Source: http://www.derechodedefensa.com.ar/2010/08/viajante-de-comercio-no-registrado.html
Timestamp: 2018-05-27 09:49:22+00:00

Document:
derecho de defensa: Viajante De Comercio No Registrado - Transferencia Parcial De Empresa – Solidaridad de Socios De Hecho- Sanción Art. 275 LCT Por Actitud Procesal
Viajante De Comercio No Registrado - Transferencia Parcial De Empresa – Solidaridad de Socios De Hecho- Sanción Art. 275 LCT Por Actitud Procesal
Expte: 1.456
Fojas: 308
EXPEDIENTE N. 1.456, "NAVARRO, HERNAN JULIO C/ FERNANDEZ, RICARDO NESTOR Y OTS. / DESPIDO".
En la Ciudad de Mendoza, a los seis días del mes de Agosto de dos mil diez y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7.062, se constituye la Sala Unipersonal de la Excma. Séptima Cámara del Trabajo, conforma por el Dr. Gustavo Estrella Penesi, con el objeto de dictar sentencia en los autos, N. 1.456, de los que:
Mendoza, 6 de Agosto de 2010.-
VISTO: El llamado de autos para sentencia de fs. 307, de los que:
RESULTA: A)- Que a fs. 78/93 vta., se presenta el Dr. Fernando Fernández Rosake, por el Sr. Hernán Julio Navarro, a quién representa legalmente, según acredita con el poder para juicios "apud acta" que acompaña a fs. 2, e interpone formal demanda en contra de los Sres. Ricardo Néstor Fernández, Juan González y JG ENOLOGIA SRL, reclamando diversas acreencias laborales, nacidas al amparo del vínculo del mismo orden que entre ambas partes se habría establecido y por el cobro de los rubros que detalla a fs. 83/84, a los que me remito "brevitatis causae", conforme a liquidación que allí practica.
Relata que el actor comenzó a trabajar para fecha1 de mayo de 2003, con el Sr. Ricardo Néstor Fernández, en su empresa denominada “Lab Fer”, dedicada a la producción y venta de productos químicos para bodegas y otras empresas en la categoría profesional de viajante de comercio, según CCT 308/95, modificado por la Ley 14.546.
Que el actor prestó servicios bajo la dependencia del demandado Fernández, hasta que éste realizó transferencia parcial del establecimiento a “J:G: ENOLOGÍA SRL” y al Sr. Juan González, en mayo de 2007. Que el actor prosiguió su relación laboral bajo la dependencia de los tres demandados.
Que la relación laboral nunca fue debidamente registrada y nunca se llevó correctamente el libro del art. 10 de la Ley 14.546. que la cartera de clientes del actor era exclusiva, amplia y variada, abarcando el Gran Mendoza, Luján, Maipú y Valle de Uco.
Que el salario estaba integrado por un básico de $ 1.000, más comisiones sobre ventas y sobre cobros, más viáticos y gastos por uso de vehículo. En el año 2006 y 2007, solo se le abonó al actor el básico, sin abonarle el porcentaje sobre ventas acordado de 1,5% ni el porcentaje sobre cobranzas del 0,5%.
Que el trabajador realizaba ventas y cobranzas a nombre y en representación de los demandados, de acuerdo con los precios y las condiciones impuestas por los empleadores.
Que para fecha 28 de noviembre de 2007, el actor envió TCL a Ricardo Fernández y el 5 de diciembre del mismo año a Juan González y a JG Enología SRL, emplazándolos a registrarlo laboralmente, más diferencias salariales y viáticos que detalla.
Que el 4 de diciembre de 2007, el demandado Fernández contesta y el 11 del mismo mes y año los demandados González y JG Enología SRL, todos con el mismo texto y rechazando el emplazamiento del actor y desconociendo relación laboral y rubros reclamados.
Que para fecha 18 de diciembre de 2007, el actor envía TCL a los demandados considerándose gravemente injuriado y despedido por exclusiva culpa de los demandados.
Fundamenta la responsabilidad laboral de los demandados.
B)- Corrido el pertinente traslado a fs. 154/157, contesta demanda el demandado Juan A. González por su derecho y el Dr. Sergio Adrián Ruggieri por JG Enología SRL.
Los mismos interponen falta de legitimación sustancial pasiva, ya que según expresan no han tenido vínculo laboral alguno con el actor. Además, manifiesta que el Sr. González es socio gerente de la SRL demandada y que siempre ha actuado en representación de la misma.
Niega en general y en particular los hechos expresados en la demanda.
Manifiesta que desde el mes de noviembre de 2005, JG Enología SRL comercializa productos enológicos y que desde entonces el demandado González, se ha desempeñado como gerente de la misma, actuando siempre dentro de los límites por el contrato social.
Que durante varios años existió una relación comercial con el laboratorio Lab Fer, comprándole diferentes tipos de materias primas para la elaboración de su círculo comercial, con la aparición de nuevos negocios. Que jamás se compartió viajante, sino que cada empresa tenía su propio vendedor. Que en definitiva la relación que los vinculaba con el demandado Fernández era meramente comercial, sin que existiera involucración sobre la forma de explotación, organización ni dirección de las diferentes empresas. Por lo que es claro que nunca existió transferencia, cesión o adquisición alguna ni de establecimiento, ni de fondo de comercio, manteniendo cada empresa su independencia.
Reitera que nunca existió entre los demandados ningún tipo de contrato con el actor.
Impugnan liquidación, ofrecen prueba y fundan en derecho.
C)- a fs. 160 y vta., obra contestación del traslado art. 47 CPL por parte del actor.
D)- A fs. 163, obra Auto, en el que se declara la rebeldía del demandado Ricardo Néstor Fernández.
E)- A fs. 169, obra auto de admisión de pruebas.
A fs. 198/99 de la Facultad de Ciencias Agrarias de la U.N.C.
A fs. 203, obra oficio del Banco HSBC.
A fs. 207, obra oficio de San Carlos Sud Coop. Ltada.
A fs. 210, obra oficio de la Bodega Viniterra.
A fs. 212, obra oficio de la bodega Saenz Briones y Cia SAIC.
A fs. 213, obra oficio de SA Bodegas y viñedos Antonio Nerviani Ltada.
A fs. 214, obra oficio de Asociación Bioquímica de Mendoza.
A fs. 221/224 vta., obra pericial contable.
A fs. 232, obra emplazamiento a la demandada a producir su prueba.
A fs. 236 vta., se tiene a la demandada por desistida de su prueba oportunamente ofrecida y pendiente de producción.
A fs. 238, obra oficio de AFIP.
A fs. 260, se fija audiencia de Vista de Causa.
A fs. 277 y vta., obra convenio conciliatorio al que arribaron las partes litigantes.
A fs. 283, obra constancia de incomparencia de los demandados a abonar al actor, la primera cuota del convenio al que arribaron las partes a fs. 277.
A fs. 284, la parte actora solicita nuevamente se fije Audiencia de Vista de Causa.
A fs. 286, se fija nuevamente audiencia de Vista de Causa.
A fs. 304, obra constancia de audiencia celebrada en la que fracasa nuevamente la conciliación intentada por incomparencia de los demandados.
A fs. 307, obra constancia de Acta de celebración de audiencia de Vista de Causa y de llamado para sentencia. A la misma no concurrieron los demandados.
1- Queremos destacar ante todo, los fundamentos desde los que partimos en nuestro análisis. Consideramos de modo fundamental que “Los derechos humanos que brotan del trabajo, entran precisamente dentro del más amplio concepto de derechos fundamentales de la persona” (S.S. Juan Pablo II, Laborem Excercens, N. 16). En igual sentido, la Constitución Nacional, en su art. 14 bis, garantiza la protección del trabajo y derechos humanos esenciales vinculados a el. En armonía, los Pactos Internacionales del art. 75 inc. 23 C.N. y Convenios de la OIT en su parte pertinente y que el trabajo es considerado como actividad básica para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la persona humana, de su familia y en la construcción del bien común. En éste sentido, siguiendo a Georges Kalinowski, entendemos que el derecho es lo que fue para Aristóteles “to dikaion” y para Santo Tomás “ius sive iustum”. Ahora bien, éste veía en el derecho al objeto de la justicia, porque lo consideraba una cierta obra adecuada a otro según un cierto modo de igualdad (II-II, 57, 1 c). El Derecho es una obra recta, adecuada, ajustada; es un acto, no en el sentido de una “actio”, sino de un “actum”. Por tanto el Derecho es una cierta obra adecuada a otro según algún criterio de igualdad. Por ello, lo propio y formal es la “obra justa” (Kalinowski, Georges, Concepto, fundamento y concreción del derecho, Abeledo Perrot, Bs. As., 1982, p. 19). De modo tal que en la medida en que “jurisdictio”, consiste en decir el derecho, es ante todo una obra de prudencia jurídica. Se comprende que las sentencias de los jueces sean llamadas y a justo título ”jurisprudencia” y que el jurisconsulto romano, mereció el noble nombre de “iurisprudens”, en el sentido etimológico del término. Aplicando el derecho debemos, en primer lugar, decirlo, en otras palabras, decir lo justo desde la prudencia: “iurisprudens”. Y lo justo, es una especie del bien. Es menester la calificación jurídica de la situación y la elección de una norma, a la que debe ser aplicada. De tal modo que el juez u otro sujeto de derecho que lo aplica, efectúa un doble juicio deductivo. En efecto, por un lado infiere (por medio del silogismo prudencial), la solución justa del caso concreto que se le presenta. Del otro, deduce la regla jurídica que parece imponérsele, con la ayuda del silogismo de aplicación del derecho. Después compara las dos soluciones. Si ellas concuerdan, el juez dictará su sentencia y los fundamentos de ella... Ahora bien, como el silogismo de aplicación del derecho, el silogismo prudencial es una inferencia deductiva”.
En tal sentido: “Cuál es la explicación y cuál el fundamento de que le sea debido a un trabajador un salario por el trabajo realizado? Dónde está la causa de que tal le sea debido? Cuál es, en última instancia, el acto por el que algo se constituye en propio de alguien? La respuesta en está en el siguiente aserto: “Es manifiesto que el derecho es el objeto de la justicia”. De tal modo que ser debido, significa tanto como corresponder y pertenecer. El concepto de derecho, de lo debido, es una noción hasta tal punto radical y primaria, que no se deja reducir a ninguna otra que le fuese anterior y de la cual pudiera ser derivada. En tal sentido, si es cierto que hay algo que le corresponde al hombre sin paliativo de ningún género, que el hombre posee irrevocablemente un “suum”, un “derecho” que pueda defender contra cualquiera y que a todos obliga al menos a no lesionarlo. Ello es porque el hombre es persona, vale decir, un ser espiritual, que es un todo de sí, que existe para sí y por sí y en vista a su propia perfección. En éste fundamento de la realidad esencial de todo ser humano, basamento elemental del reconocimiento de los más primarios derechos humanos, entre ellos los laborales, por ser precisamente derechos naturales, radica la más alta y definitiva validez y fundamento del derecho y de la justicia. Es preciso llegar a la convicción de que de otro modo, no podrá tener jamás eficacia la exigencia de la justicia como un límite, que la voluntad del poder político, debe necesariamente respetar.
Así: En el corazón de la sabiduría de Israel, encontramos un vínculo profundo entre la fe en el Dios que “levanta del polvo al desvalido” (Sal 113,7) y la justicia para con el prójimo. Lo expresa bien la misma palabra que en hebrero indica la virtud de la justicia: “sedaqad”. En efecto, sedaqad significa, por una parte, aceptación plena de la voluntad del Dios de Israel; por otra, equidad con el prójimo (Ex. 20, 12-17), en especial con el pobre, el forastero, el huérfano y la viuda (Dt. 10, 18-19). Pero los dos significados están relacionados, porque dar al pobre para el israelita, no es otra cosa que dar a Dios, que se ha apiadado de la miseria de su Pueblo. Por lo tanto para entrar en la justicia, es necesario salir de esa ilusión de autosuficiencia, del profundo estado de cerrazón, que es el origen de nuestra injusticia” (S.S. Benedicto XVI, Mensaje Pascua 2.010).
