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Timestamp: 2018-12-18 21:41:32+00:00

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﻿ Sentencia 2010-00768 de julio 10 de 2014
SENTENCIA 2010-00768 DE 10 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:EN RÉGIMEN PENSIONAL ESPECIAL DE CONGRESISTAS- STATUS DE CONSTITUYENTE NO SE ASIMILA AL DE PARLAMENTARIO. EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONGRESISTAS COBIJA A QUIENES A PARTIR DEL 18 DE MAYO DE 1992 ERAN SENADORES O REPRESENTANTES A LA CÁMARA, DEBIDAMENTE POSESIONADOS Y AFILIADOS A LA ENTIDAD PENSIONAL DEL CONGRESO, Y, ADEMÁS, ESTABAN COTIZANDO AL SISTEMA CUMPLIDAMENTE, REITERÓ EL CONSEJO DE ESTADO. EN ESE CASO, NO SE PUEDE PRETENDER QUE LA LABOR DE UN SERVIDOR POR UNOS POCOS MESES EN TALES CARGOS LE PERMITA RECIBIR LOS BENEFICIOS CORRESPONDIENTES, PUES ESTO ES ILEGAL, AÑADIÓ LA CORPORACIÓN. ADICIONALMENTE, EL FALLO ACLARÓ QUE EL STATUS DE CONSTITUYENTE NO SE PUEDE ASIMILAR AL DE PARLAMENTARIO, PUES LA FUNCIÓN DEL PRIMERO FUE TEMPORAL Y SU ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA FUE DELEGADA EN CONTRATO DE FIDUCIA MEDIANTE EL CUAL A LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA SE LES CANCELARON HONORARIOS COMO RETRIBUCIÓN A UN CONTRATO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ASAMBLEA CONSTITUYENTE, RÉGIMEN PENSIONAL DEL CONGRESISTA, RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LA RAMA LEGISLATIVA, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE VEJEZ
Sentencia 2010-00768 de julio 10 de 2014
Ref.: Expediente 25000-23-25-000-2010-00768-01 (0847-2012)
Actor: Jesús Enrique Pérez González Rubio C/ Fondo de Previsión Social del Congreso de la República - Fonprecon
El problema jurídico en esta oportunidad se contrae a determinar, si al demandante con ocasión de haber laborado como miembro, tanto de la Asamblea Nacional Constituyente, como de la comisión especial legislativa en el año 1991, le asiste el derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación en calidad de parlamentario.
Se hace entonces necesario inicialmente, realizar el recuento y análisis de la normativa que regula el régimen pensional de los congresistas y examinar, si con fundamento en la misma y en las pruebas aportadas al proceso, es posible el reconocimiento que se depreca.
En efecto, el referido decreto en su artículo 1º señaló, que este régimen “en lo sucesivo se aplicará a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, tuvieren la calidad de senador o representante a la Cámara”(5).
En su artículo 4º prescribió, que para que un congresista pueda acceder a la aplicación de dicho régimen especial, debe “encontrarse afiliado a la entidad pensional del Congreso(6) y estar efectuando cumplidamente las cotizaciones o aportes respectivos a la misma”, al igual que “haber tomado posesión de su cargo”.
Los artículos 5º y 6º(7) referentes al ingreso básico para la liquidación de la pensión y al porcentaje mínimo de la misma, respectivamente señalan, que para liquidar las pensiones, al igual que los reajustes y las sustituciones, se tendrá en cuenta el ingreso mensual promedio que devenguen los congresistas en ejercicio a la fecha en que se decrete la prestación, dentro del cual serán especialmente incluidos el sueldo básico, los gastos de representación, la prima de localización y vivienda, prima de transporte, prima de salud, prima de navidad y toda otra asignación de la que gozaren(8); liquidación que en ningún caso ni en ningún tiempo puede ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que devenguen los congresistas en ejercicio, ni estará sujeta al límite de cuantía a que hace referencia el artículo 2º de la Ley 71 de 1988(9).
