Source: http://www.slideshare.net/gruiz/circular-2-2013-intervencion-del-fiscal-en-el-incidente-de-nulidad-de-actuaciones
Timestamp: 2016-06-27 05:53:03+00:00

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Circular 2 2013 intervencion del fiscal en el incidente de nulidad de…
Circular 2 2013 intervencion del fiscal en el incidente de nulidad de actuaciones
Pca 12.12.2013
LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN EL CÓD...
by JoseManuelAparicio
CIRCULAR DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO CIRCULAR 2/2013, SOBRE INTERVENCIÓN DEL FISCAL EN EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES1.- Regulación legal 2.- Ámbito material de aplicación 3.- El incidente de nulidad de actuaciones yel recurso de amparo 3.-1 Ideas generales 3.-2 El incidente de nulidad como modo deagotamiento de la vía judicial previa al recurso de amparo 4.- Resoluciones frente a las que cabeoponer el incidente de nulidad de actuaciones 5.- Inadmisión del incidente de nulidad 6.-Legitimación 6.-1 Legitimación en general 6.-2 Legitimación del Fiscal 6.-2.1 Procesos en los queno es parte 6.-2.1.1 Legitimación para promover el incidente 6.-2.1.2 Legitimación para interveniren el incidente 6.-2.2 Procesos en los que el Fiscal no ha sido parte aunque debió serlo conformea la Ley 6.-2.3 Procesos en los que el Fiscal ha sido parte 7.- Contenido del informe del Fiscal 8.-Cuestiones organizativas 9.- Conclusiones1.- Regulación legal.La regulación de la nulidad de actuaciones ha sufrido un tortuoso proceso demodificaciones. La LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante,LOPJ) admitió la posibilidad de declarar la nulidad de actuaciones por vía de losrecursos correspondientes o por el propio Juez o Tribunal, de oficio, antes de quehubiere recaído sentencia definitiva, conforme a su art. 240.Posteriormente la LOPJ es reformada por LO 5/1997, de 4 diciembre,ensanchándose las posibilidades del incidente a fin de dar cobertura a ladeclaración de la nulidad radical de actuaciones tras la sentencia definitivafundada en los vicios formales que generasen indefensión o incongruencia delfallo y que no fuera posible denunciar por vía de recursos ni antes de dictarsentencia.
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADOLa LO 13/1999, de 14 mayo volvió a retocar el precepto y posteriormente la LECde 2000 introdujo en su art. 228 el incidente de nulidad de actuaciones contrasentencias firmes por defectos de forma causantes de indefensión, quedando suentrada en vigor condicionada a la modificación de la LOPJ, modificación quetuvo lugar a través de la LO 19/2003, de 23 de diciembre.El proceso culmina -hasta la fecha- con la Disposición Final Primera de la LO6/2007, de 24 mayo, que vuelve a reestructurar el incidente de nulidad deactuaciones contra resoluciones firmes, dando una nueva redacción al párrafoprimero del apartado 1 del art. 241 LOPJ. El propósito de esta nueva reforma es,como señala la Exposición de Motivos, introducir“ medidas encaminadas a lograrque la tutela y defensa de los derechos fundamentales por parte del TribunalConstitucional sea realmente subsidiaria de una adecuada protección prestadapor los órganos de la jurisdicción ordinaria”.Conforme al art. 241.1 LOPJ en su nueva redacción, y de acuerdo con el art. 228LEC, no se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones.Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debidoserlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundadaen cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaerresolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no seasusceptible de recurso ordinario ni extraordinario.Será competente para conocer de este incidente el mismo juzgado o tribunal quedictó la resolución que hubiere adquirido firmeza. El plazo para pedir la nulidadserá de 20 días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desdeque se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que, en ésteúltimo caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridoscinco años desde la notificación de la resolución. 2