Nos corresponde por tanto en el caso concreto decir el derecho, es decir lo justo prudencialmente determinado. Insistiendo en que el acto de justicia no solamente se funda en el acto anterior, por el que pasa a ser debido, sino que supone además el acto de prudencia, que se endereza a plasmar en conducta, la verdad de lo real…. Con lo que se pone al descubierto algo todavía más hondo y radicalmente inhumano que lo revelado por cualquiera de los actos que, hablando en sentido formal, atribuimos a la injusticia; porque la acción humana, solo es propiamente acción, cuando se impone a ella con carácter de “medida”, la visión de lo real (Pieper, Josef, Las Virtudes Fundamentales, Rialp, 6ta edición, Madrid, 1998).
De tal modo que: “El bien propio y esencial del hombre o lo que es lo mismo su verdadero ser, el humano, consiste en que la razón perfeccionada por el conocimiento de la verdad, informe y plasme internamente el querer y el obrar… y razón no significa otra cosa que una referencia o dirección de la mirada a lo real, un paso a la realidad. Y verdad, no es otra cosa que el descubrimiento y patentización de la realidad, tanto natural como sobrenatural… La prudencia es, en efecto, la medida del querer y del obrar, pero a su vez, la medida de la prudencia es “ipsa res”, la cosa misma, la realidad objetiva del ser. La prudencia es como lo entendía Tomás de Aquino siguiendo a Aristóteles, “sabiduría en materia de cosas humanas”. Es cierto por tanto, que la primacía de la prudencia significa ante todo, la necesidad de que el querer y el obrar sean conformes a la verdad, pero en último término, no denota otra cosa que la conformidad del querer y del obrar a la realidad objetiva. Antes de ser lo que es, lo bueno ha tenido que ser prudente, pero prudente es lo que es, conforme a la realidad.
Realidad que pude sintetizarse en la frase de Goethe: “Todas las leyes morales y reglas de conducta, pueden reducirse a una sola, la verdad”.
En síntesis, hacemos nuestras las palabras del profeta Amós: “Que el Derecho corra como el agua y la justicia como un torrente inagotable”.
Nos corresponde por tanto en el caso concreto, desde la verdad, decir el derecho, es decir lo justo prudencialmente determinado.
En tal sentido veremos si el caso que nos ocupa cae en el ámbito del art. 1 CPL, en análisis que se efectuará en el marco de los arts. 21, 22 y 23 LCT.
2- VALORACIÓN DE LA PRUEBA: Primeramente debe considerarse que la prueba arrimada al proceso por las partes , debe ser merituada a la luz de la regla de la “sana crítica”, conforme al art. 69 del CPL.
En tal sentido, "las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. La sana crítica es la unión de la lógica y la experiencia, a la manera de Reus, que la entiende como la lógica del sentido común (Lima, Osvaldo José, Código Procesal Laboral de Mendoza, MEJ, Mendoza, 1998, p. 78). O bien, es “en principio, es la reconstrucción de los hechos acontecidos en el pasado a la luz de los documentos y demás elementos con los que cuenta el juzgador. A través de las pruebas reconstruir los hechos para así dirimir las cuestiones debatidas entre las partes... La convicción del juzgador se forma bajo las reglas de la sana crítica. De modo tal que “el magistrado debe valorar los distintos medios probatorios explicando las razones objetivas que ha tenido en cuenta para formar su convicción, al ponderar con un sentido crítico la variedad de las pruebas. La apreciación de los elementos de prueba debe ser global, vale decir, se debe evaluar en forma conjunta la prueba producida con la finalidad de posibilitar la determinación de la verdad material dentro del proceso” (Juzgado Lab. N. 1 de San Luis, 18/10/93, “Rodríguez Claudia c/ Sanatorio y Clínica Rivadavia SRL p/ Med. Caut., Expte. R-13-8-1991” (Código Procesal del Trabajo de San Luis, Anotado con Jurisprudencia, Editorial Tomás Jofré, Revisado y Anotado por Adela María Pérez del Viso, p. 14/15).
De modo tal que la regla de la sana crítica, es una suerte de Estrella de Belén, que guía al intérprete en la aplicación del derecho, en busca de los principios: procesal de la verdad real y de fondo de la primacía de la realidad que deben ser herramientas fundamentales del juzgador ius laboralista, a la hora de efectuar la reconstrucción histórica en el proceso laboral.
Así “la eficacia probatoria debe ser analizada de conformidad con las reglas de la sana crítica, merituándose, tanto los principios de la lógica como las máximas de la experiencia, es decir, de los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano y científicamente verificable, actuando ambos respectivamente como fundamentos de posibilidad y realidad” (CAL de S.L. RL n. 216/94 “Ojeda Gustavo c/ Policlínico Regional Villa Mercedes y/u ots. enf. Acc. 13-1294”). Concretando el concepto expresamos que: “los Tribunales del trabajo, pueden preferir unos elementos de prueba sobre otros. La valoración en conciencia de la prueba por los jueces del trabajo sólo requiere indicación individualizada de los elementos merituados pudiendo el organismo jurisdiccional preferir unos elementos de prueba, frente a otros” (CAL Villa Mercedes N. 5/98, “Fredes Rodolfo c/ Ind. Mineras Acrich SA Laboral, 05/02/98) (ob. cit. P. 15).
3- En cuanto hace a la mecánica de apreciación de la prueba, en principio, es fundamental destacar que el actor tiene la carga de acreditar los hechos constitutivos del derecho que invoca y el demandado, los extintivos, impeditivos o modificatorios que opone a aquellos. Salvo en cuanto se aplicable el art. 55 CPL y 55 LCT, en cuanto hace a los supuestos expresamente establecidos de inversión de la carga de la prueba.
A tal efecto meritúo la prueba a prueba admitida a fs. 169, efectivamente producida.
4- La actora como fundamento del reclamo que efectúa, alega una relación de empleo con los demandados.
Al respecto, el demandado González, como la empresa J G Enología SRL, han negado terminantemente el vínculo laboral.
Por su parte, el demandado Fernández, fue declarado rebelde según constancias de Auto de fs. 163.
Por tanto, en cuanto hace al tratamiento de la existencia o no de relación de dependencia entre el actor y os demandados, corresponde hacer un tratamiento diferenciado y valoración probatoria correspondiente al respecto.
5- SITUACIÓN DEL DEMANDADO FERNÁNDEZ: NO CONTESTACIÓN DE DEMANDA – REBELDÍA: Al respecto y tal como se ha expresado, el mismo no sólo que fue declarado rebelde en auto de fs. 163, sino que ni siquiera concurrió a Audiencia de Vista de Causa.
De todos modos, el dable destacar, que el demandado formaliza un Acuerdo conciliatorio a fs. 277 y vta., en el que acepta abonarle al actor una suma indemnizatoria.
En cuanto hace a este demandado, por un lado, la relación de empleo invocada, no es un hecho controvertido, en tanto no ha sido expresamente negada por la demandada. Empero y por lo dicho, ello solo no basta para hacer efectivo el apercibimiento del art. 45 CPL (tener por contestada la demanda en forma afirmativa), sino que también se debe acreditar la relación de trabajo.
Al respecto tengo presente las conclusiones de las testimoniales rendidas en la causa, amén del apercibimiento contenido en el art. 55 CPL.
Al respecto tengo presente las enseñanzas del Dr. Orlando Ronchetti Moso: “Este instituto se ubica entre los principios fundamentales que tipifican el proceso laboral, habiendo sido definido como instrumento de técnica procesal para establecer la igualdad real de las partes en el proceso, a cuyo fin, se libera a la parte obrera del “onus probandi” respecto de determinadas proposiciones de hecho por él propuestas y se crea a la patronal, la necesidad insoslayable de acreditar sus posiciones de hecho, a los fines de no ser derrotado. Para Baños, tiende a restablecer la igualdad de las partes en el proceso, y se apoya en la realidad de las relaciones laborales, que coloca al principal, en mejores condiciones para premunirse de las pruebas necesarias… para que en el proceso laboral se logre que el trabajador tenga igualdad con el empleador, es menester que se adecúe el derecho instrumental al derecho sustancial recogiendo aquel el espíritu, las finalidades y los principios de este último. De ahí que el necesario ajuste entre el derecho de fondo y el derecho laboral de forma, lleve a mode3lar u proceso que debe traducir con plenitud la vocación correctiva de desigualdades, que constituye la razón de la existencia del Derecho del Trabajo” (Livellara-Porras, Código Procesal laboral de Mendoza, T. II, EJC, Mendoza, 1992, p. 36).
La demandada no contestó la demanda, ni negó en forma categórica las circunstancias que se aducen y por las que se reclaman en la demanda y que encuadran en la normativa del art. 55 CPL y 55 LCT, que se refieren al cumplimiento por parte del empleador de obligaciones impuestas por la ley y por otro, a la obligación de llevar libros, registros o planillas especiales. En tales casos, el empleador, debe aportar la prueba contraria a las afirmaciones de trabajador.
Por tanto, a tenor de las consideraciones efectuadas y teniendo en cuenta como se ha expresado que se torna operativo plenamente el art. 45 CPL “in fine” y por ende se debe tener en el caso concreto, por contestada la demanda en forma afirmativa.
Por tanto, la no contestación de la demanda configura una presunción "iuris tantum" que puede llevar al juez a tener por ciertos los hechos contenidos en la demanda, salvo prueba en contrario.
Este principio, ha sido receptado por los ordenamientos procesales del trabajo, con excepción de los códigos adjetivos laborales de Tucumán y Mendoza. Este último, como se ha expresado, considerando la última parte del art. 45 CPL. Por lo tanto, para la ley adjetiva mendocina, la incontestación de la demanda solo tendrá entidad conformante de convicción, se acredita, la relación laboral, como presupuesto necesario de procedencia.
En el sub-lite, se da la incontestación de la demanda, no obstante haber sido notificado en forma. Empero y por lo dicho, ello solo no basta para hacer efectivo el apercibimiento del art. 45 CPL "in fine", sino que también se debe acreditar la relación de trabajo, la efectiva prestación de servicios.
Pero además tengo presente que por otro lado, los textos de los arts. 12 CPL, 74 y 75 CPC, categorizan que la no contestación de demanda significa presunción “iuris tantum” de la veracidad de las afirmaciones hechas en la misma. Es decir, que el texto referido, le manda expresamente al juzgador a presumir tales extremos, aunque admite prueba en contrario.
En punto a la rebeldía, prevista en la normativa citada, podemos decir que: “Debemos señalar junto a los procesalistas que la palabra rebeldía evoca a desobediencia, sublevación al mandato judicial, aunque la terminología es propia cuando la comparencia se la considera un “deber”. Modernamente se considera que hay “cargas” y no deberes, cuyo incumplimiento no es propiamente contrario a derecho, sino a su propio interés” (Livellara, Carlos y Porras, Alfredo, Código Procesal Laboral de Mendoza, T. I, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 1992, p. 81).
Además, tiene dicho la jurisprudencia comparada que “el procedimiento laboral provincial, siguiendo en el punto los lineamientos contenidos en la ley ritual nacional (Cfr. Art. 71 ley 18345), tiene establecido que la no contestación de la demanda significa una presunción “iuris tantum” de la veracidad de las afirmaciones hechas en la misma (Cfr. Art. 76 CPL). Como bien puede advertirse, la normatividad procesal citada resulta mucho más enérgica y terminante que la de su similar, el art. 356 inc. 1 del CPC, ya que aquella genera una presunción de veracidad que no necesita ser ratificada por ningún medio de prueba. Cabe señalar al respecto, que los efectos de la presunción se proyectan únicamente sobre los hechos expuestos en el inicio y no a la valoración o interpretación que de ellos se haga, ya que el juez se encuentra facultado para examinar si la pretensión se ajusta a derecho, conforme al aforismo “iura curia novit” (art. 24 CPL). (CAL de San Luis RL N. 96/95, “Lezcano Rosendo Felix c/ Fabriyes SA y/u ot. Emb. Prev. P/ cob. Pesos”, 23/5/95).
