Source: http://www.votocatolico.co/2016_12_01_archive.html
Timestamp: 2017-03-30 18:36:46+00:00

Document:
Voto Católico Colombia: diciembre 2016
Editorial: Posverdad, nombre del progresismo cuando ha quedado en ridículo
El año 2016 termina con muchas sorpresas, de entre las principales, la derrota estrepitosa del establecimiento mediático en las elecciones en el Reino Unido, Colombia y Estados Unidos. Las tres elecciones eran muy distintas entre sí, giraban sobre temas distintos, pero en las tres coindicían en el escenario de polarización radical entre una opción apoyada por el establecimiento económico, político, académico y mediático (Trump derrotó no sólo a Hillary y los Demócratas, sino también a un sector importante del Partido Republicano que se había rebelado contra su candidatura) que además llevaba la delantera en las encuestas, frente a una opción “políticamente incorrecta”, apoyada por grupos marginales (“extrema derecha” según los medios) y sin muchas opciones de ganar, y que sin embargo, resultaron vencedores. Evidentemente, el golpe en los medios fue intragable. Su visión de la realidad política se desmoronó por completo. Sus explicaciones y análisis perdieron toda vigencia y autoridad, la realidad se les volvió ajena y credibilidad quedó por los suelos. “¿Qué le ocurrió al país?” se preguntaban, y lejos de hacer un serio ejercicio de autocrítica respecto de su parcialización y deshonesta caricaturización de la postura contraria, se desataron toda clase de hipótesis sobre por qué el pueblo “no sabe votar”. En realidad, todas estas expresiones desesperadas reflejaban un grito uniánime: “¿Cómo pudimos fallar?”. En los tres casos, el voto popular fue, a la vez, un voto de desconfianza hacia los medios de comunicación, que confiados en su propio poder para moldear la opinión pública a su antojo, asumieron una postura abiertamente partidista, presentando la opción de su escogencia, la “políticamente correcta” como obligación moral, la de la gente educada, la del futuro, mientras la otra opción sería la de los radicales (“racistas” en EE.UU. y el Reino Unido, “guerreristas” en Colombia), de gente sin educación, de las mentiras en redes sociales, la del caos y la destrucción, etc. Todas las reacciones del establishment mediático, han terminado consolidándose en el discurso de la “posverdad”. El Diccionario de Oxford seleccionó “posverdad” como la palabra del año 2016. Aunque el vocablo apareció en 1992, a final de año ha sido desempolvada por los medios de comunicaciones, definiéndola como las circunstancias en las que las emociones y las creencias personales son más influyentes en la configuración de la opinión pública que los hechos objetivos. La elección de la palabra, se supone, responde a un complejo algoritmo de búsqueda en los textos escritos, pero, argumentan los medios, representa a esta nueva versión de la democracia (post-Brexit, post-Trump, post-plebiscito) en que la verdad ha dejado de ser relevante políticamente, dando paso a las emociones, la rabia y el engaño. Según los teóricos de la “posverdad”, lo sucedido en las contiendas electorales de este año es el anuncio de una era en la que el electorado es manipulado a partir de mentiras y engaños que tocan las emociones y las creencias personales. Afirman, por ejemplo para explicar la victoria del NO, que la rabia contra las instituciones tradicionales, el odio hacia la población LGBT, la aversión al comunismo y el miedo a la reforma tributaria fueron los que impulsaron a los colombianos a votar en contra de los Acuerdos, evitando mencionar los argumentos que verdaderamente fundaron la posición del No, y que están relacionados, entre otros, con la penetración de la ideología de género, la promoción del aborto, la elegibilidad de los guerrilleros y la concepción de justicia al interior de los Acuerdos. Así es como la posverdad se configura como un discurso en el que las inexplicables derrotas electorales se toman como aberrantes casos de populismo, en los que las masas ignorantes favorecen la opción menos pensada al haberse dejado manipular por argumentos mentirosos, o como dicen que sucedió en Colombia, por haberse dejado llevar por una “emberracada” generlizada. El progresismo nos intenta vender de este modo el abandono de la verdad a nivel político, como si eso no fuera connatural a la Democracia Liberal, o como si la izquierda democrática no llevase siglos acudiendo a la guerra psicológica, al binomio miedo-simpatía para imponer su agenda de revolución social. Sin embargo, por más ridículo que parezca este intento desesperado del progresismo por deslegitimar los resultados electorales contrarios, por los menos en Colombia, la apelación a la rabia y el discurso de la “posverdad” han rendido sus frutos. Basta ver la argumentación de la Magistrada Lucy Bermúdez en la decisión del Consejo de Estado que ordena implementar los acuerdos por medio del “fast track”. Según la Magistrada la campaña del NO estuvo basada en engaños y apelación a las emociones, definiéndola como “violencia psicológica”, de lo que se vale para invalidar la elección. Esto nos muestra el verdadero rumbo del discurso de la “posverdad”: la imposición de “verdades” como decisión política. Si quisiéramos rastrear honestamente cuándo la Verdad dejó de ser el centro del debate político, sería necesario remontarnos a la reforma luterana y su principio del “libre examen” según el cual cada individuo puede interpretar la escritura a nivel subjetivo. Esta doctrina protestante, raíz del relativismo, se tradujo al campo político en la Revolución Francesa con la institución de los “Derechos del Hombre y del Ciudadano”, específicamente la Libertad de Conciencia y la Libertad de Religión, definidas por sus proponentes como el derecho de decidir autónomamente el bien y el mal, y en qué creer. Por eso, eminentes teóricos de la democracia liberal, como Hans Kelsen, defendían que la democracia fracasaría si llegase a concluir verdades. Para colmo de la “posverdad”, el discurso del “pluralismo”. El progresismo “pluralista” defendiendo el “respeto por la diversidad”, es decir, la convivencia liberal de “verdades”particulares, subjetivas, e incluso opuestas. ¿Qué otro teórico de la “posverdad”, más que Michel Foucault? Foucault, precursor de la Ideología de Género, argumentaba que la verdad no era más que un subproducto del poder. Así, el progresismo nos ha conducido al paroxismo de la “posverdad”: El Estado obligando a los ciudadanos a creer que un hombre trasvestido es una mujer, que dos hombres son familia, y que dos niños gestados en vientre de alquiler son sus “hijos biológicos”. En conclusión, lo que los medios escandalizados llaman “posverdad”, no es más que la angustia ante la pérdida del monopolio sobre la razón pública. La gente se ha hartado de la imposición política y mediática de discursos ideológicos y ha optado por canales de comunicación alternos, tal vez no del todo independientes, tal vez no infalibles, pero al menos desligados del establisment político, y sin duda alguna más coherentes con la realidad cotidiana en que viven los ciudadanos y su estructura moral.
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Alejandro Gaviria Uribe, Ministro de Salud, en una entrevista al diario El Pais de España en la que se declara en guerra contra la Iglesia Católica, a la que llamó “mercader de la inmortalidad”, en alusión a su campaña ideológica desde el Ministerio de Salud y la Protección Social por imponer el aborto, la eutanasia y la legalización de las drogas. “De manera más retórica digo que me toca llevarle la contraria a los mercaderes de la inmortalidad, incluida la Iglesia Católica y la industria farmacéutica” dijo Gaviria hablando sobre su recién publicado libro Alguien tiene que llevar la contraria, en el cual se define como “ateo no practicante”: “Un ateo que respeta las creencias y no quiere convertir el ateísmo en una cruzada. Como digo en el libro, ‘la gran mayoría de los hombres continuará agradeciéndole a un dios inexistente cada amanecer, despidiendo a sus muertos como si partieran para un largo viaje y atribuyéndoles a las divinidades los caprichos del destino’. La humanidad, decía Pessoa, gime en la oscuridad.” Sin embargo, las acciones de Gaviria son justamente todo lo contrario a “respetar las creencias y no querer convertir el ateísmo en una cruzada”. De hecho, sus declaraciones ante El País, “me toca llevarle la contraria a los mercaderes de la inmortalidad” refleja precisamente su imposición a nivel público de su mentalidad materialista atea. Así como su “respeto a las creencias” quedó patente cuando ordenó vacunar a las niñas menores de edad contra el VPH, sin informar siquiera a los padres de familia, pasando por encima de la patria potestad.
