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Timestamp: 2020-07-08 05:23:54+00:00

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Juridi-NEWS: Actualidad europea n.° 45 - JURI-DILEYC
Juridi-NEWS: Actualidad europea n.° 45
Publicado por Juridi-NEWS | Sep 4, 2017 | Juridi-News | 0 |
EDICIÓN DEL LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017
En portada: Lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la UE
Visado: modelo uniforme
Marco para el etiquetado energético
Nuestra selección del DOUE (del 25 de julio al 4 de septiembre de 2017)
Jurisprudencia TJUE: acuerdo internacional; asilo; comunicaciones electrónicas; espacio de libertad, seguridad y justicia; fiscalidad; IVA; medio ambiente; relaciones exteriores; trabajadores
Lectura: Régimen jurídico de los extranjeros y de los ciudadanos de la UE (Ángel Espiniella Menéndez; Pilar Jiménez Blanco; Pilar Rodríguez Mateos)
[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”EN PORTADA: LUCHA CONTRA EL FRAUDE QUE AFECTA A LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA UE” title_align=”separator_align_left” color=”mulled_wine” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”5232″ img_size=”640×250″ alignment=”center”][vc_btn title=”Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal” color=”mulled-wine” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FES%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32017L1371%26from%3DES||target:%20_blank”][vc_message message_box_color=”mulled_wine”]
ENTRADA EN VIGOR: 6 DE JULIO DE 2019
[/vc_message][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_toggle title=”Objeto (art. 1)” el_id=”1504537056744-2bbf248b-3139″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Definiciones y ámbito de aplicación (art. 2)” el_id=”1504537114219-5e3d1c87-e4e5″]
3. La estructura y el funcionamiento de la administración tributaria de los Estados miembros no se verán afectados por la presente Directiva.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión (art. 3)” el_id=”1504537203571-ccffda48-49d7″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Otras infracciones penales que afectan a los intereses financieros de la Unión (art. 4)” el_id=”1504537412685-0df244d9-adb5″]
que tenga la condición de funcionario o de empleado contratado por la Unión en el sentido del Estatuto de los funcionarios o del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea establecido en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.° 259/68 del Consejo (16) («Estatuto de los funcionarios»), o
puesta a disposición de la Unión por un Estado miembro o por cualquier organismo público o privado que ejerza en ellas funciones equivalentes a las que ejercen los funcionarios u otros agentes de la Unión.
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Inducción, complicidad y tentativa (art. 5)” el_id=”1504537969873-619e8c33-199d”]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Responsabilidad de las personas jurídicas (art. 6)” el_id=”1504538025036-ff2078d0-b00c”]
2. Asimismo, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables cuando la falta de vigilancia o control por parte de una persona mencionada en el apartado 1 del presente artículo, haya hecho posible la comisión, por una persona bajo su autoridad, de cualquiera de las infracciones penales a los que se hace referencia en los artículos 3, 4 y 5 en beneficio de esa persona jurídica.
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Sanciones a personas físicas (art. 7)” el_id=”1504538101840-17f88b95-4172″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Circunstancia agravante (art. 8)” el_id=”1504538284028-d5680d50-03e5″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Sanciones mínimas a personas jurídicas (art. 9)” el_id=”1504538327699-2a248797-3107″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Prescripción de las infracciones penales que afectan a los intereses financieros de la Unión (art. 12)” el_id=”1504538415041-d00b1134-3ee2″]
[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”ESTADO DE DERECHO EN POLONIA” title_align=”separator_align_left” color=”mulled_wine” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”5235″ img_size=”640×250″ alignment=”center”][vc_btn title=”Recomendación (UE) 2017/1520 de la Comisión, de 26 de julio de 2017, por lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia complementaria a las Recomendaciones (UE) 2016/1374 y (UE) 2017/146″ color=”mulled-wine” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FES%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32017H1520%26from%3DES||target:%20_blank”][vc_column_text]
