Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2019/as201910121.html
Timestamp: 2020-04-03 01:50:44+00:00

Document:
AUTO SUPREMO Nº 121/2019-RRC
Expediente : Cochabamba 45/2018
Parte Imputada : Omar Fernando Adriázola Bustamante y otra
Por memorial presentado el 1 de junio de 2018, cursante de fs. 2036 a 2039, los representantes del Ministerio Público interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 007/18 de 2 de abril de 2018, de fs. 1928 a 1934, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por la parte recurrente a instancias de Omar Fernando Adriazola Cruz y Gloria Bustamante de Adriazola contra Omar Fernando Adriazola Bustamante y Alejandra Doriana Saavedra Barrozo, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del Código Penal (CP).
a) Por Sentencia 09/2016 de 17 de marzo (fs. 1289 a 1352), el Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Omar Fernando Adriazola Bustamante y Alejandra Doriana Saavedra Barrozo, autores y culpables de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, más el pago de costas, daños y perjuicios a favor del Estado y de las víctimas.
b) Contra la referida Sentencia, los imputados Alejandra Doriana Saavedra Barrozo (fs. 1600 a 1613 vta.) y Omar Fernando Adriazola Bustamante (fs. 1815 a 1842), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista de 007/18 de 2 de abril de 2018, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró procedentes los recursos planteados; en consecuencia, anuló la Sentencia apelada, disponiendo la reposición del juicio por otro Tribunal de mérito, motivando la interposición del presente recurso de casación.
La entidad recurrente aduce que el Tribunal de alzada debe tomar en cuenta el art. 398 del CPP, respecto a que deben circunscribirse a los aspectos cuestionados, hecho que no hubiese ocurrido en el caso de autos, habiendo dicho Tribunal resuelto las apelaciones restringidas de los imputados, sin ingresar al fondo. Que el Tribunal de alzada hubiese concluido indicando, que no podría ingresar al fondo de las apelaciones deducidas por la parte imputada, en razón a que estas son contra la Sentencia y no así contra la resolución de explicación, complementación y enmienda, última resolución que genera una modificación sustancial de fundamentos, sobre los cuales a los encausados no se les permitió asumir defensa dentro de plazo. Por lo que existiría un vicio no susceptible de convalidación, que no podrían ser subsanados dentro de los alcances de los arts. 370 y 407 del CPP, quedando obligado aquel Tribunal de alzada, en amparo de lo previsto por el art. 169 del CPP (DEFECTOS ABSOLUTOS) y de los principios de economía procesal y celeridad, se ordene la nulidad hasta el pronunciamiento de la Sentencia, para que el Tribunal de origen emita un nuevo fallo de acuerdo al art. 168 del CPP, rectificando el error, disponiendo la notificación a efectos de la apertura del plazo conforme al art. 408 del CPP. Razonamiento que no encajaría con los reclamos efectuados por los acusados en apelación restringida, debido a que en ningún momento hubiesen reclamado lo razonado por el Tribunal de alzada. Violentando el derecho a la Seguridad Jurídica. El Auto de Vista recurrido no cumpliría con lo previsto por el art. 413 del CPP; toda vez, que se habría efectuado cuestionamientos a aspectos de forma, que podrían ser resueltos directamente; empero, lo que hubiese determinado el Tribunal de alzada es la anulación de la Sentencia. Invocando al respecto en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos 348/2016-RRC de 21 de abril, 219 de 7 de junio de 2008 y 189/2016-RRC de 10 de marzo.
Mediante Auto Supremo 695/2018-RA de 17 de agosto, de fs. 2046 a 2048, este Tribunal respecto al recurso de casación del Ministerio Público admitió el mismo para el análisis de fondo, por lo que la presente resolución se circunscribirá a los alcances establecidos en la Resolución admitida.
Por Sentencia 09/2016 de 17 de marzo (fs. 1289 a 1352), el Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Omar Fernando Adriázola Bustamante y Alejandra Doriana Saavedra Barrozo, autores y culpables de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, más el pago de costas, daños y perjuicios a favor del Estado y de las víctimas, en base a los siguientes argumentos en síntesis:
Que, en horas de la mañana del 13 de mayo de 2015, Alejandra Doriana Saavedra y Omar Fernando Adriázola Bustamante se constituyeron a una veterinaria y adquirieron cinco tabletas sedantes para perro. Que, a horas 08:30 pm., del 13 de mayo de 2015, ambos acusados ingresaron al domicilio de Omar Fernando Adriázola. Que, en el inicio de la ejecución del plan elaborado se dio una pastilla sedante a Fernando Adriázola Cruz, por la que éste llega a desvanecerse, por lo que los acusados decidieron llevarlo a la CNS, dejando sola a Adriana Doriana con Peggy Lea Adriázola Bustamante.
Que, Gloria Adriázola Bustamante se encontraba con frío y sueño, por lo que Gloria Bustamante indicó a Omar Adriázola lleve a su hermana a descansar, para luego llevar los documentos faltantes para la internación de Omar Fernando Adriázola Cruz, el cual fuera llevado por Gloria Bustamante.
Que, Omar Adriázola Bustamante sujetó sorpresivamente por detrás a Gloria Adriázola, tapándole la boca con la mano izquierda y apretándole el cuello con la mano derecha, por lo que Gloria fingió desmayarse y Omar Adriázola la dejó caer, pero al intentar incorporarse, este la pateó en la mandíbula, pese a eso se logró parar y fue agarrada nuevamente, circunstancia en la cual Alejandra Doriana, la acuchilló tres veces en el cuello, luego Omar Adriázola se sacó la ropa manchada de sangre, se lavó y puso otra ropa y Omar Adriázola rompió el ropero del cuarto de Gloria Bustamante y sacó 200 Bs., dándoselos a Alejandra Doriana, quien se fue al Hospital y aproximadamente a las 4:30 am., una vecina llamó a Omar Adriázola, por lo que retornó a su domicilio y vió a Alejandra Doriana amarrada a lado de la puerta del garaje.
Que, Gloria Bustamante cuando abre la puerta de ingreso a su casa se da cuenta que no estaba asegurada, y al ingresar logra ver a Alejandra Doriana levantarse y correr con dirección al dormitorio de Omar Fernando Adriázola y ve a Gloria Adriázola Bustamante con el rostro y la ropa ensangrentada, e inmediatamente corrió a ver quién era la mujer que escapó, luego entró al cuarto, y Alejandra Doriana cerró la puerta y la aseguró con llave, observando que Alejandra tenía las manos cubiertas de sangre con guantes y los pies con zapatillas de cirugía, sosteniendo una prolongada pelea física en la que se impuso Gloria Bustamante, logrando abrir la puerta y sacar afuera a la acusada amarrada de las manos, y al percatarse que los perros estaban encerrados en la sala, ingresa al lugar y pudo ver a Peggy Adriázola sentada en un sillón bañada en sangre.
Se consigna como causa de la muerte de ambas personas, shock hipovolémico por hemorragia externa en el domicilio de la familia Adriázola con el Asesinato de las hermanas Adriázola Bustamante.
Que, el asesinato de las hermanas Adriázola Bustamante sucedido el 13 de mayo y la madrugada del 14 de mayo de 2015, fue planificado y premeditado por Alejandra Doriana Saavedra Barrozo y Omar Fernando Adriázola Bustamante y se perpetró con la participación directa, con conciencia y voluntad de ambos acusados de manera alevosa, con ensañamiento y por motivos fútiles y bajos.
Con la notificación de la Sentencia los acusados formularon recursos de apelación restringida, de acuerdo a los siguientes fundamentos:
II.2.1. Del Recurso de apelación restringida de Alejandra Doriana Saavedra Barrozo.
Denunció inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva, con relación al análisis que se hace sobre el art. 20 del CP, siendo que la actitud dolosa debe ser con conocimiento y voluntad, no pudiendo existir dolo si se separa el conocimiento de la voluntad, tal como se aprecia de la documental MP-24, demostrando con ello que la voluntad fue forzada por el autor material, sirviéndose de Alejandra Doriana como instrumento del delito, no siendo posible tampoco poder incluir en esa escala la complicidad, ya que para ello, también se requiere un nivel de autoría, por lo que efectivamente la Sentencia se ha cimentado en una errónea aplicación de la Ley sustantiva.
En el CONSIDERANDO V de la Sentencia, nuevamente se realizó una aplicación errónea de la Ley sustantiva, ya que se hace referencia a prueba indiciaria y prueba material, que conforme al Auto Supremo 046/2010 de 9 de marzo, fueron erróneamente entendidos por los juzgadores, que si bien la decisión puede basarse en un análisis de un cúmulo de indicios y presunciones, debe existir dentro la causa y en juicio, la denominada prueba o prueba material, por lo que erróneamente el Tribunal de origen determinó responsabilidad y autoría de Alejandra Doriana Saavedra en base a prueba indiciaria, como bien se señala en los fundamentos de la Sentencia, basando sus conclusiones en meras presunciones.
Asimismo, al momento de pretender subsumir la conducta a los elementos constitutivos del art. 252 incs. 2) y 3) del CP, una vez más incurren en el defecto del art. 370 inc. 1) del CP, que atendiendo los alcances del Auto Supremo 236 de 7 de marzo de 2007, nada de lo que se ha fundamentado, hace concluir de manera razonada la existencia de la alevosía, ya que no se atribuye ningún móvil que justifique el accionar, además que poco o nada se fundamenta con relación al ensañamiento o al motivo fútil o bajo.
Con relación a la pena también existe una errónea aplicación de la Ley, siendo que el art. 252 del CP, previene una pena de 30 años de presidio, la que fue impuesta sin considerar las atenuantes generales y especiales previstas por los arts. 38, 39 y 40 del CP.
Se denunció fundamentación insuficiente y contradictoria de la Sentencia, siendo que no se justifica el pronunciamiento de un fallo condenatorio en el CONSIDERANDO V con relación al CONSIDERANDO II, haciendo únicamente constar que la acusación particular habría procedido al retiro de la acusación en favor únicamente de Omar Adriázola Bustamante, no figurando el memorial de incidente de nulidad de obrados en contra de la diligencia de notificación de 30 de diciembre de 2015 y su Auto de 23 de febrero de 2016, que mínimamente debieron constar en la Sentencia por ser una etapa procedimental propia del juicio oral.
A su vez, la fundamentación realizada en la parte IV. 3 de la FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA, resulta ser contradictoria porqué aduce hechos probados existentes y no existentes.
Alegó que la Sentencia se basa en valoración defectuosa de la prueba, siendo que en la FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA INTELECTIVA, no ha valorado las pruebas testificales de cargo, las periciales y documentales conforme al Auto Supremo 176/2013-RRC de 24 de junio, no habiendo sido valoradas las declaraciones de Gloria Bustamante de Adriázola, a tiempo de defender la inocencia de su hijo. De igual forma, con relación a las declaraciones de Lucía Choque, Zarela Muriel, Lutgarda Muriel, Gina Dione Bustillos, a las cuales el Tribunal les otorga un mismo valor, sin que ninguno de ellos haya sostenido participación y autoría.
Con relación al valor otorgado a las declaraciones de los peritos Adolfo Arturo Mercado, Eddy Javier Espinoza, Christian Vargas, María Angélica Días, Orfa Roque y Diego Bonifaz, únicamente circundan en sus declaraciones sobre cada pericia realizada, no existiendo mayor fundamentación y análisis de lo relacionado, demostrando alguna verdad material irrefutable como la existencia del hecho criminoso, advirtiéndose ausencia en la fundamentación lógica. En el mismo sentido se ha podido observar de la valoración otorgada a las pruebas documentales MP-29, MP-30, MP-31, MP-32, MP-33, MP-34, MP-37, MP-38, MP-39 y MP-40, la inexistencia de sana crítica a momento de valorar la prueba, máxime la fundamentación tan escueta y paupérrima realizada.
