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Timestamp: 2017-05-28 22:11:08+00:00

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Resumen: Derecho a un
proceso justo (art.6.1 CEDH). Alcance del deber de motivación de las
resoluciones judiciales de Tribunales de apelación en procesos de Seguridad Social. Admisión de
una motivación sucinta, siempre que no
impida la posibilidad efectiva de recurrir y sea congruente con las peticiones de las partes. En 2003, el Sr. Ruminski
solicitó una pensión a la Seguridad social, aduciendo que sufría problemas de
espalda derivados de ciertas actividades profesionales anteriores. Su demanda
fue desestimada, así como sus recursos posteriores ante la jurisdicción
administrativa. El Tribunal de primera instancia concluyó, en esencia, que del
expediente no resultaba que fueran sus actividades profesionales las que hubieran causado o agravado sus problemas. El Tribunal contencioso de apelación
hizo suyo este razonamiento en octubre de 2008, estimando que los nuevos
elementos aportados por el Sr. Ruminski -un informe médico emitido por le
centro de Salud Pública, de la medicina del trabajo y del entorno, indicando
que sus actividades laborales eran la causa de sus problema- ; no cambiaban ni
un ápice la conclusión del tribunal de apelación. En agosto de 2009 el TS
contencioso rechazó el examen de su expediente.
Ruminski considera que el tribunal administrativo de apelación se limitó a
asumir las conclusiones de la instancia inferior y no motivó adecuadamente su
decisión, a pesar de los nuevos y trascendentales elementos de prueba
introducidos por el recurrente. El TEDH considera que no ha habido violación del art.6.1 CEDH
doctrina del TEDH, que refleja un principio ligado a la correcta administración
de justicia, las sentencias de los jueces y tribunales deberían estar
adecuadamente motivadas. El alcance
de este deber de razonar varía en función de la naturaleza de la decisión y
debe concretarse a la luz de las circunstancias del caso. Anque el
art.6l1 obliga a los tribunales a motivar sus decisiones, el mismo no puede
interpretarse en el sentido de que exija respuestas detalladas a todos y cada
uno de los argumentos . Por tanto,
al desestimar una apelación, el tribunal de apelación puede, en principio,
simplemente remitirse a las razones del tribunal de instancia (vid. García Ruiz v.
Spain [GC], no. 30544/96, §
26, ECHR 1999‑I, and N.A. v. Norway, no. 27473/11,
§ 61, 18 December 2014). Sin
embargo, el concepto de proceso justo exige que un tribunal de apelación que
haya argumentado escasamente sus decisiones, por remitirse a las razones del
tribunal de instancia, se refiera y resuelva las cuestiones esenciales de la
controversia que se le plantean y no se limite a remitirse sin más a lo
resuelto por el tribunal inferior
exigencia es aún más importante en los supuestos en que el demandante no haya
podido sustanciar oralmente conforme a los procedimientos establecidos. (vid. Helle v. Finland, 19
December 1997, § 60, Reports of Judgments and Decisions 1997‑VIII, and Hansen
v. Norway, no. 15319/09,
§ 60, 2 October 2014).
empezar, el TEDH subraya que está fuera de su competencia determinar si las
decisiones alcanzadas por los tribunales nacionales han sido o no conformes a
su ley interna. (vid. Deryan v.
Turkey, no. 41721/04,
§ 34, 21 July 2015).
el TEDH constata que el demandante gozó de procedimientos contradictorios. En las
diversas fases de los procesos pudo exponer los argumentos que le convinieron y
pudo ser oído en vista pública tanto en el procedimiento administrativo ante la
Seguridad Social como ante el Tribunal contencioso.
argumentos, tanto fácticos como jurídicos fueron, así mismo, examinados a
fondo. Aunque al
demandante le denegaron una audiencia pública ante el Tribunal contencioso de
apelación, el TEDH no ve razón para cuestionar la conclusión del Canciller de
justicia, en el sentido de que no se vulneraron las garantías del proceso
debido. Además, el
TEDH considera que en este caso, el tribunal de apelación ratificó los hechos y
los razonamientos jurídicos del tribunal de instancia .
pruebas presentadas por el demandantes y los argumentos expuestos por las
partes fueron explícitamente mencionadas por el Tribunal de apelación. No se
trata de un supuesto en que el Tribunal de apelación haya ignorado
completamente las alegaciones del demandante. (vid Bochan v. Ukraine, no. 7577/02,
§ 84, 3 May 2007). En
consecuencia, el TEDH considera que la motivación del Tribunal de apelación se
refiere implícitamente a las alegaciones así como a las conclusiones de los
tribunales inferiores. El TEDH
enfatiza que la función de la motivación de las sentencias es proporcionar a
las partes la posibilidad efectiva de apelar y de mostrar a las partes que han
sido escuchadas. Confirmando la sentencia del juzgado contencioso inferior, y
asumiéndola como propia, el Tribunal de apelación mostró a las partes que estaba
de acuerdo con el razonamiento de los tribunales inferiores y que las nuevas
pruebas presentadas no alteraban esta conclusión, como expresamente hizo
constar en su propio razonamiento. En consecuencia, a pesar de que los
razonamientos del Tribunal de apelación fueron ciertamente sucintos, el TEDH
considera que la sentencia fue suficientemente clara y no impidió efectivamente
el derecho a apelar ante el Tribunal Supremo Administrativo. (vid. Klemeco Nord AB v. Sweden, no. 73841/01,
§ 42, 19 December 2006)
9/2017, DE 26 DE MAYO, POR EL QUE SE TRANSPONEN DIRECTIVAS DE LA UNIÓN
EUROPEA EN LOS ÁMBITOS FINANCIERO, MERCANTIL Y SANITARIO, Y SOBRE EL
DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES (BOE DE 27 DE MAYO)
45/1999, DE 29 DE NOVIEMBRE, SOBRE EL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES EN EL
MARCO DE UNA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSNACIONAL (artículo sexto del RDL
Artículo 2. Definiciones: ADICIÓN DE UN
NUEVO APARTADO 3
del reconocimiento y asistencia mutuos en la notificación y ejecución
transfronteriza de sanciones administrativas derivadas del incumplimiento de
la normativa en materia de desplazamiento de trabajadores, se entenderá por:
“Autoridad peticionaria”: la autoridad competente de un Estado miembro que
realiza la petición de ayuda, información, notificación o cobro de una
sanción o una multa según la disposición adicional sexta;
“Autoridad receptora de la petición”: la autoridad competente de un Estado
miembro a la que se dirige la petición de ayuda, información, notificación o
cobro de una sanción o una multa según la disposición adicional sexta
Artículo 5. Comunicación de desplazamiento:
MODIFICACIÓN DE LOS APARTADOS 1, 2 y 4
1. A efectos de asegurar el cumplimiento de la presente Ley, el
empresario que desplace trabajadores a España en el marco de una prestación
de servicios transnacional deberá comunicar el desplazamiento, antes de su
inicio y con independencia de su duración, a la autoridad laboral española competente por razón del
territorio donde se vayan a prestar
2. La comunicación de desplazamiento
contendrá los datos e informaciones siguientes:
a) La identificación de la empresa que
desplaza al trabajador.
b) El domicilio fiscal de dicha empresa y su
c) Los datos personales y profesionales de
d) La identificación de la empresa o
empresas y, en su caso, del centro o centros de trabajo donde los
trabajadores desplazados prestarán sus servicios.
e) La fecha de inicio y la duración
previstas del desplazamiento.
f) La determinación de la prestación de
servicios que los trabajadores desplazados van a desarrollar en España con
indicación del supuesto que corresponda de los previstos en el artículo
2.1.1º.
4. Cuando la empresa que desplaza a los trabajadores
a España sea una empresa de trabajo temporal, la comunicación de
desplazamiento deberá incluir, además de lo dispuesto en el apartado 2:
a) La acreditación de que reúne los
requisitos exigidos por la legislación de su Estado de establecimiento para
poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella contratados.
b) Sin perjuicio de lo señalado en la letra f) del apartado 2,
la precisión de las necesidades temporales de la empresa usuaria que se
traten de satisfacer con el contrato de puesta a disposición, con indicación
del supuesto que corresponda de los previstos en el artículo 6 de la Ley 14/1994, de 1 de
junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.
