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Timestamp: 2019-08-19 03:57:14+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 727, de 22/12/2014
cve: DSCD-10-CO-727
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 727
Sesión núm. 70
- Proyecto de ley de desindexación de la economía española. (Número de expediente 121/000074) ... (Página2)
Comparecencia del señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado), para explicar el Plan Juncker. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000122) ... (Página13)
- PROYECTO DE LEY DE DESINDEXACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. (Número de expediente 121/000074).
El señor PRESIDENTE: Señorías, empezamos la sesión de la Comisión.
En primer lugar, vamos a ratificar la ponencia. ¿Estamos de acuerdo? (Asentimiento). Ratificamos la ponencia.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a discutir el proyecto de ley de desindexación de la economía española. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Después de un muy largo periodo de espera -recordarán ustedes que este proyecto de ley se presentó hace ya nueve meses-, lo debatimos de nuevo en Comisión. Aparte de agradecer la buena disposición de los compañeros del Grupo Popular, tengo que decir que las enmiendas del Grupo Popular cambian completamente el texto, lo cambian de arriba abajo. Esta no es una forma muy aceptable de legislar, porque hasta que se han presentado las enmiendas el resto de los grupos no hemos tenido oportunidad de poder discutir la nueva orientación que marcan las mismas y que, obviamente, debido a su situación parlamentaria, se incorporarán. Es verdad que algunas de las enmiendas van en una dirección mejor y a las mismas el Grupo Socialista también ha presentado enmiendas. Ya veremos si al final puede haber acuerdo; mi grupo lo desea. Nosotros queremos que haya acuerdo.
Los objetivos de este texto son aceptables: reducir la inflación, mejorar la competitividad y moderar precios de bienes y servicios públicos. Por supuesto, los compartimos, pero, como indiqué ya en el primer debate, siempre que esto se haga con equidad y consiguiendo mantener al mismo tiempo el equilibrio con la inversión y con el empleo. Dicho de otra manera, que la no actualización de las rentas y precios públicos conforme al IPC no retraiga la inversión porque, si lo hace y afecta negativamente al empleo, no podríamos compartirlo. Esta norma, por otra parte, hoy es poco necesaria porque, como saben, la inflación no solo es baja, sino que hay un profundo riesgo, como venimos advirtiendo, de inflación negativa. Ya lo reconoce el Banco Central Europeo: va a haber inflación negativa en los primeros meses del año 2015, con las consecuencias que ello puede tener para nuestras economías, y habría que hacer otras políticas para que eso no ocurriera. No es, por tanto, muy necesario el texto en estos momentos, pero es cierto que lo será en el futuro cuando haya un periodo de reactivación económica. También pensamos que hay que ganar competitividad, pero no sola y exclusivamente a costa de la caída de los salarios, como lamentablemente está ocurriendo en España. La ganancia de competitividad se puede conseguir por otras fórmulas más equilibradas. Pero, en fin, como marco estructural -repito- para los próximos ciclos económicos puede resultar positivo este crecimiento. Por cierto, no he presentado la enmienda, pero recomiendo a sus señorías, si me permiten hacerlo in voce, que hagamos un cambio tanto en el título de la ley como en determinadas referencias del mismo. La ley se llama de desindexación de la economía española y esa expresión no existe en castellano. Existe indexar y por tanto la aplicación correcta sería "no indexación". Si no lo consideran oportuno sus señorías, podemos hacer incluso una consulta a la Real Academia Española -me parecería incluso positivo desde el punto de vista del papel que esta institución juega-, que ellos nos indiquen -todavía hay tiempo hasta que se envíe al Senado- cómo debería ser esta expresión. En mi opinión, debería ser "no indexación" y no "desindexación", que no existe en nuestra lengua.
Como les decía, compartimos los objetivos del proyecto de ley, pero se tiene que contrastar con la realidad. Que el PIB, el consumo, el empleo y la inversión aumenten más en una economía no indexada, donde no hay revalorizaciones de rentas y precios de acuerdo al IPC, dependerá no solo de los mecanismos que establece esta ley, sino también de la confianza que se genere en los operadores privados y del impacto en el empleo, y en esta norma hay aspectos que pensamos que deben ser rectificados. Todavía, incluso con las enmiendas que presenta el Grupo Popular, tiene que haber rectificaciones o correcciones,
en nuestra modesta opinión, para conseguir esos objetivos. Para nosotros es esencial que la moderación de los precios de los bienes y servicios públicos lo sea para los usuarios españoles. Estamos hablando de los precios regulados que pagan los españoles, tales, por poner algún ejemplo, como las tarifas del transporte público, impuestos especiales, tasas, peajes del sector eléctrico, que representan casi el 10 % del gasto en los hogares españoles y que no hacen más que subir y, por cierto, muy por encima de la inflación. En los últimos años, los precios regulados en esta legislatura y los de los bienes y servicios públicos se han incrementado en España, señorías, muy por encima de la unión monetaria, el doble, lo que deprime aún más las rentas de los españoles, ya afectadas por subidas de impuestos en general y por la devaluación salarial a la que estamos asistiendo. Exactamente ha habido un incremento del 6,4 % en promedio de variación anual frente a un aumento del 3 % en la zona euro y con respecto a eso la responsabilidad cae completamente en el Gobierno actual. Por tanto, que quede claro que no podremos aceptar un texto que sea desequilibrado y no equitativo. Las cargas hay que repartirlas no solo por igual, sino con asunción de mayores costes por quienes más tienen y, lamentablemente, aquí está ocurriendo lo contrario. No se debe usar esta ley para deprimir aún más los salarios y aumentar los precios regulados. El efecto debe ser el contrario, pero hasta ahora no lo ha sido.
Hay, como les decía, señorías, aspectos de esta ley que compartimos. Es cierto que la práctica indexadora, subidas de precios y rentas automáticas según sube el IPC, erosiona el poder adquisitivo de los valores monetarios y por eso consideramos que hay que corregirlo, y estamos de acuerdo con las excepciones que establece la ley en su aplicación: negociación colectiva, pensiones, etcétera. Y ahora voy a describirles nuestras preocupaciones. La primera -la propia Federación Española de Municipios y Provincias lo ha hecho llegar a todos los grupos parlamentarios- es que debemos evitar la ruptura del equilibrio económico de los contratos, que podría producirse al aplicar el proyecto tal y como estaba redactado. Hay algún cambio con las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, pero todavía hay que perfilarlo un poquito mejor. La legislación sobre haciendas locales, como saben ustedes, establece que el importe de las tasas no puede exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio que da lugar a su exacción. A su vez, los precios públicos deben cubrir, como mínimo, el coste del servicio prestado, lo que es extensible a las tarifas. Esto no está garantizado en el proyecto; por eso, a corregirlo se dirige nuestra enmienda número 31.
En segundo lugar, nos importa mucho el tratamiento de los costes de mano de obra, que suelen tener un peso determinante en buena parte de los servicios públicos con independencia de la modalidad de prestación o gestión: limpieza viaria, recogida de basuras, transporte urbano, etcétera. En consecuencia, si no se tienen en cuenta los costes de personal en la revisión de precios, esto puede afectar negativamente a la prestación del servicio y deprimir de modo indirecto los salarios. Es más, la negociación colectiva -hay una enmienda de Convergència i Unió que también va en ese sentido y que, por supuesto, apoyaremos- tiene también carácter sectorial y sus resultados también afectan a empresas que prestan servicios públicos en régimen de concesión. Imagínense ustedes la situación. La negociación colectiva especifica unos determinados incrementos de costes laborales y de incrementos salariales que, recuerdo -y lo sé muy bien por haber ostentado esa cartera ministerial-, son bastante moderados en España. Es decir, la evolución de los salarios en España en los últimos años ha sido bastante moderada. Imaginemos que eso ocurre y que esta ley de no indexación -espero que al final se llame así- determine que no hay ninguna posibilidad de efectuar esa revisión o el Gobierno no lo considera oportuno. Eso generaría un grave problema. Por eso, pensamos que resulta imprescindible que esta ley recoja los supuestos de revisión periódica de los costes de mano de obra y, en ese sentido, presentamos nuestra enmienda número 29. El Grupo Parlamentario Popular presenta enmiendas que permiten que en las revisiones de los valores se pueda incluir la variación de los costes de mano de obra y eso lo regulará un decreto a aprobar por el Gobierno. Esto satisface una de nuestras exigencias, pero siempre que figure que la revisión será obligatoria y no optativa. Lo que dice la enmienda del Grupo Parlamentario Popular es "podrán establecerse". No; podrán establecerse, no, especialmente en aquellos que son intensivos en factor trabajo, porque hay muchos servicios públicos que son intensivos en factor trabajo. Comprenderán sus señorías que si aceptamos una deslegalización, es decir, que sea un decreto el que lo regule -yo, desde luego, lo acepto-, en el que el Gobierno tiene todas las garantías para establecer los índices para su aplicación como considere oportuno, no puede figurar solo que "podrá". Entonces, puede ocurrir que en ningún momento se tomen en consideración los costes laborales. Por tanto, debe decir que se considerarán y -vuelvo a repetir- especialmente en aquellos servicios públicos donde el factor trabajo es intensivo. Lo digo para el buen funcionamiento de los servicios públicos y, por supuesto, para la garantía de los derechos del conjunto de servidores y trabajadores que prestan sus servicios en este tipo de sectores.
Igual debería ocurrir con los contratos de larga duración, que deben tener el correspondiente régimen de revisión periódica y eso pretende nuestra enmienda número 28. También hay enmiendas en esa línea del Grupo Parlamentario Popular para los contratos en los que el periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. Estamos de acuerdo, siempre que se indique que los costes de mano de obra -vuelvo a incidir en ello- se incluirán en las revisiones y no, como dice la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, "podrán incluirse". Si no se incorporan estas correcciones, como indica en su informe la propia FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias, podría ser inviable la gestión de determinadas empresas o, lo que es igual de grave, su viabilidad solo podría garantizarse precarizando los salarios de los trabajadores, algo que, como ustedes comprenderán, mi grupo en ningún caso puede aceptar. Algo similar sucede con los contratos del sector público, donde las tasas, precios o tarifas que se perciben de los usuarios y que estén directamente vinculados a los contratos deben merecer también un régimen de revisión periódica en los términos que establece el proyecto de ley. En ese sentido presentamos nuestra enmienda número 30. De lo contrario, sería muy difícil que los concesionarios opten a la prestación del servicio y menos aún en aquellos casos en que se necesitan fuertes inversiones que solo pueden ser garantizadas si en los contratos de larga duración se contempla la revisión de precios, aun cuando en todos los supuestos mencionados no se utilice el IPC -con lo que estamos de acuerdo-, sino que se utilicen índices específicos de precios. En este sentido, las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular recogen esta preocupación y, por tanto, eso lo compartimos.
Por último, con respecto a la nueva fórmula que regula el índice de garantía de competitividad, mi grupo considera que es excesivamente restrictiva porque pretende no solo mantener los niveles de competitividad con la zona euro, sino también recuperar toda la que se ha perdido desde la creación de la unión económica y monetaria. Para ello se añade un segundo criterio que pretende corregir en cada año el 25 % de la desviación acumulada de la inflación española respecto del área euro desde 1999. De acuerdo con ello, los valores nominales de estos contratos privados se congelarían con carácter indefinido, lo que podría resultar perjudicial en la coyuntura económica actual, con bajísimas tasas de inflación, o incluso con la posibilidad de tener el próximo año inflación negativa. Sería mejor establecer una regla diferente a partir de dos índices de precios subyacentes para España y zona euro que no incorporasen los alimentos elaborados ni los productos energéticos, eliminando la recuperación de la competitividad perdida. Por tanto, en nuestra opinión, lo adecuado sería utilizar la inflación subyacente de la eurozona si es inferior a la española, y al revés, la española si es inferior a la europea. Con esta regla se mantendrán los niveles de competitividad de la zona euro desde el momento en que entre en vigor la ley sin necesidad de hacer responsables a estos contratos de las desviaciones pasadas.
Para acabar, señorías, no olviden que aunque los precios son ciertamente determinantes en las ganancias o pérdidas de competitividad, no son los únicos factores que definen la posición de las empresas o de las economías en el mundo. Cada vez más entran en juego otros elementos: la calidad, el diseño, la innovación, las nuevas tecnologías incorporadas a bienes y servicios; en definitiva, el I+D+i y el conocimiento de los recursos olvidados en las políticas económicas de su Gobierno, del Gobierno actual, que ignoran el cambio del modelo productivo que necesita la economía española. Del mismo modo les anuncio que mi grupo votará favorablemente la mayor parte -rácticamente todas- de las enmiendas presentadas por los otros grupos parlamentarios -PyD, La Izquierda Plural y CiU-, pues coinciden en sus planteamientos con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo de CiU, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado diferentes enmiendas a este proyecto de ley de desindexación de la economía española, que tienen por objetivo fundamental complementar y corregir algunos aspectos relevantes incorporados a este proyecto de ley. De entrada, el Grupo Popular ha planteado una serie de enmiendas modificando en un 80 % o un 90 % el contenido de este proyecto de ley, y nos parece un mecanismo parlamentario difícil de entender. Desde esta perspectiva, nosotros entendemos que este proyecto de ley es muy cuestionable, ya que no parece oportuno que en un entorno económico, en una coyuntura económica como la española, que prácticamente está al borde de la deflación, se plantee un proyecto de desindexación de la economía española cuando el crecimiento es relativamente bajo y no hay un proceso de inflación galopante, como ocurrió en nuestra economía hace bastantes años atrás. En segundo lugar, tampoco vemos claro cuáles son los objetivos reales de esta ley, porque todos aquellos que persigue este proyecto de ley están supeditados a la redacción de un real decreto-ley que se ha de promulgar con posterioridad. Por tanto, sin
conocer el contenido de la letra pequeña de este real decreto-ley es difícil saber exactamente cuáles son los objetivos reales que persigue este proyecto de ley. Por este motivo nosotros hemos presentado las enmiendas que rápidamente enumeraré.
Finalmente, como consideración global, este proyecto de ley nos preocupa sobre todo por la inseguridad jurídica que generan todos los contratos que se pudieran promover a partir de esta legislación, ya que es muy difícil que con el articulado de este proyecto de ley haya empresas dispuestas a contratar con la Administración o haya entidades financieras dispuestas a financiar proyectos a veinte o veinticinco años -uchísimas veces es esta la duración de los contratos- sin saber que los costes financieros se podrán incorporar o revisar excepcionalmente si hubiera una modificación sustancial de los mismos o, como ya en cierta medida se ha paliado, que no se podrán tener en cuenta los incrementos del coste de la mano de obra. Por lo tanto -repito- es un proyecto cuestionable, con unos objetivos nada claros y con inseguridad jurídica.
Señorías, si no llegamos a un acuerdo -que creo que hay una voluntad explícita del Grupo Parlamentario Popular de consensuar con el resto de formaciones políticas el contenido de nuestras enmiendas-, me atrevería a decir que, si no están recogidas estas sensibilidades de todas las formaciones políticas, estaríamos dinamitando las fórmulas concesionales que han existido hasta la fecha entre las diferentes administraciones publicas, los diferentes agentes económicos privados que puedan acceder a esas concesiones, así como la intervención necesaria y suficiente que ha de permitir a las entidades financieras poderlos financiar.
Yendo directamente a las enmiendas que nuestro grupo considera más relevantes de las que ha presentado Convergència y Unió, en primer lugar nos gustaría saber cuál va a ser la letra pequeña del contrato que vamos a firmar, cosa que no sabemos en estos momentos porque este decreto ley se va a plantear en los próximos seis meses; en este caso el contrato es la ley de desindexación y la letra pequeña será el real decreto que desarrolle cuestiones tan esenciales como las que consideren el coste de la mano de obra, la revisión de los precios, periódica o permanente, o cuando se consideren los costes financieros. Por ello, todas nuestras enmiendas al articulado van en la línea de paliar la incertidumbre asociada al desarrollo del real decreto y apuntan también a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica. Concretamente, las enmiendas 77, 79 y 89 pretenden no excluir los costes de mano de obra ni los financieros en las revisiones periódicas predeterminadas y en las no periódicas. Las enmiendas presentadas seguramente se van a aprobar por el Grupo Parlamentario Popular; ahora la ley remite a la posibilidad de que los costes de mano de obra se consideren, aunque lo supedita al real decreto de desarrollo de la ley. No obstante, estos costes de mano de obra se consideran como una excepción cuando deberían ser la norma debido a que dependen de los convenios de negociación colectiva, los cuales además quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley. Por tanto, es obvio que no se puede pedir a un empresario que no considere los costes de mano de obra cuando hace la revisión de los precios de esos productos finales, en cuyo proceso de fabricación interviene la mano de obra directamente. Por otra parte, aunque se incluyen de forma excepcional los costes de mano de obra, se excluyen por completo los costes financieros. Por ello, quiero insistir en el contenido de nuestras enmiendas 77, 79 y 89, que pretenden que se incluyan también los costes financieros, entre otros. (El señor vicepresidente, Caldera Sánchez-Capitán, ocupa la Presidencia). Existe otro aspecto que queremos dejar aclarado en esta Comisión, en el sentido de que si alguna de estas enmiendas no gozaran del soporte o el apoyo de los grupos parlamentarios si se podría abrir la puerta a que estas especificaciones tan importantes y relevantes de nuestro grupo parlamentario se pudieran negociar en el Senado, a fin y efecto de dejar definitivamente una ley que no generara la inseguridad jurídica que genera en estos momentos.
Quiero aclarar también otro aspecto relevante, la enmienda 86, en relación con el régimen transitorio, puesto que la ley no aclara qué sucede hasta que se apruebe el real decreto de desarrollo, que podría demorarse. Es cierto que hay una enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario de UPyD que, según me han comentado, se va a aceptar. Es una cuestión desde nuestro punto de vista muy importante en aras a la seguridad jurídica, ya que si bien para los contratos de obras se mantiene el régimen vigente para el resto de contratos del sector público la incertidumbre es total. Por lo tanto, sería bueno que se pudiera aceptar lo que plantea la enmienda número 86 en el sentido de que quedara derogada la disposición adicional octogésimo octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, a fin y efecto de que hasta que no se pudiera legislar este real decreto todas las empresas y todas las empresas financieras que quisieran licitar con la Administración lo
pudieran hacer en las circunstancias y condiciones actuales hasta que no se produzca la promulgación de este decreto ley. Si no es así, señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, no se podrá formular ninguna concesión hasta que no esté legislado ese real decreto.
