Source: http://jorgemorelli.blogspot.com/2017/11/esta-noche-lunes-20-noviembre-2017.html
Timestamp: 2018-08-16 03:09:24+00:00

Document:
Jorge Morelli: ESTA NOCHE lunes 20 noviembre 2017
El constitucionalista Diethell Columbus ha precisado una pregunta que flotaba en el aire, y ofrecido la respuesta.
El reglamento del Congreso establece que hacen falta 87 votos –es decir, dos tercios del Congreso- para destituir a un funcionario. Además, los miembros de la Comisión Permanente no votan, porque son instancia en el proceso. Restando a los 71 votos de Fuerza Popular sus 15 miembros en la Comisión Permanente, resulta que solo dispone de 56 votos para destituir al presidente de la República, al fiscal de la Nación o a un magistrado del Tribunal Constitucional.
Según Víctor García Toma, además, el Congreso no ha establecido hasta hoy un procedimiento ni tipificado las conductas que serían infracciones constitucionales, como se lo recomendó el propio TC. Por tanto, nuevamente, ni el presidente de la República, ni el fiscal de la Nación, ni los miembros del TC podrían ser acusados constitucionalmente dentro de un debido proceso.
Desde luego, es imposible que la primera bancada de la oposición desconozca estos hechos. De manera que cabe preguntar ¿por qué empuja estas iniciativas en ausencia de votos y de debido proceso?
Que se ha roto el diálogo del gobierno con la oposición es algo que no necesita demostración. La Comisión Lava Jato insiste en citar al presidente Kuczynski, a pesar de que ya ningún otro grupo parlamentario la acompaña. El oficialismo concluye que existe un escenario golpista. Jorge del Castillo piensa que es una exageración.
Si el gobierno quiere detener esta ofensiva, la solución está al alcance de la mano. Lo que tiene que hacer es construir el puente entre los sectores moderados de las dos orillas dándole la libertad a Alberto Fujimori. Eso es lo que los yanquis llaman un “game changer”, una jugada que cambia el juego.
El fiscal José Domingo Pérez decidió reprogramar la diligencia para recoger la declaración en calidad de testigo del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) sobre la adenda del contrato de Chinchero (Cusco) y la licitación al concesionario Kuntur Wasi.
Fuentes de Correo en la Fiscalía indicaron que el despacho de Pérez citó el último viernes 10 de noviembre al Mandatario, sin embargo, PPK solicitó que se reprograme la diligencia. Las fuentes aseguran que esta semana se conocería la fecha.
El pasado 10 de octubre el fiscal Pérez decidió investigar el caso Chincheros bajo la Ley de crimen organizado. Según la hipótesis del fiscal, Kuntur Wasi habría obtenido la buena pro al ofertar 264 millones 758 mil 697 dólares y más tarde adujo que no contaba con suficiente financiamiento, y de esta forma logró que se suscribiera una adenda a través de la cual el Estado se obligaba a darle un adelanto de 40 millones de dólares.
En esta investigación rindió su declaración en calidad de testigo el pasado 15 de noviembre el primer vicepresidente, Martín Vizcarra. Estuvo en el despacho del fiscal Pérez por espacio de 5 horas, absolviendo 80 preguntas del equipo de fiscales que encabeza Pérez.
Vizcarra tiene investigación abierta desde marzo pasado a cargo de la fiscal Beatriz Cabello quien hasta el momento no emite ningún pronunciamiento respecto al caso, siendo una oficina adscrita al despacho del fiscal de la Nación.
Hoy vence el plazo de 72 horas que tenía la jueza Elizabeth Arias Quispe para emitir su veredicto respecto al control de plazo que solicitaron Keiko Fujimori y su esposo por la investigación preliminar que se les sigue en el caso cocteles. El pedido es para que el Ministerio Público decida si formalizará o no una investigación preparatoria en su contra, ya que, alega, se ha vencido el plazo inicial de indagación.
En la audiencia realizada el pasado miércoles, la defensa de la lideresa fujimorista precisó que desde el 8 de marzo de 2016 se viene investigando sin resultados la procedencia de los fondos recaudados en tres cocteles y del aporte realizado por la ONG Liberty a su campaña presidencial.
