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Timestamp: 2020-02-24 14:08:31+00:00

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LITIGIOS Y MEDIOS DE SOLUCIÓN
Litigio: Contienda o discusión de intereses o conflicto jurídicamente calificado que se da entre dos sujetos. (Objeto del proceso).
Nos menciona Carneluti, que el litigio comienza con el simple hecho de que por la existencia de dos sujetos (uno que oponga presión y otro que oponga resistencia) comienza lo que en su momento es el enfrentamiento de interese cualesquiera.
Se da en conflictos mercantiles, laborales, civiles, laboral, agrario, controversia penal, etc.
La autotutela o autodefensa consiste en la imposición de la pretensión propia en perjuicio se interés ajeno. Es un medio de solución egoísta en contraposición, que implica la renuncia a la pretensión propia o la aceptación de la contraria, por lo que se califica de altruista.
La autodefensa se caracteriza porque uno de los sujetos en conflicto…, y aún a veces los dos, como con el otro, mediante su acción directa, en lugar de servirse de la acción dirigida al proceso del estado.
Y se distinguen por la ausencia de un tercero ajeno a las partes y, en segundo término, la imposición de la decisión por una de ellas a la otra.
Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho; y señala, así mismo que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla. (Art 17 Const.)
Pero también existe la prohibición de la autotutela
Al que para hacer efectivo un derecho o pretendido derecho que deba ejercitar, empleare violencia, se le aplicará prisión de tres meses a un año o de 30 a 90 días multa. En estos casos sólo se procederá por querella de la parte ofendida. (ART 226. C.P.F.)
Sin embargo el estado no puede llegar a la prohibición total y absoluta ya que existen determinadas situaciones de emergencia en las que tutelar un derecho exige su defensa o ejercicio inmediatos por su titular, sin que pueda esperar la intervención de los tribunales, ya que esta sería tardía e ineficaz.
La autotutela puede funcionar como:
Una replica o respuesta a un ataque.
Ejercicio personal o directo de un derecho sujetivo, sin que su titular hay sufrido un ataque.
Se puede presentar como ejercicio de facultades atribuidas al mando para hacer frente a situaciones sin excepción.
También se puede prestar como ejercicio de una potestad de uno de los sujetos en litigio.
Es un combate entre partes enfrentadas, que fían la fuerza y no a la razón la decisión de sus diferencias.
Puede ser utilizada como medio de presión o de coacción sobre la contraparte para lograr el prevalecimiento de los propios intereses.
También es un medio de solución al igual que la autotutela la diferencia está en que esta es unilateral cuando proviene de las partes, y bilateral cuando tiene su origen en ambas partes
La renuncia a la pretensión litigiosa deducida por la parte atacante, y en caso de haber promovido ya el proceso, la renuncia a la pretensión del actor, sino también, aprovechando la relación jurídica procesal establecida, formular, a su vez, su propia pretensión o reclamación contra la parte actora.
En el derecho penal se distingue entre los delitos que deben ser perseguidos de oficio, es decir, mediante denuncias de aquellos que deben ser perseguidos por querella.
La denuncia es el acto por medio del que cualquier persona haya o no resentido los efectos del delito, hace del conocimiento del ministerio público, la comisión de hechos a tipificar o configurar un delito.
La Querella al igual que la denuncia también consiste en hacer del conocimiento del ministerio público la comisión de hechos que pueden llegar a constituir algún delito; pero, a diferencia de la denuncia, la querella solo puede ser presentada por la persona afectada por el delito, es decir, por el ofendido (o por su representante), y debe contener la expresión de voluntad de aquel, para que se sancione a el o a los representantes. En estos delitos se considera que debe prevalecer el interés del ofendido, por lo que solo se debe proceder el contra el probable responsable cuando lo solicite el propio ofendido.
La regla general es que los delitos se deben de seguir por medio de denuncia, y como se trata por medio de una hipótesis por excepción solo son perseguibles por querella aquellos delitos que de manera expresa señalen las leyes. En esta situación se encuentran en el ambito federal entre otros los delitos de robo, de uso, abuso de confianza, fraude y daño en propiedad ajena, cualquiera que sea su monto e independientemente de la calidad del sujeto activo, el robo, el despojo y la extorsión, cuando sean cometidos por determinadas personas vinculadas por el ofendido por el parentesco, la adopción, o el concubinato;
Homicidio en razón del parentesco o relación. Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de diez a cuarenta años. Si faltare dicho conocimiento, se estará a la punibilidad prevista en el artículo 307, sin menoscabo de observar alguna circunstancia que agrave o atenúe la sanción a que se refieren los Capítulos II y III anteriores. (ART 323).
