Source: http://stopdesahuciosalbacete.blogspot.com/2012/01/
Timestamp: 2018-11-13 05:33:19+00:00

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Stop Desahucios Albacete: enero 2012
Ante la modificación de la ordenanza reguladora de los espacios públicos de Albacete para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana y el civismo Stop Desahucios y 15-M Albacete presenta las alegaciones adjuntas sobre las siguientes modificaciones:
Modificación del artículo 7.5 en el que se añade a lo ya establecido que: "Se considera expresamente que se perturba la tranquilidad de los vecinos de un inmueble cuando se produce una sobreocupación en las viviendas o locales del mismo atendiendo a sus características de habitabilidad y a los estándares admitidos en las relaciones de vecindad o cuando se utilizan para una finalidad o actividad distinta a la autorizada o, en su caso, declarada"
Modificación del artículo 10.1 en el que se añade: "La vulneración de las normas establecidas con carácter general en el artículo 7, constituye una infracción que tendrá la calificación de grave y será sancionada con multa de 121 a 1500€"
Regulación en el capítulo XIV de la utilización del espacio público para el ofrecimiento y demande de servicios sexuales.
Acerca de la sobreocupación de vivienda
Por otra parte los datos nos hablan de 300.000 desahucios desde 2007 (lo que en Albacete según los datos de Consejo General del Poder Judicial se traduce en 2000 familias) y de unas proyecciones alarmantes de 500.000 en los próximos años. La problemática se extiende a otros colectivos de la sociedad, a las siempre castigadas clases bajas y medias que por culpa del desempleo y la precariedad laboral han perdido sus hogares y se han visto obligados a la reagrupación familiar teniendo que volver en la mayoría de los casos al hogar familiar donde se repiten estampas que parecían olvidadas en las que conviven hasta tres generaciones.
Imprecisas, pues no contempla ningún tipo de baremo por el cual se sepa que se está incurriendo en una falta de sobreocupción de vivienda. Creemos que es un peligro que no se atienda en ningún momento a criterios objetivos: No establece el número de personas que considera sobreocupación ni hace referencia a ningún parámetro. Exiten antecedentes, que conozcamos, de 2007 en Catalunya donde utilizan los criterios de la OMS en cuanto al número de ocupantes y metros cuadrados. Nos interesa saber de quien dependerán estas sanciones pues no creemos que un policía local tenga competencia para valorar algo tan serio, más sin unas directrices.
Xenófobas, Es una realidad conocida por todos y todas que las situaciones de sobreocupación de vivienda afectan de forma directa a las personas migrantes, que como hemos visto en lo anteriormente expuesto cuentan con menos recursos. Todo esto también pueden dar lugar a que se presentes denuncias simplemente por motivos racistas.
Clasistas, esta modificación de la ordenanza municipal está penalizando la falta de recursos. La fragilidad a la que se ven avocadas muchas familias y personas jóvenes (con trabajos precarios) les fuerza a tener que compartir casa, reagruparse familiarmente por motivo de la crisis,etc. Unas circunstancias que obviamente no afectan a sectores privilegiados de la sociedad por lo que se produce una clara discriminación por motivos económicos que nunca deben suponer un agravio comparativo para los y las ciudadanas.
Además de todo lo expuesto, creemos que un ayuntamiento que no tiene los recursos necesarios para ofrecer viviendas sociales no puede castigar a quienes se encuentran en situaciones de sobreocupación de vivienda. Las autoridades solo pueden exigir a los ciudadanos y ciudadanas aquellas cosas para las cuáles se hayan creado anteriormente alternativas. Castilla- La Mancha tenía, desde Febrero del pasado año la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de garantías en el acceso a la vivienda en Castilla-La Mancha en la que se contemplaba, entre otras cuestiones, lo siguiente: "La presente Ley desarrolla el principio constitucional de acceso a una vivienda digna y adecuada estableciendo una garantía de plazo para su efectividad. Para ello, fija un plazo máximo de un año desde que la persona demandante que cumple condiciones se inscribe en el Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública de Castilla-La Mancha, de forma que si pasado ese plazo no se ha podido encontrar una solución, mediante la oferta de una vivienda con protección pública, pueda acudir al mercado libre de alquiler. En este supuesto, la Administración queda obligada a abonar los gastos por la diferencia de costes respecto de los de una vivienda protegida, hasta que se le pueda ofrecer una vivienda con protección pública".