Gobierno radicó Acto Legislativo para “constitucionalizar” acuerdos con las FARC
El pasado 19 de diciembre, el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo radicó en el Congreso el Proyecto de Acto Legislativo 01 de 2016 Senado, con el cual se busca incorporar los acuerdos con las FARC a la Constitución Política y convertirlos en mandato de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Estado. El Proyecto plantea incluir un Artículo transitorio en la Constitución política que reza: En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final. Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final. El primer acuerdo, el firmado el 26 de septiembre en Cartagena, pretendía su incorporación explícita a la Constitución Nacional; uno de los aspectos más criticados del acuerdo, y que probablemente fue una de los mayores causantes de su rechazo en el plebiscito del 2 de octubre. En la firma del acuerdo reformado el 24 de noviembre en Bogotá, se afirmó que se había escuchado a los sectores del NO, y por eso se había eliminado la incorporación del acuerdo a la Constitución. No obstante, la lectura del texto firmado en el Teatro Colón, y el proyecto de Acto Legislativo, son la demostración de que el gobierno y las FARC no han cedido un ápice en convertir el acuerdo de La Habana en norma de carácter superior, inderogable e irreformable. Sólo han encontrado un mecanismo discursivo que es menos obvio, pero que gracias a la concentración de todos los poder públicos en manos del Presidente Santos, tendrá el mismo efecto. Se trata del mismo método que han utilizado los lobbies homosexual y del aborto a nivel internacional al introducir el concepto de “Derechos Sexuales y Reproductivos” y pretender que los Estados tienen obligaciones respecto de tales “derechos” sin que exista un tratado o convención en que los paises los hayan definido y aprobado. Es el mísmo método en que el lobby LGBT en Colombia ha pretendido defender la imposición de la Ideología de Género, bajo el nombre de “enfoque de género”, a nivel escolar: Afirmar que no se trata de una norma nueva, sino la mera interpretación de una obligación ya existente por el ordenamiento jurídico previo. Así, el gobierno afirma ante las cámaras que no se agregará el acuerdo a la Constitución, sino sólo los contenidos “que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores”, es decir, que no es necesario incorporar el Acuerdo, porque este ya se encuentra en las normas de materia constitucional, como “desarrollo del derecho a la paz”. Por eso el resultado viene siendo el mismo: todas las entidades y organismos del Estado deberán obedecer lo pactado en el Acuerdo Final. En la práctica, el Acuerdo sí se convierte en una norma nueva, y una norma que servirá de “parámetro de interpretación y referente de desarrollo” de las demás normas y leyes; lo que significa ineludiblemente que el acuerdo tendrá el rango de materia constitucional. Leer más...
Reproducimos el artículo de Edwin Botero Correa, publicado originalmente en la página Laicos por el Bien Común. Muchos que fungen como "promotores" de la paz, y que por su condición de comunistas declarados son además ateos confesos y profesos, citan sin reato alguno el versículo 9 del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, que literalmente dice: «Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios». Manipulan la Palabra de Dios, socavan su sentido y la "ideologizan", confirmando así aquello de que "un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto", en este caso, para sus propios fines. Y se valen de este versículo para injuriar a los mismos cristianos que cuestionan el contenido y alcance de su osadía, llamándolos "enemigos de la paz". De modo que, por efecto de este artilugio, se consuma la pretensión de impunidad de los sediciosos que han ejercido el terror en todas sus formas durante décadas, y ahora devienen –vea usted– en "hijos de Dios" . Y lo peor es que no faltan, entre los creyentes, quienes los prohíjen. En contra de su falacia, el mismo pasaje enuncia no ya uno, sino dos versículos que se refieren de manera concreta a la Justicia como el antecedente necesario y el fundamento de una sociedad ordenada conforme a la Dignidad Humana y no a un ideal difuso que la degrada y cosifica. Específicamente, el versículo 6 dice: «Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos». Y el versículo 10, reza: «Dichosos los perseguidos por practicar la justicia, porque el Reino de los Cielos es para ellos». Como se puede ver, en ninguna parte de la Sagrada Escritura la Palabra de Dios ofrece un paraíso terreno como fruto de la injusticia: y hasta donde –por sentido común– todos sabemos y entendemos, el terror, el secuestro, el narcotráfico, el minado de campos, el reclutamiento forzoso y de menores, el abuso, los abortos, las tomas, los atentados o las ejecuciones sumarias, lo son. Pero si acaso osaran justificar su alzamiento y sus delitos precisamente en el supuesto de que lo hicieron porque tenían "hambre y sed de justicia", cabe recordarles lo que el versículo 5 deja bastante claro: que la promesa de que «heredarán la tierra» es para los humildes, no para los altaneros y soberbios; y ello es así por la sencilla razón de que "jamás, bajo ninguna circunstancia, es lícito hacer un mal para obtener un bien". Sin Justicia no puede haber Paz. Por eso la promesa del Reino de los Cielos es para los justos. Someterse a la Justicia es el primer paso en firme hacia la Paz. Y para ello se necesita humildad, si es que esperamos sembrar y obtener algo verdaderamente bueno aquí en la tierra. La Palabra de Dios es clara, y en nada se parece a las promesas huecas e idealistas de las ideologías.
(ReL: 26 diciembre 2016) ¿Se trata solo de liberalizar los mercados? Los deseos de las élites globalizadoras envuelven algo más: un poder centralizado y la imposición de una ideología netamente anticristiana. Así lo explica Robert F. Gorman, profesor de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la Universidad Estatal de Texas, en este artículo publicado por el Instituto Acton (los subtítulos son de ReL): El término gobernanza global hace referencia a la dimensión política de la globalización. La cuestión aquí es hasta qué punto la gobernanza estará centralizada y controlada por instituciones internacionales que amenazan con reducir la capacidad de los gobiernos locales y nacionales. Los defensores de la gobernanza global tienden a preferir una regulación transnacional de los mercados y la creación de leyes para los nuevos derechos humanos caracterizadas por una mayor centralización. Un gran número de beneficiarios En último termino, la gobernanza global implica mucho más que una simple coordinación y cooperación internacional, algo que ya existía en las relaciones internacionales modernas. Ahora es también una ideología profunda y ampliamente arraigada, cuyo objetivo es la centralización y regulación a nivel global de áreas de amplio alcance de interacción internacional. Sus devotos creen en ella y la llevan adelante con un celo casi religioso. Entre estos devotos hay (1) profesores universitarios y profesores a todos los niveles, (2) organizaciones profesionales no gubernamentales, (3) abogados internacionales, (4) periodistas, (5) un número cada vez mayor de líderes y funcionarios del gobierno elegidos o nombrados, (6) funcionarios públicos a nivel internacional, (7) celebridades y élites culturales y (8) expertos de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales. Si este cuerpo de creyentes, cada vez más numeroso y con mayor influencia, simplemente quisiera resolver problemas internacionales urgentes, las consecuencias serían en gran medida inofensivas. La cooperación internacional es necesaria para prevenir, controlar y resolver conflictos, para proporcionar y facilitar la necesaria asistencia humanitaria de emergencia y para promocionar una cada vez mayor prosperidad entre las naciones. Los globalistas, como eran llamados antiguamente, y los defensores de la gobernanza global, como son llamados ahora, quieren mucho más. La ideología de la gobernanza global quiere destruir y eliminar la soberanía nacional reduciendo el control de los gobiernos nacionales sobre el movimiento de las personas, los bienes y el capital en las fronteras nacionales. Busca establecer un orden totalmente secular en el que actividades como la educación, la sanidad, el desarrollo económico y la justicia sean moldeadas por expertos globales, y no por los líderes en sus contextos naturales locales y nacionales. El gobierno de expertos, de burócratas globales, es su ideal. Una visión común Estos expertos comparten, a su vez, una visión de conjunto común en lo que se refiere al mundo. -Son secularistas abiertamente hostiles -o, como mínimo, recelosos- a la religión y a la cultura tradicional como influencia sobre la civilización. -Son burócratas, o defensores de la burocracia, que creen que el gobierno de un experto es, respecto al gobierno de candidatos elegidos, el único modo de llevar adelante un agenda progresista de modernización. -Son ambientalistas que, a distintos niveles, consideran que los seres humanos y el crecimiento de la población humana son un flagelo para la ecología global. Por lo tanto, defienden casi universalmente el control de la natalidad y consideran a la familia, sobre todo a la familia tradicional y a las creencias religiosas de la familia, como una amenaza para la integridad medioambiental. -A menudo son defensores de la eugenesia, pues su fin es reducir la fertilidad y el número de personas menos deseables. -Son transnacionalistas que creen que el estado-nación es un anacronismo cultural que tiene que ser deconstruido. -Normalmente son defensores de la ductilidad de género que buscan, en nombre de los derechos humanos, promover una redefinición global de la masculinidad y la feminidad y, por consiguiente, la redefinición de la persona humana y el matrimonio como base normativa de la vida familiar. -Son materialistas que, en última instancia, niegan la naturaleza espiritual transcendental del ser humano, por lo que su preocupación fundamental son las necesidades emocionales y físicas de las personas. -Son relativistas que, en general, rechazan el concepto de verdad moral objetiva, de ley natural o la dimensión religiosa o espiritual de la persona humana. Consideran el poder y el control como los mecanismos con los que rehacer el mundo a su propia imagen. -Son centralistas que tienen poca consideración hacia los derechos de los órganos subsidiarios, las agencias locales de ayuda y apoyo mutuos, las iglesias, los gobiernos locales, o incluso de aquellos gobiernos nacionales que quieren preservar un modo de vida diferente. En nombre de la solidaridad global violan los principios básicos de la subsidiariedad. Suplantar a la Iglesia La enseñanza tradicional de la cristiandad, arraigada en el Evangelio de Jesucristo, es un objetivo principal de estos defensores de la gobernanza global, que han adoptado el manto de la paz, la justicia, los derechos humanos y la ayuda humanitaria -el evangelio social de la Iglesia-, pero que atacan sistemáticamente a la Iglesia como institución, a la familia tradicional y los valores morales tradicionales, el amor por el propio país y el amor hacia Dios. Quieren suplantar a la Iglesia en su papel histórico de proveedora de las obras de misericordia corporales. Se oponen a la libertad religiosa, e incluso a la libertad de conciencia. Esta siniestra versión de la gobernanza global es un signo de nuestros tiempos. Es alimentada a una velocidad increíble por la globalización de las comunicaciones electrónicas. Internet y los medios de comunicación social -por derecho propio, una gran ayuda a la vida moderna- apoyan demasiado a menudo agendas inhumanas, desde la pornografía y el abuso sexual por internet, al sindicalismo criminal global y al reclutamiento y defensa transnacional del terrorismo. En este nuevo mundo virtual, la paz y la justicia se enfrentan a la violencia y la depravación. La Iglesia debe ser consciente de los movimientos ideológicos que actúan bajo el disfraz del humanismo secular y el progresismo. La ideología de la gobernanza global es hija adoptiva del pensamiento materialista marxista. En una época de globalización real, es el punto de vista que reina entre las élites. Por lo tanto, la Iglesia debe conocerla bien y resistir sus siniestros fines a través de su servicio como signo de contradicción, cooperando con la institucionalización internacional allí donde esté más justificado y oponiéndose a ella cuando viole la dignidad humana fundamental, los derechos subsidiarios de la Iglesia y de los agentes de ayuda y apoyo mutuo arraigados en comunidades que dependen de los mismos. La Iglesia debe apoyar una forma humana y justa de gobernanza global, y resistirse a los compromisos políticos y a las características de una ideología que impulsa una cultura de muerte y no una civilización de vida y amor. El verdadero bien y la verdadera felicidad de las personas humanas reside en un respeto genuino por la dignidad humana y por el avance del bien común a la luz de las verdades más profundas de la naturaleza humana. La Iglesia, como las personas de buena voluntad, deben trabajar para asegurar que la gobernanza global apoye y no frustre este fin. Traducción de Helena Faccia Serrano (diócesis de Alcalá de Henares).
