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Timestamp: 2019-02-22 06:27:13+00:00

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Juicio Fujimori / Notas de Prensa
Corrupción / DCP / Notas de Prensa
Uruguay: No hay persecución política contra Alan Garcia Pérez
comunicaciones Publicado el 4 diciembre, 2018
…Es por ello que ha sido consecuente Uruguay con preservar su tradición de otorgamiento de asilo diplomático yu político y es un ejemplo para América Latina de que no se desnaturalice la institución del asilo politico que debe ser preservada para situaciones realmente de necesidad inmediata de urgencia y de preservación de la vida.
Cuáles son las consecuencias de esta decisión para proceso de anticorrupción en el Perú?
El que se haya negado el asilo diplomático a Alan Garcia Perez lleva a que las investigaciones en curso cotinuen con su condición de impedimento de salida del país. Es cierto que esta pretensión del asilo podría valorarse como un fraude procesal a las investigaciones. Pero eso tendrá que valorarlo el Ministerio Público y ver si, avanzando la etapa preliminar de la investigación, decide solicitar una detención preventiva considerando una pretensión de obstaculizar la acción de la justicia por parte del investigado. Ese es un tema que tendra que ser considerado por el Ministerio Público y planteado ante el Poder Judicial en el momento pertinente.
Cuál es el rol de las organizaciones y la sociedad civil en esta nueva etapa de lucha contra la impunidad y corrupción?.
Como el caso de esta pretensión del asilo diplomático, las organizaciones de la sociedad civil se hicieron presentes a través de una Misión en Montevideo a fin de informar a la opinión publica y a las autoridades uruguayas del no merecimiento del otorgamiento del asilo a Alan García Perez No es la primera vez que la sociedad civil desarrolla este tipo de actividad conjuntamente con la Coordinadora Nacional de DD.HH. como instancia principal. Ya lo hicimos cuando tuvo Montesinos la pretensión de un asilo en Panamá. Creo que es el rol de monitoreo vigilancia y demanda que siempre da la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, la criminalidad y la violación a los derechos humanos.
Áreas / DCP
Organizaciones internacionales participan en la Conferencia para el lanzamiento de hub de Innovación para el cambio de América Latina y el Caribe (ALC)
comunicaciones Publicado el 13 noviembre, 2018
Diversas organizaciones participan en la Conferencia para el lanzamiento del hub “Innovación para el cambio de América Latina y el Caribe” los días 15 y 16 de noviembre del 2018 en el Hotel Sheraton María Isabel en la ciudad de México.
La conferencia tiene como agenda principal discutir sobre la relevancia que tiene la empresa privada en el desarrollo social y los impactos en los cambios sociales en la región de América Latina y el Caribe. En ese sentido la agenda está enfocada a fomentar una “cultura filantrópica” (desarrollar proyectos solidarios para construir una sociedad más justa y equitativa) analizando a su vez formas de trabajo que las organizaciones de la sociedad civil OSC y el sector privado pueden llevar conjuntamente para “resolver problemas comunes”.
Temas como la movilización ciudadana, los nuevos modelos económicos, anticorrupción, derechos humanos, sustentabilidad de las OSC entre otros marcan la agenda en el segundo día de conferencia, para finalmente lanzar el hub de Innovación de América Latina y el Caribe.
Francisco Soberón, director y fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH, envió desde Perú un saludo virtual a los organizadores y participantes de esta importante Conferencia deseñandoles muchos éxitos en la agenda planteada.
Lima, 13 de noviembre del 2018
Oficina de prensa – Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH
CEJIL: Legislación que otorgue beneficios penitenciarios a mayores no podrá aplicar al ex Presidente Alberto Fujimori
comunicaciones Publicado el 12 octubre, 2018
Washington D.C., 12 de octubre de 2018 – El Centro por la Justicia y el Derecho International (CEJIL) y la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA) expresan su preocupación frente al proyecto de Ley No. 3533/2018, presentado esta semana al Congreso peruano por el partido fujimorista Fuerza Popular, y su posible uso para exonerar del cumplimiento efectivo de la pena de prisión al ex Presidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato de graves violaciones a los derechos humanos.
Este proyecto, aprobado ayer por el Congreso peruano, se presentó tan sólo unos días después de que la Corte Suprema Peruana anulara el indulto concedido indebidamente a Fujimori en diciembre de 2017, constatando que se habían vulnerado los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.
El citado proyecto contempla la ejecución humanitaria de la pena por medio de vigilancia electrónica personal fuera del establecimiento penitenciario, para personas adultas mayores y con discapacidad. Entre los grupos beneficiados por esta medida se incluye a los varones de 75 años o mayores, que hayan cumplido un tercio de la pena de prisión y tengan enfermedad grave o crónica acreditada por medio de pericia médico legal.
