Source: https://www.leylegal.com/news/ley-del-consumidor/
Timestamp: 2019-08-23 01:36:51+00:00

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INICIO > Ley de Consumidores y Usuarios
La regulación sobre garantías en la venta de bienes de consumo, constituye transposición de directiva comunitaria que incide en el ámbito de la garantía regulado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
El consumidor y usuario, definido en la ley, es la persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Esto es, que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, en procesos de producción, comercializción o prestación a aterceros.
El empresario es toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe directamente o a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación de sus intereses, a través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente establecidas.
Los bienes o servicios puestos en el mercado deben ser seguros. No deben presentar riesgo alguno para la salud o la seguridad de las personas.
Se prohíbe tener o almacenar productos reglamentariamente no permitidos o prohibidos, en los locales o instalaciones de producción, transformación, almacenamiento o transporte de alimentos o bebidas. Asimismo se prohíbe el suministro de bienes que carezcan de las marcas de seguridad obligatoria o de los datos mínimos que permitan identificar al responsable del bien. Por su parte la importación de productos que no cumplan con lo establecido en la ley.
Ante situaciones de extrema gravedad que atenten contra la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, el Gobierno podrá constituir un órgano de integración y participación de las Comunidades Autónomas, que se vean afectadas.
Se deberá fomentar la formación y educación de los consumidores y usuarios, para el eficaz ejercicio de sus derechos, mediante información comprensible sobre el adecuado uso y consumo de los bienes y servicios puestos a su disposicón en el mercado.
ETIQUETADO Y PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS
Se debe incorporar, acompañar o, en último caso, permitir de forma clara y comprensible, información veraz, eficaz y suficente sobre sus características esenciales, en particular sobre las siguientes:
c) Calidad, cantidad, categoría o denominación usual o comercial
Sin perjuicio de las excepciones previstas legalmente, el etiquetado y presentación de los bienes o servicios comercializados en España deben figurar, al menos, en castellano, lengua española oficial del Estado.
El régimen de comprobación, reclamación, garantía y posibilidad de renuncia o devolución que se establezca en los contratos, deberá permitir que el consumidor y usuario se asegure de la naturaleza, características, condiciones y utilidad o finalidad del bien o servicio; pueda reclamar con eficacia en caso de error, defecto o deterioro; pueda hacer efectivas las garantías de calidad o nivel de prestación ofrecidos, y obtener la devolución equitativa del precio de mercado del bien o servicio, total o parcialmente, en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuosos. Las oficinas y servicios de información y atención al cliente que las empresas pongan a disposición del consumidor y usuario deberán asegurar que éste tenga constancia de sus quejas y reclamaciones, mediante la entrega de una clave identificativa y un justificante por escrito, en papel o cualquier otro soporte duradero. Si tales servicios utilizan la atención telefónica o electrónica para llevar a cabo sus funciones deberán garantizar una atención personal directa, más allá de la posibilidad de utilzar complementariamente otros medios técnicos a su alcance.
Los empresarios deberán dar respuesta a las reclamaciones recibidas en el plazo más breve posible y en todo caso en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la reclamación. En caso de que en dicho plazo ésta no hubiera sido resuelta satisfactoriamente, los empresarios adheridos a un sistema extrajudicial de resolución de conflictos facilitarán al consumidor y ususario el acceso al mismo cuando éste reúna los requisitos previos en la Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 de marzo, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de litigios en materia de consumo y en la Recomendación 2001/310/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2001, relativa a los principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual del litigios en materia de consumo o normativa que resulte de aplicación y, como tales, hayan sido notificados a la red comunitaria de órganos nacionales de la solución extrajudicial de litigios en materia de consumo.
En relación con lo anterior la Comisión de la Unión Europea facilita el acceso de los consumidores a los procedimientos de resolción extrajudicial de los litigios. La Comisión promueve los procedimienos extrajudiciales de solución de litigios como la mediación, la conciliación o el arbitraje, procedimientos que pueden ayudar a los consumidores y a las empresas a solucionar los litigios de forma sencilla, rápida y a un coste poco elevado.
Para asegurarse de que ambas partes tienen acceso a la información que necesitan deberá garantizarse la transparencia del procedimiento. El órgano responsable del procedimiento deberá registrar la solución del litigio y ponerla a disposición de las partes para evitar que posteriormente surja cualquier incertidumbre o malentendido.
Para aumentar la eficacia de estos procedimientos en la resolución de litigios transfronterizos, ambas partes deberán tener acceso a ellos y poder utilizarlos con facilidad, independientemente del lugar en que estén establecidas, lo cual se facilitará, en particular, fomentando las aplicaciones electrónicas.
la transparencia del procedimiento y del funcionamiento del organismo.
la eficacia, la rapidez, la gratuidad o el bajo cose del procedimiento. Además, el recurso a un abogado o a un representante legal debe ser facultativo, aunque cada parte tiene derecho a defender su punto de vista;
El continuo desarrollo de nuevas prácticas comerciales que implican la intervención de los consumidores, como el comercio electrónico, así como el previsible aumento de las transacciones transfronterizas, requieren especial atención para ganar la confianza de los consumidores, en particular facilitando el acceso, incluido por medios electrónicos, a medios prácticos, eficaces y poco onerosos para obtener indemnización.
En este sentido la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), con vocación integradora y de cooperación con todos los agentes involucrados en la garantía de la seguridad de los consumidores y usuarios dispone de un Sistema Arbitral de Consumo Electrónico cuya regulación básica se contiene en:
Los artículo 57 y 58 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
Se inicia con la formalización de una Solicitud de Arbitraje.pdf., que puede presentarse en la Junta Arbitral de Consumo directamente o a través de una Asociación de Consumidores.
Deben actuar para el cumplimiento de sus fines con independencia frente a los operadores del mercado y a los poderes públicos, sin que la obtención de subvenciones u otros recursos públicos concedidos en base a criterios de objetividad puedan mermar tal independencia.
A efectos de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley de Enjuciamiento Civil, tendrán la consideración legal de asociaciones de consumidores y usuarios representativas las que formen parte del Consejo de Consumidores y Usuarios, salvo que el ámbito territorial del conflicto afecte fundamentalmente a una comunidad autónoma, en cuyo caso se estará a su legislación específica.
Son infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios:
a) El incumplimiento de los requisitos, condiciones y obligaciones o prohibiciones de naturaleza sanitaria.
b) Las acciones u omisiones que produzcan riesgos daños efectivos para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios.
c) Transgresión en materia de contaminaciones, conductas nocivas que resulten gravamente perjudiciales para la salud pública.
d) La alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo por adicción o sustración de cualquier sustancia o elemento, alteración de su composición o calidad, incumplimiento de las condiciones que correspondan a su naturaleza o la garantía, arreglo o reparación de productos de naturaleza duradera y en general cualquier situación que induzca a engaño o confusión o que impida reconocer la verdadera naturaleza del bieno servicio.
g) El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad en cuanto afecten o puedan suponer riesgo para los consumidores y usuarios.
j) Las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho del consumidor de poner fin a los contratos de prestación de servicios de suministro o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, la obstaculización al ejercicio de tal derecho del consumidor a través del procedimiento pactado, la falta de previsión de éste o la falta de comunicación al usuario del procedimiento para darse de baja en el servicio.
k) La negativa a satisfacer las demandas del consumidor o usuario, cualquiera que sea su nacionaidad o lugar de residencia, así como cualquier forma de discriminación con respecto a las referidas demandas, sin que ello menoscabe la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de acceso directamente justificadas por criterios objetivos.
m) Las conductas discriminatorias en el acceo a los bienes y la prestación de los servicios, y en especial las previstas como tales en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
b) Infracciones graves, entre 3.005, 07 euros y 15. 025, 30 euros, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes o servicios objeto de la infracción.
c) Infracciones muy graves, entre 15.025, 31 y 601,012,10 euros, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntumplo del valor de los bienes o servicios objeto de infracción.
En el supuesto de infracciones muy graves, la Administración pública competente podrá acordar el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de cinco años. En tal caso, será de aplicación la legislacion laboral en relación con las obligaciones de la empresa frente a los trabajadores.
Frente a las conductas contrarias a lo dispuesto en esta la ley en materia de cláusulas abusivas, contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil, venta a distancia, garantías en la venta de productos y viajes combinados, estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación:
b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en esta ley o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
d) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses difusos de los consumidores y usuarios que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas"
RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 4 de abril de 2001 (2001/310/CE).
Origen de Datos: "A. E. (B.O.E.)" CE.
LEY DEL CONSUMIDOR | ley de consumidores y usuarios | ley de consumo | ley del consumo

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 57
 Real Decreto 
 artículo 11