Source: http://www.libertadidioma.com/2006/20060111.htm
Timestamp: 2020-03-29 22:11:44+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Miércoles 11 Enero 2006
El golpe y el general
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 11 Enero 2006
Policía lingüística en Cataluña
LUIS IGNACIO PARADA ABC 11 Enero 2006
Anormalización lingüística y política
Antonio Gázquez Periodista Digital 11 Enero 2006
El PP de Cataluña proscribe el español de su propia página web
César Sinde Periodista Digital 11 Enero 2006
El despotismo que viene
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 11 Enero 2006
Nacional-Sociolingüistas
José García Domínguez Libertad Digital 11 Enero 2006
El Foro Ermua solicita a la Conferencia Episcopal que confirme si autorizó la mediación con ETA
Foro de Ermua 11 Enero 2006
El nuevo desafío de Batasuna
Editorial ABC 11 Enero 2006
Lenguas y palabras
José Javaloyes Estrella Digital 11 Enero 2006
Cataluña y la ruleta rusa
M. MARTÍN FERRAND ABC 11 Enero 2006
Pregunten por Rodríguez
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 11 Enero 2006
Sin ley en Barcelona
Lucrecio Libertad Digital 11 Enero 2006
Cinismo en el Ritz
EDITORIAL Libertad Digital 11 Enero 2006
Discursos anacrónicos e improcedentes
Agapito Maestre Libertad Digital 11 Enero 2006
HIPOCRESÍA PROCESAL
BENIGNO PENDÁS ABC 11 Enero 2006
Donde hace falta un golpe es en la izquierda
José Javier Esparza elsemanaldigital 11 Enero 2006
Si hay algún golpista, es el Parlamento catalán, no el general Mena
Luis Miguez Macho elsemanaldigital 11 Enero 2006
El ridículo del Estado
FERNANDO ÓNEGA La Voz 11 Enero 2006
Alicia Sánchez Camacho Periodista Digital 11 Enero 2006
Tramas islamistas
Editorial El Correo 11 Enero 2006
La imposición del catalán aceptada por el PSOE choca con su reforma judicial
F. Velasco La Razón 11 Enero 2006
El presidente del TS emplaza al Gobierno a que impida la asamblea de Batasuna
G. L. A. / N. C. / A. A. ABC 11 Enero 2006
Cae una red islamista que envió a Iraq al autor de la muerte de 19 italianos en 2003
Juan C. Serrano La Razón 11 Enero 2006
«El Archivo de Salamanca es ya un cadáver orondo; Calvo se ha cargado la Cultura española»
ANTONIO ASTORGA ABC 11 Enero 2006
Hernando: el CGPJ no debate el texto del Estatut para no «interferir» en la negociacion
F. V. La Razón 11 Enero 2006
La AVT presenta una denuncia en la Audiencia Nacional para impedir el acto de Batasuna del próximo día 21
Agencias Estrella Digital 11 Enero 2006
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 11 Enero 2006
Viví el 23-F. Denuncié en «La Calle» el artículo con el que el teniente general Díaz de Mendivil daba la señal de partida del golpe desde las páginas de «El Alcázar». Fue el único comentario que se hizo a aquel manifiesto. A los pocos días tuvimos que cambiar la portada de Calvo Sotelo por la de Tejero.
El 23-F fue el último acto de los nostálgicos de la dictadura. Militares y civiles, aunque yo no emplearía el símil del iceberg para describir la proporción entre aquéllos y éstos. Nunca se conoció la trama social, pero tiendo a pensar que fue muy débil y que el triunfo, de haberse dado, habría sido muy efímero.
Ahora estamos ante un golpe de una naturaleza muy diferente y con un desarrollo muy distinto también. Estamos ante una desestabilización diseñada por los socialistas, llevada a cabo desde el Gobierno y en colaboración con los socios de éste y destinada a cambiar el modelo de Estado que nos dimos todos los españoles hace más de un cuarto de siglo. Los medios utilizados, sin el más mínimo pudor democrático, son las instituciones y el sistema de partidos. Según les conviene. Hoy dejan fuera al PP (diez millones de votos) y mañana escamotean el Parlamento Nacional o utilizan el catalán o el vasco a su antojo.
Lo demoniaco de este espectáculo, al margen de su capacidad para anular toda oposición, es que resulta corruptor y degradante. Este tipo de golpe, amparado en la utilización antidemocrática de los poderes; este golpe cotidiano y sucesivo es arrasador para los principios de los ciudadanos. Lo condenable termina siendo aceptado. Se acrecienta el relativismo moral; se justifica el nihilismo. Los diseñadores cuentan con un ejército de propagandistas que se dedican a desactivar los espíritus. Los conocemos bien por sus llamadas a la calma.
El golpe que está dando Zapatero desborda con mucho el proyecto del Estatuto catalán y del que pactara con Ibarretxe, etcétera. Éstos son los saltos hacia adelante, pero ya vienen precedidos en su preparación por la violación sistemática del Estado de Derecho en el País Vasco y en Cataluña.
En esta situación el teniente general Mena Aguado se ha hecho portavoz (día de epifanía) de la inquietud que recorre las Fuerzas Armadas por unos momentos. Demócrata, constitucionalista, ha querido dejar constancia de su actitud frente a este tipo de golpe que estamos soportando y que está dejando trizada la nación española.
Por LUIS IGNACIO PARADA ABC 11 Enero 2006
LO malo de las políticas de normalización lingüística es que empiezan apelando a un comprensible sentimiento de liberación ante una ilegítima persecución y terminan convirtiéndose en una imposición totalitarista que recurre a la delación para castigar al que disidente. Las denuncias anónimas contra empresas que no usan el catalán se han disparado en las «Oficines de Garanties Lingüístiques», instrumentos del tripartito para acabar con el uso del castellano en Cataluña y conseguir, mediante el control del idioma, la sumisión de los catalanes que no se atreven a desafiar la imposición por miedo a perder subvenciones, empleos y derechos.
Desde tiempos de Pujol era obligatorio rotular los comercios y atender en catalán. Pero ahora se están superando todos los límites de la racionalidad. El republicano Josep Huguet, que dirige el Departamento de Comercio, Consumo y Turismo de la Generalidad, ha llegado a decir que las denuncias llegadas por vulneración de la normativa lingüística demuestran «una creciente sensibilización de los ciudadanos». Está ufano porque, en 2003, las multas de la policía lingüística representaron 2.833 euros, en 2004 se elevaron a 52.800 y en 2005 han permitido recaudar 81.250 euros y otros 94.950 están en fase de resolución. ¿Se ha dado cuenta de que está empleando con quienes no pueden o no quieren hablar catalán los mismos procedimientos de ingeniería social que el Tercer Reich usó para perseguir a los judíos que hablaban «yidish» en lugar de alemán; los genocidas franceses que fulminaron el bretón; los ingleses del Imperio que cargaron contra el gaélico? ¿Y que lo hace en un territorio en el que el castellano es lengua oficia y mayoritaria?
Lo que están haciendo los dirigentes políticos catalanes es una auténtica limpieza lingüística, tan reprobable como la étnica. Lo suyo es una ceguera totalitaria contra el castellano, una lengua que hablan más de 500 millones de personas en una veintena de naciones.
[anormalización lingüistica] Si al final realmente sucede lo que el diario El Mundo ha anunciado en su portada del lunes 9 de enero: “El Gobierno pacta en el Estatuto figure el 'deber de conocer el catalán' es realmente un hecho grave y además inconstitucional (en otras ocasiones el Tribunal Constitucional se ha pronunciado totalmente en contra de que se obligue el conocimiento de una lengua). Además, la Generalitat admite que ha examinado 846 expedientes médicos para ver si se utilizaba el catalán en su redacción. Estos don dos ejemplos claros de la insaciabilidad y falta de libertad (como en los mejores tiempos del franquismo) de cómo el tripartito entiende el gobierno de una autonomía (¿o es nación o nacionalidad o entidad nacional o entidad histórica o territorio histórico con ganas de ser nación o….?)
No sé lo que está sucediendo por la cabeza del señor presidente, que hasta a sus propios correligionarios me los tiene asustados: el señor Leguina piensa que lo del Estatuto “no cabe en la constitución ni en cabeza humana” y el señor Vázquez que “España no tiene quien la defienda” y la tercera del señor Ibarra “que se lo expliquen clarito para que lo entienda”. Hay otras mas, como la de Guerra, González, Bono, Solbes, etc.
En estos últimos meses pienso que si tanta atracción tiene el sillón de la Moncloa para habernos metido en esta vorágine política. Pues no cabe duda que es solo responsabilidad del señor presidente (mejor dicho de su irresponsabilidad). Porque bien sabe el tripartito lo que desea.
Y no me vengan ahora los progres a decirme que España podía ser federal o confederal, porque hay muchas maneras de cambiar la historia de un país, si fuese necesario (que opino no es el momento). Pero lo que es inadmisible que se haga de esta manera que don Zetapé quiere hacerlo. Y es que el señor don José Luís Rodríguez hace un año y algo alguien fue con él al hiper y le echaron en el carrito un puzzle-España y ahora cree que es suyo y lo monta y desmonta a su antojo, como un niño inconsciente y maleducado.
[www.elforo.intereconomia.com]
El sitio en la red de los populares catalanes tiene su propio CAC y discrimina la versión en español. El votante del PP que no hable catalán está discriminado.
No existe ni un solo documento, de la web del Partido Popular catalán que pueda ser leído en español, ni siquiera como segunda opción. Esto choca con la tesis popular, según la cual, Cataluña es diversa y, por tanto, tan propio de esa tierra es el catalán como el español. El hecho de que la web catalana esté sólo en catalán contrasta aún más cuando se consulta las páginas regionales del PP en aquellas autonomías con lengua vernácula. Sólo la web del PP vasco y gallego tienen opción a verlas en vascuence y gallego.
En Baleares y Valencia, las webs pueden verse sólo en español. En las oficinas del PP catalán, nos pretextan falta de presupuesto y que la web está en obras. Sin embargo, en la página no aparece ninguna mención a que se estén realizando cambios, ni que vaya a estar disponible la versión en español. Curiosamente, hoy presentarán 8 iniciativas para garantizar el bilingüísmo en Cataluña.
