Source: http://criminologiausco.blogspot.mx/2013_01_13_archive.html
Timestamp: 2017-03-25 07:44:18+00:00

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Las declaraciones juramentadas rendidas ante las autoridades de la justicia penal militar, pueden hacerse valer en el presente proceso contencioso administrativo, en la medida en que fue la entidad demandada la que las practicó, la parte demandante solicitó el traslado de la prueba al presente trámite resarcitorio y la parte accionada se pronunció respecto del acervo donde reposan esas declaraciones en diferentes oportunidades de las instancias contencioso administrativas. Igualmente, aunque dichos testimonios no fueron recibidos con audiencia de los hoy demandantes, los mismos pueden tenerse en cuenta por el hecho de que se trata de pruebas cuyo traslado al presente trámite fue solicitado en la demanda. PRUEBA TRASLADADA - Indagatoria. No cumple con los requisitos del juramento. No pueden ser tenidos como medio de prueba
FUERZA PUBLICA - Muerte de profesora presentada como guerrillera del ELN, en operativo militar, vereda Quebradaseca en el municipio de Curumaní Cesar / PRUEBA - Fundada en indicios frente a las contradicciones de los testimonios rendidos / FALLA DEL SERVICIO - Configuración / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Configuración / MUERTE DE PRESUNTOS GUERRILLOS DEL ELN - Debe probarse esta calidad y que su deceso se produjo en combate En lo relacionado con la falla del servicio que se endilga a la entidad demandada, la Sala encuentra que la misma fue alegada por la parte demandante en sus diferentes intervenciones procesales y, además, que el defecto en la prestación del servicio se encuentra plenamente demostrado con las pruebas allegadas al expediente (…) la Sala observa que en el proceso se encuentra demostrado que la señora Omaira Madariaga Carballo fue ejecutada por miembros del Ejército Nacional, conclusión a la que se llega después de estudiar las pruebas del expediente y los indicios que pueden construirse a partir de los hechos que resultaron probados (…) el único hecho en el que coinciden los elementos de prueba aludidos, es la afirmación de que el deceso de la señora Omaira Madariaga Carballo y sus acompañantes ocurrió, supuestamente, en el marco de un enfrentamiento armado con un grupo guerrillero, aseveración ésta que pierde toda credibilidad al observarse las inconsistencias en que incurrieron los testimonios y los informes administrativos obrantes en el expediente, de manera que, en lugar de estar probada la existencia de un enfrentamiento, lo que se aprecia es un afán por parte de los militares involucrados por tratar de justificar la forma en que se produjo el hecho dañoso y, en la medida en que quedaron desvirtuadas esas versiones, entonces logra construirse un claro indicio en contra de la entidad demandada pues, de haber sido cierto que la muerte de los tres supuestos guerrilleros fue en legítima defensa de los militares involucrados, entonces los testimonios e informes al respecto habrían sido unívocos y coincidentes. Tal indicio se encuentra reforzado por el hecho de que los militares alteraron la escena de los hechos, con la clara intención de entorpecer posteriores averiguaciones sobre la forma en que se produjo la muerte de la familiar de las hoy demandantes en reparación. (…) Los indicios antes construidos son prueba válida para imputar responsabilidad a la entidad demandada (…) frente a la afirmación de que la difunta, en su condición de supuesta integrante de la guerrilla del ELN disparó contra la patrulla militar, observa la Sala que no es cierta la versión de la muerte en combate de Omaira Madariaga Carballo, en la medida en que en el expediente se aprecian pruebas indiciarias que –según los criterios jurisprudenciales antes esbozados- son suficientes para concluir que es más probable la hipótesis contraria esto es que su muerte fue consecuencia de una ejecución extrajudicial cometida por los miembros del Ejército Nacional, hecho éste que, según ya se anotó, denota la ocurrencia de una falla del servicio por parte de los militares participantes en la operación.
CAUSALES EXCLUYENTES O EXONERATIVAS DE RESPONSABILIDD - Hecho de la víctima / HECHO DE LA VICTIMA - No se probó / PRUEBA DE ABSORCION ATOMICA - No se practicó por culpa de la entidad demandada / LA SUPUESTA POSESION DE ARMAS DE FUEGO DE LA VICTIMA - No constituye prueba de haber disparado el arma En la medida en que no está demostrado que la muerte de la señora Omaira Madariaga Carballo ocurrió en el marco de un enfrentamiento armado suscitado entre miembros del Ejército Nacional y guerrilleros del ELN, entonces para la Sala es claro que a la mencionada persona se le quitó la vida cuando se encontraba en estado de indefensión (…) En relación con el hecho de la víctima la entidad demandada alegó en las oportunidades procesales correspondientes que el mismo estaba demostrado (…) la Sala considera que no se configuró esa causal excluyente de responsabilidad (…) estudiadas las pruebas que reposan en el expediente, ninguna de ellas señala que la señora Omaira Madariaga Carballo fuera integrante de grupo guerrillero alguno y/o que hubiese disparado algún arma de fuego en contra de los militares, hecho éste cuya demostración habría podido lograrse por la vía de una prueba de absorción atómica que no fue practicada cuando el cuerpo sin vida de la señora Madariaga Carballo fue remitido a la Fiscalía de Curumaní, y que correspondía ser impulsada por la entidad demandada en la medida en que era ésta la que reputaba el carácter combatiente de la familiar fallecida de los demandantes. Debe agregarse en este punto que el hecho de que el ejército hubiese remitido el cadáver de la señora Madariaga Carballo –y el de otras personas- acompañado de algunas armas de fuego y otro material de guerra, no es demostrativo de la calidad de guerrillera atribuida a la señora Omaira Madariaga Carballo, pues –se insiste- en el proceso no se demostró que ésta hubiese disparado el arma de fuego que supuestamente le había sido incautada y, además, cuando los efectivos militares movieron los cadáveres de los sitios donde cayeron, borraron con ello toda evidencia que pudiera señalar que se trataba de combatientes muertos con ocasión de un enfrentamiento armado, circunstancia respecto de la cual la Sala ya concentró su atención en un aparte anterior de esta providencia.
HECHO DE LA VICTIMA - No se probó Al estudiar el segundo de los argumentos esgrimidos por la parte demandada para sostener la existencia del hecho de la víctima, para la Sala es claro que si estuviera probado –que no lo está- que la señora Omaira Madariaga Carballo estaba acompañando a unos guerrilleros en el momento de su fallecimiento, ello no sería una situación con idoneidad para exonerar de responsabilidad a la entidad demandada pues, según el artículo 24 de la Constitución Política, a los ciudadanos les es dado desplazarse por donde bien les plazca en ejercicio de su derecho fundamental a la libre locomoción y, cuando los órganos administrativos causan daños a los ciudadanos que están haciendo uso legítimo de esa prerrogativa, al Estado le es obligatorio reparar los daños que se causen en tales circunstancias. En este punto se enfatiza que, por un lado, no se demostró que los señores Geovany José Carmaño Rojas y Abimael Solano Salazar –quienes acompañaban a la occisa al momento de los hechos- fueran integrantes de la guerrilla del ELN y, por otro lado, en caso de que lo fueran, tampoco se probó que la señora Omaira Madariaga Carballo conociera esa situación, lo que no le era exigible en razón a que las mencionadas personas se transportaban en una actitud normal y sin que tuvieran distintivos que las identificaran como miembros de algún grupo armado. En el orden de ideas anteriormente expuesto, la Sala considera que las pruebas arrimadas al proceso no son demostrativas de que la señora Omaira Madariaga Carballo fuera integrante de un grupo guerrillero y, además, el hecho de que la occisa circunstancialmente se desplazara en una moto con guerrilleros en el momento en que se produjo su muerte –hecho que no fue demostrado-, sin que los supuestos guerrilleros portaran señales distintivas de su condición beligerante, no es una situación que válidamente pueda exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.
FALLA DEL SERVICIO - Muerte de presunta guerrillera del ELN. Contendor fuera de combate / FALLA DEL SERVICIO - Configuración / FALLA DEL SERVICIO - Muerte de persona no combatiente. Violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos Si eventualmente se hubiera demostrado que la señora Omaira Madariaga Carballo era combatiente, entonces debería decirse que la forma en que se le dio muerte no es una reacción proporcional de legítima defensa por parte del Ejército Nacional, pues no es justificado que los actores del conflicto armado acaben con la vida de sus contendores cuando éstos se encuentran fuera de combate. (…) para la Sala es claro que el Ejército Nacional incurrió en una falla del servicio al propinar la muerte a personas no combatientes, hecho que además encuadra con lo que el derecho penal y el derecho internacional de los derechos humanos tienen señalado como un comportamiento totalmente proscrito y reprochable, que lo es la ejecución extrajudicial y sumaria de personas para hacerlas aparecer como combatientes “dados de baja”. En el caso concreto, el Estado colombiano no cumplió con la obligación que le asistía en relación con el caso de la señora Omaira Madariaga Carballo pues, además de que se le quitó la vida, no se adelantó una investigación seria y dedicada para efectos de establecer la verdad sobre las circunstancias en que se produjo su muerte, falencia que a su vez implicó que no fuera posible la reparación adecuada de los familiares de la fallecida y la imposición de sanciones y castigos para los agentes estatales involucrados en el hecho (…) está proscrita toda conducta realizada por agentes del Estado que pueda poner en peligro los derechos a la vida y a la integridad física de las personas ajenas a los enfrentamientos armados, como lo fue la conducta que se probó como cometida en el caso de autos por los militares que participaron en la operación desplegada en la zona rural de Curumaní –Cesar- con ocasión de la orden n.° 20, consistente en quitarle la vida a una docente no combatiente y luego exhibirla como si se tratara de una guerrillera dada de baja durante un enfrentamiento armado.
EJECUCION EXTRAJUDICIAL - Noción. Definición. Concepto / EJECUCION EXTRAJUDICIAL - Regulación normativa / PERSONAS PROTEGIDAS - Características / PROTECCION A LAS PERSONAS CIVILES EN TIEMPOS DE GUERRA - Partes en contienda. Obligaciones. Artículo Tercero común a los Convenios de Ginebra de 1949 La Ley 599 de 2000 define la ejecución extrajudicial en su artículo 135, como aquella que se comete en persona protegida conforme con las normas del Derecho Internacional Humanitario, y en el parágrafo del citado precepto del Código Penal se determina que “personas protegidas” son aquellas que reúnen las siguientes características (…) Por su parte, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, dispone que en caso de conflicto armado sin carácter internacional, las partes en contienda deben cumplir con las siguientes obligaciones (…) La conducta de “ejecución extrajudical” ha sido definida por organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional, en los siguientes términos (…) la Sala considera que se puede hacer una definición de la conducta antijurídica de “ejecución extrajudicial” de la siguiente forma: se trata de la acción consciente y voluntaria desplegada por un agente estatal, o realizada por un particular con anuencia de aquél, por medio de la cual, en forma sumaria y arbitraria, se le quita la vida a una persona que por su condición de indefensión está protegida por el derecho internacional. En el caso de los combatientes, su asesinato puede ser considerado una ejecución extrajudicial cuando han depuesto las armas.
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS - Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrales o sumarias / DESCONOCIMIENTO DE PRINCIPIOS - Consecuencias En el anexo a la Resolución 1989/65 adoptada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se establecieron los “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias” (…) El desconocimiento de esos principios, o la falla por parte de los Estados en la implementación de las mejoras que son necesarias para prevenir y castigar en debida forma las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales, implican el incumplimiento de las normas de derecho internacional que consagran los derechos que se ven conculcados por ese tipo de conductas y, si los respectivos casos no son debidamente estudiados y decididos por las instancias judiciales de los respectivos países, entonces los daños que sean causados por motivo de ese incumplimiento serán, eventualmente, materia de análisis de responsabilidad en las instancias judiciales del sistema internacional de derechos humanos.
JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Papel preventivo en casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos / JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Pone de relieve las inapropiadas conductas cometidas por los agentes estatales y la obligación de la administración pública de eliminarlas de raíz En aras de concretar el papel preventivo que debe tener la jurisprudencia contencioso administrativa en casos como el presente, es pertinente que la Sala ponga de relieve que, de conformidad con observaciones hechas recientemente por el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en Colombia se ha presentado de manera recurrente, por parte de las fuerzas armadas del Estado, la práctica de quitarle la vida a personas ajenas al conflicto armado y que se encuentran en estado de indefensión, para luego presentarlas a las autoridades y a los medios de comunicación como bajas ocurridas en combate, dentro de lo que eufemísticamente ha dado en llamarse por la opinión pública “falsos positivos” (…) resulta de la mayor importancia para el Consejo de Estado poner de relieve, en casos como el presente, las inapropiadas conductas cometidas por los agentes estatales, con la finalidad de sentar un precedente que obligue a la administración pública a eliminar de raíz este tipo de conductas, y para que el caso reciba la reparación debida que haga innecesaria la recurrencia de los ciudadanos ante las instancias internacionales.
REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO - Medidas de carácter no pecuniario / MEDIDAS DE JUSTICIA RESTAURATIVA - Graves violaciones a los Derechos Humanos / DERECHO BLANDO O SOFT LAW - Criterios auxiliares de interpretación de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos / PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA, JURISDICCION ROGADA Y NO REFORMATIO IN PEJUS - Restricciones. Cumplimiento de mandatos contenidos en normas internacionales de Derechos Humanos De acuerdo con reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, existen casos en los que el juez puede ordenar medidas de carácter no pecuniario, que atiendan a la reparación integral del daño, aunque ello conlleve el desconocimiento de los mencionados principios procesales. Esto ocurre cuando se juzga la responsabilidad del Estado por graves violaciones de los derechos humanos pues, en estos eventos, la obligación de reparar integralmente el daño surge, principalmente, de distintos tratados y convenios de derechos humanos ratificados por Colombia que prevalecen en el orden interno, pero también de otros instrumentos de derecho internacional que, aunque no tienen carácter estrictamente vinculante –razón por la cual se los denomina “derecho blando” o “soft law”–, gozan de cierta relevancia jurídica y práctica en el ámbito internacional y nacional en tanto exhiben “una clara e inequívoca vocación axiológica o normativa general” y sirven como “criterios auxiliares de interpretación de los tratados internacionales sobre derechos humanos” Así las cosas, se ha considerado que es posible establecer restricciones a los principios de congruencia, jurisdicción rogada y no reformatio in pejus con el fin, bien sea de dar cumplimiento a los mandatos contenidos en normas internacionales de derechos humanos con prevalencia en el orden interno, o de proteger otros derechos, valores y principios constitucionales, que lleguen a ser de mayor trascendencia.
REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO - Adopción de medidas no pecuniarias encaminadas a la satisfacción y a la no repetición / EJECUCION EXTRAJUDICIAL - Investigación deficiente por parte de la jurisdicción penal militar. Se ordena reabrir la investigación penal para el esclarecimiento de la verdad / JUSTICIA RESTAURATIVA - Medidas de satisfacción / MEDIDAS DE SATISFACCION - De carácter administrativo. Simbólicas o conmemorativas Como no es posible retrotraer el hecho causante del daño padecido por las demandantes, como lo es la muerte de la señora Omaira Madariaga Carballo, la Sala considera que es pertinente la adopción de medidas no pecuniarias encaminadas a la satisfacción y a la no repetición de las conductas que fueron materia de pronunciamiento en el presente fallo, las cuales se concretan en lo siguiente: Como el hecho de la ejecución extrajudicial de la señora Omaira Madariaga Carballo fue investigado en forma deficiente por la jurisdicción penal militar, y en dicha pesquisa no pudieron establecerse las verdaderas circunstancias en que se produjo su fallecimiento, se compulsarán copias a la autoridad pertinente para que se reabra la investigación penal en relación con los hechos ocurridos el 28 de agosto de 1997 en la vereda “Quebradaseca” de zona rural del municipio de Curumaní –Cesar-. Para tal efecto, como la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura tienen establecido que los tribunales militares no tienen jurisdicción para juzgar crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública cuando éstos sean presuntamente culpables de delitos ajenos al ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, entonces se compulsarán las copias pertinentes a la Fiscalía General de la Nación, para que esa entidad adelante una investigación exhaustiva respecto de los hechos materia del presente litigio, encaminada a identificar y castigar a los responsables de la muerte de la señora Omaira Madariaga Carballo. Comoquiera que los miembros del Ejército Nacional que perpetraron el homicidio de la señora Omaira Madariaga Carballo exhibieron su cadáver como si se tratara el de una persona delincuente, el Ministerio de Defensa Nacional deberá realizar una publicación de los apartes pertinentes del presente fallo, en un medio escrito de amplia circulación nacional y en uno de amplia circulación local en el departamento del Cesar, con la inclusión de un aviso en el que conste que la muerte de la señora Omaira Madariaga Carballo no ocurrió con ocasión de un combate de tropas del Batallón Guajiros con la guerrilla del ELN, sino que fue consecuencia de una ejecución extrajudicial (…) El Ministerio de Defensa Nacional realizará una publicación de esta sentencia en un lugar visible al público de la sede principal de dicha entidad, y la divulgará por medios escritos y magnéticos a todos los batallones y brigadas del Ejército Nacional.
3.2. El Ministerio Público (f. 449 a 451, c. 1), por su parte, solicitó que no se accediera a las pretensiones de la demanda, pues: …no está acreditada en el plenario la falta o falla de la administración pública ni aún la culpa de los servidores públicos, quienes en ejercicio de sus funciones como miembros de la fuerza pública, encargados de vigilar el orden público y preservar la tranquilidad ciudadana en todo el territorio nacional… fueron atacados y agredidos con arma de fuego por miembros de la subversión (E.L.N.), quienes en compañía de la educadora OMAYDA (sic) MADARIAGA, se desplazaban en una motocicleta por la vereda “Quebrada Seca” (sic), jurisdicción de Curumaní –Cesar-.
6. En el momento procesal correspondiente para rendir alegatos de conclusión en segunda instancia , las partes y el Ministerio Público guardaron silencio. CONSIDERACIONES DE LA SALA
8.2. En segundo orden, las declaraciones juramentadas rendidas ante las autoridades de la justicia penal militar, pueden hacerse valer en el presente proceso contencioso administrativo, en la medida en que fue la entidad demandada la que las practicó, la parte demandante solicitó el traslado de la prueba al presente trámite resarcitorio y la parte accionada se pronunció respecto del acervo donde reposan esas declaraciones en diferentes oportunidades de las instancias contencioso administrativas. Igualmente, aunque dichos testimonios no fueron recibidos con audiencia de los hoy demandantes, los mismos pueden tenerse en cuenta por el hecho de que se trata de pruebas cuyo traslado al presente trámite fue solicitado en la demanda. 8.3. En tercer lugar, las indagatorias rendidas por los agentes militares participantes en el operativo surgido de la orden n.° 020 “Anaconda”, no pueden ser tenidas como medio de prueba, toda vez que dichas versiones se obtienen sin el apremio del juramento y, por tanto, no reúnen las características necesarias para que pueda considerárselas como testimonios . Lo anterior no obsta para que en algunos casos se tengan en cuenta las afirmaciones que los indagados consientan en hacer bajo la gravedad del juramento, lo que se deduce de la aplicación a contrario sensu de la regla antes aludida. En ninguna de las indagatorias rendidas por los militares investigados por la justicia penal militar en el caso sub lite, se hacen afirmaciones con apremio de juramento, por lo que las mismas no pueden ser apreciadas para decidir el presente litigio.
9.8.1. La patrulla militar divisó la aproximación de tres sujetos sospechosos que se transportaban en una motocicleta. 9.8.2. Se hizo una señal verbal de “alto” que fue desatendida por los sujetos quienes, al ver la presencia de la patrulla militar, trataron de dar vuelta a la moto y desenfundaron pistolas y revólveres con los que abrieron fuego contra los militares. 9.8.3. Los sujetos sospechosos abandonaron la moto y en la huída fueron dados de baja en el monte adyacente a la carretera, a una distancia considerable de donde cayó el vehículo.
9.8.4. Cuando los militares respondieron el fuego proveniente de las personas que viajaban en la moto, una cuadrilla guerrillera que supuestamente se parapetaba en lo alto de una colina, abrió fuego contra la patrulla militar. 9.8.5. Ante el ataque que se dirigió desde diferentes flancos contra la patrulla militar, los integrantes de ésta decidieron evacuar la zona, llevando consigo los cadáveres de quienes se transporaban en la motocicleta antes aludida. Afirman que no pudo hacerse levantamiento de los cadáveres en la zona del combate, debido al hostigamiento que estaban recibiendo por parte de los guerrilleros del ELN. 9.9. Para efectos de facilitar la apreciación crítica de las pruebas que obran en el expediente en relación con las afirmaciones antes enumeradas, la Sala hace una cita extensa de las declaraciones juramentadas que obraron en la investigación penal militar.
17.1.5. Ante dicha solicitud, el Tribunal Superior de las Fuerzas Militares decidió revocar la decisión asumida por el Batallón “Guajiros” y, en su lugar, dispuso que se libraran los oficios pertinentes para establecer el oficio al que se dedicaba la señora Omaira Madariaga Carballo –de quien se decía que era profesora en una vereda-, así como para obtener las explicaciones relacionadas con la fecha de expedición de la orden de operaciones n.° 20 “Anaconda”. 17.1.6. A pesar de lo anterior, en el expediente no reposa prueba alguna que acredite que dichas dudas hubieran sido saldadas, razón por la cual se considera que la investigación penal adelantada por el Ejército Nacional no arroja los elementos suficientes como para considerar, como se hizo por parte de las autoridades juzgadoras en dicho trámite –y por el Tribunal de primera instancia en el presente juicio-, que los agentes estatales actuaron de conformidad con el ordenamiento jurídico cuando le quitaron la vida a la familiar de los hoy demandantes en reparación y que, por tanto, no había lugar a proferir una condena en responsabilidad a cargo de la Nación.
18.3. Al estudiar el segundo de los argumentos esgrimidos por la parte demandada para sostener la existencia del hecho de la víctima, para la Sala es claro que si estuviera probado –que no lo está- que la señora Omaira Madariaga Carballo estaba acompañando a unos guerrilleros en el momento de su fallecimiento, ello no sería una situación con idoneidad para exonerar de responsabilidad a la entidad demandada pues, según el artículo 24 de la Constitución Política , a los ciudadanos les es dado desplazarse por donde bien les plazca en ejercicio de su derecho fundamental a la libre locomoción y, cuando los órganos administrativos causan daños a los ciudadanos que están haciendo uso legítimo de esa prerrogativa, al Estado le es obligatorio reparar los daños que se causen en tales circunstancias. 18.4. En este punto se enfatiza que, por un lado, no se demostró que los señores Geovany José Carmaño Rojas y Abimael Solano Salazar –quienes acompañaban a la occisa al momento de los hechos- fueran integrantes de la guerrilla del ELN y, por otro lado, en caso de que lo fueran, tampoco se probó que la señora Omaira Madariaga Carballo conociera esa situación, lo que no le era exigible en razón a que las mencionadas personas se transportaban en una actitud normal y sin que tuvieran distintivos que las identificaran como miembros de algún grupo armado. En el orden de ideas anteriormente expuesto, la Sala considera que las pruebas arrimadas al proceso no son demostrativas de que la señora Omaira Madariaga Carballo fuera integrante de un grupo guerrillero y, además, el hecho de que la occisa circunstancialmente se desplazara en una moto con guerrilleros en el momento en que se produjo su muerte –hecho que no fue demostrado-, sin que los supuestos guerrilleros portaran señales distintivas de su condición beligerante, no es una situación que válidamente pueda exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.
En un conflicto armado, aún cuando éste no sea internacional, tanto los soldados y agentes armados de un Estado como los combatientes de grupos políticos armados tienen prohibido llevar a cabo ejecuciones arbitrarias y sumarias. Tales actos contravienen el artículo 3 común de los convenios de Ginebra (que además prohíbe la mutilación, la tortura o el trato cruel, inhumano o degradante, la toma de rehenes y otros abusos graves contra los derechos humanos) . 19.4. En el anterior orden de ideas, y partiendo de los textos jurídicos citados en precedencia, la Sala considera que se puede hacer una definición de la conducta antijurídica de “ejecución extrajudicial” de la siguiente forma: se trata de la acción consciente y voluntaria desplegada por un agente estatal, o realizada por un particular con anuencia de aquél, por medio de la cual, en forma sumaria y arbitraria, se le quita la vida a una persona que por su condición de indefensión está protegida por el derecho internacional. En el caso de los combatientes, su asesinato puede ser considerado una ejecución extrajudicial cuando han depuesto las armas.
19.6. Al respecto, la Sala recuerda que los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personales, además de estar expresamente consagrados en el ordenamiento interno, tienen plena protección por virtud de los tratados internacionales de derechos humanos en los que es parte Colombia -en un típico enlace vía bloque de constitucionalidad-, de acuerdo con los cuales es obligación de los Estados impedir que se presenten situaciones de ejecuciones extrajudiciales y, además, fomentar las políticas que sean necesarias y conducentes para que ese tipo de prácticas no se presenten. 19.7. Dentro de dichas políticas deseables a la luz del derecho internacional, el Estado colombiano debe propender por una administración de justicia que sea eficaz en el juzgamiento de los eventos en los que se presentan ejecuciones extrajudiciales, de tal manera que pueda establecerse la verdad sobre las mismas, sea posible la imposición de sanciones y castigos a aquellas personas –servidores públicos o particulares- que tengan responsabilidad en los hechos, y sea factible la reparación de los derechos de los familiares de las víctimas que han padecido esas deleznables conductas. Al respecto, en el anexo a la Resolución 1989/65 adoptada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se establecieron los “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, en los siguientes términos:
(…) 8. Los gobiernos harán cuanto esté a su alcance para evitar las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias recurriendo, por ejemplo, a la intercesión diplomática, facilitando el acceso de los demandantes a los órganos intergubernamentales o judiciales y haciendo denuncias públicas. Se utilizarán los mecanismos intergubernamentales para estudiar los informes de cada una de esas ejecuciones y adoptar medidas eficaces contra tales prácticas. Los gobiernos, incluidos los países en los que se sospeche fundadamente que se producen ejecuciones extralegales arbitrarias o sumarias, cooperarán plenamente en las investigaciones al respecto.
19.9. Ahora bien, en aras de concretar el papel preventivo que debe tener la jurisprudencia contencioso administrativa en casos como el presente, es pertinente que la Sala ponga de relieve que, de conformidad con observaciones hechas recientemente por el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias , en Colombia se ha presentado de manera recurrente, por parte de las fuerzas armadas del Estado, la práctica de quitarle la vida a personas ajenas al conflicto armado y que se encuentran en estado de indefensión, para luego presentarlas a las autoridades y a los medios de comunicación como bajas ocurridas en combate, dentro de lo que eufemísticamente ha dado en llamarse por la opinión pública “falsos positivos”. Al respecto dijo el relator: Las fuerzas de seguridad han perpetrado un elevado número de asesinatos premeditados de civiles y han presentado fraudulentamente a esos civiles como “bajas en combate”. Aunque al parecer estos llamados falsos positivos no respondían a una política de Estado, tampoco fueron hechos aislados. Esos homicidios fueron cometidos por un gran número de unidades militares y en todo el país. Se produjeron porque las unidades militares se sintieron presionadas para demostrar que su lucha contra las guerrillas tenía resultados positivos a través del “número de bajas”. Hubo además algunos alicientes: un sistema oficioso de incentivos ofrecidos a los soldados para que produjeran bajas y un sistema oficial de incentivos ofrecidos a los civiles para que proporcionaran información que condujera a la captura o muerte de guerrilleros. Este último sistema careció de supervisión y transparencia. En general, hubo falta fundamental de rendición de cuentas y problemas en todas las etapas de los procesos disciplinarios y de investigación.
19.12. Así las cosas, aplicados al caso particular los criterios antes señalados, la Sala sostiene la tesis de que la muerte de la señora Omaira Madariaga Carballo ocurrió como consecuencia de una ejecución extrajudicial efectuada por el Ejército Nacional, pues se trata de un homicidio efectuado deliberadamente por agentes estatales, sin que se hubiera demostrado que la víctima fuera combatiente, en circunstancias en las cuales tampoco pudo acreditarse por la entidad demandada que el hecho se hubiera producido con ocasión de un combate o en cumplimiento legítimo y proporcional de las funciones que correspondían al cuerpo militar desplazado a la zona rural del municipio de Curumaní. 20. Expuestos como quedaron los razonamientos anteriores, para la Sala es claro que en el proceso de conocimiento se encuentran acreditados todos los presupuestos necesarios para que pueda predicarse la falla del servicio de la conducta asumida por el Ejército Nacional por intermedio de sus agentes, en la medida en que las pruebas arrimadas al proceso dan pie para concluir que los militares participantes en el operativo llevado a cabo el 28 de agosto de 1997, le quitaron la vida a la señora Omaira Madariaga Carballo, en situaciones ajenas al desarrollo de un enfrentamiento armado que nunca existió, e hicieron aparecer a la mencionada señora como si se tratara de una guerrillera dada de baja durante un combate, hecho que amerita la indemnización a favor de la parte demandante, situaciones todas estas que implican la condena patrimonial a cargo de la entidad demandada.
23. Con todo, de acuerdo con reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado , existen casos en los que el juez puede ordenar medidas de carácter no pecuniario, que atiendan a la reparación integral del daño, aunque ello conlleve el desconocimiento de los mencionados principios procesales. Esto ocurre cuando se juzga la responsabilidad del Estado por graves violaciones de los derechos humanos pues, en estos eventos, la obligación de reparar integralmente el daño surge, principalmente, de distintos tratados y convenios de derechos humanos ratificados por Colombia que prevalecen en el orden interno , pero también de otros instrumentos de derecho internacional que, aunque no tienen carácter estrictamente vinculante –razón por la cual se los denomina “derecho blando” o “soft law”–, gozan de cierta relevancia jurídica y práctica en el ámbito internacional y nacional en tanto exhiben “una clara e inequívoca vocación axiológica o normativa general” y sirven como “criterios auxiliares de interpretación de los tratados internacionales sobre derechos humanos” . 24. Así las cosas, se ha considerado que es posible establecer restricciones a los principios de congruencia, jurisdicción rogada y no reformatio in pejus con el fin, bien sea de dar cumplimiento a los mandatos contenidos en normas internacionales de derechos humanos con prevalencia en el orden interno, o de proteger otros derechos, valores y principios constitucionales, que lleguen a ser de mayor trascendencia.

References: artículo 24
 artículo 135
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 24
 artículo 3
 Resolución