El fiscal José Pérez argumentó que, habiendo adecuado a la Ley de Crimen Organizado el caso, “el plazo de investigación es de 36 meses”.
Pérez argumentó que aún faltan diligencias, como traducir la información que llegó del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el pasado 13 de noviembre sobre la ONG Liberty, la cual no había sido autorizada para hacer aportes. También precisó que falta culminar los interrogatorios a los aportantes.
Fuentes de Perú21 en el Poder Judicial señalaron que la resolución de la jueza se mantendrá en reserva y solo será conocida por la Fiscalía y la defensa de Keiko Fujimori.
Fuentes de Correo en el Ministerio Público aseguraron que Chlimper deberá acudir en dos fechas: el jueves 23 de noviembre a las 9 de la mañana y el martes 28 del mismo mes a las dos de la tarde.
Este diario supo que el fujimorista responderá ante el fiscal por la anotación “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”, hallada en el celular de Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora brasileña que lleva su apellido.Además, se le interrogará sobre los cócteles realizados por Fuerza Popular en la campaña de 2016.
El propio Chlimper confirmó a Correo el requerimiento del Ministerio Público.
Después de una comprensible ausencia de las pantallas durante casi un año, el secretario general de Fuerza Popular (FP), José Chlimper, apareció el domingo pasado en una entrevista televisiva en la que abordó diversas materias de actualidad política. Una de ellas, la recurrente especulación que existe en algunos sectores de la opinión pública sobre un presunto interés de su partido por provocar la vacancia del presidente Kuczynski.
En las últimas semanas la especulación ha vuelto a cobrar fuerza, en el contexto de las amenazas de acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, el ministro del Interior y hasta contra el propio jefe de Estado, en las que la bancada naranja ha tenido un protagonismo diverso. Y preguntado en la entrevista sobre si él se opondría a cualquier tipo de intento de vacancia, Chlimperrespondió de una forma un tanto enigmática.
“Yo me opondría a cualquier tipo de intento político de vacancia, porque no está dado en nuestra legislación”, dijo. Y luego insistió: “político”, concediéndole a ese matiz un valor particular.
Como se sabe, empero, la distinción entre intentos ‘políticos’ y ‘no políticos’ de vacancia no es precisamente académica, y el secretario general de FP tampoco explicó cómo debíamos entenderla dentro de su código personal. Sin embargo, con cargo a establecer qué entiende él exactamente por esa expresión (recordemos que, en octubre del año pasado, al ser designado integrante del directorio del BCR, escribió en su cuenta de Twitter: “No haré declaraciones políticas por este medio” y pensemos luego en el tipo de mensajes que, a pesar de ello, ha colgado desde entonces en las redes), se pueden derivar de sus palabras algunas conclusiones.
Por lo pronto, si los intentos ‘políticos’ de vacancia no están comprendidos en nuestra legislación, debemos suponer que los ‘no políticos’ (y a los que no se opondría) serían aquellos que sí lo están. Lo que nos lleva a revisar el artículo 113 de la Constitución, en el que se establecen taxativamente los casos en los que la vacancia presidencial procede. Estos son: 1) Muerte del presidente; 2) Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso; 3) Aceptación de su renuncia; 4) Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado; y 5) Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 del mismo texto constitucional. Estas últimas son: traición a la patria; impedir las elecciones presidenciales, regionales o municipales; disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución; e impedir la reunión o funcionamiento del Congreso mismo o el del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
Ahora bien, en la medida en que los escenarios contemplados en los numerales 1, 3, 4 y 5 no requieren interpretación ni apoyo –el presidente muere o está vivo, presenta su renuncia o no, viaja con permiso o no, etc.–, es razonable asumir que el único intento ‘no político’ de vacar a un presidente respecto del cual el respaldo o la oposición resultaría relevante sería el que permite el numeral 2: la declaración por el Congreso de la permanente incapacidad moral o física del presidente (de ingrata recordación, dicho sea de paso, para el fujimorismo). ¿Es a esa posibilidad a la que se estaba refiriendo de modo tan hermético el señor Chlimper y a la que no se opondría?
A decir verdad, valdría la pena que lo aclarase, pues, a la luz de las últimas revelaciones sobre la declaración de Marcelo Odebrecht ante los fiscales peruanos en las que el actual presidente ha sido comprendido, y de las que hablamos el miércoles en estas páginas, sus palabras adquieren una resonancia inquietante.
Sobre todo si recordamos que, hacia el final de la entrevista, Chlimper remarcó que “es muy importante por la salud del Perú” que se conozca que “una muy pequeña minoría de preguntas [durante el interrogatorio a Odebrecht] fueron vinculadas a Keiko” y “una larga mayoría se refería a personas de la vida pública y privada del pasado y del presente en el Perú”.
La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, se mostró en contra de las acusaciones constitucionales a las que está siendo sometido el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, con el respaldo de la bancada mayoritaria de la oposición, Fuerza Popular.
"Hay que defender las instituciones democráticas del país”, comentó. Dijo que le pediría a Keiko Fujimori que el objetivo sea unir personalidades y esfuerzos a favor de país. "¿Qué le diría a Keiko Fujimori? Pues, imitemos lo que hace Gareca. Él ha unido un equipo formidable”, manifestó.
El congresista de Peruanos por el Kambio Gino Costa refirió este domingo que los constantes enfrentamientos de la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular contra el Ejecutivo e instituciones democráticas han creado “un panorama preocupante”. “Creo que hay una dictadura parlamentaria en camino y hay que detenerla”, destacó.
“No solo el Ejecutivo está en la mira de la mayoría fujimorista en el Congreso, sino también instituciones autónomas e independientes que pueden ser un peligro para ellos: la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional”, consideró.
Acusó que no se están respetando las prerrogativas del mandatario Pedro Pablo Kuczynski al insistirle en que reciba a la comisión del Congreso que investiga las coimas pagadas por empresas brasileñas.
— ¿Mauricio Mulder y usted, quienes forman parte de la Comisión Permanente, votarán en contra de proceder con la acusación (a Pablo Sánchez)??
El cuco naranja
Al parecer las denuncias por presuntas infracciones constitucionales presentadas contra el fiscal de la Nación y cuatro magistrados del TC han generado un gran alboroto político, al punto que los defensores oficiales y oficiosos de los denunciados han deslizado la idea de que el fujimorismo pretende petardear nuestra democracia destituyendo a los funcionarios en cuestión.
Sin perjuicio de que las denuncias presentadas se encuentran dentro de los parámetros del artículo 99° de nuestra Constitución, lo que algunos alegan es que Fuerza Popular abusará de su mayoría parlamentaria para destituir tanto a Sánchez Velarde como a Miranda Canales, Ledesma Narváez, Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera.
Al respecto, sería bueno que revisemos el artículo 89° del reglamento del Congreso, pues esta norma señala que si se aprobase la acusación constitucional en la Comisión Permanente, luego se debe someter a votación ante el Pleno del Congreso y en esta instancia se requiere como mínimo 87 votos para lograr la destitución e inhabilitación de los funcionarios que son procesados.
Cabe señalar que dicho artículo precisa que los miembros de la Comisión Permanente no pueden participar en la votación del Pleno del Congreso que resuelva la sanción o exoneración de quienes se está juzgando.
Bajo el esquema normativo descrito, debemos acotar que el fujimorismo tiene 15 representantes en la Comisión Permanente, por lo que de sus 71 parlamentarios, solo 56 podrían apoyar la destitución e inhabilitación del fiscal de la Nación y de los cuatro magistrados del TC.
Keiko Fujimori se está viendo obligada a ejercer un poder desgastante, algo que tendrá consecuencias. La bancada de Fuerza Popular se ha convertido de pronto en una máquina de bloquear instituciones que le resultan peligrosas. Con lo cual han aparecido en la escena política nuevos enemigos de FP, ninguno de ellos realmente pequeño.
La jefa de FP está entre varios escenarios. Uno es hacer de la derrota del 2016 una victoria de facto. Otro es alinear los astros para una victoria en el 2021. Luego está mantener junta una mayoría parlamentaria sin real cohesión ideológica. A esto se suman problemas como el caso Joaquín Ramírez, los soplos de Marcelo Odebrecht, o el activismo de Kenji Fujimori.
En verdad está navegando estas movidas aguas con cierta eficacia, en parte practicando un espléndido aislamiento, y en parte con respuestas furibundas. Las insólitas acusaciones al Fiscal de la Nación y a los cuatro miembros del Tribunal Constitucional están realmente a su servicio. FP es una corporación que se mueve coordinadamente.
Parte de la eficacia se percibe en que no hayan surgido voces discordantes en su partido. Esto a pesar de que quienes guardan silencio hoy pueden pagar las
consecuencias de ello mañana. Esto vale sobre todo para quienes han sido figuras importantes en la campaña, y se verían afectados si las declaraciones de Marcelo Odebrecht se llegan a confirmar.
¿Podrá salvarse la jefa de FP? Habría que definir primero qué significa salvarse en estos días. Ciertamente quiere decir evitar el tipo de carcelería que hoy padece el matrimonio Humala-Heredia. No se sabe si salvarse también quiere decir librar la imagen pública del contagio de las acusaciones brasileñas. Lo primero es probable. Lo segundo difícil.
A estas alturas es más o menos obvio que su suerte está amarrada con la de los demás políticos prominentes cuyas campañas han sido sindicadas como recipientes de fondos de Odebrecht. El sentido común sugiere que se acerca el -momento de llegar a algún tipo de acuerdo con esos otros políticos. Salvo que se juegue a mantener su negacionismo hasta el final.
Quienes plantean que FP y su jefa están con miedo, que por eso reaccionan como lo vienen haciendo, tienen razón. Pero eso no significa que les falten márgenes de acción. Las bravatas de FP no llevan a ninguna parte, y el peso de su mayoría es limitado, pero el partido tiene tres años y medio por delante para trazar y recorrer una estrategia.
La mala defensa de PPK y Keiko Fujimori
H asta donde sabemos por las filtraciones de colaboración eficaz en Brasil, no hay nada que confirme y, menos, pruebe por ahora la responsabilidad de Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynskio Alan García en la entrega de dinero de Odebrecht a sus campañas electorales.
Tampoco hay la seguridad de que sobre estos casos conozcamos la versión completa de Marcelo Odebrecht ante fiscales peruanos ni que Jorge Barata, su ex lugarteniente en Lima, vaya a entrar en los esperados detalles de tales declaraciones.
La colaboración eficaz de Odebrecht en Brasil tiene cláusulas doradas. La colaboración eficaz de Barata en Lima está en un oscuro entredicho fiscal-judicial que, en cierta forma, la anula.
Barata podría terminar siendo fuente de toda la verdad o de ninguna, en tanto no existan más que sus palabras contra las deOdebrecht, y las de Fujimori, Kuczynski y García.
Lo que salta a la vista en este punto muerto de acusaciones y negaciones sin desenlaces relevantes es que dos de los principales blancos del coletazo corruptor de Odebrecht, el presidente Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ostentadores del mayor poder ejecutivo y del mayor poder indirecto legislativo, respectivamente, muestren una clamorosa debilidad en sus mecanismos de defensa legal y política.
Mario Ghibellini alude precisamente en su columna de Somos (18/11/17) al problema de Kuczynski de no hacer caso a sus consejeros y al de Keiko, prestarles oídos a los suyos. Claro, en el sentido de que ambos acaban, frecuentemente y por actos propios, contra las cuerdas.
En términos de la estabilidad del país, el problema mayor de Kuczynski y Keiko es que toda mala defensa legal y política de ambos afectará gravemente, de un lado, la institución presidencial (ya hace tiempo que el mandatario debió haber deslindado de Odebrecht punto por punto) y, de otro lado, la representación legislativa (donde el fujimorismo tiene una indiscutible mayoría que no sabe marcar distancias políticas apropiadas).
Reconocemos el derecho a la presunción de inocencia de Kuczynski y Keiko, pero en su defensa legal y política ninguno tiene derecho a arrastrar a las instituciones en las que ejercen poder al riesgo de que estas pierdan credibilidad y prestigio por ellos.
Junto con la amenaza de destitución de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, podría llevarnos al comienzo de una nueva peligrosa espiral autoritaria fujimorista de imprevisibles consecuencias.
Es hora de que Keiko Fujimori se escuche más a sí misma a la luz de sus sinceras promesas democráticas antes de ceder a la ansiedad y vehemencia de quienes creen, en su entorno, que la mejor defensa no es su integridad personal y política, sino el momentáneo poder legislativo que los votos le dieron en las elecciones del 2016.
En lugar de romper lanzas contra adversarios políticos y medios críticos, Keiko Fujimori debería hacerlo contra la ansiedad y vehemencia de sus mejores consejeros, que la están privando de su futuro político.
Destructores del Estado de Derecho
Al fiscal de la Nación se lo puede acusar constitucionalmente solo por infracción de la Constitución o por delito cometido en ejercicio de la función.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso quiere denunciar al fiscal de la Nación, doctor Pablo Sánchez Velarde. La principal acusación contra el doctor Sánchez es la omisión de funciones, “lo que habría generado la impunidad de los principales personajes involucrados en el Caso Lava Jato [Odebrecht]” (Informe de calificación, Dens.146 y 148).
Según los denunciantes, el Ministerio Público no investigó a las empresas consorciadas con Odebrecht. Jorge Barata, ex directivo de esa empresa en el Perú, declaró que la consorciadas habrían conocido y aprobado las coimas pagadas.
El Ministerio Público es como el Poder Judicial. Los magistrados son autónomos. Si un juez declara la inocencia de un acusado, eso no es responsabilidad “funcional” del presidente del Poder Judicial. Igual sucede en la fiscalía.
Si un fiscal hubiera excluido de la investigación a Graña y Montero, por ejemplo, eso no sería responsabilidad “funcional” del fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación tendría que haber ordenado (contra sus funciones) no investigar a esa u otra empresa consorciada con Odebrecht.
Según la subcomisión mencionada, el Ministerio Público no abrió investigación preliminar contra los directivos ni aseguró el acervo probatorio de las empresas involucradas. Por “involucradas” se refiere al dicho del señor Barata, que toma por verdadero.
Si el dicho del señor Barata es un hecho, entonces se puede hablar de empresas involucradas. La subcomisión toma por hecho lo que es un dicho; un dicho de un delincuente.
Antes hay que indagar, y eso es lo que hace el fiscal del caso.
La subcomisión confunde al fiscal de la Nación con el fiscal anticorrupción; confunde los dichos con los hechos y, además, desconoce la realidad de la investigación.
Hamilton Castro, fiscal que lidera la investigación, ha dicho que está en la etapa de la corroboración de la información y de las declaraciones. A diferencia de los inhábiles congresistas, el fiscaltoma la declaración e indaga en estados financieros y busca otros testimonios.
Como se trata de una investigación en curso, solo este fiscalpuede responder sobre el avance de la investigación. No puede haber “omisión de funciones” si ni siquiera hay un dictamen.
¿Cómo puedo saber si alguien omitió sus funciones si todavía no tiene una conclusión? ¿Cómo puedo pretender acusar al fiscal de la Nación de eso que no ha terminado de hacer el fiscal ad hoc?
Lo de la subcomisión congresal equivale a una acusación de omisión de funciones contra el presidente del Poder Judicial por un caso en el que un juez no hubiera todavía sentenciado.
Esta acusación constitucional es, a todas luces, una barbaridad. Está basada en la ignorancia sobre las funciones del fiscal de la Nación y sobre la naturaleza jurisdiccional del Ministerio Público.
Para la subcomisión, el fiscal de la Nación “tiene el deber constitucional de tomar medidas idóneas para asegurar una efectiva investigación”. Para ello remite al artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que dice que la autoridad del fiscal de la Nación “se extiende a todos los funcionarios que lo integran” (al MP).
Esa autoridad no es ni puede ser jurisdiccional, ya que los fiscales son autónomos, como los jueces.
Solo puede haber delito del fiscal de la Nación “en funciones” si este impidió al fiscal del caso realizar peritajes, si lo presionó para proteger a un investigado o si lo destituyó arbitrariamente para impedir una investigación.
Nada de eso sucedió. Hablar de omisión de funciones en este caso es un despropósito. Creer que ese despropósito puede sustentar una acusación constitucional es arbitrario y absurdo.
El Estado de derecho se basa en la supremacía de la ley. La ley está por encima de los poderes del Estado y, sobre todo, de los que por estar en el poder creen que la fuerza de número sustituye a la fuerza de la ley.
Los destructores del Estado de derecho no deben pasar.