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó en Julio de este año una resolución que creó un nuevo cargo al interior de las Naciones Unidas, se trata del “experto independiente para la protección de la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género”, en otras palabras un delegado de la ONU para promover la agenda LGBT. La creación de este cargo fue una iniciativa presentada principalmente por 7 países latinoamericanos -entre los que se encuentra Colombia- con la que se busca tener una persona encargada de monitorear la implementación de los instrumentos internacionales relacionados con los derechos LGBT. El nuevo experto independiente es una persona que, bajo la excusa de vencer la violencia y la discriminación, promoverá la agenda LGBT a nivel internacional . Vitit Muntarbhorn, un abogado experto en derechos humanos que ha ocupado diferentes cargos en varios de los organismos de la ONU, fue designado para el cargo el pasado 30 de septiembre. Muntarbhorn no sólo es un abogado defensor de los derechos humanos, también es un conocido promotor de los asuntos LGBT. Uno de sus trabajos más relevantes en la materia es el de los Principios de Yogyakarta, del cual es coautor. Este es un documento en el que se puntualizan una serie de supuestas obligaciones que tienen los Estados con la población LGBT en materia de derechos humanos, y se establece, entre muchos otros principios, que los Estados deben tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la familia de los homosexuales, incluso si para ello se debe aprobar la adopción y permitir el acceso de estas parejas a técnicas de reproducción asistida. La creación de este cargo no tardó en generar descontento entre países como China, Rusia, algunos de Medio Oriente y África. Estos últimos, conscientes del peligro que representa este nombramiento, especialmente para la libertad religiosa, presentaron ante el tercer comité de la Asamblea General una resolución en la que solicitaban suspender el mandato de Muntarbhorn, alegando que no existe base legal para este y que tampoco se puede imponer tal dominancia sobre las normas culturales de un Estado. Pese a que la resolución contó con el apoyo de 77 delegados, fue vencida con 84 votos en su contra. Aún así con una diferencia tan estrecha, se espera que al presentar la resolución en la plenaria de la Asamblea General, algunos delegados cambien su voto y sean suspendidas las actividades del experto independiente. Por su parte Muntarbhorn, en un discurso pronunciado el 1 de Diciembre en la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Gays y Lesbiana (ILGA), presentó un resumen de lo que será su desempeño en el cargo. Además de asegurar que su tarea será trabajar por el reconocimiento de las personas “que quieren ser lo que son”, el nuevo experto independiente desafió a los países que han dicho que no cooperarán con él, afirmando que todos estarán cubiertos por su mandato, el cual se centrará en cinco puntos: 1. Abolir las leyes que criminalizan la homosexualidad y que castigan a los transgénero 2. Trabajar de la mano de médicos y científicos para excluir a las personas LGBT de las listas de enfermedades, así como terminar con la práctica de terapias para tratar estos desórdenes. 3. Facilitar el reconocimiento del “cambio de sexo” y superar los obstáculos burocráticos en este tema. 4. Identificar y difundir todas las interpretaciones religiosas favorables a la población LGBT y trabajar con líderes religiosos, políticos y sociales para permitirle a los LGBT participar en los cambios de la familia y la sociedad. 5. Promover un proceso educativo “no binario”, en el que los niños y jóvenes tengan desde la crianza un entendimiento incluyente. En su discurso, Muntarbhorn ha dicho que no existen dos “géneros” (masculino y femenino), sino 112 en total. La lista incluye cosas como el “a-género”, que son aquellas personas (o personos) que tienen la sensación de ningún género o que no tienen sexo o que son de género neutro, el “ansi-género”, muy extendido en las grandes ciudades ya que es un género que se ve afectado por la ansiedad (a mayor estrés, más género, y viceversa), el ‘color-género’, que está asociado con uno o más colores (se puede distinguir entre personas de género rosa, azul e, incluso, amarillo), el “género blanco”, un género que sólo se puede describir como un espacio en blanco, el “pan-género”, es decir, aquellas personas que tienen la sensación de tener todos los géneros juntos y al mismo tiempo, y así. El “experto” menciona 112, pero es evidente que el único límite es la imagnación. Es así como este nuevo cargo se convierte en la más reciente herramienta de las Naciones Unidas para imponer a los Estados obligaciones contrarias a las creencias culturales particulares, pues el tema aquí no es defender los derechos de un determinado grupo poblacional; en realidad lo que se busca es transformar los valores morales, implantar nuevas interpretaciones sobre la religión y cambiar el modelo de sociedad a partir de la alteración del concepto de familia y el adoctrinamiento de los niños y jóvenes en los espacios educativos. “El vórtice de la violencia y la discriminación, en sus múltiples formas, a menudo comienza en el hogar…”, asegura Muterbhorn, anunciando que su propósito es intervenir a fondo en los hogares para imponer la ideología LGBT. Habrá que esperar a que la siguiente movida de los países africanos en la Asamblea General sea exitosa, pues de lo contrario veremos cómo la ideología de género empezará a penetrar más profundamente nuestra sociedad, porque por lo menos en Colombia es poco probable que el gobierno vaya a pasar por alto las recomendaciones que en su momento haga el nuevo experto de la ONU.
