Source: http://colegiodeeconomistas.org.ec/noticias/2014/11/
Timestamp: 2017-07-26 16:35:31+00:00

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Archivo por meses: Noviembre 2014	Avisos Importantes
Noviembre 26, 2014 David	En asamblea extraordinaria celebrada el 6 de octubre de este año, en el Auditorio Germánico Salgado del Colegio de Economistas de Pichincha, los miembros concurrentes y habilitados según el estatuto del mencionado Colegio de profesionales se reunieron para participar en la convocatoria hecha pública por el presidente del Colegio, economista Víctor Hugo Albán Romero. La asamblea decidió mayoritariamente, en base al estatuto que norma el funcionamiento de del gremio, que la actual directiva del Colegio de Economistas de Pichincha se prorrogue en sus funciones por dos años más, hasta que se resuelvan los temas pendientes que están siendo solucionados por los dirigentes.
Noviembre 26, 2014 David	El Telégrafo
Ecuador tiene demandas por $ 14.475 millones
El país ha firmado 30 Tratados Bilaterales desde 1965, la mayoría en la década del 90. 16 ya fueron concluidos.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dictaminó que el país tendría que pagar a la empresa petrolera Occidental (Oxy) $2.500 millones -en capital e intereses-, informó ayer el subsecretario de Planificación para el Buen Vivir de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Andrés Aráuz.
La aseveración fue expuesta durante el seminario ‘Incidencia de los tratados bilaterales de inversión (TBI) en la política del Ecuador’, desarrollado ayer en Quito, por iniciativa de la Radio Pichincha Universal y la Senplades.
Aráuz afirmó que, en dinero, el total de demandas sometidas a arbitrajes que enfrenta Ecuador suman más de $ 14.475 millones, siendo el caso de Oxy uno de los más representativos.
El funcionario manifestó que, en este caso, el Ciadi, organización que pertenece al Banco Mundial (BM), reconoce que el Estado tiene la razón al sancionar a la petrolera y terminar con el contrato, y califica a dicha penalidad como muy fuerte, por lo que concluye que Ecuador tendría que pagar a la empresa.
Ratificó que si estos casos se llegan a perder, “eso podría quebrar a Ecuador”.
Afectaciones al país
Piedad Mancero, miembro de la Comisión de la Auditoría Integral de Tratados de Inversión y del Sistema de Arbitraje (Caitisa), sostuvo que la cifra ($ 14.475 millones) representa cerca del 50% del presupuesto general del Estado (PGE) del presente año, que asciende a $ 34.300 millones, excluyendo los subsidios, que son de alrededor de $ 6.000 millones.
Mancero expresó que en la hipótesis de que las demandas se perdieran, aquello tendría una afectación directa no solo para el próximo año sino que se alargaría hasta 2018. Primero aumentaría el déficit en el PGE y muchos de los proyectos en salud, educación y vialidad deberían reducirse a la mitad; la culminación de la construcción de las hidroeléctricas se retrasaría.
“Para que se tenga una idea de la afectación, de 106 hospitales que se tiene previsto construir en los próximos 3 años, solo se harían 53; de los 450 centros de salud se ejecutaría el 50%, de 1.271 unidades educativas, incluidas las escuelas del milenio, solo 640; habría que diferir algunas construcciones y equipamiento previstos en las 4 universidades; en el caso de los megaproyectos se impediría el cumplimiento de las contrapartes locales y un 50% de la infraestructura vial del país”, precisó Mancero.
TBI firmados por Ecuador
El vocal de la Caitisa, el argentino Javier Echaide, indicó que Ecuador tiene firmados 30 tratados bilaterales de inversión (TBI que son instrumentos jurídicos internacionales firmados entre 2 Estados en los que se especifican condiciones, beneficios garantías, derechos y obligaciones de las que gozarán los inversionistas dentro del otro Estado).
Echaide señaló que el país tiene 27 demandas presentadas con base de los TBI, de los cuales 16 están en el Ciadi; 10 bajo reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) y un caso donde se desconoce cuáles fueron las reglas y el arbitraje de la sede.
Agregó que los casos abiertos en contra de Ecuador son 11, de los cuales en 9 el tribunal aún no se ha pronunciado; en 2 se ha emitido un laudo (fallo) a favor del inversor y Ecuador ha pedido la nulidad, cuya solicitud aún está en proceso.
Los casos concluidos son 16, en los cuales 6 hubo acuerdo entre las partes; 1 inversor retiró la demanda; 6 fueron en favor del Estado ecuatoriano y en 3 el laudo benefició al inversor.
“Los gastos en defensa pagados por Ecuador ante casos de inversionistas se estima en $ 118 millones”, subrayó el comisionado.
“Un dato interesante que logró investigar la Caitisa es que el 62% de las demandas presentadas al Ciadi es de las empresas transnacionales”, aseveró Echaide.
La Caitisa informó que de los 30 tratados bilaterales de inversión (TBI) firmados por el Ecuador desde 1965, 3 no han entrado en vigencia.
Solamente 3 tratados han cesado en sus efectos: son los casos de los TBI firmados con Uruguay, Egipto yRepública Dominicana, por lo que no existe ningún tipo de controversia con esas naciones.
Hay 8 tratados bilaterales de inversión que se encuentran en proceso de denuncia, de los cuales 4 -con Gran Bretaña, Francia, Alemania y Suecia- están en última instancia para completar su trámite.
La Comisión tiene previsto entregar el informe sobre los TBI al presidente de la República, Rafael Correa, a mediados del próximo mes, anunció el comisionado Javier Echaide.
400.000 receptoras del bono podrán afiliarse El presidente no excluye presentar un nuevo Código Laboral Socializó con amas de casa la idea de afiliarlas al Seguro Social
Decenas de mujeres conocieron la propuesta de reforma al Código Laboral que impulsa el Gobierno Nacional para la afiliación al Seguro Social de las trabajadoras no remuneradas del hogar. El presidente Rafael Correa socializó ayer los cambios ante amas de casa beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano (BDH) de Guayaquil, Durán, Samborondón, Salitre, Milagro y Babahoyo en el sector del Cisne 2 del Puerto Principal.
El viceministro de Desarrollo Social, Édison Romo, precisó que el Gobierno espera incorporar al Seguro Social a 400.000 personas beneficiarias del BDH. Son en total 450.000 familias las que reciben este aporte estatal de 50 dólares, de ellas el 95 % son mujeres jefas del hogar. El 20 % del total de beneficiarios está en la provincia del Guayas.
El presidente explicó que la propuesta de afiliación contempla cuatro categorías. Ahondó en solo una de ellas a la que llamó ‘Extrema’, que incluye a las personas en extrema pobreza y las mujeres beneficiarias del BDH. Dijo que su contribución será del 13,25 % sobre el 25 % del salario básico unificado, lo que equivale a 11,2 dólares. De este valor, $ 9,2 serán subsidiados por el Gobierno Nacional y $ 2 pagarán las futuras afiliadas.
Esto les permitirá, luego de tener 240 aportaciones mensuales y al menos 65 años de edad, acceder a una pensión jubilar de $ 76,5 mensuales. “Hoy tienen el bono. Mañana tal vez sus hijos se gradúen y pasarán una ayudita a su mami. Ya no están en condiciones de pobreza. Dejan de recibir el bono. Si con bono o sin bono empezaron a aportar dos dólares recibirán 76,5 dólares por pensión por vejez y jubilación”.
En las otras categorías la aportación estatal será menor y desaparecerá hasta que el ingreso familiar fluctúe los 500 a 600 dólares, precisó Correa.
El subsidio será financiado por la propuesta de fijar un techo a las utilidades de los trabajadores que, según el presidente, generará $ 120 millones que irán directo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El presidente aprovechó la presencia de las mujeres para pedirles que compren las cocinas de inducción.
La falta de acuerdo entre Arabia Saudita, Rusia, Venezuela y México para un recorte de la producción petrolera, en una reunión previa realizada ayer a puertas de la cita oficial de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), en Viena, generó ayer una nueva caída del crudo.
El canciller venezolano, Rafael Ramírez, dijo a periodistas que si bien hubo acuerdo en que los precios actuales del crudo no son buenos, no se pudo acordar o garantizar un recorte de producción en la reunión de mañana de la OPEP.
Ecuador y Venezuela son partidarios de la reducción de producción a fin de levantar los precios, luego de que se han registrado caídas en cinco meses seguidos.
Arabia Saudita, el mayor productor en el seno de la organización, no ha revelado todas sus cartas, pero fuentes cercanas a la delegación saudita anticipan que mañana abogará por mantener la producción al nivel actual, de alrededor de 30 millones de barriles diarios.
El ministro saudita del Petróleo, Ali Al-Naimi, que participó en la reunión de ayer, mantuvo el mutismo sobre si está a favor o no de un recorte.
Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, consideró que lo más probable es que mañana la OPEP haga una tibia declaración pidiendo a sus países miembros que respeten las cuotas existentes, pues actualmente se presume que existe una sobreproducción de 500.000 barriles de la cuota permitida. Sin embargo, estima que esto no mejoraría los precios del barril.
Para Santos, Arabia Saudita tiene como objetivo de mercado la guerra de precios para afectar a los productores del petróleo de esquisto (principalmente Estados Unidos).
En medio de la expectativa por la reunión oficial de la OPEP, pactada para mañana, Ecuador podría terminar el año con un crudo de $ 70 de acuerdo con Fausto Ortiz, exministro de Finanzas.
La cifra estaría por debajo de la calculada en la proforma del 2015 ($ 79,7).
Gerentes ganan en promedio $ 20 mil al mes
El Gobierno propone un alza de sueldos para trabajadores de las empresas más rentables, en lugar de grandes utilidades. Las Cámaras tienen sus reparos.
Según la Encuesta General de Remuneraciones presentada la semana pasada por la consultora Price Waterhouse Cooper (PWC), el alza salarial en Ecuador este año se ubicó en un promedio del 5,3%.
El informe de PWC, que cubrió entre 250 y 300 empresas locales y multinacionales, destaca que, en relación a su tamaño, las compañías que incrementaron sus sueldos este año fueron por igual las grandes y las pequeñas con un 5,09%, mientras que las medianas un 4,82%.
A las puertas de la fijación anual de sueldos en el sector privado y con un escenario matizado por 5 ejes de reformas al Código Laboral en el que se discuten temas como utilidades y brechas entre ejecutivos y trabajadores de menor rango, el Gobierno propone remuneraciones equitativas.
El peso mayor de la propuesta gubernamental recaerá precisamente sobre las compañías de mayor rentabilidad, esto es de telecomunicaciones y productoras de cervezas y cemento.
En el último enlace ciudadano, el presidente de la República, Rafael Correa, dijo que por tener un mayor margen de ganancias estas deberán mejorar el sueldo de sus empleados. Lo dicho por el Mandatario está directamente relacionado con el monto de utilidades entregadas.
La telefónica Claro, por ejemplo, tiene como base de este beneficio $ 15.000, según una trabajadora que prefirió mantener su nombre en reserva.
En tal sentido, para el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, podría ocurrir que haya empresas donde los trabajadores ganan poco, pero se acostumbraron a recibir buenas utilidades. “Allí hay un problema, por eso hay que garantizar el alza”, indicó el ministro, quien enfatizó que las remuneraciones serán las que correspondan.
EL TELÉGRAFO intentó acceder a una postura de empresas como el Conecel, Sab Miller y Holcim sobre este tema, pero no se obtuvo respuesta hasta el cierre de edición.
En las empresas que hubo más utilidades en 2013 fueron Conecel ($ 341 millones), Andes Petroleum Ecuador ($ 211 millones), Schlumberger del Ecuador ($ 137 millones) y Corporación Favorita ($ 132 millones).
¿Sueldos inequitativos?
El incremento de los sueldos en Ecuador fluctúa en un promedio de 5% y la tendencia al parecer se repetiría en 2015. Esto, según estimaciones de la consultora Deloitte, basado en resultados de análisis de años anteriores.
De acuerdo al área de ocupación, existe un claro liderazgo de la parte comercial, así como de las de producción y operaciones, cuyos profesionales, por ser escasos, se cotizan alto en la industria.
En cuanto a remuneraciones, en este país, un gerente de nivel medio puede ganar en promedio $ 5.757, mientras que un colaborador de nivel operativo $ 510.
