Source: https://www.derechoconstitucional.es/2015/10/constitucion-economica.html
Timestamp: 2019-02-22 06:42:34+00:00

Document:
La Constitución Económica - Derecho Constitucional
La Constitución Económica
Para empezar a hablar de la Constitución Económica que rige en España, primeramente ha de hacerse referencia al artículo 38 de la Constitución, que reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado. Al mismo tiempo, recoge el mandato a los poderes públicos de garantizar y proteger esta libertad, y la defensa del tan ansiado objetivo de la productividad.
- Artículo 38 de la Constitución: libertad de empresa
“Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.
- ¿Qué podríamos decir sobre la Constitución Económica?
+ Tipología de sistemas económicos
El sistema económico de un país puede ser de tres tipos: a) economía de mercado; b) economía planificada (las empresas pertenecen al Estado y éste impone sus condiciones -sistema soviético-); y c) economía autogestionaria (empresas privadas de los trabajadores; no siendo incompatible con la libertad de mercado, sí con la libertad de empresa -en Yugoslavia se llevó a cabo una especie de ensayo de esta tipología-).
+ Economía de mercado
La economía de mercado implica el libre juego de la oferta y la demanda como mecanismo de determinación de los precios y, por tanto, la asignación de recursos. Es decir, encuentra su fundamento en la libre concurrencia de oferta y demanda.
+ No reconocimiento de la libertad de empresa como derecho fundamental
El artículo 38 de la Constitución -antes comentado- no aparece reconocido como un derecho fundamental, al hallarse ínsito en la Sección 2ª titulada “De los derechos y deberes de los ciudadanos”, del Cap. Segundo, del Tít. Primero (artículos 30 a 38 CE).
+ Unidad de mercado
El artículo 139 de la Constitución, en su párrafo segundo, dice que “ninguna autoridad podrá tomar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español”. Este artículo establece una cuestión competencial entre las Comunidades Autónomas y el Estado, cuyo principio basilar reside en la unidad de mercado (139.1 CE, en relación con el 139.2 CE), es decir, rechaza la compartimentación medieval del mercado, en palabras de Gavidia.
- Derechos fundamentales instrumentales de la economía de mercado
Presupuestos para que pueda existir una economía de mercado:
+ La libertad de empresa (38.1 de la Constitución)
Consiste en el derecho a crear empresas, decidir dónde crearla, cómo vas a ejercer la actividad empresarial, a qué precio producir, etc.
+ Propiedad privada (33.1 CE)
No sólo se reconoce la propiedad privada de los bienes de consumo, sino también pueden ser objeto de propiedad privada los medios de producción. El 33.1 CE no dice derecho “de” propiedad privada, sino “a” la propiedad privada, lo cual significa tener derecho a que en España el derecho a la propiedad privada no sea solamente sobre los bienes de consumo, sino también sobre los medios de producción.
+ Libertad para decidir qué tipo de actividad realizar (35 CE)
Tanto desde la óptica del trabajador como del empresario.
+ Derecho a crear sociedades (22 CE)
El artículo 22 de la Constitución habla del “derecho de asociación” (ejemplos de asociaciones: asociación de vecinos, sindicatos, partidos políticos y un largo etcétera), que consiste en una unión de personas (como mínimo, tres) que persiguen fines de interés general; mientras que una sociedad implica una unión de personas que persigue fines que obedecen al interés particular de los socios (ya sea económico o no), creando para ello una estructura organizativa -concepto moderno de sociedad-.
El concepto estricto de asociación no coincide, pues, con el concepto estricto de sociedad. Ello se salva con la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual las sociedades participan de la protección constitucional de las asociaciones (22 CE). Incluye el derecho a crear sociedades, por tanto, el derecho de asociación de las relaciones internas de la sociedad. Los miembros de una sociedad, por el hecho de estar protegida por el derecho de asociación, da lugar a la libertad a la hora de crear una sociedad, fundar o a sumarse a otra distinta, a la capacidad para autorregularse, etc. Las relaciones externas, sin embargo, no se encuentran amparadas por el derecho de asociación.
+ Libertad de circulación (19.2 CE; relacionado con el art. 139.2 CE)
Otorga la posibilidad de elegir libremente el lugar de localización de la empresa, así como su lugar de producción, distribución, etc.
+ Derecho a la propia imagen (18.1 CE)
Propiedad industrial, intelectual y protección de los signos distintivos.
+ Derecho a la libertad de expresión (20 CE)
El mensaje publicitario está protegido y amparado por la libertad de expresión. Resulta éste un tema controvertido; la reiterada doctrina de nuestro Tribunal Constitucional tiene declarado que la finalidad de ganar dinero no merece menor protección que cualquier otra, y, por tanto, la misma debe encontrarse amparada por la libertad de expresión, contando además con sus mismos límites.
Hace algún tiempo la empresa “Benetton” anunció una campaña donde las personas que aparecían presentaban apariencia de personas afectadas severamente por la enfermedad del VIH, ¿es ilícita? Se motivó que no por su finalidad lucrativa la campaña publicitaria merecía menor protección; asimismo, se sostuvo que contribuía a fomentar medidas de sensibilización de la sociedad. El juicio a realizar, por tanto, es el mismo que el que hiciéramos con otro tipo de mensajes (políticos, educativos o de cualquier otro calado).
+ La libertad de contratación (10 CE)
Una empresa en su devenir comercial se ve obligada a contratar con vendedores, proveedores, etc. Estas relaciones han de venir presididas en todo momento por el principio de la autonomía de la voluntad, que reconoce absoluta libertad a la hora de definir las cláusulas que integrarán el contrato siempre que estas “no sean contrarias a las leyes, la moral ni al orden público” (como prescribe el artículo 1.255 del Código Civil).
+ El libre desarrollo de la personalidad (10 CE)
Que ampara la libertad de decidir, entre ella, la libertad de contratación (para obligarse).
- Formas de intervención de los poderes públicos en la actividad económica previstas en la Constitución Española
+ Formas de intervención que refuerzan la libertad de empresa
Artículo 38, segundo inciso. “Los poderes públicos garantizan y protegen [la libertad de empresa] y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.
Infinidad de ejemplos de ello: la política de fomento de las PYMES, las políticas de favorecimiento de la competencia (intervención en materia de prácticas abusivas, competencia desleal, etc.).
+ Formas de intervención que restringen la libertad de empresa
Artículo 128.2 de la Constitución. “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. Iniciativa pública de la actividad económica. La posibilidad de crear empresas públicas es lo que se consagra. Su financiación entraña un peligro porque puede colocar a la empresa pública en una situación de ventaja con respecto a empresas de capital privado, dando lugar a situaciones de competencia desleal (ventajas tales como el endeudamiento ilimitado, nada desdeñable, claro está). Esta posibilidad de crear empresas públicas existe, pero su funcionamiento tiene que producirse en igualdad de condiciones con el resto de empresas que compiten en el mercado. No siempre se obtiene un sometimiento real a esto, como se da en el caso de Televisión Española, entre otros.
Art. 128.2 CE. Intervención de empresas. No es la nacionalización de empresas, sino el nombramiento de interventores que fiscalizan la gestión de la empresa (no afecta a la propiedad de la misma).
Art. 128.2 CE. Nacionalización de sectores económicos. Reserva al sector público recursos o servicios esenciales (tiene su sino en supuestos de monopolio). En estos casos no existe mercado. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea tiene mucho que decir en este punto, ya que, sin prohibir las nacionalizaciones, interviene notablemente, no dejando todas las posibilidades que el legislador nacional tendría de no estar inserto en el marco de la UE; esto deriva de los principios que emanan de dicho Tratado primigenio.
Art. 131 CE. Planificación de la actividad económica. Puede ser indicativa (mediante el uso de incentivos: subvenciones, desgravaciones fiscales, etc., siendo fiscalizable por los organismo de la Unión Europea) o imperativa (vinculante: producción de coches, fijación de sus precios, etc.). No se puede recurrir a este artículo para planificar toda la actividad económica, pues ello nos colocaría en una economía de tipo soviético, y la Constitución Española establece como límite de la planificación no soterrar la economía de mercado que consagra.
Nociones obtenidas al cursar la asignatura de Derecho de la contratación civil, dentro del Grado en Derecho que realicé en la Universidad de Cádiz, impartida por el profesor Julio Gavidia (agradecer a mi amigo Elio por completarme mis apuntes con sus notas).
Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.
Publicado por Derecho en Red en 9:42
Etiquetas: Constitución económica, Derecho, Derecho Constitucional
□ El Derecho y los Derechos
□ Derecho Público y Derecho Privado
□ Derecho Público y Derecho Constitucional
□ Concepto de Derecho Constitucional
□ Contenido del Derecho Constitucional
□ Teoría del Estado
□ Ciencia política
□ Otras ramas del Derecho adjetivadas de "Constitucional"
□ Origen del Estado como poder político
□ La polis griega
□ Roma
□ El sistema feudal
□ Supuestos socioeconómicos del Estado moderno
□ Supuestos teórico-políticos: el cambio ideológico
□ Nicolás Maquiavelo
□ Jean Bodin
□ Hobbes
□ Estado absoluto y Estado liberal
□ John Locke
□ Montesquieu
□ Rousseau
□ Siéyès
□ Concepto jurídico de Estado
□ El territorio del Estado
□ La población
□ Estado, nación, nacionalismo
□ Los poderes del Estado
□ El ordenamiento jurídico
□ Auge y crisis del constitucionalismo
□ Fases del constitucionalismo
□ La clasificación de Loewenstein
□ La clasificación de Biscaretti
□ El poder constituyente
□ Conceptos de Constitución
□ Tipos de Constituciones
□ Funciones de la Constitución
□ Contenido de la Constitución
□ Reforma constitucional
□ Mutación constitucional
□ La ley
□ La costumbre constitucional
□ La jurisprudencia constitucional
□ La distinción entre las funciones del Estado y la doctrina de la separación de poderes
□ El poder legislativo
□ El poder ejecutivo
□ El poder judicial
□ El régimen parlamentario
□ El régimen presidencial
□ El régimen semipresidencial
□ El régimen directorial
□ La sucesivas generaciones de derechos
□ Clasificación de los derechos por su contenido
□ Clasificación de los derechos por sus garantías
□ Los derechos constitucionales como derechos subjetivos
□ Los derechos constitucionales como bienes constitucionales
□ Derechos fundamentales y garantías institucionales
□ Introducción al Estado constitucional como Estado liberal
□ Orígenes del Estado liberal: libertad y propiedad como derechos nucleares
□ Caracteres del Estado liberal como categoría histórica
□ Crisis y evolución del Estado liberal
□ Noción de ordenamiento jurídico y el concepto de fuente del Derecho
□ El Estado de Derecho como fenómeno conceptual
□ La evolución del Estado de Derecho
□ El Estado socialista
□ El Estado fascista
□ Constitucionalismo y superación del liberalismo económico
□ Intervencionismo económico del Estado
□ Encuadramiento del Estado de Derecho
□ Democracia
□ Las crisis del petróleo
□ La crisis fiscal del Estado
□ La desmotivación social
□ Alternativa colectivista a la crisis del Estado social
□ Propuesta neoliberal a la crisis del Estado social
□ Propuesta social-demócrata a la crisis del Estado social
□ Democracia directa y semidirecta
□ La democracia representativa
□ El proceso electoral
□ Los partidos políticos
□ Funciones de los partidos políticos
□ Partidos de cuadros o de notables
□ Partidos de masas
□ Sistemas de partidos
□ Grupos de interés o de presión
□ El Estado democrático de Derecho
□ La Constitución y las formas de Estado
□ Desconcentración administrativa
□ Descentralización política
□ Descentralización confederal
□ Formas arcaicas de Estado compuesto (I): la unión personal
□ Formas arcaicas de Estado compuesto (II): la unión real
□ Formas arcaicas de Estado compuesto (III): la confederación
□ El Estado federal
□ El Estado regional o autonómico
□ Control embrionario de constitucionalidad
□ Control de constitucionalidad
□ Control difuso de constitucionalidad
□ Control concentrado de constitucionalidad
□ Control mixto de constitucionalidad
□ Las Cortes Generales en el sistema constitucional
□ El bicameralismo
□ Prerrogativas de las Cortes y las prerrogativas de los parlamentos
□ El trabajo parlamentario y su estructuración
□ Las elecciones
□ La función legislativa y su procedimiento
□ La función financiera: la potestad tributaria y presupuestaria
□ La función de control y la exigencia de responsabilidad política del gobierno
□ La transición política y el proceso constituyente
□ Características de la Constitución de 1978
□ La Constitución como sistema de valores y como norma procedimental
□ Estructura del texto constitucional
□ La Constitución como norma jurídica
□ La Constitución como norma jurídica fundamental
□ Consecuencias del carácter primario de la Constitución
□ La diversidad de preceptos constitucionales: los valores y principios constitucionales
□ La Constitución como norma primaria sobre la producción jurídica
□ Eficacia derogatoria de la Constitución
□ El principio de interpretación conforme a la Constitución
□ La reforma de la Constitución
□ Procedimiento ordinario de reforma constitucional
□ Procedimiento agravado de reforma constitucional
□ Las reformas constitucionales y los proyectos de reformas
□ La monarquía parlamentaria como forma política del Estado
□ El refrendo
□ Sucesión a la Corona □ Las normas constitucionales y legales que regulan las elecciones
□ El sistema electoral
□ El censo electoral
□ La administración electoral
□ El procedimiento electoral
□ Las garantías judiciales relativas al procedimiento electoral
□ Gastos y subvenciones electorales
Derecho Constitucional | 2011 - 2019. Con la tecnología de Blogger.

References: artículo 38
 Artículo 38
 artículo 38
 artículo 139
 artículo 22
 artículo 1

Artículo 38

Artículo 128