepasan las contempladas en el apartado 3
de la disposición adicional undécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, por lo que le corresponden y le deben corresponder al Ministerio de Economía.
Respecto al artículo 2, que afecta a la Ley de Defensa de la Competencia, por el Grupo Parlamentario Socialista se han presentado dos enmiendas. La primera pretende una nueva redacción del artículo 17 de dicha Ley, y entendemos que no debe ser admitida por cuanto se pretende dar unas facultades que no están atribuidas al Tribunal de Defensa de la Competencia en el artículo 25 de la Ley 16/1989, y porque entendemos que, en definitiva, el control de las concentraciones se enmarca en la política económica y constituye un elemento más de las misma y como tal su diseño y ejecución le corresponde al Gobierno y no al Tribunal de Defensa de la Competencia, como hemos venido manteniendo a lo largo de este debate. En cualquier caso, parece que lo que se pretende con la enmienda es reducir el margen de discrecionalidad del Gobierno, partiendo de la base de que habitualmente es discrecional y arbitrario a la hora de tomar sus decisiones cuando la realidad, y las actas están para comprobarlo, el Ejecutivo actúa siempre alejado de la arbitrariedad y haciendo caso de los informes del Tribunal de Defensa de la Competencia, y en aquellos supuestos en los que no hace caso lo hace convenientemente motivado; motivación que, como digo y como ya he explicado antes, viene exigida por la Ley 30/1992 como supletoria de la Ley 16/1989 y, por lo tanto, todos los acuerdos del Consejo de Ministros vienen siempre debidamente motivados. Sorprende además que en esta enmienda se incluya el que los acuerdos del Consejo de Ministros vengan publicados en el BOE cuando sucede así desde el año 1992, o sea, desde la entrada en vigor de la Ley 80/1992, que establece en su artículo 15 que la decisión del Gobierno se notificará al Servicio de Defensa de la Competencia para su inscripción en el Registro, se notificará a los interesados y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». También llama la atención el hecho de que el cambio que se pretende sería absolutamente lesivo para la seguridad jurídica de las partes, puesto que se suprime la posibilidad de autorización tácita, lo cual entiendo que causaría una gran indefensión a los particulares.
Respecto a su enmienda número 14, la nueva redacción que se propone al artículo 18 de la Ley 16/1989 pretende que el órgano competente de vigilancia en la ejecución y cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la aplicación del artículo 27 sea el Tribunal de Defensa de la Competencia, cuando la Ley 16/1989, en su artículo 31, ya establece claramente que esas funciones le corresponden al Servicio de Defensa de la Competencia con carácter general, y eso provocaría además, en el supuesto de admitir la propuesta que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, que hubiera concurrencia de competencias entre los dos órganos y no se sabría muy bien a quién le correspondería en cada caso velar por la vigilancia en la ejecución y el control de los acuerdos.
El Bloque Nacionalista Galego plantea una enmienda de supresión del inciso que el Real Decreto-Ley 2/2001 ha introducido en el artículo 17 de la Ley 16/1989, especificando la posibilidad de que los acuerdos del Consejo de Ministros impongan a las empresas que se concentran limitaciones diferentes a las impuestas por la legislación sectorial en tanto en cuando las condiciones del acuerdo se ejecutan. Dicho inciso, contrariamente a lo que supone el Bloque Nacionalista Galego, sugiere que mediante el acuerdo del Consejo de Ministros se modifique la legislación sectorial y, sin embargo, eso no es así; precisamente es todo lo contrario. Se pretende establecer con claridad la posibilidad de imponer a las empresas que se concentran en aquellos casos en que de la concentración se deriven riesgos para la competencia y, en última instancia, para los intereses públicos, condiciones de carácter excepcional con respecto a lo que rige para el resto del sector. No es una posibilidad para que el Gobierno pueda modificar las leyes sectoriales, sino todo lo contrario. Lo que se pretende es precisamente corregir en determinados casos excepcionales los riesgos para la competencia que se pudieran producir de las concentraciones.
Por último, respecto del artículo 3 se ha presentado otra enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista que tampoco podemos admitir porque es técnicamente deficiente, puesto que en el marco de un mismo procedimiento trata de dar competencia de vigilancia y sanción a un órgano consultivo, además de insistir en que --como hemos dicho anteriormente-- esas funciones vienen atribuidas a un servicio diferente como es el de Defensa de la Competencia.
