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Timestamp: 2019-02-24 05:15:28+00:00

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Se suspende a una directora en su cargo ante las denuncias contra uno de los profesores del establecimiento educativo que dirigía – AL DÍA | ARGENTINA
Se suspende a una directora en su cargo ante las denuncias contra uno de los profesores del establecimiento educativo que dirigía
Partes: B. E. A. c/ Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco y Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Provincial s/ medida cautelar
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia
Fecha: 5-feb-2018
Cita: MJ-JU-M-109342-AR | MJJ109342 | MJJ109342
Se suspende a una directora en su cargo dado que en el establecimiento educativo en que se desempeñaba los padres que componen la comunidad educativa, se habrían autoconvocado a raíz de denuncias contra uno de los profesores.
1.-Corresponde revocar la resolución por la cual se hace lugar a la medida precautoria que ordena al Poder Ejecutivo Provincial y/o Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco la reincorporación de la actora al cargo de Directora hasta que se resuelva la acción de amparo, pues la facultad ejercida por el Ministerio lo fue con una finalidad preventiva y sin mengua de su salario, por lo cual no se evidencia la existencia de perjuicio imposible reparación, tratándose de una medida transitoria no puede afirmarse que se haya violado el derecho de defensa de la sumariada, pues tal procedimiento administrativo, constituye el ámbito en el que la recurrente tendrá oportunidad de defenderse y ofrecer las pruebas que estime pertinente.
Resistencia, 05 de febrero de 2018.
Para resolver en estos autos caratulados: “B., E. A. C/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DEL CHACO Y MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA PROVINCIAL S/ MEDIDA CAUTELAR”, Expte. Nº5422/17, venido en grado de apelación del Juzgado Civil y Comercial de la Vigésimo Primera Nominación de esta ciudad, y CONSIDERANDO:
1.- Que acceden estos autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 42/45 vta. por Fiscalía de Estado de la Provincia del Chaco, contra la Resolución de fecha 28/07/2017 de fs. 28/34, el que es concedido en relación y con efecto no suspensivo a fs. 47, siendo contestado a fs. 83/86. A fs. 90 se dispone elevar los autos a la alzada. Recibidas las actuaciones se radican ante esta Sala II (fs. 93) con noticia a la partes conforme constancias de fs. 91 y 92. A fs. 109 se llama autos para resolver, quedando la causa en estado de ser resuelta.
2.- A fs. 28/34 obra Sentencia Interlocutoria a través de la cual se hace lugar a la medida cautelar peticionada, por la cual se ordena al Poder Ejecutivo Provincial y/o Ministerio de Educación, Cultura Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco a suspender los efectos de las Disposiciones Nº 0001/2017 STE DR VIII (Supervisora Técnica Escolar, Regional Educativa VIII) dictada el 5 de Mayo de 2017 y Nº 007/2017 STE DR VIII (Supervisora Técnica Escolar, Regional Educativa VIII) dictada el 10 de mayo de 2017, y la reincorporación de la Sra. B. al cargo de Directora de la EEP Nº “J.H.”, hasta que se resuelva la acción de amparo.
3.- Contra el decisorio enunciado se alza el recurrente aduciendo que lo agravia la decisión del juez aquo en tanto carece de razonabilidad y fundamentación.
Refiere a la presunción de legitimidad y ejecutoriedad de los actos administrativos.
Que la sentenciante ha desconocido decisiones administrativas fundadas y motivadas, que carecen de vicios, dictados dentro del ámbito de facultades discrecionales del poder administrador y en cumplimiento del art. 3º inc. b) del Reglamento de Sumarios Anexos al Decreto Nº 1311/99 y lo normado por la ley Nº 26061.
Entiende que, efectivamente por aplicación de dicha normativa legal, las Disposiciones Nº 0001/2017 y 0007/2017 fueron dictadas de conformidad a la ley vigente aplicable y en consecuencia se ha obviado uno de los requisitos fundamentales para la procedencia de la medida concedida que es inexistencia de arbitrariedad e ilegalidad que haga presuponer violación de derecho constitucional alguno.
