Source: http://diariolaley.laley.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1CjUAAiNTSwtDM7Wy1KLizPw827LM9NS8klQQPzOt0iU_OaSyINU2LTGnOFUtMak4P6e0JDW0KNM2pKg0FQBBDVroRQAAAA==WKE
Timestamp: 2017-11-20 13:39:00+00:00

Document:
S TS 26/9/1997
- Documentos visitados -Las 11 claves de la Ley 9/2017, 8 de noviembre de Contrato...S AN 24/5/1996A vueltas con la sentencia que declaró improcedente el des...STS 27/1/2009Un año de «Érase una vez los Derechos de la Infancia»S TS 23/4/1992Los economistas lanzan 60 consejos para planificar el IRPF...«Un inmigrante indocumentado es como un pez que se desangra»Aprobada la Ley de Contratos del Sector Público 2017No tiene que presentar declaración informativa alguna el p...
Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia de 26 Sep. 1997, Rec. 2569/1996
Ponente: García Ancos, Gregorio.
Nº de Recurso: 2569/1996
LA LEY 9933/1997
(TS 2.ª) 26 Sep. 1997. Responsabilidad subsidiaria del Estado en el pago de las indemnizaciones a los afectados por el síndrome tóxico tras el consumo de aceite de colza desnaturalizado.
Caso «Síndrome tóxico». IMPRUDENCIA TEMERARIA. Desnaturalización de aceite de colza inicialmente comestible mediante el empleo de anilina y venta en mercadillos ambulantes. Autorización por el director del laboratorio central de Aduanas. Distinción entre la culpa del profesional y la culpa propiamente profesional. Inaplicación del tipo agravado por no haberse transgredido las normas de la pericia exigidas. Condena del jefe de sección de la Dirección General de Política Arancelaria e Importación. Absolución del concejal delegado de sanidad del Ayuntamiento. Conducta correcta del Director general de comercio interior y comisario general de abastecimientos. Absolución del Subdirector general de higiene de los alimentos. Actuación no punible del jefe del Servicio de Defensa contra Fraudes, Ensayos y Análisis Agrícolas. PRESCRIPCION. Calificación del hecho como delito y declaración en la sentencia de instancia como falta. Comienzo del término a la producción del resultado en los delitos de imprudencia con resultado de muerte y lesiones. RESPONSABILIDAD CIVIL. Ex delicto. Subsidiaria del Estado y demás entes públicos. Interpretación del artículo 121 del Código Penal de 1995. Entendimiento del vocablo «delito» como sinónimo de infracción criminal. Incidencia del grado de culpabilidad en la calificación jurídico-penal de la acción pero no en los resultados indemnizatorios que surjan de ella. Pluralidad de responsables y solidaridad de los sujetos respecto de los perjudicados. Resarcimiento global por el Estado como responsable subsidiario. Síndrome tóxico como supuesto de catástrofe nacional. Obligación moral de indemnizar. Legitimación activa de la Organización de Consumidores y Usuarios para reclamar en nombre de todos, aunque no estuvieran incluidos en el escrito de acusación particular que aquélla formuló. Descuento de los auxilios y subvenciones percibidos con anterioridad. CONSUMIDORES Y USUARIOS. Acceso a la justicia. Obligación de garantizar su defensa por los poderes públicos. Protección procesal.
El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Nacional y condena por delito de imrprudencia temeraria con resultado de muerte y lesiones, en el caso del Síndrome Tóxico.
Madrid, 26 Sep. 1997.
En el recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de ley e infracción de precepto constitucional, que ante Nos pende, interpuesto por el acusado Manuel H. B., por el Estado como responsable civil subsidiario, el Abogado del Estado, las acusaciones particulares: Telesfora C. A. y otros, contra sentencia dictada por la AN, Secc. 1.ª, (LA LEY 16823/1996) que condenó a dicho acusado de una falta de imprudencia simple sin infracción de Reglamentos con resultado de mal a las personas, los componentes de la Sala 2.ª del TS, se han constituido para la vista y fallo, bajo la Ponencia del Magistrado Sr. García Ancos, siendo también parte como recurridos el MF, así como D. José G. F., D. Roberto C. L., D. Casimiro P. R. y D. Miguel C. P.
Primero: El Juzgado Central de Instrucción núm. 1, instruyó diligencias previas con el núm. 162/1989, rollo de la Sala núm. 5/1995, y, una vez concluso, lo elevó a la AN que con fecha 24 May. 1996, dictó sentencia que contiene el siguiente hecho probado:
«De las pruebas practicadas en el juicio oral, han quedado acreditados los siguientes hechos, que se declaran probados:
1.-En la sentencia, dictada con fecha 20 May. 1989, por la Secc. 2.ª de la Sala Penal de la AN (LA LEY 1586/1989), y en la S 23 Abr. 1992, de la Sala 2.ª del TS (LA LEY 53390-JF/0000), dictada en el recurso de casación interpuesto contra la anterior, en el sumario núm. 129/1981, procedente de los Juzgados Centrales de Instrucción núm. 2-3, que se siguió contra los autores de la intoxicación que dio lugar al denominado Síndrome Tóxico, se recoge, dentro de los hechos probados, lo siguiente:
"En los primeros días de May. 1981 y a raíz de ciertos casos localizados en Torrejón de Ardoz y otros lugares de Madrid, fue descubierto un brote epidémico, del que después se conoció su extensión a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Orense y Cantabria y su inicio en el primer cuatrimestre del año." "Al ser halladas lesiones correspondientes a una neumonía intersticial y encontradas estructuras morfológicas compatibles con un mycoplasma, lo que suponía la transmisión de la enfermedad por vía respiratoria, el M.º de Sanidad lo hizo saber a los ciudadanos españoles, hacia el 21 de mayo." "Y ya por entonces se comentaba en algunos medios de comunicación social, incluso por la agencia TASS, que la enfermedad podía deberse a un accidente relacionado con armas bacteriológicas y producido en la base USA de Torrejón de Ardoz." "Sin embargo, también se manejaba desde los primeros días la hipótesis de intoxicación alimenticia; por lo que no pocas de las investigaciones más tempranas versaron sobre esa suposición, que no olvidaba las hortalizas." "En realidad se trataba de una enfermedad nueva, por cuanto combinaba síntomas, signos y hallazgos patológicos de manera extremadamente original." "Realizados trabajos epidemiológicos e interrelacionados con otros clínicos, anatomapatológicos, toxicológicos y químicos, empezó a mantenerse a principios de junio, que la enfermedad estaba asociada a la ingestión de aceites sin marca, y se mudó la denominación de Neumonía Atípica por la de Síndrome Tóxico. Logro alcanzado pese a lo insólito de la emergencia y a la ocultación del desvío industria-consumo de boca por los conscientes protagonistas de la maniobra." "El 10 de junio, el Director General de la Salud anunció al público la posible conexión entre los aceites de venta ambulante desprovistos de etiqueta y la enfermedad, pero, antes, algunos médicos habían puesto en alerta a la población sobre la posibilidad de tal enlace." "La marca histopatológica del Síndrome Tóxico es la lesión de los vasos sanguíneos en cualquiera de sus vertientes, arterias, venas y capilares; y, aunque recibe el nombre de vasculitis, no se parece a las descritas científicamente con anterioridad. Tiene la enfermedad fases aguda, subaguda y crónica, en una peculiar historia natural, que se inicia bruscamente con enema pulmonar no cardiogénico y aumento anormal de los eosinófilos. Estos signos van siendo sustituidos por una esclerodermatosis, afecciones del sistema nervioso central y destrucción del periférico, lo que da lugar a la atrofia del músculo esquelético, con pérdida de masa y fuerza; y lesión de los vasos arteriales pulmonares, con aumento de presión en el sistema y la correspondiente alteración secundaria cardiológica. A ellos se van sumando otros signos; algunos, transformación o aumento de los iniciales. Y existe desde el principio pérdida de peso, que se transforma en la desnutrición y depauperación total. No hay órgano que no resulte afectado, salvo el riñón, y el nexo común a todas las fases es la vasculitis..."
En aquella sentencia se estimó probada la relación de causalidad natural entre la distribución de aceite de colza inicialmente señalado con anilina al 2% y el síndrome tóxico, y finalmente se condenó a los autores de la manipulación del aceite de colza desnaturalizado con anilina, para usos industriales, y de su desvío al consumo humano, como autores, entre otros delitos, de un delito contra la salud pública, estimando probado que habían resultado afectadas las personas que se nominaron en el anexo IV, haciendo una salvedad con los casos que figuraban sin cerrar, pendientes de calificación. Se estableció la distinción entre personas asintomáticas, en el momento de su reconocimiento, que fueron identificadas como A0, A1, A3 y A9, según los síntomas hubiesen durado hasta 15, hasta 30, hasta 90 o más de 90 días, y personas con síntomas, que fueron clasificadas como SI, cuando no sufrieron incapacidad; IP, cuando sufrieron incapacidad parcial para su habitual ocupación; IT, cuando sufrieron incapacidad total para su ocupación; IA, cuando sufrieron incapacidad absoluta para toda su ocupación laboral, y GI, cuando sufrieron gran invalidez. En todas ellas los síntomas se extendieron más de 90 días. Con las letras PP, se indicaron los casos en que el enfermo padecía cierta patología previa o intercurrente. En el anexo V, se relacionaron con las siglas NA, las personas que no habían padecido el Síndrome Tóxico y, con las CD y DI, las personas que no constaban en el proceso, si habían sufrido o no la enfermedad. En el anexo VI fueron nominadas las personas que fallecieron a consecuencia del Síndrome Tóxico. En el anexo VII se establecieron los apartados NE, DU y DI; en los casos NE no había existido relación causal entre el fallecimiento y el Síndrome Tóxico; en los DU o DI, ese enlace no constaba en el proceso. Se especificó en otra columna si estuvieron afectadas AF; si constaba que no estuvieron, NA; o si no aparecían si sufrieron o no la enfermedad, CD o DI, respecto a los AF no había sido posible una más precisa calificación. Por último en el anexo VIII, se indicaron, los fallecidos pendientes de calificación; CD y DU, se referían a existencia de duda; DI, a insuficiencia documental. Todos los anexos del III al VIII fueron cerrados el 13 May. 1989.
Por la vía del recurso de casación se revisaron algunas calificaciones y, además de la corrección de algunos errores, se acordó la inclusión de 9 personas más. No fueron modificados los pronunciamientos sobre responsabilidades civiles contenidos en el ap. 18 del fallo de la sentencia de la AN, según el cual:
"Como responsable personal civil y directo, Juan Miguel B. C. abonará las siguientes indemnizaciones: a) A los herederos de cada persona fallecida en 15.000.000 de ptas.; b) A los afectados con lesiones de duración entre 1 y 15 días, 150.000 ptas.; c) A los afectados con lesiones de duración entre 16 y 30 días, 300.000 ptas.; d) A los afectados con lesiones de duración entre 31 y 60 días, 600.000 ptas.; e) A los afectados con lesiones de duración de más de 90 días, pero sin incapacidad, 18.000.000 de ptas.; g) A los incapacitados con incapacidad parcial permanente para dedicarse a su trabajo habitual, en 25.000.000 ptas.; h) A los afectados con incapacidad total permanente para su trabajo habitual, 40.000.000 de ptas.; i) A los afectados con incapacidad absoluta y permanente para cualquier tipo de trabajo, 70.000.000 de ptas.; j) A los afectados con gran invalidez, en 90.000.000 de ptas. Y caso de insolvencia, la empresa R., S.A., responderá subsidiariamente." "Jorge P. G., subsidiariamente respecto a Juan Miguel B. C., responderá de las cantidades que éste debe satisfacer, y, para el supuesto de insolvencia de Jorge P. G., subsidiariamente responderá J., S.A." "Ramón F. L., conjunta y solidariamente con Juan Miguel B. C., por iguales cuotas en la interna distribución, abonará las sumas económicas mencionadas a las personas expresamente referidas en los folios 279 y 280 de los hechos probados. Y, para el supuesto de insolvencia, por Ramón F. L. responderá subsidiariamente la empresa A., S.A."
En la ejecución de esa resolución se continúa llevando a cabo la actualización de la evolución de las carpetas correspondientes a los afectados sin cerrar.
2.-Dentro de los hechos probados de esa resolución, también se recoge como:
"En 1980 y desde hacía varios años, las autoridades administrativas españolas venían autorizando importaciones de aceite de colza, pero para proteger la producción nacional de aceites y grasas comestibles, se exigía que el de colza importado no fuera destinado a la alimentación humana, sino a otras actividades industriales, que resultaban ser, casi exclusivamente las siderúrgicas." "Con el fin de garantizar el no desvío al destino humano se ordenó administrativamente que la mercancía cuando ingresara en territorio español tuviera desnaturalizados sus caracteres organolépticos, para lo que fueron autorizados, en 1970, el aceite de ricino, y en 1974 el aceite náftico, el Azul de Ceres y la anilina, ésta al 2%." "Resultaba, sin embargo, que la anilina, líquido oleoso que, de ser incoloro recién destilado, pasa con la oxidación a tener tonalidad rojiza progresivamente más oscura, no siempre modificaba, agregada el 2%, aspecto, color, sabor y olor del aceite de colza de manera perceptible sin instrumental y técnicas ad hoc. Recursos éstos de que, por lo general, no se servían los aceiteros hasta pasado May. 1981." "Pese a ello, el carácter venenoso de la anilina, de conocimiento general entre los empresarios y técnicos introducidos en la rama de los aceites, se transmitía al de colza y a los que con él se integraban; y, llegados al consumo de boca, se originaba, en las condiciones habituales de la dieta española, un peligro común y efectivo para la salud de la población." "Pero es más, a partir de la anilina en el aceite de colza desnaturalizado y en los que lo contenían, se formaban, bien espontáneamente durante el almacenamiento y el transporte, bien a consecuencia de las manipulaciones y tratamientos a que eran sometidos, anilidas de los ácidos grasos, marcadoras de la presencia del agente productor del Síndrome Tóxico; de tal manera que, sin el añadido de la anilina al aceite de colza, no hubiera surgido el agente tóxico, aún desconocido, de la enfermedad. Si bien el nuevo síndrome no corresponde a los de intoxicación por anilina en sí, como tampoco a los de las debidas a órgano-fosforados o al Paraquat." "Antes del 10 Jun. 1981 no era administrativamente obligatorio el determinar la presencia en aceites comestibles, de anilinas o de anilidas en los ácidos grasos; siendo por entonces aquella modalidad de las anilidas poco conocida en los ambientes científicos. Y tampoco había establecido método oficial para hacer aquella determinación. Pero, caso de que se hubiera tratado de hallar, y aun de cuantificar en los aceites aquellas sustancias, había centros españoles con recursos suficientes para llevarlo a cabo." "Pasado el 10 de junio, fueron elaborados sucesivamente dos métodos oficiales. El primero calorimétrico, que detectaba aminas aromáticas no sulfonadas. El segundo, cromatográfico, que permitía cuantificar anilina y anilidas de los ácidos grasos." "Tanto la anilina como esas anilidas son absolutamente extrañas a la naturaleza de los aceites."
3.-El modo en que se llega a autorizar la anilina, como desnaturalizante para el aceite de colza, que en realidad no fue en 1974, como se recoge en la sentencia, antes mencionada, sino en 1973, fue el siguiente: El 30 Mar. 1973 tuvo entrada en la DG Aduanas, una instancia de fecha 21 Mar. 1973 del administrador de la empresa Laboratorios L., S.A., en la que exponía que esa empresa importaba aceite de colza bruto, desnaturalizado con 10% de ricino, y que destinaba a su fabricación de facticios, sucedáneos del caucho; el aumento de precio y las dificultades de localización del ricino; y concluía solicitando que se autorizase la adición a ese aceite de colza bruto de uno y otro de los dos materiales siguientes: 10% de aceite mineral nafténico, o bien 2% de aceite de anilina. Indicando expresamente como estimaba que cualquiera de los dos productos, caso de ser añadidos al aceite de colza bruto, lo inhabilitarían para su refinación y para su aplicación a la alimentación animal. Esta instancia a través de la Subdirección General de Coordinación y Asuntos Internacionales, fue remitida para informe, al Laboratorio Central de Aduanas, órgano dependiente de esa Subdirección. Este Laboratorio estaba dirigido desde el año 1964, y continuó estándolo hasta 1984, por el acusado Manuel H. B., mayor de edad, sin antecedentes penales, químico de profesión, y además licenciado en farmacia, quien como director del mismo informó, según se hizo constar en la respuesta que remitió el Subdirector General de Coordinación y Asuntos Internacionales, con fecha 14 Abr. 1973, que:
"El Laboratorio Central no ve inconveniente en acceder a la solicitud del interesado, ya que el aceite de colza puede desnaturalizarse indistintamente con aceite mineral nafténico o bien aceite de anilina, en sustitución del aceite de ricino, que era el producto hasta ahora utilizado. Los desnaturalizantes ahora propuestos pueden identificarse fácilmente, y, por otra parte, hacen el aceite de colza inapropiado para la alimentación."
Manuel H. B. no dispuso que se realizasen en el Laboratorio comprobaciones previas experimentales para averiguar las reacciones químicas y resultados tóxicos derivados de la combinación del aceite de colza con aceite de anilina. Así la empresa Laboratorio L., S.A., obtuvo autorización para importar el aceite de colza desnaturalizado con anilina en el año 1973, para su propio consumo en esa industria, en la fabricación de caucho, y que nunca fue desviado al consumo humano, ni entonces ni después, no teniendo ninguna relación con los aceiteros enjuiciados en el sumario 129/1981. El 22 Jun. 1973, Juan Miguel B. C., como gerente de la sociedad R., S.A., presentó una instancia en la DG Aduanas, con fecha 16 Jun. 1973, semejante a la que unos meses antes había hecho Laboratorio L., S.A., en la que exponía que su empresa importaba aceite de colza desnaturalizado con ricino, y que destinaba para grasas y aceites especiales para moldeo del acero, para trefilas y otras operaciones industriales, y que por el aumento desmesurado de precio del ricino, solicitaba que se autorizase que la desnaturalización pudiese realizarse, además de con la base del aceite de ricino con: 10% de aceite mineral nafténico, o parafínico, o 2% de aceite de anilina. Pudiendo escoger el importador, una de las tres formas, indicando que con cualquiera de ellas, quedan garantizados los fines de la administración, y que las importaciones se hacían especialmente por la aduana de Irún y eventualmente por la de Pasajes. Sin que conste que esta instancia fuese sometida a informe del Laboratorio, pero obrando ya el anterior respecto a Laboratorio L., S.A., la Sección de Arancel de la DG Aduanas, con fecha 28 Jun. 1973, envió a R., S.A., la siguiente comunicación:
"En contestación a su instancia de fecha 16 de los corrientes (16 Jun. 1973), en relación con la desnaturalización del aceite de colza, me complazco comunicar a Vds. que, de acuerdo con los informes emitidos por el Laboratorio Central, esta DG no encuentra inconveniente en admitir como desnaturalizantes el aceite mineral nafténico al 10% el aceite de anilina al 2%. En el caso de que las importaciones se realicen por un pequeño número de Aduanas, se servirán comunicar a este Centro cuáles son, con objeto de trasladar a las mismas la autorización contenida en este escrito."