21 de diciembre de 2016 (Adelante la Fe/LifeSiteNews) – En una nueva entrevista, el Cardenal Burke dijo que no está acusando al Papa Francisco de “herejía” al someter los cinco dubia para que él responda. También explicó que si un Papa “profesara formalmente herejía, cesaría por ese acto ser el Papa” y que hay un proceso dentro de la Iglesia para tratar con tal situación. “Los fieles, los sacerdotes y los obispos tienen derecho a que se respondan estas preguntas”, dijo sobre la dubia. “Era nuestro deber como cardenales, cuando el Papa dejó claro que no respondería a ellas, hacerlos públicos para que los sacerdotes y los fieles laicos que tenían estas mismas dudas pudieran saber que sus dudas son legítimas y que merecen una respuesta.” “Puede suceder” que un Papa profese formalmente la herejía, pero “espero que no podamos estar presenciando eso en ningún momento pronto”, dijo Burke a Catholic World Report (CWR). “Ya está dada la disciplina a seguir cuando el Papa cesa en su oficio, como sucedió cuando el Papa Benedicto XVI abdicó a su cargo”, dijo Burke. “La Iglesia continuó siendo gobernada en el ínterin entre la fecha efectiva de su abdicación y la inauguración del ministerio papal del Papa Francisco”. Los miembros del Colegio de Cardenales tendrían que ser los que declararan al Papa en herejía, dijo Burke. También dijo que hay precedentes para que los cardenales reprendan a un Papa. Ha dicho Burke que si el papa Francisco no responde a la dubia, los cardenales también podrían corregirlo formalmente de la manera en que el Papa Juan XXII fue corregido en la Edad Media cuando enseñó nociones erróneas sobre la visión beatífica. El cardenal también explicó que él y sus compañeros quieren que el Papa clarifique si Amoris Laetitia se alinea con la enseñanza moral católica precisamente porque son leales a él y se preocupan por él, no porque sean sus “enemigos” o disidentes como algunos críticos e incluso otros prelados han sugerido. “¿Cómo puedes estar en herejía haciendo preguntas honestas?” -preguntó Burke. “Es irracional acusarnos de herejía, estamos formulando preguntas fundamentales basadas en la tradición constante de la enseñanza moral de la Iglesia, así que no creo que haya dudas de que al hacer esto hemos hecho algo herético”. “Soy un cardenal de la Iglesia, y uno de los principales colaboradores del Papa”, dijo Burke. “Tengo absoluto respeto por el oficio Petrino, si no me importara él y su ejercicio del oficio Petrino, simplemente me quedaría en silencio y dejaría todo ir como está, pero porque en conciencia creo que tiene la obligación de aclarar estas cosas para la Iglesia, le he dado a conocer, no sólo en esta ocasión, sino en otras ocasiones. La publicación de la dubia se hizo con total respeto a su cargo. No soy el enemigo del Papa”. Burke subrayó que “no está diciendo que el Papa Francisco está en herejía”. “Nunca lo he dicho”, dijo a CWR. Ni tampoco he dicho que está cerca de estar en herejía. El canonista Dr. Ed Peters describió recientemente en su blog cómo la ley eclesiástica trata la cuestión de un Papa que crea o promueva la herejía. Según el análisis de Peters, la tradición canónica católica apoya firmemente las observaciones del cardenal Burke. El Dr. Peters encuentra la tradición canónica expresada por Franz Wernz -un afamado canonista que fue elegido como Superior General de la Orden de los Jesuitas en 1906- que consideró el impacto de la herejía personal por parte de un Papa, en su obra Ius Canonicum. Después de exponer varias posiciones que tienen que ver con un Papa herético y mostrar sus deficiencias, Wernz especula que si bien nadie en la tierra puede quitar el poder a un Papa, ya que no hay un cargo más alto que el “Romano Pontífice” que sea capaz de pasar tal juicio, sin embargo, un Concilio general podría determinar que un papa habría cometido herejía, y al hacerlo, se habría cortado efectivamente de la vid verdadera, por lo tanto, perdería su cargo. Wernz escribió en su obra publicada póstumamente en 1928: “En resumen, hay que decir claramente que un Romano Pontífice (públicamente) herético pierde su poder por el hecho mismo. Mientras tanto, una sentencia penal declaratoria, aunque meramente declarativa, no debe ser ignorada, pues trae a la atención, no que un papa sea ‘juzgado’ como un hereje, sino que se demuestra que ha sido encontrado herético, esto es, que un concilio general declara el hecho del crimen por el cual un Papa se ha separado a sí mismo de la Iglesia y ha perdido su rango”. Después de esta cita, el Dr. Peters comenta: “No conozco a ningún autor que venga después de Wernz que discuta este análisis”. Sería “imposible” e “impensable” que un Papa “comprometiera a la Iglesia con la herejía”, escribió Peters, porque el Espíritu Santo provee “protección” contra esto. El derecho canónico define la herejía como “la negación obstinada o la duda obstinada después de la recepción del bautismo de alguna verdad que debe ser creída por la fe divina y católica”, y “la tradición canónica reconoce (y la historia sugiere) que un Papa determinado podría caer en herejía personal y que incluso podría promover públicamente dicha herejía “, explicó Peters. “En suma… por remota que sea la posibilidad de que un Papa caiga en la herejía y por muy difícil que sea determinar si un Papa ha caído, tal catástrofe, Deus vetet, daría lugar a la pérdida del cargo papal”. Lea la entrevista completa de Cardenal Burke con CWR aquí (Traducción de Rocío Salas para Adelante la Fe. LifeSiteNews)
Dejusticia: Las contradicciones de un discurso que se hunde en un vaso de gaseosa.
Con argumentos basados en la salud y el bienestar de los colombianos, Dejusticia, el conocido think thank del progresismo, viene adelantando una fuerte campaña en favor del impuesto a las bebidas azucaradas.
Sí, justamente la organización que se ha encargado de dar soporte jurídico a la defensa del aborto y la eutanasia, a la promoción de la agenda LGBT y a la legalización de la droga es la que ahora acude a la salud de los niños, para promover la propuesta de la Reforma Tributaria de imponer un gravamen especial a las bebidas azucaradas.
Este es un debate lleno de contradicciones y que ha llegado a generar confusiones entre la opinión pública. Aún así hay algo que sí queda bien claro: el cinismo con el que los miembros de Dejusticia pretenden defender “los derechos a la salud, alimentación y derechos de los niños”, pues luego de llevar años apoyando la muerte de seres indefensos y la destrucción de la familia se atreven a presentar una postura de sincera preocupación por los colombianos.
No podía esperarse menos de una organización como esta, que bajo las banderas de la libertad y la igualdad, defiende la implementación de cuanto “avance” presenta las Naciones Unidas, inclusive cuando estos se relacionan con graves violaciones a la vida y a la dignidad humana. No sobra mencionar que son las declaraciones y estudios de diferentes organismos de la ONU, los que Dejusticia toma como referentes en la defensa tanto de este, como de muchos otros temas.
Con la campaña “que tu salud no pague el precio” Dejusticia busca darle un impulso al impuesto a las bebidas azucaradas, invitando a los colombianos a tomar consciencia sobre los efectos nocivos que tienen aquellas para su salud. Entre algunos de los argumentos más relevantes que se aducen en el marco de esta campaña podemos encontrar:
i) La disminución en el consumo de bebidas azucaradas reducirá el porcentaje de colombianos con sobrepeso y obesidad.
ii) La mala alimentación y los riesgos dietarios son verdaderos problemas de salud pública de los cuales el Estado se debe ocupar.
iii) El consumo de bebidas azucaradas está relacionado con la muerte causada por enfermedades coronarias, diabetes y enfermedad cerebro-vascular.
iv) El Estado debe garantizar una alimentación de calidad y saludable, libre de bebidas azucaradas y grasas trans.
Resulta paradójico ver que una organización como esta muestre una preocupación tan grande por la salud de los colombianos; cuando es bien sabido que son defensores acérrimos de diferentes “causas” que los llevan a lanzar argumentos como los siguientes -que además de ser un reflejo de su grave desprecio por la vida, son una oda a la libertad que piden restringir con el impuesto a las bebidas azucaradas:
i) La eutanasia se trata de permitir a cada quien vivir y morir según sus convicciones, se trata de cómo quiere morir cada uno.
ii) El aborto (o como ellos lo llaman Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)) es un tema de autonomía de las mujeres, es un derecho a decidir sobre su propio cuerpo. iii) Es momento de dejar de lado la política prohibicionista, y optar por la legalización de las drogas, en vista de que esto permitirá disminuir el consumo de las mismas, lo que a su vez repercutirá en la reducción de la corrupción y la violencia. iv) La lucha por los derechos de las personas LGBT+ también es una lucha por la libertad y la autonomía personal, es una lucha por vivir de acuerdo a su propia identidad de género y a su orientación sexual. Así, Dejusticia nos muestran cómo los argumentos en favor de la vida y la salud valen cuando se trata de los kilos de más de los colombianos, más no cuando hablamos de la vida de un ser indefenso o vulnerable o de la salud y el bienestar de todas las personas que se pueden ver afectadas por la legalización de las drogas. Y ni hablar de la libertad y la autonomía personal, pues estas alcanzan para que una persona acabe con su vida, para que una mujer decida sobre la vida de su hijo, o para que nuestra sociedad se vea obligada a aceptar un nuevo concepto de “familia”; pero no para que un colombiano cualquiera tenga la posibilidad de decidir si se toma un vaso de gaseosa o uno de agua. Igualmente la libertad de decidir sobre el cuerpo cobra importancia si se trata de un embarazo o de la identidad de género, más no si se trata de la alimentación propia. Tal parece que el discurso de la libertad es válido para todo, menos para tomarse un vaso de gaseosa. Y la vida y la salud valen más cuando la OMS dice que las bebidas azucaradas son perjudiciales para la salud, que cuando surgen denuncias sobre el asesinato de cientos de seres humanos que ni siquiera han salido del vientre de sus madres. Leer más...
Laicos católicos escriben al Papa Francisco para advertirle sobre guerra contra la Fe en Colombia
El Movimiento de Laicos Católicos de Colombia –Solidaridad– ha enviado una carta al Papa Francisco en que le agradecen la atención particular que ha puesto en nuestro país, y le advierten sobre la agenda de persecusión contra la Fe que se viene impulsando desde el Estado, con la excusa de la “paz” y el “Estado Laico”. Según la carta, el mismo presidente Santos, que fue al Vaticano para pedir la ayuda del Papa para lograr la implementación del acuerdo con las FARC, está “minando día a día la posibilidad de que nuestra fe permanezca” en Colombia. “Como católicos practicantes, apoyamos el voto por el NO, en el plebiscito del 2 de octubre”, dicen en la misiva, enumerando los peligros contra la fe y la libertad que venían contenidos en el acuerdo con las FARC. El acuerdo, “implanta la ideología de género en el país, porque ese acuerdo es estructuralmente marxista-leninista, porque los jefes de las FARC han admitido públicamente que van tras la toma del poder y la implementación de un estado socialista, lo cual es abiertamente contrario a nuestra fe.” Así mismo, denuncian cómo a pesar de la victoria del NO en el plebiscito, el presidente Santos, en complicidad con otros órganos del Estado ha pretendido imponer la implementación de los acuerdos en contravía de la voluntad popular. “La decisión de la Magistrada Bermúdez, del Consejo de Estado, pone sobre la mesa la realidad de una Colombia que va dirigida hacia una dictadura similar o peor que la venezolana, ante lo cual los católicos no nos podemos quedar callados.” Por último refieren los recientes ataques contra la Fe, por parte de los altos tribunales, pretendiendo marginar y desterrar a la Iglesia Católica de la esfera pública colombiana. “En septiembre, el mismo Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada María Elizabeth García, prohibió la celebración del Te Deum del 20 de julio como parte del programa oficial. En noviembre, la Sala Plena de la Corte Constitucional expulsó a la Iglesia Católica de la dirección del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en el cual participaba como cofundadora. Tomaremos todas las medidas legales posibles contra estos graves actos antijurídicos.” Texto completo de la Carta
La magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, de la sección quinta del Consejo de Estado, ha admitido una demanda de nulidad electoral contra los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre, cuando el acuerdo con las FARC fue rechazado por la mayoría de los votantes. Lo insólito del auto de admisión, es que como medida cautelar, la magistrada ordena al gobierno y al Congreso la implementación del acuerdo de paz, haciendo uso del “fast track”, asumiendo como vigente el Acto Legislativo 01 de 2016. Literalmente, el Auto de admisión resuelve: TERCERO: DECRETAR las siguientes medidas cautelares de urgencia: 1.- ORDENAR al Congreso de la República y al Presidente de la República AVANZAR CON LA IMPLEMENTACIÓN del actual “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, disponiendo para ello –aún en sesiones extraordinarias convocadas para tal fin– de los mecanismos especiales de creación normativa establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2016 (Fast Track), que para efectos del cumplimiento de esta medida cautelar ha de entenderse vigente. Ello, claro está, sin perjuicio de que en lo sucesivo medie un pronunciamiento expreso y definitivo de órgano competente en relación con la vigencia de la referida norma constitucional. 2. EXHORTAR a la Corte Constitucional para que PRIORICE la resolución de las demandas de constitucionalidad en las que deba pronunciarse expresamente sobre la vigencia del acto legislativo 01 de 2016, y en especial sobre el artículo 5° de dicha preceptiva. Para justificar tales medidas cautelares, la magistrada afirma que “la información que se suministró al electorado en la fase definitiva de campaña reflejó una total tergiversación, en muchos de sus aspectos neurálgicos, del contenido del acuerdo sometido a votación el 2 de octubre de 2016, el cual fue determinante para la obtención del resultado en dicha contienda electoral”, calificando las campañas a favor del NO a los acuerdos como “violencia psicológica” en contra de los electores. La argumentación de la magistrada Bermúdez puede ser resumida en este esquema: Hubo un “engaño generalizado” por parte de la campaña del NO, atribuyendo falsedades a los acuerdos con las FARC. (ideología de género, eliminación de subsidios, afectación del régimen pensional, impunidad, elegibilidad, víctimas y cambio a un modelo como el de Venezuela ) Tales “mentiras” ejercieron “violencia psicológica” sobre el elector impidiéndole decidir conscientemente su voto, y presionando a la población a favor del NO. La victoria del NO en el plebiscito, impidió la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2016 (“fast track”), y la implementación de los acuerdos de paz. Ergo, al estar viciada la victoria del NO en el plebiscito, el gobierno debe ignorar tales resultados e iniciar la implementación de los acuerdos usando el “fast track”. Basta con examinar por separado cada uno de los puntos del argumento de la magistrada, para ver cómo ninguno de ellos se sostiene por sí sólo, y mucho menos en su conjunto. Vistos en el orden inverso, cada uno de ellos es más absurdo que el anterior: La anulación de unas elecciones siempre había sido resuelta con su repetición, no con otorgar la victoria de forma automática a la opción perdedora. El “Fast track” es la prueba de que la aprobación del plebiscito llevaría a una suspensión del régimen constitucional y nos sumiría en una dictadura como la de Venezuela. Se puede afirmar que una de las razones por las que la gente votó NO, fue para evitar la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2016. Al ordenar que sea tenido por vigente, la consejera no sólo contraría abiertamente la decisión popular, ratifica que no fueron mentiras las dichas en la campaña contra el acuerdo. Hubo 46 comités del NO, de los cuales, el Centro Democrático sólo es uno. Invalidar la campaña de los demás 45, sólo porque en uno de ellos se admite haber dicho mentiras, carece de proporción. Además, es indemostrable la relación “causa-efecto” que la magistrada insinúa. Los seis millones de colombianos que votaron NO en el plebiscito, pudieron haberlo hecho por razones completamente distintas a las promovidas por todas las 46 campañas. Es imposible asumir las razones que tuvo la ciudadanía para adoptar una decisión en las urnas, a menos que sea a través de otro mecanismo de elección popular. Bajo el razonamiento de la magistrada, ¿No debería anularse también la elección de Juan Manuel Santos, que se hizo elegir presidente bajo la promesa de no subir impuestos? Por último, de las “mentiras” que según la magistrada se dijeron en la campaña por el NO, sólo la afectación pensional y la eliminación de subsidios fueron mentiras demostradas y desmentidas en su momento. Temas como la “ideología de género”, impunidad, elegibilidad, o la reforma de las instituciones hacia un régimen dictatorial, no sólo son objeto de un debate válido frente al acuerdo del 26 de septiembre, sino que siguen vigentes frente al acuerdo reformado que fue aprobado por el Congreso. Tomando el tema de la Ideología de género, por ejemplo, en su auto la magistrada incurre abiertamente en la contradicción de pretender negar la presencia de Ideología de Género en el acuerdo, y a la vez negar la existencia misma de tal ideología, y al pretender afirmar el enfoque de género como algo distinto termina por reafimar los mismos postulados de la Ideología de género. Sobre el concepto de ideología de género hay varias corrientes que tienen varias construcciones desde las que consideran que la ideología de género como tal no existe, pues resulta ilógico plantear que en una sociedad conformada por personas libres no puedan tener la libertad de escoger su propia identidad y preferencias sexuales, hasta las que separan las nociones de sexo y género y consideran que el ser humano nace neutro sexualmente para posteriormente ser “socializado” como varón o como mujer. (…) “El enfoque de género parte de considerar las diferentes oportunidades que han tenido los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les ha asignado” No es casualidad, por tanto, que entre las fuentes que usa la magistrada para negar la Ideología de género se encuentre Marta Lamas, reconocida ideológa de género, que entre otras cosas ha afirmado que "la sociedad fabrica las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres, de lo que es ‘propio de cada sexo'." Confirma así, la magistrada que el tal “enfoque de género” no es otra cosa que la misma “ideología de género” sólo que con otro nombre. Por último, es imposible no referirse al carácter de prejuicio de este auto admisorio. Por un lado, la magistrada argumenta y califica el resultado electoral como “viciado”, lo cual no corresponde a la admisión de la demanda, sino al juicio que de ella haga el Tribunal. La consejera Bermúdez está realizando un juicio adelantado del plebiscito, considerando y validando las pruebas de los demandantes y sin permitir a la contraparte defenderse de las acusaciones. Por otro lado, en las medidas cautelares se está emitiendo un juicio definitivo sobre el asunto, y se adoptan medidas tales que implican no sólo una anulación de facto del plebiscito del 2 de octubre, sino que además suplanta al electorado al ordenar al Estado asumir unos resultados contrarios a los que reflejaron la votación popular.