Desde WOLA y CEJIL celebramos cualquier medida legislativa que tenga el efecto de proteger los derechos humanos de la población adulta mayor o con discapacidad que se encuentre en los centros de privación de libertad, lo que además podría reducir el hacinamiento y sobrepoblación en los centros penitenciarios peruanos.
Sin embargo, dicha medida no puede bajo ningún concepto ser utilizada como mecanismo de impunidad frente a personas que han sido condenadas por crímenes internacionales, incluyendo crímenes de lesa humanidad, como es el caso del ex Presidente Fujimori y otras personas condenadas por dichas violaciones. En ese sentido, el artículo 5 del proyecto, excluye de la aplicación de la ejecución humanitaria de la pena a personas condenadas por los delitos más graves, como terrorismo, traición a la patria, feminicidio, o participación en una organización criminal de personas que hubieran cometido homicidio calificado, desaparición forzada, tortura y otros.
Recordamos que Fujimori fue condenado por liderar un aparato organizado de poder que cometió desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas, crímenes calificados por la justicia peruana como crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes comportan la mayor gravedad por atentar contra la dignidad humana y la comunidad internacional, por lo que no están sujetos a prescripción, amnistías, ni otras eximentes que generen impunidad.
También señalamos nuestra preocupación que con esta legislación, otras personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos como Vladimiro Montesinos, quien fue condenando en 2010 por la masacre de Barrios Altos, podrían beneficiarse con esta ley.
Frente al indulto concedido a Fujimori a finales de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló claramente, que los beneficios penitenciarios no pueden ser concedidos frente a graves violaciones de derechos humanos, sin una ponderación de la afectación a los derechos de las víctimas, que debe valorar si la persona condenada ha cumplido una parte significativa de la condena, ha pagado la reparación civil, o ha asistido al esclarecimiento de la verdad, entre otros factores. Fujimori no ha cumplido todavía los dos tercios de su condena, nunca pagó la reparación civil impuesta por los tribunales peruanos, y se ha negado a aportar información para esclarecer los crímenes. Los familiares de las personas desaparecidas en el caso La Cantuta siguen sin saber dónde están los restos de sus familiares, negándoseles intencionalmente la posibilidad de aminorar su sufrimiento.
Jo-Marie Burt, experta sobre el Perú y Asesora Principal de WOLA señaló: “Desde que fue declarado culpable, Fujimori ha intentado por múltiples vías evitar el cumplimiento de su condena. Esta ley representa una nueva maniobra de los fujimoristas para volver a atentar contra la dignidad de las víctimas y otorgar un beneficio contrario a las obligaciones internacionales del Perú. Esperamos que el Presidente Martín Vizcarra se oponga a este proyecto de ley y no lo firme”.
Al respecto, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL declaró que: “La Corte Interamericana fue muy clara señalando las condiciones bajo las cuales se podría indultar o otorgar beneficios a Fujimori. La nueva ley no modifica la orden del tribunal. Las organizaciones internacionales mantendremos un monitoreo muy cercano de esta situación y no dudaremos en acudir a las instancias internacionales de nuevo para defender el derecho de las víctimas a la justicia efectiva”.
Nota de Prensa: Caso indulto a Alberto Fujimori – Se acaba la Impunidad, se reivindican las víctimas
comunicaciones Publicado el 4 octubre, 2018
Lima, 3 de octubre del 2018. La Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, saluda la resolución del Juzgado de Preparación Preparatoria de la Corte Suprema de la República que declaró fundado el pedido de la parte civil y deja sin efectos jurídicos la Resolución Suprema del 24 de diciembre de 2017 que concedió, entre otros, el indulto por razones humanitarias al sentenciado Alberto Fujimori Fujimori.
La Corte Suprema le dio la razón a la parte civil en cuanto este Control de Convencionalidad se erige como el mecanismo más adecuado e importante para coadyuvar que la Convención Americana de Derechos Humanos produzca sus efectos en el derecho interno; y que el rol de los magistrados resulta vital para efectos de garantizar el principio de complementariedad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Igualmente, la Corte Suprema consideró que el Estado tiene el deber de garantizar de manera óptima los derechos protegidos en la Convención Americana, entre ellos el derecho a la justicia, el cual incluye la obligación de implementar mecanismos que garanticen la efectiva ejecución de las sentencias que dicta el Poder Judicial. Así, como argumentó la parte civil, la ejecución de las sentencias debe ser considerada como parte integrante del derecho de acceso a la justicia.