Finalmente hay una enmienda, la enmienda número 83, que plantea una nueva redacción de la disposición transitoria segunda, que hace referencia al régimen de revisión de los contratos del sector público. Proponemos una adición en el sentido de incorporar: ..."o, en su caso, se hubiere sometido a información pública el estudio de viabilidad de la concesión de obra pública o la memoria justificativa de la forma de gestión del servicio público". En la medida en que la redacción inicial procura que las disposiciones de la ley no afecten a aquellos contratos todavía no adjudicados, pero cuya licitación haya sido ya objeto de publicidad y, debido a que ello ha de entenderse con el ánimo de conservar la documentación preparatoria de la licitación del contrato desarrollada a ese momento y evitando, en consecuencia, la desconvocatoria de la licitación para la modificación de dicha documentación y la consiguiente demora en la contratación, parece razonable desde la perspectiva de la técnica legislativa que, por los mismos motivos, se incluyan también en el ámbito de la disposición transitoria segunda aquellos procedimientos respecto de los que, aun no habiéndose todavía convocado la licitación, sí se hayan iniciado ya trámites de información pública de documentación o actuaciones preparatorias de la licitación que necesariamente habrían de haberse afectados por la ley, como es el caso de los estudios de viabilidad y memorias justificativas de concesiones de obras y servicios públicos ya previamente incorporados.
El señor VICEPRESIDENTE (Caldera Sánchez-Capitán): En nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Creo que todos somos conscientes de que asistimos a un nuevo caso de deterioro de la función legislativa, fruto de un uso perverso al cual se está acostumbrando el Partido Popular, porque se repite también, por ejemplo, en el Código Penal. Después de tener el proyecto de ley ocho meses en el congelador el PP se presenta ahora con cuarenta y una enmiendas. El resultado es que hoy estamos discutiendo sobre un proyecto de ley que ya no existe, porque es otro. En el fondo creo que el Partido Popular con estas cuarenta y una enmiendas está dando la razón a La Izquierda Plural cuando presentamos la enmienda a la totalidad de devolución, porque prácticamente lo ha desfigurado. A pesar de ello el proyecto a nuestro grupo nos continúa pareciendo innecesario y no porque el problema de la inflación estructural que ha existido en este país no sea un tema a abordar, y no porque neguemos la inflación de segunda tanda, sino porque creemos que en el diagnóstico que se desprende de esta ley el Gobierno erra en lo fundamental y al querer resolver un problema crea otro mucho mayor y, sobre todo, se adentra en una concepción del Gobierno profundamente intervencionista en las relaciones económicas; intervencionismo, como la regulación, buena y mala, como el colesterol, pero en este caso es intervencionismo del malo, del peor, del arbitrario, hecho a medida de los diferentes sectores y lobbies. Me atrevo a identificar quién se ha movido durante esos ocho meses a la vista de las enmiendas presentadas por todos y cada uno de los grupos, la traza es bastante evidente. Este intervencionismo, que lo era ya cuando se presentó el proyecto de ley, lo es más después de las enmiendas del Grupo Popular porque con la voluntad de matizar, flexibilizar, excepcionar, establecer tratamientos específicos para cada sector se termina haciendo una ley que al final lo deja todo al desarrollo reglamentario del Gobierno, al que le otorga una total discrecionalidad que va a terminar siendo arbitrariedad, es decir, un cheque en blanco. Esta nueva ley va a provocar profunda inseguridad jurídica en las empresas y los particulares en su relación con la Administración, otro de los motivos por los cuales continuamos pensando que no debería ser aprobada en esos términos. Pero sobre todo -y nos gustaría equivocarnos- hoy se están sentando las bases de un paraíso perfecto para los lobbies, se están sentando las bases para que se produzcan más riesgos para el tráfico de influencias y quién sabe si también para la corrupción, porque, en definitiva, un criterio como es la actualización, la revisión en función de la evolución del valor real de los contratos a su valor nominal se determina no con criterios objetivos sino con decisiones arbitrarias de los Gobiernos y además creando en cada caso un índice específico, en el cual el Gobierno va a poder seleccionar qué factores se van a tener en cuenta para determinar esa evolución. Que Dios me libre de los liberales como ustedes, porque de los intervencionistas ya me libro yo. La verdad es que ese intervencionismo es francamente fastidioso.
Yo creo que las enmiendas del PP requerirían una memoria para explicarnos por qué hay sectores incluidos o excluidos de la desindexación, y hago un pequeño repaso. Queda excluida la negociación
colectiva por mandato constitucional pero, cuidado, por la vía de atrás el control de los salarios y la prohibición de hacer revisión salarial se mantiene por mucho que se hayan inventado una fórmula para lo que se llama la revisión periódica predeterminada, uno de los tres supuestos. En segundo lugar, no va a afectar a las pensiones ni a otras prestaciones públicas, pero en cambio continúa afectando a determinadas prestaciones de naturaleza pública -luego les explicaré cuáles- y a indicadores públicos de rentas, y no sé por qué a unos sí y a otros no. Quedan excluidos los instrumentos financieros y nos gustaría que alguien nos justificara por qué eso sí y por qué otras cosas no. Se establece una excepción para los contratos de arrendamientos de inmuebles que el sector público acuerde con la Administración, para los cuales sí podrá haber cláusulas de indexación, pero para ellas se determina un índice específico; por cierto, el índice de alquiler de oficinas autonómico. Parece que en este caso los índices autonómicos no molestan; alguien debería explicar por qué en unos casos sí y en otros no. Es curioso comprobar cómo con las enmiendas del PP no se van a ver afectadas las revisiones de precios de los contratos de suministro de armamento. ¿Alguien puede explicar por qué ese planteamiento diferenciado? Y tampoco tiene desperdicio el hecho de que no se deroguen sino que se mantengan las normas específicas de revisión del régimen tarifario de AENA. No quiero ser mal pensado, pero, ¿tiene eso algo que ver con el proceso de privatización y con la necesidad de dar seguridad a los compradores? Creo que han aprovechado ustedes bastante bien el tiempo, pero sobre todo lo han aprovechado los lobbies. Por otra parte, si se aprueban algunas enmiendas de CiU nos vamos a encontrar con que también van a quedar excluidas las concesiones de obras de infraestructuras, los concesionarios de autopistas. No he escuchado al señor Sánchez i Llibre explicar por qué unas cosas sí y otras. Por último, no van a quedar excluidos de la indexación -por tanto, sí van a poder indexarse y revisarse anualmente- los precios y las tarifas públicos, los que pagan los ciudadanos. La verdad es que con tanto criterio discrecional yo, como mínimo, necesitaría una explicación para saber por qué esto es así, porque a lo mejor me convencen ustedes, pero de momento ni la memoria inicial del proyecto de ley ni las explicaciones que dan en la presentación de las enmiendas me convencen. Creo que estamos ante una ley con profundos riesgos del peor de los intervencionismos.
Nuestras enmiendas intentan recoger las sugerencias que nos hicieron llegar a todos los grupos las organizaciones sindicales, las empresas del sector de servicios que prestan servicios para la Administración y la Federación Española de Municipios y Provincias, además de nuestro propio criterio. Y quiero insistir en algunos aspectos concretos, como el impacto que va a tener esto en las rentas salariales, en los salarios, si se aprueba en esos términos. Es verdad que han planteado una enmienda en este sentido, pero una enmienda relativa, porque nos dicen que se va a poder producir indexación salarial en las empresas que prestan servicios para las administraciones públicas solo en los casos en que sea una revisión periódica predeterminada, pero solo en los supuestos que determine el Gobierno en un decreto que aprobarán y con el indicador que dará el Gobierno atendiendo a los criterios que el Gobierno determine. Esa es una fórmula casi, casi de monarquía absoluta. En ese sentido, insistimos de manera reiterada en que se están sentado las bases para una profunda conflictividad en el sector de las empresas que prestan servicios a las administraciones públicas, y la huelga de jardinería de hoy en Madrid se puede ver multiplicada porque, ¿qué negociación colectiva puede haber en esos sectores si resulta que una norma del Gobierno impide a las empresas hacer la actualización de sus salarios? Porque no olviden que la actualización de los salarios no es un capricho; la actualización de los salarios es la obligatoriedad de llevar lo que yo he pactado en términos reales a su valor monetario, y si la inflación, que no es lo que determina o no solo la capacidad de poder adquisitivo de los trabajadores pero sí un indicador que hasta ahora teníamos, a ustedes no les gusta para las pensiones ni para nada -ahora se inventan el indicador de garantía de competitividad-, esto va a provocar un profundo deterioro en la capacidad adquisitiva de los salarios y, por tanto, conflictividad, porque quien va a determinar la negociación colectiva es un tercero: la Administración pública a través de sus mecanismos de intervención. Es más, no sé si son conscientes, pero posiblemente eso vaya a provocar que en la negociación colectiva las empresas decidan hacer convenios colectivos de un solo año, para guardarse, y eso no es bueno desde la perspectiva de la seguridad en el tráfico jurídico ni tampoco en el ámbito de la negociación colectiva.
La ley continúa teniendo un impacto en determinadas prestaciones públicas porque es verdad que excluye las pensiones pero mantiene su aplicación para otras prestaciones públicas. De ahí nuestra enmienda número 16. En ese sentido quiero decirles que tanto en lo que afecta a salarios como a determinadas prestaciones públicas ustedes en este momento están adoptando una ley para impedir que el desierto se inunde y, claro, el desierto no suele inundarse. En un momento de inflación negativa, en el que el problema precisamente es de dificultades de consumo, castigar indirectamente la capacidad de
consumo de salarios y también de determinadas prestaciones sociales lo único que puede hacer es aumentar los riesgos de recesión. Por cierto, supongo que a nadie le ha pasado desapercibido que -si he leído bien- este proyecto y las enmiendas subsiguientes van a afectar por ejemplo a las indemnizaciones por daños derivados de accidentes de tráfico. Las tarifas determinadas en eso y los baremos que en los juzgados se han venido determinando tienen que ver con lo que se considera que es la compensación por un accidente en un año concreto, el 2014. Si diera la circunstancia de que en los años siguientes ese valor real perdiera poder adquisitivo, lo lógico sería que esas indemnizaciones se pudieran actualizar. Eso es de sentido común porque no son los valores monetarios lo determinante sino el valor real. Lo mismo sucede en la afectación a las pensiones compensatorias del cónyuge en caso de nulidad, matrimonio, divorcio o separación; otro caso concreto de cómo la ley tiene un impacto fundamental en las mujeres. Es verdad que a veces es a la inversa, pero quien recibe fundamentalmente estas pensiones compensatorias son mujeres -por eso hemos presentado nuestra enmienda número 17-, y también afecta a las prestaciones vinculadas a los sistemas de previsión social complementaria.
Termino, señorías. Si el Gobierno ha decidido que el IPC no le sirve, podía hacer una cosa, ponernos a discutir cómo el IPC determina algunos indicadores más reales, incluso podía habernos sugerido que tuviéramos en cuenta para algún tipo de revisiones de precios, de rentas, de contratos, fórmulas distintas, pero esta manera de hacerlo no puede ser. ¿No gusta para las pensiones? Me invento el índice de revalorización de las pensiones; van a perder poder adquisitivo las pensiones hasta bien entrada la segunda década de este siglo. ¿Que no me gusta que la inflación española sea más elevada que la media estructuralmente? En vez de ir a las causas, cambio de termómetro. Y fíjense ustedes, no sirve el IPC español pero sí sirve como fórmula un mecanismo al cual ustedes le llaman índice de garantía de competitividad, cuya base fundamental es el índice de precios armonizado de la Unión Europea. ¿Y por qué? Sinceramente, no lo entiendo. Al menos, que alguien me lo explique. En ese sentido, insisto, vamos a ver si en este trámite podemos mejorar, aunque creo que es difícil porque esta ley parte de una idea: no me gusta la inflación estructural de este país y ¿cómo lo resuelvo? No voy a las causas, cambio y le atribuyo al Gobierno la capacidad para establecer cómo y con qué indicadores en cada caso concreto puedo determinar la revisión o no de los contratos con las administraciones públicas y algunos en el ámbito también de los privados. En definitiva, nos piden ustedes un cheque en blanco al Gobierno y que cambiemos de termómetro. En vez de ir a ver por qué nos sube la temperatura a 41 grados, cambian al termómetro y aunque la temperatura del cuerpo humano marca 41, el próximo termómetro de ustedes va a marcar 36,5 grados. Así no se resuelven los problemas.
El señor VICEPRESIDENTE (Caldera-Sánchez Capitán): En nombre del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: A mi grupo, como dijimos en el debate de totalidad, le parece bien abordar el tema del exceso de indexación que hay en la economía española porque es una cuestión histórica y conocida por los economistas desde hace décadas. Hay una serie de variables en España que se ajustan cuando sube el IPC, aunque los componentes del IPC que a ellos les afectan no hayan subido, y esto tiene como consecuencia una mayor persistencia de la inflación en España y es una de las razones de que hayamos tenido un diferencial de inflación con la Unión Europea. Por cierto que este problema es mucho más grave cuando compartimos moneda con otros países; el diferencial de inflación es más grave cuando no se puede corregir mediante variaciones del tipo de cambio. Por tanto, nos parece conveniente abordar esta cuestión y no compartimos el argumento de que, como ahora la inflación es baja, no hay que hacer nada; conviene legislar a medio o largo plazo y este problema puede reaparecer en el futuro. Eso no quiere decir que vayamos a apoyar la ley sin más, a menos que se acepten nuestras enmiendas, porque, compartiendo el objetivo, la desindexación, no compartimos muchos aspectos del procedimiento tal como se concretan en la ley. Voy a intentar concretar estas discrepancias en tres órdenes al hilo de las enmiendas que hemos planteado.
La primera discrepancia -fundamental, esencial- tiene que ver con que nosotros creemos que hay una serie de cuestiones que deben quedar fuera del ámbito de aplicación de esta ley, que son las que tienen que ver con prestaciones, subsidios, ayudas sociales e indemnizaciones públicas, porque todas ellas deben mantener su poder adquisitivo. Aquí el uso del IPC sí está justificado; decir que una ayuda o una indemnización son equis euros no significa nada más que en términos de poder adquisitivo y, si no se excluye del ámbito de aplicación de la ley, cabe el riesgo de que esto se pueda utilizar como un pretexto para recortar este tipo de ayudas y prestaciones, algunas como las que concretaba anteriormente el
señor Coscubiela. En la ley solo se excluyen del ámbito de aplicación pensiones, negociación colectiva -porque ya tienen su propia normativa- y activos financieros. En nuestra enmienda 3, fundamental para nosotros, insistimos en que debería quedar fuera del ámbito de aplicación de la ley lo que tiene que ver con prestaciones, subsidios, ayudas sociales e indemnizaciones públicas porque queremos que todas ellas mantengan su poder adquisitivo y no puedan verse recortadas en términos reales.
El segundo orden de objeciones tiene que ver con que creemos que los contratos privados deben regirse únicamente por la libertad de contratación de las partes y en esta ley hay un caso concreto en que no se respeta esa libertad de contratación de las partes, que es el referido a aquellos contratos en los que se ha pactado una revisión, pero no se ha especificado el índice o la metodología. Probablemente no afecte a demasiados casos -contratos en que se pacte una revisión y no se diga cómo se van a revisar-, pero esos pocos casos se van a ver muy perjudicados porque se les impone un índice de garantía de la competitividad muy sesgado a la baja, que además ni siquiera va a recuperar ninguna competitividad en la economía porque, insisto, afectará a casos muy aislados; a los que va a perjudicar es a esos pocos casos concretos. Por eso, una serie de enmiendas tienen que ver con la corrección de esta cuestión.
El tercer orden de objeciones se centra en lo que nosotros consideramos que debería ser realmente el objeto de esta ley, los contratos públicos y los precios regulados. No deberíamos ocuparnos de ayudas y prestaciones sociales o de contratos privados, como he dicho antes. El sentido de esta ley, su ámbito propio de actuación deberían ser los contratos públicos y los precios regulados de servicios públicos tan importantes como el transporte. Estos contratos públicos y precios regulados afectan a un porcentaje importante del presupuesto de las familias, alrededor del 7 %, y además se trata de precios regulados -como en el caso del transporte público- que en mitad de la crisis han sufrido fuertes incrementos. En ese ámbito propio de actuación de la ley, en nuestra opinión la ley fija unos principios generales acertados, como que la ley afecte a todas las administraciones -Estado, comunidades, ayuntamientos-, que como norma no haya revisiones periódicas y que, cuando las haya, se utilicen índices específicos que reflejen los costos de producción de ese sector y no índices agregados. Todos esos principios nos parecen sanos. Lo que no compartimos es que, una vez establecidos esos grandes principios, todos los detalles posteriores, absolutamente fundamentales, se remitan a un futuro desarrollo reglamentario en que se especifiquen cuáles van a ser esos índices, cuáles van a ser esos procedimientos, porque votar esos principios generales sin conocer estos detalles sería dar un auténtico cheque en blanco que no estamos en condiciones de proporcionar. Por eso, nuestra enmienda 9 propone que, si esto se hace así, como mínimo se acorten los plazos de aprobación de este desarrollo reglamentario porque, de no ser así, hay incluso un riesgo de perjudicar a todo este sector de contrataciones públicas mientras se aclaran las cuestiones que les puedan afectar en el futuro.
Resumiendo, y a menos que no se acepten nuestras enmiendas -y no tenemos ninguna noticia de que se vayan a aceptar-, nuestra postura en esta ley será la de la abstención porque, como he dicho, compartimos el objetivo de desindexar la economía española. Creemos que hay un ámbito de actuación importante para esta ley en contratos públicos y precios regulados para evitar que precios como los del transporte público tengan subidas en medio de la crisis, pero no compartimos que no se deje fuera del ámbito de actuación lo que tiene que ver con prestaciones, subsidios, ayudas sociales e indemnizaciones. No compartimos que haya una serie de contratos privados que se vean perjudicados porque han establecido la revisión pero no han especificado los índices. Y no compartimos que detalles absolutamente fundamentales de la ley se remitan al desarrollo reglamentario y solo se establezcan en ella unos principios muy generales.
El señor AZPIAZU URIARTE: Muy brevemente, porque muchas de las cosas relevantes ya se han comentado. He de decir que nuestro grupo parlamentario no ha presentado ninguna enmienda porque en su día, hablando con el Grupo Socialista, estábamos de acuerdo con las que el Grupo Socialista presentaba y por tanto dijimos: pues con estas estamos de acuerdo y son las que vamos a apoyar, no merece la pena repetirlas.
Lo que sí quisiera decir en todo caso con relación a este proyecto es que, tal y como han comentado otros portavoces, la idea de la desindexación en teoría es buena a los efectos de segunda ronda, de la competitividad, etcétera; en todas estas cuestiones que son más académicas que otra cosa estamos plenamente de acuerdo, pero desgraciadamente esto no es un problema ni lo va a ser en mucho tiempo. Estamos en un proceso de desinflación o de crecimientos negativos de los precios, o al menos ante
periodos previsiblemente largos de inflación inexistente, con lo cual, siendo la idea buena, creo que el momento no es el adecuado. Creo que no tiene sentido presentar este proyecto de ley. Esta innecesariedad estaba en el ánimo de todos, pero pensábamos que, a pesar de ello, tener un proyecto de estas características, razonable y consensuado, era bueno para todo el mundo. Da la sensación de que ese consenso inicial que había allá por el mes de marzo, cuando se presenta este proyecto, que ya lleva casi un año en esta Cámara, de alguna manera se ha roto. Al menos el Grupo Vasco pensaba que el Partido Popular iba a ser más dialogante e iba a estar más por llegar a acuerdos en una ley que en definitiva aparentemente es técnica, a pesar de que el señor Coscubiela dice que hay mucho lobby, mucha connotación de intereses por debajo, que puede ser. Pero como aparentemente era cuestión técnica, pensábamos en el Grupo Vasco que no iba a haber problemas en llegar a un acuerdo. Ahora nos presentan cuarenta y una enmiendas de la noche a la mañana que trastocan toda la ley. Creo que para buscar un nuevo consenso habría que tener otro periodo amplio y poder debatir estas cuestiones. La discrecionalidad que en base a las nuevas enmiendas del PP se da a este proyecto de ley nos parece excesiva, en el sentido de que gran parte queda al amparo de lo que el Gobierno pueda decir/manipular/hacer.
Insisto, básicamente estamos conformes con las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista, las vamos a apoyar, las vamos, entre comillas, si me permite el portavoz socialista, a considerar como propias: todo el tema de los costes de la mano de obra, que se contemple en el proyecto la revisión periódica, o que haya una revisión para los contratos de larga duración y otras cosas que ya se han comentado aquí. Además he de decir que curiosamente -seguramente no por primera vez, pero desde hace bastante tiempo no se había producido- es un proyecto que sí respeta el marco competencial, en nuestra opinión. No tenemos reparos en ese sentido, pero tenemos los reparos a los que he hecho referencia. Por tanto, si no hay una corrección del proyecto de ley en el sentido que estamos comentando, nuestro grupo a la hora de votar el dictamen se va a abstener. De todas formas, esperemos que el PP tenga a bien considerar lo que aquí estamos planteando, que vuelva un poco a ese espíritu negociador que parece que tenía cuando empezamos con esta cuestión y que podamos llegar a un acuerdo satisfactorio para todos y para todos los afectados por este proyecto de ley efectivamente de no indexación, tal y como decía el portavoz Caldera.
El señor VICEPRESIDENTE (Caldera Sánchez-Capitán): En nombre del Grupo Mixto, el señor Larreina tiene la palabra.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Intervengo, en primer lugar, para dar por defendidas las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego. En segundo lugar, en nombre de nuestro Grupo, de Amaiur, como saben, nosotros no presentamos enmiendas parciales habitualmente porque, como hemos repetido en otras ocasiones, nuestra misión y nuestro compromiso con nuestros electores no está en mejorar la legislación española, sino en reivindicar la soberanía para nuestro país. Ese punto de vista es el que justifica que no presentemos enmiendas parciales. Pero sí querría hacer dos reflexiones por si sirven para el debate y para la mejora del funcionamiento democrático.
El procedimiento que se está siguiendo últimamente -en este caso es especialmente visible- de enmendar en este caso a la totalidad el proyecto del Gobierno, por parte del grupo que apoya al Gobierno precisamente, esto y la introducción de enmiendas a última hora muchas veces en el Senado está degradando el proceso legislativo; se impide el debate auténtico entre los distintos grupos y la búsqueda de acuerdos estables que mejoren el procedimiento legislativo. Considero que ese debería ser un elemento de reflexión porque a medio plazo genera también inestabilidad en el sistema legislativo.
Por otro lado, quiero expresar nuestra preocupación porque muchas de esas enmiendas y el enfoque general con demasiada frecuencia tienden a ir en contra de la protección de los sectores más débiles. En este caso en el tema de los trabajadores y trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas. Eso tiene que ser un elemento de reflexión a la hora de abordar los debates. Es importante apoyar siempre a esos sectores más débiles en detrimento de los grandes grupos que quizá tienen más capacidad de influencia o de lobby, como se ha señalado por parte de otros intervinientes.
Sin más, les agradezco su atención y reitero que mantenemos las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego.
El señor VICEPRESIDENTE (Caldera Sánchez-Capitán): En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Oyéndoles a todos ustedes me formulaba una pregunta -conocía esa famosa frase de que la inflación es el impuesto más injusto-: si a ustedes les gusta que haya inflación o no. Lo digo fundamentalmente al hilo de muchas de las intervenciones que se han hecho aquí. El Grupo Popular ha tenido voluntad de llegar a acuerdos, señor Azpiazu; es difícil llegar a acuerdos cuando no se plantea nada. Yo desconocía -lo admito- que ustedes de alguna forma fagocitaban las enmiendas del Partido Socialista, pero supongo que habrá sido con su aquiescencia. (El señor presidente ocupa la Presidencia). En cualquier caso, voy a proceder a mi exposición. Nadie ha querido reconocer que muchas de las enmiendas planteadas por los diferentes grupos están recogidas, de alguna forma, en las enmiendas que ha planteado el Grupo Popular -que las ha planteado para mejorar el texto, no lo hemos hecho con ninguna otra intención-, pero no una, sino unas cuantas. ¿Por qué este proyecto de ley? Porque es fruto de un programa de reformas que planteado el Gobierno de la nación, porque queremos seguir afianzando la senda de la recuperación económica, y porque al final hoy estamos como estamos pero mañana no sabemos cómo estaremos. Para acabar con la indexación al IPC, quiero recordar a sus señorías que ha supuesto un diferencial de 14 puntos con la Unión Europea, desde que entró el euro en vigor, 14 puntos. Otro dato que hay que tener en cuenta es el déficit de balanza por cuenta corriente, que en el año 2007 fue del 10 % del PIB. Son datos que hay que tener en cuenta para -aunque creo que hace falta poca explicación del porqué de esta ley- evitar que esto vuelva a ocurrir. ¿Por qué esta ley? Para acabar con los efectos negativos de la inflación en la economía, que son, entre otros, la pérdida de poder adquisitivo de los valores monetarios, creo que es obvio; o los problemas relacionados con la concertación de contratos y pactos a largo plazo; o el empeoramiento del mecanismo de transmisión de la información económica, cómo se realizan los precios. La filosofía está muy clara: nosotros queremos afianzar la competitividad y estabilizar los precios. Son dos objetivos que claramente se desprenden del propio texto de la ley, y a nadie se le debe escapar que la utilización generalizada de la indexación al IPC, que ha sido una práctica muy habitual en nuestra economía -así nos ha ido-, origina efectos de segunda ronda que retroalimentan la inflación. Nosotros pensamos que esta ley es un grano más para intentar que las empresas al final puedan generar puestos de trabajo. Hay un dato en la memoria normativa que debe hacernos reflexionar mucho; desde el inicio de la crisis los precios regulados de los servicios públicos -lo decía el señor Caldera, es verdad que se ha circunscrito al Gobierno del Partido Popular; yo incluyo los dos- se ha incrementado un 25 %. Este es otro de los motivos que lleva al Gobierno de la nación a traer este proyecto de ley, porque eso ha dado lugar a pérdidas importante de poder adquisitivo en los consumidores y usuarios, y también de pérdida de competitividad en las empresas.
¿Cuál es el objetivo real del proyecto de ley que debatimos? Modificar el sistema de revisión de precios, rentas y valores monetarios. La consecución de este objetivo se pretende con la introducción de un nuevo régimen de revisión de precios, que es prescriptivo para el sector público e indicativo para el sector privado. En el caso del sector público se establece el principio de no indexación de los valores monetarios, recogiendo -alguien hacía mención a ello- valores de precios regulados, tarifas, tasas, contratos públicos, subvenciones y ayudas. No obstante, se permiten excepciones a esta regla general. La rigidez que había en el primer texto se ha mejorado con las enmiendas del Grupo Popular. En lo que respecta al sector privado, al que aquí se ha hecho alguna mención y que tanta preocupa a UPyD, rige el principio de libertad entre las partes, entendiéndose los mismos desindexados en ausencia del pacto explícito en contrario.
Señor Caldera, si me permite la broma, ya le contestó en el debate general sobre la nominación de la ley mi compañera que fue portavoz, la señora Arenales, quien dijo que al final también se trata de innovar. Hay palabras que no existen en el diccionario de la Real Academia, pero que con el paso del tiempo y el uso se acaban incorporando. No me parece un disparate lingüístico el nombre de la ley.
Respecto a las enmiendas, me interesa resaltar algunas de las cuestiones que se recogen en las enmiendas que ha planteado el Grupo Popular. Al final el índice revalorización de pensiones está construido sobre unos parámetros que permiten asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Eso sus señorías lo saben. Pero que queda excluida de esta ley tanto la negociación contractiva como las pensiones de esta ley, creo que es algo que conviene recordar, porque oyéndoles a algunos de ustedes da la sensación de que no. Con la enmienda que hemos planteado al artículo 2 la clasificación que se introduce es más completa y consistente que la casuística que recogía el proyecto original. Se precisa la distinción entre supuestos de revisión distintos de la revisión periódica no predeterminada para casos en los que la revisión tenga carácter recurrente, pero no se produzca de manera automática. La enmienda número 53 es importante para nosotros, porque aclara la redacción inicial en lo que afecta al ámbito de aplicación de
la ley en lo referente al sector público. Y es verdad que quedan incluidos, como ha dicho alguien, el seguro obligatorio de viajeros o las cuantías indemnizatorias del sistema de valoración y daños y perjuicios causados en accidente de circulación, así como las multas penales o administrativas. Sobre todo, aclara en qué ámbito de la ley quedan incluidas las revisiones de valores monetarios en los que intervengan entidades del sector público. La enmienda 59 determina una mayor precisión del contenido legal y por lo tanto una disminución del contenido del real decreto. Es justo lo contrario de los discursos que aquí se han mantenido. La enmienda número 60 tiene como origen la prohibición de revisar los valores referidos a los contratos de arrendamiento en los que una de las partes tenga la consideración de sector público, pero con esta decisión se corre el riesgo de quedarse fuera del mercado y por eso se abre la puerta, previa justificación económica, a unas posibles revisiones. La enmienda número 68 es clave en todo el texto normativo. Esta enmienda define con claridad el régimen aplicable de revisión de precios en los contratos del Texto Refundido de la Ley del Sector Público. Se desarrollan por ley los aspectos más relevantes y no se dejan al reglamento. Quiero incidir en esto porque sus señorías han incidido en el discurso contrario. No han analizado esta ley y lo que supone de cambio respecto al planteamiento inicial del proyecto de ley. En estos momentos, hay más materia regulada con las enmiendas que ha presentado mi grupo en el texto legislativo que lo que inicialmente planteaba el proyecto en cuanto a su remisión al real decreto.
Respecto a las enmiendas de UPyD, manifestaré que vamos a aceptar la número 5, así como la número 84 de CiU, porque son iguales, pero incluyéndolas como apartado 4 de la enmienda número 65, porque tanto UPyD como CiU tienen razón en que la ley no pretende generar efectos retroactivos. Por tanto, se incorporarían los dos textos -ahora les pasaré como quedaría el artículo 65- en esa enmienda. La enmienda número 9, señor Anchuelo, también la aceptamos. Dado que es verdad que el decreto es importante, nos parece razonable el periodo de seis meses que ustedes plantean. A partir de ahí, las enmiendas 4, 6 y 7 no las podemos aceptar, porque la filosofía de la ley es que al final lo que se quieren eliminar son los automatismos en los procesos de actualización de precios y rentas, que son justo los que alimentan la inflación y, con los planteamientos que ustedes hacen, volveríamos inicialmente al planteamiento que es el que, insisto, pretende evitar la ley. Señor Anchuelo, respecto al régimen previsto en los contratos entre las partes privadas, creo que no vulnera su libertad, porque solo se activa de modo subsidiario, precisamente cuando aquellas partes no hubieran pactado actualización, con lo cual las partes tienen mucho que decir. La enmienda número 3 no se la podemos aceptar, porque restringiría el ámbito de aplicación de forma selectiva y reduciría el impacto directo de la ley en lo que es -es la preocupación del legislador en estos momentos, estamos convencidos- la inercia inflacionista.
Las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego fundamentalmente pretenden dejar sin efecto la ley, por lo que, como es obvio, entenderán que no las aceptemos. Respecto a las enmiendas de Izquierda Unida, tengo que decirle a su portavoz que algunas de sus enmiendas ya están recogidas. La enmienda número 22 para nosotros queda incluida en la número 61 que hemos presentado. Ustedes lo que pretenden con esa enmienda es que la presentación de la memoria no exima de recabar trámites y autorizaciones que exige la normativa sectorial. No es ánimo de la ley interferir en las administraciones locales y, por tanto, así lo entendemos nosotros, queda subsumida. La enmienda número 24 de Izquierda Unida queda de alguna manera reflejada en la enmienda 68 que ha planteado el Grupo Popular. A partir de ahí, tengo que decirle que la enmienda número 15 no la podemos aceptar, porque la indexación no tiene efecto sobre la competitividad que una economía tiene en otros contratos. La enmienda 16 tampoco la podemos aceptar, porque pretende un ámbito de aplicación selectivo de la ley, restringiendo el impacto directo -es el mismo argumento que para otras muchas- de la misma en la inercia inflacionista. A la enmienda 17 le sucede lo mismo que a la enmienda 7 de UPyD -son muy similares-, porque en el régimen previsto entre los contratos de las partes privadas ya he explicado lo que sucede. Tampoco podemos aceptar la enmienda 25, porque el artículo 149.1.13.ª de la Constitución atribuye al Estado la fijación de las bases y de la coordinación de la planificación de la actividad económica.
Me corresponde analizar ahora las enmiendas del Grupo Socialista. Tengo que agradecer al señor Caldera el esfuerzo que ha hecho. La enmienda 28, señor Caldera, la puede entender incorporada en la enmienda número 68, en lo que afecta a la necesidad de recuperar inversiones. La enmienda -ahora la pasaré el texto- número 29, que a usted le preocupaba, la incorporaremos a la enmienda 68, del Grupo Popular. Hemos cambiado la palabra "podrá" -insisto en que ahora le pasaré el texto-, y espero que esté de acuerdo con el planteamiento que formulamos. La enmienda 31 la entendemos incluida en la número 68, que ha formulado el Grupo Popular, y no podemos aceptar ni la 30 ni la 32 porque, desde nuestro punto de vista, es más completo lo que plantea el artículo 89 del texto refundido.
Respecto a las enmiendas de Convergència i Unió, señor Sánchez i LLibre, la 67 queda subsumida en la 57 y la 66; la 79 en la 61; la 80 quedaría subsumida en la número 61 también, que dispone -es la misma que ha planteado Izquierda Unida- que la memoria no exime de la obligación de cumplir trámites; y la enmienda 81 se recogería en la 63, del Grupo Popular, introduciendo un nuevo artículo 6, que establece las revisiones de los contratos. La número 84 la aceptamos parcialmente. Es igual que la enmienda número 5, de UPyD, por lo que les haremos una propuesta de transacción, que es incorporarla a través de nuestra enmienda número 65, figurando dos apartados al final. En cuanto a la enmienda 86, sobre la que usted se ha extendido tanto, hay puntos de acuerdo. Al final, a ustedes lo que les preocupa es qué va a pasar en esos meses en los que hace falta publicar el decreto que desarrolla la ley. No se puede decir que al final hay un grado de incertidumbre importante, puesto que usted sabe que la disposición adicional ochenta y ocho de la Ley de Presupuestos, aprobada en el año 2013 y que rige para 2014, contempla cómo se hace esa revisión de precios. Por tanto, decir que en estos momentos no se puede contratar porque hay un grado de incertidumbre importante es mucho decir. Entiendo lo que usted plantea. Al final, quiere un periodo, por decirlo de alguna forma, de seis meses en los que reconducir el tema al IPC. Nos parece razonable, pero en cualquier caso se puede seguir hablando y, si no es en el Congreso, hasta que acabe su tramitación en el Senado queda tiempo. La enmienda 90 está recogida en la 68. Lo digo porque cuando se habla de que no hemos querido llegar a acuerdos, ya hay unas cuantas enmiendas que de alguna forma se han incorporado, de CiU y de otros partidos, a través de las que ha planteado el Grupo Popular. En cualquier caso, quiero agradecer la buena predisposición de los grupos a llegar a acuerdos, y lo que piensa mi grupo es que esta es una ley que al final tendrá efectos positivos sobre los ciudadanos, porque fundamentalmente, como he dicho al principio de mi intervención, la inflación es de los impuestos más injustos. (Aplausos.- El señor Coscubiela Conesa pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Diez segundos, simplemente para que conste en el "Diario de Sesiones" que el señor Suárez ha dicho que ha dialogado con todos los grupos. Con Izquierda Unida solo caben dos posibilidades: o que alguien del PP haya suplantado nuestra personalidad o que lo haya hecho con el lenguaje de signos y en diferido.
El señor PRESIDENTE: Señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Tiene razón el señor Coscubiela, con él no he dialogado. Dialogar con ustedes es complicado porque, al final, entienden el diálogo como que hay que pasar por el aro de lo que ustedes dicen o no hay capacidad de dialogar con los planteamientos que hacen en las enmiendas. Aun así hemos aceptado alguna, pero nos resulta muy complicado, sobre todo, con el discurso que usted o alguien de su grupo hizo cuando defendieron las enmiendas de devolución. (El señor Coscubiela Conesa: El diálogo también debe ser entre diferentes, y no solo entre iguales).
El señor PRESIDENTE: Vamos a esperar cinco minutos mientras viene el señor ministro, y seguimos con la comparecencia. (Pausa).
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (DE GUINDOS JURADO), PARA EXPLICAR EL PLAN JUNCKER. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 214/000122).
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la Comisión con la comparecencia, a petición propia, del señor ministro de Economía y Competitividad para informarnos del Plan Juncker.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): En primer lugar, muchas gracias por haber retrasado la comparecencia quince minutos y pido disculpas por el retraso.
