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Timestamp: 2014-08-01 13:51:21+00:00

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La reforma de la pensión de jubilación se inició con laLey 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, desarrollada por elReal Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, que introduce importantes modificaciones destinadas a garantizar a largo plazo la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.
En lo que respecta a la jubilación, la reforma obedece al hecho de que, como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y consiguiente envejecimiento de la población, en el futuro será necesario asumir el pago de más pensiones durante más tiempo. Ello unido al alargamiento de la formación de los jóvenes, el desempleo de los mayores en situación activa y la grave situación de crisis que atraviesa nuestro país, la hacía inevitable.
Dada la trascendencia de las modificaciones llevadas a cabo por la Ley, se estableció para la misma una amplia vacatio legis, a fin de que empresarios y trabajadores tuvieran tiempo de asimilar las importantes modificaciones que contenía. Así, inicialmente y a efectos de la pensión que nos ocupa, entraría en vigor el 1 de enero de 2013.
Un poco después, ese plazo incluso se alargó, al establecer ladisposición adicional primera del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, un aplazamiento de la entrada en vigor de la Ley 27/2011 de 3 meses, que afectaba básicamente a las jubilaciones anticipada y parcial, para las que entraría en vigor el 1 de abril de 2013.
Pero, sin previo aviso y poco antes de la fecha indicada, se publicó con carácter urgente elReal Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, que introdujo un nuevo tipo de jubilación (la denominada jubilación activa), modificó el articulado de la Ley 27/2011 en lo relativo a la jubilación anticipada a la jubilación parcial y corrigió la aplicación sine die de la normativa anterior introducida por la disposición adicional duodécima de la misma Ley. Y esta vez con aplicación inmediata, a partir del 17 de marzo de 2013.
Es decir, que las importantes modificaciones llevadas a cabo por la Ley 27/2011 y sobre las que la población había tenido tiempo de reflexionar, no han llegado a ver la luz.
A todo esto hay que añadir la recién publicada Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, que introduce un factor de sostenibilidad de la pensión de jubilación que trata de adaptar ésta a la esperanza de vida, y un índice de revalorización de las pensiones desvinculado del IPC.
A continuación señalamos las 10 claves de la trascendental reforma de la pensión de jubilación.
1.- Se modifica la edad de acceso a la jubilación
A partir del 1 de enero de 2013, se modifica la edad de jubilación ordinaria, que hasta entonces era de 65 años, de forma que con la modificación vamos a tener dos edades distintas para acceder a la prestación: la edad mínima, que se irá incrementando hasta 2027 en que será de 67 años, y la edad de 65 años, que será aplicable cuando se acrediten más años cotizados. [art. 161.1 a) LGSS]
Esa edad mínima de jubilación se aplicará de forma gradual hasta el año 2027, conforme se indica a continuación: (D.T. 20ª LGSS)
Es decir, que en 2013, la edad ordinaria de jubilación es de 65 años y un mes, pero si se tienen cotizados al menos 35 años y 3 meses, se podrá acceder a la jubilación a los 65 años. Del mismo modo, en 2027 la edad ordinaria de jubilación será de 67 años, pero si a esa fecha el trabajador tiene 38 años y 6 meses de cotización, podrá jubilarse a los 65 años.
2.- Para el cálculo de la pensión, se tienen en cuenta las bases de cotización de un periodo más amplio
A partir del 1 de enero de 2013, la base de cotización para el cálculo de la pensión pasa a tener en cuenta las bases de cotización de un periodo mayor, de forma gradual hasta 2022, en que serán las de los últimos 25 años (hasta ahora se tenían en cuenta las bases de los últimos 15 años), con lo que la pensión final estará más adaptada a la vida laboral del trabajador y no solo a su última etapa. (art. 162.1 LGSS)
Efectivamente, las bases de cotización que se tendrán en cuenta para calcular la pensión irá en aumento anualmente de forma gradual: a partir de 2013, se tendrán en cuenta las bases de cotización de los 16 años inmediatamente anteriores; a partir de 2014, las de los 17 años inmediatamente anteriores; a partir de 2015, las de los 18 años inmediatamente anteriores, y así sucesivamente, hasta llegar a aquel año, en que se tomarán en cuenta las bases de los últimos 25 años conforme se ha indicado. (D.T. 5ª LGSS)
Aunque es cierto que es un cálculo más acorde con la trayectoria laboral del trabajador, también lo es que, de hecho, va a suponer una reducción media de la base reguladora de estas pensiones de un 10%.
3.- Se modifica el tipo de cotización aplicable para calcular la pensión en beneficio de quienes han cotizado durante más tiempo
El tipo de cotización que se aplica a la base reguladora para calcular la pensión de jubilación se mantiene en el 50% para el caso de haber cotizado el periodo mínimo de 15 años.
Hasta ahí las similitudes: a partir del 1 de enero de 2013 en coordinación con el resto de la reforma, se ha establecido un sistema gradual de incremento del tipo de cotización hasta el año 2027, de la siguiente forma: (art. 163.1 y D.T. 21ª LGSS)
- Durante los años 2013 a 2019, por cada mes adicional cotizado entre los meses 1 y 163, se añade el 0,21% y por los 83 meses siguientes, el 0,19%.
- Durante los años 2020 a 2022, por cada mes adicional cotizado entre los meses 1 y 106, se añade el 0,21% y por los 146 meses siguientes, el 0,19%.
- Durante los años 2023 a 2026, por cada mes adicional cotizado entre los meses 1 y 49, se añade el 0,21% y por los 209 meses siguientes, el 0,19%.
- A partir del año 2027, por cada mes adicional cotizado entre los meses 1 y 248, se añade el 0,19% y por los 16 meses siguientes, el 0,18%.
La normativa anterior a la reforma añadía al 50% inicial del año 15º cotizado un 3% por cada año adicional de cotización entre el año 16º y el año 25º cotizados, y un 2% a partir del año 26º cotizado. Con el mismo tope máximo del 100%, claro está.
Con esta modificación sustancial, la unidad temporal de medida para aplicar el incremento se traslada del año al mes, lo que da como resultado que los primeros años cotizados de más respecto al año 15º influyen para reducir ese porcentaje respecto a la normativa anterior, pero los años cotizados aproximadamente a partir del año 25º y medio influyen para incrementarlo, beneficiándose así a los trabajadores que han cotizado durante más tiempo.
Veámoslo con un ejemplo: en 2013, un año más cotizado a partir del 15º año y hasta el año 25º y medio cotizado equivale a un incremento del 2,52% anual de la pensión (0,21% x 12 meses), inferior al 3% de la normativa anterior. Pero a partir del año 25º y medio, ese incremento será del 2,28% anual (0,19% x 12), superior al 2% de la normativa anterior.
Lo mismo ocurre con el caso particular en que se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a la ordinaria en cada momento, en que, con la nueva normativa, el porcentaje adicional por cada año cotizado a partir del año 15º será, hasta los 25 años cotizados, del 2% anual; entre el año 25º y el año 37º cotizado, el 2,75% anual y por cada año a partir de 37 años cotizados, del 4% anual. Mientras que hasta el año 2013, el porcentaje adicional era un fijo del 2% por cada año transcurrido entre la fecha en que se cumplió la edad ordinaria de jubilación y aquella en que se causó la pensión, que sólo se convertía en el 3% anual cuando se hubiera cotizado al menos durante 40 años. (art. 163.2 LGSS)
4.- Se mantiene el periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión de jubilación
El periodo mínimo de cotización para acceder a la prestación se mantiene en 15 años, si bien este dato se ve afectado por las claves anteriores, como se ha expuesto.
5.- En algunos casos, se mantiene hasta 2019 la normativa anterior sobre la pensión de jubilación
Elapartado 2 de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, inicialmente mantuvo la aplicación de la normativa reguladora de la pensión de jubilación vigente antes del 1 de enero de 2013, a todas aquellas personas cuya relación laboral estaba extinguida en general, o suspendida o extinguida como consecuencia de expedientes de regulación de empleo, convenios colectivos, acuerdos de empresa o procedimientos concursales (se extinga su relación antes o después del 1-1-2013), o que estaban en situación de jubilación parcial o incorporados a planes de jubilación parcial (accedan a la misma antes o después del 1-1-2013).
Es decir, que la normativa anterior se mantenía en muchos casos sine die, lo cual desvirtuaba la reforma.
En consecuencia, esta fue una de las normas modificadas por el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, que mantuvo la aplicación de la normativa anterior al 1 de enero de 2013 únicamente a las pensiones de jubilación causadas antes del 1 de enero de 2019 a los siguientes sujetos: personas cuya relación laboral estaba extinguida y que no vuelven a estar incluidos en la Seguridad Social, o suspendida o extinguida antes del 1 de enero de 2019 como consecuencia de expedientes de regulación de empleo, convenios colectivos, acuerdos de empresa o procedimientos concursales, o que estaban en situación de jubilación parcial o incorporados a planes de jubilación parcial (accedan a la misma antes o después del 1-1-2013).
El último supuesto es el que se ha mantenido en su versión original, como una forma de protección de los jubilados parciales o en vías de serlo al introducirse la reforma de la prestación.
6.- Se endurecen las condiciones de la jubilación parcial
Al igual que antes de la reforma, hay dos formas de acceder a la jubilación parcial: una vez cumplida la edad ordinaria de jubilación, celebrando o no simultáneamente un contrato de relevo, y antes de cumplir tal edad, en cuyo caso se deberá celebrar dicho contrato. Lo que se han “tocado” son las condiciones para acceder a ambas, conforme se indica a continuación, a fin de limitar esta modalidad de jubilación.
Así, en el primer caso la edad ordinaria de jubilación parcial, que hasta 2013 era de 65 años, ha pasado a ser la establecida para la edad ordinaria en cada caso, dependiendo del número de años cotizados, conforme a la tabla progresiva indicada arriba para la jubilación ordinaria.
Del mismo modo, actualmente la jornada podrá reducirse entre un 25% y un 50%, siendo así que antes del 2013 esos porcentajes eran de 25% y 75%. (art. 166.1 LGSS)
Pero, si se opta por esta jubilación parcial con una edad inferior a la ordinaria celebrando simultáneamente un contrato de relevo, también se han endurecido los requisitos, de la siguiente forma: (art. 166.2 LGSS)
- La edad para acceder a esta jubilación, que era única de 61 años, ahora se aplica de forma progresiva, conforme a la siguiente escala:
Se mantiene una excepción, que ya existía, para quienes tuvieran la condición de mutualistas el 1-1-1967, a los que se exige haber cumplido la edad de 60 años.
- La antigüedad mínima en la empresa se mantiene en 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial.
- La reducción de la jornada de trabajo, que era de entre un 25% y un 75% (85% si el contrato de relevo era indefinido y a jornada completa) ha pasado a ser de entre un 25% y un 50% (75% si el contrato de relevo era indefinido y a jornada completa).
- El período mínimo de cotización exigido, que era de 30 años, ha pasado a ser de 33 años y de 25 años en el caso de discapacitados.
- Ahora debe existir la siguiente correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, en todo caso: la base de cotización del trabajador relevista no podrá ser inferior al 65% del promedio de bases de cotización de los seis últimos meses del jubilado parcial.Hasta la reforma, esta correspondencia sólo se exigía en caso de que el puesto de trabajo del jubilado parcial no fuera el mismo o similar al del trabajador relevista. Y el 65% lo era sobre la última base por la que cotizaba el jubilado parcial.
- La duración mínima del contrato de relevo, que era el tiempo que le faltaba al jubilado parcial para cumplir 65 años, ahora será el que le falta para cumplir la edad ordinaria de jubilación vigente en cada momento.Y se añade una novedad, ya que en caso de que el contrato de relevo sea indefinido y a jornada completa, será obligatorio mantenerlo por esa duración inicial más dos años, quedando obligado el empresario a celebrar un nuevo contrato por el tiempo restante en caso de extinguirse antes so pena de reintegrar la pensión del jubilado parcial en caso contrario.
- Se añade un requisito más que contribuye a hacer esta modalidad de jubilación menos atractiva: empresa y jubilado parcial deben cotizar por la base de cotización que hubiese correspondido de seguir trabajando éste a jornada completa. (D.T. 22ª LGSS)
Ahora bien, dada su trascendencia económica para situaciones de jubilación parcial ya existentes, se establece una aplicación gradual de este requisito, de la siguiente forma: en 2013, se cotiza por el 50% de la base de cotización a jornada completa y, por cada año que transcurra a partir de 2014 la cotización se incrementa en un 5% más hasta alcanzar el 100% de dicha base.
En todo caso, el porcentaje nunca puede ser inferior al de la actividad laboral que se realiza.
Con la nueva normativa, esta segunda modalidad de jubilación parcial se ha ampliado a los socios de cooperativas asimilados a los trabajadores por cuenta ajena. (D.A. 64ª LGSS)
7.- Se modifica de forma importante la jubilación anticipada
La normativa introducida por la Ley 27/2011 y modificada por el Real Decreto-ley 5/2013 incluye varios supuestos en que se puede anticipar la edad de jubilación respecto a la edad ordinaria aplicable en cada momento. Algunos de ellos provienen de la normativa anterior o subsisten únicamente para aquellos casos derivados de situaciones anteriores a esa fecha. (art. 161 bis LGSS)
El panorama, pues, de la jubilación anticipada, queda como sigue:
- Jubilación anticipada, a la edad estipulada en cada caso por Real Decreto, de trabajadores de grupos o actividades de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre que tengan elevados índices de morbilidad o mortalidad (personal de vuelo, mineros, bomberos, etc.).
- Jubilación anticipada de personas con discapacidad en un grado mínimo del 65%, o del 45% si hay evidencias de una reducción apreciable en su esperanza de vida, que podrán jubilarse a los 56 años.
- Jubilación anticipada de quienes tenían la condición de mutualistas el 1-1-1967, que podrán jubilarse a partir de los 60 años, si bien la cuantía de su pensión se reducirá en un 8% o, en caso de haberse extinguido su contrato por causa a ellos no imputable, porcentaje inferior y variable por cada año o fracción que le falte hasta cumplir 65 años. (D.T. 3ª.1.2ª LGSS)Es el único caso en que se mantiene la referencia a la edad de 65 años.
- Jubilación anticipada de trabajadores inscritos como desempleados que tengan cumplidos 61 años, que hayan cotizado al menos 30 años y que cesaron en el trabajo por causas ajenas a su voluntad.Esta anticipación en la edad supone una reducción en la pensión por cada año o fracción que le faltaba hasta los 65 años, variable según los años cotizados.
La opción sólo subsiste para aquellas pensiones que se causen antes del 1-1-2019 pero cuyo hecho extintivo provenga de situaciones anteriores al 1-1-2013. (D.F. 12ª.2 L 27/2011)
- Jubilación anticipada de trabajadores de empresas que, en virtud de convenio colectivo o pacto, puedan jubilarse a los 64 años y ser sustituidos por otros trabajadoresAl igual que el supuesto anterior, esta opción sólo subsiste para aquellas pensiones que se causen antes del 1-1-2019 pero cuyo hecho extintivo provenga de situaciones anteriores al 1-1-2013. (D.F. 12ª.2 L 27/2011)
- Jubilación anticipada derivada de cese no voluntario en el trabajo, de trabajadores que tengan una edad inferior en cuatro años, como máximo, a la edad ordinaria de jubilación y hayan cotizado al menos 33 años. Además, deben haber estado inscritos como demandantes de empleo durante al menos 6 meses.El cese debe haberse producido a consecuencia de una reestructuración empresarial, por las siguientes causas: despido colectivo u objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción; extinción por resolución judicial en concurso; muerte, jubilación o incapacidad, o extinción de personalidad jurídica del empresario; fuerza mayor.
La pensión sufrirá una reducción en el siguiente porcentaje por cada trimestre o fracción que le falte para cumplir la edad ordinaria de jubilación:
• Si ha cotizado menos de 38 años y 6 meses: 1,875%
• Si ha cotizado entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses: 1,750%
• Si ha cotizado entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses: 1,625%
• Si ha cotizado 44 años y 6 meses o más: 1,500%
- Jubilación anticipada por voluntad del trabajador, de trabajadores que tengan una edad inferior en dos años, como máximo, a la edad ordinaria de jubilación y hayan cotizado al menos 35 años. Además, la pensión a percibir debe ser superior a la pensión mínima que correspondería al interesado al cumplir 65 años.
• Si ha cotizado menos de 38 años y 6 meses: 2%
• Si ha cotizado entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses: 1,875%
• Si ha cotizado entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses: 1,750%
• Si ha cotizado 44 años y 6 meses o más: 1,625%
8.- Se crea una nueva forma de jubilación: la jubilación activa
Esta nueva forma de jubilación ha sido introducida por el Real Decreto-ley 5/2013 y permite compatibilizar la jubilación con el trabajo por cuenta ajena y propia, a tiempo completo o parcial, en todos los regímenes de Seguridad Social salvo el de clases pasivas. (arts. 1 a 4 y D.A. 1ª RDLey 5/2013)
Para acceder a esta jubilación, cuya cuantía es del 50% de la pensión de jubilación, se requiere:
- Por parte del trabajador: tener la edad de jubilación ordinaria vigente en cada momento y un porcentaje de pensión del 100%, es decir, derecho a la cuantía máxima de la pensión.
- Por parte de la empresa: no haber adoptado decisiones extintivas improcedentes en los 6 meses anteriores y mantener el nivel de empleo medio de los últimos 90 días durante toda la vigencia de su contrato.
Se exceptúan las que deriven de causas objetivas o despido procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio.
Durante la realización del trabajo compatible con la pensión de jubilación, empresarios y trabajadores únicamente cotizan por los siguientes conceptos:
- Cotización especial de solidaridad del 8%, que no computa para las prestaciones y que en los regímenes por cuenta ajena se reparte entre empresario (6%) y trabajador (2%).
Un dato importante: esta nueva modalidad de jubilación convive con lo establecido en elart. 165.4 LGSS, que establece la compatibilidad de la pensión de jubilación con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el SMI anual, que no cotizan.
9.- Las pensiones de jubilación se verán afectadas a partir de 2019 por un factor de sostenibilidad
A todo lo expuesto hay que añadir la recién publicada Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, que introduce un factor de sostenibilidad de la pensión de jubilación que se aplicará a partir del 1 de enero de 2019, a fin de adaptar ésta a la esperanza de vida, y un índice de revalorización de las pensiones desvinculado del IPC.
Con el Factor de Sostenibilidad se trata de vincular de forma automática el importe de las pensiones de jubilación de la Seguridad Social a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas, mediante la aplicación de una fórmula que tenga en cuenta el estado de la economía en cada momento y que ajuste la pensión inicial de jubilación, de forma que el importe total de pensión que percibirá a lo largo de su vida un pensionista que acceda a la misma dentro de un cierto número de años y que previsiblemente tendrá mayor esperanza de vida, sea equivalente al que perciba el que se jubile en un momento anterior.
El fin, una vez más, es mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas, garantizando a las generaciones presentes y futuras la percepción de pensiones adecuadas y suficientes. Es decir, la sostenibilidad del sistema.
¿Cómo se aplicará a cada interesado?
Inicialmente y por una sola vez, para determinar el importe inicial de las nuevas pensiones de jubilación que se causen.
Para su cálculo se tienen en cuenta dos factores: las tablas de mortalidad de la población pensionista de jubilación y la edad de 67 años, a partir de los cuales se ha elaborado una fórmula compleja de cálculo, consistente en que el Factor de Sostenibilidad en el año en cuestión a partir de 2019, será igual al mismo factor del año anterior multiplicado por el Valor Interanual, en un periodo de 15 años, de la esperanza de vida a los 67 años. Dicho Valor se calculará cada cinco años.
Por ejemplo, en los dos primeros quinquenios a partir de 2019, el cálculo será la siguiente relación, teniendo en cuenta los cuatro primeros decimales:
- Desde 2019 a 2023: Esperanza de vida a los 67 años en 2012Esperanza de vida a los 67 años en 2017
- Desde 2024 a 2028: Esperanza de vida a los 67 años en 2017
Esperanza de vida a los 67 años en 2022
Eso sí, se respetarán los complementos por mínimos y la norma deberá aplicarse con absoluta transparencia, a cuyo fin se publicará el seguimiento sistemático de la esperanza de vida y, anualmente, el valor de las variables que intervienen en su cálculo.
10.- Además del anterior, las pensiones de jubilación se verán afectadas por un índice de revalorización de las pensiones, desvinculado del IPC
Con efectos a partir de enero de 2014, la Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social modifica la revalorización de todas las prestaciones de Seguridad Social a fin de adaptarla a la esperanza de vida y la evolución de la economía, de forma que quedarán desvinculadas del IPC.
Es lo que se ha denominado desindexación de las pensiones que, está vez sí, afecta a todas (incluida la de jubilación).
Y esta trascendente modificación se articula mediante la modificación de un artículo, el 48, de la Ley General de la Seguridad Social.
El nuevo Índice de Revalorización tiene en cuenta la variación anual de diversos factores, distintos a los que toma en consideración el IPC, como son los ingresos, los gastos, el número de pensiones y la pensión media de la Seguridad Social, y se establecerá cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La explicación de su fórmula matemática es la siguiente:
1º A la media móvil aritmética de once valores de la tasas de variación (en tanto por uno) de los ingresos de la Seguridad Social, se le descuenta la media móvil aritmética de once valores de la tasas de variación (en tanto por uno) del número de pensiones contributivas de la seguridad Social y la de once valores del efecto sustitución (en tanto por uno), que es la variación interanual de la pensión media del sistema en un año en ausencia de revalorización en dicho año.
2º A esa cantidad se suma la cantidad que resulte de multiplicar un parámetro denominado α (que es una cantidad situada entre 0,25 y 0,33), por la cifra que resulte de dividir la media móvil geométrica de once valores de los ingresos de la Seguridad Social menos la media móvil geométrica de once valores de los gastos de la Seguridad Social, entre éstos últimos.
El valor de ese parámetro, que durante el primer quinquenio será 0,25, se revisará cada cinco años.
El resultado final tiene un límite inferior (0,25%) y superior (IPC+0,50%).
En esos ingresos y gastos de la Seguridad Social que influyen en el cálculo no se tienen en cuenta:
- Los de INGESA e IMSERSO.
- Las cotizaciones sociales y prestaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos.
- Las transferencias que financien las prestaciones no contributivas (excepto los complementos a mínimos), y esas mismas prestaciones.
• La reforma modifica íntegramente el régimen jurídico de la prestación a fin de sostener el sistema, de forma acorde con los países de nuestro entorno
Como hemos visto, la reforma modifica de forma trascendente la jubilación en todos sus aspectos, principalmente edad y tiempo de cotización.
Pero, ¿cómo es la situación de nuestro entorno? En la UE, la edad de jubilación oscila entre los 61 y los 68 años, aunque la mayoría de los países establecen una franja de 63 a 67 años. En cuanto a los años cotizados exigidos para acceder a la pensión, la mayoría de los países de la Unión los fijan por encima de los 37 años.
• El Gobierno elaborará un informe quinquenal y se tendrá en cuenta la opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
El Gobierno deberá elaborar quinquenalmente un estudio que presentará en el Congreso de los Diputados y a las organizaciones sindicales y empresariales, sobre los efectos de la norma en la suficiencia y adecuación de las pensiones.
Por otro lado, se tendrá en cuenta la opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal respecto de los valores calculados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para determinar el Índice de Revalorización de las Pensiones aplicable en cada ejercicio y del Factor de Sostenibilidad.
• Se ha añadido una forma de jubilación: la jubilación activa
La reforma ha introducido esta nueva modalidad de compatibilidad de jubilación y trabajo, al igual que existe en la mayoría de los países de la Unión Europea, si bien con muy distintas condiciones en cada uno de ellos.
• Se endurecen de forma importante las condiciones de la jubilación parcial
Esta jubilación queda como privilegiada, y de hecho solamente siete países de la Unión Europea permiten este tipo de jubilación, que son Suecia, Francia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Bélgica y España, aunque Bélgica aún no la ha desarrollado.
La reforma no la ha eliminado, pero sí ha endurecido las condiciones de acceso a la misma de forma importante. La principal es que empresa y jubilado parcial deberán cotizar por la base de cotización que hubiese correspondido de seguir trabajando éste a jornada completa, lo que supone una cotización superior a la del tipo por el que se trabaja.
En definitiva, una opción que ha dejado de ser apetecible.
• La nueva normativa protege a los mutualistas al 1-1-1967
La normativa mantiene las condiciones de edad de 65 años para acceder a la jubilación parcial y de 60 años para acceder a la jubilación anticipada, de quienes eran mutualistas al 1-1-1967.
• Se endurecen las condiciones de la jubilación anticipada
Hay que tener en cuenta que la jubilación anticipada no existe en cuatro países de la Unión Europea (Suecia, Reino Unido, Irlanda e Italia) y normalmente se permite para carreras de cotización muy largas, como ocurre en Francia. En los países en los que existe, la edad se suele establecer entre 61 y 63 años.
• Hay prestaciones muy caras que no se han modificado
Es el caso de las incapacidades permanentes e invalidez, que prácticamente no han sufrido modificaciones a la baja.
Y, no olvidemos que estas pensiones se transforman en jubilaciones cuando el beneficiario llega a la edad de jubilación ordinaria, incrementando así el coste medio de éstas y, por tanto, desvirtuando al alza el dato de su cuantía global.
Fuente: Cissonline
Share	dic 27th, 2013
¿Cómo me afectará el cambio de las pensiones?
Liga la pensión inicial de los nuevos jubilados a la esperanza de vida. Por definición, no se aplica a los actuales pensionistas sino solo a los futuros. Aunque cada año se tendrán que reajustar esos factores en función de las nuevas previsiones de esperanza de vida, los expertos incluyen en un anexo del informe un ejemplo de su aplicación que muestra a las claras cómo se traduce en una rebaja de la pensión inicial.
En paralelo a la aplicación del FEI, se irá produciendo retraso en la edad de jubilación legal (salvo para aquellos jubilados con carreras más largas de cotización) por la aplicación progresiva de la anterior reforma de las pensiones.
En todo caso, los expertos insisten en que aunque el factor de sostenibilidad impone una serie de restricciones que han de cumplirse anualmente para asegurar el equilibrio presupuestario y ellos proponen los “parámetros más lógicos” para esas fórmulas, eso “no sustituye a la soberanía popular, y ni siquiera la erosiona o matiza”.
Share	jun 13th, 2013
El Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, recoge medidas en el ámbito de la jubilación anticipada, la jubilación parcial, la compatibilidad entre vida activa y pensión, la lucha contra el fraude y las políticas de empleo, con la finalidad de favorecer la sostenibilidad del sistema de pensiones y el impulso del envejecimiento activo.
El objetivo de la norma es el incremento de la edad de jubilación, la prolongación de la vida activa y el incremento de la participación en el mercado de trabajo de los trabajadores de más edad son elementos básicos para la adecuación y sostenibilidad de las pensiones.
Para ello, es recomendable vincular la edad de jubilación a los aumentos de la esperanza de vida, racionalizar el acceso a los planes de jubilación anticipada y a otras vías de salida temprana del mercado laboral y favorecer la prolongación de la vida laboral, facilitando el acceso al aprendizaje a lo largo de la vida, desarrollando oportunidades de empleo para los trabajadores de más edad y fomentando el envejecimiento activo. Las medidas principales adoptada para la consecución de dichos fines son:
compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia o ajena y será aplicable a todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social, excepto al Régimen de clases pasivas del Estado, que se regirá por lo dispuesto en su normativa específica. Se permite que aquellos trabajadores que han accedido a la jubilación al alcanzar la edad legal, y que cuentan con largas carreras de cotización, puedan compatibilizar el empleo a tiempo completo o parcial con el cobro del 50 % de la pensión, con unas obligaciones de cotización social limitadas. Con ello se pretende favorecer el alargamiento de la vida activa, reforzar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y aprovechar los conocimientos y experiencia de estos trabajadores. Se indican los requisitos en los que será compatible el disfrute de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista, así como la cuantía de la pensión de jubilación y su cotización.
modificaciones introducidas en la regulación de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial y en la relativa a la determinación del importe máximo de la pensión de jubilación cuando hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante. La edad de acceso debe tener en cuenta la variación de la esperanza de vida tanto cuando el acceso se produce a la edad legalmente establecida, como en los supuestos en que el acceso es posible a una edad inferior.
modifica la regulación del contrato a tiempo parcial y del contrato de relevo, incorporando las modificaciones que se han llevado a cabo respecto a la jubilación parcial.
se incluyen las medidas para evitar la discriminación de los trabajadores de más edad en los despidos colectivos. Para ello regula las aportaciones económicas por despidos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años en empresas con beneficios. La principal novedad es exigir la aportación económica exclusivamente a las empresas que utilicen la edad como criterio preferente de selección de los trabajadores objeto de despido. Para que nazca la obligación deberá concurrir un nuevo requisito consistente en que el porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años sobre el total de despidos sea superior al porcentaje que los trabajadores de esa edad representan sobre el total de la plantilla de la empresa. E introduce una modificación relativa al requisito de obtención de beneficios, incluyendo, además que las empresas que hayan obtenido beneficios en los dos ejercicios anteriores al despido colectivo, aquéllas que obtengan beneficios en al menos dos ejercicios económicos consecutivos dentro del periodo comprendido entre el ejercicio económico anterior al despido colectivo y los cuatro ejercicios económicos posteriores a dicha fecha.
introduce una serie de cautelas para evitar que la modalidad de compatibilidad entre la pensión de jubilación y trabajo pueda ser indebidamente utilizada por las empresas como una vía de reducción de costes a través del empleo de esta figura en fraude de ley
establece que los trabajadores mayores de 55 años que hayan agotado la prestación o subsidio por desempleo, o que no tengan derecho a los mismos, tendrán la consideración de colectivo prioritario para la aplicación de políticas activas de empleo.
Fuente Cissactualidad.es
Share	mar 25th, 2013
Coincidiendo con la entrada en vigor de buena parte de las reformas introducidas en la Ley de la Seguridad Social de 1994 por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, se ha publicado el Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, que tiene por objeto desarrollar las disposiciones establecidas en materia de prestaciones por aquella norma.
El Real Decreto desarrolla en sus tres capítulos:
• la regulación relativa a la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva
• los beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos
• los complementos para pensiones inferiores a la mínima
Sobre la pensión de jubilación:
La nueva regulación fija la edad ordinaria de jubilación en términos de años y meses durante un período transitorio que se extiende hasta el año 2027, y hace depender la edad ordinaria de jubilación del período de cotización acreditado expresándolo en años y meses, por lo que el Real Decreto establece una fórmula objetiva y única que convierte la unidad de tiempo «día» en unidad de tiempo «mes», con el fin de garantizar el principio de igualdad de trato entre todos los ciudadanos que solicitan una pensión.
La norma establece que a efectos de la determinación de la edad de acceso a la pensión de jubilación, el cómputo de los meses se realizará de fecha a fecha a partir de la correspondiente al nacimiento.
Los periodos de cotización vendrán reflejados en días y, una vez acumulados todos los días computables, sin que se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias, serán objeto de transformación a años y meses:
• el año, con un valor fijo de 365 días
• el mes, de 30,41666 días
Además de los días efectivamente cotizados, se tendrán en cuenta:
• los que se consideren efectivamente cotizados como consecuencia de los periodos de excedencia, de acuerdo con el artículo 46.3 ET
• los que se computen como periodo cotizado en concepto de beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos
• los periodos de cotización asimilados por parto que se computen a favor de la trabajadora solicitante de la pensión
En relación con la base reguladora de la pensión de quienes hayan cesado en el trabajo por causa no imputable a su libre voluntad y, a partir del cumplimiento de los 55 años de edad y al menos durante 24 meses, hayan experimentado una reducción de las bases de cotización respecto de la acreditada con anterioridad a la extinción de la relación laboral, para la determinación de la base reguladora de su pensión de jubilación la norma establece que el cese en el trabajo, que puede producirse antes o después de cumplir los 55 años de edad, se entenderá referido a la relación laboral más extensa de su carrera de cotización extinguida después de cumplir los 50 años de edad. Además:
• Los 24 meses, no necesariamente consecutivos, con bases de cotización inferiores a la acreditada en el mes inmediatamente anterior al de la extinción de la relación laboral, han de estar comprendidos entre el cumplimiento de la edad de 55 años, o la de extinción de la relación laboral, si esta es posterior, y el mes anterior al mes previo al del hecho causante de la pensión de jubilación
• En el caso de trabajadores autónomos, con respecto a los cuales haya transcurrido un año desde la fecha en que se haya agotado la prestación por cese de actividad, la aplicación de lo establecido en los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria quinta de la LGSS queda condicionada a que dicho cese, producido a partir del cumplimiento de los 55 años de edad, lo haya sido respecto de la última actividad realizada previa al hecho causante de la pensión de jubilación
Respecto a la cuantía de la pensión y al objeto de aplicar los porcentajes correspondientes para determinarla en función de los periodos de cotización acreditados, una vez acumulados todos los días computables serán igualmente objeto de transformación a años y meses.
A los efectos de la aplicación de los coeficientes reductores de la pensión por jubilación anticipada, el cómputo de los trimestres que en el momento del hecho causante le falten al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación, que en cada caso resulte de aplicación, se realizará de fecha a fecha, contados hacia atrás desde la fecha en que se cumpliría, por el solicitante de la pensión, la edad legal de jubilación. Para determinar esta edad legal de jubilación se considerarán cotizados los años que le resten al interesado desde la fecha del hecho causante hasta el cumplimiento de la edad que corresponda, y cuando en la fecha del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se considerará que el cumplimiento de la edad tiene lugar el último día del mes.
Sobre los beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos:
El RD 1716/2012 desarrolla asimismo dos medidas tendentes a ampliar los beneficios por cuidado de hijos o menores que estableció la Ley 27/2011, de 1 de agosto:
• la protección en las situaciones de interrupción de la cotización en los supuestos de nacimiento o adopción de hijos o acogimiento de menores
• la ampliación de los periodos considerados como cotizados en los casos de excedencia por cuidado de hijos o menores acogidos
A tal efecto, de conformidad con la disposición adicional 60ª de la LGSS, se reconocen como periodos cotizados los siguientes días, como consecuencia de la interrupción de la cotización derivada de la extinción de la relación laboral o de la finalización del cobro de prestaciones o subsidios por desempleo con obligación de cotizar, producidas entre los nueve meses anteriores al nacimiento, o los tres meses anteriores a la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a la decisión administrativa o judicial de acogimiento preadoptivo o permanente, y la finalización del sexto año posterior a esta situación:
Año Días computables
2019 y siguientes años 270
En todo caso el periodo computable no podrá ser mayor que la interrupción real de la cotización, por lo que no podrán computarse más días que los que hubieran correspondido de haber seguido en activo el trabajador o trabajadora.
En caso de parto, adopción o acogimiento múltiple, se reconocerá independientemente por cada hijo o menor acogido el número de días señalados, y cada hijo nacido o adoptado, o menor acogido, dará lugar al cómputo de un nuevo periodo cotizado.
Los periodos computables en concepto de beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos se aplicarán:
• a todas las prestaciones, excepto a las prestaciones y subsidios por desempleo
• a todos los efectos, salvo para el cumplimiento del periodo mínimo de cotización exigido
Dichos periodos tampoco tendrán la consideración de asimilación al alta, a los efectos de poder causar otras prestaciones de la Seguridad Social. Como excepción a los días computables señalados, a los exclusivos efectos de determinar la edad de acceso a la jubilación, a partir del 1 de enero de 2013 la duración del cómputo como periodo cotizado será de un máximo de 270 días cotizados por cada hijo o menor acogido.
Puede ser reconocido beneficiario de esta prestación cualquiera de los progenitores, adoptantes o acogedores por cada hijo nacido o adoptado o menor acogido. Si concurriesen en ambos las circunstancias necesarias para ser acreedores de este beneficio, sólo podrá ser reconocido a favor de uno de ellos, determinado de común acuerdo, y en su defecto a favor de la madre.
La norma dispone asimismo que estos periodos computables por cuidado de hijos o menores acogidos son compatibles y acumulables con los periodos de cotización asimilados por parto, establecidos en la disposición adicional 44ª LGSS y con los periodos de cotización efectiva derivados de las situaciones de excedencia por razón del cuidado de hijos o de menores acogidos a que se refiere el artículo 180.1 LGSS.
Por último, el Real Decreto dispone que cuando el periodo computable como cotizado en concepto de beneficio por cuidado de hijos o menores acogidos esté comprendido dentro del periodo de cálculo para la determinación de la base reguladora de las prestaciones, la base de cotización estará constituida por el promedio de las bases de cotización del beneficiario correspondientes a los seis meses inmediatamente anteriores al inicio de la interrupción de la cotización o, en su caso, cuando existan intermitencias en la cotización, las correspondientes a los seis meses cotizados inmediatamente anteriores a cada periodo que se compute.
Sobre los complementos para pensiones inferiores a la mínima:
La Ley 27/2011, de 1 de agosto, señala también que el derecho a percibir los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, cuyo hecho causante se produzca a partir del 1 de enero de 2013, está sujeto al requisito de residencia en territorio español, en los términos que legal o reglamentariamente se determinen. En cumplimiento de esta medida, el real decreto entiende que, por equiparación con las prestaciones familiares económicas, de modalidad no contributiva, el beneficiario de la pensión tiene su residencia habitual en territorio español cuando las estancias en el extranjero son iguales o inferiores a 90 días a lo largo de cada año natural o estén motivadas por causas de enfermedad.
Vigencia y régimen transitorio:
El RD 1716/2012 entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, si bien sus efectos se iniciarán el 1 de enero de 2013, salvo en lo que se refiere a lo establecido en el artículo 4 (la aportación de documentación a los efectos previstos en la disposición final 12ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto) y en la disposición transitoria segunda (jubilaciones ordinarias procedentes de jubilaciones parciales), que tendrá efectos en la fecha de entrada en vigor de este real decreto.
Respecto al régimen transitorio, la norma establece que las disposiciones reglamentarias vigentes en materia de jubilación antes del 1 de enero de 2013 serán de aplicación en los supuestos a que hace referencia el apartado 2 de la disposición final 12ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, es decir: las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de la publicación de dicha ley; aquéllas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito y/o acuerdos colectivos de empresa, así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados o suscritos con anterioridad a la fecha de publicación de la Ley 27/2011, con independencia de que la extinción de la relación laboral se haya producido con anterioridad o posterioridad al 1 de enero de 2013, y quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a la fecha de publicación de la mencionada ley, así como las personas incorporadas antes de la fecha de publicación de esta Ley a planes de jubilación parcial, recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresas, con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad al 1 de enero de 2013.
Asimismo, las disposiciones reglamentarias vigentes en materia de jubilación antes del 1 de enero de 2013 serán de aplicación en todo lo que no se opongan a lo establecido en el RD 1716/2012 para el reconocimiento de las pensiones de jubilación que se causen a partir del 1 de enero de 2013 por los trabajadores no incluidos en dicho apartado 2 de la disposición final 12ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Respecto a las jubilaciones ordinarias procedentes de jubilaciones parciales, la norma dispone que será de aplicación la regulación de la pensión de jubilación vigente antes de la entrada en vigor de la referida Ley 27/2011 a quienes soliciten una jubilación ordinaria, aunque esta sea causada con posterioridad al 1 de enero de 2013, y proceda de una jubilación parcial a la que hayan accedido con anterioridad al 2 de agosto de 2011, así como a las personas incorporadas antes de esta fecha a planes de jubilación parcial, recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresas, con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o con posterioridad al 1 de enero de 2013.
Para los trabajadores que tuvieran la condición de mutualistas el 1 de enero de 1967 o fecha equivalente, la norma establece que cuando accedan a la pensión de jubilación con una edad superior a la de 65 años, la cuantía de aquella se les reconocerá en los términos establecidos en el artículo 163.2 de la LGSS y que, a tal efecto, se reconocerá al interesado un porcentaje adicional por cada año completo cotizado entre la fecha en que cumpla la edad que resulte de aplicación en cada caso, según lo establecido en el artículo 161.1.a) de dicha ley, y la del hecho causante de la pensión.
Finalmente el Real Decreto1716/2012 deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la misma, y de manera específica, a partir de 1 de enero de 2013, las disposiciones reglamentarias que afecten a los contenidos de jubilación y estuvieran en vigor el 31 de diciembre de 2012, en todo lo que se opongan a lo establecido en este real decreto, exclusivamente para el reconocimiento de las pensiones de jubilación causadas a partir del 1 de enero de 2013 por los trabajadores no incluidos en el apartado 2 de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Fuente: Cissonline.es
Share	ene 10th, 2013
El IEE pide recortar salarios o personal público y urge a reformar pensiones y subsidio de desempleo
El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), José Luis Feito, ha subrayado que un ajuste fiscal centrado “en exceso” en los ingresos públicos “está condenado al fracaso”, por lo que ha abogado por “reconducirlo” a través de recortes del gasto, sobre todo de personal público, ya sea vía reducción de salarios o de número de funcionarios.
Además, ha calificado las reformas implementadas por el Gobierno de “insuficientes, incompletas y tardías” y ha defendido la necesidad de profundizar en la reforma laboral y de acometer otras como las relativas a las pensiones y a la estructura del subsidio de desempleo, para hacer frente a los “monstruosos” desequilibrios del país.
Feito se ha pronunciado de este modo durante la presentación del informe del IEE ‘Hacia el punto de inflexión’, donde ha apostado por “terminar los ajustes” para alcanzar el punto al que hace referencia el estudio y que, en su opinión, se logrará cuando se supere la “desconfianza creciente y brutal” sobre España.
Entre otros cambios, ha señalado la conveniencia de modificar la composición del peso impositivo, al considerar que los impuestos sobre la renta y el ahorro son “muy elevados” y las cargas sociales “ominosas”, frente al “bajo” porcentaje de impuestos indirectos (hidrocarburos, bebidas alcohólicas e IVA).
El presidente del IEE reconoció que los incrementos del IVA desincentivan el consumo e incitan al fraude, por lo que apuntó a la posibilidad de espaciar una eventual subida en dos años, para compensar la penalización sobre el consumo.
Por otro lado, anticipó reformas en materia de infraestructuras y, en cuanto al subsidio del paro, indicó que “la proporción que representa el subsidio del salario percibido antes del desempleo y los primeros 18 meses de paro en España es casi el doble que en cualquier otro país”.
“ELEVADA” DURACIÓN DEL DESEMPLEO.
También dijo que los incentivos para que el desempleado busque trabajo son “más débiles” y la condicionalidad del seguro es “más laxa” que en otros países. “Estas diferencias explican una parte de este paro preferencial y que la duración del paro en España sea tan elevada, casi el doble que la media europea”, señaló Feito.
En relación al rescate bancario, consideró que está generando “dudas y preocupación” porque se desconocen las condiciones de la ayuda, pero se mostró convencido de que finalmente “se verá” que la situación del sistema bancario “es mucho menos mala de lo que se piensa”.
Por su parte, el director general del IEE, Joaquín Trigo, abundó en la necesidad de acelerar las reformas pendientes y defendió que “la austeridad pasa por cambios institucionales” como la fusión de determinados ayuntamientos, al tiempo que abogó por implantar un mecanismo para compensar las deudas que tiene el sector público con proveedores con los saldos que éstos tienen pendientes con las administraciones públicas.
Share	jun 27th, 2012
La reforma de la Seguridad Social entrará en vigor el 1 de enero de 2013
Transcurridos casi dos meses desde la anunciada reforma de las pensiones públicas, el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley sobre Adecuación, Adaptación y Modernización del Sistema de Seguridad Social. El Proyecto recoge las recomendaciones del Pacto de Toledo y el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales el pasado 2 de febrero.
Según la nota del Gobierno, el Proyecto, de carácter integral, contribuye a reforzar la sostenibilidad económica del sistema, supone pasar de un sistema de jubilación imperativa a otro de jubilación flexible, aumenta la relación entre lo que se cotiza y lo que se percibe (contributividad) y la solidaridad, mediante una adecuada coordinación entre los ámbitos contributivo y no contributivo.
La Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2013, excepto en lo relativo a la cotización de los becarios y la modificación de los convenios especiales con la Seguridad Social, que entrarán en vigor con la publicación de la ley en el BOE y la Agencia Estatal de la Administración Única de la Seguridad Social, cinco meses después de la promulgación de la Ley.
Sin embargo y como excepciones, se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación vigente antes de la entrada en vigor de esta Ley a los siguientes colectivos:
•	Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes del 25 de marzo de 2011.
•	Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier modalidad y/o acuerdos colectivos de empresa, así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados o suscritos con anterioridad al 25 de marzo de 2011, con independencia de que la extinción de la relación laboral se haya producido con anterioridad o posterioridad al 1º de enero de 2013.
•	Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad al 25 de marzo de 2011.
La reforma del sistema de pensioness
Share	abr 1st, 2011
Según los cálculos de la OCDE la reforma reduce el importe de las pensiones un 9%. Estas estimaciones se basan en la tasa simulada de reemplazo, que mide la pensión en relación con los ingresos salariales. Dando como resultado que el importe de la pensión de un trabajador con carrera completa se reducirá desde el 81,2% del salario medio, hasta el 73,9%, lo que supone 7,3 puntos menos en relación al último sueldo.
La OCDE señala que la tasa simulada de reemplazo es actualmente mucho más reducida en los 34 países que componen la organización (57,3%). Pese a ello, destaca que este será “el principal impacto” que tenga la reforma sobre un trabajador con carrera completa.
En términos netos, es decir, teniendo en cuenta los impuestos y contribuciones pagados sobre las prestaciones de jubilación y sobre los ingresos durante la vida laboral, la tasa neta pasará del 84,9% al 78,3%, frente a la media de la OCDE del 68,8%.
Según la propia Organización la reforma del sistema de pensiones español “reforzará la relación entre cotizaciones y prestaciones en comparación con el actual sistema”, al aumentar el número de años de cotización necesarios para recibir el 100% de la pensión, y considera que afectará más a los trabajadores con carreras interrumpidas.
Señala concretamente que para aquellos trabajadores con diez años de interrupción de carrera, la tasa de reemplazo caerá desde 81,2% hasta el 70,5%, mientras que en términos netos pasará desde el 84,9% hasta el 75,1%.
La OCDE aclara que estas estimaciones se han hecho de acuerdo con las previsiones estándares de la OCDE del 2,5% de inflación y del 2% de crecimiento real de los ingresos, pero no incluyen los ajustes adicionales de determinados parámetros a partir de 2027, relevantes para la sostenibilidad y adecuación de las futuras pensiones, fruto de los mecanismos de revisión automática que se pondrán en marcha cada cinco años.
Una mejora del sistema
En términos generales, la OCDE destaca que la reciente reforma “va a mejorar significativamente la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones español”. En concreto, destaca que la propuesta permitirá reducir el gasto en pensiones a largo plazo en una cantidad equivalente al 3,5% del PIB.
Recordó a su vez que en España el gasto en pensiones es del 9% del PIB, cifra ligeramente superior a la media de la OCDE, pero que, si se tiene en cuenta la situación demográfica, es “prácticamente” idéntica. Así mismo, apunta que el gasto actualmente es mucho más alto en otros países como Francia e Italia que en España.
En este sentido, explica que el informe de 2009 estimaba que el gasto en pensiones en España crecería por encima del 15% del PIB en 2050, sobrepasando a Francia, Alemania e Italia. Sin embargo, el efecto de las propuestas de reforma lo situará, según las estimaciones del Gobierno, tan sólo un poco por encima de la media de la OCDE y por debajo del gasto previsto en esos tres países europeos.
Por otro lado, también apunta que en otros países donde también existen condiciones relativas al número de años de cotización para acceder a la jubilación competa antes de alcanzar la edad legal de jubilación, las reglas son generalmente “más estrictas”. Así, Francia está ampliando el número de años a 42, en Italia y Luxemburgo es de 40, mientras que en Alemania sólo será alcanzable para los empleados con 45 años de cotización.
Share	mar 22nd, 2011
El ante-proyecto de la reforma de las pensiones ya fue aprobado en el consejo de ministros el viernes 28 de Enero, con el visto bueno de la oposición y la intención por parte de los sindicatos de explicar a los trabajadores que la reforma de las pensiones no “lesiona” sus intereses sino que defiende las jubilaciones de millones de personas.
La medida más comentada es el retraso en la edad real de jubilación. Ahora la media se sitúa en torno a algo más de 63 años, con una edad legal de 65, con esta reforma los españoles pasaremos paulatinamente a jubilarnos como media a una edad superior a los 65 años.
Esta reforma empezará aplicarse a partir de enero de 2013 y no quedará implantada por completo hasta quince años después, el 2027. Pero lo que parece que está claro es que todos coinciden en que sin esta reforma, “en 2030 quebraría el sistema de pensiones”.
¿Cómo afecta la reforma a los autónomos?
En general la consecuencia para los trabajadores autónomos es que tendrán que cotizar más para poder obtener una pensión similar a la que alcanzarían en la actualidad.
Como autónomo tenías la posibilidad de elegir la base de cotización. La mayoría del colectivo que trabaja por su cuenta tributa por bases bajas durante la primera parte de la vida laboral, y luego las elevan a los 50 años, justo 15 antes de la jubilación, para poder cobrar más. Por otro lado, ahora mismo la jubilación anticipada está vetada para el autónomo, que queda restringida a quien es previamente despedido.
A partir de la reforma:
El aumento de 15 a 25 años en el periodo de cómputo de las pensiones obliga al autónomo a cotizar cantidades más elevadas si quiere cobrar la misma pensión que ahora. Siempre que se quiera alcanzar un nivel de pensión similar al actual será necesario dar ese salto en la cotización desde bases mínimas a otras más elevadas unos años antes (adelantarlo 10 años, en torno a los 45). Pero se podrá hacer de forma progresiva. Por otro lado, desde el punto de vista positivo, hay que destacar que por primera vez el autónomo podrá acceder a la jubilación anticipada, siempre que haya alcanzado los 33 años cotizados, a los 63 años. En este caso tendrá los mismos coeficientes reductores que los asalariados.
Fuente: artículo del ABC.
Share	feb 1st, 2011

References: resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 46
 resolución 
 artículo 180
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 4
 artículo 163
 artículo 161