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Timestamp: 2017-03-28 21:35:30+00:00

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María Luisa Vivas 13 de julio de 2012 · 51 Comentarios Comicios 2012
Miles repudian la imposición de Peña Nieto. Foto: Germán Canseco
D.F. (apro).- Sin ningún membrete en particular, usuarios de redes sociales convocaron este sábado a la segunda #MegaMarcha nacional contra
la “imposición” del virtual presidente electo priista, Enrique Peña Nieto.
Zacatecas.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) recupera anualmente 5 millones de pesos por el robo de este servicio mediante “diablitos” en la entidad, lo que representa apenas el
3.22 por ciento de lo que campesinos adeudan a la paraestatal.
Jesús Reynoso Arzate, superintendente de la zona Zacatecas de la CFE,
informó que los adeudos por la electricidad que suministran a pozos de riego agrícola ascienden a 155 millones de pesos en todo el estado.
El monto que adeudan los campesinos zacatecanos es por mucho superior
a la cantidad que la empresa pública recupera por el robo de electricidad con los llamados diablitos y de aparatos que generan que se
registre un consumo menor al real o que provocan que se rompan los medidores.
El funcionario informó que diariamente se hacen verificaciones para detectar estas acciones, que constituyen un delito federal y de los que cada año se pueden recuperar unos 5 millones de pesos, por 5 millones de
Al detectar un diablito, explicó Reynoso Arzate, la CFE deja una factura por el tiempo que no se haya pagado el servicio, se procede al corte del mismo y se colocan sellos, además se toman evidencias del robo
mediante fotografías y se notifica al usuario.
En cuanto a los pozos, dijo que se verifican una vez al año y que se han encontrado anomalías en 50, que tienen aparatos que no corresponden o
que toman la electricidad de otros lugares.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los programas de ahorro para el pago
de la energía eléctrica como es el monedero electrónico y el canje de lámparas ahorradoras de luz sustentable, han sido un fracaso debido a que no resulta atractivo para los más de 182 mil usuarios en la región centro, reconoció el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Gabriel Navarrete Navarro.
Explicó que el programa “Monedero CFE”, tiene como beneficiario principal a los usuarios del servicio doméstico de energía eléctrica de CFE y en términos generales, a través de este programa el usuario, recibe recursos económicos que se destinarán en forma automática al pago
de su recibo de luz bimestral.
Dijo que son muchas las empresas que están afiliadas a este programa,
donde los usuarios por cada compra que realice en esos negocios reciben
“Con el uso de las tarjetas, acumulas puntos, de los cuales, la mitad
se abona automáticamente al pago del recibo de luz, y la otra mitad se acumula en el monedero para comprar productos o servicios en los establecimientos afiliados”.
Periódico La JornadaSábado 14 de julio de 2012, p. 31
Por su parte, la Asamblea Legislativa del DF pidió a esta secretaría un informe sobre el programa para enfrentar posibles contingencias durante la actual temporada de lluvias, sobre todo identificar los factores de riesgo que hay en los distintos frentes de obra que se realizan en la ciudad, incluidos los trabajos de mantenimiento en la red
Periódico La JornadaSábado 14 de julio de 2012, p. 28
Cuernavaca, Mor., 13 de julio. La
Comisión Federal de Electricidad (CFE) demandó penalmente al ayudante municipal de Huexca, Alejandro Estudillo Flores, entre otras personas, por obstruir los trabajos de la termoeléctrica que se que construye en esa comunidad, municipio de Yecapixtla.
También lo hacen responsable de las pérdidas económicas que han tenido las referidas empresas, las cuales ascenderían, de mayo a lo que va de julio, a 51 millones de dólares. La PGR emplazó a Estudillo Flores a apelar de la acusación en 10 días.
Aclararon que continuarán en contra del proyecto pues ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno, ni la CFE, pidió permiso para
construir en su comunidad pese que se rige por usos y costumbres.
En su lucha de casi dos meses, los habitantes de Huexca lograron unir
unos 60 pueblos de Morelos, Tlaxcala y Puebla, quienes mediante el Frente en Defensa de la Tierra y el Agua, han sostenido que no permitirán la construcción de la termoeléctrica porque está en la zona de riesgo del volcán Popocatépetl.
En entrevista con Telerreportaje, radiodifusora de
Tabasco, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que a mediados de la próxima semana dará a conocer los lineamientos del Programa Nacional para la Defensa de la Democracia y la Dignidad en México.
Al preguntarle su visión del escenario nacional a partir del próximo año si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
resolviera anular la elección presidencial, el candidato de la izquierda expuso que el procedimiento jurídico señala que corresponde al
Congreso federal nombrar un presidente interino que conduzca el destino
del país hasta el año siguiente, cuando se convoque a una nueva elección. –¿También sería inédito, entraría el país en una etapa diferente, (con) un interinato...?
Sin adelantar juicio sobre el procedimiento jurídico de invalidar los
comicios del domingo 1º de julio, expuso que la ley contempla las acciones que habrían de tomarse si la sala superior del TEPJF considerara válidos los alegatos para invalidar la elección presidencial.
Antes de viajar a Veracruz, para de ahí trasladarse a la capital del país, López Obrador expuso en la conversación con Emmanuel Sibilla, que el movimiento que encabeza no dará pretexto para que los violentos nos acusen de violentos. Vamos seguir con el movimiento pacífico, por las vías pacíficas, no vamos a cometer nada, absolutamente nada que afecte a terceros.
Al responder a los señalamientos vertidos contra él y el próximo gobierno de Tabasco en el sentido de que esa entidad se convertiría en la caja chica para costear movilizaciones de protesta por los resultados de la elección presidencial, puntualizó: Cree el león que todos son de su condición.
No tengo esas prácticas, en el Distrito Federal que nosotros gobernamos; en esta campaña yo no recibí apoyo económico del gobierno, no estoy acostumbrado a eso, nunca he entregado una despensa a cambio de
votos, yo actúo en función de mis principios, de mis ideales, entonces va a gobernar Arturo muy bien Tabasco. Además este es un asunto de dos partes, no nada más de lo que a mí corresponde, es que también Arturo (Núñez) y en el caso de Marcelo (Ebrard), son gentes con principios que no aceptan un trato de subordinación, Arturo va a tener sólo un amo, el pueblo de Tabasco, que quede claro eso.
Para despejar dudas en torno a una supuesta ruptura con Núñez, dijo sentirse muy
contento, conozco a Arturo de hace mucho tiempo, él va a estar a la altura de las circunstancias, y lo adelanto, vamos a estar ante uno de los mejores gobernadores de Tabasco, (porque) hemos tenido buenos gobernadores, pero Núñez estará entre ellos.
El Movimiento Progresista demandó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Instituto Federal Electoral (IFE) que no sean omisos en su responsabilidad, que invaliden la elección presidencial y cumplan con los principios del artículo 41 de la Constitución relativos a certeza, legalidad, independencia, equidad e imparcialidad en los comicios. Ricardo Monreal y Jaime Cárdenas, integrantes del equipo legal de Andrés Manuel López Obrador, consideraron que el ciudadano ya despertó y
lucha por una verdadera democracia. Tal fenómeno se enmarca en el juicio de inconformidad, al convertirse en un juicio ciudadano donde se presentarán cientos de pruebas que demuestren los agravios. Asimismo, llamaron al pueblo de México a sumarse firmando la solicitud de invalidez a través de páginas de Internet o en actas físicas.
Hoy, dijo Monreal, por primera vez en una elección presidencial será aplicada la reforma constitucional aprobada en 2008, para castigar el probable gasto de 4 mil 599 millones de pesos que habría erogado el PRI.
De comprobarse ese gasto, ello sería suficiente para invalidar los comicios y convocar a su reposición por haberse violado el principio de elecciones libres y auténticas.
La legislación tiene por propósito no permitir financiamiento privado
preponderante en las campañas, ni triangulación financiera, lavado de dinero o uso de recursos ilícitos para financiamiento, así como no aceptar la compra del voto, que poderes fácticos o medios de comunicación determinen al ganador y se conviertan en grandes electores; tampoco permitir la manipulación o intromisión ilegal de funcionarios públicos en el proceso, ni gastos disfrazados o encubiertos.
Los agravios son: inequidad en el trato de los medios debido a
la adquisición encubierta de tiempos en radio y televisión; rebase del tope de gastos de campaña; financiamiento encubierto; encuestas usadas como instrumento de propaganda e inducción del voto, así como actos de presión y coacción al sufragio antes y durante la jornada electoral; intervención ilegal de autoridades ajenas al proceso, además de negligencia de la autoridad en el cumplimiento de su responsabilidad legal.
“Dentro de las pruebas tenemos un contrato de José de Aquino, que se suscribió por 56 millones se dólares contratados ilegalmente para mejorar la imagen de Peña Nieto en Estados Unidos. Por lo que hace a la manipulación de encuestas como instrumento de propaganda, demostraremos científicamente de qué manera influyeron en este resultado y lastimaron nuestra coalición: Gea Isa-Milenio, a través de 13 canales de televisión
por cable y 37 de radio; Consulta Mitofsky, en canales de televisión abierta; Telefórmula, repetidoras estatales, y también casi todos los medios se comunicación; Parametría, cadena de Organización Editorial Mexicana (OEM), en 70 diarios, 24 cadenas de radio, un canal de televisión y 43 sitios de Internet.
“Solamente el costo total de estas encuestas, estamos demostrando, fue superior al tope de gasto de campaña de Peña Nieto. Desde la precampaña hasta la veda electoral, muchas de estas encuestas se convirtieron en un arma de propaganda para descalificar a López Obrador y
fortalecer y beneficiar a Peña Nieto.
Los resultados de estas encuestas pretendieron generar la percepción de que las elecciones ya estaban decididas, pero lo más grave
(fue) una actitud omisa y evasiva por parte de las autoridades electorales, en especial en el tema de fiscalización; el 8 de febrero, López Obrador solicitó al IFE una serie de medidas preventivas contra el
fraude y la ilegalidad y el instituto tardó 105 días para dar respuesta, negando todo e incluso falseando información, dijo.
1. Emilio Lozoya -hijo de quien fuera alto funcionario salinista- probable secretario de Relaciones o embajador en EEUU, acaba de declarar
a la revista Proceso: “No nos interesa si el apellido del capital es estadounidense, brasileño, chino o noruego, siempre y cuando se comporten como agentes económicos responsables. Con la apertura del sector energético a la inversión extranjera Peña Nieto buscará la modernización de PEMEX, lo que incluye creación de empleo. Si las empresas petroleras de infraestructura de gas de los EEUU invierten en México van a generar empleos en ambos lados de la frontera”. Recordar: hace 40 años nuestra dependencia fue del 60 a 70 por ciento, hoy es del 90 y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Es México es un estado más de los yanquis?
2. ¿Puede olvidarse que el dictador Porfirio Díaz decía a principios del siglo XX que había que alentar la inversión de capitales europeos para que EEUU no nos termine de engullir? Y parece ser que eso han hecho
los gobiernos yanquis con México y parte de América Latina: los ha atrapado entre sus redes de saqueos y endeudamiento y sólo le falta deglutirlos. El joven Lozoya sabe hasta qué grado los EEUU nos tienen arrinconado y con las manos apretándonos el cuello con una gigantesca deuda, millones de trabajadores migrantes, el control de nuestro mercado, el intercambio de armas por droga, además de decenas de miles de agentes de la CIA, FBI y DEA metidos en toda la estructura de control; pero dado que es el “pensamiento de Peña Nieto” hay que llevarlo adelante.
3. Al júnior Lozoya, flamante asesor de Peña Nieto, no le interesa de
qué país llegarán los capitales extranjeros que saquearán las riquezas mexicanas, le basta con que vengan porque –según él- “crearán riquezas y
empleos” aunque estos –como las famosas maquiladoras- superexploten a los trabajadores mexicanos, no les den derechos y seguridad y sufran la falta de organización sindical para defenderse. Pero tampoco le interesa
a Lozoya-Peña que el solo hecho de la entrega de nuestro petróleo y nuestra electricidad significa que nuestras últimas riquezas, que de acuerdo a la Constitución Política significan la identidad nacionalista,
sea vendida al mejor postor. Pero ello no interesa a los ignorantes de nuestra historia.
