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Timestamp: 2018-08-21 02:17:46+00:00

Document:
Fundae Veritas Lex Universitas Bonorum: mayo 2016
REGLA DE LA SANA CRÍTICA PARA VALORAR LAS PRUEBAS
Sala de Casación Social N° 886 / 17- 7- 2014
“Respecto a la sana crítica, esta Sala en sentencia N° 303 de 18 de marzo de 2014, reitera decisión N° 665 de 17 de junio de 2004, en la que se estableció lo siguiente:
La sana crítica en la apreciación de las pruebas, a que se refiere el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, conforme a la opinión unánime de la doctrina, implica su examen y valoración razonada en forma lógica y atenida a las máximas de la experiencia, en atención a las circunstancias específicas de cada situación y a la concordancia entre sí de los diversos medios probatorios aportados a los autos, de modo que puedan producir la certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos, como señala el artículo 69 de esa misma Ley. (Caso: Félix Antonio Briceño Tello vs. Pepsi-Cola Venezuela, C.A.)”
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INMOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA EN MATERIA LABORAL
Sala de Casación Social N°886 / 17-7-2014
“Esta Sala de Casación Social en sentencia N° 0158 de 19 de febrero de 2014, caso: Raquel Coromoto Santi Hurtado vs. Inversiones Vía Libre VI, C.A., reitera el criterio que respecto al vicio delatado se ha sostenido en diversas oportunidades, entre ellas, en la decisión N° 133 de 5 de marzo de 2004 (caso: César Augusto Villarreal Cardozo vs. Panamco de Venezuela, S.A.), la cual manifiesta lo siguiente:
(…) la doctrina ha señalado que la inmotivación es un vicio de la sentencia producido por el incumplimiento de un requisito intrínseco de la decisión cuando ésta carece de los motivos de hecho y de derecho. En este sentido, es pacífico y reiterado de la casación que resulta inmotivado el fallo que carece absolutamente de motivos, no aquel en el cual los motivos son escasos o exiguos. Asimismo, la doctrina ha señalado que hay falta absoluta de fundamentos, cuando los motivos del fallo, por ser impertinentes, contradictorios o integralmente vagos o inocuos no le proporcionan apoyo alguno al dispositivo de la sentencia, que constituye la verdadera finalidad de la pretensión. Igualmente existe inmotivación absoluta y por lo tanto el fallo es nulo, si el juez no expresa los motivos en que fundamenta la decisión respecto a un punto específico de la controversia de cualesquiera de las cuestiones planteadas, bien sean (sic) de hecho o de derecho.
Ahora bien, en el sistema de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo cuando la misma señala como motivo de casación la falta de motivos, debe entenderse literalmente, aun y cuando no lo precisa la norma, como la falta absoluta de motivos, que se da cuando no se expresa motivo alguno, esto es lo que denominó la jurisprudencia, la primera hipótesis de inmotivación, es decir, cuando la sentencia no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho ni de derecho en que pueda sustentarse el dispositivo, caso que aunque no es frecuente, sí se presenta, porque como ya se expresó la motivación exigua, breve, lacónica, no es inmotivación pues en tal caso la Sala podrá controlar la legalidad de la decisión tanto en el establecimiento de los hechos como en la aplicación del derecho.
En segundo lugar, existe contradicción en los motivos, cuando las razones del fallo se destruyen entre sí. En tercer lugar, es inmotivación el error en los motivos, la cual no se refiere a que los motivos sean errados o equivocados sino cuando los motivos expresados no guardan ninguna relación con la pretensión deducida y con las excepciones o defensas opuestas, caso en el cual los motivos aducidos a causa de su manifiesta incongruencia con los términos en que quedó circunscrita la litis, deben ser tenidos como jurídicamente inexistentes. En último lugar, es inmotivación la falsedad o manifiesta ilogicidad de la motivación, lo cual se presenta cuando los motivos son tan vagos, generales, inocuos o absurdos que se desconoce el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión.
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SALA DE CASACIÓN SOCIAL TERCERA INSTANCIA NACIONAL
“… siendo que esta Sala de Casación Social, no actúa como una tercera instancia nacional, razón por la cual no puede descender a las actas del expediente, a fin de resolver asuntos que corresponden a la soberana apreciación del Juez de Instancia, por tanto, se verifica que la recurrida no adolece del vicio que se le acusa…”
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DECLARATORIA CON LUGAR DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL / EFECTOS
Sala Constitucional N° 265/ 13-4-2016
Por otra parte, estima esta Sala que puede afectarse la actividad turística nacional, ya que la representación de la solicitante presentó escrito de ampliación a la solicitud en el que indica que la oferida está próxima a ejecutar el contrato de fideicomiso en garantía suscrito entre las partes, por lo que “(…) queda facultada para privadamente vender los bienes dados en Fideicomiso por [su] representada a fin de satisfacer el pago de los préstamos otorgados por Mercantil Bank Curacao, N.V. (Antes Banco Mercantil Venezolano, N.V.), es decir, para ejecutar a[su] representada a través de un negocio jurídico entre particulares, desconociendo el derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa de mi representada. Además, ello pone en peligro la prestación del servicio turístico que presta mi mandante, pudiendo verse seriamente afectado para estar próximas vacaciones navideñas. Ello justifica mi pedimente (sic) de celeridad procesal por la afectación de esa actividad, declarada como de utilidad pública e interés general (párrafo único del artículo 1 [rectius: 2] de la Ley Orgánica de Turismo)”. (Resaltado del escrito y entre corchetes de la Sala).
Quien suscribe, MAGISTRADO LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS, salva su voto por disentir del fallo que antecede, por las siguientes razones:
En la sentencia de la cual se disiente, la mayoría de la Sala, declaró Parcialmente ha lugar la revisión constitucional de la sentencia dictada el 15 de octubre de 2015 dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y, en consecuencia, se anula parcialmente dicho fallo y se declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la sociedad mercantil Mercantil Bank Curacao, C.V.
