Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421667.html
Timestamp: 2019-03-25 22:06:59+00:00

Document:
as201421667
Auto Supremo: 667/2014
Sucre: 11 de noviembre2014
Expediente: SC-117-14-S
Partes:Cerámica Santa Cruz Ltda., representada por María Claret.
Toro Fernández y Roberto Efreen Trujillo Vaca.c/Gobierno Municipal de Santa Cruz, representado por el H. Alcalde Municipal Percy Fernández Añez.
Proceso: Reivindicación y entrega de inmueble o alternativamente pago
de justiprecio más daños y perjuicios.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de Cerámica Santa Cruz Ltda., representada por María Claret Toro Fernández defs. 595 a 599, y elrecurso de casación en el fondo y en la forma del Gobierno Municipal de Santa Cruz, representado por el H. Alcalde Municipal Percy Fernández Añez de fs. 633 a 644 y vlta., ambos interpuestos contra el Auto de Vista Nº 09/2014 de 10 de enero de 2014pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cursante de fs. 591 a 593, en el proceso deReivindicación y entrega de inmueble o alternativamente pago de justiprecio más daños y perjuicios,seguido por Cerámica Santa Cruz Ltda.,contra el Gobierno Municipal de Santa Cruz,la contestación de fs. 605 a 610, la concesión de fs. 646, los antecedentes del proceso, y:
El Juez de Partido Sexto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruzdicta Sentencia Nº 03/2013 de 04 de enero de 2013, cursante de fs. 490 a 493 y vta., declarando, entre otros:Probada en parte la demanda de fs. 56 a 59 y vta., disponiendo la no reivindicación del bien de conformidad al art. 1453 par. II del Código Civil, puesto que tomando en cuenta que sobre los bienes en litigio se han construido bienes de dominio público que impide que los terrenos sean devueltos a su propietaria Cerámica Santa CruzLtda., de conformidad al parágrafo II de la disposición legal precitada, se dispone que el demandado Gobierno Municipal de Santa Cruz, en su lugar indemnice a la empresa propietaria el valor correspondiente a 20.971,18 m2, superficie restante de los 34.951,97 m2 de terrenos afectados, deducida que ha sido el 40% de superficie destinada a equipamiento municipal conforme a Ley, siendo por tanto el valor total a indemnizar sobre el valor catastral actualizado a la fecha del pago a ser tasado en ejecución de sentencia y al tratarse la demandada por una entidad pública y sujeto a disposiciones y leyes especiales, en cumplimiento a la sentencia constitucional 1671/2003-R de 21 de noviembre se ordena incluirse el monto a ser tasado en el POA correspondiente para ser cancelado el año siguiente de haberlo incluido en el POA a partir de su ejecutoría. Además, la parte actora deberá hacer el pago correspondiente en base al monto a ser tasado en ejecución de sentencia, debiendo adjuntar la boleta correspondiente, bajo conminatoria.
Resolución que es apelada por la parte demandanteCerámica Santa Cruz Ltda., representada por María Claret Toro Fernández y Roberto Efreen Trujillo Vaca, por escrito de fs. 516 a 519 y vta.,y por la parte demandadaGobierno Municipal de Santa Cruz, representado por el H. Alcalde Municipal Percy Fernández Añez, por escrito de fs. 546 a 557 y vta., que merece el Auto de Vista Nº 09/2014 de 10 de enero de 2014, cursante defs. 591 a 593, que anula obrados hasta fs. 435 inclusive, debiendo el Tribunal de primera instancia designar nuevo perito de la terna cursante a fs. 431 disponiendo la realización de la prueba pericial pertinente. Resolución de alzada que es recurrida de casación en el fondo por la parte demandante, y de casación en el fondo y en la forma por la parte demandada, que obtiene el presente análisis.
Recurso de casación en el fondo de Cerámica Santa Cruz Ltda., representada por María Claret Toro Fernández:
1. Acusa violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley en relación a la sentencia de primera instancia:
1.1. Normas violadas: art. 122, 123 y siguientes de la ley 2028, arts. 190 y 195 del Código de Procedimiento Civil:
Refiere que de acuerdo al art. 123 de dicha ley, la sentencia recurrida determina que el valor del bien a restituirse debe ser sobre el valor catastral, violando de ésta manera el referido artículo de la Ley 2028.