Lo paradójico es que si nos acercamos al órgano competente en la materia la respuesta sea que en Albacete no existen viviendas públicas de alquiler ni disponibilidad alguna de vivienda pública. Esta ley nos hacía más iguales al reconocer el acceso a la vivienda como un derecho y sin cumplir un año ha sido derogada por el gobierno de Mª Dolores de Cospedal dejando en mayor riesgo de exclusión a los/las castellano manchegos/as que se encuentran en situaciones de precariedad económica y por tanto en dificultad de vivir dignamente.
Por último queremos también denunciar la incoherencia de afán recaudatorio que tiene esta medida pues se contemplan cuantiosas multas (de las que tampoco sabemos como se baremará la gravedad de la falta) que a buen seguro estas personas cada vez con menos recursos tendrán muchas dificultades para pagar o se verán incapaces de hacer frente a las mismas. Todo el aparato burocrático que se debe desplegar para hacer efectivas estas multas tiene un coste económico que en algunos casos no se cubrirá si las personas denunciadas no pueden hacer frente a la deuda. El afán recaudatorio de este ayuntamiento está claramente dirigido a recaer en las espaldas de quienes menos tienen, hecho que se constata con esta nueva normativa en la que se castiga ya no solo la sobreocupación de vivienda sino también en el ejercicio de la prostitución en la vía pública penalizando a las mujeres que se ven avocadas al trabajo sexual.
El nuevo equipo de gobierno está abriendo con sus iniciativas una brecha cada vez mayor entre los que más tienen y los que menos, sin realizar ningún trabajo que mejore estas problemáticas que solo pueden abordarse de forma multidimensional de manera real y efectiva y sumiendo cada vez a más familias y colectivos en el ostracismo más absoluto, en el límite del umbral de la vulnerabilidad social que abre la puerta a la exclusión.
El ayuntamiento debe disponer, en primer lugar, de los mecanismos necesarios para hacer efectivo su compromiso de prestar ayuda a estas personas y en ningún momento se les puede ayudar con sanciones económicas sino con alternativas reales, de ahí que pidamos que esta regulación no se lleve a cabo sin crear antes una red de ayuda que en ningún caso sancione a la trabajadora. Las instituciones generan exclusión social a través de sus políticas, planes y normativas al dejar parte de la población sin posibilidad de resolver necesidades básicas. Y las trabajadoras sexuales son un grupo que quedan fuera de la mayoría de políticas del estado.
Desde Stop Desahucios Albacete-15M-Albacete toma la calle creemos que es un ejercicio de salud democrática el que la autoridad solo pueda exigir aquello que está dispuesta a garantizar.
Publicado por Antonio Yeste en 17:00 No hay comentarios:
Etiquetas: Albacete, alegaciones ordenanza municipal, ayuntamiento, Stop Desahucios Albacete
Publicado por Antonio Yeste en 6:29 No hay comentarios:
Etiquetas: Castilla-La Mancha, dación en pago, debate, Ley Hipotecaria
Publicado por Antonio Yeste en 6:18 No hay comentarios:
Etiquetas: Carta, Defensora del Pueblo, La Rioja, PAH
El pasado día 3 de Enero stop desahucios Albacete mantuvo una reunión con el responsable del servicio de orientación del Colegio de Abogados de Albacete, órgano encargado de valorar los casos en que se puede solicitar la justicia gratuita a fin de conocer la problemática más de cerca e informar a las familias con mayor rigor.
