Source: https://www.slideshare.net/vtraver/capitulo-43-9174244
Timestamp: 2017-10-22 12:09:28+00:00

Document:
Y si el paciente está en la red, ¿q... by Laura Diéguez Rod... 3818 views
Web 2.0 y Salud by Laura Diéguez Rod... 3331 views
1. El ePaciente y las redes socialesBloque 4.- Catalizadores y barreras hacia el futuroCapítulo 4.3.- Retos legales del e-pacienteCésar IglesiasAbogado – Responsable Nuevas Tecnologías Umer & Co., ciglesias@umerandco.comResumenEl objetivo del capítulo es proporcionar una primera aproximación a los retos jurídicos deldesarrollo del concepto ePaciente en España. El ePaciente es un paciente que aprovecha lastecnologías de la información y las comunicaciones para gestionar su salud. La primera notacaracterística del ePaciente es el control de sus propios datos clínicos, lo que trae comoconsecuencia una profunda modificación de su relación con el sistema sanitario. Asimismo, elePaciente tiene acceso prácticamente inmediato a profesionales sanitarios y tratamientos de otrospaíses así como a la posibilidad de compartir información con otros pacientes por diferentesmedios y, en particular, redes sociales.En primer lugar el capítulo analiza las condiciones de acceso y uso de la información clínicagenerada por el sistema sanitario por parte del paciente. Seguidamente se exponen diferentescondicionantes para el uso de dicha información clínica para recabar una segunda opinión oseguir un tratamiento a través de Internet. El aspecto más importante es la aplicabilidad de la LeyOrgánica de Protección de Datos a los datos de terceros incluidos en la información clínica enpoder del paciente.El cambio de relación con el sistema sanitario lleva a analizar la relación del paciente con otrosterceros. Por un lado, de cara a ilustrar alguna de las posibles consecuencias de la digitalizaciónde los historiales clínicos se presentan dos sentencias ilustrativas de los problemas que puedensurgir con Mutuas de Trabajo y con la propia Administración.A continuación se aplica el análisis realizado a la participación del paciente en las redes sociales.Finalmente, se presenta las conclusiones del autor sobre el trabajo legislativo a desarrollar parapoder permitir el desarrollo del concepto ePaciente en España. 219
2. Retos legales del e-paciente1. IntroducciónEl propósito de este capítulo es proporcionar una primera aproximación a los retos jurídicos parael desarrollo del “ePaciente” [1] en España.Como toda aproximación, es un ejercicio insatisfactorio dada la necesaria superficialidad con laque hay que tratar temas que merecen un estudio en profundidad que, por cuestiones de espacio,no se puede abordar en estas líneas.En nuestro caso concreto, la insatisfacción se refuerza por la necesidad de no poder, por lasmismas cuestiones de espacio, entrar a la normativa de desarrollo y situación en cada una de lasComunidades Autónomas. Dada la conformación del Sistema Nacional de Salud, son éstas lasque aplican los preceptos de las leyes estatales. Por tanto, no podremos entrar a analizar, porejemplo el ejercicio concreto del derecho de acceso a los datos clínicos que variará de unaComunidad Autónoma a otra.Siendo conscientes de esto, sin embargo, plantearemos una visión a nivel estatal que permitaexplorar los principales retos que surgen de esta nueva realidad del llamado “ePaciente” y dejar lapuerta abierta a estudios posteriores de mayor profundidad de cada uno de ellos.2. Marco jurídico actual del ePacienteQuizá sorprenda la afirmación de que ya existe un marco jurídico para el ePaciente cuando estees un concepto en pleno proceso de desarrollo e implantación en España. Sin embargo, desde elpunto de vista de un jurista, un ePaciente, no es más que un paciente que hace énfasis en el usode unas determinadas herramientas pero que goza de todos los derechos y obligaciones decualquier otra persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionalespara el mantenimiento o recuperación de su salud [2].En un análisis previo no hemos encontrado características jurídicamente relevantes que justifiquenque el ePaciente se constituya como un concepto jurídico independiente. Por tanto, consideramosque le resulta de plena aplicación el marco jurídico aplicable al resto de pacientes. En lo que siguesólo utilizaremos el término ePaciente para contraponerlo con el paciente que no utiliza losrecursos que se presuponen al ePaciente. En todo lo demás, nos fijaremos en el paciente.En la siguiente tabla, el lector podrá encontrar las referencias completas a la normativa que semencionan a lo largo del capítulo y que conforman la parte más importante del marco jurídicoactual del paciente. 220
3. El ePaciente y las redes sociales Tabla 1. Marco jurídico del paciente Marco jurídico del paciente Nombre corto Referencia completaCódigo Penal: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.Constitución Española Constitución EspañolaConvenio relativo a los Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad delderechos humanos y la ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina,biomedicina: hecho en Oviedo el 4-4-1997Ley de Autonomía del Ley 41/2002, de 14 noviembre, básica reguladora de la autonomía delPaciente: paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínicaLey de Servicios de la Ley 34/2002, de 11 julio, de Servicios de la Sociedad de la InformaciónSociedad de laInformación:Ley del Medicamento: Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.Ley General de Ley 14/1986, de 25 abril, General de Sanidad.Sanidad:Ley Ómnibus: Ley 25/2009, de 22 diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.Ley Orgánica de Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos deProtección de Datos: carácter personal.Ley Orgánica del Ley Orgánica 1/1996, de 15 enero, de Protección Jurídica del Menor.Menor:Ley sobre el libre Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividadesacceso a las actividades de servicios y su ejercicio.de servicios y suejercicio:El punto de partida para entender la posición del paciente en nuestro sistema jurídico es la propiaConstitución española.Nuestra Constitución establece una serie de derechos fundamentales para todas las personas quese encuentren en España. A un paciente le son de vital importancia los siguientes:  Derecho a la vida y la integridad física y moral (art. 15).  Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 18).  Derecho a la protección de la salud (art. 43). 221
4. Retos legales del e-pacienteSabido lo anterior, nos interesa mencionar aspectos del comportamiento del ePaciente quepuedan tener interés para el Derecho.El aspecto que más llama la atención es la relación del ePaciente con la información clínica de laque es titular. Por un lado, el ePaciente gestiona y consulta los datos relativos a su propia salud.Además, el ePaciente utiliza fuentes de información, por ejemplo Internet, más allá de lasproporcionadas por el propio sistema sanitario. Asimismo, el ePaciente genera y comparte datos einformación sobre su salud, por ejemplo, a través de redes sociales.Este último aspecto puede llegar a plantear problemas importantes porque la disposición acompartir información puede ir cambiando con el tiempo para cada persona. Un menor que harecibido un trasplante de corazón y cuya evolución ha sido publicada en Internet por los padres(en un blog [3], en una página web [4], o, incluso en Facebook [5]) puede querer que esainformación desaparezca una vez alcanzada la mayoría de edad [6]. En cambio, quien padece unaenfermedad crónica agradecerá y profundizará en el desarrollo a través de Internet de una red decontactos y apoyos que le ayude a vivir con su enfermedad, sobre todo cuando le sea difícil entraren contacto directo con personas que tengan esa misma enfermedad [7].El otro elemento a destacar es el cambio que se produce en la relación con el sistema sanitariodado que resulta mucho más sencillo el comparar y contrastar los diagnósticos y tratamientosrecibidos tanto dentro como fuera de España. Esta tendencia ya había comenzado con elincremento de la movilidad personal (el llamado “turismo sanitario [8]”) pero que se agudiza muchomás con esta fluidez en el manejo de la información.Podríamos seguir profundizando en cada uno de los aspectos mencionados e ir descubriendomatices y cuestiones adicionales en las que parece que el ePaciente no queda amparado ennuestra legislación actual. No obstante, no debemos caer en la trampa de pensar que esto suponeque el ePaciente en nuestra regulación es imposible. Al contrario, como veremos, el marco básicocreado es adecuado para desarrollar este concepto en la medida en que los diferentes actoresimplicados tengan disposición para hacerlo.En lo que sigue vamos a detenernos en una serie de cuestiones fundamentales para favorecereste marco adecuado para el desarrollo del e-Paciente.3. El sistema sanitario y el ePaciente 3.1. El acceso a la información 3.1.1. La historia clínicaLa gran “batalla”, por denominarla de algún modo, que el paciente debe iniciar para convertirse enun ePaciente es obtener toda la información que el sistema sanitario tiene sobre su situación yevolución clínica así como sobre todas las asistencias e interacciones que pueda tener con elsistema sanitario [9].Con mayor precisión, la Ley de Autonomía del Paciente (art. 3), habla de la “información clínica”como: <<todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliarconocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla,cuidarla, mejorarla o recuperarla>>Igualmente la Ley de Autonomía del Paciente (también en su art. 3) identifica una serie dedocumentos donde se incorpora esta información clínica. Con carácter general se establece que“documentación clínica” es <<el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto dedatos e informaciones de carácter asistencial>>. Por tanto, todo documento clínico contendráinformación clínica, aunque habrá información clínica también en otro tipo de documentos que nocontengan informaciones de carácter asistencial.Por otro lado, todo el conjunto de información clínica que tiene el sistema sanitario sobre un 222
5. El ePaciente y las redes socialespaciente debe estar incluido en la “historia clínica”, que queda definida como <<el conjunto dedocumentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre lasituación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial>>.Vemos, no obstante, que la historia clínica, al incluir también valoraciones e “información decualquier índole” puede tener información que no sea considerada estrictamente “informaciónclínica”. Por ejemplo, una nota interna de gestión de unas muestras de sangre no contiene, por símisma, ningún dato que pueda afectar a la salud o estado físico de la persona, aunque sí puedaser relevante para determinar, por ejemplo, la existencia de una negligencia profesional. También,por ejemplo, debe dejarse constancia en la historia de la información asistencial proporcionada alpaciente [10] (necesaria para obtener el consentimiento informado para los procesosasistenciales).Asimismo, aunque la Ley habla de “proceso asistencial” en singular, debe entenderse que en lahistoria clínica quedan incorporados todos los procesos asistenciales atendidos en, al menos,cada institución asistencial. 3.1.2. El acceso a la información clínicaPor lo tanto, parece que es la historia clínica donde se encuentra la información que el ePacientenecesita. La Ley de Autonomía del Paciente vuelve en los artículos 14 y siguientes a hablar deeste importantísimo concepto. Lo que nos interesa aquí de dichos artículos es el derechoreconocido en el art. 18, de acceso a la historia clínica. Este derecho se compone, en realidad, dedos derechos que quedan limitados por dos restricciones.El primer derecho es el “... acceso… a la documentación de la historia clínica”. Esto es, el pacientepuede consultar el contenido de su historia clínica.El segundo derecho es a “obtener copia de los datos que figuran en ella”. Llama la atención que,por un lado, se pueda acceder a la documentación pero sólo se puedan copiar datos. Esto es,parece que la Ley de Autonomía del Paciente permite que se puedan copiar los datos de unanálisis pero no el propio informe elaborado por el laboratorio.El ejercicio de ambos derechos deberá estar regulado por cada centro asistencial, por lo quehabrá que estar al criterio de cada uno de ellos para ver si se entiende que “datos” es equivalenteo diferente a “documentación”. Esta distinción puede ser de vital importancia cuando los datosestén reflejados en un soporte físico.No obstante, cuando los datos se encuentran en forma digital, la distinción entre documento y datodesaparece [11]. Por lo tanto, parece que tenemos una base legal para que nuestro pacientepueda convertirse en un ePaciente, sin depender de la interpretación de quien deba aplicar lanorma.Veamos ahora las restricciones al derecho de acceso a la historia clínica.La primera restricción la establece el “derecho de terceras personas a la confidencialidad de losdatos que constan en ella [la historia clínica] recogidos en interés terapéutico