1. A efectos de asegurar el cumplimiento de esta ley, el empresario
que desplace trabajadores a España en el marco de una prestación de servicios
transnacional deberá comunicar el desplazamiento, antes de su inicio y con
independencia de su duración, a la autoridad laboral española competente por
razón del territorio donde se vayan a prestar los servicios. La comunicación se hará por
medios electrónicos, en el modo que se determine reglamentariamente. A tal
efecto, por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se establecerá, de
acuerdo con las Comunidades Autónomas, un registro electrónico central de
tales comunicaciones.
2. La comunicación de desplazamiento contendrá los
datos e informaciones siguientes:
b) El domicilio fiscal de dicha empresa y su número
de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
c) Los datos personales y profesionales de los
d) La identificación de la empresa o empresas y, en
su caso, del centro o centros de trabajo donde los trabajadores desplazados
prestarán sus servicios.
e) La fecha de inicio y la duración previstas del
f) La determinación de la prestación de servicios
que los trabajadores desplazados van a desarrollar en España con indicación
del supuesto que corresponda de los previstos en el artículo 2.1.1.º
g) Los datos
identificativos y de contacto de una persona física o jurídica presente en
España que sea designada por la empresa como su representante para servir de
enlace con las autoridades competentes españolas y para el envío y recepción
de documentos o notificaciones, de ser necesario.
h) Los datos
identificativos y de contacto de una persona que pueda actuar en España en
representación de la empresa prestadora de servicios en los procedimientos de
información y consulta de los trabajadores, y negociación, que afecten a los
trabajadores desplazados a España.
4. Cuando la empresa que desplaza a los trabajadores
desplazamiento, además de lo dispuesto en el apartado 2, deberá incluir:
a) La acreditación de que reúne los requisitos
exigidos por la legislación de su Estado de establecimiento para poner a
disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por
b) Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 2.f), la
precisión de las necesidades temporales de la empresa usuaria que se traten
de satisfacer con el contrato de puesta a disposición, con indicación del
supuesto de celebración
que corresponda según lo
dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la
Artículo 6. Obligación de comparecencia y de
documentación Los empresarios incluidos en el ámbito de
aplicación de esta Ley deberán comparecer, a requerimiento de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, en la oficina pública designada al efecto y
aportar cuanta documentación les sea requerida para justificar el
cumplimiento de la presente Ley, incluida la documentación acreditativa de la
válida constitución de la empresa
Artículo 6. Obligación de comparecencia y de conservación y aportación
1. Los empresarios incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley deberán
comparecer, a requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
en la oficina pública designada al efecto y aportar cuanta documentación les
sea requerida para justificar el cumplimiento de esta ley, incluida la
documentación acreditativa de la válida constitución de la empresa.
perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, durante el período de
desplazamiento los empresarios deberán tener disponibles, en el centro de
trabajo o en formato digital para su consulta inmediata, entre otros, los
contratos de trabajo o los documentos a que se refiere el artículo 5 del Real
Decreto 1659/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el artículo 8.5
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de información al
trabajador sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo, cuando la
información a que se refiere dicho artículo no conste en el contrato de
trabajo formalizado por escrito, respecto de cada trabajador.
recibos de salarios de cada trabajador y los comprobantes del pago de
salarios a cada trabajador.
registros horarios que se hayan efectuado, con la indicación del comienzo, el
final y la duración de la jornada de trabajo diaria.
documento por el que se acredite la autorización para trabajar de los
nacionales de terceros países conforme a la legislación del Estado de
concluido el desplazamiento, los empresarios deberán aportar los documentos a
que se refiere el apartado 2 cuando sean requeridos para ello por la
empresarios deberán notificar por escrito a la Autoridad laboral, en los
términos que reglamentariamente se determinen, los daños para la salud de los
trabajadores desplazados que se hubieran producido con ocasión o por
consecuencia del trabajo que se ejecute en España.