También: “La mayoría de los precedentes jurisprudenciales ha decidido que la rebeldía de la demandada da por reconocidos los hechos expuestos en la demanda, pero no el derecho ni el monto solicitado. La declaración de rebeldía no es por sí suficiente para prosperar los rubros reclamados en la demanda, ya que éstos pueden ser jurídicamente inadmisibles o no tener sustentación suficiente para acogerlos” (Juzg. Lab. N. 1 de S. Luis (Dr. Rodolfo Fages), fallo firme 11/6/93, “Lucero Dolores c/ Ojeda de Muñoz c/ de Aust.”.
Por tanto, en relación a la rebeldía considero que: "Por la modificación introducida se instituye la declaración de rebeldía con los efectos propios de los arts. 75, 76 y 77 del CPC, presunción de verdad de los hechos afirmados, posibilidad de medida precautoria, representación por el defensor y el llamado derecho de rescisión (Lima Osvaldo José, Código Procesal de Mendoza, MEJ, Mendoza, 1998, p. 24).
En tal sentido: "Es necesario puntualizar la discordancia que se presenta entre la ley adjetiva, por lo dispuesto en el art. 45, reformado por la ley 5.725, en cuanto a la presunción de los hechos afirmados por la contraria, aún respecto de la existencia de la relación laboral y la Ley de Contrato de Trabajo, que en su art. 23 requiere que el trabajador acredite la prestación de servicios, para que opere la presunción de la existencia del contrato de trabajo, considerando la Doctrina que de esa prueba depende que aquella entre a jugar. (Código Procesal Laboral de Mendoza, Livellara Porras, T. I, Ediciones Jurídicas Cuyo, 1992, p. 83).
6)- TESTIMONIALES: No obstante los fundamentos expresados, tengo presente la prueba testimonial rendida en Audiencia de Vista de Causa. En tal sentido, tengo presente las declaraciones testimoniales, considerando en cuanto al modo de valoración de las mismas que: “Por lo que a la hora de mover la convicción del juzgador, tengo presente que: “En el fuero laboral el sentenciador dispone de amplia libertad para apreciar la veracidad de los testimonios y juzgar si debe o no aceptarse la declaración de aquellos que están alcanzados por motivos de sospecha“. (Juzgado laboral N. 1 de San Luis, fallo firme del 17/04/1996, “Giudice Antonio c/ Autosanluis Sa p/ cob. pesos”. Tambièn ue: “Los testimonios deben considerarse en su conjunto, sin atomizarlos (Juzg. Lab. N. 2 San Luis, “Palacio S. c/ Videla Adislada”. También considero, que la prueba de testigos debe tomarse como formando parte de un todo, no como compartimientos estancos, ya que la atomización de cada contestación de los testigos conduce al polo opuesto de lo que es la sana crítica y a esta última le cabe gobernar siempre la apreciación y valoración de los dichos en cuestión. Además, es deber del juzgador valorarla, cotejándola con el resto de los elementos obrantes en el proceso.
En la misma prestó declaración en primer término la testigo María González. La misma expresó que conoce al actor de su trabajo, en la bodega Saenz Briones, desde el año 2003 aproximadamente. Que el actor vendía servicios y elementos para el laboratorio de la Bodega, en representación del demandado Fernández. Que luego cambió el nombre del laboratorio que les vendía y pasó a llamarse JG Enología SRL. Que de todos modos, también lo conoce al demandado Fernández, porque era habitual que le llamara para preguntarle si tenía confeccionado los cheques de pago, los que luego eran entregados al actor. Que Fernández llamaba cuando al principio no había cambiado de denominación el laboratorio para el que trabajaba el actor. Pero que luego, cuando aquel había cambiado de nombre, seguía llamando asiduamente el demandado Fernández, para los mismos fines, es decir, para saber si los cheques de pago estaban listos. Insiste la testigo en que tales cheques siempre se le entregaban al actor, que era el que vendía y a la vez efectuaba las cobranzas. Que en definitiva el actor retiraba los cheques, tanto por Fernández, como por JG Enología. Que luego que el actor no trabajara más para los demandados, se contrató los servicios de otro laboratorio. Que siempre se usó el mismo sistema.
Posteriormente tuvimos oportunidad de escuchar al testigo Alejandro Roldán. El mismo nos refirió que trabaja en tesorería de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNC. Que conoce al actor desde el año 2003, aproximadamente, porque iba a vender productos para el laboratorio de enología de la bodega de la Facultad, primero por el demandado Fernández, el que tenía un laboratorio que se llamaba “Lab Fer”. Luego concurría a vender en representación de “J.G. Enología SRL”. Que el demandado también cobraba además de vender. Que siempre le pagaron en efectivo.
Ambos testigos, afirmaron de modo tajante, que jamás tuvieron una queja por parte de los demandados, en relación a los cobros que hacía el actor.
7)- INSTRUMENTAL: A tal efecto tengo presente la prueba obrante a fs. 199, de la UNC, Facultad de Ciencias Agrarias, que informa que se adquirió para el laboratorio drogas de uso enológico al laboratorio Lab Fer, desde 2003 hasta 2007 y que desde junio de 2007 hasta octubre del mismo año al laboratorio mencionado además de JG Enología SRL. Que ambas firmas a través del Sr. Hernán Navarro, quién traía mercadería con su correspondiente factura y firmaba el recibo oficial al momento de la cancelación.
Luego a fs. 210, obra oficio de la Bodega Viniterra. La misma informa que ha operado como el Laboratorio Fernández y JG enología SRL, siendo Hernán Navarro el referente Comercial de ambas firmas, desempeñándose como vendedor y cobrador respectivamente. Que los períodos en los que ha operado son con Fernández entre 2003 y 2007 y con JG enología en 2007. Que se adquirieron productos químicos e insumos enológicos.
A fs. 212, obra informe de la bodega Saenz, Briones y Cia SAIC, la que refiere que JG Enología y Lab Fer fueron proveedores de su establecimiento entre diciembre de 2005 y noviembre de 2007, aproximadamente. Que la mercadería era traída por el Sr. Navarro, quién además cobraba los cheques, dejando el recibo oficial de pago correspondiente.
A fs. 213, obra oficio de la Bodegas y Viñedos Antonio Nerviani Ltada. La misma informa que laboratorios Fernández fue su proveedor de productos químicos y enológicos durante febrero a diciembre de 2006 y que los mismos eran adquiridos a través del viajante de comercio Navarro Hernán Julio y detalla los productos.
Luego a fs. 214, obra informe de Asociación bioquímica de Mendoza, la que manifiesta que laboratorios Fernández, fue proveedor suyo de insumos bioquímicos en el período 2003 a junio de 2006, conociendo al Sr. Juan Navarro como vendedor y cobrador de dicho Laboratorio.
8) PERICIAL CONTABLE: A fs. 223/224 vta. obra pericial contable la que está firme y ha sido consentida por las partes.
En la misma expresa el Sr. Perito (fs. 223), que tanto el Sr. Ricardo Néstor Fernández, el que le manifestó que él en forma personal y su empresa “Lab Fer”, no trabajaban más en el rubro desde hacía dos años desde la fecha de prestación de la pericia, le manifestó que no tenía libros laborales ni sistema de información de la empresa. Que en consecuencia, Fernández no puso a disposición documentación que pudiera proveer mayor información, argumentando que no contaba con la documentación.
Que asimismo se pudo en contacto con el codemandado Juan González (por sí y por JG Enología) en forma personal y ante su solicitud, continuó trato con su abogado el Dr. Ruggieri. Que solicitó documentación para compulsa en 6 puntos y la misma no le fue proveída, ni volvieron a contestarle el codemandado y su representante. Que acompaña copia del pedido de documentación.
Por tanto en el caso que nos ocupa, corresponde hacer lugar a las presunciones contenidas en los arts. 55 CPL y 55 LCT.
Al respecto: “En relación a la obligación del empleador de aportar la prueba contraria a las afirmaciones de trabajador, cuando el obrero reclame el cumplimiento de obligaciones impuestas por ley o cuando se cuestione el monto de retribuciones, entre otros supuestos.
En sentido concordante, el maestro Vázquez Vialard enseñaba: “El orden procesal no es otra cosa que el cúmulo de normas y principios de procedimiento aptos para poner en movimiento los derechos reconocidos por las leyes de fondo... y por lo tanto, para cumplir adecuadamente su misión, debe adaptarse a su derecho reglado, es decir, al orden material: y por ello debe estar imbuido de los esenciales y definidores principios que éste posee. Por mayor que fuera la protección que el Derecho del Trabajo material otorgara al trabajo humano dependiente, su efecto resultaría nulo si esas mismas finalidades sociales no se establecieran en el proceso, o sea, en el campo donde aquellos deben efectivizarse. El principio protectorio debe traducirse en una regla rectora, porque la misma inferioridad propia del trabajador que las leyes de fondo reconocen, se produce en el momento de discutirse jurisdiccionalmente las reclamaciones laborales. Esa desigualdad del trabajador se refleja en el proceso, en la dificultad que tiene para acercar y producir la prueba de su razón, presupuesto para activar los beneficios que la ley material le otorga” (Revista de Derecho Laboral, Procedimiento Laboral I, 2007-1, Vázquez Vialard y Valentín Rubio Directores, Elffman, Mario y Cassina, Jorge Luis, Los Principios del Derecho del Trabajo en el Derecho Procesal Laboral, Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2007, p. 13)
De modo tal que: “Los principios generales del Derecho del Trabajo son las reglas inmutables e ideas esenciales que forman las bases sobre las cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico-laboral. Su finalidad es proteger la dignidad del trabajador y proyectar su eficacia, tanto al iniciarse el vínculo laboral, como durante su desarrollo y al momento de su extinción... En este sentido, el prestigioso jurista mercedino H. Podetti, señalaba que mediante los principios, cuando debe efectuarse la operación lógico-valorativa del alcance de las normas aplicables, la interpretación, las situaciones no previstas y virtualidad de las previstas se resolverán aplicando el respectivo principio”.
Pero además, en el caso puntual existía la obligación por parte del empleador, de demostrar de modo fehaciente la prueba de la inexistencia de la relación laboral, más aún considerando la presunción del art. 23 LCT y el reconocimiento expreso de la prestación de servicios por parte de la actora.
Al respecto tengo presente que: “En el marco del Principio de Derecho del Trabajo de Primacía de la Realidad que otorga prioridad a los hechos, es decir, a lo que efectivamente ha ocurrido en la realidad, sobre las formas o apariencias o lo que las partes han convenido: el contrato de trabajo es un “contrato-realidad” (Grisolía, Julio, Derecho del Trabajo y de la Seguridad social, T. I, Lexis Nexis, Bs. As., 2004, p. 173) y guiados por la búsqueda de la verdad real, objetivo prioritario del juzgador “ius laboralista”, es que partimos de considerar que: “En doctrina hay una controversia en cuanto a cuáles serían las condiciones que activarían la presunción de la existencia del contrato de trabajo; las distintas posturas suelen ser calificadas, para su estudio, en dos grupos, según la amplitud de condiciones a que supeditan su operatividad: tesis amplia y tesis restringida". La tesis que cuenta con más adeptos, la denominada amplia, sostiene que la sola prestación de servicios hace operar la presunción de existencia del contrato de trabajo, estando a cargo del beneficiario la prueba de que estos servicios no tuvieron como causa un contrato de trabajo. Adscriben a esta tesis Fernández Madrid, De la Fuente y Roberto García Martínez. La tesis restringida, por su parte, pregona que para que opere la presunción legal, el trabajador deberá probar que los servicios prestados lo fueron en relación de dependencia, en las condiciones establecidas en los arts. 21 y 22 LCT. Abonan esta postura Vázquez Vialard y Justo López. Al respecto, en relación a la CSJN si bien pareciera que en el caso que tuvo a estudio el máximo tribunal consideraba que no había elementos de prueba como para tener por acreditada la prestación de servicios autónomos, lo importante del fallo, es que todas sus consideraciones llevan a la conclusión de que el tribunal admite la operatividad de la presunción legal sin limitaciones” (CSJN, 29/8/2000, “Amerise, Antonio Ángel c/ Obra Social de la Actividad de Seguros, Reaseguros, Capitalización y ahorro y préstamo para la vivienda s/ Recurso de hecho”, Fallos 323:2, p. 2314; cit Vázquez Vialard, Antonio y Ojeda Raúl Horacio, Ley de Contrato de Trabajo, comentada y concordada, T. I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2005, p. 318/321). También: “Sostenemos que si bien para acceder al sistema de protección del trabajo por cuenta ajena es frecuente tener que sortear con éxito las dificultosas pruebas orientadas a acreditar la configuración de una relación dependiente, lo cierto es que la disposición del art. 23 LCT, al poner a favor del prestador de tareas la presunción de la existencia de un contrato de trabajo, resulta de singular importancia, ya que exime al trabajador y muchas veces a los jueces, de enfrentarse con los sombríos e inquietantes límites que ofrece el concepto de dependencia, al que éstos últimos están, a su vez, subordinados” (Vázquez Vialard, Antonio Y Ojeda Raúl, ob. cit., T. I, p. 321).
