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Timestamp: 2020-08-11 00:11:57+00:00

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CPLT Jurisprudencia | Guillermo Videla Báez con MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
Guillermo Videla Báez con MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA Rol: C513-11
Consejo para la Transparencia, 29/07/2011
Se dedujo amparo contra la Municipalidad de Antofagasta, ante la falta de respuesta a solicitud de acceso a documentos relacionados con transferencia a un particular de unas patentes de alcoholes, inscritas a su nombre (copia transferencia, formularios cesión gratuita, boletín de pagos efectuados, entre otros). El Consejo acogió el recurso parcialmente, ordenando entregar la información respecto de la cual no fue acreditada inexistencia, estimando que respecto del listado de pagos procede la entrega, con posterioridad a la aplicación de un test de interés público que finalmente arroja preponderancia del interés público en la divulgación, no obstante la aplicabilidad de la regla de secreto contenida en el art. 7° de la Ley sobre Protección de la vida privada.
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos Documentos Operacionales.Documentación presupuestaria.Otros
DECISIÓN AMPARO C513-11
Entidad Publica: Municipalidad de Antofagasta
Requirente: Guillermo Videla Báez
Ingreso Consejo: 26.04.2011
En sesión ordinaria Nº 268 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de julio de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C503-11.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de marzo de 2011 don Guillermo Videla Báez solicitó a la Municipalidad de Antofagasta copia autorizada de los siguientes documentos relativos a la transferencia a don Víctor Márquez Vargas de las siguientes patentes inscritas a su nombre:
a) Copia de la transferencia de las patentes de alcoholes Nº 4001163 y N° 2006154;
b) Formulario de cesión gratuita de patente, firmado por cedente y cesionario ante notario;
c) Boletines semestrales correspondientes a los pagos de dichas patentes, realizados por el Sr. Márquez, con domicilio en Copiapó Nº 900;
d) Fecha en que se suspendió el pago en el domicilio antes referido y motivo de la suspensión;
e) Copia de las resoluciones relativas al cambio de domicilio de la patente;
f) Fecha en que el Sr. Márquez trabajó en el domicilio ubicado en calle Copiapó Nº 900.
2) AMPARO: El 26 de abril de 2011 el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que éste no contestó su solicitud de información.
3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo a don Víctor Márquez Vargas mediante Oficio N° 1.067 del 3 de mayo de 2011; quien no presentó descargos y observaciones al mismo dentro del plazo legal.
4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Mediante Oficio N° 1067, de 3 de mayo de 2011, se confirió traslado del presente amparo a la Alcaldesa de la Municipalidad de Antofagasta; quien a través de su Oficio Ord. N° 1.049, de 7 de junio de 2011, formuló sus descargos y observaciones y acompañó los siguientes documentos:
a) Listado de pagos de patente efectuados por don Víctor Márquez Vargas, entre 1998 y 2010. Al respecto, señala que sólo obra en su sistema informático los antecedentes correspondientes a dicho periodo. Sin embargo, adjuntó copia de 2 comprobantes de pago de patente correspondientes al primer semestre de 1992.
b) Formulario de solicitud de cambio de razón social de las patentes en comento, presentado por don Víctor Márquez Vargas el 28 de julio de 1992.
Al respecto, señala que «no existen documentos notariales referidos a la cesión, por cuanto por temas de práctica interna y normativa vigente al año 1992, sólo se exigía la presentación y aprobación de los formularios municipales acompañados».
c) Autorizaciones de cambio de razón social de las patentes citadas, emitida al reverso de la patente física, por el Jefe del Departamento de Rentas y Finanzas, el 25 de mayo de 1992. Al respecto, informa que con posterioridad a este acto no existen otras resoluciones que autoricen cambios de razón social.
d) Oficios N° 162 y N° 211, de abril de 2011, emitidos por el Jefe del Departamento de Rentas Municipales, mediante los cuales remite a la Sra. Alcaldesa copia de la autorización de cambio de razón social hecha al reverso de las patentes consultadas e informa que no existen resoluciones que autoricen el cambio de razón social.
e) Informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, de 31 de mayo de 2011. En él se indica que el 25 de mayo de 1992 se efectuó una transferencia de la patente de alcoholes y patente de restaurant, entre don Guillermo Videla, como cedente, y don Víctor Márquez, como cesionario. Dicha convención fue aprobada por el Municipio, conforme a la autorización expresa del Jefe de Rentas y Finanzas Municipales, según se consignó al reverso de la patente. Agrega que el acto se encuentra ajustado a derecho, de conformidad con el artículo 148 de la Ley N° 17.105, vigente a la época de la cesión. Por último, informa que la patente no fue ejercida, producto de que el titular no pudo lograr su traslado al sector La Negra, por no cumplir con los requisitos de salubridad del local. Sin embargo, ésta fue pagada durante todo el periodo, a excepción de un lapso en el segundo semestre de 2010, «en que fue bloqueado el pago del contribuyente al existir presentaciones en el municipio por doña Teresa Videla Báez por contexto de Ley de Transparencia, exigiendo antecedentes relativos a la cesión de la patente». Sin embargo, ésta no fue renovada para el periodo 2011, por encontrarse emplazada en un sector que ya no permite la concesión de alcoholes.
1) Que, de conformidad con los antecedentes acompañados a este Consejo, es menester representar a la Alcaldesa de la Municipalidad de Antofagasta no haber dado respuesta a la solicitud del reclamante, por contravenir lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Transparencia, conforme al cual el jefe superior del servicio deberá pronunciarse sobre la solicitud de información en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la recepción de la misma.
2) Que, precisado lo anterior, debe consignarse que el artículo 5° de la Ley de Transparencia dispone que son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, así como la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, a menos que esté sujeta a las causales de secreto o reserva consagradas en su artículo 21, las que no han sido invocadas por el municipio.
3) Que el derogado artículo 148 de la Ley N° 17.105, de Alcoholes, vigente al tiempo de la transferencia de las patentes objeto de la consulta del reclamante, disponía lo siguiente: «En la patente deberá anotarse el nombre del dueño, número de su cédula de identidad con indicación del lugar de su otorgamiento y la dirección del negocio. / Iguales anotaciones se harán respecto del adquirente, en caso de transferencia de la patente. / Las patentes sólo pueden transferirse previa inscripción en la oficina municipal que corresponda, y a personas que no estén comprendidas en las prohibiciones del artículo 166».
4) Que el municipio ha aseverado que no obran en su poder los documentos que dan cuenta de la transferencia de las patentes indicadas por el reclamante ni la cesión gratuita de las mismas –letra a) y b) de la solicitud–, no obstante autorizó la modificación del titular de éstas; lo que encontraría fundamento en que, por razones de práctica interna y la normativa vigente, a la época de la trasferencia «sólo se exigía la presentación y aprobación de los formularios municipales acompañados», por lo que obvió la presentación y registro de los contratos que dan cuenta de dichas cesiones.
5) Que no obstante lo anterior obliga a concluir que la argumentación antes expuesta conlleva a justificar la inexistencia de la información solicitada en los literales a) y b) de la presentación del reclamante, atendido lo expuesto en el considerando precedente, se remitirá copia de la decisión que recaiga sobre este amparo y sus antecedentes complementarios a la Contraloría General de la República, a fin de que ésta adopte las decisiones que estime pertinentes respecto de la práctica antes descrita.
Con todo, atendido lo ordenado por el principio de máxima divulgación, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, se requerirá al municipio remitir al solicitante (a) copia de las autorizaciones de cambio de razón social de las patentes citadas –emitida en la patente física, por el Jefe del Departamento de Rentas y Finanzas, el 25 de mayo de 1992–; (b) de los Oficios N° 162 y N° 211, de abril de 2011, emitidos por el mismo Departamento, que informan acerca de la inexistencia de resoluciones que autoricen el cambio de razón social; y (c) el formulario de solicitud de cambio de razón social de las patentes en comento, presentado por don Víctor Márquez Vargas el 28 de julio de 1992; por tratase de actos de un órgano de la Administración del Estado que dan cuenta de las transferencia de las patentes objeto de la consulta del reclamante y de sus fundamentos, los que el texto expreso del artículo 5° de la Ley de Transparencia reconoce como públicos.
6) Que, por otra parte, el municipio remitió a este Consejo copia del listado de los pagos efectuados por Sr. Márquez entre los años 1998 y 2010, haciendo presente que sólo estos datos se encuentran en su sistema electrónico. Al respecto, agrega que el Sr. Márquez pagó regularmente sus patentes.
7) Que, sin perjuicio de lo anterior, debe necesariamente concluirse que la información solicitada por el reclamante, en tanto asocia a una persona determinada con la extinción de sus obligaciones patrimoniales con el Municipio, producto del pago de los permisos derivados de determinadas patentes, supone la divulgación de los datos personales de un tercero, los que son definidos por el artículo 2°, letra f), de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, como aquéllos relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.
8) Que, por su parte, el artículo 4º de la Ley N° 19.628 señala que el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando una disposición legal lo autorice, su titular consienta expresamente en ello o se trate de datos personales recolectados de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico o comercial o se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo.
10) Que, en relación con lo expuesto, conforme a lo expresado en el considerando 4° de la decisión del amparo Rol C315-11, de 10 de mayo de 2011, «[a]l ser Ley N° 19.628 un cuerpo normativo especial en materia de tratamiento de datos personales debe reconocerse que mediante la regla de secreto contenida en su artículo 7° el legislador ha ponderado que la divulgación de estos datos importaría afectar los derechos de las personas en los términos de los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia…».
11) Sin embargo, según se indicó en el considerando 5° de la decisión citada precedentemente agrega que «[n]o toda información subsumible en la categoría de dato personal es per se secreta, pues ello obviaría la inteligencia o sentido de la regla de publicidad de la información que obre en poder de la Administración del Estado, contenida en los artículos 5°, 11 letra c) y 21 de la Ley de Transparencia. Para abordar esta problemática este Consejo ha optado por circunscribir los efectos de sus decisiones al caso concreto utilizando los denominados tests de daños y de interés público: “Ambos, que pueden ser complementarios, consisten en realizar un balance entre el interés de retener la información y el interés de divulgarla para determinar si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación. El primero se centra en ponderar si la divulgación puede generar un daño presente, probable y específico a los intereses o valores protegidos de mayor entidad que los beneficios obtenidos; el segundo, en ponderar si el interés público a obtener con la entrega de la información justifica su divulgación y vence, con ello, la reserva” (Decisión C193-10). Así, por ejemplo, en la decisión Rol C664-10, relativa a las resoluciones recaídas en sumarios sanitarios donde aplicaba el derecho al olvido consagrado en el artículo 21 de la Ley N° 19.628, este Consejo resolvió dar acceso a dichas sanciones atendido el interés público involucrado en su conocimiento».
12) Que en el presente caso la divulgación de la nómina de pagos efectuados por el tercero, en tanto constituye la condición de la vigencia del permiso otorgado por el municipio, importa un interés público preponderante, referido al cumplimiento de obligaciones contraídas con un órgano de la Administración del Estado, que, en principio, permite justificar que la regla de secreto contemplada por el artículo 7° de la Ley N° 19.628 ceda en la especie ante la publicidad de la información pedida.
13) Que, a mayor abundamiento, la comunicación del hecho del pago de una determinada deuda u obligación, per se, no afectará la situación comercial o financiera del sujeto pagador ni constituirá para éste un impedimento para el acceso al crédito ni para su desenvolvimiento en el ámbito comercial.
14) Que, por otra parte, la información relativa a la fecha en que el organismo suspendió el pago de las patentes en comento, el motivo de esto, la copia de las resoluciones relativas al cambio de domicilio de la patente y las fechas en que fue ejercida en determinado domicilio –literales d), e) y f) de la solicitud–; corresponde a antecedentes relativa a actos adoptados por un órgano de la Administración y las condiciones del ejercicio de determinados permisos municipales, razón por la cual, según lo preceptuado por el artículo 5° de la Ley de Transparencia, dicha información es pública.
Sobre el particular, cabe hacer presente que el informe de la Dirección de Asesoría Jurídica del Municipio, acompañado a este Consejo, señala que el municipio bloqueó el pago de una de las patentes municipales concedidas al Sr. Vargas, durante el periodo que indica y con motivo de las presentaciones formuladas por un tercero sobre antecedentes relativos a la cesión de estas patentes. Agregando que su titular nunca ejerció dicho permiso y el municipio nunca autorizó el traslado de éste a otro domicilio, por no cumplir los requisitos de salubridad pertinentes.
Por lo tanto, las precitadas solicitudes deberán entenderse contestadas por el municipio mediante la remisión del informe elaborado por su Dirección de Asesoría Jurídica con ocasión del presente amparo.
I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Guillermo Videla Báez en contra de la Municipalidad de Antofagasta, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.
II. Requerir a la Alcaldesa de la Municipalidad de Antofagasta:
a) Hacer entrega al reclamante de los siguientes antecedentes:
i) Las autorizaciones de cambio de razón social de las patentes citadas, emitida en la patente física, por el Jefe del Departamento de Rentas y Finanzas, el 25 de mayo de 1992;
ii) Los Oficios N° 162 y N° 211, de abril de 2011, emitidos por el mismo departamento;
iii) El formulario de solicitud de cambio de razón social de las patentes objeto de la solicitud, presentado por don Víctor Márquez Vargas el 28 de julio de 1992;
iv) El informe elaborado por la Dirección de Asesoría Jurídica del Municipio con ocasión del presente amparo; y,
v) Copia del listado de los pagos efectuados por Sr. Márquez entre los años 1998 y 2010.
III. Representar a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Antofagasta no haber dado respuesta a la solicitud del reclamante, debiendo, en lo sucesivo, adoptar las medidas administrativas que permitan a su representada cumplir estrictamente los plazos legales.
IV. Remitir al Contralor General de la República copia de este pronunciamiento y sus antecedentes para los efectos señalados en el considerando 5° de esta decisión.
V. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Guillermo Videla Báez, a don Víctor Márquez Vargas y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Antofagasta.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Se deja constancia que el Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo, por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.

References: artículo 148
 artículo 14
 artículo 5
 artículo 21
 artículo 148
 artículo 166
 artículo 11
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 7
 artículo 5