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADOEl juzgado o tribunal inadmitirá a trámite, mediante providencia sucintamentemotivada, cualquier incidente en el que se pretenda suscitar otras cuestiones.Contra la resolución por la que se inadmita a trámite el incidente no cabrá recursoalguno.2.-Ámbito material de aplicaciónCon esta nueva redacción se amplía teóricamente el ámbito de aplicación delincidente de nulidad, admitiendo ahora la alegación de vulneración de la totalidadde los derechos fundamentales en lugar de los dos supuestos tasados,consistentes en la alegación del defecto de forma que haya causado indefensióno incongruencia en el fallo, previstas hasta el momento. Se trata de configurar asíuna suerte de procedimiento tutelador de los derechos fundamentales quepudieren haber sido vulnerados en resoluciones judiciales firmes, en conexióncon el art. 53.2 CE.La necesidad de esta nueva ordenación ya se sugirió desde antiguo en ladoctrina del Tribunal Constitucional, que en STC nº 185/1990 apuntaba ya lainsuficiencia del desarrollo legislativo del artículo 53.2 CE al no posibilitarse unrecurso jurisdiccional previo y sumario, hasta el punto de convertir al de amparoconstitucional en un recurso subsidiario, pero también común y general de últimainstancia respecto de todas las vulneraciones en procesos ordinarios en los quese causare indefensión cuando hubiera recaído sentencia firme.Con la reforma introducida por la citada Ley Orgánica 6/2007 se reconoce a losórganos de la jurisdicción ordinaria el ejercicio de las facultades indispensablespara llevar a cabo la función que constitucionalmente tienen atribuida,reafirmando a la vez, el carácter subsidiario de la jurisdicción constitucional. 3
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADONo obstante, la amplitud teórica del objeto del incidente debe ser matizada, puesla lesión susceptible de ser invocada ha de ser imputable a la resolución quepone fin al procedimiento.No pueden articularse a través de este incidente las violaciones de derechos ylibertades imputables a órganos administrativos o a particulares, pues en estoscasos habrá de impetrarse la tutela de los tribunales competentes ejerciendo lasacciones procedentes, por lo que operaría la exclusión contenida en el art. 241.1LOPJ: “siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución queponga fin al proceso”.3.- El incidente de nulidad de actuaciones y el recurso de amparo3.-1 Ideas generalesLa STC nº 155/2009, de 25 de junio interrelaciona el recurso de amparo con elnuevo incidente de nulidad de actuaciones, perfilando los respectivos papeles adistribuir entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, afirmando que la nuevaregulación introduce como elemento más novedoso el requisito sustantivo o defondo de la "especial trascendencia constitucional" que impone el art. 50.1 b) dela LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC)para la admisión del recurso de amparo. Con tal nuevo requisito, ya no resultarásuficiente la mera lesión de un derecho fundamental o libertad pública paraarticular el recurso de amparo. Sin perjuicio de que el recurso de amparo sigasiendo un recurso de tutela de derechos fundamentales, lo que hace el legisladores configurar …un sistema de garantías de los derechos fundamentalesencomendado a los Jueces y Tribunales como guardianes naturales y primerosde dichos derechos …a los que confiere un mayor protagonismo en su protección(ampliación del incidente de nulidad de actuaciones), y culminado por el TribunalConstitucional que, además de garante último, es su máximo intérprete… 4
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADOLas SSTC nº 153/2012, de 16 de julio y 107/2011 de 20 de junio inciden en laidea de que la mera lesión de un derecho fundamental o libertad pública tutelableen amparo ya no será por sí sola suficiente para admitir el recurso.En el mismo principio se inspira la STC nº 43/2010, de 26 de julio, cuando incideen el mayor protagonismo que han de asumir los Jueces y Tribunales ordinariosen la protección de los derechos y libertades fundamentales, que quedareforzado mediante esa suerte de declaración programática a través de la cual elTribunal Constitucional reitera la realidad del nuevo papel que han de asumir losórganos judiciales.Como destaca el Tribunal Supremo, el incidente de nulidad de actuaciones siguesiendo un incidente extraordinario que pretende corregir una vulneración dederechos fundamentales sin necesidad de acudir al recurso de amparo. Enconsecuencia, no se trata de una nueva instancia ni de un recurso ordinario oextraordinario… Se trata de un remedio orientado a corregir errores u omisionesen la tramitación o en la sentencia para evitar el amparo