A su vez, ha dicho nuestro Superior Tribunal: “Esta Corte ha sostenido en numerosos precedentes, que basta la prestación de servicios, para que la existencia del contrato de trabajo se presuma, es decir, que se genera una presunción favorable al trabajador, la que no implica, que deba juzgarse con mayor severidad que la que deriva de la sana crítica. Esta presunción conforme la letra del art. 23 LCT, es meramente “iuris tantum”, en cuanto admite que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven, se demuestre lo contrario” (autos N. 79.951, “Martínez, Juan Carlos en j.: 12.373 “Martínez, Juan Carlos c/ Martínez, Juan Carlos p/ Despido s/ inc. Cas”.
Desde ésta perspectiva, es que hacemos el minucioso estudio de las distintas pruebas que han aportado las partes al proceso, a los efectos de configurar que sucedió en realidad en el caso que nos ocupa.
De todos modos, en el caso concreto que nos ocupa, la demandada, por encontrarse en mejor condición de clarificar los hechos, debe aportar la prueba que pesa sobre su parte. En tal sentido, la mayor parte de los procesalistas, con la adhesión de la jurisprudencia y a los fines de moderación de las reglas tradicionales sobre el "onus probandi", en los caso de "difficilioris protationes" (que sin duda es el de autos), ha declarado que corresponde distribuir la carga tomando en cuanto a la parte que se encuentre en mejores condiciones para producirla, aplicando a ésta regla a cualquiera de los casos en que la dificultad de las partes beneficia a la que gozaba de mejores posibilidades, ya sean técnicas o fácticas, de probar el hecho contrario.
Por tanto en el juego armónico de los arts. 55 CPL y 55 LCT, es que desde el vamos al no haber aportado el demandado Fernández la prueba contraria a las afirmaciones de la trabajadora, respecto a texto de la primera parte del art. 55 CPL, es que, desde el vamos, tengo para mí, que efectivamente existió un vínculo laboral que unió al demandado Ricardo Néstor Fernández con el actor.
En cuanto a la fecha de inicio del vínculo, en base a los elementos probatorios analizados, tengo presente que efectivamente se inició en la fecha que dice el actor es decir el 1 de mayo de 2003, por ser coherente y armónico con el resto del conjunto de los elementos probatorios.
En cuanto a la fecha de la extinción del vínculo, es claro que el vínculo se extingue cuando la voluntad extintiva de una de las partes llega a conocimiento de la otra y en nuestro caso, es el día 18 de diciembre de 2007
Tengo para mí entonces, que el vínculo laboral que unió al actor con el codemandado Fernández, se extinguió para fecha 18 de diciembre de 2007.
9)- SITUACION DE LOS CODEMANDADOS JUAN GONZÁELZ Y J.G. ENOLOGÍA SRL: Al respecto en su contestación de demanda, han negado ambos codemandados de modo categórico el vínculo laboral con el actor.
Sin embargo, del análisis de las pruebas en las que fundamos la existencia del vínculo laboral entre el actor y el demandado Fernández, han aparecido elementos más que valiosos, desde el punto de vista probatorio, que no solamente enriquecen el plexo de pruebas, sino que colocan a éstos dos demandados en situación de empleadores.
Claramente las testimoniales rendidas y a cuya transcripción me remito, como la instrumental mencionada (informes de distintas Bodegas), mencionan que el actor era empleado como vendedor y como cobrador tanto del J:G enología SRL, como del demandado Juan González. Las conclusiones del Sr. Perito contador a fs. 223/224 al respecto me eximen de mayores comentarios. Los hechos propios del demandado González, en base a la teoría de los actos propios, me llevan a la conclusión de que en el caso es también aplicable la presunción contenida en el art. 55 CPL.
No quedan dudas que el actor fue empleado de JG enología SRL.
En cuanto hace al demandado Juan González, dentro del conjunto de elementos probatorios analizados y no en forma aislada, tengo presente la absolución de posiciones en rebeldía que solicitó la parte actora, a tenor de pliego que acompañó al respecto y que obra agregado a fs. 306.
Por tanto tengo presente que es verdad que el demandado González, juntamente como J.G. Enología SRL, adquirieron parcialmente la explotación empresaria de “Lab Fer”, en mayo de 2007. Que convino con el Sr. Navarro un porcentaje de comisiones sobre ventas del 1,5%. Que también acordó con el actor un porcentaje de comisiones sobre cobranzas del 0,5%. Que al Sr. Navarro no se le abonaron las comisiones sobre ventas y sobre cobranzas en los años 2006 y 2007. Que es socio del Sr. Ricardo Fernández y de JG Enología SRL en sociedad de hecho para explotar la empresa de venta y productos enológicos que antes se denominaba “Lab Fer”. Y que además, tenía el demandado González en forma personal bajo su relación de dependencia laboral al Sr. Navarro.
Al respeto tengo presente que: “Palacio entiende por confesión toda declaración que hace una parte, respecto de la verdad de hechos pasados, relativos a su actuación personal desfavorables para ella y favorables para la contraria. Es la “probatio probatissima”, atento a que, a confesión de parte, existe relevo de prueba. Por tanto la eficacia de la misma es suprema” (Código Procesal Laboral de Mendoza, Comentado, anotado y concordado, T. II, Dra. Inés Rauek de Yanzón, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 1992, p. 52).
Además tengo presente dentro de la conceptualización del art. 26 LCT que: “Este artículo brinda una noción sucinta de “empleador”, que es el otro sujeto del contrato de trabajo, aquel para quien se presta servicios el trabajador y normalmente le paga la remuneración. Según Martinis Catharino, es el sujeto principal desde el punto de vista económico, aunque sea secundario desde el punto de vista laboral, en relación con el trabajador. Se han propuesto diversas denominaciones para designar a este sujeto: patrono, empresario, dador de trabajo (usada frecuentemente en el derecho italiano), empleador (expresión difundida por la OIT, que corresponde a las denominaciones francesas de “employeur”, inglesa “employer” y portuguesa “empregador”, acreedor de trabajo (forma preferida por Alonso García), jefe de empresa (expresión de preferencia de los franceses, cultores de la concepción institucionalista de la empresa) y principal (expresión de origen comercialista). Plá Rodríguez, adaptando una definición de Evaristo de Moraes Filho, expresa que el empleador es la persona natural o jurídica que utiliza los servicios de otro, en virtud de una relación de trabajo. No se requiere que la persona que utilice los servicios de otro, tenga fines de lucro. Como se expresó en el comentario al art. 21, se entiende que, en mi opinión, a los fines de la aplicación de la LCT, la figura del empleador, equivale a la de empresario… Es empleador, la persona que recibe los servicios y se beneficia con ellos, no la que contrata o se relaciona con el trabajador (Vázquez Vialard, Antonio y Ojeda Raúl, Ley de Contrato de Trabajo, comentada y concordada, T. I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2005, p. 334/335).
En sentido concordante: “El art. 26 LCT determina quiénes pueden revestir la calidad de empleador, al disponer que: “Se considera empleador a la persona física, o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador”. Se trata de una persona física o jurídica que organiza y dirige el trabajo prestado por el trabajador dependiente, contando además, con facultades de control y disciplinarias. El alcance del concepto es amplio: puede ser empleador una entidad sin fines de lucro (p. ej.: organizaciones culturales), una asociación irregular (en formación), una sociedad de hecho o inclusive, un conjunto de personas físicas” (Grisolía, Julio, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, T. I, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2004, p. 203).
Por tanto, concluimos destacando como propia la concepción relativa a la amplitud con que el art. 26 LCT describe a la persona del empleador: "Se considera "empleador" a la persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador", partiendo del concepto de que el dependiente puede ignorar al momento de demandar, cual es la persona jurídica o ideal de quien depende.
Teniendo en cuenta el designio protectorio de la legislación laboral, que privilegia la realidad objetiva sobre las apariencias fingidas, y protege al trabajador del fraude en que suele incurrirse en este campo especial de interrelación humana en disparidad (art.14 LCT) ha de partirse de la latitud del concepto de empleador que define el art. 26 LCT, teniendo por tal “a la persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador”.
Por tanto, en función de las pruebas a las que hemos aludido con anterioridad, al que le asigno importancia trascendente, el demandado González en forma personal se comportaba como principal del actor, siguiendo la terminología comercialista y que con el alcance dado por el sentido mayoritario de la jurisprudencia y doctrina tratada, se lo considera como empleador.
Todo esto sin perder de vista que estábamos en presencia de una relación laboral no registrada y que a la actora, según se desprende de las propias manifestaciones de la demandada en su contestación de demanda, nunca le habían entregado un bono de sueldo.
10- PRESUNCIÓN ART. 23 LCT.: También analizo, en el marco del Principio de Derecho del Trabajo de primacía de la Realidad que otorga prioridad a los hechos, es decir, a lo que efectivamente ha ocurrido en la realidad, sobre las formas o apariencias o lo que las partes han convenido: el contrato de trabajo es un “contrato-realidad” (Grisolía, Julio, Derecho del Trabajo y de la Seguridad social, T. I, Lexis Nexis, Bs. As., 2004, p. 173) y guiados por la búsqueda de la verdad real, objetivo prioritario del juzgador “ius laboralista”, es que partimos de considerar que: “En doctrina hay una controversia en cuanto a cuales serían las condiciones que activarían la presunción de la existencia del contrato de trabajo; las distintas posturas suelen ser calificadas, para su estudio, en dos grupos, según la amplitud de condiciones a que supeditan su operatividad: tesis amplia y tesis restringida". La tesis que cuenta con más adeptos, la denominada amplia, sostiene que la sola prestación de servicios hace operar la presunción de existencia del contrato de trabajo, estando a cargo del beneficiario la prueba de que estos servicios no tuvieron como causa un contrato de trabajo. Adscriben a esta tesis Fernández Madrid, De la Fuente y Roberto García Martínez. La tesis restringida, por su parte, pregona que para que opere la presunción legal, el trabajador deberá probar que los servicios prestados lo fueron en relación de dependencia, en las condiciones establecidas en los arts. 21 y 22 LCT. Abonan esta postura Vázquez Vialard y Justo López. Al respecto, en relación a la CSJN si bien pareciera que en el caso que tuvo a estudio el máximo tribunal consideraba que no había elementos de prueba como para tener por acreditada la prestación de servicios autónomos, lo importante del fallo, es que todas sus consideraciones llevan a la conclusión de que el tribunal admite la operatividad de la presunción legal sin limitaciones” (CSJN, 29/8/2000, “Amerise, Antonio Ángel c/ Obra Social de la Actividad de Seguros, Reaseguros, Capitalización y ahorro y préstamo para la vivienda s/ Recurso de hecho”, Fallos 323:2, p. 2314; cit Vázquez Vialard, Antonio y Ojeda Raúl Horacio, Ley de Contrato de Trabajo, comentada y concordada, T. I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2005, p. 318/321). También: “Sostenemos que si bien para acceder al sistema de protección del trabajo por cuenta ajena es frecuente tener que sortear con éxito las dificultosas pruebas orientadas a acreditar la configuración de una relación dependiente, lo cierto es que la disposición del art. 23 LCT, al poner a favor del prestador de tareas la presunción de la existencia de un contrato de trabajo, resulta de singular importancia, ya que exime al trabajador y muchas veces a los jueces, de enfrentarse con los sombríos e inquietantes límites que ofrece el concepto de dependencia, al que éstos últimos están, a su vez, subordinados” (Vázquez Vialard, Antonio Y Ojeda Raúl, ob. cit., T. I, p. 321).
Por tanto, seguiremos la concepción “amplia”, no sólo porque los dice la CSJN, sino también por propio convencimiento, ya que “siempre el empleador está en mejores condiciones de desvirtuar que el actor de probar” y esa es la razón de la presunción y de la inversión del “onus probandi”. Pero además por honestidad intelectual, que humildemente trato de imitar del maestro Vázquez Vialard, quién con toda sinceridad resalta, haciendo honor a su integridad intelectual y moral, que su criterio: “El restringido”, es minoritario y para ello no sólo cita un fallo de la CSJN que hace concluir su razonamiento, sino además, como él mismo afirma, es minoritario.
También: “Sobre el tópico que resulta de aplicar la presunción legal, contenida en la norma pre mencionada el Dr. Capón Filas, en la sentencia que comentamos, refiere que en este caso el contrato de trabajo puede probarse indirectamente también a través de un punto de vista lógico, destacando que "la prueba in/directa, presume el contrato de trabajo a partir de la realidad de las tareas, realizadas para un tercero a quien le corresponde demostrar que han sido prestadas en el marco de una relación jurídica diferente al contrato de trabajo. Si no se prueba tal causa, el contrato de trabajo queda demostrado. El peso de la prueba se reparte, ya que quien se describe como trabajador debe demostrar las tareas cumplidas, para quien califica de empleador, debiendo éste demostrar la causa jurídica por la que las ha recibido, distinto al contrato de trabajo.
La prueba indirecta procesa el siguiente silogismo: “Si quien pretende haber sido trabajador, demuestra las tareas realizadas (a), y quien las recibe no demuestra que hubieran sido prestadas por una causa jurídica distinta (d), al contrato de trabajo (c), éste ha existido en la realidad (premisa mayor).
“Si el actor demuestra las tareas prestadas y el demandado no ha demostrado que fueron realizadas por una causa jurídica distinta al contrato de trabajo (premisa menor), entonces ha existido un contrato de trabajo (conclusión).
Puede formularse : “a +d=C"
En realidad este esquema probatorio, limita la aplicación del art 23 LCT, y la prueba del demandado, en tanto hace referencia sólo a "las causas que la motivaron", omitiendo considerar "las circunstancias y relaciones ", de lo que se desprende que de acuerdo a aquélla argumentación, no le bastaría al empleador con demostrar que no hubo facultad de mando (subordinación jurídica) ni subordinación económica de la obligación del pago de la remuneración, para desvirtuar la presunción, ya que ésta quedaría configurada por la sola prestación de servicios, si el empleador no demuestra una causa distinta.
Y es precisamente que, demostrando el patrono que no existió subordinación jurídica y económica, además de técnica, que son los elementos tipificantes del contrato de trabajo, es decir, que no estaba facultado para impartir órdenes e instrucciones sustituyendo la voluntad del trabajador, quien tiene la correlativa obligación de acatarlas y asimismo que no abonaba una contraprestación en dinero, para desvirtuar la presunción del art 23 LCT.
En el esquema o silogismo propuesto por el Dr. Capón Filas, parece “prima facie” que tales requisitos no forman parte del silogismo, sino que, habiendo demostrado la prestación de tareas, (cualquiera fuesen éstas), sería suficiente para tornar operativa la normativa citada, a menos que se demuestre una causa jurídica distinta, expresión que en nada se asimila a los elementos tipificantes de la relación.
En este orden de ideas, y si bien la propuesta resulta interesante, debe otorgarse mayor amplitud al empleador para desvirtuar la presunción que emana del art 23 LCT.
Corolario de ello es que, si el patrono admite la prestación de servicios invocando otro tipo de relación que no demuestra, es aplicable el art 23 RCT.
En cambio, si demuestra la inexistencia de los elementos característicos de la vinculación laboral, tal precepto no resulta operativo, en tanto si bien la prestación de servicios supone la existencia de un contrato de trabajo, para que cobre operatividad el art 23 LCT, se requiere que aquéllos se efectúen en relación de dependencia que es la que regula el Derecho del Trabajo.
Desde ésta perspectiva, analizando los elementos probatorios antes descriptos, es que también llegamos a la conclusión y por los fundamentos expresados, que los codemandados JUAN GONZÁLEZ y JG ENOLOGÍA SRL., fueron empleador del actor.
11- CARGAS DINÁMICAS: Es más, incluso, se puede hacer jugar en el caso que nos ocupa, la presunción contenida en el art. 55 CPL, es decir la inversión de la carga de la prueba, ante la efectiva demostración por parte del actor, del hecho de la relación laboral y por ende del contrato de trabajo, a la luz del art. 23 LCT.
En el caso puntual existía la obligación por parte del empleador, de demostrar de modo fehaciente la prueba de la modalidad laboral que invoca. Al no hacerlo, considero que no cumplió con los requisitos antedichos y por ende, el contrato de trabajo fue de tiempo indeterminado.
En el caso concreto que nos ocupa, la demandada, pese a encontrarse en mejor condición de clarificar los hechos, no contesta demanda, ni siquiera para negar o desconocer los hechos sobre los que la actora arma su estructura de demanda. En tal sentido, la mayor parte de los procesalistas, con la adhesión de la jurisprudencia y a los fines de moderación de las reglas tradicionales sobre el "onus probandi", en los caso de "difficilioris protationes" (que sin duda es el de autos), ha declarado que corresponde distribuir la carga tomando en cuanto a la parte que se encuentre en mejores condiciones para producirla, aplicando a ésta regla a cualquiera de los casos en que la dificultad de las partes beneficia a la que gozaba de mejores posibilidades, ya sean técnicas o fácticas, de probar el hecho contrario.
Que en la especie, la demandada se sustrajo a "…la obligación de colaborar en la actividad esclarecedora de los hechos que le incumbía…" (C.S in re "Pinheiro…", sent. 10/12/97, fallos 320-2715; Peyrano Jorge, "La Doctrina de las cargas probatorias dinámicas y la máquina de impedir la materia jurídica", en Revista Derecho Procesal, medios de Impugnación, Recursos II, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1999, n. 3, p. 395).
Por tanto, tengo por ciertas, las afirmaciones del actor en su escrito inicial, respecto de circunstancias que necesariamente debían constar en los libros que debía llevar la demandada y que debían ser objeto de especial negativa en contestación de demanda. . Así, tengo por cierto que el actor efectivamente laboró al servicio de los demandados J.G. Enología SRL y del demandado Juan González en forma personal, como viajante de comercio, encuadrable en el CCT 308/95 y Ley 14.546, habiendo comenzado su relación laboral con el actor, por haber comenzado a participar del emprendimiento comercial del demandado Fernández, para fecha mayo de 2007 (arts. 45 “in fine”, 55, 108, del CPL, 14 bis C.N., 55 LCT y 168 del CPC).
En cuanto hace a la fecha de extinción del mismo, es cuando la voluntad extintiva de una de las partes, llega a la esfera de conocimiento de la otra. En este caso para fecha 18 de Diciembre de 2007, como se ha expresado, en la que el actor remite CD. en la que se coloca en situación de despido indirecto.
Por lo que tengo para mí, que el vínculo laboral se extinguió para fecha 18 de diciembre de 2007.
En tal sentido, tiene dicho la jurisprudencia que: "La forma escrita para la comunicación del despido, sólo es exigible en casos de despido por justa causa, por lo que, el despido verbal debidamente acreditado, resulta válido para extinguir el vínculo. Sala 3, 15/07/2003, "Segundo, Raúl H. c/ Noname SA", cit. Grisolía, julio, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, T. II, Lexis Nexis, Santa Fe, 2004, p. 1175).
En mérito a los fundamentos expresados, corresponde desestimar la excepción de falta de legitimación sustancial pasiva articulada por el demandado Juan A. González y J.G. enología SRL.
En relación a la categoría de trabajo no registrado del caso que nos ocupa, desde nuestras más íntimas convicciones e invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, tal como reza el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional, en éste caso a través de sus pontífices, destaco que: “Defraudar a alguien en su salario, es un gran crimen que clama al Cielo” (“Rerum Novarum”, N. 14, S.S. León XIII). En sentido coincidente y más recientemente: “Por esto, ya el 1 de mayo de 2000, mi predecesor Juan Pablo II, de venerada memoria, con ocasión del Jubileo de los Trabajadores, lanzó un llamamiento para «una coalición mundial a favor del trabajo decente», alentando la estrategia de la Organización Internacional del Trabajo. De esta manera, daba un fuerte apoyo moral a este objetivo, como aspiración de las familias en todos los países del mundo. Pero ¿qué significa la palabra «decente» aplicada al trabajo? Significa un trabajo que, en cualquier sociedad, sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer: un trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad; un trabajo que, de este modo, haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación; un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a trabajar; un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz; un trabajo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual; un trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación” (“Caritas in veritate” N. 63, S.S. Benedicto XVI).
Habiendo esclarecido el objeto de la presente Primera Cuestión, resta por dilucidarse en ésta “questio”, si asistió razón y Derecho al actor para la extinción en forma indirecta y causada del vínculo laboral que lo unía con la demandada y como consecuencia de lo anterior, si le asiste razón y Derecho reclamar los rubros indemnizatorios que formula en la demanda. ASÍ VOTO.
II- SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. ESTRELLA PENESI DIJO:
1- OBJETO DEL DECISORIO: Los rubros de naturaleza indemnizatoria que reclama el actor derivan de la situación de despido indirecto en la que se colocó el mismo.
Por tanto la ratio esencial a dilucidar en el “thema decidendum” de la presente Cuestión, en el caso que nos ocupa es determinar si al trabajador le asistió razón y derecho en tal hipótesis.
2- NOTIFICACION PREVIA - BUENA FE: “En la mayoría de las controversias es exigible que el trabajador PREVIO A DISOLVER EL VINCULO, intime al empleador a cesar con su accionar doloso y/o subsanar sus incumplimientos u omisiones... La prueba está a cargo del trabajador y de demostrarla, genera el derecho a cobrar las mismas indemnizaciones que en el caso de despido directo sin causa o sin causa justificada: indemnización sustitutiva de preaviso, integración me de despido e indemnización por antigüedad, como asimismo, las que corresponden según cada caso en particular”. (Sala 5, 22/4/97, “Zola v. Tiempo Empresario”, DT 1997-B-2488; 30/3/2000, “Albertoni v. La Prensa SA, TySS 2000-800, Sala 7, y ots. fallos”. Grisolía Julio, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, T. II, Lexis Nexos, Santa Fe, 2004, p. 1132).
Así lo dispone expresamente el art. 246 LCT al consignar que cuando el trabajador hiciese denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, tendrá derecho a las indemnizaciones prevista en los arts. 232, 233 y 245 LCT.
En el mismo sentido: “La buena fe como concepto normativo RCT 62 y 63 recepta el modo normal de interpretar una norma o un compromiso (buena fe creencia) o de cumplimentar un débito (buena fe lealtad), de acuerdo a los estándares medio/sociales considerados obligatorios o presentados como modelos en una sociedad y ambiente determinado. Este análisis realizado por la doctrina austriaca en base al “Espíritu del Pueblo” germano, es complementado por la teoría sistémica que considera a la buena fe también como un módulo operativo para alcanzar los valores... El estereotipo utilizado por RCT art. 63 (buen empleador, buen trabajador) se basa en el buen padre de familia del derecho romano que le evitó las estrecheces del ordenamiento quiritario y le permitió abrirse a nuevas e interesantes posibilidades”. De modo tal que: “Las partes deben desenvolverse en el curso de la relación contractual manteniendo lealtad recíproca, haciendo lo necesario para asegurar a la contraparte el resultado útil de la prestación misma, adoptando en todo momento conductas encuadradas en el principio de buena fe” (CNAT Sala I, “Rojas Salinas, Antonio c/ Morwin Sa, 31/03/81) (Capón Filas, Rodolfo, Derecho del Trabajo, Librería Editora Platense, La Plata, 1998, p. 477/81). E incluso “El juego negocial de las partes (el que se despliega bajo las normas y principios propios del derecho laboral) está siempre presidido por el principio cardinal de la buena fe, al que sendas partes (empleador y trabajador) deben respeto tanto en la faz fundacional del contrato, en su etapa de ejecución y en su momento de extinguirlo o final (art. 63 LCT), conforme lo tiene dicho la SCBA” (Fallo STJSL n. 5/07, ”Frangie de Garro Jacinta c/ colegio San Luis Rey y ot. P/ cob. Pesos- Inconst”, 15/03/2007).
