Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2005-21261.htm
Timestamp: 2017-12-12 00:28:02+00:00

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B.O.E. Nº 309 de 27/12/2005
En EspaÃ±a, al igual que en otros paÃ­ses desarrollados, el tabaquismo es la primera causa aislada de mortalidad y morbilidad evitable. La evidencia cientÃ­fica sobre los riesgos que conlleva el consumo de tabaco para la salud de la poblaciÃ³n es concluyente.
Se estima, segÃºn los datos de la OrganizaciÃ³n Mundial de la Salud (OMS), que el consumo de tabaco es responsable del 90 por ciento de la mortalidad por cÃ¡ncer de pulmÃ³n, del 95 por ciento de las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crÃ³nica, del 50 por ciento de la mortalidad cardiovascular y del 30 por ciento de las muertes que se producen por cualquier tipo de cÃ¡ncer. En EspaÃ±a fallece cada aÃ±o como consecuencia del consumo de tabaco un nÃºmero de personas que representa el 16 por ciento de todas las muertes ocurridas en la poblaciÃ³n mayor de treinta y cinco aÃ±os. Asimismo, hay evidencias cientÃ­ficas de que el humo del tabaco en el ambiente (consumo pasivo o involuntario de tabaco) es causa de mortalidad, enfermedad y discapacidad. La Agencia Internacional de InvestigaciÃ³n del CÃ¡ncer de la OMS ha determinado que la exposiciÃ³n al aire contaminado con humo del tabaco es carcinogÃ©nica en los seres humanos.
El consumo de tabaco, como factor determinante de diferentes patologÃ­as y como causa conocida de muerte y de importantes problemas sociosanitarios, constituye uno de los principales problemas para la salud pÃºblica; de ahÃ­, pues, la necesidad de implantar medidas dirigidas a su prevenciÃ³n, limitar su oferta y demanda y regular su publicidad, promociÃ³n y patrocinio.
Estas medidas deben estar en total sintonÃ­a con las actuaciones previstas en la Estrategia Europea para el Control del Tabaquismo 2002 de la RegiÃ³n Europea y con el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, hecho en Ginebra el 21 de mayo de 2003 y ratificado por EspaÃ±a el 30 de diciembre de 2004.
Asimismo, la UniÃ³n Europea ha visto con preocupaciÃ³n el fenÃ³meno del tabaquismo, que ha pretendido combatir a travÃ©s de diferentes medidas normativas entre las que destaca la aprobaciÃ³n de la Directiva 2003/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la aproximaciÃ³n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco, Directiva que, mediante esta Ley, se incorpora a nuestro ordenamiento.
La ConstituciÃ³n EspaÃ±ola reconoce en su artÃ­culo 43 el derecho a la protecciÃ³n de la salud, y encomienda en su apartado 2 a los poderes pÃºblicos la organizaciÃ³n y tutela de la salud pÃºblica a travÃ©s de medidas preventivas. Para contribuir a la efectividad de este derecho, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, estableciÃ³ la obligaciÃ³n de las Administraciones pÃºblicas sanitarias de orientar sus actuaciones prioritariamente a la promociÃ³n de la salud y la prevenciÃ³n de las enfermedades, evitar las actividades y productos que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud y regular su publicidad y propaganda comercial.
En el Ã¡mbito de la legislaciÃ³n existente sobre aspectos generales relacionados con el tabaco, es de constatar su carÃ¡cter disperso y asistemÃ¡tico. AsÃ­, sin Ã¡nimo de exhaustividad, pueden citarse el Real Decreto 192/1988, de 4 de marzo, y su modificaciÃ³n posterior, operada mediante el Real Decreto 1293/1999, de 23 de julio, sobre limitaciones en la venta y uso del tabaco para la protecciÃ³n de la salud de la poblaciÃ³n; el Real Decreto 510/1992, de 14 de mayo, por el que se regula el etiquetado de los productos del tabaco y se establecen determinadas limitaciones en aeronaves comerciales; el Real Decreto 1185/1994, de 3 de junio, sobre etiquetado de productos del tabaco distintos de los cigarrillos y por el que se prohÃ­ben determinados tabacos de uso oral y se actualiza el rÃ©gimen sancionador en materia de tabaco; el Real Decreto 1079/2002, de 18 de octubre, por el que se regulan los contenidos mÃ¡ximos de nicotina, alquitrÃ¡n y monÃ³xido de carbono de los cigarrillos, el etiquetado de los productos del tabaco, asÃ­ como las medidas relativas a ingredientes y denominaciones de los productos del tabaco, y el Real Decreto 2198/2004, de 25 de noviembre, por el que se determinan los colectivos a los que se dirigen las polÃ­ticas de cohesiÃ³n a efectos de su financiaciÃ³n por el Fondo de cohesiÃ³n sanitaria durante el ejercicio 2004. La legislaciÃ³n vigente aborda igualmente la regulaciÃ³n de los aspectos publicitarios del fenÃ³meno del tabaco, si bien prohÃ­be Ãºnicamente la publicidad televisiva. La actual regulaciÃ³n se halla contenida bÃ¡sicamente en las Leyes 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurÃ­dico espaÃ±ol la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinaciÃ³n de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusiÃ³n televisiva, asÃ­ como en la Ley 22/1999, de 7 de junio, que modifica la anterior.
En el Ã¡mbito autonÃ³mico, en funciÃ³n de las competencias estatutarias en materia de salud pÃºblica, desde muy pronto se sintiÃ³ la necesidad de abordar la regulaciÃ³n de estas cuestiones; baste citar, a tÃ­tulo de ejemplo, la Ley de la Comunidad AutÃ³noma de CataluÃ±a 20/1985, de 25 de julio, de prevenciÃ³n y asistencia en materia de sustancias que puedan generar dependencia. Hoy puede decirse que la prÃ¡ctica totalidad de las Comunidades AutÃ³nomas ha legislado, bien aprobando normas especÃ­ficas sobre tabaco, como es el caso de Galicia con el Decreto 75/2001, de 22 de marzo, sobre control sanitario de la publicidad, promociÃ³n, suministro, venta y consumo de productos del tabaco, y de la Comunidad Foral de Navarra, con la aprobaciÃ³n de la Ley Foral 6/2003, de 14 de febrero, de prevenciÃ³n del consumo de tabaco, de protecciÃ³n del aire respirable y de la promociÃ³n de la salud en relaciÃ³n al tabaco, bien en el marco de regulaciones mÃ¡s amplias, generalmente vinculadas a fenÃ³menos de drogodependencias y otros trastornos adictivos, en el caso de las demÃ¡s Comunidades AutÃ³nomas: AndalucÃ­a, AragÃ³n, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y LeÃ³n, CataluÃ±a, Extremadura, Madrid, RegiÃ³n de Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana y PaÃ­s Vasco.
Las consideraciones expuestas hacen necesaria la adopciÃ³n de nuevas medidas en una doble direcciÃ³n. Por un lado, aquÃ©llas que inciden sobre el consumo y la venta, con el aumento de los espacios sin humo, la limitaciÃ³n de la disponibilidad y accesibilidad a los productos del tabaco, especialmente a los mÃ¡s jÃ³venes y la garantÃ­a de que el derecho de la poblaciÃ³n no fumadora a respirar aire no contaminado por el humo del tabaco prevalece sobre el de las personas fumadoras. Resulta oportuno y necesario introducir nuevas medidas en la venta y consumo de tabaco para subsanar las limitaciones y deficiencias de la legislaciÃ³n existente que el paso del tiempo, la progresiva evidencia cientÃ­fica, la mayor sensibilizaciÃ³n y concienciaciÃ³n social y la proliferaciÃ³n y diversificaciÃ³n de las estrategias de venta y promociÃ³n de los productos del tabaco han puesto de manifiesto.
Por otro lado, las medidas relativas a la publicidad y la promociÃ³n de los productos del tabaco, ya sea directa o indirecta, y el patrocinio de diferentes actividades, tienen una probada influencia sobre las conductas personales y los hÃ¡bitos sociales, por lo que se convierten en un claro elemento de inducciÃ³n y favorecimiento de su consumo, especialmente en el Ã¡mbito infantil y juvenil; por ello se hace necesario incidir limitativamente en todas las clases y medios de publicidad, ya sean impresos, radiofÃ³nicos, televisivos, electrÃ³nicos o cinematogrÃ¡ficos.
La adopciÃ³n de las medidas propuestas se hace tambiÃ©n necesaria para ofrecer el soporte y la cobertura normativa a las intervenciones educativas, preventivas y asistenciales desarrolladas en el conjunto del Estado. TambiÃ©n, desde este Ã¡ngulo, se evidencia la necesidad de contar con una base jurÃ­dica que facilite la existencia y eficacia de estas intervenciones, especialmente en la poblaciÃ³n infantil y juvenil, principal sector de poblaciÃ³n al que se dirige la regulaciÃ³n de los productos del tabaco.
Si bien el establecimiento de espacios sin humo es una actuaciÃ³n prioritaria de protecciÃ³n de la salud para la poblaciÃ³n en general, lo es en mayor medida en el caso de los menores. Cabe seÃ±alar la importancia del papel modÃ©lico de los profesionales docentes y sanitarios, en su labor educativa, de sensibilizaciÃ³n, concienciaciÃ³n y prevenciÃ³n, fomentando modos de vida sin tabaco.
Con el mismo objetivo, la prohibiciÃ³n de la publicidad directa e indirecta y el patrocinio de los productos del tabaco, representa una de las principales medidas de protecciÃ³n, dirigidas a la infancia y a la juventud, y pone de manifiesto la responsabilidad de las autoridades pÃºblicas, al limitar el acceso y disponibilidad de un producto, que genera adicciÃ³n, discapacidad, enfermedad y muerte.
No se puede desconocer, por lo demÃ¡s, que el fenÃ³meno del tabaquismo no se manifiesta de igual manera en hombres y en mujeres. Se han advertido claras diferencias tanto en las causas que inducen al inicio del consumo, en las mismas pautas de consumo, en el mantenimiento de la adicciÃ³n, en la respuesta a los tratamientos, en la dificultad de abandono y en las tasas en la recaÃ­da, y es evidente el mayor impacto negativo para la salud de las mujeres.
Es por ello por lo que se hace necesario contemplar la perspectiva de gÃ©nero en todas y cada una de las estrategias que se desarrollen para el abordaje del tabaquismo, al objeto de eliminar aquellos factores que propician una situaciÃ³n desigual de oportunidades para disfrutar de salud, discapacitarse o morir por causas prevenibles.
Por otra parte, la interacciÃ³n con la especial fisiologÃ­a de las mujeres y los procesos reproductivos les aÃ±ade unos riesgos especÃ­ficos. Hace varias dÃ©cadas que se conoce que la nicotina y el monÃ³xido de carbono durante el embarazo son responsables de una mayor propensiÃ³n al aborto espontÃ¡neo y a la mortalidad perinatal, asÃ­ como una reducciÃ³n de peso en el reciÃ©n nacido. La exposiciÃ³n de la mujer gestante como fumadora pasiva al humo del tabaco presente en el ambiente provoca nocividad sobre el feto.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la regulaciÃ³n y el rango normativo de las disposiciones citadas, se hace aconsejable la promulgaciÃ³n de una norma general que sistematice la regulaciÃ³n y cuyo rango sea el adecuado a la finalidad pretendida, para lo que se ha optado por la forma de ley.
La Ley se articula en cinco capÃ­tulos, dedicados respectivamente a la regulaciÃ³n de las disposiciones generales, las limitaciones a la venta, suministro y consumo de los productos del tabaco, la regulaciÃ³n de su publicidad, promociÃ³n y patrocinio, medidas de prevenciÃ³n del tabaquismo, de promociÃ³n de la salud y de facilitaciÃ³n de la deshabituaciÃ³n tabÃ¡quica, asÃ­ como el rÃ©gimen de las infracciones y sanciones.
El capÃ­tulo I se consagra a las disposiciones generales, delimita el objeto y aclara, en forma de definiciones, los conceptos fundamentales que se contienen en la Ley.
El capÃ­tulo II regula las limitaciones a la venta, suministro y consumo de los productos del tabaco. En cuanto a las limitaciones a la venta y suministro, la Ley, en perfecta concordancia con la normativa que disciplina el mercado de tabacos, dispone que la venta y suministro al por menor de productos del tabaco sÃ³lo podrÃ¡ realizarse en la red de expendedurÃ­as de tabaco y timbre o a travÃ©s de mÃ¡quinas expendedoras que cuenten con las autorizaciones administrativas oportunas, por lo que queda expresamente prohibido en cualquier otro lugar o medio.
AdemÃ¡s, se prohÃ­be vender o entregar a personas menores de dieciocho aÃ±os productos del tabaco, asÃ­ como cualquier otro producto que le imite e induzca a fumar. Igualmente, se prohÃ­be la venta de tabaco por personas menores de dieciocho aÃ±os. En cualquier caso, se prohÃ­be la venta y suministro en determinados lugares, tales como centros y dependencias de las Administraciones pÃºblicas y entidades de derecho pÃºblico, centros sanitarios o de servicios sociales y sus dependencias, centros docentes, centros culturales, centros e instalaciones deportivas, centros de atenciÃ³n y ocio de los menores de edad, asÃ­ como en cualquier otro lugar, centro o establecimiento donde estÃ© prohibido su consumo.
En cuanto a las limitaciones sobre el consumo, la Ley parte de la distinciÃ³n entre lugares donde se establece la prohibiciÃ³n total de fumar y lugares donde se prohÃ­be fumar pero se permite la habilitaciÃ³n de zonas para fumar, siempre que se cumplan determinados requisitos, tales como una seÃ±alizaciÃ³n adecuada, la separaciÃ³n fÃ­sica del resto de las dependencias y la dotaciÃ³n de sistemas de ventilaciÃ³n independiente.
El capÃ­tulo III incorpora a nuestro ordenamiento la Directiva 2003/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la aproximaciÃ³n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco.
La Ley no se limita, sin embargo, a la mera transposiciÃ³n de la normativa comunitaria, sino que, ademÃ¡s, regula la prohibiciÃ³n de la distribuciÃ³n gratuita o promocional de productos, bienes o servicios o cualquier otra actuaciÃ³n cuyo objetivo o efecto directo o indirecto, principal o secundario, sea la promociÃ³n de un producto del tabaco, asÃ­ como de la de toda clase de publicidad, promociÃ³n y patrocinio de los productos del tabaco en todos los medios, incluidos los servicios de la sociedad de la informaciÃ³n, aunque con determinadas excepciones.
Este capÃ­tulo se completa con normas sobre las denominaciones comunes, expresiÃ³n con la que se identifica a los nombres, marcas, sÃ­mbolos o cualesquiera otros signos distintivos que sean utilizados para productos del tabaco y, simultÃ¡neamente, para otros bienes o servicios y que hayan sido comercializados u ofrecidos por una misma empresa o grupo de empresas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.
El capÃ­tulo IV incorpora medidas de prevenciÃ³n del tabaquismo impulsando acciones de educaciÃ³n para la salud y de informaciÃ³n sanitaria.
TambiÃ©n recoge la promociÃ³n de programas para la deshabituaciÃ³n tabÃ¡quica en la red asistencial del Sistema Nacional de Salud.
Se crea el Observatorio para la PrevenciÃ³n del Tabaquismo, asÃ­ como las necesarias medidas de coordinaciÃ³n en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para el mejor cumplimiento de la Ley.
La Ley se completa con un preciso rÃ©gimen de infracciones y sanciones en el capÃ­tulo V, en el que, ademÃ¡s de tipificar las correspondientes conductas contrarias a la norma y asignarles el respectivo reproche sancionador, se identifican los responsables, incluso en los supuestos de infracciones cometidas por menores, y se delimitan claramente las competencias sancionadoras.
Todas estas medidas, enmarcadas en el contexto de las polÃ­ticas de salud pÃºblica que las Administraciones pÃºblicas deben promover, podrÃ¡n complementarse con programas de prevenciÃ³n y control del tabaquismo.
a) Establecer, con carÃ¡cter bÃ¡sico, las limitaciones, siempre que se trate de operaciones al por menor, en la venta, suministro y consumo de los productos del tabaco, asÃ­ como regular la publicidad, la promociÃ³n y el patrocinio de dichos productos, para proteger la salud de la poblaciÃ³n.
b) Promover los mecanismos necesarios para la prevenciÃ³n y control del tabaquismo.
a) Productos del tabaco: los destinados a ser fumados, inhalados, chupados o masticados, que estÃ©n constituidos, aunque sÃ³lo sea en parte, por tabaco.
b) Publicidad: toda forma de comunicaciÃ³n, recomendaciÃ³n o acciÃ³n comercial cuyo objetivo o efecto directo o indirecto sea la promociÃ³n de un producto del tabaco o el uso del tabaco, incluida la publicidad que, sin mencionar directamente un producto del tabaco, intente eludir la prohibiciÃ³n de la publicidad utilizando nombres, marcas, sÃ­mbolos u otros elementos distintivos de productos del tabaco.
c) Patrocinio: cualquier tipo de contribuciÃ³n, pÃºblica o privada, a un acontecimiento, una actividad o un individuo cuyo objetivo o efecto directo o indirecto sea la promociÃ³n de un producto del tabaco o el uso del tabaco.
d) PromociÃ³n: todo estÃ­mulo de la demanda de productos del tabaco, como anuncios, publicidad y actos especiales, entre otros, destinados a atraer la atenciÃ³n y suscitar el interÃ©s de los consumidores.
ArtÃ­culo 3. Venta y suministro de los productos del tabaco.
1. La venta y suministro al por menor de productos del tabaco sÃ³lo podrÃ¡ realizarse en la red de expendedurÃ­as de tabaco y timbre o a travÃ©s de mÃ¡quinas expendedoras, ubicadas en establecimientos que cuenten con las autorizaciones administrativas oportunas, para la venta mediante mÃ¡quinas, y queda expresamente prohibido en cualquier otro lugar o medio.
2. Se prohÃ­be vender o entregar a personas menores de dieciocho aÃ±os productos del tabaco, asÃ­ como cualquier otro producto que le imite e induzca a fumar. En particular, se prohÃ­be la venta de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de productos del tabaco y puedan resultar atractivos para los menores. Igualmente, se prohÃ­be la venta de tabaco por personas menores de dieciocho aÃ±os.
En el empaquetado de los productos del tabaco deberÃ¡ incluirse una referencia expresa a la prohibiciÃ³n de su venta a menores de dieciocho aÃ±os.
3. En todos los establecimientos en los que estÃ© autorizada la venta y suministro de productos del tabaco, se instalarÃ¡n en lugar visible carteles que, de acuerdo con las caracterÃ­sticas que seÃ±alen las normas autonÃ³micas en su respectivo Ã¡mbito territorial, informen, en castellano y en las lenguas cooficiales, de la prohibiciÃ³n de venta de tabaco a los menores de dieciocho aÃ±os y adviertan sobre los perjuicios para la salud derivados del uso del tabaco. En estos establecimientos se exigirÃ¡ a todas las personas compradoras, salvo que sea evidente que son mayores de edad, acreditar dicha edad mediante documento de valor oficial.
4. Se prohÃ­be la comercializaciÃ³n, venta y suministro de cigarrillos y cigarritos no provistos de capa natural en unidades sueltas o empaquetamientos de menos de 20 unidades.
5. Se prohÃ­be, en el ejercicio de una actividad comercial o empresarial, la entrega, suministro o distribuciÃ³n de muestras de cualquier producto del tabaco, sean o no gratuitas, y la venta de productos del tabaco con descuento.
Se presume que la entrega, suministro o distribuciÃ³n de muestras tiene lugar en el ejercicio de una actividad comercial o empresarial cuando se efectÃºa directamente por el fabricante, productor, distribuidor, importador o vendedor.
6. Se prohÃ­be la venta y suministro de productos del tabaco por cualquier otro mÃ©todo que no sea la venta directa personal o a travÃ©s de mÃ¡quinas expendedoras que guarden las condiciones seÃ±aladas en el artÃ­culo siguiente. Queda expresamente prohibida la venta o suministro al por menor de productos del tabaco de forma indirecta o no personal, mediante la venta a distancia o procedimientos similares.
ArtÃ­culo 4. Venta y suministro a travÃ©s de mÃ¡quinas expendedoras.
La venta y el suministro a travÃ©s de mÃ¡quinas expendedoras se realizarÃ¡ de acuerdo con las siguientes condiciones:
a) Uso: se prohÃ­be a los menores de dieciocho aÃ±os el uso de mÃ¡quinas expendedoras de productos del tabaco.
b) UbicaciÃ³n: las mÃ¡quinas expendedoras de productos del tabaco sÃ³lo podrÃ¡n ubicarse en el interior de locales, centros o establecimientos en los que no estÃ© prohibido fumar, asÃ­ como en aquÃ©llos a los que se refieren las letras b), c) y d) del artÃ­culo 8.1. en una localizaciÃ³n que permita la vigilancia directa y permanente de su uso por parte del titular del local o de sus trabajadores. No se podrÃ¡n ubicar en las Ã¡reas anexas o de acceso previo a los locales, como son las zonas de cortavientos, porches, pÃ³rticos, pasillos de centros comerciales, vestÃ­bulos, distribuidores, escaleras, soportales o lugares similares que puedan ser parte de un inmueble pero no constituyen propiamente el interior de Ã©ste.
c) Advertencia sanitaria: en la superficie frontal de las mÃ¡quinas figurarÃ¡, de forma clara y visible, en castellano y en las lenguas cooficiales de las Comunidades AutÃ³nomas, una advertencia sanitaria sobre los perjuicios para la salud derivados del uso del tabaco, especialmente para los menores, de acuerdo con las caracterÃ­sticas que seÃ±alen las normas autonÃ³micas en su respectivo Ã¡mbito territorial.
d) CaracterÃ­sticas: para garantizar el uso correcto de estas mÃ¡quinas, deberÃ¡n incorporar los mecanismos tÃ©cnicos adecuados que permitan impedir el acceso a los menores de edad.
e) Incompatibilidad: en estas mÃ¡quinas no podrÃ¡n suministrarse otros productos distintos del tabaco.
f) Registro: las mÃ¡quinas expendedoras de productos del tabaco se inscribirÃ¡n en un registro especial gestionado por el Comisionado para el Mercado de Tabacos.
ArtÃ­culo 5. ProhibiciÃ³n de venta y suministro en determinados lugares.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artÃ­culos anteriores, queda prohibida la venta y suministro de productos del tabaco en los siguientes lugares:
a) Centros y dependencias de las Administraciones pÃºblicas y entidades de Derecho pÃºblico.
c) Centros docentes, independientemente de la edad del alumnado y del tipo de enseÃ±anza.
f) Centros de atenciÃ³n y de ocio y de esparcimiento de los menores de edad.
g) En cualquier otro lugar, centro o establecimiento donde estÃ© prohibido su consumo, asÃ­ como en los espacios al aire libre seÃ±alados en el artÃ­culo 7.
h) En los lugares donde se permita habilitar zonas para fumadores no se podrÃ¡ vender tabaco, salvo en el supuesto previsto en las letras b), c) y d) del artÃ­culo 8.1, en el que se podrÃ¡ vender a travÃ©s de mÃ¡quinas expendedoras debidamente autorizadas.
ArtÃ­culo 6. Limitaciones al consumo de los productos del tabaco.
El consumo de productos del tabaco deberÃ¡ hacerse exclusivamente en aquellos lugares o espacios en los que no estÃ© totalmente prohibido o en los especialmente habilitados para ello. A tales efectos, se distingue entre los lugares en los que estÃ¡ totalmente prohibido fumar y aquellos otros en los que, pese a esa prohibiciÃ³n, se permite la habilitaciÃ³n de zonas para el consumo del tabaco.
