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Timestamp: 2018-07-21 11:58:14+00:00

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8. Ejecución de sentencia - González Cancino
8. Ejecución de sentenciaGC2018-07-16T23:09:49+00:00
La inmunidad del Presidente de la República
Denuncia de repetición del acto reclamado
Anticonstitucionalidad del artículo 199
Inconvencionalidad del artículo 199
Los artículos de la Ley de Amparo que regulan el proceso de ejecución de sentencias son:
El artículo 192 de la Ley de Amparo establece que el Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico.
Esta inmunidad de ejecución establecida por el Congreso de la Unión a favor del Ejecutivo Federal resulta anticonstitucional. A partir de lo observado en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, ninguna autoridad goza de inmunidad de ejecución respecto de las sentencias de amparo.
Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.
Al respecto, hay quien afirma que la inmunidad de ejecución establecida por la Ley de Amparo a favor del Presidente de la República tiene fundamento en el artículo 108 constitucional, en el cual es establece:
Pretender justificar la inmunidad de ejecución del Ejecutivo Federal en el artículo 108 constitucional es un error, en virtud de que la sanción de separación del cargo realizada por la Suprema Corte en términos del artículo 107 fracción XVI no es una sanción penal y, ciertamente, el segundo párrafo del artículo 108 constitucional está regulando aspectos penales vinculados al Presidente de la República.
Adicionalmente, debe considerarse que es el Senado a quien le corresponde aplicar el derecho penal al Ejecutivo Federal, en términos del artículo 111 constitucional:
Artículo 111[…]
Lo anterior confirma que la separación del cargo referida en el artículo 107 fracción XVI no es de naturaleza penal. De allí que la parte del artículo 108 en la cual se establece que “El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común” no puede servir como fundamento para establecer la inmunidad de ejecución por parte del Congreso de la Unión a favor del Ejecutivo Federal, prevista en el artículo 192 de la Ley de Amparo.
El cuarto párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo contempla un incidente para el caso de que sea necesario precisar la forma en que se debe cumplir la ejecutoria de amparo:
El tercer párrafo de la fracción XVI del artículo 107 constitucional regula lo concerniente al cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo:
Por su parte, los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo regulan el incidente de cumplimiento sustituto.
Denuncia de repetición de acto reclamado
Los artículos 199 y 200 de la Ley de Amparo regulan la denuncia de repetición de acto reclamado.
Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días.
Artículo 200. Recibidos los autos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará a la brevedad posible, si existe o no repetición del acto reclamado.
El plazo de 15 días para realizar la denuncia de acto reclamado viola el principio de progresividad del artículo 1º constitucional, puesto que constituye una regresividad normativa: anteriormente, la denuncia de acto reclamado podía interponerse en cualquier momento.
A continuación se presenta un criterio judicial que demuestra que, anteriormente, la denuncia de repetición de acto reclamado podía intentarse en cualquier momento.
REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUNQUE EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO NO PREVÉ TÉRMINO ALGUNO PARA SU DENUNCIA, NO ES DABLE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE ALGÚN OTRO PRECEPTO O LEGISLACIÓN CON EL OBJETO DE DETERMINAR TAL CIRCUNSTANCIA, POR LO QUE EL INCIDENTE RELATIVO PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO.
El artículo 108 de la Ley de Amparo regula la tramitación del incidente de repetición del acto reclamado sin establecer término alguno para su promoción, por tanto, puede promoverse en cualquier tiempo. Lo anterior se deduce porque el artículo 113 de la referida ley, señala que ningún juicio de garantías puede archivarse sin que la sentencia que concedió el amparo quede enteramente cumplida o apareciere que ya no hay materia para la ejecución; esto es así, debido a que tal disposición, conforme al artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pone de manifiesto que no existe término de preclusión o caducidad para las cuestiones relacionadas con la ejecución del fallo protector, lo que comprende el incidente de repetición del acto reclamado, pues de estimarse la existencia de un acto de autoridad en tales condiciones, resulta necesario que, por seguridad y certeza jurídica, dicha circunstancia sea dilucidada, al formar parte de la ejecución del fallo, atendiendo a su cabal cumplimiento. Lo relatado se evidencia al señalar el artículo 208 de la invocada ley que si después de concedida la protección constitucional la autoridad responsable insiste en la repetición del acto reclamado, debe ser inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito para que se le juzgue por la desobediencia cometida, pues con dicho lineamiento se advierte que el impedimento para la autoridad de repetir el acto reclamado forma parte de la ejecución de la sentencia, al calificarse esa repetición como una desobediencia al fallo, que no tiene alguna limitación temporal. Un motivo adicional que confirma que no existe término para promover el incidente en cuestión, se advierte del primer párrafo del artículo 35 de la propia ley reglamentaria, que dispone que en los juicios de garantías no se sustanciarán más artículos de especial pronunciamiento que los establecidos por la misma ley; esto es así, debido a que ese tipo de incidentes son aquellos establecidos de manera taxativa, que sólo son sustanciables en la forma prevista en la ley; de ahí que si el referido artículo 108, no prevé término alguno para su promoción, no es dable la aplicación supletoria de algún otro precepto o legislación con el objeto de determinar tal circunstancia, pues la acción para deducir el referido incidente nace con la emisión de un nuevo acto de autoridad que el quejoso estima le causa perjuicio en el que se reiteran las mismas violaciones constitucionales en las que incurrió la autoridad en el acto declarado inconstitucional, por lo que ante tal circunstancia, el promovente puede formular dicha incidencia en cualquier tiempo.
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativo del Quinto Circuito. Tesis Aislada. Queja 15/2012. Rafael Félix Ramírez. 30 de abril de 2012. Décima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, página 2753. No. de registro 2002036.
Adicionalmente, debe considerarse que un acto reclamado ya declarado anticonstitucional no puede tornarse constitucional por el mero paso del tiempo. De allí que la fijación de un plazo para tramitar la denuncia de acto reclamado también atente contra la supremacía constitucional.
Asimismo, la fijación de cualquier plazo para promover la denuncia de repetición de acto reclamado viola lo dispuesto por el artículo 25.2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el 2.3, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque impide que se cumpla cabalmente con la resolución de amparo.

References: artículo 199
 artículo 199
 artículo 192
 artículo 107
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 107
 artículo 108
 artículo 111

Artículo 111
 artículo 107
 artículo 108
 artículo 192
 artículo 193
 artículo 107

Artículo 199

Artículo 200
 artículo 1
 ARTÍCULO 108
 artículo 108
 artículo 113
 artículo 107
 artículo 208
 artículo 35
 artículo 108
 artículo 25
 resolución