Uno de los ejes en el que se basa la reforma laboral, entregada el pasado 15 en Guayaquil y que se analiza en la Asamblea, es el de la reducción de las brechas salariales.
De acuerdo a lo planteado por el Ejecutivo, un empresario deberá pagar a su trabajador menos calificado no menos de 20 veces su propio sueldo. “No puede haber un empresario en Ecuador que pueda dormir tranquilo con riquezas excesivas y pagando el mínimo de sueldo a sus trabajadores”, apuntó el Mandatario, quien considera que muchas veces los sueldos exagerados de los empresarios se disfrazan las utilidades que deberían repartir a todos los trabajadores.
En 2012, Deloitte realizó un estudio del mercado laboral ecuatoriano en el que se analizó la dispersión entre el salario básico unificado (SBU) y los salarios ejecutivos.
El promedio del sueldo de un gerente general en Ecuador es de aproximadamente $ 20.000 mensuales, que equivale a 63 veces el SBU. Mientras que para un vicepresidente-director cuyo promedio es $ 14.000 mensuales, representa 44 veces. El sueldo básico unificado en el país es de $ 340.
El informe concluye que, a primera impresión estos valores parecerían altos, sin embargo comparativamente, en algunos países vecinos, como Colombia y Perú, la brecha es más significativa.
Henry Kronfle, titular de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), señaló que el sector empresarial no está de acuerdo que las políticas públicas interfieran en la actividad privada. El empresario se refirió, por ejemplo, al límite que el Ejecutivo propone a las utilidades de las empresas más rentables, pues lo considera inconstitucional. Por otro lado, considera que proponer sueldos mayores en determinadas empresas es algo discriminatorio que generaría una “distorsión” en el mercado laboral. Señaló que es prematuro tomar una posición ante propuestas que todavía no están en el marco de la ley.
Kronfle dijo que el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) se reunirá hoy, a puerta cerrada, con Carrasco para tratar estos temas.
Mientras que, las reuniones entre autoridades y representantes de trabajadores y empleadores para definir el alza salarial de 2015 ya comenzaron, pero en caso de que no haya un consenso el Ministerio del ramo tomará la decisión.
En cuanto a la distribución del ingreso laboral con relación a los que más dinero ganan y los que menos, el país se ubica en el tercer lugar en la región con una brecha de 7 puntos, según un informe conjunto elaborado en octubre pasado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el primer puesto está Argentina con una brecha entre los grupos salariales inferior a los 6 puntos, en el segundo puesto México con 7, Paraguay con cerca de 8, Perú con más de 8, Brasil y Colombia con 9 puntos.
Esta es la cuarta vez que los bienes de la banca quebrada pasan a otras entidades públicas. Primero estuvieron en la extinta Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), luego fueron a la Superintendencia de Bancos (SBS) y en los últimos cuatro años han estado en poder del Banco Central (BCE). Pero en esta ocasión hay al menos tres factores que marcan la diferencia: el traspaso está dado por ley con el único fin de terminar con la crisis bancaria de 1999. Las transferencias se realizan a título gratuito y del pago se encarga el Ministerio de Finanzas, ya sea en dinero o con la emisión de papeles. El informe semestral que el BCE envió a la Asamblea con fecha de agosto pasado revela que 19 667 bienes serán transferidos, de forma directa y bajo una modalidad tripartita. ¿Quiénes se benefician? El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Inmobiliar, y el Ministerio de Agricultura recibirán 4 230 bienes. Se unieron, además, estas dos entidades con el BCE para entregar 15 437 propiedades a los agricultores de Durán. De esta cantidad apenas faltan por transferir 181 predios que, según el BCE, se lo hará hasta fines de año. Gran parte de estas tierras estaban invadidas u ocupadas por arroceros. Su situación legal no había sido revisada en los últimos años, un gran número permaneció en fideicomisos y compañías, por lo que no registran réditos, en el informe del Central. La mayoría de estos activos era del ex Filanbanco y no incluye las empresas y otros bienes, que se incautó el actual Gobierno, en 2008, y que están en manos de la Ugedep. Otro dato: las tres entidades beneficiarias, por la ley, están exentas del pago de impuestos, tasas, contribuciones, multas, etc., que se adeuden por los activos transferidos. Pero estos rubros se calcularán sin intereses y se registrarán en el déficit patrimonial de las 32 instituciones financieras extintas, lo cual dejaría la puerta abierta a futuros reclamos. Dicho déficit, al igual que la determinación de responsabilidades sobre el manejo de la banca cerrada, está a cargo de la Ugedep y la SBS, cuyos informes sobre el cierre de esta crisis están siendo analizados por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. El costo lo asume Finanzas El Ministerio de Finanzas, según el art. 8 de la ley, proveerá el monto equivalente a los avalúos catastrales de los activos transferidos al sector público. Este Diario solicitó al BCE y a esta Cartera de Estado a cuánto ascienden estos avalúos, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta. Según un informe anterior (BCE-DRLG-006-2013) del BCE sobre la gestión 2012-2013, el valor contable de 19 927 bienes transferidos al banco era de USD 255,3 millones. Estos dineros servirán para completar el pago de acreencias a privados y públicos y cualquier diferencia servirá para calcular el déficit patrimonial de las entidades extintas. La legislación permite al BCE entregar al sector público los famosos papeles financieros de la crisis: Certificados de Pasivos Garantizados (CPG) o de Depósito Reprogramados (CDR), sin distinción de la entidad de la que provengan. Hasta el 5 de septiembre pasado se pagó USD 11,7 millones a particulares y hay acreencias habilitadas para pagar, que suman 23,8 millones, de acuerdo con el informe del BCE. En el caso de los acreedores públicos, las deudas pendientes son mayores y su plazo culmina el 20 de febrero (ver cuadro). Pero a Finanzas no solo le tocó asumir el costo de los inmuebles, sino también cubrió la administración de estos, desde que pasaron al Central, en 2010, hasta este año. A través del proyecto Banca cerrada se ha ejecutado un promedio anual de USD 2,2 millones del Presupuesto General del Estado, es decir, esto ha sido asumido por el Gobierno central. Así lo reconoce el BCE. Este gasto de administración se sumaría al de las anteriores entidades a cargo, durante 15 años. Desde 1999 hasta hoy han pasado cinco gobiernos. Acciones para 7 ministerios Las IFIS extintas dejaron en compañías otros bienes, que también debieron transferirse al BCE. Y con la ley se dispuso la liquidación de estas empresas con activos y la cancelación de las que no tienen nada. Además, las acciones de 33 firmas activas, cuyo valor total asciende a USD 1,6 millones, pasarán a siete ministerios: Finanzas, Turismo, Vivienda, Comercio Exterior, Industrias, Electricidad y Agricultura. Carros desaparecidos Los bienes culturales, principalmente obras, en cambio, irán al Ministerio de Cultura a título gratuito. Se trata de 3 455, que registran un valor contable de USD 4,6 millones. Aunque de estos, 48 no se pueden transferir porque son garantías de obligaciones. Hay otras 3 407 obras restantes que tienen un avalúo actualizado por este Ministerio de USD 1,5 millones. El BCE también tuvo que inventariar y avaluar 136 135 bienes muebles, que se encontraban en mal estado, deteriorados y en desorden. Ahora están en bodegas del banco y su valor alcanza los 2 millones. A nombre de las instituciones cerradas estaban registrados 498 vehículos, pero 91 han sido robados, 42 se vendieron a terceros de forma irregular. Otros 245 están desaparecidos y están siendo localizados. Apenas 81 se encuentran en bodegas del BCE, pero están obsoletos y algunos se encuentran desmantelados.
17 comisiones acordaron aumentos salariales Un total de 17 de las 22 comisiones sectoriales acordaron incrementos salariales para el próximo año. El Consejo Nacional de Salarios (Conades), órgano conformado por un representante de los empleadores, uno de los trabajadores y uno del Ministerio de Relaciones Laborales, revisó las actas de las sesiones mantenidas por las mesas sectoriales para el alza mínima de salarios en el escalafón más bajo y el más alto de cada área. En 11 mesas se llegaron a acuerdos por unanimidad. En seis comisiones, cuyas actas fueron aprobadas por mayoría en las reuniones, el alza fue definida en consenso por el Conades. Así lo explicó Luis Poveda, representante de los empleadores en este órgano. En las cinco restantes donde no hubo acuerdo se determinó que el alza, que se conocerá hasta fines de año, se realizaría con base en estudios técnicos del Ministerio de Relaciones Laborales, que ya están listos. El porcentaje de incremento de los salarios de todas las comisiones se efectúa sobre el salario básico. Los trabajadores, representados por Jaime Arciniegas también participaron de la reunión donde se tomaron estas determinaciones. El dirigente sindical recomendó en la cita que para el próximo año, previo a las reuniones de las comisiones, se ofrezca una capacitación para los empleados que las conforman, según su área. Hasta el 2010 existían 115 comisiones sectoriales. Sin embargo, ese año el Ministerio de Relaciones Laborales las redujo a 22, que venían funcionando con regularidad hasta 2014. Una novedad para este año, dentro de la información a la que accedió este Diario, consta en el acta de la comisión de tecnología, hardware y software. El documento, con fecha 27 de octubre del 2014, establece que se crea la rama de actividad económica denominada “telefonía móvil” . El acta señala, además, que esta decisión se pondrá en conocimiento del Conades para la fijación salarial y “establecimiento de código” por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El presidente del órgano tripartito también deberá poner en conocimiento del Ministro de Relaciones Laborales, Carlos M. Carrasco, ese documento.
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) trata hoy, en primera instancia, el pedido de las operadoras telefónicas privadas, Conecel (Claro) y Otecel (Movistar), de la ampliación del 3G (para mejorar la calidad del servicio) y 4G (mayor velocidad de navegación).
Así lo anunció ayer Augusto Espín, ministro de Telecomunicaciones, en el marco del segundo día del Plenary Meeting #42, que se desarrolla desde ayer y hasta hoy en la capital.
Según el gerente de esa empresa, César Regalado, hay unos 35.000 clientes que la utilizan. “Siempre hemos tenido una restricción en cuanto al número de terminales (teléfonos) con LTE que existen en el mercado, esperemos que el próximo año se libere eso para poder seguir creciendo…”, agregó.
Según José Manuel Casas, presidente de Otecel (Movistar), desde hace tres años están solicitando espectro adicional. “Hay negociaciones informales (…), van por el buen camino y esperemos que en diciembre podamos cerrar el acuerdo”, acotó el ejecutivo.
Noviembre 26, 2014 David	Bajo la presidencia del economista Víctor Hugo Albán Romero y contando con la presencia de los miembros del directorio del cuerpo colegiado, afiliados, autoridades, invitados especiales, medios de comunicación y ciudadanía, se realizó la sesión solemne por el aniversario del Día de los Economistas.