“ART. 7º—Definición. Cuando quienes en su condición de senadores o representantes a la Cámara, lleguen o hayan llegado a la edad que dispone el artículo 1º, parágrafo 2º de la Ley 33 de 1985 y adicionalmente cumplan o hayan cumplido 20 años de servicios, continuos o discontinuos en una o en diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hayan cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubilación que no podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio, que [durante el último año] [y por todo concepto](10) devenguen los congresistas en ejercicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 5º y 6º del presente decreto.
Por manera, que al parlamentario le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en el 75% del ingreso mensual promedio que devenguen los congresistas en ejercicio, cuando en tal condición cumpla con la edad, que ha de entenderse es de 50 años(11) y con el tiempo de servicios de 20 años.
Su artículo 8º que se denomina “congresistas pensionados y vueltos a elegir”, en armonía con el parágrafo del artículo 4º antes citado, prescribe que los senadores y representantes a la Cámara que al momento de tomar posesión de su cargo hubieren tenido que renunciar temporalmente al disfrute de su pensión vitalicia de jubilación, decretada por cualquier entidad de derecho público; al terminar su gestión como congresistas, “… la seguirán percibiendo de la entidad pensional del Congreso, de conformidad con las disposiciones del presente régimen siempre que a la vigencia de este decreto, hubieren adquirido tal derecho según lo establecido en el artículo 1º, inciso 2º de la Ley 19 de 1987”.
Ahora bien, con fundamento en el artículo 48 de la Carta Política, se expidió la Ley 100 de 1993(12), que en su artículo 273, en relación con el régimen aplicable a los servidores públicos, preceptuó que el Gobierno Nacional, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 36 y 11 de dicha ley, podía incorporar al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud, respetando los derechos adquiridos a los servidores públicos, aún a los congresistas.
El gobierno ejerció la facultad de incorporación otorgada, mediante el Decreto 691 de 1994(13), que en el literal b) de su artículo 1º en asocio con el artículo 2º, prescribió que a partir del 1º de abril de 1994, los servidores públicos del Congreso quedaban vinculados al nuevo sistema general de pensiones que fue previsto en la Ley 100 de 1993, sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto 1359 de 1993 y las normas que lo modifiquen y adicionen.
Y en su artículo 2º dispuso, que dicho sistema para los servidores públicos del orden nacional incorporados en virtud de su artículo 1º, comenzaba a regir a partir del 1º de abril de 1994.
Posteriormente, el Decreto 1293 de 1994(14), en concordancia con lo establecido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 e invocando el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, fijó el régimen de transición de los congresistas, de los empleados del Congreso y del Fondo de Previsión Social del Congreso, Fonprecon.
En el artículo 2º, dispuso que los senadores, los representantes, los empleados del Congreso de la República y los empleados de Fonprecon, tendrán derecho a los beneficios del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siempre que a 1º de abril de 1994, hayan reunido alguno de los siguientes requisitos: a) haber cumplido 40 o más años de edad, si son hombres, o 35 o más años de edad, si son mujeres; o b) haber cotizado o prestado servicios durante 15 años o más.
Se resalta que el parágrafo del artículo 2º del Decreto 1293 de 1994, fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia de 27 de octubre de 2005, Radicado 5677-03, actor Jorge Manuel Ortiz Guevara, Consejera Ponente Ana Margarita Olaya Forero(15).
El aludido decreto en el artículo 3º indica, que cuando los senadores y representantes, cumplan con alguno de los requisitos previstos en el artículo 2º para acceder al régimen de transición, tendrán derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación cuando reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas establecidos por el Decreto 1359 de 1993, es decir, con la edad de 50 años(16) y con el tiempo de servicios de 20 años, así como el monto de la pensión, forma de liquidación de la misma e ingreso base de liquidación establecidos en el mismo decreto(17).
