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Timestamp: 2018-11-18 23:12:21+00:00

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﻿ Auto 2011-01059 de junio 25 de 2014
AUTO 2011-01059 DE 25 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PARA CONOCER DE DEMANDAS POR OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS. SE RECORDÓ QUE, FRENTE AL INCUMPLIMIENTO O DESACATO DE LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES HAY ACCIONES Y MECANISMOS PROCESALES ESPECÍFICOS, ENTRE ELLOS LA ACCIÓN EJECUTIVA, SEA CUAL FUERE EL CONTENIDO DE LA OBLIGACIÓN: DE HACER O NO HACER, O DE PAGAR UNA SUMA DE DINERO, POR LO QUE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, EN PRINCIPIO, NO ES LA ACCIÓN IDÓNEA PARA ESE PROPÓSITO, ES DECIR, PERSEGUIR EL CUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, NI EXAMINAR LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS RELACIONADOS CON DICHO CUMPLIMIENTO, LOS CUALES CONSTITUYEN ACTOS DE EJECUCIÓN COMO TALES NO SON SUSCEPTIBLES DE ESTA ACCIÓN, A MENOS QUE LOS MISMOS CONTENGAN PUNTOS O HECHOS NUEVOS NO DECIDIDOS EN LA SENTENCIA DE QUE SE TRATE Y QUE POR ELLO CONTENGAN SITUACIONES JURÍDICAS NUEVAS, NO DISCUTIDAS Y DEFINIDAS EN EL FALLO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PROCESO EJECUTIVO, SENTENCIA JUDICIAL, OBLIGATORIEDAD DE LA SENTENCIA JUDICIAL, REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Auto 2011-01059 de junio 25 de 2014
Rad.: 250002325000201101059 01
Nº Interno: 3190-2013
Actor: Luis Alberto Quevedo Arias
Bogotá, veinticinco de junio de dos mil catorce.
El asunto se contrae a establecer si la acción que debió impetrar el demandante fue la de nulidad y restablecimiento del derecho o la acción ejecutiva.
El actor presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Policía Nacional, orientada a obtener la declaratoria de nulidad parcial de la Resolución 347 del 18 de abril de 2011, mediante la cual la Policía Nacional da cumplimiento a la sentencia de 22 de abril de 2010 emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “A”, por medio de la cual se condenó a la Policía Nacional a pagarle los salarios, prestaciones sociales, bonificaciones y demás derechos laborales y prestacionales dejados de percibir desde el momento de su retiro del servicio hasta el reintegro, en cuanto ordenó descontarle, a favor de la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional, la suma de $ 111.033.142 por concepto de asignación mensual de retiro que se le pagó durante el tiempo en que estuvo separado del servicio.
El tribunal rechazó la demanda por considerar que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no fue la que se debió entablar, sino la acción ejecutiva, por ser un acto de ejecución.
Por su parte el apelante destaca que para poder recurrir la acción ejecutiva, tendría que existir el incumplimiento o desacato por parte de la Policía Nacional en el cumplimiento de la sentencia, pero esto no ocurre, ya que a través del Decreto 391se ordenó su reintegro y a través de la Resolución 347 de 18 de abril de 2011 se dispuso el pago de los sueldos, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir. Sin embargo se evidencia un aspecto nuevo como es el descuento por concepto de asignación de retiro, que no fue tratado ni definido en la sentencia.
Respecto del problema jurídico por resolver en esta instancia, expresó la Sección Primera de esta corporación, en sentencia del 27 de julio de 2006, radicación 20001233100020030204801, demandante: Margoth Gutiérrez de Matiz, lo siguiente:
“Al punto se debe advertir que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no es la acción idónea para ese propósito perseguir el cumplimiento o ejecución de las sentencias, ni examinar la legalidad de los actos relacionados con dicha ejecución, los cuales constituyen actos de ejecución y como tales no son susceptibles de esta jurisdicción, a menos que los mismos contengan puntos o hechos nuevos no decididos en el fallo de que se trate y que por ello contengan situaciones jurídicas nuevas, no discutidas y definidas en dicho fallo(1)”.
Posteriormente, la misma Sección Primera, con ponencia del consejero Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, en auto de marzo de 2011, radicación 25000232400020100026101, demandante Universidad Distrital Francisco José de Caldas, expuso:
“Esta corporación en relación con el enjuiciamiento de los actos que se expidan para darle cumplimiento una decisión u orden judicial ha sido uniforme en señalar que tales actos no son pasibles de los recursos en la vía gubernativa ni de acciones judiciales, a menos que desconozcan el alcance del fallo o creen situaciones jurídicas nuevas o distintas que vayan en contra vía de la providencia que ejecutan(2)”.
Teniendo en cuenta la jurisprudencia transcrita, para la Sala es claro que frente al incumplimiento o desacato de las providencias judiciales hay acciones y mecanismos procesales específicos, entre ellos la acción ejecutiva, sea cual fuere el contenido de la obligación: de hacer o no hacer, o de pagar una suma de dinero, por lo que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en principio, no es la acción idónea para ese propósito, es decir, perseguir el cumplimiento o ejecución de las sentencias, ni examinar la legalidad de los actos relacionados con dicho cumplimiento, los cuales constituyen actos de ejecución y como tales no son susceptibles de esta acción, a menos que los mismos contengan puntos o hechos nuevos no decididos en la sentencia de que se trate y que por ello contengan situaciones jurídicas nuevas, no discutidas y definidas en dicho fallo.
Es de aclarar que los actos que expide la administración para dar cumplimiento a una sentencia no concluyen o ponen fin una actuación administrativa sino que son el producto del cumplimiento de una obligación impuesta por una autoridad judicial y se limitan a ejecutar o acatar la orden dada, es decir, no resuelven una situación diferente a la ya zanjada mediante una decisión con fuerza de cosa juzgada.
En el caso concreto, el numeral cuarto de la sentencia del 22 de abril de 2010, ordenó lo siguiente:
“Cuarto: Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a favor del demandante Luis Alberto Quevedo Arias los salarios, prestaciones sociales, bonificaciones y demás derechos laborales y prestacionales dejados de percibir desde el momento de su retiro del servicio hasta que sea efectivamente reintegrado, sumas que deberá reajustar la condena en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y que se indexarán al valor presente con la fórmula descrita en la parte motiva de esta providencia”.
Por su parte, en el artículo 1º de la Resolución 347 de 18 de abril de 2011, se dispuso:
“ART. 1º—Dar cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del 22 de abril de 2010, ejecutoriada el 5 de mayo de 2010, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, expediente 25000-23-25-000-2002-1052002, y en consecuencia, disponer el pago de la suma de doscientos cincuenta millones doscientos setenta y cuatro mil ciento cuarenta pesos con treinta y seis sentavos (sic) ($250.274.145,36 (sic)), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución, en la siguiente forma:
a) A la caja de retiro de la Policía Nacional:
Que la suma de ciento once millones treinta y tres mil ciento cuarenta y dos pesos ($111.033.142,00), por concepto de asignación de retiro desde durante (sic) el periodo comprendido entre el 28 de agosto de 2002 y el 22 de diciembre de 2006”.
Como puede observarse, la sentencia de 22 de abril de 2010, que condenó a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar al señor Luis Alberto Quevedo Arias los salarios, prestaciones sociales, bonificación y demás derechos laborales y prestacionales dejados de percibir, en ninguno de sus apartes ordenó el descuento de suma de dinero alguna, por lo tanto la Resolución 347 de 18 de abril de 2011, mediante la cual se dispuso el pago de la suma de $111.033.142 a favor de la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional, crea un hecho que no fue controvertido en el curso del proceso ni tenido en cuenta en la ratio decidendi de la sentencia.
En consecuencia se genera una situación jurídica nueva, y en el evento de prosperar las pretensiones de la demanda, la condena no sería la misma impuesta en la sentencia que puso fin al proceso, sino que la controversia necesariamente debe girar en torno al referido descuento de las sumas que se pagaron por concepto de asignación de retiro al actor mientras estuvo separado del servicio, de modo que el acto acusado sí es susceptible de ser examinado por esta jurisdicción, como ya lo ha hecho en situaciones similares esta Subsección(3).
En consecuencia, se impone revocar la providencia apelada y en su lugar se devolverá el expediente al tribunal para que provea sobre la admisión de la demanda.
REVÓCASE el auto del 5 de marzo de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda – Subsección E.
Ejecutoriado este auto, devuélvase el expediente al tribunal de origen para que provea sobre la admisión de la demanda.
(1) Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Sentencia de 27 de julio de 2006. Radicación 2003-02048-01. Actor: Margoth Gutiérrez de Matiz.
(2) Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Auto de 17 de marzo de 2011, Radicación 2010-00261-01 .Actor: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
(3) Consejo de Estado. Sección Segunda – Subsección “A”. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Sentencia de 27 de marzo de 2008. Radicación 2003-08975-01. Actor: Gustavo Rincón Rivera.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 178
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución