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Timestamp: 2019-01-17 11:11:39+00:00

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PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Expediente N.° 19.405
Esta propuesta busca resolver interrogantes como qué tipo de Administración Pública queremos y para quién, así como cuál será la mejor estructura de poder que se requiere para superar los desafíos presentes y futuros que enfrenta el Estado costarricense.
Con el paso de los años, el Estado costarricense se ha convertido en un aparato donde confluyen alrededor de 330 instituciones públicas, donde las mismas tienen diferentes competencias, capacidades y marcos jurídicos regulatorios. A pesar de que nuestro Estado es unitario, según nuestra Constitución Política, coexisten instituciones con distintos grados de autonomía y clasificadas con distintas tipologías. Ello ha implicado, la pérdida de coherencia, de visión de conjunto y sectorial y sobre todo ha mermado o diluido en buena medida la capacidad de coordinación y dirección por parte de la cabeza del Poder Ejecutivo.
La importancia medular del presente proyecto de ley, es que aclara y moderniza los distintos roles, competencias y responsabilidades de los órganos que integran el Poder Ejecutivo así como la totalidad de las administraciones públicas, procurando una visión de conjunto que permitirá mejorar la capacidad de gestión pública orientada hacia el logro de los fines públicos con eficiencia, eficacia, calidad y sobre todo satisfaciendo en forma adecuada los intereses de los costarricense.
El presente proyecto de ley precisa la definición y las tipologías de todas las administraciones públicas existentes en el país, sus alcances y garantías. Es fundamental reforzar la estructuración regional del país, así como lograr el direccionamiento de las competencias del Estado, en un mundo complejo como el actual. La presente propuesta, aborda el complejo desafío de articular la operación del estado en los niveles nacionales y territoriales.
Asimismo, se debe repensar la estructura sectorial del Poder Ejecutivo, para ligar la misma a un verdadero plan nacional de desarrollo con visión de largo plazo, fortaleciendo nichos de desarrollo estratégicos para el país.
Aunado a lo anterior, con esta propuesta se busca definir criterios claros en los siguientes temas: estructura orgánica del Poder Ejecutivo, los principios y objetivos de la Administración Pública, la organización y funcionamiento de los ministerios, la administración local, la tipología administrativa para los entes públicos, reguladores, instituciones autónomas y empresas públicas, sectorialización, regionalización, la dirección del Poder Ejecutivo sobre las municipalidades, y la dimensión territorial de tal manera que se logre una correcta coordinación a nivel territorial.
La organización del Estado debe ser tal que permita llevar a cabo con éxito todos los procesos de planificación, presupuestación, y evaluación de la función pública, así como la correcta gestión de los recursos públicos. El presente proyecto de ley contribuye a ello, pues procura modernizar y actualizar la organización y competencias de las administraciones públicas estatales.
Finalmente, es importante indicar, que la presente propuesta fue elaborada conjuntamente y con el apoyo de la Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado (2006-2014). Obedece a largos periodos de debate, discusión y análisis profundo de la realidad de la Administración Pública nacional y su organización, llevados a cabo por un amplio grupo de expertos en la materia tanto del sector público como privado.
LEY ORGÁNICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
FINALIDAD Y COMPOSICIÓN
ARTÍCULO 1.– Finalidad de las administraciones públicas
Las administraciones públicas se organizan en una pluralidad de centros de acción, sean estos entes u órganos, con el propósito de servir con objetividad los intereses generales y satisfacer en condiciones de eficiencia las necesidades de sus usuarios.
Bajo la dirección del Poder Ejecutivo en sentido amplio y de los órganos de gobierno locales, la actuación de las administraciones públicas se desarrolla con el objetivo de satisfacer los fines que establecen la Constitución Política, las leyes y el entero ordenamiento jurídico administrativo.
ARTÍCULO 2.– Composición de la Administración Pública
La Administración Pública está compuesta por el Poder Ejecutivo en sentido amplio, las instituciones autónomas, semiautónomas, los entes públicos y las municipalidades.
Las empresas públicas y las corporaciones sociales, productivas y profesionales no forman parte de la Administración Pública, sin embargo, coadyuvan en la satisfacción del interés general y se encuentran sometidas a esta ley, únicamente, en cuanto ejerzan funciones materialmente administrativas.
Cuando otros órganos del Estado ejerzan función administrativa, se encontrarán vinculados por los principios dispuestos en esta ley.
PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS Y DE RELACIÓN CON LOS USUARIO
Principios organizativos de carácter general
ARTÍCULO 3.– Principios de organización u ordenadores de la estructura organizativa
La organización y estructura organizativa de las administraciones públicas está regida por los siguientes principios:
a) Jerarquía: Las administraciones públicas han de organizarse conforme a un criterio de escalonamiento de sus distintos órganos, de modo tal que los órganos superiores dirigen la actividad de los inferiores, mecanismo que servirá de facilitador de la distribución funcional de la competencia material de la entera organización, entre sus distintos centros de acción.
b) Descentralización funcional: cuando las características de las tareas a desempeñar así lo justifiquen, corresponderá asignarlas a una nueva organización, funcionalmente especializada, pero instrumental y por tanto dependiente de y vinculada al ente mayor correspondiente.
c) Desconcentración: la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos, podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.
d) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales: Las administraciones públicas deberán contar con los medios personales, materiales y económicos suficientes y adecuados para cumplir con los fines que les han sido asignados, de modo tal que tanto la cantidad, como el tipo de los medios estén correctamente relacionados y estimados en función de las tareas a cumplir.
e) Cooperación y coordinación para la unidad constitucional: Los diferentes órganos y entes de la Administración Pública deben actuar en forma cooperativa y coordinada para asegurar que su acción tenga un resultado conforme con la unidad del orden constitucional. Los grados de especialización funcional y territorial que se procuran con la desconcentración y la descentralización, así como la autonomía reconocida a instituciones, no pueden traducirse en duplicidades innecesarias, disfunciones o contradicciones en perjuicio de los derechos de los ciudadanos y destinatarios de la acción administrativa o en falta de coordinación. Es obligación permanente de los funcionarios públicos contribuir al desarrollo cooperativo y coordinado de las actividades de las organizaciones de las que formen parte para el cumplimiento de los fines de la Administración Pública.
ARTÍCULO 4.– Principios de funcionamiento
El funcionamiento de las administraciones públicas está sujeto a los siguientes principios:
a) Eficiencia y eficacia de la actividad administrativa y medición y evaluación de resultados: Toda organización administrativa debe procurar la utilización óptima de los recursos y el máximo rendimiento en la obtención de los resultados previstos. Toda actividad administrativa debe estar sujeta a criterios objetivos de medición de resultados y a mecanismos de corrección y adaptación permanentes. La evaluación de la eficacia deberá ser continuada.
b) Servicio efectivo a los ciudadanos: En su actividad externa, las administraciones públicas deberán asegurar a los ciudadanos, tanto la efectividad de sus derechos como una continua mejora.
c) Objetividad y transparencia: las administraciones públicas deberán actuar de modo visible, comprensible, motivado y en función del interés general.
Principios ordenadores de las relaciones interadministrativas
ARTÍCULO 5.– Principios de relación interadministrativa
Para la efectividad de la coordinación y la eficacia administrativas, las administraciones públicas, cualquiera que sea su naturaleza, deberán sujetarse en sus relaciones recíprocas a los principios de lealtad institucional, colaboración, cooperación y coordinación. Por ello, están obligadas a:
c) Facilitar a las otras administraciones la información sobre la propia gestión que sea relevante para el adecuado desarrollo por estas de sus cometidos.
Los principios de relación con los usuarios
ARTÍCULO 6.– Principios de relación con los usuarios
En su relación con los usuarios, las administraciones públicas deberán ajustarse a los siguientes principios:
a) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos: Las administraciones públicas se encuentran obligadas a revisar, por lo menos una vez cada dos años para su mayor simplificación y clarificación posibles, los trámites de los procedimientos que deban realizarse ante ella. No podrá establecerse el cumplimiento de requisitos para el ejercicio de actividades privadas por norma inferior a la ley. Los requisitos que se establezcan reglamentariamente para el uso o acceso a servicios o instalaciones públicas o para la tramitación de procedimientos administrativos, deberán ser razonables y proporcionales a la naturaleza del asunto respectivo. Cuando en un procedimiento de autorización de una obra o actividad deban intervenir más de dos dependencias administrativas, estas se encuentran obligadas a coordinar la recepción de toda la documentación ante una de ellas. La falta de esta coordinación tendrá como consecuencia que la presentación de la solicitud ante uno solo de los entes, cumpliendo todos los requisitos legales, se tendrá por válida y correrá el plazo del silencio positivo consagrado en la Ley General de la Administración Pública. Ninguna oficina administrativa solicitará como requisito indispensable para la admisión de solicitudes o la tramitación de procedimientos, la presentación de documentos o información que conste en otra oficina pública. En caso de presentarse o recibirse la documentación en una dependencia distinta de la competente para conocer del trámite, pero que forme parte del mismo ente u órgano, la primera quedará obligada a trasladar internamente y de inmediato la documentación a la segunda. No podrá ser requisito para la realización de actividades privadas, el cumplimiento de trámites ante colegios profesionales o corporaciones gremiales productivas, añadidos al de la colegiación misma.
b) Transparencia: Toda información constante en una dependencia administrativa será de acceso público, salvo la relacionada con los actos preparatorios de las decisiones administrativas, antes de que la decisión final sea adoptada; las que por disposición expresa de ley sea considerada reservada o confidencial; las que contengan datos o informaciones pertenecientes a la intimidad o el honor de las personas que no deban ser conocidos sin el consentimiento de estas. Cualquier disposición que restrinja el acceso a la información será interpretada restrictivamente y en caso de duda prevalecerá el principio de transparencia. Las administraciones públicas se encuentran obligadas a mantener accesible al público la normativa completa relacionada con la organización de los servicios, el organigrama oficial y vigente, la nómina de los responsables y demás funcionarios, los planes y programas relacionados con el servicio, las adquisiciones programadas y cualquier otra información que permita conocer y juzgar el funcionamiento de la dependencia. A petición de cualquier interesado, esta información debe ser suministrada sin más costo que el de reproducción de los documentos respectivos. Esta información, además, deberá estar disponible por medios electrónicos.
c) Cercanía con el usuario: Las administraciones públicas se encuentran obligadas a desconcentrar territorialmente sus servicios de modo tal que los usuarios puedan tener acceso a ellos en la forma más cercana posible, de acuerdo con las condiciones materiales y la tecnología disponible en cada momento. Los servicios administrativos deben disponer de páginas electrónicas que contengan todos los formularios que deba completar el usuario y en los casos en que no haya impedimento legal, estos formularios podrán ser completados y enviados electrónicamente. Cuando fuere imprescindible la presentación de documentación u otro tipo de información impresa, se permitirá el envío de esta por correo postal, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
d) Rendición de cuentas: Las administraciones públicas y sus funcionarios deben rendir cuentas de su gestión y desempeño. En tanto mayor sea el rango de un funcionario, mayor será esta obligación. Salvo plazos y procedimientos especiales, todo funcionario se encuentra obligado a dar respuesta a la solicitud de cuentas debidamente justificada en un interés legítimo que formule cualquier interesado, dentro de un plazo de diez días hábiles. Todo funcionario debe organizar la información de las actividades bajo su responsabilidad bajo el presupuesto de que en cualquier momento podrá ser interrogado sobre su gestión. El incumplimiento infundado de la obligación de rendir cuentas será considerada como falta grave de servicio. La rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa se hará por las vías que establezca el Reglamento de ese Poder.
e) Responsabilidad: El funcionario público es mero depositario de las competencias administrativas y las ejerce con plena responsabilidad personal por el alcance de sus decisiones y actuaciones. Las consecuencias políticas o extra-jurídicas de las actuaciones de un funcionario, no lo relevan de la responsabilidad personal en que pueda incurrir por el mal desempeño de sus funciones.
