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Anual 2010 Cap. IV cuba
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II. COMPETENCIA DE LA CIDH PARA OBSERVAR Y EVALUAR LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA
III. SANCIONES ECONÓMICAS
IV. S ITUACIONES ESTRUCTURALES QUE AFECTAN GRAVEMENTE EL PLENO GOCE Y DISFRUTE DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA
2. Garantías del Debido Proceso Legal e Independencia del Poder Judicial
en el caso de juzgarse mediante un procedimiento sumarísimo, el Tribunal puede en la medida que lo estime necesario, reducir los términos para la
3. Privación de Libertad de los Disidentes
I. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA
De acuerdo a los criterios elaborados por la CIDH en 1997 para identificar los Estados cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecen atención especial, la situación de los derechos humanos en Cuba se enmarca dentro de los criterios primero y quinto, en cuanto a que no se observan los derechos políticos consagrados en la Declaración Americana y persisten situaciones estructurales que afectan seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales, consagrados en la Declaración Americana.
Durante el año 2010, la CIDH ha observado y evaluado la situación de los derechos humanos del Estado de Cuba y decidió incluir en el presente capítulo de su informe anual consideraciones sobre la situación de los derechos políticos; garantías del debido proceso legal e independencia del Poder Judicial; restricciones al derecho de residencia y tránsito; privación de libertad de los disidentes políticos; restricciones a la libertad de expresión; y defensores y defensoras de derechos humanos. Además, se incluye una consideración sobre las sanciones económicas y comerciales impuestas contra el Gobierno de Cuba. Al respecto, la CIDH reitera su posición en cuanto al impacto que generan tales sanciones económicas sobre los derechos humanos de la población cubana, por lo cual insiste en que el embargo debe terminar.
Un aspecto importante a destacar este año constituye la excarcelación de disidentes, opositores, activistas de derechos humanos y periodistas independientes arrestados en marzo de 2003 por ejercer su derecho a la libertad de expresión, la mayoría víctimas del caso 12.476, aprobado por la CIDH en octubre de 2006. La CIDH valoró positivamente esta decisión mediante comunicado de prensa 69/10 de fecha 13 de julio de 2010 y alentó al Estado de Cuba a continuar con el proceso para la liberación de todos los presos políticos. Igualmente, la CIDH valora que, de acuerdo al Fondo Nacional de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en Cuba no existen problemas de desnutrición infantil severa y reitera el reconocimiento de los logros alcanzados en relación a las metas de desarrollo del milenio establecidas por Naciones Unidas.
Para la elaboración del presente informe, la Comisión ha obtenido información de organismos internacionales, de la sociedad civil y del Gobierno cubano a través de sus páginas oficiales en la web. Además, recibió información en la audiencia pública realizada durante su 140º período ordinario de sesiones.
El 2 de febrero de 2011 la Comisión envió al Estado de Cuba el presente informe para sus observaciones. El Estado no respondió.
La Comisión considera importante tomar en cuenta en el presente informe la resolución AG/RES. 2438 (XXXIX-O/09)476 de la Asamblea General de la OEA del 3 de junio de 2009 que dejó sin efecto la decisión tomada en 1962 para excluir al Gobierno de Cuba de participación activa en la OEA. A partir de dicha decisión se abrieron nuevas posibilidades para desarrollar, a solicitud del Gobierno de Cuba, un diálogo destinado a la renovar su participación plena en la OEA.
La Comisión observa que la información disponible sobre la situación de derechos humanos en Cuba es escasa, como consecuencia de una política de Estado destinada a restringir el flujo de información. A manera de ilustración, la CIDH ha recibido información en más de una ocasión sobre alegaciones de tortura ocurridas en la isla, pero las restricciones al acceso a la información impuestas por el Gobierno cubano hacen imposible a la Comisión verificar la veracidad de dichas alegaciones. Esto constituye un obstáculo al trabajo de la Comisión y no es consistente con las obligaciones que el Estado de Cuba ha adquirido a nivel internacional.
La competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para observar la situación de los derechos humanos de los Estados miembros se deriva de la Carta de la OEA, su Estatuto y su Reglamento. De conformidad con la Carta, todos los Estados miembros se comprometen a respetar los derechos fundamentales de los individuos que, en el caso de los Estados que no son parte de la Convención, son los establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre (en adelante la “Declaración Americana”), la cual constituye una fuente de obligaciones internacionales477. El Estatuto encomienda a la Comisión prestar especial atención a la tarea de la observancia de los derechos humanos reconocidos en los artículos I (derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona), II (derecho de igualdad ante la ley), III (derecho de libertad religiosa y de culto), IV (derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión), XVIII (derecho a la justicia), XXV (derecho a proceso regular) y XXVI (derecho a proceso regular) de la Declaración Americana al ejercer su jurisdicción con respecto a los países que no son partes478.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha prestado durante décadas especial atención al estado de los derechos humanos en Cuba. El 31 de enero de 1962 el Gobierno de Cuba fue excluido de su participación en el sistema interamericano mediante Resolución VI adoptada en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Punta del Este (Uruguay) entre el 22 y el 31 de enero de 1962479. A partir de ese momento, la posición de la Comisión fue reconocer al Estado cubano como “responsable jurídicamente ante la Comisión Interamericana en lo concerniente a los derechos humanos” puesto que “es parte de los instrumentos internacionales que se establecieron inicialmente en el ámbito del hemisferio americano a fin de proteger los derechos humanos” y porque la Resolución VI de la Octava Reunión de Consulta “excluyó al gobierno de Cuba, y no al Estado, de su participación en el sistema interamericano”480.
El 3 de junio de 2009, durante la VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores que se realizó en Honduras, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos dejó sin efecto la Resolución que excluyó al gobierno de Cuba de su participación en la OEA. Además, se estableció que “la participación de la República de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de la República de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA”.
En ejercicio de su competencia, la CIDH ha observado y evaluado la situación de los derechos humanos en Cuba en informes especiales481; en el Capítulo IV del Informe Anual482 y mediante el sistema de casos483. Asimismo, la CIDH en diversas ocasiones ha solicitado al Estado de Cuba la implementación de medidas cautelares con el objeto de proteger la vida y la integridad personal de las ciudadanas y los ciudadanos cubanos484.
En este contexto, la Comisión reitera su compromiso de trabajar con el Estado cubano y lo convoca al diálogo, con el fin de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los derechos humanos en ese país. En especial, insta al Estado cubano a responder a los requerimientos de la CIDH a fin de dar seguimiento a los asuntos que refieren a la situación de los derechos humanos de las personas que se encuentran en Cuba485.
En informes anteriores la CIDH ha informado sobre el embargo económico y comercial dispuesto por Estados Unidos de Norteamérica contra Cuba desde 1961 y el impacto que generan tales sanciones económicas sobre los derechos humanos de la población cubana. Es de particular relevancia el impacto negativo que el embargo contra Cuba tiene para mejorar las condiciones económicas de las y los cubanos.