Respecto de la modificación de la renovación por mitades que en cada período de mandato se establece, se ha pretendido ajustar la elección de los vocales a una sentencia del Tribunal Supremo del año 2000, concretamente la de 26 de septiembre, que establece la forma en que se tiene que hacer. Eso es lo único que ha pretendido el Gobierno y nada más lejos de su intención que variar el sistema de elección.
Esos son los argumentos por los cuales el Grupo Parlamentario Popular va a decir que no a las enmiendas presentadas por el resto de los grupos parlamentarios y, por supuesta, votará a favor de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ferrández.
En turno en contra, ¿quiere algún Grupo hacer uso de la palabra? (Pausa.) Pasamos, pues, al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿el Senador Cámara, quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) ¿Senador Quintana? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO CALERO: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir brevísimamente para explicar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con las distintas enmiendas presentadas.
El Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, tanto las de los Senadores Cámara y Cabrero como las del Bloque Nacionalista Galego, y también, lógicamente, de las enmiendas socialistas.
Votaremos en contra de la enmienda número 16 del Grupo Parlamentario Popular porque introduce simplemente un tratamiento contable de las consecuencias que se derivan de la no titulización de los costes de transición a la competencia en relación a si van a ser costes del ejercicio o costes que minoren los recursos propios en el balance de las compañías. Como consideramos que el tratamiento de los costes de transición a la competencia en general no es el adecuado, no vamos a entrar en el detalle del tratamiento contable.
Vamos a votar a favor de la enmienda número 17, aunque en su defensa utilice la misma terminología que ha empleado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que cariñosamente la ha calificado de técnicamente muy deficiente porque mete en el mismo saco determinadas cuestiones.
Nosotros, sin embargo, aunque consideramos que es técnicamente muy deficiente introducir en este proyecto de ley una modificación de la Ley de Introducción del Euro, creemos que efectivamente se puede estar produciendo un problema real que el Grupo Parlamentario Popular pretende abordar con esta enmienda y, por tanto, vamos a votar a favor.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Ferrández.
El señor FERRANDEZ OTAÑO: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo quiero reiterar lo dicho al principio de mi intervención en cuanto a que lo que se propone en la enmienda 16 se incorpore como punto 6 del artículo 1 y no como apartado 2. En cuanto al resto de las enmiendas ya hemos manifestado nuestro posición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ferrández.
Llegados a este punto de la tramitación se suspende la sesión durante cinco minutos para que pueda reunirse la Ponencia y elevar su dictamen.
(Pausa.) Señorías, reanudamos la sesión.
Tiene la palabra el señor Letrado asesor, quien dará cuenta de las modificaciones efectuadas.
El señor LETRADO: La Ponencia, por mayoría, propone a la Comisión la incorporación al texto del proyecto de ley de la enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Popular, con la rectificación advertida, y de la enmienda número 17, también del Grupo Parlamentario Popular.
Pasamos, pues, a la votación del texto de la Ponencia. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 15; en contra, cuatro.
Resta designar a la persona que presentará el dictamen ante el Pleno.
¿Hay alguna propuesta a este respecto? (El señor Colsa Bueno pide la palabra.) Tiene la palabra, señoría.
El señor COLSA BUENO: Señor Presidente, siguiendo la costumbre, proponemos que lo haga el Presidente de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba la propuesta? (Pausa.) Queda aprobada.
DEBATE Y VOTACION DE LAS SIGUIENTES MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE FINANCIE Y EJECUTE LA CONSTRUCCION DE UN PARADOR DE TURISMO EN ALMONASTER LA REAL (HUELVA) (661/000073).
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE FINANCIE Y EJECUTE LA CONSTRUCCION DE UN PARADOR DE TURISMO EN LA ALDEA DE EL ROCIO, EN EL MUNICIPIO DE ALMONTE (HUELVA) (661/000074).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que se refiere al debate y votación de dos mociones del Grupo Parlamentario Socialista. La primera, por la que se insta al Gobierno a que financie y ejecute la construcción de un parador de turismo en Almonaster la Real, Huelva, y la segunda, por la que se insta al Gobierno a que financie y ejecute la construcción de un parador de turismo en la aldea de El Rocío, en el municipio de Almonte, Huelva.