4. ¿Cómo mover a Peña si tiene comprometido hasta los calzones? La entrega del petróleo y el gas, de la electricidad, así como el total apoyo a Televisa, es un enorme compromiso que no puede venirse abajo con
protestas muy pacifistas como las conocemos; pero si paralizamos la ciudad de México (bloqueando carreteras) y dos a tres ciudades más, en menos de una semana se invalidará la elección. Hasta los panistas podrían participar si dos o tres gobernadores del PAN sienten que fueron
defraudados. Quizá la toma del Zócalo sea indispensable, pero sólo para
coordinar acciones; nunca para permanecer encerrados e inmovilizados en
él, aunque todas las tardes –como en 2006- tenga que dar su mensaje López Obrador.
5. Un gobierno de Peña –si logra imponerse como hasta ahora- sería mucho más que los gobiernos de Fox y Calderón, la continuidad directa del salinismo y el zedillismo con los mismos programas e incluso con muchos de los viejos funcionarios. El PRI seguirá la misma dirección de los dos gobiernos panistas anteriores, pero será más apegado a las viejas normas de control. Peña, como lo hizo Calderón, buscaría arreglarse con un sector del narcotráfico mientras se enfrenta a otros grupos. Seguirá permitiendo el tráfico de armas de los EEUU hacia México
porque es uno de los grandes negocios que se hace a través de la frontera, además de permitir el lavado de dinero. Una vez implantado sería muy difícil frenar ese sistema de relaciones que llevan ya muchas décadas.
6. Por ello la batalla del Movimiento Progresista encabezado por López Obrador –aunque no se haya declarado antiimperialista- es muy importante en este momento porque reivindica la defensa de los recursos de los mexicanos representado por sus riquezas básicas, el petróleo y la
electricidad; pero también porque se opone a la aprobación de las llamadas “reformas estructurales” que quieren imponer la reforma a la Ley del Trabajo para eliminar la contratación colectiva, imponer el trabajo temporal por horas y eliminar los derechos conquistados; así como aprobar un reforma fiscal que beneficie a los empresarios más poderosos. La realidad es que el gobierno yanqui seguirá actuando en México como lo ha hecho con los gobiernos panistas, absolutamente libre y
Edith Rosales es una trabajadora jubilada del IMSS. Es activista de la otra campaña
zapatista. Fue solidaria con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco. Fue torturada y agredida sexualmente por
policías. Fue presa política un año 10 meses y finalmente absuelta sin cargos. Junto con 10 mujeres más es demandante en una querella penal en la que señala al priísta Enrique Peña Nieto como autor intelectual de los ilícitos cometidos durante el operativo que él ordenó, el 3 y 4 de mayo de 2006.
Hoy, ante la perspectiva de que el ex gobernador del estado de México
llegue a asumir la Presidencia, asegura que a Peña Nieto le han tratado
de limpiar el expediente. Pero que a un político que, como él, ha violado derechos humanos, no se le puede cambiar su verdadera naturaleza, la de un represor.
El caso de Atenco, a pesar del paso de los años, regresa al debate público constantemente. El martes 17 de julio, por ejemplo, el Comité de
Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) presentará su reporte sobre México, tomando en cuenta el informe alternativo que le fue presentado por la Organización Mundial Contra la Tortura y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Según explica una de las abogadas del Centro Prodh, Araceli Olivares, se espera que este órgano inste al Estado mexicano a
tomar todas las medidas pertinentes para que las mujeres víctimas de tortura sexual en 2006 accedan a la justicia y a la reparación del daño
y ordene a la Procuraduría General de Justicia que consigne a los perpetradores de los abusos. Paradójicamente, el cumplimiento de esta resolución internacional le correspondería aplicarla a Peña Nieto, a quien, en sus acusaciones, las mujeres víctimas de tortura y agresión sexual identifican como uno de los principales responsables, junto con el ex presidente Vicente Fox, el ex comandante de la Agencia de Seguridad del estado de México Wilfrido Robledo y el ex procurador de justicia estatal Humberto Benítez Treviño.
Edith Rosales es una de las 11 mujeres que persistió en la demanda por la vía penal. Para ella, cuenta a La Jornada, el pasado 1º de julio, el día electoral, fue una fecha dolorosa. Ese
hombre que se declaraba victorioso fue quien nos dijo mentirosas, por haber tenido el valor de contar la verdad, por haber superado el estigma
y haber pronunciado la palabra violación. Fue él quien se burló de nosotras y despreció nuestra palabra.
–Cuesta mucho trabajo poder pronunciar esa palabra. Como no nos penetraron con sus penes, sino con los dedos, con objetos, no decíamos que nos habían violado. Yo incluso declaré: intento de violación. No fue
sino hasta que leí los códigos penales que me llevaron mis hermanas a la cárcel que entendí. Ni siquiera con las abogadas podíamos hablar. Cada vez que salía el tema, éramos unas magdalenas de puro llorar. Cuando salí de la cárcel me tomó año y medio de terapias para poder manejar el asunto”.
Por eso mismo la mayoría no denunció, explica. Vergüenza, estigma,
miedo al abandono de la familia. Casi todas las que sí dimos ese paso somos mujeres organizadas, con más conciencia de lo que es la represión.
En el caso de tortura y agresión sexual de las mujeres detenidas en Atenco –que la Suprema Corte de la Justicia cataloga como caso emblemático,
todas las instancias judiciales apostaron por la inmovilidad. Primero fue la entonces Fevim (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres), cuya fiscal Alicia Elena Pérez Duarte renunció al cargo porque –según dijo– la PGR se negó a consignar a los agresores. Retomó la investigación la Fevimtra (Fiscalía Especial para los Delitos de la Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas), con Guadalupe Morfín. Renunció 18 meses después sin concretar las consignaciones. Finalmente la PGR se declaró incompetente y el expediente pasó al ámbito estatal.
Durante años hemos ido muchas veces a ver cómo está la averiguación. Nunca se mueve, nunca hacen nada,
señala Edith Rosales. La procuraduría estatal alega que ningún agresor ha sido identificado. El único que sí lo fue se le consignó por actos libidinosos. Nunca pisó una celda.
