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Timestamp: 2017-03-27 12:56:56+00:00

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RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valencia don Miguel Vicente Almazán Pérez de Petinto, contra la negativa de la registradora mercantil n.º 4, de Valencia, a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada
RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valencia don Miguel Vicente Almazán Pérez de Petinto, contra la negativa de la registradora mercantil n.º 4, de Valencia, a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valencia don Miguel Vicente Almazán Pérez de Petinto, contra la negativa de la registradora mercantil n.º 4, de Valencia, a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	En el recurso interpuesto por el notario de Valencia don Miguel Vicente Almazán Pérez de Petinto contra la negativa de la registradora mercantil, titular del Registro n.º 4 de Valencia, doña María del Carmen Pérez López Ponce de León, a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.
Mediante escritura autorizada por el notario de Valencia don Miguel Vicente Almazán Pérez de Petinto el 7 de noviembre de 2005, se constituyó la sociedad «Zapping-Carmen, S.L.», en la que se expresa por dicho Notario que uno de los comparecientes es «Don Francisco-José Pérez Mora, ... con D.N.I. número 29159655-W, que no me exhibe y sí pasaporte número AA651891, expedido por la oficina 46745E6P1 el 14 de abril de 2004, con validez hasta el 29 de enero de 2013, testimonio de la página donde consta su fotografía y circunstancias personales dejo incorporado». Debe hacerse constar que según la escritura el mencionado señor es residente en Valencia y en la fotocopia del pasaporte figura el «Id. No. A2915965500».
El 29 de diciembre de 2005 se presentó copia de dicha escritura en el Registro Mercantil de Valencia, causó asiento 143 del Diario 482, y fue objeto de calificación negativa el 18 de enero de 2006, por la que se expresa lo siguiente:
1. Don Francisco-José Pérez Mora es identificado por su pasaporte no por su DNI como exige el artículo 12-2 de la LSL en relación con el artículo 38 del RRM, teniendo en cuenta a este respecto que conforme al RD 896/2003, de 11 de julio «el pasaporte ordinario español es un documento público, personal, individual e intransferible, expedido por los órganos de la Administración General del Estado que en este Real Decreto se señalan, que acredita, fuera de España, la identidad y nacionalidad de los ciudadanos españoles salvo prueba en contrario, y, dentro del territorio nacional, las mismas circunstancias de aquellos españoles no residentes», juzgar, pues no es el caso del precedente documento, que para los españoles no residentes les sea aplicable no el citado RD sino la legislación mercantil específica citada (artículo 12-2 de la LSL y artículo 38 del RRM) que exigirán la consignación del DNI para el español no residente fundador de una sociedad limitada -sic-. Subsanable.
Cabe interponer recurso en este Registro Mercantil para la Dirección General de los Registros y del Notariado en el plazo de un mes desde la fecha de la notificación en los términos de los artículos 324 y 328 de la Ley Hipotecaria en su nueva redacción por Ley 24/2005, de 18 de noviembre.
Valencia, 18 de enero de 2006.-La Registradora n.º IV, M.ª Carmen Pérez López Ponce de León.»