A criterio de quien disiente, se aprecia que la presente revisión constitucional luego de ser declarada parcialmente ha lugar, debió ser remitido el conocimiento de la causa a la Sala de Casación Civil para que emitiera un pronunciamiento sobre los argumentos omitidos en el proceso, en atención a la técnica casacional que ostenta el recurso de casación y al ser la referida Sala el órgano jurisdiccional natural para su resolución.
Aunado a lo anterior, se aprecia que la reposición en el presente caso no significaba una dilación inútil o indebida, sino que por el contrario, la reposición de la causa en casos como el de autos tiende a garantizar los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso de las partes en el proceso judicial, más aun cuando el análisis casacional se refiere en el fondo a la valoración y estimación de las pruebas cursantes en el expediente judicial.
Por último, cabe destacar que si bien le es dado al operador jurídico evitar las reposiciones inútiles por estricto mandamiento del artículo 257 constitucional, pues ello indudablemente obra contra la consecución de un mandamiento judicial expedito, tampoco puede soslayarse la aplicación un procedimiento más favorable, dotado de una gama de garantías recursivas más amplias, en favor de un procedimiento que es garantista del derecho a la defensa y de la igualdad procesal, dado que en el análisis de la revisión no siempre se forma un contradictorio que garantice los derechos constitucionales de ambas partes.
En consecuencia, se observa que en el caso bajo estudio resultaba ajustado a derecho, a través de una interpretación acorde con los postulados contenidos en el Derecho Constitucional Procesal que impregna el orden procesal, haberse remitido la presente causa a la Sala de Casación Civil para que emitiera un nuevo pronunciamiento sobre la causa atendiendo a los lineamientos expedidos por esta Sala.
Quien suscribe Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, salva su voto por disentir del criterio sostenido por la mayoría sentenciadora que declaró:
1.- Que tiene COMPETENCIA para conocer de la solicitud de revisión interpuesta por Oscar Guilarte Hernández, identificado en autos, actuando como apoderado judicial de HOTELERA SOL, C.A., también identificada, respecto de la sentencia del 15 de octubre de 2015, número RC.000608, dictada por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia
2.- PARCIALMENTE HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por Oscar Guilarte Hernández, identificado en autos, actuando como apoderado judicial de HOTELERA SOL, C.A., también identificada, respecto de la sentencia del 15 de octubre de 2015, número RC.000608, dictada por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia y, en consecuencia, se ANULA parcialmente dicho fallo y
2.1.- Se declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la sociedad mercantil MERCANTIL BANK CURACAO, N.V. En consecuencia,
2.2.- Se declara DEFINITIVAMENTE FIRME la sentencia del 21 de noviembre de 2014, dictada por el Juzgado Superior Séptimo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la citada Circunscripción Judicial, de fecha 20 de junio de 2014; decisión que se CONFIRMA.
2.3.- Se condena en costas a la parte recurrente en casación.
Publíquese, regístrese y remítase copia certificada de la presente decisión a la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia y al Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Al efecto, se considera inadecuado el uso que en el presente caso, ha dado la mayoría sentenciadora al artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para la resolución de la solicitud de revisión constitucional que se sometió a su consideración, específicamente por haber pasado a decidir sobre las denuncias interpuestas en el recurso de casación anunciado y formalizado contra la sentencia definitiva dictada, el 21 de noviembre de 2014, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
La Sala decidió que, “…en uso de la facultad contenida en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y en garantía de una justicia oportuna, del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, revisa sin reenvío la decisión de la Sala de Casación Civil número RC.000608, del 15 de octubre de 2015, y emite pronunciamiento sobre las denuncias formalizadas por la recurrente en casación, en los siguientes términos…”.
Ahora bien, la opinión que se plasma en el presente voto, no implica de manera alguna un desconocimiento a la importancia y utilidad que representa la herramienta que el legislador patrio consagró en el referido artículo 35 de la ley que rige nuestras funciones; sin embargo, de lo que quiere llamarse la atención en el presente caso radica en que en el mismo, no se encuentran dados los supuestos de hecho necesarios que se exigen para su aplicación.
En ese sentido, es pertinente citar la señalada disposición normativa, cuyo tenor es el siguiente:
Artículo 35: Cuando ejerza la revisión de sentencias definitivamente firmes, la Sala Constitucional determinará los efectos inmediatos de su decisión y podrá reenviar la controversia a la Sala o tribunal respectivo o conocer la causa, siempre que el motivo que haya generado la revisión constitucional sea de mero derecho y no suponga una actividad probatoria; o que la Sala pondere que el reenvío pueda significar una dilación inútil o indebida, cuando se trate de un vicio que pueda subsanarse con la sola decisión que sea dictada.
El fundamento que utiliza la mayoría sentenciadora para revisar sin reenvío la decisión de la Sala de Casación Civil número RC.000608, del 15 de octubre de 2015, tiene su base en haber incurrido la referida Sala, en el vicio de incongruencia omisiva “…en lo que respecta al capítulo III de dicha decisión en el que esa Sala se pronunció sobre la tercera denuncia por defecto de actividad contenida en el recurso de casación…”; y si bien es cierto que “…la omisión por parte de la Sala de Casación Civil tenía incidencia en la resolución del recurso por lo que debió pronunciarse sobre las defensas de las partes antes de declarar la procedencia del vicio denunciado”, debía tomarse en cuenta que se trataba de una de las denuncias por defecto de actividad, por lo que no podía la Sala Constitucional además de ejercer su potestad de revisión, asumir la decisión, no solo del resto de las denuncias de forma, sino pasar a pronunciarse incluso sobre las denuncias por infracción de ley, puesto que ello le correspondía a la Sala de Casación Civil por constituir el juez natural para resolverlas.
