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Timestamp: 2017-09-20 18:20:00+00:00

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Publicado en BOIC núm. 255 de 31 de Diciembre de 2009
Artículo 3 Protocolo de actuación para casos de agresiones físicas
Artículo 4 Obligación de tramitar parte de lesiones
Artículo 5 Necesidad de interponer denuncia de los hechos acaecidos
Artículo 6 Asistencia de las direcciones de los centros educativos
Artículo 7 Vinculaciones con el orden jurisdiccional penal
ANEXO I . PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL CASO DE AGRESIONES CONTRA EL PERSONAL DOCENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES.
La violencia escolar, reflejo de la conflictividad social, está afectando de manera visible al personal docente, contaminando la convivencia educativa al crearse situaciones conflictivas indeseables que afectan a la comunidad educativa en su conjunto.
Estas agresiones, en muchas ocasiones, constituyen en sí mismas, infracción administrativa, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 292/1995, de 3 de octubre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, que califica de falta grave los actos de indisciplina y las injurias u ofensas graves a los miembros de la comunidad educativa, así como las agresiones físicas graves contra los demás miembros de esa comunidad, y como muy grave, los actos de indisciplina y las injurias y ofensas muy graves contra el profesorado y la agresión física muy grave contra los demás miembros de la comunidad educativa.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que el sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira, entre otros, en el principio de consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.
A efectos penales, la condición de funcionario del personal docente debe entenderse en sentido amplio, de acuerdo con el concepto del derecho penal que tiene mantenida la Jurisprudencia, incluso aunque la relación jurídica que une al funcionario con la Administración no tuviera carácter administrativo. Para ello, la Jurisprudencia exige que concurran dos requisitos esenciales:
Por su parte, el Ministerio Fiscal tiene atribuida constitucionalmente la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados. Entre los instrumentos que el Ordenamiento Jurídico pone a su disposición para cumplir ese designio, está la facultad de ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas, cuando proceda, así como la posibilidad de recibir denuncias y llevar a cabo u ordenar, para el esclarecimiento de los hechos denunciados, la práctica de aquellas diligencias para las que esté legitimado según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las cuales no podrán suponer la adopción de medidas cautelares o limitativas de derechos, si bien sí podrá ordenar la detención preventiva. Igualmente, cuando la investigación hubiera evidenciado hechos de significación penal podrá formular al efecto la oportuna denuncia o querella ante la autoridad judicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 30/1981, de 30 diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Se autoriza a la Dirección General de Personal, para que en el ámbito de sus atribuciones, dicte las instrucciones necesarias para la aplicación de la presente Orden.

References: Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 5