Denunció la inobservancia de las reglas previstas para la redacción de la Sentencia de acuerdo a lo previsto por el art. 361 del CPP y lo previsto en el Auto Supremo 131/2005 de 13 de mayo, donde se evidencia de la parte dispositiva que la Sentencia se pronuncia el 17 de marzo de 2016 y se estima fecha de lectura el 22 de marzo de 2016, continuando la misma el 23 de marzo de 2016, dato totalmente falso, siendo que el 22 de marzo de 2016, la audiencia se suspendió y recién se leyó en su integridad el 23 de marzo de 2016, incumpliéndose lo establecido por el art. 361 del CPP, teniéndose que el Tribunal demoró 40 días corridos en redactar y tener lista la Sentencia, por lo que éste, por ese lapso, habría perdido competencia.
II.2.2. Del Recurso de apelación restringida de Omar Fernando Adriázola Bustamante.
 En un primer momento, la parte solicitó a los miembros del Tribunal, que se autorice la grabación audiovisual de todas las secuencias del juicio oral, petición que fue rechazada, violentando la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y el debido proceso previstos por los arts. 1, 3, 12, 331 y 371 del CPP, así como lo previsto por los arts. 8, 9, 24, 108, 109, 120, 115, 178, 179, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantizan el derecho del procesado a registrar en un medio audiovisual las actuaciones y desarrollo del proceso. Posteriormente se solicitó se franquee fotocopias legalizadas de los actuados y transcurriendo dos meses se informa que las actas de juicio no existen porque no se habrían labrado, sin que exista ningún otro registro del juicio oral en franca violación a los arts. 1 y 371 del CPP, colocándose en extremo estado de indefensión, que hasta la fecha no se han labrado las actas de juicio oral, constituyendo tal circunstancia en defectos absolutos, dejando al imputado en un extremo estado de indefensión material, siendo que en alzada no se podrá tener acceso a los medios o los elementos necesarios para poder conocer los actuados del juicio oral en forma objetiva, precisa y cronológica. Curiosamente de manera posterior, encontrándose fuera del plazo legal del juicio oral se emite, sin ninguna competencia un decreto de 20 de mayo de 2016 que ordena se labren las actas y se otorguen las copias, lo que es totalmente vulneratorio de derechos, siendo que a título de precautelar de mejor manera el derecho de impugnación, de forma posterior a la fecha de la notificación con la Sentencia, se determina de manera extemporánea, el registro del juicio oral, cuando el juicio oral y la Sentencia ya habrían concluido, lo que es absolutamente nulo de pleno derecho, ya que en ninguna parte del procedimiento se otorgan facultades discrecionales a los juzgadores para modificar, suprimir, rectificar o añadir ninguna providencia no actuado judicial en forma retroactiva, siendo que los actos procesales son preclusivos, incurriendo en defecto absolutos e insubsanables en franca omisión y violación de los señalado en las disposiciones legales de los arts. 1, 120 y 371 del CPP en violación de los principios y garantías de legalidad, del debido proceso, del derecho a la defensa, de la verdad material y del orden público, por lo que corresponde reponer los defectos anulando el juicio oral.
 Con referencia a los defectos existentes que consisten en los incs. 1), 5) y 8) del art. 370 del CPP, corresponde remitirse al CONSIDERANDO V, donde existe una errónea e indebida aplicación del art. 252 del CP, siendo que en la Sentencia, como hechos probados de la acusación, no se tiene ninguno y mal podría disponerse la condena por el delito de Asesinato y menos una pena de 30 años de presidio, por lo que la aplicación del art. 252 del CP resulta siendo ilegal, al existir una grave incongruencia y contradicción absoluta entre los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la parte dispositiva de los CONSIDERANDOS V y VI con lo expuesto en el CONSIDERANDO IV, incurriendo en franca violación de los arts. 1, 124 y 167 del CPP, así como al debido proceso, la legalidad, seguridad jurídica, verdad material y la igualdad, como el derecho a la defensa y la presunción de inocencia consagrados en los arts. 8, 9, 13, 14, 108.I, 109.1, 115, 116, 117, 119, 1120, 178, 179. 180 I.II y 410 de la CPE.
 Se denunció defectos de los incs. 1), 4) y 6) del art. 370 del CPP, respecto a lo expresado en el punto IV DE LA FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA DESCRIPTIVA y de LA FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA INTELECTIVA, así como DE LOS MEDIOS PROBATORIOS DECARGO DOCUMENTAL, LA FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA, LOS HECHOS PROBADOS, así como el CONSIDERNDO V DE LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, DE LA SANA CRÍTICA y la parte dispositiva del CONSIDERANDO VI, con relación a la prueba MP-7, MP-19, MP-20, MP-21, MP-29, MP-30, MP-31, MP-32, MP-33, MP-34, MP-35, MP-36, MP-38, MP-39, MP-40, MP-41, MP-47, MP-49, MP-55 y la prueba testifical de Adolfo Arturo Mercado Millan, Lidia Verónica Huanca Balboa, María Angélica Díaz Fernández, Orfa Reque Zurita, Diego Bonifaz Pérez, siendo que de todas estas pruebas consignadas, en el CONSIDERANDO IV, de la fundamentación fáctico de los hechos probados y de los hechos probados (ninguno), se ha incurrido en graves defectos absolutos en virtud de que toda esta prueba fue excluida en su integridad en el transcurso del juicio oral, por haber sido presentada fuera del término de Ley, en la forma exigida por los arts. 1, 130, 340 y 341 del CPP, así como lo determinado en providencias de 4 y 11 de diciembre de 2015, por lo que todas las afirmaciones hechas por el Tribunal de origen respecto a las pruebas materiales, testificales, periciales y demás, resultan ser ilegales y el Tribunal, al admitir y valorar las pruebas, sin que se hayan presentado al juicio oral, no podía sustentar en aquellos elementos la Sentencia al considerar prueba de cargo lícita en omisión de supresión y violación de los principios procesales de objetividad, verdad material y sana crítica.
 En el caso existiendo referente a los hechos probados, diez conclusiones y a su vez hechos no probados, ha provocado una grave contradicción e incongruencia de las propias consideraciones y valoraciones defectuosas de la prueba, que no permite llegar a un entendimiento congruente, en base a una negligente presentación extemporánea de la prueba de cargo, implicando con ello que todas las pruebas del juicio quedasen fuera del debate oral, incurriéndose por ello en una defectuosa valoración de la prueba, además de que las pruebas se encuentran incompletas, ya que no están acompañadas de los objetos materiales y las cosas que fueron colectadas en el transcurso de la investigación, en franca afectación al principio de presunción de inocencia, lesionando el derecho a la defensa, la legalidad, el debido proceso y la verdad material, cuyo defecto absoluto deberá ser reparado por el superior en grado, en contravención a los Autos Supremos 12/2012 de 30 de enero, 45/2012 de 14 de marzo y 278/2012 de 31 de octubre.