Zapatero ha iniciado ya la cuenta atrás de su proyecto político, que esencialmente supone la creación de un nuevo régimen al modo del masónico y mexicano del PRI o del masónico y español de la II República, en los que la oposición era tolerada a condición de que no pudiera llegar al Poder ni siquiera repartírselo con los mandamases perpetuos. Las premisas básicas de este régimen naciente son dos: la aceptación de una legalidad ferozmente dictatorial en Cataluña y la creación de un régimen vagamente confederal en el conjunto de España, término relegado a la retórica mientras las comunidades autónomas dominadas por el nacionalismo antiespañol y la izquierda social-comunista, empezando por el País Vasco, asumen una nueva legalidad semejante a la catalana, es decir, despótica.
Zapatero ya ha asumido el pasado 29 de Diciembre, sólo un día después de la rememoración de la degollina de Herodes, que por ley el conocimiento del catalán sea obligatorio en el ámbito de la Generalidad, propinando un golpe mortal no sólo a la idea de España sino a la de ciudadanía. Al liquidar la nación española como fuente de legitimidad, el Gobierno de Zapatero y su ayo Polanco destruye también la raíz de nuestras libertades, la igualdad de todos ante la ley, la capacidad para cambiar de residencia y de trabajo sin que los hijos deban padecer por ello, la posibilidad de vivir como seres libres en cualquier rincón de España. Mientras la Unión Europea derriba las barreras seculares entre los distintos estados-nación, el más antiguo de todos, que es el español, las levanta en su interior para crear una especie de concurso de dictaduras.
Ya no cabe la presunción de inocencia. Ya nadie puede llamarse a engaño. El PRISOE ha iniciado el cambio de régimen en España y por caminos tortuosamente antidemocráticos. No se consulta al pueblo español sobre la liquidación de hecho de la Constitución que supone el Estatuto de Cataluña. No se consulta al depositario de la soberanía nacional sobre el cambio, mutación o liquidación de la nación Española. No se consulta a la ciudadanía sobre el desmantelamiento del Estado. No se permite opinar al pueblo sobre el fin de la solidaridad económica española. Y en el fondo es lógico. Si a un condenado a muerte le dan la posibilidad de elegir, lo normal es que propugne la detención del verdugo y la liberación inmediata de los presos.
La terrible máquina de manipulación que la izquierda y sus socios nacionalistas han conseguido, en buena parte por la indiferencia ideológica y mediática del PP de Aznar, va a emplearse a fondo para que los españoles acepten su liquidación como tales, para que respalden la eutanasia activa de la que serán objeto, como si de una liberación y no de un crimen se tratase. Todo el que no se someta a este despotismo balcanizante que tiene su modelo en la Cataluña del Cuatripartito y que el PRISOE aspira a implantar en toda España será tachado de antidemócrata, golpista, franquista, facha y las lindezas habituales de esta izquierda momificada y sin embargo corrompida. Zapatero pretende imponer a traición, con premeditación y alevosía un nuevo régimen en el que la media España que representa el PP quede fuera del juego político, como ya sucede en Cataluña desde el Pacto del Tinell. Nos encaminamos hacia una alternativa dramática: o se hunde Zapatero o se hunde la Nación. Y cabe una posibilidad más trágica: que el hundimiento de la Nación arrastre consigo al PRISOE y los separatistas, pero, ay, demasiado tarde.
Nadie que no sobreviva aquí, en Matrix, puede llegar a imaginarlo. Ni por asomo. Hablo del hastío que desata en cualquier mente sana su liturgia cotidiana. Quienes se libran de soportarlos día a día no darían siquiera en intuirlo. Hablo de esa pesadez tan suya, tan infinita, tan asfixiante; del suplicio de cargar con su eterna letanía sobre las lenguas oprimidas y las oprimibles. Hablo de una náusea irreprimible, la que acaban provocando con su lloriqueo obsesivo, constante, interminable, perpetuo; el suyo genuino, ese calabobos del millar de plañideras institucionales que parasitan el fielato idiomático local. Imposible para el que no ha de padecerlos sospechar lo estomagante que alcanza a resultar. Hablo de un abundar plomizo en la repetición plomiza de una reiteración plomiza de todas las falacias plomizas sobre la sintaxis de la identidad; ya antes un millón de veces repetidas por lo demás.
Cuando no gimen por el genocidio hispano contra los sonidos propios de la laringe del pino ampurdanés, es porque lagrimean por la fatal diglosia secular de las sardinas autóctonas del litoral de Badalona. Son algo así como la pesadilla gramatical del conejito más ido de Duracel: tocan y tocan y tocan y tocan. Y siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y no se aburren. Nunca. Y siguen y siguen y siguen y siguen. Hasta que, al final, uno ni siquiera sabe si continuar teniendo fe el la Ley Fundamental de la Estupidez Humana, esa que formulo Carlo Maria Cipolla, la que postula que los tontos son muchísimo más peligrosos que los malvados, ya que se proscriben descansar de por vida. Porque llevan así tres décadas. Y así continuarán otras tres más. Y otras tres. Por los siglos de los siglos. Hasta el Juicio Final.
Siempre huyendo de la verdad, ese criado torpe que rompe los platos mientras limpia. Como siempre remachando el clavo ardiente del chantaje emocional. La Culpa. Que no falte. Nuca. Cada día, a todas horas, la Culpa; el suplicio por el Pecado Original, imperdonable, de las gargantas castellanas. Montilla, atormentado, creyéndose descendiente en línea directa del catalanófobo Felipe V. Y la calavera del Borbón, atónita. Felipe V que por soberana indiferencia ni siquiera se entretuvo en aprender español, convertido por el conillet de Duracel en la madre de todas las conjuras contra sí mismos de los montillas.
Y Manuela de Madre, torturándose día y noche, en la certeza de que el reverendo Josep Maria Borrás también aterrizó en Cataluña expulsado de Huelva por Franco, como ella. Josep Maria Borrás, dos de octubre de 1939: “Con la misma autoridad que mis Venerables Predecesores aconsejaron la pronunciación romana del latín, disponemos que desde hoy se pronuncie el latín a la española”. Y la otra, Carmen Chacón, segurísima también de que mosén Josep Montagut i Roca era uno del PP de Salamanca. Mosén Montagut, Diócesis de Barcelona, 1940: “Queda proscrita toda publicación que no se redacte en el lenguaje oficial de España, que es el verbo de la raza”. Y esa factoría de conillets incansables que siguen tocando y tocando y tocando. Y el tedio...
EL FORO ERMUA SOLICITA A LA CONFERENCIA EPISCOPAL QUE CONFIRME O DESMIENTA SU AUTORIZACIÓN A QUE ALGUNOS ECLESIÁSTICOS MEDIEN EN LA NEGOCIACIÓN CON ETA
Bilbao 11 de enero de 2006. La revista 21RS editada por la congregación de los Sagrados Corazones ha informado, recientemente, que tres conocidos sacerdotes nacionalistas están realizando labores de mediación entre el Gobierno español y ETA con la intención de favorecer una negociación entre ambos. Se trata del Cardenal francés Roger Etchegaray, el religioso redentorista irlandés Alec Reid y el sacerdote español Joseba Segura. Según esta información, estos tres eclesiásticos cuentan «con el aval del Vaticano y de la Conferencia Episcopal española» para «tender puentes y mediar en la negociación entre el Gobierno y ETA» y, siguiendo la conocida doctrina nacionalista, establecer «un diálogo sin exclusiones» que dé lugar «a un acuerdo que recoja los derechos de todos».
El Foro Ermua considera lamentable e improcedente esta supuesta mediación eclesial con una organización terrorista que, como ETA, es responsable de 817 asesinatos, 84 secuestros, 3.176 heridos, de los que una cuarta parte soportan lesiones invalidantes, y más de 11.000 damnificados por daños materiales; que, asimismo, ha cometido más de 2.500 atentados y de 7.800 acciones de terrorismo callejero; que ha vigilado a más de 34.000 ciudadanos para extorsionarlos o atentar contra ellos; que actualmente extiende su amenaza directa sobre 42.000 personas sólo en el País Vasco; y que ha desencadenado una diáspora de población que ha afectado a más de 125.000 vascos que se han visto impelidos a asilarse en otros lugares de España. Mediar con una organización terrorista que ha provocado todos estos daños personales y estragos materiales, constituye una falta de respeto y un agravio para sus víctimas; y por ello contradice la defensa de los más elementales valores humanos y la doctrina establecida por la Conferencia Episcopal Española, para quien «entre las primeras obligaciones de los cristianos y de sus comunidades se encuentra (el) acompañamiento y atención pastoral de las víctimas del terrorismo» [Instrucción Pastoral: Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias, Noviembre de 2002, punto 43].
El Foro Ermua condena asimismo la mediación de los señalados sacerdotes nacionalistas porque considera rechazable cualquier tipo de negociación política con ETA. Las negociaciones con organizaciones terroristas implican, necesariamente, su reconocimiento como interlocutores políticos y, por ello, menoscaban el papel que, en la sociedad democrática, desempeñan los actores colectivos legales que, para defender sus intereses e ideas, desarrollan su acción política dentro de los cauces institucionales de representación. La negociación con ETA supone la ruptura del sistema democrático, debilita la autoridad y el poder del Estado constitucional, desorienta a los ciudadanos y, en la práctica, suspende temporalmente el Estado de derecho, generando así una gran incertidumbre institucional. La doctrina de la Iglesia española ha recogido estas ideas cuando afirma con rotundidad que ETA «no puede ser considerada como interlocutor político de un Estado legítimo, ni representa políticamente a nadie», y señala que, en «el diálogo respetuoso, leal y libre… para superar las dificultades surgidas en la convivencia», sólo han de participar «las diferentes instituciones sociales y políticas» con la finalidad de «eliminar el terrorismo, garantizar firmemente los legítimos derechos de los ciudadanos y perfeccionar… las formas de organizar la convivencia en libertad y justicia» [Instrucción Pastoral: Valoración moral del terrorismo…, punto 40]. Por ello, la acción mediadora emprendida por el Cardenal Etchegaray y los sacerdotes Reid y Segura es contraria a las directrices establecidas por la Conferencia Episcopal y debe ser desautorizada por ella.
Pero más importante que todo lo anterior es el hecho de que la mediación eclesial da legitimidad al terrorismo como forma de acción política. La mediación de Etchegaray, Reid y Segura constituye así una manera explícita de justificación del terrorismo que, desde el Foro Ermua, rechazamos con rotundidad. Y, asimismo, debe ser rechazada por la propia Iglesia por ser contraria a su enseñanza. «Los actos de terrorismo —señaló Juan Pablo II en su encíclica Sollicitudo rei socialis— nunca son justificables»; «el terrorismo es intrínsecamente perverso, …es intrínsecamente malo, y, por tanto, no puede ser nunca justificado por ninguna circunstancia ni por ningún resultado», añade la Conferencia Episcopal Española [Instrucción Pastoral: Valoración moral del terrorismo…, punto 12] para señalar seguidamente que «la calificación moral del terrorismo, absolutamente negativa, se extiende… a todos aquellos que, sin intervenir directamente en la comisión de atentados, los hacen posibles, … (y a) quienes justifican teóricamente sus acciones o verbalmente las aprueban», y que «todas estas acciones son objetivamente un pecado gravísimo que clama al cielo» [punto 13].
Por todo lo anterior, el Foro Ermua ha solicitado por escrito al Secretario General de la Conferencia Episcopal que desmienta o confirme si, efectivamente, la mediación iniciada por el Cardenal Etchegaray y los sacerdotes Reid y Segura cuenta con la autorización o el aval de la Conferencia Episcopal Española o de cualquiera de sus órganos institucionales.
Para más información: www.foroermua.com
EL 21 de enero puede convertirse en una fecha infamante para el Estado si finalmente Batasuna celebra la Asamblea convocada para ese día en Baracaldo (Vizcaya), acto anunciado, entre otros objetivos, como un desafío a la ilegalización decretada por el Tribunal Supremo. Será la culminación de un proceso paulatino de impunidad y rehabilitación política directamente consentido y tutelado por el Gobierno y la Fiscalía General del Estado, a la que el presidente del Supremo, Francisco Hernando, trasladó ayer la responsabilidad de promover la prohibición del acto batasuno. Gobierno y Fiscalía han mantenido una calculada pasividad frente a Batasuna que ha sometido al Estado de Derecho a una estrategia de fundamentos y objetivos que tienen mucho que ver con el sentido neoconstituyente del actual momento político, en el que las aspiraciones nacionalistas y su homologación por el socialismo español necesitan tácticamente un cese retribuido de la violencia terrorista. Sin embargo, el coste que se está pagando es el desmantelamiento del Estado de Derecho a cargo de las instituciones obligadas legal y constitucionalmente a protegerlo, porque tal es el destructivo resultado al que está conduciendo la negación de toda autoridad a los Tribunales de Justicia y a las leyes vigentes.
De nada sirve que el Supremo -cuyo presidente tuvo que recordar la evidencia de que Batasuna no puede convocar asambleas porque está «extinguida judicialmente»- coronara el esfuerzo de las instituciones democráticas del Estado en la lucha antiterrorista con la aplicación escrupulosa de la Ley de Partidos Políticos contra el entramado batasuno; de nada sirve que el TC califique a Batasuna como «muerto civil» y rechace el recurso de amparo interpuesto por esta organización judicialmente declarada terrorista; de nada sirve que, tras décadas de ceguera voluntaria, las certezas políticas sobre la inserción de Batasuna en ETA se convirtieran en convicciones judiciales; de nada sirven, en definitiva, estos avances históricos en la consecución de la verdadera paz, si el Gobierno carece de determinación para mantener la tensión que exige la lucha integral contra todas las facetas del terrorismo y decide, por contra, gestionar la recuperación política del entramado batasuno como una pieza añadida a la arriesgada estrategia en la que está inmerso para cambiar, de acuerdo con los nacionalismos, el modelo de Estado.
El cumplimiento de la ley en una democracia no es sólo un deber jurídico para determinadas instituciones -cuyo incumplimiento deliberado constituye una prevaricación dolosa-, sino también un mandato político y ético del que se debe responder ante los ciudadanos. La democracia no es viable fuera de las leyes, porque sin normas no es posible la convivencia ni, en lo que ahora importa, la sanción a los agresores y la protección de los agredidos. Cuando se pierde la capacidad para distinguir a unos de otros y cuando la democracia contemporiza con sus enemigos, significa que se ha alcanzado un punto crítico en la confusión ética y política del sistema. La actual dirección del socialismo vasco representa el síntoma más preocupante de este problema porque muestra una mutación de personalidad -impensable hace sólo unos años- cuando la alternativa socialista al nacionalismo era la Constitución y el Estatuto y no más nacionalismo, aunque sea disfrazado. Esa mutación es la que explica la desorientación moral de aquellos de sus dirigentes que se atreven a descalificar a María San Gil por pedir la prohibición de la Asamblea de Batasuna con el argumento de que el PP «dispara contra todo lo que se mueve» -metáfora repugnante, habida cuenta de los antecedentes- e intenta «arruinar cualquier posibilidad de acuerdo». Este es el problema: que las expectativas de la «paz» en la que ayer confiaba otra vez Zapatero estén puestas en lo que decida la cúpula de un partido ilegal y disuelto por ser parte de una organización terrorista y no en la capacidad del Estado en imponerse sin condiciones a ETA a través de sus leyes y Tribunales. Así es fácil predecir la paz, porque no será consecuencia de la derrota de los que la destruyen sino de la renuncia de los que deberían defenderla.
El curso de los acontecimientos acabará dando la razón a los líderes socialistas que afirman que no se pagará precio político alguno cuando ETA deje las armas, pero será así porque ese precio ya se está pagando sin contraprestación alguna, mediante la desactivación del Estado de Derecho, la relativización del orden constitucional y estatutario -puesto en almoneda- y la deslegitimación de sus defensores.
Aunque Irán reanuda sus programas de investigación y desarrollo nuclear, pese a la oferta rusa de suministrarle uranio enriquecido, y a despecho de las amenazas de USA y la UE, el núcleo de la atención informativa sigue instalado en la centrifugadora estatutaria.
Ocurre en las últimas horas que el resquicio de esperanza abierto por el arrumbamiento del impulsor de todo este peligroso lío nacional es resquicio que se esfuma y desaparece como una pompa de jabón cuando se advierte que la reconducción del proceso negociador con el nacionalsocialismo catalán incluye el pacto de que en el Estatuto se establezca “el deber de conocer” la lengua en que escribía a España el abuelo de Pascual Maragall.
El acuerdo contradice la doctrina del Tribunal Constitucional (TC), en la que tal obligación se reserva exclusivamente para el idioma español o castellano. La primera, por tanto, en la frente: ese balcón del pensamiento donde el nacionalismo tiene instalados los geranios tóxicos de Herder: aquel pensador alemán para el que la lengua es el dato constitutivo y constituyente de los pueblos y de las patrias.
Quiere decir ese “deber” pactado por este Gobierno, que no sabe adonde va ni donde se encuentra, con un nacionalismo que sabe perfectamente donde se encuentra y hacia donde se encamina, algo de tanta trascendencia funcional como puede ser la palabra y la idea de nación, puesto que la lleva implícita. El listísimo Rubalcaba y el partido que en él delega la conducción del proceso negociador del Estatuto catalán parece entender que en lugar de negociar para las honestas e inquietas mayorías nacionales está oficiando para un país de ciegos y descerebrados.
Crasísimo error. Lo que existe no es una “alarma social”, como el ministro de Defensa ha dicho, después del suceso castrense de Sevilla, sino una genuina alarma nacional, una manifiesta inquietud colectiva, puntualmente aflorada en el suceso de marras durante la Pascua Militar.
El estamento militar es lo que es y llega a donde llega en el contexto institucional de una sociedad democrática, en la que no caben extralimitaciones de los militares aunque tampoco confinamientos que los reducen a ciudadanos de segunda, amputados de derechos, o política y corporativamente emasculados. Pero en ese mismo contexto democrático es la sociedad civil el genuino espacio de resonancia para los discursos de adhesión y para los estados de alarma. A la propia sociedad civil, titular del derecho de manifestación, pueden pertenecer los militares retirados, ya que, por lo mismo, están apartados de la titularidad institucional de la primera fuerza del Estado. Tales son los firmantes de la carta publicada ayer por La Razón en la que opinan que la razón asistió al teniente general Mena.
Creo convenientes consideraciones así porque el turno de expresión del desacuerdo radical de las mayorías nacionales es a la sociedad civil a quien corresponde, y no al estamento militar, tanto por la grave naturaleza política del problema como por razones y circunstancias de oportunidad, pues de gran oportunidad ha sido para el Gobierno el revuelo que se ha montado con las palabras del teniente general Mena. De tal modo que para apuntalar el efecto reactivo de las izquierdas contra lo castrense se ha corrido muy apresuradamente a sancionar a otro general, por el transporte de los camareros aprovechando un vuelo de prácticas entre Zaragoza y Getafe.
Por eso urge el desplazamiento al plano de la sociedad civil de la resistencia nacional —mejor sonora que muda— contra el abuso estatutario que se negocia sin legitimación, tanto por ausencia de un mandato de las Cortes como de las propias urnas del 14M, pues tan grave asunto no figuraba en el programa electoral del PSOE. Urge especialmente tal desplazamiento para que no se explote más la cuestión catrense, al utilizarla como pantalla para convertir en “campaña de defensa de la democracia contra el golpismo militar”, lo que sólo debe ser una protesta civil frente al golpismo político contra el orden constitucional y la igualdad, en derechos y deberes, de todos los españoles. jose@javaloyes.net
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 11 Enero 2006
EL nacionalsocialista Pasqual Maragall, en su forzada condición de gran rabadán del catalanismo, convocó ayer en la Casa dels Canonges a los pastores de los distintos rebaños soberanistas y/o separatistas. El president quiere «blindar» la unidad de los partidos catalanes en torno al Estatut, aunque Artur Mas, ignoro si antes díscolo que pragmático, entiende y afirma que las negociaciones con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «no van por donde tendrían que ir». ¿Por dónde debieran de ir esas negociaciones?