documentación a la que se refieren los apartados anteriores deberá
presentarse traducida al castellano o a las lenguas cooficiales de los
territorios donde se vayan a prestar los servicios
Artículo 8. Funciones en materia de
inspección: MODIFICACIÓN ÍNTEGRA
Corresponde a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social la vigilancia y
exigencia del cumplimiento de la presente Ley, desarrollando las funciones establecidas en la Ley 42/1997, de 14 de noviembre,
ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social la vigilancia y exigencia del cumplimiento de esta ley, desarrollando las funciones establecidas en la Ley 23/2015, de 21 de julio,
Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Los
incumplimientos serán sancionados conforme a lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
1. Al objeto
de aplicar y garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de
desplazamiento de trabajadores, las autoridades competentes realizarán una
evaluación global de los elementos fácticos que se consideren necesarios,
incluidos, en particular, los que figuran en los apartados 2 y 3. Los
elementos fácticos deberán servir de ayuda a las autoridades competentes en
las comprobaciones y controles del cumplimiento de los requisitos para el
desplazamiento. Estos elementos son factores indicativos en la evaluación
global que debe hacerse y, por consiguiente, no pueden considerarse de forma
2. A fin de
determinar si una empresa que desplaza trabajadores a España desarrolla en el
Estado miembro de establecimiento actividades sustantivas que no sean
puramente administrativas o de gestión interna, las autoridades competentes
realizarán una evaluación global de todos los elementos fácticos que,
teniendo en cuenta un marco temporal amplio, caractericen las actividades que
lleva a cabo la empresa en el Estado miembro de establecimiento y, cuando sea
necesario, en España. Algunos elementos objetivos a tal fin pueden ser los
donde la empresa tiene su domicilio social y su sede administrativa, ocupa
espacio de oficina, paga sus impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social
y, si procede, posee una licencia profesional o está registrada en las
cámaras de comercio o en los colegios profesionales pertinentes, de acuerdo
con la normativa nacional;
donde contrata a los trabajadores desplazados y el lugar desde el que les
desplaza;
aplicable a los contratos que celebra la empresa con sus trabajadores, por un
lado, y con sus clientes, por otro;
d) el lugar
donde la empresa realiza su actividad empresarial fundamental y donde emplea
e) el número
de contratos celebrados y el volumen de negocios efectuado por la empresa en
el Estado miembro de establecimiento, teniendo en cuenta la situación
específica de, entre otras, las empresas pequeñas y medianas y las empresas
si un trabajador desplazado temporalmente a España desempeña normalmente su
trabajo en otro Estado miembro, deberán examinarse todos los elementos
fácticos que caracterizan dicho trabajo y la situación del trabajador, entre
los cuales pueden incluirse los siguientes:
a) Si el
trabajo se realiza en España durante un período limitado de tiempo;
de inicio del desplazamiento;
miembro en el que, o desde el que, el trabajador desplazado a España suele
desempeñar su trabajo, de acuerdo con el Reglamento (CE) núm. 593/2008 (Roma
I) o con el Convenio de Roma;
trabajador desplazado regresa o está previsto que vuelva a trabajar en el
Estado miembro desde el que se desplaza, una vez terminado el trabajo o
prestados los servicios para los que fue desplazado a España;
naturaleza de las actividades;
f) si el
empleador proporciona el viaje, la manutención o el alojamiento del
trabajador al que desplaza o reembolsa esos gastos, y, de ser así, de qué
forma los proporciona o cómo los reembolsa;
períodos previos en que el puesto haya sido ocupado por el mismo o por otro
ausencia de alguno o varios de los elementos fácticos establecidos en los
apartados anteriores no excluye necesariamente que la situación pueda ser
considerada un desplazamiento real. La valoración de estos elementos deberá
adaptarse a cada caso particular y tener en cuenta las peculiaridades de la
elementos a los que se refieren los apartados anteriores pueden ser tenidos
igualmente en cuenta por las autoridades competentes para determinar si una
persona desplazada entra dentro de la definición de “trabajador desplazado”
contenida en el artículo 2.1.2.º, a cuyo efecto deberán guiarse, entre otros
elementos, por los hechos relacionados con el desempeño del trabajo, la
subordinación y la remuneración del trabajador, independiente de como hayan
caracterizado las partes su relación en el contrato o acuerdo de otro tipo
que hubieran suscrito
Artículo 9. Cooperación con las
Administraciones públicas de otros Estados en materia de información e
inspección: ADICIÓN DE UN NUEVO APARTADO 3, RENUMERACIÓN DEL APARTADO 3 Y
ADICIÓN DE UN APARTADO 5
1. La autoridad laboral y la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social podrán dirigirse, recabando la cooperación y
asistencia que pudieran necesitar para el eficaz ejercicio de sus
competencias, a las Administraciones públicas de otros Estados miembros de la
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo a las que
corresponda la información y la vigilancia del cumplimiento de las
artículo 3 de la presente Ley o en las normas nacionales de transposición de
la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de
Asimismo, la autoridad laboral y la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social prestarán la cooperación y asistencia que pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias a las
Administraciones públicas de tales Estados a las que corresponda la
información y la vigilancia del
cumplimiento de las condiciones de trabajo.
2. La cooperación y asistencia consistirán, en particular, en
formular y en responder a peticiones justificadas de información respecto al
desplazamiento de trabajadores en el marco de prestaciones de servicios
transnacionales, incluidos los casos de abuso manifiesto y de actividades
transnacionales presuntamente ilegales.
La autoridad laboral, sin perjuicio de las
funciones que le correspondan según la
legislación española, pondrá en
conocimiento de los órganos competentes de las Administraciones públicas de
otros Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo las infracciones administrativas cometidas en España por las empresas
establecidas en tales Estados con ocasión del desplazamiento de sus
trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional.
3. La cooperación y asistencia administrativa se prestarán
4. El tratamiento automatizado
de datos personales a que pudiera dar lugar la aplicación de la presente Ley
se realizará en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de
Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo a las que corresponda la información y la vigilancia del cumplimiento
de las condiciones de trabajo previstas en el artículo 3 de la presente Ley o
en las normas nacionales de transposición de la Directiva 96/71/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, sobre el desplazamiento
de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios.
Asimismo, la autoridad laboral y la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social prestarán la cooperación y
asistencia que pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias
a las Administraciones públicas de tales Estados a las que corresponda la
información y la vigilancia del cumplimiento de las condiciones de trabajo.
2. La cooperación y asistencia consistirán,
en particular, en formular y en responder a peticiones justificadas de
información respecto al desplazamiento de trabajadores en el marco de
prestaciones de servicios transnacionales, incluidos los casos de abuso
manifiesto y de actividades transnacionales presuntamente ilegales.
funciones que le correspondan según la legislación española, pondrá en
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo las infracciones administrativas
cometidas en España por las empresas establecidas en tales Estados con
ocasión del desplazamiento de sus trabajadores en el marco de una prestación
de servicios transnacional.
cooperación y asistencia administrativa podrá incluir también el envío y
El tratamiento de datos personales a que pudiera dar lugar la
aplicación de la presente Ley se realizará en los términos previstos en la
Ley Orgánica 15/1999, de
Artículo 15. Ejercicio de la potestad
jurisdiccional: MODIFICACIÓN ÍNTEGRA
Los órganos jurisdiccionales del orden
social conocerán de cuantas cuestiones litigiosas se susciten en aplicación
Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 p) y 3.2 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril
Los órganos jurisdiccionales del orden social
conocerán de cuantas cuestiones litigiosas se susciten en aplicación de esta ley, de
conformidad con lo establecido en los artículos 2.n) y 2.t) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
Artículo 16. Competencia: MODIFICACIÓN
1. Los órganos jurisdiccionales españoles
del orden social serán competentes para conocer de los litigios a los que se
refiere el artículo anterior cuando el trabajador esté o haya estado
desplazado temporalmente en España, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, y sin perjuicio de la plena vigencia de los criterios de competencia que establecen el artículo 5.1 del Convenio
relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de
septiembre de 1968, y el artículo 5.1 del Convenio relativo a la
competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil, firmado en Lugano el 16 de septiembre de 1988.
2. La competencia de los órganos
jurisdiccionales españoles del orden social se determinará de acuerdo con las
reglas contenidas en los
artículos 6 a 10 de la Ley de Procedimiento Laboral
1. Los órganos jurisdiccionales españoles del orden
social serán competentes para conocer de los litigios a los que se refiere el
artículo anterior cuando el trabajador esté o haya estado desplazado
temporalmente en España, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y sin perjuicio de la plena
vigencia de los criterios de competencia que establecen el artículo 21 del Reglamento
(UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y el artículo
5.1 del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Lugano el 16
2. La competencia de los órganos jurisdiccionales
españoles del orden social se determinará de acuerdo con las reglas
capítulo II del título I de la Ley 36/2011, de 10 de octubre
Artículo 17. Derecho supletorio:
MODIFICACIÓN ÍNTEGRA
En todo lo no previsto en esta Sección
regirá, como derecho supletorio, la Ley de Procedimiento Laboral
En todo lo no previsto en esta sección regirá, como
derecho supletorio, la
Desplazamientos de trabajadores en el marco de una prestación de servicios
transnacional efectuados por empresas establecidas en España: MODIFICACIÓN
5. A efectos de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 42/1997, de 14 de
noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá también iniciar de oficio
el procedimiento sancionador en los supuestos previstos en los apartados
anteriores en virtud de comunicación de las Administraciones públicas a las
que corresponda en el lugar de desplazamiento la vigilancia del cumplimiento
5. A efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 23/2015, de
21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá también
iniciar de oficio el procedimiento sancionador en los supuestos previstos en
los apartados anteriores en virtud de comunicación de las Administraciones
públicas a las que corresponda en el lugar de desplazamiento la vigilancia
del cumplimiento de las condiciones de trabajo
ADICIÓN DE UNA DISPOSICIÓN
ADICIONAL SEXTA
adicional sexta. Registro electrónico central sobre desplazamiento de
lo previsto en el artículo 5.1, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y
las Comunidades Autónomas elaborarán un protocolo de colaboración para el
funcionamiento del registro electrónico central. Dicho protocolo garantizará
la adecuada intercomunicación y su establecimiento efectivo en el plazo de
adicional séptima. Reconocimiento y asistencia mutuos en la notificación y
ejecución transfronteriza de sanciones administrativas derivadas del
incumplimiento de la normativa en materia de desplazamiento de trabajadores.
notificación y ejecución transfronteriza de las sanciones pecuniarias y
multas administrativas impuestas a una empresa establecida en un Estado
miembro de la Unión Europea o en un Estado signatario del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo que desplaza trabajadores en el marco de una
prestación de servicios transnacional a otro de tales Estados por el
incumplimiento de las normas aplicables en materia de desplazamiento de
trabajadores, estará sujeta a los principios de reconocimiento y asistencia
mutuos y se realizará a través del Sistema de Información del Mercado
Interior regulado en el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 25 de octubre de 2012 relativo a la cooperación
administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior y por
el que se deroga la Decisión 2008/49/CE de la Comisión (“Reglamento IMI”), de
acuerdo con lo previsto reglamentariamente.
Al designar a
las autoridades competentes en España a efectos de lo dispuesto en la
presente disposición, la norma reglamentaria que se apruebe podrá prever la
existencia de una autoridad central responsable de la transmisión y recepción
administrativa de las peticiones y de ayudar a las autoridades laborales
competentes para la notificación y ejecución de las sanciones.
autoridades competentes españolas que reciban una petición de notificación de
una resolución o de otros documentos relacionados con la imposición de una
sanción administrativa o una multa o una petición de cobro de las mismas, transmitida
a través del Sistema de Información del Mercado Interior de conformidad con
lo previsto reglamentariamente, reconocerán la sanción administrativa y la
petición de cobro sin más formalidad y tomarán inmediatamente todas las
medidas necesarias para su notificación o cobro, salvo que invoquen la
concurrencia de alguno de los siguientes motivos de denegación:
a) Que la
investigación efectuada por la autoridad competente demuestre claramente que
los costes o recursos necesarios para el cobro de la sanción o multa son
desproporcionados en relación con el importe que deba cobrarse o van a
suponer dificultades desproporcionadas;
total de la sanción o multa sea inferior a 350 euros;
ejecución de la sanción implique una vulneración de los derechos
fundamentales y libertades públicas de los sancionados o viole normas de
derecho necesario.
autoridades competentes españolas podrán transmitir a las autoridades de otro
Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo una petición de notificación de una
resolución por la que se impone una sanción administrativa o una multa o una
petición de cobro de las mismas en el territorio de dichos Estados a través
del Sistema de Información del Mercado Interior de acuerdo con lo previsto
presente disposición se aplicará a la notificación y ejecución
transfronteriza de las siguientes sanciones pecuniarias o multas
administrativas, incluidas tasas y recargos:
impongan las autoridades españolas competentes o confirmen los órganos
administrativos o judiciales españoles competentes por las infracciones
tipificadas en el artículo 10 del texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por el Real Decreto
b) Las que
impongan las autoridades competentes o confirmen los órganos administrativos
o jurisdiccionales o, en su caso, emanen de la jurisdicción social de otro
Estado miembro de la Unión Europea o Estado signatario del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, de conformidad con su normativa y procedimientos,
relacionadas con el incumplimiento de las respectivas normas nacionales de
transposición de la Directiva 96/71/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de diciembre, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en
el marco de una prestación de servicios o de la Directiva 2014/67/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la
garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de
trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la
que se modifica el Reglamento (UE) no 1024/2012 relativo a la cooperación
administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior
(“Reglamento IMI”).
presente disposición no se aplicará a la ejecución transfronteriza de
sanciones que entren dentro del ámbito de aplicación de la Ley 23/2014, de 20
de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión
Europea y, en particular, su Título IX sobre “Resoluciones por las que se
imponen sanciones pecuniarias”.
importes cobrados en concepto de ejecución de las sanciones y multas
administrativas se devengarán a favor de la autoridad competente española o
del Estado miembro de la Unión Europea o del Estado signatario del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo que haya llevado a cabo la ejecución de la
ADICIONAL OCTAVA
adicional octava. Otras obligaciones derivadas de la legislación de la Unión
en los artículos 5 y 6 de esta ley se entenderá sin perjuicio del
cumplimiento de las demás obligaciones derivadas de la legislación de la
Unión Europea, incluidas las derivadas de la Directiva 89/391/CEE, del
Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el
trabajo, y del Reglamento (CE) n.º 883/2004, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de
seguridad social o de las derivadas de la normativa española respecto de la
protección o empleo de los trabajadores que resulten igualmente aplicables a
las empresas establecidas en España
ADICIONAL NOVENA
adicional novena. Actualización de la información.
de Empleo y Seguridad Social deberá mantener actualizada la página web de
desplazamiento transnacional de trabajadores contenida en el sitio web del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social así como la información proporcionada
en la ficha de país en el sitio web de la Comisión Europea
ADICIONAL DÉCIMA
adicional décima. Apoyo a las iniciativas de los interlocutores sociales.
autonomía de los interlocutores sociales, se podrá garantizar el apoyo
adecuado a las iniciativas correspondientes de los interlocutores sociales
para informar a las empresas y a los trabajadores sobre las condiciones de
empleo aplicables a los desplazamientos de los trabajadores en el marco de
una prestación de servicios de carácter trasnacional
DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y
SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000,
DE 4 DE AGOSTO (artículo séptimo del RDL 9/17)
2. Sujetos responsables de la infracción: MODIFICACIÓN DEL APARTADO 11
sujetos responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas y las
comunidades de bienes que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracción en la presente
Ley y, en particular, las siguientes:
Los empresarios incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa legal que regula el
transnacional, respecto
de las condiciones de trabajo que deben garantizar a dichos trabajadores
desplazados temporalmente a España
comunidades de bienes que incurran en las acciones u omisiones tipificadas
como infracción en la presente Ley y, en particular, las siguientes:
(…) 11. Los empresarios incluidos en el ámbito de
aplicación de la normativa reguladora
del desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de
servicios transnacional, respecto de las obligaciones establecidas en dicha normativa
la subsección 3.ª de la sección 1.ª del capítulo II: MODIFICACIÓN
Subsección 3ª. Infracciones de las obligaciones relativas a las condiciones de
trabajo de los trabajadores desplazados temporalmente a España en el
marco de una prestación transnacional
Subsección 3.ª Infracciones de las obligaciones establecidas en la normativa
que regula el desplazamiento a España de trabajadores en el marco de
una prestación de servicios transnacional
10. Infracciones: MODIFICACIÓN DE LOS APARTADOS 1, 2 y 4
Constituyen infracciones
leves los defectos formales de la comunicación de desplazamiento de
trabajadores a España en el marco de una prestación de servicios
transnacional, en los términos legalmente establecidos.
Constituye infracción
grave la presentación de la comunicación de desplazamiento con posterioridad
a su inicio.
Constituye infracción muy grave la ausencia de comunicación de
desplazamiento, así como la falsedad o la ocultación de los datos contenidos
Sin perjuicio de lo anterior, constituye infracción administrativa no
garantizar a los trabajadores desplazados a España, cualquiera que sea la
legislación aplicable al contrato de trabajo, las condiciones de trabajo previstas
por la legislación laboral española en los términos definidos por el artículo 3 de la
Ley 45/1999, de 29 de noviembre , sobre el desplazamiento de trabajadores en
el marco de una prestación de servicios transnacional, disposiciones
reglamentarias para su aplicación, y en los convenios colectivos y laudos
arbitrales aplicables en el lugar y en el sector o rama de la actividad de
que se trate. La tipificación de dichas infracciones, su calificación como
leves, graves o muy graves, las sanciones y los criterios para su graduación,
se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley
a) Los defectos formales de la comunicación de desplazamiento de
b) No dar
cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, conforme a las
enfermedades profesionales declaradas, cuando tengan la calificación de leves.
a) La presentación de la comunicación de desplazamiento con posterioridad a
su inicio o sin designar
ya sea al representante de la empresa que sirva de enlace con las autoridades
competentes españolas y para envío y recepción de documentos o
notificaciones, ya sea de una persona que pueda actuar en España en
b) No tener
disponible en España, durante el desplazamiento, la documentación relativa al
mismo, en los términos legalmente establecidos.
c) No dar
cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, conforme a las disposiciones
vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades
profesionales declaradas, cuando tengan la calificación de graves, muy graves
requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o presentar alguno
de los documentos sin traducir.
4. Sin perjuicio de lo anterior, constituye
infracción administrativa no garantizar a los trabajadores desplazados a
España, cualquiera que sea la legislación aplicable al contrato de trabajo,
las condiciones de trabajo previstas por la legislación laboral española en
los términos definidos por el artículo 3 de la Ley 45/1999, de 29 de
noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una
prestación de servicios transnacional, disposiciones reglamentarias para su
aplicación, y en los convenios colectivos y laudos arbitrales aplicables en
el lugar y en el sector o rama de la actividad de que se trate, así como el incumplimiento de
las obligaciones a que se refiere la disposición adicional séptima de la
misma ley. La tipificación de dichas infracciones, su calificación
como leves, graves o muy graves, las sanciones y los criterios para su
graduación se ajustarán a lo dispuesto en la presente ley
DISPOSICIONES RÉGIMEN TRANSITORIO
Disposición transitoria tercera. Normas transitorias
sobre desplazamiento de trabajadores a España.
1. Las comunicaciones de desplazamiento de
trabajadores a España realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de
este real decreto-ley se regirán por la normativa vigente en el momento de su
2. En tanto se proceda al desarrollo reglamentario
previsto, las comunicaciones de desplazamiento de trabajadores a España
podrán seguir realizándose por los medios en que vinieran haciéndose a la
fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.
3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados
anteriores, las modificaciones introducidas en la Ley 45/1999, de 29 de
noviembre, por el presente real decreto-ley serán aplicables a los
desplazamientos ya iniciados a la fecha de entrada en vigor del mismo,
siempre que a esa fecha los trabajadores desplazados continúen prestando
inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto-ley
TRASPOSICIÓN DEL DERECHO
Disposición final segunda Incorporación de Derecho
Mediante este Real Decreto-ley se incorporan al
Derecho español las siguientes Directivas:
Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva
96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de
una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º
1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de
Información del Mercado Interior («Reglamento IMI»
Los artículos sexto y séptimo de este Real
Decreto-ley se dictan al amparo de los títulos competenciales previstos en el
artículo 149.1.5.ª y 7.ª de la Constitución Española, que atribuyen al
Estado las competencias exclusivas en materia de Administración de justicia y
de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo del presente
ENTRADA EN VIGOR: 27 de mayo de
Disposición final quinta. Entrada en vigor. El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

References: Artículo 2

Artículo 5
 artículo
2
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 6

Artículo 6

Artículo 6
 artículo 5
 artículo 8

Artículo 8
 Real Decreto 
 artículo 2

Artículo 9

artículo 3
 artículo 3

Artículo 15
 Real Decreto 

Artículo 16
 artículo 25
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 25
 artículo 21
 artículo
5

Artículo 17
 artículo 13
 artículo 20
 artículo 5
 resolución 

resolución 
 artículo 10
 Real Decreto

 REAL DECRETO 
 artículo 3
 artículo 3

artículo 149