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Timestamp: 2020-07-05 22:42:03+00:00

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Estudio Jurídico Ling Santos: QUE SUCEDE EN UN REMATE SI HAY VARIOS INMUEBLES QUE GARANTIZAN LA DEUDA
CAS. N° 4969-2008 CUSCO. Lima, cuatro de junio del dos mil nueve.- LA SALA
CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; con el
acompañado, vista la causa número cuatro mil seiscientos sesenta y nueve dos
mil ocho, en Audiencia Pública de la fecha, oído el informe oral, producida
la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia.
I. MATERIA DEL RECURSO, Se trata del recurso de casación interpuesto por el
Banco Continental, mediante escrito de fojas cuatrocientos seis, contra la
Justicia del Cusco, obrante a fojas trescientos noventa, su fecha
veintinueve de septiembre del dos mil ocho, que declaró en otros-
improcedente la demanda interpuesta por el Banco Continental contra la
Sucesión de Julián Leonidas Ortiz Romero y Juana Francisca Pacón Quispe a
fin de que paguen la suma de cuarenta y seis mil un dólares americanos con
doce centavos de dólar.
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Esta Sala Civil Suprema, mediante resolución de
fecha doce de marzo del dos mil nueve declaró procedente el recurso de
casación, interpuesto por el citado banco por el inciso 3 del artículo 386
del Código Procesal Civil, relativa a la Contravención de las Normas que
Garantizan el Derecho a un Debido Proceso estableciendo: a) Que, no es
cierto que el saldo deudor debe ser lo más pormenorizado posible, más por el
contrario la jurisprudencia uniforme sostienen que: 'El estado de cuenta de
saldo deudor, no requiere de formalidad alguna, siendo suficiente que se
detallen montos adeudados y esto porque el artículo 720 del Código Procesal
Civil no exige cuál debe ser la formalidad del estado de cuenta del mismo y
qué debe de contener"; esto tiene su explicación en el artículo 1229 del
Código Civil, es decir corresponde al deudor probar la prestación a su
cargo, por lo que el acreedor lo único que debe acreditar es cuánto ha
prestado y qué cantidad se adeuda hasta la fecha del estado de cuenta en
referencia, así como indica la cantidad de los intereses, tal como se
aprecia del estado de cuenta de saldo deudor; b) La Sala considera que la
Ley establece que cuando existe la valorización del bien no se requiere
nueva, lo que resulta equivocado dado que la jurisprudencia dice lo
contrario; al indicar que los bienes sufren una valorización o depreciación
en el tiempo, por lo que se hace necesario actualizar el valor del bien
materia de ejecución; en principio debe entenderse que el requisito de
tasación no es uno de procedibilidad sino de admisibilidad, puesto que si el
Colegiado considera que los valores que aparecen en las tasaciones no le
generan certeza sobre los mismos, para eso está el artículo 729 del Código
Procesal Civil, el mismo que determina cuando el Juez puede, de oficio o
petición de parte, ordenar la tasación si considera que el valor convenido
está desactualizado, disposición que ya fue tomado en cuenta por el juzgado
y no por el Colegiado en instancia revisora; c) Ni en el Código Civil como
en el Código Procesal Civil, existe norma alguna que determine que frente a
varias garantías reales, tiene que ejecutarse una tras otra, o uno o dos de
ellos, la aplicación de dicho acto significaría recortar el derecho del
acreedor. De otro lado el artículo 736 del Código Procesal Civil dispone en
sus incisos 2 y 3, los cuales son clarísimos y corroboran nuestra posición
de que ciertamente se puedan demandar varias garantías hipotecarias y recién
en el acto de remate se procederá conforme a las reglas que señala el
dispositivo antes mencionado, por tanto el fundamento de la Sala sobre este
extremo es subjetivo y no tiene sustento jurídico alguno. III. CONSIDERANDO:
Primero: habiéndose declarado procedente el recurso de casación por la
causal de Contravención de las Normas que Garantizan el derecho a un debido
proceso, corresponde señalar que El Derecho al Debido Proceso es un derecho
fundamental de los justiciables, el cual no sólo les permite acceder al
proceso ejercitando su derecho de acción sino también a usar los mecanismos
procesales preestablecidos en la Ley con el fin de defender su derecho
durante el proceso y conseguir una resolución emitida con sujeción a Ley.
Segundo: El proceso de Ejecución de Garantías, es una acción real que
la venta de la cosa, por incumplimiento en la obligación garantizada, lo que
se despacha en virtud del título de ejecución constituido por el documento
que contiene la garantía, conjuntamente con el estado de cuenta de saldo
deudor y los demás requisitos exigidos por el artículo 720 del Código
Tercero: El estado de cuenta de saldo deudor es un requisito especial en los
procesos de ejecución, conforme a lo señalado en el artículo en referencia,
empero dicha norma no señala una formalidad solemne para su
presentación, siendo su real finalidad dar a conocer las obligaciones que
han sido liquidadas y que son materia de cobro; lo antes expuesto no
conlleva necesariamente a que el estado de cuenta de saldo deudor sea
siempre validado por las instancias de medio, pues puede darse el caso que
su contenido sea ineficaz para determinar con exactitud el monto adeudado,
resultando entonces menester señalar que para que la acción de ejecución se
viabilice, debe de acreditarse que la obligación sea cierta, expresa y
exigible, conforme a lo dispuesto en el artículo 689 del Código Adjetivo.
Cuarto: Conforme se advierte del pronunciamiento emitido por el Ad quem, la
Sala desestimó la demanda, considerando que "El estado de cuenta de saldo
deudor adjuntado a la demanda a fojas siete no permite identificar el estado
real dele deuda o los intereses, pues no se indica el periodo liquidado, los
pagos efectuados, ni los débitos de saldo, asimismo los bienes dados en
garantía fueron calculados con intereses menores a los pactados", por lo que
corresponde señalar que en la normatividad que regula los procesos de
ejecución de garantías Capitulo IV Título V del Código Procesal Civil -
artículos 720 al 748 - el estado de cuenta de saldo deudor implica una
amparar el recurso de casación en cuanto a éste extremo se refiere, al
haberse contravenido el principio de vinculación y formalidad contenidos en
el artículo IX del Título Preliminar del Citado Código, determinándose la
nulidad de la sentencia de vista
Quinto: Respecto al punto b) es menester señalar con fines esclarecedores y
en atención a la finalidad nomofiláctica del recurso de casación, que si
bien es cierto que el artículo 729 del Código Procesal Civil, establece que
no es necesario la tasación, si las partes han convenido el valor del bien o
su valor especial para el caso de ejecución forzada, lo es también que es
facultad del Juzgador, ordenar una nueva si considera que el valor convenido
por las partes es desactualizado, por lo tanto el Ad quem actuó conforme a
las facultades expresamente otorgadas por Ley, al haber expresado de manera
motivada y congruente un análisis de lo actuado en el proceso, expresando el
por qué las nuevas tasaciones presentadas por la parte demandante no le
causaron la debida convicción sobre el valor real comercial de los bienes
inmuebles, sin embargo dicha instancia se encuentra obligada a establecer
expresamente si acoge la valorización convencional adoptada por las partes
en las escrituras de garantía hipotecaria acompañadas como recaudo a la
demanda o bien en caso de no acoger las nuevas valorizaciones presentadas
por la actora y de considerar que el valor convenido está desactualizado,
debe disponer una nueva tasación, cumpliendo la citada instancia con el
principio de la debida motivación de las resoluciones judiciales, a tenor de
lo establecido en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política
Sexto: En cuanto al agravio expuesto en el punto c) del recurso de casación,
corresponde señalar que el artículo 736 del Código Procesal Civil, es
expreso en el sentido de que "es una regla común en el acto de remate que
cuando se remate más de un bien, el acto se dará por concluido, bajo
responsabilidad, cuando el producto de lo ya rematado, es suficiente para
pagar todas las obligaciones exigibles en la ejecución y las costas y costos
del proceso", regla que establece la ponderación que debe de existir en el
acto de remate, puesto que cuando se sacan diferentes bienes, la citada
regla establece que el producto de lo ya rematado es suficiente para pagar
todas las obligaciones exigidas y el acto se dará por concluido bajo
responsabilidad. Por lo que no es necesario el remate de todos los bienes si
la cantidad obtenida cumple con la obligación exigida (lo subrayado es
nuestro); supuesto de la norma que se advierte la Sala no ha cumplido con
desarrollar señalando erróneamente que " era suficiente pedir la ejecución
de uno o más de los inmuebles, por cuanto la valorización convencional sobre
ellos supera la Ley", cuando es claro que la determinación de aquellos
inmuebles que cumplan con el pago total de la obligación demandada se
realizará en la etapa de ejecución forzada como es el remate, por lo que
corresponde que dicha instancia emita nuevo pronunciamiento con arreglo a
Sétimo: Conforme a lo anteriormente expuesto el Ad quem con tal
pronunciamiento ha contravenido el principio de vinculación y formalidad
contenido en el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil
en cuanto establecen que "Las Normas Procesales contenidas en el citado
cuerpo normativo, son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en
contrario" correspondiendo a tenor del artículo 176 del glosado dispositivo
procesal, declarar la nulidad de la sentencia de vista por adolecer de
vicios insubsanables.
IV. DECISION: Por tales consideraciones, con lo expuesto en el Dictamen
Fiscal y de conformidad con lo regulado en el acápite 2.1 del inciso 2 del
artículo 396 del Código Procesal Civil: Declararon: a. FUNDADO: El recurso
de casación interpuesto por el Banco Continental b. CASARON: La sentencia de
vista de fecha veintinueve de septiembre del dos mil ocho que declaró
improcedente la demanda. c. en consecuencia declararon NULA la resolución de
fecha quince de abril del dos mil ocho, obrante a fojas trescientos uno. d.
ORDENARON: Que, el Ad Quem emita nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta
las consideraciones expuestas por éste Supremo Colegiado. e. DISPUSIERON: La
responsabilidad; en los seguidos con la Sucesión de Julián Leonidas Ortíz
romero y Juana Francisca Pacori Quispe sobre ejecución de garantía;
interviniendo como Vocal Ponente el Señor Palomino García; y los
devolvieron.- SS. PALOMINO GARCIA, CASTAÑEDA SERRANO, MAC RAE THAYS, ARANDA
RODRIGUEZ, IDROGO DELGADO C-434729-66
Publicado en el Diario Oficial EL PERUANO el 30-12-09 Página 26999
*Imagen publicada el 10-10-12, tomada del siguiente vínculo http://derecho.laguia2000.com/parte-general/subasta.

References: resolución 
 artículo 386
 artículo 720
 artículo 1229
 artículo 729
 artículo 736
 resolución 
 artículo 720
 artículo 689
 artículo 729
 artículo 139
 artículo 736
 artículo 176

artículo 396
 resolución