Asimismo refiere que enel presente caso correspondía a la A quo determinar el monto de la indemnización y no dejar para la ejecución de sentencia su determinación, máxime si se hicieron todos los estudios periciales requeridos por la misma, por lo que la falta de la determinación del monto de la petición principal, vulnera los arts. 190 y 195 del Código de Procedimiento Civil.
1.2. Interpretación errónea del art. 1453 del Código Civil:
El art. 1453, en el parágrafo II, cuando se refiere a la obligación de abonar el valor del bien cuando éste no puede ser reivindicado, el legislador equipara las dos situaciones, es decir, la devolución del bien con el abono del valor, a una misma cosa, lo que implica que ambas deben presentar para el propietario un mismo valor económico, siendo ésta la interpretación sistémica y teleológica de la norma; por ende si se reembolsa en este caso un valor catastral, que no le podría permitir al propietario adquirir un bien similar en condiciones al bien afectado, entonces implicaría que no se está aplicando y menos interpretando esta norma.
1.3. Aplicación indebida del D.L. 14375:
La sentencia está sustentada sobre la base del D.L. 14375 que fue abrogada por la ley 2028 que señala específicamente que el justiprecio será el establecido previo avaluó pericial conforme señala el art. 123 de la ley 2028, lo que implicaría una aplicación indebida de una norma no vigente, basándose en una lectura a medias del Auto Supremo Nº 356/2012, descartando el Auto Supremo Nº 292/2011 que si se refiere a un caso similar y bajo la vigencia de la Ley 2028, siendo que este Auto dispone la cancelación de la indemnización sobre la base del avalúo pericial.
2.En relación al Auto de Vista de 10 de enero de 2014 emitido por la Sala Civil Segunda:
Refiere que el Auto de Vista por la disposición explícita que contiene al ordenar que el avalúo se produzca a una fecha diferente a la determinada en primera instancia, contiene una resolución de fondo que dirige y hace al contenido de fondo de la sentencia, ya que con esta resolución, la Juez de instancia no podría hacer otra cosa que ordenar el pago al valor que el bien tenía el año 1994, siendo por tanto inútil esperar que nuevamente se anule y se dicte una sentencia en primera instancia que ya está dirigida en el fondo por el Auto de Vista, razón por la cual se impugna el mismo y se pide se Case el Auto de Vista de 10 de enero de 2014.
2.1. Normas violadas por el Auto de Vista, arts. 3 núm. 7, arts. 16 y 17 de la Ley 025 del Órgano Judicial:
Para evitar dilaciones innecesarias la Ley 025 establece como principio el de celeridad, asimismo los arts. 16 y 17 de la Ley 025 buscan poner un alto al uso abusivo de las nulidades, estableciendo la continuidad del proceso y la preclusión. En el presente caso en ningún momento, la causal alegada de supuesta nulidad constituye violación alguna al derecho a la defensa, además de no haber sido opuesta como causal de nulidad en el recurso de apelación interpuesto. Correspondía al Tribunal de apelación pronunciarse en el fondo si su deseo era cambiar los términos de la sentencia en cuanto a la fecha de avalúo.
2.2. Interpretación errónea de parte del Auto de Vista, del art. 1453 del Código Civil:
La mal llamada nulidad contendría valoraciones de fondo del tema en litigio, estas valoraciones afectan al tenor del art. 1453 del Código Civil, y siendo que en el presente caso nunca se abrió la jurisdicción administrativa ya que no existe trámite alguno de expropiación, en el presente caso lo que tocaría ver es a que fecha se debe devolver el bien o en todo caso su valor, deberá ser al valor actualo al valor pasado y con la resolución dictada se pretende castigar a los propietarios obligándolos a aceptar un valor menor al valor real del bien. Si ahora se determina que el pago sea al valor del terreno a 1994, se estaría sentando un precedente funesto ya que haría que las instituciones públicas actúen así de forma arbitraria con los particulares, violando sus derechos a la propiedad y seguridad jurídica.
Por las razones expuestas,quedando plenamente demostrado que existen las causales para proceder a la casación en el fondo en el presente caso como lo dispone el art. 274 del Código de Procedimiento Civil, es que recurren bajo el amparo art. 253 núm. 1) del Adjetivo Civil, y en aplicación del principio de celeridad establecido por la Ley 025, constitucionalizado en el art. 178 de la CPE, por lo que pide se Case el Auto de Vista impugnado, y se resuelva en el fondo, ya que las autoridades infra no han resuelto dicho conflicto.
Recurso de casación en el fondo y en la forma del Gobierno Municipal de Santa Cruz, representado por el H. Alcalde Municipal Percy Fernández Añez:
1. De la falta de pronunciamiento en el fondo de los recursos de apelación interpuestos, que recae en aplicación errónea de la norma causando vulneraciones de los principios constitucionales del ordenamiento jurídico:
1.1.Acusa la errónea interpretación y aplicación del art. 179 del CPC, porque se observa que el fundamento de anular la sentencia con el propósito de que se haga un nuevo avaluó catastral en busca de determinarse un precio, nunca peticionado por la entidad pública demandada, no se constituye en una revisión de sentencia en consulta en mérito a lo dispuesto en el art. 197 del Código de Procedimiento Civil.
1.2. La Sala Civil Segunda al no haberse manifestado resolviendo sobre los puntos resueltos por el inferior y que han sido objeto de apelación y fundamentación en el recurso de apelación de fondo y forma interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, ha violentado lo dispuesto en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, observándose que se ha causado errónea valoración y aplicación indebida de la norma que se constituye en agravio.
1.3. La nulidad dispuesta en la parte resolutiva del Auto de Vista no correspondía, al tener que dictarse una resolución resolviendo únicamente lo peticionado por las partes, en consecuencia al anularse obrados con el propósito de que se proceda a una tasación de la superficie afectada en el valor comercial de 1994, demuestra una violación al principio dispuesto en el art. 3 núm. 4) de la Ley Nº 025, principio de seguridad jurídica que está dispuesto como un derecho constitucional, porque demuestra una pronunciación en el fondo, la misma que es contradictoria al notarse un direccionamiento y contradicción al ordenarse la nulidad de obrados, con el fin de que se realice un avalúo comercial, comprendiéndose que la pretensión es establecer un precio, otra pronunciación sobre el fondo de la sentencia.
1.4. En cuanto a la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, en la Sentencia Nº 03/2013 de fecha 04 de enero de 2013:
La Juez de primera instancia al dictar la sentencia desconoció las formalidades intrínsecas, incurriendo en una serie de errores, tanto de hecho como de derecho; porque equivocadamente declara probada en parte la demanda cuando debería declarar la incompetencia y ordenar que se tramite la expropiación, asimismo en sentencia declara la improcedencia de la servidumbre pública pero sin embargo reconoce que procedería una expropiación parcial, fundamento contradictorio. Teniéndose por los argumentos expuestos que se ha realizado una aplicación e interpretación indebida de la ley.
Por laspruebas adjuntas de descargo se ha demostrado que el Gobierno Municipal de Santa Cruz no ha desposeído a Cerámica Santa Cruz Ltda. De sus terrenos, para estar obligado a recuperarla y abonar su valor, demostrándose que se ha dado una mala interpretación al art. 1453 Parágrafo II) del Código Civil.
Al dictarse una sentencia en la que se declara probada en parte no otorgándose la reivindicación y al mismo tiempo ordenando el pago del justiprecio de los terrenos, fundamentando lo dispuesto en el art. 1453-II del Código Civil, con relación a lo dispuesto por la Ley de Expropiación, constituye una violación a lo dispuesto por los arts. 190 y 191 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil, ya que en la fundamentación de la sentencia existen contradicciones, las mismas que no son acordes a los artículos referidos.
El nombramiento de perito agrimensor siempre estuvo cuestionado, porque existió oposición, y porque no se determinó los puntos de pericia, habiéndose obviado la aplicación de lo normado lo dispuesto por los arts. 431 y 432 del Código de Procedimiento Civil, situación que ha dejado en indefensión al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. No debiendo proceder la determinación de la afectación del terreno que se reclama, sin antes haber realizado el trámite de urbanización, motivo por el cual se tendría que realizar previamente un levantamiento topográfico de la zona, pericia que en caso de desacuerdo debió ser realizado por un perito dirimidor, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos señalados que no han sido aplicados dentro del proceso.