El poeta Hugo Gutiérrez Vega, ex rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, y la bailarina Ámbar Luna, durante una conferencia en la que expresaron su apoyo al movimiento #YoSoy132, que entregó un documento a la Conago y realizó actividades culturales en el centro histórico de la ciudadFoto Demián Chávez Mariana Chávez
El perredista Juan Zepeda Hernández, derecha, recibió la constancia de mayoría que lo acredita como alcalde electo del municipio de Nezahualcóyotl, estado de México. A su lado el dirigente estatal del sol
azteca, Juan Hugo de la Rosa.Foto René Ramón Israel Dávila y René Ramón
Toluca, Méx., 13 de julio. El
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) terminó de contar los votos de la elección a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl y declaró ganador de la contienda a Juan Zepeda Hernández, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La madrugada de este viernes, luego de concluir el cómputo oficial de
los sufragios, el órgano validó los comicios y entregó a Juan Zepeda la
constancia de mayoría que lo acredita como alcalde electo para el periodo 2013- 2015.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya abanderada Martha
Angón quedó en segundo lugar, a sólo mil 617 votos de diferencia, anunció que impugnará el resultado ante los tribunales y advirtió que aún no se ha dicho la última palabra.
Por la tarde, Juan Zepeda informó que su partido ratificó la denuncia
ante la Fepade por la alteración de al menos 72 paquetes electorales. Reconoció a los consejeros del IEEM que hayan reflexionado de último momento y validaran sus argumentos respecto al fraude que se había orquestado en la junta municipal electoral 60 de Nezahualcóyotl.
Periódico La JornadaSábado 14 de julio de 2012, p. 8
Para los integrantes del movimiento #YoSoy132 el análisis de los mecanismos y formas de organización será uno de los ejes
centrales de la próxima asamblea nacional interuniversitaria que por primera vez se realizará fuera de la capital del país, en Morelia, Michoacán, los días 28 y 29 de julio.
Javier Bautista, miembro de la comisión emergente, destacó que la propuesta de plan de acción que presentarán el 28 de julio a la asamblea
interuniversitaria deberá ser aprobada o rechazada por el máximo órgano de decisión del movimiento, pues nuestra tarea es sólo ordenar las iniciativas para que no se dupliquen ni se convoquen a la misma hora.
Por su parte, integrantes de #YoSoy132-Académicos informaron que en días recientes se detectó la aplicación de encuestas o etnografías entre los miembros del movimiento en los que se buscan detectar perfiles muy claros de liderazgo, señaló Édgar Tafoya, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Luego de reiterar que los docentes #YoSoy132 acudirán hoy a la Convención Nacional contra la Imposición en San Salvador Atenco para demandar la anulación de los comicios presidenciales, señaló que estamos investigando a las empresas y los objetivos con que se están aplicando estos perfiles etnográficos, en los que indicó se incluyen preguntas sobre preferencias políticas, capacidad de liderazgo y de acción.
Causa preocupación, explicó, que se trata de incidir mucho en que la persona encuestada determine quién considera que conduce el movimiento, cuáles son las preguntas centrales que se hace el colectivo y
a qué le tiene miedo.
Por ello, reiteró, estamos investigando quiénes solicitaron realizar estos cuestionarios y para qué, concluyó.
El consorcio fue cómplice del fraude. Impidió nuestro derecho de elección limpia y democrática,
comentó, Josué Alvarado, integrante del Frente Nacional Contra la Imposición, movimiento que surgió en defensa del voto y entre las organizaciones que lo integran hay estudiantes del #YoSoy132.
Conforme pasaron los minutos el número de personas creció y superó el
centenar, fue entonces que decidieron comenzar la protesta dentro de la
tienda. Se alertó al personal de seguridad desde el momento en que fueron identificados, por medio de radio localizadores se comunicaban para saber cada movimiento de los manifestantes.
Una situación similar se reportó en la sucursal de Soriana de calzada
de Tlalpan, colonia Torriello Guerra, ahí también se llenaron algunos carritos y luego fueron abandonados para simbolizar las compras que hubieran hecho si Soriana no hubiera participado en la compra de votos.
Luego del retiro de sellos el personal recibió la orden de ingreso a la tienda para hacer labores de limpieza y abastecer los anaqueles, que quedaron vacíos, debido a la compras que hicieron habitantes del estado de México, quienes canjearon por despensa las tarjetas que supuestamente
les dio el PRI a cambio de su voto.
La confabulación para colocar a Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República, y el
sesgo que significó la compra y manipulación de millones de votos, no permiten dar certeza a ningún resultado ni al proceso electoral en su conjunto, expuso Andrés Manuel López Obrador.
A las seis de la tarde y acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez,
así como por los dirigentes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, además de Ricardo Monreal, Jaime Cárdenas, Arturo Núñez y los eventuales integrantes de su gabinete José Agustín Ortiz Pinchetti y Javier Jimenez
Espriú, entre otros, López Obrador argumentó por qué la elección presidencial es ilegítima.
En el terreno estrictamente legal, se violó el artículo 41 de la Constitución, el cual indica que las elecciones deben ser libres y auténticas. En consecuencia, el día de hoy (ayer jueves), en los términos que establece la ley, presentaremos el juicio de inconformidad para demandar la invalidez de la elección presidencial del
El mensaje de ayer redundó en la defensa de la democracia: Llamo a
todos los mexicanos a no permitir que se viole impunemente la Constitución y se cancele en los hechos la vía democrática. Proceder de otra manera sería renunciar a nuestros derechos fundamentales y admitir la antidemocracia como forma de vida y como sistema de gobierno.
Todo lo que hagamos será en estricto apego a nuestros derechos ciudadanos consagrados en la Constitución. En especial, reitero que siempre actuaremos por la vía pacífica. ¡No daremos ningún pretexto para
que los violentos nos acusen de violentos! ¡No aceptemos que la corrupción domine por entero la vida nacional! ¡Luchemos por el renacimiento moral de México!
