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Timestamp: 2017-06-28 06:55:56+00:00

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BIEN DE FAMILIA. Afectación. CONDÓMINOS. Requisitos registrales. Petición de todos los comuneros. Alcance. Declaración de inconstitucionalidad. Procedencia. | Bases de Datos de Derecho Argentino
BIEN DE FAMILIA. Afectación. CONDÓMINOS. Requisitos registrales. Petición de todos los comuneros. Alcance. Declaración de inconstitucionalidad. Procedencia.
Publicado en 26 febrero, 2014 por infojudicial	[JURISPRUDENCIA] La ejecutada apeló el proveído del tribunal por el cual declaró inadmisible el incidente de bien de familia. La incidentista no negó que se haya adjudicado el 50 % de la vivienda a su hermana, de donde fácilmente se puede concluir que reconoce que solo ostenta la titularidad del 50 % restante del bien, aun cuando la partición no haya sido inscripta en el Registro de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto por el art. 3449 del Código Civil. Por lo tanto, cobra aquí relevancia lo establecido por la ley 14394, a la que expresamente remite el art. 1.° de la ley 8067. La Cámara rechazó la apelación.
Estamos en 1. El art. 43 de la ley 14394 establece que “…Si hubiere condominio, la gestión deberá ser hecha por todos los copropietarios, justificando que existe entre ellos el parentesco requerido por el art. 43…”. La gestión a la que hace referencia la norma no puede ser otra que la requerida por el Registro General de la Propiedad Inmueble, el que a través de la Normativa Técnico Registral establecida por Resolución General 1/2011 dispone en el art. 3.1 del Titulo Segundo (Reglamento del Bien de Familia), que “La afectación a bien de familia podrá ser solicitada únicamente por todos los titulares registrales”. En consecuencia, aún cuando no nos encontremos en el ámbito de la actividad registral, para la cual la norma provincial incluso prevé la automaticidad de la inscripción, no puede dejarse de lado que la incidentista no se encuentra legitimada por sí para solicitar la aplicación del régimen previsto por la ley provincial 8067 para la vivienda única, en tanto que ella remite en los requisitos de admisibilidad a la ley nacional 14394.
2. Cabe señalar que este Tribunal no desconoce el criterio sustentado por el Tribunal Superior de Justicia in re “Romero c/ Lema”, auto n.º 108, 4/7/2006, en donde se pronunció a favor de la constitucionalidad del régimen provincial de la vivienda única. No obstante, es imposible dejar de valorar que precisamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, revocó lo sentenciado por el TSJ, en el indicado caso “Romero c. Lema” fallado el 23 de junio de 2009 (LL, 23/7/2009, p. 7), donde volvió a declarar la inconstitucionalidad del art. 58 in fine de la Constitución de la Provincia de Córdoba y de su ley reglamentaria 8067 impugnada, antecesora e idéntica a las posteriores que han sido descalificadas en este proceso. La CSJN mantuvo así el criterio que fuera sentado en “Banco del Suquía c. Tomassini, Juan C.” (2002, Fallos 325:428) y más aún, en “Romero c. Lema” estimó lo siguiente: “Carece de fundamentos suficientes el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba que, al anular el fallo de la instancia anterior, declaró la validez constitucional de la ley 8067 modificada por ley 8898 y del art. 58 de la Constitución Provincial, en tanto no aporta nuevos elementos relevantes que permitan apartarse de los argumentos esgrimidos por la Corte Suprema en el precedente “Banco del Suquía”, 19/3/2002, LL, 2003-B-245, por lo que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada, declarándose la inconstitucionalidad de las normas impugnadas” (del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte hace suyo). Además se señaló que “Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 58 in fine de la Constitución de la Provincia de Córdoba y de la ley reglamentaria 8067, en cuanto declara la inembargabilidad de la vivienda única, toda vez que la determinación de bienes sujetos al poder de agresión patrimonial del acreedor es materia de la legislación común, y como tal, prerrogativa única del Congreso Nacional, por lo que no corresponde que las provincias incursionen en ese ámbito, pues ese poder ha sido delegado por ellas a la Nación al sancionarse la Constitución y esta distribución de competencia no podría alterarse sin reformar la Ley Fundamental.” (del dictamen de la Procuradora Fiscal, según la sentencia de la Corte en “Banco del Suquía” –19/3/2002, LL, 2003-B-245, con nota de Emilio A. Ibarlucía; LL, 2002-C-254, LLC, 2002-325, LLC, 2002-1391, con nota de Emilio A. Ibarlucía; LLC, 2003-1090, con nota de Analía Griboff de Imahorn–, a la cual remite).
3. De igual manera, se expresó en aquella oportunidad que “…corresponde señalar que en autos ‘Nieva, Irma G. c/ Puymalie Raúl A. – Ordinario otros – Rec. de apelación -Recurso de casación’ –con fecha 10/12/2009–, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Sala Civil y Comercial, en base a principios procesales de economía y celeridad, entendió que correspondía dilucidar la controversia conforme lo dispuesto por el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía en el país, y confirmó la resolución dictada por esta Cámara, en la cual se declaró la inconstitucionalidad del art. 58 de la Constitución Provincial y su ley reglamentaria n.° 8067 (Diario Jurídico de Córdoba, año 8, n.º 1806, publicado con fecha 23/2/2010)”.
Cám. 6.ª Civ. y Com. Cba., A. n.º 357, 23/10/2013, “Papa, Ángela María o Angelina – Declaratoria de herederos – Cuerpo de ejecución de honorarios de la perito Natalia Raquel R. Magnan”
Y Vistos: …
I. A fs. 267/269 expresa agravios la incidentista, Sra. María Elena Verdura. Se queja de la desestimación de los argumentos vertidos por su parte por no haber sido planteado de forma inmediata a la constatación del inmueble previa a la subasta. Afirma que el intento de evitar desgastes jurisdiccionales promoviendo incidentes y pretendiendo abonar la deuda en forma extrajudicial revelan buena fe de su parte, pese a lo sostenido por el A quo. Alega que no puede soslayarse que para honrar las deudas de la manera en que lo pretende la ejecutante, la compareciente queda en la calle perdiendo su derecho constitucional a la vivienda digna. Afirma que cuando pierda su vivienda, su vida estará sumida en la indignidad, ya que con su sueldo no podrá acceder sino a alquilar una habitación en una pensión o similar, con lo que perderá su derecho a ser titular de una vivienda digna. En cuanto a la afirmación del A quo respecto a la aplicación de la teoría de los actos propios por no haber efectuado ninguna manifestación respecto a su carácter de poseedora al momento de la adjudicación de los bienes, señala que nada debía decir por cuanto desde el fallecimiento de su madre en 1999 ostentaba la posesión total y absoluta del inmueble, habiendo perdido irremediablemente su hermana Clara, el 50 % que le correspondía. Manifiesta que el juez de la instancia le impide a su parte ejercer el derecho constitucional a una vivienda digna y además, impide acreditar los extremos invocados, violando el derecho constitucional a peticionar y acreditar en juicio el derecho invocado. Indica que la resolución viola el derecho de defensa en juicio, la garantía del debido proceso y los principios del derecho procesal que admiten la libertad y amplitud probatoria. Que el A quo se vale de preconceptos a la hora de analizar el contenido, pero que carece de fundamento legal. Alega que no pueden resolverse cuestiones tan complejas mediante simples decretos que no resultan satisfactorios. Destaca que no se le dio trámite al planteo, lo que demuestra falta de interés. Afirma que la resolución del A quo deja a un ciudadano en la calle, le niega el derecho a la vivienda, impide el acceso a la justicia peticionando y probando su derecho en base a apreciaciones personales. Continúa diciendo que no se ha tomado en consideración la tragedia en que se encontraría en caso de que se subaste la humilde casa en la que ha vivido toda su vida, a título de dueña desde la muerte de su progenitora. Indica como fundamental que se le otorgue trámite al incidente planteado a fin de poder acreditar los hechos invocados en forma acabada y poder demostrar que es la única poseedora a título de dueña por ser su vivienda única protegida por la ley provincial n.º 8067. Aduce que no se puede desconocer las normas introducidas a la CN en virtud de los principios del constitucionalismo social que propugna la vigencia superior de sus derechos y entre los cuales se encuentra la necesidad de garantizarle al ciudadano una vivienda digna. Se queja de que no se haya declarado de oficio la inconstitucionalidad de la ley 8067 y del art. 58 del CPCC, sino que en lugar de ello los invoca expresamente y en juego con la ley 14394, solo hace referencia a que la compareciente no cumple con los requisitos establecidos por la ley por cuanto al ser condómina y no dueña exclusiva, no puede considerarse que su vivienda esté amparada por ley. Hace reserva de caso federal.
II. Corrido traslado de los agravios (fs. 270), el mismo es evacuado a fs. 271 por la ejecutante, con el patrocinio de la Dra. Mariana González, solicitando sea declarado desierto el recurso por insuficiencia técnica. A fs. 273/280, emite su dictamen el Sr. Fiscal de Cámaras, quien se pronuncia a favor de la declaración de inconstitucionalidad del art. 58 de la Constitución Provincial y de las leyes reglamentarias 8068 y 8998.
III. En primer lugar corresponde advertir que, de las expresiones vertidas por el recurrente, no se advierte una verdadera técnica recursiva. Para que haya expresión de agravios, debe existir una crítica razonada y concreta de lo resuelto en primera instancia, indicando punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al pronunciamiento, lo que no se atisba en la especie. No se explicita cual es la secuencia concreta del razonamiento del juzgador que resulta desacertado, erróneo o desajustado a derecho. El impugnante, bajo la “apariencia” de supuestos agravios, vierte una serie de consideraciones que importan, tan solo, una mera discrepancia subjetiva con lo decidido por el juez, sin hacerse cargo de los fundamentos de la resolución apelada. En segundo lugar, reitera los argumentos expuestos con anterioridad, en primera instancia, lo que resulta insuficiente para enervar los fundamentos de la resolución recurrida. Resiste la decisión del a quo, sin que el planteo revisor contenga un análisis razonado de lo que se reputa erróneo, injusto o contrario a derecho, aportando argumentos superadores. Se advierte que se acude a alegaciones ya expuestas en la anterior instancia, que en rigor, le restan entidad suficiente como para alcanzar los requisitos exigidos para constituir una auténtica expresión de agravios, y no surge con claridad cuál es la verdadera injusticia, la ofensa, el perjuicio material o moral que la resolución recurrida le perjudica, por lo que se estima no reúne las características en la redacción de dicho escrito a los fines que el Tribunal de Alzada pueda reparar los agravios por la apelación concedida. No obstante, las consideraciones vertidas precedentemente, este Tribunal fiel al carácter del recurso ordinario que ostenta el de apelación, es proclive a entrar al tratamiento sustancial del mismo cuando de alguna manera, aunque sea mínima y rudimentaria, el recurrente critica la decisión de primer grado. Es que está en juego el derecho de defensa de quien se siente agraviado por la sentencia y procura de esta Cámara una revisión de lo decidido.
IV. Al respecto, cabe expresar que la resolución se encuentra debidamente fundada y resulta ajustada a derecho, a pesar de lo sostenido por la apelante. La Sra. María Elena Verdura no niega en ninguno de sus escritos que se haya adjudicado el 50 % de la vivienda a su hermana Clara Verdura, de donde fácilmente se puede concluir que reconoce que solo ostenta la titularidad del 50 % restante del bien, aún cuando la partición no haya sido inscripta en el Registro de la Propiedad, en virtud de lo dispuesto por el art. 3449 del Código Civil. Por lo tanto, cobra aquí relevancia lo establecido por la ley 14394, a la que expresamente remite el art. 1.° de la ley 8067. En este sentido, el art. 43 de la norma nacional establece que “Si hubiere condominio, la gestión deberá ser hecha por todos los copropietarios, justificando que existe entre ellos el parentesco requerido por el art. 43”. La gestión a la que hace referencia la norma no puede ser otra que la requerida por el Registro General de la Propiedad Inmueble, el que a través de la Normativa Técnico Registral establecida por Resolución General 1/2011 dispone en el art. 3.1 del Titulo Segundo (Reglamento del Bien de Familia), que “La afectación a bien de familia podrá ser solicitada únicamente por todos los titulares registrales.”.En consecuencia, aún cuando no nos encontremos en el ámbito de la actividad registral, para la cual la norma provincial incluso prevé la automaticidad de la inscripción, no puede dejarse de lado que la incidentista no se encuentra legitimada por sí para solicitar la aplicación del régimen previsto por la ley provincial 8067 para la vivienda única, en tanto que, como se dijo, ella remite en los requisitos de admisibilidad a la ley nacional 14394. Tampoco resulta de recibo el argumento referido a que no se ha declarado de oficio la inconstitucionalidad de la norma ya que ello hubiera resultado abstracto, en tanto que correspondía en primer lugar verificar si resulta aplicable al supuesto sometido a juzgamiento, para recién en su caso poder controlar su constitucionalidad, teniendo en cuenta que para dicho test es necesaria la existencia de un caso concreto justiciable. No obstante lo señalado en relación al análisis de constitucionalidad de la ley 8067 y del art. 58 de la Constitución Provincial, cabe recordar que esta Cámara ya ha sentado criterio al respecto. En este sentido, en autos “Fideicomiso Suma c/ Shapoff, Luis Osvaldo y otros – P.V.E. – Otros títulos – Recurso de apelación – Expte. n.º 597467/36” (auto n.º 108, 24/4/2012) se ha expresado que “Cabe señalar que este Tribunal no desconoce el criterio sustentado por el Tribunal Superior de Justicia in re ‘Romero c/ Lema’, auto n.º 108, 4/7/2006, en donde se pronunció a favor de la constitucionalidad del régimen provincial de la vivienda única. No obstante, es imposible dejar de valorar que precisamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, revocó lo sentenciado por el TSJ, en el indicado caso “Romero c. Lema” fallado el veintitrés de junio de 2009 (LL, 23/7/2009, p. 7) donde volvió a declarar la inconstitucionalidad del art. 58 “in fine” de la Constitución de la Provincia de Córdoba y de su ley reglamentaria 8067 impugnada, antecesora e idéntica a las posteriores que han sido descalificadas en este proceso. La CSJN mantuvo así el criterio que fuera sentado en “Banco del Suquía c. Tomassini, Juan C.” (2002, Fallos 325:428) y más aún, en “Romero c. Lema” estimó lo siguiente: “Carece de fundamentos suficientes el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba que, al anular el fallo de la instancia anterior, declaró la validez constitucional de la ley 8067 modificada por ley 8898 y del art. 58 de la Constitución Provincial, en tanto no aporta nuevos elementos relevantes que permitan apartarse de los argumentos esgrimidos por la Corte Suprema en el precedente ‘Banco del Suquía’, 19/3/2002, LL, 2003-B-245, por lo que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada, declarándose la inconstitucionalidad de las normas impugnadas” (del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte hace suyo). Además se señaló que “Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 58 ‘in fine’ de la Constitución de la Provincia de Córdoba y de la ley reglamentaria 8067, en cuanto declara la inembargabilidad de la vivienda única, toda vez que la determinación de bienes sujetos al poder de agresión patrimonial del acreedor es materia de la legislación común, y como tal, prerrogativa única del Congreso Nacional, por lo que no corresponde que las provincias incursionen en ese ámbito, pues ese poder ha sido delegado por ellas a la Nación al sancionarse la Constitución y esta distribución de competencia no podría alterarse sin reformar la Ley Fundamental.” (del dictamen de la Procuradora Fiscal, según la sentencia de la Corte en “Banco del Suquía” –19/3/2002, LL, 2003-B-245, con nota de Emilio A. Ibarlucía; LL, 2002-C-254; LLC, 2002-325; LLC, 2002-1391, con nota de Emilio A. Ibarlucía; LLC, 2003-1090, con nota de Analía Griboff de Imahorn–, a la cual remite).
De igual manera, se expresó en aquella oportunidad que “…corresponde señalar que en autos ‘Nieva, Irma G. c/ Puymalie Raúl A. – Ordinario otros – Rec. de apelación – Recurso de casación’ –con fecha 10/12/2009–, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Sala Civil y Comercial, en base a principios procesales de economía y celeridad, entendió que correspondía dilucidar la controversia conforme lo dispuesto por el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía en el país, y confirmó la resolución dictada por esta Cámara, en la cual se declaró la inconstitucionalidad del art. 58 de la Constitución Provincial y su ley reglamentaria n.º 8067 (Diario Jurídico de Córdoba, año 8, n.º 1806, publicado con fecha 23/2/2010)”.
Atento a lo expuesto, deviene razonable rechazar el recurso de la ejecutada.
V. Las costas corresponden que sean impuestas a la apelante vencida en virtud de lo dispuesto por el art. 130 del CPCC. Corresponde estimar los porcentajes regulatorios de los letrados de conformidad a lo dispuesto en los arts. 39, 39, 40 y 83, inc. 2, de la ley 9459.
I) Rechazar el recurso de apelación intentado por la incidentista María Elena Verdura, con costas.
II) Estimar los honorarios de la Dra. … en el 7,8 % del término medio de la escala del art. 36 de la ley 9459 de lo que fue materia de discusión en la Alzada.
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