Source: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-376_1998.html
Timestamp: 2020-05-30 09:42:10+00:00

Document:
Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [C-376_1998]
La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Vladimiro Naranjo Mesa, y por los Magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltran Sierra, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 241-10 de la Carta, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió el día 12 de noviembre de 1997, a esta Corte, la Ley 410 del 4 de Noviembre de 1997, "Por medio de la cual se aprueba el 'Convenio 144 sobre consultas tripartitas para promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo', adoptado en la 6ª Reunión de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1976", proceso que fue radicado con el No L.A.T.-111. Mediante auto del 5 de diciembre de 1997, el Magistrado Ponente asumió el conocimiento del presente asunto y ordenó la práctica de algunas pruebas consideradas pertinentes para establecer los antecedentes del instrumento sometido a revisión. El proceso se fijó en lista para las intervenciones ciudadanas, se corrió traslado al Procurador General para que rindiera el concepto de rigor, y se comunicó a la Presidencia de la República, al Congreso de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como a las centrales sindicales y gremios económicos para que, si lo consideraban conveniente, presentaran su opinión sobre la constitucionalidad del tratado bajo revisión.
El ciudadano Ignacio Enrique Ruiz Perea, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, interviene en el proceso y defiende la constitucionalidad del tratado bajo revisión.
El Presidente de la Andi, Juan Carlos Villegas Echeverri, sostiene que el Convenio objeto de estudio, lejos de controvertir la Constitución, es un instrumento que coadyuva al cumplimiento de los fines constitucionales y en especial a la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan. Igualmente es una concreción especial de lo señalado en el artículo 103 de la Constitución, teniendo en cuenta que el Convenio busca la aplicación efectiva y directa de la participación de las organizaciones de empleados y trabajadores en la adopción de normas internacionales de trabajo, fortaleciendo el derecho de asociación de unas y otras. Por lo tanto estima exequible el "convenio 144 sobre consultas tripartita para promover la aplicación de normas internacionales del trabajo" y la Ley 140 de 1997 que lo aprobó.
En su concepto de rigor, el Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, comienza por analizar el trámite formal del tratado y de su ley aprobatoria y concluye que se ajustan plenamente a la Carta.
Además, en desarrollo de esta disposición, fue expedida la Ley 278 de 1996, "Por la cual se crea la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales", cuyo artículo 5º establece:
"La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales será tripartita en su integración y de ella formarán parte:
"5.	El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.;
1- En los términos del numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, esta Corte es competente para ejercer un control integral, previo y automático sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Tal es el caso del 'Convenio 144 sobre consultas tripartitas para promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo', adoptado en la 6ª Reunión de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1976 y de su Ley aprobatoria Nº 410 de 1997. En efecto, tal y como la Corte lo ha señalado en reiteradas ocasiones, dado el carácter de instrumento internacional que compromete la voluntad de los Estados y le impone obligaciones, los convenios de la O.I.T. deben ser objeto de control Constitucional formal y material por parte de esta Corporación. En consecuencia esta Corte procederá entonces a estudiar la constitucionalidad del tratado y de su ley aprobatoria, tanto por motivos de fondo como por razones de forma.
2- Según constancia del Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores incorporada al presente expediente (Folio 17), el 16 de febrero de 1920, entró en vigencia en nuestro país el Convenio que constituyó la Organización Internacional del Trabajo, -O.I.T.-, fecha en la cual el Gobierno Nacional depositó el instrumento de adhesión y, la República ostenta la calidad de miembro de dicha Organización. Tal Convenio fue aprobado por el Congreso Nacional mediante la Ley 49 de 1919.