¿Puede llevarse a cabo el debate conjunto de ambas mociones? (Asentimiento.) Por tanto, para la defensa de las mismas, tiene la palabra el Senador Bella.
El señor BELLA GALAN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, Almonaster la Real es un pueblo de la provincia de Huelva enclavado en un lugar privilegiado, precisamente en el corazón del Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche. Es un lugar tranquilo desde el cual visitar la zona norte de la provincia es muy apetecible: lugares como la conocida gruta de las maravillas, la romería de la Virgen de los Angeles, o la ruta de los castillos medievales. También se puede hacer senderismo por el propio Parque Natural. Podemos mencionar, además, su cercanía a la cuenca minera. Asimismo, esta zona posee una rica gastronomía
basada en los productos del renombrado cerdo ibérico onubense. Es un lugar también cercano a la comarca del Alentejo portugués.
Estos y otros muchos encantos convierten a este pueblo serrano en un lugar ideal para la ubicación de un parador nacional que mejore las infraestructuras turísticas de la zona, sea creador de riqueza en la comarca y, cómo no, valore cada uno de los encantos de los que la zona de esta provincia dispone.
El Rocío, aldea universal de la devoción mariana a la Virgen del Rocío, con una afluencia masiva de personas, que se desborda cuando se celebra su conocida romería con aproximadamente un millón y medio de visitantes, desde hace un tiempo también Aldea Internacional del Caballo, en la cual está prevista la celebración para el año 2002 del campeonato del mundo de «trek», técnica de recorrido ecuestre de competición, con su cercanía a la playa de Matalascañas, núcleo de interés turístico nacional y la playa más importante de la provincia de Huelva, y el Parque Nacional de Doñana, patrimonio de la humanidad y reserva de la biosfera, demanda también para sí proyectos de calidad que supongan una mejora de las infraestructuras turísticas acorde con la importancia de esta zona del sureste andaluz, conocida no sólo en Andalucía y en España sino también allende nuestras fronteras.
Estas iniciativas tienen el apoyo en la provincia de Huelva de todos los partidos políticos, de los agentes sociales y económicos, de los ayuntamientos y del Patronato de Turismo. En definitiva, se trata de apostar por la calidad desde lo público, desde las perspectivas y las posibilidades que en el sector público supone apostar para convertir una zona en algo importante.
Esta contribución indudablemente contribuiría --valga la redundancia-- al despegue turístico de una provincia que en estas dos partes de su territorio ha apostado por un desarrollo sostenible. Ambos lugares están vinculados a dos espacios protegidos de gran envergadura: uno de ellos, sin discusión, es el Parque Nacional de Doñana, y el otro, el de Sierra Aracena y Picos de Aroche. Evidentemente, los paradores nacionales son modelo de calidad en la infraestructura turística y hotelera de nuestro país. Por tanto, servirían lógicamente para arrancar, como digo, con ese despegue turístico que, hablando de desarrollo sostenible, tan importante sería en ambas zonas.
El no considerar esta propuesta supondría defraudar a toda una provincia, y el considerarla, que esta provincia dispusiera de dos magníficos instrumentos para poder cumplir con estos objetivos.
Quiero ser breve en mi exposición, porque creo que es imposible que pueda haber razones de carácter objetivo, tratándose de una inversión menor, para rechazar esta propuesta, y no es cuestión de discusión sino, fundamentalmente, de voluntad.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bella.
En turno en contra, ¿algún grupo desea hacer uso de la palabra? (El señor Colsa Bueno pide la palabra.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Colsa.
El señor COLSA BUENO: Gracias, señor Presidente.
Lamentamos anunciar nuestro voto en contra de estas dos mociones. Con respecto a la de Almonaster, nos basamos en unos defectos formales que voy a comentar, y en cuanto a la correspondiente a la aldea de El Rocío, en unos defectos de fondo que también pasaré a explicar brevemente.
El procedimiento habitual para solicitar la instalación de un parador consiste en que el ayuntamiento del municipio donde se quiera ubicar inicie los trámites oportunos, bien en compañía de las diputaciones provinciales, bien con las instituciones autonómicas. No sabemos si eso se ha producido o no, pero en principio creemos que no es el caso.