A este respecto, la aplicación de las sanciones económicas contra Cuba continúa vigente. El 26 de octubre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por amplia mayoría una resolución que nuevamente solicita el levantamiento del embargo económico y comercial que desde hace más de medio siglo Estados Unidos decretó en contra de Cuba. El documento logró un apoyo casi unánime de los 192 países que integran las Naciones Unidas, con 187 miembros a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y tres abstenciones (Islas Marshall, Palau y Micronesia). Ésta es la decimonovena ocasión consecutiva en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba una resolución llamando a poner fin a las sanciones económicas y comerciales contra la isla486.
Al respecto, la CIDH reitera su posición en cuanto al impacto que generan tales sanciones económicas sobre los derechos humanos de la población cubana, por lo cual reitera e insiste en que el embargo debe terminar487. Sin perjuicio de lo anterior, el embargo económico impuesto a Cuba no exime al Estado de cumplir con sus obligaciones internacionales ni lo excusa por las violaciones a derechos humanos descritas en este informe.
IV. SITUACIONES ESTRUCTURALES QUE AFECTAN GRAVEMENTE EL PLENO GOCE Y DISFRUTE DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA
Las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento han conformado durante décadas permanentes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los habitantes en Cuba. Esta situación se ha visto particularmente agravada por la falta de independencia del poder judicial que atienda de manera imparcial los reclamos de las personas afectadas.
1. Derechos Políticos
Los derechos políticos son de importancia fundamental y se relacionan estrechamente con un conjunto de otros derechos que hacen posible el juego democrático. Conforme a la Carta Democrática Interamericana suscrita en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001, la democracia representativa constituye el sistema reconocido y requerido por la OEA para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. La existencia de elecciones libres, poderes públicos independientes, eficaces y el pleno respeto a la libertad de expresión son algunas de las características fundacionales de la democracia que no pueden ser evaluadas en forma aislada. Desde esta perspectiva, la plena garantía de los derechos humanos no es posible sin el reconocimiento efectivo e irrestricto del derecho de las personas a constituir y participar en grupos políticos.
En este sentido, el ejercicio del derecho a la participación política implica “el derecho a organizar partidos y asociaciones políticas, que a través del debate libre y de la lucha ideológica pueden elevar el nivel social y las condiciones económicas de la colectividad, y excluye el monopolio del poder por un solo grupo o persona”488. Asimismo, ha considerado la Comisión que “los gobiernos tienen, frente a los derechos políticos y al derecho a la participación política, la obligación de permitir y garantizar la organización de todos los partidos políticos y otras asociaciones, a menos que éstas se constituyan para violar derechos fundamentales; el debate libre de los principales temas socioeconómicos; la realización de elecciones generales, libres y con las garantías necesarias para que sus resultados representen la voluntad popular”489.
Por su parte, el derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos pueden decidir directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos” 490. A su vez la participación política mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello; en particular, la Convención Americana prohíbe su suspensión incluso en estado de excepción491. Al respecto, en reiteradas ocasiones la Comisión ha observado que la falta en Cuba de elecciones libres, de acuerdo a estándares internacionalmente aceptados, vulnera el derecho a la participación política consagrado en el artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
La Comisión ha establecido que el derecho a la libertad de expresión e información es uno de los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público492. Es tan importante el vínculo entre la libertad de expresión y la democracia, que según ha explicado la Comisión Interamericana, el objetivo mismo del artículo 13 de la Convención Americana es el de fortalecer el funcionamiento de sistemas democráticos pluralistas y deliberativos mediante la protección y el fomento de la libre circulación de información, ideas y expresiones de toda índole493. El pleno reconocimiento de la libertad de expresión es una garantía fundamental para asegurar el Estado de derecho y las instituciones democráticas494. La vinculación entre democracia y libertad de expresión a esta altura de la historia resulta evidente: no es posible sostener la existencia de esa forma de gobierno sin un genuino y amplio respeto a ese derecho495.
El Estado ha afirmado que en “Cuba el sistema democrático se sustenta en el principio del “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, agregando que el “pueblo cubano a través de sus instituciones políticas y civiles, y en el marco de sus disposiciones legales, participa en el ejercicio y control activo del gobierno”496. Asimismo, ha expresado que las restricciones planteadas por la ley al disfrute de algunos derechos políticos en Cuba, han sido las mínimas indispensables para garantizar la protección del derecho a la libre determinación, a la paz y a la vida de todo el pueblo, como respuesta a la creciente agresividad anticubana del “Imperio”497.
Con respecto a la libertad de opinión, de expresión y de prensa, el Gobierno cubano ha expresado que en su artículo 53 la Constitución reconoce este derecho a todos los ciudadanos. Agregando que las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por un elevado nivel educacional y cultural y por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de comunicación masivos son de propiedad social. Afirma el Estado que en Cuba existe un amplio debate acerca de los más diversos temas de la vida política, económica, social y cultural, tanto de la nación como del mundo498. Respecto a las restricciones a la libertad de opinión y de expresión, ha señalado que se coartan estos derechos a pocas personas, justificando tal restricción en el siguiente sentido:
El pueblo cubano sólo coarta la “libertad” de opinión y expresión de aquellos pocos que venden sus servicios como mercenarios de la política de hostilidad, agresiones y bloqueo genocida del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Al aplicar tales restricciones, Cuba actúa en virtud no sólo de su legislación nacional, sino también de numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos y de sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que han exigido el respeto a la libre determinación de los pueblos y el cese del bloqueo económico, comercial y financiero que aplica el gobierno de Estados Unidos contra Cuba499.
La Comisión considera que uno de los principales criterios para la elaboración del presente informe es la falta en Cuba de elecciones libres, de acuerdo a estándares internacionalmente aceptados, lo que como se expresó, vulnera el derecho a la participación política consagrado en el artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre el cual dispone:
Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres.
El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, define así los elementos que conforman un sistema democrático de gobierno:
[S]on elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.
La Declaración y la Carta Democrática reflejan una concepción amplia acerca de la democracia representativa que, como tal, descansa en la soberanía del pueblo y en la cual las funciones a través de las cuales se ejerce el poder son desempeñadas por personas escogidas en elecciones libres y representativas de la voluntad popular. A consideración de la Comisión dichos elementos no se encuentran presentes en las elecciones cubanas, las cuales se encuentran caracterizadas precisamente por la falta de pluralidad e independencia y la ausencia de un marco de acceso libre a diversas fuentes de información. A la luz de los estándares internacionales señalados, la Comisión reitera que la falta de elecciones libres y justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo500, vulnera el derecho a la participación política del pueblo cubano.
- Represión Política
Durante el año 2010, la Comisión continuó recibiendo información sobre la adopción por parte del Gobierno de una táctica de represión política sobre la base de arrestos sistemáticos por varias horas o pocos días, amenazas, actos de repudio y otras formas de hostigamiento contra los activistas de oposición.
Según la organización no gubernamental Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, por primera vez en varios años el gobierno internó un número significativo de nuevos prisioneros políticos en un solo mes: en agosto fueron encarceladas ocho personas (5 de Baracoa, Guantánamo, y 3 de Ciudad de La Habana). Por otro lado entre los casos documentados de personas detenidas temporalmente, por motivos políticos, en lo que va del año la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional tiene registrado: enero: 117, febrero: 235, marzo: 83, abril: 162, mayo: 120, junio: 104, julio: 125, agosto: 184, septiembre: 90 y octubre: 310. Según dicha organización, la represión política en el mes de octubre habría aumentado notablemente en comparación con todos los meses transcurridos del 2010.
Por otro lado, el 20 de julio de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Reina Luisa Tamayo Danger501, madre de Orlando Zapata Tamayo, una de las víctimas del Caso 12.476, aprobado por la CIDH el 21 de octubre de 2006502, quien murió de inanición tras 85 días de huelga de hambre503. En la solicitud de medidas cautelares se alegaba que la beneficiaria estaba sufriendo constantes amenazas y hostigamientos, por su involucramiento en diversas protestas públicas desde la muerte de su hijo. Asimismo, la solicitud indicaba que habría sido víctima de actos de violencia, en los cuales habría sido golpeada y uno de sus brazos habría resultado fracturado. De acuerdo al testimonio de Reina Luisa Tamayo Danger recibido en la Secretaría, el 17 de marzo de 2010, habría sido víctima de golpes junto con su hija y otros miembros de las Damas de Blanco, cuando salían de la iglesia de la Santa Bárbara (barreada de Parra). Sostiene que las autoridades la golpearon y patearon mientras le gritaban “negra mierda”504.
No obstante las medidas cautelares otorgadas, la CIDH recibió información que indica que el 31 de octubre de 2010, 39 personas de un grupo de 46 activistas y familiares de Orlando Zapata Tamayo, incluyendo Reina Luisa Tamayo Danger habrían sido detenidas cuando se dirigían a la tumba de Orlando Zapata Tamayo, ubicada en el Cementerio de Banes. Este grupo de personas habría participado en la misa dominical en la Iglesia de la Caridad en Banes y se encontraban realizando una marcha por las calles de la mencionada ciudad en dirección al cementerio, cuando presuntamente 39 de ellos fueron apedreados por agentes encubiertos de la Seguridad del Estado y luego arrestados505.
Según el testimonio de Martha Díaz Rondón506:
Nos trajeron en una guagüita blanca un teniente coronel y tres más. Nos soltaron aquí y cada uno para su casa, a Naoky, Gertrudis, Daniel Mesa Cantillo, Ramón Reyes Oramas, Juan Oriol Verdecia (mi esposo) y yo, quien les habla, Martha Díaz Rondón. Fuimos brutalmente golpeados, a todos nos golpearon brutalmente, nos subieron a las guaguas a base de golpes, eso fue a todos los que estábamos, hasta a Reina. Es decir si golpearon a Reina qué podemos esperar nosotros.
Nos humillaron, me desnudaron, me obligaron a quitarme el blúmer (las bragas) y hacer cuclillas delante de los guardias. Nos vieron los guardias, pues tenían las puertas abiertas, eso se lo hicieron aquí en Banes a Gertrudis Ojeda Suárez, a Dulce María, a Bárbara Portal Prado, a otra muchacha y a Maritza Cardoso Romero de Moa, eso fue una humillación. Nos desnudaron y nos estaban viendo los guardias mismos, nosotros dijimos: “Oye cierren las puertas que nos están viendo”, pero estaban ahí, agentes de la Policía y la Seguridad del Estado, que miraban a propósito, cuando nos estaban haciendo el cacheo y después haciendo cuclillas. Eran unas mujeres que cuidan prisiones, mulatas “grandonas” que fueron directamente dando golpes.
A Gertrudis le dieron por la barbilla y la tiene inflamada, nos cogieron y nos hicieron llaves, nos cayeron los hombres y las mujeres, eso fue grande lo que nos hicieron y nos humillaron.
No obstante eso, en Instrucción nos hicieron lo mismo, me desnudaron, me hicieron quitar blusa y todo y hacer cuclillas y bajarme el pantalón, nos trataron mal, mal.
Nos hicieron una carta de advertencia de aplicarnos el delito de peligrosidad o la Ley Mordaza 88 si seguíamos apoyando la marcha de Reina Luisa Tamayo Dánger. Nosotros le contestamos que sí íbamos a seguir, entonces nos dijeron que ya estábamos advertidas que teníamos carta de advertencia de encarcelarnos.
Nos pusieron una almohadilla en el vientre para cogernos el olor, nos cogieron las huellas de las manos, los diez dedos, nos midieron, nos pesaron y nos tiraron fotos
De Banes nos llevaron para Pedernales, en el municipio de Holguín.
Según la información recibida, Martha Díaz Rondón fue presuntamente detenida en el Cementerio de Banes el 31 de octubre a las 10 de la mañana aproximadamente y puesta en libertad el 1º de noviembre de 2010 a las 9 pm. Asimismo, Reina Luisa Tamayo Danger habría sido presuntamente excarcelada el 31 de octubre después de haber sido fuertemente golpeada en la boca, cuello y brazos. Marlon Martorell, un activista que alegadamente se encontraba en el grupo indicó a los medios que en el momento del arresto a Reina Luisa Tamayo, la amordazaron dentro del carro de policía con un paño lleno de gasolina para impedir que gritara507.
Por otro lado, según información en los medios, tres jóvenes cubanos activistas de derechos humanos fueron alegadamente detenidos el 16 de agosto y encarcelados por 20 días acusados por las autoridades del delito de “desorden público”, tras protagonizar una protesta en la escalinata de la Universidad de La Habana que consistió en el despliegue de una sábana con inscripciones como “Abajo la dictadura”, “Abajo el hambre” o “Viva los derechos humanos”508.
Asimismo, Néstor Rodríguez Lobaina, su hermano Rolando, Enyor Díaz Allen, Roberto González Pelegrín y Francisco Manzanet fueron presuntamente detenidos el 12 de agosto de 2010 en la casa de Néstor Rodríguez, donde se habían reunido y habían colgado carteles y pancartas en protesta por la detención de otros dos miembros del grupo que fueron puestos en libertad sin cargos el 16 de agosto. Les dijeron que los iban a acusar de “desorden público”509. Sin embargo, no se habrían llegado a presentar cargos contra ninguno de los cinco y habrían sido liberados el 3 de septiembre. Según Amnistía Internacional, las autoridades estatales les habrían advertido de que la policía seguirá investigando su caso. Los artículos que les confiscaron al detenerlos –entre otros, libros, ordenadores portátiles y teléfonos móviles– no les habrían sido devueltos.
La Secretaría Ejecutiva recibió información este año respecto de una presunta violación sexual perpetrada en una prisión. José Ángel Luque Álvarez habría sido víctima de violación sexual en el 2008, en la prisión de Ariza I en la provincia de Cienfuegos510. Luque Álvarez habría sido condenado bajo el delito de desacato a más de tres años de cárcel por haber dicho “Abajo Fidel”. En la prisión, fue presuntamente obligado a desnudarse, esposado en una cruz y víctima de violación sexual por un oficial. Luego, según su declaración, habría sido dejado desnudo por tres días sangrando siendo asmático. A pesar de haber cumplido su pena, las autoridades le habrían negado su libertad en varias oportunidades, sin explicación. El 9 de agosto de 2010, dentro de la prisión, escribió en un letrero una denuncia para reclamar la libertad condicional que le corresponde desde hace más de un año. Según lo informado, por esa razón, el jefe de la prisión lo habría enviado a una celda de castigo y le habría amenazado con aumentar un año y medio más su encierro por involucrarse en actividades contrarrevolucionarias. A partir de entonces se habría declarado en huelga de hambre. Según la información recibida, tras 47 días en huelga de hambre, y aceptar negociaciones con la Seguridad del Estado, fue trasladado al campamento de Ariza 2 bajo un régimen penitenciario menos severo, pero sin suministrarle medicamentos requeridos.