Por esta razón, no le está, en el caso de autos a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia sustituirse en las funciones propias de la Sala de Casación Civil. Al efecto, establece el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que es competencia de la Sala de Casación Civil “1. Conocer el recurso de casación en los juicios civiles, mercantiles y marítimos”. Al respecto, esta Sala ha indicado, entre otras en sentencia 5082/2005 que “el ejercicio de esta Sala mediante la revisión constitucional debe atender a la reflexión abstracta de los criterios jurisprudenciales que pudieran haber emitido las demás Salas de este Tribunal como los restantes Tribunales de la República, en cuanto a los criterios que pudieran haber acordado en un caso en particular el cual pudiera ser susceptible de inferir aunque sea indirectamente menoscabos constitucionales no sólo a las partes intervinientes en el proceso, sino de manera refleja a un número, determinado o indeterminado de ciudadanos”. Asimismo, ha dejado expresamente establecido que “la revisión no constituye una tercera instancia, ni un recurso ordinario que opere como un medio de defensa ante la configuración de pretendidas violaciones por supuestos errores de juzgamiento del juez de mérito, sino una potestad extraordinaria y excepcional de esta Sala Constitucional cuya finalidad es el mantenimiento de la homogeneidad de los criterios constitucionales en resguardo de la garantía de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, lo cual reafirma la seguridad jurídica” (Vid, sentencia 779/05). Por vía de consecuencia, la Sala subrogarse en las competencias atribuidas de manera exclusiva a la Sala de Casación Civil, y entrar a conocer directamente las denuncias contenidas en los recursos de casación.
En tal sentido, lo que se pretende es que la Sala Constitucional entre a decidir el recurso de casación anunciado y formalizado por la sociedad mercantil MERCANTIL BANK CURACAO, N.V., al punto de analizar una a una la totalidad de las denuncias formuladas en el escrito de formalización, declarar sin lugar el recurso de casación y condenar en costas a la parte recurrente en casación, lo cual es competencia de la Sala de Casación Civil, de acuerdo con lo previsto en el artículo 262 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el referido artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Tampoco se considera correcto CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Superior que fue recurrida en casación, puesto que la revisión no es un medio ordinario de impugnación como la apelación, tampoco una instancia ordinaria, con el que se confirmen o revoquen fallos, más aún cuando la sentencia dictada, el 21 de noviembre de 2014, por el Juzgado Superior Séptimo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, confirmó la sentencia dictada por el tribunal de la causa, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la misma Circunscripción Judicial el 20 de junio de 2014, que declaró:
“PRIMERO: Se declara PROCEDENTE y VÁLIDA la oferta real hecha por la sociedad mercantil HOTELERA SOL, C.A. a su acreedor, MERCANTIL BANK CURACAO, N.V., la cual comprende los conceptos que se discriminan a continuación: 1) La suma de DOCE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CATORCE CENTAVOS (US$ 12,087,794.14),que de acuerdo con la tasa de cambio aplicable de SEIS BOLÍVARES CON TREINTA CÉNTIMOS (Bs. 6,30) por cada dólar americano equivale a la cantidad de SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TRES BOLÍVARES CON OCHO CENTIMOS (Bs. 76.153.103,08) por concepto de capital adeudado; 2) La suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTICUATRO CENTAVOS (US$ 3,470,204.24), que de acuerdo con la tasa de cambio aplicable de SEIS BOLÍVARES CON TREINTA CÉNTIMOS (Bs. 6,30) por cada dólar americano equivale a la cantidad de VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES CON SETENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 21.862.286,71), correspondientes a los intereses calculados al 04 de diciembre de 2013; y, 3) La cantidad de CUATRO MIL BOLÍVARES (Bs. 4.000,00) correspondientes a los gastos líquidos e ilíquidos y por concepto de reserva, conforme a lo previsto en el artículo 1.307 del Código Civil.
SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 825 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte oferida.”
De manera que, estima la Magistrada disidente que, ante tal dispositivo, no debió la mayoría sentenciadora apoyar su decisión en el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia N° 1641/11, Caso: Motorvenca, pues en aquel entonces la Sala dispuso de manera precisa que “…queda claro que en las contrataciones pactadas en moneda extranjera y pagaderas dentro del territorio de la República, celebradas con anterioridad al actual sistema de control cambiario, el deudor puede liberarse de su obligación con la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal al tipo de cambio oficial para la fecha de pago”, mientras que en el presente caso, se está declarando como válida una oferta real hecha a un tipo de cambio que no se encuentra vigente, como lo es el de seis bolívares con treinta céntimos (Bs. 6,30), lo cual evidencia que el pago efectuado no se hará al tipo de cambio oficial al momento de satisfacerse la acreencia.
Ello así, el establecimiento por parte de la mayoría sentenciadora, de una tasa distinta a la vigente para el momento del pago, implica la creación de una grave distorsión en el sistema cambiario venezolano, que no debería ser avalado por esta Sala Constitucional.
Así las cosas, ante la magnitud de lo debatido, la decisión debió haberse limitado a los aspectos denunciados por la solicitante en revisión y ordenar a la Sala de Casación Civil pronunciarse nuevamente sobre el recurso de casación, sin incurrir en el vicio detectado, tal como se ha hecho en múltiples oportunidades.
Finalmente, no queda claro en la sentencia de la que se discrepa, -puesto que no se aborda con precisión-, por qué se considera que la resolución del presente caso deba estimarse como de mero derecho, vistas las circunstancias advertidas que de manera definitiva tendrán un gran impacto económico, tampoco se aprecia el juicio de ponderación que exige el legislador en el referido artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como no se desprende del desarrollo argumentativo del fallo cuestionado, cuáles son las razones que explican que “…la dilación del proceso está causando perjuicio a la actividad turística nacional…”, ni de qué manera la situación de una empresa en particular evite que la actividad turística nacional se encuentre en “pleno funcionamiento”, argumentos que deben ser de estricta observancia cuando se pretende hacer uso del mecanismo que implica la “revisión sin reenvío”, mucho más cuando su empleo, descansa en el vicio de incongruencia en una sentencia dictada por alguna de las Salas de este Tribunal Supremo de Justicia.
Es por ello que, tal como se expresó supra, se considera que en la sentencia dictada no se encuentran dados los supuestos de hecho necesarios que se exigen para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia, lo correcto era que, una vez detectado el vicio, se remitiera el expediente a la Sala de Casación Civil para el dictado de una nueva decisión, en atención a sus competencias de ley.
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Sala constitucional N° 265 / 13-4-2016
“… el precedente jurisprudencial dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 2 de noviembre de 2011, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, la cual estableció:
En atención al precedente jurisprudencial supra transcrito, es menester establecer que por criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al existir en el País (sic) un sistema de restricción de divisas extranjeras que impide su tenencia a los particulares, reservándole al Estado el monopolio del manejo de las mismas, debe tenerse que aquellos contratos que fijen como medio de pago tipos de divisas distintas a la legalmente establecida en la Constitución (art. 318) y en la Ley del Banco Central, como simple valor o cláusula de referencia, de modo que el pago deberá efectuarse válidamente en moneda de curso legal, al cambio estipulado para el momento del cumplimiento de la obligación. Así se decide.
“La mejor doctrina extranjera es conteste en considerar que, en situaciones como la expuesta, la única solución ha sido la transformación de la obligación con ‘cláusula de pago efectivo en moneda extranjera’, en una obligación con ‘cláusula de valor moneda extranjera’ en la cual, como hemos visto, la moneda extranjera sólo es apreciada como moneda de cuenta y, por lo tanto, pagadera en su equivalente en moneda de curso legal. Señalábamos, en efecto, que, de acuerdo con el artículo 116 de la Ley del BCV, la regla general es que en toda obligación estipulada en moneda extranjera, ésta última se ha de considerar como moneda de cuenta o de cálculo, con lo que el deudor no queda atado a pagar únicamente con la moneda extranjera, sino que tiene también la posibilidad de hacerlo con el equivalente en bolívares (moneda de curso) del monto indicado en moneda extranjera, calculado dicho equivalente a la tasa de cambio existente para el momento del pago. Esta modalidad sería la ‘cláusula de valor moneda extranjera’”. (Resaltado de esta Sala).
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FUNCIÓN JURISDICCIONAL ES UNA ACTIVIDAD REGLADA
“Por tanto, la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho. De allí que esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. Es por ello que el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas –como las transcritas antes- dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento. (Véase en este sentido s. S.C. nº 2.036 del 19.08. 2002)”.
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“Al respecto, resulta pertinente citar el criterio de esta Sala asentado en sentencia n.° 757 del 5 de abril de 2006, en la que señaló lo siguiente:
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REVISIÓN DE SENTENCIAS DEFINITIVAMENTE FIRMES
“… El artículo 336.10 de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la Ley Orgánica respectiva”.
Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes está contenida en los numerales 10 y 11 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en los siguientes términos:
11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que señala el numeral anterior, así como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República”
…es menester aclarar que esta Sala, al momento de la ejecución de su potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a guardar la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de solicitudes que pretendan la revisión de sentencias que han adquirido el carácter de cosa juzgada judicial; de allí que posee la facultad de desestimación de cualquier solicitud de revisión, sin ningún tipo de motivación, cuando, en su criterio, compruebe que la revisión que se solicita, en nada contribuye a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en virtud del carácter excepcional y limitado que posee la revisión.
Igualmente, ha sostenido esta Sala de manera pacífica que la labor tuitiva del Texto Constitucional mediante la revisión de sentencias no se concreta de ningún modo de forma similar a la establecida para los recursos ordinarios de impugnación, destinados a cuestionar la sentencia definitiva”.
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INCONGRUENCIA OMISIVA / REVISIÓN CONSTITUCIONAL
Sala Constitucional N° 2465 / 15-10-2002
N° 265 / 12-4-2016
Que “la Sala Constitucional ha señalado respecto a la incongruencia negativa lo siguiente:
‘Para este Supremo Tribunal, la incongruencia omisiva de un fallo impugnado a través de la acción de amparo constitucional, debe ser precedida de un análisis pormenorizado y caso por caso de los términos en que ha sido planteada la controversia, a los fines de constatar que la cuestión que se dice imprejuzgada fue efectivamente planteada.
Constada (sic) la omisión de juzgamiento, debe precisarse si era el momento oportuno para que ese juzgado se pronunciase sobre tal alegato.
Finalmente, debe analizarse si la omisión fue desestimada tácitamente o pueda deducirse del conjunto de razonamientos de la decisión, pues ello equivaldría a la no vulneración del derecho reclamado’. (SC No. 2465 DE 15-10-2002)’.
En atención a la doctrina de la Sala Constitucional, la Sala de Casación Civil al decidir sobre el vicio de incongruencia negativa debe apreciar si en la recurrida el juez obvió por completo el pronunciamiento sobre lo alegado por la parte, o si dicho argumento era relevante para decidir la causa, es decir, que el vicio delatado sea realmente invalidante y violatorio de los derechos de la parte y, acumulativamente, que ostente la fuerza suficiente para modificar sustancialmente el fallo, de modo que la apreciación del alegato haya cambiado el resultado de la decisión”.
En este orden de ideas, esta Sala ha señalado que: “(…) la procedencia de la incongruencia omisiva deriva en la ausencia del análisis de un argumento que haya sido alegado y controvertido dentro del proceso, el cual pudiera ser determinante para la resolución de la causa, que conlleva afirmar la existencia de un grave error de juzgamiento y que comporta violación al derecho a la defensa y, por ende, al debido proceso que reconoce el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. (s. S.C. nº 16 del 13.02.2015)”.
OPOSICIÓN A LA ADMISIÓN DE LAS PRUEBAS
Sala De Casación Civil N° 608 / 15-10-2015
“… Ahora bien, el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, consagra la posibilidad de las partes de ejercer oposición a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes, siendo que tal derecho de oposición constituye el ejercicio del derecho constitucional de la defensa en materia probatoria, que se manifiesta a través del derecho de contradicción, para tratar o evitar que algún medio probatorio ingrese al proceso.