Asevera que la pretensión de la actora resulta insustancial fáctica y jurídicamente, resultando el actuar de la Administración legítimo, razonable y ajustado a derecho.
Que la resolución dictada ha adelantado la solución de la litis principal, en violación al principio de congruencia, defensa en juicio y garantía del debido proceso, y no ha considerado siquiera mínimamente la legislación aplicable.
Aduce que no ha sido acreditada la verosimilitud del derecho, que el a-quo al dictar sentencia se limita a las declaraciones de la actora sin considerar la aplicación del Decreto 1311/99 y ley 26061.
Sostiene que debieron adjuntarse elementos probatorios decisivos para destruir la presunción de legitimidad de las decisiones administrativas en tratamiento.
Formula consideraciones en cuanto al peligro en la demora, y la caución juratoria dispuesta como contracautela. Introduce cuestión constitucional. Peticiona de estilo.
A su turno, a fs. 83/86 se presenta la actora y manifiesta que el memorial de agravios, carece de una crítica razonada y concreta de los presuntos errores, omisiones o deficiencias de la sentencia.En consecuencia, considera que debe declararse desierto el recurso.
En relación a la ausencia de verosimilitud del derecho y peligro en la demora alegada por la recurrente, sostiene que la misma funda en forma genérica sin motivar concretamente su impugnación, tornándose la misma absolutamente inviable. Efectúa reserva de interponer recursos extraordinarios.
4.- Planteada la materia recursiva en los términos que anteceden, liminarmente corresponde a las suscriptas dilucidar respecto de la insuficiencia técnica del recurso alegada por el quejoso.
Cuadra señalar que esta Sala II se ha enrolado en un criterio amplio de apreciación, en cuya virtud si el recurrente ha individualizado, aunque sea en mínima medida los motivos de su disconformidad, no procede declarar la deserción del recurso, por cuanto los efectos con que la ley sanciona la insuficiencia de la expresión de agravios hacen aconsejable aplicarla con criterio amplio favorable al recurrente.
Analizado el memorial aludido desde tal perspectiva se constata que el mismo contiene los motivos que disconforman a la recurrente, razón por la cual se rechaza la deserción peticionada.
5.- Expuestas en prieta síntesis las alegaciones de las partes, cabe recordar que la Medida Cautelar Innovativa, como toda cautelar, requiere la concurrencia de los presupuestos generales, esto es, la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y contracautela, pero además, exige uno que es propio y característico:la posibilidad de que se consume un perjuicio imposible de reparar.
Adviértase que al consistir en un anticipo de jurisdicción favorable respecto del resultado final de la causa, presupone un análisis estricto de los requisitos que condicionan su procedencia, según pacífica doctrina y jurisprudencia.
Es que, “La medida innovativa tiene un tranco más largo que las medidas conservatorias, puesto que sin que medie sentencia firme, ordena que alguien haga o deje de hacer algo en sentido contrario al representado por la situación existente” (Kees, Amanda-Vispo, Gustavo Armando ” Código Procesal Civil y Comercial del Chaco”, Contexto, Resistencia, Chaco, 2009, t.I, 527).
En el mismo sentido, se ha afirmado que es de aplicación restrictiva y de carácter excepcional en el ámbito de la Administración Pública (conf. Podetti, J.R. “Derecho Procesal.”, t. IV, pág. 387) en virtud de la presunción de validez de que están investidos “prima facie” los actos de los poderes públicos (conf. C.S.J.N., Fallos: 205:365; 210:48; C.N.
Cont. Adm.Fed., Sala I, del 14/3/74, pub. L.L. 155-293; idem. Sala II, del 24/9/80, pub. E.D. 88- 749; idem. Sala III, del 19/6/80, pub. L.L. 1989-D, pág. 519 y 13/12/83, pub. L.L. 1984-C, pág. 251, entre muchas otras).
Siguiendo tales lineamientos, nos avocaremos a examinar si en la especie se han configurado tales recaudos, a fin de dirimir si la sentencia interlocutoria impugnada se ajusta a derecho.
En tal orientación, cuadra señalar que a través de la Resolución en crisis, el juez de grado hace lugar a la medida precautoria requerida por la Sra.B., por la cual se ordena al Poder Ejecutivo Provincial y/o Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco suspender los efectos de las Disposiciones Nº 0001/2017 STE DR VIII (Supervisora Técnica Escolar, Regional Educativa VIII) dictada el 5 de Mayo de 2017 y Nº 007/2017 STE DR VIII (Supervisora Técnica Escolar, Regional Educativa VIII) dictada el 10 de mayo de 2017, y su reincorporación al cargo de Directora de la EEP Nº “J. H.” , hasta que se resuelva la acción de amparo.
Para así decidir ha considerado que la separación del cargo de la docente (como ha sucedido en la especie) no es absolutamente discrecional por parte de la administración, sino que la norma requiere como presupuesto de operatividad que la permanencia del agente fuere inconveniente para el esclarecimiento del hecho, situación que conforme los propios considerandos de la Disposición en crisis (5º, 7º y 9º) entiende no se ha configurado en los hechos investigados. Que la actora oportunamente ha denunciado y elevado a la superioridad los informes y actas que dan cuenta de la irregularidad evidenciada en la conducta del Profesor; por lo que no cabe duda que la separación del cargo de la recurrente, en el presente caso deviene manifiestamente arbitraria.
Pondera además que la forma en que se está desarrollando el sumario administrativo, lo lleva a considerar que el derecho invocado por la peticionante tiene apariencia de verdadero, atento al camino procedimental, en referencia a la separación transitoria del cargo sin ejercer el derecho de defensa que le asiste a la sumariada.
En cuanto al peligro en la demora e irreparabilidad del daño que podría sufrir la solicitante en caso de denegarse su pedido, la misma se funda esencialmente en la circunstancia señalada por la peticionante.Entiende que debe evitarse, por intermedio del otorgamiento de la medida una situación que pueda resultar un daño irreparable para la accionante, de raigambre constitucional.
6.- Ahora bien, las constancias de la causa revelan que ante denuncias de los tutores respecto de la conducta de uno de los docentes de la Institución, el Sr. a cargo de la clase de Tecnología en la EEP Nº “J. H.”, se iniciaron actuaciones sumariales a fines de investigar tales hechos y delimitar su responsabilidad administrativa.
Del mismo modo, y conforme emerge de las presentaciones efectuadas por la actora, existen constancias de la disconformidad de padres de alumnos con el accionar de las autoridades de la Dirección del establecimiento, e inclusive de amenazas proferidas a la misma y publicaciones efectuadas a través de las redes sociales en tal sentido (ver fs. 7 y vta.).
En tal contexto, el Director de la Regional Educativa VIII, Profesor J. G. y la Supervisora Técnica Escolar D. B. R., se reunieron con padres autoconvocados el día 04 de mayo de 2017, a fines de tratar la situación del docente como también respecto de la actuación de los directivos del establecimiento.
Luego de ello, por la Disposición Nº 0001/17, se ordena la separación preventiva del equipo directivo como Medida Preliminar Urgente. En sus considerandos, hace referencia al Acta labrada en la reunión de las autoridades y los padres, referenciada en el párr afo anterior, y resalta que existiendo una situación de conflicto de los tutores con las autoridades administrativas en la comunidad escolar, con el fin de evitar violencia y/o agravar la situación, se hace necesario reestablecer el clima institucional y de confianza para garantizar la armonía y desarrollo del servicio educativo a todos los niños, se considera necesaria la separación transitoria de tales directivos, sin que ello implique prejuzgamiento. Ello, por cuanto la presencia del equipo directivo en el establecimiento educativo resultaría inconveniente para el normal desarrollo de la investigación y esclarecimiento de los hechos, disponiéndose la separación de la Directora B.y la Vicedirectora, hasta tanto se restablezca el vínculo entre ellas y la comunidad educativa en resguardo del interés mayor de los derechos del niño.
Posteriormente por Disposición Nº 0007/17 se amplía la investigación a las señoras , en relación a las denuncias contra personal Directivo por supuesta demora injustificada en trámite de actuaciones, y en tanto ello podría constituir transgresión al inciso I del artículo 6 de la ley 3529 t.o por ley 5125, y al inciso e) del artículo 2º del anexo del Decreto Nº 1311/99 y se mantiene la medida preventiva de separación transitoria de los cargos directivos en el establecimiento educacional.
Así las cosas, la presente cautelar, tiene por objeto se dejen sin efecto dichas disposiciones y se reponga en el cargo de Directora a la accionante.
7.- Reseñado lo que antecede, y analizados los agravios vertidos, estamos en condiciones de adelantar que no encontramos acreditado el fumus bonis iuris necesario para la procedencia de la cautelar solicitada, y ello sin que implique adelantar opinión sobre la cuestión de fondo que será objeto del principal.
En efecto, disentimos con el magistrado de grado en cuanto a que, en el limitado marco cognoscitivo de la presente, las disposiciones atacadas serían susceptibles de ser consideradas violatorias del procedimiento administrativo.
Es que conforme lo reseñado, en el establecimiento educativo a cargo de la actora, los padres que componen la comunidad educativa, se habrían autoconvocado a raíz de denuncias contra uno de los profesores, objetando el tratamiento que los directivos habían dado a la cuestión.
Que la conmoción es un estado contrario a los fines educativos, por lo que preventivamente se separa del cargo a la accionante, lo que se mantiene por disposición Nº0007/17, iniciándose actuaciones sumariales a efectos de investigar la actuación de los directivos del establecimiento.
Siendo así, tenemos para nosotras que el ejercicio del derecho de enseñar y aprender, garantizado constitucionalmente, sólo resulta realizable bajo las condiciones adecuadas a tal fin -ver capítuloVII (Educación) de la Constitución Provincial arts. 78/87 y Ley Nº 6691 arts. 166 a 168-. Tales condiciones adecuadas presuponen la existencia de una convivencia armónica entre quienes imparten la enseñanza y quienes la reciban.
Cuadra señalar que, si bien la actora imputa a la fundamentación de aparente, de las actuaciones reseñadas emerge la existencia de una virulencia en la comunidad educativa, que suscitó la intervención de la Supervisora Técnica y el Director Regional, en aras de restablecer el vínculo con los padres de los menores afectados y receptar sus inquietudes.
De tal modo, los actos administrativos impugnados han sido dictados prima facie, en el marco de las competencias que le confiere el ordenamiento, a los fines de preservar el normal funcionamiento de la institución educativa y sin menoscabar los derechos inherentes a los docentes investigados.
Por otra parte, no debemos soslayar, que la actora, desarrolla sus tareas laborales en el marco de una organización administrativa de la que depende, y por ende, se encuentra sujeta a la responsabilidad administrativa que conlleven las conductas asumidas en dicho ámbito.
Al respecto, cabe aclarar que, “cuando se hace referencia a las relaciones de especial sujeción se entiende que el individuo está sujeto a una relación jurídica en la que tiene singulares derechos y obligaciones frente al Estado.
Esa situación a la que están sometidos determinados funcionarios acentúa su dependencia con relación al Estado debido a que éste tiene una serie de objetivos que cumplir”.(Cfr. García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás, Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Madrid, Civitas 1981, p 48 y 49 citado por Sesín, op. cit. p. 264) Esta potestad disciplinaria se explicita mediante una serie de sanciones predeterminadas por la reglamentación vigente, a la que voluntariamente el funcionario se somete, ya que al momento de su nombramiento acepta, expresa o implícitamente, el bloque normativo en la que se encuentran los deberes, derechos, infracciones y sanciones. (Sesín, op. cit. p.264) Siguiendo tales lineamientos, en la especie, ante las denuncias efectuadas por los tutores de la EEP Nº, se iniciaron las investigaciones pertinentes, que incluyen las conductas asumidas por la Directora y , manteniéndose la separación transitoria de las autoridades administrativas por los fundamentos referidos ut supra.
Tal medida se encuentra expresamente prevista en el artículo 3º del Decreto Nº 1311/99 que regula el sumario administrativo, en los siguientes términos:” La autoridad que intervenga ante un hecho que de origen a una información sumaria o sumario administrativo, realizara de inmediato las diligencias mas urgentes para evitar la perdida de pruebas. Asimismo, podrá disponer o solicitar, sin que ello implique prejuzgamiento: . b) la separacion transitoria del presunto responsable en el cargo docente/administrativo, con asignación de tareas en otro lugar, dependencia o repartición, aunque fueran distintas, cuando su permanencia fuere inconveniente para el esclarecimiento del hecho. .” Corolario de lo expuesto, no advertimos configurada la verosimilitud del derecho, en tanto en el limitado marco cognoscitivo de la presente, no emergería transgresión a norma legal alguna ni se configuraría la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta.Advirtiéndose que la magnitud del perjuicio alegado -separación transitoria en las funciones como directora del establecimiento- al encontrarse sujeta a un régimen disciplinario en su calidad de funcionaria pública, no afecta la legitimidad de la decisión administrativa.
Por otra parte, hemos de resaltar que la facultad ejercida por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en el contexto que estamos analizando, lo fue con una finalidad preventiva y sin mengua de su salario, por lo cual no se evidencia la existencia de perjuicio imposible reparación.
Asimismo, tratándose de una medida transitoria dispuesta a los fines expresados, no puede afirmarse que se haya violado el derecho de defensa de la sumariada, pues tal procedimiento administrativo, constituye el ámbito en el que la recurrente tendrá oportunidad de defenderse y ofrecer las pruebas que estime pertinente, como así también efectuar las impugnaciones que considere pertinentes.
Consecuentemente, asistiendo razón al recurrente, en tanto no se encuentran reunidos en la especie los recaudos que hacen a la procedencia de la tutela peticionada, corresponde revocar la Resolución de fecha 28/07/2017 de fs. 28/34.
Sin perjuicio de lo expresado, e independientemente de lo que se resuelve en la presente, dado el tiempo transcurrido y el cumplimiento de la medida dispuesta por el aquo, cabe recordar que el articulo 4 del Decreto 1311/99 2º párrafo reza: “.cuando las circunstancias aludidas permitan estimar la innecesariedad de que el agente/docente continúe suspendido o separado, podrá ordenarse el levantamiento de la medida respectiva. “, correspondiendo por ende, que la autoridad administrativa pertinente evalúe este aspecto.
Las costas de la Alzada se imponen a la vencida (art. 83 del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad en que se regulen los concernientes a las actuaciones principales.
Por ello, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, RESUELVE:
I.- REVOCAR la Resolución de fecha 28/07/2017 de fs. 28/34.
II.- IMPONER las costas de Alzada a la vencida, difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad en que se regulen los concernientes a las actuaciones principales.
III.- REGISTRESE, protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.
GLADYS ESTHER ZAMORA
JUEZ Sala Segunda Cám.Apel.Civ. y Com.
JUEZ Sala Segunda
Cám.Apel.Civ. y Com.
Tag: AMPARO, DIRECTORES, DOCENTES, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, MEDIDAS CAUTELARES, RESPONSABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SUSPENSIÓN DEL TRABAJADOR
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 artículo 2
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