Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520740.html
Timestamp: 2019-03-19 19:04:41+00:00

Document:
Auto Supremo: 740/2015 - L
Sucre: 02 de septiembre 2015
Expediente: SC – 36 – 11 – S
Partes: Otto Pizarro Cuellar. c/ Gundy Calderón Carrasco y otro.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 181 a 182, interpuesto por Otto Pizarro Cuellar y el de fs. 186 a 187 formulado por Marcelino Gonzales Vidal y Gundy Calderón Carrasco contra del Auto de Vista Nº 176/2010 de 27 de septiembre de 2010 que cursa en fs. 177 y vta., emitido por la Sala Civil Primera de la ex Corte superior de Justicia (hoy Tribunal Departamental de Justicia) de Santa Cruz, en el proceso sobre Resolución de contrato seguido por Otto Pizarro Cuellar en contra de Gundy Calderón Carrasco, las concesiones de fs. 184 y 189, los antecedentes del proceso, y;
C0NSIDERANDO I: ANTECEDENTES DEL PROCESO:
El Juez de Partido Quinto en lo Civil y Comercial, pronunció Sentencia Nº 43/2005 de 12 de mayo de 2005 que cursa de fs. 136 a 139 vta., por la que declara improbada la demanda principal de fs. 9 y vta., formulada por Otto Pizarro Cuellar e improbada la demanda reconvencional de fs. 26 a 31 modificada a fs. 33 y vta., interpuesta por Gundy Calderón Carrasco y Marcelino Gonzales Vidal.
Resolución de primera instancia que fue recurrida de apelación por ambas partes y resuelta mediante Auto de Vista de fs. 177 y vta., que confirma la Sentencia apelada, fallo que es recurrido de casación por ambas partes, objeto de análisis.
Recurso de casación de Otto Pizarro Cuellar.-
Señala que el Auto de Vista ha vulnerado el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, al no haber valorado el título de propiedad por el que adquirió la propiedad, refiere también el certificado alodial de fs. 6 a 8 que demuestra el derecho de su propiedad, más aun si el recurrente inició el proceso por “cumplimiento de contrato”, desocupación y entrega de bien inmueble, fundando su pretensión en el art. 105 y 568 del Código Civil, refiriendo que se le está coartando los derechos previstos en el art. 105 del código de la materia, sobre el inmueble que le fue vendido.
Refiere que las confesiones de los demandados de fs. 103 a 105 son contradictorias, refiriendo que los testigos de descargo no son uniformes o contestes como están en las declaraciones de fs. 89 a 92, cuestionando las atestaciones de Juana Senzano Guzmán y Walter Bolívar Vaca.
Señala también la ausencia de los demandados a la audiencia de conciliación además de la certificación de fs. 40 a 41 que acredita la calidad moral del demandado.
También refiere que la madre del recurrente estaba internada en la clínica Incor del 25 de octubre de 2002 y fue dada de alta el 28 de octubre del mismo año, por lo que no es verídico que se le hubiera cancelado la suma de $us.20.000 en dicha Clínica, cuando el documento refiere a la fecha del 19 de noviembre y se alegó que la cancelación fue cuando su madre se encontraba internada.
Por lo que señala haberse violado el art. 105, 568 y 614 del Código Civil.
Recurso de casación de Gundy Calderón Carrasco y Marcelino Gonzales Vidal.-
El contenido del recurso de casación resulta ser deficiente en su enfoque, al haberse formulado tanto en la forma como en el fondo, este Tribunal no advierte argumento de forma tan solo de fondo, siendo el mismo el siguiente:
Refieren que el demandante insiste haberse cumplido el art. 614 y 105 del Código Civil, señala que el demandante pretende en su recurso de casación que es contrario a su pretensión, refiere que el demandante ha tratado de escapar a una obligación contractual cumplida, no se ha mencionado que esta demanda ha sido producto de un pacto de rescate que las obligaciones han sido cumplidas anticipadamente y que la misma no se habría procedido al reconocimiento de firmas como exige el art. 1297 del Código Civil.
Refiere haberse generado confesión espontanea en el recurso de casación sobre la entrega de dinero, no importando donde se pagó siendo claro que se reconoció haberse suscrito el contrato de 19 de noviembre de 2002, por lo que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el art. 641 y 645 del Código Civil.
Señala que conforme a lo dispuesto por el art. 253 num. 3 y “354 num. 4” del Código de Procedimiento Civil, en sentido de no haberse considerado que a raíz de un contrato de 1 de octubre de 2002 se hubiera transferido un inmueble con pacto de rescate cuya obligación hubiera sido cumplida el 19 de noviembre de 2002 a través de un contrato de cancelación de hipoteca; refiere que el art. 492 num. 2) se ha cumplido a cabalidad con la publicidad, pues desde el recurso de apelación ya era considerado como prueba idónea y determinar que no existe obligación de entregar o cumplir con la desocupación y al no cumplir con el art. 397 del Código de Procedimiento Civil se otorga al demandado continuar con una supuesta deuda y que a la fecha este bien inmueble ha sido objeto de una subasta y desocupación, siendo una conducta ilícita del demandante que cree ser dueño del bien que fue transferido días antes de que el Juez dicte Sentencia, que por ser una conducta dolosa, corresponde el pago de daños ocasionados conforme al art. 984 del Código Civil.
Por lo que recurre en la forma y en el fondo e impetra se disponga con el cumplimiento del rescate.
Recurso de casación en el fondo de Otto Pizarro Cuellar.-
