Source: https://www.iberley.es/temas/cuestion-ilegalidad-61866
Timestamp: 2017-06-26 08:43:55+00:00

Document:
Cuestión de ilegalidad | Iberley
Legislación Voces Pertenece al Grupo Procedimientos especiales
Jurisprudencia Sentencia Administrativo Nº 572/2006, TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 164/2006, 21-03-2006 Órden: Administrativo
Num. Sentencia: 572/2006
Num. Recurso: 164/2006
La Sala acuerda: Desestimar las causas de inadmisibilidad planteadas y declarando haber lugar a la cuestión de legalidad suscitada por el Ilmo. Sr. Magistrado del juzgado de lo Contencioso-administrativo , debemos declarar y declaramos la nulidad del Anexo V Segundo Dos , del decreto 6/2003, de 16 de enero por el que se fijan las cantidades retributivas para el año 2003, del personal al Servicio de la comunidad de Castilla y León, que contempla el componente singular específico por el...
Sentencia Administrativo Nº 282/2014, TSJ Cantabria, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 183/2014, 02-07-2014 Órden: Administrativo
Num. Sentencia: 282/2014
Num. Recurso: 183/2014
PRIMERO.-El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de los de Santander plantea a la Sala, al amparo de lo dispuesto en los
arts. 27.1 y 123 de la LJCA 'cuestión de ilegalidad respecto de los arts. 2.2 y 3, 3.2 y 5 de la Ordenanza municipal del Ayuntamiento de Camargo reguladora de la 'Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general'.
El Juzgado propone la cuestión de ilegalidad en el Auto,... Sentencia Administrativo Nº S/S, TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 22/2003, 03-03-2005 Órden: Administrativo
El TS no haber lugar a la admisión de la Cuestión de Ilegalidad planteada por el TSJ en su Auto, en relación a la Escala Octava, art. 2 del Decreto 757/1973, de 29 de Marzo, de Arancel de Registradores. Entiende la Sala que es procedente la admisión a trámite de la Cuestión de ilegalidad planteada en relación a una norma derogada, siempre que la misma, pese a su derogación, pueda aún seguir produciendo efectos. En el presente caso en ningún momento la Sala de instancia fu...
Sentencia Administrativo Nº S/S, TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 23/2003, 03-03-2005 Órden: Administrativo
El TS no haber lugar a la admisión de la Cuestión de Ilegalidad planteada por el TSJ en su Auto, en relación a la Escala Octava, art. 2 del Decreto 757/1973, de 29 de Marzo, de Arancel de Registradores. Entiende la Sala que es procedente la admisión a trámite de la Cuestión de ilegalidad planteada en relación a una norma derogada, siempre que la misma, pese a su derogación, pueda aún seguir produciendo efectos. El tenor del art. 123 de la Ley jurisdiccional es restrictivo ...
Sentencia Administrativo Nº 198/2007, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 1544/2006, 16-02-2007 Órden: Administrativo
Num. Recurso: 1544/2006
Procedimientos especiales en el orden contencioso-administrativo Órden: Administrativo
Los Art. 114 ,Ley 29/1998, de 13 de julio - Art. 127 quinquies ,Ley 29/1998, de 13 de julio ocupan de los procedimientos especiales del orden contencioso-administrativo: procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, cuestión de ilegalidad, procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos, procedimiento para la garantía de la unidad de mercado y procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos (Art. 127... La impugnación del reglamento Órden: Administrativo
La impugnación de las normas reglamentarias ilegales puede realizarse, fundamentalmente, a través de dos vías: interponiendo ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa "recurso directo" (contra la misma disposición general) o, en su caso, acudiendo al llamado "recurso indirecto" (accionando contra los actos dictados en aplicación de la norma reglamentaria "ilegal"). Independientemente de este control por parte de la "jurisdicción ordinaria" (vid. Art. 25-27 ,Ley 29/19... La sentencia en el orden Contencioso-Administrativo Órden: Administrativo
La sentencia en el orden Contencioso-Administrativo se encuentra regulada principalmente en los Art. 67-73 ,Ley 29/1998, de 13 de julio. Sin embargo, conviene examinar también la construcción jurisprudencial sobre dos principios de extrema relevancia en la materia: la motivación y la conguencia de las sentencias.El Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ define la sentencia como la “resolución que decide definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o recurso o qu... Revisión de sentencias firmes en el orden Contencioso-Administrativo Órden: Administrativo
Según el Diccionario del español jurídico de la RAE y del CGPJ, la revisión de sentencia firme se puede definir como aquel “instrumento o procedimiento autónomo, que no constituye propiamente un recurso, que permite la invalidación de las sentencias que han devenido en firmes, cuando se justifiquen dentro del plazo legal estipulado, alguno de los motivos tasados determinados en la norma procesal, o a través de los cuales se pone en conocimiento del tribunal hechos desconocidos, durante... Ejecución de sentencia firme de despido Órden: Laboral
La ejecución, en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y títulos constituidos con intervención judicial - con las especialidades previstas en la citada Ley reguladora de la jurisdicción socia-, se llevará a efecto p... Modelo de edicto para publicación de sentencia firme (orden contencioso) Fecha última revisión: 31/10/2016 [JUZGADO]
Se hace saber que en el recurso contencioso-administrativo número [NUMERO], promovido por [NOMBRE], contra [DESCRIPCION], se ha dictado por [ORGANO] sentencia en [FECHA], que ha alcanzado el carácter de firme y cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Don/Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador de los Tribunales, en r... Solicitud de suspensión del acto de juicio por estar pendiente la resolución de una demanda de conflicto colectivo Fecha última revisión: 10/05/2016 NOTA: La sentencia firme producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resolución o que puedan plantearse, que versen sobre idéntico objeto o en relación de directa conexidad con aquél, tanto en el orden social como en el contencioso-administrativo, que quedarán en suspenso durante la tramitación del conflicto colectivo. Procedimiento [NÚMERO_PROCEDIMIENTO]
D/Dña. [NOMBRE_LETRADO/GRADUADO_SOCIAL], ... Ver más documentos relacionados
Se desestima la impugnación de liquidaciones por la tasa del Juego-Bingo por practicarse de acuerdo con la normativa de aplicación (base imponible = suma de lo satisfecho por la adquisición de cartones o boleto sin ninguna deducción), sin que la Sentencia 256/94 del Tribunal Constitucional contenga ninguna declaración de inconstitucionalidad ni anula norma alguna reguladora de la Tasa, ni resulta patente la vulneración de la Directiva 77/388/CEE, no existiendo... Resolución de TEAC, 00/481/1998, 23-07-1999 Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
Núm. Resolución: 00/481/1998
Se desestima la reclamación contra liquidaciones de canon de vertido de 1993 y 1994 dado que: no resulta afectada la competencia de la Confederación para liquidar esos años al no constar que la Administración Autonómica ya ha asumido (solo desde el 1-1-95) determinados vertidos; es ajena a la competencia de esta vía las cuestiones de ilegalidad e inconstitucionalidad de la normativa invocadas; la inexistencia de Planes Hidrológicos no impide liquidar; la dedu... Resolución de TEAC, 00/1391/2007, 10-03-2009 Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
Núm. Resolución: 00/1391/2007
ResumenDevolución a no establecidos. Plazo de solicitud. Artículo 119.Uno y Diez de la Ley del IVA (Ley 37/1992) y Artículo 31.1.e) del Reglamento del IVA (aprobado por Real Decreto 1624/1992). Posible ilegalidad del artículo 31 del Reglamento del IVA con base en el artículo 8.f) de la LGT (Ley 58/2003). Basta que exista una deslegalización sobre la materia para que pueda entenderse que cumple el requisito de rango normativo, deslegalización que en este caso lleva a cabo el art. 119 de la... Resolución Vinculante de DGT, V1521-09, 25-06-2009 Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas
NormativaLIRPF, 35/2006, Arts 11, 35 a 37.Cuestión Si los rendimientos de los productos financieros que integran la herencia, en la medida en que tengan la calificación de rendimientos del capital mobiliario en el IRPF, le son imputables a la consultante en calidad de usufructuaria. Si las rentas derivadas de los bienes de la herencia que fueran calificadas de ganancias o pérdidas patrimoniales son imputables a la herencia yacente y, a su vez, a cada partícipe. Valor de su derecho de usufruc... Resolución Vinculante de DGT, V0966-08, 14-05-2008 Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas
Normativa LIRPF 35/2006, disposición transitoria novena; LISD 29/1987, Artículo 26-a); TRLIRPF, RD LEGISLATIVO 3/2004, Artículos 11-5, 33 , 34.CuestiónSe consultan las fechas de adquisición, valores de adquisición y valores de venta que deben atribuirse al inmueble vendido a los efectos de determinar la ganancia patrimonial a imputar a los dos hermanos consultantes para su tributación en el IRPF. Descripción Se vende en el ejercicio 2006 un inmueble que pertenecía privativamente al padr... Ver más documentos relacionados
Según el apartado 1 del Art. 27 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición. En este caso, y a salvo las excepciones de los apdos. 2 y 3 del Art. 27 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, deberá seguirse el procedimiento establecido en el Art. 123 ,Ley 29/1998, de 13 de julio.El punto de partida para la regulación que, con el rótulo de cuestión de ilegalidad, se presenta en el Art. 123 ,Ley 29/1998, de 13 de julio (englobado en el Título "Procedimientos especiales"), se encuentra en lo dispuesto en el apartado 1 del Art. 27 ,Ley 29/1998, de 13 de julio: "Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición (...)". De este modo, y a salvo las excepciones de los apdos. 2 y 3 del Art. 27 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, ante esa situación, el Juez o Tribunal la planteará mediante auto "dentro de los cinco días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia" (Nótese la formulación imperativa, en la que insiste, además, la jurisprudencia) La cuestión habrá de ceñirse exclusivamente a aquel o aquellos preceptos reglamentarios cuya declaración de ilegalidad haya servido de base para la estimación de la demanda. Contra el auto de planteamiento no se dará recurso alguno (apdo. 2 del Art. 123 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).