La CIDH recibió información que indica que William Rodríguez Paredes, delegado del Movimiento 24 de febrero, fue presuntamente detenido el 10 de septiembre en el municipio San José de Las Lejas, provincia de La Habana por agentes de la policía política511. Fue alegadamente trasladado esposado a la estación de policía de San José, donde fue desnudado para hacerle una requisa corporal, según las autoridades, para buscar propaganda enemiga. Rodríguez dijo que fue interrogado durante 7 horas y fue amenazado con aplicarle la Ley de Peligrosidad Social si continuaba realizando actividades opositoras512.
La información recibida permite concluir que el Gobierno cubano continúa utilizando la figura de la “peligrosidad” así como la “especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos” contenidos en el Código Penal, como una herramienta de persecución política y represión social513. La gravedad en la ambigüedad de dichos términos radica en que se criminaliza cualquier política ideológica que constituya una falta de apoyo al régimen.
Durante el año 2010 la Comisión continuó recibiendo información preocupante relacionada con la falta estructural de independencia e imparcialidad de los tribunales; y la ausencia de garantías judiciales y de debido proceso en el juzgamiento de personas condenadas a la pena de muerte, así como de personas consideradas como disidentes político-ideológicos, situación especialmente grave por la utilización de procesos sumarios.
La jurisprudencia del Sistema Interamericano ha sostenido consistentemente que todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso. La Declaración Americana establece que toda persona tiene derecho a acudir a los tribunales514, a la protección contra la detención arbitraria515 y a un proceso regular516. Estos derechos forman parte del denominado cuerpo de garantías del debido proceso legal, siendo las garantías mínimas reconocidas a todo ser humano en lo que respecta a procesos judiciales de cualquier índole.
Así también, la Declaración Americana indica que todo ser humano tiene derecho a la libertad517 y nadie puede ser privado de ella salvo en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes518. Conforme a la Declaración Americana, todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad519. Adicionalmente, toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas520.
El derecho a un juicio ante un tribunal competente, independiente e imparcial previamente establecido por la ley, ha sido interpretado por la Comisión y por la Corte Interamericana en el sentido de que comporta ciertas condiciones y estándares que deben ser satisfechos por los tribunales encargados de juzgar la sustanciación de toda acusación de carácter penal o la determinación del derecho o las obligaciones de las personas de carácter civil, fiscal, laboral o de otra índole521.
Este derecho a un juicio justo, sustentado en los conceptos fundamentales de la independencia e imparcialidad de la justicia, y los principios de derecho penal reconocidos por el derecho internacional -presunción de inocencia, el principio non-bis-in-idem y los principios nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege, así como el precepto de que nadie puede ser condenado por un delito excepto sobre la base de la responsabilidad penal individual-, son ampliamente considerados como principios generales del derecho internacional indispensables para la debida administración de justicia y la protección de los derechos humanos fundamentales522. El requisito de independencia, a su vez, requiere que los tribunales sean autónomos de otras ramas del gobierno, estén libres de influencias, amenazas o interferencias de cualquier origen o por cualquier razón, y cuenten con otras características necesarias para garantizar el cumplimiento apropiado e independiente523 de las funciones judiciales, incluidas la estabilidad de un cargo y la capacitación profesional adecuada524. La imparcialidad de los tribunales525 debe ser evaluada desde una perspectiva subjetiva y objetiva para garantizar la inexistencia de un prejuicio real de parte del juez o el tribunal, así como garantías suficientes para evitar toda duda legítima en este sentido. Estos requisitos, a su vez, exigen que el juez o el tribunal no abriguen sesgo real alguno en un caso en particular y que el juez o el tribunal no sean razonablemente percibidos como inclinados por un sesgo de ese tipo526.
Respecto a las garantías de independencia e imparcialidad, corresponde observar que el artículo 121 de la Constitución Política de Cuba establece que
[l]os tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurado con independencia funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado.
Así, la Comisión observa que la subordinación de los tribunales al Consejo de Estado, encabezado por el Jefe del Estado, representa una dependencia directa del Poder Judicial a las directrices del Poder Ejecutivo. A consideración de la Comisión esta dependencia para con el Poder Ejecutivo no ofrece un Poder Judicial independiente, que sea capaz de proporcionar garantías para el goce de los derechos humanos.
Conforme a la información recibida en el 2010, los tribunales cubanos habrían persistido en utilizar los procedimientos sumarísimos sin las debidas garantías, como por ejemplo el juicio y condena realizados durante el año 2010 contra Diana Virgen García, periodista independiente, quien fue presuntamente arrestada por la policía en su domicilio el 20 de abril de 2010. Según la información, la policía alegó que era arrestada por una riña con su hija de 23 años que había ocurrido hacía dos semanas527. Luego de tenerla incomunicada 48 horas, fue presuntamente sometida a un proceso sumario y en menos de 72 horas, condenada a un año y tres meses de privación de libertad por el delito de “ejercicio arbitrario del derecho y amenazas”, sin contar con abogado defensor y sin las mínimas garantías legales. Según la información, generalmente la policía elude casos de riñas familiares motivadas por problemas de vivienda, y cuando se interviene, las sanciones consisten en multas. En las semanas antes de su arresto, habría sido presuntamente amenazada por desfilar en varias ocasiones por las calles de La Habana en apoyo de las Damas de Blanco. En apelación, y contando con un abogado, el Tribunal Provincial de La Habana, con fecha 14 de mayo de 2010, decretó su liberación, con multa de 300 pesos.
La Comisión considera sumamente grave la reiterada utilización en Cuba de juicios sumarísimos sin la observancia de las garantías del debido proceso incluyendo las garantías mínimas y necesarias para que el acusado ejerza su derecho a una adecuada defensa legal. Sobre este último punto, la CIDH ha recibido anteriormente información respecto de la falta de eficacia de los defensores de oficio, particularmente cuando el Estado les impide comunicarse libre y previamente con sus defendidos528.
La Comisión ha recomendado en reiteradas ocasiones al Estado de Cuba adoptar las medidas necesarias para adecuar las leyes, procedimientos y prácticas a las normas internacionales sobre derechos humanos. En particular, la Comisión ha recomendado reformar la legislación penal con el objeto de asegurar el derecho de justicia y el derecho de proceso regular, así como iniciar un proceso de reforma a su Constitución Política con miras a asegurar la independencia del Poder Judicial.
