Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2014_09_25/1605
Timestamp: 2020-02-25 18:45:23+00:00

Document:
Gaceta: LXII/3PPO-17
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Atención a Grupos Vulnerables, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obas Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso, adoptado en Marrakech, el 27 de junio de 2013.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE SEGURIDAD PÚBLICA.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE EDUCACIÓN.
Oficio con el que remite el expediente del siguiente proyecto de decreto, devuelto para el efecto de la fracción d) del artículo 72 constitucional:
La propuesta de adición de una fracción VII al Artículo 15 de la LGEEPA, planteada por el Senado de la República, dice: “Con el fin de proteger el Ambiente, el Estado Mexicano deberá aplicar el enfoque de precaución conforme a sus capacidades y bajo criterios económicamente razonables, técnicamente factibles y ambientalmente adecuados o pertinentes, tomando en cuenta los compromisos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte;”, la Colegisladora la considera inviable porque la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a pesar de ser considerada la Ley marco en materia ambiental, seguiría siendo contradictoria de las definiciones de principio precautorio señaladas en diversas leyes, para su observancia en la materia de cada ordenamiento legal; además la propuesta propone establecer el deber del Estado Mexicano, de aplicar un enfoque de precaución que no prevé la Ley Marco, ni las disposiciones constitucionales que reglamenta.
Por lo anterior, la Cámara de Diputados la devuelve para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o. y 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La minuta proponía reformar los artículos 117 y 163 para establecer que no se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en terreno incendiado, en tanto no se acredite fehacientemente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que el ecosistema se ha regenerado totalmente mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente.
Sin embargo, la Colegisladora considera inviable las propuestas en virtud de que se pretende establecer una infracción, cuyos elementos no corresponden a la congruencia que deben guardar con la prohibición prevista en el párrafo tercero del artículo 117 del mismo ordenamiento legal, ya que la realización de cualquier actividad o el aprovechamiento de recursos, en terrenos incendiados, no son permisibles por el hecho de que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente; sino cuando se otorgue la autorización correspondiente, una vez transcurridos los 20 años a partir de la fecha del siniestro, o antes si se acredita la regeneración total del ecosistema, ante la secretaría. Por ello, la devuelve para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.
La iniciativa pretende que en la Ley General de Asentamientos Humanos, se contemple en la utilidad pública, el crecimiento de los centros de población, limitado a las estrictas y elementales necesidades materiales de expansión, considerando la relación equilibrada entre su dimensión y la satisfacción de sus necesidades de desarrollo.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN Y A LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO, PARA QUE EMITA OPINIÓN.
La iniciativa pretende reformar el párrafo séptimo, del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga el derecho a la vivienda, en el sentido de hacerlo extensivo a toda persona, reconocerlo como un verdadero derecho humano, no restrictivo solo para toda familia, sino que este derecho sea concedido a toda persona o familia, otorgando certeza jurídica constitucional y legal a todos aquellos que se encuentren en supuestos diversos a los establecidos por el actual texto y que podrían quedar al desamparo de la Constitución.
Propone reformar la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de establecer un referente confiable que garantice claramente la subsistencia de la familia del trabajador en tratándose de embargos a la parte excedente del salario, para ello se establece en el artículo 112 que los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo en los casos de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en beneficio de las personas señaladas en el artículo 110, fracción V. Y en el 30 por ciento del excedente una vez cubierta la subsistencia del trabajador y, en su caso, sus dependientes económicos. Donde se considera que la subsistencia por persona queda cubierta con el equivalente a dos veces el monto de la línea de bienestar económico de la medición de la pobreza que realice el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en la entidad federativa que corresponda.
Aunado a lo anterior, se establece que los trabajadores podrán aportar pruebas si dicha medición afecta su subsistencia, y cuando eso suceda el tribunal que ordene el embargo deberá cerciorarse que no se afecte la subsistencia del trabajador y sus dependientes económicos. El auto que ordene el embargo del salario de los trabajadores se revisará de oficio por el tribunal ante el cual proceda la impugnación de la sentencia definitiva que ponga fin al juicio. Por otra parte se establece que los trabajadores también podrán pedir el levantamiento del embargo si sobrevienen enfermedades, el fallecimiento de algún dependiente o hechos similares que requieran recuperar la parte embargada de su salario.
La iniciativa tiene como objeto principal el que todas las personas, sin perjuicio de la situación económica, civil, social o de cualquier otra índole, indistintamente si integran un núcleo familiar tengan el derecho a la vivienda adecuada.
El objeto de la Ley que se pretende expedir, consiste en decretar la amnistía a favor de quienes participaron o formaron parte de grupos de autodefensa contra quienes se haya iniciado una investigación, se encuentren sujetos a un proceso penal o bien hayan sido sentenciados, siempre y cuando dichos procedimientos hayan iniciado en el plazo comprendido entre el 7 de marzo de 2013 y 1 de septiembre del año 2014.
Establece que la amnistía se extiende a quienes se encuentren sustraídos de la acción de la justicia, siempre y cuando entreguen los instrumentos, armas, explosivos, u otros objetos empleados en la comisión de los hechos delictivos.
La propuesta indica que, los beneficios de la amnistía solo operan en favor de las personas detenidas entre el 7 de marzo de 2013 y el 1 de septiembre de 2014, siempre y cuando no hubiera violado de manera directa los derechos fundamentales de las personas.
Finalmente, se propone que el alcance de la amnistía es extinguir la acción penal y las sanciones impuestas, a excepción de la reparación del daño que hubieran ocasionado a terceros.
Establece que en caso de que las obras o actividades que hayan sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y compensados mediante condicionantes, y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la misma, mediante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría incumplan los términos o condiciones de la autorización expedida por la autoridad, se sujetarán a las medidas previstas en la Ley.
Señala que en términos de la sanción económica, ésta será impuesta en base al daño causado. Asimismo, se iniciarán de manera oficiosa e inmediata los procedimientos administrativos y/o penales a las personas responsables.
Propone que cuando los daños al ambiente hayan sido producidos por una obra o actividad que debió haber sido objeto de evaluación y autorización previa en materia de impacto ambiental o cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se impondrá obligadamente la sanción económica sin los beneficios de reducción de los montos previstos por la Ley; asimismo, se iniciarán de manera oficiosa e inmediata los procedimientos administrativos y/o penales a las personas responsables.
Se propone una modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de que el Senado de la República recupere su injerencia en materia de regulación del comercio exterior y constituya un equilibrio o control constitucional, pero especialmente que medie los impactos en el terreno de las importaciones y exportaciones de productos o alimentos estratégicos/básicos. El mecanismo para lograr tal objetivo, será mediante la figura de la objeción.
La propuesta señala que la objeción se realizará en un plazo de diez días naturales, contados a partir de la recepción del Decreto enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Senadores y, si no lo hiciere, se tendrá por no objetado.
De la misma manera, indica que, en el caso de que la Cámara de Senadores objete totalmente el Decreto del Ejecutivo Federal, éste perderá su vigencia. Si la objeción es parcial se mantendrán en vigencia las disposiciones no objetadas.
En la propuesta señala que, en cuanto a la objeción parcial, el Ejecutivo podrá modificar el Decreto en términos de lo establecido en la resolución de la Cámara de Senadores, en un plazo máximo de cinco días naturales.
Finalmente, propone que la objeción total o parcial será procedente si fuese confirmada por el voto de las dos terceras partes del total de los presentes.
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción IX del artículo 17 de la Ley General de Salud
Propone que el Consejo de Salubridad General establezca la creación de un Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica Avanzada desagregado por grupos de edad.
De aprobarse esta reforma, en opinión de la autora, las autoridades competentes de salud, podrán conocer con precisión el número de personas afectadas por padecimientos renales en fases avanzadas; ubicar áreas geográficas en donde la incidencia sea mayor, pudiendo ubicar y minimizar a través de políticas públicas efectivas, factores de riesgo asociados a contaminantes, cambios en el estilo de vida u otros; definir con mayor precisión las causas de la enfermedad renal crónica a nivel nacional, regional y local, así como las complicaciones asociadas a la misma; ajustar los presupuestos destinados a estos padecimientos, en todos sus rubros, incluyendo el tratamiento de pacientes ya afectados y haciendo especial énfasis en el área de detección temprana y prevención; y mejorar las vidas de las personas que enfrentan este padecimiento y aumentar el número de trasplantes que se llevan a cabo.
Comunicación de la Mesa Directiva a las Comisiones, Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Atención a Grupos Vulnerables, Para la Igualdad de Género, Educación, Derechos Humanos, y Estudios Legislativos, Segunda, relativa al proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Convocatoria a la Reanudación de Comisiones Unidas que elaboran el Proyecto de Dictamen sobre la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que se llevará a cabo el próximo jueves 25 de septiembre del año en curso, a las 12:00 horas, en la sala 5 y 6, de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República.

References: artículo 72
 Artículo 15
 artículo 72
 artículo 117
 artículo 72
 artículo 4
 artículo 112
 artículo 110
 resolución 
 artículo 17