Reproducimos el siguiente artículo de José María Permuy, publicado originalmente en el sitio web de la Revista Arbil. Frente a los que opinan que se trata de un asunto opinable, la confesionalidad del Estado es un deber moral exigido por la ley natural y, por tanto, universal e inmutable. El Estado debe actuar y legislar en conformidad con la ley natural, y el primero de los preceptos de esa ley es amar a Dios sobre todas las cosas, adorándole y dándole el culto establecido por El. El Magisterio de la Iglesia ha sido constante y unánimemente partidario de la confesionalidad del Estado, y aquello que ha sido enseñado por la Iglesia siempre y en todas partes ha de ser creído como verdad de fe. La ley es una prescripción de la razón, en orden al bien común, promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad. Ley natural es la ley eterna inscrita en la naturaleza. Así pues, cuando León XIII, en su encíclica Inmortale Dei, sobre la constitución cristiana de los Estados, enseña que los Estados están obligados a dar culto a Dios porque así lo ordenan la razón y la naturaleza, está afirmando que ese deber moral de los Estados viene imperado por la ley natural. La ley natural es universal. Obliga a todos los hombres de todos los tiempos y lugares, cualesquiera que sean sus creencias. La ley natural es inmutable, no puede cambiar jamás, y ninguna situación o circunstancia puede modificar el contenido de la ley. De todo ello se sigue que el deber moral que obliga a las comunidades políticas a dar culto a Dios es universal e inmutable. No es un mero consejo sostenido por la Iglesia en coyunturas distintas a la época actual, que puede ser atendido o desatendido en función de los cambios acaecidos en la sociedad. No es una opinión que pueda ser admitida o rechazada libremente. Desde hace unas décadas, lamentablemente, muchos eclesiásticos dicen que los Estados no deben o no pueden profesar su fe en Dios. Que no es competencia del Estado creer o no en Dios, sino tan sólo permitir que las distintas confesiones religiosas puedan expresarse y actuar libremente en la vida social, sin que exista ningún tipo de coacción por parte del Estado. Es lo que el beato Pío IX condenaba en el Syllabus definiéndolo como la Iglesia libre en el Estado libre. Sin embargo, muchos de esos mismos eclesiásticos no dejan de recordar que los Estados deben respetar la ley natural. Si es así (que lo es), ¿no es igualmente cierto que el decálogo es expresión revelada de la ley natural, y que el primero de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas, adorándole y rindiéndole el culto que le es debido? Pues si los Estados han de actuar en conformidad con la ley natural, y si adorar a Dios y darle culto es el primero de los mandamientos de la ley revelada pero al mismo tiempo natural, es evidente la contradicción en que incurren dichos eclesiásticos. Aparte de ello, cabría preguntarse por qué adherirse a ellos y no a León XIII y a todos los papas y obispos que durante siglos y siglos han defendido la confesionalidad de los Estados. Eso sí, con una diferencia: la tesis de que los Estados no deben dar culto a Dios ni profesar religión alguna es muy reciente y no es unánime. La tesis contraria, aun cuando no haya sido definida solemnemente como dogma, cuenta con el aval de siglos de unánime magisterio, y no olvidemos que aquello que ha sido creído siempre y en todas partes por la Iglesia, aunque se trate de magisterio ordinario y no extraordinario, ha de ser tenido por verdad de fe del mismo modo que los dogmas proclamados por el Papa ex cátedra o por un Concilio ecuménico. La confesionalidad de los Estados es –recapitulando lo hasta aquí escrito– un deber moral derivado de la ley natural y enseñado siempre y unánimemente por la Iglesia (al menos hasta hace cuarenta años). No es doctrina mudable ni discutible. Pero demos un paso más. León XIII, en la encíclica arriba citada, sigue enseñando que, partiendo de que la ley natural obliga al Estado a profesar la fe en Dios y darle culto, no basta con tributar un culto cualquiera, sino que ha de rendirle el culto por El mismo querido y establecido, que es el culto católico, y, para ello, el Estado no sólo no puede desentenderse de toda religión, sino que tampoco puede considerar a todas por igual. El Estado está obligado a reconocer y profesar aquella religión que ha sido revelada por Dios como única verdadera, esto es, la católica. Máxime en aquellas naciones en que la sociedad es mayoritariamente católica. No basta, pues, con que el Estado sea confesional, sino que debe ser específicamente católico si se trata de la organización política de una sociedad que mayoritariamente profesa con entera libertad la religión católica. En esto consiste, básicamente, el deber moral de las sociedades para con Cristo y su Iglesia del que habla el Concilio Vaticano II en la Declaración Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosa, en la cual se advierte que el Concilio deja íntegra la doctrina católica tradicional al respecto. Razón por la cual, los obispos españoles presentes en el II Concilio Vaticano escribieron que éste no se oponía a la confesionalidad católica de los Estados. Sorprende que desde entonces, transcurridas cuatro décadas, sean cada día más los católicos (políticos y obispos especialmente) que se escudan en el Concilio Vaticano II para decir precisamente todo lo contrario: que del Concilio se sigue el rechazo de la confesionalidad de los Estados. No es verdad. En uno de sus párrafos, la Declaración Dignitatis humanae afirma que si un Estado desea profesar una determinada religión, debe asimismo garantizar la libertad religiosa. Ello quiere decir, obviamente, que el Vaticano II no ve incompatibilidad entre la confesionalidad del Estado y la libertad religiosa. Si así fuera, pediría que los Estados confesionales, en aras de la libertad religiosa, dejaran de serlo. Y no es así. Luego no hay rechazo ni condena del Concilio Vaticano II a la confesionalidad de los Estados. Y muchísimo menos a la confesionalidad católica, que forma parte de la doctrina tradicional que el Concilio dice dejar íntegra. Sostener que los Estados no deben ser confesionales implica alguna de las siguientes negaciones: 1º Negar que los Estados deban reconocer la ley natural, cuyo primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. 2º Negar que aquellas enseñanzas que han sido mantenidas por la Iglesia siempre y en todas partes tienen el carácter de verdades de fe católica, puesto que la confesionalidad de los Estados ha sido defendida por la Iglesia a lo largo de casi dos mil años de manera constante y unánime. 3º Negar la infalibilidad de la Iglesia, en caso de reconocer que la doctrina de la confesionalidad es una verdad de fe indiscutible por haber sido propuesta unánime y constantemente durante siglos. 4º Negar que la confesionalidad del Estado, a pesar del magisterio multisecular unánime y constante en su favor, es una verdad de fe de obligada creencia. ¿No supone ello el peligro de poner en tela de juicio muchas verdades católicas que no han sido definidas de modo extraordinario y aun el hecho mismo de que puedan ser consideradas como definitivas verdades que no cuenten con el respaldo de una definición ex cátedra o la proclamación de un Concilio Ecuménico? ¿Podrían ser revocadas en un futuro las enseñanzas de la Iglesia sobre los anticonceptivos o la clonación, por ejemplo? Si la confesionalidad del Estado fuera opinable, lo sería tanto para impugnarla como para propugnarla. Los católicos partidarios de la confesionalidad no estaríamos obligados a adherirnos a las opiniones de obispos o Papas en contra. Pero lo cierto es que los argumentos en contra de la confesionalidad carecen de base sólida: no se hallan en la sagrada Escritura, se oponen a la Tradición y chocan con el Magisterio perenne de la Iglesia Católica. No hay ningún fundamento para pensar que se trata de una doctrina opinable. José María Permuy
Proyecto de Acto Legislativo 01 de 2016 Senado (Constitucionalización acuerdos)
El Ministro del Interior Juan Fernando Cristo ha presentado un proyecto de Acto Legislativo para agregar un artículo transitorio a la Constitución en el cual se establece la obligatoriedad para todas las entidades y organismos del Estado de obedecer lo pactado en los acuerdos con las FARC. Según los proponentes, el proyecto pretende dar estabilidad y seguridad jurídica a los acuerdos, es decir, se busca que al incluirse en la Constitución, los colombianos no puedan rechazar en nuevas elecciones un acuerdo que fue impuesto contra la voluntad popular. Proyecto de Acto Legislativo 01 de 2016 Senado por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Autor: Ministro del Interior Juan Fernando Cristo Proyecto original (19 de diciembre) – Gaceta (1161/16)
Por qué Claudia López sí pretende imponer su “catolicismo” al resto de la sociedad