Noviembre 25, 2014 David	El Comercio
Los ingresos no serán suficientes para cubrir los gastos del próximo año y el Gobierno tendrá que endeudarse en USD 8 807 millones para cumplir con su plan de inversión, pero también para pagar deudas contratadas anteriormente. De ese monto, USD 3 091 millones se destinarán a pagar deudas anteriores (capital), según el Presupuesto 2015 aprobado por la Asamblea Nacional el jueves pasado. Es decir, se pagará deuda con más deuda. El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, dijo que este monto elevado se explica porque incluye USD 650 millones que el Estado debe cancelar el próximo año por el vencimiento de los bonos 2015. Endeudarse está bien, siempre que ese dinero genere ahorro en el futuro, explica el catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Carlos de la Torre. Una familia, por ejemplo, puede endeudarse para comprar una casa. Aunque esta adquisición le supondrá un alto nivel de gasto al principio, a futuro le generará ahorros, pues ya no tendrá que pagar el arriendo de la vivienda. Pero ¿qué sucede si los ingresos de la familia no alcanzan pagar las cuotas mensuales o ni siquiera los intereses de ese préstamo? Probablemente, la familia deberá recurrir a nuevos créditos o incluso a costosos avances en efectivo de las tarjetas de crédito. “Una familia debe planificar sus ingresos y gastos, y ahorrar de tal manera que pueda pagar la cuota de la casa”, explica Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal. Al igual que en el presupuesto familiar, dice, los países deben ahorrar, al menos, para pagar los intereses de la deuda, que no es el caso de Ecuador, cuyo presupuesto tiene un gran hueco fiscal o déficit. El editor de Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo, cree que esta política no es sostenible en el tiempo y le preocupa que se vuelva permanente. “Es una fase acelerada de endeudamiento para los siguientes años. Se ve que el Gobierno quiere insistir en su modelo de gasto público para impulsar la economía”. Los bonos comprometen a Ecuador con la OEA El Régimen trabaja en dos nuevos tributos y en aumentar el ICE El Ministro de Finanzas señaló días atrás que si bien la deuda pública representará el próximo año entre el 30 o 30,5% con relación al PIB, este aún es menor al límite del 40% que establece la Constitución. Y aunque dijo que este y el próximo año son difíciles, por las inversiones que demandan las grandes centrales hidroeléctricas, espera que el escenario mejore a partir del 2017, cuando el Fisco reciba más ingresos como resultado de una mayor producción petrolera (ingreso de los bloques 31, 43 y Pungarayacu) y también se reduzcan los gastos en importación de combustibles. Con ello, dijo, las necesidades de financiamiento se reducirán. Para Acosta, el problema es que detrás de esta política no hay una lógica de reducir gasto, sino de confiar en un aumento de ingresos futuros, que a menudo son inciertos. “El año pasado se proyectaba que el 2016 sería un año de buenos ingresos, pero en la Pro forma de este año se retrasó esta meta y se plantea ahora que será el 2017. Habrá que ver si esto se cumple o si se sigue retrasando y seguimos con una política de alto endeudamiento”. Si se considera que en el 2015 también se debe cumplir con el pago de la preventa petrolera a China, las necesidades de financiamiento subirán USD 1 300 millones, dice el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz. Pese a ello, cree que el próximo año el país podrá conseguir el financiamiento que requiere. Ahora que el país debe tomar más deuda para poder financiar sus gastos, el derrumbe del mercado petrolero plantea otro problema para el Fisco. Bonos más riesgosos La baja de los precios de la energía ha elevado el rendimiento de los bonos de Ecuador con vencimiento en el 2024. El 21 de noviembre pasado el rendimiento se ubicó en 8,01%, aunque ocho días antes habían alcanzado el 8,10%, el nivel de interés más alto del año, según datos de Bloomberg. En junio pasado, Finanzas anunció la colocación exitosa de estos bonos por USD 2 000 millones a una tasa del 7,95%, que había descendido hasta un 6,44% en septiembre pasado. Pero hoy los compradores de los bonos exigen una mayor tasa de interés por temor a que el Gobierno no tenga los ingresos suficientes para pagar la deuda, dice Ramiro Crespo, de Analytica Securities. Los posibles prestamistas exigirán que el país pague una mayor tasa para facilitarle dinero a futuro, explica Crespo. En general, dice, el acceso al financiamiento se encarecerá. Pero todo dependerá de cuánto dure la caída del precio del petróleo y de las medidas que tome el Gobierno para afrontar esa falta de ingresos. Herrera señaló días atrás que el Gobierno dispone de 22 fuentes de financiamiento para cubrir el hueco fiscal del 2015. De ese, el 60% está firmado y el resto está por firmarse.
El ministro de Recursos No Renovables, Pedro Merizalde, viajará en las próximas horas a Viena para la reunión de la Organización de Países Productores de Petróleo (Opep) confirmaron hoy, lunes 24 de noviembre del 2014, fuentes oficiales de la cartera de Estado. Merizalde irá acompañado del Director de Programación Fiscal del Ministerio de Finanzas, Daniel Falconí, además del embajador en Viena, Wilson Pástor quien también es representante del Ecuador ante la Opep. Este jueves 27 de noviembre, el cártel de 12 naciones productoras de petróleo tiene previsto reunirse para definir una estrategia frente a la vertiginosa caída de precios de petróleo en el segundo semestre de este año. El barril del crudo West Texas Intermediate (WTI), que es referente para el crudo ecuatoriano, se ha situado en los últimos días en alrededor de USD 75 por barril cuando en los tres últimos años no ha bajado de 95. De ahí que el crudo Oriente, de mayor producción en el Ecuador, se ha cotizado alrededor de USD 69 en los últimos días de acuerdo con el Sistema Nacional de Información. El precio del barril de crudo aprobado la semana pasada en la Asamblea para el próximo año está en USD 79,7.
El porcentaje del 40% que debe por ley entregar el Estado al IESS a fin de financiar las pensiones de los jubilados no se precisa en las reformas laborales presentadas por el Ejecutivo a la Asamblea.
La reforma plantea eliminar el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social que indica: “El IESS cubrirá el sesenta por ciento (60%) de la pensión respectiva, y el Estado continuará financiando obligatoriamente el cuarenta por ciento (40%) restante”. Lo reemplaza por uno nuevo que dice: “El Estado reconoce el derecho a la seguridad social de todas las personas, independientemente de su situación laboral y garantizará y deberá incorporar al presupuesto general del Estado los valores respectivos al pago de las pensiones del seguro General Obligatorio y del Régimen Especial del Seguro Social Campesino”.
De acuerdo con Édison Lima, presidente de la Asamblea Extraordinaria de Asociaciones de Jubilados, Pensionistas y Adultos Mayores, la redacción del artículo es errónea y por ello presentarán entre hoy y mañana un oficio a la Comisión de los Trabajadores, que se encargará de tratar las reformas laborales, a fin de pedir que se mantengan los porcentajes y que además se garanticen los recursos para la afiliación de las amas de casa. Según el oficio de los jubilados, este se podría financiar con los $ 2 que propone el proyecto, pero que el resto sea financiado también con una contribución de los salarios de los directivos y altas autoridades de la burocracia y de un porcentaje de lo que produce el petróleo.
Para Joaquín Viteri, abogado laboralista, la eliminación en el texto legal del 40% no es más que la concreción de una reforma largamente ansiada por el Gobierno “para eludir el pago del 40%”. Sin la precisión del 40%, dijo el analista, se corre el riesgo de que este o cualquier gobierno quiera financiar las afiliaciones anteriores y las nuevas con la misma cantidad de recursos. Esto, agregó, podría llevar a incrementar el déficit actuarial que ya existe y que algunos técnicos han calculado en $ 5.000 millones.
En cambio, para Hugo Villacrés, presidente del IESS, el nuevo artículo “de hecho está garantizando las pensiones”. Según el funcionario, que es el representante del presidente Rafael Correa en el Consejo Directivo del ente, si mañana se requiere más del 40% o menos, igual el Estado está garantizando el pago.
“Creo que es muchísimo mejor que le digan que se garantizará, independientemente de los porcentajes”, indicó en entrevista con Notimundo.
Explicó que la entidad está haciendo un recuento histórico para conocer cuál fue la base del pago del 40%.
La Asamblea acaba de aprobar el presupuesto del Estado en el cual se asignan $ 1.100 millones como subsidio para el IESS. Sin embargo, de acuerdo a documentos oficiales del Seguro Social, las obligaciones del Estado con la institución eran de $ 1.766 millones (ver gráfico). De esos, $ 1.300 millones son para el 40% de jubilaciones y $ 403 millones para la salud.
403 millones de dólares es la contribución por salud para el 2015. Sin embargo, la deuda total de salud está sobre los $ 1.400 millones.
La cultura del ahorro no despega en el país
Las reformas laborales abren nuevos escenarios para los ciudadanos. La posibilidad de mensualizar los sueldos decimotercero y cuarto, por ejemplo, les permitiría ahorrar e, incluso, obtener intereses adicionales. Claro que, las estadísticas muestran que ese no es el camino más frecuente que toman los ecuatorianos.
Para el presidente Rafael Correa, la opción es beneficiosa para las finanzas del hogar y para las cuentas del Estado.
En diciembre, abril y agosto (dependiendo la región), el ministerio de Finanzas desembolsa fuertes cantidades de recursos para esos pagos. Según el Observatorio de Política Fiscal, solo en el Gobierno central, el monto de décimos alcanza los 680 millones de dólares. El monto es fuerte también para el sector privado.
Pero, ¿conviene mensualizar rubros que hasta ahora se reciben acumulados? Para el expresidente de la Federación de Economistas del Ecuador y exmiembro de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, la respuesta es no. La cultura de ahorro en el país no es la necesaria, dice.
El economista respalda su postura en cifras. Los ahorros de los ecuatorianos están encaminados a propósitos específicos como compras de casas, autos o bienes de consumo. El resto de recursos se gasta diariamente.
Eso explica, dice, el crecimiento de las cooperativas. Ahí se ahorra temporalmente para pedir préstamos específicos. En el sistema funcionan 37 entidades de este tipo.
Por eso, también, el aumento del crédito de consumo en bancos y cooperativas. Según datos del Banco Central, el segmento pasó de 515 millones de dólares a 541,7 millones de dólares entre octubre de 2013 y el mismo mes de 2014.
Mesías Tatamuez, presidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias, coincide con Rodríguez. Él no cree que los trabajadores vayan a depositar el monto mensualizado para retirarlo en Navidad y el inicio de clases.
Ellos consideran que lo que sucederá es que el ingreso se hará “plata de bolsillo”. Es decir, se gastará igual que el resto de salario. Un ejercicio similar, dicen, al que sucede con los fondos de reserva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Los consultados repasan los datos de depósitos en el país. Hasta septiembre de este año los depósitos a la vista -que pueden ser retirados de inmediato- alcanzaron los 8.761 millones de dólares. Los ahorros en instituciones financieras a plazo fijo, en cambio, llegaron solo a los 3.071 millones de dólares. La Tasa Pasiva Efectiva, promedio, fue del 5,03 %.
Ante los argumentos, el primer mandatario respondió que la falta de hábitos de ahorro es un problema individual y no un conflicto del Estado. A su criterio, la entrega acumulada es una práctica paternalista.
De todas formas, aclaró Correa, la mensualización no será obligatoria para ningún sector. En un inicio -en el Código de Relaciones Laborales presentado por el exministro Francisco Vacas, el año pasado- la entrega era obligatoria para los empleados públicos.
Dólar en alza 591
La atención está en el desplome del precio del petróleo, y su impacto tanto fiscal como en la balanza de pagos. Pero en los talones de este problema viene otro, el fortalecimiento del dólar. La economía estadounidense se encuentra en frágil recuperación, lo que contrasta con la situación en Europa y Japón, nuevamente en recesión, mientras que a China le preocupa la desaceleración. La incipiente recuperación estadounidense lleva a las autoridades de dicho país a poner fin al programa de creación de liquidez, lo que augura un alza de las tasas de interés. La economía estadounidense se torna más atractiva para los inversionistas que las otras. Al fluir los capitales hacia los EE.UU., el dólar se revaloriza. Desde junio 1, el euro se ha depreciado 9% frente al dólar, la libra esterlina 6% y el yen 14%. La depreciación del euro y la libra pone presión a nuestras exportaciones a Europa, en especial las flores. Allá competimos con los países del este africano, donde hay altura y clima templado. Kenia, excolonia británica, es el mayor exportador con 32% del mercado, sigue Ecuador con 13%, pero Etiopía está próxima a alcanzarnos, con 12%, pero un crecimiento anual de 20%. El dólar fuerte nos quita competitividad. Otro producto afectado en el mercado europeo es el banano, al encarecerse nuestras ventas frente a exportadores del área euro, Camerún y Costa de Marfil, que gozan de tratamiento especial por ser excolonias. Más peligroso aún es el encarecimiento de nuestra producción en relación a los países latinoamericanos. En los últimos 24 meses, los precios de nuestros principales socios comerciales sudamericanos han caído en relación con los de EE.UU. entre 8% y 10% los de Perú, Colombia y Brasil, y 15% los de Chile, mientras que nuestros precios han subido 3,2% más que los estadounidenses. Colombia compite con Ecuador en los mercados mundiales, en particular en flores y banano, y en dos años nuestros precios han subido 13% en relación a los colombianos. Todos estos países tienen industrias de bienes de consumo que compiten entre sí, y por lo tanto nuestras exportaciones a esos países encarecen, mientras que las importaciones se abaratan. De continuar la tendencia a que se fortalezca el dólar, se debilitaría la balanza no petrolera, con la tendencia a que el país tenga una neta salida de dólares, en circunstancias que el ingreso de divisas petroleras se reduce con la baja de precios. Este peligro latente no es desconocido por las autoridades, y el flamante Código Monetario empodera a la Junta a establecer metas de déficit de balanza no petrolera y tomar acciones para controlarlo. Pero la solución no puede fundamentarse en restricciones. Aunque le disguste el mercado, el Gobierno tiene que contemplar medidas que bajen los costos de producción.
