Source: https://almacendederecho.org/la-nueva-doctrina-de-la-sala-tercera-del-tribunal-supremo-sobre-el-sujeto-pasivo-del-impuesto-de-actos-juridicos-documentados-en-los-prestamos-hipotecarios-cui-prodest-cui-nocet/
Timestamp: 2019-05-21 01:46:53+00:00

Document:
La nueva doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios: cui prodest?, cui nocet? - Almacén de Derecho
por Almacen de derecho | Oct 29, 2018 | Derecho Civil, Derecho Tributario, Fernando Pantaleón, Sentencias | 11 Comentarios
Maria Paz Garcia Rubio	el 30 octubre, 2018 a las 11:12 am
Impecable, Fernando, por lo que dices y por cómo lo dices. Es absolutamente vergonzoso ver como se instrumentaliza el Derecho y como se destruye la reputación de las personas en aras a no se sabe qué, la verdad. Sería para tirar la toalla si no hubiera voces libres; es nuestra última esperanza
Javier Nuñez Seoane	el 30 octubre, 2018 a las 11:38 am
No comparto la visión apocalíptica del impacto para las haciendas autonómicas. Si el criterio de la Secc. 2ª se confirma, las haciendas CCAA deben practicar liquidaciones provisionales masivas a los bancos (o requerir que estos presenten autoliquidaciones) por períodos no prescritos (que supongo que el Pleno aclarará) y los bancos han de pagar y luego litigar (la suspensión cautelar es improbable al tratarse de entidades financieras).
Por otra parte la STS. 13 junio 2018, aunque establece una doctrina gral muy interesante sobre la confianza legítima en el ámbito de la gestión tributaria, precisamente al resolver sobre el caso concreto (por cierto muy similar al del IAJD) le da la razón a la Administración tributaria y estima que NO hubo vulneración del principio de confianza legítima
Miguel Pasquau	el 30 octubre, 2018 a las 12:25 pm
Para guardar en la carpeta de “piezas de buena argumentación jurídica”.
Aitor	el 30 octubre, 2018 a las 1:48 pm
Para su desazón, recomiendo al autor la lectura de la STS 5429/2001. Las CCAA están bien protegidas.
Fer	el 30 octubre, 2018 a las 2:17 pm
“Es más, habría fundamento para sostener que el plazo de prescripción de cuatro años de la acción del prestatario para reclamar la devolución del IAJD no debería comenzar a computarse más que desde el día 5 de noviembre de 2018, puesto que el prestatario no conoció ni pudo razonablemente conocer antes, por causa imputable al Estado, que era titular de esa acción al haber pagado a la Hacienda Pública correspondiente un impuesto que él no le debía: cuyo verdadero deudor era la entidad financiera prestamista. Y es que, a tenor del artículo 7.1 del Código Civil, todos los derechos, acciones y excepciones, y entre ellas la de prescripción extintiva, deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.”
Podría colisionar con el 73 LJCA:
Según el artículo 101 de la Ley General Tributaria (en adelante LGT) la liquidación tributaria es el ACTO resolutorio a través del cual el órgano competente de la Administración realiza la cuantificación y determinación del importe de la deuda tributaria, que podrá resultar positiva (a ingresar), a devolver o a compensar, según proceda en cada caso.
En cuanto a la otra razón que se da para no aplicar dicho precepto, analógica con el requisito de la buena fe exigido por el 1899 CC : si la diéramos por válida vaciaríamos de contenido el 73 LJCA.
F	el 31 octubre, 2018 a las 9:45 am
No me parece consistente distinguir entre liquidación y autoliquidación hasta el punto de ver en la primera un acto administrativo y no en la segunda.
Ana	el 30 octubre, 2018 a las 11:33 pm
Enhorabuena Fernando! Espero que todos lo lean!
Vicente Guilarte	el 31 octubre, 2018 a las 11:44 am
Resulta difícil sustraerse al interesante debate y gratificante huir del protagonismo con que tertulianos y gacetilleros lo despachan.
Destaco algún punto:
1.	A mi juicio el mensaje más interesante del post radica en plantearse si no debiera ser el legislador quien decidiera normativamente la duda existente. La legitimación jurisdiccional para hacerlo, sin duda vicaria, pudiera carecer de sentido cuando nuestros Diputados, aunque tardíamente, ya han tomado conciencia de la necesidad de resolver el problema en sede parlamentaria. Por otro lado la tecnología jurídica en materia de retroactividad de las normas está, sin duda, mas asentada que la que, por resultar mas variada, deriva de los pronunciamientos jurisdiccionales.
2.	En definitiva parece oportuno que la atribución de la condición de “interesado” en la concertación de la garantía –civilmente accesoria–la realice el legislador. A cuyo fin no debemos olvidar que el préstamo al consumo (5 años y un 7 % de interés) resulta escasamente sugestivo para el adquirente de vivienda frente al préstamo hipotecario (hasta 30 años y al 2 % de interés). En cualquier caso resulta evidente que las dudas jurisdiccionales (véase también la STS de la Sala 3ª 1789/2017 de 22 de noviembre) han propiciado un cierto desconcierto.
3.	No opino sobre el devenir de los acontecimientos en sede de debate tributario. Carezco de cualificación a tal fin. Tampoco sobre los eventuales medios de defensa de las entidades de crédito si es que los tienen. En cualquier caso la práctica de nuevas liquidaciones masivas a tales entidades, que se apunta en algún comentario y que sin duda será posible, debe ir precedida, intuyo, de una devolución masiva a los usuarios de lo ya percibido: es aquí donde radica parte del problema ante los costos de gestión y dificultades de financiación. En el ámbito civil no gustan las duplicidades: la doble inmatriculación, la doble venta o el doble cobro.
4.	Comparto las ideas “civiles” del post que resumidamente se concretan en la inaplicación de los arts. 1303 y 1158 del C.c. y en la difícil aplicación del draconianamente subsidiario recurso al enriquecimiento injusto. Respecto del art. 1303 el negocio o acto jurídico del pago se verifica entre la Administración tributaria –a quien incluso podríamos adjudicar la causa torpe– y el solvens prestatario por lo que, en su caso, debiera ser aquélla quien en aplicación de tal precepto restituyera. De igual manera, sobre la base de que quien paga ha sido el prestatario, sin conciencia alguna de solventar una deuda ajena, entiendo que igualmente resulta inaplicable el art. 1158.
5.	El carácter subsidiario de la acción de enriquecimiento hace difícil acudir directamente contra las entidades de crédito por parte del prestatario como propaga a los cuatros vientos esa abogacía fabril y mercantilizada que Casillas publicita. Quizás éste, de manera desinteresada, se queje, nuevamente, en pasquines y autobuses, de que a él también le metieron un nuevo gol con los gastos tributarios. La existencia de una acción restitutoria más directa y eficaz la evidencia la propia Sentencia de la Sala 3ª y la exitosa iniciativa del demandante. La Sala ha enseñado el camino a seguir al estimarse el Recurso entablado.
6.	Y las grandes promotoras, sin duda, frotándose las manos pues no estamos ante un tema de abusividad –al que son ajenas y que les impediría reclamar—sino ante la anulación de una liquidación tributaria.
Eduardo Avila	el 1 noviembre, 2018 a las 7:24 pm
Entre los posibles afectados por esta sentencia quizás faltan las
miles de familias de empleados de banca que temen una reducción adicional de puestos de trabajo.
Por no mencionar los efectos sobre la estabilidad financiera que necesita todo país para que se canalice eficientemente el ahorro a las necesidades de financiación de la sociedad.
Esperemos que San Carlos Borromeo, patrón de la
banca cuya festividad celebramos justo el día anterior, proteja al sector.
Joaquín Vives de la Cortada	el 3 noviembre, 2018 a las 6:52 pm
Felicidades Fernando por esta entrada! brillante y esclarecedora donde las haya.
Me voy a referir únicamente a su epílogo, que versa sobre el “respeto institucional”. Nunca había presenciado yo un “linchamiento” mediático como el que ha tenido que soportar el Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Valga decir que su nombramiento por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el mes de julio de 2015, no fue recurrido por nadie (ni en reposición, ni tampoco en la vía contencioso-administrativa) y, de ser ciertas algunas de las cosas que se han dicho (y se han publicado) y, obviamente, de contar con las pruebas necesarias, quizás algunos debieron discutir dicho nombramiento ante la propia Sala Tercera, en lugar de estar ahora arrojando dudas sobre su indudable valía profesional.
Termina tu exhaustivo estudio remitiendo a lo que ocurra el próximo lunes, 5 de noviembre, en el que el Pleno de la Sala Tercera decidirá lo que tenga que decidir y, posteriormente, lo hará también la Sala Primera sobre las consecuencias jurídico-civiles de lo resuelto por sus colegas del orden contencioso. Así que, cuando todo ello tenga lugar, todos deberemos acatar esos pronunciamientos para que sea cierto aquello de “Roma locuta, causa finita”… ¿o no?
