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Timestamp: 2019-08-22 23:41:01+00:00

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Real Decreto 109/2015, de 20 de febrero, de modificación del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado (BOE de 26 de febrero de 2015). Texto completo.
El Real Decreto 109/2015 modifica el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado para adaptarlo a las reformas normativas operadas desde su aprobación.
El Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen del control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado puede consultarse en el Libro Octavo del Repertorio de Legislación Vigente de Iustel.
El Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre , constituye el desarrollo básico de los preceptos de la Ley General Presupuestaria en materia de función interventora y de control financiero.
Entre las reformas legislativas de alcance general habidas en nuestro ordenamiento y con incidencia en el contenido de algunos preceptos del Real Decreto 2188/1995 , se encuentra la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El título II de la Ley 19/2013 contempla un régimen sancionador, que se estructura en tres ámbitos -infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario-, determinando asimismo el procedimiento a seguir y los órganos competentes tanto para la imposición de la sanción que en cada caso corresponda como para la instrucción del procedimiento y, en su caso, comunicación al Tribunal de Cuentas por si procediese la incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable. La reforma que se propone en el artículo 4.2 incorpora lo dispuesto en la Ley 19/2013.
En segundo lugar, tras la aprobación del Real Decreto 686/2005, de 10 de junio, por el que se modificó el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre , que permitió, desde su entrada en vigor en el año 2005, la tramitación de los documentos electrónicos constitutivos del expediente a efectos del ejercicio de la fiscalización por medios electrónicos, se requiere adecuar su contenido a las posteriores normas aprobadas en materia de Administración electrónica, constituidas principalmente y entre otras, por la Ley 11/2007, de 22 de junio , de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y el desarrollo posterior de esa ley a través, fundamentalmente, del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre , por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007.
Artículo único. Modificación del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre , por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado.
El Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre , por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, se modifica en los siguientes términos:
“2. Cuando en la práctica de un control, el interventor actuante aprecie, que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa, o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables o penales, actuará de acuerdo con las reglas que se establecen a continuación:
b) En el caso de posibles infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria de las previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que no siendo constitutivas de delito afecten a presuntos responsables comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada ley, dará traslado de las actuaciones a la Oficina de Conflictos de Intereses.
c) En las restantes infracciones en materia de responsabilidad contable no comprendidas en el epígrafe b) anterior, se estará con carácter general a lo dispuesto en el artículo 180 , en relación con el 177 , de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
A efectos de lo dispuesto en los epígrafes a), c) y d) de este apartado 2, el órgano de control actuante ajustará su actuación a la normativa específica y a las circulares e instrucciones aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado.”
“1. La Intervención recibirá el expediente original completo una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por quien corresponda, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo tercero del artículo 2.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. En este caso, la fiscalización, además de comprobar con anterioridad al dictamen del Consejo de Estado los extremos exigidos por la normativa vigente, con posterioridad a dicho dictamen únicamente constatará su existencia material y su carácter favorable.
Los documentos electrónicos que formen parte del expediente original deberán incorporar las firmas electrónicas necesarias, que garanticen la identificación del emisor, su autenticidad y la integridad e inalterabilidad del documento. A tales efectos, la firma electrónica estará basada en certificado electrónico de los previstos en el artículo 13.2.a) y b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, para documentos firmados por el ciudadano, y en el artículo 21.a) y b) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, para los documentos firmados por las Administraciones públicas, y se ajustará a lo dispuesto en la Política de Firma Electrónica y de Certificados de la Administración General del Estado, publicada mediante Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Los documentos administrativos podrán estar firmados mediante certificado de sello electrónico de los previstos en el artículo 18.1.a) de la Ley 11/2007, cuando sea admisible de acuerdo con la normativa vigente. Su remisión a la Intervención se efectuará de acuerdo con lo previsto en los artículos 13 bis y 13 ter siguientes.”
“Artículo 13 bis. Remisión del expediente a la Intervención a través de sistemas informáticos.
3. El acceso y utilización por los órganos gestores de las aplicaciones desarrolladas por la Intervención General de la Administración del Estado, incluidas en los modelos de funcionamiento del apartado 2.a) y b), deberá ajustarse a lo establecido en las disposiciones sobre política de seguridad de los sistemas de información y procedimientos de control de accesos de la propia Intervención General de la Administración del Estado, basados en el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, aprobado mediante Real Decreto 3/2010, de 8 de enero , y requerirá un certificado electrónico de los previstos en el artículo 21.a) y b) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, cuando se trate de acceso personal, o de los previstos en el artículo 19 del mismo real decreto, cuando el acceso se efectúe desde otro sistema.
4. Los formatos admitidos para los documentos electrónicos incluidos en el expediente, así como los de su encapsulamiento, en los modelos de funcionamiento del apartado 2.a) y b), serán los que se establezcan en las disposiciones que aprueben las respectivas aplicaciones, y estarán dentro de los admitidos en la norma técnica de interoperabilidad del catálogo de estándares.”
“Artículo 28. Comprobación material de la inversión.
10. En desarrollo de lo dispuesto en este artículo, el Interventor General de la Administración del Estado podrá dictar las resoluciones, circulares e instrucciones que estime oportunas.”
“3. Cuando el pago material se instrumente mediante órdenes de transferencia al Banco de España o entidades de crédito, generadas por medios y procedimientos informáticos, el sistema de información a través del que se obtengan las citadas órdenes y los procedimientos de remisión electrónica, deberán garantizar en todo caso el ejercicio de las funciones de intervención previa en los términos previstos en la Ley General Presupuestaria y en su desarrollo reglamentario. Cuando las órdenes de transferencia estén formalizadas en documento electrónico, la intervención previa podrá formalizarse en el mismo documento electrónico que contenga las órdenes de transferencias mediante la correspondiente firma electrónica que se realizará por el Interventor competente a través del portafirmas corporativo de la Intervención General.
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de los procedimientos de remisión electrónica de las transferencias que puedan establecer el Banco de España o las entidades de crédito.”
“Tercera. Habilitación normativa en materia de formatos de firma electrónica.
Por Resolución del Interventor General de la Administración del Estado podrán ser modificados los formatos de firma electrónica que se derivan de los artículos 13 y 13 bis con el fin de ajustarlos a las disposiciones que en cada momento regulen la Política de Firma Electrónica y de Certificados de la Administración General del Estado, así como a las normas relativas al ejercicio de la función interventora.”

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 180
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 21
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 18
 Real Decreto 
 artículo 21
 Real Decreto 
 artículo 19
 Resolución