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Timestamp: 2014-09-03 06:56:44+00:00

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Tribunal Constitucional | NEWSLEX
Publicaciones de la categoría: Tribunal Constitucional	BBVA Y CAJAMAR RECURREN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA CLÁUSULA SUELO.	28
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EtiquetasBBVA, CAJAMAR, CLÁUSULA SUELO, NULIDAD DE ACTUACIONES, RECUPERAR LO PAGADO DE MÁS, RECURSO	BBVA y Cajamar han presentado un recurso de nulidad de actuaciones (técnicamente denominado incidente excepcional de nulidad de actuaciones) ante el Tribunal Supremo sobre la sentencia que este mismo tribunal falló el pasado 9 de mayo declarando nulas determinadas cláusulas suelo por falta de transparencia.
Según el Tribunal Supremo, el incidente de nulidad de actuaciones sigue siendo un incidente extraordinario que pretende corregir una vulneración de derechos fundamentales sin necesidad de acudir al recurso de amparo. En consecuencia, no se trata de una nueva instancia ni de un recurso ordinario o extraordinario. Se trata de un remedio orientado a corregir errores u omisiones en la tramitación o en la sentencia para evitar el amparo constitucional.
El incidente de nulidad se configura como requisito procesal de necesario agotamiento previo, sobre la base de la subsidiariedad del amparo (vid. STC nº 62/2008, de 26 de mayo). Resulta indubitada la procedencia de acudir al incidente de nulidad de actuaciones para agotar la vía judicial previa, cuando la lesión constitucional se imputa a la última de las resoluciones judiciales frente a la que no quepa recurso alguno (STC nº 89/2011, de 6 de junio).
El artículo 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé la excepcional admisión del incidente de nulidad de actuaciones planteado por quienes sean parte legítima en el procedimiento judicial, o que hubieran debido serlo, siempre que se aduzca cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el art. 53.2 CE; que aquella no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso, y en fin, que la resolución impugnada no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario.
Como ya anticipamos en Newslex, cabía la posibilidad de plantear este incidente excepcional de nulidad de actuaciones, y muy particularmente por aquellos directamente afectados por la Sentencia (en referencia a los consumidores y usuarios). [Ver El Efecto síndrome de Estocolmo en es asunto de las "cláusulas suelo" (I)].
Las partes en el proceso (o quienes hubieran debido serlo) tienen reconocido el derecho a instar la nulidad de actuaciones (aunque deba ser en la mayoría de las ocasiones como paso previo para interponer el Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional).
Dos de las entidades demandadas y condenadas, disconformes con la sentencia han decidido interponer el incidende de nulidad de actuaciones.
Lo paradógico es que aquellas partes que tendrían mayor motivo para haber planteado el incidente excepcional de nulidad de actuaciones eran precisamente los consumidores afectados por esta sentencia.
Y lo anterior ya se avanzó en nuestro artículo El Efecto síndrome de Estocolmo en es asunto de las “cláusulas suelo” (II) en particular en el apartado 4 del mismo: Interponer un incidente excepcional de nulidad de actuaciones con amparo en el derecho a la tutela judicial efectiva, pretendidamente vulnerado.
La expresión «tutela efectiva», nada tiene que ver con el derecho a una resolución fundada en derecho, ni con el derecho a una sentencia de fondo. «Tutela efectiva» significa aquí tutela real y eficaz de quien ejercita una pretensión.
O como también dice el propio Tribunal Supremo: «…Y ciertamente que la tutela efectiva judicial conduce al predicado de garantizar al justiciable la dispensa de una auténtica justicia satisfactiva en sus demandas de reconocimiento de derechos discutidos o lesionados por la contraparte o los demás…» (S.T.S. de 3 de julio de 1990).
Así las cosas, podría sostenerse la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva porque el Tribunal Supremo recoge de forma abstracta aquellos puntos que son definidores de una cláusula abusiva, pero impone unas consecuencias que de ninguna manera pueden afectar de forma igualmente abstracta a todos los afectados directamente por esta sentencia pues cada concreto caso tendrá sus propias particularidades que le podrían hacer merecedor o no de una restitución de lo que se abonó por causa ilícita, pudiendo consolidar esta sentencia un enriquecimiento sin causa de las demandadas.
Es evidente, que si los consumidores afectados por las cláusulas suelo hubieran pretendido recuperar lo “pagado de más” el camino lógico, efectivo, natural y técnico era precisamente el mismo que dos de las entidades demandadas han utilizado, pues al fin y al cabo en su derecho estaban.
Cierto que las entidades condenadas deben cumplir con el fallo de la sentencia, pues la ejecución del fallo no se ha suspendido (aunque las partes interesadas sí pudieran solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia), lo que no obsta a que procesalmente puedan plantear el incidente de nulidad de actuaciones e incluso prosperar sus pretensiones si así lo estima el Tribunal Supremo, o en vía posterior de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Así las cosas, parece más que probado que no es lo mismo “clamar que reclamar”.
El efecto síndrome de Estocolmo en el asunto de las “cláusulas suelo” (II)	20
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EtiquetasCLÁUSULA ABUSIVA, consumidores, Derechos fundamentales, TRANSPARENCIA DE LAS CLÁUSULAS SUELO, tribunal supremo	Continuando con este artículo de opinión y exponiendo brevemente las consecuencias de la declaración de la irretroactividad de los efectos de la nulidad a los pagos efectuados por los consumidores afectados directamente por la sentencia del Tribunal Supremo a la fecha de publicación de la misma (9 de mayo de 2013).
1.- INCONGRUENCIA EXTRA PETITUM. ¿Ésto qué es?.
La denominada incongruencia por exceso o extra petitum, que se produce cuando el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los litigantes, e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones.
Podríamos decir que el Tribunal Supremo ha decidido sobre una cuestión no interesada por la demandante AUSBANC en su demanda y que por tanto debiera decidirse sobre una posible nulidad de actuaciones (Incidente de Nulidad de Actuaciones).
2.- ESTE ARGUMENTO SERÍA PURO ESPEJISMO. ¿Porqué?.
En primer lugar, aún siendo cierto que la demandante AUSBANC no hubiera solicitado un pronunciamiento de los tribunales de justicia sobre la posible devolución de las cantidades abonadas por los consumidores afectados por las cláusulas suelo (en concreto las que se declaran nulas respecto a las entidades demandadas), esta cuestión quedaría cerrada a cal y canto porque el Ministerio Fiscal se personó y fue parte en la causa con ocasión de los Recursos de Apelación presentados por las partes.
El Ministerio Fiscal si solicitó al Tribunal Supremo un pronunciamiento respecto a las posibles devoluciones de las cantidades abonadas por los consumidores afectados por esta sentencia (Ver el considerando o apartado 277 de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013).
Pero aún imaginando que lo pedido por el Ministerio Fiscal (un pronunciamiento del Tribunal Supremo en relación a las devoluciones) no tuviera valor ni efecto alguno (que es mucho imaginar), todavía tendría el Tribunal Supremo ocasión de validar su decisión en base a lo siguiente:
El principio IURA NOVIT CURIA permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque los litigantes no las hubieren invocado, y que el juzgador sólo está vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formuladas por los litigantes, de forma que no existirá incongruencia extra petitum cuando el Juez o Tribunal decida o se pronuncie sobre una de ellas que, aun cuando no fuera formal y expresamente ejercitada, estuviera implícita o fuera consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso.
Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses (artículo 1303 del Código Civil).
Por ello, el Tribunal Supremo, aún cuando ninguno de los litigantes hubiera pedido un pronunciamiento al respecto, estaba obligado a decidir en su sentencia los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo afectadas en relación a la restitución.
3.- ¿ACUDIR A OTRO PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LO YA PAGADO?.
Esta vía se cerrará para aquellos consumidores afectados por la sentencia del Tribunal Supremo, que pasa por autoridad de cosa juzgada. Es decir, ya no se podrá plantear nuevamente ni en otro procedimiento esta posibilidad (repito, para aquellos directamente afectados por esta sentencia).
4.- ¿OPCIONES?.
No hay otra más que la ya planteada inicialmente: el INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES.
¿Argumentos para plantear el incidente?.
En este caso el tan manido derecho a la tutela judicial efectiva.
Así las cosas, podría sostenerse la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva porque el Tribunal Supremo recoge de forma abstracta aquellos puntos que son definidores de una cláusula abusiva, pero impone unas consecuencias que de ninguna manera pueden afectar de forma igualmente abstracta a todos los afectados directamente por esta sentencia pues cada concreto caso tendrá sus propias particularidades que le podrían hacer merecedor o no de una restitución de lo que se abonó por causa ilícita, consolidando un enriquecimiento sin causa de las demandadas.
Se adivina en la sentencia cierto convencimiento de actuar conforme a criterios de política económica, pero para eso ya está el poder legislativo, sin que le sea dado al poder judicial auparse en el Gobierno de los Jueces.
Otra cosa hubiera sido que el Tribunal Supremo hubiera establecido los requisitos que deberían probar en fase de ejecución de sentencia los consumidores directamente afectados por estas cláusulas para que si a su derecho conviniera pudieran solicitar la restitución del exceso de los intereses abonados.