El Decreto 816 de 2002(18), en su artículo 11, en lo que concierne a la liquidación de la pensión para congresistas en régimen de transición de congresistas, dispuso que dicha liquidación y la pensión que corresponda a los sustitutos pensionales, no puede ser inferior al 75% del ingreso promedio mensual que haya percibido dicho congresista(19).
Y en su parágrafo(20), estableció los eventos en los cuales, de conformidad con los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, no se tiene derecho a la aplicación de dicho régimen de transición. La Sala advierte, que este parágrafo fue declarado nulo en su totalidad por esta Sección(21), al igual que el inciso 1º del artículo 17 del decreto en mención, modificado por el artículo 1º del Decreto 1622 de 2002, que hace alusión a los congresistas en el régimen general de pensiones.
En su artículo 12, hizo referencia a la reliquidación de pensiones para congresistas en régimen de transición de congresistas y en su artículo 13 contempló el reajuste de pensiones(22).
Del estudio sistemático de las disposiciones reseñadas infiere la Sala, como ya lo hizo en anterior oportunidad(23), que en lo que al régimen especial de los congresistas se refiere, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1359 de 1993, su ámbito de aplicación se contrae a quienes a partir del 18 de mayo de 1992, fecha de vigencia de la Ley 4ª de 1992, ostenten la calidad de senador o representante a la Cámara, es decir, que se encuentren para dicha fecha en el ejercicio del cargo o lo que es lo mismo en condición de actividad parlamentaria, debidamente posesionados y afiliados a la entidad pensional del Congreso, efectuando cumplidamente las cotizaciones y los aportes, tal como lo señala su artículo 4º(24).
Igualmente, son destinatarios de este régimen especial, quienes habiendo sido congresistas en el pasado y que estén pensionados, luego se reincorporen al servicio como parlamentarios, encontrándose en condición de activos a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992, efectuando el respectivo aporte al fondo, para lo cual hayan renunciado temporalmente a recibir pensión de jubilación reconocida con anterioridad, siempre que el nuevo lapso de vinculación al Congreso no sea inferior a un año en forma continua o discontinua.
Lo anterior, aunado a que en atención al principio de inescindibilidad, en estas materias que revisten especial trascendencia social, no son admisibles las interpretaciones aisladas y fragmentarias de la norma, tomando sólo apartes de sus contenidos, para aplicarlas a ciertos presupuestos de hecho; pues, sin lugar a dudas, ello implica el quebrantamiento del orden normativo establecido, que debe ser analizado y aplicado en su conjunto, so pena de incurrir en el desconocimiento de su verdadero espíritu.
Y, en lo que concierne al régimen de transición de los congresistas, establecido por el Decreto 1293 de 1994, entendido el régimen de transición como aquel que busca proteger expectativas pensionales a futuro, pero que se enmarquen en el régimen pensional vigente al momento de expedición de la nueva ley(26); tal como lo determinó la Sección(27), extiende su cobertura a quien siendo congresista para el 1º de abril de 1994 —vigencia de la Ley 100 de 1993—, además cumpla con la edad —40 años o más, si es hombre, o 35 años o más si es mujer— o la cotización o el tiempo de servicios por 15 años o más.
Aunado a lo anterior, la Sala considera necesario precisar, que no puede perderse de vista que desde la perspectiva constitucional, la garantía de los derechos adquiridos —que para el efecto de los requisitos prestacionales se equipara a la proyección en el tiempo de una situación jurídicamente protegida y que, a la luz de la doctrina sobre el tema expresada en nuestra jurisprudencia integra el componente doctrinario que soporta la institución del régimen de transición—, proyecta en la resolución de los conflictos pensionales una serie de consecuencias objetivas.
En efecto, históricamente la constitucionalidad de las modificaciones prestacionales y aún salariales atribuidas a la competencia del legislador, ha estado condicionada a la definición previa de los regímenes de transición en la aplicación de cualquier nueva regulación, que de manera sustancial afecte las situaciones jurídicas preestablecidas o en proceso de consolidación(28).
En otros términos, el manejo no riguroso del régimen de transición a la luz de la Constitución vigente, además de la situación de discriminación positiva carente de causa, contribuye a desarticular principios constitucionales básicos para la sostenibilidad del sistema financiero de la seguridad social, lo cual, a la postre, degenera en la ocurrencia de beneficios pensionales de gracia, que a todas luces representan una carga injustificada para todos los ciudadanos que aportan al sistema.
Está probado al interior del proceso que el accionante prestó sus servicios al departamento de Bolívar en el cargo de secretario privado, del 18 de junio al 26 de octubre de 1968; en el Fondo Nacional del Ahorro desde el 1º de agosto de 1971 hasta el 11 de agosto de 1974; al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, entre el 13 de agosto de 1974 y el 14 de agosto de 1978; al Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cargo de cónsul de segunda categoría en Boston - Estados Unidos de América, desde el 24 de agosto de 1978 hasta el 30 de septiembre de 1979; a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, del 1º de marzo de 1980 al 3 de mayo de 1981; a Acoset, entre el 1º de mayo de 1981 y el 8 de abril de 1991; a la Universidad de Los Andes, en Bogotá, desde el 26 de septiembre de 1984 hasta el 15 de mayo de 1987 —estas tres últimas vinculaciones según certificación del ISS—; en calidad de miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, de manera interrumpida entre el 5 de febrero y el 4 de julio de 1991, y como miembro de la comisión especial legislativa, del 15 de julio al 30 de noviembre de 1991, igualmente en forma interrumpida (fls. 4 a 12 cdno. 2).
Nació el 25 de junio de 1944 (fls. 60 cdno. ppal.).
En comunicación de 27 de septiembre de 1996, la vicepresidencia administrativa de la fiduciaria popular informa que al demandante le fueron efectuados pagos en desarrollo del fideicomiso Asamblea Nacional Constituyente, ante su desempeñó como delegatario de dicha asamblea y que los aportes al Seguro Social o fondo pensional “… no se hicieron en razón a que los pagos efectuados se giraron como honorarios a los cuales se les practicó retención en la fuente” (fls. 32 a 47 cdno. 2).
Por Resolución 1534 de 19 de diciembre de 1996, Fonprecon le negó el reconocimiento y pago de la pensión vitalicia de jubilación, porque aunque encontró, que ejerció labores por espacio de 20 años, 6 meses y 3 días y que cumplió los 50 años de edad en junio de 1994, lo cierto es, que según lo preceptuado por el literal a) del artículo 4º del Decreto 1359 de 1993, se constituye en requisito para acceder al reconocimiento de la pensión jubilatoria, encontrarse afiliado al fondo y efectuar cumplidamente las cotizaciones o aportes respectivos, pero, según “… informe de la oficina de relaciones humanas del Banco Popular, entidad que manejó el fideicomiso Asamblea Nacional Constituyente… el doctor Jesús Enrique Pérez González, “no hizo durante este tiempo aporte a ningún fondo pensional ya que los pagos se le giraron como honorarios a los cuales se les realizó retención en la fuente” (fls. 2 a 4 cdno. ppal.).
La Resolución 366 de 11 de julio de 1997, desató el recurso de reposición interpuesto en contra de la anterior, en el sentido de confirmarla, reiterando que el peticionario, para acceder al régimen pensional especial del Congreso, debía estar afiliado al fondo y efectuar cumplidamente las cotizaciones o aportes respectivos, requisito que en este caso no se acreditó, además, el status de Constituyente no se puede asimilar al de parlamentario, pues la función del primero fue temporal y su organización administrativa fue delegada en contrato de fiducia mediante el cual a los miembros de la asamblea se les cancelaron honorarios como retribución a un contrato (fls. 5 a 11 cdno. ppal.).