El recurrente en su escrito de fs. 9 y vta., argumenta que con los demandados suscribió un contrato de compraventa con pacto de rescate en fecha 1 de octubre de 2002, habiendo adquirido un inmueble ubicado en la U.V. 42 manzana 19 de los vendedores Gonzales-Calderón, los que debían haber efectuado el rescate en el plazo de tres meses computables a partir de la suscripción del contrato, sin embargo de ello pese de esperar hasta un período de cuatro meses adicionales al tiempo pactado, los vendedores desaparecieron de la ciudad, en dicho escrito expresó lo siguiente: “…me apersono ante su despacho para demandar en la vía ordinaria a los señores: GUNDY CALDERON CARRASCO Y MARCELINO GONZALES VIDAL a la resolución de contrato por incumplimiento, a la desocupación y entrega del inmueble que se me ha vendido, pidiendo a su digna autoridad… y en ejecución de dicho fallo se ordene al entrega de dicho inmueble previa desocupación del mismo…”
Para verificar si resulta viable la pretensión del actor corresponde verificar los antecedentes acumulados y generados en el proceso conforme al principio de verdad material previsto en el art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado; así podemos describir el documento de fs. 20 (que el actor dio por reconocida la firma y rúbrica de acuerdo al acta de confesión de fs. 98 respondiendo a la respuesta 3ra del interrogatorio de fs. 90), consiguientemente la misma al ser firmada por ambas partes (vendedores y comprador) tiene la fuerza de ley asignada por el art. 519 del Código Civil, no pudiendo ser disuelto el mismo por mutuo acuerdo y por las causa autorizadas por ley; de dicho documento de fs. 20 se evidencia que los vendedores (demandados) han ejercido el derecho de rescate del inmueble vendido, que les facultaba la cláusula 5ta. del documento de 1 de octubre de 2002, habiendo sido aceptado por el actor conforme al contenido del documento de fs. 20, por lo que solo se encontraría pendiente el registro en la Oficina de Derechos Reales, por lo que el actor dejó de ser titular de la cosa vendida, por el efecto del rescate que fue acordado y efectivizado, no pudiendo reclamar sobre el inmueble objeto de litis; ahora si el actor reclama que no se efectuó el precio del rescate o que el documento no reflejaría la realidad acontecida, la misma no fue objeto de las pretensiones debatidas en la presente causa (no existe demanda y/o excepción que cuestione la eficacia del documento de fs. 20) y para el mismo tiene la vía expedita para hacerlo valer en proceso de conocimiento atacando la eficacia estructural o funcional del documento de 19 de noviembre de 2002, mientras tanto el mismo goza de la fuerza de ley que le asigna el art. 519 del Código Civil.
Por lo expuesto no se evidencia infracción del art. 397 del Código de Procedimiento Civil, siendo innecesario considerar el contenido de las declaraciones (actas) que refiere el actor en consideración a que la eficacia (estructural o funcional) del documento de fs. 20, no es cuestionada mediante acción o excepción en la presente causa. Tampoco existe infracción del art. 105 del Código Civil, que corresponden al alcance del derecho de propiedad, tampoco existe infracción del art. 568 del mismo cuerpo legal que refiere a la resolución del contrato por incumplimiento voluntario, pues no se ha demostrado que los vendedores no ejercieron el rescate (antes del plazo de tres meses que fue previsto), conforme al documento de fs. 20 que fue suscrito por el comprador del inmueble, no existiendo obligación de entrega del inmueble que fuera incumplida por parte de los vendedores.
Los recurrentes acusan la validez del documento de 19 de noviembre de 2002, sin embargo se dirá que la misma ya ha sido considerada al tratar el recurso de casación de Otto Pizarro Cuellar, en sentido de que este Tribunal ha considerado el documento de fs. 20, por el cual -mientras no se declare la ineficacia estructural o funcional de dicho documento- se suprime toda posibilidad al actor de reclamar sobre una Resolución del Contrato por incumplimiento del contrato de 1 de octubre de 2002, dada la naturaleza de la cuestión litigada se mantiene las decisiones asumidas por los de grado en consideración al error o a la conducta ilícita del actor, corresponde aclarar que el documento de 19 de noviembre de 2002, no puede fundar la nulidad del contrato de 1 de octubre de 2002; asimismo se dirá que respecto al resto de las pretensiones de los recurrentes no invocan para nada la relativa a la acción negatoria; asimismo no corresponde tomar en cuenta el aspecto de que el inmueble ya fue rematado, pues no existe en autos aspecto que demuestre lo aseverado, consiguientemente el recurso en el fondo deviene en infundado.
El art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente: “2) Deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente…”, la norma exige que la infracción (en el fondo o en la forma) deba ser específica identificando donde se encuentra el error in procedendo cuyo reparo necesariamente debiera sanearse mediante una anulación del proceso, pues la finalidad del recurso de casación en la forma es retrotraer el proceso sujetando el mismo al estudio de los principios que rigen las nulidades procesales, aspecto no cumplido por los recurrentes, por lo que el recurso en la forma deviene en improcedente.
Por lo expuesto, corresponde emitir resolución en base al art. 271 num. 1) y 2) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO los recursos de casación en el fondo interpuestos por Otto Pizarro Cuellar de fs. 181 a 182 y el formulado por Marcelino Gonzales Vidal y Gundy Calderón Carrasco de fs. 186 a 187; asimismo en aplicación del art. 271 num. 1) con relación al art. 272 num 2) del mismo cuerpo legal declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma de estos últimos, recursos formulados en contra del Auto de Vista Nº 176/2010 de 27 de septiembre de 2010 que cursa en fs. 177 y vta., Sin costas por ser ambas partes recurrentes.

References: Resolución 

Resolución 
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