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Timestamp: 2014-04-18 23:17:14+00:00

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voselsoberano.com | Sábado 19 de Septiembre de 2009 08:20	Melvin López Herrera
Este artículo lo comparto con quienes han sostenido una falsedad constitucional, y con quienes anteponiendo el Derecho a intereses políticos personales o de grupo han reconocido la realidad del 28 de junio de 2009. A estos últimos respetuosamente les sugiero divulgar este artículo, para que contribuyan a la aclaración de quienes están abiertos a buscar y reconocer esta indiscutible verdad. Primera parte: La falsedad del 239 constitucionalDías después de haberse ejecutado el golpe de Estado del 28 de junio en nuestro país; inicialmente a través de algunas cadenas tele-radiales y un portal que se creó al efecto, y posteriormente hasta la fecha, se le ha insistido a la nación que de conformidad con el artículo 239 constitucional el presidente depuesto cuando se le capturó ya no era presidente de la república, y que en consecuencia se dio una “sucesión constitucional”. Haciendo un análisis minucioso del contenido y los alcances de este artículo constitucional y de todos los hechos que se han dado desde el 28 de junio, relacionados con la forma en cómo ha quedado la institucionalidad del Estado, comentamos lo siguiente:Primero: El artículo 239 constitucional reza: “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser elegido Presidente o Designado. (continúa en su siguiente párrafo)…El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”. El Código Penal recoge en su artículo 330 la pena a imponer por la violación a este artículo constitucional; con lo que queda claro, sin dudas de ninguna naturaleza, que una supuesta violación al 239 constitucional obliga a un debido proceso penal hasta dictarse sentencia condenatoria o absolutoria, que habrá de concluir con sentencia firme.Segundo: A la luz de lo que dispone ese artículo, la única forma en que habría sido violado por el presidente depuesto se habría dado, si él se hubiera re-elegido presidente o elegido designado, o que hubiera promovido una reforma constitucional para re-elegirse presidente o elegirse designado. Esto nunca sucedió; pues ni siquiera había terminado su período constitucional, ni tampoco estaba nominado candidato para las elecciones de noviembre; y jamás propuso alguna reforma constitucional al 239 para re-elegirse o elegirse. De esto último no hay ningún medio probatorio que indique indubitablemente que el presidente depuesto haya promovido reforma alguna en ese sentido. Tercero: Bajo el supuesto de que la violación del 239 se hubiere dado por parte del presidente depuesto, cosa que definitiva como indiscutiblemente no se dio, la Constitución es garantista del debido proceso, del principio de inocencia, del derecho a la defensa, al juzgamiento por autoridad competente y con todas las formalidades del caso, y a ser oído y vencido en juicio como requisito previo para imponérsele penas establecidas en la ley en caso de sentencia condenatoria; y para asegurar esas garantías procesales es naturalmente indispensable la garantía, igualmente constitucional, de no ser expatriado, a efecto de permitírsele hacer uso de su derecho a permanecer en todos los actos del proceso, tal como lo dispone el Código Procesal Penal en su artículo 14. Nadie puede violentar estas garantías constitucionales, ni consentir su violación. Los tribunales de justicia debieron previamente haberle juzgado presencialmente y, una vez con sentencia condenatoria firme, el Congreso Nacional habría estado habilitado constitucionalmente para proceder a su sustitución; porque hasta ese momento y bajo esas circunstancias se habría operado la situación de ausencia absoluta del presidente, lo que habría permitido constitucionalmente, en el caso de la confirmación de la violación al 239, la aplicación del artículo 242 constitucional. Sólo habiéndose observando ese procedimiento, solo de esa forma, se habría dado una sustitución constitucional.Cuarto: Al momento de su separación el Ministerio Público había introducido un requerimiento en su contra y en el apartado dedicado a la calificación jurídica de los tipos penales que se le imputan, solo invoca los siguientes fundamentos de derecho: a) contra la forma de gobierno el artículo 328 numeral 3 del Código Penal, b) por traición a la patria los artículos 2, 4 y 5 constitucionales y 310-A del Código Penal, c) por abuso de autoridad artículo 349 numeral 1 del Código Penal y d) por usurpación de funciones el artículo 354 el Código Penal. En ningún momento ese requerimiento fiscal invoca el artículo 239 constitucional ni tampoco la pena correspondiente consignada en el artículo 330 del Código Penal. Por consiguiente el 239 constitucional con lo que se ha pretendido justificar el golpe de Estado, jamás fue esgrimido por el Ministerio Público en su requerimiento fiscal contra el presidente de la república, ni tampoco se esgrimió el 330 del Código Penal y, en virtud de ésto, al momento en que se hubiere producido sentencia y que ésta hubiere resultado condenatoria sobre este requerimiento fiscal, nunca se habría promulgado en su fallo violación alguna del artículo 239 constitucional, ni tampoco el 330 del Código Penal; contrario a lo que se ha sostenido y difundido por los medios.Quinto: Igualmente se ha sostenido, en forma alejada de la verdad, que al establecer el artículo 239 la cesación inmediata del infractor en el desempeño en su cargo, ello le da aplicación instantánea a esa cesación, olvidándose que la cesación inmediata por sí, no puede pasar por sobre las garantías constitucionales del debido proceso, del juzgamiento y del vencimiento en juicio y por autoridad competente; siendo esta autoridad ninguna otra distinta al órgano jurisdiccional del Estado. Lo “inmediato” que dispone este artículo constitucional consiste en que, dado que la Constitución contempla un mandato del pueblo soberano expresado en las elecciones generales para que el presidente de la república ejerza su cargo conforme a ese mandato por un período de cuatro años (artículos 2 y 237), sólo por el quebrantamiento real de esa disposición 239 constitucional o por una propuesta real de su reforma, forzosamente validada después de un debido proceso y con sentencia condenatoria recaída de autoridad competente y una vez adquirida la calidad de sentencia firme, sólo después de eso, ese mandato del pueblo soberano se anula constitucionalmente para este caso concreto; y el período presidencial por concluir se le invalidaría constitucionalmente y de una manera inmediata al presidente infractor de esta disposición 239. Si no ha habido tal violación al 239 (como quedó plenamente demostrado en el ordinal segundo) o si un juicio penal concluye con una sentencia absolutoria, cualquier justificación de separación de un presidente es definitivamente inconstitucional. Hasta aquí lo analizado del artículo 239 constitucional; con lo que queda demostrada su improcedencia y su inaplicabilidad en el caso de la separación inconstitucional del presidente depuesto y, por consiguiente, confirmada la consumación de un golpe de Estado real acaecido en nuestro país.
Desde el púlpito haciendo política, anunciando reconciliación y ahondando en la división

References: artículo 239
 artículo 239
 artículo 330
 artículo 14
 artículo 242
 artículo 328
 artículo 349
 artículo 354
 artículo 239
 artículo 330
 artículo 239
 artículo 239
 artículo 239