Además, parece que estas iniciativas deben ir acompañadas de la puesta a disposición por parte de la Administración que va a soportar la instalación del parador de un inmueble adecuado que reúna unas características interesantes tanto arquitectónicas como históricas, para que se pueda llevar a cabo la iniciativa. Además, esta iniciativa debe ser viable. Debe existir también una disponibilidad presupuestaria y que este inmueble o aquéllos donde se pretendan llevar a cabo estas instalaciones tengan cierta viabilidad. Respecto a los problemas de fondo, deben reunirse los motivos de oportunidad en la oferta y la demanda, así como cubrir los servicios que en esos momentos se están demandando desde el sector turístico.
Con respecto a la primera moción, concretamente la relativa a la petición de la creación de un parador en Almonaster la Real, si no se han subsanado esos defectos formales debemos votar en contra.
En cuanto a la moción que plantea también el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la construcción de un parador de turismo en la aldea de El Rocío, en el municipio de Almonte, en la actualidad se están realizando unas obras de acondicionamiento y mejora en la calidad de los servicios del Parador Nacional de Turismo de Mazagón, que está cerca de este municipio y de esta zona turística; por tanto, estimamos que dicho parador está cubriendo esa oferta y la necesidad de calidad que pueden demandar los usuarios, razón por la que votaremos en contra de esta segunda moción.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por e1 Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Bella.
El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que no era cuestión de discusión y, por lo tanto, no voy a reiterarme en mi argumento, sino que es cuestión de voluntad, y así lo manifiesta el portavoz del Grupo Parlamentario Popular a la hora de argumentar su respuesta.
Los dos expedientes están ya iniciados tanto por el Ayuntamiento de Almonaster la Real como por el de Almonte.
Los dos han puesto a disposición de la Red de Paradores Nacionales terreno suficiente como para que la construcción se pudiera hacer, por lo que entiendo que las cuestiones formales están más que subsanadas.
En cuanto a las cuestiones de fondo, el hecho de que exista ya un inmueble dedicado a parador en el caso de Mazagón no tiene nada que ver puesto que el Parador de Mazagón está ubicado dentro del Parque Natural de Doñana, una distancia más que suficiente de lo que es El Rocío. Y lo mismo sucede respecto a Almonaster. Lo que sí está claro es que se trata de una iniciativa que responde a la voluntad de todos los partidos políticos a nivel provincial, de todos los agentes sociales y económicos que así lo han manifestado a través de los diversos medios de comunicación, de los ayuntamientos y del propio Patronato de Turismo.
Serían, indiscutiblemente, dos instalaciones con una aportación mínima --repito-- de la Administración pública. Eso posibilitaría que el sector privado también se fijara en zonas tan importantes de nuestro territorio como Doñana, el Parque de Sierra Aracena y Picos de Aroche.
Me consta que no hay problemas en cuanto a la disponibilidad presupuestaria. La Red de Paradores Nacionales es un mecanismo que funciona bien financieramente. En la actualidad sí es cuestión de oportunidad, y parece que eso es lo que más se ha valorado. Ya se discutió este asunto en esta Cámara en la anterior legislatura y se volvió a responder con el mismo argumento de los inmuebles, pero lo cierto es que hay muchos paradores nacionales que no están construidos sobre inmuebles antiguos sino que son de nueva construcción. Caso singular y más cercano es el de Mazagón, que está construido en un solar, con una vista panorámica magnífica de la playa, pero no aprovechando un edificio o un inmueble. Por consiguiente, no es tanto cuestión de argumentos sino de voluntad, y creo que ha quedado claramente expresado lo que cada uno piensa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bella.
¿Desea hacer uso de la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular, Senador Colsa? (Denegaciones.) Gracias.
Tras la discusión, pasamos ahora a la votación de cada una de las mociones.
Votamos la primera moción por la que se insta al Gobierno a que financie y ejecute la construcción de un Parador de Turismo en Almonaster la Real (Huelva).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, cinco; en contra, 14.
Votamos la segunda moción por la que se insta al Gobierno a que financie y ejecute la construcción de un Parador de Turismo en la aldea de El Rocío, en el municipio de Almonte (Huelva).
Eran las diecisiete horas y cincuenta minutos.

References: artículo 25
 artículo 1
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 artículo 2
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 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 50
 artículo 1
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 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 17
 artículo 25
 artículo 15
 artículo 18
 artículo 27
 artículo 31
 artículo 17
 artículo 3
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