ARTÍCULO 7.– Derechos de los usuarios respecto de las administraciones públicas
Además del derecho a que se cumplan en toda su extensión los principios organizativos a que se refiere el capítulo anterior de esta ley, los usuarios son titulares, sin perjuicio de los demás que reconozcan las restantes leyes, de los siguientes derechos:
a) A ser informados y asesorados de forma adecuada y suficiente sobre los trámites y actuaciones que deban realizar ante las administraciones públicas para el desarrollo de sus proyectos y actividades y sobre los requisitos que deban cumplir, la documentación que deban presentar y los órganos ante los que deban presentar las pertinentes solicitudes y documentos, así como a ser auxiliados para el cumplimiento de tales trámites y actuaciones.
b) A relacionarse con las administraciones públicas a través de cualesquiera medios técnicos idóneos a tal fin, incluidos los informáticos, cuando la organización o el órgano administrativo de que se trate cuente efectivamente con ellos, y a presentar o aportar toda clase de escritos o documentos por medio del servicio público de correo postal y en la forma determinada reglamentariamente. La fecha de entrega en la oficina de correos se tendrá a todos los efectos como de presentación o entrega en el órgano competente.
c) A obtener recibo, mediante sellado de la copia que al efecto aporten, de todo escrito o documento que presenten o aporten, incluso por medio del servicio de correo postal, y a la devolución de los originales de los mismos, salvo que precisamente estos deban constar en el correspondiente procedimiento.
d) A conocer en cualquier momento el estado en que se encuentre el trámite de los procedimientos en que sean interesados, así como el o los funcionarios que sean responsables de su tramitación y resolución.
e) A la tramitación y resolución expresa sin dilaciones indebidas de los procedimientos en que sean interesados o, en todo caso, parte.
f) A la dación de los bienes, la recepción de las prestaciones y el disfrute de los servicios públicos en el tiempo, condiciones y estándares de calidad determinados por la propia organización administrativa competente en cada caso en la correspondiente carta de servicios que debe elaborar, aprobar, actualizar y publicar periódicamente y tener en sus dependencias a disposición del público.
g) Al acceso a los datos e informaciones de conocimiento público en poder de las administraciones públicas.
h) A formular quejas y reclamaciones sobre el funcionamiento de las administraciones públicas y exigir responsabilidad de estas y de sus funcionarios en los términos de la ley. En toda unidad administrativa deberá existir una oficina especializada en la atención de las quejas y reclamos de los usuarios, la cual deberá contar con independencia, financiamiento y plena capacidad de resolución de los asuntos llevados a su conocimiento.
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES SUPERIORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO 8.– Órganos superiores
Los órganos constitucionales superiores de la Administración Pública son: el presidente de la República, el Consejo de Gobierno, el Poder Ejecutivo en sentido estricto y los ministros. Estos órganos ejercen función de dirección política y función administrativa.
ARTÍCULO 9.– Presidente
El presidente de la República, en su condición de órgano constitucional superior, es el responsable máximo de la Administración Pública.
En ejercicio de sus facultades constitucionales, el presidente nombra y remueve libremente a los ministros de Gobierno y representa a la nación en los actos de carácter oficial.
En cumplimiento de su obligación constitucional, el presidente rinde anualmente cuentas de su gestión ante la Asamblea Legislativa y en todo momento a través de sus ministros por medio de los procedimientos que establece el Reglamento de ese Poder.
ARTÍCULO 10.– Competencias
Le corresponde al presidente, además de sus competencias constitucionales expresas:
a) Ejercer la dirección superior del aparato administrativo en su conjunto, con el propósito de garantizar una gestión administrativa globalmente armónica y eficiente.
b) Definir, con la colaboración obligada de los respectivos ministerios, las políticas públicas, planes, programas y proyectos nacionales, sectoriales y regionales, atinentes a los intereses y servicios nacionales, de la actividad de conjunto de la administración central y descentralizada para orientarla hacia el logro de objetivos y metas tendentes al desarrollo humano sostenible nacional, el respeto a la libertad y creatividad de las personas, la erradicación de las desigualdades y la discriminación entre los habitantes de la República y el mejoramiento de su calidad de vida.
c) Dirigir las tareas del Gobierno y la actividad de conjunto de la administración central y hacer lo propio con la administración descentralizada.
d) Crear las instancias administrativas formales para lograr la necesaria cooperación entre órganos y administraciones.
e) Definir los ministerios rectores de cada sector de actividad administrativa homogénea.
f) Resolver, en vía administrativa, los conflictos existentes entre los órganos de la administración central, entre los entes descentralizados y entre los órganos de la administración central y los entes descentralizados.
g) Resolver la abstención o recusación del funcionario llamado a conocer de la alzada cuando no tenga un superior jerárquico.
h) Excusarse y llamar a conocer de un asunto al primer o segundo vicepresidente, cuando incurra en algún motivo de abstención.
i) Recargar en alguno de los vicepresidentes el desempeño de un ministerio.
j) Nombrar y remover a los viceministros.
k) Nombrar y remover los viceministros sin cartera que estime necesarios en calidad de obligados colaboradores.
l) Nombrar, mediante acuerdo, a un viceministro como ministro interino o bien recargar en el vicepresidente o ministro que designe el ejercicio de un ministerio, durante las ausencias temporales del titular.
m) Convocar, presidir y levantar las sesiones del Consejo de Gobierno.
n) Nombrar las comisiones auxiliares o de trabajo transitorias o permanentes que estime necesarias.
o) Delegar competencias legales propias en un ministro.
p) Delegar la firma de los actos masivos de alcance concreto.
q) Las demás que señalen las leyes.
ARTÍCULO 11.– Organización de apoyo al presidente de la República
Para el desarrollo de sus competencias, el presidente de la República contará, además de la colaboración del ministerio a cargo de la materia de Presidencia y con el personal técnico y de apoyo necesario, dentro del límite de las dotaciones presupuestarias aprobadas por la Asamblea Legislativa. Todo el personal de la Presidencia de la República será de libre nombramiento y remoción por parte del presidente de la República. El régimen interno de organización será establecido mediante decreto ejecutivo.
ARTÍCULO 12.– Sede de la Presidencia de la República
La Presidencia de la República tendrá su sede en el cantón central de la provincia de San José. Sin embargo, las competencias del presidente podrán ser ejercidas en cualquier lugar del territorio nacional o fuera de este.
ARTÍCULO 13.– Sustitución temporal del presidente de la República
El presidente de la República podrá ausentarse temporalmente del ejercicio de sus funciones, mediante designación para el ejercicio del cargo del vicepresidente que decida. Cuando el presidente de la República salga del territorio nacional, en ejercicio de la representación nacional que le encomienda la Constitución, no será necesario que sea sustituido temporalmente en sus funciones por un vicepresidente. Si así lo decide, podrá seguir ejerciendo sus competencias constitucionales y legales fuera del país.
ARTÍCULO 14.– Vicepresidencias
Los titulares de las vicepresidencias son colaboradores directos del presidente de la República en el cumplimiento de sus funciones gubernativas y administrativas y podrán estar a cargo de carteras ministeriales, ser designados como responsables o coordinadores de algún sector o subsector de actividad y en general asumir las funciones que en forma expresa este les encomiende. Para el desempeño de sus tareas, contarán con la organización administrativa que se establezca en el Reglamento de Organización y Servicio de la Presidencia de la República.
ARTÍCULO 15.– Atribuciones del Consejo de Gobierno
Además de las atribuciones establecidas en la Constitución Política, le corresponde al Consejo de Gobierno ejercer las siguientes:
a) Discutir y deliberar sobre las políticas públicas, proyectos, programas y planes nacionales elaborados por la Presidencia de la República, a efecto de recomendar cambios, rectificaciones, modificaciones o ajustes y métodos adecuados de ejecución e implementación para el logro de objetivos concretos.
b) Determinar y recomendar estrategias, métodos y procedimientos de coordinación interadministrativa.
c) Proponer acciones correctivas para la eficaz y oportuna ejecución de los programas, planes y proyectos nacionales.
d) Conocer del informe que el presidente de la República le solicite a uno o varios ministros sobre algún asunto de interés nacional a fin de coordinar acciones.
e) Resolver los demás asuntos que le encomiende el presidente de la República. En estos casos, el presidente podrá revisar de oficio, revocando, modificando o anulando, lo resuelto. No habrá recurso ante el presidente de lo resuelto por el Consejo de Gobierno.
f) Resolver los recursos de revocatoria o reposición procedentes contra sus resoluciones de conformidad con la ley.
g) Constituir comisiones especiales de trabajo, permanentes o temporales, de su seno o con participación de otros servidores para el estudio y análisis de un asunto particular.
h) Autorizar a los ministros, mediante resolución motivada, para separarse de los dictámenes vinculantes emitidos por la Procuraduría General de la República.
i) Declarar la lesividad de los actos administrativos dictados por dos o más ministerios, o por estos con algún ente descentralizado.
ARTÍCULO 16.– Composición del Consejo de Gobierno
El Consejo de Gobierno estará constituido por el presidente de la República y los ministros.
Podrán asistir, también, a sus sesiones con voz pero sin voto, los vicepresidentes, y las demás personas que el presidente convoque de conformidad con el inciso 5) del artículo 147 de la Constitución Política.
ARTÍCULO 17.– Presidencia del Consejo de Gobierno
El presidente de la República o, en su caso, quien lo sustituya, presidirá el Consejo de Gobierno, con todas las facultades necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
ARTÍCULO 18.– Intervención en el Consejo de Gobierno
El presidente podrá conceder participación a sus asesores técnicos o autorizar a los ministros para que hagan lo propio con los suyos en los asuntos de su ramo.
Los asesores, como cualquier tercero invitado para fines de consulta, tendrán voz pero no voto.
ARTÍCULO 19.– Secretaría del Consejo de Gobierno
Habrá un secretario del Consejo de Gobierno, con las siguientes atribuciones:
a) Levantar y firmar las actas del Consejo.
b) Diligenciar el despacho de los asuntos del Consejo.
c) Dirigir los procedimientos administrativos pendientes ante el Consejo.
d) Asistir al presidente como su secretario particular en el desempeño de sus funciones de presidente del Consejo.