En la referida sentencia señala que sí existieron irregularidades en el procedimiento administrativo que concluyó con el otorgamiento del indulto, las cuales quebrantaron el principio de imparcialidad y objetividad del mismo. Además que la Resolución Suprema que otorgó el indulto también infringió totalmente el principio de la debida motivación requerido en ese tipo de resoluciones de carácter administrativo.
En cuanto las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en los Casos de Barrios Altos y La Cantuta, y por las cuales Alberto Fujimori fue condenado, la Corte Suprema confirmó que los mismos sí constituyen crímenes Contra la Humanidad. Así, como lo ha señalado la Corte Interamericana, las disposiciones de amnistía o los indultos son inadmisibles en esos casos. Por lo que, a criterio de la Corte Suprema el Indulto en el Perú no procede en casos de delitos contra la humanidad y concederlo afecta el derecho de acceso a la justicia de las víctimas e infringe la Convención Americana.
Así, la Corte Suprema decidió dejar sin efecto legal la Resolución Suprema que otorgó el indulto humanitario dadas las irregularidades en el procedimiento, las infracciones al debido procedimiento, el otorgamiento de un indulto humanitario como parte de una negociación política, la inobservancia de las obligaciones generales de respecto, garantía y adecuación entre el derecho interno con el derecho internacional, y la inobservancia de la obligación de investigar, juzgar y sancionar dispuesta en la Convención Americana.
Ante ello, APRODEH saluda la resolución emitida, producto de un proceso que inició con el otorgamiento del indulto en Diciembre de 2017 y que logró re-victimizar a las víctimas y su lucha por la verdad y la justicia. Es una victoria que hoy el Poder Judicial haya fallado en respecto a las normas del derecho internacional de los derechos humanos, en concordancia con las disposiciones de la Convención Americana, en cumplimiento de las obligaciones del Estado Peruano impuestas por las sentencias de la Corte Interamericana de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y más que todo a favor del derecho al acceso a la justicia de las víctimas, quiénes son las que no han cesado en su lucha y quienes hoy han sido reivindicadas.
Área Legal – APRODEH
Teléfono 424 7057 – anexo 104
Foto: Peru21, 26/04/2017
Histórico: Declaran infundado el indulto a Fujimori y ordenan su captura
comunicaciones Publicado el 3 octubre, 2018
Lima, 3 de octubre del 2018. Poder Judicial ordenó la ubicación y captura de Alberto Fujimori, tras desestimar el indulto que otorgó Pedro Pablo Kuczynski.
El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Nuñez Julca, declaró fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto humanitario en favor del exdictador Alberto Fujimori.
Asimismo, el juez a cargo ordenó la ubicación y captura de Alberto Fujimori, a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria.
De esta manera, el indulto humanitario que otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al exdictador Alberto Fujimori queda desestimado por el Poder Judicial del Perú, luego que la Corte IDH solicitó que las entidades peruanas evaluaran el caso.
La solicitud de anularse el indulto fue planteada por familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en virtud a una resolución de la Corte IDH que ordenó que el indulto sea revisado en el fuero interno de nuestro país.
Cabe recordar que la Corte IDH halló serios cuestionamientos al cumplimiento de requisitos jurídicos en el indulto humanitario de Alberto Fujimori. Por ello, resolvieron que deben ser analizados por las autoridades jurisdiccionales nacionales al momento de determinar la idoneidad de este beneficio.
Lo cuestionado del indulto a Fujimori
La Corte IDH identificó puntos en el que no se cumplen los requisitos jurídicos exigidos en el derecho peruano para otorgar un indulto humanitario a Alberto Fujimori.
1. La Junta Médica Penitenciaria incluía a un profesional que fue médico de cabecera de Alberto Fujimori en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
2. Existían diferencias sustanciales entre el acta de la Junta Médica Penitenciaria emitió el 17 de diciembre del 2017, diciendo que Alberto Fujimori se encontraba en buen estado general, mientras que un segundo documento ampliatorio suscrito dos días después, se incluyó que padecía de un “soplo logístico”, entre otros puntos.
3. La resolución suprema del indulto ni el informe de condiciones carcelarias del penal Barbadillo, en el que estaba Alberto Fujimori, explican cómo su situación en la cárcel podría colocar en grave riesgo su salud y su vida.
4. La resolución firmada por Kuczynski no menciona que el Alberto Fujimori fue condenado por graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como calificaron los tribunales penales internos.
5. La solicitud de indulto y su posterior otorgamiento se dieron en medio del proceso de vacancia contra el expresidente Kuczynski.
Expresidente Alberto Fujimori nuevamente en el banquillo
comunicaciones Publicado el 21 septiembre, 2018
Lima, 21 de setiembre del 2018. La representación de las victimas en los casos Barrios Altos y La Cantuta expondrá ante el Juez Supremo los fundamentos del pedido de control de convencionalidad sobre la resolución que otorgó indulto al sentenciado AFF por parte de el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017, que como se conoce fue otorgada de forma irregular.
Como se recuerda, el 20 de julio del 2018 la parte civil conformada por Andrea Gisela Ortiz, Gladis Sonia Rubina y Alejandrina Raida Condor había solicitado que se ejerza el “Control de Convencionalidad sobre el indulto humanitario dictado a favor del condenado Alberto Fujimori Fujimori y se declare la NULIDAD de dicho indulto supuestamente humanitario”.
El expresidente fue acusado y condenado en el año 2010 a 25 años de prisión por la comisión de delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado en agravio delexestudiante de la Universidad Mayor de San Marcos Luis Antonio León Borja y otros. El asesinato del joven estudiante había sido perpetrado por el Grupo Colina el 3 de noviembre 1991, en el conocido caso Barrios Altos. La sentencia fue también condenatoria por los casos La Cantuta y Sótanos del SIE.
El indulto otorgado corto la pena a la que fue condenado Fujimori Fujimori y a la vez se pretendió salvarlo de futuros proceso judiciales, como se recordara la sala penal nacional decidió inaplicar la gracia presidencial otorgada con este fin, por lo que aun queda la barrera del indulto concedido para que se ejecute la sanción por estos crímenes catalogados como lesa humanidad
Poder Judicial admitió a trámite pedido para revisar el indulto a Alberto Fujimori
comunicaciones Publicado el 8 agosto, 2018
Lima, 6 de agosto del 2018. Fuente RPP Noticias. La solicitud fue planteada por los familiares de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, en atención a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
El Juzgado Supremo de Instrucción del Poder Judicial admitió a trámite el pedido de control de convencionalidad del indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, en diciembre del año pasado, por el gobierno del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
En un comunicado, el Poder Judicial informó que la solicitud fue planteada por los familiares de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, Gisela Ortiz Perea, Sonia Rubina Arquiñio y Raida Cóndor Saez, en atención a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Este organismo supranacional estableció que el perdón presidencial a sea revisado constitucionalmente en el fuero interno de nuestro país.
“En ese sentido, el juez supremo Jorge Castañeda Espinoza dio trámite a la solicitud en aplicación del principio de acceso a la justicia expresado en el inciso 8 del artículo 139 de la Constitución, el cual establece ‘el principio de no dejar de administrar justicia por vacíos o deficiencias de la ley'”, indicó el Poder Judicial.
El magistrado dispuso notificar a Fujimori para que “exponga o absuelva lo que estime conveniente en el plazo de cinco días, a fin de no limitar su derecho de defensa”.También solicitó al Ministerio de Justicia (Minjus) para que informe sobre el trámite concedido en el indulto humanitario y remita al juzgado copias del expediente administrativo.
Litigio internacional / Notas de Prensa
Gloria Cano: Corte IDH es contradictoria al pedir al TC analizar el indulto (Canal N)
comunicaciones Publicado el 18 junio, 2018
Lima, 18 de junio del 2018. Gloria Cano, directora ejecutiva de APRODEH sostuvo que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es contradictoria por pedir al Tribunal Constitucional revisar el indulto a Alberto Fujimori, sabiendo que esa institución está amenazada.
“Para nosotros es contradictorio lo que hace la Corte porque al final dice que sea el Tribunal Constitucional, la vía constitucional la que revise este indulto; sin embargo, es la propia Corte la que otorga medidas de protección a los jueces de la Corte que se ven amenazados cuando actúan ante una situación”, dijo.
Asimismo, manifestó que iniciarán las acciones que correspondan y esperan que no haya ninguna presión para los jueces constitucionales ni para el juez del tribunal. Consultada sobre cuáles serán esas acciones, mencionó:
“Vamos a ver cuál es el escenario, cuál es la mejor vía posible, la más idónea, la más eficaz para presentar nuestra solicitud de revisión. Nosotros vamos a presentar toda la documentación necesaria para señalar que este indulto no es un indulto de carácter humanitario, fue un acuerdo político donde se canjearon los derechos de las víctimas por votos en el Parlamento”, detalló.
Como se recuerda, el último viernes la Corte IDH notificó su fallo sobre el indulto humanitario otorgado al ex presidente Alberto Fujimori. Al respecto, indicó que el Estado peruano tiene hasta el 29 de octubre para informar qué justificó esta decisión.
Fuente: Canal N Website
La Corte Interamericana de Derechos Humanos exige a la justicia peruana que revise el indulto a Fujimori
comunicaciones Publicado el 15 junio, 2018
El ente cuestiona el perdón presidencial al autócrata por tratarse de un “otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena”.
Fuente: El Pais, 16 de junio del 2018.La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido este viernes a la justicia peruana que se pronuncie sobre los “serios cuestionamientos relativos al cumplimiento de requisitos jurídicos” en el indulto que concedió el 24 de diciembre el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski al autócrata Alberto Fujimori, quien cumplía en esa fecha once de una condena de 25 años de prisión por ser el autor mediato de delitos de lesa humanidad, entre ellos secuestro, asesinato y lesiones. Carlos Rivera, uno de los tres abogados de las víctimas, dijo a EL PAÍS que, de acuerdo con la resolución de la Corte, el lunes iniciarán acciones ante un juzgado constitucional de Lima.
El tribunal interamericano difundió una resolución de supervisión de cumplimiento de las sentencias sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta, dos matanzas por las que Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión. En el fallo, la Corte plantea que se tenga en cuenta la afectación del derecho a la justicia de las víctimas del autócrata y sus familiares, así como que se verifique si se ha otorgado debidamente.
El grupo Colina, un destacamento del Ejército peruano creado por el Gobierno de Fujimori a principios de los noventa —en el contexto de la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso—, asesinó en 1991 a 16 personas, entre ellos un niño, un solar de Barrios Altos (Lima). Un año después hizo desaparecer a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta: todavía hoy, los cuerpos de varios de ellos aún no han sido encontrados.
La resolución de la Corte publicada este viernes pide a los tribunales peruanos una “comprobación rigurosa, estricta y objetiva de la concurrencia de los aspectos fácticos y requisitos jurídicos exigidos por la normativa peruana respecto a las razones humanitarias del indulto”.
El documento recoge la versión de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, quienes indicaron que no se cumplieron los requisitos para el otorgamiento del indulto, es decir, “la presencia de enfermedades no terminales graves, en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable” y condiciones carcelarias que agravaran la salud del interno. También menciona al menos 12 graves irregularidades en el texto del indulto.
Horas después de que se hiciese pública la exigencia, el Ministerio de Justicia anunció en un comunicado que el Estado peruano “realizará un análisis serio y en profundidad de la sentencia [sic] de la Corte IDH” y que el Gobierno, en representación del Estado “honra y respeta los instrumentos internacionales que ha suscrito”. “Acataremos el fallo de la Corte IDH como lo hemos venido sosteniendo”, añadió el Ministerio. Hace 10 díaz, consultado por la prensa extranjera sobre la resolución pendiente de la Corte interamericana, el presidente Martín Vizcarra afirmó que “esos fallos no son siempre blanco o negro, por eso decimos que respetaremos la ley y la Constitución”.
La Corte se sirve de antecedentes del derecho internacional y la legislación latinoamericana y manifiesta que la tendencia está “orientada a la prohibición expresa del indulto” en casos de delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.
“Lo que corresponde es una acción de amparo, ante un juez constitucional de Lima, para demandar el cumplimiento de un derecho –como el acceso a justicia– y cuestionar la legalidad del indulto”, apunta Rivera en declaraciones a este diario. “Las consideraciones que la Corte ha tomado son muy importantes: buena parte del sentido de la resolución hay que trasladarla [ahora] a la acción constitucional”. El letrado fue quien planteo la reclamación contra el indulto ante la sede del tribunal interamericano en Costa Rica el pasado 2 de febrero. El abogado, sin embargo, se mostró sorprendido por el que hecho de que el ente decidiese devolver el caso a la jurisdicción peruana.
El tribunal interamericano plantea a la justicia peruana que al realizar el “control jurisdiccional” del indulto, evalúe no solo “la salud del condenado, sino otros criterios como que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y que se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares”.
Tras su liberación, Fujimori, de 79 años, ha dado algunas entrevistas a la prensa peruana y camina con normalidad cuando tiene que acudir a consultas médicas. Además, se ha expresado varias veces acerca de la disputa de poder en Fuerza Popular, el partido que lidera su hija mayor Keiko Fujimori, enfrentada con el congresista Kenji Fujimori, el menor de los hijos. El autócrata, que próximamente deberá responder ante la justicia por otro caso de violación a los derechos humanos, tiene impedido salir del país desde mediados de mayo para que asista obligatoriamente a las audiencias.

References: artículo 5
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 artículo 139
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