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Timestamp: 2018-01-22 16:06:12+00:00

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Sentencia T.S.J. Valencia 78/2006, de 11 de enero. Extinción del contrato de trabajo. Incumplimiento empresarial - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Valencia 78/2006, de 11 de enero
Extinción del contrato de trabajo. Incumplimiento grave de las obligaciones empresariales. Falta de abono de salarios y del subsidio por incapacidad temporal, tanto del pago directo como del pago delegado.
Primero.-La sentencia recurrida de fecha 7 de Junio de 2005, dice en su parte dispositiva: "Fallo: Que desestimando la demanda presentada por Lina contra la empresa 'Mitral Finish, S.A.', debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones frente a la misma formuladas.".
"Primero. El actor, Lina, presta servicios para la empresa demandada 'Mitral Finish, S.A.' con antigüedad desde el 18-10-99, con la categoría profesional de Especialista y retribución mensual de 978 euros, con inclusión de prorrata de pagas extras.
Segundo. La empresa demandada adeuda a la parte actora los salarios correspondientes a los meses de Diciembre-04, enero 04, Febrero-04 y 8 días de Marzo-04, y el complemento de incapacidad temporal de Agosto 04. La actora alega no haber percibido la prestación de incapacidad temporal de Agosto 04.
Tercero. La parte actora desde el 9-3-05 se encuentra en situación de incapacidad temporal por contingencia común. Mediante escrito de 9-5-05 la Mutua Unión de Mutuas ha contestado a la actora que la demandada se ha descontado el pago delegado por subsidio de incapacidad temporal correspondiente al mes de Marzo-05, de su proceso de baja de 9-3-05, por lo que no constándoles que no se lo hayan abonado no acceden a su solicitud de pago directo.
Cuarto. Con fecha 11-3-05 se presentó papeleta de conciliación ante el SMAC, celebrándose el acto conciliatorio el día 23-3-05, terminando con el resultado de 'sin avenencia'.
El día 29-3-05 se presentó demanda ante este Juzgado de lo Social".
Tercero.-Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, habiendo sido legalmente impugnado por la parte demandada. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente.
Único.-En un solo motivo aunque lo denomina primero se estructura el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de la parte actora contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. Diez de los de Valencia que desestima la pretensión de la trabajadora accionante sobre resolución indemnizada del contrato de trabajo por incumplimiento empresarial.
El único motivo del recurso se articula por el apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, en adelante, LPL; y en el mismo se imputa a la sentencia de instancia la infracción de lo dispuesto en el artículo 50 del E.T. Aduce la recurrente que el retraso e impago de salarios no es la única clase de incumplimiento de las obligaciones del empresario que ha de hacer aplicable el artículo 50 del E.T. ya que el apartado c) del meritado artículo prevé como causa de extinción "cualquier incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario". Como en el presente caso se ha incumplido por la empresa demandada la obligación de satisfacer el pago delegado de la prestación de I.T., además del pago del subsidio de los 15 días respecto de los que es directamente responsable, dichos incumplimientos unidos al impago de los salarios correspondientes a los meses de diciembre de 2004, enero y febrero de 2005 y 8 días de marzo de 2005, son lo suficientemente graves para ser causa de extinción del contrato de trabajo a instancia del trabajador.
La sentencia de instancia desestima la pretensión ejercitada por la trabajadora accionante sobre resolución indemnizada del contrato de trabajo por incumplimiento empresarial porque considera que la falta de pago del salario correspondiente a tres meses y ocho días (desde el 1-12-04 al 8-3-05) no alcanza el presupuesto de gravedad legalmente exigido en el incumplimiento empresarial para que prospere la acción ejercitada al amparo del artículo 50 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, siendo irrelevante que la empresa demandada también adeude a la demandante el complemento de la prestación de incapacidad temporal de agosto de 2004, por no tener dicho concepto naturaleza salarial sino de mejora de prestación y por ello no cabe tenerlo en cuenta, al igual que sucede con la prestación de incapacidad temporal ya que durante la situación de incapacidad temporal no se devengan salarios.
La cuestión controvertida se centra a dilucidar si la acción resolutoria del contrato de trabajo prevista en el artículo artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, se refiere sólo a la falta de pago y retraso continuado en el pago de los salarios o es posible que la misma se extienda también al impago de prestaciones de la Seguridad Social, en cuanto al pago delegado y al de la mejora voluntaria, pudiendo ampararse también aquella acción en el apartado 1.a) del artículo citado, dado que "los incumplimientos graves a que se refiere este precepto están referidos no sólo al contrato laboral que liga a las partes sino también a las obligaciones derivadas de la Seguridad Social. Sobre dicha cuestión ya se ha pronunciado nuestro Alto Tribunal en sentencia de 2 noviembre 1996, Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1176/1996, acogiendo la tesis de la recurrente. En efecto en la referida sentencia se recoge que: "El artículo 1258 del Código Civil, establece que 'los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley"; es decir, el precepto obliga a estar a las consecuencias lógicas del pacto libre, extendiendo la responsabilidad contractual no sólo al texto literal, sino a sus derivaciones lógicas; derivaciones en las que actúan como referencia la buena fe, el uso y la ley. Precisamente, el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social de 1974, establecía en su artículo 129.1 (hoy artículo 131 del Texto Refundido de 1994, según la redacción dada por el artículo 6.1 de la Ley 24 noviembre 1992, de Medidas Presupuestarias Urgentes), que 'el subsidio, en caso de enfermedad o accidente no laboral se abona, respectivamente, a partir del decimosexto día de baja, estando a cargo del empresario el abono de la prestación al trabajador desde los días cuarto al decimoquinto de baja, ambos inclusive', y que -ordinal 2.º- 'el subsidio se abonará mientras el beneficiario se encuentre en situación de incapacidad laboral transitoria -hoy incapacidad temporal, como antes se ha dicho- correspondiendo su pago, en concepto de delegado, al propio empleador. Así, pues, el contrato de trabajo impone 'ex lege' al empleador una doble obligación, de una parte, el pago directo de la prestación de incapacidad temporal durante los días cuarto a decimoquinto, de otra, el pago delegado de la misma, durante el tiempo posterior de enfermedad, con una duración máxima de doce meses y prórroga -artículo 127 del Texto Refundido de 1974; artículo 128 del Texto de 1994-. Ambas obligaciones derivadas 'ex lege' del contrato de trabajo, y cuyo cumplimiento cabía esperar, lógicamente, en el comportamiento del empresario, constituyen la causa rescisoria de incumplimiento grave tipificada en el artículo 50.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, y a ello no se opone que la cobertura de incapacidad temporal forme parte de la acción protectora de la Seguridad Social, pues, en todo caso, se trata de obligaciones legales de prestación impuestas por la Ley General de la Seguridad Social al empresario en favor del trabajador, que constituyen efecto reflejo del contrato de trabajo."
En esta misma sentencia se recoge que el incumplimiento del pago del complemento pactado sobre mejora de incapacidad temporal, abstracción hecha de cual sea la naturaleza jurídica de esta mejora pública de Seguridad Social o laboral-, lo cierto es que la fuente de la obligación asumida, si bien no deriva directamente de la ley, pues tiene su origen en el convenio colectivo -fuente de la relación laboral, según el artículo 3.1.b) del Estatuto de los Trabajadores-, contrato -ley entre partes, cuya eficacia obligatoria se consagra en el artículo 1278 del Código Civil- o liberalidad del empleador, guarda una conexión más próxima al contrato de trabajo, máxime si se tiene en cuenta su finalidad de aproximar la cuantía de la prestación de Seguridad Social al salario, que es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, por lo que su incumplimiento también es susceptible de incardinarse en el apartado c) del artículo 50.1.c) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Aplicando la doctrina expuesta al presente caso en el que consta que la empresa demandada adeuda a la parte actora no sólo los salarios correspondientes a los meses de diciembre-04, enero- 05, febrero-05, y 8 días de marzo de 05 sino también el complemento de incapacidad temporal de agosto de 04, habiéndole dejado de abonar asimismo el subsidio de incapacidad temporal derivado de su baja por enfermedad común iniciada el 9-3-05 impago este último que se prolonga hasta al menos la fecha de la sentencia (7-6-05), se ha de concluir que el empleador ha incurrido en las justas causas de extinción del contrato de trabajo, tipificadas en el artículo 50.1.b) y c) del Estatuto de los Trabajadores, al haber incumplido de forma voluntaria, grave y reiterada sus obligaciones tanto salariales como en materia de Seguridad Social, privando a la trabajadora accionante durante al menos seis meses del percibo de cualquier cantidad a la que pudiera tener derecho como consecuencia del contrato de trabajo que le une con la demandada, con la consiguiente merma de su capacidad económica para atender sus necesidades más inmediatas y al no haberlo entendido así la sentencia de instancia la misma ha incurrido en las infracciones jurídicas denunciadas, lo que obliga a estimar el recurso y revocar la resolución impugnada, declarando la extinción del contrato de trabajo y condenando a la empresa demandada a que abone a la parte actora la cantidad prevista en el apartado 2 del artículo 50 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Estimamos el Recurso de Suplicación interpuesto en nombre de D.ª Lina, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. Diez de los de Valencia y su provincia, de fecha 7 de junio de 2005 en virtud de demanda presentada a su instancia contra "Mitral Finish, S.A."; y, en consecuencia, declaramos la extinción del contrato de trabajo que ligaba a la actora con la empresa demandada, condenando a ésta a que le indemnice en cuantía de 9.046,5 euros.

References: resolución 
 artículo 191
 artículo 50
 artículo 50
 resolución 
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 1258
 artículo 129
 artículo 131
 artículo 6
 artículo 128
 artículo 50
 artículo 3
 artículo 1278
 artículo 50
 artículo 50
 resolución 
 artículo 50