La presente Recomendación complementa las Recomendaciones de 27 de julio y 21 de diciembre de 2016. Examina cuáles de las preocupaciones planteadas en las mismas han sido abordadas, cita los problemas pendientes y enumera una serie de nuevos problemas detectados por la Comisión en lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia y surgidos desde entonces. Sobre esta base, formula recomendaciones a las autoridades polacas para abordar estos problemas, que se refieren a las siguientes cuestiones:
1) falta de un control constitucional independiente y legítimo;
2) adopción por el Parlamento polaco de nueva legislación relacionada con el poder judicial que suscita graves preocupaciones por lo que respecta a la independencia judicial e incrementa significativamente la amenaza sistémica para el Estado de Derecho en Polonia:
la Ley que modifica la Ley sobre la Escuela Nacional de la Judicatura y la Fiscalía, la Ley sobre la Organización de los Tribunales Ordinarios y algunas otras leyes, publicada en el Diario Oficial polaco el 13 de junio de 2017 y que entró en vigor el 20 de junio de 2017;
la Ley que modifica la Ley sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial y algunas otras leyes, aprobada por el Senado el 15 de julio de 2017 y que fue devuelta a la Sejm el 24 de julio de 2017;
la Ley que modifica la Ley sobre la Organización de los Tribunales Ordinarios, aprobada por el Senado el 15 de julio de 2017 y firmada por el presidente el 25 de julio;
la Ley sobre el Tribunal Supremo, aprobada por el Senado el 22 de julio de 2017 y que fue devuelta a la Sejm el 24 de julio de 2017.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_cta h2=”Recomendaciones”]
La Comisión recomienda que las autoridades polacas adopten las siguientes medidas:
a) restablecer la independencia y legitimidad del Tribunal Constitucional como garante de la Constitución polaca, velando por que sus jueces, su presidente y su vicepresidente sean elegidos y designados legalmente y aplicando plenamente las sentencias del Tribunal Constitucional de 3 y 9 de diciembre de 2015, que exigen que los tres jueces que fueron designados legalmente en octubre de 2015 por la anterior legislatura puedan asumir sus funciones de juez en el Tribunal Constitucional, y que los tres jueces nombrados por la nueva legislatura sin una base jurídica válida no puedan actuar sin haber sido elegidos válidamente con anterioridad;
b) publicar y ejecutar plenamente las sentencias del Tribunal Constitucional de 9 de marzo, 11 de agosto y 7 de noviembre de 2016;
c) garantizar que la Ley sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial, la Ley sobre la Organización de los Tribunales Ordinarios y la ley sobre el Tribunal Supremo no entren en vigor y que la Ley sobre la Escuela Nacional de la Judicatura sea retirada o modificada a fin de garantizar su conformidad con la Constitución y con las normas europeas sobre la independencia judicial;
d) abstenerse de cualquier medida que interfiera con el mandato de los miembros del Tribunal y su función;
e) garantizar que cualquier reforma de la justicia defienda el Estado de Derecho y sea conforme al Derecho de la Unión y a las normas europeas sobre la independencia judicial y se elabore en estrecha cooperación con el poder judicial y todas las partes interesadas;
f) abstenerse de actuaciones y declaraciones públicas que puedan socavar la legitimidad del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales ordinarios, los jueces, individual o colectivamente, o del poder judicial en su conjunto.
[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”VISADO: MODELO UNIFORME” title_align=”separator_align_left” color=”mulled_wine” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”5241″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_btn title=”Reglamento (UE) 2017/1370 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 1683/95 del Consejo por el que se establece un modelo uniforme de visado” color=”mulled-wine” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FES%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32017R1370%26from%3DES||target:%20_blank”][vc_cta h2=”Exposición de motivos”]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”MARCO PARA EL ETIQUETADO ENERGETICO” title_align=”separator_align_left” color=”mulled_wine” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”5246″ img_size=”640×250″ alignment=”center”][vc_btn title=”Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2017, por el que se establece un marco para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE” color=”mulled-wine” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FES%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32017R1369%26from%3DES||target:%20_blank”][vc_message message_box_color=”mulled_wine”]
ENTRADA EN VIGOR: 1 DE AGOSTO DE 2017
[/vc_message][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_toggle title=”Objeto y ámbito de aplicación (art. 1)” el_id=”1504541641163-95d1e0cf-7f2a”]
a) productos de segunda mano, salvo si son importados de un tercer país;
b) medios de transporte de personas o de mercancías.