Por medio de los autos de trámite de 31 de julio de 1997 y 27 de julio de 1999 se despachó desfavorablemente la solicitud de revocatoria directa de las resoluciones 1534 de 1996 y 366 de 1997, presentada con el fin de que se reconociera y pagara la pensión de jubilación; habida cuenta, que en contra de la primera, fue debidamente interpuesto el recurso de reposición, con lo que quedó agotada la vía gubernativa. En igual sentido se pronunció el fondo en comunicación dirigida al petente en diciembre de 2006 (fls. 21, 24 y 36 a 38 cdno. ppal.).
En Resolución 379 de 29 de abril de 2009, el fondo negó por improcedente la solicitud de revocatoria directa elevada en contra de toda la actuación que le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, porque la revocatoria procede contra los actos respecto de los cuales no se agotó la vía gubernativa interponiendo los recursos de ley y, en este caso, fue impetrado el recurso de reposición en contra de la resolución que negó el reconocimiento del derecho pensional (fls. 12 a 20 cdno. ppal.).
Con las anteriores probanzas la Sala infiere, que el actuante prestó sus servicios al Estado por espacio de 20 años, 6 meses y 3 días, tanto en el ámbito público como en el privado, siendo los últimos cargos desempeñados, los de miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, entre el 5 de febrero y el 4 de julio de 1991, y de la Comisión Especial Legislativa, del 15 de julio al 30 de noviembre de 1991, ejerciendo la labor en ambos empleos de manera interrumpida.
De esta suerte, al adelantar el ejercicio constituyente, tanto en la asamblea como en la comisión durante el transcurso del año 1991, es decir, antes de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, es evidente que en su caso particular, no se cumplen los presupuestos de hecho requeridos para la aplicación del régimen especial de congresistas; porque tal como se infiere del análisis de la normativa pensional de los parlamentarios, vertido en las líneas que anteceden, no ostentó la calidad de legislador a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, es decir, a partir del 18 de mayo de 1992.
Ello ligado a que no puede perderse de vista, que el ejercicio legislativo difiere sustancialmente de la tarea constituyente, y es en esta medida, en la que el desempeño al interior, tanto de la asamblea nacional como de la comisión especial, de ninguna manera fue contemplado por el régimen pensional que particularmente gobierna la situación de quienes adelantan la labor parlamentaria.
En esta línea se establece igualmente, que tampoco le es aplicable el régimen de transición de los congresistas, pues, aunque para el 1º de abril de 1994, fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993, superó la edad de 40 años; lo cierto es, que para dicha época no era miembro del cuerpo legislativo, condición que como se analizó en apartado precedente, es indispensable para ser beneficiario de dicho régimen, ante el hecho incontrovertible del ejercicio laboral en la Asamblea Constituyente y en la comisión legislativa solo durante el año 1991, es decir, tiempo antes de entrar en vigencia la aludida ley. Al respecto se debe recordar, como se señaló en párrafo anterior, que el régimen de transición de los parlamentarios está encaminado a brindar protección a las expectativas de quienes se encontraban prestando sus servicios como congresistas a la fecha de vigencia de la ley que regula el sistema general de pensiones.
Además, no ha lugar al discernimiento concerniente al tema de las cotizaciones ante el fondo, sobre el cual el actor insiste, pues el mismo sólo tendría relevancia, en el evento en el que hubiera adelantado la actividad congresional a partir del 18 de mayo de 1992, acompañada —tal como lo exige el artículo 4º del Decreto 1359 de 1993 que establece el régimen especial de los parlamentarios—, de la posesión en el cargo y de la correspondiente afiliación a la entidad pensional del Congreso, con el pago cumplido del aporte o cotización. Igual ocurriría en caso de haber ejercido dicha labor en vigencia de la Ley 100 de 1993, que habilitara la aplicación del régimen de transición de los legisladores.
