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Timestamp: 2019-05-25 22:15:21+00:00

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Boletin Correspondiente a 2015-03-11Regresar
PRESUNCION DE VERACIDAD - Lo son los hechos consignados en las declaraciones tributarias. Pruebas especiales de los hechos económicos.
Según el artículo 746 del Estatuto Tributario, se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas o requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial ni la ley la exija.
De acuerdo con lo anterior, le corresponde, en principio, a la Administración desvirtuar la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias utilizando las amplias facultades de fiscalización e investigación que la ley le atribuye para obtener las pruebas correspondientes. Pero también puede solicitar al contribuyente la comprobación de los requisitos específicos que la ley exige para el reconocimiento de un descuento, exención, ingreso no gravado, costo, deducción, pasivos, etc.
El artículo 684 del Estatuto Tributario es claro en señalar las actividades que puede desplegar la Administración Tributaria en el ejercicio de la facultad de fiscalización e investigación, a saber:
( 2015-03-11) Consultar
FACULTAD DE FISCALIZACION - La administración tiene amplias facultades para verificar los hechos económicos declarados.
Los artículos 560 y 688 del Estatuto Tributario fijan en el jefe de la Unidad de Fiscalización de la Administración Tributaria la competencia para proferir los actos de trámite en los procesos de determinación de impuestos, y en los funcionarios de esa unidad la facultad de adelantar las actuaciones preparatorias.
También tienen facultades de fiscalización tributaria los jefes de las divisiones y dependencias, así como los profesionales de la misma entidad en quienes se deleguen tales funciones. Entre los actos de trámite que puede proferir la Administración Tributaria están los autos de verificación o cruce de información, cuya finalidad es la de obtener la información o las pruebas necesarias para corroborar la información declarada por el contribuyente.
Esta Sala ha sido enfática en señalar que las actas de visita expedidas en cumplimiento de los autos de verificación o cruce no son actos previos de formulación de cargos, sino medios de prueba que dan fe de los hechos verificados directamente por la Administración en desarrollo de las amplias facultades de fiscalización e investigación que le asisten, y de los hechos acontecidos en el transcurso de la diligencia.
Sin embargo, cuando se trata de simples cruces de información o autos de verificación, no resultan aplicables los artículos que fijan las formalidades para la inspección contable y para la inspección tributaria. Y, en consecuencia, tampoco puede asimilarse el "acta de visita", producto de los cruces de información o del auto de verificación, a un "acta de inspección contable" o a un "acta de inspección tributaria", por lo tanto, no sujeta a las formalidades de estas últimas.
FECHA CIERTA DE EXPEDICION - Se exige para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, para los documentos equivalentes a la factura que expidan.
De manera que cuando el contribuyente aporta la factura con el lleno de los requisitos legales, esa factura, como documento probatorio, no supedita a la administración tributaria o al juez a reconocer el costo, gasto o deducción. Por el contrario, esa prueba le permite a la autoridad tributaria, o al juez, comprobar la veracidad de los hechos contenidos en la factura, tales como la existencia del proveedor y, por ende, la existencia de la transacción económica incorporada en el título y, para el efecto, hay absoluta libertad probatoria.
Lo que realmente establece el artículo 771-2 es que la factura, como documento, es un medio de prueba para la procedencia de los costos y deducciones. En consecuencia, es un documento ad probationem que se exige por ley como prueba necesaria, puesto que las facturas que cumplen los requisitos previstos en los artículos 617 y 618 E.T. son pruebas que, por ley, deben cumplir ciertas formalidades. Cumplidas tales formalidades, las facturas son prueba de la cuantía que los contribuyentes declaran en el denuncio tributario como costos y deducciones.
FACTURA - No da lugar a sanción la ausencia de las expresiones Sociedad Anónima o S.A.
SANCION POR FACTURAR SIN REQUISITOS - Sólo constituye infracción cuando no sea posible la plena identificación del obligado a expedirla.
En el caso bajo análisis, consta en los actos acusados y demás antecedentes administrativos, que la sociedad Distribuidora Los Coches S.A., omitió incluir en las facturas las letras S.A., que hacen parte de su razón social, omisión que para la Administración, se traduce en el incumplimiento al requisito que hace referencia a la identificación del responsable vendedor, importador o de quien presta el servicio, porque allí se indican la razón social y el número de identificación tributaria NIT, y de acuerdo con la legislación comercial (art. 373 C. de Co.), "La sociedad anónima... tendrá una denominación seguida de las palabras "sociedad anónima" o de la letras "S..A.".
En relación con el requisito establecido en el literal b) del artículo 617, "Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio", esta Sala ha considerado que lo que se pretende es la individualización del obligado a expedir factura, por lo que su omisión o presencia incompleta sólo es sancionable cuando pueda dar lugar a dudas sobre su identidad.
Para el caso bajo examen, no era posible derivar de la ausencia de las expresiones "sociedad anónima" o "S.A.", una infracción sancionable, porque las facturas glosadas, cumplieron con la exigencia de indicar la razón social y el NIT del vendedor, tal como se reconoce en los actos acusados, factores que permiten su plena identificación e individualización, con lo cual se cumple el objetivo previsto por el legislador.
Otra cosa son los efectos que en materia tributaria, tiene la omisión de la razón social del vendedor, o su presentación incompleta, de forma que no permita la plena identificación del obligado a expedir factura, los que se traducen en el incumplimiento a una obligación formal, sancionable con el cierre del establecimiento comercial (art. 657 E.T.), o con la imposición de una multa equivalente al 1% del valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales (art. 652 ib.).
FACTURA - Su anulación y expedición de otras no genera un nuevo ingreso.
Las operaciones factoring realizadas por la actora con IFI LEASING S.A., explican la expedición de las nuevas facturas para endosarlas a la entidad financiera. Esta operación no generó un nuevo ingreso para la sociedad. Lo que ocurre en estos casos es que se sustituye una cuenta por cobrar con un registro en caja o bancos.
En este caso, el ingreso se causó en 1995 y 1996, fecha de expedición de las facturas a ALFOMEGA S.A., comprador de bienes y servicios de la actora. De manera que la anulación de las facturas y las respectivas notas contables de reversión de los ingresos por las nuevas facturas que se endosaron a la entidad financiera, no disminuyeron los ingresos porque hubo un registro inicial del ingreso que luego se reversó.
Si la DIAN consideró que la conducta de la actora podía considerarse como fraudulenta como lo aduce nuevamente en la apelación, debió establecerla con claridad y aplicar las sanciones del caso, pero no afectar la depuración de la renta a sabiendas que no hubo disminución u omisión de ingresos.
El hecho de que la actora no tuviera el original de las facturas anuladas, no significa que hubiera omisión de ingresos, ni legalmente constituye una presunción o indicio en contra de la contribuyente. El manejo financiero que le dio la sociedad a la recuperación de su cartera es permitido y real; fue admitido por su cliente, quien aceptó los endosos de las facturas que no había cancelado, de manera que no puede considerarse como fraudulento, ni mucho menos perjudicial para la DIAN, que ni siquiera estableció en este caso, alguna irregularidad contable que mereciera ser sancionada.
DEDUCCION POR INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS - Se acepta la deducibilidad de los intereses causados y no solo los pagados.
La DIAN rechazó por concepto de intereses y demás gastos financieros $2.173.532.000 porque la actora no probó que tales intereses se hubieran pagado a los bancos conforme lo exigía el artículo 117 del Estatuto Tributario (antes de la modificación de la Ley 488 de 1998), según el cual los intereses que se paguen a entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria son deducibles en su totalidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, siempre que estén certificados por la entidad beneficiaria del pago.
Aunque no es el tema de discusión, cabe precisar que sobre la interpretación de esta disposición antes de la Ley 488 de 1998, la Sala en sentencia de 12 de marzo de 2009, reiteró el criterio expuesto en sentencia de 18 de abril de 2002 que aceptaba la deducibilidad de los intereses causados y recogió la tesis de las sentencias de 22 de febrero de 2007, de 21 de noviembre de 2007 y 6 de marzo de 2008 en las que sólo se aceptó la deducción de los intereses pagados.