constitucional (vid ATSSala de lo Contencioso –Administrativo de 18 de julio de 2008 rec.7694/05).La STC nº 107/2011, de 20 de junio, vuelve a hacerse eco del protagonismootorgado por la reforma 6/2007 a los Tribunales ordinarios acentuando su funcióncomo primeros garantes de los derechos fundamentales, afirmando, al igual quelo hiciera en la STC nº 43/2010, de 26 de julio, que el incidente de nulidad deactuaciones es un instrumento idóneo para la tutela de los derechosfundamentales, y que su resolución debe tener presente que -de no tener el casotrascendencia constitucional- se tratará de la última vía que permita la reparaciónde la vulneración denunciada. 5
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO3.-2 El incidente de nulidad como modo de agotamiento de la vía judicialprevia al recurso de amparoLos arts. 43, 44 y 49 LOTC compendian el conjunto de requisitos cuyaconcurrencia es necesaria para que pueda ser admitida a trámite una demandade amparo, y para que tras ello, sea posible que el Tribunal Constitucional entre aresolver el fondo de la pretensión deducida.Dentro de las exigencias procesales más relevantes que contempla la norma seencuentran la de la interposición temporánea; la del correcto agotamiento de lavía judicial y la de la formal y previa invocación en sede jurisdiccional ordinaria delderecho o derechos fundamentales pretendidamente vulnerados, posibilitando deéste modo la reparación de la alegada quiebra constitucional antes de acudir alTribunal Constitucional impetrando su amparo.De los mentados requisitos, los dos primeros son los que mayores problemasaplicativos han suscitado, convirtiéndose ambos en una fuente inagotable deconflictos para el intérprete.En este punto conviene precisar que el art. 44 LOTC al exigir que se hayanagotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesalespara el caso concreto dentro de la vía judicial, incluye tanto los recursos como elincidente de nulidad de actuaciones.Por un lado el incidente de nulidad se configura como requisito procesal denecesario agotamiento previo, sobre la base de la subsidiariedad del amparo (vid.STC nº 62/2008, de 26 de mayo). Resulta indubitada la procedencia de acudir alincidente de nulidad de actuaciones para agotar la vía judicial previa, cuando lalesión constitucional se imputa a la última de las resoluciones judiciales frente a laque no quepa recurso alguno (STC nº 89/2011, de 6 de junio). 6
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADOPor otro lado, debe tenerse presente que la interposición de un recursonotoriamente improcedente no suspende el plazo legalmente establecido paraacudir en amparo ante el Tribunal Constitucional (SSTC nº 30/1982, de 1 junio;50/1984, de 5 abril, 210/1994, de 11 julio). Por ello, la promoción no justificadadel incidente de nulidad puede frustrar la posible reparación en sedeconstitucional del derecho fundamental lesionado, ya que el inexigidoplanteamiento convertiría al incidente en un recurso improcedente, y por ende, enun modo de alargamiento artificial de la vía judicial, que no impediría el inicio delcómputo del plazo para interponer el recurso de amparo, y que por tanto abocaríaa la desestimación de éste por extemporaneidad.En este sentido, en las SSTC nº 17/2012, de 13 de febrero y 23/2012, de 27 defebrero, se inadmite por extemporaneidad el recurso de amparo formulado, puesen los respectivos casos que en tales resoluciones se estudian, la supuestalesión del derecho fundamental no surge en la última de las resoluciones sino enla primera sentencia dictada en la instancia, cuyo fallo es posteriormenteconfirmado en apelación y más tarde en casación. Así, las sentencias citadassostienen que …la formulación del incidente de nulidad frente a la Sentencia decasación era manifiestamente improcedente, dado que en el incidente sedenunció por la recurrente la lesión de un derecho fundamental (el garantizadopor el art. 20.1 CE) que no derivaba originariamente de dicha Sentencia, sino delas Sentencias anteriores de primera instancia y apelación, pues en las dosinstancias ya se había planteado la posible vulneración del citado derecho. No setrata, así, de una supuesta lesión de un derecho fundamental “que no hayapodido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso”.El mismo criterio es asumido en el ATS Sala de lo Contencioso-Administrativo de18 de julio de 2008 rec. 7694/05 en el que se afirma que no puede admitirse atrámite el incidente de nulidad contra sentencias o autos del Tribunal Supremo nosusceptibles de recurso ordinario o extraordinario: primero, cuando se aleguen 7
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADOvulneraciones de derechos fundamentales que pudieron ser denunciadas conanterioridad a la sentencia cuya nulidad se pretende; segundo, cuando sepretenda que el Tribunal rectifique el criterio expresado en su resolución,basándose para ello en argumentos coincidentes o no con los ya utilizados en elrecurso; tercero, cuando se aleguen vulneraciones de derechos fundamentales yaalegadas en el recurso.De la incertidumbre en esta materia es consciente incluso el propio TC , comoreconoce en la STC nº 13/2011, de 28 de febrero, cuando admite que se sitúa aljusticiable ante una delicada disyuntiva sobre el modo en que debe dar adecuadasatisfacción al referido requisito procesal que franquea el acceso al amparo,puesto que una actitud medrosa o, por el contrario, arriesgada en el cálculo de laestrategia procesal pertinente puede conducir a un incumplimiento por defecto opor exceso que dé lugar a la producción del referido óbice procesal, haciendo quela demanda de amparo resulte extemporánea. Esta misma resolución introduceun nuevo matiz, pues dice que no cabrá calificar como extemporánea la demandade amparo en caso de que venga precedida de un agotamiento no plenamenteexigible en la vía judicial, si es que en ello no se aprecia “ánimo dilatorio”.4.- Resoluciones frente a las que cabe oponer el incidente de nulidad deactuacionesComo se ha señalado supra, el artículo 241.1 LOPJ prevé la excepcionaladmisión del incidente de nulidad de actuaciones planteado por quienes seanparte legítima en el procedimiento judicial, o que hubieran debido serlo, siempreque se aduzca cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidosen el art. 53.2 CE; que aquella no haya podido denunciarse antes de recaerresolución que ponga fin al proceso, y en fin, que la resolución impugnada no seasusceptible de recurso ordinario ni extraordinario. 8
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADOEl incidente debe promoverse ante el mismo Juzgado o Tribunal que dictó laresolución que hubiere adquirido firmeza. El plazo para solicitar la nulidad deactuaciones será el de 20 días, desde la notificación de la resolución o, en todocaso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sinque, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después detranscurridos cinco años desde la notificación de la resolución.Respetando estos parámetros, se podrá recabar la tutela de las libertades yderechos reconocidos en el artículo 14 y en la sección primera del Capítulo II CE,de manera que podrá formularse el incidente contra cualquier resolución judicial,con independencia de la forma que ésta adopte, en la que pretendidamente sehubiera ocasionado una lesión de derechos fundamentales, comprendiéndose –en principio- tanto la afectación de garantías procesales como de derechossustantivos.5.- Inadmisión del incidente de nulidadPara abordar este punto debe partirse de que el incidente no puede considerarsecomo un mero trámite formal previo al amparo constitucional sino como unverdadero instrumento procesal que, en la vía de la jurisdicción ordinaria, podráremediar aquellas lesiones de derechos fundamentales que no hayan "podidodenunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre quedicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario" (art.241.1 LOPJ). En definitiva, el incidente de nulidad de actuaciones sirve parareparar aquellas lesiones de cualquier derecho fundamental que no puedan serloa través de los recursos ordinarios o extraordinarios previstos por la ley. Sufunción en materia de tutela de derechos es, por tanto, la misma, en el ámbito deaplicación que le otorga el art. 241.1 LOPJ, que la realizada como consecuenciade la interposición de un recurso ordinario o extraordinario y como tal debe seratendida por los órganos judiciales. 9
