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Timestamp: 2019-03-18 14:08:21+00:00

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La instrucción en el proceso penal de menores · Noticias Jurídicas
01/02/2011 08:00:00 | DERECHO PENAL APLICADO A MENORES
El proceso penal de menores se encuentra regulado en la Ley Orgánica penal del menor 5/2000, de 12 de enero, siendo un proceso ordinario para determinar la responsabilidad penal de los menores, siendo éstos menores de dieciocho años y mayores de catorce, según se puede comprender del artículo 1.1 de esta Ley del menor en relación con el artículo 18 de Código Penal. (1)
La Ley de responsabilidad penal del menor no es aplicable a los menores de catorce años, que hayan cometido algún hecho punible, pero el Ministerio Fiscal debe de remitir testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor a la entidad pública de protección competente a fin de que aplique las medidas de protección pertinentes. (3)
La nueva Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor 5/2000, de 12 de enero, en su artículo 16.1 , establece que corresponde al Ministerio Fiscal la instrucción de los procedimientos por los hechos a los que se refiere el artículo 1 del mismo Cuerpo Legal. En esta fase instructora existen las actuaciones previas y el expediente de investigación.
2.1 De oficio
2.2 Denuncia
Según el artículo 16.2 de la Ley 5/2000, ?quienes tuvieren noticia de algún hecho de los indicados en el apartado anterior, presuntamente cometido por un menor de dieciocho años, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, el cual admitirá o no a trámite la denuncia, según los hechos sean o no indiciariamente constitutivo de delito..?.
Si bien la misma Circular núm. 1/2000 de la Fiscalía General del Estado, dispone en su apartado VI.2.B que ? Los Decretos de archivo de Diligencias Preliminares no constituyen decisiones jurisdiccionales y como tales no implican un juicio definitivo sobre el fondo de la cuestión, por lo que nada impide su revisión futura si se localizan nuevos hechos o elementos probatorios que aconsejen la reapertura de las Diligencias Preliminares o la incoación del Expediente de reforma?.
3. Lugar donde se pueden presentar la denuncia
4. Desistimiento de la incoación del Expediente
De los artículos 18, 19 y 30.4 de la LORPM se desprende que en base al principio de oportunidad reglada a favor de la protección del interés del menor, se le concede al Fiscal facultad para no incoar el expediente o para solicitar su archivo. (6)
?El Ministerio Fiscal podrá desistir de la incoación del expediente cuando los hechos denunciados constituyan delitos menos graves sin violencia o intimidación en las personas, o faltas, tipificados en el Código Penal o en las leyes penales especiales. En tal caso, el Ministerio Fiscal dará traslado de lo actuado a la entidad pública de protección de menores para la aplicación de lo establecido en el artículo 3 de la presente Ley. Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de la tramitación de la correspondiente pieza de responsabilidad civil. Asimismo, el Ministerio Fiscal comunicará a los ofendidos o perjudicados el desistimiento acordado?.(7)
Pero si por contrario con anterioridad el menor hubiese cometido otros hechos de la misma naturaleza, el Ministerio Fiscal deberá incoar el expediente y actuar conforme establece el artículo 27.4 de la LO 5/2000.
En la Circular núm. 1, de la Fiscalía General del Estado se contiene que en cuanto a la exigencia legal de que el menor no haya cometido con anterioridad hechos de la misma naturaleza (art. 18.2) se ha de entender que el menor no debe haber incurrido en hechos constitutivos de delitos graves o, si se trata de delito menos grave, que en su ejecución no haya empleado violencia o intimidación, aunque los hechos presenten una naturaleza diversa, pues en una interpretación lógica de la ley este precedente, que sin duda le habría impedido beneficiarse en su momento del desistimiento del Fiscal, se convertirá en obstáculo para lograr el mismo beneficio respecto de hechos posteriores. Si el hecho anterior es constitutivo de mera falta, o de delito menos grave sin concurrencia de violencia o intimidación, podría entenderse que el Fiscal tiene legalmente vedada la decisión de desistimiento sólo si el hecho anterior tiene la misma naturaleza que el hecho actual, atendiendo a sí se ha visto lesionado el mismo bien jurídico de un modo semejante. No es necesario que exista una condena anterior a la decisión del Fiscal, pues la Ley se refiere a hechos, no a delitos ni a condenas ejecutorias?.