En relación a esta empresa, R., S.A., en los hechos probados de la sentencia dictada en el sumario 129/1981 se recoge que:
"En 1980-1981, la empresa R., S.A., tenía su sede y una oficina en la c/ Prim, de San Sebastián, y dos almacenes con factoría en Pasajes de San Pedro..." "Sus socios eran los hermanos José María, Fernando, Juan Miguel y María Lourdes B. C., su madre y un tío, siendo su auténtico gestor Juan Miguel B. C..." "R., S.A., llevaba años importando de Francia, por Irún, cisternas de aceite de colza desnaturalizado, con anilina..." "Hacía constar en las solicitudes de licencia de importación como destino la industria siderometalúrgica, y realmente, hasta bien entrado 1980, revendía la mercancía generalmente en bidones de no más de 200 kg a empresas de aquel sector o para maquinarias de otros ramos. Pero a partir de los tratos de Juan Miguel B. C. con Jorge P. G., Enrique S. y Ramón F. L. sobre el aceite de colza, aumentaron, pese a la grave crisis industrial, las cantidades de ese aceite cuya licencia de importación R., S.A., interesaba; pasando las autorizadas de 345.000 kg en 1979, a 691.000 en 1980, 294.000 en sólo el primer trimestre de 1981 y 138.000 en el mes de abril de ese último año..."
Así, a partir de los tratos entre éstos y desde finales de 1980 se produjeron los desvíos al consumo humano y las manipulaciones del aceite de colza, que causaron el Síndrome Tóxico, como refleja la sentencia del sumario 129/1981, en el que todos ellos fueron condenados. R., S.A., fue la única importadora del aceite de colza desnaturalizado con anilina, que se estimó probado que fue desviado al consumo humano, ocasionando la enfermedad. Entre los años 1979 y 1981 la DG Aduanas remitió al Laboratorio Central, que seguía siendo dirigido por Manuel H. B., para su análisis, muestras de aceite de colza, tomadas al paso de la mercancía por Aduana, con el fin de comprobar que se trataba de la mercancía que se detallaba, concretamente, con anterioridad al descubrimiento del origen del Síndrome Tóxico (posteriormente constan dos más), se hicieron análisis de las siguientes muestras:
Número de registro 7661/1979, importador R., S.A., dictamen analítico: Aceite de colza desnaturalizado con aceite de anilina para usos industriales. Fecha 26 Sep. 1979. Número de registro 6927/1980, importador R., S.A., dictamen analítico: Aceite de colza desnaturalizado con aceite de anilina para usos industriales. Fecha 15 Oct. 1980. Número de registro 6928/1980, importador R., S.A., dictamen analítico: Aceite de colza desnaturalizado con aceite de anilina para usos industriales. Fecha 15 Oct. 1980. Número de registro 14657/1980, importador R., S.A., dictamen analítico: Aceite de colza desnaturalizado con aceite de anilina para usos industriales. Fecha 16 Mar. 1981. Número de registro 1524/1981, importador Q. M., S.A., dictamen analítico: Aceite de colza desnaturalizado con colorante sintético de color azul. Fecha 2 Sep. 1981. Número de registro 3996/1981, importador R., S.A., dictamen analítico: Aceite de colza desnaturalizado con aceite de anilina para usos industriales. Fecha 19 Jun. 1981.
En el mes de Jun. 1981 el doctor T., del Hospital del Niño Jesús, tras haber acudido infructuosamente a otros organismos, pidió a Manuel H. B., que el Laboratorio Central de Aduanas le hiciera unos análisis, en busca del agente productor de la entonces denominada neumonía tóxica, cuyo origen digestivo se empezaba a sospechar y ya ponía de manifiesto el doctor U. en sus informes desde mediados del mes de mayo, si bien desconociendo la relación con el aceite. Manuel H. B. se mostró dispuesto a colaborar y recabó autorización de la DG Aduanas. El día 4 de junio, al sospechar el doctor T., la relación de la enfermedad con el consumo de aceite en garrafas de 5 l sin etiqueta, por haber constatado la existencia, en una familia de afectados, de un lactante enfermo, que sólo tomaba, como los adultos, una cucharada de ese aceite, el Laboratorio Central analizó una muestra del mismo, detectando la presencia de componentes extraños, anilidas grasas, lo que fue inmediatamente comunicado al doctor T., que en la tarde del día 9 de junio hizo llegar estos datos al entonces Director General de la Salud, Luis V. C. Tras el descubrimiento de la relación entre el Síndrome Tóxico y el aceite de colza desnaturalizado con anilina, ninguna empresa volvió a solicitar la utilización de ese desnaturalizante. Ni el 14 Abr. 1973, ni en el período comprendido entre esta fecha y el 9 Jun. 1981, Manuel H. B. no advirtió al Director General de Aduanas de la peligrosidad para la salud que suponía la anilina mezclada con el aceite de colza, en caso de desviarse el aceite para el consumo de boca.
4.-Las importaciones de aceite de colza desnaturalizado, para usos industriales, se encontraban en régimen de comercio liberalizado. Ello suponía que no se sometía a la exigencia de licencia previa, pero sí era necesaria la declaración de importación, que se presentaba, por el interesado, en el entonces M.º Comercio y Turismo, o en las Delegaciones Regionales de Comercio, para su aceptación por la Administración, a través de la DG Política Arancelaria e Importación. Estas declaraciones de importación se pasaban a informe a la DG Competencia y Consumo, a través de la Sección de Productos Vegetales. Además antes de ser despachadas en aduana, también era necesario un conforme del SOIVRE, en el que se comprobaba que el producto era el que aparecía en la documentación. El acusado José G. F., mayor de edad, sin antecedentes penales, en el mes de Feb. 1980 fue nombrado Director General de Comercio Interior y Comisario General de Abastecimientos, ocupándose poco después también del despacho y firma de la DG Consumo y Disciplina de Mercado, entonces vacante, hasta el nombramiento de nuevo titular en el mes de junio, si bien en el mes de Oct. 1980, ambas Direcciones Generales se fusionaron, continuando José G. F. como titular de la nueva DG Competencia y Consumo y Comisario General de Abastecimientos y Transportes. En 1980, antes de empezar a producirse el desvío al consumo humano del aceite de colza desnaturalizado, desde la DG Comercio Interior, empezó a existir una cierta preocupación por el aumento de esas importaciones, lo que dio lugar a que José G. F., ordenase, a través de la Subdirección General de Comercio Interior y de la Subdirección General de Consumo y Disciplina de Mercado, cursar las oportunas instrucciones a los servicios de Comercio dependientes del Consejo General Vasco, competentes al ser materia transferida a la CA País Vasco, para que se comprobase la correcta utilización, de acuerdo con el destino que se señala en las licencias de importación siguientes:
R., S.A., Prim-San Sebastián. 68.000 kg de aceite de colza crudo desnaturalizado.
Q. M., S.A., Carretera de Vergara Vitoria. 23.000 kg de aceite de colza refinado desnaturalizado.
Lo que fue solicitado en escrito de fecha 13 Mar. 1980 dirigido al Sr. Consejero de Comercio del Gobierno de Euskadi. El 18 Abr. 1980 el Inspector de los servicios de Gobierno Vasco, Luis M. S., se personó en las oficinas de R., S.A., de la c/ Prim, y si bien no pudo comprobar el destino de esa partida de 68.000 kg, porque Juan Miguel B. C. dijo no haberla recibido aún, sí solicitó la exhibición de facturas referentes a ventas anteriores, cotejando desde esa fecha hasta 1978, comprobando que, al menos respecto a las que él conocía, según las mismas, los clientes eran empresas siderúrgicas en su casi totalidad y un pequeño porcentaje industrias del caucho. El resultado de esta inspección con copia del acta fue remitida a la DG Consumo y Disciplina de Mercado, a través de la Subdirección General correspondiente. La DG Competencia y Consumo, a través de la Sección de Productos Vegetales, Aceites, Vinos y transformados, dirigió una comunicación al Director General de Política Arancelaria e Importación, de fecha 14 May. 1980, en la que, tras hacer constar que habida cuenta del uso industrial a que se destina el aceite, esa Sección no tenía nada que objetar, en principio a la solicitud de licencia de importación de R., S.A., de 68.000 kg de aceite de colza desnaturalizado, se señalaba que, aun cuando de la investigación preliminar desarrollada no se deducían indicios de desviación del expresado uso industrial de la mercancía hasta entonces importada, convendría que se insistiera cerca de los servicios competentes, para la comprobación de la desnaturalización. Posteriormente, en escritos de fecha 6 Nov. 1980 y 2 Feb. y 3 y 11 Mar. 1981, esa DG siguió insistiendo, al informar las solicitudes de importación, a la DG Política Arancelaria e Importación, en la conveniencia de conocer con exactitud las necesidades de la industria antes de proceder a su autorización habida cuenta de los aumentos de las solicitudes de licencias de importación de aceite de colza desnaturalizado. Concretamente los de 6 Nov. 1980 y 11 Mar. 1981 se refieren a solicitudes de licencia de importación de la empresa R., S.A., núm. 0/1835053, de 23.000 kg y núm. 1-1806931 de 40.000 kg. El Director General de Política Arancelaria e Importación en esa época era G. B. ya fallecido. Las facultades de forma y resolución de las declaraciones de importación del aceite de colza desnaturalizado, dentro de esta DG Política Arancelaria e Importación, por delegación, correspondían a Federico P. A., mayor de edad, sin antecedentes penales, que entonces ocupaba el cargo de Jefe de la Sección de Importación de los Productos Agrícolas y Transformados, que jerárquicamente dependía del Jefe del Servicio de Importación, y éste a su vez del Subdirector General. Federico P. A., con su firma, autorizaba que se despachasen las declaraciones de importación, sin lo cual no era posible que se permitiese el tránsito por la aduana de la mercancía. Estas declaraciones se presentaban en los mismos impresos, de color gris, que se empleaban en las solicitudes de licencia de importación para mercancías sometidas a regímenes distintos del liberalizado, concretamente el relativo a "solicitud de licencia de importación para comercio no liberado ni globalizado", con la finalidad de evitar, que se diese un tratamiento mecanizado a la instancia, que hiciese posible que, por error, se aceptasen aceites sin desnaturalizar, sometidos al comercio de estado. Aunque con anterioridad a 1980, se venía pidiendo al importador que rellenase las casillas 40, consumo anual de la mercancía por el solicitante, y 41, adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones, Federico P. A., desde su toma de posesión en 1980, entendiendo que el régimen liberalizado hacía innecesarias esas menciones, no consideraba tal exigencia, ni por tanto que fuese oportuna cualquier comprobación en este sentido, limitándose, para autorizar que se despachase la declaración, a constatar, que se expresaba, que se trataba de aceite de colza desnaturalizado, para usos industriales.
R., S.A., presentó las siguientes solicitudes de importación:
Solicitud de licencia núm. 9/1.838.308. Fecha 4 Dic. 1979. 23.000 kg de aceite vegetal de colza crudo, desnaturalizado con 2% de aceite de anilina para usos industriales. Observaciones: C. Interior favorable of. 29401, 26 Dic. 1979. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): agosto 23.000 kg, septiembre 23.000 kg, octubre 69.000 kg ya se han consumido. Solicitud de licencia núm. 9/1.839.932. Fecha 18 Dic. 1979. 12.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: C. Interior fav. oficio. 294, 14 Ene. 1980. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40), aproximadamente 400 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 69.000 kg, diciembre 46.000 kg ya se han consumido. Solicitud de licencia núm. 80/1.801.562. No consta fecha. 58.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 69.000 kg, diciembre 46.000 kg ya se han consumido. Solicitud de licencia núm. 9/1.839.933. Fecha 18 Dic. 1979. 12.000 kg de aceite vegetal de colza vegetal refinado desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: C. Interior fav. oficio 293, 14 Ene. 1980. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 69.000 kg, diciembre 46.000 kg. Solicitud de licencia sin número. Fecha 29 Ene. 1980. 13.000 kg de aceite vegetal de colza vegetal refinado desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: Apuntar en ficha. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 69.000 kg diciembre 46.000 kg. Solicitud de licencia núm. 0/1.805.076. No consta fecha. 68.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): diciembre 46.000 kg, enero 46.000 kg. Solicitud de licencia núm. 1.809.227. Fecha 12 Mar. 1980. 46.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: V°B° C. interior. Devuelto informe. of. 5938, 25 Mar. 1980. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): diciembre 46.000 kg, enero 46.000 kg, febrero 69.000 kg ya se han consumido. Solicitud de licencia núm. 0/1.814.440. Fecha 24 Abr. 1980. 68.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: Comercio interior. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): enero 46.000 kg, febrero 69.000 kg, marzo 23.000 kg ya se han consumido. Solicitud de licencia núm. 1.823.408. Fecha 8 Jul. 1980. 46.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: C. interior. Devuelto inf. of. 13975, 21 Jul. 1980. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): abril 24.000 kg, mayo 46.000 kg, junio 46.000 kg. Solicitud de licencia núm. 1.822.446. Fecha 1 Jul. 1980. 46.000 kg. de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: C. interior. Favorable. of. 13747, 14 Jul. 1980. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): abril 24.000 kg, mayo 46.000 kg, junio 46.000 kg ya se han consumido. Solicitud de licencia sin número. Fecha 29 Oct. 1980. 23.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: Comercio interior. Devuelto inf. of. 21682, 12.11.80. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): julio 81.000 kg, septiembre 23.000 kg. Solicitud de licencia sin número. Fecha 1 Dic. 1980. 207.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: 5 Dic. 1980. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): En blanco. Solicitud de licencia sin número. Fecha 2 Nov. 1980. 46.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): septiembre 23.000 kg, octubre 46.000 kg. Solicitud de licencia sin número. Fecha 26 Nov. 1980. 23.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 46.000 kg, septiembre 23.000 kg. Solicitud de licencia sin número. Fecha 26 Nov. 1980. 46.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 440 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 46.000 kg, septiembre 23.000 kg. Solicitud de licencia sin número. Fecha 10 Dic. 1980, 23.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: 16 Dic. 1980. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): septiembre 23.000 kg, octubre 46.000 kg, noviembre 46.000 kg ya se han consumido. Solicitud de licencia núm. 1.800.169. Fecha 7 Ene. 1981. 23.000 kg de aceite vegetal refinado desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: 8 Ene. 1981. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 46.000 kg, noviembre 46.000 kg, diciembre 69.000 kg. Solicitud de licencia sin número. Fecha 16 Ene. 1981. 110 t, 110.000 kg, de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: 22 Ene. 1981. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): octubre 46.000 kg, noviembre 46.000 kg, diciembre 69.000 kg. Solicitud de licencia núm. 1.806.931. Fecha 2 Mar. 1981. 46.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: 14 Mara. 1981. C. interior. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): diciembre 69.000 kg, enero 115.000 kg, febrero 69.000 kg ya se han consumido. Solicitud de licencia sin número. Fecha 12 Mar. 1981. 69.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: 13 Mar. 1981. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): diciembre 69.000 kg, enero 130.000 kg, febrero 46.000 kg. Solicitud de licencia sin número. Fecha 12 Mar. 1981. 23.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2 % de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: 13 Mar. 1981. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): diciembre 69.000 kg, enero 130.000 kg, febrero 46.000 kg. Solicitud de licencia sin número. Fecha 3 Abr. 1981. 46.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Observaciones: en blanco. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 400 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): diciembre 69.000 kg, enero 115.000 kg, febrero 69.000 kg. Solicitud de licencia sin número. Fecha 10 Abr. 1981. 92.000 kg de aceite vegetal de colza crudo desnaturalizado con 2% de aceite anilina para usos industriales. Consumo anual de la mercancía por el solicitante (casilla 40): aproximadamente 800 t. Adjudicaciones anteriores y estado de realización de las operaciones (casilla 41): enero 115.000 kg, febrero 69.000 kg, marzo 130.000 kg.
La firma de Federico P. A. aparece autorizando las quince últimas solicitudes mencionadas. Ninguna de ellas fue rechazada, expidiéndose las correspondientes licencias en los impresos también relativos a las licencias de importaciones para comercio no liberalizado ni globalizado, licencias que también fueron firmadas por Federico P. A. Con la información que se desprendía de esas declaraciones, funcionarios administrativos de esa DG, elaboraban unas fichas de las importaciones, a fin de informar al Director General de la situación de esa actividad. Alrededor del mes de Dic. 1980, y como consecuencia de las inquietudes que, desde la DG Comercio Interior, le hacían llegar, Federico P. A., recibió en su despacho a Juan Miguel B., acompañado de José L. G. R., delegado comercial de R., S.A., en Madrid, quiénes le pusieron de manifiesto los planes de expansión de R., S.A., y la ampliación de su clientela, así como su intención de sustituir el suministro de bidones por el de cisternas para abaratar costes. De esta entrevista Federico P. A. dio cuenta verbalmente a sus superiores, sin sospechar que se pretendía ocultar un desvío al consumo humano de ese aceite de colza. En esos años, 1979, 1980 y 1981, el consumo anual de aceites y grasas no minerales, que se importaban para usos industriales, era de alrededor de 150.000 t.
