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Todo lo que nunca quiso saber sobre el copago judicial
Iturria: Tamara Fariñas / Diagonalperiodico.net – 2013/04/16
Una guía para no perderse tras la entrada en vigor de la reforma de las tasas judiciales planteada por Justicia.
Desde el mes de noviembre, cuando entró en vigor la Ley 10/2012, ha habido un bombardeo informativo en torno a la cuestión de la aplicación de tasas en procedimientos judiciales que hasta entonces eran gratuitos. Se paralizaron los pagos de tasas por falta de formularios en las instituciones públicas, se detuvieron en algunas comunidades autónomas para evitar duplicidades de liquidaciones, y el Gobierno ha intentado recular en algunas cuestiones concretas, para disminuir la presión a la que el Ministerio de Justicia se estaba viendo sometido. Pero, ¿en qué se ha quedado la aplicación de tasas?
La nueva política de pago de tasas judiciales abre el abanico de pagadores y provoca un incremento del gasto por parte de los ciudadanos. Hasta ahora sólo las personas jurídicas con una facturación de más de diez millones de euros estaban obligadas a pagar las tarifas en procedimientos judiciales. A partir de la nueva ley, las personas físicas con más de 15.000 euros percibidos anualmente tendrán que pagar la misma cantidad que las empresas con facturaciones millonarias.
¿Cuánto pagaremos?
La cuota de liquidación en procedimientos jurídicos oscilará entre los 150 euros en procesos verbales y cambiarios de jurisdicción civil, y los 1.200 para los recursos de casación, tanto en el ámbito civil como en el contencioso-administrativo: unas cuotas muy altas si las comparamos con otros países europeos.
Estarán sujetos a estas tasas todos los procedimientos de jurisdicción de lo contencioso-administrativo, lo social y lo civil –pero no los procesos penales– con algunas excepciones: solicitudes de concursos voluntarios por los deudores, juicios monitorios y demandas de juicios verbales de menos de 2.000 euros, recursos de lo contencioso-administrativo por parte de funcionariado público, recursos de lo contencioso-administrativo cuando sean por silencio o inactividad de la Administración pública, procesos relacionados con la custodia de hijos menores y, por último, procedimientos para la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas. El último real decreto que modificaba esta ley incluye además otras exenciones tarifarias: las separaciones y divorcios llevados a cabo por mutuo acuerdo –los que sean sin acuerdo pagarán una tasa de más de 150 euros–; los procedimientos de desahucios y todos aquellos impuestos por víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos. Además, se han reducido las cuantías en primera instancia, las tarifas en procedimientos laborales para todos los trabajadores –incluyendo a los funcionarios– y las de reclamaciones en materia de consumidores.
Estas nuevas tasas judiciales deberán pagarlas ya no sólo las personas jurídicas –entes, organismos, empresas, etc.– sino que pasan, por vez primera, a ser soportadas también por personas físicas, siempre que se perciban más de 14.900 euros anuales por unidad familiar. Además, reciben una rebaja tarifaria del 60% los trabajadores por cuenta ajena y autónomos que interpongan recursos de casación y suplicación en materia social.
¿Qué se hará con ese dinero?
Sólo en dos casos se procederá a la devolución de las tasas: cuando se alcance una terminación extrajudicial en la que se ahorre parte de los costes, y cuando las tasas son acumulativas. En este último caso, se pagan todas las tasas, Justicia se queda sólo con las de uno de los procesos y se devuelven las tasas correspondientes a los demás.
El Estado pretende, con la imposición de estos aranceles, recaudar fondos para, según explican, mantener la asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, para esto han tenido que acudir a un sistema de pago utilizado durante el Franquismo, y que ya había sido derogado en los ‘80.
Etiquetas: Gallardon, gobierno de españa, Justicia, privatización, tasas
Las personas sin familia no tendrán acceso a la justicia gratuita si ganan más de 1.065 euros al mes
Iturria: Eva Belmonte / lamarea.com – 2013/02/23
El Real Decreto-Ley sobre las tasas judiciales aprobado ayer en Consejo de Ministros aumenta además, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, los beneficiarios del servicio de justicia gratuita. Así, podrán utilizar este servicio, independientemente de su renta, víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de personas; menores y discapacitados que denuncien un abuso o maltrato y heridos graves en accidente de tráfico que queden en situación de discapacidad. Además, el Gobierno modifica los umbrales de renta máximos que permiten a un cuidadano hacer uso de este derecho. Según las palabras de Santamaría y de algunos medios, ese tope de ingresos se eleva y más personas pueden acceder. Pero esto no es del todo cierto.
Así, este cambio en los cálculos de renta perjudica a aquellos que no estén integrados en una unidad familiar, cuyo umbral ha bajado de los 1.290,6 (dos veces el SMI) a 1.065,02 euros mensuales (dos veces el IPREM). Las personas que pertenezcan a una unidad familiar sí verán aumentado el tope de ingresos que no pueden superar para acceder. Por ejemplo, el de una familia de tres miembros pasa de 3.871,8 euros mensuales (dos veces los 645,3 euros del SMI para 2013 multiplicado por los 3 miembros) a 3.993,8 (2,5 veces los 532,1 euros del IPREM x 3). En el caso de una familia de, por poner otro ejemplo, de cinco miembros, el tope sube desde los 6.453 euros mensuales (2 x 645,3 x 5) a 7.987, 65 euros (3 x 645,3 x 5).
Eva Belmonte es autora de elboenuestrodecadadia.com
Etiquetas: derechos, Gallardon, Justicia, murrizketak, PP, recortes, tasas
Doble rasero en la persecución del fraude
Iturria: Olga Rodríguez / eldiario.es – 2013/02/04
Siempre se ha dicho que hay una justicia para pobres y otra para ricos. En determinados sectores sociales existe un consenso que disculpa más fácilmente a un rico que defrauda a Hacienda cantidades elevadas que a una persona económicamente humilde que, para vivir dignamente, obtiene ayudas públicas de forma fraudulenta. Ya se sabe que incluso la normativa existente allana el camino para que los que más recursos tienen puedan pagar menos impuestos.
Hay leyes que ejemplifican esta doble vara de medir. Según varios abogados consultados por eldiario.es, este es el caso de la reforma del Código Penal en materia de lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, y en concreto el artículo 307 ter., que sanciona las actuaciones fraudulentas contra acciones protectoras de la Seguridad Social. Sus disposiciones han entrado en vigor el 17 de enero de este año.
El abogado Alejandro Gámez Selma, de la Asociación Libre de Abogados, ha elaborado un texto que denuncia una serie de particularidades del mencionado artículo:
“Lo fundamental es que no existe una cuantía mínima para su comisión, frente a otros casos en los que sí se establece. Además, el tipo agravado surge en los fraudes superiores a 50.000 euros, mientras que en los delitos contra la Hacienda Pública no se establece hasta los fraudes superiores a 600.000 euros”, indica en conversación con este diario.
Es decir, a diferencia del fraude contra la Hacienda Pública, estatal, autonómica o local, que tiene que alcanzar los 120.000 euros de cuota defraudada para tipificarse como delito y castigarse con pena de prisión, este delito de defraudación a la Seguridad Social por disfrute indebido de prestaciones se -desempleo, pensión, invalidez, etc.- castiga desde el primer euro percibido ilegalmente, con una pena que va desde multa equivalente a lo defraudado hasta tres años de prisión.
Además, el tipo agravado para el fraude en prestaciones a la Seguridad Social se establece si el valor de las ayudas cobradas ilícitas es superior a 50.000 euros, con una pena de 2 a 6 años de cárcel, mientras que el tipo agravado para el fraude a Hacienda tiene que alcanzar los 600.000 euros para idéntica pena, o bien ser cometido “en el seno de una organización criminal”, o empleando “entes interpuestos”, “instrumentos fiduciarios” o “paraísos fiscales”.
Por si fuera poco, el cálculo de la cantidad defraudada en caso de delito contra la Hacienda Pública se realiza por cada ejercicio impositivo, mientras que en el caso de los delitos contra la Seguridad Social por percepción indebida de prestaciones se suman todas las cuantías defraudadas en los últimos cuatro años naturales.