del paciente”. Estarestricción está justificada en función del propio interés del paciente, dado que la noconfidencialidad de dichos datos podría limitar la información disponible para que los profesionalespuedan darle la asistencia requerida.La segunda está determinada por el “derecho de los profesionales participantes en su elaboración,los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas”. Estasegunda limitación está destinada a proteger la actuación de los profesionales cuya actuaciónpodría verse limitada ante la posibilidad de que un tercero pueda acceder a dichas anotaciones.Dado que, normalmente, son anotaciones para uso interno no están destinadas para ser leídas niutilizadas fuera del ámbito clínico (contienen siglas, abreviaturas, etc.). Esta limitación a veces esdiscutida [12] puesto que se considera que puede encubrir malas praxis y que las anotaciones sonelemento importante para poder determinar la posible existencia de una negligencia profesional[13]. 223
6. Retos legales del e-pacientePor lo tanto, parece que la regulación española es compatible, a grandes rasgos, con elestablecimiento de un acceso a la historia clínica del paciente en los términos que necesita unePaciente. De hecho contamos, al menos, con un ejemplo con el Decreto gallego referido en lanota 11, que abre la puerta a ello. Esto no quiere decir que no exista la necesidad de desarrollosnormativos, organizativos y tecnológicos para llevarlo a cabo pero las bases fundamentales estáninstaladas. 3.2. El uso de la información 3.2.1. Uso de la información por el pacienteUna vez que el paciente consigue obtener copia de su historia clínica, en los términos apuntadosen el anterior subapartado, de la o las instituciones sanitarias que le han tratado ¿qué puede hacercon dicha información?En un primer instante, el paciente querrá archivar los datos de su historia clínica de tal maneraque pueda consultarlos el mismo. El paciente podrá hacerlo por sí mismo o bien utilizando losservicios de terceros, como Google Health.En este momento tendremos que distinguir dos tipos de datos clínicos. Lógicamente, tenemos losdatos que se refieren al paciente y sobre los que este tendrá plena disponibilidad y libertad paradecidir cómo almacenar y disponer de los mismos.Por otro lado, en el historial clínico hay datos de terceros, tales como el nombre y apellidos delmédico responsable de determinada operación, indicaciones sobre dolencias de carácterhereditario, etc. Estos datos aunque formen parte de la historia clínica del paciente, no parece quepuedan ser de libre disposición de este por afectar a terceros.Al respecto, una primera cuestión a resolver es la aplicabilidad o no de la Ley Orgánica deProtección de Datos a estos datos de terceros incluidos en la historia clínica cuando está en poderdel paciente. Es decir, se plantea si debe seguir el paciente las mismas prevenciones y medidasde seguridad que una empresa respecto a los datos de terceros (incluyendo, por ejemplo, lanecesidad de declarar el correspondiente fichero ante la Agencia Española de Protección deDatos).El artículo 2 de la citada Ley Orgánica excluye de su ámbito de aplicación “los ficheros mantenidospor personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas”.Parece que quería el Legislador excluir las agendas personales, álbumes de fotos, páginas webspersonales, etc. Al aplicarlo al caso de nuestro paciente puede quedar la duda de si estamos anteun ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.La respuesta entiendo que debe ser negativa puesto que, tal y como señala el art. 16.1 de la Leyde Autonomía del Paciente “La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente agarantizar una asistencia adecuada al paciente”. La labor asistencial es una actividad que serealiza fuera del ámbito exclusivamente personal o doméstico, en la medida que requiere unaintervención del sistema sanitario.Además, el historial clínico también tiene su valor, por ejemplo, como documentación acreditativade la relación del paciente con el sistema sanitario [14], lo que lo lleva igualmente más allá delámbito puramente personal y doméstico.Asimismo, no parece adecuado que, por esta vía, se pudiera llegar a comprometer laconfidencialidad de datos de terceros que puedan estar incluidos en dicha historia clínica(piénsese, por ejemplo, en la historia clínica de una persona afectada por una enfermedad mentalderivada de maltratos familiares).Las consecuencias de la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos a la historia clínicaconservada por el propio paciente, cuando éste contiene datos de carácter personal de terceros,no pueden desarrollarse plenamente en este capítulo. No obstante, en lo que sigue, intentarépresentar algunas de ellas [15]. 224
7. El ePaciente y las redes socialesPor otro lado, no hay que olvidar que un mismo dato clínico puede ser parte de varias historiasclínicas. El paciente es libre para disponer de su propia historia clínica pero no lo es para hacer lomismo con la historia clínica de otras personas. Los datos clínicos de una persona, aunque esténen el historial clínico de otra, son parte de su más profunda intimidad y su vulneración es unalesión al derecho fundamental al derecho a la intimidad que puede llegar a constituir delito [16].Una vez que el paciente tiene su historia clínica bajo su control puede querer hacer dos cosas:buscar una segunda opinión sobre su dolencia y/o compartir dicha historia con terceros. Sobreestas cuestiones hablaremos en los siguientes apartados. 3.2.2. Uso de la información clínica con fines epidemiológicos, salud pública, investigación o docenciaLas mismas tecnologías y filosofía que permiten al paciente acceder y gestionar de formaelectrónica sus datos de salud favorecen una agregación de las historias clínicas en el conjuntodel sistema sanitario.En este sentido la Ley de Autonomía del Paciente (art. 16.3) identifica como uno de los posiblesusos de los datos clínicos de la historia clínica es la investigación epidemiológica, protección de lasalud pública, la investigación o la docencia, en los términos establecidos legalmente. Estos usosadicionales de los datos clínicos de la historia clínica responden a la necesidad de proteger nosólo la salud individual de las personas sino también la salud pública. Para salvaguardar laintimidad de los pacientes los datos de identificación de cada paciente se mantendrán separadosde los datos clínico-asistenciales incluidos en la historia clínica, salvo que el paciente autorice suvinculación. 3.2.3. Riesgos de mal uso de la informaciónDebemos constatar que lo mismo que el paciente puede ahora plantearse la gestión de su propiohistorial clínico, también es ahora mucho más sencilla la gestión de grandes conjuntos de datos yel cruce de bases de datos.Igualmente, al “salir” la historia clínica del sistema sanitario también se incrementa la posibilidadde que terceros puedan acceder a dicha información de forma más o menos lícita. Incluso nospodemos imaginar situaciones en los que alguien quiera forzar al paciente a que revele elcontenido de su historia clínica. Más abajo, al tratar sobre los peligros del acceso a la historiaclínica, veremos un par de ejemplos que apuntan a estos riesgos. 3.3. El diagnósticoUna de las grandes ventajas para el paciente de controlar su propia historia clínica es laposibilidad de compartir la información con diferentes profesionales sanitarios a fin de recabarsegundas y terceras opiniones.Es más, si suponemos que toda la historia clínica está en formato digital, esta posibilidad no tienemás limitación que la que pueda tener un correo electrónico o una página web para llegar acualquier punto del planeta.Suponiendo que la consulta se realiza por Internet, se trata de un servicio regulado por la Ley deServicios de la Sociedad de la Información. Así podemos distinguir dos situaciones distintas, paraun paciente residente en España, en función de dónde resida el profesional sanitario del quebusca la segunda opinión.Conforme a dicha Ley, si el profesional sanitario proporciona su servicio desde España, o dichoservicio está dirigido de forma específica al territorio español, le será de aplicación la regulaciónespañola y en particular las prevenciones contra el intrusismo profesional, la mala práctica y lapropaganda en materia de salud que incluye la Ley General de la Sanidad y leyes concordantes. 225
8. Retos legales del e-pacienteSi el profesional sanitario actúa fuera de España y no dirige sus servicios específicamente alterritorio español, la regulación aplicable será la de su país de residencia. En este último caso,especialmente cuando el profesional sanitario está situado fuera de la Unión Europea [17], habráque prestar especial atención a la protección de los datos contenidos en el historial clínico, enparticular de los datos de terceros de los que el paciente sería responsable. 3.4. El tratamientoAsí como en el subapartado anterior veíamos que la búsqueda de una segunda opinión a travésde Internet es relativamente sencilla, una vez que se cuenta con la información, el seguimiento deun tratamiento de un profesional sanitario extranjero puede plantear mayores problemas.Obviando los problemas de los costes del propio tratamiento y su pago, si el tratamiento prescritopor el profesional sanitario, requiere medicamentos y/o productos y/o artículos sanitarios queestén autorizados y homologados en España no hay ningún problema en seguir el tratamiento. Noobstante, si los medicamentos requieren receta, puede ser necesaria la colaboración de unmédico homologado en España.En el caso de que los medicamentos, productos o artículos sanitarios no estén autorizados uhomologados en España, la Ley General de Sanidad es muy tajante sobre la necesidad de contarcon autorización del Estado y el carácter clandestino de la circulación de medicamentos oproductos sanitarios no autorizados u homologados [18].Igualmente, en su artículo 100, la Ley General de Sanidad establece la necesidad de contar conuna licencia previa para la importación, elaboración, fabricación, distribución o exportación demedicamentos y productos sanitarios.De tal forma que, por mucho que esté siendo utilizado con éxito en otro país, si no cuenta con laautorización y/o homologación debida el uso de productos médicos extranjeros podría suponer unilícito administrativo e incluso penal.4. Información generada por el propio pacienteEn lo anterior, hemos dado por supuesto que toda la información y datos han sido recabados porterceros ajenos al propio paciente.No obstante, no debemos olvidar que en el ámbito de la Medicina 2.0 el centro ya no es el sistemasanitario sino el propio paciente, lo que se refleja en su cada vez mayor capacidad paraproporcionar y generar información. Repasamos a continuación las principales categorías en lasque el propio paciente tiene cada vez una mayor relevancia. 4.1. Datos sobre su propia saludUna cuestión que plantea también interesantes retos en el contexto de la Medicina 2.0, pero quesólo podemos dejar apuntada aquí, son los datos recabados por el propio paciente fuera delcontexto hospitalario y mediante instrumentos de medida pensados para otros fines.Quizá el ejemplo más claro pueden ser los “pulsómetros” que utilizan muchos corredores y queson capaces de registrar diferentes variables que pueden ofrecer indicios sobre la existencia depatologías. La última generación de instrumentos de medida de este tipo, aunque su primerautilidad sea en el ámbito deportivo, permite medir las diferentes variables con mucha mayorprecisión y de una forma más cómoda para el usuario [19]. 4.2. Información sobre el sistema sanitarioNo podemos dejar de señalar que surge de la posibilidad del paciente de compartir públicamenteinformación sobre el sistema sanitario, valorándolo y aportando informaciones sobre losprofesionales y tratamientos recibidos. 226
9. El ePaciente y las redes socialesUn ejemplo de una herramienta que permite esto, es la página Health Grades [20], donde, para elámbito norteamericano, los pacientes pueden dar valorar los centros sanitarios y los profesionalesque los atienden. En España un servicio equivalente lo proporciona la página web “Qué Médico”[21].Este tipo de iniciativas permiten traer un poco de transparencia a un ámbito a vecesexcesivamente corporativo y opaco para los pacientes.Igualmente en contextos más informales, foros, redes sociales, se pueden generar este tipo devaloraciones.No obstante, hay que tener en cuenta que los profesionales sanitarios pueden defenderse contralos atentados contra su reputación y su buena imagen por lo que dichas valoraciones deben estarrespaldadas por datos objetivos y veraces, evitando descalificativos y ataques personales [22]. 