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Timestamp: 2017-11-18 02:27:23+00:00

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Publicaciones recientes de Market Facilitators
1ago '17
Artículo publicado en el diario: “Gestión” p. 14 el 01/08/2017, que explica las consecuencias de no reglamentar oportunamente el DL 1312 sobre los reportes de precios de transferencia
9ene '17
El Sábado, 31 de diciembre del 2016 Gobierno publicó el Decreto Legislativo 1312 en el marco de las facultades legislativas. Estas modificaciones tienen como objetivos entre otros adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones internacionales emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el intercambio de información para fines tributarios, fiscalidad internacional, erosión de bases imponibles, precios de transferencia y combate contra la elusión tributaria
Modificación del numeral 1 del inciso e) del artículo 32°-A de la Ley del Impuesto a la Renta: Precio Comparable no Controlado. Esta modificación, ha simplificado los alcances de la definición anterior, sobretodo cuando se refiere a la importación y/o exportación de commodities, limitando el espacio para que en el manejo de estas operaciones, se pudiera presentar una situación de menor recaudación fiscal. El Valor de mercado se determinará considerando como la fecha del valor de cotización la del término del embarque de bienes exportados o del desembarque de bienes importados. El reglamento señalará la relación de bienes comprendidos, el mercado o las características de éste del que se obtiene la cotización, la cotización a considerar de dicho mercado, y los ajustes que se aceptan para reflejar las características del bien y la modalidad de la operación.
Modificación del inciso g) del artículo 32°-A de la Ley del Impuesto a la Renta: declaraciones juradas y otras obligaciones formales. A partir del ejercicio 2017, los contribuyentes sujetos al ámbito de las normas de precios de transferencia, cuyos ingresos devengados en el ejercicio gravable superen las 2,300 UIT (*) (S/9,315,000) deben presentar anualmente la declaración jurada informativa Reporte Local, respecto de las transacciones que generen rentas gravadas y/o costos o gastos deducibles para la determinación del impuesto. Sin perjuicio de lo señalado, la SUNAT podrá exigir el cumplimiento de la citada obligación para otras operaciones que no generen rentas gravadas y/o costos o gastos deducibles. A partir del ejercicio 2018, los contribuyentes que formen parte de un grupo cuyos ingresos devengados en el ejercicio gravable superen las 20,000 UIT (S/81,000,000) deben presentar anualmente, de acuerdo a lo que señale el reglamento, la declaración jurada informativa Reporte Maestro que contenga, entre otros, la estructura organizacional, la descripción del negocio o negocios y las políticas de precios de transferencia en materia de intangibles y financiamiento del grupo y su posición financiera y fiscal. Asimismo, los contribuyentes que formen parte de un grupo multinacional deben presentar anualmente, de acuerdo a lo que señale el reglamento, la declaración jurada informativa Reporte País por País que contenga, entre otros, la información relacionada con la distribución global de los ingresos, impuestos pagados y actividades de negocio de cada una de las entidades pertenecientes al grupo multinacional que desarrollen su actividad en un determinado país o territorio. La información mínima que debe contener cada una de las declaraciones juradas informativas a que se refiere este artículo se señalará en el reglamento. La SUNAT podrá establecer la forma, plazo y condiciones en que se presentan las referidas declaraciones juradas informativas, y podrá exceptuar de la obligación de presentar dichas declaraciones. No podrá exceptuar de la obligación de presentar la declaración jurada informativa Reporte Local en los casos en los que el valor de mercado, tratándose de la enajenación de bienes, sea inferior al costo computable. La documentación e información que respalde dichas declaraciones juradas informativas, debe ser conservada por los contribuyentes, debidamente traducida al idioma castellano, cinco (5) años o durante el plazo de prescripción, el que fuera mayor. La Sunat no podrá basarse únicamente en la declaración jurada informativa Reporte País por País para realizar ajustes de precios de transferencia. Debe anotarse que estos cambios normativos se refieren a las obligaciones formales del ejercicio 2017, que se declararán durante el año 2018. En efecto, si bien para dicho ejercicio ya no existirán el PDT 3560 de Precios de Transferencia y el Estudio Técnico de Precios de Transferencia como tales, estos van a ser reemplazados por la Declaración Jurada Reporte Local y los otros reportes, que en esencia contendrán la información que se viene recogiendo en dichos documentos y la documentación sustentatoria. Las obligaciones formales referidas al ejercicio 2016 (PDT 3560 y Estudio Técnico de Precios de Transferencia) serán preparadas y declaradas de la misma manera que se ha realizado las declaraciones en los años anteriores, es decir, en el período tributario que corresponde al mes de mayo que se declara durante el mes de junio según el último dígito del número de RUC del contribuyente.
Incorporación del numeral 7 al inciso e) del artículo 32°-A de la Ley: Incorporación de Otros Métodos Esta modificación se refiere a los métodos utilizados en la determinación del valor de mercado para las transacciones entre partes vinculadas o que se realicen desde hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición. Particularmente adiciona la posibilidad de considerar Otros Métodos a los seis establecidos taxativamente en la norma, cuando por la naturaleza y características de las actividades y transacciones no resulte apropiada la aplicación de ninguno de dichos métodos. Las condiciones para su uso serán establecidas en el reglamento.
Incorporación del inciso i) del artículo 32°-A de la Ley: Manejo de Servicios Esta incorporación esta adicionando unas precisiones para el tratamiento de los Servicios tranzados entre partes vinculadas y/o desde hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición. Pide al contribuyente, sin perjuicio de los otros considerandos de la normativa de precios de transferencia, que cuando se trate de servicios se cumpla con el test de beneficio y proporcionar la documentación e información solicitada, como condiciones necesarias para la deducción del costo o gasto. Se cumple el test de beneficio cuando el servicio prestado proporciona valor económico o comercial para el destinatario del servicio, mejorando o manteniendo su posición comercial, lo que ocurre si partes independientes hubieran satisfecho la necesidad del servicio, ejecutándolo por sí mismas o a través de un tercero. La documentación e información proporcionada debe evidenciar la prestación efectiva del servicio, la naturaleza del servicio, la necesidad real del servicio, los costos y gastos incurridos por el prestador del servicio, así como los criterios razonables de asignación de aquellos. En caso de cambiar de criterio de asignación, el contribuyente debe justificar la razón y/o necesidad de dicho cambio. La deducción del costo o gasto por el servicio recibido, se determina sobre la base de la sumatoria de los costos y gastos incurridos por el prestador del servicio así como de su margen de ganancia. Este requisito obligaría a que se analice la recepción del servicio, no solamente desde el punto de vista del gasto de un contribuyente, sino también del ingreso para su parte relacionada, exigiéndose se calcule el Costo Adicionado Neto- CAN (Utilidad Operativa/Suma de Costos y Gastos). De igual modo, se está poniendo un tope al CAN obtenido por la parte prestadora del servicio, tratándose de servicios de bajo valor añadido, ya que el mismo no podrá exceder el cinco por ciento (5%) de los costos y gastos incurridos. Se considera como servicios de bajo valor añadido aquellos que cumplen con las siguientes características: (i) tienen carácter auxiliar o de apoyo; (ii) no constituyen actividades principales del contribuyente o del grupo multinacional, según corresponda; (iii) no requieren el uso de intangibles únicos y valiosos, ni conducen a la creación de intangibles únicos y valiosos; y (iv) no conllevan asumir o controlar un nivel alto o significativo de riesgo, ni generan un nivel de riesgo significativo para el proveedor del servicio. El reglamento podrá señalar de manera referencial los servicios que califican como de bajo valor añadido y aquellos que no. En todo caso, tanto el costo y gasto como el margen de ganancia se valoran conforme al análisis de comparabilidad y son susceptibles de los ajustes señalados en la norma.
(*) UIT = Unidad Impositiva Tributaria 2017 : S/4,050
Si desean conocer más sobre las modificaciones tributarias, pueden contactarse con Market Facilitators al 4404454 o escribirnos a info@marketfacilitators.com. Se pueden organizar visitas informativas, para poder ir aprestando a su empresa para la preparación de los nuevos reportes exigidos por la norma u otras dudas que pudieran existir.
8sep '16
Merlín Argumedo y Luis Ugarelli. Market Facilitators
Base Erosion Profit Shifting (BEPS) se refiere a estrategias de planeamiento fiscal que se aprovechan de los vacíos y diferencias en la normativa, para reducir las bases imponibles o para transferir las ganancias a países con baja o nula imposición. Debido a los diversos problemas que dichas estrategias originan, existen esfuerzos a nivel de la OCDE para asegurar que la arquitectura fiscal global sea equitativa y justa por medio de un plan de acción BEPS. Dicho plan brinda un enfoque coordinado internacionalmente al tema, lo que facilitaría la implementación de las acciones a nivel local.
Respecto al avance en la legislación local sobre las acciones sugeridas por la OCDE en relación al proyecto BEPS, todavía no ha habido un pronunciamiento oficial de acoplamiento del país a dicho plan de acciones. Sin embargo, se sabe que la intención del fisco es alinear la legislación local, en lo que resulte relevante, con las recomendaciones que se produzcan en dicho plan. Por lo tanto, aún se encuentra en evaluación y desarrollo cualquier tipo de modificación legislativa que se haría en la normativa peruana de precios de transferencia, las cuales entrarían en vigencia a partir del 2017 ó 2018.
La acción con mayor vinculación al tópico de Precios de Transferencia es la número 13, que se refiere a la presentación de nueva documentación. En el caso específico del plan de acción 13; este incluye el requerimiento formal del “Country-by-Country Report” (“C-b-C Report”), Master File y Local File; esta nueva documentación entraría en vigencia al igual que la mayoría de modificaciones a la legislación del IR para todo el plan de acciones, el año 2017 ó 2018.
Los nuevos requerimientos de documentación mencionados previamente, serían de obligatoriedad formal para los grupos económicos que superen determinados límites de ingresos consolidados (no definidos aún), de acuerdo a las sugerencias realizadas por la OCDE. Por ejemplo, si el límite inferior de ingresos generados como grupo fuese de 750 millones de euros, la exigencia de preparación del “C-b-C Report” alcanzaría a unos quince grupos económicos peruanos aproximadamente, quienes tienen operaciones en más de un país. Esto según la Relatoría Nacional del Tema 1 del 8vo Encuentro Regional Latinoamericano de IFA 2016.
Asimismo, al haber nuevos requerimientos de documentación en las normas locales, estos tendrían que ir de la mano con modificaciones en el régimen de sanciones al incumplimiento de obligaciones formales en materia de Precios de Transferencia. Sin embargo, en Perú no se han modificado aún las normas sobre estos requerimientos, pero los grupos económicos peruanos que realizan operaciones o tienen compañías holding en países donde ya se implementaron los cambios normativos en esta acción, podrían estar obligados a cumplir con estos nuevos requerimientos.
Como complemento de lo anterior, el intercambio de información fiscal que promueven las iniciativas de documentación, podría provocar la aplicación automática de las cláusulas de intercambio de información celebradas en los CDI (Convenio de Doble Imposición) que se tienen vigentes y en la celebración de nuevos CDI entre las administraciones tributarias. Además, existe gran interés en desarrollar mecanismos adecuados para el intercambio de información en los países de América Latina y El Caribe que asistieron a la Reunión Regional sobre el Proyecto BEPS en febrero del 2015. En conclusión, lo más probable es que en el corto plazo se firme dicho acuerdo multilateral sobre el intercambio de información automática, pero eso no quiere decir que el intercambio de la información tributaria entre países no se pueda dar en la actualidad, ya que se tienen celebrados ya convenios vigentes sobre ese tema con autoridades tributarias de varios países.
Hasta la fecha no se tiene ningún cambio en la legislación peruana respecto a las recomendaciones del proyecto BEPS, pero si fuese relevante para SUNAT alinearse a alguna normativa en la consecución de mejoras, la autoridad tributaria tarde o temprano terminará adecuándose. Como ya se mencionó, las modificaciones a las normas peruanas se realizarán progresivamente entre el año 2017 y 2018. Esto debido a la política de Estado de querer incorporarse como miembro de la OCDE en el mediano plazo, por lo que tenderá a alinearse a las recomendaciones más importantes que resulten del proyecto BEPS.
Por otro lado, la Norma XV del Código Tributario, referida a la CALIFICACIÓN, ELUSIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS Y SIMULACIÓN incorporada por el Artículo 3° del Decreto Legislativo Nº 1121, publicado el 18 de julio de 2012, fue suspendida en su ejecución el año 2014 por quejas de los gremios ante la discrecionalidad que le otorgaba a la autoridad tributaria, en espera de la promulgación de un reglamento, que se indica que se encuentra muy avanzado. Cuando se promulgue este reglamento, tendrá mucha conexión con el esfuerzo general que el país viene haciendo en el marco del BEPS. Además, existen algunas acciones del proyecto BEPS que se consideran de pronta aplicación en la normativa peruana, por ello se está comenzando a revisarlas, ya que estas se pueden implementar en el corto plazo. Dichas acciones son la 8, 9, 10 y 13. Como dato adicional, el gobierno está anunciando una reforma de la SUNAT, ya que se estaría evaluando eliminar por completo la norma antielusiva y eventualmente reemplazarla por otra que se encuentre alineada con los principios de la OCDE.
En resumen, no habría un impacto inmediato, sino hasta cuando salgan las normas, pero progresivamente las empresas ya se vienen preparando sobre todo en lo relacionado a la parte de la documentación que tiene que ver precisamente con precios de transferencia.
25ago '16
Por Luis Ugarelli. Managing Partner. Market Facilitators
Las normas tributarias peruanas exigen a los diferentes agentes económicos realizar sus transacciones a valores de mercado (Art. 32 LIR). Por ello, si van a ejecutarse operaciones materiales, en el marco de un sano proceso de planificación financiera y tributaria, sería ideal que conozcan de antemano a qué precios van a realizar las mismas y si en efecto éstos son de libre concurrencia o no. Muchas veces las empresas se encuentran ante esta encrucijada de poner un precio adecuado para sus transacciones, producto de la libre valoración de flujos de bienes y servicios o las adquisiciones de stocks de activos, tangibles e intangibles. Cuando al otro lado de la mesa, se encuentra una parte no relacionada, la puja natural que se produce entre el comprador y el vendedor, marcaría finalmente un precio de mercado. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando una posición de control económico aliena este libre concurso de los agentes, distorsionándose así los precios y eventualmente alterando los resultados finales de los participantes en la transacción. Si los resultados no son aquellos que se hubiesen producido en una circunstancia de libre concurrencia, las empresas podrían estar generando menor renta y por lo tanto pagando menores impuestos. De allí la importancia que la normativa pone a los precios de mercado en general y cuando hablamos de partes relacionadas y/o territorios de baja o nula imposición, a los precios de transferencia en particular (Art. 32a LIR). Para realizar estos cálculos las normas contemplan un cuidadoso análisis de comparabilidad. Para el efecto, deben buscarse operaciones funcionalmente comparables a la parte analizada y realizadas a valores de mercado por partes no relacionadas entre sí. Esta información puede provenir de la misma empresa (comparables internos) o de fuentes públicas (comparables externos). Es muy peligroso que la empresa no realice estos cálculos previos, ya que si espera al cierre de sus balances y la presentación de sus declaraciones, si se determina que se manejaron precios diferentes al valor de mercado y que ello ocasionó una menor recaudación, se estaría exponiendo a costosas reparaciones y multas por estos conceptos.
20ago '13
Aviso muy Importante sobre Precios de Transferencia
AVISO MUY IMPORTANTE PARA LOS CLIENTES Y PROSPECTOS DE NUESTROS SERVICIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SOBRE SUS OBLIGACIONES FORMALES
El día 30 de mayo la SUNAT ha publicado la Resolución SUNAT N0 175 2013 la misma que va a tener un impacto significativo en la manera en la que se han venido trabajando los Estudios de Precios de Transferencia, así como los PDT 3560 de Precios de Transferencia.
Las nuevas regulaciones en precios de transferencia: ¿Estamos listos?
Luis Ugarelli, MSc Managing Partner
Este año están entrando en vigencia una serie de disposiciones contenidas en los diversos decretos que conformaron el paquete tributario del año pasado y que no han hecho nada menos que cambiar la ley del impuesto a la renta y su reglamento, con lo cual algunas normas de menor jerarquía debería ser ajustadas para reflejar estos cambios. En esencia, nos estamos refiriendo a algunos Decretos Supremos reglamentarios que faltan promulgarse, así como algunas resoluciones SUNAT.

References: artículo 32
 artículo 32
 artículo 32
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 Artículo 3
 Resolución