Source: https://diario-oficial-generalitat-catalunya.vlex.es/vid/urbanizaciones-continuidad-inmediata-trama-19378088
Timestamp: 2019-07-16 19:02:45+00:00

Document:
LEY 5/2003, de 22 de abril, de medidas de prevención de los incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana. - DOGC. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (en castellano) - Legislación - VLEX 19378088
5/2003, de 22 de abril, de medidas de prevención de los incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana.
El objeto de la presente Ley es establecer medidas de prevención de incendios forestales en lo que concierne a las urbanizaciones que no tienen una continuidad inmediata con la trama urbana y que están situadas a menos de quinientos metros de terrenos forestales y a las edificaciones e instalaciones aisladas situadas en terrenos forestales, quedando excluidas las edificaciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas y ganaderas y las viviendas vinculadas a las mismas.
Plano de delimitación de las urbanizaciones, edificaciones e instalaciones afectadas
Los ayuntamientos han de determinar, mediante un plano de delimitación, las urbanizaciones, edificaciones e instalaciones afectadas por la presente Ley. Corresponde al pleno del ayuntamiento aprobar dicho plano de delimitación, el cual, una vez aprobado, debe remitirse al Departamento de Medio Ambiente.
Los ayuntamientos pueden acordar con entes supramunicipales y con la Administración de la Generalidad los mecanismos de apoyo necesarios para la elaboración del plano de delimitación de las urbanizaciones, edificaciones e instalaciones afectadas.
A los efectos de la presente Ley, son terrenos forestales los que tienen esta consideración de acuerdo con la Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de Cataluña.
Las urbanizaciones, edificaciones e instalaciones a que se refiere el artículo 1 deben cumplir las siguientes medidas de prevención de incendios forestales:
Deben regularse por reglamento la retirada y la eliminación de los restos vegetales procedentes de la poda y la limpieza.
Las obligaciones establecidas en el artículo 3 han de ser cumplidas por el órgano de gestión o la junta de la urbanización, que, si procede, ha de constituirse de acuerdo con las normas urbanísticas. En caso de que no se haya creado el órgano de gestión o la junta, las urbanizaciones deben constituir uno a fin y efecto de cumplir las mencionadas obligaciones.
Si no se ha constituido ninguna de las entidades a que se refiere el apartado 1, los propietarios de las fincas de la urbanización responden solidariamente del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 3.
Las obligaciones establecidas en relación con las edificaciones e instalaciones aisladas han de ser cumplidas por los respectivos propietarios.
En relación con los trabajos de limpieza a que se refieren las letras a, b y e del artículo 3.1, si los sujetos obligados no los han realizado, corresponde al ayuntamiento su realización. El ayuntamiento puede recurrir a la ejecución forzosa de dichas actuaciones en los términos establecidos por la normativa de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Asimismo, corresponden al ayuntamiento las tareas de limpieza de los viales y caminos internos y de acceso a la urbanización, de acuerdo con lo establecido en la legislación de régimen local.
Los promotores que presenten planes o proyectos de nuevas urbanizaciones deben incorporar al proyecto el correspondiente plan de autoprotección contra incendios, la previsión de red de hidrantes y los estatutos reguladores del órgano de gestión o de la junta, que, independientemente del sistema de actuación urbanística, han de establecer, como mínimo, la regulación de las obligaciones del artículo 3.
En el caso de que las urbanizaciones, viviendas o edificaciones se encontraran entre dos o más términos municipales o con la franja de protección en un término municipal que no es el de las fincas, han de establecerse los correspondientes convenios interadministrativos entre los municipios y, si procede, la comarca u otro ente local supramunicipal, que delimiten claramente los mecanismos de ejecución forzosa de las obligaciones de la presente Ley en régimen de colaboración.
Señalización e informes
Las actuaciones que deban llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido por la presente Ley que afecten a zonas forestales con una pendiente superior al 40% requieren un informe técnico de carácter forestal sobre las medidas necesarias para minimizar los efectos de las actuaciones sobre el terreno.
Las calles sin salida de las urbanizaciones deben estar debidamente señalizadas.
Constitución de la servidumbre forzosa y derecho de acceso
En los terrenos incluidos en la franja de protección que regula el artículo 3.1.a que no pertenecen a la urbanización se establece una servidumbre forzosa para acceder a la misma y efectuar en ella los trabajos de limpieza necesarios.
El acceso a los terrenos incluidos en la franja de protección ha de realizarse durante el tiempo estrictamente necesario para la realización de trabajos de limpieza, que ha de efectuarse por el punto menos perjudicial o incómodo para las fincas gravadas y, si es compatible, por el punto más conveniente para las fincas beneficiarias.
La servidumbre de acceso da derecho a una indemnización a cargo de los sujetos a que se refiere el artículo 4.1 y 2, que consiste en el valor de la parte afectada de la finca sirviente y la reparación de los perjuicios que el paso pueda ocasionar.
En caso de que no se permita el acceso a una finca, puede realizarse, cuando proceda, la ejecución subsidiaria de los trabajos de limpieza que sean necesarios.
En todo lo no previsto en la presente Ley, es aplicable a la servidumbre el régimen establecido en el capítulo II de la Ley 22/2001, de 31 de diciembre, de regulación de los derechos de superficie, servidumbre y adquisición voluntaria o preferente.
Sin perjuicio de las medidas de ejecución forzosa a que se refiere el artículo 4.4, los ayuntamientos pueden establecer precios públicos por la prestación de los servicios determinados por las letras a, b y e del artículo 3.1.
Con la finalidad de contribuir económicamente al cumplimiento de las obligaciones que establece la presente Ley, la Generalidad ha de incluir en sus presupuestos un programa anual de subvenciones y ha de impulsar acuerdos de cooperación económica con otras administraciones.
Los ayuntamientos y los órganos de gestión o las juntas de las urbanizaciones a que hace referencia el artículo 4.1 pueden ser beneficiarios de las ayudas que los departamentos de la Generalidad estipulen para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.
Corresponden a los departamentos competentes en las materias reguladas por la presente Ley y a los ayuntamientos de los municipios a los cuales pertenezcan las urbanizaciones, de conformidad con los protocolos que se establezcan, la inspección y el control de la aplicación de las medidas de prevención de incendios forestales reguladas por la presente Ley.
Los sujetos obligados por las medidas establecidas por la presente Ley deben prestar la máxima colaboración para el cumplimiento de las tareas de inspección.
Las actas de inspección del cumplimiento de las medidas establecidas en la presente Ley, levantadas de conformidad con los pertinentes requisitos legales por funcionarios a los cuales se reconoce la condición de autoridad, tienen valor probatorio de los hechos que constan en las mismas y, en su caso, pueden dar lugar a la incoación del expediente sancionador que corresponda.
Los órganos correspondientes de los departamentos de la Generalidad competentes en la materia y los de los ayuntamientos han de notificarse mutuamente las actuaciones inspectoras llevadas a cabo.
Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones que contravienen las disposiciones de la presente Ley.
Son responsables de las infracciones los sujetos a que se refiere el artículo 4.1, 2 y 3, así como toda persona o entidad que dificulte la ejecución de las obligaciones establecidas por la presente Ley.
En caso de que no exista ninguno de los órganos de gestión o de las juntas dotados de personalidad jurídica propia para cumplir las obligaciones que establece la presente Ley o en el caso de que éstos sean insolventes, los propietarios de las fincas responden solidariamente de la comisión de la infracción.
En el caso de la infracción regulada por el artículo 9.3.b, es responsable de la misma el titular de la finca gravada con la servidumbre.
Las infracciones establecidas por la presente Ley se sancionan con las siguientes multas:
La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador puede acordar, además de la imposición de la sanción pecuniaria que corresponda, la adopción de medidas correctoras y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la infracción.
Procedimiento administrativo y órganos competentes
El procedimiento para imponer las sanciones establecidas por la presente Ley se rige por las normas de procedimiento administrativo aplicables en Cataluña.
La competencia para la imposición de las sanciones por infracción de las disposiciones de la presente Ley corresponde:
(03.105.088)
Ley 17/1984, de 1 de Junio, por la que se modifican las Plantillas de las Musicas y Bandas del Ejercito del aire, sin incremento del Gasto publico.
Ley 2/1988, de 30 de Diciembre, de Presupuestos generales de la Comunidad autonoma de Extremadura para 1989.

References: artículo 1
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 9
 resolución