El 24 de enero de 2006 dicha calificación se notificó por vía telemática al Notario autorizante -según reconoce éste-, quien, mediante escrito de 9 de febrero de 2006 -que causó entrada en el referido Registro Mercantil el día 13 de febrero-, interpuso recurso gubernativo, en el que alegó: 1.º Que la Sra. Registradora, al practicar la notificación de la calificación negativa por medios telemáticos sin previa manifestación en tal sentido del destinatario vulnera lo establecido en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria y así se ha pronunciado esta Dirección General en las Resoluciones de 28 y 30 de abril, 12 de septiembre y 13 de octubre de 2005, por lo que el incumplimiento por la Sra. Registradora de su deber de notificación en forma, que tiene carácter sistemático en cuanto al recurrente, la hace acreedora de la pertinente corrección disciplinaria; 2.º Que en la referida calificación no se contiene referencia alguna a que la misma se realice con la conformidad de los demás titulares del Registro Mercantil de Valencia, como establecen los artículos 18, apartado octavo, del Código de Comercio y 15 del Reglamento del Registro Mercantil, así como la Resolución de esta Dirección General de 5 de abril de 2005; 3.º Que la calificación impugnada vulnera el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria por falta de motivación jurídica de las causas impeditivas de la inscripción, ordenada en hechos y fundamentos de Derecho, según exige la Resolución de este Centro de 3 de enero de 2004, y las de 21, 22 y 23 de febrero de 2005. Que la nota de calificación se limita a enunciar el defecto y a invocar los preceptos en que se apoya sin recoger razonamiento jurídico ni la tarea hermenéutica que llevan a la Sra. Registradora a concluir como lo hace. Que la redacción de la nota a partir del cierre del entrecomillado resulta sintácticamente deficiente e incomprensible; 4.º Que en la nota se mezclan y confunden conceptos distintos: la fe de conocimiento y la constancia en la escritura de determinados requisitos necesarios para la inscripción en el Registro Mercantil. Que el artículo 38 del Reglamento del Registro Mercantil no se refiere a los medios a los que debe acudir el Notario para identificar a quienes comparecen ante él sino de determinadas circunstancias que han de constar en la inscripción. Que en el título calificado se cumple con el citado precepto reglamentario y, al testimoniar el propio pasaporte en la escritura, queda constancia de que el número del Documento Nacional de Identidad que se reseña corresponde a la realidad, pues en el pasaporte figura el número de identificación personal que es el mismo del referido Documento Nacional de Identidad; 5.º Que, ante la falta de motivación, hay que presuponer que la Sra. Registradora se ha limitado a llevar a cabo una interpretación literalista de la norma del Real Decreto 896/2003, de 11 de julio que transcribe, de modo que prescinde de los demás elementos de interpretación a que se refiere el artículo 3 del Código Civil; 6.º Que el artículo 23 de la Ley del Notariado, en el párrafo segundo letra c), establece como medio supletorio de identificación «la referencia a carnets o documentos de identidad con retrato y firma expedidos por las autoridades públicas, cuyo objeto sea identificar a las personas», y el pasaporte cumple esos requisitos porque: a) El Real Decreto 896/2003, de 11 de julio expresa en su introducción lo siguiente: «Asimismo, teniendo en cuenta que el pasaporte es un documento que acredita la identidad y nacionalidad de su titular salvo prueba en contrario»; b) Al establecer el artículo 1 del Real Decreto 896/2003 que el pasaporte acredita, fuera de España, la identidad y nacionalidad de su titular salvo prueba en contrario, lo que quiere expresar es que el pasaporte cumple una función específica y propia que no cumple el DNI, cual es la de acreditar la identidad y nacionalidad de sus titulares fuera de España y la de los españoles residentes en el extranjero dentro de España; c) La diferencia entre ambos documentos no radica en la virtualidad identificadora dentro de España, que ambos la tienen, sino en la función práctica de cada uno y su distinto régimen administrativo (mientras que el DNI es obligatorio para todo español mayor de 14 años, el pasaporte sólo lo es para los que pretendan salir del territorio nacional; no se prevé la posibilidad de privación del DNI, y, sin embargo se niega derecho a obtener pasaporte o se puede privar de él en los supuestos establecidos en los artículos 2 y 6 del Real Decreto 896/2003); d) Carece de lógica que un español no residente pueda ser identificado por el pasaporte y que un español residente no pueda ser identificado por el mismo documento; e) La virtualidad identificadora del pasaporte es idéntica a la del Documento Nacional de Identidad, pues lo establecido en el artículo 4.1.b) del referido Real Decreto asegura la correspondencia de los datos esenciales que constan en el Documento Nacional de Identidad con los del pasaporte, que son los mismos que el Notario debe comprobar conforme al artículo 23 de la Ley del Notariado; f) La vinculación entre los dos documentos se establece además en el soporte físico del pasaporte, según resulta del artículo 10.2 de dicho Real Decreto; 7.º Que no tiene base legal que la exigencia del Reglamento del Registro Mercantil de que en la escritura se hagan constar determinados extremos para la inscripción en dicho Registro determine un nuevo criterio que modifique las vigentes normas de rango legal sobre la fe de conocimiento. Que el mismo criterio serviría para mantener que tampoco en los documentos inscribibles en el Registro de la Propiedad se podría identificar a los comparecientes españoles y residentes con su pasaporte, pues también el artículo 51 del Reglamento Hipotecario exige la constancia del Documento Nacional de Identidad; 8.º Que la fe de conocimiento es una de las actividades del Notario en la formación del instrumento público clave en el valor atribuido al mismo por el ordenamiento jurídico. Que, por ello, los Notarios acostumbran a extremar el rigor en la utilización de los medios aptos para identificar a los comparecientes y con la flexibilidad suficiente para no privar a los ciudadanos españoles o extranjeros de su derecho a que los actos y contratos de que sean otorgantes puedan acceder a la documentación pública notarial, y esa labor es de la exclusiva incumbencia del Notario autorizante, que es quien responde de ella, debiendo limitarse la calificación registral a comprobar, por lo que resulta del título si el Notario ha dedo fe de conocer haber identificado a los comparecientes.
