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Timestamp: 2019-10-17 20:44:57+00:00

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﻿ Sentencia 3730 de mayo 3 de 2001
SENTENCIA 3730 DE 03 DE MAYO DE 2001
CONTENIDO:DOCENTES. COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE GRACIA Y LA DE INVALIDEZ.
TEMAS ESPECÍFICOS:MAGISTERIO, ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, FUNCIÓN PÚBLICA, SISTEMA DE PENSIONES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:360 DE DICIEMBRE DE 2001, PG.2471
Sentencia 3730 de mayo 3 de 2001
COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN GRACIA Y LA DE INVALIDEZ
EXTRACTOS: «De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala analizar si, como lo plantea el libelista, existe compatibilidad entre la pensión de invalidez y la pensión gracia de que trata la Ley 114 de 1913, o si, como afirma la entidad demandada, estas dos pensiones son incompatibles de conformidad con los artículos 77 y 78 del Decreto 1848 de 1969 y la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 2º, literal a), que establecen la compatibilidad de la pensión gracia con la pensión ordinaria de jubilación pero no con la pensión de invalidez.
Con la certificación expedida por la Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, (fl. 38, cuaderno de anexo) quedó demostrado que el demandante laboró como docente de primaria desde el 1º de febrero de 1965 hasta el 21 de abril de 1995, fecha en la cual fue retirado del servicio por haber completado 180 días de incapacidad.
En este orden de ideas, a pesar de que el actor laboró también en planteles del orden nacional (fl. 39, anexo) dependientes de la Secretaría de Educación, cumplió con el requisito de haber laborado 20 años para el Distrito Capital y, por ende, con el requisito de haber prestado servicios en planteles del orden territorial siendo merecedor a la pensión gracia.
Así las cosas, la Sala no comparte la preceptiva que manejó el a quo para negar las pretensiones de la demanda con el argumento de que el actor laboró en planteles del orden nacional, porque, se repite, completó 20 años en colegios del orden territorial.
Sentados los anteriores presupuestos debe la Sala verificar la compatibilidad entre la pensión gracia reclamada y la pensión de invalidez que devenga el actor.
Se encuentra acreditado en autos que mediante Resolución 1278 de 31 de mayo de 1995 (fl. 46 anexo) el Secretario de Educación de Santafé de Bogotá resolvió retirar del servicio, a partir del 21 de abril de 1995, por haber cumplido 180 días de incapacidad, a Evaristo Baquero Álvarez, docente jornada de la tarde del Colegio Nuevo Kennedy.
La pensión plena de jubilación surge de la circunstancia de haber cumplido el servidor público, los dos requisitos esenciales para gozar de ella, o sea, el tiempo de servicio y la edad que determine la ley, y se hace efectiva cuando el beneficiario comienza a devengar las mesadas pensionales, previo retiro del servicio.
Esta pensión se considera como una compensación del ingreso perdido cuando la persona se retira del servicio activo después de haber laborado varios años y haber cumplido la edad requerida para su disfrute. La jurisprudencia ha sostenido que la jubilación es salario diferido y, desde otro punto de vista, prestación acordada como complemento del salario; en otras palabras, como retribución del trabajo humano.
La pensión de vejez fue instituida para facilitarle un modus vivendi de carácter económico a quienes ya no están en condiciones de proporcionárselo por su propia actividad personal; es decir, compensa la disminución de la capacidad de ganancia.
La pensión de invalidez se reconoce por la pérdida de la capacidad laboral y no se exige para ese efecto, por consiguiente, ni tiempo de servicio determinado ni edad preestablecida ya que su finalidad es proteger al trabajador que ha perdido su capacidad para laborar garantizándole la protección de su derecho a la vida.
La pensión de invalidez tiene su origen en los percances que puede sufrir el trabajador en el ejercicio de sus labores o en las circunstancias de otra naturaleza que, cualquiera fuere su edad, le resten su capacidad de trabajo. Este beneficio le permite al trabajador sufragar sus necesidades a pesar de la merma de su capacidad laboral.
Estas dos pensiones tienen un mismo origen que es la relación laboral.
En cambio, la pensión gracia fue establecida por el legislador como un reconocimiento a la importante y difícil labor desarrollada por los docentes y como contraprestación por la baja remuneración que recibían. Como requisitos para ser beneficiario se exigió la edad de 50 años de edad y 20 años de servicio docente oficial en escuelas de primaria, que luego se amplió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública (L. 116/28, art. 6º) que acreditaren los mismos requisitos.
Posteriormente, mediante la Ley 37 de 1933 (art. 3º) se extendió aún más el derecho a la pensión gracia, que llegó a cobijar a los maestros de secundaria que igualmente acreditaran 20 años de servicios en establecimientos de enseñanza secundaria. En este orden de ideas es necesario concluir que la pensión gracia, tal como lo han entendido la jurisprudencia y la doctrina, es una pensión especial que emana de una ley que regula exclusivamente su reconocimiento y pago, y por tal motivo ha sido denominada como “gracia” otorgada por el Estado a los educadores oficiales que cumplieran con los requisitos establecidos en los artículos 1º y 4º de la Ley 114 de 1913.
Sin embargo, la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 2º, permitió la compatibilidad entre la pensión de jubilación y la pensión gracia al preceptuar:
“A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo o parcial de la Nación”.
El artículo 31 del Decreto 3135 de 1968 establece expresamente la incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la de retiro por vejez, pero le permite al trabajador optar por la más favorable cuando hayan concurrencia de ellas. Empero esta norma no se aplica en el sub lite porque, como ya se dijo, la discusión es otra, la compatibilidad de la pensión gracia y la de invalidez.
Entratándose de la pensión gracia las normas que la gobiernan contemplan una excepción a la regla general de la Constitución Nacional de recibir dos asignaciones del Tesoro Público y permiten percibir dos pensiones a la vez, la gracia y la ordinaria, y aún en el evento de estarlas percibiendo, permite a los beneficiarios recibir un salario en razón a los servicios docentes que pueden continuar prestando hasta la edad de retiro forzoso.
Todo lo anterior implica que el régimen pensional de los docentes es especial y si en el mismo no se prohíbe la compatibilidad de la pensión plena u ordinaria con la gracia, como acontece con los demás servidores públicos en virtud de lo normado en el Decreto 3135 de 1968, no hay razón para concluir que respecto de ellos exista incompatibilidad para percibir la pensión gracia y la de invalidez, cuando por regla general están habilitados para percibir las pensiones ordinaria y de gracia.
Es más, atentaría contra la lógica de lo razonable que si el actor no fuera inválido podría acceder a la pensión ordinaria y a la pensión gracia, pero por ser inválido sólo pudiera otorgársele la pensión de invalidez, aunque cumpliera los requisitos para la pensión gracia.
En el caso de autos como el actor probó tener más de 50 años de edad y veinte años de servicios en establecimientos educativos del orden territorial cumple los requisitos para acceder a la prestación de la pensión gracia.
En este orden de ideas queda sin fundamento legal lo alegado por la entidad demandada para negar el reconocimiento de la prestación reclamada y así la presunción legal del acto acusado queda desvirtuada, razón por la cual las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar. En consecuencia el proveído objeto de la alzada deberá ser revocado.
Revócase la sentencia del 18 de agosto de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda incoada por Evaristo Baquero Álvarez. En su lugar se dispone:
1. Declárase la nulidad de la Resolución 016163 del 10 de diciembre de 1996, proferida por la subdirección general de prestaciones económicas de la Caja Nacional de Previsión, que negó el actor la pensión de jubilación gracia.
2. Declárase la nulidad de las resoluciones 008668 del 23 de mayo de 1997 y 004439, artículo 1º, del mismo año, que decidieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución 016163 del 10 de diciembre de 1996.
3. Declárase que el actor tiene derecho a que la entidad demandada le reconozca y pague una pensión vitalicia de jubilación “gracia” a partir del 29 de agosto de 1995.
4. Condénase a Cajanal a pagar a favor del actor una pensión vitalicia de jubilación a partir del 29 de agosto de 1995.
5. Ordénase a Cajanal que sobre la pensión inicial reconozca y pague los reajustes por concepto de la Ley 71 de 1988.
6. Ordénase a Cajanal a que sobre las sumas de condena reconozca y pague a favor del actor los ajustes de valor, conforme al índice de precios al consumidor o al por mayor, tal como lo autoriza el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.
7. Condénase a la entidad demandada a que si no da cumplimiento a la sentencia dentro del término establecido en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo reconozca y pague a favor del demandante los intereses comerciales durante los primeros seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del fallo e intereses moratorios después del término de seis (6) meses conforme al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
8. De igual modo se ordena la actualización de las condenas en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, dando aplicación a la siguiente fórmula:
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de la pensión gracia de que trata la Ley 114 de 1913 desde el 29 de agosto de 1995 hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho período.
Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente por cada suma correspondiente a la pensión gracia que dejó de devengar desde el 29 de agosto de 1995, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de causación de cada uno de ellos.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase. Publíquese en los Anales del Consejo de Estado».
(Sentencia de mayo 3 de 2001. Expediente 1998-1988-3730-2000. Consejero Ponente: Dr. Jesús María Lemos Bustamante).

References: artículo 15
 Resolución 
 artículo 15
 artículo 31
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 178
 artículo 176
 artículo 177
 artículo 178