Señorías, comparezco en esta Comisión por decimotercera vez, y a petición propia, para informarles del Plan de inversiones para Europa, el llamado Plan Juncker. Como saben, se trata de una de las principales iniciativas en las que venimos trabajando en el seno de la Unión Europea, que el pasado jueves recibió el visto bueno del Consejo Europeo. Les informaré del contenido de este plan, su importancia y las cuestiones relativas a su implementación. Permítanme comenzar hablando, en primer lugar, de la razón de ser del plan. El objetivo de esta iniciativa no es otro que impulsar la inversión y lograr así una
mejora sustancial en el crecimiento y la creación de empleo en Europa. Esto resulta especialmente relevante dada la débil recuperación que está teniendo lugar en la zona euro, con un crecimiento mucho más lento de lo que se esperaba. Muestra de ello es que los principales organismos internacionales han revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para la zona euro. A esto se suma que la inflación está en niveles muy reducidos, muy bajos, y cada vez hay mayor riesgo de que las expectativas de inflación a medio plazo se enquisten claramente por debajo del objetivo del 2 %.
Señorías, esto contrasta con la situación en España, donde la recuperación se está consolidando y haciendo más fuerte. Los indicadores disponibles apuntan a que la tasa de crecimiento del cuarto trimestre, de este trimestre, será al menos similar a la del tercero, que alcanzó el 0,5 %. Esto nos va a permitir comenzar 2015 con un crecimiento anual superior al 2 %, muy por encima del de nuestros socios de la zona euro. Además este crecimiento diferencial que mantenemos respecto a la media de la zona euro se va a prolongar en el tiempo, tal y como recogen los principales analistas y organismos internacionales. No cabe duda de que a España le interesa que en el resto de Europa la recuperación despegue, dadas las estrechas interdependencias que nos unen a nuestros socios europeos. Si a Europa le va bien a España le irá mejor. Europa no puede permitirse que 2015 sea otro año perdido en términos de crecimiento y de creación de empleo. Es necesario corregir esta situación y que la recuperación llegue a todos los ciudadanos.
Señorías, por estos motivos resulta tan importante poner en marcha una estrategia coherente y completa, que tenga en cuenta todos los instrumentos de política económica. En primer lugar, en relación a la política monetaria, el presidente Draghi ya ha anunciado el compromiso de continuar adoptando todas las medidas adicionales necesarias para situar la inflación en niveles más próximos a su objetivo, y aumentar las expectativas de inflación. En segundo lugar, en política fiscal -aquí-, gracias a los esfuerzos de consolidación que hemos realizado, hemos conseguido reducir el déficit del conjunto de la zona euro hasta el 2,6 % en 2014. Por ello la política fiscal puede tener ahora un tono neutro, lo que permitirá hacer compatible la necesidad de seguir reduciendo los niveles de deuda pública y la consolidación fiscal con el apoyo a la recuperación. En tercer lugar, algunos países como España hemos acometido importantes reformas estructurales que están contribuyendo a impulsar la recuperación. Sin embargo la implementación de estas reformas en otros países ha sido más limitada. Determinar cuáles han sido las más efectivas y favorecer su puesta en marcha es una de las principales tareas que tenemos por delante. Por último, es fundamental impulsar la inversión para paliar la brusca caída que se ha sufrido a lo largo de la crisis en Europa. Señorías, este es el objetivo de este plan.
En concreto, para que se hagan una idea, la inversión ha caído en Europa aproximadamente un 16 % desde el inicio de la crisis, en el año 2007. Así el nivel de inversión está 370.000 millones de euros por debajo del máximo que alcanzó en dicho ejercicio. Esta caída obedece a diversas razones. En el caso de la inversión pública ha estado muy condicionada por el proceso de consolidación fiscal; un proceso que era necesario para reducir el déficit y para lidiar con las tensiones de los mercados financieros.
En cuanto a la inversión privada su descenso se debe -entre otros motivos- a la propia crisis, a la fragmentación financiera y al necesario proceso de desapalancamiento del sector privado. En algunos países como Italia, Portugal, Irlanda o España esta caída ha sido especialmente intensa. En España el descenso es de cerca de un 40 %; concretamente el 37 %. Sin embargo en nuestro caso esta evolución ha venido en gran medida ligada a la burbuja inmobiliaria previa, y al duro pero necesario proceso de ajuste posterior. No olvidemos el desproporcionado porcentaje del PIB que llegó a alcanzar la inversión en construcción, que en el máximo fue próximo al 20 %, y que en estos momentos está aproximadamente en la mitad de dicho peso.
A continuación paso a detallarles el plan para estimular la inversión en el que venimos trabajando desde el verano, pero cuyos detalles aún se están concretando. El Plan Juncker tiene como objetivo movilizar 315.000 millones de inversión pública y privada durante los próximos tres años. Este plan fue anunciado el pasado julio por el entonces presidente electo de la Comisión Europea. Posteriormente, a finales de noviembre, la Comisión propuso las grandes líneas de este plan de inversiones, que han sido refrendadas en el último Consejo Europeo. Con el plan la Comisión pretende aportar al PIB entre 330.000 y 410.000 millones de euros, y crear 1,3 millones de nuevos empleos. Pese a la cautela que requiere este tipo de estimaciones estas cifras nos dan una idea de la importancia del mismo.
El contenido específico del plan afecta a tres ámbitos fundamentales: la financiación, los proyectos, y las reformas necesarias que se deben realizar con el fin de que la Unión Europea resulte más atractiva para la inversión. Para financiar el plan se va a crear un nuevo fondo europeo para inversiones estratégicas,
que se integrará en la estructura del Banco Europeo de Inversiones, el BEI. Este nuevo fondo estará dotado con una aportación inicial de 21.000 millones de euros; de ellos 16.000 millones serán una garantía del presupuesto comunitario, y 5.000 millones serán fondos comprometidos por el BEI. Pero lo más relevante es que con esta aportación se prevé obtener 315.000 millones en inversión adicional, ya que el plan se basa en un ambicioso efecto de apalancamiento. En particular el efecto multiplicador esperado es que un euro público genere quince euros de inversión total, una previsión que se puede considerar razonable, teniendo en cuenta la experiencia del BEI en prácticas similares. Esto será posible porque el fondo asumirá las primeras pérdidas de cada proyecto, lo que permitirá movilizar flujos de capital privado para los proyectos de mayor riesgo. Por otra parte, el fondo también está abierto a las aportaciones, tanto de los Estados miembros como de las entidades de naturaleza similar a nuestro Instituto de Crédito Oficial, los que se llaman bancos nacionales de fomento.
La Comisión reiteró la semana pasada su intención de mantener una posición favorable respecto a que dichas contribuciones no tengan un impacto en la valoración de las cuentas públicas, a efectos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. A falta de conocer estos detalles y cómo las contribuciones nacionales afectarán a la estructura del gobierno del fondo, en principio creemos que es una oportunidad interesante para España, y tenemos una predisposición positiva respecto a nuestra contribución al mismo. Con el objetivo de que el mecanismo esté plenamente operativo a mediados de 2015 la Comisión presentará la propuesta normativa de creación del instrumento en el mes de enero, y para cumplir con este calendario el Ecofin y el Parlamento Europeo deberíamos llegar a un acuerdo al respecto alrededor del mes de junio. En cualquier caso el Consejo Europeo ha invitado al BEI a iniciar desde principios del ejercicio próximo ciertas actividades, utilizando sus propios fondos y sus procedimientos habituales.
Con relación a las inversiones -el segundo aspecto al cual me quería referir- que se van a financiar dentro del plan, la Comisión ha propuesto crear una cartera de proyectos que garantice la financiación que se genere, y que atienda a las necesidades de la economía real. Para ello los proyectos han de ser económicamente viables y deben tener un claro valor añadido para el conjunto de la economía europea. Esta línea de actuación enlaza con una primera identificación de proyectos que ha llevado a cabo el grupo de trabajo formado por el BEI, la Comisión y los Estados miembros. En este sentido todos los países, incluyendo España, hemos enviado un listado preliminar de proyectos de carácter no exhaustivo y abierto que se han tenido en cuenta en el informe final del grupo de trabajo, publicado el 10 de diciembre. Me gustaría, señorías, insistir en el carácter preliminar de este primer listado de proyectos, que no presupone que vayan a ser incluidos en el plan. No hay ningún compromiso de la Comisión o del BEI de que los dos mil proyectos que están actualmente en las listas, y cuyo importe está aproximadamente en 1,3 billones de euros, vayan a ser los financiados a través del nuevo fondo, y tampoco significa que los proyectos que no estén no vayan a ser considerados. De hecho, según la propuesta actual, la selección de proyectos que finalmente obtenga financiación será realizada por un comité de inversiones ligado al nuevo fondo. Esta selección seguirá criterios técnicos y no políticos, que todavía no han sido especificados en su totalidad. La idea es profesionalizar al máximo esta selección, que los proyectos vayan entrando y saliendo de la cartera según su grado de viabilidad, y garantizar que el apoyo público no expulse inversión privada.
Con este mismo objetivo el Consejo Europeo ha apoyado los planes de la Comisión y del BEI de reforzar la asistencia técnica a proyectos de ámbito europeo. Asimismo ha respaldado la creación de un órgano asesor que dé orientaciones sobre cuáles son las inversiones adecuadas, y canalice información de los proyectos a promotores privados e institucionales. Por otra parte, para asegurar que los proyectos se eligen sobre la base de sus propios méritos no habrá ninguna cuota por países o por sectores. La Comisión solo ha especificado que habrá dos principales áreas de inversión. En primer lugar, se prevé que tres cuartas partes de los recursos del nuevo fondo se destinen a inversiones a largo plazo en infraestructuras, proyectos estratégicos para la Unión Europea, energía, transporte, investigación y desarrollo, educación y eficiencia energética. En este sentido, tal y como ha resaltado el Consejo Europeo, la actividad del fondo siempre complementará, y nunca sustituirá, a los programas ya existentes, tanto de la Unión Europea como del BEI; es el caso, por ejemplo, de la facilidad Conectar Europa dedicada a las infraestructuras, o del instrumento Horizonte 2020 dedicado al I+D. En segundo lugar, se prevé que el cuarto restante del fondo total de los recursos que se canalicen a través del fondo se dirija a pymes y empresas de mediana capitalización. El objetivo es ayudar a estas empresas a superar las limitaciones a las que se enfrentan, proporcionándoles mayores cantidades de recursos propios, así como garantías adicionales para la titulización de alta calidad de los préstamos a pymes. Además esta línea de actuación podría implementarse con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones, el conocido como FEI, que forma
parte del Grupo BEI, y lleva ya dos décadas facilitando garantías a instituciones financieras para cubrir sus préstamos a pequeñas y medianas empresas. Estas áreas prioritarias de inversión son también de gran interés para España, y las hemos tenido muy en cuenta a la hora de elaborar nuestro listado preliminar de proyectos. En concreto hemos enviado proyectos para ser implementados entre 2015 y 2017 por un valor de casi 53.000 millones de euros, tal y como se recoge en la lista agregada publicada. Entre los sectores principales que hemos incluido destacan el energético, el de investigación y desarrollo, y el de los transportes.
Respecto al sector energético este supone casi la mitad de la cantidad total presentada por España, con más de 25.000 millones de euros. Para nuestro país son prioritarias las infraestructuras de interconexión, puesto que asegurarían un funcionamiento más eficiente del mercado único de la electricidad y del gas. En efecto la falta de interconexión obliga a asumir un sobrecoste a España para garantizar el suministro energético, lo que va en detrimento de nuestra competitividad. Además dificulta gestionar las fluctuaciones en la producción de energía renovable, por lo que hace más gravosas las inversiones en este sector. Como ejemplo de una inversión relevante en el sector energético puedo mencionar la del gasoducto Midcat, tercera vía de conexión entre España y Francia. Completar esta inversión permitiría el flujo de gas desde nuestro país hacia el continente, posicionando a España como puerta de entrada de gas hacia Europa, y permitiría diversificar más el suministro español.
Los proyectos de I+D también son prioritarios, y su valor en la lista preliminar asciende a más de 11.000 millones de euros. Se incluyen, por ejemplo, instalaciones específicas para las pymes así como proyectos que refuerzan los vínculos entre la I+D y la educación superior, con la universidad. Los proyectos de I+D privada ocupan también un lugar importante. Van desde los relacionados con el sector aeroespacial hasta los de apoyo a la reindustrialización. Otro ejemplo de proyecto interesante que les quiero mencionar es el despliegue de infraestructura de banda ancha de alta velocidad, fija y móvil.
Respecto al sector del transporte el valor de los proyectos supera los 6.000 millones de euros. Son clave las inversiones para completar la red actual, y para garantizar que las infraestructuras existentes se utilizan en todo su potencial, evitando cuellos de botella. Más de un tercio del valor de los proyectos preliminares de transporte presentados por España corresponde a inversiones en los corredores mediterráneo y atlántico. Estas redes son esenciales para articular el territorio dentro de nuestro país y con nuestros vecinos. El corredor mediterráneo unirá los principales puertos de la costa oeste española con Europa, a través de Francia, desde Algeciras, hasta la frontera en Portbou, pasando por Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña. Por su parte el corredor atlántico unirá España con Portugal y Francia, pasando por ciudades como Madrid, Medina del Campo, Bilbao, San Sebastián, Irún o Algeciras.
Otros sectores relevantes según el valor de los proyectos que hemos presentado son los de infraestructura social, así como recursos naturales y medio ambiente. Estas partidas superan los 10.000 millones de euros en total.
Para terminar, quisiera señalar que en la elaboración de este listado se ha contado con la participación de los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, y las corporaciones locales. La intención del Gobierno, según se vaya definiendo el sistema de selección de proyectos a financiar por el plan, es seguir contando con el apoyo de todos. Solo con la contribución de todos los niveles de la Administración y de todos los agentes económicos seremos capaces de identificar proyectos que cumplan los requisitos del plan, y estimulen el crecimiento de la economía.
El tercer pilar está relacionado con las reformas necesarias para que Europa resulte más atractiva a la inversión. Aunque haya recibido menos atención mediática, quisiera señalar que es una pieza clave para que el plan logre tener un impacto a largo plazo. Se trata de llevar a cabo una agenda económica ambiciosa, eliminando los obstáculos normativos, y estableciendo un marco sencillo, eficiente y predecible para las inversiones. Además este pilar enlaza con la importancia de las reformas estructurales que he mencionado al principio de mi intervención. Es imprescindible intensificar al respecto nuestros esfuerzos en lograr la culminación del mercado único europeo. Para ello resulta de especial trascendencia avanzar en la integración de los mercados de capitales, y en la puesta en marcha de una verdadera unión de la energía, entre otros. Todos estos aspectos que acabo de citarles son esenciales para que el plan logre impulsar la competitividad y el crecimiento potencial de Europa.
Señorías, concluyo ya. El plan de inversiones que acaba de presentar la Comisión Europea y de avalar el Consejo Europeo es una oportunidad para corregir la evolución de la inversión para la economía europea, y así apuntalar la recuperación económica en términos de crecimiento y empleo. Para que esta oportunidad se materialice es necesario que se vayan concretando de la forma más racional y efectiva
posible cuestiones aún pendientes, como son el funcionamiento del nuevo fondo, los criterios de selección de proyectos, asegurando que son económicamente viables, de relevancia europea, y que tienen impacto a largo plazo, y las iniciativas regulatorias a las que se les debe dar prioridad. Señorías, Europa debe continuar trabajando para consolidar la recuperación económica, y el plan que hoy les he expuesto sin duda va en dicha dirección. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su exposición.
A continuación los grupos tienen la palabra. En primer lugar, el señor Moscoso del Prado por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señor ministro, gracias por su intervención que creo que, más que aportar grandes novedades -lo que es importante después del Consejo Europeo del jueves y el viernes-, va a servir para marcar la posición de los grupos de cara a la negociación de este Fondo Europeo de Inversiones que comienza ahora, y que desde luego es positivo, pero como se ha venido publicando estos días en la prensa especializada llega tarde, es tímido, es complejo, sigue siendo muy indefinido, y también es sin duda insuficiente, porque es evidente que si se define y se utiliza bien contribuirá a mejorar la productividad europea, y la economía española en particular, pero esas cifras de crecimiento y de creación de empleo nos parecen excesivamente optimistas, como lo es también el discurso macroeconómico general en el que se engarzan.
Antes de celebrarse el Consejo, los pasados jueves y viernes, había algunos debates importantes que ya se habían cerrado antes de la celebración de la cumbre en Bruselas. Sabíamos ya que las aportaciones nacionales a este plan y al Fondo Europeo de Inversiones iban a computar como déficit. Las conclusiones del Consejo establecen que habrá accesibilidad, pero en las normas existentes, esa fue una batalla perdida. Como se venía reclamando no se van a utilizar fondos del MEDE, ahora que existen otros mecanismos y otros fondos modestos e insuficientes que sin embargo complementan su acción, como es el Fondo Único de Resolución para el Sistema Bancario. También sabemos que para países como el nuestro, como España -y también para el sur en general-, la neutralidad del fondo supone un riesgo para nuestros intereses, puesto que se deberían primar de alguna manera a los países con más desempleo, a los que han sufrido más las consecuencias de la crisis, y también a los países que tenemos menos margen de inversión debido a nuestro déficit público. También hay que recordar que tradicionalmente España y en particular las empresas españolas han obtenido menos recursos europeos que sus homólogas alemanas, holandesas o danesas, debido a su menor desarrollo tecnológico, y también a su menor capacidad para competir en los fondos tecnológicos y de innovación, cuando se hacen en igualdad de oportunidades debido a nuestro menor desarrollo. También hay que hacerse alguna pregunta. Por ejemplo, ¿vamos a recurrir solo a inversión privada en estos momentos en los que los tipos de interés están en sus mínimos históricos? Por todo eso esperamos que la voz del Gobierno español sea clara y contundente en la negociación de la letra pequeña de la aplicación del fondo y de este plan, porque todavía creemos que hay mucho que definir.