Mediante escrito de 18 de febrero de 2006, que contiene su informe, la Registradora doña María del Carmen Pérez López Ponce de León elevó el expediente a este Centro Directivo. En dicho informe alega: 1.º Respecto de la notificación de la calificación, que el procedimiento utilizado es el habitual en el Registro Mercantil de Valencia; que según las Resoluciones de esta Dirección General, desde el momento en que el notario autorizante recurre es porque ha tenido conocimiento de la calificación efectuada; y que se han cumplido los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, entre otras normas que cita; 2.º Respecto de la falta de mención de que la calificación se realiza con la conformidad de los demás titulares del Registro Mercantil de Valencia, se limita a afirmar que en dicho Registro se cumple con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento del Registro Mercantil.
Vistos los artículos 18 y 20 del Código de Comercio; 18, 19 bis, 322, 323, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 3.1 del Código Civil; 54, 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; artículos 108, 110 y 112 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, el primero de ellos según redacción por el artículo vigésimo séptimo, apartado Tres, de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre; artículos 12.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada; 17-bis y 23, párrafo segundo, letra c), de la Ley del Notariado; artículos 15 y 38 del Reglamento del Registro Mercantil; 4.1 y 10.2.b) del Real Decreto 896/2003, de 11 de julio, por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario y se determinan sus características; la Instrucción de 12 de febrero de 1999; las Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1988, 30 de diciembre de 1989 y 2 de marzo de 1991; y las Resoluciones de 14 de diciembre de 2004, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo y 1, 28 y 30 de abril, 12 y 27 de septiembre y 15 de octubre de 2005, 14, 17, 18, 19 y 20 de julio de 2006; así como la de 5 de abril de 2005 (ésta del Servicio Registral en contestación a determinada consulta).
1. Como cuestión formal previa, sostiene el recurrente que es no admisible la notificación telemática de la calificación registral sin previa manifestación fehaciente en tal sentido del destinatario.
En efecto, el Legislador ha optado claramente por entender que la actuación calificadora de los Registradores no es un acto de jurisdicción voluntaria, o un tertium genus entre el procedimiento administrativo y el de jurisdicción voluntaria, sino que participa de los caracteres propios de una función pública cuyo ejercicio ha de sujetarse al régimen jurídico propio de actuación de las Administraciones Públicas. En suma, aun cuando el funcionario calificador no dicte actos administrativos, sin embargo su calificación no puede sino ser considerada un acto de Administración -porque proviene de un funcionario público (artículo 274 de la Ley Hipotecaria) titular de una oficina pública, como es el Registro (artícu­lo 259 de la Ley Hipotecaria)- basado en Derecho Privado y, desde esa perspectiva, sujeto a las reglas generales de elaboración de cualquier acto administrativo.
Por ello, y por citar diferentes ejemplos, la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en la configuración del recurso frente a la calificación negativa optó por tomar como modelo el recurso de alzada previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, demostrando de ese modo que el Registrador en el ejercicio de su función está sujeto a dependencia jerárquica de esta Dirección General. Por esa misma razón, el artículo 322 párrafo segundo de la Ley Hipotecaria ordena que se apliquen a la notificación de la calificación negativa los requisitos de la notificación del acto administrativo (artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada); por idéntica razón, el artícu­lo 327, párrafo tercero de la Ley Hipotecaria aplica las previsiones del artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; y, por último y de enorme transcendencia, el párrafo segundo del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria ordena la forma de efectuar la calificación negativa y exige su motivación tomando como clara referencia el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Pues bien, la elevación de rango normativo del contenido del artícu­lo 15 del Reglamento del Registro Mercantil, producida por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, aplicándolo tanto a Registros de la Propiedad, como Mercantiles, no es sino una muestra más de esa progresiva administrativización del funcionamiento de los Registros de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles y de la misma función calificadora, iniciada con claridad en la Ley 24/2001, de 27 de diciembre.
Por ello, la propia norma legal (cfr. párrafo tercero del apartado 8 del artículo 18 del Código de Comercio y párrafo séptimo del artículo 18 de la Ley Hipotecaria) reputa dicha calificación como incompleta, de suerte que -aparte otras consecuencias que se derivan de tal circunstancia- el interesado podrá pedir expresamente que se complete, instar la intervención del sustituto o, como acontece en el presente caso, recurrirla. Así, habiendo optado el interesado por esta última alternativa, resulta preciso entrar en el estudio del fondo del recurso planteado y limitar los efectos de los vicios de que adolece la calificación impugnada a su constatación, procediendo a declararlo de ese modo, si bien advirtiendo a la funcionaria calificadora de su incumplimiento y depurando, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que se hayan podido derivar de su modo de proceder.
La integridad en la exposición de los argumentos sobre los que el Registrador asienta su calificación es requisito sine qua non para que el interesado o legitimado en el recurso (artículo 325 de la Ley Hipotecaria) pueda conocer en su totalidad los razonamientos del Registrador, permitiéndole de ese modo reaccionar frente a la decisión de éste.
4. Por lo que se refiere al fondo del asunto, la Registradora rechaza la inscripción de una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada porque uno de los socios fundadores, español residente, figura identificado por su pasaporte y no por su Documento Nacional de Identidad como, según entiende la funcionaria calificadora, exige el artícu­lo 12.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada en relación con el artículo 38 del Reglamento del Registro Mercantil.
5. El mencionado artículo 38 del Reglamento del Registro Mercantil, ubicado dentro del capítulo relativo a los requisitos formales de los asientos, establece, con una evidente finalidad de economía normativa, las circunstancias relativas a las personas cuya identidad haya de constar en cualquier inscripción. Entre tales circunstancias, tratándose de personas físicas, incluye el Documento Nacional de Identidad; y únicamente respecto de extranjeros se refiere al dato del número de identificación de extranjero, el de su pasaporte, el de su tarjeta de residencia o de cualquier otro documento legal de identificación, con declaración de estar vigentes.
La interpretación de dicha norma, como la de todas, ha de hacerse en función de su espíritu y finalidad (artículo 3.1 del Código Civil). Los documentos de identidad, en especial a través de la exclusividad de su número, son hoy en día un elemento esencial de identificación de las personas físicas que intervienen en el tráfico jurídico. Por otra parte, es indudable que el pasaporte vigente exhibido por el compareciente en el otorgamiento de una escritura pública al Notario autorizante reúne los requisitos que para los medios supletorios de identificación exige el artículo 23, párrafo segundo, letra c), de la Ley del Notariado, por lo que no puede negarse que el número de dicho pasaporte sirva para hacer constar en el Registro Mercantil la identidad de su titular. A mayor abundamiento, el Documento Nacional de Identidad ha de aportarse necesariamente al solicitar el pasaporte español y el número de aquél consta en éste como identificador personal -cfr., respectivamente, artículos 4.1 y 10.2.b) del Real Decreto 896/2003, de 11 de julio-, de suerte que a través del pasaporte se podrá conocer y acreditar siempre el número del Documento Nacional de Identidad -exceptuada la letra que figura en éste-, a los efectos de la identificación suficiente de su titular.
Madrid, 25 de julio de 2006.-La Directora General de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 12
 artículo 38
 Real Decreto 
 artículo 38
 artículo 322
 Resolución 
 artículo 19
 Resolución 
 artículo 38
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 23
 Real Decreto 
 artículo 1
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 23
 artículo 10
 artículo 51
 artículo 15
 Real Decreto 
 artículo 322
 artículo 38
 artículo 19
 artículo 54
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 23
 Real Decreto