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Timestamp: 2019-09-16 04:55:38+00:00

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¿Los datos de los empleados públicos son públicos? | Nosoloaytos
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mayo 20, 2019 mayo 21, 2019 valmonacid Administración electrónica, Open Government, Recursos Humanos
O dicho de una manera menos redundante: en esta entrada hablaremos de los datos de los empleados públicos y su publicidad. La cuestión no es baladí, habida cuenta de que al clásico conflicto, o más bien “juego de equilibrios”, entre transparencia y protección de datos, se incorpora el matiz de la condición de empleado público que ostentamos algunas personas (y que somos “ciudadanos cualificados” desde el punto de vista del Derecho público).
Se nos ha planteado la cuestión, como en tantas ocasiones, dentro de la gestión del día a día, por lo que en este momento debíamos estudiar la Ley de transparencia canaria, que es la aplicable a mi Ayuntamiento actual. En este sentido, en efecto, la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en su artículo 20 que las Administraciones Públicas harán públicas la RPT, los catálogos de puestos, las plantillas de personal o instrumentos similares, especificando la identidad del personal que los ocupa y los puestos que están vacantes.
El tenor literal del artículo no deja lugar a dudas, y menos todavía en su desarrollo llevado a cabo por la Resolución de 2 de noviembre de 2017, por la que se confiere trámite de información pública en relación a la publicidad y acceso a la información de las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y por la Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se establecen instrucciones en relación a la publicidad activa y el derecho de acceso a la información de las relaciones de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que se refiere como datos publicables a los siguientes:
Nombre y apellidos de la persona titular del puesto de trabajo.
Nombre y apellidos de la persona que en su caso desempeñe el puesto.
Por supuesto existen excepciones: testigos protegidos, afectados por el terrorismo y mujeres en situación de protección de violencia de género. Por su parte, a las fuerzas y cuerpos de seguridad (en los Ayuntamientos ostenta tal condición la polícia local), se les suele reconocer un cierto nivel adicional de protección, evidentemente en relación a sus funciones. Podría haber incluso otros colectivos o funcionarios sensibles, pero abrir demasiado el cajón de los protegidos o protegibles podría tener el efecto fraudulento de inaplicar la normativa sobre transparencia. Este debate no es la primera vez que se nos plantea profesionalmente, ya que recordamos conversaciones parecidas, en otro tiempo y otra Administración, en relación a qué empleados públicos debían tener certificado electrónico de pseudónimo.
Volviendo a la cuestión principal que nos ocupa, deberíamos analizar en todo caso las leyes estatal y autonómica de transparencia (y en su caso la Ordenanza o Reglamento que la Corporación tenga aprobada, y que podría referirse a la cuestión), todo ello interpretado conforme al criterio de los órganos de garantía de la transparencia, especialmente en nuestro caso el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias (ver R2017000093. Resolución estimatoria de reclamación sobre relación de puestos de trabajo).
Por tanto, la primera conclusión que obtenemos (analizada hasta este momento únicamente la normativa sobre trasparencia), no puede ser otra que la que aboga por un criterio pro-transparencia, es decir, en favor de la máxima transparencia de los instrumentos de organización del personal, dentro del principio de publicidad activa, y también como respuesta a una hipotética solicitud de información.
La transparencia no es solo una Ley. Es un nuevo paradigma de lo público.
En cuanto a la normativa específica sobre RRHH, el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público se limita a indicar:
“Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.“
Cierto es que habla de contenidos mínimos (“al menos”), y entre esos mínimos no se encuentra la identificación personal de los empleados públicos, pero por otra parte, al establecer que dichos instrumentos son públicos, resulta difícil sostener la interpretación limitativa de que no son públicos en su totalidad, o, dicho de otro modo, que no es pública toda la información que contienen o podrían contener, por lo que si dichos instrumentos organizativos contienen después de todo los datos identificativos, algo como mínimo posible o incluso en algunos casos obligatorio (como hemos visto) en algunas normas autonómicas, dichos datos son públicos.
En cuanto a la normativa sobre procedimiento, la Ley 39/2015 establece como sabemos el derecho de los interesados a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos (ver artículo 53). Sin ninguna duda “identificar” implica conocer la identidad, a pesar de que pudiera ser que en algunos casos sea posible identificar a un empleado sin dar a conocer su nombre y apellidos, pero el interesado seguiría teniendo derecho a una identificación total (de hecho deberíamos identificarnos, por ejemplo, cuando atendemos el teléfono, incluso si no nos requieren; mientras que las personas que forman parte de la Oficina de Asistencia en Materia de Registros deberían tener una placa o letrero con su nombre encima de la mesa).
Analizando la praxis de otras AAPP (no Ayuntamientos), el caso más paradigmático al amparo de la normativa analizada es el de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que respecto de su personal y el de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, hace públicas y mantiene actualizadas y a disposición de todas las personas, las relaciones de puestos de trabajo, los catálogos de puestos, las plantillas de personal o instrumentos similares, cualquiera que sea su denominación, especificando la identidad del personal que los ocupa y los puestos que están vacantes (ver).
Dicho todo lo cual sólo resta, quizá, ponderar (sobre todo los casos concretos), y dar más o menos cancha a los que tratan, con mejor o peor criterio, de sesgar este amplio alcance de la transparencia de las RPT y otros instrumentos de organización de personal en base a la LOPDGDD, una norma que, sinceramente, vemos que la invocan más quienes menos en produndidad la conocen. En todo caso no se pueden hacer interpretaciones limitativas, al menos en esta materia, aplicables a la generalidad, sino más bien a los casos particulares y no sin antes analizarlos en su (posible) singularidad. También cabría analizar hasta qué punto la mera identidad es o no un dato de carácter personal, o qué relación existe entre identidad e “identificación” (ya les digo yo que no son sinónimos). O si publicar dicha identidad del funcionario atenta contra algún derecho o contra el Derecho en mayor medida que cuando no la publicamos. O si un empleado público es un ciudadano “normal” a estos efectos, a lo que ya hemos respondido que no, pero no porque no tenga derecho a la intimidad, sino porque no lo tiene al “anonimato”, al menos en el ejercicio de sus funciones. Por supuesto hay excepciones respecto de funcionarios o supuestos especiales (policías, afectados por terrorismo o violencia de género, etc..), a los que incluso se les permite, tal y como hemos indicado, disponer de firma electrónica con pseudónimo, pero este no va a ser ni de lejos el supuesto normal.
Vamos acabando. Andaba yo en estas reflexiones cuando he tenido a bien compartirlas con mi amigo Miguel Ángel Blanes, uno de los mayores expertos en materia de transparencia, constatando con agrado que suscribe prácticamente el 100% de los razonamientos anteriores, y añadiendo además por su parte que en la Región de Murcia también se planteó el mismo problema respecto a la publicación de las RPT con “indicación de sus ocupantes”. Resulta que tanto la Ley canaria como la murciana comparten el mismo precepto legal citado ut supra. Adjuntamos precisamente el enlace a un informe que evacuó el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia en el que analiza la cuestión (gentileza de M.A. Blanes). En las páginas 26 y 27 se hace referencia, a su vez, a un informe jurídico emitido por la AEPD que es favorable a la publicación de la identidad de los empleados públicos por contar con la autorización otorgada por una norma con rango de Ley. Lean al menos esas dos páginas y también las dos últimas de conclusiones, si no las 75 del abigarrado informe.
En resumen, los empleados públicos deberíamos empezar a normalizar y aceptar sin demasiados aspavientos esto de la transparencia, tanto en general como aplicada a nosotros mismos. Por mi parte ningún problema.
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References: artículo 20
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 74
 Real Decreto 
 artículo 53