4.3. Información sobre saludLógicamente, la información que proporciona el paciente no se limita al sistema sanitario sino quese adentra en el de la salud y la enfermedad. Los pacientes proporcionan, en el contexto de laMedicina 2.0, información sobre síntomas, remedios y tratamientos.En principio, esta información cumple una función muy importante que hace accesible informacióna los pacientes en sus propios términos y le facilita la gestión de su salud. Al respecto volveremosal hablar más abajo sobre las redes sociales.Ahora bien, debemos tener en cuenta que la información sobre salud proporcionada por unpaciente puede:a) ser erróneab) promover a sabiendas un comportamiento inadecuado para la saludc) estar influenciado por intereses comercialesd) promover el uso de fármacos y/o tratamientos no autorizados u homologados en España.Este último supuesto d) ya lo hemos tratado más arriba en el apartado referido a los tratamientos.En el supuesto c) es de plena aplicación toda la regulación existente sobre publicidad demedicamentos y productos sanitarios [23]. Puede intentar argumentarse que los comentariossobre un medicamento en el blog personal de un paciente no es “publicidad” en el sentidotradicional del término. En todo caso se trata de información que puede influir en la toma dedecisiones sobre el uso de los mismos. En este sentido, el art. 76.3 Ley del Medicamentoproporciona una poderosa arma de control al disponer que, respecto a la “...información opromoción distribuida por medios informáticos, las Administraciones sanitarias podrán acceder aella a los efectos de inspección”, aunque se refiere a información proporcionada a profesionalesno está claro cómo determinar el público objetivo cuando una información está publicada enInternet.En todo caso, dentro del funcionamiento ordinario del sistema sanitario la influencia de este tipode informaciones se limitan a los fármacos y tratamientos que se pueden obtener sin recetamédica, dado que en caso que se requiera receta médica, el médico actuará como garante delbienestar del paciente frente a la información que haya podido recibir de otros pacientes.Los supuestos a) y b) son los que pueden suscitar mayores conflictos. Para los casos másextremos se puede acudir al Derecho penal que recoge figuras como el delito de lesiones, el delitode estafa o el delito contra la salud pública que resultarán de aplicación en casos concretos.No obstante, desconocemos la existencia de otros medios de control que permitan reaccionarcuando se den otro tipo de conductas anómalas y que no encajan en los tipos penales.Afortunadamente, para el caso de los menores de edad, la administración tiene un mandato develar “porque la información que reciban los menores sea veraz, plural y respetuosa con losprincipios constitucionales” [24]. Los mecanismos establecidos por la Ley Orgánica del Menor 227
10. Retos legales del e-pacientedeberían permitir a las Administraciones Públicas reaccionar ante situaciones como las señaladaspor un estudio norteamericano, liderado por la Universidad de Wisconsin-Madison [25], que señalaque un número significativo de adolescentes incluyen información sobre actividades de riesgo(consumo de drogas, violencia, etc.) en sus perfiles de redes sociales. El mismo estudio señala lacapacidad de influencia que tienen los adolescentes entre ellos. De forma que la inclusión dematerial que promueva, por ejemplo, la anorexia en su perfil puede afectar a otros adolescentesque estuvieran en el “límite” de esta situación, motivo suficiente para que las AdministracionesPúblicas hagan una profunda reflexión sobre cómo pueden ayudar a evitar estos efectosperniciosos de las redes sociales.5. Terceros fuera del sistema sanitario y el ePaciente 5.1. Peligros del acceso a la historia clínica por tercerosSaliendo del ámbito estrictamente sanitario nos encontramos con diversas personas con interésen los datos médicos del paciente. Describiremos aquí brevemente dos sentencias que puedenejemplificar los problemas que pueden convertirse en más comunes a medida que la digitalizaciónde los historiales clínicos facilite su concentración y la difusión de su contenido.No son supuestos en los que aparezca la Medicina 2.0 como tal, pero los elementosfundamentales para ver cómo se pueden repetir los mismos conflictos en el ámbito de la Medicina2.0 están en estas sentencias. 5.1.1. La hernia discalLa primera sentencia [26] que trataremos se refiere al uso de los datos clínicos gestionados porlas Mutuas de Accidentes de Trabajo.Un trabajador sufrió una hernia discal, lo que le motivó una baja laboral tratada por la Mutua con laque trabajaba su empresa. Una vez recobrado de la baja, a los pocos meses, el trabajador cambiaa una nueva empresa que tiene contratado el servicio de prevención de riesgos laborales con lamisma Mutua.Al poco de incorporarse a la nueva empresa, se le hace una revisión médica por parte de laMutua. Ninguna de las pruebas realizadas lleva a detectar una hernia discal. No obstante, dadoque la Mutua tenía constancia de dicha hernia por la historia clínica del trabajador en su anteriorempresa, se le dictaminó “apto con limitaciones” lo que llevó a su despido antes de la finalizacióndel periodo de prueba.El trabajador consideró que había una vulneración de su derecho fundamental a la protección dedatos y denunció los hechos ante la Agencia de Protección de Datos. La Agencia multó a la Mutuacon 360.000 euros por dos infracciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos: una primerapor dar una finalidad inadecuada a los datos recabados del trabajador en la primera empresa yotra segunda por realizar una cesión de datos indebida. Dicha multa fue recurrida por la Mutuaante la Audiencia Nacional donde fue revocada. A su vez, la Abogacía del Estado, enrepresentación de la Agencia de Protección de Datos, recurrió la resolución de la AudienciaNacional, en lo relativo a la cesión de datos, ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremodeterminó que, efectivamente, había habido una cesión ilegal de datos y que debía mantenerseuna multa de 300.000 euros.Esta sentencia resulta de extrema importancia porque ilustra un fenómeno que puede producirsecon cada vez mayor frecuencia, el cruce de datos por parte de empresas que dan servicios alpaciente, con consecuencias no siempre beneficiosas para aquel.La diferencia de opinión entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo también señala laexistencia de al menos dos formas de entender el concepto y la finalidad de la historia clínica. Porun lado, la Audiencia Nacional entiende que la historia clínica que la Mutua tiene del trabajador esúnica a todos los efectos e independiente de en qué empresa esté el trabajador. Por otro lado, en 228
