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Timestamp: 2017-10-17 03:44:22+00:00

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LOS DIEZ HITOS DE LA LEY ESTATUTARIA EN SALUD PARA COLOMBIA, 1751 | Juan Eduardo Guerrero: Blog
LOS DIEZ HITOS DE LA LEY ESTATUTARIA EN SALUD PARA COLOMBIA, 1751
Si se cumple e implementa la Ley Estatutaria en Salud 1751[1], el SGSSS en Colombia tiene una oportunidad para modificarse. Todos los actores debemos ser coherentes y contribuir para hacer real el mandato constitucional y salir del simbolismo de otra “ley que no se cumple y queda en el plano del idealismo”. En éste artículo, señalo los 10 hitos que debemos reflexionar, discutir y materializar, todos aprobados en la Ley Estatutaria. Esta Ley es producto del debate nacional, de la modulación de la Corte Constitucional y de la necesidad de hacer coherente y orientar el funcionamiento del Estado para garantizar el derecho fundamental a la salud.
La Ley Estatutaria abre camino al fin de una era (cerca de 25 años) del “pluralismo estructurado” y al comienzo de un nuevo ciclo bajo un paradigma dominante del derecho a la salud y la equidad de acceso. Se señala una vía diferente para el “mercado entre aseguradores y prestadores” y para la evaluación financiera sin resultados sociales. El fin de las barreras de acceso a los servicios por las EPS e IPS (“paseo de la muerte”). Se abren perspectivas de un nuevo Plan de Intervenciones en Salud que reemplazará el POS; se ratifica la necesidad de una acción coherente del gobierno sobre los Determinantes Sociales de la Salud, sobre procesos regulatorios estratégicos y el reconocimiento de la autonomía profesional. Finalmente, la Ley en mención nos dirige hacia un nuevo modelo de atención y al funcionamiento en redes integrales de servicios de salud para lograr la meta de acceso y cobertura universal con equidad en salud.
Es tiempo de divulgar, enseñar, reflexionar sobre el potencial de este acto legislativo, para garantizar con la participación ciudadana, social y de todos los actores la transformación del sistema.
I. Fin del pluralismo estructurado.
El artículo 5 de Obligaciones del Estado, numeral b) y j) implica el fin cercano del “pluralismo estructurado” basado en la competencia entre los actores[2] al pedir que el Estado asegure la “coordinación armónica de todas las acciones” y la “solidaridad” en contraposición de la competencia entre actores en un sistema de mercado de aseguradores y prestadores, en donde el objetivo es luchar por una rentabilidad o un excedente financiero. (Ley 100 de 1993). De hecho, las actuales autoridades han reconocido un sistema de seguridad social dual, un sólo asegurador y una red de prestadores en departamentos y territorios donde no funcionó el mercado y mantener aún la competencia entre aseguradores en las grandes ciudades. Ya algunas EPS se están retirando de las ciudades intermedias y esperan concentrar sus operaciones en medianas y grandes ciudades para salir de la “crisis financiera”.
Por otro lado, el funcionamiento de redes integradas de servicios de salud exige funcionar bajo los principios de la cooperación y reconocer la planificación territorial en beneficio de los resultados sociales y de salud, para evitar el potencial riesgo de la integración vertical entre el aseguramiento y los prestadores, que afecta a los que están por fuera (públicos o privados) de la cadena que privilegia el “negocio de la salud”.
II. El fin de un sistema que solo evalúa indicadores financieros.
El artículo 7, sobre Evaluación anual de los indicadores del goce efectivo[3] orienta que los indicadores de salud deben servir para diseñar e implementar planes de salud que respondan a las necesidades de la población. Así el sistema ganaría cualitativamente si se hace énfasis en los resultados de salud por parte de todos los agentes y actores. Una empresa social debería ser evaluada con estos indicadores propuestos y su viabilidad dependería de ellos y no únicamente de la sostenibilidad financiera. Los hospitales e instituciones públicas cumplen una función social cuando están presentes en donde el sector privado no llega y en las grandes ciudades. Las instituciones privadas sin ánimo de lucro y los hospitales públicos cumplen una función estabilizadora de los servicios a un costo socialmente aceptable para evitar las distorsiones de mercados abiertos, que pueden tornarse insostenibles cuando su función es generar altas tasas de rentabilidad y ganancia.
III. El fin de un modelo de atención fragmentado por las barreras administrativas.
El artículo 8 sobre integralidad resalta en forma especial que los servicios de salud “deben presentarse en forma completa” y “no podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio de salud específico en desmedro de la salud del usuario”. Éste deberá comprender “todos los elementos esenciales para lograr el objetivo médico respecto a la necesidad específica diagnosticada”. Lo cual implica que avanzamos hacia modelos con rutas especificas de atención que podrían ser contratados en forma integral para eliminar al máximo las barreras y la oportunidad para un acceso universal de calidad y eficaz. La elaboración de las rutas deben evitar la excesiva fragmentación por patologías y deben lograr la integración de problemas por ciclo de vida. La autonomía profesional puede transitar dignamente por la vía de los protocolos clínicos y de las rutas de atención diseñadas para cumplir con el derecho fundamental a la salud con un uso racional de los recursos.
IV. El inicio y reconocimiento de la acción del SGSSS y del Estado para trabajar en los Determinantes Sociales de la Salud.