Por su parte el artículo 398 eiusdem, consagra el lapso de admisión de las pruebas, según el cual ‘…Dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término fijado en el artículo anterior, el Juez (sic) providenciará los escritos de pruebas, admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes…”. Es esta la providencia denominada en la práctica jurídica como el auto de admisión o de negativa de las pruebas, en el cual el juez se pronuncia sobre las razones de inadmisibilidad o rechazo invocadas por las partes en la etapa de oposición a las pruebas; de allí que se trate de un auto o providencia de carácter interlocutorio que resuelve exclusivamente la cuestión de inadmisibilidad o negativa de las pruebas objetadas en la fase de oposición, providencia esta que es apelable en el solo efecto devolutivo ya sea admitida o negada la prueba, según disposición prevista en el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil.
Por su parte, el artículo 399 de la referida ley adjetiva civil, dispone lo siguiente:
‘…Si el juez no providenciare los escritos de prueba en el término que se le señala en el artículo anterior, incurrirá en una multa disciplinaria de quinientos a mil quinientos bolívares, que le impondrá el Superior de acuerdo con el artículo 27; y si no hubiere oposición de las partes a la admisión, éstas tendrán derecho a que proceda a la evacuación de las pruebas, aún sin providencia de admisión.
Si hubiere oposición sobre la admisión de alguna prueba, no se procederá a evacuar ésta sin la correspondiente providencia…’. (Negritas y subrayado de la Sala [de Casación Civil]).
De la anterior disposición normativa se desprende que el juez de instancia debe necesariamente dictar el auto o providencia mediante el cual admite o rechaza las pruebas promovidas so pena de incurrir en una multa disciplinaria. Sin embargo, señala la norma que cuando no haya oposición de las partes a la admisión y el juez no dictare la respectiva providencia de admisión, estas se tendrán por admitidas y se procederá a su evacuación. En cambio, de haber oposición sobre la admisión de alguna prueba, no se procederá a evacuar esta sin la señalada providencia, es decir, no se abrirá el lapso de evacuación de las pruebas hasta tanto el juez no se pronuncie sobre la admisibilidad o no de las pruebas objetadas en la fase de oposición”.
INTERPRETACIÓN DE CONTRATOS POR JUECES DE INSTANCIA
“…Ahora bien, respecto al error cometido por el juez en la interpretación del contrato, esta Sala ha sostenido de manera pacífica y reiterada que la interpretación de los contratos corresponde a los jueces de instancia y sus decisiones solamente pueden ser revisadas en casación, cuando el sentenciador incurra en desnaturalización o desviación intelectual de su contenido.
Respecto a la desnaturalización de la voluntad contractual esta Sala ha indicado que está constituida por la incompatibilidad de la conclusión del juez con el texto de la mención que se interpreta, por lo que si la conclusión del sentenciador no es compatible con el texto del contrato ocurre la desnaturalización del contrato. (Vid. sentencia N° 515, de fecha 22-09-09, caso Inversiones Alvamart, C.A., contra Edoval, C.A. y otra, expediente N° 08-613).
En el mismo orden de ideas, la desnaturalización de los contratos es entendida como un vicio enmarcado dentro del primer caso de suposición falsa, por lo que esta Sala en sentencia de fecha 27 de julio de 2004, caso: Miriam del Carmen Moreno y otros, contra Asociación Civil Ávila, señaló:
En aplicación de la doctrina transcrita, la Sala establece que la desviación ideológica cometida por el juez en la interpretación de los contratos, sólo puede ser atacada mediante el primer caso de suposición falsa...”. (Caso: Carlos Rodríguez Palomo, c/ Inversiones Visil C.A.). (Subrayado de la Sala [de Casación Civil])”.
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EMPLEADOS Y MANDATARIOS INHÁBILES COMO TESTIGOS
“… A los fines de resolver la oposición respecto de las indicadas pruebas de testigos, es preciso detenernos en la revisión del artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente preceptúa lo siguiente:
‘Artículo 478.- No puede tampoco testificar el magistrado en la causa en que esté conociendo; el abogado o apoderado por la parte a quien represente; el vendedor, en causas de evicción, sobre la cosa vendida; los socios en asuntos que pertenezcan a la compañía. El heredero presunto, el donatario, el que tenga interés, aunque sea indirecto, en las resultas de un pleito, y el amigo íntimo, no pueden testificar en favor de aquellos con quienes les comprenda estas relaciones. El enemigo no puede testificar contra su enemigo.’
(Resaltado de este Tribunal) (sic)
Para determinar si los indicados testigos son apoderados o mandatarios de la oferida, MERCANTIL BANK CURAZAO, N.V., en los términos establecidos en los artículos 1.684 y siguientes del Código Civil, y consecuencialmente se encuentran incursos en causa de inhabilidad relativa para testificar en este proceso judicial, prevista en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal (sic) observa que, efectivamente, en el texto de los contratos de préstamo celebrados entre las partes, consta que las notificaciones o comunicaciones que debían dirigirse a la oferida, MERCANTIL BANK CURAZAO, N.V., serían efectuadas a la siguiente dirección: ‘Para BANCO MERCANTIL VENEZOLANO, N.V.: Final Avenida (sic) Andrés Bello cruce con Avenida (sic) El Lago, Edificio (sic) Mercantil, piso 32, San Bernardino, Caracas, Gerencia de Activos Especiales; Atn: Zaida González (…)’
Adicionalmente, se observa que la parte promovente de dichas testimoniales, al momento de promover la prueba de inspección judicial, afirmó que el ciudadano JOSÉ IGNACIO DIEZ, es la persona designada, en sustitución de la ciudadana ZAIDA GONZÁLEZ, dentro de la Gerencia de Activos Especiales, para recibir todas las comunicaciones y notificaciones que se dirigieron las partes de este proceso judicial.
Ahora bien, para determinar si tales estipulaciones, así como las manifestaciones de la oferida, demuestran la existencia de un mandato, debe revisarse la definición legal contenida en el artículo 1.684 del Código Civil, y la norma siguiente, que literalmente rezan al tenor siguiente:
‘Artículo 1.684 El mandato es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente, o mediante salario, a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra, que la ha encargado de ello.’
‘Artículo 1.685 El mandato puede ser expreso o tácito.
La aceptación puede ser tácita y resultar de la ejecución del mandato por el mandatario.’
A la luz de las disposiciones legales precedentemente transcritas, se observa que los testigos promovidos, ciudadanos ZAIDA GONZÁLEZ y JOSÉ IGNACIO DIEZ, han sido encargados de ejecutar actos con consecuencias jurídicas (recepción de notificaciones o comunicaciones), en el contexto de los contratos de préstamos que vinculan a las partes de esta causa judicial, siendo que puede presumirse la aceptación de tal mandato, luego que la promovente de la prueba ha afirmado que en el correo electrónico del segundo testigo promovido se evidencian las comunicaciones a que se refieren los contratos, por cuanto el testigo JOSÉ IGNACIO DIEZ sustituyó en dicha responsabilidad a la testigo ZAIDA GONZÁLEZ.
Analizando con ponderación las indicadas circunstancias, debe inexorablemente concluirse que los testigos promovidos por la oferida, se encuentran incursos en inhabilidad relativa para rendir declaración testimonial en este proceso prevista en el artículo 478 del Código Civil, por cuanto se han desempeñado como mandatarios de la parte promovente.
Como consecuencia de lo expuesto, se declara con lugar la oposición a la admisión de dicha prueba formulada por la oferente, y en consecuencial, inadmisible la prueba testimonial de los ciudadanos ZAIDA GONZÁLEZ y JOSÉ IGNACIO DIEZ. Así se decide…’.
De la transcripción parcial de la sentencia recurrida se evidencia que el juez de alzada confirmó la sentencia del a quo por cuanto consideró que los testigos promovidos por la oferida estaban incursos en la causal de inhabilidad relativa consagrada en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, por tener interés directo en lo discutido en la presente causa, ya que los mismos se habían desempeñado como mandatarios de la promovente, todo ello a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.684 y 1.685 del Código Civil.”
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REFORMATIO IN PEIUS POR SALA DE CASACIÓN SOCIAL
Sala de Casación Social N° 1597 / 11-11-2005
“La configuración del vicio en referencia se fundamenta en la vulneración del principio “tantum apellatum quantum devolutum” y se soporta en la obligación que se impone a los jueces de alzada de ceñirse rigurosamente al fuero de conocimiento atribuido en razón del recurso de apelación ejercido, y en tal sentido, las facultades o potestades cognitivas del Juez quedan absolutamente circunscritas al gravamen denunciado por el apelante.
El principio de la reformatio in peius o reforma en perjuicio consiste en la prohibición que tiene el juez superior de empeorar la situación del apelante, en los casos en que no ha mediado recurso de su contraparte o como lo expone Jesús González Pérez, consiste en la “prohibición de que el órgano ad quem exceda los límites en que está formulado el recurso acordando una agravación de la sentencia (…) y una proyección de la congruencia en el siguiente o posterior grado de jurisdicción en vía de recurso”. (vid. El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, Civitas, 2001, Pág 287).
En supuestos como el que se analiza, en que sólo una de las partes perjudicadas por la sentencia da el impulso procesal al juez de alzada, surge para éste la prohibición conocida como reformatio in peius, que ha sido definida como ‘una prohibición que tiene el juez de alzada de empeorar el agravio causado por la sentencia sometida apelación cuando este recurso es ejercido por una de las partes; antes por el contrario dicho principio resulta aplicable en la hipótesis de que la apelación sea ejercida por ambas partes o que una de ellas o un tercero se adhiera a la apelación ejercida por una de las partes (...) el principio de reformatio in peius se configura: ‘Cuando existe vencimiento recíproco de ambas partes y una sola de ellas apela, el juez de alzada no puede reformar la sentencia apelada empeorando la condición del apelante (Sentencia n° 1441 de esta Sala, del 24 de noviembre de 2000, caso: Hawaiian Tropic de Venezuela, C.A.).
Ciertamente, tal y como lo aseveró el a quo, cuando se infringe la prohibición en referencia, resultan lesionados los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y a la defensa; así se desprende del siguiente fragmento jurisprudencial:
(...) El desarrollo del principio llamado de la ‘reformatio in peius’ implica estudiar en qué extensión y profundidad puede el Juez de la alzada conocer de la causa, esto es determinar cuales son los poderes con respecto al juicio en estado de apelación. Ahora bien, el efecto devolutivo de la apelación, no se produce sino en la medida de la apelación: ‘tantum devollotum (sic) quantum apellatum’. Conforme a este principio, reiteradamente afirmado por la doctrina y la jurisprudencia, las facultades del Juez de la apelación quedan estrechamente circunscritas a la materia que había sido objeto específico del gravamen denunciado por el apelante (...)
El error de interpretación, en el caso concreto, llevó a que se produjera la incongruente sentencia, viciada al incurrir en reformatio in peius, cometiendo infracción de los artículos 26, y 49, numeral 1, de la Constitución. Fueron violentados, pues, el derecho a la tutela judicial efectiva y el relativo al debido proceso, por no haber estado sujeto el apelante a un proceso con todas las garantías que le son inherentes. De igual manera, resultó transgredido el derecho a la defensa, ya que no es admisible que sin que mediar a impugnación de la contraparte y sin poder ejercer defensa alguna, se haya desmejorado la posición de la ahora accionante en el proceso, agravada la situación en el presente caso porque la sentencia que se impugna en amparo no tenía recurso de casación’ (Sentencia n° 1219 de esta Sala, del 6 de julio de 2001, caso: Asesores de Seguros Asegure S.A.).
Efectivamente, el derecho a la defensa y por ende, a una tutela judicial efectiva, resulta menoscabado cuando la parte que ha sufrido un gravamen con una sentencia ejerce el derecho a la defensa mediante la interposición de los recursos que para ello otorga la ley y, sin embargo, el perjuicio se agrava, por cuanto ello implica una desmejora frente a la contraparte, que se había conformado con la decisión.
