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Timestamp: 2019-09-20 06:05:47+00:00

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Derecho Societario de Julio Rougès: 03-dic-2014
CONTABILIDAD Y ESTADOS CONTABLES 2014
Todo empresario –no sólo las sociedades y personas jurídicas en general– debe llevar una contabilidad. Además de estar establecido por normas legales que analizaremos infra, es una necesidad impuesta por las reglas de la competencia económica, y por la exigencia de racionalidad en la asignación de recursos. Sin una contabilidad adecuada –es decir, sin un sistema ordenado de registración, clasificación, resumen e interpretación de las operaciones, de los gastos, ingresos, y movimientos patrimoniales y financieros que derivan de aquéllas– el empresario no puede, más allá del corto plazo, evaluar el acierto de las decisiones tomadas o rectificar los errores de apreciación o de gestión. Puede decirse que la contabilidad –específicamente, la contabilidad por partida doble– es coetánea al surgimiento del capitalismo; con el nacimiento y expansión de éste, comienza a desarrollarse la contabilidad como ciencia o arte. Sin embargo, la contabilidad no se identifica con un determinado sistema económico ni con una determinada estructura jurídica, si bien la importancia de ella se torna más evidente en la empresa privada, cuyo caparazón habitual es la sociedad comercial.
Adicionalmente a su relevancia en el orden interno de la firma, la contabilidad y los estados contables resultan indispensables proyectándonos hacia el exterior de la hacienda empresaria: por un lado, son un medio de prueba contra los comerciantes; en algunos casos, constituyen probanza a favor de ellos (artículo 63 del Código de Comercio); sirven a terceros –en especial, pero no únicamente entidades financieras– para evaluar la solvencia y liquidez del futuro prestatario, y concederle o no crédito; y respecto del fisco, son el sustento de las declaraciones juradas impositivas.
Al decir de GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS[1], “… puede formularse el siguiente listado de funciones atribuibles a la contabilidad societaria: a) Llevar un registro mediante elementos y técnicas específicas de los actos y operaciones imputables a la sociedad. Se advierte aquí un aspecto que será puesto de manifiesto repetidamente a lo largo del presente Volumen, consistente en el sustrato jurídico de los movimientos contables que efectúa una sociedad. Los asientos contables requieren de reglas jurídicas que determinen qué actos y operaciones son imputables a la sociedad, y cuáles son los derechos y obligaciones de ésta”. En la nota 20 (página 17) de la obra citada, continúa acertadamente: “Esta dependencia de la contabilidad respecto del orden jurídico es frecuentemente olvidada en la práctica, pretendiéndose determinar la inclusión o exclusión de operaciones en los estados patrimoniales simplemente en base a criterios contables. Pero tales criterios no pueden aplicarse con olvido de que se busca reflejar una realidad patrimonial, y que el patrimonio es un conjunto de derechos y obligaciones determinados por reglas jurídicas.”
Frente a terceros, los libros y los asientos contables, valen “entre comerciantes, en hechos de su comercio” (artículo 63 del Código de Comercio). En principio, no acreditan la realización de negocios jurídicos constitutivos, adquisitivos, transmisores, generadores de créditos o extintivos contra terceros no comerciantes y por actos no comerciales (artículo 64, C. Com.) pero pueden constituir prueba en contra de los comerciantes y de las sociedades comerciales (artículo 63, segundo párrafo). De igual forma los balances y estados de resultados, los dictámenes de auditoría, los informes de la sindicatura –con toda la importancia que tienen en el orden interno de la sociedad, y con relación a los socios (artículos 67, 234, inciso 1° y 294, inciso 5 de la LSC) – no dejan de ser declaraciones carentes de eficacia para generar derechos a favor de aquélla contra terceros, aunque de ellos o de su inobservancia puedan derivar responsabilidades de los directores, de la sindicatura o del consejo de vigilancia.
La aprobación de los estados contables por el órgano de gobierno –aunque sus decisiones no sean impugnadas– no implica la de la gestión de los directores, administradores, gerentes, miembros del consejo de vigilancia o síndicos, hayan o no votado en la respectiva decisión, ni importa la liberación de responsabilidades (artículo 72).
El principio cardinal está expuesto en el artículo 33 incisos 2 y 3, correspondientes al Título II, “De las obligaciones comunes a todos los que profesan el comercio”, Cap. I de “Disposiciones generales”. Dicha norma impone “la obligación de seguir un orden uniforme de contabilidad y de tener los libros necesarios a tal fin” (inciso 2), además requiere “la conservación de todos los libros de la contabilidad” (inciso 3).
A su turno, el art. 43 complementa las disposiciones anteriores, estableciendo que “todo comerciante está obligado a llevar cuenta y razón de sus operaciones y a tener una contabilidad mercantil organizada sobre una base contable uniforme y de la que resulte un cuadro verídico de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos susceptibles de registración contable. Las constancias contables deben complementarse con la documentación respectiva”.
Plasmando normativamente esa directriz, y en resguardo de terceros y de los socios, la ley de sociedades comerciales obliga a incluir, en las notas complementarias los “cambios en los procedimientos contables o de confección de los estados contables aplicados con respecto al ejercicio anterior, explicándose la modificación y su efecto sobre los resultados del ejercicio.” (art. 65, inc. e).
2) Integridad. De la contabilidad debe resultar una justificación clara de todos y cada uno de los actos susceptibles de registración contable (art. 43); por lo que “debe incluir por lo menos todas las partes esenciales del hecho económico que trata de informar”[4].
3) Veracidad. De ella debe desprenderse “un cuadro verídico de sus negocios”. Una contabilidad puede no ser veraz porque el comerciante o en las sociedades, el órgano de administración intenta engañar o defraudar a todos o a algunos de los socios, o a terceros acreedores actuales o potenciales; pero al margen de la eventual tipificación penal de esa conducta (artículos 172, 173 y 300, C.P.), se puede faltar a ese principio prescindiendo de toda idea de dolo (no formular debidamente las previsiones por incobrabilidad de créditos, no incluir en el pasivo contingencias que puedan traducirse en obligaciones exigibles hacia terceros, sobrevaluar o subvaluar sin malicia bienes del activo, etcétera). En tales casos, la contabilidad no satisface uno de los principios nucleares que deben informarla, que es la objetividad[5].
4) Claridad. La justificación debe ser “clara” (art. 43, Cód. Com.), otro de los requisitos básicos de la contabilidad.[6]
Asimismo, se enumeran los libros de carácter indispensable, aquéllos que el comerciante no puede dejar de llevar (art. 44) y se disponen a su respecto una serie de formalidades: la encuadernación, foliación e individualización judicial (art. 53); el registro por orden cronológico de las operaciones (art.45); y se establece la prohibición de intercalaciones, interlineaciones, enmiendas, tachaduras y mutilaciones (art. 54). Igualmente, “deberá llevar los libros registrados y la documentación contable que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que le exijan la importancia y la naturaleza de sus actividades…” (art. 44).
La sociedad es comerciante (arts. 8, inc. 6 y concordantes del Código de Comercio); además, las disposiciones de esa ley forman parte del Código de Comercio (art. 384 de la LSC). Consecuentemente, corresponde integrar y coordinar el articulado de la ley 19.550 con las normas y principios de aquel ordenamiento aludidos en el parágrafo anterior.
La ley 19.550 –reformada por la ley 22.903– regula, en la Sección IX (“DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA CONTABILIDAD”), las pautas mínimas para la confección de los estados contables y los asientos en los libros de comercio, sin perjuicio de lo que impongan las normas de contabilidad generalmente aceptadas, cuyo objeto es complementar y precisar las mandas legales, mas no apartarse de éstas.
“Podrá prescindirse del cumplimiento de las formalidades impuestas por el art. 53 del Código de Comercio para llevar los libros en la medida que la autoridad de control o el Registro Público de Comercio autoricen la sustitución de los mismos por ordenadores, medios mecánicos o magnéticos u otros, salvo el de Inventarios y Balances”.
“La petición deberá incluir una adecuada descripción del sistema, con dictamen técnico o antecedentes de su utilización, la que, una vez autorizada, deberá transcribirse en el Libro de Inventarios y Balances.”
“Los pedidos de autorización se considerarán automáticamente aprobados dentro de los treinta días de efectuados, si no mediare observación previa o rechazo fundado.”
“El libro Diario podrá ser llevado con asientos globales que no comprendan períodos mayores de un mes”.
“El sistema de contabilización debe permitir la individualización de las operaciones, las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación, con arreglo al artículo 43 del Código de Comercio”.
1) El art. 45 de ese cuerpo legal impone al comerciante individual asentar en el libro diario día a día las operaciones. En cambio, el art. 61 de la L.S.C. permite a las sociedades llevar el libro diario con asientos globales que no comprendan períodos mayores de un mes. La Exposición de Motivos de la ley 22.903 –de reformas a la ley 19.550– justifica la modificación en la necesidad de “agilitar la obligatoriedad de las registraciones diarias en el libro pertinente que impone el art. 45 del Código de Comercio, al permitir que en el caso de sociedades ellas se efectúen en forma mensual y global, con lo que se da la necesaria fijeza a este tipo de registraciones sin crear impedimentos excesivos, quedando las registraciones diarias y singulares a cargo de los medios mecánicos que se autorizaren”.
Las disposiciones del Código de Comercio decimonónico fueron concebidas teniendo en miras al comerciante individual, dentro del marco de una sociedad incipientemente capitalista, con relativamente escasas operaciones diarias. Contrapóngase con las miles de operaciones por segundo que realizan, verbi gratia, las cadenas de hipermercados, en que cada caja es la terminal de una red de computadoras conectadas “online” que registran las operaciones, e inclusive las variaciones en el stock de mercaderías después de cada venta. Evidentemente, el asiento manual de cada operación sería materialmente imposible.[7]
No obstante las reformas, “el sistema de contabilización debe permitir la individualización de las operaciones, las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación, con arreglo al artículo 43 del Código de Comercio” (art. 61. L.S.C.). Significa eso que será necesario recurrir a libros auxiliares, como, por ejemplo, los de IVA ventas y compras –que si bien no son libros de comercio, deben registrar todas las operaciones gravadas con el impuesto al valor agregado– y los propios sistemas informáticos autorizados deberán permitir la reconstrucción de las compras, ventas, servicios prestados o recibidos, impuestos pagados, retenciones efectuadas o sufridas, retribuciones devengadas y abonadas con sus cargas sociales, etcétera.
a– La petición debe incluir una “adecuada” descripción del sistema, con dictamen técnico o antecedentes de su utilización, la que una vez autorizada, debe transcribirse en el Libro de Inventarios y Balances.
b– La aprobación es automática, una vez transcurrido un plazo de treinta días de formulada la solicitud, si no hubiere “observación previa o rechazo fundado”.
La “observación previa” supone una intimación a subsanar errores u omisiones, sin comportar un rechazo definitivo, pero determina que el plazo de un mes se suspenda, hasta tanto se subsanen aquéllos. El “rechazo fundado” sí es una decisión definitiva, y autoriza a la sociedad afectada a interponer recurso de apelación ante el Tribunal en lo Comercial (art. 30 del Código de Comercio).