Lleva usted, señor ministro, varias semanas haciendo una afirmación que nos satisface, aunque nos parece que es insuficiente. Reconoce públicamente que el tono de la política fiscal europea es ahora neutro, reconociendo que hasta ahora ha sido regresivo, en cierto modo reconociendo el fracaso de lo que se ha desarrollado en los últimos años, de la llamada austeridad, según la cual la Unión Europea -el Consejo- ha impuesto, a instancias de Alemania, una gestión de la economía procíclica, que ha sido desastrosa, y que además no ha permitido avanzar en temas fundamentales. Hemos avanzado mucho en unión bancaria, aunque sigue sin cerrar, seguimos sin un fondo de garantía de depósitos común, seguimos sin un verdadero mecanismo único de resolución, no hemos avanzado en materia de gestión y de mutualización de la deuda pública. Por ejemplo, la situación griega sigue siendo preocupante, pero por lo menos ustedes reconocen que ahora, a pesar de que estamos al borde del estancamiento y de la recesión de nuevo, tenemos una política fiscal neutral. Quizá sea el momento de que ustedes en esta negociación se alineen de manera clara con países como Francia e Italia, y se despeguen de la señora Merkel, que sigue utilizando estas políticas de demanda con excesiva restricción.
Tenemos dudas también sobre la dotación financiera del fondo. Nos ha explicado cómo se va a articular, cuál va a ser su proporción de apalancamiento. Ha habido mucho publicado sobre estos temas, sobre el 15:1, sobre cómo se va a dotar la parte del fondo que tiene que viene del presupuesto comunitario, cómo se van a dotar 16.000 millones de euros del presupuesto comunitario, 12.000 nuevos y 3.000 del periodo anterior, y cómo se va a destinar parte a las pymes. Ha habido algunos economistas que en los
últimos días apuestan por que este plan se centre en la inversión de los proyectos más arriesgados, aquellos que tendrían menores probabilidades de ser financiados por el sector privado de manera espontánea, proyectos donde los efectos multiplicadores sobre la economía, tanto políticos como sociales, sean mayores. En Bruegel, por ejemplo, André Sapir ha publicado recientemente un artículo sobre esta cuestión.
Al mismo tiempo -usted lo ha citado- existen dudas sobre el efecto que puede tener al utilizar fondos comunitarios, como el efecto crowding out o el efecto expulsión, porque hay que recordar que este fondo va a utilizar en su dotación inicial 3.300 millones de euros que estaban inicialmente asignados al programa Connecting Europe, de elevados efectos multiplicadores, y 2.700 millones de euros asignados al programa Horizon 2020, de manera que nos preocupa que se estén contabilizando de manera doble fondos y proyectos que ya estaban presupuestados y planificados, y que incluso eran muy positivos, porque estaban en el eje principal de inversiones que se deben realizar. Por supuesto se debe contribuir a incentivar el aumento neto de la inversión en toda la Unión -usted ha dado unas cifras que ahora repasaremos-, que estaba bajo mínimos en los últimos años. Hay que recordar también que se han presentado ya fondos por el equivalente al 4 % del PIB europeo, mientras que el plan en su conjunto solamente alcanza un porcentaje del 0,8 % del PIB europeo, de manera que va a haber que seleccionarlos de forma clara.
Hay que recordar que en los últimos años -usted lo ha dicho- la inversión en Europa ha caído 370.000 millones respecto a su punto máximo. Tenía cifras parecidas: casi 500.000 respecto al año máximo si contabilizamos la inversión en construcción; pero en definitiva un promedio de unos 300.000 en siete años. Otras cifras calculan incluso 200.000 de media sin contar la construcción. Nos encontramos en definitiva en una horquilla de pérdida de inversión en los últimos siete años de unos 2.000 millones de euros, lo cual evidencia que este fondo puede servir para suplir esa falta, pero muy por debajo todavía de la línea tendencial que se quebró en 2007-2008. Así pues bienvenidos sean todos los esfuerzos, pero son claramente insuficientes. Hay que recordar también que en 2012 hubo un intento al que desde la oposición animamos al Gobierno a que se sumara con fuerza y entusiasmo, como fue el Pacto de Crecimiento y Empleo de 2012, que se negoció cuando llegó el presidente Hollande, y que fue un claro fracaso, y además algunos de esos instrumentos financieros que debían complementarlo, como la emisión de bonos-proyecto o de eurobonos emitidos por el BEI, nunca fueron del volumen o la dimensión que se esperaba. De hecho la única emisión que se recuerda importante en España fue la que se puso en marcha para financiar el malogrado proyecto Castor, por eso creemos que hay que afinar muchísimo más de lo que se ha hecho hasta ahora en la parte financiera de estos proyectos.
Tiene -el Gobierno lo sabe- todo nuestro apoyo para exigir a Alemania otra actitud y otras políticas. Llevamos tres años sin que la voz de España se haya oído con la fuerza que exigíamos. Es evidente -usted lo insinúa con claridad cuando habla de política fiscal neutral- que hace falta otra política de crecimiento en la Unión Europea, un estímulo fiscal claro, una política de demanda que sea capaz de incentivar el crecimiento, porque hoy en día seguir aumentando la productividad de nuestro país solamente por la vía de devaluar salarios no conduce ya a ninguna parte. La competitividad depende de otros muchos elementos, por supuesto de factores -usted ha hablado del largo plazo- de medio y largo plazo, de los cuales depende la competitividad: inversiones en capital humano, inversión en educación, innovación, economía digital, banda ancha, por supuesto -usted las ha mencionado- infraestructuras estratégicas, porque los costes energéticos en España y en la Unión Europea son un lastre para el crecimiento, pero en particular me preocupa mucho el capital humano. Nuestro modelo de crecimiento, el modelo que nuestro país ha seguido en los últimos años no apuesta por la productividad a medio y largo plazo, por el empleo de calidad, por el aumento de los salarios, y ese es el principal elemento que está disparando el aumento de la desigualdad, y desde luego ese modelo de sociedad no es el que mi grupo quiere.
¿Se puede esperar ese cambio de modelo de crecimiento del Plan Juncker? Nosotros creemos que no. ¿Es un paso en la correcta dirección? Creemos que sí, sin duda insuficiente. Estamos en un momento complicado. Hay elementos que quizá apunten a una mejora de la economía española en 2015 -no lo negamos-, pero desde luego el entorno europeo es el contrario.
Hemos hablado -usted compareció hace poco- sobre la política macroeconómica, la política económica, los indicadores. Hay muchos elementos contradictorios y hace falta una política europea clara
de apoyo a la demanda y a la inversión para acompañar las políticas de oferta, porque las políticas de oferta y de reforma sin inversiones que las respalden no serán capaces de garantizar ese modelo de sociedad que quiere mi grupo.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, también quiero agradecer la comparecencia voluntaria del ministro de Economía y Competitividad en esta Comisión para explicarnos con detalle, hasta donde llegan sus conocimientos, cuál va a ser la profundidad de estos 315.000 millones de euros que va a poner la Comisión Europea con el denominado Plan Juncker para incrementar la inversión en todos los Estados de la Unión Europea. Pensamos que a través de este proyecto de inversión se le puede abrir una gran oportunidad a España para canalizar dichos proyectos de inversión en las partes correspondientes, ya que no existe cuota en la distribución de los mismos, sino el concepto de cuál es la competitividad de los proyectos que se puedan presentar, cuál podría ser la rentabilidad europea que se podría obtener en la presentación de los mismos, o cuáles son todos aquellos proyectos que puedan configurar un valor añadido importante para que salgan con un voto favorable cuando se inicie este proceso de selección. En definitiva de lo que se trataría, a nuestro entender, sería de que el Gobierno se esmerara al máximo para poder presentar una serie de proyectos que fueran competitivos, para que España, como miembro de la Unión Europea, pudiera optar a que una parte importante de dichas cantidades viniera a los países del sur de Europa.
Quizá el Gobierno tendría que plantear una estrategia para crear su propia task force, tal como se ha planteado ante los diferentes miembros de la Comisión Europea, entre el Gobierno y las diferentes comunidades autónomas que puedan tener proyectos competitivos susceptibles de ser incorporados en estos grandes proyectos de inversión, así como en los diferentes grupos parlamentarios, en los diferentes agentes sociales que puedan colaborar para definir estos proyectos estratégicos, y en las asociaciones empresariales que pudieran incorporar todos aquellos aspectos positivos que conformaran una definición de prioridades de España para poder fortalecer las inversiones en todos estos aspectos que acabo de mencionar, y que finalmente pudieran ser merecedoras de una nota positiva para que estos proyectos pudieran recabar su inversión para España.
A nuestro entender ya tenemos una definición bastante clara de lo que tendrían que reunir dichos proyectos empresariales para que pudieran ser merecedores de la garantía de ser aceptados. Por una parte -ya lo ha dicho usted en su intervención-, usted sabe perfectamente que España y Portugal son islas energéticas, que tienen una gran dependencia de la energía del resto de la Unión Europea. Estamos con un índice de dependencia entre el 85 % y el 90 %. Por tanto pensamos que las interconexiones eléctricas con Portugal y Francia, que nos permitirían rebajar nuestra factura eléctrica si estos proyectos se definen con el máximo rigor, con el máximo detalle de lo que podría suponer desde un punto de vista de competitividad de nuestra industria, de lo que podría ser la confederación ibérica, podrían ir en la dirección de dar un buen resultado y ser aceptados por la Comisión.
Hay otros aspectos que también consideramos que podrían ser merecedores de optar a incorporarse, como podrían ser las interconexiones gasísticas o el Mitcat, que nos podrían permitir -a un Estado que no tiene materias primas derivadas de los combustibles fósiles tradicionales, o al menos no lo suficiente para no depender del exterior- ser una puerta de acceso del gas de medio mundo para Europa. No tenemos gas ni petróleo, señor ministro, pero con la infraestructura existente en la península podríamos ser un gran hub logístico y gasístico para Europa, librándonos de la dependencia rusa, política y económicamente. Por ello necesitaríamos estas interconexiones, tanto eléctricas como gasísticas.
Asimismo, señor ministro, le planteamos algunos de los aspectos relevantes que podrían gozar de esta gran competitividad que le he señalado al inicio de mi intervención como son los grandes corredores de mercancías ferroviarias ya aprobados en el Programa Connecting Europe Facility. También están los accesos a centros logísticos e industriales que pudieran permitir ganar productividad a nuestras empresas; todos aquellos aspectos relacionados con la I+D+i, que es un aspecto al que podrían incorporarse muchísimas pequeñas y medianas empresas, que podrían gozar de una gran relevancia en este proceso de selección. Y, finalmente, hay otros aspectos que desde el inicio de esta legislatura y en otras anteriores hemos estado manifestando: aquellos que van en la dirección de capitalizar las pequeñas y medianas empresas; es cierto que para este capítulo de capitalización de pequeñas y medianas empresas hay menos recursos, pero para nosotros no dejan de ser muy importantes.
Hay un aspecto relevante que no quisiera dejar de mencionar que es el tema de la competividad. Ya sé que no es un tema que esté relacionado con su comparecencia de hoy, señor ministro, pero cada día recibimos más quejas -por decirlo de alguna manera- de las pequeñas y medianas empresas, de las patronales que incorporan dichos tejidos tan importantes para nuestro grupo parlamentario, de los empresarios autónomos, que nos vienen manifestando que a pesar de los tipos bajos de interés que existen del Banco Central Europeo para las entidades financieras de los diferentes Estados miembros, hoy es difícil conseguir dinero competitivo para proyectos empresariales de pequeñas y medianas empresas. Señor ministro, quiero que usted sepa -se lo hice saber también en la última comparecencia del gobernador del Banco de España- que hoy los tipos de interés para pequeñas y medianas empresas y empresarios autónomos están entre el 7 % y el 9 % -repito, entre el 7 % y 9 % de interés-, que si lo comparamos con los tipos de interés a que las entidades financieras pueden tomar crédito del Banco Central Europeo, usted sabe que en algunos casos no llega al 1 % o al 2 %, y tiro muy largo. Estamos hablando de un diferencial de cinco o seis puntos que cabría considerarlo como intereses que están totalmente fuera del mercado. Esta es una observación que quiero hacer al ministro de Economía y Competitividad, que se ha esforzado muchísimo para que los bancos y las entidades financieras españolas puedan gozar de tipos de interés competitivos del Banco Central Europeo, pero nos encontramos con que cuando el pequeño y mediano empresario o el empresario autónomo va a pedir un crédito a las pocas entidades de crédito competitivas que han quedado en nuestro país -que hay que decir que son solventes-, resulta que dan créditos a unos precios que están fuera del mercado, porque créditos al 8 % y al 9 % -cuando los dan, repito- no dejan de ser unos tipos de interés que están fuera de mercado.
El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra el señor Coscubiela por el Grupo de La Izquierda Plural.
El señor COSCUBIELA CONESA: Quiero comenzar mi intervención agradeciendo al señor De Guindos, que de nuevo tenga la cortesía de comparecer ante esta Comisión, porque es un elemento que destaca más en comparación con otros miembros del Gobierno. Y además he de destacar también su habilidad porque se necesita mucha habilidad para venir a explicarnos aquello que nos han explicado ya los medios de comunicación y que estemos todos aquí tan contentos de que usted haya venido. Es usted hábil, es usted hábil. Pero vayamos al grano.
De entrada lo más positivo para nosotros de este plan es que por primera vez supone, al menos teóricamente, un cambio de paradigma en quienes dirigen la Unión Europea. Parece que los fundamentalistas de la austeridad y del sufrimiento a ultranza han entendido que con eso solo no se va a ningún sitio. La verdad es que han tenido que provocar bastante sufrimiento antes de aceptar que sin inversión pública y privada es difícil salir de ese agujero. Pero, más allá de eso, permítame que le diga que espero que no estemos ante otro plan de garantía juvenil, del que se estuvo hablando durante dos años, 6.000 millones, ha tardado en llegar y sus resultados ya los veremos. En todo caso, nuestras expectativas son bastante más moderadas que las de usted y nos gustaría ser optimistas, pero no nos fiamos de los falsos conversos, es decir, que la Unión Europea le haya encargado este plan al señor Katainen, el ex primer ministro finlandés, que se ha caracterizado por ser el principal obstáculo a las políticas de inversores, merece el chiste fácil de los zorros y las gallinas. No lo voy a decir, pero la verdad es que poner a dinamizar este plan a este señor tiene delito.
Por otra parte, este plan nace con un problema, el nombre no le ayuda: Juncker, ya no solo por el escándalo de haber sido el primer ministro de Luxemburgo que facilitó la evasión y la elusión fiscal de las multinacionales, sino porque ya ha empezado incumpliendo las promesas de la campaña para las europeas. Recuerde, el plan sería dinero fresco y nuevo; ni fresco, ni nuevo y, de momento, ni dinero. Seamos todos prudentes, porque yo al menos no quiero formar parte de un engaño colectivo a la sociedad. Ya lo ha dicho usted, son 21.000 millones, de los cuales 16.000 van a venir del fondo proveniente del marco financiero multianual, y solo 5.000 del Banco Europeo de Inversiones, y además como garantía. Lo más preocupante es que, teniendo al BEI, se le dedique únicamente a hacer de vehículo financiero y no para ser el principal financiador de este plan, y luego me referiré a ello. Tenemos 21.000 millones de euros, o al menos están comprometidos; parece que el BEI se ha comprometido a sacar de ahí un fondo semilla de 60.000 millones de euros. Ese objetivo nos parece serio y fiable; en cambio, lo del multiplicador 1:15 es bastante dudoso. Tengo la impresión de que se ha llegado a la fórmula 1:15 por la vía inversa: prometí 300.000, solo tengo 21.000. ¿Qué proporción es? 1:15, y entonces nos inventamos el 1:15. No es la primera vez que se hace, desgraciadamente eso es una fórmula muy frecuente.
La verdad es que no somos capaces de adivinar cómo de 21.000 millones se pueden situar 315.000. Sí, con la inversión privada; pero de entrada eso tiene dudas en cuanto a su realización y sobre todo dudas en cuanto a su eficiencia, porque someter todo el plan a financiación privada presupone ceder la dirección política del plan. No sé si se conoce en otros idiomas, creo que sí, pero en Cataluña hay una expresión que es preciosa: qui paga mana, quien paga manda. Eso es así y en materia de inversiones lo hemos visto. ¿Qué inversiones se han hecho en el momento de la burbuja en este país? Aquellas de altísima rentabilidad y muy rápidas, no aquellas que necesitábamos. No se ha invertido en el tren de proximidad para los ciudadanos y sí se ha invertido en trenes AVE, algunas de sus líneas muy útiles y otras absolutamente ineficientes. ¿Por qué? Porque invertir para los que construían era de una rentabilidad altísima. A nuestro grupo eso nos produce un proceso importante de dudas. De ahí aparece el primer problema del plan, ¿se va a invertir en aquello que necesite la sociedad europea o se va a invertir en aquello que sea más interesante en términos de rentabilidad para quienes van a invertir? Mucho me temo que, si no se evita, va a ser en ese sentido, y la única manera de evitarlo no es llamar al buen corazón de los inversores, sino ampliar la financiación pública.
En relación con los objetivos y la lista de proyectos, usted ha dicho que se han presentado muchos, que no es exhaustivo, que eso se va a tener que discutir y que hay unas líneas. De todas maneras, déjeme que le diga, señor ministro, que nos ha sorprendido el papel que ha hecho el Gobierno de España en la presentación de estos proyectos, porque de 658 páginas a España le corresponden un folio vuelto, el título y esto que ven ustedes (muestra un folio). Esto es todo lo que presentó España. Se han esmerado mucho ustedes en no ser exhaustivos, porque con esto no soy capaz de averiguar qué quiere hacer España con ese plan y de su intervención tampoco sé nada que no hayamos leído ya en los periódicos. No le digo que lo que ha presentado Bélgica valga más porque pesa más, sino porque en lo que hemos leído se han esmerado un poquito más en concretar qué quieren hacer de ese plan.
Además, me temo que en conjunto el plan nace con una idea poco clara en el conjunto de Europa. En caso de que hubiera plan y hubiera financiación, ¿es posible que pueda haber un plan sin que exista una política clara del conjunto del plan? ¿Es posible combinar en un mismo plan invertir en renovables en Reino Unido y en carbón en Polonia? A nuestro entender, no. ¿En eficiencia energética en Bélgica y en nucleares en Holanda -estoy hablando de cosas concretas-? No. ¿En transporte sostenible en Eslovaquia y en autopistas en Italia? No, no es posible. Nosotros queremos tener las garantías de que este plan no va a servir, por ejemplo, en España para nuevos proyectos Castor, nuevas radiales en Madrid, nuevas líneas fantasmas de AVE y, por supuesto, ningún Fukushima en Europa. Por eso, es muy importante esa dirección y, en ese sentido, le pedimos que nos concrete algunas cosas más de las ideas españolas. Por ejemplo, ¿ese capítulo de inversiones adicionales por razones ambientales inesperadas de 5.000 millones qué significa? Han sido esotéricos ustedes, porque dicen: inversiones adicionales por razones ambientales inesperadas, 5.000 millones. Eso no es cualquier cosa, porque es prácticamente el 10 % del plan. De los más de 6.000 corredores usted nos ha dicho hoy bien claramente que son el atlántico y el mediterráneo, pero ¿con una primacía del transporte por autopistas, del transporte por carreteras o del transporte por ferrocarril? Lo pregunto porque eso cambia el modelo de movilidad. En realidad es muy importante desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la movilidad y de la sostenibilidad ambiental del país.
En el apartado de investigación, nos preocupa que pongan ustedes más énfasis en el soporte de la investigación privada que en el de la pública. No es que no nos parezca importante la privada, pero esto nos parece desequilibrador. En cualquier caso, eso lo podemos discutir. También nos parece preocupante que, siendo el problema estructural del país el desempleo, prácticamente solo el 3,7 % de los fondos sugeridos por España se dirijan a empleabilidad. Además, a usted le he oído hablar hoy de pymes, pero en el papel vuelto, hoja y hoja, que ustedes han presentado no soy capaz de ver dónde están las pymes, y ya le digo que estamos profundamente de acuerdo si eso es así, porque si hay algún problema estructural de este país es el tamaño reducido de sus empresas, que nos convierte en profundamente débiles desde ese punto de vista. Después haré una referencia a qué proyectos creemos que se tendrían que plantear.
En el apartado de alternativas, como sí me creo eso del diálogo -que etimológicamente, acuérdese, es al menos entre dos-, le quiero hacer algunas sugerencias. Es imprescindible que este plan reequilibre la composición del esfuerzo inversor entre el sector público y el sector privado, y Europa debe aprovechar que tiene el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, que, si no tengo mal entendido, es de los bancos públicos más potentes del mundo. Nos sorprende cómo teniendo el BEI una capacidad inversora de cerca de 200.000 millones en estos momentos solo estén en circulación y utilizables 67.000 millones y que las previsiones para el año 2016 es que sean 58.500. ¿Nos puede dar usted alguna explicación de por qué
Europa renuncia a la utilización del BEI como impulsor de esas inversiones? Esta es una gran oportunidad para que a largo plazo se utilice una mayor capacidad de recaudar como Europa, fundamentalmente luchando contra el fraude y la elusión fiscal, como elemento dinamizador de la inversión pública. Por cierto, también nos ayudaría, por ejemplo, a avanzar en el tema -pero a avanzar más rápido, que sea mientras estemos vivos los que estamos aquí, incluso los más jóvenes y afortunados- de la base imponible común consolidada del impuesto sobre sociedades, porque nos podría permitir mejorar bastante los ingresos en el conjunto de las administraciones. Estas son ideas con relación a la mejora de los ingresos y a su reequilibrio entre ingresos públicos y privados para dotar también a ese plan de mayor eficiencia.
Con relación a la inversión, sugerimos tres grandes ideas. Nos parece bien que el sector energético sea un sector determinante, pero no sé si coincidimos en la letra pequeña, porque si el sector energético es el determinante, pero para que el dilema sea hidrocarburos o hidrocarburos, hidrocarburos autárquicos o hidrocarburos interconectados, se pierde la oportunidad. Esas inversiones deberían servir para que Europa abordara la reforma en su sector energético en términos de más sostenibilidad ambiental: reducir la dependencia del petróleo y hacer de nuestra economía una economía más verde, que nos va a aportar no solo eficiencia energética, sino que le recuerdo que no se equivocan los que dicen que de la misma manera que el Estado social fue el gran creador de empleo en el siglo XX, la Europa verde o la sociedad verde puede ser el gran yacimiento de empleo del siglo XXI. En este sentido, he terminado.
Segunda cuestión, las pymes. Sería importante que nos pusiéramos de acuerdo en qué queremos apoyarlas. ¿Para que continúen siendo pequeñas? No; justo lo contrario, para que dejen de ser pequeñas. Por tanto, todas las subvenciones a las pymes para que sean utilizadas por las grandes empresas como factor de externalización productiva e ineficiencia fuera; no así las ayudas a las pymes para que crezcan e innoven. Hay una cosa que no se ha hecho aún en España y es dejar que las pymes puedan agruparse en proyectos de innovación que les permitan crecer en cuanto a su tamaño y su capacidad.
Por último, el modelo de movilidad. Es imprescindible. Siempre se habla de la dependencia del petróleo y no se apunta mal, porque la dependencia del petróleo no tiene solo que ver con la producción eléctrica. Nuestra principal dependencia del petróleo es un modelo de movilidad obsoleto porque está basado en las carreteras para la logística de las empresas. Alguien ha creído que externalizando los costes a los autónomos del transporte iban a ser más eficientes y hemos terminado todos siendo bastante más ineficientes, con un coste en términos medioambientales brutal, con un coste además de ineficiencias posteriores muy brutal. Hay que apostar claramente por el ferrocarril como cambio de modelo logístico y hay que apostar claramente porque ese modelo de movilidad sitúe a los ciudadanos como prioridad, porque, en el fondo, que las jornadas de los trabajadores de ocho horas -es un deseo, aparte de una reivindicación y una conquista del siglo XX- se conviertan en diez y quince por un modelo de sostenibilidad, por un modelo de movilidad obligada de los trabajadores obsoleto, que no tiene en cuenta a los ciudadanos, es el factor de ineficiencia más grande que tiene este país. Si de verdad usted quiere entrar en el diálogo en relación con qué propuestas podemos hacer, sugiero que encontremos un mecanismo que sea menos monólogos y más diálogos. Si es así, nos va a encontrar.
El señor ANCHUELO CREGO: Señor ministro, bienvenido a esta comparecencia para explicar el Plan Juncker, un plan que mi grupo acogió inicialmente con mucho optimismo, pues nos parecía un cambio en la filosofía de las políticas europeas reconocer la necesidad de mayor inversión, un componente que los programas de recorte han perjudicado especialmente, con daños potenciales para el crecimiento, y en principio la cifra nos parecía muy considerable: 315.000 millones de euros, pero es cierto que al leer los detalles de este plan y escuchar ahora sus explicaciones uno se da cuenta de que detrás de esa grandiosidad inicial el proyecto es menos ambicioso de lo que parece, desde luego menos ambicioso de lo que sería necesario dada la situación de estancamiento de la economía europea, porque no deja de ser un ejercicio de alquimia financiera pretender movilizar 315.000 millones a lo largo de tres años aportando tan pocos recursos públicos reales. La aportación de recursos nuevos es prácticamente inexistente. Son fondos presupuestarios europeos ya existentes y una pequeña aportación del Banco Europeo de Inversión. Este nivel de apalancamiento del que usted hablaba del 1 a 15 tiene como mínimo dos inconvenientes: que esas inversiones privadas realmente se materialicen y el retraso desde que esto se está poniendo en marcha hasta que acabe actuando, porque hay que seleccionar los proyectos, tienen que lograr los permisos, tienen que ponerse en marcha, tienen que repercutir sobre la economía. Imagino que antes de
finales del año próximo es difícil que esto tenga una repercusión sobre la economía real. En ese sentido, nos parece un programa que va en la dirección adecuada, pero se queda bastante corto para las necesidades de la economía europea y española en el momento actual.
Pasando a la participación concreta de España en el Plan Juncker, que usted ha comentado también -y que, al fin y al cabo, es lo que depende más de nosotros-, es cierto, como comentaba otro portavoz, que ha habido ciertas acusaciones en los medios de inconcreción de la propuesta española y casi de falta de diligencia. Yo no me atrevo a afirmarlo, sinceramente, tal vez usted tenga una explicación que nos pueda dar, pero sería bueno que respondiese a estas afirmaciones de que en el caso español no ha habido tanta concreción como en otros países. En caso de que así sea, ¿eso tiene una explicación, como quiero creer que tiene?
Si hay algo que preocupa a mi grupo -y más a la luz de su intervención- es que este plan no tiene cuotas territoriales. Es un plan que se basa en la rentabilidad de los proyectos y, si eso es así en Europa, querríamos que fuese lo mismo en España. Según los periódicos, hoy se reúne la presidenta de la comunidad andaluza con el presidente del Gobierno para hablar de la participación de Andalucía en el Plan Juncker. Creemos que no debe repartirse por cuotas dentro de España un programa que no se reparte por cuotas dentro de la Unión Europea. En ese sentido, querría algún detalle adicional sobre si esto va a ser así o cómo va a plantear la relación de las comunidades autónomas y ayuntamientos con este programa a nivel español. No olvidemos que estamos en un periodo preelectoral en el que se corre el riesgo de priorizar proyectos en los que más que la rentabilidad a largo plazo se tienen en cuenta otras cuestiones.
Este plan permite realizar aportaciones adicionales nacionales, como usted bien ha señalado, pero en su explicación hay algunas cosas que no han quedado muy claras, al menos a mí. Estas aportaciones adicionales ¿computarían para el déficit o no? Usted ha dicho que hay una predisposición a que no sea así, pero no ha quedado muy claro. Ha dicho también que hay una predisposición española, pero sin especificar ninguna cuantía u orden de magnitud. ¿En qué medida está claro si esto va a repercutir en el déficit o qué ideas de futuro habría sobre esas aportaciones? Le agradecería que pudiera ser un poco más concreto.
Creemos que este programa habría que encuadrarlo en el marco más amplio de las políticas europeas y hasta ahora el Gobierno español ha sido uno de los Gobiernos europeos que ha apoyado una estrategia de políticas europeas que se ha demostrado que no iba en la dirección adecuada. En ese sentido, querría saber si ha habido un cambio en la postura del Gobierno español -le animaríamos a ello- sobre la estrategia europea para salir de la crisis, que creemos que no puede lograrse solo con planes como el Plan Juncker. Al final, la política fiscal esencialmente sigue en manos nacionales y, si no hay una coordinación entre las políticas fiscales nacionales y si los Gobiernos que tienen margen -como Alemania o los países centroeuropeos- no se implican más en las políticas fiscales que ellos sí pueden emprender, es difícil de aceptar la demanda. Si el Banco Central Europeo no se implica más en cuestiones como la compra de deuda pública, estos planes tendrán un efecto insuficiente para las necesidades de la economía europea.
Nos ha ahorrado usted -si me permite la palabra ahorrado- un debate sobre política económica general que habría sido difícil hacer en diez minutos y mezclándolo con el Plan Juncker del orden del día, pero hay una cuestión de política económica doméstica que querría señalar. Desde su última comparecencia ha habido una novedad importante en el panorama económico internacional, que es la fuerte caída de los precios del petróleo. Esto, ya que hoy estamos en un día de lotería, para un país tan importador y tan dependiente de las importaciones como España es un auténtico premio gordo. Para que eso se traslade a familias y empresas la caída del precio del petróleo debe reflejarse de la manera más clara posible en la caída del precio de los combustibles. Hay todo un debate en la sociedad, e incluso en instancias oficiales, sobre si ya se ha reflejado lo suficiente o no es así y los combustibles caen menos de lo que podrían por problemas de falta de competencia en el sector. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia parece más en la línea de la falta de competencia y mi grupo también. Es conocido históricamente que es un sector oligopolístico y que ha habido prácticas de colusión en el pasado. Usted hace unas semanas parecía apuntar en esa dirección y quería preguntarle si el problema existe y si se van a tomar medidas para que familias y empresas vean reflejadas en sus facturas de combustible la fuerte caída del precio del petróleo, de forma que este rayo de luz que ha aparecido en un panorama oscuro en general tenga los mayores efectos posibles.
En último lugar, pero no menos importante, está su primera comparecencia después de que haya habido algunas novedades importantes en el caso Bankia en sede judicial. Quiero sacar este tema con la legitimidad de que es un asunto sobre el que nosotros hemos debatido desde el inicio de la legislatura y que mi partido, Unión Progreso y Democracia, ha promovido en un proceso judicial que muchas de estas novedades hayan salido a la luz. Nosotros planteamos el caso Bankia desde tres perspectivas: aclarar lo sucedido, exigir responsabilidades e intentar resarcir a los afectados.
Desde el punto de vista de aclarar lo sucedido, desde el inicio de la legislatura llevamos un debate en el que nosotros afirmábamos que los supervisores estaban politizados y habían mirado hacia otro lado en la salida a Bolsa de Bankia o en la salida de las preferentes, y eso siempre se nos negó de forma indignada tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular. El Partido Socialista dice ahora que hay que descolonizar a los supervisores; entiendo que si hay que descolonizarlos estaban previamente colonizados, y usted el otro día en sede parlamentaria hablaba de que el Gobierno forzó voluntades e hizo que los supervisores miraran hacia otro lado. ¿No cree que debería detallar más esas afirmaciones? Entonces, ¿sí estaban los supervisores politizados? ¿Sí que tuvieron cierta responsabilidad? Porque en debates anteriores no era esa la postura.
La segunda cuestión es exigir responsabilidades. En intervenciones anteriores usted hablaba de que eran cuestiones del pasado, que usted no era el ángel exterminador, y yo le decía que era un tema mal cerrado. Después de lo que se ha sabido de las tarjetas black, después del informe de los peritos en el caso Bankia, ¿sigue usted afirmando que estos son problemas del pasado o son cuestiones mal cerradas en las que aún quedan cosas por hacer?
Por último, está el resarcimiento de los afectados. Los afectados son desde luego los 347.000 accionistas que compraron acciones de Bankia con un folleto que ahora sabemos que no reflejaba verdaderamente la situación de la entidad. También están los que compraron participaciones preferentes; del medio millón de preferentistas, casi la mitad son de Bankia. Tras esta novedad, respecto a los preferentistas, nos encontramos con la situación de que aquellos que han ido a procedimientos de arbitraje pueden acabar viéndose perjudicados, porque al ir al arbitraje renunciaron al procedimiento judicial, y si queda acreditado que las cuentas no reflejaban la situación de la entidad, podrían tener derecho a recuperar la totalidad de su inversión, que es lo que nosotros hemos pedido desde el principio. La gran novedad está con los accionistas. El señor Goirigolzarri afirmaba el otro día que Bankia tiene recursos suficientes para hacer frente a esas demandas. En ese caso le pregunto: en vez de esperar a una cascada de procesos judiciales y que estos accionistas estafados vayan recuperando poco a poco su inversión, ¿no debería el Gobierno comprometerse, si Bankia tiene recursos, a devolver a los accionistas estafados las cantidades invertidas?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: En primer lugar, quiero agradecer al ministro su comparecencia y explicaciones a pesar de que, sinceramente, señor ministro, este tema del Plan Juncker no dé mucho de sí, más allá del reconocimiento por parte de la Unión Europea de un fracaso estrepitoso de la política económica.
Estamos en una situación económica en la que el crecimiento es bajo, las perspectivas de crecimiento son bajas, el desempleo es alto, se prevé que el desempleo permanezca en niveles muy elevados durante bastante tiempo y hay quien incluso habla de riesgos de deflación. Yo creo que estamos en una situación realmente complicada. En este punto, de repente la Unión Europea parece que se da cuenta de que hay que hacer algo diferente porque lo que se ha hecho hasta ahora nos ha conducido a la situación en la que nos encontramos. Por ahí está Draghi anunciando una serie de medidas, aunque anuncia mucho y hace poco, porque desde que dijo lo de whatever it takes en el año 2012 ha hablado más de lo que ha hecho. Al menos está haciendo algo porque entiende que algo debe hacer; en nuestra opinión es insuficiente, pero algo es algo.
La nueva Comisión, con el presidente Juncker a la cabeza, trata de impulsar un proyecto que nosotros consideramos absolutamente insuficiente. Si usted nos ha dicho que la diferencia de inversión del año 2007 al actual está en torno a los 370.000 millones, hablar de 315.000 a tres años y de la manera que nos ha explicado, no creo que sea realmente valiente ni suficiente como medida de choque que permita salir de esta situación de impasse, de falta de crecimiento y de generación de empleo, por mucho que se diga que
va a generar 1.300.000 empleos a nivel europeo. Porque esto es poco importante, ya que a nivel europeo 1.300.000 no serían muchos; no lo serían ni siquiera a nivel del Estado español, o sea que a nivel europeo bastante menos.
Se necesitaría un auténtico giro de la política económica y este plan no lo es, por lo menos en nuestra opinión. Porque aquí se combinan dos cosas, el milagro de los panes y los peces y el cuento de la lechera. Estas dos combinaciones, una fábula y un milagro, tratan de suplir a la política económica; y la política económica tiene o debe tener poco de cuento, poco de moral y poco de religión; son más los ingredientes de la política económica. Y cuando la demanda -como es el caso- está deprimida, lo que hay que hacer es adoptar medidas de impulso a la demanda, pero de verdad. Este ejercicio -un poco fantástico- de coger 16.000, por una parte -pero que, además, no los cojo porque ya los tengo-, después reasignar el presupuesto comunitario -y ningún Estado está dispuesto a pagar más al presupuesto comunitario, con lo cual, hay que hacer virguerías- y decir que se va a dedicar a un plan de choque y después le sumo 5.000 millones del BEI -además, según leí el otro día, el BEI no quiere poner mucho más porque quiere seguir manteniendo la triple A, como lo hace Standard & Poor's, es decir, lo que quiere es tener el rating más elevado posible-, nos parece bien, pero estamos en un momento en el que el BEI y Europa tienen que apostar de verdad.
Sinceramente, no entiendo cómo se ponen 16.000 millones y se eleva la inversión a 315.000 en estos proyectos que usted me está diciendo, como infraestructuras, energéticas, I+D, etcétera. ¿Por qué va a entrar el sector privado ahí? Salvo que se les dé la explotación de esas infraestructuras a lo largo del tiempo; es decir, que haga dejación -como también se ha dicho aquí- el sector público en materia de inversión pública y se les dé la explotación no sé si de los AVE o de qué. Para que la inversión privada tenga interés en entrar en estos proyectos, tendrá que tener alguna rentabilidad razonable. Y en un proceso de inversión tan importante, que los recursos europeos se pongan como avales para que la inversión privada entre en los ámbitos de la inversión pública, que luego van a tener una rentabilidad que va a derivar a la inversión privada o a los empresarios privados, sinceramente, no lo entiendo muy bien.