Está en plena discusión la nueva reforma laboral. El discurso oficial ha estado encaminado a que la misma moderniza el sistema laboral, universaliza la seguridad social y brinda estabilidad a los trabajadores. Lamento discrepar con esos pronunciamientos, pues el proyecto de ley ni moderniza, ni universaliza ni genera estabilidad al trabajador. La modernización laboral está atada al concepto de adaptación a la realidad de la economía nacional e internacional. Si el día de mañana se produce un descenso en el precio de las flores o el brócoli, los productores nacionales que exportan deberían poder ajustar sus costos internos, esto es por ejemplo, las remuneraciones de los trabajadores. No me refiero a bajar los sueldos sino a ajustar esa realidad a la capacidad de mantener el mismo nivel de empleo pero bajo condiciones distintas. Si desde el famoso Mandato 8 de la Constitución de Montecristi no permite contratar por horas, pues una baja en la demanda externa me obliga a despedir personal y no a ajustar el número de horas de trabajo. Es preferible que los trabajadores puedan laborar 7 horas diarias en lugar de 8, que quedarse sin trabajo.Ahora, esta realidad empeora, pues el proyecto de ley eliminaría la contratación por tiempo definido, lo que significa menor capacidad de contratación. Pasados los 3 meses si no tengo evidencias concretas y seguras de haber contratado el personal adecuado, pues me veré obligado a prescindir de esos trabajadores. En conclusión, en este punto de la ley se endurecen las formas de contratación y el resultado es menos empleo. Por lo tanto, ni moderniza ni brinda más estabilidad a los trabajadores. El IESS registra un déficit actuarial acumulado de varios años. Esto quiere decir que bajo las condiciones actuales, a futuro el IESS tendría imposibilidad de atender todas las prestaciones que actualmente brinda. Si las finanzas fiscales se van debilitando por el gasto público desmesurado de los últimos años y si para los siguientes años el déficit fiscal estimado sigue necesitando de más deuda interna cuyo principal y casi único acreedor es el IESS, la capacidad futura del Estado para cumplir sus obligaciones con el IESS es menor. Cada vez hay más jubilados que atender y las contribuciones no alcanzan a cubrir esa demanda. Por lo tanto, si ahora se incorporan más beneficiarios, se agiganta el problema actuarial y financiero del IESS. En tal virtud, el enunciado de universalidad es más ruido que nueces. Tanto se ufanan de ser académicos que deberían conocer que la escuela neoclásica prueba claramente que la rigidez laboral impide mejorar los niveles de empleo, así como la escuela keynesiana sostiene que una menor demanda agregada, por menor inversión privada, también complica contratar más trabajadores. La ley es sesgada y no como debe ser, es decir, equilibrada entre trabajadores y empleadores.
¿Quebrar al IESS?
El Estado es el mayor deudor al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –IESS- ya sea por préstamos otorgados o por el incumplimiento de pago del 40% para solventar el pago de pensiones jubilares. ¿Se dirá que está al día, pero porque paga con bonos a largo plazo o porque decidió pagar solo el 7 y 8 % de interés si no paga a tiempo y porque resolvió que no debe USD 2.500 millones de dólares. sino tan solo 888,3 millones de dólares?
¿Se pretende dar nuevos golpes al IESS que lo pueden llevar a la quiebra o desaparecerlo en poco tiempo? La idea de incorporar al IESS a las amas de casa y a los trabajadores informales es digna de felicitación porque, finalmente, habría un seguro social universal para todos y todas. ¿Pero dónde está el financiamiento? ¿Quién paga los aportes sino es el Estado en rubros reales, sin demagogias, ni populismos? Y si en la propuesta de reforma se dice de manera generalizada que “el Estado garantizará y deberá incorporar los valores respectivos para el pago de pensiones” sin establecer porcentajes, entonces el IESS estará al capricho del gobernante de turno, o al arbitrio de las disponibilidades de la siempre escuálida caja fiscal.
¿Dónde están los estudios actuariales? Con la extensión de las prestaciones médicas a cónyuges e hijos de los afiliados que es un acto de estricta solidaridad y de merecido reconocimiento, los hospitales y centros de salud del IESS están colapsados. ¿Qué decir de la falta real de buenas medicinas y de médicos especialistas?
Excelente la seguridad social universal, pero es el Estado el que tiene la obligación de entregar los recursos económicos al IESS, sin perjudicar a otros ciudadanos. Las buenas ideas no deben ser torpedeadas por falta de recursos o malas decisiones
ECUADOR PUEDE BENEFICIARSE DE UN MERCADO COMO LA ALIANZA DE “LA CUENCA DEL PACÍFICO”.
Noviembre 24, 2014 David	En la charla magistral organizada por el Colegio de Economistas, en el marco de las celebraciones por el Día de los Economistas, el día lunes 17 de Noviembre y sustentada por el doctor en economía Carlos Ronderos, de nacionalidad colombiana, quien es experto en comercio internacional, catedrático y consultor internacional, se ponderó la importancia que tiene la alianza comercial denominada “Cuenca del Pacífico”, que la integran México, Colombia, Perú y Chile, la misma que se ha convertido en la octava economía del mundo en referencia al PIB; y, además se ha constituido en la tercera zona económica que más crece.
Reveló que estos países tienen un mercado de 214 millones de personas, cuyo ingreso per cápita promedio es de 14 mil dólares. Destacó que este grupo de países reciben un promedio de 76 mil millones de dólares al año en inversión privada.
Lo importante, indicó, es que el capital internacional cree en la Alianza del Pacífico porque sus países miembros tienen instituciones que han demostrado seriedad y solvencia para garantizar la inversión privada, el flujo de divisas, la flexibilización laboral, la propiedad privada; porque en estas naciones se respeta en debido proceso, la seguridad jurídica y hay un trato justo y transparente para los empresarios en materia tributaria.
Está claro, según el economista Ronderos, que las alianzas, acuerdos y tratados de comercio son de interés de los empresarios, por lo que “es a ellos a los que se les debe dar un rol importante en el diseño y concreción de los mismos, de lo contrario estas iniciativas económicas no funcionan”.
Refiriéndose a la Alianza del Pacífico estimó que el país que más se está beneficiado de este acuerdo comercial es México por su alto nivel de industrialización. Observó que los otros países en vez de comercializar o exportar productos terminados lo que hacen es vender materias primas como petróleo, minerales y productos agropecuarios con poco valor agregado. Por tanto resulta clave para México, Perú, Colombia y Perú venderle a los países del Asia 82 mil 166 millones de dólares al año .
Enfatizó que la clave para que nuestras economías crezcan es cambiar la oferta exportable. “Los precios del petróleo pueden bajar en el mercado internacional pero no los de las cocinas, de los autos o de las refrigeradoras. Es evidente que la industrialización tiene un mayor valor agregado’’.
Asimismo, habló de la importancia de las cadenas de valor, que significa que un país para ser un gran exportador debe tener claro que debe ser primero importador de las piezas y productos que necesita para armar el o los productos que industrializa en su país, para luego venderlos en los mercados mundiales. El país que se cierra a esta posibilidad nunca será un gran exportador. Puso el ejemplo de China, país que “no es más que la más grande fábrica de ensamblaje global”. Explicó que Costa Rica y Panamá han solicitado su ingreso a la Alianza de la Cuenca del Pacífico. Para ser admitidos, deben tener un tratado de libre comercio con cada uno de los países integrantes.
Noviembre 19, 2014 David	El Telégrafo
Las nuevas aseguradas deberán cumplir 240 aportaciones y 65 años de edad para obtener la jubilación. Del universo de beneficiarios, el 80% son personas menores de 50 años.
Entre los cinco puntos que contempla el proyecto de reformas al Código de Trabajo, anunciado por el presidente Rafael Correa el último 15 de noviembre en Guayaquil, se destacan la universalización de la seguridad social.
En este eje se busca favorecer el trabajo no remunerado del hogar y se prevé beneficiar a 1’500.000 trabajadoras con su incorporación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cuya aportación a la sociedad es del 15% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significa más de $ 10 mil millones. A manera de comparación, el petróleo aporta el 9% del PIB.
En ese sentido, el titular del IESS, Víctor Hugo Villacrés, aclaró que el proyecto de reformas busca reconocer la labor que desempeñan las personas que trabajan diariamente en el hogar sin recibir una remuneración a cambio, sin descartar que en ese grupo vulnerable haya también hombres jefes de hogar.
Villacrés, en diálogo con EL TELÉGRAFO explicó que la propuesta determina que las amas de casa estarán aseguradas para uno de los conceptos (beneficios) que ofrece el IESS: jubilación por invalidez, vejez y muerte. “Es una pensión jubilar que garantizará que estas personas no estén en el círculo de la pobreza al momento en que su vida activa vaya disminuyendo”, aseveró.
Aclaró que las amas de casa no tendrán el seguro de cesantía, ni prestaciones como créditos hipotecarios o quirografarios, ni seguro por riesgos de trabajo. Para acceder a esta jubilación, las futuras pensionistas del IESS deberán cumplir 240 imposiciones (20 años de aportaciones) y tener 65 años de edad. La cobertura de salud se hará efectiva a través del Ministerio de Salud. Del universo de beneficiarios, el 80% son personas menores a los 50 años; sin embargo, Villacrés anunció que durante el debate del proyecto se podrá estudiar la forma de incorporar a las amas de casa con más de 60 años.
El Estado contribuye con el 40% de las pensiones en curso de pago para el IESS.
Es decir, el Seguro Social pone el 60% y el Estado pone el 40%, lo que significa más de $1.000 millones anuales que el Estado destinaría al pago de las pensiones.
Cobertura y financiamiento, reparos de afiliación al hogar
La incorporación de las amas de casa al sistema de seguridad social genera algunas preocupaciones, pese a que la propuesta todavía no es discutida en la Asamblea.
El proyecto de reforma a la Ley de Seguridad, que el Ejecutivo remitió al Legislativo junto a cambios al Código del Trabajo, agrega entre los beneficiarios a quienes “realicen trabajo no remunerado del hogar”.
El documento, que hasta ayer no era conocido por la comisión pertinente, especifica que se garantizará la pensión de estas personas por concepto de vejez, muerte e invalidez.
Zobeida Aragundi, integrante de la Coordinadora Política de Mujeres filial Guayaquil, afirma que la cobertura será parcial porque no se incluyen los servicios de salud que presta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
“Esto ni siquiera es una dádiva, es un saludo a la bandera”, cuestiona la activista.
Además, objeta una de las fuentes de financiamiento anunciadas por las autoridades de Gobierno: el excedente al tope de las utilidades.
El ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, confirmó ayer que ese dinero “se requiere para el tema de las amas de casa”, declaró en entrevista con Gamatv.
Lo dijo al defender la reforma al Código del Trabajo que limita la distribución de las utilidades para los empleados.
La propuesta indica que “no podrán exceder de veinticuatro salarios básicos unificados”; caso contrario, “será entregado (el excedente de utilidades) al régimen de prestaciones solidarias de la seguridad social”.
El 27% de ecuatorianos tiene televisión pagada
Según un reporte de la Supertel, el sector creció a un ritmo de 1,61% mensual hasta septiembre de este año.
Hasta el tercer trimestre de este año el servicio de televisión pagada tuvo una penetración del 27,55% entre la población ecuatoriana. Así lo revela un informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), que evalúa los servicios de audio y video por suscripción (SAVS) que cuenta ya con 1’157.447 abonados.
Considerando el número de habitantes por hogar, que es de 3,8 personas -según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)-, el estimado de usuarios de dichos servicios es de 4’398.299.
La Supertel atribuye el incremento de suscriptores al descenso paulatino en las tarifas de los planes básicos de TV pagada, que pasaron de $ 20,02 en 2013 a $ 17,11 en septiembre de este año. Esto representa una variación de precios de $ 0,38 y $ 0,31, respectivamente, lo que trajo consigo mayor accesibilidad a la población.
Los SAVS ofertan paquetes con una alta variedad de contenido de información y calidad de servicio, lo que -según la Supertel- permite captar la atención del cliente contribuyendo de esta forma al crecimiento constante del número de suscriptores a escala nacional.