En el caso que nos ocupa, el actor intimó previamente a los demandados, mediante TCL cursado para fecha 28 de noviembre de 2007, que en copia obran a fs. 63/67 y originales a la vista. Con lo que cumplió con el requisito señalado.
3- DESPIDO INDIRECTO: En el caso que nos ocupa, la actora se colocó en situación de despido indirecto. Al respecto tengo presente que: “El despido indirecto, es el decidido por el trabajador ante un incumplimiento del empleador de suficiente gravedad que constituya una injuria que impida la continuación del contrato; debe ser notificado por escrito, previa intimación al empleador para que revea su actitud, expresando en forma suficientemente clara, los motivos que justifican su decisión. En la mayoría de las controversias es exigible que el trabajador (previo a disolver el vínculo) intime al empleador a cesar con su accionar doloso y/o subsanar sus incumplimientos u omisiones (Sala 5, 22/4/1997, “Zola c/ Tiempo Empresario”, DT. 1997-B-2488, 30/3/200 y otros fallos. La prueba de la causa invocada está a cargo del trabajador y de demostrarla, genera el derecho a cobrar las mismas indemnizaciones que en caso de despido directo sin causa o sin causa justificada: indemnización sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido e indemnización por antigüedad, como asimismo, las que correspondan, según cada caso en particular. Así lo dispone expresamente el art. 246 LCT al consignar que “cuando el trabajador hiciera denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245” (Grisolía, Julio, ob. cit. T. II, p. 1131/32).
4- CARÁCTER JUDICIAL DE LA DETERMINACIÓN DE LA INJURIA: Tengo presente que “la norma que regula la injuria es abierta y sujeta a redefinición judicial permanente. Tal determinación judicial estará signada por el nivel de tolerancia social (explícita o implícita) de algunas conductas: es posible pensar que, por ejemplo el uso del lenguaje coloquial (e incluso soez en algunos casos) o la vestimenta informal, se ha extendido de tal modo que nadie justifica un despido (al menos, sin algún apercibimiento previo) fundado en tales costumbres. Sin embargo, como el juez interpreta tal clima social a través de su propio sistema de valores y redefine la norma a partir de tal conjunto, es de esperar que los criterios a aplicar, que han de significar para los justiciables el pago de la reparación económica o la pérdida de la indemnización en la que tenían centradas sus expectativas, sean explícitos, conocidos, razonables y de algún modo previsibles en el contexto del conjunto de criterios que los intérpretes judiciales, en su conjunto, estén dispuesto a aplicar” (Ackerman, Mario, Tratado de Derecho del Trabajo, T. IV, Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 2007, p. 199).
5- MANIFISTACIONES Y PRUEBAS DE LAS PARTES: Al respecto y considerando el plexo probatorio analizado y las conclusiones logradas “ut supra”, en donde ha quedado efectivamente demostrada la relación laboral que unió a las partes, considero que los demandados, frente a las intimaciones del actor a las que se ha hecho referencia. Desde la perspectiva, la negativa del vínculo laboral por parte de los empleadores (misivas obrantes a fs. 68/70 y originales a la vita), máxime encontrándose los actores en situación de empleo no registrado, según sostiene la jurisprudencia unánime al respecto, implica de suyo una injuria lo suficientemente grave como para justificar la ruptura del vínculo por la parte afectada, es que considero, que efectivamente en el caso “bajo excursus¨ asistió al actor razón y derecho, para colocarse en situación de despido indirecto.
Pero además, la parte demandada persistió en la falta de registración correcta hacia la actora, aún cuando estaban vigentes las Resoluciones de AFIP 899/2000 y 943/2000, que instituyeron la “clave de alta temprana”, creando un régimen de registración obligatorio, con anterioridad al inicio de la relación laboral. De modo tal que: “la práctica de no registrar ni documentar una parte del salario efectivamente convenido y pagado, práctica comúnmente denominada “pago en negro” y prohibida por el art. 140 LCT y 10 Ley 24.013, constituye un típico fraude laboral y previsional, ya que tiene normalmente por fin último, la evasión al sistema de seguridad social y perjudica al trabajador, que se ve privado de todos los beneficios sociales, al sector pasivo, que es víctima de la evasión y a la comunidad comercial, cuando al disminuir los costos laborales, pone al autor de la maniobra en mejor condición para competir en el mercado, que la reservada a otros empleadores respetuosos de la ley”. CNAT, Sala 10, 20/9/2000, 2Coleur, Sergio c/ Frigorífico La Nona y ots. en D.T. 2001-A-122).
6- PROCEDENCIA DEL DESPIDO INDIRECTO:
En relación a lo expuesto la Doctrina en forma unánime tiene dicho: “La valoración de la existencia de injuria la debe efectuar prudencialmente el juez. El art. 242 LCT faculta a los jueces para evaluar las causas de despido y establece las pautas que “prudencialmente” deben tener en consideración: “el carácter de las relaciones que resultan de un contrato y las modalidades y circunstancias personales en casa caso. A ello debe agregársele el principio de buena fe, consagrado en los arts. 62 y 63 LCT, de manera que dicha valoración no queda, por razón de su generalidad, librada a la actividad discrecional del juzgador...”. (Grisolía, Julio, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, T. II, 10 ma edición ampliada y actualizada, Lexis Nexis, Bs. As. 2004, p. 1138/39).
En incluso: “La técnica jurídica que traduce en la práctica las consecuencias propias del principio protectorio y de su derivado (conservación de la relación laboral contractual) admite la eficacia del acto declarado por parte del empleador de extinguir aquella (también el procedente del empleado en caso de despido indirecto), aunque no se funde en justa causa. Por lo tanto el llamado despido arbitrario, según la denominación que usa el art. 14 bis del Constitución Nacional, produce la extinción de la relación. La declaración constitucional según la cual el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, constituyendo una clara recepción del principio protectorio del cual deriva el ya mencionado principio de la conservación de la relación laboral, se traduce en el reconocimiento de un derecho de crédito a favor del trabajador que ve frustrada su expectativa respecto del mantenimiento de la relación contractual... Sin duda la interrupción del vínculo creado por un negocio que, según el ordenamiento jurídico tiene vocación de perdurabilidad, le provoca un daño al trabajador. En primer lugar, su pérdida de oportunidad de ocupar su capacidad laboral en una actitud determinada, mientras satisface la aspiración común de toda persona, de realizar una tarea a través de la cual cumple con su débito respecto de la comunidad. El empleo de su aptitud e co-crear, le proporciona una fuente de ingresos, con los que hace frente a los gastos que requiere el mantenimiento de su propia existencia y la de sus familiares. El tener que buscar una nueva ocupación, le provoca no sólo en el plano de su vida moral, sino en la económica (pérdida transitoria de los ingresos que tenía asegurados como contraprestación de su actividad) un cierto perjuicio que la ley intenta reparar a través de la citada indemnización. Además, es importante destacar que la ruptura incausada de la relación contractual trae aparejado un cierto daño moral: el tener que dar explicación a familiares y conocidos de que ese hecho (que, en principio, puede hacer generar duda de que se ha debido a una causa imputable al trabajador, lo que ciertamente puede afectar la consideración que merece toda persona), sólo ha tenido como causa la voluntad del empleador, sin que mediara justa causa para adoptar esa decisión. En otras palabras, tiene que dar una explicación, lo que sin dudas supone una situación embarazosa, para evitar que la ruptura del vínculo se interprete como una consecuencia de un incumplimiento o falta grave imputable a él” (Vázquez Vialard, Antonio, El despido abusivo, en “Estudios sobre derecho individual de trabajo, en homenaje al profesor Mario L. Deveali”, p. 735, nota 6, citado en Vázquez Vialard, Antonio, La responsabilidad en el Derecho del Trabajo, Astrea, Bs. As., 1996, p.670).
De conformidad con los elementos probatorios analizados y por las conclusiones adoptadas en que considero, es procedente el despido indirecto, en el que se colocó el actor.
7- RUBROS PROCEDENTES:
Antes de proceder al análisis detallado de éste aspecto, es menester formular una aclaración previa necesaria, en cuanto hace al monto base de cálculo, del que parte la actora a fs. 9 y vta. y 136 y vta.).
La misma manifiesta que la remuneración base es de $ 1.000.-, mensuales más comisiones sobre ventas (1,5%) y comisiones sobre cobranzas (0,5%).
Tengo presente que parto de considerar, en mérito a los fundamentos expresados “ut supra” los que doy por reproducidos en mérito a la brevedad, es de, el monto denunciado por la actora como sueldo básico, no solo que no ha sido cuestionado en forma específica por la demandada, sino que además y por imperio de los arts. 55 CPL y 55 LCT, y en mérito a los argumentos expresados, lo considero válido, amén de estar previstos en el CCT 308/75 modif. Ley 14.546..
Por lo tanto, parto de considerar una remuneración mensual de $ 2.120.-, denunciado por el actor a fs. 83 vta.-
A tal fin, proceden los siguientes rubros reclamados por los actores:
8- CONCEPTOS DE PAGO OBLIGATORIO: A tal efecto tengo presente que: en relación al rubro expresado, “se debe abonar 1- sueldo anual complementario (SAC) proporcional (art. 123 LCT), 2- Vacaciones proporcionales (art. 156 LCT) Se debe abonar la indemnización por vacaciones no gozadas del año que se inicia el 1 de enero hasta el último día efectivamente trabajado. Existen distintos métodos para efectuar su cálculo. 3- Días trabajados hasta el despido: El empleador debe pagarle al trabajador, cualquiera sea la causa de la extinción del vínculo, los días trabajados durante el mes en que se produjo el despido y que no fueron abonados por haber cesado el contrato de trabajo, con anterioridad al momento del pago del salario” (Grisolía, Julio, ob. cit. T.II, p. 1220/22).
9- SALARIOS ADEUDADOS-DIFERENCIAS SALARIALES:
Al respecto tengo presente en relación al alcance del art. 57 LCT, que: “Para definir los alcances personales y materiales de esta presunción legal, es necesario analizar esta norma con las demás que integran su sistema. En primer lugar, cabe destacar que resulta aplicable a todos los empleadores, ya que éstos tienen la obligación de llevar el libro del art. 52, con independencia del número de trabajadores, no es posible asignar un efecto distinto a su omisión” (Vázquez Vialard y Ojeda Raúl, ob. cit., t. I, p. 423). En el caso que nos ocupa, efectuando una comparación analógica, los empleadores no llevaban el libro del art. 10 Ley 14.546, según manifestaciones del perito contador consentida por las partes.
También los actores reclaman por este rubro, en relación a los dos últimos años de relación laboral. En mérito a los fundamentos expresados y presunciones contenidas en los arts. 55 CPL y 55 LCT y a la absoluta falta de actividad probatoria por parte de los demandados, es que considero esta presunción.
9-1: Por tanto, en mérito a los fundamentos expresados, en relación al primer rubro reclamado a fs. 83 vta., le corresponde al actor por el rubro Comisiones sobre ventas años 2006 y 2007, en base al básico deducido la suma de $ 20.200.-, que es por lo que prospera el rubro.