El artículo 9 abre en forma explicita la responsabilidad del Estado. En este caso la salud pública tiene una gran responsabilidad para medir, evaluar, abogar y coordinar políticas que “incidan en el goce efectivo del derecho a la salud” y al logro de la “equidad en salud”. Es indudable que el Plan Decenal de Salud Pública es el instrumento territorial para lograr este objetivo siendo la estrategia de APS la articuladora del proceso de convergencia entre lo social determinante y la prevención, promoción, atención y rehabilitación. El artículo 20 de esta Ley (política pública), reafirma la necesidad de acción intersectorial del gobierno nacional para actuar de manera positiva sobre los determinantes de la salud.
V. El fin del paseo de la muerte con la apertura de las urgencias.
El artículo 10 de deberes y derechos en la prestación de servicios, expone una serie de condiciones de acceso oportuno a tecnologías y medicamentos, que se guía por la dignidad, la comunicación abierta, el trato digno, la confidencialidad de la información, entre otras. El acceso a los servicios de urgencia “sin que sea exigible documento o pago previo alguno”. Ninguna IPS podrá negar servicios de urgencia so pena de recibir sanciones administrativas. Por ahora, es una salvación ingresar por urgencias aunque todos los administradores de la salud y ciudadanos desearíamos un plan serio para mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención en todos los sitios y lugares en donde transcurre la vida de la gente, para evitar su movilidad de la periferia al centro de las ciudades. Si realmente el centro es el derecho a la salud y el ciudadano, los recursos del sistema deben seguir la necesidad y la oportunidad de acceso compatible con el uso racional.
VI. El SGSSS debe avanzar hacia un sistema participativo y en donde la tutela sigue siendo instrumento garante.
Los artículos 11 y 14 dictan la norma que genera el “derecho a las personas a participar en las decisiones adoptadas por los agentes a los sistemas de salud que la afectan o interesan”. [4] El ciudadano, la sociedad civil, la academia tienen la potencialidad de participar activamente del proceso de cambio y regulación del sistema en protección al derecho fundamental a la salud. Esto evitaría la expedición de decretos reglamentarios expedidos como “regalo de navidad” y sin consulta a los actores del SGSSS.
VII. Se reafirma una nueva forma de organización de servicios.
El artículo 13 sobre “redes integrales de servicios” como una forma de organización y el artículo 24 expresando que “la extensión de la red pública hospitalaria no depende de la rentabilidad económica sino de la rentabilidad social”. Este cambio debe traducirse en una nueva escala para clasificar el “riesgo” de las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, lo cual reorientaría la función del sistema en su valor esencial de la protección social y los resultados en salud.
VIII. Se reafirma que los recursos del sistema son inembargables y tienen destinación especifica.
El artículo 25 protege los recursos públicos y estos no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente.
IX. Un Estado interventor que genera políticas públicas para proteger los recursos del sistema.
Los artículos 19, 21, 22 y 23 con relación a la política de información, la divulgación sobre progresos científicos, la política de innovación, ciencia y tecnología en salud y la política farmacéutica promueven un Estado que interviene, que genera, produce, administra y regula para proteger el derecho a la salud en forma activa y pro-activa pensando siempre en los ciudadanos y la protección del acceso y disponibilidad de los servicios.
X. La dignidad, la autonomía profesional y un modelo de salud al servicio y protección de la vida.
Ética aplicada a un ejercicio profesional ligado a principios, valores, evidencia científica y resultados en salud. Profesionales, mas cercanos a la protección de la vida y mas lejos de las presiones del negocio generalizado de la salud. El acceso equitativo y la cobertura universal de la salud es una meta internacional que junto a los cambios del modelo de atención, basado en la atención primaria de la salud, podrían generar una nueva ola de reforma que proteja los recursos públicos de las ambiciones del mercado financiero internacional.
Es tiempo del desarrollo pedagógico, del significado de la Ley Estatutaria y de ser vigilantes de las distorsiones e incoherencias introducidas por los agentes del sistema que funciona con la lógica de intereses corporativos, rentabilidad con el uso de recursos públicos y generando economías de escala, que niegan acceso a los servicios en especial a los más pobres y vulnerables y a los que padecen los problemas de salud de más alto costo.
Es tiempo de actuar en forma coherente con la Ley Estatutaria pensando en la protección del derecho fundamental a la salud, en la autonomía profesional, con un Estado que interviene el mercado con sentido garantista y que evita la distorsión y las desviaciones de todos los agentes y se afianza en la ciudadanía y en los organismos de vigilancia y control para proteger los derechos y el buen uso de los recursos.
Medellín, 7 de julio de 2011
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[1] Ley Estatutaria, 1751, http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf
[2] Art 5 numeral b: formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho en igualdad de trato y oportunidades para toda la población, asegurando para ello la coordinación armónica de las acciones todos los agentes del sistema.
Art 5 numeral j: el sistema esta basado en el mutuo apoyo entre las personas, generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades.
[3] Art 7, el MSPS divulgará evaluaciones anuales sobre los resultados del goce efectivo del derecho fundamental a la salud (DFS) en función de los elementos esenciales de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad.
[4] Incluye políticas, planes, programas, instancias de deliberación, seguimiento y control. Decisiones de inclusión o exclusión de servicios. Definición de prioridades. Decisiones que puedan implicar restricciones de acceso y evaluación de resultados.
Publicado: 13th julio 2015
Marta Luz Posada Lopez · 16/07/2015 Reply
En un momento tan critico como el que estamos viviendo en Colombia, por muchas razones, entre ellas la salud que esta casi que en cuidados intensivos, esta propuesta suena a brisa fresca y refrescante. De rodillas le pedimos a Dios que personas como usted, tengan eco con su trabajo para bien de todos los colombianos. Un abrazo,

References: artículo 5
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 20
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 24
 artículo 25