Los servicios ofertados varían según cada proveedor, sin embargo, mientras mayor tecnología o número de canales contengan los planes, las tarifas se incrementan.
DirecTV, por ejemplo, promociona en su página web 4 tipos de paquetes, según distintos parámetros, ya sea de alta definición o los que permiten grabar programas o el uso del iPad con las mismas funciones del control remoto. El costo del plan más completo llega a los $ 99,99.
TVCable ofrece a los usuarios 6 tipos de planes de 107 a 179 canales, por valores de $ 21 a $ 51; mientras que Claro apunta a paquetes desde $ 23,83 por 141 canales. El plan de mayor costo es de $ 64,67 con 181 canales.
Según un informe de la empresa de estudios de mercado internacional Kantar Worldpanel, el 64% de los hogares ecuatorianos tiene este servicio, con una presencia mayor en las ciudades de la costa, excepto Guayaquil.
Por otro lado, el sector socioeconómico más bajo es el que lidera la tendencia con una variación positiva del 22%.
Hace aproximadamente 14 años el sector de las telecomunicaciones en general comenzó a experimentar un crecimiento sostenido en el país. José Pileggi, experto en telecomunicaciones, mencionó que este desarrollo requirió el montaje de una “gran infraestructura” que logró que las redes que servían únicamente para transmisión de voz, sirvieran también para datos y servicios de broadcast (transmisión de audio y/o video).
Uno de los aspectos que destaca el experto es el impacto económico que representa para el país este crecimiento. El sector factura $ 3.000 millones al año, no obstante Pileggi considera que las compañías pueden generar por concepto de IVA al menos $ 360 millones al año.
A eso -expresó- habría que agregarle el pago al Estado por regalías y derechos de frecuencia.
De acuerdo con el informe de la Supertel, de los sistemas que brindan el servicio a nivel nacional, Claro TV (Conecel) tiene de momento el costo por canal más elevado, mientras que el Grupo TV Cable, el más bajo.
No obstante, el experto considera que se propicia una sana competencia entre empresas. “Lo que ocurre con Claro es que es la compañía dominante, pero esto no quiere decir que exista un monopolio”, apuntó.
Para finales de 2013, la empresa DirecTV registró el 35% del total de suscriptores, seguida por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) con el 13%, según un comunicado del organismo de control. El informe de la Supertel también señala que si se compara el número de suscriptores reportados entre el segundo y el tercer trimestres de 2014, se encuentra que existió un crecimiento del 4,84%. Por ello, Pileggi cree que el futuro de este sector es promisorio.
TELEVISIÓN PAGADA FUE NOVEDAD EN LOS AÑOS 90
El servicio de televisión pagada inició en los años 80 en Estados Unidos y Europa como una verdadera novedad en la que pocos confiaron inicialmente. A Ecuador llegó relativamente pronto, recordó José Pileggi, experto en telecomunicaciones.
La transmisión se realizaba a través de redes de cables coaxiales, y durante el proceso se fueron sumando servicios, programaciones y canales especializados en deportes, ciencia, noticias, cocina, medicina, etc.
Las empresas estatales extranjeras podrán proveer de servicios de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en el Ecuador sin participar de concursos de selección. Esta posibilidad está contemplada en el proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica que aprobó ayer la Asamblea en segundo debate con 88 votos a favor y 23 en contra, de 114 presentes. El proyecto fue presentado por el Ejecutivo en marzo pasado por la vía ordinaria y fue debatido en la Comisión de Desarrollo Económico, la cual aprobó hace dos semanas el informe para el segundo debate. El texto aprobado está compuesto por 87 artículos, cuatro disposiciones generales y 14 transitorias. En este se redefine principalmente la organización del sector eléctrico y la competencia de cada uno de sus organismos. De acuerdo con el proyecto, el Ministerio de Electricidad será la autoridad máxima, bajo la cual estará la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (conocido hoy como Conelec) y el Operador Nacional de Electricidad (Cenace). El artículo 24 del texto aprobado establece la posibilidad de que el Ministerio de Electricidad autorice “las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general entre empresas estatales de los Estados de la comunidad internacional”. Según el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, el Estado tiene la posibilidad de delegar los servicios públicos de manera excepcional a las empresas privadas y extranjeras y por eso se incluyó este artículo en el proyecto. “Si ya hay empresas privadas de generación también puede haber la oportunidad de cooperación entre estatales”, indicó el principal del sector. Añadió que este marco legal se puede utilizar para la inversión en proyectos eléctricos y el manejo de líneas de transmisión dentro de la red. Respecto a las empresas de distribución, aseguró que estas son un monopolio que maneja exclusivamente el Estado y que bajo la nueva normativa se puede pedir la colaboración de las estatales extranjeras para mejorar los procesos administrativos y niveles de eficiencia. El exgerente de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), Carlos Andrade, explica que no hay antecedentes en la historia reciente de que empresas extranjeras estatales manejen el sector eléctrico del país. Indicó que al ser un sector estratégico, la generación, transmisión y distribución debería ser manejada exclusivamente por empresas nacionales con el fin de no perder soberanía sobre este recurso. El artículo 25 del proyecto además exceptúa a las estatales extranjeras de pasar procesos de selección. El proyecto además da 365 días para que todas las empresas de distribución pasen a ser empresas públicas, incluida la Eléctrica Quito y la Centro Sur.
Proforma 2015 se trata mañana en la Asamblea Nacional
Mañana se tratará en el pleno de la Asamblea Nacional el informe sobre la proforma presupuestaria 2015 y la Programación Cuatrianual enviada por el Ejecutivo y que estuvo en análisis en la Comisión de Régimen Económico.
Según un informe enviado por el Observatorio de la Política Fiscal a la Comisión, la proforma tiene varias falencias. Entre ellas, haber sobreestimado los ingresos (se espera una recaudación de más de $ 15.000 millones y se ha fijado un precio del crudo de $ 79,7) y de subestimar los gastos.
El ente también advierte la fuerte dependencia de la deuda que tiene dicha proforma.
Por Sebastián Mantilla
Uno de los temas que copan la atención de los medios de comunicación en estos días tiene que ver con el comportamiento de los precios internacionales del petróleo. Para el caso del Ecuador, el cual depende en gran medida de los ingresos provenientes de esta actividad, una caída rotunda en el precio del crudo podría afectar de manera significativa no solo al financiamiento del Presupuesto General del Estado, sino incluso a la propia economía. Aunque pronosticar el comportamiento de los precios no es una tarea fácil, estos dependen en gran medida de cuatro factores: demanda, oferta, desarrollo de la tecnología y aspectos de carácter geopolítico. En cuanto se refiere al primer factor, pese a que la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha anunciado para el 2015 un crecimiento de la demanda de petróleo a escala internacional (el consumo se ubica en 1,3 millones de barriles diarios), esto no va a detener la caída de los precios. La semana pasada el crudo West Texas Intermediate (WTI) se desplomó en un día tres dólares por barril, llegando a niveles comparables a los del 2010. Si ahora se está en un promedio de USD 74 por barril, nada asegura que este valor se pueda mantener, haciendo prácticamente difícil que se cumplan los pronósticos del Gobierno de un crudo de USD 79 por barril para el próximo año. Uno de los factores que ha adquirido mayor preponderancia en la fijación de los precios tiene que ver con la oferta. Estados Unidos, considerado como el primer consumidor de crudo a escala mundial, ha pasado a ser en este año uno de los grandes productores de crudo. El uso de sus reservas, así como la producción de petróleo en base de esquisto bituminoso (shale oil), han influido significativamente. Del mismo modo, hay otros países que han puesto mayor producción en el mercado mundial como Rusia, Libia o Iraq. Otro de los factores determinantes del precio tiene que ver con el uso de nuevas tecnologías en producción de crudo. Entre ellas no solo se puede mencionar a la extracción horizontal y la fracturación hidráulica, sino incluso otras técnicas que han mejorado los niveles de eficiencia en la producción de petróleo. A ello se suma lo que mencionaba antes: la producción de petróleo con base en el esquisto. No obstante, al ser mucho más cara la extracción que el crudo convencional, requiere de precios altos. Finalmente tenemos los aspectos relacionados con la geopolítica y la eventual existencia de conflictos armados. Según la propia Agencia Internacional de Energía (AIE), pese a existir en los actuales momentos conflictos armados en Libia, Siria, Iraq y Ucrania, así como riesgos geopolíticos que abarcan a regiones “inusualmente amplias”, los precios están “extrañamente en calma”. En conclusión, aunque hay varios factores que inciden en los precios, el factor determinante ahora tiene que ver con la oferta. De ahí la importancia de tener claro este aspecto, con el fin de que los efectos para la economía no sean devastadores.
Noviembre 18, 2014 David	El Universo
El petróleo de Texas cerró en $ 75,64 el barril ayer, después de la recuperación parcial del viernes. El precio teórico del crudo ecuatoriano reportado ayer por EP Petroecuador fue de $ 70,6 para el Oriente y $ 65,6 para el Napo.
Las autoridades tienen nuevas previsiones de producción petrolera. Posponen por otro año, hasta el 2017, el objetivo de incrementar la producción en 15%. Probablemente de aquí a un año, cuando presenten una nueva previsión, pospondrán el incremento otra vez. El motivo es la parsimonia con la que se selecciona a empresas dispuestas a invertir bajo el contrato de servicios. Se reporta trabajos en el ITT. Pero la operación no comenzará en serio hasta que Petroamazonas no haya seleccionado a una empresa que se comprometa a financiar y emprender la obra de exploración y explotación. Se desconoce si existe un listado de empresas interesadas entre las cuales escoger. Un campo de grandes reservas de crudo extrapesado, Pungarayacu, fue contratado con Ivanhoe en el 2008. Recientemente, la empresa lo devolvió a las autoridades, al no poder hacer frente por sí sola a la exploración y desarrollo. Esto estaba por venir, y no está lista la alternativa para que otra empresa por sí sola o con el concurso de Ivanhoe retome la exploración. De vuelta al 2008. Lo positivo es que se firmaron contratos de recuperación mejorada para algunos campos tradicionales. Es de esperar que pronto las contratistas inicien el proceso de incrementar de manera sustancial el porcentaje explotable de las reservas en sitio. Urge la explotación de estas reservas porque en materia petrolera, el futuro ya llegó. Es cuestión de tiempo que las fuentes alternas de energía que ya son comercialmente viables, entre ellas la solar para energía eléctrica residencial y la de pilas recargables para vehículos, reemplacen a los combustibles fósiles. El día que eso suceda, los yacimientos de crudo que no estén en producción probablemente quedarán sin explotar, como pasó con el carbón. Esta sustitución no se dará de la noche a la mañana. Pero aquí entra otro factor. Como consecuencia del sostenido alto precio del crudo, en EE.UU. se desarrolló una técnica para sacar hidrocarburos de esquistos. La producción estadounidense ha revertido su tendencia declinante, y EE.UU. dejará de ser un importador importante de petróleo. Incluso, llegaría a la autosuficiencia. Los esquistos existen en todo el mundo, y es cuestión de tiempo para que China y Argentina, que tienen inmensas formaciones de esquistos, los comiencen a desarrollar. Sobre todo China, puesto que así dejaría de depender de las importaciones de petróleo. Bajo esas circunstancias, se vislumbra que en las décadas que quedan a la era petrolera, habrá suficiente petróleo como para impedir que el precio suba significativamente sobre los niveles actuales. Si en el largo plazo el petróleo va a valer casi nada, y en el mediano plazo habrá una tendencia del precio a su estabilidad o a la baja, ¿qué beneficio obtenemos de posponer suexplotación?
700 millones de dólares por tributos mineros
La recaudación de tributos por las actividades mineras y petroleras llega aproximadamente a los 700 millones de dólares anuales, según explicó ayer Miguel Avilés, representante del Servicio de Rentas Internas (SRI). En el marco del seminario de Control Tributario Minero, realizado en Quito, Avilés señaló que en esas actividades se registran 6.598 contribuyentes.
Sin embargo, los ingresos que percibe el Estado por las actividades del sector pueden crecer sustancialmente cuando varios proyectos mineros concreten su desarrollo y producción, de acuerdo a la explicación de Angie Toral, ministra subrogante de Sectores Estratégicos.
La funcionaria señaló, por ejemplo, que solo en cuestión de regalías, Ecuador ya recibió un adelanto correspondiente al proyecto Mirador por más de 40 millones de dólares y espera otros 40 millones de dólares adicionales, que se gestionan a través de la empresa pública Ecuador Estratégico para beneficiar a las poblaciones aledañas.
Cuando los proyectos grandes como Mirador, Fruta del Norte, Río Blanco, etc., que están en fase de estudios de pre factibilidad y factibilidad, pasen a la siguiente etapa, el Estado recibirá inversiones por más de 50 billones de dólares. (ABT)
Mensualizar décimos traerá más gastos, estiman expertos
La mensualización voluntaria de las décimas remuneraciones provocará, a decir de especialistas, gastos “del día a día”, antes que un ahorro para cumplir con el propósito que motivó la creación de dichas bonificaciones.
La propuesta consta en el proyecto de reformas al Código de Trabajo, que el Gobierno tramitará en la Asamblea, según anunció el mandatario Rafael Correa el pasado sábado.
Correa explicó que la medida se aplicará “a pedido del trabajador”, tanto en el sector privado como en el público.
El presidente alterno de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Francisco Alarcón, opina que la mayoría de personas destinará “ese extra” a “gastos corrientes” del hogar, como comida, salud y vestimenta.
“A la mayoría de las personas no les alcanza el sueldo, y si los décimos se mensualizan, no les alcanzará para ahorrar, o no van a tener la costumbre, para esas épocas en que existen gastos superiores”, dice Alarcón.
El Código establece, como un derecho de los trabajadores, el pago de dos décimos en el año. Uno a modo de bonificación escolar, llamada decimocuarta remuneración, y que se cancela en marzo o agosto, según el régimen escolar. Y otro, a modo de bonificación navideña, llamada decimotercera, que se entrega en diciembre.
El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz-Granados, estima que la mensualización provocará que el empleado “llegue desfinanciado en esa época clave”; y recordó que dichos ingresos fueron creados para “atender necesidades escolares o de la época festiva”.
Díaz-Granados y Alarcón, ambos del sector empresarial, coinciden en que los negocios no se perjudicarán con la medida, sino lo contrario.
El analista económico Alberto Acosta Burneo comparte este criterio, y explica que en los sectores privado y público se “aliviará el flujo”, pues no tendrán que hacer “pagos fuertes” dos veces en el año, sino por partes.
Considera que la propuesta será positiva para la economía en general, y observa que los actuales décimos no se destinan al ahorro sino a gastos.
Opina que si la reforma es aprobada podría motivar a las personas a ahorrar, si bien reconoce que esa no es una práctica generalizada en el país.
“La gente debe elegir, es libre de gastar, pero también de ahorrar”, concluye Acosta.
Las principales centrales hidroeléctricas construidas por empresas chinas no empezarán a generar energía en los tiempos estimados por el Gobierno. De acuerdo con los plazos difundidos por el Ministerio de Electricidad en su página web y por el Ministro del Ramo, las centrales Coca-Codo Sinclair, Sopladora, Toachi Pilatón, Delsitanisagua y Mazar-Dudas comenzarán a operar con retrasos de entre uno y ocho meses. Lo anterior se obtiene al compararlos con las fechas que publicó el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (Micse), en su rendición de cuentas de marzo pasado. Entre las principales causas para este cambio de plazos están el incumplimiento de los contratistas, fallas geológicas identificadas durante el proceso de construcción y cambios de diseño de las centrales. El primer retraso identificado en este año es el de la central Mazar-Dudas, la cual debía operar desde octubre pasado. Pero aunque el proyecto se inició en enero del 2012 y es la más pequeña de las centrales, solo una de sus tres unidades de 6,23 megavatios (MW) de potencia ingresará en diciembre próximo. El proyecto tiene en total 21 MW de potencia. El ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, reconoció el retraso e indicó que hubo dificultades con la empresa china Cneec, la cual deberá responder por esta situación. Otra de las centrales que movió sus plazos es la Coca-Codo Sinclair, proyecto emblemático del Régimen por ser la mayor hidroeléctrica construida en el país (un 50% mayor que Paute) y que demandará USD 2 200 millones de inversión). La empresa pública Coca-Sinclair anunció en un comunicado público, en julio del 2013, que el plazo de ingreso de la central sería en enero del 2016. El plazo fue ratificado por el Micse, pero el presidente Correa indicó el 13 de septiembre en el enlace sabatino que la central generaría ya no desde enero sino en febrero del 2016. Durante su alocución, el Mandatario dijo que los responsables del proyecto le indicaron que este podría atrasarse cuatro meses debido a que las tuneladoras, unos ‘topos’ que construyen el túnel de 24 kilómetros para la conducción de agua, se habían trabado durante el trabajo de la perforación. La explicación fue que la roca que encontraron era arenosa y los ‘topos’ avanzaban 1 metro diario cuando normalmente debían avanzar 16 metros. Sin embargo, el Presidente insistió en que continúen los trabajos con métodos convencionales (dinamita, pico y pala) mientras se destrababan los ‘topos’ a fin de evitar retrasos. “He ordenado (…) que tomen todas las medidas para que si no se acaba en febrero del 2016 (…) se pongan las multas correspondientes.”, dijo al insistir en que el país pierde USD 1,25 millones por cada día de retraso del proyecto. Este es el monto que se gasta en combustibles importados para generación sin la hidroeléctrica. No obstante, el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, dijo a este Diario la semana pasada que el proyecto comenzará a operar con sus ocho turbinas en marzo del 2016 y no en febrero, porque así lo contempla el contrato. “Revisamos el contrato y dice que es marzo del 2016”. Añadió que las tuneladoras ya están trabajando normalmente y que el túnel de conducción de agua estará listo en febrero del 2015. Otro proyecto con retraso es el Toachi Pilatón. Según los plazos del Micse, la central de 253 MW debía operar plenamente desde abril del 2015. Pese a ello, Albornoz dijo que desde julio de ese año generará energía solo la central Sarapullo, de 49 MW de potencia, mientras que la segunda central Alluriquín, de 204 MW, que también forma parte del proyecto, entrará en diciembre. “Funcionó bastante bien el tema geológico pero tuvimos que modificar un poco la casa de máquinas porque se encontró una falla”, explicó Albornoz. Otras centrales que tienen retraso son Sopladora con cinco meses y el Delsitanisagua con tres meses. El expresidente del Conelec, Rubén Barreno, indicó que dos factores influyeron en estos retrasos. En primer lugar, el financiamiento de los proyectos, que tardó en llegar de China, y en segundo lugar la construcción de las centrales, que se inició sin estudios definitivos. Ante la falta de ellos era probable que se presenten problemas geológicos no previstos.
Marcar *153# sirve para crear una cuenta virtual
Marcar el número *153# y responder cuatro preguntas son los primeros pasos que deben cumplir los usuarios de dinero electrónico dentro de las pruebas de campo que comenzaron ayer. Este sistema, según el Banco Central del Ecuador (BCE), entraría en vigencia en diciembre próximo.
De acuerdo con Michael Baquero, vicepresidente digital de Movistar (telefónica que participa en las pruebas) y quien también es uno de los 800 voluntarios escogidos para el programa de prueba, las preguntas por responder solo para este piloto son: número de cédula, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y estado civil.
Sin embargo, aclaró que para el uso masivo se cambiarán las preguntas a otras más puntuales que solo el usuario podría conocer como, por ejemplo, si ha viajado en ese año.
Ayer en la mañana, Baquero no logró concretar la transacción que consistía en cargar el dinero electrónico a su celular y luego hacer una compra en una de las agencias de Movistar de una tarjeta SIM.
Baquero explicó que acudió a varias tiendas cuyo papel era facilitar las cargas de dinero, pero todavía no estaban habilitadas para ese fin.
Baquero dijo que lo intentará hoy nuevamente. En el actual plan solo se podrán transar hasta $ 300 como máximo.
El participante también mostró el menú del dinero electrónico en su teléfono. En este tenía cuatro opciones: 1. Pagos (para realizar transferencias o pagos), 2. Autodescarga (utilizado en bancos especialmente), 3. Consulta de saldo y 4. Cambios de clave.
Baquero informó que una vez que se logre hacer la carga de dinero, el usuario puede realizar una compra. Para ello, el cajero le pide el número celular, el valor por pagar. El usuario debe hacer una confirmación con su clave en el teléfono para que le hagan el cobro.
Entre tanto, Efraín Vieira, del Banco del Pacífico, entidad financiera que también está participando en el piloto, dijo que mañana (hoy) podrá hacer una evaluación del tema, debido a temas de agenda.
El Banco Central del Ecuador indicó que aún se están haciendo ciertos ajustes, por lo que una evaluación general del plan se la podrá conocer a fines de esta semana.
En el plan de prueba no habrá costo para las transacciones. En la ejecución real, el usuario no pagará cargas y descargas, ni compras que haga en los diferentes negocios.
Este año 16.870 trabajadores percibieron utilidades mayores a $ 8.000
El 0,24% de la población económicamente activa de Ecuador, es decir 16.870 trabajadores, recibe utilidades superiores a $ 8.160, afirmó ayer el ministro de Relaciones Laborales (MRL), Carlos Marx Carrasco, durante un evento de la entidad en Quito.
El monto equivale a 24 salarios básicos unificados (SBU) y es el techo propuesto por el Gobiernocomo parte de las reformas al Código Laboral, presentadas el sábado, para recibir este beneficio.
Carrasco señaló que el excedente que tengan las empresas -una vez aprobadas las reformas- sería entregado al régimen de prestaciones solidarias de la Seguridad Social para financiar las pensiones jubilares de amas de casa y trabajadores autónomos.
El presidente Rafael Correa, dijo el sábado en Guayaquil, que la propuesta está dirigida a terminar con las inequidades dentro de la clase trabajadora, y recordó que hasta 1995 las utilidades en el país tuvieron límites, pero que, en vista de que pocos empresarios declararon utilidades en los años siguientes, “creemos que es razonable poner nuevamente un límite”.
El dirigente sindical de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), Nelson Erazo, comentó que al menos 100 empresas ecuatorianas no dan utilidades a sus empleados, pero no precisó nombres.
Sin embargo, las empresas que mayores utilidades generan son Conecel, Corporación Favorita, Cervecería Nacional, Andes Petroleum, Otecel, Holcim del Ecuador, Hidalgo e Hidalgo Constructores, Halliburton Latin America, Lafarge y General Motors, según la revista especializada Ekos. Juntas superan los $ 280 millones al año.
Un ejecutivo de Corporación Favorita (CF), quien pidió mantener su nombre en reserva, dijo ayer que es pronto para emitir una opinión respecto a la reforma planteada. “Estamos por analizar al interior de la corporación las implicaciones del anuncio que el Presidente dio el sábado”, comentó vía correo electrónico.
En la Corporación hay 8.500 colaboradores y en 2013 recibieron utilidades por casi $4.000 más el proporcional por cargas familiares.
En tanto, voceros de los trabajadores de Conecel (Claro) tenían previsto reunirse ayer con miembros de la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional. Este año los colaboradores percibieron utilidades por $15.000 más el proporcional por cargas familiares, informó uno de los empleados.
El artículo 97 del Código de Trabajo vigente señala: “El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 15% de las utilidades líquidas”, lo que a criterio de Erazo no se cumplirá en caso de aprobarse los cambios. Para el dirigente, esto no afectará a los empresarios, sino a los trabajadores, pues se limita lo que van a recibir.
“Sería diferente que del 85% de utilidades que se llevan las empresas se diga que hay que darles el 30% a los trabajadores autónomos”, señaló.
El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), Juan Carlos Díaz-Granados, consideró que, si bien Ecuador es uno de los pocos países donde se cumple con este derecho y los trabajadores tienen mayores garantías, se trata de una solución “parche” para la falta de acceso a la Seguridad Social.
“El Gobierno deberá fomentar que las empresas crezcan”, dijo tras afirmar que el libre mercado hace que haya más empleo y que más personas puedan afiliarse.
El Código de Trabajo actual establece que las empresas deben reconocer el 15% de sus utilidades a empleados.
La propuesta de reforma afectaría al 0,24% de trabajadores, aseguró ayer Carlos Marx Carrasco.
Se estima que las amas de casa aportan con su trabajo diario con cerca del 15% del PIB del país. Los trabajadores autónomos llegan a más de 2 millones.