Así, de conformidad con el artículo 19.5, literal b) del Instrumento Constitutivo de la O.I.T. antes descrito, Colombia, por su calidad de miembro, se encuentra obligada a someter los convenios que se adopten en el marco de dicha organización internacional, en el término de un año a partir de la clausura de la reunión en que fueron adoptados, o tan pronto como sea posible, - pero no mas de dieciocho meses en caso de eventualidad - , a su ordenamiento interno. En consecuencia, los Estados miembro de la O.I.T. en este tipo de instrumentos internacionales, no llevan a cabo, en estricto sentido, una negociación de los textos adoptados por dicha organización. Por consiguiente y en cumplimiento del artículo 19 del Convenio constitutivo de la OIT, el gobierno expidió aprobaciones ejecutivas para someter el convenio a la consideración del Congreso Nación, según consta en el expediente.(Folios 19). De lo anterior se desprende que no es procedente que la Corte entre a estudiar en este caso si se produjo o no vicio alguno en la suscripción del tratado, teniendo en cuenta que los mecanismos propios de la adopción de sus disposiciones son producto de otro instrumento internacional debidamente ratificado por el país, que dispone tales procesos. En todo caso, el presente Convenio recibió la aprobación ejecutiva por parte del Presidente de la República, que en su calidad de Jefe de Estado es quien tiene la competencia para dirigir las relaciones internacionales.
- La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda, fue presentada por el Congresista Luis Alfonso Hoyos Aristizabal y publicada el día 8 de noviembre de 1996 en la Gaceta del Congreso No 505.
- El proyecto fue aprobado en primer debate en la Comisión Segunda del Senado, el 26 de noviembre de 1996, por doce senadores de los trece que integran la Comisión Segunda del Senado, según certificación expedida por el Secretario General de dicha comisión.
- El proyecto fue aprobado en segundo debate, según constancia expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado " con el lleno de los requisitos legales, constitucionales y reglamentarios en el acta 037 de la sesión ordinaria del día 1º de abril de 1997, como consta en la Gaceta del Congreso No 80 del 9 de abril de 1997".
- La Ponencia para segundo debate fue presentada por la representante Nubia Rosa Brand Herrera y fue publicada en la Gaceta del Congreso No 340 del 26 de agosto de 1997.
5. El presente Convenio compromete al Estado Colombiano y a todos los Estados Parte de la O.I.T, a poner en práctica procedimientos que garanticen la realización de consultas entre representantes del Gobierno, de los empleadores y de los trabajadores (Tripartitas), en relación con la aplicación de normas internacionales del trabajo según los medios y la forma que prefiera cada país. Lo que se pretende es garantizar la efectividad de las normas internacionales del trabajo a partir del reconocimiento e interés que se les conceda a estos temas en el plano nacional, siendo las consultas tripartitas una herramienta de alto nivel para lograr tal finalidad. En ese orden de ideas, las consultas tendrán lugar por lo menos una vez al año y el objeto de las mismas recaerá en asuntos diversos de la O.I.T, entre cuyos temas se pueden encontrar principalmente los siguientes:
7. El Convenio 144 objeto de este análisis, busca promover la puesta en práctica de las normas internacionales del trabajo, desarrollando las disposiciones constitucionales mencionadas con anterioridad. De esta forma, los artículo segundo y quinto del Convenio 144 antes descrito, expresamente señalan como objeto del mismo, poner en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas entre las tres partes, - Gobierno, trabajadores y empleadores -, sobre asuntos de la O.I.T. relativos a la aplicación de normas internacionales de trabajo, circunstancia que resulta acorde con la Constitución, teniendo en cuenta que concreta una intención que estaba ya planteada en la norma superior. Además, el Convenio permite que los procedimientos para las consultas se adelanten según las normas y disposiciones de cada país de acuerdo a la práctica nacional, aspecto que se ajusta a las necesidades internas de cada Estado y a su Constitución.
8. El artículo tercero del Convenio 144, al señalar que la elección de los representantes de cada una de las organizaciones de trabajadores o de empleadores se hará libremente por ellas y en pie de igualdad entre unos y otros, se ajusta plenamente a los artículos 38, 39 y 13 de la Constitución.
9. Los demás artículos que se refieren a los trámites propios de los tratados y a la posibilidad de ratificación, denuncia, memorias etc., no presentan problemas constitucionales, porque constituyen precisamente, ejecución de los principios del derecho internacional que Colombia acepta.

References: artículo 241
 artículo 103
 artículo 5
 artículo 241
 artículo 19
 artículo 19