Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2009-00552-de-marzo-27-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f6a08525ff4a00f6e0430a01015100f6&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-21 14:06:16+00:00

Document:
﻿ Sentencia 2009-00552 de marzo 27 de 2014
SENTENCIA 2009-00552 DE 27 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLO Y TABACO. EL IMPUESTO AL CONSUMO SE CAUSA CUANDO LA MERCANCÍA SALE DE LA FÁBRICA CON DESTINO A UNA BODEGA O SUCURSAL UBICADA EN OTRO DEPARTAMENTO, PORQUE EL PRODUCTOR ENTREGA LOS BIENES EN PLANTA PARA SU DISTRIBUCIÓN O VENTA, ES DECIR, CON FIN DE CONSUMO. LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN TOMAR EN CUENTA LAS TORNAGUÍAS DE MOVILIZACIÓN PARA DETERMINAR LA BASE DE ESE TRIBUTO. ADICIONALMENTE, EL IMPUESTO A LOS CIGARRILLOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE SE CAUSA EN EL MISMO MOMENTO DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLO Y TABACO ELABORADOPOR ENDE, AL MODIFICARSE ESTE, ES NECESARIO VARIAR EL PRIMERO, DEBIDO A QUE SE LIQUIDAN SOBRE LA MISMA BASE GRAVABLE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO, IMPUESTO AL CONSUMO, IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO, CARACTERÍSTICAS DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO, ELEMENTOS DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO, BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO
Sentencia 2009-00552 de marzo 27 de 2014
Rad.: 08001 2331 000 2009 00552 01 (19068)
Actor: Compañía Colombiana de Tabaco S.A. - Coltabaco S.A. (NIT 890900043-8)
Impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco elaborado
La Sala decide sobre la legalidad de los actos por los cuales el departamento del Atlántico modificó la declaración del impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco elaborado de producción nacional, que la actora presentó por la segunda quincena de septiembre del año 2005.
En concreto, precisa si la actora declaró correctamente el impuesto al consumo causado en el período en discusión y, por ende, si era procedente o no la modificación de la declaración privada.
En caso afirmativo, deben estudiarse los restantes argumentos de la demanda que no fueron analizados por el a quo, por cuanto estableció que la actora liquidó correctamente el impuesto a cargo. En consecuencia, analiza si la demandante estaba obligada a determinar el impuesto a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte, a que se refieren las leyes 30 de 1971 y 181 de 1995; si los actos oficiales fueron expedidos irregularmente; si la actora incurrió en inexactitud sancionable y si sobre el mayor impuesto determinado oficialmente deben reconocerse intereses de mora a favor de la Administración.
Según el artículo 210 ib., la base gravable es el precio de venta al detallista. Para los productos nacionales, el precio de venta al detallista es el precio facturado a los expendedores en la capital del departamento donde está situada la fábrica, excluido el impuesto al consumo y, para los productos extranjeros, es el valor en aduana de la mercancía, incluyendo los gravámenes arancelarios, adicionado con un margen de comercialización equivalente al 30%. Y, de acuerdo con el artículo 211 ib., la tarifa es del 55%.
Ahora bien, es cierto que la Sección Cuarta sostuvo que el impuesto al consumo se causa cuando los productos se entregan en fábrica o en planta con fines de distribución o venta y que la entrega para el consumo no se determina por el solo hecho de que los bienes salgan de la fábrica, pues es posible que el proveedor simplemente movilice la mercancía hacia una bodega, punto de fábrica, establecimiento o sucursal para distribuirla desde allí y es en el momento de la distribución que surge la obligación de declarar y pagar el impuesto, porque solo en ese instante la entrega se hace con fines de consumo(9).
Sin embargo, en sentencia de 3 de diciembre de 2009, Sala rectificó el anterior criterio jurisprudencial y concluyó que el impuesto al consumo se causa en el momento en que el producto se entrega en fábrica o en planta con fines de consumo y que tales fines se presumen con la sola entrega, pues los productos se elaboran para ser distribuidos, vendidos o permutados(10). Asimismo, advirtió que “si una planta o fábrica entrega el producto hacia la jurisdicción de otro departamento, este, como sujeto activo del tributo, tiene derecho a cobrar el impuesto al consumo, puesto que la movilización de ese producto tiene por destino proveer el mercado de la jurisdicción territorial de ese departamento”(11).
