Source: https://www.envio.org.ni/articulo/5608
Timestamp: 2019-12-10 23:40:55+00:00

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“SITUACIÓN INUSITADA”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Nicaragua el 21 de diciembre -por primera vez desde 1993- en lo que se conoce como su “lista negra”. En ella coloca a los países del hemisferio que merecen “atención especial” por el nivel de violaciones de los derechos humanos que allí suceden. En la lista están actualmente sólo Cuba y Venezuela. “Yo creo que nuestra región no había visto en mucho tiempo una situación similar: el hecho de que en tan poco tiempo haya sucedido tal número de violaciones a los derechos humanos del Estado en contra de la población. Esto está dejando una marca indeleble en nuestra lista de zonas de atención prioritaria”, dijo Joel Hernández, relator para los derechos de personas privadas de libertad de la CIDH, en entrevista con el diario “La Prensa”.
EUROPA – SANCIONES
El Parlamento Europeo aprobó el 14 de marzo una resolución condenando las graves violaciones de derechos humanos del régimen de Ortega y Murillo. De los 386 eurodiputados presentes en la sesión en que se discutió el texto, 322 votaron a favor, 25 en contra y 39 se abstuvieron. La resolución pide a los gobiernos de los 28 países de la UE que apliquen sanciones individualizadas a los responsables de violaciones a los derechos humanos: cancelación de visas y congelación de los bienes y activos financieros que tengan en Europa. También les pide que analicen la posibilidad de eliminar a Nicaragua del Acuerdo de Asociación Centroamérica-UE, por no cumplir la cláusula democrática que establece este tratado comercial. La resolución fue presentada por la misión de once eurodiputados que visitaron Nicaragua a finales de enero, quienes conocieron de primera mano el trato inhumano que el régimen da a los centenares de presos políticos, pues se les autorizó visitar las dos principales cárceles del país. La resolución hace presión política sobre el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, que reúne a los 28 cancilleres. Una vez adoptada una lista de sancionables, a cada gobierno corresponderá investigar los bienes y cuentas de cada uno en cada país.
El 26 de marzo el senador demócrata Bob Menéndez pidió al secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, que revise los vínculos de todo tipo, también militares, del gobierno de Nicaragua con Rusia, considerando que el gobierno de Ortega podría ser sancionado por la Ley contra Adversarios firmada por Trump en 2017,destinada a sancionar a países que hagan transacciones militares con Rusia, Corea del Norte o Irán. Menéndez escribió a Pompeo que informes de inteligencia de EEUU comprueban que Rusia es el principal socio en temas de seguridad para los gobiernos de Cuba,Nicaragua y Venezuela. En los últimos años, el gobierno de Ortega adquirió de Rusia 50 tanques, una docena de equipos blindados y 2 aviones de combate. También existe desde hace años una base satelital rusa en Nicaragua y el Ministerio del Interior ruso ha construido imponentes instalaciones en Managua, desde donde dirige la asesoría que dan al régimen. El 27 de marzo, Pompeo, en respuesta a Menéndez, recordó que Nicaragua fue considerada por el Presidente Trump en noviembre de 2018 una “amenaza a la seguridad de EEUU” y podrían aplicársele sanciones similares a las que se le están aplicando a Venezuela.
“La relatoría especial para las libertades de expresión ha expuesto a la comunidad internacional que Lucía Pineda y Miguel Mora son los dos únicos presos políticos en el continente por ejercer el periodismo. Su presión arbitraria es una supresión directa del derecho a la libertad de expresión”, dijo Edison Lanza, relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un panel celebrado en Washington el 22 de marzo, espacio donde la CIDH presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Capturados ilegalmente y encarcelados desde el 21 de diciembre, encerrados en celdas de aislamiento, acusados de promover el terrorismo e incitar al odio, Miguel Mora, director del Canal de TV 100% Noticias, el más visto del país, y Lucía Pineda, su jefa de prensa, se han convertido en símbolo nacional e internacional del periodismo comprometido con la verdad.
En su último informe, FUNIDES (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social) destaca que varias organizaciones internacionales colocan en sus informes a Nicaragua como el país del mundo que experimentó el mayor retroceso en el respeto a las libertades y a los derechos civiles y políticos de su población. Según el informe de Freedom House, Nicaragua ocupa el primer lugar en el mundo en este retroceso, por encima de países de la región como Venezuela y países de otros continentes como Serbia, Tanzania o Egipto. Otra organización internacional, World Justice Proyect, coloca a Nicaragua en el puesto 114 de 126 países investigados, al mismo nivel que Uganda, Afganistán o Pakistán.
Según informes del Ministerio de Salud, la muerte por infarto agudo de miocardio fue la primera causa de muerte en Nicaragua en 2018. Murieron por esta crisis cardíaca 2,825 personas, en promedio 7 cada día.
El 1 de abril el Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó el informe económico de 2018, reconociendo la severidad de los efectos que en la economía tuvo la represión con que el gobierno enfrentó las protestas ciudadanas iniciadas en abril. Por primera vez, el BCN evita hablar de “fallido golpe de Estado” y habla de “eventos sociopolíticos”, los que afirma “supusieron un cambio en la dinámica de la economía en general, lo que es particularmente evidente en el sector terciario, el que se muestra más vulnerable”. El BCN detalla los decrecimientos en el comercio, el turismo y las finanzas. Y concluye que los efectos en éstos y otros sectores “pueden perdurar en los siguientes años…Recobrar el buen desempeño del sector terciario es fundamental para mejorar las perspectivas de crecimiento potencial en el mediano plazo”, dice, aceptando así que no habrá mejoría a corto plazo y descartandola recuperación económica que pregonó Ortega ante sus bases prometiendo la “economía del gallopinto”, que fortalecería la pequeña producción agrícola. En el sector primario, uno de los productos de exportación más emblemáticos, el café, está en una crisis histórica, porque el precio internacional es 90 dólares el quintal y el costo de producción en Nicaragua del quintal es de 150 dólares, por el aumento de los impuestos ordenados por el gobierno.
ONU – DERECHOS HUMANOS
El 21 de marzo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en Ginebra una resolución de condena contra el régimen de Nicaragua por sus graves violaciones a los derechos humanos con 23 votos a favor (incluido México, hasta ahora en silencio ante la violencia de Ortega), 21 abstenciones y 3 votos en contra (Cuba, Egipto y Eritrea). La resolución aprobada se considera un logro “histórico” por lo difícil que resulta que el Consejo apruebe las decenas de resoluciones que se le presentan cada año. El Consejo pidió a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que elabore informes actualizados sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua para presentarlos al Consejo en junio y septiembre de 2019 y en marzo de 2020.
LAURA DOGU–LESTHER ALEMÁN
Hablando con los estudiantes del programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Indiana en el campus de Pennsylvania, Laura Dogu, embajadora de Estados Unidos en Nicaragua hasta fines de 2018, compartió con ellos experiencias de su carrera diplomática, incluyendo sus años en Nicaragua. Después de contarles que estuvo presente cuando se dio el que llamó “el estallido” de abril, les dijo: “Para aquellos de ustedes que hablan español y quieran ver un momento histórico, vean un video de la apertura del diálogo nacional... Yo tuve la oportunidad de estar ese día presente en ese lugar y vi el poder que tiene la juventud”. Se refirió entonces a Lesther Alemán.“Ese muchacho -relató- se puso de pie y confrontó al Presidente, lo llamó asesino y le dijo que no estaban allí para negociar sino para organizar su rendición. Todavía se me pone la piel de gallina al pensar en aquel momento... El lunes, cuando las protestas habían comenzado, él era sólo un estudiante. El miércoles y el jueves vio caer a su lado a sus amigos, asesinados a tiros. Y el viernes ya era un líder estudiantil”. Aunque no dio detalles, Dogu se refirió también a que el régimen la había incluido en un plan de asesinatos de personas consideradas líderes del movimiento opositor.
“Tanto los paramilitares como los policías saben que en cualquier negociación seria, Ortega tiene que sacrificar algunas piezas. Y las piezas sacrificables son los paramilitares y miembros importantes de la Policía que hayan sido las caras más visibles de la represión... Pienso que para Ortega, que necesitó durante once meses a policías y a paramilitares, éstos se han transformado ahora en un problema para llegar a un acuerdo aceptable…Ortega y Murillo no pueden llegar a ningún acuerdo sin sacrificar a represores... Mi temor es que esta gente comience a actuar de manera independiente para torpedear cualquier arreglo. No hay que descartar esa posibilidad. Ortega creó el monstruo, que ahora no puede controlar totalmente. Por eso, la necesidad de un organismo internacional para evitar los desmanes contra la población que estas fuerzas puedan implementar”. (Óscar René Vargas, abril 2019).
El 1 de abril asumió la presidencia del Consejo Permanente de la OEA durante seis meses Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos en el organismo regional. En declaraciones a medios internacionales, Trujillo hizo unas primeras declaraciones: “El gobierno de Nicaragua está en negociaciones y al mismo tiempo reprime a personas pacíficas que protestan en las calles. Y si no hay negociaciones y no avanzamos en el tema de la democracia y de los derechos humanos tendremos que aplicar el artículo 20”, con el que se le aplicaría la Carta Democrática de la OEA a Nicaragua, expulsándola de ese organismo regional por haberse producido en el país una “ruptura democrática”. En pocos días, el 4 de abril, Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica y Estados Unidos convocaron para el 5 de abril al Consejo Permanente de la OEA a una sesión extraordinaria para informar sobre los últimos acontecimientos en Nicaragua. Ese día con la excepción de los representantes de Venezuela, Bolivia y dos países caribeños, hubo unanimidad del resto de países que tomaron la palabra. Consideraron urgente la presencia en Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la continua represión y por la falta de “buena fe” de Ortega en la mesa de negociación instalada el 27 de febrero.
NUEVOS ANTIMOTINES
El 19 de marzo, la Policía anunció que la institución cuenta con 462 nuevos agentes, 306 pertenecientes a la Dirección de Operaciones Especiales, el cuerpo de antimotines que reprime en todo el país a la población. Su entrenamiento fue breve. En las calles de Managua se puede apreciar la juventud de muchos de estos nuevos agentes antidisturbios, y al observar su actuación en los videos que cubren sus operativos de represión, se aprecia su falta de profesionalismo por cómo maltratan a las personas que capturan. La Policía cuenta hoy con un total de al menos 15 mil agentes.
Según el acuerdo logrado ¬¬¬en la mesa de negociación, los presos políticos serán liberados “en un plazo no mayor a 90 días”.También serán anulados los juicios por los que algunos fueron acusados y condenados. Tanto el régimen como la Alianza Cívica consensuaron la presencia en Nicaragua de la Cruz Roja Internacional para que acompañara el proceso de la liberación. Llegada al país la Cruz Roja, se estableció que el primer paso del proceso sería la “conciliación” de las distintas listas que manejan el régimen y la Alianza para elaborar una única lista. Al 5 de abril, la Alianza informó que el régimen aceptaba tener a 288 presos políticos, mientras la Alianza sumaba 578. “Esto da una diferencia de 290 presos. Y en la lista de la Cruz Roja no aparecen 40 de esos 290 que nosotros tenemos”, dijo José Pallais, del equipo negociador de la Alianza, que anunció que tendrían un encuentro con la Cruz Roja para aclarar los números. Unos días antes, los presos políticos de tres galerías de la cárcel Modelo enviaron un mensaje escrito en el que afirmaron que si los mantienen encarcelados hasta el 19 de abril -aniversario de la rebelión cívica- “escucharán su grito de ¡libertad o muerte! y sabrán de una rebelión masiva en la prisión”.
INCENDIO EN INDIO-MAÍZ
Al cumplirse un año del incendio que devastó una extensa superficie de la reserva Indio-Maíz, acontecimiento con que iniciaron las protestas de estudiantes universitarios de Managua, y que fue el preludio de la rebelión cívica de abril de 2018, la Fundación del Río, el Centro Humboldt y la UCA presentaron un estudio sobre el impacto del fuego en esa valiosa reserva nacional. El estudio señala los graves errores cometidos por el gobierno para evitar el avance del incendio (minimizar la catástrofe, tardía declaración de la alerta, falta de coordinación con los actores locales y con las organizaciones ambientales, rechazo de la ayuda ofrecida por Costa Rica…) El estudio calcula que harán falta 30 años de un proyecto adecuado de conservación para que el ecosistema dañado se regenere. “La tragedia se pudo evitar con prevención. Las autoridades nunca hicieron nada para detener a los colonos que invaden la reserva, para controlar la deforestación y la venta ilegal de tierras para dedicarlas a la ganadería”, dijo vía Skype Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, hoy exiliado por amenazas del régimen, que canceló la personalidad jurídica de la Fundación del Río en diciembre de 2018.
“UN MAL ARREGLO”
“Un arreglo que se limite a la promesa de reformas electorales y cambios en el Consejo Supremo Electoral, incluyendo anticipar las elecciones para marzo de 2020, podría tener algún impacto positivo temporal en la economía, pero si no incluye garantías para desmantelar las estructuras represivas de la dictadura y terminar con la impunidad, nos dejará con un país ingobernable, con el orteguismo “gobernando desde abajo”, aun si perdiera el control del Poder Ejecutivo en una elección libre y competitiva. Un “mal arreglo” con impunidad y sin responder al reclamo de los familiares de más de 300 asesinados, alimentaría además la división en la gran alianza nacional azul y blanco en las elecciones anticipadas, aumentando la cuota de poder postelectoral del orteguismo”. (Carlos Fernando Chamorro, “Confidencial”, marzo 2019)

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 artículo 20