En el debate del pasado martes, la senadora Claudia López se presentó ante la plenaria como “católica”, en medio de la discusión sobre el proyecto de ley 01 de 2016 Senado con el que se busca convocar a la ciudadanía a votar sobre establecer el derecho a ser adoptado por un padre y una madre. La declaración, aunque no es nueva, contradice abiertamente la vida pública de la senadora, que además de lesbiana confesa, pareja pública de la representante a la Cámara Angélica Lozano, apoya abiertamente el aborto, la Ideología de Género y la agenda homosexual, en abierta contradicción con la Fe Católica. Yo soy católica. Mi madre es una mujer profundamente católica. Me gradué de un colegio de monjas, católico, y nunca, nadie, ni en mi familia, ni en mi Iglesia, ni en el colegio, me enseño que la Fe Católica, que es la fe basada en el amor, en el “ama a otros como Dios te ama a ti”, se debía usar para discriminar y excluir a otros en nombre de ninguna ideología. Y aunque esa es mi fe, como es la fe de la mayoría de los colombianos, a quienes no nos enseñaron a discriminar a nadie, la Constitución Colombiana consagra que este Estado es “laico”. ninguna ley ni ningún referendo se hace en este Congreso para hacer, ni lo “católicamente correcto”, “ni lo musulmanamente correcto”, ni lo “judíamente correcto”, ni lo “cristianamente correcto”, se hace para salvaguardar los derechos de los colombianos independientemente de su orientación religiosa. Como decíamos antes, no es la primera vez que la senadora presenta esta línea argumentativa. En agosto de 2015, también en el marco del debate por el referendo que promueve la senadora protestante Viviane Morales, López le había escrito por twitter: “@MoralesViviane soy católica, pero a diferencia suya, no pretendo imponerle mi fe como discriminación constitucional a nadie. Estado Laico!” Bien dice la senadora Claudia López, que la Fe Católica es la de la mayoría de los colombianos, por eso no sería extraño que alguien se describiese a sí mismo como católico. No lo sería, sino es porque en su vida pública, Claudia López defiende justamente lo opuesto a lo que la Doctrina de la Iglesia reclama a los fieles laicos. Mientras el Evangelio nos llama a defender el respeto por la Vida y la integridad de la Familia, como expresiones de la naturaleza creatural del ser humano, la senadora defiende el aborto y la agenda homosexual que socava la institución familiar y las relaciones humanas en general. Probablemente, a esta contradicción es lo que la senadora llama “no pretender imponer la Fe”, porque “el Estado es laico”. Esto, como un todo, es también contrario al magisterio apostólico que nos exhorta a testimoniar el Evangelio en todos los ambientes en que los fieles laicos participamos. Más aún, específicamente en el campo político, quien cree en la redención de Cristo sabe que no puede haber un “bien común” que no facilite la salvación de los miembros de la sociedad, o que se pretenda separado de la vida de la gracia. Es imposble ser católico y no reconocer la realeza social de Cristo, y la soberanía absoluta de Dios sobre toda su creación. En el fondo, las declaraciones de la senadora son el reflejo de una postura teológica llamada “Liberalismo”, y que la Iglesia condenó como herética. En la encíclica Libertas Praestantissimum, el santo padre León XIII diseccionó tal herejía por completo señalando su manifestación en tres grados distintos: Liberalismo de primer grado: Creer que la conciencia individual es la que dicta su propia ley moral al individuo, negando por entero la ley moral natural establecida por Dios al crear el Mundo y al ser humano. Liberalismo de segundo grado: Creer que sólo pueden obligar a la conciencia las normas a la que el hombre llegue por el uso autónomo de la razón, negando directamente la ley moral revelada, e indirectamente la ley natural cuando coincide con aquella. Liberalismo de tercer grado: Creer que la ley moral, natural o revelada, puede obligar a la conciencia individual de forma privada, mas no en su vida pública y menos a nivel del Estado, negando que la ley positiva ha de ser justa, es decir acorde con la ley moral, para poder ser legítima y obligar en conciencia. Aunque en el tercer grado la herejía liberal aparezca moderada, nótese cómo las conclusiones prácticas siempre serán las mismas: La proclamación del “derecho” a contravenir pública y oficialmente la ley moral. En realidad, la única diferencia entre grados se encuentra en el nivel de coherencia interna de los razonamientos con que se justifican las mismas conclusiones; Siendo el primer grado, al menos coherente con una mentalidad deísta, de un dios que se aparta por completo de su creación (lo que los masones llaman “Gran Arquitecto del Universo”), que aunque absurda, apenas justifica las conclusiones. Por esa misma razón, no sabemos qué grado de liberalismo es el que profesa Claudia López, pero sus conclusiones son síntoma evidente de Liberalismo. Esa doctrina herética es lo que ella llama “su Fe”, no la Fe Católica, sino su visión liberal de la misma. Y claramente, cuando ella se pone como ejemplo (“no pretendo imponerle mi fe como discriminación constitucional a nadie. Estado Laico!”), no lo hace por mera constancia de sí misma, sino reclamando lo mismo de todos los demás. Como buen liberal, reclama que todos los católicos renuncien a testimoniar su Fe en la vida pública. Así, se evidencia que en realidad Claudia López sí pretende imponer su “catolicismo” (es decir, la herejía liberal) al resto de la sociedad. Leer más...
Reproducimos el artículo del Dr. Mario Caponnetto, publicado originalmente en su blog en el portal católico Adelante la Fe. Ha pasado casi un mes desde que cuatro Cardenales (Walter Brandmüller, Raymond L. Burke, Carlo Caffarra,y Joachim Meisner) dieron a publicidad una carta dirigida al Papa en el mes de septiembre en la que formulan cinco preguntas o dudas (dubia) respecto del capítulo 8 de la Exhortación Apostólica Amoris laetitia. El hecho es, en sí mismo, extraordinario o, al menos, poco usual en la vida de la Iglesia. Hasta donde llega nuestra memoria, no recordamos nada parecido. Por eso resulta un síntoma harto elocuente de la profunda crisis en la que se halla sumergida la Iglesia desde hace más de cincuenta años pero ahora sustancialmente agravada desde el inicio del presente Pontificado. Una atenta lectura de las cinco preguntas o dudas hechas públicas nos permite deducir, sin mayor esfuerzo, dos cosas. La primera que, en realidad, las “preguntas” pertenecen a lo que se denomina interrogación retórica, esto es, un recurso retórico por el que se busca que el interlocutor se vea obligado a reconocer la posición del que pregunta quien, de antemano, ya conoce la respuesta. La segunda, es que, en verdad, todas ellas se resumen en una sola: ¿después de Amoris laetitiae, sigue vigente la moral católica? Veamos los problemas planteados por los purpurados. La primera de las preguntas apunta al tema más inmediatamente controvertido, esto es, si es lícito, en ciertos casos, admitir a la Sagrada Eucaristía a personas que viven more uxorio con otra pese a estar unidas por el vínculo previo de un matrimonio sacramental sin haberse cumplido las condiciones previstas en Familiaris consortio (84), Reconciliatio et paenitentia (34) y Sacramentum caritatis (29). En la nota explicativa que acompaña a la carta los autores recuerdan la doctrina de la Iglesia sobre este punto y las conclusiones a las que se pudiera arribar si esa doctrina fuese alterada, como parece serlo, en Amoris laetitia; y concluyen que si se diesen esas conclusiones “los sacramentos se separan de la vida: los ritos cristianos y el culto están en una esfera diferente respecto a la vida moral cristiana”. Es fácil advertir que en esta primera pregunta se resume toda la teología sacramental. Si a continuación se examinan las cuatro preguntas restantes, se verá que lo que está en juego es nada menos que el fundamento mismo de la moralidad: la validez universal de la norma moral objetiva (pregunta 2); la especificación moral primera y objetiva de las acciones humanas (pregunta 3); el papel y el valor exacto de la especificación segunda, subjetiva y accidental que viene dada por la intención del agente moral y las circunstancias de su acto (pregunta 4); finalmente, el juicio de la conciencia moral como fuente segunda y subordinada de la moralidad (pregunta cinco). Por eso, repetimos, si se toman en su conjunto las cinco preguntas se ve claramente que todas ellas se resumen en una única cuestión: ¿después de Amoris laetitia, fundamentalmente su capítulo octavo, sigue vigente la teología moral católica y aún la misma ética natural tal como la Tradición y el Magisterio de la Iglesia la enseñaron y entendieron siempre? ¿O, antes bien, debemos concluir que este documento es una ruptura respecto de la recta doctrina moral católica? Este es el gran nudo que habrá que desatar en algún momento. Pero, ¿a quién le toca desatar el nudo? Al Papa, sin duda; y por dos razones: en razón del mismo oficio petrino y en cuanto que es el autor del texto que generó las dudas. El que engendra dudas tiene obligación de resolverlas y con mucha más razón si es el Papa. Sin embargo, el Papa calla mientras algunos de sus más “leales” han salido a vituperar públicamente a los cuatro dubitantes a quienes ya se los conoce como “los cardenales rebeldes”. Pero, ¿dudar es acaso rebeldía? Tal parece en la nueva lógica inaugurada por este Pontificado. Por eso todo este intríngulis nos ha traído a la memoria un texto de Santo Tomás que parece escrito para la ocasión. Se trata de uno de sus sermones universitarios, conocido como Attendite a falsis. Tal título está tomado del prothema del sermón que contiene la cita del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, 15, 16: Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium: intrinsecus autem sunt lupi rapaces. A fructibus eorum cognoscetis eos (Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis). El Aquinate va advirtiendo a sus oyentes, a lo largo de todo el sermón, sobre los falsos profetas. Con genio guerrero dice: “Pertenece al oficio de un buen general que sus soldados estén prevenidos contra las insidias del enemigo; y a la verdad que tenemos un enemigo doloso e insidioso”[1]. Así, concluye Tomás, obra el Señor con nosotros que en las palabras evangélicas que encabezan el sermón nos ha dejado una clara advertencia acerca de qué género de enemigo debemos precavernos: los falsos profetas. El Santo Doctor continúa instruyendo a sus fieles. ¿Cómo se reconoce a los falsos profetas? ¿Cómo sabemos cuándo estamos delante de una falsa profecía? He aquí su respuesta: “De cuatro modos acontece ser falsa una profecía. Primero, por