Las 10 empresas más grandes del país, según el ranking publicado el mes pasado por la Superintendencia de Compañías, acumulan utilidades netas por al menos $ 1.426 millones.
Otra de las reformas que propone el Gobierno y se analizarán en la Asamblea es que las empresas que paguen con retraso este beneficio a los trabajadores deberán cancelarlo con intereses.
El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), Juan Carlos Díaz-Granados, considera que una de las soluciones para optimizar el acceso a la Seguridad Social es que haya más compañías privadas compitiendo en el mercado.
Al año se reciclan alrededor de 1.500 millones de botellas plásticas en Ecuador como resultado de la política ambiental. El SRI también contribuye con la donación de ropa y juguetes incautados.
En el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) la aplicación voluntaria y progresiva se ha evidenciado más en el sector privado que en el público. Sin embargo, es evidente el potencial que tiene este último para aportar a una sociedad ambiental y socialmente justa y equilibrada.
La idea es que el Estado también se convierta en un propulsor de estrategias para contrarrestar los problemas existentes y que los ciudadanos sean parte del proceso. La Responsabilidad Social y Ambiental nace como un enfoque organizacional que refleja el compromiso de cada institución, tanto privada como pública, frente a los demás.
Un ejemplo de ello es el trabajo que realiza el Servicio de Rentas Internas (SRI). El artículo 300 de la Constitución, en su frase final, reza: “La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables”.
Ximena Aguilar, funcionaria de la Dirección Nacional Administrativa, cuenta que el SRI trabaja con el MIES para la donación de vestimenta incautada, juguetes y dinero. Ya se ha trabajado en Santo Domingo, Manabí, Loja, Azuay y Cañar. Uno de los casos más representativos fue la donación de ropa valorada en $26 mil al Municipio de Gualaceo y a la Fundación Mundo sin Barreras, que atiende a niños, jóvenes y adultos con diferentes tipos de discapacidad en Cuenca.
Otro colaborador, Jorge Chagñay, destaca también las contribuciones en materia ambiental. Una de las más recientes fue el apoyo al Zoológico de Guayllabamba, que pasó por dificultades después del enjambre de temblores ocurridos en agosto pasado en Quito.
Desde 2010 el SRI emprendió un programa de recolección y reciclaje de botellas plásticas retornables y firmó un convenio con la Corporación Alternativa de Desarrollo para la Devolución del Impuesto para hacer efectivo el mecanismo de reembolso de $0,02 por cada botella y entregar ese fondo a los minadores.
El mismo año el SRI recibió el Premio Guinnes World Records al mayor número de botellas plásticas recicladas en una semana como actor principal de la política tributaria ambiental en Ecuador, en el marco de Cima Kids 2012.
Como antecedente se debe recordar que la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, promulgada en 2011, estableció un impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables por $0,02 para promover la conservación ambiental.
Cima Kids, realizado por 3 empresas privadas: Sambito, Comefex y Maruri, creó el concurso de reciclaje en el que participaron más de 90 mil niños de forma directa, ayudando a la recolección de botellas plásticas pet, papel y cartón. Se registraron 118 instituciones educativas con la meta de recolectar 1 millón de botellas plásticas. En total, recolectaron 1’559.002 botellas, 61.962,30 kg. de papel y 15.526,80 kg. de cartón, superando en 150% la meta. Este acopio de botellas impuso una marca mundial de recolección para reciclaje en 6 días.
El juez de Guinness Records para América Latina, Ralph Hannah, arribó a Quito para la verificación del Récord Mundial que se hizo luego de auditarse los datos del pesaje de las botellas plásticas, que se realizó en las instalaciones de Emaseo EP, dejando como resultado el primer Récord Mundial Guinness para la ciudad de Quito.
Gracias a los 2 centavos del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables en el ejercicio fiscal 2012 se recaudaron $ 14 millones. En 2013 la recaudación ascendió a 15 millones y en 2014 se espera cerrar en $16 millones, valores que benefician directamente a los recicladores de todo el país.
Al año se reciclan alrededor de 1.500 millones de botellas, que benefician a alrededor de 15 mil personas de forma directa y 30 mil indirectamente. Esta medida tributaria regulatoria ha ayudado a mejorar su vida y las de sus familias, pues sus ingresos mensuales han incrementado considerablemente con la devolución de esta recaudación.
Acuerdo con Unión Europea se firmaría en cumbre
La Cumbre CELAC-UE en junio del 2015 en Bruselas podría ser el escenario para la firma del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea.
Esto tras el cierre de la revisión jurídica de los textos (la próxima semana probablemente), la firma de los documentos negociados y la traducción a los 24 idiomas de ese bloque, indicó ayer Isabel Albornoz, quien participa en esa tarea en representación del Ministerio de Comercio.
Francisco Rivadeneira, titular de esa cartera, luego de la presentación del proyecto Desarrollo de Comercio de Servicios, dijo que la primera semana de diciembre se daría la votación final a favor de extender los beneficios del SGP Plus.
Noviembre 17, 2014 David	El Comercio /Líderes
El desempeño de la economía el próximo año inquieta La economía ecuatoriana estará sujeta a dos variables determinantes durante el 2015. La cotización del barril de petróleo en el mercado mundial y la apreciación del dólar serán vitales en las finanzas públicas y en el crecimiento económico. En la Pro forma del Presupuesto General del Estado del 2015 se fijó el precio del barril en USD 79,7, menor al programado este año que es de 86,4. “Ese es un cálculo optimista”, dice el analista económico, Alberto Acosta Burneo. Según él, ese monto es alto porque ahora el precio del crudo WTI ya bordea los USD 77 y menos el castigo que tiene el crudo nacional, el país recibe cerca de 70 por barril y no se avizora una mejoría. Para Acosta, se debe ajustar a un valor más real para saber exactamente cuál será la necesidad de financiamiento… “Si el precio es más bajo que el de la Pro forma en unos USD 10 se requerirán 700 millones adicionales de endeudamiento”. El Régimen insiste en un modelo de desarrollo impulsado desde lo público, que es fácil de sostener en bonanza y es momento de analizar otra opción con más participación del sector privado e inversión privada, agrega el analista. Según Acosta, con la Pro forma ya se evidencia que el tamaño del Estado se reducirá con relación con la economía. El PIB se prevé que crecerá en 4,1% en dólares constantes y a ese porcentaje hay que sumarle la proyección de la inflación del 3,9%. Es decir, en dólares corrientes crecerá un 8% y el presupuesto en 5,8%. En el caso de presentarse un mayor desfase presupuestario puede cubrirse con dos opciones, señala el analista económico, Marcelo Vázquez. La primera es lograr recursos con la creación de nuevos tributos, como de la plusvalía y comida chatarra, y una mayor gestión del SRI, “pero hasta qué punto la clase media está en capacidad de asumir más impuestos”. La segunda opción es buscar un mayor endeudamiento. Él señala que tras la restricción de créditos de China, al país le quedan el FMI o el Banco Mundial. Pero, agrega, estas entidades fijan ajustes en las economías para conceder los préstamos. Entre otras, la eliminación de subsidios como el caso del transporte. Acosta dice que si bien tenemos un nivel de endeudamiento bajo hay que estar conscientes que pronto se alcanzará un techo de persistir el modelo de crecimiento desde lo público. Para el 2015, el Gobierno calcula en USD 8 806 millones la necesidad de financiamiento, el 81,7% llegará desde el extranjero. La otra variable determinante para el Ecuador es la apreciación del dólar, que afectará a la balanza comercial. Es decir, tener exportaciones menos competitivas y que los productos importados sean más baratos que los nacionales. Al ser un factor que no controlamos, comenta Andrés Robalino, vicepresidente técnico de la Cámara de Industrias de Cuenca, el sector empresarial debe competir mejorando la calidad de los productos, pero es una opción de mediano plazo, porque los mejoramientos en los procesos no se logran en poco tiempo. Él cree que los dos próximos años serán complicados por los factores externos como el petróleo y el dólar, por ello es necesario un mayor trabajo conjunto entre los sectores público y privado. “Mientras más venda el sector productivo en el país y en el exterior, más tributos se generarán… Por ello, el Gobierno debe incentivar y resolver los problemas del sector como el suelo industrial”. El saldo de la balanza comercial es importante, porque es una de las principales fuentes de ingreso de divisas para el país junto con el petróleo, endeudamiento y remesas, que también están a la baja. Vázquez dice que la propuesta del Régimen fue sustituir la importación de bienes de consumo por producción nacional y el cambio de la matriz productiva, pero en la práctica el sector público sigue siendo el mayor inversionista y no avizora un despunte privado por las trabas y controles del Estado a la inversión. Fisco Dos impuestos están en análisis para el 2015 imagen La Pro forma presupuestaria del próximo año, bajo análisis de la Asamblea, prevé un crecimiento en la recaudación de impuestos. Aunque el documento no contempla impuestos nuevos, las autoridades han admitido que analizan crear dos tributos, a la plusvalía y a la comida chatarra. El Gobierno prevé ingresos tributarios por USD 15 565,7 millones, 11,6% más que lo programado para este año (USD 13 940,3 millones). El 91% de ese monto deberá ser recaudado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el resto por Aduana y servicio exterior. En promedio, entre 2008 y 2013, los ingresos tributarios crecieron un 20% al año y, si bien el Gobierno prevé una variación menor para el siguiente año hay preocupación del sector privado, dice Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. El gremio teme que los tributos se conviertan en una variable de ajuste de los ingresos en caso de que las fuentes de financiamiento no sean suficientes y que el precio del crudo esté por debajo de lo estimado. Los anuncios de nuevos impuestos, para Martínez, generan una señal negativa y desestimularían la inversión. “Para las empresas uno de los factores más importantes es la certidumbre normativa, lo cual no se logra con constantes reformas tributarias (nueve en los últimos siete años)”. La directora del SRI, Ximena Amoroso, señaló que el incremento de la recaudación se debe en un 91,4% a la gestión del SRI y en un 8,6% a reformas. Agregó que las proyecciones de recaudación se sustentan en el crecimiento de la economía, de la inflación y mejor gestión. Para Amoroso, las medidas arancelarias que se tomaron este año fomentaron el mercado nacional, lo cual también potenciará la recaudación en el 2015 y un aumento de la base de contribuyentes. Sobre la creación de nuevos tributos, Amoroso dijo que se analiza el impuesto a la plusvalía para hacerlo eficiente. Lo que se busca, explicó, es gravar la especulación para evitar el aumento exorbitante de los precios de la vivienda. “Estamos analizando los catastros municipales, para que respondan a precios reales… Debe haber una ganancia por la inversión del bien, pero se están realizando transacciones a precios inferiores”. Ella aclaró que al ser un impuesto subnacional (cobro a cargo de los municipios) no podía ser considerado en el presupuesto estatal. Según Amoroso, se analizan varias propuestas para el impuesto a la comida chatarra y los productos afectados. Una propuesta en análisis, indicó, es gravar a los productos o alimentos procesados que tengan en sus etiquetas semáforos que indiquen altos contenidos de azúcar, grasa y sal. Pero nada está definido aún. Proyecciones del Servicio de Rentas Internas La participación. El 80% del monto total que se espera recaudar el próximo año corresponde a los impuestos al Valor Agregado y a la Renta. Otra meta. La autoridad tributaria del país espera incorporar 200 000 nuevos contribuyentes durante el próximo año. Proyectos Inversión estará al vaivén del petróleo De continuar a la baja el precio del petróleo, el Gobierno reducirá la inversión de manera proporcional en todos los sectores el próximo año, excepto en el área de sectores estratégicos. La Pro forma presupuestaria del 2015 prevé una inversión de USD 8 116 millones, ligeramente menor a la programada este año (USD 8 154 millones). Pero cumplir la meta el próximo año dependerá de la evolución del precio del petróleo nacional, que ha registrado una caída desde agosto pasado. Luego de alcanzar un pico de USD 98,90 por barril en junio de este año el precio ha caído hasta mínimos que no se veían desde el 2010. El jueves de la semana pasada el precio crudo de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), que sirve de referencia para Ecuador, se hundió a USD 74. Por ser de menor calidad, el crudo ecuatoriano se vende a un menor precio. El presidente Rafael Correa anticipó que una baja en la cotización del crudo significará menos escuelas del Milenio y un número menor de unidades de policía comunitaria. Ante un escenario crítico, la estrategia será priorizar los proyectos estratégicos, que se llevarán el 34% del pastel de inversión. Los proyectos principales son los hidroeléctricos y los multipropósitos (generación eléctrica y control de inundación). Le siguen los proyectos productivos (21% del total de inversión pública), en especial para agricultura y mejoramiento y mantenimiento vial. En el sector social se invertirán USD 1 310,7 millones, principalmente en centros médicos y hospitales y 780 millones en infraestructura educativa. José Fuentes, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, teme que el crecimiento en infraestructura que ha tenido el país, que ha beneficiado al gremio de la construcción, se desacelere con la caída del precio de petróleo. “Hay una programación de obra por parte del Gobierno, esta tiene que contar con los recursos a tiempo, si disminuyen los ingresos económicos, las programaciones de obra se van a afectar y el empleo que se genera también”, menciona. Dado que la inversión pública en infraestructura es superior a la privada, Fuentes cree que los empresarios pueden aliarse con el Gobierno para trabajar en proyectos en conjunto. El sector privado A los empresarios les preocupa el comportamiento económico imagen Para los empresarios, el panorama económico que se dibuja para el 2015 genera varias inquietudes. Temen, por ejemplo, que la inversión extranjera se frene si existe un incremento de impuestos para compensar el bajo precio del petróleo. “Esto generaría un déficit presupuestario que algunos lo estiman en más de US D 8 000 millones; y en contrapartida, se ha anunciado que el Gobierno buscaría entre las alternativas para obtener recursos, una combinación entre endeudamiento y medidas de tipo tributario”, menciona Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. El empresario añade que el gremio también está pendiente del nivel de endeudamiento que deberá incurrir el Gobierno para atender su nivel de gastos, incluso con un precio del petróleo cuyo pronóstico para el 2015 está a la baja. “En el comercio exterior, los precios especialmente de banano y camarón mitigarán los problemas eventuales”, señala el representante de los comerciantes. Con el incremento histórico en las exportaciones de camarón y banano, Kronfle espera que durante el próximo año el escenario sea igual de positivo para el sector productivo para que la economía nacional se mantenga estable. El sector camaronero, por ejemplo, proyecta cerrar el año con un récord de 530 millones de libras; pero la coyuntura del 2014 que le permitió llegar a esas cifras podría no repetirse. “Vivimos un momento dinámico porque la competencia se ha visto afectada por un virus que ha diezmado la producción en Asia”, comenta José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. Él añade que la recuperación de los competidores ya se está reflejando en una contracción de los precios. La fijación del nuevo salario básico unificado, señala el empresario, debe tomarse en cuenta también para que el sector se mantenga a una tasa de crecimiento mayor del 10%. “Ha crecido en tasas importantes el salario, pero debido al escenario que se presenta ahora hay que tomar la decisión con responsabilidad para que no afecte la productividad del sector”, dice. En el sector del comercio, por otra parte, consideran que ante la baja del precio del petróleo son necesarias reglas que incentiven a esta rama del sector privado. Con menos inversión pública que incida en la economía nacional, el poder adquisitivo del ecuatoriano disminuiría. “Ecuador crece por inercia, como cuando un vehículo va cuesta abajo y una vez en el llano avanza sin acelerar. Necesitamos que se den las facilidades para que el sector privado ponga sus motores al 100% y así crecer con fuerza, a tasas superiores al 6%”, comenta Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
La descentralización permite la gestión tributaria y administrativa en el territorio El Cootad dispone que, a través de la descentralización, se impulse el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado en todo el territorio nacional mediante el fortalecimiento de los gobiernos autónomos.