Finalizado el plazo para instar la nulidad de actuaciones, esta sentencia pasará por autoridad de cosa juzgada y poco podrá hacerse salvo que el propio Tribunal Supremo con ocasión de otra resolución y en otro procedimiento con distinta causa de pedir y distintas partes decidiera que sí cabe esa restitución.
El efecto síndrome de Estocolmo en el asunto de las “cláusulas suelo” (I)	20
Posted by newslex in AUSBANC, Causae Abogados, Cláusula suelo, Cláusula techo, Cláusulas abusivas, Cláusulas suelo, Préstamos Hipotecarios, Protección del consumidor, Sentencia cláusula suelo, Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Supremo	≈ Deja un comentario
EtiquetasCLÁUSULA ABUSIVA, Ejecución Hipotecaria, TRANSPARENCIA DE LAS CLÁUSULAS SUELO, tribunal supremo	Esto dará algún día para una tesis doctoral.
Me maravilla ver cómo hay parabienes hacia las entidades que han sido condenadas por la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.
Muy en particular cuando se quiere hacer ver que su complacencia (la de las entidades demandadas) hacia lo decidido por el Tribunal Supremo parece que se debe a un ejercicio de buena voluntad, algo amigable.
Cuando lo cierto es que por IMPERATIVO LEGAL están obligadas al cumplimiento de lo decidido por un tribunal de justicia (su imcumplimiento puede acarrear importantes perjucios para las entidades condenadas).
Esa sentencia cierra la posibilidad de recuperar las cantidades de las que se ha beneficiado quien con su falta de transparencia favoreció la contratación (las entidades demandadas).
SÓLO HAY UNA SOLUCIÓN: Interponer en el término de 20 días desde la notificación de la sentencia (o desde su publicación para ciertos interesados) un INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES que allane el camino para acudir al TRIBUNAL CONSTITUCIONAL y en su caso al TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. (ÚNICA VÍA, cuyo plazo se está agotando, para que los “beneficiados” directamente por esta sentencia tengan alguna posibilidad de recuperar lo abonado SIN CAUSA LÍCITA con anterioridad al 9 de mayo de 2013).
¿Quiénes están legitimados para interponer este INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES?.
No sólo quienes han sido parte en el proceso, sino TODOS AQUELLOS A QUIENES AFECTE DIRECTAMENTE EL FALLO DE LA SENTENCIA AUNQUE NO HUBIERAN SIDO PARTE PERSONADA EN EL PROCEDIMIENTO.
La sentencia es firme y debe ser cumplida en sus propios términos. La cláusula suelo se eliminará de determinados contratos de préstamo hipotecario con independencia de que se recurra lo relativo a la NO DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES que con CAUSA ILÍCITA ya han percibido las entidades demandadas y condenadas.
Las tasas judiciales y la restricción de los derechos fundamentales. Soluciones procesales que evitarían el abono de la tasa judicial.(II)	22
Posted by newslex in Derechos fundamentales, Tasa judicial, Tasas judiciales, Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos	≈ Deja un comentario
EtiquetasCapacidad de pago, Derechos fundamentales, Tasa judicial, Tasas judiciales	Entrar en debates sobre la idoneidad del establecimiento, en el contexto socio-económico actual, de una tasa judicial para el acceso a los tribunales de justicia es entrar en tierra de hambre a buscar frutos con los que apaciguar un estómago vacío.
¿Cuál es el presente y futuro de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia?.
El presente lo podemos ver con nuestros propios ojos. Ante la aparente injusticia material de la norma no habrá otro remedio que abonar la tasa correpondiente.
Lo ciertamente triste es el futuro que le espera a esta Ley. Y es triste porque es como una crónica que ya se anunció, pocas sorpresas habrá en este sentido: Al no establecer la norma mecanismos que prevean la capacidad de pago del sujeto pasivo en relación al importe de la tasa, se deberá modificar necesariamente. Y mucho más triste es que nuestros gobernantes saben que tendrán que modificarla, conocedores de las distorsiones que introducirá en el acceso a los tribunales de justicia en determinados casos.
¿Qué reacción le cabe al ciudadano que tenga que enfrentarse al pago de la tasa judicial?.
Ya lo avanzamos en el anterior artículo. Justificar ante el tribunal que deba conocer de su asunto la desproporción entre su capacidad de pago y el importe de la tasa a satisfacer, quien en aras al derecho a la tutela judicial efectiva debiera dar curso a su demanda o recurso. Y este mecanismo de reacción judicial frente a la demanda del ciudadano puede y debe ser atendida, sin mayores aspavientos, con nuestra Carta Magna en la mano, la doctrina constitucional y las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que la cuantía de las tasas, evaluada a la luz de las circunstancias particulares de un caso dado, incluyendo la capacidad del solicitante para pagar y la fase del procedimiento en la que ha sido impuesta la restricción, son factores importantes para determinar de si una persona disfrutó su derecho de acceso a un tribunal o si, por razón de la cuantía de las tasas, la esencia misma del derecho de acceso a un tribunal ha sido alterada (ver Tolstoy Miloslavsky contra la Reino Unido, 13 de julio de 1995, § 63, serie 316-B, y Kreuz (n º 1) contra Polonia, no. 28249/05, § 60, TEDH 2001-VI, Georgel and Georgeta Stoicescu contra Rumanía no. 9718/03, § 69, de 26 de julio de 2011).
Habrá por tanto, que “discutir” ante el tribunal o juzgado que conocerá del caso la inidoneidad del abono de la tasa, según el caso concreto, si es absolutamente desproporcionada en relación a la capacidad de pago del sujeto pasivo, puesto que en caso contrario, de rechazarse de plano el acceso al tribunal, se vulnerarían los derechos fundamentales del justiciable.
¿Y qué otras fórmulas se podrían emplear?.
Sólo caben la picaresca y el vestir la mona de seda. Pues otras fórmulas “mágicas” serán corregidas por los tribunales de justicia, enrredando más si cabe el contencioso y gravando el patrimonio del ciudadano, quien será siempre el que asuma la carga y peche con las consecuencias de fórmulas imaginativas o mágicas, que para este caso es lo mismo.
Artículo cortesía de Causae Abogados (www.causae.es), especialistas en la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.
Las tasas judiciales y la restricción de los derechos fundamentales. Soluciones procesales que evitarían el abono de la tasa judicial. (I)	21
Posted by newslex in Causae Abogados, Derechos fundamentales, Tasa judicial, Tasas judiciales, Tribunal Constitucional	≈ Deja un comentario
EtiquetasCapacidad económica de pago, Derechos fundamentales, Reforma de las tasas judiciales, Soluciones a las tasas judiciales, Tasa judicial, Tasas judiciales, Tribunal Constitucional	El despacho de abogados Causae Abogados (www.causae.es), especialistas en la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, ha diseñado un modelo de estrategia procesal a utilizar en todos aquellos casos en los que el requisito del abono de una tasa judicial sea un obstáculo para demandar tutela judicial en defensa de sus derechos e intereses legítimos.
La actual configuración legal de las tasas judiciales establecidas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, podría dar lugar en muchos casos a una manifiesta imposibilidad de poder plantear una demanda o articular una defensa por los recursos legalmente establecidos y afectados por la exigencia del pago de la tasa.
Al aplicarse la tasa sin tener en consideración la capacidad de pago del demandante y/o recurrente se estaría contraviniendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos – TEDH (Asunto Kreuz contra Polonia, de 19 de junio de 2001).
En esta decisión del TEDH se determina lo siguiente:
1) El establecimiento de restricciones financieras al acceso a la justicia no afecta, en principio, al núcleo esencial del derecho a accionar.
2) El requisito de pagar tasa a los Tribunales civiles no puede ser considerado per se una restricción del derecho de acceso a un Tribunal.
3) Son factores importantes a tener en cuenta la cuantía de las tasas, a la luz de las circunstancias de un caso dado, incluyendo la capacidad de pago del demandante y la fase del procedimiento. En el caso, se concluyó que existía vulneración del art. 6 del Convenio europeo exclusivamente porque las tasas eran «excesivas».
Por tanto, hasta que se produzca una previsible y necesaria modificación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, en aquellos casos que el sujeto pasivo obligado al pago de la tasa demuestre que su capacidad de pago impida, cuando la tasa sea elevada en proporción a esa capacidad, el acceso a la tutela judicial, podrá presentar un escrito junto a su demanda o recurso poniendo en conocimiento del juzgado o tribunal que la exigencia de pago de la tasa impide su acceso a la Justicia, lo que permitirá que el juez pueda plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o, en su caso, que el justiciable perjudicado pueda demandar amparo al Tribunal Constitucional por verse privado de facto de sus derechos fundamentales (opción ésta última que no requerirá el abono de ninguna tasa).
Esta solución procesal no se refiere a aquellas personas que por “insuficiencia de recursos para litigar” puedan solicitar asistencia jurídica gratuita, y sí a aquellas personas cuya capacidad de pago en relación al importe de la tasa se vea totalmente desproporcionada.
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References: artículo 241
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