5.-Antonio B. A., mayor de edad, sin antecedentes penales, fue nombrado, el 21 Oct. 1980, Jefe del Servicio de Defensa contra Fraudes, Ensayos y Análisis Agrícolas, este servicio se encontraba dentro de la DG Industrias Agrarias y Mercados de origen, del M.º Agricultura. Anteriormente era Jefe de Sección en el Servicio de Inspección de Productos y Medios Agrarios, encuadrado en el mismo Servicio de Defensa contra Fraudes. El Decreto regulador de la campaña olivarera del año 1980/1981 encomendó intensificar las inspecciones para detectar fraudes en las mezclas de aceites de oliva y semillas. Para ello y aunque la empresa R. de Alcorcón, Madrid, no estaba incluida dentro de las que debían registrarse en el M.º Agricultura, sino en el de Industria, por tratarse de una empresa envasadora autónoma, esto es, que sólo realizaba el envasado para comercializarlo, sin ser empresa extractora, fue inspeccionada, por Montserrat S. M., de la delegación de Madrid del Servicio de Defensa contra Fraudes, el día 17 Sep. 1980, siguiendo órdenes de sus superiores. En el Acta levantada se hizo constar cómo los depósitos de almacenaje, en ese momento, estaban vacíos, y se tomaron muestras, por triplicado, de envases de 5 litros de las marcas M. y R. Estas muestras fueron remitidas al Laboratorio Agrario del M.º Agricultura, para su análisis, lo que se efectuó el día 12 Feb. 1981, detectando que se había manipulado un aceite de orujo, para corregir la acidez, con un sistema no autorizado, con aceites esterificados. A la vista del resultado, se remitió el expediente, el 30 Mar. 1981, a los Servicios Centrales de Defensa contra Fraudes, donde Antonio B. A. dictó, el día 22 Abr. 1981, una providencia acordando la incoación de expediente sancionador y nombrando instructor. Concluida la instrucción del expediente, el Sr. Ministro de Agricultura impuso a esa empresa una sanción por importe de 1.320.000 ptas. En el curso de la inspección y durante la instrucción del expediente no se realizaron más comprobaciones que las relativas a las materias competencia del M.º Agricultura, sin realizar comprobación alguna relativa a registros sanitarios o de industria, de los que esa empresa carecía. El 27 May. 1981, inspectores de la Delegación de Toledo inspeccionaron la empresa Oleícola T., S.A., y las muestras, que se referían a aceite de girasol, que se tomaron fueron remitidas al Laboratorio del M.º Agricultura, donde el día 16 de julio, cuando ya se había descubierto el origen del síndrome tóxico, detectaron la presencia de una pequeña proporción de anilina, un 8 por millón. Comunicado el resultado al Servicio Central de Defensa contra el Fraude, al día siguiente se acordó la inmovilización de la mercancía, y la remisión del expediente al M.º Sanidad, por afectar a la salud pública, inmovilización que no pudo llevarse a cabo pues el aceite ya había sido distribuido. En relación a A., S.A., la primera de estas dos empresas, en la sentencia del sumario 129/1981, se recoge lo siguiente:
"En Mar. 1980 se constituyó la empresa, A., S.A., teniendo como accionistas a Ramón F. L., Elías F. L. y Cándido H. G. Ramón F. L. figuraba como administrador y, con astucia comercial muy superior a la de los otros dos, dirigía y gestionaba todas las facetas de la empresa..., que tenía una nave en el polígono Urtisa de Alcorcón, y se dedicaba a almacenamiento y envasado de aceites comestibles, incluyendo la fabricación de garrafas de plástico..." "A., S.A. compraba aceites vegetales y, entre ellos, de oliva; pero también animales..., mandaba analizar los aceites que compraba y a refinar los brutos, hacía mixturas, envasaba los productos en garrafas que fabricaba, generalmente de 5 1., aunque algunas eran de 25, y los vendía para el consumo de boca, la mayoría de las veces a revendedores ambulantes. También compraba, almacenaba y despachaba aceitunas." "Disponía de etiquetas con las marcas y denominaciones R., Aceite de Girasol Refinado; R. Aceite de Semillas Refinado; M. Aceite de Orujo de Oliva Refinado; S., Aceite de Semillas, A., Aceite de Oliva Refinado, L., Aceite Puro de Oliva, Aceite de Oliva Virgen y Aceite de Oliva Refinado, y P., Aceite de Girasol Envasado, en los que también se expresaba la acidez máxima y el estar envasados por R." "La compañía tenía licencia fiscal, y el 24 Ago. 1979 había presentado solicitud de licencia municipal de apertura en el Ayuntamiento de Alcorcón, para 'almacén de productos alimenticios y envasados, jabones y derivados, detergentes y lejías, ventas al por mayor y menor', originándose expediente cuya tramitación fue suspendida el 15 Sep. 1982 y que, por petición de Ramón F. L., se había reducido al almacenamiento de productos alimenticios y envasados. No había solicitado el registro sanitario de Industrias y Establecimientos Alimentarios, ni la anotación de sus productos..." "... Y a consecuencia de ello (de los contactos que se produjeron entre Ramón F. L. y Juan Miguel B. C., a finales de 1980) el 11 Feb. 1981, salió de Pasajes de San Pedro una cisterna..., con 22.000 kg peso registrado en origen, de aceite de colza refinado y desnaturalizado con el 2% de anilina, que R., S.A., al precio de 88,50 ptas./kg y expresando en el albarán 'aceite de colza refinado', enviaba a A., S.A., en cuyo almacén fue descargada la mercancía con un peso registrado en destino de 21.794 kg. Mas Ramón y Elías F. L. percibieron mal olor en el producto y, por ello, Ramón F. L. decidió devolverlo al remitente; que se hizo en el mismo vehículo el 14 siguiente, menos unos 550 kg que o se derramaron en A., S.A., o ésta los utilizó en la comercialización para el consumo de boca...". "Pese al inicial fracaso de la relación directa R., S.A.-A., S.A., Juan Miguel B. C. y José Luis G. R. se reunieron en Mar. 1981, con Ramón F. L. Allí, Juan Miguel B. C. y Ramón F. L., reiniciaron tratos, a fin de que la empresa donostiarra suministrara a la de Alcorcón aceite de colza, ahora bruto, del que Juan Miguel B. C. dijo era el mismo que él vendía y que Ramón A. enviaba a A., S.A., estipulando un precio de 75 ptas. kg." "Pues bien, en al menos de nueve envíos, remitidos durante los meses de Ene. y Feb. 1981, A., S.A., recibió de Ramón A., alrededor de 195.415 kg de lo que se documentaba como 'aceite refinado de semillas'. En alguna o algunas de las cuales Ramón A. había introducido, tras someterlo a tratamientos encaminados a la refinación y a la eliminación de anilina, aceite de colza desnaturalizado del que figuraba remitido por R., S.A., a Enrique S." "Y, entre Mar. y May. 1981, A., S.A., recibió directamente de R., S.A., no menos de 110.258 kg de aceite bruto de colza desnaturalizado con el 2% de anilina, que A. envió, para el refinado a for-fait, a la factoría sevillana de I., S.L., que recibió 59.406 kg de A., S.A., y a la madrileña de D. B., S.A., donde llegaron 50.852 kg." "Más detalladamente, se han identificado, respecto a esos meses, cinco partidas de R., S.A., a A., S.A..." "En A., S.A., y siempre bajo la dirección de Ramón F. L., el aceite de colza desnaturalizado y refinado era unido a otros aceites vegetales o animales..." "La mixtura resultante, añadido a veces clorofila o betacaroteno, para asemejar la apariencia externa con la de aceites de más alto precio, era envasada por A., S.A., en recipientes cilíndricos de plástico, generalmente con capacidad de 5 l y, en ocasiones de 25 l; en este último caso A., S.A., calificaba la venta como a granel. Pero siempre los envases eran cerrados herméticamente mediante tapones-precinto de modo que no se podía tener acceso normal al contenido sin romper parte del tapón". "Envasada, salvo en algún supuesto excepcional, A., S.A., vendía la mercancía para destino alimenticio de boca, ya directamente a los consumidores, ya a industriales o comerciantes establecidos en inmuebles, ya a revendedores dedicados a la ambulancia por mercadillos, calles o casas. Dedicación en no pocos casos derivada de haber perdido el puesto de trabajo adecuado a sus verdaderos oficios, o de la penuria retributiva de otras actividades que simultaneaban..."
En relación a la otra empresa que se ha mencionado anteriormente, como inspeccionada por la Delegación de Toledo del Servicio contra Fraudes, Oleícola T., S.A., en la sentencia del sumario 129/1981 se recoge que:
"Andrés Eloy M. B... fue consejero delegado de Oleícola T., S.A., escriturada el 20 Ago. 1980 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 Feb. 1981, había sustituido a Oleícola M. y Cía., S.L., en la titularidad de una empresa familiar radicada en Cebolla y dedicada, desde hacía 40 años, a la extracción de aceite de oliva y de orujo de aceituna, refinería, envasado y venta de aceites comestibles y fabricación y venta de jabones..." "La inscripción de Oleícola T., S.A., en el Registro de Industrias y Establecimientos alimentarios fue solicitada el 10 Nov. 1981 y concedida el siguiente diciembre. La licencia fiscal de actividades industriales fue presentada en Ago. 1981, por un lado para fabricación y envasado de aceite de oliva y, por otro, para venta al por mayor de aceites y grasas comestibles de todas clases, desde el 20 Feb. 1981." "Usaba las marcas F. del T., para oliva hasta 0,5 grados de acidez, F de D., oliva hasta 1 grado en botella dura, B., para oliva hasta 1 grado en botella blanda, E., para girasol, B. C., para semillas, S. para soja, La P., para orujo y, Mu., para aceite de manteca de cerdo, en recipientes de 1, 2, 5 y 25 l, que, en alguna ocasión compró a A..." "El 27 May. 1981, el Servicio de Defensa contra Fraudes del M.º Agricultura, tomó en la factoría de Cebolla y en presencia de Andrés Eloy M. B. muestras de los aceites envasados por Oleícola T., S.A. El de marca E. resultó tener anilina. Entre el 16 y el 23 Jul. 1981, Andrés Eloy M. B. conoció aquella presencia de anilina, pero desde la inspección del 27 de mayo y a lo largo de junio continuó vendiendo el producto E. e incluso facilitaba a revendedores un escrito, encabezado por Oleícola T., S.A., en que se hacía constar que esa sociedad se responsabilizaba 'de la calidad de los aceites envasados con sus marcas comerciales...'" "En 1983 y en el aceite B. C. fue encontrado aceite de colza, grasa animal y 3 ppm. de oleilanilidas." "Y, entre los revendedores ambulantes que adquirieron aceites a Oleícola T., S.A., se hallaron Benito de L. R., que sólo se suministraba de Oleícola T., S.A.; José M. O., Manuel P. L., Teodoro F. M., Pedro L. R. y Tomás Y. P., vendiendo M. a su vez a Cayetano A. G., que comercializaba aceite en su lechería G. A., del centro de Madrid. Mas, bien porque los consumidores adquirían aceites sin marca de distintos revendedores, bien porque éstos simultaneaban las compras en diversas empresas, no puede afirmarse qué persona determinada haya resultado afectada o fallecida a consecuencia de los productos comercializados por Oleícola, T., S.A..."
A raíz de síndrome tóxico a fin de coordinar las, hasta entonces, dispersas competencias entre los distintos Ministerios, se creó a finales de 1981 la Subdirección General de Defensa contra Fraudes, de la DG Política Alimentaria, dentro del recién creado M.º Agricultura, Pesca y Alimentación.
6.-Roberto C. L., mayor de edad, sin antecedentes penales, desempeñaba, desde primeros de 1979, el cargo de Subdirector General de Higiene de los Alimentos, dependiendo de la DG Salud, del M.º Trabajo, Sanidad y S.S. Al asociarse la enfermedad del Síndrome Tóxico con el aceite, el Director General de la Salud, Luis V. C., en la tarde del día 9 Jun. 1981, nada más conocer el resultado de la investigación del doctor T., antes mencionado, que confirmaba la línea también mantenida por el Doctor U., Director de la Salud de Madrid, comunicó telefónicamente este extremo a Roberto C. L., encomendándole que actuase frente a la empresa A., S.A., por aparecer mencionada como suministradora de aceite tóxico, de venta a granel o en garrafas de 5 l. Roberto C. L. se puso en contacto con el Servicio de Fraudes y Disciplina de Mercado del M.º Economía y Comercio, y ordenó al Servicio de Alimentos de Origen Vegetal, Bebidas y Productos Alimentarios, dependiente de su Subdirección, que se inspeccionase esa empresa, teniendo que recurrir a las páginas amarillas de una guía de teléfonos, para localizar su domicilio, pues no aparecía en ninguno de los registros oficiales. Esta inspección fue realizada el día 11 Jun. 1981, por el Inspector de Farmacia de ese Servicio, Julián O. P., asistido de los también inspectores Rafael L. T. B. y Salvador V. Al ser preguntado Ramón F. L. sobre la existencia de registro sanitario, reconoció que carecía de él, que no lo había solicitado, y que no tenía la licencia de apertura del ayuntamiento de Alcorcón, pese a que la había solicitado en 1979. En el curso de la inspección se recogieron muestras de los aceites que se encontraron, y se concluyó inmovilizando la mercancía y clausurando temporalmente la empresa, haciéndole saber a Ramón F. L. que no podía entrar ni salir ninguna mercancía. Como éste no presentó documentación sobre proveedores y suministradores, los inspectores le indicaron que, el día 13 de junio, debía presentar esta documentación en la Subdirección. Los días 13 y 16 de junio Ramón F. L. y su hermano Elías F. L. se presentaron en las oficinas de esa Subdirección, y fueron recibidos por Roberto C. L. y por el inspector Julián O. P. En el curso de estas entrevistas mencionaron la identidad de alguna de las personas a las que suministraban aceite, e indicaron que ellos lo adquirían de la empresa R., S.A., de San Sebastián, además solicitaron que se levantase la inmovilización y precinto de sus instalaciones, a lo que Roberto C. L. se negó, y le enseñaron unos análisis de los Laboratorios C., en los que se hacían determinaciones toxicológicas, pero sin determinaciones de anilina. Estos informes se unieron al expediente, constando en algunos de ellos referencias manuscritas de 'para consumo humano', 'apto para el consumo'. A finales del mes de junio se creó una Comisión Interministerial, en la que se integraron los servicios de epidemiología, para realizar coordinadamente las investigaciones y seguimientos del Síndrome Tóxico. A la vista de los resultados de los análisis, que se iban obteniendo sobre aceites con marcas se elaboraba la relación de marcas que contenían el aceite tóxico, lo que se comunicaba puntualmente a la Subdirección General de Higiene, que lo hacía llegar a los medios de comunicación.
7.-En 1980 se encontraba prohibida la venta a granel de aceite y sin etiquetas, así como también la venta ambulante y domiciliaria de los aceites comestibles y era obligatorio el empleo de envases con precinto y marca registrada. La venta en espacios abiertos, mercadillos dependía de las disposiciones de cada ayuntamiento. En el Ayuntamiento de Alcorcón, Casimiro P. R., mayor de edad, sin antecedentes penales, desempeñaba el cargo de Concejal Delegado de Sanidad, desde las primeras elecciones locales de May. 1979, con dedicación a tiempo parcial, compatible con su trabajo como administrativo de una entidad bancaria de la capital, además formó parte temporalmente de la comisión de información sobre abastos. Durante el tiempo que ejerció su cargo, hasta Mar. 1982, en que dimitió, su única preocupación fue reivindicar el aumento de las dotaciones sanitarias del municipio, por haber quedado desfasados los servicios sanitarios existentes. El alcalde era el fallecido José A. C., y existía un concejal delegado de Mercados y Abastos, Francisco M. J., también fallecido. Estas concejalías no disponían de personal administrativo. En esa localidad, Alcorcón, se instalaba los martes un mercadillo ambulante, que el resto de los días de la semana recorría las localidades de Alcalá de Henares (lunes); Torrejón de Ardoz (miércoles); Madrid, B. de Carabanchel (jueves); Coslada y San Fernando de Henares (viernes); Madrid, B. de Orcasitas y Getafe (sábado); y Madrid, B. de Santa María (domingo). En este mercadillo existía un puesto de venta de aceites y aceitunas, regentado por Teodoro F. M., con licencia fiscal y municipal de Alcorcón, en el que además de otros aceites se vendía aceite en garrafas sin etiqueta, procedente de A., S.A. Además en gran parte de los puestos del mercadillo se vendía junto con otros productos aceite en garrafas de 5 l sin etiqueta. También existían personas que vendían de forma ambulante, por la calle estas garrafas de aceite, como Manuel P. M., que hacía el reparto de garrafas compatible con su trabajo, como cobrador de autobuses. Ninguna venta ambulante, ni en mercadillo consta que fuese detectada por personal del Ayuntamiento, de aceite en garrafas, sin etiqueta, no incoándose ningún expediente sancionador. Tampoco consta que realizase ninguna visita o inspección a la empresa A., cuya la licencia municipal de apertura solicitada como se ha mencionado en 1979, no fue resuelta hasta 1982, cuando pasados estos hechos fue denegada. Esta empresa sí abonaba las tasas correspondientes a impuesto de radicación y otras tasas municipales.
8.-En el Ayuntamiento de Valladolid, Miguel C. P., mayor de edad, sin antecedentes penales, desempeñaba el cargo de Concejal Delegado de Sanidad e Higiene y Asistencia Social, desde las primeras elecciones locales de May. 1979, con dedicación a tiempo parcial, compatible con su trabajo como médico, además formaba parte de la comisión de información sobre abastos. El cargo de concejal delegado de Mercados y Matadero lo desempeñaba Julián P. C., ya fallecido, y el de Alcalde Tomás R. B. En esa localidad existía un local, utilizado como almacén de aceite, en la calle Avutarda del B. de Los Pajarillos, del que era arrendatario Jesús E. C., que se surtía, además de con otros aceites de girasol o semillas, con aceite de colza desnaturalizado en A., S.A., procedente de R., S.A., almacén que carecía de licencia de apertura, y desde donde era distribuido a vendedores ambulantes, que en furgonetas lo vendían por la ciudad y hasta por otras provincias. Jesús E. C., ayudado ocasionalmente por otras personas, recorría con una furgoneta, cargada de garrafas, anunciándose con un altavoz, las calles de Valladolid, especialmente, por ese barrio, como los pueblos de esa provincia y de León o Palencia. Disponía de licencia fiscal. En las ciudades de Palencia y de León, aunque las visitó, fue detectado por miembros de la policía municipal, quienes le hicieron saber la prohibición de venta en esas localidades, cesando en su actividad. Concretamente en Palencia el día 5 Mar. 1981, mientras Jesús E. C. se había ausentado para cobrar unas deudas, miembros de la policía municipal sorprendieron a Juan Carlos M. R., que ese día le estaba ayudando, vendiendo en la calle garrafas de 5 l sin etiqueta de aceite que anunciaba como de oliva, y avisaron a funcionarios de la DG Información e Inspección comercial del M.º Comercio y Turismo, quienes levantaron un acta incautando la mercancía. Incoado el oportuno expediente se procedió al análisis del aceite, que resultó ser aceite de semillas, soja en casi su totalidad. En los pueblos de esas provincias eran numerosos los vendedores ambulantes de aceite en garrafas sin etiquetas. Ninguna venta ambulante, ni en mercadillo fue detectada por personal del Ayuntamiento, de aceite a granel, ni en garrafas, no incoándose ningún expediente sancionador, tampoco consta que conociese la existencia y funcionamiento del almacén de Jesús E. C. No hay constancia de que en esa época el Ayuntamiento concediese licencia alguna para venta ambulante, que no se permitía de productos alimenticios. El Reglamento regulador de la venta en la vía pública fue aprobado en la sesión del Pleno del día 17 Oct. 1980, publicándose en el Boletín oficial de la provincia el día 31 Ago. 1981, pues el Gobierno Civil no lo aprobó hasta que no se adoptó un acuerdo sobre determinación del perímetro urbano.