ArtÃ­culo 7. ProhibiciÃ³n total de fumar.
Se prohÃ­be totalmente fumar, ademÃ¡s de en aquellos lugares o espacios definidos en la normativa de las Comunidades AutÃ³nomas, en:
a) Centros de trabajo pÃºblicos y privados, salvo en los espacios al aire libre.
b) Centros y dependencias de las Administraciones pÃºblicas y entidades de Derecho pÃºblico.
d) Centros docentes y formativos, independientemente de la edad del alumnado y del tipo de enseÃ±anza.
e) Instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen espectÃ¡culos pÃºblicos, siempre que no sean al aire libre.
f) Zonas destinadas a la atenciÃ³n directa al pÃºblico.
g) Centros comerciales, incluyendo grandes superficies y galerÃ­as, salvo en los espacios al aire libre. En los bares, restaurantes y demÃ¡s establecimientos de hostelerÃ­a y restauraciÃ³n situados en su interior y separados del resto de sus dependencias, no se podrÃ¡ fumar, sea cual fuere su superficie, salvo que se habiliten zonas para fumadores, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
h) Centros de atenciÃ³n social para menores de dieciocho aÃ±os.
i) Centros de ocio o esparcimiento, en los que se permita el acceso a menores de dieciocho aÃ±os, salvo en los espacios al aire libre.
j) Centros culturales, salas de lectura, exposiciÃ³n, biblioteca, conferencias y museos.
k) Salas de fiesta o de uso pÃºblico en general, durante el horario o intervalo temporal en el que se permita la entrada a menores de dieciocho aÃ±os.
l) Ãreas o establecimientos donde se elaboren, transformen, preparen, degusten o vendan alimentos.
n) Cabinas telefÃ³nicas, recintos de los cajeros automÃ¡ticos y otros espacios de uso pÃºblico de reducido tamaÃ±o.
Se entiende por espacio de uso pÃºblico de reducido tamaÃ±o aquel que no ocupe una extensiÃ³n superior a cinco metros cuadrados.
Ã±) VehÃ­culos o medios de transporte colectivo urbano e interurbano, vehÃ­culos de transporte de empresa, taxis, ambulancias, funiculares y telefÃ©ricos.
p) Medios de transporte ferroviarios y marÃ­timos, salvo en los espacios al aire libre.
q) Aeronaves con origen y destino en territorio nacional y en todos los vuelos de compaÃ±Ã­as aÃ©reas espaÃ±olas, incluidos aquellos compartidos con vuelos de compaÃ±Ã­as extranjeras.
s) En cualquier otro lugar en el que, por mandato de esta Ley o de otra norma o por decisiÃ³n de su titular, se prohÃ­ba fumar.
ArtÃ­culo 8. HabilitaciÃ³n de zonas para fumar.
1. Se prohÃ­be fumar, aunque se permite habilitar zonas para fumar, en los siguientes espacios o lugares:
a) Centros de atenciÃ³n social.
b) Hoteles, hostales y establecimientos anÃ¡logos.
c) Bares, restaurantes y demÃ¡s establecimientos de restauraciÃ³n cerrados, con una superficie Ãºtil destinada a clientes o visitantes igual o superior a cien metros cuadrados, salvo que se hallen ubicados en el interior de centros o dependencias en los que se prohÃ­ba fumar de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 7.
d) Salas de fiesta, establecimientos de juego, o de uso pÃºblico en general, durante el horario o intervalo temporal en el que no se permita la entrada a menores de dieciocho aÃ±os, salvo en los espacios al aire libre.
e) Salas de teatro, cine y otros espectÃ¡culos pÃºblicos que se realizan en espacios cerrados. En estos casos, la ubicaciÃ³n de la zona de fumadores deberÃ¡ situarse fuera de las salas de representaciÃ³n o proyecciÃ³n.
h) Estaciones de transporte marÃ­timo y ferroviario.
i) En cualquier otro lugar en el que, sin existir prohibiciÃ³n de fumar, su titular asÃ­ lo decida.
j) En cualquier lugar o espacio permitido por la normativa de las Comunidades AutÃ³nomas, fuera de los supuestos enumerados en el artÃ­culo 7.
2. PodrÃ¡n habilitarse zonas para fumar Ãºnicamente en los lugares seÃ±alados en el apartado anterior, siempre que reÃºnan, al menos, los siguientes requisitos:
a) DeberÃ¡n estar debida y visiblemente seÃ±alizadas, en castellano y en la lengua cooficial, con las exigencias requeridas por las normas autonÃ³micas correspondientes.
b) DeberÃ¡n estar separadas fÃ­sicamente del resto de las dependencias del centro o entidad y completamente compartimentadas, y no ser zonas de paso obligado para las personas no fumadoras, salvo que Ã©stas tengan la condiciÃ³n de trabajadoras o empleadas en aquÃ©llas y sean mayores de diecisÃ©is aÃ±os.
c) DeberÃ¡n disponer de sistemas de ventilaciÃ³n independiente u otros dispositivos o mecanismos que permitan garantizar la eliminaciÃ³n de humos.
d) En todo caso, la superficie de la zona habilitada deberÃ¡ ser inferior al 10 por ciento de la total destinada a clientes o visitantes del centro o establecimiento, salvo en los supuestos a que se refieren las letras b), c) y d) del apartado anterior, en los que se podrÃ¡ destinar, como mÃ¡ximo, el 30 por ciento de las zonas comunes para las personas fumadoras. En ningÃºn caso, el conjunto de las zonas habilitadas para fumadores en cada uno de los espacios o lugares a que se refiere el apartado 1 de este artÃ­culo podrÃ¡ tener una superficie superior a trescientos metros cuadrados.
En los lugares designados en la letra b) del apartado 1 de este artÃ­culo, se podrÃ¡ reservar hasta un 30 por ciento de habitaciones para huÃ©spedes fumadores.
e) En los establecimientos en los que se desarrollen dos actividades, separadas en el espacio, de las enumeradas en este artÃ­culo, la superficie Ãºtil se computarÃ¡ para cada una de ellas de forma independiente, excluyendo del cÃ³mputo las zonas comunes y de trÃ¡nsito, en las que, en ningÃºn caso, se permitirÃ¡ el consumo de tabaco.
En todos los casos en que no fuera posible dotar a estas zonas de los requisitos exigidos, se mantendrÃ¡ la prohibiciÃ³n de fumar en todo el espacio.
3. En las zonas habilitadas para fumar de los establecimientos a que se refiere el presente artÃ­culo no se permitirÃ¡ la presencia de menores de diecisÃ©is aÃ±os.
RegulaciÃ³n de la publicidad, promociÃ³n y patrocinio de los productos del tabaco
ArtÃ­culo 9. Limitaciones de la publicidad, promociÃ³n y patrocinio de los productos del tabaco.
1. Queda prohibido el patrocinio de los productos del tabaco, asÃ­ como toda clase de publicidad, y promociÃ³n de los citados productos en todos los medios y soportes, incluidas las mÃ¡quinas expendedoras y los servicios de la sociedad de la informaciÃ³n, con las siguientes excepciones:
b) Las presentaciones de productos del tabaco a profesionales del sector en el marco de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de ordenaciÃ³n del mercado de tabacos y normativa tributaria, asÃ­ como la promociÃ³n de dichos productos en las expendedurÃ­as de tabaco y timbre del Estado, siempre que no tenga como destinatarios a los menores de edad ni suponga la distribuciÃ³n gratuita de tabaco o de bienes y servicios relacionados exclusivamente con productos del tabaco o con el hÃ¡bito de fumar o que lleven aparejados nombres, marcas, sÃ­mbolos o cualesquiera otros signos distintivos que sean utilizados para los productos del tabaco. En todo caso, el valor o precio de los bienes o servicios citados no podrÃ¡ ser superior al cinco por ciento del precio de los productos del tabaco que se pretenda promocionar.