9-2: Asimismo, le corresponde al actor el concepto de prima actualizada a la fecha del despido ($ 153,83 por 20% por 22 meses), por lo que el rubro prospera por la suma de $ 676,85.-
9-3: También corresponde que proceda el rubro reclamado por comisiones sobre ventas mes de despido (art. 5 inc. d Ley 14.546), por lo que prospera por la suma de $ 800.-
9-4. Comisiones pactadas por cobranzas: En base al 0,5% mensual, sobre los años 2006 y 2007 (art. 8 Ley 14.546), el rubro prospera por la suma de 4 7.990.-
9-5: Salario proporcional mes despido: En base a los días trabajados hasta el momento del despido, el rubro prospera por la suma de $ 760.-
10- VIATICOS: El actor reclama viáticos y compensación por gastos de vehículo 2006 y 2007, según el art. 7 Ley 14.546. En base a los argumentos expresados, este rubro se hace procedente por la suma que reclama el actor, es decir $ 2.400.-
11- VACACIONES: Al respecto se debe abonar la indemnización por vacaciones no gozadas del año que se inicia el 1 de enero, hasta el último día efectivamente trabajado. (CNATrab., Sala 6, 31/7/87, “Thompson v. Di Paolo Hnos”, cit Grisolía, Julio, ob. cit. T. 1, pa. 733).
En el caso que nos ocupa, se diferencia del criterio del art. 245 LCT en tanto no remite a los parámetros de normalidad y habitualidad, sino que por el contrario manda a considerar todo lo que el trabajador perciba, sea por trabajos ordinarios o extraordinarios, bonificación por antigüedad u otras remuneraciones accesorias... Tratándose de trabajadores mensualizados, se deberá tomar la correspondiente al momento del otorgamiento... aunque por razones prácticas se estila tomar el salario íntegro del mes en curso al momento de principiar el descanso. Es decir, adoptándola teoría de la consideración del salario más próximo e inmediato”. (Ackerman, Mario, ob. cit., T. IV, p. 448/49). Se deberá considerar como base el monto base antes aludido dividido 25, por 14 días que le corresponden en función de su antigüedad, más el SAC sobre vacaciones (32 días), arroja una suma de $ 699,8.-
11- PREAVISO: Al respecto debe tenerse en cuenta que: “El art. 232 LCT dispone que la parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente, deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador, durante los plazos del art. 231 LCT” (Grisolía, Julio, ob. cit., T. II, p. 1219). Por tanto entiendo que procede la indemnización correspondiente al preaviso omitido por un mes.
Considerando el tiempo en el que el vínculo se mantuvo vigente le corresponde la suma de $ 2.120.-, que es por lo que prospera el rubro.
A ello habrá que sumarle el SAC proporcional sobre el preaviso de tal manera que: “Los rubros no salariales que se abonan mes a mes al trabajador, no integran la indemnización por preaviso, por ejemplo, las asignaciones familiares, en cabio está incluído el SAC, ya que es salario diferido (las remuneraciones complementarias que el trabajador hubiera debido percibir y las remuneraciones variables (se debe efectuar un promedio de los últimos 6 meses, que se refleje en el ingreso normal de dependiente” (Grisolía Julio, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, T. II, Lexis Nexis, Bs. As., 2004, p. 1219).
Por lo que el rubro peticionado asciende a la suma de $ 145,20.-, que es por lo que prospera el rubro.
12- INTEGRACION MES DESPIDO: Al respecto: “Cuando la extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador se produzca sin previo aviso y en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debida al trabajador se integrará con una suma igual a los salarios faltantes hasta el último día del mes en el que se produjera el despido... Esto significa que la integración del mes de despido solo procede si el empleador despide al trabajador sin otorgarle preaviso o bien, en el despido indirecto con justa causa (conf. Fallo plenario 30, C.N. Trab., 25/6/1956, “Tomasello vicente c/ Bananco Hnos.”).Por lo tanto en el caso que nos ocupa, el rubro prospera por la suma de $ 932,80.-, a lo que hay que adicionarle él SAC sobre la integración, es decir la suma de $ 63,89.-, lo que totaliza la suma de $ 996,69.-
13- INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD: INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD: ART. 245 LCT. MONTO A DETERMINAR: Partiendo de considerar una remuneración mensual de $ 2.120.-, en mérito a los fundamentos a los que remito en honor a la brevedad y considerando además que aún cuando tenemos presente la Doctrina del fallo Vizzoti, de la CSJN, no es aplicable al caso concreto, desde que: "La decisión de la Corte, no desconoce la existencia de un tope, sino que implica que no se aplique, cuando el cálculo de la remuneración resulte "confiscatorio", es decir, cuando la rebaja supere el 33% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador (Grisolía, Julio, ob. cit., T. II, p. 1206).
En el caso que nos ocupa y también en mérito a los fundamentos dados, la actora al momento del despido, revistaba una antigüedad desde el 1 de mayo de 2003 hasta el 18 de diciembre de 2007, por lo que le corresponden 5 meses de remuneración en los términos del art. 245 LCT, por lo que el monto prospera por la suma de $ 10.600.-
14- MULTA ART. 15 LEY 24.013: Al respecto tengo presente que :”En caso de que la disolución del vínculo sobreviniera como consecuencia del despido indirecto dispuesto por el trabajador y previendo que ello pudiera haber tenido lugar como respuesta a incumplimientos contractuales del empleador, establece (durante el mismo término) una presunción “iuris tantum”, de modo tal que el empleador, para eximirse de la sanción, deberá probar la falta de vinculación entre la decisión rupturista y la ausente o defectuosa registración, así como también que su conducta injuriosa no tuvo por objetivo provocar la disolución de la relación... Además “la reforma introducida al art. 11 ley 24.013 no está referida al art. 15, ya que enumera los arts. 8. 9 y 10. De tal modo, la falta de notificación a la AFIP no obsta a la procedencia del reclamo fundado en el citado art. 15, ley 24.013 (Trib. Sup. Justicia de Córdoba, Sala Lab., 17/9/2003, “Calvo Moisés c Unión Israelita Sefaradí de Córdoba”.
En cuanto al monto de la multa, si bien alguna doctrina aislada sostuvo que la indemnización se agrava en un 200%, en el supuesto de despido injustificado, jurisprudencia mayoritaria entiende que las indemnizaciones que se duplican como consecuencia del despido, son antigüedad (art. 245 LCT), sustitutiva de preaviso (art. 232 LCT) e integración del mes de despido (art. 233 LCT). En sentido concordante se ha expedido la SCJM en jurisprudencia que obra en L.S. 354-209; 352-01.
El art. 15 establece que la duplicación alcanza a “las indemnizaciones que le hubieran correspondido como consecuencia del despido”. La utilización del plural da la pauta de que no se está haciendo referencia a una única indemnización.
Además, si resultare de aplicación algún estatuto especial, la indemnización común allí dispuesta para el despido, también se duplicará.
La CNAT con fecha 19/10/01, en fallo plenario 302, en la causa “Palloni, Mariela Haydeé c/ Depormed SA”, estableció que la duplicación a que alude el art. 15 Ley 24.013, incluye la suma prevista en el art. 233 parr. 2 LCT. Lo mismo ocurre con la incidencia del SAC sobre los rubros antes mencionados, por compartir su naturaleza indemnizatoria” (Grisolía, Julio, ob. Cit., t. I, p. 334).
A su vez, el art. 16 Ley 24.013, autoriza al juzgador a reducir el importe de la multa prevista en el art. 15 Ley 24013, hasta la eliminación de la duplicación prevista en el art. 15. “Obviamente que ésta facultad requiere ser utilizada prudencial y excepcionalmente por los magistrados. Para que pueda tener lugar la reducción, no sólo será menester realizar un detenido análisis que lleve a tener por comprobada la posibilidad de que hubiere existido “duda razonable” acerca de la naturaleza jurídica de la relación contractual, sino que la reducción y/o eliminación debe ser requerida expresamente por el empleador, por constituir el supuesto una excepción al principio de que el incumplimiento debe ser sancionado”. (Grisolía, Julio, ob. cit., T. I, p. 335).
En el caso que nos ocupa y por los fundamentos expuestos, entendemos que no proceden los presupuestos de excepción. En mérito a los fundamentos expresados, éste rubro deberá prosperar por la suma de $ 13. 861,89.-.
15- MULTA ART. 8 LEY 24.013: En relación a la multa reclamada por la actora a fs. 3, correspondiente a la Ley Nacional de Empleo, art. 8, puedo apreciar que el mismo, cumplimentó con el requisito del art. 11 Ley 24.013, introducido por la Ley 25.345 (BO 17/11/2000), “que establece que el trabajador debe cumplir dos requisitos formales: la intimación al empleador con las características que se detallan seguidamente y la remisión a la AFIP de la copia del requerimiento. De no cursarse la intimación, no son procedentes las multas aunque resulte constatada la inexistencia del registro o su irregularidad: la conducta antijurídica del empleador no recibirá sanción alguna por vía de la Ley 24.013 y el daño provocado no será reparado. Dispone que las indemnizaciones previstas en los arts. 8, 9 y 10 procederán cuando el trabajador o la asociación que lo represente, cumplimente fehacientemente las siguientes acciones: a)- intime al empleador a fin de que proceda a la inscripción, establezca real fecha de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones y b)- proceda de inmediato y en todo caso, no después de las 24 hs. hábiles siguientes, a remitir a la AFIP copia del requerimiento previsto en el inciso anterior” (Grisolía, Julio, Tratado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, T. I, Lexis Nexis, Bs. As., 2004, p. 323/24).
De las constancias de autos, del TCL cuyos originales tengo a la vista y ofrecidos a fs. 57, 58 y 59, surge la efectiva e imperiosa notificación que el actor debe efectuar a la AFIP.
En el caso que nos ocupa, por los fundamentos expresados, corresponde aplicar la última parte del art. 8 Ley 24.013 y por imperio del art. 77 CPL y las facultades allí consagradas es que procede el monto solicitado por éste rubro, por los actores, por lo que el rubro prospera por la suma de $ 28.090.-
16- INDEMNIZACIÓN ART. 14 LEY 14.546: Al respecto dicha norma establece: “En el caso de disolución del contrato individual de trabajo, una vez transcurrido un año de vigencia del mismo, todo viajante tendrá derecho a una indemnización por clientela, cuyo monto estará representado por el veinticinco por ciento de lo que le hubiere correspondido en caso de despido intempestivo e injustificado. Esta indemnización que percibirá el viajante o sus causahabientes, cualquiera sea el motivo determinante de la disolución del contrato, no excluye las que les correspondieran de acuerdo a los artículos 154 a 160 del Código de Comercio para los casos allí previstos”.
Por lo tanto, en mérito a los fundamentos expresados, es que este rubro prospera por la suma de $ 3.465,47.-
17- MULTA ART. 2 LEY 25.323: Consideramos que “el objetivo perseguido es compeler al empleador a abonar en tiempo y forma las indemnizaciones por despido y evitar litigios. La sanción no se vincula con la causa de despido: se castiga la conducta dilatoria que genera gastos y pérdidas de tiempo. El presupuesto de procedencia es el no pago de la indemnización en tiempo oportuno y la existencia de un despido sin invocación de causa producido a partir del 20/10/2000, aunque se lo debe hacer extensivo a los casos de despido indirecto con una causa justificada y de despido directo con invocación de causa a todas luces inverosímil. Por un lado requiere la intimación fehaciente por escrito (carta documento o telegrama del trabajador o de la asociación sindical con personería gremial que lo represente con el consentimiento por escrito del interesado, y por otro lado la mora del empleador”. (Grisolía, Julio, ob. cit. p. 1236).
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, ha acompañado el actor original y copia de notificación, en la que intima de modo fehaciente al demandado, al pago de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 LCT.
Dicha circunstancia se encuentra acreditada mediante TLC cuyas copias obran a fs. 74, 75 y 76 de los presentes obrados y cuyo original tengo a la vista.
Por lo que entiendo, que en el caso concreto, procede el monto solicitado, correspondiente al rubro que prevé el art. 2 de la Ley 25.323 y en mérito a los fundamentos expresados, por la suma de $ 6.930,94.-
18- MULTA ART. 80 LCT (LEY 25.345 – ART. 45): Al respecto, tengo presente que: “La procedencia de ésta indemnización queda supeditada a que el trabajador intime de modo fehaciente al empleador la entrega de dichos certificados (desde el 26/11/2000). En cuanto al plazo si bien el art. 45 ley 25.345 hacía referencia a dos días hábiles, el Dec. 146/2001 (BO 13/2/2001), reglamentario de esa norma) establece definitivamente que el plazo perentorio dentro del cual el empleador, una vez producida la disolución del vínculo laboral por cualquier causa, debe entregar al trabajador los instrumentos a los que se refiere el art. 80 LCT. Dicho Dec. 146/2001, en su art. 3 dispone que el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previsto en el art. 80 LCT, dentro de los treinta días corridos de extinguido, por cualquier causa el contrato de trabajo” (Grisolía, Julio, ob. cit. T. I, p. 673/74).
En el caso que nos ocupa, el actor ha acompañado notificación de emplazamiento a la parte demandada en los términos en los que nos hemos expresado en el presente punto, según constancias que en copia obran a fs. 10 y cuyo original tengo a la vista. Por tanto, habiendo emplazado la actora fehacientemente mediante TCL una vez transcurridos los 30 días de extinguida la relación laboral del 18 de diciembre de 2007, considerando tres veces la suma de $ 2.120.-, corresponde la procedencia de la multa solicitada por la suma de $ 6.360.-
19- RESTO LAS PRUEBAS: Las demás pruebas arrimadas al proceso, no invocadas en la presente, no conmueven las conclusiones aquí arribadas.
Por lo tanto, y más allá de lo opinable que pueda resultar el Derecho aplicable y la valoración de la prueba vinculada al caso que nos ocupa, tenemos presente que: "Contra la sentencia que desestima las pretensiones de los actores de pago de doble indemnización por despido, no cabe recurso de casación, si los fundamentos en que apoya el fallo la Cámara del Trabajo, se refieren a cuestiones de hecho y prueba, materia sobre la cual tiene soberana apreciación. Expte. 19.538, "Panello, Carlos H., Exequiel Casetti y ot. En j.: Panello Humberto y ots. Petersen, Thiele y Cruz SA p/ indemnización p/ despido- Inconst.-Casación. Fecha 14-03-1955. ubicación LS 058 - fs. 043. Magistrados: SUAREZ BOULIN-SAA-BUTTERFIELD. Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.
Más recientemente, la S.C.J.M ha dicho: "El sistema de apreciación libre al que se denomina "sana crítica", reserva al arbitrio judicial la determinación de la eficacia de la prueba en cada caso concreto, por lo que el juzgador valora las pruebas libremente en su eficacia, con el único límite que su juicio sea razonable. El es el soberano en la selección y valoración del material probatorio". Expte. 88.799, "Fundación Santa María en j.: 36.064 "Vázquez R. A. c/ Fundación Santa María p/ diferencias salariales. Fecha 16/08/2007. Ubicación LS 380, fs. 131. Magistrados: LLORENTE-SALVINI-BÖHM. Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.
Consecuentemente con lo expresado, corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda instaurada por el actor, Sr. HERNAN JULIO NAVARRO, en contra de los Sres. RICARDO NÉSTOR FERNÁNDEZ, JUAN GONZÁLEZ Y J.G. ENOLOGIA SRL, en forma solidaria, por los rubros reclamados y detallados en ésta Segunda Cuestión, ahí discriminados en el presente decisorio, a los que me remito “brevitatis causae”, por la suma de PESOS CIENTO SEIS MIL NOVENTA Y SEIS CON 84/100 ($ 106.096,84-), calculada a fecha 18 de diciembre de 2007.-
III- SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. ESTRELLA PENESI DIJO:
1- Que la parte actora ha planteado la inconstitucionalidad de la Ley Provincial 7.198, relativa a intereses y costas.
De todos modos, es criterio sostenido por éste Tribunal, que en cuanto a los intereses, que corresponde aplicar desde que cada monto es debido y hasta el día 25 de abril de 2004, el interés general equivalente a la tasa activa que informa el Banco de la Nación Argentina, más los cinco puntos anuales (5 %) que corresponden por la naturaleza laboral del crédito (art. 622 del C.C. y art. 82 del CPL y art. 2 de la Ley 3939), según lo dispuso la SCJ Mza. en autos 71.357 "Amorín en J.".
Ahora bien, a partir del 26 de Abril de 2004, corresponde aplicar la Ley 7.198, sin los cinco puntos anuales de interés, por haber sido derogado expresamente la Ley 3.939, por lo que se aplica a éste período, la Ley 7.198, según se resolvió en el Plenario Amaya.
Sin embargo, en complemento de lo expresado, de acuerdo a lo establecido por la Excma. Corte Suprema de Justicia de Mendoza en el fallo plenario dictado el día 12 de setiembre de 2005, en los autos n. 80.131, caratulados: "Amaya, Osfaldo Dolores en j.: 11.075 Amaya, Osfaldo Dolores c/ Boglioli, Mario p/ desp. s/ Inc. Cas.", y jurisprudencia posterior del citado Supremo Tribunal Provincial y el notorio incremento del proceso inflacionario, nos inclina a aplicar lisa y llanamente, la tasa activa, a partir de la fecha indicada precedentemente, es decir, desde el 26 de abril de 2004, por lo que resulta innecesario el tratamiento de la inconstitucionalidad de la Ley 7.198.
Esta normativa, se deberá aplicar hasta el día 2 de junio de 2009, fecha en la que se publicó en lista la resolución de la causa de la SCJ Mendoza “Aguirre, Humberto”, que dispuso la aplicación de la tasa activa cartera general nominal anual vencida, a treinta días, que informa el Banco de la Nación Argentina y hasta el efectivo pago, a fin de plasmar una justa composición de los intereses controvertidos en la presente causa, siendo criterio de ésta Séptima Cámara del Trabajo.
2- Las costas del presente proceso, deben ser impuestas en forma solidaria, por lo que prospera la demanda, a los demandados RICARDO NÉSTOR FERNÁNDEZ, JUAN GONZÁLEZ Y J.G. ENOLOGIA SRL, conforme al principio chiovendano de la derrota y al criterio sentado por la Excma. S.C.J. Mza, en el sentido de que las mismas se aplican por la procedencia del rubro, es decir, por la calidad, independientemente de la cantidad, por lo que prospera la demanda ("Delgado c/ O.H.A. construcciones…") (art. 31 y 108 CPL y 36 CPC).-
Por lo que se rechaza la demanda, las costas deben imponerse en el orden causado, atento a lo controvertido del derecho aplicable, a las dificultades probatorias que finalmente arrojaron luz en el presente caso y a que los actores han litigado de buena fe y con razón probable (art. 31 y 108 CPL y 36 CPC).
3- En cuanto a la procedencia de los intereses, en uso de la facultad que otorga el art. 77 del CPL , entiendo que la correcta calificación jurídica del reclamo y la determinación de la norma aplicable se debe centrar en el análisis de la conducta asumida por los demandados.
En el caso que nos ocupa, se celebró un convenio transaccional a fs. 277 y vta., que los demandados ni siquiera se molestaron en venir a pagar la primera cuota (fs. 283), lo que implica no solamente una falta de respeto a la otra parte, sino también al Tribunal.
Podemos apreciar claramente, una conducta contumaz de la demandada, que no solamente no paga, niega la procedencia de los rubros reclamados en ésta demanda, sino que dicha postura se ha mantenido inexplicablemente a lo largo del proceso donde ni siquiera contesta la demanda y ha mantenido así incólume la intensión de no concretar el pago al que tiene derecho la trabajadora.
La actitud de la demandada al dilatar innecesariamente el pago de los rubros indicados y a los que inequívocamente le asistía derecho a la actora no puede ser considerado un ejercicio legítimo del derecho de defensa en juicio, y como tal viola el deber establecido en el art. 22 del CPC que entre otras cosas constituye un estímulo para la rápida conclusión de los litigios, objetivo este último que es el deseable, en tanto se ajusta a la garantía ínsita en el art. 18 de la Constitución Nacional de “afianzar la justicia”.
El proceso exige una conducta de decoro, que alcanza a todas las partes y profesionales intervinientes, porque constituye un medio de satisfacer intereses jurídicamente protegidos, y de postular, en la medida de humanas posibilidades, un ideal de justicia que, como elemento axiológico influye en la sociedad, precisada de parámetros que trasciendan la esfera material e insuflen en sentido positivo a la convivencia de los hombres. En consecuencia, si el proceso se convierte en un mero azar, librado a las artimañas y subterfugios que extralimitan la habilidad de la actuación y deforman el derecho de defensa, hasta escarnecer el sentido ético que resguarda este último del ordenamiento procesal, que es la búsqueda de la verdad posible y la equidad rescatable. Es decir que una conducta temeraria o maliciosa es aquella en la cual, se hace, dice o piensa sin fundamento, razón o motivo; y estos son los actos que motivan las sanciones que pueden aplicar los jueces actuando siempre dentro de un proceder suma prudencia y evitando coartar las garantías de defensa en juicio. (SCJM. LS 394-027). En consecuencia, la malicia, lo temerario, son actos que quedan aprehendidos en el tipo normativo del art. 9 ley 25.013, en concordancia con art. 275 ley 20.744, y justifican la imposición de penalidades. (SCJM. LS 345-089).
Por lo tanto al monto de condena, se deberá aplicar la tasa prevista en el art. 275 LCT, en forma adicional a los intereses previstos en el Punto 1 de la Presente Cuestión, desde el día 18 de diciembre de 2007.-
4- Practíquese liquidación por el Departamento Contable de las Cámaras del trabajo. ASÍ VOTO.
Se pasa a dictar sentencia, la que a continuación se inserta
Los fundamentos que anteceden y normas legales citadas, la Sala I del Tribunal:
I- Hacer lugar parcialmente a la demanda instaurada por el actor, Sr. HERNÁN JULIO NAVARRO, en contra de los demandados Sres. RICARDO NÉSTOR FERNÁNDEZ, JUAN GONZALEZ Y J.G. ENOLOGIA SRL y en consecuencia condenando a éstos en forma solidaria, a pagar al actor, la suma de PESOS CIENTO SEIS MIL NOVENTA Y SEIS CON 84/100 ($ 106.096,84.-), calculada a fecha 18 de diciembre de 2007, con más los intereses a calcularse conforme se lo señala en la Tercera Cuestión, en concepto de rubros indemnizatorios por despido indirecto causado y rubros no retenibles, que deberá hacerse efectiva en el plazo de CINCO DÍAS de firme la presente y bajo apercibimiento de ley.-
II- Imponer las costas y honorarios profesionales a cargo de los demandados vencidos, por lo que prospera la demanda y por su orden en cuanto se rechaza la demanda (art. 31 y 108 CPL y 36 CPC).-
III- Intimar al condenado en costas a que dentro del plazo de TREINTA, DIEZ DÍAS Y TRES DIAS, respectivamente, acredite el pago de la tasa de justicia, aportes Ley 5.059 y Derecho fijo, respectivamente, bajo apercibimiento de ley.
IV- Regular los honorarios profesionales por lo que prospera la demanda y a cargo de los demandados condenados, sobre la base de $ 106.096,84.-, Dr. Fernando Fernández Rosake, en la suma de $ 8.487,74.-, Dr. Diego A. Arias, en la suma de $ 6.365,81.-, Dr. Mariano Lusverti, en la suma de 4 2.121,93.- y Dr. Sergio Adrián Ruggieri, en la suma de 4 5.941,42.-, todos calculados al 18/12/07.-
V- Regular los honorarios profesionales, del Sr. Perito contador Dr. Julián E. Sadofschi, en la suma de $ 5.304,84.-, calculados al 18/12/07.-
VI- Diferir la regulación complementaria de honorarios para cuando se practique liquidación final a ese efecto (arts. 2, 4, 7, 13, 18 y 31 del a Ley de Aranceles), sin perjuicio del IVA que pudiere corresponder.
VII- Notifíquese a la AFIP respecto de la situación de empleo no registrado verificado en los presentes obrados (art. 44 Ley 25.345).-
VIII- Hágase saber a la Caja Forense, Dirección General de Rentas y Colegio de Abogados, a fin de que tomen debida nota para exigir los tributos que correspondan.-
REGÍSTRESE, CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.
Publicado por Dr. Fernando Fernandez Rosake en 6:53 p. m.

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e contrario
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 resolución