Source: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n47/arcor_5.html
Timestamp: 2018-05-20 12:00:16+00:00

Document:
Incidencia de las competencias municipales en el Cambio Climático -- 5 Marco municipal de actuación
Boletín CF+S > 47/48: Sobre la (in)sostenibilidad en el urbanismo > http://habitat.aq.upm.es/boletin/n47/arcor_5.html
<<< 4 La debilidad del gigante: las ciudades |5 Marco municipal de actuación| 6 Actuaciones municipales >>>
5 Marco municipal de actuación
5.1 Políticas europeas frente al Cambio Climático
Europa debe ser nuestro referente, no sólo legal, en muchas de las políticas ambientales que se realizan. En el marco de las políticas medioambientales europeas destaca la aprobación en el año 2002 del VI Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la Unión Europea. En él se determinan las prioridades y objetivos principales de la política medioambiental de la Comunidad para un periodo comprendido entre los próximos de cinco a diez años. El programa describe las medidas que deberán adoptarse para contribuir a la aplicación de la estrategia de la Unión Europea en materia de desarrollo sostenible.
Estas estrategias «deberían desarrollarse y ponerse en práctica en estrecha consulta con las partes pertinentes, como las ONG, la industria, otros interlocutores sociales y las autoridades políticas» (UE, 2002: Artículo 4.3) y deberían presentarse al Parlamento Europeo y al Consejo en el plazo de tres años.
Para superar la retórica legislativa y promover la ejecución de las acciones necesarias, se fijan un total de diez estrategias prioritarias y cuatro ámbitos en los que centrar las prioridades de la Unión Europea. El primero de los ámbitos sobre los que se trabajará desde la Unión Europea hace referencia al Cambio Climático. La principal meta del mismo no es otra que ayudar a «estabilizar las concentraciones en la atmósfera de gases de efecto invernadero en un nivel que impida la interferencia antropogénica peligrosa en el sistema climático» (UE, 2002: Artículo 2). Para tal fin elabora una serie de objetivos en su Artículo 5.
La Estrategia temática del Cambio Climático del VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente se sustenta en seis objetivos y un total de veintiuna estrategias.
Cuadro 10: Síntesis del VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente para la Estrategia temática del Cambio Climático
Fuente: UE (2001). Elaboración propia.
Objetivo 1. Poner en práctica los compromisos climáticos internacionales, incluido el Protocolo de Kioto:
Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al 70% de 1990.
Plan de intercambio de emisiones de dióxido de carbono.
Inventario y revisión de las subvenciones energéticas.
Cambio a combustibles con bajo contenido en carbono para la generación de electricidad.
Incentivo al uso de las energías renovables, fijando como objetivo lograr un 12% de la energía producida proveniente de fuentes renovables para el 2010.
Incentivo a la generación combinada de calor y electricidad, fijando como objetivo lograr un 18% de la generación bruta de electricidad.
Impedimento o reducción de emisiones de metano procedentes de producción y distribución energéticas.
Reducción de las emisiones de GEI de la aviación; de buques de navegación marítima y de vehículos a motor.
Medidas fiscales para facilitar el paso a sistemas energéticos y de transporte limpios.
Fomento de desarrollo y la utilización de combustibles alternativos y de vehículos de bajo consumo de combustible.
Fomento de medidas que reflejen todos los costes ambientales en el precio del transporte.
Disocición del crecimiento económico y la demanda de transporte.
Objetivo 4. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción industrial:
Fomento de prácticas y técnicas de eficiencia ecológica en la industria.
Desarrollo de medios para ayudar a pymes a adaptarse, innovar y mejorar su rendimiento.
Fomento del desarrollo de alternativas más respetuosas con el medio ambiente.
Fomento del ahorro de energía en la calefacción y la refrigeración de edificios.
Reducción de las emisiones de GEI, así como incorporar otras consideraciones ambientales, a la Política Agrícola Común y a la Estrategia Comunitaria de Gestión de Residuos.
Aplicación de medidas fiscales.
Acuerdos ambientales con la industria sobre la eficiencia energética y ecológica.
Medidas de sensibilización de los ciudadanos y las empresas.
5.2 Funciones que conciernen a las autoridades municipales
La Estrategia española de Cambio Climático y energía limpia. Horizonte 2012 aprobada como propuesta en febrero de 2007, parte con la idea de ser el instrumento utilizado por las distintas administraciones para tener un marco de referencia a la hora de adoptar medidas para mitigar el Cambio Climático y hacer cumplir los compromisos firmados por España en el Protocolo de Kioto. La elaboración, la evaluación y el seguimiento de dicha estrategia corren a cargo del Consejo Nacional del Clima (CNC), adscrito al Ministerio de Medio Ambiente. Para realizar el seguimiento de dicho organismo en las distintas materias se creó la Oficina Española de Cambio Climático (OECC).
Por encima de estas iniciativas nos encontramos con la ya citada Estrategia Temática del Cambio Climático del VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente.
Una vez conocidas las herramientas de lucha contra el Cambio Climático hemos de afrontar la pregunta clave para saber si está en manos municipales provocar el cambio. No podemos olvidarnos que cerca del 40% del total de emisiones de gases de efecto invernadero se producen en las ciudades y en el entorno urbano de las mismas según la Guía de Planeamiento Urbanístico energéticamente eficiente (IDAE, 2007:10) y que los propios ayuntamientos son los principales consumidores de energía y de recursos. Tampoco debemos relegar la capacidad informativa y de sensibilización de los ayuntamientos, que con campañas publicitarias y de concienciación son capaces de movilizar a los ciudadanos en pro de determinadas causas.
Pero independientemente de las distintas iniciativas internacionales y nacionales, es difícil llegar al ciudadano y hacerle comprender la importancia de sus actos en un proceso como el calentamiento global del que poco o nada le hablan sus dirigentes más directos. Las medidas presentadas por el gobierno o los distintos organismos europeos son generalmente de difícil seguimiento por los ayuntamientos. Las competencias de los mismos son concretas y distan mucho de ser capaces de favorecer la «Reducción de las emisiones de gases de invernadero de la aviación; de buques de navegación marítima y de vehículos a motor», tal y como establece el VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente en sus actuaciones prioritarias dentro de la Estrategia Temática del Cambio Climático . Sin embargo, pueden actuar en otros ámbitos como la elaboración de medidas de sensibilización de los ciudadanos y las empresas o confeccionar medidas fiscales para facilitar el paso a sistemas energéticos y de transporte limpio, como se señalan dentro del mismo grupo de actuaciones prioritarias.
Las atribuciones municipales en el Estado español vienen determinadas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. Dicha ley, en su Capítulo III, establece las competencias mínimas:
Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas y conservación de caminos y vías rurales.
Actividades o instalaciones culturales y deportivas: ocupación del tiempo libre; turismo.
5.3 Las competencias municipales y los programas europeos
Una vez conocidas las atribuciones municipales, no estaría de más saber si con estas competencias podemos hacer frente a las propuestas surgidas del VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente.
Con este fin vamos a presentar una tabla de doble entrada, en la que en cada fila viene representada una competencia municipal y en cada columna aparecen las actuaciones prioritarias de cada una de las metas de la Estrategia Temática del Cambio Climático del programa europeo (Figura 11). En dicha tabla comprobaremos, por un lado, si son asumibles los compromisos de la Unión Europea por parte de los municipios o si se necesita de un organismo de mayor rango para afrontar los objetivos; y por otro, dentro de qué aptitudes municipales se puede afrontar cada una de las metas de dicho programa.
Además de las competencias anteriormente citadas, los municipios tienen la capacidad de imponer sus impuestos. La introducción de los conceptos medioambientales en la fiscalidad municipal se basará en la aplicación de bonificaciones potestativas. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, establece un conjunto de bonificaciones potestativas. La introducción de los conceptos medioambientales en la fiscalidad municipal está basada en la aplicación de estas medidas potestativas.
Los antecedentes en materia de reforma fiscal verde y en la ambientalización del sistema fiscal, son muy abundantes en Europa, a pesar de su reciente aplicación (en la década de 1990). Países del norte europeo, más concienciados en la problemática del medio ambiente, tales como Dinamarca, Suecia, Holanda o Finlandia han incorporado modalidades impositivas destinadas a mejorar la eficiencia energética y la limitación de emisiones atmosféricas.
De igual manera, ciudades como Estocolmo, Bristol o Londres, han incorporado la fiscalidad verde en sus planes de acción atmosférica. Existen incluso ejemplos nacionales de creación de impuestos medioambientales destinados a la mejora de la situación ambiental, tal es el caso de la ya derogada Tasa de la Mancomunidad de Municipios de Campo de Gibraltar.
Por otra parte, en la actualidad son varias las ciudades españolas que han aplicado en sus ordenanzas fiscales las bonificaciones potestativas de carácter medioambiental, previstas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales. Entre estas ciudades es posible destacar a Sevilla y, en especial, el papel que la Agencia Municipal de la Energía desarrolla en este aspecto.
Por otra parte, la Comisión Europea está elaborando en la actualidad una propuesta legislativa encaminada a la supresión gradual del Impuesto de Matriculación de coches nuevos, a cambio de incrementar el Impuesto de circulación, en el cual se incluirían criterios medioambientales relacionados con las emisiones de dióxido de carbono.
Es el aspecto fiscal, una de las armas más poderosa que tienen los ayuntamientos para incidir sobre la conducta de sus ciudadanos y modular, así, el cumplimiento de sus estrategias medioambientales. Sin lugar a dudas, podemos afirmar que la fiscalidad planea sobre prácticamente todas las actividades que se desarrollan en un municipio. El urbanismo, el transporte, la industria o los servicios se encuentran afectados por la fiscalidad y, en este orden, se podría decir que cualquiera de los objetivos estratégicos planteados por la Estrategia son sujetos potenciales de la fiscalidad municipal y, por ello, obviaremos referirnos continuamente a este apartado cuando, a continuación, nos adentremos en el análisis de las competencias municipales en relación con los objetivos mencionados.
Objetivo 1. Compromisos climáticos internacionales
El primer objetivo del VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente plantea los esfuerzos en dos actuaciones prioritarias:
Estudiar los resultados del Programa Europeo sobre el Cambio Climático y la adopción de políticas y medidas efectivas, comunes y coordinadas, a partir de éste, en su caso, para diversos sectores, como complemento de acciones nacionales en los Estados miembros.
Elaborar un marco comunitario para el desarrollo de un comercio de derechos de emisiones de dióxido de carbono efectivo con posibilidad de ampliación a otros gases de efecto invernadero.
Las competencias municipales, en lo que concierne a esta segunda actuación, no son muchas, ya que se les escapa la posibilidad de plantearse intervenir en cuanto al comercio de emisiones, porque éste sólo puede realizarse entre Estados. Sin embargo, los municipios pueden hacer frente a la primera de las actuaciones prioritarias desde distintos campos, como pueden ser la ordenación del tráfico de vehículos, la disciplina urbanística o el tratamiento de los residuos.
Objetivo 2. Reducir emisiones en el sector energético
Dentro de las propuestas europeas para hacer frente a este objetivo encontramos:
Elaborar lo antes posible un inventario y llevar a cabo una revisión de las subvenciones que actúan en contra de una utilización eficiente y sostenible de la energía con miras a su supresión paulatina.
Fomentar los combustibles renovables y los combustibles fósiles con bajo contenido de carbono para la generación de electricidad.
Alentar el uso de fuentes de energía renovables, en particular mediante incentivos, incluso a nivel local, fijando un objetivo indicativo del 12 % del uso energético total para el año 2010.
Establecer incentivos para aumentar la generación combinada de calor y electricidad y aplicar medidas dirigidas a duplicar la cuota total comunitaria de tal generación combinada hasta un 18% de la generación bruta de electricidad.
Impedir y reducir las emisiones de metano procedentes de la producción y la distribución energéticas; fomentar la eficiencia energética.
Entre las funciones que incumben al consistorio, está la capacidad de revisar las subvenciones energéticas desde las ordenanzas municipales de protección al medio ambiente o desde los diferentes impuestos o tasas que pueden incrementar o disminuir el coste de los distintos combustibles utilizados en diversos ámbitos.
El fomento del uso de combustibles renovables en el sector energético es otra de las decisiones que pueden tomarse desde las ordenanzas relativas a la protección del medio ambiente. También está en su mano promover el uso de las energías renovables ya que se puede hacer prácticamente desde todas las competencias municipales, salvo la protección civil y la de extinción de incendios o la seguridad en lugares públicos.
Las principales fuentes de metano son la deforestación y el manejo de residuos; por esta razón, el ayuntamiento podrá reducir las emisiones evitando la destrucción de bosques existentes en su término municipal y llevando a cabo un correcto tratamiento de residuos.
El fomento de la eficiencia energética es regulable por parte municipal prácticamente con cualquiera de sus competencias, salvo la seguridad en lugares públicos o la participación de la enseñanza.
Objetivo 3. Reducir emisiones en el sector de los transportes
Para lograr el tercer objetivo desde el VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente se proponen las siguientes líneas de actuación:
Determinar y emprender actuaciones concretas para reducir las emisiones de GEI generadas por la aviación en caso de que dichas actuaciones no puedan acordarse en el seno de la Organización de la Aviación Civil Internacional para el año 2002.
Determinar y emprender actuaciones concretas para reducir las emisiones de GEI generadas por buques de navegación marítima en caso de que no se acordara esta actuación en el seno de la Organización Marítima Internacional para el año 2003.
Fomentar un cambio hacia formas más eficientes y limpias de transporte, incluidas una organización y logística mejores.
En el contexto del objetivo de la Unión Europea de lograr una reducción del 8% en las emisiones de GEI, pedir a la Comisión que presente una Comunicación sobre objetivos medioambientales cuantificados para un transporte sostenible antes de finales de 2002.
Determinar y emprender otras actuaciones concretas, incluyendo cualquier medida legislativa, para reducir las emisiones de GEI procedentes de vehículos de motor, incluidas las de N2O.
Fomentar el desarrollo y la utilización de combustibles alternativos y de vehículos de bajo consumo, con el fin de aumentar su participación de forma sustancial y continua.
Fomentar medidas que reflejen todos los costes ambientales en el precio del transporte.
Disociar el crecimiento económico y la demanda de transporte con el objetivo de reducir las consecuencias ambientales.
El intento de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la aviación y de los buques queda fuera de las competencias municipales. No es así el caso de los vehículos a motor, donde el ayuntamiento puede establecer cánones de circulación a vehículos que usen determinados combustibles más contaminantes.
Las medidas fiscales para pasar a sistemas energéticos y de transporte limpios volverán a estar regidas por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y las medidas potestativas que ella posibilita, pero el ayuntamiento podrá, en cualquier caso, hacer frente al uso de energías alternativas en el transporte público.
Casos similares serían las medidas para reflejar el coste medioambiental en el precio del transporte y la disociación del crecimiento económico y la demanda del transporte. Ambas pueden afrontarse desde las competencias atribuidas a la ordenación del tráfico o a la disciplina urbanística.
Objetivo 4. Reducir emisiones en la producción industrial
Las actuaciones prioritarias planteadas en este cuarto objetivo desde la política medioambiental de la Unión Europea son:
Fomentar prácticas y técnicas de eficiencia ecológica en la industria.
Desarrollar medios para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a adaptarse, innovar y mejorar su rendimiento.
Fomentar el desarrollo de alternativas más respetuosas con el medio ambiente y técnicamente viables, incluyendo el establecimiento de medidas comunitarias para reducir las emisiones, eliminar paulatinamente la producción si ello es necesario y factible y reducir el uso de gases fluorados industriales: HFC, PFC y SF6.
El impulso de las prácticas de eficiencia tecnológica en la industria se puede realizar desde la disciplina urbanística, imponiendo una serie de ordenanzas encaminadas a lograr tal fin, o desde las competencias medioambientales, fomentando, disuadiendo o incluso prohibiendo determinadas prácticas.
El desarrollo de medios para impulsar a las pymes puede partir desde cualquiera de las competencias municipales, al poder encontrarnos estas empresas en distintos ámbitos productivos de la ciudad. Y por último, el impulso a las alternativas respetuosas con el medio ambiente en el sector industrial pueden ir desde el establecimiento de incentivos financieros para la instalación de energía solar térmica o fotovoltaica, a estimular la producción local de energía para facilitar la utilización de fuentes locales de energía y aumentar la eficacia de los sistemas locales de gestión de la misma.
Objetivo 5. Reducir emisiones en otros sectores
El quinto objetivo hace referencia a los demás sectores no incluidos en los apartados previos como son el sector constructivo o el agrícola. Las líneas de actuación son:
Fomentar la eficiencia energética, en particular para la calefacción, la refrigeración y el agua caliente, en el diseño de edificio.
Tener en cuenta la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como otras consideraciones medioambientales, en la política agrícola común y en la estrategia comunitaria de gestión de residuos.
Dentro del marco de obligaciones que marca la Directiva Europea de Eficiencia Energética en Edificios, aprobada el 16 de diciembre de 2002 (Directiva 2002/91/CE), se han aprobado una serie de disposiciones legislativas que instauran mayores exigencias energéticas, tanto en los aspectos constructivos del edificio, los cuales afectan básicamente a la demanda de energía, como a las instalaciones consumidoras de energía, que son las responsables de satisfacer nuestras necesidades energéticas de un modo eficiente. Dichas disposiciones legislativas son las siguientes:
El Código Técnico de la Edificación (CTE). Establece mayores exigencias en materia de aislamiento, iluminación, instalaciones de energía solar, térmica y fotovoltaica con el objetivo de reducir el consumo de energía de los edificios, y para que una parte de este consumo proceda de fuentes renovables.
El Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE) y sus Instrucciones técnicas complementarias . Establece las exigencias de eficiencia energética de las instalaciones de calefacción, climatización y producción de agua caliente sanitaria.
La Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. A través de ella a cada edificio se le asigna una calificación energética en función de la calidad de las instalaciones de suministro de energía y de las características constructivas que afectan a la demanda energética (aislamiento, cerramientos, etc.). Mediante la información de las características energéticas del edificio se pretende favorecer una mayor transparencia del mercado inmobiliario y fomentar las inversiones en ahorro de energía, potenciando, así, la demanda de calidad energética entre los compradores de viviendas.
Además de las medidas activas planteadas por el CTE, como arquitectos podemos llevar a cabo otra serie de medidas pasivas con la finalidad de reducir el consumo energético en las viviendas como pueden ser el aprovechamiento de la luz natural, la correcta orientación sur para aprovechar el sol en invierno y disponer de mayor protección en verano, el correcto aislamiento, una mayor inercia térmica para amortiguar los cambios de temperatura, y la ubicación en el terreno teniendo en cuenta vientos dominantes, régimen de lluvias, radiación solar, orografía, etc.
A parte de estas medidas que podríamos denominar como pasivas, el CTE actúa de forma activa sobre la construcción de la vivienda. Con su entrada en vigor en septiembre de 2006 es obligatorio que en todo edificio nuevo que se construya o se rehabilite se instalen captadores solares térmicos para la producción del agua caliente sanitaria y el calentamiento de piscinas. La producción exigida dependerá del tamaño del edificio, de la situación geográfica en España y del tipo de combustible que se vaya a sustituir. Con la entrada en vigor del mismo, quedan superadas las diferencias existentes entre las distintas ordenanzas solares municipales.[12] Uno de los problemas que elude el CTE es el mantenimiento de todas esas instalaciones de captación energética que está proponiendo.
En cuanto a las políticas agrícolas y la gestión de residuos las actuaciones municipales pasarán desde la instalación de plantas de tratamientos de residuos sólidos urbanos (RSU), depuradoras, recogida de residuos o eliminación de animales muertos a la utilización de desechos forestales provenientes de parques urbanos.
Objetivo 6. Usar otros instrumentos adecuados
En el sexto objetivo figura la utilización de otros instrumentos adecuados para lograr el descenso de las emisiones como:
Fomentar la aplicación de medidas fiscales, incluido un marco comunitario oportuno y adecuado para la fiscalidad energética con el fin de facilitar el paso a un uso más eficiente de la energía, y unos sistemas energéticos y de transporte más limpios, así como alentar la innovación tecnológica.
Promover acuerdos ambientales con sectores de la industria sobre reducciones en la emisión de GEI.
Asegurar que el Cambio Climático sea un tema destacado, tanto de la política comunitaria de investigación y desarrollo tecnológico como de los programas nacionales de investigación.
La firma de acuerdos ambientales con las industrias operantes en el municipio es otra de las maneras de incidir en sus prácticas ambientales y, por ende, en la conservación de éste.
Por otro lado, en el ámbito municipal se puede concienciar a la población de la importancia que tiene el Cambio Climático a través de campañas de sensibilización o de información a los ciudadanos, concienciándoles de las consecuencias que puede tener su vida cotidiana en caso de no reducir las emisiones y cuáles van a ser los beneficios de cambiar su actitud frente al problema.
5.4 Competencias municipales y tamaño de población
La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local diferencia las atribuciones obligatorias municipales en función del número de habitantes:
De este modo no sólo han de preocuparnos cuáles son las distintas competencias y si estas están contempladas por el VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente, sino que las principales actuaciones deberían poder darse en todos los municipios, independientemente del tamaño de los mismos.
En la Figura 11 podemos comprobar cómo influyen las competencias en cada una de las distintas líneas estratégicas propuestas por la Unión Europea. Podemos hacer cuatro grandes grupos dependiendo del número de competencias que sirven a cada una de las actuaciones estratégicas.
Actuaciones prioritarias de las que participan más de diez competencias. Este grupo estaría formado por cuatro actuaciones prioritarias que serían: Medidas de sensibilización (14); Fomento la eficiencia energética (13); Uso de energías renovables (12) y Fomento del desarrollo de alternativas respetuosas con el medio ambiente (12).
Actuaciones prioritarias de las que participan entre cinco y diez competencias. Se conformaría este grupo con un total seis competencias. Estas serían: Reducción las emisiones de metano (10); Ahorro de energía en calefacción y refrigeración (10); Acuerdos ambientales con industria sobre eficiencia (10); Desarrollo medios para ayudar a PYMEs a mejorar su rendimiento (9); Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (8) y Revisión de las subvenciones energéticas (6).
Actuaciones prioritarias de las que participan menos de cinco competencias. Se compondría este grupo de las actuaciones prioritarias más difíciles de lograr desde los propios municipales a causa de sus limitadas competencias. Esta serie de competencias estaría formada por: Disociación del crecimiento económico y la demanda de transporte (4); Reducción de las emisiones de GEI de aviación, buques y vehículos motor (3); Medidas fiscales para pasar a sistemas energéticos y transporte limpios (3); Uso de combustibles alternativos y bajo consumo (3); Medidas para reflejar coste medioambiental en precio transporte (3); Fomento de prácticas de eficiencia ecológica en industria (3); Reducción de emisiones de GEI en política agrícola y gestión de residuos (3); Cambio a combustibles con bajo contenido en carbono para electricidad (2) e Incentivo de la generación combinada de calor y electricidad (1).
Actuaciones prioritarias de las que no participan competencias. Las dos actuaciones prioritarias que forman este grupo no pueden ser llevadas a cabo por parte de los municipios. Por un lado el Plan de intercambio emisiones, que sólo puede realizarse entre Estados y no entre municipios ni grandes ciudades; y por otro la Aplicación de medidas fiscales, ya que se trata de una atribución del alcalde y viene regulada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Entre las conclusiones que podemos sacar del Figura 11 cabe destacar que las actuaciones prioritarias que conforman el primer grupo no son obligatorias en todos los municipios. De este modo la competencia de legislar sobre la Protección del medio ambiente y sobre el Transporte público son exclusivas de los municipios mayores de 50.000 habitantes. Así, el grupo de actuaciones prioritarias más fáciles de llevar a cabo por los pequeños ayuntamientos carece de las dos competencias que intervienen en más actuaciones prioritarias.
Por otro lado, cabe señalar la importancia y la capacidad de actuación que tiene un ayuntamiento a la hora de llevar a cabo políticas de sensibilización sobre sus ciudadanos. Prácticamente desde cualquiera de las competencias legislativas que le son atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local puede llevar a cabo actuaciones con este fin. En el Figura 11 se han separado las distintas competencias municipales en función de la población municipal que tiene. De este modo, hay una serie de competencias mínimas que han de cubrir todos los ayuntamientos y otras que van en función de su rango poblacional. Cada una de estas competencias se relaciona con una, varias o ninguna de las actuaciones prioritarias presentadas en la Estrategia de Cambio Climático del VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente.
La lectura en horizontal del Figura 11 nos da una idea de la relevancia que adquiere cada una de las competencias municipales a la hora de cumplir los objetivos propuestos, mientras que su lectura en vertical nos muestra cuales serían las actuaciones más fáciles de llevar a cabo por parte de los ayuntamientos si así lo deseasen.[13]
Figura 11: Competencias municipales y actuaciones de la Estrategia de Cambio Climático del VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente
Se trata de la actuación prioritaria para la cual el concejo reúne mayor número de competencias. Parece claro que prácticamente cualquier medida, obra o actuación que se lleve a cabo desde el municipio puede cumplir el propósito de concienciar de un modo u otro a los vecinos.
Los ayuntamientos deben hacer comprender a sus ciudadanos el papel que juegan en el Cambio Climático y hacerles saber que tomando decisiones sencillas pueden obtener también beneficios, incluso en el ámbito personal. Educar a la comunidad puede hacer que el problema del Cambio Climático se entienda como una traba local.
Medidas de carácter general que pueden llevarse a cabo en los municipios son:
Apoyar el mantenimiento de un sistema de información sobre iniciativas locales sobre el Cambio Climático o control de emisiones que proporcione ejemplos de buenas prácticas, bibliografía y acceso a conocimientos especializados sobre medio ambiente.
Crear foros o agrupaciones específicas sobre el tema entre los residentes del municipio. De este modo también se estaría contribuyendo a fortalecer la cohesión social.
Colaborar con otros organismos en la elevación de la concienciación de las empresas locales en sus costos energéticos.
Elaborar campañas informativas y programas de subvención de inversiones para reducir el consumo energético de viviendas a través de medidas de climatización natural y del uso de electrodomésticos y bombillas de bajo consumo.
Elaborar un informe anual detallado sobre los avances o retrocesos municipales en la lucha contra el Cambio Climático.
Fomentar la participación pública en la renovación de la ciudad facilitando la consideración pública de los temas de sostenibilidad urbana.
Informar a cada individuo, grupo social, empresa u otras organizaciones sobre los impactos potenciales del Cambio Climático y las medias de mitigación que pueden ser adoptadas.
Instalar en los edificios públicos sistemas dotados con energía solar fotovoltaica, para al menos un 5% de la energía consumida por la instalación. Su finalidad es, fundamentalmente, el conocimiento y difusión social de esta fuente energética.
Jugar un papel de liderazgo, predicando con el ejemplo con las actuaciones y mostrando los beneficios de las mismas.
Realizar campañas de sensibilización o de información sobre el uso del transporte público.
Una de las actividades más agresivas con el medio ambiente es la relacionada con el consumo de energía. Desde la extracción de las materias primas, el transporte, la transformación y/o la adecuación de las mismas, así como el consumo. Dentro de los consumos de energía, el sector de la edificación es el responsable de un elevado porcentaje, que en función de su uso, varía considerablemente en cuanto a la forma de la energía requerida, la distribución porcentual del consumo y el consumo total de energía por unidad de área. Podemos definir el consumo como el cociente entre la demanda y el rendimiento. Para reducir el consumo de energía debemos o bien disminuir la demanda o bien aumentar el rendimiento. Resulta mucho más eficiente disminuir la demanda del edificio que aumentar el rendimiento de los equipos, si bien la optimización se consigue realizando ambas acciones simultáneamente. Así que las medidas habrán de centrarse principalmente en la reducción de la demanda. Algunas medidas son expuestas a continuación:
Aconsejar a los propietarios sobre las posibilidades de mejorar la eficiencia energética en los hogares.
Fomentar el ahorro de energía en todos los sectores.
Educar a los vecinos para favorecer el uso sostenible de la energía en los hogares.
Enfatizar los beneficios de la gestión energética y apoyar a organizaciones o redes que promocionen una gestión energética sostenible.
Establecer obligaciones en las ordenanzas sobre instalación de sistemas de cogeneración en grandes superficies.
Incentivar a los vendedores de electrodomésticos locales para que promocionen las ventas de alta eficiencia energética (clase A).
Obligar a la instalación de calderas y otros equipos de alto rendimiento en las nuevas edificaciones o rehabilitaciones.
Promocionar el alumbrado de bajo consumo en las viviendas, sustituyendo las actuales bombillas de incandescencia.
Promocionar un cambio de comportamiento y en las inversiones para animar al uso eficiente de la energía por parte de los propietarios.
Promover la mejora de las envolventes edificatorias de los edificios existentes.
Promover la renovación de calderas y la mejora de su mantenimiento en las viviendas y edificios existentes.
Vigilar el cumplimiento del CTE y el RITE.
Uso de tecnologías renovables
El Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 está diseñado como un plan continuista con el Plan de Fomento de las Energías Renovables en España 2000-2010. En este documento se reafirma el compromiso de cubrir al menos el 12% del consumo total de la energía con fuentes renovables (Ministerio de Industria y Turismo, 2005:7). Cabe destacar que, de acuerdo con el plan presentado por la Comisión Europea, el 20% del consumo energético europeo debería proceder de fuentes alternativas antes de 2020. En el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 además aparecen dos nuevos objetivos como son que la cuota de generación eléctrica con energías renovables alcance el 29,4% y se use el 5,75% de los biocarburantes en el transporte para el año tope.
Apoyar el desarrollo de proyectos de energías renovables a pequeña escala.
Elaborar una ordenanza municipal para energía solar térmica y fotovoltaica.
Establecer una serie de objetivos ambiciosos sobre la producción de energías renovables en la estrategia energética local.
Establecer obligaciones en las ordenanzas sobre la instalación de sistemas fotovoltaicos en grandes superficies como centros comerciales u oficinas.
Explorar las potencialidades en la producción de energía eléctrica fotovoltaica mediante los huertos solares.
Instalar paneles solares térmicos y fotovoltaicos en edificios municipales ya existentes y en los de nueva construcción, aprovechando las subvenciones existentes para ello.
Promocionar el uso de electricidad cuyas fuentes sean de origen renovables entre los ciudadanos y empresas.
Promocionar el uso de electricidad de fuentes renovables en los nuevos desarrollos urbano, llevando a cabo proyectos de demostración.
Regular la concesión de licencias para granjas/huertos solares, supeditando la concesión a las características ambientales y paisajísticas de la zona propuesta para su ubicación.
Desarrollo de alternativas respetuosas con el medio ambiente
El Tratado de la Unión Europea establece que han de tenerse en cuenta los aspectos ambientales y de cohesión a la hora de formular y aplicar todas las políticas comunitarias. Orienta, además, a que la política medioambiental ha de tener presente la diversidad de las situaciones existentes en las distintas regiones. El tipo de medidas que se están llevando a cabo desde los distintos municipios españoles es muy variado y abarcan temas que van desde medidas de control y difusión, como puede ser la Agenda 21 local, hasta la plantación de nuevos sumideros.
Acceder gratuitamente a la información ambiental y urbanística.
Favorecer las cuestiones ambientales en la selección y ejecución de los proyectos.
Crear una Concejalía de Medio Ambiente, completamente separada de la de Urbanismo, y que esté presente de forma permanente con voz y voto en las Comisión de Urbanismo y demás comisiones donde se traten asuntos relacionados con el medio ambiente.
Cumplir la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Fomentar la entrega de la documentación solicitada en formato digital.
Habilitar los antiguos molinos de agua o edificios tradicionales en desuso para convertirlas en centros de interpretación, aulas de la naturaleza o centros educativos.
Incluir en la Evaluación Ambiental Estratégica de planes y programas el análisis del balance de emisiones.
Incorporar criterios energéticos en las condiciones de las licencias municipales de actividad y/u obras. No permitir la instalación en el municipio de industrias contaminantes.
Promocionar la plantación de árboles de diversas especies evitando la utilización de los monocultivos, como una medida a corto plazo para crear sumideros de dióxido de carbono, con otros beneficios para el medio ambiente.
Racionalizar la concesión de licencias para la construcción de este tipo de instalaciones.
Realizar una Agenda 21 local para el desarrollo e implementación de una estrategia de desarrollo sostenible en todo el término municipal y una adecuada política sociocultural que fomente y estimule además la cultura de participación ciudadana en los asuntos del municipio.
5.5 Reducción de las emisiones contaminantes en la ciudad
De las competencias anteriormente descritas, resulta claro que no todas adquieren la misma relevancia a la hora de hacer frente a las preocupaciones de la Estrategia Temática de Cambio Climático del VI Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente. Podríamos, de este modo, diferenciar tres rangos en cuanto a la capacidad de afrontar las reducciones de gases de efecto invernadero de las distintas competencias, según participen de un número u otro de líneas de actuación prioritaria:
Competencias que participan de más de diez actuaciones prioritarias. Este grupo estaría formado por cinco competencias municipales que serían: Protección del medio ambiente (19); Transporte público de viajeros (15); Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas (14); Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales (12); y Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística (11).
Competencias que participan entre cinco y diez actuaciones prioritarias. Se conformaría el grupo con la competencia de: Cementerios y servicios funerarios (10); Actividades o instalaciones culturales y deportivas: ocupación del tiempo libre y turismo (9); Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores (8); Protección de la salubridad pública (7); Participación en la gestión de la atención primaria de la salud (7) Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social (7) y Patrimonio histórico-artístico (6).