la falsedad de la doctrina. Segundo, por la falsedad de la inspiración. Tercero, por la falsedad de la intención. Cuarto, por la falsedad de la vida”[2]. Sigue la explicación pormenorizada de cada uno de estos cuatro modos; pero a los efectos de lo que ahora nos concierne nos ha parecido oportuno detenernos sobre el segundo modo: una profecía es falsa cuando su inspiración es falsa. En este punto el Aquinate dice claramente: los verdaderos profetas se inspiran en Dios y en el Espíritu Santo; pero los falsos profetas se inspiran en el demonio o en su propio falso espíritu; y en cuanto a estos últimos, es decir, los que se inspiran en sí mismos, en su propio espíritu de falsedad, Tomás es particularmente explícito en el juicio: “Otros se inspiran en su propio falso espíritu. Por eso se dice en Ezequiel, 13, 3: Ay de los profetas ignaros que siguen su espíritu y nada ven; y en Jeremías 23, 16: Hablan de la visión de su corazón; no hablan por la boca del Señor los que siguen la razón humana, hablan por su propio espíritu. Tales son estos los que hablan según las razones platónicas que no pueden alcanzar la virtud; o, por ejemplo, como los que dicen que el mundo es eterno. Algunos hay que se empeñan en el estudio de la filosofía y dicen cosas que no son verdaderas conforme con la fe; y cuando se les dice que esto que ellos afirman repugna a la fe responden que es el Filósofo quien lo sostiene pero no ellos mismos que tan sólo se limitan a repetir las palabras del Filósofo.[3]” No es difícil advertir en estas palabras los ecos de las disputas universitarias del Angélico; en efecto, resulta muy clara la alusión a los agustinianos platónicos y a los llamados averroístas latinos, unos y otros enemigos del Santo Doctor en la Universidad de París. Es sobre todo a estos últimos, que proclamaban el principio de la doble verdad sembrando con ello, principalmente entre los alumnos más jóvenes (los pequeños), numerosas dudas respecto de las verdades de la fe, a quienes Tomás dirige las palabras más duras: “Un hombre así es un falso profeta, un falso maestro, porque lo mismo es generar una duda y no resolverla que consentirla o aceparla como verdadera. Y esto está significado en Éxodo, 21, 33, 34, donde se dice que si alguien cava un pozo y abre una cisterna y no la tapa, y viene un buey de su vecino y cae en la cisterna, el que abrió la cisterna debe proveer a su restitución. Abre una cisterna aquel que promueve una duda en las cosas concernientes a la fe. No tapa la cisterna el que no resuelve la duda aunque tenga una inteligencia sana y despejada y no se engañe. Sin embargo, otro que carece de una inteligencia despejada bien puede ser engañado o confundido, y entonces aquel que promovió la duda está obligado a restituir porque a causa de él alguien cayó en el pozo”[4]. La Exhortación Apostólica Amoris laetitia es una cisterna abierta en la fe de la Iglesia y sólo Dios sabe cuántos bueyes puedan caer en ella. ¿Quién debe cubrir la cisterna e impedir que mueran los bueyes? ¿Quién debe resolver las dudas? Pues el que cavó la cisterna, el que promovió las dudas. No otro que el Papa. Pero el Papa calla. De allí nuestra súplica para que hable. Porque si el Papa no habla, ¿quién pagará el buey del vecino?, ¿quién cuidará de la fe de los pequeños? Mario Caponnetto [1] Santo Tomás de Aquino, Attendite a falsis, 2. [2] Ibídem. [3] Santo Tomás de Aquino, De falsis, o. c., 2. [4] Ibídem.
Plenaria de Senado Aprueba convocatoria a referendo sobre adopción por padre y madre
El pasado martes, la Plenaria del Senado aprobó con una votación de 53-21 el Proyecto de Ley 01 de 2016 Senado, que busca convocar a los colombianos a un referendo para determinar si la adopción será exclusivamente para parejas conformadas por un hombre y una mujer. El proyecto fue presentado por la Senadora Viviane Morales y su esposo Carlos Alonso Lucio, y llegó al Congreso luego de haber superado una etapa previa en la que se recolectaron alrededor de 2 millones de firmas en seis meses, firmas que fueron verificadas y avaladas por la Registraduría. Ahora, el proyecto deberá surtir su trámite en la Cámara de Representantes. Aunque la votación se llevó a cabo el martes, el proyecto venía siendo debatido desde el lunes 12 de diciembre, en que la sesión entera, hasta la medianoche, se dedicó a que los senadores expresaran sus posturas frente al proyecto. En defensa del proyecto de ley estuvieron congresistas como Viviane Morales, María del Rosario Guerra, Manuel Enríquez Rosero y Álvaro Uribe. Su posición estuvo basada en tres aspectos: 1) El proyecto ha sido respaldado por 2 millones de firmas, reafirmando que se trata de un reclamo de la sociedad colombiana en contra de unas decisiones que la Corte Constitucional tomó de forma ilegítima, 2) Numerosos estudios científicos demuestran la importancia de las figuras paterna y materna en la crianza del niño, y el impacto negativo en ellos de la crianza por parejas del mismo sexo, y 3) La discusión en el Senado no es sobre si debe o no prohibirse la adopción homosexual, sino si debe o no permitirse que el pueblo soberano tome esa decisión directamente. Bajo este tercer argumento, la bancada del Centro Democrático anunció su voto positivo al proyecto, aunque varios de sus senadores, como José Obdulio Gaviria o Paloma Valencia anunciaron que votarían negativamente en el referendo, pues consideraban que el debate merecía ser llevado ante la sociedad colombiana. La oposición estuvo liderada por la senadora del Partido Verde Claudia López y el senador de la U Armando Benedetti, acompañados por Horacio Serpa y Juan Manuel Galán del Partido Liberal e Iván Cepeda del Polo Democrático. Sus principales argumentos fueron: 1) El Referendo busca discriminar directamente a la población homosexual, 2) la Redacción de la pregunta del Referendo implica también bloquear la posibilidad de adopción de las personas solteras, viudas o divorciadas, 3) Los promotores del referendo buscan imponer su visión religiosa de la familia y 4) No hay garantías de que la familia tradicional sea mejor para los niños adoptados, por lo tanto no hay razón para restringir la adopción. De estas intervenciones cabe resaltar la de Claudia López, quien, pese a ser lesbiana confesada, promotora del aborto y de la agenda LGBT, aseguró que profesa la fe Católica, y que como tal es consciente de que vivimos en un estado laico, por lo tanto no intenta imponer “su fe” a nadie. Igualmente, Maritza Martinez, senadora de la U, condeno el Proyecto de Ley con el argumento de que este se ha convertido en un debate religioso. Una vez finalizado el debate la votación se aplazó para la siguiente sesión. El martes, luego de aprobar el informe de ponencia, varios senadores, entre ellos Maritza Martínez, Carlos Enrique Soto y José David Name, presentaron dos proposiciones modificando la pregunta del referendo para que también se permitiera la adopción de personas solteras. Ambas proposiciones fueron rechazadas al considerarse que implicaban una modificación sustancial del texto con el cual fueron recogidas los 2 millones de firmas, lo que viciaría el proyecto. Como resultado el Proyecto de Ley fue aprobado este martes con 53 votos a favor y 21 en contra. Como era de esperarse los senadores del Partido Verde y del Polo Democrático votaron por el No, mientras que el Centro Democrático y el Partido Conservador votaron en bloque por el Sí – a excepción de la conservadora Nadya Blel quien ya había anunciado su voto negativo. Por su parte los partidos Liberal, Cambio Radical y la U estuvieron divididos en su votación. A continuación presentamos el resultado detallado de la votación. Leer más...
Corte Constitucional aprueba poderes especiales para Santos para implementación de acuerdos
El día de hoy la Corte Constitucional declaró exequible el Acto Legislativo 01 de 2016, en el cual se establece el procedimiento abreviado para reformas constitucionales, también conocido como “Fast Track”, así como los poderes especiales para el Presidente de la República, para legislar por decreto en un periodo de seis meses. Sobre la vigencia, la Corte ha resuelto conceder al Congreso la activación del procedimiento sin necesidad de refrendación popular. Aunque aún no se conoce comunicado oficial por parte de la Corte Constitucional, que explique en qué consistió la decisión y qué es lo que significa, La Silla Vacía explica que el fallo resuelve una demanda de inconstitucionalidad del ex constituyente Jesús Pérez González-Rubio, que reclamaba la inconstitucionalidad del procedimiento especial, así como de los poderes especiales. Así mismo, el portal afirma que la decisión sobre la vigencia del Acto Legislativo afirma que el Congreso es competente para “interpretar” la decisión popular del plebiscito del 2 de octubre. El problema con la activación del “Fast Track”, gira en torno al artículo 5° del Acto Legislativo, al condicionar su vigencia a la refrendación popular de los acuerdos. Con la victoria del NO en el plebiscito del pasado 2 de Octubre, el acto legislativo quedó sin vigencia. ARTÍCULO 5o. VIGENCIA. El presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Un sector de la Corte pretendía declarar inconstitucional el artículo en particular, para que la reforma constitucional entrara en vigencia automáticamente. Otro sector pretendía, que la reforma seguía exigiendo una refrendación popular. La solución que al parecer obtuvo los 8 votos de la Corte, fue pretender que la refrendación hecha por el Congreso es de algún modo una “refrendación popular”, o que el resultado del plebiscito, aunque negativo, implicaba una “refrendación condicionada” a la reforma de los acuerdos. En resumen, donde el pueblo dijo “No”, la Corte entendió “Si”.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
 artículo 5
 artículo 5
 ARTÍCULO 5