En efecto, con la reforma de la decisión, en beneficio de quien no apeló y en perjuicio del único que lo hizo, se concedió una ventaja indebida a una de las partes y se rompió con el equilibrio procesal, lo cual apareja indefensión ya que ésta no sólo se produce cuando el juez priva o limita a alguna de las partes de los medios o recursos que le concede la ley, sino, también, cuando el juez altera el equilibrio procesal mediante la concesión de ventajas a una de las partes, en perjuicio de su contraria, tal y como sucedió en el caso sub examine, donde el ciudadano José Francisco Conde Pino, actor en el juicio principal, ejerció recurso de casación contra la decisión dictada por un Juzgado Superior Laboral que había declarado parcialmente con lugar la demanda incoada, siendo que la Sala de Casación Social declaró sin lugar el recurso de casación, casó sin reenvío y declaró sin lugar la demanda, motivo por el cual se declara ha lugar la solicitud de revisión de la decisión dictada por la Sala de Casación Social del 12 de agosto de 2004, por violar el derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y como consecuencia de ello, revoca la sentencia recurrida y repone la causa al estado de dictar sentencia de fondo. Así se declara. (Resaltado de la Sala)
Sala de Casación Social N° 886 / 17-7-2014
“El artículo 288 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, consagra lo que la doctrina ha denominado prohibición de reformatio in peius o prohibición de reformar en perjuicio, mediante el cual no le está permitido al Juez de Alzada reformar la sentencia impugnada en perjuicio de la parte apelante cuando la otra parte no ha apelado o no se ha adherido a la apelación.
Como lo ha sostenido la Sala en reiteradas oportunidades, la configuración del vicio en referencia se soporta en la vulneración del principio contenido en el aforismo tantum apellatum quantum devolutum que no es otro, que el deber que tienen los sentenciadores de Alzada de ceñirse estrictamente al fuero de conocimiento atribuido en razón del recurso de apelación ejercido, de modo que las facultades o potestades cognoscitivas del Juez quedan absolutamente circunscritas al gravamen denunciado por el apelante, en otras palabras, es la prohibición que tiene el Juez superior de empeorar la situación de quien ha apelado cuando no medie recurso alguno de su contraparte.”
PROHIBICIÓN DE REFORMATIO IN PEIUS ES DE ORDEN PÚBLICO
Sala Constitucional N°884 / 18-5-2005
“En el caso examinado, el acto judicial sometido a revisión de esta Sala es la sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia del 12 de agosto de 2004, que declaró sin lugar el recurso de casación incoado por el ciudadano José Francisco Conde Pino, casó sin reenvío la decisión dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, que había declarado parcialmente con lugar la demanda principal, y finalmente declaró sin lugar la demanda incoada por el ciudadano José Francisco Conde Pino, luego de realizar un detenido análisis de las pruebas válidamente producidas en el proceso, concluyendo en que si bien quedó demostrada la existencia de una enfermedad en la parte actora, no se probó el nexo de causalidad entre la enfermedad y las labores realizadas, por lo que no se podría catalogar de “enfermedad profesional”.
Encuentra esta Sala que el fallo dictado por la Sala de Casación Social, objeto de la presente solicitud de revisión, desconoce el criterio de interpretación constitucional fijado por esta Sala, respecto al desarrollo del principio de la prohibición de la reformatio in pius, que de seguidas será nuevamente reiterado:
En sentencia N° 2.133 del 6 de agosto de 2003, esta Sala reconoció el carácter de orden público del principio de reformatio in peius, en los siguientes términos:
“En supuestos como el que se analiza, en que sólo una de las partes perjudicadas por la sentencia da el impulso procesal al juez de alzada, surge para éste la prohibición conocida como reformatio in peius, que ha sido definida como ‘una prohibición que tiene el juez de alzada de empeorar el agravio causado por la sentencia sometida apelación cuando este recurso es ejercido por una de las partes; antes por el contrario dicho principio resulta aplicable en la hipótesis de que la apelación sea ejercida por ambas partes o que una de ellas o un tercero se adhiera a la apelación ejercida por una de las partes (...) el principio de reformatio in peius se configura: ‘Cuando existe vencimiento recíproco de ambas partes y una sola de ellas apela, el juez de alzada no puede reformar la sentencia apelada empeorando la condición del apelante’ (Sentencia n° 1441 de esta Sala, del 24 de noviembre de 2000, caso: Hawaiian Tropic de Venezuela, C.A.).
‘(...) El desarrollo del principio llamado de la ‘reformatio in peius’ implica estudiar en qué extensión y profundidad puede el Juez de la alzada conocer de la causa, esto es determinar cuales son los poderes con respecto al juicio en estado de apelación. Ahora bien, el efecto devolutivo de la apelación, no se produce sino en la medida de la apelación: ‘tantum devollotum (sic) quantum apellatum’. Conforme a este principio, reiteradamente afirmado por la doctrina y la jurisprudencia, las facultades del Juez de la apelación quedan estrechamente circunscritas a la materia que había sido objeto específico del gravamen denunciado por el apelante’ (...)
Efectivamente, el derecho a la defensa y por ende, a una tutela judicial efectiva, resulta menoscabado cuando la parte que ha sufrido un gravamen con una sentencia ejerce el derecho a la defensa mediante la interposición de los recursos que para ello otorga la ley y, sin embargo, el perjuicio se agrava, por cuanto ello implica una desmejora frente a la contraparte, que se había conformado con la decisión”.
En efecto, con la reforma de la decisión, en beneficio de quien no apeló y en perjuicio del único que lo hizo, se concedió una ventaja indebida a una de las partes y se rompió con el equilibrio procesal, lo cual apareja indefensión ya que ésta no sólo se produce cuando el juez priva o limita a alguna de las partes de los medios o recursos que le concede la ley, sino, también, cuando el juez altera el equilibrio procesal mediante la concesión de ventajas a una de las partes, en perjuicio de su contraria, tal y como sucedió en el caso sub examine, donde el ciudadano José Francisco Conde Pino, actor en el juicio principal, ejerció recurso de casación contra la decisión dictada por un Juzgado Superior Laboral que había declarado parcialmente con lugar la demanda incoada, siendo que la Sala de Casación Social declaró sin lugar el recurso de casación, caso sin reenvío y declaró sin lugar la demanda, motivo por el cual se declara ha lugar la solicitud de revisión de la decisión dictada por la Sala de Casación Social del 12 de agosto de 2004, por violar el derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y como consecuencia de ello, revoca la sentencia recurrida y repone la causa al estado de dictar sentencia de fondo. Así se declara.”