Tras el destape de la Unidad de Investigación de El Comercio sobre el interrogatorio a Odebrecht, distintas interpretaciones en torno al impacto legal de sus dichos empezaron a tejerse. Las interpretaciones que esconden ciertas inexactitudes detalladas a continuación.
El congresista de Fuerza Popular, César Segura, entregará este miércoles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales su informe respecto a la investigación a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), denunciados constitucionalmente ante el Congreso por el Caso El Frontón.
Cabe señalar que este subgrupo de trabajo, presidido por Milagros Takayama (Fuerza Popular), delegó a Segura la determinación de los hechos y la evaluación de la pertinencia de las pruebas.
El acuerdo del subgrupo de trabajo se eleva a la Comisión Permanente para votación.
El destacado jurista Enrique Ghersi afirma que quien debe reconsiderar seguir o no en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) según la Constitución Política y como un planteamiento político internacional es el jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski.
“Es una cuestión política que de acuerdo a la Constitución solo puede definir el presidente Kuczynski. Es una facultad exclusiva del mandatario dirigir la política exterior. Si el jefe de Estado decide denunciar el Pacto de San José, se sigue un procedimiento. Supone primero una reforma constitucional y segundo que todo ello puede demorar hasta dos años para aplicarse”, dijo el experto.
En conversación con EXPRESO, Ghersi agregó que es una obligación jurídica del Gobierno peruano responder -a más tardar el 5 de diciembre de 2017- el reciente pedido de la Corte-IDH de emitir un informe en el que detalle sobre la acusación constitucional que pesa sobre cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en el Parlamento Nacional por presuntamente modificar un fallo que permitiría la imprescriptibilidad del caso El Frontón.
“Van a tener que responder bajo mi concepto el Congreso más el Ejecutivo, que tendrán que dar su punto de vista porque la acusación constitucional es del Parlamento. Entonces van a tener que concurrir los representantes del Congreso ante la cita de la Corte. Es una citación obligatoria como cualquier citación judicial, de modo que es una cosa seria”, apuntó.
“Tenemos que suponer que este es el anticipo [informe] de lo que viene, que en mi concepto sería una medida cautelar; y es muy probable que le den la razón a los miembros del TC en San José de Costa Rica”, afirmó.
“Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede pedir medidas cautelares ante la Corte Interamericana. El asunto es más grave que eso. Pueden simplemente, si así lo cree, suspender el procedimiento de la acusación constitucional en el Congreso. Esto forma parte del sistema supranacional que el Perú acata”, finalizó Ghersi.
Los representantes del Estado, de las partes y de la CIDH están citados a la audiencia que se efectuará durante el 121 Periodo Ordinario de Sesiones que la Corte celebrará en su sede de San José, Costa Rica, entre el 29 de enero al 9 de febrero de 2018.
Es de recordar que el presidente del TC, Manuel Miranda Canales, y sus integrantes Mariella Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa Saldaña, son investigados en el Congreso por el presunto delito de prevaricato porque modificaron el fallo del magistrado Luis Vergara Gotelli que declaraba prescrito el caso de El Frontón y que este no era un caso de lesa humanidad.
Cocaína en cielo peruano
El candidato presidencial de Chile, Sebastián Piñera, sostuvo el sábado que está preparado para hacer “una gran alianza estratégica” con Perú, a fin de conquistar en forma conjunta un mayor nivel de desarrollo de los dos países.
“Estamos preparados para hacer una gran alianza estratégica con Perú y que ambos países conquisten el desarrollo. Tenemos tantas cosas en común, una historia y un futuro que nos unen. Las cosas que nos puedan diferenciar hay que dejarlas atrás (…)”, señaló.
En ese contexto, el mencionado candidato presidencial de Chile expresó su deseo de visitar Perú próximamente.
“Un saludo cariñoso a nuestros hermanos peruanos. Los felicito porque están en el Mundial. Se lo ganaron con dificultad, pero en buena lid”, añadió Sebastián Piñera.
Publicado por Jorge Morelli en 13:22
Etiquetas: "Cambio de juego", el Congreso no tiene 87 votos para destituir al Fiscal

References: resolución 
 artículo 113
 artículo 117
 artículo 134
 artículo 99
 artículo 89
 artículo 64