De la misma manera, resulta inválido el argumento planteado por el accionante, cimentado en el hecho de que su situación laboral como Constituyente e integrante de la comisión legislativa es igual a la de otras personas que ejercieron la misma actividad y a quienes se les decidió su situación de manera favorable; pues vale la pena resaltar, que cuando se trata del derecho a la seguridad social, que es de carácter individual, se requiere, que la apreciación se realice de manera igualmente particular, atendiendo al pasado laboral de cada petente que de seguro es diferente al de los otros solicitantes. En otras palabras, hay que entender que no existe comunicabilidad de la situación particular y concreta de un favorecido a otro, tal como en su oportunidad lo consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1999(29).
Corolario de lo anterior y sin que sean necesarias otras consideraciones, al actor no le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión jubilatoria tal como lo pretende al amparo del régimen pensional de los congresistas, razón por la cual habrá de confirmarse el fallo apelado.
CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 19 de octubre de 2011, que negó las pretensiones de la demanda promovida por el señor Jesús Enrique Pérez González Rubio contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, Fonprecon.
(2) Las expresiones “durante el último año”, “y por todo concepto”, “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013. M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(3) La locución “por todo concepto” fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013. M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(5) La Ley 4ª de 1992, en su artículo 22 dispone que rige a partir de la fecha de su promulgación, que lo fue el 18 de mayo de 1992, en el Diario Oficial Nº 40451.
(6) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto 1359 de 1993, el Fondo de Previsión Social del Congreso se denominó entidad pensional del Congreso, para los efectos de dicho decreto.
(7) Se resalta que estos artículos sufrieron modificaciones, en razón de que la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013, declaró la inexequibilidad de varias expresiones contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992; por manera, que del artículo 5º se debe excluir la dicción “ultimo año que por todo concepto” y del artículo 6º se deben suprimir los vocablos “durante el último año” y “por todo concepto”.
(8) Al respecto debe tenerse en cuenta, que como factores de liquidación de la pensión, solo pueden tomarse “aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, que tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieran realizado las cotizaciones respectivas al sistema de pensiones”, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 que declaró la inexequibilidad de las expresiones “y por todo concepto” y “por todo concepto” contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 y en consideración a que condicionó la exequibilidad del resto de dicha norma bajo ese entendido.
(9) Ley 71 de 1988. Artículo 2º. “Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales”.
(10) Se destaca que esta norma igualmente sufrió modificaciones en razón de que la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013, declaró la inexequibilidad de varias expresiones contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992; lo que significa, que de su texto se deben excluir las locuciones “durante el último año” y “por todo concepto”.
(11) Tal como la Sección lo consideró en anteriores oportunidades en Sentencia de 29 de mayo de 2003. Expediente 3054-2002. C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado; sentencia de 12 de febrero de 2009. Expediente 1732-2008. C. P. Bertha Lucía Ramírez; sentencia de 14 de octubre de 2010. Expediente 2036-2008. C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; la edad a la que hace referencia el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993, es de 50 años en razón a que no es la indicada en la regla general de la Ley 33 de 1985, sino la señalada en el parágrafo 2º de su artículo 1º, que remite a la norma especial que rige con anterioridad, que no es otra, que el Decreto 1723 de 1964, que en el literal b) de su artículo 2º, exige la edad de 50 años para efecto de obtener la pensión de jubilación.
(12) Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”. Esta ley empezó a regir el 1º de abril de 1994.
(13) Decreto 691 de 29 de marzo de 1994 “Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras disposiciones”.
(14) Decreto 1293 de 24 de junio de 1994 “Por el cual se establece el régimen de transición de los senadores, representantes, empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso y se dictan normas sobre prestaciones sociales y económicas de tales servidores públicos”.
(15) En la misma dirección la Corte Constitucional consideró en las conclusiones de la Sentencia C-258 de 2013, que “… resulta claro que el régimen dispuesto por el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, es constitucional si se entiende que: (i) no puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con anterioridad al 1º de abril de 1994, lo cual incluye lo establecido en el artículo 2º del Decreto 1293 de 1994, no se encontraren afiliados al mismo…”.
(16) Tal como la Sección lo consideró en anteriores oportunidades en sentencia de 29 de mayo de 2003. Expediente 3054-2002. C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado; sentencia de 12 de febrero de 2009. Expediente 1732-2008. C. P. Bertha Lucía Ramírez; sentencia de 14 de octubre de 2010. Expediente 2036-2008. C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; la edad a la que hace referencia el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993, es de 50 años, en razón a que no es la indicada en la regla general de la Ley 33 de 1985, sino la señalada en el parágrafo 2º de su artículo 1º, que remite a la norma especial que rige con anterioridad, que no es otra, que el Decreto 1723 de 1964, que en el literal b) de su artículo 2º, exige la edad de 50 años para efecto de obtener la pensión de jubilación.
(17) Que debe entenderse con las modificaciones que fueron incorporadas con ocasión de la Sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, que declaró la inexequibilidad de varias locuciones del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.
(18) Decreto 816 de 25 de abril de 2002 “Por el cual se dictan normas para el reconocimiento, liquidación, emisión, recepción, expedición, administración, redención y demás condiciones de los bonos pensionales del Fondo de Previsión Social del Congreso y se dictan otras disposiciones en materia de pensiones”.
(19) Se destaca que esta norma igualmente sufrió modificaciones en razón de que la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 declaró la inexequibilidad de varias expresiones contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992; lo que significa que de su texto se debe excluir la frase “durante el último año calendario de servicio”.
(21) El parágrafo del artículo 11 del Decreto 816 de 2002, fue declarado nulo por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 2 de abril de 2009, Radicado: 5678-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
(22) Estas disposiciones se entienden modificadas según lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 que declaró la inexequibilidad de las expresiones “durante el último año”, “y por todo concepto”, “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal” contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.
(23) Sentencia de 3 de mayo de 2002. Expediente 1276-2001. Actor: Oscar Emilio Vinasco Vinasco. C. P. Alberto Arango Mantilla.
(24) En esta misma dirección la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 consideró, “esta corporación declarará la inexequibilidad de las expresiones “y por todo concepto” y “por todo concepto”, contenidas en el inciso primero y en el parágrafo, respectivamente, del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992. // En este caso, ante la expulsión del ordenamiento de las expresiones en comento y en vista del mandato del Acto Legislativo 01 de 2005 en el sentido de que “[p]ara la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”, la Sala considera necesario además condicionar la exequibilidad del resto del precepto censurado en el entendido de que como factores de liquidación de la pensión, solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, que tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas al sistema de pensiones”.
(26) La Corte Constitucional en Sentencia C-789 de 2002, consideró con relación al régimen de transición que: “La creación de un régimen de transición constituye entonces un mecanismo de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo, no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión, por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho, por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionarse, en el momento del tránsito legislativo”.
(27) Sentencia de 2 de abril de 2009, Radicado: 5678-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, C. P. Gerardo Arenas Monsalve, que declaró la nulidad del parágrafo del artículo 11 y del inciso 1º del artículo 17 del Decreto 816 de 2002, este último artículo modificado por el artículo 1º del Decreto 1622 de 2002. En similar sentido Sentencia de 7 de septiembre de 2006, Radicado 9798-05, actor Paulina Consuelo Salgar de Montejo, C. P. Jaime Moreno García.
(28) Se debe recordar que la Ley 33 de 1985 en el parágrafo 2º de su artículo 1º determinó el régimen de transición en los siguientes términos: “Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley. // Quienes con 20 años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan 50 años de edad si son mujeres o 55 años si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían al momento de su retiro”. Y, por su parte la Ley 100 de 1993 en su artículo 36 lo estableció así: “régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. // La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley (…)”.
(29) Corte Constitucional. Sentencia C-608 de 1999. M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

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 artículo 8
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 artículo 273
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