A propósito de las indebidas declaraciones del teniente general Mena, innecesaria e interesadamente desquiciadas por unos y otros, ha dicho el líder del PP, Mariano Rajoy, que el presidente Zapatero «está jugando a la ruleta rusa con el Estatut, y eso general inquietud».
Conviene aclarar, para poder entrar en materia, que la ruleta rusa permite tres modalidades de uso. El revólver de tan maléfico, indeseable y temerario juego puede tener su tambor: a) completamente cargado, b) completamente vacío o c) cargado con una sola bala. Cuando el jugador aplica sobre su sien el revólver de la hipótesis «a», no hay tal juego y se trata, directamente, de un suicidio. En el supuesto «b», al desaparecer el riesgo por falta de munición, el caso se convierte en fraudulento y, llegados al «c», cuando puede hablarse con propiedad de ruleta rusa, es condición indispensable para entender el dramatismo del caso que el cañón del revólver se apoye sobre la propia sien del jugador, en ningún caso sobre la de un tercero. En ese supuesto habría que hablar de intento de asesinato.
Rajoy se ha equivocado otra vez más en la valoración de Zapatero. Atribuirle esa condición de jugador con riesgo es ignorar su esencia de oportunista. En el supuesto de que el líder socialista haya cargado con una bala el tambor de su revólver, apunta al aire. Aceptó el juego del Estatut para que Maragall pudiera ser presidente de la Generalitat y para, de paso, reforzar su propia debilidad parlamentaria. Les prometió a los socios catalanes del PSC, contra la propia naturaleza política del socialismo, un Estatuto que pudiera satisfacer a fuerzas descaradamente separatistas y eso no es jugar a la ruleta, correr un riesgo. Eso es aceptar, en beneficio propio, la certeza de un mal ajeno. Algo que se agrava y agiganta cuando lo «ajeno» afecta nada menos que a los supuestos en que se sustenta el Estado.
Zapatero y sus cómplices, voluntarios o casuales, pueden seguir tratando de distraer nuestra atención con anécdotas tan desafortunadas como la del teniente general Mena y Rajoy entrando al trapo de la contemplación pánfila; pero la realidad es que, por el mero interés socialista, el Gobierno ha prometido a los separatistas catalanes algo que no les puede dar porque no es suyo. Eso solo se arregla con la generosidad del acreedor o recurriendo a las urnas.
Tras el impecable mensaje del inadecuado emisor uniformado, el primero en disparar ha sido, como siempre, Duran Lleida: apuntando al pianista, le ha exigido explicaciones al PP. Esta pauta de explotación del incidente la va a seguir Bono, que lo aprovecha todo. Duran tiene que ser muy rápido con la insidia porque, si no, no se le vería, ni se le notaría, ni traspasaría. De todas las interrogantes que suscita este parásito político de Pujol heredado por Mas, la mayor tiene que ver con su vestuario: ¿de dónde saca pa tanto como destaca? Nos llamó mercenarios para allanarle el terreno al CAC cuando veían muy fácil cerrar la COPE. Luego llovieron setecientas mil firmas sobre el Parlamento Europeo.
Del mismo modo que se plantaron ante la emisora con Puig y Tardà antes de esconderse en el Congreso de los Diputados, los jóvenes de la extrema derecha separatista se han presentado ahora ante el Gobierno militar de Barcelona para “suspender en democracia” al Ejército español. Ellos, nada menos. Llaman a Mena “pregolpista” y reparten folletos: “Fuera el Ejército Español de los Países Catalanes”.
Todo lo que está ocurriendo, de principio a fin, tiene un responsable que se llama Rodríguez. Su compañero Felipe González lo acaba de retratar. Cuando se rompa la unidad del poder judicial, pregunten por Rodríguez. Cuando para obedecer los Pactos del Tinell se perjudique a los consumidores y se vulnere la competencia, pregunten por Rodríguez. Cuando entreguen su historial médico a la policía lingüística, pregunten por Rodríguez. Cuando se cierre un medio de comunicación, cuando un organismo político-administrativo juzgue la veracidad de opiniones adversas, pregunten por Rodríguez. Pregunten por él cuando Marruecos vea llegada la hora. Y cada vez que Batasuna-ETA dé una rueda de prensa para imponerle condiciones a la democracia.
Él ha roto el consenso constitucional, ha dejado en nada al Tribunal Supremo en el País Vasco, ha incumplido la ley de partidos, ha obligado al Congreso a tenderle una mano al terror, ha alentado el estatuto con el que los nacionalistas quieren reformar el sistema político español sin pasar por la reforma constitucional, ha demonizado a la oposición, ha afirmado que el 11-M estaba claro, ha llamado a la deserción de los aliados de Estados Unidos y ha ofendido a su bandera, ha puesto en tela de juicio la condición nacional de España, se ha abrazado a los líderes revolucionarios más peligrosos, ha perdido los fondos europeos o los ha cambiado como cromos en beneficio de quien condonó mil millones a su partido. Todos firmes y manotazo al PP venga o no a cuento. Vale. Pero cuando vean pudrirse la democracia pregunten por Rodríguez.
Nueve hospitales barceloneses han puesto a disposición de un organismo de la Generalidad los expedientes médicos de 846 pacientes. Sin autorización. Sin siquiera conocimiento de los afectados. Es un delito. Muy grave. Tipificado por los artículos 197 y 198 del Código Penal, y castigado con pena de cárcel. No hay violación más grave en una sociedad libre que ésta: que el Estado se arrogue potestad de interferir a su arbitrio la intimidad de los ciudadanos. “La libertad del pueblo está en su vida privada. No la turbéis” (Saint-Just). Mas, para la Generalidad de Cataluña, hay algo más sagrado que esa libertad: la lengua, espíritu patrio –Volkgeist de funesta memoria en Alemania – al cual es preciso sacrificar cualquier resabio individualista.
Es un delito. Que el Código Penal castiga con la cárcel. Delito - presunto, claro - del Consorcio para la Normalización Lingüística del tripartito. También, de las autoridades hospitalarias que toleraron violar así la confidencialidad de las historias clínicas. ¿Acabará alguien entre rejas? La defensa de los del Consorcio es fascinante: no se fijaron en el contenido de lo que leían; sólo en su estructura lingüística. Son buenos. Nadie irá a la cárcel. En claro: no hay ley en Barcelona.
Ya sea hablando de la OPA política contra Endesa, de la anunciada asamblea de Batasuna, de la liberticida amenaza que para los medios de comunicación supone el CAC, o del lógico malestar que, también en el ámbito militar, provoca el Estatuto; la actitud de Rodríguez Zapatero, durante el coloquio en los desayunos organizados por el Forum Europa en el Hotel Ritz, no ha sido otra que una variada antología de cómo negar la evidencia con la mayor desfachatez y desparpajo.
Como si el escándalo de los casos "Montilla" y "Maite Costa" no se hubiera producido, y los intereses políticos de socialistas y nacionalistas en esta OPA no fueran de sobra conocidos, Zapatero ha asegurado, con total desfachatez, que la decisión de su gobierno a este respecto vendrá marcada por dos guías, una de las cuales será "la salvaguarda de la competencia". Y eso nos lo dice Zapatero, pocos días después de haberse pronunciado en contra de esa OPA la máxima autoridad que existe en esta materia, como es el Tribunal de Defensa de la Competencia.
La segunda "guía" dada por el presidente, no menos cínica, ha consistido en lo que podríamos llamar una arenga patriotera. Así, Zapatero ha dicho que "sería el único presidente del mundo que no deseara para su país tener empresas fuertes en el sector energético" y que lograrlo daría "un valor añadido a España".
En muchas cosas, el presidente del Gobierno del 14-M, ciertamente, es un "presidente único en el mundo". Entre otras, en el hecho de gobernar con formaciones separatistas y en el no tener claro si el país que gobierna es o no una nación. Pero secundar esta operación político-financiera, instigada por el cuatripartito nacionalista catalán y olvidando que la eficiencia y la competitividad de las empresas no tiene porque residir en su tamaño, es buena muestra de hasta qué punto Zapatero, más que tergiversar, describe la situación de forma completamente antagónica a cómo es en realidad.
Otra perla de la gravedad del cinismo ilimitado de ZP, nos la ha proporcionado el presidente al inhibirse de la anunciada asamblea que ETA-Batasuna pretende celebrar el próximo día 21. En lugar de criticar al gobierno vasco por su visto bueno a ese acto, que de forma tan abierta desafía a la Ley de partidos, Zapatero ha insistido cínicamente en que "las competencias en lo que afecta a este tema, en buena medida son competencias de la comunidad autónoma".
Sin importarle dejar sin efectos una ley que –como la de la ley de partidos– sigue en vigor, Zapatero ha hecho caso omiso a las palabras del presidente del Tribunal Supremo, que ha salido a la palestra para recordar que sigue "a la espera" y que sin el requerimiento previo de la Fiscalía General del Estado o la Abogacía General del Estado –ambas dependientes del gobierno central–, el Tribunal no puede tomar cartas en el asunto.
No menos cínica ha sido la forma con la que Zapatero ha tratado de desligarse del CAC y su liberticida amenaza a los medios de comunicación. ¿A quién quiere engañar Zapatero por el hecho de señalar que el CAC y sus liberticidas funciones es cosa del parlamento autonómico? ¿Acaso él no lo ha secundado en todo momento para que ahora creamos que la cosa no va con él?
¿Y qué decir –por último– de la frialdad con la que ZP ha tratado de tomar el pelo a los periodistas congregados en el Ritz al asegurarles que, salvo el caso de Mena Aguado, no existe malestar en el Ejército? Pero, ¿cómo se puede faltar a la verdad con tanto descaro? ¿Tan seguro está Zapatero de que la mayoría de los periodistas se harán cómplices de sus mentiras?
Antes del discurso de Mena Aguado, ¿creía alguien, acaso, que los militares eran una excepción al malestar social que provoca un proyecto que proclama a Cataluña como nación y acaba con la unidad de España y con la Constitución del 78? El caso es que Zapatero, sin importarle la lógica más elemental y las pruebas del amplio malestar militar que se acaban de publicar en diarios como La Razón, El Mundo o ABC, se atreve a negar lo evidente.
Cinismo, ciertamente, “único” el de este presidente de Gobierno.