Germán Guerra, Subsecretario de Descentralización
Durante la década de los noventa, bajo el discurso neoliberal, se posicionó a la descentralización como fundamento para la concreción de las políticas de ajuste y reajuste estructural. Esta forma de organización del Estado se planteó como una alternativa para coadyuvar en la reducción de las dimensiones de un estado burocrático y poco eficiente que no contaba con las capacidades para la prestación de servicios públicos que cubran las necesidades de la población en el territorio.
Este discurso fue acogido por los gobiernos subnacionales como un medio para acceder a mayores recursos y responsabilidades, y para visibilizar su gestión frente a sus electores.
Sin embargo, el carácter voluntario de este modelo de descentralización, sumado a la ausencia de planificación y rectoría del Estado, condujeron a la falta de sostenibilidad del proceso, lo que se tradujo en un limitado impacto de la descentralización al momento de redistribuir el poder y generar cohesión territorial.
A partir de 2007, el Gobierno emprendió un proceso de reestructuración de la sociedad y el Estado ecuatoriano. Uno de sus principales objetivos fue reconfigurar su organización territorial y ordenar la forma de distribución de competencias a través de un sistema obligatorio que permita a los gobiernos locales ejercer sus facultades de manera progresiva, coordinada y bajo el principio de corresponsabilidad.
Es así que, la nueva Carta Suprema de 2008, definió al Estado ecuatoriano como constitucional de derechos y justicia; siendo concebida la descentralización como la forma de gobierno en la que se organizará el Estado, por tanto, como un instrumento para alcanzar el Buen Vivir.
En este contexto, es indispensable recuperar las facultades del Estado (planificación, rectoría, regulación y control) para generar equidad territorial y garantizar los derechos de la población. Por ello, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) dispone que, a través de la descentralización, se impulse el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado en todo el territorio nacional mediante el fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y el ejercicio de los derechos de participación ciudadana.
En función del marco legal vigente y los avances que ha tenido el proceso hasta la presente fecha, se pueden señalar las siguientes características del nuevo modelo de descentralización:
– Definición de un Sistema Nacional de Competencias con carácter obligatorio, progresivo y definitivo, que busca disminuir la discrecionalidad en la transferencia de competencias, dándole un orden a la descentralización.
– La asignación de responsabilidades y atribuciones por niveles de gobierno, permitiendo la consolidación de cada uno de ellos con responsabilidades exclusivas y delimitando sus roles y ámbito de acción para evitar la duplicidad de funciones.
– Mayor equidad y eficiencia en la distribución del ingreso y destino del gasto público, para promover la sostenibilidad fiscal y el equilibrio territorial en la provisión de bienes y servicios públicos.
Aquello implica:Facultades tributarias por nivel de gobierno, para la gestión de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejora, que permiten a los GAD generar mayores recursos propios; y un sistema de transferencias de recursos desde el gobierno central a GAD en función de las características territoriales, condiciones socioeconómicas y gestión de los gobiernos locales, que buscan generar equidad territorial.
Ecuador se fija una nueva meta: exportar servicios de calidad En nueve meses, el Ministerio de Comercio Exterior y Corpei esperan culminar la primera fase de un proyecto que busca impulsar la exportación de servicios ecuatorianos con calidad. El proyecto arrancó este mes con la alianza y asesoría del Centro de Comercio Internacional (CCI), agencia conjunta de la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio. El objetivo de esta gestión estratégica es identificar las áreas en las que el Ecuador se podría destacar como proveedor de servicios. Claudia Uribe, jefa de la oficina para América Latina y el Caribe en el CCI, destaca que es importante visibilizar estas áreas, para posteriormente desarrollar políticas y lineamientos que impulsen a los sectores. La primera misión del CCI se extenderá en Ecuador hasta el 21 de noviembre, para recabar información. “Ecuador ya exporta servicios pero no lo sabe. En educación, por ejemplo. Hay gente que elige a Ecuador para aprender español y ahí tienen oportunidad las universidades”, cuenta Uribe. Añade que el primer objetivo del plan es visibilizar las posibilidades y oportunidades de los actores. Entre las áreas con potencial de exportación, Uribe identifica a las actividades relacionadas con la cirugía estética, odontología, oftalmología, dado que estos servicios suelen ser más económicos en Ecuador que en otros países. En Colombia, en donde Uribe fue viceministra de Comercio Exterior, se emprendió un plan similar hace 20 años. Mediante este proyecto se benefició a sectores como el de la cirugía plástica, con el establecimiento de altos estándares de calidad, para que sea competitiva a escala mundial. El reto para el Ecuador es establecer políticas públicas para la calidad de los servicios y fijar un mecanismo de trabajo interinstitucional, explica Eduardo Egas, vicepresidente de Corpei. “Se necesita primero definir el escenario en donde se mueven los servicios públicos, necesitamos una política transversal. Le compete al Ministerio de Comercio Exterior generar políticas para mejorar la calidad de los servicios para que estén aptos para exportación”, menciona el ejecutivo. Uribe acota que además son necesarios incentivos como créditos o subsidios a las inversiones en certificación de calidad de las empresas, y la creación de un departamento especializado en exportación de servicios en el Ministerio de Comercio Exterior. Aliados estratégicos El CCI. El Centro de Comercio Internacional fue constituido en 1964 y, desde entonces, actúa como punto de coordinación del sistema de las Naciones Unidas para la prestación de asistencia técnica en materia de comercio.
900 convenios se firmaron para sustituir a las importaciones Alimentos, cerámica, juguetes, muebles, cosméticos y plásticos son algunos de los sectores en los cuales se ha logrado la sustitución de importaciones, según el Gobierno. Este proceso ha sido un objetivo clave del Régimen en el proceso de cambio de Matriz Productiva. Sin embargo, este se aceleró tras la emisión de la Resolución 116 del Comité de Comercio Exterior, en noviembre del 2013. Esta medida está vinculada al control de importaciones y al cumplimiento de normas de calidad para 293 partidas que, tras varias modificaciones, quedaron en 209. Un mes después y en medio de las críticas de varios sectores, el Régimen firmó convenios con empresas y gremios para alivianar su peso. A cambio, las firmas debían producir más, comprar a proveedores nacionales e impulsar las exportaciones. Según el Ministerio Coordinador de la Producción, el sector privado ha firmado con el Ministerio de Industrias más de 900 convenios. Como efecto de ellos se han realizado inversiones de varias compañías. La firma Unilever, por ejemplo, indicó que en los últimos cuatro años ha invertido USD 60 millones, en infraestructura, ampliación de sus dos plantas (de detergentes y otra de margarina y helados), nuevas tecnologías, etc. David Balladares, gerente de asuntos corporativos, indicó además que en el 2014 se hizo una inversión de alrededor de USD 10 millones para la construcción de su nueva planta de materia prima de detergentes. En alimentos, Corporación La Favorita también es otra de las compañías que ha concretado convenios con el Régimen. Actualmente, hace pruebas con proveedores nacionales de papas prefritas congeladas. Este producto podría ser comercializado, incluso, a las firmas de comida rápida. Según el Gobierno, ya se trabaja en ese sentido con dos empresas (Kypross y Nutripapa). Por otro lado, la meta del Régimen, anunciada el 29 de enero pasado, era que en seis meses, a partir de esa fecha, la carne de las grandes cadenas sería 100% nacional. Este anuncio lo hizo el ministro Coordinador de la Producción, Richard Espinosa, en un recorrido en Agropesa, de Corporación Favorita. Pero 11 meses después, directivos de la firma aseguraron estar listos pero que “dependerá de las cadenas (de comida rápida) su interés de adquirircarne con Agropesa bajo losestándares de calidad requeridos”. El pasado viernes (14 de noviembre), mediante correo electrónico, la Cartera de Estado aseguró estar “en el proceso de que los productores cumplan con todos los estándares de calidad que requieren las cadenas de comida rápida”. Sin embargo, compañías como Belcorp aseguran que “en su compromiso con el Gobierno” firmaron un acuerdo con este y decidieron trabajar con tres empresas nacionales para fabricar productos. El Ministerio de Industrias, encargado de los convenios, hasta el momento no ha detallado cuántos se han cumplido ni, exactamente, cuánto se ha sustituido en importaciones Para hoy, según un correo de esa Cartera de Estado, está previsto que se realice un balance sobre el tema. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo ninguna convocatoria. El Mcpec indicó que para analizar el impacto de la sustitución de importaciones no es posible comparar el monto del año anterior con el de este, porque sería subestimar el impacto real del proceso. Pero el Mcpec estima que “si se revisa el monto de importaciones enero -septiembre frente al de otros año el impacto podría ser de USD 1 700 millones”, es decir, superior a la meta para este año: USD 840 millones.

References: artículo 237
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 97
 artículo 300
 Resolución