5. Incoación del expediente
Tanto el Ministerio Fiscal como en el Juzgado se abrirán un expediente personal del menor con el objeto de archivar todas las actuaciones del mismo (artículo 20.1 y 2). En estos expediente personales del menor se contendrán los testimonios derivados de cada uno de los expedientes de reforma en los que haya intervenido el menor, con el fin de conocer las actuaciones fiscales y judiciales que hayan motivado su actividad infractora, pero no servirán para alegar antecedentes penales, dado que estos sólo se podrán acreditar mediante certificado del registro de sentencias firmes perteneciente al Ministerio de Justicia. (8)
6. Desistimiento del expediente o sobreseimiento
7. Remisión al órgano competente
8. La detención del Menor
El artículo 17 de la LORPM, preceptúa la detención como una medida cautelar que limita el derecho fundamental a la libertad del menor que puede llegar a provocar negativamente el proceso formativo del menor, de ahí el carácter instrumental de la medida, sólo justificable ante la necesidad de asegurar la presencia del menor y su puesta a disposición del Fiscal. Esta medida debe ser excepcional que deriva del principio de proporcionalidad, no siendo por ello aplicable e improcedente la detención del menor cuando el hecho punible sea una simple falta.(10)
Según el artículo 3.1 del Reglamento de desarrollo ?Las autoridades y funcionarios que intervengan en la detención de un menor deberán practicarla en la forma que menos perjudique a éste y estarán obligados a informarles, en un lenguaje claro y comprensible y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan, de las razones de su detención y de los derechos que le asisten, especialmente los reconocidos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como a garantizar el respeto de los mismos. También deberán notificar inmediatamente el hecho de la detención y el lugar de la custodia a los representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal. Si el menor detenido fuera extranjero el hecho de la detención se notificará a las correspondientes autoridades consulares cuando el menor tuviera su residencia habitual fuera de España o cuando así lo solicitaran el propio menor o sus representante legales?.
De ello se desprende o se deduce que no será lugar adecuado los calabozos de la Comisarías o Cuarteles , salvo que se habiliten para ello, siendo más normal que se custodien en Centro de recepción de menores.
En el supuesto de detención de menores por delitos de terrorismo, la LORPM, en su Disposición Adicional Cuarta, establecía que la detención preventiva se llevará a cabo en establecimientos y con el control del personal especializado que el Gobierno ponga disposición de la Audiencia Provincial. Actualmente esta previsión legal se encuentra establecida en el párrafo segundo del número 1 del artículo de la LORPM, según la redacción dada por el artículo único, apartado cuarenta y cuatro de la Ley Orgánica 8/2006.
9. Plazo de la detención
Según se contiene en la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2000, relativa a los criterios de aplicación de la LO 5/2000, el menor detenido goza en su plenitud de los derechos reconocidos en el artículo 520 de de LECrim, siendo su régimen de detención el regulado en el artículo 17 de la LORPM, que presenta especialidades de gran importancia, que refuerzan el círculo de garantías establecidas para la protección de su especial condición: la detención en sede policial no puede exceder de 24 horas y debe ser custodiado en dependencias separadas de las destinadas a los adultos.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 224/1998, de 24 de noviembre, entiende que: ?El Tiempo estrictamente necesario de toda detención gubernativa nunca puede sobrepasar el límite temporal de las setenta y dos horas. Pero este tiempo actúa como límite máximo absoluto y no impide que puedan calificarse como privaciones de libertad ilegales, en cuanto indebidamente prolongadas o mantenidas, aquellas que, aun sin rebasar el indicado límite máximo, sobrepasen el tiempo indispensable para realizar las oportunas pesquisas dirigidas al esclarecimiento del hecho delictivo que se imputa al detenido, pues en tal caso se opera una restricción del derecho fundamental a la libertad personal que la norma constitucional no consiente?.
Ausencia o insuficiencia de imputación.
Exceso de plazo.
Omisión en el curso de la detención de las garantías preestablecidas.
11. El equipo Técnico en la fase de Instrucción
12. Derechos del Menor Imputado
La asistencia de los servicios del equipo técnico adscrito al Juzgado.
En iguales términos se pronuncia la Ley Orgánica 1/1996, que es supletoria a la LORPM, que en su artículo 3.1 establece que los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales de los que España sea parte, especialmente, la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas y los demás derechos garantizados en el ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social?.
13. El Secreto del Expediente
El Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de quien haya ejercitado la acción penal, cuando exista indicios racionales de la comisión de un delito y el riesgo de eludir u obstruir la acción de la justicia por parte del menor o de atentar contra los bienes jurídicos de la víctima, podrá solicitar del Juez de Menores, en cualquier momento del procedimiento, la adopción de medidas cautelares para la custodia y defensa del menor expedimentado o para la debida protección de la víctima.
El tiempo máximo de la medida cautelar de internamiento será de seis meses, y podrá prorrogarse, a instancia del Ministerio Fiscal, previa audiencia del letrado del menor y mediante auto motivado, otros tres meses como máximo.(13)
15. Conclusión de la Instrucción . Remisión del Expediente al Juez de Menores
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1.-Según Gimeno Sendra, Vicente Moreno Catena, Víctor Cortés Domínguez, Introducción al Derecho penal, pág. 316, ?La clasificación del proceso penal de menores regulado en la LO 5/2000 dentro de los denominados procesos ordinarios o plenarios viene determinadas porque en él concurren los rasgo definitorios de este tipo de proceso , cuales son: a) Plenitud de su congnición; b) la extensión de los efectos de las sentencias en él recaídas, que goza de la totalidad de los efectos materiales de cosa juzgada y c) el mayor incremento de las garantías de las partes y de las posibilidades de alegación, prueba e impugnación.
3.- DIAZ MARTINEZ, Manuel, La instrucción en el proceso penal de menores.? Según la Exposición de Motivos, la fijación en los catorce años del límite mínimo para poder exigir responsabilidad penal se ha establecido con base en la convicción de que las infracciones cometidas por los niños menores de esta edad son en general irrelevantes y que, en los escasos supuestos en que aquélla puedan producir alarma social, son suficientes para darles respuesta igualmente adecuada a los ámbito familiar y asistencia civil, sin necesidad de la intervención del aparato judicial sancionador del Estado.
4.- GIMENO SENDRA, Vicente, en Derecho Procesal Penal, pagina 290.
5.- Artículo 11 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y artículos 3 y 4 de Real Decreto 769/1987, de 19 de junio.
6.- La Circular núm. 1/2000, de 18 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado en su apartado VI.2.C, ?La actuación discrecional del investigador, cuyo trasunto procesal es el principio de oportunidad reglada en el ejercicio de la acción, no constituye por ello un espacio reservado al libre decisionismo del instructor, sino que resulta del ejercicio de una potestad discrecional vinculada al logro de los objetivos de educación e inserción social del menor que informan el texto de la ley?.
7.- Vid, DOLZ LAGO, MANUEL JESUS, ?Justicia de menores, pág. 84.
11.- Vid. La Intrucción en el Proceso Penal de Menores, DIAZ MARTÍNEZ, Manuel, pág. 12.- Vid. Introducción al Derecho Penal de Menores, LANDROVE DIAZ, Gerardo, pág.95, edictorial Tiran Lo Blanch.
13.- La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Jaén, mediante Auto 140/2001, de 31 de octubre, estima necesaria la convocatoria de comparecencia para decidir sobre la prórroga de la medida cautelar. El Auto de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Cádiz de 5 de junio de 2001, recuerda que el plazo máximo de prórroga de la medida es de seis meses y no puede aplicarse supletoriamente la LECrim en caso de impugnación de la Sentencia condenatoria prorrogando la medida cautelar hasta el tiempo máximo de la mitad de la condena, que eran cuatro años.
INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL DE MENORES , GERARDO LANDROVE DIAZ, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH.
EL PROCESO DEL MENOR, ROSA PÉREZ MARTELL, EDITORIAL ARANZADI.
LA INSTRUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL DE MENORES, MANUEL DIAZ MARTÍNEZ , EDITORIAL COLEX.
COMENTARIO A LA LEGISLACION PENAL DE MENORES, MANUEL JESÚS DOLZ LAGO, EDITORIAL, TIRAN LO BLANCH .
LA NUEVA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR, MANUEL JESUS LOLZ LAGO, EDITORIAL EDICIONES REVISTA GENERAL DE DERECHO.
LAS GARANTIAS DEL MENOR INFRACTOR , M. AYO FERNANDEZ
LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES, DOCTRINA CON JURISPRUDENCIA Y NORMATIVA, CONDE PUMPINDO FERREIRO, EDITORIAL TRIVIUM,2001.
Publicado el 31 de octubre de 2014 en Artículos doctrinales

References: artículo 1
 artículo 18
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 3
 artículo 27
 artículo 17
 artículo 3
 artículo 520
 artículo 520
 artículo 17
 artículo 3
 Artículo 11
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