En principio los baremos que se utilizan para la justicia gratuita abarcan a la mayoría de la población que puede verse en el caso de ser desahuciada de su vivienda. El nivel de ingresos que se contempla es de 1282€ mensuales (el doble del salario mínimo interprofesional) y en caso de que la única propiedad del solicitante sea la vivienda a embargar ésta no se contempla como un bien por lo que no le excluye de recibir un/a abogado/a de oficio. La ley que regula el acceso a la justicia gratuita es la Ley 1/1996 de 10 de enero y el Real Decreto 1455/2005, de 2 de dicienbre por el que se modifica el Reglamento de asistencia gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio. También es interesante tener en cuenta lo establecido por la Ley 37/2011 de 10, de Octubre, sobre medidas de agilización procesal. Según lo establecido en la normativa en un plazo de quince días desde la presentación de la solicitud de asistencia legal gratuita el solicitante contará con un abogado y en el plazo de últeriores 3 días tendrá asignado un procurador. La solicitud de asistencia legal gratuita tiene que presentarse en un plazo de tres días (con una serie de documentos adjuntos) en el Colegio de Abogados de la zona de residencia que tramita la solicitud a una Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. En Albacete el sitio donde presentar la solicitud y obtener información al respecto es en el Juzgado n.1 (calle San Agustín, nº 1). Mucha información sobre el acceso a la justicia legal gratuita, los documentos a entregar, los plazos de entrega y resolución así como los formularios a rellenar se pueden encontrar en la pagina web www.justiciagratuita.es
El principal problema es el de los plazos. Desde que llega al domicilio la primera notificación de procedimiento judicial se abre un plazo de tan solo tres días hábiles en los cuales el/la demandante debe acudir al colegio de abogados a solicitarlo. Sabemos que los profesionales de la abogacía no hacen sino cumplir la ley pero también sabemos que legal no significa siempre justo y que tres días es un plazo muy corto cuando una familia tiene que hacer frente al drama de perder su hogar y asimilar esto como algo probable en un futuro cercano.
Otro problema que se advierte en relación con el acceso a la justicia legal gratuita es que tras la celebración de juicio el solicitante puede ser condenado a pagar las costas judiciales a pesar de ser beneficiario de justicia gratuita. Esta condena a las costas judiciales se hará efectiva si en el plazo de tres años desde la sentencia que pone fin al procedimiento judicial el solicitante mejora su situación económica (utilizando como referencia los mismos criterios económicos que se utilizan para determinar el acceso a la justicia legal gratuita, el doble del salario mínimo interprofesional). Desde stop deshaucios creemos que no deja de ser otra medida que puede condenar a las familias a vivir aún más de la economía sumergida y que a su vez les impide prosperar.
Esperamos que esta información sirva a las familias afectadas para que puedan ejercer su derecho a defenderse y para que hagan frente a la situación, de cara y sin miedo, siendo conscientes de que el tiempo juega en su contra.
Publicado por Stop Desahucios Albacete en 14:48 No hay comentarios:
Etiquetas: justicia gratuita, Stop Desahucios Albacete
Artículo realizado a partir de un correo electrónico enviado por PROU ESPECULACIÓ! (¡Basta especulación!)
Es importante su difusión
Siempre has pagado el alquiler…
El casero no se aviene a aceptar atrasos …
O el caso está ya en los tribunales
Atrasar celebración del juicio
Una vez recibida la notificación
2.- En los tres días siguientes a la recepción a la notificación, el inquilino puede pedir asistencia jurídica gratuita o que se designe un abogado de oficio. Si lo solicita hasta que no se pronuncia –dos, tres meses- no hay ni juicio ni desalojo. Queda suspendido el procedimiento.
4.- La Ley de Enjuiciamiento Civil también permite al inquilino demandado enervar la acción de desahucio. Paralizarlo en el momento que paga las rentas y las cantidades que se adeudan antes de la celebración del juicio y siempre y cuando el dueño del inmueble no le haya requerido el pago de dichas cantidades con, al menos dos meses de antelación a la presentación de la demanda. Sólo se puede evitar la acción una vez por cada contrato con la reciente ley del desahucio express, aprovada por PSOE-PSC+PP+CiU+PNV.
5.- Cuando el juez ya ha dictado sentencia y ésta condena al inquilino, éste puede pedir un abogado de oficio o un procurador de cara al desalojo. En este caso se suspendería el procedimiento hasta que el Colegio de Abogados decidiera si el condenado tiene derecho a ello. Una vez más, el proceso puede retrasarse hasta dos meses. Además, durante este tiempo están suspendidos los pagos de las rentas y se evita el embargo de cantidades económicas.
El día del lanzamiento (desalojo del piso) interviene una comisión judicial: el procurador del arrendador, el propietario, la policía, un cerrajero, etc . Pero hay varias circunstancias que pueden dilatar el proceso.
6.- Lo más importante es que los vecinos estén organizados para evitar un desahucio de la familia. La solidaridad es muy importante y de hecho está siendo la mejor alternativa pues la movilización vecinal crea “una alarma social” con la que no gusta lidiar a los secretarios judiciales. Para ello hay que acudir a las entidades del barrio que ayudan: Avv, Oficinas derechos sociales, 500×20, Plataforma Afectados Hipoteca, etc…. LA BARRERA HUMANA SIGUE FUNCIONANDO!!
7.- También puede darse el caso de que abra la puerta un menor de edad o una persona enferma. En este caso habría que avisar a los servicios de un médico, lo que volvería a retrasar el desalojo varios días.
8.- Lo mismo sucede si en el inmueble hay animales o basura. Cuando al entrar en el inmueble hay animales (perros, gatos, serpientes…) no se puede celebrar el desalojo. Es necesario llamar a la perrera municipal o al organismo correspondiente para examinar a esos animales y sacarlos del inmueble. Esto puede retrasar el proceso un par de días, aunque puede alargarse hasta un mes, dependiendo de las circunstancias. Una vez desalojados los animales, la comisión judicial debe fijar otra fecha para el desalojo, por lo que dependerá también de la agilidad de ésta el retraso que pueda producirse.
9.-La Comisión Judicial puede permite retrasar el desalojo unos días más para retirar las pertenencias y enseres de las personas si se da el caso que el piso este muy lleno.
10.- Otra posibilidad es que el inquilino vaya por la vía penal al argumentar falsedad documental, estafa o vulneración de los derechos constitucionales frente a la propiedad. ¿Qué significa esto? El inquilino puede decir que el contrato de alquiler es falso, es ilegal, no está declarado a Hacienda o no està registrado, que la firma del mismo no es suya o que si se queda en la calle hay vulneración de los derechos constitucionales. Si esto sucede se insta un procedimiento penal que paralizaría el procedimiento civil.
El dueño del piso pueda echar al inquilino pero puede alargarse entre tres o cuatro años. Además, una vez que hay sentencia penal, el inquilino puede recurrir ante la Audiencia Provincial, alargando una vez más los plazos. Se puede tardar un año si se archiva la instrucción o cuatro, depende de muchos factores: si hay sobreseimiento, recursos, colapso de la justicia, etc.
11.- Se han dado casos de contratos verbales. Sirven. Pero hay que hacer todo lo posible para obtener alguna documentación que indique que tu vives en el piso i durante cuanto tiempo. Los contratos verbales suelen ser para no pagar impuestos. Se han dado muchos casos en pisos hipotecados en los cuales el propietario lo adquirió como inversión pero defrauda todo. El 56% de los alquileres no se declaran a Hacienda, se puede presionar por ahí.
Noticia que nos ayudó a escribir el artículo
La vía de defensa en las ejecuciones hipotecarias
Consejos prácticos sobre hipotecas (documento PAH)
Documento de dación en pago en nombre de la persona afectada (doc)
Estrategias jurídicas frente a la insolvencia familiar (pdf)
Publicado por Antonio Yeste en 10:34 No hay comentarios:
Etiquetas: comisión jurídica, documentos, Stop Desahucios Albacete

References: artículo 7
 artículo 10
 artículo 7
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución