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Timestamp: 2017-01-21 20:05:54+00:00

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Ley 6/2000, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2001. TITULO II. DE LA GESTION PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS.
TITULO IIDE LA GESTION PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS
CAPITULO INormas generales de la gestión
Principios de actuación Los créditos para gastos que se aprueban por la presente Ley se destinarán exclusivamente a la finalidad orgánica, funcional y económica para la que son autorizados por la misma, o por las modificaciones aprobadas conforme a esta Ley.
Carácter limitativo de los créditos Uno. Los créditos autorizados en los respectivos programas de gasto tienen carácter limitativo y vinculante de acuerdo con su clasificación orgánica, funcional y económica.
En lo referente a la clasificación económica, el nivel vinculante de los créditos será el siguiente:
a) En los Capítulos I y II, a nivel de artículo.
b) En los restantes Capítulos de gasto, a nivel de concepto.
Dos. No obstante, serán vinculantes al nivel de desagregación con que aparecen en los respectivos Estados de Gastos:
En el Capítulo I, los conceptos: 143, otro personal, 150, productividad y 151, gratificaciones.
En el Capítulo II, los subconceptos: 226.1, atenciones protocolarias y representativas y 227.6, estudios y trabajos técnicos. Tres. A propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, el Gobierno de Cantabria podrá establecer vinculaciones con un mayor nivel de desagregación en aquellos supuestos que estime necesario.
Tres A propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, el Consejero de Economía y Hacienda, el Gobierno de Cantabria podrá establecer vinculaciones con un mayor nivel de desagregración en aquellos supuestos que estime necesario.
Créditos ampliables Con vigencia exclusiva para el año 2001 se consideran créditos ampliables, hasta una suma igual a las obligaciones que sea preciso reconocer, previo cumplimiento de las normas legales oportunas, dando cuenta de ello trimestralmente al Parlamento de Cantabria, los siguientes:
a) Los créditos correspondientes a competencias o servicios transferidos y, en su caso, los necesarios para reconocer obligaciones adicionales a las previstas inicialmente, por el importe de las transferencias de fondos que para compensar estas actuaciones tenga derecho a percibir esta Administración.
b) Los créditos destinados a gastos de servicios por los que se exigen tasas, exacciones parafiscales, cánones o precios, por la diferencia entre la recaudación inicialmente prevista y la efectivamente ingresada.
c) Los créditos cuya cuantía venga determinada en función de ingresos afectados, mediante compromiso firme de ingresos o que hayan de fijarse en función de derechos reconocidos.
d) Los destinados al pago de obligaciones reconocidas por sentencia firme, al pago de valoraciones y peritajes, y a la remuneración de agentes mediadores independientes.
e) Los destinados al pago de intereses, de amortizaciones y de otros gastos derivados de operaciones de endeudamiento.
El mayor gasto autorizado mediante ampliación se financiará con ingresos no previstos inicialmente o declarando no disponibles otros créditos.
Competencias en materia de gestión de gastos presupuestarios Sin perjuicio de las competencias establecidas en la Ley 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas de la Diputación Regional de Cantabria, corresponde al Consejero de Economía y Hacienda, todas las fases de tramitación del gasto en los Capítulos I y VIII del Estado de Gastos.
Disponibilidad de los créditos El Gobierno de Cantabria, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá acordar la no disponibilidad de los créditos incluidos en los presentes presupuestos, en función de la evolución de la gestión presupuestaria.
CAPITULO IINormas específicas de la gestión de los presupuestos docentes
Módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados Uno. De acuerdo con lo establecido en los apartados segundo y tercero del artículo 49 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados para el año 2001, es el fijado en anexo de esta Ley.
A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, provisionalmente y hasta que no se regule el sistema de financiación del segundo ciclo de la educación infantil, las unidades concertadas en estas enseñanzas se financiarán conforme a los módulos económicos establecidos en anexo de esta Ley.
Asimismo, con carácter provisional y hasta que se regule reglamentariamente la composición y forma de financiación de los ciclos formativos de grado medio, a partir de 1 de enero del año 2001, éstos se financiarán con arreglo a los módulos económicos establecidos en anexo de la presente Ley, en función de que los correspondientes ciclos formativos de grado medio tengan módulo económico definido o sin definir.
Dado el carácter experimental de la impartición en centros concertados de formación profesional de los programas de garantía social, éstos se financiarán con arreglo al crédito económico establecido en anexo de esta Ley.
Provisionalmente, y hasta tanto no se regule reglamentariamente la financiación de los ciclos formativos de grado superior, éstos se financiarán con arreglo a los módulos económicos de formación profesional de segundo grado.
Asimismo, y con carácter transitorio, las unidades del curso de orientación universitaria y las enseñanzas de bachillerato establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, se financiarán conforme al módulo económico establecido en anexo de esta Ley, en función de las disponibilidades presupuestarias.
La Administración Educativa podrá adecuar los módulos establecidos en el citado anexo a las exigencias derivadas del currículum establecido por cada una de las enseñanzas, siempre que ello no suponga una disminución de las cuantías de dichos módulos, fijadas en la presente Ley.
Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del año 2001, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de la enseñanza privada, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero del año 2001. El cómputo del módulo destinado a «Otros gastos» surtirá efectos a partir del 1 de enero del año 2001.
La cuantía correspondiente a «Otros gastos» se abonará mensualmente a los centros concertados, debiendo éstos justificar su aplicación al finalizar cada curso escolar.
Dos. A los centros docentes que tengan unidades concertadas en el primero y segundo ciclo de la educación secundaria obligatoria, se les dotará de la financiación de los servicios de orientación educativa a que se refiere la disposición adicional tercera punto 3 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Esta dotación se realizará sobre la base de calcular el equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones, por cada 25 unidades concertadas de educación secundaria obligatoria. Por tanto, los centros concertados tendrán derecho a la jornada correspondiente del citado profesional, en función del número de unidades de educación secundaria obligatoria que tengan concertadas.
Tres. De conformidad con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, que establece en su artículo 23 la posibilidad de que puedan establecerse diversificaciones del currículo, aquellos centros concertados de Educación Secundaria Obligatoria que reúnan los requisitos establecidos en el precitado artículo, podrán ser dotados de financiación para incrementar la ratio profesor/unidad que les corresponda con el fin de atender los programas de diversificación curricular.
Cuatro. De conformidad con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, que establece en su artículo 36 que la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales se regirán por los principios de normalización e integración, los centros concertados de educación especial podrán ser dotados de financiación para el desarrollo de los programas de «Transición a la vida adulta» que desarrollan la autonomía personal y la integración social del alumnado, de acuerdo con el módulo económico establecido en el anexo de esta Ley, para la Formación Profesional-Aprendizaje de Tareas.
Cinco. Las cantidades a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares, suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, son las que se establecen a continuación:
Formación profesional de segundo grado, ciclos formativos de grado superior y bachillerato LOGSE: 3.000 pesetas alumno/mes durante diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2001.
La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los alumnos de estas cantidades, tendrá el carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los «Otros gastos». La cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 600.000 pesetas el importe correspondiente al componente de «Otros gastos» de los módulos económicos establecidos en anexo de la presente Ley, pudiendo la Administración Educativa establecer la regulación necesaria al respecto.
Seis. Se faculta a la Administración Educativa para fijar las relaciones profesor/unidad concertada, adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, calculadas en base a jornadas de profesor con veinticinco horas lectivas semanales; por tanto la Administración no asumirá los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia, como los complementos de cargo directivo o la antigüedad, que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del anexo de esta Ley.
Así mismo, la Administración Educativa no asumirá los incrementos retributivos fijados en Convenio Colectivo que supongan un porcentaje superior al 2 por ciento establecido con carácter general para el personal al servicio del Gobierno de Cantabria, sin perjuicio de la adecuación retributiva pactada para el personal docente de los niveles sostenidos con fondos públicos.
Siete. La ratio profesor/unidad de los centros concertados podrá ser incrementada en función del número total de profesores afectados por las medidas de recolocación que se hayan venido adoptando hasta la entrada en vigor de esta Ley y se encuentren en este momento incluidos en la nómina de pago delegado, así como de la progresiva potenciación de los equipos docentes.
Autorización de los costes de personal de la Universidad de Cantabria De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 54 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en relación con su disposición final segunda, se autorizan los costes de personal funcionario docente y no docentes y contratado docente de la Universidad de Cantabria para el año 2001, por importe de cuatro mil cuatrocientos nueve millones trescientas cincuenta y un mil (4.409.351.000) pesetas, para el personal docente funcionario y contratado docente, y de novecientos ochenta y dos millones cuatrocientos noventa y cinco mil (982.495.000) pesetas, para el personal funcionario no docente, sin incluir trienios, seguridad social, ni las partidas que, en aplicación del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (Boletín Oficial del Estado de 31 de julio) y disposiciones que lo desarrollan vengan a incorporar a su Presupuesto la Universidad de Cantabria, procedentes de las Instituciones Sanitarias correspondientes, para financiar las retribuciones de las plazas vinculadas.
CAPITULO IIIGestión de los presupuestos de Entidades Públicas
De las Sociedades Mercantiles Públicas Las Empresas Públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria remitirán a la Consejería de Economía y Hacienda información sobre actuaciones, inversiones y endeudamiento, así como aquella otra que se determine mediante Orden del Consejero de Economía y Hacienda.
Con objeto de asegurar en las Empresas Públicas determinadas condiciones de eficacia, eficiencia, economía y buena gestión en la asignación de los recursos, la Consejería de Economía y Hacienda podrá concertar convenios o contratos-programa con las Sociedades Públicas de carácter mercantil, vinculándolos a la percepción de subvenciones de explotación o capital. Los citados convenios o contratos incluirán, al menos:
a) Hipótesis macroeconómicas y sectoriales que sirvan de base a los acuerdos.
b) Objetivos perseguidos en relación con la rentabilidad y productividad.
c) Política de personal, reestructuración técnica, o cualesquiera otras finalidades.
d) Las actuaciones necesarias para adaptar los objetivos acordados a las variaciones que pudieran producirse en el entorno económico respectivo.
A estos efectos, en cada convenio o contrato, se establecerá una comisión de seguimiento que será copresidida por la Consejería de la cual dependa la sociedad, y la Consejería de Economía y Hacienda.
Consorcios Uno. Las Consejerías y Entidades Públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria pueden participar en consorcios con otras Administraciones Públicas o con empresas privadas, para fines de interés público. La participación se autorizará siempre por el Gobierno de Cantabria.
Dos. En los consorcios en cuya financiación participen en un 50 por ciento o más los Organos del Sector Público de Cantabria, el régimen de presupuestación y contabilidad de los mismos se ajustará a la normativa de la Comunidad Autónoma de Cantabria, pudiéndose establecer por ésta un control financiero permanente.
Tres. Se entiende que existe una participación de, al menos, un 50 por ciento, cuando en el documento de constitución del consorcio conste que las aportaciones iniciales o la financiación de los gastos anuales a cargo de los Organos y Entidades del Sector Público de Cantabria, alcanzan o superan el citado porcentaje.
CAPITULO IVOtras normas de gestión presupuestaria
Disposición de los créditos con financiación afectada El Consejero de Economía y Hacienda podrá determinar las normas de gestión de los créditos consignados inicialmente en el Presupuesto, y de los generados durante el mismo, cuya financiación proceda de transferencias de carácter finalista o predeterminadas, con el fin de adecuar la gestión de dichos créditos a las cuantías efectivamente concedidas.
Justificación del reconocimiento de obligaciones Uno. El reconocimiento de las obligaciones con cargo a los Presupuestos Generales se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que, en su momento, aprobaron y comprometieron el gasto.