11. El ePaciente y las redes socialesuna interpretación más garantista del derecho de protección de datos, el Tribunal Supremo admiteque la historia clínica, en la medida de lo posible, debe ser única pero ello es únicamente enbeneficio del paciente [27], para cualquier otro uso, las historias clínicas deben mantenerseseparadas salvo consentimiento del trabajador.Hay que señalar que un elemento clave de esta sentencia es el hecho de que el trabajador enningún momento dio la información sobre su hernia discal a la Mutua una vez que se habíaincorporado a la nueva empresa. Con los datos de la sentencia, tenemos que suponer quetampoco la ocultó. Nos puede quedar la duda de si la resolución del caso hubiera sido diferente sila información sobre la hernia discal hubiera sido accesible a la Mutua a través de alguna redsocial abierta como Facebook o Tuenti, sobre lo que volveremos más abajo.Esta sentencia para, al menos por el momento, la tentación de cruzar las historias clínicas porparte de aseguradoras y mutuas a fin de dar un mejor servicio a sus clientes, las empresas, queno a los pacientes y titulares de las historias clínicas. 5.1.2. Los informe psiquiátricosNo obstante, el hecho de saber que la información está agregada y concentrada en un puntodeterminado, ya sea en sitio como patientslikeme, Google Health o en la propia casa de uno, abrela puerta al abuso.Una Sentencia del Tribunal Constitucional, que resuelve un conflicto entre la Consejería deEducación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Gallega y un profesor de dichaComunidad Autónoma, nos permite ilustrar este punto.El conflicto se inicia por un procedimiento de jubilación por incapacidad permanente para elservicio iniciado de oficio por la Consejería. La decisión de iniciar el procedimiento de jubilación setoma a la vista de dos informe médicos, del psiquiatra que le venía atendiendo en una consultaprivada, sobre el profesor, que se encuentran en poder de la Inspección Médica. Estos informesexponen la existencia de un trastorno psiquiátrico que ocasiona la incapacidad total del profesorpara poder impartir clase.Durante la tramitación del expediente de jubilación se intenta realizar en dos ocasiones unexamen psiquiátrico al profesor pero este no atiende a las citaciones. No obstante, se acuerda lajubilación por incapacidad a la vista de la documentación que consta en el expediente.El profesor recurrió en todas las instancias la resolución administrativa hasta llegar al TribunalConstitucional. Acude el profesor al Tribunal Constitucional alegando que todo el proceso dejubilación está basado en los dos informes médicos referidos, de los cuales no se sabe cómo hanllegado a poder de la Administración. Ni el profesor habría dado su consentimiento para ponerlos adisposición de la Inspección Médica, ni existe resolución judicial ni administrativa que justificara laextracción de dos informes médicos del historial clínico en poder del psiquiatra del profesor.El Tribunal Constitucional establece, en primer lugar, que efectivamente, existe una intromisión enla intimidad del profesor dado que dichos informes se han recabado sin su consentimiento. Luegopasa a examinar si puede existir alguna causa que pueda limitar el derecho a la intimidad,justificando la actividad de la Administración. Para que la intromisión sea legítima, laAdministración debe basarse en una norma precisa con rango de Ley que autorice dichaintromisión. Después de examinar diferentes posibilidades, el Alto Tribunal decide que ninguna delas leyes mencionadas por la Xunta de Galicia es adecuada como justificación y que, por tanto, laintromisión es inconstitucional.No solo eso, sino que el Tribunal Constitucional también aclara que no son admisibles lasalegaciones de la Administración de que la forma de obtención de los informes resulta irrelevantedado que está actuando en defensa del interés público de preservación de un servicio público, elde la educación, que además está vinculado con el derecho fundamental a la educación. LaAdministración tenía a su disposición otras vías menos lesivas para promover el expediente dejubilación anticipada, que no empleó. 229
12. Retos legales del e-pacienteEn consecuencia, la Administración debe volver a abrir el expediente de jubilación anticipada ytramitarlo sin considerar los dos informes psiquiátricos en cuestión.La importancia de esta sentencia en el ámbito que nos ocupa es doble. Por un lado, paraconstatar la facilidad con la que, incluso en la Medicina 1.0, los datos clínicos salen del historialclínico para caer en manos de terceros. Por otro lado, parece que puede leerse entre líneas queun elemento fundamental para obtener en primer lugar los informes fue que la identidad delpsiquiatra del profesor era conocida por miembros de la Inspección Médica, de tal modo quetenían identificado de dónde podían obtener la información clínica relevante.Tampoco debemos dejar de lado el hecho, ilustrado en la sentencia, de que la Administración o unjuez podrían tener fundamento constitucional para pedir el historial clínico en determinadossupuestos, bien a los profesionales o centros sanitarios relevantes pero también al propiopaciente, o a las redes sociales donde el paciente haya subido sus datos clínicos. 5.2. Redes socialesLa participación en las redes sociales, constituye uno de los elementos definitorios del ePaciente.Compartir experiencias e informaciones, tratamientos y resultados, permite al ePaciente gestionarde mejor modo su propia salud e, incluso, ayudar a los profesionales sanitarios a que le atiendanmejor su dolencia.Muchas de las cuestiones mencionadas más arriba son aplicables a las redes sociales. Sinembargo, dada su relevancia, no debemos de dejar mencionar las principales cuestiones quesurgen en el ámbito de estas redes sociales.Una primera cuestión, vinculada con el análisis que hacíamos en el apartado referido a losdiagnósticos es cual va a ser la legislación aplicable al funcionamiento de la red social.Normalmente, dicha legislación vendrá determinada por las condiciones de adhesión a la misma ypor el país en el que se encuentre establecido el gestor de la red social. No obstante, como hemosseñalado más arriba y conforme a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, si la redsocial está dirigida específicamente para su uso en España también le será de aplicación lalegislación española.Igualmente hemos visto que el paciente tiene una responsabilidad en el tratamiento de su historialclínico, de tal modo, que no puede publicar sin más toda la información incluido en la misma sintener en consideración la existencia del derecho a la intimidad y a la protección de datos deterceras personas.También hemos mencionado más arriba cuestiones relevantes respecto a la información generadapor los propios pacientes sobre la salud en general.Otro problema común es el uso que se pueda dar de la información subida a la red social. Segúnel tipo de red social que se trate, tendríamos a tres tipos diferentes de destinatarios: el propietariode la red, los miembros de la red del paciente, otros destinatarios.La relación con el propietario de la red es sencilla de entender: está descrita en las condiciones deadhesión a la red. En dichas condiciones se indicarán los usos que puede hacer el propietario conla información disponible en la red, así como las condiciones de salida de la misma. Se puedeestar de acuerdo con dichas condiciones, o no, en cuyo caso no se podrá acceder a la red.Por otro lado, tenemos los miembros de la red del paciente. En principio, ellos son losdestinatarios de toda la información que publique en la red social. Esta información que se pone adisposición de los miembros de la red, una vez que éstos la reciben, tiene un tratamientoequivalente al de cualquier otra comunicación, una carta, un mensaje de correo electrónico u otro.La información se ha transmitido en el contexto de una relación con unas personas concretas ydeterminadas, de modo que no necesariamente se puede decir que la información se haya hechopública.Ya hemos visto ejemplos de que no toda información accesible puede ser utilizada, lo que viene amarcar un límite importante a lo que se puede hacer con la información publicada en una red 230
13. El ePaciente y las redes socialessocial.Cuestión diferentes será cuando también sea posible que el acceso a la información otrosparticipantes en la red social, que no sean parte de la red personal del paciente, lo que podemosllamar redes abiertas. La puesta a disposición de la información a un conjunto indeterminado depersonas, será determinante para entender que la información compartida ha salido de la esferade la intimidad del paciente. Una vez que la información se ha hecho pública por el propiopaciente, este ha renunciado a la protección de la intimidad de tal forma que difícilmente podrácontrolar el acceso a dicha información.En principio, en este supuesto, se podría impedir el tratamiento de dichos datos por instituciones yempresas ejercitando el derecho a la protección de datos y, en particular, los derechos de acceso,rectificación, cancelación y oposición al tratamiento.No obstante, si una red social se llega considerara un “medio de comunicación” [28] y seinterpreta, en consecuencia, que es una fuente accesible al público resultaría mucho más difícil alpaciente impedir el uso de sus datos por terceros (por ejemplo, por el servicio médico de suempresa).En el contexto de las redes sociales se habla del “droit a loubli” (el derecho al olvido), esto es, elderecho a que se puedan eliminar los rastros de participación en la red social por parte del losparticipantes en la red social [29]. Este es un concepto difícil de definir y precisar puesto que,inevitablemente en una red social, lo que uno quiere borrar es lo que otro quiere conservar [30].Esta quizá sea el mayor problema de las redes abiertas en el ámbito de la salud, una vez que unose ha metido resultará muy difícil salir.6. ConclusionesHemos visto que en nuestro país existen unas bases adecuadas para que los pacientes puedantomar el control de sus datos clínicos. Algunas Comunidades Autónomas, como la gallega, estánregulando la historia clínica electrónica lo que facilitará esta toma de control.No obstante, también hemos visto que este control implica asumir una gran responsabilidad, tantopara defender la propia intimidad como la de terceros.Por otro lado, hemos identificado el importante papel que juegan la Ley Orgánica de Protección deDatos y el derecho fundamental a la intimidad en determinar qué es posible hacer y qué no esposible hacer con los datos de la historia clínica.No obstante, la regulación de protección de datos no ha previsto el supuesto del paciente tomandocontrol de su propia historia clínica. Sería necesario establecer una regulación detallada que,además, permita anticiparse a los abusos que, sin duda, se darán.El acceso a los profesionales sanitarios y tratamientos de otros países, en particular los de fuerade la Unión Europea, está seriamente limitado por la necesidad de que los medicamentos,productos o artículos tengan que estar autorizados y/u homologados en España. Esta situaciónsólo podrá variar en la medida en la que se refuerce la cooperación internacional en este ámbito yse impongan unos estándares comunes.Para el pleno desarrollo del ePaciente será necesario que la técnica auxilie al derecho yproporcione herramientas que faciliten la gestión adecuada de los datos clínicos.Algunas redes sociales pueden ofrecer estas herramientas. La participación en las redes sociales,con ser una actividad importante para el ePaciente, supone la necesidad de una reflexión previasobre la información a compartir puesto que, una vez compartida, será difícil controlar su difusión. 231
14. Retos legales del e-paciente7. Referencias y bibliografíaGOMEZ JIMÉNEZ, M. La expresión E-Salud en el Derecho Administrativo español (Parte I).RevistaeSalud.com, Norteamérica, 6, jun. 2010. Disponible en:http://www.revistaesalud.com/index.php/revistaesalud/article/view/400/768. Último acceso 31 deagosto de 2010: Archivado por WebCite® en http://www.webcitation.org/5sPW5yIBe.Mercado Carmona, “La E-Salud y el Derecho”, Revista E-salud, Vol. 1, núm. 2 (2005).Gómez Jiménez, “La incidencia de los derechos de los pacientes en la e-health: el auge delderecho a la Segunda Opinión Médica” en Revista E-salud Vol. 3, núm. 11, (2007).Javier Plaza Penadés, La Ley 41/2002 (RCL 2002, 2650) básica sobre autonomía del paciente,información y documentación clínica. Actualidad Jurídica Aranzadi num. 562. BIB 20022341.[1] e-Patients: How they can help us heal healthcare, because healthcare professionals cant do italone. ePatients White Paper, Capítulo 5, http://www.acor.org/epatientswiki/index.php/E-Patients_as_Medical_Researchers Archivada en: http://www.webcitation.org/5u4fxTGn3[2] Definición de paciente conforme al art. 3 de la Ley 41/2002, de 14 noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.[3] http://listeningthruthenoise.blogspot.com/. Último acceso 31 de agosto de 2010: Archivado por WebCite® en http://www.webcitation.org/5sPVMNfjV.[4] http://www.patientslikeme.com. Último acceso 31 de agosto de 2010: Archivado por WebCite® en http://www.webcitation.org/5sPVYrlj9.[5] http://www.facebook.com/group.php?gid=2257935572. Último acceso 31 de agosto de 2010: Archivado por WebCite® en http://www.webcitation.org/5sPVehdd8.[6] Me indican la preocupación en el sector médico por esta cuestión, que ha dado lugar a diversos reflexiones entre los que se puede mencionar estos dos por referirse en particular a pacientes menores de edad:  http://jpepsy.oxfordjournals.org/content/34/5/585.full. Último acceso 22 de octubre de 2010: Archivado por WebCite® en http://www.webcitation.org/5tfluLlys.  http://www.bmj.com/content/335/7621/645 Último acceso 22 de octubre de 2010: Archivado por WebCite® en http://www.webcitation.org/5tfnEWIVc. [7] http://www.patientslikeme.com/fibromyalgia-and-chronic-fatigue-syndrome/community. Último acceso 31 de agosto de 2010: Archivado por WebCite® en http://www.webcitation.org/5sPVkt2pT.[8] Fenómeno que ha alcanzado tal relevancia que ha requerido tratamiento por parte de la Unión Europea: http://euractiv.es/noticias/salud-bienestar/noticia.php?noticia=1528 Último acceso 22 de octubre de 2010: Archivado por WebCite® en http://www.webcitation.org/5tfn7xVr2.[9] El conocido como “Paciente Dave” es conocido como el ePaciente por excelencia y ha contado buena parte de su personal “batalla” de la cual este post da una buena muestra: http://e- patients.net/archives/2009/04/imagine-if-someone-had-been-managing-your-data-and-then-you- looked.html Último acceso 22 de octubre de 2010: Archivado por WebCite® en http://www.webcitation.org/5tfqQjrPP[10] art. 4.1. 232
15. El ePaciente y las redes sociales[11] Por ejemplo, puede verse esto en el Decreto de 29/2009, de 5 febrero, que Regula el uso y acceso a la historia clínica electrónica en la Comunidad Autónoma de Galicia. El Artículo 20. Extensión del derecho de acceso a los datos << El/La paciente o usuario/a tiene derecho de acceso a la información contenida en la historia clínica electrónica y a obtener copia de los informes o datos que figuran en la misma, pudiéndolo llevar a cabo mediante cualquier medio que esté conforme con la normativa aplicable.>>[12] De hecho existe, al menos, un proyecto piloto llamado “Open Notes” en el que el paciente tiene acceso a las notas del médico: http://e-patients.net/archives/2010/06/6154.html. Último acceso 31 de agosto de 2010: Archivado por WebCite® en http://www.webcitation.org/5sPuggDxv. El proyecto se describe en este artículo: http://www.annals.org/content/153/2/121.full%3Faimhp Último acceso 22 de octubre de 2010: Archivado por WebCite® en http://www.webcitation.org/5tfpXAQys.[13] Hacen referencias a las anotaciones del historial clínico diversas sentencias relacionadas con la responsabilidad médica para determinar los hechos. Sirva como ejemplo la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 464/2008 de 8 abril.[14] De tal manera que podría ser empleada en un juicio por responsabilidad médica.[15] La primera de ellas será que el ejercicio del derecho de copia de datos del historial clínico supone una cesión de datos contemplada en el art. 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que no requiere consentimiento de los afectados por tener una autorización legal.[16] Arts. 197 y ss. del Código Penal.[17]En el contexto de la Unión Europea, aunque existen barreras para la libre prestación de servicios por los profesionales sanitarios, la tendencia es hacia su eliminación. Un paso muy importante en ese sentido es la llamada Ley Ómnibus.[18] <<Artículo 95. [Circulación y uso de medicamentos y productos sanitarios] 1. Corresponde a la Administración Sanitaria del Estado valorar la idoneidad sanitaria de los medicamentos y demás productos y artículos, tanto para autorizar su circulación y uso como para controlar su calidad. 2. Para la circulación y uso de los medicamentos y productos sanitarios que se les asimilen, se exigirá autorización previa, para los demás productos y artículos sanitarios se podrá exigir autorización previa individualizada o el cumplimiento de condiciones de homologación. No podrán prescribirse y se reputará clandestina la circulación de medicamentos o productos sanitarios no autorizados u homologados, con las responsabilidades administrativas y penales a que hubiere lugar. ...>>[19] Sirva como ejemplo el siguiente: http://www.gowtrainer.com. GOW es un producto de Wearable Techonologies, S.L., empresa a la que el autor está vinculado.[20] http://www.healthgrades.com/. Último acceso 31 de agosto de 2010: Archivado por WebCite® en http://www.webcitation.org/5sPVq9cvf. 233
16. Retos legales del e-paciente[21] http://www.quemedico.es. Último acceso 25 de octubre de 2010: Archivado por WebCite® en http://www.webcitation.org/5tjwBzhmm.[22] Un ejemplo de esta defensa, fuera del ámbito de la medicina 2.0, es la Sentencia núm. 491/2002 de 18 noviembre, Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 2ª), en la que un protésico dental denunció al Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Cantabria por las informaciones sobre su persona en un boletín de dicho Colegio.[23] Véanse los arts. 102 de la Ley General de Sanidad y 76 de la Ley del Medicamento.[24] Art. 5.2 de la Ley Orgánica del Menor.[25] Megan A. Moreno, MD, MSEd, MPH; Malcolm R. Parks, PhD; Frederick J. Zimmerman, PhD; Tara E. Brito; Dimitri A. Christakis, MD, MPH. Display of Health Risk Behaviors on MySpace by Adolescents: Prevalence and Associations. Arch Pediatr Adolesc Med. 2009;163(1):27-34. Disponible en: http://archpedi.ama-assn.org/cgi/content/full/163/1/27#AUTHINFO Último acceso 25 de octubre de 2010: Archivado por WebCite® en http://www.webcitation.org/5tkBUpqK7.[26] Sentencia de 20 octubre 2009, Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6a).[27] La Sentencia cita el art. 16 de la Ley de Autonomía del Paciente: “La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente”.[28] En los términos del artículo 3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos que define las fuentes accesibles al público.[29] Un libro que puede ofrecer más información sobre este tema: MAYER-SCHÖNBERGER Viktor. Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age. Princeton: Princeton University Press; 2009.[30] Un ejemplo extremo sobre los problemas que plantea este debate: http://peterfleischer.blogspot.com/2009/12/remembering-and-forgetting-in-berlin.html. Último acceso 31 de agosto de 2010: Archivado por WebCite® en http://www.webcitation.org/5sPVyRIOV. 234

References: artículo 2
 artículo 100
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 20
 artículo 3