“La estrategia que pusieron en práctica consistió en utilizar sus medios de comunicación y mediante la publicidad introducirlo al mercado para hacerlo figura nacional. Televisa, Milenio y muchos otros se dedicaron a proyectar una imagen de Peña Nieto que no corresponde con lo que es y representa.” En su recuento, recordó que el 6 de mayo se realizó el primer debate entre aspirantes presidenciales, y aun cuando no se transmitió en
los canales de mayor audiencia, millones de mexicanos se percataron de que Peña Nieto perdió el debate y quedó evidenciado como el candidato
Asimismo, el 11 de mayo, el candidato presidencial del PRI asistió a la Universidad Iberoamericana. Los
estudiantes lo encararon y su torpe y autoritaria respuesta, secundada por los políticos que lo rodean, así como la distorsión de los hechos en
los medios de comunicación, en particular Televisa, dieron lugar al movimiento #YoSoy132.
También, el 31 de mayo una encuesta marcó una diferencia de sólo cuatro puntos entre López Obrador y Peña Nieto. Cinco días después, otro
sondeo, elaborado por el equipo técnico del candidato de las izquierdas, daba ventaja de dos puntos a Andrés Manuel López Obrador.
El sufragio, dijo, se adquirió con dinero en efectivo, y a los cuantiosos recursos económicos de procedencia ilícita que se ejercieron para la compra de los votos, habría que sumar miles de millones de pesos
gastados en publicidad, en encuestas hechas a modo y en el pago a quienes ejecutaron y apoyaron directa o indirectamente este vergonzoso plan. Aunque la compra del voto se dio en prácticamente todo el país, fue más acentuada en las zonas donde viven los más pobres de México, en especial en el medio rural.
Al concluir, Andrés Manuel López Obrador salió en medio de un mar de reporteros, fotográfos y camarográfos; su esposa Beatriz Gutiérrez lo esperaba en la puerta del elevador y junto con el candidato salieron de la sede de la conferencia, mientras en la calle medio millar de personas
coreaban: ¡No estás solo, somos millones los que estamos contigo, nuestro presidente!
Representantes de la coalición Movimiento Progresista entregaron anoche en el Instituto Federal Electoral (IFE) el
recurso de impugnación a la elección presidencial. Minutos antes, los dirigentes partidistas advirtieron que el instituto no ha cumplido con su responsabilidad constitucional, porque ha sido omiso ante violaciones
graves a la ley que pueden representar, incluso, uso de recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.
Al citar el caso Monex, presunta triangulación de recursos para apuntalar la estructura del PRI en casillas, el dirigente del PRD, Jesús
Zambrano, resaltó que al indagarse a las empresas involucradas en estas
cuentas, las autoridades no hallaron los domicilios fiscales.
Hay una clara presunción de lavado de dinero, doble delito, probablemente proveniente del narcotráfico y al mismo tiempo ilegal e ilegítimamente metido a las campañas electorales. Puede ser que
esto que se ha revelado sea la punta de la madeja de algo mucho más grande, dijo en conferencia de prensa.
El secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, recibió de manera oficial los documentos minutos después de las 10 de la
noche, dos horas antes de que venciera el plazo legal para que los partidos interpusieran juicios de inconformidad. Ahí, el funcionario dijo que el IFE no está ni puede estar confrontado con ningún partido político.
El instituto, dijo, recibe los documentos, los procesa, los coteja y los coloca en estrados 72 horas para que los terceros interesados puedan
interponer sus propios argumentos. Luego se notifica de la existencia de la impugnación al tribunal electoral. Anexa informes circunstanciados
y en un plazo máximo de 24 horas traslada los paquetes a la sede del tribunal. Se prevé que los magistrados tengan en sus manos todo el material entre domingo y lunes.
Al formalizar su recurso en contra de los comicios
presidenciales, el Movimiento Progresista planteó que al haberse efectuado una elección que incumple el postulado constitucional de la
renovación de los cargos de elección popular mediante elecciones libres
y auténticas se solicita la nulidad total de la elección que se impugna, así como la declaración de no validez, y cancelar el registro del candidato de Compromiso por México, Enrique Peña Nieto.
La impugnación central va dirigida contra la suma de los resultados que están consignados en dichas actas por partido y candidato. De igual forma, se cuestionan las
omisiones en que incurrió la autoridad electoral administrativa encargada de organizar las elecciones federales para impedir la recurrente y sistemática violación a las condiciones de equidad de la contienda y los principios rectores de la autoridad electoral por parte de diversos servidores públicos, partidos políticos y particulares identificados.
Acusa a la Unidad de Fiscalización del IFE de no haber resuelto 12 quejas presentadas por presunto rebase de topes de campaña, por lo que debe ser el tribunal el que defina los gastos de Peña Nieto y corrobore por sí mismo este presunto ilícito, así como de las aportaciones prohibidas de empresas. La atracción incluiría el caso Monex y las 9 mil
924 tarjetas que una persona moral de carácter mercantil contrató en favor del PRI, cuyo monto total fondeado asciende a 70.8 millones de pesos.
En el extenso documento de más de 400 páginas, la coalición de izquierda detalla y documenta siete agravios
centrales en el proceso electoral: adquisición encubierta de tiempo en radio y televisión; inequidad de la elección por el rebase de topes de campaña presidencial por la cantidad de mil 892 millones 987 mil 873 pesos, por lo que el rebase de tope de campaña sería de poco más de mil 500 millones, en razón de que el tope autorizado por el IFE fue de 336 millones; financiamiento encubierto en la campaña de Peña Nieto –Frontera Televisión Networks, Soriana–, y las encuestas como medio de propaganda y presión de electores.
También se inconforma con la compra y coacción del voto que violenta principios constitucionales de la elección, denuncia la intervención ilegal de funcionarios ajenos al proceso electoral, con énfasis en los gobernadores de extracción priísta y cuestiona las omisiones de la autoridad electoral para detener los delitos electorales
en los que –asegura– se incurrió en la campaña presidencial de Peña Nieto.
El documento hace un extenso desglose de las violaciones al modelo de
comunicación política, en que responsabiliza esencialmente a Televisa como empresa principal que apuntaló la candidatura del mexiquense.