 De lo expresado, se infiere que los fundamentos de hecho y derecho en la valoración de las pruebas de cargo, son absolutamente contradictorios a la doctrina legal sentada por los Autos Supremos 91 de 28 de marzo de 2006 y 167 de 4 de marzo de 2012, en razón de que el Tribunal no ha explicado en forma clara y objetiva las razones legales de hecho y derecho de haber condenado al procesado en contra de lo señalado como probado y demostrado en el punto IV.3.2, en la fundamentación fáctica de la Sentencia; toda vez, que el Tribunal no procedió adecuadamente a la fundamentación probatoria intelectiva de cada uno de los elementos de prueba producidos en juicio oral, sin fundamentar –además- por qué las pruebas literales no se encuentran con las evidencias materiales.
El Auto de Vista 007/2018 de 2 de abril, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró procedentes los recursos planteados; en consecuencia, anuló la Sentencia apelada, disponiendo la reposición del juicio por otro Tribunal de mérito, bajo la siguiente fundamentación:
Respecto al recurso de apelación por defectos de Sentencia previstos en los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP, al encontrarse ligados entre sí (cita Autos Supremos 065/2012-RA de 19 de abril y 025 de 4 de febrero de 2010), señalar que los derechos universales vinculados a la defensa, igualdad procesal, motivación e incongruencia de las resoluciones y el derecho a recurrir, resultan ser garantías mínimas reconocidas al justiciable en distintos acuerdos y tratados internacionales, derechos universales que configuran el debido proceso, así se tiene instituido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como también en la doctrina legal de los Autos Supremos 199/2013 de 11 de julio, 144/2012 de 18 de junio, 248/2012-RRC de 10 de octubre y 40/2013 de 21 de febrero.
Que al incumplimiento de dichas obligaciones respecto al derecho de recurrir conforme a los alcances del art. 407 y ss. del CPP, conforme la fundamentación de la denuncia realizada por Alejandra Doriana Saavedra Barrozo y Omar Fernando Adriázola Bustamante, de su análisis, podría develarse que existe una evidente y grosera violación a los derechos y garantías constitucionales de los encausados al pronunciamiento de la Sentencia 09/2016 de 23 de marzo y posterior pronunciamiento del Auto de enmienda de 7 de junio y 9 de junio de 2016, dentro de los alcances establecidos en los arts. 370 y 407 del CPP, que obliga al Tribunal de alzada, aún de oficio, a realizar un análisis de los antecedentes del proceso y posterior fundamentación dentro los alcances del art. 169 inc. 3) del CPP, respetando los principios de celeridad y economía procesal.
De la revisión de antecedentes se tiene que pronunciada la Sentencia, le fue notificada a los recurrentes el 19 de mayo de 2016, así se advierte de las respectivas diligencias de notificación y del decreto de 20 de mayo de 2015, corriendo a partir de esa fecha el plazo de los 15 días, el cual fenecía el 9 de junio de 2016, advirtiéndose que el Tribunal de origen habría emitido una enmienda de 7 de junio de 2016, pronunciándose al amparo del art. 125 del CPP, mismo que da a entender que dicha resolución forma parte de la Sentencia y por ente resulta susceptible de impugnación, la que habría sido notificada el 9 de junio de 2016, cuando ya se habrían interpuesto los recursos de apelación restringida y entendiéndose así, el cómputo para los 15 días de plazo fenecerían el 19 de mayo de 2016.
Asimismo, luego de aquello se emite el decreto de 15 de junio de 2016, el que es notificado a las partes el 12 de julio de 2016; empero, el 27 de junio de 2016 la acusada Alejandra Doriana Saavedra Barrozo, solicita se remitan actuaciones al de alzada, incluyendo el reciente Auto de Enmienda.
Entonces, ante la Sentencia y advertida una senda omisión de fundamentación que originó el defecto de Sentencia, que habilita interponer el recurso conforme a los arts. 407 y 408 del CPP, que deriva en la vulneración de un derecho constitucional, la omisión del Tribunal de origen, no podía enmendarse de acuerdo al art. 125 del CPP, que de ser el caso, advertidos del error se debió dar aplicación al art. 168 del CPP, saneando procedimiento y disponer la nulidad de obrados, conforme al Auto Supremo 472/2005 de 8 de diciembre para que se proceda a una nueva notificación a los efectos del art. 408 del CPP.
El Tribunal de Sentencia se ha alejado del debido proceso y el principio de legalidad, ocasionando un estado de indefensión a los recurrentes y poniéndolos en inseguridad jurídica, toda vez que los sujetos procesales ya habían planteado sus apelaciones restringidas, antes de tener conocimiento del Auto de enmienda de 7 de junio de 2016, el cual se puso en conocimiento de las partes el mismo día que fenecía el plazo, generando el Tribunal con ese actuar una doble instancia, lo que no es admisible por Ley; toda vez, que los plazos resultan ser fatales y perentorios.
El estado de la causa ha sido generado por exclusiva responsabilidad del Tribunal de origen, lo que imposibilita a este Tribunal de alzada a resolver las pretensiones de los recurrentes dentro los alcances de los arts. 370 y 407 del CPP, en consideración de los aspectos de fondo y fundamentos propios de las apelaciones; toda vez, que se advierte la remisión de la Sentencia así como del cuestionado Auto de enmienda de 7 de junio de 2016, debiendo aclararse que sobre la Sentencia se permitió a las partes ejercer su legítimo derecho a la defensa, derecho de impugnación; empero, con relación al Auto de enmienda de 7 de junio de 2016, no se les reconoció el ejercicio de tales derechos por las razones antes anotadas y que se constatan de un análisis objetivo de los antecedentes; error insubsanable que violenta de manera directa los derechos y garantías constitucionales de los recurrentes, debiéndose anular todo lo obrado hasta el pronunciamiento de la Sentencia, para que el Tribunal de origen rectifique el error, pronunciando nueva Sentencia, disponiéndose la notificación legal a los sujetos procesales a efectos del plazo previsto en el art. 408 del CPP, la que deberá ser elaborada por los mismos jueces del Tribunal.
De acuerdo a los argumentos de los recurrentes, circunscritos en la admisión del recurso de casación contenidos en el Auto Supremo 695/2018-RA, se alega en síntesis: El recurrente aduce que el Tribunal de alzada debe tomar en cuenta el art. 398 del CPP, respecto a que deben circunscribirse a los aspectos cuestionados, hecho que no hubiese ocurrido en el caso de autos, habiendo el Tribunal resuelto las apelaciones restringidas de los imputados, sin ingresar al fondo, ya que los razonamientos no encajarían con los reclamos efectuados por los acusados en apelación restringida, debido a que en ningún momento hubiesen reclamado lo razonado por el Tribunal de alzada, violentando el derecho a la Seguridad Jurídica. El Auto de Vista recurrido no cumpliría con lo previsto por el art. 413 del CPP; toda vez, que se habría efectuado cuestionamientos a aspectos de forma, que podrían ser resueltos directamente; empero, lo que hubiese determinado el Tribunal de alzada es la anulación de la Sentencia. Invocando al respecto en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos 348/2016-RRC de 21 de abril y 370/2015-RRC de 12 de junio.
En el único motivo traído en casación, la parte recurrente aduce que el Tribunal de alzada hubiese resuelto las apelaciones restringidas de los imputados, sin ingresar al fondo, ya que los razonamientos por los que se declara la nulidad, no encajarían con los reclamos efectuados por los acusados en apelación restringida, debido a que en ningún momento hubiesen reclamado lo resuelto por el Tribunal de alzada, violentando el derecho a la Seguridad Jurídica. Así, el Auto de Vista recurrido no cumpliría con lo previsto por el art. 413 del CPP; toda vez, que se habrían efectuado cuestionamientos a aspectos de forma, que podrían ser resueltos directamente; empero, lo que hubiese determinado el Tribunal de alzada es la anulación de la Sentencia. Invoca los Autos Supremos 348/2016-RRC de 21 de abril y 370/2015-RRC de 12 de junio.
Con carácter previo para ingresar a analizar el fondo del recurso y ejercer la labor de verificación de la contradicción, debe dejarse sentado que si bien el Ministerio Público impugna la falta de pronunciamiento sobre los aspectos apelados por las partes, a pesar de no haber interpuesto los recursos de apelación restringida, de cuyos argumentos en casación alega incongruencia omisiva por parte del Tribunal de alzada; cabe dejar sentado que al haber surgido el agravió como efecto del Auto de Vista impugnado al disponer la nulidad de obrados, hasta Sentencia –inclusive-, hace viable el poder otorgar legitimación objetiva al Ministerio Público para interponer la presente acción en casación, siendo que el motivo alegado no deviene de Sentencia, sino como una consecuencia de la decisión asumida por el Tribunal de apelación; circunstancia que se encuentra prevista conforme al art. 180 par. II de la CPE, concordante con el art. 394 del CPP.
En consecuencia, la parte recurrente alega contradicción del Auto de Vista con el Auto Supremo 348/2016-RRC de 21 de abril, cuya doctrina legal aplicable ha establecido lo siguiente: “(…) el Tribunal de alzada, no podía pronunciarse sobre aspectos no impugnados por las partes de manera ultra petita, considerándose que este Tribunal debe actuar como tercero imparcial…
(…) Consiguientemente, al no haberse pronunciado el Tribunal de Alzada respecto a los referidos motivos reclamados por recurrente, actuó de manera contraria a la jurisprudencia señalada en el punto IV.1. de la presente Resolución, el AS 370/2015-RRC de 12 de junio, que estableció que uno de los elementos que configuran el debido proceso es el derecho a la motivación y congruencia de las resoluciones, aspecto no cumplido por el Tribunal de alzada; además de ello, se constata que el Auto de Vista ahora impugnado, admitió el recurso de apelación restringida del recurrente, entendiéndose que efectivamente cumplió con todos y cada uno de los requisitos de forma…”.
Para poder verificar la contradicción entre el Auto de Vista impugnado con el precedente, es menester remitirse a los fundamentos expuestos en apelación restringida por los entonces recurrentes, quienes manifestaron los siguientes agravios: Alejandra Doriana Saavedra Barrozo, denunció 1) Inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva, con relación al análisis que se hace sobre el at. 20 del CP; 2) Si bien la decisión puede basarse en un análisis de un cúmulo de indicios y presunciones, debe existir dentro la causa y en juicio, la denominada prueba o prueba material, por lo que erróneamente el Tribunal de origen determina responsabilidad y autoría en base a meras presunciones; 3) Al momento de pretender subsumir la conducta a los elementos constitutivos del art. 252 incs. 2) y 3) del CP, una vez más incurren en el defecto del art. 370 inc. 1) del CP; 4) Con relación a la pena, también existe una errónea aplicación de la Ley, siendo que el art. 252 del CP, previene una pena de 30 años de presidio, la que ha sido impuesta sin considerar las atenuantes generales y especiales previstas por los arts. 38, 39 y 40 del CP; 5) Denunció fundamentación insuficiente y contradictoria de la Sentencia, siendo que no se justifica el pronunciamiento de un fallo condenatorio en el CONSIDERANDO V con relación al CONSIDERANDO II; 6) La fundamentación realizada en la parte IV. 3 de la FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA, resulta ser contradictoria porqué aduce hechos probados y no probados; 7) La Sentencia se basa en valoración defectuosa de la prueba, siendo que en la FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA INTELECTIVA, no se han valorado las pruebas testificales de cargo, las periciales y documentales; y, 8) Inobservancia de las reglas previstas para la redacción de la Sentencia de acuerdo a lo previsto por el art. 361 del CPP. Omar Fernando Adriázola Bustamante denunció 1) En un primer momento, solicitó a los miembros del Tribunal, que se autorice la grabación audiovisual de todas las secuencias del juicio oral, petición que fue rechazada, violentando la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y el debido proceso previstos por los arts. 1, 3, 12, 331 y 371 del CPP, así como lo previsto por los arts. 8, 9, 24, 108, 109, 120, 115, 178, 179, 180 y 410 de la CPE que garantizan el derecho del procesado a registrar en un medio audiovisual las actuaciones y desarrollo del proceso en franca violación a los arts. 1 y 371 del CPP, constituyendo tal circunstancia en defectos absolutos al no haberse garantizado la grabación del acto; 2) Defectos existentes que consisten en los incs. 1), 5) y 8) del art. 370 del CPP; 3) Denunció defectos de los incs. 4) y 6) del art. 370 del CPP, respecto a lo expresado en el punto IV DE LA FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA DESCRIPTIVA y de LA FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA INTELECTIVA, así como DE LOS MEDIOS PROBATORIOS DECARGO DOCUMENTAL, LAFUNDAMENTACIÓN FÁCTICA, LOS HECHOS PROBADOS, así como el CONSIDERNDO V DE LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, DE LA SANA CRÍTICA y la parte dispositiva del CONSIDERANDO VI, con relación a la prueba MP-7, MP-19, MP-20, MP-21, MP-29, MP-30, MP-31, MP-32, MP-33, MP-34, MP-35, MP-36, MP-38, MP-39, MP-40, MP-41, MP-47, MP-49, MP-55 y la prueba testifical de Adolfo Arturo Mercado Millan, Lidia Verónica Huanca Balboa, María Angélica Díaz Fernández, Orfa Reque Zurita, Diego Bonifaz Pérez; 4) Referente a los hechos probados, se tienen diez conclusiones y a su vez hechos no probados, provocando una grave contradicción e incongruencia de las propias consideraciones y valoraciones defectuosas de la prueba de la prueba, que no permite llegar a un entendimiento congruente; 5) Se infiere que los fundamentos de hecho y derecho en la valoración de las pruebas de cargo, son absolutamente contradictorios a la doctrina legal, en contra de los señalado como probado y demostrado en el punto IV.3.2 en la fundamentación fáctica de la Sentencia; toda vez, que el Tribunal no procedió adecuadamente a la fundamentación probatoria intelectiva.
De la compulsa realizada, se tiene un total de 13 puntos de apelación de los que se denuncia incongruencia omisiva en alzada, que considerando la doctrina legal aplicable expresada en el precedente invocado, al haberse admitido el recurso, únicamente resta al Tribunal de alzada pronunciarse sobre el fondo de la cuestión recurrida, estándole privado por su efecto, el poder realizar una ponderación ultra petita, siendo que el Tribunal de alzada debe limitar su análisis sobre los agravios alegados por las partes en sus recursos, inclusive, ante la denuncia de defectos absolutos que constituyan vulneración a derechos fundamentales o garantías jurisdiccionales, no pudiendo extralimitarse de las facultades que la Ley impone.
El Tribunal de alzada en el CONSIDERANDO III del Auto de Vista hace alusión a los defectos de Sentencia previstos por el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, bajo cuyo alcance justifica la nulidad que dispone, al haberse expresado por ambos recurrentes dichos defectos en apelación restringida, pero el Tribunal de alzada no considera que las partes recurrentes en sus memoriales de apelación restringida, en ningún momento han hecho referencia a defecto alguno generado a partir del Auto de enmienda de 7 de junio de 2016, el cual solamente ha sido abordado en la Audiencia de Fundamentación Oral conforme cursa de fs. 1929 a 1934, precisamente a razón de haber sido emitido con posterioridad a las apelaciones restringidas, sin haberse fundamentado sobre los demás aspectos apelados por los recurrentes.
Precisada esta situación, se debe analizar si el Tribunal de alzada al haber dispuesto la nulidad de obrados, ha realizado un correcto análisis del Auto de 7 de junio de 2016 y compulsa de obrados, para excusarse de ingresar a resolver el fondo de los recursos de apelación restringida en sus 13 motivos, para así determinar si los fundamentos y motivos del Auto de Vista responden a una correcta aplicación de las normas procesales.
Indicar que, cursa a fs. 1525 Auto de Enmienda de 7 de junio de 2018 emitido por el Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el cual fundamenta enmienda a la página 112 del fallo de primera instancia: “…En el caso de la página 112 de la Sentencia, el apartado signado como IV.3.2 se intitula como “HECHOS PROBADOS” siendo lo correcto HECHOS NO PROBADOS…”, para posteriormente señalar: “(…) DISPONE: La enmienda de la Sentencia….”.
De lo declarado en dicha resolución judicial, se puede observar que el fundamento de la misma se basa en la aplicación del art. 125 del CPP, es decir sobre la aplicación del instituto de la “EXPLICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ENMIENDA”. El art. 125 del CPP, claramente establece que el Juez o Tribunal de oficio puede hacer uso de este medio procesal, así como las partes, pero el legislador ha previsto que ésta facultad otorgada tanto al Juez como las partes, no pueden ser ejercidas más allá del plazo que previene la propia norma procesal: “…dentro del primer día hábil posterior a su notificación…”; término que aplica también para la autoridad judicial, porque no es posible dejar al libre albedrío de las partes o del Juez/Tribunal el momento para poder ejercer la enmienda, complementación y/o aclaración de una resolución judicial, lo que conllevaría a generar una inseguridad jurídica no permitida por mandato del art. 178 par. I de la CPE, siendo que el proceso penal debe garantizar independientemente de lo indicado, la legalidad de los actos procesales, la oportunidad, idoneidad y eficacia, de acuerdo a lo previsto por el art. 3 incs. 4), 6) y 12) con relación al art. 30 incs. 6) y 7) de la LOJ.
