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Timestamp: 2020-01-29 04:36:06+00:00

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REAL DECRETO 2027/1995, de 22 de Diciembre, por el que se regula la declaracion anual de Operaciones con terceras personas. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15384447
REAL DECRETO 2027/1995, de 22 de Diciembre, por el que se regula la declaracion anual de Operaciones con terceras personas.
Marginal: BOE-A-1995-27712
Artículo 1. Obligados tributarios.
Artículo 2. Exclusiones a la obligación de presentación de la declaración anual de operaciones.
Artículo 4. Cumplimentación de la declaración.
Artículo 5. Criterios de imputación.
Artículo 7. Especificación de infracciones simples.
Norma citada en: 85 sentencias, 41 artículos doctrinales, 36 disposiciones normativas, 119 resoluciones administrativas, una noticia
La obligación de suministrar información con carácter periódico a la Administración tributaria que incumbe a los empresarios o profesionales, contenida con carácter general en el Real Decreto 2529/1986, de 5 de diciembre, fue concebida, fundamentalmente, como un instrumento necesario para la realización de una gestión tributaria eficaz, con una incidencia especial en las actuaciones de comprobación e investigación que realiza la inspección de los tributos. La publicación del Real Decreto 2529/1986, precisamente en este último año, respondió, además, a la necesidad de afrontar una correcta gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido en los primeros momentos de su implantación, sin que ello supusiera un menoscabo de la concepción de la declaración anual que regula el Real Decreto como un instrumento de cierre en cuanto a proporcionar información a la Administración tributaria para la gestión del sistema tributario en general.
Coordinación de las diversas fuentes de suministro de información a la Administración tributaria.
Adecuación de los supuestos en los que no existe obligación de presentar la declaración anual como consecuencia de la inclusión en la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de nuevas actividades a las que, además, les es de aplicación el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Elaboración de un texto único y equiparación de las obligaciones derivadas de la declaración anual de operaciones con terceras personas respecto de los empresarios y profesionales y las relativas a las entidades públicas, constituyendo así un desarrollo reglamentario parcial de las obligaciones de suministro de información derivadas de los artículos 111 y 112 de la Ley General Tributaria. La equiparación aludida se lleva a cabo a través de las medidas siguientes:
Utilización de un modelo de declaración único por cada obligado tributario.
Eliminación de las especialidades derivadas de la adaptación que, a través de la correspondiente Orden del Ministro de Economía y Hacienda, se han realizado a la organización contable del Estado y sus organismos autónomos, estableciendo una obligación idéntica para todas las entidades públicas, cualquiera que sea la Administración en que se hallen integradas.
Aproximación de los criterios de información que contiene la declaración anual de operaciones con terceras personas a los principios impositivos que emanan de la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, como presupuesto necesario para mejorar el control en la gestión de dicho impuesto, sin perjuicio de que la información suministrada sea de general aprovechamiento para la gestión del sistema tributario en su conjunto. Dicha aproximación se produce, fundamentalmente, en relación con la descripción de las operaciones que deben ser declaradas y en relación con sus importes.
Potenciación de la presentación de la declaración anual de operaciones con terceras personas a través de soportes directamente legibles por ordenador, así como establecimiento de la posibilidad de que se autorice la presentación de dicha declaración de manera directa por vía telemática y también de manera colectiva.
Artículo 1 Obligados tributarios.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley General Tributaria, las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la misma Ley, que desarrollan actividades empresariales o profesionales, deberán presentar una declaración anual relativa a sus operaciones con terceras personas.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria, la Administración del Estado y sus organismos autónomos, las Comunidades Autónomas y los organismos que dependan de éstas, así como las entidades integradas en las demás Administraciones públicas, territoriales o en la Administración institucional, las sociedades estatales, autonómicas, provinciales o municipales, las cámaras y corporaciones, los colegios y asociaciones profesionales de carácter público, las Mutualidades de previsión social de naturaleza pública y las demás entidades públicas, incluidas las Gestoras de la Seguridad Social, los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones empresariales, incluirán en la declaración anual de operaciones a que se refiere el apartado anterior, las adquisiciones en general de bienes o servicios que efectúen al margen de las actividades empresariales o profesionales o, incluso, cuando no realicen actividades de esta naturaleza.