En lo que hace a inconsistencias en el recuento, subraya que en el promedio de diferencial de errores fue de 9.22 votos, pero con variaciones de hasta 13.8 promedio en Guerrero o 4.5 en Colima. Resalta que hay entidades donde el porcentaje de actas con errores fue de 31 por
ciento, pero en otras hasta 73 y 14 estados presentan más de 50 por ciento.
En el capítulo de financiamiento, el documento asocia los 56 millones
de dólares –más de 800 millones de pesos– con Soriana y el Banco Monex.
Agrega que se registró violencia física y presión a los electores, pues antes,
durante y después de la jornada electoral existen evidencias y pruebas fehacientes de que la coalición Compromiso por México, así como cuerpos de policía y diversas autoridades, llevaron a cabo de forma generalizada
actos de violencia. Se denuncia también el robo de material y documentación electoral, entre ellos boletas y urnas.
Integrantes de la Red de Usuarios de Servicios Financieros AC, durante la protesta que realizaron ayer frente a las oficinas del consorcio financieroFoto Roberto García Ortiz Roberto González Amador
El grupo Monex se convirtió en el primer consorcio
financiero en ser investigado por servir de vehículo para transferir financiamiento irregular a una campaña presidencial. Este jueves, directivos de la empresa confirmaron que ya están entregando informes documentales a la autoridad para dar respuesta a la acusación de haber triangulado fondos para financiar al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.
Directivos de Grupo Monex confirmaron que ya están rindiendo informes para responder a las acusaciones,
declaró Alejandro Carvajal, dirigente de una agrupación ciudadana que pide investigar la triangulación de fondos al PRI, después de una reunión con ejecutivos de la institución bancaria.
La Jornada publicó este jueves que la operación denunciada por opositores al PRI para transferir fondos a la campaña de Peña Nieto encuadra en los mecanismos típicos de lavado de dinero. Monex facturó servicios a dos empresas que presentaron domicilios fiscales falsos, desde las cuales se financiaron miles de tarjetas de prepago para, según
la denuncia de los opositores al PRI, movilizar recursos hasta por 160 millones de pesos a la campaña de Peña Nieto, cantidad que supera los montos máximos que señala la ley para aportaciones de particulares, de 39 millones.
Ante la información publicada por La Jornada, la institución bancaria respondió ayer a este diario por conducto de la agencia que lleva sus relaciones públicas: Monex no tiene comentarios adicionales a los ya presentados en el comunicado a la opinión pública que se emitió hace unos días.
Se trata de un pronunciamiento del 4 de julio pasado, tres días después
de la elección, cuando comenzaron a circular evidencias de la participación del grupo en la triangulación de recursos al PRI, según expresó Carvajal.
Monex, aun con la reiterada petición de entrevista, ayer rechazó hablar con La Jornada
sobre los señalamientos que involucran al intermediario en la triangulación irregular de recursos al PRI y en prácticas características del lavado de dinero.
Cerca del mediodía, ciudadanos agrupados en la Red de Usuarios de Servicios Financieros se manifestaron frente a las oficinas de Monex, ubicadas en el Paseo de la Reforma de la capital del país, para denunciar la participación del intermediario financiero en una red de canalización de recursos a la campaña de Peña Nieto, según expresaron los inconformes. Demandaron que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) –organismo supervisor del sistema financiero– investigue y, en su caso, aplique las sanciones que corresponden a las operaciones de lavado de dinero que, según evidencias, involucraron a Monex, expresó
Alejandro Carvajal, dirigente de la red.
Las operaciones realizadas por Monex relacionadas con la campaña de Peña Nieto muestran
una doble contabilidad por parte del PRI, que se reflejan en denuncias presentadas por el PAN y los partidos que forman la coalición Movimiento
Progresista, que llevan a suponer la existencia de financiamiento ilícito, ya sea por desvío de recursos públicos o por el uso de dinero de actividades vinculadas a la delincuencia organizada, lo que provocaría, en cualquiera de los casos, un terrible daño a la transición
democrática iniciada por la sociedad hace apenas 12 años, dijo al encabezar la protesta a las puertas de Monex.
Al término de la reunión, Carvajal señaló que los directivos de Monex reconocieron que ya están rindiendo informes
al Instituto Federal Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), relacionados con las demandas presentadas por el PAN y el Movimiento Progresista.
El acuerdo podría violar leyes, como la del Derecho de AutorFoto La Jornada Andrea Becerril
En septiembre del año pasado, el Senado demandó al
presidente Felipe Calderón no firmar el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), con base en un amplio estudio realizado durante más de un año por un grupo plural de legisladores, el cual concluyó que ese tratado atenta contra derechos establecidos en la Constitución, se contrapone a otras leyes, como la de
Derecho de Autor, y de aplicarse podría derivar en una censura a los contenidos de Internet y, en consecuencia, a una restricción de la libertad de expresión.
En las conclusiones del trabajo de ese grupo de legisladores se destaca que las disposiciones del acuerdo vulneran la presunción de inocencia, que debe estar presente en todo el sistema jurídico mexicano
y da a los proveedores del servicio de Internet facultades para actuar como autoridad de facto e intervenir la privacidad del usuario por presunta violación de derechos de autor.
Asimismo, concluyeron, pone en riesgo el desarrollo del legítimo comercio electrónico, la actividad digital y la difusión cultural y en general limita la universalización del acceso de la sociedad a Internet, ampliando con ello la brecha digital y la posibilidad de que el país se inserte en la denominada sociedad de la información y del conocimiento.
En el documento final, en que dan a conocer las conclusiones, destacan que la firma de ese instrumento internacional, encaminado a establecer nuevos estándares multilaterales para el respeto de los derechos de propiedad intelectual, ante el crecimiento del comercio de bienes piratas y falsificados, está afectada de un vicio de origen, toda vez que desde las diversas instancias del gobierno federal, las negociaciones se condujeron con sigilo y opacidad.
No se especifica, señala el documento, qué se entiende por ámbito digital,
si lo conformarán las redes públicas y/o privadas, los equipos de cómputo, los sistemas y/o aplicaciones, las redes celulares, satelitales
y/o telefónicas. La ambigüedad podría atentar contra la certeza jurídica e implicaría riesgos derivados de su libre interpretación.
Les preocupa además que el artículo 27.2 del ACTA confiera responsabilidades a los prestadores de servicios de Internet para decidir qué contenido o trasmisión por la red significa una infracción a
la legislación contra la piratería, ya que la ley mexicana impide conocer lo que se comunica por Internet.
El artículo 16 constitucional establece la inviolabilidad de las comunicaciones y el artículo 177 del Código Penal Federal sanciona hasta
con12 años de prisión, a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente.
De hecho se pretende convertir a los servidores de Internet en una
autoridad de facto que decidiría qué contenido o transmisión es contrario a lo establecido en el acuerdo, lo que afectaría el derecho de
los usuarios al debido proceso, violando los artículos 14 y 16 constitucionales.
Periódico La JornadaViernes 13 de julio de 2012, p. 17
Asimismo, reiteraron que el Senado debe mantenerse en su postura y no
ratificar ese acuerdo, que limita la universalidad del acceso a Internet, puede ahondar la brecha digital en el país y abre la posibilidad de intromisiones en la privacidad de los usuarios.
El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Francisco Javier Castellón Fonseca, coincidió en que es una falta de respeto
al Poder Legislativo la firma del ACTA, ya que anteriormente los senadores se habían manifestado de manera unánime por no rubricar este instrumento internacional, que atenta contra la libertad de los usuarios
Por separado, el senador del PRD Carlos Sotelo dijo en entrevista que Calderón actuó como
operador de grupos de interés, particularmente de los monopolios de Estados Unidos, que intentan limitar el acceso a nuevas tecnologías de la información y la comunicación a amplios sectores de las sociedades en
El perredista consideró que el mandatario actuó con cobardía y cálculo electoral
al firmar el acuerdo después de la elección del primero de julio, desoyendo el exhorto que formuló el Senado en septiembre del año pasado para que no lo hiciera.
El priísta Eloy Cantú, presidente del grupo plural, encargado de analizar la conveniencia de suscribir el ACTA, explicó que desde un principio hubo problemas, ya que Calderón no informó al Senado que había
iniciado la negociación para firmar ese acuerdo comercial.
Debido a ello, dijo, el grupo escuchó a prestadores y usuarios
de servicios de Internet, a autores intelectuales, creadores y abogados
expertos en el tema, y determinó que México no debe firmar ese convenio.
Las conclusiones, cuyos argumentos son similares a los que expresó la
Unión Europea para rechazarlo recientemente, fueron aprobadas por el pleno senatorial y remitidas al Ejecutivo el 11 de septiembre de 2011.
El senador perredista estimó que las autoridades debieron haber contraído algún compromiso internacional para suscribir el ACTA, instrumento que podría ser utilizado como moneda de cambio con el nuevo Congreso. Para
el gobierno federal, traer ya firmado dicho acuerdo implica evidentemente tener una baraja en las manos para poder negociarla en la siguiente legislatura, apuntó.
De igual forma, Castellón adelantó que en la próxima sesión de la Comisión Permanente presentará un punto de acuerdo para que se ratifique
el exhorto emitido el año pasado por el Poder Legislativo, y se dijo preocupado por la posibilidad de que a través del ACTA las procuradurías
de justicia de los estados busquen intervenir en la red con la excusa de perseguir delitos en Internet.
Solamente en los primeros cinco meses del año se han destinado 11 mil
832.1 millones de dólares para comprar petrolíferos, principalmente gasolinas, así como MTBE, materia prima utilizada para la elaboración de
Señalaron que pese a la depreciación del tipo de cambio, los precios de las gasolinas seguirán bajando en el ámbito internacional, por lo que
de continuar con los actuales incrementos mensuales a los precios de la
gasolina en México se igualarán al cierre de 2012.
En el piso yacen cuatro de los seis obreros de la empresa Tenería Company que perecieron intoxicados con ácido sulfhídrico cuando limpiaban una cisternaFoto Sergio Hernández Vega Eirinet Gómez
Periódico La JornadaViernes 13 de julio de 2012, p. 38
Jalapa, Ver., 12 de julio. Seis
trabajadores de la empresa Tenería Company SA de CV, ubicada en el municipio de Ixtaczoquitlán, en la zona centro del estado, quienes laboraban sin equipo de protección adecuado, murieron al inhalar gas sulfhídrico mientras limpiaban una cisterna, informó la titular de la Secretaría de Protección Civil del estado, Noemí Guzmán Lagunes.
Alrededor de las 8 horas descendieron al depósito subterráneo tres obreros de la compañía, que fabrica y exporta productos de cuero, pero cuando los otros tres se percataron de que sus compañeros no respondían,
bajaron a buscarlos y tampoco regresaron.
La funcionaria explicó que bomberos y rescatistas sacaron los cuerpos
de Pedro Yane González, José Guadalupe Ramos Hernández, Gerardo Juárez Javier, José Daniel Ortiz, José Antonio Vázquez Hernández y Eli Castañeda de Jesús.
Los socorristas no encontraron instrumento alguno de protección para el trabajo que realizaban los obreros. Un agente del Ministerio Público y
elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado dieron fe de los hechos e iniciaron las indagatorias.
–No puedo calificarlo de esa manera todavía. Tendríamos que hacer una
revisión puntual con las demás instituciones para emitir un dictamen –respondió.
Tenería Company fue clausurada temporalmente. El secretario de
Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, aseguró que las autoridades estarán
atentas para que la compañía, situada en el corredor industrial Córdoba-Orizaba, cumpla sus obligaciones con las familias de los fallecidos.
Tendremos que revisar con otras instancias de gobierno por qué no se dio protección suficiente a los trabajadores, acotó. Luego de recorrer las instalaciones de la empresa, subrayó que se detectaron deficiencias en su infraestructura.
vie 13 jul 2012 20:42
de la política que obtuvo la diputación plurinominal sin mayor trayectoria en el servicio público gracias a la posición de su padre en el Panal, azuzó a sus detractores e incluso los instó a que le “mentaran
la madre”, afirmando que “le hacen publicidad”.
favor de Peña Nieto, Luciano insistió en que adquirir los sufragios puede ser algo “inmoral”, pero que la ley es “ambigua” en ese sentido, además que dicha acción se trata de un “contrato privado”, el cual “falta
Una mujer coloca una servilleta bordada refiriendo el nombre y fecha de
muerte de una víctima de la violencia en Nuevo León. En los lienzos, que fueron colgados ayer en la Macroplaza de Monterrey como parte de una
protesta pacífica, fueron bordados los nombres de personas asesinadas o
desaparecidas en la entidadFoto Reuters David Brooks
Periódico La JornadaViernes 13 de julio de 2012, p. 21
Nueva York, 12 de julio. El despliegue de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico en México ha sido inefectivo
y hasta podría haber empeorado la violencia, concluye un informe del Senado de Estados Unidos difundido hoy, y propone un giro de estrategia,
incluyendo el envío de más personal y fondos estadunidenses para capacitar y facilitar las reformas policiacas y judiciales necesarias para reducir la violencia en el país vecino.
El diagnóstico ofrecido en el informe afirma que “una extensa dependencia de los militares para acotar la ilegalidad y confrontar directamente a los cárteles del narcótico parece haber sido, en
gran medida, inefectivo y, en algunas instancias, ha exacerbado la violencia sufrida por civiles”. Indica que a pesar de los avances significativos en el esfuerzo del presidente Felipe Calderón, su “estrategia anticrimen centrada en combatir a los capos ha sido ampliamente criticada por colocar en segundo plano las necesidades de seguridad cotidianas de los mexicanos”.
Aunque elogia los esfuerzos del presidente Calderón y el alto nivel de cooperación bilateral que se ha desarrollado durante los años recientes con la Iniciativa Mérida, el informe sostiene que esta estrategia ha dejado dudas entre la población sobre si puede triunfar debido a la inhabilidad
del gobierno para suprimir la hiperviolencia que está ocurriendo en ciertas partes de México. Puesto simplemente: la mayoría de mexicanos desconfía de las principales herramientas de las autoridades federales y
estatales para combatir el crimen, con la policía y el sistema judicial, dado su historial de amplia corrupción e inefectividad. Además, señala el preocupante incremento de alegatos de violaciones graves de derechos humanos contra civiles por personal militar.
Por otro lado, el informe parece apoyar la posición de Enrique Peña Nieto –a quien identifica como presidente electo–
de promover reformas policiacas y judiciales para reducir los altos niveles de violencia en México. Indica que Peña Nieto enfrentará inmensa presión pública para rápida y públicamente abordar las amplias preocupaciones sobre la violencia y la inseguridad.
El senador Kerry declaró, al emitir el informe, que la transición presidencial de México ofrece una nueva ventana para discutir y debatir las mejores estrategias de seguridad para abordar la grave violencia que
padece México. Al continuar el cambio del panorama político en ambos países, el informe subraya la importancia de continuidad en dos áreas criticas: reforma judicial y policiaca. Son fundamentales para cualquier
reducción sostenida de la violencia en México.
El informe Reformas judiciales y de policía en México
recomienda al gobierno estadunidense ampliar su apoyo a los esfuerzos de reforma judicial y policiaca a escalas federal y estatal, con fondos de la Iniciativa Mérida por unos 250 millones anuales durante cuatro años. Estos fondos incluyen apoyar la capacitación estadunidense de agentes mexicanos.
Al parecer, esta recomendación implica redoblar esfuerzos. Los investigadores del comité del Senado informan que ambos gobiernos ya acordaron apoyar la creación de una academia de seguridad pública para entrenar a policías estatales de todo el país, y que ésta ya abrió sus puertas en mayo de 2012 en Puebla. Agregan que el gobierno mexicano amplió de tres a ocho los estados considerados prioritarios para recibir
asistencia estadunidense en profesionalización de policía en el contexto de la Iniciativa Mérida. A la vez, reportan que con este esfuerzo, Estados Unidos está colocando asesores expertos
en las academias policiacas de Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, así como ayudando a crear equipos especializados de policía estatal en por lo menos 21 estados.
Los autores sugieren que el gobierno estadunidense incremente esfuerzos para la implementación de mecanismos de rendimiento de cuentas
al interior de las fuerzas policiacas federales y estatales en México para prevenir corrupción y abusos de derechos humanos.
Reiterando que el despliegue de militares para combatir el crimen organizado ha tenido éxito limitado y, en algunos casos, ha llevado a violaciones de derechos humanos,
el informe indica que esfuerzos estadunidenses para ampliar las capacidades policiacas ayudarán a reducir el papel de las fuerzas armadas para restablecer la seguridad interna.
Recomienda que el gobierno estadunidense continúe fortaleciendo las capacidades de fiscalización de la oficina del procurador general, como también mejorar estas capacidades a escala estatal. Bajo este rubro, informa que la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID) ya está asistiendo a siete estados mexicanos en la implementación de reformas judiciales, incluyendo la capacitación de fiscales, y que se contempla ampliar este esfuerzo a otras 13 entidades. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está haciendo algo parecido a
escala federal en México, incluyendo impartir cursos sobre nuevos procedimientos fiscales y capacitar a personal en la Procuraduría General de la República.
Aunque no abunda sobre el punto, el informe reconoce que Estados Unidos tiene que hacer más
para abordar problemas dentro de su país que contribuyen a la violencia
en México, tales como reducir la demanda de drogas ilícitas, disminuir el flujo de armas al país del sur y combatir el lavado de dinero en instituciones financieras estadunidenses.
Periódico La JornadaViernes 13 de julio de 2012, p. 39
Zacatecas, Zac., 12 de julio. El
gobierno de Zacatecas signó un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para evitar que se corte el suministro de energía a pozos de riego de 3 mil productores agrícolas por falta de pago.
En entrevista, Alonso Reyes refirió que el gobierno del estado
aportará 25 millones de pesos y el federal 25 millones; el otro 50 por ciento “pudieran pagarlo los propios deudores.
Esperamos que este acuerdo camine. No sería justo para los productores que, cuando ya hemos avanzado en una negociación y están por
cubrirse las aportaciones del gobierno estatal y del federal, se suspendiera el servicio.

References: artículo 41
 resolución 
 artículo 41
 artículo 27
 artículo 16
 artículo 177