Source: http://jpdsocial.blogspot.com/2017/08/sts-ud-06072017-rec-15172016-el.html
Timestamp: 2018-05-25 14:34:26+00:00

Document:
Jurisdicción Social: STS UD 06/07/2017 (Rec. 1517/2016): EL SILENCIO POSITIVO VINCULANTE PARA EL FOGASA SE ENTIENDE TAMBIÉN A LAS CANTIDADES FIJADAS EN EL TÍTULO HABILITANTE Y NO SÓLO AL DERECHO A LA PRESTACIÓN
STS UD 06/07/2017 (Rec. 1517/2016): EL SILENCIO POSITIVO VINCULANTE PARA EL FOGASA SE ENTIENDE TAMBIÉN A LAS CANTIDADES FIJADAS EN EL TÍTULO HABILITANTE Y NO SÓLO AL DERECHO A LA PRESTACIÓN
PONENTE: MORALO GALLEGO
Reclamación al FOGASA. Contestación denegatoria extemporánea dictada sobrepasado el plazo para emitir resolución. Silencio administrativo positivo. La resolución expresa-desestimatoria de la pretensión-dictada en plazo superior a los 3 meses establecidos en el RD 505/1985 carece de eficacia para enervar el derecho del administrado ganado anteriormente por silencio positivo. El silencio administrativo, en los supuestos en que es positivo, constituye una resolución administrativa tácita que despliega plenos efectos e impide que una resolución expresa posterior deje sin efecto lo reconocido por aquélla. El hecho de que lo solicitado y reconocido por silencio exceda de lo previsto legalmente es lo que puede constituir causa para que el FOGASA pueda proceder a la revisión de oficio de conformidad con la normativa aplicable (artículo 146. LRJS). Reitera doctrina SSTS del Pleno, 2, de 20/4/2017 (Rec.701/2016 y 669/2016); 16/3/ 2015 (Rec. 802/2014)
ID CENDOJ STS 3145/2017
* LA DOCTRINA CASACIONAL EN MATERIA DE SILENCIO POSITIVO Y FOGASA: El TS ha venido declarando (SSTS UD 16.03.2015-Rec. 802/2014-, 20.04.2017 –Recs. 701/2016 y 669/2016-) que si el FOGASA no emite resolución expresa en el plazo de tres meses desde la solicitud por el beneficiario es plenamente aplicable la eficacia positiva del silencio positivo, por lo que no resultaba posible, conforme al artículo 43 de la extinta Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (actualmente, art. 24.1 de la Ley 39/2015), dictar una resolución denegatoria posterior (sin perjuicio de acudir, en su caso, a la demanda de revisión del art. 146 LRJS).
Sin embargo, dicha hermenéutica comporta algunos problemas aplicativos. Entre ellos, si los efectos del silencio positivo se extienden a las cantidades que constan en la sentencia y el auto de insolvencia o, por el contrario, resulta de aplicación los límites legales de garantía. En el pronunciamiento comentado se aborda este último aspecto, en tanto que en la fundamentación jurídica se afirma: “La cuestión objeto del recurso de casación unificadora consiste en determinar si puede entenderse estimada por silencio administrativo positivo la solicitud presentada por la trabajadora demandante ante al FOGASA, aun cuando lo reclamado supere los límites legales de la responsabilidad que le corresponde asumir a dicho organismo”.
La sentencia analizada se limita a reproducir la fundamentación jurídica de la primera de las sentencias citadas, desestimando –sin mayores consideraciones-el recurso del FOGASA. En consecuencia, parece claro que en el escenario en que concurra el silencio positivo la condena judicial debe efectuarse en la cuantía de la sentencia o el correspondiente título habiiitante.
En general, aunque no en forma unánime, la respuesta de la doctrina de suplicación no ha sido coincidente en este supuesto con la que ahora fija el TS. Y ello por la mera lógica aplicativa de la propia institución del silencio positivo. En efecto, si éste opera “como si” (es una ficción jurídica y no una presunción legal) hubiera existido resolución expresa estimatoria es obvio que ésta no podría haber sobrepasado el límite de garantía de los apartados 1 y 2 del artículo 33 ET. A lo que cabe añadir –con argumento más significativo-que si como ocurre en la práctica totalidad de supuestos el trabajador ha efectuado la petición de pago utilizando el impreso de solicitud ordinario (aunque pueden aparecer dudas si se ha redactado motu proprio la instancia) lo que en definitiva está reclamando no es una cantidad concreta, sino el reconocimiento del derecho al régimen legal de prestaciones.
Publicado por JpD Comisión Social en 10:58

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 43
 resolución 
 resolución 
 artículo 33