Veamos. Con anterioridad a la reforma introducida en julio de 2015 en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LO 7/2015, de 21 de julio), había dos clases de Plenos: i) el Pleno jurisdiccional, propiamente dicho, (regulado en el artículo 197 LOPJ), convocado cuando el Presidente o la mayoría de los magistrados de una Sala lo estimen necesario para la administración de justicia; y ii) la reunión de magistrados (regulada en el artículo 264 LOPJ), convocada también por el Presidente o la mayoría de los Magistrados de la Sala para la “unificación de criterios y la coordinación de prácticas procesales”. Esta última reunión, se conocía como Pleno “no jurisdiccional”.
Las diferencias entre uno y otro Pleno eran muy importantes. En el primer caso, todos los magistrados de la Sala (integrantes de las distintas Secciones de la misma) eran llamados a Pleno para decidir un determinado asunto mediante la correspondiente sentencia (o auto). Además, en el caso del Tribunal Supremo, la sentencia dictada por ese Pleno jurisdiccional formaba jurisprudencia, en el sentido del artículo 6.1 del Título Preliminar del Código Civil. En el segundo caso, la reunión de magistrados tenía por objeto unificar criterios o coordinar prácticas procesales, pero sin que ello se plasmase en una resolución judicial concreta y sin que las “decisiones” adoptadas en esas reuniones tuvieran efectos vinculantes para los magistrados integrantes de las distintas Secciones, ya que éstos últimos (así lo decía el artículo 264) “conservaban íntegramente su independencia para el enjuiciamiento y resolución de los distintos procesos de que conozcan”.
Así las cosas, aparece el mencionado legislador de 21 julio de 2015 y dice, en el apartado IV del Preámbulo, lo siguiente:
“Los ciudadanos siguen percibiendo como un síntoma de falta de seguridad jurídica la existencia de resoluciones diversas sobre una misma materia. Por ello, en el texto se ahonda en la necesidad de evitar resoluciones contradictorias entre Secciones de un mismo órgano judicial que conducen a una falta de predictibilidad de los pronunciamientos judiciales, lo que, en último término, se proyecta sobre el grado de seguridad jurídica de nuestro ordenamiento. Para ello, se introducen modificaciones en la regulación de los Plenos Jurisdiccionales para unificación del criterio previendo, por un lado, que formen parte de éstos los Magistrados que conozcan de la materia sobre la que existe la discrepancia y, por otro, que las Secciones deban motivar las razones por las que se apartan del criterio acordado en uno de estos Plenos”. (La negrita es mía También en lo sucesivo).
La simple lectura de este apartado del Preámbulo ya nos pone sobre aviso de que hay algo ahí que no suena bien. ¿Es que existía antes alguna posibilidad de que los Magistrados que conozcan de la materia sobre la que se produzca la discrepancia no fuesen llamados al Pleno Jurisdiccional? ¿Qué sentido puede tener un Pleno Jurisdiccional en el que no estén presentes precisamente aquellos Magistrados cuyas discrepancias han dado lugar a su convocatoria? Más aún ¿Es posible que los Magistrados de una (o más) de las Secciones se aparten del criterio acordado en un Pleno Jurisdiccional, con tal de que motiven las razones por las que lo hacen?
Pero si vamos a la concreción de las modificaciones anunciadas en el Preámbulo, nos encontramos con que lo que se reforma no es el artículo 197 LOPJ, que permanece incólume, sino ¡el artículo 264 LOPJ!, esto es, el precepto que regulaba las “reuniones de Magistrados”, conocidas como Plenos “no jurisdiccionales”.
La nueva redacción de dicho precepto, sinceramente, pone los pelos de punta:
1.- Los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala se reunirán para la unificación de criterios y la coordinación de prácticas procesales, especialmente en los casos en que los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala o Tribunal sostuvieren en sus resoluciones diversidad de criterios interpretativos en la aplicación de la ley en asuntos sustancialmente iguales. A estos efectos, el Presidente de la Sala o Tribunal respectivo, por sí o a petición de mayoritaria de sus miembros, convocará Pleno jurisdiccional para que conozca de uno o varios de dichos asuntos al objeto de unificar el criterio.
Es claro, a mi juicio, que el Legislador confunde gravemente el Pleno Jurisdiccional, del artículo 197 LOPJ, con la reunión de Magistrados del artículo 264 LOPJ.
Nótese que el inciso inicial del precepto es igual que el de la redacción original. De hecho, se sigue hablando de “reunión” de Magistrados para unificar criterios y coordinar prácticas procesales, pero las cosas se complican a partir del adverbio especialmente.
Efectivamente, cuando los Magistrados de las distintas Secciones de una misma Sala o Tribunal (primera novedad) sostuvieren en sus resoluciones diversidad de criterios interpretativos en la aplicación de la ley en asuntos sustancialmente iguales, el Presidente de la Sala o Tribunal (segunda novedad), por sí o por petición de la mayoría de sus miembros, convocará Peno jurisdiccional (tercera novedad) para que conozca de uno o varios de dichos asuntos al objeto de unificar el criterio (cuarta y última novedad)
No es el momento ahora de profundizar en todas y cada una de las novedades que introduce la nueva regulación. Baste señalar, por el momento, que lo que era una simple reunión de Magistrados, se convierte ahora en un auténtico Pleno Jurisdiccional que, además, no sólo puede tener por objeto unificar el criterio divergente de las diversas Secciones de una misma Sala, sino también el de las distintas Secciones de un mismo Tribunal, es decir, el de las distintas Salas de un mismo Tribunal. (Las Secciones no son sino una forma de organizar el “funcionamiento” de las Salas de Justicia). Por eso, ahora, el precepto permite que no sólo el Presidente de la Sala sea quién convoque el Pleno, sino que, llegado el caso, lo haga también el “Presidente del Tribunal”. Hace poco, por cierto, hemos asistido a una polémica sobre esta posibilidad, de la que ha habido (¡cómo no!) el correspondiente eco mediático.
Pero, sigamos con la nueva redacción del artículo 264. Dice ahora su apartado 2:
“Formarán parte de este Pleno todos los Magistrados de la Sala correspondiente que por reparto conozcan de la materia en la que la discrepancia se hubiere puesto de manifiesto”.
Este apartado reafirma que ahora nos hallamos ante un Pleno Jurisdiccional y no ante una simple reunión de Magistrados y, además, dice que a ese Pleno Jurisdiccional deberán ser llamados todos los Magistrados de la Sala correspondiente que por reparto conozcan de la materia en la que se ha producido la discrepancia lo que, por otra parte, parece bastante lógico ya que si dichos Magistrados no asistieran o no fueran llamados, el debate ciertamente quedaría bastante empobrecido…
Pero lo más desconcertante es el apartado 3 del artículo 264 LOPJ, que dice ahora:
“En todo caso, quedará a salvo la independencia de las Secciones para el enjuiciamiento y resolución de los distintos procesos de que conozcan, si bien deberán motivar las razones por las que se aparten del criterio acordado”.
Para empezar, no se trata de un olvido del Legislador, dejando incólume un precepto que, con la nueva regulación, introduce aspectos muy alarmantes.
El Legislador de 2015 también se ha ocupado expresamente de este apartado 3 y le ha añadido el último inciso: si bien deberán motivar las razones por las que se aparten del criterio acordado.
Es decir, el Legislador no sólo convierte en Pleno Jurisdiccional lo que antes era una simple reunión de Magistrados sino que ahora, con la nueva regulación, permite alegremente que los Magistrados de una Sección, que normalmente será aquélla en la que se han producido las divergencias de criterio y cuyas resoluciones han provocado la llamada a Pleno, se aparte del criterio acordado en dicho Pleno Jurisdiccional, con tal de que motive las razones por las que lo hace.
Es decir y dicho en román paladino, diga lo que diga el Pleno Jurisdiccional de la Sala Tercera del Tribunal Supremo del próximo lunes, 5 de noviembre, sobre quién es finalmente el sujeto pasivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios y, presida quién presida este Pleno, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2015, en un ejercicio de confusión muy notable, permite a los Magistrados de la ya célebre Sección Segunda de dicha Sala Tercera, seguir adelante con el nuevo criterio con tal de que (eso sí) expliquen razonadamente por qué se apartan del criterio acordado en el Pleno.
Se podrán compartir o no las razones de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, esgrimidas en la no menos célebre sentencia 1505/2018, pero lo que nadie puede discutir es que el mencionado nuevo criterio ha sido muy razonado.
pilar	el 5 noviembre, 2018 a las 3:27 am
Argumentos de Derecho Europeo en virtud de los cuales si el sujeto pasivo es el banco, la normativa española es contraria a la legislación comunitaria y por tanto los préstamos hipotecarios están exentos de impuestos
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/fiscal/articulos-fiscal/prestamos-hipotecarios-exentos-de-ajd-hipoteca-unilateral-no-aceptada/
ZPedro y su hipotecada charlatanería | El Quicio de la Mancebía [EQM] - […] la protección de la confianza de los operadores y, en general, la seguridad jurídica. Sobre todo, como ha explicado…

References: artículo 7
 artículo 101
 artículo 197
 artículo 264
 artículo 6
 resolución 
 artículo 264
 resolución 
 artículo 197
 artículo 264
 artículo 197
 artículo 264
 artículo 264
 artículo 264
 resolución