El discurso de Mena Aguado el día de la Pascua Militar ha dejado a muchos analistas políticos fuera de juego intelectual. Sus mentes quedaron atrofiadas por esquemas del pasado. Ni siquiera han sabido circunstanciar este acontecimiento, sin duda alguna, político en la situación dramática que vive España. Incluso la descripción que han hecho del asunto algunos cronistas políticos, sin rozar siquiera el contenido de moral ciudadana que alojaba el discurso, es de aurora boreal. El empecinamiento doctrinal de quienes no soportan, por supuesto, con razones de envergadura, que un militar opine de la Constitución, no debe llevarnos a la condena y estigmatización del militar cesado y, lo que es peor, arrestado. Pues que este proceder, en mi opinión, sería como cerrar los ojos a la evidencia de que la democracia española está en peligro.
No es conveniente que un militar hable de política. De acuerdo, pero lo ha hecho, y no podemos escaparnos estigmatizando al protagonista. Eso sería tanto como simular que no nos enteramos de lo que está pasando, o peor, le damos la razón al Gobierno por su política de arresto autoritario. Hay que hilar fino en este punto, especialmente si reconocemos que la nación cruje por todas partes, porque una élite política, la nacionalista y la socialista, da por hecho que el régimen democrático surgido de la Constitución del 78 está fenecido. En fin, unos, siguiendo esa lógica del disimulo, tan cobarde como educada desde el punto de vista de la corrección política, tildan las palabras de Mena Aguado como anacrónicas e improcedentes. Otros, insisto, parapetados en viejos esquemas de dictaduras periclitadas, se han negado a darle la más mínima relevancia a las palabras de un alto mando del ejército nombrado por el actual Gobierno.
Así las cosas, y después de observar las reacciones de solidaridad que ha recibido este alto funcionario del Estado, me reafirmo en lo ya mantenido hace unos días: el discurso de Mena Aguado era merecedor de sanción. Vale. El cese es comprensible, pero no el arresto. Y es que, reitero, el discurso de Mena Aguado es actual, demasiado actual. Es intempestivo. Las declaraciones de Mena Aguado son un síntoma de que la nación todavía existe. Son una bocanada de aire fresco para la democracia española. Son las palabras de un hombre recto, moral, dispuesto a recibir el castigo por rebelarse ante la injusticia.
Sin duda son palabras ajustadas a derecho, pero no se le castiga por lo dicho, sino por poner en cuestión a quienes nos llevan al desolladero. No se le juzga por sus palabras, pues que son las mismas que las de cualquier constitucionalista de boquilla, por ejemplo, Bono, sino que se le castiga por extralimitarse de su ámbito de competencia. ¡De acuerdo! Mena Aguado lo aceptará sin rechistar. Sabía que era la única manera de defender la nación democrática. La fidelidad a la Constitución se ha convertido en un acto desobediencia civil. He ahí la primera señal de un ciudadano ejemplar. El militar ha actuado en calidad de ciudadano. La pena recibida es la muerte civil por ser defensor de la Constitución. Terrible.
Las palabras del jefe de la Fuerza Terrestre son una reacción democrática y constitucional ante la anacronía e inoportunidad de la política de Zapatero y los nacionalistas. Surgen de un estado de malestar creado por el proceso de desmontaje del Estado democrático, del Estado surgido de la Constitución de 1978, que han iniciado Zapatero y los nacionalistas. Son palabras que brotan de una necesidad profundamente moral por rebelarse ante el proceso de destrucción de la nación democrática. Cualquiera con sensibilidad democrática sabe que el discurso de Mena Aguado no era anacrónico ni improcedente, sino demasiado actual, intempestivo. Revela lo que nadie quiere decir. Molesta. Se la jugaba por su nación. El militar que defienda hoy la Constitución española es un rebelde civil, porque se enfrenta al Ejecutivo que la está destrozando a través del proceso tramposo de una aprobación de Estatutos de Autonomía por vía ilegítima. El discurso intempestivo de Mena revela el discurso anacrónico de Zapatero. Revela, sobre todo, la fuerza moral que aún anida en millones de españoles ante la inmoralidad de un ejecutivo que quiere dejar fuera de España a la mitad como mínimo de la población.
Zapatero ha dado “vida” de nuevo a la inscripción de Larra: Aquí yace media España. Murió de la otra media.
Persiguen por todos los medios la ruptura material de la Constitución. Sin embargo, utilizan sin pudor la letra pequeña de los derechos y garantías que nuestro ordenamiento otorga a todos los ciudadanos. «Fair trial», lo llaman los ingleses. Derecho a un juicio justo. Es la clave de bóveda del Estado de Derecho. Lo reconoce con generoso criterio el artículo 24 de la Constitución. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia ocupa varios volúmenes. Sin exageración alguna: hay más recursos de amparo relativos a las garantías jurisdiccionales que al resto de los derechos fundamentales juntos. Así que ya está casi todo dicho, en general con sentido común y buen criterio. De hecho, las reiteradas denuncias acerca del atasco permanente que sufre el TC se refieren al abuso por parte de muchos litigantes en la invocación de estas garantías. Con frecuencia, en efecto, se trata de apelaciones infundadas, a veces temerarias. Tal vez una mera rutina procesal.
Tutela efectiva de jueces y tribunales sobre los derechos e intereses legítimos, «sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión», dice el artículo 24. Indefensión es un concepto técnico-procesal, no una fórmula retórica para protestar por todo. Implica una privación ilegítima o una limitación sustancial de los medios de defensa que da lugar a un perjuicio grave para el justiciable. Debe referirse a la aportación y prueba de los hechos o la alegación ante el órgano jurisdiccional de los fundamentos jurídicos en que se sustenta la defensa.
Ha de tener carácter definitivo y debe ser insubsanable. Conlleva para quien la invoca la carga de especificar qué cuestión de hecho o de derecho ha resultado imposible de llevar al proceso. La cita de las sentencias constitucionales que formulan, matizan, especifican y delimitan estos criterios podría llenar varias páginas del periódico. Todo esto lo conocen los letrados defensores de los 56 acusados en el «macrojuicio». Lo saben de sobra, salvo ignorancia inexcusable, los miembros de los órganos de gobierno de la abogacía vasca. En un proceso cualquiera, podría entenderse como una maniobra dilatoria o un artilugio de leguleyos. Viejos trucos del oficio, quizá los menos elegantes. En este caso, hay algo más: responde a una actitud intolerable de los abogados y a la hipocresía de quienes lo fomentan, toleran o amparan. El Estado de Derecho va a superar este nuevo desafío. Pero el ciudadano honrado no puede evitar que le dominen la indignación y el desprecio.
Ha sido tal vez la imagen más patética en lo que llevamos de legislatura: mientras medio centenar de mandos militares revelan el malestar de los cuarteles por el Estatut, el presidente del Gobierno manifiesta que lo de Mena es "un caso aislado". En la misma entrevista, ZP afirmaba que España está "más unida que nunca". ¿Cómo es posible tanta ceguera, tanto empecinamiento, tanta negación expresa de la realidad? ¿"Un caso aislado"? ZP sí que es un caso. Y, desde luego, cada vez más aislado… del mundo real.
Lo peor es que este autismo político no afecta sólo a ZP, sino que es la tónica general de la izquierda-poder. Uno escucha a la izquierda oficial y se queda pasmado: no es posible que se crean realmente las cosas que dicen. No es posible que crean que su camino es el único correcto y que todas las críticas, vengan de donde vengan, son golpismo militar, franquismo resucitado o fanatismo religioso. Es verdad que el poder tiende a crear una cierta "cultura de la mentira": lo hemos visto en Cataluña y en el País Vasco. Pero hay una diferencia de grado: una cosa es mentir y otra es creerse las propias falsedades. Lo primero, en política, es un frecuente problema moral; lo segundo ya es un problema clínico.
Que la izquierda española abra los ojos: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si una buena porción de la sociedad se echa a la calle por la enseñanza, no es porque los obispos sean bestias perversas, sino porque la educación es un problema y la LOE no lo soluciona, sino que lo agrava. Si el Estatut ha generado una intensa alarma social en todos los sectores de la vida pública, no es porque todos seamos unos fachas castellanocéntricos que odiamos a Cataluña, sino porque el Estatut, objetivamente, amenaza la democracia y el orden constitucional. Si hay tanta gente exasperada por los tejemanejes con ETA y Batasuna, no es porque seamos cerriles enemigos de la paz, sino porque sabemos -¡y cómo!- que hacer concesiones al que tiene una pistola es entregarle munición. Si un militar repite lo que la Constitución dice, eso no es golpismo, sino, simplemente, la Constitución. Y por supuesto: cincuenta generales no son "un caso aislado".
A propósito de golpes, va dando la impresión de que donde hace falta un golpe es en la izquierda. Uno de esos golpes que sirven para despertar al que se halla en trance; un golpe que despierte a la izquierda española de este delirio absurdo que nos ha devuelto a un escenario como el de 1931. Porque la izquierda más avisada ya está viendo lo que pasará: cuanto más tiempo siga ZP en el poder, más difícil será para el PSOE revalidar la victoria y, sobre todo, más difícil le resultará volver. Y el PSOE se convertirá en "un caso aislado".
La reacciones provocadas por las palabras del teniente general Mena que han conducido a su arresto y destitución son dignas de un análisis detenido. Mientras los medios de comunicación y los políticos se han apresurado a condenarlas con rara unanimidad, intentado resucitar el miedo al golpismo de la Transición, la opinión pública no nacionalista ha comprendido desde el principio, con mucha más clarividencia que sus gurús mediáticos y políticos, que hay una diferencia esencial entre las manifestaciones militares de entonces y la de ahora: ya no se trata de amenazar con una involución del régimen democrático, sino, justo al contrario, de defender la Constitución.
Las palabras de Mena, perfectamente medidas y pensadas, eran inevitables, como se le escapó a Elorriaga, porque en ninguna cabeza humana cabe que las Fuerzas Armadas (y, por supuesto, su Jefe supremo) permanezcan sordas y mudas ante lo que está ocurriendo. Y no sólo por la misión de defender el ordenamiento constitucional que les encomienda el artículo 8 de la Constitución, sino porque son parte de la sociedad, y toda la sociedad se vería afectada por la aprobación de Estatutos de Autonomía consciente y abiertamente anticonstitucionales.
En particular, esta hipótesis (por fortuna impensable, según el propio Mena) plantearía gravísimos dilemas profesionales y de conciencia no sólo a los militares, sino todos a los funcionarios públicos, que hemos jurado o prometido guardar y hacer guardar la Constitución. Los funcionarios estamos obligados a cumplir las disposiciones y órdenes emitidas por las autoridades constitucionalmente legítimas. Sería el caos si se nos permitiese cuestionar la constitucionalidad o legalidad de las disposiciones y órdenes que tenemos que aplicar. No obstante, este deber de obediencia tiene límites, pues los funcionarios no estamos obligados a cumplir disposiciones u órdenes patentemente delictivas o inconstitucionales; de hacerlo, podríamos incurrir en delito.
El artículo 9.1 de la Constitución, el siguiente al 8 invocado por Mena, establece que los ciudadanos y los Poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico. Esto también vale para las Cámaras parlamentarias, que no pueden abandonar su posición institucional para jugar a "superar el marco constitucional".
Ahora bien, eso ya ha ocurrido dos veces, primero, con la aprobación del Plan Ibarreche por el Parlamento vasco y, después, con el proyecto de nuevo Estatuto catalán, sin que ello acarrease la sanción prevista por la Constitución para tales casos de insubordinación autonómica, que es la aplicación del artículo 155. Es más, mientras el Plan Ibarreche al menos no fue admitido a trámite por el Congreso, el proyecto del nuevo Estatuto sí lo ha sido: la hipótesis "afortunadamente impensable" de la que hablaba Mena a día de hoy no es tan impensable, y ahí reside la justificación de sus palabras.
¿CUÁNDO se calmará un poco esto? Lo pregunto porque empieza a resultar tedioso que no haya un solo día sin una tensión grave; casi siempre proveniente del flanco nacionalista. Ayer mismo, los partidos catalanes dieron escasas muestras de comprensión hacia los sentimientos del resto de los españoles y acordaron mantener el término nación en su Estatuto, sus exigencias ante la futura agencia tributaria y las diferencias que los separan del Gobierno central. Los propios socialistas han puesto en otro aprieto a sus compañeros del PSOE. Da la impresión de que buscan el todo o nada y en el fondo están tratando de justificar una retirada del texto.
Con esta herida abierta, ahora estamos forzados a mirar al País Vasco, por el próximo congreso de Batasuna. ¿Un partido ilegal va a celebrar un congreso?, se preguntarán ustedes. ¿Y será de puertas abiertas? ¿Y con cámaras de televisión? Sí, señor; y si es preciso, retransmitido en directo. Ayer vimos la impotencia del Estado ante ese desafío a las sentencias del Tribunal Supremo. Fue cuando le preguntaron a Zapatero si lo iba a prohibir, y respondió que eso es competencia del Gobierno autónomo vasco. ¿He dicho impotencia del Estado ? Habría que decir ridículo del Estado, porque debemos ser el único país del mundo donde una de sus partes puede incumplir una sentencia de su más alto tribunal sin que ocurra absolutamente nada.
También habló el propio presidente del Tribunal Supremo, la alta instancia que declaró la ilegalidad de Batasuna y la calificó como organización terrorista. Y ese tribunal no puede actuar, salvo a instancias de la Fiscalía General o de la Abogacía del Estado. No tiene ninguna otra capacidad coercitiva para decirle a la autoridad civil la barbaridad que supone reconocer el derecho de reunión y propaganda política a una organización ilegalizada. Esto es muy puro desde el punto de vista procesal, pero pone sobre el tapete las dificultades que encuentra la Justicia frente a la facilidad de funcionamiento que tiene una organización que está fuera de la ley.
¿Quieren completar el cuadro? Pues miren el proceso mental en que han entrado algunos socialistas. El portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, acusó a quienes critican que se permita ese congreso de pretender arruinar cualquier posibilidad de acuerdo. Es decir, que, si hay alguna posibilidad de que ETA deje las armas de forma pactada, debe hacerse la vista gorda, dar barra libre a los batasunos y permitir todas las burlas a la ley. Esto, señores, es poco noble. Es cargarse los principios. Y algo peor: es convertirse en prisioneros del terrorismo, que maneja los designios políticos a su antojo y conveniencia. No lo podemos entender.
Hasta ahora muchos pensábamos, incluída yo misma, que no existían problemas reales, de convivencia, de entendimiento , en CCAA, como Catalunya, en las que los ciudadanos podemos expresarnos en dos lenguas oficiales. Ya , la Ley de Normalización Lingüística que en su momento aprobó el gobierno de CIU, fomentaba el uso y la utilización del catalán, pero en algunos aspectos presentando la obligatoriedad de su utilización y la correspondiente sanción , por ejemplo en estableciomientos comerciales. El PP, votó en contra de esta ley, porque lo que defendemos es fundamentalmente la defensa del bilingüísmo y de la libertad de uso de cualquier ciudadano en Catalunya o en cualquuiera otra Comunidad Aútónoma.
Pero lo que está ocurriendo ahora, es desproporcionado e injustificado, no se puede permitir que un gobierno tripartito nacionalista, con un PSOE cada vez más nacionalista, envíe inspectores a las escuelas para que no se hable castellano o que se tengan que comprobar los historiales clínicos de los enfermos catalanes, para conocer el uso de del catalán en los mismos, con la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Y eso, de lo que nos hemos enterado...La situación está pasando a ser verdaderamente preocupante, los catalanes desean una tierra en la que la lengua sea un elemento de riqueza común y no de división. se debería parar a los que pretenden convertir una sociedad plural y bilingüe , en una isla monolingüe. De hecho , hasta Zapatero le está llevando la contraria a su delegado en la negociación del Estatut,a Rubalcaba, cuando dice que el régimen linguístico del catalán va a ser el mismo que hasta ahora, o sea que lo que pactó Rubalcaba con el cuatripartito catalán , del "deber de conocer el catalán", nada de nada. Si, el mismo Zapatero no nos hubiera metido en estos líos, no pasarían estas cosas.Hay que pensar las consecuencias de las cosas..
De los veinte integrantes de las dos células islamistas radicales desarticuladas ayer en Barcelona, Guipúzcoa y Madrid, el ministro de Interior ha destacado especialmente que formaban una red con un nivel de organización muy superior al de otras descubiertas anteriormente. Tanto, que se trataría de un grupo responsable del adoctrinamiento y envío de muyahidines a Irak, uno de los cuales incluso pudo ser el terrorista suicida que hace dos años mató a diecinueve 'carabinieri' italianos en territorio iraquí.
Esta operación abunda en el especial relieve del trabajo policial contra el terrorismo islamista en España, máxime si se tiene en cuenta que desde 2005 se han detenido ya a cerca de un centenar de acusados de pertenecer o mantener vínculos con estas organizaciones y que la de la madrugada de ayer fue la segunda redada en lo que va de año; cifras y tendencias que no deben interpretarse como propias de la rutina de las fuerzas de seguridad, sino como fruto de una necesaria labor preventiva y de investigación. La presencia o el asentamiento de grupos fundamentalistas radicales en España rebasa, a la vista de los datos, los cálculos oficiales conocidos, sin que valga ya la consideración de que nuestro país es sólo una base organizativa.
Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid son una constatación de la vigencia de este peligro, compartido con otros Estados y sociedades. La peculiaridad de unas tramas sin organización jerárquica piramidal, sino más bien conformadas mediante células de 'trabajo' estancas, con elementos que transitan indistintamente por la delincuencia común o el trabajo legal y a veces -como ha sido el caso de uno de los detenidos en esta última operación- con la cobertura de una actividad religiosa manipulada, hace que esta 'impermeabilidad' a elementos externos sea muy costosa y lenta de romper por parte de los servicios de seguridad.
Después del 11-S, del 11-M y de los atentados del pasado verano en Londres, los terroristas y quienes les amparan deben comprobar rotundamente que las garantías de un Estado de Derecho nada tienen que ver con la impunidad. Cada foco de activismo o adoctrinamiento en el fanatismo desarticulado es un peligro del que se libra a la ciudadanía, incluidos los 500.000 miembros de la comunidad musulmana en España.
Una Proposición de Ley del Parlament recoge términos similares al acuerdo Gobierno-cuatripartito
Madrid- La posible imposición de conocer el catalán de manera «suficiente» para poder ejercer como juez o fiscal en Cataluña, y, de forma especial, para obtener una plaza en los concursos de traslado atentaría directamente contra lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial e incluso de la recientemente aprobada por el Ejecutivo reforma judicial, además de lo establecido por el Tribunal Constitucional y de reiterados manifiestos del Consejo General del Poder Judicial sobre el uso de las lenguas autonómicas. El propio presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Francisco José Hernando, rechazó ayer que el conocimiento de la lengua catalana pueda considerarse un requisito y condición para acceder a la provisión de destinos de jueces y magistrados.
En el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y todos los partidos catalanes, excepto el PP, se contempla que «para ocupar una plaza de magistrado, juez o fiscal en Cataluña, los candidatos deben acreditar un conocimiento adecuado y y suficiente del catalán», conocimiento que pasa a ser «requisito» para obtener una plaza en los concursos de traslado.
De recogerse definitivamente este acuerdo en el texto de reforma de Estatut que se apruebe podría suponer, según distintas fuentes jurídicas consultadas por este periódico, que tenga que abordarse una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial e incluso lo dispuesto en la recientemente aprobada Justicia de Proximidad. En ambos textos se dispone que el conocimiento del idioma oficial propio de las comunidades autónomas se valorará como mérito preferente para acceder a la provisión de plazas.
Así, en el Anteproyecto aprobado sobre Justicia de Proximidad se incluye como una de las «peculiaridades» al ingreso en la carrera judicial por esta vía el que los méritos «atenderán de manera preferente a las funciones jurisdiccionales desempeñadas por los candidatos, así como al conocimiento de la lengua y derecho propio de la Comunidad Autónoma donde se halle el municipio» en el que vaya a crearse ese juzgado de proximidad. Es decir, se establece el conocimiento de la lengua propia -catalán, euskera o gallego- como «mérito preferente» para acceder, en este caso, a la carrera judicial, a través de los juzgados de proximidad, pero sin exigirse ni «conocimiento suficiente», y, menos aún, como «requisito» para obtener plazas en los juzgados catalanes.
Esta misma previsión es la que se recoge de forma literal en la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial. Así, en su artículo 341 se recoge de forma taxativa que para la provisión de plazas de presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de las audiencias provinciales, en aquellas comunidades con Derecho Foral o Civil Especial propio, así como de idioma oficial, «el Consejo General del Poder Judicial valorará como mérito la especialización» de esos Derechos «y el conocimiento del idioma propio de la Comunidad». Pero, además, se establece como «mérito preferente» ese conocimiento «en los concursos para órganos jurisdiccionales de su territorio».
Compartimentar la carrera judicial. Éste ha sido el criterio que, en reiteradas ocasiones, ha mantenido el CGPJ cuando ha tenido que pronunciarse sobre el conocimiento y uso de las distintas lenguas oficiales para acceder a determinados cargos de la Administración de Justicia. En concreto, y en lo que se refiere al conocimiento del catalán, el dictamen más concluyente fue el emitido en noviembre de 2004, cuando el CGPJ se pronunció sobre una Proposición de Ley del Parlament de Cataluña en al que se establecía la necesidad de que los jueces tuviesen que tener un conocimiento «suficiente» -el mismo término que se recoge en el acuerdo entre Gobierno y partidos catalanes- para ejercer en Cataluña.
El informe del CGPJ consideraba «más acertada» la legislación vigente, que no valora el conocimiento de la lengua autonómica respectiva como un requisito obligatorio sino como mérito preferente para esas plazas. Lo contrario «conduciría a una compartimentación territorial de la Carrera, que desvirtuaría de hecho su carácter único o nacional, pues resulta inherente a dicho carácter la posibilidad de movilidad territorial o geográfica de sus miembros sin obstáculos o trabas que la hagan en la práctica excesivamente difícil».
Este mismo criterio mantuvo el pasado mes de septiembre el CGPJ, cuando se advertía al Gobierno vasco de que no podía imponer la exigencia de un nivel determinado del euskera para trabajar en los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia, tal como se establecía en un proyecto de Decreto: Gestión Procesal y Administrativo, Tramitación Procesal y Administrativa, Auxilio Judicial y Médicos Forenses.
Francisco Hernando, en alusión a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado: «Estamos esperando si hacen la petición, y si la hacen, responderemos»
MADRID/VITORIA. ¿Qué iniciativas se pueden tomar frente al congreso que la ilegalizada Batasuna tiene previsto celebrar en Bilbao el próximo día 21 y a quién corresponde adoptarlas? La respuesta a ambas preguntas varía según quién la responda: el presidente del Gobierno señala que la competencia es del Ejecutivo vasco, y éste, por contra, que es del central. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo ha lanzado la pelota al tejado de Moncloa y ha emplazado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado a actuar.
José Luis Rodríguez Zapatero trasladó ayer al Ejecutivo vasco la responsabilidad sobre la autorización para celebrar el congreso ya que, según dijo, «las competencias son en buena medida de la comunidad autónoma». A la pregunta directa de si el Gobierno impedirá la celebración de ese congreso, dijo que lo que el Ejecutivo hará será «cumplir la ley en lo que puede afectar al ámbito de sus competencias», pero con la antedicha matización.
Por otra parte, Zapatero aseguró que «mis esperanzas siguen intactas» en cuanto a la posibilidad de un próximo y definitivo fin del terrorismo de ETA. «2006 será un año, en ese proceso largo y difícil, mejor que 2005», pronosticó, sin querer añadir ninguna otra consideración.
«Extinguida judicialmente»
El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, advirtió en los desayunos de Europa Press que Batasuna no puede convocar un congreso porque «está extinguida judicialmente» y, en consecuencia, no tiene ni personalidad jurídica ni legitimidad para hacerlo. Esta es la misma circunstancia que el mes pasado llevó al Tribunal Constitucional a inadmitir a trámite el recurso de amparo planteado por Batasuna contra la orden dictada por el Tribunal Supremo para disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak. El TC certificó entonces la «muerte civil» de Batasuna.
Hernando, que presidió la Sala Especial del Supremo que en 2003 ilegalizó la formación proetarra, aseguró que el alto Tribunal puede adoptar medidas contra la celebración de la asamblea, pero sólo si las solicitan la Fiscalía o la Abogacía del Estado. «Estamos esperando si hacen la petición, y si la hacen, responderemos», dijo.
Fuentes jurídicas indicaron que la celebración de la asamblea supondría un quebrantamiento de la sentencia de ilegalización, que ordenó el cese de todas las actividades de Batasuna como consecuencia de su disolución judicial. Es en este contexto en el que se situarían las actuaciones del fiscal y del abogado del Estado a las que se refirió Hernando.
En medios fiscales se señala que la llave para autorizar el acto -y para determinar la legalidad del mismo- la tiene el Gobierno vasco, por lo que si éste permite la celebración del congreso, la Fiscalía no podría actuar.
La posición del Ejecutivo autonómico se aclaró ayer al confirmar éste que no impedirá la celebración de la asamblea. «Impedir, negar, acallar y confrontar», como exige el PP en solitario, «no van a ser verbos que nos acerquen a la paz», manifestó la portavoz del gobierno vasco, Miren Azkarate. Frente a la exigencia de los populares y a la opinión de Hernando, trasladó que se trata de «un acto que el Gobierno vasco observa con normalidad» y contra el que no tiene previsto actuar, ya que un congreso «donde la gente reafirme la voluntad de diálogo es el camino a recorrer», puntualizó.
En cualquier caso, fuentes de Presidencia del Ejecutivo autonómico puntualizaron que al tratarse de un acto que se desarrollará en un recinto privado, y no en la vía pública, la iniciativa para prohibirlo o no es competencia del Gobierno central, y no del vasco. Este último intervendría a posteriori, a requerimiento de la justicia, cuando la decisión de impedir la asamblea ya se hubiera adoptado.
Los 20 detenidos en Madrid, Cataluña y País Vasco reclutaban terroristas suicidas para la guerra
Madrid- Policía y Guardia Civil han detenido en Madrid, Barcelona y el País Vasco a veinte presuntos islamistas acusados de formar una red dedicada a la captación, adoctrinamiento y envío a la guerra de Iraq de mujahidines como terroristas suicidas, con ramificaciones en Francia, Bélgica, Holanda, Argelia, Marruecos, Turquía, Siria e Iraq. Se trata de la tercera operación policial llevada a cabo en España en menos de un mes contra reclutadores de voluntarios islamistas.
La redada ha permitido esclarecer la identidad de uno de los autores del atentado suicida contra las Fuerzas de Seguridad italianas establecidas en la ciudad iraquí de Nasiriya.
En aquel ataque, ocurrido el 12 de noviembre de 2003, murieron 19 italianos (doce carabinieri, cinco militares y dos civiles) así como nueve iraquíes. Se trata de un argelino, identificado como Belgacem B., captado y enviado desde España al país en conflicto por la red ahora desarticulada, en otoño de 2003.
Su vinculación con la agresión terrorista citada ha podido establecerse gracias a movimientos de cuentas de la red donde figuraba reiteradamente el argelino y algunos envíos de fondos a Iraq, también a su nombre. Los investigadores obtuvieron algunas informaciones que apuntaban a su presencia en el atentado suicida contra los italianos, lo que fue corroborado con las pruebas de ADN. La Guardia Civil obtuvo muestras anónimas de esa acción, conservadas por la administración italiana , y las comparó con otras solicitadas a parientes en Argelia del sospechoso. El cruce de ambas dio positivo.
Dos células. La red desarticulada, que promovió su envío como terrorista suicida , estaba formada por dos células, con base en la localidad catalana de Vilanova i La Geltrú (15 detenidos) y Madrid (3). Ambas se dedicaban desde hacía más de dos años a la captación, adoctrinamiento y envío de voluntarios como mujahidines a la guerra de Iraq.
La primera, en la que fueron arrestados 13 marroquíes, un turco y una española conversa, también se ocupaba de financiar los traslados de efectivos desde el norte de África con destino final a Iraq para proporcionárselos a la red de Bin Laden en ese país, liderada por el terrorista Al Zarqawi.
La operación en Vilanova movilizó a unos 300 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil y se saldó con la detención del presunto líder de uno de los grupos así como del imán de la mezquita de la localidad catalana.
La célula madrileña (dos marroquíes y un argelino) también acogía y alojaba a los mujahidines que regresaban de Iraq, quienes luego eran los encargados de la selección de nuevos candidatos y de la planificación de acciones violentas que la dirección de Al Qaida decidiera acometer en territorio europeo, según fuentes de la investigación. Con relación a ambas células han sido detenidos también dos marroquíes (uno en Tolosa -Guipúzcoa- y otro en Sant Boi de Llobregat) y un español, natural de Vilches (Jaén), arrestado también en la citada localidad catalana.
En la ruta de envío la red utilizaba Siria como país lanzadera para introducir terroristas suicidas en Iraq. La Policía tiene documentados desde el otoño de 2003 hasta enero de 2005 al menos doce viajes a ese país desde España por parte de otros tantos voluntarios con el propósito de pasar a Iraq para combatir del lado de las fuerzas rebeldes. Según fuentes de la investigación, siete de ellos fueron detenidos por las autoridades sirias entre abril y mayo de 2004 y todos ellos expulsados a Marruecos en enero de 2005.
Según algunas fuentes, la desarticulación de la red han partido de investigaciones realizadas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que determinó ramificaciones de estos grupos en Europa, Magreb, Turquía, Siria e Iraq.
La reunión del Pleno del Patronato del Archivo General de la Guerra Civil Española en Madrid provocó un fabuloso zafarrancho dialéctico entre la ministra Calvo, la consejera Clemente y el alcalde Lanzarote
MADRID. Sala de Prensa del Ministerio de Cultura. Luz y muchos taquígrafos. Ante un Archivo expiatorio ya en «cuerpo presente», ya cadáver exquisito «orondo y rotundo» -en palabras del alcalde salmantino, Julián Lanzarote- Carmen Calvo «escenificó una pantomima» -según dijo la consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente- al reunir al Pleno del Patronato del Archivo en Madrid, y no en Salamanca, su sede natural, cuando el traslado es cuestión de horas.
Sobre el tapete, Clemente le plantea a Calvo un aplazamiento (hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional) de la ejecución de la ley que «restituirá» -verbo que entusiasma a la ministra- los fondos «expoliados» a la Generalitat y que se encuentran en Salamanca. Pero Calvo no es clemente con su homóloga castellano-leonesa: «No es posible, ni siquiera jurídicamente. El TC dará la razón a quien la tenga; las leyes se pueden recurrir, pero no se pueden paralizar. Tampoco se puede dilatar la restitución».
«El traslado, una decisión política»
La ministra reconoce que el envío a Cataluña del Archivo de la Guerra Civil es «una decisión política que el Gobierno adoptó y elevó a rango de ley. El único que no la ha entendido ha sido el PP, que votó en contra». Asegura que la unidad funcional del Archivo «se queda intacta» porque el Archivo nada en fabulosas fotocopias (Julián Lanzarote recogería este guante y se referiría a posteriori al Archivo como un «vulgar centro de fotocopias»). «Ésta es una ley en la que ha hablado la democracia española -recalca Carmen Calvo-. La historia hay que aceptarla y restituirla con justicia cuando se debe y se puede y en este caso no hay ningún tipo de discusión. Como demócrata respeto la decisión de quien la toma con arreglo a la legalidad». Y apostilla que lo que se pretende es no enfrentar a unos territorios con otros, «como otros [y no dio nombres] quieren».
Se enorgullece Calvo de haber reu-nido al Pleno del Patronato en tres ocasiones. Aclara que la Abogacía del Estado le dijo que no era necesario el informe de ese Patronato -«cuya misión es asesorar y emitir informes no vinculantes», subrayó- para autorizar o no el traslado de los papeles de Salamanca. Y asegura que la comisión de expertos que sí abogó por la partida de los legajos a Cataluña se nombró por 11 votos a favor y 2 en contra, «en el seno del propio Patronato». «Votaron los patronos nombrados por el anterior Gobierno y los dos votos en contra fueron del Ayuntamiento de Salamanca y de la Junta de Castilla y León», desveló la ministra reveladora.
«Escenificación de una pantomima»
Calvo termina su rueda y se levantan luces y taquígrafos al unísono para enfocar, en el vestíbulo de la sala de Prensa ministerial, a la consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente. Lo primero que dice es que ha asistido, como convidada de piedra, a «la escenificación de una pantomima» y a la «expoliación» de un Archivo. Denuncia: «En las cajas hay documentación que no se puede devolver a Cataluña porque nunca perteneció a sus instituciones. Le he pedido a la ministra que se revise la documentación que correspondió a las instituciones de Cataluña porque la propia página web del Ministerio de Cultura explica que hay documentos que no corresponden a las instituciones catalanas». Y pide clemencia: «Deberían esperar a que el poder judicial se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la Ley».
El mayor expolio de Europa
Sobre el mismo escenario, el alcalde de Salamanca toma el relevo y anuncia: «Desde hace hora y media, el Archivo de Salamanca es un cadáver orondo y rotundo. Y se ha llegado a esa situación por el sectarismo y el resentimiento de un Gobierno más que débil. Existe un dicho popular que dice: «El que quiera aprender tiene que ir a Salamanca»; ahora hay que darle la vuelta y decir: «El que quiera aprender tiene venir aquí, al Ministerio de Cultura», donde se ha cometido esta fechoría».
Julián Lanzarote tomó notas durante la reunión del Pleno y suelta al vuelo una de las perlas cultivadas que capturó de la ministra: «Ha dicho Carmen Calvo que los documentos de un Archivo deben estar siempre pegados a la tierra que los genera y al sentimiento y al animo de las gentes». Con esta «afirmación preciosa» -el alcalde dixit-, la ministra «se carga de un plumazo todos los archivos del mundo». Lanzarote también afiló su lapicero con la «sentencia» de Calvo de que los papeles de Salamanca fueron «robados»: «En la mayoría de los museos nacionales cuelgan cuadros robados. Por ejemplo, en el Museo del Prado está «la pintura de Flandes» porque un duque de Alba se apioló de ese lienzo. La ministra se carga ahora todos los museos del mundo».
Pero las diatribas de Lanzarote no iban contra Calvo, a quien -confesó- le ha «cogido cariño», sino contra Zapatero: «La culpa la tiene el presidente de un Gobierno bastante débil y con tan poco sentido de Estado. Se trata del mayor expolio cultural en Europa Occidental que propina un Gobierno democrático a la cultura española. Carmen Calvo es una mera ejecutora. Yo la he compadecido esta mañana. Aunque ella no tiene la culpa, va a pasar a la Historia como la ministra de Cultura que desmanteló la Cultura. ¿Se acuerdan ustedes del Motín de Esquilache? Pues dentro de unos años se dirá: «la» (sic) Calvo se ha cargado la Cultura española».
Lanzarote coincidió con Clemente en la denuncia de que «hay documentos en las famosas 507 cajas que no pertenecen ni por asomo a la Generalitat. Vamos a suponer, que es mucho suponer, que la actual Generalitat es heredera de la Generalitat republicana, pero el Ministerio en su página web deja claro que hay documentos que no corresponden a la institución catalana».
Por la tarde, en Salamanca, Julián Lanzarote señaló que no llevará a cabo ninguna nueva actuación para impedir el traslado del Archivo. Concluye su «guerra» y confirma que los legajos saldrán de la ciudad universitaria en dos furgones: «Es lo propio, ya que se trata de «furgones funerarios»: uno para el cadáver y otro para las coronas».
Madrid- La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial aprobó el pasado 17 de noviembre un «estudio jurídico» en el que se apreciaba 19 causas de inconstitucionalidad en el proyecto de reforma de Estatut de Cataluña, sólo en lo referente al capítulo de Justicia, además de concluir que se propiciaba un Poder Judicial «estrictamente» catalán. Sin embargo, habrán pasado cuanto menos dos meses desde entonces y hasta que sea aprobado definitivamente por el Pleno, ya que no se tratará en el que se celebrará mañana, y quedará pospuesto, en principio, para el que tendrá lugar el próximo día 25.
La razón para este aplazamiento la dio ayer el propio presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, en los desayunos informativos de Europa Press: no «interferir» en un momento «en el que se están acercando posiciones» entre el Gobierno y los partidos catalanes para intentar llegar a un acuerdo final.
En un principio, estaba previsto que el informe se debatiese en el Pleno que se celebró el 12 de diciembre, aunque se decidió aplazarlo tras fijarse la comparecencia de Francisco Hernando en el Congreso para el día anterior. Por ello, se aseguró entonces que se incluirá en el orden del día del primer pleno que tuviese lugar en el mes de enero, lo que finalmente tampoco va a tener lugar.
Sobre estos aplazamientos fue interpelado ayer Hernando, quien lo justificó en que el texto que se aprobase podría quedar «descontextualizado», al desconocerse en estos momentos los asuntos que se están abordando. Cuando el acuerdo llegue a la Comisión Constitucional, aseguró, será «el momento» para que el Consejo tome la decisión oportuna.
Por otro lado, Hernando volvió a rechazar la reforma judicial aprobada por el Gobierno. Así, respecto a los Consejos de Justicia Autonómicos, aseguró que su puesta en funcionamiento «fraccionará» el «concepto de Poder Judicial único e independiente»; mientras que sobre la Justicia de Proximidad se mostró radicalmente en contra del sistema establecido para acceder a esos juzgados.
La anécdota en la intervención de Hernando se produjo en la explicación que dio a su oposición a que se imponga el catalán como requisito para ser juez en Cataluña, para lo cual puso un símil cuanto menos curioso: «Si estuviera ejerciendo en Cataluña aprendería el catalán, pero como un enriquecimiento personal, como me gustaría que cuando voy a Andalucía saber bailar sevillanas», frase que no dejó a indiferente a nadie.
La asociación presidida por José Alcaraz denuncia la actitud de Zapatero por no prohibir la convocatoria por parte del partido ilegalizado
El juez pide información a la Policía y la Guardia Civil sobre el posible desarrollo de actividades de carácter político por parte de Batasuna
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presenta hoy una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que intervenga y ponga los medios necesarios para impedir el acto organizado por la ilegalizada Batasuna el próximo día 21 en Baracaldo (Vizcaya). En esta línea, critica que el Gobierno ceda continuamente ante el chantaje de la banda terrorista ETA al no evitar la celebración de la asamblea del partido ilegalizado.
La Asociación presidida por José Alcaraz denuncia la lamentable actitud de Zapatero por no impedir el acto, algo que para las víctimas del terrorismo resulta tremendamente descorazonador.
En la misma línea, considera que al permitir la celebración de la asamblea organizada por Batasuna -"el brazo político de ETA", recuerda la AVT- se está "dando carta de naturaleza a una vulneración flagrante del Estado de Derecho, precisamente por parte de los que debieran constituirse en los máximo garantes de la legalidad vigente".
En este sentido, la Asociación de Víctimas del Terrorismo subraya que especialmente denunciables son declaraciones como las de Zapatero en las elude toda responsabilidad respecto de la celebración del citado acto "escudándose en la competencia del ejecutivo autonómico vasco en estas esferas".
Zapatero, critica AVT, "permite que quienes tanto dolor y sufrimiento han causado en la sociedad española se paseen con total impunidad por las calles del País Vasco convocando manifestaciones o se sienten en el Parlamento Vasco, en una decisión que supone consentir la utilización de las instituciones democráticas por aquellos cuyo único objetivo consiste en la ruptura del Estado de Derecho".
Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha pedido información a la Policía y a la Guardia Civil sobre el posible desarrollo de actividades de carácter político por parte de Batasuna, formación ilegalizada que ha convocado un congreso el próximo 21 de enero en Barakaldo (Vizcaya).
Así lo acordó ayer el juez en una providencia en la que da un plazo de 72 horas a la Unidad Central de Información (UCI) de la Policía y a la Brigada de Información de la Guardia Civil para que le remitan esos informes, que después trasladará a la Fiscalía para que ésta le comunique si debe adoptar alguna medida en el marco del sumario en el que se decretó la suspensión de actividades de Batasuna.

References: artículo 24
 artículo 24
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 155
 artículo 341