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BOE.es - Documento BOE-A-2019-1034
Documento BOE-A-2019-1034
«BOE» núm. 24, de 28 de enero de 2019, páginas 7739 a 7743 (5 págs.)
BOE-A-2019-1034
Por el notario de Zaragoza, don Francisco de Asís Pizarro Moreno, se autoriza en fecha 22 de mayo de 2018 escritura pública en la que doña A. P. R. y don M. A. y don C. A. V. P. como titulares la primera del usufructo y los últimos de la nuda propiedad, por mitades y proindiviso, de una finca cueva, urbana sita en Urrea del Jalón, renuncian unilateral, pura y simplemente al derecho de propiedad que sobre la misma les corresponde. Los otorgantes solicitan su anotación en el Registro de la Propiedad a efectos de que por parte del Registro se notifique a la Administración la existencia de la renuncia abdicativa a efectos de iniciar el procedimiento administrativo.
«Calificada la escritura autorizada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho por el Notario de Zaragoza, Don Francisco de Asís Pizarro Moreno con el n.º 1189 de su protocolo, que fue presentada a las dieciséis horas y doce minutos del veintidós de Mayo del año dos mil dieciocho, causando el asiento 693 del Diario 151; Se ha practicado anotación de suspensión por defecto subsanable a favor de la Administración General del Estado de la renuncia al pleno dominio de esta finca, al no haberse acreditado la tramitación del oportuno expediente administrativo, sobre finca número 2663 de Urrea de Jalón, cuyo Código Registral Único es: 50001000386021, en el tomo 2.415, libro 42, folio 166, inscripción A.
Conforme a lo dispuesto en el artículo (…)
La Almunia de Doña Godina a 1 de agosto de 2018 La registradora (firma ilegible) María del Carmen Lerma Rodrigo».
Contra la anterior nota de calificación, doña I. G. B., abogada, en el concepto en que interviene, interpone recurso en virtud de escrito de fecha 26 de septiembre de 2018, en el que alega, resumidamente, lo siguiente:
Primero. Que si de conformidad con los artículos 4 y 6 del Código Civil es posible la renuncia sobre cualquier derecho una vez producida debe tener su reflejo en el Registro de la Propiedad salvo que la registradora considere que es contraria al interés u orden público o perjudique a terceros. Que de conformidad con el artículo 17 de la Ley 33/2003, de 3 noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas los bienes renunciados pertenecen al Estado. Que siendo la renuncia un negocio unilateral y no recepticio que produce la vacancia de los bienes renunciados pertenecen al Estado como bienes patrimoniales a cuyo nombre deben inscribirse sin perjuicio de la posterior incorporación al inventario de bienes.
Segundo. Que así resulta igualmente del artículo 7 del Reglamento Hipotecario que permite la inscripción de cualquier acto relativo a los bienes inmuebles sin que sea preciso la iniciación de ningún procedimiento ni la autorización de la Administración como resulta de las Resoluciones de 10 de enero y 18 de febrero de 2003 y confirma la más reciente de 5 de mayo de 2015. En consecuencia, sin perjuicio de la existencia del procedimiento administrativo previsto en el artículo 47 de la Ley 33/2003, de 3 noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y 54 a 60 de su Reglamento, debe inscribirse la renuncia realizada ante notario sin perjuicio de que el registrador notifique a la Administración la práctica de la inscripción de renuncia.
La registradora, tras la oportuna instrucción del expediente, emitió informe el día 18 de octubre de 2018, ratificándose en su calificación y elevando el expediente a este Centro Directivo. Del mismo resulta que notificado el notario autorizante no realizó alegaciones.