Posteriormente, la Sala reiteró el nuevo criterio y agregó que “el impuesto se causa cuando la mercancía sale de la fábrica con destino a una bodega, local, sucursal o similar de propiedad del mismo fabricante, ubicada en otro departamento, porque en ese evento, el productor entregó en planta los cigarrillos para su distribución o venta en el país, es decir, para fines de consumo”(12).
También precisó que “resultaba ajustado a la ley, que el departamento tomara como base del impuesto, el producto despachado en fábrica, según las tornaguías”(13), pues estas son concebidas como el certificado que autoriza y controla la entrada, salida y movilización de productos gravados con impuestos al consumo(14), sin las cuales los productos no pueden ser retirados de la fábrica o planta(15).
En el presente caso, el demandado modificó la declaración del impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco elaborado que Coltabaco presentó por la segunda quincena de septiembre de 2005, debido a que determinó que el número de productos que salieron de la fábrica o planta de la actora para ser ingresados al departamento del Atlántico, era superior a las unidades sobre las que se liquidó el impuesto al consumo.
Al respecto, la demandante alegó que liquidó el impuesto sobre las unidades que entregó en el período y que las diferencias que encontró la administración corresponden a unidades que se movilizaron en la quincena en discusión pero se entregaron en quincenas posteriores.
Teniendo en cuenta la nueva jurisprudencia de la Sala, las tornaguías de movilización permiten determinar el momento en que los productos se entregan en fábrica o en planta para luego ser movilizados hacia otros departamentos con fines de distribución o venta, lo que significa que permiten determinar la causación del impuesto al consumo. Por tanto, la liquidación del impuesto al consumo que el departamento del Atlántico efectuó en los actos acusados es correcta, porque corresponde a las unidades que se movilizaron en el período, según consta en las tornaguías.
Además, las pruebas aportadas por la demandante no permiten determinar si las unidades declaradas por ella corresponden a las efectivamente entregadas en fábrica o planta para el consumo en el período en discusión, ni establecer si las unidades movilizadas durante la segunda quincena de septiembre de 2005 se entregaron y declararon en períodos posteriores.
• Declaraciones del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado correspondientes a las siguientes quincenas(16):
Febrero Primera
Marzo Segunda
Diciembre Segunda
• Tornaguías de movilización 191066, 191111 y 191147, expedidas el 16, 23 y 30 de septiembre de 2005, respectivamente(17).
Tales pruebas solo indican las unidades y el impuesto que se declararon en cada período, pero no permiten determinar si las unidades declaradas corresponden a las entregadas en fábrica o en planta para el consumo, ni el período en que se declararon las unidades movilizadas según las tornaguías.
Adicionalmente, la actora aportó un concepto rendido por contador público en el que se expresa lo siguiente(18):
“El suscrito (...), tengo el agrado de rendir mi concepto profesional acerca del comparativo entre las declaraciones del impuesto al consumo y deportes, presentadas por Coltabaco S.A. al departamento del Atlántico, y los registros electrónicos denominados “detallado impuesto causado vs. declarado - cigarrillos”, suministrados por el departamento del Atlántico por los siguientes períodos gravables:
— Cuadro 1 impuesto al consumo.
Cuadro 1 impuesto al consumo
— Columna C: valor del impuesto al consumo causado por el departamento. En esta columna están vertidos exactamente los datos del registro, titulado “Detallado impuesto causado vs. declarado - cigarrillos”.
— Columna E: diferencia del impuesto al consumo. Se obtiene mediante la simple resta de las columnas C D.
Cuadro 2 impuesto al deporte
— Columna E: diferencia del impuesto al deporte. Se obtiene mediante la simple resta de las columnas C - D.
Cuadro 3 consolidado cuadros 1 + 2
Asimismo, la actora no solicitó la práctica de una prueba pericial ni aportó un certificado de revisor fiscal que permitieran determinar la fecha en que se entregaron las unidades movilizadas durante la segunda quincena de septiembre de 2005 según las tornaguías y la fecha en que se declaró y pagó el impuesto correspondiente a dichas unidades.
Se destaca que las declaraciones del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de producción nacional que la demandante adjuntó a la demanda, no indican la fecha en que se movilizaron las unidades sobre las que se liquidó el impuesto ni las tornaguías que permitieron dicha movilización y, por sí mismas, no demuestran que las unidades declaradas correspondan a las entregadas en el período en discusión.
Además, la actora solo aportó copia de algunas de las declaraciones de los años 2005 y 2006, pues, por ejemplo, no entregó las correspondientes a la segunda quincena de julio y agosto, la primera de octubre, ni la primera y segunda de diciembre de 2005.
Conforme con lo anterior, las pruebas aportadas no respaldan el argumento planteado por la actora, según el cual las unidades declaradas corresponden a las entregadas en fábrica o planta para el consumo y las unidades movilizadas durante la segunda quincena de septiembre de 2005 fueron declaradas en períodos posteriores. En consecuencia, la demandante no desvirtuó las conclusiones de la administración y, por tanto, la modificación a la declaración privada debe mantenerse.
La actora sostiene que debe inaplicarse el Decreto Ordenanzal 823 de 2003 (estatuto tributario del departamento del Atlántico), porque viola los artículos 29 de la Constitución Política, 59 de la Ley 788 de 2002 y 150 numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo.
A su juicio, tal situación conduce, además, a la violación del artículo 150 numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, que señala como causal de recusación “haber conocido del proceso en instancia anterior”. Por ende, la demandada desconoció el debido proceso de la demandante y los actos acusados se expidieron en forma irregular.
Sin embargo, como lo ha precisado la Sala, las normas del estatuto tributario nacional que regulan la competencia para proferir las liquidaciones oficiales(19) y para decidir el recurso de reconsideración(20) no prevén que los funcionarios competentes para resolver los recursos sean superiores jerárquicos de quienes expiden las liquidaciones oficiales, lo que significa “que la estructura y trámite del recurso no está dispuesto por competencias verticales o por una relación de inferior a superior jerárquico sino de funcionarios de distintas unidades en un plano horizontal”(21).
Asimismo, y comoquiera que quien decide el recurso de reconsideración no es superior jerárquico del funcionario que expide la liquidación oficial de revisión, no se aplica la causal de impedimento del artículo 150 numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo(22), puesto que el acto que resuelve el recurso de reconsideración no constituye la segunda instancia de la liquidación oficial de revisión.
Además, la Sala ha señalado que la competencia para resolver el recurso de reconsideración no se determina por el orden jerárquico de los funcionarios “sino que debe tenerse en cuenta la estructura propia de la administración” que expida el acto correspondiente(23), en este caso, de la Secretaría de Hacienda del departamento del Atlántico.
De acuerdo con el artículo 30 del estatuto tributario del departamento del Atlántico, el subsecretario de rentas de la Secretaría de Hacienda es el funcionario competente para fiscalizar, liquidar oficialmente, discutir, cobrar y recaudar el impuesto al consumo(24). En concordancia, con la anterior previsión, el artículo 312 ib faculta al subsecretario de rentas para expedir actos previos, como requerimientos especiales. Por su parte, el artículo 323 del citado estatuto asigna a la Secretaría de Hacienda, de la cual forma parte el subsecretario de rentas, la competencia para expedir las liquidaciones oficiales de revisión(25). Y, el artículo 342 ib. dispone que a dicho subsecretario le corresponde fallar los recursos de reconsideración que se interpongan contra las liquidaciones oficiales de revisión(26).
En consecuencia, según la estructura orgánica del departamento del Atlántico, la liquidación oficial de revisión y la decisión del recurso de reconsideración contra esta deben ser expedidas por el subsecretario de rentas de la Secretaría de Hacienda, pues, además, las restantes dependencias de la secretaría conocen de asuntos distintos de los tributarios, como los relacionados con la contabilidad, tesorería y presupuesto(27).
Sobre el particular, el artículo 1º del Decreto 1626 de 1951 gravó el consumo de cigarrillos de fabricación nacional con el impuesto al consumo, a una tarifa equivalente al 100% del precio de venta(28).
El artículo 2º de la Ley 30 de 1971 estableció un impuesto adicional del 10% sobre el valor de las cajetillas de cigarrillos nacionales expendidas al público en todo el territorio nacional(29).
De acuerdo con el artículo 3º ibídem, el producto de este impuesto fue cedido a los departamentos y al Distrito Capital(30) y los tesoreros o recaudadores de dichas entidades se encargarían de recaudarlo y entregarlo mensualmente a las juntas administradoras de deportes, tal como lo previó el artículo 4º de la citada ley, en los siguientes términos:
“ART. 4º—”El impuesto de que trata el artículo segundo de la presente ley será recaudado por los tesoreros o recaudadores de las entidades territoriales citadas y entregado mensualmente a la respectiva junta administradora de deportes que en cada una de ellas se haya creado en desarrollo de la Ley 47 de 1968. Estas juntas aplicarán a la realización de sus objetivos el 70% de los recaudos así obtenidos, y girarán mensualmente el 30% restante al Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, Coldeportes, para que esta entidad auxilie a su vez a las regiones de menores ingresos y pueda desarrollar más amplia y armónicamente sus programas.
A su vez, el artículo 79 de la Ley 14 de 1983 dispuso que los cigarrillos de producción extranjera pagarían un impuesto del 10%, adicional al impuesto al consumo, que se regiría por lo dispuesto en la Ley 30 de 1971(31).
“ART. 78.—”Impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros. El impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros a que se refieren el artículo 2º de la Ley 30 de 1971 y el artículo 79 de la Ley 14 de 1983, será recaudado por las tesorerías departamentales. Será causado y recaudado a partir del 1º de enero de 1998 de acuerdo con lo previsto en los artículos 4º y 5º del Decreto 1280 de 1994. Son responsables solidarios de este impuesto los fabricantes, distribuidores y los importadores. El valor efectivo del impuesto será entregado, dentro de los cinco (5) días siguientes a su recaudo, al ente deportivo departamental correspondiente definido en el artículo 65 de la presente ley”.
Adicionalmente, la norma precisó que la causación y el recaudo del tributo se efectuarían de conformidad con los artículos 4º y 5º del Decreto Extraordinario 1280 de 1994, que, en su orden, disponían lo siguiente(32):
Es de anotar que en Sentencia C-256 de 1995, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Extraordinario 1280 de 1994, que era ley en sentido material, porque el Congreso de la República no podía “conferir facultades extraordinarias al ejecutivo para “revisar el régimen tributario aplicable a los cigarrillos”, toda vez que la amplitud de semejante atribución no solo cobijaba los impuestos del orden nacional sino los que pudieran haber establecido los departamentos y municipios en cuya virtud se afectara la industria tabacalera”. Por tanto, a partir de la Ley 181 de 1995, para determinar la causación del impuesto a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte deben aplicarse las normas que en cada período regulen la causación del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de producción nacional(33).
Asimismo, la competencia para el recaudo del tributo es de los departamentos (y del Distrito Capital), como lo prevén los artículos 4º de la Ley 30 de 1971 y 78 de la Ley 181 de 1995, quienes como beneficiarios del impuesto, cuentan con facultades de investigación, control y determinación del tributo (art. 80 ibídem).
Adicionalmente, para la determinación del gravamen, los beneficiarios del impuesto debían seguir las normas pertinentes del Código Contencioso Administrativo (L. 181/95, art. 80, inc. 2º). Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 788 de 2002, los departamentos están obligados a aplicar los procedimientos establecidos en el estatuto tributario nacional para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones y régimen sancionatorio, a los impuestos que ellos administran, como lo prevé el artículo 59 de la citada ley. En consecuencia, para la determinación del impuesto a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte, los departamentos deben seguir el procedimiento previsto en el estatuto tributario nacional.
En ese orden de ideas, durante el período en discusión Coltabaco era responsable del impuesto a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte, por ser sujeto pasivo del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, como ya se precisó. En consecuencia, de acuerdo con los artículos 4º de la Ley 30 de 1971 y 78 y 80 de la Ley 181 de 1995 el departamento del Atlántico era competente para determinar el mayor impuesto a cargo de la actora.
De otra parte, no era necesario que el demandado realizara un estudio independiente para sustentar la modificación del impuesto a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte. Lo anterior, porque este tributo se causa en el mismo momento en que se causa el impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco elaborado, por lo que, al modificarse oficialmente este, debía modificarse el impuesto a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte, dado que se liquida sobre la misma base gravable del impuesto al consumo(34). Por consiguiente, el cargo no prospera.
En el caso en estudio, el departamento debió imponer la sanción por inexactitud puesto que la demandante omitió ingresos por concepto del impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco elaborado y el adicional de impuesto a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte y esta omisión condujo a un menor impuesto a pagar frente a los dos tributos en mención. Tal omisión de ingresos se evidenció porque la administración determinó que la actora no declaró la totalidad del impuesto causado en el período.
A su vez, la demandante no demostró que las unidades que declaró, sobre las cuales liquidó los impuestos al consumo y a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte, corresponden a las entregadas en fábrica o en bodega con fines de consumo en el período. Tampoco probó que las unidades movilizadas mediante tornaguías hubieran sido entregadas y declaradas en períodos siguientes. Lo anterior corrobora que la actora no probó que hubiera actuado con base en el criterio de la Sala anterior al vigente, y, por ende, no se advierte que exista diferencia de criterio entre esta y el demandado, por lo cual la sanción debe mantenerse.
En consecuencia, la demandante debe reconocer intereses de mora a favor del departamento, de acuerdo con el artículo 269 del estatuto de rentas del departamento del Atlántico(35) que dispone lo siguiente:
Los mayores valores de impuestos, determinados por la administración tributaria departamental en las liquidaciones oficiales, causaran intereses de mora, a partir del vencimiento en que debieron haberse cancelado por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo año o período gravable al que se refiera la liquidación oficial” (resalta la Sala).
Las anteriores razones corroboran que los actos demandados se ajustaron a derecho. En consecuencia, debe revocarse la sentencia apelada y, en su lugar, se niegan las pretensiones de la demanda.
(9) Entre otras providencias, ver auto de 13 de agosto de 1999, Expediente 960; sentencia de 26 de noviembre de 1999, Expediente 9552, C.P. Daniel Manrique Guzmán; sentencias de 24 de octubre de 2007, expedientes 16190, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y 16199, C.P. Héctor J. Romero Díaz.
(10) Expediente 16527, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(12) Entre otras, ver sentencias de 28 de enero de 2010, Expediente 16198, William Giraldo Giraldo; 6 de diciembre de 2012, Expediente 18965, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 27 de septiembre de 2012, Expediente 18247, C.P. William Giraldo Giraldo y 9 de diciembre de 2013, Expediente 19538, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
(14) Decreto 3071 de 1997. Artículo 3º.
(15) Ibídem, artículo 2º.
(16) Folios 205 a 222, c.p. 1.
(17) Folios 42 a 44, c.p. 1.
(18) Folios 244 a 250, c.p. 1.
(19) Estatuto tributario nacional. ART. 691.—”Competencia para ampliar requerimientos especiales, proferir liquidaciones oficiales y aplicar sanciones. Corresponde al jefe de la unidad de liquidación, proferir las ampliaciones a los requerimientos especiales; las liquidaciones de revisión; corrección y aforo; la adición de impuestos y demás actos de determinación oficial de impuestos, anticipos y retenciones (...)”.
(20) Ibídem. ART. 721.—”Competencia funcional de discusión. Corresponde al jefe de la unidad de recursos tributarios, fallar los recursos de reconsideración contra los diversos actos de determinación de impuestos y que imponen sanciones, y en general, los demás recursos cuya competencia no esté adscrita a otro funcionario”.
(21) Entre otras, ver sentencias de 14 de abril de 2011, Expediente 17930 y de 24 de octubre de 2013, expedientes 19676 y 19735.
(22) Artículo 30 del Código Contencioso Administrativo. Garantía de imparcialidad. A los funcionarios que deban realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, se aplicarán, además de las causales de recusación previstas para los jueces en el Código de Procedimiento Civil, las siguientes:
(23) Ver sentencias de 13 de octubre de 2011, Expediente 18280 y de 24 de octubre de 2013, Expedientes 19676 y 19735.
(24) Decreto Ordenanzal 823 de 2003.
(25) Ib. ART. 323.—“Facultad para modificar la declaración privada. La Secretaría de Hacienda Departamental podrá modificar, por una sola vez las liquidaciones privadas de los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, mediante liquidación de revisión (...)”.
(26) Ibídem. ART. 342.—“Competencia funcional de discusión. Corresponde al subsecretario de rentas de la Secretaría de Hacienda fallar los recursos de reconsideración contra los diversos actos de determinación de sumas por pagar por concepto de tributos departamentales o que impongan sanciones y los demás recursos cuya competencia no esté adscrita a otro funcionario”.
(27) http://www.atlantico.gov.co/images/stories/organigramas/pdf/gobernacion.pdf
(28) Decreto 1626 de 1951. ART. 4º—“A partir del 1º de septiembre de 1951 el impuesto sobre consumo de tabaco continuará haciéndose efectivo por los departamentos, Intendencias y comisarías exclusivamente sobre el tabaco elaborado y con aplicación de las siguientes tarifas:
(29) Ley 30 de 1971. ART. 2º—”Establécese un impuesto adicional del 10% sobre el valor de cada una de las cajetillas de cigarrillos nacionales que se expendan al público en todo el territorio nacional”.
(30) Ibídem. ART. 3º—”Cédese a los departamentos, intendencias, comisarías y a Bogotá, Distrito Especial, el producto del gravamen de que trata el artículo anterior, correspondiéndole a cada uno de ellos en la proporción señalada en el artículo cuarto de la presente ley”.
(31) Ley 14 de 1983. ART. 79.—”Sobre el precio establecido en el artículo 74, los cigarrillos de producción extranjera pagarán un impuesto adicional del 10% que se regulará conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1971”.
(32) En Sentencia C-256 de 1995, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Extraordinario 1280 de 1994
(33) En Concepto 30432-03 de 14 agosto 2003, la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda precisó que el impuesto al consumo de cigarrillos nacionales y extranjeros con destino al deporte está vigente y que “ En relación con el artículo 78 de la Ley 181 de 1995, supra, es preciso anotar que cuando este remitía a el Decreto 1280 de 1994, lo hacía en relación con aquellos elementos que, en dicha norma, regulaban lo concerniente al impuesto al consumo de cigarrillos, que posteriormente fueron establecidos por la Ley 223 de 1995, norma que a su vez mantuvo vigente lo establecido por el citado artículo 78 de la Ley 181 de 1995, lo que nos permitiría afirmar que los elementos estructurales del impuesto al consumo establecidos por la Ley 223 de 1995, aplican al impuesto con destino al deporte. Así las cosas, es posible colegir que, desde tiempo atrás, el impuesto con destino al deporte ha estado ligado al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco el elaborado, es así como el hecho generador, causación, base gravable, sujetos pasivos y períodos de declaración y pago son los mismos, difiriendo únicamente en la tarifa”.
(34) En Concepto 30432-03 de 14 agosto 2003, la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda precisó que “el impuesto con destino al deporte ha estado ligado al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco el elaborado, es así como el hecho generador, causación, base gravable, sujetos pasivos y períodos de declaración y pago son los mismos, difiriendo únicamente en la tarifa”.
(35) Ver artículo 634 del estatuto tributario.
Aclaro el voto que di en favor de la sentencia del 27 de marzo de 2014, que revocó la sentencia del 25 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, únicamente para precisar que de conformidad con el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 los departamentos y municipios pueden aplicar sus estatutos tributarios territoriales en tanto estén conformes con el procedimiento previsto en el estatuto tributario para la administración, determinación, discusión, cobro y devoluciones, sin perjuicio de la facultad que tienen para simplificar ese procedimiento, tal como se lo permite la citada disposición. Y de aplicar las normas territoriales precedentes a esa ley, en la medida en que sean compatibles con el estatuto tributario, incluso cuando simplifiquen el procedimiento establecido en ese estatuto, como lo ha precisado la Sala en otras oportunidades.

References: artículo 210
 artículo 211
 artículo 30
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 312
 artículo 323
 artículo 342
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 79
 artículo 2
 artículo 79
 artículo 65
 artículo 59
 artículo 269
 Artículo 3
 artículo 2
 Artículo 30
 artículo 74
 artículo 78
 artículo 78
 artículo 634
 artículo 59