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Timestamp: 2017-08-19 22:32:47+00:00

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HISTORIA EN LIBERTAD: El Manifiesto de los persas
4.- Dividido de este modo el gobierno de las Provincias, se procuró1 buscar un centro de reunión que facilitase la ejecución de tanta empresa: a este fin vocales de las juntas mismas vinieron como Diputados de ellas a Aranjuez para elegir los que según las leyes debían regir el trono en vuestra soberana ausencia; pero parece creyeron más oportuno elegirse a sí propios con el nombre de Junta Central2, dando de nuevo en el escollo político de crear un monstruo de más de treinta cabezas hijas3 de las primeras juntas defectuosas en su origen, y que había de ocasionar (como sucedió) el aumento de los males, no tener confianza la Nación, minorar sus fuerzas y auxilios, y carecer los ejércitos de una autoridad que les impusiese con el premio y el castigo; cuyo mal influía en los socorros, y en la uniforme ejecución de planes, precisa para rechazar el colosal poder del invasor, quien aprovechando estas circunstancias, conseguía dispersiones, cogía almacenes, y se seguían otros daños que es mejor dejarlos al silencio.
11.- Se olvidaron algunos del medio de conciliar la profesión monástica con la ciencia política, y participación en el nuevo sistema de gobierno: pues los Regulares como hijos de la Patria no podrían ser mantenidos en el seno de esta, si no ayudasen a defenderla de la tiranía doméstica, e invasión extranjera con su consejo, con su palabra, y con sus manos en el apuro extremo: y por su haber coadyuvado de todos modos, decretó el invasor de España exterminar, desnudando del hábito y del nombre, a los que no había podido acabar de destruir el furor de los verdugos armados. De otra forma hubiera sido caer en contradicción, no admitiendo en el Congreso general de la Nación a los mismos, a quienes llamaron las Juntas provinciales en las primeras congojas de la Patria, cuando se buscaban almas fuertes e ilustradas, que guiasen el bajel abandonado a la tempestad. Fijando, pues, la Junta Central su resolución entre tan opuestas opiniones, dictó su último decreto en la isla de León a 29 de enero de 1810, conciliando en circunstancias tan críticas los derechos de V. M. con la observancia de las leyes, en la forma que creyó más distante de lo que después ha sucedido.
12.- Como, pues, salió en desunión y precipitada fuga la Junta Central de Sevilla al acercarse los franceses en principios del mismo año, pasando a salvarse a aquel puerto7, y en el propio momento creó esta ciudad el nuevo gobierno que estimó más apto8; dio esta un manifiesto de los defectos que creía en algunos centrales: lo que ocasionó la crítica de que la condescendencia a la celebración de Cortes era efecto de la impotencia en que la Junta se miraba; pero ya era perdido el tiempo del remedio. Mas prescindiendo del mérito de aquellas quejas, no remitiremos al silencio lo que hallemos recomendable en dicho decreto de la Central. Primero mantener ileso en V. M. el derecho de llamar a Cortes según las leyes, fueros y costumbres.
15.- Cuarto, que la Regencia nombraría a los asistentes de Cortes que debían aconsejar al que las presidiese en vuestro Real nombre, de entre los individuos del Consejo y Cámara
16.- Quinto, se prefijó el modo con que habían de examinarse las materias en los Estamentos
17.- Sexto, se dijo que la Regencia sancionaría las proposiciones aprobadas en ellos, o suspendería la sanción
18.- Y séptimo, que dicha Regencia podría señalar un término a la duración de las Cortes
28.- Estas en resumen serían las consideraciones, que la Junta Central tuvo para desentenderse de las máximas exaltadas de algunos, y buscar la similitud de las antiguas Cortes de España en el indicado último decreto, que se comunicó al primer Consejo de Regencia; pero sus subalternos ocultaron y remitieron al silencio un documento, que hubiera remediado en gran parte la multitud de males que han partido de este principio. Si en la forma que se prescribió, se hubieran celebrado las Cortes, no hubiera tenido apoyo la opinión de los que por ignorar las actas de las antiguas (monumentos preciosos de fidelidad y amor de los Españoles a sus Soberanos, y de nuestra verdadera y juiciosa independencia y libertad) las apellidan inútiles. No pensaba de este modo el Señor Don Fernando IV en las Cortes de Valladolid año 1298, y en las que se celebraron en la propia ciudad en 1307: del mismo modo discurría el Señor Don Alfonso XI cuando expresó los motivos que había tenido para convocar las célebres Cortes de Madrid de 1329. Y de la propia opinión era V. M. cuando en el decreto dirigido al Consejo Real desde Bayona le decía: era vuestra soberana voluntad que se convocasen las Cortes en el paraje que pareciere más expedito.
33.- Leímos que al instalarse las Cortes por su primer decreto en la Isla a 24 de septiembre de 1810 (dictado según se dijo a las once de la noche), se declararon los concurrentes legítimamente constituidos en Cortes Generales y extraordinarias, y que residía en ellas la soberanía nacional. Mas ¿quién oirá sin escándalo que la mañana del mismo día, este Congreso había jurado a V. M. por Soberano de España sin condición, ni restricción, y hasta la noche hubo motivo para faltar al juramento? Siendo así que no había tal legitimidad de Cortes; que carecían de la voluntad de la Nación para establecer un sistema de gobierno, que desconoció España desde el primer Rey constituido: que era un sistema gravoso por los defectos ya indicados, y que mientras el Pueblo no se desengaña del encanto de la popularidad de los Congresos legislativos, los hombres que pueden ser más útiles, suelen convertirse en instrumento de su destrucción, sin pensarlo. Y sobre todo fue un despojo de la autoridad Real sobre que la monarquía española está fundada, y cuyos religiosos vasallos habían jurado, proclamando a V. M., aun en su cautiverio. Tropezaron, pues, desde el primer paso en la equivocación de decir al Pueblo, que es soberano y dueño de sí mismo después de jurado su gobierno monárquico, sin que pueda sacar bien alguno de este, ni otros principios abstractos, que jamás son aplicables a la práctica; y en la inteligencia común se oponen a la subordinación, que es la esencia de toda sociedad humana: así que el deseo de coartar el poder del Rey de la manera que en la revolución de Francia, extravió aquellas Cortes, y convirtió el Gobierno de España en una oligarquía, incapaz de subsistir por repugnante a su carácter, hábitos y costumbres. Por eso apenas quedaron las provincias libres de franceses, se vieron sumergidas en una entera anarquía, y su gobierno a pasos de gigante iba a parar en un completo despotismo.
36.- Por noveno decreto de 10 de noviembre siguiente se fijó la libertad de imprenta, que acabó de extinguir la subordinación: cualesquiera que fuesen sus restricciones: la infracción para los mantenedores de la novedad ha corrido impune; al tiempo que perseguidos, los que han declamado contra ella. El uso de la imprenta se ha reducido a insultar con personalidades a los buenos vasallos, desconceptuando al magistrado, debilitando su energía, y haciendo odioso a cuantos eran blanco de estos tiros: extenderse papeles sediciosos y revolucionarios a cada paso, escribir descaradamente contra los misterios más respetables de nuestra religión revelada, ridiculizándola para sembrar las máximas que tantas veces condenó la Iglesia, y despedazando la opinión y respeto del sucesor de San Pedro con un lenguaje, que jamás toleró la Nación española, hasta que tuvimos la desgracia de ver en gran parte relajadas sus costumbres; que es cuando se presentan tales innovaciones. Esta libertad de escribir, perjudicial en una Nación pundonorosa, y además subversiva en las Américas se ha sostenido a viva fuerza contra el clamor de los sensatos porque solo extraviando a cada momento la opinión del pueblo, puede sostenerse, lo que no produjo la razón.
37.- Posteriormente se vieron repetidos indultos, se tuvieron condescendencias con los indios, cargando la culpa al anterior gobierno; se les dispensaron las gracias que apetecían: se concedieron libertades de comercio y exención de tributos. Se acordó en 22 de marzo de 1811 la enajenación de algunas fincas de la Corona. Se mandó en 5 de abril siguiente establecer un superintendente de policía, que nunca llegó a verificarse por contrario a la libertad popular. Se mandó en 2 de junio siguiente, que en el cuño de la moneda de oro el busto real, se pusiese al natural o en desnudo; y no adornado del traje o armadura de hierro que se había usado hasta entonces. En 6 de agosto del propio año se incorporaron de hecho todos los Señoríos jurisdiccionales a la Nación, con abolición de sus privilegios, sin previo examen y sin efectiva recompensa. En 17 de dicho agosto se admiten en los colegios, y en las plazas de Cadete sin pruebas de nobleza, para recomendar la popularidad. En 31 siguiente se crea una orden llamada Nacional de San Fernando extensiva a los soldados y tambores, como si no hubiese órdenes establecidas, o fuese necesario, sin diferencia, generalizar esta clase de premios aun al que más lo desea de otra naturaleza. En 7 de enero se abolió el paseo del estandarte Real, que se acostumbraba anualmente en las ciudades de América como un testimonio de lealtad, y monumento de la conquista de aquellos países, derogándose la ley recopilada que lo prevenía. Se abolieron las ordenanzas de Montes y Plantíos con ruina del ramo más necesario a los Pueblos. Se extinguieron las matrículas de mar en las Provincias ultramarinas: y en 29 de enero de 1812 se habilitó a los Españoles oriundos de África, para ser admitidos a las matrículas y grados de las Universidades, ser alumnos de Seminarios, etc.. Todos estos decretos manifestaron odio a los derechos y prerrogativas de V. M.: deseo de ostentar y dar ejercicio a la soberanía popular: empeño de atacar los derechos y jerarquía de la Nobleza, y de atraer al mismo tiempo en apoyo de la novación, con indultos, gracias y concesiones a la popularidad misma: a fin de que esta creyese que los que llevan la voz en esta escena, trabajaban por su beneficio, y les prestasen su apoyo y condescendencia.
40.- En fin, Señor, esa Constitución firmada en 18 del propio marzo con el renombre de código sagrado, y otros que nos han merecido los más sabios de España; aunque de su sensatez han podido aprender los legisladores del mundo, dice: Que la Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia, ni persona. Y el Artículo 14 expresa: que el Gobierno de la Nación española es una monarquía moderada hereditaria: artículos inconciliables sin otra explicación, en que solo brilla el deseo de mantener el nombre para defraudar la substancia.
47.- En el Artículo 1.º y siguientes se trató del modo de formar las Cortes, y elegir para ellas los Diputados: y aunque esta elección respira popularidad, se conoció que el Diputado había de tener la voluntad de su Provincia; y como esta no la tenían los que formaron la Constitución, hacen más clara la nulidad de ella: sin que lo supla el que las circunstancias de la guerra no permitían entonces la manifestación de esta voluntad, porque la imposibilidad no suple el consentimiento expreso que es necesario: y es más fácil que hubieran conocido, no poder celebrarse las Cortes; y que hubieran ceñido sus esfuerzos a solo salvar la Patria de la invasión enemiga con armas y dinero, que es lo que quería la Nación.
50.- En el capítulo 6.º se señaló el sitio donde habían de celebrarse las Cortes; y no obstante hemos experimentado el escandaloso empeño de que no saliesen de Cádiz, porque entre rastrillos estaba más sujeta la libertad de los legítimos representantes de la Nación. Se fijó también la duración de pocos meses a las sesiones de Cortes, y aunque esto debía ser según la urgencia de los negocios, traía la ventaja de que los nuevos no tuviesen tiempo de reformar lo hecho, y que pasándose los meses con dilaciones proyectadas, y sostenidas por algunos adictos, corriese la legislatura sin fruto. Esto era tanto más extraño en boca de quienes habían servido la diputación por años y que según el Artículo 100 tenían esperanza de perpetuidad por el estado de la guerra: a la verdad que en la delicadeza de aquellos Diputados para no acomodarse tan larga prórroga, pudo adoptarse el rumbo de repetir segunda elección en los mismos términos que se hizo la primera.
54.- El capítulo 7.º deja a las cortes tantas facultades, que excediendo del sistema que propone la Constitución al principio, entorpece y dificulta el poder ejecutivo que atribuye al Rey.
61.- En el Capítulo 2.º se fijó la sucesión a la Corona de España por el orden regular, y en el Artículo 180 se dijo: que a falta de V. M. sucederían todos sus descendientes; a falta de estos sus hermanos y tíos y sin distinción de sexos, guardándose el derecho de representación; y en decreto separado del mismo 18 de marzo de 1812 se excluyen de la sucesión a la Corona al Señor Infante Don Francisco de Paula, y su descendencia, y a la Señora Infanta Doña María Luisa, Reina viuda de Etruria, sin que hasta ahora sepa la Nación, con qué motivo se tomó rumbo tan extraño, opuesto a la antigua Constitución, reconocida por las naciones, en perjuicio de tercero que tenía adquirido derechos lineales, sin cuya intervención se revocaban. Añadiéndose, que aun en la sucesión de la Señora Infanta tenía mayor recomendación el pacto oneroso de su matrimonio: todo lo cual algún día podría acarrear guerras a España, por no ser aplicable el Artículo 181 en los términos que se concibió, para excluir la descendencia de quien por el Artículo anterior debía formar cabeza de línea en su caso (aun prescindiendo la certeza del pretexto), mayormente cuando la imposibilidad física o moral la suple en el Artículo 188 una Regencia, y el que sucede por representación, ocupa el lugar del inhábil o defectuoso.
62.- El Artículo 188 parece no se fijó para observancia, permitiendo nombrar al sucesor inmediato: porque siendo notorio que tratábamos de tomar esta medida para hacer cesar lo expuesto que se hallaba el Reino con la falta de energía de la actual Regencia; no se han perdonado los medios más escandalosos para impedirlo.
68.- El capítulo 2.º trata del juicio de conciliación, que ha de preceder a todo pleito: este pensamiento no es nuevo, porque en muchos consulados solían practicar lo mismo sin fruto; pues el que llega a comprometerse a las molestias de un litigio, es porque extrajudicialmente no ha podido sacar partido de aquel, a quien intenta demandar. Es además inútil cuando se manda: porque si las partes no consienten, el tiempo es perdido, y aumenta la dilación el daño; siendo otro, que en el juicio ejecutivo es un aviso, para que el demandado quite muchas veces de en medio lo que podía asegurar la deuda: y aún hay otros inconvenientes que enseña mejor la práctica.
70.- Los muchos delitos no son efecto de la revolución sino de la impunidad. Si ninguno ha de ser preso, sin que preceda información sumaria (capaz de formar concepto sobre ella, de que merece ser castigado con pena corporal), y asimismo un mandamiento del juez por escrito que se notifique en el acto de la prisión: el juez no puede prender en un pronto, y la queja está de más en el momento, porque no puede haber autoescrito sin previa información escrita, y entre tanto escribir, el reo se ha fugado. El delito en despoblado queda impune; y el hecho en poblado, sin posibilidad de acusación: porque los delincuentes no se han de presentar al público a cometer sus excesos, ni todo vasallo puede ir rodeado de una guardia, para que le sirva de testigo en cuanto le ocurra.
81.- En el mismo día 18 de marzo se derogó la ordenanza de caballería, que era cuando más se necesitaba. En 12 de abril siguiente se mandó a la Regencia, que en la provisión que hiciese de empleados públicos nombrase personas conocidamente amantes de la Constitución, y que hubiesen dado pruebas positivas de adhesión a la independencia de la Nación: por este medio se hacían adictos a una Constitución que les alimentaba, y odiosos y desvalidos los que no querían olvidar las leyes y costumbres de sus mayores, y el valor del juramento que tenían prestado a V. M.
82.- En II de agosto de 1812 principiaron los decretos contra los empleados, que habiéndolo sido por los señores Reyes, toleró su continuación al intruso sin despedirlos. Este paso, que ha arruinado miles de familias, suponía delito el no haber emigrado a Cádiz, donde la puerta no estuvo franca, y se olvidó, que con estar en sus casas han evitado mayores males; han ayudado a la reconquista, y dado lugar a que exista Nación que V. M. vuelva a gobernar. Fue paso por su generalidad injusto y por las circunstancias, antipolítico, capaz de resfriar el patriotismo, y añadir fuerzas a los franceses.
86.- Desde el decreto de 18 de febrero del mismo año se principiaron a dictar providencias acerca de Regulares; pero en términos y con tales restricciones, que vinieron a quedar (si cabe) de peor condición que en el gobierno intruso. Las Provincias no pudieron mirar sin admiración unas medidas semejantes a las que acababan de detestar, ni dejaron de conocer su injusticia. Los vasallos se alistaron en las religiones bajo la garantía del Gobierno que las había permitido en la sociedad: sus votos y renuncias habían descansado en esta confianza, y eran acreedores de justicia a volver a sus Conventos (en cuya esperanza habían ayudado a la salvación de la Patria), y a la posesión de los bienes, de que sus corporaciones tenían un dominio libre, como los demás particulares, sin deber ser de inferior condición: ni permitía la decantada igualdad se manifestase odio a ninguna clase del Estado; y menos cuando la misma Silla apostólica no había querido asentir a las amenazas del tirano de la Europa, para que accediese a la extinción de los Regulares. Pero en su reposición, más que estos, ganaba la Nación: los bienes en su mano mantenían muchas familias, y cubrían cuantiosas cargas y contribuciones, que aliviaban a los demás vasallos (a quien se dice querer favorecer): los mismos bienes en manos de administradores apenas producen para pagar sus sueldos. El abandono de las fincas minora la riqueza nacional con la falta de producto: y si se han de cumplir o hubieran cumplido las asignaciones alimenticias que se hicieron a los propios Regulares (como debía haberse hecho), se seguiría un injusto sobrecargo al vecino contribuyente. Tales son, Señor, las fatales consecuencias de órdenes no premeditadas.
87.- En 22 de febrero de 1813 se dictó la abolición de la Inquisición. El sistema adoptado en este papel y el deseo de no ocupar la soberana atención más de lo preciso, nos impide indicar las muchas especies oportunas, con que algunos sabios Diputados impugnaron este proyecto. En cualquier establecimiento debe mirarse, primero su necesidad; y no es dudable, que debe haber un protector celoso y expedito para mantener la religión sin la cual no puede existir ningún gobierno. Si en las reglas adoptadas para hacer eficaz esta protección, el ejercicio hubiese acreditado su impotencia o sus defectos, es justo se mediten y reformen; pero poner la segur al pie en todo establecimiento, no es modo de remediar males; sino quitar de la vista el que se cree, dejando la raíz para otros mayores. El medio que se subrogó es parecido a la substanciación de juicios de que trata la Constitución, para que entre el juez eclesiástico y secular jamás llegue a castigarse el delito, que era objeto de la Inquisición extinguida. Y en verdad que desde la expedición de este decreto no hay noticia de una sentencia que haga intacta la religión católica; de lo que sí la hay es, de multitud de papeles que han corrido impunes hablando con mofa de los misterios más venerables: ser asunto de la crítica de los jóvenes (menos recomendados por sus costumbres) los misterios mismos, y la doctrina más antigua y respetable de la Iglesia. Ha mucho tiempo, Señor, que los filósofos atacaron este baluarte de la religión, bajo el pretexto de hacer observar las facultades de los obispos: queriendo emularlos con igualdades a la suprema Cabeza de la Iglesia, para después de oprimir aquellos, por nueva emulación de igualdades con los Párrocos, llegar al término de reducir la verdadera religión a mero nombre.
98.- Trataron, pues, las Provincias del remedio por el solo rumbo que les dejó abierto el Gobierno: tal era elegir representantes de su confianza, que concurriendo a las actuales Cortes ordinarias las salvasen del precipicio que les amenazaba. Verdad es, que algunos jefes políticos poseídos del espíritu del Gobierno, tuvieron no pequeña parte en varias elecciones; mas no toda la necesaria para impedir que dejasen de ser electos, hombres de carácter, instrucción y probidad capaces de llenar sus deseos: a fin, pues, de realizarlos tomaron en consideración el mal, y meditaron su cura; mas era la llaga envejecida, y los instrumentos para su curación, estaban en manos del autor de aquella, y era imposible arrancárselos sin un funesto estremecimiento.
99.- Debía ser el primer paso elegir el campo de la lucha, pues Cádiz era un Castillo de que solo el gravoso Gobierno tenía las llaves. Sabíamos que los más instruidos y afectos a V. M., que habían concurrido a aquel Congreso, fueron mudos: porque la vez que rompieron el silencio, los habían cubierto de oprobio, y comprometido su existencia al furor de un Pueblo alucinado con declamaciones, especies inexactas, y proyectos dorados para encubrir su veneno. Sabíamos que la influencia de la popularidad espectadora decidía los asuntos más graves y las más transcendentales innovaciones con su mofa, insultos y atropellos. Sabíamos que la impunidad era el signo, con que el Gobierno manifestaba su condescendencia, equivalente a una licencia expresa de ajar a los hombres de bien: así que tomaron nuestras opiniones distinto rumbo para lograr un propio fin. Algunos pasamos a Cádiz para votar la salida del Gobierno: otros resistimos la ida a aquel puerto, para que las Cortes viniesen a Madrid, obligadas de faltarles votos con que hacer Ley, y como a sitio escrito en la Constitución. Para burlar este deseo, que tuvo el Gobierno a mal pronóstico, no es fácil referir a V. M. las conmociones populares que hubo en Cádiz sobre impedir su salida, los obstáculos con que se dificultó este paso, la destreza con que se manejó el mayor impedimento de una epidemia, que en un principio no lo fue; y después verdadera, arrancó las lágrimas de muchas familias inocentes sacrificadas al capricho y fines siniestros de los que mandaban. Y en fin no son numerables los compromisos en que nos pusieron los jefes políticos y comandantes militares, por no querer ir a la clausura de aquel puerto a ser el juguete de tanto desenfreno.
110.- En el poder legislativo sucedía, que los Señores Reyes de Castilla no tenían facultad para anular o alterar la legislación establecida: y cuando hubiese necesidad de nuevas leyes; para que fuesen habidas por tales, se debían hacer y publicar en Cortes con acuerdo y consejo de los representantes de la Nación. Así lo decían a los Señores Reyes Doña Juana y D. Felipe los diputados de las Cortes de Valladolid de 1506 en la petición sexta, recomendando las distintas costumbres de los Pueblos, para la diversidad de remedios (cuya máxima, también se olvidó en Cádiz). Esta petición se repitió reinando el Señor Don Felipe III, que es la primera de las Cortes de Madrid 1607 publicadas en esta Villa 1619.
115.- Si, pues, había Constitución meditada y ratificada por siglos, y su observancia causó la felicidad del Reino, era consiguiente que las leyes de España recopilasen las atribuciones de estas Cortes; las funciones de la soberanía, la forma de la ley para tener vigor y ser provechosas, y la clase de gobierno, que por resultado creían ser más conveniente al carácter español. Las leyes del libro 6.º, título 7.º de la Recopilación dicen: la primera que los Sres. Reyes establecieron por leyes, hechas en Cortes, que no se echasen nuevos pechos ni tributos, sin que primeramente fuesen llamados a Cortes los procuradores de todas las Ciudades y Villas del Reino, y fuesen otorgados por estos. La segunda: que sobre hechos grandes y arduos se junten Cortes, y se haga Consejo de los estados de nuestros Reinos, según lo hicieron los Reyes predecesores. La cuarta: que las Ciudades y Villas puedan elegir libremente sus Diputados en sus consejos, tanto que sean personas honradas, y no labradores ni sesmeros, añadiendo la ley 6.ª, que cuando en la elección de procuradores de Cortes hubiese discordia, el Rey la decida. La octava: que el Rey oiga a dichos procuradores benignamente, reciba sus peticiones y responda a ellas, antes que las Cortes se acaben. La novena: que la cobranza del servicio que se hiciere en Cortes la tengan los procuradores de ellas. La decimatercia que de los procuradores de Cortes queden dos Diputados para la expedición y ejecución de lo otorgado en Cortes, a quienes se franqueó por los contadores del Rey la razón que pidieron de lo que estuviere en sus libros.
120.- Consiguiente a este cuidado de la soberanía dijo la ley 8, título 1.º, libro 2.ºde la Recopilación: que cuando se tratase en el Consejo de hacer alguna ley nueva, derogar o dispensar las hechas, concurriesen, en un voto todos los del Consejo, o por lo menos las dos partes y lo consultasen al Rey, para que proveyese en ello lo conveniente a su servicio, y al bien público del Reino: y no con menos solemnidad y madura detención se hacían o revocaban las leyes con intervención del Rey en Aragón.
139.- Sin arredrarnos la prevención que veíamos en la popularidad (y después que muchos de nosotros conseguimos tomar posesión en el Congreso, venciendo dilaciones estudiadas, y el ruido y algazara de los espectadores) determinamos por primer paso separar la Regencia, subrogando otra enérgica, que nos pusiese en libertad para desempeñar nuestras funciones: que hiciese retirar de Madrid los vagos y sediciosos: que cuidase de vestir y alimentar la tropa: y que celase la administración de justicia. Para esta mudanza elegimos el día en que había de proponerse al Congreso; pero noticiosos de nuestra deliberación los opuestos a nuestras ideas, como protectores de todo lo hecho en Cádiz, prepararon el ánimo del Gobernador de Madrid Villacampa, quien puso su tropa sobre las armas provista de cartuchos, como si se encaminase al ataque más glorioso, y remitió al Congreso con aparentada urgencia, como si peligrase la Patria, la impostura más negra, que creyó a propósito para desconceptuarnos al público, para inflamar el ánimo de este, e impedir se realizase en aquel día la remoción del Gobierno, sin la que no podía darse un paso en defensa de los derechos de V. M. y de la Nación. Vimos en fin contra nosotros la fuerza, asustado el Pueblo con la noticia, cerradas por el recelo las puertas de muchas casas, y entre una soledad reparable, solo exaltados rodeaban nuestra deliberación. Dictó la prudencia suspenderla, frustrose el fin, y dio el Gobierno por premio de este paso el grado de teniente general a Villacampa, con agravio del ejército, y con desaire nuestro.
142.- Que ínterin se verifican las nuevas Cortes (suspendiéndose las actuales), se cumplan con la mayor actividad las leyes de España que dictaron los Señores Reyes con las Cortes generales, y a su virtud se administre justicia por los jueces y tribunales con arreglo a ellas, para la seguridad, paz y buen orden del Estado: se tomen cuentas a cuantos han manejado caudales públicos durante esta amarga revolución: se completen los ejércitos, se les vista y alimente, se premie su mérito, y el de todos los que han contribuido a libertar a España de la opresión del tirano de la Europa: que se abra causa (a fin de castigar los delitos y precaver la seguridad nacional en adelante) contra cuantos son reos de los más notorios, averiguando los fines y los medios que se han empleado para atacar la integridad de España, para extraviar su opinión, para traer envueltos en convulsiones populares a los vasallos honrados: y se averigüen los fines con que se ha procurado dejar indefensa la Nación, sigilando el verdadero estado de sus fuerzas, disgustando los jefes militares, ofendiendo la consideración de que se han hecho dignos nuestros heroicos aliados, sin los que no hubiéramos conseguido nuestra libertad, disgustando y entorpeciendo las operaciones de su primer jefe el Lord Wellington, cuya memoria acreedora a nuestra gratitud quedará eternamente grabada en el corazón de los españoles, pues llenando nuestra confianza nos puso fuera de alcance aun de las más temibles armas de Napoleón, que eran la seducción e intriga: y adoptándose para remediar estos males todas las medidas que señalaron nuestras sabias leyes. Tenga en fin presente V. M. que antes de entrar los moros en España, desde Recesvinto era ley fija la intolerancia de la herejía en el Reino, haciendo celebrar cuatro Concilios para que se cumpliese y arreglase la disciplina eclesiástica. En esta interviene el expreso o virtual permiso de los Príncipes: V. M. es protector del Concilio, y haría glorioso su reinado si en él se celebrase uno, que arreglase las materias eclesiásticas, y preservase intacta entre nosotros esa nave que no han de poder trastornar todas las furias del abismo.
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References: resolución 
 Artículo 14
 Artículo 1
 Artículo 100
 Artículo 180
 Artículo 181
 Artículo 188
 Artículo 188