De manera que en los casos en que los contribuyentes estén obligados a llevar contabilidad se debe aceptar la deducción de intereses causados antes de la vigencia de la Ley 488.
La factura o documento equivalente en materia impositiva constituye una valiosa fuente de información para el control de la actividad generadora de renta, para el cobro y recaudo de ciertos impuestos y, para evitar o al menos disminuir la evasión y el contrabando.
Para la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, el artículo 771-2 del estatuto Tributario, señala que se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 y 618 del Estatuto Tributario El artículo 618 ibídem modificado por la Ley 488 de 1998 establece la obligación a cargo de los adquirentes de bienes corporales muebles o de servicios, de exigir las facturas o documentos equivalentes y de exhibirlas cuando el fisco las exija.
Expedir y exigir la factura con los requisitos legales son deberes de colaboración con la administración para hacer efectivos los principios constitucionales de solidaridad y prevalencia del interés general. En materia tributaria la libertad probatoria no es absoluta, pues, en ciertos eventos, el legislador puede exigir la presentación de documentos privados, como sucede con la factura para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta.
La finalidad de esta exigencia consiste en establecer con certeza la existencia y transparencia de las transacciones económicas que dan lugar a los descuentos por costos y deducciones, así como los impuestos descontables, y con ello acreditar su legalidad a fin de fortalecer la lucha contra la evasión.
Por lo anterior, trasciende del ámbito meramente formal y se constituye en presupuesto para la configuración de un derecho sustancial. Concluye la Corte que no es la simple transacción la que configura el derecho a registrar los costos, deducciones e impuestos descontables, sino el hecho de haberla realizado dentro del marco de la ley y bajo las formalidades por ella exigidas.
El hecho de que la factura no haya sido expedida a nombre de la demandante no significa que no se hubiera expedido factura, pues, la factura existe, fue expedida a uno de los contratantes, cumple los requisitos legales y demuestra la realidad de la operación.
El hecho de que la factura no haya sido expedida a nombre de la demandante no significa que no se hubiera expedido factura, pues, la factura existe, fue expedida a uno de los contratantes, cumple los requisitos legales y demuestra la realidad de la operación, por lo que junto con los demás elementos probatorios del proceso, se puede concluir que la actora tiene derecho a la deducción de $8.360.412 por concepto del servicio de instalación de la sala de ventas en el 40% que le correspondió.
La DIAN no podía exigir que la demandante solicitara de manera independiente la factura a su nombre para la procedencia de la deducción, pues en primer término sería un exceso de formalismo ya que la factura fue expedida por el valor total y a nombre de uno de los contratantes y, en segundo lugar, el deber para el comprador de exigir la factura lo introdujo la Ley 488 de 24 de diciembre de 1998, por lo que para la fecha de expedición de la factura (1 de abril de 1998) no estaba vigente la obligación.
En el impuesto de renta y de acuerdo con el artículo 26 del Estatuto Tributario, la renta líquida gravable se determina de la suma de "todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período gravable".
Los ingresos se entienden realizados cuando se recibe efectivamente en dinero o en especie, en forma que equivalga legalmente a un pago, o cuando el derecho a exigirlo se extingue por cualquier otro modo legal (art. 27 ib.). Sin embargo, una de las excepciones a esta regla es la prevista en el literal a) de la misma disposición en el caso de los contribuyentes que llevan contabilidad por el sistema de causación, para quienes la realización del ingreso está ligada a su causación; de ahí que "deben denunciar los ingresos causados en el año o período gravable […]".
Y, se entiende causado un ingreso, "cuando nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro" (art. 28 ib.). Concordante con lo anterior, según el artículo 48 del Decreto 2649 de 1993, en la contabilidad de causación o por acumulación, los hechos económicos deben ser reconocidos en el período en el cual se realicen y no solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o su equivalente.
De manera que si un contribuyente lleva contabilidad por causación, los ingresos sometidos a tributación corresponden a los causados en el año gravable. Las retenciones en la fuente son una medida para facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta y complementarios y determinar los porcentajes "tomando en cuenta [entre otros] la cuantía de los pagos o abonos" (artículo 365 E.T.).
Y, de acuerdo con el artículo 366 ibídem, el ejecutivo también puede establecer retenciones en la fuente "sobre los pagos o abonos en cuenta […]". El artículo 14 del Decreto 1000 de 1997 establece que las retenciones deben descontarse en el mismo año fiscal en que fueron practicadas.
Cuando el sujeto pasivo de retenciones en la fuente, esté obligado a presentar declaraciones de renta y complementarios, deberá incluir las retenciones que le hubieren practicado por un ejercicio fiscal, dentro de la liquidación privada correspondiente al mismo período.
SISTEMA DE CAUSACION - El derecho a deducir en un período las retenciones del impuesto están sujetas a que el ingreso que las genere se realice.
De manera que, como lo había señalado la Sala en un asunto similar, para quienes llevan contabilidad por el sistema de causación, el derecho a deducir en un período las retenciones del impuesto, se encuentra sujeto a que el ingreso que las genere se realice o cause en el mismo período, y correlativamente se cause el impuesto en la misma vigencia fiscal.
Por lo anterior, como la actora es comerciante obligada a llevar contabilidad por el sistema de causación, procede el rechazo de las retenciones en la suma de $37.010.668 que aunque hubieran sido efectuadas y certificadas por COMCEL en 1998 correspondieron a ingresos de 1997 y fue en esa vigencia fiscal que las debió solicitar.
Y si en esa vigencia dejó de incluir retenciones de ese período gravable, debió corregir la declaración de renta de 1997 con el fin de adicionarlas, dentro del término previsto en el artículo 589 ibídem, y no incluirlas en la declaración de renta de la siguiente vigencia fiscal.
Si en esa vigencia dejó de incluir retenciones de ese período gravable, debió corregir la declaración de renta de 1997 con el fin de adicionarlas, dentro del término previsto en el artículo 589 ibídem, y no incluirlas en la declaración de renta de la siguiente vigencia fiscal.
La DIAN impuso la sanción por inexactitud sólo en relación con las retenciones rechazadas, la cual se mantendrá, pues no hay diferencia de criterios, sino desconocimiento de las normas tributarias y contables que se citaron, pues la sociedad, sin fundamento legal alguno incluyó retenciones inexistentes en el período fiscal en el que las declaró, cuando las normas claramente indican que en las declaraciones de renta se incluyen las retenciones que se le practicaron por el ejercicio fiscal.
La renta especial por recuperación de deducciones de los benes depreciables a que se refiere el artículo 196 del estatuto tributarionacional, aplica únicamente en el evento en que el activo fijo depreciable sea enajenado, y además se genera utilidad en el proceso según opinión de la Dian.
El artículo 196 del estatuto tributario dice que “La utilidad que resulte al momento de la enajenación de un activo fijo depreciable deberá imputarse, en primer término, a la renta líquida por recuperación de deducciones.”, y como se observa, la norma habla de “al momento de la enajenación”, lo que en principio permitiría suponer que ello aplicaría en cualquier evento que suponga la transferencia jurídica del dominio, lo que bien puede suceder con una venta o con una donación, pero en este segundo caso no se produciría el presupuesto básico que es la utilidad.
Es así como la Dian en concepto 36691 del 2012 manifestó lo siguiente:
En ese orden de ideas, de la interpretación sistemática de los artículos 195 y 196 del Estatuto Tributario, resulta claro que si bien nuestro ordenamiento tributario contempla como renta líquida la recuperación de deducciones por depreciación, tal posibilidad se encuentra sujeta a la enajenación del activo fijo depreciable.
Lo anterior, encuentra consonancia con la posición adoptada por esta Oficina en el Concepto 117659 de 2000, según la cual “no puede existir recuperación de deducciones cuando se donan bienes depreciados, pues en este evento, por la misma naturaleza de la donación, no se obtiene ninguna contraprestación que genere alguna utilidad, pues esta, como se dijo anteriormente, se hace a título gratuito .”.
Por otra parte, si bien la recuperación de deducciones por depreciación es una renta líquida especial, no significa que no sea gravable, pues como lo señala el artículo 26 salvo las excepciones legales la renta líquida es gravable, por lo que se requiere que aún tratándose de rentas líquidas especiales exista un ingreso susceptible de ser gravado, que en el presente caso correspondería a la utilidad originada en la enajenación del activo fijo depreciable.
El desarrollo de la contabilización del impuesto sobre las ganancias y, en concreto, su asignación interperíodos, conocida como efecto impositivo, ha sido de gran importancia para la Contabilidad.
La trascendencia de ese desarrollo para la disciplina contable no lo es tanto por la búsqueda de una forma adecuada de contabilización del impuesto, como por la necesidad científica de encontrar la lógica contable subyacente de las soluciones propuestas.
En la contabilización del impuesto sobre las ganancias, hay que distinguir claramente dos asuntos:
a) la consideración del impuesto como un gasto; y
b) la posibilidad de asignar ese gasto entre distintos períodos.
Es muy conveniente separar nítidamente esta doble cuestión, porque aquí hemos aceptado las dos proposiciones de forma conjunta y simultánea. Esto se puede realizar en un solo movimiento lo que en muchos países (normalmente anglosajones) se establece en dos fases bien diferenciadas: primero consideran el impuesto como un gasto y, posteriormente, se introduce la asignación interperiodos de este gasto, o sea, la contabilización del efecto impositivo.
Las autoridades pueden ejercer la potestad disciplinaria contra funcionarios amparados por fuero sindical y adoptar las decisiones de fondo a las que haya lugar, recordó la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Aunque, en el caso analizado, el funcionario estaba en una situación administrativa especial (permiso sindical), la Sala concluyó que conservaba su condición de empleado público, lo que implica que, efectivamente, desempeña un empleo o cargo en la institución.
Con este argumento, respaldó la legalidad de una suspensión por agresiones verbales (injurias y calumnias) proferidas por el disciplinado en contra el rector de la Universidad Nacional, conducta tipificada en la Ley 734 del 2002.
La corporación recordó que el derecho de asociación previsto en el artículo 39 de la Constitución no es un derecho absoluto. Además, aclaró que como en este caso no se discutía el ejercicio de la actividad sindical, sino la conducta del funcionario, la potestad disciplinaria le correspondía a la oficina de control interno disciplinario de la institución empleadora y no al Ministerio del Trabajo, de acuerdo con el artículo 2º del Acuerdo 018 de 1998.
Sobre la facultad de las universidades públicas para dictar regímenes disciplinarios, el Consejo se refirió a laSentencia C- 829 del 2002 , según la cual aquella no viola el principio de reserva legal, y se ajusta a la autonomía universitaria, siempre y cuando se ejerza sin desconocer garantías constitucionales, ni el principio de legalidad. De esta manera, antes de iniciar una investigación, el procesado puede conocer la descripción típica de las conductas que constituyen faltas y las sanciones previstas para cada una de ellas, anotó. (Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia 11001032500020120022700 (08812012), oct. 20/14, C. P. Alfonso Vargas Rincón)
Como bien se recordará, el impuesto mínimo alternativo simple fue creado por la ley 1607 de 2012 (artículos 10 y 11).
Lo definió “como un sistema de determinación simplificado del impuesto sobre la renta y complementario”, aplicable a las personas naturales – residentes en el país – pertenecientes a las categorías de “empleados” y “trabajadores por cuenta propia”; ello siempre y cuando, tales contribuyentes cumpliesen los presupuestos legales indicados en los artículos 333 y 340 del Estatuto Tributario, respectivamente, y decidiesen voluntariamente optar por tal alternativa de simplificación.
Los artículos 35 y siguientes de la ley 1739 de 2014 señalan un nuevo impuesto, denominado impuesto complementario de normalización tributaria, que está a cargo de i) los sujetos pasivos del impuesto a la riqueza, y ii) los declarantes voluntarios del impuesto a la riqueza.
Ahora bien, resulta que a 23 de diciembre de 2014, fecha en la cual entró en vigencia la ley 1739 de 2014, algunos contribuyentes habían sido objeto de fiscalización por parte de la Administración Tributaria en el sentido de no haber incluido activos en sus denuncios rentísticos o haber incluido pasivos inexistentes.
Entonces ¿un contribuyente que tiene activos omitidos o un pasivo inexistente, y que se le profirió requerimiento especial antes de la vigencia de la ley, puede acogerse a la declaración voluntaria del impuesto a la riqueza para poder declarar el complementario de normalización tributaria?
Al respecto, la DIAN mediante concepto 4058 de 2015 señaló lo siguiente:
“El impuesto complementario de normalización tributaria aplica para las declaraciones voluntarias de los sujetos pasivos del impuesto de riqueza o de los no obligados que decidan voluntariamente presentar declaración por dicho impuesto, no para quienes hayan sido objeto de fiscalización de activos omitidos o pasivos inexistentes objeto de dichas declaraciones; es decir, no aplica a aquellos a los que se profirió requerimiento especial como resultado de la actividad de fiscalización de la entidad.
Para el caso de actuaciones con ocasión de procesos tributarios en que se haya notificado antes de la enriada en vigencia de la ley requerimiento especial, liquidación oficial, resolución del recurso de reconsideración o resolución sanción el artículo 56 de la Ley 1739 de 2014 dispone la posibilidad de transar hasta el 30 de octubre de 2015 el valor total de las sanciones, intereses y actualización.”
Es decir, que a juicio de la DIAN no es procedente que aquellos contribuyentes a quienes se le ha notificado requerimiento especial antes del 23 de diciembre de 2014 procedan a normalizar su situación declarando el impuesto a la riqueza de forma voluntaria.
El artículo 186 de la ley 1607 de 2012 señaló que las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que destinan algún o algunos de sus bienes, o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, y que generen algún tipo de renta, perderán la calidad de no contribuyentes de los impuestos nacionales otorgada mediante el artículo 33 de la Ley 675 de 2001.
Ahora bien, cuando pierden la calidad de no contribuyentes quedan sujetas al régimen tributario especial. Así la depuración del impuesto de renta y complementarios debe obedecer al decreto 4400 de 2004, en ese sentido, el decreto en su artículo 4° señala:
“Artículo 4º. Egresos. Se consideran egresos procedentes aquellos realizados en el respectivo período gravable, que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el objeto social, incluidas las inversiones que se efectúen en cumplimiento del mismo y la adquisición de activos fijos. En consecuencia, no habrá lugar a la depreciación ni amortización respecto de la adquisición de activos fijos e inversiones que hayan sido solicitadas como egreso en el año de adquisición.
Parágrafo 1º. Para la procedencia de los egresos realizados en el respectivo período gravable que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el objeto social, deberán tenerse en cuenta las limitaciones establecidas en el Capítulo V del Libro Primero del Estatuto Tributario. Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos especiales consagrados en el Estatuto Tributario, para la procedencia de costos y deducciones, tales como los señalados en los artículos 87-1, 108, 177-1, 177-2, 771-2 y 771-3.
En ningún caso se podrá tratar como egreso procedente al Gravamen a los Movimientos Financieros, GMF. Asimismo, el valor correspondiente a la ejecución de beneficios netos o excedentes de años anteriores, no constituye egreso o inversión del ejercicio.”

References: artículo 746
 artículo 684
 artículo 771
 artículo 617
 artículo 117
 artículo 771
 artículo 617
 artículo 618
 artículo 26
 artículo 48
 artículo 366
 artículo 14
 artículo 589
 artículo 589
 artículo 196
 artículo 196
 artículo 26
 artículo 39
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 56
 artículo 186
 artículo 33
 artículo 4