ARTÍCULO 20.– Convocatoria del Consejo de Gobierno
El Consejo de Gobierno sesionará por convocatoria del presidente de la República en la fecha que este disponga, sin perjuicio que este fije, por vía general, una o varias fechas para las sesiones durante el ejercicio de su mandato, en cuyo caso se prescindirá de la convocatoria.
El orden del día será confeccionado exclusivamente por el presidente, quien pondrá a discusión los temas respectivos en el orden que estime conveniente.
ARTÍCULO 21.– Cuórum y votaciones
El Consejo hará cuórum con la mitad más uno de la totalidad de sus miembros y sus acuerdos se tomarán por mayoría simple de los presentes con las excepciones establecidas en esta ley.
Cuando un ministro tuviere recargado otro ministerio contará con un solo voto en el Consejo.
Las actas del Consejo de Gobierno son públicas.
ARTÍCULO 22.– Votación calificada
Se adoptarán por mayoría calificada de los dos tercios de los votos presentes los siguientes acuerdos:
a) Los de remoción de directores de instituciones autónomas por irregularidades comprobadas en el ejercicio de sus cargos o el incumplimiento reiterado, grave e injustificado en la adopción de las directrices.
b) Los que correspondan a las atribuciones señaladas por los incisos 1) y 2) del artículo 147 de la Constitución Política, en este último caso cuando haya de apartarse de la recomendación de la Corte Suprema de Justicia.
ARTÍCULO 23.– Carácter firme y ejecutorio de los acuerdos
Los acuerdos del Consejo de Gobierno serán definitivos y ejecutorios una vez adoptados, salvo los que en virtud de ley requieran para su eficacia ser previamente comunicados a sus destinatarios.
ARTÍCULO 24.– Publicidad y notificación de acuerdos
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente los acuerdos de alcance general del Consejo de Gobierno serán publicados en el diario oficial La Gaceta.
ARTÍCULO 25.– Ejecución de los acuerdos
Los acuerdos del Consejo de Gobierno serán ejecutados por el órgano que corresponda según la asignación constitucional o legal de competencias.
Poder Ejecutivo en sentido estricto
ARTÍCULO 26.– Funciones conjuntas
Le corresponde al presidente, conjuntamente con el ministro respectivo, además de las atribuciones fijadas constitucionalmente:
a) La dirección, coordinación y vigilancia de la Administración Central.
b) Crear, mediante reglamento, los órganos funcional y territorialmente desconcentrados necesarios para una gestión administrativa eficiente, eficaz y oportuna.
c) Emitir las directrices generales y específicas que resulten necesarias para la coordinación de la Administración Pública en su conjunto.
d) Nombrar y remover a los funcionarios ministeriales de confianza y de carrera.
e) Ejercer cualquier otra competencia que la ley o el reglamento les asigne.
ARTÍCULO 27.– Competencia residual
Cuando por la materia, no sea posible identificar con precisión la cartera ministerial que debe concurrir en la formación de la voluntad del Poder Ejecutivo, la competencia la ejercerá el presidente de la República conjuntamente con el ministro a cargo de la materia de Presidencia.
ARTÍCULO 28.– Iniciativa en la formación de la ley
La competencia constitucional de iniciativa en la formación de la ley que corresponde al Poder Ejecutivo, la ejercerá el presidente conjuntamente con el ministro del ramo respectivo. Esta iniciativa será canalizada por medio de la cartera a cargo de la materia de Presidencia, salvo otra disposición legal en contrario.
ARTÍCULO 29.– Convocatoria a sesiones extraordinarias
La preparación de la agenda para sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa corresponderá al presidente de la República conjuntamente con el ministro a cargo de la materia de Presidencia.
ARTÍCULO 30.– Función
Sin perjuicio de sus funciones políticas, los ministros son los responsables de la dirección administrativa de un determinado ramo y, en tal condición, órganos superiores de los correspondientes ministerios.
ARTÍCULO 31.– Competencias
Le corresponde al ministro, además de las atribuciones que debe ejecutar conjuntamente con el presidente de la República, ejercer las siguientes competencias:
a) Colaborar con la Presidencia de la República en la definición y elaboración de políticas públicas, programas, planes y proyectos nacionales, sectoriales, regionales y locales y participar en su desarrollo y ejecución.
b) Fiscalizar y dar seguimiento al desarrollo, implementación y ejecución efectiva, por parte de las unidades administrativas de su cartera, de los planes nacionales, sectoriales, regionales y locales.
c) Dirigir y ordenar la actuación de los viceministros y de los órganos subordinados a estos, impartiéndoles órdenes, instrucciones y circulares.
d) Delegar, dentro de los límites de ley, el ejercicio de competencias propias en los viceministros.
e) Avocar el conocimiento de un asunto determinado a cargo de un viceministro, un órgano desconcentrado adscrito o cualquier otro subordinado.
f) Coordinar con los jerarcas del conjunto de entes descentralizados, en lo que atañe al sector del ramo a su cargo, para velar por el desarrollo y ejecución de los planes y programas y evaluar o medir, objetivamente, los rendimientos y resultados obtenidos.
g) Preparar y presentar al presidente de la República los proyectos de ley, decretos, acuerdos, resoluciones, órdenes y demás actos que deban suscribir conjuntamente relativos a las cuestiones atribuidas a su ministerio.
h) Resolver los conflictos surgidos entre los viceministros de su cartera y las unidades asesoras y operativas adscritas a su despacho.
i) Plantear los conflictos con otros ministerios o entes descentralizados.
j) Formular la declaratoria de lesividad de los actos administrativos dictados por los órganos que componen el ministerio a su cargo.
k) Disponer los gastos propios de los servicios de su ministerio, dentro del importe de los créditos autorizados.
l) Firmar, salvo desconcentración o delegación, en nombre del Estado, los contratos relativos a los asuntos propios de su ministerio.
m) Proponer al presidente de la República el nombramiento y remoción de los funcionarios de confianza y de carrera del ministerio, en este último caso de acuerdo con los mecanismos y requisitos establecidos en la ley de servicio civil.
n) Las demás facultades que les atribuya la ley.
ARTÍCULO 32.– Organización interna
La organización interna de cada ministerio se determinará por reglamento autónomo de organización, con respeto de las estructuras institucionales creadas por leyes especiales.
ARTÍCULO 33.– Viceministerios
En cada ministerio habrá los viceministerios que sean necesarias para dirigir, coordinar y controlar el ejercicio de un determinado ámbito competencial del ramo correspondiente.
El viceministro será directamente responsable ante el ministro por el desarrollo de su gestión y el cumplimiento efectivo de sus competencias.
ARTÍCULO 34.– Nombramiento de los viceministros
Los viceministros serán nombrados y removidos libremente por el presidente de la República y deberán reunir los mismos requisitos que los ministros y tendrán las atribuciones que señala esta ley.
El presidente de la República podrá designar mediante acuerdo al viceministro que elija para suplir las ausencias temporales del ministro.
ARTÍCULO 35.– Competencias de los viceministros
Las competencias del viceministro son las siguientes:
a) Dirigir, coordinar, y, en general conducir el ámbito competencial del ramo a su cargo.
b) Colaborar con el ministro en la definición, desarrollo y ejecución de las políticas públicas, programas, planes y proyectos correspondiente relacionados con el sector del ramo bajo su coordinación.
c) Evaluar, controlar y dar seguimiento al desarrollo y ejecución efectiva, por parte de las unidades administrativas subordinadas, de los planes, programas y proyectos.
d) Proponerle al ministro la organización interna del viceministerio a su cargo.
e) Dirigir y ordenar la actuación de las unidades subordinadas a estas, impartiéndoles órdenes, instrucciones y circulares.
f) Agotar la vía administrativa en los asuntos propios del ámbito competencial a su cargo.
g) Resolver los conflictos surgidos entre las unidades adscritas a su despacho.
ARTÍCULO 36.– Relación de jerarquía
El viceministro será el superior jerárquico inmediato de todos los funcionarios que laboran para las unidades administrativas, asesoras u operativas, pertenecientes al ámbito competencial respectivo, lo anterior sin perjuicio de la potestad de avocamiento del ministro.
ARTÍCULO 37.– Organización mínima
La estructura mínima de cada ministerio incluirá:
Unidades asesoras de programación y planificación estratégica sectorial; de evaluación y seguimiento de los resultados y de calidad de los servicios.
Unidades ejecutoras subsectoriales y de apoyo.
ARTÍCULO 38.– Jerarquía del ministro
El ministro será el superior jerárquico inmediato de todos los funcionarios que laboran para las unidades asesoras y ejecutivas del ramo, sean centrales o desconcentradas territorialmente.
ARTÍCULO 39.– Órdenes e instrucciones
Los titulares de las unidades subsectoriales y de otras unidades del respectivo ministerio, deberán acatar y hacer cumplir las órdenes, instrucciones, circulares y directrices del ministro y del respectivo viceministro, velar por la buena marcha de las dependencias a su cargo, ejecutar adecuadamente las competencias asignadas y rendir un informe, dentro del plazo que se fije reglamentariamente, al ministro y al respectivo viceministro comprensivo de las actividades realizadas y de las observaciones necesarias para un mejor desempeño.
Los titulares de las secciones ejecutoras o asesoras que componen las unidades subsectoriales, regionales y otras tendrán las mismas obligaciones establecidas en el párrafo anterior para con el ministro, los respectivos viceministros y titular de la unidad.
ARTÍCULO 40.– Recursos
Contra las resoluciones dictadas por cualquier unidad subsectorial, regional y de las secciones asesoras y ejecutoras que las conforman cabrán los recursos de revocatoria y el de apelación ante el viceministro respectivo que será el llamado a agotar la vía administrativa, salvo ley o reglamento que desconcentre dicha potestad. Contra las resoluciones dictadas directamente por el viceministro cabrá recurso de reposición.
Contra las resoluciones dictadas por las unidades directamente adscritas al ministro y las secciones asesoras y ejecutoras que las conforman, cabrán los recursos de revocatoria y de alzada ante el ministro, quien agotará la vía administrativa, salvo ley o reglamento que desconcentre dicha potestad. Contra las resoluciones dictadas por el ministro cabrá recurso de reposición.
Los Ministros sin cartera
ARTÍCULO 41.– El presidente de la República podrá designar ministros de Gobierno sin cartera, así como recargar dos o más carteras en un solo ministro, o nombrar para desempeñarlas a los vicepresidentes y a ministros sin cartera.
ARTÍCULO 42.– Los ministros sin cartera serán funcionarios que, junto con el presidente de la República, fijarán políticas en sus respectivos ámbitos de acción.
Los ministros sin cartera carecerán de funciones administrativas y tendrán las competencias políticas que les señale el presidente de la República en el respectivo acuerdo de nombramiento. Podrán participar en las sesiones del Consejo de Gobierno con voz y voto, salvo en el caso de decisiones de carácter administrativo.
ARTÍCULO 43.– Disposición general
Las corporaciones municipales gozan de la autonomía reconocida por la Constitución Política. Son administraciones territoriales dotadas de personalidad propia, que gestionan los asuntos de su competencia bajo su propia responsabilidad, de forma cooperativa y coordinada con la Administración central y descentralizada, en el marco, en todo caso, de la Constitución y la ley.
ARTÍCULO 44.– Régimen jurídico
Las corporaciones municipales y los concejos municipales de distrito se constituyen, organizan, funcionan y actúan de conformidad con la Constitución Política, el Código Municipal y en lo pertinente, lo que disponga esta ley.
ARTÍCULO 45.– Intercambio interadministrativo de información
El Poder Ejecutivo en sentido amplio, las instituciones autónomas, los entes públicos y la administración local, deberán facilitarse recíprocamente el acceso a los instrumentos de gestión de obras y servicios y demás información pública que les afecten directamente, incluyendo la exhibición de expedientes y la emisión de informes.
ARTÍCULO 46.– Mecanismos de cooperación
La cooperación económica, técnica y administrativa entre las corporaciones municipalidades, concejos municipales de distrito y demás entes u órganos municipales y la Administración Pública en general, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará de modo consensual, mediante los consorcios o convenios interadministrativos que corresponda suscribir.
De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas administraciones, se dará comunicación a aquellas otras que, resultando interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a los efectos de mantener una recíproca y constante información
ARTÍCULO 47.– Mecanismos de cooperación
Para la coordinación administrativa, podrán crearse mediante acuerdos o convenios interadministrativos, órganos de colaboración de las administraciones correspondientes con las entidades locales. Estos órganos, que serán únicamente deliberantes o consultivos, podrán ser regionales y de carácter general o sectorial y no ejercerán potestades de imperio.
ARTÍCULO 48.– Ejecución consensuada de servicios
En aquellos casos en que la naturaleza de la actividad de que se trate haga muy difícil o inconveniente una asignación diferenciada y distinta de facultades decisorias en la materia, las administraciones involucradas deberán alcanzar convenios de cooperación interadministrativa, de modo que se asegure a las entidades locales su participación o integración en actuaciones o procedimientos conjuntos, atribuyéndosele a una de las administraciones la decisión final.
En ningún caso estas técnicas podrán afectar a la potestad de autoorganización de los servicios que corresponde a la entidad municipal.
ARTÍCULO 49.– Ejecución por sustitución interadministrativa
Cuando una entidad municipal incumpliera las obligaciones impuestas directamente por la ley, de forma que tal incumplimiento afecte el ejercicio de competencias de otra administración pública y cuya cobertura económica estuviere legalmente o presupuestariamente garantizada, la administración afectada deberá recordarle su cumplimiento concediendo al efecto el plazo que fuere necesario. Si, transcurrido dicho plazo, nunca inferior a un mes, el incumplimiento persistiera, se procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la entidad municipal.
ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA INSTITUCIONAL
ARTÍCULO 50.– Tipos de organización administrativa instrumental
Para el cumplimiento de sus fines, la Administración central dispone de la colaboración instrumental de las administraciones descentralizadas y de los entes públicos.
ARTÍCULO 51.– Alcance
Las disposiciones de este capítulo se aplicarán a todos los entes públicos descentralizados institucionales, no importa cual sea su denominación, los cuales, a partir de la vigencia de esta ley, tendrán el perfil y la estructura organizativa aquí establecida. Los cambios organizativos introducidos por este capítulo no podrán interpretarse de forma que implique una disminución en la capacidad operativa, presupuestaria, contractual y de manejo de recursos humanos de los entes respectivos.
ARTÍCULO 52.– Régimen jurídico
El régimen jurídico de los entes institucionales es de derecho público.
Los entes descentralizados que desarrollen actividad industrial, comercial, agrícola o de servicios, regirán por el derecho común tanto esas actividades como en cuanto al régimen de empleo del personal que no ejerce función administrativa.
ARTÍCULO 53.– Utilización del patrimonio estatal
Sin que ello afecte la titularidad estatal de dichos bienes y en tanto esto no represente una ventaja que falsee la libre competencia, los entes públicos, las instituciones autónomas y las empresas públicas, pueden utilizar bienes del dominio estatal cuando estos resulten imprescindibles o presupuesto para el cumplimiento de los fines señalados por el legislador.
ARTÍCULO 54.– Definición
Son instituciones autónomas las organizaciones jurídico-públicas dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propio, que disponen de autonomía en materia administrativa por disposición expresa de la Constitución Política o, en virtud de esta, por disposición de la Asamblea Legislativa mediante votación de dos tercios de sus integrantes.
ARTÍCULO 55.– Régimen organizativo
El régimen organizativo de las instituciones autónomas será el establecido en las respectivas leyes regulatorias o de creación y en las disposiciones generales internas autorizadas por el ordenamiento jurídico.
ARTÍCULO 56.– Rectoría sobre las instituciones autónomas
Las instituciones autónomas desarrollan su actividad bajo la propia responsabilidad en el marco de la autonomía garantizada por la Constitución y determinada por la ley, cooperando con la Administración central y el resto de la Administración descentralizada, en tanto que partes de la Administración Pública, en la satisfacción de los intereses generales.
Las instituciones autónomas están sujetas, en todo caso y en los términos de su ley reguladora, a la permanente fiscalización y rendición de cuentas sobre los fondos públicos de que se les dota para el cumplimiento de sus fines. Para estos exclusivos efectos, las instituciones autónomas se relacionan con la Administración centralizada a través del rector del sector o sectores afines a cada una de ellas.
ARTÍCULO 57.– Definición
Son entes públicos las organizaciones funcionalmente descentralizadas con carácter meramente instrumental, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y gestionan separadamente el o los servicios administrativos que constituyen su objeto bajo la dependencia, en los términos de esta ley, de la administración matriz.
Los entes públicos gozan de independencia administrativa y se encuentran integrados a uno o varios sectores afines.
Los entes públicos no gozan de la autonomía de rango constitucional definida por el artículo 188 de la Constitución Política. Cuando con motivo de futuras regulaciones, exista duda sobre la naturaleza jurídica de un nuevo ente instrumental creado por disposición con rango de ley, se interpretará que se trata de un ente público.
ARTÍCULO 58.– Adscripción
Los entes públicos se encuentran adscritos al o los sectores funcionalmente afines a su objeto y competencia. La adscripción de cada ente se especificará en el decreto ejecutivo que establezca la organización interna del sector respectivo. En caso de duda, o de afinidad con materias en manos de dos o más sectores, el Poder Ejecutivo decidirá a cual queda adscrito el ente, o si las diversas actividades de ese ente se adscriben a sectores diferentes.
ARTÍCULO 59.– Finalidad
Los entes públicos sirven instrumentalmente a los mismos fines públicos que la Administración central, con la única diferencia de su estructura organizativa y de la especialidad funcional establecida en su ley de creación. En esta medida, no podrán perseguir o promover fines distintos a los del Estado en su conjunto.
ARTÍCULO 60.– Dirección
Los entes públicos están sujetos a las directrices generales o específicas dictadas por el titular de la cartera de adscripción. Los planes anuales y plurianuales, los presupuestos y el programa de inversiones deben contar con la aprobación del ministro respectivo.
ARTÍCULO 61.– Jerarca unipersonal
Los entes públicos, con las excepciones expresas dispuestas en el artículo siguiente, estarán dirigidos por un jerarca unipersonal, denominado gerente general, de libre nombramiento y remoción por parte del titular de la cartera de adscripción en conjunto con el presidente de la República.
Las funciones administrativas a cargo de jerarcas colegiados establecidas en leyes especiales, serán ejercidas en adelante por el jerarca unipersonal.
ARTÍCULO 62.– Consejo consultivo
Cada ente público contará con un consejo consultivo, presidido por el gerente general, representativo de los intereses relacionados con la actividad propia del ente, con la integración y funciones que indique el Poder Ejecutivo en el decreto respectivo. La participación en estos consejos consultivos será honoraria. Los miembros de este consejo tendrán al menos diez años de experiencia en la actividad relacionada con el ente, ser de reconocida honorabilidad, y no desempeñar ningún otro puesto público. Este consejo sesionará por convocatoria del gerente general.
ARTÍCULO 63.– Organización interna
La organización interna de los entes públicos será promulgada mediante Reglamento Autónomo de Organización.
ARTÍCULO 64.– Requisitos para el jerarca unipersonal
El gerente general deberá ser una persona de reconocida trayectoria y experiencia profesional en un campo afín a la actividad propia del ente, graduado al menos como especialista en gerencia pública o una materia relacionada con el fin del ente, no haber sido removido por justa causa en cualquiera de los órganos o entes que forman la Administración Pública y reunir cualquier otro requisito que la ley disponga.
ARTÍCULO 65.– Rendición de cuentas
El jerarca del ente público rinde cuentas de su gestión directamente ante el ministro de adscripción y a través de este ante la Asamblea Legislativa.
EMPRESAS PÚBLICAS Y LAS CORPORACIONES DE INTERÉS PÚBLICO
ARTÍCULO 66.– Definición
Por medio de las empresas públicas, el Estado, los entes descentralizados institucionales o las municipalidades, desarrollan actividades industriales o comerciales de interés público que por decisión expresa del legislador le son encomendadas a una organización societaria.
Las empresas creadas por entes descentralizados en virtud de autorizaciones legales generales, no serán consideradas como empresas públicas, sino como empresas mercantiles de titularidad pública, sometidas en su totalidad al derecho privado.
ARTÍCULO 67.– Régimen jurídico
Las empresas públicas se rigen por el derecho privado, con las salvedades establecidas en este capítulo.
No son aplicables a las empresas públicas la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos o la Ley de la Autoridad Presupuestaria. La Ley de Contratación Administrativa se aplicará únicamente en cuanto a sus principios y prohibiciones. Cada empresa dictará un reglamento de adquisiciones que respetará los principios de eficiencia, igualdad, libre competencia y publicidad y será publicado en el diario oficial.
La Contraloría General de la República tendrá plena competencia para ejercer control posterior sobre las actividades de las empresas públicas y le podrá exigir cuentas a sus personeros en cualquier momento.
ARTÍCULO 68.– Régimen de empleo
En el caso de servidores que ocupen puestos de ejecución exclusiva de actividades sustantivas empresariales, de acuerdo con el reglamento del Poder Ejecutivo, la relación de empleo estará sometida al derecho laboral. A estas relaciones se les aplicará la normativa pública que expresamente las alcance y el conferimiento de los derechos laborales estará sujeto al principio de razonabilidad. Los directores de las empresas públicas estarán sometidos al derecho público y para todos los efectos se considerarán como funcionarios públicos.
ARTÍCULO 69.– Asamblea general
La asamblea general de las empresas públicas propiedad exclusiva del Estado, la conforma el Consejo de Gobierno. En los casos en que la titularidad accionaria sea parcial, el órgano máximo de la administración matriz designará un representante con plenos poderes para asistir a la asamblea general.
Las empresas públicas pertenecientes a entes públicos tendrán como asamblea general al jerarca colegiado respectivo y en defecto de un jerarca colectivo, al Consejo de Gobierno.
ARTÍCULO 70.– Junta directiva
La junta directiva de las empresas públicas estará compuesta por cinco personas y será designada para períodos de dos años por la asamblea general, por personas con al menos diez años de experiencia en actividades relacionadas con el objeto social de la empresa, de reconocida reputación y que no podrán ocupar ningún otro puesto dentro de la Administración Pública u otra empresa pública.
No podrá designarse director a ningún miembro de la asamblea general o a sus familiares hasta el tercer grado por afinidad o consanguinidad. Las dietas que recibirán los directores será igual a la de los integrantes de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.
ARTÍCULO 71.– Adscripción
Las empresas públicas pertenecientes al Estado se encuentran sujetas a las directrices del Poder Ejecutivo y a la rectoría del sector afín.
El presupuesto anual de las empresas públicas será aprobado por la asamblea general. El rector del sector a fin deberá rendir cuentas de la gestión de las empresas públicas adscritas ante la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 72.– Organización
La organización interna de las empresas públicas será la que se disponga en el pacto social.
Las corporaciones de interés público
ARTÍCULO 73.– Entes corporativos profesionales, sociales y productivos
Los entes corporativos profesionales, sociales y productivos se considerarán corporaciones de interés público y creación legal, regidos por el derecho común y estarán sometidos al derecho público cuando ejerzan funciones materialmente administrativas. Estos entes no dispondrán de potestades de imperio respecto de personas ajenas a la corporación ni ejercerán funciones autorizatorias o de control sobre terceros.
ARTÍCULO 74.– Futuras regulaciones
Cuando con motivo de futuras regulaciones, exista duda sobre la naturaleza jurídica de un nuevo ente con atribuciones de carácter corporativo creado mediante ley, se interpretará que se trata de una corporación de interés público regida conforme a las disposiciones del artículo anterior.
ENTES U ÓRGANOS DE REGULACIÓN Y DE CONTROL DE LEGALIDAD
ARTÍCULO 75.– Definición de los órganos de regulación nacionales
Son órganos de regulación soberanos, aquellos centros de acción a los cuales se ha atribuido como fin, asegurar la sujeción de la población en general a determinada normativa, contando para ello con medios de regulación directa o indirecta.
a) La Comisión para Promover la Competencia.
b) La Comisión Nacional del Consumidor.
c) El Tribunal Ambiental Administrativo.
ARTÍCULO 76.– Definición de los entes de regulación sectoriales
Son entes de regulación sectoriales, aquellos centros de acción a los cuales se ha atribuido como fin, la ordenación y vigilancia de un sector determinado de la economía, contando para ello con medios de regulación directa o indirecta.
a) La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
b) Superintendencia General de Entidades Financieras.
c) Superintendencia General de Pensiones.
d) Superintendencia General de Valores.
e) Superintendencia de Telecomunicaciones.
f) Superintendencia de Seguros.
ARTÍCULO 77.– Definición de los órganos administrativos de control de legalidad
Son órganos de control de legalidad, aquellos centros de acción a los cuales se ha atribuido el control de legalidad de las conductas de una o varias administraciones públicas.
a) El Tribunal Administrativo de Transporte Público.
b) El Tribunal Aduanero Nacional.
c) El Tribunal Fiscal Administrativo.
d) El Tribunal Registral Administrativo.
e) El Tribunal del Servicio Civil.
f) El Tribunal de Carrera Docente.
ARTÍCULO 78.– Régimen organizativo
El régimen organizativo de los entes u órganos a que se refiere este capítulo, será el establecido en las respectivas leyes regulatorias o de creación y en las disposiciones generales internas autorizadas por el ordenamiento jurídico.
ARTÍCULO 79.– Rectoría
Los entes u órganos a que se refiere este capítulo, desarrollan su actividad bajo la propia responsabilidad, cooperando en la satisfacción de los intereses generales. Están sujetos, en todo caso y en los términos de su ley reguladora, a la permanente fiscalización y rendición de cuentas sobre los fondos públicos de que se les dota para el cumplimiento de sus fines. Para estos últimos y exclusivos efectos, se relacionan con la Administración centralizada a través del rector del sector afín a cada una de ellas.
ARTÍCULO 80.– Límites al poder de dirección
Las disposiciones del capítulo IX de esta ley, no serán de aplicación para el caso de los entes u órganos a que se refiere este capítulo.
ARTÍCULO 81.– Facultad de reconcentración
En ningún caso, el Poder Ejecutivo podrá disponer la reconcentración de la actividad o competencia de los entes u órganos a que se refiere este capítulo, cuando haya sido previamente desconcentrada.
PODER DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PODER EJECUTIVO
ARTÍCULO 82.– Unidad de la Administración Pública
La Administración Pública en su conjunto está obligada, en virtud de la unidad material asegurada por la Constitución Política, a la coherencia de su acción desde el punto de vista de la toma de decisiones, el ejercicio de la autoridad pública y la prestación de los servicios públicos. A este efecto, toda administración u organización administrativa o que ejerza competencias administrativas, en sus relaciones con las restantes, debe:
a) Ejercer las competencias propias de la forma y en los términos que produzca menor interferencia y evite contradicciones y disfunciones con las de las restantes.
b) Respetar el ejercicio legítimo por las otras de sus competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias, en especial cuando de la coordinación interadministrativa se trata.
c) Ponderar y considerar adecuada y suficientemente en el ejercicio de las competencias propias todos los intereses públicos implicados, incluso de aquellos cuya gestión esté encomendada a otra administración u organización administrativa.
d) Facilitar a las otras administraciones u organizaciones administrativas la información sobre la propia gestión que sea relevante para el desarrollo por estas de sus tareas propias, en especial de sus competencias de coordinación.
e) Propiciar el desarrollo conjunto de tareas comunes, el ejercicio cooperativo de competencias compartidas o concurrentes y, en todo caso, actuar con lealtad institucional.
f) Prestar en el ámbito propio la asistencia y cooperación que otras administraciones u organizaciones administrativas pueda precisar para el eficaz cumplimiento de sus cometidos propios.
g) Desarrollar las competencias y tareas propias en el marco de los planes y programas establecidos para la coordinación de la actividad administrativa.
ARTÍCULO 83.– Dirección del sector descentralizado
Los entes descentralizados están sujetos a las potestades de dirección, coordinación y control intersubjetivos que ejerce el Poder Ejecutivo. Para ese efecto, se establecerán sectores de actividad administrativa homogénea, de modo que cada una de esas organizaciones forme parte del o de los sectores que le resulten afines.
Dirección intersubjetiva
ARTÍCULO 84.– Supuestos
Mediante la dirección intersubjetiva se asegura la unidad de acción, una gestión administrativa armónica y coherente, la satisfacción del interés general y el cumplimiento efectivo de los fines y cometidos públicos asignados a los dirigidos.
La dirección intersubjetiva no crea una relación jerárquica entre el director y el dirigido.
El presidente de la República, conjuntamente con el ministro rector del ramo, ejercerá dirección sobre el conjunto de entes descentralizados.
ARTÍCULO 85.– Alcance
En virtud de la dirección intersubjetiva, el director tiene competencia para orientar, dirigir, vigilar y coordinar la actividad de las administraciones públicas sujetas a su dirección.
ARTÍCULO 86.– Potestades
El director tendrá, respecto del dirigido, las siguientes potestades:
a) Dirigir y orientar la actividad de las administraciones públicas sujetas a su dirección hacia la efectiva ejecución de los planes, para lo que podrá emitir las directrices respectivas y fiscalizar su cumplimiento.
b) Coordinar la actividad de conjunto de la Administración central y descentralizada.
c) Remover y sustituir al jerarca del ente descentralizado dirigido u órgano no subordinado jerárquicamente que incumpla las directrices sin ninguna justificación objetiva y razonable. En el caso de directores nombrados por el Consejo de Gobierno, ese mismo órgano será el competente para resolver sobre la propuesta de remoción que le formule el titular de la competencia de dirección.
d) Ejercer control tutelar preventivo o sucesivo, cuando lo disponga expresamente la ley, mediante autorizaciones o aprobaciones.
e) Suspender la ejecución de un acto administrativo del dirigido que atente contra el interés general.
ARTÍCULO 87.– Dirección interorgánica
En las relaciones de jerarquía interorgánicas, el superior jerárquico tendrá la potestad de dirección sobre sus subordinados.
ARTÍCULO 88.– Contenido
Las directrices son lineamientos de política general que obligan al dirigido a la obtención de los resultados, fines, metas u objetivos establecidos por estas dentro del plazo razonable que las mismas dispongan.
El dirigido tendrá discrecionalidad, según las circunstancias, para escoger las formas, instrumentos y medios de adopción y aplicación de la directriz que estime convenientes para el logro de los resultados dentro del plazo fijado.
El dirigido debe, dentro de los plazos fijados, adoptar fiel e íntegramente la directriz.
Para vigilar el cumplimiento efectivo de las directrices, el director podrá requerir al dirigido, en cualquier momento, informes sobre las formas, instrumentos y medios de adopción de las directrices y los avances en su implementación y, en general, el acceso a cualquier documento.
Las directrices serán promulgadas mediante decreto ejecutivo y se publicarán en La Gaceta, pero surtirán efecto desde el momento en que sean notificadas.
ARTÍCULO 89.– Remoción por incumplimiento
El presidente de la República, conjuntamente con el ministro del ramo, podrá remover, sin responsabilidad para la administración central, a los jerarcas titulares de los órganos, individuales o colegiados, con los que no tengan relación de jerarquía o de los entes descentralizados pertenecientes al respectivo sector, que desobedezcan gravemente una directriz impartida por aquellos sin dar una justificación objetiva y razonable de su inobservancia. Tratándose de los directores de las instituciones autónomas, la remoción debe hacerla el Consejo de Gobierno.
Para que la remoción tenga validez, debe ir precedida de dos intimaciones previas instando al dirigido a cumplir o justificar su conducta. Las intimaciones se comunicarán a los jerarcas ente personalmente, por facsímil, telegrama o carta certificada. Entre cada intimación debe mediar un lapso de cinco días, transcurridos cinco días de la notificación común de la última intimación, el director podrá proceder a la remoción.
Después de removidos total o parcialmente los jerarcas respectivos, el órgano competente procederá a completar las vacantes de conformidad con las normas aplicables a cada caso.
ARTÍCULO 90.– Autorización y aprobación
La autorización que deba impartirle el director a un acto del dirigido será un requisito para la perfección y validez del mismo.
La aprobación en la relación de dirección intersubjetiva será un requisito de eficacia del acto administrativo dictado por el dirigido.
El silencio positivo operará en los términos establecidos en la Ley General de la Administración Pública.
ARTÍCULO 91.– Suspensión de efectos
El director podrá suspender provisionalmente, en tanto se toman las medidas administrativas correctivas, la ejecución de un acto administrativo dictado por el dirigido que se oponga a los objetivos, metas y fines establecidos en los planes o a los contenidos en las directrices previamente adoptadas y emitidas, cuando ello pueda causar daños y perjuicios al interés general y provocar un mal desempeño o rendimiento de la gestión administrativa.
El director podrá acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa a efecto de pretender la nulidad del acto suspendido. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa anulará el acto suspendido o lo confirmará, debiendo, en este último caso, levantar, inmediatamente, la suspensión. Lo anterior sin perjuicio que el dirigido demandado y los interesados en el mantenimiento del acto promuevan, como medida cautelar, la revocatoria de la suspensión.
Transcurrido un mes sin que el director tome las medidas correctivas o impugne jurisdiccionalmente el acto suspendido, caducará la suspensión y el acto se podrá ejecutar.
SECTORIALIZACIÓN Y LA REGIONALIZACIÓN
ARTÍCULO 92.– Sectorialización de la actividad administrativa
Se establecen los siguientes sectores de actividad de la Administración Pública:
f) Asistencia social, niñez, juventud, mujer, tercera edad, familia.
ARTÍCULO 93.– Integración de los sectores
Cada sector de actividad pública incluirá el conjunto de administraciones públicas que concurran en el respectivo campo de acción para la consecución de objetivos básicos. Dicha integración será definida mediante decreto ejecutivo por el presidente y el ministro de Planificación y Política Económica.
ARTÍCULO 94.– Rectoría
El presidente de la República nombrará como responsable por la dirección y coordinación de cada sector, a un ministro de Gobierno de acuerdo al respectivo ramo de actividades.
ARTÍCULO 95.– Competencias
El ministro rector tendrá las siguientes competencias:
a) Ejercer la rectoría sobre el sector a su cargo, y en esa condición dirigir, coordinar, controlar y, en general, conducir los entes descentralizados, entes públicos, empresas públicas y órganos desconcentrados integrados al sector bajo su rectoría.
b) Evaluar, vigilar y dar seguimiento a la ejecución efectiva, por parte de los entes descentralizados, entes públicos, empresas públicas y órganos desconcentrados integrados al sector bajo su conducción, de los programas, planes y proyectos nacionales, sectoriales, regionales y locales.
c) Articular, armonizar y compatibilizar los planes sectoriales, regionales y locales con el plan nacional de desarrollo y los institucionales formulados por los entes descentralizados, entes públicos, empresas públicas y órganos desconcentrados integrados al sector bajo su rectoría.
d) Darle visto bueno a los presupuestos de los entes descentralizados integrados al sector que conduce antes de ser remitidos a la Contraloría General de la República.
e) Comparecer ante la Asamblea Legislativa durante el mes de setiembre y en la fecha en que sean convocados a rendir informe sobre la ejecución de los presupuestos del sector bajo su conducción y sobre los proyectos en discusión. Estos informes deberán basarse en el cumplimiento de objetivos, metas y fines precisos.
f) Delegar el ejercicio de competencias propias en los entes descentralizados integrados al sector cuando resulte conveniente para alcanzar los fines y objetivos que tiene asignados y mejorar la eficacia de su gestión.
g) Controlar la ejecución efectiva, por parte de los entes descentralizados, en lo que atañe al sector del ramo bajo su coordinación, de los planes, programas y proyectos que les corresponda ejecutar total o parcialmente.
ARTÍCULO 96.– Consejos sectoriales
En cada sector habrá un consejo sectorial que será coordinado y convocado por el ministro rector. Estará conformado, además, por los jerarcas de los entes integrados al sector. Los asesores técnicos invitados por el ministro rector, así como cualquier otra persona invitada con carácter consultivo, tendrán voz pero no voto.
Los consejos sectoriales sesionarán ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando los convoque su coordinador.
Sus miembros serán juramentados por el presidente de la República y no devengarán dietas.
ARTÍCULO 97.– Competencias de los consejos sectoriales
Son competencias de los consejos sectoriales las siguientes:
a) Discutir y deliberar sobre las políticas públicas, proyectos de programas y planes sectoriales a efecto de recomendar cambios, modificaciones o rectificaciones y métodos adecuados de ejecución e implementación para el logro de resultados tangibles.
b) Determinar y sugerir estrategias, instrumentos y procedimientos de coordinación sectorial.
c) Proponer acciones correctivas para la eficaz y oportuna ejecución de los programas, planes y proyectos sectoriales.
ARTÍCULO 98.– Composición de los consejos subsectoriales
Podrán constituirse los consejos subsectoriales que sean necesarios. Estos consejos serán presididos y convocados por la persona que designe el ministro rector del sector al cual estén adscritos. Estará integrado, también, por los jerarcas de los entes que realizan algún tipo de actividad vinculada al subsector.
Estos órganos colegiados se regirán por las reglas establecidas para los consejos sectoriales.
Sus funciones serán las mismas que las establecidas en esta sección para los consejos sectoriales pero circunscritas al subsector respectivo.
ARTÍCULO 99.– Definición y finalidad de la región administrativa
A efecto de garantizar la descentralización, coordinación, eficacia, eficiencia de la gestión administrativa, así como el servicio efectivo y cercanía al ciudadano, las administraciones públicas organizarán sus servicios de acuerdo con las regiones administrativas que habrán de crearse mediante decreto ejecutivo del presidente de la República y el ministro de Planificación y Política Económica.
Con el objeto de garantizar la razonabilidad técnica de la constitución de las distintas regiones administrativas, todo decreto ejecutivo que las pretenda crear deberá estar fundado, como condición de validez y eficacia, en el correspondiente estudio técnico que garantice su sujeción a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica imperantes.
Todas las regiones podrán dividirse en subregiones, según lo aconsejen los estudios técnicos que habrá de considerar el respectivo decreto ejecutivo que así lo disponga.
ARTÍCULO 100.– Desconcentración territorial de servicios
Con el propósito de acercar la Administración Pública a los administrados y garantizar el servicio efectivo, la Administración central y los entes descentralizados están obligados a mantener abierta una unidad administrativa en cada región y, en su caso, en las subregiones, bajo estrictas condiciones de economía, suficiencia y adecuación de los medios a los fines institucionales. Deberán, además, asegurarse de prestar de modo efectivo en la región, los servicios a que su respectivo régimen jurídico les obliga.
ARTÍCULO 101.– Coordinador regional
Cada región estará a cargo de un coordinador regional que será nombrado por el presidente de la República, en conjunto con el ministro de Planificación y Política Económica de quien será subordinado.
ARTÍCULO 102.– Competencias del coordinador regional
El coordinador regional tendrá las siguientes competencias:
a) Coordinar los órganos desconcentrados territorialmente de la Administración central y hacer lo propio con los de los respectivos entes descentralizados que ejercen alguna actividad a nivel regional.
b) Emitir instrucciones y circulares a los órganos desconcentrados territorialmente de la Administración central y a las unidades regionales de los entes descentralizados para lograr la debida y efectiva ejecución de los acuerdos del consejo regional y de los planes regional-sectoriales y locales.
c) Evaluar y dar seguimiento permanente y sistemático a la ejecución efectiva, por parte de las diversas unidades regionales, de los programas, planes y proyectos regional-sectoriales y locales debidamente promulgados, así como los resultados obtenidos para lo cual serán aplicables, en lo que sean compatibles, las normas sobre planificación de esta ley.
d) Proponer a los jerarcas competentes la remoción de los jefes de las distintas unidades regionales y a los subordinados de estos, previa observancia de los procedimientos disciplinarios pertinentes, que no desarrollen o ejecuten los planes, programas y proyectos regional-sectoriales y locales y que como consecuencia de las evaluaciones periódicas no alcancen un setenta por ciento del rendimiento y resultados esperados, salvo que existan razones externas, calificadas, objetivas y notorias que justifiquen tal desempeño.
ARTÍCULO 103.– Conformación del consejo regional
En cada región habrá un consejo regional, conformado por el coordinador regional, los jefes de las distintas oficinas regionales de cada uno de los sectores detallados en el artículo ochenta y siete de esta ley y el representante de cada consejo comunal.
El consejo será presidido y convocado por el coordinador regional y deberá sesionar ordinariamente, por lo menos, cuatro veces al año y extraordinariamente cuando lo convoque su presidente o un tercio de sus miembros. El cuórum para su funcionamiento será de la mitad más uno de sus miembros. De no haber cuórum, podrá sesionar treinta minutos después con la tercera parte de sus miembros.
La primera sesión del consejo regional debe efectuarse a más tardar un mes luego de las elecciones nacionales, con el propósito de elevar a las instancias administrativas las propuestas necesarias para la elaboración de los planes nacionales, regional, sectorial y local.
ARTÍCULO 104.– Funciones del consejo regional
Son funciones del consejo regional las siguientes:
a) Colaborar con la presidencia de la República en la formulación y elaboración, mediante propuestas, previo diagnóstico de las necesidades socio-económicas regionales, de las políticas públicas, planes, programas y proyectos regional-sectoriales y locales.
b) Proponer las prioridades globales del desarrollo regional, así como sugerir las políticas, planes, programas y proyectos prioritarios para el desarrollo regional.
c) Elevar a conocimiento del ministro rector de un sector y a los jerarcas de las entidades descentralizadas integradas al mismo, las propuestas para elaborar los planes de desarrollo regional, con referencia expresa a las prestaciones directas a los usuarios.
d) Evaluar, controlar y dar seguimiento, por medio del coordinador regional, de la ejecución efectiva, por parte de los diversos órganos y entes integrados a la región, de los programas, planes y proyectos regional- sectoriales y locales debidamente promulgados mediante decreto.
e) Articular, armonizar y compatibilizar los planes regionales con los nacionales, sectoriales y locales.
f) Coordinar las acciones de todos los entes y órganos, incluyendo los municipales, que tienen presencia en una región para velar por el desarrollo y ejecución efectivas de los planes y proyectos y para evaluar y medir objetivamente, a través de la coordinación regional, los resultados o rendimientos obtenidos en el desempeño.
g) Conformar, de resultar útil, comités técnicos sectoriales de carácter regional.
h) Vigilar y dar seguimiento, a través de la coordinación regional, a los estándares de calidad de los servicios públicos prestados a nivel regional.
i) Recomendar cambios, modificaciones o rectificaciones y métodos adecuados de ejecución e implementación de los planes regional- sectoriales y locales para el logro de resultados tangibles.
j) Proponer acciones correctivas para la eficaz y oportuna ejecución de los programas y planes regional-sectoriales y locales.
k) Nombrar comisiones sectoriales y especiales.
l) Mantener un análisis permanente de la realidad regional mediante el seguimiento y actualización de los diferentes indicadores de desarrollo de la región.
m) Identificar los cantones y distritos que presentan los más bajos índices de desarrollo de la región, a efecto de implementar programas tendiente a disminuir la brecha intrarregional de desarrollo.
n) Estimular la participación de los actores en la construcción de los planos o programas regionales.
Concejos cantonales de coordinación interinstitucional
ARTÍCULO 105.– Concejos cantonales coordinación interinstitucional
En cada cantón habrá un concejo cantonal de coordinación interinstitucional, conformado así:
b) El superior jerarca supremo local de cada ente u órgano que tenga presencia en el cantón mediante la respectiva sede o su representante.
c) Quien designe el ministro o presidente ejecutivo para el caso de cada uno de aquellos entes u órganos sin presencia en el cantón, aunque con obligaciones específicas conforme con el plan nacional de desarrollo, los planes regionales y sectoriales o según el Plan de Desarrollo Cantonal.
d) El regidor propietario que designe el concejo municipal por mayoría simple.
e) Un representante de las federaciones municipales a las que pertenezca el municipio respectivo.
f) Las intendencias distritales, en aquellos cantones donde existan concejos municipales de distrito.
Podrán ser invitados con voz, pero sin voto, ciudadanos, asesores, colaboradores, especialistas en temas de interés para el respectivo concejo, así como a otros representantes comunales del cantón.
En su funcionamiento, serán de aplicación las reglas del capítulo tercero del libro primero de la Ley General de la Administración Pública.
ARTÍCULO 106.– Funciones
Los concejos cantonales de coordinación interinstitucional tendrán las siguientes funciones:
a) Elaborar un diagnóstico de la realidad de cada cantón y sus principales necesidades estableciendo un orden de prioridad para su debida atención. También sugerirá los planes y proyectos estratégicamente prioritarios para el desarrollo local.
b) Elevar dicho diagnóstico a las autoridades competentes, de modo que sirva de base para las propuestas de planificación regional, sectorial y nacional.
c) Transmitir al consejo regional las iniciativas acordadas por los concejos de distrito a que se refiere el capítulo VIII del Código Municipal.
d) Asesorar y dar apoyo a la alcaldía municipal en la ejecución de las políticas públicas en el cantón correspondiente.
e) Adoptar los acuerdos necesarios para coadyuvar en la ejecución de las políticas públicas y velar por la ejecución de las políticas cantonales.
ARTÍCULO 107.– Concejos distritales de coordinación interinstitucional
En cada cantón que posea concejos municipales de distrito, habrá un concejo distrital de coordinación interinstitucional con las mismas funciones atribuidas en el artículo anterior a los concejo cantonales y estará conformado así:
a) El intendente municipal, quien lo presidirá.
b) El superior jerarca supremo local de cada ente u órgano que tenga presencia en el distrito mediante la respectiva sede o su representante.
c) Quien designe el ministro o presidente ejecutivo para el caso de cada uno de aquellos entes u órganos sin presencia en el distrito, aunque con obligaciones específicas conforme con el plan nacional de desarrollo, los planes regionales y sectoriales o según el plan de desarrollo cantonal.
Podrán ser invitados con voz, pero sin voto, ciudadanos, asesores, colaboradores, especialistas en temas de interés para el respectivo concejo, así como a otros representantes comunales del distrito.
ARTÍCULO 108.– Alcance de la delegación
La delegación como técnica de organización es una transferencia revocable, debidamente motivada, del ejercicio de una competencia propia, actual y específica del ente u órgano delegante al delegado. La delegación no le hace perder al delegante la titularidad de la competencia.
La delegación podrá ser interorgánica, de firma e intersubjetiva, deberá ser expresa y no cabrá en virtud de actos tácitos, implícitos, usos, costumbres o prácticas.
ARTÍCULO 109.– Supuestos de la delegación
Cualquier órgano administrativo podrá, sin necesidad de norma habilitante previa, transferir motivadamente y de forma revocable al inmediato inferior el ejercicio de una competencia.
El acto administrativo por el que se dispone la delegación interorgánica de una actividad deberá ser publicado en el diario oficial. El acto administrativo por el que se acuerde la delegación interórganica de un acto no requiere de publicación, salvo que produzca efectos de alcance general.
En cualquier caso, el acto de delegación debe determinar la competencia cuyo ejercicio transfiere, los alcances, condiciones, requisitos y, en su caso, duración de la misma, así como si se autoriza o no la subdelegación. Transcurridos doce meses desde una delegación no sujeta a plazo deberá revisarse si subsisten las causas que motivaron la delegación y acordarse, ya sea la confirmación de la delegación o la procedencia de la reforma de la estructura orgánica y funcional del respectivo órgano o ente.
La revocación debe ser publicada en los mismos supuestos en que lo requiere el acto de delegación.
ARTÍCULO 110.– Subdelegación
En el acto de delegación, el delegante originario podrá autorizar motivadamente la subdelegación de competencias por razones de eficacia y eficiencias administrativas.
ARTÍCULO 111.– Limites y extinción de la delegación
La delegación no cabrá en los supuestos siguientes:
a) Cuando se pretenda la subdelegación sin la autorización expresa del delegante originario.
b) Cuando se delegue la totalidad de las competencias o de aquellas esenciales del delegante que le dan nombre y justifican su existencia.
c) Cuando se delegue una competencia que fue atribuida al delegante por su específica idoneidad técnica.
d) Cuando se quiera delegar competencias conferidas constitucionalmente.
La delegación se extingue por la revocación expresa por parte del delegante o por el ejercicio de la competencia delegada.
ARTÍCULO 112.– Naturaleza del acto dictado en el ejercicio de la delegación
Los actos adoptados por delegación indicarán esa circunstancia y se considerarán, para todos los efectos, como dictados por el delegante.
Contra los actos dictados por el delegado cabrán los recursos legalmente admisibles contra los actos del delegante.
ARTÍCULO 113.– Fiscalización y control del delegante
El delegante deberá fiscalizar la gestión del delegado y será responsable por las deficiencias en la supervisión o control de este último, así como por la elección discrecional del delegado.
ARTÍCULO 114.– Delegación en caso de procedimiento en curso
Si durante la tramitación de un procedimiento administrativo se delega la competencia en otro órgano, se continuará substanciando ante el delegado.
ARTÍCULO 115.– Delegación per saltum o extrajerárquica
Cualquier órgano podrá delegar el ejercicio provisional de una competencia propia, existente y específica en otro órgano con el que no tenga relación de jerarquía cuando lo impongan razones de eficacia y eficiencia administrativas. A la delegación no jerárquica le serán aplicables, en lo compatible, las limitaciones y condiciones de la delegación jerárquica.
ARTÍCULO 116.– Delegación de firma
Cualquier órgano administrativo puede ejercer oralmente sus competencias y delegar la formalización documental y la firma de los actos así dictados. El responsable de la decisión y contenido del acto será el delegante.
En lo estrictamente compatible, serán aplicables a la delegación de firma las condiciones y límites de la delegación interorgánica de competencias.
ARTÍCULO 117.– Delegación intersubjetiva
Cualquier órgano podrá delegar temporalmente en un órgano de otra administración pública, determinadas competencias cuando lo impongan razones objetivas y justificadas.
El delegante no perderá la titularidad de la competencia y podrá ejercerla de forma concurrente con el delegado.
La delegación intersubjetiva debe ser consecuencia de un acuerdo o negociación entre el delegante y el delegado, por lo que se requiere la voluntad expresa del primero para delegar la competencia y la anuencia del segundo para ejercerla. Lo anterior no impide que el ente delegante pueda revocar unilateralmente, en cualquier momento, la delegación.
El acuerdo de delegación debe contener el alcance, requisitos, condiciones y duración de la misma, los instrumentos de control o fiscalización que se reserva el ente delegante para verificar el ejercicio efectivo y eficaz de la competencia y los medios materiales, personales y financieros que debe transferir este hacia el delegado.
En todo caso, el delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las competencias delegadas, dictar directrices técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión efectuada por el delegado, así como enviar inspectores y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones solicitadas o inobservancia de los requerimientos formulados, el delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por si mismo la competencia delegada en sustitución del delegado. Los actos de este podrán ser recurridos ante los órganos competentes de la administración delegante.
A la delegación intersubjetiva le serán aplicables, en lo estrictamente compatible, los límites y condiciones de la delegación interorgánica.
ARTÍCULO 118.– Alcances de la avocación
Por la avocación cualquier superior jerárquico podrá, sin necesidad de norma habilitante previa, de oficio o a instancia de parte, avocar el conocimiento y decisión de un asunto concreto y determinado, incluso por razones de oportunidad, conveniencia o mérito, que ordinariamente o por delegación sea de competencia de cualquiera de sus inferiores.
En los casos de la delegación no jerárquica y de subdelegación debidamente autorizada, únicamente, podrá avocar, respectivamente, el órgano delegante y el delegante originario.
ARTÍCULO 119.– Forma y requisitos de la avocación
La avocación requiere de un acto administrativo expreso y motivado dictado por el avocante que deberá ser notificado a todos los interesados en el asunto. Contra ese acuerdo no cabrá recurso administrativo alguno.
ARTÍCULO 120.– Límites de la avocación
No podrá avocarse el asunto cuyo conocimiento y decisión le haya sido atribuida al inferior en razón de su especial idoneidad técnica.
ARTÍCULO 121.– Responsabilidad del avocado
El avocado no tiene ninguna vigilancia sobre la conducta del avocante ni es responsable por esta.
ARTÍCULO 122.– Extinción de la avocación
La avocación se extingue cuando el avocante conoce y resuelve el asunto. Contra lo resuelto por el avocante, en ejercicio de la avocación, caben los mismos recursos que proceden contra cualquier resolución de ese órgano.
ARTÍCULO 123.– Fines de la desconcentración
La desconcentración constituye una técnica de organización administrativa que tiene por propósito especializar el ejercicio de las competencias o la prestación de servicios públicos y acercar la administración a los usuarios.
ARTÍCULO 124.– Instrumentos jurídicos para la desconcentración
La Administración Pública podrá desconcentrar funcional o territorialmente por medio de decreto o reglamento. En tal supuesto, para recuperar la competencia, el órgano competente deberá derogar el decreto o reglamento anterior.
Los entes descentralizados solo podrán desconcentrar funcionalmente por medio de ley. En tal caso, para recuperar la competencia deberá dictarse una ley que derogue la anterior.
ARTÍCULO 125.– Desconcentración funcional
La desconcentración supone la transferencia de la titularidad y ejercicio de una competencia exclusiva al órgano desconcentrado y la extinción de la relación jerárquica en lo relativo al ejercicio de la competencia transferida.
La desconcentración le impide al superior ejercer la potestad jerárquica sobre el inferior, respecto de la competencia desconcentrada, mediante el dictado de órdenes, instrucciones o circulares, avocar las competencias del inferior y revisar o sustituir la conducta de este, lo anterior sin detrimento de la potestad de dirección interorgánica que pueda ejercer aquél.
El jerarca del órgano desconcentrado agotará la vía administrativa en la materia exclusiva que se le ha transferido.
ARTÍCULO 126.– Desconcentración territorial
La desconcentración territorial supone la creación de órganos periféricos o regionales con una competencia territorial determinada.
En la desconcentración territorial, el superior jerárquico podrá avocar la resolución de un asunto concreto y determinado.
El titular del órgano desconcentrado territorialmente estará sujeto a la potestad jerárquica del superior por lo que deberá acatar sus órdenes, instrucciones y circulares.
El órgano desconcentrado territorialmente agotará la vía administrativa en el ámbito de su competencia territorial, todo sin perjuicio de las facultades de avocamiento del superior.
El órgano desconcentrado territorialmente tendrá independencia y capacidad suficientes para celebrar contrataciones, manejar los recursos financieros y administrar los recursos humanos asignados.
El presupuesto de los órganos desconcentrados territorialmente se incluirá en el presupuesto del órgano o ente al que se encuentran adscritos.
ARTÍCULO 127.– Personalidad jurídica instrumental
El otorgamiento de personalidad jurídica instrumental a un órgano desconcentrado, por parte del legislador, implica, salvo disposición expresa en contrario, la correspondiente individualización presupuestaria, el otorgamiento de la competencia para conocer de todas las etapas de los procedimientos de contratación administrativa y administrar los recursos humanos.
ARTÍCULO 128.– Individualización financiera y aprobación del presupuesto
El presupuesto de los órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental, será independiente al del órgano o ente de adscripción y comprenderá los ingresos originados en previsiones legales especiales y las transferencias que le haga el Gobierno central o el ente respectivo. Este presupuesto deberá ser aprobado por la Contraloría General de la República con la autorización previa del respectivo jerarca del órgano o ente al que se encuentra adscrito.
En el caso de los órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental adscritos a un despacho ministerial, los excedentes presupuestarios, con exclusión de los recursos comprometidos, pasarán a la caja única del Estado.
ARTÍCULO 129.– Jerarca unipersonal
Con la excepción de los órganos a que se refiere el artículo siguiente, los órganos desconcentrados tendrán un jerarca unipersonal que será denominado director general, de libre nombramiento y remoción por parte del ministro o viceministro respectivo. El director general será la máxima autoridad administrativa del órgano. La definición de políticas y cualquier otra función de conducción establecida en leyes especiales, serán ejercidas por el director general en coordinación con el ministro o viceministro respectivo.
ARTÍCULO 130.– Órganos colegiados
Los órganos que a continuación se detallan, mantendrán los órganos colegiados con la integración, requisitos y funciones que sus respectivas leyes especiales de creación han establecido:
a) Tribunal Administrativo de Transporte.
b) Tribunal Ambiental Administrativo.
c) Tribunal Fiscal Administrativo.
d) Tribunal Aduanero.
e) Tribunal Registral Administrativo.
f) Comisión para Promover la Competencia.
g) Comisión Nacional del Consumidor.
h) Consejo Técnico de Asistencia Médico Social.
i) Consejo Superior de Educación.
j) Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.
k) Consejo de Salud Ocupacional.
l) Consejo Superior de Trabajo.
Los órganos colegiados de entes descentralizados se seguirán rigiendo por sus respectivas leyes especiales.
ARTÍCULO 131.– Consejo consultivo
Mediante decreto o reglamento interno, se podrá disponer la creación de consejos consultivos en los órganos desconcentrados con jerarca unipersonal. Estos consejos estarán conformados en forma honoraria por personas relacionadas con la actividad del órgano respectivo y servirán para asesorar técnicamente al jerarca unipersonal cuando así lo requiera, así como para canalizar las posiciones de los usuarios del servicio. Los requisitos, plazos y forma de funcionamiento de estos consejos consultivos serán establecidos para cada órgano en particular.
ARTÍCULO 132.– Facultad de reconcentración
Con excepción de los órganos desconcentrados que en virtud de esta ley continúan con un órgano colegiado, el Poder Ejecutivo se encuentra facultado para reconcentrar cualquier actividad o competencia que previamente haya sido desconcentrada. En estos casos, los recursos humanos, presupuestarios y físicos pasarán a integrarse al despacho ministerial de adscripción.
DISPOSICIONES ADICIONALES, REFORMAS Y DEROGACIONES
ARTÍCULO 60.133.– Se derogan los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99 y 100 de la Ley General de la Administración Pública, N.° 6227, de 2 de mayo de 1978.
ARTÍCULO 60.134.– Se deroga la Ley N.° 7775 de Creación de la Región Heredia.
ARTÍCULO 60.135.– Modificación de la naturaleza jurídica de los colegios profesionales
A partir de la promulgación de esta ley se elimina la categoría de ente público no estatal y en consecuencia las corporaciones profesionales serán consideradas corporaciones de interés público y creación legal, y seguirán contando con la misma estructura organizativa establecida por la ley y contarán con las mismas competencias y atribuciones. Estas corporaciones estarán regidas por el Derecho común, salvo cuando ejerzan función materialmente administrativa, en cuyo caso aplicarán el derecho público. En este sentido se tienen por modificadas las siguientes leyes, únicamente en cuanto a la nueva naturaleza jurídica señalada: Ley Orgánica del Colegio de Abogados, N.° 13, de 28 de octubre de 1941; Ley Orgánica del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, N.° 5402, de 30 de abril de 1974; Ley Orgánica del Colegio de Biólogos, N.° 4288, de 20 de diciembre de 1968; Ley Orgánica del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, N.° 1269, de 2 de marzo de 1951; Ley Orgánica del Colegio de Contadores Públicos, N.° 1038, de 19 de agosto de 1947; Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas, N.° 5784, de 19 de agosto de 1975; Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, de 18 de diciembre de 1969; Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, N.° 2343, de 4 de mayo de 1959; Ley Orgánica del Colegio de Farmacéuticos, N.° 15, de 9 de noviembre de 1945; Ley Orgánica del Colegio de Físicos, N.° 7503, de 3 de mayo de 1995; Ley Orgánica del Colegio de Geólogos, N.° 5230, de 2 de julio de 1973; Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, N.° 7537, de 22 de agosto de 1995; Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, N.° 7221, de 6 de abril de 1991; Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, N.° 3663, de 10 de enero de 1966; Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos, N.° 3019, de 9 de agosto de 1962; Ley Orgánica del Colegio de Microbiólogos de Costa Rica, N.° 771, de 24 de octubre de 1949; Ley Orgánica del Colegio de Quiroprácticos, N.° 7912, de 21 de setiembre de 1999; Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, N.° 4420, de 22 de setiembre de 1969; Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas, N.° 7106, de 4 de noviembre de 1988; Ley Orgánica del Colegio de Psicólogos, N.° 6144, de 28 de noviembre de 1977; Ley Orgánica del Colegio de Licenciados en Letras y Filosofía, N.° 4770, de 13 de octubre de 1972; Ley Orgánica del Colegio de Secretariado Profesional de Costa Rica, N.° 5005, de 15 de junio de 1972; Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales, N.° 3943, de 6 de setiembre de 1967; Ley Orgánica del Colegio de Médicos Veterinarios, N.° 3455, de 14 de noviembre de 1964; Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas, N.° 5784, de 19 de agosto de 1975 y Ley Orgánica del Colegio de Optometristas, N.° 3838, de 19 de diciembre de 1966.
ARTÍCULO 60.136.– Modificación de la naturaleza jurídica de las corporaciones productivas
Se modifica la naturaleza jurídica de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, el Instituto del Café, la Corporación Bananera Nacional, la Corporación Ganadera, la Oficina del Arroz, la Junta Nacional de la Cabuya y la Junta de Fomento Salinero, las cuales en adelante serán consideradas como corporaciones de interés público y creación legal. Al efecto deben tenerse por modificadas, respectivamente y en lo conducente, las Leyes números 7818, de 2 de septiembre de 1998, 2762, de 21 de junio de 1961, y sus reformas, 4895, de 16 de noviembre de 1971, 4895, de 16 de noviembre de 1971, 7837, de 5 de octubre de 1998, 7014, de 28 de noviembre de 1985, 7153, de 29 de junio de 1990 y 6080, de 30 de agosto de 1977.
Estas corporaciones actuarán regidas por el derecho común, salvo en los casos que ejerzan función materialmente administrativa, que se regirá por el derecho público.
ARTÍCULO 60.137.– Modificación de naturaleza jurídica de otros entes públicos
A partir de la promulgación de la presente ley el Banco Hipotecario de la Vivienda, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, la Promotora de Comercio Exterior, el Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, tendrán la naturaleza jurídica de entes públicos. Para tales efectos se tiene por reformadas en lo pertinente las siguientes leyes: artículo 4 de la Ley 7052, de 13 de noviembre de 1986, del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda; Ley del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, 2248, de 5 de setiembre de 1958; Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior, 7638, de 30 de octubre de 1996; Ley N.° 7667, de 9 de abril de 1997; y Ley de Creación de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago N.° 3300, de 16 de julio de 1964, y sus reformas. Estos entes públicos estarán exentos de la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa N.° 7494, de 2 de mayo de 1995, Ley de la Administración Financiera de la República N.° 1279, de 2 de mayo de 1951, Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria, N.° 6821, de 19 de octubre de 1982 y la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, N.° 6955, de 24 de febrero de 1984, y los respectivos reglamentos.
ARTÍCULO 60.138.– Modificación de la Oficina Nacional Forestal
Se reforma el artículo 7 de la Ley N.° 7575, de 13 de febrero de 1996, para que, en adelante, se lea de la siguiente forma:
“Artículo 7.- Se crea la Oficina Nacional Forestal, como un órgano desconcentrado con personalidad jurídica instrumental adscrito al Ministerio encargado de la materia de ambiente. Estará sujeta a control por parte de la Contraloría General de la República en cuanto al manejo de fondos públicos.”
ARTÍCULO 139.– Transformación del Consejo Nacional de Cooperativas
Se transforma al Consejo Nacional de Cooperativas en un ente corporativo de segundo grado con personalidad jurídica y patrimonio propio conformado por todas las cooperativas de primer grado, sentido en el cual debe entenderse reformada la Ley de Asociaciones Cooperativas, 6756, de 5 de mayo de 1982.
ARTÍCULO 140.– Transformación del Banco Popular y de Desarrollo Comunal
Se transforma al Banco Popular en una corporación de interés público y creación legal, sentido en el cual se modifica su Ley de Creación, 4351, de 11 de julio de 1969. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal seguirá rigiéndose por la misma normativa aplicable con anterioridad a la vigencia de la presente ley en cuanto a organización, regulación y funcionamiento, limitándose la presente transformación al cambio de su naturaleza jurídica.
ARTÍCULO 141.– Transformación de la Academia Nacional de Ciencias
Se transforma la Academia Nacional de Ciencias en una corporación de interés público y creación legal, términos en los que se modifica la Ley de Creación de la Academia Nacional de Ciencias, 7544, de 21 de setiembre de 1995, particularmente su artículo 1º.
ARTÍCULO 60.142.– Transformación de la naturaleza jurídica de la Comisión para Promover la Competencia, Comisión Nacional del Consumidor, la Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Telecomunicaciones y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
A partir de la promulgación de esta ley, la Comisión para Promover la Competencia, la Comisión Nacional del Consumidor, la Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Telecomunicaciones y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, tendrán la naturaleza jurídica de órganos auxiliares de la Asamblea Legislativa. Para tales efectos, se tiene por reformadas en lo pertinente sus respectivas leyes de creación. Estos órganos estarán adscritos al Poder Legislativo y desempeñarán sus actividades con independencia funcional, administrativa y de criterio. La Asamblea Legislativa evaluará, anualmente, su funcionamiento, mediante el informe presentado por el respectivo jerarca, el cual se conocerá y discutirá en el capítulo que se establezca en el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa nombrará a los respectivos jerarcas, por un período de cuatro años, mediante mayoría absoluta de los diputados presentes, quienes podrán ser reelegidos únicamente por un nuevo período. Su financiamiento se incluirá en el presupuesto del Poder Legislativo.
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