1.- HA LUGAR la solicitud de revisión presentada por el abogado Armando Tovar Vargas, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano JOSÉ FRANCISCO CONDE PINO, de la sentencia dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia Nº 04-1001 del 12 de agosto de 2004, que declaró sin lugar el recurso de casación incoado por el precitado ciudadano, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui el 10 de mayo de 2004, casó sin reenvío la precitada decisión y declaró sin lugar la demanda por indemnización derivada de enfermedad profesional, incoada contra Frank`s International de Venezuela C.A.
2.- ANULA la sentencia 04-1001 del 12 de agosto de 2004, por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, por ser contraria a los principios constitucionales y a la doctrina de esta Sala Constitucional, sentada en el fallo N° 2.133 del 6 de agosto de 2003. En consecuencia, se ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión a la referida Sala de Casación Social, para que emita nueva pronunciamiento.
Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Sala de Casación Social. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los 18 días del mes de mayo de dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.
BUFETE CONTRATÓ A "ROSS" PROGRAMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La industria legal Enhanced CIO de Baker & Hostetler Bob Craig explica el fundamento de esta última contratación: "En BakerHostetler, creemos que las tecnologías emergentes como la computación cognitiva y otras formas de aprendizaje automático puede ayudar a mejorar los servicios que ofrecemos a nuestros clientes."
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ERRÓNEA INTERPRETACIÓN / MOTIVO DE CASACIÓN
Sala Casación Civil N° 292 / 3-5-2016
“Ahora bien, los artículos 362 del Código de Procedimiento Civil, 1.359 del Código Civil y 1.360 eiusdem, infratranscritos, se delatan infringidos por errónea interpretación.
La conclusión de todo lo que antecede es que toda denuncia casacional que se haga a un fallo objeto del recurso extraordinario, dirigida específicamente a impugnar el juzgamiento concreto hecho por el sentenciador ‘sobre la coincidencia o no coincidencia que existe entre la hipótesis legal, imaginada en abstracto por la norma, y la hipótesis concreta jurídicamente calificada’, no es encuadrable en el específico ámbito del motivo de casación de fondo que contempla el ordinal 2° del artículo 313 del vigente Código de Procedimiento Civil al señalar que ‘se declarará con lugar el recurso de casación:/
…2° Cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la Ley’ (motivo de casación de fondo de errónea interpretación de ley propiamente dicho), pues este último motivo casacional exclusivamente atañe ‘al significado de la ley como premisa mayor, (esto es) el error sobre el contenido de una norma jurídica que se verídica cuando el juez, aun reconociendo la existencia y la validez de la norma apropiada al caso, yerra al interpretarla en su alcance general y abstracto (errónea interpretación de ley)’ (Calamandrei, Piero; Casación Civil, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, pág. 95)…” (Resaltado es del texto transcrito)”.
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CONFESIÓN FICTA / REQUISITOS
Sala Casación Civil N°292 / 3.5.2016
Así las cosas, para la declaratoria de procedencia de la confesión ficta, además de la falta o ausencia de contestación, el juez debe verificar dos extremos adicionales –concurrentes- a saber, que la petición no sea contraria a derecho y que el demandado en el término probatorio no probare nada que le favorezca. Tenemos entonces que para declarar la invocada confesión ficta del demandado, es necesario que 1.- El demandado no de contestación a la demanda; 2.- El demandado nada probare que le favorezca durante el proceso y, 3.- La pretensión no sea contraria a derecho.”
…es oportuno citar el criterio establecido por la Sala Constitucional, en decisión N°362, de fecha 9 de mayo de 2014, en la solicitud de revisión constitucional ejercida por la ciudadana Florinda Diz Besada, Expediente N° 13-0221, en la cual se expone:
En cambio, el supuesto relativo a ‘si nada probare que le favorezca’, hace referencia a que el demandado que no dio contestación a la demanda, podrá promover cuantas pruebas crea conveniente,siempre y cuando vayan dirigidas a hacer contraprueba a los hechos alegados por el actor.
Publicadas por Fundae Veritas Lex Universitas Bonorum a la/s 10:13 a.m. No hay comentarios.:
SALA DE CASACIÓN SOCIAL TERCERA INSTANCIA NACIONAL...
DECLARATORIA CON LUGAR DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ...
INTERPRETACIÓN DE CONTRATOS POR JUECES DE INSTANCI...
PROHIBICIÓN DE REFORMATIO IN PEIUS ES DE ORDEN PÚB...
BUFETE CONTRATÓ A "ROSS" PROGRAMA DE INTELIGENCIA ...
CARGA DE LA PRUEBA / HECHO NEGATIVO ABSOLUTO
MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA PENAL / REQUISITOS
ACCIÓN DE AMPARO IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS
CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL DELITO CORRESPONDE AL JU...
PRINCIPIO DE INVIOLABILIDAD DE LIBERTAD PERSONAL
RESPONSABILIDAD POR LA INCOMPARECENCIA DE LAS PART...
PRESCRIPCIÓN PENAL ES DE ORDEN PÚBLICO

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 artículo 69
 artículo 1
 artículo 257
 artículo 35
 resolución 
 artículo 35
 artículo 35

Artículo 35
 resolución 
 artículo 28
 artículo 262
 artículo 28
 artículo 1
 artículo 825
 resolución 
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 116
 artículo 336
 artículo 25
 resolución 
 artículo 49
 artículo 397
 artículo 398
 artículo 402
 artículo 399
 artículo 27
 artículo 478
 artículo 478
 artículo 1
 artículo 478
 artículo 478
 artículo 288
 artículo 11
 artículo 313