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADOLa STC nº 185/1990, de 15 de noviembre declaró que será preciso interpretar lasnormas procesales que integren alguna vía rescisoria de Sentencias firmes en elsentido más favorable para permitir la tutela en fase jurisdiccional de los derechosfundamentales. La STC nº 153/2012, de 16 de julio, aplicando tal doctrina, estimaahora que el órgano judicial debe, salvo que se den las causas de inadmisión deplano, en el que podrá realizarse una motivación sucinta (art. 241.1 LOPJ),realizar una interpretación no restrictiva de los motivos de inadmisión, tramitar elincidente y motivar, en cualquier caso, suficientemente su decisión.El precepto analizado mantiene la posibilidad de inadmitir a trámite el incidente,mediante providencia sucintamente motivada, cuando se “pretenda suscitar otrascuestiones”. No obstante, en todo caso, la decisión de inadmisión debe estarsuficientemente motivada, y de no hacerlo así puede incurrirse en vulneración delderecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE ).La Ley restringe las causas de inadmisión y, por consiguiente los Sres. Fiscalesdeberán evitar en lo posible que se produzcan resoluciones de inadmisión atrámite por providencia en las que el Tribunal en realidad resuelve sobre el fondo,anticipando lo que debería ser una resolución por auto y después del debate.6.- Legitimación6.-1 Legitimación en generalLa legitimación para promover el incidente de nulidad de actuaciones esabordada en el art. 241.1 LOPJ, que la reconoce…a quienes sean parte legítimao hubieran debido serlo… La literalidad de la norma incluye pues, no solo a laspartes procesales, sino también a quienes debieron haberlo sido en el procesojudicial y no fueron llamadas ni tuvieron conocimiento de su existencia. 10
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADOLa falta de emplazamiento de quienes, no obstante la titularidad de un interéslegítimo, no han sido convocados al proceso, que acarrea la lesión de un derechofundamental adjetivo, -cuál es el de la obtención de la tutela judicial (art. 24 CE)-,es un supuesto en el que con frecuencia el TC ha venido pronunciándose,desautorizando en un gran número de ocasiones el rechazo por parte de losórganos de la jurisdicción de incidentes de nulidad formulados comoconsecuencia de la alegada defectuosa conclusión de actos de comunicaciónprocesal.En todo caso debe recordarse que, dado el carácter excepcional del incidente denulidad, dicha falta de emplazamiento puede subsanarse por otros medios máseficaces, como la personación y retroacción del procedimiento, caso de serfactible, o la propia audiencia al rebelde, por lo que el incidente sólo procederácuando el proceso haya terminado y no sea posible acudir a estos remediosprocesales.6.-2 Legitimación del FiscalEl papel del Fiscal en la tramitación de estos incidentes debe analizarse partiendode la función que la Constitución le asigna en defensa de los derechos de losciudadanos.6.-2.1 Procesos en los que no es parte6.-2.1.1 Legitimación para promover el incidenteSi el Fiscal ni ha sido ni ha debido ser parte en el proceso subyacente, careceráde legitimación para promover el incidente. El ATC nº 36/2011, de 11 de abrilsubraya que …es clara e indubitada la específica limitación de la legitimación 11
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADOactiva de este incidente a quienes hubieran sido parte legítima o hubieran debidoserlo, lo que imposibilitaba al Ministerio Fiscal la promoción de dicho incidente,pues, como es obvio, ni fue parte en el procedimiento ni tampoco debiera haberlosido, al tratarse de un procedimiento ordinario en que no está prevista legalmentesu participación.6.-2.1.2 Legitimación para intervenir en el incidenteAvanzando un paso más, debemos plantearnos qué posición adoptar en lossupuestos en los que promovido el incidente por parte legitimada y no siendo elFiscal parte en el proceso subyacente, el órgano jurisdiccional da traslado alMinisterio Público, en tanto se introduce una cuestión que afecta a derechosfundamentales. Esta situación se planteará básicamente en los procesos civiles,contenciosos y sociales en los que el Fiscal no tenga intervención.La complejidad de la cuestión radica en el silencio que la Ley guarda al respectoy en la inexistencia de pronunciamientos de los Tribunales sobre la materia. Eneste contexto habrán de darse unas pautas con el fin de garantizar el principio deunidad de actuación, pautas que deberán mantenerse en tanto no se consolideuna jurisprudencia contraria a los criterios que a continuación se exponen.Podría defenderse que el Fiscal no tiene reconocida una legitimación generalpara actuar siempre en estos procesos incidentales y que consiguientemente,sólo intervendría si hubiera sido parte en el proceso subyacente en el que sealega la violación del derecho fundamental.Sin embargo, existen fundamentos de peso para defender que siempre que se détraslado al Fiscal para que informe en el incidente de nulidad sobre violación dederechos fundamentales, éste intervenga. 12
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADOEn efecto, si se parte de que el Fiscal siempre interviene en las cuestiones deinconstitucionalidad, sea o no parte en el proceso subyacente, y que igualmentesiempre interviene en la tramitación del recurso de amparo (art. 3.11 EOMF),concurriría la eadem ratio decidendi que llevaría a afirmar la legitimación paraintervenir en estos incidentes de nulidad, posición que por lo demás es coherentecon la asignación contenida en el apartado 3 del art. 3 EOMF: velar por elrespeto… de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantasactuaciones exija su defensa.A fortiori, debe recordarse la categórica doctrina ya asentada desde la STC nº86/1985, de 10 de julio, de que la legitimación institucional del Ministerio Fiscalpara interponer el recurso de amparo, reconocida en los arts. 162.1 b) CE y 46.1b) LOTC…no queda en ningún caso condicionada a la exigencia de haberactuado como parte en el proceso judicial antecedente.Debe tenerse presente, no obstante, que en los procesos civiles, sociales ocontenciosos sin intervención del Fiscal en los que se promueva el incidente y sedé traslado al Ministerio Público, el informe habrá de versar exclusivamentesobre lo relativo a la lesión de derechos fundamentales, sin entrar en puntoscarentes de relevancia constitucional.6.-2.2 Procesos en los que el Fiscal no ha sido parte aunque debió serloconforme a la LeyEn relación con los procesos en los que el Fiscal no haya sido parte, pese a quehubiera debido serlo conforme a la Ley, no sólo habrá de dársele traslado delescrito de promoción del incidente planteado por las partes del proceso, sino queademás estará legitimado para su interposición, pudiendo fundamentarloprecisamente en la preterición sufrida, siempre y cuando ello haya causado unaindefensión material. Antes de hacer los Sres. Fiscales uso de esta facultad 13
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADOdeberán evaluar los perjuicios que para las partes del proceso pudiera suponer laestimación del incidente y la mayor o menor relevancia de la omisión del trámiteen el resultado final del proceso.6.-2.3 Procesos en los que el Fiscal ha sido parteEn estos casos el Fiscal estará legitimado para su promoción e intervendrá en elincidente de nulidad de actuaciones aunque no haya sido el promotor.7.- Contenido del informe del FiscalLos Sres. Fiscales deberán prestar especial atención a la resolución de estosremedios procesales, en ejercicio de sus funciones de defensa de los derechosde los ciudadanos.En ningún caso será admisible un informe formulario que postule, sin motivación,la mera inadmisión o desestimación del incidente, ni la mera remisión al recursode amparo constitucional. La necesidad de cumplir con la exigencia de lamotivación de los informes ya fue puesta de manifiesto en la Instrucción 1/2005,27 de enero, sobre la forma de los actos del Ministerio Fiscal.Su primera función consistirá en asegurarse de que el incidente resultaefectivamente procedente. Si la lesión de derechos fundamentales que sedenuncia ha tenido lugar antes de la sentencia y ha habido posibilidad de alegarlay de ser resuelta con anterioridad, los Sres. Fiscales deberán advertirlo así,motivadamente, para que la nulidad de actuaciones pueda ser rechazada alimine, neutralizando estrategias procesales dilatorias o simplemente, actuacioneserróneas. 14
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADOPor el contrario, si la demanda incidental resulta formalmente procedente, losSres. Fiscales deberán entrar en el examen del fondo de las pretensiones,actuando realmente como si de un recurso de amparo anticipado se tratara. Nodebe olvidarse que es la última oportunidad para que los Jueces y Tribunalesordinarios, guardianes primarios de los derechos fundamentales, remedien laposible lesión o incidan en la innecesariedad de hacerlo.8.- Cuestiones organizativasA fin de coadyuvar al control de calidad de los dictámenes que se evacuen en losincidentes de nulidad promovidos conforme al art 241 LOPJ y con el objeto depromover la especialización, los Sres. Fiscales Superiores y Fiscales Jefesdesignarán, de entre los miembros de la plantilla, a un Fiscal encargado decoordinar la materia, con las facultades que, conforme a la autonomíaorganizativa de la Fiscalía, se estimen oportunas. Este Fiscal podrá asumir deacuerdo con lo que en cada Fiscalía se decida, bien funciones de consulta yresolución de dudas, bien funciones de visado, bien funciones de despacho delos incidentes de nulidad.Será aconsejable que la designación recaiga en el Fiscal o Fiscales encargados,conforme a las previsiones de la Instrucción 2/2012, del despacho de lascuestiones de inconstitucionalidad, contribuyendo así a conformar una deseableespecialización en Derecho Constitucional, aunque ésta será también unacuestión a decidir en el seno de cada Fiscalía, atendiendo a sus singularidades ynecesidades específicas.En los casos en los que una Fiscalía territorial pretenda promover el incidente denulidad previsto en el art. 241.1 LOPJ, con carácter previo y por conducto delFiscal Jefe o del Fiscal coordinador de la materia, habrá de evacuar consulta conla Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. 15
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO9.- Conclusiones1. El Ministerio Fiscal carece de legitimación para promover el incidente de nulidad previsto en el art. 241.1 LOPJ cuando ni ha sido ni ha debido ser parte en el proceso subyacente.2. Los Sres. Fiscales deberán intervenir siempre que se les dé traslado para que informen en un incidente de nulidad sobre violación de derechos fundamentales promovido por parte legítima, aunque no hayan sido partes en el proceso subyacente.3. En los procesos sin intervención del Fiscal en los que se promueva el incidente y se dé raslado al Ministerio Público, el informe habrá de versar exclusivamente sobre lo relativo a la lesión de derechos fundamentales, evitando abordar cuestiones carentes de relevancia constitucional.4. En los procesos en los que el Ministerio Fiscal ha sido parte o hubiera debido serlo, el mismo estará legitimado para su promoción e intervendrá en el incidente de nulidad de actuaciones aunque no haya sido el promotor.5. Los Sres. Fiscales deberán prestar especial atención a la resolución de estos remedios procesales, en ejercicio de sus funciones de defensa de los derechos de los ciudadanos.6. Los Sres. Fiscales habrán de motivar suficientemente sus dictámenes, incluido el de inadmisión.7. En ningún caso será admisible un informe formulario que postule, sin motivación, la mera inadmisión o desestimación del incidente, ni la mera remisión al recurso de amparo constitucional.8. Si la lesión de derechos fundamentales que se denuncia ha tenido lugar antes de la sentencia y ha habido posibilidad de alegarla y de ser resuelta 16
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO con anterioridad, los Sres. Fiscales deberán advertirlo así, motivadamente, para que la nulidad de actuaciones pueda ser rechazada a limine, neutralizando estrategias procesales dilatorias o simplemente, actuaciones erróneas.9. En todo caso, los Sres. Fiscales promoverán una interpretación en el sentido más favorable para permitir la tutela de los derechos fundamentales en fase jurisdiccional, oponiéndose a que la providencia de inadmisión sea utilizada para resolver sobre el fondo.10. Los Sres. Fiscales Superiores y Fiscales Jefes designarán, de entre los miembros de la plantilla, a un Fiscal encargado de coordinar el despacho de los incidentes de nulidad previstos en el art. 241 LOPJ, con las facultades que, conforme a su autonomía organizativa, se estimen oportunas.11. En los casos en los que una Fiscalía territorial pretenda promover el incidente de nulidad previsto en el art. 241 LOPJ, con carácter previo y por conducto del Fiscal Jefe o del Fiscal coordinador de la materia, habrá de evacuar consulta con la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.Por lo expuesto, los Sres. Fiscales en el ejercicio de sus funciones velarán por elcumplimiento de la presente Circular. Madrid, 11 de enero de 2013 EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Eduardo Torres-Dulce Lifante EXCMOS./AS. E ILMOS./AS. SRES./AS. FISCALES JEFES 17

References: artículo53
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 artículo 53
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 artículo 241
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 artículo 14
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