Dos. Dicha acreditación exigirá la expresa conformidad con la realización de la prestación o derecho del acreedor, en los términos previstos en la normativa vigente, expedida por el Jefe de la Unidad responsable.
Tres. Excepcionalmente, cuando no pueda aportarse la documentación justificativa de la obligación según los apartados anteriores, ni las obligaciones se satisfagan conforme a lo dispuesto en el artículo 17, podrán tramitarse propuestas de pago y librarse los fondos con el carácter de «a justificar», a favor de una caja pagadora.
Cuatro. Los responsables de la caja pagadora como perceptores de estos fondos quedan obligados a rendir cuenta justificativa de la aplicación de las cantidades recibidas en el plazo de tres meses, que podrá ser ampliado por razones excepcionales a propuesta del órgano gestor del crédito, previo informe de la Intervención Delegada.
Anticipos de caja fija Uno. Los gastos periódicos o repetitivos podrán ser satisfechos con anticipos de caja fija u otros libramientos análogos que, en todo caso, puedan tener el carácter de renovables por el importe justificado, de forma que la cantidad librada permanezca fija a lo largo del ejercicio.
Dos. Los Consejeros, previo informe de la Intervención Delegada, fijarán las aplicaciones presupuestarias a cuyo cargo pueden librarse los fondos, dentro del Capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.
Compensaciones y retenciones con cargo al Programa de Cooperación Municipal de asistencia financiera a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Uno. El Gobierno de Cantabria podrá compensar las deudas firmes contraídas, a partir del año 1998, por las Entidades Locales con la Comunidad Autónoma, con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su participación en el Programa de Cooperación Municipal de asistencia financiera a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma.
Dos. Las retenciones que deban acordarse para compensar las deudas de las Entidades Locales hasta la cantidad concurrente del crédito a favor de aquéllas, en la forma prevista en el artículo 65, del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, que se realicen en el ámbito de aplicación del presente artículo, no podrán superar en su conjunto un importe equivalente al 50 por ciento de la cuantía asignada a la respectiva Corporación.
Dicho límite no operará en los casos en que la deuda nazca como consecuencia del reintegro de anticipos de financiación a cargo de la Dirección General que ostenta la competencia de Tesorería del Gobierno de Cantabria, en cuyo caso habrá que atenerse a las condiciones fijadas para su concesión o a la cancelación total del crédito en forma singular o en retenciones sucesivas hasta la concurrencia del crédito a favor de la respectiva Corporación, en orden a su cuantía.
No obstante, ambos límites globales podrán ser reducidos hasta un 25 por ciento, previa petición razonada de las Corporaciones Locales deudoras, cuando se justifique la existencia de graves desfases transitorios de la Tesorería que afecten al cumplimiento regular de las obligaciones de personal o a la prestación de los servicios públicos obligatorios y mínimos comunes a todos los Municipios y de los de protección civil, prestación de servicios sociales y extinción de incendios, en cuya realización no se exija, en todo caso, contraprestación alguna en forma de precio público o tasa equivalente al coste del servicio realizado.
La petición, con la justificación correspondiente, deberá dirigirse al Consejero de Economía y Hacienda, que dictará, teniendo en cuenta el volumen de las deudas y la reiteración de su exigencia por vía compensación, la resolución correspondiente, fijando el período de tiempo en que el límite general habrá de ser reducido al porcentaje de retención que, en la misma, se señale.
Tres. Los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma podrán presentar un plan específico de amortización de las deudas firmes contraídas en el que se establezca un programa de cancelación de la deuda pendiente. El plan comprenderá, igualmente, un compromiso relativo al pago en período voluntario de las obligaciones corrientes que en el futuro se generen.

References: artículo 49
 artículo 11
 artículo 23
 artículo 36
 artículo 54
 Real Decreto 
 artículo 17
 artículo 65
 Real Decreto 
 resolución