En el derecho Procesal, la palabra allanamiento designa la actitud autocompasiva propia de la parte demandada, consisten en aceptar o someterse a la parte actora, de la parte atacante.
Cuando el demandado se allana o se somete a la pretensión de la otra parte, no pone ninguna resistencia frente a aquella, por lo que no llega a manifestarse realmente un litigio. Por esa razón cuando el demandado se allana en el proceso, se suprimen las etapas de pruebas y de alegatos; y aunque el juzgador cita para sentencia, se pronuncia una resolución a la que denomina formalmente sentencia. Esta no tiene realmente tal carácter, pues no es una decisión sobre un litigio, que no llegó siquiera a manifestarse, si no que es simplemente una resolución que aprueba el allanamiento del demandado.
Para que el juzgador pueda aprobar esa actitud autocompasiva, es indispensable que el allanamiento se refiera a derechos de los que pueda disponer libremente el demandado, a derechos renunciables.
El allanamiento, con el desistimiento, constituye un acto de disposición a derechos, por lo que solo podrá tener eficacia cuando se haga sobre derechos renunciables. Por esa razón, el juzgador no deberá aprobar este acto de disposición para rechazar derechos irrenunciables o indisponibles o derechos de terceros.
Cuando el allanamiento satisfaga los requisitos legales su principal consecuencia es que no será necesario agotar las etapas de pruebas y de alegatos, por lo que el juez deberá citar las partes para oír sentencia. En virtud de que el demandado, al allanarse, no ofrece resistencia a la pretensión de la parte actora, ni controvierte expresamente sobre os hechos y el derecho alegados por esta última parte, no serán necesarias dichas etapas por no haber hechos controvertidos que aprobar ni alegatos que expresar.
La transacción es un contrato por el cual las partes haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. (ART 2,944 c.c).
La transacción es un medio autocompositivo bilateral, porque a través de ella, las dos partes solucionan el litigio renunciando parcialmente a su respectiva pretensión y resistencia. Desde el punto de vista de la solución, la transacción debe implicar una renuncia o concesión equilibrada y razonable para cada parte. La forma mas apropiada para llevar a cabo la transacción, la que ofrece mayores garantías, es la del convenio judicial de la solución la transacción debe implicar una renuncia o concesión equilibrada y razonable en cada parte.
En la heterocomposición la solución al conflicto es calificada de imparcial, porque no va a ser dada por las partes, sino por un tercero ajeno al litigio, un tercero si interés propio en la controversia.
La función de este tercero puede limitarse a propiciar la comunicación, la negociación entre las partes para tratar de que ellas mismas lleguen a un acuerdo que resuelva el conflicto. En este caso, el tercero será simplemente un mediador, que al hacer posibles las condiciones para que las partes intercambien sus puntos de vista sobre e litigio y al invitarlas para que lleguen a un acuerdo, hace propiciar la solución. A que desempeña este tercero se denomina mediación.
La mediación normalmente se lleva cabo de manera informal y, por lo mismo, no existen organismos o instituciones encargados de restar regularmente este servicio. En los litigios individuales los propios abogados pueden contribuir a establecer la comunicación directa entre las partes, a fin de encontrar una solución negociada. En los conflictos internacionales, la mediación, a la que se suele identificar con lo buenos oficios, ha sido un buen medio de solución negociada.
El conciliador no se limita a mediar entre las partes, sino que les debe sugerir fórmulas especificas para que puedan llegar a un convenio entre ellas. Para que el conciliador pueda desempeñar eficientemente su función, es indispensable que conozca la controversia de que se trate, a fin de que este en condiciones de proponer alternativas razonables y equitativas de solución.
Pero la función del conciliador se limita a proponer posibles soluciones, cuya adopción queda sujeta, en todo caso, a la voluntad de las partes. Estas pueden aceptar o rechazar as propuestas del conciliador. Por ello, en la conciliación, al igual que en la mediación, la solución del litigio depende, finalmente, de a voluntad de las partes.
En esta especie de la heterocomposición, el tercero al que se denomina arbitro no se limita a proponer la solución a las partes, sino que va a disponer dicha solución a través de una resolución obligatoria para las partes, a la que se conoce como laudo. Sin embargo para que el arbitraje pueda funcionar es necesario que previamente las partes hayan aceptado, de común acuerdo, someterse a este medio de solución.
El acuerdo previo de las partes al que suele denominar genéricamente acuerdo arbitral puede revestir la forma de una cláusula compromisoria, que es una estipulación contenida dentro de un contrato principal, en la cual las partes contratantes manifiestan su voluntad de que si llega surgir algún conflicto sobre la interpretación o aplicación o aplicación del contrato, aquel sea resuelto por medio del arbitraje: En este caso el acuerdo solo es una cláusula dentro de un contrato, que se conviene antes de que surja el litigio, precisamente para prever su medio de solución. Pero el acuerdo también puede manifestarse a través de un compromiso arbitral, que es un convenio principal que celebran las partes para someter un litigio presente al arbitraje. En este caso, el acuerdo sólo es una cláusula dentro de un contrato, que se convierte antes de que surja el litigio, precisamente para prever su medio de solución. Pero el acuerdo también puede prever su medio de solución. Pero el acuerdo también puede manifestarse a través de un compromiso arbitral, que es un convenio principal que celebran las partes para someter un litigio presente al arbitraje. En ambos casos, es la voluntad de las partes la que hace posible que el litigio se sujete a la decisión del arbitro; pero una vez celebrada la cláusula compromisoria o el compromiso arbitral, la sujeción de las ates al arbitraje y al laudo ya no depende, de nueva cuenta, de su voluntad; después del acuerdo arbitral, la sumisión al arbitraje y el acatamiento del laudo resultan obligatorios para las partes.
Medio idóneo para dirimir imparcialmente por acto de juicio de la autoridad un conflicto de interese con la relevancia jurídica. El proceso es la solución heterocompositiva, es decir, la solución imparcialmente a cargo de un órgano jurisdiccional del Estado no es necesario que las partes hayan acordado previamente someterse a este órgano del estado; no es requisito un acuerdo previo ni obviamente posterior de las partes.
Para resolver el litigio, el arbitro dicta su laudo; pero para poder obtener la ejecución de este, es necesario que el interesado lo someta al reconocimiento u homologación del órgano jurisdiccional competente, a fin de que este ordene la ejecución correspondiente. En cambio, el juzgador una vez que el proceso se ha ejecutado en todas sus etapas normales, pronuncia la sentencia con la que pone término a aquél y resuelve el litigio; y cuando dicha sentencia adquiera firmeza, porque se hayan agotado los medios de imugnación contra ella o no se hayan hecho valer dentro de los plazos establecidos para tal efecto, el propio jusgador, a instancia de a parte interesada es quien debe ordenar a ejecución forzosa de la sentencia. Esta es, por consiguiente, tanto obliatoria como ejecutiva para sí mismo.
Conjunto de normas y principios jurídicos que regulan tanto al proceso jurisdiccional como a la integración y competencia de los organos que intervienen en el mismo.
Todas estas normas y principios son calificados como procesales, porque el objeto primordial de sus regularizaciones de manera directa o indirecta, el de proceso jurisdiccioal. Si bien las reglas sobre la integración y copetencia de los órganos del estado que intervienen en el proceso parecerían referisrse solamente a tales organos, en realidad tienenun alcance mucho mayor: Son las normas que determinan la organización y a competencia de estos sujetosprocesales, en función fndamentalmente de su intervención en el proceso jurisdciional.
NO obsante, sin dejar de reconocer el carácter procesal de todas estas normas, podemos clasificarlas, de acuerdo con el objeto directo de su regularización en dos especies:
Las normas procesales en sentido estricto, que son aquellas que determinan las condiciones, el desarrollo y la terminación del proceso.
Las normas orgánicas que son las que establecen la integración y competencia de los órganos del estado que interviene en el proceso jurisdiccional.
La sentencia es el actoprocesal por medio del cual el juzgador resuelve la contrversia planteada y pone termino normalmente al proceso. Como acto procesal la sentencia se encuentra sueta a normas de derecho procesal, que establecen los diversos requisistos que aquella debe satisfacer; pero los fundamentos jurídicos de la sentecia cuando esta decide sobre el litigio, van a ser, precisamente, normas o criterios de derecho sustantivo. La decisión sobre la validez o nulidad de un contrato determinado deberá fundarse normalmente, en las reglas que sobre la materia contiene el códigocivil, las cuales contienen normalmente caracter subjetivo, pero la tramitación, las pruebas tendientes a demostrar o a desvirtuar la veracidad de los hechos, así como la sentencia misma, deberán ajustarse a normas de carácter procesal (que se encuentran contenidas normalmente en los códigos procesale so de procedimientos).
Es el complemento necesario de la parte general de la ciencia del derecho procesal, es decir; de la teoría general del proceso. Esta última analiza solo los conceptos, de prncipios de instituciones comunes a las diversas disciplinas procesales; por su propia naturaleza general no puede examinar las características, posprincipios y las modalidades propias de cada uno de los procesos en particular. Las normas que regulan a estos, con sus características, son el objeto de estudio precisamente de cada una de las disciplinas procesales especiales.
Derecho Procesal Dispositivo.
La concepción original del propio dispositivo se basaba en la idea de que el proceso no debía ser mas que L'oeuuvre des parties realiseé contradictoirement, según la feliz expresión de legeais. Por su parte, Radbrush señaló el marcado carácter individualista de principio dispositivo, este principio- escribió - convierte al proceso en un libre juego de fuerzas entre las partes contendientes, como si los litigantes fuesen dos jugadores de ajedrez de fuerzas equilibradas, dos adversarios ingeniosos guiados por un egoismo bien entendido, situados ambos en un plan de igualdad y que no necesita para nada la ayuda del juez
El derecho procesal civil, es la disciplina que estudia el conjunto de normas que regulan el proceso a través del cual se solucionan los litigios que versa sobre la interpretación o aplicación de normas sustantivas civiles.
Entre los litigios mas frecuentes en esta materia podemos mencionar los concernientes a la validez o nulidad o cumplimiento o rescisión de contratos civiles -particularmente de arrendamiento, compra-venta, fianza, hipoteca, prestaciones de servicios, etc. La validez, cumplimiento o extinción de las obligaciones derivadas de las demás fuentes de las mismas; la posesión, la propiedad, y demás derechos reales; la sucesiones o transmisiones de patrimonio de personas fallecidas y a los concursos o a las liquidaciones del patrimonio de personas no comerciantes, declaradas insolventes, etc.
Derecho procesa mercantil.
El derecho procesal mercantil es la rama especial que se ocupa del estudio del conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso destinado a solucionar los litigios de carácter mercantil es decir, los litigios que derivan de actos que las leyes definen como mercantiles.
Entre los litigios mercantiles podemos mencionar los relativos a la validez o nulidad, cumplimiento o rescisión de los contratos mercantiles y de los contratos de crédito, al pago, validez, o reposición de los títulos de crédito; a los concursos de los comerciantes, etc.
Derecho procesal social.
Las normas procesales destinadas a la aplicación del derecho social, ara ser eficaces, deben estar inspiradas en el mismo principio de igualdad por compensación o, como también se le llama principio de justicia social; deben tener como punto de partida las desigualdades reales de las partes, para tratar de otorgarles una verdadera igualdad de oportunidades en el proceso, atribuyendo la carga de prueba de los hechos discutidos a la parte que este en mejores condiciones de aportar los medios de prueba, e incrementando las facultades de dirección del juzgador, deben procurar la mayor rapidez y sencillez en todos los procedimientos, pues sus dilaciones y complicaciones normalmente, son en perjuicio de la parte trabajadora o campesina. De lo contrario, los derechos otorgados por las normas sustantivas se harían nugatorios cuando se reclamasen ante los tribunales, a causa de normas procesales que en lugar de establecer un medio adecuado para la aplicación del derecho social, constituirían u obstáculo para dicha aplicación.
DERECHO CONSTITUCIONAL SOBRE ELPROCESO.
El proceso escrito que denomina la casi totalidad de los países de origen hispanoamericanos restringe de modo extraordinario el principio de publicidad que forma la esencia del sistema democrático de gobierno; el nombramiento de los jueces por el poder ejecutivo constituye en sus últimos términos una contradicción con la teoría republicana de la división de poderes, el costo de la justicia que lo hace para unos tan fácil, y para otros tan difícil obtención, atenta contra el precepto de que ante ella, como ante la ley, todos los hombres son iguales, sin mas distinción que las de sus talentos o desvirtudes.
DERECHO INTERNACIONAL SOBRE EL PROCESO.
El documento de mayor trascendencia, sin duda es la declaración universal de los derechos humanos adaptada a la Organización de las Naciones Unidas, por lo que se refiere a nuestra materia, la declaración s erefiere al derecho que toda persona tiene “ a un recurso efectivo ante las juridicciones nacionales contra los actos que violan los derechos fundamentales que reconocen la constitución o la ley”
En nuestro país, este recurso es el juicio de amparo. Así mismo la declaración universal prohibe las detenciones arbitrarias y reconoce el derecho a un proceso justo y razonable ante un tribunal independiente e imparcial.
Por último la declaración contiene un principio fundamental ara el proceso penal de los estados democráticos:
La presuncion de inocencia. (Art 11).
La palabra jurisdicción proviene del latín “iurisdictio”, que se forma de la locución ius dicere, la cual literalmente significa indicar el derecho.
Este significado etimlógico no nos permite determinar el carácter especifico de la jusrisdiccón, pues si bien es cierto que, en ejercicio de la función jursdiccional el juzgador “dice el derecho” en la sentencia, también lo es que en ejercicio de la función legislativa y de la función administrativa, el órgano legislativo y el agente de administración pública también “dice el derecho” en la ley y en el acto administrativo respectivamente.
Consiste en una forma de organizar el Poder Público, para su ejercicio, en distintas funciones esenciales al gobierno estatal, y que son: La ejecutiva, la legislativa y la jurisdiccional.
En la materialización de las funciones del Estado no siempre es un solo órgano de gobierno el que la desarrolla exclusivamente; suele suceder que un órgano de gobierno desempeña distintas o todo tipo de funciones, aunque siempre haya una que le corresponde prioritariamente y de acuerdo al temperamento de la función pública que está destinada. Lo descrito resulta que si bien el Estado requiere con su fin, en sus distintas expresiones, también es importante subrayar que la especialización no puede ser tal que resulte en la de articulación del ejercicio de la tarea gubernamental, pues de otra forma la actividad estatal se convertiría en un caos generalizado. En estas condiciones, es de suma relevancia sostener que el desarrollo de las distintas funciones debe tener puntos de encuentro, para que la actividad estatal no pierda su sentido, guarde su integridad y, además se constituya un sistema efectivo de contrapesos en el desempeño de la misma.
Así, esta técnica de organización procura el control de la actividad autoritaria promoviendo la coparticipación en la realización de los actos autoritarios, o bien la posibilidad de revisión de un acto de autoridad, por otro órgano de gobierno con distinta función.
EN UN MISMO ACTO PARTICIPAN DOS ÓRGANOS DE GOBIERNO CON FUNCIÓN PRIMORDIAL DISTINTA.
Con el fin de establecer un sistema de contrapesos en el desempeño de las actividades de gobierno, se fomenta la coparticipación de los órganos de gobierno con distinta función primordial, para la realización de los actos de autoridad. De esta manera como se pretende que, si bien por una parte, se especialicen las funciones de gobierno, por la otra, no existía desarticulación de la tarea gubernamental y se fomente la corresponsabilidad en su ejercicio. (Cesar Carlos Garza García).
México es prototipo de la estructura y de las características del Estado contemporáneo porque cuando consumió su independencia, en 1821, la ideología política predominante (La ilustración) ofrecía posibilidades tan sugestivas para la organización política de los estados que los fundadores de la nación no pudieron desatenderlas, caso en que se encuentra el principio que examinamos.
Todas las Constituciones de nuestro país han consagrado la división de poderes pero no lo han hecho de manera idéntica. Las variantes se refieren a dos criterios: La importancia formal de los órganos entre sí y su número.
En cuanto a la importancia o rangos existentes entre los órganos destaca la tendencia que presenta al legislativo como el órgano originario y fundamental. Así, en la Constitución de Apatzingan, de 1814, se ordenaba lo siguiente:
La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General (Artículo 44 constitucional)
(Permanecerá el cuerpo representativo de la soberanía del pueblo con el nombre de Supremo Congreso mexicano. Se crearán además, dos corporaciones, la una con el titulo de Supremo Tribunal de Justicia)
Son excepcionales en esta tendencia el reglamento provisional político del Imperio Mexicano, de 1823, y el Estatuto del Imperio de Maximiliano, de 1865, donde se da una preeminencia indisputable al órgano ejecutivo depositado en el emperador.
El poder Ejecutivo reside exclusivamente en el emperador, como jefe supremo del Estado. Su persona es sagrada e inviolable, y solo sus ministros son responsables de los actos de su gobierno, que autorizarán necesaria y respectivamente, para que tengan efecto. (Art 29 del Reglamento provisional político del Imperio mexicano)
El resto de las Constituciones reconocieron formalmente la preeminencia del órgano legislativo por dos motivos: porque le asignaron la representación de la nación y porque sus atribuciones fundamentales consistieron en hacer las leyes.
Destaca la Constitución Política de la República Mexicana, de 1857, que suprimió al Senado de la republica no obstante haber consagrado la forma de Estado Federal. Al integrar al Poder Legislativo con una asamblea de diputados dio tal fortaleza a este órgano que los presidentes de la República de esa época, entre ellos Benito Juárez, afrontaron severas dificultades para ejercer sus encargos.
Por lo que se refiere al número de los órganos, normalmente han existido los tres típicos: legislativo, ejecutivo y judicial. Sin embargo, en la Constitución centralista de 1836, denominada Bases y leyes constitucionales de la república mexicana, se estableció un sistema de cuatro órganos; además de los tres que conocemos creó otro que sometía a los tradicionales: El supremo poder conservador. En la segunda ley, estableció el perfil de esa innovación, de la siguiente forma:
Habrá un supremo poder conservador que se depositará en cinco individuos de los que se renovará uno cada dos años, saliendo en la primera, segunda, tercera, y cuarta vez, el que designare la suerte, sin entrar en el sorteo el que o los que hayan sido nombrados para reemplazar.
La soberanía, por lo que la misma implica, no acepta desintegraciones o divisiones, pero el gobierno del Estado sometido a la misma, para el ejercicio de la autoridad que le confiere la Máxima Ley requiere de actividades especializadas, por lo que el poder político limitado, que le es propio, se manifiesta en tres funciones principales con atribuciones distintas, a saber; la Ejecutiva, la Legislativa y la Jurisdiccional.
El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. (Art. 49 Constitucional)
Se hizo para evitar la concentración de poder del Estado en una sola persona, distribuyéndolo así equilibradamente entre diversas personas.
Platón y Aristóteles consideraban el número y la calidad de los gobernantes como factores definitorios de las formas de gobierno, determinando que esas personas ejercerían el gobierno.
Aristóteles señalaba que toda organización equilibrada de la ciudad debía contemplar tres elementos de gobierno con facultades específicas y ser diferentes entre sí:
El elemento deliberativo.
Debe ser el cuerpo que delibera los intereses comunes.
Se refiere a las magistraturas, es decir cuales deben ser y cuales son los asuntos que deben controlar y gobernar y cual debe ser el método de elección entre ellas.
El titulo de la Magistratura, tomándolo simplemente debe aplicarse de modo principal a aquellos cargos a quienes se ha asignado el deber de liberar acerca de ciertas cuestiones y de obrar como jueces y de emitir órdenes.
Es el elemento deliberativo, que tiene poder acerca de la guerra, de la paz, de la formación, de la disolución de alianzas, acerca de las leyes, acera de las sentencias de muerte, del destierro, de las confiscaciones de las propiedades, acerca de las rendiciones de cuentas de los Magistrados.
Y si estos elementos están bien reglamentados entre sí, la Constitución estará bien ordenada.
La función legislativa es la de crear las normas de derecho. La función legislativa se le atribuye primordialmente, en México, al Congreso de la Unión, el que se divide en una Cámara de Diputados y una de Senadores, en la jurisdicción Federal y a las legislaturas locales, en los ámbitos local y municipal.
* Su conformación.
Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá su suplente.
*Principio de votación mayoritaria relativa.
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripcionales plurinominales.
Artículo 53. La demarcación territorial de los trescientos distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.
* Elección de los diputados.
Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley.
III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, les serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes;
V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político, que por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y
Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato o diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ellas con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.
IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal, ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella.
Los Gobernadores de los Estados no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su cargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.
Los Secretarios de Gobierno de los Estados, los Magistrados y Jueces Federales o del Estado, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes de la elección
Artículo 56. La cámara de Senadores, se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.
* Principio de votación minoritaria
Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será de 25 años cumplidos el día de la elección.
* Imposibilidad de reelección inmediata de los legisladores.
* Las elecciones de los miembros del Poder Legislativo.
*Reglas para los Diputados y Senadores.
(Inhabilitación de de los miembros del Poder Legislativo).
Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios, durante el período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los Estados por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador.
*Sesiones.
Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones.
Se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días consecutivos, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose desde luego a los suplentes.
Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las Cámaras, o para que ejerzan sus funciones una vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor brevedad a desempeñar su cargo, entretanto transcurren los treinta días de que antes se habla.
Artículo 64. Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada, o sin permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten.
* Periodo de sesiones ordinarias
Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1º de septiembre de cada año, para celebrar un Primer Período de Sesiones Ordinarias y a partir del 15 de marzo de cada año para celebrar un Segundo Período de Sesiones Ordinarias.
Artículo 66. Cada Período de Sesiones Ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el Artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.
Artículo 67. El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asuntos exclusivos de ella, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente; pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión sometiere a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva.
* Reglas generales de funcionamiento
Artículo 68. Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para la reunión de ambas. Pero si conviniendo las dos en la traslación, difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, el Ejecutivo terminará la diferencia, eligiendo uno de los dos extremos en la cuestión. Ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la otra.
* Apertura de Sesiones.
Artículo 69. A la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Período del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente, informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de Ley o Decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: " El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto)".