Habrá leído usted ayer al señor Ontiveros, en un artículo en El País, que decía que tal y como están los tipos de interés se podría conseguir dinero lo suficientemente barato como para impulsar un proyecto de inversión realmente valiente y público, con dinero público. ¿Que luego viene la iniciativa privada? Magnífico ¿Que colabora? También. Todo lo que sea mayor inversión, perfecto. Pero lo demás, señor ministro, insisto en que es un poco el cuento que les decía, sobre todo el de la multiplicación, porque lo del 1 al 15...Yo creo que esto es mejor de uno a uno. Es decir, yo pongo y gasto; y no, yo pongo y animo a la gente, y no sé por qué arte de birlibirloque... ¡Esto no es un multiplicador de consumo, creo yo! Usted me lo explicará, porque si descubrimos de qué manera poniendo 1 euro podemos comprar por 15 o invertir 15, esto sería una maravilla para todos los consumidores. Sabemos que en esto no hay milagros, desgraciadamente. No vayamos a confundir y tengamos la sensación de que, efectivamente, tenemos un enorme plan de choque cuando, en definitiva, tenemos 4 euros reasignados que decimos que tienen un efecto multiplicador porque van a animar al sector privado a invertir. El sector privado ya se animará a invertir si hay condiciones económicas en Europa, si hay perspectivas de crecimiento económico suficientes. Lo demás es un poco engañufla, si me permite decirlo así, de forma absolutamente cariñosa.
Además, hay otra cuestión. Ahora dice que estos van a ser criterios técnicos -habrá un comité de gente muy lista- y que además no va a haber un criterio territorial. Si estamos intentando instrumentar una política económica que impulse la actividad de aquellas zonas más deprimidas, que puede ser una necesidad, posiblemente las inversiones que haya que hacer en el sur de Europa -en el que creo que nos encontramos- tendrían que ser mayores que las que se hagan en otros ámbitos, porque son zonas en las que el crecimiento puede ser bajo, el desempleo alto y posiblemente sean áreas en las que se requiera un impulso más importante. Se dice que van a hacer un análisis técnico. Imagínese que de repente salen todas las inversiones en Alemania. Pues muy bien para los alemanes y por el cierto arrastre que después pueda tener, pero desde luego el efecto directo no lo tendríamos nosotros, y eso es lo que nos hace falta para salir -insisto- de esta situación de atonía y desempleo. Por eso, es insuficiente, es básicamente márquetin y sería un error -como ha sucedido en otros planes que ha habido en Europa también- que se quede simplemente en papel mojado y en márquetin. Se lo digo de esta manera porque la situación es tan complicada que requiere una concienciación y medidas contundentes. El márquetin y un lifting más o menos apañado no son suficientes ni es lo deseable. Se
necesita un Plan Juncker -insisto- serio, con una cuantía relevante, con una aplicación relativamente inmediata, con un compromiso de todas las instituciones, no solo del Banco Central Europeo sino también del Banco Europeo de Inversiones, que tengan posibles económicos para impulsar esta política económica. Cuando vaya por el BCE, señor ministro, dígale que intervenga ya, porque nos tiene medio locos: que sí, que no, como La Parrala. Es decir, intervenga, calme los mercados y haga algo por la inflación, aunque sea solo un poquito.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del ministro y poner en valor también esa prontitud por comparecer.
Yendo al fondo de la cuestión, al principio, cuando oí hablar del Plan Juncker, tenía la sensación de que era una música que me gustaba, era buena la música. El problema es que al ver la letra que está detrás de esa música es cuando viene la decepción. Creo sinceramente -y no me alegro de ello-, que detrás de este plan hay mucho márquetin, pero no hay un plan real de relanzamiento de Europa. Al final es no acabar de reconocer que la política europea que se ha seguido hasta la fecha no es la adecuada. Se ve que hay que cambiar y esa es la música -efectivamente, hay que hablar de inversión-, pero se sigue con el freno de mano echado. Así no hay forma de avanzar, o se avanza de mala manera. El plan, cuando descendemos a los detalles, es muy decepcionante. Usted ha puesto en valor el crecimiento de la economía del Estado español y a nosotros nos parece bien. Usted decía que si a Europa le va bien, a España le va bien; si a Europa le va bien y a España le va bien, a Euskal Herria le va mucho mejor. Por tanto, no nos alegramos de que vayan mal las cosas en Europa o de que vayan mal en España. Vemos que este plan no pone las bases para que vaya mejor la economía en el conjunto de la Unión Europea ni tampoco en el conjunto del Estado español. Si vamos a los datos -algún portavoz ya lo ha señalado-, la aportación real de la Unión Europea es de 21.000 millones de euros. Sin embargo, la mayoría de esos 21.000 millones de euros son reasignación de fondos, es decir, realmente fondos nuevos solo hay unos 2.000 millones y creo que son muy pocos para relanzar la economía del Estado español; el resto sale de otras previsiones, del Banco Europeo de Inversión sobre el propio presupuesto comunitario. La mayoría se fía a la inversión privada, con esa ratio, ese apalancamiento de 1 a 15, que a mí me suena a burbuja financiera. Es decir, la experiencia nos dice que en casos anteriores y recientes de la Unión Europea los apalancamientos de 1 a 10 han fracasado. Esa es la experiencia real de los últimos años en la Unión Europea. Por tanto, si de 1 a 10 han fracasado, al menos nosotros no nos fiamos de que de 1 a 15 vayan a tener éxito. Creo que detrás de esto hay una operación de ingeniería financiera que puede llevar a una nueva burbuja financiera en el seno de la Unión Europea, algo que dada la experiencia que tenemos del pasado resulta preocupante.
Respecto a la voluntad de impulsar inversiones privadas en sectores tales como las infraestructuras, creo que las inversiones en el cemento pueden ser rentables en el corto plazo para esas grandes empresas que están implicadas en el sector de la construcción, pero a medio plazo pueden suponer un agujero importante para las finanzas públicas. En el Estado español tenemos el ejemplo de todas esas inversiones en autopistas que al final fueron rentables para quien las construyó pero que están suponiendo un agujero importante para el erario público, y detrás del Plan Juncker podemos ver ese peligro de forma importante. En nuestra opinión, habría que impulsar más la inversión pública, quizá a través de la figura de los eurobonos, de manera que recojan la liquidez que hay en el mercado, porque es evidente que hay liquidez en el mercado. Lo que no es tan evidente es que esa liquidez se vaya a canalizar hacia inversiones socialmente sostenibles, rentables social y económicamente para el conjunto de la Unión Europea. Otra opción sería recurrir a los bonos MEDE, que podrían ser comprados por el Banco Central Europeo y producirse así una reorientación de la política del conjunto de la Unión Europea. Otra preocupación respecto a este plan son las declaraciones que ha hecho el presidente del Eurogrupo -cuyo nombre no me atrevo a reproducir aquí porque es prácticamente innombrable-, en las que dice que este plan será importante siempre que vaya acompañado de reformas, y vuelve a insistir en recortar los costes laborales, cuando el problema de la competitividad de la Unión Europea no está ahí, o al menos no en la parte de costes laborales que se refiere a los costes salariales, y sí en problemas como la falta de demanda interna. Asimismo, vuelve a hablar de utilizar el IVA como elemento reequilibrador y de acabar con las barreras proteccionistas en el sector servicios, elemento que me preocupa porque yo defiendo la economía de proximidad, que es la que da cohesión social y proporciona una base sólida para el crecimiento. La política contraria lleva a una prevalencia de los grandes grupos económicos o empresariales internacionales
que va en contra de la calidad de vida y de la economía de proximidad que es importante impulsar. Esa es otra de las sombras que se ciernen sobre la eficacia del Plan Juncker.
Si vamos a los proyectos concretos, por parte del Estado español se habla de grandes líneas pero se concreta poco, algo que nos vuelve a preocupar. Es decir, cuando se habla de infraestructuras nos vuelve a preocupar que dichas infraestructuras se basen más en el cemento que en la rentabilidad económica y social, y tenemos el ejemplo de la red de alta velocidad, cuya mayor parte no es rentable ni económica ni socialmente, elemento de reflexión que habría que poner encima de la mesa. Se está hablando de las interconexiones, que pueden ser un elemento positivo, pero también habría que impulsar lo que se denominan infraestructuras verdes para apoyar la economía verde. También es importante el apoyo a las nuevas tecnologías, uno de los grandes déficits que existen en el Estado español en el que hay que avanzar. Habría que avanzar también en un compromiso mayor por parte de las instituciones públicas a la hora de apoyar, por ejemplo, el software de código abierto, elemento importante para reducir costes de las propias administraciones y para impulsar un sector de la economía que permanece latente y que puede ser importante en el seno de la Unión Europea, porque está bastante olvidado. Asimismo, es importante recabar apoyo para las pequeñas y medianas empresas, elemento también fundamental, apoyo que hoy por hoy sigue siendo insuficiente en el seno de la Unión Europea y en el seno del Estado español. También -y algún otro portavoz se ha referido a ello- la dificultad para acceder al crédito a precios razonables es un elemento importante, y no hay suficiente compromiso por parte de las instituciones públicas para apoyar ese acceso -no diría privilegiado sino necesario- de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos, de la economía social al crédito que puede impulsar su relanzamiento.
Expresamos nuestro escepticismo sobre este Plan Juncker y no nos alegramos de ello, nos gustaría que fuese un plan real, pero en los datos que tenemos encima de la mesa cuando se desciende a los detalles vemos que hay demasiado humo y poca sustancia, y creo que ahí es donde el Gobierno español, a través de su presencia en la Unión Europea, en el Consejo, etcétera, debería presionar para que el cambio de política de la Unión Europea sea real, para que se vuelva a apoyar la economía productiva, para que se vuelva a apoyar la inversión de verdad pero con más peso en los fondos públicos y con mayor compromiso por parte de las instituciones. Es importante la estabilidad fiscal pero hemos repetido muchas veces que esa estabilidad fiscal no debe sustentarse en el recorte del gasto social, sino que debe basarse -al menos en el caso del Estado español de forma evidente- en el recorte del fraude fiscal. Estamos ante un problema de ingresos, no un problema de gastos, y precisamente el cambio de la política europea tiene que estar basado en la rentabilidad social y medioambiental, en la sostenibilidad social y medioambiental, y creo que esos elementos no están suficientemente presentes en este Plan Juncker.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor ministro, gracias por su comparecencia. Ha estado frecuentemente aquí y además informando a la Comisión de los hitos más relevantes que van sucediendo. Hoy, día 22, desde luego el Plan Juncker no es el gordo de la lotería, que por cierto ha tocado ya. El Plan Juncker no puede suponer -y es la primera reflexión que quiero hacer en nombre de mi grupo en las breves palabras que voy a decir- un cambio en la política económica de la Unión Europea. Si lo que estuviéramos transmitiendo a la opinión pública fuera un cambio del camino a seguir, diciendo que hay un nuevo maná que cae del cielo, que es el Plan Juncker, y que eso nos exime de los esfuerzos para sacar a la economía adelante, desde luego yo no estaría de acuerdo. No estoy muy seguro de que exista -y es un debate que hemos tenido en esta Comisión durante años- una dicotomía absoluta entre las políticas de oferta y las de demanda. Hay que trabajar para que haya un mix de políticas que permitan que la economía funcione pero no podemos ver las políticas de oferta como un atajo para avanzar más rápido. Recuerdo en el año 2004 aquel: Conmigo más y mejor, con el que se trataba de echar gasolina al fuego, que dio muy mal resultado a medio plazo. Ni siquiera se pueden cerrar los ojos a la realidad, como también sucedió con el PlanE y cosas por el estilo. Se trata de continuar con las reformas estructurales, con el control del déficit público y a la vez plantear proyectos estratégicos que contribuyan al crecimiento y a la competitividad del conjunto de la Unión Europea; no debemos renunciar a ello. Creo que sería un mal mensaje si el Plan Juncker llevara a los ciudadanos europeos la sensación de que hemos cambiado hacia unas políticas de demanda, que todas las políticas de oferta hay que olvidarlas y que no hacen falta ni reformas ni control del déficit; sería un error. España es la demostración de que con reformas, con
estabilidad y con austeridad se puede avanzar -aunque sea lentamente-, se puede tener crecimiento, se pueden tener diferenciales de crecimiento con el resto, se puede ir recortando la posición con respecto al resto de países europeos.
Ahora estamos en una situación de vientos favorables. Algún portavoz -creo que era el señor Anchuelo- hablaba de que nos había tocado la lotería con el precio del petróleo. Efectivamente, los vientos son favorables: el precio del petróleo, el tipo de cambio del euro, la financiación de las pymes y de las administraciones, que pueden seguir teniendo dificultades, como señala el señor Sánchez i Llibre, pero al ver las estadísticas del Banco de España uno se da cuenta de que los tipos de financiación han bajado; serán insuficientes, pero han bajado respecto a hace un año. La moderación salarial es otro de los datos que nos hacen pensar que el año 2015 va a ser mucho mejor, que en el año 2015 nos vamos a mover en un entorno mejor. Pero hay que seguir teniendo desplegadas las velas en la dirección correcta, con reformas y control del déficit, porque si los vientos son favorables pero las velas se ponen en mala dirección puede ser un desastre. A pesar de que el entorno es favorable, hay que seguir poniendo las velas en la dirección adecuada.
El señor Azpiazu hablaba de los milagros. Decía Juana de Arco cuando le interrogaban los jueces que Dios solo ayuda a quien se ayuda a sí mismo. Es decir, no se puede pensar que el Plan Juncker puede ser algo caído del cielo que nos exime del esfuerzo; hay que seguir trabajando y haciendo los deberes. Creo que en el año 2015 nos vamos a encontrar con crecimientos superiores a los esperados, con creación de empleo superior a lo esperado, y con el Plan Juncker puede ser, si se hace bien, miel sobre hojuelas, puede ir todavía mejor. Ahora, señor Azpiazu -lo tenía apuntado-, yo creo en el milagro de los panes y de los peces, pero no en el poder taumatúrgico ni de Juncker ni de la Unión Europea. Son proyectos que solo saldrán bien si se hacen bien, si se diseñan bien, si son proyectos globales, si son rentables, si son proyectos en los que alguien tiene interés en poner financiación y además puede ponerla; si son proyectos en los que no pueden participar solo administraciones, sino también el sector privado, que tiene que estar ahí, y si además son proyectos que hacen más competitivo al conjunto de la Unión. Si ahora con el Plan Juncker nos dedicamos, siguiendo la teoría keynesiana, a hacer agujeros y que otros los vayan tapando, esta puede ser muy buena política de demanda, pero desde luego absolutamente errónea. Hay que buscar proyectos en nuestro país -y existen- que puedan mejorar nuestra competitividad, para los que se puede encontrar financiación, no sé si 1 a 15, 1 a 14 o 1 a 22, pero donde puede haber un efecto de apalancamiento que ayude a la economía y donde hay muchas personas que pueden ayudar con financiación. España tiene por delante un reto, y es que las decisiones en el conjunto se tomen de la manera correcta. Lejos de mi intención está decir algo en contra de lo que ha dicho el ministro, pero ha aludido a una cuestión que me voy a permitir moderadamente señalar. Decía: en la elección de los proyectos no se van a seguir criterios políticos. En esta Comisión estamos muy cansados de que para la elección de los cargos ser político sea un efecto altamente negativo, y si para la elección de los proyectos tampoco se utiliza a los políticos, acabamos dando el poder a los funcionarios de Bruselas, cosa que tampoco parece lo mejor. Acabarán haciendo los proyectos los funcionarios de Bruselas por indicación de los señores de Alemania y entonces será un lío. Dejo ya la broma.
Es muy importante que el Gobierno español, como lo está haciendo, esté participando activamente, que se elijan buenos proyectos que sean rentables -en nuestro país los tenemos- y que no sea por cuotas territoriales de países ni de comunidades autónomas, pero que se elijan, porque cuando hay que elegir hay que tener fuerza para que se elijan los que para tu país son mejores. En España tenemos muchos en el sector energético, pero también en las infraestructuras, en puertos se puede seguir avanzando y además hay efecto multiplicador de inversores privados que lo pueden necesitar, y moderadamente en carreteras. Decía el señor Coscubiela que no le gustaba el AVE. Excepto cuando él va a Barcelona en AVE y los de Murcia vamos en carricoche. Seguro que hay proyectos que se pueden seleccionar y hay que trabajar para seleccionarlos.
Muchas gracias, señor ministro, por su intervención. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: El ministro tiene la palabra para contestar.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Voy a hacer dos consideraciones generales que han estado presentes en todas las intervenciones y después me referiré brevemente a las consideraciones que ha hecho cada uno de los portavoces. En primer lugar, hay algo en lo que estamos de acuerdo. Una cosa buena del Plan Juncker es que identifica lo que teóricamente es la variable macroeconómica que se ha quedado más retrasada desde el inicio de la crisis, que es la inversión.
La inversión está claramente por debajo de los niveles que teníamos el año 2007. Hemos identificado una de las razones fundamentales de la crisis en Europa e intenta ir ahí.
Desde el punto de vista académico, existen numerosas teorías sobre qué es lo determinante de la inversión. Tenemos desde las más keynesianas, que hablan de que la inversión está ligada a la evolución de la demanda global, la teoría famosa del acelerador, a la más neoclásica, en la cual se indica que la inversión depende del retorno esperado de un proyecto de inversiones en relación con el coste de financiación de las mismas. Aquí -lo ha dicho el señor Moscoso- tenemos un problema, porque en este momento los tipos de interés en Europa son extremadamente reducidos, son muy bajos si uno mira la curva de tipos de interés que existen en Europa, en un país como España, y cómo se están financiando, y sin embargo, la inversión no tira, no aumenta. Tiene que ver fundamentalmente con que en Europa, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, a pesar de que los tipos de interés son bajos y hay financiación a tipos reducidos, sin embargo los inversores le ponen una prima de riesgo al retorno esperado de los proyectos de inversión que hace que estos no se concreten como en Estados Unidos. ¿Por qué tenemos esa prima de riesgo adicional? Esa es la razón fundamental por la cual nos tenemos que preguntar. La razón puede ser que tenemos una situación de muchísimo endeudamiento del sector privado, lo cual ocurre en algunas economías, y lógicamente no se puede endeudar más. Puede ser también porque el nivel de confianza de los inversores se ha reducido y esto lleva a recargar ese retorno con una prima de riesgo muy elevada que imposibilita, a pesar de los bajos tipos de interés, que haya decisiones concretas desde un punto de vista de inversión. O puede ser porque la propia crisis nos haya dejado unas cicatrices todavía no del todo cerradas en el tejido empresarial que de algún modo tenemos todos que superar. Pero la primera cuestión positiva es que lo hemos identificado. La idea del Plan Juncker es una idea positiva que tenemos que rellenar teniendo en cuenta cuáles son las debilidades.
Segunda cuestión que ha generado comentarios generalizados por parte de todos los portavoces, lo que el señor Azpiazu denominaba la combinación del cuento de la lechera más el milagro de los panes y de los peces, es decir, el apalancamiento 1 a 15. A mí no me preocupa mucho el apalancamiento a 1:15 y les voy a decir por qué. Porque los 21.000 millones lo que hacen es cubrir la primera pérdida. Es decir, supongamos que tenemos un proyecto de inversión de 1.000 y que el fondo que se va a crear cubre, por ejemplo, para que salga aproximadamente con un apalancamiento 1:15, cubre 60 ó 65 de primera pérdida. Eso para el inversor privado aumenta muchísimo el retorno. Lo voy a intentar poner en otros términos, en términos de símil deportivo. Suponga usted, señor Azpiazu, que el Athletic de Bilbao en vez de empezar los partidos 0-0 siempre sale con una ventaja de 1-0 -ayer no hubiera sido suficiente, pero bueno-. (Risas). Lógicamente, las apuestas a favor de ese equipo, incluso su estrategia, serían completamente diferentes. Cuando hay una garantía de la cobertura de una primera pérdida en el entorno de un 6 o un 7 %, el retorno esperado para el inversor privado mejora mucho, y ahí es donde se encuentra la posibilidad de irse a apalancamientos de 1:15. Hubiera sido mejor incluso tener apalancamientos más reducidos, pero 1:15 teniendo en cuenta este planteamiento de la cobertura de la primera pérdida no es excesivo, aunque eso -y esto lo han señalado el señor Moscoso y otros intervinientes- es siempre que no modifiquemos algunas partidas que ya estaban en el presupuesto, que vayan a la creación de este fondo; es decir, estamos cambiando recursos de un sitio a otro sin incrementarlos en términos netos. Es decir, estamos completamente de acuerdo en que no debe afectar ni a los programas de infraestructuras ya existentes ni al horizonte 2020 en términos de I+D.
Entrando ya en las consideraciones de cada uno de ustedes al respecto -y lo han comentado el señor Larreina y el señor Moscoso-, en un momento dado se vio la posibilidad de que fuera el MEDE el que emitiera; el MEDE lo teníamos ahí, ya tiene una infraestructura, tiene unas posibilidades, tiene un capital comprometido por parte de los Estados miembros, tiene una tradición de presencia en los mercados. Pero yo creo que se ha desechado fundamentalmente porque la misión del MEDE, como todos sabemos, era el rescate de países y los programas de ayuda, con lo cual eso implicaba una modificación del tratado, era complicado, etcétera, pero en un momento dado se analizó y podía haber sido una de las posibilidades.
En segundo lugar, también comenta el señor Moscoso que la política fiscal es neutral. Sí, la política fiscal en este año 2014 es más neutral pero ha sido más neutral porque se ha hecho un esfuerzo de consolidación, es decir, porque ya el déficit público está reducido y porque la percepción de la política fiscal en Europa es otra completamente distinta de hace tres años. Es decir, para que la política fiscal pueda jugar su papel es imprescindible que dicha política fiscal se perciba como sostenible en el medio plazo porque, si no, lo único que se consigue con una ampliación del déficit público es que los mercados te castiguen y ese castigo de los mercados te lleve a una situación prácticamente imposible.
Después ha hecho consideraciones en relación con el conjunto de políticas económicas; yo también he hecho comentarios en mi presentación. Tenemos una política monetaria que está cumpliendo su papel; yo intento no criticar ni ser excesivamente elogioso con el Banco Central Europeo porque, como dice mi amigo el ministro de finanzas francés, si te pasas de crítica, te critican porque te has pasado de críticas y si te pasas de elogioso, entonces parece que estás afectando a la independencia. Yo creo que el planteamiento que está teniendo es el adecuado y que además tenemos una situación de inflación muy reducida en Europa. Ayer mismo el vicepresidente del Banco Central Europeo comentaba que podemos entrar en inflación negativa en Europa en los próximos meses; yo creo que es una realidad y aprovecho aquí para decirles, ya que estoy en la Comisión de Economía, que también en España vamos a tener unos meses de inflación negativa, incluso la proyección que tenemos para el mes próximo es que sea incluso más negativa de lo que hemos visto en el mes de diciembre. Eso no es deflación -la palabra deflación la ha mencionado el señor Azpiazu- porque en España la deflación es otra cosa, la deflación es una espiral viciosa en la cual tus expectativas de inflación son más bajas, retrasas decisiones de consumo y de inversión, te vas metiendo en una especie de retraso de decisiones de demanda junto con deterioro de expectativas y eso es la deflación. Eso no se está dando en España; en España la inflación negativa viene combinada con una situación de recuperación de la demanda, de recuperación del consumo y recuperación de la inversión, lo cual hace que sea un fenómeno completamente distinto que no tiene nada que ver con el fenómeno deflacionista. Incluso si tenemos en cuenta que una parte proviene de precios de la energía, eso es un shock de oferta positivo. España importa aproximadamente 60.000 millones de euros de energía, con lo cual si descontando el efecto del tipo de cambio, se mantiene, por ejemplo, durante un año un ajuste en euros de un 20 % de los precios de la energía, eso lo que supone es que tenemos una mejora de la relación real de intercambio que se refleja en la balanza de pagos, que tenemos una mejora de la renta disponible de nuestro país que va a estar en torno a los 10.000 millones de euros, es un 1 % del PIB. Por eso, y siguiendo lo que comentaba anteriormente el señor Anchuelo, lo que les diría aquí es que es fundamental, importantísimo, vital que eso se refleje en los precios de los carburantes. Y no tenga usted la más mínima duda, señor Anchuelo, vamos a estar absolutamente encima y tomaremos medidas. Como indicó el ministro de Industria, hay una comisión creada para proponer potenciales actuaciones si efectivamente vemos que no se refleja la caída de los precios del petróleo y de las gasolinas al por mayor, teniendo en cuenta la estructura del precio, en la cual hay un porcentaje importante; prácticamente dos tercios son impuestos, pero hay otro tercio que sí tiene que reflejarlo. Por lo tanto, vamos a estar ahí y esa comisión va a proponer medidas, tanto desde el punto de vista del comportamiento como desde el punto de vista de la estructura de los mercados de distribución de combustibles.
Señor Sánchez i Llibre, usted ha comentado la creación de una comisión. Hay una cuestión que es general, lo he intentando dejarlo claro en mi exposición inicial porque es importante. España ha presentado un listado de proyectos absolutamente desagregado, igual que el resto de países. Lo que hemos hecho después, en la presentación que ha hecho la Comisión, es que lo hemos agregado. ¿Por qué? Fundamentalmente porque nada garantiza que los proyectos que se han presentado en esta primera oleada vayan a ser financiados y nada garantiza que no puedan entrar otros proyectos. Es decir, lo que hemos intentado marcar desde el punto de vista de la opinión pública son proyectos que cumplen con las condiciones genéricas que hemos establecido para el plan Juncker. Antes comentaba el señor Martínez-Pujalte, en ese ambiente navideño que a todos nos embarga, que iba a criticar un poco al Gobierno y comentaba que había dicho yo que era político. No; cuando yo me refiero a político quiero referirme fundamentalmente a que van a ser criterios en los cuales no va a haber cuotas por países, que van a ser proyectos de inversión que tienen que tener un determinado retorno y que aquí no vamos a entrar en una discusión de si para el país A, para el país B o para el país C, porque con eso en última instancia estaríamos desvirtuando lo que queremos hacer, que son proyectos de naturaleza propia. A futuro, ese diálogo, esa comisión va a estar absolutamente abierta; es una lista abierta durante tres años. Nada garantiza que los proyectos que hemos presentado se financien, aunque creemos que son todos muy razonables, y nada impide que haya nuevos proyectos, ahí estamos abiertos y vamos a mantener el diálogo con las comunidades autónomas y con los agentes económicos para que nos presenten proyectos al respecto.
Después ha hecho una referencia, y me parece que también la ha hecho el señor Larreina, a la situación de financiación de pymes. Simplemente quiero darle los datos que da el Banco de España. Aparte de que el flujo de crédito nuevo para pymes lleva creciendo desde hace tiempo, los costes de los préstamos a las pymes están cayendo notablemente. En estos momentos hasta 1 millón de euros dichos
costes han caído un 16 % desde enero del año 2014, un 22 % desde el año 2012 y un 35 % desde octubre del año 2008. Irnos más allá no tiene mucho sentido porque a lo mejor la curva de tipos de interés no es similar. El coste medio, según los datos del Banco de España, está en el 4,5 %. Cuando venga el gobernador del Banco de España lógicamente se lo planteará el señor Sánchez i Llibre. Para más de 1 millón de euros -aquí ya entra el mercado de capitales- el coste es del 2,67 %; han caído un 8 % desde el año 2014. Por lo tanto, está habiendo una repercusión que tiene que ver con las medidas de liquidez del Banco Central Europeo y también tiene que ver con la situación de solvencia del sistema financiero español, que es muy diferente a la que teníamos hace dos años.
En segundo lugar, el señor Coscubiela ha dicho que he contado las cosas que vienen en la prensa. Yo vengo aquí y además de informales hago otra cosa, que es escucharles a ustedes. Eso es positivo y creo que en eso usted debería darse por integrado, porque escucho con mucha atención lo que usted me tiene que decir y tomo nota sobre ello, al igual que hago con el resto de portavoces de los diferentes grupos, aparte de que usted me puede preguntar lo que quiera e intento aclararle todo en la medida que puedo. Usted se ha referido a los retos ambientales. Son proyectos para luchar contra el cambio climático o, por ejemplo, proyectos de conservación de especies. Por tanto, se han incluido en el ámbito medio medioambiental actuaciones concretas al respecto, lo que consideramos que tiene bastante sentido.
También se ha referido a las pymes y a que un porcentaje del 25 % del plan Juncker se tiene que dedicar a las mismas. Esto es básicamente porque la estructura de financiación de las pymes españolas está muy mediatizada por la financiación bancaria. En un 95 % las pymes españolas se financian a través de los bancos. Esa es una mala situación porque siempre que hay una crisis bancaria te contamina inmediatamente al tejido productivo de las pymes, que es la parte más importante de la economía española, lo que agrava ese círculo vicioso entre crisis bancaria y crisis de la economía real. ¿Qué es lo que hay que hacer en el caso de las pymes? Hay que mejorar su estructura de financiación, lo que tendría varios efectos. Si tienen más capital y menos financiación bancaria, esto lleva a que estas pymes, primero, tengan un mejor gobierno corporativo al tener más capital -muchas veces las estructuras familiares limitan las posibilidades de crecimiento- y, segundo, hace que sea una estructura más fuerte, con lo cual pueden ir ganando escala y sobre todo pueden internacionalizarse, porque la situación actual de tamaño las condiciona bastante.
El señor Anchuelo también ha hecho comentarios sobre las cuotas territoriales. Hay una cuestión que además de él también la ha preguntado el señor Moscoso, y es cómo van a computar en el procedimiento de déficit excesivo las aportaciones potenciales de los bancos nacionales de fomento, es decir, de los ICO nacionales. En principio todavía no hay criterio. Lo que se ha acordado en el Consejo Europeo es que se aplicarán las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con flexibilidad, y dentro de esa flexibilidad tendremos que verlo. Deuda pública siempre será, la otra cuestión es cómo se computa desde el punto de vista del déficit público y cuándo se genera el déficit público. Por ejemplo, podría ser un tratamiento similar al del MEDE. Nosotros hacemos aportaciones al capital del MEDE y únicamente cuando se generan pérdidas es cuando tendríamos un impacto en el déficit público. Desde luego sí tiene impacto desde el punto de vista de la deuda, porque lógicamente te ves obligado a emitir deuda. También ha hecho un comentario sobre la política económica general y el precio del petróleo, pero a eso creo que ya he contestado.
Por último, aunque no viene a colación, se ha referido a la situación de Bankia. En cuanto a esto, señor Anchuelo, solo quiero recordarle que yo vine aquí en mayo del año 2012 a darles explicaciones en la Comisión de Economía, justo después de la nacionalización de Bankia, justo después de haber cambiado al equipo gestor, y les dije que la salida a bolsa fue un error. Esto ya lo dije en el año 2012. Creo que hoy no hay nadie que no mantenga que la salida a bolsa de Bankia fue un error. A partir de ahí, usted hace consideraciones en relación con los peritos. El informe de los peritos es lo que es. Los peritos son designados por el propio Banco de España y aunque el informe cuestiona de alguna forma los planteamientos de los supervisores, yo no voy a entrar a favorecer a uno ni a otro. Además esto está dentro de un procedimiento judicial y los jueces tendrán que verlo. En cualquier caso, sí le quiero decir una cosa fundamental. Si hay una institución donde no creo que haya faltado transparencia es en el caso de Bankia, y le voy a decir por qué. Hemos tenido al Fondo Monetario Internacional centrado en la situación de Bankia -le puedo asegurar que estaba centrado en ella cuando hablé con ellos en febrero del año 2012-; después hemos tenido dos evaluadores independientes, como Oliver Wyman y Roland Berger, haciendo test de estrés de arriba para abajo y de abajo para arriba; hemos tenido al Banco Central Europeo, a la Comisión Europea y al Fondo Monetario Internacional mirando posteriormente al respecto,
y la propia Comisión Europea, la Dirección de Competencia, evaluó lo que fueron las ayudas públicas. Y lo importante es que hoy Bankia forma parte de la solución del problema del sistema bancario español. Es una entidad que ha salido muy bien en unos test de estrés independientes y que genera confianza y credibilidad no solamente a los inversores internacionales, sino sobre todo a los clientes españoles. El cambio es sustancial, es evidente y todos nos tendríamos que alegrar.
El señor Azpiazu ha hecho unas consideraciones sobre la deflación y sobre el tema del apalancamiento y ya he contestado al respecto.
Para acabar, el señor Larreina ha hablado del MEDE y de las reformas. Las reformas son importantes. Usted habla de la economía de proximidad; yo creo en una economía que sea eficiente, en la cual no haya barreras para entrar y salir y los diferentes intervinientes compitan. ¿Sabe por qué, señor Larreina? Porque es lo mejor para el consumidor y acaba siendo lo mejor desde el punto de vista de lo que es la economía nacional. Y hay una cuestión importante. No creo que haya mucho proyecto de inversión pública que pueda formar parte del plan Juncker, porque la inversión pública en muchas ocasiones no responde a los criterios que a priori, aunque de una forma teóricamente objetiva, se han determinado para dicho plan. Las infraestructuras son otro tipo de cuestiones; hay infraestructuras que no son rentables desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista social o desde el punto de vista de lo que es el bienestar general; es decir, es otro tipo de consideración que no es la que se quiere recoger aquí, aunque le acepto una cuestión y es que ese tipo de infraestructuras como consecuencia de la crisis económica se han visto afectadas porque todos los países hemos tenido que reducir el déficit público y en muchas ocasiones lo más sencillo es reducir la inversión pública.
Con respecto al señor Martínez-Pujalte, estoy de acuerdo en que no es un tema de contraponer medidas de oferta y demanda, sino que hay que utilizar todos los instrumentos disponibles. La política monetaria juega su papel, la política fiscal también y las reformas económicas sin duda es donde más atrás nos hemos quedado. Y lo que no puede ser es utilizar una política monetaria y una política fiscal expansivas para ocultar la necesidad de reformas económicas, porque las reformas económicas son muy importantes. Simplemente quiero comentar una cuestión. He dicho aquí que la economía española va a tener un primer trimestre del año próximo en el cual el crecimiento anualizado está claramente por encima del 2 %. ¿Por qué se crece? Me gustaría destacar el giro que se ha producido en la economía española. En el año 2013 tuvimos un crecimiento negativo que, si no recuerdo mal, fue del 1,2 % y este año, al menos, vamos a tener un crecimiento positivo del 1,3. Son 2,5 puntos de cambio. Echen ustedes la vista atrás y miren las series de evolución del PIB español. Verán que en términos absolutos ha habido muy pocas ocasiones en las cuales el PIB se ha acelerado en 2,5 puntos; es decir, la intensidad del giro, tal como pone de manifiesto el indicador adelantado de la OCDE, seguramente ha sido de los más importantes de las últimas décadas en España. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver con las reformas económicas. No creo que tenga que ver mucho la política monetaria ni con la modificación del signo de la política fiscal porque eso se ha dado en todos los países europeos. Incluso se ha dado en todos los países europeos la caída del precio del petróleo y la depreciación del tipo de cambio del euro. ¿Por qué en España se crece más? Pues fundamentalmente porque se han hecho las reformas económicas y eso tiene que ver con la confianza, confianza que alimenta a su vez la evolución de la demanda agregada y la evolución tanto del consumo como de la inversión, que además se ve acompañada por las exportaciones. Por tanto, el plan Juncker es importante para España, pero es especialmente importante para Europa. Es especialmente importante para Europa porque en España la inversión del sector privado ya está creciendo. Está creciendo prácticamente a dos dígitos, según los últimos datos, y creo que se va a mantener ahí. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Suspendemos para despedir al ministro, deseándole unas felices fiestas y que no tenga en cuenta las críticas del señor Martínez-Pujalte, por lo que pueda pasar en el partido. (Risas.-Pausa).
Reanudamos la sesión. Vamos a proceder a las votaciones.
Transaccional a las enmiendas 5 de UPyD y 84 de CiU.
Transaccional a las enmienda 29 del Grupo Parlamentario Socialista y 68 del Grupo Parlamentario Popular.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas 11 a 14.
Enmiendas de UPyD. Enmienda 3.
Enmiendas 4, 6, 7, 8 y 10.
Enmiendas de La Izquierda Plural. Enmiendas 16 y 17.
Enmiendas 15, 23 y 27.
Enmiendas 18, 19, 21, 22 y 24.
Enmiendas de CiU. Enmienda 78.
Enmienda 92.
Enmiendas 75 y 79.
Enmiendas 76, 83 y 93.
Enmiendas 85, 86, 89, 90 y 94.
Enmiendas 87, 88 y 91.
Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, enmienda 32.
Resto de enmiendas del Grupo Socialista, salvo la 29, que ha sido transaccionada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, la número 37.
Enmienda 54, del Grupo Popular.
Votamos las enmiendas números 33, 34, 42 a 46, 51, 56 a 62, 64, 67, 70, 72 y 73.
A continuación, votamos la enmienda 71.
Ahora votamos el resto de enmiendas, salvo la 68 que ya ha sido transaccionada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 2; abstenciones, 17.
No hay más que votar.

References: real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
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 artículo 2
 artículo 65
 artículo 149
 artículo 89
 artículo 6
 Resolución