Competencias que participan de menos de cinco actuaciones prioritarias. Se compondría este grupo de las competencias municipales que menos intervendrían a la hora de frenar el Cambio Climático por parte municipal. Estas tres competencias serían: Protección civil, prevención y extinción de incendios (5), Participación en la programación de la enseñanza y cooperación con la Administración educativa (1); y Seguridad en lugares públicos (0). Cabe destacar, en cuanto a estas iniciativas, el papel fundamental que representa la educación y divulgación a la hora de hacer comprender a los ciudadanos la importancia de hacer frente al grave problema al que nos enfrentamos.
A continuación y por la relevancia demostrada pasamos a comentar el primero de estos grupos, señalando cuales podrían ser algunas de las políticas o líneas de actuación que pueden seguir los distintos ayuntamientos. Además, se incorporan una serie de medidas correspondientes al capítulo de Haciendas locales que con la participación en 19 actuaciones prioritarias adquiere unos de los papeles más relevantes de las políticas municipales a favor del control de emisiones. En cualquier caso, para llevar a cabo muchas de las políticas que se van a citar en los epígrafes siguientes es necesaria la existencia de subvenciones municipales o estatales que apoyen los cambios previstos para la reducción de los niveles de dióxido de carbono municipal. En el trabajo de investigación llevado a cabo han sido consultados una serie de documentos que aportan la visión de ciertas Comunidades Autónomas en este aspecto. Con ellos hemos desarrollado un listado de iniciativas que se presentan a continuación.[14]
Las distintas medidas presentadas han sido agrupadas para esta ocasión según las competencias municipales establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. Se presentan ordenadas las competencias según su participación de un número u otro de líneas de actuación prioritaria. De este modo, Protección del medio ambiente sería la que cuenta con mayor número de líneas actuación.
Se trata de la competencia municipal con mayor conexión con las actuaciones prioritarias descritas, ya que participa de prácticamente la totalidad de las mismas (salvo el caso del plan de intercambio de emisiones y la aplicación de medidas fiscales). Sin duda en ella podríamos ubicar muchas de las demás políticas o iniciativas municipales que describiremos en otros epígrafes, ya que todas ellas (políticas de reducción de vehículos en las vías urbanas, peatonalización, compostaje y recogida de residuos) ayudan a la protección del medio ambiente. Por esta razón, a continuación señalamos una serie de políticas que quizá sólo podrían estar en este grupo.
Establecer nuevos elementos verdes u otras áreas de valor ecológico.
Facilitar la mejora del suelo y la flora aprovechando áreas abandonadas y terrenos no adecuados para la edificación. El complejo apoyo que un ecosistema sano exige puede lograrse pasando del monocultivo a una mayor biodiversidad.
Garantizar la restauración de los enlaces ecológicos y los paisajes anteriores y el fortalecimiento y la conservación de los valores ecológicos dentro de un ecosistema integrado.
Incitar el respeto por el medio ambiente desde las empresas locales y adoptar una actitud con las empresas contaminantes dirigida a resolver los problemas en lugar de a castigarlas.
Prestar atención a la regeneración del suelo contaminado en tanto a la restauración de los flujos hídricos existentes (tanto aguas superficiales como subterráneas), a la mejora de calidad del suelo, al potencial de la zona a efectos de espacios verdes, o a la restauración del tejido urbano funcional y los enlaces con otras áreas.
Promover el uso de superficies permeables que facilitan la infiltración del agua de lluvia en la tierra, ya que se puede contrarrestar la existencia en las ciudades de una gran proporción de superficies impermeables creando depósitos de agua de lluvia.
Tomar medidas que fomenten la reutilización del suelo contaminado. Ejemplos serían la creación de registros de suelo contaminado; la difusión de información sobre tratamientos, soluciones y costes de la descontaminación o la concesión de subvenciones a la descontaminación.
Desde el punto de vista de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, resulta tan importante reducir la dependencia del coche como pasar a modos de transporte alternativos y menos perjudiciales. Estos sistemas menos contaminantes desde el punto de vista de emisiones de dióxido de carbono abarcan desde la bicicleta hasta el uso del transporte colectivo como el metro o el autobús. En cualquier caso, las medidas para la mejora de la accesibilidad en las ciudades sólo serán eficaces si se tienen en cuenta dentro del marco general del sistema de planificación. A continuación se exponen algunas de estas medidas.
Adquirir vehículos flexibles y estar atentos a los avances en vehículos eléctricos e híbridos para su incorporación al parque municipal.
Auditar periódicamente el comportamiento energético y ambiental de todos los vehículos municipales y de las contratas públicas.
Aumentar los vehículos limpios en el parque móvil de carácter público y en las flotas de servicio sometidas a concesión.
Concebir medidas para reducir la necesidad de desplazamientos en lugar de seguir concentrándose en medidas que tratan de reducir su duración.
Desarrollar un sistema justo de evaluación de los diferentes modos de transporte que tenga en cuenta todos los beneficios y costes, incluidos los impactos ambientales.
Desarrollar infraestructuras de conexión intermodal —terminales y accesos—, tanto en viajeros como en mercancías.
Elaborar políticas y diseñar medidas que garanticen el paso del transporte privado al transporte colectivo, ya que toda la inversión en transporte público que se puede estar haciendo no soluciona los problemas si no va acompañada de actuaciones destinadas a dar prioridad al transporte público sobre los automóviles particulares.
Fijar objetivos en sus políticas de transporte que abarquen aspectos ambientales como la ocupación de terrenos y la contaminación.
Fomentar la introducción de sistemas de automóviles de propiedad compartida, taxis colectivos y autobuses pequeños, que conecten con un horario flexible las zonas residenciales con los hospitales y centros urbanos, por ejemplo. Facilitar el uso de vehículos eléctricos o híbridos y combustibles alternativos.
Gestionar el estacionamiento como una herramienta para controlar el volumen de tráfico a través del precio y de la oferta. La reducción de aparcamientos para quienes vienen de fuera en oposición a los residentes, la limitación del estacionamiento para oficinas y otros lugares de trabajo y la concesión de estacionamiento prioritario a los vehículos poco contaminantes son ejemplos de las medidas que debería formar parte de una política global de tráfico. Gracias a una combinación de precios elevados en el centro de la ciudad y aparcamientos gratuitos cerca de la red de transporte público, se anima a los automovilistas a utilizar los aparcamientos disuasorios. Integrar criterios ambientales en los planes, programas y actuaciones de desarrollo del Plan estratégico de infraestructuras del transporte.
Introducir cursos obligatorios de aprendizaje de conducción para la reducción del consumo de combustibles.
Reequilibrar el actual reparto modal, potenciando los modos más sostenibles, como el transporte colectivo (autobús/ferrocarril/metro/tranvía en superficie) y los modos no motorizados en el medio urbano.
Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas
La ordenación del tráfico es primordial a la hora de reducir las emisiones de gases de invernadero. Además de las emisiones generadas por la combustión del motor del vehículo se emiten óxido de nitrógeno e hidrocarburos que en presencia de luz solar dan lugar a la aparición de ozono troposférico, dañino para la salud de las personas, los cultivos, los árboles y las plantas en general. Seguidamente presentamos algunas de las medidas que se pueden adoptar desde las corporaciones municipales en la ordenación del tráfico y de las personas.
Ampliar las zonas peatonales y reducir las ocupadas por los coches.
Ampliar los estacionamientos disuasorios como medida complementaria de las mejoras del transporte público. Estos estacionamientos disuasorios deberán incluir medidas de señalización, conexiones peatonales, ventajas en el precio y medidas de seguridad para los coches estacionados y los conductores, y deben ir acompañadas de reducciones en el espacio de estacionamiento en el centro urbano y otras medidas para disuadir del uso de los automóviles.
Apoyar medidas que den prioridad a los ciclistas y a los peatones en las ciudades. Ejemplos de estas políticas podrían ser ofrecer aparcamientos seguros para las bicicletas cerca del transporte público, los centros comerciales, las escuelas, los edificios públicos, etc.; autorizar el transporte de bicicletas en el transporte público o animar a los empresarios a incentivar el que los trabajadores usen la bicicleta, anden o utilicen el transporte público para ir al trabajo y a ofrecer instalaciones para lavarse y cambiarse de ropa.
Considerar que las medidas restrictivas desempeñan un papel esencial en la reducción del uso del coche particular. La limitación del acceso de los vehículos a la zona urbana, las restricciones de acceso para los camiones y la combinación de limitaciones de velocidad con medidas de ralentización del tráfico son elementos importantes de un plan general de gestión del tráfico, pero exigen medidas de apoyo que garanticen el acceso mediante alternativas al automóvil o a los camiones.
Controlar de forma estricta la Ley de Seguridad Vial y las Ordenanzas municipales referentes a los límites de velocidad en zona urbana y al aparcamiento, posibilitando en mayor medida los desplazamientos a pie.
Desarrollar medios de transporte intermodales complementarios no competitivos entre modos de transporte. Ejemplos de estas actuaciones serían la creación de una política integrada de tráfico que combine medidas de prioridad al transporte público y a la bicicleta, los aparcamientos disuasorios, restricciones de aparcamiento en la ciudad o billetes válidos en el área urbana para todos los medios de transporte.
Elaborar planes de movilidad sostenible para todos los centros de trabajo de más de 200 trabajadores dependientes de la administración local, para grandes empresas y áreas industriales.
Fomentar el uso del transporte público e introducir nuevos modos de transporte.
Madurar el papel del peaje urbano en la reducción del tráfico y la estabilización de los flujos de transporte público. Las medidas de peaje urbano deben ir parejas a otras medidas de planificación para que no originen una ampliación de la ciudad ni urbanizaciones en las afueras.
Promover políticas de tráfico cuyo objetivo sea establecer diferentes horarios de uso de la misma infraestructura para los habitantes y las actividades de logística.
Reducir los límites máximos de velocidad recogidos en la Ley de Seguridad Vial y su cumplimiento.
Reflexionar sobre el papel de los carriles reservados a los vehículos de alta ocupación en el fomento del uso del transporte público, el uso compartido del coche y la propiedad o el uso múltiple de los automóviles.
Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento residuos, alcantarillado y tratamiento aguas residuales
Las medidas a poner en práctica en los procesos de recogida y posterior tratamiento de los residuos urbanos, sólidos o no, tienen una importancia capital tanto en l generación de estos desechos como en su posterior eliminación. Todas las disposiciones emanadas de la municipalidad tendientes a generar actuaciones que propicien la disminución de residuos redundarán en un menor volumen a eliminar y, consiguientemente, en una menor contaminación.
Otro tanto podríamos decir en lo concerniente al tratamiento de los residuos. Las dioxinas y furanos que se producen en la combustión de los residuos sólidos urbanos o el metano, los lixiviados u otros subproductos del almacenamiento de restos orgánicos requieren un tratamiento adecuado que minimice su efecto sobre el medio ambiente.
Aprovechar los residuos forestales para la fabricación de compost.
Clausurar, sellar y restaurar los vertederos incontrolados.
Fomentar la recogida de la fracción orgánica de los RSU y su posterior compostaje para evitar las emisiones de metano de los vertederos.
Impulsar campañas de sensibilización para la disminución de los residuos a nivel doméstico, comercial e institucional, promoviendo la reducción y la reutilización de los residuos en los hogares, escuelas, comercios, industrias, etc.
Introducir incentivos para los agentes locales que produzcan menos residuos y gestionen los materiales reciclables en la fuente; por ejemplo la reducción de los impuestos municipales.
Introducir normativas sobre el uso, reutilización y reciclado de los materiales de construcción.
Promover la reducción de los envases y un mayor uso de los envases reutilizables y reciclables.
Proporcionar instalaciones de recogida apropiadas que animen a los particulares a separar los residuos.
Reducir la cantidad total de residuos municipales mediante el compostado local de los residuos domésticos y de jardín.
Reducir los envases y los embalajes y utilizar materiales de bajo impacto ambiental para evitar el consumo energético y de materias primas que supone su producción.
Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas y conservación de caminos y vías rurales
Desde la disciplina urbanística se plantea no sólo la forma de crecimientos de nuestras ciudades, sino también la manera de vivir en ellas. La ciudad difusa es mucho menos ecológica que la ciudad compacta. El planeamiento urbanístico y territorial debe ir encaminado a promover proximidad, la ciudad densa y multifuncional con mezcla de actividades (residencial, oficinas, comercios, equipamientos y guarderías), accesibles con transporte público y con los equipamientos adecuados.
Una de las prioridades es frenar la terciarización de los centros de las ciudades y de ciertos corredores, y la desclasificación de suelos aptos para urbanizar que procedan de suelos no urbanizables protegidos. Algunas medidas que podrían tomar los municipios en este aspecto son las siguientes:
Adoptar planteamientos ecológicos de la planificación.
Adoptar medidas de climatización natural y optimización energética de todos los edificios públicos.
Aplicar los principios ecológicos a los edificios en el ámbito urbano, optimizando el uso eficiente del agua, utilizando sistemas para la circulación del agua de lluvia con almacenamiento estacional y de máxima demanda, optimizando el uso de la energía para calefacción y refrigeración mediante aislamiento, facilitando la clasificación de los residuos y el reciclado de materiales y logrando la eficacia energética al formar al personal en el uso de material reciclado y en la evaluación de los elementos que deben conservarse.
Apoyar la planificación local para la promoción ecológicamente sostenible de la actividad económica, la vivienda, el transporte, la gestión de residuos, los parques, los bosques urbanos y en los espacios públicos.
Crear medidas de eficacia energética basadas en la auditoria energética de las propias actividades externas e internas de la ciudad y del patrimonio edificado.
Elaborar políticas de planificación basadas en principios a largo plazo con programas estratégicos a corto plazo y retroalimentación continua.
Elaborar políticas que fomenten la flexibilidad de uso en las zonas y los edificios de la ciudad y promover el edificio ecológico para lograr un diseño de edificios duradero, adaptable y de uso múltiple.
Facilitar la creación de pasillos verdes que conecten los diversos espacios verdes de las ciudades con el campo circundante. Se obtienen así marcos ecológicos óptimos para los hábitat, combinando mayor biodiversidad y valor recreativo.
Fomentar el uso de sistemas dobles de abastecimiento en los planes de planificación espacial incluyendo ese requisito en la normativa sobre edificios.
Fomentar el cambio de las calderas comunitarias de carbón y, en su caso, coque de petróleo por otras que empleen combustibles más limpios, para conseguir su completa sustitución en 2012.
Garantizar que los planes incluyan objetivos tanto nacionales como locales relacionados con la sostenibilidad y deban establecerse indicadores para calibrar la magnitud de los problemas y el grado de éxito obtenido en su resolución.
Incluir la reducción de emisiones de GEI entre los objetivos y medidas de todos los Planes de Ordenación territorial y urbanos, que deberán recoger medidas correctoras.
Influir en la morfología y en la función urbanas a través de la planificación como un mecanismo a largo plazo, ya que los nuevos proyectos urbanísticos constituyen una parte relativamente pequeña del total de los activos urbanos, que es fundamental para el desarrollo de medidas más radicales en el futuro.
Introducir en la legislación y en la planificación urbanística requisitos y medidas para favorecer la incorporación de energía solar.
La planificación urbanística deberá priorizar el respeto y el mantenimiento del paisaje.
Ocuparse de la regeneración urbana para aumentar la accesibilidad de las áreas existentes. La infraestructura de nuevo cuño debe concebirse para completar el entramado de circuitos peatonales y carriles para bicicletas y autobuses, y debe fomentarse la oferta de transporte público con miras a unos patrones de transporte más sostenibles y la mejora del funcionamiento de las áreas circundantes.
Tomar una actitud más flexible en los procesos políticos y de elaboración de política de planificación y zonación y a modificación de algunas normas para apoyar los objetivos de la regeneración sostenible y la planificación de manzanas enteras de la ciudad o el diseño de edificios individuales no restringidos a una sola función, sino con un uso autorizado flexible.
Reconocer que el impacto de crecimiento urbano continuo a costa de la tierra agrícola y el medio ambiente natural debe limitarse y finalmente paralizarse.
Reconocer que el proceso de conurbación debido a la pobreza rural debe ralentizarse y revertirse mediante programas apropiados de desarrollo rural que reconozcan el concepto de los límites del crecimiento y protejan el carácter y el valor ecológico del paisaje rural.
Establecer un seguimiento de los objetivos del Código Técnico de la Edificación y la puesta en marcha de Sistemas de calificación energética en los edificios.
Servirse de los sistemas de planificación espacial para lograr una morfología y una funcionalidad que ahorren considerablemente energía e incorporen esos requisitos en las normativas locales sobre edificación.
Se entiende, tal y como cita la propia ley de haciendas locales, que la misma estará constituida por los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado; por los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales, impuestos y recargos exigibles sobre los impuestos de las Comunidades Autónomas o de otras entidades locales; por las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas, las subvenciones, los percibidos en concepto de precios público y el producto de las operaciones de crédito; por el producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y por las demás prestaciones de derecho público.
La importancia de este punto, y la inclusión del mismo, dentro del presente análisis viene dada por la atribución que tiene el alcalde de un determinado municipio de llevar a cabo el «desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia [...] todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales» (Estado Español, 1985: 20). Entre las actuaciones que se pueden llevar a cabo desde la municipalidad encontramos:
Elaborar convenios con propietarios privados que apoyen la gestión sostenible del monte como sumideros de dióxido de carbono.
Establecer incentivos financieros al 0% de interés durante cinco años del 70% de la instalación de solar térmica y fotovoltaica, con exigencia de un contrato de mantenimiento por tres años.
Estimular la producción local de energía para facilitar la utilización de fuentes locales de energía, aumentar la eficacia de los sistemas locales de gestión de la energía, proporcionar empleo localmente y fomentar la flexibilidad ajustando la producción a la demanda local real.
Fomentar la planificación de mínimo coste para motivar a los proveedores de energía a tomar medidas de conservación de la energía importantes sin dejar de obtener beneficios.
Fomentar la fiscalidad ecológica sobre la energía no renovable y la destinación de fondos a fines de eficiencia energética y energías renovables.
Garantizar que todas las políticas fomenten la eficiencia energética.
Introducir los sistemas locales de gestión de la energía con el fin de alcanzar niveles más altos de conservación de la misma.
Introducir la reducción de gases de efecto invernadero como pauta de valoración en la concesión de ayudas, subvenciones y autorizaciones administrativas.
Elaborar planes de desarrollo de energías renovables y programas de ayudas para la inversión en instalaciones.
[12]: El objeto de estas ordenanzas era regular la incorporación de sistemas de captación y utilización de energía solar activa de baja temperatura para la producción de agua caliente sanitaria, en los edificios y construcciones. Destacaban las ordenanzas de Barcelona (julio 1999), País Vasco (marzo 2002) o Madrid (mayo 2003).
[13]: Las medidas indicadas en los siguientes epígrafes provienen de los documentos: Borrador del Programa Andaluz de acción por el clima 2007-2012; Estrategia de Vitoria-Gasteiz para la prevención del Cambio Climático; Medidas de eficiencia energética, de ahorro y otros criterios ambientales para incorporar en los edificios y equipamientos municipales de la Diputación de Barcelona; y del Resumen especial del informe sobre las ciudades sostenibles destinado a las autoridades locales.
[14]: Los documentos Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia; Borrador del Programa Andaluz de acción por el clima 2007-2012; Estrategia de Vitoria-Gasteiz para la prevención del Cambio Climático; Medidas de eficiencia energética, de ahorro y otros criterios ambientales para incorporar en los edificios y equipamientos municipales de la Diputación de Barcelona; y el Resumen especial del informe sobre las ciudades sostenibles destinado a las autoridades locales presentan una serie de indicaciones para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Córdoba Hernández, Rafael (2011) «Incidencia de las competencias municipales en el Cambio Climático», Boletín CF+S, 47/48, pp. 7-73. Recurso electrónico en línea: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n47/arcor_5.html [Consulta: 20 de mayo de 2018]

References: Artículo 4
 Artículo 2
 Artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto