Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2014/se201400170.html
Timestamp: 2019-03-20 17:28:52+00:00

Document:
se201400170
SENTENCIA: 170/2014.
EXPEDIENTE N°: 375/2007.
PARTES: Distrital Cochabamba del Consejo de la Judicatura de Bolivia contra el Superintendente Tributario General del Director Nacional del SIN.
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por el extinto Consejo de la Judicatura contra el Superintendente Tributario General a.i.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa cursante de fs. 382 a 387, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0203/2007 de 17 de mayo de 2007; la respuesta enviada vía fax de fs. 449 a 454 y original de fs. 457 a 459 y los antecedentes del proceso.
CONSIDERANDO I: Que el Consejo de la Judicatura Distrital Cochabamba, representado por Ivonne Soria Portillo, se apersona e interpone demanda contencioso administrativa, fundamentando su acción en lo siguiente:
En base a una errónea concepción de origen del ente tributario, que define a la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba como sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) -sin considerar que los recursos administrados por la Corte Suprema de Justicia producto de las recaudaciones efectuadas en cada Distrito Judicial y provenientes de ingresos por concepto del registro de propiedad en Derechos Reales, gravámenes y venta de valores, son considerados tasas y no impuestos al no existir hecho generador-, se le inició un proceso que culminó con el pronunciamiento de la Resolución Jerárquica que cuestiona, misma que revocando la Resolución del Recurso de Alzada concluyó que la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba al prestar el servicio de registro en Derechos Reales constituía sujeto pasivo del IVA, desconociendo la autonomía económica y administrativa del Poder Judicial,-hoy Órgano Judicial- conforme lo dispuesto en el art. 116.VIII de la Constitución Política del Estado (CPE) abrogada, aspecto que fue desvirtuado por un Acuerdo de Sala Plena, que fue expuesto con claridad en la resolución de alzada.
Añade que de los antecedentes, se advierte que no se siguió el procedimiento de determinación establecido en el Título IV de la Ley Nº 1340, al no haberse emitido Vista de Cargo, vulnerándose el debido proceso y dejándolos sin derecho a ejercer defensa ni presentar prueba de descargo, habiendo la Administración Regional de la Renta Interna conminado mediante “Auto” (sic) de 3 de octubre de 1991, a la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba a pagar un monto por falta de pago del IVA, alegando que la Dirección Nacional de la Renta Interna y la Corte Suprema de Justicia no habían llegado a un acuerdo, por lo que el 20 de marzo de 1992, el Administrador Regional de la Renta Interna de Cochabamba sin revisar ni verificar la existencia de Fiscalización, Vista de Cargo, Resolución Determinativa y otros, dentro del trámite Nº 50/90, citando el proveído de 3 de octubre de 1991, giró el Pliego de Cargo y Receta Nº 206/92 por concepto de adeudos en la suma de Bs.551.362 (Quinientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Dos 00/100bolivianos), determinación ilegal al no mencionar el impuesto, monto ni gestiones a los que corresponde, habiéndose sentado una diligencia nula, al notificarse a una tercera persona y no personalmente al Presidente de la Corte Superior de Cochabamba, pese al fax remitido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia a dicha autoridad, aclarando que el Poder Judicial poseía autonomía económica y la Dirección General de la Renta Interna debía dirigirse por conducto regular al Ministerio de Finanzas, al actuar dicha Corte sólo como agente de retención de recursos que eran enviados al Tesoro Judicial en la ciudad de Sucre; recibiéndose el 11 de mayo de 2006, del Gerente Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la conminatoria para pagar a tercero día la suma actualizada de Bs. 4.731.260 (Cuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil Doscientos Sesenta 00/100 bolivianos), bajo amenaza de aplicar medidas coercitivas, por lo que solicitó la nulidad de obrados al no existir hecho generador, ya que las recaudaciones y/o recursos propios de las gestiones 04/87 a 10/89 en Derechos Reales al igual que la venta de valorados judiciales no generaban el IVA exigido, al tratarse de un servicio judicial, cursando en antecedentes una nota GNF/DTP/735/05 de 20 de mayo de 2005, por la que la Gerencia Nacional de Impuestos Internos, ante la existencia de una Resolución Senatorial que regula y aprueba los aranceles del Poder Judicial, asignándole el carácter de tasas, solicita se dicte resolución expresa disponiendo la nulidad de todo lo obrado ante la inexistencia de hecho generador. Sin embargo, por proveído de31 de julio de 2006, el Gerente Distrital del SIN conminó nuevamente a la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba pagar la deuda, motivando que la hoy demandante plantee un recurso de alzada que fue resuelto por el Superintendente Tributario Regional, mediante Resolución STR-CBA/RA 004/2007 de 11 de enero de 2007, anulando obrados hasta la regularización del procedimiento por el SIN, por carecer de valor legal al no haber cumplido con el procedimiento de determinación previsto en el Decreto Supremo (DS) 9298 de 27 de julio de 1970 elevado a rango de Ley por el art. 88 de la Ley Nº 843, no existir papeles de trabajo, informe final de auditoria, notificación con la apertura del término probatorio, no cursar la Vista de Cargo, así como tampoco ningún auto, resolución administrativa o determinativa que hubiere establecido el adeudo tributario, resultando los actuados nulos de pleno derecho y sin valor legal.
Continua indicando, que confesando que “nunca” (sic)existió fiscalización concluida con los requisitos y formalidades exigidas por ley y que la obligación tributaria se determina sin la firma del Director de Fiscalización ni Administrador Regional de Impuestos Internos, el Gerente Distrital del SIN Cochabamba interpuso recurso jerárquico contra la Resolución del Recurso de Alzada alegando que lo realizado fue una “revisión de ingresos que percibía la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba por ‘Venta de Valores en la oficina de Derechos Reales’…”(sic) que concluyó con la determinación de la obligación tributaria referida, lo que no es evidente, al no ser atribución de Derechos Reales vender valores sino registrar la propiedad, gravamen de la misma y otros, afirmando que como no se pagó a tercero día ni presentó descargos se emitió el Pliego de Cargo Nº 206/92 de 20 de marzo de 1992, y que como el art. 307 de la Ley Nº 1340 sostiene que la ejecución coactiva no puede suspenderse por ningún recurso ordinario ni extraordinario ni existe autoridad administrativa o judicial facultada para modificar o anular las resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada solicitó la revocatoria de la resolución del recurso de alzada, fundamentando erróneamente además que la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba como toda repartición pública que efectúa prestaciones de servicios bajo contraprestaciones económicas, al constituir un sujeto pasivo del IVA, estaba obligada a extender notas fiscales legalmente habilitadas, reconociendo tácitamente la existencia de vicios de nulidad cuando el proceso de determinación y posterior cobro -en el caso no consentido de que existiese el cargo- debió seguirse a la Corte Suprema de Justicia y no sólo al Distrito de Cochabamba, pretendiendo cobrar el SIN una deuda inexistente después de 14 años de notificados con un ilegal Pliego de Cargo en el que operó la prescripción extintiva en su contra o liberatoria a favor de la Corte que representa, y la caducidad del derecho al cobro por la Administración Tributaria, razones por lo que interpone la presente demanda pidiendo se declare probada y nula la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0203/2007 de 17 de mayo de 2007 y el Pliego de Cargo Nº 206/92, así como todos los actos administrativos conforme lo dispuesto en la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0004/2007 de 11 de enero de 2007 hasta fojas 1 inclusive, disponiéndose el archivo de obrados, ya que el acto administrativo nulo no puede surtir efectos a pesar del tiempo transcurrido. No cursa en el expediente memorial de réplica.
CONSIDERANDO II: Citado el entonces Superintendente Tributario General a.i., con la provisión citatoria emitida por la extinta Corte Suprema de Justicia (fs. 449 a 475), en el plazo previsto por los arts. 146, 345 y 346 del Código de Procedimiento Civil, contesta a la demanda por memorial enviado vía fax (fs. 449 a 455) y posterior presentación del original (fs. 457 a 459) argumentando:
La Superintendencia Tributaria General se halla impedida de pronunciarse en el fondo del asunto, pues de la revisión y compulsa del expediente se advierte que el Recurso de Alzada fue presentado contra el proveído de 31 de julio de 2006, emitido por la Gerencia Distrital del SIN Cochabamba, que denegó la solicitud de nulidad planteada por la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, y declaró firme y subsistente el Pliego de Cargo, por lo que se advierte que el Recurso de Alzada se admitió contra un acto administrativo de mero trámite, que de acuerdo con el sistema recursivo previsto en los arts. 143, 195 y 198 de la Ley Nº 2492, no es impugnable, al carecer de fundamento legal por lo que pide se declare improbada la demanda, firme y subsistente la Resolución del Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0203/2007 de 17 de mayo de 2007. No cursa en obrados: dúplica.
CONSIDERANDO III: Que al estar reconocida la competencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para la resolución del presente proceso, en atención a su naturaleza contencioso administrativa, que reviste las características de un juicio de puro derecho, en el que este Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante; corresponde realizar el control judicial y de legalidad sobre los actos ejercidos por el Superintendente Tributario General a.i., estableciéndose de los actuados procesales lo siguiente:
En el caso de autos, la controversia se origina según el demandante, en los vicios de nulidad de forma y fondo llevados adelante por la Administración Regional Cochabamba de Impuestos Internos, incumpliendo procedimiento de orden público y obligatorio como dictar la vista de cargo, aperturar un término probatorio para la presentación de descargos, pronunciar una resolución determinativa, pasó a girar un ilegal e indebido Pliego de Cargo pretendiendo cobrar el IVA a la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba por la venta de valores judiciales y otros, y servicio prestados en la oficina de Derechos Reales de las gestiones 04/87 a 10/89, asignándole la calidad de sujeto pasivo.
Revisados y compulsados los antecedentes, se llega a concluir lo siguiente:
Por nota de 27 de noviembre de 1989, el Administrador Regional de la Renta Interna comunicó al Presidente de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que en atención a la atribución conferida por el art. 129 del Código Tributario y Resolución Administrativa R.A. 05/561/88 de 30 de noviembre de 1988, se realizaría una revisión a la documentación de esa institución (fs. 31 del Anexo 1), aparejando el requerimiento, contenido en el Formulario 4003 en el que se solicitó la certificación de inscripción y carnet de contribuyente, notas fiscales, facturas, comprobantes de ingresos, notas de remisión, libros de compras y ventas, declaraciones juradas, extractos bancario y/o libros de bancos, libro de caja, partes mensuales de recaudación e informes mensuales del período 4/87 a 10/89,con el que fue notificado el 29 de noviembre de 1989, el Jefe del Departamento de Finanzas de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba(fs. 34 del Anexo 1).
Mediante nota de 1 de diciembre de 1989, funcionarios de la Administración Regional de la Renta Interna, informaron al Jefe de la Unidad de Fiscalización General, que en cumplimiento de las órdenes impartidas procedieron a la revisión de los ingresos de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, tomando conocimiento del movimiento que generaba, así como del proveniente de Derechos Reales que era centralizado en el Departamento de Finanzas, por lo que revisados los “Documentos y Estados Anuales” obtuvieron cuadros de recaudaciones y/o recursos propios, estableciéndose como monto adeudado al Fisco la suma de Bs. 551.362 (Quinientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Dos 00/100 bolivianos) (fs. 7 a 8del Anexo 1) por las gestiones 04/87 a 10/89, asignándose al trámite el número 50/90, decretándose el 13 de julio de 1990, su notificación al Presidente de la Corte Superior, a efecto de que dentro de tercero día, cancele al Fisco la suma adeudada, diligencia que fue practicada en la persona del Oficial de Diligencia “F. Hinojosa”, el 3 de agosto de 1990 (fs. 9 del Anexo 1).
De fs. 10 a 12 cursan las notas de 3 de agosto de 1990, a través de las cuales el Presidente de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, comunicó al Administrador Distrital de la Renta Interna, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Director del Tesoro Judicial, que al tratarse de un tema delicado relacionado con el Poder Judicial, la Sala Plena y el Consejo de Administración de dicho Tribunal debía asumir conocimiento y determinación, disponiendo remitir antecedentes al Presidente de la Corte Superior, para tal fin; existiendo un Informe de 10 de agosto de 1990 (fs. 13) y la conminatoria para cancelar al Fisco la suma adeudada dentro del tercer día, advirtiendo que en caso de incumplimiento se giraría el correspondiente Pliego de Cargo (fs. 15), con la que se dispuso notificar al Presidente de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, entregándose una copia al Oficial de Diligencia “F. Hinojosa”, el 17de enero de 1991 (fs. 15 vta.). No obstante, pidiendo se deje en suspenso los proveídos emitidos, dicha autoridad comunicó al Administrador Regional de la Renta Interna que al haberse puesto la situación a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, una comisión proveniente de la ciudad de Sucre viajaría a La Paz, buscando una solución inmediata (fs. 36 del Anexo 1).
El 3 de octubre de 1991, el Jefe del Sector de Asuntos Técnicos y Jurídicos de la Administración Regional de la Renta Interna, alegando haber transcurrido 9 meses desde la carta enviada a la Corte Suprema para solucionar el problema del IVA, conminó a la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba a cancelar la suma de Bs. 551.362, a tercero día, toda vez que al ser la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba una institución estatal que presta servicio al público a través de sus distintas dependencias, bajo prestación económica, constituía en sujeto pasivo de IVA, obligado a inscribirse y extender las respectivas notas fiscales, decreto con el que se notificó al Presidente de la Corte Superior el 15 de noviembre de 1991 (fs. 38 y vta. del Anexo 1).
El 20 de marzo de 1992, se emitió el Pliego de Cargo y Receta Nº 206 contra la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, por la suma de Bs. 551.362, en cumplimiento al “proveído” de 3 de octubre de 1991, notificándose a su Presidente, en la persona del Secretario Abogado de Presidencia (fs. 40 y vta. del Anexo 1), procediendo esta autoridad a enviar la nota de 27 de noviembre de 1991, indicando que al ser este asunto de competencia de la Corte Suprema, todos los antecedentes fueron remitidos a dicha instancia para su pronunciamiento respectivo (fs. 41 del Anexo 1).
El 22 de mayo de 1992, el Presidente de la Corte Superior de Cochabamba, remitió el cite Nº 436/92 a conocimiento del Administrador Regional de la Renta Interna, el cite por el que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, comunicaba que el Director del Tesoro Judicial había sostenido conversaciones con el Administrador Nacional de Impuestos Internos para aclarar que el Poder Judicial de acuerdo con sus facultades constitucionales y autonomía económica, no se encontraba dentro del régimen arancelario extrañado y el requerimiento de la Renta Interna debía realizarse por conducto regular ante la Dirección General de la Renta Interna y Ministerio de Finanzas, para que esta entidad se dirija a la Corte Suprema en atención a la jerarquía de Poder del Estado, por constituir dicha Corte sólo agente de retención y centralizarse los recursos en el Tesoro Judicial (fs. 49 del Anexo 1).
El 7 de julio de 1992, se remitió el expediente en consulta ante Administrador Nacional de Impuestos Internos, ante la impugnación presentada por falta de competencia de la Administración Regional de Impuestos Internos (fs. 51 del Anexo 1), autoridad que respondió el 10 de agosto de 1992, respaldando el accionar y competencia para la emisión del Pliego de Cargo y Receta Nº 296/92, pidiendo proseguir con la acción coactiva hasta su cobro (fs. 52 a 53 del Anexo 1).
A fs. 54 y 57 cursan los mandamientos ambos de 9 de septiembre de 1992, de apremio “a la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba” y embargo de sus bienes propios, que se ejecutaron sobre las líneas telefónicas de dicha Corte (fs. 61 a 69 del Anexo 1) disponiéndose su remate por proveído de 15 de febrero de 1993 (fs. 71 del Anexo 1), señalándose por decreto de 17 de diciembre de 1993, día y hora del verificativo, ante la falta de pago y ejecutoria del Auto de Solvendo (fs. 75 del Anexo 1).
Pese a no contar con los papeles de trabajo para proceder a la actualización del importe adeudo, documentos solicitados en distintas ocasiones (fs. 73, 80, 86 del Anexo 1), el 27 de enero de 1997, se actualizó la deuda en Bs.2.703.522 (Dos Millones Setecientos Tres Mil Quinientos Veintidós 00/100 bolivianos) siendo notificada la Corte Superior el 1 de abril de 1997 (fs. 90 a 94 del Anexo 1), monto que ascendió a Bs.3.342.009 (Tres Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Nueve 00/100 bolivianos), tal cual se advierte del Informe de 30 de junio de 1998, actuados con los que se notificó a la Corte Superior el 3 de septiembre de 1998 (fs. 110 a 112 del Anexo 1) y ante una nueva actualización se incrementó a Bs.4.731.260 (Cuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil Doscientos Sesenta 00/100 bolivianos), suma que se conminó nuevamente a pagar a la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, por proveído de 11 de mayo de 2006 (fs. 124 a 126 del Anexo 1).
Ante la solicitud de nulidad de obrados al no existir hecho generador, presentada ante la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN por la Directora Distrital Cochabamba del Consejo de la Judicatura, por decreto de 31 de julio de 2006, la petición fue negada al no haberse presentado ningún recurso legal que hubiere impugnado los reparos determinados, conminándosele a cancelar el adeudo en el día (fs. 136 a 149); contra este decreto se formuló recurso de alzada (fs. 25 a 27 del Anexo 2), que respondido (fs. 30 a 31 del Anexo 2) fue resuelto por Resolución STR-CBA/RA 0004/2007 de 11 de enero de 2007, anulando obrados hasta el estado en que el SIN regularice el procedimiento legal que corresponda (fs. 47 a 48 del Anexo 2).
Contra dicha decisión el SIN Cochabamba planteó recurso jerárquico (fs. 50 a 51), pronunciando la Superintendencia Tributaria General la Resolución STG-RJ/0203/2007 de 17 de mayo de 2007, hoy cuestionada, al Anular la Resolución STR-CBA/RA 0004/2007 de 11 de enero de 2007, con reposición hasta el vicio más antiguo, hasta fs. 28 inclusive, debiendo la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, emitir acto administrativo en consideración a lo dispuesto por el art. 198.IV de la Ley Nº 2492, disposición incorporada por el art. 1 de la Ley Nº 3092, conforme el art. 212.I de la misma Ley (fs. 80 a 89).
III.1. A efecto de resolver el presente caso, resulta necesario señalar tal cual lo dejó establecido el Tribunal Constitucional en la SC 0090/2006 de 17 de noviembre de 2006, que la finalidad del proceso contencioso administrativo es: “…asegurar, en beneficio de los interesados y del interés general, el exacto sometimiento de la Administración al derecho en todas las actuaciones que realiza, en su condición de poder público. Consiguientemente, no se restringe a la defensa de los derechos subjetivos de los particulares, sino también se protegen las pretensiones de la administración”, lo que significa que la actuación Estatal se encuentra sometida al orden jurídico, existiendo sobre la misma la posibilidad de efectuar un control judicial, ya que la responsabilidad del ente regulador, Superintendente Tributario General a.i., no se agota con la legalidad de sus resoluciones, sino con el deber de fundamentar de manera clara, coherente y precisa los argumentos de la mismas, señalando los elementos sobre los cuales asumió una determinación administrativa en el ámbito de sus facultades, respaldándolos en las normas y disposiciones legales vigentes.
En ese sentido, al efectuar este Tribunal el control de legalidad de la actividad administrativa, a través del proceso contencioso administrativo cuyo conocimiento y resolución le fue encomendado conforme los arts. 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (CPC), tiene el deber de verificar la aplicación adecuada de las normas legales como garantía de la protección de los derechos de los administrados, en sede administrativa y en su mérito ordenar se subsanen los defectos en que hubieren incurrido las autoridades administrativas, atribución que permite analizar los argumentos presentados en la demanda, con la finalidad de verificar si son ciertas o no las vulneraciones alegadas.
Así, antes de efectuar un pronunciamiento sobre el caso que se analiza, es indispensable recordar que “…del concepto de ultraactividad de la ley, se establece que es un problema de aplicación de la ley en el tiempo y está íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Dentro de la Teoría General del Derecho, es clara la aplicación del principio ‘Tempus regisactum’, que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada después. Esto es lo que explica la Teoría del Derecho, la denominada ultraactividad de las normas, que son normas derogadas, que se siguen aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia. Este fenómeno se presenta con todas las normas jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza: civil, comercial, penal, administrativa, etc." (AS Nº 129/2013 de 17 de abril de 2013), por lo que al advertir que el caso no puede ser resuelto aplicando la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y menos con la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, ya que la primera comunicación para proceder a la revisión de la documentación, recaudación e informes mensuales del período 4/87 a 10/89 de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, se emitió el año 1989, la disposición legal aplicable para su análisis será el DS 9298 de 2 de julio de 1970 elevado a rango de Ley por el art. 88 de la Ley Nº 843 de 20 de mayo de 1986; marco normativo al que se recurrirá para conocer cuál era el procedimiento para la determinación de un adeudo tributario y las acciones que la Administración Regional de la Renta Interna, debió observar para determinarla existencia o no de un reparo, conforme a ley.
Examinados y analizados los antecedentes del caso, se advierte que la fiscalización impositiva iniciada a la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba por nota de 27 de noviembre de 1989, en la que se revisaron documentos de las recaudaciones y/o recursos propios de la institución, concluyendo con el Informe de 1 de diciembre de 1989, no siguió el procedimiento establecido en los arts. 164 y 165 del DS 9298, elevado a rango de ley por la Ley Nº 843, porque presentado el Informe de Liquidación, la extinta Administración Regional de la Renta Interna -hoy Administración Tributaria del SIN Cochabamba-, debió correrlo en traslado a la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, otorgándole un plazo improrrogable de 20 días para que presente sus descargos o pruebas, al cabo de los cuales recién dictar Resolución determinando la obligación e intimando a su pago, por cuanto establecido el monto adeudado al Fisco por las gestiones 04/87 a 10/89, no se abrió un término probatorio ni solicitó la presentación de descargos, instruyéndose por el contrario, por decreto de 13 de julio de 1990 se cancele la deuda a tercero día, pago que se conminó cumplir mediante decreto de 3 de octubre de 1991, concluyendo el 20 de marzo de 1992 con el pronunciamiento del Pliego de Cargo y Receta Nº 206 por dicho monto.
Por lo referido anteriormente se concluye que la Administración Regional de la Renta Interna no sólo lesionó el derecho a la defensa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, quien no pudo ejercer derecho a la defensa, no presentó las pruebas que estimaba convenientes para su descargo, ni usó efectivamente los recursos que la ley le franqueaba, afectándose el debido proceso, del que aquél forma parte y al que se encuentra sometido cualquier ciudadano ante toda autoridad judicial o administrativa, y constituye garantía de legalidad procesal prevista por el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales, al constituir: “…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos" (SC 0418/2000-R y 1276/2001-R);habiendo logrado su constitucionalización por la importancia, desarrollo doctrinal y jurisprudencial alcanzado tal cual se advierte del art. 115.II de la Constitución Política del Estado, cuya observancia y cumplimiento es obligatorio, pudiendo la persona agraviada acudir en caso de vulneración, a los medios legales de defensa.
No habiéndose seguido en el caso, pese a estar previsto en la norma, el procedimiento establecido para disponer la apertura detérmino con el objetivo que el sujeto pasivo presente pruebas y descargos, como tampoco la extinta Administración Regional de la Renta Interna dirigió ante la máxima autoridad del entonces Poder Judicial, Presidente de la Corte Suprema el Informe que declara la existencia y cuantía de un crédito tributario por los períodos fiscales 04/87 a 10/89, trasladándole las observaciones o cargos que se formulen, conforme el art. 132 del DS 9298, elevado a rango de ley por la Ley Nº 843, aspecto que los funcionarios de la propia institución hicieron notar, cuando ante la solicitud de actualización del monto adeudado, por distintas notas en las que la Unidad de Asuntos Técnicos, previo a emitir los informes requeridos, solicitó a la Unidad de Fiscalización General y al Administrador Regional de Impuestos Internos: “…adjuntar las hojas de trabajo que generó el Pliego de Cargo Nº 206/92”, no siendo evidente que esta documental hubiere estado aparejada al Informe de 1 de diciembre de 1989, pues las seis fojas a las que se refiere, constituyen los antecedentes para el cumplimiento de la tarea de revisión encomendada, pero no a los papeles de trabajo propios de una Fiscalización (fs. 73 y 80), observación que ratificó dicha Unidad en el cite cursante a fs. 86,al sugerir remitir el caso a la Unidad Jurídica para determinarse el proceso a seguir, al no contar el Sector de Fiscalización con las hojas de trabajo requeridas, procediéndose pese a dicha anomalía a liquidarse la deuda (fs. 90), ante la existencia de una opinión jurídica que sin respaldo ni fundamento, reconociendo “la existencia de algunos errores” (sic) que no podían motivar la nulidad, al existir un Informe-Liquidación y una respuesta del Director General de la Renta Interna, reafirmando la jurisdicción y competencia para pronunciar el Pliego de Cargo (fs. 119), actuación irregular cuya gravedad se refleja aún más en la conclusión a la relación de expediente presentada por el Jefe de la Unidad de Programación y Control, al Jefe de la Unidad Jurídica cuando expresa: “De la revisión de obrados se colige que el presente proceso no tienen ninguna cualidad procedimental, porque no tiene características de Sumario Infraccional, Determinación de Oficio; asimismo, por errores en el procedimiento, no se encuentran consignados en el expediente documentos de trabajo de fiscalización, vista de cargo, resolución administrativa sancionatoria y resolución determinativa, por el contrario aparece (un) Pliego de Cargo, sin antecedentes previos a expedirse el mismo. Por lo resumidamente expuesto y por las características del presente proceso, mi persona se excusa de dar opinión sobre la procedencia de la prosecución del cobro coactivo a la Corte Superior de Distrito o la Nulidad de obrados, por existir vicios procesales tanto en la forma como en el Fondo” (sic) (fs. 121 a 122).
En ese sentido, a efecto de resolver los puntos contenidos en la demanda, en atención al art. 7 del referido DS 9298 elevado a rango de ley por el art. 88 de la Ley Nº 843, que textualmente refiere: “En los casos, que no puedan resolverse, por las disposiciones de este Código o de las leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario y en su defecto las de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular”, permitiendo así la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil (Decreto Ley N° 12760 de 6 de agosto de 1975, elevado a rango de ley por Ley Nº 1760), es necesario señalar que si bien existían los medios recursivos a los cuales el sujeto pasivo podía recurrir, pero les fueron privados por no haberse seguido el procedimiento de determinación del adeudo, aun en el caso no consentido de que el Recurso de Alzada no procediere contra un proveído -como se sostiene en la Resolución del Recurso Jerárquico impugnada- al tratarse de una decisión sin sustanciación ni formalidad que hace al desarrollo del proceso, ordena actos de mera ejecución (art. 187 del CPC) y por lo tanto carece de las características de un acto administrativo impugnable, se advierte que el mismo tiene como hecho generador el Pliego de Cargo y Receta N Nº 206/92 de 20 de marzo de 1992, acto que en el proceso de su formación contiene un defecto de fondo, cual es la falta de observancia del procedimiento a seguir hasta determinar el monto impositivo adeudado, conforme establecía la normativa vigente en ese entonces, aspecto que determina que tal acto sea nulo, al no contener los requisitos mínimos exigidos ni haber seguido el procedimiento que permita afirmar que nació a la vida jurídica; procediendo en el caso en examen la nulidad de todo lo obrado misma que "...consiste en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la Ley procesal ha previsto para la validez de los mismos; a través de la nulidad se controla la regularidad de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso...” (SC 1644/2004-R de 11 de octubre de 2004), en ese sentido “…en una interpretación sistematizada de la norma prevista por el art. 251 del CPC y en concordancia práctica con el conjunto de normas previstas por la referida ley procesal, se puede inferir que precisamente, en el marco referido por dicha norma, es válido y legal declarar la nulidad de un acto procesal cuando éste se ha constituido desconociendo o infringiendo una norma procesal y vulnerando un derecho fundamental o garantía constitucional. En efecto, la norma prevista por el art. 90 del CPC dispone lo siguiente: 'I. Las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio, salvo autorización expresa de la Ley. II. Las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este Artículo serán nulas'. En la norma transcrita está expresamente prevista la nulidad de un acto procesal que se constituya infringiendo o desconociendo las normas procesales; está claro que se infringe una norma procesal cuando no se da estricto cumplimiento a lo previsto por ella o se realiza una interpretación contraria al sentido que fue establecido por el legislador, así como a la Constitución; entonces, lo dispuesto por la norma citada encuadra en la previsión del art. 251 del CPC. De otro lado, corresponde señalar que cuando se constituye o asume un acto procesal vulnerando un derecho fundamental o garantía constitucional se lo vicia de nulidad, lo que implica que dicho acto procesal no nace a la vida jurídica, por lo mismo no puede ser convalidada en el marco de una interpretación restringida de la norma prevista por el art. 251 del CPC, al contrario debe y tiene que ser declarada su nulidad por la autoridad competente..." (SC 0944/2004-R de 18 de junio de 2004); razonamiento que permite afirmar respecto de la prescripción y caducidad a las que se refiere la parte demandante, que si bien tienen una naturaleza distinta, toda vez la prescripción debe ser alegada por la parte interesada en la misma, y en esa medida es renunciable, y la caducidad, por el contrario, opera de oficio, la finalidad (evitar la incertidumbre permanente e indefinida de los derechos) y fundamento (presunción de abandono de los derechos por su titular) de ambas es el mismo, por lo que ninguno de los dos institutos puede ser invocando aplicado al caso, pues sobre un acto que no nació a la vida jurídica al no surtir precisamente éste ningún efecto jurídico entre el administrado y administración, y entre éstos con respecto de un tercero, no puede pretenderse nada.
A lo mencionado se suma que el Superintendente Tributario General no hubiere extrañado en el indicado Pliego de Cargo las características exigidas por el art. 166 núms. 2), 3), 4), 5), 6) y 7) del DS 9298 de 2 de julio de 1970 elevado a rango de Ley por el art. 88 de la Ley Nº 843, referidas a que la resolución que establezca la determinación contenga: “Indicación del tributo y del período fiscal correspondiente, apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas, fundamentos legales de la decisión, elementos deductivos aplicados, en caso de estimación sobre base presunta, discriminación de los montos exigibles por tributos, intereses y sanciones, según los casos y firma del funcionario autorizado, designado por el órgano que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los tributos”, por cuanto la ausencia de una de ellas, por previsión de propia norma legal vicia de nulidad la resolución; resultando necesario expresar la extrañeza que causa la denominación asignada al documento en el que se estableció el adeudo -Pliego de Cargo y Receta-, al no aparecer en el texto del DS 9298, sino en el art. 306 de la Ley Nº 1340 que indica: “Será título suficiente para iniciar la acción coactiva el Pliego de Cargo, el que se acompañará del respectivo Auto Intimatorio que librará el ente administrativo a través de su máxima autoridad en cada jurisdicción. Conforme al mismo, se emplazará al deudor para que dentro del plazo de tres (3) días de la notificación cancele la suma correspondiente al tributo adeudado, su actualización, intereses, multas, bajo conminatoria de aplicarse las medidas precautorias pertinentes. Tales medidas podrán ser dispuestas por la administración antes del libramiento del Pliego de Cargo y Auto Intimatorio cuando exista fundado riesgo para la percepción de créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles”, disposición que recién fue promulgada el 28 de mayo de 1992.
Por consiguiente, este Tribunal concluye que el Superintendente Tributario General al pronunciar la Resolución de Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0203/2007 de 17 de mayo de 2007, no aplicó correctamente la normativa legal citada, habiéndose encontrado infracción y uso inadecuado de la norma administrativa, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional debe ejercer el control de legalidad, conforme a los fundamentos expuestos, al quedar claro que la determinación arbitraria e ilegal efectuada por la Administración Regional de la Renta Interna de Cochabamba, no puede producir consecuencia jurídica alguna, tal cual se concluyó en la Resolución del Recurso de Alzada y demostró en el análisis efectuado, ya que lo único que realizó dicha Administración fue revisar ingresos y establecer supuestos adeudos, sin seguir el procedimiento legal preestablecido, llamando la atención a este Tribunal lo alegado por la autoridad que resolvió el recurso jerárquico, cuando señaló que el acto impugnado en el Recurso de Alzada no revestía las características de un acto administrativo recurrible, desconociendo contra toda lógica jurídica el hecho de no haber nacido siquiera a la vida jurídica y por lo tanto no surtir ningún efecto, siendo incoherente realizar esta observación, misma que de admitirse sólo daría lugar a la inseguridad jurídica.
III.2. Igualmente, es necesario dejar establecido que mediante DS 17514 de 11 de julio de 1980, se crearon los Aranceles Judiciales -“Tarifa oficial que establece los derechos que se han de pagar por diversos actos o servicios administrativos o profesionales...”(Diccionario Jurídico Elemental. Cabanellas de Torres, Guillermo. Pág. 37)- exponiéndose como motivos los siguientes: “Que la Constitución Política del Estado consagra la autonomía económica del Poder Judicial y determina que aparte de las partidas presupuestarias que se fijaran en el Presupuesto General de la Nación, se crearán otras especiales para el servicio del ramo en el Tesoro Judicial, Que la estructura actual de los recursos destinados al Poder Judicial, acusa escaso rendimiento, dispersión en diferentes unidades recaudadoras, elevando costo administrativo y estructura antigua e inadecuada, siendo por tanto necesario y urgente proceder a un adecuado ajuste y modernización de esas rentas y su modo de recaudarlas;
Que de ese modo se racionalizarán las tasas y aranceles vigentes fortaleciendo la economía del Poder Judicial, y logrando paulatinamente su real y efectiva independencia para cumplir con el precepto constitucional;
Que en cuanto al nuevo régimen arancelario para los ingresos en las oficinas del Registro de Derechos Reales, basando en la transformación de cobros específicos en ad ­valoren, significará el ingreso en nuevas técnicas de imposición, que permitirán captar las variaciones de valor sin necesidad de efectuar periódicas actualizaciones e impondrán mecanismos que conlleven la racionalización de estos derechos, que al tiempo de obtener un tratamiento uniforme a nivel nacional, eviten el arbitrario cobro que se practica en la actualidad en los diferentes Distritos Judiciales de la República”, norma que establecía diversos montos por el concepto de pago de multas procesales, depósitos judiciales, arancel de derechos reales, arancel de valores judiciales y otros recursos especiales; montos que fueron modificados por la Resolución Senatorial 024/99 de 6 de octubre de 1999, a solicitud del extinto Consejo de la Judicatura, entidad que poseía dicha atribución conforme el art. 13.II.num. 7) de la derogada Ley del Consejo de la Judicatura, que le otorgaba la referida competencia en materia económica y financiera, al indicar como una atribución la de: “Proponer al Honorable Senado Nacional, tasas por la prestación de servicios del Registro de Derechos Reales, Derechos Judiciales, Servicios Notariales y otros valores, no pudiendo las mismas ser aplicadas sin contar con la previa aprobación del Senado Nacional”.
Ante el reajuste a los montos consignados, mediante la Resolución Senatorial 059/01-02 de 24 de enero de 2001, en Senado Nacional homologó el Reglamento de Aranceles del Poder judicial, detallando los montos a cobrarse por las multas procesales, depósitos judiciales, aranceles de Derechos Reales, timbres judiciales en actos procesales, arancel de valores judiciales, y otros ingresos especiales.
Conforme establece el art. 158.I núm. 23 de la CPE, es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: “A iniciativa del Órgano Ejecutivo, crear o modificar impuestos de competencia del nivel central del Estado…”, norma que en concordancia con el art. 298.I núm. 19 de la Ley Fundamental señala como competencia privativa del nivel central del Estado la: “Creación de impuestos nacionales, tasas y contribuciones especiales de dominio tributario del nivel central del Estado”, dejándose establecido en el art. 323.II y III que: “Los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los impuestos que pertenecen al dominio exclusivo de las autonomías departamental o municipal, serán aprobados, modificados o eliminados por sus Concejos o Asambleas, a propuesta de sus órganos ejecutivos. El dominio tributario de los Departamentos Descentralizados, y regiones estará conformado por impuestos departamentales tasas y contribuciones especiales, respectivamente”; y que: “La Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley, clasificará y definirá los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal”, concluyéndose de la normativa constitucional transcrita que el Constituyente estableció el principio de reserva legal en materia de tributos, al expresar que sólo el Órgano Legislativo, por medio de su potestad legislativa formal, los Consejos o Asambleas Legislativas Departamentales tienen la facultad para establecer tributos siendo cualquier otra forma de creación de un tributo, inconstitucional e inaplicable.
Establecido el principio de reserva de ley en materia tributaria, corresponde indicar que de acuerdo con los arts. 9, 10 y 11 de la Ley Nº 2492, son tributos, las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con la finalidad de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines, clasificándose en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Así, Impuesto, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por Ley, independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente; difiriendo este de la tasa, tributo cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o realización de actividades sujetas a normas de Derecho Público individualizadas en el sujeto pasivo, siempre que cumplan con lo siguiente: 1. Que dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados, y, 2. Que para los mismos, esté establecida su reserva a favor del sector público por referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad; constituyendo las contribuciones especiales, tributos cuya obligación tiene como hecho generador, beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación.
Promulgada la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, denominada del Órgano Judicial, en su art. 10 cuyo nomemjuris es supresión de valores y aranceles judiciales se dejó establecido que en atención al principio de gratuidad que proclamaba, quedaba suprimido y eliminado todo pago por concepto de timbres, formularios y valores para la interposición de cualesquier recurso judicial en todo tipo y clase de proceso, pago por comprobantes de caja del Tesoro Judicial y cualquier otro tipo de pago que se grave a los litigantes; supresión de aplicación progresiva conforme lo determinó el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Presidencia en cumplimiento de la Disposición Transitoria Décima Segunda, y que fue cumplida mediante las Circulares que sobre el particular se emitieron.
No obstante, al haberse dejado establecido en la Disposición Transitoria Séptima que: “El Registro Público de Derechos Reales y las Notarías de Fe Pública, continuarán en sus funciones sujetos a las normas anteriores a la presente ley, en tanto no se defina su situación jurídica mediante una Ley especial que regule tales institutos jurídicos”, los montos y conceptos por los que se efectúan los cobros de servicios que se brinda en las oficinas de Derechos Reales, tendrán todo el respaldo legal y jurídico, hasta la promulgación de la ley a la que se refiere esta norma.
Por lo manifestado, es necesario precisar que la extinta Administración Regional de la Renta Interna de Cochabamba identificó en base al procedimiento irregular efectuado, un supuesto monto que adeudaba el entonces Poder Judicial por el servicio prestado en el registro de Derechos Reales, venta de valores judiciales y otros, presumiendo que estos servicios se encontraban sometidos al régimen legal del IVA, situación que ya fue desvirtuada, al tener los pagos que se realizan y recaudaban naturaleza y destino distintos, procedimiento en el que participa el Tesoro General de la Nación, constituyendo por ese servicio que brinda el hoy Órgano Judicial en ente recaudador, al igual que la Administración de la Renta Interna, actual Servicio de Impuestos Nacionales.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 10.I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil declarando PROBADA la demanda cursante de fs. 382 a 387 y en consecuencia ANULA TODO LO OBRADO HASTA EL ACTO INICIAL DE FISCALIZACIÓN, el cual es la nota del de diciembre de 1989, por la que los funcionarios de la extinta Administración Regional de la Renta Interna, informaron al Jefe de la Unidad de Fiscalización General que obtuvieron cuadros de recaudaciones y/o recursos propios, estableciendo un monto adeudado, debiendo el Servicio Nacional de Impuestos Internos regularizar el procedimiento, si corresponde, observando las disposiciones legales pertinentes.
Regístrese notifíquese y archívese.

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