Vistos los artículos 4.1, 6.2, 7, 395, 400, 404, 544, 575, 599, 609, 1255, 1625, 1631, 1659, 1660, 1664, 1705 y 1706 del Código Civil; 1, 2, 6, 7, 8.4.º y.5.º, 18, 20, 79, 80, 82, 107 y 141 de la Ley Hipotecaria; 17, 47 y 63 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; 54, 55, 56, 57, 58 y 60 del Reglamento de Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas; 3, 4, 9.1, 10.1, 13.3, 17.1.ª 2, 22.1 y 24.2.b de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal; 7, 190, 192, 206.12.º, 208, 218, 237 y 433 del Reglamento Hipotecario; las Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1965, 5 de mayo de 1989 y 8 de marzo 1991, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de abril de 1921, 29 de septiembre de 1924, 28 de abril de 1927, 1 de diciembre de 1960, 23 julio de 1966, 5 de mayo de 1970, 11 de mayo de 1978, 2 de noviembre de 1992, 19 de febrero y 28 de abril de 1993, 19 de enero de 1994, 10 de enero y 18 de febrero de 2003, 20 de enero de 2005, 19 de abril de 2007, 3 de marzo de 2008, 30 de agosto de 2013, 21 de octubre de 2014, 5 de mayo de 2015 y 19 de octubre de 2018.
1. Nuevamente se vuelve a plantear una cuestión sobre la que esta Dirección General de los Registros y del Notariado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en distintas ocasiones (vid. «Vistos»). En concreto, se refiere a la posibilidad de inscribir en el Registro de la Propiedad la renuncia abdicativa del dominio.
2. Tiene declarado esta Dirección General en las distintas Resoluciones que se recogen en los vistos, que la renuncia abdicativa del dominio (causa de pérdida del mismo para su titular), es un acto dispositivo unilateral, mediante una declaración de voluntad no recepticia e irrevocable. De incidir en la esfera registral, tal acto jurídico indudablemente estará sujeto a los requisitos de forma prescritos por la legislación hipotecaria, pues de estar el inmueble inmatriculado, y dada la presunción que establece el artículo 38 de la Ley Hipotecaria, para dejar ésta sin efecto tal renuncia habrá de causar el asiento correspondiente.
3. Es este último aspecto, señalado como defecto en la resolución de la registradora, el que impide que se produzca la inscripción sin más en el Registro de la Propiedad como reclama el escrito de recurso. Así resulta indubitadamente de la legislación especial sobre patrimonio de las Administraciones Públicas:
Ciertamente, del artículo 17 de la Ley 33/2003, de 3 noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas resulta que: «1. Pertenecen a la Administración General del Estado los inmuebles que carecieren de dueño. 2. La adquisición de estos bienes se producirá por ministerio de la Ley». Ahora bien y como resulta del propio precepto la adquisición se condiciona a los derechos de tercero y a que no exista poseedor en concepto de dueño. Es decir, la mera existencia de una renuncia abdicativa no implica sin más que se produzca una adquisición por parte de la Administración General del Estado. Así ocurrirá y no se producirá la adquisición de la Administración General del Estado si existen terceros con un derecho preferente (a quienes acrezca la porción renunciada, vid. la reciente Resolución de 19 de octubre de 2018), o si los renunciantes resultan no ser los titulares civiles del dominio («nemo dat quod non habet»).
De aquí que la regulación sobre el patrimonio de las Administraciones Públicas prevea la existencia de un expediente de investigación (artículos 47 y siguientes), «respecto de los bienes y derechos que presumiblemente sean de la titularidad de la Administración General del Estado (…)» (artículo 46.1 de la Ley).
El expediente, que incluye la publicación de su objeto en el «Boletín Oficial del Estado» incluirá las pruebas aportadas por quienes resulten ser interesados (la escritura pública de renuncia, por ejemplo, artículo 57.2 del reglamento de ejecución de la Ley), a fin de que por parte de la Abogacía del Estado se lleve a cabo un informe para, en su caso, culminar con «(…) resolución que ponga fin al procedimiento y se procederá a su tasación, a su inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado y a su inscripción en el Registro de la Propiedad, así como a la adopción, en su caso, de cuantas medidas sean procedentes para obtener su posesión» (artículo 47 de la Ley).
4. Procede en definitiva la desestimación del recurso y la confirmación de la nota de calificación de la registradora que ha obrado correctamente al no tomar razón de una anotación preventiva no prevista en el ordenamiento y suspender la inscripción a favor de la Administración General del Estado hasta que resulte que esta, tras la tramitación y resolución del expediente de investigación previsto legalmente, considere que efectivamente y como consecuencia de la renuncia abdicativa se ha producido la adquisición por ministerio de la Ley del inmueble renunciado.

References: artículo 17
 artículo 7
 artículo 47
 artículo 38
 resolución 
 artículo 17
 Resolución 
 artículo 57
 resolución 
 resolución