Acusa la errónea aplicación del art. 994 del Código de Procedimiento Civil, porque se ha concluido que el resarcimiento de daños y perjuicios es procedente, empero contradictoriamente se manifiesta que no existió urbanización, por tal no existió cesión de áreas de uso público, procedimiento obviado por Cerámica Santa Cruz Ltda., quien realizó constantes prestamos de dinero con garantía hipotecaria, por lo que no sele causó ningún daño que pueda ser reparable.
1. De los errores en el Auto de Vista recurrido que están en contra del principio del debido proceso y congruencia, constituido en defectos procesales:
Acusa que el Ad quem ha causado agravio al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, porque ha incumplido lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, al no circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y al dictar una resolución sobre algo no peticionado por ninguna de las partes, violando el principio de congruencia, toda vez que en el Auto de Vista no se ingresa a considerar ninguno de los argumentos expuestos en los recursos de apelación formulados, sin embargo sin una fundamentación debida en el segundo considerando I.2.- manifiestan que la A quo ha efectuado una incorrecta apreciación de los hechos expuestos y acreditados por las partes del proceso, tal es el hecho que no se ha pagado a favor de Cerámica Santa Cruz Ltda., el justo precio por el área afectada, se hace mención que la tasación no puede incluir el material de construcción empleado en el pavimento de calles y avenidas, por otro lado que llama la atención que Cerámica Santa Cruz Ltda., pese a tener conocimiento desde hace muchos años para ejecutar un reclamo formal; con esta fundamentación se evidencia que el Tribunal se manifiesta sobre el fondo de la sentencia, pero sin tomar en cuenta los fundamentos expuestos en el recurso de apelación; siendo que a raíz de dichos argumentos determina se anule la sentencia y se emita un nuevo avalúo en el precio comercial del año 1994; dirigiendo a que se tome en cuenta un pago en precio comercial, hecho no solicitado, en el recurso formulado por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, toda vez que se argumentó un pago en el precio catastral que es el que regía en el año 1994, a la vigencia de la Ley Orgánica Municipal. Sin embargo se dicta resolución otorgando más de lo solicitado, situación que se constituye en incongruencia ultrapetita. Hecho que hace procedente el recurso de casación en la forma conforme dispone el art. 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil.
Asimismo, el Tribunal de alzada en el Auto de Vista, no se pronuncia, ni fundamenta los motivos por los cuales no resuelve las apelaciones formuladas que fueron concedidos en efecto diferido, violando de esta manera el art. 236 del CPC, como los arts. 24 y 25 de la Ley 1760.
2. De los errores de aplicación del procedimiento debido, como violación al principio de congruencia en la sentencia de fecha 04 de enero del 2003:
2.1.Errónea admisión de la proposición de las pruebas por la parte demandante y error de procedimiento aplicable constituido en agravio y que va en contra del debido proceso:
Denuncia que el ofrecimiento de las pruebas realizadas por la parte demandante mediante memorial de fs. 171, y asumido en la Sentencia en su segundo considerando, el mismo no cumple con lo dispuesto en el art. 380 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil, porque no se toma en cuenta el memorial de fs. 236, donde se objeta la proposición de las pruebas.
Así también la A quo no se pronuncia sobre las objeciones al ofrecimiento de pruebas hechas por la Alcaldía Municipal de Santa Cruz mediante fs. 254, sino se concede la apelación del auto cursante a fs. 245 el mismo que resuelve la objeción a la proposición de las pruebas cursantes a fs. 236 de obrados. Tampoco se pronuncia en sentencia ni antes de dictar sentencia saneando dicha falta procedimental pese a que se le hace notar.
2.2. Errónea valoración de las pruebas aportadas, que hacen que se constituya en agravio, que vulnera el debido proceso:
Las pruebas aportadas a fs. 98 a 102 demuestran fehacientemente que los terrenos de Cerámica Santa Cruz no fueron urbanizados, motivo por lo que no se puede ubicar sus terrenos con exactitud, sin embargo se otorga el valor asignado por el art. 1309 del C.C., y sin analizar las documentales de fs. 143 a 154, de donde se evidencia que no registran superficie, ubicación, y colindancias.
Que, en ningún momento se menciona que el derecho propietario de los terrenos que comprenden la vía del 4to anillo entre las Av. Canal Cotoca y Av. Virgen de Cotoca, fuera del proyecto P.A.D.I. perteneciente al Gobierno Departamental de Santa Cruz de la Sierra, no encontrándose dentro de los puntos de hechos a demostrarse señalados en la demanda, más bien se menciona que fueron administrados por dicha entidad y que por tal motivo según la documentación aportada se demuestra que fue de la ex CORDECRUZ, quien ejecutó la pavimentación de esas vías, que la actual Gobernación del Departamento de Santa Cruz a través del proyecto P.A.D.I., aportó en la construcción y pavimentación de la zona que se demanda; probando que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, no debería ser la demandada, hecho al cual no se referiría la autoridad al momento de dictar sentencia.
Se demuestra que la zona afectada no ha sido urbanizada por Cerámica Santa Cruz, no habiéndose realizado cesión alguna a favor del Municipio, demostrando la falta de voluntad de Cerámica Santa Cruz de cumplir con la urbanización y cesión de áreas de uso público, toda vez que consintiendo la apertura de las vías por los vecinos de la zona sin realizar objeción alguna, acudiendo al Gobierno Municipal de Santa Cruz después de muchos años a realizar la petición del pago por expropiación, cuando nunca presenta título que demuestre su propiedad. Por otro lado con la valoración realizada por la juzgadora, denota una aceptación de que se desconoce la ubicación del inmueble que se reclama con exactitud.
El A quo ha valorado erróneamente las pruebas ofrecidas por el Gobierno Autónomo Municipal, al haberse demostrado más bien la existencia de un trámite administrativo de solicitud de pago por expropiación realizada por Cerámica Santa Cruz, el mismo que no continuó en vía administrativa, por causa atribuible a los ahora demandantes, al no haber cumplido con los requisitos exigidos señalados por la Ley de Municipalidades, la Ley de Expropiación y el Código de Urbanismo y Obras, situación que no ha dado lugar a que se efectivice la misma.
Con las pruebas cursantes a fs. 174, más el acta de recepción definitiva de la obra y planillas de seguimiento de construcción, se demuestra que la primera vía ya había sido construida, y que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, solo construyó la segunda vía en un tramo de 4. 736.31 Mtrs.2, por consiguiente no realizó la posesión arbitraria de los terrenos, habiendo quedado demostrado la existencia de un proyecto. Demostrando que la juzgadora no ha valorado las pruebas aportadas por la parte demandante, hecho que está totalmente demostrado con la prueba de descargo de fs. 101.
Concluye la vulnerar al debido proceso, al derecho a la defensa, al principio de la seguridad jurídica, consagrados por los arts. 24, 115 de la Constitución Política del Estado, arts. 90 y 91 y art. 3 inc. 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, y art. 3 inc. 3) y 4) de la Ley 025.
Por los argumentos expuestos, de acuerdo a lo señalado en el art. 257 del Código de Procedimiento Civil, concordante con el art. 90 inc. I), II), III) y art. 91 Inc. I), II) Ley N° 439 y lo dispuesto en los arts. 250, 253 inc. 1) y 2), 254 Inc. 4) y 7), art. 255 inc. 1), art. 274 del Código de Procedimiento Civil, habiendo cumplido con los requisitos exigidos en el art. 258 del Adjetivo Civil, interpone recurso de casación en el fondo y forma contra el Auto de Vista N° 09/2014, por lo que solicita que se revoque la Sentencia N° 3/2013, en todas sus partes, por consiguiente en caso de observarse vulneraciones al debido proceso se anule hasta el vicio más antiguo.
Habiéndose interpuesto recurso de casación en el fondo y en la forma por las partes, corresponde en principio pronunciarse sobre el recurso de casación en la forma, ya que de ser evidentes los agravios denunciados ya no sería necesario ingresar en el fondo del recurso; en ese antecedente, corresponde remitirnos primero al recurso de casación en la forma del Gobierno Municipal de Santa Cruz.
Recurso de casación en la forma del Gobierno Municipal de Santa Cruz:
1. Sobre los errores en el Auto de Vista recurrido que están en contra del principio del debido proceso y congruencia, constituido en defectos procesales:
En éste punto el recurrente acusala infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, porque la Resolución de Alzada no se circunscribe a los puntos resueltos por el inferior al dictar una resolución sobre algo no peticionado por ninguna de las partes, violando el principio de congruencia, toda vez que en el Auto de Vista no se ingresa a considerar ninguno de los argumentos expuestos en los recursos de apelación formulados, por lo que corresponde absolver éste cuestionamiento.
1.1.Al respecto corresponde especificar que el recurso de casación en la forma, denominado también recurso de nulidad, es aquel que tiene por finalidad subsanar los defectos formales o procesales en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso, vale decir, aquel error que tiene que ver con el quebrantamiento de las formas previstas por ley, cuya infracción está sancionado con nulidad de obrados, conforme prescribe el art. 254 núm. 4) del Código de Procedimiento Civil.
En esa orientación, el art. 236 del Compilado Adjetivo Civil, señala que “El Auto de Vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación”; norma en la que se manifiesta el principio de congruencia, por el cuál la resolución de Alzada en su motivación y fundamentación debe estar dirigida a absolver cada uno de los agravios deducidos en apelación, sin omitir, exceder o alterar el cuadro recursivo que se sustancia. En ese sentido el Tribunal Ad quem a tiempo de resolver la Alzada tiene un marco jurisdiccional sobre el cual debe recaer su decisión.
En el presente caso de autos, el Tribunal de alzada en el punto I.2, del segundo considerando del Auto de Vista Nº 09/2014,“refiere”la incorrecta apreciación por el A quo de los hechos expuestos y acreditados por las partes, extremos que hacen a la valoración de fondo de la resolución de alzada, sin embargo, de manera incongruente concluye en base a los antecedentes expuestos, por la pertinencia de que la A quo a efectos de resolver la problemática suscitada, en ejercicio de las facultades otorgadas por los arts. 4 núm. 4) y 378 del Código de Procedimiento Civil, señale como punto de pericia “realizar la tasación comercial de la superficie afectada señalando el valor que tenía ésta a la fecha de iniciación de trabajos de construcción de calles y avenidas”, por lo queanula obrados hasta fs. 435inclusive, disponiendo que la A quo designe nuevo perito para la realización de la prueba pericial pertinente fijando como punto de pericia “la tasación de la superficie afectada de 34.951,97 Mts.2., menos el 40% que es cedida para el uso de áreas de uso público, en el valor comercial que tenía ésta en fecha 15 de marzo de 1994”;por cuyo motivo no se pronuncia respecto a las apelaciones de fs. 117, 254, 309 y 314 y la consulta de la sentencia,ya que se anula la sentencia.
Del examen del Auto de Vista, se evidencia que el Ad quem al anular la resolución de primera instancia, no ha fundado su decisión en petitorio expreso de las partes, toda vez que de la revisión de los recursos de apelación de las mismas, no se conoce petitorio que solicite la nulidad de obrados por “falta de designación de nuevo perito”o por “falta de tasación comercial de la superficie afectada”. Si bien ambas partes denuncian la infracción del art. 123 de la Ley de Municipalidades “en relación a la indemnización o justiprecio por expropiación”, así como en “relación al avalúo pericial”, sin embargo estos aspectos de fondo corresponden ser resueltos por el Tribunal de alzadaen el marco de sus facultades y atribuciones establecidas, en estricta aplicación de la ley y de los recursos de apelación interpuesto por las partes;por lo que los fundamentos expuestos por el Ad quem para determinar la nulidad de obrados no constituyen causal de nulidad.
Que, en ese marco, el Tribunal de alzada conforme a sus facultades privativas y en atención al principio de verdad material y de comunidad de la prueba tiene la facultad de revaluar los hechos y las pruebas, eincluso en caso de considerar que existiese omisión en la valoración de la prueba, el Tribunal de segunda instancia tiene la posibilidad de enmendar ello, revaluar de manera razonada, revocar el fallo y emitir nuevo en el fondo con el criterio que corresponda, pero en ningún caso y sin sustento legal concluir por anular obrados, solo para efectos de mejor proveer y para que se emita nueva resolución de primera instancia, esto en total inobservancia del principio de eficacia, eficiencia, yde congruencia.
En relación a lo anteriorel art. 233-II del Código de Procedimiento Civil,regula que el Juez o Tribunal tiene la facultad potestativa que en resumen le permite abrir un plazo probatorio y disponer se produzcan las pruebas que estimare convenientes, y que le ayude a mejor resolver. Asimismo la doctrina y la uniforme jurisprudencia nacional,han establecido que la valoración de la prueba en general compete privativamente a los Jueces de grado, siendo soberanos en su valoración para decidir la causa tomando en cuenta las pruebas esenciales y decisivas, tal como se infiere de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento, valoración del A quo que el Tribunal de alzada, en el marco de los agravios deducidos en la apelación puede ser revisada y concluir de manera distinta al Juez de primera instancia.
En consecuencia el Ad quem, siempre en el marco de los agravios apelados, tiene la potestad de rever la prueba y valorarla en segunda instancia, incluso tiene la facultad de aperturar un periodo probatorio y de disponer de oficio la producción de prueba, tal como establece el art. 233-II del Código de Procedimiento Civil, por consiguiente si el Tribunal de alzada considera la pertinencia de producir prueba para mejor proveer no es correcto que sobre esa consideración determine la nulidad de obrados orientando al A quo el ejercicio de la facultad prevista enel art. 378 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que conforme señala el art. 4-4) del citado código, esa facultad le asiste también al Tribunal de segunda instancia (art. 233-II del mismo adjetivo civil); por otro lado, tampoco es correcto que sobre la crítica efectuada a la valoración de la prueba el Ad quem determine la nulidad de obrados porque esa consideración debe dar lugar a un pronunciamiento de fondo a los fines de resolver de la manera más justa las causas sujetas a su competencia.
Por lo que en conclusión podemos referir que el Tribunal de alzada al disponer la nulidad de obrados, ha infringido la normativa precedentemente señalada, vulnerandotambién de ésta manera el art. 236 del Código de Procedimiento Civil,y con ello, el principio del debido proceso legal, en su elemento al derecho a la defensa de los recurrentes, que corresponde ser enmendado por este Máximo Tribunal.
Por consiguiente, al ser evidente la infracción acusada en la que incurrió el Tribunal de alzada; en el marco delos recursos de apelación, corresponde en su caso que el Tribunal de alzadaabra un plazo probatorioy valore la prueba y de esta manera emita su criterio a objeto de establecer si confirma o revoca la sentencia recurrida.
1.2.Sobre los errores de aplicación del procedimiento debido, como violación al principio de congruencia en la sentencia de fecha 04 de enero del 2003:
En una primera parte, se tiene que la objeción planteada por la parte demandada por memorial de fs. 236, en contra el ofrecimiento de pruebasrealizada por memorial de fs. 171, ha sido resuelta por Auto de fs. 245 y vlta., la misma que una vez recurrida de apelación ha sido diferida por Auto de fs. 268. Si bien nuevamente la parte demandada objetapor memorial de fs. 254, el ofrecimiento de pruebasrealizada por memorial de fs. 219, la misma que previo traslado corrido es contestado por escrito de fs. 267 por la parte demandante, mereciendo la resolución de fs. 268 donde al respecto se dispone que “se tiene por absuelto el traslado de fs. 254 a 255; sin embargo conforme al principio dispositivo que rige al proceso civil, este proveído no es objetado ni recurrido por la parte demandada, por lo que conforme al principio de convalidación su derecho a precluído.
En una segunda parte, el recurrente denuncia errónea valoración de las pruebas aportadas denunciando de ésta manera infracciones que hacen al fondo de la causa, no obstante conforme al principio del“per saltum”, este tribunal no puede abrir su competencia para pronunciarse sobredichas denuncias, porque el Tribunal de alzada no ha considerado dichas infracciones para disponer la nulidad de obrados, es decir que no existe pronunciamiento por parte del Ad quem sobre dichos agravios, por lo que no se abre la competencia de éste Tribunal al respecto.
Por todo lo expuesto, corresponde a este Supremo Tribunal fallar en la forma prevista por los artículos 271 núm. 3), 275 con relación al artículo 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil.
2. En mérito a lo precedentemente analizado, y siendo inminente la nulidad del Auto de Vista impugnado, ya no corresponde pronunciarse sobre los agravios de fondo interpuestos por elGobierno Municipal de Santa Cruz, y sobre el recurso de casación en el fondo interpuesto por Cerámica Santa Cruz Ltda.
POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 parágrafo I numeral I) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 del 24 de junio de 2010y en aplicación de los arts. 271 num. 3), 275 con relación al art. 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 09/2014 de 10 de enero de 2014, que cursa defs. 591 a 593,disponiendo que previo sorteo y sin espera de turno, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia deSanta Cruz, emita nueva Resolución, en sujeción a lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
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 artículo 254
 artículo 42