Cabe señalar que los estados contables deben sustentarse, a la vez, en el inventario[9]. Sin éste, el balance carece de completitud, exigencia esencial de la contabilidad (artículos 48, 52 y concordantes del Código de Comercio), y si el síndico debe dictaminar sobre aquél en la asamblea ordinaria (artículos 234, inciso 1, 294, inciso 5 y concordantes de la ley 19.550), su omisión entraña incumplimiento de los imperativos de integridad[10] y significación[11] (arts. 43[12] y 51[13] del Código de Comercio).
Los estados contables –que deben cimentarse en la contabilidad– no pueden ser un “dibujo” de cifras y números divorciados de la realidad; es un imperativo legal que se adecuen a las pautas del artículo 43 del Código de Comercio en torno a la veracidad y claridad, completividad y coherencia interna y externa.
Expresa GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS[16], “… las normas relativas a balances tienen directa o indirectamente carácter legal, y su incumplimiento acarrea los resultados jurídicos imputables a las normas de ese carácter… En una economía en la que las sociedades constituyen el principal vehículo jurídico de organización empresaria, las normas relativas a balances y estados contables hacen a los elementos constitutivos del régimen jurídico de la organización económica y deben considerarse de orden público”.
Para que el tratamiento de los estados contables por los socios no se convierta en una ilusión, o en el cumplimiento de hueras formalidades, y puedan hacerlo los socios con conocimiento de causa, no deben verse obstaculizados en el ejercicio del derecho de información que la ley les reconoce no sólo en la oportunidad prevista en el artículo 67, previa a la asamblea; la sociedad a través del directorio o en su caso de la sindicatura está obligada a observar el deber genérico de información, en toda oportunidad que le sea requerida (artículo 55).
En caso que la sociedad, por intermedio del órgano de administración, sea reticente en brindarla, esa actitud –si se traduce en conductas omisivas o activamente violatorias del deber de información– por sí sola es justa causa de impugnación de la decisión asamblearia que aprueba los estados contables[17].
“– claridad (art. 44, in fine, referida a toda la contabilidad); “con evidencia”, dice el art. 52.
“La claridad presupone la precisión y exige que los distintos rubros enunciados por el art. 63 se discriminen internamente en voces y subvoces–esto es, con el análisis indispensable que asegure la claridad requerida para su lectura y entendimiento.”
“… La violación de la veracidad y de la completividad importa un balance falso[21], que compromete la responsabilidad (pág. 584) de los directores[22] y el síndico, e incluso de los accionistas que lo aprueban no obstante la impugnación (esto es, a sabiendas)[23].”
“Si el balance aprobado en la asamblea no contabiliza operaciones, esto constituye una infracción en los principios de claridad, de veracidad y completividad que rigen la confección de balances (art. 63, Ley de Sociedades), y este vicio afecta directamente el contenido de la decisión adoptada en la asamblea… resulta nula la asamblea en donde se aprobó un balance incompleto o no sincero, ya que (más allá de la anulación o rectificación del balance) por aplicación de los principios de los actos jurídicos, al existir un error de hecho se vicia la decisión del órgano societario y la aprobación resultante no es válida” (art. 900, 922 y 923, Cód. Civil)” (Cám. Nac. Com. Sala G, 18/4/96, “Gómez Humberto, c. Confitería Los Leones S.A. y otros”, La Ley, 1997-B, p. 132 (pág. 593).
Decir que los estados contables –y la memoria– deben ser veraces (artículos 43, 51 y 52 del Código de Comercio), claros (artículo 43 del Código de Comercio) y exactos (art. 51 del Código de Comercio) es tan obvio como predicar que los administradores deben cumplir sus deberes de lealtad y diligencia (art. 59 de la ley 19.550), e informar a los socios sin mendacidad ni ocultamiento. Siguiendo a HORACIO FARGOSI[24]
“Constituye un principio aceptado sin reticencias que ésa, la claridad, es una de las finalidades exigibles en este documento, sin perjuicio de la veracidad y exactitud que resultan impuestas por el art. 51 del Código de Comercio, que lo demás no hizo sino explicitar un supuesto existente en nuestro ordenamiento legal de resultas del art. 300, inc. 3° del Código Penal.”
“El balance, que debe descansar necesariamente en un inventario previo que lo complementa… es necesario complementarlo con un estado de resultados (art. 64), para establecer los beneficios y el origen de los mismos. La memoria (art. 66), por su parte, si bien no integra ni forma parte del balance, es elemento imprescindible de interpretación”.
“Debe destacarse que si bien los principios de claridad, veracidad, exactitud y uniformidad que requiere el art. 51 del Código de Comercio para todos los balances, y los de verdad y evidencia a que alude el art. 52 del citado cuerpo legal, son válidos para los estados contables de todas las sociedades, se hace más visible en los tipos referidos por el art. 62 de la ley…”.
Una contabilidad puede no ser veraz porque el órgano de administración intenta perjudicar a todos o a algunos de los socios, o a terceros acreedores; pero al margen de la eventual tipificación penal de esa conducta (art. 300, inciso 3° del Código Penal), puede faltar a ese principio prescindiendo de toda idea de dolo, simplemente porque desde un punto de vista objetivo no refleje la realidad.
Nunca será superfluo reiterar que las sociedades comerciales se forman para obtener beneficios y distribuirlos entre los socios. Esa verdad elemental parece ser ignorada en la práctica societaria argentina: los socios mayoritarios actúan como dueños absolutos de la sociedad; no distribuyen dividendos, sea constituyendo reservas injustificadas –con ese nombre, o bajo la denominación de “resultados no asignados” – sea fijándose por medio de la asamblea retribuciones que consumen la totalidad o buena parte de las ganancias, sea ratificando los anticipos de estipendios que se autorrealiza el directorio, o con retiros en la “cuenta socios” o “préstamos a los socios” – por montos que a veces exceden las utilidades de la firma o representan una parte sustancial de aquéllas.
La aprobación de los estados contables no entraña aprobación de la gestión ni de su propuesta de distribución –o no distribución– de dividendos. Aprobar un balance y estado de resultados es una declaración de conocimiento y de voluntad: la asamblea considera que las cuentas presentadas por los administradores se ajustan a la realidad económica y financiera de la firma. Pero que sean fidedignas, no significa que la administración sea buena. Es posible que la memoria y los estados contables reflejen precisamente una gestión desastrosa: pérdidas considerables e injustificadas, contratos desventajosos, operaciones ruinosas, desaprovechamiento de oportunidades de negocios o negocios jurídicos realizados en beneficio de todos o algunos de los miembros del órgano de administración. En tales casos, nada impide –jurídicamente ni en los hechos– que se aprueben el balance, estado de resultados y cuadro de evolución del patrimonio neto, y a la vez que se decida remover al directorio por su mala administración.
En forma previa a adentrarnos al estudio de los estados contables principales es necesario tener presentes los conceptos fundamentales de: activo, pasivo y patrimonio neto. Veamos cada uno de ellos.
Una pauta es el costo de adquisición. Pero los valores actuales de mercado pueden ser radicalmente distintos a aquél. Hay ciertos activos que se valorizan con el transcurso del tiempo, por el cambio en las variables macroeconómicas, regionales o microeconómicas. La simple posesión de ellos a lo largo de períodos dilatados determina la existencia de diferencias, a menudo sustanciales, entre su valor actual y el costo incurrido en su compra. Ejemplo típico de esto lo constituyen los terrenos e inmuebles en general (beneficiados o perjudicados, según el caso, por urbanizaciones, incremento de medios de comunicación, localización de centros industriales o comerciales, “modas”, valorización o desvalorización según que la zona se torne codiciada o rechazada, condiciones globales de la economía, para enunciar algunas de las causas de valorización o desvalorización). Otro caso es el de las mercaderías que hayan sido mantenidas en stock durante largos períodos, habiéndose producido simultáneamente incrementos o descensos en su valor de mercado, o su obsolescencia (verbi gratia stocks de repuestos de modelos de automóviles cuya producción se discontinuó).
Entre los valores actuales, deben distinguirse, igualmente, los valores de reposición (precios a los cuales podrían comprarse) y valores de realización (precios a los que podrían venderse). A la vez, los valores de realización, tratándose de bienes de uso, pueden ser disímiles si se consideran aisladamente o integrando un complejo productivo[28].
Representa las obligaciones de la sociedad, y las contingencias que deben registrarse[30].
Al igual que cuando nos referimos al activo, es necesario un análisis cualitativo (conformación) y cuantitativo (monto del pasivo).
Un pasivo previsional o tributario significativo[31] revela una situación financiera comprometida, pues la empresa se “financia” incumpliendo esas obligaciones, lo que sugiere que se han agotado sus canales normales de financiación. Una concentración importante del pasivo en deudas en cuenta corriente o a corto plazo puede constituir un índice revelador de dificultades.
Todo rubro del patrimonio neto debe ser incluido en las cuentas de capital, reservas y resultados (art. 63, inc. 2, II d de la ley 19.550).
El incremento del valor de un activo conlleva un correlativo aumento –caeteris paribus– del patrimonio neto; el aumento de un pasivo –si los otros valores no cambian– reduce aquél; la cancelación de una deuda con dinero efectivo o con cheques no aumenta ni disminuye éste, salvo que se obtenga un descuento por pago puntual, porque si bien se cancela una parte del pasivo, se lo hace por igual monto un rubro del activo, que son las disponibilidades. En suma; toda modificación que se efectúe en el valor o composición de los activos y pasivos tendrá su imagen especular en el monto y composición del patrimonio neto.
Al observar el balance de ejercicio de cualquier empresa se verá que una columna muestra el activo, y la segunda el pasivo y el patrimonio neto, constituido este último por el capital social, su ajuste por inflación (artículo 62, LSC), las utilidades retenidas (reservas) y las ganancias o pérdidas del ejercicio (resultados). También se agregan los revalúos de los bienes del activo –que tienen su contrapartida en el patrimonio neto dentro de una cuenta por igual importe– y se ha admitido la inclusión de los anticipos a cuenta de futuros aumentos de capital.
Existen dos estados contables principales: el balance y el estado de resultados, o cuadro de ganancias y pérdidas. Ambos pretenden brindar información acerca de la situación económica, financiera y patrimonial de la empresa, y sobre los resultados del período.
Se les debe adicionar el inventario, el estado de evolución de patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y las notas complementarias que analizaremos a continuación.
Dispone el artículo 64, II de la LSC.: “El estado de resultados deberá complementarse con el estado de evolución del patrimonio neto. En él se incluirán las causas de los cambios producidos durante el ejercicio en cada uno de los rubros integrantes del patrimonio neto”.
El artículo 63 de la ley 19.550 ubica a las cuentas del patrimonio neto –capital, reservas y resultados– dentro del pasivo. La identidad básica de la contabilidad es (a riesgo de ser reiterativo): Activo – Pasivo = Patrimonio Neto; en consecuencia: Activo = Pasivo + Patrimonio Neto.
a) Aportes de los propietarios, incluyendo allí el capital suscripto con sus aumentos, su ajuste por inflación, los importes que tienen su origen en revalúos –pues se trata de la contrapartida, en el patrimonio de los plusvalores, nominales o reales de bienes ya aportados– y de primas de emisión.
Económicamente, las sumas provenientes de primas de emisión son más cercanas al capital que a las reservas, ya que no se trata de ganancias no distribuidas, sino la contracara del sobreprecio, respecto del valor nominal, por la suscripción de nuevas acciones. Las mayores disponibilidades, créditos o ambos emergentes de esa diferencia entre el valor nominal de las nuevas acciones emitidas y el superior precio de su suscripción aumentan a la vez el activo y el patrimonio neto. En razón de su cercanía al capital, el artículo 202 de la ley de sociedades comerciales la califica como una reserva especial, distribuible “con los requisitos de los artículos 203 y 204”, es decir, sometida a las reglas para la reducción voluntaria del capital.
Las llamadas “reservas” por revalúos no son otra cosa que la expresión, en el patrimonio, de los mayores valores de los bienes del activo, respecto de su valuación conforme al costo reexpresado en moneda constante menos las amortizaciones acumuladas.
b) Resultados acumulados. Las ganancias no distribuidas de la sociedad son, en rigor, reservas, pero una viciosa práctica contable suele llamarlas “resultados no asignados”. La asamblea o reunión de socios no puede dejar de “asignar” los resultados: distribuyendo dividendos, estableciendo honorarios de los directores, síndicos y miembros del consejo de vigilancia, y disponiendo o no la constitución de reservas, sometida ésta a los requisitos establecidos por los artículos 66 y 70.
La ley de sociedades comerciales no exige, sino en ciertos casos, un “estado de origen y aplicación de fondos” (artículo 62). Pero la definición de estado de flujo de efectivo es más restringida en cuanto a los activos a tener en cuenta, y a la vez más precisa, que la de “fondos” para la ley, que conceptúa a éstos como el activo corriente menos el pasivo corriente (artículo 62). Es evidente que los saldos de activos corrientes no dinerarios –mercaderías, materias primas, créditos a corto plazo– menos pasivos corrientes no equivalen a fondos.
La utilidad del estado de flujo de efectivo puede ser, en algunos supuestos, mayor que la de los estados contables; a la vez permite detectar “dibujos” de aquéllos, cuando no coinciden los movimientos de fondos con las incorporaciones o excorporaciones de bienes del activo y aumentos o reducciones del pasivo.
Es el estado contable que expone la situación económica y patrimonial de la empresa a una fecha determinada; es, para emplear la jerga de los economistas, una magnitud de “stock”. El cuadro de ganancias y pérdidas muestra el resultado del ejercicio; se trata de un cuadro del que surge un “flujo” –variación de stocks a través del tiempo– en este caso, un ejercicio.
El balance debe reflejar la situación de la empresa tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, pues no sólo importa el valor de los bienes del activo, el monto de las deudas, y por consiguiente, el patrimonio neto –aspecto cuantitativo– sino el tipo de bienes que integran su activo –mayor o menor liquidez y posibilidad de realización– y el tipo de deudas (plazos de pago).
La ley ha previsto los llamados balances especiales distintos del balance de ejercicio: para la transformación (art. 77, inc. 2), fusión (art. 83, inc. 1-b), escisión (art. 88, requisito 2); exclusión de algún socio (art. 92, inc. 1). Respecto de la escisión, la ley expresamente dice que deberá confeccionarse como un “estado de situación patrimonial”.
Estos balances protegen más adecuadamente al recedente y al excluido, ya que correctamente valuados, los bienes del activo se incluyen a sus valores actuales; y en cuanto sea significativa la incidencia en el total de los bienes de uso –terrenos, construcciones, máquinas, muebles y útiles– o bienes inmateriales, el valor real del patrimonio neto será sustancialmente mayor que el que surge de los registros contables. Esta situación podrá advertirse fácilmente en las empresas que han incorporado tales activos hace mucho tiempo.
* En éste, se pretende conformar un cuadro razonablemente prudente del patrimonio social, evitando valoraciones que por lo excesivas puedan conducir a la distribución de ganancias no líquidas ni realizadas (art. 68). En función de ello, los bienes de uso e inmateriales habitualmente se suelen valuar a su costo de adquisición, menos las amortizaciones acumuladas, lo cual puede resultar prudente desde la perspectiva de un ejercicio, siempre y cuando por su excesiva diferencia con los valores reales, no se vulnere el principio de veracidad objetiva de la contabilidad y los estados contables.
La diferencia de patrimonio con el ejercicio anterior –permaneciendo constantes el capital y las reservas, que son los otros rubros del patrimonio– en caso de no existir incrementos o decrecimientos patrimoniales derivados de aportes o retiros de los propietarios nos dará el importe de los resultados (positivos o negativos).
* En los balances especiales, por el contrario, el objetivo fundamental es mostrar un cuadro veraz del patrimonio a otros efectos, exaempli gratia, determinar el valor de la parte del recedente. Así, la tasación de los bienes de uso o inmateriales por su costo menos las amortizaciones acumuladas puede no reflejar adecuadamente el verdadero valor de los bienes. Notoriamente, en establecimientos industriales o agrícolas, los bienes de capital –bienes de uso– pueden estar contablemente amortizados (parcial o totalmente), no obstante lo cual mantienen un valor superior derivado de su productividad económica. Los bienes inmateriales –por ejemplo patentes– pueden no tener un costo individualizado, por provenir de invenciones realizadas por la propia sociedad; el valor llave de un establecimiento, si bien no integra el balance de ejercicio, es un activo que, de existir, no puede dejar de tenerse en cuenta (art. 1788 bis del Código Civil).
Precisando el concepto, la Resolución Técnica N° 8 expresa que los activos reputan corrientes “si se espera que se convertirán en dinero o equivalente en el plazo de un año, computado desde la fecha de cierre del período al que se refieren los estados contables, o si ya lo son a esta fecha”. La redacción es más precisa, por dos razones:
* Pues literalmente leída la ley de sociedades, parecería mirar únicamente a activos o pasivos con vencimientos futuros (“cuyo vencimiento o realización se producirá”), descartando los más obviamente corrientes, que son los activos ya disponibles –disponibilidades–.
Además, agrega que se considerarán activos corrientes aquéllos que “por disposiciones contractuales o análogas deban destinarse a cancelar pasivos corrientes”.
En orden a los pasivos corrientes, dicha Resolución incluye a los “los exigibles al cierre del período contable” (superando la redacción de la ley).
2) Los rubros del activo corriente y no corriente deben ordenarse –dentro de cada grupo– en función decreciente de su liquidez (CAPITULO III., A.3 de la Resolución Técnica Nº 8).
La L.S.C. menciona “las inversiones en títulos de la deuda pública, en acciones y en debentures, con distinción de los que sean cotizados en bolsa, las efectuadas en sociedades controladas, controlantes y vinculadas, otras participaciones y cualquier otra inversión ajena a la explotación de la sociedad” (art. 63, 1, d).
La LSC dispone que, además, “por separado se indicarán los créditos con sociedades controlantes, controladas o vinculadas, los que sean litigiosos, y cualquier otro crédito. Cuando corresponda se deducirán las previsiones por créditos de dudoso cobro y por descuentos y bonificaciones” (art. 63, 11, b).
La L.S.C. establece que se agruparán de acuerdo con las actividades de la sociedad y “se indicarán separadamente las existencias de materias primas, productos en proceso de elaboración y terminados, mercaderías de reventa o los rubros requeridos por la naturaleza de la actividad social” (art. 63, 1° c).
1– El valor de recuperación que presumiblemente tendrá el bien cuando sea desafectado del servicio.
2– La capacidad de servicio esperada durante la vida útil estimada asignada al bien, factor cuya evaluación requiere considerar:
* las situaciones que podrían provocar la obsolescencia del bien (por ejemplo cambios tecnológicos o en el mercado de los bienes producidos por la sociedad mediante su empleo).
3– La capacidad de servicio ya utilizada por el uso del bien en condiciones normales, lo que ocasiona su desgaste o agotamiento, según los casos.
4– Los deterioros que pudiera haber sufrido el bien por averías u otras razones.
5– La posibilidad de que algunas partes importantes de un bien posean un desgaste o agotamiento claramente diferenciables del resto de los componentes.
La Resolución Técnica N° 9 (A.6 del capítulo III) los denomina “activos intangibles”, conceptuándolos como aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros similares, incluyendo los anticipos por su adquisición, que no son bienes tangibles ni derechos contra terceros, y que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos. Incluye, entre otros, los derechos de propiedad intelectual, patentes, marcas, licencias, etcétera, gastos de organización y preoperatorios, gastos de investigación y desarrollo. El punto 3.15. de las Normas Contables de la Resolución Técnica N° 19 considera no computables los activos intangibles autogenerados, como el valor llave del propio ente, lo que para un balance de ejercicio puede ser admisible, mas no para valuar la parte del recedente, cuando la exclusión de ese rubro conduce a un despojo del socio (artículos 17 de la Constitución; 13, inciso 5 de la LSC y 1788 bis del Código Civil).
Conforme a los principios contables, los costos diferidos, a diferencia de los costos consumidos –que se imputan a una cuenta de Resultados del ejercicio– deben imputarse a una cuenta del activo[34].
Conceptualmente, la ley distingue entre los pasivos –actuales o contingentes– hacia terceros (art. 63, 2, I) y las cuentas del patrimonio neto (art. 63, 2, II).
Intuitivamente, tendemos a identificar el “haber” como algo “bueno”, el “debe” como algo que tiene que ser evitado o minimizado, y a pensar que “haber” coincide con “activo”, y “debe” con “pasivo”[35], cuando en realidad, se añaden al activo el “debe” –en la columna de la izquierda– y al pasivo el “haber”. Las cuentas del activo (bienes y derechos) aumentarán su valor mediante anotaciones en el debe (parte izquierda), y disminuirán su valor a través de registraciones en el haber (parte derecha).[36]
Patrimonio neto = activo – pasivo[38].
Patrimonio neto: capital + resultados anteriores + resultados del ejercicio.
En la estructura del artículo 63 de la LSC, el patrimonio neto aparece como un rubro del pasivo[41], y ello no es así únicamente por la convención contable de igualar las partidas activas y pasivas –se supone que el legislador no emplea términos superfluos– sino porque las partidas del patrimonio pertenecen a los socios, quienes constituyen una suerte de acreedores condicionales y subordinados, pero titulares de derechos sobre el patrimonio social. Respecto de este punto ya nos explayamos en otros artículos, y no reiteraremos los conceptos allí vertidos.
El patrimonio neto se divide, pues, en capital –con su correspondiente ajuste por inflación (artículo 62 in fine, LS)– reservas y resultados positivos (ganancias). A la vez, las reservas son utilidades retenidas (doctrina artículo 70, LSC). De allí, que toda ganancia sea por definición un incremento del patrimonio neto, y a falta de variaciones en los otros rubros –derivados de nuevos aportes[42] o retiros[43] de los propietarios– coincida exactamente la ganancia (o pérdida) del ejercicio con el aumento (o reducción, si el resultado es negativo) del patrimonio neto.[44]
Si la ganancia –del ejercicio o de ejercicios anteriores– está incluida en el pasivo –aunque sea un pasivo no exigible, como lo son las cuentas del patrimonio– debe asignarse a esa inclusión legal un significado jurídico, que vaya más allá de las convenciones contables, y que brinde a éstas un marco interpretativo acorde con el derecho. La explicación es que las ganancias retenidas –se las incluya o no dentro de las reservas– y el capital constituyen derechos de los socios contra la sociedad, aunque no se haya decidido la distribución de dividendos.
A toda cuenta patrimonial corresponde un activo, exigible o no, condicional o no, subordinado o no. Y si las partidas del patrimonio conforman un pasivo, forzosamente debemos concluir que los socios son los titulares activos de la relación jurídica con la sociedad. De allí, que los aportes de los propietarios –capital, su ajuste, primas de emisión– y las ganancias retenidas como reservas o resultados no asignados tengan su correlato en derechos de los socios sobre ellos.
Efectuada esta introducción –tendiente a despejar nuestros prejuicios intuitivos– nos concentremos en los resultados positivos (ganancias). Éstos, a grandes rasgos, son la suma de ingresos obtenidos o devengados (incluidos incrementos de activos) menos los costos incurridos o devengados en el ejercicio.
Si las ganancias se agrupan con el pasivo –lato sensu– y como éstos son los ingresos –incluido el incremento de existencias– menos los costos –incluidas en la suma algebraica las existencias iniciales– deberemos añadir los ingresos al “debe” y los costos al haber.
Resultado Producción Agrícola (Nota “D”)
Resultado Producción Ganadera (Nota “E”)
(12.800,96)
Resultados por Tenencia de Activos (Nota “C”)
Todo aumento de las existencias es un incremento del activo y –caeteris paribus, es decir si no hay un incremento correlativo del pasivo, como sucede cuando se compra con financiación– un suceso que engrosa el patrimonio neto, y por ende la ganancia de la empresa. En los libros de economía –en los cuales el enfoque contable es sólo un instrumento para explicar las variables económicas– el crecimiento de las existencias se equipara a las ventas, como ingreso[46].
Contablemente, se procede de una manera distinta que, si bien conduce al mismo resultado numérico final –aritméticamente es igual restar costos que adicionar ingresos– es a nuestro criterio conceptualmente equívoca: en vez de sumarse los aumentos de existencias a los ingresos –ya que éstos no necesariamente deben ser dinerarios– se restan del costo, mediante la fórmula:
Existencia inicial+compras o costos de producción –existencia final = costo mercadería vendida.[47]
Suponiendo que no varíen otros rubros –para aislar su efecto en el estado de resultados– un aumento de las existencias –si no disminuyen las disponibilidades o no se incrementan las obligaciones a pagar– significa un acrecentamiento patrimonial. Desde ese punto de vista, las existencias iniciales son equivalentes a un costo, y la diferencia con las existencias finales representa un saldo positivo o negativo, según que éstas sean superiores o inferiores a aquéllas.
El ajuste por inflación –esencial para que los estados contables se acerquen a la realidad, para evitar la exposición de balances y estados de resultados que presenten ganancias inexistentes– es materia de tratamiento por separado, y ha sido objeto de artículos y ponencias al respecto.
Un problema más aparente que real se presenta con relación a los honorarios del directorio y el consejo de vigilancia, cuando consisten en una participación en las ganancias (artículo 261, LS), por el supuesto carácter circular del problema: las ganancias disminuyen por los costos, y a la vez uno de los costos depende –en este caso– de las ganancias.
Sin embargo, el intríngulis se desvanece acudiendo al álgebra. Suponiendo –al efecto de aislar en el análisis– que el único costo sean esos honorarios, y que representen el 25% de las ganancias del ejercicio:
I – 0,25 G = G
G = I / (1 + 0,25) = I/ 1,25.
Dada una ganancia (antes de calcular los honorarios) de 100; la ganancia neta –descontando aquéllos– es:
Queda una ganancia neta de 80. El 25% –la cuarta parte– de 80 es 20, que sumado a lo anterior, arroja el total de 100.
Está implícito que se refiere a los costos fijos[49], independientes del costo de adquisición de las mercaderías, de producción de los bienes o de prestación de los servicios, que ya se encuentran incluidos –y fueron deducidos– para calcular la utilidad bruta (artículo 64, I, a).
3) Sueldos y jornales y las contribuciones sociales respectivas (artículo 64, I, b, 3)
4) Gastos de estudios e investigaciones (artículo 64, I, b, 4)
Dentro de la empresa moderna, cuando se producen bienes o servicios diferenciados –que es la generalidad; los “commodities” agrícolas o mineros tienen precios uniformes, porque son productos idénticos– se pueden retener o ganar mercados mediante la reducción de precios –lo que difícilmente sea rentable si la demanda es inelástica a la baja– a través de la publicidad, o con una combinación de ambas políticas.
Cuando la elasticidad es superior a la unidad[53], las ofertas de bajas de precios producen efectos positivos desde el punto de vista de los ingresos. De lo contrario, en mercados competitivos –aunque sean imperfectamente competitivos– y con diferenciación de productos o servicios, las compañías no pueden prescindir de la publicidad.
Los impuestos, las tasas y las contribuciones son especies del género tributo: una prestación obligatoria exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio, que da lugar a relaciones de derecho público[54]. La clasificación –como ocurre siempre, no solamente en materia jurídica– está impregnada de un cierto grado de arbitrariedad[55], puesto que se supone que, lato sensu, todo impuesto debe cumplir una finalidad pública y conforma –o debe conformar– la contraprestación estatal o los fondos que requiere de los individuos y empresas.
Las tasas, en cambio son tributos cuyo hecho imponible es una efectiva, concreta e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado –bien o acto– del contribuyente[57].
Las contribuciones especiales –que según GIULIANI FONROUGE se ubican en una categoría intermedia entre los impuestos y las tasas[58]– son prestaciones obligatorias debidas en razón de beneficios individuales o de grupos sociales, derivados de la realización de obras públicas o de especiales actividades del Estado.
Por separado deberán exponerse los intereses, multas y recargos, cuyos importes suelen ser confiscatorios.[61] Además, viola los artículos 18 y 109 de la Constitución Nacional, y 8.1. del Pacto de San José de Costa Rica, que la administración pueda, por sí y ante sí, fijar multas por supuesta defraudación, la que en la tosca comprensión de las autoridades fiscales, deriva del solo incumplimiento, que a la vez es determinado por el propio poder ejecutivo, en base a sus interpretaciones retorcidas de las leyes tributarias –siempre sesgadas en contra del contribuyente y contrarias al principio de razonabilidad– o peor aún, de sus innumerables disposiciones reglamentarias.
Así, si la inflación anual es del 30% y los intereses –tasa efectiva– del 35% en igual período, la tasa de interés real asciende al 3,84% en ese lapso, por lo siguiente:
Int. real=1+i -1= 1+0,35-1= 1,35-1= 1,0384-1= 0,0384=3,84% 1+d 1+0,03 1,30
De allí que contabilizar únicamente los intereses sin segregar el componente inflacionario, conduzca a sobrevaluar –según el caso– pasivos y activos.
En concepto de amortización impositiva anual para compensar el desgaste de los bienes –excepto inmuebles– empleados por el contribuyente para producir ganancias gravadas, se acepta deducir la suma que resulte de acuerdo con las normas que se enuncian a continuación:
Inconstitucionalmente, el artículo 39 de la ley 24.073 suspendió el ajuste por inflación a partir de abril de 1992[62]; de igual forma que –como señalamos en otra parte– los decretos 316/95 y 664/03. La falta de ajuste por inflación conduce a una tributación confiscatoria, ya que se gravan ganancias que no son reales, ajustadas en moneda constante.
El artículo 5 de la ley 22.362 establece que el término de duración de la marca registrada será de 10 años, pero puede ser renovada indefinidamente por períodos iguales si es utilizada dentro de los 5 años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad. De allí que en el supuesto de uso efectivo, no esté sometida (la marca) a caducidad y por ende, no sea amortizable.
El concepto de ganancia o gasto extraordinario es cualitativo y cuantitativo. Una ganancia puede ser extraordinaria en términos numéricos por superar las de ejercicios anteriores –o revertir pérdidas– pero no asumir tal carácter en lo cualitativo por no haberse modificado sustancialmente ninguna de las causas que la originan: ni mayor eficiencia, ni cambios sustanciales en la política de producción o comercialización, ni reorganización administrativa, ni mayor penetración en el mercado. A la inversa, un ejercicio puede arrojar un resultado positivo por un evento extraordinario –como lo es la venta a un precio excepcional de un bien de uso, o la prescripción de un pasivo importante, o la remisión total o parcial de una deuda, o el acogimiento a un plan fiscal de facilidades que contenga quitas o esperas con bajos intereses, que reduzcan el valor presente de ese pasivo– y no sería prudente ni arrojaría información suficiente a los accionistas presentar la ganancia nuda, sin explicar las razones por las cuales se obtuvo esa utilidad que reviste carácter accidental, excepcional y en ocasiones, totalmente ajeno al mérito de la gestión del órgano de administración.
El artículo 66 de la ley 19.550 se enrola en una postura cualitativa-cuantitativa, cuando obliga a los administradores a exponer en la memoria, “… 2) una adecuada explicación sobre los gastos y ganancias extraordinarias y su origen, y de los ajustes por ganancias y gastos de ejercicios anteriores, cuando fueren significativos”.
El artículo 64, I, d de la LSC establece que deben incluirse en el estado de resultados “los ajustes por ganancias y gastos de ejercicios anteriores”.
* Al capital, se suma el ajuste del capital por desvalorización monetaria. En torno a la invalidez constitucional de expresar los estados contables en moneda constante, nos remitimos a lo expuesto ut supra.
* La práctica de incluir los “aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital” en una cuenta patrimonial cercana al capital –como aporte de los propietarios– es discutible, porque mientras no ha sido aprobado el aumento de capital por la asamblea, no es otra cosa que un préstamo, que puede inclusive provenir de un tercero no accionista; y los socios tienen el derecho de suscripción preferente, en caso de que tenga lugar la aprobación (artículo 194, LS), salvo los supuestos excepcionales del art. 197.
* Los revalúos técnicos no son otra cosa que la reexpresión de los activos total o parcialmente amortizados, para ajustarlos a su valor de productividad o de mercado. No comportan un aumento del patrimonio, sino una acomodación numérica a la realidad económica.
* Las “reservas por primas de emisión” son consideradas por la ley como tales (artículos 64, II, b y 202), aunque económicamente –y también desde el punto de vista jurídico– son aportes de los propietarios, no reservas provenientes de las utilidades de la sociedad (artículo 70). De allí, que el ordenamiento legal haya dispuesto que el saldo que arroje el importe de la prima “es distribuible con los requisitos de los artículos 203 y 204”; es decir, que la distribución se asemeja a una reducción de capital, y por ello:
2) La resolución da a los acreedores el derecho de oponerse –tras la publicidad edictal que prevé el artículo 83, inciso 2– y embargar, ser pagado o garantizado (artículo 83, inciso 2).
Siguiendo una mala práctica –que es casi unánime– no se incluyen otras reservas que la legal, sustituyéndoselas por “resultados no asignados”, lo que conforma un arbitrio para disimular la constitución de reservas sin cumplir los requisitos exigidos por los artículos 66, inciso 3 y 70 de la LSC. Ampliaremos infra, sobre el tema.
Las notas a los estados contables –que teóricamente tienen como función aclarar los aspectos que carecen de explicación por sí solos– con deplorable frecuencia nada agregan al campo cognoscitivo de los socios.
Las notas o información complementaria, “que forma parte de los estados básicos, debe contener todos los datos que, siendo necesarios para la adecuada comprensión de la situación patrimonial y de resultados del ente, no se encuentran expuestos en el cuerpo de dichos estados”[70]. Son verdades de Perogrullo que las notas aclaratorias deben aclarar, y la información complementaria debe complementar los estados contables, pero muchas veces nada agregan ni complementan, constituyendo meras formalidades.
“… b) Debe redactarse siguiendo los principios de veracidad y exactitud con que deben confeccionarse los estados contables…”[72]
“… d) Su insuficiencia o vaguedad puede ocasionar la nulidad de la decisión asamblearia que aprueba los estados contables”.
“Los administradores deberán informar en la memoria sobre el estado de la sociedad en las distintas actividades en que haya operado y su juicio sobre la proyección de las operaciones y otros aspectos que se considere necesarios para ilustrar sobre la situación presente y futura de la sociedad. Del informe deben resultar:”
“1) Las razones de variaciones significativas operadas en las partidas del activo y pasivo;”
“2) una adecuada explicación sobre los gastos y ganancias extraordinarias y su origen, y de los ajustes por ganancias y gastos de ejercicios anteriores, cuando fueren significativos;”
“3) las razones por las cuales se propone la constitución de reservas, explicadas clara y circunstanciadamente;”
“4) las causas, detalladamente expuestas, por las que se propone el pago de dividendos o la distribución de ganancias en otra forma que en efectivo;”
“5) estimación u orientación sobre perspectivas de las futuras operaciones;”
“6) las relaciones con sociedades controlantes, controladas o vinculadas y las variaciones operadas en las respectivas participaciones y en los créditos y deudas;”
“7) los rubros no mostrados en el estado de resultados –art. 64 I b– por formar parte los mismos, parcial o totalmente, de los costos de bienes del activo.”
La memoria es, en suma, la relación escrita en la que, por mandato de la ley, el órgano de administración da cuenta a los accionistas de la marcha de los negocios sociales en el período abarcado en el ejercicio social, así como su opinión sobre las proyecciones de la empresa[73]. Su ausencia, insuficiencia o vaguedad, según NISSEN, pueden ocasionar la nulidad de la decisión asamblearia que aprueba los estados contables[74], pero –a diferencia del balance– no puede ser rehecha por la asamblea, pues se trata de información emanada del órgano competente para proporcionarla[75]. Su aprobación formal por la asamblea no supone aprobación de la gestión de los administradores (art. 72).
De la disposición transcripta, surge que la memoria abarca más aspectos que la definición (incisos 3, 4, 6 y 7). A los socios no solamente les interesa la marcha de los negocios sociales, sino la incidencia de aquéllos en su propio patrimonio o finanzas. Por ese motivo, la constitución de reservas –sin duda patrimonialmente más “beneficiosa” para la sociedad como ente empresario que la distribución de dividendos– debe considerarse un hecho que requiere explicaciones precisas, dado que los socios constituyeron la sociedad o se incorporaron a ella para obtener beneficios (arts. 1, 13 y concordantes de la L.S.C.).
La sociedad se constituye para repartir beneficios entre los socios (artículo 1° de la LSC). Las decisiones que se aparten en forma permanente de ese objetivo primordial son contrarias a la causa fin genérica y abstracta del negocio jurídico societario (art. 1° citado) y deben ser miradas con disfavor[76].
En Estados Unidos de Norteamérica, es un clásico el caso “Dodge c/ Ford Motor Company”. En la época que se sustanció el juicio, resuelto en definitiva en 1919, el activo de Ford valía 132 millones de dólares, el pasivo era de solamente 18 millones, y el capital social ascendía apenas a 1,8 millones, integrado en su mayor parte con ganancias repartidas como dividendos en acciones. Las reservas y utilidades retenidas estaban en el orden de los 112 millones de dólares estadounidenses. Las disponibilidades llegaban a 54 millones de dólares, y los ingresos netos anuales promediaban los 60 millones de dólares. Después de octubre de 1915, no pagó más dividendos extraordinarios. Los dos hermanos Dodge, que detentaban la décima parte del capital, demandaron a la sociedad para que se le ordenara distribuir, como dividendo extraordinario, no menos de las tres cuartas partes de las disponibilidades.
“Las sociedades deberán hacer constar en sus balances de ejercicio la fecha en que se cumple el plazo de duración. En la medida aplicable según el tipo, darán cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, primer párrafo”.
“Las sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital alcance el importe fijado por el artículo 299, inciso 21 y las sociedades por acciones deberán presentar los estados contables anuales regulados por los artículos 63 a 65 y cumplir el artículo 66.”
“Sin perjuicio de ello, las sociedades controlantes de acuerdo al art. 33, inciso 1, deberán presentar como información complementaria, estados contables anuales consolidados, confeccionados con arreglo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las normas que establezca la autoridad de contralor”.
“La Comisión Nacional de Valores, otras autoridades de contralor y las bolsas, podrán exigir a las sociedades incluidas en el artículo 299, la presentación de un estado de origen y aplicación de fondos por el ejercicio terminado, y otros documentos de análisis de los estados contables. Entiéndese por fondos el activo corriente, menos el pasivo corriente”.
“Los estados contables correspondientes a ejercicios completos o períodos intermedios dentro de un mismo ejercicio, deberán confeccionarse en moneda constante”.
El mentado artículo 62 no es claro, y una lectura ligera de su texto daría lugar a que se piense que únicamente en las sociedades por acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital llegue al valor previsto en el artículo 299, inciso 2, los administradores tienen esa obligación hacia los socios. Ello sería irracional, y contradictorio con las reglas de los artículos 11 y 68 de la ley de sociedades comerciales: si sólo se pueden distribuir dividendos por ganancias realizadas y líquidas que surjan de un balance confeccionado conforme a la ley y al estatuto, y aprobado por la reunión de socios (artículo 68); si el contrato constitutivo –que es ley para las partes– debe prever las reglas para la distribución de las ganancias (artículo 11); y si la causa fin del contrato de sociedad es la obtención de ganancias y su participación en ellas por los socios (artículo 1), resulta inconcebible pensar que los administradores estén dispensados de someter, en cualquier tipo social, los estados contables a la consideración de los socios.
Acerca del Estado de Origen y Aplicación de Fondos –reemplazado por el más preciso y pertinente Estado de Flujo de Efectivo– ya nos hemos explayado.
Finalmente, la exposición de los estados contables en moneda constante (artículo 62 in fine, introducido por la ley 22.903) es la única forma de reflejar la realidad económica de la sociedad. La negación consciente de la inflación –sea porque se la proclame vencida o discordante con la ley 23.928 (decreto 316/95), sea porque se piense que es parte esencial de determinado “modelo” proclamar la mentira como progresista– es contraria no solamente al principio de veracidad de los estados contables, sino al principio de veracidad que debe presidir las relaciones jurídicas y humanas.
Tienen por finalidad, de acuerdo con la Resolución Técnica n° 4, de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, “presentar la situación patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones de un grupo de sociedades relacionadas en razón de un control común, ejercido por parte de una sociedad como si el grupo fuera una sola sociedad con una o más sucursales o divisiones. Ello implica presentar información equivalente a la que se expondría si se tratase de un ente único, desde el punto de vista de los socios o accionistas de la sociedad controlante”.
Se entiende por estados consolidados “a los de un grupo económico constituido, en razón de la existencia de un control común, por la sociedad controlante y las sociedades controladas por ella, dando adecuada consideración a los intereses de terceros ajenos a los propietarios de la sociedad controlante”.
La norma sólo rige para las sociedades controlantes. Conforme a la citada Resolución Técnica N° 4, “las sociedades controladas que formen parte de un grupo económico… deben identificarlo claramente en nota a sus estados contables”.
En cambio, desde 1945 Argentina sufrió una inflación permanente. Al peso moneda nacional se le suprimieron dos ceros, con la sanción de la ley 18.188. En 1983, se creó el peso argentino, quitándose cuatro ceros. En 1985, por decreto 1096/85 se dio nacimiento al austral, equivaliendo un austral a mil pesos argentinos (lo que entrañó la supresión de tres ceros). A fines de 1992, y después de la reforma de la ley 23.928, comenzó a circular el “peso convertible”, equivalente a diez mil australes.
La Resolución Técnica N° 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, en el punto IV. NORMAS, A. Conceptos Generales. 1. Alcance, dispone que “todos los estados contables que se presenten deberán expresarse en moneda constante”. Como consecuencia de ello, “la diferencia entre el capital social reexpresado en moneda de cierre y el capital social sin reexpresar se expondrá en una cuenta denominada “ajuste del capital” (IV. NORMAS, B. Método, 10.). En nota a los estados contables deberá exponerse la evolución de la cuenta Ajuste del Capital ocurrida durante los últimos cinco años, anteriores a la fecha de cierre del ejercicio o período (IV. NORMAS. D. Exposición, 4. Evolución de ajuste de capital”).
En forma coherente, ha entendido la Resolución Técnica N° 6 que “la exigencia de la Ley 22.903, art. 62 in fine, implica que las decisiones del ente relacionadas con los estados contables deberán tomarse en base a la información incluida en los estados contables reexpresados en moneda de cierre. Ejemplos de ella son: cómputos de porcentajes legales para niveles de reservas, pérdida del capital, distribución de ganancias, ejercicio del derecho de receso”.
“Instrúyese a la Inspección General de Justicia dependiente de la Secretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, a la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación, dependientes de la Secretaría de Finanzas, Bancos y Seguros del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, a la Dirección General Impositiva y a la Administración Nacional de Aduanas dependientes de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, al Banco Central de la República Argentina del área del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos… y demás organismos de contralor dependientes del Poder Ejecutivo Nacional a fin de que no acepten la presentación de balances o estados contables que no observen lo dispuesto por el art. 10 de la ley 23.928”.
1) Pese a que pretende ser un decreto “reglamentario” del art. 10 de la ley 23.928, a todas luces es más que eso. Simplemente, abroga una norma legal –el art. 62 de la LSC– so pretexto de que ya está derogada (pero recién después de cuatro años de vigencia de la ley de convertibilidad descubrió tal derogación).
La “reglamentación” de las leyes debe ser acorde con su espíritu (art. 99, inc. 2 de la Constitución Nacional), encontrándose vedado al poder ejecutivo crear, por vía de un decreto supuestamente reglamentario, obligaciones y prohibiciones que van más allá de la ley (artículo 19 de la Ley Fundamental). Como tiene dicho la Suprema Corte de Justicia de de la Nación “no le es lícito al Poder Ejecutivo so pretexto de las facultades reglamentarias que le concede el art. 86, inc. 2 (actual art. 99, inc. 2) de la Constitución, sustituir al legislador y por supuesta vía reglamentaria dictar, en rigor, la ley previa que requiere la garantía constitucional del art. 18” (Fallos, 304:1898).
En cambio, los bienes de uso y correlativamente el capital y otras cuentas del patrimonio pueden –y deben– ser reexpresados en moneda constante, dado que no significan actualización de deudas y créditos. No ajustar los estados contables introduce serias distorsiones en la realidad económica –en la medición del patrimonio, los resultados, los dividendos; al del cálculo del valor de la parte del recedente, etcétera.– en perjuicio de los socios minoritarios.
* El art. 39 de la ley 24.073 –que modificó diversas normas impositivas– dispone: “a los fines de las actualizaciones de valores previstas en la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y en sus modificaciones, y en las normas de los tributos regidos por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la ley 23.928, las tablas e índices que a esos fines elabora la Dirección General Impositiva para ser aplicadas a partir del 11 de Abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de Marzo de 1992, inclusive…”.
Si bien ese precepto establece un tope para las actualizaciones –con una fecha posterior al 1° de abril de 1991– el mismo no deriva de la ley 23.928 –que es expresamente excluida como norma aplicable– sino de la propia ley 24.073.
* La ley 24.083 (Régimen Legal de Fondos Comunes de Inversión), cuyo art. 27 preceptúa: “será obligatoria la publicidad de:… d) Anualmente, el balance y estados de resultados en moneda de valor constante y el detalle de los activos integrantes del fondo”.
4) En los considerandos del decreto se expresa que nuestro país debe seguir las “normas de la mayor parte de los países, especialmente aquéllos de significación para el mercado de capitales, el financiamiento y el comercio para la República Argentina”, sugiriendo que si no se procede de esa manera, seremos poco menos que parias ante la comunidad financiera y bursátil internacional. Ello, además de comportar una total subvaloración de la ley y de lo jurídico, que quedan subordinados a razones de supuesta conveniencia económica– resulta errado:
* Según manifestó en su momento el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, los ajustes por inflación están aceptados por las normas internacionales de contabilidad 15 y 29 y por la “Securities and Exchange Commission” respecto de las empresas argentinas que cotizan sus acciones en la “New York Stock Exchange”.
* Nunca la abundancia de información puede ocasionar inconvenientes a inversores y analistas, nacionales o extranjeros. No debemos olvidar que la presentación de estados contables en moneda constante no descarta ni excluye los estados contables en valores corrientes, sino por el contrario, presupone que, en forma previa a su reexpresión, se cuenta con los datos históricos que constituyen la base para aquélla. Por eso, el art. 4 de la Resolución Técnica N° 6 de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, dispone: “la información expresada en moneda constante se presentará con carácter de información única, agregando una nota a los estados contables en la que se expondrán sintéticamente los estados contables básicos no reexpresados”, y el punto E. 2. b) de las IV. “NORMAS” establece que el registro en el Libro de Inventarios y Balances podrá efectuarse: “… b) listando los componentes de una cuenta a su valor no reexpresado e incluyendo una partida global de ajuste que reexprese el saldo de aquélla en moneda de cierre”.
En la hipótesis –a todas luces errónea, pero en la que nos situamos al solo efecto de la argumentación– de que los estados contables actualizados fueran incompatibles con los vigentes en el resto de la comunidad internacional, basta presentar, además, un balance histórico –que surgirá de las partidas no reexpresadas– para superar ese escollo, pero ningún bien puede derivar de la prohibición de reflejar la realidad. Esto último es percibido por la comunidad de negocios internacionales –salvo por quienes persigan obtener ganancias rápidas de su mayor acceso a la información, sean o no “insider traders”, como un signo de “autismo”, de negación de los hechos, y la intención de imponer la desinformación al común de la gente, aunque se invoquen razones de pretendida eficiencia, modernidad o adecuación a las normas supuestamente en vigor allende nuestras fronteras.
5) El art. 62 de la ley 19.550 no es una norma desgajada de un contexto –que pueda ser derogada sin abrogar todo el sistema en que se inserta– sino por el contrario, resulta una aplicación particular de los principios de veracidad, completividad y exactitud contenidos en el Código de Comercio (arts. 43, 50 y 52) del que la ley de sociedades forma parte (art. 384, ley 19.550):
* El art. 64, II, prescribe que “el estado de resultados deberá complementarse con el estado de evolución del patrimonio neto. En él se incluirán las causas de los cambios producidos durante el ejercicio en cada uno de los rubros integrantes del patrimonio neto”.
* En las notas complementarias deberán indicarse “e) cambios en los procedimientos contables o de confección de los estados contables aplicados con respecto al ejercicio anterior, explicándose la modificación y su efecto sobre los resultados del ejercicio” (art. 65).
* De la memoria deben resultar “1) las razones de variaciones significativas operadas en las partidas del activo y pasivo” (art. 66).
* El art. 68 dispone que “los dividendos no pueden ser aprobados ni distribuidos a los socios, sino por ganancias realizadas y líquidas”.
¿Cabe interpretar que tales reglas –no mencionadas en el decreto 316/95– han quedado igualmente derogadas por la ley 23.928, y que ésta significa una negación legislativa de expresar la verdad? Categóricamente la respuesta es que no. Al legislador se lo presume sabio y justo, y la exégesis de las normas debe efectuarse evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto[79].
6) El decreto en análisis tiene, al parecer, el propósito declarado de adecuar nuestras normas contables a las prácticas internacionales. ¿Qué queda de los accionistas minoritarios de sociedades cerradas, que carecen de todo interés por aquellas prácticas? ¿Qué ocurrirá con los accionistas no controlantes de sociedades abiertas, y todos aquellos que no cuenten con un acceso directo y de primera mano, al conocimiento y control de la gestión de la empresa?
La ley 25.561, el decreto 214/2002 y una serie de normas no siempre concordantes entre sí, sepultaron para siempre –en eso sí eran uniformes, en cuanto a la política normativa– el régimen monetario de la convertibilidad, pero dejando incólume la prohibición de indexar, al mantener la ley 25.561 la vigencia del art. 10 de la ley 23.928. La ley quiso así llevar consigo un “mensaje” a los agentes económicos: que la inflación no existe aunque exista y que, consecuentemente, deberán ajustar sus expectativas no a la realidad, sino a los propósitos de las autoridades[80].
Sin embargo, la depreciación no solamente externa sino también interna de la moneda –sobre todo medida por el índice mayorista, que refleja en mayor medida la incidencia de los precios de los bienes comercializables internacionalmente– fue muy elevada a lo largo del año 2002, al punto que se temió una nueva hiperinflación. En ese contexto, el 16 de julio de 2002 se dictó el decreto “de necesidad y urgencia” 1269/2002 (publicado en el Boletín Oficial del 17-07-2002) que, “modificando” el art. 10 de la ley 23.928, estableció como excepción a dicha norma, la expresión de los estados contables en moneda constante, derogando igualmente el decreto 316/95.
En rigor, el ajuste de los estados contables por inflación no violaba la ley 23.928 –y en tal sentido, el decreto 316/95 era erróneo en sus fundamentos– por lo que el decreto 1269/2002 no necesitaba modificar el art. 10 de aquélla para que los balances se expresaran en moneda constante.
Pero el ajuste marchaba a contramano de la pretensión fiscalista de no permitirlo, pues la falta de reconocimiento de la incidencia de la depreciación monetaria incrementaba artificialmente las ganancias imponibles. De allí que nueve meses después –en marzo de 2003– se dictara el decreto 664/03, que a la vez derogó el decreto 1269/2002.
Tanto se ha abusado de los decretos de necesidad y urgencia, que parece haberse olvidado que el principio es que el poder ejecutivo no puede “en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” (art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional). Esas enfáticas disposiciones (“en ningún caso”, “bajo pena de nulidad absoluta e insanable”) admiten excepciones, pero deben ser realmente tales, y surgir, no de las conveniencias del gobierno de turno, o de sus cálculos acerca de las mayorías que tenga o no tenga en el Congreso, sino de la imposibilidad real de recurrir al procedimiento normal de sanción de las leyes.
Otro tanto cabe decir de los aportes a cuenta de futuros aumentos de capital, que si se realizan en pesos –que ya no son convertibles– quedarán licuados por la desvalorización de la moneda, y si se efectúan en divisas fuertes, pueden colocar a los restantes accionistas en serias dificultades para ejercitar el derecho de suscripción preferente (art. 194, L.S.C.) en ocasión de votarse la capitalización del aporte.
El propio tenor literal del decreto 664/2003 establece sus destinatarios. El art. 2 modifica el texto del art. 4 del decreto 1269/2002, instruyendo a los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional a fin de que “dispongan en el ámbito de sus respectivas competencias, que los balances y estados contables que se les sean presentados, deberán observar lo dispuesto por el art. 10 de la ley 23.928 y sus modificaciones”. No ordena a las sociedades –ni podría hacerlo– que no confeccionen ni aprueben estados contables ajustados por inflación. Tampoco tiene competencia para regir la actividad de las autoridades de contralor locales.
En rigor, si el art. 10 de la ley 23.928 no prohíbe expresar los estados contables en moneda constante –pues hacerlo no entraña repotenciar deudas ni créditos, si éstos legal o convencionalmente no se ajustan– los organismos nacionales podrían haber entendido –aunque no lo hicieron– que no existe incompatibilidad entre el ajuste por inflación y la citada norma. Pero la competencia del Poder Ejecutivo Nacional para reglar la cuestión no va más allá. Nada impide que los organismos administrativos locales interpreten –bien– el art. 10 de le ley 23.928 en el sentido de que no contradice el art. 62 in fine de la ley de sociedades, y, fundamentalmente, nada obsta a que los órganos societarios confeccionen y aprueben estados contables ajustados, sin perjuicio de que impositivamente no podrán hacerlo, salvo que cuestionen la constitucionalidad de la prohibición del ajuste por inflación.
Dentro de los 15 días de su aprobación, las sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital alcance el importe fijado por el artículo 299, inciso 2), deben remitir al Registro Público de Comercio un ejemplar de los estados contables y de la memoria; en el mismo plazo, si se trata de una sociedad por acciones, deberán enviar una copia a la autoridad de contralor (art. 67).
En las sociedades anónimas, el tratamiento, aprobación o desaprobación de los estados contables compete a la asamblea general ordinaria (art. 234, inciso 1)[83]. Como órgano de gobierno, puede desaprobarlos y disponer la inclusión o exclusión, total o parcial, de determinados rubros en el activo o en el pasivo, pero no puede suplir al propio órgano de administración en su confección. Desaprobados aquéllos, deberán el directorio o la gerencia –según el tipo social– presentar nuevos estados contables, con ajuste a las pautas señaladas por la asamblea, que deberá nuevamente tratar y resolver sobre su aprobación o rechazo.
Salvo nuevos aportes de los propietarios (aumento de capital o aporte irrevocable a cuenta de aumentos de capital), o reintegro parcial a ellos (por rescate, amortización de acciones, exclusión o receso), todo cambio del patrimonio neto es el exacto correlato de las ganancias o pérdidas, de manera que en principio, los aumentos en términos reales del patrimonio neto equivalen a las ganancias del ejercicio, y sus reducciones, a las pérdidas. Si bien el balance y el estado de resultados son diferentes, representan dos caras de una misma moneda: la ganancia es un incremento de igual monto del patrimonio neto, proveniente del giro social y no de nuevos aportes.
Si ello no es así, y se violan los artículos 62, 63, 64 y 65 de la LSC, o se transgreden las normas estatutarias –que son ley para los socios (art. 1197 del Código Civil)– los accionistas disconformes pueden cuestionar en la asamblea, e impugnar la decisión eventualmente aprobatoria, en los términos del art. 251 de la ley 19.550.
El art. 300 del Código Penal reprime, como fraude al comercio y la industria, al fundador, director, liquidador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva que a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, balance, cuenta de ganancias y pérdidas –estado de resultados– o los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o incompletos, o informare a la asamblea o reunión de socios con falsedad o reticencia, sobre hechos económicos importantes para apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera que hubiere sido el propósito perseguido al verificarlo.
Hemos considerado conveniente agregar, como anexo, el contenido ampliado y modificado con correcciones estilísticas, de un artículo presentado bajo el título “EL PRINCIPIO DE VERACIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES Y LA SUBVALUACIÓN DE LOS BIENES DE USO COMO REGLA”, publicado en el Libro de Ponencias del XI Congreso Argentino de Derecho Societario VII Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, Tomo III, año 2010, Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, páginas 33 a 40.
Es sabido que en los últimos años, en particular después de la gran devaluación del año 2002, los precios de los fundos rurales se incrementaron sustancialmente, no sólo en pesos, sino en dólares estadounidenses. Los valores de las fincas con destino agropecuario ubicadas en provincias o zonas como Santiago del Estero o el norte de Santa Fe –para citar sólo algunos ejemplos que nos constan– cuyos precios por hectárea eran muy bajos, se multiplicaron diez, quince y veinte veces, en dólares (las tierras de Santiago del Estero se valorizaron más, en términos comparativos, porque sus precios de mercado iniciales eran ínfimos). En los campos que ya eran valiosos, el aumento también fue sustancial.
El elevado tipo de cambio real –sostenido por años como uno de los puntales del modelo económico– más la devaluación del propio dólar estadounidense frente al euro y otras divisas, sumada a los altos precios de la soja y otros commodities, y las bajas tasas internacionales de interés provocaron una significativa suba de los precios de mercado y de los valores productivos de los inmuebles con destino agrícola, lo que necesariamente debe reflejarse en los estados contables.
Hemos visto que por decretos inconstitucionales –316/95 y 664/03– se ha pretendido vedar el ajuste por inflación impuesto por el artículo 62 in fine de la LSC. Esta es por sí sola una fuente de distorsión de los estados contables; pero con prescindencia de la depreciación monetaria, ha habido en la última década una fuerte valorización en moneda constante –es decir, independiente del envilecimiento de nuestra moneda– de los inmuebles rurales, lo que luego se trasladó a los fundos urbanos. El “corralito”, el “corralón”, la inseguridad jurídica y las bajas tasas de interés internacionales determinaron que muchos inversores se volcaran al mercado inmobiliario, provocando un importante incremento en términos reales de los precios de los inmuebles rurales y también los ubicados en centros poblados.
“La baja valuación de los bienes integrantes, como la excesiva amortización, llevan a la creación de reservas ocultas. Idéntico resultado se alcanza con la sobrevaluación del pasivo… son un vehículo de fraude al fisco, a los accionistas privilegiados y a los comunes… se prestan a las maniobras de los directores para adquirir las acciones a un valor inferior al real; son recursos para negocios extrasociales de los directores, etc. Además, el balance debe ser sincero, y estas reservas ocultas intencionales van en contra de la apuntada sinceridad… La L.S. rechaza implícitamente la formación de esta reserva solapada, por cuanto:a) el art. 70 autoriza la formación de “otras reservas que las legales, siempre que sean razonables y respondan a una prudente administración”, lo que exige su manifestación para el debido control asambleario y su eventual impugnación;b) además, las reservas deben ser aprobadas “conforme el art. 244, última parte, cuando su monto exceda del capital y las reservas legales” (art. 70);c) en las notas complementarias (art. 65), en los cuadros anexos (ap. 2, inc. d), debe detallarse el monto y evolución de las reservas (aumentos, disminuciones, y la razón de estas últimas) por lo que la constitución de reservas ocultas sería contraria a los criterios fundamentales apuntados, de sinceridad y de veracidad de los estados contables; d) además, en la memoria el directorio debe expresar las “razones por las cuales se propone la constitución de reservas, explicadas clara y circunstancialmente” (art. 66, ap. 3º): admitir reservas ocultas sería una violación flagrante de este deber; e) afecta la veracidad del balance, que resultaría incompleto e insincero.”
Prescindiendo de que el plusvalor sea una “reserva oculta” o no –o si es conceptualmente admisible hablar de “reservas ocultas” – lo evidente es que las diferencias sustantivas entre el precio de costo y el valor real comportan una negación del principio de veracidad objetiva de los balances y estados contables, pues el activo queda infravaluado en forma grosera.
3. Son estipulaciones nulas las que permitan a un socio o grupo de socios quedarse con la parte de otro por un valor notoriamente inferior a la realidad (art. 13, inciso 5 de la ley 19.550), y esa disposición de la ley de sociedades proyecta sus efectos hacia toda la vida del ente empresario[86]. Tanto en los supuestos de receso, exclusión o resolución parcial por muerte –en los tipos sociales que es viable– o para establecer la relación de cambio en los casos de fusión, la manifiesta subvaluación de los bienes de uso conduce a una vulneración del precepto en su espíritu (artículo 16 del Código Civil) y a la violación del derecho de propiedad de los socios.
4. Los socios participan en todas las partidas del patrimonio social y tienen el derecho a la justa valuación de éste –en función del cual se valúa su parte– a la intangibilidad de su participación[87] y a la protección de su derecho de propiedad, que debe ser concebido como una porción alícuota del patrimonio social (resolución 25/2004, I.G.J).
5. Las resoluciones técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas –cuya frondosidad y carácter ambiguo no permiten arribar a resultados unánimes– no son jurídicamente vinculantes, ni pueden primar sobre el principio de veracidad objetiva de la contabilidad y los estados contables (artículos 43, 51, 52 del Código de Comercio). O en tren de armonizar aquéllas con éste, debe darse preeminencia a las partes de dichas resoluciones técnicas que consagran explícita o implícitamente ese principio[88].
Remarcando nuevamente que deben prevalecer las directrices ético– jurídicas de veracidad y exactitud que contempla el Código de Comercio, señalamos que:
* La misma resolución, cuando enuncia el criterio de que ningún activo o grupo homogéneo de activos podrá presentarse en los estados contables por un importe superior a su valor recuperable (parágrafo 4.4.), admite como contrapartida que en el supuesto inverso de que el valor recuperable –es decir, valor de enajenación– de los bienes de uso sea muy superior al de costo menos amortizaciones, se adopte aquél y no éste. De lo contrario, se daría el dislate de la asimetría: cuando los bienes valen menos que su costo, se tomaría el valor recuperable de aquéllos; si valen más, se adoptaría únicamente el costo.
* Igualmente, contempla como hipótesis en que procede la comparación entre las mediciones contables primarias de los activos y sus correspondientes valores recuperables, las de “4.4.2… 1) declinaciones (o aumentos) en los valores de mercado de los bienes que sean superiores a las que deberían esperarse con motivo del mero transcurso del tiempo”.
* El punto 8.2.2. de la resolución técnica –y la propia ley de sociedades comerciales (artículo 63) – prevén explícitamente los revalúos.
De ningún modo las resoluciones técnicas –carentes de rango legal– pueden obligar a la sociedad ni a sus directores a violar el Código de Comercio, ni imponer la mentira o –para no caer en subjetivismos– el apartamiento de la realidad económica. Esa negativa a admitir la verdad –renuncia consciente a ella– ha sido descalificada por la Corte Suprema de la Nación.[89]
* El adecuado avalúo de los bienes es una cuestión que no queda librada solamente a la voluntad de las partes, como lo demuestra el precepto del artículo 53 de la ley 19.550. En la etapa constitutiva –a la fecha de la firma del contrato social y hasta su inscripción– la voluntad de los socios es unánime (artículo 1137 del Código Civil), pese a lo cual la ley impone ciertas pautas para la valuación, además de su aprobación por la autoridad de contralor. Con mayor razón debemos ser estrictos, cuando el inventario y el balance son dibujados por el órgano de administración, sin la intervención del grupo minoritario.
Desde entonces, el valor oficial del dólar estadounidense se multiplicó por 6,5 (por diez el precio en el mercado libre, en los países vecinos, y en el “contado contra liquidación) y a la vez los fundos rurales incrementaron sus precios en aquella moneda entre cinco, diez y quince veces, según las zonas. No puede una resolución técnica –que carece de valor legal– dictada en un contexto de estabilidad y aun de deflación monetaria, situarse por encima de las normas del Código de Comercio (artículos 41, 51 y 52 ya citados); ni sobre la ley de sociedades comerciales, que incluye expresamente en sus previsiones los revalúos (artículo 63, 2, II, b). Su inclusión deja de ser facultativa cuando el criterio de valuación basado en el costo de adquisición conduce a infringir el principio de veracidad.
Y la veracidad no es una exigencia meramente normativa o contable, sino un axioma fundante del deber ser en todo ordenamiento jurídico. Lo que no es veraz o se opone a la buena fe –si se actúa a sabiendas, como acaece en la mayoría de los casos– o reposa en el error y choca contra la realidad económica, que no puede ser soslayada por los jueces.
* Así, el inciso 5 del artículo 13 declara nulas las estipulaciones “que permitan la determinación de un precio para la adquisición de la parte de un socio… que se aparte notablemente de su valor real al tiempo de hacerla efectiva”.
En los supuestos de notoria infravaluación, resultante de emplear como criterio el costo de adquisición, ese subvalúo de los bienes de uso equivale, en la práctica, a una cláusula que impidiera el ejercicio del derecho de receso. Aunque no llegue a configurarse una hipótesis que autorice a receder, la ley –en las normas citadas– declara nulas a las cláusulas contractuales o resoluciones asamblearias que permitan determinadas consecuencias disvaliosas para el socio aunque el eventus damni no haya acaecido.
Por lo demás, una valuación de los bienes de uso que se aparte notoriamente de la realidad posibilita ventas de ellos a precio vil, por un valor mayor que el de costo, pero muy inferior al de mercado, quedándose el grupo de control o algunos directores con la diferencia “en negro”. Con una valuación de los bienes de uso que se aparta ostensiblemente de la realidad, no sólo se viola el principio de veracidad objetiva de los balances, sino se prepara el camino para el despojo de los accionistas minoritarios ajenos al círculo familiar o de lealtades espurias del “socio tirano”[90].
La resolución técnica n° 17 contempla como hipótesis en que procede la comparación entre las mediciones contables primarias de los activos y sus correspondientes valores recuperables, los casos de “1) declinaciones (o aumentos) en los valores de mercado de los bienes que sean superiores a las que deberían esperarse con motivo del mero transcurso del tiempo”.
8. El art. 251 de la ley de sociedades comerciales autoriza a la impugnación por nulidad de las decisiones adoptadas en violación de la ley. Está claro que cuando así se expresa, se refiere al ordenamiento jurídico en plenitud, integrado por la ley 19.550 pero que no se agota en ella. Los principios generales del Código Civil, que vedan la lesión (art. 954) y el abuso de derecho (art. 1071) integran el derecho aplicable[91].
9. El adecuado avalúo de los bienes es una cuestión que no queda librada solamente a la voluntad de las partes, como lo demuestra el precepto del art. 53 de la ley 19.550. En la etapa constitutiva –a la fecha de la firma del contrato social y hasta su inscripción– la voluntad de los socios es por hipótesis unánime (artículo 1137 del Código Civil), pese a lo cual la ley impone ciertas pautas para la valuación, además de su aprobación por la autoridad de contralor. Con mayor razón debemos ser estrictos, cuando el inventario y el balance son confeccionados por el órgano de administración, y aún cuando sean aprobados por la asamblea, la decisión salvo excepciones no es unánime sino mayoritaria.
10. El criterio de valuación de los bienes de uso según el costo de adquisición, cuando los valores resultantes son marcadamente inferiores a la realidad, conduce al absurdo de que si la adquisición fuera a título gratuito, deberían valuarse correctamente pero si –como es la regla en las sociedades comerciales– adquirieron el bien por compra u otro título oneroso, se tome como criterio el valor de costo reexpresado menos las amortizaciones acumuladas.
La circunstancia de que en más del 99% de las sociedades argentinas, las acciones no cotizan en bolsa –cotización que reflejaría inmediatamente el riesgo, ocasionando un menor precio– no puede desdibujar que todo lo que cause un peligro disminuye actualmente el valor patrimonial del tenedor de esas acciones. Si se instala una fábrica de pólvora al lado de una casa, no es necesario que se produzca una explosión para que pierda todo valor como inmueble habitable, y para que el único interesado en comprarlo sea el dueño de aquélla.
La subvaluación –que económicamente es tan dañosa como la fábrica de pólvora del ejemplo– no produce un “eventus damni”, sino un perjuicio actual[92].
La subvaluación permite al directorio –que responde al grupo mayoritario, cuando no se identifican lisa y llanamente las personas de los directores con los titulares de la mayoría del capital social– vender bienes a precios superiores a los de su valuación, pero inferiores al real, con eventuales diferencias “en negro” a favor del grupo de control o de alguno de sus integrantes. No resulta necesaria una nueva cita doctrinaria para advertirlo; es una cuestión de sentido común. Si en una sucesión se tasa un departamento céntrico en $ 20.000 –que vale, por ejemplo U$S 200.000– y a la vez se autoriza al administrador de aquélla a enajenarlo por el valor de tasación, se está posibilitando el fraude. En la órbita societaria, se agrava porque de facto impide el ejercicio útil del derecho de receso, y porque en los hechos, el directorio puede enajenar ilimitadamente los bienes de uso.
[2] Dice el fallo de marras, en lo pertinente: “la actora carecía de toda documentación que avalase su pretensión, incumpliendo –de ese modo– con lo preceptuado por el art. 43 Cód. Comercio, disposición –ésta– que al mismo tiempo que establece la obligación de todo comerciante de llevar libros arreglados a derecho, expresamente prescribe que todas las constancias contables deben complementarse con la documentación respectiva. A falta de esta última, los asientos en cuestión no pasaban de ser anotaciones unilaterales efectuadas por el mismo comerciante interesado en la condena…”
[3] Como señala FERNANDO LÓPEZ DE ZAVALÍA (“Teoría de los contratos, Parte General”, Zavalía Editor, 1984, págs. 18-19): “Figura del acto unilateral subjetivamente complejo es el acto colectivo; figura del bilateral el contrato. Ambos han sido comparados con una imagen feliz: En el acto colectivo (v.g.: el acto de un órgano colegiado de una persona jurídica…) hay pluralidad de voluntades que corriendo paralelas se unen sumándose para formar una declaración única que persigue un mismo efecto…”.
[4] ROBERTO MARIO RODRÍGUEZ, “Introducción a la contabilidad superior”, Tomo 1, Segunda Edición, Ed. El Graduado, pág. 54.
[7] Inclusive la terminología empleada por la reforma de 1983 –época en que si bien existían las grandes computadoras, no había irrumpido la PC– tiene un regusto un tanto arcaico, al utilizar la frase “ordenadores, medios mecánicos o magnéticos”. La expresión “ordenadores” es más propia del idioma español empleado en la península ibérica, y los “medios mecánicos o magnéticos” han sido reemplazados por las omnipresentes computadoras.
[9] RICARDO NISSEN, “Ley de Sociedades Comerciales”, Editorial Ábaco, 2ª edición, 1994, Tomo 2, parágrafo 188, págs. 64 y ss). se expresa así: “El balance, que debe descansar necesariamente en un inventario previo que lo complementa…”
[10] Siguiendo a ALBERTO VÍCTOR VERÓN (“Los Balances. Tratado sobre los Estados Contables”, Ed. Errepar, 1997, Tomo I, pág. 136) “la información debe ser completa, ello significa que incluirá al menos todas la partes esenciales”.
[12] “… una justificación clara de todos y cada uno de los actos susceptibles de registración contable.” (artículo 43)
[13] “… sus partidas se formarán teniendo como base las cuentas abiertas…” (artículo 51).
[15] Como dice DANIEL ROQUE VÍTOLO (“Sociedades Comerciales. Ley 19.550 comentada. Jurisprudencia y Bibliografía por Miguel A Piedicasas”, Rubinzal-Culzoni Editores, Tomo II, glosa al artículo 69, págs. 95 y ss.): “La impugnación de los estados contables se realiza por intermedio de la acción de impugnación regulada por el artículo 251 de la ley… Los motivos por los cuales pueden ser impugnados los estados contables deben obedecer a cuestiones vinculadas a los principios que rigen la contabilidad en orden a su legalidad, veracidad, evidencia, claridad, completividad y coherencia”.
[17] Cámara Nacional en lo Comercial, sala B, 10 de mayo de 1995, “Noel, Carlos M. M. c. Noel y Cía. S. A.”, La Ley 1996-D, pág. 641.
[27] Resolución Técnica Nº 8 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, publicado en “Normas Contables Profesionales”, pág. 131, Valletta Ediciones, 1994.
(1) Va = VF/ (1+i)n; o lo que es igual:
(2) VA = VF (1 + i)–n
[31] A partir del decreto 507/93, ratificado por la ley 24.447, la autoridad de aplicación y órgano recaudador de las obligaciones previsionales es la Dirección General Impositiva, razón por la cual, a los efectos prácticos y económicos –aunque difieren los regímenes legales– ambos pueden considerarse pasivos fiscales.
[33] DE GREGORIO, citado por SASOT BETES-SASOT, “Sociedades Anónimas. Las asambleas”, Ed, Ábaco, 1978, págs. 369-373.
[36] GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, “Derecho Societario. Parte General”, Tomo 7, Documentación y contabilidad societarias, Ed. Heliasta, 1999, págs. 120-121.
[41] Artículo 63: En el balance general deberá suministrarse la información que a continuación se requiere: 1) En el activo: a)… b)… c)… d)… e)… f)… g)… h). 2) En el pasivo: I. a)… b)… c…)… d). II. a) El capital social… b) Las reservas legales, contractuales o estatutarias, voluntarias y las provenientes de revaluaciones y de primas de emisión; c) Las utilidades de ejercicios anteriores y en su caso, para deducir, las pérdidas; d) Todo otro rubro que por su naturaleza corresponda ser incluido en las cuentas de capital, reservas y resultados.
[46] Por ejemplo, KENNETH BOULDING, “Análisis económico”, 9ª edición española de la cuarta edición norteamericana, 1967, Alianza Editorial S.A., Madrid, 1967, pág. 385.
[47] El artículo 70 del decreto 1344/98 reglamentario de la ley de impuesto a las ganancias dispone: “… b) el costo de ventas a que se refiere el inciso a) se obtendrá adicionando a las existencias al inicio del año fiscal las compras realizadas en el curso del mismo y al total así obtenido se le restarán las existencias al cierre del mencionado año fiscal.”
[49] Como lo destacamos en nuestro artículo titulado “La repetición de impuestos directos e indirectos y la doctrina del empobrecimiento”, recopilado en el “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario. Derecho Tributario” dirigido por JORGE H. DAMARCO (Procedimiento Tributario), Ed. La Ley, 2010, Tomo 2, págs. 869-904 (particularmente págs. 875-882), los costos fijos no inciden en el costo marginal de corto plazo y consecuentemente, en la determinación del precio.
[50] GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, “Derecho Societario. Parte General”, Ed. Heliasta, 1999, Tomo 7, págs. 406-407.
A la vez los artículos 1 y 2 de dicho ordenamiento preceptúan: Artículo 1: “Quedan comprendidos en la presente ley los actos jurídicos a título oneroso que tengan por objeto principal o accesorio la transferencia, cesión o licencia de tecnología o marcas por personas domiciliadas en el exterior, a favor de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas domiciliadas en el país, siempre que tales actos tengan efectos en
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References: artículo 33
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 67
in fine
 artículo 64
 artículo 63
 artículo 202
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 63
in fine
 artículo 70
 artículo 39
 artículo 5
 artículo 66
 artículo 64
 resolución 
 artículo 83
 artículo 67
 artículo 299
 artículo 66
 artículo 299
 artículo 62
 artículo 299
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 artículo 299
 artículo 62
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 resolución 
 resolución 
 artículo 53
 resolución 
 artículo 13
 resolución 
 artículo 69
 artículo 251
 Resolución 
 Artículo 63
 artículo 70
 Artículo 1