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Obligaciones generales de los proveedores (art. 3)” el_id=”1504541781933-ec0256f9-cd9c”]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Obligaciones de los proveedores en relación con la base de datos de los productos (art. 4)” el_id=”1504541860484-9f490825-2d64″]
5. Las obligaciones contempladas en los apartados 1 y 2 del presente artículo no se aplicarán a los equipos combinados de calefactores a que se hace referencia en los Reglamentos Delegados (UE) n.° 811/2013, (UE) n.° 812/2013 y (UE) 2015/1187 de la Comisión, cuando el suministro de las etiquetas de dichos equipos combinados sea responsabilidad exclusiva del distribuidor.
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Obligaciones de los distribuidores (art. 5)” el_id=”1504542001899-1a86b193-03dc”]
a) deberán exponer de manera visible, incluso en la venta a distancia en línea, las etiquetas facilitadas por los proveedores o puestas a disposición de conformidad con el apartado 2, para las unidades de un modelo regulado por el acto delegado pertinente;
b) deberán poner a disposición del cliente la ficha de información del producto, incluso, si este así lo solicita, en formato físico en el punto de venta;
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Otras obligaciones de proveedores y distribuidores (art. 6)” el_id=”1504542082277-af2192fd-ec3e”]
a) harán referencia a la clase de eficiencia energética del producto y a la gama de las clases de eficiencia que figuran en la etiqueta en cualquier publicidad visual o material técnico de promoción referente a un modelo específico, de conformidad con el acto delegado pertinente;
b) cooperarán con las autoridades de vigilancia del mercado y tomarán medidas inmediatas para resolver toda situación de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento y en los actos delegados pertinentes, que entren en el ámbito de su responsabilidad, ya sea a iniciativa propia o a solicitud de las autoridades de vigilancia del mercado;
c) con respecto a los productos regulados por actos delegados, no suministrarán ni expondrán otras etiquetas, marcas, símbolos o inscripciones que no cumplan los requisitos del presente Reglamento y de los actos delegados pertinentes, si pueden inducir a error o confundir al cliente respecto al consumo de energía o de otros recursos durante su utilización;
d) con respecto a los productos no regulados por actos delegados, no suministrarán ni expondrán etiquetas que imiten las etiquetas que se establecen en el presente Reglamento y en los actos delegados pertinentes;
e) con respecto a los productos no relacionados con la energía, no suministrarán ni expondrán etiquetas que imiten las etiquetas que se establecen en el presente Reglamento o en actos delegados.
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Obligaciones de los Estados miembros (art. 7)” el_id=”1504542190732-7592fd5d-3ef0″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Vigilancia del mercado de la Unión y control de los productos que se introducen en el mercado de la Unión (art. 8)” el_id=”1504542337183-29dfbb2c-0635″]
1. Los artículos 16 a 29 del Reglamento (CE) n.° 765/2008 serán de aplicación a los productos regulados por el presente Reglamento y por los actos delegados pertinentes.
3. Los programas generales de vigilancia del mercado y los programas sectoriales específicos de los Estados miembros establecidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento (CE) n.° 765/2008 deberán incluir medidas para garantizar la aplicación efectiva del presente Reglamento.
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Procedimiento a escala nacional para tratar con productos que planteen un riesgo (art. 9)” el_id=”1504542442375-c0a2028c-b816″]
El artículo 21 del Reglamento (CE) n.° 765/2008 será de aplicación a las medidas contempladas en el presente apartado.
a) los datos necesarios para la identificación del producto no conforme;
b) su origen;
c) la naturaleza de la supuesta no conformidad y del riesgo asociado;
d) la naturaleza y duración de las medidas nacionales adoptadas, así como los argumentos expuestos por el proveedor o, cuando proceda, el distribuidor.
[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA” title_align=”separator_align_left” color=”mulled_wine” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1147″ img_size=”640×250″ alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Del 25 de julio al 4 de septiembre de 2017″ tab_id=”1479145426208-7e0d658f-d92137d1-73c7341f-ba0db49d-08ae298b-c7a8ffb5-a1d45e2d-f2ab”][vc_column_text]
25 de julio de 2017: L193; C240
26 de julio de 2017: L194; C241; C241A
27 de julio de 2017: L195; L196; C242; C242A; C243
28 de julio de 2017: L197; L198; C244; C244A; C245; C246
29 de julio de 2017: L199; C247; C248
31 de julio de 2017: C249
1 de agosto de 2017: L200; C250
2 de agosto de 2017: L201; C251
3 de agosto de 2017: L202; C252
4 de agosto de 2017: L203; L203I; C253; C254
5 de agosto de 2017: L204; C255
7 de agosto de 2017: C256
8 de agosto de 2017: L205; C257; C258
9 de agosto de 2017: L206; C259; C260; C261
10 de agosto de 2017: L207; C262; C263
11 de agosto de 2017: L208; C264; C265; C266; C267
12 de agosto de 2017: L209; C268
14 de agosto de 2017: C269
15 de agosto de 2017: L210; C270
17 de agosto de 2017: L211; L212; L213; C271; C272
18 de agosto de 2017: L214; C273; C273A; C274; C275
19 de agosto de 2017: L215; C276
21 de agosto de 2017: C277
22 de agosto de 2017: L216; C278; C278A
23 de agosto de 2017: L217; C279
24 de agosto de 2017: L218; C280
25 de agosto de 2017: L219; L220; C281
26 de agosto de 2017: L221; C282
28 de agosto de 2017: C283
29 de agosto de 2017: L222; C284; C285
30 de agosto de 2017: L223; C286; C286A
31 de agosto de 2017: L224; L225; C287; C288; C289
1 de septiembre de 2017: L226; L227; C290; C291
2 de septiembre de 2017: L228; C292
4 de septiembre de 2017: C293
Tercer Protocolo adicional al Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea (DOUE L 196, 27 de julio de 2017)
Orientación (UE) 2017/1404 del Banco Central Europeo, de 23 de junio de 2017, por la que se modifica la Orientación BCE/2012/13 sobre TARGET2-Securities (BCE/2017/19) (DOUE L 199, 29 de julio de 2017)
Decisión (UE) 2017/1493 del Banco Central Europeo, de 3 de agosto de 2017, por la que se modifica la Decisión BCE/2014/29 sobre la presentación al Banco Central Europeo de los datos de supervisión transmitidos a las autoridades nacionales competentes por las entidades supervisadas conforme al Reglamento de Ejecución (UE) n.° 680/2014 de la Comisión (BCE/2017/23) (DOUE L 216, 22 de agosto de 2017)
Reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión, de 2 de agosto de 2017, por el que se establece una directriz sobre la gestión de la red de transporte de electricidad (DOUE L 220, 25 de agosto de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1443 de la Comisión, de 29 de junio de 2017, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 680/2014, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE L 213, 17 de agosto de 2017)
Reglamento (UE) 2017/1515 de la Comisión, de 31 de agosto de 2017, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.° 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad de la información, para el año de referencia 2018 (DOUE L 226, 1 de septiembre de 2017)
Decisión (UE) 2017/1392 de la Comisión, de 25 de julio de 2017, que modifica la Decisión 2014/350/UE, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los productos textiles [notificada con el número C(2017) 5069] (DOUE L 195, 27 de julio de 2017)
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1442 de la Comisión, de 31 de julio de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo para las grandes instalaciones de combustión [notificada con el número C(2017) 5225] (DOUE L 212, 17 de agosto de 2017)
Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión, de 28 de agosto de 2017, por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) n.° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) (DOUE L 222, 29 de agosto de 2017)
Decisión (UE) 2017/1508 de la Comisión, de 28 de agosto de 2017, sobre el documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector de la producción de alimentos y bebidas en el marco del Reglamento (CE) n.° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) (DOUE L 223, 30 de agosto de 2017)
Reglamento Delegado (UE) 2017/1393 de la Comisión, de 24 de mayo de 2017, que modifica el Reglamento Delegado (UE) n.° 1395/2014, por el que se establece un plan de descartes para determinadas pesquerías de pequeños pelágicos y pesquerías de uso industrial en el Mar del Norte (DOUE L 197, 28 de julio de 2017)
Reglamento (UE) 2017/1398 del Consejo, de 25 de julio de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/127 en lo que respecta a determinadas posibilidades de pesca (DOUE L 199, 29 de julio de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1394 de la Comisión, de 26 de julio de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina (DOUE L 197, 28 de julio de 2017)
Acuerdo marco entre la Unión Europea y Kosovo sobre los principios generales de la participación de Kosovo en los programas de la Unión (DOUE L 195, 27 de julio de 2017)
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2017/1487 del presupuesto rectificativo n.° 2 de la Unión Europea para el ejercicio 2017 (DOUE L 227, 1 de septiembre de 2017)
Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, que complementa el Reglamento (CE) n.° 207/2009 del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga los Reglamentos (CE) n.° 2868/95 y (CE) n.° 216/96 de la Comisión (DOUE L 205, 8 de agosto de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (CE) n.° 207/2009 del Consejo, sobre la marca de la Unión Europea (DOUE L 205, 8 de agosto de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1421 de la Comisión, de 2 de agosto de 2017, por el que se establece información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos a efectos de la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 30 de junio y el 29 de septiembre de 2017 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (DOUE L 204, 5 de agosto de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1469 de la Comisión, de 11 de agosto de 2017, por el que se establece un formato de presentación normalizado para el documento de información sobre productos de seguro ( DOUE L 209, 12 de agosto de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1440 de la Comisión, de 8 de agosto de 2017, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/480 por el que se establecen las normas comunes relativas a la interconexión de los registros electrónicos nacionales de las empresas de transporte por carretera (DOUE L 206, 9 de agosto de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1503 de la Comisión, de 25 de agosto de 2017, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/68 sobre los procedimientos y especificaciones comunes necesarios para la interconexión de los registros electrónicos de las tarjetas de conductor (DOUE L 221, 26 de agosto de 2017)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA” title_align=”separator_align_left” color=”mulled_wine” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1546″ img_size=”640×200″ alignment=”center”][vc_column_text]
ACUERDO INTERNACIONAL. El Tribunal de Justicia declara que el Acuerdo sobre la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros, previsto entre la Unión Europea y Canadá, no puede celebrarse en su forma actual (Dictamen 1/15, 26 de julio de 2017).
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”5225″ img_size=”640×200″ alignment=”center”][vc_column_text]
ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA. Croacia es responsable de examinar las solicitudes de protección internacional de las personas que cruzaron en masa su frontera durante la crisis migratoria de 2015/2016 (TJUE, A.S., 26 de julio de 2017, C-490/16, C-646/16).
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ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA. Un solicitante de asilo puede alegar en los tribunales que un Estado miembro ha pasado a ser responsable del examen de su solicitud al haber expirado el plazo de tres meses del que disponía para pedir a otro Estado miembro que se haga cargo de él (TJUE, Mengesteab, 26 de julio de 2017, C-670/16).
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RELACIONES EXTERIORES. El Tribunal de Justicia declara que el Tribunal General no debería haber anulado el mantenimiento de Hamas en la lista europea de organizaciones terroristas y le devuelve el asunto (TJUE, Consejo/LTTE, 26 de julio de 2017, C-599/14 P, C-79/15 P).
La Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, y en particular sus artículos 12, 14, 31 y 46, interpretados a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el órgano jurisdiccional nacional, que conoce de un recurso contra la resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional manifiestamente infundada, desestime dicho recurso sin conceder audiencia al solicitante si las circunstancias fácticas no dejan lugar a dudas en cuanto a la fundamentación de dicha resolución, a condición de que, por un lado, en el procedimiento en primera instancia, se haya brindado al solicitante la posibilidad de ser convocado a una entrevista personal sobre su solicitud de protección internacional, conforme al artículo 14 de dicha Directiva, y que el informe o la transcripción de dicha entrevista, si se realizó, se hayan incorporado al expediente, conforme al artículo 17, apartado 2, de la citada Directiva, y, por otro lado, el órgano jurisdiccional que conoce del recurso pueda acordar tal audiencia si lo considera necesario a efectos del examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho, al que se refiere el artículo 46, apartado 3, de esta misma Directiva (TJUE, Moussa Sacko contra Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano, 26 de julio de 2017, C‑348/16).
El artículo 9 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, los artículos 3, 5 y 7 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), en su versión modificada por la Directiva 2009/140, y los artículos 2 y 4 de la Directiva 2002/77/CE de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional que, a efectos de la conversión de las cadenas analógicas existentes en redes digitales, tiene en cuenta cadenas analógicas gestionadas ilegalmente, puesto que lleva a prolongar, o incluso a reforzar, una ventaja competitiva indebida.
Los principios de no discriminación y de proporcionalidad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional que, al aplicar un mismo criterio de conversión, da lugar a una reducción proporcionalmente más importante del número de redes digitales adjudicadas con respecto al número de cadenas analógicas explotadas, en perjuicio de un operador en comparación con sus competidores, a no ser que tal disposición esté objetivamente justificada y sea proporcionada a su objetivo. La continuidad de la oferta televisiva constituye un objetivo legítimo que puede justificar una diferencia de trato de esta índole. Sin embargo, una disposición que lleve a asignar a los operadores ya existentes en el mercado un número de radiofrecuencias digitales superior al número que bastaría para garantizar la continuidad de su oferta televisiva iría más allá de lo necesario para alcanzar ese objetivo y sería, en consecuencia, desproporcionada (TJUE, Persidera SpA contra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni y Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti, 26 de julio de 2017, C‑112/16).
El artículo 3, apartado 3 bis, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el legislador nacional anule un procedimiento de licitación en curso para la adjudicación de radiofrecuencias organizado por la autoridad nacional de reglamentación competente en circunstancias como las del litigio principal, procedimiento que fue suspendido mediante orden ministerial.
El artículo 9 de la Directiva 2002/21, en su versión modificada por la Directiva 2009/140, los artículos 3, 5 y 7 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), en su versión modificada por la Directiva 2009/140, y los artículos 2 y 4 de la Directiva 2002/77/CE de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un procedimiento de licitación gratuito para la adjudicación de radiofrecuencias, convocado para subsanar la exclusión ilegal de determinados operadores del mercado, se sustituya por un procedimiento de licitación oneroso basado en un plan reestructurado de adjudicación de radiofrecuencias previa limitación del número de éstas, siempre que el nuevo procedimiento de selección se base en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados, y que sea conforme con los objetivos fijados en el artículo 8, apartados 2 a 4, de la Directiva 2002/21, en su versión modificada. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, si los requisitos establecidos por el procedimiento de licitación oneroso pueden permitir la entrada efectiva de nuevos operadores en el mercado de la televisión digital, sin favorecer indebidamente a los operadores ya existentes en el mercado de la televisión analógica o digital.
El principio de protección de la confianza legítima debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se anule un procedimiento de licitación para la adjudicación de radiofrecuencias por el único motivo de que determinados operadores ―como las demandantes en el litigio principal― habían sido admitidos en ese procedimiento y habrían obtenido, en cuanto licitadores únicos, derechos de uso de radiofrecuencias de emisión digital terrestre para radio y televisión si el procedimiento no hubiera sido anulado (TJUE, Europa Way Srl y Persidera SpA contra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni y otros, 26 de julio de 2017, C‑560/15).
Espacio de libertad, de seguridad y justicia
El artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, debe interpretarse en el sentido de que la duración de la prohibición de entrada prevista en esa disposición, que en principio no debe exceder de cinco años, debe calcularse a partir de la fecha en la que el interesado abandonó efectivamente el territorio de los Estados miembros (TJUE, Mossa Ouhrami, 26 de julio de 2017, C‑225/16).
Los artículos 3, 8 y 12 de la Directiva 2003/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios, en su conjunto, deben interpretarse en el sentido de que la justicia gratuita concedida por el Estado miembro del foro, en el que una persona física domiciliada o residente habitualmente en otro Estado miembro ha presentado una solicitud de justicia gratuita en un litigio transfronterizo, incluye asimismo los gastos realizados por dicha persona para traducir los documentos acreditativos necesarios para la tramitación de dicha solicitud (TJUE, Jan Šalplachta, 26 de julio de 2017, C‑670/15).
Los artículos 26 y 27 del Reglamento (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la imposición de una tasa, como la que es objeto del litigio principal, que grava únicamente a los establecimientos de comercio minorista de alimentación y cuyo producto no se destina a financiar de modo específico los controles oficiales que se efectúen a causa o en beneficio de esos sujetos pasivos (TJUE, Superfoz – Supermercados Lda contra Fazenda Pública, 26 de julio de 2017, C‑519/16).
El artículo 138, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del litigio principal, una entrega de bienes efectuada por un sujeto pasivo establecido en un primer Estado miembro no está exenta del IVA en virtud de dicha disposición cuando, antes de que se lleve a cabo la referida entrega, el adquirente, identificado a efectos del impuesto sobre el valor añadido en un segundo Estado miembro, informa al proveedor de que las mercancías se revenderán inmediatamente a un sujeto pasivo establecido en un tercer Estado miembro antes de que salgan del primer Estado miembro y de ser transportadas con destino a ese tercer sujeto pasivo, siempre que esa segunda entrega se haya realizado y las mercancías se hayan transportado a continuación desde el primer Estado miembro al Estado miembro del tercer sujeto pasivo. La identificación a efectos del impuesto sobre el valor añadido del primer adquirente en un Estado miembro distinto del Estado miembro del lugar de la primera entrega o del lugar de la adquisición final no es un criterio para la calificación de una operación como operación intracomunitaria, ni tampoco, por sí sola, una prueba suficiente que demuestre el carácter intracomunitario de una operación.
A los efectos de la interpretación del artículo 138, apartado 1, de la Directiva 2006/112, el hecho de transformar los bienes por orden del adquirente intermedio en el marco de una cadena formada por dos entregas sucesivas, como la controvertida en el litigio principal, antes del transporte hacia el Estado miembro del adquirente final, no influye en los requisitos aplicables a una eventual exención de la primera entrega, siempre que dicha transformación sea posterior a la primera entrega (TJUE, «Toridas» UAB contra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 26 de julio de 2017, C‑386/16).
la evaluación efectuada para regularizarla no abarque únicamente el impacto ambiental futuro de esa planta, sino que tenga en cuenta también el impacto ambiental ocasionado desde su realización (TJUE, Comune di Corridonia y otros contra Provincia di Macerata y Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente, 26 de julio de 2017, C‑196/16 y C‑197/16).
El artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que no puede aplicarse a una actividad por cuenta ajena, como la controvertida en el litigio principal, consistente en encargarse de unos niños en condiciones análogas a las de una familia, sustituyendo a la persona encargada, con carácter principal, de tal misión, cuando no queda acreditado que la jornada íntegra de trabajo no tiene una duración medida o establecida previamente o cuando puede ser determinada por el propio trabajador, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente (TJUE, Hannele Hälvä y otros contra SOS-Lapsikylä ry, 26 de julio de 2017, C‑175/16).
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Resumen del libro: La obra se estructura en torno a doce Capítulos que responden a una lógica interna en el régimen de los no nacionales en España: En primer lugar, se delimita la situación de extranjería, identificando al extranjero y discriminando las diferentes realidades de extranjería, propiamente dicha y de la ciudadanía de la UE. En ese contexto, se sitúa también un análisis de los supuestos de atribución, consolidación y conservación de la nacionalidad española que excluyen o previenen situaciones de extranjería. A este tratamiento responden los dos primeros Capítulos de la obra. El Capítulo III contiene el régimen general de entrada y salida de los extranjeros en España. La original sistematización de la obra en este punto es que logra ofrecer una comparativa de los ciudadanos europeos y de los nacionales de terceros países, integrando además el sistema Schengen.
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Los Capítulos IV a VII se sistematizan en torno al régimen jurídico de los extranjeros en función del objeto de su entrada en España. El nexo común de esos Capítulos es el análisis de las condiciones para la entrada y permanencia regular en nuestro territorio en función de una finalidad meramente turística, no lucrativa, familiar o laboral. El Capítulo VIII, en contraposición, expone el tratamiento jurídico que se dispensa a los extranjeros que hayan entrado o permanecido de manera irregular en nuestro territorio, presentando las diferentes vías de regularización previstas en nuestro ordenamiento jurídico. El Capítulo IX aborda el régimen de los residentes permanentes o de larga duración en España, como situación de máxima integración de los extranjeros (antes de la adquisición de la nacionalidad) después de una prolongada vinculación con nuestro territorio. El Capítulo X incorpora el estudio sobre el estatuto jurídico de los extranjeros en España, siguiendo también el planteamiento paralelo que aparece en toda la obra entre el régimen europeo y el régimen de extranjería. El Capítulo XI contiene las garantías jurídicas de los extranjeros y el régimen sancionador. En relación con las primeras, se exponen las especialidades de los procedimientos administrativos de extranjería y la situación de los CIES. Por su parte, el régimen sancionador se presenta de manera novedosa ordenando las infracciones por vinculación entre sí. El Capítulo XII, y último, aborda el tema de la finalización de la situación de extranjería por el acceso a la condición de nacional. Se analiza la adquisición de la nacionalidad española por opción y por naturalización, fundamentalmente, esta ultima a través de la residencia los extranjeros en España.
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 artículo 17
 artículo 46
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 138
 artículo 138
 artículo 17