Del proceso de creación de la ley ordinaria.
Todas las leyes ordinarias “lato sensu”, salvo la que supone el artículo 70 constitucional, requieren de un procedimiento común para poder ser creadas, que es el siguiente:
Es el acto por el que se pone a consideración del Congreso de la Unión un proyecto de ley.
* Los sujetos facultados para iniciar leyes son:
Es el acto por el que las Cámaras examinarán y reflexionan sobre un proyecto de ley, para decidir si lo aprueban o lo rechazan.
Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones
* Aprobación.
a) Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviese observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.
b) Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo este término, hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.
* Promulgación.
c) El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.
(Veto es el resultado del ejercicio de la facultad del Presidente de la República para objetar todo o en parte, mediante las observaciones respectivas, un proyecto de ley o decreto, que para su sanción le envía el Congreso; es la sanción negativa o rechazo del proyecto de ley.)
d) Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo, fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción a); pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones.
* Elevación del veto.
(Cuando un proyecto de ley o decreto del Congreso es vetado por el Ejecutivo, dicho proyecto es regresado, con sus observaciones, la Cámara de su origen, en la que deberá ser discutido de nuevo, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora, en la que si se aprueban por la misma mayoría, se “elevara” el veto, enviando el proyecto al Ejecutivo para que lo publique.)
e) Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción a). Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará el Ejecutivo para los efectos de la fracción a). Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.
f) En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.
h) La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.
i) Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la Comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara.
* Iniciación de la vigencia
La iniciación de la vigencia de una ley es la fecha desde la que norma se vuelve obligatoria.
En la Constitución mexicana no está clarificado desde cuándo “obliga una ley” o hace, realmente, una norma a la vida jurídica. Pensamos que ante la falta de especificación de la “norma base de creación” de las normas jurídicas ordinarias lo lógico es concluir que las leyes son vigentes desde la fecha de su publicación, pues simplemente no se considera, por la Ley Fundamental, que la vigencia de la ley ordinaria lato sensu puedan ser postergada. No obstante lo anterior, en la práctica legislativa mexicana siempre se ha creído que es correcto el que la iniciación de la vigencia de las leyes esté regulada por el Código Civil, conclusión por demás aberrante.
* Facultades materiales legislativas.
Son aquellas encaminadas a permitir que el Legislativo, en el ejercicio de sus atribuciones, produzca normas de derecho.
* Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
1º Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos
2º Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su existencia política.
3º Que sean oídas las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva.
4º Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete días, contados desde la fecha en que le sea pedido.
5º Que sea votada la erección de nuevo Estado por dos terceras partes de los Diputados y Senadores presentes en sus respectivas Cámaras.
6º Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas de los Estados, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate.
7º Si las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de las Legislaturas de los demás Estados;
VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública.
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.
XV. Para dar reglamentos con el objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose, a los ciudadanos que la formen, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los estados de la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos;
1ª El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.
2ª El caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, el Departamento de Salubridad tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República.
3ª La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país.
4ª Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor de la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan.
XX. Para expedir las leyes de organización del cuerpo diplomático y del cuerpo consular mexicano;
XXIV. Para expedir la ley que refute la organización de la entidad de fiscalización superior de la federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales;
XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba sustituir al Presidente de la República ya sea con el carácter de sustituto, interino o provisional, en los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución;
2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4o. y 5o.
del artículo 27.
Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica y
XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la bandera, escudo e himnos nacionales.
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social.
XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración Pública Federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones; y
Clasificación de las facultades del Poder Legislativo.
(Esta clasificación atiende a la naturaleza formal del ato que se desempeña).
(Son las que ejercita cada cámara por separado y sin intervención de la otra; se enuncian, en el caso de la Cámara de Senadores, en el artículo 76 del mismo ordenamiento.)
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre o hasta el día 15 de diciembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo comparecer el Secretario del Despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.
No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se considera necesarias, con ese carácter en el mismo presupuesto, las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.
Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y a las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.
Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la Ley, y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior, o en la Ley que estableció el empleo.
I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rinda al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión;
V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso nombrarle un Gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de Gobernador se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República, con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado no podrá ser electo Gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados no prevean el caso;
INDEPENDENCIA DE LAS CAMARAS
VI. Conceder licencia hasta por treinta días al Presidente de la República y nombrar el interino que supla esa falla;
ARTICULO 79.- La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.
IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley;
La Cámara de Diputados designará al Titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.
Artículo 80. Se deposita el ejercicio del supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un sólo individuo, que se denominará "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos".
DURACION O VIENCIA DEL CARGO
Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1º de diciembre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino, provisional o substituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.
SUSTITUCIÓN O REEMPLAZO POR FALTA DE PRESIDENTE
Cuando la falta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al Presidente substituto que deberá concluir el período; si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente nombrará un Presidente provisional y convocará al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para que se erija en Colegio Electoral y haga la elección del Presidente substituto.
Artículo 85. Si al comenzar un período constitucional no se presentase el Presidente electo, o la elección no estuviese hecha y declarada el 1º de diciembre, cesará, sin embargo, el Presidente cuyo período haya concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de Presidente interino, el que designe el Congreso de la Unión, o en su falta, con el carácter de provisional, el que designe la Comisión Permanente, procediéndose conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande".
Artículo 88. El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión, o de la Comisión Permanente, en su caso.
VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos previa ley del Congreso de la Unión;
IX. Designar, con ratificación del senado, al Procurador General de la República.
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;
XI. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo acuerde la Comisión Permanente;
XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria;
REQUISITOS PARA SER SECRETARIO DE ESTADO.
ALGUNAS FUNCIONES DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO.
Artículo 92. Todos los Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Ordenes del Presidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado o Jefe del Departamento Administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.
INFORME A LAS CAMARAS
Artículo 93. Los Secretarios del Despacho y los Jefes de los Departamentos Administrativos, luego que esté abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.
LA ORGANIZACIÓ Y EL FUNCIONAMIENTO DEL POER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.
* Formas de funcionamiento
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdo generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las salas de los asuntos regionales que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.
La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.
* Duración de los ministros
* Requisitos para ser electo ministro
Ministro: "Sí, protesto."
Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de ese tiempo, podrán concederse por el Presidente de la República con la aprobación del Senado. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años.
I.- Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;
II.- Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.
III.- Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;
IV.- Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;
V.- Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos políticos electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes;
VI.- Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;
VII.- Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores;
VIII.- La determinación e imposición de sanciones en la materia; y
IX.- Las demás que señale la ley.
La organización del Tribunal, la competencia de las Salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán lo que determinen esta Constitución y las leyes.
El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia; quien también lo será del Consejo; tres consejeros designados por el Pleno de la Suprema Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República.
El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como los demás asuntos que la ley determine.
La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. El presupuesto así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente.
Artículo 101. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los respectivos Secretarios y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y solo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables para ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado.
I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e del artículo 122 de esta Constitución sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión de amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno:
II. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo:
i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.
II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motive.
En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán el desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta.
a) Contra sentencias definitivas o laudos respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo el resultado del fallo, siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia.
IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio, o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión.
V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezcan la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes:
b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales, federales, administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal.
c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios de orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicio del orden común.
En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación en defensa de sus intereses patrimoniales, y
d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federación de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado.
VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia para dictar sus respectivas resoluciones.
VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;
a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados o por el Jefe del Distrito Federal, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.
IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales;.
Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la interposición del amparo, y en materia civil, mediante fianza que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión ocasionare, la cual quedaría sin efecto si la otra parte da contrafianza para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y pagar los daños y perjuicios consiguientes:
Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el Procurador General de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieren sido sustentadas podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando el Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.
La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción.
XV. El Procurador General de la República o el agente del Ministerio Público Federal que al efecto designare, será parte en todos los juicios de amparo; pero podrán abstenerse de intervenir en dichos juicios cuando el caso de que se trata carezca, a su juicio, de interés público.
XVII. La autoridad responsable será consignada a la autoridad correspondiente cuando no suspenda el acto reclamado debiendo hacerlo, y cuando admita fianza que resulte ilusoria o insuficiente, siendo, en estos dos últimos casos solidaria la responsabilidad civil de la autoridad con el que ofreciere la fianza y el que le prestare, y
Enviado por: Cristopher Ricardo Carrillo Castañón
Derecho Procesal mexicanoLitigioJurisdicciónCompetenciaPoderesÓrganos de gobiernoDiputadoCámara de senadoresNormativaObligaciones

References: artículo 307
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 29
 artículo 131

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 56

Artículo 58

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66
 artículo 83

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70
 resolución 
 artículo 70

Artículo 72
 resolución 
 Artículo 73
 resolución 
 artículo 29
 artículo 123
 artículo 27
 artículo 76
 artículo 83

Artículo 75

Artículo 80

Artículo 83

Artículo 85

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 92

Artículo 93
 resolución 
 artículo 99

Artículo 101
 artículo 73
 artículo 122
 artículo 89
 resolución