En el Informe de Fondo 67/06529 sobre el Caso 12.476 (Oscar Elías Biscet y otros) relativo a los disidentes políticos que fueron detenidos y juzgados mediante procedimientos sumarísimos en la llamada “Primavera Negra” del 2003, con base en la aplicación del artículo 91530 del Código Penal cubano, así como de la Ley 88 sobre Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, la CIDH recomendó al Estado de Cuba:
2. Adoptar las medidas necesarias para adecuar sus leyes, procedimientos y prácticas a las normas internacionales sobre derechos humanos. En particular, la Comisión recomienda al Estado de Cuba derogar la Ley No. 88 y el artículo 91 del Código Penal, así como iniciar un proceso de reforma a su Constitución Política con miras a asegurar la independencia del Poder Judicial y el derecho a la participación en el gobierno.
Además, en el Informe de Fondo 68/06 sobre el Caso 12.477531 (Lorenzo Enrique Copello Castillo y Otros), relativo a tres personas que fueron fusiladas luego de un procedimiento sumarísimo, contraviniendo el derecho de defensa, imparcialidad e independencia judicial, la CIDH recomendó al Estado de Cuba:
1. Adoptar las medidas necesarias para adecuar las leyes, procedimientos y prácticas a las normas internacionales sobre derechos humanos. En particular, la Comisión recomienda al Estado de Cuba reformar la legislación penal con el objeto de asegurar el derecho de justicia y el derecho de proceso regular, así como iniciar un proceso de reforma a su Constitución Política con miras a asegurar la independencia del Poder Judicial.
Los artículos 479 y 480 de la Ley de Procedimiento Penal cubana contemplan la posibilidad de aplicar un procedimiento de carácter sumarísimo. Asimismo, la misma ley establece que en el caso de juzgarse mediante un procedimiento sumarísimo, el Tribunal puede en la medida que lo estime necesario, reducir los términos para la tramitación de las diligencias previas, el juicio oral y los recursos.
Artículo 479: En el caso en que circunstancias excepcionales así lo aconsejen, el Fiscal General de la República puede interesar del Presidente del Tribunal Supremo Popular y éste decidir, que se juzguen mediante procedimiento sumarísimo los hechos delictivos de la competencia de cualquiera de los Tribunales de justicia, excepto los que sean de la competencia de los Tribunales Municipales Populares.
Artículo 480: En el procedimiento sumarísimo se reducen, en la medida en que el Tribunal competente estime necesario, los términos que esta Ley establece para la tramitación de las diligencias previas, el juicio oral y los recursos.
Al respecto, la Comisión observa que la decisión de aplicar un procedimiento excepcional queda al arbitrio de quienes imparten justicia en el caso en concreto; asimismo, queda al arbitro del juzgador la decisión de fijar los términos para todas las diligencias en el juicio, incluidas las previas, las propias del juicio oral y los términos de los recursos532”.
La Comisión ha observado que mediante juicios sumarísimos se han juzgado en Cuba a los disidentes políticos y a quienes han intentado huir de la isla, aplicando incluso la pena de muerte como resultados de tales juicios que contravienen las mínimas normas del debido proceso533.
En este contexto de falta de independencia, arbitrariedad y procesos sumarios, otra especial preocupación de la CIDH es que la pena de muerte está contemplada como sanción en un número significativo de tipos penales. Efectivamente, el Código Penal de Cuba establece esta sanción en los delitos contra la seguridad del Estado; la paz y el derecho internacional; la salud pública; la vida y la integridad corporal; el normal desarrollo de las relaciones sexuales; el normal desarrollo de la infancia y la juventud y contra los derechos patrimoniales. En el título sobre delitos contra la seguridad del Estado, los tipos penales que contemplan la pena de muerte como máxima sanción son los siguientes: Actos contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado; Promoción de Acción Armada contra Cuba; Servicio Armado contra el Estado; Ayuda al Enemigo; Espionaje; Rebelión534; Sedición; Usurpación del Mando Político o Militar; Sabotaje; Terrorismo; Actos Hostiles contra un Estado Extranjero; Genocidio; Piratería; Mercenarismo; Crimen del Apartheid535y; otros actos contra la seguridad del Estado. Además, se contempla la pena de muerte en los siguientes tipos penales: Producción, Venta, Demanda, Tráfico, Distribución y Tenencia Ilícitas de Drogas, Estupefacientes, Sustancias Sicotrópicas y Otras de Efectos Similares536;
Asesinato537; Violación538; Pederastia con Violencia539; Corrupción de Menores540; Robo con Violencia o Intimidación en las Personas541.
La Comisión considera que la aplicación de la pena capital requiere de la existencia de un poder judicial independiente donde los jueces ejerzan un alto nivel de escrutinio y donde se observen las garantías de debido proceso. Al respecto, la Corte Interamericana ha sostenido que,
[L]a pena capital no es per se incompatible con la Convención Americana ni está prohibida por ella. Sin embargo, la Convención fija un número de limitaciones estrictas para la aplicación de la pena capital542. Primero, la aplicación de la pena de muerte debe estar limitada a los delitos comunes más graves y no relacionados con agravios políticos543. Segundo, se debe individualizar la pena de conformidad con las características del delito y la participación y culpabilidad del acusado544. Por último, la aplicación de la pena capital está sujeta a ciertas garantías procesales cuyo cumplimiento deberá ser estrictamente observado y revisado545.
De acuerdo a la información que la CIDH tiene, la última vez que la pena de muerte fue aplicada en Cuba fue en el año 2003, cuando fueron ejecutados los señores Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac546. Sin embargo se seguiría imponiendo dicha sentencia como resultado de juicios sumarísimos. Tal como se expresara en el Capítulo IV del Informe Anual 2008, la CIDH valora la decisión del Consejo de Estado adoptada el 28 de abril de 2008 de conmutar la pena de muerte a quienes habían sido condenados a tan grave e irreparable sanción por la cadena perpetua o 30 años de de privación de libertad. La CIDH espera que la conmutación se extienda a todos aquellos que han sido condenados a la pena capital, incluidas las personas condenadas por la comisión de supuestos delitos de carácter terrorista.
La CIDH reitera su observación en el sentido de que la permanencia de la pena de muerte como sanción en un número significativo de tipos penales, que mantienen lenguajes amplios o vagos547, unidos a procedimientos penales sin las suficientes garantías de debido proceso, al llevarse a cabo en forma sumarial, sin defensores de confianza y con jurados de dudosa independencia e imparcialidad, son violatorias de los instrumentos y jurisprudencia internacionales en materia de protección de los derechos humanos. Ello puede llevar a la aplicación de sanciones desproporcionadas y a una enorme discrecionalidad que puede eliminar toda posibilidad de defensa efectiva del individuo frente a las autoridades548. Por ejemplo, el artículo 91 del Código Penal prevé condenas de 10 a 20 años de prisión o la pena de muerte para “el que, en interés de un Estado extranjero, ejecute un hecho con el objeto de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio”.