En ningÃºn caso, dichas actividades podrÃ¡n realizarse en los escaparates ni extenderse fuera de dichos establecimientos, ni dirigirse al exterior.
c) Las publicaciones que contengan publicidad de productos del tabaco, editadas o impresas en paÃ­ses que no forman parte de la UniÃ³n Europea, siempre que dichas publicaciones no estÃ©n destinadas principalmente al mercado comunitario, salvo que estÃ©n dirigidas principalmente a los menores de edad.
2. Se prohÃ­be, fuera de la red de expendedurÃ­as de tabaco y timbre del Estado, la distribuciÃ³n gratuita o promocional de productos, bienes o servicios o cualquier otra actuaciÃ³n, cuyo objetivo o efecto directo o indirecto, principal o secundario, sea la promociÃ³n de un producto del tabaco.
ArtÃ­culo 10. Reglas aplicables a denominaciones comunes.
Queda prohibido el empleo de nombres, marcas, sÃ­mbolos o cualesquiera otros signos distintivos que sean utilizados para identificar en el trÃ¡fico productos del tabaco y, simultÃ¡neamente, otros bienes o servicios y sean comercializados u ofrecidos por una misma empresa o grupo de empresas.
A tal efecto, se considerarÃ¡n pertenecientes a un mismo grupo las empresas que constituyan una unidad de decisiÃ³n, porque alguna de ellas ejerza o pueda ejercer, directa o indirectamente, el control de las demÃ¡s, o porque dicho control corresponda a una o varias personas fÃ­sicas que actÃºen sistemÃ¡ticamente en concierto. Se presumirÃ¡ que existe en todo caso unidad de decisiÃ³n cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del artÃ­culo 42 del CÃ³digo de Comercio y en el artÃ­culo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
Medidas de prevenciÃ³n del tabaquismo, de promociÃ³n de la salud y de facilitaciÃ³n de la deshabituaciÃ³n tabÃ¡quica
ArtÃ­culo 11. Acciones y programas.
Las Administraciones pÃºblicas competentes promoverÃ¡n directamente y en colaboraciÃ³n con sociedades cientÃ­ficas, agentes sociales y organizaciones no gubernamentales, acciones y programas de educaciÃ³n para la salud, informaciÃ³n sanitaria y de prevenciÃ³n del tabaquismo.
ArtÃ­culo 12. De los programas de deshabituaciÃ³n tabÃ¡quica.
Las Administraciones pÃºblicas competentes promoverÃ¡n el desarrollo de programas sanitarios para la deshabituaciÃ³n tabÃ¡quica en la red asistencial sanitaria, en especial en la atenciÃ³n primaria. Asimismo, se promoverÃ¡n los programas de promociÃ³n del abandono del consumo de tabaco en instituciones docentes, centros sanitarios, centros de trabajo y entornos deportivos y de ocio. La creaciÃ³n de unidades de deshabituaciÃ³n tabÃ¡quica se potenciarÃ¡ y promoverÃ¡ en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
ArtÃ­culo 13. AdopciÃ³n de medidas.
En la adopciÃ³n de las medidas a que se refiere este capÃ­tulo se atenderÃ¡, de manera particular, la perspectiva de gÃ©nero y las desigualdades sociales. Asimismo, las Administraciones pÃºblicas competentes promoverÃ¡n las medidas necesarias para la protecciÃ³n de la salud y la educaciÃ³n de los menores, con el fin de prevenir y evitar el inicio en el consumo y de ayudar a Ã©stos en el abandono de la dependencia. Se potenciarÃ¡ la puesta en marcha de programas de actuaciÃ³n en la atenciÃ³n pediÃ¡trica infantil con informaciÃ³n especÃ­fica para los padres fumadores y campaÃ±as sobre los perjuicios que la exposiciÃ³n al humo provoca en los menores.
ArtÃ­culo 14. Criterios y protocolos de las unidades de prevenciÃ³n y control del tabaquismo.
El Ministerio de Sanidad y Consumo establecerÃ¡, en coordinaciÃ³n con las Comunidades AutÃ³nomas y las sociedades cientÃ­ficas correspondientes, los criterios y protocolos definitorios de las unidades de prevenciÃ³n y control del tabaquismo.
ArtÃ­culo 15. ColaboraciÃ³n de los poderes pÃºblicos.
De conformidad con los objetivos de esta Ley, el Gobierno, en colaboraciÃ³n con las Comunidades AutÃ³nomas, y en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, propondrÃ¡ las iniciativas, programas y actividades a desarrollar para el mejor cumplimiento de esta Ley y coordinarÃ¡ las actuaciones intersectoriales e interterritoriales.
ArtÃ­culo 16. Del Observatorio para la PrevenciÃ³n del Tabaquismo.
Se crearÃ¡ en el seno del Ministerio de Sanidad y Consumo, y en colaboraciÃ³n con las Comunidades AutÃ³nomas, sociedades cientÃ­ficas, asociaciones de consumidores y organizaciones no gubernamentales, el Observatorio para la PrevenciÃ³n del Tabaquismo. Sus funciones, entre otras, serÃ¡n:
2) Establecer los objetivos de reducciÃ³n de la prevalencia del tabaquismo.
3) Elaborar un informe anual sobre la situaciÃ³n, aplicaciÃ³n, resultados y cumplimiento de esta Ley.
ArtÃ­culo 17. Del destino de las sanciones impuestas.
Las Administraciones competentes podrÃ¡n destinar total o parcialmente los importes por la recaudaciÃ³n de sanciones, dispuestas conforme a lo establecido en esta Ley, al desarrollo de programas de investigaciÃ³n, de educaciÃ³n, de prevenciÃ³n, de control del tabaquismo y de facilitaciÃ³n de la deshabituaciÃ³n tabÃ¡quica.
RÃ©gimen de infracciones y sanciones
ArtÃ­culo 18. Disposiciones generales.
1. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerÃ¡, en todo lo no previsto en ella, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro tipo que puedan concurrir.
2. En los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves se podrÃ¡n adoptar, con arreglo a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, y sus normas de desarrollo, y sin perjuicio de las que pudieran establecer las normas de las Comunidades AutÃ³nomas, las medidas de carÃ¡cter provisional previstas en dichas normas que se estimen necesarias para asegurar la eficacia de la resoluciÃ³n que definitivamente se dicte, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracciÃ³n y las exigencias de los intereses generales. En particular, podrÃ¡n acordarse las siguientes:
a) En caso de infracciones muy graves, la suspensiÃ³n temporal de la actividad del infractor y, en su caso, el cierre provisional de sus establecimientos.
b) El precinto, el depÃ³sito o la incautaciÃ³n de los productos del tabaco.
c) El precinto, el depÃ³sito o la incautaciÃ³n de registros, soportes y archivos informÃ¡ticos y de documentos en general, asÃ­ como de aparatos y equipos informÃ¡ticos de todo tipo.
d) Advertir al pÃºblico de la existencia de posibles conductas infractoras y de la incoaciÃ³n del expediente sancionador de que se trate, asÃ­ como de las medidas adoptadas para el cese de dichas conductas.
En la adopciÃ³n y cumplimiento de tales medidas se respetarÃ¡n, en todo caso, las garantÃ­as, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurÃ­dico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protecciÃ³n de los datos personales, a la libertad de expresiÃ³n o a la libertad de informaciÃ³n, cuando Ã©stos pudieran resultar afectados.
En casos de urgencia y para la inmediata protecciÃ³n de los intereses implicados, las medidas provisionales previstas en este artÃ­culo podrÃ¡n ser acordadas antes de la iniciaciÃ³n del expediente sancionador. Las medidas deberÃ¡n ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciaciÃ³n del procedimiento, que deberÃ¡ efectuarse dentro de los 15 dÃ­as siguientes a su adopciÃ³n, el cual podrÃ¡ ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas quedarÃ¡n sin efecto si no se inicia el procedimiento sancionador en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciaciÃ³n no contenga un pronunciamiento expreso acerca de aquellas. El Ã³rgano administrativo competente para resolver el procedimiento sancionador podrÃ¡ imponer multas coercitivas por importe que no exceda de 6.000 euros por cada dÃ­a que transcurra sin cumplir las medidas provisionales que hubieran sido acordadas.
