Source: http://www.notar-ius.com/2020/
Timestamp: 2020-08-12 21:11:52+00:00

Document:
notar-ius: 2020
EL DEVENGO DE INTERESES EN LA LEGÍTIMA CATALANA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA
LEGÍTIMA.- Devengo de intereses.- Cuando el legitimario recibe un legado en pago de legítima gravado con un derecho de usufructo y opta por renunciar al legado y reclamar la legítima, los intereses se devengan desde el momento del ejercicio de tal opción.
Sentencia 81/2019, de 12 de diciembre
(Ponente: Jordi Seguí Puntas)
RESUMEN.- Se trata de una sucesión regida por el CS, pero la doctrina puede aplicarse al libro IV del CCCat. El testador había legado a su cónyuge el derecho de usufructo universal, nombrado heredero a uno de sus hijos y efectuando diversos legados a favor de los restantes hijos en pago de sus legítimas. El testador dispuso expresamente: «en caso de que cualquiera de los legatarios no aceptare la limitación que supone el usufructo de Doña Beatriz sobre las fincas legadas en pago de legítima, deja sin efecto el legado correspondiente a quien lo haya impugnado y en su lugar le lega únicamente lo que por legítima estricta le corresponda con arreglo a derecho».
El heredero comunicó a sus hermanos la disposición a hacerles entrega de los legados dos años después de la apertura de la sucesión, sin obtener respuesta. Otros dos años más tarde, los legitimarios reclamaron judicialmente al heredero el pago de la legítima, a lo que este se opuso alegando que habían aceptado los legados al haber hecho la liquidación tributaria correspondiente. Tanto en primera como en segunda instancia los tribunales fallaron que la liquidación del impuesto de sucesiones no supone la aceptación tácita de los legados, por lo que reconocieron a los legitimarios el derecho a optar por el pago de la legítima, opción que se entendió ejercitada en el momento de la interposición de la demanda. El heredero acudió a casación para reclamar que los intereses de la legítima se computaran desde dicho momento y no desde la apertura de la sucesión, como había dispuesto la sentencia de la Audiencia.
El TSJC da en este punto la razón al heredero. Entiende el tribunal que ejercitada la opción de los legitimarios por la legítima, su derecho produce los efectos propios de un legado simple de legítima, esto es, el de una deuda de valor, con devengo de intereses desde el momento en que nace la obligación por parte del herederos de pagar las legítimas, citando la Sentencia del Tribunal de Casación de Catalunya de 22 de marzo de 1937 y la STSJC 32/2012. En la presente sentencia dice: «El retraso en el cumplimiento de la obligación de pago de las legítimas debe adaptarse al objeto de esta obligación […]. Así, mientras la obligación pendiente consistía en la entrega de los legados de inmuebles dispuestos en concepto de legítima, en principio debía corresponder a los legitimarios el derecho a hacer suyos –“en lugar de intereses”, como aclara el artículo 365 III CS- los frutos o las rentas que la cosa produjese desde la muerte del causante. Sucede sin embargo que en el caso enjuiciado todos los inmuebles legados estaban gravados con el usufructo universal a favor de la madre de los legitimarios, de manera que la percepción de todas las utilidades de la finca correspondía a la usufructuario, en detrimento de los legatarios. Solo a partir de que la obligación del heredero se transformó en el pago de legados simples de legítima, surge el devengo del interés legal del crédito legitimario» (FD 3.4).
El tribunal casa en este motivo la sentencia de la Audiencia que, como he dicho, contaba los intereses desde la apertura de la sucesión y exigía, para detener el devengo de intereses a favor de los legitimarios, que el heredero consignara judicialmente el importe de las legítimas o promoviera un expediente de jurisdicción voluntaria, conforme a los arts. 362 y 363 CS. El TSJC considera que hay un error de base en la sentencia casada al considerar que el heredero disfrutaba de la facultad de pagar la legítima entre la muerte del causante y la reclamación judicial de la legítima, cuando lo cierto es que en ese periodo los legados dispuestos por el testador estaban plenamente vigentes, de manera que el heredero no podía ni consignar la cantidad equivalente a las legítimas ni utilizar el procedimiento del art. 363 CS.
Por otra parte, el heredero sostenía que no debía pagar intereses a dos de sus hermanos ya que estos convivían con la madre usufructuaria y a sus expensas (art. 365 II CS, actualmente art. 451-14.2 CCCat). Aunque la sentencia declara probado que estos legitimarios convivían con la usufructuaria, no considera que vivieran a su cargo puesto que ambos contaban con ingresos propios, sin que hubiera ningún indicio de que la usufructuaria pagara más necesidades que los gastos de mantenimiento de la casa donde vivían (que en realidad eran sufragados por el heredero, que era el arrendatario de la misma). Por lo tanto, el heredero no queda eximido del pago de los intereses de la legítima.
Por último, la sentencia de la Audiencia condenaba a pagar los intereses a otro de los legitimarios desde el momento de la apertura de la sucesión, sin tener en cuenta que este ejercitaba una acción de suplemento de legítima (ya que había recibido una donación imputable en vida del causante) y que dicho suplemento solo devenga intereses desde el momento en que es reclamado judicialmente (art. 365 II CS, actual art. 451-14.3 CCCat). La sentencia partía de la base que, teniendo como precedente la Sentencia citada del Tribunal de Casación, el precepto tiene su fundamento en la presunción de buena fe por parte del heredero que ignora que el valor de los bienes atribuidos al legitimario e imputables a la legítima no son suficientes para cubrir el valor de esta. En el caso que nos ocupa el heredero no ignoraba dicha insuficiencia, sino que incluso llegó a ofrecer al legitimario otros bienes en pago de su legítima, ofrecimiento que no fue aceptado. Posiblemente este hecho haya influido en que el TSJC resuelva que solo se devengan intereses desde la reclamación judicial, basándose en la lacónica afirmación de que no hay prueba demostrativa de que el heredero fuera o pudiera ser consciente de la insuficiencia de los bienes asignados por el causante en pago de la legítima o imputables a ella.
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Etiquetas: derecho civil de Catalunya, intereses, legítima, suplemento de legítima
EL LEGADO DE USUFRUCTO UNIVERSAL Y LA FACULTAD DE TOMAR POSESIÓN DE LA FINCA USUFRUCTUADA
EL LEGADO DE USUFRUCTO UNIVERSAL Y LA FACULTAD DE TOMAR POSESIÓN DE LA FINCA USUFRUCTUADA EN CATALUÑA
RESOLUCIÓN JUS/1366/2020, de 5 de junio
DOCTRINA.- LEGADO.- El legado dispuesto como de usufructo universal no pierde esta naturaleza por el hecho de que el testador excluya algunos bienes del derecho de usufructo, por lo que el legatario puede tomar posesión de las cosas legadas por sí mismo.
RESUMEN.- Se plantea si es inscribible un derecho de usufructo sobre una vivienda, que se adjudica la usufructuaria como legataria en la herencia de su marido, sin el consentimiento de todos los herederos. En el testamento, el testador legó a su cónyuge lo que denominó el usufructo universal de sus bienes, con exclusión de dos plazas de aparcamiento (que prelegó en pleno dominio a dos hijos de un anterior matrimonio) y de unos activos financieros (que legó a la propia usufructuaria). Los herederos “en el remanente de sus bienes” eran los cuatro hijos y no se facultó al cónyuge viudo para tomar posesión de los bienes objeto del derecho de usufructo.
La registradora de la propiedad suspende la inscripción alegando que el derecho de usufructo no es universal pese a que el testador lo calificara como tal, pues excluyó algunos bienes, por lo que necesita la entrega por parte de los herederos conforme al art. 427-22 CCCat.
La DGDEJ revoca la nota de calificación por considerar que el derecho de usufructo legado tiene carácter universal y, por lo tanto, entra dentro de las excepciones que el art. 427-22 prevé para no requerir su entrega por los herederos. Previamente a entrar en el fondo de la cuestión, la DG resuelve sobre su propia competencia para conocer del recurso, pues la registradora (de forma incomprensible e inaceptable, como subraya la resolución) lo elevó a la DGRN, la cual, ya como DGSJFP, se inhibió por versar exclusivamente sobre materia de derecho catalán. Esta irregularidad procedimental causó que la DGDEJ conociera del recurso dos días antes de expirar el plazo legal para resolverlo (tres meses desde el día en que entró en el Registro, conforme al art. 3.7 de la Ley 5/2009, de 28 de abril); de aplicar estrictamente esta norma, resultaría que la propia interesada en mantener la nota de calificación se convertiría en árbitro del tiempo atribuido a la DGDEJ para resolver el recurso, con la sanción de que el silencio por parte de esta tiene como efecto la resolución negativa del mismo. La DG evita esta situación interpretando que el plazo de tres meses empieza a correr desde que el recurso se presenta en el Registro de la propia DGDEJ, por lo que procede a resolverlo.
La resolución basa la calificación del usufructo como universal en la voluntad del causante, manifestada claramente en el testamento, y en el art. 427-34.2 CCCat, que dispone que «el legado de usufructo universal, salvo que la voluntad del causante sea otra, se extiende a todos los bienes relictos», del que se deduce que la exclusión de algunos bienes no hace perder al usufructo su carácter universal: al tratarse de una llamada de tipo universal, se extiende a todo aquello que no se ha excluido de forma expresa. En el caso particular de este recurso deben tenerse en cuenta otras circunstancias, como el que los legatarios de los bienes excluidos del usufructo son legitimarios y la atribución de estos bienes vendría a ser una forma de pagarles la legítima, por lo que la exclusión viene a establecerla la propia ley (de otro modo, siempre que hay legitimarios no podría haber un usufructo universal); el valor del derecho de usufructo viene a representar un 7% del valor de la herencia, lo que dificulta la posibilidad de que la usufructuaria esté actuando en fraude de los derechos de los herederos, ni de mala fe (que no puede presumirse); la legataria es el cónyuge viudo, siendo poco plausible que la voluntad del testador fuera que los hijos del primer matrimonio (a quienes atribuye solamente dos plazas de garaje) tuvieran el control sobre la entrega del usufructo; y el inmueble objeto de la pretendida inscripción es el domicilio habitual de la usufructuaria, por lo que ya tiene la posesión del mismo, lo que priva de fundamento a la exigencia legal de entrega de dicha posesión.
En relación con este último argumento, la resolución hace una reflexión sobre el sentido de la norma general de que el legatario no pueda ocupar por su propia autoridad la cosa legada con eficacia real. No puede explicarse como una garantía del heredero que tiene la posibilidad de pedir la reducción de los legados por razón de la cuarta falcidia o de las legítimas, ya que los arts. 427-45.2 y 451-22.4 «facultan al legatario afectado por la reducción a evitarla abonando al heredero o al legitimario, en dinero, el importe de la reducción y que, en todo caso, conforme al art. 427-15.1, el legatario adquiere la propiedad de la cosa legada en el mismo momento de la delación. Por lo tanto, el único sentido práctico de la exigencia de la entrega de la cosa legada por parte del heredero es preservar la paz social protegiendo la posesión física de la cosa legada y evitando que el legatario actúe unilateralmente, sobre todo cuando se trata de bienes muebles» (FD 3.4).
COMENTARIO.- Es ciertamente evidente el sentido de esta resolución en base a todos los argumentos expuestos, del que destacaría uno: mediante la institución del usufructo universal el testador hace una llamada a todos los bienes no excluidos expresamente, lo cual tiene una doble utilidad práctica: 1) la innecesariedad de detallar uno por uno todos los bienes sobre los que recae; y 2) la extensión del usufructo a bienes que no formen parte del patrimonio del testador en el momento de testar. Es, por lo tanto, preferible utilizar la figura del usufructo universal antes que el empleo de expresiones como «lega el usufructo de los restantes bienes» o «en el remanente de sus bienes», que puede dar lugar a dudas interpretativas en relación a los bienes de los que el testador no sea propietario al testar.