En ese entendido debe dejarse claramente sentado que el recurso previsto por el art. 125 parte del CPP, resulta únicamente procedente para poder corregir cuestiones netamente formales y no así materiales de la resolución, considerando los siguientes aspectos: i) La Explicación, tiene el objetivo de volver más claro o comprensible lo manifestado en un fallo; es decir, ante una redacción poco clara, general, obscura o ambigua, las partes podrán pedir a la autoridad que emitió Resolución, explicación respecto a su contenido; ii) La Complementación, busca completar alguna expresión o suplir algún olvido (que no tenga como efecto la modificación del resultado); y, iii) La Enmienda, tiene por objetivo rectificar algún error material o de hecho, es decir, sólo se pueden enmendar errores elementales de transcripción, cálculo en operaciones aritméticas, expresión, fechas, nombres, mecanografía (typeo), lugares, etc., teniendo siempre en cuenta, que los errores deben ser apreciables y claros, sin que se requiera acudir a interpretación de normas o juicios de valor para percibirlos y que no provoquen la modificación en el resultado del fallo.
En base a ello, no es admisible ni procedente, que en atención al instituto procesal del art. 125 del CPP, se pueda disponer la modificación sustancial del sentido del fallo o de la actividad procesal existente, entendiéndose que la aclaración, complementación y enmienda únicamente procede para cuestiones de forma y meras omisiones de la resolución judicial, no logrando impugnarse por este recurso aspectos de fondo como para poder cambiar el sentido de la decisión o en su caso disponer una nulidad de obrados, siendo que para ello se tienen los recursos y mecanismos procesales pertinentes para hacer valer las pretensiones respecto a las cuestiones de fondo advertidas en la resolución judicial definitiva (apelación y casación) que impliquen errores in iudicando o in procedendo, así como defectos absolutos.
Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta por parte de los sujetos procesales y de la propia autoridad judicial, es el plazo para poder hacer efectiva la aplicación de la Aclaración, Complementación o Enmienda, cuya facultad debe ser ejercida indefectiblemente al día siguiente hábil posterior a la emisión de la resolución o de su notificación a las partes, no permitiéndosele al Juez o Tribunal aplicar una enmienda, complementación o aclaración transcurrido un plazo mayor al establecido por el art. 125 in fine del CPP, que ante su vencimiento, el Juez o Tribunal pierde competencia para enmendar, aclarar o complementar la resolución; al igual que las partes para poder hacer uso de dicho medio recursivo al no observar dicho término.
Consiguientemente, en el caso de autos, la Sentencia emitida data del 17 de marzo de 2016 y la supuesta enmienda dispuesta por Auto Judicial de 7 de junio de 2016, conllevando a determinar que la enmienda realizada de oficio por el Tribunal de origen, se encuentra emitida extemporáneamente, careciendo de pertinencia, eficacia y sobre todo de competencia para emitir dicha resolución judicial, máxime, si conforme a procedimiento se interpusieron las apelaciones restringidas por ambos acusados; circunstancia que debió ser observada por el Tribunal de alzada, quien no podía convalidar un acto que se encontraba emitido fuera del marco procesal y disponer la nulidad de obrados en su efecto, contrariando los principios de eficiencia y legalidad que rigen el sistema procesal penal, al ser considerado el Auto de 7 de Junio de 2016, una resolución alejada de todo sentido de justicia, legalidad y equidad, generando una tergiversación al derecho de impugnación de las partes.
Asimismo, considerando que el Tribunal de alzada ha señalado en el CONSIDERANDO III.1 en lo pertinente que: “….En mérito a lo expuesto dentro el presente proceso, se procede a realizar la siguientes puntualizaciones: (…) h) quedando obligado este Tribunal de alzada a pronunciar auto debidamente fundamentado dentro los alcances del art. 169 num. 3 del CPP, con la finalidad de que respetándose los principios de economía procesal y celeridad se ordene la nulidad de todo lo obrado hasta el pronunciamiento de la Sentencia 09/2016 de 23 de marzo de 2016 inclusive, para que el Tribunal Sexto de Sentencia en lo Penal, advertidos de su error y en sujeción a los lineamientos trazados en el presente Auto, dentro los alcances del art. 168 rectifiquen el error….”; es menester aclarar que el instituto previsto por el art. 168 del CPP, procede exclusivamente para corregir procedimiento y reencausar la tramitación del proceso penal, permitiéndose la corrección de los defectos procesales susceptibles de subsanación a través de la renovación, rectificación o cumplimiento del acto omitido, lo que importa un reconocimiento de la existencia de las actuaciones procesales, que al tener defectos puedan ser subsanados; por ello el juzgador así como las partes pueden disponer o solicitar modificar o reparar todos los defectos o errores procesales que pudiesen advertirse durante la tramitación del proceso, siempre y cuando no pierdan competencia y facultad para su uso e interposición como efecto del transcurso del tiempo y la superación de los momentos e instancias procesales, debiendo para ello observar los principios de oportunidad y trascendencia.
Si bien ésta facultad del art. 168 del CPP (tanto de oficio como de parte) establece ciertas soluciones procesales, no puede dejarse de lado que el instituto procesal, tampoco puede determinar la modificación de resoluciones judiciales, debido a que los alcances de la corrección procesal solamente abarca a aspectos no sustanciales, porque como se estableció anteriormente, para cuestionar el sentido de las resoluciones judiciales, el procedimiento penal ha instituido otros mecanismos como el sistema de recursos previsto por el art. 394 y ss. del CPP, para cuestionar aspectos de fondo de una resolución judicial de carácter definitivo o de cierre de instancia, a cuyo fin el juzgador deberá considerar la aplicación del art. 168 del CPP, dentro de los límites procesales, pues no resulta viable modificar utilizando este remedio procesal el fondo de una resolución judicial.
Ahora bien, en ambos casos, sea porque se aplique el art. 125 o el art. 168 del CPP, debe dejarse sentado que al ser ambos institutos diferentes; en ninguno de los casos puede acarrearse la modificación de la cuestión principal de fondo debatida en la resolución definitiva emitida por el Juez o Tribunal, ya que el yerro judicial únicamente deberá ser subsanado, corregido, enmendado, aclarado o complementado sobre meros actos procesales de tramitación, cuyo límite es la imposibilidad de modificar aspectos de fondo de una decisión, que en ninguno de los casos, la autoridad jurisdiccional tiene la potestad de poder anular actuados en aplicación de uno u otro instituto, máxime, si ha perdido competencia para poder asumir decisión o emitir resolución alguna en el caso concreto por el transcurso de los plazos procesales, ante la superación de momentos e instancias judiciales y/o por haberse ejercido por las partes previamente el derecho al recurso; en cualquier caso, no es viable considerar el poder retrotraer tramitación, cuando el sistema de preclusión procesal ha operado tanto para el Juez o Tribunal de mérito como para las partes.
Entonces, bajo los parámetros establecidos y del análisis efectuado, si bien el Tribunal de apelación, en ejercicio de sus facultades plenas puede realizar una compulsa sobre las actuaciones realizada por el a quo, cabe señalar que esta labor debe enmarcarse en los parámetros de legalidad a los fines netamente procesales y de efectividad, no pudiendo convalidar errores abruptos cometidos por los órganos inferiores, debiendo prevalecer criterios de celeridad, oportunidad y eficacia judicial; y por ello, el Tribunal de alzada, al disponer la nulidad, hasta la Sentencia –inclusive-, en base al Auto de enmienda de 7 de junio de 2016, no ha obrado en términos de justicia, inobservando que aquella resolución emitida por el Tribunal Sexto de Sentencia de la capital del departamento de Cochabamba se encontraba emitida fuera de los parámetros procesales, de legalidad y de competencia; pronunciamiento que debió ser adecuadamente analizado por el Tribunal de apelación antes de disponer la nulidad de obrados, para precisamente determinar la irrelevancia, impertinencia e ilegalidad del Auto de 7 de junio de 2016, que si bien en audiencia de fundamentación oral de apelación se advirtió por las partes la existencia de la mencionada resolución, el Tribunal de alzada, al momento de resolver el caso en concreto, debió establecer (conforme ut supra) que la mencionada resolución al no enmarcarse en derecho (legalidad, oportunidad y seguridad jurídica), además de haber equivocadamente dispuesto la aplicación del art. 168 del CPP y en definitiva, al no formar parte de los argumentos de apelación restringida lo resuelto en alzada, de acuerdo a lo expuesto en audiencia de fundamentación oral, debió simplemente determinar la ineficacia de dicha disposición judicial, máxime, considerando la existencia de los recursos de apelación restringida ya interpuestos por los acusados, debiendo haberse circunscrito únicamente a los aspectos apelados por las partes en sus recursos de apelación restringida.
Que, al no haber actuado en ese entendido el Tribunal de alzada, inadvirtiendo resolver los recursos de apelación restringida en el fondo, para así ingresar a realizar su labor de control de logicidad y legalidad de la Sentencia apelada; efectivamente se ha alejado de los cánones previstos por el art. 398 del CPP, al no ceñir su análisis a los argumentos plasmados en los recursos de apelación restringida, ingresando en contradicción con el Auto Supremo 348/2016-RRC de 21 de abril, debiendo en tal circunstancia dejarse sin efecto el Auto de Vista, para que el Tribunal de alzada emita nueva resolución, aplicando la doctrina legal establecida en la presente Resolución y considerando los alcances de los arts. 125 y 168 del CPP, debiendo nuevamente realizar una correcta apreciación y control de legalidad del Auto de 7 de junio de 2016, para luego de ello, ingresar indefectiblemente a considerar el fondo de los motivos expresados en las apelaciones restringidas de los acusados, cuyos argumentos fueron admitidos cumpliendo todos los requisitos de forma conforme al art. 407 y ss., del CPP; debiéndose declarar por ello, fundado el argumento vertido por el Ministerio Público y disponer dejar sin efecto el Auto de Vista al haber incurrido en incongruencia omisiva, ante una incorrecta decisión en disponer la nulidad de obrados.
Finalmente, la parte recurrente invoca a su vez como precedente el Auto Supremo 370/2015-RRC de 12 de junio, el cual en su doctrina legal aplicable ha señalado: “…En consecuencia, la decisión de rechazo del recurso de apelación restringida, asumida por el Tribunal de apelación, a través de la resolución judicial impugnada y que obviamente generó una falta de pronunciamiento de su parte a los reclamos referidos a supuestas: falta de fundamentación de la sentencia, falta de valoración de las pruebas testificales de descargo y mala valoración de pruebas literales de descargo; vulneró el derecho de acceso al recurso y la tutela judicial efectiva, por excesivo rigorismo, pues no consideró que el ejercicio de la valoración para determinar la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso, debe interpretar las exigencias en el respeto del derecho de acceso al recurso y de la tutela judicial efectiva, sin limitarse a una aplicación literal de la disposición legal o aplicarla de forma excesivamente rigurosa y formalista, determinando obstáculos innecesarios carentes de justificación. A tal efecto, todo tribunal de apelación, debe analizar cuidadosamente la fundamentación que el recurrente realiza tanto en su recurso de apelación restringida como en la subsanación, si es el caso, para determinar si cumplió con las exigencias legales o puede entenderse de esas fundamentaciones la norma que considera violada o erróneamente aplicada y la aplicación que pretende…”.
En el caso concreto, el precedente hace referencia a la aplicación del principio pro actione y el pronunciamiento en alzada sobre todos los puntos apelados, evitando rigorismos al determinar la admisibilidad o inadmisibilidad respecto al recurso de apelación que las partes pudieran interponer, cuya doctrina no guarda relación con la problemática resuelta en el Auto de Vista impugnado, al ser que en el caso de autos el Tribunal de alzada no aplicó rigorismos o meros formalismos, sino ha ejercido un erróneo control de legalidad sobre los actos realizados por el Tribunal de Sentencia, respecto al Auto de 7 de junio de 2016, evitando ingresar a resolver los recursos de apelación restringida, a pesar de haberse admitido los mismos para su resolución, por lo que no es posible establecer contradicción alguna con el Auto Supremo 370/2015-RRC de 12 de junio.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO en parte el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, de fs. 2036 a 2039; y por consiguiente, con los fundamentos y alcances expuestos; en aplicación del citado art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 007/18 de 2 de abril de 2018, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, sin espera de turno, pronuncie una nueva resolución en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución y resolver en el fondo las apelaciones restringidas de los acusados.
En aplicación del art. 17-IV de la LOJ, por secretaría de la Sala comuníquese el presente Auto Supremo así como el Auto de Vista 007/2018 al Consejo de la Magistratura.

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