Un doble rasero
Es decir, que si alguien cobra desde hace cinco meses 800 euros de la prestación por desempleo y desde hace tres meses trabaja en B con un sueldo mensual de 500 euros, está cometiendo un delito (Juzgado en sede penal), será castigado con una pena de multa con un mínimo equivalente a lo defraudado y un máximo seis veces mayor, podría exponerse a penas de cárcel de hasta 3 años -ya que la ley no especifica a partir de qué cuantía se aplica cárcel-, perderá la posibilidad de obtener subvenciones y el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 3 a 6 años y quedará marcado con antecedentes penales.
Además, si el valor de las prestaciones cobradas fuera superior a 50.000 euros constituiría lo que se denomina tipo agravado, que conlleva una pena de dos a seis años de prisión y no tendría derecho a subvenciones o beneficios fiscales durante un periodo de cuatro a ocho años.
Sin embargo, si una constructora no ha declarado unas plusvalías en la venta de unos terrenos por las que debería haber ingresado a Hacienda cada año 110.000 euros -440.000 en cuatro años- solo habrá cometido una infracción administrativa.
Gámez Selma lo explica con estos y otros ejemplos:
a/ Nuria tiene varios pisos en propiedad alquilados y productos en mercados financieros por los que debería haber ingresado 80.000 euros a Hacienda, pero no lo ha hecho. Tampoco lo hizo en los tres años anteriores. Son por tanto 320.000 euros que ha dejado de pagar en cuatro año.
b/ Manuel no dijo hace tres años que se había operado con éxito del hígado, pues tenía una enfermedad que le incapacitaba parcialmente. De ese modo siguió cobrando una prestación por incapacidad de 450 euros al mes. Le han pillado ahora, cuando lleva defraudados 16.200 euros al Estado.
Manuel está cometiendo delito y podría ser castigado con penas de cárcel. Sin embargo, Nuria solo ha cometido una infracción administrativa.
“Se sanciona gravemente, en sede penal, comportamientos rayanos en el estado de necesidad mientras se sobreprotege el enriquecimiento ilícito de las altas rentas derivadas de la propiedad privada”, subraya el letrado Gámez Selma.
En su Exposición de motivos, la ley reformada indica que su finalidad es luchar contra tramas organizadas. “Sin embargo, castiga cualquier fraude en la prestación para uno mismo, sin una cuantía mínima de defraudación”, advierte Jesús Rodríguez Alcázar, magistrado de lo Social nº 1 de Granada. Y relata:
“Hace poco tuve un par de casos relacionados con prestaciones no contributivas. Para que una persona pueda cobrar este tipo de prestaciones su familia tiene que tener un tope de ingresos. Puede que al cabo de un tiempo alguien de la familia reciba una paga extraordinaria y se supere ese tope. Quien recibe la prestación tiene entonces que comunicarlo, pero a veces la gente se olvida, o está mal informada y por eso no lo hace. Hasta ahora lo que ocurría es que se le reclamaba la cantidad y se interrumpe la prestación. Ahora esto se convierte en delito, muchísima gente será castigada por vía penal, aunque haya actuado de forma inconsciente. Y así conductas que no revisten gravedad son delito y además supondrá más trabajo para los juzgados de lo penal”.
“Si comparamos este castigo con el límite establecido para los fraudes a la Hacienda, la desproporción es evidente”, añade el juez.
Doble vara de medir también a la hora de regularizar
Hay otras cuestiones llamativas: Tanto el fraude a la Hacienda Pública como a la acción protectora de la Seguridad Social dejan de ser perseguibles si el autor regulariza su situación antes de conocer la existencia de un procedimiento administrativo o penal dirigido contra él por estos hechos, pero en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública se prevé que la confesión y devolución de la cantidad en los dos meses siguientes a la citación del defraudador como imputado en el proceso penal permita al Juez rebajar la pena en uno o dos grados.
Esta posibilidad no es contemplada para aquél que defraude a la Seguridad Social cobrando indebidamente sus prestaciones.
En la práctica, esto puede vulnerar el principio de igualdad ante la ley.
“Esto supone una criminalización de la pobreza justo en tiempos de carencia, ya que precisamente los ciudadanos en condiciones más necesitadas son potencialmente los principales afectados por esta nueva sanción”, denuncia Gámez Selma.
“Este doble rasero a la hora de sancionar constituye un reconocimiento explícito y sangrantemente vergonzoso de la permisividad y tolerancia de la corrupción por los agentes públicos, en particular de la corrupción de los más acaudalados, es decir, ese porcentaje de ciudadanos y sobre todo empresas que pueden permitirse tener ingresos o beneficios tan altos que la normativa fiscal les imponga el pago de cuotas tan altas como 120.000 euros sin ser siquiera amonestados penalmente por ello”, añade.
De la misma opinión es Sebastián Martín, profesor de la Facultad de derecho en la Universidad de Sevilla, especialista en historia del derecho penal contemporáneo:
“El artículo no cumple con las exigencias mínimas de seguridad jurídica, otorga a los jueces un poder de disposición sobre las penas propio de un régimen penal autoritario y además incurre en prácticas deleznables aludiendo a las ‘circunstancias personales del autor’ como un elemento decisivo para ponderar la gravedad del fraude, cuando a este respecto habría bastado con una clasificación puramente numérica de las cantidades defraudadas, como ocurre en el caso del delito contra la Hacienda Pública”, señala Martín a eldiario.es
“Hay una justicia para ricos y una para pobres. Frente a casos como el de Bárcenas, vemos cómo alguien es condenado a penas cárcel por haber robado unos cartones de leche. Siempre pagan los de siempre. En este caso, evidentemente se debería haber establecido una cuantía mínima exenta de delito, como la hay en otros casos. No creo que sea intencionado, sino más bien fruto de las típicas chapuzas a la hora de legislar”, señala el abogado Gonzalo Boye, especializado en derecho penal.
“Este delito sanciona a las personas que más necesidad tienen, es decir, a las más vulnerables, que han tenido acceso a una prestación o han estado muy cerca de tenerla”, explica Gámez Selma.
“La discriminación es doble respecto del delito de defraudación de impuestos. Por un lado, objetiva, ya que se castiga como delito desde el primer euro defraudado. Y por otro lado, subjetiva, ya no que no tiene en cuenta las diferentes necesidades del defraudador, por ejemplo, si alguien tiene cargas económicas es posible que se vea obligado a aceptar trabajos en B. Dicho de otra manera: quien roba por hambre es menos ladrón que otros, a los que, sin embargo, se les castigará menos”, añade.
“La base de la reforma del Código Penal supone la violación por parte del Legislador del principio de intervención mínima o ultima ratio del derecho penal. Esto significa que cuando existe la posibilidad de sancionar una conducta por medio de otros órdenes jurisdiccionales, menos lesivos para los derechos de las personas, debe optarse por ellos y dejar el derecho penal para los casos más graves que merecen un reproche social más severo, como es la pena de privación de libertad”, indica la abogada Lorena Ruiz-Huerta, especialista en derecho penal.
“Por pequeña que sea la cantidad de la prestación que se reciba (por ejemplo, del subsidio de desempleo), se cometerá el delito, si para obtener la prestación se han simulado o tergiversado los hechos, o se han ocultado conscientemente, provocando error en la Administración. Este tipo básico está castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años”, ha indicado el abogado Jordi Tirvió en una publicación jurídica reciente. Y añade:
“Evidentemente, estos conceptos deberán ser delimitados por los Tribunales, pero lo que es seguro es que nos espera un largo período de inseguridad jurídica, circunstancia agravada por el hecho de que, por la pena asignada al delito, la mayoría de asuntos serán juzgados en primera instancia en los Juzgados de lo Penal y el proceso finalizará con el recurso de apelación ante las distintas Audiencias Provinciales, lo que dará lugar a abundantes resoluciones dispares”.
En definitiva, una persona que defraude a la Hacienda Pública 110.000 euros -una cifra que desvela que dispone de una cantidad importante de dinero- se verá sancionada con una infracción administrativa. Alguien que cobre, sin tener derecho a ello, el subsidio del desempleo o cualquier otra mínima prestación corre el riesgo de ser castigada con pena de cárcel aunque el fraude haya sido de 400 euros. Es sin duda una doble vara de medir que provoca discriminación.
Que la ley condicione la decisión del juez a “las circunstancias personales del autor” del fraude o que cree un concepto jurídico indeterminado con la expresión “que no revistan especial gravedad” para atenuar el castigo de cárcel supone además una ambigüedad que generará inseguridad jurídica y perjudicará a los más débiles, en un momento en el que crece el número de personas que pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Etiquetas: derechos sociales, España, Gallardon, Justicia
Iturria: Esther Vivas / Público.es – 2012/12/19
Etiquetas: Derechos Humanos, derechos sociales, Esther Vivas, Gallardon, Justicia
Gallardón, un ministro contra la Justicia y los jueces
Iturria: Joaquim Bosch – Magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia / eldiario.es – 2012/11/29
Recientemente se concentraron cientos de jueces y fiscales ante la sede del Ministerio de Justicia para protestar por la grave situación de la Administración de Justicia. Lo mismo ocurrió ante las sedes judiciales de las principales ciudades del país. La convocatoria partió de todas las asociaciones de forma unitaria en un hecho histórico y sin precedentes. Es una muestra clara de que la gestión del ministro Gallardón ha conseguido generar un amplio malestar en todos los sectores de la Justicia.
Sin embargo, a pesar del creciente descontento, el ministro ha sido incapaz de abrir espacios de diálogo o líneas de negociación para buscar soluciones a las carencias estructurales de nuestro sistema judicial. Al contrario, ha optado por mantener sus visiones exclusivas, así como por remitir de forma unilateral sus proyectos de ley al Parlamento, con la convicción de que disponer de mayoría absoluta significa tener la razón absoluta. Ante semejante actitud, todas las asociaciones de jueces y fiscales hemos acordado considerar que el ministro Gallardón ha dejado de ser un interlocutor válido, por lo que hemos solicitado directamente una reunión al presidente del Gobierno para intentar solventar las graves carencias existentes en la Administración de Justicia.
Sería aventurado afirmar que el ministro no asume iniciativas. Casi siempre a golpe de titular, para obtener la proyección pública que cree merecer. A menudo con propuestas populistas que actúan sobre los resortes emocionales de la población, como en su proyecto de reforma para endurecer el Código Penal, en el país europeo con más presos por habitante. En muchas ocasiones con propuestas con olor a naftalina, como su intención de criminalizar a las mujeres que aborten, incluso en los supuestos de malformación del feto, lo cual nos transporta a los oscuros tiempos del régimen anterior. Todo este barullo de iniciativas inconexas escenifican la falta de un proyecto serio para modernizar nuestro sistema judicial.
Y ello es así porque nuestra Administración de Justicia necesita más jueces, para no seguir a la cola en el ámbito europeo. Pero el ministro ha congelado la creación de plazas judiciales. Porque la sobrecarga de trabajo imposibilita un tramite eficaz de los procedimientos. Pero el ministro va a retirar a 1.200 jueces sustitutos, para recortar 20 millones de euros, lo cual provocará un mayor colapso judicial que perjudicará a la ciudadanía. Porque resulta necesario el acceso a los tribunales en condiciones de igualdad. Pero el ministro ha aplicado unas tasas judiciales que limitan el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que beneficiarán a los sectores más privilegiados y expulsarán del acceso a los juzgados a gran parte de las clases medias y de la clase trabajadora. Porque tenemos un sistema procesal injusto que concede privilegios a los bancos en perjuicio de los ciudadanos que no pueden pagar sus hipotecas. Pero el ministro no se plantea ninguna reforma legal y opta por un tipo de moratoria insuficiente que no va a resultar aplicable a la mayoría de los afectados. Porque este país necesita un poder judicial fuerte para que pueda controlar los abusos en determinados ámbitos. Pero el ministro impulsa proyectos que atentan contra la independencia judicial. Hay razones más que suficientes para entender que el ministro Gallardón no es capaz de resolver los graves problemas de la administración de justicia. Los jueces y los fiscales necesitamos otro interlocutor.
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No a las tasas judiciales: “Justicia para quien pueda pagársela”
Iturria: Verónica del Carpio / periodismohumano.com – 2012/11/09
Verónica del Carpio -Abogada desde 1986 y profesora de Derecho Civil UNED desde 1992
Este martes 13 de noviembre está prevista la aprobación en el Senado de la reforma de la Ley de Tasas Judiciales, que va a hacerlas extensivas a todas las personas físicas y PYMES en los órdenes Civil, Contencioso-Administrativo y Social.
Todas las asociaciones de jueces y fiscales, abogados, secretarios judiciales, los procuradores, la OCU y organizaciones de consumidores, todos los partidos de la oposición han pedido la retirada de la reforma que condenaría a importantes sectores de la sociedad a no poder asumir los costes de una defensa legítima.
Los Colegios de Abogados han convocado concentraciones de protesta ante las sedes judiciales el próximo lunes 12 a las 12 de la mañana en varias ciudades contra esta subida de tasas por las que, por ejemplo, cualquier extranjero que quiera recurrir una expulsión, tendrá que pagar 200€ de tasa. Y si la sentencia es desfavorable y decide apelar al Tribunal Superior de Justicia, la tasa es de 800€.
Nota: Cuando nos pusimos en contacto con la abogada Verónica del Carpio para publicar su artículo nos contestó con estas elocuentes palabras que con su permiso reproducimos a continuación:
“Pueden ustedes reproducir ABSOLUTAMENTE TODO, tanto lo de mi blog como lo escrito por mí y lo co-escrito con el Prof. de la Oliva en el Blog jurídico hay Derecho (enlaces en mi propio blog). Llevamos DOS MESES intentando que se nos escuche, han sido incontables los intentos dirigidos a los medios de comunicación para se hagan eco y con una dejación imperdonable de su responsabilidad como Cuarto Poder, nuestros intentos han sido baldíos. No ha salido ni una noticia, ni un reportaje, ni una entrevista, ni un editorial en ningún periódico nacional, ni en TV. La responsabilidad de los medios por esta omisión es GRAVÍSIMA, y todo lo que ayude a la difusión de este atropello se lo agradecerán la ciudadanía y el Estado de Derecho”
Ya están incluidas las tasas judiciales en los presupuestos generales del Estado de 2013 en tramitación parlamentaria las partidas correspondientes, dándolo por lo visto como cosa hecha y contando ya con ese ingreso (306.091.000 euros, al parecer, que a quien esto firma le gustaría mucho saber cómo se han calculado, aparte del ojo de ¿buen? cubero). Y ello pese a que todos los grupos parlamentarios de oposición han pedido la retirada del proyecto de tasas judiciales con rechazo frontal y categórico, y en los mismos términos tajantes TODAS las asociaciones de jueces y fiscales, los abogados en masa, los secretarios judiciales, los procuradores, la OCU y numerosas asociaciones de consumidores que anuncia que el proyecto es el fin de la protección del consumidor, e innumerables juristas e instituciones [pinche aquí para ver lista de rechazos y movilizaciones], y que no consta ni una sola opinión favorable al proyecto.
Con las enmiendas del PP se trata únicamente de
* ampliar aún más las exenciones de pago de tasas a más organismos públicos, por si fueran pocas las exenciones en favor del Estado previstas en el proyecto. Por lo visto no era suficiente desigualdad que el Estado, las Comunidades Autónomas, más organismos y el Fiscal ya estuviera previsto en el proyecto que no pagaran tasas cuando litigaran contra un particular, y éste sí.
* y eliminar tasa en esta ridícula lista de casos, cuya lectura produce estupor:
casos de reclamación contra el Estado por silencio administrativo. Qué menos; cuando el Estado ni siquiera contesta a las reclamaciones y hay que irse al juzgado para conseguir un sí o un no, todavía se pretendía que quien demandara pagara tasas. Sin comentarios.
casos en el que en un mismo pleito se reclaman varias cosas; en vez de sumarse las tasas por cada pretensión, que ya era inconcebible, se dice que solo se tendrá en cuenta una de las pretensiones; bien, pero por lo visto de igual que la tasa siga llegando de todas formas a MUCHOS centenares y MILES, repito MILES de euros.
pequeños monitorios inferiores a 2.000€. Los monitorios son un tipo muy concreto de reclamación judicial de cantidad. Pero se mantienen las tasas en absolutamente TODO el resto de reclamaciones de otro tipo de pequeña cuantía que no encajen en monitorios, que son la inmensa mayoría, como todos los temas de Derecho del Consumo. Que se mantenga ese criterio es magnífica noticia para las empresas que sistemáticamente abusan de los consumidores.
interposición de recursos contenciosos-administrativos por funcionarios públicos en temas de personal. Solo interposición, no los posteriores recursos ni vicisitudes. Y por la información disponible parece que interinos y otras figuras no funcionariales sí pagarían tasas; si así fuera, es “lógico” en momentos en que la Administración están desprendiéndose de tanto personal.
y ejecución de títulos extrajudiciales (simplificando para no juristas, pedir al juzgado que haga cumplir lo que recojan determinados documentos no judiciales, como un acuerdo entre dos partes con determinadas formalidades); algo estadísticamente residual.
Por tanto, tras las enmiendas presentadas en el Congreso por el PP a su propio proyecto, puramente anecdóticas, SEGUIMOS EXACTAMENTE EN EL MISMO PUNTO que antes de esas enmiendas: ante un ataque frontal contra el Estado de Derecho.
La figura legal de la temeridad está precisamente ya prevista en nuestro ordenamiento para definir y sancionar a quien abusa y demanda o recurre sin ninguna razón; es el propio juez que resuelve el pleito quien puede declarar esa temeridad cuando la hay. El proyecto insiste en que se trata de evitar abusos, pero NO es cierto que sea esa su finalidad; si así fuera realmente se pretendería que pagaran las tasas solo el temerario y cuando sea declarado tal por el mismo juez en el pleito al ser condenado en costas. Que se impusieran las tasas solo a los temerarios era la propuesta de los mayores expertos en Derecho Procesal, a la que se ha hecho caso omiso. Porque la realidad es que se pretende que pague tasas desorbitadas y disuasorias CUALQUIERA que se vea metido en pleitos, y sea cual sea la capacidad económica (todos aquellos que ganen más de la “elevada” suma de 1.100€/mes en el conjunto de su unidad familiar),con el PRETEXTO de que unos pocos pleitean sin ninguna razón. LA FINALIDAD ES PURAMENTE RECAUDATORIA y DISUASORIA, pero no para los querulantes -los que patológicamente demandan sin motivos-, SINO PARA LOS MÁS DÉBILES.
Se mantiene la pretensión de que se inadmitan los escritos que no acompañen justificante del abono de tasa; sin más se pretende que quien no tenga los cientos o miles de euros que pretenden imponerse [pinche aquí para ver ejemplos concretos] se quede directamente sin demanda o sin recurso, sin posibilidad alguna de acreditar si sus medios económicos le impiden o no pagar. Ello va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencia caso Kniat), que obliga a permitir que el justiciable pueda acreditar si puede pagar o no una tasa judicial.
Se hace caso omiso a la circunstancia de que ya hay tasas judiciales autonómicas módicas y con muchas exenciones en Cataluña, e inminentes en Comunidad Valenciana; tasas autonómicas que SE SUMARÁN a las estatales, y mientras se resuelve la cuestión de cuál de las tasas sobra, los ciudadanos se verán obligados a pagar dos tasas o a perder irremisiblamente su derecho a demandar o a recurrir. Y esas dobles tasas afectan a quienes LITIGAN en Cataluña o Valencia, no a los ciudadanos de esas Comunidades; usted, ciudadano de Betanzos, Segovia o Tenerife, también puede verse fácilmente en la situación de pagar esa doble tasa por las muchas circunstancias que imponen las leyes procesales que establecen que un pleito se tenga que tramitar en un sitio y no en otro; por ejemplo, si su deudor se traslada allí , o si allí tiene usted su apartamento en la playa, o si estando de paso ha sufrido allí el accidente. Dos conflictos de competencias en momento nada oportuno, e indefensión masiva para los justiciables que litiguen en esas zonas mientras se resuelve.
Y por tanto los ejemplos de cálculo que estamos difundiendo en este blog SIGUEN APLICABLES. Por favor, lector, dedique un minuto a leerlos [pinche aquí] y sabrá de qué monstruosidad se trata. El sistema que se pretende es una tasa fija SUMADA A una tasa variable, con unas pocas excepciones contadas en temas de Familia que quedan exentas y algunas reclamaciones pequeñas “solo” con tasa fija.
SE SIGUE PRETENDIENDO QUE PAGUEN TODAS LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS: las físicas siempre que sus ingresos por unidad familiar superen los 1.100€/mes (doble del IPREM, el límite para tener derecho a justicia gratuita). Vuelvo a decirlo porque es importante que tengan claro que es FALSO que se trate de “actualizar tasas”: ahora sólo pagan tasas, y muy pequeñas, grandes empresas de elevada facturación; no personas físicas y no PYMES, y además en muchas menos actuaciones. Repito, LO QUE AHORA SE PRETENDE ES IMPONER ESPELUZNANTES TASASNUEVAS, porque solo se “actualiza” cuando antes hay algo, y ahora no hay tasas ni para personas físicas ni para PYMES.
SE SIGUE PRETENDIENDO QUE SE PAGUEN LAS TASAS SIN GRADUAR POR CAPACIDAD ECONÓMICA. Que pague lo mismo una persona que gana 1.200€/mes y con eso mantiene a su familia, que una PYME, una multinacional o un supermillonario. Y por si fuera poco si se tiene enfrente al Estado, éste no paga tasas; y si se tiene enfrente a una empresa, ésta se deduce la tasa como gastos deducible, y el particular no. Decir que da lugar a desigualdad y discriminación es obvio.
SE SIGUE PRETENDIENDO MANTENER LA TASA VARIABLE ASESINA, y disculpe el lector que haya que recurrir a estas expresiones nada jurídicas en un blog jurídico para transmitir gráficamente la gravedad de la situación. O quienes redactaron el proyecto, y quienes quieren que no se cambie, ignoran qué es la “cuantía procesal” sobre la cual el proyecto pretende fijar un increíble 0,5% que se suma a la tasa fija de todas las instancias, y que da lugar a cantidades de MILES DE EUROS, o no se han molestado en echar mano de una calculadora [por favor, lean los espeluznantes ejemplos]. La inmediata retirada de la tasa variable que se pretende que se sume a la tasa fija había sido pedida, entre otros muchos, por ilustres expertos en Derecho Procesal.
SE SIGUE PRETENDIENDO QUE LAS DESMESURADAS TASAS FIJAS PERMANEZCAN IGUALES; nada de rebaja de las elevadísimas fijas de 1.200, 800, 750, 500, 300€, según los casos, que se SUMAN a las variables. La drástica rebaja de las tasas fijas había sido pedida, entre otros muchos, por ilustres expertos en Derecho Procesal.
Y NADA DE AMPLIAR EXENCIONES POR PERSONAS O MATERIAS DE PAGO DE TASAS, QUE QUEDAN IGUAL, SALVO, oh sorpresa, PARA AMPLIAR más aun EN FAVOR DE MÁS INSTITUCIONES DEL PROPIO ESTADO. Ni siquiera se excepcionan casos sangrantes como impago de pensiones compensatorias o Derecho Laboral.
Con este proyecto, ANTES Y DESPUÉS de estas insignificantes enmiendas del PP, 11.300€ tendrían que haber pagado al Estado de tasas unos padres que reclamaron 600.000€ de indemnización para su hija con gravísimos daños cerebrales causados por una negligencia médica en un parto, y a los que solo dieron la razón en el Tribunal Supremo (sentencia de 23-12-2002). Primera instancia, 3.300€; apelación 3.800€; casación 4.200€.; tasa de ejecución aparte. Vuelvan a leer: 11.300€, y eso aunque el demandante que malviviera, él y su familia, con poco más de 1.100€/mes y no tiene derecho a justicia gratuita, llegue a un acuerdo con su abogado para pagarle cuando cobre y si cobra, o le lleve gratis el pleito un amigo abogado.
Y con este proyecto, ANTES Y DESPUÉS de estas insignificantes enmiendas, un trabajador que litigue contra su empresa, o un enfermo crónico que reclame una incapacidad laboral frente a la Seguridad Social tendrá que pagar 500€ por recurrir en suplicación una sentencia desfavorable, más el 0,5% de lo que reclame, y 750€ más el 0,5% si quiere recurrir en casación. Si es un despido, 500€ más el 0,5% de la suma de la indemnización más los salarios de tramitación. ¿Que la sentencia ha dado la razón al trabajador o pensionista? La empresa y el Estado tendrán otra segunda oportunidad en un recurso, que la empresa se deduce la tasa como gasto, y el Estado no la paga. ¿Que la sentencia ha sido desfavorable al trabajador o pensionista? Si puede pagar esas cantidades tendrá dos oportunidades; si no, se quedará con la sentencia desfavorable.
¿Justicia de dos velocidades? No: Justicia para quien pueda pagársela, y ninguna para el que no pueda. Eso no es Estado de Derecho. Ni los jueces que saben bien que con esto se quitarán mucho trabajo de encima, pero a la inadmisible costa de la indefensión de millones de ciudadanos, apoyan esta barbaridad. TODAS las asociaciones de jueces y fiscales se han pronunciado en contra, y los secretarios judiciales, y los abogados. Y si quiere el lector leer la opinión concreta de algunos jueces, pinche aquí y aquí.
Ejemplos prácticos de cómo va a afectar la reforma de las tasas
Se pretende que pague CUALQUIER PERSONA FÍSICA O JURÍDICA, SEA CUAL SEA SU NIVEL DE INGRESOS, en todas las jurisdicciones, excepto penal (¿por ahora o más adelante volveremos al preconstitucional sistema de tasas por asuntos penales?). Exenciones previstas en el proyecto al pago: básicamente el Estado en todas sus formas y los que tengan derecho a justicia gratuita (en personas físicas, las que tengan ingresos por unidad familiar superiores al doble del IPREM , es decir, 532,51€ X 2, aprox. 1.100€/mes para año 2012. No se gradúa por capacidad económica: cualquier familia que gane, en su conjunto de unidad familiar más de aprox. 1.100€/mes. Ha leído bien: si su unidad familiar supera de ingresos 1.100€/mes –es usted un gran potentado- TENDRÁ QUE PAGAR LAS CANTIDADES que se indican abajo como ejemplo, MILES DE EUROS por pleitos normales y corrientes, en el mismos importe que una familia supermillonaria o que una multinacional. Exenciones por materia: unas pocas cuestiones en Derecho de Familia. Basta leer los ejemplos para comprobar que en pleitos cotidianos resultan unas tasas desorbitadas e inasequibles, y en asunto de pequeña cuantía (multas, Derecho del Consumo) las tasas son directamente disuasorias porque llegan a doblar, e incluso más que doblar, los importes reclamados. ADEMÁS se fija un límite a la tasa de 10.000€ por actuación, por lo que los grandes pleitos en los que estén en juego cientos de millones de euros de euros entre la multinacional A y el multinacional B costaránapenas un poco más que la demanda que interponen los padres de un niño que sufre graves daños cerebrales por una negligencia médica y reclaman una indemnización contra el hospital. Y por si fuera poco las empresas se quitan las tasas como gastos fiscalmente deducibles y el particular no.
Estimado lector, jurista o no jurista, no crea a quienes dicen que el proyecto es una simple “actualización de tasas” o una “subida”, porque es FALSO, y me cuesta decirlo así de claro. Ahora solo hay tasas estatales muy módicas para determinadas personas jurídicas mercantiles (grandes empresas de elevada facturación) en casos concretos, JAMÁS para personas físicas, y nunca en jurisdicción laboral, y no lo digo yo, lo dice el informe del propio CGPJ arriba mencionado. Y no crean tampoco lo que se dice de que con estas tasas se quiere financiar la justicia gratuita, no solo porque no tiene nada que ver -el Decano de un Colegio de Abogados califica de “perverso” que se quiera vincular una cosa a la otra- y porque la Ley de Tasas no lo permite, sino porque asombra que pueda sostenerse en serio que los que ganan un euro más de los 1.100 aprox. tengan que financiar a los que ganan un euro menos el derecho CONSTITUCIONAL a la justicia gratuita que debe garantizar el Estado en todo caso, le guste al legislador o no, y encima a costa de perder su propio derecho a la tutela judicial efectiva.
Que el lector jurista o no jurista lea estas cifras y piense si él o su familia o sus amigos, por muy buen trabajo que ahora tengan, estarían en condiciones de pagar estas tasas. Porque seguro que no lo estarán millones de ciudadanos de clase media (¿es clase media la familia que sea cual sea el número de sus miembros sobrevive con 1.100€/mes?); y el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza frontalmente, que las tasas judiciales opongan barreras infranqueables de acceso a la Justicia por motivos económicos; la jurisprudencia constitucional española y la europea son CLARÍSIMAS. Y piense también, lector, si le parece de recibo, porque constitucional por supuesto no es, que el Estado pretenda que se pague de tasa por un pleito más que lo que se reclama.
Y el lector que tenga en cuenta que ADEMÁS, hay YA tasas judiciales autonómicas, módicas en Cataluña (si es módico 120€ por cualquier pleito civil normal y corriente), en vigor desde hace poco, e inminentes en Comunidad Valenciana, que se SUMARÁN a las estatales. Y usted, lector, si cree que no le afecta la doble tasa porque vive en otro sitio, se equivoca por completo:puede verse obligado a demandar o ser demandado en Cataluña o Valencia por muchos motivos, los que marcan las leyes procesales que no permiten demandar donde se quiera, sino donde corresponda: ejemplos entre muchos, si quien le debe dinero, con quien ha firmado el contrato o le causa el perjuicio reside allí o se traslada allí, o si es allí donde tiene usted el accidente o donde es propietario de un apartamento en la playa.
Empezamos con ejemplos por sectores: laboral, civil, contencioso-administrativo.
En laboral, es sencillo: se pretende que se pague por recurrir una sentencia desfavorable (en suplicación, 500€; en casación, 750€, más el 0.5% de lo que se reclame, que si se trata de un despido es la suma de la indemnización solicitada más los salarios de tramitación, saque usted calculadora), cualquier persona física o jurídica que recurra, O sea, el trabajador despedido, quien recurre la denegación de un subsidio por desempleo o la calificación de incapacidad frente a la Seguridad Social, etc. El Estado no pagaría tasas y la empresa sí, pero para la empresa es gasto deducible; por tanto el trabajador o pensionista tendrá una oportunidad de ganar su pleito y su contrario, Estado o empresa, dos, porque dispondrá de dos instancias. Magnífico planteamiento; o reforma laboral encubierta.
Sigamos con ejemplos en jurisdicción civil.
Se incluyen ejemplos de DEMANDAS por el llamado “juicio ordinario”, que es la regla; hay otro tipo de juicios, como el verbal, básicamente para reclamaciones inferiores a 6.000€, en muchos de los cuales ni siquiera es preceptivo abogado o procurador, en los que la tasa es fija, 150€, y por tanto disuasoria para las reclamaciones de pequeña cuantía, que son la mayoría de Derecho de Consumo. Al coste de la demanda habrá que AÑADIR las posteriores vicisitudes procesales (recurso de apelación contra sentencia desfavorable, tasa fija 800€ y recurso de casación, tasa fija 1.200€ más en ambos casos el 0.5% de la cuantía procesal; tasa por solicitar la ejecución de una sentencia favorable se desconoce porque el proyecto no lo menciona pero técnicamente podría entrar también el mismo apartado demandas, etc.). La tasa por la apelación y por la casación son TAMBIÉN las mismas para personas físicas y jurídicas, incluso para empresa multinacional o un millonario; así que mejor que no tenga usted pleitos con los poderosos, porque ellos dispondrán de la oportunidad de otros tribunales sucesivos pero si usted no puede conseguir los 800€ mínimo para tasa en los pocos días que la ley concede apara apelar, se tendrá que aguantar con lo desfavorable que por mala suerte dictó el juzgado de primera instancia, por mucho que le diga su abogado que esa resolución no coincide con los criterios de la Audiencia Provincial.
Más aún, y esto ya es espectacular, se pagará TAMBIÉN incluso si uno NO DEMANDA, pero es demandado por quien sea y para defenderse se ve obligado a su vez a contraatacar. En todo lo que no sea la petición de que se desestime la demanda, la llamada “reconvención” el demandando-reconviniente, que NO ha buscado el pleito, tendrá que pagar las mismas cantidades que si hubiera demandado, conforme a las cuantías que se indican a continuación.Ejemplo: la constructora A reclama al consumidor B tal cantidad por el precio aplazado de un contrato de compraventa de piso y B, que ya había dado por perdida la entrada que entregó en su día, ahora para evitar la condena al pago del resto tiene necesariamente que solicitar la resolución del contrato porque el piso no tenía licencias, y pagar de tasa como si demandara.
Sistema en civil: en todo “juicio ordinario”, el mas frecuente, se pretende establecerun fijo de 300€ más un variable del 0.5% por demanda (o por reconvención) que se calcula sobre la llamada “cuantía procesal”, es decir, atención, el valor económico que la propia ley procesal asigna al pleito, y ese mismo 0.5% se añade a las tarifas fijas por apelación, casación, todas ellas por supuesto con su correspondiente 0,5% de variable. El resultado de la aplicación de la tasa en demandas (300€ de fijo más 0,5% de tasa variable sobre cuantía procesal) sería como se indica en los siguientesejemplos de pleitos cotidianos:
Si se discute sobre un inmueble, el valor real del inmueble, tanto si se refiere a propiedad como la posesión. Ej. pleito contra constructora sobre piso vendido sin licencia, precio 300.000€. Fijo 300€ + variable (300.000 X 0.5%) =1.800€. Que cada cual saque la calculadora y calcule con lo que vale su piso. Porque si vale 600.000€, su tasa solo por demanda será 3.300€, aunque usted esté asfixiado con unos ingresos familiares de 1.100€/mes. Y que calcule que si pierde el pleito por apelar pagará800+(300.000 x 0.5%), es decir, 2.300€. ¿Que usted no tiene 2.300€? Pues se queda usted sin apelación. Claro que si usted gana en primera instancia quien tendrá ese dinero, y además se deducirá la tasa como gasto, será la constructora; así que usted, consumidor, tendrá solo una posibilidad de ganar, cuánto lo siento, y su contrario dos.
Ídem una acción posesoria (antiguos interdictos, p.e., la constructora del edificio al lado no respeta linderos y empieza a construir ilegalmente encima del suelo del reclamante). Por un piso de 300.000€, 1.800€ de tasa. Y añadan la apelación, en este caso y en todos, y la casación, cuando es posible.
Ídem una demanda de retracto por un inquilino. El arrendador tiene obligación de ofrecer la posibilidad de comprar el piso antes de venderlo a otros; si no lo hace, lo puede comprar el inquilino interponiendo este pleito. Coste tasa: 300€ fijo más 0.5% del precio pagado por el piso. Ej. con piso 300.000€: tasa 1.800€
Ídem la división de la cosa común. Dos copropietarias de un inmueble, por haberlo heredado, o por haber estado casados en su día, quieren dividirlo. Coste tasa: 300€ fijo más 0.5% del valor de mercado del piso. Ej. con piso 300.000€: tasa 1.800€
División judicial de patrimonios (herencias, condominios, liquidación de gananciales, liquidación de patrimonio de parejas de hecho). Cuantía procesal, el valor del global del patrimonio. Ejemplo de patrimonio común consistente en piso de 300.000€, apartamento en la playa de 60.000€, 35.000€ en el banco y un coche de 5.000€, total 400.000€ Cuantía tasa: fijo 300 + variable (300.000 X 0.5%) = 2.300€. Que cada cual saque la calculadora y piense qué tendrá que pagar por esa herencia problemática que tiene pendiente.
Si se discute sobre una servidumbre –ejemplo, litigio por ventana ilegal abierta en un patio de vecinos entre dos comunidades -la suma de la cuantía procesal sobre la que se calcula el variable del 0,5% es el valor completo de los dos edificios dividido entre 20. No me atrevo ni a decir cuánto sale.
Una reclamación de cantidad de cualquier índole, o indemnización, cuantía procesal, la cantidad reclamada. Ejemplo real del jubilado que ha denunciado la pérdida de sus ahorros por las preferentes, si no prosperara la vía penal y tuviera que acudir a la vía civil. Ahorros reclamados: 128.000€. 300 + (128.000 X 0.5%) = 940€. ¿Le deben a usted dinero en importe superior a 6.000€? Saque la calculadora y calcule: tasa, 300€ de fijo más el 0,5% de lo que le deben, solo la demanda.
Un niño muere en un accidente de avión. La legislación aplicable obligaría a la compañía aérea a pagar un millón de euros a los padres del niño fallecido (caso real). Tasa: 300€ + (1M€ X 0.5%) = 5.300€.
Humedades en un piso: “cuantía indeterminada” por pretender que se arregle la terraza de donde proceden las filtraciones con obras que no se sabe exactamente cuáles serán (cuantía a estos efectos según el proyecto 20.000€), total 20.000€, o sea, 300 + .05% de 2o.000€ =400€. Y, lector, su póliza de seguros de hogar que le garantiza la defensa jurídica gratuita no le cubre la tasa, y si se la cubre, como esto es un aumento importante de coste para la compañías si el proyecto sale adelante a usted le subirán la prima del seguro; lo mismo que la de su seguro de automóvil o de responsabilidad civil.
Reclamación de una comunidad de propietarios contra la constructora por vicios de construcción: cuantía procesal, lo que cueste efectuar la reparación.Imagínese el coste de la tasa si la reparación es de millones o cientos de miles de euros como es cotidiano, y sobre eso calcule 300€ de fijo y sume el 0.5% de lo que cueste la reparación.
Y para hacer el ejemplo completo, uno real: 11.300€ tendrían que haber pagado al Estado de tasas unos padres que reclamaron 600.000€ de indemnización para su hija con gravísimos daños cerebrales en causados por una negligencia médica en un parto, y a los que solo les dieron la razón en el Tribunal Supremo (sentencia de 23-12-2002). Primera instancia: 3.300€; apelación 3.800€; casación 4.200€. Han leído bien: 11.300€. Y, claro, añadan a ello la tasa por pedir la ejecución si el condenado no paga voluntariamente. ¿Es esto Estado de Derecho? Porque incluso si uno consigue que lo defienda gratis un abogado amigo, o llega a un acuerdo con su abogado para pagarle solo si gana y cuando gane, la tasa se devenga igual, y se pretende que no se dé curso a ningún escrito si no se ha abonado la espeluznante tasa.
Sigamos con ejemplos en contencioso-administrativo. Se ve muy claro que la tasa sería directamente disuasoria, con la inmediata consecuencia de impunidad del Estado (cálculos efectuados Rosa Mª López, abogada).Recordemos que el Estado en cualquiera de sus formas (Administración estatal, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, organismos de todo tipo) NO pagaría tasas.
– Leves, sin detracción de puntos (Multas de hasta 100€): tasa judicial: 200€, el doble de la multa.
– Graves sin detracción de puntos (multas de 200€), tasa 200€, lo mismo que la multa.
– Graves con detracción de puntos: 450€, es decir, un 225% del importe económico de la multa.
– Muy graves (multas de 500€) con detracción de puntos. : 450€, es decir, algo menos que la multa.
Los mismos criterios son aplicables a cualquier sanción administrativa (medioambiente, tributarias, cese de actividades, etc.)
– Sanciones hasta 30.000€: tasa, hasta 350€
– Sanciones superiores a 30.000€ y de cuantía indeterminada, como cese de actividades: tratándose de sanciones evaluables económicamente, las tasas judiciales ascenderían a 350€, más 0,5% de la cuantía de la sanción (de 151€ en adelante). Ejemplo sanción de 50.000€: 600€. Ejemplo sanción 200.000€: 1.350€.
Urbanismo. Denegación de licencias urbanísticas de apertura de actividad, cerramiento de fincas, obras, etc. Análogo al caso anterior.
Interposición de recurso contencioso-administrativo por personal laboral interino al servicio de la administración pública no estaría exento, según el proyecto, por lo que deberían abonar tasas judiciales: 450€
Reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
– Se reclama al Estado 500.000€ como indemnización para un niño con graves daños por negligencia médica en un hospital de la Seguridad Social: 2.700€
– Se reclama al Ayuntamiento 100.000€ por unos graves daños físicos sufridos al caer al vacío un viandante por hundirse una rejilla bajo sus pies por falta de mantenimiento (caso real): 850€
Además del pago de las tasas judiciales referidas en la primera instancia, en caso de inadmisión de un recurso contencioso administrativo, el recurrente debe pagar 800€ adicionales, en concepto de tasa judicial por la interposición de recurso ordinario de apelación al que tendría derecho, en virtud del Art. 81.2 LJCA. En el ejemplo anterior, sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, por la sola interposición de un recurso contencioso-administrativo que es inadmitido, el recurrente abona otros 800€ sin haber obtenido la tutela judicial solicitada, es decir, un pronunciamiento sobre el fondo ya que es inadmitido.
Si quiere mandar un mail a la Defensora del Pueblo para solicitar su urgente intervención, como recomiendan Colegios de Abogados y ya estamos haciendo abogados de toda España, incluyendo la autora de este post, pinche aquí
Si quiere firmar el manifiesto en avaaz.org de petición de retirada del proyecto, como ha recomendado un Colegio de Abogados y como han hecho los ilustres Catedráticos de Derecho Procesal D. Andrés de la Oliva Santos y D. Manuel Cachón Cadenas, y. entre otros muchos, la autora de este post, pincheaquí.
Si quiere enviar una petición directa al Ministerio de Justicia para que retire el proyecto, como recomiendan Colegios de Abogados y han han hecho abogados de toda España, incluyendo la autora de este post, pinche paramodelo y aquí para enviar.
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Iturria: Publico.es – 2012/10/31
El Congreso aprueba, con el rechazo de toda la oposición, la Ley que extiende el ‘copago judicial’ a los particulares.
El Partido Popular ha impuesto este miércoles en el Congreso su mayoría absoluta para sacar adelante el Proyecto de Ley que extiende el pago de tasas judiciales a las personas físicas, es decir, a todos los ciudadanos. En concreto, de acuerdo a este nuevo impuesto, que supone un ‘copago’ judicial, un particular que recurra una disposición o acuerdo del Gobierno que considere injusta, a través del correspondiente pleito contencioso-administrativo ordinario, tendrá que pagar 2.350 euros en caso de llegar hasta el Tribunal Supremo.
Todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, se han opuesto a las nuevas tasas y han pedido la retirada del proyecto. No sólo critican la extensión a los particulares y la elevada cuantía de este nuevo impuesto, sino que se exijan también para los recursos en segunda instancia en el orden laboral o social, a razón de 500 euros en suplicación y 750 en casación ante el Supremo. Por lo que un trabajador despedido de su empresa que considere que la extinción del contrato ha sido improcedente, tendría que desembolsar 1.250 euros si debe llegar al Supremo, a sumar a lo que le cobre el abogado y el procurador.
Hasta la fecha, las tasas sólo se cobraban en los órdenes civil y contencioso y únicamente a empresas o personas jurídicas de una cierta entidad. El Gobierno, en un claro “afán recaudotorio”, en palabras del ponente socialista de la Ley, Antonio Camacho, ha procedido a elevar las cuantías –en algunos casos, en más de un 150%–, ampliar la recaudación a los ciudadanos particulares e incluir a la segunda instancia del orden social en la aplicación del impuesto. Aparte de la cantidad fija que hay que abonar, se establece otra variable de entre el 0,25% y el 0,5% de las cuantías reclamadas en el pleito.
Sólo quedarán exentos del pago las personas con derecho a justicia gratuita, porque su unidad familiar tiene ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, 15.960 euros.
La Comisión de Justicia del Congreso ha examinado esta tarde las enmiendas al articulado de la Ley planteadas por los grupos, después de que la semana pasada la mayoría absoluta del PP sirviera para impedir la devolución al Gobierno del proyecto que reclamó la oposición en pleno. El PP sólo ha aceptado dejar exentos de tasas los procesos monitorios y verbales, en el ámbito civil, que se refieran a cuantías inferiores a 2.000 euros, y la bonificación del 60 por ciento del impuesto en el caso de las tasas en el orden social.
El Proyecto se está tramitando por la vía de urgencia, por acuerdo de la Mesa de la Cámara, por lo que está previsto que se apruebe el próximo mes de noviembre tanto por el Senado como, de forma definitiva y si corresponde, por el Congreso. Las nuevas tasas judiciales han desatado las críticas, además de todos los partidos excepto el PP, de todas las asociaciones de jueces y fiscales, así como del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía y los procuradores.
Según ha destacado María Moretó, de la Unión Progresista de Fiscales, las nuevas tasas “sólo permitirán acceder a la justicia a los ricos”, y plantea serias dudas de constitucionalidad si, como puede pensarse, tienen un efecto “disuasorio” en el ciudadano a la hora de recurrir.
Antonio Camacho, ponente de la Ley por el Grupo Socialista, señala que la Ley tiene un único afán recaudatorio, pero afecta al derecho fundamental del ciudadano a reclamar y recurrir a la justicia, al limitar el acceso a la misma. Además, en casos como el de las multas de tráfico o de reclamaciones de consumo, la cuantía de la tasa será en muchas ocasiones superior al importe de la multa contra la que se reclama, lo que llevará al afectado a no presentar la demanda.
Por su parte, el Ministerio de Justicia, que espera ingresar con la subida 306 millones de euros al año, frente a los 164,4 millones que se embolsó en 2011, justifica la medida en la necesidad de asegurar, con el dinero recaudado, el sostenimiento del sistema de justicia gratuita para aquellos ciudadanos que carezcan de recursos para litigar. No obstante, en los borradores de la reforma de la justicia gratuita que están negociando con las comunidades autónomas, establecen que las personas beneficiadas por ese sistema sólo no deban pagar por la presentación de las demandas en primera instancia, pero sí que abonen un 20% de la tasa en segunda instancia. Una cantidad que estiman que no es disuasoaria pero que impedirá los abusos derivados de la gratuidad de la acción, según fuentes del Ministerio.
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No habrá justicia para los pobres ni abogados de oficio para los mileuristas
Iturria: Cuartopoder.es – 2012/10/23
Cuando más aprieta el paro y la depresión económica, llega el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón con una subida de las tasas judiciales tan “inmoral” que convierte en papel mojado para los más desfavorecidos el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el 24 de la Constitución. El calificativo de “inmoral” además de “preconstitucional e inconstitucional” no es del cronista, sino del portavoz socialista en la materia y exministro de Interior Antonio Camacho. Gallardón dejará además sin derecho a abogado de oficio –principal expresión del famoso “beneficio de justicia gratuita”– a los mileuristas, entendidos como “las unidades familiares que superen dos veces y media el Iprem”, ahora situado en 532 euros mensuales.
Todos los grupos parlamentarios, menos el PP, rechazaron el lunes en el pleno del Congreso el proyecto de ley de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses por entender que penaliza a los pobres, obstaculiza el acceso de los trabajadores a la Justicia, cercena la apelación de los impecunes a la segunda instancia judicial y, en cambio, beneficia a los ricos y a las empresas. Pero el PP aplicó su mayoría absoluta para tomar en consideración el proyecto, y las enmiendas de devolución surtieron el mismo efecto que la patada de un mosquito sobre un elefante.
El ministro defendió el patadón hacia arriba a las tasas en todas las jurisdicciones y la implantación del pago de los trabajadores en la jurisdicción social –por ejemplo, en el caso de un despido el recurso de súplica costará un mínimo de 800 euros– adoptando en un momento el papel de un charlatán de feria, leyendo en otro momento un anuncio publicitario y acusando siempre a los españoles de ser “muy litigantes”. De feria pareció cuando dijo que “de 48 países del Consejo de Europa, 47 tienen unas tasas judiciales del 29,7%” y él no va a implantar “ni el 30 ni el 20 ni siquiera el 15%, sino que lo deja en el 10%” del coste del proceso. Según datos oficiales, las tasas representan ahora el 3% del coste del aparato judicial.
En otro momento preparó a sus señorías para una gran sorpresa. “No voy a citar el nombre de la empresa, llamémosle X”, dijo antes de leer un anuncio explicativo sobre cómo la “empresa X” recurría las multas de tráfico. El reclamo concluía: “¿Sabías que este partido puede durar de seis meses a dos años?”. Y para que quedase claro, lo volvió a leer. Cierto es que la sorpresa no fue tal, y el fino jurista quedó en evidencia cuando el socialista Camacho le pidió que no confundiese las sanciones administrativas con los procesos judiciales y, de paso, le tildó de “demagogo”.
En todo caso Gallardón quiso demostrar que los españoles somos muy litigantes y tenemos “un interés especial en dilatar los procesos, con el consiguiente coste para los contribuyentes”. Y eso, según argumentó, se debe a que la Justicia nos sale barata. Nada más hay que ver, dijo, que en España se tramitan “nueve millones de asuntos al año” y en Francia, “con 20 millones más de habitantes, se tramitan 6,5 millones”. Para evitar los abusos, lo mejor es subir las tasas. “Yo no creo sea desorbitado hacer pagar el 6,3% del coste de un proceso por desahucio”, sentenció.
Después de bordear la cuestión de fondo, que según coincidieron todos los portavoces, menos el del PP, es la dudosa constitucionalidad de una norma que impedirá de hecho a los pobres recurrir las sentencias en segunda instancia, Gallardón afirmó que el dinero que se obtenga por la subida de las tasas irá a pagar a los abogados de oficio. Y a continuación anunció la “recentralización” y reforma del sistema de “justicia gratuita”. Así, dijo que “los Colegios de Abogados podrán facturar el cien por cien de la asistencia de oficio a la Administración Central” en vez de a las Comunidades Autónomas, y éstas “devolverán las cantidades que corresponda, según el último presupuesto liquidado, aminorado en un 20%”. Ese porcentaje deberán dedicarlo a la “mejora del sistema judicial”, precisó.
También en esta materia fue socialmente regresivo. Si ahora tienen derecho a asistencia letrada gratuita quienes ganen menos de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que está en 641 euros, el nuevo sistema utilizará el Indicador de Precios y Rentas Múltiples (Iprem), que está en 532 euros y es un índice a la baja, dada la depresión económica española. Aunque la diferencia entre 2,5 veces el Iprem y dos veces el SMI es insignificante, el socialista Camacho acusó a Gallardón de hacer “juegos de circo”. Emilio Olabarría, del PNV, le tildó de “prestidigitador” y le acusó de infligir un “daño histórico” al derecho a la tutela judicial efectiva con la nueva regulación de unas tasas que, según Rosa Díez, de UPyD, van a general “mayor desigualdad” y obedecen a “un furor recaudatorio que le nubla la vista” y además de ser “injustas” suponen, según remarcó Joan Tardà, “un nuevo ataque al Estado social y democrático de derecho”. Más gráfico, si cabe, Gaspar Llamazares apeló al símil médico: “Para usted la primera opinión (sentencia) es la que vale y la segunda es un lujo de repago”, dijo antes de deplorar que tome a los “ciudadanos como rehenes” y liquide por la vía económica su derecho a la tutela judicial efectiva.
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Iturria: Publico.es – 2012/10/16
Jueces para la Democracia denuncia que hemos pasado “de un Estado social a un Estado penal”. Critica que se criminalice la ocupación simbólica de bancos o la lucha contra los desahucios
El Código Penal de Gallardón se ceba con los indignados, al criminalizar actividades que hasta ahora no eran consideradas delito como la ocupación simbólica y pacífica de entidades bancarias, el encadenamiento para evitar desahucios o la convocatoria de manifestaciones vía redes sociales en determinados supuestos. Según el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, la combinación de los recortes sociales con la aprobación de la normativa penal más dura de Europa permite hablar de que España pasa de un “Estado social a un Estado penal”.
Bosch llega a esa conclusión tras analizar los nuevos delitos y la agravación de las penas previstas para los tipos delictivos del capítulo de desórdenes públicos, atentados y resistencia a la autoridad. Así, subraya que se ha introducido en el Anteproyecto un nuevo artículo 557.ter, que castiga con pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, a “los que, actuando en grupo, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal”.
Para el portavoz de JpD, se castigan así las ocupaciones de entidades bancarias u organismos públicos que en muchas ocasiones se hacen con carácter pacífico y reivindicativo, por lo que considera que es “abiertamente desproporcionado” sancionarlas con pena de prisión.
En la misma línea de criminalización de la actuación de ciudadanos descontentos o indignados, Bosch alude al nuevo artículo 560 bis, que sanciona a “quienes actuando individualmente, o mediante la acción concurrente de otros, interrumpan el funcionamiento de los servicios de telecomunicación o de los medios de transporte público y alteren con ello de forma grave la prestación normal del servicio”, con una pena de tres meses a dos años de prisión o multa de seis a veinticuatro meses.
El portavoz de la asociación progresista de jueces y magistrados afirma que son medidas “para criminalizar la protesta social”, “desproporcionadas”, y que no deberían estar incluidas en el Código Penal.
Bosch pone el acento también en que, tal como queda redactado el delito de atentado en el nuevo Código, “es lo bastante confuso como para que pueda entenderse incluida en él supuestos de protestas pacíficas como los encadenamientos para evitar desahucios. El artículo 550 pasa a decir: “1.- Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 2.- Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos”.
Además, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, Juez, Magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, “se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.”
También entiende Bosch que la eliminación como delito de la desobediencia leve, dejando sólo la resistencia, eleva la penalidad de esta última y considera delito, con pena de prisión para los tipos agravados, prácticamente cualquier actuación en una protesta. Cuando ya se usan medios violentos como el lanzamiento de piedras, las penas son muy elevadas y, en opinión de este jurista, se criminalizan de forma muy acentuada.
Otro aspecto criticable, en su opinión, es la ambigüedad del nuevo artículo 559 que, textualmente, considera delito “la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”. La pena es una multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.
Bosch piensa que puede servir para avalar actuaciones policiales desproporcionadas como las llevadas a cabo contra los promotores del 25-S, lesionando derechos de los ciudadanos, y que a posteriori fueron archivadas por el juez Santiago Pedraz por ser poco admisibles en un Estado de Derecho.
En conclusión, el portavoz de JpD califica de tránsito del “Estado social al Estado penal” lo que pretende el nuevo Código –que incluye además la prisión permanente revisable o la custodia de seguridad –, al castigar “con dureza extrema” las manifestaciones de descontento, en un país donde descienden los derechos sociales y que cuenta con una de las tasas más elevadas de Europa de número de presos por habitante.
“Tendremos el Código Penal más duro de Europa contra formas de disidencia y protesta de la ciudadanía”, al tiempo que se han recortado como nunca los derechos sociales y laborales, destaca Bosch. En su opnión, los delitos de desórdenes, atentado y resistencia ya tenían respuesta suficiente en el actual Código Penal, por lo que rechaza el incremento desproporcionado que se pretende ahora por el Gobierno.
Etiquetas: derechos sociales, Gallardon, movilización social, PP, reformas

References: real decreto 
 artículo 307
 resolución 
 resolución 
 artículo 557
 artículo 560
 artículo 550
 artículo 559
 artículo 557