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﻿ Sentencia SL7882-2015 de febrero 11 de 2015
SENTENCIA SL7882-2015 DE 11 DE FEBRERO DE 2015
CONTENIDO:RECURSO DE APELACIÓN CONTRA DICTAMEN DE LA JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ. NO PAGAR LOS HONORARIOS DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES A LA SOLICITUD DE APELACIÓN SUSPENDE SU TRÁMITE HASTA QUE SEAN CANCELADOS, PERO NO SIGNIFICA QUE EL RECURSO DEJE DE SER RESUELTO, LA INTERPOSICIÓN EXTEMPORÁNEA DEL RECURSO GENERA EFECTOS DIFERENTES A LA CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LOS HONORARIOS. EL PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN, UNA VEZ CANCELADOS EXTEMPORÁNEAMENTE LOS HONORARIOS, NO VULNERA EL DEBIDO PROCESO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ, JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, MANUAL ÚNICO PARA LA CALIFICACIÓN DE LA INVALIDEZ, ADMISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, HONORARIOS DE LA JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, DECISIÓN DE LA JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
Sentencia SL7882-2015 de febrero 11 de 2015
SL7882-2015
Radicación 46219
Pretende la impugnante que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme en su totalidad la del juez de primer grado.
Con fundamento en la causal primera de casación propuso dos cargos, que fueron replicados de manera conjunta y que la Corte procede a estudiar, en el orden propuesto.
Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea, el artículo 40 del Decreto 1346 de 1994, lo cual condujo a desconocer los artículos 46 y 48 Decreto-Ley 1295 de 1994.
Para demostrar el cargo afirma que el Tribunal interpretó erróneamente la disposición acusada bajo dicha modalidad, pues al atender que con el pago de honorarios se reactivaba el trámite del recurso de apelación, creó una tercera normativa; que tal hermenéutica es regresiva por cuanto llevó al desconocimiento de un acto que ya había cobrado fuerza ejecutoria —el dictamen rendido por la Junta Regional—, así como “una condición física como es el estado de invalidez y sus consecuentes derechos económicos de la persona que se encuentra en tal condición” y, que el plazo previsto en la precitada disposición para efectos de cancelar los honorarios, es perentorio.
Después de aludir a las normas sustanciales acusadas como directamente vulneradas, relaciona los artículos 46 y 47 del Decreto-Ley 1295 de 1994, artículos 1º, 3º, 4º, 6º y 7º de la Ley 100 de 1993, así como los artículos 199 y 204 ibídem, subrogados por el mencionado decreto, los artículos 1º y 14 de la Ley 776 de 2002, y el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo.
Aduce que el ad quem desatendió la última de las disposiciones enunciadas —principio de favorabilidad—, que permitía resolver la controversia a su favor, “protegiéndolo con el reconocimiento y pago de la prestación económica pertinente”, lo cual, aunado a la aplicación del principio indubio pro operario, debió conllevar a que el juez de apelaciones dejara sin efecto los trámites realizados por la demandada, debido a la no cancelación de los honorarios dentro del plazo de 5 días que contempla la norma y, que el término suspender, «quiere decir y representa suspender todo el proceso y el recurso inocuo; cobrando fuerza ejecutoria la decisión de la Junta Regional de Invalidez del 19 de abril de 1999 desconoció el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que se encontraba ejecutoriado».
VII. La réplica conjunta a los cargos
Sostiene que actora no tiene la calidad de inválida, por cuanto el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral es inferior al requerido por ley; que según el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, perdió el 21% de su capacidad laboral, lo cual le da derecho a la indemnización que le otorgó el Tribunal y, que el dictamen soporte de la decisión impugnada no es prueba calificada en casación.
Dada la vía directa seleccionada por la recurrente, no existe discusión en torno a los siguientes fundamentos fácticos que encontró demostrados el Tribunal: (i) que la entidad demandada interpuso recurso de apelación contra el dictamen proferido por la Junta Regional de Invalidez, dentro del término consagrado legalmente, esto es, dentro de los 15 días siguientes a su notificación, dado que de conformidad con la comunicación de la Secretaría técnica de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, la audiencia privada Nº 59, se celebró el 15 de abril de 1999 y la apelación se presentó el día 28 de igual mes y año y, (ii) que la consignación de los honorarios a favor de los integrantes de la Junta Nacional de Calificación e Invalidez, fue realizada el 8 de junio de 1999.
Ahora bien, la censura le reprocha al Tribunal desde el punto de vista jurídico, que luego de analizar el artículo 40 del Decreto 1346 de 1994, hubiese llegado a la conclusión que el trámite de la apelación contra el dictamen rendido por la Junta Regional se suspendía hasta tanto el apelante consignara los respectivos honorarios, pues en su sentir, considera que el plazo de 5 días establecido para tal efecto es perentorio y su no acatamiento conlleva a que tal recurso sea “inocuo”.
Al respecto, valga recordar que interpretar erróneamente un precepto es, en casación, aplicarlo al caso en litigio por ser el pertinente, pero atribuyéndole un sentido o alcance que no le corresponde. De ahí, que para la Sala en ningún error de interpretación pudo incurrir el Tribunal, cuando partió de la base que:
[E]l no pago de los honorarios dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud de apelación no conducía indefectiblemente al rechazo del recurso, ni en términos procesales a su declaración de desierto, ya que estos efectos no se contemplaron en el Decreto 1346 de 1994 —art. 40 in fine—.
En efecto, la consecuencia prevista en aquel (sic) ordenamiento es el de que “se suspenderá su trámite”. Suspender según el diccionario de la real Academia de la Lengua, entre otras acepciones es la de “2. Detener o diferir por algún tiempo una acción u obra (…)”. De tal suerte que el tramite (sic) ante la junta nacional de calificación de invalidez se suspendió hasta el pago de los honorarios de sus integrantes, obligación que se tenía que cumplir dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud de apelación, por lo que de no sufragarse dicha junta se halla relevada entretanto de rendir el dictamen, más no de declarar desierto el recurso o de rechazarlo o dar por terminada la actuación, ya que se itera, ésta apenas se suspende, mientras no se cancelen los honorarios, pues, cancelados éstos el trámite se reactivará.
Lo anterior, por cuanto la interpretación errónea acusada por la demandante, conlleva la separación de la real inteligencia de la norma que se aplica al caso, situación que no se presenta en el sub examine, toda vez que lo concluido por el Juez de segunda instancia está realmente acorde con lo establecido en la norma en comento, cuyo texto es del siguiente tenor:
El monto de los honorarios deberá ser pagado en la secretaría de la Junta, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud o del recurso. En caso contrario, se suspenderá su trámite (resalta la Sala).
En efecto, tal como lo señaló el ad quem, según el Diccionario de la Real Lengua Española, el vocablo “suspender” consiste en “detener o diferir por algún tiempo una acción u obra”, acepción que difiere de la que pretende el censor le sea otorgada, al estimar que el correcto intelecto gravita en “dejar sin efecto los trámites adelantados por la entidad demandada una vez que no canceló los valores de honorarios a la Junta Nacional de Calificación por no hacerlo dentro del lapso de cinco (5) días siguientes a la impetración de la alzada; no cumplido ese pago, el término suspender quiere decir y representa suspender todo el proceso y el recurso inocuo” (resalta la Sala).
Con sustento en las definiciones precitadas, advierte la Sala que la norma en estudio no ofrece mayor discusión en torno a su interpretación, por lo que es correcta la hermenéutica que el Tribunal le imprimió, al considerar que el trámite del recurso de apelación interpuesto por el Instituto accionado contra el dictamen rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que se itera, fue presentado dentro del término de ley, “se suspendió” hasta tanto fueron cancelados los honorarios correspondientes —8 de julio de 1999— y, en consecuencia, la Junta Nacional se encontraba facultada para decidir, como en efecto lo hizo, la impugnación que le fue puesta en conocimiento.
Y es que no puede confundirse la interposición extemporánea de un recurso —lo que indudablemente conllevaría la negación del mismo—, con el plazo otorgado para el cumplimiento de ciertas cargas económicas que la ley le impone a los interesados, que como en este caso, su incumplimiento no acarrearían una consecuencia diferente a la suspensión del trámite del medio de impugnación.
De otra parte, frente al argumento del censor que refiere que la disposición contenida en el Decreto 1346 de 1994, artículo 40, debe ser interpretar en amparo de los principios de favorabilidad e in dubio pro operario, considera la Sala pertinente señalar, que en el sub lite, no hay lugar a la observación de aquéllos, en tanto el primero se presenta en caso de duda sobre la aplicación de dos o más normas vigentes de trabajo, que regulan la misma situación fáctica, lo que claramente en este asunto no se muestra; y el segundo, cuando frente a una misma norma laboral surgen varias interpretaciones sensatas, lo cual implica la escogencia de aquélla que más le favorezca al trabajador, escenario que, como quedó visto tampoco se evidencia respecto de la norma acusada, por cuanto, se repite, la misma no ofrece una intelección diferente a la otorgada por el Tribunal.
Consecuente con lo anterior, el cargo no prospera.
Acusa a la sentencia impugnada de violar directamente, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 40 y del Decreto-Ley 1295 de 1994, «por violación al debido proceso como derecho fundamental consagrado en el artículo 29 Constitucional; (…) arrasando con ello, el reconocimiento del estado de invalidez del demandante acorde con lo consagrado en el específico campo de riesgos profesional como especie del derecho fundamental a la seguridad social conexa a la vida, en virtud de las prestaciones económicas contempladas en el Decreto 1295 de 1994 vigente para entonces, subrogado por la Ley 776 de 2002(…)”.
Manifiesta el censor que se violó el debido proceso debido al trámite de un “procedimiento inexistente en la norma que regula y fija procesos ante las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez”; que si bien el Decreto 1346 de 1994, contempló el recurso de apelación respecto de los dictámenes rendidos por las juntas regionales, éste no consagró la remisión a otras normas, ni la existencia de un recurso de queja ante la negación de aquél, el cual, en este asunto, se tramitó con fundamento en el Código Contencioso Administrativo, que por demás no le es aplicable a tales organismos, como quiera que su naturaleza no es la de las entidades de derecho público y, en consecuencia, “son regidas por las normas del derecho privado o a lo sumo por la fijadas en el Código de Procedimiento Laboral y Seguridad Social, conforme a la reforma de la Ley 712”.
Argumenta que la vulneración al debido proceso trajo consigo el desconocimiento de la condición de inválida de la actora y de los derechos económicos previstos en el artículo 46 y 47 del Decreto 1295 de 1994. Igualmente, reitera la argumentación en torno a la interpretación del contenido del artículo 40 y del Decreto 1346 de 1994.
Finalmente, le endilga al Tribunal el quebrantamiento de los artículos 1ҏ, 2º, 4º, 11, 13, 29, 46, 48, 53, 228 y 230 de la Constitución Nacional, los artículos 46 y 47 del Decreto 1346 de 1994, artículo 9º de la Ley 776 de 2002, y artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 10, 11, 13, 14, 21, 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, e indica que la Seguridad Social encuentra protección en instrumentos internacionales, entre los cuales señala el artículo 2º de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Pacto de San José y la Declaración Americana de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Conforme la argumentación del cargo, le corresponde a la Sala verificar si existió la alegada violación al debido proceso, con ocasión del trámite impartido al recurso de apelación interpuesto por el ISS contra el dictamen de la Junta Regional de Calificación de invalidez y al recurso de queja elevado por aquél ante la Junta Nacional, pues considera el censor que el primero no debió ser definido por cuanto el apelante no cumplió con la obligación de cancelar el valor de los honorarios dentro de los (5) días siguientes a la presentación del mismo y que el segundo, no resultaba viable por cuanto el D. 1346/1994, no contempló tal medio de impugnación ni la posibilidad de remitirse a otras normas para tales efectos.
Pues bien, tal como quedó planteado en el cargo anterior, el supuesto de la no consignación de los honorarios, por parte del apelante dentro del término que la ley le otorga, no conlleva per se, la cesación definitiva del trámite de la alzada, por cuanto es la misma norma la que consagra de manera clara, que tal omisión acarrea que el recurso “se suspenda”, de donde resulta indiscutible que el posterior conocimiento y decisión del mismo por parte del ente competente —Junta Nacional de Calificación de Invalidez—, se encuentra revestido de legalidad y no constituye desconocimiento alguno del aludido derecho fundamental.
Ahora bien, en cuanto a la alegada inoperancia del recurso de queja en el trámite de la calificación de invalidez de la actora, basta decir que con independencia de la presentación, tramitación y definición de tal recurso y la norma procedimental en la cual se fundamentó —CCA, CPL y SS o CPC—, lo cierto es que la Junta Nacional de Invalidez, tenía plena competencia para definir el asunto en segunda instancia, por cuanto, se repite, es la misma ley la que la facultó para reanudar el trámite de la apelación, cuando el interesado —ISS— cumplió con su obligación de cancelar el valor de los honorarios destinados a los integrantes de aquélla.
Dicho de otra manera, no fue el recurso de queja interpuesto por el ISS lo que le permitió a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez definir la impugnación que propuso contra el dictamen rendido por la Regional, puesto que el trámite de éste no fue negado —requisito indispensable para la procedencia de la queja—, sino que se encontraba suspendido hasta tanto el interesado acatara la imposición legal de consignar los estipendios correspondientes a honorarios. Luego, una vez cumplida tal exigencia, le incumbía a dicho ente, continuar con el trámite correspondiente, en virtud de la norma que así lo establece —D.1496/1994, art. 40—.
Así las cosas, resulta palmario que lejos de advertirse una violación al debido proceso del actor, lo cierto es que la tramitación y posterior definición de la impugnación planteada por el ISS, contra el dictamen rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, conllevó el respeto por las garantías que en dicho principio se encuentran inmersas, como lo es la de la doble instancia, en este caso a favor del Instituto accionado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 18 de marzo de 2010, en el proceso ordinario adelantado por MARÍA SOLANGEL GIL ADARVE contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

References: artículo 40
 artículo 21
 artículo 40
in fine
 artículo 40
in dubio
 artículo 40
 artículo 29
 artículo 46
 artículo 40
 artículo 9
 artículo 2