3. Las infracciones muy graves prescribirÃ¡n a los tres aÃ±os; las graves, a los dos aÃ±os, y las leves, a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirÃ¡n a los tres aÃ±os; las impuestas por faltas graves, a los dos aÃ±os, y las impuestas por faltas leves, al aÃ±o.
ArtÃ­culo 19. Infracciones.
2. Se considerarÃ¡n infracciones leves:
a) Fumar en los lugares en que exista prohibiciÃ³n total o fuera de las zonas habilitadas al efecto.
b) No disponer o no exponer en lugar visible en los establecimientos en los que estÃ© autorizada la venta de productos del tabaco los carteles que informen de la prohibiciÃ³n de venta de tabaco a los menores de dieciocho aÃ±os y adviertan sobre los perjuicios para la salud derivados del uso del tabaco.
c) Que las mÃ¡quinas expendedoras no dispongan de la preceptiva advertencia sanitaria o no cumplan con las caracterÃ­sticas legalmente preceptivas.
d) No informar en la entrada de los establecimientos de la prohibiciÃ³n o no de fumar, asÃ­ como de la existencia de zonas habilitadas para fumadores y no fumadores o no cumplir el resto de obligaciones formales a que se refiere esta Ley.
e) No seÃ±alizar debidamente las zonas habilitadas para fumar.
f) La venta o comercializaciÃ³n de productos del tabaco por personas menores.
3. Se considerarÃ¡n infracciones graves:
a) Habilitar zonas para fumar en establecimientos y lugares donde no estÃ© permitida su habilitaciÃ³n o que aquellas no reÃºnan los requisitos de separaciÃ³n de otras zonas, ventilaciÃ³n y superficie legalmente exigidas.
b) Permitir fumar en los lugares en que exista prohibiciÃ³n total, o fuera de las zonas habilitadas al efecto.
c) La acumulaciÃ³n de tres infracciones de las previstas en el apartado 2.a) del presente artÃ­culo.
d) La comercializaciÃ³n, venta y suministro de cigarrillos y cigarritos no provistos de capa natural en unidades de empaquetamiento de venta inferior a 20 unidades, asÃ­ como por unidades individuales.
e) La venta y suministro de cigarros y cigarritos provistos de capa natural por unidades en aquellos lugares en los que ello no estÃ© permitido.
f) La entrega o distribuciÃ³n de muestras de cualquier producto del tabaco, sean o no gratuitas.
g) La instalaciÃ³n o emplazamiento de mÃ¡quinas expendedoras de labores de tabaco en lugares expresamente prohibidos.
h) El suministro o dispensaciÃ³n a travÃ©s de mÃ¡quinas expendedoras de tabaco de productos distintos al tabaco.
i) La venta y suministro de productos del tabaco mediante la venta a distancia o procedimientos similares, excepto la venta a travÃ©s de mÃ¡quinas expendedoras.
j) La distribuciÃ³n gratuita o promocional, fuera de la red de expendedurÃ­as de tabaco y timbre del Estado, de productos, bienes o servicios con la finalidad o efecto directo o indirecto de promocionar un producto del tabaco.
l) La venta o entrega a personas menores de dieciocho aÃ±os de productos del tabaco o de productos que imiten productos del tabaco e induzcan a fumar, asÃ­ como de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de productos del tabaco y puedan resultar atractivos para los menores.
m) Permitir a los menores de dieciocho aÃ±os el uso de mÃ¡quinas expendedoras de productos del tabaco.
n) Que las mÃ¡quinas expendedoras no dispongan del mecanismo adecuado de activaciÃ³n o puesta en marcha por el titular del establecimiento.
Ã±) La distribuciÃ³n gratuita o promocional de productos, bienes o servicios con la finalidad o efecto directo o indirecto de promocionar un producto del tabaco a menores de dieciocho aÃ±os.
o) La comercializaciÃ³n de bienes o servicios utilizando nombres, marcas, sÃ­mbolos u otros signos distintivos ya utilizados para un producto del tabaco en condiciones distintas de las permitidas en el artÃ­culo 10 y en la disposiciÃ³n transitoria segunda.
p) La comercializaciÃ³n de productos del tabaco utilizando el nombre, la marca, el sÃ­mbolo o cualquier otro signo distintivo de cualquier otro bien o servicio en condiciones distintas de las permitidas en esta Ley.
q) La venta, cesiÃ³n o suministro de productos del tabaco incumpliendo las demÃ¡s prohibiciones o limitaciones establecidas en esta Ley.
r) La distribuciÃ³n gratuita en las expendedurÃ­as de tabaco y timbre del Estado de bienes y servicios relacionados exclusivamente con productos del tabaco o con el hÃ¡bito de fumar o que lleven aparejados nombres, marcas, sÃ­mbolos o cualesquiera otros signos distintivos que sean utilizados para los productos del tabaco.
4. Son infracciones muy graves la publicidad, promociÃ³n y patrocinio de los productos del tabaco en todos los medios, incluidos los servicios de la sociedad de la informaciÃ³n, salvo los supuestos previstos en el artÃ­culo 9.1.
ArtÃ­culo 20. Sanciones.
1. Las infracciones leves previstas en el artÃ­culo 19.2.a) serÃ¡n sancionadas con multa de hasta 30 euros si la conducta infractora se realiza de forma aislada, y con multa de 30 hasta 600 euros en los demÃ¡s casos; las graves, con multa desde 601 euros hasta 10.000 euros, y las muy graves, desde 10.001 euros hasta 600.000 euros.
2. La cuantÃ­a de la sanciÃ³n que se imponga, dentro de los lÃ­mites indicados, se graduarÃ¡ teniendo en cuenta el riesgo generado para la salud, la capacidad econÃ³mica del infractor, la repercusiÃ³n social de la infracciÃ³n, el beneficio que haya reportado al infractor la conducta sancionada y la previa comisiÃ³n de una o mÃ¡s infracciones a esta Ley. Las sanciones se dividirÃ¡n, dentro de cada categorÃ­a, en tres grados, mÃ­nimo, medio y mÃ¡ximo. Se impondrÃ¡n en grado mÃ¡ximo las sanciones por hechos cuyo perjudicado o sujeto pasivo sea un menor de edad y las que se impongan en los casos en los que la conducta infractora se realice con habitualidad o de forma continuada, salvo que la habitualidad o continuidad formen parte del tipo de la infracciÃ³n. Se impondrÃ¡n en grado mÃ­nimo cuando se cometan por un menor de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artÃ­culo 21.8.
3. En todo caso, cuando la cuantÃ­a de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por la comisiÃ³n de la infracciÃ³n, la sanciÃ³n serÃ¡ aumentada hasta el doble del importe en que se haya beneficiado el infractor.
4. Si un mismo hecho u omisiÃ³n fuera constitutivo de dos o mÃ¡s infracciones, tipificadas en Ã©sta u otras Leyes, se tomarÃ¡ en consideraciÃ³n Ãºnicamente aquella que comporte la mayor sanciÃ³n.
5. Cuando, a juicio de la AdministraciÃ³n, la infracciÃ³n pudiera ser constitutiva de delito o falta, el Ã³rgano administrativo darÃ¡ traslado al Ministerio Fiscal y se abstendrÃ¡ de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanciÃ³n penal excluirÃ¡ la imposiciÃ³n de la administrativa.
6. La exigencia de responsabilidades administrativas serÃ¡ compatible con las civiles o de otro orden que pudieran concurrir.
7. Las cuantÃ­as de las multas serÃ¡n revisadas y actualizadas periÃ³dicamente por el Gobierno mediante real decreto.
ArtÃ­culo 21. Personas responsables.
1. De las diferentes infracciones serÃ¡ responsable su autor, entendiendo por tal la persona fÃ­sica o jurÃ­dica que cometa los hechos tipificados como tales.
2. En el caso de las infracciones tipificadas en el artÃ­culo 19.2.b), d), e) y f) y 19.3.a), serÃ¡n responsables los titulares de los establecimientos en los que se cometa la infracciÃ³n.
3. De las infracciones tipificadas en el artÃ­culo 19.2.c) y 19.3.n) responderÃ¡n solidariamente el fabricante, el importador, en su caso, el distribuidor y el explotador de la mÃ¡quina.
4. De las infracciones tipificadas en el artÃ­culo 19.3.g) y h) serÃ¡ responsable el explotador de la mÃ¡quina.
5. En el caso del artÃ­culo 19 en los apartados 3. b) y 3. l) en el supuesto de venta de productos del tabaco a menores de dieciocho aÃ±os y del artÃ­culo 19.3. m), responderÃ¡ el titular del local, centro o establecimiento en el que se cometa la infracciÃ³n o, en su defecto, el empleado de aquel que estuviese a cargo del establecimiento o centro en el momento de cometerse la infracciÃ³n. Si el titular del local, centro o establecimiento fuera una AdministraciÃ³n pÃºblica, responderÃ¡ dicha AdministraciÃ³n, sin perjuicio de que Ã©sta exija a sus autoridades y demÃ¡s personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido.
6. En el caso de la infracciÃ³n tipificada en el artÃ­culo 19.3.l) de entrega a personas menores de dieciocho aÃ±os de productos del tabaco, serÃ¡ responsable quien hubiera realizado la entrega al menor.
7. En el caso de infracciones en materia de publicidad, serÃ¡ considerado responsable solidario, ademÃ¡s de la empresa publicitaria, el beneficiario de la publicidad, entendiendo por tal al titular de la marca o producto anunciado, asÃ­ como el titular del establecimiento o espacio en el que se emite el anuncio.
8. Cuando sea declarada la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor, responderÃ¡n solidariamente con Ã©l sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho por este orden, en razÃ³n al incumplimiento de la obligaciÃ³n impuesta a Ã©stos que conlleva un deber de prevenir la infracciÃ³n administrativa que se impute a los menores. La responsabilidad solidaria vendrÃ¡ referida a la pecuniaria derivada de la multa impuesta. Previo el consentimiento de las personas referidas y oÃ­do el menor, podrÃ¡ sustituirse la sanciÃ³n econÃ³mica de la multa por las medidas reeducadoras que determine la normativa autonÃ³mica.
ArtÃ­culo 22. Competencias de inspecciÃ³n y sanciÃ³n.
1. La AdministraciÃ³n General del Estado ejercerÃ¡ las funciones de inspecciÃ³n y control, de oficio o a demanda de parte, asÃ­ como la instrucciÃ³n de expedientes sancionadores e imposiciÃ³n de sanciones, en el Ã¡mbito del transporte aÃ©reo, marÃ­timo o terrestre, cuando Ã©stos se desarrollen en el marco suprautonÃ³mico o internacional, asÃ­ como en todos aquellos recintos, dependencias o medios que, por sus caracterÃ­sticas, excedan del Ã¡mbito competencial de las Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades con Estatuto de AutonomÃ­a.
2. Los Ã³rganos competentes de las Comunidades AutÃ³nomas y Ciudades con Estatuto de AutonomÃ­a, en su caso, ejercerÃ¡n las funciones de control e inspecciÃ³n, de oficio o a instancia de parte, asÃ­ como la instrucciÃ³n de expedientes sancionadores e imposiciÃ³n de sanciones.
3. Las competencias sancionadoras de los Ã³rganos a que se refiere este artÃ­culo se entienden sin perjuicio de las que corresponden al Comisionado para el Mercado de Tabacos de acuerdo con la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de OrdenaciÃ³n del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria.
4. TratÃ¡ndose de las infracciones cometidas a travÃ©s de la radio o televisiÃ³n, las Comunidades AutÃ³nomas ejercerÃ¡n el control y la inspecciÃ³n para garantizar el cumplimiento de lo previsto en esta Ley y, en su caso, tramitarÃ¡n los correspondientes procedimientos sancionadores e impondrÃ¡n las oportunas sanciones en relaciÃ³n con los servicios de televisiÃ³n y radiodifusiÃ³n cuyos Ã¡mbitos de cobertura, cualquiera que sea el medio de transmisiÃ³n empleado, no sobrepasen sus respectivos lÃ­mites territoriales. TambiÃ©n serÃ¡n competentes en relaciÃ³n con los servicios de televisiÃ³n y radiodifusiÃ³n cuya prestaciÃ³n se realice directamente por ellas o por entidades a las que hayan conferido un tÃ­tulo habilitante dentro del correspondiente Ã¡mbito autonÃ³mico.
Corresponden al Estado, a travÃ©s del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las competencias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley en los demÃ¡s servicios de televisiÃ³n y radio. En estos supuestos, no serÃ¡n de aplicaciÃ³n las disposiciones contenidas en el capÃ­tulo V de la Ley 25/1994, de 12 de julio, de incorporaciÃ³n al ordenamiento jurÃ­dico espaÃ±ol de la Directiva 85/552/CEE, sobre la coordinaciÃ³n de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusiÃ³n televisiva.
5. Las infracciones que se cometan a travÃ©s de servicios o dispositivos de la sociedad de la informaciÃ³n serÃ¡n sancionadas por las autoridades a que se refiere el artÃ­culo 43 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y de comercio electrÃ³nico.
ArtÃ­culo 23. Ejercicio de acciones individuales y colectivas.
1. El titular de un derecho o interÃ©s legÃ­timo afectado podrÃ¡ exigir ante los Ã³rganos administrativos y jurisdiccionales de cualquier orden la observancia y cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.
2. En materia de publicidad, cualquier persona natural o jurÃ­dica que resulte afectada y, en general, quienes fueran titulares de un derecho subjetivo o un interÃ©s legÃ­timo podrÃ¡n solicitar la cesaciÃ³n de la publicidad contraria a esta Ley, en los tÃ©rminos previstos, segÃºn proceda, en las Leyes 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurÃ­dico espaÃ±ol la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinaciÃ³n de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusiÃ³n televisiva, y 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y de comercio electrÃ³nico.
3. Cuando la publicidad ilÃ­cita afecte a los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios, se podrÃ¡ ejercitar la acciÃ³n colectiva de cesaciÃ³n con amparo en las disposiciones citadas en el apartado 2.
DisposiciÃ³n adicional primera. Venta manual de cigarros y cigarritos provistos de capa natural.
No obstante lo dispuesto en los artÃ­culos 3.1 y 5.g), en lo que se refiere a la venta a travÃ©s de la red de expendedurÃ­as de tabaco y timbre y de mÃ¡quinas expendedoras, se permite la venta manual de cigarros y cigarritos provistos de capa natural en los establecimientos a que se refiere la letra c), del apartado 1 del artÃ­culo 8, que cuenten con autorizaciÃ³n administrativa otorgada por el Comisionado para el Mercado de Tabacos.
DisposiciÃ³n adicional segunda. RÃ©gimen especial de los pequeÃ±os establecimientos de hostelerÃ­a y restauraciÃ³n en los que estÃ¡ permitido fumar.
Los establecimientos de hostelerÃ­a y restauraciÃ³n, en los que no existe prohibiciÃ³n legal de fumar, por tratarse de establecimientos cerrados, que sirvan alimentos y/o bebidas para su consumo, con una superficie Ãºtil destinada a clientes y/o visitantes inferior a cien metros cuadrados, deberÃ¡n informar, en la forma que se seÃ±ale en la normativa autonÃ³mica, en castellano y en la lengua cooficial, acerca de la de la decisiÃ³n de permitir fumar o no en su interior. Igualmente, se regularÃ¡ autonÃ³micamente la informaciÃ³n que se deberÃ¡ incorporar a los anuncios publicitarios, propaganda y demÃ¡s medios en que anuncie o informe sobre el establecimiento.
DisposiciÃ³n adicional tercera. Centros o dependencias en los que existe prohibiciÃ³n legal de fumar.
En los centros o dependencias en los que existe prohibiciÃ³n legal de fumar deberÃ¡n colocarse en su entrada, en lugar visible, carteles que anuncien la prohibiciÃ³n del consumo de tabaco y los lugares en los que, en su caso, se encuentran las zonas habilitadas para fumar de acuerdo con el artÃ­culo 8.2.
DisposiciÃ³n adicional cuarta. RÃ©gimen especial de la Comunidad AutÃ³noma de Canarias.
Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de las peculiaridades del RÃ©gimen EconÃ³mico y Fiscal de Canarias respecto de la libertad comercial de los productos del tabaco en los establecimientos comerciales situados en el archipiÃ©lago canario, sin que esta excepciÃ³n suponga limitaciÃ³n en la aplicaciÃ³n de las demÃ¡s prescripciones contenidas en esta Ley, en especial lo previsto en las letras a), b), c), d), e) y f) del artÃ­culo 5, y en todo caso, las destinadas a la protecciÃ³n de menores.
DisposiciÃ³n adicional quinta. Tiendas libres de impuestos.
Las denominadas Â«tiendas libres de impuestosÂ» autorizadas en puertos y aeropuertos, a las que se refiere el apartado 1) de la disposiciÃ³n adicional sÃ©ptima de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de OrdenaciÃ³n del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, podrÃ¡n continuar desarrollando su actividad de venta de tabaco, de conformidad con lo previsto en la citada disposiciÃ³n.
DisposiciÃ³n adicional sexta. RÃ©gimen especial de los establecimientos penitenciarios.
Se exceptÃºa de lo dispuesto en el artÃ­culo 5.a), a las expendedurÃ­as de tabaco y timbre a que se refiere la disposiciÃ³n adicional sÃ©ptima.2 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de OrdenaciÃ³n del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria.
DisposiciÃ³n adicional sÃ©ptima. Normativa sobre prevenciÃ³n de riesgos laborales.
Lo establecido en esta Ley se entiende sin perjuicio de las demÃ¡s limitaciones y prohibiciones al consumo de tabaco contenidas en la normativa sobre prevenciÃ³n de riesgos laborales.
DisposiciÃ³n adicional octava. Centros, servicios o establecimientos psiquiÃ¡tricos.
En los centros, servicios o establecimientos psiquiÃ¡tricos, se podrÃ¡n habilitar zonas para los pacientes a quienes, por criterio mÃ©dico, asÃ­ se determine.
DisposiciÃ³n adicional novena. Clubes privados de fumadores.
A los clubes privados de fumadores, legalmente constituidos como tales, no les serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en esta Ley, relativo a la prohibiciÃ³n de fumar, publicidad, promociÃ³n y patrocinio, siempre que se realice en el interior de sus dependencias y los destinatarios sean Ãºnica y exclusivamente los socios.
DisposiciÃ³n transitoria primera. RÃ©gimen transitorio de determinadas expendedurÃ­as y de las mÃ¡quinas expendedoras.
1. Las expendedurÃ­as de tabaco y timbre del Estado existentes a la fecha de entrada en vigor de esta Ley que se vean afectadas por la limitaciÃ³n establecida en el artÃ­culo 5.g) podrÃ¡n continuar vendiendo labores del tabaco hasta la extinciÃ³n de la concesiÃ³n correspondiente. Los titulares de las restantes expendedurÃ­as a que hace referencia el artÃ­culo 5 dispondrÃ¡n del plazo de un aÃ±o, contado desde la entrada en vigor de esta Ley, para solicitar el cambio de emplazamiento de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 39 del Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de OrdenaciÃ³n del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, y se regula el estatuto concesional de la red de expendedurÃ­as de tabaco y timbre. Trascurrido dicho plazo, no se podrÃ¡n vender productos del tabaco en tales lugares.
2. Los fabricantes, titulares y cesionarios de mÃ¡quinas expendedoras de productos del tabaco dispondrÃ¡n del plazo de un aÃ±o contado desde la entrada en vigor de esta Ley para adaptar las mÃ¡quinas a las exigencias y requisitos tecnolÃ³gicos a que se refiere el artÃ­culo 4.d). Las mÃ¡quinas de nueva fabricaciÃ³n deberÃ¡n incorporar tales exigencias desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. RÃ©gimen transitorio de las denominaciones comunes.
Las denominaciones comunes a que se refiere el artÃ­culo 10 que hubieran sido comercializadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley podrÃ¡n continuar utilizÃ¡ndose, si bien los nombres, marcas, sÃ­mbolos o signos distintivos deberÃ¡n mostrar un aspecto claramente distinto del utilizado en el producto del tabaco y no incluir ningÃºn otro signo distintivo ya usado para dicho producto.
A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, ningÃºn bien o servicio que se introduzca en el mercado podrÃ¡ utilizar nombres, marcas, sÃ­mbolos u otros signos distintivos ya utilizados para un producto del tabaco.
DisposiciÃ³n transitoria tercera. RÃ©gimen transitorio aplicable a la habilitaciÃ³n de zonas para fumar.
Los requisitos para habilitar zonas para fumadores a que se refiere el apartado 2 del artÃ­culo 8, serÃ¡n exigibles una vez transcurridos ocho meses, contados desde la entrada en vigor de esta Ley. Durante ese perÃ­odo, al menos, deberÃ¡n estar debidamente seÃ±alizadas y separadas las zonas de fumadores y no fumadores.
PodrÃ¡n seguir comercializÃ¡ndose hasta tres meses despuÃ©s de la entrada en vigor de la presente Ley las unidades de empaquetamiento de cigarrillos, y hasta seis meses despuÃ©s de la entrada en vigor las unidades de empaquetamiento de los demÃ¡s productos del tabaco que no se ajusten a las disposiciones de esta Ley.
La prohibiciÃ³n de publicidad o patrocinio de los productos del tabaco en todos los medios no alcanzarÃ¡, durante un perÃ­odo de tres aÃ±os, contado desde la entrada en vigor de esta Ley, a la publicidad y patrocinio que incorporen los equipos participantes en competiciones y eventos deportivos del motor con efectos transfronterizos, en su vestuario, complementos, instrumentos, equipamientos, prototipos y/o vehÃ­culos.
Quedan derogadas, ademÃ¡s de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley, las siguientes:
a) El apartado 9 del artÃ­culo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de OrdenaciÃ³n del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria.
b) El artÃ­culo 8.5 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, en lo referente a la publicidad del tabaco.
d) El Real Decreto 192/1988, de 4 de marzo, sobre limitaciones en la venta y uso del tabaco para la protecciÃ³n de la salud de la poblaciÃ³n, en la redacciÃ³n dada por el Real Decreto 1293/1999, de 23 de julio.
e) El artÃ­culo 32 del Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de OrdenaciÃ³n del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria y se regula el estatuto concesional de la red de expendedurÃ­as de tabaco y timbre.
1. Esta Ley se dicta con carÃ¡cter bÃ¡sico al amparo del artÃ­culo 149.1.1.Âª, 16.Âª, 18.Âª y 27.Âª de la ConstituciÃ³n.
Se exceptÃºa de lo anterior el artÃ­culo 10, que se dicta al amparo del artÃ­culo 149.1.9.Âª de la ConstituciÃ³n.
DisposiciÃ³n final segunda. HabilitaciÃ³n al Gobierno.
El Gobierno dictarÃ¡, en el Ã¡mbito de sus competencias, las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y aplicaciÃ³n de esta Ley.
La presente Ley entrarÃ¡ en vigor el dÃ­a 1 de enero de 2006, excepto las normas contenidas en el capÃ­tulo III, y las del capÃ­tulo V cuando se trate de sancionar infracciones cometidas en los supuestos a que se refiere el capÃ­tulo III, que entrarÃ¡n en vigor el mismo dÃ­a de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ».

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