Asimismo, el artículo 72 del Código Penal dispone que “se considera peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”. La definición de “estado peligroso” está establecida en el artículo 73 inciso 1 que dispone que “el estado peligroso se aprecia cuando en el sujeto concurre alguno de los índices de peligrosidad siguientes: a) la embriaguez habitual y la dipsomanía; b) la narcomanía; c) la conducta antisocial. El artículo 73 inciso 2 dispone que “Se considera en estado peligroso por conducta antisocial al que quebranta habitualmente las reglas de convivencia social mediante actos de violencia, o por otros actos provocadores, viola derechos de los demás o por su comportamiento en general daña las reglas de convivencia o perturba el orden de la comunidad o vive, como un parásito social, del trabajo ajeno o explota o practica vicios socialmente reprobables”.
Por su parte, el artículo 75.1 del Código Penal prevé que “el que, sin estar comprendido en alguno de los estados peligrosos a que se refiere el artículo 73, por sus vínculos o relaciones con personas potencialmente peligrosas para la sociedad, las demás personas y el orden social, económico y político del Estado socialista, pueda resultar proclive al delito, será objeto de advertencia por la autoridad policiaca competente”. La CIDH se ha referido en informes anteriores sobre cómo el Gobierno cubano utiliza la figura de la “peligrosidad” así como la “especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos” para detener opositores al régimen549.
Si una persona incurre en uno de los tipos de peligrosidad citados anteriormente, pueden aplicarle las denominadas medidas de seguridad, que pueden ser post o predelictivas. En el caso de las medidas de seguridad predelictivas, el artículo 78 dispone que al declarado en estado peligroso se le pueden imponer las medidas terapéuticas, reeducativas o de vigilancia por los órganos de la Policía Nacional Revolucionaria. Una de las medidas terapéuticas consiste --según el artículo 79-- en internamiento en establecimiento asistencial, psiquiátrico o de desintoxicación550. Las medidas reeducativas se aplican a los individuos antisociales y consisten en el internamiento en un establecimiento especializado de trabajo o de estudio y la entrega a un colectivo de trabajo para el control y la orientación de su conducta. El término de estas medidas es de un año como mínimo y de cuatro como máximo.
Estas normas del Código Penal cubano son complementadas por el Decreto Nº 128, emitido en el año 1991. Dicho decreto establece que la declaración del estado peligroso predelictivo debe decidirse en forma sumaria. En efecto, según el mencionado decreto la Policía Nacional Revolucionaria forma un expediente que acredite la conducta del “peligroso” y lo presenta al Fiscal Municipal quien decide en dos días si lo presenta al Tribunal Municipal. Si el Tribunal Municipal considera completo el expediente, fijará fecha para la audiencia en donde comparecerán las partes. Veinticuatro horas después de celebrada la audiencia, el Tribunal Municipal debe dictar sentencia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera el derecho penal debe sancionar los delitos o acaso su tentativa frustrada, pero nunca las actitudes o presunciones de ellas551. La peligrosidad es un concepto subjetivo de quien la valora y su imprecisión constituye un factor de inseguridad jurídica para la población, ya que crea las condiciones para que las autoridades cometan arbitrariedades. La Comisión considera asimismo extremadamente grave que estas normas --de por sí incompatibles con los principios establecidos en la Declaración Americana-- sean aplicadas mediante un procedimiento sumario a personas que no han cometido ningún delito pero que según la discrecionalidad de las autoridades cubanas son consideradas peligrosas para la sociedad, y por tanto, merecedoras de severas medidas de seguridad privativas de la libertad552. En estos casos, el Estado interviene en la vida de los ciudadanos sin limitaciones para mantener la paz social y viola sin contemplaciones el derecho a la libertad individual.
La Comisión reitera que la carencia de una administración de justicia independiente en Cuba, aunado a la ausencia de garantías de debido proceso, así como también la utilizaron de procesos sumarios y la ambigüedad y/o amplitud de algunos tipos penales previstos en la legislación, afectan los derechos fundamentales de las personas.
En resumen, la Comisión llama al Gobierno de Cuba a adecuar sus normas procesales a los estándares internacionales aplicables en materia de debido proceso, a fin de que las personas que acudan a los tribunales para la determinación de sus derechos y responsabilidades cuenten con garantías legales mínimas para ejercer sus medios de defensa. La Comisión estima que el marco legal existente no cumple con las obligaciones internacionales de Cuba en esta materia. La plena vigencia de las garantías judiciales consagradas en la Declaración Americana se asienta sobre la base de un Poder Judicial independiente y autónomo y sobre la aplicación de normas que sean claras y específicas y no permita el abuso discrecional de la autoridad.
3. Privación de Libertad de los Disidentes553 Políticos
En 2006 la Comisión notificó a las partes y publicó en su Informe Anual el Informe de Fondo 67/06554, sobre el Caso 12.476 (Oscar Elías Biscet y otros) relativo a los disidentes políticos que fueron detenidos y juzgados mediante procedimientos sumarísimos en la llamada “Primavera Negra” del 2003, con base en la aplicación del artículo 91555 del Código Penal cubano, así como de la Ley 88 sobre Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, por hechos relacionados con el ejercicio de libertades fundamentales como la libertad de pensamiento, conciencia, opinión y expresión, así como el derecho a la reunión pacífica y libre asociación. Las condenas fluctuaron entre 6 meses y 28 años de prisión.
Cabe destacar que en el Informe 67/06, la CIDH concluyó que el Estado de Cuba incurrió en la violación de diversos artículos de la Declaración Americana entre los cuales se incluyen los artículos I, II, IV, VI, XX, XXI, XXII, XXV y XXVI en perjuicio de las víctimas del caso; el Artículo V con relación a ocho de las víctimas; violación del Artículo X en perjuicio de 14 víctimas y violación del Artículo XVIII en perjuicio de 73 víctimas. Asimismo, la Comisión concluyó que el Estado no había violado los artículos IX, XI y XVII de la Declaración Americana en perjuicio de las víctimas556.
Además, la CIDH recomendó al Estado de Cuba:
1. Ordenar la liberación inmediata e incondicional de las víctimas de este caso, declarando nulas las condenas en su contra por haberse basado en leyes que imponen restricciones ilegítimas a sus derechos humanos.
3. Reparar a las víctimas y sus familiares por el daño material e inmaterial sufrido en virtud de las violaciones a la Declaración Americana aquí establecidas.
4. Adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a cometerse, de conformidad con el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos557.
En relación con la segunda, tercera y cuarta recomendación de la CIDH, el Estado cubano hasta la fecha no ha adoptado medidas para su cumplimiento. Respecto de la primera recomendación, este año falleció de inanición Orlando Zapata Tamayo, una de las víctimas del caso 12.476 que había sido condenada a tres años de prisión, tras 85 días de huelga de hambre en protesta por lo que describió como continuas golpizas de los guardias y otros abusos en prisión. Información recibida por la CIDH indica que el señor Zapata Tamayo habría sido sometido a tortura y tratos inhumanos en la prisión Kilo 8. El señor Zapata Tamayo fue condenado en Cuba a otras penas de cárcel, en virtud de sus opiniones disidentes. Según información periodística, habría sido sentenciado a 36 años de prisión. Mediante comunicado de prensa de fecha 26 de febrero de 2010, la CIDH lamentó y condenó la muerte de este disidente cubano558.
Al día siguiente del fallecimiento de Orlando Zapata, el 24 de febrero de 2010, Guillermo Fariñas, periodista y defensor de derechos humanos inició una huelga de hambre en Cuba en protesta por la muerte de Zapata y en demanda de la excarcelación de 25 presos políticos enfermos. La situación de Guillermo Fariñas también fue materia de pronunciamiento de la CIDH mediante comunicado de prensa 33/10 de 19 de marzo de 2010. Fariñas mantuvo su protesta durante 135 días hasta que el gobierno cubano anunció en la primera semana de julio de 2010, la liberación de 52 presos políticos.
Efectivamente, según la información recibida, gracias a la mediación de la Iglesia Católica en La Habana, el 7 de julio de 2010, el Gobierno cubano, a través de su presidente, Raúl Castro, informó al representante de la Iglesia Católica en Cuba, el Cardenal Jaime Ortega y al entonces ministro de Relaciones Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, que pondría en libertad a 52 presos políticos y sus familias, en un plazo de tres a cuatro meses. Estas personas pertenecerían al grupo que quedaba encarcelado de los 75 opositores y periodistas independientes arrestados en el 2003, en la llamada “Primavera Negra”, que fuera materia del caso 12.476. Mediante comunicado de prensa 69/10 de fecha 13 de julio de 2010, la CIDH valoró positivamente la decisión del Gobierno de Cuba.
Por otro lado, si bien el compromiso inicial del Gobierno cubano fue liberar a los presos que permanecían en las cárceles del Grupo de los 75, posteriormente anunció su disposición de sacar de prisión a otros presos políticos para ser trasladados a España. La CIDH recibió información sobre Ciro Pérez Santana, condenado a 20 años de cárcel y en prisión desde 1994; Arturo Suárez Ramos, quien cumple una sentencia de 30 años de los cuales ha cumplido 22; y Rolando Jiménez Posada, condenado a 12 años de cárcel el 25 de abril de 2003559. Asimismo, fueron liberados Ramón Fidel Basulto y Joel Torres, quienes cumplían una condena de 30 años y 10 años respectivamente, en ambos casos acusados de “piratería”, por el delito de robo de una lancha para abandonar ilegalmente la isla. Igualmente fue liberado Adrián Álvarez, el preso político que más tiempo ha pasado en una cárcel cubana, quien ingresó a prisión en el año 1985, acusado de actos contra la seguridad del Estado y espionaje, y condenado a 30 años560.
Cabe señalar que a la fecha de elaboración del presente informe, habrían sido excarcelados 51 disidentes, 40 de ellos víctimas del Caso 12.476 (Grupo de los 75).
Asimismo, el Gobierno cubano manifestó que concedería “licencia extrapenal” a los presos de conciencia que se nieguen a abandonar su país tras su excarcelación561. De esta forma podrían permanecer en libertad en la isla, aunque seguirán sujetos al proceso abierto contra ellos. Este sería el caso de Arnaldo Ramos Lauzerique, quien habría sido liberado recientemente bajo el otorgamiento de una licencia extra penal.
Según la agrupación “Damas de Blanco”, el Gobierno cubano estaría presionando psicológicamente a los disidentes políticos que no aceptan ser excarcelados y trasladados de inmediato a España562. Dos disidentes políticos, Ángel Juan Moya Acosta y Héctor Maseda Gutiérrez, víctimas del caso 12.476, han manifestado a la prensa de Cuba que de ser liberados bajo el otorgamiento de una posible licencia extrapenal para ellos constituye “una patraña más del régimen cubano, la cual yo no acepto. Eso no fue lo que exigió Fariñas en su huelga de hambre. Tampoco las Damas de Blanco han luchado por más de 7 años por licencia extrapenal; eso no es más que una falta de respeto”563.
Al respecto, en las recomendaciones formuladas al Gobierno cubano en su Informe de Fondo No. 67/06, la CIDH se refirió a la liberación inmediata e incondicional de las víctimas y a declarar nulas sus condenas. En consecuencia, el otorgamiento de licencias extrapenales a las víctimas del caso 12.476 que no quieran abandonar la isla, no constituye un cumplimiento pleno de las recomendaciones formuladas por el CIDH, porque mantiene las condenas dictadas en juicios que no cumplieron los mínimos estándares del debido proceso.
Por otro lado, de conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, todo individuo tiene derecho a un tratamiento humano durante la privación de su libertad564. La Comisión se ha referido en varios de sus informes al tema de condiciones de detención en Cuba565. La Comisión considera que la responsabilidad del Estado en lo que respecta a la integridad de las personas bajo su custodia no se limita a la obligación negativa de abstenerse de torturar o maltratar a dichas personas. Siendo la prisión un lugar donde el Estado tiene control total sobre la vida de los reclusos, sus obligaciones hacia éstos incluyen, entre otras, las medidas de seguridad y control necesarias para preservar la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad.
No obstante, la Comisión continuó recibiendo información sobre condiciones de privación de libertad de los disidentes políticos en Cuba y particularmente sobre el trato denigrante que las autoridades penitenciarias emplean contra las personas señaladas como opositores políticos. La Comisión ha expresado con anterioridad su preocupación respecto a la gran cantidad de presos políticos – particularmente sobre las víctimas del caso 12.476 ahora liberadas - que estarían sufriendo enfermedades crónicas de tipo visual, renal, cardíaco y pulmonar, muchas de las cuales habrían surgido o se habrían agravado al momento su detención sin que se les haya brindado la atención médica apropiada, incluidas varias personas de edad avanzada.
En declaraciones a la prensa española tras su liberación, José Luis García Paneque señaló: “Nos metieron en la cárcel con el objetivo de destruirnos moralmente, pero no lo han conseguido. Fue impactante y muy duro, pero no he perdido mi espíritu”566. Según la entrevista realizada, durante los siete años y cuatro meses que estuvo encarcelado, pasó por nueve prisiones. Los dos primeros años estuvo en régimen de solitaria, el que a su juicio supone “el trato más cruel e infrahumano que se le puede infringir a una persona”. Sólo le permitían una llamada telefónica al mes, mientras que las visitas de familiares se reducían a sólo dos horas al trimestre. La visita conyugal tenía lugar cada cinco meses.
El 28 de octubre de 2010, durante el 140 Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, se realizó la Audiencia Pública “Situación de derechos humanos de los líderes sindicalistas independientes en Cuba”, solicitada por el Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSCC). En la audiencia la CIDH recibió información sobre las condiciones infrahumanas que padecen las personas privadas de libertad en ese país a través de la presentación de los testimonios de seis sindicalistas: Nelson Molinet Espino, Héctor Valle Fernández, Miguel Galván Gutiérrez, Víctor Rolando Arroyo, Horacio Piña Borrego y Alfredo Felipe Fuentes, víctimas del caso 12.476, quienes fueron detenidos durante la llamada “Primavera Negra” en el año 2003, y liberados este año por el Gobierno de Cuba, para ser trasladadas a España. A continuación se transcribe parte de los testimonios que presentaron a la CIDH:
“Vivíamos en una celda de tres metros por dos metros, en una letrina tenía que hacer mis necesidades, bañarme, tenia que dormir en el piso durante 7 meses, por el calor no había ventilación.”
“Algunas veces eran pasado a “destacamentos” donde se podían acomodar 40 personas, habían 120.”
Héctor Raúl Valle
“Estando allí [en la cárcel], en Villa Marita, fui torturado psicológicamente, el agua que tomaba, la tomaba en un excusado, donde hacía mis necesidades. Allí vivíamos en ese cuartico, cuatro personas, que casi ni cabíamos, el calor era insoportable. […] Me presionaban a que condenara el gobierno norteamericano, para así mostrar al mundo que yo serví al gobierno norteamericano, pero no fue así. […] No firmé ningún documento y es por eso que en el juicio alegaron que yo no presté colaboración.”
“Allí convivía con ranas, alacranes, ratones y otros insectos. El calor era insoportable, Cuando comía y tomaba agua era como si me hubiese bañado. El sufrimiento era grande.”
“En cada visita conyugal mi mujer debía desnudarse, fueron duros momentos para mi mujer […], hasta que logré que no lo hicieran más.”
“[A la prisión] Muchos entramos sin ningún tipo de enfermedad, y salimos con muchas enfermedades. En el caso mío, padezco de hipertensión arterial, artritis erosiva erimatosa, de ulcera en estado cicatrizante, artrosis cervical, acortamiento de los espacios, un melasma de piel, perdida de vista […]. No solo los presos políticos, sino los presos comunes también pasaban casi los mismo problemas.”
“A veces no había medicamentos, no había doctores para atendernos, ni un enfermero siquiera había para tomarme la presión. Fueron cosas muy duras […]”
“[Con la llegada a Guantánamo] los trasladaron a celdas de castigo, tapiadas y en solitario. […] Allí empezó una situación muy difícil, porque al segundo, tercer día de estar en estas celdas, recibimos la visita de un general […], él y yo tuvimos enfrentamiento verbal, además de otros oficiales. Inmediatamente fui sacado de allí y llevado a celdas de aún mayor rigor. En estas celdas me mantuvieron casi 3 meses y me pusieron a dormir en la tabla nada más […] Son celdas en una estado higiénico deplorable, casi todas tupidas de excremento, de heces, de esa celda y de otras. Las ratas, animales de cualquier tipo. El frío y el calor; y la comida y el agua era reducida.”
“Pero llegó una situación de acoso y hostilidad tal hacia mi familia […] decidimos ponernos en Huelga de Hambre, y para mi duró 24 días.[…] En el momento que decidí empezar la huelga de hambre fui golpeado por un oficial, jefe de orden interior […] no fue la primera agresión que he tenido de parte de funcionarios de la prisión.”
“Los oficiales que están en las prisiones incluso, algunos trabajadores del Ministerio del Interior, se enriquecen a costa del trabajo de los reclusos, puesto que parte sus salarios, muchas veces se extravía se pierde. Utilizan presos para trabajos particulares de los oficiales […] En Guantánamo había un carpintero […] e hirió gravemente su mano haciendo muebles para el jefe de la prisión y unos oficiales, sin embargo, este hombre no recibió asistencia médica y los días que faltó al trabajo, no recibió remuneraciones. […] Esto era denunciado, pero como nadie puede darle el curso legal, esto no se conoce, y si se conoce se queda.”
“En estas prisiones tuve que soportar agresiones físicas como sicológicas, la sicológica fueron la pérdida de la correspondencia, el no permitirme hacer llamadas a mi familia, situaciones con la salud o sea la atención médica y la física, la agresividad, la golpiza por parte de los gendarmes, no fueron una, fueron varias”.
“Fui trasladado a una prisión de más de 700 kilómetros lejos de mi hogar, allí fui confinado a una celda de aislamiento, de 1,30 de ancho por 2,77 de largo. En eso estaba incluido baño de aseo y baño para bañarme. Mi pasillito, eran 56 cm. Allí estuve un año y un mes”
“De allí fui trasladado a destacamento, que era un espacio irrisorio, o sea, para 24 presos, eran 4 metros de ancho por 6 de largo. Un baño colectivo sin privacidad. En tiempo de privacidad, teníamos que dormir en el piso, porque eran más de 40 grados de temperatura porque la temperatura ambiente, más la corporal, más la del día entero la recibíamos en la noche […]”
“La situación médica… a nosotros siempre se nos dijo que teníamos un trato diferenciado, y con eso digo que era malísimo, me imagino el preso común.”
“En Pinar de Rio pude presenciar varios fallecimientos […] Manuel Sotolongo [preso común], a las 6 de la tarde empezó con un dolor en el pecho y que le corría el brazo, a las 10 de las noche, volvió a decirle que tenía este dolor y le había aumentado. A las 12 y pico, los presos tocaron la puerta para que vinieran a atenderlo. Lo sacaron a la 1 y pico, por un enfermero, lo atendió, le dio una aspirina y lo devuelve al destacamento. A las 3 vuelve a lo mismo, y le dijeron que tenía la presión bien, este enfermero (no profesional), lo vuelve a llevar al destacamento. A las 5:45 […] se cae de la cama y era un infarto, se cae de la cama y lo recogen los presos y salen corriendo al botiquín. Como era una persona obesa no pudieron subirlo a camilla, y lo ponen en el suelo. Desde mi destacamento [celda] […] vimos como el hombre fallece a las 6:13 y a las 6:15 llega el médico que lo iba a atender.”
“Yo entré con un solo padecimiento a prisión, que era hipertensión emotiva, ahora es crónica. Tengo una ulcera provocada por los médicos, porque yo tenía un problema cervical que se fue agravando por las condiciones, y lo que hacía eran darme “piroxicam” pero sin decirme que tenía que ser con alimentos, [además salí] con una ernia”
“Conocimos al abogado 5 minutos antes del juicio, algunos sin ningún tiempo. O sea, después de estar un mes incomunicado y sin posibilidad de acceder a documentos para preparar el alegato de la defensa, Mientras que la fiscalía si, estuvo como un mes o más para preparar el alegato acusatorio”
“Después del juicio […] nos internaron en unas celdas, que yo describiría como celdas de tortura. Estoy hablando de la prisión de Guamaján en la provincia de Villa Clara. […] Allí por ejemplo, estábamos en una celda de 1,40 de ancho por 2 metros de largo, más un espacio sanitario, un rústico espacio sanitario, sin ventanas de ningún tipo, las celdas tapiadas durante 1 año.”
La Comisión reitera al Estado que observe las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas567 y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de Comisión Interamericana Derechos Humanos568.
La Comisión asimismo reitera al Estado de Cuba la recomendación de dejar en libertad en forma inmediata e incondicional a todas las víctimas del Caso 12.476.
Catálogo: annualrep -> 2010sp
2010sp -> Relatoria 2010 esp
2010sp -> Anual 2010 Cap. III. D

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 artículo 53
 artículo 3
 artículo 121
 artículo 91530
 artículo 91

Artículo 479

Artículo 480
 artículo 91
 artículo 72
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 75
 artículo 73
 artículo 78
 artículo 79
 artículo 91555