Las entidades integradas en las distintas Administraciones públicas territoriales o en la Administración institucional deberán relacionar, además, en la declaración anual de operaciones, las subvenciones, auxilios o ayudas que concedan con cargo a sus Presupuestos Generales o gestionen por cuenta de entidades u organismos no integrados en dichas Administraciones públicas. La Administración del Estado y sus organismos autónomos, las Comunidades Autónomas y los organismos que dependen de éstas y las entidades integradas en las demás Administraciones públicas territoriales presentarán declaración anual de operaciones respecto bien de la totalidad o bien de cada uno de los sectores de su actividad con carácter empresarial o profesional que tenga asignado un número de identificación fiscal diferente.
Cuando las entidades integradas en las distintas Administraciones públicas territoriales o en la Administración institucional presente declaración anual de operaciones respecto de cada uno de los sectores de su actividad con carácter empresarial o profesional que tenga asignado un número de identificación fiscal diferente, incorporarán los datos exigidos en virtud de este apartado a una cualquiera de aquellas declaraciones.
Además, de acuerdo con lo establecido en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 111 de la Ley General Tributaria, las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen la de cobro, por cuenta de sus socios, asociados o colegiados, de honorarios profesionales o de otros derivados de la propiedad intelectual o industrial o de los de autor, vendrán obligados a tomar nota de estos rendimientos e incluirlos en la declaración anual de operaciones a que se refiere este Real Decreto.
Artículo citado en: 11 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa, 26 resoluciones administrativas
Artículo 2 Exclusiones a la obligación de presentación de la declaración anual de operaciones.
Las personas físicas y entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por las actividades acogidas a la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva en dicho Impuesto y al régimen simplificado o los regímenes especiales del recargo de equivalencia o de la agricultura, ganadería y pesca en el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo por las operaciones que estén excluidas de la aplicación de los expresados regímenes.
Los obligados tributarios que no hayan realizado operaciones que en su conjunto, respecto de otra persona o entidad, hayan superado la cifra de 500.000 pesetas durante el año natural correspondiente o de 50.000 pesetas durante el mismo período, cuando, en este último supuesto, realicen la función de cobro por cuenta de terceros de honorarios profesionales u otros derivados de la propiedad intelectual o industrial o de los de autor.
Los obligados tributarios que hayan realizado exclusivamente operaciones no sometidas al deber de declaración, según lo dispuesto en el artículo 3 de este Real Decreto.
Artículo citado en: 6 sentencias, una disposición normativa, 16 resoluciones administrativas
Los obligados tributarios a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 de este Real Decreto, deberán relacionar en la declaración anual de operaciones a todas aquellas personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, con quienes hayan efectuado operaciones que en su conjunto para cada una de dichas personas o entidades hayan superado la cifra de 500.000 pesetas, durante el año natural correspondiente, computándose, a efectos de dicha cifra, de forma separada, las entregas de bienes y servicios y las adquisiciones de los mismos.
Aquellas que hayan supuesto entregas de bienes o prestaciones de servicios por las que los obligados tributarios no debieron expedir y entregar la factura o documento equivalente, consignando los datos de identificación del destinatario o no debieron firmar el recibo emitido por el adquirente en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Las adquisicionees de efectos timbrados o estancados y signos de franqueo, excepto los que tengan la consideración de objetos de colección, según la definición que se contiene en el artículo 136.3.º, a) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Las importaciones y exportaciones de mercancías, así como las operaciones realizadas directamente desde o para un establecimiento permanente del obligado tributario, situado fuera del territorio español, salvo que aquél tenga su sede en España y la persona o entidad con quien se realice la operación actúe desde un establecimiento situado en territorio español.
En general, todas aquellas operaciones respecto de las que exista una obligación periódica de suministro de información a la Administración tributaria estatal a través de declaraciones específicas diferentes a la regulada en el presente Real Decreto y, en particular, las siguientes:
Las entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes y las entregas interiores de bienes devengados por inversión del sujeto pasivo a que se refiere el artículo 79 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como las entregas de bienes efectuadas en las condiciones previstas en el artículo primero, apartado dos, 1, del Real Decreto-ley 7/1993, de 21 de mayo, de medidas urgentes de adaptación y modificación de determinados tributos.
Los obligados tributarios a que se refiere el apartado 2 del artículo 1 de este Real Decreto deberán relacionar, además, en la declaración anual de operaciones, a todas aquellas personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, a quienes hayan efectuado adquisiciones de bienes o servicios al margen de cualquier actividad empresarial o profesional, que, en su conjunto, para cada una de aquellas, hayan superado la cifra de 500.000 pesetas durante el año natural correspondiente, con las siguientes excepciones:
Las establecidas en los párrafos e) y h) del apartado anterior de este artículo.
Los obligados tributarios a que se refiere el apartado 3 del artículo 1 del presente Real Decreto deberán relacionar en la declaración anual de operaciones, los pagos a que se refiere la misma disposición, siempre y cuando el total de la cantidad satisfecha a cada persona imputada haya superado la cifra de 50.000 pesetas.
Artículo citado en: 22 sentencias, 4 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 22 resoluciones administrativas, una noticia
Artículo 4 Cumplimentación de la declaración.
En la declaración anual de operaciones se expresarán los siguientes datos:
Los apellidos y nombre, por este orden, o, en su caso, la denominación o razón social completa, así como el número de identificación fiscal de cada una de las personas o entidades relacionadas en la declaración.
El importe total individualizado y expresado en pesetas de las operaciones realizadas con cada persona o entidad durante el año natural al que la declaración se refiera.
En particular, se harán constar los arrendamientos de locales de negocios separadamente de otras operaciones que, en su caso, se realicen entre las mismas partes, sin perjuicio de su consideración unitaria, a efectos de lo dispuesto en los artículos 2, c) y 3.1 de este Real Decreto. A estos efectos, el arrendador consignará los apellidos y nombre o razón o denominación social completa y el número de identificación fiscal de los arrendatarios, así como las referencias catastrales y los datos necesarios para la localización de los inmuebles arrendados.
Las entidades aseguradoras deberán identificar separadamente de otras operaciones las de seguros, atendiendo al importe de las primas o contraprestaciones percibidas y las indemnizaciones o prestaciones satisfechas en el ejercicio de su actividad aseguradora. Dicha identificación separada, se entiende, sin perjuicio de su inclusión en el importe total individualizado de las operaciones realizadas con cada persona o entidad, a efectos de lo dispuesto en los artículos 2, c)y 3.1 de este Real Decreto.
Tratándose de operaciones sujetas y no exentas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, se declarará el importe total de las contraprestaciones, añadiendo las cuotas y recargos repercutidos o soportados por dicho impuesto.
Tratándose de operaciones que hayan generado el derecho para el transmitente del bien o prestador del servicio a percibir una compensación, según el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido, se declarará el importe de las contraprestaciones totales, añadiendo las compensaciones percibidas o satisfechas.
A efectos de lo dispuesto en el presente Real Decreto se entenderá por importe total de la contraprestación el que resulte de aplicar las normas de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, contenidas en los artículos 78, 79 y 80 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, reguladora de este impuesto, incluso respecto de aquellas operaciones no sujetas o exentas al mismo que deban incluirse en la declaración anual, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.
En las operaciones de mediación y en las de agencia o comisión, cuando el agente o comisionista actúe en nombre ajeno, deberá declararse el importe total individualizado de las contraprestaciones correspondientes a estas prestaciones de servicios, añadiendo las cuotas repercutidas o soportadas en concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido.
De acuerdo con lo establecido en el párrafo c) del apartado 2 anterior de este mismo artículo, el importe total individualizado se declarará neto de las devoluciones o descuentos y bonificaciones concedidos y de las operaciones que queden sin efecto en el mismo año natural y teniendo en cuenta las alteraciones del precio acaecidas en el mismo período.
Artículo citado en: 7 sentencias, una disposición normativa, 8 resoluciones administrativas, una noticia
Artículo 5 Criterios de imputación.
Son operaciones que deben relacionarse en la declaración anual, las realizadas por el obligado tributario en el año natural al que se refiere la declaración.
En todos los casos contemplados en el apartado 4 del artículo 4 de este Real Decreto, cuando los mismos tengan lugar en un año natural diferente a aquél al que corresponda la declaración anual donde debió incluirse la operación, sin que aún se hubieran producido tales circunstancias modificativas, éstas deberán ser reflejadas, precisamente, en la declaración del año natural en que se hayan producido dichas circunstancias modificativas. A estos efectos, el importe total individualizado de las operaciones realizadas con la misma persona o entidad, se declarará teniendo en cuenta dichas modificaciones.
Los anticipos de clientes y a proveedores y otros acreedores constituyen operaciones que deben incluirse en la declaración anual. Al efectuarse ulteriormente la operación, se declarará el importe total de la misma, minorado en el importe del anticipo anteriormente declarado, siempre que el resultado de esta minoración supere, junto con el resto de operaciones realizadas con la misma persona o entidad, el límite cuantitativo establecido en el apartado 1 del artículo 3.
Las subvenciones, auxilios o ayudas que concedan los obligados tributarios a que se refiere el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 1 de este Real Decreto, se entenderán satisfechos el día en que se expida la correspondiente orden de pago.