A propósito de la expresión «instituye heredero en el remanente de los bienes», que figura en el testamento que da lugar al presente caso, se suele utilizar con frecuencia en la práctica notarial cuando, después de ordenar algún legado, el testador quiere dejar claro que dicho legado o legados quedan fuera de la institución de heredero, como para evitar una cierta contradicción entre el nombramiento de «heredero universal» y los legados ordenados. Ambas expresiones son técnicamente incorrectas pues la institución de heredero ya conlleva la universalidad en la sucesión y la obligación de cumplir las cargas hereditarias. Por lo tanto, el calificativo de «universal» en relación con la institución de heredero es redundante, y no digamos ya la de «heredero universal en todos sus bienes y derechos, presentes y futuros» que se utiliza quizás para dar un mayor realce a la figura, pero que incluso puede dar lugar a dudas interpretativas con respecto a los bienes que el causante posea al testar y que posteriormente transmite; en todo caso, es una descripción incompleta. Asimismo, la expresión «nombra heredero en el resto de sus bienes», que se utiliza para evitar calificar al heredero como universal cuando se ordenan legados, es incorrecta pues desconoce la naturaleza propia de la institución de heredero en Cataluña, que proclama la frase inicial del primer artículo del Libro cuarto del CCCat (me refiero al art. 411-1), al decir que «el heredero sucede en todo el derecho de su causante». Por todo ello, es recomendable, en buena y precisa técnica jurídica que siempre favorecerá la claridad y la disminución de conflictos, no modalizar la institución de heredero concretando si es universal o si sólo lo es respecto de los bienes no legados; y en su lugar limitarse simplemente a instituir a alguien heredero.
Por lo que se refiere a la exigencia legal de entrega de posesión por parte del heredero, coincido con la DGDEJ en que no tiene mucho sentido respecto de los bienes inmuebles legados con eficacia real, cuya propiedad es adquirida de pleno derecho por el legatario sin necesidad de dicha entrega por aplicación del art. 427-15. Considero que la norma, por mi experiencia práctica ya dilatada, suele contravenir la voluntad del testador (como en el caso de la cuarta falcidia), que no tiene en mente que el legatario tenga que pedir al heredero la entrega de la posesión del inmueble legado, lo que hace necesario preguntar en cada caso sobre la cuestión y consignar, normalmente, que se faculta al legatario para tomar posesión por su propia autoridad de la cosa legada. La cuestión es especialmente lacerante en el caso de testador casado en segundas nupcias (o en relación de pareja estable) con hijos habidos de una relación anterior (como el de la resolución que comentamos), en que conviene evitar que la segunda pareja y los hijos que no sean comunes tengan que depender unos de otros para poder ejercer sus derechos sucesorios.
Publicado por Víctor Esquirol Jiménez en 20:39 No hay comentarios:
Etiquetas: derecho de sucesiones de Cataluña, legado de usufructo universal, posesión, resolución de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas
Publicado por Víctor Esquirol Jiménez en 20:35 No hay comentarios:
EL PAPEL CENTRAL DEL NOTARIO EN LA COORDINACIÓN REALIDAD/TÍTULO/REGISTRO/CATASTRO
La Ley hipotecaria atribuye a los registradores de la propiedad un notable protagonismo en la coordinación entre el Registro de la Propiedad y el Catastro Inmobiliario: siempre que se pretenda la inscripción de una representación gráfica, tanto si es preceptiva como si es potestativa, el registrador debe valorar la correspondencia entre la finca registral y la parcela catastral representada en la CCDG o la finca resultante de la representación gráfica alternativa en los casos en que la LH la permite.
Además, la DGRN, en la R. de 17 de noviembre de 2015 y en toda su doctrina posterior, ha interpretado el art. 199 LH, que es el que regula junto con los arts. 9.b) y 10 la inscripción de la representación gráfica, en el sentido de permitir emplear dicho procedimiento cuando se pretende una rectificación de superficie, aunque la diferencia sea superior al 10% de la inscrita, como alternativo al procedimiento notarial del art. 201.1, que es el que, en una primera lectura de la ley, parece reservado para dichas rectificaciones.
Pese a ello, el notario puede y, en mi opinión, debería ser el principal artífice de la coordinación entre la realidad física y su representación, pues tanto la escritura pública como el Registro y el Catastro son medios de representación de dicha realidad y, a la postre, lo que verdaderamente interesa a la sociedad no es solo la concordancia entre los diversos medios de representación de la realidad, sino también y principalmente la concordancia entre la realidad física y dichos medios.
En el entramado de relaciones entre realidad física y medios de representación de la misma pueden darse hasta seis modalidades y el notario interviene en todas ellas, pues es quien está en el centro del cuadrado formado por los cuatro vértices: realidad, título, Registro y Catastro.
1ª.- Relación realidad/título: el notario puede y, en algunos casos, debería aconsejar a los otorgantes de toda escritura pública que tenga por objeto una porción de terreno, la medición de la finca objeto del negocio jurídico, ya sea con carácter previo a la autorización del documento (quizás difícil en la práctica) o advirtiéndoles de la conveniencia de que lo hagan en un futuro. En algunos casos, tales como en las escrituras de declaración de obra nueva y de modificación de entidades hipotecarias, debe incorporar a la escritura mediciones reales sobre el terreno, con sus coordenadas georreferenciadas: al menos, la de la superficie de terreno ocupada por la edificación en el primer caso y la de las fincas objeto de las modificaciones en el segundo.
2ª.- Relación realidad/Registro: el notario puede actualizar y en general adaptar a la realidad la descripción registral con base en las manifestaciones de los otorgantes. Es habitual hacerlo con la ubicación, cuando ha cambiado la nomenclatura de la calle o el número de policía de la finca urbana, o incorporando el número de polígono y de parcela si se trata de fincas rústicas; pero también debería hacerse con los demás elementos descriptivos, especialmente los linderos, para sustituir los linderos personales (normalmente anticuados o incorrectos) por linderos fijos (dando cumplimiento al art. 51 RH y a las recomendaciones de la DG).
3ª.- Relación realidad/Catastro: a través de la incorporación de la CCDG a la escritura, el notario puede/debe preguntar a los otorgantes si existe alguna discrepancia entre la realidad física y la certificación catastral (art. 18.2.c TRLC) y, en caso de haberla, puede instar la rectificación del Catastro, bien directamente, bien a través del Registro de la Propiedad. Esta posibilidad que nos concede la ley a través del art. 18.2 TRLC, lamentablemente no está operativa en la mayor parte del territorio, cinco años después de la promulgación de la Ley 13/2015, pero es de esperar que en algún momento se pongan los medios telemáticos prevista en dicha ley.
4ª.- Relación título/Registro: el notario debe describir los bienes que constituyan el objeto del título expresando con la mayor exactitud posible aquellas circunstancias que sean imprescindibles para realizar la inscripción registral (art. 170 Reglamento notarial).
5ª.- Relación título/Catastro: el notario debe:
- incorporar a la escritura la CCDG y la referencia catastral (arts. 3.2 y 38 TRLC).
- remitir al Catastro información sobre las escrituras que autorice en los términos que establecen los arts. 14.a) y 47.2 TRLC (modificaciones hipotecarias y constitución de propiedad horizontal) y 36.3 (cualquier documento en que consten hechos, actos o negocios susceptibles de inscripción en el Catastro).
6ª.- Relación Registro/Catastro: el notario debería asesorar a los otorgantes sobre los procedimientos para obtener la coordinación gráfica entre Registro y Catastro, así como para rectificar los datos registrales en base a la CCDG cuando los otorgantes manifiesten que esta se corresponde con la realidad física o, incluso cuando no se corresponda, mediante la aportación de una representación gráfica alternativa (art. 201 LH).
El hecho de que algunas de las actuaciones citadas no las imponga la ley con carácter preceptivo no obsta a que sea recomendable realizarlas; al menos, el notario debería informar y asesorar a los otorgantes sobre la materia.
Publicado por Víctor Esquirol Jiménez en 13:17 No hay comentarios:
Etiquetas: Catastro, concordancia, coordinación gráfica, ley 13/2015, notario, realidad física, Registro de la Propiedad
DOS SENTENCIAS DEL TSJC SOBRE LA LEGÍTIMA
CÓMPUTO DE LA LEGÍTIMA.- Las donaciones no imputables a la legítima, otorgadas diez años antes de la apertura de la sucesión, no se computan para el cálculo de la legítima.
Sentencia nº. 58/2019, de 25 de julio
(Ponente: Mª Eugènia Alegret Burgués)
La causante hizo donación de todos sus bienes a uno de sus hijos 24 años antes de morir, sin establecer el carácter imputable de la donación y los restantes hermanos del donatario reclaman que dicha donación se compute para el cálculo de la legítima. Se basan en que el apartado 4 del art. 451-8 solo tiene sentido si es para incluir en el cómputo de la legítima todas las donaciones realizadas a los legitimarios.
El TSJC deniega la reclamación sobre la base de la interpretación gramatical del art. 451-5.b), que excluye del cómputo de la legítima el valor de los bienes donados por el causante diez años antes de su muerte, con la excepción de las donaciones imputables a la legítima “que se computarán en todo caso, con independencia de su fecha”. Por lo tanto las donaciones no imputables no se computan si se han otorgado diez años antes de la apertura de la sucesión.
Argumenta el tribunal que “la regla del art. 451-5 se halla en sede de cómputo de legítima global, mientras que el párrafo 4 del art. 451-8 se refiere al modo de valorar las donaciones y demás atribuciones imputables a la legítima individual […], por lo que la remisión al art. 451-5 solo puede venir referida a su letra c) que es la que regula cómo deben valorarse las donaciones computables. Por lo tanto el siguiente inciso del art. 451-8.4 salvando que su imputación no está sometida al límite de 10 años fijado por la letra b) de dicho artículo, no hace sino reforzar la idea de que las donaciones imputables a la legítima deben ser siempre computadas. La regla b) del art. 451-5 y el art. 451-8.4 CCCat son perfectamente coherentes pues si todas las donaciones imputables a la legítima se han de descontar de la legítima individual, la regla lógica es que previamente todas ellas se computen para determinar la legítima global”.
Por último, el criterio de que solo cuando las donaciones son imputables a la legítima deben computarse aunque se hayan otorgado antes de los 10 años resulta claramente del Preámbulo del Libro IV del CCCat y de los trabajos preparatorios del mismo.
LEGÍTIMA DEL PROGENITOR.- La reclamación de la legítima, hecha por el progenitor por burofax o por correo electrónico, no es suficiente para que tal derecho se transmita a sus herederos.
Sentencia 70/2019, de 11 de noviembre
(Ponente: José Francisco Valls Gombau)
RESUMEN.- Habiendo fallecido la causante en 2015, su madre le sobrevivió unos meses tras haberle reclamado la legítima por burofax y a través de varios correos electrónicos. Se plantea si el heredero de la legitimaria puede reclamar dicha legítima o si bien tal derecho se ha extinguido al fallecer aquella. A este respecto, el art. 451-25.2 CCCat dispone que la legítima de los progenitores se extingue si el acreedor muere sin haberla reclamado judicialmente o por requerimiento notarial después de la muerte del hijo causante.
La parte demandante sostiene que el derecho de la legitimaria es transmisible a sus herederos en base a que el art. 451-25.2, más que regular un supuesto de extinción de la legítima de los progenitores, establece como requisito para su transmisibilidad que el progenitor la haya reclamado en vida, sin necesidad de que lo haya hecho mediante demanda judicial, como lo prueba el que también se admita su reclamación por requerimiento notarial. De este modo, el requerimiento notarial sería un requisito ad probationem, que no excluiría la prueba de la reclamación por otros medios como en el caso de autos.
El TSJC entiende, por el contrario, que dada la configuración de la legítima de los ascendientes como un derecho personal, las formalidades que prevé el art. 451-25.2 (reclamación judicial o requerimiento notarial) no son requisitos ad probationem, sino presupuestos para que dicho derecho personal del legitimario sea transmisible a sus herederos, para lo que se le exige una cierta diligencia por parte de aquel.
Publicado por Víctor Esquirol Jiménez en 19:39 No hay comentarios:
Etiquetas: computación legitimaria, derecho civil Cataluña, imputación legitimaria, legitima, legítima del progenitor
EL PAPEL CENTRAL DEL NOTARIO EN LA COORDINACIÓN RE...

References: artículo 365

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