Como dispone el apdo. 2 del Art. 123 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, en ese auto se acordará emplazar a las partes para que, en el plazo de quince días, puedan comparecer y formular alegaciones ante el Tribunal competente para fallar la cuestión. Transcurrido este plazo, no se admitirá la personación.
Planteada la cuestión de legalidad, los trámites del procedimiento son los siguientes:
Remisión de autos, expediente administrativo y publicación del auto: El Secretario judicial remitirá urgentemente, junto con la certificación del auto de planteamiento, copia testimoniada de los autos principales y del expediente administrativo y acordará igualmente la publicación del auto de planteamiento de la cuestión en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición cuestionada (Cfr. Art. 124 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).Personación de las partes: Con el escrito de personación y alegaciones podrá acompañarse la documentación que se estime oportuna para enjuiciar la legalidad de la disposición cuestionada (Cfr. apdo. 1 del Art. 125 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).
Sentencia (Cfr. apdo. 2 y 3 del Art. 125 ,Ley 29/1998, de 13 de julio y Art. 126 ,Ley 29/1998, de 13 de julio):Terminado el plazo de personación y alegaciones, el Secretario judicial declarará concluso el procedimiento. La sentencia se dictará en los diez días siguientes a dicha declaración. No obstante, podrá el Tribunal rechazar, en trámite de admisión, mediante auto y sin necesidad de audiencia de las partes, la cuestión de ilegalidad cuando faltaren las condiciones procesales.
El plazo para dictar sentencia quedará interrumpido si, para mejor proveer, el Tribunal acordara reclamar el expediente de elaboración de la disposición cuestionada o practicar alguna prueba de oficio. En estos casos el Secretario judicial acordará oír a las partes por plazo común de cinco días sobre el expediente o el resultado de la prueba.
La sentencia estimará o desestimará parcial o totalmente la cuestión, salvo que faltare algún requisito procesal insubsanable, caso en que la declarará inadmisible.
Se aplicará a la cuestión de ilegalidad lo dispuesto para el recurso directo contra disposiciones generales en el apdo. 3 del Art. 33 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, en los Art. 66,Art. 70 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, en la letra a) del apartado 1 del Art. 71 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, en los apdos. 2 de los Art. 71,Art. 72 ,Ley 29/1998, de 13 de julio y en el Art. 73 ,Ley 29/1998, de 13 de julio.
Firme la sentencia que resuelva la cuestión de ilegalidad, por el Secretario judicial se comunicará al Juez o Tribunal que la planteó.
Cuando la cuestión de ilegalidad sea de especial trascendencia para el desarrollo de otros procedimientos, será objeto de tramitación y resolución preferente.
La sentencia que resuelva la cuestión de ilegalidad no afectará a la situación jurídica concreta derivada de la sentencia dictada por el Juez o Tribunal que planteó aquélla.
Por último, y a modo de colofón, recordar que las diferencias entre la cuestión de legalidad y la cuestión de inconstitucionalidad, en la que la propia Ley 29/1998, de 13 de julio, dice haberse inspirado, no son pocas, y se encuentran, siguiendo en este punto a Rodríguez-Arana, en lo siguiente:
la cuestión de constitucionalidad puede ser operada de oficio o a instancia de parte, mientras que la cuestión de ilegalidad, si se dan los presupuestos de la ley, será de obligatorio planteamiento.
la cuestión de constitucionalidad tiene sentido cuando existen dudas razonables sobre la adecuación de una norma con rango de ley a la Constitución, mientras que en la cuestión de ilegalidad se trata de verificar la conformidad de una norma reglamentaria al ordenamiento jurídico. No hay versiones para este comentario

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 119
 Artículo 31
 Real Decreto 
 artículo 31
 artículo 8
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 26
 resolución