El Ministro de Economía y Hacienda aprobará el modelo oficial al que deberá ajustarse la declaración anual de operaciones y dictará las normas sobre el lugar de presentación de la misma.
Dicha declaración podrá presentarse en soporte directamente legible por ordenador o mediante transmisión por vía telemática en las condiciones y diseño que apruebe el Ministro de Economía y Hacienda, quien, además, podrá establecer las circunstancias en que dicha presentación sea obligatoria.
El Ministro de Economía y Hacienda podrá autorizar la presentación de declaraciones por medio de soportes colectivos directamente legibles por ordenador.
La declaración anual de operaciones a que se refiere este Real Decreto se presentará durante el mes de marzo de cada año, en relación con el año natural anterior.
Artículo 7 Especificación de infracciones simples.
De acuerdo con lo establecido en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 78 de la Ley General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de la misma, la falta de presentación de la declaración anual de operaciones con terceras personas, regulada en el presente Real Decreto, así como la inexactitud u omisión de los datos que deban figurar en las presentadas, constituyen infracciones tributarias simples, sancionables con arreglo a lo dispuesto en los artículos 83 a 86 de la precitada Ley General Tributaria, en la redacción dada por la antedicha Ley 25/1995.
La Inspección de los Tributos y las oficinas gestoras de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, podrán requerir la presentación de las declaraciones omitidas o la aportación de los datos no consignados en las declaraciones o consignados inexactamente.
Disposición adicional primera Operaciones realizadas en Canarias, Ceuta y Melilla.
Las operaciones que se entiendan realizadas en Canarias, Ceuta y Melilla, según lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 70 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se relacionarán en la declaración anual de operaciones según lo dispuesto en este Real Decreto. Asimismo no será aplicable lo dispuesto en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 4 del presente Real Decreto a este tipo de operaciones. A estos efectos se entenderá por importe total de la contraprestación el que resulte de las normas vigentes de determinación de la base imponible del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas o del Impuesto General Indirecto Canario, respectivamente.
Todas las referencias contenidas en el presente Real Decreto al Impuesto sobre el Valor Añadido se entenderán realizadas al Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto General sobre Tráfico de Empresas en el supuesto de operaciones que se entienden realizadas, respectivamente, en Canarias o en Ceuta y Melilla.
Disposición adicional segunda Regímenes forales.
Disposición adicional tercera Obligados tributarios exceptuados de declarar.
Disposición transitoria primera Referencia normativa.
Disposición transitoria segunda Plazo de presentación de la declaración de 1995.
Quedan derogadas las siguientes normas y disposiciones:
El artículo 4 del Real Decreto 1042/1990, de 27 de julio, por el que se modifica el Reglamento de Ordenación del Seguro Privado, aprobado por Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto, en relación con las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras y se determina su tratamiento fiscal a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
Quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto y, en particular, la Orden de 4 de marzo de 1988, por la que se adapta el contenido del Real Decreto 1550/1987 a la organización contable del Estado y sus organismos autónomos.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 1996 y será de aplicación, por primera vez, a las operaciones realizadas durante el año natural de 1996 y a las declaraciones correspondientes a éste que deben presentarse durante el mes de marzo de 1997.
Orden de 21 de diciembre de 2011, del Departamento de Justicia, por la que se dispone un nuevo aplazamiento de la ejecución de la demarcación notarial prevista para el año 2010 en el Real Decreto 173/2007, de 9 de febrero, sobre demarcación notarial.
Corrección de errores de la Resolución de 3 de marzo de 1987, de la Dirección General de Tráfico, por la que se determina la información a suministrar por los fabricantes de equipos de evaluación de aptitudes psicomotoras y los criterios a considerar para la normalización de pruebas, instrumentos y materiales a utilizar por los Centros de Reconocimiento de Conductores en las exploraciones psicotécnicas de los mismos.
DECRETO 117/1995, de 9 de mayo, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico Superior en Construcciones Metálicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

References: REAL DECRETO 

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 7
 Real Decreto 
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 Real Decreto 

Artículo 1
 artículo 111
 artículo 33
 artículo 112
 artículo 111

Artículo 2
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 136
 Real Decreto 
 artículo 79
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 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 1
 Real Decreto 

Artículo 4
 Real Decreto 

Artículo 5
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 1
 Real Decreto 

Artículo 7
 artículo 78
 artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
 Resolución