9.-En la localidad de Mozoncillo, Segovia, miembros de la Guardia Civil detectaron el 17 Sep. 1980, que el vendedor ambulante Demetrio R. A., se encontraba con la furgoneta, de su propiedad, vendiendo en la plaza Mayor, aceite en garrafas de 5 l sin marca, ni etiqueta, mercancía que le fue incautada y que procedía de A., S.A., incoándose el correspondiente expediente 40-06580, en la Jefatura Provincial de Comercio Interior de Segovia, en el que analizado el aceite resultó ser aceite de semillas, sin que apareciese tóxico alguno, pero sí defecto en el peso, atribuible a la empresa envasadora. El expediente fue resuelto en 1982 acordándose, además de la sanción del vendedor ambulante remitir copias para la incoación de expediente a A., S.A.».
La Magistrada Sra. Fernández Prado, en relación a los Hechos Probados de dicha sentencia dictada por la Secc. 1.ª de la Sala de lo Penal de esa AN, en el presente procedimiento abreviado cita el siguiente Voto Particular:
«Primero: El Magistrado discrepante acepta y se remite al encabezamiento, los antecedentes, hechos probados y fundamentos primero a duodécimo, compartiendo la valoración de las conductas de los acusados José G. F., Federico P. A., Antonio B. A., Roberto C. L., Miguel C. P. y Casimiro P. R., como no constitutiva de infracción penal. Discrepa de los fundamentos decimotercero y siguientes, relativos a Manuel H. B., pues no comparte el criterio de que su conducta pueda ser constitutiva de la falta que se expresa, entendiendo que no puede estimarse la existencia de responsabilidad penal alguna.»
Con fecha 19 Jun. 1996, se dictó auto de aclaración de la sentencia, que en relación a los hechos probados es del tenor literal siguiente:
«Antecedentes de hecho. Segundo: Dentro del plazo legal, la Procuradora D.ª Beatriz Ruano Casanova, en nombre de la acusación particular undécima, pidió aclaración de la sentencia en los siguientes extremos:
En el párr. 4.º de la pág. 30 de la sentencia, debían de suprimirse las palabras "sin cerrar" contenidas en la frase "en la ejecución de esa resolución se continúa llevando a cabo la actualización de la evolución de las carpetas correspondientes a los afectados sin cerrar". Se refería la recurrente a la ejecución de la sentencia de la "colza", de 20 May. 1989, y entendió que procedía la aclaración porque, efectivamente, la actualización se llevaba a cabo tanto, respecto a las carpetas cerradas, como a las carpetas sin cerrar. La misma acusación pidió que se aclarase si en la presente sentencia, las indemnizaciones -que se han fijado en el 50% de las determinadas en la S 20 May. 1989- deben computarse partiendo del montante de las indemnizaciones fijadas en la sentencia de 1989, incrementado con el interés legal anual más dos puntos, devengado hasta la S 24 May. 1996.»
Segundo: La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: «Fallamos: Que debemos absolver y absolvemos a los acusados José G. F., Federico P. A., Antonio B. A., Roberto C. L., Casimiro P. R. y Miguel C. P. de los delitos de imprudencia con resultado de muerte y lesiones, y contra la salud pública, de los que fueron acusados y de toda responsabilidad penal, con declaración de oficio de seis séptimas partes de las costas.
Que, absolviéndole de los delitos de que fue acusado, debemos condenar y condenamos a Manuel H. B., como autor de una falta de imprudencia simple sin infracción de Reglamentos con resultado de mal a las personas, a la pena de 20.000 ptas. de multa, al pago de una séptima parte de las costas, y a que indemnice a los herederos de los fallecidos por el síndrome tóxico y a los afectados por el mismo, que se hallen representados por las acusaciones, a una cuota indemnizatoria del 50% de las sumas fijadas en la sentencia dictada por la Secc. 2.ª de lo Penal de la AN el 20 May. 1989, en la causa 129 de 1981, y en el auto aclaratorio de 2 Nov. 1989, por lo que concretamente abonará las siguientes indemnizaciones: a) a los herederos de cada persona fallecida 7.500.000 ptas.; b) a los afectados con lesiones de duración entre 1 y 15 días, 75.000 ptas.; c) a los afectados con lesiones de duración entre 16 y 30 días, 150.000 ptas.; d) a los afectados con lesiones de duración entre 31 y 60 días, 300.000 ptas.; e) a los afectados con lesiones de duración entre 61 y 90 días, en 450.000 ptas.; f) a los afectados con lesiones de más de 90 días y sin incapacidad, 9.000.000 ptas.; g) a los afectados con incapacidad parcial permanente para su trabajo habitual, 12.500.000 ptas.; h) a los afectados con incapacidad total permanente para su trabajo habitual, 20.000.000 ptas.; i) a los afectados con incapacidad absoluta y permanente para todo tipo de trabajo, 35.000.000 ptas., y j) a los afectados con gran invalidez, 45.000.000 ptas. Los estados de sanidad de los afectados se basarán en los datos actualizados que obran en las correspondientes carpetas. La responsabilidad civil de Manuel H. B. será subsidiaria respecto a la de los condenados en la S 20 May. 1989. Manuel H. B. no responderá solidariamente del 50% suplementario de indemnización impuesto a los condenados en virtud de dicha sentencia.
Y debemos condenar y condenamos al Estado a que abone la indemnización impuesta a Manuel H. B., en defecto de pago por éste, debiendo deducirse en su caso las cantidades que con anterioridad haya anticipado la Administración a los perjudicados, con fines de resarcimiento, auxilio o subvención.
Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de casación en el plazo de 5 días a contar desde la última notificación.»
En el Voto Particular de sentencia, la Magistrada Sra. Fernández Prado, en relación a la misma dictada por la Secc. 1.ª de la Sala de lo Penal de esta AN, en el presente procedimiento abreviado cita la siguiente «Parte dispositiva: En atención a lo expuesto, para la Magistrada discrepante, la parte dispositiva de la resolución, hubiese debido ser: Que debemos absolver y absolvemos a los acusados Manuel H. B., José G. F., Federico P. A., Antonio B. A., Roberto C. L., Casimiro P. R. y Miguel C. P. de los delitos de imprudencia con resultado de muerte y lesiones, y contra la salud pública, de los que fueron acusados, con declaración de oficio de las costas.»
En el auto de aclaración de la S 19 Jun. 1996, se acordó lo siguiente: «Los Magistrados del Tribunal Acuerdan: Que no procede aclarar la sentencia dictada por este Tribunal el 24 May. 1996, en las diligencias previas 162/1989, del Juzgado Central núm. 1, en los términos pedidos por la Procuradora D.ª Beatriz Ruano Casanova, en representación de la Acusación Particular Undécima...».
I.- Recurso de la defensa del condenado Manuel H. B.
Primero: El recurrente alega un solo motivo de casación al amparo del núm. 1 art. 849 LECrim. (LA LEY 1/1882) por infracción e indebida aplicación del art. 586 bis CP en cuanto tipifica la falta de imprudencia simple por la que fue condenado en su día por la Sala de instancia.
Dada la vía casacional empleada, esta única alegación ha de tener necesariamente como punto de partida los hechos que la sentencia recurrida declara como probados, de ahí que, aun a fuer de repetitivos y como cuestión previa, se hace necesario resumir esa narración fáctica en lo que afecta al recurrente y en lo que aquí interesa. En este sentido, en el ap. 3 de los hechos probados, se dice lo siguiente: «El 30 Mar. 1973 tuvo entrada en la DG Aduanas una instancia de la empresa Laboratorios L., S.A., en la que se exponía que era importadora de aceite de colza desnaturalizado con aceite de ricino en una proporción del 10%... pero que dado el aumento de precio y las dificultades de localización del ricino le hacían solicitar se autorizase la adición (sustitución) de uno de estos dos materiales: el 10% de aceite mineral nafténico o bien el 2% de anilina». Esta instancia fue remitida para informe al Laboratorio Central de Aduanas que a la sazón estaba dirigido por el encausado, químico de profesión y licenciado en farmacia, quien con fecha 14 Abr. 1973 emitió el siguiente informe: «El Laboratorio Central no ve inconveniente en acceder a la solicitud del interesado, ya que el aceite de colza puede desnaturalizarse indistintamente con aceite mineral náftico o bien aceite de anilina, en sustitución del aceite de ricino que era el producto hasta ahora utilizado». Se añade que los desnaturalizantes propuestos «pueden identificarse fácilmente» y «hacen el aceite de colza inapropiado para la alimentación». En los mismos hechos probados también se dice que el inculpado «no dispuso que se realizasen en el laboratorio comprobaciones previas experimentales para averiguar las reacciones químicas y resultados tóxicos derivados de la combinación del aceite de colza con aceite de anilina». Ante tal informe, la mentada empresa obtuvo autorización para importar el aceite de colza desnaturalizado con anilina, aceite importado que no se desvió al consumo humano, y sí empleado exclusivamente a los fines industriales de la empresa.
La misma o parecida solicitud se hizo poco después (22 Jun. 1973) por la Sociedad R., S.A., empresas que, a diferencia de la anterior, empleó ese aceite así desnaturalizado para su venta en el mercado como aceite comestible. No consta sin embargo en los hechos probados que esta segunda instancia importadora fuera sometida a nuevo informe del Laboratorio, pero sí, de modo claro, que tal autorización fue concedida en base al primer informe reseñado.
También hay que decir (y ello es importante) que en el ap. 2 de esa narración fáctica se indica que la anilina, líquido oleoso, «no siempre modificaba, agregada al 2%, aspecto, color, sabor y olor del aceite de colza de manera perceptible sin instrumental técnico».
Finalmente, en ese mismo apartado, se hace referencia que «sin el añadido de la anilina al aceite de colza, no hubiera surgido el agente tóxico de la enfermedad».
Segundo: Ante tales hechos, la Sala de instancia consideró responsable de una falta de imprudencia del mencionado art. 586 bis CP al Director del Laboratorio Central de Aduanas, Manuel H. B., y ello por las razones jurídicas que en la sentencia recurrida se exponen y a las que nos remitimos en evitación de indebidas repeticiones.
Frente a ello se alza en casación el encausado-condenado en base a los argumentos que se contienen en el único motivo de su escrito de formalización y que pasamos a concretar del siguiente modo: a) No se dan los elementos integrantes de la falta de imprudencia simple con resultado de mal en las personas porque cuando se informó favorablemente acerca de la utilización de la anilina como desnaturalizante, no se pudo prever que el informe singular emitido a petición de una empresa concreta que además utilizó adecuadamente el producto, pudiera dar lugar a otras autorizaciones posteriores y en favor de empresas distintas. b) Asimismo, según su tesis, el inculpado no pudo tampoco prever que «9 años después» de su intervención se fuera a desviar al consumo humano un aceite destinado al consumo industrial. c) Tampoco que la ingestión de ese producto pudiera ocasionar la enfermedad que produjo, dado que no se conoce en la actualidad su agente causal y menos aún se conocía en el año 1973. d) Los resultados lesivos que se produjeron por la ingestión del aceite de colza fueron causados por terceras personas que lo desviaron al consumo de boca. e) No supone acción imprudente el hecho de no haber dispuesto pruebas experimentales previas al informe emitido para averiguar los procesos de transformación química que podría desencadenar la anilina en el aceite, porque «la utilización del tóxico lo iba a ser para la industria». f) Las muestras que se remitían al Laboratorio lo eran exclusivamente para «identificar el desnaturalizante». g) Por último, se vuelve a insistir en el dato de que el aceite era de exclusivo uso industrial y fueron únicamente unas terceras personas las que lo vendieron para el consumo humano.
Tercero: Tradicionalmente la jurisprudencia y la doctrina han venido a determinar como requisitos base e imprescindibles que deben acompañar a la figura jurídica de la imprudencia en cualquiera de sus facetas (temeraria, simple, hoy «grave» o «leve»), los siguientes: a) la previsión o la posibilidad de un resultado dañoso por parte del sujeto activo de la acción; b) que este resultado no sea querido por dicho sujeto, pues, si así fuese, lo simplemente culposo se convertiría en actividad dolosa, con las consecuencias calificadoras del tipo delictivo y subsiguiente diferencia de penas a imponer; c) esa actuación ha de infringir una «norma de cuidado»; d) la causación de un resultado que constituya infracción legal, y e) finalmente, un enlace lógico entre la actividad inicial y ese resultado, que constituye el requisito de lo que se ha dado en llamar «relación de causalidad».
Aunque todos y cada uno de los requisitos enunciados sean imprescindibles para que la acción imprudente se produzca, y también sean cuales fueran las tesis doctrinales que se emplean para definir esta figura jurídica (teoría clásica, teoría finalista, teoría de la imputación objetiva, etc.), la verdad es que el arranque o raíz prístina de la misma ha de fijarse en el «deber de cuidado» que ha de darse en toda actividad humana y que equivale en derecho «a la cautela o precaución requerida para la protección o salvaguarda de los bienes jurídicos». Esa cautela, como elemento subjetivo de ese deber de cuidado, entendemos que, a su vez, ha de tener base inicial en el dato objetivo de la mayor o menor peligrosidad de la acción que se emprende o realiza, de tal manera que el binomio cuidado-peligro constituye una relación directamente proporcional, a mayor peligro potencial, mayor exigencia de precaución y, en definitiva, mayor prudencia. Esto lo decimos, no sólo para la posible medición de la culpabilidad en sus diversos grados (delito o falta), sino, sobre todo, para poder determinar ab initio la existencia o no de esa modalidad delictiva, y es que si no existe ningún peligro o éste es casi inimaginable y, no obstante, se produce un resultado lesivo no podría hablarse de culpa, sino de caso fortuito o fuerza mayor. Consideramos así que el delito imprudente, desechado cualquier tipo de intencionalidad directa, indirecta o eventual, aunque no constituya en sí mismo un delito (o falta) de peligro, sí necesita en su inicio de un peligro potencial que luego se concreta cuando se produce el resultado, de ahí que, con independencia del cordón umbilical de la causalidad, el círculo de las acciones imprudentes queda cerrado cuando se aprecien estos tres elementos: falta de deber de cuidado, peligro latente en la actividad y resultado dañoso, bien para las personas, bien para las cosas.
Cuarto: En el presente caso, de la narración fáctica de la sentencia, de la que antes hemos hecho breve resumen, se infiere que los requisitos que entendemos esenciales se aprecian en la actividad del recurrente, ya que: 1.º Si se ponen en relación los conocimientos científicos del inculpado y el grado de responsabilidad que supone dirigir un laboratorio tan importante como es el de Aduanas, con la autorización por él concedida para desnaturalizar un aceite inicialmente comestible mediante el empleo de un veneno tan activo como la anilina, nos pone de relieve con toda claridad que dicha persona faltó de antemano al más elemental deber de cuidado, máxime si antes de la autorización no ordenó que se hicieran las necesarias comprobaciones experimentales, no sólo para determinar el grado de toxicidad de la anilina, sino para comprobar esa toxicidad en relación con el tanto por ciento de la mezcla, así como para establecer (y esto es muy importante) si un simple refinado del aceite así desnaturalizado podría confundir a un posible consumidor respecto a su apariencia exterior en cuanto a su olor y sabor. 2.º Es decir, con esa autorización acordada sin las debidas garantías, se creó inicialmente un peligro potencial que después se vio confirmado por el consumo de ese aceite desnaturalizado por un sin fin de personas que quedaron engañadas o confundidas por la apariencia comestible del producto, que no ofrecía diferencias perceptibles con otros aceites como, por ejemplo, el de oliva. 3.º El requisito causal entre consumo de ese aceite y sus consecuencias nocivas ya fue resuelto por esta misma Sala en S 23 Abr. 1992. Ahora sólo nos queda por decir que, si como hemos indicado, la acción imprudente del encausado coadyuvó a la venta y consumo de tal alimento envenenado, el requisito o elemento del resultado es obvio que se aprecia en dicha acción culposa.
Quinto: Para desvirtuar lo hasta aquí razonado, creemos que no son suficientes las alegaciones defensivas empleadas por el recurrente en su escrito de formalización del recurso, ya que: 1.º Como antes se ha dicho, cuando el inculpado informó favorablemente el empleo del aditamento venenoso sin tomar las debidas precauciones, pudo prever sus posibles consecuencias dañinas, sin que sirva de justificación a su conducta el hecho de que la primera petición de la mezcla o desnaturalización procediera de una empresa que después lo utilizó honesta y adecuadamente para fines exclusivamente industriales, pues tal empleo se realizó a posteriori de la tan repetida autorización, sin posibilidad de incidencia alguna en lo que constituye el núcleo esencial del deber de cuidado que genéricamente debió observar el acusado o lo que es lo mismo, esa buena utilización de uno de los peticionarios no tiene por qué borrar o destruir el peligro potencial creado desde el principio, según además luego se concretó, pues constituye un verdadero sofisma (lo decimos con los máximos respetos) pretender desviar la propia responsabilidad hacia terceros, haciéndola depender del modo de actuar de éstos si le es favorable, pero desligándose de ella si le es desfavorable, como ocurrió con otros importadores. La acción imprudente es única y dependiente del que de tal modo actúa, aunque sea o no reprochable penalmente según se produzcan o no los correspondientes resultados. 2.º En este mismo sentido, y como refuerzo de lo anterior, hay que tener en cuenta que ese primer informe (parece ser que único) tuvo necesariamente un carácter general y no específico para una sola importación, y para así entenderlo o interpretarlo basta una simple lectura del informe en cuestión en el que de modo genérico se autoriza, sin más, la mezcla de la colza con la anilina en una determinada proporción, sin hacer otro distingo que la indicación que ese aceite envenenado (como venía haciéndose cuando la mezcla era con ricino) sólo podía dedicarse a fines industriales, pero sin añadir otro cualquier condicionante sobre las personas importadoras que podrían solicitarlo, de ahí que en sucesivas importaciones la Administración dio por buena esa mezcla previamente autorizada científicamente de modo genérico. 3.º Por ello, carece de trascendencia a los fines exculpatorios que se pretenden el hecho de que el informe del laboratorio no fuera publicado oficialmente, pues tal publicación podría haber tenido trascendencia únicamente fuera o extramuros de la propia Administración, para conocimiento de los posibles nuevos importadores, pero no para la DG Aduanas y otros organismos que conocían perfectamente ese dictamen científico y de ahí que lo tuvieran en cuenta para sucesivas autorizaciones de importación, dado, insistimos, su carácter general y no específico. Y es que, en definitiva, el puro formalismo de la publicación carece del carácter constitutivo necesario en orden a evitar responsabilidades al recurrente. 4.º Respecto a la tesis impugnatoria de la falta de previsión del resultado dado el tiempo transcurrido entre el informe o autorización y el resultado producido, cabe argumentar que ese dato temporal no tiene por qué incidir en la calificación jurídica de la acción realizada, pues la falta de previsión en sentido estricto no ha de medirse a posteriori, aunque a posteriori tenga sus consecuencias, sino en el momento en que al agente comisor le sea exigible ese tan repetido deber de cuidado, siempre, eso sí, que ello sea una de las causas del posterior resultado. En el caso concreto que nos ocupa, según se ha dicho, todo surge y se desencadena con la autorización que se hace de la mezcla de un aceite perfectamente comestible con el añadido de un veneno desnaturalizador, autorización que en sí misma supuso un riesgo evidente y un peligro potencial que a la larga se concretó en unos resultados de gravísimas consecuencias, como de todos es sabido. La previsión, por tanto, debió existir y su falta no puede desconectarse con el resultado por el transcurso del tiempo, a no ser que ese elemento temporal fuera causa de prescripción de la infracción penal, mecanismo este prescriptivo que no es de aplicación al supuesto enjuiciado según se dijo en su momento. 5.º También se repite por la defensa del recurrente que esos resultados lesivos traen su causa directa de la actuación de aquellas personas que desviaron el aceite desnaturalizado hacia el consumo humano. Ello a simple vista es cierto, pero no evita distinguir entre la causa directa o inmediata del resultado y la que podríamos llamar causa mediata del mismo; a los primeros ya se les condenó en su día a penas muy graves por su actividad dolosa, aunque fuera en concepto de dolo eventual, pero tal no quiere decir que no puedan existir otras responsabilidades en menor grado de antijuridicidad (simple culpa) como es la del hecho aquí enjuiciado, que en esa medida es también penalmente reprochable. Es decir, una calificación no tiene por qué evitar la otra. 6.º Igualmente se trata de razonar por el recurrente que la calificación hecha por la Sala de instancia no puede inferirse del dato de no haberse procedido al análisis previo de la mezcla para averiguar el proceso de transformación o incidencia de la anilina en el aceite de colza, ya que esa mezcla tenía como única finalidad su utilización para la industria. También esto es cierto, pero ello no debió impedir que el informe del laboratorio fuera precedido de otros análisis más exhaustivos que hubieran podido determinar, no ya la toxicidad de la anilina en sí misma considerada (tal era obvio), sino el peligro que podría entrañar su mezcla con un aceite vegetal y, sobre todo, la posibilidad de que esa mezcla, con un adecuado refino, pudiera inducir a confusión sobre su ulterior empleo. O lo que es lo mismo, esa falta de análisis previo no podemos considerarla en sí misma como determinante del error cometido con la autorización, pero sí coadyuvante a que se posibilitara el desvío de su primitiva finalidad, es decir, esa falta de análisis previo es un dato añadido al deber de cuidado que se observa en el aquí enjuiciado. 7.º Finalmente existen otras alegaciones que se confunden con las hasta aquí expuestas o que reiteran los mismos argumentos, pudiendo destacar la señalada anteriormente con la letra f) cuando se indica que las muestras remitidas al laboratorio lo fueron exclusivamente para «identificar» el desnaturalizante. Sin embargo, de los hechos que se declaran probados, esa afirmación no parece cierta pues lo que ciertamente se solicitó fue algo más importante, la posibilidad de que pudieran realizarse importaciones sustituyendo el ricino por la anilina, a lo que contestó dicho organismo favorablemente, sin prever como debió haber hecho, y según antes hemos indicado, las posibles consecuencias dañosas del empleo de tal desnaturalizante.
Por lo expuesto, y sin necesidad de mayores razonamientos que, además, hemos de ampliar seguidamente, se debe rechazar el recurso.
II.- Recurso de las acusaciones particulares respecto a la aplicación del art. 565 CP al acusado Manuel H. B.
Primero: Las diversas acusaciones particulares, de un modo o de otro, con una fundamentación más amplia o más breve, pero siempre en base procesal del núm. 1 art. 849 LECrim. (LA LEY 1/1882), solicitan la casación de la sentencia con petición de que se transforme, respecto a dicho señor, la calificación jurídica de simple falta del art. 586 bis CP, en delito de imprudencia temeraria que se tipifica en el art. 565 de dicho texto legal. Algunas de esas acusaciones añaden, además, la pretensión de que tal delito de imprudencia temeraria deba incluirse en el párr. 2 de la norma cuando establece una agravación de la pena por motivo de que los actos imprudentes trajeran su causa de «la impericia o negligencia profesional». Se nos presentan así dos diferentes cuestiones en este recurso: en primer lugar, si la imprudencia ha de entenderse como temeraria y no como simple; en segundo término si, aceptado lo primero, se pueden encuadrar los hechos dentro del concepto de negligencia profesional.
Antes de nada hemos de indicar, aunque sea a modo de entre paréntesis, que, frente a esas alegaciones, las partes recurridas hicieron ver, sobre todo en el acto de la vista, que los recurrentes en sus respectivos escritos de formalización fundamentaron sus tesis en hechos o pruebas no recogidas en la narración fáctica de la sentencia, circunstancia que debió provocar la inadmisión a limine de esos recursos, de acuerdo con lo establecido en el art. 884.3 LECrim. (LA LEY 1/1882) Sin embargo, frente a ello hemos de decir que en algunos casos, y no en todos, las acusaciones recurrentes incidieron en ese defecto, pero basta examinar los escritos formalizadores para comprender que esa ampliación (desde luego indebida) de los hechos se nos presenta de modo más bien tangencial, como simple refuerzo de lo esencial del razonamiento, que viene a ceñirse en su conjunto a esa narración fáctica, como es obligado dada la vía casacional empleada en la impugnación. De todas maneras, este Tribunal, al emitir ahora su juicio, no ha de desviarse en lo más mínimo de tales hechos declarados probados.
Aparte de ello, y respecto al primer problema planteado, se ha de empezar por decir que partiendo de la base de la existencia de una conducta imprudente del encausado, según se ha razonado en el desarrollo del anterior recurso, lo único a resolver es la diferencia existente entre el delito imprudente y la falta, diferencia que no puede tener otro carácter que el cuantitativo, que ha de medirse, no ya por el resultado producido, sino esencialmente por el elemento del tantas veces repetido deber de cuidado que el agente comisor debe observar en cada caso concreto habida cuenta de las propias características de la acción, el mayor o menor peligro provocado y el área de influencia, tanto individual, como colectiva, que pueda tener su actuación. También se añade por la jurisprudencia como datos a tener en cuenta en esa medición culpabilística la mayor o menor previsibilidad de las consecuencias y las normas de convivencia social concatenadas a la acción imprudente (SS 24 Nov. 1984, 30 Ene. 1985, 28 Abr. 1986, 19 Jul. 1993, etc.).
En el caso concreto que nos ocupa, el grado de falta de cuidado y, por ende, de creación de un peligro, sobrepasa el concepto de falta leve para entrar de lleno en el tipo delictivo de imprudencia temeraria, ya que: a) Según se ha dicho (y a ello nos remitimos), se concedió una autorización genérica para desnaturalizar el aceite de colza empleando un veneno tan activo como es la anilina sin adoptarse previamente las precauciones adecuadas para evitar el peligro que tal autorización suponía, lo que entendemos por sí solo suficiente para que en el plano cuantitativo de la antijuridicidad de la acción ésta la debamos encuadrar dentro del delito de imprudencia y no de la simple falta. b) Esta calificación se refuerza con los hechos descritos y lo razonado en la propia sentencia recurrida; veámoslo: en el tercero de esos hechos se asevera que «Manuel H. B. no advirtió al Director General de Aduanas de la peligrosidad para la salud que suponía la anilina mezclada con aceite de colza en caso de desviarse el aceite para el consumo de boca», falta de advertencia a la superioridad que se reitera en el fundamento de derecho núm. 13, añadiéndose que para el inculpado «era perfectamente previsible el desvío del aceite de colza mezclado con anilina al consumo humano, previas las operaciones normales de refinado industrial dirigidas a eliminar el desnaturalizante», diciéndose también que dicho señor «como Director del Laboratorio Central de Aduanas tenía que conocer perfectamente la posibilidad de que un aceite introducido en España para fines industriales se desviase a usos alimenticios», posibilidad que fue reconocida por el encausado en sus declaraciones en las diversas fases del proceso.
Todo ello, unido a lo dicho al resolver el anterior recurso, nos conduce a la evidencia de que la falta de cuidado previo que se observa en el informe que autorizó la mezcla venenosa, junto a la falta de advertencia de su peligrosidad, sobrepasa el límite de la levedad inculpatoria, sin que para entender lo contrario nos sirva el argumento de lo remoto que pudiera resultar la previsibilidad del empleo para otros usos del aceite desnaturalizado, pues, amén que la sentencia en este punto resulta un tanto incoherente (ya hemos indicado que en otros pasajes de sus fundamentos se señala la casi inmediación entre la posibilidad del consumo y la falta de advertencia), la verdad es que el grado de antijuridicidad no ha de medirse desde un punto de vista puramente temporal respecto al resultado después producido, sino desde el plano de la gravedad de la acción en sí misma considerada y el riesgo más o menos grave que con ella se engendra. Por tanto, si la falta de cuidado al emitir el informe es muy resaltable, si con ello se produjo un grave peligro para la salud, unido a la omisión de alertar de tal peligro a quien debía y podía poner los adecuados remedios para impedirlo, la imprudencia ha de ser calificada de temeraria sea cual fuere el tiempo transcurrido (aparte de la prescripción del delito, que se ha desechado) en la producción real de los daños.
Por lo expuesto, se ha de dar lugar a lo pretendido por las diversas partes acusadoras en el punto que los hechos realizados por Manuel H. B., como Director del Laboratorio Central de Aduanas, deben ser calificados como delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte y lesiones tipificado en el art. 565 CP y no de simple falta del art. 586 bis del mismo texto, con las demás consecuencias legales.
Segundo: Algunos de los recurrentes, empleando la misma vía procesal del art. 849.1 LECrim. (LA LEY 1/1882), pretenden que se aplique al encausado el subtipo agravado que se recoge en el párr. 2 art. 565 CP cuando la imprudencia fuese consecuencia de «impericia o negligencia profesional».
Aun partiendo de la base de que el delito de imprudencia exige la concurrencia de un elemento sicológico que afecta al poder y facultad humana de previsión y se traduce en la posibilidad de conocer y evitar el evento dañoso empleando para ello el debido cuidado, no por eso, cuando se trata de un profesional al que se achaca o imputa ese descuido o falta de previsión, hay que aplicarle la agravación que aquí se pretende, pues, como reiteradamente tiene dicho la jurisprudencia, hay que distinguir entre la «culpa del profesional» y la «culpa propiamente profesional», y aunque esta distinción sea un tanto confusa y sus parámetros de muy difícil mesura, la verdad es que la imprudencia profesional tiene su base y fundamento punitivo (agravado) en lo que se podría denominar «auténtica impericia» o «impericia crasa» que tiene su fundamento en la vulneración de la lex artis, mientras que el otro tipo no agravado consiste en la imprudencia común aunque sea cometida por un profesional (sentencias, entre otras muchas, de 17 Feb. 1986, 28 Nov. 1987 y 29 Oct. 1994).
Aquí, en el supuesto enjuiciado, aunque la persona que cometió la acción imprudente tiene una muy importante cualidad profesional, e incluso esa cualidad fue posiblemente la que determinó su nombramiento de director del laboratorio del que procedió el informe favorable para la desnaturalización, sin embargo tal informe en sí mismo considerado, aunque fuera el inicial desencadenante de lo después ocurrido, no transgredió las normas de la pericia exigidas a ese profesional, y mucho menos con la evidencia que exige el tipo agravado. Es más, puede asegurarse que no hubo impericia en el sentido técnico de la palabra, sino un descuido y falta de previsión de lo que con el informe pudiera ocurrir, que queda al margen o es puramente tangencial respecto al núcleo o esencia de la profesionalidad del agente comisor.
Se deben rechazar, por tanto, los diversos recursos en este punto de la imprudencia agravada.
III.- Recursos de las acusaciones particulares contra la absolución de Federico P. A.
Primero: Algunas de las acusaciones y también con sede adjetiva en el art. 849.1 LECrim. (LA LEY 1/1882), impugnan la sentencia recurrida por no haberse aplicado el art. 565 CP, en cuanto tipifica el delito de imprudencia temeraria, a la actuación de Federico P. A., absuelto por la Sala de instancia.
Partiendo igualmente de la base, como es obligado, de los hechos que la sentencia declara probados, podemos afirmar lo siguiente: 1.º Desde el año 1980 dicho inculpado ocupó el cargo de Jefe de Sección de la DG Política Arancelaria e Importación a quien correspondía por delegación del entonces Director General, hoy fallecido, las facultades de «firma» y «resolución» sobre la materia de importación de aceite de colza desnaturalizado, es decir, en aquellas fechas era el único responsable o, al menos, el responsable directo, del despacho de esas importaciones, ya que como se dice en la sentencia, sin su firma «no era posible que se permitiese el tránsito de la mercancía por la Aduana». 2.º La empresa R., S.A., que fue una de las que desvió el aceite al consumo humano, a pesar de que inicialmente tenía un límite anual de importación de ese producto de 400 t, consiguió las siguientes autorizaciones: sólo en el mes de Dic. 1979, 105.000 kg; en el año 1980, 655.000 kg; y en el transcurso de Ene. a Abr. 1981, 399.000 kg. Es también de resaltar que sin justificación alguna, en la última partida correspondiente al mes de Abr. 1981, se aumenta el cupo de importaciones a 800 t, así como que (y esto es importante) muchas de las licencias, sobre todo aquellas que se repiten muy seguidas y dentro del mismo mes, carecen de número de solicitud, anomalía de la que tampoco se dio adecuada explicación lo que denota prima facie una cierta clandestinidad la importación de esas partidas, máxime si nos fijamos que entre ellas están incluidas las de mayor volumen cual son la de 1 Dic. 1980 y la de 16 Ene. 1981, por un total respectivo de 207.000 y 110.000 kg. 3.º En vista del aumento de esas importaciones por una misma empresa, el encausado, sobre el mes de Dic. 1980, se entrevistó con dos de los responsables de la misma que justificaron ese aumento alegando «los planes de expansión de R., S.A., y la ampliación de su clientela, así como su intención de sustituir el suministro de bidones por el de cisternas para abaratar costes». A pesar de tan simple explicación, el responsable de las importaciones, ni practicó mayores averiguaciones, como hubiera sido menester, ni, en consecuencia, restringió el número de aquéllas, que continuaron en una línea ascendente. 4° El también acusado, José G. F., en su calidad de Director General de Competencia y Consumo, a través de la Sección de Productos Vegetales, Aceites, Vinos y Transformados, el 14 May. 1980, dirigió comunicación al Director General de Política Arancelaria e Importación en la que se expresaba que aun cuando de la investigación preliminar desarrollada no se deducían indicios de desviación del aceite a otros fines que los industriales, «convendría que se insistiera cerca de los servicios competentes para la comprobación de la desnaturalización». Posteriormente, y en escritos de 6 Nov. 1980, 2 Feb., 3 Mar. y 11 Mar. 1981, de una manera más insistente, la misma DG Competencia y Consumo continuó advirtiendo a la de Política Arancelaria e Importación sobre la conveniencia de «conocer con exactitud las necesidades de la industria antes de proceder a su autorización, habida cuenta del aumento de las solicitudes de licencias de importación de aceite de colza desnaturalizado». Tampoco en estos casos se hizo investigación alguna al respecto, y se continuaron autorizando las importaciones en cantidades desproporcionadas para las necesidades de la tan repetida sociedad.
Segundo: Sumadas todas esas circunstancias así descritas, se aprecia de modo indudable que el imputado, no de manera esporádica, sino a través del tiempo y de forma contumaz, hizo dejación evidente de sus obligaciones, provocando así una desmedida entrada de aceite envenenado en nuestro país, lo que facilitó, aunque fuera sin malicia, el criminal negocio del desvío del producto al consumo humano.
Por entender lo contrario no puede servir de exculpación el hecho de que en esa época ostentara el cargo de Director General de Importaciones una persona ya fallecida, pues, según hemos dicho, la propia sentencia reconoce que las facultades de «firma» y «resolución» correspondían de modo exclusivo, aunque fuera a través de la vía de la delegación, a Federico P. A., añadiéndose, según también hemos indicado, que sin su autorización no era posible el tránsito del tan repetido producto por la aduana. Tampoco tiene virtualidad suficiente para llegar a una resolución exoneratoria de responsabilidades, lo razonado por la Audiencia en el segundo de sus fundamentos de Derecho de que carece de importancia el dato de que en las autorizaciones importadoras se emplease un impreso distinto al reglamentario, ya que la falta de cuidado o dejación de sus deberes que deben achacarse al inculpado no trae causa de esa circunstancia, sino en el hecho probado de que, como garante principal de las importaciones, y no obstante las continuas advertencias que le hicieran, no tomó las precauciones mínimas necesarias para reducir las mismas (las importaciones) hasta lo que marcaba la lógica, sin hacer las averiguaciones imprescindibles sobre las necesidades que tenían las industrias en aquellos momentos. Como refuerzo a esa falta de prudencia cabe añadir que al acusado, como a cualquier persona, no podía pasar desapercibido el hecho de que en aquellos años la industria nacional estaba atravesando momentos difíciles de producción y liquidez, siendo por ello muy llamativo, por paradójico, que se aumentasen las compras de algunos productos puramente tangenciales como podía ser el aceite de colza desnaturalizado.
Respecto al grado de culpabilidad en que incurrió el encausado y ahora recurrido (imprudencia simple o temeraria), de lo hasta aquí expuesto sólo cabe inferir que, tanto desde el punto de vista positivo de su actuación (concesión indiscriminada y en aumento de importaciones a una misma empresa), como desde la perspectiva omisiva de la misma (falta de investigación sobre las necesidades reales de esas importaciones), la imprudencia ha de ser calificada como de temeraria, y, por ende, constitutiva del delito tipificado en el art. 565 CP.
Se da lugar, por tanto, a los recursos de las diversas acusaciones particulares en el punto relativo a la responsabilidad de Federico P. A.
IV.- Recursos de las acusaciones particulares respecto al acusado absuelto Casimro P. R.
Unico: Como en los supuestos anteriores, varias de las acusaciones particulares, a través también del art. 849.1 LECrim. (LA LEY 1/1882), impugnan la sentencia de la AN en lo relativo a dicho señor por entender que también debe ser condenado por un delito de imprudencia temeraria tipificado en el art. 565 CP.
De la narración fáctica que se contiene en la sentencia (fundamento de hecho séptimo) se aprecia lo siguiente: a) El inculpado, desde el año 1979 a 1982, desempeñó el cargo de Concejal Delegado de Sanidad del Ayuntamiento de Alcorcón con dedicación a tiempo parcial, ya que ese cargo lo compatibilizaba con su trabajo de administrativo en una entidad bancaria. Además de esta concejalía existía la de Mercados y Abastos desempeñada por una persona ya fallecida, concejalías ambas que no disponían de ningún personal administrativo. b) En la referida localidad se instalaba un solo día a la semana, concretamente los martes, un mercadillo ambulante en el que existía un puesto con licencia municipal que se dedicaba a la venta de aceites y aceitunas, entre cuyos productos se vendía aceite en garrafas de 5 l sin etiqueta, procedentes de la empresa A. c) No consta que por personal del Ayuntamiento fuera detectada, ni en el mercadillo, ni en ningún otro lugar, esa venta en garrafas, no incoándose ningún expediente sancionador. Tampoco por ese personal se efectuó inspección alguna a la referida empresa, ya que carecía de licencia municipal de apertura.
De tales hechos así resumidos, no se puede inferir la existencia de un hilo conductor serio y fundado entre la actividad (o falta de actividad) del imputado y esa especie de permisibilidad en la venta de aceite sin cumplir los requisitos legales para ello, ni mucho menos una relación de causalidad con el resultado del envenenamiento de parte de la población al consumir el aceite así expendido. Y es que en realidad, además de que no están muy claras las obligaciones de un concejal de sanidad en estos aspectos de la falta de etiquetado de los envases, la pretendida responsabilidad habría que medirla también teniendo en cuenta la falta de medios en que se mueven los titulares de estos cargos, su falta lógica de preparación y, sobre todo el hecho evidente de que quien estuviera al cargo de la inspección callejera (venta ambulante, mercadillos, etc.) no le indicó nunca, no ya del peligro y clandestinidad de esas ventas, ni siquiera de su existencia. A esto se puede añadir, precisamente, que según se dice en los propios hechos probados, durante el tiempo que ejerció su cargo su labor esencial y gran preocupación fue la de «reivindicar el aumento de las dotaciones sanitarias del municipio, por haber quedado desfasados los servicios sanitarios existentes».
Se deberá, por tanto, mantener la absolución de este acusado, rechazando los recursos acusadores que a él se refieren.
V.- Recursos de las acusaciones particulares respecto a Miguel C. P.
Unico: Casi todo lo dicho respecto a Casimiro P. R. es válido en este supuesto, ya que: a) Se trata de un Concejal Delegado de Sanidad e Higiene y Asistencia Social del Ayuntamiento de Valladolid que desempeñó su cargo desde las primeras elecciones locales de May. 1979 haciéndolo a tiempo parcial al compatibilizarlo con su profesión de médico. Existía, además, la concejalía delegada de Mercados y Mataderos que durante aquellos años fue ocupada por una persona ya fallecida. b) En esa ciudad existía un local, utilizado como almacén de aceites, que se surtía, además de con aceites de girasol y otras semillas, con aceite de colza desnaturalizado en A., S.A., procedente de R., S.A., almacén que carecía de licencia de apertura y desde donde se distribuía a vendedores ambulantes que a su vez lo vendían en furgonetas por la ciudad y provincia, así como en las de Palencia y León, siendo detectada la venta, concretamente en Palencia, por miembros de la Policía Municipal que lo denunciaron a la DG Información e Inspección Comercial del M.º Comercio y Turismo, aunque no resultó ninguna consecuencia porque se trataba de aceites de semilla, soja en casi su totalidad. c) En Valladolid no fue detectada por quien correspondía (principalmente guardias municipales) ninguna venta ambulante, ni mercadillo, ni se conocía la existencia y funcionamiento del almacén de referencia, por lo que no fue incoado ningún expediente sancionador. d) Finalmente, no existe constancia de que en esa época el Ayuntamiento concediese licencia alguna para venta ambulante de productos alimenticios, ya que el Reglamento regulador de la venta en vía pública fue aprobado en sesión plenaria con fecha 17 Oct. 1980, pero no entró en vigor hasta que dio su visto bueno el Gobierno Civil, el día 31 Ago. 1981.
Este panorama fáctico nos pone claramente de relieve que el acusado, ni por acción, ni por omisión, intervino en los hechos denunciados, ya que por nadie fue avisado de la existencia de las ventas clandestinas, ni, sobre todo, era su obligación directa hacer las averiguaciones correspondientes a esas transacciones, que en todo caso lo hubieran sido del responsable de la organización e inspección de mercados. No puede hablarse, por tanto, de ninguna clase de culpabilidad, según se solicita por los recurrentes, ni en el grado temerario de la imprudencia, ni siquiera en el más leve de la imprudencia simple, ya que el imputado quedaba fuera del área de influencia de esas ventas clandestinas, careciendo de cualquier obligación que garantizase su adecuada práctica.
Se deberá mantener la absolución de Miguel C. P., desestimándose los recursos de las acusaciones que a él se refieren.
VI.- Recurso de las acusaciones contra la absolución del acusado José G. F.
Unico: Siguiendo la misma técnica empleada en los anteriores recursos, y puestos en relación el contenido del ap. 4 de los hechos declarados probados con lo razonado en el segundo de los fundamentos de Derecho, ap. B), sólo cabe deducir lo siguiente: a) En el mes de Feb. 1980, el aquí acusado fue nombrado Director General de Comercio Interior y Comisario General de Abastecimientos, ocupándose poco después también del despacho y firma de la DG Consumo y Disciplina del Mercado, habiéndose fusionado poco después ambas Direcciones Generales de la que continuó siendo titular dicho señor. b) En el mismo año, incluso antes de empezar a producirse el desvío al consumo humano del tan repetido aceite de colza desnaturalizado, en la DG Comercio Interior «empezó a existir una cierta preocupación por el aumento de esas importaciones, lo que dio lugar a que José G. F. ordenase cursar las debidas instrucciones a los servicios de Comercio dependientes del Consejo General Vasco, competente al ser materia transferida, para que se comprobase la correcta utilización de diversas licencias de importación» que no son del caso reseñar. En el mismo sentido, y según se ha dicho con anterioridad, la DG Competencia y Consumo, con fecha 14 May. 1980, dirigió una comunicación al Director General de Importación en la que se señalaba que «convendría se insistiera cerca de los servicios competentes para la comprobación de la desnaturalización». Posteriormente, en escritos de 6 Nov. 1980 y 2 Feb. y 3 y 11 Mar. 1981, siguió informando a ese Director General de «la conveniencia de conocer con exactitud las necesidades de la industria antes de proceder a su autorización habida cuenta de los aumentos de las solicitudes de licencia de importación de aceite de colza desnaturalizado».
Estas inquietudes, perfectamente probadas documentalmente, nos muestran sin ningún tipo de fisuras que la actuación de dicho Director, al ponerlas de manifiesto a las autoridades competentes, obró con plena cautela y cuidado en el cumplimiento de la misión que tenía encomendada, no siendo de recibo achacarle, como indebidamente se hace, ningún tipo de actividad imprudente. Y es que algunas de las acusaciones recurrentes, para llegar a tal conclusión, lo hacen a través de ampliar, modificándolos, los hechos que la sentencia declara como probados, dialéctica totalmente inadmisible, según también se ha indicado, cuando se emplea como vehículo casacional la infracción de ley del art. 849.1. Incluso, aun en el caso de las alegaciones basadas en un posible error de hecho del núm. 2 de ese precepto, la conclusión exoneratoria sería la misma, pues a través de la causa no se encuentran documentos con suficiente fiabilidad que puedan contradecir mínimamente los antes enunciados.
Los recursos referidos a este punto del debate se deben inadmitir sin necesidad de más amplias consideraciones.
VII.- Recurso de las acusaciones respecto al encausado Roberto C. L.
Unico: La actividad desarrollada por este acusado, después absuelto, se describe en el ap. 6 de la narración fáctica que se contiene en la sentencia recurrida, y como antes hemos hecho creemos conveniente hacer un pequeño resumen de la misma a efecto de posteriores conclusiones, relacionándola con lo brevemente expuesto por la Sala en el primero de los fundamentos de derecho en su ap. D). Así tenemos que: a) El encausado desempeñaba, desde primeros de 1979, el cargo de Subdirector General de Higiene de los Alimentos, dependiente de la DG Salud del M.º Trabajo, Sanidad y S.S. b) En época en que ya se había asociado, según diversos informes periciales de alto contenido científico, la enfermedad que se denominó «síndrome tóxico» con el consumo de aceite de colza desnaturalizado, el Director General de la Salud comunicó telefónicamente este extremo a Roberto C. L., encomendándole que actuase frente a la empresa A., que aparecía como suministradora de aceite tóxico a granel o en garrafas de 5 l, lo que así hizo, ordenando al Servicio de Alimentos de Origen Vegetal, Bebidas y Productos Alimentarios, dependiente de su Subdirección, que se inspeccionase esa empresa, inspección que fue realizada el 11 Jun. 1981, comprobándose que carecía de registro sanitario, no teniendo tampoco licencia de apertura del Ayuntamiento de Alcorcón, municipio en donde estaba establecido el almacén distribuidor. En el curso de la inspección se recogieron muestras de los aceites que se encontraron y se concluyó «inmovilizando» la mercancía y «clausurando» temporalmente la empresa, haciendo saber a uno de sus máximos responsables que «no podía entrar ni salir ninguna mercancía». c) Los días 15 y 16 de junio ese responsable, junto con otro, se presentaron en la Subdirección General, y después de una conversación con el ahora encausado solicitaron que «se levantase la inmovilización y precinto de sus instalaciones», petición que fue «denegada» por el subdirector. d) A finales de ese mismo mes se creó una Comisión Interministerial para realizar coordinadamente las investigaciones y seguimientos del síndrome tóxico, y a la vista de los resultados de los análisis, se elaboraba la relación de marcas que contenían el aceite tóxico, lo que se comunicaba a la Subdirección General de Higiene, cuyo responsable «hacía llegar puntualmente las listas a los medios de comunicación».
Es claro que de estos hechos no puede inferirse ningún tipo de actuación imprudente, es más, resulta todo lo contrario si advertimos que después de las inspecciones se «inmovilizó» la mercancía, se «clausuró» la empresa, impidiendo cualquier tipo de actividad negocial, se negó directamente por el propio encausado el levantamiento de tales prohibiciones y, finalmente, fue él mismo quien de modo continuado advirtió a los ciudadanos del peligro que entrañaba el consumo del aceite. Su actuación, por tanto, la entendemos perfectamente adecuada a las reglas de su cargo y de su responsabilidad.
Cosa diferente es que ciertos recurrentes traten de añadir a los hechos probados datos o circunstancias que no aparecen narrados o recogidos en la sentencia, alegaciones éstas que carecen de toda virtualidad inculpatoria en cuanto no pueden tenerse en cuenta dada la vía casacional empleada que no es otra, en esencia, que la infracción de ley del art. 849.1 LECrim. (LA LEY 1/1882), que obliga a ceñirnos en exclusiva a los hechos declarados probados, sin posibilidad alguna de ampliarlos, ni modificarlos, a la hora del enjuiciamiento en este trámite. Pretender lo contrario sería tanto como desconocer la propia naturaleza del recurso de casación, convirtiéndolo en una segunda instancia.
Algunas partes alegan también, aunque sea de modo tangencial, la infracción del principio de presunción de inocencia que proclama el art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978), tratando de demostrar la culpabilidad de los acusados a través de la prueba practicada. Frente a ello sólo cabe indicar que ese principio presuntivo sólo puede ser alegado por los condenados en la sentencia, lo contrario sería tanto como crear («inventar») la figura de la «presunción de inocencia invertida» o, lo que es lo mismo la de «presunción de culpabilidad», figura inadmisible, tanto desde el punto de vista constitucional, como de las normas positivas.
Por lo dicho, se deberán inadmitir los recursos, manteniendo la absolución del encausado a que los mismos se refieren.
VIII.- Recursos de las acusaciones particulares respecto al imputado Antonio B. A.
Unico: Ciertas acusaciones particulares, también con base en el art. 849.1 LECrim. (LA LEY 1/1882), impugnan la sentencia de instancia por considerar indebida la absolución de este acusado y entender, por el contrario, que los hechos por él cometidos deben tipificarse como delito de imprudencia temeraria del art. 565 CP.
Los hechos que se declaran probados en la sentencia, y a los que necesariamente nos hemos de atener dada la vía casacional empleada, nos muestran, en lo que aquí interesa lo siguiente y que se concreta en el ap. 5 de la narración fáctica: a) Antonio B. A. fue nombrado, el 21 Oct. 1980, Jefe del Servicio de Defensa contra Fraudes, Ensayos y Análisis Agrícolas, dependiente de la DG Industrias Agrarias del M.º Agricultura y con anterioridad Jefe de Sección en el Servicio de Inspección de Productos y Medios Agrarios. b) Dando cumplimiento al Decreto regulador de la campaña olivarera 1980-1981, se inspeccionó por la delegación de Madrid la empresa A. y ello aunque no estaba registrada en aquel Ministerio sino en el de Industria, tomándose muestras de dos marcas de aceite que, una vez analizadas, se detectó que se había manipulado un aceite de orujo, para corregir la acidez, mediante un sistema no autorizado, empleándose aceites esterificados. En vista de ello, Antonio B. A., el 22 Abr. 1.981, dictó una providencia ordenando la incoación de expediente sancionador que concluyó con la imposición por el Ministro de Agricultura de una multa de 1.320.000 ptas., sin que en el curso de la inspección se realizaran comprobaciones relativas a materias sanitarias, ni industriales, que hubieran correspondido a otros departamentos ministeriales. c) En May. 1981, por la delegación de Toledo, se inspeccionó la empresa Oleícola T., tomándose muestras de aceite de girasol que, sometidas a análisis, se comprobó el 16 de julio (ya se había descubierto el origen del síndrome tóxico) que contenían una pequeña cantidad de anilina, un 8 por millón, comunicándose el resultado al Servicio Central de Defensa contra el Fraude, organismo que inmediatamente acordó la inmovilización de la mercancía y la remisión del expediente al M.º Sanidad por afectar la cuestión a la salud pública.
Los referidos hechos así resumidos en lo esencial, nos muestran una actuación impecable del acusado, sin que pueda apreciarse ni remotamente, que faltara en momento alguno al deber de cuidado que le imponía su deber y responsabilidad como funcionario del área de la administración de que se trata, cual era simplemente evitar el fraude en el mercado de ciertos productos, sin entrar en otras cuestiones que se escapaban a su área competencial, aunque incluso colaboró con Sanidad (la verdad que era también su deber) enviando el expediente tramitado en cuanto se detectó una mínima posibilidad de envenenamiento de unas partidas de aceite de girasol.
Todo ello está muy lejos de poderse apreciar en la actividad funcionarial de dicho señor cualquiera de los requisitos que conforman la imprudencia, ya sea ésta en su grado de temeraria, ni siquiera de simple, pues como hemos dicho, ni faltó en lo más mínimo a su deber de cuidado, ni creó ninguna clase de peligro, ni existió relación causal de clase alguna entre esa actividad y el resultado producido.
Ello es tan evidente que nos exonera de emplear mayores razonamientos para mantener la absolución acordada por la sentencia de instancia y, por ende, rechazar los recursos en este punto.
IX.- Recurso del Abogado del Estado
Primero: El inicial motivo se formula por infracción de ley al amparo del art. 849.1 por indebida aplicación del art. 586 bis del anterior CP, vigente en las fechas de la comisión de los hechos enjuiciados, falta de imprudencia por la que fue condenado el Director del Laboratorio Central de Aduanas.
Sin perjuicio de poner en duda la legitimación activa del representante del Estado en orden a recurrir cuestiones o decisiones que atañen a un área puramente penal la realidad es que los problemas que en este punto se plantean han sido ya resueltos al tratar de los recursos interpuestos, tanto por la representación del condenado, como por las diversas acusaciones particulares.
Sin más, hemos de rechazar el motivo.
Segundo: Con la misma sede procesal se alega la infracción del art. 113 del referido CP cuando establece que las faltas prescriben a los 2 meses.
Este motivo decae desde el momento en que, según hemos dicho, se ha de condenar a dos de los encausados, no por una falta de imprudencia, sino por sendos delitos del art. 565 del indicado texto legal. Sin embargo, y a efectos puramente dialécticos, entendemos que este motivo hubiera carecido siempre de un mínimo sostén legal (lo decimos con los máximos respetos) en cuanto que el plazo prescriptivo que se propugna (2 meses) no era el aplicable ya que no ha de tenerse en cuenta la calificación última que haga la sentencia (en este caso fue de simple falta), sino la petición pretendida por las acusaciones y con la que se inicia el procedimiento que es, a su vez, la que determina la competencia jerárquica de los Tribunales de instancia. Así lo ha entendido siempre la jurisprudencia cuando, por ejemplo, en la S 28 Feb. 1992 se dice que si el hecho es calificado de delito, el período de prescripción ha de entenderse referido al tiempo que el Código establece para este tipo de infracción, aunque la sentencia lo declare como falta, «pues así se cumplimentan los principios de seguridad y certeza».
En el presente caso, alguna de las acusaciones (véase la Asociación de Palencia) en sus escritos de calificación solicitaron, de acuerdo con la norma que consideraron aplicable, se impusiera la pena de 6 años y 1 día de prisión mayor, pena que, aun no aplicándose al final, podía ser motivo de polémica razonable, por lo cual el espacio temporal a tener en cuenta a efectos prescriptivos será el de 10 años que establece la regla 3.ª art. 113, a lo que hay que añadir, como bien razona la Sala de instancia al resolver el correspondiente artículo de previo pronunciamiento que «el art. 114 CP establece que la prescripción comienza a correr desde el día en que se hubiera cometido el delito... y en los casos en que se imputa un delito de imprudencia con resultado de muerte y lesiones, el delito debe entenderse producido, no cuando se realizó la conducta imprudente, sino cuando se produjo el resultado». Y es que, como hemos dicho en otro punto del recurso, es tal resultado el que completa (o cierra) el círculo de la acción delictiva, es el último de los requisitos de la acción imprudente, sin el cual el delito no nace. En el supuesto enjuiciado se puede fijar el inicio de los resultados dañosos hacia el año 1981 y si el procedimiento se dirigió contra la mayor parte de los imputados (como muy tarde) en May. 1984 y contra el resto en el año 1990, en ningún caso puede hablarse de prescripción de los delitos, máxime cuando en el iter del procedimiento no se acusan paréntesis que pudieran influir en ese plazo prescriptivo.
Por lo expuesto, este segundo motivo debe rechazarse.
Tercero: En el último de los motivos alegados, también por infracción de ley, se impugna la sentencia en el punto que considera al Estado como responsable civil subsidiario de los daños surgidos de una simple falta de imprudencia, siendo así que según el art. 121 del vigente CP, las faltas quedan excluidas de esa responsabilidad, precepto éste que además, y según tesis recurrente, es aplicable al caso de autos por aplicación de lo establecido en la disp. trans. 9.ª b) de dicho texto legal.
Nos hallamos en la misma situación del anterior motivo, ya que al tener que casar la sentencia en el sentido de calificar los hechos como constitutivos de delito y no de simple falta, el problema aquí planteado sobre la responsabilidad civil subsidiaria carece ya de verdadero contenido. No obstante ello, y dado el interés de futuro que con esta impugnación se plantea, entraremos en su examen aunque sea muy brevemente.
A) En un primer aspecto de la cuestión, hemos de decir lo siguiente: 1.-Es cierto que el mencionado art. 121, referido a la responsabilidad civil subsidiaria del Estado y demás entes públicos (autonómicos, locales, etc.) sólo habla literalmente de los «delitos» dolosos o culposos, pareciendo excluir con ello a las simples faltas, a diferencia de lo que ocurre en los demás preceptos circundantes que al tratar de esa responsabilidad civil, tanto directa como subsidiaria, sí se especifica que la misma surge tanto de los delitos como de las faltas. Sin embargo, y como indica la reciente sentencia de este Tribunal de 11 de enero de este mismo año, el silencio que se observa en el art. 121 sobre las faltas «no implica necesariamente su exclusión a efectos de la responsabilidad civil subsidiaria por tales infracciones criminales leves», pues el vocablo «delito» ha de entenderse como sinónimo de «infracción criminal», y así lo considera el mismo Código vigente en otros varios de sus preceptos entre los que cabe señalar, por vía de ejemplo, los núms. 4 y 5 art. 130, en relación con los arts. 80.4, 86 y 639. Además (continúa la sentencia) «se puede aducir el argumento de que si ahora se incluyen de modo expreso los delitos culposos, con más razón deben incluirse a estos efectos de responsabilidad las faltas dolosas», y, añadimos nosotros, también las simplemente culposas en cuanto pueden provocar, y de hecho provocan (véase la sentencia recurrida), gravísimos daños y perjuicios a terceras personas. 2.-Se podría contraargumentar que esta interpretación del precepto, aunque lógica, tiene un carácter extensivo, no sujeto a su propia literalidad o concreción como exige la hermenéutica penal. Sin embargo, hay que tener en cuenta, como después tendremos ocasión de repetir, que aunque las cuestiones sobre responsabilidad civil nacida del delito, tanto las directas, como las indirectas, estén reguladas o ubicadas por tradición legislativa (técnica no exenta de reproches) en el CP, su naturaleza jurídica es puramente civil, de ahí que no debe extrañar que las normas que las regulan puedan (y deban) interpretarse, bien extensivamente, bien por analogía, no ciñéndose al estrecho margen interpretativo que necesariamente se impone cuando se trata de normas puramente penales. O lo que es lo mismo, y según antes hemos dicho, la palabra «delito» que emplea el art. 121 hay que entenderla en el sentido de «infracción penal», comprensiva, tanto de los delitos stricto sensu como de las faltas.
B) En lo relativo a la pretendida aplicación retroactiva del vigente Código, y en concreto su art. 121, hemos de señalar lo siguiente: 1.-La disp. trans. 1.ª de ese texto, siguiendo la lógica de la irretroactividad como norma general, establece la retroactividad cuando los preceptos a aplicar sean más favorables al «reo». Ahora bien, esta disposición se está refiriendo en exclusiva a las normas «penales» y no a los supuestos de responsabilidad civil, aunque esta responsabilidad provenga ex delicto, ya que, en realidad, estas cuestiones tienen naturaleza puramente civil que, en este orden de la retroactividad o irretroactividad, deben más bien regirse por lo dispuesto en el art. 2.3 CC (LA LEY 1/1889) cuando establece que «las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusiesen lo contrario», norma ésta que representa un principio general de derecho al hallarse incluida dentro del Tít. Preliminar de ese Código y ser, además, coincidente, en esencia, con el art. 9.3 CE. 2.-Decimos que esa disposición transitoria sólo se está refiriendo a los preceptos estrictamente penales cuando emplea el vocablo «reo», mientras que en las responsabilidades civiles de lo que hay que hablar es de condenados por el delito y de víctimas del mismo, o más bien, de «deudores» y «acreedores» dentro de los parámetros de una obligación, aunque ésta nazca como consecuencia de una infracción penal. Además, y por ello, en este tipo de responsabilidades nunca puede saberse cuál es la norma más favorable, pues si bien puede serlo para el obligado a pagar, será más desfavorable para el que tiene que percibir lo debido, o viceversa. 3.-La disp. trans. 2.ª expresa que «para la determinación de cuál sea la ley más favorable se tendrá en cuenta la pena que corresponda al hecho enjuiciado...». Esta disposición, que tiene una indudable finalidad interpretativa, nos viene a confirmar lo antes razonado en cuanto para determinar la norma que sea más favorable emplea como único término comparativo el de la cuantía de la «pena» que corresponda al hecho enjuiciado, sin establecer, ni señalar, ningún otro baremo atendible en la aplicación temporal de uno u otro Código. 4.-Finalmente, la disp. trans. 9.ª b), que parece ser el principal sostén argumental de este motivo de casación, no contradice lo anteriormente dicho, pues, amén de que en ella nada se regula sobre el problema de la retroactividad de la norma más favorable, se trata en realidad únicamente de un precepto de naturaleza procesal y no sustantivo, ya que su finalidad se reduce exclusivamente a establecer unas reglas de simple procedibilidad relativas a los recursos de apelación y casación.
Este tercer motivo también debe ser desestimado.
X.- Recursos de la fijación de cuotas de los responsables civiles
Primero: La Sala de instancia en el fallo de su sentencia establece, respecto al único condenado por falta de imprudencia, el pago de una cuota indemnizatoria «del 50% de las sumas fijadas en la sentencia dictada por la Secc. 2.ª de lo Penal de la AN el 20 May. 1989», añadiéndose que dicho condenado «no responderá solidariamente del 50% suplementario de indemnización impuesta a los condenados en virtud de dicha sentencia». Como consecuencia de ello condena al Estado, como responsable civil subsidiario, en la cuantía referida de ese 50%. En el decimoséptimo fundamento de Derecho de la sentencia se razona muy brevemente que esa solución se justifica «en atención a su nivel de culpabilidad (del condenado) menos intenso a título de imprudencia y no de dolo y a la menor relevancia del aporte causal de su conducta respecto a los resultados lesivos», insistiéndose en que «no es aplicable a Manuel H. B. la norma sobre solidaridad en los responsables civiles entre los distintos partícipes del delito establecida en el art. 107 CP, al ser dicho acusado autor de una infracción penal distinta de las imputadas a los condenados en la S 20 May. 1989, por lo que H. B. sólo deberá responder de su cuota-mitad de las indemnizaciones y no solidariamente de la otra mitad».
Segundo: Lo decimos con los máximos respetos, pero no alcanzamos a comprender el contenido de la sentencia, ni en la solución final, ni en su breve fase motivadora, ya que: 1.-Es difícil (cuando no imposible) adivinar de dónde surge o nace el quantum indemnizatorio de ese 50%, pues si se aplica, como se dice, las cuotas correspondientes a cada responsable juzgado en anterior proceso, el tanto por ciento aplicable debería ser mucho menor del que ahora se indica, ya que dichos condenados ascienden al número de siete. 2.-Pero es que, sea de ello lo que fuese, entendemos erróneo medir el grado de responsabilidad civil por el grado de culpabilidad penal, pues no del hecho de que ésta sea menor (imprudencia y no delito doloso) tenga que ser menor la cuantía indemnizatoria, máxime, como ocurre en el presente caso, cuando no es aplicable el concepto de «compensación de culpas», ya que los sujetos pasivos, víctimas o afectados por el delito en cuestión en nada influyeron (obvio es decirlo) en la comisión del mismo. Insistimos, el grado de culpabilidad o antijuridicidad sólo tiene incidencia en la calificación jurídico-penal de la acción enjuiciada, pero no en los resultados indemnizatorios que de ella surjan o se provoquen, de tal manera que en la misma cuantía es responsable el que comete el hecho con dolo, que el que lo realiza por simple imprudencia.
Tercero: En cuanto al problema que se detecta en relación a la fijación de cuotas indemnizatorias y su incidencia en el responsable civil subsidiario, hemos de decir lo siguiente: a) Es cierto que el art. 106 CP establece que cuando sean dos o más los responsables de un delito o falta, los Tribunales señalarán la cuota de que debe responder cada uno. Sin embargo, esta norma de obligado cumplimiento y que en realidad refleja el concepto de las obligaciones mancomunadas, está referida exclusivamente a las relaciones internas entre los responsables penales, pero no a su relación externa con la víctima o víctimas del delito cometido, pues en este aspecto o área de la responsabilidad civil surge como norma general y aplicable la de la solidaridad que proclama el art. 117 del mismo texto legal. Es decir, y aunque la coordinación entre esos dos preceptos no resulta todo lo fácil que fuera de desear, cuando existe coautoría (o, en segundo plano, complicidad conjunta o coencubrimiento) el sistema de cuotas únicamente incide en cada uno de los obligados respecto a los demás, también obligados, pero no respecto a los perjudicados, quienes pueden exigir (por elección) la totalidad de lo debido a cualquiera de ellos, sin perjuicio de que una vez satisfecha la deuda por el reclamado, éste se convierta en acreedor de los demás en la cuota-parte que a cada uno le hubiera sido asignada, o lo que es lo mismo, la solidaridad se convierte en mancomunidad en este trámite o aspecto interno de la obligación. b) En consecuencia, siendo ello así, tampoco entendemos, según hace la sentencia, el por qué de exonerar al responsable civil subsidiario de tal obligación global pues el concepto de obligación subsidiaria está anclado directamente al concepto de obligación directa o principal de la que trae causa o razón de ser y consiste en responder en defecto de aquélla, ni en más, ni en menos, sino en la misma medida, ya que esas obligaciones subsidiarias por su propia naturaleza hay que medirlas con los mismos parámetros que las principales, de tal manera que si el acreedor directo debe responder de manera solidaria, en el mismo grado de responsabilidad hemos de entender que se halla el subsidiario, quien únicamente se distingue de aquél en lo que podríamos llamar «orden de prelación de créditos», pues los afectados con derecho a indemnización sólo podrán reclamar al segundo responsable cuando hayan agotado sus posibilidades de resarcimiento respecto al acreedor principal. c) Además, reforzando lo anterior, y empleando una interpretación analógica que en el área civil en que ahora nos movemos es perfectamente aceptable, podríamos también argumentar que el concepto de acreedor «subsidiario» es equiparable al de «avalista», ya que su naturaleza jurídica, su razón de ser y su finalidad son las mismas, garantizar deudas ajenas, y aunque sus fuentes de creación sean diferentes pues lo primero surge ope legis y lo segundo por voluntad exclusiva de las partes, diferencia creativa que, sin embargo, no es suficiente para disociar una y otra figura jurídica en el fondo de su finalidad garantista.
Cuarto: Si ese acuerdo de reducir las responsabilidades civiles carece de un verdadero sostén legal, lo mismo sucede si nos atenemos a la idea metajurídica de la «solidaridad» social que en el caso que nos ocupa ha de ser tenida muy en cuenta a esos efectos indemnizatorios dadas las circunstancias antecedentes que concurrieron en lo sucedido. En efecto, nos hallamos ante un supuesto de catástrofe nacional (más de 30.000 afectados entre muertes, invalideces y lesiones de todo tipo) en que el Estado pudo y debió afrontar con las consecuencias indemnizatorias suficientes para compensar y resarcir a los afectados de sus consecuencias, como en múltiples ocasiones ha venido haciendo en supuestos, por ejemplo, de inundaciones, sequías, etc., sin esperar a que los Tribunales decidan sobre posibles responsabilidades penales. Es más, esta obligación del Estado se presenta con mayor evidencia en el supuesto del envenenamiento por consumo de aceite de colza si tenemos en cuenta y nos fijamos que la «catástrofe» no tiene su raíz en supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, sino que en realidad su causa primaria no fue otra que la política mercantil del propio Estado en orden a la importación de ese aceite, que trató de proteger la producción y venta de los aceites nacionales evitando la importación del aceite de colza para fines comestibles debido a que tal aceite (o su semilla) aquí no se producía, y sólo aceptando su importación para usos industriales previa su desnaturalización, o, lo que es lo mismo, previo su envenenamiento. Por ello, más que nunca, el Estado, aparte su obligación jurídica, no puede evitar su obligación moral de indemnizar a los afectados en las cuantías señaladas en la sentencia, pero no en el 50% de las mismas, sino en su totalidad.
Según lo expuesto, se da lugar a los recursos de las diversas partes que hacen referencia a esta cuestión indemnizatoria.
XI.- Recurso de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) relativo a la exclusión indemnmizatoria de ciertos afectados
Primero: Con sede procesal en el núm. 1 art. 849 LECrim. (LA LEY 1/1882), esta Organización impugna la sentencia de instancia en cuanto excluye de todo derecho indemnizatorio a aquellas personas que no estén representadas por alguna de las acusaciones particulares, aunque estuviesen incluidas en las carpetas de afectados.
Hemos de empezar diciendo que esa exclusión que se acuerda en la sentencia carece de cualquier tipo de motivación, limitándose la Sala de instancia a indicarlo, sin más, en el último inciso del fundamento de derecho decimoséptimo para después acordarlo en el fallo. Incumple así el Tribunal el deber de razonar sus decisiones a que obligan, tanto las normas procesales positivas, como el art. 120.3 CE (LA LEY 2500/1978). Ello conlleva también una indudable dificultad de razonar el problema planteado en este trámite de casación. No obstante ello, y partiendo de la naturaleza jurídica del tipo de Asociaciones como la recurrente y sus finalidades estatutarias, hemos de indicar lo siguiente respecto a su legitimación activa en supuestos como el que nos ocupa.
A) El art. 51 CE (LA LEY 2500/1978) impone a los poderes públicos la obligación de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, obligación de la que hemos de destacar la seguridad, la salud y los legítimos intereses de los mismos que deben protegerse «mediante procedimientos eficaces» con alusión lógica a lo que se denomina protección procesal del consumidor o, lo que es lo mismo, «acceso de los consumidores a la justicia», ya que, según extendida doctrina, la protección judicial de los derechos e intereses de los consumidores constituye uno de los elementos capitales «a que debe dar solución toda política de protección al consumidor que desee alcanzar una mínima cota de eficacia». En este mismo sentido, y con un carácter supranacional, se pronuncia el denominado «Libro Verde sobre acceso de los consumidores a la justicia y solución de litigios en materia de consumo en el Mercado Unico» que fue presentado por la Comisión de las Comunidades Europeas en Bruselas el 16 Nov. 1993, en cuyo preámbulo se dice, entre otras cosas, que «en un Estado de Derecho la legislación debe establecer por medio de normas jurídicas generales un equilibrio entre los derechos y obligaciones de cada cual... debiendo existir un procedimiento judicial para "hacer justicia" al particular y al mismo tiempo restablecer el equilibrio de intereses creado por el legislador», añadiéndose que «si no existiera tal procedimiento o éste no fuera accesible a los titulares de un interés protegido, evidentemente existiría un desfase entre el marco ideado por el legislador y la realidad vivida por los ciudadanos...». El mismo Derecho comunitario refuerza esa tendencia protectora con carácter general para todos los consumidores en la Directiva 93/13 de 15 de abril, relativa a cláusulas en los contratos celebrados con los referidos consumidores.
Es verdad, según se ha denunciado por los sectores interesados en la materia, que la legislación española no resulta demasiado generosa con los consumidores en el área de su protección procesal, pues en realidad no existe una normativa concreta, suficiente y adecuada que desarrolle el mandato constitucional del referido art. 51 sobre protección al consumidor mediante el mecanismo de unos «procedimientos eficaces», sin perjuicio de que ese «cuasi» vacío legal positivo pueda quedar «medio» completado con una interpretación lógica del art. 20 Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de 19 Jul. 1984 (LA LEY 1734/1984), norma a la que después nos referiremos de forma independiente y concreta. En este mismo sentido protector, aunque de modo sectorial, podemos citar la Ley General de Publicidad de 11 Nov. 1988, cuando en su art. 25 considera a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios legitimadas para ejercitar las acciones de «cesación y rectificación» de la publicidad ilícita; y también la L 3/1997 de 10 Ene., que reconoce legitimación activa a las asociaciones que en base a sus estatutos tengan por finalidad la protección del consumidor cuando un acto de competencia desleal afecte directamente a los intereses de aquéllos, pudiendo ejercitar las acciones declarativas de «deslealtad del acto», la de «cesión o prohibición del acto», la de «remoción de los efectos producidos por el acto» y la de «rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas» (arts. 18 y 19).
Centrándonos en el art. 20.1 Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, esta norma dice textualmente que «las Asociaciones de consumidores y usuarios tendrán como finalidad la defensa de los intereses (de esos consumidores)... bien sea con carácter general, bien en relación con productos o servicios determinados... y podrán representar a sus asociados y ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos, de la asociación o de los intereses generales de los consumidores y usuarios...».
De la simple lectura de este precepto se infiere que estas asociaciones tienen derecho a ejercitar tres tipos de acciones perfectamente diferenciadas: las referentes a la defensa de la propia asociación, las relativas a la defensa de sus propios asociados, y las que estén dirigidas a la defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios. Como se ha dicho reiteradamente por la doctrina, y ello es lógico, los dos primeros supuestos de actividad procesal no ofrecen ningún tipo de problema «ni constituyen novedad alguna en nuestro ordenamiento jurídico», ya que el ejercicio de acciones en nombre de los asociados constituye una verdadera concreción aunque proceda de una suma de intereses, y la demanda en defensa de la propia asociación, al tener la naturaleza de persona jurídica, se basa en su propia legitimación al defender intereses propios. La tercera clase de pretensiones, dada su inconcreción al defender intereses generales, es la que ha planteado y plantea mayores problemas interpretativos.
Dentro de la labor hermenéutica que corresponde a los Tribunales de Justicia y, dentro de ellos de manera esencial al TS, podemos decir lo siguiente: a) El art. 20 de referencia parece contener en sí mismo la legitimación activa de las mentadas asociaciones para ejercitar acciones en defensa de intereses colectivos, no ya sólo de sus propios asociados, sino la de cualquier persona que tenga la cualidad de usuario o consumidor, siempre, eso sí, que se pruebe en el proceso que esas personas están afectadas por el hecho sometido a enjuiciamiento o, lo que es lo mismo, que posean un interés directo en la resolución judicial que haya de dictarse. De ahí que no es necesario, según parece indicar la sentencia recurrida («parece», porque no se motiva), que tales perjudicados deban estar amparados por una acusación particular y específica que contenga el requisito de la postulación, pues basta que se hallen protegidos por su carácter genérico de consumidores y por la prueba específica de haber sido afectados por una situación accidental como puede ser (y en el presente caso, lo es) haber consumido un producto envenenado y sufrir las consecuencias nocivas que ello supone. Es decir, estamos en presencia de la defensa de unos intereses que más que colectivos, o de un colectivo, suponen la defensa de lo que modernamente se ha dado en llamar «intereses difusos» que en la realidad social de su defensa deben estar dotados de las mismas armas procesales y de legitimación que cualquier otro individuo, sea individual o colectivamente afectado. b) Esta misma idea viene a ser confirmada por la LOPJ (LA LEY 1694/1985) cuando en su art. 7.3 nos dice que «los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción». Desde cualquier punto de vista que se interprete esta norma, es claro que la defensa de esos intereses colectivos no comprende sólo al conjunto de los realmente asociados («legalmente habilitados») sino también a cualquiera que tenga el carácter de afectado en un sentido genérico como pertenecientes al amplio grupo que las respectivas asociaciones o corporaciones, por sus finalidades estatutarias, estén obligadas a amparar y defender, aunque se trate, según hemos dicho, de grupos o personas más o menos difusos.
Frente o en relación con ambos preceptos (arts. 20 Ley General de Defensa del Consumidor y 7 LOPJ (LA LEY 1694/1985)), se ha dicho por algún sector de la doctrina que sólo tienen naturaleza puramente programática, pero sin efectividad positiva. No lo entendemos así, pues como también se ha entendido por otro sector doctrinal (quizás mayoritario), esta normativa puede ser de aplicación directa dada su naturaleza legal-positiva, sin perjuicio de comprender que sería deseable un más concreto y exacto desarrollo legislativo que ofreciera al intérprete mayores facilidades y bases hermenéuticas.
B) Llegamos así a lo que ha sido en esencia, aunque mezclándose con el concepto de acción popular, la interpretación de la jurisprudencia de esos preceptos y de la materia sometida a debate en este punto del recurso. Así tenemos:
1.º La Sala 1.ª del TS, en sentencias como las de 2 Dic. 1991, 8 Abr. 1994 y 29 Ene. 1996, a efectos puramente civiles pero que tienen su incidencia cuando las obligaciones de este tipo nazcan ex delicto, nos vienen a decir que la llamada «acción popular» carece de legitimación para reclamar derechos indemnizatorios de esa clase, ya que la decisión que se adopte por los Tribunales «no puede basarse en consideraciones sociológicas o de cualquier otra índole no jurídica», no sólo por carecer esa acción popular de sustantividad propia en nuestro derecho, sino también por no tener interés legítimo en estas cuestiones reclamatorias. Ahora bien, esta doctrina se está refiriendo de modo exclusivo a la acción popular, pero no a las acciones entabladas por unas Asociaciones cuya naturaleza jurídica en sí misma considerada y su acceso al proceso es muy diferente de aquélla, según después veremos.
2.º Por otro lado, y en cierto modo contradiciendo lo anterior, el TC S 11 Nov. 1991, referida a un recurso de amparo interpuesto por Violeta F. en defensa de su honor y también del prestigio del pueblo judío frente a unas manifestaciones vertidas en una revista por L. D., ex jefe de las W.S.S., nos viene a decir que el art. 162.1 b) CE (LA LEY 2500/1978) cuando establece que «están legitimados para interponer el recurso de amparo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo», sólo significa que «nuestra Ley fundamental no otorga la legitimación activa exclusivamente a la "víctima" o titular del derecho fundamental infringido, sino a toda persona que invoque un interés legítimo», y llega a la conclusión de que, aunque se trate de un derecho personalísimo, la legitimación originaria también atañe a cualquier miembro de un grupo étnico o social determinado cuando la ofensa se dirige contra todo ese colectivo. En el mismo sentido, la S 21 Dic. 1992 de ese Tribunal, relativa a la legitimación activa de la Asociación de Mujeres de Policía Nacionales de Guipúzcoa, concede esa legitimación para interponer querella por el delito de apología del terrorismo por entender que «de ser necesaria la concurrencia de un interés distinto del común y general, tal interés efectivamente concurre en el presente caso, dado que son precisamente los padres y cónyuges de los asociados los más afectados directamente por el fenómeno terrorista».
C) Es fácil comprender que estas sentencias y otras semejantes que no es necesario concretar sus fechas, parecen formar un cuerpo jurisprudencial que si bien representan un inicial punto de partida para resolver favorablemente el problema aquí planteado, en cuanto en cierto sentido dan pie para legitimar a las Asociaciones en defensa de lo que socialmente es defendible desde el punto de vista asociativo, la verdad es que no parecen admitir de un modo decidido la posibilidad de entablar acciones indemnizatorias o de reclamación de daños y perjuicios sufridos por el colectivo que tratan de proteger, cuales son, en este caso, los consumidores genéricos o difusos, y sí únicamente se les concede esa posibilidad cuando se trata de consumidores concretos que fueran asociados y cuya representación ostente la asociación como persona jurídica, ya que, según algunas opiniones, el ejercicio de tales pretensiones con un carácter tan general producen bastantes problemas en orden a la determinación de los perjudicados, en fase de ejecución de sentencia.
Ahora bien, esa dificultad no es óbice para que los Tribunales de Justicia traten de llegar, con los medios interpretativos y de otra índole a su alcance, sin invadir, eso sí, otras áreas que le son ajenas, como la legislativa, a completar las normas que estén incompletas o poco desarrolladas y conseguir así una justicia distributiva y de restitución a cada individuo de sus derechos conculcados, aunque sea a través de unas acciones procesales que si bien puedan no tener un encaje procesal muy adecuado por falta de algunas formalidades, por ejemplo, una concreta postulación, pero que revelan un contenido beneficioso y de equidad en lo pretendido, sin ofender por eso la inflexibilidad (muchas veces más aparente que real) de las normas de procedimiento.
Así surge una distinción, que entendemos esencial, entre lo que debe considerarse en sentido amplio por «acción popular» y aquellas acciones o pretensiones, como la aquí examinada, que tienen un anclaje más directo con unos intereses inicialmente difusos pero que a la larga se traducen en intereses perfectamente individualizables. Y es que en el primer caso el «actor popular» no tiene por qué ser el ofendido directamente por el delito denunciado y que se juzga, mientras que en el segundo caso, sí. De igual manera, a través de la acción popular sólo se puede instar el ius puniendi pero no las consecuencias civiles del mismo, mientras que el ejercicio de las acciones por las Asociaciones forma parte de su misión protectora de los derechos, no sólo de sus asociados, sino también del conjunto de los que están dentro del área de su influencia estatutaria, por amplia que ésta sea. Lo primero (acción popular) tiene su origen en el art. 125 CE (LA LEY 2500/1978), lo segundo en el art. 51 del mismo texto legal. Por tanto, la finalidad de ambas acciones queda perfectamente delimitada: la acción popular ha de emplearse en defensa de la sociedad en su conjunto, no en nombre o interés propio o ajeno, «viniendo a asumir dentro del proceso un "rol" similar al del MF, cual es la protección de la legalidad y del interés social», no constituyendo, sin embargo, un cauce adecuado para ejercitar una pretensión constitutiva; por el contrario, este cauce sí puede estar encomendado y emplearse por aquellas asociaciones que por su naturaleza y finalidad tengan como misión la defensa de cualquier consumidor.
D) En el caso concreto que nos ocupa, la sentencia recurrida, en este punto del debate, parece distinguir (no obstante su falta de motivación) dentro del proceso dos posturas o situaciones diferentes del que ahora recurre (OCU), la relativa a su actividad procesal como acusador particular y la concerniente al ejercicio de una acción popular respecto a los demás afectados, aunque no postulados en el proceso. A los primeros les hace acreedores de las indemnizaciones acordadas, mientras que a los segundos les excluye, seguramente por considerar que la propia naturaleza de la acción popular hace inviable que con su ejercicio pueda generarse algún tipo de restitución indemnizatoria. Sin embargo, y según se ha razonado, nosotros consideramos que no estamos en presencia de lo que ha de entenderse por acción popular, sino de una acción directa en defensa de unos intereses que, por muy difusos que sean, entran dentro del objeto social de la entidad recurrente, máxime cuando ese grupo de afectados, amén de tener el carácter de «consumidores» del aceite desnaturalizado de que se trata, quedaron incluidos en las listas o anexos que se confeccionaron con motivo del anterior proceso, lo que, de una parte, denota la voluntad inicial del juzgador de considerarles acreedores a la indemnización que corresponda, y, de otra, no hace más dificultosa la tarea de ejecutar en su día la correspondiente sentencia, por lo que no es aceptable el argumento esgrimido por el MF, en defensa de su postura, de que esa dificultad es tan extrema que de incluirse a estos consumidores «habría de irse por la calle a buscar afectados por el consumo del aceite de colza».
Por lo hasta aquí razonado, se ha de dar lugar al recurso interpuesto por la OCU en este punto, revocando la sentencia impugnada en el sentido de que deben ser incluidos en los acuerdos indemnizatorios aquellos consumidores que estén comprendidos en los diversos anexos aunque no estén amparados por la postulación, es decir, aunque no aparezcan directamente representados en el proceso.
XII.- Recurso relativo a los descuentos acordados en las indemnizaciones
El último inciso del fundamento de Derecho decimoctavo de la sentencia (final de la misma) reza de la siguiente forma: «Al amparo de lo dispuesto en el art. 117 CP, deberán restarse de las indemnizaciones que en su caso hayan de pagarse por el Estado, las cantidades que con anterioridad haya anticipado a los perjudicados, con fines de auxilio y subvención».
Frente a este acuerdo se alzan la mayor parte de las acusaciones particulares en su calidad de recurrentes y lo hacen a través también del art. 849.1 LECrim. (LA LEY 1/1882) por entender, en esencia, que tales deducciones son inadecuadas en cuanto únicamente supusieron en su día una simple ayuda para paliar el verdadero estado de necesidad y miseria en que alguno de los afectados y sus familias se encontraron con motivo de la enfermedad adquirida por el consumo del aceite de colza desnaturalizado, ayuda que es ajena (según su tesis) al montante indemnizatorio nacido de la responsabilidad civil ex delicto que corresponde al Estado en su calidad de deudor subsidiario. En términos coloquiales, parecen decir estos recurrentes que una cosa es un «acto de caridad» y otra muy distinta un «acto de justicia», lo primero nacido de la propia voluntad del protector, y lo segundo surgido de una obligación legal impuesta por el Juez.
Entendemos erróneo este planteamiento en su conjunto (matices aparte) ya que, en principio, y aunque en este caso tampoco la sentencia argumenta de modo alguno su decisión como hubiera sido de desear, hay que tener en cuenta que esos «auxilios y subvenciones» de que se habla suponen indiscutiblemente un pago a los afectados de parte de lo que en su día les pudiera corresponder como indemnización global, es decir, suponen un «adelanto» de lo debido o de lo que ahora se declare debido por los Tribunales. Entender lo contrario supondría, en primer lugar, un trato no igualitario entre los afectados con derecho a indemnización, ya que los que recibieron subvenciones sumarían a éstas las indemnizaciones completas, y, sobre todo, si se diera lugar a la pretensión estaríamos en presencia de un enriquecimiento injusto por parte de los acreedores y de un pago excesivo (o doble) por parte del deudor obligado al abono de las indemnizaciones. Ello, como es lógico, iría en contra de las más elementales reglas de la equidad y de las normas legales que rigen el campo crediticio.
Decimos, sin embargo, que todo ello hay que entenderlo con ciertos matices, a los que nos obliga la propia parquedad de la sentencia impugnada. Esto es, el descuento debe ser de las cantidades correspondientes o que se puedan restar de las indemnizaciones entendidas stricto sensu, pero no pueden alcanzar a aquellas ayudas a las que cualquier persona tiene derecho por razón de ser ciudadano dentro de esta sociedad; es decir, no pueden ser descontadas las ayudas que se refieran a los gastos médicos de seguridad social y otras semejantes, ya que esto no supone ningún concepto indemnizatorio, sino un derecho adquirido al margen de la cualidad de afectado por el hecho delictivo.
Con esas salvedades, que tendrán reflejo en la segunda sentencia que ha de dictarse, se desestima este motivo de casación.
Habida cuenta de los diversos problemas tratados en el recurso y de sus diferentes soluciones, nos parece adecuado, para mayor claridad, hacer breve resumen de lo acordado a modo de conclusiones:
1.ª La condena por falta de imprudencia acordada por la Sala de instancia respecto al acusado Manuel H. B. se transforma en delito de imprudencia temeraria.
2.ª Al absuelto en la instancia, Federico P. A. se le ha de condenar como autor responsable del mismo delito imprudente.
3.ª Se mantiene la absolución del resto de los acusados. 4.ª Se acuerda la responsabilidad civil de los condenados con la cualidad de solidaria en la totalidad de las indemnizaciones acordadas en el fallo de la sentencia recurrida.
5.ª Se declara, por tanto, al Estado como responsable civil subsidiario también de la totalidad de las indemnizaciones.
6.ª De esas cantidades se habrán de deducir, respecto a los perjudicados que las percibieron, las que fueron adelantadas en su día por el Estado y que tengan la cualidad indemnizatoria y no de otro tipo.
7.ª Se admite la legitimación activa de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), para reclamar en nombre de los consumidores en general, aunque no estuvieran comprendidos en el escrito de acusación particular que aquélla formuló en su día, siempre, eso sí, que se hallaren comprendidos en las correspondientes listas y anexos de perjudicados.
Que debemos declarar y declaramos haber lugar en parte a los recursos de casación por infracción de ley, interpuestos por las representaciones de las acusaciones particulares, D.ª Telesfora C. y otros, y, en su virtud casamos y anulamos la sentencia dictada por la AN de fecha 24 May. 1996, en causa seguida contra el acusado Manuel H. B., así como contra Miguel C. P., José G. F., Roberto C. L., Casimiro P. R., Antonio B. A. y Federico P. A., declarando de oficio las costas.
Asimismo, debemos declarar y declaramos no haber lugar a los recursos de casación por infracción de ley, interpuestos por la representación del acusado Manuel H. B., así como al interpuesto por el Abogado del Estado como responsable civil subsidiario en representación del Estado, contra dicha sentencia, condenándoles al pago de las costas ocasionadas en el presente recurso.
Lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Sr. García Ancos.-Sr. Martínez-Pereda Rodríguez.-Sr. Conde-Pumpido Tourón.
Se admiten y dan por reproducidos los que se contienen en la sentencia de instancia.
Por lo razonado en la sentencia de casación, se establecen los siguientes:
Primero: Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de imprudencia temeraria, con resultado de muerte y lesiones, previsto y sancionado en el art. 565.1 CP, de cuyo delito son responsables en concepto de autores los acusados, Manuel H. B. y Federico P. A., cuyas circunstancias personales constan en los antecedentes de hecho de la sentencia de instancia.
Segundo: En la comisión del mentado delito no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Tercero: Según lo dispuesto en el art. 109 del mismo texto legal, las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta.
Cuarto: Con arreglo a lo establecido en el art. 19 del mismo Código, toda persona responsable criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente, responsabilidad que se dividirá, entre los dos condenados en partes iguales, pero a los solos efectos internos del débito entre ellos, debiendo responder ambos con carácter solidario respecto a los terceros perjudicados.
Quinto: Según lo dispuesto en el art. 22 del mismo texto legal, dada la cualidad de funcionarios de dichos señores, se ha de declarar al Estado responsable civil subsidiario de la totalidad de las correspondientes indemnizaciones que se especificarán en el fallo.
Sexto: Del total de esas indemnizaciones se habrán de deducir las cantidades adelantadas por el Estado en ese concepto indemnizatorio, no debiéndose incluir en esas deducciones las cantidades correspondientes a gastos médicos, de seguridad social y otros semejantes a que tengan derecho los afectados por mandato legal.
Séptimo: Tendrán derecho a percibir las correspondientes indemnizaciones todos los afectados o víctimas del delito que se hallen incluidos en las listas o anexos de que se trata, hayan estado o no representados en el proceso.
Octavo: Se deberá absolver libremente al resto de los acusados.
Que debemos absolver y absolvemos libremente del delito de que venían acusados a José G. F., Antonio B. A., Roberto C. L., Casimiro P. R. y Miguel C. P.
Que debemos condenar y condenamos a los también acusados, Manuel H. B. y Federico P. A., como autores responsables de un delito de imprudencia temeraria ya definido, a la pena a cada uno de ellos de 6 meses y 1 día de prisión menor, accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y al pago de las costas procesales en una séptima parte.
Se condena asimismo a dichos señores, con carácter solidario, al pago de las siguientes indemnizaciones ya recogidas en la sentencia de instancia:
- A los herederos o perjudicados por la muerte de cada persona: 7.500.000 ptas.
- A los afectados con lesiones de duración entre 1 y 15 días: 75.000 ptas.
- A los afectados con lesiones de duración entre 16 y 30 días: 150.000 ptas.
- A los afectados con lesiones de duración entre 31 y 60 días: 300.000 ptas.
- A los afectados con lesiones de duración entre 61 y 90 días: 450.000 ptas.
- A los afectados con lesiones de más de 90 días y sin incapacidad: 9.000.000 ptas.
- A los afectados con incapacidad parcial permanente para su trabajo habitual: 12.500.000 ptas.
- A los afectados con incapacidad absoluta y permanente para todo tipo de trabajo: 35.000.000 ptas.
- A los afectados con gran invalidez: 45.000.000 ptas.
Los estados de sanidad de los afectados se basarán en los datos actualizados que obran en las correspondientes carpetas.
Tendrán derecho a indemnización todos los afectados por el consumo del aceite de colza desnaturalizado que se hallen comprendidos en las correspondientes listas o anexos, hayan sido o no representados en el proceso.
De las referidas cantidades se habrán de deducir las cantidades adelantadas en concepto indemnizatorio, aunque no se deberán incluir en tales deducciones las cantidades correspondientes a gastos médicos, de S.S. y otros semejantes a que tengan derecho los afectados por mandato legal.
Debemos condenar y condenamos al Estado, como responsable civil subsidiario, al pago de la totalidad de las referidas cantidades, con las indicadas deducciones.
Madrid, 3 Oct. 1997.
Con fecha de ayer se notificó la sentencia dictada por esta Sala de fecha 26 Sep. 1997 y a que se contrae esta causa, expresándose en el fallo de la misma una serie de baremos indemnizatorios.
Unico: Por simple error material se reprodujeron en dicho fallo idénticas cantidades de las que estableció en su día la sentencia de instancia, siendo así que las mismas deben entenderse duplicadas, según claramente se establece en el ap. X de la sentencia de casación (folios 105 y ss.) y en la regla 5.ª de las conclusiones que constan en el ap. XIII (folio 120).
Asimismo, también por error, se omitió la cantidad relativa a los afectados con «incapacidad total permanente para su trabajo habitual» que suponía en la sentencia recurrida un montante de 20.000.000 ptas. y que ahora también ha de entenderse duplicada.
En conclusión: las cantidades a indemnizar son las establecidas, al 100%, en la sentencia dictada por la Secc. 2.ª de la AN con fecha 20 May. 1989, en causa 129/1981.
Este auto se dicta de oficio según autoriza el art. 161 LECrim. (LA LEY 1/1882)
Aclarar la sentencia de este Tribunal de fecha 26 Sep. 1997, en recurso 2569/1996, en el sentido que antes se ha dicho.
Lo acordamos, mandamos y firmamos.-Sr. García Ancos.-Sr. Martínez-Pereda Rodríguez.-Sr. Conde-Pumpido Tourón.

References: artículo 121
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución